text:
      In re Eugenio Rivera Lozada, querellado.

      Número: CP-2005-5

      Resuelto: 26 de junio de 2009

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Edna Evelyn Rodríguez Benitez, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, parte querellante; Manuel Reyes Dávila, abogado del querellado; Eugenio Rivera Lozada, pro se; Igrí Rivera de Martínez, comisionada especial.
   per curiam:

Nos corresponde atender una querella contra un abogado que aceptó la representación legal de una dienta para instar una apelación ante la entonces Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (JASAP). Tal apelación fue posteriormente desestimada por haber sido presentada fuera del término de presentación, sin que tal desestimación, así como la dilación que la provocó, le fueran informadas a la dienta por el abogado aquí querellado.

Además, y más importante aún, nos corresponde evaluar la conducta de dicho abogado, quien retuvo por espacio de cuatro años tres mil dólares pertenecientes a su dienta.

Por entender que la actuación del querellado se apartó de las normas éticas que rigen el ejercicio de la profesión, resolvemos que su conducta infringió los Cánones 18, 19, 23 y 35 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

I

El Ledo. Eugenio Rivera Lozada fue admitido al ejercicio de la abogacía y del notariado el 14 de diciembre de 1967 y el 1 de febrero de 1968, respectivamente.

El 24 de julio de 2001, la Sra. Sandra Ivette López Narváez presentó la queja que dio origen a este procedimiento disciplinario, por lo que procederemos a reproducir los hechos en detalle.

A. La quejosa, Sandra Ivette López Narváez, contrató los servicios del querellado para apelar una decisión notificada el 2 de mayo de 1996, en la que la Administración de Corrección le denegaba un ascenso que ésta había solicitado para el puesto de Oficial de Custodia II, del cual consideró que era merecedora. En dicha comunicación se advertía sobre el derecho que le asistía a la señora López Narváez de apelar la decisión en el término de treinta días, contados a partir de la notificación de la decisión. La referida apelación, en virtud de reglamento, tenía que presentarse en JASAP.

No obstante, el aquí querellado no sólo presentó la apelación el 20 de junio de 1996, esto es, dieciocho días fuera del término, sino que, además, la dirigió a la Administración de Corrección, quienes la recibieron el 25 de junio de 1996.

Posteriormente, el 10 de diciembre de 1996, seis meses después de la notificación, el querellado remitió la apelación a JASAP, que la desestimó por falta de jurisdicción.

Esta situación no fue informada prontamente a la quejosa. Esta indicó que cuando le preguntaba al abogado sobre el estado de su apelación, éste se limitaba a darle excusas sin ofrecer información alguna.

Por su parte, el querellado reconoció que había cometido un error al permitir que prescribiera el término de la apelación que le había sido encomendada por la quejosa. Sin embargo, alegó entre otras cosas que continuó realizando gestiones personales para que la señora López Narváez se le nombrara a una plaza de sargento, plaza similar a aquella para la cual no había sido originalmente seleccionada.

B. El segundo aspecto de la queja presentada por la señora López Narváez tiene que ver con un contrato de servicios profesionales que ésta sostuvo con el licenciado Rivera Lozada relacionado con el otorgamiento de una escritura de compraventa de una propiedad perteneciente a los padres de la señora López Narváez. Entre los detalles con relación al negocio de compraventa, nos es pertinente el que la quejosa había acordado con su padre, el Sr. Aníbal López Ferrer, pagar a este último cinco mil dólares como pago total de su participación en el inmueble objeto de la referida escritura.

De esa cantidad, al momento de contratar con el licenciado Rivera Lozada para el otorgamiento de la escritura, la señora López Narváez ya le había adelantado a su padre dos mil dólares. Los restantes tres mil dólares se entregaron al licenciado Rivera Lozada en 1998, por medio de un cheque de gerente pagadero al señor López Ferrer, para que fuera entregado a este último, una vez se otorgara el documento público para el cual el abogado había sido contratado.

La referida escritura de compraventa nunca se otorgó, porque el señor López Ferrer supuestamente no cumplió su parte de un acuerdo mediante el cual se obligaba a firmar un poder que era necesario para completar el otorgamiento de la escritura. En vista de que supuestamente el padre de la quejosa no cumplió su parte, el licenciado Rivera Lozada no le entregó los tres mil dólares. No obstante, el querellado tampoco devolvió en ese entonces el dinero a la señora López Narváez. Surge de la investigación que la quejosa pensó, a base de sus conversaciones con el querellado, que los tres mil dólares estaban consignados en el tribunal.

Sin embargo, como resultado de la investigación realizada como parte de este proceso disciplinario, resaltó el hecho de que el dinero nunca se consignó en tribunal alguno. En cuanto a esto, el querellado aseguró que el referido cheque se había extraviado en una mudanza que llevó a cabo de su oficina. Afirmó que cuando él hizo gestiones con el Banco Popular para conseguir evidencia del cheque, se le informó que por haber transcurrido varios años de emitido ya no era posible obtener la información solicitada.

Finalmente, el querellado devolvió el dinero a la señora López Narváez el 24 de enero de 2002, esto es, prácticamente cuatro años después de haberlo recibido, y esto no por sí, sino luego de que el Procurador General, mediante una carta de 10 de enero de 2002 le requiriese información sobre la alegada consignación.

Con relación a esto último, el querellado simplemente alegó que siempre mantuvo informada a la quejosa sobre las actuaciones de su señor padre, así como de su disposición a devolverle los tres mil dólares.

C. Por todo lo anterior, y en cumplimiento con una or-den de este Tribunal, el 12 de abril de 2005, el Procurador General presentó una querella disciplinaria contra el licenciado Rivera Lozada en la que le imputó cinco cargos por violaciones a los Cánones 18, 19, 23 y 35 del Código de Etica Profesional, supra.

En el Cargo I, el Procurador General imputaba al querellado la primera de dos violaciones al Canon 35 del Código de Etica Profesional, supra, basado en que éste faltó a la verdad al decirle a su cliente que los tres mil dólares que ella le había entregado habían sido consignados en el tribunal para beneficio del padre de la quejosa.

En lo que respecta al Cargo II, el Procurador General imputaba al querellado el haber violado el Canon 23 del Código de Ética Profesional, supra, consistente en mezclar con sus propios bienes el dinero que le fue entregado para que realizara unas gestiones en y para beneficio de su cliente.

En cuanto al Cargo III, el Procurador General imputaba al querellado actuar en violación a las normas establecidas en el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, al permitir que prescribiera una causa que le fue encomendada y al no haber rendido una labor competente en defensa de los mejores intereses de su cliente.

En el Cargo IV se imputaba al querellado el haber violado el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, al no informar a su cliente sobre el resultado de su gestión profesional en el caso ante JASAP.

En lo que respecta al Cargo V, el Procurador General imputaba al licenciado Rivera Lozada el haber violado nuevamente el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, por ocultarle a su cliente la realidad jurídica de lo sucedido con el asunto que le fuera encomendado, haciéndole falsas representaciones de que estaba trabajando en el caso, a sabiendas de que ello no era así.

Luego de un accidentado proceso, cargado de suspensiones solicitadas por ambas partes, el 18 de julio de 2008 la Comisionada Especial (Comisionada) rindió su informe, en el cual estimó probados los Cargos III, IV y V, y nos recomendó encontrar al licenciado Rivera Lozada incurso en violaciones a los Cánones 18, 19 y 35 del Código de Ética Profesional, supra.

En cuanto al primer cargo imputado, relacionado con el Canon 35, supra —en el que supuestamente el querellado faltó a la verdad al decirle a su cliente que los tres mil dólares habían sido consignados en el tribunal— la Comisionada consideró que no fue probado. Ésta concluye que en efecto lo que hubo fue una interpretación confusa por parte de la quejosa, que muy bien podría ser atribuible al abogado por descuido en su manera de explicar, pero no por falta de sinceridad u honradez, como lo establece el referido Canon 35.

En cuanto al Cargo II, relacionado con la violación al Canon 23 del Código de Ética Profesional, supra —por haber mezclado con sus propios bienes el dinero que le fue entregado para que realizara unas gestiones en y para beneficio de su cliente— la Comisionada Especial tampoco lo encontró probado. Ésta basó su conclusión en que nunca se evidenció que el querellado hubiese mezclado con sus propios bienes el dinero que le fue entregado para que realizara unas gestiones en y para beneficio de su cliente. Debidamente sometido el caso a nuestra consideración, procedemos a resolver.

II

A. El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, establece que todo abogado tiene la obligación de defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad, y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable. Por ello, los deberes éticos de la profesión exigen a todo abogado actuar con el más alto grado de diligencia y competencia posible.

Es deber del abogado velar por los mejores intereses de su cliente. Hemos sostenido que todo abogado tiene la obligación de atender los intereses de sus clientes desplegando la mayor diligencia y el mayor celo y cuidado en los asuntos que le han sido encomendados. Por lo tanto, la desidia, el desinterés, la inacción y la displicencia como patrón de conducta en la representación del cliente violentan las disposiciones del Código de Ética Profesional.

Recientemente expresamos que aquella actuación negligente que pueda conllevar, o que en efecto conlleve, la desestimación o el archivo de un caso, infringe el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra. Como norma general, hemos sancionado y hasta suspendido del ejercicio de la profesión a todo abogado que, con su desatención o desidia, haya provocado la desestimación o el archivo del caso de su cliente.

Los deberes de competencia y diligencia deben guiar la labor de un abogado al tramitar todo asunto profesional sometido por su cliente ante su consideración. Obrar contrario a estos principios es un acto que abre las puertas a la injusticia.

B. De otra parte, el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, impone a todo abogado el deber ineludible de mantener informado a su cliente de todo asunto importante que surja en el trámite de su caso. Esta obligación es un elemento imprescindible en la relación fiduciaria que caracteriza el vinculo abogadocliente.

El referido Canon 19 establece que no cumplir con este deber configura una violación ética independiente y al margen del deber de diligencia. Es por ello que en innumerables ocasiones hemos expresado que se viola el Canon 19, supra, cuando no se atienden los reclamos de información del cliente, no se le informa del resultado adverso de la gestión encargada, la acción se desestima o se archiva, no se mantiene al cliente al tanto del estado o de la situación procesal del caso o, simplemente, se niega al cliente información sobre el caso.

C. El Canon 23 del Código de Ética Profesional, supra, entre otros principios, dispone:

La naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez absoluta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen.

Cuando un abogado retiene fondos de sus clientes, dicha acción constituye una práctica altamente lesiva a la profesión legal. Tal conducta lesiona la naturaleza fiduciaria que rige la relación entre el abogado y su cliente. Además, afecta la imagen de dignidad e integridad que debe guardar y proyectar todo abogado y la reputación de la profesión legal en la comunidad.

Ni la devolución del dinero retenido al cliente ni la falta de intención para apropiárselos permanentemente eximen a un abogado de la sanción disciplinaria correspondiente. En ese contexto, hemos expresado que la dilación en la devolución de los fondos, de por sí, es causa suficiente para infringir el Canon 23, supra.

D. El Canon 35, supra, exige primeramente que la conducta de todo miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada. Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en la vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse de forma digna y honorable.

Al respecto, reiteradamente hemos expresado que un abogado que falta a la verdad infringe el Canon 35, supra, independientemente de los motivos que lo movieron a incurrir en esa conducta o de que no se hubiera perjudicado a tercero alguno. La verdad es un atributo inseparable del ser abogado, por lo que su compromiso con ésta debe ser incondicional.

E. Por último, según dispone la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo, corresponde al Comisionado Especial designado celebrar una vista para recibir la prueba. Al desempeñar una función similar al juzgador de instancia, el Comisionado Especial se encuentra en mejor posición para aquilatar la prueba testifical y adjudicar credibilidad, por lo que sus determinaciones tácticas merecen nuestra mayor deferencia.

Por lo tanto, aunque este Tribunal no está obligado a aceptar el informe de un Comisionado Especial en un procedimiento disciplinario contra un abogado, sino que podemos adoptar, modificar o rechazar tal informe, de ordinario sostendremos sus determinaciones de hecho, salvo que se demuestre prejuicio, parcialidad o error manifiesto.

III

Con el beneficio de la normativa antes expuesta, pasamos a evaluar los hechos que motivan la presente querella.

A. Primeramente y en cuanto a los primeros dos car-gos, los cuales la Comisionada Especial no encontró probados, es menester expresarnos con relación al Cargo II, por no coincidir con su dictamen.

El Cargo II tiene que ver con la actuación del querellado de haber mezclado con sus propios bienes el dinero que le fue entregado para que realizara unas gestiones en y para el beneficio de su cliente. En cuanto a esto, sostiene la Comisionada que nunca se evidenció que el querellado hubiese mezclado con sus propios bienes el dinero que le fue entregado por su cliente.

En esta conclusión yerra la Comisionada Especial. Como señalamos, ya hemos sostenido que la dilación en la devolución de los fondos de por sí es causa suficiente para infringir el Canon 23, supra. Las actuaciones del querellado violaron claramente la normativa ética. No existe justificación alguna para que el abogado devolviera el dinero a su cliente cuatro años después de que le fuera entregado, de manera distinta a aquella en que lo recibió. Si existían problemas para realizar las gestiones que le fueron encomendadas, su deber mínimo era comunicarse con su cliente y devolverle el cheque lo antes posible. La displicencia del licenciado Rivera Lozada ocasionó que el cheque en cuestión caducara y que se extraviara por su propio descuido, consecuencias naturales de haberlo retenido por tanto tiempo.

Además, la conducta del querellado demostró que en realidad éste no tenía intenciones de devolver los fondos retenidos a su cliente. Claramente surge de la prueba que éste entregó a su cliente los fondos retenidos apenas dos semanas después que el Procurador General le requiriera información sobre éstos. Al mismo tiempo, el querellado hizo caso omiso en múltiples ocasiones a los reclamos de su cliente para que le devolviera el dinero.

Por tal razón, la conducta del licenciado Rivera Lozada de retener, por cuatro años, fondos pertenecientes a su cliente infringe claramente el Canon 23 del Código de Ética Profesional, supra, y demuestran una actitud de menosprecio hacia sus deberes como abogado. Esto, sin considerar que la cantidad retenida podría considerarse sustancial, dinero del cual su dienta se vio privada por todo ese tiempo.

Tanto de las determinaciones de hechos de la Comisionada como del expediente surge claramente que el querellado también violó el Canon 18, supra, al permitir que prescribiera una causa que le fue encomendada y al no haber rendido una labor competente en defensa de los mejores intereses de su cliente.

La prueba demostró que el 2 de mayo de 1996 la señora López recibió una determinación de la Administración de Corrección en la que se le denegó una solicitud de ascenso a Oficial de Custodia II. Por considerar que se trataba de una decisión injusta e inválida, según su criterio, la quejosa contrató al querellado para que presentara una apelación de esa decisión. La apelación debía ser presentada ante lo que en ese momento era la JASAP.

La señora López relató que cuando le preguntaba al querellado sobre el estado de la apelación, éste le decía que estaba trabajando con el caso y no le informó que su apelación había sido desestimada por haberse presentado luego de transcurrido el término de treinta días dispuesto en ley para ello. En la contestación a la queja, el querellado no mencionó este aspecto, lo que obligó al Procurador General a requerirle información sobre esto.

Es en su Contestación al Informe del Procurador General que el querellado mencionó, en términos generales, las razones para que la quejosa no hubiera sido ascendida como interesaba, concluyendo que la agencia había ejercido su discreción y que, aunque no fue favorable a su cliente, no se le violó ningún derecho, porque todos los candidatos eran buenos. El querellado mencionó que la apelación había sido desestimada por falta de jurisdicción, aunque aludió a ciertas comunicaciones que tuvo con JASAP, las cuales acompañó.

Del expediente surge que la carta denegatoria respecto a la selección fue recibida por la quejosa el 2 de mayo de 1996 y que ésta incluía claramente la advertencia del derecho a la apelación en un término de treinta días a partir de su notificación.

Como ya señalamos, surge que la apelación de 19 de junio de 1996 fue presentada el 20 de junio de 1996, o sea, de forma tardía, y que fue dirigida a la Administración de Corrección en lugar de a JASAP. No fue sino hasta el 10 de diciembre de 1996 que el querellado remitió a JASAP la apelación solicitando que ésta fuera aceptada, agencia que desestimó la apelación por falta de jurisdicción.

En la Contestación a la Querella, el querellado hizo constar que en ningún momento fue contratado para representar a la quejosa en cuanto al caso ante JASAP. Adujo que una licenciada tenía el caso. En su contestación no mencionó de manera alguna su responsabilidad en el caso al no presentar a tiempo la apelación. Ante estos hechos, es evidente la falta de diligencia y competencia del querellado, y la pobre defensa que desplegó en los mejores intereses de su cliente.

Por último, la alegación de que el abogado continuó realizando gestiones personales para que a su dienta se le nombrara a una plaza de sargento, no nos persuade como defensa o atenuante ante su incumplimiento. El hecho de que el querellado, por la razón que sea, cuente con recursos o conexiones, e intente utilizarlas en beneficio de su dienta, no oblitera la realidad de que su falta de competencia en la defensa de los mejores intereses de ésta, la privó de sus posibilidades de hacer valer sus derechos mediante los mecanismos administrativos y judiciales.

C. En cuanto al Cargo IV, el cual le imputa al querellado la violación del Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, éste quedó claramente probado. El querellado omitió informar a su cliente sobre el resultado de su gestión profesional en la apelación ante JASAP.

Asimismo, la prueba sostiene el Cargo V, el cual le imputa al querellado otra violación al Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra. El querellado ocultó a su cliente la realidad jurídica de lo sucedido con el asunto que le fue encomendado, haciéndole falsas representaciones de que estaba trabajando en el mismo, a sabiendas de que ello no era así.

D. Hemos expresado que, al determinar la sanción disciplinaria aplicable a un abogado querellado, podemos tomar en cuenta varios factores. Entre éstos se encuentran la reputación del abogado en su comunidad, el previo historial de éste, si es su primera falta, la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento, si se trata de una conducta aislada, el ánimo de lucro que medió en su actuación, el resarcimiento al cliente y cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien de acuerdo con los hechos.

En cuanto a los factores antes mencionados, aunque esta sería la primera falta del abogado, su actitud ante y durante este proceso disciplinario nos obliga a concluir que no ha habido una aceptación clara o sincera de su actuación. Con relación a algún atenuante, el único que se recomienda en el informe de la Comisionada Especial señala que no hubo prueba de que los motivos del querellado para faltar a su deber estén cimentados en el lucro personal. Sin embargo, este atenuante aplicaría a los Car-gos I y II, no así para los Cargos III, IV y V.

La conducta altamente censurable del querellado nos obliga a tomar medidas disciplinarias en su contra. Estimamos que el licenciado Rivera Lozada debe responder por sus actuaciones, por lo que procede como sanción la suspensión inmediata y por seis meses del ejercicio de la abogacía.

Además, se le apercibe al Ledo. Eugenio Rivera Lozada que en el futuro deberá ceñirse a las normas éticas que rigen el ejercicio de la profesión y que están contenidas en los cánones de ética profesional y la normativa jurisprudencial, o de lo contrario podríamos ser más rigurosos en una próxima ocasión.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautarse de la obra y del sello notarial del abogado suspendido, y deberá entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías. El Tribunal, además, le impone al Ledo. Eugenio Rivera Lozada el deber de notificar a todos sus clientes de su presente inhabilidad para seguir representándolos, de devolverle cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informarle oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país. Asimismo, deberá certificarnos, dentro del término de treinta días contados a partir de la notificación de esta opinión per curiam, el cumplimiento de estos deberes, notificando también al Procurador General.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       El reglamento vigente para ese entonces era el Reglamento Procesal de la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, Reglamento Núm. 5370 de la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal de 30 de enero de 1996.

       Los detalles de dicho acuerdo y su alegado incumplimiento no son pertinentes al asunto de autos.

       El Ledo. Eugenio Rivera Lozada entregó finalmente el dinero a la quejosa mediante un cheque de gerente del First Bank, adquirido el 15 de enero de 2002.

       Resolución de 14 de abril de 2003, en la cual se le ordenó al Procurador General que presentara una querella.

        In re Santos Rivera, 172 D.P.R. 703 (2008); In re Vilches López, 170 D.P.R. 793 (2007).

        In re Vilches López, supra; In re Fernández Díaz II, 172 D.P.R. 556 (2007).

        In re Santos Rivera, supra; In re Vilches López, supra; In re Padilla Pérez, 135 D.P.R. 770, 776 (1994).

        In re Santos Rivera, supra; In re Colón Morera, 172 D.P.R. 49 (2007); In re Hoffman Mouriño, 171 D.P.R. 567 (2007).

        In re Santos Rivera, supra; In re Rosario, 116 D.P.R. 462, 467 (1985).

       Id.

        In re De León Rodríguez, 173 D.P.R. 80 (2008).

        In re García Muñoz, 170 D.P.R. 780 (2007); In re Criado Vázquez, 155 D.P.R. 436, 456 (2001), In re Flores Ayffán, 150 D.P.R. 907, 914 (2000).

        In re Colón Morera, supra.

        In re Colón Morera, supra; In re Vélez Valentín, 124 D.P.R. 403, 410 (1989); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984); In re Acevedo Álvarez, 143 D.P.R. 293 (1997).

        In re Vázquez O’Neill, 121 D.P.R. 623, 627 (1988).

       íd.

        In re Arana Arana, 112 D.P.R. 838, 844 (1982); In re Vázquez O’Neill, supra.

        In re Santiago Tirado, 173 D.P.R. 786 (2008); In re López González, 171 D.P.R. 567 (2007).

        In re Santiago Tirado, supra; In re Grau Acosta, 172 D.P.R. 159 (2007).

        In re Grau Acosta, supra; In re Busó Aboy, 166 D.P.R. 49 (2005).

       4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

        In re García Aguirre, 175 D.P.R. 433 (2009); In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012, 1016 (1994).

        In re Pagán Pagán, 171 D.P.R. 975 (2007); In re Morell, Alcover, 158 D.P.R. 791 (2003); In re Soto López, 135 D.P.R. 642, 646 (1994).

        In re Arana Arana, supra; In re Vázquez O’Neill, supra.

        In re Díaz Ortiz, 150 D.P.R. 418, 427 (2000); In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999).


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Integración de Salas de Verano.

      Número: EO-2009-01

      Resuelto: 26 de junio de 2009
   RESOLUCIÓN

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 4(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, se constituyen las siguientes Salas de Verano para funcionar durante el receso del Tribunal entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2009:

Del 1 al 31 de julio de 2009
Hon. Federico Hernández Denton, presidente
Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez
Hon. Mildred G. Pabón Charneco
Del 1 al 9 de agosto de 2009
Hon. Efraín E. Rivera Pérez, presidente
Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez
Hon. Mildred G. Pabón Charneco
Del 10 al 16 de agosto de 2009
Hon. Federico Hernández Denton, presidente
Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez
Hon. Mildred G. Pabón Charneco
Del 17 al 23 de agosto de 2009
Hon. Federico Hernández Denton, presidente
Hon. Liana Fiol Matta
Hon. Rafael L. Martínez Torres
Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo
Del 24 de agosto al 30 de septiembre de 2009
Hon. Efraín E. Rivera Pérez, presidente
Hon. Liana Fiol Matta
Hon. Rafael L. Martínez Torres
Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo

Los Presidentes de Sala quedan facultados para sustituir a los Jueces que no puedan intervenir en algún asunto ante su consideración y, asimismo, para convocar al Pleno del Tribunal cuando sea necesario. El Tribunal continuará emitiendo y certificando opiniones y sentencias durante todo el receso de verano.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Neddie Feliciano Jiménez.

      Número: TS-6017

      Resuelto: 29 de junio de 2009

      Margarita Portalatín Aguilar, directora auxiliar interina de la Oficina de Inspección de Notarías.
   per curiam:

Nuevamente nos vemos en la obligación de suspender a un miembro de la profesión por incumplir con los requerimientos de este Tribunal. Por las razones que se exponen a continuación, ordenamos la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Neddie Feliciano Jiménez del ejercicio de la abogacía.

p-H

El 23 de julio de 2008 la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías presentó un informe ante este Tribunal sobre el estado de la obra notarial del Ledo. Neddie Feliciano Jiménez, la cual fue incautada a raíz de una suspensión decretada por este Tribunal. En dicho informe se indicó que no entregó para su inspección y archivo los libros de Registro de Testimonios que incluyen del asiento 5836 en adelante.

Ante estos hechos, emitimos una Resolución el 23 de enero de 2009 en la que concedimos a Feliciano Jiménez un término para que entregara a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías los referidos libros de Registro de Testimonios. Como Feliciano Jiménez incumplió con dicha orden, el pasado 7 de abril de 2009 emitimos una segunda Resolución, en la cual le concedimos un término final para que cumpliera con ésta. Cabe señalar que ambas Resoluciones le fueron notificadas personalmente por conducto de la oficina de alguaciles de este Tribunal. Aun hoy Feliciano Jiménez no ha comparecido ante este Foro ni ante la Oficina de Inspección de Notarías. Por consiguiente, decretamos su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía.

I—I I—\

En reiteradas ocasiones hemos expresado que los abogados tienen el deber y la obligación de responder diligentemente a los requerimientos y las órdenes de este Tribunal. In re Arzón Rivera, 175 D.P.R. 763 (2009); In re Rodríguez Bigas, 172 D.P.R. 345 (2007). Hemos señalado, además, que procede la suspensión inmediata de aquellos miembros de la profesión que incumplen nuestros requerimientos e ignoran los apercibimientos de sanciones disciplinarias. In re De Jesús Ortiz, 174 D.P.R. Ap. (2008); In re Laborde Freyre I, 154 D.P.R. 112 (2001).

Sin embargo, constantemente nos enfrentamos a un sinnúmero de abogados que incumplen las órdenes de este Tribunal y de los organismos a los cuales hemos encomendado la tarea de investigar posibles violaciones a las nor-mas que rigen la profesión. Es por ello que hemos resuelto que esa “actitud de indiferencia y menosprecio a la autoridad del Tribunal Supremo merec[e] su suspensión indefinida In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678, 683 (1992).

En el caso de autos, la oficina del alguacil de este Tribunal notificó personalmente a Feliciano Jiménez la Resolución emitida el 23 de enero de 2009, así como la Resolución de 7 de abril de 2009. A pesar de lo anterior, Feliciano Jiménez ha hecho caso omiso a los requerimientos de este Tribunal. Por lo tanto, procede que lo suspendamos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía.

III

Por los fundamentos antes expuestos, se ordena la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Neddie Feliciano Jiménez de la práctica de la abogacía. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del País. Además, deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días, contados a partir de la notificación de la presente opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

        In re Feliciano Jiménez, 173 D.P.R. 830 (2008). El licenciado Feliciano Jiménez fue reinstalado al ejercicio de la profesión mediante una Resolución de 11 de julio de 2008. Véase In re Feliciano Jiménez, 174 D.P.R. 193 (2008).


text:
      In re Lydia I. Otero Encarnación, querellada.

      Número: AB-2008-209

      Resuelto: 30 de junio de 2009

      Ricardo E. Carrillo Delgado, abogado de la querellada; Lydia I. Otero Encarnación, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la “Moción de reconsideración y solicitud de reinstalación”, presentada por la abogada Lydia I. Otero Encarnación, se declara “con lugar”y se le reinstala al ejercicio de la abogacía. Se ordena a la Comisión de Etica que continúe con los procedimientos relacionados con la queja pendiente presentada por la Sra. Luz M. Suárez Miranda. Además, se concede un término de 20 días a la Oficina de Inspección de Notarías para que se exprese sobre la obra notarial incautada a la abogada Otero Encarnación.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Jack Odell Peck.

      Número: AB-2007-233

      Resuelto: 30 de junio de 2009

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Inspección de Notarías, y Marla D. Ríos Díaz, directora auxiliar de la Oficina de Inspección de Notarías; Rafael A. García-López, abogado del querellado.
   per curiam:

El 7 de octubre de 2008, la Oficina de Inspección de Notarías presentó su Informe indicando el resultado de su investigación de una queja presentada por el Sr. Ismael Vélez Motta contra el Ledo. Jack Odell Peck. Señala la Oficina de Inspección de Notarías que el notario querellado autorizó un testimonio a una persona que se hizo pasar por el señor Vélez Motta sin requerirle los documentos de identificación. En consecuencia, el individuo obtuvo una licencia de conducir del Departamento de Transportación y Obras Públicas a nombre del quejoso.

En su queja, el señor Vélez Motta informa que esa persona realizó diversas transacciones y préstamos en instituciones financieras del país utilizando su nombre. Indica también que tuvo que hacer una declaración jurada para solicitar un duplicado de su licencia de conducir extraviada y que durante el trámite surgieron varias multas administrativas a su nombre que en realidad fueron expedidas al individuo que robó su identidad. Además, señala que el querellado nunca notificó el testimonio en su índice notarial y que el número correspondiente a su testimonio correspondía a otra persona y a otro asunto. El señor Vélez Motta tuvo conocimiento de esta información por la investigación que realizó el CIC, que culminó con el arresto y encarcelamiento del individuo que robó su identidad.

Por su parte, el licenciado Odell Peck alegó que el Sr. Carlos Santos, oficial de la Gestoría del Carmen (para la cual firmaba testimonios), acudió a su oficina acompañando a una persona que se identificó con el nombre de Ismael Vélez Motta, con el propósito de suscribir una declaración jurada sobre una licencia de conducir extraviada en el formulario que para tales fines había preparado la gestoría. Explicó que en ese momento el individuo no contaba con una identificación permitida por la Ley Notarial de Puerto Rico, por lo cual utilizó al Sr. Carlos Santos como testigo de conocimiento y éste le acreditó la identidad del individuo. El señor Santos, a quien conocía desde hacía varios años, le aseguró que conocía personalmente al señor Vélez Motta porque había realizado gestiones previas con la Gestoría del Carmen. El licenciado Odell Peck reconoció que no registró en ese momento el testimonio autorizado en su Registro de Testimonios ni lo informó en su índice Notarial correspondiente a dicho mes, lo que ocasionó que autorizara otro testimonio con el mismo número. Sin embargo, subsanó dichas omisiones mediante enmienda al índice Notarial y anotación en su Registro de Testimonios.

De las alegaciones y los documentos que forman parte del expediente se deduce que el querellado autorizó un testimonio de reconocimiento de firma en el cual no dio fe del conocimiento del declarante y no incluyó dicho testimonio en su Registro de Testimonios ni en el índice Notarial correspondiente, en violación a la Ley Notarial de Puerto Rico. No es hasta la presentación de esta queja que el notario Odell Peck se percata de estas omisiones y trata de subsanarlas. En efecto, la omisión en el Registro de Testimonios fue subsanada por el querellado al incorporar el testimonio como el asiento 59,610 A, dejar constancia de la fecha de la subsanación y salvarla con su firma y sello. Además, incluyó una nota en la cual advirtió que el asiento no guarda secuencia numérica con ese folio. En su comunicación de 31 de agosto de 2007, explicó que hizo una nota al margen del lugar que hubiese correspondido al asiento omitido. El índice Notarial enmendado correspondiente a enero de 2005 fue sometido el 7 de septiembre de 2007 y corresponde a agosto de 2007.

De los documentos que obran en el expediente no surge evidencia que confirme la alegación del notario respecto a la función del Sr. Carlos Santos como testigo de conocimiento. Por el contrario, la copia de la declaración jurada provista por el quejoso y la copia certificada del asiento 59,610 A del Registro de Testimonios del notario querellado, no indican cuál fue el método de identificación que utilizó ni hacen referencia al Sr. Carlos Santos como testigo de conocimiento.

La Ley notarial de Puerto Rico impone al notario, en su gestión de autenticar firmas, dar fe del conocimiento personal de los firmantes o del testigo de conocimiento, o de haber identificado a los otorgantes mediante los medios que dispone la ley, tanto en el documento que autoriza como en su Registro de Testimonios. Artículo 57 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2092; Regla 67 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV. El ordenamiento jurídico considera como un asunto medular la comparecencia personal y el conocimiento de los firmantes, por lo que su inobservancia constituye una falta seria. In re Machargo Barreras, 161 D.P.R. 364, 370 (2004). La ley también impone al notario la obligación de rendir índices notariales mensualmente sobre su obra notarial. Art. 12 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2023; Regla 12 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV.

Examinados el Informe presentado por la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías y el escrito que fijó la posición del querellante, concluimos que el licenciado Odell Peck incumplió estas obligaciones. Tomando en cuenta el historial profesional del abogado y que éste ha reconocido el error cometido, limitamos la sanción disciplinaria a la suspensión del ejercicio de la notaría por el término de tres meses.

Además, se apercibe al Ledo. Jack Odell Peck que, cuando sea reinstalado a la notaría, deberá cumplir diligentemente con su obligación de autenticar firmas, dando fe del conocimiento personal de los firmantes o del testigo de conocimiento, o de haber identificado a los otorgantes mediante los medios que dispone la ley. Los incumplimientos futuros con este deber podrán dar lugar a sanciones disciplinarias más severas.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervienen.


text:
      In re Alexis Irizarry Vega, querellado.

      Número: CP-2007-9

      Resuelto: 6 de julio de 2009

      Noemí Rivera de León, procuradora general auxiliar, Ileana M. Oliver Falero y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradoras generales, parte querellante; Alexis Irizarry Vega, pro se; Charles A. Cordero, comisionado especial.
   per curiam:

Nos corresponde evaluar si proceden ciertas alegaciones de conducta impropia contra un abogado por una supuesta violación a los cánones del Código de Etica Profesional durante la tramitación de una apelación ante la Junta de Apelaciones de Casos de Inmigración.

I

Los hechos, según expuestos a continuación, surgen mayormente de las determinaciones fácticas del Comisionado Especial.

El Ledo. Alexis Irizarry Vega (licenciado Irizarry Vega) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 4 de enero de 1994, y el 4 de enero de 1995 prestó juramento como notario. Surge de la queja presentada por la Sra. María Dolores Acosta Thomas (señora Acosta Thomas), quien contrató los servicios del licenciado Irizarry Vega para que la asistiera con relación a una petición de residencia. Para dichas gestiones pagó al licenciado Irizarry Vega dos mil dólares. El 18 de mayo de 1999 acudió al Departamento de Inmigración con su esposo y con el licenciado Irizarry Vega. Allí le indicaron que la respuesta a su petición se le notificaría por correo.

En enero de 2000, el licenciado Irizarry Vega informó a la señora Acosta Thomas que había que presentar una apelación, ya que su petición había sido denegada. Surge del Informe del Comisionado Especial que el 14 de febrero de 2000 el licenciado Irizarry Vega preparó la apelación correspondiente. Alega la señora Acosta Thomas que el licenciado Irizarry Vega la hizo suscribir dicho documento aun cuando debía saber que quien tenía que firmarlo era su esposo, por ser éste el peticionario. Arguye que, luego de suscribir los documentos, el licenciado Irizarry Vega dejó de contestar sus llamadas y de atenderla cuando iba a su oficina. Esto ocasionó que la señora Acosta Thomas “se desesperara” y le pidiera los documentos de su caso al licenciado Irizarry Vega.

Según la señora Acosta Thomas, se vio obligada a contratar una nueva representación legal, ya que su caso no había sido atendido por el Departamento de Inmigración. En su queja, ésta se reservó el derecho a presentar reclamaciones contra el licenciado Irizarry Vega por los daños económicos y emocionales que alegadamente sufrió.

Así las cosas, el 8 de mayo de 2006 la Oficina del Procurador General presentó un Informe para someter a la consideración de este Tribunal la conducta en que incurrió el licenciado Irizarry Vega en su gestión profesional. Recibido el Informe, el 2 de febrero de 2007 ordenamos que se presentara la querella correspondiente, por lo que el 30 de abril de 2007 el Procurador General instó una querella contra el licenciado Irizarry Vega imputándole un cargo por violación al Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

En su querella, el Procurador General apunta que el licenciado Irizarry Vega solicitó a la señora Acosta Thomas que suscribiera el documento de la apelación aun cuando éste debía haber conocido que la persona que tenía que firmar dicho documento era el esposo, en calidad de peticionario. No obstante, y ante el desconocimiento del paradero del esposo, el licenciado Irizarry Vega supuestamente sugirió a la señora Acosta Thomas que suscribiera la petición, ya que ésta tenía un periodo prescriptivo, y si la negaban por la falta de la firma del esposo, podían solicitar una reconsideración.

Luego de los trámites de rigor, designamos al Hon. Charles A. Cordero, ex Juez del Tribunal de Apelaciones, como Comisionado Especial para atender el procedimiento de autos. Tras celebrar una vista evidenciaría, el Comisionado Especial rindió su Informe, en el que determinó que, analizada la prueba documental y testifical, el licenciado Irizarry Vega no había violado los cánones de ética profesional. Por ello, recomendó el archivo de la querella y la desestimación del cargo formulado contra el licenciado Irizarry Vega.

Sometido el caso ante nuestra consideración, y contando con el beneficio del Informe del Comisionado Especial y del Procurador General, así como con la contestación del licenciado Irizarry Vega, resolvemos.

II

Sabido es que los cánones del Código de Ética Profesional establecen las normas mínimas de conducta que rigen a los miembros de la profesión legal en el desempeño de su delicada e importante labor. In re Matos González, 149 D.P.R. 817 (1999); In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710 (1998).

En particular, hemos resuelto que el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, impone a los abogados un deber general de ser sinceros y honrados para con sus representados y con sus compañeros abogados, así como para con los tribunales. Véanse, además: In re Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998); In re Franco Rivera y Masini Soler, 134 D.P.R. 823 (1993). Añade el precepto que no es sincero ni honrado utilizar medios incompatibles con la verdad, ni se debe inducir a error al juzgador utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Dichos deberes se exigen en aras de preservar el honor y la dignidad de la profesión, ya que el compromiso del abogado con la verdad siempre es incondicional. In re Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. 661 (2006). La verdad es un atributo inseparable del ser abogado, y sin ésta, la profesión jurídica no podría justificar su existencia. In re Busó Aboy, 166 D.P.R. 49 (2005).

Reiteradamente hemos expresado que el Canon 35, supra, exige que la conducta de todo miembro de la profesión ante los tribunales sea sincera y honrada. In re López González, 171 D.P.R. 567 (2007). Esto en virtud de que todo el entramado de nuestro sistema judicial se erige sobre la premisa de que los abogados, sobre quienes recae principalmente la misión de administrar la justicia, han de conducirse siempre con integridad ante los foros judiciales. In re Montañez Miranda, 157 D.P.R. 275 (2002). En fin, un abogado que falta a la verdad infringe el Canon 35, supra, independientemente de los motivos que lo movieron a incurrir en esa conducta o de que no se hubiera perjudicado a tercero alguno. In re Grau Acosta, 172 D.P.R. 159 (2007).

De otra parte, es norma claramente establecida que el criterio probatorio a utilizarse en procedimientos disciplinarios es el de prueba clara, robusta y convincente, no afectada por reglas de exclusión ni a base de conjeturas. In re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001). Este criterio requiere una carga probatoria más fuerte que la mera preponderancia de la prueba, ya que en estos procesos está en juego el título de un abogado y, por ende, su derecho fundamental a ganarse su sustento. Id. Aun cuando no se puede definir de manera precisa, la prueba clara, robusta y convincente ha sido descrita como aquella evidencia que produce en un juzgador de hechos una convicción duradera de las que contenciones fácticas son altamente probables. In re Ruiz Rivera, 168 D.P.R. 246 (2006); In re Rodríguez Mercado, 165 D.P.R. 630 (2005).

La Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, establece que le corresponde al Comisionado Especial designado celebrar una vista para recibir la prueba. Por lo tanto, sus determinaciones fácticas merecen nuestra mayor deferencia. Ahora bien, de igual manera hemos resuelto que aunque este Tribunal no está obligado a aceptar el Informe del Comisionado Especial nombrado para atender una querella contra un abogado, sino que puede adoptar, modificar o rechazar tal informe, de ordinario sostenemos las conclusiones de hecho de un Comisionado Especial, salvo que se demuestre prejuicio, parcialidad o error manifiesto. In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210 (2007); In re Moreira Avillán, 147 D.P.R. 78, 86 (1998); In re Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994); In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994).

Examinado el derecho aplicable, analicemos los hechos ante nuestra consideración.

III

Es contención del Procurador General que las actuaciones del licenciado Irizarry Vega constituyen una violación al Canon 35 del Código de Etica Profesional, supra. Alega el Procurador General que la sugerencia que le hiciera el licenciado Irizarry Vega a la señora Acosta Thomas, a los efectos de suscribir el documento fue sumamente irresponsable, ya que éste sabía que la firma requerida era la del peticionario y no la del extranjero que solicita la residencia.

De igual manera, el Procurador General expone que el referido Canon 35 obliga a todo abogado a ajustarse a la sinceridad de los hechos al redactar documentos y que, por consiguiente, se puede inferir que el licenciado Irizarry Vega, aún sabiendo lo requerido por ley en cuanto a la firma de la petición, aconsejó a su dienta para, quizás, remitir la petición dentro del término prescriptivo. De acuerdo con el Procurador General, lo anterior —es decir, el recomendar cierta acción a un cliente a sabiendas que no era lo que correspondía en ley— es una actuación que denigra y lesiona la imagen de la profesión.

El Procurador General indica que, si bien es cierto que se permite que el abogado suscriba el Formulario EIOR-29 (.Notice of Appeal to the Board of Immigration—Appeals from a Decision of an INS Officer), ello procede si éste se acompaña con el Formulario EIOR-27 (Notice of Appearance), en el cual el peticionario autoriza al abogado a ser su representante legal.

Por su parte, el Comisionado Especial determinó que el licenciado Irizarry Vega completó el aviso de apelación mediante el Formulario EIOR-29 y lo suscribió como abogado del peticionario. Aduce el Comisionado Especial que de las instrucciones del Formulario EIOR-29 surge expresamente que un abogado puede firmar por el apelante aun cuando también se requiere presentar un aviso de comparecencia mediante el Formulario EIORr27. No obstante, el Comisionado Especial determinó que en ninguna parte se indica que el Formulario EIOR-27 tiene que presentarse conjuntamente con el aviso de apelación y que la señora Acosta Thomas no estaba impedida de firmar al margen del Formulario EIOR-29, siempre y cuando no lo hiciera en capacidad de apelante.

Sobre el particular, las instrucciones que provee el Formulario EOIR-29 disponen lo siguiente:

4. Counsel. An appellant may be represented, at no expense to the Government, by an attorney or other duly authorized representative. An attorney or authorized representative must file a separate notice of appearance (Form EOIR-27) with this Notice of Appeal. In presenting and prosecuting this appeal, the INS may be represented by appropriate counsel. (Énfasis nuestro.) Solicitud de desestimación de querella, Exhibit I.

De lo anterior se colige que es necesario que el abogado presente un aviso de comparecencia. Por lo tanto, coincidimos con el Comisionado Especial en cuanto a que el licenciado Irizarry Vega podía suscribir el Formulario EIOR-29 en calidad de representante legal del peticionario. Sin embargo, tal y como señala el Comisionado Especial, lo cierto es que las instrucciones que provee dicho documento establecen que es requerido que el representante legal que suscriba por el peticionario presente un aviso de comparecencia mediante el Formulario EIOR-27. Aun cuando entendemos que el Formulario EIOR-29 no expresa que el aviso de comparecencia (EOIR-27) tiene que ser presentado conjuntamente, no cabe duda que es requisito instarlo cuando un abogado firma la petición a nombre del peticionario. El licenciado Irizarry Vega aceptó que no cumpletó el Formulario EOIR-27.

Ahora bien, como indica el Comisionado Especial en su Informe, de la Declaración Jurada de la señora Acosta Thomas surgen ciertas incongruencias, como lo son: la discrepancia en cuanto a la dirección en donde reside; una explicación de cómo logró obtener una tarjeta de seguro social si no es residente permanente de Puerto Rico o de Estados Unidos, ni permiso especial del Departamento de Inmigración para poder trabajar; no se menciona el nombre de su supuesto esposo ni la dirección de éste, y tampoco explica la razón por la cual el supuesto esposo no fue a realizar ninguna gestión relacionada con el trámite de residencia ni fue con ella a firmar la petición de apelación. Concluyó el Comisionado Especial que dichas lagunas en la información le restan credibilidad a la señora Acosta Thomas.

Ciertamente, y luego de evaluado el tracto procesal del caso de autos, la credibilidad de la señora Acosta Thomas resulta un tanto agraviada. Más aún, abona a este parecer el hecho de que el Departamento de Inmigración le denegara su petición de residencia basándose en la creencia de que había contraído matrimonio de forma fraudulenta con fines únicamente de lograr la residencia permanente en territorio americano.

Conforme a lo anterior, resulta forzoso concluir que, aun cuando el licenciado Irizarry Vega hubiese presentado el Formulario EOIR-27, las probabilidades de que el resultado de la apelación presentada fuera favorable para la señora Acosta Thomas son bien remotas. Cabe señalar que el licenciado Irizarry Vega dejó de ser el representante legal de la señora Acosta Thomas antes que llegara la determinación del Departamento de Inmigración en cuanto a la apelación presentada. No obstante, independientemente del resultado, el licenciado Irizarry Vega estaba obligado a tramitar el procedimiento de la manera correcta y cumpliendo con todas las normas que éste exige.

Analizados los hechos que motivaron la querella incoada contra el licenciado Irizarry Vega, así como el Informe del Comisionado Especial y la Moción en Oposición al Informe del Honorable Comisionado, que presentara el Procurador General, y tomando en consideración la única conducta antiética imputada al licenciado Irizarry Vega a la luz del Canon 35, supra, y el hecho de que su actuación, en efecto, no perjudicó a ninguna persona, limitamos nuestra sanción a una amonestación, apercibiéndole para que su conducta en el futuro esté acorde con lo que requieren el honor y la dignidad de la profesión. Se le apercibe, además, de que en el futuro deberá ser más riguroso en la tramitación de las causas.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton ordenaría el archivo de la presente querella. El Juez Asociado Señor Martínez Torres disintió porque entiende que no hubo prueba de una violación del deber de honradez y sinceridad que establece el Canon 35 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, y que, a lo sumo, el querellado siguió una estrategia errónea de litigación. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez se unió a las expresiones del Juez Asociado Señor Martínez Torres.

       El Ledo. Alexis Irizarry Vega fue suspendido del ejercicio de la abogacía el 24 de agosto de 2000 por hechos no relacionados al caso de autos. Fue reinstalado en el ejercicio de la profesión el 27 de abril de 2001.