author: El Juez PresideNte Señor Travieso

text:
    Sucesión de José S. Belaval, compuesta por Germánico, Hilda, Esther, Mario, Vasco, Edgar, Lister, María Esther y José S. Belaval, demandantes y apelados, v. Fernando Acosta Ramírez, demandado y apelante.
    Núm. 8982.

    Sometido: Julio 26, 1944.

      Resuelto: Julio 29, 1944.

      Samuel B. Quiñones, B. Bodriguez Lebrón y F. Vizcarrondo Vázquez, abogados del apelante; Edgar 8. Belaval, pro se y qomo abogado de los apelados.
   El Juez PresideNte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes, Germánico, Hilda, Esther, Mario, Vasco, Edgar, Lister, María Esther y José S. Belaval, componentes de la Sucesión de José S. Belaval, obtuvieron sentencia a su favor por la cual se decretó el desahucio del demandado del local que ocupa en el edificio núm. 2 de la Calle Tanca, per-teneciente a los demandantes. No estuvo conforme el de-mandado y apeló para ante esta Corte Suprema.

Los demandantes han solicitado la desestimación del re-curso, por los motivos siguientes:

T. Porque el escrito de apelación es insuficiente (a) por no ser correcto el título del caso, y (b) porque fué notificado solamente a uno de los demandantes-apelados.

2. Porque la fianza prestada es nula (a) por ser inco-rrecto el título del caso, y (b) porque los fiadores no se obli-gan a favor de los demandantes sino a favor de la Sucesión de José S. Belaval, la cual no tiene personalidad jurídica, y se obligan, a lo sumo, a favor de uno solo de los demandan-tes-apelados.

Pasaremos por alto, sin discutirlo, el primero de los dos motivos, pues opinamos que el segundo está bien fundado y es por sí solo suficiente para que declaremos con lugar la desestimación del recurso.

El artículo 631 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933) dispone que “será requisito indispensable para ejercitar el recurso de apelación por parte del demandado, que éste otorgue fianza, a satisfacción del tribunal, para responder de los daños y perjuicios que puedan irrogarse al demandante, y de las costas de la apelación”.

La parte demandante en este caso no fué ni pudo ser la Sucesión de José S. Belaval, pues es doctrina firmemente establecida la de que la Sucesión como persona jurídica no existe en nuestro derecho. Para que una Sucesión pueda demandar o ser demandada,1 es necesario que se particula-rice e individualice expresando los nombres de los miembros que la bomponen. Son los miembros de la Sucesión y nó ésta los que deben aparecer como demandantes o demanda-dos. Dapena v. Sucesión Dominici, 12 D.P.R. 66; Orcasitas v. Registrador, 21 D.P.R. 553; Arvelo v. Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, 25 D.P.R. 728, 736, 737; Armstrong & Co. v. Irizarry, 29 D.P.R. 606, 613.

La fianza prestada en este caso está constituida a favor de la Sucesión de José S. Belaval, y no a favor de Germánico, Hilda, Esther, Mario, Vasco, Edgar, Lister, María Esther y José S. Belaval, que son las personas que aparecen como demandantes en el cuerpo de la demanda y a favor de las cuales se dictó la sentencia recurrida. El artículo 631 que hemos citado requiere que la fianza sea constituida a favor del demandante; y ese requisito indispensable no ha sido cumplido en el presente caso, pues una fianza constituida a favor de una Sucesión no puede ser considerada como una fianza a favor de todos y cada uno de los miembros que la componen y que no son mencionados en el cuerpo de la obligación, de igual manera que una demanda dirigida contra una Sucesión no puede ser considerada como una demanda contra sus componentes no mencionados. El título que aparece en el documento de fianza no puede servir para subsanar la omisión de los nombres en el cuerpo de la obligación, toda vez que en dicho título aparece como único demandante Germánico S. Belaval, sin mención alguna de la Sucesión y sin que se haya añadido siquiera al nombre de dicho demandante la frase “et ais.” demostrativa de que son varias las partes demandantes. En Rieder v. Torruella, 47 D.P.R. 682, este tribunal resolvió que la obligación de fianza no puede interpretarse en sentido extensivo, para ampliarla a más del contenido de la misma. Y también hemos resuelto que la fianza no se presume; debe ser expresa. Artículo 1726 del Código Civil (ed. 1930); Manresa, Vol. 12, págs. 233 y 234, National City Bank v. Llonín, 41 D.P.R. 163, 169.

El error cometido por el apelante no puede ser subsa-nado pues el mismo artículo 631 ya citado dispone que ‘ ‘ tanto la consignación como la fianza . . . deberán quedar formali-zadas dentro del término concedido para la apelación”. Y ese término ya ba expirado.

Situaciones como la del presente caso podrían fácilmente evitarse si se siguiera una práctica distinta a la que ha ve-nido siguiéndose en las cortes de distrito para la aprobación de fianza. Si se diera a la parte a cuyo favor ha de consti-tuirse la fianza una oportunidad para ser oída y para for-mular las objeciones que pudiera tener en cuanto a la forma y alcance de la misma, la parte obligada a prestarla tendría a su vez una oportunidad para subsanar cualesquiera defec-tos señalados por la otra parte, antes de la expiración del término concedido para la apelación.

No cumpliendo la fianza prestada en este caso con los re-quisitos exigidos por la ley, debemos considerarla nula, y en consecuencia declarar con lugar la moción de los apelados y sin lu>gar el recurso.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    Sebastián C. Banuchi de la Rosa, Etc., peticionario, v. Corte de Distrito de Aguadilla, Hon. F. González Suárez, Juez, demandada.
    Núm. 23.

    Sometido: Octubre 28, 1944.

      Resuelto: Noviembre 2, 1944.

      Hedor González Flanes, Rafael A. González y J. Jiménez Aguayo, abogados de los peticionarios; M. Velázquez Flores, Subprocurádor General, abogado del juez demandado; Samuel R. Quiñones, Ángel Viera Martínez y Carlos del Toro Fernández, abogados de los interventores, recusadores en los procedimientos de exclusión de electores de que se trata.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La Junta Insular de Elecciones denegó las peticiones de varios recusadores solicitando la exclusión de las listas de ins-cripción de más de ochocientos electores correspondientes, al precinto electoral de Isabela. Habiéndose apelado en dichos casos para ante la Corte de Paz de Isabela recayó sentencia ordenando la exclusión de un gran número de dichos electo-res. Para revisar esta actuación cuatrocientos sesenta y dos (462) electores afectados presentaron recurso de certiorari ante la Corte de Distrito de Aguadilla. Dicha corte expidió el auto, pero después de oír a las partes lo anuló y desestimó la petición. . Para revisar su actuación expedimos auto de cer-tiorari, bajo la Ley núm. 32 de 1943 (pág. 85), a petición de cuatrocientos cincuenta y tres (453) electores.

Dada la premura del tiempo (las elecciones tienen lugar dentro de cinco días) nos limitamos a considerar y resolver las cuestiones envueltas en el caso que, a nuestro juicio, son fundamentales. Debemos hacer constar, además, con nuestra censura, que la negligencia del taquígrafo de la Corte de Dis-trito de Aguadilla al no terminar la transcripción de la prueba que debió enviarse a esta corte antes de la vista, dilató du-rante varios días esta decisión.

Aun cuando tanto la petición de certiorari clásico presen-tada ante la corte inferior, como la petición bajo la Ley 32 de 1943 ante esta corte, dejan mucbo que desear en cuanto a la claridad y precisión de sus alegaciones, consideramos que la cuestión fundamental envuelta en este caso es al efecto de que las sentencias dictadas por la Corte de Paz de Isabela ordenando la exclusión de los peticionarios de las listas elec-torales son nulas, por haber actuado dicha corte sin juris-dicción por los motivos siguientes:

1. Porque las apelaciones en un número de casos fueron interpuestas por personas distintas a aquellas que actuaron como recusadores ante la Junta Insular de Elecciones.

2. Porque el Juez de Paz de Isabela, al inhibirse de cono-cer en un número de casos por estar emparentado con algunos de los. recusadores apelantes, delegó ilegalmente en el Juez de Paz de Hatillo para que considerara y resolviera dichos casos actuando en la propia Corte de Paz de Isabela.

3. Porque los peticionarios no fueron notificados legal-mente de las apelaciones establecidas por los recusadores contra la decisión de la Junta Insular de Elecciones; que tampoco fueron citados legalmente para las vistas señaladas ante la Corte de Paz y que a aquellos que comparecieron re-presentados por abogados no se les permitió radicar su con-testación ni presentar prueba para defenderse.

4. Porque los Jueces de Paz de Isabela y Hatillo resol-vieron los casos sin que los recusadores apelantes presenta-ran prueba de clase alguna para sostener sus solicitudes de exclusión.

Para poder considerar y resolver estas cuestiones hemos tenido que invertir muchas horas en separar, en grupos adecuados, los cuatrocientos sesenta y un (461) expedientes de la Corte de Paz enviados como return tanto ante la corte inferior como ante esta corte. Lo primero que encontramos es que, a pesar de tratarse de cuatrocientos cincuenta y tres (453) peticionarios, se lian elevado diez (10) expedientes que se refieren a personas que no son peticionarios ante esta corte y por tanto no hemos considerado sus casos. Por el contra-rio, no se han elevado los expedientes de tres peticionarios, a saber: el civil núm. 532, Juanita Pinero de Pinero, el civil núm. 670, María Román Mártir, y el civil núm. 732, Angel Nieves Pérez, y estos casos, tenemos que presumir, fueron re-sueltos por la corte inferior sin tener ante sí dichos expedien-tes. Aun cuando este hecho no ha sido alegado como error por los aquí peticionarios, surge de los autos originales ante nos. En cuanto a esos tres peticionarios es obvio que la corte inferior actuó sin jurisdicción al resolver tres casos que no tenía ante su consideración. Empero, la negligencia de dichos peticionarios al no actuar en debida forma para defender sus derechos ante la corte inferior convirtió en firme las deci-siones de la Corte de Paz de Isabela en sus casos.

De los cuatro motivos alegados por los peticionarios para atacar la jurisdicción de la Corte de Paz de Isabela conside-ramos que el tercero es el más importante pues la primera cuestión planteada en el mismo afecta a todos los casos de los cuatrocientos cincuenta y tres (453) peticionarios.

Se alega que ellos no fueron notificados de las apelaciones ni citados legalmente para las vistas señaladas ante la Corte de Paz de Isabela.

Debemos hacer constar que el Licenciado J. Jiménez Aguayo al comparecer ante la Corte de Paz de Isabela el día 19 de julio de 1944, fecha señalada para la vista de los casos, hizo una moción verbal impugnando la jurisdicción de dicha corte y entre otros motivos se fundó en lo resuelto por esta corte en el caso de Márquez v. Junta Insular de Elecciones, 41 D.P.R. 1. Esto aparece de la resolución de dicha corte de-clarando sin lugar la moción que obra en los autos de los casos en que actuó el Juez Sr. L. Pratts Maldonado.

Sostienen los peticionarios que de acuerdo con la sección 32 de la Ley Electoral y lo resuelto en el caso de Márquez v. Junta, supra, ratificando la doctrina establecida en el de Padilla v. Corte, 35 D.P.R. 301, a ellos debió notificárseles las apelaciones establecidas por los recusadores y que la mera notificación constructiva deficiente que se les hizo del señala-miento de las vistas, no confirió jurisdicción a la Corte de Paz para actuar en estos casos.

En el caso de Padilla v. Corte, supra, esta corte interpretó el párrafo segundo de la sección 32 de la Ley Electoral según leía en el año 1924, en lo pertinente, así:

“ ‘En todos los casos de apelaciones de las decisiones de la Junta Insular de Elecciones, según se autoriza anteriormente en esta sección, la corte municipal o el juzgado de paz señalará uno o más días conse-cutivos para las vistas de dichas apelaciones, y los jueces municipales o de paz en dicho día o días se consagrarán a la vista de las mismas hasta oirlas todas debidamente, y en la vista de dichas apelaciones, las cortes ante las cuales fueren oídas tendrán el derecho y por la presente quedan facultadas para oir dichos asuntos de nuevo, y con esos fines, para citar y oir testigos, y para exigir y examinar los docu-mentos y pruebas que juzgaren necesarios para poder llegar a .una determinación sobre los hechos y la ley en esos casos; Disponiéndose, que dichos casos serán oídos de acuerdo con las reglas de evidencia y procedimientos judiciales que rigen en casos civiles-, . . ” (Bastar-dillas nuestras.)--

Dicho caso de Padilla, supra, trataba de una apelación es-tablecida, al igual que en los casos de autos, por el recusador, pues la Junta Insular de Elecciones había denegado la exclu-sión de la inscripción de Padilla. ^JSTo se notificó al elector de dicha apelación y sólo se le citó para comparecer como testigo, y esta corte dijo, a la página 306:

“ . . .No sólo no se entregó al peticionario Padilla copia del es-crito estableciendo la apelación, que tiene el carácter de una demanda, sino que ni siquiera se dejó en su poder una copia de la citación.
Como sostiene la parte apelada en su alegato todo el derecho que pudo quizá tener la corte de paz fué el de citar nuevamente a Padilla para que expusiera las causas a virtud de las cuales no debía casti-gársele por desacato, pero nunca adquirió jurisdicción para dictar sentencia contra él despojándolo de su derecho a votar, derecho que le había sido reconocido por la Junta Insular de Elecciones después de una controversia sobre la materia.” (Bastardillas nuestras.)

Después de citarse la sección 32, supra, esta corte se ex-presó así a la página 307:

‘ ‘ Claro está que se trata de .un procedimiento rápido, sumarísimo, pero ello no quiere decir que pueda condenarse a una persona sin saber siquiera que ha sido demandada, sin habérsele servido una copia fiel de la demanda, con sólo habérsele citado en forma tan confusa que más bien podía desprenderse que se le llamaba como testigo y no como parte en el procedimiento. El legislador tuvo buen cuidado de disponer, como hemos visto, expresamente en la ley electral 'que dichos casos serán oídos de acuerdo con las reglas de evidencia y procedimientos judiciales que rigen en casos civiles.’ Ello admite, dadas las circunstancias especiales concurrentes, una reducción al límite de los términos, la mayor simplicidad posible en los procedi-mientos, una excesiva rapidez en las vistas y resoluciones, pero ello no puede admitir que se prescinda por completo de conceder su día en corte a la parte interesada.” (Bastardillas nuestras.)

Esta doctrina fué ratificada en el caso de Márquez v. Junta, supra, en el que había envuelta una cuestión igual, diciéndose a las páginas 7 y 8 lo siguiente:

. "Puede aquí afirmarse que, lejos de seguirse en ese procedimiento regla alguna de las de la ley procesal, han quedado prácticamente violadas todas las garantías que ella presta a un ciudadano para de-fenderse. Y no es ése el fin que persigue la Ley Electoral, cuando dispone, en su artículo 32, que los casos de apelación ‘serán oídos de acuerdo con las reglas de evidencia y procedimientos judiciales que rigen en casos civiles’.”.
# * # # * * =»
“A nuestro entender, no bubo en este caso un emplazamiento formal a las partes. Se notificó a los partidos políticos, no a los elec-tores interesados. Y así podría quizá decirse que a esos juicios fueron los partidos, no los electores de cuya exclusión se trataba.”

Ahora bien, en el año 1936 se enmendó el segundo párrafo de la sección 32 de la Ley Electoral citada, adicionándosele lo siguiente:

“Inmediatamente que la Corte Municipal o de Paz reciba la docu-mentación que forma el legajo de la apelación, procederá a señalar fecha para la vista de los casos, y fijará, con cinco (5) días por lo menos de antelación a la fecha en que haya de verse el caso, en sitio visible en dicha Corte de Paz o Municipal y en una de las oficinas de correo del precinto correspondiente, un aviso dando conocimiento al público y a los interesados de la fecha y hora que han sido señalados para la vista de los respectivos casos. Tal avisó comprenderá además el nombre, circunstancias personales y dirección del elector de cuya inscripción se trate, el nombre, circunstancias personales y dirección del que jurare la exclusión y los fundamentos de ésta, y tal fijación constituirá notificación suficiente para que la corte adquiera juris-dicción sobre las partes y sobre el caso.” (Bastardillas nuestras.)

La cuestión a resolver es si el procedimiento establecido por la Legislatura para la notificación de las citaciones para las vistas de las apelaciones en estos casos electorales ha tenido el efecto de eliminar el requisito previo de emplazar o notificar al elector de la apelación establecida por el recu-sador contra la decisión de la Junta Insular de Elecciones, requisito que en los casos de Padilla y Márquez, supra, se solvió era jurisdiccional. Se resolvió en dichos casos que ese requisito debía cumplirse a virtud del Disponiéndose con-tenido en el párrafo segundo de la sección 32, supra, según leía en el año 1924 al efecto de que: “dichos casos serán oídos de acuerdo con las reglas de evidencia y procedimientos judi-ciales que rigen en casos civiles.” Este Disponiéndose sub-siste en la sección 32 no obstante la enmienda por adición he-cha en el año 1936. La frase final de dicho párrafo segundo al efecto de que la fijación de los avisos para las vistas en la corte y en el correo “constituirán notificación suficiente para que la corte adquiera jurisdicción sobre las partes y sobre el caso,” sólo puede referirse a conceder jurisdicción para celebrar las vistas de los casos si se ba cumplido con dicho requisito de citación para las mismas y siempre que previa-mente se haya cumplido con el requisito jurisdiccional de ha-ber notificado al elector el escrito de apelación. Tanto el Dis-poniéndose a que nos hemos referido como esta frase final, pueden subsistir y complementarse, si hemos de dar efectivi-dad a la intención legislativa en tal forma, que nuestra inter-pretación sostenga la validez del estatuto. Una interpreta-ción distinta podría quizás llevarnos a concluir que la frase final referida constituiría una violación del debido procedi-miento de ley garantizado por nuestra Carta Orgánica. Si entre dos interpretaciones una es cónsona con la validez de la ley y también tiene el efecto de armonizar dos disposiciones aparentemente en conflicto, a ella debemos atemperarnos.

Somos de opinión que la doctrina sostenida en los casos de Padilla y Márquez, supra, debe subsistir al interpertar el párrafo segundo de la sección 32 de la Ley Electoral. El elector cuya inscripción ha sido declarada válida por la Junta Insular de Elecciones ha adquirido un derecho presuntivo al sufragio del cual no debe privársle a través de una apelación de la cual no tiene conocimiento por no haber sido notificado de su interposición en forma alguna.. El mero hecho de que la citación para la vista de su caso pueda hacerse, construc-tivamente, cumpliéndose con los requisitos que especifica la ley en cuanto a la fijación de un aviso en la corte y en el correo de su pueblo, no equivale al cumplimiento mínimo del debido procedimiento de ley en cuanto a ser emplazado en alguna forma del escrito de apelación.

No habiendo sido emplazados los peticionarios en forma legal, la Corte de Paz de Isabela nunca adquirió jurisdicción en sus casos, excepto en aquellos en los cuales los peticiona-rios hicieron una comparecencia general, bien personalmente o representados por abogado y se sometieron a la jurisdic-ción- de esta corte. El número de estos casos asciende a vein-tisiete (27).

Ahora bien, en estos veintisiete casos es preciso determinar si la Corte de Paz de Isabela, por alguno de los otros motivos alegados, actuó sin jurisdicción.

En tres de ellos, el núm. 353 de Sebastián Banuchi de la Posa, el núm. 401 de Saturnina Beníquez Montilla y el núm. 545 de Margarita Quiñones Quiñones, aparecen las senten-cias dictadas por el Sr. Juan Ramón Cruz (que es el Juez de Paz de Hatillo) pero quien actuó como Juez de Paz de Isabela (así aparece firmando las sentencias en ciento ochenta y ocho (188) casos entre los cuales se encuentran estos tres) el día 20 de julio de 1944, al mismo tiempo que el juez en propie-dad de dicha corte Sr. Luis Pratts Maldonado continuaba interviniendo en los demás casos señalados para dicho día.

Los peticionarios alegaron en la corte inferior y alegan y sostienen ante esta corte que en los casos.en que intervino el Juez de Paz de Hatillo, actuando como Juez de Paz de Isabela, las sentencias dictadas son nulas por falta de juris-dicción.

La cuestión surgió ante la Corte de Paz de Isabela en la siguiente forma. En estos casos aparecían como recusadores apelantes (en dos como apelados) los señores Claudino Pratts Maldonado y Adrián Girald Maldonado. Habiéndose alegado que estos reeusadores estaban emparentados dentro del se-gnno y cuarto grado de consanguinidad con el Juez de Paz de Isabela, Sr. Luis Pratts Maldonado, se solicitó su inhibi-ción, a lo que accedió dicho juez, dictando una resolución el 19 de julio de 1944, cuya parte dispositiva dice así:

“VISTO el inciso 2do. del artículo 23 del Código de Enjuicia-miento Civil, declaro con lugar dicha moción, me inhibo del conoci-miento de todos los casos apelados y señalados para'ser vistos los días 19 y 20 de julio, 1944, en que figuren como reeusadores y ape-lantes dichos Claudino Pratts Maldonado y Adrián Girald Maído-nado, previniendo a las 'partes y a sus abogados que convengan y estipulen el Tribunal a que deban remitirse tales apelaciones a fin de que las vea, oiga, juzgue y falle, sin alterarse los señalamientos practicados.”

En la misma fecha dicho juez dictó una orden que copiada a la letra dice:

“Siendo las 7% de la noche y constituida esta Corte en sesión pública para continuar la vista de las apelaciones de casos electorales previamente señalados.
“Pon cuanto el Juez de la misma ha tenido informes de que los promoventes de la inhibición a que se refiere su resolución inhibi-toria de esta misma fecha, no se avienen al traslado de los casos com-prendidos en la inhibición al Juez de Paz de Quebradillas, como les propuso la parte contraria por el abogado señor Viera y tiene in-formes además de que no es posible que lleguen a acuerdo o estipu-lación alguna.
“PoR cuanto dicho Juez de Paz de Quebradillas ha manifestado al Juez proveyente que en muchos de los casos comprendidos en la inhibición se mencionan como partes parientes suyos dentro del 4to. grado de consanguinidad.
“Pok tanto, en uso de las facultades que concede al Juez de esta Corte el artículo 84 del Cód. de Enjuiciamiento Civil, ordena el tras-lado de todas las apelaciones electorales 'ante él y en que figuren como reeusadores y apelantes los señores Claudio Pratts Maldonado y Adrián Girald Maldonado al Hon. Juan llamón Cruz, Juez de Paz de Hatillo, quien deberá continuar el procedimiento de las mismas viéndolas, oyéndolas, juzgándolas y fallándolas, en substitución del Juez inhibido, dentro de la fecha que corresponde a sus respectivos señalamientos. ’ ’

Por último aparece que dicho juez en la misma fecha y desde Isabela dirigió una carta al Sr. Juan Ramón Cruz, Juez de Paz de Hatillo, en los siguientes términos:

‘ ‘ Iíon. Juan Ramón Cruz,
Juez de Paz de Hatillo.
Distinguido compañero:
"Habiéndome inhibido del conocimiento de todas las apelaciones electorales venidas ante mí y en las que figuren como recusadores y apelantes los señores Claudio Pratts Maldonado y Adrián Girald Maldonado, por orden de esta fecha he dispuesto el traslado de dichas apelaciones a Ud. para' que las resuelva de acuerdo con la Ley y los hechos.
"De la vista de esos casos trasladados están prevenidas las partes o sus abogados que se celebrarán ante Ud. en el edificio de la Alcaldía de ese pueblo a la hora, etc. de antemano fijada.
"Todos los expedientes de los casos objeto del traslado, están a su disposición en mi oficina.
"Gracias por su cooperación, le ofrezco mi recíproca para casos análogos y me suscribo de Ud., atentamente (Fdo.) Luis Pratts Maldonado, Juez de Paz de Isabela, Puerto Rico. ’ ’

(Todos estos documentos obran en el expediente del caso núm. 126, Claudino Pratts Maldonado, apelante v. Monserrate Cruz Acevedo, apelado.)

A virtud de la orden, resolución y carta antes transcritas, fué que el Juez de Paz de Hatillo actuó eomo Juez de Paz de Isabela.

La corte inferior resolvió que el artículo 84 del Código de Enjuiciamiento Civil en que se basó el Juez de Paz para ordenar el traslado, no era aplicable a estos casos.

Sostuvo, además, que el artículo primero de la “Ley pro-veyendo el Nombramiento de Jueces Especiales para los Tribnnales Municipales, en ciertos casos, aprobada en 9 de mayo de 1905 (según enmendada por la ley de 11 de marzo de 1908) ’ ’ y los artículos 16 y 17 del Código de Enjuiciamiento Criminal, los cuales copiamos al margen eran los aplicables y que podría considerarse “que el Juez de Paz de Hatillo (sic) cumplió la ley citada o sea el artículo 17 prediclio y hay que presumir que se actuó dentro de dichas atribuciones.”

'Resalta la incongruencia de la forzada conclusión de la corte inferior ante la realidad de los hechos en cuanto a la forma en que actuó el Juez de Paz de Isabela (no el de Ha-tillo) demostrada por la resolución, orden y carta citadas an-teriormente. La presunción que establece el apartado 16 del artículo 102 de la Ley de Evidencia (Artículo 464 Código de Enjuiciamiento Civil) al efecto de que “un tribunal o juez obrando como tal ... se hallaba en el ejercicio legal dé su jurisdicción” quedó controvertida en estos casos por las cons-tancias del propio juez en los autos.

Asumiendo que el artículo 84, supra, no sea aplicable a los procedimientos ante las cortes de paz, es obvio que el juez de paz en ningún momento dió cumplimiento a las disposi-ciones del artículo 1 de la ley de 1905, según enmendado en 1908, supra, y tampoco al artículo 17 del Código de Enjuicia-miento Criminal. Nada hay en los expedientes originales de la Corte de Paz de Isabela que demuestre que el Gobernador de Puerto Rico nombrara al Juez de Paz de Hatillo para ac-tuar como Juez de Paz de Isabela en aquellos casos en que estaba incapacitado para actuar el Juez de Isabela y tampoco hay constancia alguna de que el Procurador General aprobara el nombramiento del Juez de Paz de Hatillo como sustituto del de Isabela y que en esa forma se cumpliera con los requi-sitos indispensables para hacer válido el nombramiento del Juez, de Paz de Hatillo de acuerdo con la ley y los artículos citados.

Ahora bien, asumiendo que el artículo 84, supra, sea apli-cable a los procedimientos ante las cortes de paz, es obvio también que en los casos de autos tampoco se cumplió con sus preceptos. Los casos no fueron trasladados a la Corte de ■ Paz de Hatillo sino que el Juez de Paz de Hatillo por orden del Juez de Paz de Isabela se trasladó a la Corte de Paz de Isabela y actuó al mismo tiempo que él juez de esta corte. Tenemos, por tanto, el caso anómalo de que durante la trami-tación de estos casos la Corte de Paz de Isabela estaba presi-dida por dos jueces a un mismo tiempo sin haberse cumplido con los requisitos legales para que la actuación del juez sus-tituto pudiera ser válida.

Desde cualquier punto legal que se enfoque la actuación del Juez de Paz de Hatillo en estos casos, sólo puede llegarse a una conclusión y es que actuó sin jurisdicción como Juez de Paz de Isabela y que sus sentencias.en los ciento ochenta y ocho casos son completamente nulas e ineficaces. Estando los tres casos de Sebastián Banuehi de la Rosa, Saturnina Be-níquez Montilla y Margarita Quiñones Quiñones, compren-didos dentro de los ciento ochenta y ocho antes mencionados las sentencias dictadas en ellos por el Juez de Paz de Ha-tillo, son nulas.

Tenemos, por lo tanto, que nos resta por considerar la situación legal existente en veinticuatro (24) casos en los cuales las partes comparecieron bien personalmente o por abogado. Entre estos casos hay tres (3) a saber, el Civil Num. 377 de Basiliso Román Martínez, el Civil Núm. 399 de Luis Valle Caucel y el Civil Núm. 765 de Manuel Sánchez Sánchez, en los cuales aparece de los autos que las apela-ciones fueron interpuestas por personas distintas a aquellas que actuaron de recusadores ante la Junta Insular de Elec-ciones.

La sección 32 de la Ley Electoral, según fué enmen-dada por la Ley núm. 3 aprobada en 29 de junio de 1936 ((2) pág. 9), en su primer párrafo dispone expresamente que sólo dos personas pueden apelar de una decisión de la Junta Insular de Elecciones, 1ro. el elector cuya exclusión haya sido ordenada y 2do. la persona cuya petición de ex-clusión de una inscripción hubiera sido rechazada o denegada. La cuestión envuelta no .es nueva en esta jurisdicción. En el caso de Ortiz v. Corte, 53 D.P.R. 38, la resolvimos diciendo a la página 46, lo siguiente:

£íIIa pasado ya a la categoría de principio elemental de derecho el de que el recurso de apelación es un derecho estatutario, que no existe a menos que sea expresa y taxativamente concedido por el estatuto. De acuerdo con la sección 32, supra, de las resoluciones de la Junta Insular de Elecciones, decretando o denegando la exclusión de las listas de un elector, solamente pueden apelar el elector excluido o el reeusador raya petición de exclusión fué desestimada, según el caso. No puede, por consiguiente, apelar ninguna persona extraña al procedimiento de exclusión, como lo era el apelante Modesto Váz-quez Flores, quien no fué la persona que juró y presentó las peti-ciones para la exclusión de los electores peticionarios. Las resolu-ciones dictadas por la Junta Insular de Elecciones, rechazando las peticiones de exclusión suscritas por los recusadores Pedro Martínez, José Cáceres y Mariano Lebrón, se convirtieron en filmes y definitivas al no ser recurridas por dichos recusadores. Los escritos de apelación suscritos por Modesto Vázquez Flores por ser legalmente nulos no confirieron jurisdicción a la Corte de Paz de Las Piedras. Las sen-tencias dictadas por dicha corte, revocando las resoluciones de la Junta Insular de Elecciones, fueron dictadas sin jurisdicción y son legalmente nulas. ’

Arguyen los interventores, sin embargo, que en cuanto al caso en que intervino el recusador Antonio Bonilla Nieves, éste falleció antes de haber sido resueltas las solicitudes de exclusión por la Junta Insular de Elecciones y que el apelante Miguel A. Ramos Díaz, es otro elector de Isabela y le cons-taban los mismos hechos que al recusador original y así lo hizo constar en un affidavit, y que por tanto, no erró la corte inferior al resolver que la corte de paz aplicó bien el artículo 7 del Código Civil por no haber provisto el legislador el procedimiento en un caso como éste.

Las disposiciones del artículo 7 del Código Civil no son aplicables a esta situación. Como dijimos en el caso de Ortisi y tenemos que repetir, es elemental en derecho que el recurso de apelación es de carácter estatutario y no puede existir o reconocerse cuando la ley taxativamente no lo concede. Me-nos aún puede aceptarse que cada corte a su discreción con-ceda o no ese derecho, según le convenga a una persona alegar, aunque sea bajo juramento, que está en las mismas condicio-nes que aquella otra ya fallecida, a quien el estatuto concedió ese derecho. La laguna que existe en la Ley Electoral al no proveer quién podrá apelar cuando el recusador ha fallecido sólo puede ser llenada por la Legislatura.

Por lo expuesto resolvemos que la corte inferior erró al no resolver que la Corte de Paz de Isabela actuó sin jurisdic-ción en los tres casos de Basiliso Román Martínez, Lnis Valle Cancel y Mannel Sánchez Sánchez, en los cuales las apelacio-nes fueron interpuestas por personas distintas a aquellas que actuaron de recúsadores.

En los veintiún (21) casos que aun nos quedan por considerar la única cuestión jurisdiccional de las alegadas por los peticionarios que debemos resolver si tiene méritos, es aquella que se refiere al hecho de que a los peticionarios que comparecieron representados por abogado, no se les permitió radicar su contestación ni presentar prueba para defenderse.

De los expedientes originales de la Corte de Paz de Isa-bela, en once de estos casos aparece que el elector apelado radicó una moción para desestimar la petición de exclusión radicada por el recusador apelante y una contestación a dicha petición, ambas suscritas por su abogado Lie. J. Jiménez Aguayo y en un caso radicó la moción mencionada. Al pie de todas las mociones y contestaciones aparece lo siguiente: “Sin lugar. Julio 19, 1944. Luis Pratts Maldonado, Juez de Paz de Isabela”, o bien simplemente “Sin lugar”.

En los nueve casos restantes no hay alegación escrita al-guna radicada pero en todas las sentencias dictadas en este grupo de veintiún casos se hace constar que se presentó prueba testifical en algunos y en otros testifical y documental. Del examen que hemos hecho de los expedientes en estos casos no aparece prueba documental alguna ya que del récord de la Junta Insular de Elecciones enviado por el Superintendente General de Elecciones a la Corte en cumplimiento del párrafo quinto de la sección 32 de la Ley Electoral no puede conside-rarse que constituya prueba documental.

Ahora bien, en cuanto a la prueba testifical, alegaron los peticionarios, tanto en la corte inferior como en esta corte, que la corte de paz no les permitió presentar dicha prueba y que por el contrario los casos fueron resueltos sin presentarse prueba de clase alguna, y para sostener esta alegación tra-taron de presentar prueba testifical y documental qne no les fué admitida por la corte inferior bajo la conocida regla de qne en nn certiorari clásico no es admisible prneba aliunde al return.

No nos explicamos por qné es qne en un reducido numero de casos es que aparece que los electores comparecieron repre-sentados por abogado y en más de cuatrocientos no hubo com-parecencia ni personal ni por representación y así se hace constar en las sentencias. El hecho es que en estos 'veintiún casos nos confrontamos con documentos oficiales — las mocio-nes y contestaciones — que tienden a demostrar que los electo-res comparecieron, sometiéndose así a la jurisdicción de la corte de paz, y las sentencias que expresamente dicen que ofrecieron prueba testifical. Nada hay en la Ley Electoral que obligara a los electores a recurrir al procedimiento de' certiorari ante la corte inferior para revisar las sentencias de la corte de paz. Pudieron haber apelado, de acuerdo con el disponiéndose, de la sección 32 supra, y en dichas apelacio-nes haber presentado la prueba que consideraban pertinente. No debe entenderse que resolvemos que el certiorari no fuera el único remedio apropiado al alcance de los peticionarios. Empero los hechos que motivaron la selección del recurso de certiorari en lugar del de apelación no están ante nos pues la petición radicada en la corte inferior no los expone y por tanto no creemos que la corte inferior erró al excluir la prueba aliunde bajo las circunstancias de este caso. No empece la duda que podamos tener, debido a las circunstancias concu-rrentes en la totalidad de los casos, en cuanto a la veracidad de lo que se hko constar en las sentencias en estos veintiún casos, somos de opinión que de los expedientes y de las sen-tencias aparece que los peticionarios en estos casos se some-tieron a la jurisdicción de la corte de paz. Estos peticiona-rios son los siguientes: 289-Juan Acevedo Soto; 292-Basilio Muñiz Morales; 295-G-regoria Rodríguez Quiles; 296-Luis - Felipe Salas González; 298-Neftalí Barreto de la Rosa; 299-Julio de la Rosa G-alváh; 308-Anastasio Alers Vendrell; 310-Jenaro Rodríguez Ortiz; 345-Eduardo Morales Ramos; 347-Monserrate Colón Román; 349-Pedro Gutiérrez Román; 350-Ramona López de Vega; 361-Rubén Aldarondo Ferrer; 362-Antonio Arce Chico; 363-Mariano Barreto Alfaro; 365-Pablo Ferrer Aldarondo; 366-Víetor Ferrer Aldarondo; 368-Félix López Camacho; 371-Leopoldo Millet López; 372-María Cristina Millet y 386-Carmen Vargas Medina.

Por todo lo expuesto, preciso es concluir que la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Aguadilla el 4 de octubré de 1944 en el caso numero 16810 de Sebastián C. Bamichi de la Rosa v. Corte de Paz de Isabela, debe ser anulada, excepto en tanto en cuanto ella se refiere a los veintiún casos que aca-bamos de especificar y a los tres casos cuyos records no figu-ran incluidos en el return (véase pág. 116 ante) y como conse-cuencia se anulan las sentencias dictadas por la Corle de Paz de Isabela presidida por los señores Luis Pratts Maldonado y Juan Ramón Cruz, en los cuatrocientos veintinueve (429) casos de los peticionarios restantes (los cuales se especifican en una lista adjunta), debiendo notificarse inmediatamente la sentencia en este caso además de a la corle inferior, a la Junta Insular de Elecciones para que pueda tomar las medi-das pertinentes con el fin de garantizar que dichos peticiona-rios puedan ejercitar su derecho al sufragio en estas eleccio-nes.

      (1) Estos casos son los siguientes:
      1. Civil núm. 206, Francisco González Méndez.
      2. Civil núm. 343, Miguel Calero Aldarondo.
      3. Civil núm. 344, Aniceto Cordero Rosa.
      4. Civil núm. 576, Bárbara Calero Alfaro.
      5. Civil núm. 580, Consuelo Vélez Cordero.
      6. Civil núm. 710, Celestina Santiago Rosado.
      7. Civil núm. 712, María Santiago Gómez.
      8. Civil núm. 714, Miguel Vargas Valle.
      9. Civil núm. 716, Angela Vega Vélez.
      10.Civil núm. 744, Félix Aldarondo Ramos.-

      (2)La interpretación dada por el Juez Asociado, Sr. De Jesús a la sección 27 de la Ley Electoral, en su opinión en el caso de Partido Popular v. Junta Insular de Elecciones, 63 D.P.R. 296, 312-13, no está en conflicto con la conclu-sión unánime a que ha llegado la corte en el presente caso. Dicha opinión os claramente distinguible. Se trataba allí de un caso en el cual los interesados nunca fueron aceptados por la Junta Insular de Elecciones como electores debi-damente inscritos ni incluidos en las listas de inscripciones. Del hecho de si sus nombres habían sido o no incluidos en la lista de electores inscritos sostuvo el Juez Asociado, Sr. de Jesús, podían enterarse por las listas que se exhiben al público o por las del Comité Local de su partido en el precinto de su residencia. El procedimiento establecido en la sección 27 de la Ley Electoral objeto do interpretación en el mencionado caso, no tiene relación alguna con un procedi-miento judicial en el cual se exija, como se hace en la sección 32, supra, que se cumpla con "los procedimientos judiciales que rigen en casos civiles”. Nuestra opinión personal en dicho caso, con la cual concurrió el Juez Sr. Snyder, fuá contraria a la del Juez Asociado Sr. Le Jesús, pues sostuvimos que, aún bajo la seeeión 27, la notificación por medio de listas expuestas al públieo era insu-ficiente. ’

      “Artíeulo 84.— (398 Cal.) Si un pleito o procedimiento se iniciare o es-tuviere pendiente ante una corte, y el juez de ésta estuviere incapacitado para aetuar, o si por cualquier motivo la corte ordenare un canibio en el lugar de la vista, deberá aquél trasladarse a un tribunal convenido por las partes mediante estipulación por escrito o celebrada ante la corte y consignada en su libro de actas; y si no llegasen a ponerse de acuerdo, entonces se trasladará el asunta a la corte más cercana en que no exista el mismo inconveniente o la causa que originó el traslado, verificándose ésto a otra corte de distrito. ’ ’

      ‘ ‘ Artículo 1. — Cuando un juez de una corte municipal se haya inhibido, y no pueda conocer de un determinado asunto o asuntos pendientes ante la corte, deberá inmediatamente, por telégrafo u otro conducto, comunicar el hecho al Go-bernador de Puerto Rico; y en tal caso, el Gobernador puede nombrar un juez especial capacitado, o comisionar a cualquier otro juez municipal para que tra-mite y resuelva dicho asunto o asuntos. ’ ’

      “Artículo 16. — Un juez de paz podrá dirigir la tramitación de los proeesos pendientes ante otro juez de paz del mismo distrito o ciudad, siempre que se halle éste impedido de actuar, ora sea por enfermedad o por cualquiera otra causa. En talos casos, las actuaciones llevadas a cabo por el juez de paz sus-tituto serán anotadas en el registro de juez de paz por quien actúa.
      “Artíeulo 17.■ — ■(Substituido por la Ley Reorganizando el Sistema Judicial, de 10 de mareo de 1904.) — (Enmendado por la Ley núm. 57 de 17 de jumo de 1919.) — Sección 1. — El término del cargo de juez de paz será el de cuatro años. Los jueces de paz podrán nombrar sus sustitutos mediante la aprobación del Attorney General.”

      Esta misma situación surge en otros treinta y dos casos cuyas sentencias han quedado anuladas por alguno o ambos de los dos motivos jurisdiccionales discutidos y resueltos anteriormente. '

       Sección 32. — (Según fué enmendada por la Ley núm. 3, aprobada en 30 de junio de 1936.) — 'Toda persona cuya cancelación de inscripción como elector se hubiere ordenado por la Junta Insular de Elecciones y toda persona cuya peti-ción de exclusión de una inscripción hubiere sido rechazada o denegada por la Junta Insular de Elecciones, podrá apelar de la resolución de dicha junta ante la eorte municipal del municipio a que correspondiere dicha lista de inscripciones, si existiere una corte municipal en dicho municipio, y si no existiere corte municipal alguna en dicho municipio, dicha apelación deberá llevarse a la corte de paz del mismo.

      “ Artículo 7. — El tribunal que relrase fallar a pretexto de sileneio, obscu-ridad. o insuficiencia de la ley, o por cualquier otro motivo, incurrirá en respon-sabilidad.

        “ Cuando no haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá en euenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos.

      Bs obvio que las sentencias en los otros treinta y dos casos, a que nos referimos en la nota 5 son nulas por este motivo adicional.


author: El Juez Asociado Señor de Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador Substituto de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    Núm. 1148.

    Sometido: Octubre 2, 1944.

      Resuelto: Noviembre 6, 1944.

      Hon. Procurador General Interino Jesús A. González, y Francisco A. Arrillaga y Antonio Riera, abogados especiales, abogados todos del .recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El Pueblo de Puerto Rico, a nombre de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, radicó en la Corte de Distrito de Gua-yama una demanda de expropiación forzosa contra los dueños de cierta finca rústica radicada en Aibonito y contra las per-sonas naturales y jurídicas que tenían algún interés o gravamen sobre ella. Juntamente con la demanda, el deman-dante radicó una declaración para la adquisición del dominio absoluto de la propiedad y entrega material de la misma, de conformidad con la sección 5(a) de la Ley Estableciendo la Expropiación Forzosa, según fné enmendada por la Ley núm. 19 de 30 de noviembre de 1942 (Segunda y Tercera Sesiones Extraordinarias, pág. 83), y depositó en la secretaría del tribunal, para uso y beneficio de los demandados, la cantidad de $25,902.68 que estimó era la justa y razonable compensa-ción por la propiedad.

Habida cuenta de la radicación de la demanda, de la decla-ración de adquisición y entrega y del depósito de la compen-sación, la corte dictó una resolución cuya parte dispositiva dice así:

“Por tanto, se falla, ordena y decreta que el título de dominio absoluto sobre ciertos terrenos comprensivos de una superficie neta de ciento noventa y cuatro cuerdas con siete mil quinientos noventa y una diez milésimas de otra (194.7591 cuerdas), radicados en el Barrio El Llano del término municipal de Aibonito, Puerto Rico, cuya descripción consta del Exhibit ‘A’ de la Declaración de Adquisición y Entrega Material de Propiedad y del Exhibit 'Uno’ que se acompaña a esta Resolución, ha quedado investido desde esta fecha de la radi-cación de la Declaración de Adquisición y Entrega Material de la Propiedad en El Pueblo de Puerto Rico, a nombre y para uso de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico;
“Que el Registrador de la Propiedad de Guayama, Puerto Rico, deberá inscribir libre de gravámenes o cargas a favor de El Pueblo de Puerto Rico, a nombre y para uso de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, dicho título de dominio absoluto sobre la referida pro-piedad. ’ ’

Presentada la resolución en el Registro de la Propiedad de Guayama, el registrador la inscribió en la forma que apa-rece de la siguiente nota:

“Inscrito el presente documento en cuanto a una finca de 195.1036 eds. que descontándole 3445 diez milésimas que es el área del camino municipal del bando Llano que la atraviesa arroja una superficie neta de 194.7591 eds. en el barrio Llano de Aibonito, que se describe en un exhibit que se acompaña, con vista de copia de la demanda en este caso, al folio 2 del tomo 46 de Aibonito, finca número 1834, ins-cripción primera. Dicha finca, por su procedencia, se halla gravada con las siguientes cargas: una hipoteca a favor del Federal Land Bank of Baltimore, dos kipoteeas a favor del portador de pagarés y tres embargos a favor de la Sucn. de don Manuel Berrios Ortiz, Etel-vina Torres Colón y Josefa Inés Torres Colón, respectivamente.”

Como puede verse de la nota transcrita, el registrador no inscribió a favor de El Pueblo de Puerto Rico el dominio abso-luto libre de gravámenes. Por el contrario, consignó las dis-tintas cargas a que se hallaba afecta la finca. En oposición al recurso que contra la nota interpuso El Pueblo de Puerto Rico, el registrador solicita que se desestime:

(a) Por no habérsele notificado con copia simple del docu-mento o documentos objeto del recurso, invocando el artículo 92(a) del Reglamento de este tribunal, y

(b) Porque, según el registrador, el documento fue ins-crito en su totalidad y él no denegó la inscripción de parte alguna del mismo.

Penetrando luego en el fondo del recurso, alegó el regis-trador que si bien de la providencia judicial aparece que los ■ acreedores de la finca expropiada fueron partes demandadas en el procedimiento de expropiación forzosa, no consta de ella que los referidos acreedores fueran notificados de la demanda de expropiación, que hayan dado su conformidad para la cancelación de sus créditos en el registro, que el importe de los gravámenes haya sido reservado por la corte para pagar-los en su día a los respectivos interesados, ni que las cargas hayan sido satisfechas con anterioridad.

El artículo 92(a) del reglamento, erróneamente transcrito por el registrador, no es susceptible de la interpretación que él pretende darle. El citado precepto, después de ordenar que una vez radicado un recurso gubernativo el secretario notifique a las partes a fin de que radiquen sus respectivos alegatos, agrega que de dichos alegatos se presentarán seis copias, con constancia en el original de haberse notificado a la parte contraria, terminando con la siguiente oración:

“Deberá acompañarse asimismo una copia simple en maquinilla del documento o documentos objeto del recurso.” (Bastardillas nues-tras. )

Pero el registrador, al transcribir la oración, sustituye la palabra “acompañarse” por “acompañársele,” y de ahí su error de creer que el recurrente debe acompañarle una copia del documento o documentos objeto del recurso.

El Reglamento no impone ese deber al recurrente. Donde debe éste radicar tal copia es en la secretaría del tribunal, acompañándola al escrito promoviendo el recurso.

El otro motivo de desestimación es también insoste-nible. La providencia judicial claramente ordenó al regis-trador inscribir a favor de El Pueblo de Puerto Rico, a nom-bre y para uso de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, el título de dominio absoluto sobre la referida propiedad, libre de gravámenes. Pero el registrador no dió cumplimiento a la providencia judicial en su totalidad. Ordenaba ésta que el dominio absoluto fuera inscrito libre de gravámenes, y de la nota recurrida aparece que ese mandato no fue cumplido. En tales circunstancias, es de perfecta aplicación el caso de Alvarez v. El Registrador de San Germán, 29 D.P.R. 769, invocado por el recurrente, en el cual se resolvió que procede el recurso gubernativo cuando el registrador rehúsa dar al documento todo su valor legal, como evidentemente sucedió en el presente caso.

La circunstancia de que el registrador no exprese en su nota que denegó la inscripción de la cancelación de los gravá-menes, cuando como cuestión de hecho la denegó, .no priva al recurrente del derecho a que la actuación del registrador sea revisada mediante recurso gubernativo. De sostener la tesis del recurrido, el derecho a acudir al recurso gubernativo con-' tra la actuación del registrador estaría a merced del propio registrador.

El caso de Orta v. Registrador, 60 D.P.R. 789, citado por el recurrido, no es aplicable. En el presente caso no se trató, como en aquél, de obtener del registrador, a virtud de hechos que le expusiera el recurrente, que haciendo uso de su discre-ción cuasi judicial practicara una operación o certificara sobre la libertad o estado de cargas o situación legal del título de un inmueble. Por el contrario, se trata de una providencia judicial en la que sin apelar a discreción alguna por parte del registrador, se le ordena que inscriba líbre de cargas el dominio absoluto de cierta finca a favor de determinada en-tidad. El deber del registrador no es hacer caso omiso de la parte de la providencia judicial que estima errónea, sino actuar en la forma que debe hacerlo de acuerdo con la ley, es decir, inscribiéndola con o sin defecto subsanable, según fuere el caso, o, si el defecto fuere insubsanable, denegándola y praticando la correspondiente anotación preventiva.

El hecho de que al tiempo de dictarse la resolución los acreedores con gravámenes sobre el inmueble no hubieren sido notificados de la demanda de expropiación forzosa, el que no hubieren prestado su conformidad para la cancelación, y el que no apareciere afirmativamente de la resolución que el importe de los gravámenes había sido reservado por la corte para oportunamente efectuar su pago, no la privaba de juris-dicción para dictar la resolución que dictó. La ley no exige,' como condición precedente a la trasmisión del título absoluto de dominio libre de cargas, que los demandados sean previa-mente notificados de la demanda o presten su consentimiento allanándose a las pretensiones del demandante.

La sección 5(a), supra, expresamente prescribe:

“En cualquier procedimiento entablado o que se entable por y a nombre y bajo la autoridád de El Pueblo de Puerto Rico o Gobierno Insular, bien actúe en tales procedimientos El Pueblo de Puerto Rico o Gobierno Insular por propia iniciativa y para su propio uso o bien a requerimiento de cualquier agencia o instrumentalidad de El Pueblo de Puerto Rico . . . para la expropiación o adquisición de cualquier propiedad para uso público, el peticionario o demandante podrá ra-dicar dentro de la misma causa, al tiempo de radicar la demanda o en cualquier momento antes de recaer sentencia, una declaración para la adquisición y entrega material de la propiedad objeto de expro-piación ...
“Tan pronto se radique tal declaración de adquisición y entrega y se baga el depósito en la corte, para beneficio y uso de la persona o personas naturales o jurídicas que tengan derecho al mismo, de la cantidad estimada como compensación y especificada en la declaración, el título absoluto de. dominio de; dicha propiedad, o cualquier derecho o interés menor en la misma según quede especificado en la declara-ción, quedará investido en El Pueblo de Puerto Rico o Gobierno Insular, o en la agencia o instrumentalidad de El Pueblo de Puerto Rico que hubiere requerido la expropiación, ... y tal propiedad de-berá considerarse como expropiada y adquirida para el uso de El Pueblo de Puerto Rico o Gobierno Insular, o de la agencia o instru-mentalidad gubernativa de El Pueblo de Puerto Rico que hubiere requerido la expropiación, ... y el derecho a justa compensación por la misma quedará investido en la persona o personas a quienes corres-ponda; y dicha compensación deberá determinarse y adjudicarse en dicho procedimiento, y decretarse por la sentencia que recaiga en el mismo . . .
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“ . . .La corte tendrá facultad para dictar las órdenes que fue-ren justas y equitativas en relación con los gravámenes y otras e;:rgas, que pesen sobre las propiedades, si algunos hubiere.
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“Disponiéndose, que ningún recurso de apelación en una causa de esta naturaleza, ni ninguna fianza o garantía que pudiere prestarse en la misma, podrá tener el efecto de evitar o demorar la adquisición o investidura del título de las propiedades por y en El Pueblo de Puerto Rico ... y su entrega material al mismo.” (Bastardillas nuestras.)

Y la sección 5(b) de la misma ley prescribe:

“En cualquier sentencia dictada en un procedimiento de expro-piación forzosa para la adquisición de propiedad privada o de cual-quier derecho sobre la misma para uso público . . . entablado por El Pueblo de Puerto Rico, o Gobierno Insular directamente, o a su nombre por cualquier agencia [o] autoridad ... de El Pueblo de Puerto Rico, en que la cantidad determinada por la corte como justa compensación por la propiedad o los derechos en la misma. objeto de tal procedimiento sea mayor que la cantidad fijada por el demandante o depositada en corte como justa compensación por tal propiedad o derechos en la misma, El Pueblo de Puerto Rico pagará el importe de la diferencia entre la suma así fijada por el demandante y depositada por él en la Corte y la cantidad que a tal efecto haya determinado la corte como justa compensación por la propiedad o derechos en la misma objeto de tal procedimiento, con intereses a ra-zón de seis por ciento anual sobre tal diferencia a contar desde la fecha de la adquisición de tal propiedad o derechos y desde esta fecha hasta la del pago de dicha diferencia.
“Tan pronto la sentencia referida en el párrafo anterior sea final e inapelable, el Tesorero de Puerto Rico pagará al demandado en dicho procedimiento de expropiación el importe de la diferencia que se especifica en el párrafo anterior, con intereses sobre la misma, tal como allí se dispone; y el Tesorero de Puerto Rico procederá a pagar tal diferencia y los intereses sobre la misma, como se dispone en esta sección, con cargo a cualesquiera fondos existentes en la Tesorería Insular no destinados a otras atenciones.
“Para el pago total de la diferencia mencionada en los párrafos anteriores y los intereses sobre la misma, como aquí se dispone, se compromete irrevocablemente la buena fe de El Pueblo de Puerto Rico.
“Por la presente se asigna de cualesquiera fondos existentes en la Tesorería Insular no destinados a otras atenciones las cantidades ne-cesarias jiara llevar a cabo las disposiciones de esta sección.”

El efecto de la orden de adquisición y entrega es investir en el Gobierno tanto el título como la posesión material, y por consiguiente transfiere al fondo depositado todas las re-clamaciones, lo mismo de propiedad que de gravámenes, por lo menos hasta el límite en que tales gravámenes puedan exis-tir en favor de las personas demandadas en el procedimiento. Es obvio que el dueño de la propiedad, así como los que po-sean gravámenes sobre la misma, deben tener una oportuni-dad de ser oídos por la corte en relación con sus respectivas reclamaciones contra el fondo; pero esa oportunidad no tiene necesariamente que concederse antes de dictarse la orden de adquisición y entrega. Bastará con que sean oídos antes de dictarse la sentencia final.

Cuando, radicada una demanda de expropiación forzosa que aduzca hechos constitutivos de causa de acción, el Go-bierno deposita en la secretaría de la corte la cantidad que a su juicio constituye la justa compensación, y mediante la orden de adquisición y entrega obtiene el dominio absoluto de la propiedad — sujeto, desde luego, a aumentar esa canti-dad si la corte en definitiva resolviese que el valor de la pro-piedad es mayor que la cantidad depositada — el Gobierno queda exonerado de toda responsabilidad con respecto al pre-cio del inmueble y gravámenes que lo afectaban, incumbiendo a la corte el deber de hacer la debida distribución. Si el tribunal incurriera en error al entregar parte del fondo a alguno de los reclamantes, el remedio de la parte perjudicada está con el recurso de apelación, sin que tenga derecho a recla-mación alguna contra el Gobierno. En otras palabras, los gravámenes se transfieren al fondo, ■ el cual sustituye al in-mueble en lo que respecta a las reclamaciones del anterior dueño y de los dueños dé gravámenes. United States v. Certain Parcels of Land, 40 F. Supp. 436. La inscripción del dominio absoluto de la finca es hasta cierto punto una necesidad. El inscribir la finca expropiada sujeta a gravá-menes podría frustrar el propósito de la expropiación, toda vez que los dueños de tales gravámenes podrían dirigirse contra la propiedad para hacerlos efectivos y de ese modo poner en peligro el título de la entidad a quien hubiere sido adjudicada la finca para fines de utilidad pública.

Por lo expuesto, se modifica la nota recurrida, ordenándose al registrador que proceda a cancelar los gravámenes de los demandados.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Julia Nieves Viuda de Vélez, et al., demandantes y apelantes, v. Lucas, Fernanda y Juan Vélez Nieves, Francisca Irizarry de Vélez y E. D. Brown, en su carácter de Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, demandados y apelados.
    Núm. 8890.

    Sometido: Mayo 5, 1944.

      Resuelto: Noviembre 9, 1944.

      Fernández García <& Fernández Méndez y Juan A. Faría, abogados de los apelantes; Enrique Báez García, abogado de los apelados Lucas y Fernanda Yélez Nieves y Francisca Irizarry de Vélez; Hon. Procurador General Interino Jesús A. González, abogado del Secretario Ejecutivo de Puerto Rico.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda de este caso se trató de exponer dos can-sas de acción: la primera a nombre de Julia Nieves y su hija Carmen Lydia Vélez, y la segunda a nombre de la Mue-blería Los Novios Incorporada.

En la primera causa de acción se hace parte demandada a Juan Vélez por haberse negado a figurar como deman-dante. Sustaneialmente alega que Reinaldo, Lucas y Juan Vélez habían hecho negocios bajo la razón social Reinaldo Vélez & Co., utilizando el nombre comercial Mueblería Los Novios en todos sus impresos, y ostentándolo en las sucur-sales que tenían establecidas en diferentes pueblos de la Isla y en todos los vehículos pertenecientes a la empresa; que en marzo 1940 se organizó, de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, la corporación Mueblería Los Novios Incorpo-rada, cuyos únicos accionistas eran Reinaldo, Lucas y Juan Vélez, quienes vendieron a la corporación el negocio que te-nían establecido bajo la razón social Reinaldo Vélez & Co., en relación con el cual usaban el nombre comercial Mueble-ría Los Novios; que el 11 de agosto de 1940 falleció Reinaldo Vélez y sus acciones en la corporación pasaron a las demandantes su viuda Julia Nieves y su bija Carmen Lydia Vélez; y que en junio 1943 Julia Nieves compró al deman-dado Lucas Vélez todas sus acciones en la corporación, la cual fué disuelta el 5 de agosto de 1943. Continúan alegando las demandantes que los negocios de la corporación siguen funcionando en la misma forma y en los mismos sitios donde siempre ba hecbo negocios1; que la corporación tiene cuen-tas por cobrar por valor de cerca de sesenta mil dólares, y depósitos en los bancos montantes a miles de dólares; que durante todo el tiempo que ba becbo negocios, la corpora-ción ha venido usando sin interrupción y usa en la actuali-dad el nombre comercial “Los Novios”, el cual ha adquirido un valor comercial en la Isla de Puerto Rico y en el exterior, particularmente en las poblaciones de Puerto Rico donde tiene sucursales y en los Estados Unidos; que el 13 de sep-tiembre de 1943 los demandados Lucas Vélez, Francisca Iri-zarry de Vélez y Fernanda Vélez, con el propósito de per-judicar a las demandantes, archivaron en la Secretaría Eje-cutiva de Puerto Rico los artículos de incorporación de una corporación doméstica denominada Mueblería Los Novios Incorporada, cuyo objeto es dedicarse a la compra y venta de muebles en la Isla de Puerto Rico, la misma índole de ne-gocios a que se ha venido dedicando y se dedica en la actua-lidad 1 la anterior corporación Mueblería Los Novios Incor-porada, utilizando así ilegalmente el nombre de la primera corporación y el nombre comercial “Los Novios”, del cnal alegan las demandantes son dueños los accionistas de la cor-poración actualmente en liquidación; que las demandantes Julia Nieves y Carmen Lydia Vélez sé proponen continuar haciendo los negocios que hacía y hace la primera corpora-ción en las mismas circunstancias y en los sitios donde los hace en la actualidad; que el permitir a la segunda corpo-ración hacer negocios en Puerto Rico induciría a error a los clientes que hacen negocios con la primera corporación, es-pecialmente en lo que respecta a los pagos; afectaría seria-mente el crédito de la primera corporación, y, por último, permitiría a los demandados Lucas Vélez, Francisca Irizarry y Fernanda Vélez apropiarse ilegalmente el nombre comer-cial “Los Novios”, lo cual resultaría en competencia desleal y engaño al público.

Terminan las demandantes Julia Nieves y Carmen Lydia Vélez alegando que los daños que sufrirían serían imposi-bles 'de determinar con exactitud, y que carecen de un reme-dio rápido, eficaz y adecuado en el curso ordinario de la ley.

La segunda- causa de acción, establecida a nombre de la primera corporación Mueblería Los Novios Incorporada, con-tiene sustancialmente las mismas alegaciones que se hacen en la primera, y concluye la demanda con súplica, aplicable a ambas causas de acción, de que se expida un auto de injunction permanente dirigido a los demandados Lucas Vélez, Francisca Irizarry y Fernanda Vélez ordenándoles que se abstengan de realizar negocios, por sí o por medio de persona alguna, bajo el nombre de Mueblería Los' Novios In-corporada;, y otro dirigido al demandado E. D. Brown, en su carácter de Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, para que se abstenga de expedir, por sí o por cualquiera de sus su-balternos, certificado de registro de la segunda corporación Mueblería Los Novios Incorporada, y que mientras se dic-ten los autos de injunction permanente se expidan autos pre-liminares con las mismas prohibiciones. Solicitan además las demandantes que se condene a los demandados al pago de costas, gastos y honorarios de ahogado.

Contra la demanda los demandados Lncas Vélez, Francisca Irizarry y Fernanda Vélez radicaron una contestación, en la cnal como materia de defensa alegaron:

1. Qne Jnlia Nieves y Carmen Lydia Vélez carecen de capacidad legal para reclamar para ellas el nombre de Mue-blería Los Novios Incorporada, el cnal es de la exclusiva pertenencia de la disuelta corporación, y que (ésta perdió el derecho al nombre Mueblería Los Novios Incorporada por-que al radicar su petición de disolución no hizo reserva especial alguna con respecto al derecho que tenía al nombre;

2. Que la disuelta corporación no tiene personalidad ju-rídica para demandar ni ser demandada en relación con la continuación de sus negocios;

3. Que la petición de injunction no aduce hechos suficien-tes para constituir una causa de acción a favor de las de-mandantes y en contra de los demandados, y

4. Que existe un defecto de partes demandadas por no haberse incluido como tal a la nueva corporación, la cual es la parte realmente interesada y tiene personalidad jurídica independientemente de los accionistas.

Resolviendo las cuestiones expuestas, la corte inferior dictó resolución por la que declaró con lugar la excepción previa presentada en cuanto a la primera causa de acción por entender que los accionistas no tienen personalidad para reclamar para ellos el nombre de la corporación; con lugar la de defecto de partes demandadas por entender que la nueva corporación debe ser parte en el pleito, y sin lugar la presentada en cuanto a la segunda causa de acción por en-tender que la corporación en liquidación tiene personalidad jurídica para defender sus intereses. Concedió a las deman-dantes un término de diez días par enmendar la demanda. No estando dispuestas a. enmendarla, las demandantes soli-citaron se dictase sentencia a los fines de establecer el pre-sente recurso, a lo cual accedió la corte declarando sin lugar la demanda con costas a las demandantes.

Apareciendo de la faz de la demanda que el nombre comercial “Los Novios” pertenece a la corporación en liquidación y que ésta lo ha reclamado y ha ejercitado su derecho a impedir que otra corporación se constituya con su mismo nombre mientras ella no haya sido definitivamente liquidada, es obvio que los accionistas no pueden reclamar tales derechos por ser ellos personas distintas de la entidad jurídica Mueblería Los Novios Incorporada. Es verdad que en la demanda se alega que la corporación ha sido disuelta, pero también aparece de ella que la corporación se halla en liquidación. Siendo ello así, conserva su personalidad jurídica para defender su propiedad, de la cual forma parte el •nombre comercial, y para impedir que mientras no se haya liquidado se registre otra corporación con su mismo nombre. Artículos 7(1) y 27, Ley de Corporaciones. La ley no exige que para la conservación del derecho a impedir que mientras no haya sido definitivamente liquidada una corporación se inscriba otra con el mismo nombre, se haga reserva especial alguna en la petición de disolución.

La alegada nueva corporación no ha adquirido, según resulta de 1¿ demanda, personalidad jurídica para demandar y ser demandada porque de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Corporaciones, para que una corporación adquiera personalidad jurídica no basta que haya radicado sus cláusulas de incorporación en la Secretaría Ejecutiva y pagado los derechos prescritos por la ley, sino que es indispensable que el Secretario Ejecutivo haya expedido, bajo su sello, la certificación de que las cláusulas de incorporación conteniendo todos los detalles exigidos por el artículo 7 de la Ley de Corporaciones han quedado archivadas en su oficina. En el presente caso surge de la demanda que ese certificado no ha sido expedido. Precisamente para impedir su expedición es que se solicita el injunction contra el Secretario Ejecutivo. No habiendo adquirido personalidad ju-rídica, la alegada nueva corporación no pnede ser parte de-mandada, pero como los demandados Lucas Vélez, Francisca Irizarry y Fernanda Vélez son las personas qne tratan de obtener el certificado de registro de la nueva corporación, son ellos los que deben ser demandados para que se absten-gan de gestionarlo'. La resolución de la corte es correcta en cuanto declaró sin lugar la primera causa de acción. Tam-bién lo es en cuanto declaró que la corporación en liquida-ción tiene una causa de acción para impedir que la alegada nueva corporación obtenga personalidad jurídica y de ese modo utilice el nombre comercial y el nombre de la corpora-ción anterior, pero erró la corte al declarar que hubo de-fecto de partes demandadas por no haberse demandado la supuesta nueva corporación, puesto que como hemos visto esta última no tiene aún personalidad jurídica.

Procede por lo expuesto revocar la sentencia apelada y devolver el caso a la corte inferior para que conceda una nueva oportunidad a las demandantes para que enmienden su demanda de conformidad con los términos de esta opinión.

      (1) Debemos presumir que al alegar las demandantes que la corporación con-tinúa haciendo negocios se refieren a la liquidación y terminación, y no a Ja iniciación de nuevos negocios, por prohibirlo expresamente el artículo 27 do la Dey de Corporaciones.


author: El Jtjez Asociadio Señor Todd, Jr.,

text:
    Francisco Olivencia Velázquez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1149.

    Sometido: Octubre 2, 1944.

      Resuelto: Noviembre 9, 1944.

      E. López Acosta, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Jtjez Asociadio Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Olivencia Velázquez presentó en el Registro de la Propiedad de San Germán una instancia bajo juramento solicitando, entre otros extremos, la cancelación de' un de-fecto subsanable consignado en la inscripción de una finca que el peticionario había adquirido de don Ulises Gregory Lloréns. El defecto consiste del hecho de no haberse acre-ditado que Josefa Sanmiguel Lugo era la esposa 'del Sr. Gregory Lloréns cuando éste adquirió la finca en el año 1904. A la instancia solicitando la cancelación el peticionario acom-pañó una certificación expedida por el Registrador Demográ-fico de San Germán acreditativa del matrimonio de Ulises Gregory Lloréns y Josefa Sanmiguel • Lugo celebrado el 18 de diciembre de 1903.

El registrador inscribió dicha instancia en cuanto a otros extremos y denegó la subsanación del defecto a virtud de una nota que dice así:

DENEGADA la subsanación del defecto subsanable que el mismo comprende y se relaciona bajo el núm. 3 por observar que refirién-dose dicho defecto al estado civil del señor Gregory Lloréns, son los tribunales de justicia los llamados a entender en y ordenar la subsa-nación del mismo, todo según lo preceptúa el art. 388-D de la Ley Núm. 106 de 12 de mayo de 1937, no siendo suficiente la instancia autenticada que se acompaña y la partida de matrimonio de Ulises Gregory Lloréns y Josefa Sanmiguel Lugo, que también se acompaña, por lo que tomo en su lugar anotación preventiva por el término legal a favor del peticionario de su derecho . . .

Para revisar esta nota el peticionario estableció el pre-' sente recurso.

El artículo 388-D de la Ley Hipotecaria (adicionado por la- Ley número 20 de 9 de julio de 1936, Leyes' de 1936, Sesión extraordinaria, pág. 153, y enmendado luego por la Ley núm. 106 de 12 de mayo de 1937, Leyes de 1937, pág. 254) citado por el registrador en apoyo de su nota, dis-pone lo siguiente:

“Artículo 388-D. — Cualquier persona natural o jurídica que tenga inscritos a su favor bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, en cuyas inscripciones se hayan consignado defectos sub-sanabas; con motivo de los cuales no se hubiese iniciado ni estuviese pendiente de sentencia final algún procedimiento judicial, y que por cualquier razón no pudiesen subsanarse o fuesen de difícil subsana-ción, después dé transcurridos diez años a contar desde la fecha en que fuera consignado el defecto, si el mismo se refiriera a la capacidad l&gal o al estado civil de las partes en el acto o contrato objeto de inscripción, o en cualquier tiempo después de la consignación de tal defecto, si el misino se refiriese a cualquiera otra circunstancia, podrá comparecer por medio de una petición escrita ante la corte de distrito donde radique la propiedad o parte de ella, describiendo en dicha petición los bienes inmuebles o los derechos reales inscritos y la na-turaleza del defecto o defectos consignados, solicitando la cancelación de dichos defectos.
“No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, los Registra-dores cancelarán de oficio o a instancia de parte, libre de derechos, cualquier defecto subsanable que no se refiera a la capacidad legal o al estado civil de las partes en el acto o contrato objeto de la ins-cripción, siempre que hayan transcurrido diez años desde la fecha en que el defecto fuese consignado, si con motivo del mismo, no estu-viere pendiente de sentencia final algún procedimiento judicial, ni se iniciare algún otro, dentro de 3 meses, a contar de la fecha de la aprobación de esta Ley.
“Cuando a juicio de los Registradores cualquier defecto subsa-nable hubiese quedado subsanado por otros asientos practicados en los libros del registro, procederán a subsanarlo de oficio o a instancia de parte, libre de derechos.” (Bastardillas nuestras).

Para una debida determinación de la intención legislativa al enmendar, en el año 1937 el artículo 388-D que había adi-cionado a la Ley Hipotecaria, por primera vez en el año 1936, veamos como estaba redactado dicho artículo original-mente. Decía así:

“Artículo 388-D. — Cualquier persona natural o jurídica que tenga inscritos a su favor bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, en cuyas inscripciones se hayan consignado defectos sub-sanables, con motivo de los cuales no se hubiese iniciado ni estuviese pendiente de sentencia final algún procedimiento judicial, y que -por cualquier razón no piodiesen subsanarse o fuesen de difícil Subsana-ción, siempre que los mismos no se refieran a la capacidad legal o al estado civil de las partes en el acto o contrato objeto de la ins-cripción, podrá comparecer por medio de una petición escrita ante la corte de distrito competente describiendo en dicha petición los bienes inmuebles o los derechos reales inscritos, y la naturaleza del defecto o defectos consignados, solicitando la cancelación de dichos defectos.” (Bastardillas nuestras).

Con anterioridad al año 1936 esta corte había ya estable-cido la doctrina en el sentido de que: “Cuando del registro no aparece claramente el nombre de la esposa del vendedor al tiempo de adquisición de la finca vendida, constituye esto una falta subsanable que puede ser corregida mediante la presentación en el registro, por la parte interesada, de copia certificada de la correspondiente acta matrimonial”. Syllabus de Ortiz v. Registrador, 23 D.P.R. 702. En los casos de Delgado v. Registrador, 23 D.P.R. 704, y Ochoa v. Registrador, 26 D.P.R. 783 al ratificar la doctrina, esta corte dijo que: “el defecto es susceptible de ser corregido mediante prueba sencilla.”

El artículo 388-D supra, tanto como originalmente fue adicionado en el año 1936, como en su enmienda de 1937, al referirse a la forma de obtener la cancelación de defectos subsanables mediante la intervención judicial, potestativa-mente pues se usa la palabra “podrá” en los casos que es-pecifican, hace una excepción genérica y los limita a aquellos “que por cualquier razón no pudiesen subsanarse o fuesen de difícil subsanación.” Es decir, cuando los defectos sean de fácil subsanación la parte interesada puede, al amparo tanto de este artículo como de la doctrina establecida en los casos citados, obtener la cancelación del defecto subsanable de no haberse acreditado el matrimonio del adquirente me-diante la prueba fácil de obtener, o sea la certificación del matrimonio.

Es para aquellos casos en los cuales, por cualquier razón, no pudiesen subsanarse o fuesen de difícil subsanación que se hace indispensable la intervención judicial. Por ejemplo, si se hubieren destruido o perdido los records del registro demográfico donde constaba inscrito el matrimonio es obvio que habría que obtener la prueba secundaria de ese hecho a través de una orden judicial..

Existiendo la certificación del matrimonio expedida por dicho registro en este caso ¿qué otra prueba sino esa misma certificación podría presentarse a la corte para acreditar el matrimonio? y la corte no haría otra cosa que ordenar la cancelación a virtud de la misma certificación que ahora tiene ante sí el registrador.

Debe revocarse la nota denegatoria recurrida.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Cecilio Tirado Rivera, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1151.

    Sometido: Octubre 2, 1944.

      Resuelto: Noviembre 13, 1944.

      José Saiater, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente vendió una finca rústica por precio de $1,600, de los cuales recibió en el acto del otorgamiento de la' escritura $1,400, obligándose el comprador a pagar los $200 restantes en dos plazos de $100 cada uno, pagadero el primero en el término de un año y el segundo en el de dos años a contar desde el otorgamiento de la escritura. Para garantizar el pago del precio aplazado y sus intereses, el comprador gravó y afectó a favor del vendedor las cosechas de café de los años 1945 y 1946 y si éstas no fuesen suficien-tes las sucesivas cosechas hasta el total pago de la deuda, debiendo anotarse el gravamen eñ el Registro de Contratos Agrícolas de Añasco.

Presentada la escritura para su anotación en el Registro de Contratos Agrícolas, el registrador la denegó por las ra-zones expuestas en la nota recurrida, que lee así:

“Denegada la anotación de este documento en el Registro de Con-tratos Agrícolas, por no comprender el mismo contrato alguno de re-facción agrícola o molienda de cañas anotable en el citado registro, tomándose la correspondiente anotación preventiva por el término legal al folio 59 del tomo 2 del Registro de Contratos Agrícolas. Mayagüez, agosto 31 de 1944. $0.75 Ley de Contratos Agrícolas, (firmado) Guillermo H. Moscoso, Registrador Sust. (Aparecen sellos de rentas internas por valor de 75 centavos debidamente cance-lados).”

Alega el recurrente: (a) que el registrador erró al sos-tener que el convenio' celebrado entre el recurrente y su com-prador no es un contrato de refacción agrícola que pueda ser anotado en el Registro de Contratos Agrícolas; (6) que bajo la ley de marzo 10 de 1910, sobre contratos de refac-ción agrícola, “no es necesario que el acreedor pruebe que el dinero o préstamo hecho al terrateniente se invierta espe-. cíficamente en la finca”, bastando qne las partes convengan qne existe cierto préstamo entre ellas y qne para garantizar sn devolnción se afectan los frntos de determinada finca; y (c) qne la citada ley de 1910 exige nna interpretación qne no sea restrictiva, pnes el propósito de la misma es ampliar el crédito territorial antorizando a los agricnltores a utilizar sns cosechas para levantar fondos.

Un cuidadoso estudio de la ley nos lleva a la conclusión de qne la nota recurrida debe ser confirmada. La sección 1 de la Ley núm. 37 de marzo 10, 1910, según fné enmendada por la Ley núm. 66 de agosto 1, 1925, (Comp. Est. Rev. 1941, págs. 1170 a 1172) define el contrato de refacción agrícola como “aquél mediante el cual una de las partes entrega y la otra recibe, con carácter devolutivo, determinadas cantidades de dinero efectivo o en especies . . . para atender a la administración, sostenimiento, cultivo y mejoramiento de fincas rústicas . . . quedando afectos y gravados los frutos de las mismas fincas al pago de las cantidades recibidas, con los intereses acordados”.

La sección 4 de la misma ley (Leyes de 1925, pág. 349) dispone que el contrato de refacción agrícola, tendrá prefe-rencia a los créditos posteriores, excepción hecha de las con-tribuciones, en cuanto a los frutos objeto del gravamen, desde la fecha de su presentación en el registro y durante los años comprendidos en el contrato y hasta que al acreedor le sea completamente satisfecho su crédito.

■ Por la sección 7 de la ley original, enmendada por la Ley núm. 148 de 15 de mayo de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 393), se instituye un “registro de contratos agrícolas”, en el cual “serán anotados, a instancia de cualquiera de las partes, los contratos a que esta Ley se refiere”. La sección 8 dispone que “las anotaciones y notas marginales practicadas en el Registro de Contratos Agrícolas, perjudicarán y obligarán a. tercero desde la fecha de presentación de los documentos co-rrespondientes.”

Es evidente que el propósito fundamental de la ley de 1910, sobre contratos de refacción agrícola, es el de permi- - tir al agricultor que necesite fondos para atender al soste-nimiento, cultivo o mejoramiento de su finca tomar esos fon-dos a préstamo, dando como garantía los frutos producidos por la misma finca; y dar al prestamista las preferencias que establece la sección 4 de la ley.

El contrato presentado por el recurrente para su inscrip-ción es un simple contrato de compraventa, en el que el comprador pagó parte del precio y se comprometió a pagar el resto en los dos plazos convenidos, garantizando el pago con un gravamen sobre dos cosechas futuras de la finca ob-jeto del contrato. En la escritura ni siquiera se dice que los $200 pendientes de pago fueran retenidos por el compra-dor para invertirlos en la administración, sostenimiento, cul-tivo y mejoramiento de la finca, condición necesaria para que el contrato pueda ser considerado como un “contrato de refacción agrícola,” sujeto a las disposiciones y con derecho a los beneficios y preferencias que concede la ley que esta-mos considerando. Si sostuviéramos que un simple contrato de compraventa, como el envuelto en este recurso, es inscri-bible en el “Registro de Contratos Agrícolas”, tendríamos que sostener que un contrato para la compra de un automó-vil, en el cual se garantiza el pago del precio con un gravamen sobre las cosechas o frutos de una finca, debe también ser inscrito en dicho registro.

Convenimos con el recurrente en que en caso de litigio sobre un contrato de refacción agrícola el acreedor no está obligado, para sostener su preferencia, a probar que el dimero prestado por él al terrateniente fué realmente inver-tido en mejorar la finca objeto de la refacción. Así lo re-solvió este tribunal en Gómez v. American Colonial Bank, 34 D.P.R. 148. Empero, el acreedor debe probar que el con-trato celebrado entre él y el agrieultador fué el que se define en la sección 1 de la ley de marzo 10 de 19.10 sobre con-tratos de refacción agrícola o sea que el dinero fue prestado por él para atender a la administración, sostenimiento, cul-tivo y mejoramiento de la finca de su deudor.

No siendo el contrato presentado en este caso uno de re-facción agrícola, el registrador procedió correctamente al denegar la anotación solicitada, debiendo por tanto confir-marse la nota recurrida.


text:
    Ignacio Díaz Luzunaris, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico y Tesorero de Puerto Rico, demandados.
    Núm 5.

    Sometido: Junio 19, 1944.

      Resuelto: Noviembre 21, 1944.

      Erasto Arjona Siaca, abogado del peticionario; Ron. Procurador General Jesús A. González y M. Velázqtiez Flores y A. D. Marchand Paz, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del Tesorero demandado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

De un canon de arrendamiento de $16,407.12 a pagarse todos los años por la sociedad agrícola Wirsbing & Co., S. en C. de Ponce al peticionario Ignacio Díaz ■ Lnznnaris por concepto de arriendo de fincas rústicas ubicadas en Santa Isabel, dicho peticionario cedió la suma de $15,000 durante cierto número de años, en la forma siguiente: (a) a la me-nor’Margarita, Luciano, por escritura pública otorgada el 13 de mayo de 1940 y con autorización de la Corte de Distrito de Ponce la suma de $5,000 por cada uno de los años 1941, 1942, 1943 y 1944, en consideración a que la menor renun-ciara, como renunció, a todo derecho que como legataria tu-viera o pudiera tener en una herencia en la cual el peticio-nario era parte interesada; (ó) al Banco de Ponce, por es-critura pública otorgada el 5 de abril de 1940, la suma de $10,000 cada uno de los años 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946 y 1947, todo ello en pago de una deuda del peticionario preexistente a la fecha de la cesión. En 30 de junio de 1941 y 30 de junio de 1942 la arrendataria Wirshing & Co., S. en C., pagó las sumas cedidas a Margarita Luciano y al Banco de Ponce. Empero, al efectuar el pago correspondiente al año 1943 y alegando dicha arrendataria venir obligada a ello por mandato imperativo de la ley número 29 de diciem-bre 7, 1942 ((2) pág. 161), según fue enmendada .por la nú-mero 62 de mayo 10 de 1943 ((1) pág. 147) y la número 175 de mayo 15 de 1943 ((1) pág. 631) (leyes estableciendo el llamado Impuesto de la Victoria), retuvo en el origen, la suma de $820.36 del canon de arrendamiento, o sea, el 5 por ciento computado por Wirshing & Co., S. en C. sobre el canon total de $16,407.12, por ser de opinión que los pagos a Margarita Luciano y al Banco de Ponce constituyen ingreso tributable del peticionario bajo las disposiciones de la citada ley.

Tanto el Tesorero de Puerto Pico como el Tribunal de Contribuciones han sostenido la actuación de Wirshing & Co. Para revisar la decisión de dicho tribunal expedimos el presente auto.

La única cuestión a resolver es si los cánones de arrenda-miento pagados por Wirshing & Co., S. en C. a la menor y al Banco constituyen un ingreso del peticionario y como tal sujeto al Impuesto de la Victoria. Carece de méritos la con-tención del peticionario al efecto de que habiéndose efectuado las cesiones con anterioridad a la aprobación de dicho im-puesto, el mismo' no puede aplicársele. De ser eso así fácil sería a los contribuyentes eludir el pago de cualquier clase de tributos a base de transacciones previas.

No está envuelta en este caso cuestión alguna que impli-que una aplicación con carácter retroactivo del impuesto lla-mado de la Victoria a transacciones ya consumadas. En otras palabras, ni por los términos de la ley creando dicho impuesto ni por la interpretación que a la misma han dado el Tesorero de Puerto Rico y el Tribunal de Contribuciones, ni expresa ni implícitamente, se ha querido aplicar doctrina alguna de retroaetividad. No se ha tratado de cobrar dicho impuesto sobre los pagos de los cánones de arrendamiento ya efectuados a la menor y al Banco con anterioridad a la fecha en que entró en vigor dicha ley. El impuesto ha sido retenido por la arrendataria, Wirshing & Co., S. en C., du-rante el año subsiguiente a la vigencia de la ley. Cuando la contribución se retuvo ya existía la ley creando el impuesto y los cánones de arrendamiento se pagaron (taxable event) estando ya en vigor dicha ley. Cf. International Harvester Co. v. Wisconsin, 322 U. S. 435, resuelto en mayo 29, 1944 y Luce & Co. v. Junta de Salario Mínimo, 62 D.P.R. 452, 470, Ballester v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 61 D.P.R. 474 y Welch v. Henry, 305 U. S. 134, 147.

En el caso de International Harvester Co., supra, los ape-lantes sostenían que la contribución no podía imponerse so-bre unos dividendos de la corporación que habían sido decla-rados y separados en años anteriores a la aprobación del estatuto, pero la corte resolvió■ que: “Como la distribución de los dividendos obtenidos de las ganancias, ‘taxable event’ y la deducción de la contribución sobre ellos ocurrió en fecha-posterior a la aprobación de la ley que la imponía, no hay envuelta cuestión alguna sobre su aplicación retroactiva.”

Si procede o no la imposición del Impuesto de la Victoria en este caso depende de la naturaleza de las transaccio-nes efectuadas y si, a pesar de las cesiones mencionadas, los cánones de arrendamiento deben considerarse o no como parte del ingreso bruto del peticionario.

Tanto por su título como por su texto el fin de la ley que crea el Impuesto de la Victoria, es imponer una contribución adicional sobre ingresos. Véase Rivera v. Corte, 62 D.P.R. 513. Nuestra ley estableciendo la contribución sobre ingresos es una adaptación de la ley federal sobre la materia y por tanto, debemos aplicar las doctrinas y reglas, así como la jurisprudencia que en la interpretación de dicha ley subsisten en la jurisprudencia y tratadistas sobre dicha legislación federal.

La regla general, en cuanto a una cesión, es al efecto de que si lo que el contribuyente cede es -el corpus, bien real o personal, que produce el ingreso, éste es tributable al cesionario; pero si lo que cede es el ingreso en sí, éste es tributable al cedente. Véase 2 Mertens, Law of Federal Income Taxation, 623, Sec. 18.02; Blair v. Commissioner, 300 U. S. 5; Helvering v. Horst, 311 U. S. 112 y Monografía en 83 A.L.R. 88. No hemos de entrar a considerar los distintos aspectos y excepciones que esta regla tiene según se detallan por Mertens en la obra citada. Empero, ella ha sido aplicada consistentemente a casos, como el de autos, en los cuales se cedió el derecho de percibir una renta o canon de arrendamiento sin que se cediera interés o título alguno sobre la propiedad que producía tal ingreso. Como dice Mertens en la Sec. 18.12, Propiedad Real y Rentas derivadas de ella, página 657: “Las reglas generales expresadas en secciones precedentes son aplicables a cesiones de propiedad real o las rentas que ella produce y esta clase de propiedad no ofrece peculiaridades especiales que requieran o justifiquen que se descarten dichas reglas. En términos generales, solamente una cesión del corpus o título a la pro-piedad inmueble o de un interés en la misma, hace respon-sable al cesionario de las contribuciones sobre las rentas subsiguientes.

En el caso de Bing v. Bowers, 22 F. (2d) 450, confirmado per curiam en 26 F. (2d) 1017, se resolvió que una escritura por la cual se creó una llamada pensión o renta vitalicia pro-veniente de las rentas de propiedad inmueble, concediendo y cediendo al cesionario cierta suma de las rentas, ingreso y beneficios del interés en esta propiedad, no traspasó interés en la propiedad o creó carga o título pro tanto alguno del interés del dueño suficiente para relevar al cedente de incluir dicha suma como parte de su ingreso bruto sujeto a tribu-tación.

Al mismo efecto en el caso de Ward v. Commissioner of Internal Revenue, 58 F. (2d) 757, la corte del Noveno Cir-cuito resolvió, citando entre otros casos el de Bing v. Bowers, supra, que cuando se ceden cánones de arrendamiento sin que al mismo tiempo se ceda el contrato de arrendamiento en sí, los cánones cedidos son tributables al cedente.

• Batificando y ampliando jurisprudencia anterior, la Corte Suprema Nacional en el caso de Helvering v. Horst, supra, en el cual la única cuestión envuelta era si la donación hecha por el donante de unos cupones de intereses separados de unos bonos y entregados al donatario constituían ingresos tributables al donante, se expresó así a la página 116 y si-guientes :

“.Si el contribuyente obtiene que se pague directamente a sus acreedores con el producto de sus intereses o ingresos (citas) ... él no escapa de pagar la contribución por el becho de que no recibiera en realidad el dinero. (Citas).
“El razonamiento fundamental de estos casos es la idea de que el ingreso es obtenido (realized) por el cedente porque él, que es dueña y controla la fuente de ingreso, también controla la disposición de aquello que él mismo pudo haber recibido y desvía el pago que habría de hacérsele a él hacia otros como medio de procurar la satisfacción de sus necesidades. El contribuyente ha disfrutado por igual Ios-frutos de su trabajo o inversión y obtuvo la satisfacción de sus deseos, bien sea él el que cobre y use el ingreso para obtenerlos o bien dis-ponga de su derecho a cobrarlos como medio de obtenerlos. (Cita).
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“El poder de disponer de un ingreso equivale a ejercitar poder sobre el mismo. El ejercicio del poder de obtener que se pague el ingreso a otra persona es el disfrute y por tanto la realización del ingreso por aquel que ejerce dicho poder.
“Aunque el donante aquí, al transferir los cupones, ha impedido cualquier posibilidad de cobrarlos él mismo, por su actuación ha ob-tenido el pago de interés como un donativo valioso a un miembro de su familia. Tal uso de una ganancia económica, el derecho de recibir el ingreso, el obtener la satisfacción que sólo puede obtenerse gastando dinero o propiedad, parece ser el disfrute del ingreso aun-que la satisfacción sea la compra de mercancías en la tienda de la esquina, el pago de su deuda allí o tal satisfacción no material como puede resultar del pago de una contribución de campaña o a un fondo común (commumty chest) o un regalo a su hijo favorito. Aún cuando él nunca recibe el dinero él deriva el valor del mismo al disponer de los cupones que él ha usado como dinero ... al obtener una satisfacción que sólo puede obtener por medio de dinero . . .”

Intimamente relacionada con la regla o doctrinas qne dis-entimos, aunque distinguible en sus fundamentos, está aquella que se menciona en los casos citados al efecto de que cuando el contribuyente cede parte de sus ingresos con el fin de sa-tisfacer sus deudas dichos ingresos continuarán considerán-dose como del cedente. Este es el caso de autos. El peti-cionario al ceder los cánones de arrendamiento, que debía de percibir de 'WirsMng & Co., S. en C., al Banco y a la menor para pagar a éstos una deuda con ellos contraída, se enriqueció anualmente en la suma proporcional en que sus-deudas eran, reducidas. La cesión de dichos cánones fné hecha por el peticionario con el fin de satisfacer dos deudas que había contraído, una por $60,000 con el Banco de Ponce y otra de $25,000 para satisfacer un legado dejado por el padre del peticionario a una menor. ¿Podría sostenerse que si el peticionario hubiera percibido directamente los cánones y con ellos satisfecho esas deudas dejaban de constituir los mismos parte de su ingreso bruto? Claramente no. El im-poner a Wirshing & Co., S. en C. la obligación de hacer el pago a nombre del peticionario no varió la situación. Las-propiedades que producen los cánones continúan pertene-ciendo al peticionario y dichos cánones al ser satisfechos a sus acreedores deben considerarse como depositados o con: signandos para su beneficio dentro de la definición de in-greso bruto contenida en el artículo 1 de la ley creando el Impuesto de la Victoria al efecto de que: “Se entenderá por ingreso bruto toda cantidad de dinero que . . . sea realmente recibida por el contribuyente o depositada o consignada a su favor o para su beneficio.”

Se anula el auto expedido y se confirma la decisión recu-rrida.

      (1)Comentando esta decisión en el 41 Harv. L. Rev. 675-6 dice que “Esta ■decisión encuentra firme sostén en la política contributiva (policy) pues sostener lo contrario abriría la puerta a una exención al por mayor del pago de contri-buciones. ’ ’ Empero, en la misma opinión en el caso de Bowers, se baee constar que el motivo que liaya tenido el contribuyente para actuar es inmaterial.