author: El Juez Presidente Se. Hernández,

text:
    Giménez, Demandante y Apelante, v. Alfonso, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2323.
    Resuelto en abril 8, 1921.
    Jurisdicción del Tribunal Supremo — Apelaciones Procedentes de Cortes Mu-nicipales. — Cuando la cuantía reclamada en una demanda iniciada ante una corte municipal excede de trescientos dólares, el Tribunal Supremo tiene ju-risdicción para conocer del recurso en apelación procedente de la corte de distrito.
    Cobro de Dinero — Causa de Acción — Excepción Previa de Palta de Hechos.— Surgiendo de las alegaciones de la demanda en este caso, las cuales se con-signan en la opinión, la obligación por parte del demandado de satisfacer al demandante la suma que le reclama, es preciso concluir que alega la de-manda hechos suficientes para determinar una causa de acción.
    Id. — Cuenta Corriente — Alegaciones Innecesarias. — El acreedor de una cuenta corriente no está obligado a practicar una liquidación de la misma con in-tervención y conformidad del deudor para poder reclamarle judicialmente el saldo insoluto, pues dependiendo su liquidación de una simple operación arit-mética, las cuentas corrientes se entienden siempre liquidadas.
    Id. — Id.-—Atendidos los términos del artículo 124 del Código de Enjuiciamiento Civil, cuando se reclama judicialmente el importe de una cuenta corriente expresando las causas de deber no es necesario relacionar detalladamente en la demanda las diversas partidas con expresión del precio y demás circuns-tancias de cada venta.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. E. Márquez.

    Abogado del apelado: Sr. A. Agosto.

   El Juez Presidente Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Visto en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Pri-mera, mediante juicio de novo el caso seguido en la Corte Municipal de Bayamón por Manuel Giménez Acosta contra Eduardo Alfonso sobre cobro de dinero, dicha corte, después de practicadas las pruebas del demandante, pues el deman-dado no' propuso prueba alguna, pronunció sentencia en 15 de mayo de 1920 desestimando la demanda por el funda-mento de que los hechos en ella alegados no eran suficientes para constituir una cansa de acción.

Contra esa sentencia interpuso el demandante recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, alegando entre otras razones atinentes a los méritos del caso, que la corte incu-rrió en error al creer que el demandante no podía reclamar el cobro de su crédito porque la cuenta no era líquida o por-que no se señalaba al demandado plazo para el pago y que la corte en todo caso debió conceder al demandante un plazo razonable para enmendar la demanda sin desestimarla en los términos en que lo hizo.

La demanda enmendada contiene las siguientes ale-gaciones :

“I. Que demandante y demandado son mayores de edad, vecinos de Bajramón de este distrito judicial.
“II. Que el demandado tomó al fiado en cuenta corriente en el establecimiento comercial del demandante, establecido en Bayamón (para la venta de efectos de automóviles y negocios relativos a ese ramo) diversos artículos de esa clase, o sean de automóviles o gua-guas, por valor de $577.46, desde 10 de noviembre de 1938 basta 15 de junio de 1919.
“III. Que además el demandado tomó en arriendo al demandante con anterioridad al mes de noviembre de 1918, dos garages para auto-móviles, uno al precio de $6 por mes y otro al precio de $5 por mes, pagaderos estos cánones por meses vencidos, venciendo cada uno en treinta de cada mes. Que el de precio de $5 lo desocupó el deman-dado en 30 de abril de 1919. Que del alquiler del mes de octubre de 1918 solamente pagó el demandado por el garage el precio de $5, una mitad, o sean $2.50 y quedó adeudando la otra mitad del arriendo de ese mes, no pagando tampoco en ese mes de octubre a su venci-miento el alquñer del garage de precio de $6. Y entonces el deman-dante le cargó en su cuenta corriente ese resto de alquileres en los garages del mes de octubre, o sean $8.50; y sucediendo igual en los meses sucesivos, en que no pagaba a fin de mes el importe de alqui-leres de esos dos garages, se le siguió cargando en la cuenta corriente 10 adeudado por ese concepto, y así esos alquileres adeudados o car-gados en cuenta corriente importan $81.50.
“XV. Que el demandado ba abonado a esa cuenta corriente desde 11 de noviembre de 1918, basta 22 de junio de 1919, en diferentes partidas $357 y se le ba abonado también $3.95 en total por varias bonificaciones y descuentos, sumando así sus abonos en total $360.95, y por lo cual el demandado ha quedado así adeudando al deman-dante $308.01.
“Y. Que el demandante ha hecho diversas gestiones para conse-guir que el demandado le pague al demandante esos importes adeu-dados como saldo, sin haber podido conseguir que se le paguen.”

La demanda concluye'con la súplica de que se dicte sen-tencia contra el demandado declarando que como resultado de dicha cuenta corriente adeuda al demandante la suma de $308.01 y ordenando que debe pagar esa cantidad al deman-dante con los intereses legales correspondientes desde 30 de julio de 1919 en que se interpuso la demanda, más las costas y gastos del pleito.

Ante todo debemos dejar establecido contra la'contención de la parte apelada que esta Corte Suprema tiene jurisdicción para conocer del recurso, según el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por la ley de 9 de marzo de 1905, por exceder la cuantía de la reclamación de $300.

Entendemos que los hechos alegados en la demanda de-terminan lina causa de acción, pues si las alegaciones se acep-tan como ciertas surgen de ellas como conclusión necesaria en derecho, la obligación por parte del demandado de satis-facer al demandante la suma que le reclama. Las causas de deber por parte del demandado con relación al demandante se expresan suficientemente en la demanda, a saber, contra-tos de compraventa al fiado y de arrendamiento. No sucedía lo propio en el caso de Sucesores de Martínez v. T. Dávila & Co., 18 D. P. B. 80, en el que declaramos que los hechos ex-puestos en la demanda no determinaban una causa de acción por reclamarse en ella una deuda que en .parte procedía de relaciones mercantiles entre demandante y demandado, y en parte de cesión de créditos de diversas sociedades mercan-tiles, sin que se mostrara el origen de esos créditos cedidos ni cuáles fueran los contratos que originaran aquellas rela-ciones.

T no era necesario que se practicara una liquidación de cuentas con intervención del demandado y conformidad del mismo para exigirle en cualquier tiempo el pago del saldo que resultara adeudar en cuenta corriente al demandante, pues según sentencia del Tribunal Supremo de España de 2 de diciembre de 1887 las cuentas corrientes se entienden siempre liquidadas por depender su liquidación de una simple operación aritmética. Las sumas adeudadas por compra de mercancías que no se satisfagan de contado sino que se carguen en cuenta, generalmente y según la práctica comer-cial, son para cobrarse en cualquier fecba en que el vendedor reclama el saldo a su favor, salvo que baya pacto en con-trario aplazándose el pago, cuya excepción será en su caso materia de defensa.

Tampoco era necesario que se incluyeran en la demanda las diversas partidas vendidas y entregadas al comprador y no pagadas por él, el precio y las demás circunstancias de las distintas compras hechas, pues el Código de Enjuicia-miento Civil excluye tal necesidad en su artículo 124, que dice así:

“Artículo 124. — En las alegaciones no es necesario que la parte que alega la existencia de alguna cuenta, detalle las partidas de ésta, pero deberá entregar a la parte contraria dentro de los diez días de haberla pedido por escrito, una copia de dicha cuenta, requisito sin el cual quedará imposibilitada de presentar prueba en apoyo de la misma. La corte o juez podrá disponer la presentación de otra cuenta además de la presentada, si ésta fuere demasiado general o resultare defectuosa en alguno de sus particulares.”

Según el precepto transcrito, el demandante no tenía que detallar las partidas de la cuenta en que basaba su acción sino que al demandado incumbía pedir una copia de dicha cuenta para contradecirla en el juicio si así convenía a su derecho. Así lo entendió la parte demandada al solicitar como solicitó del demandante y se le concedió en la corte municipal, que se le entregara una copia de. su cuenta co-rriente desde el comienzo de dicha cuenta hasta la última partida anterior a la presentación de la demanda.

En contra del recurso y en pro de la confirmación de la sentencia recurrida invoca la parte apelada la decisión de esta corte en el caso de E. Rubio e Hijos v. Carrasco, 26 D. P. R. 255; pero en ese caso la demandante fundaba más bien su acción en la liquidación de varias cuentas, lo que no ocurre en el presente. De todos modos la doctrina que dejamos con-signada es la que debe regular la cuestión legal planteada.

Es de revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso a la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, para procedimientos no inconsistentes con la presente opinión.

Rebocada la sentencia apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wole,

license: Public Domain

text:
    Díaz, Demandante y Apelante, v. Plazuela Sugar Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre retracto.
    No. 2279.
    Resuelto en abril 12, 1921.
    Retracto de Herederos — Prueba de que el Heredero Conocía la Venta. — Si bien de acuerdo con el artículo 1034 del Código Civil el comprador está en la obligación de probar que el heredero que trata de redimir la propiedad tenía conocimiento de la venta desde un mes antes de la fecha de la demanda de retracto, examinados los hechos aparece de los mismos que la prueba directa y circunstancial hicieron cambiar el peso de la prueba.
    Id. — Evidencia—Credibilidad del Testigo — Discreción Judicial.. — Aunque un testigo no haya sido rotunda o directamente contradicho la corte sentencia-dora tiene el derecho de no darle crédito.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Llorens Torres.

    Abogado de la apelada: Sr. J. Martines Dávila.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 1034 del Código Civil prescribe lo siguiente:

“Si alguno de los herederos vendiere a un extraño su derecho hereditario antes de la partición, podrán todos o cualquiera de los coherederos subrogarse en el lugar del comprador, reembolsándole el precio de la compra, con tal que lo verifiquen en término de un mes a contar desde que esto se les haga saber.”

Luis F. Díaz Lienza presentó una demanda contra Pla-zuela Sugar Company, tratando de aprovecharse del privi-legio de dicho artículo en vista de que un hermano del ape-lante llamado Bonocio había vendido a dicha corporación su derecho hereditario en los bienes de su padre. Las partes convienen en que esta apelación envuelve principalmente una sola cuestión, o sea, si el apelante tuvo conocimiento de la referida venta más de un mes antes de la radicación de la demanda.

Esta venta, si bien se hizo en junio 5, 1915, no fué ins-crita hasta mucho tiempo después, esto es, en noviembre 5, 1918. La demanda original lleva fecha diciembre 4, 1918 y juntamente, como en ella se indica, fué hecha la debida con-signación del dinero para recobrar el alegado derecho here-ditario del hermano del apelante, suponiendo que tal privi-legio podía en realidad servir al apelante.

La cuestión es algo intrincada toda vez que Bonocio así como sus hermanos recientemente habían heredado tanto de su madre como de su padre y también porque en alguna de la correspondencia del caso es la corporación'Balseiro & Grior-getti la que aparece actuando y no la Plazuela Sugar Company.

El demandante y apelante declaró que el primer conoci-miento que tuvo de la venta fué al visitar el Registro de la Propiedad de Arecibo en noviembre 5, 1918, que fué pre-cisamente el día en que se inscribió la venta. El recibió una carta en donde le decían que Bonocio había vendido sus par-ticipaciones y fué con su abogado al registro para cerciorarse de la verdad de la información. Alega él qne el peso de la prueba recaía sobre el apelado para probar que el apelante tuvo conocimiento de la venta con fecba -anterior a diclio día 5 de noviembre, 1918. La apelada aceptó el peso de la prueba y obtuvo sentencia a su favor.

Una escritura de fecba julio 1, 1915, fué presentada como prueba en la cual ocbo hermanos de Bonocio conferían po-der a otro hermano Rafael, para cobrar de Balseiro & Gior-getti los arrendamientos de la finca “Higüerito,” la cual, como expresa la escritura, poseían en común proindiviso dichos hermanos por herencia en distintas fechas, de su ma-dre y de su padre, habiendo pertenecido la finca a los bienes gananciales. Bonocio no compareció en la escritura. Mues-tra la demanda que hay precisamente diez hermanos, los ocho que confieren el poder, el apoderado Rafael y asimismo Bo-noeio. La ausencia de Bonocio en la escritura fué ana cir-cunstancia que tendía a mostrar que sus hermanos sabían que él. había vendido toda su participación en “Higüerito.”

Fué llamado como testigo el notario que hizo la escritura. Este declaró que en el momento de su otorgamiento informó a todas las partes que Bonocio había hecho cesión de sus derechos en la finca “Higüerito” a Balseiro & Giorgetti (sic); que Bonocio otorgó la escritura a Plazuela Sugar Company actuando el testigo como notario y en esa escritura compa-reció Epifanio Fernández en representación de Balseiro & Giorgetti (sic). La escritura a Plazuela Sugar Company muestra que Yanga compareció a nombre de esa compañía. Repreguntado el testigo dijo que no estaba absolutamente se-guro de que el apelante estuviera presente cuando hizo la manifestación a los herederos pero creía que todos estaban allí. No recordaba que el apelante saliera de la oficina para buscar los testigos. Sin embargo, al ser llamado el apelante como testigo manifestó que no se hizo tal manifestación en su. presencia y que salió a buscar los testigos.

La parte principal de la prueba en el caso es una carta escrita por el apelante a Balseiro & G-iorgetti, carta que los autos tienden a mostrar que fué escrita en 13 de mayo de 1918. La fecha precisa es inmaterial puesto que toda la prueba tiende de modo concluyente a establecer que fué es-crita hacia esa fecha. El apelante en varias ocasiones ha-bía representado a sus hermanos en sus negociaciones res-pecto a la finca “Higüerito.” Admitió al declarar como tes-tigo que también en ocasiones, si no generalmente, había re-presentado a Bonocio. Balseiro Giorgetti arrendatarios de “Higüerito” concertaban con el apelante acerca del arren-damiento que había de pagarse por dicha propiedad. En la carta que escribió el apelante, dijo entre otras cosas:

“Refiriéndonos a que nuestra finca Higüerito según Uds. no consta nada más que de 99.45 hemos de echar ahajo tal dicho, el que concep-tuamos fuera de toda veracidad, pues solamente sus condueños que lo somos los abajo firmados, sabemos que según nuestro plano hecho re-cientemente, Higüerito se compone de 117 cuerdas después de deducir las que eran de Bonocio, y de cuyas 117 cuerdas, hay en explotación 112, lo que podemos hacer constar si Uds. desean lo hagamos. En cuanto a que son Uds. los que mejor están pagando los arrenda-mientos, les diremos que esas són sus creencias, pero para demostrarles lo contrario, tomaremos a los Sres. Fantauzzi, quienes están pagando a Don José A. Díaz a razón de $30.QO la cuerda,” etc.

La carta está suscrita por Sues, ele M. Díaz Fonseca, L. . F. Díaz Lienza (apoderado general).

Con la precedente prueba la evidencia directa y circuns-tancial fué tan robusta que el peso de la prueba pasó del apelado al apelante. Su alegación principal fué que en todas las ocasiones él hablaba de la participación materna perte-neciente a Bonocio que había sido cedida anteriormente a Balseiro & Giorgetti. Como hemos indicado, sin embargo, la carta estaba firmada “Sues, de M. Díaz Fonseca” que era el nombre del padre del apelante y no de su madre. Dentro de una familia y dada la intimidad que existe entre herma-nos como aparece del caso casi se presumiría que la venta de una parte integrante de una finca en la cual todos esta-ban, interesados se divulgaría entre los mismos.

El apelante a la vez fué testigo del apelado. Al pregun-társele por qué no compareció Bonocio en la escritura de poder a favor de Rafael dijo que no sabía y que algunos de sus otros hermanos no comparecieron. La prueba, como he-mos'visto, tiende a establecer que todos excepto Bonocio com-parecieron. Asimismo al ser preguntado acerca de una carta escrita a él por Balseiro & Giorgetti, dijo que no recordaba de tal carta pero su abogado hizo que explicara que dicha carta estaba en poder del abogado.

Yernos que el apelante puede ser absolutamente veras, pero hubo tal conflicto en la prueba directa y circunstancial, que no podemos modificar la conclusión de la corte inferior. Esa corte, por supuesto, tenía derecho a no dar crédito al apelante como testigo.

Sostuvo también el apelante que se cometió error al de-clararse con lugar una excepción previa a la demanda, pero estuvo conforme en que renunció a tal error al radicar su demanda enmendada. Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa por infracción al Reglamento de Sanidad No. 6.
    No. 1615.
    Resuelto en abril 14, 1921.
    Reglamento de Sanidad No. 6 — Intención Criminal. — Probado que el acusado fabricó una casa a menos de cinco metros del eje de la calle violando así la condición impnéstale por el permiso que de acuerdo con el Reglamento do Sanidad No. 6 le concediera el Departamento Insular de Sanidad, no puede alegar con éxito falta de intención criminal por el heeho de que el comisio-nado de sanidad municipal del pueblo donde fué edificada la casa lo auto-rizara a continuar la construcción después de ordenada la paralización por la Sanidad Insular, pues el apelante no estaba autorizado a descansar en la opinión que sobre el asunto tuviera aquel funcionario municipal, sino en los preceptos contenidos en el citado Reglamento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. I. Garballeira.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Aunque el apelante no señala distintamente en su alegato los motivos de error que aduce contra la sentencia por él apelada en este caso podemos deducir que son dos, a saber: que la prueba del juicio no es suficiente para sostener su condena y que demostró que en el acto imputado al apelante no existió intención criminal.

El apelante fué denunciado en la Corte Municipal de Ma-natí porque en primero de marzo de 1920 estaba constru-yendo en la calle McKinley esquina a la Avenida Colón de dicho pueblo una casa a menos de cinco metros del eje de la Avenida Colón, en desacuerdo con el plano presentado por él y aprobado por el Departamento Insular de Sanidad y con infracción de los artículos 3 y 4 del Reglamento de Sa-nidad No. 6.

Conociendo de esa denuncia la Corte de Distrito de Are-cibo en grado de apelación y celebrado el juicio de novo, el denunciado fué condenado a pagar una multa de $25 o en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dollar de multa que dejara de satisfacer y las costas de la causa.

Tanto en la denuncia como en la sentencia se hace refe-rencia a que el Reglamento de Sanidad No. 6 fué dictado de acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Sanidad de 11 de marzo de 1911 y en la sentencia se dice que la infracción denunciada está penada de acuerdo con el artículo 357 del Código Penal enmendado por la Ley No. 13 de 1911, y, aun-que las partes en este asunto nada han dicho respecto a estas citas, encontramos que son erróneas pues tanto la Ley de Sanidad de marzo 9, 1911 como la Ley No. 13 del mismo año enmendando el artículo 357 del Código Penal fueron dero-gadas por la Ley de Sanidad No. 81 del año 1912 y de acuerdo con esta ley y no con la anterior fué promulgado el Regla-mento de Sanidad No. 6. Sin embargo, tales citas, aunque erróneas, son supérfluas en la denuncia y en lá sentencia porque verdaderamente la infracción es del Reglamento de Sanidad No. 6 y no afecta al resultado del asunto si está promulgado de acuerdo con la ley de 1911 o con la de 1912, por lo que nada pueden influir esas equivocaciones en el re-sultado de este asunto.

El Reglamento de Sanidad No. 6 fué promulgado en el Boletín Administrativo No. 50 de 18 de septiembre de 1912. Trata sobre urbanización de terrenos en Puerto Rico; esta-blece las condiciones sanitarias que deben observarse para la urbanización de terrenos en esta Isla y en el párrafo 3o. del artículo 4 dispone que:

“En las calles existentes cuya anchura sea inferior a diez metros, no se podrá construir a una distancia menor de cinco metros del eje de dicha calle.”

El apelante presentó en el Departamento de Sanidad Insular por conducto del de Sanidad Municipal de Manatí, su plano para la construcción de una casa en la calle de McKinley esquina a la Avenida Colón y le fué aprobado con -la condición de que edificara por lo menos a cinco metros del eje de la calle.

Según la prueba presentada para sostener la denuncia el apelante comenzó la construcción de dicha casa a menos de cinco metros del»eje de la Avenida Colón habiendo así inva-dido con su obra el sitio destinado para la acera y según la prueba presentada por el denunciado, la construcción está a más de cinco metros del eje de dicha avenida; consistiendo la discrepancia entre una y otra prueba en que los testigos de la primera midieron el ancho de la calle de uno a otro sardinel de las aceras de la calle mientras que los del segundo negaron que exista sardinel alguno en ella y midieron la calle desde la construcción del apelante a otra casa construida en el lado opuesto de ella, dando así una distancia entre ambas construcciones de diez metros, por lo que entienden que la obra del apelante está a cinco metros del eje de la calle.

Habiendo la corte inferior dictado sentencia en contra del denunciado tenemos que concluir que resolvió en su contra el conflicto de la evidencia en cuanto a la existencia del sar-dinel que limita cada acera con la calle para así determinar el eje de ésta y que la casa comenzó a construirse a menos de cinco metros de su centro, medido en esa forma el ancho de la calle. Además, la distancia entre dos casas no es prueba por sí sola del ancho de una calle ya que puede estar una de las casas construida a más de cinco metros de su eje.

Con respecto al otro motivo del recurso no podemos de-clarar que el apelante no tuviera intención criminal al rea-lizar el acto que se le irnpufa por el hecho de que el Comi-sionado de Sanidad' Municipal de Manatí lo autorizara a continuar la construcción de su casa después de haber orde-nado la Sanidad Insular que la paralizara, pues ésta era la que había dado el permiso de la construcción con la condi-ción de que se ejecutara por lo menos a cinco metros del eje de la calle y el apelante no estaba autorizado para des-cansar en la opinión que sobre el asunto tuviera aquel fun-cionario municipal sino en los preceptos contenidos en el ci-tado reglamento.

Por las razones expuestas debemos confirmar la sentencia . apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, y Ways, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en cansa por alteración de la paz pública.
    No. 1659.
    Resuelto en abril 15, 1921.
    Alteración de la Paz — Conducta Tumultuosa u Ofensiva — Vituperio.—La paz de un vecindario o individuo puede ser alterada por medio de conducta tu-multuosa o de conducta ofensiva, resolviéndose en este caso concreto que constituye conducta ofensiva el decir una persona a otra pública, maliciosa y voluntariamente en alta voz "lambe ojo de los Sres. Bonar,” "fariseo” y "judas,' dando lugar con ello a que se reunieran muchas personas. Dichas imputaciones pueden calificarse también como vituperio de acuerdo" con el artículo 3'68 del Código Penal. El caso se distingue del de ‘El Pueblo v. Buig, resuelto en enero 31, 1921, (pág. 74).
    Id. — Denuncia Suficiente — Imputación del Delito Bajo Poemas Distintas-Duplicidad. — Cuando en una denuncia por alteración de la paz se imputan en un solo cargo varios aetos cometidos al mismo tiempo y como parte de la misma transacción, no existe duplicidad. En este caso concreto se resolvió que la circunstancia de consignarse en la denuncia que las palabras pronun-ciadas lo fueron al alcance del oído de mujeres y niños, hecho que por sí solo cuando concurren los requisitos que la ley exige puede constituir un delito de alteración de la paz, no vicia de nulidad la denuncia.
    Los liechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Tormes.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Juan B. Ways fue denunciado y condenado como autor de un delito contra la paz pública a pagar dos dólares de multa y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar dejado de satisfacer. No conforme con la sentencia apeló para ante este tribunal. No existe pliego de excepciones ni relación de pruebas. La única cuestión suscitada es la fundamental de que los becbos alegados en la denuncia no cons-tituyen delito público.

La denuncia en lo pertinente, dice así:

“El acusado arriba mencionado Juan B. Ways, de una manera ilegal, maliciosa, criminal y voluntariamente, alteró la paz y tranqui-lidad del denunciante, prefiriéndole palabras insultantes y amenaza-doras tales como que yo era un lambe ojo de los Sres. Bonar, un fariseo, un judas y otras tales por el estilo, dando lugar con esas frases a que se reunieran en dicba oficina donde pasó el hecho muchas personas, estas palabras fueron dichas en alta voz y al alcance de los oídos de mujeres y niños que visitan dichas oficinas.”

Y la ley aplicable es el artículo 368 del Código Penal que dice:

“Toda persona que maliciosa y voluntariamente perturbare la paz o tranquilidad de algún vecindario o individuo, con fuertes o inusi-tados gritos, conducta tumultuosa y ofensiva, o amenazas, vituperios, riñas, desafíos o provocaciones, o que en las calles de alguna ciudad o pueblo, o en las vías públicas disparare algún' arma de fuego, o hiciere uso de lenguaje grosero, profano o indecoroso en presencia o al alcance del oído de mujeres o niños, en forma estrepitosa o incon-veniente, incurrirá en misdemeanor y será castigada con multa má-xima de doscientos dollars, o cárcel por un término máximo de no-venta días o ambas penas, a discreción del tribunal.”

Como se ve comprende el' precepto legal transcrito tres formas diferentes, pudiendo perpetrarse la primera de siete modos. Las frases iniciales “toda persona que maliciosa y voluntariamente,” son comunes a las tres formas.

La primera de éstas consiste en perturbar la paz o tran-quilidad de algún vecindario o individuo con:

a. Fuertes o inusitados gritos;

b. Conducta tumultuosa y ofensiva (debiendo hacerse constar que en vez de la conjunción copulativa y, el original inglés contiene la disyuntiva or, de suerte que la verdadera Traducción es: conducta tumultuosa u ofensiva);

o. Amenazas;

d. Vituperios;

e. Eiñas;

/. Desafíos, o

g. Provocaciones.

La segunda forma consiste en perturbar la paz por medio ■ del disparo de algún arma de fuego en las calles de alguna ciudad o pueblo o en los caminos públicos. •

Y la tercera en el uso de lenguaje grosero, profano o indecoroso en presencia o al alcance del oído de mujeres o niños, en forma estrepitosa e inconveniente.

El artículo 368 forma parte del título quince de nuestro Código Penal que trata de los “delitos contra la paz pública.” Corpus Juris dedica las páginas 385 a 399 del tomo 9, bajo el epígrafe de “Breach of the Peace,” a tratar de este delito.

La alteración de la paz, como expresamente dispone la ley, puede ser de algún vecindario o de un individuo. En el presente caso la denuncia dice que el acusado “alteró la paz y tranquilidad del denunciante.” Se trata, pues, de la alte-ración de la paz de una persona. ¿Cómo1? “Profiriéndole palabras insultantes y amenazadoras” en voz alta, así: que el denunciante era “un lambe ojo de los Sres. Bonar, un fariseo, un judas y otras tales por el estilo,- ciando luga]1 con esas frases a que se reunieran en dicha oficina donde pasó el hecho, muchas personas.”

¿Está comprendido el caso en alguna de las formas del delito? A nuestro juicio lo está en la forma primera, letra b, o sea turbar la paz de un individuo maliciosa y volunta-riamente por medio de una conducta ofensiva. La denuncia no sigue al pié de la letra las palabras del estatuto. No fue formulada por un fiscal, sino por el propio ciudadano ofen-dido. Pero alegándose como se alega en ella que el acusado-maliciosa y voluntariamente alteró la paz del denunciante dirigiéndole las palabras que se expresan en la denuncia en alta voz, dando lugar con ello a que 'se reunieran muchas-personas, se imputa claramente una conducta ofensiva pú-blica, capaz de perturbar la paz de la persona contra quien iba dirigida.

Conducta, según el diccionario de la Academia, en una. de sus varias acepciones, quiere decir “porte o manera con que los hombres gobiernan su vida o dirigen sus acciones.”’ Y “la conducta de una parte, en sn sentido más amplio,” se lia diclio en el caso de Hallovell National Bank v. Morston, 27 Atl. 529, 531, citado en 2 "Words & Phrases Judicially Defined, 1416, “consiste de actos, palabras, silencio n omisión negativa de hacer alguna cosa.”

No creemos que el legislador al usar la palabra conducta en el artículo 368 del Código Penal tuviera en mente una. serie continuada de actos ejecutados con igual intención en repetidas ocasiones. El trató de prever y castigar un acto delictivo y es para nosotros claro que una persona que vo-luntaria y maliciosamente se dirige a otra en público y la insulta en la forma que lo hizo en este caso, usa para con ella una conducta ofensiva. Llamar “lambe ojo” a una persona significa por lo menos vulgarmente imputarle una ac-tuación servil, el papel de adulador, llamarla “fariseo,”' quiere decir hipócrita, y “Judas,” traidor, capaz de vender por dinero a su Maestro, de traicionar a su causa por más santa que ella fuere.

Y esta interpretación de la palabra conducta tal como se usa en el repetido artículo 368 adquiere más fuerza cuando se examina el significado del calificativo “ofensivo” que la acompaña.

“Offensive,” en general, significa, 29 Oye. 1353, cualquier cosa que causa disgusto, que produce dolor, u origina sensa-ciones desagradables.

Aplicada restrictivamente se resolvió en el caso de State v. Sherrar, 117 N. C. 716, 23 S. E. 157, que llamar a una persona “maldito salteador de caminos en un restaurant público en voz tan alta que pueda ser oída en la calle, es castigable bajo una ordenanza prohibiendo y castigando la conducta desordenada.” El caso se cita en 14 Oye. 469, en. apoyo y explicación del texto que trata sobre “ofensivo language in or near dwelling.” Véase además 18 O. J. 1219.

Se ha usado la expresión lenguaje ofensivo como equiva-lente a lenguaje abusivo, insultante. En el caso de Peo. v. Sinclair, 86 Misc. 426, 435, 149 N. Y. S. 54, al decidir la corte que la conducta del acusado fué desordenada, dijo que su conducta fué insultante y que el insulto consistía en parte en la materia de la censura y en parte en la publicidad con que fué infligida. 18 C. J. 1219.

En el caso de State v. Sturges, 48 Mo. A. 263, se resolvió que:

“Cuando una persona en voz alta acusa a un juez de paz que se halla en el desempeño de sus deberes oficiales, de establecer procesos contra dicha persona y lo apostrofa con epítetos viles, ello constituye una alteración de la paz.” 9 C. J. 389.

Pero si existiera alguna duda con respecto a la califica-ción del delito dentro de la primera forma, letra b, estaría siempre comprendido dentro de la dicha primera forma, le-tra d, porque claramente constituyen vituperios las imputa-ciones públicas que el acusado hizo al denunciante en el sitio y en la forma en la denuncia expresados.

La palabra “traducing” del original inglés ha sido ver-tida por la palabra “vituperio” en el texto castellano. “Traduce,” según el Century Dictionary & Cyclopedia, vol. VIII, página 6418, quiere decir: “Falsear, presentar o exponer a calumnia o ridículo; difamar; calumniar; vilipendiar.” Y según el Webster’s New International Dictionary, página 2181, significa: “Específicamente, exponer injustamente a desprecio o vergüenza; calumniar; vilipendiar; difamar; como difamar una reputación. — Tuvo la bajeza de calum-niarme (traduce) en un libelo. — Dryden.” Y “vituperio,” según el Diccionario de la Academia, significa: “Baldón u oprobio que se dice a uno. Acción o circunstancia que causa afrenta o deshonra,” significando “vituperar,” según el Dic-cionario Salvat, “decir mal de una persona o cosa, notán-dola de viciosa o indigna.”

Se ha insinuado que por más que la ley castiga la alte-ración de la paz de un individuo, siempre, para que exista el delito, es necesario el elemento público. Estamos confor-mes. Hemos visto que el artículo 368 forma parte del título que comprende los delitos contra la paz pública. La natu-raleza de los diversos actos que abarca el indicado artículo y el espíritu general del mismo, así lo demandan. Pero tal elemento existe en el presente caso. La conducta del acu-sado para con el denunciante fué en público y expresamente se alega en la denuncia que la actuación del acusado dió lugar a la reunión de muchas personas. Esta circunstancia que ahora consideramos diferencia este caso del de El Pueblo v. Ruiz, decidido por esta Corte Suprema el 31 de enero del año actual, 29 D. P. R. 74. En él establecimos que el uso de lenguaje insultante por sí solo no constituye una altera-ción de la paz. No podíamos calificar el lenguaje usado como conducta ofensiva porque las circunstancias en que lo fué tendían a mitigar más bien que a agravar la forma de las palabras empleadas. Ellas eran la mera expresión de una persona que llamada por el denunciante se sintió por él agra-viada y fueron dichas tranquilamente. En el presente caso las palabras no sólo eran insultantes, sino que fueron dichas en tonos fuertes y atrajeron un número de personas.

Se ha indicado también que apareciendo al final de la denuncia lo que sigue: “estas palabras fueron dichas al al-cance de los oídos de mujeres y niños que visitan dichas ofi-cinas,” hay una confusión tal que no se sabe por qué se de-nunció al acusado, esto es, si su delito consistió en haber perturbado la paz del denunciante .por medio de su conducta abusiva, o si consistió en el uso de lenguaje grosero, profano, o indecoroso en presencia o al alcance del oído de mujeres y niños, en forma estrepitosa e inconveniente.

A nuestro juicio no existe duplicidad que vicie fatalmente la denuncia. Es predominante y clara la primera parte de ella. El hecho de que realmente se queja el denunciante es el de la conducta del acusado para con él. Si tal conducta fué en público y además las palabras se virtieron'al alcance del oído de mujeres y niños, son circunstancias que dan relieve al acto, pero no que se alegan como constitutivas ele nn separado delito.

Pero aunque se hubieran imputado varias formas de co-meter el delito en un solo cargo, la denuncia sería suficiente dada la naturaleza del delito. “Cuando varios modos son nombrados,'’ dice Corpus Juris, apoyándose en varias deci-siones, “por medio de los cuales una alteración de la paz .lia sido cometida, una acusación imputando en un cargo va-rios actos, cometidos al mismo tiempo y como parte de la misma transacción no constituye duplicidad.” 9 C. J. 390.

Uno de los casos citados es el de State v. Matthew, 42 Vt. 542, 545, en el que la corte dijo:

“La paz pública puede ser alterada o violada en una de estas formas; y puede ser alterada o violada en todas esas formas, y sin embargo constituir una sola ofensa. Un simple cargo en una acusa-ción por el gran jurado, acusación fiscal o denuncia, puede contener una exposición de hechos que muestren de su faz que un delito, a saber, una alteración de la paz, ha sido cometido en todas las formas expresadas en el estatuto. Y cuando la conducta tumultuosa y ofen-siva, amenazando, peleando, desafiando, acometiendo y pegando, son actos relacionados, cometidos a un mismo tiempo, ellos constituyen sólo una ofensa, y tales actos relacionados en su totalidad, o aquella parte de ellos necesaria para constituir el delito', debe ser alegada en un cargo. Es claro que por tales actos relacionados el apelado no podría ser convicto de dos o más delitos mediante la exposición, en dos o más cargos, de las diferentes formas en que cometió el delito, cuando los actos contenidos en todos y cada uno de los cargos fueron cometidos simultáneamente. El delito comprendido en esa sección del estatuto es un delito menos grave, ya sea cometido- en una de las formas o en todas las formas expresadas en el estatuto; y una con-dena sobre una acusación alegando la comisión del delito en una o más de las formas expresadas, sería un impedimento a cualquier acusación subsiguiente por el mismo delito alegando su comisión en una o más de las otras formas expresadas en la sección del estatuto. Bajo un cargo en que se alega que el apelado alteró y violó la paz pública con conducta tumultuosa y ofensiva, y amenazando, peleando con, desafiando, acometiendo y pegando a otra persona cualquiera, la prueba de una alteración de la paz, en cualquiera de las formas ale-gadas, sería suficiente para sostener el proceso, y las otras formas, cuya comisión al mismo tiempo haya sido alegada y probada, podrían ser tratadas como hechos o circunstancias agravantes.” 9 C. J. 391 nota.

Véanse además los casos de Stancliff v. United States, 82 S. W. 882; Delk v. Commonwealth, 178 S. W. 1129, y El Pueblo v. Collazo, 20 D. P. R. 204.

Por virtud de todo lo expuesto opinamos que los hechos expresados en la denuncia constituyen el delito por el cual fué castigado el acusado y apelante y en tal virtud que debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Correa, Demandante y Apelante, v. The Fajardo Sugar Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2226.
    Resuelto en abril 19, 1921.
    Daños y Perjuicios — Accidentes del Trabajo — Res Tpsa Loquitur. — Aunque ge-neralmente las cortes federales parecen inclinarse a resolver que la doctrina de res ipsa loquitur no es aplicable a una acción por daños establecida por un empleado contra su patrono, la regla así establecida no es aplicable en las jurisdicciones en que rige el derecho civil donde la doctrina de eo-emplea-dos es desconocida j donde la máxima en cuestión está en completa armonía con los principios en que descansa el Código Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. J. B. Soto y A. García Veve.

    Abogado de la apelada: Sr. J. Sifre, Jr.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante interpone recurso de apelación contra una sentencia que declara sin lugar la demanda, dictada después de declarada con lugar una moción de non suit.

La principal, si no la única, cuestión envuelta es si la doctrina de res ipsa loquitur puede o no ser invocada en un caso establecido por un empleado contra su principal, y de ser así, si el principio envuelto es o no aplicable a los huellos de este caso.

La prqeba del demandante en tanto es pertinente a la cuestión es como sigue:

‘‘ Interrogatorio directo:
“¿Qué trabajo bacía Yd? — -En los platos.
“¿Qué trabajo bacía Yd. en los platos? — Limpiarlos.
“¿A qué platos se refiere Yd? — Yo estaba limpiando el plato No. 1.
“¿Pero quiero decir, plato de qué? — Un cuadro de material donde cae el guarapo.
“¿Eso es en la -fábrica? — Sí, señor.
“¿Allá por el mes de marzo de 1913 estaba Yd. haciendo ese trabajo? — Sí, señor.
“¿Mientras Yd. lo hacía le ocurrió a Yd. algún accidente? — Sí, señor.
“¿Qué sucedió? — Cuando acabé de limpiar el plato No. 1 que pasé para el 2, que iba a limpiar el 2, tenía que pasar por encima de un enrejillado que debajo queda una hamaca, cuando pasé fui a coger el rastrillo con que estaba limpiando el plato, afirmé el pie en el enrejillado y se rompió y ahí me cogió debajo y me rompió la pierna.
“¿-Qué quiere Yd. decir con eso que lo cogió debajo? — Que debajo estaba la hamaca.
‘ ‘ ¿ Cómo consecuencia de eso que le pasó ? — Se me rompió esta pierna.
“¿Por dónde? — Por debajo de la rodilla.
“¿Era necesario para Yd. pasar por encima del enrejillado para hacer el trabajo? — Sí, señor.
“¿Yd. tenía que pararse allí? — Sí, señor.
“¿Cuál era la función de ese enrejillado, con qué fin lo tenían allí? — Era para pasar por encima de él para limpiar el plato.
“¿Eso ocurrió de día o de noche? — De noche.
“¿A qué hora? — Como entre 11 y 12.
“Repreguntas:
“Yo quiero que Yd. le explique a la corte detalladamente qué clase de enrejillado es ese por el que Yd. tenía que pasar de manera que la corte sepa de qué aparato se trata, de cómo estaba aquello. — La clase de enrejillado ese era de unos tabloncillos y ahí debajo estaba la hamaca.
“¿Para qué era esa hamaca? — Esa hamaca era para recoger el bagazo cuando venía el guarapo en el cedazo.
“¿Entonces ahí había un sitio por donde pasaba esa hamaca que llevaba el bagazo a dónde? — La hamaca grande del trapiche.
‘ ‘ ¿ Sobre esa hamaca había un enrejillado ? — Sobre la hamaca chi-quita.
‘ ‘ ¿ Ese enrejillado de qué era, de hierro o de madera ? — De madera.
“¿Era un enrejillado que constaba de una sola pieza? — De dis-tintas piezas en tabloncillos.
“¿Que ancho tenía cada tabloncillo más o menos? — Como una pulgada y media o una pulgada y cuarto de uno a otro.
“¿Es decir que habían varios tabloncillos estrechos, uno pegado al otro? — Sí, señor.
“¿Porque sufrió Yd. ese accidente, qué fué lo que pasó? — Que yo tenía que limpiar el' plato No. 2 y al pasar por encima del enrejillado se rompió.
“¿Se rompió qué, todo o una de las tablitas o qué? — Unas ta-blitas.
“¿Cuántas tablitas, si Yd. lo sabe? — No me fijé en aquel mo-mento, por donde cupo el pie.
“¿Pero Yd. no sabe cuántas tablitas se rompieron? — No señor.”

Otro testigo dice:

£ ‘ Interrogatorio directo:
“¿Qué trabajo hacía Juan Correa en la central cuando Yd. lo vió? — El trabajo que tenía Juan Correa era de limpiar los platos del trapiche viejo de la central; tenía que limpiar tres platos.
“¿Ese trabajo de Juan Correa lo hizo de día o de noche? — De noche; trabajaba de las dos de la tarde hasta las seis de la mañana.
“¿Yd. sabe si mientras Juan Correa trabajaba en la Central ha-ciendo él trabajo que Yd. acaba de decir sufrió algún accidente?— Pues yo era trabajador de la central y traía las muestras del labora-torio de toda la central y cuando yo iba a buscar las muestras del laboratorio de los trapiches bajaba el señor Correa a limpiar los mencionados platos, se paró en un enrejillado de madera y al tiempo de limpiar los platos se rompió el dicho enrejillado.
“¿Y qué ocurrió con ese motivo? — Pues en ese momento el único que se encontraba allí era .yo porque era el que iba a coger las mues-tras y como,yo solo no podía con él, el rail le arrolló la pierna y le hizo la rotura y entonces vinieron los demás peones y me lo ayudaron a sacar.
“¿Vd. se fijó si el había sufrido algún golpe? — Sí, señor: porque la pierna la tenía arrollada con el mismo rail.
“¿Eso es lo que Raman la hamaca? — Sí, señor, un rail de hierro.
“¿A qué hora, ocurrió eso, de día o de noche?- — Eso ocurrió como entre 11 y 12 de la noche.
“¿Vd. ha manifestado que no había allí otra persona nada más que Vd? — -En la cuestión de haberse roto la pierna no había nadie allí, entonces a los gritos fué que vino la gente.
“Repreguntas:
“¿Este enrejillado era de madera? — Sí, señor.
“¿Cómo que ancho tenían las distintas tablas?' — Yo no puedo manifestar el ancho.
“¿Un pie? — No puedo decir.
“¿Medio pie? — No puedo decir.
“¿Dos pulgadas? — Tampoco puedo decir.
“¿Cuánto tiempo trabajó Vd. allí? — Como un año.
“¿Trabajó cerca de ese enrejillado cómo un año? — No señor.
“¿Cuánto tiempo trabajó Vd. allí cerca de ese enrejillado? — Yo no cogía muestras por ese enrejillado.
“¿Cuándo fué la primera vez que Vd. pasó por ese enrejillado el día ese del accidente, si es que Vd. pasó sobre él? — Lo que yo quiero saber es lo siguiente: Vd. dice que ha trabajado un año en la Central Fajardo? — No completo.
“¿Vd. pasaba a menudo por ese enrejillado? — Como no, pasaba.
“¿Vd. lo conocía? — Sí, señor.
“¿Sabía dónde estaba? — Sí, señor.
“¿Sabía que estaba hecho de madera? — Sí, señor.
“¿Vd. nunca se fijó en el ancho más o menos de una de esas tablas, esto es, si era de un pie o de dos pies o de medio pie o de tres pulgadas más o menos? — No tuve la precaución de fijarme por-que cuando yo iba a buscar las muestras no podía perder el tiempo.
‘ ‘ Interrogatorio directo:
“¿Pero Vd. vió el enrejillado? — Sí, señor.
“¿Vd. recuerda haberlo visto? — Sí, señor.
“Entonces, Vd. tiene que recordar más o menos el ancbo de la rejilla. La parte contraria no le pide a Vd. una medida exacta. — De poder ir una pierna.
“¿Vd. dice que era un enrejillado? — Sí, señor.
“No le pedimos a Vd. el ancbo de todo el puentecito sino de las tablas que formaban el enrejillado, ¿más'o menos que ancbo tenían? —Podían tener este ancho (aproximadamente tres pulgadas señala el testigo).
“Repreguntas:
“No es el.espacio entre tabla y tabla sino el ancbo de la tabla. ¿Eso es lo que Vd. .quiere decir que tenía tres pulgadas? — Eso.”

El apelante, además de la cita del caso de Sweeney v. Erving, 228 U. S. 233 y de varias decisiones de las cortes de último recurso de los diferentes Estados, insiste en que la ■doctrina invocada es peculiarmente aplicable en esta juris-dicción de acuerdo con las prescripciones de los artículos 1803, 1804 del Código Civil, en los cuales se funda esta acción ■como han sido interpretados por las cortes y comentaristas •españoles.

El abogado de la demandada sostiene desde luego un criterio contrario y cita el tomo 20 de Ruling Case Law, páginas 188, 189, sección 157, Sberman y Redfield sobre Ne-gligencia, tomo 1, página 442, el caso de Pérez v. Guánica Centrale, 17 D. P. R. 963, y un número de casos de Estados y Federales.

En el caso de Sweeney, la Corte Suprema de los Estados TJnidos dijo, lo siguiente:

£ ‘ La regla general en acciones de negligencia es que la mera prueba de un accidente (empleando la palabra en el sentido liberal y co-rriente) no crea ninguna presunción de negligencia; pero en la aplicación de este regla se reconoce que existe una clase de casos ■donde las circunstancias que rodean el suceso causativo del daño son dental carácter que ofrecen una base para inferir razonablemente que, si se hubiera usado el debido cuidado por la parte obligada a observarlo, el accidente no hubiera ocurrido. En tales casos se dice, res ipsa loquitur, la cosa, habla por sí misma; esto es, si no hay nada que explica o rebata la inferencia que surge de la manera en que aconteció el accidente puede justamente llegarse a la conclusión de que el mismo fué ocasionado por negligencia.”

En el caso de Ridge v. Norfolk Southern R. Co., L. R. A. 1917 E 215, la Corte Suprema de Carolina del Norte se refiere al caso citado en último lugar y a una decisión anterior, citado mucho más frecuentemente que ninguna otra por las cortes federales, para sostener la proposición de que la doctrina de res ipsa loquitur no es de aplicación a una acción establecida por un empleado contra su principal, a saber:

* * Algunos tratadistas expresan que la Corte Suprema de los Estados Unidos no reconoce esta doctrina en acciones entre el principal y el empleado y el caso de Patton v. Texas & P. R. Co., 179 U. S. 658, 45 L. ed. 361, 21 Sup. Ct. Rep. 275, se cita como auto-ridad para sostener este punto. La referencia en la opinión a esta doctrina se hace de paso, como se verá de una cuidadosa considera-ción de los hechos en ese caso. Pero aún cuando la corte así resol-viera en ese caso, la razón para privar a un demandante del beneficio de la doctrina cuando el demandante es un empleado del demandado deja de existir. Aquellos casos en que se niega la aplicabilidad de la doctrina en una acción seguida por un empleado contra su principal se fundan en la teoría de que el daño puede atribuirse a la negligencia de otro empleado, o a la negligencia contributoria del demandante con tanta razón como a la negligencia del principal. De acuerdo con la ley de responsabilidad de patronos la defensa de la doctrina relativa al co-empleado queda excluida como lo es la de negligencia contributoria hasta cierto punto. Por consiguiente, ha-biendo dejado de existir el motivo de la ley como ha sido expresado, la regla también deja de existir.
“En el reciente caso de Sweeney v. Erving, 228 U. S. 233, 57 L. ed. 815, 33 Sup. Ct. Rep. 416, Ann. Cas. 1914-D. 905, ya citado por nosotros, la doctrina de res ipsa loquitur es reconocida por la Corte Suprema de los Estados en una acción por daños y perjuicios cau-sados a la persona, establecida por un paciente contra un médico por el uso de los rayos X, y la cuestión de negligencia contributoria podría estar envuelta en tal caso.”

Ridge v. Norfolk Southern R. Co., es el caso “de Estado” mencionado en la segunda cita de la nota completa al caso de Midland Valley v. Fulgham, en el mismo volumen, página 1, donde encontramos lo siguiente en la página 77:

“En un caso Federal que se originó por virtud de una ley de Estado sobre responsabilidad de patronos, y en un caso de Estado que se promueve de acuerdo con la lejr fijando la responsabilidad de patronos se ba adoptado el criterio de que la derogación por esas leyes de la regla relativa al eo-empleado y la regla en cuanto a la asunción del riesgo, baee desaparecer el motivo que hay para la distinción entre el caso de un pasajero y el de un empleado, y que la doctrina federal que rechaza la regla res ipsa loquitur entre principal y empleado, no es de aplicación a un caso que surge por virtud de tales leyes. Y la Corte Suprema Federal recientemente ha obser-vado que la aplicación de la doctrina a casos que surgen por virtud de esa ley es ‘controvertible’ pero que no era necesario resolver la cuestión en ese caso. No parece improbable que este criterio podrá ser aceptado por las cortes federales, pues suministra un medio de eludir la doctrina que a menudo resulta fuerte e injusta contra el empleado. ’ ’

Labatt, después de discutir la regla general citada por el apelado eu este caso, o sea, que la negligencia no se infiere del mero hecho de ocurrir un accidente, en la página 4864, sección 1601, tomo 4 de. su Tratado sobre Principal y Em-pleado, dice lo siguiente:

“La restricción principal a que está sujeta la doctrina que se dis-cute en la sección anterior es la que surge de la aplicación de lo que suscintamente se denomina doctrina de res ipsa loquitur. El funda-mento de esta doctrina es que en ‘algunos casos la naturaleza misma de la acción puede por sí y por medio de la presunción que lleva con-sigo suplir la prueba que se requiere. ’ Es aplicable ‘ cuando según las circunstancias que se revelan, el accidente se presume que no hubiera ocurrido de haberse ejercitado debido cuidado.’ Su valor esencial es que según los hechos probados el demandante ha presentado un caso prima facie sin prueba directa de negligencia.
“Por virtud de la aplicación de la presunción así establecida el peso de la prueba pasa al demandado, quedando en él hasta que haya presentado alguna prueba que tienda a establecer que está libre de culpa. Sin embargo, el peso de la prueba que en él recae, no es el de explicar satisfactoriamente el accidente, sino meramente el probar que empleó debido cuidado.
“La doctrina no prescinde de la regla cíe que la parte que alega, negligencia debe probarla. Meramente determina la forma de pro-barla, o lo que ha de ser prima facie prueba de negligencia.
“(En un- gran número 'de casos, especialmente de las cortes fe-derales, el lenguaje empleado no admite otra interpretación que no sea la de que la corte sostiene que la máxima nunca tiene aplicación en un caso entre el principal y empleado. No se da ninguna razón satisfactoria de por qué la máxima no debe aplicarse en tales casos, aunque su aplicación se restringe en cierto modo debido a las regias subsidiarias qúe regulan tal relación.) ”

Y en un número considerable de casos federales las cortes lian mostrado una fuerte disposición a hacer caso omiso o restringir la regia que se sugiere en lo que de paso expresa la Corte Suprema en el caso de Patton.

En el caso Farmers Loan & Trust Co. v. Toledo A. A. and N. M. Railroad Company, 67 Fed. 73, en el cual “la muerte del maquinista y fogonero se ocasionaron por el des-carrilamiento y vuelco de la máquina,” se resolvió que—

“El hecho de que el accidente ocurriera por descarrilamiento del tren, o lo que quizás es lo mismo que un. descarrilamiento por un derrumbe y el aflojamiento del cimiento del camino, establece un caso prima facie de negligencia que el depositario está en el deber de destruir mediante prueba. *, * * ”

En el caso de Byers v. Carnegie Steel Company, 159 Fed. 347, la Corte de Circuito de Apelaciones, Sexto Circuito, des-pués de indicar que la regla establecida en el caso de Patton se funda en “el contrato en particular del empleado por el cual asume los riesgos incidentales a su empleo, incluyendo la negligencia de sus compañeros de empleo (fellow servants) y el requisito que surge como consecuencia de que el empleado lesionado demuestre que la, lesión de que se queja fue la consecuencia del riesgo que no asumió,” agrega que—

“ * * * no hay regla inflexible de que la doctrina de res ipsa loquitur no puede de modo alguno ser aplicada a un caso seguido por un empleado contra un principal por una lesión negligente. Por el contrario, la regla referida ha sido aplicada en numerosos casos de esa naturaleza, estando determinada la aplicación de la regia por las circunstancias bajo las cuales el accidente se demuestra que tuvo lugar. ’ ’

Y un número de casos de Estados se citan entonces con aprobación para explicar la proposición citada últimamente.

Hacemos la siguiente cita de la opinión en el caso de Lucid v. Du Pont de Nemours Powder Company, 199 Fed. 377:

“Se alega que por la relación de hechos alegados en la demanda surge una causa de acción a favor del demandante en error y una presunción de negligencia por parte del demandado en error o, en otras palabras, que el hecho habla por sí (res ipsa- loquitur). La doctrina de res ipsa loquitur envuelve una excepción a la regla general de que debe probarse afirmativamente la negligencia y que no ha de inferirse, y la doctrina ha de aplicarse solamente cuando la naturaleza del accidente mismo no solamente sostiene la inferencia de la negligencia del demandado sino que excluye todas las demás.
“La regla general es que en acciones establecidas por empleados contra sus patronos por lesiones causadas por negligencia, el mero hecho de la lesión no crea presunción ninguna de negligencia por parte del principal y que la doctrina de res, ipsa loquitur no es de aplicación. Chicago & N. W. Ry. Co. v. O’Brien, 132 Fed. 593, 67 C. C. A. 421; Northern Pac. Ry. Co. v. Dixon, 139 Fed. 737, 71 C. C. A. 555; Shandrow v. Chicago St. P. M. & O. Ry. Co., 142 Fed. 320, 73 C. C. A. 430; Omaha Packing Co. v. Sanduski, 155 Fed. 897, 84 C. C. A. 89, 19 L. R. A. (N. S.) 355; Patton v. Illinois Cent. R. Co. (C. C.) 179 Fed. 530; Midland Valley R. Co. v. Fulgham, 181 Fed. 91, 104 C. C. A. 151; Montbriand v. Chicago, St. P. M., & O. Ry. Co., (C. C.) 191 Fed. 988. La razón de la regla es que general-mente puede saberse con certeza razonable que la lesión no se oca-sionó por la negligencia de ningún otro empleado, o que no resultó del riesgo del empleo que el empleado asumió, incluyendo el de la negligencia de sus compañeros de empleo (fellow servants). En el caso de Patton v. Pac. Ry. Co., 179 U. S. 658, 21 Sup. Ct. 275, 45 L. Ed. 361, la corte dijo lo siguiente:
“ ‘Cuando la prueba deja incierta la cuestión y muestra que cual-quiera de media docena de cosas han podido dar lugar a lesión, por algunas de las cuales el patrono es responsable y por otras no lo es, no incumbe al jurado adivinar entre estas media docena de causas y declarar que la negligencia del patrono fué la verdadera causa, cuando no hay una base satisfactoria en la prueba para esa con-clusión. ’
“Pero la regla no es inexorable y hay casos en los cuales la má-xima res ipsa loquitur debe resolverse que es de aplicación aun a ac-ciones establecidas por empleados contra sus patronos. Tal caso- fué reconocido por la Corte de Circuito de Apelaciones del Sexto Circuito en el caso de Byers v. Carnegie Steel Co., 159 Fed. 347, 86 C. C. A. 347, 16 L. R. A. (N. S.) 214, en el cual se resolvió que cuando la naturaleza del accidente y las circunstancias bajo las cuales tuvo lugar son tales que indican decididamente una condición anormal y peligrosa de la maquinaria y su larga y continuada existencia bajo circunstancias que indicaban que el patrono ejercitando cuidado razo-nable debió haber conocido tal condición y que el empleado no asumió ningún riesgo por ello, la relación de patrono y empleado no prohibe la inferencia de la negligencia del patrono en vista del hecho del accidente.
“En el caso de Westland v. Gold Coin Mines Co., 101 Fed. 59, 41 C. C. A. 193 el demandante había construido un aparato protector para el uso de sus empleados en una estrecha y oscura grieta de una mina, 900 pies bajo la superficie de la tierra, sabiendo que sería car-gada de cuando en cuando con toneladas de tierra y de roca, pero que el aparato protector era de insuficiente resistencia o había sido indebidamente construido, y se derrumbó causando la muerte del causante del demandante. El Juez Thayer, al emitir la opinión del tribunal, dijo lo siguiente:
“ ‘El hecho de que el aparato protector se cayera demuestra que era deficiente para sostener la carga que se le puso cuando se cayó. El caso que consideramos, pues, no es de la clase en que puede decirse que el hecho de. ocurrir el accidente no suministrara prueba alguna de negligencia.’
* # ■ é * * j» #
“La parte sustancial de la demanda donde se imputa negligencia en el presente caso es que el demandado negligente y descuidamente tenía y guardaba almacenada en el edificio en donde estaba dedicado a la manufactura de dinamita, una gran cantidad de dinamita y de otros explosivos peligrosos, aproximadamente 30,000 libras. De la misma naturaleza de las alegaciones, la asunción de que la negligencia ha podido ser el acto de otro empleado queda excluida, y parece por tanto que la máxima ‘res ipsa loquitur’ debe ser de aplicación; pues la defensa de la asunción del riesgo es una que de acuerdo con la práctica en California debe alegarse por el demandado.” Magee v. North Pac. C. R. Co., 78 Cal. 430, 21 Pac. 114, 12 A. S. R. 69.

En el caso American Car & Foundry Company v. Schachlewich, 229 Fed. 559, el penúltimo párrafo de la opinión dice lo siguiente:

“La única cuestión envuelta es si la corte cometió error al negar un veredicto dictado a favor del demandado como fué solicitado. Es la ley establecida de las cortes de los Estados Unidos que para bacer ■responsable a un principal por lesiones causadas a un empleado, el empleado debe probar por prueba satisfactoria que el principal fué negligente en la forma alegada en la demanda y que tal negligencia fué la causa de la lesión. La máxima de res ipsa loquitur no es de .aplicación cuando existe la relación de principal y empleado. Patton v. Texas & Pacific R. R. Co., 179 U. S. 658, 21 Sup. Ct. 275, 45 L. Ed. 361; L. Ed. 564; American Car & Foundry Company v. Dieta, 121 C. C. A. 593, 203 Fed. 469. Según el criterio del que firma esta opinión, todo lo que puedel decirse en favor de esta regla es que tiene la sanción del tiempo y la regla de stare decisis no permite a las cortes desatenderla. El departamento legislativo del gobierno única-mente puede cambiar la regla.”

T la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Minn. & St. Louis Railroad Company v. Gobzchall, 244 U. S. 66, al sostener que envista de la Ley de Aparatos de Seguridad (Safety Applicance Act) puede inferirse negligencia de la mera separación de las uniones de un tren que lleva artículos •de comercio entre Estados y que produce como consecuencia la muerte del guardafrenos, se refiere a la doctrina de Patton v. Texas & Pacific Ry. Co., supra, y Looney v. Metropolitan Railroad Company, 200 U. S. 480 como regia “al efecto de que la negligencia no puede inferirse de la mera ocurrencia ■de un accidente excepto bajo las circunstancias más excep-cionales.” Esta interpretación del caso de Patton parece •estar algo en harmonía con la sugerida en los casos de Lucid y Byers a la luz de la cita comprendida en lo arriba trans-crito del caso de Lucid, que también se copia al pie de la letra en el de Byers, y al cual frecuentemente se Race refe-renda en otras decisiones.

Yéase también el caso de Standard Oil Company v. Brown,. 218 U. S. 78 y casos citados.

Pero aparte de cualquier metamorfosis problemática de la regla en las Cortes Federales, y sin tener en cuenta el efecto cualquiera que pueda ser de las decisiones federales en jurisdicciones donde prevalece la doctrina del co-empleado,, difícilmente pueden ser consideradas como obligatorias para las cortes de esta Isla donde este decadente aunque rela-tivamente moderno derecho de la Ley Común es descono-cido y donde tanto el derecho de acción como la responsa-bilidad son de origen estatutorio. No tememos la suerte de Escocia donde la doctrina de empleo común “no fué tan adop-tada de Inglaterra como introducida en las cortes de Escocia por las decisiones de la Cámara de los Lores” con el resul-tado de que en una jurisdicción “en la cual la Ley Civil su-ministra en gran modo la base de la jurisprudencia adminis-trada se aplica ahora una doctrina que ha sido repudiada en todos los demás países en los cuales ese sistema prevalece.” 5 Labatt, 6155; sección 1991.

La importante nota al caso de Midland Valley R. Co. v. Fulgham, supra, después de indicar la necesidad de cautela en aceptar el resultado en un solo caso como autoridad para el criterio de que la regla en su sentido estricto y terminante jamás tiene aplicación entre principal y empleado, dice lo-siguiente:

“Si sólo hubieran de considerarse las declaraciones generales de-las opiniones, el peso de las autoridades tal vez sostendría ese cri-terio y como iya se ha indicado, existen muchas autoridades en su apoyo aun cuando las declaraciones generales en casos particulares-se comprueban por los resultados y por comparación con los otros-casos de la jurisdicción. Sin embargo, un examen de todo el número-de casos sobre la materia parece confirmar la conclusión expresada en la nota en el Tomo 6, L. R. A. (N. S.) p. 302, de que la relación-de principal y empleado no es necesariamente fatal para la aplicación; de la regla, aunque la regla tiene un alcance mucho mas restringido entre partes en esa relación que entre el portador y el pasajero, por lo menos en casos sujetos a los principios de derecho sustantivo comr prendidos en la regla relativa a compañeros de empleo y la regla respecto a la asunción del riesgo. La derogación estatutoria de esas reglas quita uno de los principales sostenes de la doctrina de que la relación de principal y empleado es necesariamente fatal a la regla, y amplía el alcance de la regla en aquellas jurisdicciones que sostienen un criterio opuesto.”

Hacemos la siguiente cita de la sección 9 de la misma nota en' donde se discute la aplicación de la regla de otro aviso del defecto en la página 59, a saber:

“Bn la Ley Común y de acuerdo con muchos estatutos el principal no es responsable por una lesión a un empleado como consecuencia de un defecto en un sitio o aparato a menos que él supiera, o en el ejercicio de cuidado ordinario lo hubiera sabido, y como cuestión de derecho sustantivo se sostiene o presume generalmente que tal cono-cimiento es parte del caso del demandante más bien que esa falta de negligencia es una defensa afirmativa. Este criterio, sin embargo, no envuelve una negativa de la aplicabilidad de la regla res ipsa lo-quiiur al elemento de conocimiento o aviso, sino que, por el contrario, de lugar a la ocasión y necesidad de invocar la regla sobre este aspecto del caso.
“En muchos casos la dificultad que- tiene el demandante no es de hacer una demostración prima fade de un defecto en el lugar o aparato, sino en demostrar que el principal sabía o debía haber cono-cido el defecto. Verdaderamente la prueba de que el aparato se rompió mientras se usaba por el empleado con el debido cuidado para el fin a que generalmente se destinaba, presenta un caso prima facie, si no conclusivo en tanto se trata de la existencia del defecto o de la impropiedad del aparato. Basado en la hipótesis que com-prende el uso debido del aparato no parece necesaria invocar la regla res ipsa loquiiur en un sentido terminante para establecer la existencia de un defecto, aun cuando el caso esté desprovisto de todas las demás circunstancias tendentes a indicar su existencia. * * *
“Las cortes convienen en que el aviso directo o indirecto,’puede probarse por las circunstancias, pero no pocas veces se pronuncian en contra del empleado por el fundamento de que si bien las circuns-tancias son suficientes para establecer prima facie la existencia de un defecto en un lugar, aparato o instrumento, no hay prueba directa o circunstancial que tenga ninguna tendencia a demostrar que el principal conocía, o en el ejercicio de un cuidado razonable hubiera cono-cido el defecto a tiempo para haberlo remediado, sin prestar debida consideración a la cuestión invocando la regla res ipsa loquitur en su sentido estricto y terminante, esto es, como una regla que por el mero hecho del accidente y su causa o causas físicas, sin otra cosa, permita la presunción o inferencia de negligencia incluyendo ambos de sus elementos, o sea, la existencia del defecto y el conocimiento del principal, o la oportunidad de haber conocido el defecto.
“Es verdad que aunque la experiencia enseña que los defectos del carácter en cuestión pueden generalmente evitarse mediante él ejercicio de un debido cuidado por parte del principal, las circuns-tancias del caso en particular pueden demostrar que el defecto en particular en cuestión no pudo haber sido evitado o advertido por el ejercicio de tal cuidado; o la prueba afirmativa en cuanto al cuidado .empleado para impedir o advertir los defectos puede concluyente-mente rechazar cualquier presunción o inferencia de negligencia, im-pidiendo así la aplicación de la regla. Sin embargo, a pesar de estas posibles razones por las cuales no debe invocarse la doctrina de res ipsa loquitur en un caso particular para suplir la falta de circuns-tancias tendentes a indicar que el defecto pudo haber sido advertido mediante el ejercicio de debido cuidado por parte del principal, la corte no debe desestimar la petición del demandante debido a la falta de tales circunstancias bajo la impresión de que la prueba directa o circunstancial para probar el aviso u oportunidad de conocer el de-fecto en una condición necesaria de la regla res ipsa loquitur, puesto que la falta de tal prueba no solamente no destruye la regla sino que establece la verdadera necesidad y ocasión de invocarla.”

Examinando ahora la nota del caso Fitzgerald v. Southern R. Co., supra, 6 L. R. A. (N. S.) en la página 356, se dice:

“Quizás la ampliación más clara de la naturaleza y función de la regla res ipsa loquitur y su aplicabilidad entre principal y em-pleado puede encontrarse en la opinión del caso Chenall v. Palmer Brick Co., 117 Ga. 106, 43 S. E. 443, y la opinión por virtud de la siguiente apelación en el mismo caso (119 Ga. 837, 47 S. E. 329). La acción en ese caso fue establecida por un empleado contra el principal por la caída de un arco de ladrillo que había sido construido por este último.”

En la primera apelación en el caso de Chenall el Juez Lamar, hablando a nombre de la corte, dijo lo siguiente:

“Hay una disposición a argumentar que toda lesión es el resul-tado de la negligencia de alguno, pero en muchos casos la lesión es un mero accidente o casualidad de la cual humanamente hablando nadie puede ser censurado. En otros, la persona lesionada tiene culpa; en algunos su negligencia contribuye^ al accidente; en otros un compañero. En todos esos casos la máxima res ipsa loquitur su-ministra poca o ninguna ayuda al jurado ¡ pues aún suponiendo que la lesión misma denota negligencia nada dice respecto a quien fué negligente y no determina base alguna para resolver si el deman-dante, el demandado, un empleado, o algún particular no ha sido culpable. Hay otros casos en los cuales cuando se demuestra que el demandado poseía o tenía dominio sobre la cosa, la cual, de estar debidamente construida, conservada o manejada en el curso ordinario de los sucesos no funcionaba de modo que pudiera perjudicar a aqué-llos que se encontraban a su alrededor, la prueba de que se causó por tal cosa proporciona prueba razonable de que la lesión fué ocasionada por falta de cuidado ordinario. Prima fade, esa falta de debido cui-dado debe atribuirse a aquél bajo cuyo manejo y control el instru-mento que ocasionó la lesión se encontraba. El jurado.no estaría justificado en su razonamiento en una forma estrictamente lógica: 'Los edificios no se derrumban sin negligencia; este edificio se de-rrumbó; por tanto hubo negligencia;’ pues los edificios se caen sin que nadie sea culpable, y como resultado de una inundación y tor-menta. Pero generalmente las causas extraordinarias y externas deben considerarse como la excepción que ha de ser ■ establecida por el demandado. Todo lo que se exigiría que el demandante hiciera en el primer caso, es demostrar que el demandado era dueño, funcio-naba y tenía o controlaba la cosa y era responsable del manejo y sostenimiento de la cosa que ocasionó el daño; que el accidente era de tal naturaleza que a falta de prueba de alguna causa externa no ocurre generalmente sin negligencia. Cuando ha probado esto él ha echado el peso de la prueba al demandado, quién entonces puede proceder a demostrar que el accidente se ocasionó por fuerza mayor (vis major), o por otras causas de las cuales no era responsable.
“Es cosa más bien extraordinaria, que en la multitud de casos sobre lesiones personales resueltos por esta corte en ninguno de ellos se ha invocado directamente la máxima res ipsa loquitur. Yonge v. Eirmey, 28 Ga. 111. Sin embargo, está tan bien fundado en la razón y tan sostenido por las autoridades que no es necesario bacer citas completas. La exposición más adecuada y concisa del principio se encuentra en' el caso principal de Scott v. London & St. Katherine Docks Co., 3 Hurl & C. 596, en el cual el demandante recibió lesiones por la caída de sacos de azúcar que se bajaban del almacén del de-mandado, y la corte declaró lo siguiente: ‘Debe haber prueba razo-nable de negligencia; pero cuando se demuestra que la cosa está bajo el manejo del demandado o de sus empleados y el accidente es tal que en el curso ordinario de las cosas no' tiene lugar si aquellas per-sonas que tienen el manejo emplean el debido cuidado, suministra prueba razonable a falta de explicación por el demandado, de que el accidente se originó por falta de cuidado.’ Un caso que es algo más aplicable es el de Waterhouse v. Brewing Company, 48 L. R. A. 157 (a), 159, en el cual el edificio había permanecido en pie por diez años y el demandado insistió en que ese hecho contradijo la alega-ción de que el edificio había sido construido negligentemente. La corte, sin embargo, dijo: ‘Considerado el hecho de que el edificio se cayó por su propio peso sin ninguna violencia externa, sería una presunción razonable que su caída se debió a causas adecuadas, una de las más naturales sería la negligencia y construcción defectuosa del edificio mismo.’ Aunque el principal no era un garantizador, estaba, sin embargo, obligado a ejercitar debido cuidado en suminis-trar al empleado un sitio seguro en donde hacer el trabajo (Preston v. Central R. Co., 84 Ga. 590), y no podía eludir su obligación encar-gando de tal obligación a un empleado. Southern Baucits Co. v. Fuller, 116 Ga. 695.” • . .

Y al volver el caso por segunda vez, la Corte de Georgia, por medio del Juez, Sr. Cobb, con la misma claridad volvió a expresar este criterio de la cuestión en los siguientes tér-minos :

‘ ‘ Cuando el caso estuvo aquí antes hubo una resolución terminante en el sentido -de que la máxima res ipsa loquitur sería aplicable a una acción seguida por un empleado contra un principal. Aunque concebimos que esta es una proposición respecto a la cual las cortes de ningún modo están de acuerdo y las resoluciones más antiguas generalmente son en sentido contrario, sin embargo hay muchas deci-siones de cortes americanas que resuelven que, bajo determinadas circunstancias, esta máxima es aplicable a casos como el que se lia citado, y la tendencia de las autoridades americanas parece pronun-ciarse ahora en ese sentido, ann cuando el curso no es en ese sentido. Yéase 2 Rabat’s Master & Servant, sección 834 y citación en la nota octava. Aunque la máxima se aplica con gran cautela en cualquier clase de casos, mayor cautela debe ejercitarse al determinar su apli-cación a un pleito seguido por un empleado contra el principal debido a que el peso de la prueba incumbe al empleado lo mismo que las presunciones que existen a favor del principal. Un empleado que demanda a su principal por daños y perjuicios debido a la negli-gencia que se alega impone a él el peso de probar no solamente el debido cuidado por su parte, sino que él principal también fué negli-gente. Excepto en el caso en que el principal demandado es una compañía de ferrocarriles, el empleado no puede bajo ninguna cir-cunstancia invocar en su contra ninguna presunción de ley que tenga el efecto de relevarle de su obligación de establecer la existencia de la negligencia por prueba de hechos necesarios a ese objeto. Por otra parte el principal tiene-a su favor dos presunciones de ley:' la primera, que ha cumplido con todo su deber hacia el empleado en cuanto a los medios, lugar de trabajo y empleados; y segundo que el empleado ha asumido todos los riesgos generales y ordinarios del. negocio. Antes de que el empleado pueda recobrar debe destruir por prueba de 'los hechos necesarios a ese objeto estas dos presunciones que la ley supone en favor del principal. Se exige al empleado 'que pruebe la negligencia, pero él ha de llevar el peso de la prueba que la ley le impone lo mismo que cualquier otro litigante y debe cumplir con los requisitos de la ley, ya por prueba directa o circunstancial. Si puede -mediante prueba de una serie de circunstancias establecer que ha ejercitado debido cuidado y que el principal fué negligente, puede confiar en las circunstancias para recobrar aun en ausencia de cualquier prueba directa sobre la cuestión de su propia conducta o la de su principal. La máxima res ipsa loquitur es simplemente una regla de evidencia. La regla general es que" la negligencia nunca se presume del mero hecho de la lesión, sin embargo, la forma en que tiene lugar el accidente que causa el daño del cual se queja, o las circunstancias concurrentes algunas veces pueden justificar la infe-rencia de negligencia. A veces se dice que justifica la presunción de negligencia; pero la presunción a que se ha hecho referencia no es de ley sino de hecho. Es, sin embargo, más correcto y menos confuso referirse a ella como inferencia más bien que' presunción; y no una inferencia que la ley deduce del hecho, sino una inferencia que el jurado está autorizado para deducir y no una inferencia que el jurado está' obligado a establecer. En el juicio de una acción se-guida por un empleado contra un principal cuando se ha demostrado que el empleado ejercitaba el debido cuidado y la forma de la lesión o las circunstancias concurrentes son tales que la lesión no pudo haber tenido lugar a menos que el principal hubiera sido negligente de alguna manera en lo que la ley le exigía que fuese diligente para la seguridad del empleado, entonces el jurado podía estar autorizado para inferir que el principal había sido negligente en cuanto a la materia que constituye la base de la acción y estaría autorizado para establecer una conclusión basada en tal inferencia a falta de una obligación que fuese satisfactoria a ellos; y no es necesario que esta explicación le satisfaga en cuanto a la causa de la lesión, sino una explicación que satisfaga simplemente en cuanto a que el principal ha ejercitado toda la diligencia que la ley le exige y que será sufi-ciente para rebatir la inferencia de negligencia que resulta del acci-dente, aún cuando la causa de éste podía aún estar envuelta en un misterio sin solución.
« =» # * # # #
“La aplicación de la máxima res ipsa loquitur no cambia un ápice de la ley de principal y empleado sino simplemente suministra en algunos casos raros un medio de prueba al cual puede recurrir el empleado para llevar el peso de la prueba que la ley le impone en un caso en el cual él demanda a su principal por negligencia. En estos casos que ocurren raras veces (pues la máxima solamente tiene aplicación a casos que no tienen lugar ordinaria y generalmente, la máxima proporciona al empleado una oportunidad para exigir del jurado la inferencia de los hechos en que él ha de fundarse como prueba de aquella que la ley exige que pruebe. La inferencia es solamente prima facie, generalmente sencilla y puede ser fácilmente destruida. ’ ’

Pasemos ahora al segundo aspecto del presente caso:

“Una proposición que ha sido frecuentemente enunciada por las cortes como que ha venido a ser axiomática es la de que prima facie un empleado no asume ningún riesgo que puede ser quitado por el ejercicio del cuidado razonable por parte del principal. En otras palabras, los riesgos anormales, no corrientes, o extraordinarios que el empleado no asume como incidentales al trabajo realizado por él, sino aquellos que no habrían existido si el principal hubiera cumplido sus deberes contractuales.” 3 Labatt, pág. 2386, sección 894.
“El grado de cuidado que se exige a un principal para proteger a sus empleados contra una lesión es adoptar todas las medidas razo-nables y precauciones para obtener la seguridad de sus empleados mientras se encuentran en el cumplimiento de su trabajo. Lo que ha de ser considerado como ‘ debido cuidado ’ • lia de ‘ estimarse por virtud de una consideración de los hechos de cada caso en particular.’ Es ‘aquel cuidado que los hombres razonables y prudentes emplean bajo circunstancias semejantes.’ El cuidado que. asume tal hombre para los fines de esta regla que ha de ejercitar, es aquél que ejerci-taría para su propia seguridad si el medio en cuestión fué suminis-trado para su propio uso personal. Esto es, se exige a un principal que suministre ‘tales (aparatos) como aquellos que un hombre pru-dente suministraría si su vida misma estuviera expuesta a peligro y esto resultaría debido a aparatos inadecuados o inseguros.’
“En el caso de una corporación la obligación es emplear ‘tal vigi-lancia, cautela y previsión, que bajo todas las circunstancias del ser-vicio en particular debe ejercitar una corporación administrada por funcionarios cuidadosos y prudentes.’ Idem, pág. 2403, sección 908.
“La bien conocida definición que sobre negligencia da Willes, J., a saber, ‘la ausencia de cuidado, según las circunstancias’ es apli-cable a los casos que envuelven lesiones a empleados. El grado de cuidado, por tanto, que el principal está obligado a ejercitar se calcula por los peligros que han de advertirse o evitarse, o como se dice en otros casos ‘ deben ser proporcionales al carácter peligroso de los medios, instrumentos y maquinaria usada,’ o, como dice la Corte Suprema de los Estados Unidos, ‘el principal está obligado a observar todo el cuidado que la prudencia y las exigencias del caso requieren, en suministrar al empleado la maquinaria u otros medios debidamente seguros para el uso de este último.’ ” Idem, pág. 2414, sección 908.

Y la regia en las jurisdicciones de la Ley Civil es, por así decirlo, no menos favorable al empleado.

“Los dueños de establecimientos industriales están obligados a proveer todo lo necesario para la seguridad de los trabajos por ellos empleados y son responsables en cuanto a esos trabajadores de todos los accidentes y lesiones que puedan tener lugar, bien por defectos de construcción, o por no tener en la debida condición la maquinaria y aparatos, o por la negligencia o falta de habilidad de los empleados que vigilan los diferentes’ departamentos del negocio.” 5 Labatt, pág. 6146, sección 1968.

En el presente caso el demandante, en el cumplimiento de su. deber como empleado del demandado,- se le exigía pasar y pararse en nn enrejillado de madera qne había suminis-trado y tenía el demandado para ese ñn, debajo del cual ha-bía maquinaria en movimiento. No aparece que el deman-dante tuviera culpa. Si el enrejillado hubiera estado en de-bida condición la lesión no se hubiera ocasionado. Tanto el enrejillado como la maquinaria estaban exclusivamente bajo el control del demandado, quien tenía el deber de tomar pre-cauciones razonables con relación al peligro que había a fin de tener dicho enrejillado en la debida condición. En el curso ordinario y corriente de las cosas la lesión no hubiera tenido lugar, de haberse cumplido con ese deber. Estas circunstan-cias levantan una inferencia de negligencia por parte del de-mandado que este puede destruir mediante explicación acep-table. Por supuesto, si la causa de la lesión fué una que no pudo haber sido prevista y evitada, la demandada no era culpable, pero a falta de eso o de otra explicación habría motivo bastante para sostener la conclusión de que era culpable.

La anterior reseña de las circunstancias del caso no es sino una paráfrasis en tanto no se sigue literalmente el len-guaje empleado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de San Juan Light Company v. Requena, 224 U. S. 89, en donde los hechos enumerados se consideran que jus-tificaban la aplicación dada por nuestra Corte Federal local a “la doctrina de res ipsa, loquitur, que es cuando una cosa que causa una lesión sin culpa de la persona perjudicada se demuestra que estaba bajo el exclusivo control del demandado y la lesión es tal que en el curso ordinario de las cosas no tiene lugar si la persona que tiene tal control emplea el de-bido cuidado, suministra una prueba razonable en ausencia de explicación, de que la lesión se originó por la falta de cuidado del demandado.”

Será bastante con añadir que el caso de Pérez v. Guánica Centrale, s%ipra, citado por el apelado no es en manera al-gruía de aplicación, como se verá inmediatamente de una lectura de cualquiera de las dos opiniones emitidas en ese caso.

La sentencia apelada debe ser revocada, devolviéndose el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada y devtielto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Sucesión de Juan Suro, Demandante y Apelante, v. Sucesión de Encarnación Prado et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre inexistencia de contrato y otros extremos.
    No. 2177.
    Resuelto en abril 21, 1921.
    Desestimación de Apelación — Alegato Deficiente — Señalamiento de Erro-res. — Un alegato en el que meramente se copian las alegaciones y la opinión de la corte y en el que se pretende discutir supuestos errores sin hacerse una breve relación de los hechos y un claro señalamiento de tales errores, no cumple con los requisitos exigidos por las reglas 42 y 43 del Reglamento del Tribunal Supremo por lo cual procede la desestimación del recurso.
    Los beefios están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Rincón é Barriera y J. Hernández López.

    Abogados de los apelados: Sres. Alvarez Nava & Dominguez y F. Soto Qras.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Después de varias prórrogas del término para presentar su alegato y de babér señalado esta corte un día para oir a las partes con el fin de resolver si debía concederse otra prórroga, el apelante radicó finalmente su pretendido alegato que contenía unas ochenta páginas. En él copia el apelante extensamente las alegaciones y opinión de la corte, que cons-tan de sesenta y dos páginas en maquinilla, pero no presentó una breve exposición de los hechos y dejó asimismo de pre-sentar un señalamiento de errores. Los apelados solicitaron la desestimación de la apelación.

En el alegato se discuten al parecer un número de errores sin una clara determinación de los. mismos y se trata de cues-tiones que envuelven un conflicto en la prueba, de modo que la corte tendría que recurrir a los autos sin una especificación de las páginas en las cuales estarían justificadas las alega-ciones de los apelantes. El alegato además de las cosas in-necesarias que en él se copian de los autos no es una noti-ficación suficiente a la parte contraria, de las cuestiones en que se ha de insistir en la vista y sería de muy poca ayuda para la corte. En él no se cumple con las regias 42 y 43 del reglamento de este tribunal toda vez que no hay señala-miento de error ni ninguna relación concisa de los hechos, y de acuerdo con la regia 60, como ha sido solicitado por los apelados, la apelación debe ser desestimada. Roig v. Pérez, 27 D. P. R. 312; Goble & Jiménez v. Truyol, 27 D. P. R. 392.

Ejercitamos nuestra discreción en esta forma con menos vacilación puesto que el pleito en cuestión ha estado pen-diente por largo tiempo y la apelación no ha sido seguida con vigor.

Desestimada la apelación interpuesta.

Jueces concurrentes: Sros. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.


text:
    Benítez et al., Demandantes y Apelados, v. Bernabe, Demandado, y García, Interventor y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, , Sección Primera, en pleito sobre reivindicación.
    No. 2271.
    Resuelto en abril 22, 1921.
    Reivindicación — Apreciación de Prueba Contradictoria. — Cuando el demandante en una acción reivindieatoria prueba su título a una finca de treinta cuerdas que de no concederse la reivindicación quedaría reducida a poco más de veinte cuerdas y el demandado por otra parte prueba que la colindancia Norte de la parcela de ocho cuerdas que se trata de reivindicar no aparece como parte de la colindaneia Norte de la finca principal en el título pre-sentado por los demandantes, y la prueba es asimismo contradictoria en otros muchos respectos, la apreciación que de la misma haya hecho la corte inferior no será modificada en apelación según jurisprudencia constante de esta corte.
    iDj — Traspaso de la Posesión Después de Entablada la Reivindicación.— Aunque el derecho de un demandante a reivindicar debe nacer de la virtuali-dad de su título, sin embargo, cuando un demandado traspasa la posesión post litem motam de la finca reclamada, tal hecho, que equivale a algo así como una fuga en casos criminales, merece alguna consideración.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. J. G. Torres.

    Abogado de los apelados: Sr. M. Moraga.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes en este caso alegaron esencialmente que eran los dueños de dos fincas rústicas en Río Piedras (des-cribiéndolas,) que su causante permitió al demandado que viviera en una parte de la finca compuesta de ocho cuerdas que era una segregación de la segunda de las dos fincas de treinta cuerdas y que dicho demandado detentaba dicha finca de los demandantes sin derecho o título a ella. Aunque en la demanda se hacían relaciones respecto a la prueba lo cual era innecesario, los referidos hechos esenciales estuvieron bastante bien alegados y dicha demanda era suficiente.

El demandado contestó haciendo una negativa general y compareció entonces Octavio García Salgado solicitando que se le permitiera intervenir en el pleito como verdadero dueño de la finca que se trataba de reivindicar. Fué concedido el permiso. El juicio se celebró y dictó sentencia a favor de los demandantes.

En su opinión la corte sentenciadora dijo, que quizás se hubiera hecho difícil a la corte llegar a la identificación de la finca si el interventor no hubiera admitido su posesión de dicha finca. El apelante insiste en que todo lo que él admitió fué que la finca descrita era suya y que no admitió que las ocho cuerdas habían sido separadas, o eran parte de las treinta cuerdas a las cuales los demandantes presentaron título.

No sabemos por qué los demandantes creyeron necesario describir dos fincas de treinta cuerdas cada una en su de-manda, pero suponemos que fué porque eran contiguas y pa-gaban contribuciones sobre ellas como una sola finca, y qui-zás para adelantar la defensa de que estas segundas treinta cuerdas podían explicarse por referencia a las primeras treinta.

Convenimos en que el interventor no hizo más admisiones que las que se alegan, pero también vemos que la corte no quiso decir nada más, pues después de hacer la manifesta-ción alegada pasó la corte a expresar lo siguiente:

“Del conjunto de la prueba puede llegarse y la corte llega a la conclusión de que las ocho cuerdas de terreno reclamadas, eran parte de una finca de 30 cuerdas que adquirió Francisco Bibiano de la Cruz por compra a José García por escritura pública ante el notario don Mauricio Guerra en 28 de julio, 1887; y que' en ese terreno vivió por tolerancia del dueño primero, Rafael Bernabé, y contra la voluntad de los dueños después, Pedro Bernabé; y ni el padre Ra-fáel Bernabé, ni el hijo Pedro Bernabé, fueron nunca dueños ni verdaderos poseedores de tal finca. Francisco Bibiano de la Cruz era el causante de los demandantes. Pedirn Bernabé fué el primitivo demandado y entregó la posesión a dicho interventor después de esta-blecida esta acción.”

La corte analizó además' la prueba para demostrar que el interventor nunca tuvo ningún verdadero título por com-pra, o por otro concepto. Su falta de título era tan clara que no emplearemos más tiempo en discutirla. Y por igual razón no disentiremos la cuestión de prescripción como no sea para decir que no se probó ningún título y mucho menos un justo título.

Por supuesto que los demandantes deben reivindicar por la virtualidad de su propio título, pero cuando un demandado traspasa la posesión post litem motam esta es una circuns-tancia algo así como una fuga en casos criminales y merece alguna consideración. En verdad el interventor alegó que había adquirido el título de la madre del demandado y que dicho demandado era un mero encargado del interventor.

Hubo fuerte conflicto en la prueba. Gran parte dependía de donde estaba la colindancia norte de dichas treinta cuer-das. El apelante sostiene que los títulos de los demandantes no muestran que su finca que colindaba por el norte con Her-nández, estaba separada por una quebrada llamada “Carne Fresca.” Esta quebrada es hoy la colindancia norte de las ocho cuerdas que se reclaman. Los apelados, en cambio, ale-gan que la prueba tiende a demostrar que Hernández nunca fué dueño o tuvo terreno alguno al sur de la quebrada en la colindancia que alegan los apelados. El apelante a su vez presentó prueba tendente a demostrar que había una serie de árboles, una colindancia natural al norte más allá de la cual no llegaba el terreno de los demandantes. Los apelados admitieron la existencia de árboles, pero negaron que hubiera tal colindancia allí, natural o artificial. Como el interventor reclamaba indirectamente apoyándose en el título de Hernández, estos puntos divisorios eran impor-tantes.

Puesto que la finca de la que están ahora en posesión los demandantes y que se describe como de treinta cuerdas sólo constaría de poco más de veinte cuerdas, el apelante pretende explicar esta diferencia puntualizando errores, o diferentes agrupaciones del total de sesenta cuerdas pertenecientes a los apelados.

Todas éstas fueron, sin embargo, cuestiones que afectaban al peso de la prueba y el apelante no nos lia convencido de que la corte incurrió en error al considerarla. Por el con-trario, nos inclinamos al parecer de que una clara prepon-derancia de la misma estaba de parte de los apelados.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández, no tomó parte en la resolución de este caso.