author: En Jtjez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    Gandía v. Pizá Hermanos, S. en C.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 683.
    Resuelto en junio 20, 1911.
    Desestimación de la Apelación — Término, para Pedir la Desestimación. — De acuerdo con el artículo 62 del Reglamento del Tribunal Supremo, la desestima-ción de una apelación debe pedirse antes de celebrada la vista, y si no se hace así y se solicita la desestimación en el acto de la vista, debe declararse sin lugar la moción.
    Utilidades de una Sociedad Mercantil — Ganancias Líquidas. — La palabra utili-dades usadas en relación con una sociedad mercantil, generalmente equivale a la expresión ‘ ‘ ganancias líquidas. ’ ’

      Sentencia Ajustada a Derecho — Fundamentos Erróneos. — Cuando una senten-cia es justa y está de acuerdo con la ley, no debe ser revocada por ser erróneos algunos de -sus fundamentos consignados en la opinión.
    Socio Industrial — Contrato de Sociedad Mercantil — Apoderado de una Casa de Comercio. — Examinada la prueba y considerando que el demandante no-fué parte en el contrato de constitución de sociedad mercantil de la sociedad demandada, ni prestó su conformidad a su otorgamiento, el tribunal resolvió, que no puede considerársele como soeio industrial sino como un empleado de la sociedkd demandada y como tal fué designado en la escritura social.
    Congruencia de la Demanda con la Prueba. — La congruencia que debe existir entre las alegaciones de la demanda y la prueba no ha de ser literal sino sus-tancial, pudiendo completarse con la prueba los hechos expuestos en la de-manda. •
    Incremento de Valor de una Finca — Utilidades Líquidas de una Sociedad-Mercantil — Participación de un Empleado en Dichas Utilidades. — Te-niendo en cuenta que en los distintos- balances practicados por. la sociedad demandada, el aumento de valor de sus fincas rústicas por la acción del tiempo y las circunstancias económicas favorables de la Isla fué incluido en dichos balances como utilidades líquidas de la'sociedad, nó cometió error' el tribunal sentenciador al resolver que habiéndose estipulado que el demandante tenía, derecho al 10 por ciento de las utilidades líquidas, debía incluirse también el 10 por ciento del aumento del valor de la finca y ser considerado como parte de dichas ganancias líquidas. ■ •
    Liquidación de las Ganancias Líquidas de una Sociedad Mercantil — Cosechas Pendientes'. — Los preceptos del artículo 225 del Código de Comercio no son aplicables a los empleados de una sociedad y sólo se refieren a los socios.
    Id. — Cosechas Pendientes — Fecha para Determinar las Utilidades Líqui-das de una Sociedad Mercantil. — Al retirarse de una sociedad mercantil un empleado apoderado cuya compensación fué fijada en un sueldo mensual y en el 10 por ciento de las utilidades líquidas, tiene derecho a exigir que se tasen las cosechas pendientes en el momento en que se retira de la sociedad y que se determine el importe del 10 por ciento de las utilidades líquidas inclu-yendo el valor de diehas cosechas pendientes, sin estar, obligado a esperar su recolección, y toda utilidad o pérdida que se tenga en dicha cosecha con posterioridad a la fecha en que se retira el empleado apoderado no puede afec-tarle. ■
    Pago de la Participación del Empleado en las Ganancias Líquidas de una So-ciedad — Obligación de Recibir el Importe en Metálico, Mercaderías, Cuen-tas y Otras Propiedades. — Examinada la prueba aportada al juicio, el Tri- • bunal Supremo resolvió que el demandante tenía derecho a que se le pagara en efectivo su participación del 10 por ciento de las ganancias líquidas de la casa,, sin estar obligado a recibirlas proporcionalmente en metálico, mercaderías, cuentas y otras propiedades de la sociedad, porque aparte del contrato verbal justificado en autos, entre el demandante y la soeiedád demandada, de los- - balances hechos por ésta resulta, que se le ha abonado en la cuenta del deman-dante el 10 por ciento de las utilidades y dispuso de más de $5,000 a cuenta de dieho 10 por ciento.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado ele los apelantes: Sr. Juan Hernández López.

    Abogado del apelado: Sr¡ Antonio Sarmiento.

   En Jtjez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

■ El demandante, Ricardo A. Gandía y Caldentey, presentó uiia demanda en la Corte de Distrito de San Juan, en 31 de marzo de 1910, contra los demandados la casa comercial de Pizá Hermanos, en cuya demanda reclamaba la suma de quince mil trescientos cincuenta y ocho dollars’veinte y tres centavos ($15,358.23) que alegaba se le debía, como compen-sación por los servicios prestados a dicha casa, como em-pleado y agente dé la misma, por virtud de un contrato cele-brado con los mencionados demandados, el día 15 de octubre de 1902; habiendo prestado tales servicios en el tiempo que media entre dicha fecha y el 11 de marzo de 1910. En la de manda se alega que el contrato consistía en que el demandante recibiría de los demandados, como compensación,,la suma de ciento cuarenta dollars ($140) mensuales, como sueldo, y ade-más el diez (10%) por ciento de las utilidades líquidas obte-nidas en el negocio. Durante más de siete (7) años que el apelado fué empleado de los apelantes, recibió grandes can-tidades de dinero, de tiempo en tiempo, y al dejar el referido empleo en la expresada fecha, parece que fué reconocido táci-tamente que se le debía un balance en efectivo de siete mil cua-trocientos diez y seis dollars setenta ’ centavos ($7,416.70); pero el resto de la reclamación, ascendente a siete mil nove-cientos cuarenta y un dollars cincuenta y tres centavos ($7,941.53) fué seriamente controvertida y enérgicamente ne-gado. Después de, varios procedimientos, se celebró final-mente un juicio ante la Corte de Distrito de San Juan, que dió por resultado que se dictara sentencia a favor del deman-dante, por la cantidad total reclamada. Contra esa sentencia, se interpuso apelación para ante.este tribunal.

El abogado del apelado solicita en su alegato, y pidió en su informe oral, que se desestimara la apelación, o por lo menos, que no fuera considerada, por motivo de los defectos de forma en la preparación y presentación de la transcripción de antos y dicho letrado lia disentido ampliamente ese punto. Pero esa cuestión lia sido'refutada de modo eficaz.por los ape-lantes que citan la regla 62 de este tribunal, que dispone que todas estas cuestiones deben hacerse y presentarse antes de la vista en este tribunal. Por tanto, esas objeciones llegan muy tarde al celebrarse la vista, y debemos .considerar el caso .según aparece del récord, y resolverlo por sus méritos. .

Los apelantes, en.su alegato, presentan siete errores que alegan haberse cometido por. la corte inferior, los que expre-san detalladamente como sigue: ■ .

“Io. La sentencia incurre en error de apreciación de hecho, al es-tablecer los términos en que las partes estuvieron conformes acerca ■del contrato celebrado entre los Sres. G-andía y Pizá.-
“2o. La sentencia incurre en error de derecho y de hecho, no .apreciando al Sr. Gandía como un socio industrial de la sociedad Pizá Hermanos, y sí sólo como un empleado.
“3o. La sentencia incurre en error de apreciación de hecho y de ■derecho, al aceptar los términos del contrato celebrado entre los Sres.-Gandía y Pizá, ■ en la manera que los expresa el Sr. Gandía, en su de-claración. .
“4o. Pero aún aceptando que el demandante fuera sólo un em-pleado de la casa Pizá Hermanos, y nada más, y aún aceptando todos los términos del contrato, tal y como los declaró el propio demandante, la sentencia comete el error .de infringir dicho contrato, o sea la ley fundamental en la materia de este pleito.
“5o. La sentencia comete el error de conceder utilidades por un .negocio que estaba pendiente, y que no había sido ni podía ser objeto todavía de liquidación. ' ■ .
“6o. La sentencia comete error al conceder al demandante, utili-dades por las siembras de cañas y piñas de ‘Santa Bárbara’ y Sábana Seca,’ siendo así que dichas siembras han producido pérdidas a- la ¡sociedad Pizá Hermanos.
‘ ‘ 7o. Por último, la sentencia comete error al admitir como utilida-des líquidas, las supuestas utilidades de esas siembras y plantaciones, ■sin resultar de un balance de gastos e ingresos, para--llegar a la con-' «elusion de un saldo en pro o en contra, cierto y seguro.”

Examinemos aliora estas varias proposiciones por el orden en que lian sido presentadas por los apelantes.

Primera. ¿Cometió error la corte inferior, al interpretar los términos del contrato celebrado.' entre las partes en la forma en que lo hizo?

Manifiesta el apelado que el- apelante no cita ningún esta-tuto o decisión que haya sido infringido o desatendido al con-siderar los hechos con que quedó establecido el contrato o al interpretar el mismo. Pero, omitamos esto, y veamos de qué modo llegó el juez sentenciador a una conclusión con respecto a los términos de este contrato. El juez de la corte inferior, dice los siguiente en su opinión:

“2o. Que la compensación convenida entre el demandante y los demandados, por tales servicios, fué ciento cuarenta dollars ($140) mensuales, y el 10 por ciento de las utilidades del capital social. ’ ’

El abogado cita la declaración del demandante al efecto de-que el contrato, expresaba que éste recibiría el diez por ciento-(10%) de las -utilidades líquidas, que se le abonó en su cuenta particular, única que tenía, y que no había cuenta de ganan-cias que tuvieran que liquidarse después. Parece que el error alegado consiste en que la corte omitió la palabra líquida del resumen del caso. Si esta omisión inadvertida fué -un error,, no era perjudicial, puesto que las ganancias líquidas eran las únicas que se tuvieron en cuenta al sumar la corte las parti-das, y dictar sentencia. Según el uso corriente, el término-utilidades, generalmente hace referencia a las que resultan después de considerarse todas las entradas y salidas, siendo-equivalente a ganancias líquidas, a menos que se les haya con-signado como ganancia total. No hay duda alguna de ,que en tal sentido fué que la corte inferior usó el término ganancias,, al redactar la opinión a que se ha hecho referencia. Si el juez-sentenciador cometió error respecto a este particular, puede-ser que fuera inducido al mismo, por la forma en que aparecía el contrato de sociedad, hecho por los apelantes entre sí, en el que se dice que, al cesar, como empleado, el apelado u otro,. deberá pagarles aquella parte de las utilidades (no utilidades líquidas) a que tengan derecho. T además de este error, si así fuera, aparece solamente en la opinión de la corte inferior, y no en la sentencia. Si la sentencia es correcta, y fuesen erróneos sus fundamentos, no obstante esto, dicha sentencia será válida, según hemos resuelto repetidas veces. Por tanto, el primer error carece de mérito suficiente,'para que se le con-sidere más detenidamente.

Segunda. ¿Debió la corte haber considerado, en su senten-cia al apelado como un socio industrial de la casa mercantil de los apelantes, y nó como un simple empleado? Los apelantes admiten que el apelado era empleado, pero alegan que a su vez era socio industrial, y como tal debió- haber sido considerado en el juicio de este caso y en la sentencia dictada, contra la cual se ha interpuesto esta apelación. Veamos lo que entiende la ley por socio industrial. Indudablemente que él es un socio de alguna clase, y como tal debe considerársele antes de ser clasificado como socio industrial, especial, general o de otra clase. Una sociedad, según nuestro Código Civil (art. 1567), es: “un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común, dinero, bienes o industria, con ánimo de par-tir entre sí las ganancias. ’ ’ En igual sentido se expresan los artículos 116 y siguientes del Código de Comercio. Y cuando alguno de los socios aporte bienes inmuebles, la sociedad debe constituirse por escritura pública. (Art. 1569 del Cód. Civil.) La sociedad de Pizá Hermanos, en este caso, se constituyó por escritura pública. Pero el apelado no fué parte en dicha escri-tura él no prestó conformidad a su otorgamiento, ni la firmó; ni vió dicha escritura hasta meses después de su otorgamiento y de haber sido registrada. ¿De qué modo puede ser él parte en una escritura pública de cuya existencia ni siquiera tenía conocimiento? Y nuestro Código Civil determina de modo explícito en su artículo 1224 “que los contratos de sociedad lo mismo que cualesquiera otros, sólo producen efectos entre las partes que los otorguen.”

Además, en la única cláusula del contrato escrito de socie-ciad de los apelantes, en qne se menciona al apelado, se le designa como empleado y no como socio. Por tanto, no ha-biendo firmado el demandante la escritura, no estaba obligado por el contrato de sociedad, no siendo socio de la casa mer-cantil de Pizá Hermanos, industrial ni de otra clase.

Tercera. ¿ Cometió error la corte inferior al aceptar la teo-ría del apelado, respecto al contrato de servicios? La declara-ción del demandante (apelado en este tribunal) era digna de consideración, lo mismo qne la de cualquier otro testigo, te-niendo en cuenta, desde luego, el hecho de que esa parte estaba interesada en el resultado del pleito. Pero los apelantes ale-gan que esta declaración no resulta conforme con las alega-ciones hechas en la demanda, estableciéndose un gran para-lelo entre ellas. El abogado de los apelantes expresa en su alegato, que el demandante alega en su demanda lo siguiente:

“3o. Que desde el día 15 de octubre de 1902, en que £ué nombrado por la sociedad demandante, su empleado, el peticionario ha venido prestando sus servicios a la sociedad mencionada, como tal empleado, hasta el once del mes actual de marzo de 1910.
‘ ‘ 4o. Que la retribución convenida para dichos servicios, fué ciento cuarenta dollars ($140) de sueldo mensual, y el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas.” •

Por tanto, se alega que el apelado, como testigo, agrega a estas alegaciones que el diez por ciento (10%) “De las■ utili-dades líquidas se le abonaron después de cada balance, junto con su sueldo, en su cuenta particular, y qne todas esas ganan-cias y su salario estaban entonces a su entera disposición, y que, según las disposiciones del Código, los balances habían de practicarse anualmente,'o por lo menos, lo más cerca posi-ble de esa fecha.” Esta manifestación a nuestro juicio, no contradice las alegaciones contenidas en la demanda, y son únicamente explicativas de las mismas. La prueba no debe expresarse en las alegaciones en la misma forma en que ha de aparecer en el juicio, sino se exige solamente que se aleguen los hechos esenciales. Es cierto que las alegaciones y la prueba deben ser congruentes, sin embargo, esta conformidad no lia de ser literal sino sustancial, y necesariamente la prueba debe, ser más acabada que las'alegaciones. El testigo podía expresar propiamente en su declaración, la forma en que le había sido pagado anteriormente el sueldo y la compensa-ción, al empezar a regir el contrato, y la forma en que habían sido abonados a su cuenta, los. créditos a los. cuales tenía de-recho. La declaración no difería de la demanda, sino que por el contrario, estaba conforme con ella. •

Además, la declaración del apelado está sostenida por otra prueba que consta en autos. Al examinar los cinco balances hechos por los apelantes, y que mostraban la condición del negocio en los años 1904, 1905, 1906, 1907 y 1910, de todos ellos resulta que se les abonó a Gandía y Picó el diez por ciento ele las utilidades reclamadas, y que estos créditos estaban -sujetos a sus libramientos. Por tanto, la corte inferior- no cometió error al aceptar como correcta, la teoría del apelado respecto al contrato.

Cuarta. Pero se alega como error que la sentencia es con-traria al contrato celebrado entre, las partes. Veamos. Des-de luego, que el contrato debe aceptarse como determinando los derechos y obligaciones de las partes en el pleito, o como se ha dicho “es la ley del caso.” El punto esencial-al cual se dirige este señalamiento de errores parece ser que con arre-glo al contrato, el demandante podía recibir solamente el diez por ciento (10%) de las ganancias líquidas, y que dejó el empleo el 11 de marzo, y reclamó su participación en las ga-nancias líquidas hasta esa fecha, sobre una valoración que. en-tonces se hizo del capital social, incluyendo la finca, “Santa Bárbara”; y que se cometió error en la sentencia al conceder al demandante el diez por ciento (10%) de la diferencia entre el valor de dicha finca en esa fecha, y.el precio pagado por la. misma, por la referida casa mercantil, según aparece- del in-ventario . Se hizo objeción a la admisión de las declaraciones de peritos sobre este punto. El valor de la finca Santa Bár-bara, en la fecha en que el apelado dejo el empleo de los ape-lantes, se considera como no esencial a la cuestiones plantea-das en este pleito, afirmándose que el apelado no tenía parti-cipación en ella, y sí solamente en las cosedlas de dicha finca. Se.ha alegado que el aumento en el valor de esta finca, que pertenece a la citada sociedad, como parte de su capital, no puede considerarse1 como ganancia líquida en la que el de-mandante tenía derecho a una participación. Se dice que este aumento, este inmerecido aumento, es debido a la época y cir-cunstancias económicas favorables que han afectado a todas las propiedades en la isla, desde el año 1900, y particular-mente a terrenos dedicados al cultivo de la caña y de la piña. Parece olvidarse que esta finca fué adquirida en un .precio bajo, y el propio demandante, como agente de. la sociedad, hizo la operación, y aseguró la compra. Pero esa cuestión no es necesario, considerarla.

El aumento en el valor de la finca, fué considerado debida-mente con arreglo a los términos del contrato de servicios, como parte de las utilidades líquidas. También esto aparece del hecho de que en los balances hechos en los años 1904, 1905 y 1906, ese aumento se consideró como utilidad líquida, abo-nándosele al demandante el diez por ciento (10%) de la misma, como parte de.su compensación. Este retiró de tiempo en tiempo su sueldo de ciento cuarenta dollars ($140) mensuales, y, además, una cantidad mayor de cinco mil dollars ($5,000) a cuenta de las utilidades líquidas, de las que el referido au-mento en el valor de la finca formaba parte. De igual modo, en los balances hechos en los años 1907 y 1910, el demandante aparece como acreedor de la sociedad, por la sumas de nueve mil cuatrocientos cincuenta dollars treinta y tres centavos (9,450.33) y siete mil setecientos ochenta y nueve dollars cin-cuenta y siete centavos ($7,789.57) respectivamente. El au-mento en el valor de la “Santa Bárbara” está incluido en es-tas sumas que forman las considerables sumas ■ expresadas. Y en el negocio de una casa mercantil como es la de los ape-lantes, que tienen .varios establecimientos comerciales, plan-taciones de caña y propiedades de piña, y que hacen negocios en bienes inmuebles,' deben incluirse en el balance, todas las utilidades cualquiera que sea su procedencia, al calcularse las ganancias líquidas qúe resulten del negocio; ’ 'Por tanto,’ el cuarto' señalamiento'de errores, no está bien1'fundado.

Quinto. ¿Se cometió error'en la sentencia,'al hacerse al apelado abono por: utilidades obtenidas' en un-negocio dé los' apelantes, que estaba aún pendiente en la feolia en que se-esta-bleció el pleito, y que no pudo' entonces' ser objeto de liquida-ción? En apoyo de una contestación categórica a esta propo-sición, el abogado de los1 apelantes cita el artículo 225 del Código de Comercio-. Este -artículo se 'refiere a un socio que se retire de una sociédad', y nada tiene que ver con empleados, por tanto, si el demandante' era un empleado, y no un socio, el artículo citado no tiene 1 aplicación; Un empleado' puede retirarse-siempre que lo crea'conveniente,-con tal'que no in-frinja el contrato en virtud-del'cual fue empleado. Y este artículo del Código de Comercio; no puede1 aplicarse; por ana-logía, al caso de empleados o 'd'e- un -apoderado',- puesto que las circunstancias, derechos y obligaciones ■ que' existen entre ellos -y la sociedad, son completamente distintos de las que corresponden y rigen entre los socios. Interpretado debida-' mente este señalamiento'de errores, en realidad-estriba en el significado que’se dé a las - palabras utilidades Mqtíidas. Se-gún el criterio adoptado por la corte inferior,' con el que esta-mos de acuerdo, dichas utilidades podrían': determinarse en cualquier fecha, pucliendo el apelado1 reclamar justamente que se fijara su compensación sobre la base de las ganancias -líqui-das, según aparecían en 11 de marzo de 1910, fecha en que cesó como empleado de la sociedad de los apelantes. Una circumstancia de poca importancia corrobora la corriente general de las declaraciones, que justifica el criterio' sostenido por el apelado. Puede hacerse referencia a la misma. Al-hacer el balance en 1904, los apelantes incluyen en él, como parte de su capital en dinero efectivo, 22,000 - quintales de caña, que todavía tenía que molerse. La interpertación que ahora 'sostiene el apelado,, y que fué adoptada por la corte inferior, fné la misma que los apelantes voluntariamente asu-mieron hace siete años. El empleado, Gandía, no tenía de-recho a participar en ninguna ganancia que se obtuviera después de la fecha de su renuncia, ni podía rebajársele su compensación con motivo de pérdidas posteriores. El nego-cio de la sociedad siguió como de ordinario, después de reti-rarse este empleado, y ni él ni la sociedad sufrieron perjuicio alguno por ello. Por consiguiente, este señalamiento de errores carece de fundamento. '

Sexta. ¿Tenía derecho el apelado a las utilidades de las cosechas de cañas y pifias en las dos fincas “Santa Bárbara” y “Sabana Seca,” en el supuesto de que la sociedad hubiese sufrido alguna pérdida en tales cosechas1? El mismo razona-miento que se ha aplicado a la última proposición, también es aplicable a ésta. El balance fué hecho correctamente en 11 de marzo de 1910, y el valor de las cosechas en esa fecha, era la suma sobre la cual había de calcularse el (10%) diez por ciento correspondiente al apelado. Cualesquiera ganancias o pérdidas que después sobrevinieran, se relacionaban sola-mente con los apelantes; y el apelado no tenía ninguna parti- ■ cipación en las mismas. Todas las declaraciones con respecto a este particular, la de Picó entre las otras, no eran esenciales y no importa lo que con el1 as se demostrara. Dichas declara-ciones fueron admitidas debidamente,- puesto que el deman-dante no hizo ninguna objeción a las mismas durante el juicio; pero la corte inferior correctamente hizo caso omiso de ellas, al dictar su sentencia en este caso. Supongamos que los pre-cios de las frutas y del azúcar hubieran, entre tanto, duplicado o triplicado entre el 11 de marzo y 6 de septiembre, o sean las fechas respectivas, en que salió el apelado del servicio de los apelantes, y se celebró el juicio de la causa, el aumento en las utilidades hubiera servido solamente para beneficio de la so-ciedad, y el empleado no hubiera tenido derecho a participar en ellas. Así pues, si otro huracán hubiera azotado a la ish. el 8 de agosto, y destruido enteramente las cosechas en las referidas haciendas, solamente los apelantes hubieran tenido que sufrir la pérdida y ésta no hubiera afectado a los derechos del apelado. Su compensación se fija por una tasación de la finca hecha en la fecha de su salida de la casa, y no en ninguna fecha posterior a la misma. Las declaraciones de los peritos referentes al valor de las cosechas en “Santa Bárbara” y “Sabana Seca,” eran perfectamente competentes, y fueron admitidas debidamente. Además, no se hizo ninguna objeción a ellas en el juicio, y ahora es muy tarde para hacerlas en esta corte. Por tanto, es innecesario seguir el extenso e ingenioso alegato de los apelantes, con respecto a la verdadera inter-pretación que ha de darse a la Ley de Evidencia, y a otros estatutos relativos a esta cuestión,- puesto que se basa en-teramente en lo que consideramos como un concepto erróneo de la cuestión fundamental envuelta en este caso.

Séptima. Finalmente, ¿cometió error la corte inferior, al admitir como utilidades líquidas, el montante en que se había calculado el producto de las cosechas, que- aun no se habían re-cogido, y cuyos gastos y entradas no se conocían todavía, como se expresa substancialmente en el 7o. señalamiento de error? Al hacer esta alegación, el abogado de los apelantes se adhiere . a la. teoría de que el empleado, al igual que un socio que sale, debe esperar el resultado definitivo de todas las eventuali-dades del negocio, el acopio de las cosechas, entre otras cosas, antes de que pueda determinarse su participación en las ga-nancias líquidas. Pero debemos repetir que esta analogía no ocurre entre socios y empleados. Según ya hemos expresado, al romperse las relaciones entre esta sociedad y su empleado, el valor real, en efectivo, de su participación en el negocio, según se encontraba en la fecha de su renuncia, debió haber sido determinado correctamente, y fijada su compensación de conformidad, y pagádole entonces en efectivo. Este fué el contrato, según aparece de los hechos contenidos en los autos, y debeíjios, según ha insistido el distinguido abogado de los apelantes, aceptar el contrato de servicios como ley.en este caso, y resolverlo de conformidad con ella. Así lo hizo la corte inferior, según entendemos la cuestión, y la sentencia fué correcta.

Pero para reasumir, todo este caso gira sobre tres puntos en que no hay acuerdo entre las partes, los que son o pueden expresarse como sigue:

Primero. En qué forma tiene que recibir el apelado el diez por ciento (10%) de las utilidades; él afirma que debe reci-birlo en efectivo, mientras que lós apelantes alegan que 'debe recibirlas, proporcionalmente, en metálico, mercaderías, cuen-tas y otras propiedades de la sociedad, de acuerdo con la cláu-sula incluida en la escritura de sociedad de Pizá Hermanos.

Segundo. Con respecto a la valoración de-la finca “Santa Barbara,” a la que el apelado le calcula un valor de ochenta mil dollars ($80,000), y los apelantes,-ele sesenta mil dollars ($60,000). • • •

Tercero.. Con respecto a la valoración de las utilidades obtenidas en las fincas “Santa Bárbara” y “Sabana Seca,” que fueron justipreciadas por el apelado en veinte mil dollars ($20,000), y que según, los apelantes, no tenían ningún valor en la fecha en que se estableció la acción.

Para resolver el primer punto de desacuerdo entre las par-tes en este pleito, debemps expresar que no aparece haber sido probado por la prueba presentada, que el apelado Gandía,, fuera un sooio especial de la firma Pizá Hermanos, sino por el c'ontrario, que no tenía tal carácter, siendo simplemente un empleado, un apoderado de la casa, con un sueldo fijo de ciento cuarenta dollars ($140) mensuales y además, una com-pensación del diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de la misma.

En el contrato escrito de sociedad presentado como prueba en este caso, Gandía no aparece como socio de la sociedad; según el referido contrato, no se obligó a dedicar sus energías a la referida sociedad, sino que por el contrario, aparece del anterior documento escrito, que no tenía otra capacidad que la de un empleado y apoderado.

Y se ha admitido, en su informe y alegato, por el distin-.guido abogado de los apelantes, que el,demandante era nn em-pleado de los demandados, pero alega él también que era nn “socio industrial” por virtud de la ley estatutaria sobre ese punto. Al hacer esta alegación, el abogadq hace omisión de las disposiciones'del artículo 1224 del Código Civil, que resuel-ven la cuestión de modo adverso para los apelantes.

Habiendo concluido con este, punto, veamos ahora en qué íorma puede liquidarse el diez por ciento-(10%) de las ganan-cias líquidas pertenecientes al Sr. Gandía, por virtud de su contrato verbal con Antonio Pizá, único socio gestor de la sociedad mercantil demandada. . .

De las declaraciones de los testigos llegamos a la conclu-sión de que el único convenio existente, entre el apelado y Antonio Pizá, era el de que el primero había de recibir como completa compensación por sus servicios prestados a dicha sociedad, ciento cuarenta dollars (140) mensuales, y, además, el diez por ciento (10%) de las ganancias, líquidas, y que no hubo proposiciones ni convenio hecho con el referido Bicardo Gandía, en el sentido de que habían de distribuirse las ganan-cias en la forma que alegan los apelantes, que es la misma que se expresa en una de las cláusulas de la escritura de sociedad de la mercantil. Pizá Hermanos.

Las manifestaciones contenidas en la escritura con res-pecto a este particular, no pueden perjudicar a Gandía, pues según aparece de la prueba, él no las aceptó ni estuvo con-forme con ellas en manera alguna, no habiendo hecho ningún convenio de ninguna clase con la sociedad demandada, con res-pecto a esta cuestión; y ambas partes deben pasar por el contrato verbal celebrado por ellas, el que no determinaba la forma del pago del diez por ciento (10%), según se expresaba en la escritura de sociedad. Que el contrato relativo a los ser-vicios de -Gandía, celebrado entre el último y la sociedad demandada, fué en la forma referida por el apelante, está además corroborada por el hecho de que en los balances hechos por la sociedad demandada, en los años 1904, 1905 y 1906, des-pués de la fecha de la escritura de sociedad que contiene la cláusula a que se lia lieclio referencia, la referida sociedad lia abonado a la cuenta de Gandía, el diez por ciento (10%), como su participación en las ganancias; y que durante ese tiempo no solamente lia hecho uso de todo su sueldo, sino también de' más de cinco mil dollars ($5,000) que se le debían como suma del referido diez por ciento (10%), resultante de las ganancias líquidas del negocio, de cuya suma podía disponer el deman-dante en efectivo, cuando creyera conveniente retirar la misma de las cajas de sus principales.

Es cierto que en los dos últimos balances hechos durante los años 1907 y 1910, la compañía demandada sigue un sistema distinto; pero con el nuevo sistema demuestra la citada casa mercantil que la participación en las ganancias que en dichos balances corresponde al apelado, recibió de ellos igual consi-deración que antes. En los anteriores balances figuraba el nombre del apelado entre los acreedores de Pizá Hermanos; pero al distribuirse el capital de-la sociedad en los años de 1907 y 1910, dicha sociedad asignó al apelado, nueve mil cuatro-cientos cincuenta dollars treinta y tres centavos ($9,450.33), en el año 1907, y siete mil setecientos ochenta y nueve dollars ochenta y siete centavos ($7,789.87), en 1910, cuyas sumas no-son las cantidades de las ganancias liquidadas que pertenecen al apelado hasta esos años, sino los balances de la cuenta co-rriente de Gandía, en la fecha de cada -uno de esos balances; y en cuya cuenta corriente la participación en las ganancias correspondientes al apelado, en cada balance figuraba como efectivo del apelado. Esta es la contestación que dan los ape-lantes, en aquellas fechas, a la cuestión que se discute. Como resultado de los anteriores hechos, llegamos a la conclusión de que Ricardo Gandía tiene derechos a sus ganancias, no en la forma que alegan los apelantes, o sea, a que se paguen, pro-porcionalmente, en toda clase de bienes, sino como ganancias líquidas .que han de serle abonadas y pagadas en efectivo, des-pués que los balances se hayan hecho en debida forma.

Habiéndose considerado completamente y resuelto el primer punto en controversia, pasemos al segundo. En el se-gañido párrafo de la contestación presentada por los apelantes como demandados en el pleito, reconocen que la cuenta co-rriente del demandante arroja un balance a su favor de siete mil cuatrocientos sesenta dollars, setenta centavos ($7,460.70). Admiten también los apelantes en el quinto párrafo de su referida contestación, que para los fines del balance hecho en relación con la liquidación que se hizo con motivo de ter-minarse el contrato del apelado, el valor de la finca “Santa Bárbara” se fijó en sesenta mil dollars ($60,000), y puesto que se había hecho un inventario y balance el día 15 de enero 1910, dicho balance fue aceptado por ambas partes, en todas sus partes, excepto en la valoración de “Santa Bárbara” y la de las ganancias obtenidas de las cosechas de dicha finca, dándose a la primera un valor de veinte mil quinientos ochen-ta y cuatro dollars, sesenta y siete centavos ($20,584.67).• Así resulta claro que los apelantes reconocen que la finca “Santa Bárbara” debe figurar en el balance de liquidación, con un aumento de su valor que represente la diferencia entre el valor dado a dicha finca, por los apelantes, que es de sesenta mil dollars ($60,000), y el valor de veinte mil quinientos ochenta y cuatro dollars, sesenta y siete centavos ($20,584.67), . o sea, treinta y nueve mil cuatrocientos quince dollars, treinta y tres centavos, ($39,415.33), de cuya suma, el diez por ciento (10%), o sean tres mil novecientos cuarenta y un dollars, cin-cuenta y tres centavos ($3,941.53), pertenecen al demandante.

Por consiguiente, los apelantes han admitido así que de-ben al apelado:

(a) El balance de la cuenta corriente_ $7,416.70
(5) El diez por ciento de la diferencia en el
valor de “Santa Bárbara”_ 3,941.53
Que dan Un total de_ 11,358.23

Por consiguiente, la discusión en este punto se reduce a determinar si el valor de la finca “Santa Bárbara.” es el de sesenta mil dollars, ($60,000), según expresan los apelantes, u ochenta mil dollars ($80,000); como alega el'apelado, y si las ganancias y cosechos de “Santa Bárbara” y “Sabana Seca” valían veinte mil dollars ($20,000) en la época en que cesó en su empleo el apelado, o si en la fecha del juicio, no puede hacerse la liquidación1 de ellas,-hasta esa época ; 'y qué por consiguiente, no debe-hacerse ningún abono por'ello al ape-lado. ' . • ■ ■

En el inventario de 1902, de los bienes pertenecientes a"la compañía o sociedad Pizá Hermanos, no figura la finca “Santa Bárbara” como parté del capital de dicha casa, porque la adquisición de dicha finca tuvo lugar más tarde, y fué una de las muchas transacciones a que se dedica la expresada casa en- la marcha regular de sus negocios. "

Está también esto probado por la declaración' de Servando Picó, testigo de lós demandádos, que declaró qu’é la referida finca figura entre las cuentas de la mercantil, de igual mañera que cualquier otra cuenta; que fué adquirida con’ el capital de' la mercantil en el curso de' sus operaciones eri noviembre, 1902. •

Que la finca “Santa Bárbara” valía más de sesenta mil dollars ($60,000) en la fecha'en'que cesó el' demandante-como empleado de la sociedad demandada, aparece' claramente de. la pruéba presentada en el juicio.

En el balance que se hizo en 31 de diciembre 1907, se dice de modo claro que el capital liquidó dé la sociedad, que en esta fecha ascendía a ciento cuarenta y nueve mil, seiscientos vein-te y tres dollars, sesenta y siete centavos ($149,623.67), debía en realidad, calcularse en cuarenta y nueve mil novecientos sesenta y siete dollars, veinte centavos ($49,967.20), más de esa suma, porque la, finca “Santa Bárbara” figuraba con un valor de veinte mil treinta y dos dollars, ochenta centavos, ($20,032.80), mientras que el valor de la misma en la referida fecha, o sea en 31 de diciembre 1907, era realmente de setenta mil dollars ($70,000), debido a las cosechas que existían en dicha finca.

En cuanto al inventario, debemos indicar que, aunque apa-rece de las copias suministradas al apelado por los apelantes, que en el asiento a que se lia lieclio referencia, se hizo cons-tar que el referido valor se daba a dicha finca, por la cuantía del activo de la sociedad, se nos ha demostrado suficiente-mente por la prueba, que cuando el balance estaba listo, las anteriores palabras “por la cuantía del activo de la socie-dad,” no aparecían allí; y también se demostró por prepon-derancia de la prueba, que al cesar Ricardo Gandía, como em-pleado de la mercantil Pizá Hermanos, en 11 de marzo, 1910, esas palabras no se habían escrito; y que fueron escritas pos-teriormente^.

En vista de esta conclusión, somos de parecer que la suma de setenta mil dollars ($70,000), fué declarada como el valor de la indicada finca, no “por la cuantía del activo de la socie-dad” sino simplemente porque era el valor en que para cual-quier fin legítimo, fué valorada dicha finca por la sociedad apelante. Pero- aun suponiendo que la expresada cantidad se hubiera declarado “por la cuantía del activo de la sociedad,” no podemos creer que los apelantes hubieran anotado en sus libros, un valor mayor que el verdadero, en perjuicio de sus relaciones, y para crear un crédito ficticio. Después de lo dicho, debe admitirse que la finca “Santa Bárbara” debe valer por lo menos setenta mil dollars ($70,000); en primer lugar, porque dicha sociedad admitió en su contestación a la demanda, que el valor de dicha finca era sesenta mil dollars ($60,000); y en segundo lugar, porque en su propia cuenta, según aparece de sus libros, se fija la suma de setenta mil dollars ($70,000), como valor de esa finca.

Pero debido a la prueba presentada por el demandante, somos de opinión que se ha demostrado que es posible que la finca tenga un valor mayor aun que la expresada suma, y que debe considerarse que vale más de ochenta mil dollars ($80,-000), en cuya cantidad fué valorada por el apelado. Las de-claraciones que con respecto a este punto, prestaron los testi-gos presentados, no deja duda, a nuestro juicio, respecto a esta cuestión, a saber: que la finca “Santa Bárbara” el día 11 de marzo del año 1910, tenía un valor en el mercado de ochenta mil dollars ($80,000), y ann más de esa cantidad.

Por tanto, si se hace con la suma de ochenta mil dollars ($80,000) igual operación que se hizo con los sesenta mil dollars ($60,000), en cuya suma fue justipreciada la finca de re-ferencia por la. sociedad ■ demandada, llegamos al siguiente resultado:

(а) Balance de la cuenta corriente del Sr.
Gandía —,_ $7,416.70
(б) Diferencia entre ochenta mil dollars ($80,000) y veinte mil quinientos ochen-ta y cuatro dollars sesenta y siete centavos ($20,584.67), cantidad con. que aparecía anteriormente la finca “Santa Bárbara,” ascendente a- cincuenta y nueve mil cuatrocientos quince dollars treinta y tres centavos ($59,415.33), de cuya cantidad el diez por ciento (10%)
es _ 5,941.53
Haciendo un total de_____i 13,358.23

Habiendo quedado así resueltos dos de los puntos de desa-cuerdo entre las partes, en la controversia sometida a nuestra consideración, debemos' por último considerar el tercero y único qne queda.

Ahora sólo falta la partida de dos mil dollars ($2,000) para completar la cuota total de lo que el apelado, como demandante, reclamó en su demanda y la suma que se le adjudicó en la sentencia. ¿Cómo resolveremos este punto? Veamos.

Cuando Ricardo Candía el día 11 de marzo de 1910, dejó de ser empleado de la mercantil de los apelantes, éstos tenían en cultivo una gran parte de la finca de “Santa Bárbara” sembrada de cañas y pifias, y otra parcela de terreno situada en “Sabana Seca,” sembrada de pifias solamente, siendo la cuestión que ahora se considera, si esos campos de caña y piña deben tasarse, y liquidarse éu valor, en la fecba expre-sada; o si tal tasación o liquidación-debe quedar pendiente basta que se recojan las cosechas, para entonces distribuir las ganancias que correspondan a cada parte con derecho en la repartición.

Por cuanto que Ricardo Gandía era so1 ámente un empleado y apoderado de la casa mercantil de Pizá Hermanos, su com-pensación debió haber cesado, y en realidad cesó al terminar laá obligaciones que desempeñaba en el negocio de dicha casa, y por esta razón, el valor' de los referidos cañaverales y piña-les debió haberse liquidado en aquella época, para fijar la suma del (10%) diez por ciento del valor de los mismos, a que tenía derecho; y teniendo en cuenta que la referida mercantil estaba dispuesta a liquidar en 11 de marzo de 1910, todo el negocio de la sociedad, y aún el aumento en valor de la finca “Santa Bárbara,” con respecto a la que sólo hubo un desa-cuerdo referente a su valor, no podemos comprender por qué no puede hacerse lo mismo con los cañaverales y piñales, que indudablemente tenían algún valor en la referida fecha, aun cuando fuera muy pequeño.

El apelado no está obligado a sufrir pérdidas que hayan podido ocasionarse en relación con los cañaverales y piñales de referencia, con posterioridad a la fecha en que cesó como em-pleado de la mercantil demandada, en caso de que tales pér-didas realmente se hayan ocasionado; ni tiene tampoco el ape-lado derecho a la compensación del diez por ciento (10%) de las ganancias líquidas obtenidas después de la fecha en que dejó de ser empleado de la referida mercantil, y cuyas ganan-cias hayan podido obtenerse como consecuencia de los gastos hechos, atenciones y trabajo invertidos por la sociedad mer-cantil en los cañaverales y piñales referidos. Por consi-guiente, el valor de estos últimos debe liquidarse y fijarse según existía en la fecha en que el apelado terminó su empleo.

Sostenemos, por lo tanto, que los cañaverales y piñales de-bieron haber sido tasados y valorados en 11 de marzo de 1910, para adjudicar la participación del diez por ciento (10%) ele su valor, al empleado que cesó eu el empleo de la re-ferida mercantil, y que según el contrato de servicios, tenía derecho a dicho diez por ciento (10%) en efectivo, en aquella fecha.

Según la prueba practicada en la corte inferior, y que aparece en el- récord, había en la finca “Santa Bárbara,” en 11 de marzo de 1910, unos ciento quince (115) cuerdas sem-bradas de cañas'de plantilla, y unas veinte (20) cnerdas sem-bradas de .tocones, y ademas ochenta (80) cuerdas de piñás; mientras que en “Sabana Seca” había otra parcela de terreno,, de treinta (30) cuerdas, que asimismo estaba sembrada de pifias.

La prueba de peritos practicada ante la corte ha demos-trado que el valor líquido de la referida caña de azúcar, el día ll.de marzo, debió haber sido de diez mil quinientos treinta dollars ($10,530), y el de las ciento diez (110) cuerdas de pifias, cuarenta y cuatro mil dollars ($44,000), cuyo total de cincuenta y cuatro mil quinientos treinta dollars ($54,530), representa una valoración que es más de dos veces mayor de la de veinte mil dollars ($20,000), en que su valor fué calculado por el apelado, en sus alegaciones y en su propia declaración.

Sin embargo, puesto que el apelado limitó la petición hecha en su demanda, al diez por ciento (10%) de veinte mil dollars ($20,000), debemos solamente agregar la suma- de dicho diez por ciento (10%), o sea dos mil dollars ($2,000), a la suma de trece mil trescientos cincuenta y ocho dollars veinte y tres centavos ($13,358.23) a que se ha hecho referencia, llegando así al gran total de quince mil trescientos cincuenta y ocho dollars veinte y tres centavos ($15,358.23), que es la cantidad que se reclama en la demanda objeto de este pleito, y la suma total adjudicada en la sentencia contra la cual se ha interpuesto esta apelación, cuya suma, la sociedad demandada Pizá Hermanos, debe, por tanto, al apelado Bicarclo Gandía.

Estimando que los fundamentos que el juez de la corte inferior expone en su opinión, que consta en los autos, así como la sentencia dictada en este caso, fueron correctos, y bien fun-dados en la ley y los lieclios, declaramos que dicha sentencia debe ser confirmada en todas sus partes.

Confirmada.

Jueces concurrentes:-Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, no tomó parte en la reso-lución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Fernández et al. v. Cobb.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 620.
    Resuelto en junio 20, 1911.
    Acción Reivindicatoría — Derecho Incierto de los Demandantes.- — -Examinados los autos, el Tribunal Supremo resolvió que aun en el caso de que los deman-dantes hubieran demostrado que tenían algún derecho a la propiedad de las fincas que reclaman, tal demostración habría sido en forma tan vaga e in-cierta, que no podría servir de base para dictar una sentencia como la que ellos solicitan.
    Id. — Título del Demandado — Buena Ee t Justo 'Título — Inscripción en el Registro — Tercero.-—Habiendo adquirido el demandado de buena fe y con justo título la propiedad de las fincas en cuestión, de aquel que tenía su derecho inscrito en el registro sin que constara en el mismo la causa de nulidad que ahora se alega, es necesario concluir que el demandado es un tercero cuyo dereeho no debe ni puede invalidarse.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso número 621, Fer-nández et al. v. Veláizgnez, resuelto en junio 9, 1911, tomo 17, Dec. de P. R., pág. 747.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de los apelantes:' Sres. T. D. Mott, Jr., y Eord y Scoville.

    Abogado del apelado: Sr. Luis Mimos Morales.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso sobre reivindicación e indemniza-ción por daños y perjuicios. Los demandantes alegaron, en resumen, que dos de ellos, José Maximino y Catalina Fer-nández y Borrás son menores de edad y comparecen bajo la. autoridad y representados por su padre. Que el otro deman-dante Evaristo Fernández comparece por derecho propio y en representación de sus dichos menores hijos. Que los demandantes son dueños y lo eran durante todo el tiempo mencionado en la demanda, de la mitad del condominio de ciertas fincas rústicas que se describen, con derecho a la posesión de las mismas. Que desde o alrededor del 26 de agosto de 1907, el demandado John Blackwell Cobb, ha estado, y está, en posesión de las fincas descritas, pretendiendo ser el legítimo dueño de las mismas; pero los demandantes ale-gan que el dicho demandado no es el dueño de dichas fincas ni de ninguna parte de ellas, ni tiene título legal. Que el demandado está ilegal e injustamente en posesión de las men-cionadas fincas, desde o alrededor del 26 de agosto de 1907 y que desde esa fecha ha privado a los demandantes de, y ha retenido la posesión de las tierras contra la voluntad de los demandantes y que aun continúa en tal posesión causán-doles perjuicios por la suma de veinte mil dollars. Que los terrenos valen sesenta mil dollars.

La demanda termina suplicando que se declare a los de-mandantes dueños de la mitad proindivisa de las fincas en cuestión con derecho a la posesión de las mismas, declarán-dose además, que ellos eran dueños con derecho a la pose-sión durante todo el tiempo expresado en la demanda, y que se le concedan veinte mil dollars por daños, más las costas y honorarios de abogados.

El demandado contestó la demanda aceptando las alega-ciones relativas a la personalidad de los demandantes, ne-gando las otras alegaciones de la demanda, y alegando a su vez que' es el legítimo dueños de las fincas reclamadas por los demandantes por haberlas adquirido de buena fe, por compra hecha constar en escritura pública inscrita en el re-gistro y que desde entonces ha venido poseyéndolas en con-cepto de dueño, sin interrupción, quieta y pacíficamente, y que los demandantes jamás fueron dueños, ni estuvieron en posesión de ninguna parte de las fincas que no están inscri-tas a su favor en el registro. Que los demandantes no lian sufrido daños.

La contestación es extensa1 y detallada, contiene la his-toria de la titulación de las fincas desde sus primitivos due-ños y termina suplicando que se declare sin lugar la demanda, con las costas a los demandantes.

Celebrada la vista, la Corte de Distrito de Humacao, en 20 de julio de 1906, dictó sentencia declarando que la ley y los becbos están en contra de la parte demandante y en su consecuencia sin lugar la demanda. Y contra esa senten-cia es que se lia interpuesto el presente recurso de apelación.

La prueba de los demandantes consistió:

Io. En la declaración del demandante Evaristo Fernández, que copiada a la letra dice- así:

“Que se llama Evaristo Fernández, es uno de los demandantes en este pleito y que José Maximino Fernández Borrás y Catalina Dolores Fernández Borrás son sus hijos legítimos; que estuvo casado con Doña Catalina Borrás y Ginart y esos dos hijos son fruto de ese matrimonio; que Doña Catalina-Borrás era hija de Doña Gerónima Ginart y de Don Bartolomé Borrás; que Doña Gerónima Ginart está muerta y murió antes que Doña Catalina; que Don Bartolomé Borrás dejó dos hijos-a saber: a la que fué su esposa Doña Catalina Borrás y Ginart y también a Doña Juanita Borrás Ginart; que Doña Catalina Borrás y Doña Juana Borrás formaron la sucesión de Doña Gerónima Ginart; que conoce las siguientes parcelas de terreno descritas en la demanda; un predio de terreno de 264 cuer-das radicadas en el barrio de Cañabón; otro predio de 11 cuerdas en el barrio de1 Cagüitas; otro predio de 31 cuerdas en el barrio de Cagüitas; otro predio de 22 cuerdas 39 centavos en el barrio de Ca-güitas y una parcela de 37 cuerdas en el barrio de Bairoa y que ha conocido dichos terrenos por un tiempo alrededor de veinte años; que éstos sirven para la siembra de cañas para lo cual son magníficos y que el precio del arrendamiento de esos terrenos en el vecindario de Caguas es en la actualidad por los menos $1 mensual por cuerda; que conoce el precio de los terrenos en Caguas en arrendamiento y que éste es $1 -por cada cuerda mensual y lo ha sido de 4 a 5 años a esta parte. ’ ’

2o. En una copia certificada de la resolución de la Corte de Distrito de San Juan de 20 de diciembre de 1904 decla-rando herederos de María Catalina Borrás y Ginart, falle-cida en 4 de junio de 1904, a sus hijos José Maximino y Catalina Dolores Fernández, y su viudo Evaristo Fernández.

3o. En la declaración de Jesús L. Pereyó, que, copiada a la letra dice así:

“Que se llama Jesús L. Pereyó y es en la actuadidad Secretario de la Corte de Distrito de Humacao y como tal secretario tiene en su posesión los records de la corte. Explica que ciertos autos que se le ponen de manifiesto son un cumplimiento de ejecución de sen-tencia expedida por el Secretario de esta corte el día 12 de junio de 1905 por orden del juez de la misma, contra Catalina Borrás, Juana Borrás Ginart, sucesión de Gerónima Ginart y Bartolomé Borrás y Hermano en liquidación; qué esos autos es el informe que dió el márshal dé esa ejecución y que esas fueron las diligencias que bizo el márshal de la orden dictada por el secretario.
“A preguntas del Sr. Socorro, abogado de la parte demandada, declaró el testigo: que ese récord está sin foliar y al contarlos tiene trece folios; que él no era secretario de esta corte cuando el márshal devolvió diligenciado ese aseguramiento; que no puede asegurar, porque no está foliado, que ese récord está hoy en las mismas condi-ciones en que lo devolvió el márshal al secretario; que al hacerse el testigo cargo de la secretaría de esta corte, le han entregado, pero no bajo inventario, todos los documentos existentes en secretaría y entre ellos este récord; que no puede asegurar si faltan o no diligencias en los autos de referencia. ’ ’

4o. En los autos a que se refiere el anterior testigo o sean los relativos a la ejecución de la sentencia dictada el 10 de julio de 1903 en el caso de Ramis v. Borrás y otros y de los cuales aparece que se libró auto de ejecución el 12 de junio de 1905, y que se vendieron en pública subasta, adjudicán-dose a los demandantes en dicho pleito, entre otras, las fin-cas a que se refiere este caso.

La prueba del demandado consistió en escrituras públicas inscritas en el Registro de la Propiedad, creditivas de que había comprado las fincas reclamadas por los demandantes de quién tenía su derecho inscrito en el registro y en una certificación expedida por 'el Registrador de la Propiedad de Cagnas relativa a las fincas en cuestión.

• Al presentar su prueba el demandado, los demandantes se opusieron, por entender que tal prueba era impertinente -mientras el demandado no demostrara que el mársbal de la corte cumplió con los requisitos de la ley al hacer la-venta que hizo a Ramis. Los fundamentos de la excepción son de-masiado generales. La parte demandante debió especificar los motivos -en que basaba su oposición para que el debate quedara planteado clara y francamente. Según ha alegado el demandado y apelado ante esta Suprema Corte, la cuestión de la nulidad de la venta del márshal a Ramis verificada des-pués de muerta una de las demandadas en ■ el pleito, se ha planteado específicamente por vez primera ante este Tribunal Supremo.

Además, analizando la prueba de los demandantes se puede ■concluir que ellos no habían probado ún título preciso, claro y perfecto, como era su deber, a las tierras que reclamaban como suyas, y siendo esto así, al admitir la corte la prueba de un demandado que se encontraba y se encuentra en la posesión de las fincas a que se refiere el pleito, consistente en escrituras públicas inscritas en el registro de la propie-dad y en certificación expedida por el registrador, no come-tió error alguno que justifique la revocación de la sentencia que dictara.

Habiendo en consideración todo lo expuesto, se concluye que este caso debe regirse enteramente por los principios establecidos en la opinión de este tribunal' en el caso de Fernández et al. v. Velázquez, decidido el día 9 de este mismo mes, y que, en su consecuencia, el recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sentencia apelada:

Io. Porque aun en el caso de que los demandantes hubie-ran demostrado que tenían algún derecho a la propiedad de las fincas que reclaman, habría sido la demostración en forma tan vaga e incierta, que no podría servir de base para dictar una sentencia como la que ellos solicitan, y

2°. Porque habiendo adquirido el demandado de buena fe y con justo título la propiedad de las fincas en cuestión, de aquel que tenía su derecho inscrito en el registro, sin que constara la causa de nulidad que ahora se alega ni en el registro, ni ál parecer en los autos del pleito de Ramis v. Bórrás et al., es necesario concluir que el demandado es un tercero cuyo derecho no debe ni puede invalidarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary y Aldrey.

El'Juez Asociado Sr. Wolf, firmó haciendo constar estar conforme con el resultado.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Julbe v. Guzmán.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 543.
    Resuelto en junio 20, 1911.
    Partición de 1-Ierenclí — Informe del Contador Partidor — Base para su Im-pugnación. — Para que este tribunal pueda examinar los hechos que sirven de fundamento a una impugnación contra el informe de un contador partidor de una herencia, aprobado por el tribunal inferior, es necesario que vengan en los autos los antecedentes o datos que sirvieron de base al contador partidor para redactar su informe. !
    Id.- — Impugnación del Informe del Contador Partidor — Precio de un Dollar Consignado en una Escritura. — Impugnado el informe presentado por el con ■ tador partidor de una herencia por haber aprobado ciertos créditos a favor del administrador judicial y al mismo tiempo heredero, porque en la escritura referente a dichos créditos, sólo se consignó como causa del contrato o precio, la suma de un dollar, se resolvió que la expresión de tal cantidad en la escri-tura no es obstáculo para que a falta de fraude o perjuicio, se pruebe ante la corte el verdadero precio o causa de dicho contrato.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Vías Ochoteco y Ferrer.

    Abogado del apelado: Sr. Eduardo Acuña.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Da. Victoria López Julbe falleció en el año 1906, sin otor-gar testamento. Estaba casada al tiempo de su fallecimiento, con Don Julio D. G-uzmán, de cuyo matrimonio tuvieron un hijo que murió antes que la madre. Dolores Julbe, madre de Victoria López y Julio D. G-uzmán, esposo de la difunta, fue-ron declarados sus herederos por la Corte de Distrito de Humacao. Julio D. Guzmán fué nombrado administrador judicial. No habiendo las partes podido llegar a un acuerdo con respecto al inventario y división del caudal hereditario, la corte nombró un contador, que equivale a un (master) en la práctica americana, pero que en nuestra práctica se conoce con el nombre de contador partidor. .Este contador presentó su informe a su debido tiempo. Las partes celebraron una estipulación en la que convinieron que se quitaran ciertas deudas, así como otras cosas, dictando luego la corte la si-guiente resolución:

“Distrito Judicial de Humacao. Corte de Distrito. Dolores Julbe, Vda. de López, ex parte. Abintestato de Victoria López. Nomb. Administrador Judicial. — Orden.—Aprobado con las modifi-caciones que abajo se expresan el informe que antecede, de acuerdo con la estipulación escrita y leída en corte abierta que se acompaña, en la cual se conviene que la cuenta a favor -de Don Antonio Roig sólo asciende a la suma de $13,313.67.
Deducida esta cantidad del total de las deudas, quedan éstas reducidas a la suma
de_$41,893.38
Y siendo el valor del cuerpo general de •
bienes,_ 85,326.84
Quedan a repartir deducida las deudas-1 41,893.38
Balance_ 43,433.46
Las bajas comunes montan a- 32;4H.90
Siendo por tanto el caudal a repartir como
gananciales- 11,021.56
Y corresponde a 'cada cónyuge- 5,510.78
(A la vuelta)
(De la vuelta)
En la parte correspondiente a la difunta tiene el cónyuge superviviente una tercera
parte de usufructo igual en este caso a_$ 1,836.92
Y queda como remanente a favor de la here-dera de aquélla_"_ 3,673.85
A esta suma bay que cargarle intereses lega-les desde el 1 de enero de 1907 en que co-menzó la pensión asignada a dicha. Señora
o sea por un período de 36 meses más o
menos- 661.14
Que hace un total a su favor de_ 4,334.99
Y deduciendo al anticipo de ochocientos dollars y pensión mensual de cien dollars por igual periodo que asciende a_ 3,500.00
Queda como remanente líquido a favor de la heredera Da. Dolores Julbe, Yda. de López-®_ 834.99

Y sigue la corte haciendo otros pronunciamientos que no afectan a los méritos de esta apelación.

Ambas partes comparecieron y pusieron de manifiesto ante este tribunal el hecho de haberse negado la corte inferior a aprobar un pliego de excepciones o exposición del caso, sosteniendo esta corte dicha negativa fundándose en que la prueba sobre la cual actuó la corte inferior debe encontrarse toda ante la misma, y que cualquiera que fuera la que tu-viera para dictar su resolución podía ser certificada y remi-tida a este tribunal como ordinariamente se hace, no siendo necesario el darle forma a las declaraciones de lps testigos. Sin embargo, según están certificados los autos, ellos sola-mente contienen el informe del contador partidor y ninguno de los datos de que dispuso en la preparación del referido in-forme. Por consiguiente, este tribunal no ha podido tomar en consideración las alegaciones orales de los abogados refe-rentes a los hechos, por no haber tenido medios suficientes para ello.

La resolución apelada es la misma qne la del caso No. 548. En este caso la parte apelante es la madre. El primer funda-mento qne alega como error es qne la corte no tenía facultad para concederle la suma de $661.14 como-intereses, y luego rebajarle $3,500 de su participación en la herencia. No he-mos podido comprender la fuerza' de esta objeción. La Sra. Da. Dolores Julbe recibió $800 en efectivo y $100 mensuales posteriormente como pago de una pensión. Es cierto que la ley expresa que alguna cantidad debe pagársele por los fru-tos y productos que pudieran obtenerse en la herencia pen-diente de la división, pero parece ser que el contador partidor calculó estos frutos y productos en la suma total de $39,945.69, según tuvimos ocasión de considerar en el caso No. 548, que acaba de fallarse. En verdad que parece existir alguna duda con respecto a la facultad de la corte para concederle la suma de $661.14 como cantidad adicional, pero no habiendo la otra parte hecho esta cuestión objeto dé apelación, no ve-mos razón por la cual debamos intervenir coii la discreción de la corte.

El otro error que se alega se refiere a ciertos créditos que se hicieron a favor de Julio D. Gfuzmán en el informe del contador partidor. Alega el apelante que la simple mani-festación de Don Julio D. Gfuzmán referente al dinero que debía a sus hermanas, no era suficiente ante la escritura que se otorgó a su favor, en que la causa resultaba ser la suma de un dollar. Con frecuencia se expresan en escrituras cau-sas nominales y a falta de una prueba de fraude o de haber jsido perjudicado el apelante, el hecho de que fuera otra la causa podría probarse de cualquier modo satisfactorio para la corte. No hay nada en los autos que muestre como se pre-sentó la prueba. Además, esta corte resolvió en otro caso que el convenio celebrado entre Gfuzmán y sus hermanas era válido.

El otro fundamento de error consiste en haberse incluido indebidamente una cuenta de Swift & Co., pero resulta que ésta fue pagada durante el curso de la administración y mien-tras el activo aumentaba en valor para beneficio de todo el caudal, habiendo el apelante obtenido el beneficio del mismo por el aumento a que fiemos fiecfio referencia,.

Y el único otro- error que se alega es que la corte debió fiaber dado al apelante el beneficio de los $28,341.04, a que fiizo referencia el contador partidor en el artículo 8 de su informe. Hemos examinado el'informe, y-según podemos entender la alegación del abogado, esta suma de $28,341.04, fué debidamente distribuida, y la objeción parece fiacer refe-rencia al fiecfio de no haberse concedido una suma mayor a la de $661.14, la cual ya fiemos discutido. Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Se. MacLeaey,

text:
    Ex Parte Vilar.
    ApelaoiÓN contra una orden de excarcelación expedida por el Juez Asociado Sr. Aldrey.
    No. 352.
    Resuelto en junio 20, 1911.
    Habeas Corpus — Apelación-—Excarcelación Decretada por un Juez del Tribunal Supremo. — Una orden de exeareelaeión dictada por uno de los Jueces del Tribunal Supremo en una solicitud de habeas corpus presentada a él, es. apelable por el Eiscal para ante el Tribunal Supremo en pleno.
    Id. — -Presentación de Acusación contra el Excarcelado Durante la Pen-dencia de la Apelación. — Apelada por el Fiscal para ante el Tribunal Supremo en pleno la orden de excarcelación dictada por uno de los jueces asocia-dos de este tribunal en un recurso de habeas corpus presentado directamente a él, puede el Fiscal durante el curso de dicha apelación, presentar acusación contra el excarcelado y decretar su detención si tuviere fundamentos para ello.
    Fiscales de Distrito — Facultades y Deberes de los Mismos — Gran Jurado.— Las facultades y deberes de los Fiscales de distrito en Puerto Rico, están de-terminadas en los artículos 95 al 109 del Código de Enjuiciamiento Criminal y de dichos preceptos se deduce que no puede considerarse que los Fiscales repre-sentan o sustituyen y están regidos por las mismas reglas que la institución del gran jurado. . . . •
    Id. — Juez Instbuctok — Facultades de los Fiscales — Detención de Supuestos Delincuentes. — Examinados los preceptos del Código de Enjuiciamiento Criminal relativos a los Fiscales, no encontramos ninguno que autorice al Fiscal liara que de un modo arbitrario y fundado en prueba que adquiera privada-mente, pueda ordenar el arresto de un supuesto delincuente y tenerlo encar-celado durante 20 días mientras busca otras pruebas y trata de unir eslabones que están ■ separados en una cadena de circunstancias que puede desarrollarse en una conspiración para cometer un crimen.
    Id. — Detención del Peticionario Durante el Curso' de un Procedimiento de Habeas Corpus. — Cualquier facultad que pueda tener el Fiscal para detener a un supuesto delincuente en el curso de una investigación de la comisión de un delito público, no puede impedir los efectos de un recurso de habeas corpus y el juez que conoce de dicho procedimiento tiene el derecho y el deber de investigar por completo el caso, de acuerdo con los preceptos establecidos en . lote artículos 469 al 500 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
    Id. — Exhibición de la Prueba Practicada en la Investigación de un Delito-Causa Probable para la Detención de un Supuesto Delincuente. — Aunque el Fiscal no tiene el deber de exhibir toda la prueba practicada en el curso de ■ la investigación de un delito en un procedimiento de habeas corpus presentado por el detenido, si él creyera que podrían perjudicarse los fines de la justicia, sin embargo, está en el deber de presentar al juez que conoce del reeurso de habeas corpus, prueba suficiente para demostrar que existe causa probable para la detención del peticionario o para decretar su excarcelación o su libertad bajo fianza, pues aunque el recurso de habeas corpus no puede obstruir el curso de la justicia, sí debe impedir la detención ilegal de un ciudadano.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Jesús M. liossy, Fiscal.

    Abogado del apelado: Sr. Rafael López Lcmdrpn.

   El Juez Asociado Se. MacLeaey,

emitió la opinión del tribunal.

El día 4 de abril último, Juan Yilar presentó nna solici-tud al Juez Asociado de este Tribunal. Supremo Sr. Aldrey, en la que interesaba ser excarcelado, en procedimientos de habeas corpus, alegando en la referida solicitud que babía sido detenido en prisión ilegalmente, desde el 22 de marzo último, por el alcaide de la cárcel de San Juan, que procedía de conformidad con el mandamiento de prisión que fué ex-pedido por el Fiscal del Distrito de Humacao, con motivo de supuesta participación en el delito de asesinato; y que no liabía causa probable o razonable para tal'detención.

Celebrada la vista del caso en 8 de abril, el Juez Asociado Sr. de Aldrey, emitió la siguiente opinión:

“Mi manera de pensar en solicitudes de habeas corpus como la presente es, que cuando un detenido acude ante un juez o tribunal alegando y jurando que no hay evidencia que haga probable su deten-ción, debe el funcionario que decretó el arresto justificar ante ese juez o tribunal que existe alguna causa probable para que continúe preso, por medio de. alguna evidencia que prima facie y sin entrar en el análisis de ella, hagan razonable tal prisión, sin que el juez o tribunal que conoce del caso venga obligado a estar y pasar por la apre-ciación que de la evidencia haya hecho la persona que decretó la prisión.
“Esta opinión está sostenida en el caso de People v. Smith, 1 Cal., 9; Ex parte Becker, 86 Cal., 402; Ex parte Palmer, 86 Cal., 631, y Ex parte Adrián Colón, fallado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 6 de diciembre de 1906, de.los que se desprende que en todos ellos se presentó alguna evidencia para justificar la prisión.
“La que en el presente caso se me ha presentado, no la estimo razonable para justificar la prisión, por lo que el peticionario Juan Vilar debe ser puesto en libertad por esta causa.”

De conformidad con esta opinión, el Juez Asociado Sr. de Aldrey expidió una orden decretando la excarcelación del prisionero que fue inmediatamente puesto en libertad.

Contra esa orden interpuso el Fiscal apelación para ante este tribunal, recurso que evidentemente está autorizado por el estatuto. (Véanse las Leyes de la sesión de 1903, pág. 104.) Pero no se lia tomado ninguna otra medida en el asunto del procedimiento de Vilar; no se ha.presentado acu-sación alguna contra él, según manifestó el Fiscal en la vista celebrada ante este tribunal, que tuvo lugar el día 6 del co-rriente, y todavía continúa en libertad. El procedimiento de habeas corpus no hubiera podido impedir tal acción'por parte del Fiscal, si la hubiera creído compatible con los dictados de la justicia, para proceder así.

En el alegato que en 9 del corriente presentó el Fiscal en este caso a solicitud del Tribunal, se expresan ampliamente Tas proposiciones propuestas por el Fiscal de Distrito de Humacao. Con el fin de hacer que toda la cuestión pneda presentarse claramente a la luz de una completa y libre dis-cusión, copiaremos literalmente varios párrafos del referido alegato. Dichos párrafos son como sigue:

“Apelamos esta resolución para ante esta honorable corte, no porque tuviéramos ningún interes especial en la detención del peti-cionario, puesto que ésta podría llevarse a cabo en cualquier otro tiempo, si las circunstancias del caso lo hubieran permitido, sino porque creemos que es del mayor interés para los altos fines de la justicia, en esta clase de investigaciones, determinar hasta donde al-canzan las facultades de nuestros fiscales de distrito, para decretar la prisión de una o varias personas que consideren relacionadas con la comisión de un delito.
“Sostenemos el principio de que los fiscales de distrito al hacer sus investigaciones no necesitan basar sus conclusiones respecto a la culpabilidad de un hombre en el testimonio escrito de testigos ni en ninguna prueba documental. Estas pruebas, estos indicios, pueden ser oídos por el Fiscal de los testigos verbalmente y descansar en estos testimonios, no para decretar la detención de un hombre, sino lo que es más grave aun, para presentar una acusación ante una corte de distrito. Esta es la ley vigente en la materia.
“No partamos del principio de que un Fiscal por un acto capri-choso de su voluntad pueda reducir a prisión a un hombre que jamas haya cometido un delito ni sobre quien hayan las mas leves sospechas de criminalidad. Se trata de hombres delincuentes a quienes se les imputa participaciones más o menos remota en acto delictivo; y en tales casos los Fiscales tienen el deber de asegurar por una prisión o por la constitución de una fianza, la comparecencia del hombre ante los tribunales de justicia, para responder de los cargos que se le hayan hecho.
“Sostenemos el principio de que los Fiscales de distrito no están obligados a descubrir en momento alguno ni a dar publicidad a las pruebas que tengan de la perpetración de un crimen y de su conexión con determinada persona mientras dura el período de la investigación, que aun cuando no querramos decir que sea enteramente secreto, debe sí ejercerse con ciertas reservas, para evitar que la acción de la justicia sufra perjuicio por. cualquier acto malicioso que pudiera realizarse, a fin de que no se esclarezca la verdad de un hecho. ’ ’

En apoyo de estas proposiciones el Fiscal citó en su in-forme oral y en su alegato, las siguientes autoridades; Có-digo de Enjuiciamiento Criminal, artículos 70, 448, 100, y párrafo 7o. del artículo 483; Cliurcli sobre Habeas Corpus, artículos 236 y 237, página 329; In re Kennedy, 144 Cal., 636; In re MacNulty, 77 Cal., 176; In re Sternes, 82 Cal., 245; Turpen v. Booth, 56 Cal., 65; Bishop New Criminal Procedure, tomo 1, artículos 867 y 8705; las que han sido cuidado-samente examinadas.

El Fiscal parece tener la idea de que por el hecho de que no tenemos gran jurado en Puerto Rico, el Fiscal substituye a ese cuerpo, estando sus actos sujetos a las mismas reglas que son de aplicación a los procedimientos que se siguen ante los grandes jurados en los Estados de la Unión Americana. Veamos que fundamento puede el Fiscal encontrar para hacer tal alegación, en las leyes estatutarias o decisiones judicia-les de esta Isla. Pero primeramente, recordemos el procedi-miento que se sigue como prescrito en .la mayor parte de los códigos criminales de los varios estados. El gran jurado géneralmente hace sus .investigaciones antes del arresto, si-guiendo éste su curso debido. Pero cuando ha habido un arresto con anterioridad a la investigación del gran jurado, siempre ha seguido una vista pública ante algún juez instructor, a menos que el prisionero renuncie a su derecho. Substituyendo al Fiscal por el gran jurado, como en California, las mismas reglas deben aplicarse. Pero aquí el Fiscal tendrá facultad para expedir órdenes de arresto, siempre que se llame su- atención hacia hechos que constituyan transgre-siones de la ley, pero en tales casos la orden de arresto se hará de manera que pueda devolverse diligenciada a cual-quier juez municipal o de paz en su caso, dentro del distrito. (Art. 97 del Código de Enjuiciamiento Criminal y secciones 4 y 14 de la ley sobre reorganización del sistema judicial, aprobada el 10 de marzo de 1904; Leyes de 1904, pags. 95 y 98.)

Nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal contiene los siguientes artículos sobre el particular, que fueron leídos por el apelante en el acto de la vista.

“Artículo 70. — Cuando un acusado haya sido reducido a prisión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de este Código, el Fiscal tendrá el deber dentro de los veinte días siguientes a la prisión, de examinar a los testigos y presentar una acusación ál tribunal del dis-trito en que el delito sea enjuiciable, imputando al acusado la comisión de tal delito, si apareciese justificada por la prueba testifical. L/a acu-sación se hará en nombre de ‘ El Pueblo de Puerto Eico ’ y la suscribirá el Fiscal, según lo determinado en el artículo 3 de este Código.
“Art. 100. — Si resultare, sin embargo, del examen de los testigos, que se ha cometido un delito público y que hay causa suficiente para creer que el acusado es culpable de sti perpetración, el Fiscal ordenará el arresto del acusado, expidiendo al efecto un' mandamiento .de arresto.
“Art. 448. A menos que exista justa causa contraria, el tribunal decretará el sobreseimiento del proceso en los casos siguientes:
‘ ‘ 1. Cuando una persona haya sido detenida para responder por la comisión de un delito público, siempre que no se haya presentado acu-sación contra ella en el termino de sesenta días desde su detención.
“2. Cuando un acusado, cuyo juicio no haya sido transferido a petición suya, no sea sometido a juicio en el término de ciento veinte días, a contar desde la presentación de la acusación. ’ ’

Las facultades y deberes del Fiscal, de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, se determinan en el Título III de nues^-' tro Código de Enjuiciamiento Criminal y están determina-dos en los artículos 95 al 109, inclusives.N

El Fiscal es el acusador público en el distrito para el cual está nombrado. El no tiene el carácter ni las facultades de un verdadero juez instructor. De acuerdo con lo dispuesto en •el artículo 70, cuando un acusado ha sido reducido a prisión por un juez municipal o de paz en su caso, de conformidad con los prescrito en el artículo 37 del Código de Enjuicia-miento Criminal, el Fiscal tendrá el deber, dentro de los veinte días siguientes a la prisión, de examinar a los testi-gos y presentar una acusación al tribunal del distrito en que el delito sea enjuiciable imputando al acusado la comisión de "tal delito, si apareciere justificada por la prueba.

En los artículos 98 y 100 se dispone qne en caso en qne los jueces municipales o de paz en su caso, no tengan juris-dicción, al ser devueltas las diligencias tramitadas ante dicho juez de paz, el Fiscal expedirá subpoenas para testigos, los que examinará, y si encontrare prueba suficiente de haberse cometido algún delito y causa probable de la culpabilidad del acusado, preparará una acusación, y ordenará el arresto del mismo, expidiendo un mandamiento en tal sentido.

No puede encontrarse en ninguna parte, como parece su-poner el Fiscal, que el Fiscal tenga facultad alguna .para que de un modo arbitrario y por virtud de prueba de carácter privado que adquiera, ordene el arresto de una persona sos-pechosa, encarcelarla por veinte días, mientras está en busca de otras pruebas, o trata de unir eslabones que están sepa-rados en una cadena de circunstancias que puede desarro-llarse en una conspiración para cometer un crimen. Según el artículo 98, el Fiscal debe presentar una acusación antes de que pueda ordenar el arresto definitivo de un acusado o persona sospechosa, de acuerdo con el artículo 100 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Desde luego que su deber es hacer efectiva la comparecencia de los delincuentes, ante las cortes correspondientes, para la celebración de los juicios, ya por detención, o por medio de fianza, pero al hacer esto debe cumplir con la ley y no está facultado para que indebida-mente infrinja los derechos de las personas en perjuicio de su libertad.

Cualquier facultad que tenga el Fiscal para detener a un prisionero mientras pende la investigación, no puede suspen-, der la fuerza del auto de. habeas corpus. El juez que expida ese auto tiene derecho y es su imperioso deber, a hacer una completa y razonable investigación de acuerdo con las regias contenidas en el Código de Enjuiciamiento Criminal. (Título-XII; artículos 469 al 500). "Cierto es que el Fiscal no está obligado a revelar o mostrar al juez toda la prueba que tiene en la cual funda su acusación, en procedimiento de habeas corpus, si creyera que los fines de la justicia se perjudicaran de ese modo; pero debe mostrar bastante de la misma para que exista cansa probable de la detención, o fianza, y de no hacer-lo asi, debe decretarse la excarcelación del prisionero. El procedimiento de habeas corpus no puede obstaculizar el cur-so de la justicia, pero puede y debe impedir la prisión ilegal. No pueden existir en esta isla lettres de cachet. Después de un examen completo de todas las autoridades citadas o que fiemos podido examinar, estamos convencidos de que la reso-lución adoptada por nuestro, compañero fue correcta, por lo que debe confirmarse la orden de excarcelación.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados Wolf, y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo v. Miró et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 592.
    Resuelto en junio 21, 1911.
    Colector de Rentas Internas — Responsabilidad de los Piadores — Extinción de LA Pianza por Eeecto de Cambios en las Letes. — Los fiadores de un colector de rentas internas nombrado con fecha Io. de mayo de 1900 y que suscribieron la obligación de fianza con fecha 14 de mayo de 1900, no son res-ponsables de un desfalco cometido por dicho colector de rentas .internas con posterioridad a la fecha en que empezó a regir el Código Político, pues el artí-culo 329 de este Código, reproducción sustancial del artículo 38 de la Ley de Rentas, de 31 de enero de 1901, contenía preceptos imperativos que creaban nuevos distritos de recaudación y nuevos colectores con mayores responsabili-dades, y aun en el caso de que continúe desempeñando el cargo la misma persona, es en realidad un nuevo nombramiento que termina la responsabilidad de los fiadores primitivos.
    Id. — Funcionarios de Pacto — Palta de Prueba de un Nuevo Nombramiento.— Aun en el caso de que no se haya probado que se hizo nuevo nombramiento a favor de un colector de rentas internas, después de regir el Código Político y de que continuara desempeñando el cargo en virtud de nombramiento anterior a la vigencia de dicho Código, la presunción es que el'Tesorero de Puerto Rico ha cumplido con el deber que le imponía el artículo 329 del Código Político, haciendo un nuevo nombramiento, y la parte que deseara aprovecharse de la falta de ese nuevo nombramiento para hacer responsables a los 'fiadores, ha debido justificar esos hechos mediante prueba.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Jesús M. Roissy, Fiscal.

    Abogado de los apelados: Sr. Luis Pereyó Quiñones.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El día 1 de mayo de 1900, Enrique Miró fué nombrado co-lector de rentas internas del 8o. distrito de Puerto Rico, y también designado y nombrado agente pagador para distri-buir los fondos que se le adelantaran para pago de sueldos y gastos de su oficina y para el de los sueldos de los funciona-rios judiciales de su distrito.

El día 14 de mayo, dicho Enrique Miró, como principal,, y Jesús L. Pereyó y Marcelino Borges, como fiadores, otorga-ron una fianza al Tesorero de Puertto Rico a favor de El Pueblo de Puerto Rico, por la suma de $2,000. La obligación contenida en la fianza era como sigue:

“Si dicho Enrique Miró ejecuta y desempeña bien y fielmente los deberes y cargos que se impongan como colector de rentas internas y agente pagador, de acuerdo con la ley, y todas las órdenes, reglas y reglamentos aprobados de acuerdo eon la ley y rindé cuentas buenas y satisfactorias de todas las rentas, derechos, dineros, fianzas y bienes que vengan a su poder como tal colector de rentas internas, desde el 1 de mayo de 1900 en adelante, y paga todos los dineros así recibidos y cobrados, en totalidad, al Tesorero de Puerto Rico, y si rinde cuentas bien y fielmente por todos los dineros que vengan a su poder como tal agente pagador, desde el 1 de mayo de 1900 en adelante, y paga al Tesorero de Puerto Rico el remanente líquido que de los mismos quede, entonces esta obligación será nula; en caso contrario tendrá completo efecto y vigor.”

La presente acción se estableció tanto contra el principal como los fiadores, el 28 de junio de 1906, y después de hacerse relación en la demanda de la fianza y de las estipulaciones de la misma, en el segundo párrafo se expresa que dicho Enrique Miró, — esto es, el colector a quien la presente obligación hace referencia — entre el 1 de enero de 1906 y el 13 de junio de 1906, mientras estaba en el desempeño de tal empleo, recibió en su cargo oficial varias sumas de dinero ascendentes a $3,984.71, e infringiendo los deberes de su puesto de confianza, se apropió y convirtió en propiedad particular la dicha suma de $3,984.71 moneda de los Estados Unidos. La súplica de la demanda es al efecto de que se dicte sentencia contra Enrique Miró y los fiadores Pereyó y Borges. Se dictó sentencia en re-beldía contra el deudor principal, Enrique Miró. Los deman-dados contestaron separadamente admitiendo el otorgamiento de la fianza y el desfalco, pero negando toda responsabilidad por razón de los cambios 'que se verificaron en la ley, que tra-jeron consigo un cambio en los deberes del colector al pro-mulgarse el Código Político o aquellas partes del mismo que vulgarmente se conocen con el nombre de la Ley Hollander.

La Corte de Distrito de Humacao resolvió a favor de los demandados por el fundamento substancial de que el Código Político introdujo tal cambio en el cargo y en los deberes de un colector de rentas internas, que los fiadores obligados por la fianza prestada por dicho colector, no podían estimarse res-ponsables por una apropiación de dinero que hubiera tenido lugar después que tales leyes empézaron a regir. La corte resolvió además, que como al Tesorero de Puerto Rico se le autorizaba y ordenaba que creara distritos de recaudación que no excedieran de nueve, y nombrara colectores y les exigiera la prestación de fianza, surge la presunción de que el Teso-rero había cumplido los deberes así impuestos, y que el colector necesariamente estaba actuando de acuerdo con un nuevo empleo, por lo que había que deducir, que a los fiadores no podía exigírseles responsabilidad por virtud de su obligación. Los demandados alegaron también el hecho de que confiando en el cambio introducido por la Ley Hollander, se creyeron relevados de toda responsabilidad y habían dispuesto de aquellos bienes con respecto a los cuales habían jurado que poseían en la época en que se otorgó la fianza en cuestión.

El Pueblo de Puerto Rico, por conducto de sus abogados, insiste en que aun cuando una fianza debe ser interpretada muy estrictamente, sin embargo, cuando un fiador firma una fianza oficial debe tener presente que los deberes del fiador están sujetos a cambios por la Legislatura y que los cambios que baga la ley y que no afecten esencialmente los deberes del funcionario en cuyo favor se obliga el fiador, no pueden afectar tampoco ni destruir su obligación.

People v. Vilas, 36 N. Y., 459.

Denio v. State, 60 Wis., 949.

Spokane Co. v. Allen, 37 Pac., 428.

La cuestión se fiará más clara si consideramos la historia de la Ley Hollander y las circunstancias que concurrieron en la época en que se promulgó. El artículo 3 de la Ley Foraker, dispuso lo siguiente:

“Que a partir de la fecha de la adopción de esta ley, toda mer-cancía que entre en los Estados Unidos, procedente de Puerto Rico, y entre en Puerto Rico, procedente de los Estados Unidos, será admi-tida en los respectivos puestos de entrada, al. pagarse un quince por ciento de los derechos arancelarios que devengan sus similares proce-dentes de países extrajeras; y además de este derecho, los artículos de manufactura puertorriqueña que entren en los Estados Unidos pagarán al retirarse para su consumo -o venta, un impuesto igual a la contribución interna impuesta en los Estados Unidos sobre artículos similares de manufactura doméstica; dicho impuesto se hará efectivo mediante sellos de contribuciones internas que adquirirá y proveerá el Comisionado de Rentas Internas en el puerto de entrada de dicha mercancía en los Estados Unidos o del punto más conveniente, los cuales sellos se fijarán con arreglo a las prescripciones que dictare el Comisionado de Placienda; y toda mercancía de manufactura de los Estados Unidos, que entre en Puerto Rico, además de los derechos prescritos arriba, pagará un impuesto igual en tipo y montante a la Contribución interna impuesta en Puerto Rico, sobre iguales artículos de manufactura puertorriqueña. Disponiéndose, que a partir de la fecha en que esta ley entre en vigor, todas las mercancías y efectos, excepto el café, que no devengan derechos bajo las leyes arancelarias de los Estados Unidos y todas las mercancías y artículos que entren en Puerto Rico libres de derechos en virtud de órdenes hasta aquí pro-mulgadas por el Secretario de la Guerra, serán admitidos en los dis-tintos puertos del mismo, libres de derechos, cuando sean importados de los Estados Unidos, no obstante lo que en contrario dispusieran las leyes vigentes, y tan pronto como la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, decrete y ponga en práctica un sistema de tributación local que llene las necesidades del gobierno de Puerto Rico, establecido por esta ley,.y por medio de un acuerdo votado al efecto dé aviso de ello al' Presidente, éste lo anunciará por medio de una proclama; y de allí en adelante cesarán de cobrarse los derechos de aduanas sobre mercan-cías y artículos que entren en Puerto Rico procedentes de los Estados Unidos, o que entren en los Estados Unidos, procedentes de Puerto, Rico; y a partir de esa fecha todas las dichas mercancías y artículos entrarán libres de derechos en los diferentes puertos de entrada, y en ningún caso podrá cobrarse derecho alguno de aduana, después del primer día de marzo de mil novecientos dos, sobre mercancías y, artí-culos que entren en Puerto Rico procedentes de los Estados Unidos y viceversa. ”

, Posteriormente, el día 31 de enero de 1901, la Legislatura de Puerto Rico aprobó una ley que se titula'“Una Ley para proveer de rentas al Pueblo de Puerto Rico y para otros fines.” Esta ley trataba de implantar y en efecto implantó el sistema de contribución local a que la ley orgánica se refiere. La Legislatura de Puerto Rico el día 4 de julio de 1901 pasó una resolución conjunta notificando al Presidente de los Es-tados Unidos, que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha-bía promulgado" y puesto en vigor un sistema de contribución local, para llenar las necesidades del G-obierno de Puerto Rico y pedía al Presidente de los Estados Unidos, que hiciera la proclama a que se refiere la Ley Foraker, el 25 de julio, que era día festivo legal en Puerto Rico, en conmemoración del aniversario de la llegada de la bandera americana a esta Isla. En su virtud, el día 25 de julio de 1901 el Presidente de los Estados Unidos promulgó la proclama de que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico había promulgado y puesto en vigor un sistema de contribución local, para atender a las necesidades del Gobierno de Puerto Rico. El artículo 38 de dicha ley del 31 de enero de 1901, dispone lo siguiente:

“Para la recaudación de las contribuciones impuestas por esta ley, y para cualesquiera otros deberes que puedan ser prescritos, está autorizado el Tesorero de Puerto Eico para, crear el número de dis-tritos de recaudación (que no.excederá de nueve en total) que sea necesario para dichos fines; y para nombrar en cada distrito de recaudación un colector con un sueldo anual que no excederá de mil ochocientos dollars, el cual prestará fianza al Tesorero a favor de El Pueblo de Puerto Eico, por la cantidad que el Tesorero fije; dicha fianza será aprobada por el Auditor en lo que respecta a su forma y ejecución y por el Tesorero en lo referente a su suficiencia; Dispo-niéndose, que el importe de dicha fianza será suficiente para cubrir la responsabilidad de los colectores, por todas las rentas y dinero re-caudado y recibido y por dinero anticipado de créditos para el pago de sueldos- y gastos de su oficina respectiva; Disponiéndose, además, que a partir del día 1 de abril del año mil novecientos uno en ade-lante, los sueldos de los empleados y gastos de las cortes insulares fuera de San Juan, a las cuales se les paga ahora por conducto de los colectores de rentas internas respectivos, se les pague por el pagador oficial del Departamento de Justicia, sujeto a la aprobación del Fiscal General. El Tesorero nombrará el número adicional de subcoleetores (no excediendo de veinte y siete), que sea necesario para la debida ejecución de. las prescripciones de esta ley. Cada subcolector reci-birá un sueldo anual que no escederá de mil doscientos dollars y prestará fianza al Tesorero en igual forma que la aquí prescrita para la fianza de colectores. ’ ’

Este artículo fué sustancialmente vuelto a promulgar e in-corporado en el artículo 329 del Código Político.

Las palabras de la ley, al efecto de que se autoriza y or-dena al Tesorero a que cree un número de distritos de recau-dación que no excedan de nueve según sea necesario y a nom-brar para cada uno, un colector con un sueldo anual que no exceda de mil ochocientos dollars, son de carácter imperativo. Implantarlo el sistema de' contribución local y ordenado el Te-sorero que creara los distritos de recaudación, la única dis-creción que tenía se refería al número de tales distritos de re-caudación que no podía exceder de nueve, el número precisa-mente que a la sazón existía. Aún en el caso de que el Teso-rero resolviera dejar subsistentes los mismos distritos de re-caudación, bajo el punto de vista legal, su acción significaría la creación de aquellos distritos de recaudación que decidiera dejar subsistentes, y el funcionario que él eligiera para cada uno de estos distritos de recaudación, era un nuevo funcio-nario con un nuevo término para el desempeño de su. cargo; y cuando se establece un nuevo término para el desempeño de un cargo, las autoridades son claras al efecto de que el fiador no es responsable por un desfalco que ocurra después de la fecba del nuevo nombramiento.

County of Wapello v. Bingham, 74 Am. Dec., 370.

People v. Aikanhead, 5 Cal., 106.

Hubert v. Mendhain, 64 Cal., 318.

Brown v. Latlimare, 17 Cal., 93.

Esta fué la conclusión a que llegó el juez de la corte de dis-trito, y substancialmente estamos de acuerdo con ella.

Se alega por parte del Gobierno que no fia'habido prueba de que se hubiera hecho un nuevo nombramiento-. Si tal nom-bramiento no fué en efecto hecho y se permitió que el fun-cionario continuara en el desempeño de su .cargo como un funcionario-de facto por virtud de su primitivo nombramien-to, creemos que el peso de la prueba para probar este hecho estaba de parte del Gobierno. La presunción era, según ha expresado la corte inferior, que el Tesorero había cumplido con su deber y hecho un nuevo nombramiento. Si los hechos eran otros, debieron haberse probado. Sin embargo, hayanse o nó probado, creemos que se estableció un nuevo término para el desempeño del cargo con el nombramiento de un nuevo funcionario que tenía deberes y responsabilidades dis-tintas y tenía que prestar una fianza algo distinta, según se dispone por el artículo de la Ley Hollander a que nos hemos referido.

Además, creemos que los deberes y responsabilidades de un colector de rentas internas fueron esencialmente alterados por la ley de 31 de enero de 1901 y la subsiguiente proclama del Presidente, de acuerdo con» la Ley Foraker. No liemos podido llegar a convencernos completamente de que nn co-lector, Enrique Miró por ejemplo, antes de la promulgación de la ley de 31 de enero de 1901 tenía las mismas facultades con respecto al embargo y venta de bienes inmuebles que tu-vieron los colectores después de la promulgación de aquella ley. Otros cambios de poca importancia tuvieron lugar ade-más, por virtud de dicha ley. Hubo cambios en el arancel, y el artículo 362 declaró nuevas materias sujetas al pago de con-tribución. El artículo 346 del Código Político dispone que:

“Si algún colector, subcolector o agente comprase, ya directa o indirectamente, alguna parte de cualesquiera bienes muebles o - in-muebles vendidos para el pago de contribuciones no satisfechas, tanto él, como sus fiadores, serán responsables con su fianza oficial de todos los daños sufridos por el dueño de dicha propiedad, y todas las dichas ventas serán nulas. En adición a ello, el empleado autor de dicha ofensa será considerado culpable de un delito menos grave, y una vez convicto del mismo será multado con una suma que no' excederá de mil dollars.”

Además de estos cambios de pequeña importancia, la pro-clama del Presidente hizo que pasaran por las manos de los colectores de-rentas internas, sumas de dinero que hasta en-tonces venían a poder de los colectores, de rentas internas de los Estados Unidos. Todos los vinos, tabaco, naipes y mu-chos otros artículos que procedentes de los Estados Unidos venían a Puerto Eico con anterioridad .al 25 de enero de 1901, tenían que pagar un impuesto al Gobierno de los Estados Unidos, que iba a manos de los colectores de la nación. Des-de la fecha de la proclama, estas sumas de dinero las cobraban los agentes de rentas internas de Puerto Rico, y sus respon-sabilidades cambiaron materialmente. Habiéndose alterado esencialmente los deberes del deudor principal, de acuerdo con la doctrina sentada en el caso de People v. Vilas, 36 N. Y., 459 supra, los fiadores quedaron relevados. No encontramos que la Corte de Distrito de Humaeao baya cometido error al-guno al dictar la sentencia apelada y ésta debe confirmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciado Sr. Aldrey.

Jueces disidentes: Sres. MacLeary y del Toro. .