author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres Juez Presidente Señor Hernández Denton,

text:
    Lilly Del Caribe, Inc., peticionarios, v. Gloria E. Santos Rosado, en su carácter oficial de Directora Ejecutiva del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (“CRIM”), Secrtario de Hacienda, Hon. Juan Carlos Puig Morales, y otros, recurridos.

      Números: CC-2010-1094
    CC-2011-399

      Resueltos: 3 de abril de 2012

      Juan A. Marqués Díaz, Liz Annette Pérez Rosario, Heriberto López Guzmán, de McConnell Valdés LLC, abogados de Lilly del Caribe, Inc., y Heriberto J. Burgos Pérez, abogado de DirecTV P.R., Ltd., parte peticionaria; Jessica Hernán-dez Sierra, de Goldman, Antonetti & Córdova, P.S.C., abo-gada del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), y Gloria E. Santos Rosado, directora ejecutiva del CRIM, parte recurrida; Irene S. Soroeta Kodesh, procura-dora general, Ana R. Garcés Camacho, e Isabel Sánchez del Campo, procuradoras generales auxiliares, abogadas del Departamento de Hacienda, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

En esencia, estos casos consolidados nos permiten estu-diar el requisito jurisdiccional de pago previo que contiene el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83-1991, según enmendada, conocida como la Ley de Contribución Municipal sobre Pro-piedad de 1991 (21 L.P.R.A. sec. 5098a). De igual forma, tendremos la ocasión de colocar en perspectiva nuestros pronunciamientos en Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., 177 D.P.R. 230 (2009), y en Mun. Trujillo Alto v. Cable TV, 132 D.P.R. 1008 (1993), a la luz de la controversia que tenemos ante nos.

I

Con el propósito de salvaguardar la claridad en el aná-lisis, se expondrán los hechos de cada caso por separado.

A

CC-2010-1094

Lilly del Caribe, Inc. es una compañía organizada y au-torizada a hacer negocios en Puerto Rico y dueña de varias plantas de manufactura localizadas en la isla. Por virtud del Art. 22 de la Ley Núm. 7-2009, según enmendado, 13 L.P.R.A. see. 9401, el Departamento de Hacienda emitió a Lilly del Caribe unas notificaciones de contribución especial sobre la propiedad, relacionadas con los bienes inmue-bles que posee. Esa contribución se determinó conforme a la tasación de las propiedades al 1 de enero de 2009.

Como Lilly del Caribe se mostró inconforme con la tota-lidad de la contribución, presentó una solicitud de revisión administrativa ante el Departamento de Hacienda el 1 de octubre de 2009. La agencia no contestó en el término de sesenta días provisto por ley. Art. 3.48 de la Ley Núm. 83 (21 L.P.R.A. sec. 5098a). Ante la inacción administrativa, Lilly del Caribe presentó ante el Tribunal de Instancia una “Demanda sobre Impugnación de Contribución Especial sobre Propiedad Inmueble para Fines Comerciales”, en la que adujo que estaba en desacuerdo con la totalidad de la contribución notificada.

Lilly del Caribe argumentó, entre otras cosas, que con-forme al decreto de exención que ostenta, no estaba sujeta a esa contribución, debido a que, según los efectos de la See. 3701 del Código de Rentas Internas, 13 L.P.R.A. see. 9401, sus propiedades no se utilizan para fines comerciales. Luego de varios incidentes procesales, el Go-bierno de Puerto Rico presentó una moción de desestima-ción, en la que alegó que Lilly del Caribe no cumplió con los criterios dispuestos en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, para que el Tribunal pudiese asumir jurisdicción sobre su impugnación. Lilly del Caribe refutó que, a pesar de estar en desacuerdo con toda la contribución notificada, tenía la opción de pagar únicamente el cuarenta por ciento de la totalidad del tributo en cuestión.

El Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución mediante la cual denegó la moción de desestimación pre-sentada por el Estado. Ese foro concluyó que la ley ofrece dos opciones a los contribuyentes inconformes. A su modo ver, existe la opción de pagar la totalidad del impuesto o pagar el cuarenta por ciento aunque se esté en desacuerdo con la totalidad del tributo. Además, ese foro expresó que aplicaba lo resuelto en Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., supra, y

en consecuencia, Lilly del Caribe no tenía que agotar los trámites administrativos para impugnar el impuesto en cuestión. Inconforme con esa determinación, el Gobierno de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.

El 16 de noviembre de 2010, el foro apelativo intermedio emitió una sentencia mediante la cual acogió la petición del Estado y desestimó la demanda. En esencia, concluyó que Lilly del Caribe incumplió con el requisito jurisdiccio-nal de pago cuando se impugna la totalidad del impuesto. Oportunamente, Lilly del Caribe acudió ante este Tribunal mediante recurso de certiorari y planteó que el Tribunal de Apelaciones añadió por la vía judicial requisitos y condicio-nes con efecto jurisdiccional que el legislador no incluyó en el estatuto contributivo que le permite la impugnación. Además, señaló que no le aplica la contribución que se le impuso, porque su propiedad se usa con fines industriales y no comerciales. Mediante Resolución de 6 de mayo de 2011 ordenamos al Estado expresarse en torno a lo que se nos planteó en la solicitud de certiorari. Así lo hizo. El caso está listo para resolverse.

B

CC-2011-399

El 28 de diciembre de 2009, DirecTV presentó una de-manda contra el Departamento de Hacienda. En ella, im-pugnó la contribución especial anual sobre la propiedad inmueble comercial que ascendió a $838,814.63, equiva-lente al .591 por ciento del valor tributable de la propiedad que reflejaba el Centro de Recaudación de Impuestos Mu-nicipales (CRIM). En la demanda también indicó que DirecTV acudió ante el Departamento de Hacienda y objetó la cantidad mencionada mediante un recurso adminis-trativo. Junto con ese recurso, incluyó el pago de $335,525.85, lo que representó el cuarenta por ciento de la contribución anual notificada. Además, señaló que estaba en total desacuerdo con la imposición de la contribución especial. Cimentó su posición en que la Ley Núm. 7-2009, conocida como la Ley Especial Declarando Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico, no le confirió auto-ridad legal al Secretario de Hacienda para imponer una contribución especial mediante una carta circular.

Como el Departamento de Hacienda no se expresó en el término de sesenta días establecido en el Art. 3.48(a) de la Ley Núm. 83, supra, DirecTV acudió ante el foro primario. Solicitó la cancelación del gravamen impuesto y la devolu-ción del dinero satisfecho. En la alternativa, argüyó que procedía modificar esa contribución porque el cómputo con-tributivo realizado por el CRIM era incorrecto.

El 6 de agosto de 2010, el Departamento de Hacienda presentó una solicitud de desestimación, en la que alegó que el foro primario carecía de jurisdicción, ya que el pago parcial que efectuó DirecTV no estaba contemplado en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra. Agregó que “[s]i la parte demandante estaba en desacuerdo con la totalidad de la contribución notificada, debió pagar la misma por completo siguiendo la letra clara de la Ley. La opción de un pago parcial sólo está disponible a aquellos contribuyentes que acepten parte de la contribución impuesta y rechacen otra parte, permitiéndoles pagar el 40% de la porción con la que no estuvieren de acuerdo”. Apéndice, pág. 108.

El 7 de septiembre de 2010, DirecTV presentó su escrito en oposición a la moción de desestimación. En él, rebatió el argumento planteado por el Departamento de Hacienda sobre la falta de jurisdicción. Señaló que, como cuestionaba la autoridad legal del organismo administrativo para im-poner una contribución especial mediante una caifa circular y no el monto que ha de pagarse como consecuencia del referido impuesto, podía pagar solamente el cuarenta por ciento.

Luego de varios trámites procesales, el 23 de noviembre de 2010, el Tribunal de Primera Instancia emitió una reso-lución en la que indicó que al planteamiento sobre la falta de autoridad legal del Departamento para imponer una contribución especial, le aplicaba la doctrina que esboza-mos en Mun. Trujillo Alto v. Cable TV, supra.

En desacuerdo con el dictamen, el Estado recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. Señaló que el foro primario erró al arrogarse jurisdicción para atender los méritos del caso y obviar el hecho de que DirecTV incumplió con el requisito jurisdiccional de pago previo provisto en el Art. 3.48, supra, cuando un contribuyente impugna la totalidad del tributo notificado.

El Tribunal de Apelaciones, luego de examinar los argu-mentos esgrimidos por las partes, no expidió el auto de certiorari. Fundamentó su dictamen en que la norma establecida en Mun. Trujillo Alto v. Cable TV, supra, disponía de la controversia planteada.

Aún inconforme, el Estado acudió ante este Foro me-diante recurso de certiorari y moción en auxilio de jurisdicción. En particular, el Estado plantea que tanto el foro primario como el Tribunal de Apelaciones erraron en la apreciación de la norma que pautamos en Mun. Trujillo Alto v. Cable TV, supra. Además, sostiene que en este caso procede la moción de desestimación porque no se cumplió con el requisito jurisdiccional establecido en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra. El 9 de junio de 2011 emitimos una resolución en la que declaramos “con lugar” la moción en auxilio de jurisdicción. De igual manera, concedimos veinte días a DirecTV para que mostrara causa por la cual no procedía revocar el dictamen del Tribunal de Apelaciones. DirecTV compareció. Como el recurso está perfeccionado, pasamos a resolver la controversia.

II

A

El Art. 22 de la Ley Núm. 7-2009, supra, según enmendada, añadió a nuestro ordenamiento jurídico una contribución especial sobre la propiedad inmueble con fines residenciales. En particular, la Ley Núm. 7, supra, incorporó la See. 3701 a la Ley Núm. 120-1994, mejor conocida como el Código de Rentas Internas.

No obstante, la Ley Núm. 37-2009 enmendó la recién creada See. 3701 del Código de Rentas Internas, supra. Como resultado de esa enmienda la contribución especial se extendió también a la propiedad inmueble con fines comerciales. Luego de esa enmienda, la See. 3701 quedó configurada finalmente de la forma siguiente:

See. 9401. Imposición
(a) Por la presente se impone para los años económicos 2009-10, 2010-11 y 2011-12 o hasta que se recaude la suma agregada de seiscientos noventa millones ($690,000,000) de dólares, lo que ocurra primero, una contribución especial esta-tal sobre toda propiedad inmueble utilizada para fines resi-denciales y comerciales, cuya contribución será igual a cero punto quinientos noventa y uno por ciento (0.591%) del valor tasado de dicha propiedad, según determinado por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (en adelante, el “CRIM”) a tenor con la Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991, sees. 5001 et seq. del Título 21, luego de tomadas en consideración las exoneraciones dispuestas en las sees. 5002 y 5003 del Título 21 y en la see. 3418(1) del Título 26; así como en la see. 737 del Título 29; así como otras exo-neraciones o exenciones dispuestas en leyes especiales, ex-cepto aquellas exoneraciones o exenciones concedidas por los municipios en el ejercicio de sus poderes. Esta contribución especial estatal será adicional a toda otra contribución im-puesta en virtud de otra ley en vigor. Esta contribución especial estatal y su cómputo no menoscabará ninguna contribu-ción municipal sobre la propiedad inmueble impuesta por los municipios en el ejercicio de sus poderes.
Se dispone que la contribución especial impuesta sobre la propiedad inmueble, según establecida en la presente ley, no será extensiva a aquella unidad de vivienda de nueva cons-trucción, que aún no haya sido opcionada o vendida y entre-gada al comprador. Una vez vendida y entregada al comprador dicha propiedad, esta exención será extensiva hasta la fecha de tasación siguiente; Disponiéndose, que dicho beneficio nunca será mayor de doce (12) meses.
(b) El Secretario de Hacienda queda por la presente facul-tado y se le ordena que cobre anualmente la contribución especial dispuesta en el inciso (a) de esta sección. El Secretario tasará y cobrará la contribución especial conforme al mismo procedimiento y sujeto a las mismas limitaciones y derechos provistos por la Ley de Contribución Municipal sobre la Pro-piedad de 1991, sees. 5001 et seq. del Título 21, para la tasa-ción y cobro de la contribución sobre la propiedad en Puerto Rico, incluyendo aquellas relativas a solicitud de revisión ad-ministrativa e impugnación judicial de la contribución, ex-cepto que cualquier referencia en dicha Ley al Centro de Re-caudaciones de Ingresos Municipales o su Director, se entenderá, para propósitos de esta parte, como referencia al Departamento de Hacienda o el Secretario.

Una lectura del inciso anterior demuestra que el legislador encomendó al Departamento de Hacienda la tarea de cobrar el impuesto especial. Para instrumentalizar el mandato legislativo, el Departamento de Hacienda publicó la Carta Circular Núm. 2009-08 de 29 de septiembre de 2009. En ella se estableció que

... aquellos contribuyentes que deseen solicitar una revisión administrativa o impugnar judicialmente la contribución, de-berán cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 3.48 de la Ley Núm. 83 y el Reglamento 7221 del CRIM, en-tendiéndose que cualquier referencia en dicha ley o en dicho reglamento al CRIM o su Director, se tendrá como referencia al Departamento de Hacienda o al Secretario de Hacienda. Petición de certiorari, pág. 27.

De igual forma, la Asamblea Legislativa ordenó que todo lo relacionado a la revisión administrativa de la contribución especial de la propiedad inmueble se tramitara de acuerdo al proceso establecido en la Ley Núm. 83-1991, según enmendada, conocida como la Ley de Contri-bución Municipal sobre Propiedad de 1991 (21 L.P.R.A. sec. 5001 et seq.). En lo que nos concierne, el Art. 3.48(a) de la referida ley, 21 L.P.R.A. sec. 5098a, indica:

(a) Revisión administrativa. — Si el contribuyente no estu-viere conforme con la notificación de la imposición contribu-tiva emitida por el Centro de conformidad con las sees. 5076 y 5077 de este título, podrá solicitar por escrito una revisión administrativa donde se expresen las razones para su obje-ción, la cantidad que estime correcta e incluir, si lo entiende necesario, la evidencia o documentos correspondientes, dentro del término de treinta (30) días calendarios, a partir de la fecha de depósito en el correo de la notificación provista por las sees. 5076 y 5077 de este título, siempre y cuando el con-tribuyente ...:
(1) Pague al Centro de Recaudación la parte de la contri-bución con la cual estuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere conforme, o;
(2) pague al Centro de Recaudación la totalidad de la con-tribución impuesta.
El contribuyente que solicite una revisión administrativa, según se dispone en esta sección, no podrá acogerse al des-cuento por pronto pago dispuesto en la see. 5093 de este título, excepto cuando pague la totalidad de la contribución im-puesta, dentro de los términos prescritos por ley para tener derecho al descuento.
El Centro deberá emitir su decisión dentro de un término de sesenta (60) días a partir de la fecha de radicación de la soli-citud de revisión administrativa por el contribuyente. ...
El procedimiento de revisión administrativa deberá comple-tarse como requisito previo para que un contribuyente que no estuviere conforme con la decisión sobre imposición contribu-tiva la impugne, según lo dispone el inciso (b) de esta sección.
(b) Impugnación judicial. — Si el contribuyente no estuviere conforme con la notificación de la imposición contributiva rea-lizada por el Centro, de conformidad a las sees. 5076 y 5077 de este título y el inciso (a) de esta sección, podrá impugnar la misma ante el Tribunal de Primera Instancia dentro del tér-mino de treinta (30) días calendarios, a partir de la fecha de depósito en el correo de la notificación provista por las sees. 5076 y 5077 de este título siempre y cuando el contribuyente, dentro del citado término:
(1) Pague al Centro de Recaudación la parte de la contri-bución con la cual estuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere conforme, o;
(2) pague al Centro de Recaudación la totalidad de la con-tribución impuesta.
Tanto la presentación de la impugnación, como el pago de la contribución impuesta, ya sea en su totalidad o en la parte con la cual se estuviere conforme, así como el pago del cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no se estuviere conforme, dentro del término dispuesto, se consideran de carácter jurisdiccional.( ) (Enfasis nuestro).

Valga señalar que el Art. 3.48 fue incorporado a la Ley Núm. 83, supra, mediante la Ley Núm. 135-1998. Especí-ficamente, el Informe de la Comisión de Asuntos Munici-pales y de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Re-presentantes sobre el R de la C. 1543, 13ra Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria, 12 de junio de 1998, (eventual Art. 3.48, supra) explica el propósito del requisito jurisdiccional de pago previo de la contribución inmueble anual. Indica:

... Además se establece que durante ese término, el contribu-yente deberá pagar la parte de la contribución con la cual es-tuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere de acuerdo o, en su lugar, la totalidad de la contribución impuesta garantizándosele el rembolso total de la misma, en caso de prevalecer en su reclamación. También se dispone que cuando se pague parte de la contribución, el contribuyente no se podrá acoger al descuento por pronto pago dispuesto en el Artículo 3.43.
Estas disposiciones uniforman el procedimiento de cobro de las contribuciones a los establecidos en el caso de impugnación ante el Tribunal de Primera Instancia, para que el CRIM pueda cumplir con su deber ministerial de distribuir a los mu-nicipios la parte cobrada. Esto es necesario, ya que en la prác-tica los contribuyentes obvian el proceso de revisión adminis-trativo recurriendo directamente a los Tribunales y dejando de pagar la contribución impuesta hasta tanto el Tribunal emita su decisión sobre el caso. Lo anterior afecta los ingresos que reciben los municipios por este concepto sobre todo, cuando conscientes del proceso de revisión administrativa [el] contri-buyente acude al Tribunal como subterfugio para dejar de pa-gar sus contribuciones. ... (Enfasis nuestro). Id., pág. 2.

Podemos apreciar que el legislador señaló expresa-mente la necesidad de minimizar los efectos en las arcas públicas de que los contribuyentes intenten dilatar y eva-dir el pago de las contribuciones inmuebles mediante revi-siones administrativas e impugnaciones judiciales. Ello tendría como resultado una falta de liquidez que podría repercutir en la prestación de servicios esenciales. Informe del P. de la C. 1543, id. Es decir, la Asamblea Legislativa creó un mecanismo, de carácter jurisdiccional, para que un contribuyente promueva su acción impugnatoria solo cuando tiene bases sólidas.

Además, se deduce que el propósito de la legislación fue disuadir que un contribuyente impugnara la totalidad del tributo, aunque realmente solo estuviera en desacuerdo con parte. Así, se buscó garantizar el debido proceso de ley al contribuyente, sin que el ejercicio de ese derecho se con-virtiera en una carga insostenible para el Estado y los municipios.

B

Las leyes contributivas “deben recibir una interpretación razonable que tienda a llevar a efecto el propósito y la intención del legislador”. Licorería Trigo, Inc., v. Srio. de Hacienda, 94 D.PR. 270, 279 (1967). De igual forma, las legislaciones tributarias “no se habrán de interpretar de forma extensiva, sino que se deberán interpretar de una forma justa, y a tenor con sus propios y expresos términos”. Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., supra, pág. 250. Véase, además, Talcott Inter-Amer. Corp. v. Registrador, 104 D.P.R. 254, 263 (1975). No obstante, tampoco podemos interpretar una ley contributiva de manera que facilite la evasión del pago de impuestos que la Asamblea Legislativa ha establecido. West India Oil Co. (P.R.) v. Sancho Bonet, Tes., 54 D.P.R. 732, 744-745 (1939).

No podemos perder de perspectiva que “nuestra obliga-ción consiste en imprimir efectividad a la intención del le-gislador y garantizar así que se cumpla con el propósito para el cual fue creada la medida”. Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 D.P.R. 231, 244 (2010).

Cónsono con lo anterior, recordemos que “como cuestión de umbral, debemos remitirnos al texto de la ley”. Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., supra, pág. 245. Así pues, “cuando el legislador se ha manifestado con un lenguaje claro e inequívoco, el texto de la ley es la expresión por excelencia de toda intención legislativa”. Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 D.P.R. 231, 244 (2010). Véase, además, Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., 151 D.P.R. 634, 643 (2000).

En este caso, la contención de Lilly del Caribe y DirecTV es a los efectos de que el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, permite pagar el cuarenta por ciento, ya sea que se esté parcial o totalmente en desacuerdo con el tributo impuesto. Por su parte, el Estado argumenta que el refe-rido Art. 3.48, supra, permite el pago del cuarenta por ciento únicamente cuando el contribuyente está conforme con parte del gravamen impuesto y cuestiona la parte restante. Luego de un análisis integrado del texto del artí-culo y del historial legislativo, resulta ineludible concluir que al Estado le asiste la razón.

Claramente el artículo en controversia dispone las circunstancias en las que se permite el pago del cuarenta por ciento de la deuda contributiva impugnada. Notamos que la disposición en cuestión contempla dos escenarios: (a) que el contribuyente pague la porción con la cual estuviere conforme y el cuarenta por ciento con la cual no lo está; (b) que el contribuyente pague todo el tributo, pues lo impugna por completo.

La primera alternativa está disponible para el contribu-yente que impugne el tributo parcialmente. En ese caso, el contribuyente pagará el 100% del impuesto que no cuestionó. Ahora bien, como incentivo para que no se cues-tione innecesariamente todo el impuesto, se permite que el contribuyente pague tan solo el cuarenta por ciento del monto que realmente disputa. Es decir, la opción de pagar el cuarenta por ciento se limita a la porción del impuesto con el que se está en desacuerdo, pero no en cuanto a la totalidad de la deuda. El segundo escenario se configura cuando el contribuyente impugna la contribución completa. Ante ese panorama, el ciudadano está obligado a pagar la contribución en su totalidad, acogiéndose al diez por ciento de "pronto pago” que contempla el Art. 3.43 de la Ley Núm. 83, (21 L.P.R.A. see. 5093).

Es preciso puntualizar que la Asamblea Legislativa uti-lizó la conjunción “y” para unir las dos proposiciones que configuran la primera alternativa y la conjunción “o” para separar la primera opción de la segunda. De lo anterior se colige que en el primer supuesto se tienen que configurar las dos proposiciones: Estar conforme con parte de la contribución e impugnar parte. Véase Torres, Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 481, 494 (2010).

En Villamil Development v. C.R.I.M., 171 D.P.R. 392 (2007), tuvimos la oportunidad de analizar una controversia relacionada con la Ley Núm. 83, supra. En particular, teníamos que resolver si el requisito jurisdiccional del pago de la totalidad de la contribución notificada se refería al periodo anual o al semestral. íd., pág. 400. En aquel entonces, la sociedad especial Villamil Development no impugnó la totalidad del tributo, por lo que tenía derecho de aco-gerse a la primera alternativa. Id., págs. 394-395. Luego de evaluar el derecho aplicable concluimos que:

En el caso hoy ante nuestra consideración, Villamil pagó $105,873.64 al CRIM dentro del término de 30 días a partir del depósito en el correo de la notificación de contribución. Dicho pago no fue suficiente para cumplir con el requisito ju-risdiccional establecido en el Art. 3.48 de la Ley, pues la suma pagada no constituye la totalidad de la contribución anual me-nos el 10% de descuento, ni la parte de la contribución anual con la cual estuviere conforme más el 40% de la contribución anual con la cual no estuviese conforme. Para cumplir con lo establecido en el Art. 3.48 de la Ley Villamil debió haber pa-gado al CRIM: (1) $226,788.41, suma que corresponde a la parte de la contribución anual con la cual estuvo conforme más el 40% de la parte de la contribución anual con la cual no estuvo conforme; o (2) $211,747.30, suma que corresponde a la totalidad de la contribución anual impuesta menos el 10% de descuento por pronto pago. No lo hizo. Por consiguiente, tanto el CRIM como los tribunales recurridos actuaron correcta-mente al denegar la impugnación presentada. (Enfasis suprimido). íd., págs. 405-406.

Como se aprecia, las expresiones citadas resumen con claridad meridiana las únicas dos alternativas que permi-ten el Art. 3.48, supra.

En suma, un análisis de la disposición en controversia nos lleva a concluir que la contención de Lilly del Caribe y DirecTV no tiene méritos. Lo que pretende es que enmen-demos el Art. 3.48 y añadamos un tercer inciso que permita pagar el cuarenta por ciento aunque se esté en desacuerdo con la totalidad de la contribución. Ese proceder anularía los primeros dos incisos y podría repercutir en problemas de liquidez para el erario, según se desprende del Informe del P. de la C. 1543, supra.

La interpretación que Lilly del Caribe y DirecTV propo-nen elimina de un plumazo la frase inicial del inciso (1) que requiere que el contribuyente: “[p]ague al Centro de Recaudación la parte de la contribución con la cual estu-viere conforme” cuando satisface tan solo cuarenta por ciento de la parte del tributo que no objeta. Si esa alterna-tiva estuviera disponible también cuando el contribuyente objeta todo el impuesto, sería superfluo requerirle que pa-gue la parte de la contribución con la cual está de acuerdo, pues el contribuyente no está conforme con parte alguna. No podemos interpretar que el legislador incluyó un len-guaje inútil en la ley.() ASG v. Mun. San Juan, 168 D.P.R. 337, 348 (2006); Talcott Inter-Amer. Corp. v. Registrador, 104 D.P.R. 254 (1975).

Ahora bien, Lilly del Caribe aduce que no tiene que ago-tar los remedios administrativos, porque aplica lo resuelto en Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., supra. Por su parte, el foro primario, el Tribunal de Apelaciones y DirecTV entienden que la norma que establecimos en Municipio Trujillo Alto v. Cable TV, supra, dispone de la controversia ante nos y, consecuentemente, era innecesario cumplir con lo dispuesto en el Art. 3.48, supra. Analicemos esos precedentes.

III

A

Recientemente en Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., supra, nos enfrentamos a una situación de hechos en la que se le pre-tendía cobrar impuestos a una entidad que no era la res-ponsable de pagarlos, según lo establecía el Código de Ren-tas Internas. En específico, Yiyi Motors presentó una petición de injunction contra el Gobierno de Puerto Rico, el Secretario de Hacienda y el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas. íd., pág. 238. Adujo en esencia que era un concesionario de vehículos de la marca Nissan, los cuales adquiría de Motorambar, quien era el importador de los vehículos.

En su acción interdictal, Yiyi Motors impugnó el proce-dimiento para el cobro de arbitrios que realizaba el Depar-tamento de Hacienda. De acuerdo con ese proceso, se le exigía a los concesionarios que informaran el precio de venta final. Luego, si este excedía el precio sugerido de venta, declarado por el importador en el embarque, se le exigía al concesionario que pagara los arbitrios por la dife-rencia resultante, a pesar de que el Código de Rentas In-ternas le imponía esa obligación al importador y no al concesionario. íd., pág. 239. Véase, además, la See. 2011 del Código de Rentas Internas, 13 L.RR.A. see. 9014.

Luego de analizar la controversia en los méritos, concluimos que el Secretario de Hacienda carecía de autoridad para imponer el tributo cuestionado. Ante ese escenario extraordinario, determinamos que Yiyi Motors no tenía que agotar los remedios administrativos para acudir al foro judicial y solicitar un interdicto. Id., págs. 284 — 285. Nos basamos en que claramente Yiyi Motors no era un contribuyente para efectos del tributo que se le impuso. Sin embargo, en ese caso reconocimos y reiteramos la norma que pautamos en Cafeteros de P.R. v. Tesorero, 74 D.P.R. 752 (1953), a los efectos de que son improcedentes los recursos de injunction y sentencia declaratoria cuando lo que existen son dudas acerca de si el ciudadano es contribuyente. Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., supra, págs. 277-278. En esa situación, lo que procede es dilucidar las alegaciones en el procedimiento ordinario. Id.

Ahora bien, el caso que nos ocupa contiene un escenario fáctico muy distinto al que tuvimos que atender en Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., supra. En primer lugar, Lilly del Caribe utilizó conscientemente la acción de impugnación que concede el Art. 3.48, supra, y no un remedio en equidad. Con ello, sujetó su reclamo al requisito jurisdic-cional que allí se dispone. En segundo lugar, en este caso no existe un dictamen judicial final y firme que determine que Lilly del Caribe no es contribuyente, a diferencia de lo que ocurrió en Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., supra, pág. 245. Y en tercer lugar, como deducción lógica, Lilly del Caribe fue identifi-cada claramente como contribuyente para fines de la See. 3701 del Código de Rentas Internas, supra. Así pues, tenía en el Art. 3.48, supra, un procedimiento adecuado que le garantizaba un debido proceso de ley para hacer cualquier reclamación que tuviera en torno a la contribución especial.

Así pues, resulta forzoso concluir que la norma que pau-tamos en Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., supra, es totalmente inaplicable a la controversia ante nos.

B

Nos resta dilucidar la aplicabilidad de la norma que es-tablecimos en Mun. Trujillo Alto v. Cable TV, supra, a este caso. En el caso citado, tuvimos la oportunidad de analizar si el Municipio de Trujillo Alto tenía la autoridad legal para imponer el pago de patentes municipales sobre las actividades comerciales que Cable TV of Greater San Juan generó en ese municipio. íd., pág. 1009. Es decir, la contro-versia que atendimos se enmarcó en el contexto de las fa-cultades legislativas de los municipios en materia contri-butiva al amparo del Art. VI, Sec. 2 de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, y de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974 (21 L.P.R.A. see. 651 et seq.).

Al estudiar minuciosamente la controversia, concluimos que el pago de patentes por el volumen total de negocios de la empresa correspondía al Municipio de San Juan, lugar en que ubicaban las oficinas centrales de la empresa. Mun. Trujillo Alto v. Cable TV, supra, pág. 1021. Por consiguiente, no procedía distribuir las patentes a prorrata conforme al volumen de negocios generado en cada municipio donde la empresa brindaba servicios.

Fue en ese contexto excepcional que determinamos que cuando un contribuyente cuestiona la autoridad legal de un municipio para imponer una contribución, no es necesario agotar los remedios administrativos. Mun. Trujillo Alto v. Cable TV, id., págs. 1011-1012.

En este caso, la contribución especial fue impuesta por la rama de gobierno con autoridad constitucional para hacerlo: la Asamblea Legislativa. Dicho de otro modo, la discutida See. 3701 del Código de Rentas Internas es un ejercicio legislativo válido de imposición contributiva. Siendo así, el Departamento de Hacienda es la agencia administrativa encargada de implantar y cobrar la contribución especial que impuso la Ley Núm. 7, supra. Por ende, el caso que nos ocupa es claramente distinguible de Mun. Trujillo Alto v. Cable TV, supra, pues allí el municipio de Trujillo Alto no tenía un mandato legislativo expreso, a diferencia de lo que ocurre en este caso.

DirecTV cataloga la controversia como una de falta de autoridad legal del Departamento de Hacienda para cobrar el tributo en cuestión. No obstante, con solo analizar el expediente nos percatamos de que la verdadera controver-sia que se plantea es la interpretación y significado del Art. 3.48, supra. Esa controversia ya la atendimos en el acápite anterior.

Por consiguiente, es impertinente aplicar la norma expuesta en Mun. Trujillo Alto v. Cable TV, supra. De igual forma, reprobamos el uso fuera de contexto de la norma expuesta en ese caso para eludir los requisitos procesales que rigen el procedimiento de impugnación de un tributo impuesto por el legislador.

IV

Según lo discutido, era necesario que Lilly del Caribe y DirecTV pagaran toda la deficiencia contributiva como re-quisito jurisdiccional previo a presentar su acción judicial. No lo hicieron. Por ello, privaron de jurisdicción al foro judicial para atender su reclamo. Procede desestimar am-bas acciones.

V

Por los fundamentos señalados, se expiden los autos de “certiorari" en los casos consolidados. En particular, se con-firma la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en el recurso CC-2010-1094. Por otro lado, se revoca la sen-tencia del Tribunal de Apelaciones en el recurso CC-2011-399. Como resultado, se desestiman ambos casos consolida-dos, por falta de jurisdicción.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Hernández Denton emitió una opinión disidente, a la cual se unió la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton,

a la cual se une la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Por entender que los contribuyentes ante nos pueden impugnar la cuantía de la contribución especial sobre pro-piedad inmueble sin tener que pagar la totalidad de la can-tidad impugnada para lograr acceso al foro judicial, disentimos.

El Departamento de Hacienda requirió a Lilly del Ca-ribe, Inc. el pago de $293,752.80 en concepto de la contri-bución especial sobre propiedad inmueble. De otra parte, a DirecTV Puerto Rico, LTD, le requirió el pago de $838,814.63 con el mismo propósito. Oportunamente, am-bas empresas solicitaron por separado revisión administra-tiva ante el Departamento de Hacienda y el Centro de Re-caudación de Ingresos Municipales (CRIM). Lilly del Caribe, Inc. se opuso al cobro de la contribución, alegando que le cobijaba un decreto de exención. Por su parte, DirecTV Puerto Rico se opuso al cobro, alegando que el De-partamento de Hacienda no tenía autoridad legal para requerirlo. Ambas compañías acompañaron su recurso de revisión con cheques por una cantidad equivalente al cua-renta por ciento (40%) de la contribución que impugnaban. En específico, Lilly del Caribe pagó $117,501.13 y DirecTV Puerto Rico pagó $335,525.85. Transcurrieron sesenta días desde que se presentaron las impugnaciones, por lo que ambas empresas acudieron por separado ante el Tribunal de Primera Instancia.

Por su parte, el Departamento de Hacienda presentó mociones de desestimación en ambos casos. Alegó que el foro primario no tenía jurisdicción para atender estas ac-ciones de impugnación, pues las empresas contribuyentes no cumplieron con el requisito jurisdiccional de pagar la totalidad de la cuantía impugnada. En ambos casos, el Tribunal de Primera Instancia denegó desestimar. Insatisfe-cho, el Departamento de Hacienda acudió ante el Tribunal de Apelaciones.

En el caso de Lilly del Caribe, Inc., el foro apelativo intermedio revocó al foro primario y desestimó la acción de impugnación. Inconforme, Lilly del Caribe acudió ante nos. En el caso de DirecTV Puerto Rico el Tribunal de Apelacio-nes denegó expedir, por lo que se mantuvo la denegatoria de la desestimación emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Inconforme, el Departamento de Hacienda acu-dió ante nos. Consolidamos ambos recursos.

Así pues, debemos determinar si un contribuyente que impugna la cuantía total de la contribución especial sobre propiedad inmueble tiene que pagar la cantidad total im-pugnada o si puede pagar solo el 40% de esa cantidad para satisfacer el requisito jurisdiccional para presentar la ac-ción de impugnación, según el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83-1991, según enmendada, conocida como la Ley de Con-tribución Municipal sobre Propiedad de 1991 (21 L.P.R.A. sec. 5098a) (Ley Núm. 83).

Una mayoría de este Alto Foro concluye que los contri-buyentes que deseen impugnar la cuantía de la contribu-ción especial sobre la propiedad inmueble —por entender que no se les debe requerir cuantía alguna— tienen que pagar la totalidad de la cantidad que se les ha reclamado para poder presentar la acción de impugnación. De esta manera, la posición mayoritaria resuelve que Lilly del Ca-ribe, Inc. y DirecTV Puerto Rico debieron pagar toda la deficiencia contributiva como requisito jurisdiccional pre-vio a presentar su acción judicial. Por ello, determina que el foro primario carecía de jurisdicción para atender sus reclamos y desestima ambas acciones. No estamos de acuerdo.

El Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, regula el proce-dimiento de revisión administrativa de la contribución especial sobre la propiedad inmueble. A esos efectos, este ar-tículo impone como requisito jurisdiccional para impugnar la contribución impuesta ante el foro judicial que se agote el remedio administrativo que ese artículo provee, en los treinta días siguientes a la fecha del depósito de la notifi-cación correspondiente. Asimismo, establece como requi-sito jurisdiccional que el contribuyente

(1) Pague al Centro de Recaudación la parte de la contribu-ción con la cual estuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere conforme, o;
(2) pague al Centro de Recaudación la totalidad de la con-tribución impuesta.
Tanto la presentación de la impugnación, como el pago de la contribución impuesta, ya sea en su totalidad o en la parte con la cual se estuviere conforme, así como el pago del cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no se estuviere conforme, dentro del término dispuesto, se conside-ran de carácter jurisdiccional. 21 L.P.R.A. sec. 5098(a).

Al analizar esta disposición legal, la opinión mayorita-ria acoge la interpretación restrictiva propuesta por el De-partamento de Hacienda de que el pago del 40% solo se permite cuando el contribuyente está conforme con parte de la cuantía requerida y cuestiona la parte restante.

Sin embargo, en términos prácticos, la mayoría del Tribunal no considera la posibilidad de que un contribuyente —en la misma posición de los litigantes ante nos— pueda entender razonablemente que su contribución debe ser cero dólares ($0.00), porque está exento o porque se le cobra incorrectamente. De esa manera, al estar de acuerdo con que se le cobre cero dólares ($0.00) por esta contribu-ción, el contribuyente, en un ejercicio válido de análisis sobre el derecho vigente, considerará suficiente pagar la totalidad de $0.00 más el 40% de la contribución impuesta. En efecto, esta fue la interpretación que hizo DirecTV Puerto Rico, según surge de su recurso ante nos. De igual forma, la opinión mayoritaria no contempla la posibilidad de que un contribuyente pague una cantidad nominal ar-bitraria, por ejemplo un dólar ($1), para argumentar que está de acuerdo con el cobro de esa cantidad, y poder pagar únicamente el 40% de la cantidad restante, logrando así acceso al foro judicial.

Por otra parte, la interpretación que la posición mayori-taria hace de este requisito jurisdiccional tiene un efecto contradictorio: un contribuyente al cual el legislador quiso proteger mediante un decreto de exención estaría obligado a pagar el 100% de la contribución impuesta para poder impugnarla, mientras que un contribuyente —que no de-biera estar exento y que coincida con que se le cobre cierta cantidad por ese concepto— podría satisfacer el requisito jurisdiccional pagando una cantidad menor.

Aplicando lo anterior al caso de autos, no estamos de acuerdo con que se desestime la acción de impugnación presentada por ambas empresas. Como expusimos, la in-terpretación que hicieron las contribuyentes fue razonable y lógica: estuvieron de acuerdo con que se les cobrara $0 por razones jurídicamente válidas y pagaron el 40% de la cantidad restante. Desestimar sus acciones de impugna-ción tendría como efecto cerrarles las puertas del foro judicial a dos empresas que interpretaron razonablemente el ordenamiento vigente. Más aun, desestimar la acción de impugnación presentada por Lilly del Caribe, Inc. podría significar obligarla a pagar la contribución especial im-puesta cuando realmente goza de un decreto de exención, que tiene derecho a defender ante el foro judicial.

A la luz de lo expuesto, es meritorio preguntarse qué incentivo tendría un contribuyente para pagar el 100% de la cuantía de la contribución especial sobre propiedad in-mueble que desea impugnar, teniendo disponible la opción de pagar únicamente el 40%. El legislador nos brinda la respuesta en el mismo Art. 3.48, supra:

El contribuyente que solicite una revisión administrativa, según se dispone en esta sección, no podrá acogerse al des-cuento por pronto pago dispuesto en la see. 5093 de este título, excepto cuando pague la totalidad de la contribución impuesta dentro de los términos prescritos por ley para tener derecho al descuento.

Siendo así, una consecuencia que tendría pagar solo el 40% de la cuantía impugnada es no beneficiarse del des-cuento de “10% del monto del semestre si el pago se efectúa dentro de treinta (30) días a partir de la fecha en que el recibo estuviere en poder del colector o del representante autorizado y así se anunciare”. 21 L.P.R.A. see. 5093.

Entendemos la preocupación de la mayoría de que el legislador quiso evitar que los contribuyentes evadan su obligación presentando acciones de impugnación inmeritorias. Sin embargo, el Informe de la Comisión de Asuntos Municipales y de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes sobre el R de la C. 1543, 13ra Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria, 12 de junio de 1998, pág. 2, explicó que el requisito jurisdiccional discu-tido “es necesario, ya que en la práctica los contribuyentes obvian el proceso de revisión administrativa, recurriendo directamente a los Tribunales y dejando de pagar la con-tribución impuesta hasta tanto el Tribunal emita su deci-sión sobre el caso”. Como puede apreciarse, la preocupa-ción del legislador radicaba en que el contribuyente no pagara cantidad alguna mientras estuviera en curso la ac-ción de impugnación de la contribución especial. Para atender lo anterior, el legislador quiso asegurar que el era-rio recibiera, al menos, el 40% de la contribución impuesta.

Ciertamente, la interpretación que se ha hecho del refe-rido Art. 3.48, supra, pone en riesgo la seguridad jurídica de quienes descansaron en decretos de exención, como hizo Lilly del Caribe, Inc. en el presente caso. Por el contrario, se les dificulta la revisión judicial mediante la imposición de requisitos jurisdiccionales onerosos no contemplados en ley.

Por todo lo anterior, habríamos permitido que ambas acciones continuaran ante el Tribunal de Primera Instancia.

      (1) Aunque la Ley Núm. 71-2010 enmendó este artículo para reflejar el nuevo esquema que promueve el registro de las propiedades inmuebles no tasadas y pro-piedades comerciales e industriales con mejoras no tasadas, presentamos el artículo sin enmendar, porque era el vigente al momento en que se suscitó la controversia. De todas formas, lo relacionado con el aspecto jurisdiccional no sufrió cambio alguno con la nueva ley.

      (2) Tampoco puede pagar un dólar para acogerse a la alternativa de satisfacer solo el 40% de la contribución notificada, como sugiere la disidencia. Eso denotaría una conducta fraudulenta que no tiene protección en nuestro ordenamiento jurídico. Por otro lado, si el contribuyente alegara que esta de acuerdo con pagar cero dólares ($0.00), lo que aduce en realidad es que objeta toda la contribución. En ese caso, la ley le exige que pague el 100% de la contribución para poder impugnarla, sujeto a rembolso si prevalece en su acción.


source: Caselaw Access Project

author:
(.Fdo.) Larissa Ortiz Modestti
      Secretaria del Tribunal Supremo Interina
     Juez Presidente Señor Hernández Denton,

license: Public Domain

text:
    Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recurrido, v. Liborio R. Caro Muñiz y su esposa Rita Caro Caro, ambos por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, la Asamblea Municipal de Rincón, representada por su Presidente Israel González Cardona, el Municipio de Rincón, representado por su Alcalde Carlos D. López Bonilla, y Sutano(a) de Tal, peticionarios.

      Número: CC-2011-0117

      Resuelto: 3 de abril de 2012

      Harry N. Padilla Martínez, abogado de la parte peticionaria; Luis R. Román Negrón, procurador general, y Amir Cristina Nieves Vellgas, procuradora general auxiliar, aboga-dos de la parte recurrida.
   SENTENCIA

El 14 de diciembre de 2010 el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró “con lugar” la demanda sobre sentencia decla-ratoria, pago indebido de fondos públicos y cobro de dinero que presentó el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (E.L.A.) contra el entonces alcalde de Rincón, Liborio R. Caro Muñiz, su esposa, la Sra. Sonia Rita Caro Caro y la Sociedad Legal de Gananciales que ambos componen (peticionarios). Insatisfechos con ese proceder, estos acuden ante nos para solicitar la revisión de la sentencia que emitió el Tribunal de Apelaciones. En esencia, aducen que el foro apelativo intermedio erró al confirmar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó el pago de $86,291.80 desembolsados por el municipio de Rincón. En su argumentación, los peticionarios nos requieren que apli-quemos a los hechos de este caso nuestro más reciente pre-cedente, E.L.A. v. Crespo Torres, 180 D.P.R. 776 (2011).

Evaluada la controversia, determinamos que el foro apelativo intermedio erró al confirmar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Revocamos.

I

El Sr. Liborio R. Caro Muñiz fungió como alcalde del municipio de Rincón de 1993 a 2000. Durante su incum-bencia, la Legislatura Municipal de ese municipio aprobó el 29 de abril de 1997 la Resolución Núm. 20, Serie 1996-97. Mediante esa resolución, se otorgó al señor Caro Muñiz un aumento de sueldo por $1,600 mensuales efectivo al 1 de julio de 1997. Con el aumento concedido, el sueldo del entonces alcalde incrementó de $2,400 a $4,000 men-suales.

Al igual que ocurrió en varios municipios, la concesión del aumento al señor Caro Muñiz se basó en la interpreta-ción inicial que hizo la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (O.C.A.M) del recién aprobado Art. 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-1991, 21 L.RR.A. see. 4112. En esa interpretación, la O.C.A.M. in-formó que era innecesario que las asambleas municipales aprobaran un reglamento para regir su procedimiento, antes de conceder un aumento. A su vez, la O.C.A.M. razonó que no era obligatorio que las asambleas municipales eva-luaran los siete criterios contenidos en el artículo mencio-nado para conceder un aumento, pues su consideración re-caía en su sana discreción. Indicó que el único criterio necesario para evaluar el aumento salarial era su razonabilidad.

Sin embargo, meses después, la O.C.A.M. modificó su interpretación original del Art. 3.012, id. El 11 de junio de 2002, mediante el Memorando Circular Núm. 2002-11, la O.C.A.M. opinó que previo a la concesión de un aumento a un alcalde, debía aprobarse el reglamento que exige el Art. 3.012, id. De la misma forma, añadió que las legislaturas municipales debían evaluar, obligatoriamente, los siete cri-terios contenidos en el artículo antes de otorgar un au-mento salarial a un alcalde. La O.C.A.M. ratificó esa nueva interpretación en otro memorando circular.

Durante todo ese proceso, las diferencias en interpreta-ción entre la O.C.A.M. y la Oficina del Contralor sobre el Art. 3.012, id., no se hicieron esperar. A raíz de ello, la Comisión Conjunta de la Cámara de Representantes sobre Informes Especiales del Contralor citó al Departamento de Justicia para que se expresara. Tras un análisis del artí-culo y de su historial legislativo, el Departamento de Jus-ticia concluyó que las legislaturas municipales debían eva-luar minuciosamente cada uno de los siete requisitos que enumera el Art. 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos, id. No obstante, aclaró que, si bien era cierto que entre los requisitos se exigía que se analizaran los informes de au-ditoría de los municipios, ignorarlos no viciaba automáti-camente de nulidad los aumentos concedidos. Serían váli-dos siempre que se consideraran mecanismos alternos que demostraran la situación financiera real del municipio con suficientes garantías de confiabilidad.

Luego de recibir el informe de auditoría que realizara la Oficina del Contralor sobre las operaciones fiscales del mu-nicipio, el 20 de mayo de 2004 el Gobierno de Puerto Rico presentó una demanda de sentencia declaratoria, pago in-debido de fondos públicos y cobro de dinero contra los pe-ticionarios, la Legislatura Municipal y el Municipio de Rincón. En ella, el Estado alegó que el 1 de septiembre de 2000 la Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió el In-forme de Auditoría Núm. M-01-10 en que se detallaron las operaciones fiscales del Municipio de Rincón para el pe-riodo comprendido entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1998. Añadió que del estudio surgió que la Legislatura Municipal de Rincón aprobó el aumento del señor Caro Muñiz sin apegarse a los requisitos que esboza la Ley de Municipios Autónomos.

En específico, del Informe de la Oficina del Contralor surge que la Legislatura Municipal otorgó el aumento sin antes aprobar un reglamento para regir el procedimiento de evaluación, determinación y adjudicación de sueldo como exige el Art. 3.012 de la Ley de Municipios Autóno-mos, supra. El Estado añadió que la Legislatura Municipal tampoco consideró los estados financieros del municipio, que al momento de concederse el aumento reflejaban un atraso de dos años en su preparación y un déficit presu-puestario de $34,350 en los fondos operacionales. De la misma forma, la Legislatura Municipal nunca ofreció evi-dencia a la Oficina del Contralor de que consideró los siete requisitos que dispone la sección referida para conceder aumentos a los alcaldes.

Por ello, el E.L.A. solicitó que se declarara nula, ilegal y contraria a derecho la Resolución Núm. 20 que otorgó al señor Caro Muñiz el aumento de sueldo de $1,600 mensuales. Asimismo, requirió que se declarara ilegal el pago de $86,291.80 por ese aumento y se condenara a los peticionarios a su restitución, junto a cualquier otra suma que se haya cobrado, más intereses, gastos, costas y hono-rarios de abogados.

Después de varios incidentes procesales,() el Tribunal de Primera Instancia celebró una vista en que las partes acordaron que la controversia se resolvería por la vía sumaria. El 15 de marzo de 2010 el E.L.A. presentó su moción al respecto. Luego de un análisis del derecho co-rrespondiente, el 15 de junio de 2010 el foro primario de-claró nula, ilegal y contraria a derecho la Resolución Núm. 20 de 19 de abril de 1997. A su vez, dispuso que el pago de los $86,291.80 fue un uso ilegal de fondos públicos, por lo que condenó a los peticionarios a su rembolso.

En su sentencia, el foro primario razonó que la inexis-tencia de un reglamento previo a la evaluación, determina-ción y adjudicación del sueldo del alcalde, no invalida, ipso facto, el aumento otorgado al señor Caro Muñiz. Sin embargo, entendió que como tampoco se consideraron los siete criterios contenidos en el Art. 3.012 de la Ley de Munici-pios Autónomos, supra, el aumento era ilegal. Por último, resolvió que el municipio de Rincón nunca solicitó una con-sulta a la O.C.A.M. directamente sobre el alcance del Art. 3.012, supra. Añadió que aunque la interpretación inicial de la O.C.A.M. sobre el Art. 3.012 fue errónea, esa oficina carece de facultad para dispensar motu proprio a los mu-nicipios del cumplimiento de la ley.

Inconformes con esa determinación, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones. El 17 de diciembre de 2010 ese foro confirmó la sentencia recurrida. Razonó que la Resolución Núm. 20 que aprobó la Asamblea Municipal es nula, ilegal y contraria a derecho, ya que se incum-plió con lo dispuesto en el Art. 3.012 de la Ley de Munici-pios Autónomos, supra. A su vez, añadió que el Informe de Auditoría que emitió la Oficina del Contralor reflejó un déficit presupuestario municipal que la Asamblea Municipal no consideró al momento de conceder el aumento. Por ello, entendió el Tribunal de Apelaciones que el foro prima-rio concluyó correctamente que procedía la devolución del dinero que se pagó por ese aumento.

Insatisfechos todavía, los peticionarios acuden ante nos. Señalan que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó el pago de $86,291.80 desembolsados por el municipio de Rincón. El 16 de junio de 2011 expedimos el auto. Con la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

La Ley Núm. 36-1995 enmendó gran parte de la Ley de Municipios Autónomos con la intención de lograr una im-plantación adecuada de la reforma municipal que respon-diera a las necesidades fiscales que la motivaron y contri-buyera al desarrollo de administraciones municipales eficientes y efectivas. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 36, 1995 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 194. Cónsono con esa política pública, el legislador añadió a la Ley de Municipios Autónomos el Art. 3.012, supra. En ese artículo se delimitaron los criterios a tomarse en consideración para otorgar aumentos de sueldo a los alcaldes.

El artículo expresado dispone que:

La Legislatura Municipal aprobará, con el voto de dos ter-ceras partes de los miembros del cuerpo, el reglamento que regirá los procedimientos de evaluación, determinación y ad-judicación, del sueldo del alcalde.
Al considerar aumentos de salarios para el alcalde, la Legis-latura tomará en consideración, entre otros, que dicho cuerpo encuentre necesarios, los siguientes criterios:
(1) El presupuesto del municipio y la situación fiscal de los ingresos y gastos reflejados en los informes de auditoría o single audit.
(2) La población y el aumento en los servicios a la comunidad.
(3) El cumplimiento con los controles fiscales y administra-tivos establecidos por O.C.A.M., la Oficina del Contralor y el gobierno federal.
(4) La complejidad de las funciones y responsabilidades del Primer Ejecutivo.
(5) El costo de vida, información que deberá suplir la Junta de Planificación a solicitud de la Legislatura Municipal.
(6) La habilidad de atraer capital y desarrollo económico al respectivo municipio.
(7) Tomar en cuenta los sueldos devengados por los miem-bros de la Asamblea Legislativa y los Secretarios del Gabinete Constitucional. Art. 3.012, supra.

En E.L.A. v. Crespo Torres, supra, pág. 789, señalamos que la intención del legislador al establecer los criterios del Art. 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, fue disponer “unas guías generales para la consideración de las legislaturas municipales al aprobar los aumentos de sueldo de los alcaldes”. Fundamentamos nuestra conclu-sión en que esa interpretación era cónsona “con la entonces recién aprobada reforma municipal, la cual ... tuvo el propósito de conceder mayor autonomía a los municipios”. Id., pág. 789. Explicamos que “puesto que la Ley de Municipios Autónomos establece que su texto se interpretará de ma-nera liberal y en armonía con la buena práctica de la polí-tica fiscal, debemos concluir que ... la legislatura municipal debe cumplir con los criterios guías que establece la ley”. Id., págs. 789-790. Sin embargo, determinamos que a pesar de que las asambleas municipales deben apegarse a los criterios mencionados, estos deben entenderse como unas guías mínimas y no como una lista taxativa. Id.

De la misma forma, expusimos que aunque la O.C.A.M. es la oficina que “tiene la responsabilidad principal de ase-sorar y aprobar reglamentación con el propósito de asegu-rar la aplicación de los procedimientos contables general-mente aceptados, el cumplimiento con las normas de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la corrección de prácticas que constituyen fuente de señalamientos admi-nistrativos y contables”, sus opiniones, al igual que las del Secretario de Justicia, no tienen carácter vinculante, sino persuasivo para los municipios. E.L.A. v. Crespo Torres, id., pág. 791. Véase, además, E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 D.P.R. 464 (2012). Así las cosas, concluimos que es ilegal la otorgación de un aumento de sueldo sin antes aprobarse un reglamento que rija su evaluación, determi-nación y adjudicación. E.L.A. v. Crespo Torres, supra, págs. 791-792.

Un análisis de los hechos ante nuestra consideración demuestra que el aumento concedido al señor Caro Muñiz no se ciñó al proceso estatuido en el Art. 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos, supra. La Legislatura Municipal de Rincón acató la interpretación errada que ofreció la O.C.A.M. a varios municipios sobre el procedimiento para otorgar aumentos y a base de ella, concedió el del señor Caro Muñiz. Por ello, nunca otorgó un reglamento antes de conceder el aumento.

Asimismo, en cuanto a la evaluación de los siete crite-rios contenidos en el Art. 3.012, supra, surge de la Resolu-ción Núm. 20 que la Legislatura Municipal de Rincón tomó en consideración la población y el aumento en los servicios a la comunidad, así como la complejidad de las funciones y responsabilidades del alcalde. Además, la Legislatura Municipal razonó que desde el 1993 hasta el 1997, fecha en que se aprobó el aumento, el salario del alcalde no había sido incrementado, contrario a otros funcionarios públicos a quienes sí se les aumentó su sueldo. También, evaluó el salario del entonces alcalde de Rincón con el de otros pri-meros ejecutivos municipales. Como vemos, la Legislatura Municipal no consideró: (1) el presupuesto del municipio y la situación fiscal de los ingresos y gastos reflejados en los informes de auditoría o single audit, (2) el cumplimiento con los controles fiscales y administrativos establecidos por O.C.A.M., la Oficina del Contralor y el gobierno federal; (3) el costo de vida, información que deberá suplir la Junta de Planificación a solicitud de la'Legislatura Municipal; (4) la habilidad de atraer capital y desarrollo económico al mu-nicipio, ni (5) los sueldos devengados por los miembros de la Asamblea Legislativa y los Secretarios del Gabinete Constitucional.

Por último, en E.L.A. v. Crespo Torres, supra, pág. 790, señalamos que “[e]l Art. 3.012, supra, parece otorgar flexi-bilidad a la legislatura municipal para evaluar cuáles son los aspectos más importantes en cada municipio y otorga deferencia al juicio que en el pasado ha tenido cada legis-latura municipal al cumplir con tan ardua encomienda”. Añadimos que aunque “el historial legislativo es claro al señalar que, la legislatura municipal debe otorgar una gran importancia al costo de la vida”, “los criterios expues-tos en la ley no impiden que la legislatura municipal pueda utilizar otros factores que le ayuden en su evaluación”. Id. En fin, ultimamos que la determinación de si la legislatura municipal cumplió con los criterios para otorgar un au-mento “requiere un análisis de razonabilidad”. Id.

Un estudio de los factores que ponderó la Legislatura Municipal de Rincón en la Resolución Núm. 20 de 29 de abril de 1997, a todas luces nos obliga a concluir que su evaluación para conceder el aumento al señor Caro Muñiz fue irrazonable. Como posteriormente señaló la Oficina del Contralor en su informe, la Legislatura Municipal de Rin-cón no consideró los estados financieros del municipio que reflejaban un atraso de dos años en su preparación y un déficit presupuestario de $34,350 en los fondos operaciona-les del municipio.

Evaluado el proceso por el que se aumentó el sueldo del señor Caro Muñiz, determinamos que la Legislatura Municipal de Rincón se apartó del Art. 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos, supra. La Legislatura Municipal de Rincón acató la interpretación errada de la O.C.A.M. a varios municipios sobre el procedimiento para otorgar au-mentos y, a base de ella, concedió el del señor Caro Muñiz. No aprobó un reglamento para regir el procedimiento de evaluación, determinación y adjudicación del sueldo del alcalde. Tampoco tomó en consideración como guías los siete criterios esbozados en el Art. 3.012, supra. Por consi-guiente, el aumento de sueldo conferido al señor Caro Mu-ñiz fue ilegal.

III

Nos incumbe ahora determinar si corresponde al señor Caro Muñiz devolver las sumas de dinero que recibió por el aumento de sueldo otorgado indebidamente. Como en E.L.A. v. Crespo Torres, supra, el pago que se realizó al señor Caro Muñiz fue “en la confianza y con la creencia de que se estaba cumpliendo con una obligación válida”. íd., pág. 793. En otras palabras, la creencia general era que el alcalde tenía derecho a recibir el correspondiente aumento conforme a la interpretación inicial que la O.C.A.M. realizó del Art. 3.012, supra. Id. Sin embargo, en E.L.A. v. Crespo Torres, supra, determinamos que la retribución producto de un aumento concedido a un alcalde sin conformarse al proceso que exige el Art. 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, es ilegal. Se trata, pues, del cobro de lo indebido. íd., pág. 793.

Como es sabido, el Art. 1795 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5121, esboza la doctrina del cobro de lo indebido. En particular, el artículo ordena que “[c]uando se reciba alguna cosa que no había derecho a cobrar, y que por error ha sido indebidamente entregada, surge la obli-gación de restituirla”. Id. Hasta el año pasado, nuestro or-denamiento jurídico distinguía entre el error de hecho y el error de derecho para propósitos de la restitución en casos de cobro de lo indebido. Sin embargo, abandonamos esa postura en E.L.A. v. Crespo Torres, supra. Allí, acogimos la norma moderna desarrollada en la jurisdicción española que desde hace más de medio siglo abandonó la distinción entre el error de hecho y el de derecho para propósitos de la restitución. Ahora bien, esta nueva norma, dispusimos, se-ría aplicada prospectivamente. Por esa razón, no la em-pleamos en E.L.A. v. Crespo Torres, supra.

Una lectura de los hechos de este caso demuestra que el aumento concedido al señor Caro Muñiz no ocurrió con pos-terioridad a nuestra decisión en E.L.A. v. Crespo Torres, supra. Por consiguiente, no podemos aplicarle a la causa de epígrafe la nueva norma pautada en el sentido de que pro-cede la restitución de lo que fue ilegalmente pagado, ya sea por error de hecho o de derecho. Así las cosas, evaluemos la controversia ante nos a la luz de la antigua doctrina que sí distinguía entre ambos tipos de errores.

En Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 D.P.R. 560, 565-566 (1998), explicamos que la obligación de restitución que impone el Art. 1795 del Código Civil, supra, no nace de la voluntad contractual, sino más bien cuasicontractual. Rei-teramos que para que operara la doctrina, era necesaria la concurrencia de tres requisitos. Estos son que

(1) se produzca un pago con la intención de extinguir una obligación; (2) que el pago realizado no tenga una justa causa, es decir, que no exista obligación jurídica entre el que paga y el que cobra, o, si existiendo, sea por una cuantía menor a la pagada, y (3) que el pago haya sido hecho por error y no por mera liberalidad o por cualquier otro concepto. (Énfasis suprimido). íd., págs. 566-567.

Desde los inicios del desarrollo de esta figura en nuestra jurisdicción, adoptamos la norma de que solo el error de hecho y no el de derecho, daba lugar a la obligación de restituir. íd., pág. 567. Véase, además, Arandes v. Báez, 20 D.P.R. 388 (1914). Explicamos que el error de derecho con-sistía en

... aquel en el que incurre quien actúa sin ajustarse a lo dis-puesto por una norma jurídica vigente. En el contexto del co-bro de lo indebido comete error de derecho quien realiza un pago bajo la creencia de que el mismo le es exigible en derecho, bien por desconocimiento de la norma que lo descarga del pago, bien por una interpretación errónea del derecho aplicable. Sepúlveda v. Depto. de Salud, supra, pág. 568.

Precisamente, en Cartagena v. E.L.A., 116 D.P.R. 254, 257 (1985), resolvimos que una actuación basada en la interpretación errónea de una ley o reglamento constituye un error de derecho. Véase, además, Sepúlveda v. Depto. de Salud, supra, pág. 568 esc. 9.

Por el contrario, sobre el error de hecho señalamos en Sepúlveda v. Depto. de Salud, supra, pág. 568, que

... se refiere a quien obra a base de irnos hechos que no son los verdaderos. También debemos entender que se cometió un error de hecho cuando, aun conociendo los hechos verdaderos, se produce una equivocación meramente formal o de trámite; es decir, cuando se comete lo que popularmente se ha denomi-nado un “error humano”.

Al igual que ocurrió en E.L.A. v. Crespo Torres, supra, y en E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, supra, al aprobarse el aumento salarial al señor Caro Muñiz, la Legislatura Municipal de Rincón confió en la interpretación que hasta el momento había hecho la O.C.A.M. sobre el procedimiento estatuido en el Art. 3.012, supra. Por consiguiente, “no se trató de un error de trámite de una agencia sino de una interpretación equivocada sobre un artículo de la Ley de Municipios Autónomos”. E.L.A. v. Crespo Torres, supra, pág. 797. En otras palabras, “[a]l conceder los aumentos, confiando en la interpretación errónea del derecho aplicable que hizo la O.C.A.M., el pago hecho [al Sr. Caro Muñiz] es considerado como un error de derecho”. E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, supra, pág. 23.

La disidencia se queja de que esta Sentencia envía un mensaje de corrupción que quedará impune. De nuevo, por tercera vez, aclaramos a la disidencia que su lamento no es producto de nuestros dictámenes, sino de la norma de error de Derecho que regía cuando se otorgaron los aumentos de sueldo que han sido atacados en los casos que han llegado a este Tribunal. Por eso, para evitar que la situación que nos ocupa vuelva a suceder, dejamos esa norma sin efecto de manera prospectiva en E.L.A. v. Crespo Torres, supra. La disidencia se opuso entonces a cambiar la norma jurisprudencial. De haber prevalecido la disidencia, enton-ces sí que la corrupción de la que se queja hoy habría que-dado impune para siempre.

En vista de que, según la doctrina antigua sobre cobro de lo indebido que aplicamos a estos hechos, no procede la restitución cuando el error es de derecho, el señor Caro Muñiz no tiene que restituir los $86,291.80 que recibió como aumento de sueldo.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la deter-minación del Tribunal de Apelaciones que confirmó al Tribunal de Primera Instancia. Aunque el aumento del señor Caro Muñiz fue ilegal, no procede la devolución del dinero que recibió, conforme pautamos en E.L.A. v. Crespo Torres, supra.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton emitió una opinión disidente, a la cual se unió la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta disintió sin opinión escrita.

(.Fdo.) Larissa Ortiz Modestti

Secretaria del Tribunal Supremo Interina

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton,

a la cual se une la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Por tercera vez, una mayoría de este Tribunal insiste en una interpretación que deja en los bolsillos de un exalcalde los beneficios de un aumento salarial ilegal, en detrimento del buen manejo de los fondos públicos. Nuevamente, por entender que la inexistencia del reglamento exigido por el Art. 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991 (21 L.P.R.A. see. 4112), impedía la aprobación del aumento de sueldo en controversia y que toda interpretación ulterior hecha por el Tribunal sobre la doctrina de error de derecho era innecesaria, nos vemos obligados a disentir.

I

El 29 de abril de 1997, la Legislatura Municipal de Rin-cón aprobó la Resolución Núm. 20, Serie 1996-97, para au-mentar el salario del entonces Alcalde, Hon. Liborio R. Caro Muñiz, por $1,600 mensuales. Al momento de apro-bar este aumento, el municipio de Rincón no contaba con un reglamento que regulara dicho proceso.

Posteriormente, la Oficina del Contralor emitió el In-forme de Auditoría Núm. M-01-10 sobre las operaciones fiscales de dicho municipio. Concluyó que la Legislatura Municipal de Rincón aprobó el referido aumento de salario sin observar las exigencias del Art. 3.012 de la Ley de Mu-nicipios Autónomos, supra. En particular, encontró que la Legislatura Municipal otorgó el aumento sin tener un re-glamento para regir el procedimiento de evaluación, deter-minación y adjudicación de sueldo. Asimismo, determinó que la Legislatura Municipal tampoco consideró los esta-dos financieros del municipio, que para la fecha de apro-barse el aumento reflejaban un atraso de dos años en su preparación y un déficit presupuestario en los fondos operacionales. Además, la Legislatura Municipal no evi-denció haber considerado los siete requisitos que dispone el referido artículo para aprobar aumentos salariales a los alcaldes. Ni siquiera solicitó la información relacionada con dichos criterios.

Consecuentemente, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (E.L.A.) presentó una demanda contra el señor Caro Muñiz, su esposa, la Sra. Sonia Rita Caro Caro y la Socie-dad Legal de Gananciales habida entre ellos. Solicitó que se decretara nula, ilegal y contraria a derecho la concesión del aumento de sueldo en controversia. Por consiguiente, peticionó que se declarara que el referido aumento consti-tuyó un pago indebido e ilegal de fondos públicos y se or-denara la devolución de la cantidad cobrada: $86,291.80. Asimismo, solicitó que se impusiera a los demandados el pago de intereses, gastos, costas y honorarios de abogado.

El Tribunal de Primera Instancia declaró “con lugar” la demanda. Inconformes, los demandados acudieron ante el Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó al foro primario. Todavía insatisfechos, los demandados acudieron ante nos.

Una mayoría de este Tribunal revoca a los foros inferio-res y concluye que, aunque el aumento del señor Caro Mu-ñiz fue ilegal, no procede la devolución del dinero que recibió. No estamos de acuerdo.

II

El Art. 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, dispone lo siguiente:

La Legislatura Municipal aprobará, con el voto de dos terce-ras partes de los miembros del cuerpo, el reglamento que regirá los procedimientos de evaluación, determinación, y adjudica-ción, del sueldo del Alcalde.
Al considerar aumentos de salarios para el alcalde, la Legis-latura tomará en consideración, entre otros, que dicho cuerpo encuentre necesarios, los siguientes criterios:
1. El presupuesto del municipio y la situación fiscal de los ingresos y gastos reflejados en los informes de auditoría o “single audit”.
2. La población y el aumento en los servicios a la comunidad.
3. El cumplimiento con los controles fiscales y administra-tivos establecidos por O.C.A.M., la Oficina del Contralor y el gobierno federal.
4. La complejidad de las funciones y responsabilidades del Primer Ejecutivo.
5. El costo de vida, información que deberá suplir la Junta de Planificación a solicitud de la Legislatura Municipal.
6. La habilidad de atraer capital y desarrollo económico al respectivo municipio.
7. Tomar en cuenta los sueldos devengados por los miem-bros de la Asamblea Legislativa y los Secretarios del Gabinete Constitucional. (Énfasis suplido). íd.

Como puede apreciarse, el Art. 3.012 antes citado im-pone dos requisitos a la legislatura municipal para poder aprobar cualquier aumento de salario a un alcalde: (1) aprobar un reglamento que regule dicho proceso y (2) tomar en consideración, como mínimo, los siete criterios enume-rados, al momento de aprobar el aumento. Por consi-guiente, cualquier aumento salarial contrario a la obliga-ción expresa que este artículo impone a la legislatura municipal es ilegal, por provenir de una actuación ultra vires.

Como hemos señalado anteriormente, este artículo se incluyó en la Ley de Municipios Autónomos, mediante la aprobación de la Ley Núm. 36 de 13 de abril de 1995, Leyes de Puerto Rico, pág. 194. Al respecto, el Informe de la Co-misión de Asuntos Municipales del 26 de agosto de 1993 sobre el Informe Sustitutivo del P. de la C. 627, 12ma Asamblea Legislativa, 2da Sesión Ordinaria, que luego se convirtió en la Ley Núm. 36 de 1995, expresó que el texto propuesto sobre el Art. 3.012 buscaba que la legislatura municipal tuviera unas guías para establecer un salario justo de acuerdo a las circunstancias económicas de los municipios y las capacidades del alcalde. Id., págs. 7-9. En particular, expresó:

La disparidad en los sueldos de los Alcaldes responde a la falta de guías y criterios uniformes que puedan aplicarse por la Asamblea Municipal para determinar el aumento de salario del Primer Ejecutivo. La importancia de las disposiciones que se introducen en la medida sustitutiva permiten que la Asam-blea Municipal evalúe la capacidad fiscal del municipio para compensar adecuadamente al Alcalde tomando en considera-ción el presupuesto, la población, la complejidad de las funcio-nes, las responsabilidades del Primer Ejecutivo y el costo de vida. Este último, es un dato indispensable que deberá suplir la Junta de Planificación a las Asambleas. (Énfasis suplido), íd., pág. 9.

III

En este caso, la Resolución que dio lugar al aumento en cuestión se aprobó sin que existiera un reglamento para regir el procedimiento de evaluación, determinación y ad-judicación de sueldo. Asimismo, la Legislatura Municipal no presentó evidencia de que consideró los siete requisitos que dispone el referido artículo para aprobar aumentos sa-lariales a los alcaldes. Incluso, la Oficina del Contralor en-contró que la Legislatura Municipal tampoco consideró los estados financieros del municipio, que para la fecha de aprobarse el aumento reflejaban un atraso de dos años en su preparación y un déficit presupuestario en fondos operacionales. Ante este cuadro fáctico, una mayoría de este Tribunal resuelve que el aumento salarial concedido al señor Caro Muñiz fue ilegal e irrazonable.

Sin embargo, tal y como ocurrió en E.L.A. v. Crespo Torres, 180 D.RR. 776 (2011), y en E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 D.P.R. 464 (2012) (Sentencia), una mayoría de este Tribunal resuelve que la doctrina de error de dere-cho vigente al momento de aprobarse el aumento de salario en cuestión no conllevaba la restitución del dinero cobrado indebidamente. De esta manera, una mayoría de este Tribunal impide la devolución de los pagos ilegales.

Nos vemos obligados a disentir, por las mismas razones expresadas en E.L.A. v. Crespo Torres, supra, y reiteradas en E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, supra. Como expu-simos anteriormente, existe una disposición clara y precisa sobre el procedimiento que el municipio de Rincón debió seguir para aumentar el salario del entonces alcalde. En específico, el citado Art. 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, exige, entre otras cosas, la existencia de un reglamento que rija el procedimiento de evaluación, determinación y adjudicación de sueldo de un alcalde. La Legislatura Municipal de Rincón aprobó el aumento de sueldo al señor Caro Muñiz sin contar con un reglamento para ello. Por ende, entendemos que este Alto Foro debió resolver, sin más, que el aumento salarial concedido al se-ñor Caro Muñiz era inválido y que procedía la restitución de los fondos públicos cobrados ilegalmente. Así pues, al igual que en E.L.A. v. Crespo Torres, supra, la doctrina de error de derecho no aplica al caso de autos.

En E.L.A. v. Crespo Torres, supra, págs. 800-805, expre-samos nuestra preocupación sobre la ambigüedad de la norma pautada por la posición mayoritaria, debido a que actualmente existen múltiples casos sobre esta controver-sia ante los tribunales del país. En específico, nos pregun-tamos: “¿Podrán alegar con éxito esos otros alcaldes que también fueron víctimas de una confusión genuina o un error de Derecho?”. íd., pág. 804. El exalcalde de Villalba, Hon. Bernardo Negrón Montalvo, ya lo logró, por lo que no tuvo que restituir al erario $53,200 que recibió ilegalmente. E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, supra. También lo logró el señor Caro Muñiz quien no tuvo que devolver los $86,291.80 que disfrutó mediante su aumento de sueldo aprobado ilegalmente. Nos preguntamos una vez más: ¿Cuántos otros pagos realizados en abierta violación de la ley no tendrán que ser restituidos al amparo de la protección del análisis jurídico de este Tribunal? En efecto, el mensaje que en última instancia comunica este Tribunal es que este tipo de acto claramente ilegal y de corrupción de las maltrechas arcas municipales, quedará impune. Por tercera vez, una mayoría de este Tribunal permite que un exalcalde disfrute del dinero recibido mediante un au-mento de sueldo claramente ilegal, por haber sido apro-bado por una legislatura municipal que ignoró las exigen-cias de la ley, que no consideró que los estados financieros del municipio reflejaban un déficit presupuestario y sin si-quiera solicitar información sobre los siete factores que la ley exige considerar para aumentar el salario a los alcaldes.

      (1) Entre esos trámites estuvo la solicitud del municipio de Rincón y su Asam-blea Municipal de que se desestimara la causa de acción en su contra. Argüyeron que no eran partes indispensables en el pleito y no deseaban litigar ni intervenir en él. Luego de evaluar la solicitud, el foro primario desestimó la causa de acción contra el municipio y la Asamblea Municipal.


author:
(Fdo.) Larissa Ortiz Modestti
      Secretaria del Tribunal Supremo Interina
     Juez Asociado Señor Martínez Torres. Juez Presidente Señor Hernández Denton,

text:
    Partido Nuevo Progresista, peticionario, v. Hon. Héctor J. Conty Pérez, Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico y Partido Popular Democrático, recurridos.

      Número: CT-2012-0004

      Resuelto: 3 de abril de 2012

      Eric R. Ronda del Toro y Juan B. Soto Balbas, abogados de la parte peticionaria; Pedro E. Ortiz Álvarez y Jorge Martí-nez Luciano, abogados de a parte recurrida.
   RESOLUCIÓN

Examinados la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdic-ción Solicitando Paralización y Orden Provisional de Cese y Desista, y el Recurso de Certificación Intrajurisdiccional, presentados por la parte peticionaria de epígrafe, se provee a ambos “ha lugar”.

A esos efectos, y en aras de garantizar la pureza y la transparencia de los procesos eleccionarios en Puerto Rico, quedan paralizados los procedimientos del Escrutinio General ordenado por el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones mediante la Resoluciones CEE-RS-12-21 y CEE-RS-12-23 hasta tanto este Tribunal resuelva el Re-curso de Certificación Intrajurisdiccional presentado por la parte peticionaria de epígrafe.

Se les provee a las partes hasta las 10:00 a.m. del lunes 9 de abril de 2012 para que se expresen en cuanto a los fundamentos del recurso de epígrafe. A su vez, de acuerdo con la Regia 23(c)(4) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, se cita a las partes para una Vista Oral el miércoles, 11 de abril de 2012 a las 10:00 a.m. en la sede de este Tribunal. El término máximo será de una (1) hora: veinticinco (25) minutos a cada parte para el argumento principal y cinco (5) minutos a cada una para replicar.

Notifíquese inmediatamente a las partes y al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, Sala A, de la Jueza Superior, Hon. Georgina Candal Seguróla, por teléfono, vía fax y por la vía ordinaria.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emitió un voto particular de conformidad. El Juez Presidente Señor Hernández Denton emitió un voto particular disidente, al cual se unió la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. La Jueza Asociada Señora Fiol Ma-tta hace constar que, en consideración del impacto que una determinación en este caso podría tener sobre los derechos constitucionales a la intimidad, al voto secreto y a la aso-ciación, declararía “con lugar” la Moción en Auxilio de Ju-risdicción para paralizar el escrutinio general, denegaría el recurso de certificación intrajurisdiccional y ordenaría al Tribunal de Primera Instancia que atienda el recurso de revisión presentado por el Partido Nuevo Progresista con celeridad y que emita una decisión sobre el mismo en un término no mayor de cinco días laborables.

(Fdo.) Larissa Ortiz Modestti

Secretaria del Tribunal Supremo Interina

— o —

Voto particular de conformidad del

Juez Asociado Señor Martínez Torres.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton disiente de la Resolución del Tribunal porque detiene preventiva-mente el escrutinio de las primarias de 2012. Permitir que continúe el escrutinio, sin embargo, significaría que de pre-valecer la parte peticionaria habría que ordenar que se re-haga lo hecho. Rechazo esa inutilidad.

Se queja también de que no se permita al Tribunal de Primera Instancia atender el caso. Si ese foro hubiera atendido este caso con la premura que amerita, nuestra intervención sería innecesaria. Me parece que la disidencia debería ir dirigida al foro que no atendió este caso pero sí le daba prioridad a un mandamus contra la parte peticio-naria.

La cuestión planteada es de Derecho: si puede y debe ordenarse que se dé acceso a las listas de votantes en las primarias, como mecanismo para detectar y dilucidar unas alegaciones de fraude electoral. No hay prueba que eva-luar, a menos que el Juez Presidente pretenda que se pruebe el fraude alegado antes de resolver si las listas son necesarias precisamente para probar el mismo fraude. Eso no tiene sentido. Por lo tanto, podemos intervenir en esta etapa. El interés público y la tardanza del Tribunal de Pri-mera Instancia para atender el planteamiento de derecho que se trajo a su atención hacen imperativo que interven-gamos con premura.

Por último, valga aclarar que los términos para que las partes expongan su posición en una vista oral son los que nuestros reglamentos siempre han recogido. Son los mis-mos del reglamento de 1996. Si eran adecuados entonces, también lo son ahora.

Resolver este asunto con premura promueve la certeza y la confianza en el proceso electoral. El escrutinio de las primarias ha sido cuestionado. Esto tiene que resolverse ya para salvaguardar la confianza del Pueblo en nuestro sis-tema electoral.

— O —

Voto particular disidente emitido por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton,

al cual se une la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez.

Disentimos de la decisión tomada hoy por este Tribunal al ordenar la certificación del caso de autos y paralizar el Escrutinio General relacionado con las primarias del Par-tido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, celebradas el 18 de marzo de 2012.

El 27 de marzo de 2012, la Comisión Estatal de Eleccio-nes (C.E.E.) ordenó, mediante la Resolución CEE-RS-12-21, un “Escrutinio General y recuento de ley instituciona-lizado” con el propósito de atender serios cuestiona-mientos sobre la validez de los resultados de las referidas primarias. Insatisfecho, el Partido Nuevo Progresista soli-citó a la C.E.E. que, durante dicho escrutinio general, se permitiera a sus observadores verificar en las listas de electores las firmas y la cantidad de votantes de los cole-gios electorales.

En respuesta, el 30 de marzo de 2012, la C.E.E. denegó la petición del Partido Nuevo Progresista mediante la Re-solución CEE-RS-12-23, por entender que conceder acceso a las listas de electores violaría el derecho a la intimidad de estos.

Todavía inconforme, el Partido Nuevo Progresista acu-dió ante el Tribunal de Primera Instancia y solicitó la re-visión de la Resolución CEE-RS-12-23. Así las cosas, dicho tribunal citó a una vista para el miércoles, 11 de abril de 2012. Acto seguido, el Partido Nuevo Progresista acudió ante nos en la tarde de ayer, 2 de abril de 2012, y en menos de veinticuatro horas, una mayoría de este Tribunal ha paralizado el Escrutinio General, ha certificado el caso para atenderlo directamente y ha concedido a las partes un solo día laborable para expresarse sobre los méritos de las controversias que presenta el recurso.

Entendemos que no se justifica que este Tribunal, a des-tiempo, impida que un procedimiento judicial siga su trá-mite ordinario ante el Tribunal de Primera Instancia, diri-gido a revisar la resolución en controversia y determinar si procede conceder el remedio solicitado por el Partido Nuevo Progresista. Esto es, que se permita que los obser-vadores de todos los partidos tengan acceso a las listas de los electores que emitieron su voto y que se realice el es-crutinio desde el Precinto Núm. 1 hasta el Precinto Núm. 110.

Con su proceder, una mayoría de este Tribunal impide que el foro llamado a recibir las alegaciones y la evidencia examine detenidamente unas controversias que atañen importantes derechos constitucionales incluyendo el dere-cho a la intimidad de los electores, el derecho a la libre asociación y el derecho al voto. En este caso, no se han celebrado vistas y no se ha recibido prueba alguna sobre las imputaciones del peticionario ni sobre la invalidez de la actuación de la C.E.E. En cambio, este Foro pretende cele-brar una vista evidenciaría de escasamente treinta minu-tos por parte para exponer sus argumentos. Por consi-guiente, el procedimiento expedito que se procura seguir impide que este tribunal cuente con el beneficio de un ex-pediente completo sobre el cual emitir una decisión.

Sin duda, este trámite apresurado no abona al clima de confianza y certeza que reclama el país de sus procesos democráticos. Por todo lo anterior, denegaríamos el auto de certificación y permitiríamos que los procedimientos conti-núen su trámite ordinario ante el Tribunal de Primera Instancia.