author: El Juez PkesideNte Sb. HekNÁNdez,

text:
    Torres et al., Demandantes y Apelados, v. Rubianes et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en nn caso sobre reivindicación de bienes hereditarios.
    No. 977.
    Resuelto en abril 28, 1914.
    Derechos Hereditarios — Ley Vigente al Fallecimiento del Causante. — Los derechos hereditarios tanto en la sucesión testada como en la intestada se rigen por la ley vigente al tiempo del fallecimiento del causante.
    Código Civil Español — Hecha en que Empezó a Regir en Puerto Rico. — De acuerdo con el Real Decreto de 31 de julio de 1889 el Código Civil Español empezó a regir en esta Isla a los 20 días de terminada su publicación en la Gaceta de la Isla, habiendo concluido dicha publicación el 12 de diciembre del mismo año.
    Testamentos — Reglas de Interpretación. — Los testamentos deben interpretarse dando a las palabras del testador el sentido que tienen y procurando siempre dar .efecto a sus distintas disposiciones.'
    Id. — Testamento Mancomunado Entre Cónyuges — Institución Mutua de Herederos — Derechos del Cónyuge Supérstite para Disponer de los Bienes — Herederos Sustitutos de Ambos Cónyuges. — J51 testamento man-comunado en litigio, otorgado por ambos cónyuges contiene la siguiente cláu-sula: “los señores testadores se instituyen y nombran mutuamente como únicos y universales herederos, el uno respecto del otrQ, de todos los bienes, derechos y acciones que dejare el primero de ellos que fallezca, para que los que sean, los herede, goce y disfrute libremente el que sobreviva, sin restric-ción ni limitación alguna. Y para cuando fallezca el último de los testadores que sobreviva, sea cual fuere de ellos, de todos los bienes, derechos y acciones que quedaren a su fallecimiento, instituyen y nombran por sus únicos y uni-versales herederos en una tercera parte, de por mitad, a los hermanos del testador nombrados Doña Francisca y Don Pedro Pérez y García * * * en' otra tercera parte, también de por mitad, a Doña Margarita y Doña Felicita Molinas y Villá, hermanas de la testadora, y en la otra tercera parte, a la menor impúber Doña Ormesinda o Ermesinda Morales y Rubianes, de cuyas herencia disfrutarían libremente sin limitación alguna * * , *. ”

      Se resolvió que de acuerdo con diclia cláusula ambos cónyuges se nombraron mutuamente herederos en propiedad y no en usufructo de todos sus bienes, con facultad el cónyuge sobreviviente de disponer libremente de los bienes del cónyuge premuerto, por actos entre vivos con la limitación, sin embargo, de que los bienes quo dejara a su fallecimiento el cónyuge sobreviviente habían de pasar a los herederos sustitutos designados en dicha cláusula.
    Id. — Testamento Mancomunado Entre Cónyuges — Interpretación de las Palabras “Herede, Goce y Disfrute” — Heredero Usufructuario. — Exa-minada la cláusula transcrita del testamento en litigio se resolvió que las palabras “herede, goce y disfrute” no pueden ser interpretadas en el sen-tido de instituir al cónyuge supérstite solamente heredero usufructuario, ni que las palabras “libremente, sin restricción ni limitación alguna” se re-fieren a las restricciones impuestas a los herederos usufructuarios por el Código Civil.
    Id. — Institución de Heredero a Día Cierto — Herederos Condicionales. — De acuerdo con la Ley Octava, Título IY, partida 6“., las instituciones de here-dero a día cierto o que indudablemente ha de venir, por más que se ignore cuándo, como por ejemplo el fallecimiento de la persona, se equiparan a las instituciones puras, mientras que las instituciones de herederos sujetas a un evento de realización dudosa o incierta tienen el carácter de instituciones condicionales.
    Id. — Institución Condicional de Heredero — Testamento Mancomunado Entre Cónyuges. — Se resolvió que la cláusula transcrita .contiene una institución condicional de herederas a favor de Doña Margarita y Doña Eelíeita Molinas, causantes de los demandantes, dependiendo el que dichas causantes heredasen de "dos sucesos, a saber, el fallecimiento del cónyuge sobreviviente y la exis-tencia de bienes al tiempo de ese fallecimiento, siendo este último suceso el que le daba a la institución de dichas herederas el carácter de condicional, porque podía o nó suceder el que el cónyuge sobreviviente dejase o no bienes.
    Id. — Institución Pura de Herederos — Institución Condicional de Here-deros.- — De acuerdo con la Ley Octava, Título IY, y la Ley 34, Título 9 de la partida 6a., el efecto de la institución pura es la creación de derechos transmisibles a los herederos de los instituidos, desde el fallecimiento de los testadores, mientras que en las instituciones condicionales los herederos de los instituidos no adquieren derecho alguno hasta que se cumple la condición.
    Id. — Institución Condicional de Herederos — Incumplimiento de la Condi-ción.- — Los demandantes en este caso no adquirieron derecho hereditario alguno de sus causantes instituidas herederas condicionales, Doña Margarita y Doña Felicita Molinas, porque dichas causantes murieron antes de que se cumpliera la condición de que el cónyuge supérstite dejara bienes a su falle-cimiento.
    Id. — Institución Condicional de Herederos — Fallecimiento de los Herederos Condicionales Antes de Cumplirse la Condición. — La disposición testa-mentaria por la que un tercero es llamado al todo o parte de lo que reste de una herencia al morir el heredero, contiene una especie de sustitución con-dicional en favor del llamado, a la cual son aplicables las reglas y prescrip-ciones legales que rigen a esta clase de instituciones, en las que es requisito indispensable que el instituido y el sustituto en su caso tengan capacidad legal para aceptar la herencia al cumplirse la condición impuesta por el testador.

      Derechos Hereditarios — Fallecimiento del Causante Antes del Código Civil Antiguo. — Según la regla 12 de las disposiciones transitorias del Código Civil Español vigente anteriormente en Puerto Rico, los derechos a la herencia de Doña Dolores Molinas y Tilla, de la que derivan el suyo los demandantes, deben regularse por la legislación anterior al citado código, sin que sea apli-cable al presente caso el párrafo 2o. de la regla 1“., ni por tanto el artículo 799 del Código Civil Español, por impedirlo, no sólo la regla 12“., sino tam-bién el artículo 3°. del mismo código.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelados: Sr. José A. Poventud.

    Abogado de los apelantes: Sr.José Tous Soto.

   El Juez PkesideNte Sb. HekNÁNdez,

emitió la opinion del -tribunal.

Con fecha 15 de julio del año de 1911, Carmen, Julia y .Rafaela Torres y Molinas; Francisco Fernández y Molinas, Enriqueta Fernández y Villá y Adela Aguilar y Fernández; Losa Enstasia, Juan y Petrona Pnig Subirá y Molinas; y .Manuel, María Luisa, Ana Margarita y María Mercedes Ló-pez Sagredo y Pnig Subirá presentaron demanda enmendada •en la Corte de Distrito de Ponce contra Encarnación Rubia-mes, Ormesinda y Francisca Dolores Morales y Rubianes, y Eelipe G-antier, en que alegan como hechos los siguientes:

Io. Que a los esposos Don Francisco Pérez García y Doña Dolores Molinas y Villá pertenecía en pleno dominio a título ■de gananciales desde el 19 de diciembre de 1865 por compra que el esposo hiciera en escritura publica de esa fecha durante su matrimonio, una finca urbana que se describe en dicha •demanda.

2o. Que en 24 de agosto de 1889 los consortes Pérez García j Molinas Villá otorgaron testamento nuncupative y manco-munado ante el Notario de Ponce Don Joaquín Mayoral por el que “se instituyeron y nombraron mutuamente como úni-cos y universales herederos, el uno respecto del otro, de todos los bienes, derechos y acciones que dejare el primero de ellos ■que falleciera para que los que fuesen los heredara, gozara y disfrutara libremente el que sobreviviera, sin restricción mi limitación alguna. Y para cuando falleciera el último de los testadores que sobreviviera, sea cual fuere de ellos, de todos los bienes, derechos y acciones que quedaran a su falle-cimiento instituyeron y nombraron, por sus únicos y univer-sales herederos, en una tercera parte, de por mitad, a los hermanos del testador, nombrados Doña Francisca y Don Pedro Pérez y G-arcía, residentes en Loja; en otra parte, también de por mitad, a Doña Margarita y Doña Felicita Molinas y Villa, hermanas de la testadora, y en la otra ter-cera parte a la menor impube Doña Ormesinda o Ermesinda Morales y Rubianes; de cuyas herencias disfrutarían libre-mente sin limitación alguna. ’ ’

3o. Que Doña- Dolores Molinas y Villá falleció en Ponce el 7 de noviembre de 1889, desde cuya fecha el cónyuge supérstite empezó a disfrutar la finca urbana mencionada como único usufructuario de la misma, en virtud de la anterior disposi-ción testamentaria, y estuvo disfrutándola hasta el 19 de junio de 1893 en que falleció, sin que por acto entre vivos hubiera dispuesto de ella en todo o en parte.

4o. Que Doña Felicita Molinas y Villá falleció en la misma ciudad de Ponce el 4 de mayo de 1891 bajo testamento otor-gado en 18 de abril anterior por el que legó a sus sobrinas las demandantes Carmen, Julia y Rafaela Torres y Molinas por partes iguales la mitad de lo que pudiera haberle corres-pondido por herencia de su difunta hermana Doña Dolores Molinas y Villá en virtud del testamento nuncupativo y man-comunado que ésta otorgó, instituyendo y nombrando ade-más Doña Felicita por sus únicos y universales herederos en cuanto a la otra mitad de dicha-herencia y del remanente de sus bienes a su hijo Don Francisco Fernández Molinas, y a sus nietas Doña Enriqueta Fernández y Villá y Doña Adela Aguilar y Fernández por partes iguales; y la otra heredera instituida en el propio testamento mancomunado o sea Doña Margarita Molinas y Villá falleció también en Ponce el 2 de noviembre de 1892 sin disposición testamenta-ria, siendo sus herederos abintestato sus hijos los deman-dantes Doña Rosa Eustacia, Juan y Petrona Puig Subirá y Molinas, y sns nietos Mannel, María Lnisa, Ana Margarita y Maria Mercedes López Sagredo y Pnig Subirá.

5o. Que Don Francisco Pérez García otorgó otro testamento en 5 de junio de 1893 por el que instituyó por sns únicos y universales herederos por partes iguales, de sus bienes, dere-chos y acciones, en propiedad, a las demandadas Ormesinda, casada con el co-demandado Felipe G-autier, y Francisca Dolores Morales y Rubianes, y en usufructo de por vida a la otra demandada Encarnación Rubianes, en virtud de cuyo' testa-mento dichas tres demandadas después de fallecido el testa-dor en 19 de junio de 1893 inscribieron a su nombre en el Registro de la Propiedad de Ponce en la forma expuesta, la totalidad de la finca urbana ya mencionada, con conocimiento de los derechos de los demandantes y de sus causantes en cuanto a la mitad indivisa que a éstos correspondía en la tercera parte de dicha finca, habiendo además poseído los cuatro demandados la repetida finca y disfrutado de sus ren-tas, productos, beneficios y utilidades, sin buena fe ni justo título en la parte correspondiente a los demandantes desde julio 1893 hasta la fecha de la presentación de la demanda.

6o. Que la indicada mitad de la tercera parte indivisa de dicho inmueble tiene un1 valor de $2,000, siendo de $3,180 el valor de las rentas,-productos, beneficios y utilidades corres-pondientes a dicha participación durante el tiempo que los demandantes han estado privados de su posesión y goce.

7o. Que por razón de la detentación, los demandantes han sufrido además daños y perjuicios adicionales que estiman en $1,000.

8o. Que las tres primeras demandadas han cobrado des-pués del fallecimiento de Don Francisco Pérez García y en virtud de su último testamento, a sabiendas de los derechos de los demandantes, la cantidad de $2,000 aproximadamente, importe parcial de una deuda de Don Félix Jorge, procedente de una venta de finca perteneciente a la sociedad' de ganan-ciales de los consortes Pérez García y Dolores Molinas y Villá, venta efectuada en vida de éstos, sin que Pérez García por acto entre vivos hubiera dispuesto de la cantidad adeudada por Félix Jorge y de la que después de cobrada correspondía a los demandantes la mitad de la tercera parte de la misma.

La demanda concluye con la súplicá de que se dicte sen-tencia en favor de los - demandantes y en contra de los de-mandados, declarando:

Io. Que la mitad indivisa de la tercera parte de la finca urbana de que se trata pertenece a los demandantes en pro-porción al interés de cada cual y que en su consecuencia los demandados están obligados a poner dicha participación a la libre disposición de los demandantes, así como a entregar a éstos la mitad de la tercera parte del dinero cobrado a Don Félix Jorge.

2°. Que el testamento otorgado por Don Francisco Pérez Glarcía en 5 de junio de 1893 no tiene valor ni efecto legal alguno en cuanto respecta a los derechos de los demandantes sobre su condominio en la finca urbana y su participación en el dinero cobrado a Don Félix Jorge por los demandados, anulándose en su consecuencia la inscripción 2a. que de la totalidad de la finca urbana practicaron a su favor las deman-dadas y de cualquier otra inscripción posterior a ella y orde-nándose la cancelación de esas inscripciones en el registro de la propiedad.

3°. Que los demandados están obligados a pagar a los demandantes la suma de $3,180 por las rentas, productos, be-neficios y utilidades de su condominio en la mitad de la ter-cera parte de la finca urbana en cuestión.

4°. Que los demandados están también obligados a satis-facer a los demandantes la cantidad de $1,000 en concepto de daños y perjuicios adicionales por la retención ilegal de su condominio, debiendo ser condenados además a pagar todas las costas, desembolsos y honorarios del pleito.

A la anterior demanda opusieron los demandados, las si-guientes excepciones previas:

(a) La de indebida acumulación de acciones, a saber: la de nulidad de institución de herederos, la real reivindicatoría de propiedad inmueble, y la personal para el cobro de dinero;

(b) La de ser dudosa la demanda;

(c) La de no aducir la misma becbos suficientes para deter-minar una causa de acción;

(el) La de prescripción de las acciones ejercitadas;

(e) T la de indebida acumulación de partes demandadas, o- sea la de haberse unido indebidamente a éstas Don Felipe Gautier.

Todas las excepciones mencionadas fueron declaradas sin lugar por resolución de 11 de octubre de 1911, y celebrado el juicio la Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia en 29 de enero del pasado año 1913, por la que decide “que los demandantes son dueños en pleno dominio de la sexta parte en común proindiviso de la finca urbana descrita en la de-manda y en tal virtud declara nulo y sin ningún valor ni efecto el testamento otorgado en 5 de junio de 1893 por Don Francisco Pérez García ante el notario de Ponce Don Rafael León, y nula asimismo la inscripción que de la totalidad de dicho inmueble hicieron a su favor las demandadas Doña Encar-nación Rubianes, Doña Ormesinda Morales y Rubianes y Doña Francisca Dolores Morales y Rubianes en cuanto uno y otra puedan afectar los derechos de los demandantes sobre el con-dominio que se les reconoce, oi’denando además la corte que dichas demandadas y Don Felipe Gautier pongan el expresado condominio a la libre disposición de los demandantes, y con-denando además a las demandadas Doña Encarnación, Doña Ormesinda y Doña Francisca a pagar a los demandantes la suma de $1,676, con las costas, desembolsos y honorarios del pleito. ’

Contra esa sentencia interpuso la representación de la parte demandada, recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, y entre otros motivos legales que invoca para sos-tener el recurso, alega el de que la corte inferior erró al esti-mar que las demandantes tienen causa de acción para recla-mar bajo el testamento de los consortes Pérez-Molinas, la herencia o parte de ella de Doña Dolores Villa. Si se ha cometido ese error, por ese solo fundamento procedería la revocación de la sentencia, y holgaría por tanto la considera-ción de los demás errores.

Para definir si los hechos expuestos en la demanda deter-minan una causa de acción, se hace preciso establecer ante todo cuál es la legislación que debe regular los derechos de los demandantes con relación a la herencia de Doña Dolores Molinas y Villá, si el Código Civil Español o los pre'ceptos legales qué anteriormente regían, que son los comprendidos en el Código de Partidas.

La regla duodécima de las disposiciones transitorias para la aplicación del Código Civil de 1889 dice así:

“Los derechos a la herencia del que hubiere fallecido cou testa-mento o sin él antes de hallarse en vigor el código, se regirán por la legislación anterior. La herencia de los fallecidos después, sea o nó con testamento, se adjudicará y repartirá con arreglo al código; pero cumpliendo, en cuanto éste lo permita, las disposiciones testa-mentarias. Se respetarán por tanto las legítimas, las mejoras y los legados; pero reduciendo su cuantía si de otro modo no se pudiere dar a cada partícipe en la herencia lo que le corresponda según el código. ’ ’

La regia duodécima transcrita, en su primer inciso no hizo otra cosa que hacer extensivo a los derechos heredita-rios, por modo expreso, el primer inciso de la regla primera de las transitorias, según la cual habían de regirse por la legislación anterior al código los derechos nacidos, según ella, de hechos realizados bajo su régimen aunque el código los regule de otro modo o no los reconozca; y la misma regia 12a. en su inciso segundo, teniendo en cuenta la regla 2a. pre-ceptiva de que los actos y contratos celebrados bajo el régi-men de la legislación anterior y que fueran válidos con arre-glo a ella surtirían todos sus efectos según la misma, con las limitaciones establecidas en las disposiciones transitorias, al ordenar que los derechos de los partícipes de la herencia de una persona fallecida después de estar vigente el Código ■ Civil, hubiera o nó testamento, se adjudicará y repartirá con arreglo a dicho código, previno se cumplieran en cuanto éste lo permitiera, las disposiciones testamentarias que hubiera. Y la razón de todo ello es obvia, pues en materia sucesoria, no hay derecho adquirido hasta la apertura de la sucesión, o sea hasta el fallecimiento del cansante, y ese derecho, por tanto tiene que amoldarse a la ley entonces vigente.

Ahora bien, Doña Dolores Molinas y Villá falleció en 7 de noviembre de 1889, según se alega en la demanda, y en esa fecha el Código Civil no regía en Puerto Eico, pues en virtud de Eeal Decreto de 31 de julio de 1889 había de comen-zar a regir en esta isla a los 20 días de terminarse su publi-cación en la Gaceta de la Isla, y como la publicación no con-cluyó hasta el día 12 'de diciembre de 1889, resulta que empezó a regir después del fallecimiento de la Doña Dolores, y por tanto los derechos a la herencia de ésta deben regularse por la legislación anterior al citado código.

Como las demandantes en concepto de eausahabientes de Doña Felicita y Doña Margarita Molinas y Villá no pueden reclamar sobre los bienes de que se trata derechos que no hubieran correspondido a éstas al fallecimiento de Don Francisco Pérez G-arcía, tócanos ahora examinar si Doña Felicita y Doña Margarita adquirieron con arreglo a la legislación expresada derechos hereditarios a virtud del testamento de los consortes Don Francisco Pérez García y Doña Dolores Molinas y Villá, al ocurrir el fallecimiento de Pérez García. La corte inferior sostiene la negativa y nosotros estamos conformes con ella.

Examinados los términos en que los esposos Don Francisco Pérez García y Doña Dolores Molinas y Villá hicieron la institución de heredero en su testamento mancomunado de 24 de agosto de 1889, según la alegación segunda de la de-manda aceptada por la parte demandada y comprobada ade-más documentalmente en el acto del juicio, salta desde luego a la vista que la institución de heredero fué doble, a saber, una de cada cónyuge a favor del otro, y la segunda de ambos cónyuges a favor ele las personas que nominalmente designa-ron. Por la primera institución los cónyuges testadores se nombraron mutuamente únicos y universales herederos el.uno respecto del otro de todos los bienes,, derechos y acciones que dejare el primero de ellos que fallezca para que los que sean, los herede, goce y disfrute libremente el que sobreviva sin restricción ni limitación alguna. Esa institución en la forma general y amplia en que se lia hecho, aisladamente conside-rada, otorga al cónyuge sobreviviente la facultad de gozar y disfrutar de los bienes del otro cónyuge de que llegue a ser heredero, libremente, sin restricción ni limitación alguna.

Empero como en el testamento los cónyuges testadores se impusieron recíprocamente una limitación respecto de los bie-nes, derechos y acciones que el uno heredara del otro, pues hicieron una segunda institución de herederos de todos los bienes, derechos y acciones que quedaran al fallecimiento del último cónyuge que sobreviviera, debemos armonizar ambas instituciones.

Dando a las palabras de los testadores, el sentido que tie-nen, y procurando siempre dar efecto a una y otra institu-ción, según exigen las reglas de hermenéutica legal, surge la conclusión de que Don Francisco Pérez y Doña Dolores Moli-nas se nombraron mutuamente herederos de todos sus bienes con facultad amplia para disponer de ellos por actos entre vivos, bien entendido que los bienes que quedaran al falle-cimiento del que sobreviviera procedentes del premortuo ha-bían de pasar a los herederos designados en segundo luga*, en el testamento. El s.upérstite podía disponer de los suyos tanto por actos entre vivos como por testamento.

Los testadores se nombraron nrutuamente herederos de sus bienes en propiedad y no en usufructo, piies en el segundo caso, si tal hubiera sido su intención, los herederos designa-dos en la segunda institución hubieran sido nombrados para todos los bienes que el cónyuge sobreviviente heredara del otro, y no de los que quedaran al fallecimiento del sobrevi-viente.

No podemos admitir la alegación hecha por la parte ape-lada de que las palabras de la institución de herederos “he-rede, goce y disfrute” se refieren a usufructo de los bienes, y las otras palabras “libremente sin restricción ni limitación alguna” a las restricciones que a todo usufructuario ex-testamento impone el Código Civil antiguo en sus artículos 467, 468, 491 y 498, cuales son la formación de inventario, prestación de fianza, responsabilidad por menoscabo en caso de arriendo, etc. Si aceptáramos tal interpretación forza-ríamos abiertamente la letra de la cláusula testamentaria.

Ni cabe sostener que los testadores se nombraron mutua-mente herederos fiduciarios con encargo y obligación de entre-gar a los herederos designados en segundo lugar el remanente de los bienes que dejara el último que falleciera, hechas las deducciones que el -fiduciario podía legalmente hacer por gas-tos, réditos y mejoras, según el artículo 783 del Código Civil antiguo. Tal teoría está en abierta contradicción con el carác-ter de herederos propietarios de que se invistieron los testado-res con facultad para disponer por actos entre vivos de los bie-nes heredados de su consorte, según dejamos establecido, y además repugna abiertamente al texto literal de la institución, en la que no hay palabra alguna que indique la existencia de un fideicomiso que debiera cumplir el cónyuge sobreviviente.

La primera institución fue además pura, pues no se supe-ditó a condición alguna suspensiva, de cuyo cumplimiento de-pendiera su realización.

En cuanto al carácter de la institución de herederas hecha a favor de Doña Felicita y Doña Margarita para cuando falle-ciera el último de los testadores que sobreviviera, en una tercera parte de por mitad de todos los bienes, derechos y acciones que quedaran a su fallecimiento, entendemos que dicha institución fue condicional, es decir, que fue sometida al cumplimiento de dos sucesos, a saber: uno, el fallecimiento del sobreviviente, y el otro, la existencia de bienes al tiempo de ese fallecimiento. La primera condición necesariamente había de venir por ser la muerte un acontecimiento necesario, pero no la segunda, pnes el cónyuge sobreviviente podía dis-poner de todos los bienes vque quedaran al fallecimiento del otro, sin limitación ni restricción alguna, y de ahí que la exis-tencia de bienes al fallecimiento del cónyuge supérstite no fuera un acontecimiento necesario. Esa segunda condición es la que da el carácter de condicional a la institución de herederos de Doña Felicita y Doña Margarita, y no la pri-mera, pues con arreglo a la Ley 8a., Título IY, partida 6a., interpretada por el Tribunal Supremo de España, las institu-ciones de herederos a día cierto o que indudablemente ha de venir, por más que se ignore cuándo, como el fallecimiento ele la persona, se equiparan a las puras, lo que no sucede con las instituciones de herederos sujetas a un evento de rea-lización dudosa e incierta. Sentencias del Tribunal Supremo de España de abril 27, 1888, 63 Jur. Civ., 696; de diciembre 21, 1888, 64 Jur. Civ., 867; de julio 4, 1896, 80 Jur. Civ., 48; y de marzo 9, 1899, 86 Jur. Civ., 401.

El efecto de la institución pura es la creación de derechos transmisibles a los herederos de los instituidos, desde el falle-cimiento de los testadores, mientras que en las instituciones propiamente condicionales los herederos no adquieren dere-cho alguno hasta que se cumple la condición. Nos referimos a la ley aplicable al caso que como hemos dicho antes es la anterior al Código Civil Español, o sean la 8a., título 4°., y la 34, título 9°., partida 6a.

Haciendo aplicación de los principios que dejamos con-signados, al presente caso, se hace forzoso concluir que ha-biendo fallecido Doña Dolores Molinas y Villá en 7 de no-viembre de 1889 bajo el testamento mancomunado otorgado en 24 de agosto del mismo año, heredó sus bienes en propie-dad su esposo Don Francisco Pérez sin más limitación que la establecida en el mismo testamento, respecto de los bienes que quedaran, y como Doña Margarita y Doña Felicita murie-ron antes que el Pérez, sin que se hubiera realizado el cum-plimiento de la condición bajo la que fueron instituidas here-deras, no adquirieron derecho alguno a los bienes de Doña Dolores que quedaran al fallecimiento del Pérez.

En corroboración de que Don Francisco Pérez García no fué heredero en usufructo sino en propiedad de su esposa Doña Dolores Molinas y Villa, con facultad de disponer de los bienes de la difunta, por actos entre vivos, podemos invo-car la sentencia del Tribunal Supremo de España de 31 de diciembre de 1872, 27 Jur. Civ., 166. Se trataba de un caso en que los consortes Don Mateo Linares y su mujer Doña Manuela Aubert, en testamento otorgado con fecha 11 de noviembre de 1859, después de legar a Don Francisco Lina-res quien vivía en su compañía, $200 que le serían entrega-dos si por cualquier incidente se separaba de la compañía del que de los testadores sobreviviera, se instituyeron recípro-camente herederos el uno del otro en el remanente de todos sus bienes, derechos, acciones y futuras sucesiones dispo-niendo que por la muerte del último de ellos pasara todo lo que conservasen al ya mencionado Don Francisco Linares.

Interpretando dicho tribunal la anterior institución de he-redero, dejó consignado que al instituir Doña Manuela Aubert único y universal heredero a su marido Don Mateo Linares en el testamento que de mancomún con éste otorgó en 11 de noviembre de 1859, lo hizo con palabras tan llanas, claras y terminantes que no puede dudarse que su voluntad fué la de autorizarle para que pudiera hacer uso de la plenitud de las facultades que como a tal heredero único y universal le confería, incluso la de disponer libremente durante su vida de todos los bienes correspondientes a la testadora, pues en otro caso habría empleado otra fórmula menos general y absoluta designándolo con el nombre de heredero usufructuario o imponiéndole alguna otra limitación. Véase además las sentencias del Tribunal Supremo de España de junio 21, 1872, 26 Jur. Civ., 16; y de noviembre 17, 1884,- 56 Jur. Civ., 470. Las del mismo tribunal de 7 de marzo de 1876, 33 Jur. Civ., 441, y 22 de marzo de 1890, 67 Jur., Civ., 367, no son apli-cables al caso.

Y en apoyo de que Doña Margarita y Doña Felicita fue-ron instituidas herederas condicionales y no adquirieron derecho alguno a los bienes de la testadora Doña Dolores, por haber fallecido aquéllas antes de que se cumpliera la con-dición bajo la cual fueron instituidas herederas en segundo lugar, podemos citar la sentencia del Tribunal Supremo de España de 10 de julio de 1878, 40 Jur. Civ., 184, en la cual se establece que según la jurisprudencia emitida por los tribunales, la dispocisión testamentaria por la que es llamado un tercero al todo o parte de lo que reste de una herencia al morir el heredero, contiene una especie de sustitución condicional en favor del llamado, a la cual son aplicables las reglas y prescripciones legales que rigen a esta clase de instituciones, en las que es requisito indispensable que el insti-tuido y el sustituto en su caso tengan capacidad legal para aceptar la herencia al cumplirse la condición impuesta por el testador, y por consiguiente, el'sustituto que muere pen-diente dicha condición, no adquiere ni puede transmitir dere-cho alguno por testamento ni abintestato. Igual doctrina se establece en la de 15 de junio de 1868, 18 Jur. Civ., 30. Véase también las sentencias del Tribunal Supremo de España de 10 de diciembre, 1864, 10 Jur. Civ., 443; de febrero 6, 1865, 11 Jur. Civ., 130; de abril 24, 1867, 15 Jur. Civ., 396; de junio 27, 1867, 16 Jur. Civ., 57; de septiembre 28, 1867, 16 Jur. Civ., 184; y de enero 31, 1887, 61 Jur. Civ., 172. La sen-tencia de 4 de abril, 1866,13 Jur. Civ., 399, no puede invocarse en contrario.

Los demandantes, legatarios unos y herederos otros, por testamento o abintestato, de Doña Margarita y Doña Feli-cita Molinas y Villá no pudieron adquirir de sus causantes el derecho que reclaman sobre bienes de Doña Dolores Moli-nas y Villá en virtud del testamento otorgado por ésta y su consorte Don Francisco Pérez (Jarcia en 24 de agosto de 1889, pues la Doña Margarita y la Doña Felicita no llegaron a adquirirlo por haber fallecido antes del cumplimiento de la condición impuesta por Doña Dolores, y por tanto no pudie-ron transmitirlo a sus herederos y legatarios por testamento o abintestato. Nemo dat quod non habet.

Estima el juez de la corte inferior en sn sentencia, ser aplicable al presente caso el artículo 799 del Código Civil Español, en cumplimiento del inciso segundo de la regla pri-mera de las dictadas para su aplicación, artículo y regla que transcribimos a continuación:

“Artículo 799. — La condición suspensiva no impide a! heredero o legatorio adquirir sus respectivos derechos j transmitirlos a sus herederos, aun antes de que se verifique su cumplimiento.
“Regla Ia. Se regirán por la legislación anterior al código los derechos nacidos según ella, de hechos realizados bajo su régimen, aunque el código los regule de otro modo o no los reconozca. Pero si el derecho apareciere declarado por primera vez en el código, ten-drá efecto desde hiego, aunque el hecho que lo origine se verificare bajo la legislación anterior, siempre que no perjudique a otro dere-cho adquirido, de igual origen.”

La regla Ia. que dejamos transcrita no es de aplicación en su totalidad a los derechos hereditarios, pues éstos son objeto de una regla especial, o sea de la 12a. también trans-crita anteriormente, la cual en su primer inciso, como ya dijimos, se limita a hacer extensivo a los dérechos a la heren-cia del fallecido con testamento o sin él antes de estar en vigor el código, el precepto que contiene el inciso primero de la regla primera.- A haber querido el legislador que el inciso segundo de la regla Ia. fuera aplicable a los casos de heren-cia del que hubiere fallecido con testamento o sin él antes de regir el Código Civil Español, lo hubiera ordenado expre-samente en la regla 12a. No lo hizo así, y por tanto debemos admitir como regla general, sin la excepción que contiene el inciso 2°. de la regla Ia., que los derechos a la herencia del que hubiese fallecido con testamento o sin él antes de hallarse en vigor el código deben regirse por la legislación anterior.

T tiene que ser así, pues según el artículo 657 del mismo código, los derechos a la sucesión de una persona se trans-miten desde el momento de su muerte, y según el 661 los here-deros suceden al difunto por el solo lieclio de su muerte en todos sus derechos y obligaciones. La sucesión se abre a la muerte del testador o causante de la herencia, y esa fecha es la que ha de tenerse en cuenta para determinar los dere-chos sucesorios.

No es posible admitir que la disposición testamentaria de que derivan los demandantes su pretendido derecho y. que con arreglo a la legislación anterior al Código Civil no llegó a tener vida ni eficacia legal, adquiriera por ministerio de dicho código, o sea, en virtud del artículo 799, una vida que antes no tenía. Excepción tan grande y contraria al precepto del artículo tercero del Código Civil antiguo, expresivo de que las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario, es inadmisible por mera interpretación o deduc-ción, y ha debido establecerse expresamente en el mismo artí-culo 799 dando a éste efecto retroactivo, si tal era la voluntad del legislador, y si es que dicho efecto cabía dentro de la dis-posición transitoria preceptiva de que las variaciones intro-ducidas por el código que perjudiquen derechos adquiridos según la legislación anterior, no tendrán efecto retroactivo.

Pero es que según la misma excepción consignada en el inciso segundo de la regia primera, en virtud de la cual se pretende aplicar al caso presente el artículo 799 del Código Civil Español, ésta no es susceptible de aplicación, pues si Doña Felicita y Doña Margarita no llegaron a adquirir los derechos que a su favor se establecieron en el testamento de los consortes Doña Dolores Molinas y Villá, y Don Francisco Pérez García, alguien podría reclamarlos, y ese alguien po-dría ser perjudicado por el precepto del artículo 799 del Código Civil Español.

Entendiendo como entendemos que el artículo 799 del Có-digo Civil antiguo no regula el presente caso, se hace innece-sario discutir cómo podría armonizarse ese artículo con el texto del artículo 759, expresivo de que el heredero o legata^ rio que 'muera, antes de que la condición se cumpla, aunque sobreviva al testador, no transmite derecho alguno a sus here-deros.

En mérito de las razones expuestas, opinamos que a los. demandantes, como causahabientes de Doña Felicita y Doña, Margarita Molinas y Villa no les asiste acción alguna para, reclamar derechos a la herencia de Doña Dolores Molinas, y Villá derivados del testamento que ésta y su esposo Don. Francisco Pérez García, otorgaron en 24 de agosto de 1889, cuya falta de acción se desprende de los hechos consignados, en la demanda, y como todos los pronunciamientos que en ésta se solicitan parten del supuesto de la existencia de aque-llos derechos, debe revocarse la sentencia apelada y dictarse-otra declarando sin lugar la demanda en todos sus extremos,, y absolviendo de ella a los demandados, sin especial condena-ción de costas.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

license: Public Domain

text:
    Ex parte Hernández et al., Peticionarios y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Areciboen un procedimiento sobre aprobación de partición de-herencia.
    No. 1082.
    Resuelto en abril 28, 1914.
    Desestimación de Apelación — Casos Ex 'Parte — Certificación de la Trans-cripción de Autos por el Abogado del Peticionario. — En casos ex parte en que sólo hay una parte por no haber opositores, la transcripción de autos en. caso de apelación debe ser certificada por el secretario de la corte inferior-y no por el abogado de la única parte, y cuandq se presenta dicha transcrip-ción en esta forma debe desestimarse la apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Largé y Paz.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes presentaron en el tribunal de distrito de Arecibo para su examen y aprobación la escritura de parti-ción de los bienes dejados a su muerte por Juan Antonio Casañas, acompañada de otros documentos, y habiéndose ne-gado clicbo tribunal a impartirle su aprobación por resolu-ción de 24 de noviembre de 1913, los peticionarios apelaron de ella para ante nosotros.

Se trata, pues, de una apelación contra resolución dic-tada en un asunto ex parte y la transcripción que se nos ña presentado para resolverla está certificada por los abogados de los peticionarios apelantes.

La ley número 70 aprobada en 9 de marzo de 1911, página 238, dispone que constituirá el récord de una apelación la certificación que librará el secretario del tribunal a quo, o los abogados de las pártes, del legajo de la sentencia y de la noti-ficación de apelación.

La regla general ba sido siempre que tal certificación sea autorizada por el secretario del tribunal, a fin de que el docu-mento que ba de servir de base para resolver la apelación este Tribunal Supremo no ofrezca duda sobre su autenticidad; y si algunos estatutos permiten que los abogados de las partes autoricen esa certificación es por la fiscalización que tiene la parte apelada, interesada en sostener la sentencia o reso-lución apelada y por tanto en que la transcripción sea exacta. Estate of Boyd, 25 Cal., 511. La certificación por los abo-gados de las partes, sustituye al certificado del secretario y demuestra su estipulación con respecto a la corrección de la transcripción. Wetherbee v. Carroll, 33 Cal., 549; Todd v. Winants, 36 Cal., 129. Cuando no está autorizada por todos los abogados de las partes, debe ser certificada por el secre-tario. Estate of Medbury, 48 Cal., 83.

El número plural empleado por nuestra ley al referirse al certificado de la transcripción por los abogados demuestra que no puede hacerse en esa forma sino cuando hay más de una parte, pues siendo un convenio, necesita la intervención de más de una parte y por tanto no puede certificarse en esta forma la transcripción, sino por el secretario, cuando se trata de apelaciones en asuntos en que sólo interviene nna parte, como ocurrió en el presente caso.

Si pues nos encontramos que la transcripción que ha de servir de base para la resolución de esta apelación, inter-puesta en un asunto en que sólo hay una parte, no ha sido certificada por el secretario, no está revestida de la autenti-cidad que exije la ley y por tanto no podemos tomarla en consideración para resolver el recurso y la apelación debe ser desestimada.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Ex parte Quintero et al., Peticionarios y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en un procedimiento sobre aprobación de partición de herencia.
    No. 1085.
    Resuelto en abril 28, 1914.
    Desestimación de Apelación — Casos Ex Parte — Certificación de la Trans-cripción de Autos por el Abogado del Peticionario. — La transcripción de autos en un caso ex parte en que sólo hay una parte debe estar certificada por el secretario de la corte inferior y no por el abogado de la única parte interesada y no viniendo así dicha transcripción, debe desestimarse la apela-ción. • Véase Ex parte Hernández et al., resuelto en abril 28, 1914.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Antonio Sarmiento y Large y Fas.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del-tribunal.

Presentada a la Corte de Distrito de Arecibo, por los peticionarios y apelantes arriba expresados, con otros docu-mentos, en 6 de octubre de 1913, escritura pública otorgada en el pueblo de Camay a 17 de septiembre anterior, ante el Notario Manuel Paz Urdaz, sobre partición de herencia de los bienes relictos a su fallecimiento por Manuel López Delgado, para que dicha corte le impartiera su aprobación, fué ésta denegada por orden de 8 de diciembre del mismo año, y contra tal orden ha sido interpuesto el presente recurso.

La transcripción de autos ha venido certificada por los abogados de los peticionarios apelantes, o más bien por el Abogado Manuel Paz Urdaz en representación de la firma profesional Largé-Paz.

Al resolver en este día otro recurso de apelación No. 1082, en el caso Eco parte Hernández et al,, procedente de la misma Corte de Distrito de Arecibo, lo hemos desestimado por la razón de que la transcripción de autos debió venir certificada por el secretario de la corte, y no por el abogado de la única parte interesada.

En la opinión que ha servido de fundamento a la resolu-ción expresada, dejamos consignadas las razones que a ella nos llevaron.

A dichas razones nos referimos, y en mérito de ellas, pro-cede desestimar también el presente recurso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asocíalo Se. Wole,

text:
    Pagan López & Co., Demandante y Apelada, v. Mayagüez Dock and Shipping Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso para recobrar la posesión de bienes muebles con indemnización de daños y perjuicios.
    No. 1076.
    Resuelto en abril 28, 1914.
    Daños y Perjuicios — Falta de Pruebas — Detención de Mercancías. — Apare-ciendo de la prueba que las mercancías sólo fueron detenidas por los deman-dados ocho días y no habiéndose probado que los demandantes sufrieran per-juicio alguno, ni que las mercancías sufrieran deterioro debe revocarse la sentencia apelada que condena a los demandantes al pago de $200 de indem-nización.
    CONTRADEMANDA-MERCANCÍAS DESEMBARCADAS CONTRAVINIENDO EL CONOCIMIENTO de .Embarque — Elete y Almacenaje de Dicha Mercancía.' — Habiendo los demandados desembarcado y almacenado la mercancía en litigio con la opo-sición de los demandantes y con infracción del conocimiento de embarque expedido, no tienen derecho a redamar compensación por el desembarco de dicha mercancía en sus ancones y por el almacenaje en el muelle y por tanto procede la desestimación de la eontrademanda.
    •Los Rectos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelada: Sr. Leopoldo Feliá.

    Abogado de la apelante': Sr. José de Diego.

   El Juez Asocíalo Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El día 22 de mayo de 1912, este tribunal emitió sn opinión y sentencia en el caso de Pagán, Lopes y Ca. v. Mayagüez Dock & Shipping Co., 18 D. P. R., 396, por la que el tribunal revocó la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Maya-güez ordenando a la referida corte que dictara sentencia a favor de la demandante y ££que resolviera sobre los daños y perjuicios reclamados por los demandantes por los méri-tos de las pruebas practicadas en el pleito.” Después de de-vuelto el caso a la Corte de Distrito de Mayagüez no se celebró nuevo juicio; la corte meramente consideró la prueba pre-sentada en el pleito original y dictó sentencia a favor de la demandante, fijando los daños y perjuicios en la suma de $200, declarando sin lugar la reconvención formulada por la demandada en la cual exigía una compensación por el uso de sus ancones y muelle para traer a tierra las mercancías de la demandante. Alega la apelante que la corte cometió error al conceder daños á la demandante y desestimar la reconvención.

La compañía apelada no bizo comparecencia ni ba pre-sentado tampoco ningún alegato. Según consta de los autos las mercancías de la demandante vinieron a poder de la de-madada en o bacia el día 21 de noviembre de 1910, y fueron ocupadas por el mársbal en 23 de noviembre, 1910. El día 28 de noviembre 1910, firmaron las partes una estipulación por virtud, de la cual dichas mercaderías habían de ser entre-gadas a la demandante, como en realidad fueron entregadas, en 29 de noviembre. De suerte que la demandante solamente quedó privada de sus mercaderías durante ocho días. No aparece de un examen que se haga de la prueba que las refe-ridas mercaderías hubieran sufrido daño alguno o que se hubiera ocasionado realmente algún inconveniente a la de-mandante debido a dicha demora. Tampoco quedó probada la existencia de algún otro elemento constitutivo de daño o perjuicio a no ser que fuera el de la detención de las indi-cadas mercaderías.

Al ser devuelto el caso por este tribunal a la corte de dis-trito para que fijara los daños y perjuicios no fue su intension que dicha corte dictara necesariamente sentencia con-denando a la demandada al pago de daños y perjuicios sino únicamente en el caso de que las pruebas justificaran esa acción, puesto que la corte inferior está en mejores condicio-nes para apreciar dichos daños si es que algunos se ocasio-naron. Como quiera que sea no se ha demostrado que la demandante hubiera ofrecido pruebas adicionales y estamos limitados a considerar solamente la prueba que se presentó en el caso anterior. Examinada esta prueba llegamos a la conclusión de que los daños y perjuicios, si hubo algunos, fueron nominales.

En cuanto a la reconvención opinamos, de conformidad con las resoluciones de este tribunal, que la demandada se en-contraba ilegalmente en posesión de las mercaderías de la de-mandante y estaba por tanto obligada a la devolución o en-trega de las mismas. Si bien la demandada exigía el pago •de una suma como compensación, por su flete y almacenaje la demandante pudo haber alegado que el cobro que se le hacía por dicho flete y almacenaje era un daño proveniente de la detención ilegal. La demandada no podía exigir nada al ejer-citar su dominio sobre las mercaderías- que no constituyera un perjuicio para la demandante. La demandada retuvo ile-galmente las mercancías de la demandante y no -tiene dere-cho alguno a exigir daños por tenerlas bajo su custodia o depósito. Opinamos que la corte procedió correctamente al declarar sin lugar la reconvención.

Por el error cometido condenándose a la demandada al pago de daños y perjuicios debe revocarse la sentencia en lo que respecta a la concesión de dichos daños en ella decre-tados, pero sin costas u honorarios en la corte inferior.

Revocada la sentencia en cuanto a la condena de costas y confirmada en lo demás.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Aldrey,

text:
    Martínez, Peticionario, v. Soto Nussa, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Aguadilla en un caso sobre otorgamiento de escritura, abono de cantidad por deuda e indemnización de daños y perjuicios.
    No. 121.
    Resuelto en abril 29, 1914.
    Certiorari — Resoluciones Revisables en la Apelación Contra la Sentencia.— No procede el recurso de certiorari contra resoluciones que aunque no son apelables son revisables en la apelación contra la sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El peticionario compareció en nombre propio.
    El demandado no compareció.
   El Juez Asociado Se. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La solicitud de certiorari que resolvemos tiene su origen en un pleito que el peticionario sigue ante el Tribunal de Dis-trito de Aguadilla contra la Sucesión de Pedro J. Arocena, representada por su viuda e bija sobre otorgamiento de escri-tura o abono de cantidad por deuda e indemnización de daños j perjuicios, y se pretende que expidamos el auto a fin de revisar una resolución del tribunal inferior que denegó la moción en que el demandante solicitaba no sólo que se elimi-nara una moción de los demandados para eliminar ciertos particulares de la demanda, sino también que se ordenase al .secretario que anotase la rebeldía de los demandados y regis-trase sentencia contra ellos; y para que revisemos también •otra resolución del tribunal que declaró con lugar la excep-ción de que la demanda no aduce becbos suficientes para deter-minar una causa de acción, que varias acciones ban sido inde-bidamente acumuladas y que la demanda es ambigua, ininteli-gible o dudosa, y que concedió al propio tiempo término al demandante para enmendar su demanda.

No procede que libremos el auto que se interesa, porque si bien esas dos resoluciones no son directamente apelables, pueden serlo, la última mediante sentencia que se registre contra el demandante si es que no enmienda su demanda, y la resolución anterior, que es interlocutoria, cuando conozca-mos en grado de apelación contra la sentencia dictada en el caso.

. La petición de certiorari debe ser negada.

Desestimada la solicitud y denegada la expe-dición del mandamiento.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Vázquez, Acusado y APELANTE.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gruayama en cansa por soborno.
    No. 655.
    Resuelto en abril 30, 1914.
    Soborno — Distintas Formas de Cometerlo — Duplicidad de Cargos en la Acu-sación. — De acuerdo con el artículo 105 del Código Penal el delito de soborno puede cometerse bajo cualquiera de las formas expresadas en el mismo, o sea pidiendo, recibiendo o conviniendo en recibir cualquiera dádiva, pero cuando todas dichas formas concurren a la vez y se imputan a una persona como actos sucesivos de una sola transacción, entonces constituyen un solo delito público y no adolece la acusación del defecto de duplicidad de cargos.
    Jurado — -Recusación General del Panel — Fundamento de la Misma. — La recu-sación general del panel es la objeción que se hace a todos los jurados que figuran en la lista qiresentada al efecto y que se han citado para actuar durante una sesión del tribunal, o en una vista determinada, y sólo puede fundarse en que los procedimientos se hayan desviado considerablemente de las prácticas prescritas para el sorteo y formación de la lista de jurados, o en que se haya omitido citar intencionalmente a uno o más de los jurados sorteados.
    Id. — Recusación General del Panel — Insaculación del Jurado — Papeletas en la Urna Menos de 200. — No es causa bastante para la recusación general del panel, el hecho de que en un momento determinado no se encuentren en la urna 200 papeletas, pues tal hecho, por sí solo, no implica que los comi-sionados del jurado dejaran de elegir los 200 nombres que ordena la ley, pudiendo haberse eliminado los nombres de algunos jurados a causa de su muerte, su ausencia permanente, o su exención del servicio.
    Id. — Recusación General del Panel — Citación de Jurados Además de los Jurados Regulares. — No es motivo de recusación general del panel el hecho de que además de los 24 jurados del panel regular que venían actuando en una corte de distrito, el juez ordenara la citación de jurados especiales para sustituir a los que fueran recusados o excusados.
    Id.- — Recusación de los Miembros del Jurado — Momento Oportuno para Ha-cerlo — Discreción del Tribunal Sentenciador. — Todo jurado presta dos juramentos, uno para contestar las preguntas que se le hagan ron respecto a su capacidad para servir como tal y otro para actuar especialmente en la causa que se va a juzgar, debiendo hacerse la recusación después de prestado el primer juramento y antes de que preste el segundo, pero la corte puede, en el ejercicio de su facultad discrecional, cuando existen razones suficientes para ello, variar dicha orden, y cuando se varía, es necesario demostrar que la corte ha abusado de su poder discrecional para que el error cometido produzca la revocación de la sentencia.
    Id. — -Recusación de un Miembro del Jurado por Parcialidad Implícita — Pa-rentesco Entre el Miembro del Jurado y la Yíotima. — Un miembro del jurado en esta causa por soborno, que manifestó ser primo de la víctima en la causa de asesinato con motivo del juicio de la cual se cometió el soborno,

      fué recusado motivadamente por la defensa basándose en el párrafo 1 del artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y la corte declaró sin lugar la recusación. Se resolvió que técnicamente el caso de dicho jurado no-estaba comprendido en el previsto en el precepto legal invocado.
    Id. — Recusación Motivada de los Miembros de un Jurado — Recusación Pe-rentoria de los Mismos — Errores sin Importancia. — El error que pueda una corte cometer denegando la recusación motivada de los miembros de un jurado, carece de importancia y queda subsanado si el acusado recusa peren-toriamente después a los mismos miembros del jurado, o si pudiendo hacerlo no lo hace.
    Pruebas — Declaración Contraria al Acusado Prestada por Otra Persona que con el Estuvo Relacionada. — Los derechos de un acusado no pueden ser perjudicados por la declaración de otra persona, a menos que se de-muestre, como en este caso, que el acusado y esa otra persona estuvieron combinados en la transacción fraudulenta a que so refiere la declaración. En tales casos la mejor práctica es probar primero la relación entre el acu-sado y la persona que va a declarar.
    Sobreseimiento de la Acusación- — Momento Oportuno para Pedirlo. — Es gene-ralmente improcedente por extemporánea una moción dé sobreseimiento pre-sentada por el acusado después de declarar sólo algunos testigos del Eiseal. Veredicto del Jurado — Pruebas Contradictorias.- — El veredicto de culpabilidad: de un jurado resolviendo el conflicto existente en la prueba contradictoria y que sirve de base a una sentencia condenatoria, debe ser aceptado por este tribunal, a menos que se demuestre que la corte o el jurado actuaron movidos por pasión, parcialidad o prejuicio, o que cometieron algún error manifiesto. Former Jeopardy — Absolución Anterior tor el Mismo Delito — Soborno Come-tido en Distintas Formas. — Para que proceda la defensa de absolución anterior por el mismo delito (former jeopardy) es necesario que haya iden-tidad entre los dos delitos. En un mismo proceso un jurado puede cometer dos distintos delitos de soborno, uno como tal jurado, recibiendo directa-mente el soborno por vender su voto y otro como individuo particular, ac-tuando en combinación con la parte interesada, ofreciendo y dando dinero a otro jurado por la venta del’ suyo.
    Declaración de un Cómplice — Conocimiento de la Comisión del Delito.- — El hecho de que una persona esté enterada de que iba a cometerse un delito y no diera cuenta de ello, por sí solo, no hace de él un cómplice y su declara-ción es admisible contra el acusado.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, fiscal.

    Abogados del apelante: Sres. F. Cervoni Gely, Eugenio Benitez Castaño y M. Benitez Flores.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación contra sentencia de la Corte de Distrito de G-uayama por virtud de la cual se condenó a Yictorio Vázquez, como autor de un delito de so-borno, a sufrir la pena de diez años de presidio con trabajos forzados.

La acnsación, en lo pertinente, dice así:

“El Fiscal formula acusación contra Victorio Vázquez por un delito de soborno (felony) comprendido en el artículo 105 del Código Penal, y cometido de la manera siguiente: ‘El acusado Victorio Váz-quez allá por el día 16 de diciembre de 1912 y en la ciudad de Gua-yama, que forma parte de este distrito judicial, actuando como ju-rado ante esta corte de distrito, ilegal, voluntaria, corrupta y criminal-mente solicitó, pidió, recibió y convino en recibir un soborno de más de $100 de Alfredo Amy, con la intención y el propósito de que tal cantidad de dinero había de influir en su voto, opinión y decisión como tal jurado a favor de Arturo Amy, un hijo del mencionado Alfredo Amy, que estaba acusado allí y entonces del delito de ase-sinato en segundo grado; y este acusado Victorio Vázquez, habiendo sido nombrado, escogido, citado debidamente para actuar como ju-rado del panel regular de esta corte de distrito durante el mes de diciembre del año 1912, pidió, recibió y convino en recibir criminal-mente tal cantidad de dinero bajo el convenio y la promesa de votar como tal jurado a favor de la absolución de Arturo Amy en el caso de El Pueblo de Puerto Pico v. Arturo Amy, por delito de asesinato en 2o. grado, cuyo juicio estaba señalado para el día 17 de diciem-bre de 1912, y tal promesa de absolución la hizo el acusado a sabien-das de que había de someterse como tal jurado la cuestión de la ino-cencia o culpabilidad del mencionado Arturo Amy.’ ”

El acusado excepcionó la acusación alegando: 1, que los bechos consignados en la misma no constituían delito público; 2, que era ininteligible, y 3, que imputaba más de un delito. El Fiscal corrigió entonces la acusación sustituyendo la pala-bra “dió” que figuraba en la misma, por la palabra “pidió,” y la corte, después de oir los argumentos de ambas partes, declaró sin lugar la excepción del acusado.

Este, en su alegato presentado ante esta Corte Suprema, sostiene que la corte erró al decidir de tal modo las cuestiones suscitadas. A nuestro juicio, la corte sentenciadora procedió correctamente.

El artículo 105 del Código Penal, dice así:

“Todo funcionario judicial, jurado, árbitro u otra persona auto- • rizada por la ley para oir o resolver una cuestión o controversia, que pidiere, recibiere, o conviniere en recibir cualquier dádiva, en la inteligencia de que ésta habrá de inclinar su voto, dictamen o fallo en cualquier asunto o cuestión que se hubiere sometido o se sometiere a su resolución, incurrirá en pena de presidio por uno a diez años.”

Basta comparar el anterior artículo con la acusación for-mulada, para concluir sin esfuerzo alguno que la última im-puta al acusado un lieclio claramente previsto y castigado en el primero.

La acusación no es ininteligible. El uso de la palabra ■“dió” en vez de'“pidió,” introducía ciertamente confusión, pero fue corregido a su tiempo, debidamente, por el Fiscal. Tal vez la acusación expresa más de lo necesario para enten-derse perpetrado el delito, pero esto en manera alguna puede estimarse como un defecto que la invalide.

Tampoco imputa la acusación más de un delito. Sostiene el apelante que pedir una dádiva es un delito, recibirla otro y otro también el convenir en recibirla. Estamos conformes en que el delito puede cometerse bajo cualquiera de dictas formas: pidiendo, recibiendo o conviniendo en recibir, pero cuando todos a la vez concurren y se imputan a una persona como actos sucesivos de una sola transacción, entonces consti-tuyen como en este caso un solo delito público.

Resueltas, correctamente como hemos visto, las cuestiones previas suscitadas en relación con la acusación, el acusado alegó que era inocente y que había sido absuelto por el mismo delito, y solicitó juicio por jurado.

Señalado día para la vista, se promovieron diferentes cues-tiones con motivo de la constitución del jurado. Dichas cues-tiones se presentan a este tribunal en los señalamientos de error 3, 4, 5, 6 y 7. Veamos si están o nó bien fundadas.

Sostiene el apelante que la corte sentenciadora erró al desestimar su recusación general del panel, ■ (a) porque el panel fue insaculado de 180 nombres en vez de 200 como dis-pone la ley, y (b) porque citados los 24 jurados regulares, no creyéndolos suficientes la corte ordenó que se insacularan seis más y luego 20 más para entender exclusivamente en esta cansa.

En cnanto a la recusación general, diremos qne de la trans-cripción no aparece comprobada la certeza del hecho en que se funda, a saber: que sólo existían 180 jurados en la urna, y que siendo esto así, no tenemos base en que apoyarnos para decidir la cuestión suscitada. Pero, aun cuando se hubiera, demostrado que sólo existían en la urna 180 jurados cuande se insacularon los que debían intervenir en este caso, tal hecho,, por sí solo, no puede servir de base para una recusación del panel.

De acuerdo con la ley, recusar el panel es la objeción que., se hace a todos los jurados que figuran en la lista presentada al efecto y que se han citado para actuar durante una sesión del tribunal o en una vista determinada. Dicha recusación sólo puede fundarse en que los procedimientos se hayan des-viado considerablemente de las prácticas prescritas para el sorteo y formación de la lista de jurados, o en que se haya, omitido citar intencionalmente a uno o más de los jurados, sorteados. Arts. 210, 211 y 212 del Código de Enjuiciamiento' Criminal.

El que en un momento determinado no se encuentren en la. urna doscientas papeletas, no implica que los comisionados, de jurados dejaran de elegir los 200 nombres que ordena la. ley. Ellos pudieron preparar la lista completa de 200 jura-dlos, lista destinada a estar en vigor durante todo un año, y luego ocurrir ciertos hechos determinantes de la eliminación de algunos nombres. La misma ley prevé este caso cuando, dispone que si en las boletas extraídas de la urna apareciere el nombre de algún individuo que hubiere fallecido o que hu-biere mudado permanentemente de residencia fuera del dis-trito, o que estuviere exento del servicio de jurado, y tal hecho se comprobare a satisfacción de los jueces, el nombre de dicho-individuo se suprimirá de la lista de jurados y otro jurado-se sacará por suerte para reemplazarlo. Art. 200 del Código-de Enjuiciamiento Criminal. Y una vez que el nombre del jurado lia sido suprimido de la lista, es natural que la boleta que lo contiene no vuelva al seno de la urna.

T en cuanto a que el juez mandó citar además de los 24 jurados del panel regular que actuaba, otros especiales para esta causa, diremos que nada de incorrecto encontramos en tal conducta. En muchas ocasiones, atendida la importancia del caso pendiente de juicio, el juez puede prever el hecho de que han de ocurrir muchas excusas y recusaciones, y, a fin de que no sufra dilación innecesaria la administración de la justicia, puede ordenar que se cite un número de jurados suficientes para constituir el que ha de juzgar la causa. Y así puede comenzarse la formación del jurado con los regu-lares citados de acuerdo con el artículo 199 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y continuarse, si es necesario, con los otros convocados especialmente. Art. 202 del propio código.

Alega también el apelante que lá corté erró al no obligar al Fiscal a hacer sus recusaciones en el acto en que se pre-sentaba cada jurado. Parece que el Fiscal pospuso sus recu-saciones perentorias y la corte admitió tal procedimiento, concediendo igual derecho a la defensa.

El artículo 221 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone que la recusación deberá hacerse al presentarse el miembro del jurado, y antes de que se le tome juramento para entender en la causa, y dispone también que, si para ello hubiera razón, el tribunal puede permitir que esto se haga después del juramento y antes de que el jurado se complete.

Todo jurado presta dos juramentos, uno para contestar las preguntas que se le hagan con respecto a su capacidad para servir como tal y otro para actuar especialmente en la causa que se va a juzgar. Indudablemente que el juramento a que se refiere el artículo 221 del Código de Enjuiciamiento Criminal que hemos citado, es el segundo.

Al parecer el procedimiento adoptado por el Fiscal en este caso no siguió estrictamente lo prescrito en la ley, pero no consta que estuviera en completa oposición a la misma, pues si bien se consigna que el Fiscal pospuso sus recusaciones pe-rentorias, no se demuestra que tal posposición se hiciera para después de haberse tomado juramento al jurado para actuar en la causa.

Además, como hemos visto, la misma ley autoriza al juez para variar el orden que prescribe, cuando existen razones suficientes para ello, y como la jurisprudencia ha establecido que los jueces pueden resolver estas cuestiones ejercitando una sana discreción, People v. Montgomery, 53 Cal., 576; People v. Rodríguez, 10 Cal., 50; People v. Durrant, 116 Cal., 179, 197, tendría que demostrarse que la corte había abusado de su poder discrecional, para que el error que pudiera haber tal vez cometido sirviera de base a la revocación de la sen-tencia.

Y, por último, como bien dice el Fiscal de esta Corte Su-prema en su alegato, “el récord no demuestra que, después de resolver la corte la moción de la defensa y de invocar la regla que debía observarse en el empleo de las recusaciones perentorias por el Fiscal, éste hubiere recusado perentoria-mente a ningún jurado, y no apareciendo así del récord, aun en el caso de que la corte hubiera incurrido en algún error, éste hubiera sido inmaterial, por no perjudicar ningún derecho substancial del apelante.”

Sostiene también la parte apelante, en su séptimo señala-miento de error, que la corte erró al desestimar la recusa-ción motivada que hizo la defensa del jurado Arturo Grodreau.

Examinado por la defensa, dicho jurado manifestó que conocía la causa que se vió en la corte contra Amy por haber dado muerte a un primo suyo (del jurado) y que sabía que el presente juicio era por soborno en relación con el caso- de Amy. La defensa recusó al jurado por parcialidad implícita, basándose en el No. 1 del artículo 227 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, que prescribe la procedencia de tal recu-sación cuando el jurado sea pariente por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado de la persona que se alega que ha sido agraviada por el delito que se denuncia.

Técnicamente no puede concluirse que la persona agra-viada en el caso de soborno, fuera la misma que en el caso de asesinato, y por tanto la corte sentenciadora no cometió error al desestimar la recusación motivada del jurado Gro-dreau, basada en el número 1 del artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Además, demostrando el récord que el jurado G-odreau fué luego recusado perentoriamente por la defensa, y que si bien ésta llegó a hacer uso de las seis recu-saciones perentorias que le concedía la ley, no hizo constar en modo alguno su intención de recusar a algún otro jurado, no vemos que se haya ocasionado finalmente perjuicio al acusado.

Esta Corte Suprema en el caso de El Pueblo v. Morales (a) Yare.Yare, 14 D. P. R., 234, 244, se expresó así:

“No aparece de los autos que las recusaciones perentorias de la defensa hayan sido agotadas y ningún jurado contra el que se había presentado una objeción definitiva, fué incluido en el panel. A menos que el acusado haya agotado todas sus recusaciones peren-torias, no puede quejarse de que un jurado inadmisible haya sido incluido en el panel, por el cual fué juzgado, y el hecho de que sus recusaciones fueron agotadas, debe afirmativamente constar en los autos. A nuestro juicio, este punto ha sido resuelto de un modo satisfactorio por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en los siguientes términos:
‘“La queja se refiere a que el tribunal sentenciador, procediendo en virtud de este estatuto, y con arreglo a sus disposiciones, obligó a los peticionarios, contra su voluntad, a someterse a un juicio por un jurado que no era imparcial, privándolos así de uno de los dere-chos fundamentales que tenían, comm ciudadanos! de los Estados Uni-dos, con arreglo a la Constitución Nacional, y alegándose que si la sentencia del tribunal fuera ejecutada, serían privados de su vida sin el debido procedimiento legal.
“ ‘En la causa de Hopt v. Utah, 120 U. S., 430, se declaró por este tribunal, que “cuando en una causa criminal no se admite la recusación de un jurado por parte del acusado a causa de parciali-dad manifiesta o implícita, y el jurado es entonces recusado de un modo perentorio por el acusado, y excusado, y se consigue un jurado imparcial y competente, en su lugar, ningún perjuicio ha sido cau-sado al acusado, si hasta que se complete el jurado tiene otras recu-saciones perentorias que pueda utilizar.” T de acuerdo con eso en Hayes v. Missouri, 120 U. S., 68, 71, se ha dicho “El derecho de recusar es el derecho de rechazar y no de seleccionar a un jurado. Si de aquellos que quedan se obtiene un jurado impartial, entonces el derecho constitucional del acusado ha sicLo sostenido.” No abriga-mos ninguna duda con respecto a esta decisión.’
“Spies v. Illinois, 123 U S., 168.”

Los señalamientos de error 8, 9, 10 y 11 se refieren a los cometidos por la corte, a juicio del apelante, (a) al permitir cjue el Fiscal preguntara al testigo Juan Paraviccini, lo que pasó entre él y Pillot; (5) al permitir al mismo testigo que declarara que el día que Pillot fué a pedirle 600 pesos para el jurado, le nombró algunos de los jurados, entre los cuales, sólo recordaba a Yictorio Vázquez; (c) al permitir que el mencionado testigo declarara que Don Alfredo Amy le había entregado un cheque de $1,000, y (cl) al permitir al referido testigo que declarara que había entregado el dinero a Pillot.

Sostiene el apelante que Pillot no es parte en el proceso y que sus declaraciones y hechos no podían perjudicar al acusado. Después de declarar Paraviccini, se demostró que él, Paraviccini, Pillot y otros, estaban todos combinados con el acusado Vázquez con el designio de sobornar' no sólo a Váz-quez si que también a otros jurados que habían de actuar en el caso seguido contra Arturo Amy por el delito de asesinato, a fin de obtener un veredicto absolutorio. Y siendo esto así, el artículo 22 de la Ley de Evidencia que invoca la parte apelante, está más bien en contra que a favor de la teoría que sostiene. Dicho artículo dice así:

“Los derechos de una de las partes no pueden ser perjudicados por la declaración, acto, u omisión de otra, o por algún procedimiento contra ésta, a no existir determinada relación entre ellos. ’ ’

Mejor práctica hubiera sido por parte del Fiscal la de haber probado en primer término el designio común, o por lo menos haber ofrecido hacerlo así; mas como luego quedó demostrado tal designio común, entendemos que el acusado, no fué perjudicado. Además, a los efectos de demostrar la-ño existencia de perjuicio para el acusado, deberá notarse que este fragmento de prueba aportado por la declaración del testigo Paraviccini, era una parte'muy poco importante ¿e la misma. Los hechos del soborno quedaron luego demos-trados por prueba más directa.

En apoyo de lo que dejamos expuesto, citaremos las siguientes decisiones: United States v. Gooding, 25 U. S., 460, 470; People v. Geiger, 49 Cal., 643, 649, y United States v. Hiuman, 26 Fed. Cases, 324, case No: 15370.

Los señalamientos de error 12, 13, 15, 16, 17, 18, se refie-ren todos a cuestiones suscitadas con motivo de la práctica de las pruebas. Los hemos examinado y en ninguno de ellos está envuelta cuestión alguna fundamental, o que pueda esti-marse como perjudicial al acusado, o que sin serlo requiera t:n detenido estudio por parte de esta corte.

Los señalamientos de error 14, 19 y 20 se refieren a los cometidos por la corte, a juicio del apelante, al no declarar con lugar una moción de sobreseimiento presentada por el acusado después de deponer algunos testigos del Fiscal, al desestimar otra moción de sobreseimiento presentada por el acusado al terminar la práctica de la prueba de la acusación, y al negarse, terminada la prueba de ambas partes, a ordenar al jurado que absolviera perentoriamente al acusado.

.Con respecto al señalamiento de'error No. 14, nos limita-remos a decir que la moción de sobreseimiento fué claramente extemporánea y propiamente declarada sin lugar. T para resolver las cuestiones suscitadas en los señalamientos de error Nos. 19 y 20, nos parece que el mejor método que debe seguirse es el de hacer un resumen de la prueba practicada, á fin de resolver si es o nó suficiente para demostrar la cul-pabilidad del acusado.

La evidencia presentada por parte del Fiscal, en resu-men, es como sigue:

Juan PARAVicomi. — Declara que no conoce al acusado, pero sí a Diego Pillot. Que un día se vió con él y Pillot le pidió $600 diciéndole que era para el jurado que actuaba en la causa seguida contra Arturo Amy; que al día siguiente le entregó dicha cantidad; que Pillot le dió los nombres de varios jurados, pero que él sólo se acuerda del de Victorio Vázquez; que Pillot le enseñó una lista de jurados y que del único que se acuerda es de Victorio Vázquez; que informó a Don Alfredo Amy de la. petición de dinero del jurado, y que el Sr. Amy le dió un cheque por $1,000 que él hizo efec-tivo para entregarle los $600 a Pillot; que le dió el dinero a Pillot y que el resto de los $1,000 los empleó en gastos de viaje, etc.

Alfredo Amí. — Declara que estaba en Guayama el 16 de diciembre con motivo de la causa seguida contra su hijo; que en Guayama se le presentó Paraviccini informándole que Diego Pillot, hablándole en nombre de varios jurados, le dijo que si no les daban $600 no sacaban absuelto a su hijo; que para evitar que castigaran injustamente a su hijo, le dió un •cheque, por $1,000; que no conoce al acusado; que fué a Paraviccini y no al acusado a quien le entregó el dinero, porque Diego Pillot lo exigía para Victorio Vázquez y otros jurados.

VeNtura García. — Declara que formaba parte del panel regular de jurados que actuó en la Corte de Distrito de Gua-yama en diciembre; que en la mañana del 17 de dicho mes se presentaron en su sombrerería Victorio Vázquez y Diego Pillot a suplicarle que contribuyera a soltar a Arturo Amy; que su respuesta fué que él lo juzgaría de acuerdo con la prueba que se aportase; que Pillot y Vázquez insistieron en la recomendación de absolver a Amy; que Pillot le mostró un paquete de billetes de banco y le ofreció darle $50 de pronto y $40 más tarde; que él cometió la debilidad de aceptar los $50 y el ofrecimiento de mayor suma; que absolvió a Amy; y que al terminarse el'juicio a las dos de la mañana fué a casa, de Victorio Vázquez y allí recibió de manos de éste los $40 •ofrecidos.

Enrique García. — Declara que es hijo de Ventura García y que ayuda a su padre en el trabajo; que Victorio Vázquez estuvo en la sombrerería el 17 de diciembre a las 10 a. m. entrando por la parte de atrás de la casa; que Vázquez venía con Diego Pillot.

Pedro Ieene Curet. — Declara que formaba parte del ju-rado que actuó en la Corte de Distrito de Gruayama en el mes de diciembre, y que Victorio Vázquez le dijo que el término en que actuaban de jurados era muy conveniente porque habían dos juicios contra gente de dinero, y que él no pen-saba dar su voto en favor de los acusados, si no le deban dinero; que enterado de que el público censuraba la conducta del jurado, fué a casa de Victorio Vázquez a indagar la ver-dad; que Vázquez le confesó haber cogido $600 de manos de Pillot, diciéndole que de esa cantidad había dado $40 á Bank, $60 a Pillot, $90 a Ventura Grarcía y $30 a Diego Pillot, y que al testigo- no le había dado nada porque le dijo que él no se vendía; que Victorio Vázquez, incomodado, lo despidió de la casa, y que él se propuso hacer una investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Rafael Hernández. — Declara que es Juez Municipal de Salinas; que estuvo en Gruayama el día 16 de diciembre; que Diego Pillot le informó que Victorio Vázquez se había quedado con todo el dinero; y que al encontrarse con Váz-quez le dijo que qué era eso que decían que se había quedado con todo el dinero; que Vázquez le contestó que solamente había cogido la parte que le correspondía; y que se había enterado del soborno por Diego Pillot. Preguntado acerca del cárácter de sus gestiones y sobre su objeto al reprochar a Victorio Vázquez por haberse quedado con casi todos los chavos, del jurado, contestó que no sabía lo que él mismo pretendía, y que se dirigió a Victorio Vázquez para averiguar si era cierto que se había quedado con todos los chavos.

José María Lota. — Declara que es gerente de la Sucur-sal del Crédito y Ahorro Ponceño en Gruayama, y que entre 5 y 6 de la tarde (no dice de qué día) le pagó a Juan Para-viccini el cheque que le muestra el Fiscal.-

Ramón Morales. — Declara que es taquígrafo de la Corte de Distrito de Gruayama, y que en el juicio seguido contra Arturo Amy el 17 de diciembre, Victorio Vázquez actuó de jurado.

Leopoldo Santiago.- — Declara que es Fiscal del Distrito de Guayama; que actuó como tal en el caso seguido contra Victorio Vázquez y Diego Pillot por soborno, en el que pre- ■ sentó como prueba un récord taquigráfico del examen del jurado Victorio Vázquez, para probar que éste había inter-venido en la causa seguida contra Arturo Amy.

Enrique S. Mestee. — Declara que actuó de .Secretario de la Corte de Distrito de Guayama en la causa por asesinato se-guida contra Arturo Amy, y que Victorio Vázquez formaba parte del jurado que dió un veredicto de inculpabilidad.

Y por parte de la defensa, también en resumen, así:

Alekedo Amy. — Declara que no conoce a Pedro Irene Curet, quien tal vez sea un individuo que estuvo en los Baños de Coamo donde se encontraba el testigo a pedirle $550 para pagar una hipoteca, tratando de imponérsele y meterle miedo para sacarle esa cantidad. El testigo no expresa en qué con-sistieron las amenazas de Curet y dice que no le dió la suma que pedía.

Juan Pabaviccini. — Declara que sólo ha visto a Curet en la corte y que no es cierto que hablara con él en Salinas y le diera una carta para Don Alfredo Amy.

Rafael HeRnández. — Declara que el día del juicio de Amy fué a Guayama con Antonio Romaguera y también con César Amy, hermano del acusado.

FRanoisco Sbc-ola. — Confirma lo dicho por_ el anterior testigo.

Enrique S. Mestre. — Declara que Victorio Vázquez se en-contraba formando parte del jurado que actuó al día siguiente de verse la causa de Amy y que a las nueve de la mañana se pasó lista como de costumbre a los señores jurados.

La prueba documental consistió en copia de un acta de acusación contra Diego Pillot y Victorio Vázquez por delito de soborno.

Analizada cuidadosamente la prueba de cargo practicada, demuestra que el acusado recibió el soborno a que se refiere la acusación. El acusado sostiene que toda la prueba directa que pueda existir en contra suya se basa en declaraciones prestadas por testigos que tienen el carácter de cómplices y que por tanto no pueden corroborarse entre sí. Ambas par-tes aceptan que el testigo Ventura García puede considerarse como cómplice. No nos detendremos a examinar si esta con-clusión es o nó correcta, pero aceptado que lo sea y aun pres-cindiendo por completo de su declaración, el resto de la jjrueba es suficiente para sostener el veredicto de culpabili-dad. .Pedro Irene Curet, por ejemplo, que actuó como jurado en la causa seguida contra Amy y que no consta que fuera sobornado, da una descripción completa de los bechos y afirma que Vázquez admitió haber recibido de Pillot $600, distri-buyendo $220 entre otros varios jurados, y reteniendo la cantidad restante para sí.

La prueba de descargo tiende a contradecir en algunos extremos la de cargo y a aportar algunos nuevos elementos que a juicio de la defensa desacreditan el testimonio de cier-tos testigos del Fiscal. Mas, primero la corte al resolver las mociones a que se refieren los errores 19 y 20 y luego el jurado al rendir su veredicto, resolvieron el conflicto, si al-guno bubo, en favor de El Pueblo y dieron crédito a los tes-tigos de la’acusación, y siendo ello así y no habiéndose demos-trado que la corte o el jurado actuaran movidos por pasión, parcialidad o prejuicio, o que cometieran algún error mani-fiesto, sus conclusiones deben aceptarse como las proceden-tes y justas' en este caso.

Nada se consigna en el alegato de la parte apelante con respecto al resultado de la prueba en cuanto a la alegación d.e absolución anterior por el mismo delito.

El veredicto del jurado aparece redactado así:

“En da Coete de DistRito del DistRito Judicial de G-uayama, P. R. Estados Unidos de América. El Presidente de los Estados Uni-dos, S. S. — El Pueblo de Puerto Rico contra Vietorio Vázquez. Causa No. 1975. Delito : Soborno. — Nosotros los señores del jurado decía-ramos al acusado Yictorio Vázquez culpable del delito de soborno y resuelve a favor de El Pueblo de Puerto Rico la alegación de la defensa de baber sido absuelto el acusado anteriormente por el mismo delito, por entender el jurado que el presente delito es distinto al anterior. Guayama, P. R., 1G de mayo de 1913. S. A. Alcaide, pre-sidente del jurado.”

Hemos examinado la prueba y de ella sólo aparece que se presentó la copia de una acusación en la cual se imputa a Diego Pillot y a Victo rio Vázquez el delito de soborno con-sistente en haber ofrecido y dado al Jurado Ventura García $90 para inclinar su voto en el repetido caso de Amy. Nada consta con respecto a si el acusado Vázquez fué o nó absuelto de la indicada acusación, pero en el caso de que constara, tendríamos que resolver que él delito imputado a Vázquez era distinto del que dió origen a esta causa. Aunque se trate del mismo proceso, un jurado que en él actúe puede cometer dos distintos delitos de soborno, uno como tal jurado, recibiendo directamente el soborno por vender su voto, y otro como indi-viduo particular actuando en combinación con la parte inte-resada, ofreciendo y dando dinero a otro jurado por la venta del suyo.

El señalamiento de error 21 se refiere a que “La corte cometió error dando al jurado esta instrucción: £* * * pero si por otro lado, el Sr. Hernández Usera solamente tenía algunas noticias, averiguó algunos hechos, tenía algún cono-cimiento de lo que pasaba en aquellos momentos y guardó silencio y no dió aviso a las autoridades hasta algún rato después entonces no es cómplice.’ ”

No aparece de los autos que el testigo Hernández inter-viniera con intención criminal en la realización del delito. Su conducta no fué la que hubiera seguido un buen ciudadano, pero debemos resolver, de acuerdo con la jurisprudencia, que el hecho de que estuviera enterado de que iba a' cometerse el de-lito y no diera cuenta de ello, no hace, por sí solo, de él un cóm-plice. Véanse los casos de Clem v. The State, 33 Inch, 418; Golden v. The State, 18 Tex. App., 637, 639; People v. Woodward, 45 Cal., 293; People v. Ah Ping, 27 Cal., 490.

Y, por último sostiene la parte apelante que la corte come-tió error no haciendo una resumen del caso ante el jurado tal como lo determina el artículo 233 del Código de Enjuicia-miento Criminal, enmendado en 1911.

Hemos examinado las instrucciones del juez al jurado y a nuestro juicio son completas e imparciales. Además, nada consta con respecto a que el acusado hiciera alguna petición & fin de que el juez ampliara o explicara dichas instrucciones en algún detalle que se hubiera omitido o que estuviera falto de claridad.

Ningún motivo fundamental existe, pues, a nuestro juicio, para revocar la sentencia dictada en este caso. El crimen cometido por el acusado no solamente es grave, sino de aque-llos que introducen la desconfianza en la sociedad. Si es posible comprar el veredicto de un jurado o el fallo de un tribunal, el concepto mismo de la justicia cae por su base.

Debe confirmarse la sentencia apelada. .

Confirmada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pillot, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gruayama en causa por soborno.
    No. 643.
    Resuelto en. abril 30, 1914.
    Acumulación de Casos — Discreción del Tribunal Sentenciador. — La conce-sión de una moción sobre acumulación de causas descansa en la discreción del tribunal y su resolución no será, revocada a menos que se demuestre que ha abusado de §u facultad discrecional.
    Suspensión del Juicio — Señalamiento de Tres Causas de Soborno para Tres Días Consecutivos — Citación de Jurados Especiales — Término Criminal Especial. — El hecho de que se hayan señalado tres causas criminales por soborno contra distintos acusados para tres días consecutivos sin expresar el orden en que han de ser juzgadas, y el que se hayan citado jurados espe-ciales y se haya convocado un término criminal especial en medio de un término de juicios civiles, no son motivos suficientes para pedir la suspensión de un juicio en ausencia de otras razones más poderosas para ello.
    Jurado — Recusación General del Panel — Papeletas de Jurados Sacadas de la Urna para Otro Juicio — Urna con Menos de Doscientas Papeletas.— Ni el lieeho de que la corte haya sacado veinte papeletas de jurados de la urna para que actuaran en otro juicio ni el de que la urna no contuviera doscientas papeletas de jurados al tiempo de ser sacadas las papeletas, son motivos suficiente para recusar en general todo el panel.

    Id. — Recusaciones Motivadas — Recusaciones Perentorias '.no Agotadas. — La denegatoria de una recusación motivada no constituye error cuando el acu-sado no agota las recusaciones perentorias que le concede la ley.
    Id. — Juicio Público — Exclusión de Otro Jurado de la Sala. — Cuando la corte le pide pero no le ordena a un jurado que ha de conocer en otro caso que se retiren de la sala de sesiones, tal petición no constituye error ni le quita al juicio su carácter de público.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, fiscal.

    Abogados del apelante: Sres. F. Gervoni Gely y Manuel A. Martínez.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

■ Esta fué una causa por un delito de soborno en la cual el acusado fué condenado a la pena de diez años de presidio. El otro acusado Vázquez fué absuelto- Numerosos son los errores que se alega fueron cometidos por la corte inferior pero solamente uno de ellos hace referencia a los errores cometidos después de habérsele tomado juramento al jurado. Las demás infracciones de ley que han sido alegadas se refie-ren a cuestiones anteriores a la celebración del juicio.

Al ser llamado el caso para juicio presentaron los acu-sados una moción solicitando la consolidación del caso con otras dos causas que existían, una contra Vázquez y otra contra Ventura García y otros, por el mismo delito, fundán-dose en que los testigos serían los mismos y en otras razones semejantes. Pero algunos de los testigos eran otras per-sonas y aun siendo las mismas, los hechos que habían de pro-barse podrían ser distintos. La cuestión era enteramente de la discreción de la corte y no existe indicación alguna de que se haya abusado de dicha discreción. Además, en California parece que el Estado tiene la facultad de elegir entre for-, mular o nó conjuntamente la acusación. Véase el caso de People v. Plyer, 121 Cal., 160.

Los errores segundo, tercero y cuarto se refieren a la negativa de la corte a suspender el juicio. Parece que los tres juicios por soborno estaban señalados para los días 14, 15 y 16 de septiembre, sin determinarse cuál de los casos había de ser llamado primeramente y que la corte podía pro-ceder a la celebración de los juicios de estos casos en la forma que estimara más conveniente. No se demostró que hubiera habido ningún perjuicio. Otro fundamento para solicitar la suspensión fué que la corte además del panel regular de 24 jurados citados para el día 14 de septiembre ordenó el sorteo de otros seis cuando ya habían sido sorteados otros 20 para el juicio señalado para el día 15 de septiembre. La corte en realidad dispuso que se sortearan los otros seis para el caso de que fueran necesarios. No vemos que se haya cometido ningún error como tampoco razón alguna para la suspensión. Yéase en relación con este particular el casa de El Pueblo v. Vázquez, resuelto en el día de hoy. El tercer motivo aducido para la celebración de un nuevo juicio fué que la corte había habilitado un término criminal especial encontrándose en la mitad de un término civil. El funda-mento no parece tener ninguna importancia puesto que la corte no se encontraba en vacaciones sino a mediados de un término de juicios.

El quinto error hace referencia a la omisión de la corte en declarar con lugar la recusación que se hizo al panel. Uno de los fundamentos fué el de haberse citado jurados extra-ordinarios, el cual ya ha sido discutido. Aun cuando esto hubiera sido irregular no se demostró que hubiera habido ningún perjuicio. Otro motivo de recusación fué el de que la urna de donde fueron extraídos los 24 jurados sólo conte-nía 180 nombres cuando debió haber contenido los nombres de 200 jurados. Los autos son sumamente indefinidos en cuanto a esta cuestión. No aparece de un modo claro el hecho ele que no se encontraran en la urna los 200 nombres cuando se procedió al sorteo de los 24. Es cierto que existen indica-ciones en los autos de que la corte babía ordenado el sorteo de 20 nombres para el día siguiente, aunque no existe prueba categórica de que no se hubieran sorteado debidamente los 24 nombres. T en relación con este punto véanse también los razonamientos expresados por este tribunal en el caso de El Pueblo v. Vázquez, resuelto en el día de hoy. Otros fun-damentos de recusación son variaciones de este curioso tema, lo que constituye también el sexto señalamiento de error.

El séptimo error se refiere a la omisión de la córte en declarar con lugar una recusación motivada. Como la defensa no agotó sus recusaciones perentorias, es jurisprudencia bien sentada que se renuncia a aquéllas.

El octavo señalamiento de error hace referencia al hecho de haber denegado la corte la objeción formulada por el acu-sado a la pregunta hecha por el Fiscal respecto a si las ideas políticas de un jurado podrían influir en su veredicto, no habiéndole permitido la corte al acusado hacer una pregunta semejante a ésta. La pregunta fué en realidad si el jurado era adversario a los Unionistas y podía ser impugnada por su forma. Además el jurado manifestó que sus ideas polí-ticas no influirían de modo alguno en su veredicto. No sabe-mos si este jurado llegó a actuar como tal en el juicio, pero de todos modos es lo cierto que la defensa no agotó sus recu-saciones. No vemos que haya habido ningún error o perjuicio.

La corte indicó aunque no lo ordenó que aquellos jurados que no formaban parte del pequeño jurado salieran del salón de la corte. Los jurados no estaban obligados a cumplir con esta indicación. Además, para que esto pueda ser ale-gado como error tendría que demostrarse que no se admitió al público, o en otras palabras, que no se celebró un juicio público.

El décimo error que se alega es el de haber sido declarado culpable el acusado de un delito de soborno por prueba de cómplices que no ha sido corroborada. Hubo mucha prueba corroborante suministrada por otros testigos, parte de ésta circunstancial y parte por las admisiones directas del acu-sado de que había recibido dinero para repartirlo entre otros jurados con el fin de que se absolviera a Amy, a quien se acusó del delito de homicidio y había tratado de sobornar a dichos jurados.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Aldrey.

El' Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Montalvo, Peticionario, v. Soto Nussa, Juez de. Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Aguadilla en un caso sobre injimction para recobrar la posesión material de propie-dad inmueble.
    No. 122.
    Resuelto en mayo 1, 1914.
    Ceetiobabi — -No Puede Haoeb las Veces de una Apelación — Desestimación de la Apelación. — Desestimada una apelación por culpa del apelante, no puede ejercitarse el recurso extraordinario de certiorari para revisar los procedimientos en los cuales se dictó la sentencia apelada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. Víctor P. Martines.

    El demandado no compareció.
   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Susano Montalvo, por medio de su abogado Víctor Primo Martínez, presentó a esta Corte Suprema el 28 de abril último, una solicitud de certiorari. De la misma solicitud resulta que la Corte de Distrito de Aguadilla dictó sentencia en contra del demandado en el pleito civil No. 1676, seguido- por Joaquín Oronoz contra Susano Montalvo; que éste interpuso apelación contra la sentencia, y que la apelación fué desesti-macla por esta Corte Suprema el 15 de abril de 1914. T el dicbo demandado, Susano Montalvo, pretende abora que este Tribunal Supremo, por medio del auto de certiorari, revise todos los procedimientos en el dicbo pleito, esto es, el peti-cionario áspira a que este recurso extraordinario de cer-tiorari que abora ejercita, sustituya por completo al ordinario de apelación que perdió por su culpa. Las pretensiones del peticionario son contrarias a la jurisprudencia repetidamente establecida por este tribunal. “El auto de certiorari no ba sido establecido para bacer las veces de un recurso por causa de error (writ of error) o de apelación.” Barrera v. Corte de Distrito, 10 D. P. R., 190, 193; Arribas v. Corte de Distrito, 9 D. P. R., 484, 486.

Debe desestimarse la solicitud.

Desestimada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.