text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Vélez et al., Acusados y Apelantes.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por asesinato en segundo grado.
    No. 2065.
    Resuelto en julio 28, 1923.
    Acusación — Incongruencia—Principales en la Comisión de Delitos; Quiénes Son. — Cuando en una aeusaeión contra varias personas complicadas en la comisión de un delito grave se inrputa' a ellas el acto físico principal y la prueba luego demuestra que fué ejecutado por otra persona, estableciéndose, sin embargo, que las personas acusadas intervinieron en la comisión del delito, no bay discrepancia entre la acusación y la prueba, ya que esas per-sonas se consideran como principales.
    Instrucciones — Excepción a las Instrucciones — Fundamentos de la Excep-ción. — Cuando se toma excepción a las instrucciones que el juez da al jurado es necesario especificar a qué parte de las instrucciones se refiere la excep-ción y expresar los fundamentos de ésta, pues no se cumple con la ley cuando se toma una excepción general a todas las instrucciones, sin funda-mentarla.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: 8r. A. A. Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wiole,

emitió la opinión del tribunal.

Los últimos becbos qne rodean este crimen no ban sido sometidos a esta corte ni por el apelante ni siquiera por el fiscal. Este resumió ciertamente la prueba aportada por cada testigo, pero no nos suministró una exposición de lo que la prueba tendía a demostrar. Por ejemplo, de una lectura de los autos no formamos ninguna idea clara de la causa o motivo de este crimen, aunque de la.prueba el ase-sinato probablemente tuvo lugar debido al deseo del acu-sado en tomar parte en el tesoro en busca del cual hacían aparentemente excavaciones el interfecto y otros. Este apelante no ha radicado ninguna verdadera exposición del caso ni presentado una asignación de errores y por con-siguiente, consideraremos únicamente las cuestiones funda-mentales.

Angel Boclríguez fué llamado como testigo. El había sido anteriormente declarado culpable por un delito de ase-sinato en segundo grado por dar muerte al interfecto. El declaró tendente a demostrar que Francisco Velez disparó el tiro fatal estando Vélez necesariamente presente en el momento si es que había de darse crédito al testigo en al-gún sentido. La prueba de todos los demás testigos, sin embargo, tiende a acreditar que el mismo Bodríguez dis-paró el tiro fatal y por tanto su declaración merecía muy poco crédito.

El interfecto y otros estaban haciendo excavaciones por el supuesto tesoro cuando varias personas se presentaron. Uno de los recién llegados preguntó qué hacían los hombres en el hoyo y al dársele una contestación desafiante, o algo por el estilo, alguien dijo: “Tírale seguido para que no sea tan guapo” u otras palabras en este sentido. Un testigo declaró positivamente que el acusado dijo “Tírale.” De todos modos, de la prueba el jurado tenía derecho a creer que Francisco Vélez o estaba presente ayudando en el acto del disparo al interfecto o por lo menos que él ayu-daba en tal acto de disparar aún cuando él no estaba real-mente presente. La prueba tiende más bien a acreditar que Francisco Vélez estaba realmente presente entonces ayu-dando.

El apelante se queja de que no fue notificado por la acu-sación de que, a él se acusaba de haber ayudado en el acto del disparo pero que la acusación única y exclusivamente le imputaba el acto de disparar. La cuestión es, pues, si cuando un hombre tiene un juicio por separado y la acusa-ción contra varias personas imputa sólo el acto de disparar, el acusado puede quejarse de una falta de notificación con respecto a que a él se le acusaba del homicidio.

Independientemente de todos los estatutos que conside-ran a un cómplice antes del hecho como un principal, la ley era que cualquier persona que estaba presente ayudando era un principal. En el caso de Mackelley, 9th Coke 67 B.( 77 Reprint 832, se usaron las siguientes palabras:

“De modo que si a A. B. & C. se les acusa de haber dado muerte a J. S. y que A. lo agolpeaba y los otros estaban presentes, ayu-dando, y de la prueba aparece que B. dió el golpe y que A. y C. estaban presentes, etc., en este caso la acusación no se ajusta a las circunstancias; y sin embargo es suficiente para sostener la acusa-ción, pues la prueba está de acuerdo con el efecto de la acusación y por tanto la variante de las circunstancias de la acusación no es esencial; pues considerará la ley que la herida ha sido causada por cada uno de ellos y que es tan vigorosamente el acto de todos los otros como si los tres juntos hubieran cogido el arma, etc., y todos a un tiempo hubieran agolpeado al interfecto.”

En el caso de Sir John Heyden, 11 Coke, 5 B, 7 Reprint 1151, se dijo que el acto de uno es el acto de todos los del mismo grupo que estaban presentes y en Commonwealth v. Chapman, 11 Pick, 428, se dijo: “La prueba de que una persona estaba presente ayudando sostendría una acusación en que se le imputa como único, principal o autor el hecho de haber dado el golpe con sus mismas manos.” Otro razona-miento en el mismo sentido puede verse en algunos de los casos que luego citaremos con otro fin.

Aun cuando el acusado hubiera meramente ayudado en el acto de la muerte, sin estar realmente presente, una acu-saciózi que imputa el acto de dar muerte es suficiente para declarar culpable a cualquiera que anteriormente hubiera sido conocido, como cuestión general, como un cómplice antes del hecho. La cuestión alegada como error está com-prendida en el artículo 36 del Código Penal, el cual es como sigue:

“Artículo 36. Todas las personas complicadas en la comisión de un crimen, ya fuera ‘felony’ o ‘misdemeanor,’ y que directa-mente cometieren el acto constitutivo del delito, o no bailándose presentes, hubieran aconsejado su comisión o incitado a ella; y todas las personas que aconsejaren o incitaren a menores de ca-torce años, lunáticos o idiotas, a cometer algún crimen; o que, por medio de fraude, artificio, o violencia, ocasionaren la embriaguez de otra persona con el fin de hacerle cometer un crimen, son prin-cipales o autores en el crimen cometido.”

Y más particularmente en el artículo 93 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual prescribe lo siguiente:

“Artículo 93. En la acusación contra personas que han'tenido participación en la perpetración de un delito grave (felony), ya huyan cometido directamente el hecho constitutivo del delito o ha-yan ayudado a llevar a término la comisión del mismo, aunque ninguna persona sea perseguida, juzgada y castigada como autor, no necesita exponerse hecho alguno fuera de los necesarios en la acusación contra el autor.”

El propio apelante admite, como sucedió, que otra persona fué juzgada y declarada culpable por el disparo. El caso del Pueblo v. Paz, 12 D. P. R. 99, en vez de favorecer al apelante está en su contra. Allí resolvimos que el ar-tículo 36 era aplicable en cuanto a cómplices antes del he-cho, pero que en lo que respecta a cómplices después del hecho la acusación debe contener alegaciones categóricas.

Probablemente el caso principal sobre la cuestión, es el de People v. Bliven, reportado en 112 N. Y. 79; 8 A. S. R. 710. La corte por conducto del juez, Sr. Peckham, sos-tiene que en estatutos como el nuestro el caso de un cóm-plice antes del hecho había sido considerado como el caso de nn principal y que él ocupa por tanto la misma situa-ción en el caso de felony • como tal individuo hasta ahora ocupaba en casos de traición y misdemeanor • que en casos de traición siempre fué la ley que no había cómplices bien antes o con una o dos excepciones, después del hecho; que en cuanto a misdemeanors la misma regia existía y que una persona cometía un acto menos grave (misdemeanor) en relación con un acto en delito de felony que lo converti-rla en cómplice antes del hecho, se le consideraba como principal y en la acusación se le acusaba como tal y a me-nos que el denunciante lo prefiriera no mencionaba el hecho de haber sido cometido el acto por otra persona. La corte indicó que la razón para la distinción entre casos de felony y misdemeanor no había sido clara; que la pequenez del caso de misdemeanor no podía ser la verdadera razón por-que había graves casos de misdemeanor y algunos de éstos que eran misdemeanors en la ley común habían quedado convertidos en felonies en este país. La corte citó un caso inglés. En él al acusado se le imputaba el hecho de-poner en circulación chelines falsificados y fué declarado culpable aunque él se encontraba ausente cuando la moneda fué realmente puesta en circulación. El caso citado fué exa-minado cuidadosamente por los jueces ingleses que en él tomaron parte. El juez asociado Sr. Peekham, citó otros casos. Entonces revisó las decisiones de este país para de-mostrar que de acuerdo con estatutos semejantes al nues-tro no es necesaria mayor especificación y entre otros ca-sos citó el de People v. Outeveras, 48 Cal. 19.

El juez asociado Sr. Hunt, después Gobernador de Puerto Eico, revisó las autoridades en el caso de State v. Geddes, 55 Pac. 919. Se expresó en estos términos:

“G-eddes está acusado como principal. La acusación no con-tiene ninguna alegación de que él aconsejara, e incitara o ayudara a Dixon a cometer el delito. El hecho admitido es que Brown fué asesinado por Dixon y que Geddes, de estar relacionado con el homicidio en alguna forma, era lo que la ley una vez consideraba como un cómplice. El apelante. levanta la cuestión de si una acu-sación que acusa a una persona simplemente como principal está sostenida por la prueba que. demuestra que el acusado, de ser culpable de algo, aconsejó e incitó la comisión del delito. Sostenemos que tal acusación es suficiente. La ley común era de otro modo en tanto pertenecía a delitos graves (felonies) excepto alta traición, aunque en casos de misdemeanors todas las personas culpables eran principales y podían ser acusadas y enjuiciadas como tales. 1 Bish. New Or. Law, See. 685 et seq. También dice Bishop (Sec. 674) que esta diferenciación del cómplice antes del hecho del principal es puramente un tecnicismo. ‘Pues en razón natural’ dice él ‘el que da lugar a que se cometa un delito no se le acusa de modo dis-tinto del que lo perpetra, y una regla familiar de la ley común es que lo que una persona hace por medio de la agencia de otro se considera hecho por ella misma. La ley común de delitos ni si-quiera establece ninguna distinción en el castigo entre el principal y el cómplice; siendo un felony el delito de cada uno, del cual la pena originalmente era la muerte. Asimismo, en' cuestiones de moral, hay circunstancias en las cuales creemos que es más culpable el cómplice antes del hecho que su autor; como cuando el ma-rido ordena a su mujer, o un principal a su empleado que realicen para beneficio suyo un acto criminal el cual en su ausencia se eje-cuta sin ningún deseo debido al temor o efecto que ejerce una in-fluencia sobre la mente de una persona. Sólo podemos hacer una suposición de cómo fué que esta distinción vino a la ley; proba-blemente de las mismas suposiciones confusas de donde surgió la distinción que ahora no existen entre principales y cómplices en el hecho. Habiendo, sin embargo, quedado establecido como regla técnica no puede ser quitado por las cortes.’ El artículo 1852 del Código Penal deroga expresamente las distinciones de la ley co-mún a que se ha hecho referencia y prescribe que ‘todas las per-sonas relacionadas con la comisión de un felony, ya cometan ellos directamente el acto constitutivo del delito, o ayuden a su comi-sión, aunque no estén presentes, deben ser procesadas, juzgadas y castigadas como principales, y no es necesario alegar ningunos otros hechos en ninguna acusación o información contra tal cómplice, que no sean los que se exigen en una acusación o información contra su principal.’ Claramente este lenguaje explícito es determinativo de este aspecto del caso y muestra que el objeto del Código era con-siderar desde el mismo punto legal al principal y al agente, y per-mitir que el principal fuera acusado como si el mismo hubiera co-metido el felony que en realidad fué perpetrado por su agente por su consejo e incitación. People v. Bliven, 112 N. Y. 79, 19 N. E. 638; State v. Kent (N. D.) 62 N. W. 631. Los derechos constitucionales que por la sección 16, artículo 3, de la Constitu-ción garantizan al acusado a exigir que se le informe de la natu-raleza y causa de la acusación, no se infringe por el estatuto que permite formular una acusación en contra de uno como principal queen realidad es un agente, debido a que la vieja distinción entre principal y cómplice antes del hecho era meramente arbitraria y -‘sin existencia en la razón natural o en las doctrinas corrientes de la ley.’ Bish. New Cr. Law, Sec. 673. ‘Qui fácil per alium faeit per se’ es el principio que predomina en la ley tanto criminal como civil y que sirve de base al estatuto que deroga las distinciones que son ‘más- imaginarias que reales.’ People v. Bliven, supra. De modo que al derogar estas distinciones el estatuto no ha hecho otra cosa que dejar a un lado ‘el puro tecnicismo’, con el fin de simplificar la práctica para armonizarla con el pensamiento elevado de los có-digos, y creemos que un cargo en contra de uno que anteriormente fué conocido como ‘un cómplice antes del hecho’ es válido contra él como principal. State v. Kent, supra. La posterior decisión de la Corte Suprema de Washington en el caso de State v. Gifford, 53 Pac. 709, revocando una anterior decisión de esa corte en State v. Duncan, 7 Washington, 336, 35 Pac. 117, está en contra de la reciente corriente de autoridades. Y el razonamiento de la misma creemos que envuelve un ‘non sequüur’ en esto: Siendo cierto que aquél que perpetra un crimen bajo la agencia de otro lo realiza él mismo, la prueba de que él aconsejó y solicitó a otra persona para reali-zarlo es prueba que él mismo lo ha realizado. Por tanto, el cargo en contra de él como principal no excluye la inferencia de que él lo ha realizado por conducto de un tercero, aún cuando de la faz del pleading, considerando al acusado como autor principal, una condición imposible puede resultar como, por ejemplo, en el cargo de violación por una mujer. El argumento contrario conduce a esto: Si una persona no podía ser un principal en el delito de vio-’ lación olla no podía ser un principal si aconsejó e incitó la violación. Pero la ley declara que ella será tenida por principal y ¿por qué la ley no considera a una mujer que ayuda una violación como culpable de violación lo mismo que al autor o principal? ¿La legis-latura tenía facultad para anula]' ciertas distinciones criminales y establecer otras; y aunque desde ciertos aspectos puede resultar un absurdo, de otros un cargo perfectamente claro y específico se hace al cual el acusado debe contestar. State v. Rove, 104 Iowa, 324, 73 N. W. 833; State v. Comstock, 46 Iowa, 265; U. S. v. Snyder, 14 Fed. 554; People v. Chapman, 62 Mich. 280, 28 N. W. 896; Boggus v. State, 34 Ga. 275; State v. Jones, 83 N. C. 605.” 55 Pac. Rep. 925.

También, el juez asociado Sr. Hunt, en- el caso de Rosenkronz v. United States, 150 Fed. 42, se expresó en estos términos: “ La alegación siguiente del demandante en error es que la corte debió haber ordenado que se rindiera un ve-redicto de culpabilidad debido a la incongruencia fatal exis-tente entre la acusación y la prueba, en que el cargo que se hace es que el demandante en error ilegalmente mante-nía y establecía una casa de mala reputación para fines de prostitución mientras que la prueba meramente tendió a es-tablecer que el demandante en error poseía la casa y reci-bía una renta por la misma de una mujer que empleaba el sitio para fines de prostitución.” La corte, después de ci-tar algunos casos que aparentemente sostenían la conten-ción del apelante demostró que estos casos habían sido re-vocados por el de People v. Outeveras, supra, y por el de People v. Rozelle, 78 Cal. 84, citados por el fiscal de esta corte. Al parafrasear al juez asociado Sr. Hunt, en el caso de State v. Steeves, 43 Pac. 947, la Corte Suprema de Oregon consideró la cuestión que ahora está sometida a nuestra consideración. Allí el acusado fué hecho parte en la acusación con un tal Kelley por el delito de asesinato en primer grado. Los acusados tuvieron juicio por separado. El acusado Steeves no estaba presente en la muerte pero la prueba demostró que él aconsejó y solicitó a su co-acusado para dar muerte al interfecto. Se insistió por el acusado en que toda vez que a él se le acusaba de un acto especí-fico y no como cómplice, su derecho constitucional a ser in-formado de la naturaleza y causa de la acusación contra él fué usurpado'y que no podía él decir mediante la inspección del cargo que se liaría una tentativa para probar que él era un cómplice antes del hecho, pero la corte resolvió que la alegación carecía de mérito por razones semejantes a las que hemos citado. El juez Sr. Hunt cita otros casos.

En el caso de People v. Katz, 209 N. Y. 311, Ann. Cases 1915, A, 501, 505, encontramos lo siguiente: “El ilustrado abogado del acusado sostiene que la acusación que alega que el acusado es un principal no está sostenida por la prueba de que él ayudó a otras personas a quienes se les acusaba jun-tamente con él. La acusación contenía tres cargos, pero el único que necesitamos considerar es el primero, el cual imputa el hurto en la forma simple de la ley común. Este cargo imputa al acusado el acto de sustraer criminalmente, tomar y llevar la propiedad descrita y el razonamiento es que tal cargo no es suficiente para permitir prueba de que el acusado ayudó a otras personas en la perpetración de una conspiración para cometer un hurto. En oposición a este argumento citamos el claro lenguaje del estatuto ‘que una persona relacionada con la comisión de un delito ya cometa-directamente el acto constitutivo del delito o ayude a su comisión y ya esté presente o ausente, y una persona que directa o indirectamente aconseje, ordene o haga que otra persona cometa el delito es un principal,’ ” donde se cita el caso de People v. Blevin, supra, y otros casos. Los casos de People v. Nolan, 144 Cal. 76; 77 Pac. 774; State v. Duncan (Wash.) 35 pac. 117; Territory v. Guthrie, 17 Pac. 39, son también aplicables.

Otros alegados errores fueron consignados respecto a las instrucciones y apreciación de la prueba, pero ellos giran principalmente sobre la misma alegada incongruencia, o sea que la acusación imputaba el hecho dé disparar y la prueba demostraba más bien la ayuda o incitación del delito.

En estas instrncoiones la corte dijo, algo erróneamente, que la premeditación podría ser “expresa” o “tácita”, de-mostrando luego que la corte estaba pensando en la malicia. El ¿rror no era perjudicial y no se tomó ninguna excepción específica. Aunque revisamos las instrucciones en busca de errores fundamentales, sin embargo debieron tomarse excep-ciones específicas. Ley de mayo 30 de 1904, Leyes de 1905, pág. 16; El Pueblo v. Ramírez, 25 D. P. R. 263, y siguientes. Con decir meramente “Tomo excepción a las instruc-ciones” no se cumple con la ley.

También convenimos con el fiscal de esta corte en que las instrucciones debían considerarse en conjunto y no en-contramos en ellas ningún error perjudicial.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la resolución denegando nuevo juicio y la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutebison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wolf

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado v. Vélez, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez, en causa por asesinato én segundo grado.
    No. 2103.
    Resuelto en julio 28, 1923,
    por los fundamentos de la opinión en el caso No. 2065, El Pueblo v. Vélez, de julio 28, 1923, se confirma la sentencia apelada.
    Abogado del apelante: Sr. A. A. Vázquez.

    Abogado del pueblo: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

      Confirmada.

      Jueces concurrentes Sr.es. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.
   El Juez Asociado Sr. Wolf

no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Banco de San Juan, Peticionario, v. La Corte de distrito de San Juan, Demandada.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari dirigido a la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, Hon. Charles E. Foote, Juez.
    No. 419.
    Resuelto en julio 28, 1923.
    Síndico Nombrado Después de da Sentencia — Discreción de las Cortes. — Al revisar la actuación de una corte de distrito al nombrar un síndico, las cortes de apelación intervendrán solamente para corregir un claro abuso de discreción asumiendo que el derecho de nombrar está bien ejercitado dentro de las atribuciones de una ley como el artículo 182 del Código de Enjui-ciamiento Civil de Puerto Rico, o bajo las prácticas de las cortes de equi-dad. Bajo tal artículo 182 una corte de distrito después de una sentencia . tiene derecho a nombrar un síndico para conservar la propiedad mientras se resuelve una apelación. Por eso para los fines de la conservación de la propiedad una corte de distrito tiene amplia discreción para nombrar a un síndico y la cuestión principal es si abusó de su discreción.

      Certiorari — Prueba Incluída al Récord — Discreción Judicial. — No constando en los autos elevados por certiorari una certificación aprobada por la corte, de la prueba oída por el juez inferior sobre la necesidad de conservar el status quo cuando estaba tramitándose una solicitud de sindicatura a peti-ción del demandante favorecido por la sentencia, el Tribunal Supremo no está en condiciones de decidir si la corte de distrito abusó de su discreción al nombrar el síndico. El único medio de incorporar la prueba al récord es con la intervención del juez.
    Id. — Id.—Asumiendo que la prueba que apreció el juez inferior estuviera debi-damente ante el Tribunal Supremo, aparecería que existe confusión entre los dueños, tenedores y compradores de la finca en litigio a quienes ellos deben rendir cuentas; y habiendo resuelto la corte que había peligro de que las rentas no se conservasen para beneficio de quien tuviera derecho a ellas y que la finca no fuera debidamente administrada debido a los efectos do la sentencia en cuanto al título del peticionario, no es posible concluir que la corte abusara de su discreción al nombrar el síndico.
    Los hechos están expresados en .la opinión.
    Ahogados del peticionario: Sres. R. Rancho Bonet y J. Soto Rivera. ■ '

      Abogado de la parte contraria: Sr. L. Abella Blanco.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Para revisar la actuación de una corte de distrito al nombrar un síndico, las cortes de apelación intervendrán solamente para corregir un claro abuso de discreción asu-miendo que el derecho de nombrar está bien ejercitado den-tro de las atribuciones de una ley como el artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Civil, o bajo las prácticas de las cortes de equidad.

Bajo tal artículo 182 una corte de distrito después de una sentencia tiene, entre otras cosas, derecho a nombrar un síndico para conservar la propiedad mientras resuelve una apelación. Por eso para los fines de la conservación de la propiedad una corte de distrito tiene amplia discre-ción para nombrar a un síndico y la cuestión principal es si abusó de su discreción como hemos indicado.

Para sostener el auto en este caso sería necesario para nosotros resolver que la corte cometió un abuso de discre-ción al nombrar un síndico. No podemos llegar a tal con-clusión por las razones siguientes:

1. Pendiente la tramitación de la solicitud para el nom-bramiento de un síndico en la corte de distrito, esa corte oyó prueba sobre la necesidad de conservar el status quo e hizo una conclusión general apoyada por una opinión de que el nombramiento de tal síndico era necesario. La prueba así oída no ha sido certificada a nosotros con la aprobación de la corte y estamos sin un medio auténtico de revisar tal prueba. Es verdad que las notas taquigráficas lian llegado a nosotros con los otros procedimientos en el caso, pero esas notas no han sido certificadas en ninguna forma. Hemos resuelto frecuentemente que el único modo de incorporar la prueba al récord es con la intervención del juez.

2. Suponiendo que la prueba estaba debidamente ante nosotros aparecería de todo el récord, incluyendo la opinión del juez, que existe mucha confusión entre los dueños, te-nedores y compradores de la finca en cuestión a quiénes ellos tienen que responder o a quién deben rendir sus cuen-tas. La corte resolvió además que había peligro de que los plazos y rentas no se conservasen para beneficio de la persona o personas que tuviesen derecho a ello, a menos que no fuesen cobrados por un administrador o síndico y que también existió otro peligro de que la finca no fuera debi-damente administrada debido a los efectos de la sentencia en cuanto al título del Banco de San Juan, y hay que pre-sumir que había prueba para apoyar esas conclusiones.

3. Aunque los casos reportados, algunos de ellos cita-dos por el peticionario ratifiquen el punto de vista de que en caso de existir un conflicto en el título las cortes no nombrarán un síndico antes de la sentencia, a falta de una demostración del éxito probable del pleito y además algún otro elemento como quiebra o fraude por parte del deman-dado. Sin embargo, el peticionario no nos ha citado, y no hemos podido encontrar ningún caso que resuelva que tal punto de vista prevalece después de la sentencia; por el contrario los casos parecen indicar que después de una sentencia un síndico será nombrado sin una demostración tan fuerte y especialmente cuando se alegue fraude en la adquisición del título. Smith v. White, 86 N. W. 930; Hayes v. Jasper Land Co., 41 Southern 909; Whitney v. Buchanan, 26 Cal. 448; Notas al caso de Cameron v. Groveland Improvement Co., 72 A. S. R. 68, 70; Thomas v. Timonds, 159 N. W. 882; Whyte v. Spransy, 19 App. D. C. 450, y los alegatos de los abogados allí.

Sentimos la premura con que hemos tenido que resolver este caso en los últimos momentos de la sesión de la corte cuiando teníamos tantos otros asuntos pendientes. Quedamos con algunas dudas, pero esas dudas tienen que resolverse en favor de la discreción de la corte. Para ejer-citar la facultad de librar el auto de certiorari después de una sentencia dictada por la corte de distrito, el peticiona-rio tendrá que demostrar un caso extraordinario, especial-mente cuando se tiene en cuenta que bay una apelación contra una orden dictada después de la sentencia.

Debe anularse el auto expedido.

Anulado él auto expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Hutcbison firmó “Conforme con el resultado. ’ ’

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Rivera, Peticionario, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Demandada.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari dirigido a la Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Angel Acosta Quintero, Juez.
    No. 423.
    Resuelto en julio 28, 1923.
    Traslado de Causas de tnsr Distrito a Otro — Juicio Justo e Imparcial. — Cons-tituye error el desestimar de plano una moción del acusado para que, a fin de repreguntarlos, fueran citados los testigos en cuyas declaraciones se fundó el fiscal para solicitar el traslado de una causa criminal bajo el fundamento de que un juicio justo e imparcial no podía obtenerse contra el acusado por ser un agitador político con fuertes influencias a su favor.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. A. A. Vázquez.

    Abogado del demandado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Mayagüez al declarar con lu-gar una moción de traslado de la causa presentada por el fiscal, se expresó en los siguientes términos:

“La Corte va a resolver este asunto y la Corte resuelve la mo-ción del Honorable Fiscal sobre traslado de esta causa, no fundada en el Lecho de que este caso haya sido sometido por tres veces a un Jurado en la Corte de Distrito de Mayagüez, y en esas tres ve-ces en que ha ido este caso al pequeño Jurado, el pequeño Jurado no haya podido llegar a un acuerdo. Un caso puede ser sometido a un Jurado tantas cuantas veces sea necesario si el Pueblo en-tiende que hay elementos, que hay evidencia para poder llegar a un veredicto.

El hecho de que un jurado no haya llegado a un acuerdo por tres veces no significa de que no haya habido eviden-cias sino que precisamente la evidencia ha sido apreciada distintamente por los señores jurados, unos creyendo qui-zás que el acusado era culpable, y otros creyendo quizás que el acusado era inocente.

“La corte resuelve la moción jurada del Honorable Fiscal de esta Corte de Distrito, por los affidavits que se acompañan a la misma o sea un affidavit de Jo'sé López Palermo, Cabo de la Po-licía Insular, otro de José Soto Rodríguez, Capitán de la Policía Insular, Jefe de Distrito de Mayagüez, y otro de Rafael Román Rivera, Policía Insular. Y la corte resuelve este caso por la apre-ciación que hace de los contra-affidavits presentados en el día de hoy por el Letrado de la Defensa de este acusado, affidavits de una alta significación, por cuanto ellos están jurados y firmados, uno por el señor don Manuel Marín, conocido político de la ciudad de Mayagüez, y que é] mismo declara fué el presidente del Partido Republicano en las elecciones eleccionarias de 1920, por un affidavit jurado del señor don Juan Alemañy Sosa, abogado de este Bar, y que él mismo declara, porque es también un conocido político y él mismo lo declara, de que él es el vice-presidente de la Junta Local del Partido Unión de Puerto Rico, y por un affidavit de J. E. Lespier, significado político también, puesto que él mismo declara bajo jura-mento de que él fué el presidente del Partido Unionista en las elecciones del 1917.
“Todos estos señores, lo mismo los affidavits del Hon. Fiscal, como los del abogado defensor, los contra-affidavit’s, todos ellos re-siden en esta ciudad de Mayagüez, y de' la apreciación que de estos affidavits y contra-affidavits hace la Corte, el Tribunal, la Corte, el Juez está convencido, satisfecho, altamente convencido y satisfecho sin duda razonable de ninguna clase de que las manifestaciones del ■solicitante o sea el Hon. Fiscal de esta Corte de Distrito son ciertas y verdaderas, siendo imposible, de todo punto imposible para el Pueblo de Puerto Rico conseguir en este distrito judicial un juicio justo e imparcial, como tampoco en las Cortes de Distrito de Ponce, Aguadilla y Arecibo, contiguas a esta vecindad, a la Corte de Dis-trito de Mayagüez, y a donde ban llegado, y llegan las influencias y ascendencias que tiene detrás de 'si el acusado Juan Rivera alias Holandés, conocido agitador político de la ciudad de Mayagüez y de su distrito, y por. esas razones y de la apreciación que de los' affidavits y eontra-affidavits que hace la Corte y visto lo dispuesto en el Título Sexto, Capítulo Quinto del Código de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia citada por el abogado defensor y la aplicable en este caso, tanto en lo's Reports de Puerto Rico, como los de California, en Cyc.., y Ruling Case Law que ha visto la Corte y han sido citados, la Corte ordena y dispone que este caso sea trasladado al Distrito Primero de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, a los efectos legales consiguien-tes.”

Las declaraciones juradas a que se lia flecho referencia, son en substancia las siguientes:

Rafael Román Rivera declaró: “Que conoce a'Juan Rivera, (a) Juan Holandés, o sea el acusado en el caso arriba indicado, quien es un conocido agitador político, que tiene tras de sí a personas de una gran ascendencia e influencia en esta comunidad, y las cua-les han logrado predisponer el ánimo del pueblo en tal forma, a favor del acusado en este caso y en contra de El Pueblo de Puerto Rcio, que un juicio justo e imparcial no podría celebrarse en este distrito judicial.

“Que la influencia de esas personas alcanzaría también a los Distritos Judiciales de Ponce, Aguadilla y Arecibo.”

José López Palermo dijo: “Que conoce hace muchos años al acusado en este caso, Juan Rivera, (a) Juan Holandés, el que es un fuerte agitador político, gozando por tal motivo de una gran influencia entre personas connotadas de esta ciudad; que toda la opinión pública tiene ya formado juicio sobre este caso en tal forma que éste se ha convertido en un caso completamente político, es-tando la comunidad dividida en cuanto a la culpabilidad del acu-sado, no por los hechos en sí del caso, sino por la filiación política a que pertenezca el individuo que-opina.

“Por estas razones, entiendo que un juicio justo e imparcial es imposible celebrarlo en este distrito judicial, y que dada la influen-cia de las personas que favorecen la causa del acusado en este caso, sería imposible también obtener un juicio justo e impartial en Agua-dilla, Ponce y Arecibo.”

José Soto Rodríguez declaró: “Que conoce al.acusado en este caso, Juan Rivera, (a) Juan Holandés, el que es un fuerte agitador político en esta ciudad; que el declarante, al observar que por tres juicios consecutivos no lia habido veredicto en el caso arriba indi-cado, ha sabido que la causa es la gran ascendencia de que goza el acusado Juan Rivera, (a) Juan Holandés entre ciertas personas con-notadas de esta ciudad que han logrado predisponer el ánimo de la comunidad a favor del acusado en este caso, opinando por tanto, que no es posible celebrar un juicio justo e imparcial en este dis-trito judicial, y que esas condiciones no solamente reinan en este distrito judicial, sino que dada la influencia de las personas que protegen la causa de Holandés, un estado similar de cosas reinaría en los distritos judiciales de Aguadilla, Ponce y Arecibo.”

Manuel Marín depuso: “Que hace más de 18 años que resido constantemente en Mayagüez y durante toda esa época he estado afiliado en Mayagüez al Partido Republicano, que es uno de los prin-cipales partidos políticos.

“Que fui presidente de ese indicado partido político en la cam-paña eleccionaria de 1920, y en ningún momento ni día de esa cam-paña fué agitador político de ninguno de los partidos principales Juan Rivera (a) Holandés, el cual no sabe leer ni escribir y es de profesión carretero, siendo un honrado trabajador que no vive de la política y sí de su trabajo personal. Y el comité político por mí presidido no confió en ningún momento ningún puesto político al citado Holandés ni le dió comisión de índole alguna que pudiera convertirlo en agitador político, careciendo como carece Holandés de las dotes necesarias para ello.
“Que en el 1917 tomé parte en la campaña eleccionaria de Ma-yagüez, y en ningún día de esa campaña fué agitador político Juan Rivera (a) Holandés de ninguno de los'partidos principales.
“Que me consta que ninguna persona de ascendencia política dentro del partido a que pertenezco en Mayagüez está detras del citado Juan Rivera (a) Holandés y me consta también que ninguna de esas personas ejerce ascendencia política en Aguadilla, Ponce y Arecibo, y mucho menos el citado Juan Rivera.”

Juan Alemañy Sosa dijo: “Que soy Yice-presidente de la Junta Local del Partido Unión de Puerto Rico en esta ciudad; que be sido miembro de dicha Junta Local durante los últimos cua-tro años hasta el presente, sin interrupción, y fui miembro de la misma durante los años 1908, 1909 y 1910; que durante el tiempo que he estado fuera de la dirección de dicho partido oficialmente, he tomado también parte activa en la política Unionista en esta Isla; que ejerzo la profesión de abogado en las cortes insulares de Puerto Rico desde hace más de siete años; que conozco al acusado en este caso Juan Rivera, (a) Holandés, desde hace veinticinco años; que durante todo dicho tiempo y hasta el presente lo he co-nocido como un hombre completamente pobre, de posición humilde, dedicado al oficio de carretero; que dicho acusado ha figurado siempre y figura actualmente como un elector del Partido ‘Unión de Puerto Rico,’ consecuente y entusiasta, pues lo he visto en varias ocasiones formar parte del auditorio en los mítines políticos y con-currir a las manifestaciones de igual carácter; pero nunca há sido un agitador político, ni líder político, ni delegado de barrio, ni el partido nunca le ha conferido ninguna misión de carácter político' ni de ningún otro carácter, ni él tiene condiciones para ser tal agitador político por carecer de ilustración hasta 'el extremo de no saber leer ni escribir, y medio ambiente adecuado; que conozco ín-timamente a dicho acusado y las relaciones que él mismo tiene, tanto de- carácter personal como social y político, y estoy seguro que es persona completamente desconocida fuera de esta ciudad de Maya-güez y que en el distrito judicial de Aguadilla, en el de Ponce, o en 'el de Arecibo es persona que no tiene conocimiento, amistad o relación con nadie y e's completamente desconocido para todo el mundo; que dicho acusado es conocido en esta ciudad por los jefes políticos de ambos partidos, especialmente por los del partido ‘Unión de Puerto Rico ’; pero ese mismo conocimiento lo tienen ellos con tres mil electores unionistas más; que dicho acusado ésta bajo la acusa-ción de un delito de homicidio voluntario en el cual no está envuelta para nada la cuestión política y que la información y creencia que yo tengo del curso de este asunto es que la dificultad consiste en la falta de testigos directos del caso, pero sin que en el mismo haya intervenido para nada la condición política del acu'sado; que ade-más éste carece en absoluto de influencia política para predisponer a su favor por esta causa a persóna o personas algunas influyentes; que según información y creencia que fundo en los hechos anterior-mente expuestos, el Pueblo de Puerto Rico está en condiciones de obtener un juicio ju’sto e imparcial contra el acusado, tanto en el Distrito Judicial de Mayagüez, como en el de Aguadilla, el de Ponce, el de Arecibo o cualquiera otro de la Isla.”

Edelmiro Lespier declaró: “Que hace más de ocho años que resido constantemente en Mayagüez y durante toda esa época he estado afiliado en Mayagüez a uno de los principales partidos polí-ticos siendo también uno de los afiliados de dicho partido Juan Rivera (a) Holandés.

“Que fui presidente de ese indicado partido político en la cam-paña eleccionaria de 1917, y en ningún momento ni día de esa cam-paña fué agitador político Juan Rivera (a) Holandés, el cual no sabe leer ni escribir y es de profesión carretero, siendo un honrado trabajador que no vive de la política y sí de su trabajo personal. Y el comité político por mi presidido no confió en ningún momento ningún puesto político al citado Holandés ni le dió comisión de ín-dole alguna que pudiera convertirlo en agitador político, careciendo como carece Holandés de las dotes necesarias para ello.
“Que tomé parte en la campaña eleccionaria de 1920, en Maya-güez, y en ningún día de esa campaña fué agitador político Juan Rivera (a) Holandés.
“Que me consta que ninguna persona de ascendencia política dentro del partido a que pertenezco en Mayagüez está detrás del ci-tado Juan Rivera (a) Holandés y me consta también que ninguna de esas personas ejerce ascendencia política en Aguadilla, Ponce y Arecibo, y mucho menos el citado Juan Rivera.
“Que me consta que en la campaña eleccionaria de 1917, así como en la de 1920, el Sr. José Soto Rodríguez actual jefe de la Policía Insular no se encontraba en Mayagüez.
.“Que según información, que el declarante cree cierta, el motivo-de no haberse obtenido veredicto en el juicio por homicidio contra Juan Rivera (a) Holandés es debido a la falta de prueba convin-cente por parte del Pueblo y nunca a cuestiones de índole política, y afirma el declarante que tanto en el Distrito de Mayagüez, conloen los de Aguadilla, Ponce y Arecibo, El Pueblo de Puerro Rico y el acusado están en condiciones de celebrar y obtener un juicio impar-cial y justo en este caso.”

Al ser notificado el abogado del acusado con copia de la moción presentada por el fiscal y de los affidavits en apoyo-de la misma, inmediatamente pidió a la corte que fueran citados los declarantes a comparecer a la vista con el fin de-tener la oportunidad de repreguntarles, moción que fné de-sestimada sin indicarse las razones de tal negativa.

Al comenzar la vista de la moción de traslado, la corte a iniciativa propia, muy acertadamente, eliminó de la- cont'ramoeión presentada por el acusado, cierta materia escan-dalosa donde se imputaban al fiscal móviles y actos indebi-dos. Al proceder así el juez, también muy' oportunamente,, aprovechó la ocasión para hacer una fuerte reprensión a! abogado del acusado. Dentro de la naturaleza, de las cosas; este incidente no pudo haber tenido por objeto el aplacar cualquier sentimiento de animosidad personal que hubiera surgido entre el abogado de la defensa y el fiscal, aunque; puede haber servido para despejar la atmósfera en la sala, de- sesiones y aplacar en todo lo posible las manifestacio-nes esternas del modo de pensar a que dichas circunstan-cias generalmente. dan lugar.

Que la indignación que con razón tenía la corte, no desa-pareció completamente por la eliminación de las materias escandalosas de referencia lo demuestran, al parecer, cier-tas indicaciones ardorosas contenidas en el extracto arriba citado en primer término. '

Es, sin duda cierto, que' los affidavits de los líderes locales de los. partidos políticos deben ser considerados con cierta cautela. Pero cuando tales líderes de ambos parti-dos políticos están de acuerdo, esa circunstancia debe tener algún valor por tender a desvirtuar cualesquiera presun-ciones de prejuicio o parcialidad que de otro modo podrían existir.

Ha,sta ahora hemos indicado' la conveniencia en permi-tir el examen de repreguntas en cuestiones de esta natura-leza cuando lo pide un acusado. Fajardo v. Soto Nussa Juez de Distrito, 23 D. P. R. 77.

La existencia o inexistencia de una situación tal que im-pida la celebración de un juicio justo e impa'rciál es'intrín-sicamente cuestión de opinión, cuya corrección depende ne-eesariamente de la certeza de los datos en que se funda. De aquí la importancia en un caso dudoso de determinar el fundamento en que descansa tal prueba de opinión.

En el presente caso no podemos convenir con la conclusion a que llegó la corte inferior en cuanto a la suficiencia ■de lá demostración lieclia por el fiscal, a falta de tales re-preguntas, y en vista de los contra-affidavits, por lo menos en lo que respecta a los distritos adyacentes de Aguadilla y Ponce.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso-a la corte inferior para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.

-Revocada la orden apelada y devuelto el caso ;para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados "Wolf, Aldrey y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Mead, Demandante y Apelado, v. Dapena et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre prelación de embargo.
    No. 2843.
    Resuelto en julio 28, 1923.
    Embargo de Bienes Muebles — Preferencia de Embargo. — Si el depositario de bienes muebles embargados, y por éste el funcionario ejecutivo de la corte, permiten que los mismos salgan de su posesión en virtud de un posterior embargo, queda extinguida la preferencia adquirida por quien embargó pri-meramente.

      Id.- — Custodia Legis. — El depdsitario de bienes muebles embargados puede resistir la entrega de éstos cuando han sido embargados por un tercero, basándose en que tal propiedad se encuentra bajo custodia legis.

    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado‘de.los'apelantesSr. R. Dapena Pacheco.

    Abogado deb apelado: 8r. T. Castillo.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se lia interpuesto esta apelación contra sentencia que declara con lugar una demanda en la que se solicita se declare que un embargo hecho por el demandante tiene pre-ferencia sobre otro embargo hecho anteriormente por el de-, mandado.

De las alegaciones y de las pruebas resulta que seguido pleito por Rafael Dapena contra Eduardo Torres Pacheco se decretó el embargo de bienes del demandado, siendo nom-brado por la corte el demandante Dapena depositario de los bienes muebles que se embargasen: que el márshal, en 30 de agosto de 1921, embargó bienes inmuebles y semo-vientes y a instancia del demandante, y bajo su responsa-bilidad, dejó en poder del demandado los bienes semovien-tes embargados: que más tarde, en otro pleito de Charles H. Mead contra el mismo Torres también se decretó el embargo de bienes, que fué trabado el 29 de septiembre de 1921 sobre los mismos bienes que había embargado Dapena, habiendo sido entregados los semovientes a Francisco Lugo como depositario del demandante, según .aparece del dili-genciamiento del márshal, quien declaró que no hubo oposi-ción y que no se emplearon medios violentos en la entrega de los semovientes: que al día siguiente .de este embargo comunicó por escrito al depositario Lugo .autorizándolo para que requiriese al demandado Torres para la entrega de los bienes embargados, manifestándole que si Torres tra-taba de ocultarlos podía solicitar la ayuda de la policía; que el depositario Lugo se incautó de dichos semovientes sin que se haya probado acto alguno de fuerza o intimidación; que después de presentada la demanda que motiva esta apela-ción, Dapena solicitó del tribunal, el 27 de enero de 1922, que le restituyera en la posesión de los bienes muebles de que se había incautado Lugo, depositario de Mead, alegando que había hecho la entrega por la amenaza que contenía la carta del márshal.

La cuestión en este pleito está decidida por nuestra sen-tencia en el caso de Oronoz v. Alvares, 23 D. P. R. 537, en el que declaramos que para que un embargo pueda quedar protegido, el funcionario que lo practica debe retener el poder y facultad de entrar en la inmediata posesión de Ios-bienes, y si dejare de hacerlo, se considerará que el embargo ha sido abandonado: qué si el depositario de bienes embargados, y por éste el funcionario ejecutivo de la corte, permiten que los mismos salgan de su posesión al hacerse un segundo embargo y ejecución, queda extinguido el de-recho de preferencia adquirido originalmente, con la pér-dida del control que tenían de dichos bienes, y que embar-gados unos bienes, y vueltos a embargar por un tercero, el depositario debe negarse a verificar la entrega de los mis-mos, basándose en que éstos se encuentran, bajo custodia legis, y si fueren tomados violentamente, el depositario-debe utilizar el correspondiente recurso ante la corte para evitar la pérdida del derecho.

En este caso los bienes que estaban depositados en Torres bajo la responsabilidad de Dapena como depositario, fueron tomados por el depositario de Mead sin violencia alguna, pues no podemos entender como tal el hecho de que el márshal indicara al depositario que si Torres ocultaba los bienes reclamara el auxilio de la policía, porque la in-tervención de la policía no puede estimarse como acto al-guno de violencia ni debemos suponer que ella violentamente iba a proceder contra la ley; no hubo entonces protesta al-guna pues la reclamación que hizo Dapena fué posterior a la interposición de este pleito. Dapena y por él el márshal de la corte, permitieron que los bienes embargados salieran de su posesión, habiéndose perdido así el derecho de prefe-rencia adquirido originalmente. La teoría del embargo de-bienes muebles es que el derecho de preferencia se extingne-con la pérdida del control por parte del funcionario eje-cutivo y al presentarse el otro depositario debió Torres, re-presentando a Dapena, negarse a verificar la entrega basán-dose en que los bienes ya se encontraban bajo custodia legal. Los casos de García v. Humacao Fruit Co., 23 D. P. R. 247, y de Luiña Hermanos v. Miguel, 28 D. P. R. 930, ci-tados por el apelado en sn moción para que se le restitu-yeran los semovientes, no son ■ de aplicación a este caso.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces-concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutcbison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. HutchisoN,

text:
    Rullán, Demandante y Apelante, v. Vázquez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre nulidad de actuaciones en procedimiento' especial hipotecario.
    No. 2482.
    Resuelto en julio 28, 1923.
    Nulidad de Procedimiento Ejecutivo — Evidencia; Declaraciones para Bene- . Picio Propio — Prueba de Referencia. — No existe ningún principio de evi-dencia que excluya como tales “las declaraciones para beneficio propio.” La cuestión relativa a tales manifestaciones es siempre si están o no compren-didas dentro de alguna de las bien reconocidas excepciones a la regla sobre prueba de referencia.
    Id. — Contribuciones sobre Hipotecas; Bill Hollander. — Las hipotecas sin in-tereses no estaban exentas del pago de contribuciones bajo la vigencia do la ley de enero 31, 1901, conocida por “bill Hollander.”
    Id. — Conflicto de Evidencia. — En el presente caso se apeló una sentencia que declaró sin lugar una demanda sobro nulidad de procedimiento ejecutivo hipo-tecario. Se resolvió: que la preponderancia de la evidencia, que-so analiza en la opinión, estaba en favor del demandante por lo que, la referencia a un conflicto de poca importancia y al comportamiento de los testigos en la silla no es bastante para que se sostenga la sentencia apelada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. J. D. Rodrigues y S. Suau.

      Abogados del apelado: Sres. García Méndez & García Méndez.

   El Juez Asociado Sr. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Después de celebrado un juicio sobre los méritos, la corte inferior declaró sin lugar la demanda de este caso sobre nulidad de actuaciones de procedimiento hipotecario y cancelación del mismo por las razones que - se pasan a consignar:

“El demandante Raimundo Rullán, en este caso alega: 1. — 'Que es dueño de una finca rústica de 25 cuerdas, en el barrio Río Prieto de Lares, valorada en 1,800 dólares, y-cuya finca la bubo por compra en subasta pública judicial, inscrita en el'Registro de la Propiedad; 2. — Que el demandado Jústiniano Vázquez; ha entablado demanda en contra del demandante, en cobro de dinero, por el procedimiento especial hipotecario, de cinco plazos de una hipoteca, constituida so-bre la finca de que se trata por Agustín Planell y Ruiz, por la suma de 2,200 pesos moneda corriente en el año 1887, cuya cantidad te-nía que satisfacer el señor • Planell en la siguiente forma: a José Jústiniano, 750-pesos, a razón de 150 pesos en enero de cada uno de los años 1888 a 1892, ambos inclusives, y 'a Francisco Serra Castañer, 1,450 pesos en igual fecha de los años subsiguientes del 1893 a 1901, ambos inclusives, alegando el demandado en dicho pro-cedimiento que los pagos o plazos que vencieron en enero de los años 1888 a 1892 no le han sido satisfechos; 3. — Que con fecha 17 de abril, 1918, se dictó una orden por esta corte decretando el re-querimiento al demandado, aquí demandante, -que se le notificó el día 24 del mismo mes y año; 4. — Que los plazos requeiúdos por José Jústiniano Vázquez, tienen más de 30, 29, 28, 27 y 26 años de ven-cidos, sin haberse hecho gestiones de cobro, por lo que la acción hipotecaria está prescrita; 5. — Qúe José Jústiniano Vázquez cobró, y Agustín Planell y Ruiz satisfizo, los plazos ahora reclamados, el primero, por medio de Federico Aymat, suscribiendo un recibo que se copia en la demanda, y que lleva fecha de 7 de febrero, 1888; que en 1889 y en 1890, Agustín Planell pagó el importe de los pla-zos de dichos años a José Jústiniano Vázquez y en 1891 el importe de dicho plazo y el del año siguiente por adelantado, cuyas sumas recibió en casa de Juan Alimañy y Co., otorgando los correspon-dientes recibos, los que fueron destruidos o desaparecidos en un asalto verificado por una partida incendiaria en la casa de Agustín Planell en el año 1898; y que los plazos sucesivos que debía satis-facer a Francisco Serra los pagó por adelantado en el año 1894. Y termina con la súplica de que se dicte sentencia por la que se declare nulo el procedimiento hipotecario'; que se cancele el crédito1 hipotecario reclamado; y que se condene en costas, gastos y hono-rarios de abogado al demandado.
“El demandado contestó la demanda, admitiendo los-.hechos que bajo los números 1, 2 y 3 se relacionan anteriormente; admitiendo del No. 4 que los plazos reclamados tienen más de 30, 29, 28, 27 y 26 años de vencidos, pero negando los demás extremos del. mismo; ne-gando asimismo el hecho 5. Y como materia nueva, alega el-deman-dado: Que los plazo's reclamados no han prescrito; que no han sido satisfechos en forma alguna; que el crédito no ha sido, cedido, y está vigente, no habiéndose cancelado, ni hallándose pendiente de cancelación según los libros del Registro de la Propiedad; que pon escritura otorgada en 1887, Agustín Planell y Ruiz adquirió de José-Justiniano Vázquez y su esposa, la finca de que se trata y el pago de-dicha venta se convino en hacerse a plazos en cada uno de- los años de 1888 a 1901, ambos inclusives; que venciendo el último plazo, en 1901, la acción no está prescrita, puesto que en la escritura no. se determinó que el vencimiento de cada plazo, o de un número de ellos, constituía el vencimiento de la hipoteca, por lo que el deman-dado no estuvo en condiciones de ejercitar su derecho hasta eb 1901 en que venció el último plazo; y que el demandado ha hecho distintas gestiones para cobrar los plazos reclamados - en la acción hipotecaria, sin haberlo conseguido. Y termina con la súplica de que se dicte sentencia declarando sin lugar la demanda, con las costas, gastos y honorarios de abogado al demandante.
“Dos son las cuestiones a resolver en este caso: 1. — Si el crédito-ha sido satisfecho, y 2. — Si la acción ha prescrito.
“De la prueba documental presentada aparece, que por escri-tura pública otorgada en diez y seis de abril, 1887, por ante el no-tario Víctor Martínez, José Justiniano Vázquez, aquí demandado,, y su esposa María Deeideria Justiniano y Olán, vendieron a Agus-tín Planell Ruiz, una finca rústica de 25 cuerdas, que es la misma a que se refiere la demanda, radicada en el barrio Prieto, de Lares, por la suma de 2,200 pesos moneda corriente en aquella fecha, para ser satisfecha dicha suma en los plazos y a las personas siguientes: al vendedor José Justiniano, 750 pesos a pagar a razón de 150 pesos en los meses de enero de cada uno de los años de 1888 al 1892,, ambos inclusives, y a Francisco Serra Castañer, 1,450 pesos, a quien se los pagará por cuenta del vendedor, a razón 181 pesos 25 centavos en los meses de enero de cada uno de los años 1893 al 1901, ambos inclusives, y a la responsabilidad de dichas cantidades, quedó hipotecado el inmueble vendido, conviniéndose que con este gravamen permanecerá ínterin no sea legal y debidamente cancelado; que el comprador debía percibir por cada pago parcial que hiciese un recibo privado hasta verificar el último a cada partícipe, en que le será otorgada la correspondiente carta de pago y cancelación; que las hipotecas a favor de José Justiniano Yázquez y Francisco Serra Castañer, fueron inscritas en el Registro de' la Propiedad de Agua-■dilla, con fecha 6 de agosto, 1887; que según escritura pública, otor-gada en 25 de agosto de 1894, por ante el Notario Víctor Martínez, ■dicho Francisco Serra Castañer dió carta de pago a Agustín Planell y Ruiz por la referida suma de 1,450 pesos que fué presentada en el Registro de la Propiedad, expresando el Liquidador con fecha 12 de septiembre, 1894, que figuraría en el libro de liquidaciones al número 110 correlativo; que Agustín Planell Ruiz por escritura pú-blica- otorgada ante el Notario Salvador Picornell, el día 28 de mayo de 1900, hipotecó a favor de G. Bernart y Compañía y de Pablo Vidal y Roselló, la referida finca, por la suma de 1,614 pesos 43 centavos, moneda provincial, en la proporción que en dicha escritura se ■expresa, habiéndose hecho constar por el deudor hipotecario que la finca ‘no reporta carga, ni gravamen alguno a la fecha, según así consta de la escritura de carta de pago otorgada por Francisco Serra Casfañer a favor del compareciente Agustín Planell y Ruiz, au-torizada ante el notario Víctor Martínez en este pueblo a veinte y ■cinco de agosto de mil ochocientos noventa y cuatro el cual figura en el libro de liquidación del Registro del Partido con el número ciento diez correlativo, y el señor Planell y Ruiz protesta y asegura no haber impuesto posteriormente sobre la finca descrita carga ni gravamen alguno;’ y que en 30 de julio, 1915, y por escritura otor-gada ante el notario José D. Rodríguez, el Márshal de la Corte de Distrito de Aguadilla vendió en pública subasta a Raimundo Ru-fián y Pons, el demandante, la finca rústica a que se refiere esta acción, por virtud de un procedimiento de ejecución de hipoteca establecido por el propio demandante contra la Sucesión de Agus-tín Planell y Ruiz, cuya venta fué inscrita en el registro de la pro-piedad.
“El demandante presentó asimismo como prueba, u'n recibo, cuyo documento lee como sigue: ‘Recibido-de don Agustín Planell la suma de ciento cincuenta pesos que me ba entregado don Federico Aymat, obligándome a pasarle carta de pago en el último plazo se-gún convenio. Arruego de don José Justiniano Bázquez por no saber. — Federico Aymat. — Febrero. 7, 1888.’ Como puede verse este •documento no expresa la causa del pago de la cantidad a que se refiere ni tampoco lo lia declarado ningún testigo por lo que no tiene valor probatorio alguno, y además es un documento en el cual un mismo individuo, Federico Aymat, firma a ruego del acree-dor José Justiniano Vázquez, para recibir una suma del deudor Agustín Planell que le había entregado el propio Federico Aymat, ■esto es en otras palabras, un recibo en el que una misma persona, Federico Aymat, se convierte en agente o mandatario del deudor para entregar el importe de la deuda al acreedor, y por no saber firmar éste, se otorga a sí mismo carta de pago de un dinero que él mi'smo entrega.
“El demandante también presentó como prueba una planilla so-bre valuación de propiedad a los efectos contributivos suscrita y ju-rada por José Justiniano Vázquez el 25 ele marzo de 1901, para de-mostrar la no existencia de la deuda en esa fecha, por no haberla •declarado en ellá el acreedor. La ley de contribuciones que entonces regía es la aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, ■en 31 de enero de 1901, que se conoció generalmente con el nombre de Ley Hollander. Por virtud de dicha ley, sección 3 (M) las hipo-tecas sin interés estaban exentas de la imposición de contribuciones. En la escritura de venta e hipoteca otorgada por Vázquez a favor de Planell no se hace constar que el crédito devengara intereses, por lo que la corte entiende que no era necesario que la incluyera en la declaración. Además, como la Ley Hollander no está actualmente •en vigor, el impedimento de cobro, si es que alguno hubiera exis-tido, ha cesado.
“En cuanto a la escritura de hipoteca de mayo 28, 1900, otor-gada por Agustín Planell y Ruiz, en la que expresa que la finca no reporta carga ni gravamen alguno, se refiere, según aparece en la misma escritura, a la participación de Francisco Serra Castañer •que había sido satisfecha por la escritura de carta de pago de agosto '25 de 1894. Además, esa manifestación sería una en interés propio, Tiecho por una parte, que no podía tener efecto probatorio alguno.
“Es de notarse en este caso que al satisfacer Agustín Planell ■a Francisco Serra Castañer el importe de su participación en el año 1894, éste le otorgara carta de pago mientras que no ha sucedido así en cuanto se refiere a la del aquí demandado José Justiniano Vázquez, que es anterior a la de Serra Castañer. Si en el año 1891 quedó pagada la deuda de Justiniano, ¿por qué no exigírsele la carta de pago como se hizo en el 94 con el otro acreedor Serra Castañer?
“Se dice por el demandante que en un asalto á mano armada de que fue víctima el deudor Agustín Planell, desaparecieron todos los. recibos y documentos que éste tenía en su poder, pero no hay prueba que demuestre que entre esos papeles se encontraran especialmente los recibos que se alegan haberse otoi’gado por el demandado. No-obstante la alegada pérdida o desaparición de los documentos, el de-mandante presenta el primer recibo que se dice otorgara el acreedor,, o sea el demandado el 7 de febrero de 1888, y esta contradicción en la prueba del demandante no ha sido aclarada por él.
“Pasemos ahora a la segunda cuestión, o sea si la acción está, prescrita.
“La ley que rige el caso es el artículo 142 de la Ley Hipotecaria promulgada en Puerto Rico el 1 de mayo de 1880, que corresponde-ai artículo 134 de la vigente que comenzó a regir el 29 de agosto de 1893, y que dispone que ‘la acción hipotecaria prescribirá a Ios-veinte años, contados desde que pueda ejercitarse con arreglo al tí-tulo inscrito.’
“Las características de toda hipoteca son: 1, indivisibilidad; 2, inseparabilidad y 3, extensión. La primera de ésta es la que vamos-. a tratar en relación con este caso. Entiende la corte que la hipoteca que se discute es indivisible, porque ella ha de subsistir íntegra mientras no se cancele sobre la totalidad de la finca hipotecada, y porque la circunstancia de que hubiera dos distintos acreedores no constituye tal división, según reza el artículo 1761 del Código Civil Revisado, que corresponde al artículo 1860 del antiguo Código Civil.
“Pero aparte de tal cuestión surge de si el acreedor demandado, estaba en condiciones de ejercitar su derecho al vencimiento de cual-quiera de sus plazos, o si lo estuvo en el 1894 en que Serra Casta-ñer otorgó carta de pago de los plazos que a él se adeudaban, o si finalmente tal estado de cosas quedaba establecido en el año 1901, fecha en que, según reza la escritura de hipoteca, vencía el último plazo, y en el cual año debía cancelarse totalmente la hipoteca. La circunstancia de que un deudor cuando hubiere varios acreedores asegurados con una sola hipoteca a satisfacer en plazos con distin-tos ^vencimientos, opte por pagar a determinado acreedor, jamás po-dría alterar los términos originales del contrato entre los cuales es-taría el término hábil para cobrar. Las ventajas que pudiera ofre-cer tal acreedor podrían ser rui incentivo para que el deudor op-tara por pagarle a él antes que a otro, cuyo plazo tuviera anterior vencimiento, pero ello no podría afectar el término desde el cual habría que contarse la prescripción.
“Atendidos los términos en que aparece redactada la escritura de hipoteca, la corte estima que las partes no tuvieron la intención de que se instituyera acción alguna o procedimiento hipotecario hasta que la cantidad total adeudada estuviera vencida, en otras pa-labras, hasta que hubiera pasado la época fijada para el pago del úl-timo plazo que vencía en 1901. Véase Sucesión Firpo v. Sucesión Pino et al., 14 D. P. R. 105.
“Por otra parte, en el supuesto de que la prescripción no empe-zara a contarse desde 1901, y sí desde la fecha en que alega el demandante, entiende la corte que el mero transcurso del término legal no da lugar a la prescripción, pues es necesario alegar y probar que este término no ha sido interrumpido. Este hecho no se ha demostrado por el demandante; en cambio el demandado ha presentado prueba tendente a demostrar las gestiones de cobro he-chas por él a Agustín Planell, sin que lograra hacer efectivo el cré-dito. T se desprende también de tal evidencia que esas gestiones fueron hechas en término hábil para paralizar la prescripción.
“Independientemente de todas estas disposiciones de hecho y de derecho, la corte estima que la prueba es contradictoria en sentido general, pero considerando las circunstancias que aquí han ocurrido' y la manera de declarar lo's testigos, resuelve la discrepancia en be-neficio del demandado.”

Aparte de la mera estipulación de que el comprador per-cibiría un recibo privado por cada pago parcial que se hi-ciera hasta verificar el último en que le sería otorgada la correspondiente carta de pago y cancelación, en la escri-tura e hipoteca no encontramos ninguna prueba de la in-tención de que no debían instituirse los procedimientos hi-potecarios con anterioridad a la fecha del vencimiento del último plazo. Ni suministra tampoco ninguna nueva luz so-bre la cuestión el alegato de la parte apelada. La opinión en el caso de Firpo no sostiene necesariamente la proposición que ha sido enunciada por el juez sentenciador. Pero para los fines de' esta opinión puede admitirse, sin resolverse, que el mero lapso de tiempo no impide el ejercicio de nna ac-ción y qne en el presente caso no había transcurrido el tér-mino fijado por la ley.

Sin embargo, de un cuidadoso examen de toda la prueba estamos convencidos más allá de una duda razonable de qne los plazos cuya ejecución se intentó fueron satisfechos en la forma en qne se ha alegado en la demanda. Una com-pleta repetición y análisis de toda la prueba no tendría fin práctico alguno.

Aymat, que fue quien firmó el recibo por el primer plazo, era un hombre de negocios y responsabilidad y relativa-mente de grandes recursos y buena reputación. Era cu-ñado del demandado en este pleito, con quien también tuvo relaciones comerciales. En la fecha del juicio tanto Aymat como Planell ya habían fallecido hacía unos diez años. La. manifestación que hizo Aymat de que él firmó el recibo a instancia del cuñado no estaba, por consiguiente, sujeta al interrogatorio de repreguntas.

Esto es igualmente cierto, sin embargo, en cuanto a la manifestación que se admitió como que hubiera sido hecha por el demandado de habérsele llamado a declarar, para probar que él nunca autorizó el recibo. La diferencia es-triba en la circunstancia de que el demandado no estaba cohibido de poder hablar y a excepción de la manifesta-ción que hizo su abogado de no haber sido posible citaiio, no se trató de explicar su falta en comparecer personal-mente.

Agapito Guzmán, socio anterior en el negocio del deman-dado, hizo una negociación con el pago de los dos últimos plazos hipotecarios debidos al demandado a instancia de dicho demandado que necesitaba dinero. Un descuento de $25 sobre el segundo de estos dos plazos fué la consideración que medió para su pago por adelantado. Alemañy adelantó el dinero que se necesitaba para aprovecharse de esta oferta.

Guzmán y mi hijo ele Planell, ambos declararon respecto al pago de estos dos plazos por Alemañy o a presencia de Alemañy y de nn tal Dupont, qne preparó el recibo.

Guzmán, el anterior socio del demandado en el negocio, era entonces el comisario del barrio. Ni Alemañy ni Dnpont fueron llamados por el demandado no habiéndose demos-trado tampoco de algún modo qne sns testimonios no po-dían obtenerse. No se hizo ningún esfuerzo por impug-nar o desacreditar a ninguno de los testigos del deman-dante.

La investigación oficial practicada al día siguiente del asalto nocturno a la morada de Planell en el año 1898, no deja lugar a duda alguna en cuanto al beclio del ataque. Planell, qne liabía sido golpeado gravemente y a quien le arrancaron la barba, fue entrevistado ese día en casa de Antonio Alemañy a la cual había sido trasladado y se quejó a las autoridades de la pérdida de todos sus documentos in-cluso los recibos de pago de los plazos de la hipoteca. Una caja llena de documentos había sido sacada de la casa y dichos documentos estaban dispersos por las plantaciones de café vecinas. Se informó a Planell del hecho a que aca-bamos de referirnos y se le aconsejó que hiciera todo lo posible por recuperar estos documentos. Este incidente tuvo lugar en noviembre durante un período de fuertes llu-vias.

Dentro de las circunstancias apenas si parece razonable el exigir al demandante que diez años después del falleci-miento de Planell produjera testigos oculares para declarar más o menos que los recibos que se echaban de menos esta-ban con los documentos perdidos y que el recibo ofrecido como prueba, que en sí era un documento de más de 30 años y de procedencia autorizada, se encontraba entre los docu-mentos recuperados.

Non constat que Planell hubiera jamás constituido nin-guna hipoteca que no fueran las dos de que hace mención el juez sentenciador, supra,, o que él alguna vez debió al de-mandado en este pleito alguna suma de dinero con excep-ción de los pagos aplazados que forman parte del precio de venta de las veinticinco cuerdas de terreno envueltas en la presente controversia.

Podemos de paso agregar, abora como después, que no existe ningún principio de evidencia que excluya como tales í£las declaraciones para beneficio propio.” .La cuestión relativa a tales manifestaciones es siempre si -están o no comprendidas dentro de alguna de las bien reconocidas ex-cepciones a la regla sobre prueba de referencia. Y sin ir más lejos en este aspecto de la cuestión de prueba, será bastante con decir que, suponiendo que el becbo del pago haya quedado establecido suficientemente, como lo fué -por otra .prueba, la manifestación que hizo Planell en la hipo-teca posterior de que ,1a .propiedad - estaba libre de gravá-menes, .por lo menos era una circunstancia corroborante sig-nificativa de la declaración hecha por-el-hijo al efecto, de que Planell entendió el - documento otorgado por Erancisco Serra Castañer-en el año 1894, era .todo lo ..que se necesi-taba para la cancelación. Semejante' interpretación -dada por una persona que no.estaba familiarizada con.asuntos le-gales, de la fraseología más bien ambigua en que estaba re-dactada la escritura original e 'hipoteca, es .enteramente plausible si no probable, y sirve de razonable explicación del hecho de no exigirse una cancelación semejante ál de-mandado en este pleito.

Por otra parte, será bastante con hacer un examen cui-dadoso de la ley de 1901, sin más razonamiento, para, que se vea que no está sujeta a la interpretación que le ha dado la corte inferior. La hipoteca en cuestión no estaba exenta.

Ni tenemos tampoco que ver con el efecto de la deroga-ción de la pena impuesta por el estatuto para que cese el impedimento para el cobro.

La cuestión envuelta .en. la omisión en presentar la hipo-teca para las contribuciones es que, en ausencia de expli-cación, se nos deja que elijamos entre la inferencia de que liabía sido satisfecha ■ la hipoteca y la conclusión alterna-tiva de que no habiéndose satisfecho, el acreedor hipoteca-rio, sin ninguna razón para anticipar una posible rehabi-litación' por medio de una futura derogación de la ley, optó por perder todo o cualquier remedio o esperanza de obte-ner reparación por alguna corte de justicia caso de una falta de pago continuada.

El demandado, según ya hemos indicado, no compareció al juicio. La contestación no estaba jurada por él, sino por su abogado.

El testimonio creditivo de admisiones más recientes y c'ontestaciones evasivas a las preguntas propuestas por el hijo de Planell a presencia de un notario que'luego compa-ctó como abogado del demandante en este caso, no fué con-tradicho.

A fin de evitar una suspensión, el demandante admitió en el juicio que de estar presente el demandado declara-ría que a él nunca se le pagó ni autorizó el .recibo dado por Aymat.

;La prueba a que se refiere el juez sentenciador eomo tendente a probar un requerimiento de pago con anterio-ridad al fallecimiento de -Planell -fué extremadamente vaga y poco satisfactoria. Además, dicha prueba fué más que desvirtuada por otra prueba de refutación. Pero aun no siendo así nos sentiríamos inclinados a declarar que él de-mandante tenía derecho 'a que se le explicara de algún modo por qué- el demandado, a pesar de su, mala situación económica, debía estar satisfecho con un requerimiento de pago hecho de palabra anualmente durante todo el período de tiempo comprendido en los ocho o diez años al Cual siguió un intervalo que comprende otra década que siguió al falleci-miento de su deudor antes de establecerse los procedimien-tos hipotecarios.

A falta de tal explicación la única conclusión lógica es. que los procedimientos que se intentaron anular por el de-mandante en este caso fueron consecuencia de • un pensa-miento posterior, movido tal vez por la ejecución y venta de la propiedad a virtud de la hipoteca subsiguiente.

En vista de tal abrumadora preponderancia de prueba no es bastante con hacer una referencia de paso a un .con-flicto de poca importancia y al comportamiento de los tes-tigos en la silla testifical para que se sostenga la sentencia apelada.

Debe revocarse dicha sentencia.

Revocada la sentencia apelada, sin costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Aldrey.-

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


text:
    Rodríguez, Demandante y Apelante, v. Porto Rico Railway, Light and Power Company, Demandada y Apelada.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2477.
    Resuelto en julio 28, 1923.
    Daños y Perjuicios por Negligencia — Negligencia Contributors. — Last Clear Chance — Prueba.—En el presente caso de indemnización pór negligencia im-putada a una compañía de carros eléctricos, la evidencia demostró que el demandante se encontraba ñangotado sacando agua que se había acumulado durante su ausencia a mediodía. El estaba a unos dos pies de la vía del tren con su espalda hacia San Juan, de cuya dirección venía el carro. Había estado trabajando por varías horas al parecer en esta posición encorvada con una pierna un poco más arriba que la otra. Se había retirado sin dificultad alguna, según su propia declaración, de su posición, varias veces-para evitar los anteriores carros que habían pasado. El motorista lo vió así y en la posición de peligro en que estaba a unos cuatro o cinco metros, pero entonces no pudo parar a tiempo y el demandante fué lesionado por el carro. No consta que el motorista tuvo oportunidad de verle antes. Hubo, prueba tendente a probar que había una pequeña curva y una calle fre-cuentada antes de llegar al sitio de peligro en donde también existía uní montón de tierra al borde del hoyo donde trabajaba el demandante. Se resolvió: que la negligencia contributoria del demandante es evidente y no existe razón alguna para la aplicación de la doctrina de la “ última opor-tunidad posible” (last clear chance), doctrina que no parece se levantó en la corte inferior.
    Apelación — Transcripción de la Evidencia — Leyes Números 27 de 1917 y 81 de 1919; Constitucionalidad de las Mismas. — En el presente caso el Tribunal Supremo ratificó la doctrina establecida en el caso de Rodrigues v. Porto Rico Railway, Light $• Power Company, 30 D. P. B. 931, en tanto en cuanto sostiene la constitueionalidad de las leyes números 27 de 1917 y 81 de 1919, relativas a la transcripción de la evidencia en el procedimiento de apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Texidor y de la Haba.-

    Abogados de la apelada: Sres. J. H. Brown, P. Amado Rivera- y M. Acosta Velarde.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión de] tribunal.

El día 15 de octubre de 1918 el demandante, un em-pleado del municipio de San Juan, se bailaba Componiendo un tubo del acueducto y estaba ocupado en este trabajo en la carretera principal o calle de San Juan entre las pa-radas 15 y 16. En la misma carretera la compañía 'demaii-dada funciona un sistema de carros eléctricos.- El deman-' dante sufrió un accidente que él lo atribuyó' a la negligent cia de la demandada. Esta última negó su negligencia :y-alegó también la negligencia contributoria del demandante'.-La corte inferior en su opinión declaró probado que la de-mandada fué negligente, pero dictó sentencia a fa.vor de-dicha demandada, fundándose en la negligencia eontributo-ria. En el curso de su opinión la corte se expresó en estos5 términos:

“Celebrado el juicio y practicada la prueba, la corte estima que' se ha probado debidamente que la demandada ha sido negligente-;' que el demandante en el desempeño de su cargo el día antes citado,, y en el lugar relatado se hallaba trabajando en la composición de un tubo del acueducto como a dos pies de la vía del trolley; que durante el trabajo realizado por el demandante en las horas de la mañana de ese día, comprendiendo que estaba en peligro, puso un' peón para que le avisara cuando se aproximaba un carro de la Com-pañía y que por la tarde no utilizó los servicios del peón y se li-mitaba a retirarse cuando sentía los carros; que éstos acostumbra-ban a avisarle tocando la campana y que no oyó al carro, sino que .sintió un fuerte golpe que le hizo perder el conocimiento.
■“La corte cree que la Compañía demandada fué negligente por '■estimar probado que el carro corría a gran velocidad; que el mo-torista no tocó la campana y que al declarar que no vio al deman-■dante prueba su poco cuidado en el cumplimiento de sus, deberes; pero también estima que ha existido la negligencia contribuyente por ¡parte del demandante, quien sabiendo que estaba trabajando en un sitio de peligro dejó de tomar las precauciones que tomara en las horas de la mañana y confió por la tarde en las precauciones que creía debía tomar el motorista, sin que aparezca fundamento alguno que aconsejare al demandante a renunciar a las precauciones que tomó en las horas de la mañana.”

El apelante ataca esta conclusión citada y alega o pre-bende alegar que no había ningún guardia o vigilante. Que había tal vigilante o guardia en la mañana del día en que ocurrió el accidente es indiscutible, aunque la corte puede haber estado algo equivocada en el resumen que hizo de la prueba. Hubo prueba tendente a acreditar que el otro hombre de referencia era a la vez un trabajador en la misma obra bajo las órdenes del demandante el cual cuando estaba ■cerca daba un aviso pero quien no estaba siempre próximo.

Convenimos con el apelante en que no existe ninguna aplicación de la doctrina de coempleado ni que ninguna res-ponsabilidad recaía debido a la falta del otro empleado en avisar al demandante, pero no podemos convenir en que ninguna de estas consideraciones relevaba al demandante de ejercitar el debido cuidado. Era el deber de dicho deman-dante observar los carros que se aproximaban y protegerse él’mismo. La opinión de la corte es enteramente susceptible de poder ser interpretada en el sentido de que el de-mandante no tomó precauciones para protegerse. El ape-lante- admite en su alegato que estaba trabajando en un hoyo próximo al trolley, pero sostiene que confió en la costumbre ele la compañía ele notificarle.

Estamos conformes con el apelante, como declaró pro-bado la corte inferior, que la demandada fné culpable de negligencia al no tocar su campana así como al correr tan rápidamente, pero sostenemos que el demandante no tenía ningún derecho a confiar en la alegada costumbre o prác-tica de la compañía. Debió todavía ejercitar debido cuidado.

El apelante cita de la Obra de Thompson sobre Negli-gencia, página 203, lo siguiente:

“El debido cumplimiento de su empleo absorbe necesariamente su cuidado y atención. No pueden ellos estar fijos en su trabajo y al mismo tiempo mirar la calle arriba y abajo para ver los carros o vehículos que se aproximan. Su situación es pasiva. Ellos no es-tán conduciendo ningún instrumento de peligro. Resulta, pues, tanto por consideraciones morales como legales que si mientras están de tal modo ocupados completamente en su trabajo dejan de ver ya por inadvertencia o negligencia un carro que se aproxima a tiempo para poder quitarse del camino y no chocar con él, esto no eximirá a la compañía de trenes si el carro se lanza sobre ellos bajo tales circunstancias que el motorista o conductor, mediante el ejercicio ordinario de cuidado razonable, los han visto en su trabajo en su condición de peligro y podrían por el ejercicio de un cuidado seme-jante haberles avisado a tiempo, o parado su carro en tiempo para evitar arrollarlos. ’ ’

Por otra parte la apelada cita autoridades al efecto de demostrar que el deber de referencia por parte de la de-mandada no releva al demandante de todo deber o cuidado. La siguiente cita del tomo 25 de Ruling Case Law, pág. 1287, tiene relación con la cuestión.

“Está, sin embargo, bien establecido que el hecho de que una persona que ha recibido una lesión por un carro eléctrico es un tra-bajador dedicado a su ocupación no le exime del resultado de su misma negligencia. ■ El debe ejercitar un grado razonable de cui-dado para su propia seguridad y no debe confiar enteramente en aouellos que están a cargo del carro de que le den aviso de su apro-ximación, y si su misma negligencia contribuye a su perjuicio no puede ser indemnizado por tal motivo. Las cortes generalmente exigen a una persona que trabaja en las calles en o cerca de una vía de carro eléctrico, regular su conducta por su conocimiento del hecho de que los carros están frecuentemente pasando y que por los da-ños causados por su omisión en tener en cuenta ese hecho y actuar de acuerdo con él, se le imputará negligencia contributoria. Así, pues, cuando uno que trabaja en una trinchera debajo de la vía de un tren eléctrico sabiendo que los carros pasan frecuentemente por esa vía, coloca su mano en un riel mientras pasa uno de los carros, se resolvió como cuestión legal que era culpable de negli-, gencia y que no podía ser indemnizado por sus daños. Así se ha resuelto también que un reparador de cruces que sabía que los ca-rros pasaban a intervalos frecuentes por el sitio en el cual él estaba trabajando, era culpable de negligencia al colocar una tablá tan cerca de la vía que fue cogido por un carro que pasaba causándole una lesión. Y un- trabajador que limpiaba una calle y se encon-traba en una posición de peligro en una vía estando con la espalda vuelta a la dirección de donde uniformemente se acercaban los ca rros y quien conocía bien los movimientos de los carros por la calle, se ha resuelto que es culpable de una negligencia tal que impide po-der recobrar por su muerte. Cuando un trabajador que está fami-liarizado con la costumbre frecuente de' pasar los carros por el punto en el cual él está trabajando, se para en el eje de la rueda de un vagón en una posición tal que sabe que no puede pasar un ca-rro sin chocar con él, es culpable de negligencia como cuestión legal que impide el poder recobrar por los daños. El hecho de que un' hombre que trabajaba en una calle por algunas semanas observaba siempre que se le ocurría mirar que los carros que pasaban toca-ban sus campanas cuando había hombres cerca de la vía no demues-tra una costumbre existente en hacerlo así o le exime de su falta de usar sus propios sentidos para su protección cuando de otro modo-él no tenía derecho a esperar el aviso.”

Esta conclusión, general está sostenida por los siguien-tes casos: Brockschmidt v. St. Louis & Meramec River Co., 12 L. R. A. (N. S.) 345 Kelly v. Boston Elevated R. Co. 15 L. R. A. (N. S.) 282; Young v. Citizens St. Ry. Co., 47 N. E. 142; Hafner v. St. Paul City R. Co., 75 N. W. 1048; Eddy v. Cedar Rapids & M. C. Ry. Co., 67 N. W. 676

Para ■ dar aplicación a. estas autoridades los siguientes hechos que no ban sido resumidos por ninguna de las par-tes en el caso fueron demostrados por la prueba. El de-mandante que se encontraba “ñangotado” estaba sacando agua que se babía acumulado durante su ausencia a me-dio día. El estaba a unos dos pies de la vía del tren con su espalda bacia San Juan, de cuya dirección venía el carro. Había estado trabajando por varias boras al parecer en esta posición encorvada con una pierna un poco más arriba que la otra. Se babía retirado sin dificultad alguna, según su propia declaración, de su posición varias veces para evi-tar los anteriores carros que habían pasado. El motorista manifestó que él lo vió 'así y en la posición de peligro en que estaba a unos cuatro o cinco metros pero entonces no pudo parar su carro a tiempo. No consta que el motorista tuvo oportunidad de verle antes. Hubo prueba tendente a probar que babía una pequeña curva y una calle frecuen-tada antes de llegar al sitio de peligro en donde también existía un montón de tierra al borde del boyo donde traba-jaba el demandante. La. negligencia contributoria del de-mandante es evidente y no existe razón alguna para la apli-cación .de la doctrina de la ‘‘última oportunidad posible” (last clear chance), doctrina que no parece se levantó en la corte inferior. El demandante dejó de probar que la de-mandada pudo baber evitado el accidente mediante el ejer-cicio del debido cuidado. El demandante no tuvo cuidado de la aproximación del carro, y, ocupado enteramente en sacar el agua acumulada, puede haberse inclinado sobre un riel demasiado, pero él no estaba en el riel y dentro de la previa experiencia del motorista no había nada al acercarse a este lugar que le hiciera pensar en que la posición de peli-gro del demandante continuaría; por lo menos dicho moto-rista no tuvo tal idea basta encontrarse a cuatro o cinco metros del lugar del accidente, cuando era ya demasiado tarde para parar el Carro.

El apelante también se queja, de baber sido condenado en costas, pero no hay ninguna razón especial para alterar la discreción que tiene la corte en este particular.

Este fué un caso en el cual la apelada insistía en que no podía este tribunal considerar la transcripción de las notas taquigráficas debido a que la Ley No. 27 de 1917 y la No. 81 de 1919 eran anticonstitucionales y nulas por varias ra-zones. Estas cuestiones fian sido materia de estudio por esta corte en una opinión anterior, Rodríguez v. Porto Rico R. L. & P. Co., 30 D. P. R. 931 y en tanto nuestra opinión anterior sostiene la constitucionalidad de las leyes, se vuelve a ratificar. En esa opinión expresamos ciertas dudas en cuanto a la constitucionalidad de la Ley 81 porque contenía más de una materia y enmiendas a preceptos existentes del Código sin incorporar toda la materia enmendada. - Aunque la corte no fia dejado de tener dudas sobre la suficiencia de la- Ley No. 81, creemos que toda la ley puede ser sostenida, pues todas las alegadas prescripciones en oposición son en beneficio del nuevo sistema de transcribir la evidencia ini-ciada primeramente por la Ley No. 27. De todos modos la duda favorecería la confirmación del caso, a cuya conclusión hemos llegado.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sr'es. Asociados Aldrey y Franco ' Soto.

Los Jueces Sres. Presidente del Toro y Asociado Hutchi-son disintieron.