text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Myrna Ramos Rivas, peticionaria.

      Número: CC-2004-968

      Resuelto: 29 de junio de 2007

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Sariely Rosado Fernández, procuradora general auxiliar, Maite D. Oronoz Rodríguez y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradoras generales, representantes de El Pueblo; José R. Roqué Velázquez y Rafael E. Rodríguez Rivera, de la Corporación de Acción Civil y Educación.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar si una persona que ha sido convicta en distintas ocasiones por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico (Ley de Sustancias Controladas) debe ser sentenciada en grado de reincidencia, según las disposiciones del Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1974 (Código Penal) o según la disposición de reincidencia de la Ley de Sustancias Controladas.

I

Los hechos de este caso son relativamente sencillos y no hay controversia alguna sobre éstos. Pasemos a resumirlos.

La peticionaria fue acusada en marzo de 1995 de posesión con intención de distribuir cocaína, lo que configura una violación al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. see. 2401, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971 (24 L.P.R.A. see. 2401 et seq.). Ésta hizo alegación de culpabilidad por violación al Art. 406 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. sec. 2406. El Ministerio Público había alegado como agravante, inicialmente, la reincidencia habitual. Posteriormente, y por motivo de la declaración de culpabilidad, enmendó la alegación de reincidencia a una alegación de reincidencia agravada de acuerdo con lo provisto en el Código Penal. La alegación de reincidencia obedeció a que la peticionaria había sido convicta en dos ocasiones anteriores por violaciones al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. see. 2404, posesión de sustancias controladas. El tribunal le impuso una pena de reclusión de veinte años naturales conforme lo establece el Código Penal para la reincidencia agravada. Véase Art. 62 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3302.

Años mas tarde, en 2004, la peticionaria compareció ante el tribunal sentenciador mediante una moción al amparo de las Reglas 185 y 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, donde indicó que la sentencia impuesta era ilegal. Señaló que fue erróneo imponerle una sentencia en grado de reincidencia según las disposiciones del Código Penal. Esto, toda vez que sus convicciones previas habían sido por violar la Ley de Sustancias Controladas, por lo que correspondía aplicar la disposición de reincidencia de dicha ley. Véase 24 L.P.R.A. see. 2401. Indicó que el principio de especialidad recogido en el Art. 5 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3005, exigía la aplicación de las disposiciones de una ley especial sobre las de la ley general, lo que no ocurrió en su caso. Argüyó, además, que según la Ley de Sustancias Controladas, la sentencia impuesta cualifica para las bonificaciones que se establecen en la Ley Orgánica de la Administración de Corrección, 4 L.P.R.A. sees. 1161-1163. Por el contrario, una sentencia en reincidencia según el Código Penal no cualifica para tal beneficio por disposición expresa de la ley. En vista de ello, la sentencia que cumple es a todas luces más onerosa de lo que debería ser.

Así las cosas, el foro primario le ordenó al Ministerio Público a que se expresara sobre la solicitud de la señora Ramos Rivas. Sin embargo, el Ministerio Público no compareció. El Tribunal de Primera Instancia proveyó “no ha lugar” a la solicitud de la peticionaria, sin más.

Inconforme, la señora Ramos Rivas acudió ante el Tribunal de Apelaciones cuestionando, primero, que no se celebrara una vista para discutir la moción presentada y, segundo, que no se acogiera su planteamiento respecto a la ilegalidad de la sentencia impuesta según el Código Penal. El 26 de agosto de 2004, el foro apelativo dictó una resolución para negarse a expedir el auto solicitado. En ella indicó, acogiendo un planteamiento del Procurador General, que la sentencia impugnada “es válida por estar dentro de los parámetros de la pena provistos para la reincidencia especial”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 17. Dispuso, además, que no era necesaria la celebración de una vista, por lo que no erró el foro primario al emitir su resolución en este caso.

En desacuerdo nuevamente, la peticionaria acudió ante este Tribunal esgrimiendo los mismos fundamentos que había argumentado ante el foro apelativo intermedio. Inicialmente, nos negamos a expedir el auto solicitado; pero, luego de una segunda reconsideración, expedimos. Las partes han comparecido, por lo que estamos en posición de resolver y pasamos a así hacerlo.

II

A. En esencia, la peticionaria argüyó ante nosotros —como lo ha hecho ante los foros inferiores— que por exigencia del principio de especialidad, la sentencia con agravante que le fue impuesta es ilegal, ya que se le sentenció según lo dispuesto en el Código Penal y no por la ley especial, como correspondía. Ello, como ya dijimos, resulta en una pena más onerosa en la medida de que no cualifica para bonificaciones. Señaló, también, que el término adicional que tiene que cumplir se torna en una “pena adicional” contrario al principio de legalidad.

El Procurador General incorporó los planteamientos de su ponencia ante el Tribunal de Apelaciones, donde había argüido que “la sentencia impugnada es válida por estar dentro de los parámetros de la pena provistos para la reincidencia especial ... [y] el que la sentencia haya sido impuesta en años naturales no implica que ésta esté fuera de los parámetros de la ley especial, toda vez que resulta válido imponer un sentencia en años naturales bajo el Art. 401”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 33. En su escrito ante este tribunal argüyó que, de ser correcto el planteamiento de la peticionaria, lo que procedería era la devolución del caso al foro de instancia para que la peticionaria fuera sentenciada nuevamente; no meramente —como ella arguye— que se elimine de la sentencia el mandato de que ésta se cumpla en años naturales.

Así descrita, la controversia ante nuestra consideración plantea fundamentalmente un problema de interpretación estatutaria en el campo penal. Con ello en mente, pasemos entonces a auscultar los señalamientos traídos a nuestra atención, comenzando con un resumen de algunas de las disposiciones estatutarias involucradas.

B. Como indicamos inicialmente, la peticionaria fue acusada de violar el Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas, supra, e hizo alegación de culpabilidad por violación al citado Art. 406 que remite, en lo que respecta a la imposición de la pena, al Art. 401, supra. El Ministerio Fiscal alegó reincidencia agravada, según las disposiciones de los Arts. 61 y 62 del Código Penal, supra, y el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia de veinte años naturales, como ordena el Código Penal.

El Art. 61 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3301, establecía los grados de la reincidencia y las normas para su determinación. En tal sentido, éste enumeraba tres tipos de reincidencia: la simple, la agravada y la habitual. Aquí nos ocupa la reincidencia agravada. Ésta ocurre cuando “el que ha sido convicto anteriormente por dos o más delitos graves cometidos en tiempos diversos e independientes unos de otros incurre nuevamente en otro delito grave”. Art. 61(a)(2) del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3301(a)(2).

Por otro lado, el Art. 62 del Código Penal, supra, disponía que un convicto de reincidencia agravada sería sentenciado “a pena fija de veinte (20) años naturales o al doble de la pena fija dispuesta por ley para el delito cometido con circunstancias agravantes, la que resulte mayor. En cualquier caso la pena será fijada en años naturales”. (Énfasis nuestro.)

La Ley de Sustancias Controladas, por su parte, es una legislación especial que comprende todo lo relativo a la fabricación, distribución y “dispensación” de sustancias controladas en Puerto Rico. La ley enumera también cierta conducta prohibida constitutiva de delito y provee específicamente para la pena que se ha de imponer de incurrir en la conducta prohibida. Ésta refleja el criterio del legislador sobre cuál deba ser la política pública prevaleciente para enfrentar el problema de la “drogadicción” y el tráfico ilegal de drogas en Puerto Rico.

En tal rigor, el Art. 401 de la ley, supra, no tan sólo tipifica la conducta grave proscrita —la posesión de una sustancia controlada con intención de distribuirla— sino también provee para la pena a imponerse por incurrir en ésta. Allí se especifica cuál será la pena para un primer ofensor como también para quiénes repetidamente incurren en la conducta prohibida. Es decir, en el Art. 401, supra, el legislador no sólo plasmó el desvalor de la conducta, sino que procuró incluir, además, una serie de guías detalladas para sentenciar a los reincidentes por violaciones a esta ley. A esos efectos, en lo que concierne al caso, donde la peticionaria se declaró culpable de tentativa de poseer con intención de distribuir cocaína, el artículo dis-pone lo siguiente:

... [T]oda persona que viole lo dispuesto por el inciso (a) de esta sección ... incurrirá en delito grave y, convicta que fuere será sentenciada con pena de reclusión por un término fijo de veinte (20) años. ...
Si cualquier persona comete tal violación después de una o más convicciones previas, que sean firmes, por delito castigable bajo este párrafo, o por delito grave bajo cualquier disposición de este capítulo ... dicha persona incurrirá en delito grave y, convicta que fuere, será sentenciada con pena de reclusión por un término fijo de treinta y cinco (35) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cincuenta (50) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de veinte (20) años. (Enfasis nuestro.) Id.

Como se desprende de lo reseñado hasta ahora, una misma conducta puede dar lugar a que se active la disposición de reincidencia del Código Penal, así como de la Ley de Sustancias Controladas. En virtud de lo cual, unos mismos hechos son subsumibles en dos preceptos legales distintos, uno general y otro específico. Esto nos remite, como discutiremos más adelante, a la figura de concurso aparente de leyes.

De otra parte, la Ley Orgánica de la Administración de Corrección establece un régimen de bonificaciones en concepto de buena conducta, trabajo y estudios. Así, las personas convictas por delitos que se encuentren recluidas en una institución penal son acreedoras a recibir tales beneficios siempre y cuando la ley no les excluya específicamente y cumplan con la reglamentación aplicable. A esos efectos, la ley establece lo siguiente:

Toda persona sentenciada a cumplir término de reclusión en cualquier institución ... que observare buena conducta y asiduidad, tendrá derecho a las siguientes rebajas del término de su sentencia, las cuales se computarán desde su admisión a la institución de que se trate. ...
Se excluye de los abonos que establece esta sección toda convicción la que haya dado lugar a una determinación de reincidencia agravada o de reincidencia habitual conforme estecen los incisos (b) y (c) de la see. 3302 del Título 33, convicción impuesta en defecto del pago de una multa o aquella que daba cumplirse en años naturales. (Enfasis nuestro.) 4 L.P.R.A. see. 1161.

La ley también provee abonos por trabajo o por razón de servicios excepcionalmente meritorios, sujeto a las mismas excepciones que se reseñaron previamente. 4 L.P.R.A. see. 1162.

La peticionaria nos insiste en que la sentencia que le fue impuesta es más onerosa de la que correspondía, toda vez que no tiene derecho a las bonificaciones según la disposición de reincidencia del Código Penal. Insiste además en que el “tiempo adicional” que cumple en prisión está reñido con el principio de legalidad por configurar una pena adicional.

III

De acuerdo con el anterior entramado legislativo, la peticionaria invocó el principio de especialidad del Art. 5 del Código Penal, supra, como fundamento para su reclamo. Llanamente, ella sostiene que debió ser sentenciada según la disposición de reincidencia de la Ley de Sustancias Controladas, por ser ésta la ley especial y no por la ley general, el Código Penal.

La controversia ante nuestra consideración nos remite necesariamente a un problema de concurso aparente de leyes penales, pues hay más de un precepto penal que concurre en su aplicación a un hecho delictivo y hay que determinar cuál es la disposición penal que aplica. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 5ta ed., San Juan, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 2005, pág. 137. El tratadista Jiménez de Asúa plantea que, aun cuando frecuentemente es sencillo decidir cuál de las dos normas concurrentes del ordenamiento jurídico es la que aplica en un caso concreto:

... a veces [,] se presentan dificultades y es preciso trazar reglas para saber cuándo una disposición consciente o excluye la coetánea o sucesiva aplicación de la otra, respecto la misma situación de hecho. A esto se llama conflicto aparente de disposiciones penales, que no sólo se presenta en orden de tipos delictivos, sino en cuanto a los preceptos de la Parte general (una circunstancia agravante o atenuante, por ejemplo). (Enfasis nuestro.) L. Jiménez de Asúa, La Ley y el Delito, 13ra ed., Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1984, pág. 141.

De lo anterior se desprende que el concurso aparente de leyes no tan sólo se da en referencia a los tipos, sino que cobija otras materias o asuntos, entre las cuales cabe destacar las penas. La reincidencia, como sabemos, es un agravante de la pena. Jiménez de Asúa, op. cit., págs. 534-535. La profesora Nevares-Muñiz nos explica también que la relación de especialidad se da no tan sólo entre una ley especial y otra general, sino también entre una disposición general y otra especial en una misma ley. Nevares-Muñiz, op. cit., págs. 137-138.

Para enfrentarnos a este conflicto tenemos que recurrir al principio de especialidad. Este es, en rigor, una regla de interpretación estatutaria que toma en cuenta la relación de jerarquía en que se hallan las distintas normas que concurren en su aplicación a un hecho delictivo. Jiménez de Asúa, op. cit., pág. 140. Véase, además, Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 136. En estos casos se aplica la ley especial, según la máxima lex specilais derogat legi genereali, pues se parte del supuesto de que la finalidad de una regulación especial es excluir o desplazar la general. Y es que así tiene que ser, pues quien realiza el tipo específico siempre consuma el genérico, mientras que a la inversa no sucede lo contrario.

El Art. 5 del Código Penal, supra, recogía este principio en su segundo párrafo al disponer allí lo siguiente:

Las disposiciones de la Parte General del presente Código se aplicarán también a los hechos previstos por las leyes penales especiales.
Si la misma materia fuera prevista por una ley o disposición especial y por una ley o disposición de carácter general, se aplicará la ley especial en cuanto no se establezca lo contrario. (Enfasis nuestro.)

No hay duda de que este texto es claro. De éste se desprende que cuando una materia, en este caso la reincidencia, esté provista en una ley especial y una general, se aplicará la primera y no la segunda. Así, según nuestro ordenamiento, el principio de especialidad nos sirve de regla de interpretación para ordenar la aplicación del tipo correspondiente, como también los agravantes de la pena. Véase esc. 5. Véase, además, Pueblo v. López Pérez, 106 D.P.R. 584, 586 (1977). Ante el texto claro de la ley, no tenemos la facultad para menospreciar su letra. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 214 (1990).

Por otro lado, el primer párrafo de este articulado per-mite la aplicación de la parte general del Código Penal a una conducta regulada por una ley especial. Ello será así, siempre y cuando la aplicación de la parte general no sea contraria o esté en conflicto con la ley especial. La parte general del Código Penal aplicará a una situación regulada por una ley especial cuando sea necesario para suplir alguna laguna de esta última sujeto, claro está, a los principios generales del derecho penal.

Apliquemos entonces el esquema normativo que nos sirve de trasfondo a la controversia concreta de este caso.

IV

La peticionaria invocó el principio de especialidad para cuestionar la aplicación del agravante de reincidencia del Código Penal, a pesar que la ley especial contiene también una disposición que atiende el problema de la reincidencia. Tiene razón en su planteamiento. La doctrina penal recogida en el Art. 5 del Código Penal, supra, reconoce que cuando el comportamiento de un sujeto contradice varias normas jurídicas —una especial y la otra general— pro-cede aplicar la primera a la conducta prohibida. Tal es el caso aquí.

No hay duda de que la Ley de Sustancias Controladas es una ley especial donde se dispone que cierta conducta —e.g., incurrir en una violación del Art. 401 de la referida ley y tener dos o mas convicciones anteriores por delitos graves según esta ley— enerva la disposición de reincidencia de la ley. El Código Penal contiene, a su vez, una disposición “genérica” de reincidencia que penaliza en tal grado a la persona que ha incurrido en delito grave y tiene dos o más convicciones previas por delito grave, sin importar el estatuto violado. Art. 61 del Código Penal, supra. La conducta de la peticionaria activó ambas disposiciones de reincidencia. “El conflicto se resuelve, en tales casos, en ausencia de determinación legislativa expresa de otra índole, mediante el principio de la especialidad, el cual establece que en circunstancias de esta naturaleza la disposición especial es la aplicable”. Pueblo v. López Pérez, supra, pág. 586. Es evidente que rige aquí el principio de especialidad, pues no hay disposición legal alguna que compela la utilización del Código Penal.

Concluimos, por lo tanto, que en situaciones como la de autos, donde unos hechos plantean un conflicto entre la disposición de reincidencia del Código Penal y la de la Ley de Sustancias Controladas, procede aplicar por mandato expreso del Art. 5 del Código Penal, supra, lo dispuesto en la ley especial. La disposición de reincidencia del Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas, supra, aplica con ex-clusividad cuando todos los delitos previos por los cuales se alegue la reincidencia sean delitos graves según esta ley o cualquier ley de Estados Unidos relacionada con drogas narcóticas, desplazando, en virtud del principio de especialidad, las disposiciones de reincidencia del Código Penal. La peticionaria debió haber sido sentenciada originalmente, aplicando las disposiciones de la ley especial.

La posición del Procurador General de que la sentencia impuesta es válida porque está dentro de los parámetros de lo que dispone la ley especial, es insostenible. La postura asumida por el Estado es en el sentido de que poco importa según qué precepto jurídico se impone la pena, pues lo importante a fin de cuentas es que el término fijado esté dentro de los parámetros que provee la norma jurídica que verdaderamente aplique en una situación concreta. No podemos avalar esta postura que hace del principio de legalidad letra muerta. Como poco, soslaya el hecho de que la sentencia en reincidencia según el Código Penal, por disposición expresa de ley, no cualifica para bonificaciones; por lo cual, en términos prácticos es más onerosa que una sentencia impuesta según la Ley de Sustancias Controladas. Véase Pueblo v. Pizarro Solís, 129 D.P.R. 911 (1992). Además, y como dijimos, ello es contrario al principio de legalidad, el cual no tan sólo limita las prerrogativas del Estado de procesar criminalmente a un ciudadano por actos que no están prohibidos por ley, sino que también proscribe la imposición de penas cuando la ley no las autoriza. Art. 8 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3031.

La propuesta del Procurador General acogida por el foro apelativo intermedio tiene como resultado agudizar la pena impuesta por violar la Ley de Sustancias Controladas. El Procurador General indica acertadamente que en virtud del primer párrafo del Art. 5, supra, la parte general del Código Penal le aplica a las leyes especiales y que allí se indica que las sentencias se imponen en años y se define lo que es un año. Ello no quiere decir que se puede ordenar que la sentencia se cumpla en años naturales y sin bonificaciones, cuando la ley especial no lo autoriza expresamente. Sostener lo contrario sería reconocerle autoridad a los tribunales para imponer una sentencia más onerosa de lo que la ley permite. Ello es lo que conlleva imponer una sentencia en años naturales frente a una que no contiene tal mandato. Cuando el legislador ha querido que la sentencia se cumpla en años naturales, así lo ha dispuesto expresamente.

En Pueblo v. Pizarro Solís, supra, págs. 927-928, reconocimos, al expresarnos sobre el sistema de bonificaciones dispuesto en la Ley de la Administración de Corrección y cómo éstas incidían sobre el cumplimiento de las sentencias, que constituye una pena adicional que viola el principio de legalidad no concederle a la persona sentenciada las bonificaciones a las que tiene derecho según la ley. Así también se viola el principio de la legalidad al concluir que un juez tiene la autoridad para ordenar el cumplimiento de la pena en años naturales cuando la ley, según la cual se condena, guarda silencio sobre cómo se cumple, pues ello agrava la pena al tener que cumplir tiempo adicional. La certeza en la pena es presupuesto de legalidad. Pueblo v. Martínez Yanzanis, 142 D.P.R. 871, 879 (1997).

V

Recapitulando, el principio de especialidad exige que la pena en reincidencia impuesta a la peticionaria fuera la provista en la Ley de Sustancias Controladas y no la del Código Penal de 1974. La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, autoriza al tribunal que impuso la sentencia a anularla, dejarla sin efecto o corregirla, cuando fue impuesta en violación de la Constitución o de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o cuando la sentencia impuesta excede la pena prescrita por ley. Cuando ello ocurre, el tribunal sentenciador está facultado para, entre otras cosas, sentenciar de nuevo a la persona. Véanse, entre otros: Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 D.P.R. 557, 569 (2000); Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883, 894 (1993); U.P.R. v. Merced Sosa, 102 D.P.R. 512, 514 (1974). En atención a lo anterior, es forzoso concluir que erró el Tribunal de Primera Instancia al no atender la moción instada por la peticionaria desestimándola; como también lo fue la determinación del foro apelativo intermedio.

Procede entonces dictar sentencia revocando las determinaciones de los foros inferiores y devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que celebre una vista y proceda a sentenciar nuevamente a la peticionaria. En virtud de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, se descontará totalmente del término de prisión que deba cumplir la peticionaria, según la sentencia que se le impondrá, el tiempo que hasta ahora ha cumplido de la sentencia que le fuera impuesta originalmente.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       El Art. 406 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico (Ley de Sustancias Controladas), 24 L.P.R.A. sec. 2406, penaliza las tentativas o la conspiración para cometer cualquiera de los delitos tipificados en la ley. El artículo se refiere a los delitos bases, cuya tentativa o conspiración se cometió para la imposición de la sentencia. En vista de lo cual, en este caso debemos referirnos al Art. 401 (24 L.P.R.A. sec. 2401) en lo que se refiere a la pena impuesta.

       La profesora Nevares-Muñiz, define ley especial como “aqu[e]lla que se refiere a determinada categoría de personas, bienes, cosas, relaciones jurídicas, o delitos. La misma opera sobre un objeto o sujeto determinado y tiene un propósito particular. Incluye tipificación de delitos y reglamentación procesal adecuada a su implantación. Su relación con la ley general es una de especie a género”. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 5ta ed. rev., San Juan, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 2005, pág. 140. Entre las leyes que se consideran de carácter especial se encuentra la Ley de Sustancias Controladas. Véase, además, M. Osorio, Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, 3ra ed., Buenos Aires, Ed. Heliasta, 2004, pág. 544.

       Sobre este tema véase, entre otros, E.L. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, San Juan, Pubs. JTS, 2007, págs. 71-72; F. Muñoz Conde y M. García Arán, Derecho Penal: Parte General, 6ta ed., Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 2004, págs. 466—468; S. Mir Puig, Derecho Penal: Parte General, 5ta ed., Barcelona, 1998, pág. 678 esc. 69; E. Bacigalupo, Derecho Penal: Parte General, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 1999, pág. 572; H. Silving, Elementos Constitutivos del Delito, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1976, págs. 65-70.

       El Art. 12(a) del Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico —de 2004— 33 L.P.R.A. see. 4640, regula el principio de especialidad por términos muy similares al dispuesto en el Art. 5 del Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1974 (Código Penal), 33 L.P.R.A. see. 3005. Véase Nevares-Muñiz, op. cit., págs. 12-14.

       En el pasado hemos abordado el tema del Art. 5 del Código Penal, supra, y el principio de especialidad, sólo en un número limitado de ocasiones. Por ejemplo, para determinar si aplicaba el delito de la apropiación ilegal agravada del Código Penal —ley general— o la conducta tipificada en el Art. 7A de la Ley de Instituciones Hipotecarias, 7 L.P.R.A. sec. 1057a, la ley especial. Pueblo v. Mena Peraza, 113 D.P.R. 275 (1982). Asimismo, en el contexto de dos leyes especiales, la Ley de Caza frente a la Ley de Armas de Puerto Rico, considerándose la primera más especial que la segunda. Pueblo v. López Pérez, 106 D.P.R. 584 (1977). También, para dilucidar si aplicaba a una situación el Art. 34 del Código Político, 2 L.P.R.A. see. 154, que provee un mecanismo independiente para que la Rama Legislativa pueda iniciar acciones criminales por el delito de peijurio y el Art. 225 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4421, que definía el delito de peijurio. Pueblo v. Pérez Casillas, 117 D.P.R. 380 (1986). Y, finalmente, entre apropiación ilegal de bienes públicos (Art. 166 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4272) e interferencia fraudulenta con contadores (Art. 169 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4275). Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 D.P.R. 627 (1996).

       Llamamos la atención a que el Código Penal de 2004 dispone expresamente para que las sentencias allí dispuestas se cumplan en años naturales. Véase el Art. 66 del Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4694. La Ley Núm. 137 de 3 de julio de 2004 enmendó varias de las disposiciones de la Ley de Armas de Puerto Rico para que las penas de dichos delitos se cumplan, a partir de su vigencia, en años naturales.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Integración de Salas de Verano.

      Número: ES-2007-02

      Resuelto: 29 de junio de 2007
   RESOLUCIÓN ENMENDADA

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 4(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 L.RR.A. Ap. XXI-A, se enmienda nuestra Resolución de 20 de junio de 2007 y se constituyen las Salas de Verano siguientes para funcionar durante el receso:

Del 1 julio al 17 de agosto de 2007
Hon. Francisco Rebollo López, presidente
Hon. Liana Fiol Matta
Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez
Del 18 de agosto al 30 de septiembre 2007
Hon. Federico Hernández Denton, presidente
Hon. Jaime B. Fuster Berlingeri
Hon. Efraín E. Rivera Pérez

Los Presidentes de Sala quedan facultados para sustituir a los Jueces que no puedan intervenir en algún asunto ante su consideración y, asimismo, para convocar al Pleno del Tribunal cuando sea necesario. El Tribunal continuará emitiendo y certificando opiniones y sentencias durante todo el receso de verano.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Luis Nieves Nieves.

      Número: TS-10199

      Resuelto: 3 de julio de 2007

      Marla D. Ríos Díaz, directora interina de la Oficina de Inspección de Notarías.
   per curiam:

El Ledo. Luis Nieves Nieves (licenciado Nieves Nieves) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 7 de julio de 1992 y al ejercicio del notariado el 29 diciembre de ese mismo año.

La Directora interina de la Oficina de Inspección de Notarías presentó ante este Foro un escrito informándonos de ciertas deficiencias en la obra notarial del abogado de epígrafe.

Veamos los hechos que dieron pie al ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria.

HH

El 25 de abril de 2006 la Leda. Sharon Reyes Rodríguez, Inspectora de Protocolos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), le remitió a la Directora interina de ODIN un escrito mediante el cual informó haber encontrado varias deficiencias en los Protocolos del licenciado Nieves Nieves correspondientes a 2000, 2001, 2002 y 2003.

Indicó que para el 2000, éste autorizó dos testamentos abiertos sin dar fe de que los testigos conocían a los testadores. Indicó, además, que para 2001 autorizó dos testamentos abiertos sin dar fe de conocimiento o identificación de los testigos. Finalmente, indicó que en el 2002, una vez más, éste autorizó un testamento abierto sin dar fe del conocimiento o la identificación de los testigos. Puntualizó que los Protocolos para esos tres años fueron aprobados con deficiencias.

Por otro lado, detalló que para 2003, el notario en cuestión autorizó una escritura de compraventa en la que no dio fe del conocimiento o de la identificación de los comparecientes ni se incluyó la firma de éstos al final del documento. Además, precisó que el notario había omitido aclarar ciertas circunstancias contradictorias que se desprendían de un poder autorizado por él.

Ante tal situación, el 12 de febrero de 2007 la Directora interina de ODIN nos remitió un documento intitulado “Estado de la Notaría del Ledo. Luis A. Nieves Nieves”, mediante el cual señaló, entre otras cosas, que el 5 de mayo de 2006 le había notificado al licenciado Nieves Nieves las deficiencias en su obra notarial. Puntualizó que, a pesar de habérsele concedido el término de quince días para contestar, éste nunca lo hizo. Indicó, además, que la ODIN se había comunicado con el notario de epígrafe para inquirir sobre la falta de contestación al informe, a lo que éste indicó no haberlo recibido. Esto, a pesar de que su firma aparecía en el acuse del correo. Indicó, no obstante, que el 31 de agosto de 2006 se le volvió a dar copia del informe.

En cuanto a las deficiencias señaladas, informó que el notario concernido había violado la Ley Notarial de Puerto Rico y el Reglamento Notarial de Puerto Rico al haber autorizado, en el 2000 dos testamentos abiertos sin incluir una expresión a los efectos de que los testigos conocían a los testadores. Asimismo, señaló que el notario en cuestión incidió al no dar fe del conocimiento o de la identificación de los testigos en cuatro testamentos autorizados por él entre el período de 2001-2003, incluso ambos. Indicó, además, que el licenciado Nieves Nieves incidió al autorizar una escritura de compraventa donde no figuraban las firmas de algunos de los comparecientes al final de la escritura.

El 23 de marzo de 2007 emitimos una resolución para concederle al licenciando Nieves Nieves un término de veinte días para expresarse sobre el informe de la ODIN.

El 14 de abril de 2007 el notario en cuestión presentó una Moción en Cumplimiento de Orden, en la que señaló, en lo pertinente, que no había podido subsanar las deficiencias de los dos testamentos autorizados por él en 2000. Esto es, falta de expresión de que los testigos conocían a los testadores, ya que éstos habían fallecido. Señaló que le entregó el original del certificado de defunción a la Inspectora de Protocolos.

Según las deficiencias relativas a los dos testamentos autorizados por él en el 2001 —falta de fe del conocimiento o de la identificación de los testigos— expresó que no había podido subsanar una de las escrituras porque la testadora había fallecido. Señaló, por otra parte, que no pudo subsanar la deficiencia del otro testamento por razón de que la testadora estaba incapacitada mentalmente al momento cuando intentó corregir las faltas.

Con respecto a las deficiencias notariales para el 2002 indicó, una vez más, que no las había podido corregir debido a que la testadora había fallecido. Otra vez señaló que había entregado el original del certificado de defunción a la Inspectora de Protocolos.

Finalmente, en relación con las deficiencias notariales correspondientes al 2003 —falta de fe del conocimiento o de la identificación de todos los comparecientes en un testamento— indicó que no había podido corregirlos por razón de que la testadora había fallecido.

Con relación a las deficiencias notariales en la escritura de compraventa autorizada por él en ese mismo año —falta de fe del conocimiento o de la identificación de todos los comparecientes y la falta de firmas de algunos comparecientes— intimó que sus gestiones para realizar una escritura de ratificación habían sido infructuosas, ya que veintiuno de los otorgantes en dicha escritura viven fuera de Puerto Rico. Indicó, además, que se había comunicado con dos de ellos para que le consiguieran información sobre el lugar de residencia de los demás, pero que no había recibido la información solicitada.

Por otra parte, puntualizó que las faltas señaladas no habían causado perjuicio a las partes implicadas y que estaba en posición de hacer todos los esfuerzos por corregirlas. Precisó, además, que había tomado conocimiento de los errores cometidos, indicando que no volverían a ocurrir. Intimó, además, que lo contenido en el informe de ODIN había sido discutido y aceptado por la Inspectora de Protocolos.

II

De entrada debemos reiterar que los notarios están obligados a observar rigurosamente la Ley Notarial de Puerto Rico y su reglamento, así como los cánones del Código de Etica Profesional. Esto porque el notario es el conocedor del Derecho que ejerce una función pública al dar fe y autenticidad, conforme a las leyes, de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante él se realicen.

Hemos dicho que, al autorizar un documento, el notario presuntamente da fe y asegura que ese documento cumple con todas las formalidades de ley, formal y sustantivamente, que el documento es legal y verdadero, y que se trata de una transacción válida y legítima.

Conviene atender, por separado, las deficiencias en la obra notarial del abogado de epígrafe, contenidas en el informe preparado por la Directora interina de ODIN. Veamos.

A. Falta de expresión de que los testigos conocen al testador

En In re López Toro, 146 D.P.R. 756 (1998), interpretando el Art. 634 del Código Civil de Puerto Rico, ex-presamos que el testamento abierto deberá ser otorgado ante notario y tres testigos idóneos que vean y entiendan al testador. En dicho caso, citando al profesor González Tejera, indicamos que los testigos y el notario deben conocer al testador para que nadie se haga pasar por éste y otorgue el testamento. Expresamos, además, que los testigos instrumentales son importantes para comprobar que el testador es efectivamente quien dice ser. Atendiendo la obligación que tiene el notario de consignar por escrito que los testigos conocen al testador, expresamos allí que el notario tiene que hacer constar en todo testamento que autorice que los testigos instrumentales conocen, ven y entienden al testador. Expresamos que si el notario no hace constar que los testigos instrumentales conocen, ven y entienden al testador, incurrirá en violaciones a su deber notarial y a la fe pública depositada en él, por lo que estará sujeto a sanciones por este Tribunal.

En virtud de la discusión que antecede, resulta forzoso concluir que el notario de epígrafe violó la fe pública depositada en él al autorizar dos escrituras en el 2000, en las cuales no dio fe de que los testigos conocían a los testadores.

Su contención, a los efectos de que no se pueden subsanar estas deficiencias debido a que los testadores ya fallecieron, es inmeritoria. Como conocedor del Derecho, debía saber que, según resolviéramos en In re López Toro, supra, resuelto escasamente dos años antes de autorizarse las escrituras en cuestión, que no dar fe de que los testigos conocen al testador puede dar lugar a que se inicien pleitos para impugnar la validez del testamento.

B. Falta de fe de conocimiento o identificación de los testigos

El Art. 15(e) de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec 2033(e), referente a las formalidades, el conocimiento y las advertencias que debe contener todo instrumento público, preceptúa, en lo que nos atañe, que la escritura pública, al igual que el negocio jurídico —que motiva su otorgamiento y sus antecedentes y a los hechos presenciados y consignados por el notario en la parte expositiva y dispositiva— debe contener la fe expresa del notario de su conocimiento personal de los otorgantes o, en su defecto, de haberse asegurado de su identidad por los medios establecidos por este capítulo.

La Regla 29 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, dispone que el notario debe asegurarse de conocer personalmente a los comparecientes de un instrumento y de dar fe expresamente de dicho conocimiento en el instrumento que autoriza. Indica, además, que de no conocer a los comparecientes, el notario así lo hará constar, procediendo a utilizar los medios supletorios de identificación.

Hemos sido enfáticos al disponer que cuando se otorga un testamento abierto, por ser éste un instrumento público, el notario debe cumplir no sólo con las solemnidades contenidas en el Código Civil, sino, además, con los requisitos de forma que le imponen la Ley Notarial de Puerto Rico y su reglamento.

La autorización de un testamento sin seguirse ni observarse rigurosamente las exigencias del Código Civil y de la Ley Notarial de Puerto Rico, pone en entredicho su validez y, por tal razón, se considera una infracción seria por parte del notario.

En vista de lo anterior, concluimos que el notario de epígrafe infringió la ley y el reglamento notarial al autorizar cuatro escrituras, entre 2001-2003, en las que omitió consignar por escrito que conocía personalmente a los testigos o, en su defecto, de que se había asegurado de su identidad mediante los mecanismos supletorios provistos por ley.

Una vez más, su contención de que las escrituras no se pueden subsanar, por motivo del fallecimiento de los testadores, es inmeritoria.

C. Falta de iniciales o firma de los otorgantes

El Art. 16 de la Ley Notarialde Puerto Rico dis-pone, en lo que aquí concierne, que los otorgantes y los testigos firmarán la escritura y estamparán las letras iniciales de su nombre y apellido o apellidos al margen de cada uno de los folios del instrumento.

Por su parte, por ser la firma un requisito esencial, el Art. 34 de la Ley Notarial de Puerto Rico dispone la nulidad del instrumento público en que no aparezcan las firmas de las partes y los testigos cuando deban hacerlo. Asimismo, la Regla 34 del Reglamento Notarial de Puerto Rico dispone que todos los que comparezcan en un instrumento público firmarán al final de éste.

Hemos expresado que la firma es un requisito fundamental en la escritura pública, ya que demuestra la aprobación por parte del otorgante del texto escrito que antecede. La omisión de la firma de uno o más de los otorgantes o testigos es una falta grave que causa un gran perjuicio a los otorgantes. Aunque la falta de la firma puede deberse a la inadvertencia de los comparecientes, es el notario quien tiene la responsabilidad de que se observen todas las solemnidades requeridas y de que el documento cumpla con todos los requisitos exigidos por ley. No hacerlo acarrea serias sanciones disciplinarias.

Aplicando la normativa que antecede a las actuaciones del notario de epígrafe, resulta forzoso concluir que éste violó la Ley Notarial de Puerto Rico y su reglamento al autorizar una escritura de compraventa, en el 2003, en la que faltaban las firmas de varios comparecientes al final de la escritura.

Su planteamiento, a los efectos de que por razón de que veintiuno de los comparecientes en dicha escritura viven fuera de Puerto Rico no se ha podido corregir su falta, carece de mérito. Una vez más, el notario en cuestión debió haberse cerciorado, desde que autorizó la compraventa, que las firmas de todas las partes aparecían al final del documento. Máxime cuando, como conocedor del Derecho, debió advertir que la falta de la firma es una de las causales de nulidad ab initio de una escritura pública.

Finalmente, el Código de Ética Profesional, concretamente el Canon 35, supra, preceptúa, en lo que nos concierne, que los abogados deben ser siempre sinceros y honrados con los tribunales, así como con sus compañeros miembros de las profesión. Por tal razón, dicho Canon enuncia que no es sincero ni honrado utilizar medios que sean incompatibles con la verdad ni se debe inducir a error mediante artificios o una falsa relación de los hechos o el Derecho.

Hemos pautado que no es sincero ni honrado utilizar medios que sean incompatibles con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del Derecho. Las obligaciones consagradas en el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, constituyen normas mínimas de conducta que sólo pretenden preservar el honor y la dignidad de la profesión. Por tal motivo, el abogado no sólo debe observarlas durante un pleito, sino en otras facetas en la cual se desarrolle profesionalmente.

El compromiso de un abogado con la verdad debe ser siempre incondicional, toda vez que la verdad es un atributo inseparable de ser abogado. En consecuencia, se infringe el Canon 35, supra, con el simple hecho objetivo de faltar a la verdad, independientemente de los motivos para la falsedad.

Surge claramente de la relación fáctica presente que el licenciado Nieves Nieves no fue sincero ni honrado al indicar que no había recibido el informe de la ODIN, en el que se le indicaban las deficiencias en su obra notarial, a pesar de que firmó el acuse de recibo del correo, recibiendo dicho informe.

La conducta desplegada por el notario de marras demuestra una clara inobservancia de la Ley Notarial de Puerto Rico y de su reglamento. Los errores cometidos por dicho notario en la autorización de varias escrituras públicas demuestran el desconocimiento de los postulados más básicos de la notaría.

Por los fundamentos antes expuestos, suspendemos indefinidamente al licenciado Nieves Nieves del ejercicio de la notaría en nuestra jurisdicción.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2001 et seq.; Reglamento Notarial de Puerto Rico, según enmendado, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV; Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Véase, además, In re Molina Fragosa, 166 D.P.R. 567 (2006).

       4 L.P.R.A. sec. 2002; In re González Maldonado, 152 D.P.R. 871 (2000).

       íd.; In re Rivera Arvelo y Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840 (1993); In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986).

       31 L.P.R.A. sec. 2181.

       En aquel caso, citando a Puig Brutau, expresamos que los testigos tienen el deber de identificar al testador.

       Se refiere al Art. 17 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2035, que dispone los mecanismos para identificar a los testigos que el notario no conoce personalmente.

       4 L.P.R.A. Ap. XXIV.

        In re Irlanda Pérez, 162 D.P.R. 358 (2004); In re Nieves Ortiz, 144 D.P.R. 918 (1998); In re Padilla Santiago, 158 D.P.R. 787 (2003).

        In re Irlanda Pérez, supra; In re Méndez Rivera, 141 D.P.R. 753 (1996); In re Medina Adorno, 113 D.P.R. 177 (1982).

       4 L.P.R.A. sec. 2034.

       4 L.P.R.A. sec. 2052.

       4 L.P.R.A., Ap. XXIV, R. 34.

        In re González Maldonado, supra.

       4 L.P.R.A. Ap. EX.

        In re Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. 661 (2006), citando a In re Silvagnoli Collazo, 154 D.P.R. 533 (2001) e In re Aguila López, 152 D.P.R. 49 (2000).

        In re Ortiz Martínez, 161 D.P.R. 572 (2004).

        In re Fernández de Ruiz, supra.


text:
      In re Medidas Especiales para la Extensión de Términos por Motivo de la Concesión del Jueves 26 de Junio de 2007 como Día Libre.

      Número: EM-2007-04

      Resuelto: 17 de julio de 2007
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, concedió libre el 26 de julio de 2007 a los empleados y las empleadas de la Rama Judicial, con cargo a la licencia de vacaciones. A tales efectos, y en virtud de nuestra facultad para reglamentar los procedimientos judiciales, al computar los términos dispuestos en las distintas leyes y reglas aplicables a los procedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A. sees. 72 y 73), y se considerará el jueves 26 de julio de 2007 como si fuera un día feriado completo. Cualquier término que venza ese día se extenderá hasta el lunes 30 de julio de 2007, próximo día laborable.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    In re Julio César Colón Ortiz, querellado.

      Número: CP-2003-20

      Resuelto: 19 de julio de 2007

      Noemí Rivera de León y Cynthia Iglesias Quiñones, procuradoras generales auxiliares; Mariana D. Negrón Vargas y Kenneth Pamias Velázquez, subprocuradores generales; Jesús M. Jiménez, abogado del querellado; Ygrí Rivera de Martínez, comisionada especial.
   per curiam:

El 23 de marzo de 1987 la Sala de Humacao del antiguo Tribunal Superior de Puerto Rico dictó sentencia, en un caso sobre cobro de dinero y daños y perjuicios. En ésta ordenó a Teodoro Rosa Gabino, parte demandada, a pagarle $10,105 en concepto de daños y perjuicios, y $1,500 por honorarios de abogado, a Ana Lydia Martínez Rosado, su esposo Manuel Navedo Ortiz y a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ellos.

Rosa Gabino no cumplió con el pago ordenado en la sentencia emitida por el tribunal. Martínez Rosado y Navedo Ortiz contrataron al Ledo. Julio César Colón Ortiz para que éste hiciera eficaz la sentencia recaída a favor de ellos. El 24 de agosto de 1988, el tribunal emitió una orden sobre la ejecución de sentencia, en la cual ordenó el embargo de un camión propiedad de Rosa Gabino. Posteriormente, se emitió el mandamiento de embargo correspondiente.

Con anterioridad a ello, el 14 de julio de 1988, Rosa Gabino alegadamente vendió el camión descrito a Rosa’s Block Center. El traspaso de la licencia del camión a favor de dicha Compañía se llevó a cabo el 15 de septiembre de 1988 y se registró en el Departamento de Transportación y Obras Públicas el 6 de octubre de 1988.

Así las cosas, el 30 de septiembre de 1988, varios alguaciles acudieron a Rosa’s Block Center para efectuar el embargo del camión. Una vez allí, los alguaciles se percataron de que la licencia del camión aparecía a nombre de Alejandro Rosa Gabino, hermano de la parte demandada y presidente de Rosa’s Block Center. Por dicha razón, no efectuaron el embargo. Sin embargo, el 3 de octubre de 1988, y a insistencias del licenciado Colón Ortiz, el tribunal ordenó nuevamente que se embargara el camión. Dicho embargo se diligenció el 5 de octubre de 1988.

El 14 de octubre de 1988, Rosa’s Block Center, en calidad de parte interventora, presentó una moción de nulidad de embargo en el pleito mencionado. No obstante, el 9 de noviembre de 1988, y aún pendiente dicha moción de resolución, se expidieron los edictos para vender en subasta pública el camión. Celebrada la subasta, el 30 de noviembre de 1988 se le adjudicó el camión a Martínez Rosado y a Navedo Ortiz.

Luego de subastado el bien, el tribunal celebró una vista para la moción de nulidad de embargo presentada por Rosa’s Block Center. Posteriormente, el 7 de febrero de 1989, el tribunal determinó que la subasta era nula por haberse efectuado antes de resolverse la moción de nulidad de embargo. En dicha resolución, el tribunal aclaró que no estaba pasando juicio sobre la validez del embargo ni sobre las alegaciones de que la venta del camión fuese en fraude de acreedores.

Por los hechos anteriormente expuestos, el 18 de agosto de 1989 Rosa’s Block Center presentó una demanda en el Tribunal Superior de Humacao sobre daños y peijuicios contra Martínez Rosado, Navedo Ortiz, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ellos, José Alberto Lugo Negrón y el aquí querellado, licenciado Colón Ortiz, por el alegado embargo ilegal del camión. Dicha acción fue trasladada al entonces Tribunal Superior de San Juan.

El 28 de enero de 1991, los esposos Navedo-Martínez presentaron una demanda de coparte contra el licenciado Colón Ortiz. En ella, adoptaron todas las alegaciones formuladas en la demanda original y responsabilizaron al abogado de todo acto negligente y culposo que pudiera ser la causa del embargo ilegal. Solicitaron, además, resarcimiento por las angustias mentales sufridas como consecuencia de las actuaciones del licenciado Colón Ortiz. En la contestación a dicha demanda contra coparte, Colón Ortiz negó las alegaciones en su contra y sostuvo que ejercitó toda circunspección, pericia y cuidado en la etapa de ejecución de sentencia.

Pendiente el caso de resolución, los licenciados Tadeo Negrón Medero y Marcelino Meléndez Lafontaine presentaron una queja contra Colón Ortiz ante este Tribunal. Además de señalar la falta de comunicación entre dicho abogado y sus clientes, adujeron que éste había cobrado cincuenta por ciento en honorarios contingentes. Como prueba de ello, incluyeron copia de la moción de inhibición presentada por el querellado, así como una copia de un cheque de $25,000 que alegadamente recibió Colón Ortiz de parte de Martínez Rosado y Navedo Ortiz. Además, acompañaron copia de una carta en la cual Martínez Rosado y Navedo Ortiz autorizaron a General Electric Capital Co. a entregarle a Colón Ortiz esa suma de dinero.

El 17 de febrero de 1995, Colón Ortiz contestó dicha queja. En ella, sostuvo que la alegada cuantía de honorarios nunca había sido objeto de controversia y que independientemente de ello, el licenciado Negrón Medero no tenía “standing” para argumentar dicho punto. Negó haber cobrado el cincuenta por ciento en honorarios contingentes y aseguró, por el contrario, haber cobrado el veinticinco por ciento. Solicitó que se dejara pendiente cualquier determinación al respecto hasta tanto se resolviera finalmente el caso civil pendiente.

El 31 de marzo de 1995, le concedimos término a los licenciados Negrón Medero y Meléndez Lafontaine para que reaccionaran a lo señalado por Colón Ortiz. En su comparecencia, ambos abogados sostuvieron que la “legitimidad” que tenían para presentar la queja contra el licenciado Colón Ortiz surgía tanto de la Regla 13 de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, como del Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Plantearon que Colón Ortiz debió haber explicado la razón por la cual había procedido a vender el camión en subasta pública a sabiendas de que un tercero había impugnado el embargo y que el tribunal había tomado jurisdicción sobre dicha controversia. Posteriormente, este Tribunal paralizó los trámites disciplinarios hasta tanto recayera la sentencia en el caso civil presentado.

El 20 de junio de 1997, el tribunal de instancia emitió una sentencia en el caso para condenar a los demandados, por el embargo ilegal del camión, a pagarle al demandante Rosa’s Block Center la suma de $40,000 por los daños sufridos. Además, le ordenó a Colón Ortiz pagarle a Martínez Rosado y a Navedo Ortiz $3,000 por las angustias mentales sufridas como consecuencia del embargo ilegal.

Resuelto definitivamente el caso, el 13 de noviembre de 2003, el Procurador General presentó una querella ante este Tribunal contra el licenciado Colón Ortiz. En ella le imputó a éste haber violado los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Adujo que Colón Ortiz no tuvo comunicación alguna con Martínez Rosado y Navedo Ortiz, luego que éstos lo contrataran para ejecutar la sentencia contra Rosa Gabino y que por ello había faltado a su deber de mantener siempre informado al cliente de todo asunto importante que surgiera en el desarrollo del caso. De igual forma, sostuvo que Colón Ortiz no defendió los intereses de sus clientes al haber solicitado el embargo a sabiendas de que existía la posibilidad de que el bien perteneciera a un tercero. Luego de Colón Ortiz haber contestado la querella, el 24 de mayo de 2004 emitimos una resolución en la cual nombramos a la Honorable Ygrí Rivera de Martínez, ex juez del Tribunal de Apelaciones, para que en presencia de las partes y como Comisionada Especial, recibiera la prueba y rindiera un informe con sus determinaciones de hecho y recomendaciones. Resolvemos.

I

Reiteradamente hemos insistido en el deber que tiene todo abogado de defender diligentemente los intereses de su cliente, según lo exige el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra. In re Laureano Molina, 161 D.P.R. 58 (2004); In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70 (2001); In re Aguila López, 152 D.P.R. 49 (2000); In re Laborde Frey-re, 149 D.P.R. 59 (1999); In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999); In re Verdejo Roque, 145 D.P.R. 83 (1998); In re Pérez Santiago, 131 D.P.R. 676 (1992); In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987).

Una vez el abogado asume la representación profesional de un cliente, está obligado a mantenerlo informado de los asuntos importantes que surjan del caso segn las disposiciones del Canon 19, supra, el cual establece, en lo pertinente, que “[e]l abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. No hacerlo viola la ética profesional. In re Acosta Grubb, ante; In re Rosario, 116 D.P.R. 462(1985); In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978).

Hemos sostenido que “[e]l deber de informar al cliente es un elemento imprescindible de la relación fiduciaria del abogado y el cliente”. In re Alonso Santiago, 165 D.P.R. 555, 563 (2005); In re Hernández Nazario, 159 D.P.R. 63 (2003). Por consiguiente, hemos resuelto que cuando un abogado mantiene a su cliente ajeno a las incidencias de su caso, ello constituye una violación, no sólo al Canon 19, sino al proceso de impartir justicia en general. In re Laborde Freyre, ante.

II

Colón Ortiz sostiene que mantuvo a sus clientes informados del proceso judicial mediante carta de 27 de marzo de 1989. En dicha carta, Colón Ortiz le informó a sus clientes que Rosa’s Block Center había presentado una moción en auxilio de jurisdicción para solicitar la nulidad del embargo del camión y que dicha Compañía podía presentar una demanda por embargo ilegal. Le indicó, además, que el 6 de febrero de 1989 se celebró una vista sobre la moción presentada por Rosa’s Block Center y que a raíz de lo allí acontecido, el tribunal sorpresivamente emitió una resolución en la cual declaró nula la venta judicial. Que por razón de dicha resolución, Colón Ortiz había apelado ante el antiguo Tribunal de Circuito de Apelaciones y que el costo de dicho escrito era aproximadamente de $5,000.

Del expediente surge que Colón Ortiz no se comunicó, ni mantuvo informado a sus clientes desde el día en que fue contratado, hasta la fecha de la referida misiva. Si bien es cierto que Colón Ortiz, mediante carta, le comunicó a sus clientes de lo acontecido en el caso, éste debió mantener informado a sus clientes, según surgían los sucesos y no al final de lo acontecido. La carta, traída por Colón Ortiz para refutar su alegada violación al Canon 19, supra, no hace más que confirmar dicha infracción, pues su fecha revela que Colón Ortiz no mantuvo informado a sus clientes según surgían los asuntos importantes del caso, sino que esperó hasta que el tribunal pasara juicio sobre la controversia para informar a su cliente de todo lo acontecido. Éste, además, presentó un escrito de apelación, sin consultarlo con sus clientes, para luego pretender cobrarles los honorarios por dicha gestión.

El deber de un abogado de mantener informados a sus clientes es continuo. Tan pronto supo de ello, Colón Ortiz debió haberle informado a sus clientes que el camión que habría de embargarse aparecía a nombre de un tercero y las consecuencias de proceder con dicho embargo. Dicha información no sólo era imprescindible, sino que pudo haber evitado los trámites judiciales posteriores que surgieron a raíz del embargo ilegal.

De todo lo anterior también surge que Colón Ortiz ciertamente no actuó con la diligencia y el saber que requiere el Canon 18, supra. Como reseñáramos, Colón Ortiz sabía que, cuando los alguaciles fueron a embargar el camión por primera vez, se toparon con que éste estaba inscrito a nombre de una tercera persona. No obstante, Colón Ortiz nuevamente solicitó el embargo del bien sabiendo las consecuencias que ello conllevaba. La mejor evidencia es la determinación del tribunal de instancia, en la sentencia que emitió contra el querellado, a los efectos de que la intervención de Colón Ortiz fue negligente y la causa directa del embargo ilegal. Obviamente, las actuaciones de Colón Ortiz no fueron responsables, todo lo contrario, puesto que perjudicaron a sus clientes.

Opinamos que Colón Ortiz indudablemente infringió los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, supra. No obstante, del expediente surgen varios atenuantes que influyen en nuestra resolución final del asunto. Primeramente, Colón Ortiz satisfizo la obligación que surgió de la sentencia recaída en su contra. A su vez, mediante el acuerdo de satisfacción de sentencia de 31 de octubre de 2002, Martínez Rosado y Navedo Ortiz relevaron al querellado de cualquier otra responsabilidad que pudiera surgir del caso. Tomamos en consideración, además, que Colón Ortiz nunca antes se había enfrentado a un procedimiento sobre conducta profesional y que se sentía profundamente consternado por la presentación de éste.

Por los fundamentos que anteceden, procede limitar la sanción disciplinaria a imponer al Ledo. Julio César Colón Ortiz a una fuerte censura y a apercibirlo de que, de incurrir en conducta similar en el futuro, conllevará la imposición de medidas disciplinarias más severas en su contra.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

       Inconforme, Colón Ortiz acudió al Tribunal de Apelaciones. Dicho foro confirmó la sentencia del tribunal de instancia. En desacuerdo nuevamente, Colón Ortiz acudió ante este Tribunal mediante una petición de certiorari. El de 26 de abril de 2001 emitimos una Sentencia en la cual confirmamos la emitida por el Tribunal de Apelaciones.

       El Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, establece, en lo pertinente, que es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su ms profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.