text:
    Juana Ramos, en su carácter de madre con patria potestad sobre su menor hija, Dolores Ramos, demandante y apelada, v. La Sucesión de Emilio Ramos, compuesta de su Señora madre Doña Isabel Ramos, demandada y apelante.
    No. 6729.

    Sometido: Marzo 13, 1935.

      Resuelto: Marzo 27, 1935.

      José C.jJosé I. Aponte, abogados de la apelante; A. Porraía Doria, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demandada apela de nna sentencia dictada en favor de la demandante en pleito de filiación. Ella sostiene qne la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar una moción para que se archivara el recurso. La moción de archivo fué radicada el 12 de julio de 1933. La corte de distrito había declarado con lugar una excepción previa a la demanda original y concedido permiso para enmendar. La demandante no había radicado su demanda enmendada dentro del término concedídole para tal fin y esta omisión era el único motivo en que se basaba la moción para archivar. La demanda enmendada fué presentada el 15 de julio. La demandada, en 19 del mismo mes, radicó una excepción previa a la demanda enmendada. En 20 de septiembre la corte de distrito declaró sin lugar la excepción previa y concedió a la demandada diez días para contestar. La demandada contestó el 26 de septiembre. El caso fué señalado para vista el 13 de febrero de 1934 y ambas partes anunciaron estar listas. Nada hay que demuestre que la demandada llamara la atención del juez de distrito hacia su moción. El haberse dejado de descubrir y resolver la moción aparentemente abandonada no fué un error que da lugar a la revocación.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar la excepción previa interpuesta a la demanda enmendada. La médula del argumento es que la demanda enmendada no alegaba “que el hijo nació de relaciones amorosas de los padres.” En el presente caso la apelante se funda en el de Medina v. Sucesión Bird, et al., 30 D.P.R. 158. En dicho caso esta corte interpretaba el artículo 189 del Código Civil, tal cual regía en 1903. La demandante en este caso nació en 1912. El requisito estatutario para aquel entonces era que “la madre fué conocida viviendo en concubinato con el padre durante el embarazo y al tiempo del nacimiento del hijo.” . (Estatutos Revisados de 1911, sección 3263). Así, pues, no era necesario alegar que la demandante “nació de relaciones amorosas de los padres.” ¡Aun si no fuese así, el error, visto a la luz de los acontecimientos posteriores, no hubiese sido perjudicial, toda vez que el juez sentenciador no basó su sentencia en el supuesto concubinato sino en otros fundamentos.

El tercer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al dictar sentencia en favor de la demandante por ser dicha sentencia contraria a los hechos y a la ley. Fuera de la cuestión de concubinato, que conforme hemos indicado ya fuá prácticamente eliminada por el juez sentenciador, la argumentación se dirige a la suficiencia de la prueba y a la apreciación de la misma. Como es usual en tales casos, hubo considerable conflicto de prueba, mas no podemos convenir con la apelante en que la prueba aducida por la demandante era insuficiente para sostener la sentencia y no hallamos error manifiesto en la apreciación de la prueba.

El cuarto señalamiento se refiere a la cuestión de las costas. En vista de la doctrina ya establecida por este tribunal, especialmente en los primeros casos, sobre la clase de prueba requerida en pleitos de filiación, en vista de la doctrina respecto a la naturaleza de la prueba requerida para establecer el concubinato, sentada por esta corte en el caso de Medina v. Sucesión Bird, supra, y Gerena v. Suáu, 36 D.P.R. 170, y de la duda expresada por el juez de distrito en lo atinente a la suficiencia de la prueba para cumplir con los requisitos de dicha doctrina, nos sentimos inclinados a creer que debieron haberse excluido los honorarios de abogado del pronunciamiento de costas. Fuera de esto, no hallamos que hubiera abuso de discreción al conceder las mismas.

La sentencia apelada debe ser modificada y, así modifi-cada, confirmarse.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor "Wole,

license: Public Domain

text:
    José Leandro Montalvo Guenard, demandante y apelado, v. Juan y José María Franceschi, Angel y Blanca Massari y Domingo, Salvador y Estrella Margarita Leandri y Agostini, demandados y apelantes.
    No. 6437.

    Sometido: Marzo 15, 1934.

      Resuelto: Marzo 27, 1935.

      Henry G. Molina y M. León Parra, abogados de los apelantes; Gustavo Rodríguez Acevedo y B. Hernández Matos, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión más seria envuelta en este recurso es si una acción entablada por nn médico en cobro de honorarios no ha prescrito con motivo de ciertas interrupciones habidas, de conformidad con el artículo 1874 del Código Civil, Edición de 1902. Este artículo dispone:

“La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.”

Los supuestos servicios fueron prestados en 1925 y ter-minaron el 4 de julio del mismo año. El demandante de-claró tendiente a demostrar que en 1926 presentó una recla-mación por la suma de $1,500 al administrador judicial de la sucesión FrancescM; que dicho administrador entregó al demandante un cheque por $300 en abril 30, 1926, que éste no hizo efectivo durante un año. Más tarde el demandante-reclamó a la sucesión Franceschi la suma de $1,000 como-saldo. El pleito fué iniciado en 1930 y no se suscitó cuestión alguna sobre las interrupciones posteriores. Los apelantes-sostienen que no hubo interrupción en 1926 y que para la fecha en que se escribió una carta al administrador en 1928 ya la acción había prescrito.

Los apelantes ciertamente dicen que el pago de $300 en 1926 no fué de por sí una interrupción. Sin embargo, dado el hecho de que el Dr. Montalvo Guenard, de acuerdo con su testimonio, había presentado una reclamación por la suma de $1,500, el pago fué una corroboración. La presentación de la cuenta en 1926 subsistía de por sí y fué suficiente in-terrupción extrajudicial. Hemos tenido alguna dificultad sobre este punto debido a la insistencia de la parte apelada en la interrupción con motivo del cheque y por otras razones*

El segundo señalamiento de error lee así:

"La Corte a quo incurrió en error por‘causa de prejuicio y pasión a favor de la persona del demandante, que influyó en el ánimo de aquella de manera a impedir el apreciar con imparcialidad la prueba practicada por ambas partes en el momento de la vista oral y pública del caso.”

Hubo amplía prueba pericial respecto al valor de los su-puestos servicios prestados. El punto principal suscitado por los apelantes es que los servicios no fueron prestados hasta el límite alegado; que la Corte de Distrito de Ponce fué influida indebidamente por el testimonió del Dr. Montalvo Guenard y que ésta dió demasiado énfasis a su posición social; que él actuaba en sustitución del médico de la familia^ quien declaró para contradecirle. El juez dijo que se incli-naba a dar crédito a ambos médicos, pero que el médico de la familia se bailaba ausente y no se refería al período cu-bierto por el Dr. Montalvo Gfuenard. El juez dijo que estaba dispuesto a creer a este último, especialmente cuando su de-claración había sido fortalecida por el libro particular de anotaciones hechas en la época en que se prestaron los su-puestos servicios.

No estamos convencidos de que la posición económica de la parte demandada no pueda ser considerada al calcular los honorarios, según hemos sugerido en otros casos. El juez dice que al prestarse servicios médicos a los clientes más acomodados los honorarios deben considerarse normales y que son rebajados cuando se trata de clientes menos pudien-tes. Sea ello como fuere, dado el testimonio de los peritos, no hallamos que se cometiera error.

No estamos convencidos en manera alguna de que hubiera pasión o prejuicio por parte del juez sentenciador. A lo sumo hubo un conflicto de prueba y si la corte hubiese re-suelto el caso en favor de los demandados, en apelación pro-bablemente no habríamos alterado el resultado.

Después de la vista ante este tribunal el apelado halló, según él, que parte del testimonio del Sr. Arcílagos, el administrador judicial, no fué suficientemente incluido en la exposición del caso y solicitó que se abriera el caso de nuevo y se remitiera a la corte inferior. Toda vez que la sentencia será confirmada sin considerar la corrección de los autos, es innecesario prestar mucha atención a esta moción. Los apelantes están en lo cierto al insistir en que debe tratarse de un caso extraordinario para que éste se abra de nuevo en tal forma. En los autos existe la indicación de que los apelantes no insistieron mucho en la cuestión de prescripción en la corte inferior, sino que defendieron su caso más bien sobre los méritos de la reclamación y podría concebirse que éste tal vez hubiera podido ser un caso extraordinario.

No hallamos razón suficiente para intervenir con la dis-creción de la corte inferior al conceder las costas. Los hono-rarios no deben ser fuertes bajo ningunas circunstancias. El Juez Aldrey no está conforme con este párrafo, de acuerdo con el criterio que lia expresado en otras opiniones con res-pecto a tasación de costas.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Aldrey está conforme con el resultado.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Sucrs. de A. Mayol & Cía., S. en C., demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 6904.

    Sometido: Marzo 4, 1935.

      Resuelto: Marzo 27, 1935.

      J. J. Ortiz Alibrán, abogado de la apelante; Ron. Procurador General Benjamin J. Horton y T. Torres Pérez, Subprocurador, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Sucrs. de A. Mayol & Cía., inició un pleito sobre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta. El pleito fué in-coado el 16 de febrero de 1925 y se dictó sentencia en su contra el 23 de febrero de 1926. La demandante apeló y solicitó varias prórrogas. La última de éstas fué concedida el 14 de octubre de 1927 y desde entonces no se han solicitado nue-vas prórrogas.

El 5 de noviembre de 1934 la demandante solicitó y ob-tuvo el legajo de la sentencia en la corte inferior y archivó dichos autos en el Tribunal Supremo de Puerto Rico el 17 de diciembre de 1934. Entonces el Tesorero solicitó la de-sestimación del recurso por dos fundamentos: primero, por-que no existe toda la documentación necesaria; y, segundo, en efecto, porque la apelante había permitido que transcurrie-ran ocho años sin elevar el récord a este tribunal.

El apelado sostiene que de conformidad con alguna jurisprudencia anterior de esta corte, era posible elevar el legajo de la sentencia sin la transcripción de evidencia, pero que la Ley No. 81 de 1919 (pág. 675) modificó esto e hizo necesario que todo el récord de la corte inferior fuese elevado a este tribunal. Somos de opinión que la ley de 1919 no privó a un apelante' del derecho a revisar meras cuestiones de ley, tal cual éstas aparecen del legajo de la sentencia, y que pueden ser resueltas independientemente de la prueba aducida durante el juicio.

La apelante en contestación al segundo fundamento del apelado alega que al tiempo de radicarse la moción para desestimar ya los autos se hallaban ante este tribunal, citando el artículo 58 de nuestro reglamento. El artículo 58 fué adoptado para cubrir casos en que la parte apelante dentro de un tiempo razonable archivaba los autos ante este tribunal. Resolvimos que como no había envuelta cuestión de jurisdicción esta corte podía permitir lo que podía considerarse como una demora razonable. La apelante insiste en que la demora habida en la corte inferior fué más aparente que real; que ella hizo todo esfuerzo posible para obtener la transcripción de la evidencia y aun le pagó al taquígrafo ochenta dólares, y que cuando se convenció de que no podía obtener dicha trans-cripción de evidencia, resolvió revisar simplemente las cues-tiones de derecho ante este tribunal. No estamos absoluta-mente seguros de que dentro de los ocho años transcurridos la apelante no pudo obtener la transcripción de la evidencia. Decidimos que la Regla 58 no cubre los hechos del caso que tenemos ante nos.

Por la analogía que pueda tener, véase la regia 59 de este tribunal, como sigue:

“Expirado el término de noventa días desde la fecha en que se presentare el escrito de apelación, y no obstante las prórrogas conce-didas por la corte inferior, el tribunal a discreción podrá desestimar una apelación que no haya sido anteriormente registrada en este Tribunal, mediante moción presentada al efecto, si se probare satisfac-toriamente que el apelante no ha proseguido su apelación con la dili-gencia debida o de buena fe, o que tal apelación es frívola. ’ ’

Igualmente podríamos dudar, sin resolverlo, si el derecho a abandonar la transcripción de la evidencia puede ser ejer-citado en cualquier momento a opción de la parte apelante y si al abandonar tal transcripción no debe exigírsele más diligencia que la desplegada en el presente caso.

Según indica el apelado, en la corte inferior no se trató de substituir al demandado Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, con su sucesor en el cargo. Técnicamente, el caso está sujeto a ser desestimado por este motivo.

Dada la falta de diligencia en el caso nos sentimos obli-gados a desestimar el recurso y así lo ordenamos.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Luis Vilella Vélez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 946.

    Sometido: Febrero 12, 1935.

      Resuelto: Abril 3, 1935.

      A. Arroyo Rwera, abogado del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En un alegato archivado ante este Tribunal el recurrente sostiene que es dueño de una finca situada en Mayagüez, ins-crita en el registro de la propiedad como finca número 4593; que presentó al registro la escritura otorgada por el Marshal de la Corte Municipal de Mayagüez en que éste vendía, como resultado de una subasta celebrada en un pleito iniciado por el recurrente, una casa que había pertenecido a Ursula Montalvo y que estaba ubicada ■(sic) en el solar del recurrente. Este también ha elevado a este Tribunal la petición que hizo al registrador solicitando inscripción de la venta de la casa. Si se aceptara esa petición como un certificado suficiente de los hechos, lo que no es, se despren-dería que la casa en cuestión estaba situada en la propiedad inscrita como finca número 4593, que se dice más arriba.

El Eegistrador de Mayagüez se negó a inscribir, según se desprende de la siguiente nota:

“DENEGADA la compraventa en pública subasta que comprende el documento que precede, que es la escritura pública número veinti-nueve, otorgada en Mayagüez a doce de marzo de 1934, ante el no-tario Ledo. Angel Arroyo Rivera, y tomada en su lugar la corres-pondiente anotación preventiva por el término de 120 días a todos los efectos legales a favor del adquirente señor Vilella Vélez por apa-recer que la casa objeto de dicha venta no aparece previamente ins-crita a nombre de la demandada Ursula Montalvo ni de ninguna otra persona, todo ello al folio 136 v. del tomo 232, de esta ciudad, finca número 7748, anotación letra B. — Dicha casa aparece afecta a una anotación de embargo en favor de Julia Rivera por la suma de $212 de capital más 100 dólares para costas.—Mayagüez, diciembre 21 de 1934.”

Nos inclinamos a convenir con el recurrente que cuando una casa enclavada en propiedad perteneciente a distinto dueño es adquirida mediante el título correspondiente por el propietario del solar en que radica la casa, no es necesaria una previa inscripción de la misma. Es un derecho accesorio, según nos parece, y debe ser inscrito en la forma en que se inscriben una nueva edificación u otras mejoras.

La dificultad con este caso es que no tenemos ante nos suficiente identificación de la situación de la casa, y tampoco la tuvo el registrador. Cuando se presenta al registrador el título de la adquisición de una casa, sin más, él no puede inscribirla a menos que la misma esté anteriormente inscrita o que se le presente el título, como por ejemplo, el certificado de un expediente de dominio, o que se identifique en alguna otra forma la propiedad y se determine el dominio. La escritura del márshal decía que la casa estaba radicada en una finca perteneciente al recurrente, pero no bacía constar que estaba situada dentro de la finca número 4593. El recurrente admite que es dueño de varias fincas que aparentemente están en la misma vecindad. Tenemos la idea de que para obtener la inscripción de la casa en cuestión era necesario algún otro' procedimiento.

' Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    The Federal Land Bank of Baltimore, demandante y apelante, v. Ramón Echeandía, demandado y apelado.
    No. 6788.

    Sometido: Febrero 19, 1935.

      Resuelto: Abril 3, 1935.

      Frank Martínez y E. Campos del Toro, abogados del apelante; el apelado no compareció ante la corte inferior ni ante este tribunal.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

The Federal Land Band of Baltimore demandó en desa-hucio a Bamón Eoheandía ante la Corte de Distrito de Are-cibo. El demandado fué citado y no compareció pero la corte por su propia iniciativa dictó sentencia declarando sin lugar la demanda por no aducir hechos determinantes de la causa de acción ejercitada. En esta apelación interpuesta por el demandante no ha comparecido el demandado.

El demandante vendió al demandado por documento pri-vado de 29 de junio de 1933 la finca que describe en su de-manda por precio de $5,000 de los cuales recibió $250 en efectivo comprometiéndose el comprador a satisfacer los res-tantes en varios plazos de a $250, pagadero el primero de ellos el 29 de diciembre del mismo año, constituyendo también una hipoteca por veinte años y otra por diez, pagaderas en veinte y diez anualidades, respectivamente. El primer plazo que venció el 29 de diciembre de 1933 no fué pagado por el comprador y el 19 de junio de 1934 fué presentada la de-manda de este pleito de desahucio. En ella se alega además de lo dicho que fné convenido en el contrato de venta que si el comprador dejare de pagar cualquier plazo el vendedor tendida derecho a considerar vencido y pagadero inmediata-mente todo el balance del precio de compra no pagado y de proceder al cumplimiento específico del contrato o a cance-larlo o rescindirlo, reteniendo todos los pagos que se hubie-ren efectuado, de cualquier naturaleza que fueren, en con-cepto de penalidad como daños y perjuicios liquidados; y que si el vendedor optase por rescindir el contrato, el comprador se comprometía a entregar la posesión de la finca con cual-quier mejora que hubiera introducido en ella, incluso nuevas edificaciones, al ser requerido por el vendedor, con renuncia de todo derecho de título y posesión de la propiedad si el vendedor hace uso del derecho de rescindir el contrato. Tam-bién alega que habiendo dejado de pagar el demandado el plazo de diciembre de 1933, el demandante, acogiéndose a las estipulaciones del contrato, lo declaró rescindido en 16 de mayo de 1934 y requirió al comprador para que entregara la posesión de la finca, a lo que se niega; y que el demandado sigue ocupando la finca sin derecho o título alguno, deten- . tando su posesión y disfrutándola en precario, sin pagar canon de arrendamiento o merced alguna.

Entendió la corte inferior que es a los tribunales a quienes corresponde declarar rescindido el contrato por incumpli-miento de sus estipulaciones por alguno de los contratantes.

Las estipulaciones del contrato celebrado por las partes en este pleito demuestran que contiene obligaciones recíprocas, consistente la del vendedor en entregar su finca al comprador y la de éste en pagar el precio convenido de la venta satisfaciéndolo en los plazos estipulados. El demandante cumplió su obligación entregando la finca al demandado, pues en posesión de éste se halla, pero, según alega en la demanda, Ramón Echeandía no cumplió la suya por haber dejado de pagar el primero de los plazos que debía satisfacer. En ese contrato se percibe con toda evidencia la naturaleza de reciprocidad. Con respecto a obligaciones recíprocas dice el Código Civil (edición de 1930) lo siguiente:

“Art. 1077. — La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
“El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de baber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.
“El tribunal decretará la resolución que se reclame, a no baber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo.
“Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros ad-quirentes, con arreglo a los artículos 1247 y 1250 y las disposiciones de la ley hipotecaria.”

Eu este caso no bay derechos de terceras personas.

No dice ese precepto que el que tiene el derecho a rescin-dir el contrato tenga que acudir necesariamente a los tribuna-les para ese fin. Lo que se consigna es que el tribunal decre-tará la resolución que se reclame, pero no que necesariamente haya que acudirse a él para obtener una declaración de res-cisión. El Tribunal Supremo de España en su sentencia de 19 de junio de 1913, 127 Jurisprudencia Civil 835, ha deci-dido que supuesto el incumplimiento de un contrato resulta manifiesto que, con arreglo al artículo 1124 del Código Civil, que corresponde exactamente a nuestro artículo 1077, se puede dar por rescindido de manera implícita o tácita el contrato sin necesidad de declaración alguna previa de los tribunales. Independientemente de esto resulta que en el presente caso fué convenido expresamente entre las partes contratantes que si el comprador dejare de pagar alguno de los plazos estipulados el vendedor tendría derecho a rescindir el con-trato, comprometiéndose el comprador a entregarle la finca que se le vendió, y que el vendedor declaró rescindido el con-trato y requirió al demandado para que desalojare dicho in-mueble, por lo que aunque no se hubiera dictado la senten-cia a que hemos hecho referencia y aunque fuere necesaria declaración judicial de la rescisión del contrato, tal resolnción no sería necesaria dadas las estipulaciones de los contratantes, ya qne según el artículo 4 del Código Civil los derechos con-cedidos por las leyes son renunciables a no ser tal renuncia contra la ley, el interés o el orden público o en perjuicio de tercero. Nodus et conventio vincunt legem. En conclusión, el demandante pudo dar y dió por rescindido el contrato sin necesidad de que el tribunal decretase la rescisión del mismo.

Si bien es cierto que el demandado entró en la posesión de la finca en virtud de una relación contractual, también lo es que tal relación terminó por volundad del demandado cuando por haber incumplido sus obligaciones optó el vendedor por dar por rescindido el contrato celebrado entre ellos y haber sido requerido el demandado para que desocupara la finca, como se comprometió a hacerlo para tal caso con renuncia de todo derecho de título o posesión. En consecuencia, desde entonces está el demandado poseyendo la finca sin título alguno, está detentándola. El Pueblo v. Giorgetti, 46 D.P.R. 61.

Por lo expuesto la demanda aduce hechos determinantes de la causa de acción de desahucio ejercitada por el deman-dante, por lo que la sentencia apelada debe ser revocada, debiendo continuarse los procedimientos en la corte inferior.

El Juez Asociado Sr. Hutchison está conforme con el resultado.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    María López Rudón y José Torres Torres, demandantes y apelantes, v. Antonia López, demandada y apelada.
    No. 6571.

    Sometido: Febrero 14, 1935.

      Resuelto: Abril 3, 1935.

      González Fagundo & González, Jr., abogados de los apelantes; Luis Muñoz Morales, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes, dueños en común proindiviso de una casa de manipostería de dos plantas que se describe en la demanda, ejercitan la acción de desahucio en precario para obtener el lanzamiento de la Sra. Antonia López de la refe-rida finca. 'Se alega en la demanda que la demandada desde algún tiempo viene detentando la posesión material del re-ferido inmueble contra la expresa voluntad de los deman-dantes y sin pagar canon ni merced alguno y que se ha ne-gado y se niega a desocupar dicho inmueble, a pesar de los requerimientos de los demandantes. Negó la demandada que estuviese detentando la posesión material de la finca y alegó que ocupaba una parte de la misma en concepto de viuda de don Miguel Morales Santiago, como dueña de un derecho de homestead en la planta alta de la referida casa, y no ha-biéndosele reconocido el derecho de homestead se ha visto obligada a interponer la correspondiente acción contra el aquí demandante José Torres.

María López Rudón y Miguel Morales Santiago eran dueños en común proindiviso del susodicho inmueble. Miguel Morales, estando casado en segundas nupcias con la deman-dada Antonia López, otorgó un pagaré al portador, y para garantizarlo gravó con hipoteca su condominio sobre la finca referida. En junio de 1932, Julián Dávila, tenedor del pa-garé hipotecario, ejecutó la hipoteca, adquiriendo por adjudi-cación el condominio de Morales. Cuando se llevó a cabo la ejecución, Morales había muerto, habiéndose seguido el pro-cedimiento ejecutivo contra su sucesión. Después del falle-cimiento de Miguel Morales la viuda demandada ha conti-nuado ocupando dicho local, en el que, según alega, tiene constituido su hogar seguro. Negóse Julián Dávila a reco-nocer el derecho de homestead oportunamente alegado por la demandada y habiendo vendido su condominio al demandante José Torres Torres, la viuda inició una acción reclamando su derecho ante la Corte Municipal de Caguas, donde radica la finca. Cuando se celebró la vista de esta causa, esta ac-ción se encontraba pendiente en la corte municipal.

En 29 de abril de 1933 la Corte de Distrito de Humacao dictó sentencia declarando sin lugar la demanda.

Se alega en primer término que la corte inferior erró al estimar que existe un principio de evidencia que demuestra que la posesión de la demandada no es precaria y que el conflicto que ella levanta debe ventilarse en juicio ordinario y no dentro de los límites de este procedimiento de desahucio.

Para el ejercicio de la acción de desahucio los demandan-tes, descansan exclusivamente en la alegada detentación de la propiedad. La demandada se defiende diciendo que re-tiene la posesión material de la finca en virtud de un derecho y no ejercitando acto alguno de detentación. Se arguye que la demandante carece de título o derecho para acogerse a la exención autorizada por los artículos 541 y 542 del Código Civil, edición 1930. Dispone este último artículo que la exen-ción continuará después de la muerte del jefe de familia, a beneficio de la esposa o esposo superviviente mientras él o ella continúen ocupando dicho hogar seguro y después de la muerte de ambos, a beneficio de sus hijos, hasta que el menor de éstos haya llegado a la edad de veintiún años. De acuerdo con este artículo, que es sustancialmente igual a las secciones segunda y quinta de la ley de homestead del estado de Illinois, aprobada en 1872, el derecho de la viuda es simple-mente uno de ocupación durante su vida. Merritt v. Merritt, 97 Ill. 243. Bajo las decisiones de la Corte Suprema del re-ferido estado, cuando uno de los esposos muere teniendo cons-tituido su homestead, el derecho del cónyuge superviviente surge inmediatamente para continuar ocupando la propie-dad. Al morir uno de los cónyuges el viudo o viuda por mi-nisterio de la ley queda eo instanti investido del derecho de homestead. Kyle v. Wills, 166 Ill. 501; Brokaw v. Ogle, 170 Ill. 115; Browning v. Harris, 99 Ill. 456.

Miguel Morales murió siendo dueño de un interés proin-diviso en la propiedad que se alega constituye el homestead. El acreedor hipotecario Julián Dávila ejecutó la propiedad. El título del esposo fenecido que sirve de base a la continua-ción de la exención de homestead a favor de su esposa, pasó al acreedor ejecutante, de quien deriva su título el deman-dante José Torres Torres. No puede decirse, con respecto a este demandante, que la viuda esté detentando la propiedad, si, como alega en la contestación, permanece allí protegida por su alegado derecho de homestead.

En cuanto a la demandante María López Budón, condueña de la propiedad, surgen otras cuestiones que merecen detenida consideración. Las decisiones de los tribunales no se muestran de acuerdo con respecto a si puede establecerse o no un derecho de homestead en una propiedad ,proindivisa. Son muchos los tribunales que sostienen la afirmativa. Entre ellos figura la Corte Suprema de Illinois. En el caso de Brokaw v. Ogle, supra, la referida corte se expresó así:

“Hay conflicto en las autoridades sobre la cuestión de si puede haber un hogar seguro en un condominio proindiviso de una finca. Es decir, si un copartícipe puede alegar con éxito el derecho de ho-gar seguro en una comunidad o si tal derecho puede existir única-mente cuando la finca pertenece en su totalidad a una sola persona. (Citas.) Nos inclinamos a creer que un interés proindiviso, acom-pañado de la posesión exclusiva, puede dar derecho al hogar seguro. (Citas.) La objeción que generalmente se suscita a la concesión del derecho de hogar seguro en una participación proindivisa es que al separarse el hogar seguro los derechos de los copartícipes pueden ser perjudicados y la parte específica separada como hogar seguro puede que al hacerse la partición corresponda a uno de los otros copartí-cipes. Mas ésta es una cuestión de la cual tan sólo los demás co-muneros pueden quejarse, y si se respetan sus derechos, aquéllos que no forman parte de la comunidad no pueden presentar objeción al-guna. El fin es proteger la finca así separada de embargos en eje-cución de sentencia y subastas, y no conceder un título definitivo de la misma. El que posee en común con una persona que alegue el derecho de hogar seguro, no puede atacar el derecho de este último a adquirir el hogar seguro en la finca mientras a tal comunero se le permita disfrutar de todos sus derechos y privilegios en dicha pro-piedad como tal comunero.’ (Citas.)”

En el caso citado, el Juez Phillips emitió una opinión disidente en la cual sostiene que el derecho de homestead no puede constituirse en una propiedad poseída en común pro-indiviso. De la opinión disidente emitida en este caso copia-mos lo que sigue:

“El comunero no es dueño de nada separadamente y no podría asignársele nada que no perteneciera por igual a los demás copartíeipes. Si la intención de la legislatura fué incluir a los comune-ros entre las personas con derecho a un hogar seguro en terrenos así poseídos, ella hubiera provisto el método para hacerlo. De confor-midad con el artículo primero de la ley ‘dicho homestead, y todo derecho o título sobre el mismo, estarán, exentos de embargo, senten-cia, incautación o ejecución para el pago de sus deudas o para otros fines, así como de las leyes relativas a enajenaciones, descendencia y distribución, y excepción hecha también de lo que más adelante se dispone.’ Aunque fija ciertas limitaciones y derechos inherentes al hogar seguro,. el estatuto guarda silencio respecto al hogar seguro sobre terrenos poseídos en común por dos o más partícipes. Guar-dando silencio a este respecto, aquellos estados que resuelven que una finca poseída en común da derecho a un hogar seguro en favor de uno de los comuneros, tienen necesariamente que agregar algo al es-tatuto y quitarle algo. Tal derecho no puede estar exento de las leyes relativas a enajenaciones, toda vez que si la finca no puede ser dividida, el comunero puede solicitar que la misma sea vendida. Eso violaría el espíritu y contexto de la ley, y haría desaparecer uno de los derechos y propiedades del hogar seguro. Si se tratara de separar el interés de un comunero en la forma prescrita por el estatuto, el hogar seguro así separado podría ser inmediatamente des-truido por el comunero al solicitar la partición o venta de la finca ■en caso de que tal cosa no fuese posible. For tanto, se hace nece-saria la adición de ciertas palabras al estatuto que concede un hogar •seguro en la finca o solar pertenecientes o poseídos y ocupados como residencia. Si una finca o solar pertenece al jefe de familia nadie más tiene interés en los mismos. Si no pertenece, entonces no puede existir el derecho de hogar seguro. La legislatura no ha dispuesto nada con respecto a un caso de esta índole y no incumbe a nosotros hacerlo. Si surgen injusticias, ellas podrían ser subsanadas mediante legislación que cubra las exigencias de dichos casos. La mejor in-terpretación que puede darse a este estatuto es limitarlo a casos en que la posesión o tenencia de la cosa resida en una sola persona.”

El criterio sostenido por la mayoría de la corte en el caso -citado fué ratificado más tarde en Hertz v. Buchmann, 177 Ill. 553, con la aprobación unánime del tribunal. Al estable-cer esta doctrina la corte reconoce que ningún condueño puede hacer uso de la' exención en perjuicio de los derechos de cualquier otro condueño ni obstaculizarle en los procedimien-tos de división de la propiedad. Este criterio, que comparten los tribunales que sostienen la afirmativa, nos parece justo y acertado. En el mencionado caso de Hertz v. Buchmann, supra, el Juez Magrudger, hablando a nombre del tribunal* se expresó así:

“Se ha sostenido que puede haber un homestead en un interés-proindiviso en propiedad inmueble, o en otras palabras, que una propiedad poseída en común apoyará un derecho de homestead en uno de los condueños. Pero esta doctrina nunca se ha hecho efec-tiva en perjuicio de los justos derechos de los demás condueños. La exclusiva posesión de un condueño que se acoge al homestead, es un derecho contra las reclamaciones de los acreedores, pero no contra la demanda del otro condueño para dejarlo en la posesión proindi-visa. Un condueño que reclama el homestead, no teniendo un de-recho exclusivo contra el otro condueño, puede ser obligado por el último a la división de la propiedad. Si la propiedad es susceptible de partición, de modo que pueda salvarse el homestead y proteger el derecho del condueño, los derechos de ambas partes pueden ser-fácilmente determinados. Pero si la propiedad no es susceptible de-partición, un tribunal de equidad tiene poder para ordenar una venta, con el propósito de dividir el producto de la misma.”

En cuanto a la posesión de la propiedad, se ha sostenido que no es necesario que sea exclusiva para que el condómine pueda constituir su homestead. Robson v. Hough, 56 Ark. 621, 20 S.W. 523; Thompson v. King, 54 Kan. 9, 14 S.W. 925; C. J., párrafo 165, página 849. Realmente no conocemos ninguna razón de peso que haga necesaria la posesión ex-clusiva.

La demandante María López Rudón, condueña de la pro-piedad donde se reclama el homestead, no hubiese podido ejercer la acción de desahucio contra su antiguo condómine Miguel Morales, quien en su carácter de dueño de un condo-minio de la finca, tenía derecho a conservar su posesión. En esa finca continúa viviendo la viuda, quien tiene derecho a la cuota usufructuaria determinada por la ley. No se ha de-mostrado que María López Budón resulte perjudicada con la permanencia de Antonia López en la finca referida. El derecho de homestead puede ser reconocido en favor de la viuda, siu lesionar los derechos de María López Rudón, quien conserva su condominio. No parece que la demandada haya realizado ningún acto de detentación. Permanece en su hogar al amparo de un alegado derecho de hogar seguro que puede establecer contra el demandante José Torres Torres. No procede, por tanto, la acción de desahucio para obligarla a abandonar la propiedad.

Se arguye que al constituirse la hipoteca el esposo de la demandada, Miguel Morales, hizo constar que dicho inmueble no estaba afecto al derecho de homestead en favor del deudor ni de persona alguna en absoluto. Esta manifestación, hecha exclusivamente por Miguel Morales, no puede perjudicar el derecho de homestead una vez constituido sobre la propiedad. La demandada no intervino en el contrato de hipoteca, por tratarse de un bien privativo de su esposo, quien sin el consentimiento de su mujer no podía disponer del homestead ni hacer ninguna admisión en perjuicio de este derecho.

Arguyen los apelantes que en Puerto Rico la ley solamente define el homestead rural y no el urbano, y que la corte a quo cometió error al estimar que existe en Puerto Rico el homestead urbano. El hogar seguro, de acuerdo con nuestra ley, puede constituirse en una estancia, plantación, o lot of land. La palabra lot, en su sentido general, comprende cualquier pieza de terreno, lo mismo en una zona rural que en una urbana. En Monagas v. Hedilla, 40 D.P.R. 852, resolviendo una cuestión idéntica a la que ahora se promueve, dijimos que la ley no establece distinción alguna entre las fincas urbanas y rurales. Se desestima el alegado error.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Natividad Candelario Dalmau, demandante y apelante, v. Rosa Pura y Angelina Rivera Santamaría, Nicolasa Morales y Domingo Quiñones Vicenti, demandados y apelados.
    No. 6557.

    Sometido: Marzo 5, 1935.

      Resuelto: Abril 3, 1935.

      B. F. Pacheco, abogado de la apelante; Federico García Veve, abo-gado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre nulidad de un procedimiento eje-tivo hipotecario y fué fallado sobre las alegaciones en contra de la demandante.

En la demanda se alega substancialmente que la deman-dada Rosa Pura Rivera inició el procedimiento cuya nulidad se pide contra Nicolasa Morales para ejecutar un crédito hi-potecario que ésta constituyó a favor de Angelina Rivera en garantía de seiscientos veinte dólares, intereses y costas, sobre un solar situado en Santurce, San Juan, cuyo crédito fué cedido por su dueña a Domingo Quiñones y por éste a la demandada, vendiéndose finalmente el solar hipotecado para el pago del crédito; que en el solar enclava una casa ■“que en la fecha que se constituyó la hipoteca era y actual-mente es propiedad de la demandante y no de doña Nicolasa Morales, que constituyó la referida hipoteca gravando las edificaciones que tuviera la referida parcela, no habiendo en dicha parcela de terreno ninguna edificación que fuera pro-piedad de doña Nicolasa Morales, ’ ’ hecho del que los deman-dados Rosa Pura Rivera, Angelina Rivera, Nicolasa Morales y Domingo Quiñones tenían conocimiento personal, no obs-tante lo cual se ha notificado a la demandante para que desa-loje la casa, y que la ejecutante Rosa Pura Rivera tenía “conocimiento personal, al tiempo de hacer la ejecución, que la demandante había comprado la antes descrita parcela de terreno pero no había inscrito la escritura en el registro, y no obstante esto la. demandante no fué hecha parte en el pro-cedimiento ni requerida de pago, sino que solamente se le notificó el procedimiento, para que tuviese conocimiento del mismo. ’ ’

Las demandadas Rosa Pura y Angelina Rivera excepcio-naron la demanda por falta de hechos suficientes para deter-minar una causa de acción y la corte declaró con lugar la ex-cepción dictando sentencia en los siguientes términos:

“En este caso la demandante alega que era dueña de cierta finca hipotecada por anteriores dueños, pero que no aparecía inscrita en el Registro de la Propiedad a favor de la demandante. Qiue la acree-dora hipotecaria ejecutó la hipoteca por el procedimiento sumario y se limitó con notificar de los procedimientos a la ahora demandante, sin hacerla parte demandada en el procedimiento ejecutivo, a pesar de que la acreedora sabía que la demandante aunque sin título ins-crito, era dueña de la finca. Se solicita ahora la nulidad del pro-cedimiento ejecutivo por el fundamento antes expuesto. La demandada interpuso excepción previa y citó en apoyo de la misma el caso de Federal Land Bank of Baltimore v. Registrador, 42 D.P.R. 284, de cuyo syllabus tomamos lo siguiente:
“ ‘Bajo el artículo 170 del Reglamento de la Ley Hipotecaria las únicas personas con derecho a] requerimiento formal de pago son aquéllas que tienen sus títulos inscritos en el registro. En lo que a las demás respecta, una simple notificación de los procedimientos es bastante, cumpliéndose suficientemente los requisitos de notificación y oportunidad de ser oído con la entrega de copia de la demanda en el procedimiento sumario hipotecario.’
“Sometida la excepción previa, por la autoridad del caso antes citado la Corte la declara con lugar, pero como la demanda no es susceptible de enmienda, es inútil conceder un plazo para enmendar, procediendo por tanto dictar sentencia y por la presente la dicta-mos, declarando sin lugar la demanda con las costas a la deman-dante. ’ ’

No conforme la demandante, interpuso el presente recurso de apelación. Sostiene que la corte erró al decidir que la demanda no aduce causa de acción, ni es susceptible de en-mienda.

De lo hecho constar en la sentencia se deduce claramente que la atención de la corte estuvo solamente fija en la falta de requerimiento.

"Si dicha falta fuera la única cuestión envuelta en el re-curso, debería éste declararse sin lugar de acuerdo con la ley y lo resuelto por esta corte en el caso que se cita.

Pero en la demanda se alega además que con anterioridad a la constitución de la hipoteca y por consiguiente a la venta no inscrita aún del solar por Tomasa Morales a la deman-dante, ésta era dueña de una casa enclavada en el solar que fué indebidamente ejecutada y de la cual se le quiere hacer salir.

T si ello es así y si, como se alega además, de ello tenían conocimiento personal los demandados, es por lo menos du-doso que la casa quedara hipotecada.

Citan los apelados para sostener que procede la confirma-ción de la sentencia recurrida lo resuelto por esta Corte Su-prema en el caso de Schuck v. Verdejo, 43 D.P.R. 955, a saber: “Cuando un predio de terreno se vende directamente o en subasta, lá presunción controvertible es que tal venta lleva consigo todo lo enclavado en él, y esta presunción no fué destruida por las manifestaciones contenidas en el récord en el sentido de que la demandada construyó la casa y era dueña de la misma”, y lo decidido en el de Lippitt v. Llanos, 47 D.P.R. 271, como sigue: “La propiedad de los bienes,’ ya sean muebles o inmuebles, lleva consigo el derecho por ac-cesión, a todo lo que ellos producen o se les une o incorpora, natural o artificialmente.”

Pero véase que esta corte dijo “presunción controvertible”, y aquí la presunción basta abora está controvertida por la afirmación que contiene la demanda respecto al cono-cimiento que tenían los demandados de que la casa en cues-tión era de la propiedad de la demandante.

Bajo las circunstancias concurrentes, parece lo justo dejar que el pleito continúe y la prueba se encargue de establecer ■o destruir definitivamente el derecho de la demandante.

Desde luego que eliminada la cuestión de nulidad por falta de requerimiento, el procedimiento hipotecario seguido para la ejecución del crédito sobre el solar aunque se con-cluyera que la casa no fué hipotecada, no sería nulo en su totalidad. Lo sería sólo en parte — ejecución de la sentencia en cuanto a la casa — si el derecho de la demandante sobre la casa prevalece. El hecho de que la demandante comprara finalmente el solar gravado ya con la hipoteca, no varía la condición jurídica de la casa si es verdad que lo único que se hipotecó fué el solar con el conocimiento personal de los dueños de la hipoteca de que la casa que en él existía no es-taba comprendida en la misma.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse con lugar él recurso y revocarse la sentencia recurrida, con permiso a la demandante para enmendar su demanda eliminando de ella la causa de nulidad por falta de requerimiento, de ma-niera que el debate judicial quede circunscrito a si la casa de ■que se trata quedó o no afectada por la hipoteca.


text:
    Harry N. Baetjar et als., recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 939.

    Resuelto: Abril 4, 1935.

      E. T. Fiddler y Jorge Morales, abogados de los recurrentes; el re-gistrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Pende de resolución en este caso una moción presentada por los recurrentes en solicitud de una orden prorrogando el término de ciento veinte días durante los cuales tendría efecto legal la anotación preventiva tomada por el registrador al negarse a inscribir la documentación de que en el mismo-se trata, por haber transcurrido dicho término sin que se haya resuelto aún por este tribunal si debe o no inscribirse la ex-presada documentación.

Como no se citara ley ni jurisprudencia en apoyo de la-moción, se acordó oír por escrito tanto a los recurrentes como-ai registrador sobre el particular.

Los recurrentes sostienen que habiéndose resuelto por esta Corte Suprema en el caso de Rodríguez v. Registrador, 43 D.P.R. 130 que “Recurrida gubernativamente la califica-ción de un registrador dentro del período estatutorio de una anotación preventiva tomada al denegar inscripción de un. documento por una falta insubsanable, el recurso no inte-rrumpe el término de la. anotación”, se hace necesario que-este tribunal actúe, prorrogando el término, a fin de que sus-derechos no queden perjudicados por la dilación en la resolu-ción del recurso.

El registrador, tras un estudio cuidadoso de la cuestión suscitada, concluye sosteniendo que el artículo 96 de la Ley Hipotecaria quedó derogado tácitamente por la Ley sobre-Recursos Gubernativos de 1902 y que aún cuando no hubiese-quedado derogado, sino enmendado por la referida ley, el derecho de prorrogar por el mismo establecido sólo podría ejercitarse a los fines de la snbsanación del defecto que mo-tivara la no inscripción del documento, pero nunca con el pro-pósito de mantener el “status quo” mientras se resolviera el recurso contra la calificación del registrador.

No bay precepto alguno que resuelva directamente el pro-blema. Sólo existe el indicado artículo 96 de la Ley Hipote-caria que dice:

“La anotación exigida a consecuencia de no poderse verificar la inscripción por defectos subsanables del título presentado, caducará a los sesenta días de su feeba.
“Este plazo se podrá prorrogar basta ciento ochenta días por justa causa, y en virtud de acuerdo gubernativo del Presidente de la Audiencia del territorio, a no ser cuando el título presentado emane de providencia judicial, en cuyo caso sólo podrá prorrogarse por otra de igual clase.”

Ese artículo parte de la base de anotaciones becbas a virtud de negativas por defectos subsanables. Desde 1902 en que se aprobó la indicada Ley sobre Recursos Guberna-tivos no se niega la inscripción por defectos subsanables, sino por defectos que el registrador considera insubsanables. El sistema ba variado. ¿Subsiste la facultad de prorrogar la anotación en cuanto a las actuales negativas? Creemos que la necesidad y la justicia exigen que esa pregunta se conteste en la afirmativa.

Actualmente, de acuerdo con la sección 7 de la repetida Ley sobre Recursos Gubernativos, Comp. 1911, pág. 451, cuando el registrador se niega a inscribir un documento, de-berá extender una anotación preventiva que tendrá efecto legal durante ciento veinte días.

El legislador estimó que ese plazo era suficiente para que dentro de él, pudiera resolverse por el Tribunal Supremo si el registrador estaba o no acertado en su negativa y al efecto fijó en las secciones 2 y 3 de la ley breves términos para la interposición y resolución de los recursos. La experiencia, sin embargo, ba demostrado que si bien ello es así en la in-mensa mayoría de los casos, en algunos el término no es bas-tante, como sucede en este mismo que estamos considerando.'

Aquí la negativa del Registrador tiene feclia 6 de no-viembre, 1934. Se notificó a los recurrentes el 13 de dicho mes y establecido por éstos el recurso, la documentación quedó radicada en la Secretaría de esta Corte Suprema el l9 de diciembre. El 4 de diciembre el propio registrador pidió prórroga para presentar su alegato, petición que renovó el 22 de diciembre y el 24 de enero, quedando archivado final-mente el documento el 6 de febrero, 1935. Contiene 156 pá-ginas. Los recurrentes solicitaron entonces que se les per-mitiera contestar el alegato del registrador y su contesta-ción fué radicada en marzo 11. Pidió replicar el registrador en marzo 12 y se le concedió para ello hasta el 30 de marzo en que en efecto radicó su réplica. Se trata al parecer de cuestiones trascendentales y el hecho cierto es que transcu-rrieron los ciento veinte días que fija la sección 7 de la Ley 'sobre Recursos Gubernativos de 1902 sin que el recurso se sometiera siquiera definitivamente a la decisión de esta corte.

Siendo ésa la realidad de los hechos, no habiendo expre-sado el legislador que el término que fijara en la repetida sección 7 de la Ley de 1902 fuera improrrogable y existiendo el precedente del artículo 96 para una situación que si bien no es igual a ésta tiene con ella semejanza, creemos que la prórroga procede, debiendo seguirse para concederla la pauta trazada por la Ley Hipotecaria en el repetido artículo 96, y sus concordantes del Reglamento.

En el caso de Llull v. Registrador, 21 D.P.R. 372, en el que en cierto pleito seguido en la Corte de Distrito de Mayagüez se decretó la prórroga de una anotación practicada en el Re-gistro de la Propiedad de Aguadilla y el registrador se negó a verificar la anotación de prórroga por ser a su juicio im-prorrogable el término de ciento veinte días fijado por la sec-ción 7 de la repetida Ley de 1902, esta corte revocó la negativa y ordenó al registrador que verificara la anotación que había negado.

El caso no puede invocarse como precedente, porque en verdad esta corte sólo decidió que tratándose como se tra-taba de nna orden judicial dictada con jurisdicción no estaba facultado el registrador para negarse a cumplirla. Se cita simplemente como ilustrativo de la necesidad que surge a veces de prorrogar por justa causa el término de la anota-ción.

A otra cuestión se refirió el registrador en su informe, o sea a la de que habiéndose solicitado la prórroga después de vencido el término no cabe concederla. Tiene razón. El tér-mino no puede prorrogarse, pero como de acuerdo con la ley actualmente en vigor tienen los tribunales facultad para con-ceder, si la justicia lo exige, nuevos términos, puede accederse siempre a lo solicitado, y así se bará en este caso que se considera meritorio.

Por virtud de todo lo expuesto, debe dictarse una orden , extendiendo hasta el 31 de mayo, 1935, los efectos legales de la anotación tomada en el Registro de la Propiedad de Gua-yama al folio 57 del tomo 80 de Gayey, finca No. 2953, ano-tación letra A, con motivo de la negativa contra la que se interpuso este recurso gubernativo dentro del cual se ha pre-sentado la moción que dejamos considerada y resuelta.


author: El Juez PresideNte Señor , del Toro,

text:
    Central Coloso, Inc., demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 6450.

    Sometido: Febrero 12, 1935.

      Resuelto: Abril 5, 1935.

      M. Acosta Velarde, abogado de la apelante; Hon. Procurador General Beniamin J. Horton j M. Rodríguez 8erra, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez PresideNte Señor , del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso sobre devolución de contribuciones. La demandante Central Coloso, Inc. es una corporación or-ganizada de acuerdo con las leyes de esta Isla, dedicada a la siembra y molienda de caña y a la fabricación de azúcar. Tomó a préstamo una fuerte cantidad al Irving Bank Columbia Trust Co., una institución bancaria con su oficina principal en la ciudad de Nueva York, pagándole en el año 1924 los intereses correspondientes. La escritura pública en la cual quedó formalizada definitivamente la operación, se otorgó en San Juan, P. R., representando al banco Charles W. Fowler. Investigado el caso por el Tesorero de Puerto Rico demandado, calculó la contribución sobre ingresos que co-rrespondía a dichos intereses y la impuso y cobró en su origen requiriendo de pago a la demandante que, bajo protesta, hizo efectiva por tal concepto, en septiembre 30, 1930, la suma de $1,198.98, reclamando luego su devolución en este pleito. El fallo de la corte de distrito le fué adverso y apeló para ante esta Corte Suprema.

La apelante sostiene que es aplicable a su caso la juris-prudencia establecida por esta corte en el de Central Eureka, Inc. v. Gallardo, Tesorero, 42 D.P.R. 639 y que siéndolo debe revocarse la sentencia recurrida. El apelado dice que se trata de una situación distinta porque en el caso de Central Eureka la corporación extranjera que tizo el préstamo tenía un agente en Puerto Rico a quien se pagaron los intereses y aquí si bien la corporación extranjera prestamista tenía un agente en Puerto Rico, no se pagaron los intereses al agente.

Tomada del resumen, la jurisprudencia establecida en el caso de Central Eureka, Inc. v. Gallardo, Tesorero, supra, es como sigue:

“Aún cuando una institución bancaria extranjera no cumpla con los requisitos estatutarios locales para hacer negocios en la Isla, si de hecho tiene aquí un punto de negocios, oficina o agente a quien se le pagan intereses, sobre préstamos aquí hechos, que vienen suje-tos al pago de tributación, la persona que efectúa el pago de dichos intereses no viene obligada a retener y pagar al Tesorero Insular la contribución correspondiente a lo que pagó por tales intereses.’'

Se admitió por el demandado la existencia del agente en Puerto Rico, pero se sostuvo que no fué a él a quien se pagaron los intereses. Hemos analizado la prueba y creemos que demuestra que el pago de becbo se bizo al agente en Puerto Rico. Nos limitaremos a transcribir parte de la declaración del Sr. Comas, Tesorero Auxiliar de la Central, que cita la propia apelada, y a referirnos a la jurisprudencia que invoca.

Dice la declaración:

“P. — 4El proceso de cobro del importe del azúcar cómo era? — • R. — Se vendían los azúcares, se daba orden de venta del azúcar al agente en el Norte y realizaba la venta, y hecho el embarque, se en-tregaba, el conocimiento a Mr. Fowler, representante del Irving Bank, quien lo enviaba al Norte a su oficina principal. Allí el Banco co-braba la refacción del comprador del azúcar y lo abonaba en cuenta cancelando la obligación o arrastrando el remanente o enviándolo.— P. — -¿Pero cobraba allí los intereses, en esa operación, los intereses que le debían? — R.—Ya estaban descontados desde entonces.— . . .— P. — ¿En realidad no había pago material de dinero,, sino una ope-ración de resta?' — R.—Sí, señor, de resta. — P.—¿Algo así abstracto? — R.—Sí, señor. — P.—¿Pero que en realidad el reintegro del dinero era por medio del azúcar? — R.—Sí, señor. — P.—¿Era un pago en es-pecie de la obligación? — R.—Sí, señor. — P.—¿De la obligación cual-quiera que fuese ? — R.—Sí, señor.— . . . —P.—¿ El detalle de la ope-ración, el conocimiento de embarque lo expedían en Puerto Rico a favor de quién? — R.—Del Irving Bank. — P.—¿Y el Banco era la única persona que podía cobrar el importe del azúcar? — R.—Sí, se-ñor, el Banco era la única persona. — .P—¿En realidad, la persona que únicamente podía disponer del 'azúcar, en New York, era el banco, en último extremo? — R.-—Sí, señor. — P.—¿Esos conocimientos se entre-gaban en Puerto Rico al representante del Banco? — R.—Sí señor. — ■ P. — ¿Pero Uds. no hacían pago ninguno al representante en Puerto Rico del Banco? — R.—No, señor.”

Y la jurisprudencia invocada es como sigue:

“A bill of lading is a symbol representing the goods, and delivery of the bill is a delivery of the goods.” Baker v. Central Grocery Co., 83 S. E. 504, 505, 15 Ga. App. 377.

Citándose además para sostener igual principio los casos de Frontier Nat. Bank of Eastport, Me. v. Salinger, 126 N.E. 40, 41, 72 Ind. App. 479; Kansas City Southern Ry. C. v. Mabry, 165 S.W. 279, 281; 112 Ark. 134, y Huffman v. Henry Motor Co., 153 N.W. 566, 98 Neb. 517, y los artículos 697 y 690 del Código de Comercio, Ed. 1932, que dicen:

“Art. 697. Los conocimientos producirán acción sumarísima o de apremio, según los casos, para la entrega del cargamento y el pago de los fletes y gastos que hayan producido.”
“Art. 690. Los conocimientos al portador destinados al consig-natario serán transferibles por la entrega material del documento; y en virtud de endoso los extendidos a la orden.
“En ambos casos, aquél a quien se transfiera el conocimiento ad-quirirá sobre las mercaderías expresadas en él todos los derechos y acciones del cedente o endosante.”

Siendo ello así, la entrega de los conocimientos hecha al agente en Puerto Rico equivalía al pago de los intereses y la situación es en realidad la misma que la del caso de la Eureka. Quizá sea conveniente agregar que en ambos casos se trata de la misma corporación prestamista, el Irving Bank, actuando por el mismo agente, el Sr. Fowler.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra decla-rando la demanda con lugar, sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resaltado.


author: El Juez Asociado Señor Córdoya Dáyila,

text:
    Aurelio Ramírez, Jr., demandante y apelado, v. La Junta de Retiro de los Funcionarios y Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, demandada y apelante.
    No. 6575.

    Sometido: Abril 1, 1935.

      Resuelto: Abril 5, 1935.

      PLon. Procurador General Benjamin J. Píorton y T. Torres Pérez, Subprocurador, abogados de la apelante; L. Tirado Géigel y Angel M. Villamil, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdoya Dáyila,

emitió la opinión del tribunal.

Aurelio Ramírez Jr., funcionario que fuá del Gobierno Insular de Puerto Rico por un período de diez y siete años, se acogió al procedimiento extraordinario de mandamus para obligar a la Junta demandada a concederle su retiro por se-paración involuntaria del cargo con los demás pronunciamien-tos del caso. Se expidió un auto alternativo de mandamus. La junta demandada aceptó los becbos alegados en la solici-tud y pidió la anulación del auto expedido porque no se había establecido una causa de acción a favor del demandante. La corte inferior estimó que de acuerdo con las alegaciones el peticionario tenía derecho al remedio solicitado y, toda vez que no existía controversia en cuanto a los hechos que fueron admitidos, dictó la siguiente sentencia:

“Se declara con lugar la solicitud de mandamus, y se ordena a la Junta de Retiro de Funcionarios y Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, compuesta por los demandados Manuel V. Do-menecb, Charles EL Terry, Juan M. Herrero y José G. López, proceda a conceder al peticionario Aurelio Ramírez Jr. la pensión -vitalicia correspondiente, para tener efecto desde el 23 de agosto de 1933, por separación involuntaria del servicio como funcionario del Gobierno Insular de Puerto Rico, de acuerdo con la Ley No. 104, de 12 de septiembre de 1925; sin especial condenación de costas. Espídase por el Secretario el correspondiente mandamiento para su cumpli-miento por la demandada.”

La demandada apeló de la sentencia en 5 de diciembre de 1933, y abora comparece el demandante solicitando que se desestime la apelación porque, habiendo la junta demandada reconocido el derecho a pensión que reclamaba el peticionario y dado cumplimiento a la sentencia apelada, el recurso inter-puesto resulta académico. Para acreditar esta alegación se acompaña el certificado de pensión No. 422 expedido por la junta demandada y una comunicación del vicepresidente y secretario de dicho organismo, Sr. Charles H. Terry, remi-tiéndole el referido certificado al peticionario.

La Junta de Retiro ha radicado una moción oponiéndose a que se desestime el recurso. Los motivos de la oposición aparecen formulados en una declaración jurada suscrita por el Yicepresidente y Secretario de la Junta, Sr. Charles H. Terry, que en lo pertinente dice así:

“Que ]a Junta apelante, no conforme con la sentencia interpuso apelación ante este Hon. Tribunal; pendiente la referida apelación, el apelado hizo otra solicitud a la Junta de Retiro para que su caso fuera reconsiderado, y la Junta de Retiro, ahora 'apelante, en sesión celebrada el 26 de junio de 1934, acordó concederle condicionalmente la pensión que solicitara el apelado y al efecto el referido apelado se comprometió por escrito a no interrumpir la apelación pendiente jante este Hon. Tribunal; en 31 de agosto de 1934 se le confirió la pensión condicionalmente y se le espidió certificado al efecto hasta el 30 de noviembre de 1934, en que el apelado, por sus actos con-trarios a la condición establecida al concedérsele la pensión, o sea por haber solicitado el desistimiento de esta apelación y haber violado la condición impuesta, se procedió a la inmediata suspensión del pago y revocación de la pensión condicionada que le fué conferida, acuerdo que tomó la Junta apelante en sesión celebrada el 9 de enero de 1935.
“Que en estas condiciones la Junta apelante no ha dado cumpli-miento, ni dará cumplimiento, a la sentencia que motiva esta ape-lación, hasta tanto este Hon. Tribunal no resuelva la misma.”

Copiamos a continuación en toda su integridad el certifi-cado de pensión expedido por la junta demandada:

“No. 422. — El Pueblo de Puerto Rioo.- — (Sello de Puerto Rico.) Junta de Retiro de los Funcionarios y Empleados Permanentes del Gobierno Insular de Puerto Rico.- — Por el presente se certifica: Que •de acuerdo con la Ley No. 104 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobada el 2 de septiembre de 1925, Aurelio Ramírez Jr., quien estuvo empleado como Secretario, Corte de Distrito, TIumacao, en el Departamento de Justicia, tiene derecho a una pensión, la que le ha sido concedida, con renta anual vitalicia de ochocientos ocho y 32/100 dólares, pagadera mensualmente, comenzando desde el día 24 de agosto de 1933. — Dado en la oficina de la Junta de Retiro de los Funcionarios y Empleados Permanentes del Gobierno Insular de Puerto Rico, hoy 31 de agosto de 1934.— (Fdo.) Manuel Y. Dome-neeh, Presidente.—Registrado, (fdo.) C. H. Terry, Vicepresidente y Secretario. — (Hay el sello de la Junta.)”

La carta dirigida por el Sr. Terry al demandante Aurelia Ramírez Jr. en 31 de agosto de 1934, dice así:

“Tengo el honor de informarle que en la sesión celebrada por la Junta de Retiro el día 31 de agosto de 1934, se acordó concederle una pensión por razón de separación involuntaria, efectiva desde el día 24 de agosto de 1933. •
“El montante de su pensión asciende a $808.32 anuales o sea $67.36 mensualmente.
“Se le remite el certificado creditivo de pensión.
“Habremos de agradecerle nos notifique cualquier cambio en su dirección.
“Atentamente, (fdo.) C. H. Terry, Vicepresidente y Secretario, Junta de Retiro.”

Los documentos que anteceden no limitan ni condicionan la pensión concedida al peticionario. No hay en ellos ni una palabra ni un concepto qne sugiera la idea de la existencia de una condición. Tanto el certificado expedido a favor del peticionario como la carta del Sr. Terry, demuestran que el derecho a la pensión fue incondicionalmente reconocido; pero-ahora se pretende acreditar con prueba aliunde qne el deman-dante se obligó a cumplir con uña condición y que por haber' faltado a ella se ha suspendido y revocado la pensión que le-fué concedida. La verdad es que la junta demandada, al con-ceder la pensión, accedió a la reclamación del demandante y dió efectividad al fallo de la corte inferior en el procedi-miento de mandamus. El mandato del tribunal quedó cum-plido y desde ese momento el recurso interpuesto contra la sentencia dictada quedó relegado a la categoría de una cues-tión académica. En cuanto al convenio si lo hubo, dudamos-mucho de su bondad y de que pueda surtir los efectos que pretende la parte apelante. El demandante tiene derecho o-' no a la pensión que reclama. Si lo tiene, no debe negársele-lo que es justamente suyo, y si no lo tiene, no ha debido con-cedérsele la pensión solicitada.

No acertamos a comprender por qué la junta demandada, concedió la pensión bajo la condición de que el reclamante no-interrumpiese la apelación pendiente ante este tribunal. La parte que apela es la que controla todos los trámites nece-sarios para perfeccionar la apelación. Si esta parte se mues-tra activa y diligente y tramita su recurso de acuerdo con la ley y las regias de este tribunal, no vemos por qué tiene que-preocuparle lo que pueda hacer la parte apelada para inte-rrumpir la apelación, ya que las gestiones que se realizaran en este sentido no podrían tener éxito alguno. No creemos que-la palabra “interrumpir” haya sido usada en el sentido y con el propósito de evitar que la parte apelada pudiese discutiry controvertir las cuestiones planteadas por la parte apelante,, porque en ese caso tendríamos que declarar que es ésta una práctica que en modo alguno puede ser aceptada por este tribunal.

En vista de la documentación presentada por el deman-dante opinamos que el recurso interpuesto resulta académico' y que debe ser desestimado.


author: El Juez Asociado Senoe Cókdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Silva, acusado y apelante.
    No. 5725.

    Sometido: Abril 3, 1935.

      Resuelto: Abril 10, 1935.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Senoe Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

José Silva fué acusado de un delito de acometimiento y agresión. Se alega que el acusado acometió y agredió con los puños a José Guerrero, infiriéndole un golpe en el ojo iz-quierdo. La Corte Municipal de Ciales declaró culpable al acusado y le condenó, a satisfacer una multa de $5. Visto el caso en apelación por la Corte de Distrito de Arecibo, el re-ferido acusado fué declarado culpable y condenado a pagar una multa de $1 o a sufrir en su defecto un día de cárcel con imposición de costas.

Se alega que la corte sentenciadora incurrió en manifiesto-error al apreciar la prueba. La acusación presentó tres tes-tigos: Arturo Guerrero, Antonio Salgado y el supuesto per-judicado, José Guerrero. El primero declara que es alcalde de Morovis y padre de José Guerrero: que como a las doce y media de la noche lo llamaron y vió que su hijo presentaba unos golpes en un ojo; que hizo la investigación del caso y que no presenció los hechos. Antonio Salgado empieza de-clarando que esa noche había una serenata y que Iglesias y José Silva quisieron desbaratarla, .y que al desbaratarla vino José Guerrero y se metió y José Silva le tiró. Luego manifiesta que José Guerrero y José Silva se dieron mutua-mente y que no puede decir quién dió primero.

José Guerrero manifiesta que en la noche referida se en-contraba oyendo una serenata, que hubo una discusión entre su hermano, Iglesias y Silva, y que éste, cuando vió al tes-tio, le dijo: “Tu eres hermano”, y le dió también en el ojo izquierdo con los puños; que era su hermano Rafael quien daba la serenata, que había bastante gente y que pelearon además José Iglesias y Rafael Guerrero, su hermano; que pelearon todos, que la policía arrestó a Iglesias, a Rafael Guerrero y al testigo, que no arrestó a Silva, que éste le dió porque su hermano y él habían tenido un disgusto, que le dió a él y le acometió después al testigo. Esta es la prueba que ofrece la acusación.

Olimpio Ayala, testigo de la defensa, declara que la noche a que se refiere la denuncia, estando parado en la calle del •Carmen, frente a frente de José Grau, llegaron estos mu-chachos, Silva y otros, y estaban parados por detrás del testigo y por la otra calle pasaron los Guerreros y Yuyo Guerrero le dió una gaznatada a José Silva y Silva dijo que hi-cieran lo que quisieran que no iba a pelear con nadie; que luego Iglesias peleó con los Guerreros y vino el guardia, y entre el guardia y el testigo los-separaron; que vió cuando Yuyo Guerrero le dió al acusado, que éste en ningún momento agredió a Guerrero; que luego pelearon Iglesias y Guerrero; que no vió que le diera a éste y que quien peleó fué Iglesias con él. José Iglesias declara que esa noche se trabó una discusión entre él y Rafael Guerrero, quien dijo que quería una serenata; que el testigo dijo que quería otra, que Guerrero quería que la de él fuese primero y el testigo que fuese la suya, entablándose una discusión, que cuando llegaron a una esquina, Rafael Guerrero le tiró una gaznatada a Silva, quien no pudo bacer nada, que el testigo se interpuso y le tiró a Rafael Guerrero y se agarraron y que entonces llegó Pepe Guerrero y le tiró también, y vino el guardia Martínez y los llevó a la cárcel; que el que peleó con Guerrero fué el testigo, que fué arrestado en unión de los Guerreros por alte-ración de la paz y que le echaron $3 de multa a los tres, a Guerrero también; que José Silva fué condenado a $5; que los guardias no arrestaron a José Silva.

Juan Martínez, policía insular, declara que el día 4 de marzo de 1934, como a las doce de la noche, estaba de servicio nocturno y subía por la calle del Carmen y encontró a este acusado, José Silva, parado, y pasaban por el lado suyo José y Rafael Guerrero y después que había andado un poquito, le entraron a gaznatadas a Silva y volvió para atrás y los arrestó y los llevó al depósito; que vió cuando Guerrero le pegó a Silva en su presencia, que Silva no peleó, que lo ti-raron al suelo; que el acusado desempeña el cargo de pro-fesor; que denunció a los Guerreros por acometimiento y agresión; que el juez los absolvió de este delito y entendió que era alteración de la paz, y sentenció por alterar la paz a Silva, Iglesias y los Guerreros; que no denunció al acu-sado; que el testigo no ha tenido disgustos con el alcalde; que por aquellos días hubo una investigación contra el jefe de la policía; que no ha tenido disgustos con Guerrero, quien es su amigo; y que no tomó parte en la investigación; que José Silva nunca atacó a los Guerreros, que estaba parado en una bocacalle y los Guerreros fueron y lo atacaron a él.

Arturo Guerrero declaró m rebuttal que el policía Juan A. Martínez, aparentemente borracho, le cayó encima a sus hijos con la macana y los golpeó; que presentó cargos contra dicho policía y que hubo investigación contra tres policías, el sargento Pérez y el guardia Martínez; que las relaciones entre el policía y el declarante no Ran sido cordiales; que al jefe lo trasladaron y al otro guardia; que al policía lo exo-neraron de los cargos porque el testigo se allanó, porque pretendía solamente que lo retiraran de Morovis.

La defensa arguye que únicamente el testimonio del presunto perjudicado José Guerrero es el que sostiene en parte la acusación; pero si este testigo mereció entero crédito a la corte inferior y su testimonio sostiene, no en parte, sin en todos sus extremos, el delito imputado, el Recko de que los testigos de la defensa exoneren de culpa al acusado no justificaría una revocación de la sentencia a menos que se demuestre que la corte actuó movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que se incurrió en manifiesto error en la apreciación de la prueba. Y el error manifiesto que se alega no Ra quedado satisfactoriamente demostrado.

La contradicción que se advierte entre la declaración de José Guerrero y la de los demás testigos Ra sido resuelta por la corte inferior en contra del acusado y nosotros nos sentimos compelidos a declarar.que de acuerdo con la cons-tante y repetida jurisprudencia de este tribunal, no es éste un caso en que debamos intervenir para dejar sin efecto el fallo pronunciado.

Se alega por último que la corte inferior erró al permitir que el testigo Arturo Guerrero declarara como testigo del Pueblo. “El RecRo de que en una causa criminal un testigo Raya podido oír la declaración de otro testigo, no es motivo para que no se admita su declaración.” Pueblo v. Diaz, 35 D.P.R. 582. Se desestima el error apuntado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.