author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Charles E. Lawton, demandante y apelante, v. Vicente Rodríguez Rivera, demandado y apelado.
    No. 4213.

    Sometido: Julio 7, 1930.

      Resuelto: Julio 24, 1930.

      F. Soto Gras, abogado del apelante, peticionario en este casó; J. Henri Brown, C. Ruiz Nazario j G. E. González, abogados del apelado, opositor.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Besolviendo este caso, procedente de la Corte de Distrito de San Juan, dictó esta corte, el 23 de abril de 1928, una sen-tencia que dice:

“Examinados los autos y habiendo en consideración los alegatos y los informes de los abogados de ambas partes, por los motivos con-signados en la opinión que antecede, se revoca la resolución apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan el Io. de febrero de 1927, y se devuelve el caso a la dicha Corte de Distrito para que dicte sen-tencia condenando a Rafael Carrión Pacheco como sucesor del de-mandado Vicente Rodríguez Rivera por desacato, imponiéndole el ca'stigo que estimare justo, y decretando la expedición de un manda-miento ordenando a Carrión que proceda a demoler la edificación le-vantada en el solar No. 4 del ‘Carrion’s Court’ dentro del plazo razonable que se le fije, con los demás pronunciamientos que fueren procedentes e imposición de las costas a Carrión. Comuniqúese.”'

Rafael .Carrión, por medio de su abogado,. solicitó la re-consideración de dicha sentencia, j la corte, el 31 de mayo de 1928, íesolvió lo que sigue:

“A la moción presentada por Rafael’ Carrión, para reconsiderar y anular la sentencia de esta corte de abril 23, 1928, no lia lugar en cuanto a la conclusión a que llegara este Tribunal en lo que hace re-ferencia a la petición de un auto de injunction perentorio en ejecu-ción de la sentencia previamente dictada en el litigio. En cuanto a la cuestión de desacato y en cuanto a si esta corte debe dictar la sentencia que debió haber dictado la Corte de Distrito, se reconsidera la dicha sentencia de abril 23, 1928, y sobre tales extremo's se señala una nueva vista que. tendrá lugar el día 11 de junio de 1928, a las 2 p.m.”

Celebrada la nueva vista acordada, la corte, en julio 2G, 1928, dictó la siguiente sentencia:

“Reconsiderada como fue la sentencia dictada por esta- Corte el 23 de abril último, examinado el caso de nuevo, por los motivos con-signados en la opinión emitida el dicho día 23 de abril de 1928, y en la, que antecede, la Corte se abstiene de intervenir en lo que al desa-cato se refiere y revoca la resolución recurrida en cuanto negó la ex-pedición del auto de injunction solicitado y en su lugar, procediendo a dictar la resolución que debió haber dictado la Corte de Distrito, decide que se expida por el Secretario de la dicha Corte de Distrito un mandamiento de injunction perentorio en la forma ordinaria y en ejecución de la sentencia dictada en el pleito seguido en la Corte de Distrito de San Juan por Charles E. Lawton contra Vicente Ro-dríguez Rivera, sobre injunction, dirigido contra Rafael Carrión para que de'struya dentro- del término de noventa días contado a par-tir del en que esta sentencia sea recibida en la Corte de Distrito, la edificación levantada en el solar No. 4 del Carrion’s Court, comprado por Carrión al demandado Rodríguez el 9 de febrero de 1925, según contrato hecho constar posteriormente en escritura pública otorgada el 30 de octubre de 1926. Comuniqúese.”

La anterior sentencia se basó en nna opinión que termina así:

“Dada la naturaleza de éste, creimos que era mejor la fórmula adoptada. Eliminada la cuestión de desacato, 'se cumplirá a la le-tra el precepto y se procederá a dictar la resolución que debió baber dictado la Corte de Distrito, fijándose el término de noventa días • contado a partir del en que la sentencia de esta corte se reciba en la de distrito, para la demolición de lo edificado en contravención de la sentencia, con imposición de las costa's a Carrión.”

No conforme Carrión apeló para ante la Corte de Cir-cuito y este tribunal confirmó la sentencia recurrida.

Al presentar su memorándum en la corte de distrito, la parte victoriosa actuó sobre la base de una concesión de cos-tas a su favor y en el curso del procedimiento advirtió que la sentencia de julio 26, 1928, no contenía un pronunciamiento expreso sobre costas.

La dicha parte victoriosa presentó entonces una moción, a este tribunal pidiendo que se corrigiera la omisión y se-ajustara la sentencia a la opinión en que se funda. La parte-contraria se opuso, alegando que esta corte carece de juris-dicción para modificar o corregir su sentencia después de vencido el término en que fué dictada y de haber sido ape-lada y confirmada en los mismos términos en que se dictó y registró por la Corte de Circuito, y porque modificar ahora dicha sentencia incluyendo costas y honorarios de abogado, la privaría de su derecho a que dicho pronunciamiento fuese revisado en apelación por la Corte de Circuito.

Ambas partes fueron oídas ampliamente. La deman-dante archivó además un memorandum en apoyo de su con-tención.

A nuestro juicio no hay duda alguna sobre que la inten-ción de esta corte fué imponer las costas a Carrión. Así ex-presamente se ordenó en la sentencia de abril 23, 1928, que se ajusta en un todo a la opinión que la sirve de base.

Esa sentencia fué reconsiderada sólo en cuanto a la cues-tión de desacato y a la de si debía dictarse por esta Corte Suprema la sentencia que debió dictar la corte de distrito. Expresamente se dejó en pie en cnanto a la expedición del auto de injunction, sin que nada expresamente se dijera so-bre el pronunciamiento de costas.

Oídas las partes sobre los extremos indicados, la corte, por la opinión unánime de todos sus jueces, ordenó que se dictara la resolución que debió baber dictado la corte de dis-trito, “con imposición de las costas a Carrión,” pero al die>-tarse dicha resolución, se omitió el pronunciamiento de cos-tas.

Nadie lo advirtió. Se apeló el caso y la sentencia fué confirmada.

¿Podemos abora corregir la sentencia en el sentido de ajustarla a la opinión en que se basa y de modo que exprese el verdadero juicio de la corte?

Hemos tenido dudas con respecto a nuestro poder. Sin embargo, la jurisprudencia que a continuación citamos y lo claro de los becbos tales como surgen de los autos mismos, nos llevan finalmente a decidirnos por la existencia del poder y por su aplicación en pro del restablecimiento de la verdad.

La jurisprudencia es como sigue:

“El poder de la corte para corregir el registro de una sentencia en forma tal que exprese de manera correcta la sentencia dictada por la corte, puede ser ejercido bien antes o después de haberse fallado definitivamente una apelación, siempre que, desde luego, la enmienda no afecte lo's derechos substanciales del demandado, sino que consiste en la rectificación de un error de copia (clerical) que aparece de la faz de los autos. ’ ’ Boust v. Superior Court, 162 Cal. 343, 345.
“En lo relativo a la facultad de enmendar, se hace distinción en-tre los actos de la corte y los del secretario, y si bien esa facultad no se extiende a la corrección de errores de la corte al dictar sentencia, sin embargo, 'si la corte dicta sentencia desde los' estrados, y todo lo que queda por hacer es la realización del deber del secretario de co-piar la sentencia o registrarla, o am,bas cosas, el acto judicial es com-pleto ; y si se comete error al registrarla, de suerte que la sentencia registrada no e'stá de acuerdo con la ordenada, ese error puede ser co-rregido en un término posterior de la corte, aun cuando no se pueda enmendar la sentencia misma después de haber expirado el término de la corte en que fué dictada. La teoría de esta regla es que la ac-tuación de la corte no puede ser alterada por haber dejado un mero empleado de'cumjplir con su deber, y una parte tiene derecho a que los autos demuestren lo que la corte hizo en su ca'so. 'De suerte que si bien una corte generalmente carece de facultad para alterar o en-mendar sus sentencias finales después de haber expirado el término en que fueron dictadas, sin embargo, después de transcurrido el tér-mino la corte puede efectuar enmiendas en el libro de sentencias a fin de corregir errores de copia, equivocaciones, u.omisiones del se-cretario o de cualquier otro funcionario de la corte, inadvertencias de los abogados, o subsanar defectos u omisiones en los autos. Esta fa-cultad de la corte para corregir errores de copia en los registros de sentencias prevalece aun en aquellos casos en que tanto el secretario que comete las equivocaciones como la corte que la's corrige son una y la misma persona. Sin embargo, la facultad de corregir equivoca-ciones mediante enmiendas de la sentencia es una que debe ejercerse con gran cuidado y cautela y solamente a virtud de prueba clara y satisfactoria, porque cuando se practican asientos en el curso de los procedimientos de una corte, se presume que se han llevado a cabo después de cuidadosa consideración, y que son correctos.” 15 R.C.L. 679, 'sección 130.
“En el ejercicio de la facultad de corregir equivocaciones, las cor-tes han aprobado enmiendas de sentencias hasta después de tres años o aun después de doce años de registradas, pero se ha resuelto que un mero fragmento escrito hallado entre los papeles de una causa des-pués del transcurso de quince años no puede ser establecido mediante prueba oral como la ’sentencia final o decreto de la corte. En un caso adecuado puede concederse permiso para enmendar una sentencia aun después de haberse efectuado una venta en pública subasta en ejecución de tal sentencia, especialmente cuando la justicia del caso exige tal enmienda. Dentro del límite de tiempo concedido por la ley una sentencia puede ínterin se resuelve una apelación contra la mi'sma, ser enmendada por la corte que la dictó si las circunstancias son tales que la enmienda está justificada, siempre que no se haya apelado. En tal caso un apelante no puede insistir en que se corri-jan los errores de copia en la sentencia por la corté superior más bien que por la Sentenciadora, aunque la enmienda hecha por la corte sentenciadora le prive de los motivos que tenía para apelar.
“Una sentencia puede ser enmendada nunc pro tune después de transcurrido el término, cuando los autos revelan que la sentencia tal como ba sido enmendada hubiese sido dictada desde el primer mo-mento, a no 'ser por la inadvertencia de la corte o el error u omisión del secretario. Por lo general se conceden enmiendas nunc pro tune sólo cuando se puede enmendar una resolución o sentencia por algo que aparezca en los autos y al igual que en el caso de una enmienda ordinaria de una sentencia, la facultad de ia corte para enmendar sus sentencias nunc pro tunc no se extiende a modificar la sentencia subs-tantiva previamente dictada o que se tuvo la intención de dictar. Por ejemplo, si los autos de una corte dejan de demostrar que ésta ha adquirido jurisdicción sobre la persona del acusado, la corte no puede en un término posterior entrar a discutir la cuestión de juris-dicción 'sobre dicho acusado y mediante una resolución nunc pro tune hacer que los autos especifiquen que tal discusión se llevó a cabo du-rante el término en que se dictó la sentencia final. Por otra parte una sentencia puede ser enmendada nunc pro tune en un término posterior a fin de demostrar que se dejó sin efecto una sentencia de non suit al pagarse las costas, cuando en el registro de sentencias apa-rece un asiento hécho de puño y letra del juez sentenciador al efecto de que se ha dictado una sentencia de non suit y se deja sin efecto por haberse pagado las costas. Procede la enmienda nunc pro tune de una sentencia de la cual no se ha expedido mandamiento de eje-cución dentro de un año, pero será necesario un auto de scire facias para que el demandante tenga derecho a ejecutarla. Cuando una corte enmienda sus autos nunc pro tune el secretario debe enmendar1 sus ásientos a fin de ajustarlos a las enmiendas.” 15 R.C.L. 681 y 682, secciones 132 y 133.

Es cierto que la sentencia fué apelada, pero es cierto también que fué confirmada y que ahora se encuentra tal como la dictó esta corte, robustecida, además; por el criterio de la corte de apelación. A dicha corte no sólo fué la sen-tencia; fué también la opinión en que se funda.

En cuanto a que Carrión no suscitó la cuestión de costas entre los errores que asignó y se le priva ahora del derecho de discutir el pronunciamiento en apelación, más bien es un argumento de apariencia de injusticia, que de verdadera in-justicia si se examinan los términos de la opinión de la Corte de Circuito al confirmar la de esta corte, pero creemos que debe quedar abierto el derecho que pueda asistirle a virtud de la corrección. No debe olvidarse que la parte apelante había obtenido una sentencia a su favor, con costas, y que fue a virtud de la gestión de Carrión que la corte intervino y reconsideró en parte dicha sentencia.

Debe corregirse, pues, la sentencia, agregándole las pala-bras omitidas y que constan en la opinión, a saber: “con imposición de las costas a Carrión,” sin perjuicio del dere-cho que pueda asistir a éste a virtud de la corrección.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Turo,

license: Public Domain

text:
    Charles E. Lawton, peticionario, v. P. N. Colberg, Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, Sala de lo Civil, demandado.
    No. 269.

    Sometido: Julio 7, 1930.

      Resuelto: Julio 24, 1930.

      F. Soto Gras, abogado del peticionario; Henry G. Molina y J. Henni Brown, abogados del demandado en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor del Turo,

emitió la opinión del tribnnal.

Charles E. Lawton solicitó de esta corte la expedición de un auto de mandamus. Se le ordenó que notificara su petir ción a la parte que pudiera ser afectada por el procedimiento y se señaló el 7 de julio actual para oír tanto al peticionario como a la dicha otra parte. Ambos comparecieron el díá señalado, por medio de sus abogados, e informaron oral-mente. Luego presentaron alegatos en apoyo de sus resr pectivas pretensiones.

Los hechos, en resumen, son así: Dictada sentencia por esta Corte Suprema en la apelación establecida’ en el pleito seguido por Charles E. Lawton contra Vicente Rodríguez, ordenando al Secretario de la Corte de Distrito de San Juan que expidiera cierto auto de injunction perentorio contra Rafael Carrión, éste apeló para ante la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito que confirmó en todas sus partes la sentencia recurrida. El mandato de la Corte de Circuito fue recibido y está archivado en esta Corte Suprema.

Así las cosas, Rafael Carrión presentó una demanda en la Corte de Distrito de San Juan contra Charles E. Lawton sobre “reformación de contrato y nulidad de sentencia,” y al propio tiempo archivó una solicitud de aseguramiento de sentencia, invocando el inciso H de la sección 2 de la Ley para asegurar la efectividad de sentencias de marzo 1, 1902, y la corte, inmediatamente, sin oír al demandado y previa prestación de una fianza de tres mil dólares por el deman-dante, decretó el aseguramiento, consistente en la paraliza-ción de la ejecución de la sentencia dictada en el pleito de Lawton contra Rodríguez de que se ha hecho mérito.

Lawton pidió al secretario de la corte de distrito que eje-cutara la sentencia que había obtenido a su favor y el secre-tario se negó basándose en la orden de aseguramiento. Law-ton solicitó entonces este auto de mandamus dirigido contra el secretario.

La parte contraria, o sea Carrión, al oponerse a la expe-dición del auto, levantó la siguiente cuestión previa:

“Porque diclia petición es prematura, toda vez que según resulta de la moción sobre retención de mandato radicada por el mismo pe-ticionario, la sentencia pa.ra cuya ejecución se 'solicita el auto de mandamus no ha sido enviada a la Corte de Distrito de la cual es Secre-tario el demandado.”

Tiene razón la parte contraria. No sólo no se envió la sentencia a la corte de distrito para ser ejecutada, si que se ha pedido la corrección de dicha sentencia para ajustarla a la opinión en que se'funda.

Siendo ello así, nada está ante el secretario y su negativa no puede ser tomada en consideración. La expedición del-auto es, en tal virtud, claramente prematura, y debe negarse sin entrar a considerar los motivos en que la petición se basa.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Flora Rodríguez, conocida por Clorinda Rodríguez, Etc., demandantes y apelados, v. The American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelante.
    No. 5213.

    Sometido: Febrero 10, 1930.

      Resuelto: Julio 29, 1930.

      Mariano Acosta Velarde, abogado de la apelante; Pascasio Fajardo, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La apelada solicita la desestimación de este recurso fundándose en que la apelante ha dejado de activar la aprobación de la transcripción de evidencia pendiente ante la; Corte de Distrito de Mayagiiez, o por lo menos que no lo ha hecho así dentro de los 90 días fijados por el reglamento de esta corte. La apelante sostiene ante este tribunal y en su oposición a dicha moción, que la corte de distrito estaba de vacaciones y que estaba pendiente de aprobación un acta sobre la inspección ocular hecha por la corte del sitio del accidente. La apelada sostiene que, no obstante, la corte se reunió a fin. de discutir mociones una o dos veces por semana y que la demandante pudo haber activado su caso. Poco después la apelante elevó a este tribunal lá transcripción de evidencia con el acta de la inspección ocular beaba por la corte, y también ba completado los autos y radicado su ale-gato. La resolución de la corte ordenando se agregara el acta contenía la aseveración de que las partes presentaron oportunamente ante ella sus indicaciones sobre dicba acta. Esto fue el 3 de febrero de 1929, y el 5 del mismo mes la corte inferior aprobó la transcripción. Bajo las circunstan-cias reseñadas, creemos que la apelante ba demostrado sufi-ciente diligencia, y la moción de desestimación basada en este motivo debe ser declarada sin lugar.

Sin embargo, la apelada presentó una moción solicitando se desestimara el recurso fundándose en que éste es frívolo. El abogado de la parte apelada trajo una copia de la transcripción taquigráfica certificada por el taquígrafo, mas no por la corte inferior, para ayudarse en su tentativa de probar que el recurso era frívolo. La apelante insistió en que el recurso era meritorio, pero no trató de contestar detalladamente los argumentos de la parte apelada al efecto de que el recurso era frívolo. Sentimos algunas simpatías hacia la moción de la apelada, que un examen superficial del alegato de la apelante basta abora no ba disipado. Empero, al tiempo de presentarse la moción no teníamos a la vista el certificado de la transcripción de evidencia debidamente aprobada por el juez de distrito. Abora ba sido elevada a éste tribunal, pero,al tiempo de presentarse la moción, por lo menos, técnicamente, los apelados y quizás la apelante, no tenían derecho a basarse en la transcripción de evidencia sin certificar. Por consiguiente en el momento de someterse la moción para desestimar, esta corte no estaba en posición de entrar a considerar la transcripción taquigráfica. Considerarla abora sería entrar en algo de lo cual la apelante no tuvo el beneficio al tiempo de radicarse la moción, a saber, un certificado completo aprobado por el juez sentenciador unido a su acta relativa a las condiciones de la estación del ferrocarril en el momento del accidente. Nos sentimos obligados a resolver que la moción de desestimación por frívola, en tanto en cuanto dependía de un examen de los hechos, fué prematura. Por tanto debe declararse sin lugar sin per-juicio de que sea presentada de nuevo.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe Wolp,

text:
    Cayuga Linen & Cotton Mills, Inc., demandante y apelante, v. Crédito y Ahorro Ponceño, demandado y apelado.
    No. 4706.

    Sometido: Junio 27, 1929.

      Resuelto: Julio 29, 1930.

      Besosa é Besom, abogados de la apelante; M. Mareos Morales, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

Convenimos con la corte inferior en qne los hechos y conclusiones que deben derivarse en este caso son más o menos como sigue: La Cayuga Linen &) Cotton Mills, Inc., una corporación del estado de Nueva York: con oficina principal en la ciudad de Albany, Nueva York, presentó demanda ante la Corte de Distrito de San Juan para recobrar la suma de $1,609.86 e intereses. La demanda fué radicada contra el Crédito y Ahorro Poneeño, que es una corporación de Puerto Rico con oficina principal en la ciudad de Ponce, y por ese motivo el caso fué trasladado a esta última ciudad. En la demanda se alegaba que en 7 de febrero de 1924 las partes celebraron un contrato a virtud del cual la demandante vendió a la demandada veinte cajas de 150 lbs. cada una, de hilo para enfardar tabaco, al precio de 38 centavos, libre al cos-tado del vapor, para embarcar durante la última quincena de noviembre; que la demandante embarcó la citada mer-cancía de acuerdo con el contrato de compra venta, y giró contra la demandada por $1,609.86, con flete hasta San Juan, y seguro; que el giro no fué aceptado no obstante haber recibido y aceptado la demandada la mercancía, e igualmente, no obstante los requerimientos al efecto, la demandada no ha pagado dicha suma en todo o en parte.

La demandada formuló algunas negaciones, y la contienda quedó trabada el 16 de septiembre de 1927, y luego, después de varias mociones por parte de la demandante, el caso fué señalado para enero 27, 1928. Entonces la corte relata la prueba que fué sometida por las partes y llega a la conclu-sión de que se probaron los siguientes becbos: Que la Cayuga Linen & Cotton Mills Co., Inc., de Nueva York, vendió al Crédito y Aborro Ponceño, de Cayey, Puerto Bico, por medio de la firma de Fernández & Pérez, de San Juan, Puerto Bico, veinte cajas de bilo para enfardar tabaco, etc.; que la mercadería objeto de la venta fué embarcada por el puerto de Baltimore, estado de Maryland E. U. A., consig-nada a la demandada al puerto de San Juan de Puerto Bico, y que esta mercancía, al abrirse en Puerto Bico y exami-narse por la demandada, resultó estar averiada por haberse mojado completamente con agua y resultar inservible. Es un becbo admitido por las partes que Fernández & Pérez eran los agentes y representantes de la demandante en Puerto Bico, y que la mercancía resultó averiada por agua; que no hubo controversia respecto a estos becbos, pero que sí la bubo con referencia a quien debía sufrir la pérdida; ale-gando cada parte que la otra debía sufrirla; que en apoyo de su tesis la demandante sostuvo que la mercancía fué vendida libre al costado del vapor en Baltimore, Maryland, y que esto constituía una entrega formal a la demandada; que todos los riesgos y perjuicios que sufriera la mercancía desde ese momento basta su llegada a Puerto Bico tenían que ser sufridos por la demandada; y que la demandada sostuvo cjue la entrega había de hacerse en Puerto Bico en el mes de noviembre de 1925, que la mercancía no llegó basta enero de 1926, y que cualquier daño que se ocasionara al pedido hasta su entrega a la demandada debía sufrirlo la deman-dante, y, además, que no hubo entrega formal y que, de haberla, la mercancía le fué devuelta a la demandante.

La corte entonces procedió a discutir las abreviaturas f. a. s. y f. o. b., y citó autoridades para sostener que signi-fican que “el precio se cargará al tiempo de tal entrega.” La corte dijo que no había duda alguna de que las iniciales f. a. s. (en este caso, libre al costado del vapor) se usaban en conexión con el precio de la mercancía, y no para indicar el sitio de la entrega, Necesariamente, la corte y las partes interesadas en el caso convinieron en qne si el contrato tenía por mira una entrega formal al costado del vapor, la deman-dada sería responsable. La corte resolvió que no bubo con-venio especial en ese sentido, y, por tanto, que la condición hubiera tenido que determinarse de la prueba. La corte demostró que el contrato estipulaba que la mercancía debía ser embarcada al Crédito y Ahorro Ponceño de Cayey, Puerto Pico, consignada al puerto de San Juan, Puerto Pico, y que hasta que la demandante entregara la misma en el puerto de Puerto Pico no había entrega formal y el título permanecía en la demandante, y citando de 24 P.C.L. 47, la corte usa las palabras en inglés “The risk follows the title.”

Sin embargo, que la demandante no- entregó la mercancía en el puerto de Nueva York, según parecía indicar el con-trato, sino que la entregó en el de Baltimore, es otra conclu-sión a que llegó la corte, a virtud de' la cual la demandante no podía sostener que el título había pasado a la demandada con motivo de la entrega al costado del vapor. La corte resolvió, además, que la intención de las partes de que la demandante retuviera el título hasta que la mercancía fuera entregada en Puerto Pico quedó evidenciada por el otorgan miento de un conocimiento de embarque y de un giro enviado al National City Bank of New York; que cuando la parte demandante tiene la intención de hacer entrega del título, ordinariamente no envía up. conocimiento de embarque, sino que retiene el título de la mercancía hasta que se efectúa la entrega formal. La corte continuó diciendo que no podía mantenerse que la demandada recibió y aceptó la mercancía, porque la prueba demostraba que los agentes generales de la demandante la retuvieron sin obtener el conocimiento de em-barque o la factura, y toda vez que la demandada tenía derecho a examinar la mercancía y a negarse a aceptarla si no se hallaba en estado servible, y que no sólo no hubo en-trega formal a la demandada, sino que el contrato nunca quedó perfeccionado, ya que antes de la entrega formal, en el proceso de examinar la mercancía, al notarse por la de-mandada que el agua la había hecho inservible, y al llamar la atención de la demandante, ésta, por sus agentes generales en Puerto Rico, Fernández & Pérez, ordenó a la demandada eme devolviera la mercancía al muelle No. 5, de San Juan, Puerto Rico. La corte entonces entró en ulteriores conside-raciones al efecto de que Fernández & Pérez eran los agentes generales de la Cayuga Linen & Cotton Mills, Inc., y de que, aun si el título hubiera pasado al comprador, habría revertido al vendedor por la devolución de la mercancía y su acepta-ción por el vendedor.

Como conclusión final la corte dijo que la demandada no venía obligada a aceptar la mercancía, toda vez que el con-trato exigía la entrega en noviembre, y ésta no fue hecha hasta enero de 1926.

La apelante señaló varios errores por haber dejado la Corte de Distrito de Ponce de posponer el juicio, y entonces procedió a señalar otros errores al efecto de que la sentencia es contraria a la prueba. Se nos ocurre que sería algo mejor si la apelante, al atacar la sentencia en su totalidad por no estar de acuerdo con la prueba, hiciera una especificación mayor. Por ejemplo, que la prueba tendió a demostrar que la demandada aceptó la mercancía y que cualquiera preten-dida devolución de la misma fué hecha a sus propios agentes, pues el Crédito y Ahorro Ponceño constituyó a Fernández & Pérez en sus propios agentes para que se hicieran cargo de la mercancía.

La apelante alega que no hubo prueba de que Fernández & Pérez fueran los agentes de la demandante, pero el mismo Sr. Fernández ocupó la silla testifical y prestó declaración tendente a demostrar que él era tal agente general.

Ahora bien, aunque existe un principio general de de-recho, de que las declaraciones de un agente no son admisi-bles para probar la agencia, es aplicable solamente a las declaraciones hechas fuera de la corte cuando son citadas por otra persona, y un agente es de todo punto competente para declarar respecto a su agencia, aunque el peso de su decla-ración es una cuestión distinta, especialmente con respecto al límite de la agencia. Que un agente puede declararlo así es una conclusión que puede derivarse de las siguientes autoridades: Bender et al. v. Ragan et al., 102 Pac. 427; Yoslyn v. Cadillac Automobile Co., 177 Fed. 863; 2 C. J. 933, donde se dice:

“La regla de que las manifestaciones de un agente son, en lo que a su principal concierne, inadmisibles para probar el hecbo de la agencia, no es aplicable a su declaración como testigo en un juicio en que tal becho está en controversia.”

Quizás en algunas de nuestras opiniones no hayamos hecho esta distinción tan cuidadosamente como debió hacerse, porque hasta ahora la cuestión no había estado directamente envuelta. Por ejemplo, en el caso de Orange Rice Milling Co., demandante y apelada, v. Angel Barasorda, demandado y apelante, fallado el 31 de enero, 1930, dijimos:

“Fuera del principio general de que una agencia no debe esta-blecerse por la sola declaración del agente, los autos en su totalidad no demuestran que existiera esa agencia.”

Ese caso, sin embargo, no giró sobre el hecho de la agencia, sino sobre el alcance de la misma, y lo dicho, en cuanto era aplicable a la declaración del agente en el mismo, fué un mero obiter dictum.

En el presente caso, no sólo la declaración del Sr. Fer-nández, que fué el testigo principal del caso, sino toda la prueba, tendieron a demostrar que Fernández & Pérez eran tales agentes generales de la demandante, y que todas sus gestiones fueron realizadas en beneficio de la dicha deman-dante. Es cierto que antes de que los efectos entregados les fueran devueltos a ellos, la demandada, por mediación de su agente, les escribió una carta pidiéndoles que se hicieran cargo de la mercancía. Pero la lectura de la prueba nos con-vence de que mediante esta carta la demandada no hizo a Fernández & Pérez sus propios agentes, sino que Fernández & Pérez, quienes vendieron originalmente los efectos, se hicieron cargo de la mercancía a nombre de la demandante; y también llegamos a la conclusión de que ellos tenían auto-ridad para hacerlo así.

No tenemos duda alguna de que las palabras f. a. s. y f. o. b., (o en este caso, libre al costado del vapor) al ser usadas en relación con el precio, como en este caso, no sirven para transferir el título. De haber cualquier duda, aún estaríamos inclinados a resolver que el comprador debe tener alguna intervención en la designación del porteador que debe servirle de agente, y el porteador en este caso, según fué nombrado por las partes, debía ser del puerto de Nueva York, y no del de Baltimore. Las propias autoridades citadas por la apelante tienden a probar estas conclusiones, por lo menos en gran parte.

No tenemos duda de que la intención de no transferir el título quedó revelada por el envío del giro y del conocimiento de embarque al National City Bank. Tampoco tenemos duda en absoluto de que la mercancía llegó averiada, y de que la demandada tenía el derecho de negarse a recibirla. Igual-mente, convenimos con la corte en que la mercancía fué de-vuelta a instancias y con pleno consentimiento de Fernández & Pérez, agentes de la demandante. Tal vez no debiéramos hacer mucho hincapié en el hecho de que la demandante dejara de entregar los efectos en noviembre, pero estamos contestes con la apelada en- que el contrato requería tal entrega.

Otro señalamiento de error se dirige al hecho de que hubo alguna prueba tendente a demostrar que la demandada retuvo parte de la mercancía. A este respecto, la prueba también demostró que la demandada se negó a aceptar la entrega, y conforme indica la apelada, no hubo prueba satisfactoria de la cantidad de la mercancía no averiada que en efecto se retuvo, o del precio de la misma, o de la cantidad contenida en las dos cajas que se suponían haber sido rete-í'ü’das por la demandada. La apelante no nos coloca en situación de poder determinar la cantidad, si es que la de-mandada es responsable de ella.

El primer señalamiento de error dice que la Corte de Distrito de Ponce abusó de su discreción al no conceder la suspensión del señalamiento del juicio de este caso que hizo «oto proprio, y al negarse a dar tiempo suficiente a la demandante para conseguir las declaraciones de testigos esenciales no residentes en Puerto Eico, por medio de deposiciones. No prestaremos mucha atención a este señalamiento, ya que estamos enteramente satisfechos de que la demandante dejó de demostrar la importancia de estas declaraciones, y, más especialmente, porque no vemos que las deposiciones propuestas pudieran haber alterado el resultado del caso. Formalmente, no creemos que la apelante pueda quejarse del ejercicio de la discreción de la corte al negarse a suspender la vista del caso, cuando el mismo había estado en controversia por varios meses. Podríamos exonerar a los letrados de toda responsabilidad por haber dejado de obtener antes las deposiciones, porque los autos revelan que1 hicieron todo esfuerzo por conseguirlas. Bien con respecto a este señalamiento de error, o con referencia a uno similar, la apelante se queja de que en realidad la corte había convenido en suspender el caso y luego cambió de idea sin notificar a la apelante con cinco días de anticipación, o algo relativo a la falta de una notificación con cinco días de anterioridad, liemos buscado en los ahitos la comprobación de este extremo, y no la hallamos, y nuestro recuerdo es que la apelante no indicó las páginas de los autos en que podía encontrarse.

Tampoco hallamos que la corte cometiera error al negarse a suspender el juicio para obtener la declaración de otro testigo que se encontraba entonces en los Baños de Coamo. Simplemente podemos decir que la demandante no nos con-vence de que la corte mal usara su discreción al negarse a suspender el caso a mediados del juicio.

Tal vez no hayamos tratado algunos de los puntos sus-citados por la apelante, pero la lectura que hemos hecho de los autos y de los alegatos nos convence de que de todos modos la sentencia tendría que ser confirmada.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor ITutchisoN,

text:
    Leopoldo Venegas, Alcalde de Coamo, peticionario, v. La Corte de Distrito de Ponce, Hon. Roberto H. Todd, Jr., Juez, demandada. in re, Guillermo Ortiz Guzmán, querellado y apelado v. Leopoldo Venegas, opositor y apelante.
    Nos. 697 y 5234.

    Sometidos: Julio 7, 1930.

      Resueltos: Julio 30, 1930.

      Guerra Mondragón & Soldevüa, abogados del peticionario; Leopoldo Tornes y Manuel A. Bivera} abogado’s del funcionario destituido, interventor.
   El Juez Asociado Señor ITutchisoN,

emitió la opinión del tribunal

La sección 29 de la Ley Municipal, según fné en-mendada en 1928, leyes de ese año, página 857, provee:

“Los funcionarios administrativos sólo podrán ser removidós de sus puestos por el Alcalde, y de esta decisión, podrá apelar en un solo efecto, el funcionario perjudicado para ante la Corte de Distrito co-rrespondiente, la cual deberá considerar y resolver las cuestiones de hecho y derecho envueltas en la apelación dentro de un plazo no mayor de 30 días desde la radicación de la demanda en apelación.”

La cuestión envuelta es si la sentencia dictada por la corte de distrito en un recurso de apelación interpuesto contra la resolución de un alcalde destituyendo un empleado es a su vez apelable.

Sobre la teoría de que éste no era un pleito o procedi-miento especial comenzado en la corte de distrito dentro del significado del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, este tribunal desestimó la apelación entablada en el caso No. 5234 y anuló el auto de certiorari previamente expedido en el caso No. 697. Posteriormente se ordenó una nueva vista y las mociones de desestimación y de nulidad del auf.o expedido fueron discutidas y sometidas de nuevo. Ninguna de estas mociones, según fueron presentadas originalmente, salvo en cuanto ambas asumen que el derecho de apelación depende de las disposiciones de la Ley Municipal, se basaba en la teoría adoptada por esta corte al desestimar los recur-sos y anular el auto. Estamos ahora dispuestos a conceder al apelante en uno de los casos y peticionario en el otro él beneficio de cualquier duda a este respecto. Véanse Gutiérrez Vélez v. Monclova, 36 D.P.R. 975; Carrero v. Dies & Pérez, 27 D.P.R. 84; Gutiérrez Vélez v. Monclova, 39 D.P.R. 911; Ryan v. Tomlinson, 31 Cal. 11, 16; Ricks v. Reed, 19 Cal 551, 573-574; Marshall County v. Rivers, 40 So. (Miss.) 1007, 1009; Garcia v. Humacao Fruit Co., 23 D.P.R. 247.

El Proyecto del Senado No. 10, que al ser aprobado por la Legislatura Insular se convirtió en una “Ley estableciendo un sistema de gobierno local para los municipios de Puerto Bico”, aprobada el 28 de abril de 1928, fué presentado origi-nalmente en español. La versión inglesa es una traducción, lias palabras en la sección 29, supra, “which shall be the only allowed”, leen en el texto español “en un solo efecto”. El dignificado es que la llamada apelación, allí concedida no sup-lirá el efecto de un. supersedeas„ La traducción, oficial es in-correcta y debe prevalecer el original en español.

Es cierto que el alcalde al considerar los cargos formula-dos por él o por cualquiera otro y al destituir funcionarios ■■¡drainistrativos de un municipio, actúa en un carácter quasi judicial, pero como jefe ejecutivo y administrativo del muni-cipio, es también parte interesada. Si la llamada apelación se considera como un procedimiento especial incoado ante b corte de distrito y no como una apelación corriente contra, la decisión de una corte inferior, el alcalde, al ser ordenado por la corte de distrito que reponga en su puesto al funcionario administrativo que ba suspendido de empleo, es parte per-judicada dentro del significado del artículo 294 del Código de Enjuiciamiento Civil. Tal orden es substancialmente y en efecto un auto de mando/nms y no existe razón para que el alcalde se vea privado de su recurso de apelación en un caso más que en el otro.

Beben declararse sin lugar tanto la moción sobre desesti-mación de la apelación entablada en el recurso No. 5234 como la del Dr, Guillermo Ortig Gnzmán, presentada en el recurso de certiorari No. 697, interesando se deje sin efecto el a/nt.i expedido.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    Sucrs. de L. Villamil & Co., demandantes y apelados, v. Bernardo Díaz, demandado; y Frank Laborda Jr., (fiador) apelante.
    No. 4995.

    Sometido: Enero 24, 1930.

      Resuelto: Julio 30, 1930.

      Mariano Acosta Velarde, abogado del apelante; Juan B. Soto, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinion del- tribunal.

Para asegurar la efectividad de la sentencia la deman-dante y apelada embargó un automóvil “Chrysler”. Dos fiadores suscribieron una fianza para levantar el embargo del mismo. En el presente caso se dictó sentencia finalmente contra uno de los fiadores, Prank Laborda, Jr., por la suma total adeudada por .Bernardo Díaz, el deudor original.

En apelación varios de los errores señalados se refieren a la actuación de la corte al declarar válida la fianza, en vista cíe los convenios celebrados por las partes originales mien-tras se tramitaba el pleito sin notificarse a los fiadores. Me-diante una estipulación presentada en el caso, la corte en realidad dictó sentencia a virtud de la cual se permitía al deudor original efectuar pagos mensuales y se suspendía la ejecución de la sentencia, a menos que el demandado dejara de cumplir su compromiso.

Este no es un caso en que los fiadores se hacen general-mente responsables de la deuda de otra persona. A virtud del levantamiento del embargo sobre el automóvil, la fianza respondía de la cantidad total adeudada si se dictaba sen-tencia contra el deudor. El automóvil fué exonerado, la sentencia fué dictada y la obligación garantizada por la fianza era absoluta. De no haberse exonerado el automóvil, éste hubiese respondido de la deuda y los fiadores responden de igual manera. Tal fué la clara intención de las partes y cualquier consideración de los derechos generales de los fia-dores en otros casos cede ante la clara intención de las partes.

El principal señalamiento de error es que la corte no te-nía facultad para resolver que la obligación de los fiadores era mancomunada y solidaria. La teoría es que el contrato de fianza, por regia general, es una obligación mancomunada. Al sostener lo contrario la corte inferior se basó en el caso de Arbona Hnos. v. H. G. Christianson & Co., 26 D.P.R. 284 y Muriente v. Terraza et al, 22 D.P.R. 738. El apelante hace una distinción del primer caso basándose en que allí no había cuestión de mancomunidad o solidaridad o algo similar, y del segundo fundándose en que las partes convinieron en ser mancomunada y solidariamente responsables. Este último caso, sin embargo, resuelve claramente que una fianza para garantizar una sentencia es judicial y que la obligación de los fiadores es distinta al contrato convencional o voluntario de fianza ordinario. Empero, el caso resolvió que un fiador en una fianza judicial se hacía responsable mancomunada y so-lidariamente con el deudor principal. De ahí parece des-prenderse que si la obligación de un fiador es mancomunada y solidaria con la del deudor, no es necesario que considere-mos las posibles relaciones entre los fiadores. Cada uno de ellos responde mancomunada y solidariamente al deman-dante al aceptar éste la garantía de ellos. Puede decirse que cada uno de ellos se hizo a sí mismo, a sus herederos, alba - ceas y administradores — copiando la fraseología de la fianza ■ — -individualmente responsable.

Bebe confirmarse la resolución.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El, Juez .Asociado Señor Wolf,

text:
    Francisco G. García, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 813.

    Sometido: Junio 23, 1930.

      Resuelto: Julio 30, 1930.

      Heriberiv Torren Sola, abogado del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El, Juez .Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco G. García entabló nn pleito ante la corte de dis-trito para recobrar la suma de $600 etc., garantizados por una segunda hipoteca. Obtuvo sentencia ordenando la venta-je la propiedad y el pago de dicha suma. La venta fné efec-tuada. García fné el comprador y el márshal- otorgó escri-tura a su favor. Los demandados en el pleito fueron Joa quina Convertíer y García y la Sneesión de Serafín de Santiago y García. Cuando se presentó la escritura de venta, al registrador, éste inscribió la misma en lo que se refería, a Joaquina, Couvertier y García, quien es de presumirse es la viuda del deudor, y negó la inscripción en cuanto a los demás,

Convenimos con el recurrente en que la acción en-tablada por él era una en ejecución de hipoteca y no una ¿ñera acción personal en cobro de dinero. Por tanto, el re-gistrador estaba equivocado al decir que un -embargo previo-era necesario. En realidad no sabemos de razón alguna por la cual en una acción en cobro de dinero, al obtenerse senten-cia un embargo sea una condición precedente a la ejecución de la, sentencia. Artículo 239 del Código de Enjuiciamiento Civil. El registrador resolvió que la finca debía inscri-birse primeramente a nombre de la sucesión. Distinto al caso de Rodriguez v. Registrador de Arecibo, 33 D.P.R. 823, el presente caso envuelve una acción hipotecaria, y por tanto es de aplicación el caso de Zayas v. Registrador, 14 D.P.R. 607. Copiamos del sumario:

“.Estando inserto en la escritura de que se trata el mandamiento expedido al Marshal del Distrito para ejecutar la sentencia recaída en el pleito contra los herederos del deudor expresando sus nombres, -es esto bastante para acreditar que dichas personas son los herederos del deudor, a cuyo nombre dice el Registrador que constan inscritas lás fincas enajenadas.
“De acuerdo con lo dispuesto en la Real Orden de julio 22. 1890, que forma, par-te de la legislación hipotecaria vigente en esta Isla, en los casos de venta judicial hecha en pago de nn crédito hipotecario, no se necesita la inscripción previa de las fincas hipotecadas a favor de los herederos del deudor para que pueda inscribirse la escritura judicial de venta en pago.”

Igualmente convenimos con el recurrente en que la forma en que la corte adquirió jurisdicción no es un defecto subsanable. La jurisdicción de una corte de récord se presume definitivamente de la sentencia.

Debe rebocarse la nota recurrida y hacerse la inscripción.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Cruz Santiago, acusado y apelante. El Pueblo de Pueblo Rico, demandante y apelado, v. Juan Cruz Santiago, acusado y apelante.
    Nos. 4226 y 4227.

    Sometidos: Julio 14, 1930.

      Resueltos: Julio 30, 1930.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; li. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión dei tribunal.

Estos casos se originaron a virtud de denuncias presen-tadas por Marcelino Santiago y José S. Dávila contra Juan Cruz Santiago porque en 12 y 14 de enero de 1929 en San-turce, San Juan, ilegal, maliciosa y voluntariamente, expidió e hizo circular dos cheques, uno de diez dólares, del Banco Territorial y Agrícola, librado cash y firmado por Rufino Ruiz, que cambió en el establecimiento de Francisco Betan-court, Avenida Borinquen, 19, Santurce, a sabiendas de que era falso, obteniendo su importe de Betancourt y defraudán-dole así en la expresada suma; y otro de nueve dólares, del Banco Comercial de Puerto Rico, firmado por Rufino Díaz, que cambió en el cafetín “El Rialto”, Parada 43, Santurce, de Hipólito González, a sabiendas de que era falso, obte-niendo su importe de González y defraudándolo así en la in-dicada suma. Contienen las denuncias las frases usuales de “valiéndose de falsas y fraudulentas simulaciones.”

El acusado excepcionó ambas denuncias y su excepción fué declarada sin lugar. Llamados los casos para juicio y practicada la prueba del fiscal, el acusado pidió que se le ab-solviera perentoriamente. No accedió la corte. No intro-dujo prueba el acusado y la corte dictó sentencias imponién-dole por cada delito tres meses de cárcel.

En apelación insiste el acusado en que la corte de distrito erró al considerar suficientes las denuncias. Sostiene que no aducen hechos constitutivos de materia delictiva, ni menos del delito de falsa representación.

No estamos conformes. ¿Qué mayor falsa representación que presentar como genuinos cheques que constan al que los presenta que son falsos? jY qué otro fraude más claro que obtener de una persona inocente dinero a virtud de tal falsa representación? No se necesita que la denuncia exprese que el acusado dijo al perjudicado que el cheque era g’enuino y logró convencerlo de ello. El acto de la presentación del cheque para su canje, es superior al dicho, y lo comprende iodo en sí mismo.

Tampoco era necesario expresar más detalladamente la referencia a los bancos que las denuncias contienen. Los bancos no fueron las personas perjudicadas. Estas fueron Francisco Betancourt e Hipólito González, que están perfec-tamente identificados.

No era necesario por último que se alegara que la firma de Rufino Ruiz y Rufino Díaz que aparecían en los cheques oran falsas. Lo que se necesitaba expresar como se expresó era que los cheques eran falsos y el acusado sabiendo que lo eran los presentó a los perjudicados como genuinos y logró defraudarlos en su importe al obtener de ellos que se los hi-cieran efectivos.

No debe perderse de vista, además, que se trata de de-nuncias, no de acusaciones formuladas por un fiscal.

En virtud de todo lo expuesto y visto el caso de El Pueblo v. Muñoz, 22 D.P.R. 383, deben confirmarse las sentencias recurridas.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino. -


author: El Juez Asociado Señor Hutchison-,

text:
    Alonso Riera & Cía., Inc., demandante y apelante, v. Toribio Abruña González, demandado; y Roses & Cía., Sucrs., interventores y apelados.
    No. 4610.

    Sometido: Enero 22, 1930.

      Resuelto: Julio 30, 1930.

      López de Tot’d & Zagas Pizarro, abogado’s de la apelante; Félix-Santoni, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison-,

emitió la opinión del tribunal.

En el registro de la propiedad se presentó para su anotación en agosto 19, 1927, un embargo, y fué anotado en septiembre 13. Una hipoteca que pesaba sobre los bienes embargados, otorgada en 22 de agosto, fué presentada para su inscripción en 27 del mismo mes e inscrita el 17 de septiembre.

En noviembre 30 la finca en cuestión fué vendida en eje-cución para satisfacer una sentencia en cobro de dinero, ob-tenida por los acreedores que trabaron el embargo, o sea .Alonso Eiera So Cía., contra el deudor embargado.

^ En diciembre 20 Alonso Riera, So Cía., quienes también fueron los compradores en la venta en pública subasta efec-tuada por el márshal, solicitaron de la corte dictara una or den dirigida al registrador de la propiedad para que canee» lara el asiento relativo a la hipoteca. Esta moción fue de-clarada. sin lugar por el motivo de qué los acreedores hipo-tecarios, Roses & Cía., Sucrs., no habían sido notificados de la venta efectuada por el márshal y porque no habían tenido su día en corte.

Posteriormente en moción de reconsideración la corte dt distrito dejó sin efecto la orden últimamente mencionada y dictó una, orden para mostrar causa por la cual no debía can-celarse la inscripción en el registro.

El día señalado para la vista, Roses & Cía., Sucrs., com-parecieron y solicitaron la suspensión. La moción fue de-clarada con lugar, y se fijó otro día. Roses & Cía., Sucrs., no comparecieron en la segunda vista. La demandante ofre-ció someter la cuestión por alegato. La corte ordenó que co-pia, del alegato fuese notificada a Roses & Cía., Sucrs., y con-cedió a éstos cinco días para contestar. Ambos alegatos fue-ron radicados.

Posteriormente, la corte ratificó y confirmó su resolución original.

Roses & Cía., Sucrs., no levantaron cuestión alguna en la corte inferior respecto a lo adecuado del procedimiento me-diante moción en vez de por medio de una acción indepen-diente, y tal cuestión no ha sido tampoco suscitada por ellos como apelados.

Tía. teoría del juez de distrito fue que debió haberse noti - ficado de la venta en ejecución a Roses & Cía., Sucrs., y que en ausencia de tal notificación los bienes embargados debían considerarse como vendidos sujetos al gravamen hipotecario. Esa es también la teoría de la apelada. No podemos concu-rrir on este punto de vista.

Cuando Roses & Cía., Sucrs., aceptaron del deudor una hipoteca sobre la finca embargada, ella tenía conocimiento-implícito del embargo y de que estaba pendiente una acción en que el deudor hipotecario era demandado. Es de presu-mirse que tuvieron conocimiento ulterior de estos hechos cuando el registrador devolvió la escritura de hipoteca con su nota al pie de la misma, después de haberla inscrito. El título del comprador en la venta en pública subasta se retro-traía a la fecha del embargo. Este tenía prioridad sobre la hipoteca. Si el embargo era válido y si los procedimientos posteriores fueron regulares, el comprador en la venta en pública subasta recibió su título a los bienes embargados libre de todo gravamen. La parte apelada no pone en tela de jui-cio la validez del embargo ni tampoco, salvo según se indica anteriormente, alega ningún defecto o irregularidad en los procedimientos posteriores. No existe disposición estatuto-ria ni hay principio alguno de derecho que exija que se dé aviso de una venta en ejecución de sentencia a una persona poseedora de un gravamen ulterior en un caso de esta na-turaleza.

Los casos en que se fundaron la corte inferior y los ape-lados no son aplicables. Son: Montes de Oca v. Báez et al., 23 D.P.R. 707; Orcasitas et al. v. A. Somoza & Co., 27 D.P.R. 501; González Calderón & Co. v. Córdova Dávila, 25 D.P.R. 674; Alayón v. Registrador, 1 D.P.R. 238; Mengell v. Registrador, 31 D.P.R. 336; Bestard et al. v. Serrallés, 27 D.P.R. 493, 500.

La apelada también indica que la apelación debe ser desestimada bajo la autoridad del caso Del Rosario v. Allende, 35 D.P.R. 481, y casos allí citados. En el presente, la resolución apelada no es una en que declara sin lugar una moción de reconsideración. La moción de reconsideración no fué declarada sin lugar, sino con lugár. La resolución original en que la corte se negaba a ordenar la cancelación del asiento en el registro de la propiedad fué dejada sin efecto y se libró una orden para mostrar causa. Después de una vista sobre la moción para mostrar causa la resolución original previamente dejada sin efecto fué dictada de nuevo. La resolución así dictada era, bien una sentencia final, o “una providencia especial dictada después de una sentencia definitiva”, dentro del significado del tercer inciso del ar-tículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil y era, por tanto, apelable.

La resolución apelada debe ser revocada y ordenarse la cancelación.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    Gregorio Nieves, demandante y apelado, v. Juan Melecio, demandado y apelante.
    No. 5348.

    Sometido: Julio 29, 1930.

      Resuelto: Agosto 1, 1930.

      Armando A. Miranda, abogado del apelante; B. G. Sttgrañes, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación de esta apelación por frívola. Del legajo de la sentencia aparece que Gregorio Nieves de-mandó en la Corte Municipal de Toa Alta a Juan Melecio, en cobro de $415.33. Se dictó sentencia en rebeldía, conde-nando al demandado al pago de la suma reclamada. Apeló el demandado para ante la corte de distrito y formuló una contestación negando los hechos alegados en la demanda. Solicitó el demandante una sentencia sobre las alegaciones y la corte de distrito la dictó condenando de nuevo al de-mandado a pagar al demandante la suma reclamada. La sentencia sobre las alegaciones se basó en lo siguiente. Co-piamos de la relación del caso y opinión de la corte senten-ciadora:

“Posteriormente, el demandante radicó una moción solicitando se dicte sentencia sobre las alegaciones, y se 'señaló para la vista de la misma, el día 7 de abril de 1930, con asistencia, de los abogados de-ambas partes. Comb la demanda está jurada, la contestación tam-bién debe estar jurada, de lo contrario, procede dictar una 'sentencia sobre las alegaciones: Tettanansi vs. Zeno, 24 D.P.R. 775.
“Como dijimos antes, dicha contestación aparece jurada por el abogado del demandado, y no por el demandado, y la razón fundamental que expone el abogado para jurar él eü. vez de hacerlo el de-mandado, es que el demandado se encuentra en Dorado. El Muni-cipio del Dorado corresponde al Distrito Judicial de San Juan y el abogado del demandado o sea Armando A. Miranda, según aparece de lafc constancias de este récord que la corte tiene a la vista y del cual toma conocimiento judicial, reside en el Municipio de San Juan, también dentro del Distrito Judicial de esta corte. De modo que, el demandado al encontrarse en el Municipio .de Dorado, no se encon-traba. en uno distinto del en que reside su abogado señor Miranda.. Por consiguiente, no estaba autorizado el abog’ado en este caso, para jurar la contestación por el demandado. (Artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil.) Y dicho juramento es nulo, y por tanto, la conte'stación no está jurada.”

No conforme el demandado apeló otra vez. La trans-cripción, que sólo contiene diez y siete páginas en maquinilla, quedó archivada en esta Corte Suprema el 28 de mayo ultimo. El 6 de junio siguiente el apelante pidió una pró-rroga de treinta días para presentar su alegato, que le fuá concedida, y el 5 de julio solicitó otra por igual término y con idéntico fin, que también le fué concedida.

Así las cosas la parte apelada presentó, el 21 de julio actual, su moción de desestimación alegando que el recurso era enteramente frívolo y se había interpuesto con el mero propósito de dilatar. Se señaló la vista de la moción para, el 29 de julio, notificándose a las partes el señalamiento el propio día 21.

El apelante no compareció a la vista de la moción, limi-tándose a enviar una petición escrita de suspensión, basada-. en que el 29 de julio tenía nn compromiso previo con varios clientes de San Germán que embarcaban para el extranjero la semana próxima. La corte no estimó suficiente la causa alegada para la suspensión y dió por celebrada la vista.

De no quedar resuelto este asunto a virtud de la moción, la vista del recurso en su fondo no podría celebrarse hasta el próximo término de noviembre, quizá basta el de enero de 1931. Decimos esto porque todo parece justificar la afirmación del apelado de que la táctica empleada por el apelante es meramente dilatoria. Después que se estudia el asunto, se concluye que las prórrogas solicitadas para la presentación del alegato, no están en verdad justificadas.

Pero dejando a un lado estas consideraciones y yendo a la cuestión fundamental envuelta, oreemos que está bien, fundada la sentencia sobre las alegaciones y que la apelación es enteramente frívola. Debió, de acuerdo con la ley, jurar la contestación el propio demandado. Formando parte el pueblo del Dorado, donde reside el demandado, del distrito judicial de San Juan, donde también reside el abogado y donde se tramitaba el pleito, el simple beebo de la resi-dencia del demandado en dicbo pueblo, no justificaba que. fuera el abogado y no la parte el que prestara el juramento. Dicbo juramento era, pues,' ineficaz, y la situación legal que surgía era una contestación no jurada frente a una demanda jurada, y en tal caso, de acuerdo con la ley y la jurispru-dencia, la demanda prevalece y procede una sentencia decla-rándola con lugar.

Debe desestimarse el recurso.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez PbesideNte Señoe del Tobo,

text:
    M. Grau e Hijos, peticionario, v. Corte de Distrito de Aguadilla, Hon. Enríque Mestre, Juez, demandada.
    No. 731.

    Sometido: Julio 29, 1930.

      Resuelto: Agosto 1, 1930.

      Oscar Souffront, abogado de la peticionaria.
   El Juez PbesideNte Señoe del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

M. Gran e Hijos, una sociedad domiciliada en Maya-güez, demandó a Emilio Cardona ante la corte municipal de dicha ciudad, en cobro de dinero, y obtuvo una sentencia a su favor. A instancias de la parte demandante, el Secretario de la Corte Municipal de Mayagüez “expidió mandamiento de ejecución dirigido al Márshal de la Corte Municipal de Añasco, Andrés Bonilla, con fecha 23 de diciembre de 1929,. y éste embargó a designación de la propia demandante, todo el derecho, título e interés que el demandado Emilio Cardona pudiera tener en una finca rústica situada en el barrio de Puntas del término municipal de Rincón, y anunció la venta en pública subasta de dicha finca para el 14 de febrero, a las dos de la tarde en la oficina del dicho márshal, sita en el local ocupado por la Corte Municipal de Añasco, para hacer efectiva la suma de $350 de principal, intereses y costas.”

Así las cosas, el 13 de febrero último, Emma Cardona Santos, representada por su padre con patria potestad Jenaro Cardona, y Clotilde y Ramón Rodríguez, radicaron ante la Corte de Distrito de Aguadilla una demanda de ter-cería de bienes inmuebles e injunction contra M. G-rau e Hijos y el Márshal Municipal de Añasco, reclamando como de su propiedad la dicha finca embargada. Alegaron ha-berla adquirido por compra de Emilio Cardona y que, care-ciendo de título inscribible, justificaron su dominio ante la Corte de Distrito de Aguadilla que así lo declaró por reso-lución de 13 de julio de 19*19 que se inscribió en el registro de la propiedad. Alegaron además que el valor; de la finca era de mil dólares. La corte de distrito ordenó a los deman-dados que se abstuvieran de celebrar la subasta.

M. G-rau e Hijos compareció en el pleito de tercería y formuló la siguiente excepción previa:

“Y ahora alega la demandada M. G-rau e Hijos que e’sta Hon. Corte carece de jurisdicción para conocer del presente pleito de ter-cería de bienes inmuebles, por no tener jurisdicción sobre la materia de la acción, todo lo cual consta de la faz de la demanda, a saber:
“Del hecho cuarto de la demanda consta que la Corte que dictó la orden de ejecución por virtud de la cual se practicó el embargo* sobre la finca descrita en el hecho primero de la demanda, fué la Corte Municipal de Mayagüez, y el mandamiento de ejecución se ex-pidió por orden de la Corte al Márshal de la Corte Municipal de Aña'sco, quien embargó la finca como de la propiedad del demandado Emilio Cardona.
“La sección 17 de la Ley vigente sobre tercería de bienes muebles aprobada en 14 de marzo de 1907 tal cual quedó enmendada por la ley No. 12 de marzo de 1908, página 49, al determinar la corte que ha de tener jurisdicción del caso sobre la materia de la acción, dice así:
“ ‘La Corte que dictare la orden tendrá competencia para conocer del procedimiento en los casos de tercería, de acuerdo con las dispo-siciones de esta ley; Disponiéndose, sin embargo, que si el pleito original en el cual se librare la orden de ejecución o embargo, estuviere pendiente ante una corte municipal, y el valor de la propiedad em-bargada excediere de quinientos dollars, en ese caso la competencia para conocer del procedimiento de tercería entablado corresponderá a la Corte de Distrito para ante la cual se apelare de las sentencias de la corte municipal que estuviere conociendo del pleito original.’
“(Véase sección 5277 de lo's Estatutos Revisados de 1911.)
“La sección 18 de dicha ley ratificando lo anteriormente expuesto, dice así:
“ ‘Será competente para conocer de los juicios de tercería, la Corte que tenga jurisdicción en el asunto en que se haya decretado la orden a que se refiere la tercería. ’
“La sección 16 (a) anterior a ambas secciones, 'se refiere exclusi-vamente a los procedimientos de tercería de bienes inmuebles.
“Luego, apareciendo de la faz de la demanda que la Corte que dictó la orden de ejecución y embargo «fuá la Corte Municipal de Ma-yagüez, y apareciendo de la faz de la demanda que el valor de la propiedad embargada excede de quinientos dólares, la competencia y jurisdicción para conocer del procedimiento de tercería interpuesto en el presente pleito, corresponde a la Corte de Distrito de Mayagüez, o 'sea para ante la cual corte se apelan las sentencias de la Corte Municipal de Mayagüez que ordenó el embargo y las sentencias de la Corte Municipal de Añasco, cuyo Marshal efectuó el embargo.”

La corte declaró sin lugar la excepción y M. G-rau e Hijo se dirigió entonces a este Tribunal Supremo pidiéndole que expidiera un auto de certiorari contra la corte de distrito, reclamara los procedimientos y en definitiva resolviera que la jurisdicción para conocer del pleito de tercería corresponde a. la Corte de Distrito de Mayagüez y no a la de Aguadilla.

Los fundamentos que tuvo la Corte de Distrito de Agua-■dilla para declararse con jurisdicción, se expresaron por ella .-misma, así:

“Del hecho primero de la demanda aparece que la finca objeto de esta acción radica en el barrio ‘Puntas’, Municipio de Rincón, den-tro de este distrito judicial.
“El artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil lee como sigue:
“ ‘Art. 75. Deberán substanciarse en el distrito en que radique el objeto de la acción, o parte del m,ismo, 'sin perjuicio de la facultad de la Corte para cambiar el lugar de la vista, a tenor de lo dispuesto en este Código, los pleitos que se sigan por las causas siguientes:
“ ‘1. Para recobrar la posesión de bienes raíces o de una propie-dad o interés en la misma, o para determinar en cualquier forma dicho derecho e interés y por daños causados a propiedad inmueble.
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“La sección 16 adicionada por la ley de 12 de marzo de 1908 a la ley de tercerías aprobada por nuestra Asamblea Legislativa con fecha 14 de marzo de 1907, dice:
“ ‘La tercería respecto a bienes inmuebles Se iniciará por de-manda que formalizará el reclamante contra todas las personas que tengan interés en el asunto y el juicio se sustanciará por los trámites del Código de Enjuiciamiento Civil. . .’
“En el caso de la In'sular Motor Corporation contra la Corte de Distrito de San Juan, resuelto recientemente por nuestro Honorable Tribunal Supremo, se ba establecido lo siguiente:
" ‘Analizada la totalidad de la ley, se verá que la tercería cons-tituye un caso separado que tiene vida por sí mismo y se resuelve con entera independencia de aquél en que 'se dictó la orden de embargo. !De abí que no baya dificultad que un tribunal distinto del que libre la orden de embargo pueda conocer del procedimiento.’
“Siendo esto así, la corte resuelve declarar y declara también siu lugar la excepción de falta de jurisdicción, concediendo a la de-mandada M. G-rau e Hijos un plazo de veinte (20) días para que pueda contestar a la demanda interpuesta.”

Aunque el caso de Insular Motor Corporation que se cita se refería a bienes muebles, su razonamiento es aplicable a éste que versa sobre bienes inmuebles. Creemos conveniente transcribir este otro párrafo de la opinión emitida en dicho caso:

“Parece y es lo lógico que el pleito de tercería se tramite en la mism'a corte en que se tramita el pleito principal. De abí las 'sec-ciones 17 y 18 de la ley. Pero ello tiene lugar cuando el bien em-bargado y reclamado por un tercero radica en el mismo distrito. Si radica en otro distrito, surge el caso especial regulado por las seccio-nes 8 y 9 de la ley.”

Las reglas que contienen las secciones 17 y 18 de la ley de tercerías, se refieren a los casos normales en que todo sucede dentro del mismo distrito judicial, pero no cuando se embarg’an bienes en otro distrito.

A virtud de las prescripciones de la ley, puede una sen-tencia dictada por una corte de distrito y aun por una corte municipal ejecutarse en bienes del demandado situados en otro distrito, pero no puede obligarse a los ciudadanos de ese otro» distrito que alegan ser los legítimos dueños de los bienes embargados, a discutir su derecho en una jurisdicción extraña. T si esto es así tratándose de bienes muebles, con mucha mayor razón lo es tratándose de inmuebles.

No debe olvidarse que la ley de tercería se decretó pri-mero para bienes muebles extendiéndose después a los in-muebles, y que aunque algunas de sus secciones, como la octava y la novena, permanecieron en la misma forma en que estaban redactadas, haciendo referencia únicamente a bienes muebles, es lo cierto que de lá, actitud asumida por el legislador y del contexto general de la ley se desprende que los principios que dichas secciones contienen deben apli-carse también cuanto sea posible a los bienes inmuebles.

Creemos que la ley fué debidamente interpretada por la Corte de Distrito de Aguadilla y que es a dicha corte a la que corresponde la jurisdicción para conocer del caso. En tal virtud debe declararse no haber lugar a expedir el auto de certiorari que se solicita.

El Juez .Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez PresideNte Señor del' Toro,

text:
    Eugenio Rodríguez Suárez, demandante y apelante, v. The Star Fruit Company, demandada y apelada.
    No. 4482.

    Sometido: Diciembre 19, 1929.

      Resuelto: Agosto 1, 1930.

      M. García González, abogado del apelante; R. Cuevas Zequeira, abogado 'de la apelada.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez PresideNte Señor del' Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Eugenio Rodríguez Suárez requirió a The Star Fruit Co. para que le permitiera practicar un examen o deslinde de dos fincas, una de 10 cuerdas y otra de 50 cuerdas, la primera de su propiedad y la segunda de propiedad de la compañía, situadas ambas en G-uaynabo.

La compañía negó el permiso solicitado para entrar en los terrenos por ella actualmente poseídos y Eugenio Rodrí-guez Suárez inició entonces este procedimiento de acuerdo con el artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Civil.

En la demanda se alega que el demandante es dueño de la finca de diez cuerdas que describe, colindante con la de cincuenta cuerdas de la demandada, que también describe; que la demandada, a sabiendas de que la finca de diez cuerdas no le pertenece, ña tomado posesión de ella, bajo alegaciones de que forma parte de la finca de cincuenta cuerdas que le pertenece; que el demandante desea obtener un deslinde de ambas propiedades para determinar la verdadera colindancia entre las mismas; que requirió para ello a la demandada y ésta se negó, y que cada una de las fincas vale más de qui-nientos dólares. La demandada contestó negando que' el de-mandante sea dueño de la finca de diez cuerdas, sosteniendo en contrario “que la finca de diez cuerdas, situada en el barrio de Pueblo Viejo, boy Guaynabo, P. R., y de la cual el demandante alega ser dueño, forma parte del predio de cincuenta cuerdas” que describe.

■ Después de esta alegación en que literalmente se admite la existencia de la finca de diez cuerdas, la demandada negó1 baber tomado posesión de finca alguna del demandante y como materia nueva adujo que la demanda no expone becbos determinantes de la causa de acción que se ejercita; que entre demandante y demandada existe pendiente un pleito-de reivindicación sobre la finca de diez cuerdas, en <el cual la finca se describe sin alegarse confusión de linderos, y que la acción de deslinde se establece sin buena fe y a sabiendas el demandante de que en ningún momento ha estado en la posesión ni tiene el dominio de la finca de diez cuerdas.

Trabada así la contienda, fué el caso a juicio. El primer testigo que declaró fué el agrimensor Camilo González, quien manifestó haber levantado un plano de los terrenos que la San Juan Fruit and Land Co. compró a Silva. Quiero hacer una aclaración,” dijo textualmente, “en ese plano están varias fincas. En él está incluida esa finca; no es el plano exclusivamente de esa finca, sino todos los terrenos de la compañía en ese sitio, de manera que la finca de Angulo es ésta; ésta es otra propiedad y ésta es otra. Es un plano en conjunto. ’ ’

Luego declaró el propio demandante. Su declaración ocupa desde la página 5 de la transcripción a la 23 y es difícil de resumir. Sostuvo que compró la finca de diez cuerdas por escritura pública otorgada en 1920 de la San Juan Fruit Co.; que tomó posesión y cultivó algunas cuerdas de cañas; que vendió su finca a Ruiz de Porras y éste no pudo tomar posesión por haberse opuesto la demandada, rescindiéndose el contrato, volviendo el título a su poder mediante la devolución del precio, y que entonces él tampoco pudo posesionarse de la finca; que su finca colinda por el sur con la de la demandada.

Presentóse también como prueba la escritura de compra del demandante, inscrita en el registro de la propiedad, y una certificación del registro de la propiedad de la cual consta la inscripción a virtud del expediente de dominio y a favor de The San Juan Fruit and Land Co. de una finca de 126 cuerdas compuesta de dos porciones, una de 76 y otra de 50, adquirida de Julián Silva, apareciendo segregadas y vendidas varias porciones, entre ellas una de 50 cuerdas vendida a la demandada y otra de 10 cuerdas vendida al demandante.

La parte demandada aportó como prueba la escritura por virtud de la cual adquirió sus tierras debidamente registrada, la escritura del demandante a Ruiz de Porras y los autos en el caso de Ruiz de Porras contra el demandante. Como su único testigo declaró O. M. Wood, quien admitió que el de-mandante viene reclamando las tierras y buscando dónde están desde bace tiempo, pero sostiene que no le asiste de-recho alguno.

Sometido el caso a la corte de distrito, lo falló en contra del demandante, y éste interpuso el presente recurso de ape-lación.

Después de un examen de los autos y de los alegatos, creemos que la sentencia debe ser revocada y declarada la demanda con lugar.

Leyendo la opinión de la corte sentenciadora se ve que su mente estuvo influenciada por nuestra decisión en el caso de Ruiz de Porras contra el demandante, y aquel caso nada tiene que ver con éste. El título volvió al demandante y a los efectos de que se le permita el examen o deslinde que solicita no tiene que investigarse lo que ocurriera entre el deman-dante y Ruiz de Porras.

A nuestro juicio también contribuyó a desviar la atención de la corte de la verdadera cuestión envuelta en el litigio, la referencia que hizo al pleito de reivindicación pendiente entre el demandante y la demandada y sobre todo la cita de Manresa. El procedimiento de deslinde dentro del derecho procesal antiguo, es diferente en su alcance y efectos al procedimiento que autoriza el artículo 286 del vigente Código de Enjuiciamiento Civil.

“De la completa lectura del artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Civil,” dijo esta corte por voz de su Juez Presidente Sr. Hernández en. el caso de MacCormick et al. v. Molinari et al., 16 D.P.R. 409, “se desprende que la mente del Legislador fué poner a cualquier persona en condiciones de poder examinar y hasta medir la propiedad real de otra a que se creyere con derecho, previo permiso probado, y en su defecto previa orden de la corte, para adquirir datos seguros e indispensables que pudieran conducirle a ejercitar con éxito una acción para el reconocimiento y protección de su derecho o a sostener con éxito la acción ejercitada con tal fin, pnes el párrafo l9 del propio artículo establece que la orden de examen o deslinde podrá solicitarse haya o no pen-diente algún litigio sobre el derecho discutido.”

Y examinadas las alegaciones y las pruebas de este caso a la luz de la disposición legal aplicable y de la jurispru-dencia, hay base para concluir que debe proporcionarse al demandante el auxilio judicial que necesita para penetrar en las tierras poseídas por la demandada, para adquirir datos seguros e indispensables para sostener su acción reivindi-catoría. Tal auxilio nada prejuzga. Si la demandada está en posesión de lo que legítimamente le pertenece, nada debe temer, pero es lo cierto que el demandante adquirió una finca que procede del mismo anterior dueño de que procede la finca de la demandada, y no la encuentra. Nada revela fraude por parte del demandante. Si algún fraude se cometió en el contrato de compraventa, parece que fue él la parte perjudicada. Y como es también cierto que esa finca del demandante, según la descripción de los títulos, explicada por la prueba, colinda con la de la demandada, nos parece que se ha demostrado todo lo que tenía que demostrarse en un caso de esta naturaleza. No se trata de una mera expedición de pesca. Se trata de una persona que compró diez cuerdas de terreno segregadas, según el título, de otra finca de mayor extensión, y en la actualidad no las puede localizar ni tomar posesión de ellas y que sostiene que están dentro de otras tierras poseídas por otra persona a virtud de la compra de cincuenta cuerdas segregadas de la propia finca de mayor extensión de que se segregaron las diez, y con ellas colin-dantes.

Puede que en definitiva todo resulte baldío, puede que jamás el demandante llegue a localizar sus diez cuerdas, puede que las localice y aim así que no le sea dable aportar un título superior al que pueda, haber adquirido sobre ellas la demandada; pero de todos modos la situación es tal y los antecedentes de las sociedades que fueron anteriormente dueñas son de tal naturaleza, según surge de la propia decla-ración del testig’o de la demandada, O. M. Wood, que creemos que el caso por sus propias circunstancias exige la práctica de la investigación dentro de las tierras actualmente poseídas por la demandada, que autoriza el artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Civil, y que pide el demandante.

En tal virtud debe revocarse la sentencia apelada y dic-tarse otra condenando a la demandada a permitir al deman-dante que entre en su finca de cincuenta cuerdas con sus ingenieros o agrimensores y practique las mensuras e inves-tigaciones que estime necesarias a su derecho, a presencia y con la intervención de la demandada, si así ésta lo quisiere, y de los ingenieros o agrimensores que pueda al efecto desig-nar, no' excediendo la investigación del término de tres días y notificando el demandante su comienzo con siete días de antelación a la demandada, todo sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Andréu, Aguilar & Co., Inc., demandante y apelante, v. El Municipio de San Juan, representado por su Alcalde, Roberto H. Todd, demandado y apelado.
    No. 5191.

    Sometido: Junio 6, 1930.

      Resuelto: Agosto 1, 1930.

      M. Cruz Horta, abogado de la apelante; R. Cuevas Zequevra, y 7?. Font Suárez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En julio 6, 1929, la Asamblea Municipal de San Juan aprobó una ordenanza en la que, después de exponer un estado de cosas que se decía constituir una seria amenaza para la salud de la comunidad, se declaró la existencia de una emergencia, y se autorizó al alcalde a comprar quinces camiones, de acuerdo con los términos, condiciones' y especificaciones de la dicha ordenanza, y sin la formalidad de una! subasta pública.

El Io. de agosto, Andréu, Aguilar & Go., Inc. solicitó un injunction, y la corte de distrito expidió una orden para mostrar causa por la cual no debía expedirse un auto pre-liminar.

El 5 de agosto, la demandante radicó una demanda en-mendada.

El demandado contestó y excepcionó la demanda en agosto 12. El 26 de agosto, la corte de distrito sostuvo las excep-ciones previas de falta de hechos suficientes para constituir causa de acción, y se negó a expedir el mandamiento preli-minar. No se apeló de esa resolución.

El 29 de agosto, la demandante radicó una segunda de-manda enmendada, y solicitó otra orden para mostrar causas por las cuales no debía concederse un injimction preliminar.

El 5 de septiembre, el municipio volvió a comparecer, y, respondiendo a la segunda orden para mostrar causa, excep-cionó nuevamente la demanda por falta de hechos suficientes para constituir causa de acción, y solicitó se desestimara la segunda demanda enmendada por el fundamento de que la actuación autorizada por la ordenanza de que se trata se había ya ejecutado, toda vez que el alcalde había otorgado un contrato con la West Indies Motor Corporation para la compra de los camiones aludidos en dicha ordenanza, algunos de los cuales ya le habían sido entregados al municipio.

Durante la vista del caso, la demandante presentó al alcalde como testigo. El declaró que cuatro camiones ¡le' habían sido entregados al municipio; que varios días des-pués de haberse negado la corte a expedir un injunction preliminar, y después de una entrevista con el Gobernador, el testigo había recibido cuatro de los camiones de que se hace mérito en la ordenanza; que el testigo recibió estos camiones en agosto 28, a las cinco y media de la tarde, después de haber puesto en manos del presidente de la West Indies Corporation un pedido por escrito firmado por el alcalde y por el director de beneficencia ; que el testigo vió los camio-nes, y que en su presencia se dieron instrucciones para la entrega de los mismos tan pronto se terminaran las cajas que estaban fabricándose.

El testigo también describió las condiciones insalubres existentes al tiempo de aprobarse la ordenanza, y en el momento del juicio. Su declaración tiende a demostrar que los cálculos sometidos por Andréu, Aguilar & Co., Inc. el día en que se firmó el pedido a la West Indies Motor Corporation, estaban equivocados, y que el municipio nada, perdía mediante la transacción.

La demandante apela de una sentencia declarando sin lugar su demanda.

El artículo 1353 del Código Civjl dispone que:

“La venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y ’será obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan en-tregado.”

Por regla general, aun en lo que respecta al vendedor y al comprador entre sí, el título no pasa antes de la entrega de la cosa vendida. Sin embargo, el título puede pasar sin la entrega efectiva, si tal es la intención de las partes.

La vendedora y el alcalde procedieron como la hormiga en la fábula de la cigarra. La vendedora recibió un pedido por escrito para los quince camiones. El alcalde vió cuatro de ellos sin las cajas, las que se estaban construyendo. El los aceptó sin reserva de ningún derecho a ulterior examen. , La vendedora dió órdenes de que se hiciera una entrega in-mediata de los cuatro camiones tan pronto se terminaran las cajas, y prometió transmitir en seguida un cablegrama soli-citando el embarque de los once restantes. Tanto la vende-dora como el comprador a todas luces proyectaban hacer todo lo que se pudiera para, cerrar la transacción. Por lo menos tuvieron la intención de efectuar una entrega implí-cita de los cuatro camiones, y de investir al municipio con el título de los mismos. En esto tuvieron éxito. En verdad, en lo que atañe a este litigio, el asunto puede darse como un incidente concluido.

En toda probabilidad humana, si se revocase la sentencia apelada, una tercera orden para mostrar causas por las cuales no deba concederse un injunction interlocutorio sería contestada con una alegación demostrativa de que los once camiones han sido entregados ya, o el mismo hecho sería revelado en un juicio sobre los méritos del caso. No necesi-tamos, sin embargo, fundar nuestra decisión en una base de índole especulativa.

Nada hubo que acusara fraude o mala fe o un verdadero perjuicio a los intereses del pro común. Por el contrario, se ha demostrado que el alcalde estaba actuando de buena fe, en unión al Gobernador y al Auditor de Puerto Eico, y en beneficio del bienestar público, sin pérdida pecuniaria alguna para el municipio.

La expedición de un injunction interlocutorio o de uno permanente hubiera creado confusión, hubiera dado lugar a dudosas e inquietantes cuestiones de derecho, y hubiera en-vuelto al municipio en una controversia seria, si no en un litigio oneroso, con el vendedor de los camiones. Habría prolongado indefinidamente una situación intolerable merced a la creciente acumulación de basuras e inmundicias. Habría acarreado grandes molestias y dificultades, sin ningún bene-ficio positivo para los intereses públicos o para cualquiera otra parte que no fuese la demandante, y a ésta, sólo en caso de que resultara ser el licitador victorioso en la subasta para otorgar el privilegio de suministrar los camiones necesarios para el servicio de limpieza. Hubiera sido injusta, opresiva, y falta de toda equidad.

La corte de distrito no erró al rehusar conceder un injunction interlocutorio ni al desestimar la demanda.

Sin embargo, la apelante alega que:

“La corte de distrito erró al resolver el litigio fundándose en máximas o preceptos que no existen en nuestras leyes, ni tienen fuerza de ley en Puerto Rico, llamándose a ’sí misma una corte de equidad y haciendo referencia a determinados principios contenidos en aquel cuerpo legal del derecho común inglés, llamado ‘Jurispru-dencia de Equidad’, los cuales no están vigentes en Puerto Rico.”

Al librar autos de injunction, los tribunales de esta Isla se rigen por las reglas y principios generales de la práctica en equidad. Por lo menos en el caso que nos ocupa, no hay conflicto alguno entre esa práctica y la sección 83 de la Ley Municipal, Leyes de 1928, págs. 335, 399.

El juez de distrito estuvo conteste de plano con el criterio adoptado por la asamblea municipal en torno a la existencia de una emergencia. Aparte de cualquier cuestión relativa a la facultad de revisar, él llegó a la conclusión de que la emergencia existía. La mayoría de este tribunal está de acuerdo con el juez de distrito. Se deduce que la ordenanza era válida y que la demandante no tiene causa de acción.

En vista de las conclusiones a que hemos llegado, no creemos necesario elaborar este aspecto del caso ni, discutir otras cuestiones suscitadas por el señalamiento de errores.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino en la reso-lución final de este caso, pero tomó parte en la discusión del mismo y estuvo conforme con los Jueces Asociados Señores Wolf y Aldrey en cuanto a que existió una emergencia.


author: El Juez Asociado Señor Hutchisou,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Hernández, acusado y apelante.
    No. 3895.

    Sometido: Julio 22, 1929.

      Resuelto: Agosto 1, 1930.

      F. Gallardo Díaz, abogado del apelante; B. A. Gómez, abog'ado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchisou,

emitió la opinión del tribunal.

El inciso (to) del artículo 5 de la “Ley para reglamentar el uso de vehículos de motor en Puerto Rico, y para otros fines,” según fué enmendada en 1925, leyes de ese año, pág. 757, lee como sigue:

‘'El Comisionado del Interior podrá suspender o revocar la li-cencia de cualquier persona para actuar como chauffeur o conductor, si, a su juicio, dicha persona hubiere sido culpable de imprudencia temeraria o ineptitud en el manejo, o hubiere demostrado indiferen-cia hacia la seguridad pública o desprecio inexcusable de la's dispo-siciones de esta Ley; y podrá exigir a cualquier persona a quien se hubiere expedido una licencia de acuerdo con este artículo, o que po-sea una licencia expedida con anterioridad a la aprobación de esta Ley, que se examine de nuevo, si, a su juicio, las cireun'stancias lo demandaren; Disponiéndose, que las personas a quienes se les sus-pendiese o revoca'se la licencia para actuar comb chauffeur o conductor, al ser notificadas por el Comisionado del Interior, deberán en-tregar la placa y licencia a la persona que les notificase la orden del Comisionado.”

El artículo 18 de la misma ley, después de prescribir las penas por ciertos delitos que se cometan por los dueños o conductores de vehículos pesados de motor, dispone que:

‘‘Las infracciones a las otras disposiciones de e'sta Ley, serán consideradas como delitos míenos graves y serán castigadas con multa de no meno’s de diez (10) dólares, ni más de trescientos (300) dóla-res, o con prisión de no míenos de diez días y no más de tres m'eses. ’ ’

Luis Hernández fué convicto en dos ocasiones, primero en la corte municipal, y después, luego de celebrarse un juicio de novo, en la corte de distrito, por haberse negado a entregar su placa al serle exigida de acuerdo con las disposiciones del inciso (to) del artículo 5, supra, como secuela de habérsele suspendido la licencia por el Comisionado del Interior por un período de siete días. Su primera contención es'que la corte de distrito erró al declarar sin lugar una excepción perentoria fundada en la alegada inconstitueionalidad del inciso (m).

Sólo se citan dos casos en apoyo de esta contención. En uno de ellos, City of Shreveport v. Herndon, 105 So. 244, la cuestión envuelta fué una pretendida delegación del poder legislativo. En el caso de autos no se presenta esa cuestión. En el caso de Shreveport, la Corte Suprema de Louisiana, después de exponer la regla general de que “cualquier esta-tuto u ordenanza que tienda a investir de una discreción arbitraria a un funcionario público, sin prescribir una regla definida para su guía, es anticonstitucional,” continúa diciendo :

“. . . La regla no deja de estar sujeta a excepción o modifica-ción, desde luego, porque algunas situaciones y algunos estatutos y ordenanzas, dada la naturaleza misma de las cosas, exigen que se dote de discreción a un comisionado subordinado o al funcionario encar-gado de hacer cumplir el estatuto u ordenanza, v.g., cuando no es práctico establecer una regla definida o comprensiva, o cuando la discreción se refiere al cumplimiento de reglas policíacas que de-mandan el ejercicio inmediato de criterio.”

El caso fué fallado por una corte dividida. Hay una in-teresante opinión disidente.

Barrett v. City of New York, 183 Fed. 793, el otro- caso en que se apoya el apelante, es algo más aplicable. Allí, dijo la Corte de Circuito:

“Se alega además que la sección debe ser anulada porque deja la cuestión relativa a quién debe obtener una licencia a la discreción ar-bitraria e ilimitada del alcalde, quien puede revocar cualquier licen-cia de conductor a su capricho, sin exponer razón alguna para su proceder. Sección 307. Una objeción 'similar se suscitó ante este Tribunal en el caso de Engel v. O’Malley (opinión emitida el 31 de agosto, 1910), 182 Fed. 365. Allí se censuró un estatuto porque apa-rentemente dejaba la expedición de una licencia a la discreción ar-bitraria del contador del estado. Sobre esa crítica, la corte dijo:
“ ‘Basta decir que los términos (del estatuto) pueden ser inter-pretados en una u otra forma; es decir, como que conceden al fun-eionario la facultad de denegar una licencia caprichosamente, o como que le otorgan el poder de rehusar expedirla en el ejercicio honrado de una discreción razonable. A falta de una decisión de una corte de última instancia.de' este estado interpretando la fraseología del estatuto, debe asumirse que la última es la interpretación correcta, ya que de lo contrario la ley sería inconstitucional, y debe presumirse que fue la intención de la legislatura mantener sus leyes dentro de los límites fijados por la Constitución.' ”

Claramente, el inciso (m) del artículo 5, supra, está sujeto a una interpretación similar. La opinión del Comisionado del Interior respecto a la culpabilidad del chauffeur o conductor envuelve “el ejercicio honrado de una discreción razonable.” La ley no dice que puede suspenderse o revo-carse una licencia al antojo o capricho del Comisionado del Interior, sino “si, a su juicio, dicha persona” (el chauffeur o conductor) “hubiere sido culpable de imprudencia teme-raria o ineptitud en el manejo, o hubiere demostrado indi-ferencia hacia la seguridad pública o desprecio inexcusable de las disposiciones de esta Ley.”

En 42 C. J. 747, sección 231, se dice que:

“En ausencia de cualquier disposición relativa a una vista en un estatuto que autoriza la revocación o suspensión de una licencia por causa suficiente, la junta o funcionario con incumbencia en el asunto puede actuar 'sin conceder a la persona a cuyo favor se ha expedido la licencia una vista antes de revocársela o suspendérsela, y toda vez que una licencia de chaulffeur o conductor no confiere ningunos de-rechos de propiedad, una disposición estatutoria 'que autoriza la re-vocación o suspensión de tal licencia sin la celebración de una- vista no es inconstitucional por privar a su poseedor de su propiedad, sin el debido procedimiento de ley.”

No creemos que sea necesario proseguir nuestra búsqueda. Según se indica en 6 R.C.L., págs. 102 y 103, sección 102:

“ • • • Sobre la parte que alega • la inconstitucionalidad de un estatuto normalmente recae el peso de probar- su contención, y debe destruir la robu'sta presunción que existe en favor de la validez de aquél. Se ha dicho que la parte que interesa se declare la inconsti-tucionalidad se echa sobre sus hombros el peso de establecer esa con-elusion fuera de toda duda, y que una parte que sostiene que la le-gislatura ha'usurpado poderes o ha infringido la Constitución, debe establecer afirmíativa y claramente su criterio.”

No es misión de las cortes sentar por obra de encanta-miento teorías más o menos dudosas por las cuales puede declararse que un estatuto es o no inconstitucional.

Otras contenciones son que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar una excepción perentoria basada en la teoría de que el acusado babía sido expuesto anterior-mente, y al condenarlo por el delito que se le imputaba. Ninguna de estas cuestiones, en la forma en que han sido discutidas en el alegato del apelante, exige seria considera-ción.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Nicomedes Mojica, acusado y apelante.
    No. 4173.

    Sometido: Junio 25, 1930.

      Resuelto: Agosto 1, 1930.

      Amador Ramírez Silva, abogado del apelante; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.

       Nota : Véase ei prefacio.

   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del

tribunal. Nicomedes Mojica fué convicto de infracción de la “Ley proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de café, y para otros fines, ’ ’ Leyes de 1928, pág. 167.

La sección 1 dispone que:

“Será ilegal adulterar o mezclar café en grano, triturado o mo-lido, con cualquier otro grano o 'sustancia, con la intención de ven-derlo, ofrecerlo o tenerlo en venta. .

La acusación imputa que':

“El referido acusado Nicomedes Mojica, allá en o por uno de los días del mes de febrero de 1930, en Sabana G-rande, que forma parte del Distrito Judicial de Mayagüez, P. P., ilegal, maliciosa y volunta-riamente tenía para la venta en su establecimiento comercial en Sa-bana Grande, café molido adulterado con el fin de dedicarlo al con-sumo humano. ’ ’

La única contención del apelante es que la corte de dis-trito erró al declarar sin lugar una excepción perentoria por falta de heclios suficientes para constituir delito.

El apelante admite por inferencia que la acusación sería suficiente si siguiera las palabras del estatuto. La objeción suscitada en la corte inferior fué que la acusación no impu-taba, con la fraseología del estatuto, que el café en cuestión había sido mezclado “con cualquier otro grano o sustancia.” El alegato sigue la misma teoría.

El juez de distrito estuvo acertado al declarar sin lugar la objeción.

En el caso de State v. Long, 117 Atl. 303, se imputó al acusado el haber ofrecido a la venta “ciertos artículos ali-menticios, a saber: un cuñete conteniendo 40 libras de man-teca, 20 libras de mantequilla y un bote conteniendo 2 libras de manteca, artículos que allí y entonces estaban adulte-rados. . .”

En dicho caso la contención fué substancialmente que se imputaba al acusado el haber ofrecido en venta el cuñete y el bote y no su contenido.

La Corte Suprema Judicial del Estado de Maine dijo:

“Que la fraseología de la denuncia presentaba el caso de confor-midad con el estatuto e informaba al aeu'sado ampliamente de las im-putaciones que se le hacían.”

El caso no es directamente aplicable. No bay casos que lo sean. En el caso de Maine el acusado, al igual que el apelante en el presente, estaba dándole vueltas a las pala-bras. :

El inciso 6 del artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Criminal exige que la acción considerada como delito esté expuesta clara y distintamente de tal modo que facilite a cualquier persona de inteligencia común, conocer lo que se quiere decir.

En el caso presente el acto imputado como delito estaba expuesto clara y distintamente de tal modo que facilitaba a cualquier persona de inteligencia común conocer lo que se quería decir.

Una persona de inteligencia común al ser acusada de tener a la venta café adulterado no necesita que se le diga que el café en cuestión babía sido adulterado mezclándolo con algún otro grano o sustancia. El café no podía ser adul-terado, en el significado corriente de esa palabra, en ninguna otra forma.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Asunción Vargas, demandante y apelante, v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, demandada y apelada.
    No. 5067.

    Sometido: Abril 1, 1930.

      Resuelto: Agosto 1, 1930.

      Lms Mendín Sdbcé, abogado del apelante; Son. Attorney General James R. Beverley, y Emilio Aldrey, Subprocurador, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal,

La demandante sería la beneficiarla de José Martínez, quien pereció abogado en el mar mientras estaba al servicio del dueño de una goleta. La apelada hace algún hincapié en qne José Martínez no estaba actuando dentro del límite de sns atribuciones, pero creemos qne nn hombre qne perece en el mar mientras trabaja en nn barco está actuando dentro de tales atribuciones, aunque el accidente ocurra a cansa de una tormenta. El mar y sns peligros están previstos en esta clase de empleos, y los casos de Crespo v. La Comisión, 33 D.P.R. 831, y Rosado v. La Comisión, 35 D.P.R. 985, pueden ser distinguidos.

La embarcación en que viajaba José Martínez naufragó. Parece admitirse qne si el naufragio ocurrió a más de tres millas de las costas de Puerto Rico, las cortes locales no tendrían jurisdicción, y que el caso sería de la incumbencia de un tribunal de almirantazgo. La apelante alega que hubo prueba tendente a demostrar que el naufragio ocurrió dentro de las aguas de Puerto Pico. El gobierno sostiene que la goleta zozobrada se encontró dentro de lais aguas de Puerto Pico; que no hubo prueba respecto al sitio en que ocurrió el accidente, que la tormenta y las olas pudieron haber arras-trado a la embarcación a cualquier sitio, y que incumbía a la demandante demostrar el sitio en que ocurrió el accidente.

Creemos que los autos indican suficientemente que los deberes del causante de la actora habían sido solamente navegar dentro de las aguas de Puerto Pico. Por tanto, cuando después de un accidente se halla la embarcación dentro de dichas aguas, estos dos factores son fuerte prueba circunstancial tendente a demostrar que el accidente ocurrió dentro de la jurisdicción de Puerto Pico. La ley de evidencia circunstancial, cuando es imposible obtener prueba directa, no excluye toda posibilidad contraria.

Hemos asumido con las partes que la jurisdicción del almirantazgo sería exclusiva si el accidente hubiese ocurrido fuera de las aguas de Puerto Pico, pero tenemos dudas. Los casos citados parecen demostrar que el tribunal de almirantazgo tiene jurisdicción, pero no que sea exclusiva en un caso de esta naturaleza.

Se rechazó prueba parcialmente por el motivo de que después de lo actuado por la comisión no podía presentarse nueva evidencia ante la corte. Nos inclinamos hacia el criterio de que la corte tiene discreción, pero preferiremos reservar una decisión más definitiva para un caso de índole distinta. Estamos de acuerdo con la apelada en que la persona que ofrece la prueba debe demostrar su importancia. Además, la apelante tendrá otra oportunidad.

Debe revocarse la sentencia y devolverse el caso a la Corte de Distrito de Humacao •para la celebración de un nuevo juicio.

Los Jueces Asociados Señores Aldrey y Texidor no inter-vinieron.