author: El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Nieves, acusado y apelante.
    No. 4909.

    Sometido: Diciembre 8, 1932.

      Resuelto: Enero 17, 1933.

      M. Rivera de la Vega, abogado del apelante; R. A. Gómez, Riscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Conjuntamente con Rodrigo Sánchez y Ramón Tosado, el apelante Antonio Nieves fue acusado porque “allá para el día 4 de septiembre de 1931 y en la municipalidad de San Juan, Puerto Rico, que forma parte del Distrito Judicial del mismo nombre, ilegal, voluntaria y maliciosamente, tenían y ofrecían en venta como pura y vendían y transportaban para el consumo humano, leche de vaca adulterada artificialmente con agua. Y el fiscal alega además, que Antonio Nieves, acusado en este caso, es reincidente por haber sido convicto anteriormente, o sea, en 24 de septiembre de 1929 a pagar $25 de multa y en 20 de mayo de 1931 a pagar $25 de multa, cuyas sentencias fueron impuestas por esta Hon. Corte, por un delito idéntico de adulteración de leche, las cuales fueron firmes y cumplidas por el acusado.” ■

Al llamarse la causa para la vista en la Corte de Distrito de San Juan, Sánchez se declaró culpable. Nieves y Tosado alegaron su inocencia. Practicada la prueba, fueron decla-rados culpables, el primero en grado de reincidencia.

Nieves apeló y en su alegato señala como único error que la sentencia no está sostenida por la. prueba, ya que ésta no demostró que la leche adulterada se vendía para el con-sumo humano. Cita en apoyo de su contención el caso de Martínez v. People of Porto Rico, 46 Fed. (2d) 427.

En el caso invocado la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito, se expresó, en lo pertinente, así:

"Sin embargo, debe sostenerse el segundo error señalado, no porque no se alegara que el acusado a sabiendas vendió o tenía para la venta lecbe adulterada según se dijo en la corte inferior, toda vez que el estatuto no reconoce este elemento del delito y no se trata de uno de esos delitos en que es necesario alegar que el acto se realizaba a sabiendas, (Com. v. Farren, 9 Allen, 489; Com. v. Hallett, 103 Mass. 452; Com. v. Smith, 166 Mass. 370, 376, 44 N. E. 503; State v. Smith, 10 R. I. 258; Wharton’s Criminal Law (9th Ed.) Par. 88), sino porque hace que la intención con que se vendió o se tenía para la venta sea un elemento necesario del delito.
"Tanto de conformidad con la versión española como con la in-glesa, el delito se comete solamente cuando se tiene leche adulterada para la venta para el consumo humano. El estatuto fué redactado claramente en interés, de la salud pública y el mal contra el cual se dirigió fué la adulteración de leche destinada al consumo público.
"No basta alegar que la leche se ofrecía y tenía a la venta ilegal y voluntariamente. Podrían concurrir ambas cosas, si se trataba de leche hurtada o si se tenía en forma tal que infringiera alguna ley local sin violar sin embargo el estatuto nir destinarse la leche para el consumo humano. .Para cumplir con el estatuto y llevar al conocimiento del acusado información que le permita hacer frente al delito imputádole, las alegaciones de la denuncia o acusación deben incluir la intención con que se ofreció para la venta la leche adul-terada o diluida, o, copiando del texto de la ley, debe alegarse que la leche se ofrecía a la venta ‘con el fin de dedicarla al consumo humano.’ ”

Aquí la acusación cumple con lo que para todos los casos consideró la Corte de Circuito que era necesario alegar en ella. Claro es que si es necesario alegar que la leche se des-tina al consumo humano dehe probarse también dicho ele-mento para que la ofensa imputada se entienda cometida. Pero ello no quiere decir que tenga que demostrarse por prueba directa como parece sostener el apelante. Puede probarse por inferencias de la prueba directa practicada.

' Aquí se demostró que el acusado era empleado de un de-pósito establecido para la venta de leche, que vendió en efecto a su coacusado Posado ocho litros de leche envasados en potes de medio litro y de un litro que Tosado colocó en una cesta para revenderlos en diferentes ajustes que tenía. El depósito adquiría la leche de “la Dairy”. Pudo haber sido aun más específica la prueba, pero de ella se infiere clara-mente que la leche se vendía para el consumo humano y ello es suficiente. El acusado no alegó como defensa que la leche se vendiera para dedicarla a otros usos.

Recientemente en el caso de El Pueblo v. Rivera, 43 D.P.R. 922, 926, dijo esta corte:

“¿Es la prueba que queda suficiente? Habiendo creído la corte sentenciadora la del fiscal, no puede decirse que deje de demostrar que se trataba de un puesto para la venta de leche a cuyo cargo estaba el acusado, en el que existía leche adulterada para la venta y donde había gente comprando, siendo el acusado el que la despa-chaba, es decir, el que la vendía, de cuyos hechos se infiere el de que la venta lo era para el consumo humano.”

Bebe confirmarse la sentencia recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Juan Abarca, en su carácter de liquidador de Abarca Auto Co., Inc., demandante y apelado, v. Juan Rodríguez y su esposa María Teresa Delgado, demandados y apelantes.

      No. 5763.

    Sometido: Mayo 25, 1932.

      Resuelto: Enero 17, 1933.

      Enrique Bineón, abogado de los apelantes; Harry B. Lienza, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Jnan Abarca, en sn carácter de liquidador de Abarca Auto Co., Inc., demandó a Jnan Rodríguez y a su esposa María Teresa Delgado de Rodríguez en cobro de dinero. En la demanda se alegó que los demandados “suscribieron y entre-garon” a la demandante un pagaré que se transcribe en la misma y que dice:

“Número uno. — Montante $606.00. Vencimiento marzo 10, 1929. Pagaremos solidariamente a Abarca Auto Co., Inc., en el local de sn establecimiento o a sn orden, el día diez de marzo de 1929 la suma de Seiscientos seis y No/100 dollars, valor recibido en préstamo y nos. obligamos también solidariamente a pagar intereses de doce por ciento anual en caso de demora y las costas y gastos que oca-sione el cobro de esta deuda y los honorarios del abogado que por falta de cumplimiento, consultas y demás que fuere preciso utilizar en caso de reclamación judicial. Nos sometemos expresamente a la competencia de los Tribunales Insulares de la ciudad de San Jnan. Santurce, Puerto Rico, 10 de septiembre de 1928. — (Fdo) Ma. Teresa D. de Rodríguez. J. R. Rodríguez. — Fiador. Principal.”

Se alega además en la demanda que no obstante haber vencido la obligación y a pesar de los múltiples requeri-mientos becbos a los demandados, éstos no ban satisfecho sn denda.

Los demandados excepcionaron la demanda. La excep-ción fné declarada sin lngar. La contestaron entonces acep-tando expresamente sns hechos referentes al otorgamiento y entrega del pagaré y al no pago de la deuda. Como materia nueva constitutiva de defensa alegaron que el pagaré proce-día de la compra de un automóvil y que “al comprar dicho automóvil a los demandados Abarca Auto Co., Inc., a los dos o tres días de dicha compra observaron que la caja del carro estaba toda podrida y que tenía otros varios desperfectos por lo cual trataron de devolverlo, pero el representante de Abarca Auto Co., Inc., ofreció hacer una gran bonificación en el precio, lo cual se haría en. el último pagaré, por lo cual la suma que dicho pagaré representa es ilíquida por no haberse puesto de acuerdo las partes respecto al importe de dicha bonificación.”

Los demandantes solicitaron la eliminación de la materia nueva por no ser constitutiva de defensa y la corte accedió. Señalada la vista del pleito, los demandados pidieron su suspensión a fin de poder presentar la deposición de cierto testigo y la corte no accedió. Practicada la prueba, la corte dictó sentencia en contra de los demandados, quienes ape-laron para ante esta Corte Suprema señalando en su alegato la comisión de tres errores.

Por el primero sostienen que erró la corte al declarar sin lugar su excepción previa ya que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción al no expresar que la demandante estaba en posesión del pagaré.

En la demanda se alegó que el pagaré fué suscrito y en-tregado por los demandados a la demandante copiándose en ella literalmente el documento. Es suficiente. No existe el error. En el caso de E. Solé & Co., S. en C., v. Sepúlveda, 41 D.P.R. 813, dijo esta corte:

“'Cuando se demanda en cobro de un pagaré y la demandante alega que éste fué otorgado por los demandados y entregado a ella, surge la presunción de continuidad y la demandante no tiene que alegar que el pagaré nunca salió de su posesión.”

El segundo error se refiere a la negativa de la corte a ordenar la toma de la deposición del testigo Eduardo González y a suspender la vista del pleito.

Tampoco existe, a nuestro juicio. En primer lugar no consta en los autos la moción pidiendo que se tomara la deposición del testigo de que se trata que se encontraba fuera de Puerto Rico y en segundo lugar de la declaración del propio demandado Rodríguez se desprende que todo lo que hubiera podido declarar dicho testigo pudo llevarse a la consideración del tribunal por otros medios probatorios que estaban al alcance de los demandados. No se ha demostrado perjuicio.

El tercero y último error levanta la cuestión de la eliminación de lo alegado en la contestación como materia nueva constitutiva de defensa.

El motivo que tuvo la corte para acceder a la eliminación, expresado por ella misma, fué el que sigue:

“En dicha materia nueva se dice que tal oferta fué hecha por el representante de Abarca Auto Co., Inc., pero no se dice quién es el representante en cuentión ni cuáles eran sus facultades en aquella fecha, para poder determinar si tenía facultades para obligar a Abarca Auto Co., Inc.”

Tenemos dudas de si es o no bastante. Pero como de hecho se permitió a la parte en la práctica de la prueba presentar su defensa y analizados todos los documentos y testimonios aportados resulta tan clara la obligación de pagar por parte de los demandados y tan improbable su in-dicada defensa contraria a sus propias actuaciones al abonar cantidades y suscribir nuevos pagarés por sumas líquidas dejando de satisfacer totalmente el último, creemos que no debe revocarse la sentencia apelada. El estudio de los autos produce la impresión de que se hizo .justicia substancial en el caso y que la celebración de un nuevo juicio no variaría en modo alguno la conclusión final a que llegó la corte sen-tenciadora.

Debe declararse sm lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Rodulfo Rodríguez, peticionario, v. Corte de Distrito de Bayamón, Hon. Luis Samalea, Juez, demandada.
    No. 5883.

    Sometido: Diciembre 20, 1932.

      Resuelto: Enero 18, 1933.

      M. B. de la Vega, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Rodulfo Rodríguez acudió ante uuo de los jueces de este tribunal en solicitud de un auto de certiorari, mientras la corte se bailaba en vacaciones, y apela de la resolución en que se le niega la expedición del auto. La resolución apelada se basó: primero, en el hecbo de que la primera de las dos cuestiones suscitadas no había sido planteada debidamente ni ante la corte de distrito ni en la solicitud para que se expidiera el auto de certiorari; y segundo, en que las otras alegaciones de la petición no envolvían ninguna cuestión de jurisdicción o de procedimiento.

El señalamiento de errores contenido en el alegato del apelante especifica errores que se alega fueron cometidos por el juez de distrito. No señala ningún error en la resolu-ción apelada. En el curso de la argumentación ni siquiera se menciona esa resolución. En otras palabras, el apelante pasa por alto la resolución y somete su caso como uno en que se requiere el ejercicio de jurisdicción original más bien que en apelación.

La resolución apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Córdoya Dávila,

text:
    The Federal Land Bank of Baltimore, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Utuado, recurrido.
    No. 882.

    Sometido: Enero 11, 1933.

      Resuelto: Enero 18, 1933.

      José R. Aponte, abogado' del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Córdoya Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Jacinto Reyes Delgado y su esposa Margarita Zamora eran dueños de dos parcelas de terreno que agrupadas arro-jaban una cabida de 64 cuerdas, habiendo sido inscrita esta finca, así agrupada, en el Registro de la Propiedad. Según mensura practicada por el agrimensor don Francisco I. Arjona, la cabida de dicha finca quedó reducida a 52 cuerdas y 519 milésimas de otra. La mencionada finca fué hipóte-cada a favor del Federal Land Bank of Baltimore por sns dneños Jacinto Beyes Delgado y su esposa, haciéndose cons-tar en la escritura de hipoteca, con el consentimiento de las partes, la mensnra de la finca, y habiendo tenido el notario a la vista copia del plano debidamente certificada por el agri-mensor Sr. Arjona. Esta copia del plano se hizo formar parte de la referida escritura, qne luego fue inscrita en el registro de la propiedad. Siguió el banco procedimiento ejecutivo contra el inmueble hipotecado, que fue vendido en pública subasta y adjudicado al acreedor hipotecario. Pre-sentada la escritura de venta judicial para su inscripción al Begistrador de la Propiedad de Utuado, éste se negó a ins-cribirla totalmente por las razones que se exponen en la si-, guiente nota:

“Inscrito el presente documento al folio 63 vuelto del tomo 12 de Jayuya, finca número 545 duplicado, inscripción 5a. en cuanto a la cabida de 47.27 cuerdas que resultó tener la finca una vez men-surada y deniego en cuanto a 5.249 cuerdas, basta completar la total cabida de 52.519 cuerdas, con que se describe dicho inmueble en este documento, por no resultar dicho aumento de 5.249 cuerdas inscrito a favor de los esposos demandados, ni de ninguna otra persona, ...”

Cuando se constituyó la hipoteca y se procedió a su inscripción, se partió de la base de que la finca tenía una cabida de 52 cuerdas 519 milésimas de otra, según mensura agregada a la escritura. El registrador dice que esta finca, una vez mensurada, resultó de 47 cuerdas 27 centésimas, pero no surge de la nota recurrida que el Banco Federal hubiese tenido intervención en esa otra mensura, si es que la hubo, ni cuándo tuvo lugar; y si la misma se practicó a sus espaldas y la reducción de la cabida de la finca no ha sido aceptada por el acreedor hipotecario, el registrador no está autorizado para privarle del derecho de inscribir su título con la cabida que se fijó a la finca cuando fué hipotecada, y cuando se inscribió la hipoteca. Si el inmueble tiene o no esta cabida es cuestión a resolver por las partes interesadas y no exclusivamente por nna de ellas qne haya practicado nna mensura a espaldas de la otra, rectificando la mensura anterior en qne ambas estuvieron de acuerdo.

Debe revocarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Rafael Carrión, en su carácter de Administrador Judicial del Banco Comercial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Enrique Toral y su esposa Ignacia Cruz, West India Oil Co., y Manuel Ramos Pérez, demandados y apelantes.
    No. 6231.

    Sometido: Enero 9, 1933.

      Resuelto: Enero 19, 1933.

      J. Garbia, abogado de los apelantes; F. Ochoteco, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Carrión, en sn carácter de administrador judicial del Banco Comercial de Pnerto Rico, promovió demanda en cobro de crédito hipotecario, por la vía ordinaria, contra Eugenio Toral y su esposa Ignacia Cruz, como deudores hipotecarios, y contra West India Oil Company como acreedor posterior, y Manuel Ramos Pérez, quien aparece con un embargo debidamente inscrito a su favor sobre uno de los in-muebles hipotecados. La Corte de Distrito de Bayamón dictó sentencia ordenando a los demandados Engenio Toral e Igna-cia Cruz al pago de la deuda y a que se procediese, en defecto de pago, a la venta en pública subasta de los inmuebles objeto de la hipoteca. Se ordena además eu la sentencia que una vez celebrada la subasta, los bienes en cuestión queden libres de los gravámenes que tienen sobre los mismos los deman-dados West India Oil Company y Manuel Ramos Pérez, a cuya cancelación inmediata deberá proceder el registrador de la propiedad. Esta sentencia fue notificada a Eugenio Toral en 31 de octubre de 1932 y a West India Oil Company y Manuel Ramos Pérez en 24 de diciembre del mismo año. Eugenio Toral y su esposa promovieron recurso de apelación, y alega abora el apelado que este recurso debe ser desesti-mado porque el escrito de apelación se notificó únicamente a la parte demandante y se omitió notificar a la West India Oil Company y a Manuel Ramos Pérez.

El artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil exige que las apelaciones para ante esta Corte Suprema se noti-fiquen al secretario de la corte inferior y a la parte contraria o a su abogado. La parte contraria (adverse party) según dicho artículo, equivalente al 940 del Código de Enjuicia-miento Civil de California, no se refiere a todas aquellas personas que ban sido partes en el juicio ante el tribunal a quo, sino solamente a las que de ellas puedan ser afectadas por una revocación o modificación de la sentencia apelada. Candelas v. Ramírez, 20 D.P.R. 33; Galafar v. Sucn. Morales, 22 D.P.R. 491; Sucrs. de L. Villamil & Cía., v. Solá, 22 D.P.R. 531.

Opinamos que ni la West India Oil Company ni el Sr. Manuel Ramos Pérez son partes contrarias de acuerdo con el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil y la juris-prudencia que interpretando ese artículo tiene sentada este tribunal. En la actualidad tenemos una sentencia dictada contra los deudores bipoteearios, quienes ban promovido un recurso de apelación. La revocación o modificación de esta sentencia en nada puede perjudicar los derechos del acreedor posterior y del Sr. Ramos Pérez, quien también posterior-mente embargó uno de los inmuebles, inscribiendo ese embargo en el registro de la propiedad. Si esta sentencia no hubiese sido apelada y se hubiesen vendido los inmuebles hipotecados en pública subasta, los acreedores posteriores tendrían que limitarse a ejercitar los derechos concedidos por la ley. Si se revocase la sentencia no ocuparían nna posición menos ventajosa y podrían resultar beneficiados por la revo-cación.

Entendemos que debe declararse sin lugar la moción soli-citando que se desestime el recurso de apelación interpuesto.


author: El Juez Asociado Señor Córbova Dávila,

text:
    Manuel Torres Ozores, demandante y apelado, v. José Luiña Alvarez, demandado y apelante.
    No. 5728.

    Sometido: Enero 11, 1933,

      Resuelto: Enero 20, 1933.

      Monserrat & Monserrat y José J. Calderón, abogados del apelante; E. Martínez Rivera, abogado del apelado. ■
   El Juez Asociado Señor Córbova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 17 de agosto de 1928, Manuel Torres Ozores hipotecó una finca urbana que se describe en la demanda a José Luiña Alvarez para garantizarle un préstamo de $5,000, el pago de los intereses al 10 por ciento anual y la indemnización de los gastos, costas y honorarios de abogado en caso de recla-mación judicial, hasta $500 de crédito adicional. En 17 de noviembre de 1928, Manuel Torres Ozores constituyó hipo-teca sobre la misma finca a favor de José Luiña Alvarez para garantizarle un préstamo de $600, el pago de los in-tereses al 10 por ciento anual y la indemnización de los gas-tos, costas y honorarios de abogado en el caso de reclama-ción judicial basta $150 de crédito adicional.

El acreedor hipotecario inició procedimiento ejecutivo contra el deudor para el cobro de su crédito y en la orden de requerimiento se fijó la cantidad de $500 para costas, gastos y honorarios de abogado en la primera hipoteca, y $150 en la segunda para los mismos fines. Se vendió la finca en pública subasta y el entonces demandado y ahora deman-dante, Manuel Torres Ozores, solicita la nulidad del proce-dimiento ejecutivo basándose en que el inmueble se vendió sin antes haberse trabado embargo sobre el mismo y sin que fueran liquidados las costas, gastos y honorarios de abogado.

La Corte de Distrito de San Juan declaró con lugar la demanda y nulo el procedimiento ejecutivo con los demás pronunciamientos del caso. También se declaró con lugar la reconvención presentada por el demandado, a quien se condenó al pago de costas. El demandado apeló de la sen-tencia, atribuyendo a la corte inferior, entre otros, el error de haber decretado la nulidad del procedimiento ejecutivo basándose en que en dicho procedimiento no se liquidaron ni por la corte ni por las partes las costas, gastos y hono-rarios de abogado. Éste es, en realidad, el único funda-mento que sirvió de base a la corte para dictar su sentencia.

El artículo 170 del Reglamento de la Ley Hipotecaria dispone que se requiera al deudor para el pago de la suma reclamada, con las costas, si también estuvieren hipotecariamente garantidas. El artículo 128 de la Ley Hipotecaria dice, en su inciso quinto, que la finca ejecutada no responde de las costas que se causen, a no constar inscrita en el registro la cantidad indispensable para su atención, lo cual equivale a decir que estando las costas inscritas, la finca responde del pago de las mismas. Galindo y Escosura, en la página 307 del tomo 3ro. de sus Comentarios a la Ley Hipotecaria Española dice que el primer acreedor hipotecario sólo tiene preferencia respecto al segundo en el capital e intereses de dos años y la parte vencida del ter-cero : las costas gozan ignal privilegio cuando en la escri-tura se señala una cantidad determinada para su pago, y responde de ella la finca.

Cuando la cantidad fijada para costas en el contrato de hipoteca ha sido inscrita en el registro de la propiedad, el acreedor tiene tanto derecho a que se requiera al deudor de pago por las costas así garantidas como por la suma principal. Esta corte, en el caso de Arsuaga v. Corte, 43 D.P.R. 1007, se expresó en los siguientes términos:

“La propia Ley Hipotecaria reformada fué lá que permitió tam-bién el cobro de las costas por la vía sumarísima al prescribir, en el propio artículo 128 que lo regula, lo que sigue: ‘La finca hipote-cada no responde de las costas que se causen, a no constar inscrita en el registro la cantidad indispensable para esa atención’. Cuando consta, se ordenará el requerimiento incluyendo su pago en la forma prescrita en el artículo 170 del Reglamento, siendo su cobro la con-secuencia lógica de lo acordado en el contrato y lo dispuesto en la ley.
“Si ello es así, si las costas garantizan y se cobran por el pro-cedimiento sumarísimo hipotecario, para que éste pueda desarro-llarse sin interrupciones, debe entenderse que se trata de una suma líquida, previamente discutida, acordada y fijada por las partes para el caso de que una de ellas, el acreedor, se viera obligado a acudir a la vía judicial para el cobro de su crédito. Y ése ha sido en verdad el constante entendimiento de las propias partes contratantes y de la abogacía en Puerto Rico por cerca de cuarenta años, llegando en tal virtud a constituir una regla de propiedad que debe respetarse.”

En el caso de Raimundo Balet v. Jesús María Dávila, recientemente resuelto por este tribunal (ante p. 51), se ratifica la doctrina sentada en el caso de Arsuaga v. Corte que acabamos de citar. Entendemos que la orden de reque-rimiento dictada en el procedimiento ejecutivo que se trata de anular se ajustó a las disposiciones de la Ley Hipoteca-ria y su reglamento, y que debe revocarse la sentencia ape-lada, sin especial condenación de costas.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    The National City Bank of New York, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 880.

    Sometido: Enoro 9, 1933.

      Resuelto: Enero 20, 1933.

      Oscar Souffront, abogado del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribuna].

Este recurso lia sido interpuesto por haberse negado el registrador de la propiedad de Mayagüez a anotar un embargo trabado en el derecho que Francisco del Moral tenga como heredero de su madre doña Carmen Nadal Freyre 'en tres fincas de ella que ahora están inscritas a nombre de El Pueblo de Puerto Rico por adjudicación que le fue hecha para cobrar sus contribuciones sobre ellas.

El argumento aducido en apoyo de este recurso es que como esas fincas' pueden ser redimidas por autorización de la ley, mientras el término concedido por la misma para tal fin no transcurra, el deudor por contribuciones conserva el derecho real de dominio sobre la finca vendida o adjudicada cuyo embargo puede ser anotado en el registro y que el título del comprador o adjudicatario no puede ser inscrito hasta que transcurra el término de redención. Podríamos limitarnos a decir que estando inscritas las fincas en el re-gistro a nombre de El Pueblo de Puerto Rico esto por sí solo es un obstáculo para anotar en este caso el embargo he-cho en el derecho que pueda tener Francisco del Moral como heredero de su madre, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Hipotecaria preceptivo de que inscrito o anotado pre-ventivamente en el registro cualquier título traslativo del dominio o de la posesión de los inmuebles o de los derechos reales sobre los mismos, no podrá inscribirse o anotarse nin-» gun otro de igual o anterior fecha por el cual se transmita o grave la propiedad del mismo inmueble o derecho real. Sin embargo, queremos decir que el título de compra o de adjudicación en subasta para el pago de contribuciones trans-mite la propiedad al comprador o adjudicatario y es inscri-bible, a pesar del derecho de redención que la ley concede al deudor, que constituye una condición resolutoria porque sólo obliga al comprador o adjudicatario a restituir la cosa que ha recibido en caso de que llegue a verificarse el aconteci-miento previsto. Mientras la condición pende, el anterior, dueño de las fincas así vendidas o adjudicadas no tiene más derecho que el de recobrarlas si cumple con los requisitos exigidos por la ley. Esta clase de venta es similar a la de retrovenda convencional, en la que el dominio se transmite al comprador y se inscribe sujeto a la condición del retro y cuya venta queda consolidada al transcurrir el término del retracto sin haberlo utilizado.

La nota recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Harry A. McCormick, demandante y apelante, v. J. W. Bonner, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado. Josefa Adela McCormick, demandante y apelante, v. El Mismo, demandado y apelado. Gloria Ethelberga McCormick, demandante y apelante, v. El Mismo, demandado y apelado. Josefa Adela McCormick, et al., demandantes y apelantes, v. El Mismo, demandado y apelado. Palmira McCormick, et als., demandantes y apelantes, v. El Mismo, demandado y apelado.

      No. 5446.

    Sometido: Febrero 5, 1932.

      Resuelto: Enero 20, 1933.

      II. Torres Sola, abogado de los apelantes; Charles E. Winter (James B. Beverley en el alegato) y M. Bodríguez Berra, Procurador General Auxiliar, abogados del demandado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un procedimiento incoado por Harry A. McCormick, ahora muerto, para recobrar del Tesorero de Puerto Rico la suma de $2,897.94, más intereses. Harry A. McCormick era uno de varios miembros en la sociedad A. Hartman & Co. Directa o indirectamente todos los socios de dicb.a entidad iniciaron procedimiento contra el Tesorero, mas todas sus causas de acción eran exactamente iguales y la de Harry A. McCormick es una típica. En 27 de febrero de 1920 éste archivó sus planillas en la Tesorería de Puerto Rico en las que aparecía que él había recibido de A. Hartman & Co., como beneficios, la suma de $115,954.05.

En los autos se denomina a A. Hartman & Co. indistin-tamente como niia sociedad mercantil o como una sociedad colectiva. Durante dicho año A. Hartman & Co. era accio-nista de la corporación doméstica Tabucoa Sugar Company y recibió de dicha compañía dividendos en acciones que se calculaban tenían un valor de $97,800. A. Hartman & Go. archivó planillas en la Tesorería de Puerto Rico en las cua-les aparecía que sus beneficios para el año 1918 ascendían a $579,770.24. Entonces la sociedad averiguó que los $97,800 pagados como dividendo en acciones por la Tabucoa Sugar Company estaban exentos de contribución y en su oportuni-dad el Tesorero de Puerto Rico devolvió a dicha A. Hartman & Co. el importe de la contribución que esta última ha-bía jiagado sobre los $97,800. De los ameritados $579,770.24 Harry' A. McCormick tenía derecho a recibir $115,954.05, y a los demás socios pertenecían sumas correspondientes.

Según hemos manifestado ya, Harry A. McCormick pre-sentó demanda para recobrar del Tesorero de Puerto Rico, por haber sido de igual modo indebidamente pagada, la suma de $2,897.94. El pleito fué entablado de conformidad con la sección 66 de la Ley No. 80 de 1919, que autoriza al contri-buyente, bajo ciertas condiciones, a recobrar del Tesorero las sumas satisfechas. El Tesorero se negó a devolver la suma solicitádaie.

De conformidad con la doctrina del caso de Eisner v. Macomber, 252 U. S. 207, las acciones de la Tabucoa Sugar Company en manos de A. Hartman & Co. no eran tributables como ingresos. El gobierno admite esto., La teo-ría de Eisner v. Macomber es que cuando se distribuyen uni-formemente acciones entre los accionistas, la participación total que cada accionista tiene en el activo de la corpora-ción no es aumentada ni disminuida. La teoría de la corte inferior fué que en lo que a los socios de A. Hartman & Co. se refería, los dividendos en acciones de una compañía dis-tinta a la que declaraba los dividendos no estaban exentos de contribución como ingreso, y citó los siguientes casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos: Lynch v. Hornby, 247 U. S. 339, y Peabody v. Eisner, 247 U. S. 347.

Hemos prestado gran atención a los autos elevados en este caso y no tenemos en nuestras mentes un concepto claro respecto a lo que Harry A. McCormick recibió exactamente de A. Hartman & Co. Según la demanda presentada, el de-mandante recibió la suma de $15,960 en acciones de la Ya-bucoa Sugar Company. La prueba no nos convence de que hubiera ninguna tradición manual por parte de A. Hartman & Go. de algunas de las acciones de la Yabucoa Sugar Company. Existe la posibilidad, y ésta parece ser la conten-ción del apelante, según se desprende de los autos, que Harry A.. McCormick y sus consocios recibieron un crédito en los libros de A. Hartman & Co. de una participación propor-cional de los dividendos en acciones recibidos de la Yabu-eoa Sugar Company. No obstante, no está excluida total-mente la posibilidad de que Harry A. McCormick recibiera el dinero en efectivo y que los asientos becbos en los libros de A. Hartman & Co. demostraran la participación de cada uno de los miembros de la sociedad en las acciones que aun permanecían en poder de A. Hartman & Co. Asumiendo, sin embargo, que lo que Harry A. McCormick recibió fué una parte proporcional de las acciones de la Yabucoa Sugar Company o un crédito en los libros de A. Hartman & Co. por su participación en los $97,800 recibidos por A. Hartman & Co., no obstante, nos sentimos obligados a resolver que el Tesorero no se equivocó al negarse a devolver la con-tribución. Si hubo tradición manual de dichas acciones o si Harry A. McCormick en algún momento podía obtener po-sesión de dichas acciones, entonces él recibió un beneficio de A. Hartman & Co. y los casos citados por la corte inferior son .aplicables.

Desde luego, si la participación de Harry A. McCormick se redujo a más de su inversión original en la sociedad A. Hartman & Co. con motivo de esta tradición, pago o cré-dito, entonces quizá él podía solicitar la devolución, mas el, apelante no lia demostrado esto ni creemos que podía ha-cerlo. Tanto las planillas presentadas al Tesorero por A. Hartman & Co. como las planillas presentadas al mismo fun-cionario por Harry A. McCormick nominalmente demostra-ban que cada uno de ellos había obtenido beneficios y uti-lidades durante el año natural a que correspondían las pla-nillas.

Entraremos en consideraciones más generales. Supon-gamos, al igual que se hizo en el caso de Eisner v. Macomber, supra, que la Tabucoa Sugar Company tenía 'valores o un activo representado por 30,000 acciones de a $100 cada una; que originalmente el activo de la compañía era real-mente $3,000,000; que con motivo de las negociaciones de dicha Tabucoa Sugar Company se obtuvo una ganancia neta de $600,000, y que la compañía decidió declarar un divi-dendo en favor de sus accionistas; que debido a la necesL dad de retener su numerario para los negocios de la cor-poración, ésta decidió pagar un dividendo de 20 por ciento en acciones, y así lo hizo. Supongamos también que el valor de cada acción de la Tabucoa Sugar Company antes del dividendo en acciones había aumentado a $120 por acción y que al declararse el dividendo en acciones el valor de cada una separadamente volvió a ser $100. Lo que A. Hartman & Co. habría recibido en acciones equivaldría al 20 por ciento-de su inversión original. Si hubiese tenido originalmente-5,000 acciones, ahora tendría 6,000. Las 5,000 acciones val-drían ahora $500,000. Después del dividendo en acciones el valor de todas sería $600,000. Ahora bien, si A. Hartman & Co. hubiese decidido vender las acciones dádasle como dividendo, ella habría recibido $100,000 en efectivo en la bolsa y su inversión original de $500,000 en manera alguna se hu-biese disminuido y A. Hartman & Co. hubiese tenido que pa-gar una contribución sobre el ingreso de $100,000. En otras palabras, una acción dada como dividendo tan sólo está exenta del pago de contribución mientras permanece en po-der de A. Hartman & Co.

Por tanto, si en vez de retener las nuevas acciones A. Hartman & Co. decide pasarlas a los miembros de la socie-dad, cada nno de ellos recibe algo de valor que de acuerdo con la definición dada por toda ley de contribución sobre in-gresos es tributable como tal ingreso. Cada uno de los miembros de la sociedad fia recibido algo que tiene un valor tributable en el mercado, un valor sobre el cual se pue-den imponer contribuciones, y era tributable como ingreso.

Repetimos que si el apelante, representado abora por Dolores Alcaide, hubiera podido demostrar que la suma que Harry A. McCormick recibió de A. Hartman & Co. equi-valía a una disminución de su capital, se habría presen-tado un caso distinto. Él dejó de demostrar que su inver-sión original en A. Hartman & Co. fuera en forma alguna disminuida. Conforme hemos dicho antes, el caso de Eisner v. Macomber presupone que el interés de los accionis-tas de momento o hasta tanto surja un beneficio, no se au-menta ni disminuye.

La corte comenta el hecho de que el caso de Eisner v. Macomber fué resuelto por una votación de cinco contra cuatro. Hl apelante indica que en otro caso la Corte Su-prema de los Pistados Unidos confirmó el de Eisner v. Macomber con dos votos disidentes solamente. El punto que la corte de distrito trataba de hacer resaltar, según nues-tro criterio, es que Eisner v. Macomber fué un caso dudoso y que sus principios deben limitarse más o menos a los he-chos que aparecen en dicho caso, en que el dividendo en ac-ciones permanece en poder de los accionistas, y no a casos en que otras entidades o personas reciben las acciones mis-mas como cosa de valor.

Para llegar a la conclusión que antecede, en adición a los casos ya citados, hemos consultado, entre otras, las si-guientes autoridades: United States v. Phellis, 257 U. S. 156; Miles v. Safe Deposit, 259 U. S. 247; Cullinan v. Walker, 262 U. S. 134; Weiss v. Stearn, 265 U. S. 242; Marr v. United States, 268 U. S. 536; McDonald v. Maxwell, 274 U. S. 91; Rockefeller v. United States, 257 U. S. 176; la nota a Eisner v. Macomber, 9 A. L. R. 1594; City of Allegheny v. Pittsburgh, 36 Atl. 161; Morgan v. Wisconsin Tax Commission, 61 A. L. R. 357 y la nota en la página 360.

La posición del Tesorero de qne las planillas de Harry A. McCormick muestran beneficios no es, por tanto, mera-mente técnica. Naturalmente, si Harry A. McCormick no hubiese en realidad recibido ninguna utilidad, entonces el Tesorero en equidad y buena fe no debía tratar de cobrarle contribuciones. El contribuyente presentó unas planillas que nominalmente mostraban beneficios, y, conforme vemos los autos, no se ha demostrado que las aseveraciones en ellas contenidas fuesen erróneas. La substancia del argumento es que el apelante o su causahabiente tenía los mismos de-rechos que A. Hartman & Co., mas éste no es un caso com-prendido en los principios de Eisner v. Macomber, supra.

El Pueblo de Puerto Rico llamó nuestra atención al hecho de que las contribuciones fueron pagadas voluntariamente y sin protesta alguna, que los apelantes permitieron que transcurriera un año sin solicitar su devolución y que las demandas no fueron radicadas hasta el año 1923. La sección 66 de la Ley No. 80 de 1919, provee:

“El Tesorero queda por la presente autorizado para condonar, reintegrar o restituir toda contribución, o derecho errónea e ilegal-mente impuestos o recaudados, así como el importe de toda multa recaudada por error o sin autoridad legal.
“Si el Tesorero de Puerto Rico, una vez presentada ante él la reclamación oportuna interesando la devolución, reintegro o condo-nación de todo derecho o contribución errónea o ilegalmente impues-tos o recaudados, así como el importe de toda multa recaudada por error, o sin autoridad legal, se negare sin motivo alguno a conceder el objeto de dicha reclamación, la parte agraviada podrá entonces recurrir a los tribunales de justicia, siguiendo para ello el trámite autorizado y el procedimiento establecido en la Sección 63 de esta Ley.” Leyes de ese año, pág. 667.

La sección 63 de la misma ley dispone:

“Las resoluciones de la Junta de Revisión e Igualamiento serán finales. El contribuyente deberá satisfacer bajo protesta la contri-bución que le baya sido impuesta dentro del plazo fijado en la sec-ción 55, pudiendo interponer, dentro de los 20 días siguientes al pago bajo protesta, la correspondiente demanda contra el Tesorero de Puerto Rico ante la corte de distrito competente.
“Estos pleitos tendrán preferencia y prelación en los calendarios de las cortes; todas las defensas que el demandado baya de oponer a la demanda deberán ser formuladas a la vez en un solo escrito y el juez las resolverá en una sola vista por orden estricto de prece-dencia; el juicio se señalará rápidamente para su resolución defi-nitiva y cualquier dilación injustificada por parte del demandante será motivo para dictar sentencia por desistimiento.” Leyes de ese año, págs. 665 y 667.

A este respecto dijimos en el caso de Serrallés v. Tesorero, 30 D.P.R. 237, 240:

“La parte apelada insiste en sostener que la demanda no aduce becbos suficientes para determinar una causa de acción. Alega que son aplicables, además de la sección 66 de la Ley No. 80 de 1919, las secciones 61, 62 y 63 y que como en la demanda no se expresa que se acudiera a la Junta de Revisión e Igualamiento, ni que se pagara la contribución bajo protesta, carece de acción el demandante.
“No estamos conformes. Es cierto que la sección 66 prescribe que en la apelación que se establezca se siga el trámite mareado en la sección 63, pero ello claramente se refiere al término para recu-rrir, a la titulación de la demanda y a la manera como se tramita el pleito en la corte, todo lo que se encuentra en la propia sección 63, sin que sea necesario completar el pensamiento del legislador con lo dispuesto en las secciones 61 y 62. Claramente se trata de casos distintos. La ley es en verdad liberal y ofrece amplias oportunida-des para corregir cualquier error o reparar cualquier injusticia, pri-mero cuando el contribuyente gestiona desde el principio y segundo cuando tramitada la imposición de la contribución y su cobro sin dificultades ni protestas, el contribuyente pide que se le reintegre lo que a su juicio se le cobró indebidamente.”

Este caso sirve claramente de autoridad al liecho de que 'no es necesario acudir a la Junta de Revisión e Iguala-miento ni pagar bajo protesta.

Volviendo a la sección 66, es evidente que después de la negativa del Tesorero la persona perjudicada puede enton-ces acudir a las cortes. Según se demostró en el caso de' Serrallés, supra, el recurso dado es inmediato y la sección 63 se refiere solamente a la manera de proceder en un pleito que esté ante la corte.

Conforme hemos dicho, la sección 66 de la Ley No. 80 de 1919 concede a las partes en este caso el derecho a so-licitar la devolución de las contribuciones indebidamente pagadas. La ley provee, además, que si el Tesorero se ne-gare sin motivo alguno a conceder el objeto de dicha recla-mación, la parte agraviada podrá entonces recurrir a los tribunales de justicia. Tal vez sea solamente otra forma de expresar la proposición principal de esta opinión, mas no creemos que podamos resolver, después de haberse efectuado un pago voluntario por el contribuyente, que el Tesorero se negó a devolver las contribuciones sin motivo alguno. En un caso como el presente en que sea dudoso si una can-tidad voluntariamente pagada por un contribuyente es in-greso o no, la negativa del Tesorero a devolver la contri-bución no puede ser considerada como no equitativa o in-fundada (without reason).

Beben confirmarse las sentencias apeladas.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Luisa, Marina, Leopoldo, Estela, Luz y Jaime Vázquez Prada y López, demandantes y apelantes, v. Cipriano Santos, demandado y apelado.
    No. 5675.

    Sometido: Marzo 29, 1932.

      Resuelto: Enero 20, 1933.

      L. Vázq%iez Prada compareció en persona; B. S. Blondet, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Slste es un caso en que la Corte de Distrito de San •Juan resolvió que la apelante o apelantes, según sea el caso, dejaron de probar las alegaciones de la demanda. Por consiguiente, el supuesto error de la corte al admitir una contestación enmendada en que se planteaba la cuestión de res ■adjudieata no fué perjudicial, caso de ser un error. La corte no consideró la defensa de res adjudicada,. Esta defensa fué en efecto elimiiiacla. Lo anterior resuelve el primer señalamiento de error.

El segundo señalamiento se refiere a la supuesta negativa de la corte a conceder una moción de reconsideración. Suponiendo que se permitiera apelar de una resolución denegando una reconsideración, ninguna fué interpuesta y la •cuestión no se baila debidamente ante nos.

El tercero y último señalamiento de error está redactado en la siguiente forma:

“Que la corte cometió error al infringir así la doctrina sentada por esta Hon. Corte en el caso de Vázquez et al. v. Rocco y Annuzzi et al., tomo 27 D.P.R., página 740.”

Necesariamente, este señalamiento es defectuoso al no indicar específicamente la actuación de la corte que sirve de fundamento al error. Empero, la parte demandante, bom-bre lego, dirigió su propio caso en la corte inferior y en. esta corte, y entraremos a considerar el error alegado.

No bay’duda alguna de que bajo la decisión citada y bajo muchas otras, nadie tiene derecho a recobrar más intereses-que los convenidos por las partes. La dificultad existenteen este caso es que la corte se negó a creer el único testi-monio, no corroborado en forma legal, del demandante. La corte no dudó de la buena fe de la parte demandante, mas creyó que ella tenía que estar equivocada. En este caso no hallamos forma alguna de ir más allá de la apreciación de-la prueba hecha por la corte inferior y la sentencia debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino-


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Pérez Enríquez, acusado y apelante.
    No. 4754.

    Sometido: Noviembre 9, 1932.

      Resuelto: Enero 20, 1933.

      L. Santiago Carmona, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal^ abogado de El Pueblo, apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Inspector de Sanidad del Distrito del Dorado, for-muló denuncia contra Antonio Pérez Enriquez por infrac-ción al artículo 41 del Reglamento No. 7 de Sanidad, apro-bado el 25 de septiembre de 1912, cometida como sigue:

“Que en los primeros días de mayo de 1931, y en la calle Muñoz Rivera de Toa Baja, P. R., dentro del Distrito Judicial Municipal de Toa Alta, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Baya-món, P. R., el'referido acusado Antonio Pérez Enriquez, siendo un plomero autorizado, voluntaria y maliciosamente violó lo dispuesto en el Art. 41 del Reglamento de Sanidad No. 7 aprobado en 25 de septiembre de 1912 porque conectó conjuntamente al alcantarillado las instalaciones de plomerías de dos casas propiedad de Ceferino Huertas radicadas en la Calle Luis Muñoz Rivera en Toa Baja, P. R., en vez de por separado según se dispone en el Reglamento mencio-nado. ’

Condenado el acusado en la corte municipal, apeló para ante la corte de distrito. Celebrado un nuevo juicio y prac-ticada una inspección ocular por el juez, volvió a ser conde-nado, imponiéndosele una multa de cinco dólares. No con-forme, apeló. '

Su alegato no contiene un señalamiento de errores, pero leyéndolo se concluye fácilmente que lo que sostiene es que la denuncia no le imputa la comisión de un delito público, primero, porque el artículo 41 del Reglamento No. 7 de Sanidad es meramente directivo y su infracción no está castigada por el mismo, y segundo, porque en el caso de que alguien fuera responsable de la infracción, lo sería el dueño de las casas y no él, simple plomero para quien el propio reglamento señala penas que se imponen administrativamente:

No existe en este caso pliego de excepciones, exposición, o transcripción de evidencia. Conocemos la denuncia. La sección 41 cuya infracción se persigue, dice: ,

“Art. 41. — Instalaciones.—La plomería y el drenaje de todo edi-ficio se conectará por separado independientemente con el alcanta-rillado o cloaca pública cuando ésta existiere, y en su defecto’con un. pozo séptico o sumidero. Cuando no liubiere alcantarilla en la calle y fuere necesario construir una alcantarilla particular para co-nectarla con la de otra calle, se someterán los planos de dicho tra-bajo al Director de Sanidad para su aprobación.”

Creemos que basta un mero examen de esa sección para resolver en contrario la primera cuestión que suscita el ape-lante. Disponiendo como dispone que la plomería y el dre-naje de todo edificio se conectará por separado con el al-cantarillado público, el conectar conjuntamente con dicho al-cantarillado las instalaciones de dos casas, la infringe cla-ramente.

Examinemos la segunda cuestión. Es cierto que el artículo 15 del reglamento dispone que a los maestros y ofi-ciales plomeros que violaren el Reglamento o que efectua-ren trabajos que no estuvieren de acuerdo con los planos presentados, se les suspenderá su licencia, pero ello no quiere decir que estén exentos de la pena que para las vio-laciones reglamentarias en general fija el estatuto. Si un dueño de dos casas ordena que se haga una sola conexión, infringe la sección 41, y también la infringe el plomero que realiza el trabajo, pudiendo su actuación ser castigada im-poniéndosele por el tribunal competente la penalidad que proceda con arreglo a ley y suspendiéndosele administrati-vamente su licencia de acuerdo con la sección 15 del Regla-mento.

En cuanto a si el Reglamento tiene o no fuerza obligatoria, bastará referirnos al artículo 14 de la Ley de Sanidad, sección 977, Comp. 1911, que en lo pertinente dice: “La Junta Insular de Sanidad deberá dictar los reglamentos y disposiciones sanitarios aplicables a todos los municipios de Puerto Rico, con el fin de prevenir y suprimir . . . •e intervenir en cualquier otro servicio que afectare la salud pública, cómo . . . construcción de edificios en la población, ventilación, drenaje e instalaciones sanitarias . . .”, al artículo 32 de dicha ley, sección 995, Comp. 1911, que prescribe: “Toda persona que infrinja las disposiciones de los reglamentos de sanidad puestos en vigor por el director de sanidad de acuerdo con esta ley, y aprobados conforme se-dispone en el artículo 9 de la misma, será castigada con multa que no será menor de un dollar ni mayor de cien dollars, o con prisión desde uno a treinta días, o con ambas pe-nas a discreción del tribunal.”, y a la jurisprudencia esta-blecida en los casos de El Pueblo v. Ortiz, 29 D.P.R. 424, y El Pueblo v. Neagle, 21 D.P.R. 356. En el último se dijo:

“En el caso de United States v. Grimaud, 220 U. S. 506, una ley del Congreso reservó ciertos terrenos forestales y dispuso que el Se-cretario de Agricultura debería dictar aquellas reglas y reglamentos y debería establecer el servicio necesario para asegurar los fines de tal reserva, cuales son el reglamentar su disfrute y posesión y el im-pedir la destrucción de los bosques. La infracción de cualquiera de las reglas establecidas por el Secretario de Agricultura constituía un delito. Al declarar que tal ley era constitucional la corte dijo:
“ ‘ (P. 517.) Desde el principio del gobierno varias leyes ban sido aprobadas confiriendo a funcionarios ejecutivos el poder de dic-tar regias y reglamentos, no para el régimen de sus departamentos, sino para hacer cumplir las leyes vigentes. Ninguna de estas leyes podían conferir poder legislativo. Pero cuando el Congreso legis-laba y expresaba su voluntad, podía dar a aquellos que habían de actuar bajo tales preceptos, el poder para establecer los detalles me-diante la promulgación de regias y reglamentos administrativos, cuya infracción podía ser castigada con multa o prisión fijada por el Con-greso, o con penas fijadas por el Congreso, o calculadas por el daño-causado’.”

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la-sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


author: El Juez .Peesidente Señor del Toro, DEL JUEZ ASOCIADO SB. WOLP

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carlos Manuel Benjamín, acusado y apelante.
    No. 4699.

    Sometido: Noviembre 15, 1932.

      Resuelto: Enero 20, 1933.

      Felipe Colón Días y B. Hernández Matos, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez .Peesidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Carlos Manuel Benjamín fué acusado como autor de un delito de homicidio involuntario, cometido como sigue:

. allá por uno de los días del mes de octubre de 1930 y en el término municipal de Ponce, Puerto Rico, que forma parte del Distrito Judicial del mismo nombre, ilegal y voluntariamente y en ocasión en que manejaba un vehículo de motor, un automóvil, sin estar autorizado para ello, manejó dicho automóvil con tanta negli-gencia, falta de cuidado y circunspección, que arrolló al ser hu-mano Juana Bautista Ortiz y Candelario, ocasionándole contusiones que fueron la causa ilegal de la muerte de la citada Juana Bautista Ortiz y Candelario.

“La negligencia, descuido y falta de circunspección en este caso consistió en que el acusado guiaba dicho automóvil por el lado iz-quierdo de la carretera en vez de por su derecha, a una velocidad exagerada. ’ ’

Hizo la alegación de no culpable y solicitó juicio por ju-rado. La vista se celebró. Rindió el jurado veredicto de culpabilidad y la corte dictó sentencia imponiendo a Benja-mín seis meses de presidio. No conforme interpuso el pre-sente recurso de apelación. Alega como único error la in-suficiencia de la prueba. El fiscal de esta Corte Suprema se adhirió al recurso.

No obstante reconocer que la prueba es confusa y difí-cil de apreciar, opinamos que no puede sostenerse que sea .de tal manera deficiente que.permita asegurar que el jurado no tuvo base para rendir su veredicto ni la corte para dic-tar su sentencia.

El primer testigo de cargo que declaró fué Bienvenido Torres.

Dijo que "viniendo de la carretera del Pastillo para acá (Ponce) iba un automóvil; cruzaba una viejita; el auto-móvil tocó claxon y entonces la viejita cruzó; al la viejita ■cruzar, el automóvil le dió a un latón que ella llevaba y la viejita cayó al suelo.” La carretera "es recta, bastante an-cha. ’ ’

Preguntado sobre cuál era el sitio donde estaba la vie-jita, contestó: ‘ ‘ La viejita está casi para la izquierda; viene .ya para del medio de la carretera, y entonces el automóvil tocó, que va por su derecha, y desvió para no pisarla, y en-tonces le dió al latón y la viejita cayó.”

A otras preguntas dijo: "Había carretera para pasar el automóvil. Sí, si se tira parte de la cuneta, pasa. Venía de Peñuelas para Ponce. El carro iba en dirección opuesta. Pues la viejita salía de la derecha, que hay unas casas allí, a cruzar para la izquierda. No le puedo decir (la velocidad) porque yo no entiendo nada de automóvil, pero iba ... se veía despacio, (lomo diez o doce varas para alante paró. El muchacho (chauffeur) iba por la derecha. Le dió a la viejita más parte para el medio de la carretera. Para la izquierda, para el medio de la carretera. Le dió con el guardalodo de atrás derecho, de aquí para allá, izquierdo, de aquí para allá. El muchacho tocó claxon. La viejita si-guió cruzando; no hizo nada, como si hubiera ido a cruzar derecho. Cuando el muchacho se vió frente a .la viejita des-vió el auto. Para la izquierda. Fué a tener a la cuneta, para alante. Quedó un poco atravesado. La viejita va por •el medio de la carretera. El automóvil desvía para la iz-quierda. Le da con el tapalodos. Con el de la derecha de él. Con el de atrás.”

El fiscal presentó entonces una certificación del Comisio-nado del Interior creditiva de que de acuerdo con los récords de la División de Automóviles de su Departamento, no apa-recía el acusado autorizado para manejar vehículos de motor por los caminos de Puerto Rico.

Sigue la declaración de Pedro Juan Santiago que no pre-senció el accidente. Oyó el 6 de octubre de 1930 como a las cinco de la tarde desde su casa gritos, salió a la carretera y vió que habían recogido a Juana Bautista Ortiz que la ha-bía golpeado un automóvil. Estaba bañada en sangre. Se brindó a traerla al hospital. La trajo en el auto guiado por el acusado.

Belén Ortiz identificó el cadáver de la viejita. Y el doctor Luis M. Graulau, el 7 de octubre, entre dos y tres de la tarde, practicó su autopsia. Tenía varias contusiones en el cuerpo, una en el dorso de la mano izquierda, otra fuerte en el codo derecho y- otra fuerte en la región occipital. Abierto el cráneo había una fractura conminuta. El cráneo estaba destrozado con abundante hemorragia. La contusión se de-bió a un golpe bien violento. La causa de la muerte fué la fractura del cráneo y la hemorragia de la arteria me-níngea media. Tuvo que caer contra algo duro. De lado. Del lado derecho. Tenía como noventa años.

El último testigo del fiscal que declaró fué el sargento de la Policía Insular Víctor Manuel Pizarro. Gomo a las ocho de la noche del 6 de octubre, 1930, tuvo conocimiento del suceso. El acusado le informó voluntariamente que él era la persona que manejaba el auto. Fué con él al sitio “y él me enseñó exactamente dónde le había ocurrido el acci-dente. Di reverse hacia atrás y puse el switch de la luz y vi huellas de un automóvil que había manejado momentos antes, en dirección de Ponce para Peñuelas, por el lado iz-quierdo de la carretera. Medí la distancia con un bastón, la distancia como de donde el automóvil había hecho uso de los frenos, hacia la esquina o muro de la casa de una fami-lia que dice llamarse Cuprill, y en el medio de ese trayecto había unas huellas de sangre. Le pregunté al joven Ben-jamín que qué era aquello, manifestándome que era la san-gre de la anciana con quien él había tenido el accidente; En-tonces medí y calculé de veinticinco a treinta metros,- el si-tio donde empezó el automóvil a hacer uso, forzó las gomas hasta, la esquina de Cnprill, y las huellas de sangre . . . Personalmente vi . . ¿Estaba el joven allí? Estaba él. Además de usar el full light del automóvil, llevaba yo un flash, light para cerciorarme si aquello era sangre o no era, y del sitio donde estaba la sangre a donde terminó el carro de parar, había, poco más o menos, de quince metros. Es-taba la huella de sangre más a la izquierda, en dirección de Ponce para Peñuelas, que a la derecha, siendo ese sitio bas-tante ancho y carretera recta.”

Terminada la prueba del pueblo el acusado por su abo-gado solicitó que se le absolviera perentoriamente. El juez oyó su argumentación y declaró sin lugar la moción de non-suit.

La prueba de la defensa consistió en las declaraciones de Enrique Churdón, Gerardo Arce y en la del propio acusado.

Oliardón dijo:

“Ese día cuando íbamos, salió una señora a buscar agua con un latón, y 'como quince o veinte metros antes de llegar el carro, él tocó claxon y la señora se atravesó en la carretera. Al llegar al medio de la carretera, que la señora iba entonces a cruzar la carretera, él se echó a la derecha para evitar atrapar la señora, y cuando llegó cinco o seis metros de la señora, viró hacia la izquierda, evitando agolpear a la señora y tropezó con la escalera de casa del señor Cu-prill, frente del hipódromo. El carro. La rueda izquierda delan-tera del carro. Y con la alcantarilla de la casa. Y el tapalodo de la derecha de atrás, le dió a un latón que llevaba la señora. Yo creo que el carro iría de doce a quince millas. Paró como ocho o diez metros.”

Arce manifestó que el carro iba como a quince o veinte millas y tocó claxon. Describe el suceso así:

“Pues resulta que éste (el chauffeur) iba por su derecha; en-tonces la señora iba cruzando de la derecha para la izquierda y en-tonces él tocó claxon y la señora se turbó y viró para atrás y cuando éste tiró el carro a la izquierda la señora también se tiró a la izquierda, y entonces, cuando el carro iba así, viene y le dió con el guardalodo de-recbo ele atrás al latón que ella llevaba; entonces ella cayó y el carro entonces caminó como cinco o seis pies para allá y entonces él lo cogió y lo caminó más, para alinearlo para dejar paso. Sí, señor, se tiró a la escalera de una casa; una casa que había a la izquierda.”

El acusado se expresó así:

"Yo sé guiar automóviles hace como tres años. He guiado Hudson, Buick, Chevrolet, Cadillac, Nash y Dodge. Tengo de diez y siete a diez y ocho años. Yendo de aefuí para allá, para casa de Enrique Chardón, de Ponce para Peñuelas, frente al hipódromo, salía una viejita y cuando salía la viejita cruzaba de la derecha para la iz-quierda, y cuando yo la vi salir de la derecha para la izquierda, en-tonces le toqué claxon y ella se paró en el medio y cuando fui a co-ger la derecha, se tiró ella a la derecha, y cuando vi que el carro se la iba a llevar de frente, metí seguida el guía para la izquierda, que por echar, me llevó un muro ahí por defender la vieja; pero el tapalodo derecho del lado de atrás estaba un poco salido para afuera y le dió a una lata que ella traía. Gomo el carro quedó cruzado, quedó como de ahí a ahí, que tuve que echar para alante para po-der dar paso y para que los otros pasaran. El carro paró como ahí, seguida, cruzado, y tuve que echarlo para alante para que los otros carros pudieran pasar porque yo me tiré demasiado a la izquierda y quedó cruzado el carro.”

La carretera era recta y suficientemente ancha. La vie-jita había llegado o estaba próxima a llegar al centro de la misma. Pudo ser vista a tiempo para evitar el accidente. No ya de la prueba del Pueblo, no obstante lo que dijo el primer testigo, si que también de la del propio acusado, puede deducirse que el auto caminaba por la izquierda y tan rápidamente que no pudo detenerse a tiempo o que el acu-sado guiaba con tal descuido que no advirtió al ser humano que cruzaba la carretera o que habiéndolo advertido fué tan inexperto que no supo evitar el injuriarlo. No se trata de un caso de una persona que aparece súbitamente cuando ya es imposible dejar de chocar con ella.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Aldrey y Córdova Dávila, disintieron.

OPINIÓN CONCURRENTE

DEL JUEZ ASOCIADO SB. WOLP

Nada se dijo en la opinión de la corte de lo cual yo difi-riese, pero fné mi deseo aclarar, en cnanto me fuera dable, las razones por las que el jurado tenía derecho a creer que el acusado caminaba por el lado izquierdo de la carretera, yendo de Ponce para Peñuelas.

En este caso se imputó al acusado el haber guiado ne-gligentemente un automóvil, consistiendo principalmente la negligencia, según el Gobierno, en haberlo conducido por el lado izquierdo de Ja carretera y a mayor velocidad. El acu-sado ocupó la silla testifical e insistió en que iba guiando por la derecha de la vía pública. Sólo hubo un testigo de cargo que presenció el accidente, y de la transcripción ta-quigráfica su declaración no es enteramente clara. El acu-sado iba de Ponce para Peñuelas. El testigo venía en dirección contraria. Aunque a principios del interrogatorio el testigo habló de que el automóvil desvió hacia su derecha, poco después manifestó que el acusado iba por la derecha, lo que según podía inferir el jurado significaba el lado de-recho de la carretera desde el punto de vista del testigo como viandante. Dijo además que la interfecta cruzó del lado iz-quierdo, lo que igualmente significaba la izquierda del tes-tigo, porque lo cierto es que ella cruzó del lado derecho del camino en dirección de Ponce a Peñuelas.

En otras palabras, el hecho claro en este caso es que la interfecta cruzó del lado derecho hacia el izquierdo del ca-mino desde el punto de vista de una persona que se diri-giera de Ponce a Peñuelas y que ella fue arrollada en el lado izquierdo de la carretera. El testigo fue posteriormente preguntado y repreguntado, y es casi imposible expresar exactamenté lo que quería decir cuando en sus respuestas al-gunas veces decía “derecha” o “izquierda”.

Si bien de la mera transcripción taquigráfica el testimo-nio del testigo presencial a veces es un poco confuso, su de-claración indicó que el acusado caminaba por el lado iz-quiérelo de la carretera, yendo de Ponce para Peñnelas. Asi-mismo 'al testigo se le pidió que explicara extremos relacio-nados con la izquierda o la derecha desde el punto de vista de la sala de la corte o del que lo interrogaba, o señalando, y el jurado, mejor que nadie, estaba habilitado para inferir de su modo de contestar, de sus ademanes y su posición, lo que significaban las palabras “izquierda” o “derecha”. El juez también oyó la prueba y evidentemente creyó, a juz-gar por sus instrucciones, que había evidencia tendente a demostrar que el acusado caminaba por la izquierda de la vía pública. Bajo estas circunstancias, el apelante no .me convence de que el jurado no tuviera derecho a concluir por la evidencia que él originalmente conducía su vehículo por el lado izquierdo de la carretera.


author: Ed Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    Antonio R. Hernández, en su carácter de Administrador Judicial del Banco Comercial de Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 881.

    Sometido: Enero 9, 1933.

      Resuelto: Enero 23, 1933.

      Félix Ochoteco, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   Ed Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 82 de la Ley Hipotecaria, según, fue enmen-dado en 1928 (Leyes de ese año, pág. 219), provee:

“Las inscripciones hechas para responder de cantidades repre-sentadas por títulos al portador o transmisibles por endoso, se can-celarán presentándose la escritura otorgada por los que hayan co-brado los créditos, en la cual debe constar haberse inutilizado en el acto de su otorgamiento, los títulos endosables o al portador. 'Si todos o algunos de dichos títulos se hubiesen extraviado, sólo podrán cancelarse dichas inscripciones por medio de mandamiento judicial creditivo de haber recaído sentencia firme, obtenida por el procedi-miento ordinario del Código de Enjuiciamiento Civil, en que se declare haber quedado extinguidas dichas obligaciones.”

IJna corte de distrito ordenó al registrador que cance-lara en el registro de la propiedad una hipoteca que había sido ejecutada. El registrador se negó a hacerlo debido a que la resolución de la corte no demostraba que el docu-mento negociable garantizado por la hipoteca en cuestión hubiera sido inutilizado conforme exige el artículo 82, supra. El significado de ese artículo, según aparece con más clari-dad en el texto español, es que el mismo documento nego-ciable, si no se hubiese extraviado, debe ser marcado o se-llado como cancelado,' o inutilizado de algún otro modo visible. Lo que el juez de distrito dijo en su resolución fue sustancialmente que: “(Por cuanto” el gravamen hipoteca-rio ha quedado cancelado por ejecución, “Por tanto” el pa-garé garantizado por dicho gravamen también ha quedado cancelado y sin valor legal alguno. Esto no significa nece-sariamente que la cancelación se hubiera hecho constar me-diante constancia escrita sobre el mismo pagaré, o que éste hubiera sido anulado o inutilizado de alguna otra forma visible.

Al negarse 'a obedecer la resolución de la corte, el re-gistrador no trató de calificar ninguna conclusión de aquélla, ni ninguna cuestión de derecho por ella resuelta. La reso-lución tampoco demostraba que el pagaré se hubiese extra-viado o destruido, o que hubiera sido cancelado en la forma provista por el artículo 82 de la Ley Hipotecaria. Lo que el registrador hizo fué impugnar la autoridad del juez de distrito para ordenar la cancelación tomando los hechos adu-cidos en la resolución como fundamento de la misma. Si la resolución significaba que el pagaré mismo en realidad había sido “cancelado” o inutilizado en la forma prescrita por el artículo 82 de la Ley Hipotecaria, debió haber con-tenido una constancia a ese efecto en lenguaje sencillo. El registrador estaba en lo cierto al negarse a asumir que se había cumplido el requisito estatutario.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    The National City Bank of New York, demandante y apelante, v. Francisco de la Torre, Mercedes de la Torre y su esposo A. O’Neill, demandados y apelados.
    No. 5884.

    Sometido: Noviembre 21, 1932.

      Resuelto: Enero 24, 1933.

      Fiddler é Newsom, Jr., abogados de la apelante; J. Ramírez San-Ubáñez, R. M. Nadal y Luis Muñoz Morales, abogados de Francisco de la Torre; Luis Llorens Torres y O’Neill & O’Neill, abo-gados de los esposos O’Neill-de la Torre.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelados solicitan la desestimación del presente re-curso fundados en la teoría de que una orden levantando en parte un embargo no es apelable. Tal orden es una de-cisión dentro del significado de la sección 14 de la “Ley para asegurar la efectividad de sentencias,” aprobada el 1 de marzo de 1902 (Estatutos Revisados, see. 5246), que pro-vee como sigue:

“Toda resolución del tribunal será ejecutoria desde luego, pu-liendo consignarse por la parte perjudicada la oportuna protesta, a los efectos del recurso que la Ley de Procedimientos le conceda contra la sentencia definitiva.”

El artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1904 (Estatutos Revisados, seo. 5338), expresamente auto-riza la apelación “de una providencia anulando o negándose a anular un embargo.”

Los letrados de los apelados fian dicho cuanto puede decirse en apoyo de la moción. La cuestión fue resuelta por esta corte en el caso de Trautman v. La Sociedad Trautman & Acha, 31 D.P.R. 268, y en el de Santiago v. Maldonado, id. 280. Allí se dijo, según consta en el sumario del caso de Santiago, que:

“Una resolución negando la nulidad de un embargo puede ser apelada independientemente de la apelación contra la sentencia defi-nitiva a condición de que se establezca dentro de diez días de dictada la orden, cuyo precepto no es incompatible con la sección 14 de la ley para asegurar la efectividad de las sentencias.”

Si un alegato como el que ahora tenemos ante nos hu-biera sido presentado hace diez años en cualquiera de los casos que acabamos de mencionar, quizá se hubiese llegado a una conclusión distinta. Cuestiones debatibles de proce-dimiento deben ser consideradas como ya resueltas una vez determinadas por decisiones judiciales que en la práctica han sido seguidas durante una década. Esto es especial-mente cierto cuando, como en el presente caso, el efecto de .alterar una regla establecida sería convertir en nugatoria la- última de dos disposiciones qne pueden ser consideradas como que conceden un remedio y como que son acumulati-vas en sus disposiciones autorizando la apelación “de una providencia anulando o negándose a anular un embargo”.

Debe declararse sin lugar la moción.


author: El Juez Asociado Señob Cóbdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Moreno Cuevas, acusado y apelante.
    No. 4905.

    Sometido: Enero 20, 1933.

      Resuelto: Enero 24, 1933.
    El acusado compareció personalmente por escrito; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Cóbdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

José Moreno Cuevas fné condenado por la Corte de Dis-trito de San Juan a diez años de prisión por delito de es-calamiento en primer grado. El caso fné juzgado por tribunal de derecho. Se alega en la acusación qne el acusado había sido convicto anteriormente y cumplido condena por dos delitos de escalamiento en primer grado. Apeló José Moreno Cuevas de la sentencia y en su alegato atribuye a la corte inferior tres errores.

Como primer error se alega que la corte dió entero -crédito a la declaración de Rafael Marxuach. sin estar corroborada. Este testigo residía en la casa que se alega fué escalada. Aunque su declaración no necesita ser corroborada, la verdad es que mediaron circunstancias que corroboran su testimonio, siendo una de ellas la identificación del sombrero que dejó el acusado en su fuga y que recogió el Sr. Marxuach. Este sombrero fué identificado por el detective Joaquín Rodríguez, quien declara que en otras ocasiones en que el acusado fué llevado al cuartel usaba el mismo sombrero.

Como segundo error alega el apelante que este sombrero se admitió como prueba sin que se le ocupara ni se demostrara que fuera de él. Esta evidencia fué admitida por la corte después de haber declarado los testigos Rafael Marxuach y Joaquín Rodríguez. El primero vió cuando el acusado perdió el sombrero en su huida y el segundo conocía dicho sombrero porque, como ya se ha dicho, se lo había visto antes al acusado. No hubo error en la admisión de esta prueba.

Como tercer error se alega que la corte admitió dos copias de sentencias sufridas por el acusado que nada tienen que ver con el presente caso. El fiscal ofreció esta evidencia para probar la alegación de delito subsiguiente que se formuló en la acusación. La prueba consistió de dos copias debidamente autorizadas y certificadas de sentencias recaídas contra el acusado por delitos de escalamiento en primer grado, y 'por las cuales cumplió condena en el presidio. Debe desestimarse este supuesto error.

La prueba en este caso es clara y convincente. Se ha demostrado que José Moreno Cuevas, en la madrugada del día 2 de octubre de 1931, penetró en la casa residencia de Rafael Marxuach con intención de cometer hurto. Despertó el Sr. Marxuach al oír que sonaban las llaves que había de-jado en el bolsillo de su pantalón, y el acusado entonces em-prendió la fuga dejando nn sombrero de fieltro negro en su huida que fue debidamente identificado. El Sr. Marxuach declara que del bolsillo de su pantalón le sustrajeron seis dólares y centavos.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Lorenzo Rodríguez, demandante y apelado, v. Tomás Colón, demandado y apelante.
    No. 5912.

    Sometido: Enero 20, 1933.

      Resuelto: Enero 26, 1933.

      Peclro 6?. Quiñones, abogado del apelante; J. Ruis de Val (en el alegato), abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una demanda de interdicto para recobrar la posesión de propiedad inmueble en la cual el demandante alega que es dueño y gozaba de la posesión de la siguiente finca:

“URBANA: Solar mareado con el No. 12 del plano de urbaniza-ción de parte de la finca Quintana, en el barrio Hato Key, del tér-mino municipal de Río Piedras, con una cabida de 368 metros cua-drados, que se miden en 23.20 metros más o menos por el norte, 25.60 metros por el sur, 15 metros por su frente al este y 15 metros por su fondo, oeste, lindante al norte con solar No. 13 de dicha urbanización, por el sur con el solar No. 11, propiedad del aquí demandado Tomás Colón, por el este con la calle España y por el oeste con terrenos de Petra Latorre.”

Alega además el demandante qne allá para el día 5 de marzo de 1931, el demandado, auxiliado por otra persona que actuaba bajo su mando y dirección, removió un estante de picliipén que existía como punto divisorio entre el solar antes descrito en el ángulo que forma la esquina sudoeste del mismo y clavó dicho estante en un nuevo boyo que hizo dentro del descrito solar del demandante, veinte centíme-tros retirado de la colindancia sur del mismo, alterando la cerca que por dicha colindancia separa dicho solar de otro del demandado, y despojando al demandante de la posesión de una faja de terreno que se describe así:

“Faja de terreno en el barrio Hato Rey, de Río Piedras, ur-banización Quintana, de forma triangular, que mide veinte centí-metros de ancho por el oeste en lindes con solar del demandado, 2% metros por el norte en lindes con el aquí descrito solar del deman-dante, y 2y2 metros por el sur en lindes con un solar del deman-dado.”

El demandado negó los hechos relacionados en la de-manda y alegó que no es dueño ni lo ha sido nunca de las parcelas de terreno contiguas a la del demandante y que las mismas son propiedad exclusiva del Sr. Pablo Colón López, quien las posee a título de dueño.

Dictada sentencia por la Corte de Distrito de San Juan declarando con lugar la demanda, el demandado interpuso> el presente recurso de apelación.

Alega dicho demandado que la descripción de la faja de terreno que se reclama en la demanda es defectuosa y que la corte de distrito cometió error al apreciar la prueba j dictar su fallo en favor del demandante. En realidad las alegaciones de la demanda son algo confusas. Examinadas conjuntamente las descripciones del solar principal y de la parcela que se alega formaba parte del mismo, se advierte que estas alegaciones carecen de la claridad necesaria para que en caso de ejecución de sentencia un agente judicial pueda identificar, sin necesidad de ulteriores explicaciones, la porción de terreno que se intenta recuperar. De acuerdo con las alegaciones el solar principal colinda por el oeste con terrenos de Petra Latorre. Si, como parece, la faja de terreno que se reclama fué separada del lado oeste de la finca principal, no se explica que esta pequeña parcela co-linde por el oeste con el demandado mientras la finca principal de la cual formó parte colinda por el oeste con Petra Latorre.

El demandante .apelado alega que al describirse en la de-manda el solar principal del demandante, se tomó como base la descripción que consta en la escritura y que si hubo al-guna aparente contradicción en las alegaciones y debido a una figura geométrica el solar contiguo del demandado en-traba veinte centímetros por la colindancia oeste del solar del demandante, y esta circunstancia no se alegó al hacerse la descripción de la faja despojada, ello quedó plenamente establecido por la prueba. Esto lo dice el demandante, pero no resulta probado. La verdad es que el solar principal del demandante aparece colindando con Petra Latorre por el oeste, y que la parcela que se reclama aparece colindando también por el oeste con el demandado Tomás Colón. No se explica que las colindancias varíen por el hecho de que se haya separado una faja de terreno del lado oeste del solar principal. Si este solar colindaba por el oeste con Petra Latorre, la faja que se alega fué separada del mismo debe colindar por dicho lado con Petra Latorre también. Hemos examinado la prueba practicada y no aparece de la misma que las de-ficiencias que se advierten en la descripción de la parcela reclamada hayan quedado subsanadas. En el caso de Mat anzo v. Viscarrondo, 30 D.P.R. 282, se dijo por esta corte que para que las alegaciones de una demanda de interdicto para recobrar la posesión sean suficientes para determinar una causa de acción es necesario que el demandante des-criba la porción de terreno de que fia sido despojado por el demandado de modo que. pueda dictarse una sentencia de acuerdo con ella que pueda ser cumplida por el oficial eje-cutivo de la corte. Sin tal especificación no podría saber dicho funcionario la porción de terreno cuya posesión debe restituirse al demandante.

En cuanto a la prueba, el demandante declara que el día 5 de marzo de 1931 el demandado Tomás Colón y Pablo Co-lón, en su ausencia, arrancaron un punto del solar y lo co-locaron a veinte centímetros de donde estaba antes, destru-yendo un ángulo que había allí; que inmediatamente que llegó de la calle vió que Tomás Colón estaba tratando de poner el punto dentro del solar del testigo y que le llamó la atención para que colocara el punto donde antes estaba, contestando que no, que lo dejaría allí. Declara además el demandante que el Sr. Colón representa poseer el solar por-que siempre ha vivido allí y que la faja de terreno se en-cuentra en posesión y dentro del solar de Tomás Colón.

Lorenzo Rosado, testigo del demandante, declara que To-más y Pablo Colón arrancaron un punto hacia la izquierda del solar del Sr. Rodríguez y lo colocaron hacia dentro como ocho o nueve centímetros.

El demandado Tomás Colón niega haber realizado los ac-tos que le atribuye el demandante. Declara que el solar que queda al sur de Lorenzo Rodríguez es de su hijo Pablo Co-lón, que no posee ningún terreno allí y que vive en Quin-tana, en la calle España, en una casa que le compró a doña Dolores Pou, que no vive con su hijo Pablo y que viene .a almorzar y a comer allí.

Pablo Colón declara que no ha intervenido en la remo-ción de ningún punto, verja o cerca ni tomado posesión de parcela alguna de terreno propiedad del demandante; que es dueño del solar contiguo a Lorenzo Rodríguez.

Ésta es en substancia la prueba practicada en este caso. Con respecto a las colindancias nada se dice que pueda sub-sanar las deficiencias de la demanda. No puede decirse, de acuerdo con las alegaciones y la prueba practicada, que la parcela que se reclama baya sido debidamente identificada, y por lo tanto debe revocarse la sentencia apelada sin especial condenación de costas.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

Febrero 17, 1932

En la moción de reconsideración presentada por el de-mandante no se aduce ningún nuevo argumento ni se plan-tea 'ninguna cuestión que no baya sido resuelta por esta corte en su opinión. Las deficiencias en la descripción de la finca no fueron subsanadas por la prueba. Esto en cuanto a las colindancias. En cuanto al tamaño de la parcela de terreno de que se dice fue desposeído el demandante, de-clararon dos testigos: el propio demandante y Lorenzo Ro-sado. El primero dijo que el demandado y Pablo Colón arrancaron un punto del solar y lo colocaron a veinte cen-tímetros de donde estaba, destruyendo un ángulo que allí había. El segundo declaró, que Tomás y Pablo Colón arran-caron un punto hacia la izquierda del solar del Sr. Rodrí-guez y lo colocaron para adentro como ocho o nueve centí-metros. De modo que la prueba del propio demandante re-sulta en conflicto con respecto al tamaño de la parcela. Con estas alegaciones y esta prueba no sería factible la identi-ficación de la finca en caso de ejecución.

Al resolver este caso incurrimos inadvertidamente en el error de declarar sin lugar la demanda sin especial condenación de costas. El demandado solicita que para corregir este error reconsideremos nuestra sentencia condenando en costas al demandante. Tiene razón la parte demandada. La ley es terminante y clara: en los casos de interdicto para recobrar la posesión de propiedad inmueble la parte contra la cual se dicte sentencia debe ser condenada en costas. Esta corte carece de jurisdicción para relevar al deman-dante del pago de las mismas; pero sí la tenemos para excluir los honorarios de abogado. McEvoy v. Nadal Lugo, 34 D.P.R. 634; Crédito y Ahorro Popular v. Molina, 42 D.P.R. 894. Los preceptos del estatuto quedan cumplidos condenando al demandante al pago de las costas y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en este caso, opi-namos que debe corregirse la sentencia dictada, condenando al demandante a satisfacer las costas sin incluir honorarios de abogado.