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text:
      In re Extensión de Términos por Motivo de Concesión de los Días 31 de Marzo y 1 de Abril de 2010.

      Número: EM-2010-02

      Resuelto: 24 de marzo de 2010
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, concedió libre los días 31 de marzo (Miércoles Santo) y 1 de abril de 2010 (Jueves Santo), con cargo a la licencia de vacaciones.

A tales efectos y en virtud de nuestra facultad para re-glamentar los procedimientos judiciales, al computar los términos dispuestos en las distintas leyes y reglas aplica-bles a los procedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A secs. 72 y 73), y se considerará el 31 de marzo (Miércoles Santo) y el 1 de abril de 2010 (Jueves Santo) como si fueran días feriados. Cualquier término que venza esos días se extenderá hasta el lunes 5 de abril de 2010, próximo día laborable.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Ramón Delgado Rodríguez.

      Número: TS-8315

      Resuelto: 30 de marzo de 2010
   per curiam:

Nuevamente nos vemos obligados a ejercer nuestra función disciplinaria ante crasas violaciones a los cánones del Código de Etica Profesional. Ello, por el re-ferido de una sentencia emitida por el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. En dicha sentencia se condenó por un delito grave al Ledo. Ramón Delgado Rodríguez.

A continuación las actuaciones que activan nuestra ju-risdicción disciplinaria.

I

El licenciado Delgado Rodríguez era el representante legal del Sr. Roberto Ramos González en un caso que se ventilaba ante el Tribunal de Distrito Federal para el Dis-trito de Puerto Rico. Mientras se dilucidaba el caso, el licenciado Delgado Rodríguez le solicitó a un tercero que le ofreciera $12,000 a un testigo de fiscalía para que cam-biara su declaración.

Por lo anterior, el 5 de febrero de 2008 se presentó un pliego acusatorio contra el licenciado Delgado Rodríguez y el señor Ramos González. Luego de varios trámites proce-sales de rigor, cuya narración es innecesaria para este pro-cedimiento disciplinario, el licenciado Delgado Rodríguez se declaró culpable del delito de manipulación de testigos. Por ello, el 28 de agosto de 2009 el foro federal emitió una sentencia mediante la cual se condena al licen-ciado Delgado Rodríguez a cumplir una pena de setenta meses en prisión y luego cumplir tres años en libertad condicionada.

El 13 de noviembre de 2009 el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico nos refirió la aludida sentencia y el 11 de diciembre de 2009 emitimos una reso-lución ordenándole al licenciado Delgado Rodríguez que nos demostrara, dentro de un término de veinte días, por qué no debía ser suspendido del ejercicio de la profesión de la abogacía. Ello, por su condena por delito grave en la jurisdicción federal. No obstante, el licenciado Delgado Ro-dríguez no contestó nuestro requerimiento

II

Ponderados los hechos, procedemos a resolver el pre-sente asunto disciplinario. Veamos.

A. Es causa suficiente para ejercer nuestra función disciplinaria el que un abogado sea encontrado incurso o se declare culpable de un delito en conexión con el ejercicio de su profesión. Por ello, en lo pertinente a este recurso disciplinario, podemos colegir que es altamente reprochable el que un abogado produzca o trate de producir prueba falsa ante un tribunal. “La intervención indebida por un abogado ... con sus testigos o los de la parte contraria es intolerable.” De igual forma, los abogados tienen que “abstenerse de brindar, ofrecer u otorgar beneficios a un testigo” Además, los abogados tienen el deber de velar por que ninguna otra persona incumpla con lo antes expuesto

Un abogado no puede, en la defensa de su cliente, violar las leyes o cometer algún engaño La conducta de los abogados ante los tribunales y ante los compañeros de la profesión debe ser sincera y honrada. “No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir [o tratar de inducir] al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho.’ “[T]odo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable.’

B. Por otra parte, el incumplimiento de nuestras órdenes por parte de los abogados conlleva la imposición de sanciones severas. Ello, por tratarse de una conducta que contraviene las más elementales normas éticas que regulan la profesión de la abogacía La desatención a las órdenes de este Tribunal constituye una clara violación al Canon 9 del Código de Etica Profesional, en lo referente a la exigencia de respeto hacia los tribunales La testarudez y la contumacia al no contestar nuestros requerimientos no será tolerada El no responder diligentemente nuestras órdenes o requerimientos constituye “una falta de respeto hacia los procedimientos de este Tribunal y socava nuestra función reguladora de la profesión”.

C. El incumplimiento de nuestra orden por parte del licenciado Delgado Rodríguez, por sí mismo, constituye causa suficiente para tomar medidas disciplinarias en su contra. No obstante, lo que nos obliga a pautar una drás-tica sanción disciplinaria contra el licenciado Delgado Ro-dríguez es que sus actuaciones son altamente reprochables. El licenciado Delgado Rodríguez violó las más elementales normas éticas. El delito de manipulación de testigos es un delito totalmente revestido de deprava-ción moral) Tal depravación moral imposibilita al señor Delgado Rodríguez ejercer la profesión de la abogacía. La conducta desplegada por el señor Delgado Rodríguez cons-tituye una falta intolerable hacia nuestra profesión, a la confianza pública depositada en ésta y a este Tribunal. Además, su desidia al desatender nuestra orden demues-tra que el señor Delgado Rodríguez no interesa practicar la profesión de la abogacía.

III

Considerando la gravedad de los actos incurridos por el señor Delgado Rodríguez y de nuestra obligación de man-tener la fe del Pueblo en la justicia a los más altos niveles de responsabilidad pública, decretamos la separación in-mediata e indefinida de la profesión de la abogacía y de la notaría al señor Delgado Rodríguez. Ello, por violar los Cá-nones 5, 7, 9, 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

Ordenamos que su nombre sea eliminado de los registros de abogados y de notarios. Le apercibimos de su obligación de informar a todos sus clientes de su inhabilidad para representarlos, devolver cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar, oportunamente, su desaforo a los foros judiciales y administrativos de Puerto Rico. Además, tiene la obligación de certificarnos dentro de un término de treinta días a partir de su notificación, el cumplimiento con estos deberes.

La Oficina del Alguacil de este Tribunal procederá, de inmediato, a incautar el sello y la obra notarial del señor Delgado Rodríguez. Luego éstos se entregarán a la Oficina de Inspección de Notarías para su examen e informe corres-pondiente a este Tribunal.

       4 L.P.R.A. Ap. IX.

       El licenciado Delgado Rodríguez fue admitido a la práctica de la abogacía por este Tribunal el 13 de agosto de 1986 y a la notaría el 9 de septiembre de 1986.

       En dicho caso, el señor Ramos González, mejor conocido como “Robert Belle-za”, estaba acusado por delitos de narcotráfico.

       18 U.S.C.A. sec. 1512(b)(1).

       La resolución emitida por este Tribunal fue enviada al licenciado Delgado Rodríguez al “Federal Correction Institution RO. Box 1000, Morgan Town, West Virginia 26507”, en donde se encontraba confinado.

        In re Manzano Velázquez, 144 D.P.R. 84 (1997).

       4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 5.

       Íd

       4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 15. Véanse: In re Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758 (1976); In re Pagán Colón, 100 D.P.R. 223 (1971).

       íd.

       4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 18.

       4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 35.

       4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 38.

        In re Ramírez Ferrer, 164 D.P.R. 744 (2005); In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55 (1998).

       4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 9; In re Vargas Soto, supra.

        In re Santiago Méndez, 129 D.P.R. 696 (1991).

        In re Velázquez Quiles, 146 D.P.R. 30 (1998).

       En cuanto a lo que constituye depravación moral, hemos expresado que “tratándose de abogados, consiste ... en hacer algo contrario a la justicia, la honra-dez, los buenos principios o la moral. ... En general la consideramos como un estado o condición del individuo, compuesto por una deficiencia inherente de su sentido de la moral y la rectitud; en que la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana y todo lo que hace es esencialmente malo, doloso, fraudulento, inmoral, vil en su naturaleza y dañino en su consecuencias”. In re Garca Quintero, 138 D.P.R. 669, 671 (1995). El presente caso es un ejemplo claro de lo que constituye depravación moral.


text:
      In re Carlos A. Cubero Feliciano.

      Número: TS-12179

      Resuelto: 5 de abril de 2010

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe.
   per curiam:

El Ledo. Carlos A. Cubero Feliciano fue ad-mitido al ejercicio de la abogacía el 21 de enero de 1998 y a la notaría el 23 de junio de 1998.

El Colegio de Abogados acudió ante este Tribunal e in-formó que el licenciado Cubero Feliciano adeudaba el pago de la fianza notarial. En vista de ello, concedimos al licen-ciado Cubero Feliciano tiempo para mostrar causa por la cual no debía ser suspendido de la abogacía y notaría. Ante la falta de comparecencia e incumplimiento con la orden de este Tribunal, el 7 de abril de 2009 lo suspendimos indefi-nidamente del ejercicio de la abogacía y notaría. In re Cubero Feliciano I, 175 D.P.R. 794 (2009).

El 20 de mayo de 2009 admitimos nuevamente al licen-ciado Cubero Feliciano al ejercicio de la abogacía, pero no así al de la notaría. En esa ocasión, ordenamos a la Direc-tora de la Oficina de Inspección de Notarías (O.D.I.N.) a que informara sobre el estado de la obra notarial incautada al licenciado Cubero Feliciano. In re Cubero Feliciano II, 175 D.P.R. 1006 (2009).

Oportunamente, la Directora de O.D.I.N. nos informó de varias deficiencias en la obra notarial del licenciado Cu-bero Feliciano. Entre las deficiencias señaladas se distin-guen: (1) la no encuadernación de los Protocolos desde 1998 al 2008; (2) la falta de índices; (3) instrumentos pú-blicos extraviados; (4) la ausencia en el Registro de Testi-monios de aquellos testimonios que fueron informados, y (5) una deuda arancelaria por falta de sellos de rentas in-ternas, impuesto notarial y asistencia legal. Según el in-forme de la Directora de O.D.I.N., el licenciado Cubero Fe-liciano adeuda en aranceles un total de $7,008.

El 8 de septiembre de 2009 emitimos una resolución en la que ordenamos al licenciado Cubero Feliciano corregir las deficiencias en su obra notarial, so pena de sanciones disciplinarias. El 16 de febrero de 2010, a más de cinco meses de nuestra orden, la Directora de O.D.I.N. compare-ció ante nos e informó que el licenciado Cubero Feliciano “no ha hecho gestión alguna encaminada a subsanar su obra ni tenemos constancia de que se haya comunicado con esta oficina a esos efectos. Las gestiones telefónicas que se hicieron oportunamente fueron infructuosas, dado que surge que el teléfono de récord está desconectado”. Moción Informativa, pág. 1.

Esta moción de la Directora de O.D.I.N. fue notificada al licenciado Cubero Feliciano y éste no ha expresado la ra-zón de su incumplimiento con la orden que emitimos.

I

“[T]odo abogado tiene el deber y la obligación de responder con diligencia a los requerimientos y las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional”. In re Cubero Feliciano I, supra, pág. 796. Todo miembro de la clase togada debe conocer que la naturaleza de su función le requiere una escrupulosa atención y obediencia de nuestras órdenes. In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678 (1992).

Procede la suspensión del ejercicio de la profesión cuando un abogado no atiende con diligencia y premura los requerimientos de este Tribunal. In re Cubero Feliciano I, supra. Debe imponérsele sanciones disciplinarias a un abo-gado que se muestre indiferente ante nuestros apercibi-mientos y requerimientos. In re Rullán Castillo, 170 D.P.R. Ap. (2007); In re Vega Lasalle, 164 D.P.R. 659 (2005).

II

Nos resultan inaceptables los reiterados actos de incum-plimiento de las órdenes de este Tribunal por parte del licenciado Cubero Feliciano. Esta conducta constituye una violación severa al Canon 9 del Código de Etica Profesio-nal, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Anteriormente, este abogado demostró una conducta antiética por igual proceder. In re Cubero Feliciano I, supra. Ya le advertimos que el incumplimiento con las ór-denes de “este Tribunal podría conllevar que lo suspenda-mos del ejercicio de la abogacía y notaría, y dar lugar a sanciones disciplinarias adicionales”. Id., pág. 795. Por esos hechos y ante su incomparecencia, fue suspendido indefinidamente. De hecho, en la resolución en la cual lo admitimos nuevamente a la abogacía, le apercibimos que “en el futuro deberá cumplir rigurosamente ... con las ór-denes de este Tribunal”. (Enfasis suprimido.) In re Cubero Feliciano II, supra, pág. 1007. Sin embargo, no ha sido así.

Sobre la deuda arancelaria del licenciado Cubero Feliciano es preciso destacar que la falta de cancelación de sellos por parte de un notario no es solamente “una violación de la Ley Notarial de Puerto Rico, [4 L.P.R.A. see. 2001 et seq.], sino que podría inclusive resultar en la configuración del delito de apropiación ilegal”. (Escolios omitidos.) In re Merino Quiñones, 115 D.P.R. 812, 813 (1984). Resulta intolerable que un notario adeude sumas por este concepto. In re Salas Arana, 170 D.P.R. 202 (2007).

En vista de lo anterior, se suspende inmediatamente e indefinidamente del ejercicio de la abogacía al Ledo. Carlos A. Cubero Feliciano.

Se le impone al abogado querellado el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar re-presentándolos, de devolverles cualesquiera honorarios re-cibidos por trabajos no realizados e informar oportuna-mente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, tiene la obligación de acreditar y certificarnos el cumplimiento con lo anterior dentro del tér-mino de 30 días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Manuel A. Santiago Tirado.

      Número: TS-5199

      Resuelto: 7 de abril de 2010

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías; Manuel A. Santiago Tirado, pro se.

   RESOLUCIÓN

Atendida la Moción Informativa presentada por la Leda. Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Inspección de Notarías, así como el informe que la acom-paña relacionado con la obra notarial del Ledo. Manuel A. Santiago Tirado, del cual surge que éste subsanó de forma diligente y responsable las deficiencias señaladas, se auto-riza la reinstalación del Ledo. Manuel A. Santiago Tirado al ejercicio de la notaría.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Carlos Manzano Velázquez.

      Número: TS-3296

      Resuelto: 9 de abril de 2010

      Lourdes I. Quintana Llórens, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías.
   RESOLUCIÓN

Evaluada la Moción en Cumplimiento de Resolución, presentada por la parte peticionaria, se autoriza la reins-talación del Sr. Carlos Manzano Velázquez al ejercicio de la notaría.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

text:
    Juan Vázquez González, recurrido, v. Jorge Santini, Alcalde del Municipio de San Juan, por sí y en representación del Municipio de San Juan, peticionario.

      Número: CC-2009-191

      Resuelto: 9 de abril de 2010

      Claudio Aliff Ortiz, de Aldarondo & López Bras, abogado de la parte peticionaria; Luis Antonio Pabón Rojas, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

Acude ante nos el municipio de San Juan y solicita la revisión de una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Debemos resolver si la nulidad de la sanción impuesta por un funcionario no autorizado vicia todo el procedimiento administrativo de investigación previo a la sanción. Resolvemos que el proceso seguido por el Munici-pio de San Juan fue válido y no quedó viciado por la nuli-dad de la sanción impuesta.

I — I

El 9 de enero de 2002 el entonces Comisionado de la Policía del Municipio de San Juan, Adalberto Mercado Cuevas, notificó al Sr. Juan Vázquez González la intención de expulsarlo de la Policía Municipal mediante la corres-pondiente formulación de cargos. En la misiva se expresa que la investigación realizada en su contra reflejó que el 19 de agosto de 2001, éste llegó a la residencia de su compa-ñera consensual en aparente estado de embriaguez y la agredió en la nariz, causándole una fractura en el tabique nasal y sangrado profundo. Por estos hechos, el 10 de oc-tubre de 2001 el señor Vázquez González hizo una alega-ción de culpabilidad por el Art. 3.2 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida como Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, 8 L.P.R.A. see. 632.

Además, el Comisionado le notificó al señor Vázquez González que por la misma conducta ya había sido suspen-dido de empleo y sueldo por 15 días. Se expresó que esta primera sanción se debió a que el señor Vázquez González agredió físicamente a su pareja consensual y en la investi-gación administrativa éste aceptó los hechos. En la formu-lación de cargos se concluye que la conducta del señor Váz-quez González es contraria al Reglamento de la Policía Municipal de San Juan en los artículos siguientes:

Artículo 6, “Deberes y Responsabilidades”
(1) Cumplir y hacer cumplir las leyes y ordenanzas. Prote-ger la vida y la propiedad de los ciudadanos. Velar por la se-guridad y el Orden Público. Ser diligente en el cumplimiento del deber y actuar siempre en forma ecuánime, imparcial y justa.
(10) Hacer cumplir las disposiciones dirigidas a prevenir y combatir la Violencia Doméstica contenidas en la Ley Número 54 del 15 de agosto de 1989, segn enmendada, conocida como Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Domés-tica conforme a los parámetros dispuestos en la misma.
(11) Observar en todo momento una conducta ejemplar, tanto en funciones de Policía Municipal como en su rol como ciudadano en y fuera de los límites territoriales del municipio.
(12) Tratar amablemente al público y prestar la debida ayuda a las personas que la requieran. Respetar y proteger los derechos civiles de los ciudadanos.
(19) Observar obediencia a las Leyes del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, a las Ordenanzas Municipales y las Re-glas, órdenes y Normas que en virtud de las mismas se promulguen.
Artículo 16, Sección 16.2(A) Faltas Graves
(2)(A) Demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, des-cuido, parcialidad o negligencia en el desempeño de sus debe-res, funciones y responsabilidades.
(12)(A) Realizar actos por los cuales fueren convictos de de-litos graves o menos graves que impliquen depravación moral.
(56)(A) Haber incurrido en Violencia Doméstica. Apéndice, págs. 85-86.

En la carta, el Comisionado expresa la intención de ex-pulsar al señor Vázquez González de la Policía Municipal y le apercibe de su derecho a solicitar vista administrativa. A solicitud del señor Vázquez González, el 5 de marzo de 2002 se celebró la vista administrativa a la que éste acudió acompañado de su representación legal. El 25 de marzo de 2002 el Comisionado notificó su decisión de expulsar al se-ñor Vázquez González, ya que éste no presentó prueba que lo exculpara de los cargos en su contra. El señor Vázquez González fue apercibido de su derecho a solicitar una revi-sión de la decisión.

De esta determinación recurrió el señor Vázquez Gon-zález ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (C.I.P.A.). Dicho foro revocó la decisión apelada ya que el Comisionado no estaba facultado en ley para to-mar la decisión final por faltas graves. Según ese foro, esa facultad le compete exclusivamente al Alcalde del munici-pio de San Juan. Después de pasar por el foro apelativo intermedio, confirmamos esta decisión administrativa en Ortiz v. Municipio San Juan, 167 D.P.R. 609 (2006).

Ante esto, el 13 de julio de 2006 el señor Vázquez Gon-zález solicitó la reinstalación en su puesto y el pago de los haberes dejados de percibir por el tiempo que fue inválida-mente destituido. Posteriormente, se le notificó al señor Vázquez González de una resolución final tomada el 25 de mayo de 2006 por el Alcalde de San Juan, Hon. Jorge San-tini Padilla. El Alcalde hace referencia a la notificación de la formulación de cargos, a los hechos imputados, a los ar-tículos reglamentarios violados y a la vista administrativa efectuada. Amparado en su poder en ley, el Alcalde ratificó de manera final y firme la determinación de expulsar de su puesto al señor Vázquez González, y le apercibió de su de-recho a solicitar revisión.

El señor Vázquez González acudió al Tribunal de Pri-mera Instancia pero este foro desestimó la demanda por-que no se habían agotado los remedios administrativos. Entonces, el señor Vázquez González acudió ante la C.I.P.A. para impugnar la decisión del Alcalde. La C.I.P.A. confirmó la actuación del Alcalde. Inconforme con esta de-terminación, el señor Vázquez González solicitó revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Ese tribunal revocó la de-cisión de la C.I.P.A. Para así concluir, el foro apelativo in-termedio razonó que el Alcalde debió reiniciar todo el pro-ceso investigativo y adjudicativo. Según el Tribunal de Apelaciones, estos trámites previamente efectuados fueron nulos y carecen de valor, por lo que no podían utilizarse para la decisión posterior. Por último, el foro apelativo in-termedio ordenó la reinstalación y el pago de los haberes dejados de percibir.

El municipio de San Juan acude ante nos y arguye que erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que la nulidad de la sanción viciaba todo el trámite administrativo, inclu-yendo la investigación, la formulación de cargos y la vista administrativa. Además, el municipio de San Juan alega que no procedía ordenar la reinstalación del señor Vázquez González y el pago de los haberes dejados de percibir desde su destitución.

El 28 de agosto de 2009 emitimos una resolución en la que ordenamos a la parte recurrida que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto de certiorari y re-vocar la sentencia del foro apelativo intermedio. Contamos con la comparecencia de las partes, por lo que procedemos a resolver la controversia planteada.

A. La Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, conocida como Ley de la Policía Municipal, 21 L.P.R.A. see. 1061 et seq., permite a los municipios crear cuerpos policiacos para atender los problemas de seguridad pública en su territorio. La Ley Núm. 45 de 22 de mayo de 1996, enmendó la Ley de la Policía Municipal para, entre otras cosas, disponer que en casos en que se imputara la comisión de faltas graves a un miembro de la Policía Municipal, el Comisionado está facultado a rendir un informe al Alcalde. Según este esquema, el Alcalde era el único autorizado para tomar la decisión final en estos casos e imponer la sanción disciplinaria correspondiente.

Según la Ley Núm. 45, el puesto del Comisionado tendría a su cargo la dirección inmediata y la supervisión de la Policía Municipal. Según este esquema, el Comisionado tiene la facultad de formular cargos, investigar e informar al Alcalde sobre los casos disciplinarios para que este último tome una decisión final. Ortiz v. Municipio San Juan, supra.

En Ortiz v. Municipio San Juan, supra, revisamos y aplicamos la Ley Núm. 45. Ante este esquema legislativo, resolvimos que la ley no permitía entonces al Alcalde dele-gar al Comisionado su facultad disciplinaria contra miem-bros de la Policía Municipal por faltas graves. Debido a esto, confirmamos la revocación de las sanciones impues-tas a trece agentes de la Policía Municipal, porque fueron implantadas por el Comisionado y no por el Alcalde. Entre los policías sancionados en ese caso se encontraba el señor Vázquez González.

Nuestra decisión en Ortiz v. Municipio San Juan, supra, se limitó a revocar la sanción impuesta, pues el Comi-sionado no tenía facultad para tomar la decisión final. Allí resolvimos que, conforme a la ley vigente, el Alcalde era la persona facultada en ley para sancionar las faltas graves de los policías municipales. En esa ocasión expresamos que el legislador "impuso sobre el Comisionado la tarea de in-vestigar e informar al Alcalde los pormenores del caso para que este último tomara la decisión correspondiente”. íd., pág. 619. En esta decisión reconocimos la facultad del Co-misionado para investigar y recomendar al Alcalde la ac-ción por seguir.

Luego de nuestra opinión, la Ley de la Policía Municipal fue enmendada por la Ley Núm. 533 de 30 de septiembre de 2004. Por razón de esta enmienda se le otorgó a los alcaldes la facultad de delegar en los comisionados todas o algunas de las funciones reservadas al primero. Esta legislación fue reconocida y validada en Garriga Villanueva v. Mun. de San Juan, 176 D.P.R. 182 (2009). Basa-dos en el historial legislativo de las enmiendas que sufrió la Ley de la Policía Municipal, reconocimos la validez de esta delegación para hacer las determinaciones finales en procedimientos disciplinarios por faltas graves contra miembros de la Policía Municipal. Id. Por la fecha de la sanción impuesta, esta enmienda es inaplicable para dis-poner del caso de marras.

B. La Constitución de Puerto Rico reconoce el derecho a un debido proceso de ley como salvaguarda de las privaciones de libertad o propiedad. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Igual derecho reconoce la Constitución de Estados Unidos. Emda. V, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1. El debido proceso de ley se manifiesta en dos dimensiones, a saber, la sustantiva y la procesal. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987). El debido proceso de ley impone al Estado la obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y propiedad del individuo se haga mediante un procedimiento justo y equitativo. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881 (1993).

Los empleados públicos de carrera en Puerto Rico tienen un interés propietario sobre sus plazas, por lo que son acreedores de un debido proceso de ley. Torres Solano v. P.R.T.C., 127 D.P.R. 499 (1990). Hemos expresado que los requisitos para garantizar el debido proceso de ley en su modalidad procesal son: (1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia presentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión se base en el expediente. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra. En el contexto del empleo público de carrera, hemos resuelto que para intervenir con este derecho es necesario celebrar una vista informal previa en donde se le dé al empleado la oportunidad de ser escuchado. Torres Solano v. P.R.T.C., supra.

Los procedimientos y las decisiones ante los organismos administrativos gozan de una presunción de regularidad y corrección mientras no se produzca suficiente evidencia para derrotarla. Camacho Huertas v. Compañía Turismo, 174 D.P.R. 833 (2008); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975).

hH h — I I — I

El foro apelativo intermedio reconoció correctamente que la sanción impuesta al señor Vázquez González no tiene efecto alguno, pues la determinó una persona que, según la ley vigente entonces, carecía de autoridad para ello, a saber, el Comisionado. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones incidió al extrapolar la nulidad al proceso pre-vio a la sanción impuesta.

En Ortiz v. Municipio San Juan, supra, decidimos que, según la ley aplicable entonces, el Alcalde no podía delegar la función de sancionar a los policías municipales por fal-tas graves. Ahora bien, nunca cuestionamos la facultad del Comisionado de investigar, formular cargos e informar al Alcalde los pormenores del caso para que este último pro-cediera con su decisión final. En ese caso lo único que se decretó nulo fue la sanción impuesta y no el proceso previo de investigación y formulación de cargos.

La Ley Núm. 19 disponía que el Comisionado preparara un informe completo al Alcalde sobre las imputaciones he-chas y el Alcalde tomaría la decisión final. 21 L.P.R.A. see. 1070. Los cargos se harían por escrito y serían firmados por el Comisionado. Id. Como vemos, el proceso que dispo-nía la ley dividía el proceso disciplinario en etapas distin-tas: (1) el Comisionado realiza una investigación; (2) el Co-misionado notifica de los cargos al imputado; (3) el Comisionado rinde un informe al Alcalde, y (4) el Alcalde absuelve de los cargos al imputado o determina la sanción que proceda. Después de la enmienda, el Comisionado puede tomar esa decisión, por delegación del Alcalde. Claro está, este proceso debe ceñirse a las exigencias del debido proceso de ley.

El señor Vázquez González sostiene que la nulidad de la sanción vicia de nulidad todo el proceso disciplinario, por lo que es necesario que el municipio de San Juan reinicie todo el trámite disciplinario. No le asiste la razón. Como discu-timos anteriormente, para interferir con el interés propie-tario de un empleado público de carrera, el Estado debe seguir un proceso que sea justo y equitativo conforme a las reglas del debido proceso de ley.

El debido proceso de ley no exige que se hagan dos pro-cedimientos de novo para la determinación administrativa. Exigir esto al municipio de San Juan sería ordenarle que repita lo que ya se hizo correctamente. Surge del expe-diente que para disciplinar al señor Vázquez González el Comisionado inició una investigación, formuló los cargos por escrito y notificó el derecho a solicitar vista. Esto cum-ple con los requisitos de notificación adecuada del debido proceso de ley. Además, se celebró una vista informal pre-via en la que el recurrido tuvo la oportunidad de ser oído y de presentar prueba. En esa vista, el señor Vázquez Gon-zález contó con la asistencia de un abogado.

El señor Vázquez González no cuestiona el hecho de que estas etapas previas al despido fueron conforme a derecho. Su alegación se limita al hecho de que la nulidad de la sanción inicial que impuso el Comisionado vicia de nulidad todo el procedimiento previo. Aun así, tampoco el recurrido cuestiona el hecho de que el proceso seguido previo a la sanción cumplió con la legislación y la reglamentación aplicables.

La sanción impuesta luego de nuestra opinión en Ortiz v. Municipio San Juan, supra, estuvo basada en el expe-diente, fue tomada por la persona con autoridad para ha-cerlo, el Alcalde de San Juan, y se notificó correctamente al recurrido su derecho de solicitar la revisión de la decisión. El hecho de que la primera decisión fuera tomada por quien no tenía facultad para hacerlo, no vicia todo el trámite pre-vio y solamente tiene efecto sobre la imposición y vigencia de la sanción.

Ahora bien, el señor Vázquez González no podía ser pri-vado de su sueldo hasta la imposición de la sanción de ma-nera correcta. Debido a que la sanción tenía que ser im-puesta por el Alcalde, la sanción original del Comisionado carece de efecto. El Art. 10(e) de la Ley Núm. 45 (21 L.P.R.A. sec. 1070(e)) requiere autorización previa del Alcalde para suspender temporeramente a un Policía Municipal de em-pleo y sueldo mientras se practica el proceso de investiga-ción disciplinario. El Alcalde no utilizó esa facultad en este caso.

Así pues, el señor Vázquez González tiene derecho a los salarios dejados de percibir hasta el momento en que se determinó la expulsión firmada por el Alcalde. Véase Torres Solano v. P.R.T.C., supra. Es a partir de esa fecha que la acción de expulsar al señor Vázquez González de la Po-licía Municipal tiene efecto vinculante en derecho.

En resumen, resolvemos que no era necesario reiniciar las etapas previas a la determinación final del Alcalde, pues éstas se hicieron conforme a derecho y en cumpli-miento con el debido proceso de ley.

IV

Por los fundamentos señalados, se revoca la sentencia recurrida y emitida por el Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan. En su lugar, se sostiene la sanción impuesta por el Alcalde contra el Sr. Juan Vázquez González. Ahora bien, el señor Vázquez González tiene de-recho a los haberes dejados de percibir hasta la fecha en que fue válidamente sancionado. Se devuelve el caso a la C.I.P.A. para que se determine la cuantía a la que tiene derecho el señor Vázquez González.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Antonio J. Aponte Sánchez.

      Número: TS-12110

      Resuelto: 12 de abril de 2010

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Antonio J. Aponte Sánchez, pro se.

   per curiam:

I

El Ledo. Antonio J. Aponte Sánchez fue admitido al ejer-cicio de la abogacía el 21 de enero de 1998 y a la notaría el 28 de mayo de 1999.

El 1 de abril de 2008 la Directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías (ODIN) nos informó que el licenciado Aponte Sánchez había notificado el hurto de su Registro de Testimonios. La ODIN informó al licenciado Aponte Sán-chez el procedimiento para atender esta situación. En otra comparecencia, ODIN nos indicó que, transcurridos cinco años, el notario no había realizado gestión alguna para co-rregir la situación y que el notario adeudaba varios índices notariales.

Tras varios incidentes, el 9 de marzo de 2009 ODIN so-licitó medidas urgentes ante las deficiencias encontradas en la obra notarial del licenciado Aponte Sánchez. Las de-ficiencias informadas fueron: (1) la ausencia de sellos de asistencia legal en el Registro de Testimonios para 2,010 asientos; (2) la omisión de la firma del notario en 1,840 asientos; (3) la falta de entrada de 140 testimonios, y (4) el incumplimiento con la presentación de índices notariales desde julio de 2008.

Además, ODIN contaba con la queja de otro notario que solicitaba la copia certificada de una escritura pública de la obra notarial del licenciado Aponte Sánchez que no había podido conseguir y que necesitaba para corregir un defecto en el Registro de la Propiedad. Para este asunto, ODIN trató de comunicarse con el licenciado Aponte Sánchez sin obtener la atención de su parte.

El 1 de mayo de 2009 este Tribunal emitió una resolu-ción mediante la cual ordenó al licenciado Aponte Sánchez que en 20 días corrigiera las deficiencias señaladas. En dicha resolución, le ordenamos mostrar causa por la cual no debía ser suspendido indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría. Transcurrido dicho plazo, ODIN nos notificó que el notario no había cumplido con nuestra orden.

El 25 de junio de 2009 el licenciado Aponte Sánchez pre-sentó una solicitud de medidas urgentes y orden. En ella, el licenciado informó que quedaba pendiente la reconstruc-ción de su obra notarial y solicitó que se le permitiera re-nunciar voluntariamente al ejercicio de la notaría.

El 2 de septiembre de 2009 ODIN nos remitió un in-forme sobre el estado de la obra notarial del licenciado Aponte Sánchez, en la que indicó que, transcurridos seis años, el notario ha sido incapaz de reconstruir el Registro de Testimonios.

II

Reiteradamente, hemos enfatizado el deber que tiene todo abogado de responder con diligencia a los requerimientos y órdenes de este Tribunal. In re Cubero Feliciano I, 175 D.P.R. 794 (2009). Este deber es más importante cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional. In re Cubero Feliciano I, supra. Un abogado debe reconocer que la naturaleza de su función requiere una escrupulosa atención y obediencia de nuestras órdenes. In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678 (1992).

Un abogado puede ser suspendido del ejercicio de la profesión cuando no atiende con diligencia y premura los requerimientos de este Tribunal. In re Cubero Feliciano I, supra. Proceden sanciones disciplinarias contra un abogado que se muestre indiferente ante nuestros apercibimientos y requerimientos. In re Rullán Castillo, 170 D.P.R. Ap. (2007); In re Vega Lasalle, 164 D.P.R. 659 (2005).

III

Nos resulta inaceptable el proceder del licenciado Aponte Sánchez en la reconstrucción de su Registro de Testimonios. El licenciado informó el hurto del Registro de Testimonios el 15 de septiembre de 2003. Pasados cinco años sin que el licenciado hiciera gestión alguna para co-rregirlo, ODIN acudió a esta Curia. El 15 de mayo de 2008 este Tribunal ordenó al licenciado Aponte Sánchez que con-testara el informe de ODIN. Ante su incumplimiento, emi-timos otra orden concediéndole 10 días improrrogables.

El 8 de julio de 2008 el licenciado Aponte Sánchez in-formó que había reconstruido su Registro de Testimonios. Sin embargo, surge del informe posterior de ODIN que esto no es cierto. El 1 de mayo de 2009 ordenamos al licenciado Aponte Sánchez que en 20 días subsanara las deficiencias señaladas por ODIN y que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido indefinidamente del ejercicio de la abogacía y notaría. Nuevamente, el notario incumplió con nuestra orden.

Surge del informe de ODIN del 2 de septiembre de 2009, que el licenciado Aponte Sánchez no ha corregido las defi-ciencias señaladas. Tampoco se ha expresado al respecto.

La conducta del licenciado Aponte Sánchez constituye una violación severa al Canon 9 del Código de Etica Profe-sional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Este canon impone a todo abo-gado la obligación de procurar el cumplimiento de las ór-denes de los tribunales.

En vista de lo anterior, se suspende inmediata e indefi-nidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría al Ledo. Antonio J. Aponte Sánchez.

Además, se impone al abogado el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar repre-sentándolos, de devolverles cualesquiera honorarios recibi-dos por trabajos no realizados y de informar oportuna-mente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, tiene la obligación de acreditar y certificarnos el cumplimiento con lo anterior dentro del tér-mino de 30 días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y sentencia. Se ordena a la Oficina del Alguacil que incaute su obra notarial para el trámite de rigor co-rrespondiente por la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías.

Se dictará sentencia de conformidad.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Eugenio L. Rivera Ramos, querellado.

      Número: CP-2007-17

      Resuelto: 13 de abril de 2010

      Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, y Minnie H. Rodríguez, procuradora general auxiliar, parte que-rellante; Ruth Castro Algarín, abogada de la parte quere-llada; Wilfredo Alicea Lazada, comisionado especial.
   PER CURIAM:

La abogacía cumple una función social de notable importancia en nuestra sociedad por su aportación imprescindible a la realización de la Justicia. Así, quienes tienen el privilegio de ser miembros de tan exalta cofradía, tienen una responsabilidad ineludible de actuar siempre acorde a los más rigurosos principios éticos. In re García Muñoz, 170 D.P.R. 780, 788 (2007).

H-l

El Ledo. Eugenio L. Rivera Ramos fue admitido al ejer-cicio de la abogacía el 7 de agosto de 2002 y al ejercicio del notariado el 17 de julio de 2003. En su desempeño como abogado, el licenciado Rivera Ramos asumió la representa-ción legal de la Sra. Diana Fernández Navarro y del Sr. Isidro García Fraticelli en un caso sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios ante el Tribunal de Pri-mera Instancia, Sala de San Juan. Mediante dicha de-manda, la señora Fernández Navarro y el señor García Fraticelli procuraban el resarcimiento de los daños y per-juicios ocasionados por varios demandados ante la negli-gencia en la inscripción de un inmueble en el Registro de la Propiedad. Como consecuencia de unas faltas no corregi-das en las escrituras sometidas al Registro de la Propie-dad, la señora Fernández Navarro y el señor García Frati-celli se vieron imposibilitados de liquidar la comunidad de bienes existente tras su divorcio. Los hechos que dan base a la queja que hoy nos ocupa están relacionados al trámite de dicho caso.

Para llevar a cabo esta gestión, el 14 de febrero de 2004 la señora Fernández Navarro y el señor García Fraticelli suscribieron un contrato de servicios profesionales con el Ledo. Eugenio L. Rivera Ramos. En dicha ocasión, los ahora querellantes depositaron con el querellado $2,000. En ese momento, las partes acordaron que sería la señora Fernández Navarro la encargada de mantener la comuni-cación con el querellado, ya que por compromisos profesio-nales, al señor García Fraticelli se le hacía imposible.

A partir del momento en que se suscribió el contrato, transcurrieron varios meses sin que la señora Fernández Navarro recibiera información sobre el progreso del caso. Ante tal situación, en varias ocasiones la querellante in-tentó comunicarse por teléfono con el licenciado Rivera Ramos. Sin embargo, no tuvo éxito alguno. Luego de varios meses, el licenciado Rivera Ramos se comunicó con el señor García Fraticelli para reunirse. En ese momento, el licen-ciado Rivera Ramos informó al querellado que la razón de su ausencia se debía a que se encontraba en Estados Uni-dos por una enfermedad. Las partes acordaron que en lo sucesivo sería el señor García Fraticelli quien continuaría las comunicaciones con el licenciado Rivera Ramos, pues la señora Fernández Navarro se encontraba muy molesta ante la desidia y dejadez del querellado. Además, se realizó otro depósito por $2,000. Luego de esta cita, el señor Gar-cía Fraticelli se personó en dos ocasiones a la oficina del licenciado sin poder reunirse con éste. En dos ocasiones adicionales se canceló la visita por teléfono. Finalmente, el 18 de enero de 2006 el señor García Fraticelli no fue aten-dido nuevamente.

Luego de varios trámites procesales, el 17 de noviem-bre de 2004 el licenciado Rivera Ramos presentó la demanda. La demanda incluyó alrededor de catorce de-mandados, sin embargo, sólo fueron emplazados cinco de ellos, quienes ajuicio del querellado, eran los más impor-tantes y sobre quienes recaía la mayor responsabilidad. La decisión de no emplazar a los restantes demandados no fue consultada, informada o explicada a sus clientes por el li-cenciado Rivera Ramos.

Luego de instada la demanda, el notario autorizante de las escrituras preparó un acta de subsanación que fue pre-sentada al Registro de la Propiedad. Mientras se diluci-daba el caso, surgió un incidente procesal sobre si se tras-ladaba el caso o no a otra sala. Aunque la causa de acción surgía de un incumplimiento contractual sobre una escri-tura de compraventa, se incluyó una causa de acción por daños y perjuicios como efecto del incumplimiento. Ade-más, en la sala que se encontraba el pleito sólo se veían casos por incumplimiento contractual. A un día de que se venciera el término de seis meses para diligenciar los em-plazamientos, es decir, el 16 de mayo de 2005 el querellado presentó una moción en la que solicitó la expedición de los emplazamientos de los demandados desconocidos que fal-taban por emplazar. El 19 de mayo de 2005 el tribunal expidió una orden de mostrar causa para el emplazamiento tardío. El término para emplazar a dichas partes había vencido el 17 de mayo de 2005 y del expediente no surgía razón alguna para que la parte demandante no hubiese promovido la expedición de los emplazamientos.

Así las cosas, en la conferencia inicial con antelación al juicio celebrada el 1 de junio de 2005, el tribunal declaró “sin lugar” la solicitud de emplazamiento tardío y no per-mitió un término para extender el período de emplazamiento. Sostuvo que en ausencia de justa causa no se permitiría traer a nadie más al pleito a menos que el emplazador certificara mediante declaración jurada las gestiones infructuosas que hiciera, así como que la parte demandante acreditara justa causa para no haber compa-recido antes al tribunal para solicitar la extensión del tér-mino para emplazar.

No fue hasta el 1 de septiembre de 2005 que el licen-ciado presentó una moción suplementaria a la solicitud para la expedición de los emplazamientos, en la que ad-juntó una declaración jurada del emplazador con las dili-gencias realizadas. En vista de que de la declaración ju-rada no se desprendía la justa causa para la dilación, el tribunal ordenó a la parte demandante presentar una de-manda enmendada para eliminar a las partes que no pu-dieron ser emplazadas. Además, el 24 de agosto de 2005 el tribunal emitió una orden en la que denegó la solicitud de paralización del caso hasta que se resolviera si procedía trasladar el caso a una sala de daños y perjuicios. A tales efectos, el tribunal señaló una conferencia con antelación al juicio para el 6 de octubre de 2005. El tribunal dispuso que una vez se enmendara la demanda y se eliminaran a los demandados que no fueron emplazados, resolvería lo concerniente al traslado del caso a la sala de daños y perjuicios.

El 6 de octubre de 2005 se celebró la conferencia entre los abogados de las partes. El querellado no compareció a esta reunión ni excusó su incomparecencia. El tribunal emitió una minuta en la que le requirió al querellado, en-tre otras cosas, que mostrara justa causa por la cual no debía ser sancionado por su incomparecencia a la conferen-cia pautada. Se ordenó que la minuta fuera notificada directamente a los demandantes a sus respectivas direccio-nes y se le apercibió de que el tribunal podría desestimar la demanda con perjuicio.

Previo a la conferencia entre abogados, la señora Fer-nández Navarro, a falta de información de parte del que-rellado y ante las continuas citas que éste le canceló, recu-rrió a visitar la página electrónica de la Rama Judicial y fue así que se enteró de un señalamiento pendiente del caso. Al percatarse sobre este señalamiento, el señor Gar-cía Fraticelli se comunicó con el querellado pero éste le informó que no tenía que asistir a la vista. Sin embargo, tiempo después, la señora Fernández Navarro recibió copia de la minuta de la vista del 6 de octubre de 2005 y se enteró de la incomparecencia del querellado a la conferencia. Tras varios intentos fallidos del señor García Fraticelli y de la señora Fernández Navarro para comuni-carse con el querellado por vía telefónica, el señor García Fraticelli visitó la oficina del querellado y allí le informa-ron que el querellado se hallaba fuera de Puerto Rico con su madre, quien se encontraba enferma. En dos ocasio-nes más la señora Fernández Navarro volvió a la oficina del querellado para solicitar el expediente del caso, pero la secretaria se negó a entregarlo porque no tenía autoriza-ción para hacerlo.

El 24 de octubre de 2005 el querellado sometió una mo-ción para mostrar causa por su incomparecencia a la con-ferencia del 6 de octubre de 2005. Informó que debido a que tuvo que llevar de emergencia a su madre en ambulancia al Hospital Pavía, se le había hecho imposible comparecer a la vista. Aseguró que intentó comunicarse con el tribunal, pero le fue imposible. El 27 de octubre de 2005 el tribunal le requirió mediante orden una certificación médica de su madre y le alertó de las órdenes incumplidas.

Molesta y preocupada por la actitud de abandono en la que se encontraba su causa de acción, el 28 de octubre de 2005 la señora Fernández Navarro presentó una queja contra el licenciado Rivera Ramos por retención indebida de expediente, falta de información, retención indebida de dinero por los servicios prestados e incumplimiento con las órdenes del Tribunal de Primera Instancia. Ante la impo-sibilidad de conseguir el expediente, el 17 de noviembre de 2005 los querellantes, por derecho propio, presentaron en el tribunal una moción en la que informaron sobre los trá-mites hechos para obtener el expediente del caso y las múl-tiples gestiones para lograr la renuncia de la representa-ción legal del querellado. Pidieron a su vez un plazo para contratar nueva representación legal.

El 23 de enero de 2006 el tribunal dictó una orden exi-giendo a la señora Fernández Navarro que acreditara que el licenciado Rivera Ramos no le había entregado el expe-diente, así como todas las gestiones infructuosas para obtenerlo. Por su parte, se descalificó al licenciado Rivera Ramos como representante legal de la parte demandante y se le sustituyó por una nueva representación legal. Asi-mismo, se reiteró la conferencia señalada para el 22 de febrero de 2006. Luego, mediante una moción de 23 de enero de 2006 se acreditó la entrega del expediente.

El 1 de febrero de 2006 el querellado presentó su moción de renuncia e informó que no había honorarios insatisfe-chos, ni suma alguna pendiente de ser reembolsada a los querellantes. En la conferencia del 22 de febrero de 2006, se concedieron veinte días a la parte demandante para que presentara la demanda enmendada para así eliminar a los demandados que no fueron emplazados en el plazo de seis meses. En la demanda enmendada de 13 de marzo de 2006 sólo se incluyeron los cinco demandados. El 21 de marzo de 2006 el tribunal emitió una orden de desistimiento con perjuicio contra los demandados Banco Popular de Puerto Rico y Popular Mortgage Inc. sin especial imposición de costas. El 1 de agosto de 2006 el tribunal dictó sentencia final en la que decretó a la parte demandante por desistida del caso con perjuicio, sin imposición de costas ni honora-rios de abogado. Cabe señalar que en el curso de la vista celebrada ante el Comisionado Especial, los querellantes no aportaron prueba de que el trabajo extrajudicial y judicial del querellado estuviera valorado en menos de $4,000.

Las anteriores circunstancias motivaron la presenta-ción de la queja por parte de la señora Fernández Navarro y del señor García Fraticelli. Mediante Resolución de 29 de junio de 2007, ordenamos al Procurador General presentar la correspondiente querella contra el Ledo. Eugenio Rivera Ramos. El Procurador General rindió un informe el 6 de abril de 2006 en el que no encontró prueba suficiente de violación a los cánones del Código de Ética Profesional por parte del licenciado Rivera Ramos. Luego de la presenta-ción de dicho informe, la señora Fernández Navarro some-tió evidencia e información adicional en torno a la queja que nos ocupa. En vista de la información y la documenta-ción adicional presentada, emitimos una Resolución el 15 de diciembre de 2006, en la que ordenamos al Procurador General revaluar la queja presentada para que se sometie-ran las recomendaciones correspondientes. El 8 de marzo de 2007, en el “Informe Suplementario al Informe”, el Pro-curador General expresó que del estudio de la información suplementaria facilitada por la querellante, los hechos apuntaban a una posible violación de los Cánones 12, 18, 19 y 20 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Entonces, el 22 de febrero de 2008, designamos al Ledo. Wilfredo Alicea López como comisionado especial en este caso. En el descargo de la encomienda impuesta, el Comi-sionado Especial sometió su informe con las determinacio-nes de hechos y las recomendaciones pertinentes. Sometido el caso ante nuestra consideración, procedemos a resolver.

II

A. Según establece el Preámbulo de nuestro Código de Ética Profesional, “es de primordial importancia instituir y mantener un orden jurídico íntegro y eficaz, que goce de la completa confianza y apoyo de la ciudadanía”, por lo que “la consecución de estos fines le impone a los miembros de la profesión jurídica, sobre quienes recae principalmente la misión de administrar la justicia y de interpretar y aplicar las leyes, el deber de desempeñar su alto ministerio con la mayor y más excelsa competencia, responsabilidad e integridad”. Preámbulo, 4 L.P.R.A. Ap. IX. El Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, impone al abogado el deber de tramitar las causas con puntualidad y diligencia. In re Vélez Lugo, 168 D.P.R. 492, 496 (2006). Asimismo, impone a los abogados la obligación de ser responsables en la tramitación de los casos que le son encomendados, para evitar entorpecer la resolución de éstos. In re López Montalvo, 173 D.P.R. 193 (2008).

En su texto literal este canon dispone:

Canon 12. Puntualidad y tramitación de las causas
Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de sus causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protec-ción de los derechos sustanciales de su cliente. 4 L.P.R.A. Ap. IX.

La obligación establecida por el Canon 12, supra, ha de cumplirla el abogado en todas las etapas de un litigio, y comprende el acatar fielmente las órdenes del Tribunal. In re Collazo I, 159 D.P.R. 141 (2003); In re Pagán Hernández, 141 D.P.R. 113 (1996). Conforme con lo anterior, se ha enfatizado que los abogados deben la más estricta observancia a las órdenes judiciales. De otro modo pueden quedar sujetos al rigor disciplinario. In re Collazo I, supra, pág. 147 esc. 10.

La continua desobediencia de las órdenes del tribunal demuestra una grave infracción a los principios básicos de ética profesional que exigen el mayor respeto hacia los tribunales. In re Collazo I, supra, pág. 149. El comportamiento de todo abogado “no debe ser otro que el fiel cumplimiento de la ley y el respeto al poder judicial”. In re Díaz Alonso, Jr, 115 D.P.R. 755, 762 (1984), citando a Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974). Por supuesto, no se puede pasar por alto que en ocasiones los abogados están sujetos a la posibilidad de señalamientos conflictivos. Sin embargo, éstos no son razones válidas para suspender y posponer vistas judiciales señaladas con tiempo. Neri Tirado v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 429 (1975). No obstante, los tribunales están obligados a ser comprensivos cuando las circunstancias del caso ameritan la posposición de la vista. In re Vélez Lugo, supra, pág. 497. Ahora bien, la incomparecencia injustificada a las vistas señaladas por el tribunal, que ocasionen la suspensión y peor aún, la desestimación de la acción judicial, son viola-ciones patentes del Canon 12 del Código de Etica Profesional, supra. In re López Montalvo, supra; In re Rosado Nieves, 159 D.P.R. 746 (2003).

B. El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, impone a todo abogado el deber de desempeñarse de forma capaz y diligente al defender los intereses de su cliente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable. Este deber se infringe cuando asume una representación legal consciente de que no puede rendir una labor idónea competente o que no puede prepararse adecuadamente para el caso sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.

Ya este Tribunal ha manifestado que todo miembro de la profesión legal tiene el ineludible deber de defender los intereses de su cliente con el compromiso de emplear “la mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la más completa honradez”. In re Cuevas Velázquez, 174 D.P.R. 433 (2008). “[H]emos sostenido, sin ambages, que aquella actuación negligente que pueda conllevar, o en efecto conlleve, la desestimación o archivo de un caso, se configura violatoria del citado Canon 18.” In re Pujol Thompson, 171 D.P.R. 683, 689 (2007). ‘Y así debe ser, pues el deber de diligencia profesional del abogado es del todo incompatible con la desidia, despreocupación y displicencia.” Id.

Este Tribunal manifestó en In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298 (2000), que no constituye una violación del deber que impone el Canon 18 del Código de Ética Profe-sional, supra, el no esgrimir la defensa de falta de jurisdic-ción sobre la persona del demandado. En este caso, al li-cenciado Vélez Barlucea se le imputó, entre otras cosas, el haber incurrido en conducta violatoria del Canon 18, supra, al no esgrimir las defensas afirmativas que protegían a su cliente. Señalamos entonces que es facultad discrecio-nal del abogado o la abogada, en consulta con su cliente, invocar o no la defensa de falta de jurisdicción sobre la persona. Puede ser ésta una estrategia o táctica de litigación. Sin embargo, esta decisión debe ser consultada con los clientes y éstos deben estar de acuerdo. In re Vélez Barlucea, supra, págs. 307 — 308.

C. El Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, impone a todo abogado el deber de mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado. Esto significa que el abogado está obligado a informar a los clientes sobre las gestiones realizadas para la tramitación de la causa de acción para la que fue contratado. In re García Ortiz, 176 D.P.R. 123 (2009). El deber de informar al cliente es un elemento imprescindible de la relación fiduciaria del abogado y el cliente. La actuación de un abogado de mantener ajeno a su cliente de las incidencias de su caso constituye una lesión al Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, y al proceso general de impartir justicia. In re Rosario, 116 D.P.R. 462 (1985); In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978). El abogado que acepta un caso y no demuestra la competencia y diligencia que exige el ejercicio de la abogacía, y que no mantiene al cliente informado de todo asunto importante que suija en el desarrollo del caso, viola tanto lo dispuesto en el Canon 18 como al Canon 19, supra. In re Rosario, supra.

Hemos expresado, además, que un abogado no sólo debe representar a su cliente con fidelidad, lealtad y diligencia, sino que debe mantenerlo informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso cuya atención le ha sido encomendada. In re Cardona Vázquez, supra, págs. 17-18. En otras palabras, el abogado debe mantener informado a su cliente de las gestiones realiza-das y del desarrollo de los asuntos a su cargo, consultán-dole cualquier duda sobre asuntos que no caigan en el ám-bito discrecional, y dentro de los medios permisibles, debe cumplir con las instrucciones de su representado. In re Pagán Ayala, 109 D.P.R. 712 (1980).

D. La relación abogado-cliente debe fundamentarse en la absoluta confianza. Asimismo, todo abogado debe a sus clientes un trato profesional caracterizado por la mayor capacidad, la más devota lealtad y la más completa honradez. Y para cumplir con lo anterior, el abogado debe poner todo su empeño. Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra. El Canon 20, supra, dicta el procedimiento que debe seguir un abogado al renunciar a la representación legal de un cliente. Dispone dicho canon que al advenir efectiva la renuncia del abogado, todo letrado está obligado a entregar el expediente del caso, así como cualquier documento relacionado. Al hacerse efectiva su renuncia o descalificación, el abogado tiene la obligación de entregar el expediente a su cliente de inmediato y sin dilación alguna. Canon 20, supra.

En reiteradas ocasiones hemos manifestado que en nuestra jurisdicción un abogado no tiene derecho a retener los documentos de un cliente ni a gravar bienes de este último, aunque medien controversias respecto a los honorarios profesionales. Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360 (1989); In re Vélez, 103 D.P.R. 590 (1975). “Esta norma es corolario de la libertad de selección que tiene todo ciudadano de encomendar a un abogado una gestión profesional, y de estimarlo conveniente, retirarle la misma.” In re Vélez, supra, pág. 599.

E. El emplazamiento tiene raigambre constitucional, en virtud del debido proceso de ley. Quiñones Ro- mán v. Cía. ABC, 152 D.P.R. 367 (2000); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 901 (1998); Peguero y otros v. Hernández Pellot, 139 D.P.R. 487, 494 (1995); Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, 133 D.P.R. 507 (1993); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 D.P.R. 15 (1993). Cuando un demandado es emplazado debidamente, el tribunal ad-quiere jurisdicción sobre su persona y el demandado que-dará obligado por el dictamen que se emita eventualmente. Márquez v. Barreto, 143 D.P.R. 137, 142 (1997). Por eso, dada la dimensión constitucional del procedimiento de em-plazamiento, hemos establecido que sus requisitos deben cumplirse estrictamente y que su incumplimiento priva de jurisdicción al tribunal. Datiz v. Hospital Episcopal, 163 D.P.R. 10 (2004); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac. Inc., supra, pág. 914; Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93, 98-99 (1986).

La Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), vigente al momento de los hechos, disponía que los emplazamientos serían diligenciados dentro del término de seis meses meses de haber sido expedidos. Este término se cuenta desde la presentación de la demanda. Datiz v. Hospital Episcopal, supra; Monell v. Mun. de Carolina, 146 D.P.R. 20 (1998).

Hemos resuelto que el término para diligenciar los emplazamientos es de cumplimiento estricto, no de ca-rácter jurisdiccional, por lo que la regla le confiere discre-ción a los tribunales para conceder prórrogas con respecto a dicho término siempre y cuando el demandante muestre justa causa para ello. López v. Porrata-Doria, 140 D.P.R. 96, 103 (1996). Ahora bien, el término para emplazar

... sólo podrá ser prorrogado por un término razonable a dis-creción del tribunal si el demandante demuestra justa causa para la concesión de la prórroga y solicita la misma dentro del término original. Transcurrido el término original, o su pró-rroga, sin que el emplazamiento hubiere sido diligenciado, se tendrá a la parte actora por desistida con perjuicio. (Énfasis suprimido.) Reyes v. E.L.A. et al., 155 D.P.R. 799, 812 (2001).

Por otro lado, la Regla 4.5 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III) regulaba a la fecha de los hechos el emplazamiento mediante edicto. “Este método de emplazamiento es para usarse en los siguientes casos: (1) cuando la persona a ser emplazada se hallare fuera de Puerto Rico; (2) o estando en Puerto Rico, no pudiere ser localizada; (3) o estando en Puerto Rico, se ocultare para no ser emplazada; (4) o fuere una corporación extranjera sin agente residente.” (Cita omitida.) J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. I, pág. 174.

Por último, los demandados desconocidos son aquellos cuyas identidades se conocen, pero no sus nombres, y por esta razón se procede a denominarlos con un nombre ficticio. Por su parte, en cuanto al emplazamiento de los demandados desconocidos, la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que el emplazamiento se hará por edictos en conformidad con lo dispuesto en la Regla 4.5, supra. Cuando se trate de un demandado con nombre desconocido, la parte demandante tiene la opción de realizar un descubrimiento de prueba que le per-mita conocer el nombre y la dirección de la parte a quien desea demandar, para luego enmendar la demanda y pro-ceder a emplazar personalmente. Núñez González v. Jiménez Miranda, 122 D.P.R. 134 (1988). “Si se decide por este curso procesal[,] hay que ser conscientes que si no se logra completar el proceso dentro del término de seis (6) meses que dispone la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, supra, se tiene que solicitar prórroga que exponga las razones jus-tificativas del incumplimiento. Regla 68.2 de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.” íd., pág. 143.

Ahora bien, el requisito de justa causa no se demuestra “con vaguedades, excusas o planteamientos estereotipados ... sino con explicaciones concretas y particulares, debida-mente evidenciadas, que le permitan al tribunal concluir que la tardanza o demora ocurrió razonablemente, por cir-cunstancias especiales”. Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 132 (1998). Véanse, además: García Ramis v. Serrallés, 171 D.P.R. 250 (2007); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 D.P.R. 560 (2000); Pueblo v. Pérez Suarez, 146 D.P.R. 665 (1998).

H-i I — 1

A la luz de la normativa anteriormente desarrollada, es forzoso concluir que el Ledo. Eugenio Rivera Ramos incu-rrió en conducta violatoria de lo más altos preceptos éticos de nuestra profesión.

El Procurador General imputó como primer cargo al li-cenciado Rivera Ramos, una violación a los principios enunciados en el Canon 12 del Código de Etica Profesional, supra, al ocasionar dilaciones innecesarias en el trámite del caso KAC-2004-7756. De la prueba desfilada, el Procu-rador entendió que la tardanza en el diligenciamiento de los emplazamientos y su posterior trámite tardío y sin justa causa, el incumplimiento con las órdenes emitidas en el caso por el Tribunal de Primera Instancia, así como la tardanza en renunciar y entregar el expediente del caso, fueron prueba contundente de la conducta antiética del querellado.

Como segundo cargo se le imputó al licenciado Rivera Ramos la violación de los preceptos enunciados en el Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra, al no des-plegar la diligencia y responsabilidad necesaria en el trá-mite del caso KAC-2004-7756, específicamente en cuanto al diligenciamiento de los emplazamientos. Asimismo, se le imputó como conducta violatoria del mencionado canon la solicitud tardía y fuera de término de unos nuevos empla-zamientos que ocasionó la eliminación de demandados en el caso. De igual forma, nuevamente se le imputó la falta de cumplimiento con las órdenes del foro primario, y la tardanza en cumplir con las órdenes emitidas en el caso. Cabe señalar que a pesar de que el Procurador General en su querella imputó como segundo cargo la violación del Canon 18, supra, en el Informe del Comisionado Especial no se discute nada sobre este particular. Por ser uno de los cargos imputados, pasaremos a abordarlo.

Como cuarto cargo se le imputó al querellado Rivera Ramos la violación de los preceptos contenidos en el Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra, al no someter la renuncia al caso KAC-2004-7756 oportunamente y retener indebidamente el expediente de dicho caso cuando le fue requerido por sus clientes en primera instancia y luego, mediante orden del Tribunal de Primera Instancia.

Luego de celebrada la vista ante el comisionado especial, Ledo. Wilfredo Alicea López, éste recomendó encon-trar al licenciado Rivera Ramos incurso en violación de los Cánones del Código de Ética Profesional 12,19 y 20, supra. Debidamente sometido el caso ante nuestra consideración, procedemos a resolver.

A. Primero, segundo y cuarto cargos

Por estar íntimamente relacionados el primero, segundo y cuarto cargo, procedemos a discutirlos conjuntamente.

El querellado alega en su contestación a la querella que luego de la presentación de la demanda se comenzó con los emplazamientos, entre los que estuvieron el del Banco Popular, varios notarios involucrados en las transacciones sobre la propiedad y el del Colegio de Abogados. Sin embargo, el querellado afirma que antes de continuar con los emplazamientos, mantuvo comunicación con los abogados del Banco Popular, quienes acudieron al Registro de la Propiedad y sometieron actas de subsanación, lo que al entender del querellado convirtió en académico el emplazamiento del resto de los demandados. Partiendo de la premisa de que fuese ésta una táctica o estrategia del abogado en la defensa de los intereses de su cliente, cabe señalar que el licenciado Rivera Ramos nunca consultó ni informó a los querellantes su decisión de no emplazar. Por lo tanto, no obtuvo el consentimiento de éstos para proceder así. La doctrina es clara al establecer que “las decisiones que se refieran a estrategia o táctica del abogado deben ser consultadas y aprobadas por los clientes”.

Por otra parte, el querellado añade como justificación que la relación abogado-cliente ya había sido menoscabada porque la señora Fernández Navarro cortó la comunicación con él, y que el tribunal había determinado continuar el caso con las partes ya emplazadas. Resultan contradicto-rias las expresiones vertidas por el querellado. Si el empla-zamiento de los restantes demandados resultaba acadé-mico luego de las actas de subsanación sometidas al Registro de la Propiedad por el Banco Popular, ¿por qué entonces el licenciado Rivera Ramos solicitó prórroga para emplazar a los demandantes a un día del vencimiento del periodo de seis meses dispuesto por la ley para diligenciar los emplazamientos? Asimismo, el querellado justifica su conducta con el menoscabo de la relación abogado-cliente. Olvida, sin embargo, que el menoscabo que hoy pretende utilizar como escudo es el producto del abandono y la des-información en la que tenía a sus clientes. Más aún, si la falta de comunicación impedía que el querellado actuara con la diligencia que los cánones requieren, su deber era renunciar en ese momento a la representación legal de los querellantes.

Por otra parte, el tribunal decidió continuar con las par-tes ya emplazadas debido a que cuando el querellado soli-citó prórroga para emplazar a los restantes demandados, no demostró justa causa para la dilación, ni del expediente se desprendían las razones para ella. Eso ocasionó la des-estimación de la causa de acción contra los demás demandantes. Como discutimos anteriormente, cuando se le solicita al tribunal una prórroga para el diligencia-miento de los emplazamientos, no sólo debe ser solicitada dentro del término, sino que además la moción debe venir acompañada de la demostración de justa causa que ame-rite la prórroga. En este caso, cuando el querellado solicitó la expedición de los emplazamientos de los demandados sobre los cuales el tribunal todavía no había adquirido ju-risdicción, no demostró justa causa, por lo que en ausencia de ésta, el tribunal no tenía discreción para prorrogar el término. Fue luego, con la moción suplementaria a la Mo-ción Solicitando Expedición de Emplazamientos, que el querellado acompañó una declaración jurada del emplaza-dor que justificaba las razones para no haber podido em-plazar a los restantes demandados. En dicha declaración, el emplazador expuso que en varias ocasiones visitó la ofi-cina de los demandados, agencias gubernamentales y el Departamento de Estado para localizar a los demandados o conseguir sus direcciones donde ubicarlos, pero no tuvo éxito.

Ahora bien, de la declaración jurada no se desprenden las fechas en las que el emplazador realizó estas gestiones. Asimismo, alegó el querellado en la moción suplementaria que la cantidad de demandados dificultó el emplaza-miento. Más aún, tratándose de demandados desconocidos, el querellado tenía la opción de que si del descubrimiento de prueba no lograba obtener los nombres y las direcciones de los demandados, podía proceder entonces a solicitar el emplazamiento por edicto dentro del término de seis meses. Sin embargo, el querellado solicitó la prórroga para la expedición de los restantes demandados, un día antes de que venciera el término de seis meses para emplazar. Con esta moción, el querellado no acompañó declaración jurada alguna para justificar la prórroga. No fue hasta que el tribunal se lo ordenó que el querellado sometió la declaración jurada, mediante una moción suplementaria. Como conse-cuencia de esta negligencia, el tribunal no permitió la ex-pedición de los emplazamientos y ordenó la enmienda de la demanda para que se eliminara a los demandados no emplazados. Es claro que la falta de diligencia del licen-ciado Rivera Ramos conllevó la eliminación de partes de-mandadas en el caso. Ello a su vez ocasionó demoras inne-cesarias y la posible pérdida de la causa de acción en daños contra dichas partes.

En lo que respecta al incumplimiento del querellado con las órdenes del tribunal, se desprende del expediente que el licenciado Rivera Ramos no pudo asistir a la conferencia entre abogados celebrada el 6 de octubre de 2005 porque tuvo que llevar de emergencia a su madre en ambulancia al Hospital Pavía. El querellado señaló en su Moción Mostrando Causa por Incomparecencia, que intentó en varias ocasiones comunicarse con la sala señalada pero no tuvo resultado. No obstante, el licenciado Rivera Ramos incumplió con la orden emitida por el tribunal el 24 de octubre de 2005, en la que se le requirió que sometiera una certificación médica de su señora madre. Sin duda, en ocasiones ocurren sucesos imprevistos que nos apartan de nuestros compromisos diarios, y entre esos sucesos pueden estar una enfermedad o un accidente. Ahora bien, el que-reliado jamás mostró la certificación solicitada por el tribunal ni se excusó de otra forma. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha manifestado que constituye una conducta irresponsable en violación al Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra, la incomparecencia del abogado a los señalamientos de vista ante el Tribunal de Primera Ins-tancia, su incumplimiento con las órdenes emitidas por dicho tribunal y por el Tribunal Supremo, y la falta de dili-gencia en la tramitación del caso. In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70 (2001); In re Marrero Figarella, 146 D.P.R. 541 (1998); In re Ortiz Velázquez, 145 D.P.R. 308 (1998). Asi-mismo, viola este canon un abogado que no comparece a las conferencias sobre el estado de los procedimientos del caso y que no contesta las órdenes y requerimientos del tribunal. In re Aguila López, 152 D.P.R. 49 (2000). Incurre también en violación al Canon 18, supra, el abogado que acepta un caso y no demuestra la competencia y diligencia que exige el ejercicio de la abogacía y que no mantiene al cliente informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso. In re Rosario, supra. Véanse, ade-más: In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P. R. 232 (1984); In re Arana Arana, 112 D.P.R. 838 (1982). Ante lo anterior, es forzoso concluir que el licenciado Rivera Ramos incurrió en una conducta claramente violatoria de los preceptos enunciados en el Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra.

Por otro lado, luego de que la señora Fernández Navarro recibió la minuta de la conferencia celebrada el 6 de octubre de 2005 y supo de la incomparecencia de su abo-gado, trató de comunicarse con el querellado, pero nueva-mente, no tuvo éxito. Visitó la oficina del letrado en varias ocasiones pero éste tampoco estaba. Por lo tanto, decidió solicitar su expediente ante el estado de indefensión en el que se encontraba pero las secretarias del querellado le informaron que no podían entregárselo, pues no tenían au-torización para ello. En vista de este cuadro, la señora Fer-nández Navarro tuvo que acudir por derecho propio al Tribunal de Primera Instancia y solicitar una extensión de los términos que el tribunal dispuso. Entonces, el 29 de no-viembre de 2005 el tribunal descalificó al letrado y le or-denó la entrega del expediente a sus clientes. Sin embargo, para el 17 de febrero de 2006, es decir, más de dos meses después, la nueva representación legal de los querellantes no había recibido el expediente. Aduce el querellado que en el contrato de representación legal acordó que no entrega-ría el expediente hasta que fuese cerrado con las corres-pondientes mociones, suma de factura y relevo de responsabilidad. Sin embargo, el querellado parece olvidar que, según el Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra, una vez adviene efectiva la renuncia o descalifica-ción de un abogado, existe la obligación legal de entregar inmediatamente el expediente, cosa que no hizo sino hasta pasados dos meses después de la orden del tribunal. Cual-quier cláusula contractual que contravenga lo anterior ca-rece de validez por ser contraria a la ley. Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3372. Por todo lo anterior, es forzoso concluir que el licenciado Rivera Ramos faltó al de-ber que le impone el Canon 20, supra, al no entregar el expediente del caso una vez fue efectiva su renuncia.

Por otro lado, los incumplimientos con las órdenes del tribunal no frenaron ahí. Una vez sometida la querella en su contra, el querellado no contestó la primera orden de este Tribunal para que contestara las imputaciones. Se re-quirió una segunda notificación. Esta forma de actuar re-fleja una constante indiferencia hacia el tribunal y sus ór-denes, lo que conlleva una clara violación al Canon 12 y al Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra.

B. Tercer Cargo

En su tercer cargo, el Procurador General atribuyó al querellado incumplir con el deber personalísimo impuesto en el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, de mantener debidamente informado a sus clientes del trá-mite y las gestiones del caso KAC-2004-7756, lo que les llevó a que tuvieran que presentar mociones por derecho propio ante el Tribunal de Primera Instancia.

En este caso, el querellado no cumplió con su deber de informar a sus clientes sobre las gestiones para las que fue contratado. Peor aún, los querellantes visitaron en varias ocasiones la oficina del licenciado Rivera Ramos y trataron de localizarlo varias veces por vía telefónica, sin éxito. Asi-mismo, cuando supieron de la incomparecencia de su abo-gado a la conferencia, visitaron la oficina del querellado y lo llamaron en varias ocasiones pero éste tampoco aparecía. Aduce el licenciado Rivera Ramos en respuesta a este cargo que intentó responderle en varias ocasiones a la señora Fernández Navarro, pero en el teléfono celular de ésta siempre le salía un correo de voz en el cual dejaba mensaje. A su vez, justifica el abandono en el que tenía a sus clientes al menoscabo en la relación abogado-cliente producto de la actitud que asumió la señora Fernández Navarro de no relacionarse más con él. Esa alegación no nos convence. Como dijimos anteriormente, la conducta de indiferencia y dejadez del querellado dio como resultado el comportamiento de la señora Fernández Navarro. Además, esto no es excusa ni justificación para mantener a los clien-tes en un estado de desinformación y desamparo. En todo caso, si no había comunicación con los querellantes, el que-rellado debió renunciar entonces como abogado, en lugar de mantenerlos desinformados. Esta conducta presenta una falta de diligencia en informar que, a su vez, genera una evidente violación de los preceptos enunciados en el Canon 19 del Código de Etica Profesional, supra.

IV

Resta ahora determinar la sanción que debemos imponer al querellado. Para imponer una sanción disciplinaria a un abogado por conducta impropia, es necesario considerar el historial previo del abogado; si éste goza de buena reputación; la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; si fue realizada con ánimo de lucro, y cualquier otro factor pertinente a los hechos. In re Rodríguez Lugo, 175 D.P.R. 1023 (2009); In re Díaz Ortiz, 150 D.P.R. 418 (2000); In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999).

Recientemente, en In re Santos Rivera, 172 D.P.R. 703 (2007), suspendimos por un mes a un abogado que no fue diligente en la representación de un caso de un cliente, retuvo indebidamente el expediente de dicho litigio des-pués de haber presentado su renuncia al tribunal corres-pondiente, y además incumplió con el deber de todo abo-gado de brindar su dirección actualizada a nuestra Secretaría.

Asimismo, en In re Hernández Pérez I, 169 D.P.R. 91 (2006), al querellado se le imputó el violar los principios establecidos en el Canon 18 del Código de Etica Profesio-nal, supra, al no defender los intereses de sus clientes en forma adecuada y con la debida diligencia, lo que culminó en la pérdida de la causa de acción de daños y perjuicios ante el Tribunal de Primera Instancia. La Comisionada Especial designada estableció que

[n]o exist [ía] la menor duda de que la actuación del querellado no fue diligente, ni adecuada, ni responsable. La demanda de daños y peijuicios presentada fue finalmente desestimada a causa de su pobre diligencia consistente en errores crasos, tales como, no atender el trámite, no contestar planteamientos fundamentales y dejar que el caso fuera desestimado sin rea-lizar esfuerzo alguno. Mientras tanto le[s] informaba a sus clientes que todo estaba marchando bien, faltando así la verdad.

Como segundo cargo se le imputó al abogado violentar los principios del Canon 19 del Código de Etica Profesional, supra, al no mantener informado a sus clientes del desa-rrollo del caso que se le había encomendado. Se tomaron como atenuantes sus más de 30 años de práctica profesio-nal sin señalamiento ético alguno y sus expresiones de arrepentimiento y vergüenza por lo sucedido. Ordenamos su separación por el término de un año.

Finalmente, en In re Montes Fuentes, 174 D.P.R. 863 (2008), se presentó una querella contra el licenciado Mon-tes Fuentes, en la que se le imputó el no haber cumplido con el deber de diligencia establecido en el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, ni con la obligación de mantener informados a sus clientes según dispone el Canon 19, supra. El licenciado Montes Fuentes aceptó la re-presentación legal de los querellantes para la presentación de una demanda sobre daños y perjuicios ante el Tribunal de Primera Instancia. Presentó la demanda y después de hacerlo, no se comunicó más con sus clientes. Ya que había transcurrido mucho tiempo desde la presentación de la de-manda sin obtener información sobre el desarrollo del caso, los querellantes acudieron directamente al tribunal para indagar al respecto. Fue entonces que se les informó que la demanda había sido desestimada con perjuicio por no ha-berse cumplido con el diligenciamiento de los emplaza-mientos dentro del término correspondiente. Sopesamos en ese entonces para determinar la sanción los hechos si-guientes: (1) que el querellado negó su responsabilidad por lo ocurrido, (2) responsabilizó a sus clientes por las faltas, (3) no emplazó a los demandados, (4) no presentó moción de prórroga, (5) no solicitó nuevos emplazamientos oportu-namente, (6) no recurrió de la determinación adversa y (7) no les notificó lo ocurrido a sus clientes. Determinamos que el querellado debía ser suspendido del ejercicio de la profe-sión indefinidamente.

Tomando en consideración la jurisprudencia anterior-mente reseñada, pasemos a examinar los factores atenuan-tes y agravantes en el presente caso. No existe duda de que las gestiones del querellado Rivera Ramos resultaron posi-tivas para los demandantes luego de las correcciones rea-lizadas en el Registro, que permitieron que finalmente los querellantes liquidaran la comunidad de bienes existente tras su divorcio. Si bien es cierto que de la minuta de la conferencia entre abogados, celebrada el 22 de febrero de 2006, se desprende que se concedieron veinte días a la parte demandante para que presentara demanda enmen-dada en la que eliminara todas aquellas partes que no pu-dieron ser emplazadas en el término contemplado por la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, supra, no es menos cierto que en ánimos de que no ocurriera una derrota a la justicia, el tribunal reservó para un momento posterior que se trajeran esas partes si el notario Carlos Martínez Olmo no traía como tercero demandado a la persona que le hizo el estudio de título y a su aseguradora. No obstante, de la Moción en Cumplimiento de Orden de 18 de junio de 2006 se desprende que la parte demandante desistió voluntaria-mente contra los demandados y el tribunal dictó sentencia con perjuicio. También, la parte demandante había desis-tido anteriormente mediante Moción de Desistimiento y en Cumplimiento de Orden de 16 de junio de 2006, de la causa de acción en contra del Ledo. Carlos Martínez Olmo y del Fondo Notarial. Asimismo, debemos considerar que éste es el primer señalamiento al querellado, quien goza de buena reputación en la comunidad jurídica.

Ahora bien, aun cuando ésta es la primera falta del li-cenciado Rivera Ramos, debemos considerar como factores agravantes que el querellado no ha aceptado responsabili-dad por los cargos y, en cambio, responsabilizó a la señora Fernández Navarro del menoscabo de la relación abogado-cliente. También, el licenciado Rivera Ramos incumplió en varias ocasiones con las órdenes del tribunal. Adviértase además que el licenciado Rivera Ramos mantuvo a sus clientes huérfanos de información durante la mayoría del tiempo que duró su representación legal. Asimismo, su con-ducta le ocasionó daños a los querellantes, pues las causas de acción contra varios demandados fueron desestimadas con perjuicio. Su abandonada, negligente y dejada con-ducta merece ser sancionada.

Considerado todo lo anterior, ordenamos la suspensión inmediata del Ledo. Eugenio L. Rivera Ramos de la prác-tica de la profesión por el término de treinta días. El que-rellado tiene el deber de notificar a todos sus clientes su inhabilidad para continuar con su representación y deberá devolver a éstos los expedientes de los casos pendientes así como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos. Además, tiene el deber de informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Estas gestiones deberán ser certificadas a este Tribunal dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta limitaría la san-ción a una censura enérgica. La Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez hizo constar la expresión siguiente:

Disiento de la sanción impuesta por el Tribunal al Ledo. Eugenio Rivera Ramos por considerarla excesiva. Al igual que lo expresado por el Comisionado Especial en su informe, con-sidero que la “falta mayor [del licenciado Rivera Ramos] con-sistió en no haber mantenido informado [s] a sus clientes de su desempeño en el caso y porque no emplazó al resto de los demandados”. Ello requiere que se censure al licenciado Rivera Ramos por este comportamiento, mas no su suspensión del ejercicio de la abogacía.

El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervino.

        Isidro García Fraticelli y otros v. José Alberto Mercado Miranda y otros, KAC-2004-7756.

       Se procedió a realizar un estudio de título que tardó varios meses.

       Los demandados que el querellado consideró más importantes fueron empla-zados entre el 17 y 18 de febrero de 2005.

       Existe una incongruencia sobre quién visitó en esta ocasión al licenciado Rivera Ramos. En la carta cursada por el licenciado Rivera Ramos el 10 de febrero de 2006, éste mencionó que fue la señora Fernández Navarro. Sin embargo, en la res-puesta a dicha carta, la señora Fernández Navarro señaló que fue el señor García Fraticelli quien visitó la oficina.

       Se refería al término concedido para que se mostrara causa por la cual no debía ser desestimada la causa de acción instada contra el Banco Popular que vencía el 7 de noviembre de 2005 y con las órdenes emitidas en la minuta de la conferencia del 6 de octubre de 2005.

       Se le permitió a la parte demandante que incluyera como parte demandada a la persona que realizó el estudio de título y su aseguradora. Sin embargo, dicha gestión no se realizó.

       La nueva Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil de 2009 establece respecto al diligenciamiento del emplazamiento que:
      “(c) El emplazamiento será diligenciado en el término de ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la demanda o de la fecha de expedición del emplaza-miento por edicto. El Secretario o Secretaria deberá expedir los emplazamientos el mismo día en que se presenta la demanda. Si el Secretario o Secretaria no los expide el mismo día, el tiempo que demore será el mismo tiempo adicional que los tribuna-les otorgarán para diligenciar los emplazamientos una vez la parte demandante haya presentado de forma oportuna una solicitud de prórroga. Transcurrido dicho término sin que se haya diligenciado el emplazamiento, el Tribunal deberá dictar sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. Una subsiguiente des-estimación y archivo por incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos.”
      Esta regla estará en vigor a partir del 1 de julio de 2010.

       Compárese con la Regla 4.6 de Procedimiento Civil de 2009, vigente a partir del 1 de julio de 2010.


text:
      In re Salvador Tió Fernández, querellado.

      Número: AB-2008-061

      Resuelto: 14 de abril de 2010

      Irene S. Soroeta Kodesh, procuradora general, y Zaira Z. Gi-rón Anadón, subprocuradora general; Carmen Muñoz Gándara, abogada del querellado.
   PER CURIAM:

H-1

El Ledo. Salvador Tió Fernández fue admitido al ejerci-cio de la abogacía el 16 de diciembre de 1971 y a la notaría el 15 de marzo de 1991.

Esta queja es originada por una Resolución emitida por el Juez del Tribunal de Primera Instancia, Hon. Pedro J. Pérez Nieves. En ésta se expusieron incidentes ocurridos en su sala que, a su entender, denotan violaciones éticas por parte del Ledo. Salvador Tió Fernández. Los hechos relatados incluyen el reiterado incumplimiento por parte del licenciado con las órdenes del Tribunal.

Según la resolución, esta conducta provocó la imposición de sanciones al abogado y la eliminación de alegaciones de la demandada. Entre otros señalamientos, el juez señaló actos como mentirle al Tribunal, unir a otro abogado como representante legal sin la autorización del cliente y provo-car la dilación de los procesos judiciales.

Ante nuestro pedido, la Procuradora General acudió ante nos y tras evaluar los hechos expuestos concluyó que el abogado demostró “un claro patrón de conducta impro-pia, tanto de incumplimiento con órdenes del tribunal, como de desatención a los intereses de su dienta”. Informe del Procurador General, pág. 5. Además, la Procuradora General recomendó sancionar tal conducta. El 5 de marzo de 2009 ordenamos al licenciado Tió Fernández expresarse en un término de 20 días.

Tras varios intentos por parte de los alguaciles del Tribunal, ha sido imposible notificar al licenciado Tió Fernán-dez de esa resolución. Los alguaciles han intentado notifi-carle a varias direcciones, incluyendo la que consta en la Secretaría del Tribunal Supremo. Tampoco ha podido loca-lizarse a este abogado en la última dirección que aparece registrada en el Colegio de Abogados, por ésta no ser su dirección actual. Además, los aguaciles han intentado co-municarse con el licenciado a su dirección de correo elec-trónico y a varios números de teléfono sin obtener resultado. La oficina de alguaciles intentó sin éxito locali-zarlo a través de ODIN y de la guía telefónica. A raíz de estas gestiones, el Alguacil Auxiliar nos remitió un diligen-ciamiento negativo.

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Un abogado tiene como deber ineludible la obligación de responder con premura y diligencia a los requerí-mientos de este Tribunal, particularmente cuando se rela-cionan con procedimientos sobre su conducta profesional. In re Cubero Feliciano I, 175 D.P.R. 794 (2009). La natura-leza de la función de un abogado le requiere una escrupu-losa atención y obediencia de nuestras órdenes. In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678 (1992).

Por eso, hemos sido enfáticos en la importancia de que todo abogado mantenga a este Tribunal informado de sus direcciones. In re Sanabria Ortiz, 156 D.P.R. 345 (2002). Cualquier cambio en la dirección del abogado debe ser notificado de inmediato a este Tribunal. Regla 9(j) de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. El abogado que no cumpla con este deber falta a los deberes más elementales de la profesión. In re Sanabria Ortiz, supra. Su incumplimiento limita sustancialmente nuestra jurisdicción disciplinaria. Esta omisión es suficiente para decretar su separación indefinida de la abogacía. íd.

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Tras evaluar el expediente de esta queja surge que el licenciado Tió Fernández ha cambiado de dirección y no ha cumplido con su deber de informar dichos cambios a la Secretaría de este Tribunal. Con este proceder, el licen-ciado Tió Fernández ha incumplido con un deber ineludible de la profesión de la abogacía. Esta conducta denota desi-dia e indiferencia en el ejercicio de la profesión. In re Sanabria Ortiz, supra.

El licenciado Tió Fernández se encuentra suspendido del ejercicio de la notaría por incumplir con su deber de presentar índices notariales y por hacer caso omiso a las órdenes de este Tribunal. In re Tió Fernández, 161 D.P.R. 290 (2004).

En vista de lo acontecido con esta queja, se suspende inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía al Ledo. Salvador Tió Fernández.

Se le impone al abogado querellado el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar re-presentándolos, de devolverles cualesquiera honorarios re-cibidos por trabajos no realizados y de informar oportuna-mente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, tiene la obligación de acreditar y certificarnos el cumplimiento con lo anterior dentro del tér-mino de 30 días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta no intervienen.


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      In re Julio M. Rodríguez Isalgue.

      Número: TS-3398

      Resuelto: 16 de abril de 2010

      José M. Montalvo Trías, director ejecutivo del Colegio de Abo-gados de Puerto Rico; Julio M. Rodríguez Isalgue, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción Solicitando Reinstalación al Ejer-cicio de la Profesión, se reinstala al Ledo. Julio M. Rodrí-guez Isalgue al ejercicio de la abogacía y se le apercibe de que en el futuro deberá cumplir con las órdenes de este Tribunal.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo