text:
    Antonia Hernández Curbelo, demandante-tercerista-apelante, v. Freiría Hnos. & Co. S. en C., y José Corretjer Hernández, demandados-apelados.
    No. 4551.

    Visto: Junio 22, 1928.

      Resuelto: Junio 27, 1928.

      V. Polanco de Jesús, abogado de la apelante; José Martínez Dávila abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Freiría Hermanos y Ca., S. en C., demandó en cobro de dinero a José Corretjer Hernández y le embargó el dereche que como heredero de su padre le corresponda en determi-nadas fincas. Estando anunciada la subasta de esos derechos para su venta a fin de satisfacer la sentencia condenatoria dic-tada en ese pleito, Antonia Hernández Curbelo estableció tercería de dominio de dichas participaciones y fundada en ella obtuvo que fuese librado un auto de injunction preli-minar suspendiendo la subasta. Posteriormente, después de tal suspensión, la corte, a instancia de la expresada mercantil y fundándose en que el injunction debió ser librado con pres-tación de fianza, ordenó a la tercerista que la prestase por $1,000 en el término de cinco días, y no habiéndolo hecho dentro de ese término dejó sin efecto» su orden de injunction preliminar con imposición de las costas por resolución de 30 de enero de 1928 que fué notificada el mismo día al abogado de la tercerista. Esta pidió que esa resolución fuese recon-siderada a lo que no accedió la corte y entonces el 20 de fe-brero de 1928 apeló de la expresada resolución, del día 30 del rúes anterior.

El anto de injunction solicitado, decretado y luego dejado sin efecto en este caso no es el procedimiento especial en el que puede recaer sentencia, definitiva que es apelable dentro de treinta días, según el número primero del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, sino que es un injunction auxiliar concedido por la ley de tercería en su sección 16 (ai) para impedir que los bienes inmuebles sean vendidos mientras se resuelva el pleito de tercería, y por esto la apelación que en casos como el presente se! establezca contra resolución anulando el auto de injunction que se había librado debe ser interpuesta dentro de diez días, según el número tercero del artículo antes citado; y como la resolución de 30 de enero no fue apelada hasta, el 20 de febrero siguiente, carecemos de jurisdicción para resolver esta apelación y debemos desestimarla.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Eleuterio Felicie, Luis Cintrón, Antonio Villamil, Rafael Wilkinson, Miguel Sosa y otros, demandantes y apelados, v. The Porto Rico Racing Corporation y José Juliá, Rafael N. Vara, Pablo Martínez, José Flores, Ramón García, José S. Cestero y otros, interventores y apelantes.
    No. 4362.

    Visto: Febrero 16, 1928.

      Resuelto: Junio 27, 1928.

      M. A. Martínez Dávila, abogado de los interventores apelantes; Diego O. Marrero, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Elenterio Eelicie y otros radicaron una demanda en la Oorte dé Distrito de San Juan sobre cobro de dinero y cum-plimiento específico de contrato dirigida contra The Porto Pi!co Pacing Corporation y José Julia y otros.

Alegaron en resumen, que la demandada Porto Rico Pacing Corporation es una corporación organizada de acuerdo con las leyes de esta isla para dedicarse a la explotación de hipó-dromos y tiene arrendado y opera el hipódromo “Quintana Pacing Park”, que el 1 de mayo de 1927 celebró en dicho hipódromos seis de las siete carreras que había anunciado en programa oficial, jugándose en relación con ellas un pool; que los demandantes celebraron con la corporación deman-dada “un contrato de apuesta consistente en los cuadros o combinaciones de caballos de los que habían de tomar parte en las carreras que se habían de celebrar en dicho día, según habían sido anunciadas en el programa oficial del referido día de carreras en el cual aparece especificada la distancia en que había de correrse cada una”; que la tercera de di'chas ca-rreras se anunció a 950 metros; que los demandantes al hacer sus cuadros hicieron su combinación con arreglo al programa oficial y contando con que los caballos de la tercera carrera habían de correr a 950 metros; que así preparados sus cuadros pagaron su importe y fueron sellados y entregados al hipódromo; que la indicada tercera carrera no se corrió a 950 metros, sino- a 900, distancia a la cual no apostaron los demandantes, resultando vencedor el caballo Broekway al cual el Jurado adjudicó el primer premio y como tal lo de-claró válido para la adjudicación del pool; que la tercera carrera es inexistente y sólo son válidas las otras seis cele-bradas de acuerdo con el programa; que el importe del pool ascendió a $16,449, de los cuales corresponde a los deman-dantes $793.05 por cuanto ellos representan tres partes de las cuarenta y dos partes que a razón de $264.35 cobrarían el importe total del pool si la corte resolviera que a los efectos del contrato de apuestas celebrado la corporación demandada llevó a efecto sólo seis carreras; que verificado el escrutinio de la caseta del pooí del hipódromo aparecieron entre los cuadros y papeletas que habían acertado a las seis únicas carreras válidas celebradas las de los demandantes; que los demandantes han estado y están dispuestos a entregar a la corporación demandada, el talonario triplicado correspon-diente a sus cuadros tan pronto como la corporación entregue a cada uno la suma de $264.35 que les corresponde.

Varias personas pidieron intervenir como demandadas y otras como demandantes y se les dió como tales entrada en el litigio.

La corporación demandada contestó aceptando varios de los hechos alegados .en la demanda. Se transcriben a con-tinuación las alegaciones que parecen más importantes. Dicen:

‘ ‘ 8: — -Alega la demandada que ni niega ni acepta los hechos con-signados en la alegación 8 de la demanda, por carecer la demandada de información suficiente si los demandantes combinaron sus cuadros de una manera o de otra, pero acepta que la tercera carrera de las celebradas en dicho día 1 de mayo 1927, fué anunciada a 950 metros en el programa oficial, y niega la demandada por carecer de información suficiente y ser una cuestión de derecho a resolver por los Tribunales, si la dicha tercera carrera de las celebradas el día 1 de mayo de 1927, es inexistente o no.
‘ ‘ 9 : — Acepta la demandada la alegación 9 de la demanda pero alega que en la celebración definitiva y salidas de las carreras de caballos que se verifican en su hipódromo la demandada no tiene intervención directa, y sí la tienen los funcionarios de la Comisión Hípica Insular, o la tenían en la fecha de la celebración de la ca-rrera efectuada en 1 de mayo del 1927, y acepta que la dicha ter-cera carrera antes relacionada fué verificada de acuerdo con el in-forme del Jurado del hipódromo que explota la demandada, a una distancia de 900 metros, en vez de 950 metros, como estaba anun-ciada en el programa oficial del Hipódromo.
“10: — La demandada ni acepta ni niega el hecho 10 de la de-manda por carecer de suficiente información para .ello; y alega, además, la demandada que en la celebración de las carreras no tiene intervención directa ni indirecta, toda vez que desde que el Jurado del Hipódromo toma posesión del Hipódromo a las tres de la tarde del día en que ha de celebrarse carreras, la demandada no tiene au-toridad por mandato de la ley, para intervenir en los actos que se ejecutan en dicho Hipódromo, quedando éste bajo la administración absoluta del Jurado y la Comisión Hípica Insular de Puerto Rico.’ ’

Alegó ademáis la demandada que otras personas, basándose en haber acertado las siete carreras le habían reclamado el pool y que ella había resuelto depositar y depositó en la corte el importe total del di'cho pool. Los interventores deman-dados formularon el 7 de mayo de 1927 un escrito de excep-ciones previas alegando que la demanda no aducía hechos suficientes para constituir una buena causa de acción y que era además ambigua, ininteligible y dudosa, y luego, el 1S del propio mes, formularon su contestación, admitiendo ciertos hechos y negando otros. Parece conveniente transcribir los 1 lechos 8 y 14 de la contestación. Dice:

‘ ‘ 8: — Que ni aceptan ni niegan los hechos consignados en la ale-gación , octava de la demanda por carecer los demandantes de sufi-ciente información acerca de si los demandantes combinaron sus cua-dros de una manera o de la otra, pero aceptan que la tercera ca-rrera de las celebradas en dicho día primero de mayo de 1927, fué anunciada a 950 metros en el programa oficial, y niegan los deman-dados por carecer de información suficiente y en una cuestión de derecho a resolver por los Tribunales si la dicha tercera carrera de las celebradas el día 1 de mayo de 1927 es inexistente o no.
‘ ‘ 14: — Aceptan los demandados que los caballos: Cian, Sherman, Reyes Magos, Cheque, Pastora Imperio y Cubilete fueron los gana-dores en la primera, segunda, cuarta, quinta, sexta y séptima ca-rreras respectivamente, pero alegan los demandados que el caballo ‘Broekway’ fué legítimo así como el legal ganador de la tercera ca-rrera. ’ ’

También alegaron materia nueva tendente a establecer que entre ellos debe repartirse el pool porque ellos acertaron en las siete carreras celebradas, no habiendo tenido ellos in-tervención alguna en la alteración del programa oficial en cuanto a una.

Así las cosas se presentó el 24 de mayo la siguiente esti-pulación que fué aprobada por la corte:

‘ ‘ Comparecen las- partes en el caso de epígrafe representadas por sus abogados que suscriben y ante la Hon. Corte exponen y solici-tan lo siguiente:
‘ ‘ 1: — Que por las alegaciones presentadas en este caso, no ha-biendo controversia en cuanto a los hechos esenciales de la demanda, la Corte tiene solamente ante su consideración una cuestión de de-recho para resolver.
“2: — Que dicha cuestión de derecho se contrae solamente como debe interpretarse y cumplirse el contrato de apuestas denominado ‘pool.’
‘ ‘ 3 : — Que en virtud de que las alegaciones no levantan cuestio-nes de'hecho cuya existencia o acaecimiento haya necesidad de pro-bar ante esta Hon. Corte, la única cuestión a resolver por este Hon. Tribunal se limita a determinar si el ‘pool’ correspondiente a las carreras del día 1 de mayo del 1927 celebradas en el ‘Quintana Racing Park’ debe adjudicarse tomando en consideración las seis únicas carreras que se celebraron de acuerdo con el contrato de apuestas y con el programa oficial, según alegan los demandantes, o si, por el contrario, debe adjudicarse tomando en consideración las siete carreras que se celebraron y contar como existente y válida la tercera carrera para los efectos del ‘pool’ según alegan los in-terventores que se han unido como demandados.
“En virtud de todo lo expuesto anteriormente, las partes solici-tan de la Hon. Corte dicte sentencia por el mérito de las alegaciones, concediendo con anterioridad el término que estime conveniente para la presentación de alegatos en apoyo de las contenciones que cada parte sostiené respecto a la única cuestión de derecho planteada a la consideración de este Hon. Tribunal.”

El 15 de junio siguiente la corte de distrito resolvió el caso a favor de los demandantes. La demandada Porto Rico Racing Corporation no estableció apelación. Los demanda-dos interventores apelaron para antes este tribunal, y en su alegato sostienen que la corte erró al declarar que sólo se habían corrido válidamente seis carreras y al resolver que la demandada Porto Rico Racing’ Corporation venía obligada a pagar el pool a los tenedores triplicados de papeletas que acertaron en dichas seis carreras.

Al discutirse el primer error se sostiene que la corte de distrito actuó sin jurisdicción porque en ninguna parte de la demanda se alega que los demandantes acudieran ante el Jurado a hacer su reclamación y siendo ello así la decisión del Jurado quedó en pie y es inatacable, y porque tampoco se alega que en todo caso se apelara de la dicha decisión del Jurado para ante la Comisión Hípica Insular, no constando por tanto que se hubiera agotado la vía administrativa que es una condición precedente para acudir a los tribunales de justicia.

Estamos enteramente conformes con los apelantes en que la ley y los reglamentos con sujeción a los cuales se celebró el contrato en este caso, forman parte del mismo y en que siendo ello así son aplicables los artículos 19, 20, 21 y 29 del Reglamento de la Comisión Hípica Insular, que, copiados a la letra, en lo pertinente, dicen:

“Artículo 19. — El Jurado es el árbitro de las carreras y hará cumplir estricta y rigurosamente las disposiciones de este regla-mento; quedando facultado para imponer penalidades a los que lo infrinjan.
*******
“Artículo 20. — El Jurado es el único Juez de las carreras. To-das las reclamaciones a que éstas pudieran dar lugar, serán presen-tadas a dicho- organismo, por conducto de su Presidente, inmediata-mente después de ocurrido el hecho que motiva.la reclamación,
“Artículo 21.- — Antes de decidir cualquier reclamación, el Ju-rado puede requerir todos los informes que juzgue necesarios; y dará oportunidad tanto al reclamante como a la -persona c’óntra la cual se reclama, para aportar todos los datos que-1 sean necesarios, para el m'ejor esclarecimiento de los hechos. ... ■ ; ,¡:
“Artículo 29. — Las decisiones del Jurado.y Juez de,.Salida.serán-. apelables para ante la Comisión Hípica Insular excepto en lo que-respecta a las salidas y al orden de llegada de los caballos erCcada. ■carrera, que serán inapelables.” ' : ' i:-
*******

• • De acuerdo con esos preceptos- reglamentarios, es evidente que -los demandantes debieron someter la .cuestión al Jurado y apelar de su decisión final en caso ,de serle. adversa,para .ante la comisión. ■ Sólo después de haber intervenido:.,:1a ■Comisión es-que los-demandantes se hubieran., encontrado,- en -condiciones de acudir a los Tribunales de Justicia.■--■Esto -ejs claro y claro es también que esos hechos no _ se; alegan .enría demanda. - . ......

Pero los demandantes sostienen que tal cuestión, no., fué planteada por los apelantes en la corte inferior, ni, está-com-prendida en la estipulación y que por lo tanto al suscitarla por vez primera en esta Corte Suprema,,se pretende, variar por completo la teoría del caso, práctica .que es .contraria, .a lo resuelto por las cortes del continente en repetidas . ocasiones y por esta misma Corte Suprema en Porto Rico Benevolent Society v. Municipio de Ponce, 28 D.P.R. 825 y Calderón v. Reyes, 31 D.P.R. 273.

No sólo no la levantaron los apelantes en la corte inferior si que expresamente alegaron en su contestación que la cues-tión suscitada sobre la validez de la tercera carrera, “era una-de derecho a resolver por los tribunales” y de modo expresp consignaron en la estipulación que “la única cuestión a.resolver por este Hon. Tribunal se limita a determinar si el ‘pooP correspondiente a las carreras del día 1 de mayo del 1927 celebradas en el ‘Quintana Racing Park’ debe adjudicarse tomando en consideración las seis únicas carreras que se celebraron de acuerdo con el contrato de apuestas y con el programa oficial, según alegan los demandantes, o si, por el 'contrario, debe adjudicarse tomando en consideración las siete carreras que se celebraron y contar como existente y válida la tercera carrera para los efectos del ‘pool’ según alegan los interventores que se fian unido como demandados.”

Que no puede variarse la teoría del caso en apelación, ha sido repetidamente decidido por este tribunal. Ahora bien, íos apelantes alégan que se trata de una cuestión jurisdic-cional que puede levantarse en cualquier estado del proce-dimiento., Tendrían, razón si sé tratara de una verdadera Cuestión fundamental de jurisdicción que fuera a la raíz de lá ■ facultad dé la corte para conocer del litigio. Por ejemplo, si se hubiera seguido en la corte de distrito un procedimiento de quiebra y nada se hubiera objetado. Apelado el caso a la Corté Suprema, cualquier interesado podría sostener que el .procedimiento era nulo por falta de jurisdicción. La misma Corte, por su propio acuerdo, llegaría a tal conclusión.

Pero aquí la. corte tenía facultad para conocer del asunto y la falta de jurisdicción se basa únicamente en que se dejó de alegar en la .demanda el cumplimiento de ciertos requisitos previos y la presunción es que cuando no se hizo la objeción en la corte de distrito es porque se aceptó dicho cumplimiento. Si la objeción hubiera .sido levantada, la parte demandante hubiera tenido oportunidad de enmendar su demanda.

En un caso semejante la Corte Suprema de Iowa dijo:

“En el segundo de los dos casos bajo nuestra consideración la corte inferior concedió una sentencia al demandante en contra del condado de Polk por contribuciones sobre la valoración en exceso de $310. Se insiste aquí por los apelantes, que nunca se presentó reclamación alguna al board de supervisores, y que éste era un re-quisito necesario para el derecho de mantener una acción contra el condado. El caso de Bibbins vs. Clark, 90 Iowa 230, N. W. 884 y 59 N. W. 290, y los casos allí citados sostienen esta reclamación. Sin embargo, nosotros no creemos que tal defensa pueda ser soste-nida en este caso, por la razón de que la cuestión es presentada por primera vez en esta corte; y nosotros podemos decir lo mismo de la objeción apuntada respecto a que la asignación al demandante de la causa de acción no ha sido demostrada. Cuestiones de esta clase, si no se levantan en tiempo y en debida forma, se considerarán aban-donadas. Reed vs. City of Muscatine, 104 Iowa 183, 73 N. W. 579, y los casos citados.” Smith vs. McQuiston, 79 N. W. 130, 132.

Parece conveniente agregar que la corte de distrito en su opinión, dijo:

“No se alega en la demanda, ni se dice en la contestación, por qué se celebró la 3ra. carrera a 900 metros, cuando estaba anunciada en el programa oficial a 950 metros; pero de una certificación acom-pañada al alegato de los interventores, expedida por la Comisión Ilípica Insular, se desprende que fué por un error involuntario y que la Comisión confirmó la resolución del Jurado, dando validez a la carrera como si hubiera sido a 950 metros, en ausencia de fraude o de alguna otra circunstancia anormal.”

Y que esta Corte Suprema, en el caso de Hernández et al. v. Hernández et al., 31 D.P.R. 678, resolvió:

“En general cuando los autos revelan que las partes han tra-bado contienda litigiosa sobre hechos y que la parte opositora ha procedido en el juicio como si las cuestiones hubieran sido debida-mente levantadas por las alegaciones, el Tribunal Supremo no in-sistirá en la existencia de alegaciones, ya en la demanda o en la contestación. Sin embargo, cuando no hay ninguna indicación de consentimiento por la parte contraria o un impedimento contra ella {estoppel), no puede un apelante levantar por primera vez cuestiones en apelación que debió haber presentado en las alegacio-nes.”

Al discutir el segundo error los apelantes sostienen que no se puede exigir a la demandada The Porto Rico Racing Corporation el cumplimiento específico del contrato de apuesta do que se trata porque la corporación demandada nada tuvo que ver con la variación de la distancia en la tercera carrera.

Es cierto que la dicha corporación alegó que no había tenido intervención directa ni indirectamente en la dicha alteración, toda vez que desde que el Jurado del Hipódromo toma posesión del mismo' a las tres de la tarde del día en que se celebren las carreras la demandada no tenía autoridad por mandato de ley para intervenir en los actos que se eje-cuten en dicho Hipódromo, quedando éste bajo la adminis-tración absoluta del Jurado y la Comisión Hípica Insular.; pero también es cierto que es la corporación demandada la que, finalmente debe, satisfacer las cantidades correspon-dientes a los que acierten en el juego.

Siendo esto así, la cuestión no tiene la importancia que le atribuyen'los apelantes.

Aqm podríamos terminar confirmando la sentencia recu-rrida, ya.que:en verdad.los apelantes no.-impugnan la .reso-lución de la corte en sus méritos y. es que en realidad de verdad réconocido el poder de la corte para interveniry decidir la"contienda se impone la conclusión de que la decidió de acuerdo con los hechos y la ley.

Se trata de un contrato de apuesta que produce efectos legales según el artículo 1703 del Código Civil. Dicho con-trato . ha sido definido por el artículo 115. del Reglamento de la Comisión Hípica como consistente en ■ acertar el mayor número de caballos que resulten vencedores y que aparezcan en las papeletas y cuadros de combinaciones escritas depo-sitadas en las urnas oficiales.

La demandada Porto Rico Racing Corporation por razón de dicho contrato venía obligada con las personas que depo-sitaron sus cuadros y papeletas en las urnas oficiales y llagaron su importe a que se celebrara la tercera carrera a la distancia de 950 metros, como apareció atondado en el pro-grama oficial. Se celebró a 900' metros. El contrato quedó claramente alterado. ¿ Constituye dicha alteración un verda-dero incumplimiento del mismo? El artículo 57 del Regla-mento de la Comisión Hípica Insular determina que no- podrá hacerse ninguna alteración a los términos de inscripción para las carreras después de anunciadas excepto en cuanto se refiere al cambio de jockeys' y el 58 que el juez de inscripción debe cuidar al hacer imprimir el programa oficial que se con-signen entre otros datos los nombres de los caballos y las distancias, y si resultare un error involuntario en el pro-grama después de publicado, el juez de inscripciones debe subsanarlo haciéndolo constar antes de las once A. M. del día de las carreras en la pizarra del pool o sea a la vista del público antes de1 comenzarse el sellado de los cuadros y pape-letas' y de realizarse el contrato de apuestas, lo que no se hizo en este caso. ' _

Se ve, pues, que no se trata de un requisito sin impor-' tancia. A él se refiere expresamente el Reglamento. La distancia és un factor importante que se tiene en cuenta ah elegir los caballos de acuerdo con la resistencia de cada uno/' La alteración anula la'carrera.

Siendo ello así, estuvo enteramente justificada la corte1 de- distrito y debe confirmarse la sentencia que dictara.


author: El Juez Asociado Señob ILutcíiison,

text:
    Agustín Roselló Bras, demandante y apelante, v. The American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelada.
    No. 4174.

    Visto: Enero 20, 1928.

      Resuelto: Junio 27, 1928.

      Ángel A. Vázqttez, abogado del apelante; Federico y Mariano Acosta Velarde, abogados de la apelada. • • •
   El Juez Asociado Señob ILutcíiison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante apela de nna sentencia adversa en nna acción de daños y perjuicios con motivo de la destrucción de un camión en un choque que tuvo con una locomotora en un cruce del ferrocarril.

La primera proposición sometida por el apelante es que la corte inferior erró al declarar sin lugar una moción para eliminar cierta materia nueva alegada en la contestación como una defensa afirmativa.

La moción se basaba en la teoría de que una alegación afirmativa en cuanto a negligencia contribuyente por parte del demandante admite la negligencia de parte de la deman-dada alegada en la demanda, y no puede unirse a una nega-tiva general.

“Lo que la demandada dice mediante tal alegación, unida a una negativa general, es que no es culpable de la negligencia imputá-dale; pero que, si lo es, entonces el demandante, por su propia ne-gligencia, contribuyó al daño ocasionado, y no puede recobrar in-demnización por tal motivo. ” 20 R. C. L. 106, párrafo 92; Jackson v. Natchez, etc., R. Co., 114 La. 981.

Entre tales dos defensas, no hay una inconsistencia de hechos absoluta, según se distingue de la mera inconsistencia que surge por implicación de la ley, aun cuando sea puesta a prueba por la regla reconocida por la minoría más con-servadora de los Estados que tienen códigos, por la práctica en equidad, y por el criterio moderno sobre los estatutos de Anne. Nota al pie del caso de Seattle National Bank v. Jones, 48 L.R.A. 177, 182, 185, 188, 203, 210. Véanse además los casos de Del Rosario et al. v. Rosaly, 27 D.P.R. 105, Wys v. Maldonado, 34 D.P.R. 189.

Otra contención del apelante es al efecto de que la corte inferior erró al apreciar la prueba, “ya que ésta no es contradictoria en el punto esencial de que la demandada no tenía puestas, en el paso a nivel ‘Cruce de Silva’ cadena ni guardabarreras, ni ningún otro medio de protección para, los vehículos que pasaban por allí mientras corrían los tienes y locomotoras de la demandada.”

El choque ocurrió cerca de las cuatro de la mañana. A medida que se acercaban al cruce, el camión y el tren cami-naban en la misma dirección general. El juez sentenciador, después de examinar el escenario del accidente, manifiesta que la vía del ferrocarril y la carretera porque caminaba el camión eran .paralelas, y que el espacio que las separaba no era mayor de cinco metros de ancho a lo largo de una dis-tancia no menor de setecientos metros antes de llegar al cruce. No había nada que impidiera ver desde la vía pública hasta el cruce o antes de llegar a él.

El cruce estaba provisto de portones y cadenas que ser-vían de barreras cuando los trenes pasaban durante el día. Durante la noche se conservaban encendidas linternas rojas. También se usaban letreros conteniendo las admoniciones de rigor. Jamás se habían usado las cadenas durante la noche, y la demandada no- hizo esfuerzo alguno para probar que lo* estaban siendo al tiempo del accidente, o en cualquier otra hora entre la puesta y la salida del sol antes de la fecha del accidente.

La corte inferior llegó a la conclusión de que las linternas rojas estaban colocadas en su sitio y alumbrando al tiempo* de ocurrir el accidente; que los coches para pasajeros es-taban bien alumbrados y que el foco delantero iluminaba la. vía hasta una distancia de doscientos metros por lo menos,, a medida que el tren se dirigía al cruce; que el camión venía excesivamente cargado y conducía unos seis u ocho' pasajeros, además del chauffeur; que inmediatamente des-pués del suceso se encontraron en el sitio en que el mismo* ocurrió una guitarra rota y los fragmentos de una botella conteniendo licor; que el conductor del camión y varios de sus compañeros habían estado ingiriendo debidas embria-gantes ; que se sonó el silbato y se tocó la campana a tina dis-tancia prudencial antes de llegar el tren al cruce; que los que viajaban en el camión iban cantando al compás de la guitarra mientras el vehículo se acercaba al cruce; que el tren en cuestión era uno de los, regulares de pasajeros, que marchaba de acuerdo con un itinerario fij.o, caminando a la velocidad reglamentaria y acostumbrada; que el conductor del camión había pasado con frecuencia por el cruce, y sabía no sólo que no se usaban cadenas durante la noche, si que también que el tren debía pasar a la hora en que ocurrió el accidente; que dicho conductor no se paró, ni miró, ni oyó, ni redujo la velocidad del camión; y que el menor grado de diligencia por parte del conductor le hubiese advertido de la inminencia del peligro y hubiese evitado el choque.

El- artículo 3 de la ley aprobada el 6 de diciembre de 1917, titulada “Ley definiendo las compañías de servicio publico y proveyendo lo necesario para su reglamentación; prescri-biendo, definiendo; reglamentando y limitando sus derechos, facultades y deberes; prescribiendo y definiendo las facul-tades-y deberes- de la Comisión de' Servicio Público y los de sus funcionarios; prescribiendo y reglamentando la práctica y -el procedimiento ante dicha comisión y en apelación, y para otros fines,” (Leyes de 1917, página 433), lee en parte como sigue:

“Artículo 3. — -Será deber de toda compañía de servicio público:
*******
“ (q) Aparatos de seguridad en cruces, etc. — Si se tratare de una compañía de ferrocarril, ésta deberá construir y conservar ca-denas, portones u otros aparatos adecuados de protección, en todos los cruces a nivel de las carreteras públicas insulares y en los de-más cruces públicos que la Comisión designare, y con sujeción a las reglas, reglamentos y órdenes de la Comisión, deberá cercar o de otra' manera' adecuada guardar o proteger sus vías, en aquellos si-tios que la Comisión designare, de modo que los animales no pue-dan entrar en ella; deberá instalar en sus locomotoras campanas y silbatos que deberán usarse al acercarse a curvas, túneles y a los cruces de caminos o calles y siempre que fuere necesario como adver-tencia de la aproximación de dichas locomotoras y trenes los que' reducirán la velocidad al mínimum en los cruces de las calles; y deberá usar, después de la puesta del sol, las luces que sean necesa-rias y que la Comisión determine.”

El mero liecho de que la demandada dejara de cumplir estrictamente con las disposiciones de ese precepto legisla-tivo no puede excusar una negligencia contribuyente tan crasa como la imputada al conductor del camión en cuestión por el juez sentenciador en el presente caso. 22 R.C.L. pá-gina 1042, párrafo 275.

La falta de conflicto en la prueba en cuanto al becho de que las cadenas no estaban colocadas al tiempo del accidente, no basta, por tanto, para subvertir una sentencia basada en conclusiones de hecho de la naturaleza bosquejada anterior-mente,

Deb<' confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Carlos Rosado Acosta, demandante y apelante, v. The American Railroad Co., demandada y apelada; Rafael Valentín, demandante y apelante, v. The American Railroad Co., demandada y apelada; Benito Leclerc, demandante y apelante, v. The American Railroad Co., demandada y apelada.
    Nos. 4171, 4172 y 4173.

    Vistos: Marzo 9, 1928.

      Resueltos: Junio 27, 1928.

      Ángel A. Vázquez, abogado del apelante; Federico y Mariano Acosta‘ Velarde, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la. opinión del tribunal.

Rafael Valentín, demandante en el caso arriba titulado con el número 4172, era el conductor del camión a que se bañe referencia en el caso de Roselló Bras v. American Railroad Company, ante, página 485. Benito Lecrerc, el demandante en el caso No. 4173, era un auxiliar o ayudante. En ausen-cia de un espejo adecuado en frente del conductor, la ley exige la presencia de tal ayudante, por alternativa, quien irá en la parte trasera de los vehículos pesados de motor, cuando éstos van tan cargados que el conductor no puede ver en esa dirección. Rivera v. Currá, 33 D.P.R. 964. Lecrerc iba sen-tado junto al conductor en el asiento delantero. Carlos Ro-sado, el demandante en el caso No. 4171, era el dueño dq los guineos con que iba cargado el camión. El estaba tam-bién en el asiento delantero con Valentín y Lecrerc, a la derecha de ambos, en el lado más próximo a la vía del ferro-carril, y, por tanto, se hallaba en mejor posición que cual-quiera de ellos para ver el tren y evitar el accidente.

La manera en que se celebró el juicio de estos casos y en que se preparó y sometió a la aprobación del juez senten-ciador la transcripción de la evidencia, ha sido expuesta en Valentín v. American Railroad Co., 37 D.P.R. 615. No necesitamos repetir aquí lo que se dijo al resolver la moción para desestimar las respectivas apelaciones. La demandada alegó la existencia de negligencia contribuyente por parte de los demandantes en los tres casos que estamos considerando, y estos tres casos fueron resueltos en la corte inferior, en lo que respecta a esta cuestión, por la prueba aducida en el caso de Roselló Bras v. American Railroad Co., ante, página 485.

La conclusión a que se llegó en el caso No. 4174 decide el de Valentín aun con mayor efectividad que el caso ya re-suelto. El alegato del apelante en ninguno de los dos casos que estamos discutiendo indica que debe seguirse una regla distinta, o que deba hacerse alguna distinción al determinar la cuestión de negligencia contribuyente vel non, o el grado de la misma, bien de parte de Lecrerc o de Eosado. Bajo esas circunstancias, no creemos necesario llevar a cabo una investigación independiente sobre el punto indicado. Véase, sin embargo, 20 R.C.L. 159, sección 132; 22 R.C.L. 1049, sección 283; nota sobre el caso de Penn. R. Co. v. Yingling, 41 A.L.R. 405, 419, 420, 423, 424.

En cada uno de los tres casos que están ante nos, sólo hay un señalamiento de error. La cuestión así levantada es idéntica en forma y substancia a la segunda de las dos pro-posiciones sometidas y resueltas en modo adverso al apelante en el caso de Roselló Bras v. American Railroad Co., supra.

La sentencia apelada en cada uno de los tres casos, Nos. 4171, 4172 y 4173, por consiguiente, debe ser confirmada bajo la autoridad del caso de Roselló Bras v. American Railroad Co., supra.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Dolores Martínez Viuda de Miró, demandante y apelante, v. Ramón Alonso, demandado y apelado.
    No. 4274.

    Visto: Mayo 31, 1928.

      Resuelto: Junio 28, 1928.

      V. M. Fernandes y M. Tous Soto, abogados de la apelante; José Martines Dávila, abogado del apelado.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 12 de enero de 1925 .Dolores Martínez vinda de Miró entabló demanda en la C'orte de Distrito de San Jnan ale-gando qne cierta finca de sesenta cnerdas situada en Vega Baja era de su propiedad y qne el demandado Alonso la poseía desde el 30 de junio de 1916 sin título y contra su expresa voluntad. Pidió qne se dictara sentencia conde-nando al demandado a reivindicar a la demandante en la posesión y disfrute del inmueble, a rendirle cuenta de los frutos producidos o a pagarle determinada cantidad por los mismos y las costas del litigio.

Contestó el demandado alegando:

“Como primera defensa, 1. — Que niega general y específicamente todas las alegaciones de la demanda enmendada. . 1,1
' “Como segunda defensa, '2. — Que la acción ejercitada por la de-mandante está prescrita a tenor de las disposiciones del articuló: 1858 del Código Civil Vigente.
“Como tercera defensa, 3. — Que el demandado es dueño desde 14 de octubre de 1911 de la siguiente finca:
“Rústica: sita en el barrio ‘Pugnado Afuera,’ término municipal de Vega Baja, compuesto de 60 cuerdas equivalentes a 33 her-táreas, 59 áreas y 43 eentiáreas; colindantes por el Nórte, con la Sociedad Standard Fruit Co.; por el -S.ur, Clemente- Martínez y Aniano Martínez; por el Este, con la Sucesión de Miguel Rodrí-guez Sierra y por el Oeste, con Morris Fruit Co.
“4. — Que la descrita finca la viene poseyendo desde la expresada fecha a título de dueño y de buena fe; y la' tiene inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, •al tomo 14 de Vega Baja, folio 162, finca 672, inscripción primera.”

Fue el pleito ■ a- juicio, ambas partes practicaron prueba y la corte finalmente declaró la demanda sin lugar. En su •opinión el juez de distrito- declaró probados los siguientes hechos:

“Queda- finca que reclama la demandante como suya fué embar-gada por el Pueblo de Puerto Rico para el cobro-de las contribucio-nes adeudadas por dicha finca y vendida en pública subasta al de-mandado en el año 1911 desde cuya íecba entró en posesión de ella el demandado Ramón Alonso Dávila; promoviendo más. tarde allá por el año 1914 un espediente de dominio de esa finca y de otra más. Este expediente de dominio se siguió por todos sus trámites basta dictarse la resolución final allá por el mes de septiembre de 1914, declarando justificado el dominio de la finca de 60' cuerdas-que se describe en el' beebo' tercero de la contestación a. favor del demandado Eamón Alonso Dávila, y dicha resolución fue debida-mente inscrita en el Registro de la Propiedad de San Juan, - Sec-ción Segunda,
“Que el demandado posee 'desde 'el año 1911 la referida finca, en concepto de dueño quieta, pública y pacíficamente sin- interrup-ción de ninguna clase. ” ■' ' ■

No conforme la demandante interpuso el presente' recurso de apelación, alegando como errores la inaplicación del art. 128 del Código de Enjuiciamiento Civil, la aplicación inde-bida del art. 1858 del Código Civil Revisado y la inaplicación de los arts. 1853, 1854 y 1855 del Código Civil,’

Para sostener la existencia de los errores que alega ba presentado la parte apelante un alegato que contiene’un am-plio e inteligente estudio de la jurisprudencia de la Corte Suprema de España y especialmente de la de ésta de Puerto Rico. De no estar tan sobrecargados de trabajo, seguiríamos a la apelante en su estudio. Pero no podemos proporcionar-nos ese placer mental e iremos directamente al fondo de la cuestión.

Puede prescindirse por completo de estudiar y resolver si el demandado alegó o no bien la defensa de prescripción de la acción ejercitada por la demandante citando el art. 1858 del Código Civil en vez del 1864 del propio cuerpo legal. Habiendo el demandado contestado en la forma en que lo Mzo, en ausencia de alguna excepción previa o de alguna moción para hacer la contestación más específica pudo válidamente llegar al trámite del juicio y habiendo probado en él de acuerdo con su tercera defensa que tenía un título válido a la finca en cuestión, no puede privársele de la posesión y disfrute en que está, aunque la demandante probara que también tuvo un título de dominio. No pueden existir a la vez dos dueños de una misma cosa. Si surge un conflicto, tiene que ser resuelto a favor de uno y ese uno es aquí el demandado de acuerdo con los hechos y la ley.

La prueba que aportó la demandante demuestra que allá! por el año de 1894 la Sucesión Torres era dueña de la finca en cuestión. Dejó la Sucesión de pagar $10.13 de contribu-ción al Municipio, se le apremió, se embargó la finca, se vendió en publica subasta y la compró por $100.25 Juan Miró casado con la demandante en aquel entonces, fallecido después. Hoy alega la demandante que la finca vale $12,000.

Pasaron los años, llegó el de 1911 y el apremiado fué entonces el adquirente Miró y, como en la ocasión anterior, la finca fué vendida en pública subasta para el cobro de con-tribuciones adquiriéndola el demandado Alonso, quien acre-ditó luego su dominio por el medio supletorio que la Ley Hipotecaria otorga a los efectos de inscribirlo en el registro de la propiedad. La sentencia de dominio se dictó el 29 de naayo de 1914 y quedó inscrita el 3 de diciembre del propio año, o sea más de diez años antes de interpuesta la demanda.

Estamos enteramente conformes con la apelante en que nn título de dominio acreditado de acuerdo con la Ley Hipo-tecaria e inscrito en el registro puede anularse y declararse ineficaz, pero cuando a virtud de las pruebas practicadas ima corte de justicia declara como aquí declaró la Corte de Dis-trito de San Juan que la finca “la adquirió el peticionario por compra al Tesoro Insular en pública subasta en virtud de ejecución seguida contra Juan Miró Castañer, quien la adquirió a su vez por remate en virtud de ejecución seguida con la Sucesión Torres” y la sentencia de dominio se inscribe en el registro de la propiedad y permanece inscrita sin alteración por más de diez años durante los cuales el dueño declarado por la sentencia continúa en la posesión como tal, pública y pacíficamente, entonces existe un título de dominio (art. 1858 del Código Civil), procedente en este caso de la misma demandante y qne ésta está por consiguiente en la' obligación de destruir demostrando que existe en él algún tí ció que lo_ invalide, antes de que sus pretensiones de volver a la posesión y disfrute de la finca puedan prosperar.

Algo en ese sentido intentó la demandante al introducir cierta prueba tendente a demostrar que los cien pesos que pagó su marido en 1894 eran de ella y por tanto que la linea constituía un bien privativo suyo, pero fiemos examinado dicfia prueba y no tiene en verdad fuerza suficiente para destruir la presunción de ganancial que la compra hecha por el esposo tenía. Siendo ello así, con el esposo, administrador de la sociedad de gananciales, era con quien válidamente podía tramitarse como se tramitó el expediente sobre venta én cobro de contribuciones adeudadas por la finca al Tesoro. Insular. Quizá sea conveniente agregar como una circunstancia que hace aún más justa la sentencia dictada, que al tramitar Alonso el expediente de dominio, Miró se opuso, abán donando luego su oposición.

Debe confirmarse la s'entencia recurrida.


text:
    Alejandro Franceschi, demandante y apelado, v. Fido Antonmarchi y Ana Lucía Antongiorgi, demandados y apelantes.
    No. 4261.

    Visto: Febrero 21, 1928.

      Resuelto: Junio 28, 1928.

      Leopoldo: Tormos, abogado de los apelantes; Agustín E. Font, abo-gado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda origen de este pleito, copiada a la letra, en lo pertinente, dice:

“2. — Que allá por el mes de febrero de 192.5, el aquí demandante vendió a los demandados una finca por el precio y bajo las condicio-nes consignadas en escritura pública al efecto, otorgada en 24 de febrero del citado año, por ante el Notario Angel Padró,- bajo el número 20.
“3. — Que con motivo de esa operación el aquí demandante don Alejandro Francesclii cedió en venta a los esposos demandados ochenta y dos acciones del Federal Land Bank of Baltimore, endo-sando en. blanco el certificado de tales acciones e instruyendo a dicho Banco para que transfiriera como fueron transferidas dichas ochenta y dos (82) acciones a nombre y a favor de los esposos aquí demandados, importando el precio convenido de las mismas la suma de cuatrocientos diez dólares ($410.00).
“4. — Que el demandante ha hecho continuas y repetidas gestio-nes cerca de los demandados para que le paguen su importe de cua-trocientos diez dólares ($410.00) resultando infructuosas todas las gestiones de cobro, por lo que dicha suma no le ha sido satisfecha a dicho .demandante en todo ni en parte, por los demandados ni por persona alguna en su nombre.
“5. — Que la venta de estas acciones se hizo por valor al contado, por lo cual esta suma está vencida, es líquida y exigible.”

Los demandados presentaron una moción eliminatoria que fué declarada sin lugar y luego excepcionaron y contestaron la demanda alegando como defensa especial que nada debían al demandante. Fué el pleito a juicio. Surgieron varias dificultades con motivo de la práctica de la prueba y la corte finalmente dictó sentencia declarando la demanda con lugar.

No conformes los demandados apelaron para ante esta •Corte Suprema señalando en su alegato la comisión de seis errores.

Por el primero se sostiene que la corte erró al declarar sin lugar la moción eliminatoria. La demanda pudo> redactarse a nuestro juicio en forma más breve y precisa •omitiendo toda referencia a la venta de la finca, pero tal como se presentó la moción iba demasiado lejos. Pedía la •eliminación total de los hechos dos, tres y cuatro. Le todos modos si hubo error, no fué perjudicial. La venta de las acciones según demostró la prueba estuvo relacionada con la de la finca y son los mismos demandados los que alegan que las acciones siguieron a la finca.

Por el segundo señalamiento de error se sostiene que la demanda no- aduce hechos suficientes para fundar la acción ejercitada porque la venta no se hizo constar en documento público y porque no se alega la entrega de la cosa vendida.

Es cierto que el artículo 1247 No. 6 del Código Civil dis-pone que deberá constar en documento público “la cesión de acciones o derechos procedentes de nn acto consignado en escritura pública. ’ ’

El hecho de que en la demanda se diga que la venta de las acciones! se celebró con motivo de la venta de la finca no quiere necesariamente decir que sea aplicable el precepto legal que dejamos' transcrito, pero aunque lo fuera la falta de cumplimiento del requisito legal no enervaría la acción del acreedor.

El artículo 1247 del Código Civil debe interpretarse a la luz de lo dispuesto en los dos que le preceden, a saber: que los contratos son obligatorios, cualquiera que sea la forma en. que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran la,s condiciones esenciales pai*a su validez, y que si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma, habiendo sido ambos interpretados por la Corte Suprema de España en el sentido de que “el primero consagra la eficacia de la obligación del deudor, y el segundo consigna una facultad y no una obligación a favor de ambos contratantes, sin que la circunstancia de no haber hecho uso de ella enerve la acción del acreedor.” Véase 8 Manresa, Comentarios al Código Civil, 657.

En cuanto a la entrega de las acciones, lo alegado en la demanda es. bastante. Fueron endosadas por el vendedor quien instruyó al Banco que las transfiriera como las transfirió a los demandados.

El tercer error se refiere a cierta excepción tomada con motivo de la declaración del testigo Quesada, del demandante. Según los autos, ocurrió lo que sigue:

“P. — Con motivo de aquella operación que había hecho con el Banco Federal, tenía don Alejandro algunas acciones? — R.—Sí. Te-nía las acciones que correspondían al montante de la hipoteca; el prestatario recibe cinco por ciento del valor total del préstamo en acciones.- — P.—Cuántas acciones eran ésas? — R.—Ochenta u ochenta y dos acciones. — P.—Cuánto valen esas ochenta y dos acciones? — R. —Cuatrocientos diez pesos. — P.—Fueron incluidas esas ochenta y dos acciones en la Yenta de la finca de don Chalí a los esposos An-tonmarchi-Antongiorgi ? — Demandado.—Nos oponemos a la pregunta, porque fué hecho un contrato de compra-Yenta de una finca hipo-tecada al Banco Federal, y la teoría nuestra es la siguiente: que las acciones siguen a la finca, porque son derechos incorporados a la finca de acuerdo con el Art. 336 del Código Civil Devisado, en su apartado 29 que establece: ‘Las siguientes cosas incorporales son consideradas como inmuebles por razón del objeto al cual se apli-can: 1. — El usufructo y el uso de las cosas inmuebles. 2. — Cual-quier derecho u obligación constituida sobre una propiedad inmue-ble.’ El contrato es escrito, y la primera cláusula de la escritura que se otorgó, dice: ‘Pbimeea. — Don Alejandro Franceschi y An-tongiorg'i vende absolutamente, a favor de los esposos Don Fido Antonmarchi y Santiago y Doña Ana Lucía Antongiorgi y Boagna, la finca rústica que se describe en el hecho primero de la presente, con todo cuanto a esa finca es anexo y por derecho le corresponde.’
“De acuerdo con la Ley Federal ‘The Federal Farm Loan Act,’ aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, extensiva a Puerto Rico en diciembre de mil novecientos veinte, en la página seis de este folleto, Sección Quinta, se crea el capital stock del Federal Land Bank, y los accionistas, los tenedores de esas acciones tienen que ser propietarios; los tenedores de las acciones del Federal Land Bank tienen que ser propietarios. Es un derecho incorporado. No puede haber ninguna otra cuestión fuera del contrato escrito que motivó la venta y en el que consta que la finca estaba hipotecada en tal suma de dinero y que el comprador se constituyó en deudor del Banco, y subsistió la carga de esa hipoteca por veinte años.
“Demandante. — Es un error del Ledo. Tormes.
*******
“Juez. — La corte desestima la moción del letrado Sr. Tormes, . . .
“Demandado. — Nosotros tomamos excepción.
“Demandante. — P.—Con motivo de esa operación de venta de esa finca, se hizo alguna otra operación con los señores esposos de-mandados? Se les vendió algo además de la finca? — R.—Sí. Las acciones. ’ ’

La pregunta objetada quedó sin contestar. Hemos trans-crito parte de lo que consta en autos sobre .el incidente que surgió, porque lo dicho por el abogado de los apelantes arroja luz sobre el fondo del pleito, sobre su teoría del caso y sobre la apreciación de la prueba. Es en verdad la apreciación de la prueba lo único que nos lia hedió vacilar en la decision ele este asunto.

El cuarto error carece de importancia. Se refiere a la. indebida admisión de cierta carta del Federal Land Bank que expresa la opinión, del banco sobre el asunto. Quizá no se autenticó en debida forma la firma de dicha carta, pero su admisión en nada pudo perjudicar a los demandados. La corte de distrito no falló el caso¡ basándose en la opinión del banco sino ejercitando su propio juicio e igual proceso mental está siguiendo esta Corte Suprema.

Los errores quinto y sexto se refieren al análisis de la prueba, van al fondo del asunto.

Quesada, un empleado del demandante y éste en persona declararon que la venta se hizo con independencia de la de la finca comprometiéndose los demandados a satisfacer el precio de las acciones y negándose luego. El demandado Fido Antonmarehi' declaró que la venta finalmente se acordó de tal modo que el precio fijado para la finca comprendía el de las acciones; que el demandante intentó que las acciones se pagarfin separadamente y que el testigo dijo que si eso era así se desharía el negocio en su totalidad, aviniéndose entonces el demandante a entregar las acciones con la finca.

Le dichas declaraciones surge un conflicto irreconciliable. Alguien mintió. ¿Fueron el demandante y su empleado o fue Antonmarehi? ' Difícil es resolverlo.

Guando se analizan los términos del contrato de venta de 3a finca que no sólo dejan de comprender expresamente las acciones, sino que excluyen la posibilidad de que el precio de las mismas estuviera comprendido dentro del de la finca, dada 3a forma en que dicho precio fué fijado, parece tan lógica la posición asumida por el demandante, que el ánimo del juz-gador se inclina a creer que son el demandante y su empleado los que dicen la verdad. Sin embargo, cuando se lee y relee la amplia declaración de Antonmarehi, se examina cierta liquidación practicada en el acto del contrato en nn pequeño papel en la cual finalmente aparece deducido con lápiz, como algo lieclio a última hora, el valor de las acciones, y se tiene en cuenta además que del certificado de las acciones aparece que “en caso de que el título de la propiedad descrita en dicha hipoteca se transfiera, el certificado de acciones deberá por medio del debido endoso ser traspasado al nuevo pro-pietario”, ya que dichas acciones se retienen por el banco como garantía subsidiaria del préstamo lo que implica que para vender la finca era necesario vender también las accio-nes, al juzgador le parece que es Antonmarchi el que dice la verdad.

Siendo ello así, en tal estado de duda, es decisiva, a los efectos de inclinar la balanza en pro del demandante, la apre-ciación ya hecha por el juez sentenciador ante quien personal-mente declararon los testigos. Quizá la verdad sea que Antonmarchi después de haberse comprometido al pago por separado de las acciones, al examinar el certificado de trans-ferencia y darse cuenta de que las acciones necesariamente tenían que transferirse al venderse la finca, varió de actitud como explica el testigo Quesada en su declaración.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.


text:
    José Irizarri Cruz, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 727.

    Sometido: Junio 25, 1928.

      Resuelto: Julio 2, 1928.

      A. Ramírez Silva, abogado del recurrente; el registrador recurrido, no compareció.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, al inscri-bir una escritura de segregación y venta, consignó como un defecto snbsanable el hecho de que no se describía en la escritura de enajenación el resto de la finca principal des-pués de hacerse la aludida segregación.

La regla es que la finca principal de la cual va a tomarse la finca que está por segregarse y venderse, debe describirse en la escritura de segregación y venta. Cadilla v. Registrador, 19 D.P.R. 80. En caso de una segregación y venta pos-teriores, el resto del predio original se convierte en la finca principal para los fines de tal venta posterior. Kennedy v. El Registrador, 26 D.P.R. 789; Figueroa v. El Registrador, 31 D.P.R. 377.

En el presente caso, la nota puesta por el registrador ai dorso de la escritura no cita autoridad alguna que la sos-tenga. El alegato del recurrente fue notificado a un regis-trador substituto. No se ha radicado ningún otro alegato, y no tenemos indicio alguno del pensamiento que pudo ha-ber acudido a la mente del registrador que inscribió el do-cumento.

Se trata aquí de la inscripción de una segregación y venta, y no de la posibilidad de futuras complicaciones en lo tocante a segregaciones y ventas posteriores. El compra-dor en el presente caso no tiene interés alguno respectó al extremo últimamente mencionado. Su título no puede ser afectado en forma alguna por tales acontecimientos futuros, y el que se dejaran de preveer dificultades más o menos conjeturales con relación a transacciones futuras entre el vendedor y otros compradores, no puede ser considerado como un defecto en el título que estamos considerando.

El registrador no puso en duda la suficiencia de la des-cripción de la finca principal en la venta que está ante nos y no debe entenderse que estamos considerando punto al-guno que no se presente directamente por la nota recurrida, la que debe revocarse.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús Ramos, acusado y apelante.
    No. 3321.

    Visto: Junio 22, 1928.

      Resuelto: Julio 2, 1928.

      J. Valdejulli, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los autos en apelación de una sentencia condenatoria de una corte municipal fueron radicados en la oficina del secre-tario- de la corte de distrito el 23 de diciembre de 1926. El juicio de novo en la corte de distrito comenzó el 4 de mayo de 1927. Entonces el acusado presentó una moción para que se sobreseyera el caso fundándose en que habían trans-currido más de 120 días entre las dos últimas fechas men-cionadas.

El fiscal ocupó entonces la silla testifical y dijo, substan-cialmente, que cuando este caso llegó a la oficina del secre-tario ya se habían señalado los juicios por jurado, la cele-bración de los cuales había tomado todo el término criminal; que desde entonces la corte había estado ocupada diaria-mente en la celebración de casos criminales, delitos graves y menos graves, lo que hizo imposible que dicho caso se ce-lebrara antes de aquel día; al extremo de que para facili-tar juicios rápidos la corte había señalado más de 20 apela-ciones diarias; y que había sido materialmente imposible señalar este caso para antes de aquella fecha.-

Nos inclinamos a convenir con el letrado del acusado y con el fiscal de esta corte en que la mejor práctica hubiese sido llamar como testigo al secretario de la corte de distrito.

También convenimos con el criterio del letrado del acu-sado y del fiscal de esta corte en que las explicaciones del fiscal de distrito fueron enteramente inadecuadas.

De los autos se desprende que la moción solicitando el archivo y sobreseimiento del caso se hizo bajo juramento. Uno de los hechos alegados en dicha moción fue que un nú-mero de casos de delitos menos graves, radicados después de haber llegado a la secretaría el presente caso, habían sido celebrados con anterioridad a éste. No obstante este ataque directo, el fiscal de distrito no dice que ninguna de las numerosas apelaciones que habían sido señaladas y re-sueltas con el fin de someter al acusado a un juicio rápido, había llegado a la secretaría de la corte antes de haberse ra-dicado el presente caso. El mero hecho de que la corte de distrito hubiese estado ocupada con otros asuntos, ya sean civiles o criminales, no bastaba para justificar o excusar el haberse dejado de celebrar la vista de este caso dentro del período estatutorio. El Pueblo v. Cesari, 26 D.P.R. 21; El Pueblo v. Quirindongo, 33 D.P.R. 448.

La sentencia apelada debe ser revocada y sobreseerse el caso.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Nieves, acusado y apelante
    No. 3456.

    Visto: Junio 28, 1928.

      Resuelto: Julio 2, 1928.

      Armando A. Miranda, abogado del apelante; José JS. Figueras, abo-gado de El Fiteblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Los errores qne en este caso se asignan a la sentencia son en realidad dos en materia de apreciación de la prueba, y uno en la imposición de la pena.

De la lectura del récord taquigráfico nace nuestra afir-mación de que la prueba fue bien estimada por la corte sen-tenciadora; y sólo adicionándola con Reclios o afirmaciones que no resultan del récord podría sostenerse que la corte erró al apreciarla.

En cuanto a la pena impuesta, la encontramos ajustada a la ley.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Alicea, acusado y apelante.
    No. 3230.

    Visto: Junio 5, 1928.

      Resuelto: Julio 10, 1928.

      González Fagundo <& González Jr., abogados del acusado; José E. Figueras, abogado de El Fuéblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Esta causa se siguió bajo acusación presentada por el Fiscal de Distrito de San Juan, en la que sustancialmente se alegó que el acusado Juan Alicea era, en la época del 13' al 20 de febrero de 1926, un empleado de la compañía “Singer Sewing Machine Company” con domicilio en San Juan, y que como tal empleado tenía facultades para vender máquinas y cobrar el dinero de las ventas, con obliga-ción de rendir cuentas, y de entregar el dinero a la compa-ñía; que el acusado cobró $284.70 y dispuso de tal suma apropiándosela, y destinándola a fines distintos al desempeño de su cargo, con intención de defraudar, y defraudando, a la dicha compañía, dueña de ese dinero.

El acusado hizo la alegación de no culpable. Se siguió' el juicio, y la corte dictó sentencia condenando al acusado por delito de abuso de confianza, a un año de presidio coa trabajos forzados. Contra la sentencia se ha interpuesto el presente recurso de apelación.

Como un primer error señala el apelante la admisión, en evidencia, de- un contrato entre el acusado y la compañía. El contrato fué presentado en el juicio, cuando declaraba el testigo Francisco Yélez, a quien se preguntó cómo sabía que el acusado era empleado de la compañía, y contestó que porque tenía un contrato con ella; se le mostró el documento, y lo reconoció, así como la firma de Juan Alicea que en el mismo aparece. La defensa objetó porque, a su juicio, era necesario que se justificara la facultad del gerente, que firma el contrato, y para ello se utilizaran los reglamentos de la corporación. Y ahora el apelante sostiene que como el testigo no reconoció la firma del gerente Siv Terry, no aparece satisfactoriamente probado el contrato, y con él la relación de principal y agente.

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley de Evidencia, un escrito puede probarse por cualquier persona que baya presenciado su otorgamiento, y, a más por un testigo de tal otorgamiento. El testigo Yélez aparece firmando, en esa calidad, el documento de que se trata, y reconoce su firma, y la de otro testigo, y la del acusado; y en cuanto al contrato, Yélez es testigo del mismo, y declaró en cuanto a su otorgamiento.

El acusado declaró que era agente de la compañía ‘ ‘ Singer Sewing Machine”, aunque dió a sus operaciones otra expli-cación distinta de la presentada por el fiscal.

No puede encontrarse error alguno en la admisión de tal prueba.

El segundo error asignado consiste, a entender del apelante, en la admisión de libros talonarios de la, compañía de los que aparecen los talones de recibos parciales, que en junto dan la suma de $284.70 de cuya fraudulenta apropiación viene acusado Alicea.

Se trata de un libro de recibos de la compañía, que, se-gún el testimonio de Francisco A. Yélez, fué entregado al acusado para los cobros de sumas que habían de entregar varias personas en la semana del 13 al 20 de febrero de 1926; los talonarios y la firma del acusado fueron identificados por el testigo; y su admisión no constituye error.

Se refiere el señalamiento de error número tercero a la fuerza y peso de la prueba, en relación con la sentencia.

De la prueba presentada, apreciada en su conjunto, y en la relación entre los elementos probatorios, aparece una jus-tificación completa de la acusación formulada en el caso. Nada hay que revele pasión, parcialidad, prejuicio, o evi-dente error de parte de la corte.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Largé & Acevedo, demandantes y apelados, v. Angela M. Fernández Hoard, demandada y apelante.
    No. 4351.

    Visto: Enero 25, 1928.

      Resuelto: Julio 10, 1928.

      M. Aoosta Velarde, abogado de la apelante; Jum B. Soto, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La firma de abogados Largó & Acevedo presentó tres demandas en la Corte de Distrito de San Juan en cobro de servicios profesionales contra distintas personas: una contra Angela Margarita Fernández Hoard cobrándole $691.50: otra contra la misma señora y su hermano Jorge Clemente Fernández Hoard por $6,128.55: y la tercera contra Nicolás Iturregui en reclamación de $932. Alguna prueba fué co-mún para los tres casos pero en cada uno de ellos se pre-sentó otra prueba independiente. La corte de distrito, sin embargo, resolvió los tres pleitos en una sola opinión aun-que dictó sentencia separada en cada uno de ellos. Las tres sentencias han sido apeladas y fueron vistas en este tribunal el mismo día.

La presente opinión se refiere al caso No. 4351 de este tribunal en la 'demanda contra Angela Margarita Fernández Hoard.

La demanda en este recurso fné establecida contra la apelante, siendo casada, por los servicios qne la firma apelada le prestó en relación con bienes privativos de ella. La apelante formuló excepción previa contra la demanda y después la retiró y contestó haciendo ciertas admisiones y negaciones, concluyendo por decir qne siempre fia estado dispuesta a pagar el valor razonable de los servicios por los cuales es demandada. El fundamento qne alega para sostener su primer motivo es qne siendo ella casada cuando los servicios fueron prestados lia debido ser demandada con el concurso de su esposo.

Según el artículo 161 del Código Civil el marido es el representante legal de la sociedad conyugal, y la mujer puede por sí contratar y comparecer en juicio para lo que se refiere a la defensa de sus derechos o bienes propios; disponiendo el artículo 54 del Código de Enjuiciamiento Civil que cuando una persona casada es parte en un litigio necesita del concurso de su marido, excepto, entre otros ca-sos, cuando la acción ejercitada concierna a sus bienes pro-pios en cuyo caso podrá demandar o ser demandada sola: y entre los bienes que el artículo 1314 del Código Civil de-clara propios de cada uno de los cónyuges se encuentran los que adquiera durante el matrimonio por título lucrativo, sea por donación, legado o herencia; por lo que en vista de esos preceptos y tratándose de servicios prestados a la de-mandada en cuanto a bienes propios suyos, no era necesario que fuese demandada conjuntamente con ella su marido, por lo que no existe el error alegado. El argumento que hace la apelante de que por ser gananciales los frutos o rentas de sus bienes propios, según el artículo 1316 del Código Civil, el marido debe ser demandado por tener la adminis-tración legal de esos frutos o rentas, no es de aplicación a este pleito en el que la demanda no se refiere a dichos fru-tos o rentas, ni tampoco tiene aplicación la cita del caso de Capó v. Piñeiro, 33 D.P.R. 876, porque en él la demanda se refería a un bien ganancial.

Una de las partidas de servicio reclamadas fné de $100 por arreglo de diferencia entre la apelante y nn hermano suyo, cuyo pago aprobó la corte y forma parte de la canti-dad total de la sentencia, y dice la apelante que la prueba no aclara ese hecho.

Demuestra la evidencia que con motivo de una cláusula del testamento del padre de la apelante sobre albaceas sur-gió una diferencia entre ella y su hermano, el otro heredero, sobre si el albacea debía ser el primeramente nombrado o conjuntamente con el otro, y también sobre el pago de las deudas de la herencia,- diferencias en las que intervinie-ron los abogados apelados encontrando una solución para ella. Por consiguiente, no encontramos justificado el se-gundo motivo de error.

El último motivo del recurso es por la condena de costas y honorarios de abogado y se funda en que no ha habido temeridad por parte de la apelante como lo demuestra el hecho de que siendo la reclamación. por $691.50 la condena es sólo por $286.50.

Se admitió en el juicio por la demandada que dos peritos del demandante declararían que los servicios prestados va-len la cantidad especificada en la demanda; y de las siete partidas que integran la que estamos considerando sólo re-baja la corte $400 en una de ellas y $5 en otra. La apelante no hizo proposición alguna al contestar la demanda de pa-gar cantidad determinada a la apelada y hubo que celebrar juicio, por lo que no podemos declarar que el solo hecho de haber rebajado la corte en uso de su discreción algunas de las partidas que integran la reclamación, demuestre falta de temeridad en la demandada para la imposición de las costas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Largé & Acevedo, demandante y apelado, v. Jorge Clemente Fernández Hoard y Angela Margarita Fernández Hoard, por sí y como sucesores y causahabientes de su padre Clemente Fernández Barreto, demandados y apelantes.
    No. 4352.

    Visto: Enero 25, 1928.

      Resuelto: Julio 10, 1928.

      ■M. Acesia Velarde, ahogado de los apelantes; Juan B. Soto, aho-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito fué establecido por la firma de abogados Largó & Acevedo contra Jorge Clemente Fernández Hoard -y su hermana Angela Margarita de los mismos apellidos en cobro de servicios prestados a ellos en las particiones de bie-nes qne heredaron de su madre y luego de su padre y por trabajos preparatorios a tal fin.

Las catorce partidas que integran la reclamación en este caso fueron aprobadas por la corte sentenciadora con rebaja en algunas de ellas y contra la sentencia condenatoria ale-gan los demandados-apelantes seis motivos de error.

En el primero se dice que ni la demanda ni la prueba aducen Ireclios en contra de la apelante Angela Margarita Fernández Hoard porque siendo ella casada lia debido ser demandada con el concurso de su marido; cuestión que he-mos decidido en sentido contrario al alegado error al considerar la apelación en el caso No. 4351 de la misma firma demandante contra Angela Margarita Fernández Hoard, decidido en el día de boy.

En los motivos segundo y tercero admiten los apelantes que deben pagar las escrituras de partición cuyo co-bro se les reclama pero sostienen en estos dos motivos que no tienen que pagar cantidad alguna por preparación, estudio, actuación y trabajos previos para el otorgamiento de la escritura de partición de los bienes que fian heredado de la madre y después del padre, porque todos estos trabajos son parte de esas mismas escrituras y son necesarios para poder redactarlas el notario, por cuyo otorgamiento cobra de acuerdo con el arancel notarial.

La cuestión que ahora promueven los apelantes en esos-dos motivos no fue planteada por ellos en la corte inferior al contestar la demanda pues se limitaron a impugnar esas, reclamaciones por excesivas, por lo que podríamos prescin-dir de considerarlas por haberse suscitado por primera vez. en esta apelación (Laviena v. Ramos, 35 D.P.R. 239), pero-como no son procedentes diremos, concretándonos al caso-que tenemos ante nosotros, que antes que un notario redacte una escritura de partición de bienes hereditarios y de ser-firmada por los interesados, generalmente, son necesarios estudios de antecedentes, de títulos, de examen del registro-de la propiedad, de la naturaleza de los bienes, de operacio-nes aritméticas y do la mejor distribución y adjudicación dé-los bienes entre los herederos para que unos no sufran per--juicio en beneficio de otros, suscitándose con frecuencia cues-tiones entre los interesados que dilatan la redacción de la escritura y que obliga muchas veces a hacer varios proyec-tos de partición; trabajos que son precedentes a la escri-tura que firman las partes y que es la única para la cual el arancel notarial fija precio, por lo que el estudio prepara-torio es un trabajo distinto de la redacción u otorgamiento de la escritura y debe ser pagado independientemente de lo fijado por el arancel para la escritura. El caso de un no-, tario que sólo tenga que redactar la escritura porque se le entrega hecho el proyecto de partición, es distinto. Senten-cia del Tribunal Supremo de España del 26 de marzo de 1896, inserta en el Diccionario de Alcubilla, Anuario de 1897, pág. 159. Sarzoso sobre teoría y práctica de la redacción de instrumentos públicos, edición de 1887, pág. 46. La cita que hacen los apelantes de una sentencia del Tribunal Supremo de España de fecha 15 de junio de 1900 no tiene apli-cación a este caso porque lo que ella resolvió fue dejar sin efecto por falta de jurisdicción en el tribunal contencioso administrativo la resolución dictada por éste en un recurso de queja promovido contra un notario.

Los motivos cuarto y quinto alegados pueden agruparse porque los dos se fundan en que la corte inferior abusó de su poder discrecional al fijar la cantidad de $2,000 para dichos trabajos preparatorios de la partición de bienes de la madre de los apelantes y en $1,000 para igual clase de trabajo en la partición de los bienes del padre.

La cuantía de la partición de bienes de la madre de los apelantes era de algo más de $129,000, y según la prueba los bienes se componían de 36 fincas de algunas de las cua-les no fueron encontradas las escrituras por lo cual el abo-gado-notario de la firma demandante tuvo que examinar el registro de la propiedad para conocer el título de ellas; y como existían fincas en varios municipios tuvo que exami-nar los libros correspondientes a las poblaciones de Río Grande, Loíza Trujillo Alto y Carolina, tomando las notas correspondientes después de varios días de busca en dichas oficinas, habiendo fincas que tenían por lo menos 19 ins-cripciones. En cuanto a la partición de los bienes del padre, que envolvía un capital de $74,000, hubo trabajo pare-cido al anterior aunque no tanto. Con la demanda fueron acompañadas varias escrituras de esos trabajos y después de haber declarado el abogado-notario de la firma deman-dante aceptaron los demandados que si los peritos del de-mandante declarasen dirían que las cantidades que se re-claman en este pleito tienen el valor razonable que se les asigna en la demanda.

En vista de lo expuesto no encontramos motivo sufi-ciente para declarar que la corte sentenciadora cometió ma-nifiesto abuso de discreción al fijar las cantidades a que se refieren esos dos motivos de error.

El sexto y último motivo de la apelación es por la imposición de costas, pero se funda y se resuelve en los mismos motivos expuestos en el recurso No. 4351, decidido hoy.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    Largé & Acevedo, demandantes-apelados, v. Nicolás Iturregui, demandado-apelante.
    No. 4353.

    Visto: Enero 25, 1928.

      Resuelto: Julio 10, 1928.

      M. Acosta Velarde, abogado del apelante; Juan B. Soto, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la firma de abogados demandante cobra. a Nicolás Iturregui cierta cantidad de dinero por servicios profesionales que alega haberle prestado y siendo la sentencia condenatoria fué interpuesto el presente recurso de apelación en el que se alegan cuatro motivos para la revocación del fallo, siendo el primero de ellos por haber sido condenado el demandado al pago de $100 por el estudio de la redacción del documento marcado Exhibit A, que es un contrato privado de arrendamiento y de servidumbre de paso de vía de una finca de 800 cuerdas de terreno, celebrado entre el Dr. Clemente Fernández Barreto y la corporación Central Victoria. Este motivo de error tiene dos aspectos: uno, que no hubo estudio y redacción de ese contrato por los abogados demandantes, sobre cuyo extremo la prueba fué contradictoria y cuyo conflicto resolvió la corte sentenciadora en contra de la apelante, sin que tengamos motivo para dejar sin efecto esa decisión: y otro, porque siendo ese documento un contrato otorgado por el Dr. Fer-nández Barreto y su esposa, cualquier servicio prestado por la apelada en relación con él a requerimiento del apelante era una obligación del que otorgó el documento o de.su su-cesión pero no obligación personal de su apoderado y ape-lante. En oposición dice la apelada que el apelante se com-prometió personalmente al pago de esos servicios indepen-dientemente de su carácter de apoderado del Dr. Fernán-dez Barreto.

El abogado Large declaró en el juicio de este pleito que el Sr. Iturregui se comprometió a pagar a su bufete el tra-bajo por el documento de arrendamiento y servidumbre y que ese compromiso lo hizo aunque el Dr. Fernández era el dueño de la finca; y aunque Iturregui negó eso en su de-claración, ese conflicto también fué decidido por la corte sentenciadora en contra del apelante, y probado así es inú-til considerar si no tiene responsabilidad porque era apode-rado del Dr. Fernández.

El error alegado en segundo término es por liaber sido condenado el apelante a pagar $100 por una escritura de agrupación de fincas.

El apelante y su esposa vendieron por escritura pública ante el notario Acevedo de la firma demandante a Luis Her-naiz los condominios que conjuntamente con el comprador tenían en siete fincas, por precio de $15,000, y en el mismo documento hicieron una agrupación de las fincas así adqui-ridas por Hernaiz, a cuya agrupación le fué dado un valor de $200 como servicios de la demandante; sosteniendo el apelante que está obligado a pagar el precio de la venta pero no el de la agrupación hecha en beneficio exclusivo de Hernaiz.

De las declaraciones de Largé y Acevedo prestadas en el juicio aparece que los servicios de esa escritura fueron prestados a requerimiento del Sr. Iturregui para ser satis-fechos por su cuenta exclusivamente y que se comprometió también a pagar la agrupación, extremo sobre los cuales nada dijo el demandado en sn declaración en el juicio, por lo que tenemos que concluir que habiendo dado crédito la corte a esa declaración, el apelante está obligado a pagar esa partida.

También en el tercer motivo se impugna la condena de pagar $250'por consultas y $100 por gestiones en el Banco Federal de Préstamos, por no haberse probado la naturaleza y clase de las consultas; pero del examen de los autos apa-rece que fueron muchas las consultas hechas por el apelante, dos y tres veces en una semana por espacio de una a tres horas, así como que -hubo gestiones de la firma demandante para un préstamo con el Banco Federal para Iturregui y por tanto no podemos sostener ese motivo de error.

El ííltimo motivo es por la imposición de costas que está fundado en lo mismo que fue expuesto en la apelación No. 4351 que decidimos en el día de hoy y que por las mismas razones declaramos sin lugar.

Por consiguiente, la sentencia apelada debe ser confir-mada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor, Aldrey,

text:
    Francisco Medina González, demandante y apelado, v. Serafín, Luis y Froilán Montalvo, demandados y apelantes.
    No. 4494.

    Visto: Julio 2, 1928.

      Resuelto: Julio 10, 1928.

      Wilson P. Colb erg, abogado de los apelantes; E. Negrón Benitez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor, Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en este caso de un procedimiento de mjimciion para recobrar la posesión de una porción de terreno descrita en la demanda. Ésta fue jurada y también lo fue la contes-tación, en la que además se alegaron algunas defensas. So-licitó el demandante de la corte que eliminase todas las ale-gaciones de la contestación y de las defensas por contener aquellas negaciones de la demanda que envuelven afirma-ciones de ella y por ser las segundas impertinentes e inma-teriales, solicitando también se dictase sentencia en contra de los demandados. Según certificación librada por el ta-quígrafo de la corte, ésta, el día 22 de diciembre de 1927 señalado para el juicio, emitió una resolución en corte abierta, la que después de exponer varias razones termina así: “La corte declara con lugar la moción y ordena que se dicte sentencia declarando con lugar la demanda, con costas al demandado.” El mismo día los demandados interpusieron apelación contra la sentencia dictada sobre las alegaciones, y el apelado nos pide que desestimemos esa apelación por no constar en estos autos copia de la sentencia apelada. Después de esa moción los apelados nos fian presentado otra certificación del taquígrafo igual a la relacionada ante-riormente, que contiene, además, certificación del secreta-rio de la corte de que esa certificación obra en los autos de este caso.

La resolución comprendida en las dos certificaciones del taquígrafo es la decisión de la moción del demandante para que se eliminen todas las alegaciones de la contestación y para que se dicte sentencia contra los demandados pero no es la sentencia, pues ordena que se dicte sentencia decla-rando con lugar la demanda. Tal sentencia lia debido re-gistrarse y copia de la misma lia debido traerse a esta ape-lación interpuesta contra la sentencia, sin que la resolución de la corte ordenando qne se registre sentencia pneda su-plir a la sentencia misma, por lo qne faltando la copia de la sentencia apelada debemos desestimar la apelación.


author: El Juez Asociado Señor Aldret,

text:
    Carolina Figueroa, en representación de su hija menor de edad Francisca Figueroa, demandante y apelante, v. Ramón, Rosario, Luisa y Luz María Santiago Fabricio, demandados y apelados.
    No. 4662.

    Visto: Julio 9, 1928.

      Resuelto: Julio 10, 1928.

      C. Iriarte & Poma Pares, abogados de la apelante; E. Márquez Huertas, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia de la corte inferior en este pleito fué dic-tada el 19 de abril de 1928 y el mismo día fué archivada con los autos la notificación qne de ella hizo el secretario de la corte a la parte demandante, la que el 19 del mes siguiente entregó un escrito de apelación de la sentencia a la esposa del secretario en la residencia de éste, sin el sello de ren-tas internas de $5 qne exige la ley para ese escrito: el se-cretario radicó la apelación con esa fecha y el 23 de mayo, a requerimiento suyo, le fué entregado y canceló dicho se-llo de rentas, por lo que la parte apelada solicita que, deses-timemos esta apelación. Lo antes expuesto resulta de una certificación de dicho secretario y de una declaración ju-rada suya.

En oposición a esa solicitud nos presenta la apelante la declaración jurada de uno de sus abogados, Ponsa Parés, en la que expresa que en la tarde del 19 de mayo compró en la colecturía de rentas de Bayamón un sello de $5: que remitió en la tarde de ese día el escrito de apelación con el sello de rentas de $5 a la Corte de Distrito de San Juan: que no habiendo sido encontrado en ella ningún empleado de la secretaría por ser sábado se comunicó por teléfono con el secretario en su casa, a eso de las cinco y media de la tarde, quien le dijo que mandara el escrito a' su casa y en seguida se lo envió con el sello de rentas, bajo sobre, con su chófer. Este declara bajo juramento que entregó a la esposa del secretario un pliego conteniendo dicho escrito y un sello de $5. El colector de rentas de Bayamón jura que el 19 de mayo- de 1928, después del medio día, despachó un sello de rentas de $5 al abogado Ponsa Parés.

La Ley No. 17 de 1915 regulando el cobro de derechos y costas en causas civiles en las cortes de distrito y municipales dispone en su sección 2:- apartado D que a cada escrito de apelación de las cortes de distrito al Tribunal Supremo se fijará y cancelará un sello de rentas de $5; y dice la sección ó5' que todos y cada uno de los documentos o escritos que por esa ley se requiere que lleven un sello o sellos de rentas internas serán nulos y sin valor y no se admitirá como prueba en juicio a menos que dichos sellos hayan sido fijados a los mismos. De acuerdo con esos preceptos hemos resuelto varias veces desestimando apelaciones que el escrito de apelación que no tenga dicho sello es nulo y que el hecho de ser agregado después de vencido el término para apelar no revive la apelación. Nazario v. Santos, 27 D.P.R. 89; Paz v. Bonet, 30 D.P.R. 927; Aguilú v. Olivieri, 33 D.P.R. 629; Delgado v. Cárdenas, 34 D.P.R. 240 y Polanco v. Sucn. Cumpiano.

En vista de lo expuesto la primera cuestión que surge en este caso es si independientemente de si el sello de reñ-ías internas se entregó el 19 de mayo de 1928 con el escrito ■de apelación o posteriormente el día 23 de ese mes, el he-cho de haber radicado el secretario el escrito de apelación ■dicho día 19, que era el último que la demandante tenía para .-apelar, da valor legal a esa apelación aunque no tuviera adhe-rido dicho sello de rentas; cuestión que tenemos que resolver en contra del apelante porque si ese escrito no tenía ■dicho sello el 19 de mayo el acto del secretario radicándolo •sin él no puede dar valor legal a lo que la ley no ha que-rido que lo tenga.

Por lo antes consignado tendremos que decidir si el sello fue entregado el 19 de mayo o el 23 de ese mes, después de vencido el término para apelar; y aunque las declaraciones juradas son contradictorias sobre ese extremo nos parece que debe darse preponderancia a lo declarado por el secretario, no solamente porque carece de interés en este asunto sino también porque el haber radicado la apelación sin el sello parece demostrar que no tiene interés alguno contrario al demandante.

La apelación debe ser desestimada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Serafín Soto Barros, demandante y apelado, v. Comisión Hípica Insular, demandada y apelada, y Las Monjas Racing Corporation, interventora y apelante.
    No. 4429.

    Visto: Marzo 15, 1928.

      Resuelto: Julio 10, 1928.

      Wéliú ó La Costa-, abogados de la interventora apelante; José Soto

      Rivera y Guerra Mondragón & Soldevilla, abogados respectiva-mente de los apelados Barros y Comisión Hípica Insular.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Las Monjas Racing Corporation apeló de nna resolución.' negándole el derecho a intervenir en un procedimiento de-mandamus instituido por Serafín Soto Barros contra la Co-misión Hípica Insular.

Serafín Soto Barros en su petición de mandamus había alegado que él era el subarrendatario del hipódromo cono-cido con el nombre de “Las Casas Racing Park”; que ha-bía pagado todos los derechos y cumplido con todos los re-quisitos de la ley y que no obstante ello la Comisión Hípica Insular se había negado a expedirle mía licencia.

La petición de Las Monjas Racing Corporation decía en efecto que ya tenía un hipódromo; que si se le expedía una licencia a Serafín Soto Barros surgiría la competencia en-tre los dos hipódromos, con lo cual Las Monjas Racing Corporation sería perjudicada grandemente; que el público' que asistiría a las carreras sería más o menos el mismo y que la supuesta interventora sufriría una reducción en sus ingresos y por tanto una pérdida económica.

Después de una exposición de hechos similar y de ha-cerse referencia al artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil, la Corte de Distrito de San Juan resolvió substan-cialmente que las Monjas Racing Corporation no deseaba intervenir porque tuviera interés en la cuestión que se ven-tilaba en el pleito de mandamus, o porque tuviera derecho en contra del demandante o de la demandada, sino porque tenía interés económico en impedir que Serafín Soto Ba-rros obtuviera una licencia en vista de que tal concesión reduciría sus utilidades; que nadie que hubiera obtenido una licencia tenía derecho a excluir a todos los demás; que Las Monjas Racing Corporation, según demuestran las ale-gaciones, deseaba interponer las mismas defensas correspon-dientes a la Comisión Hípica Insular; que el auto de man damus, de ser expedido, tendría que ser dirigido contra la Comisión y no contra la supuesta interventora, y qne única-mente la Comisión tenía derecho a expedir licencias y qne toda orden o decreto tendría qne ser expedido contra ella.

La corte inferior, sin dnda algnna, está en lo cierto y te-nemos poco qne. agregar a sn razonamiento. El recnrso de mandamus existe para obligar al cumplimiento de nn deber y lo que la peticionaria trataba de hacer en sn análisis ulterior equivalía a una tentativa de afectar la discreción, de haberla, tanto de la Comisión Hípica Insular como de la corte. La supuesta interventora no tenía interés alguno en este litigio y la resolución apelada debe ser confirmada.


text:
    Mercedes Muñoz Barrios Vda. de Orcasitas, peticionaria y apelante, v. Eduardo Urrutia, Marshal de la Corte de Distrito de San Juan, demandado y apelado.
    No. 4371.

    Visto: Noviembre 29, 1927.

      Resuelto: Julio 10, 1928.

      Blondet & Campillo, abogados de la apelante; Attorney General George C. Butte y B. A. Gómez y Emilio de Aldrey, Bub-Proeu-■radores, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La compradora de cierta propiedad vendida en el curso de xm. procedimiento sumario para la ejecución de nna hi-poteca, solicitó ■ un auto de mandamus para obligar al már-shal de la corte de distrito a entregar ciertos papeles con el fin de que un abogado escogido por la peticionaria, pre-parara una escritura, y en la alternativa, que compareciera a otorgar tal escritura ante ese notario.

La peticionaria apela de una sentencia declarando sin lugar su acción, y alega que la corte inferior erró al resolver que el márshal puede designar el notario que ha de redactar la escritura de enajenación que ha de ser otorgada por el márshal a favor del comprador en una venta judicial.

El juez de distrito dice que la peticionaria no citó auto-ridad alguna en apoyo de su solicitud de mandamus, y ella pide la revocación de la sentencia basándose en el artículo 1358 del Código Civil con relación a la indicación de que el comprador en una venta judicial tiene derecho a que se le otorgue una escritura en forma legal de modo que pueda proteger sus derechos, y, por tanto, que debe permitírsele escoger el notario.

Nada hallamos en el artículo así invocado que tienda en forma alguna a fortalecer la contención de la apelante.

El artículo 5 de la Ley aprobada en 9 de marzo de 1905, Comp. de los Estatutos .Revisados, Sección 5294, a que se refiere el juez sentenciador, dispone que el márshal deberá otorgarle al comprador en tal venta escritura pública en debida forma.

En el presente caso si el márshal se hubiese negado a otorgar la escritura, o hubiérase negado a corregir un do-cumento defectuoso, y si la peticionaria entonces hubiera tratado de obligar al márshal a que otorgara una escritura de enajenación en debida forma, entonces el artículo última-mente aludido hubiera sido algo más aplicable.

La ley no obliga a un comprador a aceptar una escri-tura que no reúne todos los requisitos razonables. Nada hay que impida examinar un borrador original de la pro-puesta escritura por parte de tal comprador o por el agente, abogado o notario que el comprador designare. El compra-dor no puede exigir que se otorgue una escritura con garan-tía del título, y la ley ha dispuesto que será el deber del márshal otorgar un documento que transfiera al comprador cualquier derecho, título o interés que .tenga derecho a re-cibir. Los que redactaron la ley han debido creer que esto era bastante.

De lo contrario, al mismo tiempo que señaló los deberes del márshal y dispuso el pago por el comprador de cual-quier gasto envuelto en la transacción, la Legislatura hu-biese conferido al comprador, bien por vía de compensación o para proteger más plenamente sus derechos, el privilegio de elegir el notario. En vez de hacerlo así, el legislador eligió definir en forma general el deber del márshal y de-jar a su discreción, dentro de límites razonables, la manera en que ese deber debía cumplirse.

El curso seguido parece correr parejas con una política general más o .menos definida claramente en asuntos de esta naturaleza. Meléndez v. Registrador, 35 D.P.R. 878.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    Cipriano Manrique Gil, demandante y apelante-apelado, v. Carlos Aguayo Martí, y August y Constant Goffinet, demandados y apelados-apelantes.
    No. 4431.

    Visto: Febrero 14, 1928.

      Resuelto: Julio 10, 1928.

      González Fagundo & González Jr., abogados del demandante y ape-lante-apelado; Henry G. Molina, abogado de los demandados y apelados-apelantes.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante apela de una orden aprobando un memo-rándum de costas y alega que la corte inferior erró al con-ceder la cantidad de $500 como honorarios de abogado. La cantidad reclamada en el memorándum era la de $2,000 y hubo prueba tendente a demostrar que los servicios razona-blemente valían esa suma. Puede formarse alguna idea res-pecto a la cuantía envuelta y a la naturaleza de la contienda, leyendo los hechos expuestos en el caso de Manrique Gil v. Goffinet, 37 D.P.R. 336.

Por los mismos motivos que provocaron la modificación de la sentencia en el caso principal, eliminándose de la misma el pronunciamiento de costas y sustituyéndolo por una concesión de costas a los demandados, no hallamos que haya habido abuso de discreción de parte del juez senten-ciador al conceder aproximadamente la cuarta, y en verdad no más de la tercera parte, del valor razonable de los ser-vicios legales prestados.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Senos, Hutchison,

text:
    Juan Maldonado, como padre con patria potestad y en representación de su hija, Emilia Maldonado, demandante y apelante, v. Juan Avalo Collazo, demandado y apelado.
    No. 4410.

    Visto: Mayo 9, 1928.

      Resuelto: Julio 10, 1928.

      O’Neill & O’Neill, abogados del apelante; Salvador Suau, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Senos, Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior declaró con lugar una excepción pre-via de falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción, y, al dejar el demandante, de enmendar la de-manda, dictó sentencia a favor del demandado.

La demanda alega que el demandado era el dueño del automóvil No. 8310. Otro párrafo describe el ac-cidente en que fue lesionado el demandante por el automóvil No. 8310, propiedad del demandado. La tercera alegación es al efecto de que el accidente se debió al descuido y negli-gencia del conductor del vehículo.

La excepción previa especifica la omisión del nombre del conductor y la ausencia de cualquier alegación en el sentido de que el demandado iba en el automóvil al tiempo de la ocurrencia.

Los artículos 16 y 17 de la “Ley para reglamentar el uso de vehículos de motor en Puerto Rico, y para otros fines,” Leyes de Puerto Rico de 1916, página 144, leen como sigue:

“Artículo 16. — El dueño de un vehículo de motor estará obli-gado a suministrar al Comisionado del Interior todos los informes que posea relativos a la identidad de cualquier persona que mane-jare dicho vehículo al tiempo de ocurrir un accidente en conexión con la conducción del mismo. Cuando dichos informes no fueren suministrados con razonable prontitud, el Comisionado del Interior podrá suspender la licencia de dicho vehículo. En cualquier acción instituida por virtud de las disposiciones de esta Ley, la prueba del número de la licencia de un vehículo de motor será considerada como evidencia presuntiva de que la persona inscrita como dueño de dicho vehículo conducía éste a la sazón; Disponiéndose, que si dicho dueño consintiere en ser examinado bajo juramento acerca de la identidad de la persona que manejaba el vehículo en el momento del accidente, y manifestare bajo juramento que quien manejaba elidió vehículo era otra persona, será relevado del peso de la prueb&< y quedará destruida la presunción prima facie.
“Artículo 17. — El dueño de cualquier vehículo de motor será res-ponsable de los daños causados por la negligencia del conductor ©• chauffeur mientras dicho dueño estuviere en el vehículo.”

La corte inferior, al sostener la excepción previa, citó los casos de Méndez v. Baldassari, 28 D.P.R. 613, y Miranda v. Porto Rico Railway Light & Power Company, 31 D.P.R. 778.

El apelante a su vez se funda en el artículo 16, suprar en conexión con la nuda proposición de que presunciones' de ley no tienen que alegarse.

Es un principio de procedimiento igualmente elemental que no deben alegarse en una demanda las circunstancias-probatorias de un hecho, sino que debe alegarse el hecho final en sí.

En el presente caso no nos confrontamos con la omisión, de una inferencia o presunción legal basada sobre un hecho-fundamental que constituye por sí solo un elemento esen-cial para la causa de acción. El número del automóvil no era uno de los hechos constitutivos de la causa de acción. Mirando el caso desde el punto de vista del apelante, el he-cho final (ultimate fact) fue que el dueño del vehículo lo estaba guiando al tiempo de ocurrir el accidente.

La ley hace que la identificación del carro por el número-de la licencia como pérteneciente al demandado sea prueba prima facie del hecho de que el dueño está conduciéndolo. Ordinariamente, es el hecho y no la prueba de ese hecho lo-que debe alegarse.

No se trata de un caso en que un contrato alegado por el demandante como un hecho final se presume estar sostenido-por una causa (consideration) válida o que se presuma que-un contrato que se alega haber sido hecho lo fue por escrito, cuando el estatuto exige que se haga por escrito, o en que una promesa de pago se infiera de otros hechos de los cua-les necesariamente surge una obligación de pago. En au--sencia de raía cita de autoridades por el apelante no necesi-tamos tratar por aliora de hacer nna distinción ulterior en-tre los casos resueltos, o de trazar una línea de demarca-ción más definida entre aquellos que siguen y aplican la re-gla de que el hecho final dehe alegarse y aquellos que se ri-gen por el principio de que las presunciones de ley no pro-ceden en una alegación.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El ¡Juez Asociado SbñoR Hutchison,

text:
    Maldonado, apelante, v. Avalo Collazo, apelado.
    No. 4410.

    Resuelto: Julio 23, 1928.
   El ¡Juez Asociado SbñoR Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En el alegato del apelante se sometió sin argumentar una proposición al efecto de que la corte inferior erró al or-denar el archivo del caso por desistimiento. Por este mo-tivo la cuestión no fue discutida en nuestra anterior opinión.. El apelante pide ahora la reconsideración y dice que durante su informe oral citó los artículos 192 y 193 del Código de Enjuiciamiento Civil para demostrar que la corte inferior no podía archivar la acción debido a que el demandante dejó de enmendar la demanda.

Si al desestimar la excepción previa el juez sentencia-dor le hubiese preguntado a! abogado del demandante si de-seaba permiso para enmendar su alegación, y después de haber recibido una respuesta en sentido negativo hubiera desestimado la acción, entonces no hubiera habido duda res-pecto a la facultad de la corte para dictar tal sentencia. 9 Cal. Jur., pág. 522, párrafo 14; King v. Montgomery, 50 Cal. 115.

Tal vez después de darle al demandante diez días para enmendar la demanda y dejar éste de hacerlo dentro del término fijado, hubiera sido más apropiada una sentencia sobre las alegaciones o el registro de una sentencia en al-guna otra forma que la adoptada por la corte de distrito. Pero de ser necesario, la moción de desestimación pudo ha-ber sido considerada como una moción pidiendo sentencia sobre las alegaciones, y en ausencia de algo que demuestre qué beneficio podía derivar el demandante por la modifica-ción de la forma de la sentencia apelada, no estamos dis-puestos a llevar a cabo una investigación independiente res-pecto a estos extremos.

No se hizo en la corte inferior insinuación alguna en cuanto a inadvertencia, error o negligencia excusable. Ni en el alegato del apelante ni en la moción de reconsidera-ción hallamos indicación alguna respecto al deseo del ape-lante de enmendar la demanda o de ir al juicio sobre los mé-ritos, aun en caso de que se revocara la sentencia.

Debe denegarse la moción.