text:
    Juan Segarra, peticionario, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Rodolfo Ramírez Pabón, Juez, demandada.
    Núm. 1498.

    Sometido: Diciembre 21, 1942.

      Resuelto: Diciembre 23, 1942.

      Vicente Palés Matos, abogado del peticionario; Hon. Procurador General Interino M. Bodríguez Bamos, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de certiorari establecido por Juan Segarra contra la Corte de Distrito de Mayagüez con el fin de que se anulen las 'órdenes dictadas por la dieba corte negando el sobreseimiento de las causas números 12699, 12700, 12701 y 12702, seguidas contra el peticionario por falsa representación las tres primeras y abuso de confianza la última.

Reclamados los autos, de ellos resulta que condenado el peticionario por la Corte Municipal de Mayagüez como autor de tres delitos de falsa representación y de uno de abuso de confianza, apeló para ante la corte del distrito, radicándose en ella los autos el 21 de octubre de 1942;

Que en cada uno de los casos el acusado el propio día 21 de octubre de 1942 presentó una moción que copiada en lo pertinente, dice:

“1. Que el acusado Juan Segarra tiene derecho a un juicio rápido de acuerdo con el estatuto constitucional que le protege;
“2. Que . . . solicita de este honorable tribunal se sirva señalar este caso para juicio a tenor de las disposiciones del Código de Enjui-ciamiento Criminal de Puerto Rico.”

Que al pie de cada moción aparece una orden redactada en los siguientes términos:

“Vista la precedente moción, se señala el día 23 de noviembre de 1942 a las 9 a. m. para la celebración del juicio en este caso.”

Que el 23 de noviembre de 1942 la corte dictó otra orden en cada uno de los casos, así:

“Por no haberse diligenciado las citaciones al acusado y los testi-gos, la corte señala el martes día primero de diciembre de 1942 a las 9:00 a. m. para la vista del juicio en este caso.”

Que al día siguiente, 24 de noviembre de 1942, el acusado pidió el archivo y sobreseimiento de los cuatro casos por mociones redactadas en la siguiente forma:

“2. Que el mismo día en que los autos . . . llegaron ... a esta corte, el acusado . . . solicitó ... el señalamiento de su caso tal y como lo dispone el Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico;
“3. Que esta honorable corte no señaló este caso para ser visto, dentro de los diez días que determina el artículo 29, sección 5, del Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico,- edición de 1935, y por el contrario esta, corte ha señalado este caso, fuera de dicho término estatutario, para ser v’isto el 1 de diciembre de 194?.
“Y ahora solicita el acusado que . . . esta honorable corte se sirva decretar el archivo y sobreseimiento de este caso.”

Y que la petición fué resuelta el 25 de noviembre de 1942, como sigue:

“Según interpreta la corte la situación de hechos planteada, el término de diez días a que se refiere el inciso 5 del artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico, edición de 1935, venció el día 31 de octubre de 1942, que era un día sábado. No siendo éste un día hábil de acuerdo con la regla número 49 autorizada por la Comisión de Servicio Civil de Puerto Rico a su Reglamento y aprobada por el honorable Gobernador de Puerto Rico el 7 de mayo de 1942 y promulgada por dicho funcionario mediante proclama contenida en el boletín administrativo número 780, siendo el día primero de noviembre de 1942 un domingo, día feriado en Puerto Rico, y habiendo estado ausente de este distrito judicial el juez que preside esta corte durante todo el día 2 de noviembre de 1942, de acuerdo con la ley dicho término de diez días realmente venció el día 3 de noviembre de 1942, o sea el primer día hábil que tuvo la corte después de transcurridos los días sábado y domingo y el día en que estuvo ausente de la misma el juez que la preside. Siendo esto así, entiende la corte que el señalamiento para juicio en estos casos se hizo dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de los mismos en la secretaría de esta corte, o sea dentro del término que establece el inciso 5 del artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico, por lo que se declaran sin lugar las mociones de archivo y sobreseimiento radicadas por el acusado. ’ ’

La cuestión fundamental envuelta no es nueva ante'este tribunal. Fué resuelta en el caso de Fontaine v. Corte, 57 D.P.R. 139, como sigue:

“Los peticionarios invocan el auto de certiorari para revisar la supuesta falta de la Corte de Distrito de Bayamón de señalar pron-tamente para juicio una apelación por ellos interpuesta . . .
“La transcripción de autos se radicó en la Corte de Distrito de Bayamón el 30 de enero de 1940. El día primero de febrero siguiente, alegando tener derecho a un juicio rápido, los peticionarios solicita-ron se señalara su caso para juicio a tenor de las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Criminal. El 8 de marzo de 1940 la Corte de Distrito de Bayamón señaló el caso para el 26 de marzo del mismo año. Aduciendo los hechos que anteceden, el 13 de marzo de 1940, los peticionarios solicitaron de la Corte de Distrito de Baya-món el archivo y sobreseimiento de su caso. La corte declaró sin lugar su moción.
“El artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal (ed. 1935),' en su inciso 5, provee:
“ ‘5. El juez de paz remitirá el sumario dentro del quinto día al tribunal de distrito, el cual dentro de los diez días de su recibo señalará día para la celebración del juicio, citando al fiscal y al acu-sado. En el acto del juicio se podrán aducir nuevas pruebas o reproducir aquélla que el juez de paz hubiere admitido o rehusado. El tribunal decidirá definitivamente sobre la admisión de tales prue-bas y después de practicadas y oír a las partes, dictará dentro del segundo día fallo definitivo, condenatorio o absolutorio, ordenando la libertad del acusado si estuviere preso, en caso de un fallo abso-lutorio.
“De conformidad con el mismo este tribunal resolvió en el caso de El Pueblo v. Acosta, 40 D.P.R. 471, citando los casos de El Pueblo v. Cardona, 36, D.P.R. 618 y El Pueblo v. Rodríguez Alberty, 39 D.P.R. 599, que el período de dos días que tiene la corte de distrito para resolver un caso en apelación era imperativo. En una decisión posterior sostuvimos que el término de diez días no operaba por sí mismo, sino que el apelante debía dar los pasos necesarios para que su recurso fuera señalado. Pueblo v. Rivera, 46 D.P.R. 235. En el caso de autos los peticionarios han hecho cuanto ha estado en su poder para que su causa sea señalada prontamente, a lo cual tienen derecho de conformidad con el artículo antes citado, y la orden de marzo 13, 1940, debe ser revocada y el proceso contra los peticionarios archi-vado y sobreseído. ”

Los diez días en que debió hacerse el señalamiento ven-cieron el 31 de octubre de 1942, y el señalamiento no se hizo hasta el 3 de noviembre siguiente, o sea expirado ya el tér-mino de ley. Conocemos los motivos que adujo la corte para ello. No son a nuestro juicio suficientes.

No es necesario considerar si la razón alegada en cuanto al sábado está o no bien fundada. La cuestión no ha sido lo suficientemente discutida por las partes, y es importante. No debe decidirse sin un estudio acabado de la misma. Queda en su consecuencia abierta.

Prescindiendo del sábado y del domingo, siempre el tér-mino hubiera vencido el lunes dos de noviembre y el señala-miento no se hizo hasta el tres, dejándose luego sin efecto por falta de las citaciones que debieron hacerse al acusado y los testigos, siendo entonces que se pidió el sobreseimiento.

La excusa que se da para el no cumplimiento del mandato legislativo en los términos en que se hizo constar, es inad-misible. La sola manifestación del juez sobre el hecho de su ausencia del distrito judicial, sin más, no puede aceptarse. El juez tuvo oportunidad de explicar lo ocurrido en su propia resolución, mostrando los motivos de su ausencia para poder juzgar si ésta estuvo o no justificada, y no lo hizo.

Nos vemos en su consecuencia obligados a reconocer que la nulidad.de las resoluciones del 25 de noviembre de 1942 es evidente de acuerdo con los hechos, la ley y la jurispru-dencia, y en tal virtud a decretarla y a ordenar los sobre-seimientos solicitados.


source: Caselaw Access Project

author: .El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Enrique Nieves Guevara, acusado y apelante.
    Núm. 9729.

    Sometido: Diciembre 17, 1942.

      Resuelto: Diciembre 23, 1942.

      Francisco González Fagundo, abogado del apelante; Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos y R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   .El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante, convicto de nn delito de portar armas prohi-bidas y sentenciado a la pena de nn mes de cárcel, alega como fundamento de su recurso que la corte sentenciadora erró al declarar sin lugar la moción de nonsuit formulada por el acusado y al declarar a éste culpable del delito im-putádole.

Los becbos establecidos por la evidencia y acep-tados por ambas partes pueden resumirse así:

En el momento en que le fue ocupado el revólver, el acusado era un empleado de la Central Roig, en calidad de ingeniero mecánico. Vivía en la central pero no era celador ni mayordomo ni estaba en concepto alguno encargado de la vigilancia de las propiedades de su patrono. El arma le fue ocupada mientras la portaba sobre su persona y en momentos en que estando parado frente al portón de la central, en un pedazo de tierra entre el portón y el borde de la carretera pública, hizo dos disparos e hirió al individuo Fernando Loza.

La decisión de esta Corte Suprema en El Pueblo v. Díaz, 37 D.P.R. 455, invocada por el apelante, no es de aplicación aí caso de autos. El acusado en el caso citado había sido nombrado celador de la finca por el dueño de la misma y tenía derecho a portar un arma de acuerdo con las excep-ciones reconocidas por la ley. La revocación de la sentencia no se basó en la defensa de que Díaz era un celador de la finca. Esta Corte Suprema fué más allá y resolvió que como la finca pertenecía al patrono de Díaz, cualquiera de los agentes o empleados de dicho patrono tenía derecho a portar nn arma dentro de la finca del patrono, la cual debía ser considerada como su propia finca.

Recientemente, en el caso de Pueblo v. Alvarado, 60 D.P.R. 45, en el que los hechos eran casi idénticos a los del de autos, esta corte, considerando que había ido demasiado lejos en sn decisión en Pueblo v. Díaz, supra, y creyendo que “sería muy peligroso en verdad llevar tan lejos la jurisprudencia establecida”, se apartó de dicha decisión, aun cuando no la revocó expresamente, y resolvió que no siendo Alvarádo celador de la finca, ni estando autorizado para portar armas por el dueño de la propiedad para la defensa de ésta, su portación por el acusado fuera de la tienda de que estaba encargado y dentro de los terrenos de la Colonia, constituía una violación de la ley que prohíbe la portación de armas.

Confirmando lo que dijimos en Pueblo v. Alvarado, supra, resolvemos que la corte inferior no erró al denegar la moción para la absolución perentoria del acusado, ni tampoco al declarar al acusado culpable del delito imputádole.

El caso de El Pueblo v. Díaz, supra, debe ser y es revo-cado en cuanto sostiene que los agentes o empleados de una finca tienen derecho a portar armas dentro de los límites de-la misma, aun cuando no estén empleados como celadores o guardianes de la propiedad. Esta corte no tuvo nunca la intención de interpretar la ley en el sentido de convertir las fincas o centrales en un arsenal o campamento armado, donde cada persona de las que allí trabajan pueda llevar sobre su persona una de las armas prohibidas por la ley.

A los efectos de la ley que prohibe la portación de armas,, la finca o factoría del patrono no puede ni debe ser consi-derada como la propia'finca o factoría del agente, empleado-u obrero que en la misma trabaja. El empleado que tiene-su hogar dentro de los límites de la finca de su patrono tiene derecho a poseer y a portar dentro de su hogar el arma que considere necesaria para su defensa, pero no está autorizado-para portar esa arma sobre su persona por todo el resto de-la finca de su patrono.

Por las razones expuestas se confirma la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Antonio Emanuelli, acusado y apelante.
    Núm. 9636.

    Sometido: Noviembre 18, 1942.

      Resuelto: Diciembre 23, 1942.

      B. Hernández Matos, abogado del apelante; Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Hamos, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y 'Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior, en grado de apelación, sentenció al apelante por un delito de abandono de menores a sufrir un mes de cárcel y las costas, dejando en suspenso la sentencia siempre que el acusado pasara a dicho menor la suma de $2 semanales para su alimentación. De la faz de la denuncia aparece afirmativamente que la denunciante, madre del menor, al jurarla, sólo contaba diecinueve años de edad, y no se -alega en forma alguna que antes de radicarse la denuncia se hubiese practicado el requerimiento prescrito por la Ley núm. 108 de abril de 1940 (pág. 673), a pesar de tratarse de un hijo ilegítimo menor de dieciséis años de edad. Sostiene el apelante que la sentencia debe ser revocada: (a) porque la corte inferior carecía de jurisdicción para conocer del caso; (b) porque la denuncia es insuficiente para imputar un delito público; (c) por haberse admitido en evi-dencia la investigación practicada por la corte municipal requerida por la citada Ley núm. 108, y por último (d) porque la prueba es insuficiente para sostener dicha sentencia.

La primera cuestión está fundada en que siendo la denunciante menor de veintiún años carece de personalidad legal para jurar una denuncia. Los artículos 22 y 23 del Código de Enjuiciamiento Criminal, al tratar de las personas que pueden formular denuncias y de la forma de las mismas, no exigen que el denunciante sea mayor de edad. Basta que tenga la capacidad suficiente para prestar una declaración jurada, que no otra cosa es la denuncia; y el artículo 39 de la Ley de Evidencia, 401 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933), tratando de las personas que no pueden ser testigos por razón de su edad, limita la prohibición a los niños menores de diez años que aparecieren incapaces de recibir impresiones exactas de los hechos respecto a los cuales fueren examinados o relatarlos con exactitud. Teniendo la denunciante al jurar la denuncia la edad de diecinueve años, su capacidad para jurar la de este caso no puede ser cuestionada por razón de su edad.

Concedemos que de conformidad con la Ley núm. 108 de 1940 ningún presunto padre de un hijo ilegítimo menor de dieciséis puede ser procesado en los tribunales ordinarios por un delito de abandono de menores si no se le ha requerido previamente para que acepte o niegue la paternidad y ha dejado de asistir a la audiencia o ha negado la paternidad. Véase Pueblo v. Lamboy, 59 D.P.R. 174. Pero esto no significa que en la denuncia ,que se formule por infracción al artículo 263 del Código Penal, que define y castiga el delito de abandono de menores, sea preciso alegar que se practicó el requerimiento y que el acusado no asistió, o habiendo asistido, negó la paternidad. La ley especial sobre la materia, la número 108 antes citada, no lo exige, y el artículo 23 del Código de Enjuiciamiento Criminal que prescribe la forma en que debe redactarse la denuncia, sólo requiere que la “declaración jurada” contenga tan detalladamente como sea posible la naturaleza del delito y las circunstancias que hayan concurrido en su perpetración. Pero la investigación ante el juez municipal no es un elemento del delito. Sencillamente es un procedimiento preliminar a la iniciación del proceso, y sabido es que el haberse celebrado tales procedimientos no tiene que alegarse en la acusación. En otras palabras, la cuestión no es materia de alegaciones, sino de evidencia, y es al acusado a quien incumbe alegar y probar que el procedimiento preliminar no existió. Véanse Caples v. State, 26 L.R.A. (N.S.) 1033, 1043; State v. Barnett, 87 Am. Dec. 471 y su anotación; Canard v. State, 139 Am. Stat. Rep. 949 y su anotación. En el caso de Pueblo v. Lamboy, supra, la cuestión no fué alegada como defecto de la acusación, sino que se probó que al verse el juicio de novo en la corte de distrito, ya estaba en vigor la Ley núm. 108 antes citada, y como el acusado no había tenido la oportunidad de admitir o negar la paternidad dentro de la investigación preliminar a que se refiere dicha ley, esta corte revocó la sentencia por habérsele privado de ese derecho.

La Corte para Niños no tenía jurisdicción sobre este caso, como en contrario sostiene el apelante, porque de acuerdo con los claros términos de la citada Ley núm. 108 esa jurisdicción se concede a dicha corte cuando al celebrarse la investigación ante el juez municipal o de paz el acusado admite la paternidad y luego deja de cumplir sus obligaciones para con su hijo. Es verdad que en el presente caso, al practicarse la investigación el 14 de octubre de 1941 y no obstante haber negado el acusado la paternidad, el juez municipal equivocadamente dió traslado del caso en la' fecha últimamente citada, a la Corte para Niños del distrito de Ponoe; pero advertido luego del error, se procedió, con fecha 7 de abril de 1942, a formular la correspondiente denuncia y se instituyó el proceso que culminó en la sentencia apelada.

Carece de mérito la contención del apelante al efecto de que los hijos adulterinos, como lo es el de este caso, no están incluidos en las disposiciones del artículo 263 del Código Penal. El hijo adulterino es un hijo ilegítimo, y por tanto está incluido en las disposiciones de dicho artículo conforme fué interpretado por este Tribunal en el caso de Pueblo v. López, 54 D.P.R. 294. No nos ha convencido el apelante de que la doctrina establecida en dicho caso sea errónea y no estamos dispuestos a variarla.

No erró la corte sentenciadora al admitir en evidencia la investigación preliminar relativa a la paternidad, practicada por el juez municipal de Ponce. El fiscal no estaba obligado a presentarla, pues como antes decimos, era una defensa que incumbía levantar y probar al acusado y no puede éste quejarse de la admisión de una prueba que en forma alguna podía serle perjudicial.

Por último, el apelante alega que la evidencia es insuficiente para sostener la sentencia. Del récord aparece que el acusado no presentó prueba alguna en su defensa, limitándose exclusivamente a formular una mocion de non-suit que fné desestimada. La prueba que presentó el fiscal y a la que dió crédito la corte, tendió a probar que el menor a que se refiere la denuncia es hijo ilegítimo del acusado, y que por lo menos desde agosto de 1941 éste había dejado de pasarle los alimentos necesarios. Es verdad que algunos de los testigos, entre ellos la propia denunciante, declararon que después de agosto de 1941, probablemente después de instado este proceso, el acusado le ofreció pequeñas canti-dades. que fueron rechazadas por insuficientes. No creemos que la denunciante estaba obligada a aceptarlas en tales con-diciones. No hay motivo alguno para que alteremos la apre-ciación que de la evidencia hiciera el juez sentenciador.

Procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.


text:
    Lorenzo Varcárcel, demandante y apelante, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8370.

    Sometido: Noviembre 20, 1942.

      Resuelto: Diciembre 23, 1942.

      Celestino Iriarte, F. Fernández Guyar y H. González Planes, aboga-dos del apelante; Hon. Procurador General Interino M. Rodrí-guez Ramos, y José Rafael Gelpí, Procurador Auxilian, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso se instó contra la sentencia que desestimó la demanda del ahora apelante interesando la expedición de un auto perentorio de mandamus dirigido contra el Tesorero de Puerto Rico ordenándole que reciba la cantidad de $38.55 que según el demandante representa lo adeudado por él por concepto de contribuciones sobre la propiedad hasta el 30 de junio de 1938, luego de deducida la cantidad de $400, más intereses, recargos y costas, cuya deducción reclama a tenor de la Ley núm. 22 de 18 de junio de 1939, sesión especial, pág. 95, y una vez recibida dicha suma así reducida, que proceda a cancelarle los recibos de las contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble correspondientes al ejercicio 1937-38 y años anteriores. La demanda está predicada en las disposiciones de la Ley núm. 22 antes citada que en lo pertinente debemos conocer para la mejor inteligencia de las cuestiones que habremos de discutir en el curso de esta opinión.

Prescribe la citada ley que todo contribuyente que estu-viere adeudando contribuciones a El Pueblo de Puerto Rico, que pague al Tesoro Insular las que se impusieren a todos sus bienes muebles e inmuebles por el ejercicio de 1938-39 y el primer semestre de 1939-40, y además el total de su deuda contributiva por concepto de bienes muebles e inmue-bles hasta el 30 de junio de 1938, tendrá derecho a que se le deduzca de dicha deuda contributiva la cantidad de $400, más intereses, recargos y costas que adeudare, y al recibir el pago de las referidas sumas será obligación del Tesorero cancelar todos los recibos que por concepto de propiedad mueble e inmueble estuviere adeudando el contribuyente el 30 de junio de 1938.

El apelante pagó las contribuciones correspondientes al ejercicio 1938-39 y las del primer semestre de 1939-40, y ofreció además la cantidad de $38.55 representativa, según él, del balance adeudado por contribuciones sobre la pro-piedad basta el 30 de junio de 1938, después de deducidos los $400, intereses, recargos y costas a que bemos becho referencia. El Tesorero recibió los $38.55 pero los devolvió al contribuyente, alegando que la suma que debía pagar por ese concepto es la de $321.66 y no $38.55, consistiendo la diferencia en que el contribuyente no babía incluido en el total de las contribuciones por él adeudadas hasta el 30 de junio de 1938 las correspondientes al ejercicio de 1932-33 sobre cierta finca rústica de cuarenta cuerdas radicada en el barrio de Hato Rey, de Río Piedras, vendida por el apelante a dicho municipio por escritura de 12 de abril de 1932.

Alega el apelante que no era dueño de esa finca el 15 de enero de 1932, porque desde septiembre de 1930 la babía vendido al Municipio de Río Piedras, quien desde entonces venía botando las basuras en ella, si bien no se pagó el precio ni se otorgó la correspondiente escritura basta el 12 de abril de 1932. Arguye además el apelante que no habiéndose hecho ninguna tasación de dicha propiedad el 15 de enero de 1932 no son de aplicación los casos de Asociación de Maestros v. Sancho Bonet, Tesorero, 54 D.P.R. 536, y Roig v. Sancho Bonet, Tesorero, 54 D.P.R. 649.

Expuestos los hechos que preceden, la cuestión se reduce a resolver si correspondía o no al apelante, dentro de las circunstancias concurrentes, pagar la contribución sobre la finca de cuarenta cuerdas para el ejercicio de 1932-33.

Admite el apelante que la finca de referencia fué tasada en 1929 y que cuando fué otorgada la escritura al Municipio de Río Piedras, aparecía él como dueño para los fines contributivos; pero sostiene qué el 15 de enero de 1932 no se hizo ninguna valoración.

Desde el 1924, en que se resolvió el caso de Hernáiz, Targa & Co. v. Benedicto, Tesorero, 32 D.P.R. 657, se dijo por este Tribunal que en Puerto Rico una tasación para el año anterior es prima facie válida para los años subsiguientes y si no se pide o hace alguna revisión antes de esa fecha, la anterior tasación subsiste.

En el presente caso, es verdad que no se hizo tasación alguna el 15 de enero de 1932, pero como la verificada en el año 1929 subsistía entonces y ni el contribuyente' — el ahora apelante — , ni el municipio donde radica la propiedad, solici-taron una nueva tasación, ni el tesorero creyó conveniente ordenarla de su propia iniciativa, la tasación de la propiedad en 15 de enero de 1932 era la misma que se hizo en 1929. Establecida esta premisa, es de aplicación lo resuelto en el caso de Asociación de Maestros v. Sancho Bonet, Tesorero, supra, al efecto de que hallándose la propiedad tasada a nombre de determinada persona el 15 de enero de determi-nado año, esa persona es responsable del pago de las contri-buciones de dicha propiedad para todo, el ejercicio que prin-cipia el primero de julio de dicho año y concluye el 30 de junio del siguiente. Véase al mismo efecto Roig v. Sancho Bonet, Tes., 54 D.P.R. 649.

Ahora bien, el apelante insiste en que él vendió la finca al Municipio de Río Piedras poco después de agosto de 1930, y que por consiguiente el 15 de enero de 1932 la finca era propiedad de dicho municipio. No obstante, la prueba del propio demandante no sostiene esa conclusión. Declaró el Dr. M. Soto Rivera, testigo del demandante, que para el año 1929 le parece que existían negociaciones entre el Sr. Var-cárcel y el Municipio, representado por su Alcalde, Sr. Ramón Negrón Flores, para la compraventa de esa finca. Que alre-dedor de aquella fecha el Municipio de Río Piedras no tenía dónde echar las basuras y el testigo, actuando como alcalde interino y sabiendo que Varcárcel iba a vender la finca al municipio, le pidió autorización para depositar las basuras en el interior de la misma, la que le fué concedida, por lo que desde entonces empezaron a echar-se allí las basuras, permaneciendo el Sr. Varcárcel en posesión de la finca.

En la celebración de todo contrato de compraventa, de acnerdo con nuestro Derecho Civil, existen dos etapas qne no deben ser confundidas puesto qne de ellas emanan rela-ciones jurídicas distintas. La primera es la perfección del contrato qne tiene lugar desde que los contratantes convienen en la cosa objeto del contrato y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. Artículo 1339 del Código Civil (ed. 1930). Una vez que tiene lugar la perfección, el contrato es obligatorio para ambos, pudiendo compelerse mutuamente al cumplimiento específico de lo pactado. Ello no obstante, la propiedad sobre la cosa vendida no se tras-mite al comprador hasta que tiene lugar la segunda etapa, la consumación, la que ocurre al verificarse la entrega de la cosa vendida. A este efecto dice Manresa, comentando el artículo correspondiente, el 1450, del Código Civil español:

'‘Desde que se consiente, y sin necesidad de ninguna otra cir-cunstancia, el contrato, repetimos, está perfecto y nacen las obliga-ciones; pero la trasmisión de la propiedad no existe hasta que la cosa ha sido entregada. La entrega de la cosa se refiere al período de consumación; en el artículo que estudiamos se trata tan sólo de fijar el momento de la perfección.” 10 Manresa, Código Civil Espa-ñol, pág. 60.

En el caso de autos el contrato de compraventa quedó perfeccionado en el año 1930; pero no fue consumado sino cuando en abril de 1932 se hizo la entrega mediante el otor-gamiento de la escritura. En tales circunstancias, tenemos que concluir que en 15 de enero de 1932 el apelante era dueño de la finca en cuestión, y siéndolo, estaba en el deber de pagar las contribuciones impuestas sobre la misma corres-pondientes al ejercicio de 1932-33. [3] No habiéndose in-cluido la contribución de dicho año, no podía acogerse a los beneficios de la Ley núm. 22 de 1939 ((2) pág. 95),-por no haber cumplido con la condición impuesta en la sección 5 de la citada ley, que dice así:

“Sección 5. La condonación que se dispone por la sección 1 de esta Ley estará condicionada a que el contribuyente pague al Teso-ro Insular en o antes del 31 de diciembre de 1939 las contribuciones que se le impusieron a los mismos bienes por el ejercicio 1938-39 y el primer semestre del ejercicio 1939-40 y además el total de la deuda contributiva vencida el 30 de junio de 1938, con exclusión de la suma de cuatrocientos dólares, intereses, recargos y costas según se provee en diclia sección 2.” (Bastardillas nuestras.)

No incurrió la corte inferior en el error que se le imputa. Procede la confirmación ele la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Adela Valentín Valle, Etc., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1113.

    Sometido: Noviembre 17, 1942.

      Resuelto: Diciembre 23, 1942.

      B. Esteves, abogado del recurrente; el registrador recurrido compa-reció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Adela Valentín Valle, como madre con patria potestad sobre el menor Nicolás Jiménez Valentín, solicitó y obtuvo de la Corte de Distrito de Aguadilla autorización judicial para vender, en pública subasta, un condominio de una ter-cera parte de una finca perteneciente a diebo menor. En la resolución dictada por la corte se autorizó además lo si-guiente :

“Asimismo, se autoriza a dicba peticionaria para que-deje ase-gurado con hipoteca el importe del precio de dicho condominio, el cual se fija en la cantidad mínima de cuatrocientos dollars, a los efectos de subasta, debiendo constituirse dicha hipoteca por un plazo no mayor de dos años, con interés del nueve por ciento anual “e inscribirse en el Registro de la Propiedad.”

Celebrada la subasta correspondiente, después de cum-plirse los trámites legales, le fué adjudicado el condominio, por el precio de $400 fijado por la corte, al Sr. Víctor J. Bodón, que era dueño de las otras dos terceras partes de la finca. Hecha la adjudicación se otorgó por el marshal escri-tura de venta judicial a favor de Bodón y en la misma escri-tura el adquirente reconoció estar adeudando el precio de la compra y constituyó hipoteca a favor del menor Nicolás Jiménez sobre la finca de acuerdo con los términos exigidos en la resolución de la corte. Presentada la escritura para su inscripción al Begistro de la Propiedad de Aguadilla, el regis-trador primero la inscribió y luego rectificó y denegó su inscripción por el fundamento de que “en la subasta cele-brada en el procedimiento seguido sobre Autorización Judicial, Civil núm. 14129 de la Corte de Distrito de Aguadilla, el importe de dicha subasta debió pagarse de contado.” Contra esa nota se estableció el presente recurso gubernativo.

El artículo 616 del Código de Enjuiciamiento Civil (Artículo 82 de la Ley sobre Procedimientos Legales Especiales) dispone en su primer párrafo que:

“En cualquier caso en que el juez autorice al solicitante para algún acto o contrato, en que el menor o incapaz obtenga dineio u otros valores, la resolución determinará-la colocación o inversión de lo adquirido y el fiscal vigilará por los medios que considere adecuados el cumplimiento de la resolución judicial.”

Este precepto no exige, como sostiene el registrador recurrido, qne el precio objeto de la venta judicial debió pagarse al márshal en dinero efectivo y que posteriormente debió la peticionaria acudir de nuevo a la corte para obtener una nueva autorización judicial para invertirlo. Este pro-cedimiento se sigue cuando en la petición original no se solicita la inversión del dinero obtenido en la subasta. [2] Ahora bien, en su alegato el registrador expone otros x-azonamientos que demuestran la corrección de su negativa a inscribir el documento en este caso cuando dice .lo siguiente:

“¿Cómo es posible que se ordene la inversión de los dineros del menor, a priori, en manos de un deudor cuya identidad se desconoce y con una garantía cuya solidez no es posible conocer ?
“La identidad del lieitador que obtenga la buena pro en una subasta no puede anticiparse. Siendo ello así, ni el fiscal puede dic-taminar ni la corte puede cerciorarse de las condiciones personales del deudor ni de la solidez de la garantía, requisitos exigidos por la ley para proteger los intereses de los menores.”

Es cierto qué no es en el alegato donde el registrador debe consignar los motivos legales.de su resolución, sino que es deber suyo expresar al pie del documento clara y concisa-mente los motivos legales de su negativa de acuerdo con la ley de marzo I. de 1902; Machuca e Hijos & Co. v. Registrador, 22 D.P.R. 755; Graciani v. Registrador, 25 D.P.R. 44; United Firemen’s Ins. Co. v. Registrador, 45 D.P.R. 591. Esto no obstante, tanto en el último caso citado como en el de Machuca, supra, esta corte los consideró en su fondo y confirmó las notas recurridas por entender que los hechos así lo ameritaban. En el caso de autos nos consideramos justificados en hacer lo mismo por tratarse de uno en que están envueltos los derechos de un menor de edad. Las cortes de justicia deben ejercitar su poder de parens patriae en todo momento en qne se les líame la atención de qne dichos derechos pneden ser lesionados.

La Corte de Distrito de Agnadilla lo único qne hizo en sn resolnción fné consignar las condiciones de la'hipoteca qne se autorizó a la madre del menor a otorgar para garantizar el importe del preeio del condominio vendido en publica subasta. En dicha resolución, sin embargo, no se determinó por la corte, con la certeza necesaria para la protección de los intereses del .menor, según exige el artículo 616, supra, sobre qué propiedad específica habría de constituirse el gravamen, y, al no hacerlo, tampoco pudo el fiscal cumplir con el deber que le impone dicho artículo de vigilar por el cumplimiento de la resolución judicial. Estos requisitos legales deben ser estrictamente cumplidos por las cortes de distrito y sus fiscales para que los intereses de los menores de edad sean debidamente protegidos. La corte al dictar su resolución autorizando a la madre a dejar asegurado con hipoteca el importe del condominio sin más especificación, no determinó sobre qué propiedad se iba a constituir el gravamen hipotecario. De hecho el menor se desprendió de su derecho dominical sobre el condominio para adquirir un derecho hipotecario sobre una finca desconocida.

. Aún cuando no ha sido objeto del recurso, es de notarse el hecho de que la corte inferior valorara el condominio del menor, de una tercera parte de la finca, en sólo $400, mientras qué del registro aparece que los otros condominios de dos terceras partes de la misma finca están hipotecados por un total de $2,500. Nada hay en la resolución de la corte que indique el motivo de esta desproporción en la valoración del condominio, pues si el resto de la finca puede soportar un gravamen hipotecario de $2,500 es porque su valor es mucho mayor.

. Somos de opinión que en la autorización judicial para la inversión del dinero obtenido en la venta del condominio del menor no se cumplió con los requisitos de ley y, en su conse-cuencia, se confirma la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Alejandro Rodríguez, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, demandada, y Rafael de J. Cordero, Administrador del Fondo del Estado, recurrido.
    Núm. 254.

    Sometido: Noviembre 23, 1942.

      Resuelto: Diciembre 23, 1942.

      Virgilio Brunet y José L. Novas, abogados del recurrente; ¿7. Atiles Moréu, A. de Jesús Matos, y J. Correa Suárez, abogados del Admi-nistrador del Fondo del Estado, recurrido.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El Administrador del Fondo del Seguro del Estado soli-cita la desestimación del recurso de revisión radicado por el obrero lesionado contra la resolución dictada por la Comi-sión Industrial en 21 de agosto de 1942, alegando como funda-mento que el recurrente no ha cumplido con el requisito previo de solicitar de la Comisión Industrial la reconsidera-ción de la resolución recurrida.

El recurrente sufrió un accidente mientras corría como jocltey en uno de ios hipódromos de San Juan. En septiembre de 1936 la Comisión Industrial declaró que el accidente era compensable. En abril 5 de 1937 el obrero fué dado de alta como curado y sin incapacidad; y no estando conforme con la decisión del Administrador del Fondo, recurrió a la Comi-sión para que ésta le fijara el grado de incapacidad. En julio 9 de 1937 la Comisión dictó resolución al efecto de que el recurrente había quedado con' una incapacidad parcial permanente consistente en la pérdida de un 40 por ciento de su poder adquisitivo.

En enero 28, 1942 el lesionado acudió de nue/o ante la Comisión en solicitud de una resolución al efecto de que la incapacidad de que sufre el obrero peticionario es total y permanente. En marzo 17 de 1942 se celebró ante la Comi-sión una vista pública en la que fueron oídos el recurrente y el Administrador; y en julio 8 del mismo año, la Comisión dictó una resolución ordenando que el lesionado fuese exami-nado de nuevo por el asesor médico de la Comisión y por -los médicos del Fondo del Estado. En agosto 21 de 1942, la Comisión, a petición del Administrador del Fondo, dictó una resolución reconsiderando y dejando sin efecto la dictada en julio 8 y desestimando la petición sobre reapertura del caso radicada por el obrero en enero 28 de 1942.

En la solicitud de revisión radicada ante esta Corte Suprema se nos pide que revisemos y revoquemos la mencio-nada resolución de agosto 21 de 1942 y que ordenemos a la Comisión que proceda a celebrar la vista ordenada por su resolución de julio 8 de 1942. Es un hecho admitido que el recurrente no solicitó en momento alguno la reconsideración de la resolución recurrida.

En el primer recurso de revisión establecido contra una resolución de la Comisión Industrial, esta Corte Suprema, interpretando el artículo 11 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley núm. 45 de 1935, ((1) pág. 251), resolvió que la Legislatura no sólo varió el procedimiento en cuanto a la corte ante la cual debía interponerse el recurso, “si que también en cuanto al alcance de éste, fijando además como condición previa para interponerlo la de pedir a la propia Comisión la reconsideración de su orden o decisión, dándole así una nueva oportunidad de examinar el caso antes de pasar a la jurisdicción de esta corte.” Amenguar v. Comisión Industrial, 49 D.P.R. 10. Véanse: Caraballo v. Comisión Industrial, 51 D.P.R. 161 y González v. Comisión Industrial, (per curiam) 53 D.P.R. 958.

Arguye el recurrente que él no estaba obligado a pedir a la Comisión la reconsideración de la resolución de 21 de agosto de 1942, porque dicha resolución fue dictada a petición del Administrador del Pondo, en substitución de la resolu-ción dictada en 8 de julio de 1942 por la cual se ordenó que el lesionado fuese examinado de nuevo para fijar el grado de su incapacidad; y que habiendo solicitado y obtenido el Administrador la reconsideración de la resolución de julio 8 de 1942, no era requisito indispensable que el recurrente solicitase una nueva -reconsideración.

La argumentación del recurrente es tan hábil como in-fundada. La resolución de julio 8 de 1942 era-de carácter interlocutorio y favorable al obrero reclamante, porque en ella se resolvió dar a éste una oportunidad para probar sus alegaciones y se ordenó su examen físico. La resolución no ponía fin a la controversia entre las partes.

Al declarar con lugar la reconsideración solicitada por el Administrador del Fondo, la Comisión no se limitó a reconsi-derar y dejar sin efecto su resolución de julio 8 de 1942. Pué más lejos aún. Desestimó la petición sobre reapertura del caso, y al hacerlo así puso fin a la controversia entre el Administrador y el obrero en cuanto a si éste tenía o no derecho a que se investigase de nuevo su grado de incapa-cidad.

La primera decisión adversa a las pretensiones del recu-rrente y la única contra la cual éste podía recurrir para ante esta Corte Suprema, fué la resolución de agosto 21 de 1942. El recurrente radicó su petición de revisión sin haber cum-plido con el requisito legal de pedir a la Comisión la recon-sideración de dicha resolución. Y no habiéndolo hecho así, esta corte carece de jurisdicción para conocer del recurso, el cual debe ser desestimado.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Estados Unidos de América, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.
    Núm. 1115.

    Sometido: Diciembre 18, 1942.

      Resuelto: Enero 15, 1943.

      Walter L. Nevjsom, Jr., Auxiliar Especial del Procurador General, y Antonio Riera, Fiscal Especial, abogados del recurrente; el registrador sustituto recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La nota del registrador de la propiedad recurrida en este caso, dice:

“Con vista de la declaratoria de herederos de don Eladio Burgos, se ha denegado la inscripción de la precedente carta de pago y se ha tomado la correspondiente anotación de la negativa . . . por los motivos siguientes: no se acompaña el correspondiente recibo de la contribución de herencia, que es indispensable, con arreglo al artículo 12 de la Ley núm. 20 de 1933 sobre pago de contribución de herencia y la sección 2 de dicha Ley, según quedó enmendada por la Ley núm. 72 de 1936; no siendo aplicable en este caso la disposición de la Ley núm. 82 de 1937, porque la carta de pago no fué necesaria ni complementaria para realizar la venta, sino que es un documento que extingue el crédito reconocido por los Estados Unidos de Amé-rica a favor del vendedor Eladio Burgos, y que por fallecimiento de éste, se satisfizo directamente a sus herederos, quienes lo recibieron con carácter de herencia, cuando ya la venta estaba consumada a favor de Estados Unidos de América.”

La cuestión a resolver es, pues) la de si el caso está o no comprendido dentro de los términos de la Ley núm. 82, 1937, pág. 223, para permitir la inscripción de fincas a favor de la Puerto Rico Reconstruction Administration sin acreditar el previo pago de la contribución sobre herencia y para liberar dichas fincas del gravamen por dicho tributo y para otros fines.

La regla es que ningún registrador inscribirá instrumento ni fallo, sentencia o auto judicial algunos en relación con la división, distribución o entrega de bienes a virtud de herencia, sin que se le presente el recibo de haberse pagado la contribución que en tales casos impone la ley. Ley Núm. 20, 1933 (Leyes de 1932-33), págs. 233 y 235.

Y la excepción que

“En todos aquellos casos en que se haya concertado convenio de rehabilitación con la Puerto Rico Reconstruction Administration a virtud del cual se ha de vender a dicha agencia federal todo o parte de una finca rústica sujeta a contribución sobre transmisión de bienes por herencia, se podrán tramitar los procedimientos judiciales y otorgar los instrumentos públicos necesarios a la realización de dicha venta y se inscribirá en el registro de la propiedad el título así ad-quirido por la Puerto Rico Reconstruction Administration junto con sus documentos complementarios, sin acreditar previamente el pago de dicha contribución; Disponiéndose,, que los bienes inmuebles que en esta forma sean vendidos a la Puerto Rico Reconstruction Administration quedarán liberados del gravamen por el referido tributo desde la fecha de la venta, recayendo la obligación sobre el rema-nente de la herencia.” Ley núm. 82, 1937 (Leyes de 1936-37), pág. 223.

Tales las leyes aplicables. Veamos cuáles son los hechos y las circunstancias que concurren.

El 19 de junio de 1937 Eladio Burgos y su esposa Eze-quiela González vendieron nna parcela de terreno de quince cuerdas situada en el barrio de Cacao del municipio de Oro-covis, por el precio de ciento cincuenta y seis dólares sesenta centavos que habrían de efectuar los Estados Unidos de América, sus sucesores o cesionarios, a través de la Puerto Rico Reconstruction Administration, una entidad del Go-bierno de los Estados Unidos de América establecida por virtud de la Orden Ejecutiva núm. 7057 de 28 de mayo de 1935, proclamada por el Presidente de los Estados Unidos de América de acuerdo con la Ley sobre Asignación para Medidas de Emergencia de abril 8, 1935, cuando los Estados Unidos de América, sus sucesores o cesionarios, adquirieran un título de dominio sobre la misma, libre de carga, gravamen, defecto, mención o reserva de cualquier naturaleza, satisfactorio al Procurador General de los Estados Unidos de América o al Asesor Legal General de la Puerto Rico Reconstruction Administration. La escritura pública conten-tiva del contrato se inscribió en el registro de la propiedad de Ponce el 11 de agosto de 1937.

La parcela vendida se segregó de una finca mayor que estaba sujeta a varios gravámenes y mientras se tramitaba la cancelación de los mismos, ocurrió el fallecimiento del vendedor Eladio Burgos, recurriéndose entonces a la corte de justicia competente pidiéndosele que hiciera como hizo la declaratoria de sus herederos.

Cuando todo estuvo ultimado, el 26 de agosto de 1942, comparecieron ante- notario los vendedores — Eladio Burgos sustituido por sus herederos — y otorgaron la escritura de carta de pago que el registrador se negó a inscribir.

A nuestro juicio los hechos y circunstancias que concurren colocan el caso dentro de la excepción.

Si bien es cierto que la venta quedó perfeccionada antes de ocurrir el fallecimiento del vendedor Eladio Burgos, lo es también que su precio quedó aplazado y no se satisfizo hasta después de ocurrido el fallecimiento. El compra-dor tenía la obligación de pagar el precio, constituyendo dicho pago no un acto extraño a la transacción primitiva sí que el complemento de la misma. T lo que consta de la es-critura de carta de pago y lo que se pidió que se inscribiera en el registro es que el pago se verificó de acuerdo con los términos del contrato, a fin de que el registro hablando por sí mismo exprese que éste quedó debidamente ultimado. Se trata a nuestro juicio de la inscripción de uno de los docu-mentos complementarios prevista por la propia Ley núm. 82, 1937, pág. 223.

La circunstancia de que el precio de la venta fuera reci-bido por los herederos del vendedor y no por éste,"no coloca el caso fuera del alcance de la ley. Aunque hubieran sido los propios herederos los que hubieran vendido la parcela ad-quirida por ellos a virtud de herencia, no hubieran tenido necesidad de acreditar el previo pago de la contribución para que la inscripción hubiera podido verificarse. El propósito de la ley fue despejar el campo por completo en esta clase de transacciones, a fin de que la agencia federal pudiera adquirir títulos eficaces sin dificultad. T negar ahora la ins-cripción de un documento necesario para perfeccionar la inscripción básica de la venta, sería contrariar la voluntad legislativa.

La nota debe revocarse y ordenarse la inscripción soli-citada.


text:
    Angel Teodosio Mercado, como padre con patria potestad sobre su hijo menor Juan Ricardo Mercado, demandante y apelado, v. The American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelante.
    Núm. 8492.

    Sometido: Noviembre 10, 1942.

      Resuelto: Enero 15, 1943.

      Mariano Acosta Velar de, abogado de la apelante; Gustavo Cruzado Silva, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los dieciocho errores que sirven de base a este reenrso, con excepción de algunos de que nos ocuparemos más ade-lante, virtualmente se reducen a determinar si la corte sen-tenciadora incurrió en error manifiesto en la apreciación de la prueba. Los hechos, según resultan de la declaración del demandante apelado, pueden resumirse así:

Allá para el 23 de octubre de 1938, el demandante, que entonces era menor de catorce años, fue por orden de su padre desde la parada 27, en Martin Peña, donde residía, Pasta la Colonia San Patricio, cerca del paso a nivel frente al Campamento Buchanan, con el objeto de cobrar a Delfín Cosme $1.50 que éste le adeudaba. Para regresar a su resi-dencia, el niño se dispuso a tomar el tren que pasa por aquel sitio entre cuatro y cinco de la tarde y con ese objeto se dirigió a la estación de San Patricio. Al llegar el tren y poner el demandante un pie en uno de los peldaños de la pequeña escalera que da acceso al coche, el tren súbitamente inició su marcha, dando una fuerte sacudida que lo lanzó de espaldas, recibiendo con tal motivo una herida en la región occipital, así como la amputación por las ruedas del tren del dedo grande y del segundo del pie izquierdo y la del pie de-recho por su dorso, habiendo sido necesario más tarde am-putarle la pierna derecha debido a la neurosis de los tejidos y de los huesos, que se desarrolló con motivo de la herida recibida en el pie.

La evidencia de la demandada apelante tiende a probar que el demandante se hallaba esa tarde con otros muchachos en la estación de Bayamón. Que probablemente antes de salir de dicha estación el demandante dió la vuelta al tren y por el lado izquierdo del mismo, o sea el contrario al conti-guo a la estación, se colocó en alguna forma que desconoce la demandada, debajo del penúltimo coche del tren y agarrán-dose con una mano de uno de los tensores de dicho coche logró mantenerse en dicho sitio hasta que como a un kiló-metro o kilómetro y medio después de la estación de San Patricio, unos muchachos que viajaban como pasajeros en el tren notaron la mano del demandante que salía de debajo del coche agarrada al tensor y lo comunicaron al conductor, quien ordenó parar el tren. Bajaron los empleados de la demandada y varios pasajeros y luego de buscar al muchacho debajo de los coches lo descubrieron sobre la vía, entre los dos raíles, a una distancia de treinta o cuarenta metros detrás del último coche, siendo entonces conducido a la plataforma del coche y dejado después en la estación de Martin Peña, de donde lo condujo su padre al Hospital Municipal.

Resolviendo el conflicto de la evidencia, se expresó así el juez sentenciador.

“No vamos a analizar tocia la prueba en detalle. Simplemente nos vamos a fijar en ciertos extremos de ella para tratar de demos-trar la inverosimilitud de la teoría de la demandada. Ya hemos expuesto anteriormente las lesiones recibidas por el demandante: una herida de una pulgada en la región occipital y lesiones en los pies. El resto del cuerpo intacto. Estas lesiones, a nuestro juicio, de-muestran claramente la certeza de la teoría del demandante; al dar el tirón el tren, éste lanzó al demandante, de espaldas, como él dice, fuera de la vía, recibiendo entonces, al caer sobre el terreno, la herida de la región occipital a que alude el médico en su testimonio; siendo entonces sus extremidades, los pies, la única parte de su cuerpo que fuera arrollada por el ferrocarril. Nótese que el tren solamente cogió el pie izquierdo por dos de sus dedos, el grande y el segundo. En el pie derecho, aunque la invasión fué más extensa, no pasó del dorso y aunque fué cierto que posteriormente hubo ne-cesidad de amputar la pierna, ello se debió no a la lesión recibida directamente en la pierna, sino a la neurosis de los tejidos y los huesos como consecuencia de las heridas recibidas en el dorso del pie. Por el contrario, si el menor cae de la posición en que lo coloca la deman-dada en cualquiera de las fotografías por ella presentadas (exhibits M, O y P de la demandada) mientras está el tren en movimiento, cayendo en medio de la vía debajo del penúltimo vagón (teoría de la demandada) no hubieran sido las expuestas anteriormente las únicas lesiones recibidas; no tenemos la más mínima duda, des-pués de haber examinado los anteriores exhibits que como muy bien dijo el guardafrenos y testigo de la demandada, Inés Serrano, si el menor demandante cae debajo del penúltimo coche las carretillas y traviesas de los vagones último y penúltimo lo hubieran desbaratado.”
“En síntesis, no tenemos razón alguna para dudar de la decla-ración del menor demandante; por el contrario ella nos mereció en-tero crédito. Siendo ello así la ley es clara en el sentido de que constituye negligencia por parte de un porteador público el mover un tren cuando un pasajero está en el acto de abordarlo. 13 C.J.S. 1367, §730.”

Hemos estudiado la declaración del demandante en rela-ción con las lesiones por él recibidas y no podemos convenir con la apelante en que la corte inferior haya incurrido en error manifiesto en la apreciación de la prueba, especialmente después de examinar las fotografías de los coches y de la vía, presentadas por ella a fin de ilustrar la forma en que ha podido suceder el accidente. Opinamos como el juez senten-ciador que si el demandante hubiese ocupado la posición que ilustran las fotografías, es por lo menos casi imposible que el niño no fuese destrozado al pasar sobre él los dos últimos coches. Y se hace más patente la irrazonabilidad de la teoría de la demandada si tenemos en cuenta que las únicas heridas recibidas por el demandante fueron las de los pies y la de la región occipital, lesiones que por su localización armonizan perfectamente con la declaración del demandante.

Arguye la apelante que lá corte inferior al apreciar la prueba sólo tuvo en consideración una parte de la misma y basa su aserto en que al discutir la teoría de una y otra parte la corte empezó diciendo:

“No vamos a analizar toda la prueba en detalle. Sin embargo, nos vamos a fijar en ciertos extremos de ella para tratar de demos-trar la inverosimilitud de la teoría de la demandada.”

No está bien fundada la conclusión de la apelante. Lo que fácilmente se infiere de las frases transcritas y estuvo sin duda en la mente del juez, fué que a los efectos de demos-trar la inverosimilitud de la teoría de la demandada, sólo bastaba fijarse en ciertos extremos que inmediatamente pasó a discutir.

Como los testigos de la demandada que declararon en relación con el accidente- son numerosos y el juez, según hemos visto, basó su fallo en la declaración del demandante, sostiene la apelante que la preponderancia de la prueba está en favor de ella e invoca el caso de Rosado v. Ponce Ry. & Light Co., 20 D.P.R. 564, 572, donde se citan con aprobación las siguientes palabras de la Corte Suprema de Tennessee:

“El término preponderancia de evidencia no significa la mera superioridad númeriea de testigos, sino el peso, crédito y valor de la totalidad de la evidencia aportada por cada una de las partes. Si, sin embargo, los testigos son de igual honradez, candor, inteligencia y verdad, y están igualmente corroborados en los otros extremos de sus declaraciones e igualmente libres de interés en el pleito, entonces el mayor número determina la preponderancia.” Willcox v. Hines, 100 Tenn. 524, 66 Am. St. Rep. 761.

De la cita que precede claramente resulta que el mayor número de testigos no es el único factor para determinar de qué lado está la preponderancia de la evidencia. Para que esa circunstancia sea decisiva, precisa que los testigos de una y otra parte estén “igualmente corroborados en los otros extremos de sus declaraciones” y ya hemos visto que las circunstancias concurrentes, es decir, el sitio donde según la demandada fué encontrado el demandante al ser re-cogido por sus empleados así como la localización de las heridas recibidas, corroboran fuertemente la teoría del demandante y tienden a destruir la de la demandada. Siendo ello así, es de aplicación el artículo 524 del Código de Enjui-ciamiento Civil que en lo pertinente prescribe:

“Artículo 524. El efecto de la evidencia no es arbitrario, sino que se ejercerá con discreción jurídica, y sujeción a las reglas de evidencia.
“El tribunal o jurado no está obligado a decidir de conformidad con las declaraciones de cualquier número de testigos, que no lle-varen a su ánimo la convicción, contra un número menor o una presunción u otra evidencia que le convenciere.
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Está en lo cierto la apelante al sostener que la corte a quo erró al admitir con su oposición una certificación en relación del acta de nacimiento del demandante con el fin de probar que éste es hijo legítimo de Angel Teodosio Mercado, quien compareció en este pleito como su padre con patria potestad. Pueblo v. Márquez, 43 D.P.R. 46. Pero la aludida certificación no fué la única evidencia que se presentó en este caso para probar la relación de Angel Teodosio Mercado 'con el indicado menor, ya que también fué admitida, aunque con la oposición de la demandada, la declaración del referido Angel Teodosio Mercado al efecto de que el menor demandante era su hijo, apareciendo también de los autos que al ocurrir el accidente dicho menor vivía en compañía de su alegado padre y que recibió las lesiones mientras llevaba a cabo ciertas gestiones que éste le encomendara. Prescribe, sin embargo, el artículo 250 del Código Civil que las actas del Registro Civil constituirán la prueba del estado civil, prueba que sólo podrá ser suplida por otras en el caso de que no haya existido el acta o hubiesen desaparecido los libros del Registro, o cuando ante los tribunales se suscite contienda. Véase 4 Wigmore on Evidence (3a. ed., 1940), sección 1336, donde se hace un admirable estudio de nuestro estatuto y de la jurisprudencia de este tribunal interpretativa del mismo.

Es verdad que la Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, aprobada el 22 de abril de 1931, pág. 229, en su sección 38 prescribe que la copia del récord de cualquier nacimiento, matrimonio o defunción, después que sea certi-ficada por el Comisionado de Sanidad o por la persona autorizada por él, constituirá evidencia prima facie ante todas las cortes de justicia de los hechos que constan en la misma, omitiéndose en dicha ley la disposición al efecto de que las copias certificadas de dichas actas constituyen la mejor evidencia de su contenido, como hemos visto prescribe el artículo 250 del Código Civil. Pero como dicha ley se aplica exclusivamente a los nacimientos, matrimonios y defunciones inscritos a partir de su vigencia, claro está que esta disposición no afecta las inscripciones que como la de nacimiento del menor demandante existían en el Registro Civil con anterioridad a la fecha en que empezó a regir la citada ley de 1931. Ello no obstante, opinamos que en el presente caso, por las razones que vamos a exponer, era admisible la evidencia oral para probar el punto en cuestión. Si la acción en este caso hubiera' sido establecida por Angel Teodosio Mercado en su propio beneficio como padre del menor o si la cansa de acción establecida a favor de éste último derivase sn existencia de sns derechos como hijo de Angel Teodosio Mercado, no vacilaríamos en sostener que habría constituido error perjudicial la admisión de la prueba oral, existiendo como existe la mejor prueba, cual es el acta del Registro Civil. Pero en el presente caso la cuestión de la paternidad es extraña por completo a la causa de acción en favor del menor y en manera alguna puede afectar su existencia. La misión de Ángel Teodosio Mercado está aquí limitada a cumplir el deber que al padre, y en su defecto a la madre, impone la ley, de representar a sus hijos no eman-cipados en el ejercicio de todas las acciones que como la de este caso puedan redundar en su provecho. En tales circuns-tancias, el parentesco entre el menor y su alegado padre, es por decirlo así, una cuestión colateral que no requiere la es-tricta aplicación del artículo 250 del Código Civil. En el caso de Pueblo v. Ruiz, 31 D.P.R. 312, 314, se sostuvo por este tribunal que el citado precepto del Código Civil se refiere a la prueba del estado civil y que la edad de un individuo no es estrictamente parte del estado civil, por lo que se admitió evidencia oral para probar que el acusado en un caso de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes era mayor de veintiún años. En el de Pueblo v. Ibern, 31 D.P.R. 917, 925, se decidió que la viuda que estuvo con su esposo hasta el momento de la muerte es un testigo competente para establecer el fallecimiento. Y finalmente, en el de Pueblo v. Millán, 35 D.P.R. 889, se admitió prueba oral para demos-trar que la edad de la víctima era menor de catorce años, a pesar de que se trataba de un caso de violación, en que dicha prueba era un elemento esencial del delito. No vemos por qué en el presente caso no deba admitirse la prueba oral, sobre todo cuando se trata de la declaración del padre, quien por lo general es la persona que suministra los datos nece-sarios para extender el acta.

Además, los intereses de 'la demandada en nada se perjudican pues al satisfacer ésta su sentencia, su importe se deposita en la corte inferior para ser'invertido en la forma qne mejor convenga a los intereses del menor, quien desde luego, habiendo recibido el provecho de la compensa-ción, estaría impedido de incoar una nueva acción por la misma causa. Pero en el supuesto de ser errónea la admi-sión de la prueba oral, el error no ha lesionado los intereses sustanciales de la apelante y siendo ello así no produce la revocación de la sentencia. Artículo 142 del Código de En-juiciamiento Civil.

Al fijar el montante de los daños e imponer las costas y honorarios de abogado la corte sentenciadora se expresó así:

“... . Sólo nos resta fijar la cuantía de la indemnización. El demandante, un niño de 14 años de edad cuando ocurrió el accidente, estuvo recluido en el hospital desde octubre 23 hasta diciembre 15 de 1938. Sufrió la amputación del dedo grande y la fractura del dedo segundo. Le fué también amputada la pierna derecha o -i el tercio medio. En Delgado v. Díaz, 30 D.P.R. 120, donde el niño sufrió daño en una pierna, declarando los peritos que quedaría más o menos incapacitado para poder dedicarse a un trabajo estable, pero donde no hubo amputación, se concedieron $3,000. En el pre-sente vamos a conceder $5,000. Se condena también en costas y honorarios de abogado; la cuantía de estos últimos, tomando en cuenta la indemnización concedida y que el juicio duró varios días, la vamos a fijar en $500.”

A nuestro juicio, no hizo mal uso de su discreción la corte sentenciadora al estimar los daños sufridos por el deman-dante en la cantidad de $5,000, habida consideración de la edad del demandante y de la gravedad y carácter permanente de las lesiones sufridas.

Por último, sostiene la demandada que debemos revocar el pronunciamiento de honorarios de abogado toda vez que habiendo reclamado el demandante una indemnización de $25,000 y siéndole concedida solamente por la cantidad de $5,000, tal circunstancia es demostrativa de que no hubo temeridad por su parte al oponerse a las pretensiones exageradas del demandante. Ya hemos resuelto que esa sola cireuns-tancia no implica la inexistencia de temeridad. Reyes v. Aponte, 60 D.P.R. 890, 900, y Font v. Viking Construction Corp., 58 D.P.R. 689, 712. Esto es así porqne la demandada, al defenderse en este caso, no lo hace porqne a sn juicio la reclamación sea exagerada, sino porqne rechaza toda respon-sabilidad, grande o peqneña, por los daños sufridos por el apelado. Si la demandada en efecto cree qne la cantidad reclamada es exagerada y es ésa la única razón qne tiene para oponerse a las pretensiones del demandante, es sn deber admitir francamente sn responsabilidad y limitar la controversia a la fijación de la cnantía a ser concedida. Pareee innecesario aclarar qne cuando las circunstancias del caso razonablemente justifiquen al demandado a 'creer qne las pretensiones del demandante carecen de fundamentó, no está él obligado a admitir una responsabilidad qne de buena fe no cree tener. Consideradas todas las circunstan-cias concurrentes y entre ellas lo laborioso qne resultó el juicio, qne se prolongó por varios días, y en el que fueron examinados unos diecinueve testigos presentados por la de-mandada y cuatro o cinco por el demandante, no creemos que el juez sentenciador hiciera mal uso de su discreción al fijar dichos honorarios en la cantidad de $500.

Por las razones expuestas, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, y en su representación su Gobernador Blanton Winship, demandante y apelante. v. Harry Pietersz, demandado y apelado.
    Núm. 8521.

    Sometido: Noviembre 5, 1942.

      Resuelto: Enero 15, 1943.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm y M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; J. J. Ortiz Alibrán, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Harry Pietersz radicó debidamente su declaración de ingresos para 1924. En 1936, de conformidad con la sección 57(b) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, el Teso-rero impuso a Pietersz una deficiencia de $576.80 para 1924. Además de reclamar intereses desde 1925, el Tesorero, de conformidad con la sección 58(b) de la referida ley, demandó el pago adicional de un cincuenta por ciento de la deficiencia, por el fundamento de que la deficiencia se “debiere [debía] a fraude para evadir la contribución. ...”

La sección 60(a)(1) de dicha ley disponía un período de prescripción de cinco años para la tasación y para el comienzo de un pleito en cobro de contribuciones sobre ingresos. Por regla general este pleito, por lo tanto, bace tiempo que hu-biera estado prescrito. Sin embargo, la sección 61(a) decía como sigue:

“En el caso de una declaración falsa o fraudulenta con la inten-ción de evadir la contribución, o en el caso de haber dejado de rendir la declaración, la contribución podrá ser impuesta, o un procedi-miento entablado en una corte para el cobro de dicha contribución, en cualquier momento y sin hacerse tasación alguna.”

La tasación aquí envuelta, por lo tanto, se sostiene o cae al resolverse si la declaración de Pietersz para 1924 era o no “una declaración falsa o fraudulenta con la intención de evadir la contribución. . .”.

La entonces Junta de Revisión e Igualamiento resolvió que la deficiencia estaba prescrita por el estatuto de pres-cripción, por lo que El Pueblo de Puerto Rico radicó el presente pleito en la corte de distrito en 1939 para el cobro de las cantidades envueltas. Después de un juicio sobre los méritos, la corte inferior dictó sentencia a favor del deman-dado, y El Pueblo ha apelado.

Los hechos aquí envueltos son relativamente sencillos. La declaración demostraba un ingreso neto de $4,581.37 y exenciones, créditos y deducciones montantes a $5,167. Por lo tanto, Pietersz no pagó contribución alguna. Sin embargo, incluyó en el referido ingreso de $4,581.37 la cantidad de $1,500 que declaró haber ganado en el “arrastre de tubos para el acueducto” de San Juan. Pero el gobierno alega que durante el 1924 él en realidad ganó en dicho negocio $12,500 y no $1,500, y que fraudulentamente él dejó de incluir esa cantidad en su planilla con el propósito de evadir la contribución correspondiente.

Con la excepción del testimonio de Miguel Ferrer en un detalle secundario, el caso del gobierno descansa enteramente en el affidavit del propio Pietersz, prestado el 27 de septiem-bre de 1935 a petición del Tesorero. En este affidavit él abiertamente admite haber recibido $17,000 de Vidal Sán-chez, el contratista que estaba construyendo el acueducto en cuestión. Después de eso, el 6 de febrero de 1936 el Teso-rero, alegando que Pietersz fraudulentamente había dejado de incluir $12,500 de esa cantidad en su planilla de 1924, tasó la deficiencia envuelta en este caso. Pero en ningún momento en este caso ha aducido el Tesorero testimonio alguno ni ha explicado cómo computó la suma de $12,500 como el ingreso que Pietersz devengó de esta transacción y que él debió, por tanto, incluir en su planilla de 1924.

La defensa de Pietersz en todo momento ha sido que su beneficio neto en la transacción en cuestión fué $1,500, la cantidad que él declaró en su planilla. En su affidavit, y más tarde en su testimonio, él afirma que el remanente de su in-greso bruto recibido de Vidal Sánchez fué pagado a López Salgado y Barreto para alquilar “una caravana de trucks,” a peones por trabajo realizado, indemnización a obreros y materiales. La única diferencia en cuanto a sus desembolsos surgió como resultado de lo declarado por Pietersz al efecto de que cuando le pagaron el balance adeudádole al concluir el trabajo, Miguel Ferrer, socio de Vidal Sánchez, retuvo $2,000 que el municipio reclamaba por tubos rotos en trán-sito.

No se contradijo ninguna parte de este testimonio, ex-cepto que Ferrer negó haber retenido dichos $2,000. Pero este testimonio se tomó quince años después de realizada la transacción. Era-más probable que Pietersz recordara con mayor exactitud un detalle como éste que Ferrer, quien tenía que ver con muchos otros detalles del asunto. Además, al tiempo de ofrecer su testimonio, Ferrer mismo estaba siendo investigado en cuanto a sq propia planilla en relación con dinero que recibió de Vidal. Realmente no estaría del todo injustificado explicar esta relativamente pequeña discrepan-cia, resolviendo que los $2,000 en cuestión pudieron haber sido incluidos en las otras partidas de gastos detalladas por Pietersz. “Mucho se excusaría a una persona llamada a responder a una acusación de fraude cometido once años antes, que no se excusaría a otra llamada para explicar una transacción reciente.” (Delone v. Commissioner of Internal Revenue, 100 F. (2d) 507, 8 (C. C. A. 3er Cir., 1938) ).

Estamos completamente de acuerdo con la corte de dis-trito en cuanto a que el gobierno no presentó un caso de responsabilidad contributiva sobre la cual pudiera basarse propiamente la deficiencia tasada por el Tesorero.

Creemos propio agregar que del mismo modo no se probó que Pietersz preparase su planilla fradulentamente con intención de evadir el pago de la contribución. Si verdaderamente se rinde una planilla, el hecho de no incluir en ella xma porción del ingreso neto no la hace fraudulenta ipso facto. Convenir con esa contención nos obligaría a resolver que una planilla incorrecta es, sin más, nna hecha con la intención de evadir la contribución. Los casos Federales, interpretando una sección idéntica, desaprueban esa contención (Duffin v. Lucas, 55 F. (2d) 786 (C. C. A. 6to. Cir., 1932); Griffiths v. Commissioner of Internal Revenue, 50 F. (2d) 782 (C. C. A. 7mo. Cir. 1931); Moore v. Commissioner of Internal Revenue, 37 B. T. A. 378 (1938); Delone v. Commissioner of Internal Revenue, supra; Paul & Mertens, Law of Federal Income Taxation, Vol. 5, secciones 48.03, 48.09). Cf. Helvering v. Mitchell, 303 U. S. 391. Bn verdad, nuestra ley reconoció en su sección 58(a) que una planilla incorrecta, aun cuando se prepare negligentemente, no conlleva necesariamente la comisión de fraude.

El gobierno descansa casi enteramente en Casals v. Sancho Bonet, Tesorero, 53 D.P.R. 640. Pero en ese caso esta corte, al considerar la cuestión de alegada intención fraudulenta para evadir la contribución, se confrontaba con una situa-ción en que no se rindió planilla de clase alguna.' La omisión de rendir una planilla puede ser en sí un hecho significativo en cuanto a la cuestión de intención. Ciertamente, la Legis-latura, en la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1924, (Ley núm. 74 de 1925, pág. 401), enmendó la ley de 1919 (Ley núm. 80, pág. 613) para disponer que tal omisión, sin ninguna otra prueba en cuanto a intención, facultaba ál Tesorero a invocar las disposiciones de la referida sección 61(a); Ade-más, en el caso de Casals la corte concluyó por las “circuns-tancias concurrentes” que existía fraude, incluyendo una explicación de la omisión de rendir planilla que la corte re-chazó por no merecerle credibilidad.

No hay fórmula infalible que provea una contestación definitiva en cuestiones de intención y fraude. “Nada hay tan frecuente en las relaciones humanas como el esfuerzo por conocer lo que está sucediendo en la mente de otros.” (United Business Corporation v. Commissioner of Int. Rev., 62 F. (2d) 754, 6 (C.C.A. 2do. Cir., 1933)). Casi siempre ello se establece mediante prueba circunstancial. Y todas las circunstancias que rodean una transacción son raramente aplicables a otro caso. Véase Motive and Intent in Federal Tax Law, Paul, Selected Studies in Federal Taxation, Second Series, pág. 255, a la pág. 288; United States v. Murdock, 290 U. S. 389, 94. Las circunstancias en el caso de autos señalan una sola dirección.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


text:
    Oscar B. Landrón, Etc., demandante y apelante, v. Hon. Manuel V. Domenech, etc., et al., demandados y apelados.
    Núm. 8496.

    Sometido: Diciembre 22, 1942.

      Resuelto: Enero 15, 1943.

      Dubón <& Ochoteco, abogados del apelante; Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos, y Carlos Santana Becerra, Procu-rador Auxiliar, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La Ley Núm. 28, Leyes de Puerto Rico, 1917 ((1) pág. 163), según quedó enmendada por la Ley Núm. 51, Leyes de Puerto Rico, 1938 (pág. 166), dice en parte como sigue:

“Todos los funcionarios y empleados del Gobierno de Puerto Rico o de cualquier municipio del mismo, que sean miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico o de las Reservas Organizadas del Ejército de los Estados Unidos, tendrán derecho a licencia para ausentarse de sus respectivos cargos sin pérdida de paga, tiempo o gráduación de eficiencia, durante todos los días en los cuales estu-vieren prestando servicios ordenados o autorizados en virtud de las disposiciones de la ley de los Estados Unidos o de esta Ley.”

En 15 de octubre de 1940 el apelante era un empleado insular y miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico. En dicha fecha fue ordenado en el servicio militar activo de los Estados Unidos (Título 50, U.S.C.A., Secciones 401, 301(c); Orden Ejecutiva 8551 del Presidente de los Estados Unidos, fechada 25 de septiembre de 1940; Orden General 33 del Gobernador de Puerto Rico, fechada el 26 de septiem-bre de 1940).

El apelante solicitó en este recurso una sentencia decla-ratoria al efecto de que él y todas las personas que se en-cuentren en las mismas condiciones tienen derecho a licencia para ausentarse de sus cargos en el Gobierno Insular con paga, durante todo el tiempo que estén en el servicio militar activo de los Estados Unidos, el cual ya ha durado más de dos años y probablemente continuará hasta que termine la guerra.

La contención del apelante no puede prevalecer. La corte de distrito interpretó correctamente nuestro esta-tuto de 1938 cuando dijo que “No hay duda alguna de que el propósito de nuestra Legislatura al concederle a los em-pleados y funcionarios del Gobierno Insular, o de los muni-cipios, miembros de la Guardia Nacional de Puerto Eico, licencia con paga durante los días en que estuvieren pres-tando servicios como miembros de tal organización, fuá estimular el ingreso del mayor número de funcionarios y empleados insulares y municipales en la Guardia Nacional. Pero ello no quiere decir que pueda haber sido la intención legislativa que si dichos funcionarios o empleados eran lla-mados a prestar servicios durante un número de meses, o de años, habrían de continuar percibiendo sus salarios como tales empleados o funcionarios. El estatuto es bien claro: dispone que durante los días en que se estén prestando los ser-vicios es que tendrá derecho a licencia con sueldo. Si hubiera sido otra la intención, el legislador hubiera usado la frase ‘durante el tiempo’, en vez de ‘durante los días’

Además, como indica el Procurador General “. . . cuando el legislador autorizó dichas licencias con sueldo, usando el término ‘durante los días’, tenía en su mente aquellas otras disposiciones de la misma ley que fijaba los servicios a ser prestados por la Guardia Nacional allí creada, tales como las reuniones para practicar ejercicio y recibir instrucción, incluyendo ejercicios de tiro, en número no menor de cua-renta y ocho veces durante cada año (más o menos a razón de una reunión o ejercicio semanal); los acantonamientos, maniobras y otros ejercicios, incluyendo tiro al blanco por lo menos quince días durante cada año; y los acantonamien-tos, maniobras y otros ejercicios incluyendo tiro al blanco de campaña, bien independientemente o en conjunción con cualquier parte del Ejército Regular, según fuere requerido por el Secretario de la Guerra, de acuerdo con los reglamen-tos que el Presidente dictare. (Código Militar de Puerto Rico, Ley Núm. 28 de 1917, Leyes de 1917, Yol. I, página 185, Tópicos: Instrucción de la Guardia Nacional; Acantona-mientos y Maniobras.” »

Aun cuando nuestro estatuto no es tan claro como el federal, el Comptroller General de los Estados Unidos ha inter-pretado un estatuto similar .que afectaba a los empleados federales (32'U.S.C.A. See. 75) en el mismo sentido. (19 Comp. Gen. 880).

El apelante descansa en un número de casos recientes (State v. Grayston, 163 S. W. (2d) 335 (Mo., 1942), y casos allí citados; 140 A.L.R. 1499; 30 Calif. L. Bev. 99) que resuelven que cuando un miembro de la Guardia Nacional es ordenado en el servicio militar activo de los Estados Uni-dos, éste automáticamente no deja vacante su cargo local, bajo una disposición constitucional del Estado al efecto de que ninguna persona que ostente un cargo bajo los Estados Unidos ostentará otro cargó estatal. Aquí no está envuelta cuestión alguna de incompatibilidad de cargos, y dichos ca-sos no vierten luz sobre nuestro , problema.

En vista de la conclusión a que hemos llegado, no es nece-sario que determinemos si el Procurador General tiene razón en su contención de que cuando el apelante entró al servi-cio militar activo de los Estados Unidos, dejó de ser miembro de la Guardia Nacional de Puerto Eico. Véanse 32 U.S.C.A. Sec. 81; Ley Núm. 28, Leyes de Puerto Rico, 1942; State v. Wagener, 77 N. W. 424, 425 (Minn., 1898). Del mismo modo, dejamos sin resolver la contención del Procurador General al efecto de que los miembros de la Guardia Nacional retie-nen su status como tales cuando son “llamados” por el Pre-sidente de conformidad con el Título 32 U.S.C.A. Sec. 81 a, pero pierden este status cuando son “ordenados” en el ser-vicio militar activo de los Estados Unidos de conformidad con la Sección 81 del mismo Título. Cf. United States v. Sugar, 243 Fed. 423, certiorari denegado, 248 U. S. 578; United States v. Carlson, 44 F. (2d) 5.

Quizá debería notarse que los demandados no apelaron de aquella parte de la sentencia de la corte de distrito que disponía que “dichos funcionarios y empleados tienen dere-cho, al ser licenciados del Ejército, a ocupar los mismos car-gos o empleos que ocupaban cuando ingresaron”. (Cf. Título 5 U.S.C.A. See. 34).

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


text:
    Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Diócesis de San Juan, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1114.

    Sometido: Noviembre 19, 1942.

      Resuelto: Enero 15, 1943.

      Heriberto Torres Sola, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

En nn pleito contencioso en la corte de distrito, la sentencia final decía en parte como signe:

“. . . Se dispone además la inscripción en el registro de la pro-piedad correspondiente, a favor de la demandante, de una capellanía por un capital de 300 pesos españoles, y otra capellanía, por un capital de 1,000 pesos españoles, con réditos anuales ambas capella-nías del 5 por ciento del capital de cada una, a las cuales capellanías viene afecta la finca del demandado que se describe a continuación:

El Registrador se negó a inscribir las mencionadas cape-llanías, por las siguientes razones:

“Primero: — porque la sentencia dispone la inscripción de ‘una capellanía por trescientos pesos españoles y otra capellanía por mil pesos españoles con réditos ambas del 5 por ciento’ por los funda-mentos de la opinión unida a los autos, y por esta opinión aparece que la demandante alega ser dueña de ‘ciertos censos que estaban inscritos’, y solicita su ‘reinscripción’, opinando la corte que tales censos ‘lo cierto es que nunca estuvieron inscritos y sí sólo men-cionados’, lo que trae confusión en cuanto a qué es lo que hay que hacer en el Registro: si la ‘reinscripción’ de una mención de cape-llanías que aparece cancelada, o la ‘inscripción’ de unos censos que es el nombre que a veces se les da a tales capellanías; segundo: porque si lo que en realidad se solicita es la inscripción de las capellanías, es necesario que se presente al Registro la escritura de constitución de tales gravámenes; tercero: porque si lo que se solicita es que se convierta en inscripción la mención que se hizo en el registro de dichas capellanías, no procede tal conversión por no haber términos hábiles para hacerla; cuarto: porque no se ha condenado al de-mandado a otorgar la correspondiente escritura de constitución de gravamen de censos o capellanías, o en su defecto, ordenar al marshal de la corte que proceda a su otorgamiento con las debidas condiciones; quinto: porque para constituir este gravamen se requiere el consentimiento de la esposa del demandado, quien no lo ha prestado voluntariamente, ni la corte ha adquirido jurisdic-ción sobre ella al obligar solamente al esposo demandado para gravar una propiedad de la sociedad de gananciales.”

Algunas, si no todas, de las razones aducidas por el Registrador parecen poner en duda los fundamentos de la decisión de la corte de distrito. Ése no es uno de los deberes de un Registrador. “El artículo 18 de la Ley Hipotecaria otorga a los registradores la facultad de calificar bajo su responsabilidad y para el único efecto de admitir, suspender o negar su inscripción o anotación, todos los documentos expedidos por la autoridad judicial; pero dicha facultad no les autoriza examinar los fundamentos de las resoluciones judiciales, ni apoyarse en la apreciación qne hagan de la legalidad de esos fundamentos para el efecto de denegar la inscripción o anotación, por más que les sea permitido con-siderar si se han dictado con la necesaria competencia y en el correspondiente juicio, ...” (Ramírez v. El Registrador de la Propiedad, 16 D.P.R. 348, 349, 350). Véanse Sold v. Registrador, 39 D.P.R. 497, 501; Sucn. Trías v. Registrador, 59 D.P.R. 460, 67. Cf. Correa v. Registrador, 53 D.P.R. 274.

Pero aun asumiendo que el Registrador estuviese facultado para entrar a considerar algunos de los puntos que él levanta, su interpretación de la opinión y sentencia de la corte de distrito no puede ser sostenida.

Es cierto, como indica el Registrador, que la opinión de la corte de distrito se refiere a los hechos de que la deman-dante alega en su demanda ante la corte de distrito que ella es dueña de las mencionadas capellanías que fueron inscri-tas y solicita su reinscripción, mientras que la corte de dis-trito afirma que las mismas nunca fueron inscritas sino simplemente mencionadas. Pero esto no “trae confusión en cuanto a qué es lo que hay que hacer en el Registro”, como alega el Registrador. Por el contrario, la corte inférior hace una clara exposición de su decisión, de la cual no se apeló, como sigue,

“De lo expuesto se puede ver que al adquirir el demandado cada uno de los condominios en la finca envuelta en el litigio, tenía conocimiento de la vigencia de los censos cuya existencia ahora discute. No nos referimos al conocimiento que pudieran haberle brindado las menciones de los censos en el registro. Nos referimos al conocimiento efectivo que tuvo mediante la mención de los gravámenes en las escrituras en que adquirió los primeros condo-minios, y que se manifestó en la carta que -dirigiera a la demandante el 17 de julio de 1932.
“Puesto que el demandado tenía conocimiento personal de la vigencia de los censos al adquirir sus derechos sobre el inmueble acensuado, no puede considerársele un tercero, y por lo tanto ad-quirió el inmueble sujeto a los censos. El resultado hubiese sido el mismo aun cuando en el registro no hubiese existido mención alguna de los derechos de la demandante. Jones v. Torruellas, 28 D.P.R. 46. Aunque en el caso citado no se extiende la Corte Su-prema en consideraciones sobre .el efecto que surte un censo no inscrito, se resuelve expresamente el punto, ya que .se obligó a una persona a satisfacer los réditos de un censo no inscrito por el hecho de haber reconocido la vigencia del censo en la escritura de adqui-sición del inmueble acensuado.
“Es cierto que, a solicitud del demandado, basada en las dis-posiciones de la Ley No. 12 de agosto 29 de 1923, según enmen-dada, el registrador de la propiedad dijo haber cancelado ‘los gravámenes relacionados en la inscripción de cargas de la inscrip-ción primera adjunta . . .’, o sea, los censos de que se ocupa la demanda. Pero es que el registrador no tenía autoridad alguna para, cancelar los gravámenes. El estatuto citado sólo lo autoriza a cancelar las menciones de censos, pero no los censos en sí. Y es innecesario apuntar la diferencia entre un derecho u obligación y la constancia de ese derecho u obligación en el registro de la propiedad. Puede existir el derecho u obligación sin que apa-rezca del registro, y pueden aparecer del registro derechos u obligaciones que nunca han existido o que han dejado de existir. Y en el caso de autos, si bien el demandado podía obtener la cancelación de aquellas menciones de censos .que dataran de más de 20 años, porque existe un estatuto que tal cosa autoriza, ni el demandado ni el registrador podían privar'a la demandante de un derecho que el propio demandado le había reconocido poco antes de que pretendiera destruirlo.
“Por los motivos expuestos, procede declarar con lugar la de-manda. Algo nos hemos detenido antes de determinar los pronun-ciamientos propios de la sentencia. Solicita la demandante la reinscripción de los censos. Lo cierto es que nunca estuvieron inscritos y sí sólo mencionados en varias inscripciones. Mas lo que en esencia se solicita es que se inscriban los censos .sobre cuya existencia y vigencia versa el litigio, de manera. que quede la demandante protegida contra terceros. Por ello creemos proce-dente, a los fines de hacer completa justicia y evitar ulteriores litigios, disponer la inscripción de los derechos de la demandante.”

Las restantes contenciones del Registrador carecen igual-mente de mérito. Bajo estas circunstancias, no es necesario otorgar escritura pública alguna constituyendo las dos capellanías; la sentencia en sí es base suficiente para su inscripción. [3] En cuanto a la cuestión de jurisdicción sobre la esposa del demandado, es suficiente con decir que este último fue demandado en la corte de distrito en su capaci-dad de administrador de la sociedad de gananciales. Y, como la corte de distrito manifestó, tanto el demandado como su esposa adquirieron la propiedad aquí envuelta sujeta a y con conocimiento de las capellanías.

La nota del Registrador será revocada! y se le ordenará inscribir las capellanías en cuestión.


author: El Juez Asociado Señor Sxyder

text:
    Aguirre & Thillet, sustituída por Félix A. Thillet, demandante y apelado, v. Guillermo Cabán, Gervasio Sánchez González y Pablo Landráu, demandados y apelantes los dos últimos.
    Núm. 8472.

    Sometido: Diciembre 15, 1942.

      Resuelto: Enero 15, 1943.

      Celestino Triarte, F. Fernández Cuyar y TI. González Blanes, abo-gados de los apelantes; Francisco M. Susoni, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Sxyder

emitió la opinión del tribunal.

Este caso envuelve la venta condicional de un automóvil a un comprador, quien en pago otorgó una serie de pagarés por los plazos en descubierto. Los apelantes, quienes eran los fiadores de tales pagarés, alegan que la corte de distrito erró al dictar sentencia contra ellos en un pleito ordinario para el cobro de la cantidad aún adeudada sobre dichos pa-garés.

La única defensa de los apelantes fue que ellos llevaron a cabo un convenio expreso con la vendedora mediante el cual ellos recuperarían el automóvil del comprador y lo entregarían a la vendedora, la cual lo repararía y vendería, y abonaría la cantidad recibida a los pagarés, bajo el entendido de que ellos continuarían obligados a satisfacer el balance si alguno existiese después de efectuada la venta; que así lo hicieron, entregando el automóvil, pero que la vendedora, aunque por varios meses ha continuado en posesión del carro, no lo ha vendido.

Los apelantes arguyen con gran fuerza y citan nume-rosas autoridades para sostener su contención de que la vendedora estaba obligada a revender dentro del período estatutario el automóvil que había reposeído (Secciones 6 y 8 de la Ley Núm. 61, Leyes de Puerto Rico, 1916, tal como ha sido enmendada, que se encuentra en el Código Civil (ed. 1930) a las páginas 414, 16, 20), o si el estatuto no fuera aplicable a reposición extrajudicial, dentro de un período razonable; y que no habiéndose efectuado tal reventa, los fiadores del comprador no quedan obligados en cuanto al resto del precio de compra.

Pero el argumento de los apelantes está basado en un hecho que la corte de distrito resolvió no existía; esto es, la reposesión del automóvil por el vendedor.

La corte de distrito concluyó, a base de evidencia contra-dictoria, no que el vendedor hubiese reposeído el automóvil, sino que el mismo había sido entregado por los fiadores al dueño de un garage llamado Barreras “con la conformidad del demandante Thillet en la esperanza de que el primero [Barreras] lo reparara y tratara de conseguir -el mejor precio posible como medio para ayudar a los fiadores de-mandados y hacer menos onerosa su obligación para con la parte demandante”. Por lo tanto no vemos la necesidad de pasar sobre la alegada elección de remedios y la alegada necesidad de una pronta reventa como resultado de la repo-sesión por un vendedor condicional.

Habiendo la corte de distrito resuelto, en efecto, que Barreras era el agente de los apelantes, el haber dejado éste de reparar y vender el automóvil y de remitir al vendedor lo obtenido en la venta no constituye una buena defensa en un pleito ordinario para el cobro de la obligación garantizada por los apelantes.

No se cometió error al permitir que el apelado fuese sustituido en lugar de. la vendedora original, toda vez que se probó que el apelado había adquirido por cesión el derecho de acción (chose in action) aquí envuelto.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.