author: El Juez PbesideNte Se. del Tobo,

text:
    Mora, Recurrente, v. El Registrador de Mayagüez, Recurrido.
    Becubso gubernativo contra nota del Begistrador de la Pro-piedad de Mayagüez denegando la inscripción de una cancelación de -hipoteca.
    No. 582.
    Resuelto en febrero 18, 1923.
    Hipotecas — Cancelación-—Mención de Gravamen. — Vendida una finca quedando hipotecada para responder del precio aplazado e inscrita la venta y mencio-nada en la inscripción la hipoteca, tiene ésta el carácter de primera con respecto a otra hipoteca constituida luego por el comprador, aunque la se-gunda quede inserita con anterioridad en el registro, y si se ejecuta la finca en cobro en la primera hipoteca, con notificación del segundo acreedor hipo-tecario, y el precio obtenido sólo alcanza para satisfacer el primer gravamen, proeede decretar e inscribir la cancelación del segundo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. J. 8abater.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez PbesideNte Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Dueño' José Mora de una casa en Mayagüez, la vendió a Luis Perocier el 3 de julio de 1920 por seis mil quinientos dólares, de los cuales pagó el comprador de contado qui-nientos y se comprometió a satisfacer los seis mil restantes en el plazo de seis años, a razón de mil cada año. En la misma escritura de venta se constituyó hipoteca sobre la casa vendida para garantizar el precio aplazado, y presen-tada dicha escritura en el registro, el registrador, el 5 de agosto de 1922, inscribió la finca a favor del comprador, y como no se solicitara la inscripción independiente del gravamen, se limitó de acuerdo con la ley, a hacer constar lo que sigue: “quedando hipotecada esta finca en garantía del precio aplazado.”.

El comprador Perocier hipotecó la finca comprada a Su: cesores de Esmoris y Compañía en garantía de cinco mil dólares. El cinco de agosto de 1922, se inscribió la escri-tura de hipoteca en el registro y el registrador hizo cons-tar en la inscripción lo que sigue: “Se halla afecta a la mención de hipoteca que resulta de la inscripción duodé-cima precedente.”

En 18 de agosto de 1922 el registrador inscribió sepa-radamente a favor de Mora la hipoteca constituida en la escritura de venta de 3 de julio de 1920, inscrita en el re-gistro en cuanto a la venta el 5 de agosto de 1922.

No habiendo satisfecho Perocier el precio aplazado, Mora cobró la deuda ejecutando la hipoteca por el procedimiento sumarísimo hipotecario, notificándose a Sucesores de Esmo-ris y Compañía y vendiéndose finalmente la finca en pú-blica subasta el 7 de enero de 1924. La adquirió el propio Mora por la suma de dos mil dólares que fné la mejor pos-tura que se bizo.

Así las cosas, a petición del adquirente Mora la Corte de Distrito de Mayagüez dictó una orden que, entre otros, con-tiene el siguiente pronunciamiento: “y así mismo se ordena, que la hipoteca posterior que aparece a favor de Sucesores de Esmoris y Cía., Departamento de Maderas, sea también totalmente cancelada en el Registro de la Propiedad de Ma-yagüez; .... librándose para ello por el Secretario de esta corte mandamiento por duplicado al Registrador de la Pro-piedad de Mayagüez, con las inserciones necesarias.” El mandamiento fué librado y el registrador denegó la cance-lación de la hipoteca “por cuanto la misma no fué inscrita posteriormente, sino con anterioridad a la inscripción de la hipoteca ejecutada del Sr. Mora, sin que se haya seguido el procedimiento de ley.” Y contra esa negativa es que se ha interpuesto el presente recurso gubernativo.

El artículo 125 de la Ley Hipotecaria copiado, en lo per-tinente, dice:

“En los casos de que sobre una o varias fincas graviten créditos hipotecarios de varios acreedores y lleguen a venderse o adjudi-carse para el pago al primer acreedor, en términos de que el valor de lo vendido o adjudicado o no iguale o no supere al crédito hi-potecario que se realice, los créditos restantes se entenderán de he-cho y de derecho cancelados, y se cancelarán en el Registro, pre-via presentación del oportuno mandamiento judicial en que cons-ten la venta o la adjudicación y sus causas, con expresión del acto que constituya la solvencia del crédito preferido, todas las ins-cripciones posteriores de censos e hipotecas y las anotaciones de embargo hechas también con posterioridad, dejando libres de todo gravamen por estos conceptos la finca o fincas enajenadas o ad-judicadas.
“Esto se entenderá sin perjuicio de los demás derechos y ac-ciones que los acreedores postergados puedan ejercitar contra su deudor conforme a las leyes.”

El registrador sostiene que no procede la cancelación porque aunque la hipoteca de Esmoris se constituyó después que la de Mora, es lo cierto que se inscribió antes de que la de Mora lo fuera separadamente y por lo tanto no puede estimarse como un gravamen posterior que deba cancelarse de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley Hi-potecaria que dejamos transcrito.

Sirven, sin duda alguna, de apoyo al criterio sustentado por el registrador el artículo 1776 del Código Civil revisado, y la opinión del comentarista Morell.

El artículo 1776, en lo pertinente, dice: ‘‘Además de los requisitos exigidos en el artículo 1758, es indispensable, para que la hipoteca quede válidamente constituida, que el docu-mento en que se constituya sea inscrito en el registro de la propiedad.” Y Morell se expresa como sigue:

“Es más: para la validez de la hipoteca como derecho real, exige el artículo 1875 del Código Civil su inscripción en el Regis-tro. Luego, aunque en la escritura se expresase la prelación de una hipoteca anterior no inscrita, tal prelación no existiría al no con-sentirlo el segundo acreedor hipotecario que inscribiese primero, y aún puede sostenerse que, mencionada aquella hipoteca en esta ins-cripción, tampoco tiene preferencia, porque al no estar inscrita sólo se menciona un derecho personal.” 3 Morell, Legislación Hipoteca-ria, 645.
“El artículo 29 se refiere al dominio y a los derechos reales, en general. ¿Puede aplicarse a la hipoteca! Para que la hipoteca quede válidamente constituida, requiere el artículo 1875 del Có-digo Civil y el 146 de la Ley Hipotecaria que se haya inscrito en el registro de la propiedad. Mencionada solamente la hipoteca, ¿que-dará válidamente constituida! ¿Perjudicará a tercero! Entende-mos que no; que se requiere inscripción especial, y que en ese sen-tido ha debido reformarse el precepto del artículo 29.” 2 Morell, Legislación Hipotecaria, 579.

Estaríamos enteramente conformes con el registrador, si no existiera el precepto de la Ley Hipotecaria que Morell opina que lia debido reformarse. Es el artículo 29, que .dice:

“Art. 29. — El dominio o cualquier otro derecho real que se mencione expresamente en las inscripciones o anotaciones preven-tivas, aunque no esté consignado en el registro por medio de una inscripción separada y especial, surtirá efecto contra tercero desde la fecha del asiento de presentación del título respectivo.
“Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio . de la obligación de inscribir especialmente los referidos derechos, y de la responsabilidad en que pueda incurrir la persona que en ca-sos determinados deba pedir la inscripción.” Ley Hipotecaria, Comp. 1911, pág. 1120.

Las palabras “cualquier otro derecho real que se men-cione expresamente ’ ’ usadas por el legislador, comprenden la hipoteca. Una cosa es que la hipoteca no quede váli-damente constituida, como en efecto no queda por su sola mención en el registro, y otra que la mención deje de perju-dicar a tercero. • El segundo párrafo no puede interpretarse en el sentido de anular el primero. Ambos pueden tener y tienen vida por sí mismos y se complementan. Hubiera sido por ejemplo imposible ejecutar la hipoteca sin inscribirla separadamente, pero mencionada en la forma tan clara y precisa que lo hizo el registrador, no puede el posterior con-tratante alegar ignorancia.

Comentando el artículo 29 de la Ley Hipotecaria, dice Galindo:

“Sabido es que la publicidad es una de las bases de la ley, de-sarrollada en los artículos 23, 24 y 25, declarantes de que sólo los títulos inscritos surten efecto contra tercero que no haya regis-trado su derecho. Aunque lógico parece que cada derecho real conste en inscripción separada, no olvidó el legislador la fre-cuencia con que en algunos títulos se mencionan o se reservan otros derechos, que se deben hacer constar en la inscripción relativa al acto o contrato que pudiéramos llamar principal; y teniendo pre-sente aquella base, se redactó el artículo 29. En virtud de lo en él dispuesto, si, por ejemplo, en una escritura de venta a plazos se ase' gura el pago de éstos con hipoteca de la misma finca, se detíerá mencionar en la inscripción de venta, y aunque el vendedor no so-licite que separada y especialmente se inscriba su derecho de hipo-teca, basta que se halle mencionada para que surta sus efectos contra tercero. (Y. S. de 22 Mayo 1889.) La razón es obvia: la persona que desee contratar sobre esa finca puede acudir al registro, y como en él aparecerá el gravamen, no puede alegar ignorancia, aunque no se halle especialmente inscrito.” 2 Galindo y Eseosura, Legislación Hipotecaria, 317.

Y glosando el 17 de la misma ley expresa :

“También, atendida la materialidad de las palabras del artículo 17, puede considerarse excepción, la inscripción de hipotecas o cen-sos constituidos y no inscritos antes de inscribirse en el registro el título traslativo de dominio de la finca a que afecten, si en él se hizo mención de esas cargas.
“Si hubiera de entenderse literalmente el artículo 17, no se po-drían inscribir tales hipotecas o censos, no obstante haberse men-cionado en la inscripción del título traslativo de dominio; pero te-niendo en cuenta que el vendedor, obrando con la debida buena fe, hizo constar la existencia de la hipoteca o del censo, y que el regis-trador, cumpliendo con lo preceptuado en el artículo 29 de la Ley, •hizo mención de tales cargas, incluyéndolas en el párrafo correspon-diente de la inscripción, creemos que si después de extendida ésta solicitara el -acreedor hipotecario o el censualista que se incribiese su título, se habría de acceder a ello, no obstante ser de fecha anterior al título inscrito. El objeto del artículo 17 es impedir que se perjudique al que oportunamente inscribió, y como en el caso propuesto no hay perjuicio, porque con arreglo al artículo 29 de la Ley, el dominio o cualquier otro derecho real mencionado expre-samente en una inscripción, surte su efecto contra tercero, y con más razón contra el que fué parte en el acto o contrato inscrito, sin que se exima por ello de la obligación de inscribir especialmente el referido derecho, no debe impedirse al acreedor que lo inscriba cuando quiera. (Y. Res. de 27 Jul. 1899.)” 1 Galindo y Es-cosnra, Legislación Hipotecaria, 652.

Las anteriores citas de Galindo fueron hedías con apro-bación en el caso de Bello et al. v. Registrador de Arecibo, 31 D. P. R. 118, en el que se decidió una cuestión que guarda relación estrecha con la envuelta en este recurso.

Una vez que la hipoteca quedó separadamente inscrita, no existiendo duda sobre su fecha por constar en documento público y habiendo sido mencionada con anterioridad en el registro, la conclusión a que llegara la corte de distrito en el sentido de que la hipoteca de Esmoris era posterior y po-día y debía ordenarse su cancelación, está justificada por los hechos y la ley.

Debe, en tal virtud, declararse con lugar el recurso, re-vocarse la nota recurrida y ordenarse al registrador que proceda a cumplir el mandato de la corte de distrito.

Parec'e conveniente repetir aquí lo que dijimos en el caso de Bello, supra, a saber: que esta decisión queda limitada a los fines del registro. Si Esmoris se considera perjudi-cado, puede ventilar en el juicio que proceda su derecho y si demuestra que le asiste, le será reconocido.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PeesideNte Se. del Toeo,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Toro, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un caso por adulteración de leche.
    No. 2217.
    Resuelto en febrero 18, 1924.
    Adulteración de Leche — Reincidencia—Denuncia Suficiente. — Imputa sufi-cientemente la reincidencia, una denuncia por adulteración de leche que en lo pertinente alega: “El citado Luis Toro, quien es reincidente de este mismo delito, según sentencia firme de esta corte, de fecha 13 de octubre de 1920, el día 7 de enero de 1923 y dentro del distrito judicial de la corte de dis-trito de Ponce, P. R., ilegal, intencional y voluntariamente vendió leche de vaca adulterada.”
    Id. — Prueba de la Adulteración. — Un dictamen autorizado por los oficiales del I.aboratoi'io Químico Insular conteniendo el análisis detallado de una muestra de leche tomada del puesto del acusado, dejando en poder de éste Otra igual, y la conclusión de haber sido adulterada con agua, es admisible como prueba.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Martínez Nadal, Tormes & Colón.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez PeesideNte Se. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación, base de este proceso, copiada en lo perti-nente, dice:

“El Fiscal formula acusación contra Luis Toro por infracción a la sección primera de la Ley proveyendo lo necesario para casti-gar la adulteración de leche, etc. (10 de marzo de 1910, pág. 167) misdemeanor cometido de la manera siguiente: El citado Luis Toro, quien es reincidente de este mismo delito, según sentencia firme de esta corte, de fecha 13 de octubre de 1920, el día 7 de enero de 1923, y dentro del distrito judicial de la Corte de Distrito de Ponce, P. E., ilegal, intencional y voluntariamente vendió leche de vaca adulterada. ’ ’

Alegó su inocencia el acusado, fué su causa a juicio y la corte dictó sentencia condenándolo a sufrir seis meses de cárcel sin costas por ser insolvente. No conforme con la sentencia, apeló señalando en su alegato la comisión de tres errores, a saber:

1, la acusación no imputa el delito por el cual fué cas-tigado ;

2, la corte erró al admitir como prueba cierto dictamen pericial, y

3, erró la Corte al apreciar la evidencia.

Examinemos el primer error. La adulteración de lecbe se castiga en esta Isla de acuerdo con las prescripciones de una ley aprobada en' 1910, Comp, de 1911, p. 965, y para Co-nocer del delito se confirió jurisdicción exclusiva a las cortes de distrito. La Legislatura estimó que era necesario castigar fuertemente a los que por lucrarse vendían adulterado un alimento que figura no sólo en la dieta de todas las perso-nas, sino especialmente en la de los niños, los ancianos y los enfermos, produciendo trastornos en su salud que en al-gunas ocasiones terminan con la muerte. De ahí que en la misma ley se ocupara de la reincidencia, así:

“Disponiéndose, que la reincidencia en la adulteración, dilu-ción, oferta o tenencia en venta, o venta de leche adulterada, apa-rejará para el culpable la pena de encarcelamiento de seis meses a un año, y la revocación de su licencia.”

Da acusación, a nuestro juicio, imputa con suficiente claridad y precisión la reincidencia. Reincidencia quiere de-cir “reiteración de una misma culpa o defecto” y en nues-tro actual sistema penal la materia está regulada por los ar-tículos 56 al 61 del Código Penal que tratan de los “delitos subsiguientes.” La reincidencia aquí es especial, y la acusa-ción la imputa siguiendo el lenguaje del propio estatuto. Las palabras “mismo delito” y la expresión de la corte que dictó la sentencia y de la fecha en que fué dictada, consti-tuyen información bastante para que el acusado pueda pre-parar debidamente su defensa.

■ Además la cuestión se levanta por vez primera en apela-ción y en todo caso a la única Conclusión a que podría lle-garse sería a la de que la reincidencia había sido imputada en forma imperfecta y es demasiado tarde para que la im-perfección produzca efecto alguno. El Pueblo v. Quirindongo, 31 D. P. R. 642.

En el acto de la vista y después de haber declarado los testigos Juan Ríos Medina, inspector de sanidad, que tomó tina muestra de la leche que vendía el acusado que se co-locó en tres botellas que se lacraron y sellaron, dejando una en poder del acusado y enviando otra al laboratorio químico marcada con el número 31884; Ramón Más, corro-bórahdo al anterior, y Rafael Barreras, químico auxiliar del Departamento de Sanidad, que 'recibió la muestra de leche número 31884, la analizó y resultó adulterada, se introdujo como prueba un documento que dice:

' ‘ ‘ Gobierno de Puerto Rico. — Departamento de Sanidad. — Labo-ratorio Químico. — San Juan, P. R., abril 2 de 1923. — Oficina del Laboratorio Químico, — Análisis 31884. — Leche de Taca — marzo 7 de 1923. — Muestra tomada a Luis Toro, Yauco, P. R. — Testigo Ramón Más, Yauco, P. R. — Inspector, J. Ríos Medina, Yauco, P. R. — -Den-sidad, 1.0295; Grasa, 3.1; Refracción, 34.5; Sólido's totales (p. e.) 11.23; sólidos sin grasa, 8.13; Agua, 88.77; Conclusión: adulte-rada (aproximadamente con 10% de agua añadida artificialmente) (f) Rafael Barreras Ribera, Químico auxiliar del Laboratorio. — Vo. Bo. (f) R. del Valle Sárraga, Director del Laboratorio.”

Basta la exposición de los anteriores hechos, para con-cluir que la corte no erró al admitir el documento de que se trata. La leche fue suficientemente identificada. Además una parte de la muestra quedó en poder del acusado y si en realidad de verdad no estaba adulterada, el acusado pudo demostrarlo por medio de otro dictamen pericial.

En cuanto a la prueba, fué a nuestro juicio tan clara así en lo que se refiere a la venta de la leche por parte del acu-sado como en cuanto al hecho de haber sido el acusado con-denado anteriormente por el mismo'delito, que no es nece-sario que nos detengamos en una exposición de la misma.

Todo revela que la sentencia apelada se dictó de acuerdo con los hechos y la ley y por tanto que debe ser confirmada, sirviendo la condena no sólo de justo castigo al culpable sino de advertencia a todos. La misma ley de 1910, prescribe en su afán de evitar que la comisión de delitos como éste continúe en la escala advertida, que “la sentencia dictada contra una persona por reincidencia se publicará en dos de los periódicos de mayor circulación en la Isla, y se anun-ciará también por medio de cartelones, que se fijarán en si-tios públicos y en el domicilio o establecimiento del senten-ciado.”

Confirmada la sentencia apelada.

.Jueces concurrentes: Sres Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Su. FkaNoo Soto,

text:
    Solá, Demandante y Apelante, v. Castro et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre reivindicación e inexistencia de transfe-rencias de fincas.
    No. 2934.
    Resuelto en febrero 19, 1924.
    Ejecución de Sentencia — Mandamiento de Ejecución Endosado por el Marshal — Venta Judicial Nula. — En el presente caso una orden de ejecución fué dirigida al Márshal de la Corte de Distrito de San Juan, donde se había dictado sentencia, pero como la propiedad que había de subastarse radicaba en el distrito de Iíumacao, y su autoridad para vender propiedades solamente es eoextensiva con el límite territorial de su distrito, dicho márshal endosó la orden al márshal de Iíumacao, quien vendió la finca en subasta pública. Se resolvió: que el endoso de la orden de ejecución no daba autoridad a.l márshal de Iíumacao. El márshal de San Juan no tenía autoridad para ello y no puede considerarse su actuación como mera irregularidad o. error anu-lable únicamente por ataque directo en el mismo pleito y entre las mismas partes. En realidad no hubo orden de ejecución que fuera dirigida al már-shal de Iíumacao, y la venta de la propiedad por éste, aunque radicada en su propio distrito, fué nula y no anulable, sin eficacia ni valor legal alguno en virtud de lo dispuesto en el artículo 245 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Venta Judicial — Comprador Negligente. — En comprador inocente en venta judicial no tiene- que preocuparse ni inquirir sobre los meros errores de proce-dimiento, pero es su deber investigar la capacidad o poder en virtud del o. de la cual el márshal ejerce su autoridad, y cerciorarse de su facultad juris-diccional para verificar una venta. (Blood v. Light, 38 Cal. 654.)
    Venta Judicial Nula — Contratos Nulos — Prescripción.—El término de pres-cripción de cuatro años que se fija por la ley para las acciones de nulidad no eorre cuando se trata de contratos inexistentes.
    Id. — Erutos Percibidos — Buena Pe. — Se resolvió en este caso que si bien la venta judicial fué inexistente, el comprador adquirió con buena fe, por lo que no debía reintegrar los frutos percibidos.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. B. Arce.

    Abogados de los apelados: Sres. M. Tons Soto y F. Gon-zález.

   El Juez Asociado Su. FkaNoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Dos son las acciones que se ejercitan en la demanda del presente caso,, en apelación ante esta corte. Por la primera se solicita la reivindicación de determinada finca rústica, y por la segunda, se pide la declaración de nulidad del título de los demandados, fundándose diclia acción en vicios de procedimiento, alegándose para ello que en el pleito seguido ante la sección 2a. de la Corte de Distrito de San Juan por el Banco de Puerto Rico contra Solá e Hijos, Solá Argue-lles y Co. y la Sucesión de Modesto y Celestino Solá, se expidió por el Secretario de dicha corte al márshal de la misma una.orden de ejecución de la sentencia dictada a favor del demandante y cuyo mandamiento fue endosado al márshal de la Corte de Distrito de Humacao, quien ac-tuando bajo tal delegación subastó la finca que es objeto de la primera causa de acción, adjudicándola al demandado Francisco Robledo siendo poco después traspasada en venta a Manuel Castro, otro de los demandados. Este último alegó desconocer en absoluto todas las circunstancias ale-gadas sobre el título de adquisición de la finca descrita en la demanda por parte de Francisco Robledo, alegando a su vez este demandado que la demandante es uno de los com-ponentes de la Sucesión de Modesto Solá y que al adquirir en la división de bienes de su causante la finca' objeto de este pleito, lo hizo con la obligación de pagar una deuda al Banco Comercial de Puerto Rico, y no habiéndolo veri-ficado, dicho Banco reclamó el pago de la deuda, embar-gando la finca que fué subastada y adjudicada a dicho de-mandado. Se alegó además la ratificación de la venta judicial por la demandante, quien asimismo no compareció en el pleito en el cual tuvo lugar la subasta para solicitar la nulidad del embargo y la venta de la finca. Se estableció también que la acción había prescrito.

■ Visto el pleito en sus méritos, la corte inferior declaró sin lugar la demanda y no conforme la demandante inter-puso esta apelación, señalando en su alegato la comisión de dos errores por la corte,inferior, a saber:

“1. El tribunal sentenciador cometió error de derecho al estimar que los vicios procesales acusados por la demandante en el procedi-miento judicial en que tuvieron lugar la subasta y la adjudicación del inmueble objeto de demanda no producen la inexistencia de tal adjudicación sino solamente la nulidad de ella y que tal nulidad so-lamente puede ser invocada contra las partes en el litigio y ejer-citada mediante ataque directo en el pleito en que tuvo lugar.
. “2. La Corte de Distrito de Humacao cometió error de dere-cho al no condenar a Francisco Robledo, una vez establecida la anterior doctrina, a rendir cuenta a la demandante del producido de la subasta y pagarle la cantidad que a favor de dicha demandante resultare de tal rendición de cuenta, de acuerdo todo ello con la propia declaración de Francisco Robledo, uno de los demandados en este caso.”

Con relación al primer error señalado diremos que los hechos esenciales de la demanda no se discuten. Se ad-mite y así resulta de la prueba que la finca reclamada per-tenecía a la demandante, a quien se le adjudicó en la parti-ción de bienes de su padre Modesto Solá para pagar su legítima y además para que ella pagara ciertas deudas, en-tre las cuales se encontraba la del Banco Comercial de Puerto Eico. Esta institución reclamó su deuda y en la ejecución de la sentencia que fué dictada a su favor por la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda la orden de ejecución fué espedida al márshal de dicha corte y luego endosada por éste al márshal de la Corte de Distrito de Humacao, en cuyo distrito judicial radicaba la finca, proce-diendo este último funcionario a la subasta del inmueble el cual fué adjudicado al' demandado Francisco Eobledo.

La cuestión legal así planteada es determinar si el he-cho de haber sido endosada la orden de ejecución del márshal de San Juan al márshal de Humacao radic'ando en este último distrito judicial la finca objeto del remate, puede afectar el título de los demandados como consecuencia de la adjudicación de que fué objeto la finca al demandada Robledo, haciendo dicho título inexistente o sin valor legal alguno.

La corte inferior a este respecto dice en su opinión:

"Bajo la ley común (common laiv) se sostuvo la nulidad abso-luta. Los estados en un principio sostuvieron esa doctrina, contra la cual comenzaron a formularse serias impugnaciones, dándose lu-gar a una gran oposición entre las decisiones de los distintos esta-dos, y aún oposiciones extraordinarias en algunos de ellos. Pero la doctrina moderna, de aceptación general basada en preceptos-semejantes a los de nuestro código de aplicarse una interpretación liberal así a las alegaciones como a los mandamientos no jurisdiccio-nales, se ha decidido en el sentido de que la irregularidad en la dirección del mandamiento de ejecución no anula la orden de ejecu-ción, sino que la hace anulable y por tanto la petición ha de for-mularse mediante ataque directo, en el procedimiento en que fué expedida y sólo surte efectos en contra de las partes más no en contra, el adquirente en la subasta que no fué parte en los procedi-mientos. ’ ’

Los principios enumerados por la corte inferior suavi-zando las regias rígidas de la ley común se refieren a defec-tos o meras irregularidades contenidas en el mandamiento, en su expedición o en los procedimientos para su ejecución.. 23 C. J. 756.

Estos defectos son meros errores clericales como cuando se omite el nombre de "El Pueblo” o el nombre del marshal a quien va dirigido, (3 Estee 662) o los defectos están con-tenidos en el diligenciamiento por el márshal del manda-miento (return).

La mejor manera de comprender lo que se entiende por tales irregularidades podemos verlo más claramente en el caso de Blood v. Light, 38 Cal. 654, que dice:

"Es la política de la ley 'sostener las ventas judiciales cuando son atacadas colateralmente, de ahí que se procure, en tanto sea posible, obtener compradores a riesgo, aunque siempre sin perjuicio de otras personas.- Tal actitud es beneficiosa tanto para los acreedores como para los deudores, los cuales serían igualmente perjudicados por una regla cuya tendencia fuera la inseguridad de los títulos obtenidos en esta forma. No es obstáculo a esta política el exigir que el com-prador asuma el riesgo de la autoridad del funcionario para vender, pues ésta puede ser determinada fácilmente mediante un examen de la sentencia y orden de ejecución bajo las cuales está actuando; pero no así al exigirle que averigüe y determine si el funcionario ha entregado una copia del mandamiento al ocupante del terreno; o, no habiendo tal ocupante, que ha fijado una copia en alguna parte de la propiedad, y radicado otra copia, con una descripción del terreno, en la oficina del registrador del condado, en los casos en que el terreno aparece en el registro del condado a nombre del demandado ejecutado ; o, cuando aparece en el registro a nombre de alguna otra persona, que ha entregado a tal persona, o su agente, rxna copia del mandamiento con una notificación de que el terreno (describiéndolo) y cualquier título que el demandado tenga a él han sido objeto de incautación en virtud del mandamiento, y que ha archivado una copia del mandamiento y de la notificación en la oficina del registrador del condado, y entregado otra copia al ocupante del terreno,- o, no habiendo tal ocupante, que ha. fijado una copia en lugar conspicuo en el terreno; que el deudor por sen-tencia no tiene bienes muebles; que el terreno ha sido puesto en venta en parcelas apropiadas, o que se está vendiendo de acuerdo con instrucciones del deudor por sentencia, o que la venta ha sido anunciada de acuerdo con la ley, pues exigir esto casi equivaldría a hacer prohibitivas las ventas judiciales y tendería grandemente al sacrificio del terreno, en perjuicio de todos los interesados. Lle-vada por estas consideraciones, en ninguna parte ha dispuesto la Legislatura que la validez del título de un comprador dependerá de la .forma en que el funcionario ha cumplido con su deber; pero por el contrario, y sin limitación ni condición alguna al efecto, ha dispuesto que ‘al venderse una propiedad inmueble el com-prador queda subrogado en lugar del deudor por sentencia y ad-quiere todo su derecho, título, interés y acción respecto de la pro-piedad.’ (Artículo 299.) La cuestión dé si el funcionario ha cum-plido o no con su deber e's una entre él y las partes intex*esadas en el mandamiento, y el comprador no puede ser perjudicado por la negligencia o (tescuído de aquél.”

Y el artículo 245 del Código de Enjuiciamiento Civil, que está tomado sustancialmente del 687 del de California, lite-ralmente dice:

“Art. 245. — Cuando la orden de ejecución fuere contra la pro-piedad del deudor declarado tal por la sentencia, podrá librarse al marshal de cualquier distrito de la isla. Cuando ordenare la en-trega de propiedad real o personal, deberá librarse al marshal del distrito en que radicare la propiedad, o parte de ella. Las órde-nes de ejecución podrán ser libradas al mismo tiempo para dife-rentes distritos.”

El texto de este artículo es claro en sus términos. No es como sostiene el apelado que no hay nada previsto en la ley de enjuiciamiento civil que determine a cuál márshal hay que expedir la orden de ejecución para el cumplimiento de la sentencia. El artículo establece como regia que la orden de ejecución puede librarse al márshal de cualquier distrito de la isla, pero la regia está limitada cuando se trate dé la entrega de propiedad real o personal que deberá librarse al márshal del distrito en que radicare la propie-dad.

En el caso que nos ocupa la orden de ejecución fué dirigida al márshal de la Corte de Distrito de San Juan, donde se había dictado sentencia, pero como la propiedad que ha-bía de subastarse radicaba en el distrito de Humacao, y su autoridad para vender propiedades solamente se ex-tiende o es coextensiva con el límite territorial de su dis-trito, dicho márshal creyó que cumplía el estatuto endosando la orden al márshal de Humacao. Sin embargo, el endoso de la orden de ejecución no daba autoridad alguna al márshal de la Corte de Distrito de Humacao. El márshal de San Juan no tenía autoridad para ello y no puede considerarse su actuación como mera irregularidad o error anulable úni--camente por ataque directo en el mismo pleito y entre las mismas partes. En realidad no hubo orden de ejecución que fuera dirigida al márshal de Humacao, y la venta de la propiedad, aunque radicada en su propio distrito, fué nula y no amiable, sin eficacia ni valor legal alguno en virtud de lo dispuesto en el artículo 245 arriba citado y la jurisprudencia que fiemos encontrado por ser de estricta aplicación a este caso.

‘ ‘ Como regla. general un alguacil o marshal no tiene autoridad alguna para cumplir una orden de ejecución que está dirigida a al-gún otro alguacil o marshal, y como consecuencia lógica si de he-cho actúa en virtud de tal orden la venta es nula y él un invasor (trespasser.)
“Dentro del propósito de la ley el funcionario que verifica una venta en virtud de orden de ejecución ejerce las funciones de un agente y, bajo la política general de la ley en este respecto, se presume que toda persona que con él trata conoce la capacidad en que1 está actuando. En virtud de esta teoría es que las cortes han de-clarado nulas las ventas hechas por un funcionario no investido-con autoridad.”

Kleber’s Void Judicial and Execution Sales, 277.

“Pero si el mandamiento es nulo, o el secretario no tenía dere-cho a expedirlo, o el funcionario a quien se dirige o entrega no tiene autoridad para ejecutar, como cuando el mandamiento no se dirige o le ordena que ejecute, el comprador no adquiere ningún tí-tulo. Se ha resuelto que un comprador no adquiere título alguno a la propiedad vendida de acuerdo con un mandamiento que es 'de-fectuoso por su faz porque no cumple con las prescripciones del es-tatuto.” 23 C. J. 757.

La corte inferior, así como el apelado, citan los casos de Trías et al. v. Rossy, 27 D. P. R. 44; Bennet v. Hernández, 22 D. P. R. 350; y Maldonado v. Preston, 22 D. P. R. 659; el primero para darle cierta semejanza con el pre-sente caso, y los otros para distinguirlos de éste y sostener que no tienen aplicación al mismo. Pero es de observar que el caso de Trías v. Rossy nada resolvió en cuanto al endoso que se fiizo del mandamiento de embargo de un mársfial a otro; y en los demás casos si bien no son idén-ticos, ellos se rigen por el principio general de que se tra-taba de defectos jurisdiccionales que envuelven la nulidad o inexistencia de las actuaciones realizadas por el mársfial. Y en esto es que estriba especialmente que el remedio del que se crea perjudicado puede dirigirlo mediante ataque co-lateral como ocurre en este pleito.

“Como regla general una sentencia u otro procedimiento judicial es nula colateralmente sólo cuando, al tiempo de efectuarse el procedimiento, existía una falta de jurisdicción sobre la materia ob-jeto de la acción, o sobre la persona del demandado, y tal defecto inherente resulta claro de un examen de los autos, o cuando el tribunal en que se verificaron los procedimientos no estaba legal-mente. constituido. Si uno o más de tales defectos radicales vicia los autos, entonces la sentencia, orden o decreto, y todos los dere-chos y títulos que en ellos descansen son absolutas nulidades, sin que importe si el comprador lo fué o no a título oneroso y si éste o el poseedor tenían o no aviso. Ni tampoco es cosa que. tenga la más ligera importancia que los procedimientos se llevaran a cabo en una corte d.e la más alta dignidad en la comunidad, pues tales procedi-mientos están tan desprovistos de eficacia legal como si hubieran te-nido lugar en la corte más baja dentro de la ley, y son coram non judice y nulos.” Klebfer’s, supra, página 379.

El ataque directo entre las mismas partes y en el mismo pleito tiene lugar cuando se trata de un mero error o irre-gularidad en los procedimientos de la clase que se enumera, por ejemplo, en el caso de Blood v. Light, supra. Esos errores son los que pueden Corregirse por ataque directo entre las mismas partes y en el mismo pleito, y si no se ac-túa de tal modo un comprador de buena fe no podrá ser perjudicado en un pleito separado. Esta es la doctrina en que funda la corte inferior su sentencia; pero no siendo este el caso y sí tratándose de vicios por falta de jurisdic-ción o inexistencia en los procedimientos de ejecución, la venta como Consecuencia de los mismos es enteramente nula y el comprador no adquiere título alguno a la propiedad vendida.

“El principio general que ha de inferirse de todas las autorida-des es que el título de un comprador que no tiene culpa no puede ser perjudicado en ley o equidad por acreditarse un mero error o irregularidad en los procedimientos. Los errores e irregularidades deben ser corregidos por un procedimiento directo. Si no se co-rrigen así no pueden utilizarse a manera de ataque colateral contra ol título del comprador. Freeman sobre Ejecuciones, sección 339. Pero cuando la corte no adquiere jurisdicción de las partes por no haber sido notificadas o emplazadas legalmente, se ha resuelto que la escritura del marshal es enteramente nula: Hewitt v. Weatherby, 57 Mo. 276.” 15 Am. Dec. 91, 92.

Podemos inferir además de la doctrina que precede, que un comprador inocente no tiene que preocuparse ni inqui-rir sobre los meros errores de procedimiento, pero es su deber investigar la capacidad o poder en virtud del o de la cual el marshal ej'erce su autoridad, y cerciorarse de su fa-cultad jurisdiccional para verificar una venta, y para esto bastaría al comprador una inspección de la sentencia y de la orden de ejecución. Blood v. Light, supra.

‘ ‘ Como regla general el mandamiento no confiere autoridad alguna a ningún otro funcionario que no sea aquel a quien está dirigido.
“Tan estrictamente se aplica esta regla que exige que el manda-miento sea ejecutado por el funcionario a quien va dirigido, que una venta en virtud de mandamiento hecha por otro que no sea el propio funcionario a quien está dirigido, sino por uno a quien pu-diera estar dirigido, carece en absoluto de validez.” Kleber’s supra, página 276.

■ Por otro lado, el demandado Sobledo aparte de sostener la legalidad del endoso de la orden de ejecución, sostiene además las defensas, de la ratificación de la venta judicial por la demandada, y la prescripción de la acción fundán-dose en el artículo 1268 del Código Civil. Las dos cuestio-nes fueron tratadas en la opinión de la corte inferior y re-chazadas. La corte no estimó suficiente las' declaraciones del demandado y testigos, no dándoles entera credibilidad, en cuanto a las manifestaciones atribuidas a la demandante para ratificar la venta judicial, y de la prueba, no encon-tramos nada en contrario a esa conclusión.

Respecto a la prescripción no existe razón legal en que fundarla. La base esencial en que descansan las premisas que se lian sentado para declarar nula la venta judicial, liace inaplicable la disposición del artículo 1268 supra, por-que partiendo de lá inexistencia de la orden de ejecución, no tenemos elementos que den apariencia a la existencia de un contrato y la virtualidad del contrato de venta judicial que-daba supeditada a la validez o no de la orden de ejecución, y en este punto tiene aplicación la doctrina sentada por esta Corte Suprema en el caso de Oliver et al. v. Oliver, 23 D. P. R. 181, que declara:

“El término de prescripción de cuatro años que se lija para las acciones de nulidad es aplicable únicamente a los contratos en que concurren los requisitos que expresa el artículo 1228 del Código Civil. ’ ’

Quedaba por resolver, la cuestión relativa a los frutos que en cantidad de $20,000 reclama la demandante de los demandados, pero un examen de la prueba aportada en este particular, no es bastante para determinar fijamente una estimación juiciosa de los frutos percibidos, y aunque ade-más pudiéramos apreciarlos, no es este el caso en que la reivindicación lleva como secuela la indemnización de fru-tos. Los demandados fueron compradores inocentes y si en esta acción un ataque colateral les ba hecho estéril su compra y trastorna- sus negocios, la contingencia de una ope-ración equivocada no' les lleva a las más fatales consecuen-cias y en su buena fe la ley por otro lado les proteje en cuanto a los frutos, por lo que no quedan obligados a su de-volución, de acuerdo con lo que dispone el artículo 453 del Código Civil.

Por las razones expuestas la sentencia de la corte inferior debe revocarse.

Revocada la sentencia a-pelada, sin costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-, ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Su. Aldrey,

text:
    Diez, Demandante y Apelante, v. Green et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez en pleito sobre nulidad de escritura.
    No. 2769.
    Resuelto en febrero 19, 1924.
    Prescripción Interrumpida. — La interposición de la demanda durante el período de prescripción interrumpe ésta aunque el tribunal carezca de jurisdicción para conocer de la acción.
    Nulidad de Hipoteca — Mandato.—En el presente caso el mandatario reconoció que su mandante adeudaba a Enrique O. Green la cantidad de $5,000 y para garantizar el pago constituyó Mpoteea sobre finca de su mandante, cuya nulidad demandó luego éste bajo el fundamento de no ser cierta la deuda y eareeer el mandatario de facultades. Se resolvió: que conteniendo el po-der facultad para otorgar hipotecas y suscribir pagarés, entre otras, no pro-cede la declaración de nulidad solicitada.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. H. R. Francis y G. López de Victoria.

    Abogado de los apelados: Sr. A. A. Vázquez.

   El Juez Asociado Su. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de primero de junio 1914 José B. Pérez como apoderado de don Antonio Diez González reco-noció que su mandante era en deber la cantidad de $5,000 a Enrique O. Green, pagaderos dentro de un año, y para garantizarlos le hipotecó la finca nombrada “Mallorquína” propiedad de Diez. Esa escritura fué inscrita en el regis-tro de la propiedad el 17 de junio del mismo año y don Antonio Diez González presentó en diciembre de 1920 la demanda que motiva esta apelación contra José B. Pérez y contra Enrique O. Green a fin de que se declarase la nu-lidad de dicha escritura de hipoteca y se cancelara su ins-cripción en el registro de la propiedad, alegando no ser cierto que debiera en dicha fecha Cantidad alguna a Green, como constaba a ambos demandados: que su apoderado no estaba autorizado para tomar dinero a préstamo ni para recono-cer deudas inciertas y que no tuvo conocimiento de la hi-poteca y de su inscripción hasta el 27 de abril 1917. José 33. Pérez contestó confesando todo lo expuesto en la de-manda y Enrique 0. Green alegó serle debida esa cantidad y qne para garantía de su pago fné constituido el contrato de hipoteca, cuyo contrato fné posteriormente reconocido y admitido como legítimo por el demandante quien quedó com-prometido a pagar los $5,000 y sus intereses dentro del tér-mino de un año. Como defensa alegó la prescripción de la acción que se ejercita.

Celebrado el juicio y dictada sentencia en contra del de-mandante éste interpuso el presente recurso de apelación.

Como uno de los fundamentos de la sentencia apelada es que la acción de nulidad que se ejercita ha prescrito por haberse presentado la demanda en 1920, después de cuatro años de haber sido otorgado el contrato, consideraremos en primer término esta cuestión porque si el término de la prescripción de la acción de nulidad ha vencido ésta será motivo suficiente para confirmar la sentencia.

Se trató de probar en el juicio que el demandante tuvo conocimiento de la escritura de hipoteca el mismo año 1914 en que fué otorgada y así lo declaró probado el tribunal inferior, pero esto no tiene importancia en este caso porque el demandante ejercitó la misma acción de nulidad en ju-nio 4, 1917 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Uni-dos para- Puerto Eico; y aunque en la apelación contra la sentencia que en ese pleito recayó se declaró que dicho tribunal carecía de jurisdicción para conocer del mismo, tal pleito, aunque establecido en un tribunal sin jurisdicción, interrumpió la prescripción de la acción de acuerdo con el artículo 1874 del Código Civil, preceptivo de que la pres-cripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. Sorrell v. Laurent, 27 La. Ann. 70.

Resuelta esta cuestión veamos si el apoderado estaba fa-cultado para celebrar el contrato cuya declaración de nuli-dad es objeto de este pleito.

El poder notarial que en 1913 otorgó el demandante a favor de su yerno José B. Pérez, vigente cuando celebró el contrato ele hipoteca en nomúre de su mandante con Green, le faculta para que adquiera y enajene bienes mue-bles o inmuebles por el precio y condiciones que estipulare: para que otorgue, acepte, cesione 3r cancele toda clase de derechos reales, ya sean de hipoteca, censos o cualesquiera otros: para que suscriba, endose y proteste letras de cam-bio, pagarés, cheques y cualesquiera otra clase de manda-tos ele pago y documentos mercantiles y acepte los docu-mentos relacionados: para que dé en arrendamiento bienes inmuebles por más de seis años, reciba los cánones por más de tres anualidades y convenga que dichos contratos sean inscritos en el registro de la propiedad: para que retire de los bancos o de cualesquiera otras sociedades las canti-dades que en ellos tenga impuesta el poderdante, ya sea en depósito, en cuenta corriente o por cualquier otro con-cepto : para que constituya compañías mercantiles y las disuelva o las liquide con las mismas facultades y poderes que la ley confiere al poderdante para la constitución, disolución y liquidación de dichas sociedades: para que admi-nistre todos sus bienes, recolecte y yenda las cosechas de ellos, ya estén pendientes, ya estén almacenadas y recogi-das ; celebre contratos de préstamos agrícolas, npmbre y separe empleados y para que dentro de la administración tenga las facultades que tendría el poderdante para ello: para que exija rendición de cuentas y las apruebe o im-pugne, dé recibos de las. cantidades que perciba, o conceda para el pago de ellas quita o espera, o ambas cosas a la vez: para que sustituya libremente el poder; para que nom-bre abogados que se encarguen de la defensa del poderdante y para que otorgue en documentos públicos o privados los contratos que se realicen por virtud o con ocasión de este mandato.

Las mencionadas facultades conferidas al apoderado de-muestran por sí mismas que don Antonio Diez no sólo con-firió a José B. Pérez un poder amplio y general para ac-tuar en su nombre sino que expresamente le confirió fa-cultad para otorgar hipotecas, para otorgar en documentos públicos los contratos que realice y para suscribir pagarés, que son documentos en que se reconocen deudas, por lo que no podemos declarar que sea nula la escritura de primero de junio de 1914 en la que el apoderado constituye hipoteca sobre una finca de su mandante para responder a Green del pago de los $5,000 que reconoció estar adeudándole su man-dante.

En vista de la conclusión a que llegamos se hace innece-sario considerar si el demandante ratificó o no ese contrato de hipoteca en una conversación que tuvo con Green delante de don Carlos Y. Urrutia el día 8 de septiembre de 1914.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto. ■■


author: El Juez Asociado Se. FraNOo Soto,

text:
    Crédito y Ahorro Ponceño, Demandante y Apelante, v. Beiró et al., Demandados y Apelados.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre cobro de dólares.
    No. 2957.
    Resuelto en febrero 19, 1924.
    Deudores Solidarios — Préstamo.—Un deudor que conviene en suscribir y suscribe una obligación con carácter de codeudor solidario no puede eludir tal respon-sabilidad con alegación y. prueba de que fué otro codeudor quien se benefició con el dinero del préstamo y que al acreedor le constaba que su responsabi-lidad no era la de tal codeudor sino la de fiador solidario.
    Los hechos están- expresados en la opinión.

      Abogado de la apelante: Sr. T. Bernardini.

    Abogado de los apelados: Sr. G. Domínguez Rubio.

   El Juez Asociado Se. FraNOo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción personal en Cobro de un pagaré, que literalmente dice:

“Por $1,500.00. — Para 23 de Octubre de 1917. — Pagaremos mancomunada y solidariamente a la orden del Crédito y Ahorro Ponceño, en su oficina de Guayama, el día 23 de Octubre de 1917, la suma de un mil quinientos dólares, U. S. Currency, por .valor recibido. Nos sometemos expresamente a los tribunales de Gua-yama y nos obligamos a satisfacer las costas y los gastos que el co-bro de este documento ocasione incluyendo los honorarios de los abo-gados d.e quienes se valga su tenedor hasta quedar satisfecho del capital e intereses al tipo del diez por ciento anual. — Guayama, 24 de Abril de 1917. — Firmado.—Patria M. de Vivaldi. — Fernando Beiró. — S. Vivaldi Pacheco.”

El demandado Fernando Beiró admitió la autenticidad del documento, pero su defensa sustancial puede resumirse en ni párrafo contenido en su contestación, que lee:

'“Que a pesar de constar a dicha demandante que el préstamo referido era para el uso del Sr. Vivaldi con la fianza de la dicha doña Patria y del demandado Beiró, el dicho demandante exigió, por ser su costumbre, que dichos fiadores y el principal pagador Sr. Vivaldi suscribieran el documento que aparece transcrito en el he-hecho 5o. de la demanda, pero con conocimiento del carácter de 'fiador del demandado Beiró, y que con posterioridad a la fecha en que fue suscrito dicho pagaré y entregado el mismo al demandante, dicho demandante siempre trató y actuó sobre dicha obligación como si la misma fuera, y al efecto era, la obligación de Santiago Vivaldi Pacheco, fiado por el demandado Beiró.”

Alegando el carácter de fiador el demandado sostiene además ’que las prórrogas que le fueron concedidas a Vivaldi por la demandante sin su consentimiento, extinguieron su responsabilidad como tal fiador.

La corte inferior aceptó la teoría del demandado y de-cluciendo de la prueba oral el carácter de fiador del deman-dado en su obligación con el acreedor, estableció en su opi-nión las siguientes conclusiones:

“1. Que el demandado Fernando Beiró, si bien aparece como codeudor principal de' la obligación, firma diebo pagaré en con-cepto de fiador, y no como deudor y principal pagador.
“2. Que el Banco prestamista sabía y tenía conocimiento de que el demandado Beiró había suscrito dicha obligación solamente en' el concepto de fiador solidario.
“3. Que no obstante saber y conocer el Banco demandante que el demandado Sr. Beiró no era sino sólo un mero fiador, concedió prórrogas al deudor principal señor Vivaldi sin el consentimiento, conocimiento o aquiescencia del fiador señor Beiró.
“4. Que la concesión de' esas prórrogas al deudor principal se-ñor Vivaldi han tenido el efecto de exonerar de responsabilidad al señor Beiró. ’1

Si no fuera por la extensión considerable con que este pleito ba sido tratado por una y otra parte en sus respecti-vos alegatos, el asunto realmente no hubiera tenido más im-portancia por referirse a cuestiones nada complejas, en las que a pesar de las abundantes y diversas citas de autori-dades y jurisprudencia de otros tribunales que bacen dichas partes, las mismas parecen resueltas por principios ya sustentados por esta Corte Suprema.

Los errores señalados son varios, pero la síntesis de todos se reduce a sostener una errónea apreciación de los hechos por el juez inferior.

Para que podamos apreciar mejor el punto de vista que presenta el apelado para sostener la actuación de la corte inferior, copiamos de su alegato, como más salientes, los párrafos siguientes:

“En esta obligación' se dice que Vivaldi, la Sra. Martínez y Beiró pagarán solidaria y mancomunadamente al Banco la suma de 1.500 dollars en seis meses.
. “El caso de Hughart vs. Sucesión Hamill, 15 D. P. R. página 308, es de aplicación a este primer motivo.
“En dicho caso los caballeros Hamill, Hodges y Hughart suscri-bieron un pagaré. solidario y mancomunado a favor del American Colonial Bank. Al vencimiento Hughart lo pagó y demandó a la sucesión Hamill para que pagase esta cantidad, ya que él le había servido de fiador a Hamill para obtener el préstamo. La defensa era que la obligación era solidaria y en todo caso tenía que pagar sólo la tercera parte.
“Si el préstamo lo solicitó Vivaldi; si quien abonó algo íué éste, y si a moción de éste se concedieron las prórrogas, el contrato de Beiró en su esencia era un contrato de fianza solidaria, no im-portando la forma en que aparezca.
La prueba explica y demuestra que,aunque Beiró aparece reci-biendo un dinero, la verdadera causa era el préstamo a Vivaldi. Si él no recibió dinero, no era un deudor, sino un fiador: su obliga-ción era subsidiaria.”

A la simple vista aparece la aplicación equivocada que del contrato de fianza quiere hacerse a los hechos del pre-sente caso y este es el error manifiesto del juez inferior al considerar a Femando Beiró como fiador. solidario de la obligación y no en su verdadero carácter de codeudor. El caso de Cintrón & Aboy v. Solá, 22 D. P. R. 262, es una aplicación práctica de los principios que regulan y fijan las obligaciones de un deudor solidario, ya se beneficie o nó del préstamo, o se trate de mostrar que no fue su responsa-bilidad la que aparece del documento sino otra distinta. Y a este respecto el lenguaje de esta Corte Suprema es como sigue:

“Y no so arguya que las pruebas aportadas al juicio demuestran que la deuda se contrajo en beneficio exclusivo de Solá e Hijo y que el demandado sólo garantizó el cumplimiento de la obligación, pues aunque así sea, siempre tendríamos que Celestino Solá sin benefi-ciarse con el dinero del pagaré y sin tener propiamente el carácter de deudor, quiso tomar dicho carácter al firmar el documento como deudor solidario para que Solá e Hijo recibiera el dinero de Sorb'a, quien sin esa condición no lo hubiera facilitado. No importa que. Celestino Solá dejara de beneficiarse del préstamo; él convino en ser deudor solidario para servir a Solá e Hijo, y ese convenio quedó consignado en el pagaré al ser firmado éste por el deman-dado como deudor solidario. La ley del contrato quedó establecida en el documento como última expresión de la voluntad de las par-tes, y a ella tiene que someterse Celestino Solá.
“Bajo la teoría que dejamos establecida surge como conclu-sión que el demandado Celestino Solá no es fiador de Solá e Hijo, sino deudor solidario de Antonio María Sorba conjuntamente con Solá e Hijo. Siendo ello así carece de base el primer motivo dei recurso fundado en el artículo 1752 del Código Civil, preceptivo de que la prórroga ■ concedida al deudor por el acreedor sin el consen-timiento del fiador extingue la fianza.

El apelado, no obstante, intenta discutir el caso anterior, expresando que si se hubiera arrojado más luz sobre los he-chos y establecido defensas de la naturaleza que se han opuesto en este caso, tal vez su Conclusión hubiera sido dis-tinta. Sin embargo, nada hay para rectificar con vista de los razonamientos del apelado. En contrario, sus defensas obedecen a la confusión que establece entre las relaciones de los deudores solidarios y el acreedor y las que existen con los codeudores entre sí. T esta errónea concepción pro-viene de tratar de aplicar, tanto la corte inferior como el ape-lado, principios que rigen en el Estado ele Louisiana por la semejanza que existe entre su Código Civil y el nuestro. En dicho Estado hay la disposición que regula las relacio-nes entre codeudores para el caso de que el préstamo in sólidum se tome solamente por uno de los deudores solida-rios, siendo de ese modo este último responsable a los demás por el total de la deuda y considerándose éstos fiadores res-pecto del deudor beneficiado. Art. 2106 del Código Civil de Louisiana. Pero eso no afecta en nada la relación del acree-dor con dichos deudores in sólidum, pudiendo aquél recla-mar de éstos, o de cualquiera de ellos, el total del préstamo. Y el error sube de punto al citar el apelado como aplica-ble, el caso de Hughart v. Sucn. Hamill, 15 D. P. R. 308. El caso es el de un fiador que pagó por el deudor principal y aqnél repite c'ontra éste y esta Corte Suprema fija las relacio-nes entre los que suscribieron la obligación a favor del acree-dor, aplicando rectamente los preceptos relativos al contrato de fianza, artículos 1739 y 1740 del Código Civil, pero nada fué resuelto en dicho caso de la responsabilidad de los deu-dores respecto al acreedor y ninguna consecuencia legal puede deducirse que se baga aplicable al asunto que nos ocupa. Y así resulta innecesario seguir al apelado en su extenso alegato, ya que todas sus conclusiones se basan en la falsa premisa de considerar al demandado Beiró con el carác-ter de un fiador solidario.

Otro aspecto que discute el apelado y que alega no haber planteado ni resuelto el juez de la corte inferior, sin que aparezca tampoco mencionado en su contestación, se refiere a que al verificarse el primero y segundo abono a cuenta del pagaré, se tacharon en el documento cantidades y fe-chas, lo que equivale a sostener que el documento fué alte-rado sin la intervención del demandado, quien no recibió aviso de las prórrogas que fueron concedidas ni consintió a las mismas. Las condiciones mismas en que el apelado plantea la cuestión, que ni siquiera fué tratada por el ape-lante en su alegato, hace que no pueda ser objeto de consi-deración por primera vez en esta apelación. Pero no está demás que digamos que en el uso corriente de las transac-ciones comerciales, el abono que se verifica a cuenta de pa-garés a veces se hace constar en el mismo documento, así como las prórrogas, y dichas circunstancias tienen entonces el carácter de mero memorándum y no afectan la validez de la obligación, a no ser que se hicieran Con la intención de alterar el documento y por tanto con un fin fraudulento, todo lo cual debe alegarse y, para mayor esclarecimiento, tener el documento original a la vista.

Por las razones expuestas, la sentencia de la corte in-, ferior.debe revocarse.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Currá et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa por infracción a la sección 61 de la Ley de Arbi-trios.
    No. 2220.
    Resuelto en febrero 21, 1924.
    Arbitrios; Ley de — Alambique—-Prueba Suficiente. — En la opinión se examina la prueba presentada contra el apelante eo-aeusado de infracción a la seeeión 61 de la Ley de Arbitrios y se concluye que es suficiente.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. H. Miranda.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado Manuel Currá fue declarado culpable de una infracción prevista y penada en la sección 61 de la ley de arbitrios, aprobada en junio 15 de 1919.

En su apelación ante esta Corte Suprema, el único error que el apelante señala, se refiere a la negativa de la corte inferior a declarar con lugar una moción ele absolución pe-rentoria fundada en la falta de prueba.

La prueba sin embargo fué suficiente para sostener la sentencia de la corte inferior. Dos testigos, policías del cuerpo insular, presenciaron los becbos, ocupando además el aparato mediante el cual se realizó el delito.

Uno y otro testigo,- a quienes la corte inferior les dió entero crédito, declaran contestes que sorprendieron a Manuel Currá y Pedro Colón en un sitio montañoso y a boras de la noebe, manejando un alambique para la fabricación de alcohol. Los testigos fueron atraídos por -una luz que de-nominan “mechón” o “jacho” que alumbraba a los acusa-dos y así pudieron distinguir a una distancia de 25 metros más o menos la maniobra de dichos acusados en relación con el aparato. Dichos testigos afirman la existencia del' alambique por tratarse de un aparato que consta de las partes necesarias para destilar alcohol. T éstas consistían en una caldera montada sobre un fogón de piedra, con su capitel y serpentina. Uno de los acusados atizaba el fuego, y el otro que es el apelante, estaba pendiente o al cuidado de la operación. En estas circunstancias y al ruido que produjo la caída accidental de uno de los policías, cuando ellos se acercaban al sitio del suceso, los acusados empren-dieron la fuga, llevando consigo parte del capitel, pero que-dando en el sitio el recipiente conteniendo melaza, y la ser-pentina dentro de un barril.

Esta fué la descripción de los hechos y de ellos se des-prende claramente la participación directa del apelante en la comisión del delito.

No aparece de los autos ningún error substancial que revisar y no demostrándose pasión o prejuicio por el juez inferior -en la apreciación de la prueba, la sentencia debe confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Su. FeaNco Soto,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Moreno, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por escalamiento en segundo grado.
    No. 2221.
    Resuelto en febrero 21, 1924.
    Escalamiento» — Prueba Insuficiente. — El mero hecho de encontrarse en posesión del acusado los objetos sustraídos después de ocurrir el escalamiento, no es prueba suficiente de la comisión del delito de escalamiento. La penetración al lugar donde se lia cometido el delito y la intención criminal son elemen-tos esenciales que deben ser probados.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogados del ’apelante: Sres. García. Méndez ■& García Méndez.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Su. FeaNco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fné declarado culpable de nn delito de esca-lamiento en segundo grado y condenado a sufrir la pena de un año de cárcel.

En la apelación que se ha establecido ante esta corte, entre otros errores, se sostiene la insuficiencia de la prueba.

En el alegato del fiscal y en el acto de la vista este fun-cionario admite que la corte inferior cometió error en la apreciación de la prueba, en el sentido que imputa el ape-lante.

La única prueba en que funda su sentencia la corte inferior es la de encontrarse en posesión del acusado los ob-jetos sustraídos después de ocurrir el hecho del escalamiento.

Nuestro estatuto penal procede del de California, y la jurisprudencia allí establecida refiriéndose a los delitos de escalamiento y hurto, declara pertinente la prueba de po-sesión de los objetos sustraídos en un acusado; pero afirma asimismo que tal prueba no es balitante para establecer la participación del acusado en el delito a menos que se de-muestre por otra evidencia, en el escalamiento, por ejem-plo, la entrada en sí al lugar donde se ha cometido el de-lito, así como la intención criminal que acompaña a la pe-netración. La posesión por tanto de los objetos robados es más bien prueba circunstancial del hecho en relación con otras pruebas demostrando los elementos del delito, pero que por sí sola no tiene valor alguno en cuanto a la culpa-bilidad del acusado.

En el Caso de People v. George Beaver, 49 Cal. 57, la Corte Suprema, discutiendo una instrucción pedida por la defensa en dicilio caso, dijo lo siguiente:

“La instrucción debió haber sido dada. Si el acusado hubiese sido procesado por hurto de los objetos sustraídos de la casa, no .hubiera habido duda de que la mera circunstancia de que los obje-tos hurtados hubiesen sido encontrados en su posesión después del robo hubiese sido insuficiente para la convicción. La misma evi-dencia, no sostenida por otra evidencia, sería asimismo insuficiente para probar la intención de hurtar, lo cual en este caso es el ele-mento esencial del delito, y sin prueba de lo cual el acusado no hu-biera sido convicto; mucho más sería esta evidencia insuficiente para el delito, que incluye la entrada en sí, así como la intención criminal que acompaña la penetración.
“Se revocan la sentencia y la .orden y se envía el caso para un nuevo juicio.”

Igual jurisprudencia se sostiene en el caso de People v. George Boxer, 137 Cal. 562, donde asimismo se dice;

“Una instrucción que asume que debe haber una inferencia q presunción definitiva de culpabilidad del delito de escalamiento por el mero e inexplicado hecho de tomar la propiedad hurtada bajo su posesión personal, sin otras circunstancias indicativas de culpa-bilidad, es errónea.”

Véase por analogía el caso de El Pueblo v. Laureano, 20 D. P. R. 11.

En vista de la conclusión a que hemos llegado decla-rando insuficiente la prueba, se hace innecesario la discusión de los demás errores apuntados.

Por todo lo cual, debe revocarse la sentencia y absol-verse al acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Honoré, Peticionario y Apelante, v. Wilson, Demandado, y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en procedimiento de mandamus.

    No. 3046.
    Resuelto en febrero 21, 1924.

      Mandamus — Acción Personal.' — -El oficio del auto de mandamus es compeler al cumplimiento de un deber que resida en la persona a quien el auto va diri-gido. Si es un funcionario, y el deber es ofieial, el auto va dirigido exclu-sivamente a él como persona, y puede ser castigado por dejarlo de cumplir. El auto no va dirigido al cargo. En substancia, es por lo tanto una acción personal, y descansa en la presunción de qué el demandado ba rehusado rea-lizar un deber personal para el cumplimiento del cual el demandante tenía un derecho claro. De aquí se sigue que cuando el funcionario demandado se muere o se retira del cargo, el auto de mandamus debe desestimarse en la ausencia de un precepto ostatutorio en contrario.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: 8r. G. Honoré.

    Abogados del apelado: Hon. Attorney General y Sr. R. H. Todd, Jr.

   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Honoré ejerció en el Departamento del Inte-terior el cargo de maquinista de nn rolo aplanador de ca-rreteras, con carácter temporal, y en 18 de agosto de 1922 John A. Wilson, Comisionado del Interior en dicha fecha, declaró cesante al citado Honoré, quien alegando que su destitución fué ilegal, arbitraria, sin razón ni causa justifi-cada y sin que se le diera audiencia para defenderse y con-testar los Cargos que se le formularon, solicitó de la corte inferior, febrero 8, 1923, un auto de mandamus dirigido a John A. Wilson, Comisionado del Interior, para que fuera repuesto en el cargo del cual había sido destituido.

El demandado alegó en primer lugar la insuficiencia de la petición para que se concediera el remedio solicitado y al mismo tiempo produjo su contestación aceptando y ne-gando determinadas alegaciones y alegando a su vez otros hechos que es innecesario reproducir a los fines de esta opi-nión.

La corte inferior dictó resolución declarando insuficien-tes las alegaciones para justificar una sentencia a favor del peticionario, por lo que dicho peticionario interpuso este recurso alegando que la corte erró al desestimar la peti-ción.

Sin entrar a examinar las cuestiones legales planteadas por el apelante, nos parece oportuno, como cuestión pre-via, considerar si hipotéticamente procede el mandamus no siendo ya Comisionado del Interior John A. Wilson, ha-biendo otra persona asumiendo los deberes y funciones de su cargo. Esta es la cuestión última planteada por el ape-lado en su alegato, la que debemos resolver en sentido de la improcedencia del mandamus.

El inciso 5 del artículo 36 de la Ley de Evidencia, apro-bada en 1 de julio de 1905, nos permite tener conocimiento judicial de las'personas que ocupan las cabeceras de los departamentos ejecutivos, y en el curso de este caso es que que se ha operado el cambio de Comisionado del Interior, dejando de ser jefe de dicho departamento John A. Wilson.

En el caso de U. S. Boutwell, 17 Wall U. S.) 604-607, se establece la siguiente doctrina.

“Que el oficio del auto de mandamus es compeler al cumpli-miento de un deber que resida en la persona a quien el auto va dirigido. * * * Si es un funcionario, y el deber es oficial, el auto va dirigido exclusivamente a él como persona, y puede ser cas-tigado por dejarlo de cumplir. El auto no va dirigido al cargo. Lo puede ser dirigido al cargo. En substancia, es por lo tanto una acción personal, y descansa en la presunción de que el demandado lia rehusado realizar un deber personal para el cumplimiento del cual el demandante tenía un derecho claro * * * De aquí se si-gue que cuando el funcionario demandado se muere o se retira del cargo, el auto de mandamus debe desestimarse en la ausencia de un precepto estatutorio en contrario.”

De acuerdo con dicha doctrina, en el supuesto de que se dictara un auto de mandamus dirigido a John A. Wilson, no vemos qué eficacia o finalidad práctica llenaría el auto, toda vez que John A. Wilson no tendría autoridad para cumplirlo ni incurriría en desacato a la desobediencia de la corte en caso de incumplimiento.

Besuelto este caso en la forma antes dicha, se hace in-necesario entrar a considerar las demás cuestiones que se discuten en los aleg'atos de una y otra parte.

Por las razones expuestas la apelación debe desestimarse.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Pkesidente Sü. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Almodóvar, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por acometimiento y agresión grave.
    No. 2109.
    Resuelto en febrero 25, 1924.
    Acusación — Término para Presentarla — Sobreseimiento—Justa Causa. — El solo beeho de qne se cite un gran jurado en eada término, no es justa causa para dejar transcurrir el plazo de sesenta días después de arrestado el acu-sado sin presentar la acusación. Debió aclararse por qué el Gran Jurado no actuó, cuando en verdad pudo Pacerlo, dentro de los sesenta días. Entonces se Rubiera estado en condiciones de juzgar si tal motivo era o no justo. No habiéndose hecho tal aclaración y habiendo transcurrido los sesenta días que fija la ley, procede el sobreseimiento de la acusación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. Aponte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Pkesidente Sü. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Almodóvar fue acusado como autor de un delito de atentado a la vida y condenado por acometimiento y agre-sión grave. No conforme, apeló, señalando en su alegato la comisión de cinco errores. El primero se refiere al in-currido por la corte al negarse a sobreseer la acusación.

De los autos resulta que señalado el 23 de junio de 1922 para la lectura de la acusación que lleva fecba de 12 de junio de 1922, el acusado solicitó el sobreseimiento y ar-chivo de la causa por haber transcurrido más de sesenta días desde que fué detenido hasta la presentación de la acusación, aportando como prueba el récord del caso* del cual resulta que fué detenido el 14 de marzo de 1922 y por lo tanto que entre la fecha de la detención y la de la acusación habían transcurrido en efecto más de sesenta días.

Oído el Fiscal, la corté negó el sobreseimiento. En su negativa se expresó como sigue:

“De acuerdo con la Ley del Gran Jurado, en cada término judicial de la corte, es necesario ordenar la insaculación de un Gran Jurado, y es de conocimiento judicial que hubo un término, de marzo a abril, en que se reunió un Gran Jurada en 1 de marzo de 1922, o sea antes del arresto del acusado; que el próximo término fué en mayo y junio, y que en el mes de junio el día 12, se constituyó un Gran Jurado que había sido sorteado el día 1°., y que se some-tió a la consideración de ese Gran Jurado el casa cuya acusación se solicita ahora por la defensa el sobreseimiento, por haber trans-currido más de 60 días desde el arresto del acusado hasta la fecha de la presentación de la acusación. De acuerdo eon el Art. 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y la jurisprudencia establecida en los casos de El Pueblo vs. Salinas, 9 D. P. R. 371 y El Pueblo vs. Ayala, 19 D. P. R. 936, es necesario que el término transcurrido de 60 días, sea injustificadamente, y si la próxima reunión del Gran Jurado, después del arresto del acusado fué en el mes de junio, el término de 60 días, no había transcurrido injustificadamente. La corte declara sin lugar la moción de sobreseimiento presentada por el acusado. ’ ’

La defensa insiste en esta Corte Suprema en que la causa que tuvo en cuenta la corte para negar su moción no es justa. El Fiscal de este tribunal mostró su conformidad con la defensa. En efecto, la misma corte expresa que uno de los términos de sus sesiones se celebró en mayo y junio de 1922 y que el Gran Jurado no se constituyó basta el 12 de junio. Siendo ello así, habiendo podido constituirse el jurado en mayo y no demostrándose que dejara de Consti-tuirse en esa fecha por razones necesarias, surge claro el derecho del acusado de acuerdo con la ley y la jurispruden-cia citada por la propia corte de distrito. Como los térmi-nos de las cortes de distrito de Puerto Pico son cinco de dos meses cada uno y como se reúne un Gran Jurado cada término, el plazo de sesenta días, que es el doble del fijado en- California, no resulta imposible de cumplir.

Debe revocarse la sentencia recurrida y ordenarse el so-breseimiento y archivo de la causa.

Revocada la< sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Su. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Laurnaga & Co., Sucesores, S. En C., Acusada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en una causa de infracción a la ley de salario mínimo.
    No. 2053.
    Resuelto en febrero 25, 1924.
    Salario Mínimo de Mujeres — Anticonstitucionalidad de la Ley Sobre — Liber-tad de Contratación. — En el présente caso, siguiendo la doctrina establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de AdTcins v. Children’s Hospital of the Pistrict of Columbia, 261 U. S. 525, se resolvió: que la sec-ción 1 de la Ley de 1919 fijando salario mínimo para mujeres es anticonsti-tucional por constituir una restricción de la libre contratación. La obtención de un salario mínimo no es una cuestión de salud pública.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. E. Negrón Benitez y J. L. R. Gando.

      Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Su. Wole,

emitió la opinión del tri- ■ bnnal.

La apelante fné convicta de un delito de violación a la Sección Ia. de la ley No. 45 de 1919 finando el mínimum de jornal para las mujeres, y ataca la constitucionalidad de dicha ley. - En los casos de El Pueblo v. Alvarez, 28 D. P. R. 937, y El Pueblo v. Porto Rican American, Tobacco Co., 29 D. P. R. 397 sostuvimos la constitucionalidad de dicha ley. Sin embargo, desde entonces para acá una ley similar ha sido sometida a la consideración de la Corte Suprema de los Estados Unidos y declarada anticonstitucional: Adkins v. Children’s Hospital of the District of Columbia, 261 U. S. 525. La teoría de ese caso es que una ley que intenta fijar un jornal mínimo constituye una restricción de la libre con-tratación garantizada por la quinta enmienda a la Consti-tución ele los Estados Unidos. Las disposiciones relevantes de la quinta enmienda han sido parafraseadas en las pri-meras palabras del artículo 2 de nuestra Ley Orgánica, como sigue: “No se pondrá en vigor en Puerto Rico nin-guna ley que privare a una persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido procedimiento de ley.”

En el mismo artículo de la Ley Orgánica aparecen las siguientes palabras: “Nada de lo contenido en esta ley será interpretado en el sentido de limitar la facultad de la Asam-blea Legislativa para decretar leyes para la protección de la vida, salud y seguridad de empleados y obreros.” En el caso de El Pueblo v. Alvarez, supra, consideramos que la ley de salario mínimo era una medida de salud pública debidamente tomada por la legislatura. Pudiera sostenerse que la legislatura de Puerto Rico en efecto dijo que un jornal mínimo era necesario para la mujer trabajadora en Puerto Rico. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso de El Pueblo v. Adkins, por un voto de cinco contra tres, ha considerado que la obtención de un jornal mí-nimo no es una cuestión ele salud pública. Cualesquiera que sean las opiniones personales de los jueces de esta corte,, estamos necesariamente obligados por la decisión de la Corte.-Suprema de los Estados Unidos..

Por tanto debe resolverse que la Sección 3a. de la Ley No. 45 de 1919 es anticonstitucional y nula.

La sentencia debe ser revocada y absuelta la acusada.

Revocada la sentencia apelada y absuelta la acusada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Alclrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Pbesidénte Sb. bel Tobo, JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

text:
    Cruz et al., Demandantes y Apelantes, v. Sucesión Jiménez, Demandada y Apelada. Delgado et al., Interventores y Apelantes, v. Cruz, Sucesión Jiménez et al., y Joaquín Jiménez, Demandada y Apelante la Segunda; Demandante y Apelante la Primera, y Demandado y Apelante el Último.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de Huma-cao en pleito sobre nulidad de arrendamiento.
    Nos. 2325 y 2911.
    Resueltos en febrero 26, 1924.
    Sentencias — Error Material — Revocación—Enmienda.—Cuando del contexto de 3a propia sentencia se desprende que la intención de la corte fué declarar sin lugar "las demandas” archivadas; el hecho de que en ella se diga que se declara sin lugar "la demanda,” constituye un simple error material que no puede servir de base a la revocación de la sentencia, sino'a su en-mienda.
    Apelación — Parte Agraviada. — Examinadas las circunstancias concurrentes, se decidió que Joaquín Jiménez Cruz, que interpuso una de las apelaciones a que se refiere la opinión, no era una parte agraviada por la sentencia y por tanto que no tenía derecho a apelar de acuerdo con lo prescrito en el artículo 294 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los demandantes y apelantes: Sres R. Arce y José Guzmán Benitez.

      Abogado de la demandada y apelada: $r. F. González.

    Abogado de los interventores y apelantes: Sr. A. Dones.

    Abogado del demandado y apelante Joaquín Jiménez: Sr. J. Martínez Dávila.

   El Juez Pbesidénte Sb. bel Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia contra la cual se establecieron las apela-ciones números 2325 y 2911 acumuladas por orden del tribunal, copiada a la letra, es como signe:

“Bistkito Judicial de Huma cao, P. R. — EN la Cokte de Dis-trito. — Eladia Cruz y Jiménez, Viuda de Jiménez, demandante, versus Da Sucesión del Doctor Manuel Jiménez Cruz, demandados, y Enrique Delgado y otros, interventores. — Civil No. 5501. — Sobre: Nulidad de arrendamiento. — Sentencia.—Con observancia de todos los trámites legales y representadas las partes por sus respectivos abogados, José de Guzman Benitez por la demandante, Francisco González por los demandados y A. Dones por los interventores, se celebró la vista de este caso, en el curso de la cual los litigantes pre-sentaron prueba documental y de testigos en apoyo de sus respec-tivos puntos de vista, y sometido el caso la corte ordenó la presen-tación de alegatos escritos y se reservó su resolución.
“Hoy 25 de junio de 1920, la corte, por las razones que se ex-presan en su decisión obrante en el récord de este caso, entiende que debe dictar y dicta sentencia declarando sin lugar la demanda presentada, con imposición de las costas causadas a la demandante y ••'a los interventores.
“Dada en Corte abierta, en Humacao, P. R., a 25 de junio de 1920. — (F) R. Cuevas Zequeira, Juez del Distrito. — Attest: (F). A. Ramírez Jr„ Secretario.”

.. Esa sentencia se dictó en un pleito iniciado el 23 de ju-lio de 1918 por Eladia Cruz y Jiménez, viuda de Jiménez, de ochenta y dos -años de edad, contra la Sucesión de su bijo el Dr. Manuel Jiménez Cruz compuesta de los hijos del Doctor nombrados Isabel, Manuel, Gabriel y Concepción y-de'su viuda Florentina Jiménez, sobre “nulidad de arren-damiento.” La demandante compareció por medio de su abogado José de Guzmán Benitez. La Sucesión demandada archivó sn contestación el 20 de febrero de 1920.

El 17 de abril de 1919, compareció por sn abogado A. Dones, Enrique Delgado, Casado con Gertrudis Giménez Cruz, bija de doña Eladia, y, autorizado por la Corte, ar-chivó una demanda como interventor, titulada de “nulidad de un contrato de arrendamiento y de otros actos y recla-mación de perjuicios” y dirigida contra Eladia Cruz y Ji-ménez viuda de Jiménez, la Sucesión del Doctor Manuel Ji-ménez Cruz y Joaquín Jiménez Cruz. La demanda de in-tervención fué contestada en abril 21, 1919, por Eladia Cruz viuda de Jiménez allanándose a la misma. La Sucesión del Doctor Jiménez Cruz pidió la eliminación de ciertos parti-culares de dicha demanda de intervención en un escrito fe-chado el 26 de' abril de 1919. No constada resolución de la corte pero debió ser favorable en todo o en parte porque seguidamente aparece de los autos una demanda enmendada del interventor Enrique Delgado fechada el 5 de junio de 1919. A esta demanda enmendada contestó en 4 de sep-tiembre de 1919 la Sucesión del Doctor Jiménez Cruz pi-diendo que fuera declarada sin lugar.

El 15 de septiembre de 1919, con permiso de la corte, por medio del abogado Dones, comparecieron los llamados nuevos interventores Eladia, Bamona, María Dolores, Ma-ría Joaquina y Josefa Jiménez Cruz, y Joaquin, Juan y Dolores Jiménez Matutez, y archivaron su demanda titu-lada “de nulidad de un contrato de arrendamiento y re-clamación de perjuicios,” contra Eladia Cruz viuda de Ji-ménez, la Sucesión del Doctor Jiménez Cruz y Joaquín Jimenez Cruz. Doña Eladia contestó allanándose a la de-manda de los nuevos interventores el 28 de septiembre de 1919. La Sucesión del Doctor Jiménez Cruz lo hizo, opo niéndose, el 18 de febrero de 1920.

En mayo 8, 1920, todos los interventores por medio de su abogado Dones acusaron la rebeldía del demandado Joa-quín Jiménez Cruz y la rebeldía fue anotada por el secre-tario de la corte el 12 de mayo de 1920.

Celebrado el juicio, la corte dicto la sentencia que deja-mos transcrita. El secretario archivó en los autos la notifi-cación de la sentencia a José de Guzmán Benitez y A. Do-nes, abogados de la demandante y de los interventores. El 9 de julio apelaron contra la sentencia los interventores no-tificando al secretario. El 19 de julio apeló la demandante por su abogado Guzmán, notificando el escrito al secretario y al abogado de la Sucesión del Doctor Jiménez Cruz.

Dedicáronse entonces los apelantes a la preparación de la transcripción de los autos y tuvieron lugar los procedi-mientos a que se refieren las decisiones de este tribunal de enero 13 de 1921, reportada en 29 D. P. R. 5, anulando cier-tas órdenes dictadas concediendo prórrogas para radicar la exposición del casoj de 23 de diciembre de 1921, reportada en 30 D. P. R. 57, ordenando la eliminación de la transcrip-ción de la evidencia archivada, y de 3 de julio de 1922, reportada en 30 D. P. R. 853, reiterando la misma resolu ción de 23 de diciembre de 1921..

Ambas apelaciones, la de la demandante doña Eladia y la de los interventores, se tramitaron bajo el número 2325 de este tribunal.

Así las cosas, el demandado Joaquín Jiménez Cruz se dirigió al secretario de la Corte de Distrito de Humacao por medio de un escrito fechado el 3 de octubre de 1922 y le pidió que le notificara la sentencia lo que hizo el secre tario el 16 de octubre de 1922. Joaquín Jiménez Cruz, en-tonces, por medio de su abogado José Martínez Dávila, ei 26 de octubre de 1922, apeló de la sentencia de 25 de junio de 1920, notificando su escrito al secretario y a los aboga dos Guzmán, Dones y González. El recurso interpuesto se radicó en este Tribunal Supremo con el No. 2911.

La Sucesión del Doctor Jiménez Cruz en noviembre 20 de 1922, solicitó la desestimación del recurso No. 2911. Las partes' fueron oídas el 4 de diciembre de 1922 y la corte pospuso la decisión de las cuestiones suscitadas para cuando el caso se viera en su fondo y ordenó la acumulación de los autos a los radicados bajo el No. 2325.

Finalmente, el 31 de mayo de 1923, se celebró la vista con asistencia de todas las partes quedando sometidas a la consideración y decisión del tribunal la totalidad de las cuestiones envueltas. «

Mientras los anteriores hechos ocurrían, murieron doña Eladia Cruz viuda de Jiménez y don Enrique Delg’ado. Los herederos de doña Eladia, con excepción de sus nietos los hijos del doctor Jiménez Cruz, pidieron que se les sustitu-yera por su causante y así lo acordó la corte. Doña Ger-trudis Jiménez y sus hijas Aurora y Gertrudis Delgado y Jiménez sustituyeron a Enrique Delg’ado.

A los efectos de la apelación interpuesta por doña Ela-dia y los interventores, no cabe examinar la prueba prac-ticada. El récord sólo consta de las alegaciones y la sen-tencia.

En cuanto a la apelación establecida por Joaquín Ji-ménez Cruz, es necesario resolver primero la moción de de-sestimación del recurso. Sólo en el caso de que se decla-rara sin lugar dicha moción, debería entrarse en el fondo. La transcripción es completa. Contiene la prueba que fué eliminada en los otros recursos.

Comenzaremos nuestro estudio por las cuestiones plan-teadas por la primitiva demandante y los interventores. Se han presentado alegatos por separado. El de doña Eladia contiene trece señalamientos de error. El de los interven-tores nueve.

El primer error es el mismo. Se sostiene que la corte erró al limitarse a declarar sin lugar la demanda dejando sin resolver las demandas de los interventores. Sobre ello se llenan páginas y más páginas de los alegatos. A nuestro juicio sólo existe la omisión de tres eses. No ya recurriendo a la opinión de la corte, sino limitándonos a la propia senten-cia, se ve claramente que por ella se resolvieron todas las cues-tiones levantadas. En la sentencia se bace constar la com-parecencia de la demandante y de los interventores y se im-ponen las costas a la una y a los otros. Es indudable que la intención del juez fué decir ‘ ‘las demandas presentadas” en vez de “la demanda presentada.” Se trata de un simple error material que no puede servir de base a la revo-cación de la sentencia. Sólo a su enmienda. Martínez v. Oppenheimer, 31 D. P. R. 904.

Todos los otros errores se refieren a cuestiones susci-tadas y dejadas de resolver por la corte, o resueltas por ella erróneamente, a juicio de los apelantes, y a la impo-sición de las costas. Para argumentar esos errores se bacen esfuerzos extraordinarios, pero la verdad es que eli-minada de la transcripción la prueba y basándose la sen-tencia apelada no sólo en las alegaciones sino en la aprecia-ción de la prueba, la situación de los apelantes es más que difícil, imposible. Sería alargar innecesariamente esta opi-nión discutir uno por uno dichos errores. Los fiemos exa-minado y fiemos llegado a la conclusión de que todos ca-recen de fundamento, y en cuanto a las costas no habién-dose demostrado que la corte abusara de su poder discre-cional, tampoco cabe revocar su decisión.

Veamos ahora la apelación interpuesta por Joaquín Ji-ménez Cruz.

Dicho Joaquín Jiménez Cruz fué demandado por los in-terventores. En sus demandas alegaron éstos la nulidad de cierto contrato de arrendamiento otorgado por doña Ela-dia Cruz viuda de Jiménez con el doctor Manuel Jiménez Cruz y con Joaquín Jiménez Cruz. . El demandado Joaquín Jiménez no compareció, como dejamos consignado, y se anotó sn rebeldía. Apeló $n la forma que hemos visto y pende ante nosotros la moción solicitando la desestimación del re-curso por él interpuesto, a que nos hemos referido.

La moción se basa en que Joaquín Jiménez no es una parte. perjudicada por la sentencia y por tanto no tiene de-recho a apelar.

Después de un estudio detenido de todas las cuestiones envueltas, estamos convencidos de que procede la desesti-mación del recurso.

¿Cuál fué y es la posición de Joaquín Jiménez en este pleito? De acuerdo con las alegaciones la de un demandado que otorgó un contrato de arrendamiento cuya nulidad se pide. ¿Qué hizo durante el litigio? Nada absolutamente. ¿Cuál fué la sentencia? Una por virtud de la cual se de-claró sin lugar la demanda. Dentro, pues, del círculo de las alegaciones, la sentencia dictada contra este demandado rebelde en nada le perjudica; le favorece en un todo.

Es cierto que se acompañó a la impugnación de la mo-ción de desestimación una copia de la declaración prestada en el juicio por Joaquín Jiménez de la cual se desprende que él está en contra de la otra parte demandada, los he-rederos de su hermano el doctor Manuel Jiménez Cruz, pero si ello era así, él debió figurar asociado como deman-dante a los interventores o éstos debieron demandarlo en tal concepto y no en el que lo hicieron. Es después que doña Elaclia y los interventores vieron perdida su apelación por no haber archivado la prueba, que surge Joaquín Ji-ménez Cruz, pero por más que se desee es imposible alte-rar el procedimiento.

Procediendo la desestimación del recurso, claro es que no cabe entrar en el fondo del mismo, pero deseamos consig-nar que la confirmación de la sentencia dictada no envuelve a nuestro juicio injusticia notoria. Creemos que el juez sen-teñciador penetró con firmeza en la entraña del litigio y dictó el fallo qne las circunstancias concurrentes demanda-ban.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse sin lugar la apelación establecida por doña Eladia y los intervento-res y desestimarse la interpuesta por Joaquín Jiménez, con-firmándose, en su consecuencia, la sentencia apelada.

Confirmada la. sentencia apelada, modificán-dola.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutcbison y Franco Soto.

• El Juez Asociado Sr. Wolf firmó: “Por las razones de la opinión y por otras conforme con la sentencia.”

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

Al ser firmada la opinión en este caso tuve la idea de que también podría ser sostenida por la teoría de que algún tiempo razonable después de la sentencia puede presumirse la notificación al apelante y que su término para apelar queda agotado, especialmente porque el estatuto que auto-riza la apelación no dispone que el término para apelar em-piece a contarse a partir del beclio real de la notificación sino del acto del secretario de la corte de distrito, manifes-tando que lia sido enviada la notificación. Sobre este acto o actos el apelado no tiene ningún control directo. Sin embargo, un apelado tiene este control dentro de sus facul-tades para obligar al secretario a que actué si dicho apelado desea obtener una sentencia firme. El principio de una li-mitación al derecho de apelar se interpreta estrictamente en favor de un apelante. 3 C. J. p. 1059 siguientes donde se citan entre otros casos de California y de Louisiana. Por tanto después de una consideración no tengo otras razones que expresar y estoy de acuerdo con la opinión de la corte.