text:
    Luz Patria Ramos, representada por su madre Ezequiela Ramos Carrillo, demandante y apelante, v. María Augy Mathéleis, demandada y apelada.
    Núm. 8350.

    Sometido: Marzo 11, 1942.

      Resuelto: Marzo 19, 1942.

      E. Haz Santana y E. Mieras Calvmano (José Soto Rivera en el ale-gato), abogados de la apelante; E. H. F. Dottin, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La acción de filiación que motivó la sentencia objeto de este recurso fue interpuesta por una menor que alega haber nacido el 14 de noviembre de 1935, cuyo supuesto padre Guillermo Selosse Augy falleció el 4 de diciembre de 1937, y cuya madre, que había contraído matrimonio con José Ignacio Morales el 16 de octubre de 1931, quedó divorciada el 5 de octubre de 1934. Como la principal defensa interpuesta por la apelada es la de que la menor demandante nació mucho antes del año 1935, la cuestión primordial en este recurso es determinar si incurrió o no en manifiesto error la corte sen-tenciadora al resolver que la demandante, el 23 de septiem-bre de 1940, fecha del juicio, tenía más de seis años de edad. Si dicha conclusión es correcta, la demandante nació antes del 23 de septiembre de 1934, y siendo ello así, aunque en realidad fuese hija de Guillermo Selosse, no podía tener la condición de natural, toda vez que a la fecha de su concep-ción, y aun en la de su nácimiento, su madre era la esposa de José Ignacio Morales y por consiguiente no podía con-traer matrimonio con dicho Guillermo Selosse.

La prueba sobre ese extremo es contradictoria. La de la demandante consiste en evidencia testifical exclusivamente, pues según la madre de ésta, la menor no fué inscrita en el Registro Demográfico ni tampoco ha sido bautizada. La evi-dencia de la demandada consistió principalmente en la decía-ración del perito Dr. J. R. Hernández González, cirujano dentista, y en prueba testifical.

Hagamos un estudio comparativo de la evidencia de una y otra parte sobre ese extremo.

Ezequiela Ramos, madre de la demandante, declaró que la niña nació el 14 de noviembre de 1935 en la casa de José Agosto, en Hato Eey; que no está inscrita en el Registro Demográfico ni ba sido bautizada; que como un año antes del nacimiento de la niña empezó a vivir en concubinato con Guillermo Selosse y continuó esa relación durante cuatro años más después del nacimiento de la niña basta el falleci-miento de Selosse en 1937.

Olimpia Gil fué la comadrona que asistió a la madre de la demandante al nacer ésta. Declaró que la niña nació el 14 de noviembre de 1935; que recuerda esa fecba porque lleva una libreta de los partos que asiste; que conoció a Ezequiela Ramos como tres o cuatro años antes de nacer la niña por-que eran vecinas.

José Agosto, dueño de la casa donde se dice que nació la demandante, declaró que ésta nació allá por el año 1935; cerca de las Navidades. A preguntas del juez contestó que al contraer matrimonio con su actual esposa era viudo, pero no recuerda cuándo enviudó. Cree que fué en 1918. Re-cuerda la fecba del nacimiento de la demandante porque fué en unas Navidades, pero el testigo no recuerda si su matri-monio fué contraído cerca de las Navidades, del Carnaval o Semana Santa.

Agustina Carrillo, abuela materna de la demandante, de-claró que Selosse estuvo viviendo con su hija como dos años antes de nacer la demandante, quien nació, según la testigo, en el año 1935.

La evidencia de la demandada sobre el extremo en cues-tión consistió en la declaración de Francisco Hernández Santiago y en el informe pericial del Dr. J. R. Hernández Gon-zález, cirujano dentista. El primero declaró que bacía como trece años conocía a la madre de la demandante; que siem-pre ha vivido cerca de ella; que la demandante nació unos meses después del ciclón de San Ciprián y que desde antes de esta última fecha, o sea en septiembre de 1932, Ezequiela Ramos y José Ignacio Morales estaban separados; que vió a la niña por primera vez cuando tenía como diez o doce días de nacida.

El Dr. J. R. Hernández'González declaró "que es dentista y que en la fecha del juicio hacía veintitrés años que ejercía su profesión en Puerto Rico. Después de examinar la boca de- la demandante a requerimiento de la demandada, y en presencia de la corte, manifestó:

“Esta niña tiene las muelas de los seis años, las cuatro muelas completamente afuera y tiene los dientes incisivos o cuneiformes in-feriores que corresponden a la edad de siete y ocho años y tiene aquí (señalando en la boca de la niña) el premolar'permanente superior del lado izquierdo a punto de salir y que debe estar completamente afuera a los nueve años y que ahora se está iniciando.” (T. de E., pág. 94)'

Terminado el examen directo, la demandante lo sometió al siguiente contrainterrogatorio:

“P. ¿Usted puede decir, con vista del examen a la.niña, cuál es la edad de ella? — R. De acuerdo con los dientes que tiene afuera, ella no tendría menos de 8 años. Ella tiene los dientes inferiores, que corresponden a la edad de 8 años, completamente afuera. — P. ¿Esta es una regla invariable u ocurre que los dientes de leche se mudan en distintas épocas?- — R. Varía algunas veces. — P. ¿Qué lo hace variar, en que unos se adelantan y otros se atrasan? — R. De-pende del desarrollo del niño. — P. ¿No depende también de las con-diciones de los padres? — R. Puede influir algo también.- — P. ¿Y en la alimentación que haya tenido el niño ? — Con la alimentación deficiente puede retardar uñ poco. — Según puede retardar la alimentación de-ficiente, ¿puede adelantar la alimentación eficiente? — R. Lo que puede pasar, como en Estados Unidos sucede mucho eso, pero si vamos a considerar las condiciones en Puerto Rico, eso es raro. — P. ¿Pero ocurre? — R. Puede ocurrir.” (T. de E., pág. 95)
“P. ¿Usted se atreve asegurar a la corte la edad de esa niña por lo que usted ha observado en sus dientes? — R. De acuerdo con las prácticas diarias, ésa es la edad que debería tener ella normalmente Rabiando. A ella le está despuntando tin molar que no sale antes de los 9 años y basándome en ese hecho es que digo que puede tener no menos de 8 años, porque esa niña ya tiene los dientes laterales inferiores fuera, que es a la edad que normalmente salen. Los cen-trales salen a los 7 años y los laterales a los 8 y la primer bicúspide a los 9 años y ya'ella tiene el despunte de la premolar superior iz-quierdo. — P. ¿De acuerdo con la conclusión suya, esta niña,- la edad mínima de esta niña, serían 8 años, mucho más que menos? — R. Sí, posiblemente.
“Nada más.
“SR. Juez: P. ¿Usted ha declarado que esa conclusión en esta niña puede variar según el desarrollo de cualquier niño ? — R. Pudiera variar, pero eso sucede algunas veces, pero realmente ella tiene dien-tes que pudiera ser que en la boca de una niña muy desarrollada o bien alimentada estuvieran fuera a la edad de seis años, pero no la bicúspide o eliminando el despunte de la bicúspide. Es corriente en los Estados Unidos que a la edad de 6 años haya niños con los inferiores fuera. Primero salen los centrales y luego los laterales y entre los 7 y 8 años unos más arriba y otros más abajo. Ahí (de-mostrándolo con la boca de l'a niña) no hay dientes más arriba o más abajo. P. ¿Esos son los dientes que normalmente salen a los S años? — R. Sí, señor. — P. ¿A menos que hubiera un desarrollo que salieran a los seis? — R. Sí, señor. — P. ¿Y esta niña, por su aspecto físico, demuestra ese desarrollo? — R. Yo no lo creo. Pudiera ser, todo puede pasar, pero normalmente eso no pasa. — P. De ser una niña completamente desarrollada, ¿pudiera tener los dientes a los seis años? — R. Sí, señor, y en los Estados Unidos eso pasa mucho por el clima y la clase de alimentación la favorece mucho y aquí en Puerto Rico eso es muy raro y son bastante retardados. Yo no veo ninguna cosa en su físico que pudiera demostrar que ella pudiera tener esos dientes a los seis años tan perfectos.” (T. de E., págs. 97, 98)

El Dr. Manuel Soto Rivera, médico cirujano y hermano del abogado de la demandante, declaró en rebuttal que la Medicina no es una ciencia exacta, que existen regias gene-rales pero que todas tienen su excepción; que se supone que ciertos dientes salen a cierta edad y otros a otra; que a ve-ces ciertos dientes aparecen relativamente más tarde en unos individuos que en otros, y que existen algunas personas que jamás eclian los dientes; que el dentista Sr. Hernández ha-bía estado correcto al decir la edad en qne aparecen las pie-zas de la dentadura, pero qne el dentista tendría que admitir qne ésa no es una regla inflexible. Al preguntársele por la demandada si él podría decir a la corte que la demandante era una de esas excepciones por él mencionadas, contestó que no podría asegurarlo porque para ello tendría que hacer un es-tudio muy detenido del caso.

La declaración del médico no destruyó el dictamen del dentista, el cual está robustecido por la declaración jurada de la madre de la demandante en su moción solicitando per-miso para litigar como pobre, fechada el 12 de abril de 1940, en la que expresó que para aquella fecha su hija tenía seis años de edad. También lo robustece la declaración de la misma señora en el juicio al manifestar que después de na-cida la niña, continuó viviendo con Selosse por espacio de cuatro años, hasta su muerte, acaecida como sabemos el 4 de diciembre de 1937, lo que implica que dicha niña debió haber nacido cuatro años antes, o sea en diciembre de. 1933. Ade-más, es de tener en cuenta muy especialmente la circunstan-cia de que el juez inferior tuvo la oportunidad de ver la niña durante el juicio y apreciar su desarrollo físico, circunstan-cia ésta que de convenir con el dictamen del perito debió inclinarle a darle entero crédito, como en efecto se lo dió. Aceptando, pues, que el día del juicio la menor -demandante tuviera no ya más de ocho años como sostiene el dentista, sino siete, como resulta de la declaración de su madre, fuerza es concluir que la fecha de su nacimiento debió ser aproxi-madamente en septiembre de 1933. Estando para esa fecha casada su madre con José Ignacio Morales, toda vez que el divorcio-se decretó el 5 de octubre de 1935, claro es que la demandante, asumiendo que fuese hija de Guillermo Selosse, no podría alegar con éxito su condición de hija natural. Siendo éste un requisito indispensable para que prospere la acción de filiación, preciso es concluir que actuó correcta-mente la corte sentenciadora al desestimar la demanda en este caso.

Por lo expuesto, procede la confirmación de la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor SnydeR

license: Public Domain

text:
    Juan H. Font, demandante, apelado y apelante, v. Ignacio López Colón, demandado, apelante y apelado.
    Núm. 8347.

    Sometido: Marzo 5, 1942.

      Resuelto: Marzo 19, 1942.

      Francis •& B-élaval, abogados del apelante apelado; Víctor M. Pons, abogado del apelado apelante.
   El Juez Asociado Señor SnydeR

emitió la opinión del tribunal.

El 29 de abril de 1937 en el pueblo de Cayey, Lorenzo Fernández, nn niño de 8 años de edad, fné lesionado seria-mente al ser arrollado por nn automóvil de la propiedad de Ignacio López Colón, el demandado, mientras dicho automó-vil era conducido por el chófer de éste. Ignacio López Co-lón no iba en el automóvil al ocurrir el accidente. El niño fué llevado al Hospital Municipal de Cayey. Cuando se no-tificó del accidente a López Colón, éste acudió inmediata-mente al Hospital Municipal y ordenó que se trasladara el niño a la Clínica Font, propiedad de y administrada por el Dr. Juan H. Font, el demandante.

Al niño se le practicó un tratamiento de shock; al día si-guiente se le practicó una grave y extensa operación abdominal; se le sometió a diversos exámenes de sangre y orina y se le suministraron diferentes medicinas durante su hos-pitalización; se le practicó una operación para corregir una fractura en su pierna izquierda; fué hospitalizado durante 54 días; y fué dado de alta sufriendo aún de parálisis y de un acortamiento de la pierna izquierda, condiciones ambas que' estaban destinadas a ser permanentes.

El demandante inició un pleito contra el demandado por la cantidad de $760.50 por los servicios profesionales así su-ministrados al niño. La corte de distrito le concedió $654.50 con intereses desde la fecha en que se radicó la demanda, pero sin honorarios de abogado. El demandado ha apelado y el- demandante ha radicado una apelación solicitando $500 como honorarios de abogado.

Aunque el demandado originalmente asumió la posi-ción de que la demanda no aducía una causa de acción, no ha discutido aquí esa cuestión. La demanda era suficiente dentro de la doctrina establecida en Marchán v. Eguen Otazabal, 44 D.P.R. 408, 415, y en García v. Preston et al., 17 D.P.R. 586. Tampoco hay disputa alguna en cuanto al valor .fijado en definitiva por la corte de distrito a los servicios profesionales suministrados.

La única cuestión substancial en este caso es si el deman-dado se obligó o no a pagar al demandante por los referidos servicios profesionales. Para librarse de responsabilidad el demandado invoca la llamada regla humanitaria al efecto de que cuando uno solicita atención médica para una persona en angustia, no se crea por esto ninguna obligación de pagar por ella. Véase 125 A.L.R. 1428. El demandado también descansa en una serie de casos decididos por esta corte re-solviendo que “uno que llama a un médico para que preste servicios a otro no es responsable del pago de los servicios prestados, en ausencia de un pacto expreso obligándose a ello”. Navas v. Aetna Casualty & Surety Co., 41 D.P.R. 140, 142, (bastardillas nuestras); Susoni v. Cubero, 38 D.P.R. 762; Morales v. Cortés, 50 D.P.R. 909.

La contención del demandante es que en este caso hubo tal pacto expreso. El Dr. Juan Nieves, Director Auxiliar de la Clínica quien suministró la mayoría de los servicios pro-fesionales aquí envueltos, testificó que cuando el demandado llegó a la Clínica Font le dijo al Dr. Nieves:

“Asistan ese muchacho que yo soy responsable; yo me hago cargo a las curaciones de ese muchacho y cúrenlo inmediatamente.”

El demandado niega esta conversación, pero la corte de dis-trito creyó al Dr. Nieves. En vista del hecho de que el de-mandado ordenó el traslado del niño, que había sido arro-llado por su automóvil y, estaba al borde de la muerte, de un hospital de caridad pública a una clínica privada, no po-demos encontrar que la corte de distrito fué irrazonable al dar crédito al testimonio del Dr. Nieves. El hecho de que más tarde el demandado tuviese conocimiento de la decisión de esta corte bajo la cual negó' responsabilidad civil por el accidente (Véase Vélez v. Llavina, 18 D.P.R. 656) no puede alterar algún compromiso que él ya hubiera hecho. Si en aquel momento el demandado se obligó a pagar por la aten-ción médica del niño, es inmaterial el que él fuera impulsado por motivos de responsabilidad legal o moral o por pura humanidad.

Es cierto que la clase de servicio o el tiempo du-rante el cual éste se iba a rendir no se especificaron en el arreglo liecbo por el demandado con el Dr. Nieves. Pero no encontramos bajo las circunstancias que los servicios en ver-dad rendidos y el valor a ellos dado por la corte excediesen una interpretación justa del lenguaje usado por el deman-dado con el Dr. Nieves. Sin embargo, debido a este factor el demandado estaba en libertad de terminar su obligación en cualquier momento, y resolvemos que él así lo Rizo colno resultado de un intercambio de telegramas que tuvo efecto cuando los representantes del demandante se dieron cuenta que el demandado y su compañía de seguros alegaban que bajo la doctrina de Vélez v. Llavina, supra, el demandado estaba exento de responsabilidad alguna para con el niño. Estos telegramas eran como sigue:

“Fines administración clínica Font requieren ratifique telégrafo manifestaciones al licenciado Pons que usted responde honorarios médicos y hospitalización menor lesionado Lorenzo Fernández. Dr. J. Nieves Colón.
‘ ‘ Compañía seguros pagará gastos clínica Lorenzo Fernández. Ignacio López.”

Por tanto modificaremos la sentencia para excluir la con-cesión de $4 diarios otorgada por la corte de distrito por hospitalización durante 31 días después de haberse recibido el último telegrama, ascendente en total a $124.

La corte de distrito cometió error al conceder intere-ses desde la fecha en que se radicó la demanda. No siendo este pleito por una suma líquida, solamente debieron haberse concedido intereses desde el registro de la sentencia. Frías v. Berríos, 58, D.P.R. 137.

La única cuestión levantada por la apelación del de-mandante es el haber dejado, la corte de distrito de conceder honorarios de abogado. En vista de las circunstancias arriba expuestas, no podemos concluir que la corte de distrito co-metiera error alguno a este respecto. Véase ley núm. 69, Leyes de Puerto Rico, 1936.

Con las modificaciones aguí indicadas la sentencia de la corte de distrito será confirmada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señob SuydbR

text:
    Martín Hernández, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada, y Luis Estrella Zambrana, obrero.
    Núm. 236.

    Sometido: Marzo 9, 1942.

      Resuelto: Marzo 20, 1942.

      Garlos D. Vázquez, abogado del recurrente; Virgilio Brunet y José L. Novas, abogados del obrero.
   El Juez Asociado Señob SuydbR

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una solicitud para que se revise una re-solución de la Comisión Industrial concediendo compensa-ción a un obrero por la pérdida de su dedo índice izquierdo mientras trabajaba para el peticionario, un patrono no ase-gurado, como auxiliar de carpintero.

La comisión resolvió en su resolución de 17 de octubre, 1941 que “en algunas ocasiones dicho patrono utilizaba los servicios de más de cuatro obreros en la obra en que se le-sionó Luis Estrella Zambrana y que aunque no los utilizara el día en que ocurrió a éste el accidente de' autos, de acuerdo con la sentencia del Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de José Rivera Rivera v. Juan de Dios Santini (56 D.P.R. 363) tenía que asegurar a sus obreros. . .” Por re-solución de 19 de noviembre, 1941, la comisión, al declarar sin lugar una moción de reconsideración, manifestó que la le-sión del obrero era compensable por el peticionario porque “con anterioridad a la fecha del accidente utilizó más de 3 obreros sin haber cumplimentado el seguro correspon-diente. . .”

El caso de Santini v. Comisión Industrial, 56 D.P.R. 363, resuelve que una obra específica debe estar cubierta en todo momento por el seguro de compensaciones a obreros, si en cualquier momento cuatro o más obreros fueron emplea-dos durante el curso de tal obra. La comisión, en su resolu-ción de 19 de noviembre, 1941 desestimando la moción de reconsideración, reconoció que había cometido error en su resolución de 17 de octubre al descansar su adjudicación en el caso de Santini. En el récord no hay evidencia de que alguna vez más de dos obreros trabajaran en la obra en la cual el obrero en este caso sufrió la lesión.

El único otro fundamento por el que se podría sostener la adjudicación sería por tanto que el peticionario empleó re-gularmente cuatro o más obreros. Secciones 2 y 38, ley núm. 45, Leyes dé Puerto Rico, 1935 ((1) pág. 251). La sección 38 dispone que los obreros “cuya labor sea de nn carácter accidental o casual” están excluidos expresamente. Aquí la comisión no llegó a pronunciamiento (finding) alguno en cuanto a empleo regular y permanente. La comisión sola-mente indicó que con anterioridad a la fecba del accidente el peticionario empleó más de tres obreros.

La evidencia fue que el peticionario reparaba cuando era necesario 25 casas de madera propiedad de su hermana. Su propio negocio era la compraventa de casas y prestar dinero en hipotecas. Con excepción del obrero lesionado, todos los testigos declararon que ellos no trabajaban permanente-mente para el patrono, sino únicamente en aquellas ocasiones en que él solicitaba sus servicios. Sus obreros eran pagados por día cuando trabajaban. Hubo evidencia al efecto de que durante el año 1940 Hernández efectuó reparaciones en 8 diferentes casas propiedad de su hermana. En una de eilas 10 u 11 obreros fueron empleados en una ocasión. Y en otra ocasión se realizaron al mismo tiempo tres obras que reque-rían un total de cuatro obreros. Pero en ausencia de un empleo regular y permanente de cuatro o más obreros du-rante el año, a lo sumo el patrono estaba obligado a asegurar cada obra en la cual se emplearan cuatro o más obreros. [3] Como no hubo evidencia de que existiera en este caso alguna de estas condiciones, no había hechos sobre los cuales la co-misión hubiese podido basar correctamente su adjudicación.

También alega el peticionario que en la vista de la mo-ción de reconsideración se admitió evidencia, a pesar de su oposición, que fué más allá de las alegaciones de la moción. En vista de la conclusión a que hemos llegado, no es necesario que entremos a considerar este alegado error.

La resolución de la Comisión Industrial será revocada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Elías Conroig Vázquez, acusado y apelante.
    Núm. 9275.

    Sometido: Marzo 20, 1942.

      Resuelto: Marzo 25, 1942.

      Garlos Santana Becerra, abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del T'ribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de San Juan formuló acusación contra Elías Oonroig Vázquez en los siguientes términos:

“El Fiscal formula acusación contra Elías Conroig Vázquez resi-dente en . . . preso en la Cárcel del Distrito de San Juan, por un delito de subsiguiente de robo (felony), cometido de la manera si-guiente: El referido acusado, Elias'Conroig Vázquez, allá por uno de los días del mes de septiembre de 1941, y en San Juan, Puerto Rico, que forma parte del distrito judicial de San Juan, P. R., ilegal, voluntaria y maliciosamente, se apoderó criminalmente de un estuche conteniendo unos espejuelos, valorados en la suma de más de diez dólares, pertenecientes a Carlos García, 'de cuya persona los sustrajo allí y entonces. — Y alega el fiscal que suscribe que el referido acusado Elías Conroig Vázquez allá por el día 1 de marzo de 1935 fué sentenciado por la corte de distrito de San Jnan a cumplir diez años de presidio, sentencia que es firme, y no ña sido revocada, anu-lada o dejada sin efecto.”

En enero 14, 1942, se celebró el juicio. Compareció el acusado en persona, asistido de abogado, y el Pueblo por su fiscal. Se constituyó el jurado. Se practicó la evidencia y sometídale la causa, el jurado rindió el siguiente veredicto: “Declaramos al acusado culpable del delito de Hurto Mayor Subsiguiente.” Solicitó el propio acusado que se dictara en el acto la sentencia y la corte le impuso diez años de presidio con trabajos forzados.

Dos días después el acusado interpuso el presente recurso de apelación, y elevado el récord, que no contiene la evidencia practicada, señaló en su alegato tres errores como cometidos por la corte al declararlo convicto a virtud de un veredicto nulo por basarse en una acusación “que no aducía hechos su-ficientes constitutivos del delito de robo”; al sentenciarlo como consecuencia de mi veredicto nulo por haberlo sido por un delito distinto del imputado, y al declararlo culpable fun-dándose en un veredicto sustancialmente defectuoso.

Argumentando su primer señalamiento de error, el apelante sostiene con razón a nuestro juicio que la acusación formulada por el delito de robo no aduce hechos suficientes para imputarle ese delito, ya que no alega que la apropia-ción del estuche por parte del acusado lo fuera contra la vo-luntad de su dueño, por medio de violencia o intimidación. Art. 238 del Código Penal.

Pero si bien es ello así, como aduce hechos bastantes para imputar el delito de hurto de mayor cuantía, no erró la corte al estimarla suficiente. El error que se advierte es de forma, no de substancia. Esta se encuentra no en el título, sino en los hechos.-

“Lo substancial en las acusaciones o denuncias no es el nombre que se dé al delito, sino los hechos imputados. Así, cuando los hechos alegados determinan un delito y errónea-mente se les califica de otro, la acusación o denuncia no es ■fatalmente defectuosa,” dijo esta corte en Pueblo v. Canals, 48 D.P.R. 794, 795, e igual doctrina sostuvo en Pueblo v. Rodríguez, 46 D.P.R. 542, 543.

Los dos otros errores que se señalan lo son, como sabemos, contra el veredicto, alegándose que técnicamente no hay delito alguno en el Código calificado como ‘ ‘ subsiguiente de robo” o “hurto mayor subsiguiente,” y que el jurado no cumplió con la ley que dispone — art. 285 del Código de En-juiciamiento Criminal — que:

“Siempre que el hecho de haber sido anteriormente convicto de otro delito estuviere consignado en alguna acusación, y el jurado de-clarare en su veredicto ser culpable el reo del delito de que se le acusa, deberá declarar también, si fué o no convicto anteriormente conforme a la acusación, a menos que el mismo reo lo hubiere con-fesado. El veredicto del jurado en el caso de una acusación de haber sido el reo anteriormente convicto, podrá formularse así: 'Declaramos que la imputación de haber sido anteriormente convicto, es verdad’ o ‘Declaramos que la imputación de haber sido anteriormente con-victo, no es verdad’, según el caso.”

Desde hace cerca de cuarenta años esta corte en El Pueblo v. Cristy, 9 D.P.R. 584, dejó establecida la regla de que “las objeciones contra el veredicto, deberán formularse en la corte inferior, a fin de dar a ésta la oportunidad de corregir los defectos de que adoleciere.”

Y aquí no sólo no consta que el acusado hiciera impugna-ción alguna en la corte inferior al veredicto, si que consta' que una vez rendido y recibido por la corte, el acusado pidió a ésta que dictara la sentencia que procediera en el acto.

Es cierto que el jurado .no siguió al pie de la letra lo que ordena la ley, como debió hacerlo, pero en ausencia de obje-ción a tiempo puede considerarse la forma que adoptó como un cumplimiento substancial del estatuto. El título IY del Código^ Penal está dedicado a los “Delitos subsiguientes”. “El reo que, habiendo sido convicto de algún delito castigado con pena de presidio, cometiere cualquier delito, después de dicha convicción, tai reo será castigado por el subsiguiente delito según se especifica a continuación:. . . dice el párrafo primero de su. primer artículo que es el 56 del Código.

No se trata de un delito distinto en sus elementos inte-grantes al regular imputado, sino que lia sido cometido des-pués de haber sido el reo convicto de otro, circunstancia que sólo se alega, prueba y toma en consideración a los efectos de la imposición de la pena de acuerdo con la ley.

Lo que se hace por virtud de la acusación es llevar a la consideración del jurado y de la corte además de la comisión del delito que surge de los hechos imputados al acusado, la circunstancia de que éste es reincidente, regulándose su rein-cidencia por lo prescrito en los repetidos preceptos del Código Penal — Arts. 56 a 61 — o por la ley especial que sea aplicable como en el caso de adulteración de leche, ley de marzo 10, 1910, pág. 167, Código Penal, ed. 1937, pág. 259.

Por virtud de todo lo expuesto aunque reconozcamos como reconocemos que la práctica seguida en este caso fué errónea, debemos resolver como resolvemos que los errores cometidos no demuestran que se haya realizado injusticia alguna en contra del acusado. A éste se imputó la comisión de un hecho realmente constitutivo de delito y, además, la circunstancia de ser reincidente. De acuerdo con la evidencia que el repre-sentante del Pueblo le presentara, el jurado encontró que el acusado era autor de tal hecho y que la circunstancia con-curría, y la corte dictó sentencia imponiéndole una pena que está dentro de los límites que fija el estatuto.

No hay motivo suficiente para la revocación. El recurso deberá declararse sin lugar y confirmarse la sentencia.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado *Señob Travieso

text:
    Municipio de Gurabo y José Casellas Santana en su carácter de Alcalde de Gurabo, peticionarios, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. Benjamín Ortiz, Juez, demandada.
    Núm. 1278.

    Sometido: Marzo 9, 1942..

      Resuelto: Marzo 25, 1942.

      M. Velázquez Flores, abogado de los peticionarios; el Juez demandado compareció por escrito.
   El Juez Asociado *Señob Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Mercado radicó ante la Corte de Distrito de Hu-macao una demanda de injunction para recobrar la posesión de cierto solar. Alegó que dentro del año precedente a la presentación de la demanda él estaba en la posesión real del solar y que el Municipio de Gfurabo, el demandado, por medio de sus empleados, penetró en la finca, destruyó la cerca y abrió a través del solar una calle para el tránsito público. Pidió se dictara sentencia ordenando que el de-mandante fuera restablecido en la posesión del solar y “re-quiriendo al demandado para que en lo sucesivo se abstenga de cometer acto alguno que manifieste el propósito .de per-turbar al demandante en la posesión y goce y disfrute del solar descrito en esta demanda, bajo el apercibimiento de desacato”.

Contestada la demanda por el Municipio de Gurabo, y celebrada la vista .del caso, la Corte de Distrito de Iiumacao dictó sentencia a favor del demandante, en los términos si-guientes :

"Sentencia
"Por los fundamentos consignados en la opinión emitida en el caso de autos, esta corte dieta sentencia declarando con lugar la de-manda y ordenando que el demandante sea restablecido en la pose-sión de la siguiente finca:
‘URBANA: Solar que radica en la calle de las Plores, del pueblo de Gurabo y mide ocbo metros de frente, por treinta y un metros de fondo, equivalentes a doscientos cuarenta y ocho metros cuadrados, y colinda por el Norte con Ramón Mercado; por el Sur con Alejandro Cruz; por el Este con la quebrada Diente de Caballo y por el Oeste, con la calle de las Plores.'
"Se ordena además, al demandado, que le entregue la posesión de la referida finca al demandante y que en lo sucesivo se abstenga de cometer acto alguno que manifieste el propósito de perturbar al demandante en la posesión del solar descrito eñ esta sentencia, todo ello bajo apercibimiento de desacato. El demandado queda conde-nado además, al pago cLe las costas, debiendo además pagar el de-mandado al demandante la suma de $50 en concepto de honorarios de abogado. Notifíquese.
"Humaeao, P. R., 12 de septiembre de 1941.
"Benjamín Oetiz.
“Juez de Distrito.”

El 16 de septiembre de 1941 el municipio demandado apeló para ante esta Corte Suprema, quedando notificado y radi-cado el escrito de apelación en la misma fecha.

En diciembre 12 de 1941 el demandante Mercado radicó ante la corte inferior una moción en la que alegaba, que a pesar de los términos de la sentencia, en el solar objeto del litigio se esté construyendo una casa po-r doña Manuela G-ó-mez, con la autorización del municipio demandado; y que los actos del municipio y de la señora Gómez constituyen una violación de la sentencia y un desacato al tribunal. Espe-dida una .orden para mostrar causa por la cual no debiera condenárseles por desacato, comparecieron y fueron oídos el municipio y el alcalde Sr. José Casellas? En enero 26 de 1942, la corte inferior dictó sentencia declarándoles culpables de desacato, condenando al primero a una multa de $10 y al segundo a otra de $5.

Solicitada la reconsideración de la sentencia,' la corte sen-tenciadora la denegó mediante la siguiente resolución:

“Resolución
“Vista la moción. _de reconsideración en cuanto al incidente"de desacato; visto el caso de Muñoz v. Montañez, 37 D.P.R. 318; en vista de que la apelación de un injunction prohibitorio no suspende los efectos del injunction prohibitorio concedido, porque de lo con-trario la sentencia dictada por esta corte se convertiría en académica e inefectiva, ya que de realizarse los actos que se próhiben en el injunction y que se alegan en la moción de dasacato (esto es, la cons-trucción de una casa en el solar objeto de este pleito), la confirmación de la sentencia por el Tribunal Supremo sería académica ya que la casa estaría ya construida; en vista de la jurisprudencia definitiva sentada por la Corte Suprema de los Estados ^Unidos y por casi todos los Estados de la Unión, en el sentido de que un injunction prohibi-torio no queda suspendido por una apelación (93 A.L.R., 710; Byington v. Superior Court, 14 Cal. 2d. 68) ; en vista de que las reglas relativas A injunction son independientes de las disposiciones del Có-digo Enjuiciamiento Civil en cuanto a suspensión de sentencias ape-ladas, y en-vista de la jurisprudencia y de la lógica jurídica aplicable al caso, esta corte se ve obligada a expresar su criterio respetuosa-mente, de.que el caso de Muñoz v. Montañez, supra, debe ser revocado por nuestro Tribunal Supremo, y la Corte declara sin lugar la mo-ción de reconsideración de sentencia. Notifíquese.
“Humaeao, P. R., 20 de febrero de 1942.
“Benjamín Ob.tiz,
“Juez de Distrito

En solicitud de certiorari radicada ante esta Corte Su-prema, el municipio y el alcalde alegan que los hechos, ex-puestos en la moción de desacato no son suficientes para jus-tificar la sentencia y que la corte sentenciadora carecía do jurisdicción para castigarles'por desacato porque la apelación interpuesta contra la sentencia de injunction produjo el efecto de suspender todo procedimiento en la corte inferior, .a tenor de lo dispuesto en los artículos 297 y 298 del Código de En-juiciamiento Civil, ed. 1933.

La demanda interpuesta por Ramón Mercado tenía por objeto recobrar la posesión de un inmueble, de la cual el demandante había sido despojado. El poseedor del inmue-ble, al presentarse la demanda y durante todos los procedi-mientos subsiguientes, era y es el municipio demandado.

La sección 6 de la “Ley proveyendo procedimientos para recobrar la posesión de propiedad inmueble”, aprobada en mai’zo 13, 1913 (Art. 695 C. de E. C., 1933), dispone:

“Bl predicho ‘injunction’ ordenará que el demandante sea resta-blecido en la posesión y requerirá al perturbador para que en lo su-cesivo se abstenga de cometer tales actos u otros que manifiesten el mismo propósito, bajo apercibimiento de desacato a la corte por deso-bediencia al predieho ‘injunction’.”

De acuerdo con la sección 1 de la misma ley (art. 690 C. de E. 0., 1933), el injunction puede concederse en dos casos específicos: (a) para retener la posesión, cuando la parte in-teresada demuestre “que ha sido perturbada en la posesión o tenencia de dicha propiedad, por actos que manifiesten la intención de inquietarle o despojarle”; y (5) para recobrarla cuando la parte interesada ha sido ya despojada de la po-sesión o tenencia del inmueble, siempre que el despojo haya ocurrido dentro del año precedente a la presentación de la de-manda. El caso de autos cae dentro de la modalidad (b), supra.

La sentencia de la corte inferior contiene los siguientes pronunciamientos:

1. Que el demandante sea restablecido en la posesión del solar.

2. Que el demandado entregue la posesión de la finca al demandante.

3. Que el demandado se abstenga en lo sucesivo de cometer acto alguno que manifieste el propósito de perturbar al de-mandante en la posesión del solar.

4. Todo ello bajo apercibimiento de desacato.

La ley que autoriza el procedimiento especial para retener o recobrar la posesión no contiene disposición alguna conce-diendo a la parte agraviada por la sentencia el derecho de apelación para ante la Corte Suprema. Ese derecho existe por virtud del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, que dispone que podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra “una sentencia definitiva pro-nunciada en un pleito o procedimiento especiad, comenzado en la corte que la hubiere dictado”. En el caso de Muñoz v. Montañez, 37 D.P.R. 318 se resolvió que el derecho de apela-ción existe en esta clase de procedimiento y debe regularse por los preceptos del Código de Enjuiciamiento Civil,- y que la interposición de un recurso de apelación “suspende todo procedimiento en la corte inferior con ciertas excepciones que no comprenden este caso. . .”.

Nos pide el juez recurrido que revoquemos la decisión de esta corte en Muñoz v. Montañez, supra (a) porque la apela-ción de un injunction prohibitorio no suspende los efectos de la sentencia, doctrina sostenida por la Corte Suprema Federal y por la jurisprudencia de casi todos los Estados de la Unión; (b) porque las reglas relativas a injunction son in-dependientes de las disposiciones del Código de Enjuicia-miento Civil en cuanto a la suspensión de sentencias apeladas; y (c) porque así lo requiere no solamente la jurisprudencia, si que también la lógica jurídica aplicable. Para determinar si dicho caso debe ser. revocado o si puede distinguirse de los citados en apoyo de la doctrina invocada, precisa que haga-mos un estudio crítico del mismo.

Se trataba en dicho caso de una solicitud de injunction para retener la posesión. Los demandantes pidieron “que se expidiera un auto requiriendo al demandado para qne se abstuviera de cometer los actos que venía realizando u otros análogos y dejara a los demandantes en la posesión tran-quila de la parcela, apercibido de desacato”. En una moción radicada por los demandantes, se alegó que no obstante el requerimiento que le fué hecho ‘ ‘ el demandado no ha quitado la cerca que puso en los terrenos referidos ni ha dejado de trabajar en cultivos de los mismos por medio de sus emplea-dos. . Se alegó además, que aún cuando la sentencia había sido apelada, se trataba de un caso en que la orden debía ser cumplida, no obstante la apelación, y que al negarse a cumplirla el demandado había incurrido en un desacato. Negóse la corte inferior a castigar al demandado, sosteniendo que la sentencia no podía ser ejecutada por haber sido ape-lada. En el recurso por ellos interpuesto sostenían los ape-lantes que se trataba de un caso especial “que exige la in-mediata ejecución de la sentencia”. Al confirmar la senten-cia recurrida esta Corte Suprema se expresó así:

“Nada dispone dicha ley con respecto a que la sentencia que se dicte deba ejecutarse inmediatamente. Tampoco habla de medidas especiales. Lo único que fija es un procedimiento rápido. Nada dice tampoco con respecto al derecho do apelar, pero, aplicando las disposiciones generales del Código de Enjuiciamiento Civil a las que expresamente se refiere en cuanto a la forma en que debe radactarse la demanda, es necesario reconocer que el derecho existe y que se regula por los preceptos de dicho Código.
“Siendo ello así el caso debe regirse por la ley general sobre eje-cución de sentencia y apelaciones.
i ( ⅜ ⅜ 1⅜' ⅜ ⅜ ⅜ ⅜
“Además, que la apelación interpuesta suspende todo procedi-miento en la corte inferior con ciertas excepciones que no comprenden este caso, está terminantemente dispuesto por la propia ley, así:
“ ‘Art. 296. — Una apelación se interpone entregando al secretario de la corte en que fué dictada o registrada la sentencia o providencia apelada, un escrito manifestando que se apela de ella, o de deter-minada parte de la misma, y presentando idéntica manifestación a la parte contraria o a su abogado.
“ ‘Art. 297. — Formalizada una apelación' producirá el efecto de suspender todo procedimiento en la corte inferior, respecto a la sen-, tencia u orden apelada, o a las cuestiones comprendidas en ella, pero la corte inferior podrá proseguir el pleito en lo que respecta a cual-quier extremo del mismo no comprendido en la apelación.
“ ‘Art. 298. — La formalizaeion de un recurso de apelación, sus-pende los procedimientos en la corte inferior en cuanto a la sentencia u orden apelada, salvo cuando dispusiere la venta de cosas susceptibles de pérdida o deterioro, en cuyo caso la corte inferior podrá ordenar que se vendan dichas cosas, depositándose su importe hasta que dicte su sentencia la corte de apelación. Y salvo también, cuando la sen-tencia declare al demandado culpable de usurpación, intromisión o ilegal desempeño de un cargo público, civil o militar en esta isla. Y salvo asimismo, cuando la orden conceda a rehúse conceder, un cam-bio de lugar para la celebración del juicio.’ ”

Si se tiene en cuenta la situación que se trataba de corre-gir en dicho caso por medio de un auto de injunction, se verá que la decisión de este Tribunal es sostenible también de acuerdo, con la jurisprudencia citada por el juez recurrido. Se trataba evidentemente, en Muñoz v. Montañez, de un pleito entre colindantes, en el que los demandantes interesaban que se obligase al demandado a derribar una cerca por él cons-truida en los terrenos en disputa. La orden de injunction, por la cual se obligaba al demandado a derribar la cerca por él construida, era de carácter mandatorio, y a.1 ser apelada sus efectos quedaron en suspenso.

Con anterioridad a la aprobación de la Ley de marzo 13, 1913 (núm. 43, pág. 85), que establece el procedimiento de injunction para recobrar la posesión de un inmueble, una persona que hubiere sido desposeída de su propiedad no podía recurrir al procedimiento clásico de injunction para que se le restableciera en la posesión o tenencia del inmueble. Hasta 1913 se consideró que las acciones legales ordinarias eran adecuadas y suficientes para la protección del desposeído. La ley aprobada ese año creó el remedio especial de injunction para recobrar la posesión, para el cual no existen precedentes dentro de las prácticas de Equidad, haciéndolo extensivo so-lamente a aquellos casos en que el demandante alega y prueba que fué despojado de la posesión dentro del año precedente a la presentación de la demanda. De acuerdo, pues, con el estado actual de nuestro derecho, aquél que hubiere sido des-pojado de la posesión de un inmueble tiene dos remedios le-gales adecuados para recobrarla, uno el remedio especial de injunction que le concede la ley de marzo 13 de 1913 y el otro, la acción ordinaria para recobrar la posesión. No se ha lla-mado nuestra atención hacia jurisprudencia alguna que sos-tenga que el que ha perdido la posesión de un inmueble pueda recurrir a la Equidad para recobrarla. En el caso de autos, el demandante ha recurrido al remedio especial que le concede la citada ley de marzo 13 de 1913.

La jurisprudencia citada por el juez recurrido y que ha sido acopiada en la monografía que aparece publicada ,en 93 A.L.E. 709 a 723, sostiene las siguientes reglas:

1. Cuando la sentencia u orden de injunction es por su naturaleza estrictamente prohibitoria, la interposición de una apelación no suspende los efectos de la sentencia u orden ape-lada. Una sentencia prohibitoria es autoejecutable y no requiere que se expida mandamiento alguno para su ejecución. El único efecto de la apelación en tales casos es mantener el status quo.

2. Cuando la sentencia u orden de-injunction recurrida es enteramente mandatoria, la apelación suspende sus efectos. El objeto de tal suspensión es el mantenimiento del status qtw, pues si se ejecutase la sentencia u orden recurrida, la adju-dicación final en favor del apelante podría resultar una vic-toria estéril.

3. Cuando la sentencia u orden de injunction contiene dis-posiciones prohibitorias y otras mandatorias, la apelación no suspende el efecto de las primeras, pero sí el de las segundas.

4. Cuando el propósito fundamental es mandatorio y el aspecto prohibitorio del injunction está subordinado y es incidental al aspecto mandatorio, en ese caso la apelación sus-pende los efectos del injunction en su totalidad.

Asumiendo, sin resolverlo, que las anteriores regias sean aplicables a un caso de injunction para recobrar la posesión, incoado de acuerdo con el estatuto que establece ese procedi-miento especial, la regia aplicable al caso de autos sería, a nuestro juicio, la número 4.

Si tenemos en mente que el municipio demandado es el que se encuentra actual y físicamente en posesión del inmue-ble y que es el demandante el que pide que se le restablezca en la posesión, se comprenderá fácilmente que una sentencia a favor del demandante tenía que ser esencialmente manda-toria e incidentalmente prohibitoria. Por eso los dos prime-ros pronunciamientos de la dictada por el juez recurrido, (1) “que el demandante sea restablecido en la posesión del solar”, y (2) “que el demandado entregue la posesión de la finca al demandante”, son estrictamente afirmativos y man-datories y, de ser ejecutados, alterarían por completo el statu quo. El tercer pronunciamiento, “y que en lo sucesivo se abstenga de cometer acto alguno que manifieste el propó-sito de perturbar al demandante en la posesión del solar”, se ajusta a lo dispuesto en la sección 6 de la ley (Art. 695 C.E.C.) y es de carácter prohibitorio. Empero, está tan íntimamente ligado y subordinado a -la ejecución de los dos pronunciamien-tos mandatorios, que en realidad solamente podría tener efecto cuando aquéllos hubiesen sido cumplidos y el demandante puesto en posesión del solar. Es después de cumplido ese requisito que el demandado deberá abstenerse “en lo suce-sivo” de perturbar al demandante en su posesión. ¿Cómo puede decirse que el Municipio, que está y continuará en po-sesión por virtud de la apelación, debe abstenerse de ejecutar actos que puedan perturbar al demandante en una posesión que no tiene y que no podrá tener hasta que sea resuelto el recurso interpuesto por el demandado en posesión?

El requerimiento al demandado, para que después que el demandante haya sido restablecido en la posesión, se abs-tenga, bajo pena de desacato, de molestar nuevamente al de-mandante en el uso y disfrúte del inmueble, se hace con el objeto de poner fin a la disputa entre las partes con respecto a la posesión del inmueble y evitar la repetición de los actos que dieron lugar al litigio. Parece natural y lógico que ese requerimiento no puede surtir efecto hasta que se haya alte-rado el estatu quo, quitando la posesión al demandado y dán-dosela al'demandante.

Mientras el demandado continúe ocupando la finca y la orden de injunction permanezca en suspenso por virtud de la apelación pendiente, esa posesión le da derecho al deman-dado a continuar gozando de la finca con todos los derechos y responsabilidades inherentes a dicha posesión. Si el deman-dado realizara algún acto que pudiera menoscabar el valor del inmueble, la persona que se crea con derecho a la posesión de la propiedad podría acudir a los tribunales y solicitar una orden de injunction para impedir la comisión de tal acto. Pero deberá hacerlo mediante demanda de injunction, en una acción ordinaria, y no dentro del procedimiento especial de la ley de marzo 13 de 1913. •

Por las razones expuestas, debemos resolver que habién-dose apelado la sentencia dictada por la corlq inferior, los efectos de dicha sentencia- quedaron en suspenso, y que la corte inferior carecía de jurisdicción para condenar a los peticionarios por desacato.

La sentencia recurrida debe ser anulada.


author: El Juez Asociado Señoe de Jesús

text:
    Rafael Dones Rivera, demandante y apelante, v. Sixto M. Saldaña, Jefe del Presidio Insular, demandado y apelado.
    Núm. 8500.

    Sometido: Marzo 16, 1942.

      Resuelto: Marzo 25, 1942.

      Rafael Dones Rivera, por su propio derecho; Son. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señoe de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso se interpuso contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan por la que se declaró sin lugar la petición de babeas corpus radicada por el peticio=-nario y en la cual alega que se baila ilegalmente privado de su libertad porque no obstante haber cumplido la pena im-puesta en dos sentencias concurrentes dictadas por la Corte de Distrito de Gfuayama, el recurrido, Jefe de la Penitenciaría Insular, se niega a ponerlo en libertad.

Los hechos pueden resumirse así:

El 21 de septiembre de 1938, el peticionario fué declarado culpable de un delito felony en el caso número 10,110 de la Corte de Distrito de G-uayama y el 14 de octubre de 1938 se dictó sentencia en dicho caso condenándole a dos años de pre-sidio, sentencia contra la cual interpuso recurso de apelación para ante este Tribunal.

El 25 de octubre de 1939 y en el caso número 11,109 de la misma corte, el apelante fué declarado culpable de otro delito felony y sentenciado el 30 del mismo mes y año a igual pena de dos años de presidio.

La sentencia dictada en el caso número 10,110 fué confir-mada el 6 de marzo de 1940-y el peticionario empezó a cum-plirla el 4 de abril siguiente. Estando recluido en la Peni-tenciaría extinguiendo la sentencia impuesta en el caso 10,110, este Tribunal, con fecha. 10 de marzo de 1941, desestimó la apelación interpuesta en el caso número 11,109.

De acuerdo con los hechos expuestos, la sentencia dictada en el caso 10,110 de la Corte de Distrito de Guayama, que empezó a cumplir el apelante el 4 de abril de 1940, luego de deducidos cuatro meses y veinticuatro días por buena con-ducta quedó extinguida, según la liquidación del Jefe del Pre-sidio, el 10 de noviembre de 1941, y alega el peticionario que siendo concurrentes ambas sentencias, la segunda, o sea la dictada en el caso 11,109, quedó también extinguida el 10 de noviembre de 1941.

Sostiene por el contrario el recurrido, que como la segunda sentencia no empezó a cumplirse hasta el 10 de marzo de 1941, es desde esa fecha que una y otra sentencias tienen la condición de concurrentes y por consiguiente no puede abo-nársele la prisión extinguida con anterioridad a 10 de marzo de 1941, por lo que esta última sentencia no quedará cumplida hasta el 16 de octubre de 1942, en el caso de deducírsele por buena conducta, como en la anterior, cuatro meses veinticua-tro días.

Convenimos con el Fiscal de este Tribunal en que la se-gunda sentencia, o sea la dictada en el caso 11,109, no empezó a correr concurrentemente con la anterior, es decir, la dictada en el 10,110, hasta que la apelación interpuesta contra la se-gunda sentencia fué desestimada por este Tribunal el 10 de marzo de 1941. Así.se resolvió por el Tribunal Supremo de California en el caso de Ex parte Green, 86 Cal. 427, citado por el fiscal. Ni en el referido caso ni en la búsqueda que hemos hecho, hemos encontrado las razones que sirven de fun-damento a esta doctrina; pero a poco que se reflexione sobre la materia, se comprenderá fácilmente que dicha doctrina es racional y descansa en fundamentos lógicos. Sabido es que interpuesto recurso de apelación contra una sentencia, los efectos de ésta quedan en suspenso hasta tanto se resuelva en definitiva la apelación. Siendo ello así, no es posible en bnena lógica sostener qne nna sentencia qne está en suspenso pueda al mismo tiempo estar extinguiéndose. Se dirá que en ciertos casos, como en aquéllos en que el acusado se halla en sumaria por no haber prestado fianza mientras se sustancia la apela-ción, el tiempo que haya estado preso se le abona a la sénten-cia dictada, pero ello es así por expresa disposición de la ley. Ningún precepto legal existe en nuestros estatutos dispositivo de que en situaciones como la del presente caso, la extinción de la sentencia posterior deba retrotraerse a la fecha en que empezó a cumplirse la anterior.

No habiendo el peticionario extinguido totalmente la se-gunda sentencia que, aunque concurrente con la anterior, no empezó a correr sino desde el 10 de marzo de 1941, su prisión no es ilegal y por consiguiente no erró la corte sentenciadora, al denegar la petición de hábeas corpus.

Procede, por lo expuesto, la confirmación de la sentencia.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Nicolás del Valle, acusado y apelante.
    Núm. 9014.

    Sometido: Febrero 3, 1942.

      Resuelto: Marzo 25, 1942.

      Enrique Báez Carda, abogado del apelante; Kon. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo^ y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Nicolás del Valle fué acusado, convicto y sentenciado ante la Corte de Distrito de Mayagüez, de una violación a la sec-ción 18 de la Ley 59 para reglamentar el servicio de muelles y puertos de Puerto Rico, aprobada el 30 de abril de 1928, porque:

“. . . ilegal, voluntaria y maliciosamente y a sabiendas e inteneio-nalmente, erigió nna obra de madera consistente en una casa de con-sistencia permanente, en la zona marítima terrestre ele Mayagüez, P. R., barrio Marina Meridional, que son terrenos propiedad de ‘El Pueblo de Puerto Rico’, sin haber obtenido el consentimiento por es-crito del Comisionado del Interior de Puerto Rico para tal fin.”

La sentencia lo condenó a pagar una multa de veinte dó-lares, ordenándose además la remoción de la casa de acuerdo con la ley, y en este recurso alega el acusado que la corte inferior erró al no aplicar la doctrina del “ejusdem generis” y al resolver que la construcción de casas está incluida entre las prohibiciones del artículo 18 de dicha ley, al no resolver que sus disposiciones son nulas por referirse a materias no incluidas en el título de la ley, al no absolver al acusado ya que los hechos que se le imputan no constituyen delito público y al condenar al acusado sin prueba suficiente.

El título y la sección 18 de la ley número 59 de 1928 (pág. 425) dicen así:

“Ley para reglamentar el servicio de muelles y puertos en Puerto Rico. ’ ’
<■ ( # • ⅞ '⅜ ⅝ ⅜ ⅜ ⅜
“Sección 18. — No se permitirá tender redes en los canales, en-tradas de puertos o en los lugares donde a juicio del capitán de puerto puedan estorbar la navegación y deberán ser retiradas éstas, inme-diatamente, por sus dueños o encargados, tan pronto como reciban orden de hacerlo dada por el capitán de puerto.' Tampoco se permi-tirá cocer resina, brea, trementina, ni ninguna otra materia combustible sobre ningún muelle, malecón, terraplén o parte de playa dentro de un puerto, ni a bordo de ningún barco surto en él sin la previa autorización escrita del capitán de puerto; ni se permitirá en las ori-llas de los puertos, bahías o radas la erección de palizadas u obra al-guna de madera, mampostería, concreto v, otro material que le dé. consistencia de permanente, ni cercas de alambre o de otro material en los mismos sitios o en la zona marítima o terrenos públicos conti-auos a esta zona, sin que antes de erignseüualesquiera BTdiicEaíTddras se haya óbtemdo el consentimiento del Comisionado del Interior.”
“La persona que infrinja esta sección de ley será castigada con pena no menor de veinte ni mayor de doscientos dólares de multa o con prisión por no menos de quince ni mayor de ciento ochenta días o con ambas penas a discreción de la corte y además será responsable civilmente por los daños causados, y los materiales que constituyan la obra podrán ser confiscados y vendidos para cubrir los gastos de remoción, procecliéndose para ello en la forma que determina la sec-ción 15 de esta Ley.” (Bastardillas nuestras.)

Lo que aparece en bastardillas es la parte pertinente del estatuto que se alega infringió el acusado. Éste, ante la corte inferior, después de plantear varias cuestiones de derecho, que fueron declaradas sin lugar, y de haber desfilado la prueba de cargo, presentó una moción de nonsuit y al ser de-clarada también sin lugar, sometió el caso sin presentar prueba de defensa alguna.

Para sostener el primer señalamiento de error, el apelante alega que, aplicando la doctrina de “ejusdem generis” la construcción de casas no está prohibida por la sección 18 de la Ley 59, supra. Sostiene que la intención legislativa fué castigar dos hechos, a saber: la construcción de palizadas de madera, mampostería, concreto u otro material, o de cercas de alambre o de otro material; y que la frase “u obra al-guna” no incluye “casas”, por el hecho de que una casa no es una obra similar a una palizada o a una cerca de alambre.

Si bien por la doctrina de “ejusdem generis”, cuando en un estatuto se usan palabras que tienen un significado.deter-minado que están seguidas de otras de sentido general, las últimas deben ser interpretadas como que están limitadas o restringidas a cosas o personas de la misma clase o natura-leza que las primeras, esta doctrina no es otra que una regla de interpretación que puede aplicarse para una mejor deter-minación y comprensión de la intención legislativa. No es una doctrina rígida e inflexible que pueda y deba aplicarse como regla interpretativa cuando dicha interpretación tendría como consecuencia hacer ineficaz dicha intención o propósito legislativo. Véase Crawford Statutory Construction (1940) pág. 327, sec. 191, 59 C. J. 981. Como se dijo en el caso de U. S. v. Mescall, 215 U. S. 26: “no es una regla rígida (cast-iron rule), no deroga las demás reglas de interpretación y nunca se aplica para derrotar el verdadero propósito del es-tatuto según pueda determinarse de toda la ley.”

En cnanto a la máxima “noscitur a sociis”, que también cita el apelante coino aplicable al caso ele autos, bastaría con decir que se lia resuelto que la doctrina de ejusdem generis no es otra cosa que un ejemplo de la máxima, más amplia, de noscitur a sociis, siendo ésta la que sostiene que cuando hay duda en cuanto al significado de una palabra puede deter-minarse el mismo refiriéndose al significado de otras palabras con aquella asociadas. Al igual que ejusdem generis, es una regla de interpretación que no debe aplicarse si al hacerlo se desvirtúa la -intención legislativa. El alcance de la doctrina de noscitur a sociis está claramente expuesto en Crawford, Statutory Construction, página 325, sección 190.

Entre los significados de la palabra “obra” está la de “edi-ficio en construcción”, y “edificio” significa: “obra o fábrica construida para habitación o para usos análogos; como casa, templo, techo, etc.” Diccionario de la Lengua Española. Academia Española.

En cambio “palizada” significa “sitio cercado de esta-cas”, y una “cerca” es “un vallado, tapia o muro que se pone alrededor de cualquier sitio, heredad o casa para su res-guardo o división.” (Id. Id.).

Resolver, en el caso de autos, que de acuerdo con las doc-trinas de ejusdem generis y noscitur a sociis, las frases “u obra alguna” y “cualesquiera de dichas obras”, están li-mitadas y restringidas por las palabras “palizadas” o “cer-cas de alambre” sería derrotar la verdadera intención del le-gislador, según se desprende, no sólo de la sección 18 supra, sino de la sección 47 que, en lo pertinente, dispone que:

“Sección 47.- — • ......
“Los capitanes de puertos y los prácticos que actúen como tales estarán bajo la dirección e inspección del Comisiqnado del Interior, teniendo las siguientes facultades:
“(a) . . . ...
“(&) Vigilar por sí y con sus auxiliares, por la conservación de los muelles, malecones, terraplenes, y porque tanto éstos como los te-rrenos públicos que formen la zona marítima y los terrenos agrega-dos a ella o ganados a,l mar, sean conservados y no sean ocupados sin él consentimiento del Comisionado del Interior, dado por escrito,.. (Bastardillas nuestras.)

La intención del legislador no fué otra, en nuestra opinión, que prohibir, a menos que se haya obtenido un permiso escrito del Comisionado del Interior, la construcción, en las orillas de los puertos, bahías o radas, y en los terrenos públicos que forman la zona marítima y en los terrenos agregados a ella o ganados al mar, no sólo de palizadas y cercas de alambre, sino de cualquier clase de obra, bien sea de madera, manipos-tería, concreto, u otro material que le dé consistencia perma-nente. Limitar el significado de la palabra “obra” a la de palizadas o cercas de alambre haría ineficaz el estatuto. &Quó finalidad podría obtenerse con prohibir que se fabricaran pa-lizadas y cercas de alambre en las orillas de los puertos, bahías o radas y cercas de alambre en la zona marítima o terrenos públicos contiguos a esta zona y resolver, al mismo tiempo, por interpretación, que pueden construirse casas, edi-ficios, malecones, muelles o cualquiera otra obra en dichos sitios? La intención de la Legislatura fué la de no permitir obras de clase alguna de carácter permanente, que pudieran interrumpir el libre tránsito en el servicio de muelles y puer-tos en Puerto Rico. No debemos, por interpretación, limitar el alcance de la frase “u obra alguna” a cosas de la misma naturaleza que las palizadas o cercas de alambre.

No cometió la corte inferior, el primer error imputado.

Tampoco el segundo, pues las disposiciones del ar-tículo 34 de nuestra Carta Orgánica al efecto de que si cual-quier asunto que no esté expresado en el título fuere incluido en cualquier ley, ésta se. considerará nula en aquella parte que no haya sido expresada en el título, no son aplicables a casos, como el de autos, en el que se trata de una ley general de reglamentación de los servicios de muelles y puertos. La imposición de penalidades contenida en la misma es incidental y para poder llevar a cabo la reglamentación que en ella se hace. El fin de la disposición contenida, tanto en nuestra Carta Orgánica como en otras constituciones, de que ninguna ley debe abarcar más de un asunto, a menos que se haga cons-tar en su título, no es otro que-el de evitar que se incluyan en el texto de una ley materias incongruentes y sin relación entre sí. Louisiana v. Pilsbury, 105 U. S. 278, 288. Pero, la san-ción penal incluida en una ley de reglamentación general, al proveer ciertas prohibiciones que requieren aquella sanción, no hace nula dicha ley por el hecho de que en su título no se haya hecho constar dicha penalidad. 59 C. J. 814, see. 495. Como se dijo en el caso de Italia America Shipping Corp. v. Nelson, 154 N. E. 198: “cuando el título de una ley es de carácter general y es de tal naturaleza que la inferencia es que la ley es regulatoria y que las penalidades, son un inci-dente propio para su ejecución, no se viola la limitación cons-titucional. ’ ’

Por el tercer señalamiento el apelante sostiene que los hechos que se imputan al acusado no constituyen un delito público porque lo que prohíbe el artículo 18, supra, es la erec-ción de cercas de alambre o de otro material en los mismos sitios en que se prohíbe la erección de palizadas, esto es, en las orillas de los puertos, bahías o radas, y además en la zona marítima o terrenos priblicos contiguos a esta zona y que, por tanto, la construcción de una palizada o de una casa en esta última zona no está prohibida. Alega además el'apelante que la denuncia imputa al acusado la comisión del delito den-tro de terrenos propiedad de El Pueblo de Puerto Pico o sea dentro de la zona marítima terrestre y que ésta no es propiedad de El Pueblo de Puerto Pico.

En cuanto al primer fundamento somos de opinión que lo que hemos dicho al resolver el primer señalamiento basta para demostrar que una interpretación litera,! del estatuto como la que pretende el apelante haría ineficaz la intención legislativa y no debe prevalecer. Tampoco el segundo, por los motivos que pasamos a considerar.

El artículo primero de la Ley de Puertos de 7 de mayo de 1880 disponía que son del dominio nacional y uso público sin perjuicio de los derechos que correspondan a los parti-culares :

£ ‘ Io. La zona marítimo-terrestre, que es el espacio de las costas o frontera^ marítimas-dal — •tp.rritm-io español que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales en donde no lo sean. Esta zona marítimo-terrestre se extiende también por las márgenes de los ríos basta el sitio en que sean navegables o se bagan sensibles las mareas.
“2- El mar litoral, o bien la zona marítima que ciñe las costas o fronteras de los dominios de España, en toda la anchura determinada por el Derecho internacional, con sus ensenadas, radas, bahías, puertos y demás abrigos utilizables para la pesca y navegación.”

En el caso de El Pueblo v. Dimas et al., 18 D.P.R. 1061, tantas veces citado a través -ele nuestra jurisprudencia, esta Corte, por su entonces Juez Asociado Sr. Del Toro, hizo un estudio detallado en relación con los terrenos del dominio público durante la soberanía de España que, por virtud del Artículo VIII del Tratado de París, fueron cedidos a los Es-tados Unidos, y entre ellos se encontraban los de la zona ma-rítima terrestre antes mencionados. Por la sección 13 de la Ley Foraker, se especificó las propiedades que fueron adqui-ridas por los Estados Unidos a virtud del Tratado de París que se entregaron al gobierno establecido por dicha ley y entre ellas figuran: “todas las orillas de los puertos, muelles, embarcaderos y terrenos saneados, pero sin incluir la super-ficie de los puertos y aguas navegables”.

Posteriormente, al aprobarse el Acta Orgánica de 2 de marzo de 1917 (39 Stat. 951), el Congreso ratificó dicha cesión al disponer en su artículo 7, en parte, que:

“Artículo 7.' — Toda propiedad que hubiere sido adquirida en Puerto Rico por los Estados Unidos, en virtud de la cesión hecha por España en el tratado de paz celebrado el día 10 de diciembre de 1898, en puentes públicos, casas camineras, fuerza motriz de agua, carre-teras, corrientes no navegables y lechos de las mismas, aguas sub-terráneas, minas o minerales bajo la superficie de terrenos particula-res ; toda propiedad que al tiempo de la cesión pertenecía, en virtud de las leyes de España entonces en vigor, a las diferentes juntas de obras de puertos de Puerto Rico; todas las orillas de los puertos, muelles, embarcaderos, terrenos saneados, y todos los terrenos y edi-ficios públicos no reservados basta ahora por los Estados Unidos para fines públicos, quedan por la presente bajo el dominio del Gobierno de Puerto Rico, para ser administrados a beneficio del pueblo de Puerto Rico; y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tendm autoridad, con sujeción a las limitaciones impuestas a todas sus leyes, para le-gislar respecto a todos esos asuntos según lo estimare con-veniente; ...” (Bastardillas nuestras.)

De manera que desde el año 1917 todas las orillas de los puertos, muelles, embarcaderos y terrenos saneados están bajo el dominio del Gobierno de Puerto Rico para ser administra-dos a beneficio del'pueblo de Puerto Rico sin la limitación que tenía la Ley Foraker, y se autorizó a la Asamblea Legislativa para legislar con relación a los’mismos. Estando incluidas en la zona marítima terrestre, que anteriormente pertenecían a España, las costas o fronteras marítimas que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales, en donde no lo son, las mis-mas fueron adquiridas por los Estados Unidos a virtud del Tratado de París y más tarde puestas bajo el dominio del Pueblo de Puerto Rico a virtud de la Ley Foraker y de la Carta Orgánica vigente. T, alegándose en la denuncia en este caso que el acusado construyó una casa en la zona marí-tima terrestre de Mayagüez en terrenos bajo el dominio de El Pueblo de Puerto Rico, la denuncia alega hechos suficientes.

Por el último señalamiento el apelante ataca la sufi-ciencia de la prueba. El Capitán del Puerto de Mayagüez, Jesús Trujillo Lange, declaró, en síntesis, que el acusado es-taba levantando una casa dentro de los terrenos ganados al mar, en la zona marítima terrestre, a la margen derecha del Río Tagüez, que es zona marítima también y que el acusado le manifestó que no tenía permiso del Comisionado del Interior para fabricarla. Esta declaración no fue contradicha en forma alguna, pues el acusado no presentó prueba. Habiendo dado crédito la corte inferior a la misma, y no habiéndose alegado que actuará con pasión, prejuicio o parcialidad ni que incurriera en manifiesto error en su apreciación, ella es su-ficiente para sostener la sentencia condenatoria.

Se desestima el recurso y confirma la sentencia.


author: El Juez PresideNte Señor Del Tobo

text:
    Luis M. Morera y José Ramírez Martín, peticionarios, v. F. Navarro Ortiz, Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez, demandado.
    Núm. 1282.

    Sometido: Marzo 24, 1942.

      Resuelto: Marzo 27, 1942.

      Mariano H. Ramírez, abogado de los peticionarios; Miguel A. García Méndez y Carlos García Méndez, abogados del interventor, deman-dante en el pleito principal.
   El Juez PresideNte Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Luis M. Morera y José Ramírez Martín comparecieron por medio de abogado ante esta Corte Suprema en marzo 18, 1942, pidiéndole que expidiera un auto inhibitorio dirigido al Juez de Distrito de Mayagüez ordenándole que se abstuviera de continuar asumiendo jurisdicción sobre cierto procedi-miento de injunction posesorio de que estaba conociendo, o en su defecto que expidiera un certiorari reclamando los autos del injunction y los revisara a ios fines de anular ciertas órdenes dictadas en el mismo.

Estudiada la solicitud, se ordenó la expedición del cer-tiorari, señalándose para la vista el 24 de marzo actual. El pleito original fue remitido y en el día señalado se celebró la vista. Comparecieron los peticionarios por su abogado y Enrique Pérez Olivencia, demandante en el injunction, por el suyo, archivando además una oposición por escrito.

Muestran los autos originales que el 5 de marzo de 194.2 Enrique Pérez Olivencia archivó en la Corte de Distrito de Mayagüez una demanda de injunction posesorio contra Ra-món Rivera, Benigno González y José Ramírez Martí, ale-gando ser dueño de una parcela de terreno de 23 cuerdas en el barrio Bateyes de Mayagüez que describe; que dicha par-cela está “enclavada entre otras ajenas y sin otra salida ac-cesible al camino público que no sea la constituida por un camino trazado y en constante uso desde tiempo inmemorial atravesando dos pequeñas parcelas, hoy de los parceleros se-ñores Ramón Rivera y Benigno González”; que dentro del año inmediatamente anterior, o sea hasta diciembre, 1941 estuvo en la posesión y uso del camino habiendo sacado por él la cosecha de cañas y otros productos de su finca hasta que el tránsito fué interceptado poniéndose una cerca de alambre sin su consentimiento y contra su voluntad; que el otro de-mandado José Ramírez Martín ayudó en la intercepción del camino y ha hecho manifestaciones de que continuará impi-diendo el tránsito por el mismo; que de no restituírsele en la posesión y uso del camino se le cansarán los daños irrepa-rables qne describe y que no tiene otro remedio rápido, eficaz y adecuado que el de injunction que ejercita. Suplicó la ex-pedición del auto y, además, dada la urgencia del caso, la de uno preliminar mediante fianza.

El mismo día de presentada la demanda la corte señaló la vista del juicio para el veinte de marzo y ordenó la expe-dición del injunction preliminar mediante fianza de $500, que fué en el acto prestada. El injunction preliminar fué al efecto de que los demandados no sólo no continuaran obstru-yendo el uso del camino por el demandante, si que quitaran las cercas puestas por ellos en el mismo.

Emplazados los demandados el seis de marzo, presentaron una moción jurada el diez “solicitando que se deje sin efecto la orden de entredicho.” La corte señaló el mismo día la ' vista de la moción para marzo trece. Los motivos alegados para la solicitud fueron, en resumen, los que siguen:

Que el demandante no pidió en su demanda la orden de entredicho; que la orden se refiere a un camino hasta salir a la carretera cuando el descrito en la demanda sólo atraviesa dos parcelas y no llega a la carretera; que la demanda no alega hechos suficientes determinantes de causa de acción; que ninguno de los demandados tiene control, dominio ni po-sesión del camino, siendo éste propiedad del G-obierno de los Estados Unidos actuando a través de su agencia la P.R.R.A.; que dicho camino es parte del construido por los Estados Uni-dos por medio de la P.R.R.A. en la finca “Marini,” propiedad de los Estados Unidos, de 141 cuerdas que se describe, y que si bien el demandado José Ramírez como Administrador de Hogares de la finca tuvo bajo su custodia y control el camino hasta marzo 7, 1942, otra persona ha sido designada para sustituirlo; que bajo tales condiciones es imposible a los de-mandados acatar y obedecer la orden de entredicho en el sen-tido de quitar la cerca que impide el paso del demandante; que si bien es cierto que para la zafra de 1940-41 hasta mayo, el demandante usó el camino para transportar sus cañas, lo fué mediante permiso de los Estados Unidos por la P.R.R.A., habiendo vencido el término por el cual se concediera; y que de acuerdo con lo expuesto, la parte realmente interesada y afectada lo es los Estados Unidos que no pueden ser deman-dados sin su consentimiento.

El once de marzo el demandante pidió a la corte que or-denara la citación del demandado Ramírez para que mostrara causa por qué no debía ser castigado por desacato, alegando que dicho demandado se negó a quitar la cerca y manifestó en presencia del submárshal que no permitiría el paso y que estando ya cortadas cañas, hecho que le constaba a Ramírez, abrió éste una zanja por el centro del camino con el delibe-rado propósito de impedir el paso. La corte dictó la orden que se le pedía señalando la comparecencia para el doce de ' marzo.

El demandado Ramírez contestó la moción. Negó las aseveraciones del demandante y explicó lo que según él había sucedido. Siguen dos cartas del Administrador de la P.R.R.A. de marzo 9, una dirigida a Ramírez relevándolo de sus deberes en relación con el camino y otra a Luis M. Morera para que se hiciera cargo del mismo como coordinador de la finca Marini.

Los autos terminan con dos resoluciones de la corte. La primera fechada en marzo 13, puso término al incidente de desacato, así:

"Por todo lo cual, resolvemos eximir al demandado, José Ramírez Martín, de la imposición de castigo mediante multa o cárcel . . . ., apercibiendo a dicho demandado, al igual que a los demás, Ramón Rivera y Benigno González, y a su relacionado, Luis Morera, al cual se hace extensiva la orden en razón a su propia declaración jurada ante esta corte, para que se abstengan inmediatamente, por sí o por medio de abogados, agentes, representantes, obreros, empleados o jefes, familiares o subalternos, o a cualquiera otra persona bajo su mando o con ellos relacionada a intervenir en la libre posesión y disfrute por parte del demandante del camino a que se refiere su demanda para sacar sus cañas y productos desde su finca hasta el camino o carretera pública por la que ha de transportarlos para su elaboración o venta en evitación de pérdidas, y especialmente para que procedan inmediatamente a cerrar la zanja a que se refiere la moción sobre desacato y que obstruye actualmente el paso por dicbo camino, ad-virtiéndoles esta corte que será inflexible, castigando por desacato,-si se incumpliere esta orden, ordenando asimismo al marshal de esta corte que proceda a verificar el cierre de dicba zanja en la mañana del día de mañana, utilizando los obreros necesarios al objeto, si du-rante el día de hoy no fuere hecho por los aquí apercibidos de su deber de hacerlo, trayendo mañana mismo información a esta corte de lo actuado para las demás providencias que fueren pertinentes.”

■ La segunda, de marzo 14, resuelve la moción de marzo 10 de los demandados, como sigue:

“En el acto de la vista los demandados trataron de presentar prueba de títulos de la finca atravesada por el camino origen de este litigio, a lo que se negó la corte, por entender que en esta clase de ac-ciones no procede en forma alguna alegación ni prueba referente a título de finca, sino que lo que se investiga y resuelve en esta clase de litigios es únicamente la posesión alegada por el demandante del refe-rido camino en el año inmediatamente anterior a la radicación de la demanda.
“Quedó la cuestión sometida a la corte para resolución, que pro-cedemos a dictar en el día de hoy para su constancia en los autos.
“Estima la corte que de acuerdo con la sección 3 de i a Ley de Injunction, aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Pico el día 8 de marzo de 1906, esta corte tiene jurisdicción para conocer del recurso original en su fondo y asimismo para librar el injunction pendente lite auxiliar u orden de entredicho que le fue solicitada por el demandante, mediante fianza que éste prestó para garantizar a los demandados cualquier perjuicio que éstos pudieran tener o sufrir, si se resolviera en su día que el demandante no tiene derecho a la posesión y uso del camino que reclama en su petición.
“Por todo lo cual, se declara sin lugar la moción de los deman-dados para que se anule y deje sin efecto el injunction pendente lite u orden de entredicho, la cual quedará subsistente en todo su efecto y valor legal hasta que se resuelva el caso principal en su fondo, seña-lado ya para el día 20 del corriente mes, todo ello sin especial con-dena de costas.”

Aparte de las dos cantas del Administrador de la P.R.K.A. que dejamos mencionadas, la prueba que se practicara y la evidencia ofrecida y no admitida no forman parte de los aritos del injunction ni se ban sometido en forma alguna a esta norte por los peticionarios.

El certiorari se pidió a fin de que esta corte revisara y anulara las resoluciones de marzo 13 y 14 por el fundamento de que la corte de distrito actuó sin jurisdicción por resultar de las alegaciones de los demandados que la parte realmente afectada por el procedimiento lo serían los Estados Unidos de América que no pueden ser demandados sin su consenti-miento, y por el de haberse becbo el auto extensivo a Luis M.-Morera, un testigo, siendo dicbo Morera un agente y em-pleado de los Estados Unidos.

Tras un estudio de todas' las cuestiones envueltas, opina-mos que el auto expedido debe anularse.

Es cierto que bajo las circunstancias que en el caso concurren impresiona en contra de su legalidad 'o al menos de su corrección la práctica seguida por la corte de distrito expidiendo el auto preliminar de injunction sin oír a los de-mandados, pero el recurso extraordinario de certiorari no es el procedente para resolver la cuestión, ya que no puede sos-tenerse que la corte careciera por completo de autoridad para actuar en la forma en que lo bizo—Echevarría Viuda de Subirá v. Saurí, 38 D.P.R. 737, 744, Compañía Popular v. Suárez, 52 D.P.R. 250—y la orden que dictó es apelable, constituyendo la apelación, dado lo breve del récord y el carácter mandatorio do la orden, un recurso rápido y eficaz en el curso ordinario de la ley.

En cuanto al hecho de haberse extendido el injunction a un testigo, Luis Morera, bastará decir que la corte senten-ciadora explica en su resolución que lo fué por aparecer de su declaración jurada que era un relacionado que con la orden intervino, sin que se baya elevado a esta corte la declaración.

Y por último y yendo a la cuestión jurisdiccional sus-citada, no podemos convenir con los peticionarios en su con-tención de que la corte de distrito actuara sin jurisdicción en el pleito.

Se trata de recobrar el uso de un camino de que alega el demandante que estaba en posesión dentro del año anterior a la. fecha, de la interposición de la demanda y de cuyo dis-frute lo privaron los demandados a virtud de los actos por ellos realizados.

El camino pasa por dentro de parcelas de terreno en po-sesión de dos de los demandados, Ramón Rivera y Benigno G-onzález, y admitiendo que las parcelas pertenezcan a los Es-tados Unidos y estén bajo el control de la Puerto Rico Reconstruction Administration' (P.R.R.A.) y que el otro demandado José Ramírez Martín y el peticionario Luis M. Morera tuvie-ran, como agentes de la P.R.R.A., bajo su custodia el camino, aun así, no tendría que concluirse que fuera necesario deman-dar directamente a los Estados Unidos para que la corte ad-quiriera jurisdicción para ver y fallar el asunto.

Para sostener esa conclusión será suficiente que citemos del caso de Baldrich v. Barbour, 90 F. (2d) 867, 868 y 869, lo que sigue:

“Versa este caso sobre una acción incoada, en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico para recobrar y retener la posesión de determinadas tierras situadas en Puerto Rico. Los de-mandantes originales en el pleito y ciertos ‘demandantes interven-tores’, alegaron en su demanda que ellos- son los dueños en pleno dominio de alrededor de 6,000 aeres de terreno situados en el Distrito Municipal de Río Grande, Naguabo, Fajardo y Luquillo, describién-dolos por sus eoündancias . . .
K # ⅝ * * # ⅜ *
“El demandado, en su carácter de Superintendente de Bosques, reclama el derecho de posesión sobre todas las tierras incluidas en la ‘Luquillo Forest Reserve’, las que incluyen los terrenos reclamados por los demandantes en esta acción; que dichas tierras han estado ocupadas y han sido poseídas por sus antecesores en el cargo desde 1903; y los demandantes admiten que los terrenos descritos en la demanda han estado en la exclusiva posesión de los Superintendentes del ‘Forest Reserve’ desde 1913.
“ (1) Es evidente que no es ésta una acción para establecer el do-minio sobre las tierras. Si así fuese, los Estados Unidos deberían haber sido incluidos como parte, y esto no podía hacerse sin su con-sentimiento. United States v. Lee, 106 U. S. 196, 1 S. Ct. 240, 27 L. Ed. 171; y en este caso, que llegó ante esta corte mediante excepción previa, 71 F. (2d) 9, se resolvió que se trataba de una acción para recobrar la posesión solamente y aunque el demandado debe de-mostrar que los Estados Unidos tenían autoridad para sostener su-derecho de posesión, el pleito no era uno para establecer el dominio sobre los terrenos descritos.”

Debe anularse el auto expedido y devolverse el pleito a la corte de su origen para que continúe conociendo del mismo de acuerdo con la ley.


author: El Juez Asociado Señoe. Todd, Je.,

text:
    Valentín Polanco de Jesús, demandante y apelante, v. Santiago Ruiz López, demandados y apelados.
    Núm. 8319.

    Sometido: Marzo 13, 1942.

      Resuelto: Marzo 27, 1942.

      Luis Mercader, abogado del apelante; Juan B. Soto y Enrique Iga-ravidez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señoe. Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

En el caso número 15687 de la Corte de Distrito de Are-cibo, se dictó sentencia el día 3 de diciembre de 1936, por la que declaró con lugar la primera causa de acción alegada en la demanda y sin lugar la segunda, tercera y cuarta causas de acción, sin imponer costas a ninguna de las partes. Apelada dicha sentencia para ante esta Corte, se revocó la misma en tanto en cuanto por ella se habían declarado sin lugar las causas de acción mencionadas y se impusieron las costas al demandado Santiago Ruiz López, y se confirmó en cuanto a sus demás extremos. Véase Polanco v. Ruiz, 55 D.P.R. 785.

Enviado el mandato a la corte inferior, los demandantes radicaron un memorándum de costas en el cual incluyeron una partida de $1,000 como honorarios de abogado, que fué impugnada por el demandado, y celebrada la vista correspon-diente, la corte inferior dictó una resolución el 20 de febrero de 1940 por la que aprobó dicho memorándum excluyendo dicha partida de $1,000 para honorarios de abogado. De esta resolución apelan los demandantes para ante este Tribunal, imputando a la corte inferior dos errores, al declarar que cuando dictó su sentencia el 3 de diciembre de 1936, para que cada parte pagara sus costas, los demandantes aquí apelantes debieron pedir que se les concediera honprarios de abogado, y al negar los $1,000 de honorarios de abogado a los deman-dantes porque el fallo de este Tribunal de 23 de diciembre de 1939 sólo concedió costas.

Los fundamentos que tuvo la corte inferior para denegar la partida de honorarios de abogado aparecen de su resolución expuestos en la siguiente forma:

“El fallo de esta corte se rindió en 3 de diciembre de 1936, cuando ya estaba vigente la ley número 69 de 11 ele mayo de 1936. Como hacíamos declaraciones en nuestra sentencia a favor y en contra de la parte demandante, dispusimos en nuestra sentencia que cada parte pagase sus costas.
“El caso fué al Tribunal Supremo y se dictó una nueva sentencia modificando la nuestra en tal forma que se concedió al demandante todo lo que había pedido en su demanda, y se condenó al demandado al pago de costas solamente.
“Cuando se dictó nuestra sentencia la parte demandante no pidió reconsideración alguna en cuanto a que no se le concedieron costas; es decir, que las costas se han impuesto por primera vez en el Tribunal Supremo al resolverse la apelación en 23 de diciembre de 1939.
“En la sentencia del Tribunal Supremo no se condena al ciernan- . dado a pagar honorarios de abogado. De acuerdo con la ley de 1936, que estaba vigente cuando se dictó nuestra sentencia y cuando se dictó la sentencia del Tribunal Supremo, la imposición de honora-rios de abogado tiene que hacerse en forma expresa, especificando la cuantía. No podemos agregar nada a la sentencia de la Corte Su-prema, y por tanto, el único memorándum que podemos considerar tiene que referirse a costas solamente, y no a honorarios de abogado.
“Quizás hubiese sido otra la situación si la sentencia de esta corte se hubiese dictado de acuerdo con la ley de 1934, pero ambas sentencias fueron dictadas, como hemos dicho antes, estando vigente la ley actual de 1936.
“El demandante cita el caso de Mason v. White Star Line, 53 D.P.R. 337, 343, pero eso se refiere a un pleito en que la sentencia de la corte original fué dictada cuando regía la ley anterior, y la sentencia del Tribunal Supremo se dictó después que empezó a regir la ley de 1936.
“Además, en el caso reciente de Vázquez v. Comisión Industrial, resuelto por el Tribunal Supremo en 30 de noviembre de 1939 (55 D.P.R. 719), se sienta la doctrina de que honorarios y costas no tienen el mismo significado y que bajo el concepto de costas vienen comprendidos los derechos y las indemnizaciones que consisten en cantidades fijas determinadas por leyes, reglamentos y aranceles, mientras que los honorarios de abogado comprenden la remuneración' de servicios profesionales.”

En el caso de Mason v. White Star Bus Line, 53 D.P.R. 337, 343, citado por la corte inferior en su resolución, se hizo un estudio bien comprensivo del alcance que tuvo la enmienda hecha a los artículos 327 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, llegándose a la siguiente conclusión:

“Por estos fundamentos opinamos que los citados artículos tal y como fueron enmendados por la Ley 69 de 1936 no tienen efecto retroactivo y, por consiguiente, no son de aplicación a litigios como éste, en que con anterioridad á la vigencia de dichos preceptos legales se había dictado el pronunciamiento de costas bajo el imperio de la ley anterior.”

En el caso de autos, sin embargo, tanto la sentencia de la corte inferior como la de esta Corte en apelación, fueron dic-tadas estando ya vigentes las enmiendas a los artículos re-feridos.

Dada la forma en que la corte inferior dictó la sentencia de-clarando en parte con lugar la demanda únicamente, fué que determinó que cada parte pagara sus costas. Al revocarse dicha sentencia por esta Corte en la parte adversa a los demandantes, se hizo el pronunciamiento expreso de que el demandado Buiz pagaría las costas, pero no se hizo pronun-ciamiento alguno imponiendo al demandado la obligación de pagar los honorarios de abogado.

No habiéndose incluido en la sentencia dictada por esta Corte cantidad alguna en concepto de honorarios de abogado de los demandantes, somos de opinión que la corte inferior no erró al excluir del memorándum de costas la partida que por dicho concepto incluyeron los demandantes. Si los deman-dantes creyeron que tenían derecho a una suma razonable en concepto de honorarios de abogado de acuerdo con la senten-cia dictada por el Tribunal Supremo, fué ante este propio Tribunal que debieron haber acudido solicitando la reconsidera-ción de la sentencia a dicho efecto.

Se desestima el recurso y confirma la resolución apelada.


author: El Jüez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Fernanda Goglas Díaz, demandante y apelante, v. Sucn. de María del Carmen Massanet Sánchez, Etc., demandada y apelada.
    Núm. 8359.

    Sometido: Febrero 25, 1942.

      Resuelto: Marzo 27, 1942.

      José C. Aponte, abogado de la apelante; Tomás Bernardina de la Huerta, abogado de los apelados.
   El Jüez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Guayama declaró sin lugar una demanda de reivindicación presentada por Fernanda Cogías ' Díaz en contra de la Sucesión de María del Carmen Massanet Sánchez, y en la relación del caso y opinión que dictó en apoyo de su sentencia, después de analizar minuciosamente toda la prueba presentada por la demandante, se expresó así:

“. . . De la evidencia antes relacionada ha quedado demostrado a juicio de esta corte que (1) en el barrio Algarrobos y sitio ‘El Corazón’ existía una finca o estancia de 19.26 cuerdas, conocida con el nombre de ‘Buena Unión’, que perteneció originalmente a Pedro Francisco Rosseau, luego a la muerte de éste a sus hijos y nietos y luego a Zenón Charlerí, quien la adquirió de la Sucesión Rosseau por contrato de compraventa de 29 de agosto de 1359, que fue ratificado mediante escritura de 5 de mayo de 1860; (2) que Zenón Charlerí estuvo casado con María Concepción Goglas, del cual matrimonio tu-vieron una hija llamada María Emilia o Inés, quien a su vez con-trajo matrimonio con José de Jesús Colón, habiendo procreado un hijo llamado Florencio de Jesús Colón Charlerí; (3) que Zenón Charlerí falleció en Humacao el día 30 de abril de 1866 y María Emilia o Inés Charlerí Goglas falleció en Ponce el día 7 de septiembre de 1915; (4) que Florencio de Jesús Colón Charlerí es nieto por línea materna y heredero de Zenón Charlerí; (5) que por escritura de 25 de septiembre de 1928 cedió a la demandante los derechos y acciones que le pudieran corresponder en la herencia dejada por su abuelo; y (6) que la demandante ha requerido, según su propia declaración, a los demandados para que la restituyan en la posesión de la predicha finca. La demandante no probó quo la sucesión demandada o sus causantes ■estuvieran en la posesión de la finca ‘Buena Unión’ ni pudo en forma alguna producir evidencia para probar que la referida finca está indicíela en la finca denomi-nada ‘El Corazón’, que, tal como alegaran los demandados, son los únicos terrenos poseídos por ellos en él barrio Algarrobos y lugar ‘El Corazón’ de Guayama. ...” (Bastardillas nuestras.)

Asimismo, después de analizar la prueba de la deman-dada, la corte dijo en su opinión:

“. . . De la evidencia de los demandados aparece demostrado que la finca ‘El Corazón’ es una finca completamente distinta de la finca ‘Buena Unión’; que ninguna de las fincas que se agruparon para formar la mencionada finca perteneciera en alguna época a Zenón Cbarlerí o a su sucesión o a Don Pedro Francisco Rousseau o a su sucesión y que dieba finca ‘El Corazón’ lia pertenecido a la familia Massanet y ha estado en su posesión desde hace más de cincuenta años. La demandante tenía que probar su título de do-minio sobre la finca ‘Buena Unión’ y que la misma estaba ilegalmente en la posesión de los demandados. Álvarez v. Ávila, 40 D.P.R. 523 y Gallardo v. Quintana, 43 D.P.R. 162. Admitiendo que la deman-dante hubiera demostrado ser dueña de dicha finca porque se presume que habiendo pertenecido a Zenón Charlerí continuó siendo de la sucesión de éste y por tanto de la demandante al adquirir ésta por compra los derechos hereditarios de Florencio de Jesús Colón y Charlerí en los bienes de su difunto abuelo Zenón Charlerí (Morales et al. v. Landrau et al., 15 D.P.R. 782; Fuentes v. Meléndez, 40 D.P.R 483), la demandante no produjo evidencia demostrativa de que la estancia ‘Buena Unión’ esté bajo la posesión de los demanda-dos, es decir, esté comprendida entre los linderos de la finca ‘El Corazón’, que es la única propiedad inmueble en vi Barrió Algarrobos y lugar ‘El Corazón’ que pertenezca a los demandados, siendo por el contrario el criterio de la corte que de la evidencia de los demandados puede inferirse que la mencionada finca ‘Buena Unión’ no está in-cluida dentro de las colindancias de la finca ‘El Corazón’.” (Bas-tardillas nuestras.)

La demandante al apelar de la sentencia señala en su ale-gato cuatro errores como cometidos por la corte inferior al admitir en evidencia y darle valor probatorio a la certifica-ción del Registrador de la Propiedad de Gnayama creditiva de que los demandados tienen inscrita una finca denominada “El Corazón”, al admitir en evidencia el plano levantado por la demandada, al resolver que la demandante no probó que la sucesión demandada estuviera en posesión de la finca “Buena Unión” propiedad de la demandante y que la senten-cia es contraria a la prueba, a los hechos y a la ley.

Los dos primeros señalamientos se refieren a la ad-misión (1) de una certificación del Registro de la Propiedad, al efecto de que la finca “El Corazón”, de 346 cuerdas estaba inscrita a nombre de la sucesión demandada y (2) de un plano de dicha finca levantado por el ingeniero Sr. Cuevas con ci-tación de todos los colindantes. Como de acuerdo con el pá-rrafo octavo de la contestación a la demanda se alegó expre-samente por la demandada que la finca “El Corazón” estaba inscrita a su nombre, la certificación era admisible para com-probar ese hecho. Sostiene la apelante, sin embargo, que la demandada trató de establecer dos defensas inconsistentes, la primera que no estaba en posesión de la finca Buena Unión, y la segunda, una defensa de prescripción en relación con dicha finca. No tiene razón la apelante. La demandada al alegar la 'posesión no interrumpida por más de 40 años se refiere a la finca “El Corazón” y no ala finca “Buena Unión”. Basta, para comprobarlo, una mera lectura de la alegación octava de la contestación, que dice así:

“Ootayo: Alegan asimismo los demandados, que ni ellos ni sus causantes tienen ni han tenido nunca bajo su posesión, bnca ni terreno alguno que pertenezca o baya pertenecido a la demandante o a las personas que ella cita como sus causantes, y consignan que las únicas tierras en poder de los demandados contestantes en el barrio Algarrobos y lugar del Corazón, están constituidas por una finca que se describe así: (se describe) ; de] dominio de cuya finca son dueños por legítimo título de herencia de su causante doña María del Carmen Massanet y Sánchez, quien a su vez la hubo de su cau-sante don Sebastián Massanet y Esteva, éste a su vez de la sociedad ‘Masanet y Covas’ y ésta a su vez, en cuanto a una porción de dos-cientas treinta y siete cuerdas, por compra a don Manuel Maximino Luzunaris y a su hermano don Higinio Maximino de igual apellido, allá para el año de mil ochocientos ochenta y dos; en cuanto a otra porción de cien cuerdas, por compra a don Emilio Boudens allá por el año de 1872 y en cuanto al resto, por compra al mismo Boudens, allá por el año de 1871, estanda mscrita dicha finca en el Registro de la Propiedad, y viniendo disfrutando los demandados y sus mencio-nados causantes del dominio de la misma desde hace un espacio de tiempo de más de cincuenta años, siendo la posesión en que están con el carácter de dueños, mediante justos títulos de compraventa y he-rencia, de buena fe y de una manera pública, pacífica, quieta y no interrupida por más de los expresados cincuenta años hasta la fecha, y por más de cuarenta años desde la adquisición de su causante.” (Bastardillas nuestras.)

Como la propia apelante admite en sn alegato que los fun-damentos de oposición a la admisión del plano son los mismos que ios que hizo en cuanto a la certificación del registrador, ambos errores deben ser desestimados.

El tercero y cuarto señalamiento pueden resolverse conjuntamente, pues se refieren a la apreciación que de la prueba hizo la corte inferior. Hemos leído la transcripción de evidencia y somos de opinión de que, de acuerdo con la prueba presentada, no procedía otra sentencia que la dictada en este caso declarando sin lugar la demanda. El análisis detallado que hace el juez sentenciador en su opinión de toda la prueba documental en relación con la finca de los deman-dados, revela que, en forma alguna, la demandante pudo pro-bar que la finca “Buena Unión” de 19 cuerdas estuviera con-tenida dentro de las 346 cuerdas de la finca “El Corazón” propiedad de la demandada y cuyo, dominio tiene inscrito a su favor en el Registro de la Propiedad de Guayama desde el año 1929, habiendo estado a su vez inscrita dicha finca a favor de los causantes de la demandada desde hace más de 50 años, o sea desde el 23 de mayo de 1891, durante los cuales también se probó que habían estado en posesión. Independientemente de que lá finca “Buena Unión” estuviera o no contenida en' la finca “El Corazón”, tampoco probó la demandante que la demandada estuviera detentando la finca “Buena Unión”.

Repetidamente ha resuelto esta Corte que corresponde al demandante en una acción reivindicatoría probar la existen-cia del derecho que reclama, y no habiendo la demandante en este caso probado que la parte demandada estuviera deten-tando la finca “Buena Unión” que alega le pertenece, o que esté comprendida en forma alguna dentro de la finca “El Corazón”, propiedad de la demandada, procede la confirmar-ción de la sentencia apelada.