text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Escambrón Beach Club, Inc., Miguel Vidal Díaz, Presidente, y Luis A. Pérez, Tesorero, demandados y apelados.
    Núm. 8894

    — Sometido: Abril 11, 1944.

      Resuelto: Junio 5, 1944.

      R. A. Gomes, Fiscal del Tribunal Supremo y Fernando Gallardo Díaz, Fiscal del Distrito de. San-Juan, abogados del apelante; Miguel .Guerra-Mondragón y Rafael Rivera Zayas, abogados de los ape-lados.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un recurso incoado por El Pueblo de Puerto Rico-para que se prohiba la operación por los demandados de un salón de juegos de azar sito en el Escambrón Beach Club en San Juan, por constituir un perjuicio público. El Pueblo ha apelado de la resolución de la corte de distrito denegando-un injunction preliminar.

• No existe. controversia en cuanto a que ,los demandados-operan un salón de baile, un -restaurante, un bar y algunos, apartamientos en el primer piso del Escambrón; que estas comodidades son usadas regularmente en forma ordenada por el público en general; y que el llamado salón de juego, objeto de este pleito, está situado en el segundo piso del mismo edificio.

Empezaremos por indicar que la cuestión a decidir en. el recurso ante nos es una de campo limitado. La demanda alega que el establecimiento en que se llevan a cabo los jue-gos está próximo a (a) sitios donde acampan fuerzas mili-tares, y (b) a casas residenciales. Pero no se probó en la vista sobre injunction preliminar que el juego se llevara a efecto en tal forma que alteraba la paz. Tampoco se ofreció prueba de que se perjudicaran derechos de propiedad en las zonas contiguas. El Pueblo no hizo esfuerzo para probar, según dijo la corte de distrito, que “el llamado ‘Salón de recreo’, ‘casino’ o ‘salón de juegos’ sea perjudicial a la salud, o indecente u ofensivo a los sentidos, o que interrumpa el libre uso de la propiedad, de modo que impida el cómodo goce de la vida o de los bienes, o que interfiriera con el libre uso de las calles”. Los abogados del Escambrón admiten que de haberse establecido estos hechos, procedería en este caso el injunction para impedir tales actividades como per-juicio común. Pero ya que en la vista sobre el injunction preliminar no se ofreció prueba a ese efecto, pasaremos a la cuestión realmente ante nos.

La teoría del Pueblo es que la ausencia de tal prueba no es fatal, y que tiene, derecho al injunction para suprimir un perjuicio común con la mera demostración de que los demandados operan un establecimiento de juego en forma libre, continua y persistente, en violación de la ley penal— que, en resumen, repetidas infracciones a una ley penal prohiendo el juego constituyen, sin más, un estorbo per se.

Para .poder determinar la validez de esta teoría, asumi-remos, aún cuando la corte de distrito resolvió lo contrario, que en la vista de su .moción sobre injunction preliminar, el Pueblo estableció satisfactoriamente que los demandados operan un salón de juego en el Escambrón, abierto al público, en el que las personas que juegan a la ruleta, a los dados y a otros juegos de azar, lo hacen por dinero; que los deman-dados conducen. estos juegos en forma tal que ilegalmente obtienen de los mismos sustanciales beneficios económicos; y que dichos juegos se conducen en forma abierta, pública, notoria, persistente, continua e intencionada, en violación del artículo 299 del Código Penal.

Sí hemos de comprender nuestras leyes sobre esta materia, debemos primero examinar ligeramente la historia y desarrollo de la ley sobre perjuicios comunes Las raíces del concepto “estorbo público” se adentran en el derecho común y su origen es muy antiguo. Muchos casos estatales contienen discusiones analíticas e históricas indicando que, independientemente de disposiciones estatutarias posteriores con tal fin, un estorbo público puede, como cues-i/' tión de derecho común, ser perseguido criminalmente o prohibirse ante una corte de equidad, o ambas cosas. Muchos de los casos modernos toman como punto de partida el caso de Mugler v. Kansas, 123 U. S. 623. En él dice la Corte Suprema a las págs. 672-73:

“. . . ‘Con referencia a estorbos públicos’, dice el Juez Asociado Story, ‘la jurisdicción de las cortes de equidad parece ser de época muy remota, y se han seguido con claridad sus huellas hacia atrás hasta el reinado de la Reina Isabel. . . . En casos de estorbos públicos, propiamente dichos, procede una denuncia para eliminarlos y castigar a los delincuentes. Asimismo procede una petición en equidad para eliminar el perjuicio por medio del injunction’. 2 Story’s Eq., sees. 921, 922. La razón de esta jurisdicción ... es la habilidad de las cortes de equidad para otorgar un remedio más rápido, efectivo y permanente, que el que se puede conseguir en ley. No sólo pueden impedir posibles estorbos y antes de que sobrevenga un daño irreparable, si que pueden detener o eliminar aquéllos en progreso, y, mediante el injunction permanente, proteger al público’ en el futuro contra los mismos; mientras que las cortes de ley sólo' pueden llegar hasta los estorbos ya existentes, dejando que actua-ciones posteriores sean la causa de nuevos recursos o procedimientos. Esta es una jurisdicción saludable, especialmente cuando un estorbo afecta la salud, la moral, o la seguridad de la comunidad. Aún cuando no se ejercita con frecuencia, indudablemente existe en las cortes de equidad el poder para así proteger al público contra los daños, (se'citan casos).”

Si bien reconoce el derecho y el deber de nna corte de equidad para prohibir un estorbo público, aún en ausencia de autoridad estatutaria para ello, el caso de Mugler v. Kansas no tiene respuesta a la cuestión específica de si den-tro del derecho común puede prohibirse el juego per se, al considerarse a la luz de la referida tradición del derecho común sobre la materia. Sin embargo, es copioso el número de casos de cortes estatales sobre dicha cuestión específica. Estas cortes no han encontrado dificultad, en su mayor parte, al sostener el poder de una corte de equidad, como cuestión de derecho común, para prohibir como estorbo la violación continua de estatutos sobre juego. Aun cuando es difícil determinar si él ha influido en los casos o si los casos han influido en él, un autor muy citado expone la regla como si-gue: “Dondequiera que se demuestre un estorbo público, la equidad debe prohibirlo a instancias del gobierno. Todo sitio donde abierta, pública, repetida, continua, persistente e intencionalmente se infrinja una ley,, constituye estorbo público. ” Anotamos al margen algunos de los casos que han seguido esta regla, así como unos pocos que no han ido tan lejos como cuestión de derecho común.

Discusiones excelentes sobre la tradición de la ley de estorbos, y las razones que ban dado lugar a que las cortes del derecho común prohiban ciertas actividades, tales como lá operación de casas dé juego, aún en ausencia de autoridad estatutaria para ello, se encuentran en los casos de People v. Vandewater, 164 N. E. 864 (N. Y., 1928), y State v. La Crosse Theaters Co., 286 N. W. 707 (Wisc., 1939).

Resta sólo indicar que muchos de estos casos fueron o son ahora regidos por leyes que o (a) confieren general-mente el poder para prohibir estorbos públicos, o (b) pro-veen específicamente tal poder contra las actividades de juego. Bajo un estatuto redactado en términos específica-mente permitiendo la prohibición de las casas de juego, como un estorbo público, ninguna dificultad, desde luego, se pre-senta a una corte de la que se solicita un injunction, al de-mostrársele únicamente que se juega abierta y continuamente en los establecimientos envueltos, sin ulterior prueba, tal como perjuicio a los derechos de propiedad o conducta des-ordenada. Existe menos justificación para tal remedio con dicha prueba, cuando el estatuto es general, solamente dis-poniendo el remedio de injunction para eliminar'un estorbo público. Pero es importante indicar, por las razones que más adelante se desarrollarán, que, ya sea el estatuto especial o general, al interpretar tales estatutos las cortes casi invariablemente han afirmado que esa acción legislativa es una mera reexposición del derecho común.

¿De qué manera nos afectan aquí en Puerto Rico toda esta jurisprudencia sobre estorbos públicos y los estatutos que efectúan tal reexposición? Desde luego, aquí no compar-timos con los estados en cuestión la tradición del derecho común sobre esta materia. Y la situación que contempla abarcar, hasta donde nos ha sido posible determinar, no existe en el derecho civil. Mas aún, en Puerto Bico no se puede procesar a nadie por un delito del derecho común. Todos nuestros delitos son estatutarios. Por tanto, debemos tratar con sumo cuidado cualquier doctrina basada en tales acciones del derecho común.

Befiriéndonos a los estatutos que se han aprobado en esta jurisdicción en respuesta a estas influencias del derecho común, encontramos que los artículos 329 y 330 del Código Penal y 277 y 686 del Código de Enjuiciamiento Civil, tienen pertinencia al problema bajo consideración. Estos artículos leen como sigue:

“§329. — “Todo lo que fuere perjudicial a la salud, indecoroso u ofensivo a los sentidos, o que obstruyere el libre goce de alguna propiedad de modo que estorbare el bienestar de toda una sociedad o vecindario, o un gran número de personas, o que ilegalmente obstru-yere el libre tránsito, en la forma acostumbrada, por cualquier lago, río, bahía, corriente, canal, o cuenca navegable, o por cualquier parque, plaza, calle o carretera pública, constituye un estorbo pú-blico (nuisance) ;Disponiéndose, que la emisión de humo de las empresas manufactureras útiles, excepto en los municipios de la Clase I, no se considerará ni se tendrá como estorbo público a menos que resulte afirmativamente de la prueba presentada ante la Corte, que afecta perjudicialmente la salud de considerable número de personas; Disponiéndose, además, que nada de lo contenido en esta Ley se interpretará en el sentido de que se prohiba a los concejos municipales de todos los municipios de la Isla la adopción de orde-nanzas municipales requiriendo que dichas empresas manufactureras usen y empleen medios adecuados para impedir la innecesaria emisión de humo, cenizas y hollín en detrimento y perjuicio de los vecinos de las ciudades y pueblos; y nada de lo contenido en esta Ley se interpretará en el sentido de eximir a los dueños de las expre-sadas empresas manufactureras de responsabilidad por infracción de dichas ordenanzas municipales.
“§330. — Toda persona que mantuviere un estorbo público, o cometiere algún acto constitutivo de lo mismo y para lo cual no se hubiere prescrito determinada pena, o que voluntariamente dejare ele cumplir algún deber legal, relacionado con la remoción de un-estorbo o daño público {nuisance), será reo de ‘misdemeanor’.”
"Artículo 277. — Todo lo que fuere perjudicial a la salud, inde-cente u ofensivo a los sentidos, o que interrumpa el libre uso de la propiedad, de modo que impida el cómodo goce de la vida o de los bienes, constituye una perturbación que da lugar a una acción. Dicha acción podrá ser promovida por cualquiera persona cuyos bienes hubieren sido perjudicados o cuyo bienestar personal resulte menoscabado por dicha perturbación; y la sentencia podrá ordenar que cese aquélla así como decretar el resarcimiento de los perjuicios.”'
"Artículo 686. — Podrá concederse un injunction a petición de El Pueblo de Puerto Rico, para prohibir y suprimir la conservación y mantenimiento de un perjuicio común (common nuismee). La petición será jurada por el fiscal del distrito en que el perjuicio común (common nuisance) exista, o por el Attorney General, según su leal saber y entender, y no será necesaria ninguna fianza.” -

Por tanto es nuestro deber determinar (a) si el articule 686 otorga a las cortes carta blanca para suprimir lo que éstas según su criterio independiente y sin limitaciones creen constituye un estorbo público; (6) o más bien, si el propó-sito de la Legislatura al aprobar el artículo 686 í‘ué primor-dialmente procesal y jurisdiccional, con el fin de poner nues-tras cortes en condiciones de poder ejercitar en esta clase de caso la jurisdicción en equidad tradicionalmente ejerci-tada por las cortes en los Estados Unidos continentales. De ser esta última teoría la correcta, entonces, desde luego, no surge ningún significado legal sustantivo del uso de las pa-labras "perjuicio común” en el artículo 686; y en su lugar,, debe recurrirse a las cuidadosamente restringidas definicio-nes de un perjuicio común encontradas en el artículo 329 del Código Penal y en el artículo 277 del Código de Enjuicia-miento Civil, para determinar si en un caso específico pro-cede un injunction para prohibir un perjuicio común o es-torbo público.

El problema es el primero de su clase en esta jurisdicción. Es otro caso en nuestra interminable tarea de interpretar la intención de la Legislatura. El punto es por demás cerrado y en manera algnna escapa a la duda. Si nuestra herencia fnera el derecho común, podríamos muy bien resolver, como lo ha hecho la mayoría de las cortes estatales, que los esta-tutos ante nos declaran meramente el derecho común; que por tanto los artículos 329 y 277 no incluyen en ellos todas las posibles categorías de estorbos públicos; pero que, al contrario, la disposición general estatutaria del artículo 686 de que “Podrá concederse un injunction . . . para prohibir . . . un. perjuicio común. ...” trae a esta jurisdicción toda la tradición del derecho común en cuanto a estorbos.

Pero esta corte sólo tiene ante sí los estatutos que defi-nen un estorbo, que puede castigarse criminalmente o prohi-birse civilmente, o ambas cosas. En verdad, representaría un salto en la oscuridad si resolviéramos que dichos estatu-tos también contienen en ellos el concepto vago y elástico— que varía en algún grado de una jurisdicción a otra — de un estorbo pública, tejido hace generaciones en el telar del de-recho común.

No puede dudarse que si la Legislatura hubiera añadido sencillamente al artículo 329 o al 330 del Código Penal una disposición al efecto de que: “Y también puede expedirse un injunction^para prohibir un estorbo público”, nadie po-dría argüir que tal injunction podría concederse con la sola demostración de violaciones repetidas del artículo 329..del Código Penal que declara el juego una ofensa criminal,. sin prueba de que, además, algo se estaba haciendo, citand.o, el lenguaje de ambos artículos 329 y 277, “perjudicial a. la sa-lud, indecoroso u ofensivo a los sentidos, o que obstruyere el libre goce de alguna propiedad de modo que estorbare el bienestar”. ¿Cómo puede argüirse entonces que el hecho de que la autoridad estatutaria para iniciar un recurso de injunction a nombre del Pueblo para prohibir un estorbo se encuentre en otro lugar del Código de Enjuiciamiento Civil —Artículo 686 — más bien que en yuxtaposición con él ar-tículo 329 o el artículo 277, de algún modo u otro exime al Pueblo, al .iniciar tal recurso bajo el artículo 686, de su•'obli-gación de demostrar que existe un estorbo tal cual lo define el lenguaje de los artículos 329 y 277 que hemos citado? Nos damos cuenta, como ya dijimos, quemn número de cortes es-tatales han expresado exactamente ese punto de vista; pero creemos que ello constituye una interpretación forzada de los estatutos en cuestión. Y que dichas cortes pudieron haber tenido recelos similares a los nuestros para llegar a tal re-sultado, lo demuestra su constante referencia al hecho de que, así interpretados, tales estatutos eran una mera decla-ración del derecho común, bajo el cual la operación de una casa de juego era un ejemplo clásico de estobo per se., Ade-más, indicamos de paso que a algunas de las cortes estatales no se les requirió que confrontaran este problema, toda vez que sus estatutos expresamente disponían que el mantener una casa de juego es un estorbo per se.

Pero en esta jurisdicción del derecho civil no podemos ampararnos en la acomodaticia manifestación de que al así interpretar estos estatutos no estaríamos ampliando mediante fíat judicial el campo de operaciones de la eliminación de conducta criminal mediante injunction, bajo la teoría de que los estatutos así interpretados meramente serían declarato-rios del derecho común tal cual ha sido aplicado desde tiempo "inmemorial. Aquí en esta jurisdicción, por lo menos en cuanto a esta cuestión, no podemos descansar en ley común alguna ya existente que fije el significado legal de estos es-tatutos. Debemos tomar los estatutos tal cual 'los encontra-mos. Y de su significado únicamente no podemos llegar a la conclusión que pretende El Pueblo. Por el contrario, en-contramos que la manera más razonable de acercarse al pro-blema de intérrelacionar los tres estatutos en cuestión es usar los artículos 329 y 277, que definen un estorbo público, como la fuente de referencia en cuanto al poder conferido a las cortes por el artículo 686 para prohibir un perjuicio co-mún. Y al así interpretarse, debe haber, como la corte de distrito resolvió, una demostración de algo más que violacio-nes repetidas del artículo 329 del Código Penal para justi-ficar la expedición de un injunction bajo el artículo 686, que prohíbe tales operaciones como perjuicio público. Para que no se nos interprete mal, hacemos énfasis en cuanto a que no nos apartamos de la posición asumida por esta corte en mu-chos casos durante los últimos cuarenta años de que nuestra jurisprudencia puede enriquecerse con frecuencia mediante adquisiciones juiciosas del derecho común. Sólo resolvemos que en un caso tan cerrado como éste estamos constreñidos a detener la mano de las cortes a menos que y hasta que se vislumbre, un mandato específico de la Legislatura. Cual-quiera que sea la tradición en las comunidades del derecho común donde aun la Ley Penal emana de la ley común, si interpretáramos el artículo 686 de la manera propuesta por El Pueblo, ello equivaldría, dadas las circunstancias de este caso, a burlar una reciente advertencia hecha en una opinión concurrente del Juez Asociado Sr. Black: “Y el fundamen-tar los jueces su interpretación de las leyes en sus propias ideas de ‘moral’ y ‘ética’ únicamente, constituye, para decir lo menos, una práctica peligrosa.”

Esta Corte nunca había tenido la oportunidad hasta el presente caso de pasar directamente sobre la cuestión exacta que ahora está ante nos. Hemos encontrado de paso una referencia en cuanto al significado legal de un estorbo pú-blico en una opinión disidente de dos jueces asociados que sugiere la definición de un estorbo público consonante con el resultado a que aquí llegamos y que, cornu no estaba en-vuelta directamente en dicho caso, pudo o no ser de la con-formidad de los otros miembros de la corte {Saldaña v. Concejo Municipal de San Juan, 15 D.P.R. 37, 56). Pero de más importancia es el lenguaje posterior del Juez Asociado Cor-dova Dávila, hablando a nombre de toda la corte en Estela v. Mercado e Hijos, 44 D.P.R. 562. Si bien otra vez el punto ante nos no estaba expresamente envuelto en dicho caso, el lenguaje usado en el mismo, que citamos al margen, deja pocas dudas en cnanto a qne esta corte asumió en el caso de Estela que el resultado a que aquí llegamos es la inter-pretación correcta de los estatutos envueltos.

La opinión que tenemos del presente caso ha sido mejor expresada en People p. Lim, 18 Calif. (2d) 872 (1941). Al igual que en el presente, el caso de Lim envuelve una peti-ción por El Pueblo para que se prohibiera a los demandados de seguir operando un establecimiento de juego. Después de seguir la pista hacia atrás de la historia de estorbos públi-cos como delitos bajo el derecho común y de describir bajo qué circunstancias podría la equidad prohibir los estorbos públicos en el derecho común, la corte dijo a las págs. 877-80:

“Se lia reconocido que la tendencia a utilizar el injunction en equidad como medio de hacer efectiva la política pública, es una evolución de la Ley relativamente reciente. (Mack, ‘Revival of Criminal Equity’, (1903) 16 Harv. L. Rev. 389, 392; (1913) 8 Ill. L. Eev. 19; McClintock, supra, pág. 286). Las cortes han re-suelto que los intereses públicos y sociales, igual que los derechos de propiedad, tienen derecho a la protección de equidad. (Cf. People v. Laman, 277 N. Y. 368 [14 N. E. (2d) 439, 443] ; State v. Compere, 44 N. M. 414 [103 Pac. (2d) 273, 276] ; (1924) 13 Cal. L. Eev. 63.) Esta evolución ha resultado en una continua ex-pansión del campo de los estorbos públicos en el que el remedio en equidad se obtiene a solicitud del estado. Por ejemplo se ha resuelto que la Legislatura puede propiamente definir el término ‘estorbo público’ a los fines de nn injunction en equidad como para incluir actividades que no eran un estorbo en el derecho común o activida-des que ofenden conceptos de política pública aun cuando no estén envueltos derechos de propiedad. (Mugler v. Kansas, 123 U. S. 623. [8 Sup. Ct. 273, 31 L. Ed. 205]; y People v. Barbiere, 33 Cal. App. 770 [166 Pac. 812]; véanse 28 Am. Jur. 338, 5 A.L.R. 1474; 22 A.L.R. 542; 75 A.L.R. 1298). Cuando se ha resuelto que una acti-vidad específica, tal como el juego o las carreras de caballos, cae dentro del lenguaje de un estatuto que define el término ‘estorbo público’ a los fines de la jurisdicción en equidad a nombre del estado, las cortes han expedido injunctions, o indicado que los expedirían, aún cuando los actos eran criminales también. (Citando casos). Por lo menos en dos ocasiones la Legislatura de este Estado lia aprobado estatutos que autorizan una acción en equidad para prohibir cierta actividad contraria a la política pública como un ‘estorbo público’. Así, las casas de lenocinio y los establecimientos donde ilegalmente se expenden narcóticos pueden sor prohibidos en una acción iniciada por el fiscal del distrito en que estén situados. . . .
“Debe admitirse, sin embargo, que las autoridades están divi-didas en cuanto a que la expansión del campo de los estorbos públi-cos en el que la equidad expedirá injunctions, debe ser efectuada por acción legislativa. (Véanse 40 A.L.R. 1145; 91 A.L.R. 315.) Algunas cortes han tratado mediante acción judicial solamente de definir el ‘estorbo público’ ampliamente con el fin de conceder injunctions a nombre del Estado. Así, se ha dicho que ^cualquier sitio donde un estatuto público es burlado continuamente constituye un estorbo público que príecTe" prohibirse por ..el Estado. {State ex rel. Vance v. Crawford, 28 Kan. 726, 733, [42 Am. Rep. 182] ; 5 Pomeroy, Equity Jurisprudence (1919), pág. 4296). Otras cortes han manifestado decisivamente que una forma específica de activi-dad, tal como las corridas de toros, es tan censurable que constituye un estorbo público a los fines de un injunction en equidad sin la ayuda de un estatuto. {State ex rel. Attorney General v. Canty; 207 Mo. 439 [105 S. W. 1078, 123 Am. St. Rep. 393; 13 Ann. (Jas. 787; 15 L.R.A. (N. S.) 747] ; cf. Stead v Fortner, 255 Ill. 468 [99 N. E. 680], criticado en 8 Ill. L. Rev. 19). Las cortes de este estado, sin embargo, han rehusado sancionar la expedición de injunction a nombre del estado meramente por una extensión judicial de la defi-nición de ‘estorbo público’. . . . Las cortes por tanto se han ne-gado a expedir injunctions a nombre del estado excepto cuando la actividad censurable puede traerse dentro de los términos de la defi-nieión estatutaria de estorbo público. Cuando la Legislatura ba creído que el poder sumario de la equidad- se necesita para controlar actividades contrarias a la política pública, ba aprobado estatutos especificando que tal actividad constituye un estorbo público que puede prohibirse en una acción traída a nombre del estado. Cree-mos por tanto que la regla correcta, adoptada en este estado, está expuesta en el siguiente lenguaje de State v. Ehrlich, supra: ‘Tam-bién compete a la Legislatura dentro de las limitaciones constitu-cionales de sus poderes, declarar criminal cualquier acto y hacer la repetición o continuación del mismo un estorbo público ... o inves-tir a las cortes de equidad con el poder de eliminarlos mediantte injunction; pero no es de la incumbencia de las cortes conferirse a ellas mismas tal jurisdicción.’ ....
“En adición a los precedentes históricos que hemos considerado, razones obligatorias de política- requieren que la responsabilidad para establecer dichas normas de moral pública, la violación de las cuales va a constituir estorbos públicos dentro de la jurisdicción en equidad, debe dejarse a la Legislatura. ‘Estorbo’ es un término que no- tiene un significado fijo bien en el derecho común o en la actualidad. (McClintock, supra, pág. 288; 13 Cal. L. Rev. 63; 23 Cal. L. Rev. 428; 16 Harv. L. Rev. 389, 396.) Blaekstone lo define tan ampliamente como para incluir casi todas las clases de actuacio-nes incorrectas, es decir: ‘ Cualquier cosa que pueda lesionar, causar inconveniencia o daño.’ (2 Cooley’s Blaekstone (4ta. ed. 1899), pág. 1012.) Ya nos hemos referido, a dichas definiciones modernas que tratan de hacer de la equidad un remedio adicional para - la ejecución de la ley penal definiendo el ‘estorbo público; a los fines de un injunction como cualquier violación repetida y continua de la ley. (5 Pomeroy, supra, pág. 4296.) En un campo donde el sig-nificado de los términos es tan vago e incierto es una función propia de la Legislatura definir aquellas infracciones a la política pública que van a ser consideradas estorbos públicos dentro del control de la equidad. Una actividad que en un período constituye un estorbo público, tales como la venta de licores o el boxeo, puede no ser censurable en otro período. Tales declaraciones de política deben de-ben dejarse a la Legislatura. . . .”

La filosofía detrás del caso de Lim lia sido recientemente repetida sucintamente en el caso de People v. Bobbin, 128 P. (2d) 422 (Calif., 1942). Allí dijo la Corte a las págs, 422, 23:

En People v. Lim, 18 Cal. 2d 872, 118 P. 2d 472, 477, la Corte Suprema resolvió, en efecto, que la jurisdicción equitativa eu tales materias debe conferirse por la Legislatura y no debe asu-mirse por las cortes; que la base para tal jurisdicción debe encon-trarse en los estatutos y no por referencia a las definiciones del derecho común en cuanto a estorbo público; y que con el fin de conferir jurisdicción en tal acción, cuando se alega que una actividad particular constituye un estorbo tal como se define por nuestros estatutos, ‘deben alegarse suficientes hechos de manera que la Corte pueda concluir que el estorbo existe dentro de las disposiciones del estatuto’. En dicho caso, que envolvía un intento de prohibir la operación de una casa de juego, se alegó que este establecimiento i;eúne un gran número de personas desordenadas, altera la paz pú-bliea, reúne a los ociosos y cultiva malos hábitos entre ellos, crea amenazas de fuego y de congestión en el tránsito y es por tanto perjudicial a la salud, indecente y ofensivo a los sentidos e interrumpe el cómodo goce de la vida y de los bienes.’ Si bien se resolvió que para que caiga- dentro de la jurisdicción de un procedimiento de injunction en equidad la actuación en cuestión debe constituir un estorbo dentro de la definición de nuestro estatuto, más adelante se resolvió que esta alegación era suficiente a dicho fin frente a una excepción previa.
"Tal cual enfocamos dicha decisión, la misma resolvía que el remedio de injunction no puede emplearse por la mera demostración •de que un juego de azar se lleva a efecto en el' lugar envuelto, y que alegaciones adicionales . . . son esenciales con el fin de traer el asunto dentro de la definición estatutaria de un estorbo y de conferir juris-dicción a una corte de equidad. Necesariamente surge el hecho de que si tales asuntos deben alegarse también deben ser probados para sostener un injunction expedido en tal recurso.”

Otras consideraciones nos llevan al convencimiento de que la posición que hemos asumido en cuanto a este caso es co-rrecta. En los Estados Unidos continentales muchas cortes han predicado sus decisiones, por lo menos en parte, en las alegadas dificultades envueltas en juicios repetidos ante ju-rado, con el fin de justificar su expansión mediante interpre-tación judicial de los tipos de casos que una corte de equi-dad puede prohibir como estorbo. Pero dicha consideración no tiene lugar en esta jurisdicción. Aquí no hay requisito constitucional de juicio por jurado en los casos criminales (Balzac v. Porto Rico, 258 U. S. 298); y la Legislatura ha dispuesto que los misdemeanors, tales como infracciones a la ley que prohíbe el juego aquí envuelta, deben juzgarse sin jurado. En verdad, toda vez que tanto un recurso de injunction y un caso criminal que envuelven los hechos de este caso serían juzgados por la corte sin jurado, muy bien podría argüirse que el iónico propósito del recurso de in junetion sería otorgar al acusado dos juicios antes de que pu-diera ser castigado — uno para determinar si procede la ex-pedición del injunction, y el otro, una vez expedido el injunction, para determinar si es culpable de desacato por no cum-plir con el injunction — y que el único efecto del primer jui-cio en el procedimiento de injunction sería exponer de nuevo la ley y declarar como cuestión académica que ei'a de apli-cación a los acusados; no crearía unajnueva obligación para abstenerse de cometer un crimen. Exponiéndolo más clarar-mente, el artículo 299 del Código Penal tiene por sí mismo un carácter de injunction ,-~Tir~éxpedición de un injunction, por sí sola, nada añade a la prohibición del estatuto. Y aquí el efecto de un procedimiento de injunction bajo los estatu-tos prevalecientes se debilita aún más en vista de la ineer-tidumbre en cuanto a la naturalza y monta de la pena que pueda imponerse por desacato en tal procedimiento, y en. cuanto asi los procedimientos son civiles o criminales a los fines del quantum de la prueba y otras materias, tal como el privilegio contra auto incriminación, cuestiones que todavía no se lian resuelto enteramente en esta jurisdicción (Gf. Ger-mán v. Corte de Distrito, ante, pág. 612, resuelto el 5 de mayo do 1944).

Además, nuestros actuales estatutos proveen un remedio más efectivo si El Pueblo llevara sus casos a la sala criminal de las cortes más bien que a la sala de equidad. El ar-tículo 299 del Código Penal dispone la expedición de una or-den de allanamiento para autorizar a los funcionarios poli-cíacos a confiscar todos los “implementos, aparatos y mate-riales de jugar” que pudieran encontrarse en una casa de juego. Y el mismo artículo dispone que “Todo artículo y propiedad embargada según las disposiciones de esta sec-ción, excepción hecha del dinero, será confiscado y destruido al probarse ante la corte que dichos artículos y propiedad se usaban para el juego, y todo el dinero que así se embar-gare ingresará en el Tesoro Insular, en la misma forma en que se ingresan las multas y costas.” En nuestros' estatu-tos generales disponiendo los injunctions contra los perjui-cios comunes no se encuentra tal remedio. La Legislatura podría fácilmente aprobar un estatuto general efectivo, o uno dirigido específicamente a las casas de juego, para au-torizar a las cortes a clausurar (padlock) los lugares usados para tales fines ilegales y confiscar los materiales allí ocupa-dos. Pero la Legislatura no ha optado todavía por hacer eso. La Legislatura, cuando así lo ha tenido en mente, ha sabido la manera de hacer constar claramente su voluntad en cuanto a que ciertas clases específicas de juegos de azar serán consideradas estorbos públicos, y que lugares usados para tales fines serán clausurados (sección 3 de la Ley Núm. 25, Leyes de Puerto Rico, 1935, Sesión Extraordinaria (pág. 153), referente a bolita; sección 5 de la Ley Núm. 11, Le-yes de Puerto Rico, 1933, Sesión Extraordinaria (pág. 71), aprobada aparentemente como resultado de la decisión de esta corte en Cosme v. Candelario, 44 D.P.R. 599 — dispo-niendo que la operación en ciertos, lugar es de máquinas tra-ganíqueles constituiría un misdemeanor, “y en caso de rein-cidencia en la comisión de este delito je considerará el local como estorbo público y podrá ser clausurado por las. autori-dades competentes”).

Aunque algunas otras comunidades la censuran y el eo-rreo no puede usarse para fines de la misma, nuestra Le-gislatura fia dispuesto el funcionamiento de una lotería ope-rada por El Pueblo, parte de sus fondos a ser destinados a fines caritativos. Además, tales deportes como las carreras de caballos, las de perros y las peleas de gallos no solamente se permiten aquí, si que bajo reglamentación adecuada, se permite a los espectadores apostar sobre el resultado de las mismas.

La situación, en síntesis, es enteramente de la incumben-cia de la Legislatura. Puede, de así elegirlo* tal como fia fiecfio con la lotería del Gobierno, abandonar la idea de aca-bar totalmente con el juego y legalizarlo en tal forma que sea restringido, reglamentado y se le impongan contribucio-nes, en el interés público. O puede, de elegir no enmendar la inhibición criminal contra el juego, encontrada en el ar-tículo 229 del Código Penal, pero si desea reforzar la maqui-naria ejecutiva del Gobierno, aprobar un estatuto similar a los de nuestra bolita y traganíqueles o el estatuto sobre Pro-hibición Nacional, que expresamente provee que los lugares así usados constituyen un estorbo público y pueden ser clau-surados. Pero “el campo es_ uno en que se necesita acción legislativa más bien que judicial.” (38 Mich. L. Rev. 279 a la pág. 281). No estamos autorizados para sustituir nuestro criterio por el de la Legislatura en cuanto a las costumbres en boga (current mores) de la comunidad sobre este asunto. Dejamos la cuestión donde corresponde — en manos de la Le- ' gislatura.

Aún si estuviéramos en libertad de asumir una conclusión diferente de las leyes aquí envueltas, no nos impresiona el argumento del Pueblo de que las alegaciones y la prueba aquí presentadas nos obligan a resolver que la corte de distrito abusó de su discreción al declarar sin lugar la moción de injunction preliminar (Fernández v. Buscaglia, Tes., 60 D.P.R. 596, 604). Aún asumiendo que el caos en la ejecución de las leyes penales justificaría en este caso un rern’edio de injunction, no bubo prueba a tal efecto. Por el contrario, sólo hubo prueba de dos únicas denuncias, en ninguna de las cuales se condenó a los acusados. Esto escasamente es la vigorosa y determinada prosecución contra tales estableci-mientos, que debe emprenderse primeramente antes de que se confiese el fracaso. Como ya se ha dicho, el artículo 299 del Código Penal otorga poderes al Pueblo para confiscar los implementos y aparatos de juego — poderes que no pue-den ser ejercitados en el presente procediminto de injunction para prohibir un perjuicio común. . Si como afirma El Pueblo, éste es un caso de prueba que regirá otros recursos de injunction pendientes contra conocidos lugares en San Juan tales como el Hotel Condado, el Normandie y el Jack’s Club, aparentemente una situación general existe, por lo menos en San Juan, mediante la cual tales establecimientos operan diaria y libremente en violación de nuestras leyes penales. Una o dos absoluciones en casos criminales contra nn acusado escasamente justifica al Pueblo en recurrir bajo tales circunstancias a una corte de equidad que de cualquier modo carece enteramente de los medios de ejecución, tales como la incautación y confiscación, provistos en el artículo 299 del Código Penal. Aún en ausencia de una disposición especifica de ley sobre clausura o estorbo dirigida contra las casas de juego, se nos hace difícil creer que el Gobierno de El Pueblo de Puerto Rico, con todos los recursos que tiene a mano, no pueda acabar con estas prácticas. Ciertamente, del récord ante nos nada surge que justifique tal conclusión. Si estos establecimientos son tan notorios y el juego se lleva a cabo de la manera libre y descarada que alega El Pueblo, nada vemos que impida a éste realizar allanamientos repeti-dos y diarios en estos establecimientos. De no hacer más, estos allanamientos eliminarían la ganancia que producen estas operaciones; y, para ser aún más prácticos, la confis-cación bajo el artículo 299 del Código Penal de los aparatos do juego, que no se manufacturan en estos días de guerra, por sí sola acabaría con estas prácticas.

Si se hace un esfuerzo para ejecutar la ley penal a tenor con lo aquí sugerido y ésta todavía demuestra su inefectivi-dad, puede ser que la Legislatura entonces elija aprobar dis-posición legislativa de clausura y estorbo, las cuales nos pide El Pueblo que injertemos ahora en la ley. De así elegirlo, la Legislatura puede mediante una sencilla ,ley, como se ha hecho en muchos, si no todos, los casos estatales citados por nosotros, disponer fácilmente que el juego o cualquier otra abierta, intencional, continua y persistente violación de la ley podrá ser prohibida como estorbo público. Toca a ella determinarlo así.

Por las razones aquí expuestas, la resolución de la corte de distrito declarando sin lugar la moción de injunction pre-liminar será confirmada.

El Juez Presidente Sr. Travieso no intervino.

      Las palabras “perjuicio común.-” y “estorbo público” se usan indistin-tamente, y su significado es el mismo. 124 Am. State Reports 591, a la pág. 595.

       5 Pomeroy, Equity Juiis. (25 ed.) 1893.

       quina anotación muy provechosa, encontrada en 91 A.L.K. 316 y 40 A.J0.JR. 1145, demuestra la situación dividida de las autoridades en cuanto a esta cues-tión. El caso de Pompano Horse Club v. State, 111 So. 801 (Ela., 1927), aunque no tiene nada que ver con nuestro problema específico toda vez que tenía una disposición estatutaria expresa en euanto a que la operación de una casa de juego es un. estorbo y puede prohibirse, contiene un hábil y exhaustivo estudio do las autoridades en otros sitios en donde no hay una ley o tienen varios tipos de leyes. El caso de Engle v. Scott, 114 P. (2da) 236 (Ariz, 1941), no obstante el heeho de que Arizona tiene solamente delitos estatutarios y que sólo impera un estatuto general sobre estorbos, idéntico al nuestro, resuelve quo el juego es un estorbo per se; en contra, State v. Barron, 15 P. (2d) 456 (Kans., 1932). Otros easo-j concediendo injunctions bajo sus estatutos específicos o como cuestión de derecho común, son: State v. The Araho, 289 N.W. 545, 549, 550, 551 (Neb., 1940); State v. Wokan Amusement Co., 19 P. (2d) 967, 969 (Okla., 1933) ; State v. Omaha Motion Picture Exhibitors’ Ass’n, 274 N.W. 397 (Neb., 1937); State v. Multerer, 289 N.W. 600 (Wis., 1940); Gullat v. State, 150 S.E. 825, 827 (Ga., 1929) ; Enright v. Commonwealth, 225 S.W. 240 (Ky., 1920); State v. Rabinowitz, 118 P. 1040 (Kan., 1911); Bespass v. Commonwealth, 115 S.W. 1131 (Ky., 1909). Véanse también, Simpson, Fifty Tears of American Equity, 50 Harv. L. Bev. 171, 225, 227-8; Statutory Extension of Injunctive Law Enforcement, 45 Harv. L. Bev. 1096, 7; 13 Oalif. L. Bev. 64; 39 Midi. L. Bev., 1035, 36; Equity: Power to enjoin criminal nuisance, 8 Corn. L. Q. 371; Injunction versus Indictment, 8 Eordham L. Bev. 237, 244; Mestatement of the Law of Torts, Ch. 40, págs. 216-7; Miller on Criminal Law, Sec. 132, pág. 418; 19 Mich. L. Bev. 449-450.

      (4)Iiej.oa estamos do sostener que un estatuto copiado de un estado no con-lleva la jurisprudencia anterior do esa jurisdicción interpretativa de dicho esta-tuto. -Lo contrario es una doctrina aceptada y usual en esta jurisdicción, y de ninguna manera -la repudiamos en este caso. Pero la situación aquí os algo distinta, ya que los estatutos en cuestión han sido interpretados en los estados dé donde proceden como declaratorios del derecho común, tanto civil como criminal, que jamás -ha existido aquí. Bajo tales circunstancias, os nuestro sentir, sin quo por ello sentemos una doctrina inexorable a ser aplicada para todos los propósitos a todos 'los casos, que la jurisprudencia de tales estados, tanto -la anterior -como .la subsiguiente a la aprobación de - nuestro estatuto, debo ser cuidadosamente examinada y aplicada a este easo con gran -cautela.

      (5)El Juez Asociado Sr. Black y oí Juez Asoei.ado Sr. Murphy concurriendo en Mercoid Corp. v. Mid-Continent Co., 320 U.S. 661, a la pág. 673.

      (6) Quizá pueda indicarse entre paréntesis, que el no haberse invocado ante-riormente el artículo 686, que ha estado en nuestras leyes desde el 1906, de la manera aquí propuesta, tiene por sí alguna significación. Desde luego, los esta-tutos penales de ordinario no desaparecen por falta de uso (Pueblo v. Rubert Hermanos, Inc., 53 D.P.R. 779, 798). Pero aparentemente nunca se les ocurrió a los anteriores funcionarios gubernamentales que el artículo 686 tiene el efecto general que ahora se le atribuye. "De existir dudas — que no creemos que las haya — en cuanto a la interpretación que damos a la ley . . . dicha duda se disipa totalmente al considerar la interpretación contemporánea dada a la ley por los funcionarios encargados de ejecutarla . . . ” (Gunter v. Atlantic Coast Line, 200 U.S. 273, 287).

      (7)‘‘El articuló 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, que describe lo que es' un estorbo, autoriza el ejercicio de una acción por cualquier perso.na cuyos bienes hubieren sido perjudicados o cuyo bienestar personal resulte menoscabado por la perturbación o nuisance. Nuestra ley de injunction, en su artículo 12, dice así: ‘Podrá concederse un injunction a petición de El Pueblo de Puerto ltieo, para prohibir y suprimir la conservación y mantenimiento de un perjuicio común. La petición será jurada por el fiscal del distrito en que el perjuicio común exista, o por el Attorney General, según su leal saber y entender, y no-será necesaria ninguna fianza. ’
      ‘‘La acción que se ejercita en el presente caso con el propósito de remover un estorbo que se califica de público tiene el carácter de un injunction manda-torio. En el estado de California se aprobó en 1905 una enmienda al artículo 731 del Código de Enjuiciamiento Civil, muy parecida a la sección 12 de nuestra ley'de injunction. En esta enmienda se dice que se puede promover una aceión , en el nombre del pueblo del estado de California para remover un estorbo pú-blico, por el fiscal del distrito del condado o por el abogado de la ciudad o pueblo donde el estorbo exista y que tanto el fiscal del condado como el abo- ' gado de la ciudad deben iniciar la acción cuando se lo ordene la junta de superin-tendentes del condado o la autoridad legislativa del pueblo o ciudad. La sección 12 de nuestra ley do injunction, como el artículo quo acabamos de citar, autoriza una acción a nombre del Pueblo de Puerto Bieo y diee que la petición será ju-rada por el fiscal del distrito donde exista ol estorbo o por el Attorney General. A nuestro juicio, en el caso do un estorbo público es el pueblo el que debe pro-mover la acción a iniciativa de sus ropreseirtantos legales, a menos que se hubiesen ocasionado perjuicios especiales a un ciudadano privado, en cuyo easo éste ten-dría un derecho de acción de acuerdo con el artículo 277 del Código de Enjui-ciamiento Civil.” (44 D'.P.B. 562, 571-72).

      (8)Beconoeemos que la Corte de California tuvo menos dificultad para inter-pretar sus estatutos que la que hemos tenido nosotros, en vista del estatuto espe-cífico de ellos en cuanto a que procede un injunction por El Pueblo para eliminar un estorbo público, tal como se define en otra seeeión del Código, esta última virtualmente idéntica a nuestros artículos 329 y 277. Pero una vez se elimine dicho escollo, nuestros estatutos, al aquí interpretarse, tienen exactamente la misma forma que los estatutos de California, y el caso de Lim es por tanto, ente-ramente aplicable.

      Es interesante indicar que en el caso do Lim la verdadera decisión fuá que la petición aducía una causa de acción. La corte dijo a la pág. 882: “Aun-que la contención de los demandados de que se necesitan alegaciones específicas do hecho, es por tanto correcta, creemos que las alegaciones de la presente de-manda son suficientes frente a una excepción general. La demanda alega que L easa do juego operada por los demandados 'reúne un gran número de personas desordenadas, altera la paz pública, reúne a loo ociosos y cultiva malos hábitos entre ellos, crea amenazas do fuego y do congestión en el tránsito y es por tanto perjudicial a la salud, indecente y ofensiva' a los sentidos e interrumpe el cómodo goco do la vida y de loo bienes'. ' Grupos de personas desordenadas que alteran la..paz y obstruyen el tránsito muy bien pueden interrumpir el cómodo goco de la vida y dé los bienes y pueden dar lugar a los riesgos designados én el esta-tuto. En casos do una naturaleza similar, so ha resuelto que alegaciones quo no .son. esencialmente diferentes a la aquí envuelta aducen hechos suficientes para constituir una causa de acción.” Similarmente, de alegarse y pirobarse talej hechos, yendo más allá de meras repetidas violaciones del estatuto penal prohibiendo el juego, se adueiría una causa de acción en esta jurisdicción. La corte de distrito expuso correctamente la ley sobre ese particular, según admiten los’ demandados, en el siguiente diotum: "No hay duda alguna de que a tenor de las claras y terminantes disposiciones de los Artículos 277 de nuestro Código do Enjuiciamiento Civil y 329 de nuestro Código Penal, si El Pueblo hubiera probado el hecho do que los juegos que se llevaban a efecto en el Eseambrón eran perjudiciales a la salud, indecorosos u ofensivos a los sentidos, o que obs-truían el libre goce de alguna propiedad, de modo que estorbare el bienestar de toda una sociedad o vecindario, o de un gran número de personas, hubiera tenido derecho al injunction solicitado." Bajo nuestros actuales estatutos puede verse quo todavía la regla es una relativamente flexible que no puede exponerse más específicamente que como la expuso la corte de distrito. El que un caso tenga éxito bajo dicha, regla dependerá siempre de sus hechos. Cada caso de esta ín-dole oscila en sus proxúos hechos, y la procedencia de un injunction en un caso específico descansa en la sana discreción de la corte de distrito (The Hecht Company v. Bowles, Administrator, -U. S.-, resuelto el 28 de febrero de 1944).

      (10)Véase, por ejemplo, State v. Heldt, 213 N.W. 578, 580 (Neb., 1927).

       Si el Gobierno elige iniciar el procedimiento en la corte de distrito, el acusado tiene derecho a juicio por jurado en los casos misdemeanors.

      (11) Para una excelente discusión de estatutos recientes en otras jurisdieeio-nea que han sido expresamente aprobados para disponer la clausura y confisca-ción por las eortos de equidad con el fin de hacer frente con mayor éxito a las infracciones do las leyes contra el vicio y el licor, véase el escolio 5 en 45 Harv. L. Rev. 1096 a la pág. 1097. Al mismo efecto, bajo la Ley Nacional de Prohi-bición, véase 41 Stat. 314, 23 U.S.C. §§34, 35.

      (12) En el caso de State v. Robb & Rowley United, 118 S.W. (2d) 917 (Tex., 1938) la corte dice a la pág. 921: “Indudablemente es cierto que en Tejas las loterías oeupan un lugar únieo en la historia de la legislación contra el juego. Cada constitución de nuestro Estado desdo 1845 a la fecha, ha contenido dispo-siciones contra las loterías similares a aquéllas contenidas en nuestra actual Constitución. Y es cierto que ninguna otra forma de juego ha sido separada y expresamento denunciada. Pueden apuntarse varias razones para esto. Otros gobiernos en diferentes épocas han recurrido a la lotería como medio de levantar fondos. Y en el caso de Lee v. City of Miami, 121 Fla. 93, 163 So. 486, 101 A.L..R, 1315, se dijo quo una de las principales características de las loterías es que infestan toda la comunidad, llegan a todas las clases, consumen los ahorros del pobre y saquean al ignorante y al ingenuo, mientras que en comparación, otras formas do juego, sólo afectan a algunos individuos. ...”

      (13) Título 18 U.S.C.A. $336.

      (14) Resolución Conjunta Núm. 37, Código Penal, pág. 217.

      (14a)Ley Núm. 11, Leyes de Puerto Bieo, 1932 (Leyes de 1931-32, pág. .195), conocida eomo la “Ley Hípica de Puerto Rico”, según quedó enmendada por la Ley Núm. 17, Leyes de Puerto Bieo, 1935, Sesión Extraordinaria (pág. 93); Ley Núm. 35, Leyes do Puerto Bieo, 1936 (pág. 247) (reglamentando las carre-ras de perros); Ley Núm. 236, Leyes de Puerto Rico, 1942 ((1) pág. 1345;, conocida como la “Nueva Ley de Gallos de Puerto Bieo”.

      (15) Al disponer para la lotería del Gobierno, la Legislatura dijo en el pre-ámbulo de la Resolución Conjunta Núm. 37 que “La condición humana es pro-picia a gustar de los juegos de azar y no se puede impedir que nuestros ciudadanos empleen su dinero en billetes de las loterías de otros países; ...”

      (16) Nos damos cuenta del liecho do que el permitir la operación aquí alegada da lugar a que los demandados infrinjan la ley de muchas maneras. Pueden no tener una licencia para operar; pueden no pagar contribucones sobre ingresos o do cualquiera otra clase; puede haber una influencia desilusionadora o quizás corruptiva sobio la policía asignada a la vecindad y sobro sus superiores. La situación, es quizás análoga a aquélla de los últimos días do la prohibición, pero esto- sólo enfatiza la necesidad de acción legislativa en una u otra forma.

      (17)“Bl mero hecho de que es difícil ejecutar la ley no es fundamento pa.a el remedio en equidad.” . (13 Calif. L. Bev. 63, 66).


source: Caselaw Access Project

author: Ed Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    Domingo Martínez, demandante y apelado, v. Enrique Báez y Great American Indemnity Co. de New York, demandados y apelantes.
    Núm. 8872.

    — Sometido: Abril 14, 1944.

      Resuelto: Junio 7, 1944.

      Hugh B. Francis, abogado de los apelantes; Baldomcro Frcyre, abo-gado del apelado.
   Ed Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nn caso de daños y perjuicios. De acnerdo con la apreciación qne de la prueba hizo la corte inferior consideró probados los siguientes hechos:

“Que el demandado Enrique Báez, en su carácter de contratista de obras, celebró un contrato con el Municipio de San Germán en 18 de diciembre de 1939, mediante el cual se adjudicó a dicho deman-dado la construcción de las acometidas a las casas en relación con. el sistema de alcantarillado de dicbo municipio; que en la construc-ción de dichas obras el demandado Báez abrió, por medio de su* empleados o agentes, una excavación como de un pie de ancho por seis de profundidad en la acera Este de la calle Salud de San Ger-mán ; y que en 16 de abril de 1940, como entre 7:30 a 8:00 p. m., mientras el demandante caminaba por dicha acera, por donde tenía perfecto derecho a caminar, se cayó en la antes mencionada exca-vación recibiendo las lesiones que se especifican en la demanda, y de donde tpv'o que ser sacado por varias de las personas que decla-raron en el juicio como testigos del demandante. Quedó asimismo probado, a entera satisfacción de esta corte, que a pesar del deman-dado Báez haber abierto la excavación en cuestión, y de la que no’ tenía conocimiento alguno el demandante, dicho demandado no impi-dió la continuación del tránsito por dicha acera ni puso señal alguna en la proximidad del sitio de peligro, que advirtiera al demandante o a cualquier persona que existía dicha excavación o zanja, ni expuso' en sitio visible o en sitio alguno llamada, cartelón, aviso, ni luz roja o luz alguna en prevención del peligro existente; que en el momento del accidente el demandado Báez estaba asegurado con la demandada Great American Indemnity Co., según póliza #LC — 66825, en vigen-cia dicha póliza, contra la suma de $5/10,000 en forma en que dicha demadada se comprometió a asumir cualquier responsabilidad en. que el demandado Báez "incurriera por daños y perjuicios personales, ocasionados en la construcción de las acometidas. Se probó ade-más por el demandante que la, causa única, inmediata, próxima y existente de dicho accidente fué la culpa y negligencia del deman-dado Báez, por no poner señal o aviso de clase alguna en las proxi-midades de la excavación para advertir el peligro y permitir que la misma quedara sin protección de clase alguna, y que dicha negli-gencia es imputable a la demandada Great American Indemnity Co. -r que el demandante recibió lesiones en dicho accidente, consistentes en una extensa y fuerte contusión en el costado izquierdo que pro-dujo un estado marcado de choque traumático con fractura de ia décima costilla izquierda, en pleuritis seca subyacente al trauma en dicho costado izquierdo, y en heridas leves y laceraciones en los mus- ' los y los brazos. Se estableció además por el demandante a. satis-facción de la corte que como consecuencia del accidente él tuvo qué guardar cama por espacio de cuatro semanas y que los golpes reci-bidos, especialmente la fractura de la décima costilla izquierda, y la curación de dichos golpes, le causaron dolores agudos, gran agonía mental y padecimientos físicos y morales y que estuvo asistido por el Dr. Nicolás Sanabria, de San Germán, quien se trasladaba dos o. tres veces a la semana a Sabana Grande a la casa del demandante, para prestarle sus servicios médicos, desde abril 16 de 1940 a mayo de 1940; quedó asimismo demostrado ampliamente que los servicios prestados por el Dr. Sanabria al demandante durante el período da su curación fueron necesarios para el restablecimiento del deman-dante y que los honorarios reclamados por estos servicios son razo-nables. ...” • ‘

En cnanto a la defensa de los demandados al efecto de que el demandante fué culpable de negligencia contributoria, dijo la corte: ¡¡. .¡«¿j

“. . . Ni un ápice de prueba adujeron los demandados para substanciar esta alegación. Ni el más leve asomo de prueba bubo para demostrar que el demandante caminaba en forma descuidada. o atolondrada, según alegaran los demandados. Nada hay en la prueba del caso que demuestre que el demandante tenía conocimiento de que la zanja de la acera de la calle Salud estuviese abierta. No pudie-ron los demandados establecer, ni siquiera remotamente, que el demandante se expusiera inteneionalmente a un peligro por él cono-cido. Nada hay en la prueba de los demandados que demuestre que el demandante dejara de poner razonable atención a sus alrededores, o dejara de ejercitar razonable cuidado o diligencia para evitar un peligro por él percibido en la acera. (Font v. Viking Construction Co., 58 D.P.E. 698).
“Por el contrario la prueba demuestra que el demandante se vio obligado a caminar por la acera, que era el-sitio por donde podía andar, ya que la tierra en la calle hacía imposible el tránsito y tenía-el demandante derecho para creer que la zanja en que cayó, dé existir, estaría protegida. No fué culpable de negligencia contri-butoria el demandante al caminar por la acera, sitio por donde tenía derecho a andar y donde tenía derecho a creer que la misma estaba en buenas condiciones, e irse dentro de la zanja en ausencia dé cono-cimiento de que existía una excavación sin la debida protección: {Blanco v. Municipio de Mayagües, 57 D.P.E. 482. Mucho nielios, cuando quedó demostrado a satisfacción de la Corte que- la -visibili-dad en el sitio del accidente era pobre por ser un sitio oscuro.”

Los demandados establecieron el presente recurso; dé ape-' lación contra la sentencia que los condenó a pagar $1,100 de indemnización al demandante, y además $200, importe de los servicios médicos prestados por el Dr. Sanabria al deman-dante, y $200 de honorarios de abogado. Imputan a la corte sentenciadora la comisión de siete errores. Varios de ellos son claramente frívolos y por tanto sólo consideraremos aquéllos que se refieren a la apreciación que de la prueba hizo la corte sentenciadora.

Hemos leído las declaraciones prestadas por los tes-tigos de ambas partes y somos de opinión que no hay nada en el récord que justifique que resolvamos, como pretenden los apelantes, que la corte inferior erró al dirimir el conflicto que existe en la prueba a favor del demandante o que al apreciarla actuara movida por pasión, prejuicio o parciali-dad. El caso de autos cae de lleno dentro de la doctrina ya establecida por esta corte en los casos de Font v. Viking Construction Corp., 58 D.P.R. 689 y Davidson v. Hettinger, 62 D.P.R. 301, y nada podemos agregar a lo expuesto en dichos casos en cuanto a que, de acuerdo con los hechos que la corte inferior consideró probados, el demandante no fué culpable de negligencia contribuyente.

En lo que sí consideramos que asiste la razón a los apelantes es cuando alegan que la suma de $1,100 concedida al demandante es excesiva. La única lesión-sufrida por él fué la fractura simple de una costilla la cual soldó completamente sin que al demandante se le ocasionara daño alguno de carácter permanente o incapacidad parcial en su aptitud para ganarse la vida. El demandante no dejó de percibir su sueldo mientras estuvo en cama. Bajo todas las circunstancias concurrentes consideramos que una indemnización de $500 es justa y razonable.

En cuanto a los $200 concedidos por los servicios médicos no hubo prueba alguna de los demandados para con-trovertir lá declaración del Dr. Sanabria en el sentido de que tuvo que trasladarse seis o siete veces desde San Ger-mán a Sabana Grande para asistir al demandante y que con-vino con él en dicha suma como importe razonable de sus honorarios. Ann cuando pudiéramos creer que $200 es una suma algo crecida, el hecho de que los demandados no pu-sieran a la corte inferior en posición de poder resolver cual-quier controversia sobre la cuestión, hace aplicable el caso de Yuya v. White Star Bus Line, Inc., 59 D.P.R. 790, 795, donde resolvimos que: “A falta de prueba en contrario pre-sentada por la demandada, la corte inferior estuvo justifi-cada en dar crédito a la declaración del Dr. Alonso . . .” y que “el testimonio del propio médico que asistió a la deman-dante es suficiente para cumplir con el requisito de que se pruebe la razonabilidad de los gastos por tratamiento mé-dico, ha sido resuelto en muchos casos.”

Tampoco erró la corte sentenciadora al condenar a los demandados al pago de honorarios de abogado. Fueron temerarios, pues su negligencia surge clara de la prueba, empero consideramos que la cuantía concedida, bajo todas las circunstancias concurrentes, debe ser rebajada a $150.

En lo que sí cometió error la corte fué al conceder intereses desde la interposición de la demanda. El propio abogado del apelado así lo reconoce, pues de acuerdo con el ailículo 341 del Código de Enjuiciamiento Civil sólo procede su concesión desde la fecha en que se dictó la sentencia.

Debe modificarse la sentencia apelada en el sentido de rebajar la cuantía de la indemnización concedida al deman-dante de $1,100 a $500; la de honorarios de abogado de $200 a $150, y sólo condenar al pago de intereses desde la fecha de la sentencia, y así modificada, confirmarse.

El Juez Presidente Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Emilio Valentín, acusado y apelante.
    Núm. 10504.

    — Sometido: Junio 2, 1944.

      Resuelto: Junio 8, 1944.

      Ubaldo Aponte, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abo-gados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado ante la Corte de Distrito de G-uayama de un delito de asesinato en primer grado, consis-tente en haber dado muerte al individuo Gregorio de Jesús, hecho ocurrido el día 13 de noviembre de 1932. La acusa-ción le fué leída al acusado el 9 de diciembre de 1932. Des-pués de haberse celebrado dos juicios sin que el jurado rin-diera un veredicto, en abril 24 de 1935 el fiscal solicitó el traslado de la causa al distrito judicial de Ponce. En agosto 1ro. de 1935 se decretó el traslado solicitado y en mayo 12 de 1937 comenzó por fin la vista del caso ante la Corte de Distrito de Ponce. El día 14 de mayo de 1937, el jurado declaró al acusado culpable de homicidio voluntario y el 7 de septiembre de 1937 la corte dictó sentencia condenándole a la pena de tres años de presidio. En la misma fecha en que fué sentenciado, el acusado apeló. La transcripción de evi-dencia fué certificada por el taquígrafo el 13 de abril de 1944 o sea seis años y siete meses después de haberse radicado el escrito de apelación, sin que de los autos ante nos apa-rezca que el fiscal del distrito o el Departamento de Justicia hiciera gestión alguna para obligar al taquígrafo a cumplir con su deber de transcribir las notas taquigráficas dentro de un término razonable y evitar estas dilaciones tan innecesa-rias como inexcusables, que sólo sirven para desacreditar la administración de justicia. Después de haber transcurrido cerca de cinco años, desde la comisión del delito hasta la fecha de la sentencia, y de haber dormido tranquilamente en las libretas del taquígrafo cerca de siete años más, llega por fin este caso a esta Corte Suprema cuando está próximo a cumplirse el duodécimo aniversario del día en que un ser humano fué ilegalmente privado de su vida.

Para sostener su recurso, el acusado imputa a la corte sentenciadora la comisión de seis errores. Los discutiremos en el mismo orden en que han sido señalados.

Que la corte erró al no eliminar totalmente la declaración del testigo Margaro de Jesús, permitiendo que quedara en el récord aquella parte de su declaración en que dijo que al pasar por donde estaba el acusado éste sacó un revólver.

El incidente, base de este señalamiento, ocurrió así: Ha-biendo anunciado el fiscal que iba a renunciar a la declara-ción de Margaro de Jesús, por ser evidencia acumulativa, insistió la defensa en que el fiscal estaba obligado a presen-tar todos los testigos mencionados en la acusación, y que si renunciaba a la declaración del mencionado testigo el acu-sado tenía derecho a que se instruyera al jurado que esa de-claración voluntariamente suprimida debía ser considerada como adversa al fiscal. Entonces el fiscal presentó al testigo y éste declaró: Que el día de autos, como entre ocho y nueve de la noche, él, Justino Díaz j Julio Díaz venían de un baile familiar en casa de Jenaro Colón, y al pasar frente a la casa de Juan Bautista Rivera vieron allí al acusado parado en la escalera y al pasar ellos el acusado se les fué detrás. Al llegar frente a la casa del acusado, éste les dijo que si eran liberales se ensuciaba en las madres de los tres, sacando al mismo tiempo un revólver y diciéndoles: “Apeche el que quiera”. El revólver era blanco, niquelado.

Solicitó la defensa la eliminación de toda la declaración. La corte inferior ordenó la eliminación de todo lo referente a las palabras y amenazas proferidas por" el acusado, pero la denegó en cuanto al hecho de que el acusado en la misma noche del suceso y poco antes del encuentro con su víctima tenía en sus manos un revólver, la descripción del cual co-rrespondía con la que ya había dado el testigo que declaró antes que Margaro 'de Jesús. No erró la corte inferior al denegar la eliminación de esa parte de la declaración. Ella era admisible como corroboración del hecho de qne el acu-sado, poco antes de la comisión del delito qne se le imputa, andaba armado de un revólver, que es el arma que se alega én la acusación fué la empleada por el acusado para dar muerte a su víctima. Además, si algún error se hubiese cometido, en nada se perjudicó al acusado, toda vez que éste admitió haber dado muerte a su víctima, con un tiro de revólver, alegando que se había visto obligado a matarlo en defensa de su propia vida.

Que el veredicto rendido y la sentencia impuesta son contrarios a la evidencia y a la ley.

Hemos estudiado detenidamente la evidencia presentada por ambas partes. La de cargo, a la cual dió crédito el ju-rado, tendió a demostrar que en el momento en que el inter-fecto, acompañado de un amigo, pasó por el sitio donde es-taba el acusado, éste, sin que mediaran palabras o discusión entre él y su víctima, dirigiéndose a Gregorio de Jesús le dijo: “Hombre, Goyito, parece mentira que usted, un hombre que era tan buen socialista, que haya votado con los Li-berales. Usted no es más que un sinvergüenza y un hijo de la gran puta”, y acto seguido le hizo un disparo de revólver. La bala le perforó el intestino y la vejiga y al día siguiente falleció. La explicación dada por el acusado inmediatamente después del suceso fué la de que “el señor Goyo de Jesús me invitó a pelear y al llegar al sitio me empujó, caí para atrás, se me salió un tiro y le cogí una pierna”. Nada dijo el acu-sado en ese momento sobre que el interfecto hubiese tratado de agredirle con una navaja barbera y que-por ese motivo él se había visto obligado a dispararle.

La prueba de la defensa tendió a probar que fué el inter-fecto quien desafió e insultó al acusado, abalanzándose contra él y metiéndose la mano en el bolsillo de atrás; que en ese momento sonó un tiro, pero ninguno de los testigos de defensa vió el arma ni supo quien fué la persona que hizo el disparo; que poco después del suceso, el herido le dijo al testigo Julio Ramos: “Julio, sácame eso que tengo en el bolsillo”, y entonces Ramos metió la mano en el bolsillo del herido y encontró la navaja, la cual entregó a la cuñada del acusado. Esa navaja no fué entregada a la policía y nada se supo de ella hasta que fué presentada en el acto del juicio.

Como prueba de “rebuttal” el fiscal ofreció la declara-ción del policía que llegó al sitio donde estaba el herido, in-mediatamente después del suceso. Declaró que cuando él llegó al sitio, el testigo Ramos no estaba allí; que más tarde, cuando él mandó buscar a algunos vecinos para trasladar al herido, fué que se presentó Ramos; y que cuando Ramos llegó, ya él, el policía, había registrado al herido y no le en-contró arma alguna.

Lá prueba de cargo es a nuestro juicio suficiente para sostener un veredicto de asesinato. No puede quejarse el acusado de que el jurado resolviese el conflicto de la eviden-cia en su contra, pero dándole el beneficio de una calificación de homicidio.

Al declarar como testigo de “rebuttal” el policía Sergio Díaz Cartagena, el fiscal le preguntó si el acusado se le quejó en algún momento de que Gregorio de Jesús lo amenazaba de muerte. Se opuso la defensa por no ser eso prueba de rebuttal. El testigo contestó con una negativa y la defensa tomó excepción.

No erró la corte inferior al permitir la pregunta. La prueba de la defensa tendió á demostrar que el interfecto había amenazado de muerte al acusado. Parece natural que un ciudadano que se ve amenazado de muerte acuda a la po-licía en busca de protección. El hecho de que el acusado no tomara esas precauciones tiende a demostrar que tales ame-nazas no fueron hechas.

Tampoco erró la corte sentenciadora al decir al jurado que la navaja se admitía en evidencia en relación con la de-claración del testigo Julio Ramos y sujeta a la credibilidad del testigo. La declaración de dicho testigo no merecía en verdad crédito alguno. Declaró que cuando ocurrió el suceso él estaba en su casa durmiendo. No oyó el disparo. Fueron a buscarle y entonces fue a donde estaba el herido. Cuando llegó allí el policía no había llegado aún. No recuerda cómo estaba el herido. Este se quejaba, pero no sabe de qué se quejaba, pues él ni se fijó ni se preocupó. Lo único que re-cuerda es lo referente al hallazgo de la navaja en el bolsillo del herido. No recuerda cómo estaba vestido el herido ni tampoco si sus ropas estaban o no manchadas de sangre. Es natural que si el jurado no creía nada de lo declarado por Ramos tampoco debía creer lo declarado por él en cuanto al hallazgo de la navaja.

En este señalamiento se alega que la corte inferior erró al negarse a trasmitir al jurado la siguiente instrucción .solicitada por la defensa:

“Cuando una persona se presenta ante otra, la provoca e insulta de palabras, la desafía, la agrede, no obstante el hecho de que ésta trataba de evitar la cuestión, trata luego de llegar, y llega, en actitud violenta al sitio en que estaba el agredido, asiéndole por el pelo con una mano mientras con la otra trata de sacar algo de uu bolsillo, tales circunstancias son bastantes para hacerle creer a éste que estaba en peligro de ser acometido gravemente o de perder la vida, aunque no supiera si el agresor tenía o no arm:a consigo, y para justificar la muerte de su agresor.”

Del récord no aparece que la defensa tomara excepción a la negativa de la corte. Aparece por el contrario, que al terminar de dar sus instrucciones la corte dijo a la defensa que si deseaba tomar alguna excepción podía hacerlo en pre-sencia del jurado, contestando el abogado defensor que no deseaba tomar excepción. Esto debería ser suficiente para que desestimáramos este señalamiento. Empero, después de considerar cuidadosamente la cuestión levantada por el ape-lante hemos llegado a la conclusión de que la misma carece de méritos. La corte inferior no estaba obligada a dar la instrucción sobre defensa propia en la forma propuesta por la defensa. Las instrucciones dadas por la corte al jurado 'cubrieron ampliamente la materia sobre defensa propiá y se ajustaron a la ley tanto en su forma como en su fondo. Pueblo v. Santiago, 56 D.P.R. 109; Pueblo v. Dones, 56 D. P.R. 211; Pueblo v. Guzmán, 61 D.P.R. 634.

Se queja el apelante de que la corte inferior al dar sus instrucciones al jurado no hiciera un resumen de toda la prueba presentada.

Es cierto que la corte está obligada a hacer un resumen de la evidencia, según sé ha resuelto en los casos de Pueblo v. Cartagena, 54 D.P.R. 870 y Pueblo v. Lebrón, 61 D.P.R. 657; pero cuando la corte, por inadvertencia o por alguna otra razón deja de hacerlo, es al acusado a quien corres-ponde solicitar de la corte que así lo haga. Si el acusado? como ocurrió en el presente caso, renuncia ese derecho al hacer constar expresamente que no tiene objeción alguna a las instrucciones, no tiene motivo alguno para quejarse. Además, no estamos convencidos de que el acusado haya su-frido perjuicio alguno.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe Snyder

text:
    Fausto A. Garcés, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1141.

    — Sometido: Abril 13, 1944.

      Resuelto: Junio 8, 1944.

      J. A. Suris AgraÁt, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señoe Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura otorgada el 18 de febrero de 1944, Rosario Capriles Atresino constituyó una servidumbre, como dueña de una finca urbana en la población de San Grermán, a favor de Fausto Grarcés, dueño del que pasaría a ser predio domi-nante. Dicha servidumbre consistiría en no usar el frente de su finca, sobre el cual había instalada una bomba de gaso-lina. Se convino en dicha escritura que la dueña del predio sirviente “se compromete a quitar la bomba instalada en dicho frente de su finca y a no usar dicho frente para dar buena vista a la finca del compareciente de la segunda parte, quien se compromete a no usarlo en ninguna forma, ni a permitir que otra persona lo use, haciendo edificación o es-torbo a la vista de las dos fincas.”

El registrador se negó a inscribir la escritura mediante la siguiente nota:

“Denegada la inscripción del presente documento por observarse que la pretensa servidumbre consiste en prohibir a la señorita Capri-les Atresino el uso del frente, de su finca para dar buena vista a la finca del señor Garcés, sin que se exprese claramente si ese frente, cuyo uso se prohíbe, está o no comprendido dentro de los límites de la finca sobre la cual se constituye y de estarlo, cuál es su medida y extensión superficial ...”

Uno de los propósitos del registro de la propiedad es proporcionar al público en general información minuciosa, de suerte que toda persona que contrate sobre un inmueble pueda determinar el status exacto del mismo. Al consti-truirse una servidumbre deben establecerse clara e inequívo-camente la extensión y área de la misma. Si el propósito de la dueña del predio sirviente al constituir la servidumbre en controversia era obligarse a no usar el frente de su pre-dio urbano, debió establecer claramente la extensión y área que esa prohibición cobijaba. Era imprescindible que se hi-ciera constar claramente no sólo la medida del frente si que también la del fondo del pedazo de terreno sujeto a la ser-vidumbre (Artículo 9, párrafo 2, Ley Hipotecaria).

Debe confirmarse la nota del Registrador.


author: El Juez Asociado Señor Sptyder

text:
    In re Angel Arroyo Rivera, querellado.
    Núm. 55.

    — Sometido: Mayo 4, 1944.

      Resuelto: Junio 12, 1944.

      Angel Arroyo Rivera, pro se, y Ricardo II. Blondet, abogados del " querellado; R. A. Gómez, Fiscal del Tribtmal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Sptyder

emitió la opinión del tribunal.

Angel Arroyo Bivera fue admitido a la práctica de la abogacía en 1913 y a la de notario público en 1918. Al pre-sente no está actuando,como notario, toda vez que por reso-solución de la Corte de Distrito de San Juan de fecha 26 de mayo de 1941, entregó sus protocolos a dicha corte.

Como resultado de un informe de la corte de distrito a este tribunal, ordenamos al fiscal de esta corte que practi-cara una investigación de las actuaciones del querellado que se relatan más adelante. Una vez practicada dicha investi-gación el fiscal, de conformidad con nuestra resolución, ra-dicó la presente querella de disbarment.

Los cargos contra el querellado, que se han prohado a cabalidad, pueden dividirse en dos grupos. El primero con-siste de continuas infracciones de su deber como notario en el otorgamiento de instrumentos notariales desde 1925 al 1940. Surge de la evidencia que con excepción de un año, tales sucesos tuvieron lugar todos los años a través de este período. El resultado final es que podría ponerse en tela de juicio la autenticidad de muchos instrumentos públicos otor-gados por y autenticados ante el querellado como notario público. Sus actuaciones demuestran un descuido obstinado' y una persistente indiferencia hacia sus delicados deberes a. este respecto.

En algunas ocasiones dejó de estampar su sello notarial,* en otras dejó de poner en las escrituras su rúbrica o signo,, o ambos. En algunas escrituras no se mencionaron los tes-tigos de las mismas; en otras los testigos no las firmaron. Había documentos con incongruencias entre el nombre de las partes en las escrituras y las firmas de las mismas. En dos-escrituras el querellado afirmó que todos los concurrentes-habían firmado, cuando la verdad fue que las partes otor-gantes firmaron mediante un testigo, cosa que el querellado-omitió manifestar. En algunas escrituras había borraduras-’ e intercalaciones que no se “salvaron” al pie del documento, en cuanto a que se hicieron con la expresa aprobación de las-partes y con las firmas de las personas que otorgaron los-instrumentos, tal como dispone la ley. Asimismo hay un nú-mero de irregularidades de menor importancia tales como el empleo de números para indicar cantidades y los números de las escrituras, en vez de escribirlos en letras; en un proto-colo la nota de cierre no tenía fecha; en otro protocolo se decía que contenía 78 pliegos cuando sólo contenía 76 y el número cronológico de las escrituras era erróneo.

La mayor parte de los defectos arriba indicados han sido subsanados bien ante la corte de distrito o ante el fiscal do este tribunal durante el curso de las dos investigaciones en cuestión. Aun cuando admite los hechos alegados en esta primera serie de cargos, el querellado alega en sustancia (1) que no tenemos autoridad para desaforarlo por infracciones de la ley y.por haber dejado de cumplir sus deberes como notario; y (2) toda vez que los defectos en las escrituras han sido subsanados, en manera alguna debe castigársele.

En cuanto a nuestra autoridad sobre este asunto, no hay duda en cuanto al poder inherente de este tribunal para desaforar o tomar cualquier otra medida disciplinaria contra los miembros del Foro de esta corte que incurran en serios incumplimientos de sus deberes como notarios. In re Torregrosa, 25 D.P.R. 637; In re Figueroa Maestre, 58 D.P.R. 483.

Alega también el querellado en su defensa el hecho de que sustancialmente todas las irregularidades aquí envueltas han sido subsanadas. Dicho argumento no debe alegarse como defensa total, sino en la esperanza de que se mitigue el castigo. Por las razones aquí expuestas, no podemos conceder al querellado la lenidad que solicita. Pero también queremos hacer constar bien claro que de cualquier modo el subsanar posteriormente tales irregularidades no puede nunca ser fundamento para eliminar retroactivamente las irregularidades de que se trata.

El segundo grupo de cargos es aún más serio. El quere-llado dejó de adherir en las escrituras otorgadas ante sí los correspondientes sellos de rentas internas requeridos por la ley, como sigue: en 1925, en doce escrituras, $16.25; en 1926, en seis escrituras, $6.25; en 1927, en doce escrituras, $14.25; ■en 1928, en nueve escrituras, $21; en 1929, en siete escritu-ras, $8.25; en 1933, en ocho escrituras, $3; en 1934, en cinco escrituras, $1,75; en 1935, en tres escrituras, $1,25; en 1936, en siete escrituras, $7; en 1940, una escritura, 50 centavos y en 1939 y 1940 el querellado dejó de adherir a tres escri-turas el sello expedido por el Colegio de Ahogados de Puerto Rico, tal como lo exige la Ley núm. 170, Leyes de Puerto Rico de 1939 (pág. 863). Dejamos sin discutir algunas otras irregularidades en relación con sellos, aun cuando el quere-llado no las explicó satisfactoriamente, por considerarlas in-necesarias para la resolución de este recurso.

La defensa del querellado en cuanto a esa segunda serie de cargos es que los sellos de rentas internas que faltaban fueron adheridos más tarde a los documentos en cuestión después de iniciarse las investigaciones; que la ley no dice cuándo deben ádherirse dichos sellos; y que el único castigo que puede imponerse es una multa administrativa o algo por el estilo, que concebiblemente no podría imponérsele a él, toda vez que no puede convertirse a un notario en un cobra-dor del Tesorero. También alega pobreza extrema durante los años en que dejó de adherir los sellos en cuestión.

Ninguna de estas alegaciones tiene algo que ver con nues-tra autoridad para disciplinar al aquí querellado. Hemos dicho que “las cortes conservan el poder inherente que a través de los siglos han tenido para separar del ejercicio de su profesión a aquellos abogados que a virtud de sus actua-ciones hayan demostrado que son indignos de la confianza que en ellos se depositó . . . ”. Y esta corte ya ha resuelto “En ... los casos In re Rey González, 56 D.P.R. 936; In re Más, 56 D.P.R. 940 e In re Rivera, 56 D.P.R. 942 . . . que el dejar un notario de fijar y cancelar los sellos de rentas in-ternas a las escrituras públicas que otorga constituye causa suficiente para separarle del ejercicio de la profesión de abo-gado-notario . . .”. (In re Figueroa Maestre, supra, a la pág. 489.)

Al alegar su insolvencia durante los años en cuestión, por inferencia admite el querellado que cobró el dinerode sus clientes para comprar los referidos sellos y lo usó para fines personales. Sin embargo, aun cuando no hubierehecho esto, todavía es inexcusable su conducta. Y el hecho de que, una vez iniciadas las investigaciones, el querellado' pudo tomar a préstamo suficiente dinero para comprar y adherir todos los sellos, en manera alguna lo disculpa de la irresponsabilidad profesional aquí imputada. Si así lo resolviéramos, ello equivaldría a burlarnos de las leyes aquí envueltas y de los deberes que recaen sobre los miembros de nuestro Foro.

El querellado fué una vez juez de distrito. Ha gozado de su título de abogado durante muchos años. Sus faltas no-fueron esporádicas, sino que se repitieron en innumerables ocasiones a través de varios años. No hizo gestión alguna para corregir sus irregularidades hasta que la corte de dis-. trito terminó la investigación de las mismas. Forzoso es concluir que el querellado a sabiendas y persistentemente ha' actuado en forma tal que es imposible para nosotros resolver que podemos continuar confiando en que habrá de.con-ducirse a tenor con los elevados postulados de conducta pro-fesional exigidos por esta corte a los miembros de su Foro-'

Por las razones aquí expuestas se dictará resolución se-parando al querellado del ejercicio de la profesión de abo-gado-notario.

      (1) Desde 1922 hasta el 1924 no actuó como notario por no haber prestado la correspondiente fianza.

      (2) In re Tormes, 30 D.P.R. 267, 268.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    José Gaya Sagrera, recurrente, v. Registrador de la Propiedad de Bayamón, recurrido.
    Núm. 1145.

    — Sometido: Junio 1, 1944.

      Resuelto: Junio 16, 1944.

      Rdelmiro Martínez Rivera y TjUÍs Bla/nco Lv>go, abogados del recu-rrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Osear Yere y su esposa, siendo dueños de dos fincas rús-ticas que aparecen inscritas en el registro de la propiedad con una cabida de doce cuerdas y seis cuerdas quince cénti-mos, respectivamente, las agruparon para formar una sola finca y la vendieron por escritura pública al recurrente José Gaya Sagrera. En la escritura de venta se hizo constar qué al verificarse la agrupación las fincas fueron mensuradas por el ingeniero Juan Emilio Canals y resultaron tener una ca-bida total de 22 cuerdas y 654 milésimas de otra, o.sea un exceso de 4 cuerdas y 514 milésimas sobre la cabida de 18 cuerdas 15 céntimos que ambas fincas tenían en el registro.

Al presentarse la escritura para su inscripción se acom-pañó una certificación de mensura suscrita por el ingeniero Sr. Canals en la que bace constar que por colindar entre sí dichas fincas y constituir una sola unidad, fueron mensura-das conjuntamente y que “para verificar la referida men-sura fueron citados los dueños de los predios colindantes (se. mencionan por sus nombres), todos quienes fueron notifica-dos personalmente de que la tal mensura se practicaría por mí a requerimiento del Sr. Oscar Yere en la fecha indicada y advertidos de su derecho a comprobar los puntos de -eolin-dancia que habrían de tomarse en cuenta para practicar la mensura y determinar la verdadera cabida de la finca, sin que ninguno de dichos colindantes hiciera objeción o recia-mación alg’una con respecto a tales puntos de colindancia.” (Paréntesis nuestro).

El registrador inscribió el documento en cuanto a las 18 cuerdas 15 céntimos con que aparecen inscritas las fincas y denegó la inscripción en cuanto al exceso de 4 cuerdas 514 milésimas, por los siguientes fundamentos que expresó en su nota:

"... Primero: por no constar inscrito dicho exceso a favor de los esposos vendedores Oscar Yere y Clara Canals; Segundo: que aunque se dice en el documento haber sido mensurada dicha finca agrupada, arrojando el referido aumento de cabida que es más del veinte por ciento que la ley y jurisprudencia permiten, no se ha acompañado el plano de dicha mensura ni documento alguno en que los dueños de los predios colindantes de la misma, después d.e haber sido citados, consientan en que tal exceso de cabida se ins-criba en el Registro por no perjudicarlos en su derecho como tales dueños colindantes (Muriente v. Registrador, 47 D.P.R. 246, 250, Pellón v. Registrador, 53 D.P.R. 526, 530; Delgado v. Registrador, 29 D.P.R. 867, 869; Portocarrero v. Registrador, 34 D.P.R. 292; Aboy v. Registrador, 52 D.P.R. 150). Tercero: que aunque se ha acompa-ñado una certificación suscrita ante Notario por Juan Emilio Canals, ingeniero que dice haber hecho la mensura de dicha finca agrupada, en la que éste manifiesta haber citado a los dueños colindantes al prac-ticar dicha mensura, y que dichos colindantes no hicieron objeción alguna a la misma, tal documento no es suficiente, ya que el citado ingeniero agrimensor no tiene facultades para asumir la representa-ción de los dueños' colindantes en nombre de los cuales habla acep-tando los hechos de que tal rectificación de cabida por la citada mensura no perjudica a dichos terceros interesados, ya que ellos son los únicos que podrían ratificar y aceptar dichas manifestaciones y ninguno ha comparecido ni en la escritura en que se hace tal ree-tific.-dón como tampoco han suscrito la declaración que se ha acom-pañado (Autoridad de Tierras v. Registrador, 62 D.P.R. 506); . ..”.

La interpretación, y alcance qne ha dado el recurrido tanto en esta nota como en sn alegato, a nuestra decisión en el recurso de Autoridad de Tierras v. Registrador, 62 D.P.R. 506, es completamente erróneo cuando sostiene que por dicho caso revocamos el de Muriente v. Registrador, 47 D.P.R. 246 y resolvimos que “la citación de dueños colindantes conlleva el requisito de la aceptación por parte de esos colindan-tes ... . ”. Tampoco resolvimos en dicho caso que los due-ños colindantes deberían comparecer en la escritura de tras-paso aceptando como ciertos los hechos alegados en la misma.

Por el contrario, nuestra decisión en el caso de Autoridad de Tierras v. Registrador, supra, citó con aprobación el de Muriente v. Registrador, y expresamente resolvimos, a la página 507, que el exceso en la cabida de una finca al ser mensurada podía inscribirse y que “para ello precisará se-guir el procedimiento establecido por la jurisprudencia, es decir, practicar una mensura con citación de los dueños co-lindantes y acreditar tanto la mensura como la citación acom-pañando al título una certificación del agrimensor a ese efecto.”

El recurrente en este caso cumplió con esos requisitos y nada más podía exigirle el registrador. En su- virtud, pro-cede la revocación de la nota recurrida, en tanto en cuanto denegó la inscripción del exceso en la cabida de la finca agrupada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Salvador Santiago, acusado y apelante.
    Núm. 10427.

    — Sometido: Junio 1, 1944.

      Resuelto: Junio 16, 1944.

      Gastan Roberts & Alcalá, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxi-liar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué convicto de un delito de seducción y sen-tenciado a cumplir dos años de presidio. En este recurso alega que la prueba presentada fué totalmente insuficiente y que la declaración de la perjudicada no fué corroborada en cuanto al acto carnal.

La contención principal del apelante es que no hubo prueba sobre la promesa de matrimonio para la .seducción pues la evidencia, lo único que demuestra es que la hecha por el acusado siempre fué condicionada a que “la perjudicada le pasara algo”, es decir, que saliera embarazada. Hemos leído detenidamente la transcripción de evidencia y si bien es cierto que en una parte de su declaración Ramona Medina, la perjudicada, se expresó en el sentido de que el acusado le había dicho que si le pasaba algo él se casaría con ella y ad-mitió que ella tuvo relaciones sexuales, con él porque lo que-ría, no es menos cierto que varias veces declaró, enfática-mente, que accedió a los deseos del acusado porque él le ofreció casarse con ella. Así vemos que al final de su decla-ración dijo a preguntas del fiscal:

“P. — ¿Entonces cuando él le ofreció casamiento a usted y usté-i se quiso con él, usted estuvo con él porque lo quería y no porque le ofreció casamiento?
K. — Porque lo quería y porque me ofreció casamiento.
P. — ¿Porque le ofreció casamiento usted se quiso con él si o'no?
R. — Sí, señor.
P. — ¿Eso se lo dijo antes de acostarse en la cama?
R. — El me lo dijo antes, en la cama y después de dos a' tres días más.
P. — La realidad es que además del amor que usted sentía por este hombre, usted accedió a ello por la promesa de matrimonio y porque lo quería.
R. — Porque lo quería y por ofrecerme matrimonio.”

Las frases dichas por la perjudicada al efecto de que se entregó al acusado “porque lo quería” y que él le ofreció casarse “si le pasaba algo” no deben ser consideradas ais-ladamente. No tenemos duda de que la perjudicada se en-tregó al acusado — por haber sido su novio durante cinco años —porque en efecto lo quería sino también porque él siempre le había prometido casarse con ella. De acuerdo, no sólo con su declaración, sino con la de Jacinta Encarnación, madre de la perjudicada, el acusado' la visitaba en su casa y la ha-bía pedido en matrimonio a lo que accedió la madre. Otra testigo, María Teresa Burgos, declaró que el acusado le ha-bía dicho que se iba a casar con Ramona cuando mejorara de situación. Toda esta prueba, apreciada en conjunto, fué suficiente para que el jurado concluyera, como lo hizo, que la perjudicada no hubiera accedido al acto carnal a menos que hubiera existido la promesa de matrimonio por parte del acusado. Pueblo v. Náter, 41 D.P.R. 875; véase People v. Zuvela, 215 Pac. 907.

En cuanto a la prueba de corroboración del acto carnal consideramos que también fué suficiente. La madre de. la perjudicada declaró que el acusado había sido el único no-vio de su hija desde que estaba en la escuela; que le pidió permiso para visitarla pues quería casarse con ella; que él iba por la tarde y de noche y varias veces almorzaba o co-mía en su casa; que ella tenía un negocio de kiosco al lado dé su casa y el día de autos ella vió al acusado entrar a su casa como a las siete y salir a las ocho y media de la noche; que un mes después cuando notó que a su hija le pasaba algo, le preguntó y ella le dijo que estaba encinta y le contó lo que le había pasado con el acusado; que eso ocurrió tan pronto como le faltó (la regla) y entonces la llevó donde un médico y éste dijo que tenía dos meses de embarazada; que como consecuencia de su embarazo su hija tuvo un niño; que el acusado se negó a casarse con su hija y no le ha pasado nada al niño. El caso de El Pueblo v. Morales, 30 D.P.R. 292, citado por el apelante, no es aplicable al de autos. La prueba en aquél sólo tendió a corroborar la promesa de ma-trimonio y nada más. En el de autos, aun cuando de carác-ter circunstancial, hay prueba aliunde a la declaración de la perjudicada que conecta al acusado con la comisión del de-lito. Fué visto por la madre, la noche en que ocurrieron los hechos, cuando entró y salió de su casa; la perjudicada quedó embarazada un mes después y le contó a su madre lo ocurrido, y la fecha de nacimiento del niño coincidió con el curso normal de dicho embarazo desde la fecha en que ocu-rrieron los hechos. Se probó, además, el previo carácter casto de la perjudicada y que el único novio que había te-nido y que visitaba la casa era el acusado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Guillermo Atiles Moréu, en su carácter de Administrador del Fondo del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada, y Pedro J. Arroyo, obrero lesionado.
    Núm. 316.

    — Sometido: Mayo 1, 1944.

      Resuelto: Junio 16, 1944.

      Hon. Procurador General Interino M. Rodrigues Ramos, G. Benitez Gautier, Procurador General Auxiliar, y Joaquina Pérez Cordero, Angel de Jesús Matos, Joaquín Correa Suárez y A. Sundín det Manzano, abogados los cuatro últimos del Fondo del Estado, abo-gados todos del recurrente; Virgilio Brunet, abogado del obrero lesionado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una solicitud del Administrador del Fondo del Estado para que revisemos una resolución de la Comi-sión Industrial concediendo compensación al empleado aquí envuelto, profesor de instrucción pública. Los hechos no están en controversia. La única cuestión en el caso es si el empleado sufrió lesiones en el curso de su empleo.

Pedro J. Arroyo era un profesor que tenía dos contra-tos con el Departamento de Instrucción. De conformidad con un contrato, enseñaba en el pueblo de Peñuelas. Sus deberes lo retenían en dicho pueblo, donde estaba obligado a vivir, hasta cerca de las cinco de la tarde. Su otro contrato era enseñar por la noche de 7 a 9 en una escuela rural que estaba como a cuatro kilómetros de su residencia. Para lle-gar a esta escuela rural, Arroyo tenía que viajar por una carretera pública en la que no había ninguna forma de transportación pública — ni aun los “carros públicos”. Por tanto, hacía el viaje de ida y vuelta en su propia bicicleta. Una noche como a las 9:15, después de haber terminado sus labores, y al regresar a su casa en la bicicleta, ésta patinó, y Arroyo se fracturó su brazo izquierdo.

Hemos resuelto, de conformidad con la regla general en otras jurisdicciones, que el ir y venir del trabajo, bajo circunstancias ordinarias, no es una actividad realizada en el curso del empleo, y por lo tanto, las lesiones así recibidas no son compensables (Guillot v. Comisión Industrial, 60 D.P.R. 674. Al mismo efecto, Patton Park v. Anderson, 51 N.E. (2d) 877, 881; Voehl v. Indemnity Ins. Co., 288 U.S. 162, 169; Campbell, Workmen’s Compensation, Vol. I. Sec. 163, págs. 146-9). Pero dichos casos no son aplicables aquí. A causa de los hechos aquí envueltos, nos viene a la menté otro principio, expuesto al disentir una situación algo dife-rente en Bacó v. Comisión Industrial, 52 D.P.R. 866. Es de-cir, “si el trabajo a realizarse por el empleado crea la ne-cesidad, del viaje, él está en el curso de su empleo . . . ” mientras realiza el viaje.

Hacemos constar claramente que no resolvemos que si un empleado tiene dos colocaciones diferentes con patronos diferentes en dos pueblos, serían compensables las lesiones re-cibidas mientras viaje de un pueblo a otro. Pero cuando, como ocurre aquí, el mismo patrono a sabiendas dispone que el empleado trabajará durante el día en un sitio — donde de-berá residir — y en otro sitio durante la noche, su situación es comparable, por lo menos al viajar hacia y de regreso de dicha colocación nocturna, a la situación de un mecánico viajante o inspector, quien debido a su trabajo tiene que ir a diferentes sitios a cumplir con sus deberes.

Nos damos cuenta del peligro de apartarnos de la regla de “ir y venir”. No creemos que este caso abra las puer-tas a la desviación de dicha regla. Sólo resolvemos que el profesor, de conformidad con estas circunstancias específicas, tenía, por lo menos en cuanto a su trabajo nocturno, una ocupación que le exigía el viaje como parte de la misma, y no sinaplemente ir al trabajo y regresar a la casa.

La resolución de la Comisión Industrial será confirmada.

      (1) El principio enunciado en Cordero, Admor., v. Comisión Industrial, 60 D.P.R. 873, no está aquí envuelto, toda vez que el patrono ni suministra ni paga por la transportación do sus obreros para ir y venir del trabajo.

        (2) Bacó v. Comisión Industrial, supra, a la pág. 872, citando del Juez Cardozo en Marks’ Dependents v. Gray, 167 N.E. 181, 182 (N. Y., 1929).