text:
    Julia, Ildefonso, Josefina, Agustín, Ana-Angélica y Luis Cayere Calzada, demandantes y apelantes, v. Francisco Buxó, demandado y apelado.
    Núm. 8722.

    Sometido: Diciembre 13, 1943.

      Resuelto: Enero 31, 1944.

      Gladys Lasa, abogada de los apelantes; Antonio L. López, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San-Juan desestimó la demanda en este caso sobre cobro de un pagaré expedido “a la orden” porque “la presunción de que el pagaré objeto de la acción es mercantil no ha quedado destruida por la prueba” y por tanto declaró con lugar la defensa establecida por el deman-dado de que la acción estaba prescrita por tratarse de una obligación mercantil que prescribe a los tres años. Los de-mandantes establecieron el presente recurso y como único error alegan que la corte inferior erró en la apreciación de la prueba y al declarar que el pagaré que dió origen a la pre-sente acción es de carácter mercantil, y que por lo tanto ha prescrito la acción en cobro del mismo.

En la demanda enmendada se alegó por los demandantes que ellos eran los herederos declarados de doña Tomasa Calzada Vda. de Cayere y que el demandado otorgó y suscribió el 21 de diciembre de 1925 iin pagaré a la orden de dicha señora por la suma de $500 a vencer el 21 de marzo de 1926. En el hecho tercero se alegó que:

“3. El pagaré precedente transcrito no procedió de operación de comercio y en la fecha ele sil firma y de su tradición a la señora Tomasa Calzada viuda do • Cayere ni ésta ni el deudor, Francisco Buxó, eran comerciantes.”

Continúan alegando los demandantes que heredaron dicha obligación, la cual obra en su poder; que el demandado no satisfizo a la Sra. Calzada ni ha satisfecho a los demandantes dicha obligación; que el demandado ha sido requerido de pago, por escrito y verbalmente, en distintas fechas que se especifican.

El demandado en su contestación aceptó que otoígó y sus-cribió el pagaré pero que nunca recibió cantidad alguna pues si firmó dicha obligación fué para complacer al Sr. Luis Signal, un amigo suyo. La alegación tercera de la demanda la contestó en esta forma:

“III. — Por falta de suficiente información, el demandado niega todo lo relacionado con la señora Tomasa Calzada Vda. de Cayere, que se consigna en el párrafo 3, que así queda contestado.”

Negó los demás hechos de la demanda y como defensa especial alegó que la reclamación estaba prescrita.

Lo primero que resalta de las alegaciones anteriores es el hecho de que en cuanto a la alegación tercera de la demanda el demandado se limita a negar todo lo relacionado con la señora Tomasa Calzada Vda. de Cayere. Por tanto, hay que dar por admitido que el pagaré no procedió de una operación de comercio y que el demandado al otorgarlo no era un co-merciante.

Pasando a considerar la prueba, somos de opinión que se probó satisfactoriamente con la declaración del tes-tigo Adolfo García Yeve que la señora Calzada no se dedi-caba al comercio sino qne “Era propietaria de nnas cuantas casas aquí y ella residía en Francia, y me nombró a mí apo-derado de ella en 1924 ó 1925 antes de irse” (Transcripción de Evidencia, pág. 8) y por la declaración de nna de las de-mandantes qne dijo qne sn madre se ‘‘dedicaba a los queha-ceres de la casa, doméstica”' (Transcripción de Evidencia, pág. 17). Esta prueba no fue contradicha por el demandado y si de sn propia declaración aparece qne él había vivido toda la vida en el campo (Transcripción de Evidencia, pág. 23) y en sn juramento a la contestación hizo constar qne era agricultor, tenemos forzosamente qne concluir qne ninguna de las dos partes contratantes era comerciante cuando se otorgó el pagaré., En cnanto al origen del pagaré el deman-dado también declaró qne había suscrito un pagaré por com-placer a un amigo, el Sr. Rigual, Caballero de Colón como él y qne luego, al no ser pagado, firmó el pagaré objeto de esta acción; qne él aceptó hacerse cargo de la deuda. Quedó demostrado, por tanto, qne el pagaré no tuvo un origen mer-cantil y qne el préstamo no se destinó a actos de comercio.

La corte inferior erró al considerar que la presunción de qne el pagaré en este caso era mercantil no fné destruida. No creemos necesario analizar de nuevo la jurisprudencia de esta Corte sentada en los casos de Pierluisi v. Monllor, 42 D.P.R. 7; Blondet v. Garáu, 47 D.P.R. 863; Barceló & Co., S. en C. v. Olmo, 48 D.P.R. 247, y Banco de Puerto Rico, Liquidador, v. Rodríguez, 53 D.P.R. 174 — citados por la corte inferior — aclaratoria y limitando el alcance del caso de Barros v. Padial, 35 D.P.R. 258. En algunos de dichos casos los hechos probados eran más fuerte que en el de autos no para destruir, sino para sostener la presunción, y se resolvió que a pesar de eso se había destruido la presunción. Reafir-mamos la doctrina establecida en el caso de Pierluisi v. Monllor, supra, donde dijimos que se hacía necesario resolver clara y definitivamente las dudas que aparentemente habían surgido en relación con lo resuelto en el caso de Barros v. Padial, supra, y después de citar los artículos pertinentes del Código de Comercio y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, resolvimos a la página 16:

“Por consiguiente, según nuestro Código de Comercio, que en este particular es igual al de España, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de dicha nación y la repetida de nuestra Corte Suprema, los pagarés librados a la orden tienen la presunción juris tantum de ser mercantiles a menos que se pruebe que no proceden de operacio-nes comerciales. En consecuencia, el hecho de firmarse un pagaré a la orden no convierte un simple préstamo en mercantil ni constituye por sí una operación de comercio, porque nuestro estatuto dice que son mercantiles los que proceden de operaciones de comercio. Tam-bién sostienen los comentaristas la misma doctrina. El Sr. Estasen, en su obra ‘Jurisprudencia Mercantil,’ tomo 2, página 235, dice, se-gún se cita en el alegato de la apelada, que ‘los vales y pagarés a que el artículo 532 del Código de Comercio otorga la misma eficacia y efecto que las letras de cambio, no son aquéllos cuyo importe se va a dedicar a operaciones mercantiles, sino los que procedan de opera-ciones de esta clase’; y en la página 236 agrega: ‘El carácter mer-cantil de los pagarés a la orden no se determina por la mera cualidad de ser comerciantes las personas que en ellos se interesen como libra-dor, endosante, o tenedor, sino por la circunstancia esencial de pro-ceder de operaciones mercantiles’.”

Por lo demás, en el caso de autos, se probó con evidencia testifical y documental que los demandantes gestionaron del demandado el cobro del pagaré y que la acreedora original demandó al deudor en el año 1927 aunque no prosiguió su acción. Asimismo se probó que el demandado reconoció por carta de julio 20, 1926 que el pagaré estaba vencido y solicitó del Sr. García Yeve, apoderado de la acreedora, una prórroga para pagarlo junto con los intereses. Se demostró, por tanto, que la prescripción de quince años también babía sido interrumpida.

Bebe revooarse la sentencia apelada y dictarse otra decla-rando con lugar la demanda, con costas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    Alejandro Rodríguez, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada, y Guillermo Atiles Moreu, Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrido. Marcolina Guadalupe Vda. de Torres, recurrente, v. Los Mismos.
    Núms. 282 y 284.

    Sometidos: Noviembre 29, 1943.

      Resueltos: Enero 31, 1944.

      Virgilio Brunet, abogado del recurrente; Angel de Jesús Matos, Joaquina Pérez Cordero y Joaquín Correa Suárez, abogados del Amministrador del Fondo del Estado, recurridos.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Estos dos recursos fueron vistos conjuntamente y en la misma forma los resolveremos. Envuelven una sola cues-tión, a saber, si la Comisión Industrial tiene jurisdicción continua para reabrir un caso, en cualquier momento, con el fin-de aumentar la incapacidad originalmente reconocida a un obrero lesionado.

Los hechos en cada uno de estos casos son los siguientes:

Recurso núm. 282: El 6 de julio de 1936, Alejandro Rodrí-guez, jockey, se cayó de una yegua que montaba, en uno de nuestros hipódromos, recibió varias lesiones'y fue recluido en la Clínica Díaz García. Un año después, el 9 de julio de 1937, la Comisión Industrial reconoció que el obrero sufría de una incapacidad parcial permanente de un 40 por ciento en su poder adquisitivo total. Cuatro años y medio después, o sea,-el 28 de enero de 1942, el obrero solicitó de la Comisión Industrial la reapertura de su caso alegando que su incapa-cidad había aumentado en tal forma que debía considerarse total y permanentemente. El 9 de junio del mismo año la Comisión accedió a reabrir el caso pero luego, a instancia del Administrador del Fondo' del Seguro del Estado, el 21 de agosto de 1942 reconsideró su resolución y desestimó la peti-'ción. Esta corte confirmó la decisión por el fundamento de no haberse solicitado la reconsideración ante la Comisión— Rodríguez v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 222. Compareció entonces el obrero ante el Administrador del Fondo y al de-negarle éste su petición recurrió ante la Comisión y ésta por resolución de 11 de agosto de 1943 basada en su anterior resolución de 21 de agosto de 1942, denegó nuevamente la soli-citud del obrero. Solicitada reconsideración fué denegada.

Recurso núm. 284: El 20 de septiembre de 1939, el obrero Antonio Juan Torres se lesionó mientras trabajaba para el patrono Bull Insular Line, Inc. Ocho días más tarde el Pondo del Estado denegó su reclamación sobre compensación. El 29 de noviembre de 1940 la Comisión Industrial declaró que el caso era compensable, y el 30 de abril de 1941 dicha comisión le reconoció al obrero una incapacidad de 33% por ciento causada por tuberculosis pulmonar. El 14 de octubre de 1942 el obrero solicitó del Fondo del Estado la reapertura de su caso basándose en que su incapacidad había aumentado. El Fondo se negó a reabrir el caso, y el obrero apeló para ante la Comisión Industrial. Ésta señaló una vista para el día 8.de febrero de 1943. El abogado del obrero radicó una moción el día de la vista solicitando que por haber muerto el obrero el día 23 de enero de 1943, se considerara a la viuda e hijo de aquél como subrogados en sus derechos. El 12 de agosto de 1943 la Comisión desestimó la apelación interpuesta por los beneficiarios del obrero muerto por los mismos fun-damentos del caso de Rodríguez, supra.

La Comisión Industrial resolvió que la Ley sobre Com-pensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley núm. 45 de 1935, (1) pág. 251) no le autoriza expresamente para orde-nar el examen, hospitalización y tratamiento médico de un obrero después que éste ha sido dado de alta y tampoco para reabrir el caso y aumentar la incapacidad al obrero aun cuando haya empeorado. Expresamente dijo la Comisión que optaba por dejar en vigor su resolución anterior en este caso al mismo efecto pues prefería “que el asunto fuese resuelto definitivamente por nuestro más alto tribunal.”

Sostienen los recurrentes que de acuerdo con el artículo 6 de la ley la Comisión Industrial ejerce funciones cuasitutelares en relación con los obreros lesionados y que, por lo tanto, aun cuando la ley no contenga disposición alguna autorizando a la Comisión a reabrir un caso después que el obrero ha sido dado de alta, en el ejercicio de dichas funciones cuasitutelares es su deber continuar “protegiendo, cuidando y defendiendo a los obreros” cuando se demuestra que éstos han empeorado en sus condiciones físicas, como consecuencia del accidente, y aumentarle su compensación. En el caso núm. 284 se sostiene que los beneficiarios del obrero deben considerarse subrogados en los derechos del obrero fallecido.

En lo pertinente, el párrafo 15 del artículo 6 de la ley dis-pone que:

“La Comisión Industrial tendrá exclusivamente funciones de natu-raleza 'cuasijudicial y cuasitutelar para la investigación y resolución de todos los casos de accidentes en los cuales el Administrador y el obrero o empleado lesionado, o sus beneficiarios, no llegasen a un acuerdo con respecto a la compensación según se dispone en el artículo 9 de esta Ley, y en el ejercicio de sus funciones representará sola-mente el interés público. ...”

En relación con esta disposición citan también los recu-rrentes el último párrafo del artículo 5 de la ley que dispone que:

“En los casos de incapacidad parcial permanente y total perma-nente, el obrero o empleado, a instancias del Administrador, está obli-gado a comparecer ante la Comisión Industrial para someterse a (examen a fin de determinar si ha cesado su incapacidad-durante el período que recibe su compensación, la que se suspenderá tan pronto cese tal incapacidad.”

Concluyen entonces los recurrentes sosteniendo que si la Comisión Industrial puede reabrir el caso de un obrero para determinar si ha cesado su incapacidad y ordenar que se sus-penda la compensación que recibe si su incapacidad ha cesado, también debe tener autoridad la Comisión para aumentar dicha incapacidad cuando así lo demuestre el obrero.

En cuanto a este razonamiento creemos que los recurren-tes tiene razón, pero somos de opinión que ésta no es la si-tuación en los casos de autos. La facultad concedida a la Comisión por el artículo 6, supra, está limitada a determinar si ha cesado la incapacidad del obrero “durante el período que recibe su compensación.” Durante ese mismo período creemos que la Comisión también puede determinar si la inca-pacidad del obrero ha aumentado. Sería injusto que así no se hiciera en un caso apropiado aun cuando la ley expresa-mente no lo disponga.

En los casos que resolvemos ya había expirado el período durante el cual el obrero recibía compensación y no fué hasta cuatro años y medio y año y medio, respectivamente, .después de haber sido dados de alta que los obreros acudieron de nuevo a la Comisión.

Los recurrentes arguyen que “la jurisprudencia es uni-forme en todos los Estados de la Unión Americana en cuanto al derecho que tiene un obrero a que se le aumente la com-pensación cuando se prueba que las condiciones han variado. ’ ’ Csto es cierto, pero se debe al hecho de que los estatutos de dichos estados expresamente fijan un término o las condicio-nes bajo las cuales la Comisión puede reabrir el caso y re-ajustarse la compensación. El derecho reconocido no es abso-luto, sino limitado y condicional. Citaremos algunos ejem-plos(): En Georgia se fija un límite de 2 años (See. 45 de la ley); en New York, 7 años desde que ocurrió el acci-dente y 3 años desde el último pago de la compensación (See. 25a.); en California, 245 semanas (See. 5410); en Ohio, 10 años (Sec. 1465-86).

Para una discusión amplia sobre esta cuestión de reaper-tura de casos véase Dodd “Administration of Workmen’s Compensation”, págs. 196-213.

La Ley sobre Compensación por Accidentes del Trabajo de Puerto Rico no contiene disposición expresa alguna, con excepción de la ya citada del artículo 12, supra, autorizando a la Comisión Industrial a reabrir un caso después de fallado definitivamente. Esto podría interpretarse como indicativo de que fué la intención de la Legislatura conceder a la Co-misión jurisdicción continua e indeterminada pero aun en este caso tendría que admitirse que correspondería a la Co-misión hacerlo en el ejercicio de su sana discreción en cada caso específico. Considerando la cuestión bajo este aspecto hpodría sostenerse que la Comisión abusó de su discreción en este caso? Creemos que no, por las razones que dicho orga-nismo hizo constar en su resolución, a saber:

“No se nos escapa, que si abrimos la puerta y permitimos la reaper-tura de casos ya adjudicados, no existiendo disposición expresa alguna que lo autorice, y mucho menos término prescriptivo, ningún litigio tendría fin, y estaría sujeto a ser reconsiderado en cualquier mo-mento ; aparte de que el Administrador no tiene control alguno sobre las actuaciones futuras del empleado, en muchos casos sería difícil determinar si la agravación de una lesión se debe a causas ajenas al accidente que dió motivo a la reclamación original, ya que pueden surgir causas interventoras desde la adjudicación, sin el conocimiento del Administrador, que puedan haber motivado un aumento de la inca-pacidad.
“Por otro' lado, nos percatamos que en ocasiones los resultados de nna lesión no pueden determinarse en el mismo momento, o poco tiempo después de haber sido recibida. Como se ha dicho por un* tribunal de Arizona “exigir que esos resultados se manifiesten en el mismo momento es demandar él cumplimiento de lo imposible.” Por esa razón, en determinados casos, podría cometerse una injus-ticia. Pero ésa no es la Situación en el presente caso. Aquí se trata de una adjudicación que se hiciera al obrero, reconociéndole cierta incapacidad, después de haberse seguido todos los trámites que la ley y el procedimiento señalan, y al cabo de algunos años se pretende que se, reabra el caso con miras a aumentar la incapacidad.” . . .

Lo que estos casos demuestran es que en nuestra Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo hay una laguna que sólo corresponde a la Legislatura corregir, si es que desea conceder a la Comisión Industrial un término fijo dentro del cual pueda reabrir un caso para reajustar la incapacidad del obrero a los hechos anteriores y fijar la compensación a que, de acuerdo con dichos hechos, pueda tener derecho. Siendo esta una facultad legislativa y no judicial, procede confirmar las resoluciones apeladas.

      (1) Véase vol. 1 a 4 Schneider Workmen’s Compensation Statutes.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gerardo Rodríguez, acusado y apelante.
    Núm. 10212.

    — Sometido: Noviembre 18, 1943.

      Resuelto: Febrero 1, 1944.

      José C. Jusino, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El. Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue denunciado en la Corte Municipal de Caguas por una infracción a aquella parte del artículo 519 del Código Penal que declara incurso en misdemeanor a “toda persona que voluntaria o maliciosamente derribare alguna cerca o palizada, sin el consentimiento del dueño o de la persona encargada de la misma, para abrirse paso por algún recinto cercado.” Apeló para ante la Corte de Dis-trito y antes de dar principio al juicio de novo, impugnó la jurisdicción del tribunal. Alegó que la corte municipal tardó unos siete meses a partir de la presentación de los alegatos para dictar la sentencia de que había apelado, infringiendo de ese modo, según el acusado, el artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispositivo de que la sentencia de la corte municipal debe ser dictada dentro .de las veinticuatro horas siguientes al día en que se sometió el caso. Impugnó también la jurisdicción de la corte de distrito para conocer del caso en grado de apelación, porque careciendo de juris-dicción la corte municipal no podía adquirirla en grado de apelación la corte de distrito. Desestimada la cuestión juris-diccional fué el caso a juicio, siendo el acusado declarado culpable.

La prueba de cargo tendió a demostrar que el acusado destruyó cierta cerca de alambre que en una finca de su pro-piedad en el barrio Ceiba, del municipio de Cidra, había puesto el denunciante Gerardo Selles Solá. El acusado aceptó haber destruido la cerca, pero alegó que ella obstruía un camino público por donde tenía que pasar, que requirió al denunciante para que dejase expedito el camino y habiendo rehusado, el acusado tuvo que partir la cerca. Ofreció evi-dencia en la corte inferior para probar la existencia y natu-raleza del camino que alegaba había obstruido el denunciante, pero el fiscal se opuso y la corte rehusó admitirla, resolviendo que esa evidencia era pertinente en un pleito civil pero no en un caso criminal, de lo cual tomó excepción el acusado.

El propio apelante admite que al quedar evacuada la prueba del fiscal, privado y del acusado, ambos solicitaron un término para radicar alegatos, que les fué concedido, y si bien alega que después de presentados los alegatos el juez tardó unos siete meses y siete días en dictar la sentencia condenatoria, no ha intentado probar que él, el acusado, hiciese gestión alguna para que la sentencia fuese dictada dentro de un término razonable a partir de la presentación de los alegatos. Al solicitar las partes un plazo para radicar alegatos renuncian al derecho a que se dicte la sentencia dentro de las veinticuatro toras siguientes a su radicación, pues es de presumirse que el juez necesite un tiempo razo-nable para estudiarlos. A nuestro juicio, es aplicable a esta situación lo dicho por este tribunal en el caso de Pueblo v. Lebrón, 61 D.P.R. 657, 664, a saber:

“Llama la atención en estos dos casos el hecho de haber trans-currido unos ocho meses desde que el acusado fue convicto el 17 de enero de 1941 hasta que fué sentenciado el 3 de octubre de 1941 en el caso felony y el 10 del mismo mes en el de portar armas. No encon-tramos nada en el récord que justifique esa dilación, aparte de la moción de nuevo juicio presentada en el caso felony; pero sea como fuere, no consta de los autos que en momento alguno el acusado hubiere, antes de dichas fechas, insistido en que se impusiese la pena correspondiente. Siendo ello así, su derecho a que las sentencias fuesen dictadas dentro de un plazo razonable, debe entenderse renun-ciado, y la corte conservó su jurisdicción para dictarlas no obstante haber transcurrido un término mayor que el razonable. Zerbst v. Nahas (1933) 67 Fed. (2d) 742. Al mismo efecto, véase Miller v. Aderhold, 288 U. S. 206, 77 L. ed. 702.”

No erró la corte inferior al desestimar la cuestión jurisdiccional; pero sí cometió error perjudicial al negarse a admitir la evidencia ofrecida por el acusado, tendente a demostrar la obstrucción del camino público. Si como se proponía probar el acusado, la cerca impedía el paso por un camino público, el derribarla en las condiciones en que se alega lo hizo el acusado no constituyó, como veremos, delito público alguno. No es el- mero hecho de derribar una cerca o palizada sin el consentimiento del dueño o la persona encargada de la misma lo que constituye el delito definido en el artículo 519 del Código Penal, sino el derribar la cerca o palizada sin el consentimiento indicado para abrirse paso por un recinto cercado. El artículo 256 del Código Civil prescribe que. son bienes de uso público en Puerto Rico los caminos insulares y vecinales, las plazas, calles, etc. Y el artículo 274 del mismo Código dispone que los bienes de uso público mientras no cese el fin público que se les hubiere dado no son susceptibles de propiedad particular. Siendo el camino en cuestión un camino municipal según pretendió pro-bar el acusado, cuyo uso y disfrute pertenecen a todos los hombres, como dice el citado artículo 274, el denunciante no tenía derecho a obstruirlo, cercándolo, para de ese modo con-vertirlo en su propiedad particular. Por consiguiente, al destruir la cerca el acusado, no fue para abrirse paso'por algún recinto cercado, sino para hacer uso del derecho que toda persona tiene de pasar por un camino público. No estaba obligado el acusado a recurrir a los tribunales para poder hacer uso del derecho de pasar por el camino, y a ese objeto podía derribar la cerca sin intervención judicial alguna siem-pre y cuando que al así hacerlo no promoviese una altera-ción de la paz. Véase por analogía el caso de State v. Headrick, 67 Am. Dec. 249, y la doctrina expuesta en 20 R.C.L. 489 y casos citados.

El error cometido al rechazar la evidencia ofrecida per-judicó los derechos sustanciales del acusado y por ese motivo procede revocar la sentencia apelada y devolver el caso a la corte inferior para la celebración de un nuevo juicio.

       No nos referimos, desde luego, a aquellos casos en que un camino o vía pública es cerrado por autoridad competente para efectos de reparaciones o por cualquier otra razón.


author: El Juez Asociado Seño®, De Jesús

text:
    Emilio Antonio Meléndez, conocido por Emilio Cividanes, menor de edad representado por su madre con patria potestad, María Meléndez, demandante y apelado, v. Emilio Cividanes, demandado y apelante.
    Núm. 8734.

    — Sometido: Noviembre 29, 1943.

      Resuelto: Febrero 1, 1944.

      Dubón & Ochoteco y Otero Suro & Otero Suro, abogados del apelante; Carlos D. Vázquez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Seño®, De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso se estableció contra la sentencia que declaró a. Antonio Meléndez hijo natural reconocido del apelante y condenó además a éste al pago de las costas y $150 por con-cepto de honorarios de abog-ado. Se basa el recurso en que la prueba es insuficiente para sostener la sentencia y en que la defensa de cosa juzgada debió haber prosperado.

La prueba es contradictoria. La del demandante puede exponerse así: Allá para el año 1923, María Meléndez, joven de dieciséis años de edad, trabajaba como cajera en el restaurante “La Mallorquína” de esta ciudad. Frente a dicho establecimiento había un depósito de calzado donde trabajaba Emilio Cividanes, quien para aquella fecha con-taba unos cuarenta años de edad. Cividanes, quien frecuen-taba mucho “La Mallorquína”, conoció a María y la requi-rió de amores. En mayo de 1923 ya eran novios y juntos paseaban e iban al cine, al parque y a otros sitios públicos. En el mes de agosto siguiente, él la invitó para que fuese a su casa en la Calle Luna número 59 para conocer sus fami-liares. Ella accedió, pero al llegar a la casa encontró que la única persona que allí había era Cividanes. Aprove-chando la circunstancia de hallarse solos, la sedujo bajo pro-mesa de matrimonio. Dos o tres días después fué a vivir con ella públicamente en una habitación que alquiló a Joaquín Ro-dríguez en la calle del Sol número 40. Quedó encinta la joven y notó entonces que Cividanes trataba de repudiarla, lleván-dose su ropa de la casa. Al descubrir los planes de su amante, María fué a la fiscalía de San Juan, donde por hallarse ausente el fiscal, informó a su taquígrafo, Sr. Jesús Díaz Paradizo, de la seducción de que había sido objeto. Este lo citó, y el día fijado, al llegar Cividanes a dicha ofi-cina, encontró allí a María. Díaz Paradizo puso en conoci-miento de Cividanes la imputación que le hacía María y agregó que ella alegaba estar encinta. Cividanes, sin admi-tir ni negar nada, invitó a María a pasar a la sala de recibo de la fiscalía y solos allí le pidió que retirase la querella, a cambio de lo cual él le ofrecía seguir, atendiéndola, lo mismo que al niño cuando naciera. Aceptó ella y juntos volvieron a la sala donde había permanecido Díaz Paradizo, imponién-dole del acuerdo a que habían llegado y expresando ella su resolución de desistir de la querella. Continuaron viviendo juntos. Dos o tres meses antes del nacimiento del niño Civi-danes fué con María donde Luisa Sierra, enfermera y coma-drona, quien la reconoció y convino en asistirla en el parto. Más o menos en la misma fecha el propio Cividanes habló con Herminia Puentes para que le preparase el canastillo y al en-tregarlo terminado él le pagó su trabajo. De la casa número 40 de la Calle Sol se mudaron a otra habitación que alquiló al policía Carmelo Meléndez en la calle de la Luna número 98. Mientras vivían en dicha casa, él embarcó para los Estados Unidos pero le dejó $50, de los cuales |30 eran para el pago de la habitación y $20 para los gastos de ella. Además en poder de Joaquín Rodríguez dejó $20 para satisfacer los honorarios de la comadrona. Llegado el momento del alum-bramiento, María ingresó en el Hospital de Maternidad, donde nació el demandante el 30 de junio de 1924. Para esa fecha, después de un mes de ausencia, regresó él de Estados Unidos. El niño cogió una infección en los ojos y en el ombligo, por lo cual volvió Cividanes a requerir los servi-cios de Luisa Sierra, quien lo curó y recibió de él el pago de sus honorarios, montantes a $10. Teniendo el policía Meléndez que mudarse con motivo de ciertas reparaciones de que iba a ser objeto la casa, Cividanes y María se muda-ron a una habitación en la casa de la viuda de Cordero, en la calle San José número 6, y algún tiempo después se tras-ladaron a la casa de Pablo Pollet, en la calle O’Donnell de esta ciudad. Cuando fueron a alquilar la habitación a Pollet, Cividanes acompañó a María y al niño, y fue él quien con-trató la habitación. Allí vivieron por algún tiempo. En el año 1925 María instó un pleito de filiación contra Cividanes, el cual terminó con sentencia a favor del demandado a base de mía moción de nonsuit. No obstante el pleito, siguieron viviendo juntos hasta que en 1926 Cividanes contrajo matri-monio con su actual esposa. Desde entonces María trabajó en distintos sitios para mantenerse ella y su hijo. Cuando el niño estaba en quinto o sexto grado en la Escuela José Julián Acosta, la principal de dicha escuela, Sra. Inés Encar-nación Santana, fué a comprar1 un par de zapatos a la tienda del demandado y al salir del establecimiento le dijo ella que en su escuela había un hijo de él que era un muchacho muy bueno, a lo que repuso el demandado que se alegraba y ex-presó la natural satisfacción que siente todo padre cuando se dice algo que enaltece a su hijo. Más tarde, durante el mismo curso escolar, con motivo del homenaje a la vejez, -la misma principal escribió a Cividanes una carta solicitando su ayuda para los ancianos y la envió con el demandante. En la carta le hacía referencia a su hijo. El niño se la entregó y gustosamente contribuyó Cividanes con un par dé chinelas. Declaró además el demandante que en distintas ocasiones fuá donde su padre al establecimiento y éste lo recibía con cariño, lo besaba y lo presentaba a todos como su hijo. Parece conveniente agregar que las personas mencio-nadas declararon todas como, testigos de la demandante, corroborando la narración de estos hechos en lo que a cada una concierne. Todos, con excepción de Díaz Paradizo, de-clararon sobre actos y manifestaciones del demandado, ten-dentes a establecer el status de hijo natural en que el deman-dado tenía al demandante.

La prueba del demandado consistió de su propia decla-ración y de la de María, quien fué llamada con el propósito de presentar una carta suscrita por ella tendente aparen-temente a impugnar su declaración, y para examinarla ade-más en relación con los autos en el caso anterior de filiación, civil número 3543, al cual nos referimos más adelante al discutir la defensa de cosa juzgada.

El demandado no negó haber conocido a María mientras trabajaba en “La Mallorquína” y expresamente admitió haber tenido relaciones sexuales con ella y haberla acom-pañado al cine, sentándose a su lado. Admitió también haber sido citado a la fiscalía y que se comprometió a ayudarla a ella y al niño; que en efecto la ayudó, aunque para ello se valía de otras personas de manera que no hubiera evidencia contra él. Pero declaró que él nunca había vivido pública-mente con María Meléndez; que no era el padre del deman-dante ni jamás él había hecho las demostraciones de cariño que todos los testigos., con excepción de Díaz Paradizo, le atribuyen. Finalmente declaró él que ayudaba a María y a su hijo simplemente como un acto de bondad y para evitar dificultades. Para corroborar su declaración presentó en evidencia una carta suscrita por María Meléndez, que apa-reció en los autos del pleito anterior y la que literalmente dice :

“Amigo Emilio: tengo que decirte y pedirte un favor por la desgracia que lie tenido mi familia me botó de casa y me encuentro sin familia y sin nadie en este mundo. Si tú pudieras prestarme o pagarme una habitación hasta que yo salga de esto que después yo te devolveré, tan pronto trabaje. El padre del muchacho se fué y no se acordó más de mí. Y Ud. como es el único amigo que puedo ocuparlo en mi desgracia le suplico que me ayude en lo que pueda hasta que salga de esto, y si el padre del muchacho me manda dinero’ se lo devolveré seguido o si no cuando trabaje. Hágalo Ud. por lo que más quiera que Dios se lo pagará. No deje de ayudar a una muchacha desgraciada que no tiene familia y Ud. es el único amigo que puede ayudarme; no le pido que me ayude mucho, que si puede me pague la habitación si no tendré que matarme. El padre del muchacho está en Santo Domingo, no me mandó ni un centavo para poderme ayudar a mí misma. Tenga compasión de mí y ayúdeme que algún día se lo podré pagar.
Su amiga María.
Yo pasaré a buscar la contestación o lo llamaré por teléfono.”

Al ser presentada dicha carta a María Meléndez, admitió que ella la había escrito; pero que se la dictó el demandado quien le exigió que la escribiera como condición de seguirla ayudando; que como ella se resistía a escribirla, el deman-dado sacó un revólver y lo puso a su lado y le dijo que si ella no escribía lo que él le dictaba se pegaría un. tiro, y ante esa amenaza, la escribió. Negó, sin, embargo, que fuera la verdad lo que decía la carta y aseguró que el demandado había sido el único hombre con quien ella había sostenido relaciones. El propio demandado expresamente declaró que María era “una buena muchacha”, que estaba muy enamorada de él; y que en efecto aquella carta se la había exigido por consejo de su amigo el abogado Enrique Rincón Plurhey, quien le había dicho que con esa prueba en su poder estaba protegido contra cualquier pleito que María tratase de presentar en contra suya.

Del pleito anterior presentó además en evidencia la de-manda original, la enmendada, la contestación y la senten-cia, todo ello con el propósito de probar su defensa de cosa juzgada. Diclio pleito de filiación fué instituido por “Marcos Meléndez, representando a su hija menor María Melén-dez Acosta”, y lleva el número 3543 de los pleitos civiles, radicados en la Corte de Distrito de San Juan, Primer Dis-trito. La demanda original fué radicada el 29 de octubre de 1924, y fué abogado del demandante el Sr. Manuel Moraza.

Al presentarse en evidencia dichas alegaciones del pleito-número 3543, el demandado llamó la atención a la corte al-párrafo quinto ele la demanda original y de la demanda en-mendada, donde se alega que “aun cuando su ya citada hija. María Meléndez no ha vivido en público y notorio concu-binato con el demandado Emilio Cividanes ...”

Tal fué en síntesis la prueba que ante sí tuvo la corte-sentenciadora. Convenimos con el apelante en que ciertas porciones de la evidencia del apelado son inverosímiles. Empero, la experiencia nos enseña que raro es el caso donde la evidencia testifical predomina, en que la evidencia de una y otra parte se ajuste estrictamente a la verdad. Y es que por lo general la verdad se halla distribuida entre ambas partes. Frecuentemente el testigo oculta o desfigura deter-minados hechos y, conscientemente unas veces e inconsciente-mente otras, los exagera o trata de imprimirles cierto colo-rido favorable siempre al litigante que lo ha traído a decla-rar. Pero así es y será siempre la naturaleza humana. Por eso en la apreciación de la prueba, en esa difícil etapa del proceso judicial, es donde el juez debe poner a contribución su conocimiento de la vida y de la naturaleza humana, para con arreglo a los dictados de una sana y juiciosa crítica, discernir lo verdadero de lo falso, lo verosímil y racional de lo dudoso e improbable, sin perder de vista las circuns-tancias todas en que se hayan desenvuelto los hechos decla-rados. Desentrañada así la verdad, tomando lo que haya de cierto en la evidencia de una y otra parte, fácil le será las más de las veces determinar a qué lado favorece la prepon-derancia de la prueba.

Es en extremo raro el pleito de filiación donde no se pre-senta al supuesto padre deseoso de asegurar a toda persona que se encuentre en su camino que él es el padre del hijo que se le imputa, que lo quiere mucho, que lo va a educar, y a veces, como en este caso, lo describen bañando y cam-biando los pañales al hijo en presencia de personas extra-ñas, tratando así de demostrar actos de paternidad. Pero en el presente caso no abrigamos duda que el demandado requi-rió de amores a la madre del demandante, que ella, enamo-rada'de él, se dejó seducir por sus falsas promesas, que vivie-ron en concubinato ocupando habitaciones en distintas casas de la ciudad, que como resultado de esas relaciones nació el demandante, y que al tiempo en que el demandante fué concebido sus padres eran solteros y se hallaban en aptitud de contraer matrimonio.

La carta que admitió el juez en evidencia no controvierte en forma o manera alguna la prueba del demandante. Cono-cemos su orig-en y el motivo que la inspiró y eso basta para desacreditarla como medio de prueba.

Por último, la admisión que aparece en la demanda original y en la enmendada en el pleito número 3543 no controvierte las declaraciones de María Meléndez y sus testigos en lo que respecta al concubinato. Aparte de que dicho pleito fué instituido a nombre de Marcos Meléndez, padre con patria potestad entonces sobre María Meléndez, dichas demandas no fueron juradas ni suscritas por María Meléndez ni fué ella quien suministró al abogado Mora-za los hechos que se expusieron en dichas dos demandas. Wigmore on Evidence, 3a ed., sec. 1066; 3 Jones on Evidence, 4a ed., sección 272, pág. 511.

2. Pasemos ahora a la defensa de cosa juzgada.

La defensa de cosa juzgada está inspirada en la necesidad de poner fin a los litigios. De allí que para poderla invocar con éxito no sólo precisa la más perfecta identidad entre las cosas, las cansas, las personas de los litigantes y la calidad con qne lo fueron, si que también que la sentencia anterior por su naturaleza o por disposición de la ley resuelva definitivamente el asunto. A este efecto dice Manresa:

“Además, la sentencia debe ser definitiva., sin permitir, por su naturaleza y la del juicio en que se dicte, la apertura de otro sobre el mismo asunto, pues en este caso' tendría aplicación la doctrina formulada en sentencia de 14 de junio de 1884 y 6 de mayo de 1886... ” 8 Manresa (2a ed., 1907, pág. 583).

La sentencia del pleito anterior invocada por el demandado fué dictada, ya liemos diclio, a virtud de una moción de nonsuit, y ésa, como veremos, es una sentencia que por su naturaleza no impide que se establezca otro pleito entre las mismas partes o sus causababientes sobre el mismo asunto. Esto es así porque la moción de nonsuit participa de la índole de una excepción previa dirigida contra la suficiencia de la prueba presentada por el demandante. La sentencia de nonsuit sólo resuelve que aceptando como cierta la prueba presentada por el demandante, dicha evidencia es insuficiente para probar la causa de acción ejercitada, pero no prejuzga los méritos de la acción. No impide, por consiguiente, que después de dictada la sentencia de nonsuit y dentro del término prescriptivo, se inste de nuevo el pleito y que si la evidencia que entonces se presente para sostener las alegaciones es suficiente, obtenga el demandante sentencia a su favor. A veces se da el caso, de que declarada sin lugar una moción de nonsuit, el demandado somete la contención por los méritos de la prueba presentada por el demandante y la corte, al apreciar la misma evidencia, al pasar sobre la credibilidad de los testigos del demandante, en el ejercicio de su discreción en la apreciación de la prueba, dicta una sentencia por los méritos a favor del demandado. Haldeman v. U. S., 91 U. S. 584, 23 L. ed. 433; Biurrum v. Elizalde (Cal., D.C.A., 1925) 242 P. 109, 113; Restatement of the Law of Judgments, §53, pág. 207.

Existe una excepción a la regla enunciada y es qne cuando de la prueba aducida por el demandante surge afirmativa-mente que éste como cuestión de derecho no debe obtener un fallo a su favor, la sentencia de nonsuit pone fin defini-tivamente al litigio y equivale a una sentencia en sus méritos. Bartell v. Johnson (Cal., D.C.A., 1943) 140 P. (2d) 878, y casos citados. Pero no se presentó como prueba la,evidencia que. tuvo ante sí la corte inferior, para poder determinar si de ella surgía afirmativamente que el demandante no tenía derecho a una sentencia a su favor. La presentación de esa prueba incumbía al demandado, que invoca la defensa de cosa juzgada; el dejar de presentarla no puede perjudicar los derechos del demandante.

Pero además de la naturaleza de la sentencia de nonsuit, que como hemos visto es un impedimento a la defensa de cosa juzgada, los artículos 192 y 193 del Código de Enjuicia-miento Civil (véase la edición inglesa) prescriben que una sentencia de nonsuit no recae sobre los méritos. A este efecto, véase el caso de Rincon Water & Power Co. v. Anaheim Union Water Co., 115 Fed. 543, donde se interpretan preceptos del Código de Enjuiciamiento Civil de California similares al 192 y 193 del nuestro.

El apelante invoca la número 41(&) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil, dispositiva de que una sentencia de nonsuit y cualquier otra desestimación no provista por dicha Regla, excepto la que se hubiese dictado por falta de jurisdicción, tienen el efecto de una adjudicación en los méritos. Pero la número 86 de las Reglas citadas, prescribe que las mismas entrarán en vigor el primero de septiembre de 1943 y que “se regirán por ellas todos los procedimientos en acciones iniciadas después que las mismas hayan empezado a regir, y también todos los procedimientos subsiguien-tes en acciones que estuvieren pendientes ...” Mas como la sentencia del pleito anterior fué dictada en 11 de marzo de 1925, es obvio que la Regla de Procedimiento Civil no tiene aplicación.

Siendo suficiente la evidencia y no procediendo la defensa de cosa, juzgada invocada por el demandado, debe confir-marse la sentencia apelada.


text:
    Sucn. de Celestino Rivera Rosado, Etc., demandantes y apelantes, v. Rafael Lugo Carrión, demandado y apelado.
    Núm. 8725.

    — Sometido: Noviembre 23, 1943.

      Resuelto: Febrero 1, 1944.

      Pedro E. Anglade, abogado de los apelantes; Antonio Beyes Delgado y P. Santos Borges, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión, del tribunal.

La única cuestión envuelta en este recurso es si una sen-tencia dictada en nn caso anterior a virtud de una moción de “nonsuit” es suficiente para sostener la defensa de cosa juzgada en un caso posterior. Los hechos son los siguientes:

El causante de los apelantes constituyó una hipoteca a favor del aquí demandado quien más tarde y ya vencida la hipoteca la transfirió a Francisco Castro. Fallecido el dendor y no habiéndose pagado el crédito ni sns intereses Castro la ejecutó por la vía sumaria. La Sucesión deman-dante entonces inició un pleito sobre nulidad de ejecutivo contra Castro y el aquí demandado Lugo Carrión. Alega-ron los demandantes que la hipoteca había sido prorrogada y no había vencido cuando se ejecutó. Contestada la de-manda y celebrado el juicio los demandados presentaron una moción de nonsuit al terminar la demandante de presentar su prueba. La corte la declaró con lugar y desestimó la de-manda. La demandante apeló para ante esta Corte pero abandonó el recurso y fué desestimado.

La Sucesión demandante radicó otra acción de nulidad del ejecutivo contra Rafael Lugo quien al contestar alegó la defensa de cosa juzgada y, presentado el expediente del caso anterior para probarla, la corte inferior la declaró con lugar y dictó sentencia desestimando la demanda. Es contra dicha sentencia que se estableció el presente recurso y como único error para sostenerlo la apelante alega que “la sentencia es contraria al derecho establecido y a la jurisprudencia.”

Se ampara la apelante en lo resuelto por esta Corte en el caso de Berríos v. Grillo, 39 D.P.R. 9, al efecto de que:

“Los letrados admiten que el nonsuit en cuestión fué dictado por falta de prueba solamente, pero alegan que tal nonsuit equivale, a una sentencia sobre los méritos del caso. No podemos estar de acuerdo con este punto de vista. Generalmente y de acuerdo con la práctica moderna,. ora se dicte voluntaria o involuntariamente, a moción de la parte demandada, un nonsuit por falta de prueba no es una sentencia sobre los méritos del caso. 34 C. J. 781, párrafo 1200, id. página 794, párrafo 1213, y nota 44; 15 R. C. L. pág. 984, párrafo 457; 2 Black on Judgments (2da. ed.), pág. 1050, párrafo 698; y nota a 49 A.S.R. 829, 831.
“Nada hay en el presente caso que lo coloque fuera de la regla general de que una sentencia que no resuelve una acción sobre sus méritos no sostiene la alegación de res judicata.” (Bastardillas nuestras.)

Dicho caso no tiene el alcance que quieren darle los ape-lantes. La regla general allí expuesta tiene su excepción limitada a aquellos casos en los cuales la corte al declarar con lugar una moción de nonsuit no lo hace porque la prueba presentada por el demandante sea insuficiente para sostener las alegaciones de la demanda sino que, considerando dicha prueba, de ésta resulta afirmativamente comprobado que el demandante no tiene una causa de acción en contra del de-mandado. La sentencia que bajo estas circunstancias se dicta es una sobre los méritos y pone fin a la controversia y puede ser alegada como cosa juzgada en una acción posterior. En el caso de Meléndez v. Cividanes, resuelto en el día de hoy, pág. 4 ante, se hace un estudio sobre la materia, que no es necesario repetir aquí, y exponemos, con cita de autoridades, la excepción a la regla general mencionada en el caso de Berrios v. Grillo, supra, en esta forma: “... cuando de la prueba aducida por el demandante surge afirmativa-mente que éste como cuestión de derecho no debe obtener un fallo a su favor, la sentencia de nonsuit pone fin definitiva-mente al litigio y equivale a una sentencia en sus méritos.”

La sentencia dictada en el primer litigio por la corte inferior a virtud de la moción de nonsuit no cae bajo la regla general antes expuesta sino bajo su excepción. Expresa-mente la corte hizo constar, no que la prueba era insuficiente, sino que, entrando a considerar el caso sobre sus méritos, resolvió que la prueba demostraba que el demandante no tiene una causa de acción sobre nulidad de ejecutivo en contra de los demandados. Se había solicitado la nulidad ale-gándose que la hipoteca había sido prorrogada y no estaba vencida cuando se qjecutó. La corte admitió que esto era cierto pero que el ejecutivo se había fundado en la falta de pago de los intereses aun después de prorrogado el término de vencimiento, y dijo:

“. . . De manera que siendo el fundamento primordial de esta acción el hecho de habefcse ejecutado una obligación antes de estar vencida y apareciendo de la prueba aportada en el caso, espe-cialmente sobre el expediente de ejecución de hipoteca número 14277, que al tiempo de. ejecutarse esa hipoteca la misma estaba ven-cida, porque se alega en la misma que no se habían pagado los inte-reses y era condición, que dejado de pagar tres mesadas se. con-sideraba Vencida la obligación, la Corte entiende que la ejecución de hipoteca estuvo bien hecha y que por ello no procede su nulidad. • “El otro fundamento, o sea, el dejar de dar notificación al deu-dor de la cesión del crédito, carece de méritos por cuanto según hemos visto de la cláusula cuarta de la escritura de. constitución del crédito, el propio deudor renuncia explícitamente a que se le! diera notificación de esa cesión y por eso el acreedor no vino obli-gado a cumplir tal requisito.
“Estos son los fundamentos que se alegan en la demanda de nulidad y esos fiondmientos carecen de solidez, y de, la misma prueba aportada surge que no pueden ser motwo para la 'nulidad, por lo que la Corte declara con lugar la moción de nonsuit y desestima la demanda, sin especial condenación de costas.” (Bastardillas nues-tras.)

Esta sentencia sobre los méritos puso fin a la controver-sia entre las partes, pues de la prueba presentada en este caso a la corte inferior, o sea el expediente completo del pleito anterior, aparece afirmativamente comprobado que la demandante no tenía derecho a una sentencia a su favor pues no había satisfecho ninguno de los intereses vencidos de la hipoteca y que por tanto la obligación principal estaba ven-cida y la ejecución estuvo bien hecha.

Es cierto que en la nueva acción incoada por la demandante se alega un motivo de nulidad distinto al alegado anteriormente pero esto no puede hacerse, pues un motivo distinto de pedir no constituye una nueva causa de acción y ya hemos resuelto repetidamente que “una sentencia sobre los méritos en pleito anterior entre las mismas partes y sobre la misma causa.de acción ... es un impedimento (bar) a otra acción sobre toda cuestión que pudo con propiedad haber sido litigada y determinada en dicha primera acción.” (Bastardillas nuestras.) Manrique Gil v. Goffinet, 37 D.P.R. 336 y casos allí citados.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Todd, JR.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Roig, Sucrs., S. en C., demandada y apelante.
    Núm. 8803.

    — Sometido: Noviembre 2, 1943.

      Resuelto: Febrero 1, 1944.

      James B. Beverley, B. Castro Fernández y José López Baralt, abo-gados de la apelante; Pión. Procurador General Interino M. Bo-dríguez Bamos, A. E. Franco Cabrero, Subprocurador Auxiliar, y Pablo Defendñni, abogado éste de la Comisión de Servicio Público, abogados todos del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, JR.,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a decidir en este recurso es si la Ley núm. 221 aprobada en mayo 12 de 1942, mediante la cual nuestra Legislatura declaró empresas de servicio público a todas las compañías azucareras de Puerto Rico , viola el artículo 2 de nuestra Ley Orgánica sobre debido procedimiento de ley, al exigirle a la Sociedad demandada, que alega no está sir-viendo ni desea servirle al público en general, que obtenga una franquicia de la Comisión de S'ervicio Público y que al hacerlo se someta a las disposiciones de dicha ley. Los he-chos, sucintamente expuestos, son los siguientes:

Antonio Roig, Suers., S. en C., es dueña de dos ingenios de azúcar en el distrito de Humacao — la “Central Roig” y la “Central El Ejemplo”. En la “Central Roig”, además de cañas de azúcar de su propiedad, la apelante muele cañas de distintos colonos, y en cuanto a esta Central se acogió a los términos de la Ley núm. 221, habiendo solicitado y ob-tenido la franquicia que dicha ley requiere. En cuanto a la “Central El Ejemplo”, la apelante se negó a solicitar franquicia alegando qne debido al hecho de qne no muele, ni tiene intenciones ni deseos de moler cañas de aziícar qne no sean las propias, la Legislatura carece de poder para exi-girle la obtención de dicha franquicia e imponerle las regla-mentaciones que dispone la Ley núm. 221; que su negocio es uno de carácter privado, en el cual el público no puede tener interés y que por lo tanto no puede ser convertido en empresa de servicio público por mero fíat legislativo.

,E1 Procurador General de Puerto Eico, actuando de acuerdo con el artículo 55 de la Ley núm. 221, radicó en la corte inferior una petición de injunction a nombre de El Pueblo de Puerto Rico en la cual solicitó se prohibiera a Antonio Roig, Sucrs., S. en C., moler sus cañas de azúcar a menos que obtuviera, como requisito previo, dicha franqui-cia, sometiéndose así a la jurisdicción de la Comisión. La corte inferior concedió el injunction y es contra esa senten-cia que se ha entablado el presente recurso.

La apelante señala cuatro errores y luego condensa los tres primeros en uno solo que dice así:

“La Ley núm. 221 de mayo 12, 1942 es inconstitucional y nula en cuanto trata de convertir un negocio plrüvado en empresa de ser-vicio público, bajo el viso del poder para reglamentar dentro del police poiver.”

Antes de entrar a considerar el problema legal en su fondo conviene hacer constar que la apelante admite que no ataca “la facultad de la Legislatura de Puerto Rico, dentro del police power, para reglamentar un negocio privado in-vestido con interés público, como lo es y siempre lo ha sido la industria azucarera de Puerto Rico.” Arguye, además, que el error de la corte inferior consiste “en haber confun-dido la facultad de la Legislatura para reglamentar, dentro del ‘police power’ un negocio investido con interés público ■ — facultad que indudablemente tiene — con la facultad para obligar a dedicar propiedad privada aLuso del público, sin el consentimiento del dueño — facultad que no tiene, de acuerdo con todas las decisiones del Tribunal Supremo Nacional. La corte inferior se impresionó tanto con el gran interés público con que está investida la industria azucarera en Puerto Rico que olvidó por completo considerar el segundo factor indispensable para poder exigir nna franquicia, a saber: qne el dneño del negocio esté dedicando su propiedad a servir al PÚBLICO O ESTÉ EN REALIDAD SIRVIENDO AL PÚBLICO.”. Por tanto, la contención de la apelante es “que la Legislatura de Puerto Picó carece de facultad para convertir un negocio privado en una empresa de servicio público, mientras su dueño se abstenga de servir al público o de dedicarlo al servicio pú-blico, aunque (dicho negocio) esté investido de interés pú-blico.” De manera que la apelante acepta, por lo menos im-plícitamente, que todas aquellas centrales de Puerto Pico que, como su propia “Central Poig”, muelen cañas de colonos pueden ser válidamente declaradas compañías 'de servicio público, pero no así aquellas centrales que, como la “Central El Ejemplo”, no muelen cañas de otros colonos. Asi-mismo, y esto es de gran importancia a la resolución de este caso, la apelante reconoce, expresamente, la facultad de la Legislatura para reglamentar precios, contratación, horas y salarios de'una manera justa y razonable dentro de su poder de policía, aun en el caso de la “Central El Ejemplo”. En resumen, pues, lo único que la apelante impugna, según el hecho 5 de su contestación, es el poder de la Legislatura para exigirle una franquicia “para moler sus propias cañas de azú-car en su propio ingenio azucarero”.

Tenemos, por lo tanto, que no existe controversia alguna en cuanto al hecho de que la industria azucarera en Puerto Rico está revestida de un gran interés público.

Gran parte de la exposición de motivos de la Ley núm. 221, no hace otra- cosa que transcribir párrafos de opinio-nes de las cortes insulares y federales en las cuales se toma conocimiento judicial de la importancia de la industria azucarera en relación con la economía de la Isla. Para no extender innecesariamente esta opinión nos limitamos a ex-poner al margen el origen de dichos párrafos.

Empero, la declaración' por la Legislatura de que un ne: gocio está investido de interés público,. ratificada por las cortes, y la aceptación de ese becbo por las partes en rela-ción con un caso específico, no es concluyente en cuanto a si la reglamentación que dispone la ley está justificada o no. No sólo la reglamentación sino que 'aun las circunstancias que se puedan alegar existen para declarar que un negocio privado está afectado de interés público, cuando este hecho no se acepta, están siempre sujetas a inspección judicial, no para imponer nuestro criterio sobr^ el problema, sino para determinar sobre la razonabilidad de la determinación legis-lativa sobre el mismo.

Como en el caso de autos la controversia ha quedado cir-cunscrita a determinar la razonabilidad, justificación o poder de la Legislatura para declarar el negocio de la apelante empresa de servicio público sujeto a la adquisición de una franquicia, consideramos apropiado hacer un resumen del origen y desarrollo de la debatida frase “afectado de inte-rés público” usada en relación con un negocio privado. En primer término diremos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo Nacional sobre la materia ha sido objeto de diver-sos ensayos y comentarios que demuestran la importancia que a la doctrina se le ha concedido. Al margen citamos al-gunos de dichos trabajos para un estudio más amplio de la cuestión. Basta consignar que fué en el famoso caso Munn v. Illinois, 94 U. S. 113 (1873) que por primera vez se injertó en el derecho constitucional americano dicha frase para ha-cerla formar parte del poder de policía del estado. En dicho caso el Juez Waite aplicó el casi olvidado dicho de Lord Hale, consignado en sn tratado D& Portibus Maris, ál efecto de qne los dueños de nn muelle o embarcadero al cual necesaria-mente tienen que acudir todas las personas a descargar o cargar sus mercancías no pueden establecer derechos o tribu-tos arbitrarios y excesivos debido a que esa necesidad por parte del público ha investido el embarcadero de interés pú-blico y ha dejado de ser solamente juris privati.

La corte, aplicando esta norma, resolvió que los elevado-res de grano del estado de Illinois estaban afectados de in-terés público y que por lo tanto la Legislatura podía, sin violar la Enmienda Catorce de la Constitución, fijar los tributos máximos que los dueños de dichos elevadores podían cobrar por almacenar los granos. Al exponer la doctrina dijo.la corte, a la página 126:

"La propiedad sí queda afectada con un interés público cuando se usa en una forma que la hace de importancia pública y afecta a la comunidad en general. Por tanto, cuando uno dedica su pro-piedad a un uso en el cual el público tiene un interés, en efecto le concede al público un interés en dicho uso, y tiene que so-meterse a ser controlado por el público para el bien común, en la extensión del interés que. así ha creado. Él puede retirar su concesión des-continuando el uso, pero, mientras mantenga el uso, tendrá que someterse al control."

Empero, a través de los años y en una serie de casos que citamos al margen la frase fué aplicada o no a distintos negocios, convirtiéndose , como se dijo en el caso de Williams v. Standard Oil Co., 'infra, en “la fórmula de prueba estable-cida para determinar el alcance del poder legislativo para fijar los precios de mercancías, uso de propiedad o de ser-vicios.” Esto no' obstante, los jueces Holmes, Brandéis y ;Stone en distintas opiniones disidentes en algunos de los ca-sos citados, están contestes en que la frase no tiene el ai-nance limitado que la mayoría de la Corte Suprema Nacio-nal le dió según las circunstancias de cada caso y según su criterio restringido. Así en el caso de Tyson, supra, el Juez Holmes, con su característica habitual de ir a la raíz de los hechos y de los problemas que competían a la legislatura resolver y no a los tribunales se expresó en la siguiente forma:

“La moción ele que un negocio está investido con un interés pública y ha sido dedicado a un servicio público es poco más que una ficción usada con el fin de establecer lo que es desagradable, para los perjudicados. La verdad me 'parece ser que, sujeto a compensa-ción cuando ésta deba pagarse, la legislatura ptiede prohibir o res-tringir cualquier negocio cuando tiene suficiente fuerza de opinión publica que la respalde.” (Bastardillas nuestras.)

Con tanta o mayor claridad el Juez Brandéis en su opi-nión disidente en el caso de New States Ice Co., supra, con la cual concurrió el Juez Stone, expresó, a nuestro juicio, el verdadero alcance de la doctrina. En dicho caso el Estado de Oklahoma aprobó una ley declarando la manufactura, venta y distribución de hielo un negocio público y que a na-die se le permitiría dedicarse a dicho negocio sin obtener una licencia de la “Corporation Commission”. La mayoría del tribunal resolvió que la ley era inconstitucional por conside-rar que el negocio era uno de carácter privado, y no estaba afectado de un interés público, que si bien el negocio podía ser razonablemente reglamentado el mismo no era “una in-dustria primordial de la cual dependiera la prosperidad de todo el estado.”

El elaborado y erudito disenso del Juez Brandéis es de-masiado extenso para ser citado en su totalidad. Nos limi-.tamos a transcribir sus párrafos más importantes. En cnanto al poder de la Legislatura para convertir un negocio privado en uno de servicio público, dijo:

“Oklahoma declaró el negocio de manufactura de hielo para la venta y distribución un ‘negocio público’; es-decir, una empresa de servicio público. De lo que aparece fué el primer Estado en hacerla. Desde luego, la Legislatura no puede por un mero fiat legislativo convertir un negocio en una empresa de servicio público. Producers Transportation Co. v. Railroad Commission, 251 U. S. 228, 230. Pero el concepto de una empresa de servicio público no es. estático. El bienestar de la comunidad puede requerir que el nego-cio de suplir hielo sea convertido en una empresa de servicio público,, tanto como el negocio de suplir agua o cualquier otro artículo de comercio o servicios necesarios. Si el negocio es, o puede ser con-vertido, en una empresa de servicio público, tiene que ser .posible el que se exija la expedición de un certificado como un requisito-previo para poder dedicarse a él.
“Si las condiciones locales son tales que justifiquen el convertir un negocio privado en uno público es una cuestión primordial para ser determinada por la legislatura del estado. Su determinación está sujeta a revisión judicial; pero la presunción usual de su validez cubre su aprobación. La acción del Estado tiene que sostenerse como válida a menos que sea claramente arbitraria, caprichosa o irrazonable (citas). Si las quejas son reales o imaginarias, si los remedios son sabios o tontos; no son cuestiones sobre las cuales la corte pueda preocuparse (citas). No debe hacerse una decisión de que la creencia de la legislatura de los males era arbitraria, capri-chosa o irrazonable, sin investigar los hechos en relación con los. cuales actuó.”

Después de analizar los hechos y las condiciones existen-tes en Oklahoma en relación con la industria del hielo, pasa el Juez Brandéis a considerar la alegación de que dicho ne-gocio es uno de carácter inherentemente privado y que por tanto el Estado no puede prohibir el derecho de ejercitarlo libremente y contesta el argumento diciendo que también los negocios de suplir para la venta agua, electricidad y gas son inherentemente de carácter privado pero que el vender y su-plir cualquier clase de artículos o servicio pueden llegar a ser de transcendencia pública y dice: ‘‘ Si lo es o no, depende de las condiciones existentes en la comunidad. Si es nna ma-teria de interés público, puede ser regulada, no importa cuál sea el negocio. El interés público puede estar limitado a una faz del negocio de manera que la protección requerida pueda asegurarse con una reglamentación relativamente pe-queña. Tal es el interés sobre la posible incompetencia que requieren las licencias a dentistas (citas), o el criterio sobre la posible falta de honradez que llevó a las licencias de almone'deros (citas). Empero, el interés público en un ne-gocio determinado puede ser tan profimdo (pervasive) y variado que requiera urna siopervisión detallada constante y im grado muy alto de reglamentación. Cuando esto es eierto, es corriente hablar del negocio como uno ‘público’ aunque de ckoeño privado. Es a tales negocios que comúnmente se les designa como de utilidad pública (public utility) o se habla de ellos como ‘afectados de un interés público’. German Alliance Co. v. Lewis, 233 U. S. 389, 408. (Pag. 301, bastar-dillas nuestras.) Y entrando de lleno a considerar el signi-ficado de esta frase, dice:

“Una reglamentación válida para una clase de negocio puede, desde luego, ser inválida para otro; pues la razonabilidad de toda reglamentación depende de los hechos relevantes. Pero en tanto concierne al poder de reglamentar, no hay diferencia esencial entre un negocio llamado privado y uno llamado de utilidad pública o que se dice ‘afectado de interés público’. Cualquiera que sea la natu-raleza del negocio, cualquiera que sea el alcance o carácter de la reglamentación que se aplique, la fuente del poder invocado es el mismo, y asimismo la limitación constitucional sobre dicho poder. La fuente es el poder ée policía. La limitación es aquella impuesta por la cláusula sobre debido procedimiento, la cual, según interpre-tada, requiere que la reglamentación no sea irrazonable,, arbitraria y caprichosa, y que los medios de reglamentación seleccionados ten-gan una relación real y substancial al objeto que se desea obtener. La noción de una categoría separada de negocio ‘afectado de interés público’ que emplea propiedad ‘dedicada a un uso público’ descansa en un error histórico. Las consecuencias que se desea extraer de esas frases están, negadas por el significado con que primero fueron usa-das hace siglos y por la decisión de esta Carte en Munn v. Illinois, 94 U. S. 113, que por primera vez las introdujo en nuestro derecho constitucional. En mi opinión, el verdadero principio es que el poder del Estado se extiende a toda reglamentación de cualquier nego-cio razonablemente requerida y apropiada para la-protección del publico. No encuentro en la cláusula sobre debido procedimiento ninguna otra limitación al carácter o alcance de la reglamentación permisible.” (Bastardillas nuestras.)

Continúa entonces el Juez Brandéis citandp ejemplos de negocios que a pesar de haber sido originalmente de carácter privado han sido de tiempo en tiempo reglamentados, prohi-bidos o - convertidos en monopolios o de servicio público. Analiza las situaciones económicas y la depresión que exis-tían debido a la emergencia creada por la guerra anterior y la forma en que los economistas investigaban sus causas y examinaban de nuevo las bases de la estructura económica de la nación .en busca de posibles remedios, y expone que todos estaban de .acuerdo en que se debía a “la irregularidad en el empleo — el mayor de nuestros males — a menos que la pro-ducción y consumo estén mejor balanceados muchos insisten en que debe haber un control económico.” Expone en de-talle y con numerosas citas de autoridades económicas las distintas soluciones sugeridas y admite los peligros que ellas pueden acarrear, pero llama la atención hacia' el hecho de que el éxito obtenido en el campo de las ciencias exactas y de los inventos se debe al proceso de experimentación, y dice :

“Algunas personas afirman' que nuestra situación presente se debe, en parte, .a las limitaciones que las cortes han puesto a la experimentación en los campos de las ciencias sociales y económicas j al desaliento a que han sido sometidas otras proposiciones para su mejoramiento. Tiene que. haber poder en el Estado y en la nación para moldear de nuevo por experimentación, nuestras prácticas e instituciones económicas para dar frente a las valuantes necesidades sociales y económicas. No puedo creer que los autores de la En-mienda Catorce o los Estados que la ratificaron, tuvieron la intención de privarnos del poder de corregir los males del desempleo tecno-lógico y de capacidad productiva excesiva que han segtoido el pro-greso de las artes útiles.
“Detener la experimentación en cuestiones sociales y económicas es una grave responsabilidad. Denegar el derecho de experimentar puede traer graves consecuencias a la nación. . . . Esta-Corte tiene el poder de prohibir un experimento. Podemos demoler el estatuto-que lo encarna por el fundamento de que, en nuestra opinión, la medida es arbitraria, caprichosa e irrazonable. Tenemos el poder de hacer esto porque la cláusula sobre debido procedimiento ha sido interpretada por esta Corte como aplicable tanto a cuestiones de ley sustantiva como a cuestiones de procedimiento. Pero en el ejer- ' cieño de este alto poder, debemos siempre estar en guardia, no sea que convirtamos nuestros prejuicios m principios legales. Si desea-mos guiar por la hoz de la razón debemos permitir que nuestras mentes sean valientes.” (Pag. 311, bastardillas nuestras.)

Después de esta brillante opinión disidente del Juez Bran-déis, con la precedente del Juez Holmes en el caso de Tyson, sólo necesitó la frase “afectado de interés público” un cam-bio en los componentes del Tribunal Supremo Nacional para prevalecer en su verdadero alcance. Así vemos que en el caso de Nebbia v. N. Y., supra, al sostenerse la validez del estatuto fijando un precio mínimo a la leche, la corte aceptó que, como regla general, el aso de propiedad y el derecho a contratar normalmente están exentos de intervención guber-namental; pero sostuvo que ni los derechos de propiedad, ni los que surgen de contratos son derechos absolutos, ya que el gobierno no podría subsistir si el ciudadano estuviera en libertad de usar su propiedad en detrimento de sus seme-jantes; que desde tiempo inmemorial se ha reconocido el po-der para fomentar el bienestar general como un poder inhe-rente de los gobiernos, el cual, sujeto a restricciones consti-tucionales, es superior a los derechos privados; que la ga-rantía del “debido procedimiento de ley”' — y esto es lo fundamental — sólo requiere que la ley no sea irrazonable, arbi-traria y caprichosa, y que el método seleccionado para llevar a cabo su propósito tenga una relación real y sustancial al fin que se persigue; que siendo ésta la norma a seguirse re-sulta que reglamentaciones válidas para algunos fines y ne-gocios pueden ser inválidas para otros, ya que la razonabili-dad de cada reglamentación depende de los hechos relevan-tes al caso.

La Corte procede entonces a contestar el argumento de que el control público de tarifas o precios es irrazonable e in-constitucional per se excepto en cuanto a negocios afectados de interés público, y que la industria de la leche no es uno de esos negocios. Acepta que dicha industria no es una com-pañía de servicio público (public utility) en el sentido co-rriente que se le da a esa frase; que no existen condiciones de monopolio en dicha industria, y que aquellos que a ella se dedican no ostentan franquicias otorgadas por el Estado y luego dice:

“La idea parece sin embargo que ha prevalecido de que hay algo peeuliarmente sacrosanto en cuanto al predio que uno puede cobrar por lo que hace o vende; y que, no importa cuánto se pueda regla-mentar otros alimentos de la manufactura o comercio con .efecto incidental sobre el precio, el Estado no puede controlar directamente el precio mínimo. Esta opinión fue negada hace muchos años. Murm v. Illinois, 94 U. S. 113.”

Aquí tenemos, pues, cristalizadas en la opinión de la ma-yoría de la corte, las doctrinas que anteriormente habían ex-presado Holmes, Brandéis y Stone. “Así entendido”, dice la corte, y ésta es la médula de la opinión, “afectado con un interés público, es equivalente a sujeto al ejercicio del poder de policía; y es claro que nada más se intentó con la expre-sión.” (Pág. 533.) “Decir que uno ha dedicado su propiedad a un uso público, es, por tanto, meramente otra forma de de-cir que si uno se dedica a un negocio que el interés público requiere Ser reglamentado debe saber que la reglamentación vendrá.” (Pág. 533.) “Es claro que no existe ninguna clase o categoría cerrada de negocios afectada con un interés pú-blico, y la función de las cortes al aplicar las Enmiendas Quinta y Catorce es determinar en cada caso si las circuns-tancias justifican la reglamentación atacada como nn razo-nable ejercicio de la autoridad gubernamental o condenarla como arbitraria o discriminatoria.” (Pág..536.) (Bastardi-llas nuestras.)

Refiriéndose entonces a los casos de Wolff, Tyson, Ribnik y Williams, supra, la corte hace la siguiente declaración:

“Esas decisiones deben descansar, finalmente, sobre la base ele; que los requisitos del debido procedimiento no fueron cumplidos por-que las leyes eran arbitrarias en su operación y efecto. Pero no puede haber duda de que en ocasión propicia y por medidas apro-piadas el Estado puede, reglamentar un negocio en cualquiera de sus aspectos incluyendo los precios que han de cobrarse por los productos o mercancías que venda.” (pág. 537-.)

La corte, en el caso de Nebbia, supra, no revoca expresa-mente los casos de Tyson, Ribnik y Williams, en los cuales se sostuvo que los negocios de revendedores de teatros, agen-tes de empleos y de venta de gasolina no estaban afectados de interés público, pero es igualmente obvio que rechaza el criterio allí usado como base para dichas decisiones. Es de notarse también que la corte no menciona la decisión en New State Ice Co. v. Liebmann, supra, pero como sugiere el comentarista Swellings en 8 Tulane Law Rev. 442, 448, si se toma en consideración que la doctrina enunciada se basa principalmente en las ideas expresadas por Brandéis en su disenso en dicho caso, es razonable concluir que el caso de Liebmann ha sido revocado sub silentio.

Además, en el caso de Olsen v. Nebraska, 313 U. S. 236, que revoca específicamente el de Ribnik y se sostiene la va-lidez de un estatuto de Nebraska fijando la tarifa máxima que una agencia de empleos puede exigir por sus servicios, se hace constar que la doctrina del caso de Ribnik siguió las ideas expresadas en el de Tyson, y que el caso de Williams, a su vez, siguió lo dicho en el de Ribnik, diciendo entonces la corte: “El caso de Ribnik, libre de la norma allí usada, no puede subsistir” (pág. 246). Somos de opinión, por tanto, que los casos de Tyson y Williams también ban sido revoca-dos sub süentio.

De acnerdo con esta última jurisprudencia en los casos de Nebbia y Olsen, siguiendo la pauta del disenso del Juez. Brandéis, creemos justificado sostener que no bay una cate-goría cerrada de negocios afectados de interés público; la que existe es un campo global en el cual la Legislatura puede intervenir mediante reglamentaciones razonables para prote-ger el interés público, intervención que ya no sólo cubre el campo de las compañías de servicio público propiamente dichas, sino también el campo de los negocios en general. A este, efecto se ha sugerido que el “public interest test” ha sido desplazado por el de “reasonable exertion of governmental authority”, Kent Stores of New Jersey v. Wilentz, 14 F. Supp. 1, 10. Es fundamental, sin embargo, que lo que pudiera considerarse como una reglamentación razonable en cuanto a una industria podría resultar irrazonable en cuanta a otra. Cada situación debe resolverse por sus propios mé-ritos.

La corte inferior, al sostener la Ley núm. 221, tomó en consideración las .leyes de Oklahoma relativas a la industria del algodón y las decisiones que interpretan dichas leyes. Pasamos ahora a considerarlas. El Artículo 4, Capítulo 20, Ley de 1915 de Oklahoma declara que las desmotadoras de algodón son compañías de servicio público (public utilities) y su uso un negocio público; prohibe que una desmotadora opere sin una licencia del State Corporation Commission; autoriza a dicha Comisión a rehusar otorgar dicha licen-cia cuando no estime que hay necesidad para la desmota-dora en la localidad; le concede a la Comisión el poder de reglamentar las desmotadoras en cuanto a deberes públicos y tarifas, y corrección de abusos y discrímenes. El estatuto fué interpretado en los casos de Sims v. State, 196 Pac. 132; Planters’ Cotton & Ginning Co. v. West Bros., 198 Pac. 855; Frost v. Corporation Commission, 278 U. S. 515; Chickasha Cotton Oil Co. v. Cotton County Gin Co., 40 F. (2d) 846.- En el caso de Sims la corte asumió la validez de la ley y sostuvo la autoridad de la Comisión para imponer ciertas tarifas; en el de West Bros, la corte volvió a asumir la validez de la ley y sostuvo el poder de la Comisión para ordenar que una compañía que estaba dedicada a servir al público des-continuara ciertas prácticas monop dísticas y discriminato-rias; en el de Frost, el Tribunal Supremo Nacional y las partes asumieron la validez de la ley; en el de Cñickasña la corte expresamente sostuvo la validez de la ley.

Ninguno de estos casos decide el punto que presenta el de autos de si a la apelante puede exigírsele una franquicia, de acuerdo con los términos de la Ley núm. 221, por soste-ner ella que toda vez que la “Central El Ejemplo” no muele cañas del público en general, su negocio no está incluido en-tre aquellos que están dedicados a un uso público. Somos de opinión que el argumento no puede prevalecer frente a las doctrinas anteriormente expuestas. Es el interés público el que puede en tal forma substancial afectar a un negocio, no importa que esté dedicado a un uso público o no, que es ese interés de la comunidad en general el que'debe prevale-cer. La propia apelante acepta la autoridad de la Legisla-tura para reglamentar su negocio en cuanto a precios, con-tratación y ñoras y salarios. ¿Puede pedirse mayor indicio del gran interés público de que está afectada la molienda por parte de la apelante de sus propias cañas? Más aún, la central de la apelante no se dedica a manufacturar o elaborar azúcar para su propio consumo, sino para venderlo en com-petencia con el azúcar producido por otras compañías azuca-reras. Be la actividad industrial y económica de todas esas compañías, incluyendo la apelante, depende, de un modo vital, el bienestar general de una gran parte de la comunidad puertorriqueña. Sería absurdo sostener que el interés pú-blico en la industria azucarera se circunscribe tan, sólo a la fase de la molienda de cañas de algunas centrales y de otras no, dependiendo dicho interés publico en que las cañas mo-lidas pertenezcan a los colonos o a las centrales. Mientras la apelante se dedique- a la producción y molienda de cañas para la venta pública del azúcar que dichas cañas producen, todas sus actividades son de interés público y por tanto su-jetas a reglamentación razonable. Por pequeño que sea el eslabón que la “Central El Ejemplo” represente en la ca-dena de la industria azucarera, ese eslabón afecta, en forma proporcional, la economía del distrito en que esté localizada y del país en general. Excluir a la apelante de los términos de la Ley núm. 221 equivaldría a reconocer que ello puede, por sí, debilitar la reglamentación que la legislatura quiso imponer a toda la industria azucarera en general.

Como bien se dijera en el caso de Nebbia, cuando los in-tereses privados están encontrados con los intereses públi-cos, y sujetos únicamente a garantías constitucionales, el in-terés público debe prevalecer. “La Constitución no garan-tiza el privilegio sin restricción de dedicarse a un negocio o de conducirlo como uno desee.” (Pág. 527.) Igual declara-ción encontramos en el caso de Frost v. Corporation Commission, supra, pág. 521, donde refiriéndose a las condicio-nes existentes en la industria de las desmotadoras de algo-dón la corte dijo: “Bajo estas condiciones el dedicarse al negocio no es una cuestión de derecho corriente, sino un pri-vilegio.” Y dicho caso decide que aunque la ley de Oklahoma declaraba que lo que se exigía era una licencia, de hecho el privilegio que se otorgaba era una franquicia.

Recientemente, en el caso de Wickard v. Filburn, 317 U.S. 111, el Supremo Nacional decidió que el Congreso tenía au-toridad para imponerle una cuota para la producción de trigo a un agricultor que sólo producía trigo para su propio consumo, por la razón de que dicho agricultor era a la vez un consumidor, y sus requerimientos, si eran totalmente sa-tisfechos por su propia producción, tendían a influir en forma sustancial el alcance global del estatuto. Véanse tam-bién los casos de Bandini Co. v. Superior Court, 284 U.S. 8, y Champlin Rfg. Co. v. Commission, 286 U. S. 210, soste-niendo la validez de estatutos que restringían la producción de gas y aceite por entidades privadas como medidas para la conservación de los recursos naturales del estado.

A nuestro juicio las doctrinas expuestas en la opinión disi-dente del Juez Brandeis en New State Ice Co. v. Liebmann, supra, son las que deben prevalecer en relación con la indus-tria azucarera de Puerto Rico. Pero es más, aun la opi-nión de la mayoría del Tribunal en dicho caso al anular la ley hizo constar que la industria del hielo no era “una in-dustria primordial de la cual dependiera la prosperidad de todo él estado.” (Bastardillas nuestras.) Así vemos que el Juez Brandéis haciendo uso de esta frase dice que el con-cepto de una empresa de servicio público “no es. estático’” y que el bienestar de la comunidad puede requerir que el. negocio de suplir hielo sea convertido en una empresa de'' servicio público “tanto como el negocio de suplir agua o cualquier otro artículo de comercio o servicios necesarios.’ (Bastardillas nuestras.) No creemos que nadie pueda dudar que la prosperidad de todo Puerto Rico depende en gran, parte de la industria azucarera. De manera que, no sólo a: base de la opinión disidente del Juez Brandéis en dicho caso, sino que aun por el fundamento expuesto por la mayoría del Tribunal está justificado el poder que reconocemos a la Legislatura. De nuevo citamos de la opinión del Juez Bran-déis en cuanto expone los motivos de carácter económico que hacían razonable exigir una franquicia para dedicarse ai negocio del hielo:

“El propósito de requerirla (una franquicia) es promover el. interés público a evitar desperdicio. Especialmente en aquellos;, negocios en los cuales los cargos de interés y depreciación sobre la planta constituyen un elemento alto en el costo de producción, la. experiencia ha demostrado que la carga financiera incidental a una. duplicidad innecesaria de facilidades pueden traer tarifas altas y mal servicio. Ahí el costo depende usualmente, entre otras cosas, en fel volumen y la división de posibles adquirentes entre compañías competidoras puede en tal forma elevar el costo por unidad de operación que haría imposible proveer servicio adecuado a precios razonables.”

La prueba en el caso de autos demostró que si bien la apelante tiene una capacidad de molienda de 140,000 tone-ladas sólo está moliendo unas 90,000 toneladas. He aquí una demostración del elemento de desperdicio en la capacidad industrial de la Centrar de la apelante, que señala Brandéis, el cual puede ser evitado exigiéndole que obtenga una fran-quicia. Y esto es así si tomamos en consideración el artículo 42 de la Ley núm. 221, que obliga a la Comisión de Servi-cio Público a determinar las zonas de producción de todas las centrales debiendo hacerse constar, de acuerdo con el artículo 43, en la franquicia que se conceda a cada central dicha zona de producción. Esta determinación es una de las bases fundamentales de la Ley núm. 221. El artículo 4 de dicha ley define lo que significa la expresión “zona de pro-ducción” como “la demarcación territorial dentro de cuyos límites se cultiva la caña de azúcar a ser convertida en azú-car crudo o en azúcar refinado o que en efecto se convierta en azúcar crudo o en azúcar refinado por' cualquier compa-ñía azucarera o por cualquier persona natural o jurídica dedi-cada a la manufactura, producción, elaboración o refinación de azúcar.”

Si la determinación de la zona de prodncción que corres-ponda a la apelante, cnando sea hecha por la Comisión de Servicio Público, es razonable o no, es cuestión que en el mo-mento oportuno podría ser resuelta por las cortes, al igual que cualquier otra reglamentación o disposición contenida en la franquicia. El hecho de que la apelante esté obligada a solicitar y obtener dicha franquicia no significa que esté igualmente obligada a aceptar cualquiera o todos los térmi-nos y condiciones que dicha franquicia contenga. La legali-dad de toda la reglamentación a que pueda ser sometida es-tará siempre sujeta a investigación y determinación judicial. Véase South P. R. Sugar Co. v. Corte, y Antonio Boig Sucrs., S. en C., v. Corte, resueltos en enero 19, 1944, 62 D.P.R. 841.

No hemos dejado de considerar toda la jurisprudencia •citada por la apelante en relación con la falta de poder en la Legislatura para declarar un negocio privado como uno de servicio público. Los Pipe Line Cases, 234 U. S. 548; Producers Transportation Co. v. R. R. Comm., 251 U. S. 228; Weems Steamboat Co., v. People’s Co., 214 U. S. 345 y otros. Empero, somos de opinión que los negocios y las industrias de que se trataba en dichos casos — oleoductos, muelles, por-teadores privados, etc. — de importancia relativa en la eco-nomía general del Estado o de la nación, no guardan analo-gía con la situación que presenta la industria azucarera de Puerto Rico. Además, como ha dicho el Juez Stone, concu-rriendo con él el Juez Cardozo: “La doctrina de stare de-cisis, no importa cuán apropiada o aun.' necesaria en ciertas ocasiones, sólo tiene una aplicación limitada en el campo del derecho constitucional.”

La Ley núm. 221, supra, es una secuela de la reglamen-tación limitada anterior a que fué sometida la misma indus-tria en cuanto a las relaciones, derechos y deberes de las centrales con sus colonos. Nos referimos a la Ley núm. 112 de mayo 13, 1937, según enmendada en fecha posterior y ahora derogada por la núm. 221. La Legislatura ha que-rido afrontar el problema global convirtiendo la industria de manufacturar azúcar en empresa de servicio público so-metiéndola en su totalidad a la reglamentación de la Comi-sión de Servicio Público. Al ejercitar este poder,- somos de opinión que no ha violado la cláusula sobre debido procedi-miento de ley de nuestra Carta Orgánica.

La molienda de cañas de azúcar constituye en la actuali-dad la industria principal de Puerto Rico. Nuestros proble-mas económicos más importantes giran y dependen general-mente del éxito o fracaso de dicha industria. Puede afir-marse que nuestra economía depende en forma muy substan-cial de ella. La Ley núm. 221, no hay duda alguna, es un experimento legislativo dentro de la legislación social mo-derna que tiende a modificar la política del laisses faire. La experiencia ha demostrado, con dolorosos y a veces trágicos resultados, que dicha política no ha resuelto adecuadamente nuestros serios y complicados problemas económicos y socia-les. No tenemos duda tampoco de que el éxito o fracaso de esta experimentación depende en grado sumo dé la eficiencia, honradez y laboriosidad de aquellos en cuyas manos se ha puesto: la Comisión de Servicio Público.' Problema es éste, sin embargo, que compete afrontar a la rama ejecutiva de nuestro gobierno y no a las cortes. Tampoco debe la rama judicial poner trabas a la legislatura para que, en el ejercicio de su poder gubernamental o de policía, adopte aquella le-gislación que, a su juicio, pueda resolver en forma substan-cial dichos problemas.

Por el cuarto señalamiento la apelante alega que la corte inferior erró al decretar el injunction preliminar por no haberse probado por el peticionario el elemento de daños irreparables. Carece de méritos la cuestión. No se trata de un injunction bajo la jurisdicción de equidad de la-corte, sino de uno autorizado por el artículo 55 de la Ley núm. 221, supra, que no requiere ni alegación ni prueba de dichos daños, y sí la determinación de si alguna persona natural o jurí-dica está violando las disposiciones del estatnto o de las ór-denes de la Comisión y en ese caso impedir que continúen dichas infracciones. Véase U. S. v. San Francisco, 310 U. S. 16, y Brown v. The Hetch Co., resuelto por la Corte de Ape-laciones del Distrito de Columbia' en julio 22 de 1943.

Debe confirmarse la sentencia apelada-.

      (1) "Artículo 12. — La manufactura, elaboración y refinación de azúcar se declaran empresas de servicio público y ninguna persona natural o jurídica se dedicará en Puerto Rico a tales empresas sin: haber obtenido una franquicia con arreglo a las disposiciones de esta Ley. Se declaran compañías de servicio público las compañías azucareras conforme se definen en el artículo 2 del Capítulo I de esta Ley, y asimismo se declara compañía de servicio público toda persona natural o jurídica que en Puerto Rico se dedique, como dueña, arrendatario o en cualquier otro concepto a la manufactura, elaboración, o refinación de azúcar. ’ ’
      El artículo 2 de la ley dice así:
      ‘ ‘ Artículo 2. — La expresión ‘ compañía azucarera ’, según se usa en esta Ley, significa cualquier persona natural o jurídica que en Puerto Rico, con arreglo a las disposiciones de esta Ley, se dedique, como dueña, arrendataria, explotadora, administradora, poseedora, o en cualquier otro concepto, a la manufactura, elabo-ración o refinación de azúcar. La expresión ‘compañía azucarera' incluye también cualquier persona natural o jurídica que en cualquier forma adquiera cañas de azúcar para su conversión en azúcar crudo o refinado, o azúcar crudo para su refinación, así como cualquier persona natural o jurídica que en cualquier forma actúe como intermediario, agente de negocios o corredor entre una compañía azucarera y sus colonos. Las ‘compañías azucareras’ no estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley en lo que respecta a cualquier negocio que hicieren o a cualquier propiedad perteneciente a ellas fuera de Puerto Rico; ni se interpre-tarán las disposiciones de esta Ley en el sentido de aplicarse a cualquier asunto o cosa con respecto al cual el Congreso ha dictaminado con exclusión del poder de Puerto Rico.”

      (2) ‘ ‘ Artículo 18. — Treinta días después de empezar a regir esta Ley, toda compañía azucarera conforme se define en el artículo 2 del Capítulo I de esta Ley y toda persona dedicada en Puerto Rico a la manufactura, elaboración o refinación de azúcar, quedarán bajo la jurisdicción y sujetas a la autoridad de la Comisión y ningnna persona natural o jurídica podrá dedicarse a la manufac-tura, elaboración o refinación de azúcar a menos que solicite y obtenga de la Comisión una franquicia que la autorice para ello. Toda franquicia, privilegio o concesión para dedicarse en Puerto Eico a la manufactura, elaboración o refina-ción de azúcar será otorgada por la Comisión con arreglo a las reglas y regla-mentos que la Comisión establezca de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica y de esta Ley.”
      "Artículo 66.' — Tres (3) meses después de la fecha en que empiece a regir esta Ley ninguna persona natural o jurídica podrá dedicarse en Puerto Eico a ia manufactura, elaboración ■ o refinación de azúcar a menos que haya obtenido una franquicia que con carácter provisional le será expedida por la Comisión a la cual, por la presente, se autoriza y ordena para que expida tal franquicia con carácter provisional a toda persona natural o'jurídica dedicada a la manufactura, producción, elaboración o refinación de azúcar que la solicite dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que empiece a regir esta Ley. Tal franquicia con carácter provisional se ajustará a las disposiciones de esta Ley y a las reglas y reglamentos que dictare la Comisión, excepto que no tendrán que contener necesariamente limitaciones en cuanto a la zona de producción de la parte soli-citante. Tal franquicia provisional será válida solamente por un año.

        ‘ ‘ Dentro del año siguiente a la concesión de tal franquicia provisional la Comisión podrá sustituirla, a petición de la concesionaria que deberá radicarse en la Comisión dentro de los primeros tres meses de dicho año, por una franquicia final en la cual se incluirán necesariamente las disposiciones que en cuanto a la zona de producción de la parte solicitante hubiere determinado la Comisión y todas las demás disposiciones que la Comisión considere conveniente incluir en tal franquicia final con arreglo a esta Ley y a la Carta Orgánica. Quince meses después de la fecha en que esta Ley empiece a regir, ninguna persona natural o jurídica podrá dedicarse en Puerto Eico a la manufactura, elaboración o refina-ción de azúcar a menos que haya solicitado y obtenido de la Comisión la concesión de tal franquicia final. Toda persona natural o jurídica o toda compañía azu-carera y todo funcionario, empleado o agente de las mismas que violare cualquiera de las disposiciones de este artículo, incurrirá en delito menos grave (misdemeanor) y convicto que fuere, sufrirá pena de cárcel por término mínimo de un mes y máximo de un año, o multa mínima de dos mil (2,000) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal.”

      (3) “Artículo 55. — El Procurador General, además de ejercer las facultades y deberes que le están conferidos por la ley, deberá también, a petición de la Comisión o de oficio, proceder a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, mediante mandamus, injunction o quo warranto u otro recurso adecuado en derecho y equidad a impedir infracciones de las disposiciones de esta Ley, o de las órdenes de la Comisión, o de la sentencia, órdenes o decretos de dicha corte, o para obligar al cumplimiento de las mismas.”

      (4) Opinión de esta Corte Suprema en Pueblo v. Hubert Hnos., Inc., 53 D.P.R, 779; opinión de la Corte de Distrito de San Juan en Plata Sugar Co. v. Fernández García; opinión Corte Circuito dé Apelaciones en Vidal v. García, 104 F. (2d) 606.

      (5) Hamilton, Affectation with Public Interest, 39 Yale L. Journal 1089 (1930); McAllister, Lord Hale and Business Affected with a Public Interest, 43 Harvard L. Eev. 759 (1929); Harbeson, The Public Interest Concept in Law and Economies, 37 Mich. L. Eev. 181; Eobinson, The Public Utility: A Problem in Social Engineering (1928) 14 Cornell L. Q. Í; Keezer, The “Public Interest” Doctrine (1927), 25 Mich. L. Eev.. 596; Eobinson, The Public Utility Concept in American Law (1928), 41 Harv. L. Eev. 277; Powell, State Utilities and The Supremo Court (1931), 29 Midi. L. Rev. 811, 1001; Goddard, The Evolution and Devolution of Public Utility Law (1934), 32 Mich. L. Rev. 577; Hale, The Constitution and the Price System; Some Reflection on Nebbia v. New York (1934), 34 Columbia L. Rev. 401; Finkelstein, Prom Munn v. Illinois to Tyson v. Banton; A study in the Judicial Process (1927), 27 Columbia L. Rev. 769; Goldsmith-and Winks, Price Pixing: Prom Nebbia to Guffey, Selected Essays on Constitutional Law, vol. 2, pág. 531.

      (6) Brass v. Stoeser, 153 U.S. 391; German Alliance Co. v. Lewis 233 U.S. 389; Block v. Hirsh, 256 U.S. 135; Marcus Brown Holding Co. v. Feldman, 256 U.S. 170; Wolf Packing Co. v. Industrial Court, 262 U.S. 522; Tyson v. Banton, 273 U.S. 418; Ribnick v. McBride, 277 U.S. 350; Williams v. Standard Oil Co., 278 U.S. 235; New State Ice Co. v. Liebmann, 285 U.S. 262; Nebbia v. New York, 291 U.S. 502; Townsend v. Yeomans, 301 U.S. 441; Olsen v. Nebraska, 313 U.S. 236.

        (7) Aquí Brandéis cita el Tratado sobre los Puertos, de Lord Hale y el ensayo de MeAllister, supra, y sostiene que el primero no podía estar refiriéndose a limitaciones del poder legislativo del Parlamento pues en Inglaterra el Parla-mento acostumbraba reglamentar los precios de mercancías de todas clases.

       "Artículo 42. — Dentro de un año, a contar desde la fecha de aprobación de esta Ley, la Comisión procederá a determinar y poner en vigor la zona de producción de toda compañía azucarera y de toda persona natural o jurídica que en Puerto Rico se dedique a la manufactura, elaboración o refinación de azúcar. ’ ’

        “ . ”

       "Artículo 43. — En toda franquicia final que la Comisión concediere a cualquier persona natural o jurídica o a cualquier compañía azucarera se determi-nará la zona de producción de la entidad concesionaria de tal íranquieiá y ninguna persona natural o jurídica o compañía azucarera podrá elaborar o refinar azúcar usando como materia prima cañas de azúcar producidas fuera de la zona de producción que le fuere asignada en la franquicia eoneedídale. ’ ’

      (10) St. Joseph Stockyard Co. v. U. S., 298 U. S. 38, 94 (1936).