author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Pedro Vélez Seguinot, etc., demandantes y recurridos, v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, etc., demandados y peticionarios; Municipio de Carolina y Admiral Ins. Co., terceros demandados.

      Número: CC-2003-85

      Resuelto: 18 de mayo de 2005

      Carlos Martínez Texidor, abogado de la parte peticionaria; Carlos Iguina Oharris, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 4 de mayo de 1999, Pedro Vélez Seguinot, su esposa Margarita Arrocho Maldonado y la sociedad legal de ga-nanciales compuesta por ambos presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, una demanda de daños y perjuicios contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.), su aseguradora, American International Insurance Company of Puerto Rico (AIICo) y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (E.L.A.).

En la referida demanda se alegó, en síntesis, que el 24 de septiembre de 1996, mientras los codemandantes tran-sitaban en horas de la mañana por la avenida Roberto Cíe-mente del municipio de Carolina, prudentemente y cum-pliendo con las leyes de tránsito, su automóvil cayó súbitamente en uno de los conductos de los registros de acueductos. Se adujo que el referido conducto estaba roto, sin tapa y sin contorno de cemento; alegaron, además, que el accidente había sido provocado por la exclusiva negli-gencia de los codemandados debido a que no mantuvieron ni operaron la calle y el contorno adecuadamente, ni colo-caron rótulo alguno que advirtiese al público sobre la peli-grosidad del lugar.

Luego de varios trámites procesales, el E.L.A. presentó ante el tribunal de instancia una moción de desestimación en la cual expuso que, luego de realizar la investigación correspondiente del caso, el Departamento de Transporta-ción y Obras Públicas le había informado que el lugar donde se alegaba que ocurrieron los hechos no estaba bajo la jurisdicción, el control y el mantenimiento del E.L.A. La parte demandante se allanó a dicha solicitud de desestimación. Conforme a lo anterior, el foro primario emitió sentencia parcial mediante la cual desetimó la de-manda contra el E.L.A.

Posteriormente, la A.A.A. y AIICo presentaron ante el foro primario una demanda contra tercero contra el muni-cipio de Carolina y su aseguradora, Admiral Insurance Company. Se alegó, en síntesis, que la avenida Roberto Clemente era propiedad y estaba bajo el control, dominio, jurisdicción y mantenimiento del municipio de Carolina. En virtud de lo anterior, se adujo que fue este municipio quien actuó negligentemente al no mantener la mencio-nada carretera en condiciones de razonable seguridad. Se alegó, además, que los terceros demandados eran los que debían responder directamente a la parte demandante o, en la alternativa, a la parte demandada en la eventualidad de que el Tribunal de Primera Instancia declarara “con lugar” la demanda contra ellos.

Habiendo sido pautada la vista en su fondo del caso para el 11 de diciembre, y previo a iniciarse la referida vista, los demandantes y el municipio de Carolina —parte tercera demandada— llegaron a un acuerdo transaccional que puso fin a la controversia entre dichas partes, el cual fue aprobado por el foro primario en corte abierta. A los fines de plasmar por escrito la transacción efectuada, el 31 de enero de 2002 el tribunal de instancia emitió sentencia a esos efectos. En ésta, el foro primario condenó al municipio a satisfacer la cantidad de veinticinco mil dólares como compensación total de todos los daños y perjuicios presen-tes y futuros sufridos por la parte demandante por motivo del accidente automovilístico al cual se refería la causa de acción.

Por otra parte, el 11 de febrero de 2002 —luego de cele-brado el juicio en su fondo— el tribunal de instancia emitió sentencia, disponiendo finalmente del caso. Aquí, declaró “con lugar” la demanda en contra de A.A.A. y su asegura-dora AIICo y, en consecuencia, las condenó a pagar $57,500 al señor Vélez Seguinot y $96,500 a la señora Arrocho Maldonado por los daños sufridos por ellos como resultado del accidente en el que se vieron involucrados. Además, el foro primario le impuso a la parte demandada el pago de inte-reses a partir de la fecha de la presentación de la demanda, más el pago de costas, gastos y honorarios de abogado. Am-bas sentencias —esto es, la de 31 de enero y la de 11 de febrero de 2002— fueron notificadas el 14 de febrero de 2002.

Resulta de particular importancia enfatizar el hecho de que no obstante la segunda sentencia haber sido efectiva-mente emitida el 11 de febrero de 2002 —fecha que se hizo constar en la sentencia propiamente— en su volante de notificación, de 14 de febrero de 2002, la secretaria del foro de instancia hizo constar, por error, que la sentencia era de 31 de enero de 2002, fecha de la primera sentencia emitida.

Oportunamente, el 25 de febrero de 2002, la A.A.A. y AIICo presentaron ante el tribunal de instancia una mo-ción en solicitud de determinaciones de hechos adicionales en conformidad con la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 331. Esta moción fue declarada “no ha lugar” por el foro primario mediante resolución a esos efectos.

Posteriormente, el 1 de marzo de 2002 las mencionadas demandadas presentaron una moción de reconsideración ante el tribunal de instancia, solicitud que fue denegada por el referido foro. Inconforme con tal determinación, el 4 de abril de 2002 la parte demandada acudió, vía recurso de apelación, ante el Tribunal de Apelaciones. El 17 de abril de 2002 la parte demandante presentó ante el foro apela-tivo intermedio una moción de desestimación, en la cual expuso que el recurso de apelación de la parte demandada no se le había notificado a la parte tercera demandada, quien era parte en el pleito. En vista de ello, solicitó que se desestimara el recurso por no haber sido perfeccionado en tiempo. En virtud de la referida moción, el tribunal apela-tivo intermedio emitió una orden dirigida a la parte de-mandada para que mostrara causa por la cual no debía ser desestimado su recurso por falta de notificación a una de las partes en el pleito.

La parte demandada compareció ante el foro apelativo intermedio en cumplimiento de la mencionada orden. El Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia, desesti-mando el recurso; expresó que, según había indicado la parte demandante, carecía de jurisdicción para atender el recurso debido a que éste no había sido notificado a todas las partes en el pleito. Explicó que la sentencia dictada por el foro primario el 31 de enero de 2002, aprobando la esti-pulación transaccional, no se había convertido en final por-que no cumplió con lo requerido en la Regla 43.5 de Proce-dimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. En virtud de lo anterior, concluyó que las partes terceras demandadas tenían que ser notificadas debido a que continuaron siendo partes en el pleito hasta su adjudicación definitiva.

Oportunamente, la parte demandada presentó ante el foro apelativo intermedio una moción de reconsideración. Denegada esta moción por el foro apelativo intermedio, y aún inconformes, las demandadas A.A.A. y AIICo recurrie-ron, vía certiorari, ante este Tribunal. El 19 de julio de 2002 este Tribunal emitió una resolución, denegando la antes mencionada solicitud de certiorari. Posteriormente, el 7 de agosto de 2002 —y sin haberse remitido el mandato la parte demandada presentó ante este Tribunal un escrito titulado “Escrito informativo y solicitud de desistimiento del recurso sin perjuicio”. En éste expuso que cuando es-taba en proceso de hacer la solicitud de reconsideración a la determinación del recurso de certiorari, se percató de que no encontraba la notificación de la sentencia del 11 de febrero de 2002. Por lo anterior, indicó que en ese mo-mento se había dado cuenta de que la referida sentencia no había sido notificada a las partes conforme a derecho y, por consiguiente, no había comenzado a decursar el término para recurrir.

Ese mismo día la parte demandada presentó un escrito ante el foro primario. Mediante el referido escrito solicitó que se notificara conforme a la ley la sentencia del 11 de febrero de 2002 y se archivara en autos copia de su notifi-cación para que pudiera comenzar a decursar el término para acudir en revisión de la referida sentencia. Además, solicitó al foro primario que resolviera la demanda de ter-ceros, ya que ninguna de las sentencias dictadas la resolvía y la parte demandada no la había retirado ni había renun-ciado a ésta.

El 13 de agosto de 2002, la parte demandante presentó ante el foro primario su oposición al antes mencionado es-crito presentado por la parte demandada. Alegó que la Sen-tencia de 11 de febrero de 2002 había sido efectivamente notificada el 14 de febrero de 2002. Se expuso que la sen-tencia había sido enviada a todas las partes en la fecha correcta en que se archivó en autos su copia. Indicó, ade- más, que el error en la notificación al indicar que la sen-tencia había sido emitida el 31 de enero de 2002, en vez del 11 de febrero de 2002, fue un mero error oficinesco, que ocurrió por inadvertencia de la secretaría del tribunal; error que no afectó el derecho de la parte demandada de acudir al foro apelativo intermedio, como lo había así hecho.

Así las cosas, el 26 de agosto de 2002, el tribunal de instancia emitió una notificación enmendada de la senten-cia del 11 de febrero de 2002. El foro primario, en la refe-rida notificación, “aclaró” que ésta era sólo a los fines de corregir la fecha en que fue emitida la sentencia.

Tres días más tarde, la parte demandada presentó ante este Tribunal un nuevo escrito titulado Solicitud de Desis-timiento del Recurso de Certiorari por Académico. En éste, alegó que la solicitud de desistimiento presentada ante este Tribunal era académica, ya que el foro primario había emitido ya nuevamente la notificación de la sentencia de 11 de febrero de 2002 y, por tal razón, el término para recurrir había comenzado nuevamente a decursar, con-forme a la Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, el 26 de agosto de 2002.

A raíz de esta nueva notificación, el 5 de septiembre de 2002, A.A.A. y AIICo presentaron nuevamente una moción para solicitar determinaciones de hechos adicionales ante el foro primario, la cual fue declarada “no ha lugar”. Pos-teriormente, el 10 de septiembre de 2002 la parte deman-dada también presentó una segunda moción de reconside-ración ante el tribunal de instancia, la cual también fue declarada “no ha lugar”.

El 10 de octubre de 2002, los demandados presentaron un nuevo recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Además de alegarse los mismos planteamien-tos de error que en la primera apelación, se indicó que como la Sentencia de 11 de febrero de 2002 había sido ar-chivada en autos conforme a derecho el 26 de agosto de 2002, a partir de esa fecha fue que comenzó a transcurrir el término para acudir en apelación.

El 27 de noviembre de 2002, luego de que la parte de-mandante presentara una moción de desestimación al nuevo recurso de apelación, el foro apelativo intermedio emitió su sentencia. Nuevamente, el Tribunal de Apelacio-nes desestimó el recurso por falta de jurisdicción. Concluyó el foro apelativo intermedio que la notificación del 26 de agosto de 2002 sólo constituyó una enmienda nunc pro tune para enmendar un defecto de forma, a saber, la cons-tancia de la verdadera fecha en que la sentencia fue emitida.

Insatisfecha, la parte demandada acudió, el 11 de fe-brero de 2003 —vía certiorari— ante este Tribunal, seña-lando que había incidido el Tribunal de Apelaciones

... al decretar que carecía de jurisdicción para entender en el recurso presentado por esta parte concluyendo erróneamente que la sentencia dictada por el Honorable Tribunal de Instan-cia, Sala Superior de Carolina el 11 de febrero de 2002 y no notificada y archivada en autos copia de su notificación el 26 de agosto de 2002.
Como resultado de este error incurrió en error de forma su-plementaria el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al determinar que el término de apelación jurisdiccional co-mienza a decursar a partir de la fecha en que se dicta la sen-tencia y no a partir de la fecha en que se archiva en autos copia de su notificación.
... al concluir erróneamente que la notificación de la sentencia del 11 de febrero de 2002 conforme a las disposiciones de ley aplicables y la cual fue archivada en autos copia de su notifi-cación el día 26 de agosto de 2002 sólo corregía un error de forma que constituye una enmienda “Nunc Pro Tunc” y por consiguiente no tuvo el efecto de que comenzara a decursar el término apelativo jurisdiccional.
... al desestimar el recurso de apelación ya que la parte de-mandante-recurrida estaba impedida de solicitar desestima-ción porque esto constituía violación a la doctrina de la ley del caso.
... al desestimar el escrito de apelación por falta de jurisdic-ción y no devolver el caso al Honorable Tribunal de Instancia para que adjudicara la demanda de terceros radicada por esta parte en contra de los terceros demandados, Municipio de Carolina y Admiral Insurance Company, lo que implica que no hay constancia de un archivo de notificación de una sentencia final en el caso que nos ocupa. Petición de certiorari, pág. 11.

Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia de ambas partes, y estando en condición de resolverlo, pro-cedemos a así hacerlo.

H

Como es sabido, en “una sentencia se adjudican las controversias habidas en un pleito y se definen los derechos de las partes involucradas”. Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 D.P.R. 983, 989 (1995); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 656 (1987). Una vez se dicta una sentencia, las Reglas de Procedimiento Civil rigen lo referente a las formalidades y los procedimientos que se deben cumplir para poder presentar un recurso de apelación. Específicamente a esos efectos, la Regla 53.1(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dis-pone:

El recurso de apelación deberá ser presentado en la forma antes dispuesta, dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado. En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus funcionarios o una de sus instrumentalidades que no fuere una corporación pública, o los municipios de Puerto Rico sean parte en un pleito, el recurso de apelación se formalizará, por cualquier parte en el pleito perjudicada por la sentencia, pre-sentando un escrito de apelación en la forma antes dispuesta y dentro del término jurisdiccional de sesenta (60) días contados desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado.

Según establece la antes citada regla, el término para acudir al foro apelativo intermedio es jurisdiccional. Pellot v. Avon, 160 D.P.R. 125 (2003). Véase, además, H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, San Juan, Ed. LexisNexis, 2001, pág. 61. A tales efectos, este Tribunal ha indicado que el incumplimiento con el referido término es fatal debido a que es improrrogable. Salinas v. S.L.G. Alonso, 160 D.P.R. 647 (2003). Además, hemos señalado que este término, contrario a los de cumplimiento estricto, no admite ser extendido por justa causa. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1, 7 (2000); Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 131 (1998). Es decir, este término transcurre inexorablemente y el tribunal no tiene jurisdicción para entender en un recurso presentado fuera de éste, no importa las consecuencias procesales que su expiración prorrogue. Véanse: Sánchez Martínez, op. cit., pág. 60; R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, San Juan, Ed. Michie, 1997, págs. 154-155.

Es debido al carácter fatal de este término que hemos indicado que es “imprescindible la pronta y correcta notificación” de las sentencias, ya que según dispone la Regla 53.1 de Procedimiento Civil, ante, comienza a decursar a partir del archivo en autos de copia de la notificación. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., ante.

Específicamente, las Reglas de Procedimiento Civil imponen este deber de notificar las sentencias cuanto antes a todas las partes en el pleito y archivar en autos copia de la constancia de la notificación al Secretario del Tribunal. Las Reglas 65.3 y 67.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, establecen la forma en que se llevará a cabo toda notificación. Este Tribunal ha señalado que cuando el Secretario del tribunal va a notificar a las partes a través del servicio de correos, se tiene que notificar a los abogados a la vez, y correctamente, a sus direcciones conocidas en autos. Rodríguez Mora v. García Lloréns, 147 D.P.R. 305, 310 (1998). Véase, además, J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. II, pág. 1146.

Por su parte, la Regla 46 de Procedimiento Civil, ante, establece específicamente cuáles son las obligaciones del Secretario del tribunal con respecto a las notificaciones. A esos efectos, la referida regla dispone, en lo aquí pertinente, que:

Será deber del secretario notificar a la brevedad posible dentro de las normas que fije el Tribunal Supremo, las senten-cias que dicte el tribunal, archivando en autos copia de la sen-tencia y de la constancia de la notificación y registrando la sentencia. La anotación de una sentencia en el Registro de Pleitos y Procedimientos constituye el registro de la sentencia. La sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en autos copia de su notificación y el término para apelar empezará correr a partir de la fecha de dicho archivo. (Enfasis suplido.

Surge de lo anterior que el Secretario tiene la obligación, entre otras cosas, de notificar la sentencia y archivar en autos copia de la constancia de la notificación. Con respecto a este último deber, hemos señalado que el archivo en autos de copia de la notificación “constituye la constancia oficial de la notificación que la ley requiere” y, por su importancia, “no es ni puede ser un acto caprichoso del secretario”. Asociación Cooperativa v. Navarro, 70 D.P.R. 929, 932 (1950).

En cuanto al deber de la notificación he-mos indicado que “ ‘no es un mero requisito impuesto por las Reglas de Procedimiento Civil’ ”. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., ante, pág. 8, citando a Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, ante, pág. 989. En cambio, hemos señalado “ ‘la imperiosidad del mismo debido al efecto que tiene dicha notificación sobre los procedimientos posteriores a la sentencia’ ”. íd.

Refiriéndonos específicamente a la importancia de una notificación correcta, hemos sido enfáticos en que “es característica imprescindible del debido proceso de ley”. Rodríguez Mora v. García Lloréns, ante, pág. 309. Véanse, además: Medio Mundo, Inc. v. Rivera, 154 D.P.R. 315 (2001); Cuevas Segarra, ante, pág. 762. Además, hemos señalado que es “parte integral de la actuación judicial” y “ ‘requisito sine qua non de un ordenado sistema judicial’ ”. Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592 (2003). Véase, además, Cuevas Segarra, ante, pág. 1138.

En reiteradas ocasiones hemos expresado que el propósito que sirve la notificación es proteger “el derecho de procurar la revisión judicial de la parte afectada por un dictamen a quo adverso”. (Enfasis suplido.) Hosp. Dr. Domínguez v. Ryder, 161 D.P.R. 341, 345 (2004). Véase Martínez, Inc. v. Ahijoe Realty Corp., ante. Este propósito queda reiterado por el hecho de que “si no se cumple con el trámite de notificación de las sentencias, éstas no surtirán efecto alguno ni podrán ser ejecutadas”. Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, ante, pág. 990. Véanse: Pueblo v. Hernández Maldonado, 129 D.P.R. 472 (1991); Cuevas Segarra, ante, pág. 762.

En ocasión de interpretar las consecuencias que puede tener un error oficinesco cometido por el personal del tribunal en la notificación, señalamos en Rodríguez Mora v. García Lloréns, ante, que éstos no pueden afectar adversamente derechos de las partes. Véase: Sánchez Martínez, ante, pág. 90.

Específicamente en Rodríguez Mora v. García Lloréns, ante, indicamos que el error de notificar una sentencia a la dirección errónea del abogado de una parte habiéndose su-ministrado la dirección correcta, equivalía a que no se hu-biese emitido notificación alguna de la sentencia. En este caso señalamos que este error oficinesco que requería la emisión de una ulterior notificación enmendada de senten-cia, no podía generar la anomalía de crear dos términos apelativos jurisdiccionales, con las consabidas ventajas y desventajas que eso conllevaba. íd. A tales efectos, el punto de partida para comenzar a contar el plazo de la apelación era la segunda notificación.

Sin embargo, hemos indicado que existen errores en la notificación que no tienen el efecto de interrumpir el término dispuesto para instar los remedios postsentencia. Así, por ejemplo, en Barletta v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 690, 693 (1972), este Tribunal determinó que aunque “constituye la mejor práctica el que los secretarios de las distintas salas del tribunal de primera instancia incluyan con cada notificación, copia de la sentencia, orden, resolución u otra actuación del tribunal que deba ser notificada a alguna parte”, el no enviarla no afecta el cómputo del plazo apelativo.

Por otra parte, la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, rige lo referente a la autoridad que tienen los tribunales de corregir los errores de forma. La antes citada Regla 49.1 de Procedimiento Civil dispone, en lo pertinente, que:

Los errores de forma en las sentencias, órdenes u otras partes del expediente y los que aparezcan en las mismas por inadvertencia u omisión, podrán corregirse por el tribunal en cualquier tiempo, a su propia iniciativa, o a moción de cual-quier parte, previa notificación, si ésta se ordenare. Durante la tramitación de una apelación o un recurso de certiorari, podrán corregirse dichos errores antes de elevar el expediente al tribunal de apelación y, posteriormente, sólo podrán corre-girse con permiso del tribunal de apelación.

Surge de esta disposición estatutaria que los tribunales pueden corregir en cualquier momento todo error de forma que surja no sólo en una sentencia, sino, además, aquellos que surjan en órdenes u otras partes del expediente. En ocasión de explicar cuáles son los errores de forma, este Tribunal ha señalado que estos errores ocu-rren “por inadvertencia u omisión, o errores mecanografí-eos, o que no puedan considerarse que van a la sustancia de la sentencia, orden o resolución, ni que se relacionan con asuntos discrecionales”. (Énfasis suplido y en el original.) S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., 154 D.P.R. 523, 529 (2001). Véase, además, Sánchez Martínez, ante, pág. 129.

Asimismo, hemos establecido que no procede co-rregir un error al amparo de esta disposición estatutaria cuando éste constituye un error de derecho o cuando existe una controversia que trate sobre una interpretación de ley. S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., ante.

En S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., ante, este Tribunal ejemplificó una serie de errores que pueden ser corregidos bajo la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, ante. A esos efectos, señalamos que se pueden enmendar en cualquier momento “errores de forma que aparezcan de los expedientes del tribunal”, y “errores del secretario del tribunal al anotar la sentencia”. (Enfasis suplido.) S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., ante, pág. 530. Además, indicamos que se puede utilizar la Regla 49.1 “para adicionar al reconocimiento del derecho de propiedad la condena de entregar los frutos, para dar una descripción completa en la sentencia de la propiedad disputada, y para conceder costas en la sentencia cuando éstas se reconocen en la opinión”. (Citas omitidas.) íd. Por último, señalamos que “si el derecho a cierto remedio está claramente sostenido por el récord, la omisión en concederlo es subsanable”, también, mediante este tipo de enmienda. íd.

Este Tribunal ha reiterado que las enmiendas encaminadas a corregir este tipo de error son de naturaleza nunc pro tune, es decir, que se retrotraen a la fecha de la sentencia o resolución original. S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., ante, pág. 530. Véanse, además: Sánchez Martínez, ante, pág. 129; Hernández Colón, ante, pág. 312; Cuevas Segarra, ante, pág. 781.

En el presente caso, como hemos visto, la sentencia emi-tida contenía la fecha correcta de su emisión, esto es, el 11 de febrero de 2002. Por un error del Secretario del tribunal de instancia, se hizo constar en el volante de notificación de la sentencia que ésta había sido emitida el 31 de enero de 2002. No hay duda de que se trata de un mero error oficinesco en la referida notificación, ocurrido por inadver-tencia, que no afectó la sustancia de la sentencia emitida ni los derechos de las partes, en específico, de los demandados. La mejor evidencia de ello constituye el hecho de que éstos acudieron, en tiempo, ante el Tribunal de Apelaciones en revisión de la sentencia emitida el 11 de febrero de 2002, recurso que fue desestimado por la sencilla razón de que los demandados no notificaron a todas las partes en el pleito con copia del recurso. Por otro lado, no podemos ig-norar las expresiones que en varias ocasiones hicieron los demandados en el referido recurso a los efectos de que la sentencia había sido emitida el 11 de febrero de 2002 y notificada el 14 de febrero de ese mismo año.

rH I — I

Con ello en mente, atendemos los señalamientos de error de los demandados en el presente recurso. En sus primeros dos señalamientos, los codemandados peticiona-rios indican que el Tribunal de Apelaciones erró al decretar que carecía de jurisdicción para atender su recurso de ape-lación; ello por entender que el término para recurrir ante el foro apelativo intermedio no comenzó a decursar hasta que se notificó efectivamente la Sentencia de 11 de febrero de 2002, a través de la notificación enmendada de 26 de agosto de 2002.

Argumentan las peticionarias que la Sentencia de 11 de febrero de 2002 nunca fue notificada a través de la primera notificación de 14 de febrero de 2002. En virtud de lo anterior, alegan que no podía ser enmendada nunc pro tune una notificación inexistente ni tampoco podía concluirse que tal omisión por parte de la Secretaría del tribunal era un mero error oficinesco. No les asiste la razón; veamos por qué.

En el presente caso no existe controversia en cuanto a que se emitieron dos sentencias diferentes —una el 31 de enero de 2002 y la otra el 11 de febrero de 2002— las cuales fueron enviadas simultáneamente a todos los abogados de las partes en el pleito a través de dos sobres separados. Tampoco existe controversia con respecto a que todos los abogados de las partes recibieron los referidos sobres, con-teniendo cada uno de ellos copia de las respectivas senten-cias con una copia de una notificación.

Sólo existe controversia con respecto a si la copia de la notificación que se adjuntó con la Sentencia de 11 de fe-brero de 2002 constituyó una notificación adecuada de la referida sentencia, o si ésta constituyó una notificación de-fectuosa debido a que contenía un error al indicar la fecha en que había sido emitida la sentencia.

Como expresamos anteriormente, la notificación sirve un propósito lógico y sabio, a saber, “brinda a las partes la oportunidad de advenir en conocimiento real de la determinación tomada a la vez que otorga a las personas cuyos derechos pudieran verse transigidos una mayor oportunidad de determinar si ejercen o no los remedios que le han sido concedidos por ley”. (Enfasis suplido.) Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 D.P.R. 24, 34 (1996).

Luego de un estudio exhaustivo y minucioso del expe- diente del caso encontramos, repetimos, múltiples instan-cias en las cuales los propios peticionarios validaron el he-cho de que fueron efectivamente notificados de la sentencia del 11 de febrero de 2002, notificada el 14 de febrero de 2002. Peor aún, no es hasta que transcurrieron aproxi-madamente seis meses de la notificación del 14 de febrero de 2002 y hasta que este Tribunal declaró “no ha lugar” su recurso de certiorari, que las peticionarias supuestamente se percatan del referido error.

En vista de lo anterior, es forzoso concluir que la notifi-cación fue correcta al cumplir con el referido propósito y que la parte demandada fue debidamente notificada aun-que el volante contenía un error. Ello, repetimos, quedó evidenciado por el hecho de que los peticionarios presenta-ron su recurso de apelación dentro del término que dispone la Regla 53.1 de Procedimiento Civil, ante.

Resolvemos que las peticionarias fueron debidamente notificadas a través de la notificación del 14 de febrero de 2002 y, por consiguiente, la notificación del 26 de agosto de 2002 fue meramente una enmienda formal para hacer constar correctamente en el expediente del foro primario la fecha en que había sido firmada la sentencia; esto es, se trata de un mero error oficinesco que podría ser enmen-dado nunc pro tune.

Si bien es cierto que en Rodríguez Mora v. García Lloréns, ante, señalamos que errores oficinescos no pueden afectar adversamente a las partes, en ese caso lo hicimos ante la situación de hechos particular de aquel pleito en el cual no se notificó a la dirección correcta de uno de los abogados de las partes, aunque ésta constaba en autos. En aquel caso indicamos que la referida notificación fue inexistente y que por tal razón no podía ser subsanada posteriormente con una notificación enmendada de sentencia.

Es correcto que en ese caso indicamos que una notifica-ción enmendada de sentencia no podía generar la anomalía de crear dos términos apelativos jurisdiccionales, con las consabidas ventajas y desventajas que eso conllevaba. Sin embargo, esto también lo expresamos en el contexto espe-cífico de aquel pleito en el cual, si se permitía la referida enmienda, iban a haber dos términos, a saber, amo para la parte que recibió la primera notificación y otro para la parte a cuyo abogado no se notificó a su dirección correcta, y por tal razón, tuvo que ser notificado mediante la se-gunda notificación.

Distinta es la situación en el presente caso. En este caso se notificó efectivamente a todos los abogados de las partes simultáneamente en el correo, por lo que la notificación enmendada no creó la anomalía de establecer dos términos jurisdiccionales diferentes para ambas partes. Además, en este caso no se afectó en forma alguna el derecho de las partes de acudir al foro apelativo.

En virtud de lo anterior, la notificación enmendada emi-tida por el foro primario fue hecha con el propósito de co-rregir un defecto de forma que constaba en el expediente del caso cometido por el Secretario del tribunal, lo que está permitido no sólo por la Regla 49.1 antes esbozada, sino, además, como poder inherente que tiene todo tribunal.

A base de lo antes expuesto, concluimos que no existe argumento jurídico alguno que nos persuada a reconocer que la notificación de 14 de febrero de 2002 de la sentencia del 11 de febrero fue nula. Ciertamente cometió un error la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia al enviar una notificación con la fecha incorrecta en la cual la sentencia había sido emitida, pero ese error no afectó los derechos de las partes ni hizo que la notificación fuera defectuosa de-bido a que no había informado efectivamente a las partes del comienzo del término para poder acudir en revisión de ésta.

En vista de lo anterior, resolvemos que no erró el Tribunal de Apelaciones al decretar que carecía de jurisdicción debido a que no se había presentado el recurso de apela-ción dentro del término dispuesto en ley para ello. Ha-biendo determinado que el foro apelativo intermedio care-cía de jurisdicción para atender el recurso, resulta innecesario discutir los restantes señalamientos de error.

HH HH HH

Por los fundamentos que anteceden, procede la confir-mación de la sentencia emitida por el Tribunal de Apelacio-nes que desestimó el recurso de apelación presentado ante dicho foro judicial por las peticionarias A.A.A. y AlICo.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

      C1) En la moción de determinaciones de hechos adicionales, la parte demandada indicó, entre otras cosas, que había quedado adversamente afectada por la sentencia emitida por el foro primario el 11 de febrero de 2002 y notificada a las partes el 14 de febrero de 2002.

       Nuevamente, en su solicitud de reconsideración, la parte demandada hizo alusión a que la sentencia que declaró “con lugar” la demanda en el caso fue firmada “el 11 de febrero de 2002 y archivada en autos copia de su notificación el 14 de febrero de ese mismo año”.

       En el Escrito de Apelación, la parte demandada, al hacer referencia a la sentencia cuya revisión solicitaba, indicó que “dicha sentencia fue dictada el día 11 de febrero de 2002 y se notificó y archivó copia en los autos del caso el día 14 de febrero de 2002”. Posteriormente, señaló que “se acompaña copia de la sentencia del 11 de febrero de 2002 y de su notificación”.

       En el escrito que presentaran, las demandadas alegaron que el municipio de Carolina no era parte en el pleito debido a que la demanda contra terceros se había convertido en inoficiosa luego del acuerdo pactado entre la parte tercera demandada y los demandantes. Se adujo, además, que la alegación de que no se le notificó el escrito apelativo a la parte tercera demandada era inconsecuente y carente de fun-damentos para la desestimación, debido a que no estaba en controversia ni el refe-rido acuerdo transaccional ni la responsabilidad del municipio de Carolina.

       En dicho recurso, las demandadas expusieron que la sentencia que puso fin al pleito fue emitida “el 11 de febrero de 2002 y notificada el 14 de febrero de 2002”. Más adelante, haciendo referencia a la Sentencia de 31 de enero de 2002, indicó: “Esta sentencia fue notificada el 14 de febrero de 2002. Ese mismo día, 14 de febrero de 2002 se notificó otra sentencia del Honorable Tribunal de Primera Instancia de Carolina, dictada el 11 de febrero de 2002 declarando con lugar la demanda conde-nando a los peticionarios a pagar a la parte demandante ciertas cantidades de dinero como se ha dicho antes.”
      Posteriormente indica que “[e]s imprescindible señalar en este momento que ambas sentencias fueron simultáneamente notificadas a las partes y que sus notifi-caciones fueron archivadas en los autos de este caso también el mismo día 14 de febrero de 2002”. Luego, repite que “copia de la notificación de las dos (2) sentencias fue archivada en autos el 14 de febrero de 2002”.

      Subsiguientemente, expone que, “es decir, dicha sentencia que antes era parcial, se convirtió en final cuando fueron registradas y notificadas el 14 de febrero de 2002 ambas sentencias”. Finalmente, esgrimen que “es importante volver a señalar que la sentencia parcial dictada el 31 de enero de 2002 y la sentencia dictada el 11 de febrero de 2002 fueron notificadas y archivadas copias de su notificación el mismo día”.

       El mandato fue remitido el 9 de agosto de 2002.

       Ello en vista del hecho que, conforme expresáramos anteriormente, en el volante de notificación de la sentencia emitida el 11 de febrero de 2002 se hizo constar, por error, la fecha de 31 de enero de 2002.

       La Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, también rige lo referente a la presentación de los recursos de apelación, al disponer que:
      “Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos civiles por el Tribunal de Primera Instancia, incluyendo el Tribunal de Distrito durante el proceso de su abo-lición, se presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia. En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus funcionarios o una de sus instrumentalidades que no fuere una corporación pública, o en que los municipios de Puerto Rico sean parte en un pleito, el recuso de apelación se formalizará, por cual-quier parte en el pleito que haya sido perjudicada por la sentencia, presentando un escrito de apelación dentro del término jurisdiccional de sesenta (60) días, contados desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado.” (Énfasis suplido.)

       Los municipios y sus funcionarios no cualifican como instrumentalidades del Estado Libre Asociado y, por tal razón, les aplica el término de treinta días, y no el de sesenta, al recurso de apelación. Bco. Bilbao v. Mun. de Vega Baja, 154 D.P.R. 53 (2001); Alcalde de San Juan v. Asamblea Municipal, 132 D.P.R. 820 (1993).

       La Regla 65.3 dispone, en lo aquí pertinente, que:
      “(a) Inmediatamente después de archivarse en autos copia de una orden o sen-tencia, el secretario notificará tal archivo a todas las partes que hubieren compare-cido en el pleito en la forma preceptuada en la Regla 67. El depósito de la notificación en el correo será aviso suficiente a todos los fines para los cuales se requiera por estas reglas una notificación del archivo de una orden o sentencia.
      “(c) El secretario hará constar en la copia de la constancia de la notificación que una a los autos originales la fecha y forma en que se hizo la notificación y la persona o personas notificadas.” 32 L.RR.A. Ap. III.

      n) La Regla 67.2 dispone:
      “Siempre que una parte haya comparecido representada por abogado, la notifi-cación se hará al abogado, a menos que el tribunal ordene que la notificación se haga a la parte misma. La notificación al abogado o a la parte se hará entregándole copia o remitiéndosela por correo a su última dirección conocida, o de ésta no conocerse, dejándola en poder del secretario del tribunal. Entregar una copia, conforme a esta regla, significa ponerla en manos del abogado o de la parte, o dejarla en su oficina en poder de su secretaria o de otra persona a cargo de la misma; o, si no hubiere alguien encargado de la oficina dejándola en algún sitio conspicuo de la misma, o si la oficina estuviere cerrada o la persona a ser notificada no tuviere oficina, dejándosela en su domicilio o residencia habitual en poder de alguna persona que no sea menor de 18 años que resida allí. La notificación por correo quedará perfeccionada al ser deposi-tada en el correo.” 32 L.RR.A. Ap. III.

       La Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, fue enmendada recientemente por la Ley Núm. 40 de 10 de enero de 1999, a los efectos de indicar que si la fecha del archivo en autos de copia de la notificación era distinta a la fecha del depósito en el correo de dicha notificación, se entendería que el término para presen-tar el recurso comenzaría a contarse a partir de la fecha del depósito en el correo. Román v. K-mart Corp., 151 D.P.R. 731 (2000); Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1 (2000).

      ls) Este deber es un acto ministerial del Secretario del tribunal de hacer cons-tar en el expediente original de un caso la fecha y el modo en que el dictamen judicial de que se trate ha sido notificado a las partes. H. Sánchez Martínez, Derecho Proce-sal Apelativo, San Juan, Ed. LexisNexis, 2001, pág. 76.

       Así, en la notificación de la sentencia se consignan tres hechos y tres fechas distintas. A saber, que se dictó la sentencia, que se registró y que se archivó una copia en los autos del caso y la de la notificación de estos hechos a las partes. Las tres fechas son: la de la sentencia, la del archivo de la copia en los autos del caso y la de la notificación de estos hechos a las partes. Sánchez Martínez, ante, pág. 79.

      B) Este Tribunal ha reconocido que dicha facultad no emana sólo de la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, sino que, también, es un poder inherente que tienen todos los tribunales. León García v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249 (2001); Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 191, 203 (1973). Otro error que también conlleva la nulidad de la notificación es cuando se notifica a un abogado y no a todos, como sucede cuando se notifica a un abogado que representó a la parte pero que ya no la representa por haber renunciado antes a su representa-ción legal y habérsele aceptado la renuncia. Ante estas circunstancias, la notificación también se considera ineficaz, a no ser que también el nuevo abogado haya sido notificado o que la parte misma haya sido notificada si es que el término para anun-ciar nueva representación expiró sin que la parte hubiese cumplido. Sánchez Martí-nez, ante, págs. 91-92.

      le) Este Tribunal ha actuado con liberalidad en la aplicación de esta doctrina de la subsanación o corrección de errores ocurridos por inadvertencia u omisión. Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, ante; J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. II, pág. 781.

       Esta disposición estatutaria tiene su equivalente en la Regla 60(a) de Pro-cedimiento Civil federal, 28 U.S.C. Véanse: León García v. Rest. El Tropical, ante; Cuevas Segarra, ante, pág. 781.

       En el sistema federal, a este tipo de error, bajo la regla de Procedimiento Civil equivalente, se le conoce como “clerical mistake”. S.L.G. Coriano-Correa v. Kmart Corp., 154 D.P.R. 523 (2001). Véase 11 Wright, Miller and Kane, Federal Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 2854, pág. 239 (1995).

       Hemos señalado que este permiso que requiere la regla para poder corregir una enmienda de forma una vez se eleva el expediente del caso sólo aplica cuando este Tribunal resuelve entrar en los méritos del caso y expide el auto. Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 405, 412 (1972).

       Un error de forma es un error en cuanto a lo que se expresa en el documento de que se trata. Sin embargo, el referido error no necesariamente tiene que aparecer reflejado en el documento. R. Hernández Colon, Derecho Procesal Civil, San Juan, Ed. Michie, 1997, pág. 312.

       Entre los errores de forma más comunes se encuentran los errores mecano-gráficos, los errores de cómputos matemáticos en que no esté involucrada la discre-ción del tribunal sentenciador, los errores en nombres de personas o lugares, los errores de fechas y los errores de números o cifras. Sánchez Martínez, op. cit., pág. 129. Véanse, además: Hernández Colón, ante, pág. 313; Cuevas Segarra, ante, pág. 781.

       Este Tribunal ha establecido que aunque se pueden corregir cálculos mate-máticos al amparo de la Regla 49.1, ante, esta última no se puede utilizar para corregir un cálculo cuando la controversia trate sobre una cuestión de interpretación de ley. S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., ante.

      S) Vale la pena señalar que la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, ante, permite que se corrijan errores de forma cometidos no sólo por el tribunal sino, también, aquellos cometidos por su secretaría. Véase Wright, Miller and Kane, ante, pág. 239.

       En lo pertinente al asunto ante nuestra consideración, ambas notificaciones leían como sigue:
      “El secretario que suscribe notifica a usted que este tribunal ha emitido senten-cia en el caso de epígrafe con fecha 31 de enero de 2002, que ha sido debidamente registrada y archivada en los autos de este caso, donde podrá usted enterarse deta-lladamente de los términos de la misma.
      “Y, siendo o representando usted la parte perjudicada por la sentencia, de la cual puede establecerse recurso de apelación, dirijo a usted esta notificación, ha-biendo archivado en los autos de este caso copia de ella con fecha de 14 de febrero de 2002.” Exhibit, IX, pág. 213.
      Vale la pena destacar el hecho de que las iniciales o firma de la secretaria auxiliar, Liz A. Villegas, que aparece en estas notificaciones, era distinta en ambos documentos.

       Sirve también para sustentar el hecho de que la sentencia fue notificada efectivamente el 14 de febrero de 2002, el hecho de que la copia de la propia senten-cia del 11 de febrero de 2002 contiene un ponche al final que indicaba 14 de febrero de 2002. Este ponche está localizado debajo de la firma de la juez Sonsire Ramos Soler, y aparece junto al ponche del nombre de la Secretaria Auxiliar del Tribunal, Liz A. Villegas, y su firma o iniciales.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Dr. José M. Berio Suárez et als., demandantes y peticionarios, v. Royal Insurance Company of Puerto Rico et als., demandados y recurridos.

      Número: CC-2003-289

      Resuelto: 20 de mayo de 2005

      Raúl Aponte Sánchez, abogados de la parte peticionaria; Amando Arias Guardiola y Sheila I. Vélez Martínez, abo-gados de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso nos permite estudiar a fondo, por primera vez, la responsabilidad que impone el Art. 1810 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5149 (Art. 1810), por los daños causados por las cosas que se caen o son arrojadas desde una vivienda. Veamos.

I

El 4 de noviembre de 1994, el apartamento del Dr. José M. Berio Suárez, localizado en el condominio Washington Executive en el Condado, se inundó. La causa de dicha inundación, según estipulada por las partes, fue la rotura de un tubo de goma de la máquina lavaplatos del aparta-mento inmediatamente superior, perteneciente al Sr. Paul Hasselback.

En cuanto notó la inundación, el doctor Berio Suárez comenzó a sacar el agua Unas dos a tres horas después de comenzar esa labor, el doctor Berio Suárez sufrió una caída. Resbaló sobre una sustancia blanquecina que cayó al suelo cuando el estucado del techo de su apartamento se desprendió, como consecuencia de la inundación.

Oportunamente, el doctor Berio Suárez instó una de-manda contra el señor Hasselback y su aseguradora Royal Insurance Co. of Puerto Rico, en la cual reclamó una compensación por los cuantiosos daños alegadamente su-fridos como consecuencia de su caída.

El Tribunal de Primera Instancia fragmentó la causa de acción y celebró primero una vista de negligencia. Luego de ésta, el foro de instancia desestimó la demanda por no ha-berse probado la negligencia del señor Hasselback. Ade-más, expresó que la única causa de los daños había sido la propia negligencia del doctor Berio Suárez al caminar por un apartamento inundado. De esa sentencia recurrió el doctor Berio Suárez al Tribunal de Apelaciones. Dicho foro confirmó al Tribunal de Primera Instancia.

Inconforme aún, el doctor Berio Suárez acude ante nos. Sostiene, en síntesis, que el foro apelativo intermedio y el foro de instancia erraron al desestimar su reclamación. Ex-pedimos el auto. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos.

rH hH

A. De entrada es menester señalar que, aun cuando consideramos correcta la decisión del foro de instancia, confirmada por el Tribunal de Apelaciones, sobre la impro-cedencia de una acción al amparo del Art. 1802, supra, cuando no se prueba la negligencia, ello de por sí solo no disponía de este recurso. Nos explicamos.

Conforme establece el Art. 1810 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5149:

El cabeza de familia que habita una casa o parte de ella es responsable de los daños causados por las cosas que se arroja-ren o cayeren de la misma.

Se trata, según se desprende del texto, de una imposi-ción de responsabilidad a un sujeto particular cuando de una vivienda se caen o arrojan objetos y éstos causan daños.

La responsabilidad que se encuentra preceptuada en esta disposición, según nos comenta el profesor Irizarry Yunqué, es objetiva o sin culpa. C.J. Irizarry Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual, 5ta ed., San Juan, Ed. U.I.A., 2003, pág. 602. Igual criterio sostienen Puig Brutau y Espín Cánovas en cuanto al Art. 1910 del Código Civil español, que es equivalente a nuestro citado Art. 1810. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. II, Vol. III, pág. 128; D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, Madrid, Ed. Edersa, 1970, Vol. III, pág. 528. El efecto práctico es que, contrario a lo que ocurre con el Art. 1802, supra, el perjudicado se alivia de la carga de la prueba sobre el elemento de negligencia. Puig Brutau, op. cit. Para llevar con éxito una acción al amparo del Art. 1810, es innecesario incluso que se alegue negligencia por parte del responsable o de cualquier otra persona.

En cuanto a la identidad del responsable, cabe no-tar que el artículo lo nombra como “el cabeza de familia”. Con esa expresión se quiso destacar que sólo se impondría responsabilidad al principal o al responsable de la vivienda, en vez de a todos los habitantes de ella o a aquel que de hecho ocasionó la caída de la cosa. Véanse: M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones fo- rales, Madrid, Ed. Edersa, 1984, T. XXIV, pág. 657-658; Puig Brutau, op. cit. De lo que se trata realmente es de imponer responsabilidad a la persona a la que se le puede atribuir el control de la vivienda, aunque no hubiese sido ella quien arrojó o dejó caer la cosa.

B. Cabe mencionar que nuestro Art. 1810 y el Art. 1910 del Código Civil español tienen idéntica redacción. Resulta, por lo tanto, particularmente persuasiva la inter-pretación que el Tribunal Supremo español ha dado a dicha disposición.

En la Sentencia Núm. 1958 de 12 de abril de 1984, LI (Vol.I) Repertorio de Jurisprudencia 1490, el Tribunal Supremo español se encontró con una situación parecida a la del caso que nos ocupa. Allí se había instado una demanda contra la dueña de un apartamento por los daños que ha-bía ocasionado el agua que cayó desde su piso, agua que provenía de unos grifos que se habían dejado abiertos. Para el tiempo en que ocurrieron los sucesos, la deman-dada se había ausentado de su apartamento en lo que se concluían ciertas obras. Uno de los obreros había dejado abierto el grifo, luego de una interrupción en el servicio de agua del edificio. En vista de tales hechos, la demandada argüyó que no procedía la reclamación porque no se cum-plían los requisitos del Art. 1902 (Art. 1802 nuestro), en particular aquel relativo a la negligencia. Expresó que tampoco procedía la acción al amparo de los Art. 1903 ó 1910 (Arts. 1803 ó 1810 del Código Civil de Puerto Rico, supra), ya que, en el caso del primero, no existía la relación necesaria entre el actor y el responsable para que se confi-gurase la causa de acción. Sobre el Art. 1910 señaló que no aplicaba porque no existía negligencia.

El Tribunal Supremo español estuvo de acuerdo con la inaplicabilidad de los Arts. 1902 y 1903. En cuanto al Art. 1910, sin embargo, expresó que era una muestra de respon-sabilidad objetiva, “razón por la cual, es evidente que el hecho de mediar o no culpa por parte de la recurrente [la dueña del apartamento de donde provino el agua] no im-pide su deber de resarcir a quien sufrió el dañó". (Enfasis suplido.) Repertorio de Jurisprudencia, supra.

En 1993, el Tribunal Supremo español emitió otra sen-tencia en la que aplicó el Art. 1910. S. Núm. 5383 de 26 de junio de 1993, LEX (Vol.III) Repertorio de Jurisprudencia 6869 (1993). En ese caso los hechos eran los siguientes: se había roto la tubería de una clínica dental que estaba loca-lizada en el primer piso de un edificio, y había causado que el negocio que se encontraba en los bajos del mismo edificio —un bar— se inundara. El dueño de la cantina demandó al de la clínica dental, exigiendo compensación por el importe de las reparaciones que había tenido que llevar a cabo como consecuencia de la inundación y por los daños que sufrió por tener que mantener su establecimiento cerrado, mientras se realizaban las reparaciones.

El Tribunal Supremo estimó que procedían la demanda y compensación por las partidas antes señaladas. Utilizó como fundamento el Art. 1910 y expresó que éste ofrece “una clara muestra de la denominada ‘responsabilidad objetiva’ o ‘por riesgo’ [por lo que] responsabiliza al dueño u ocu-pante por cualquier título (‘cabeza de familia’ le denomina) de una casa o vivienda de los daños causados ‘por las cosas que se arrojaren o cayeren de la misma’, dentro de cuya expresión, al no tener la misma carácter de ‘numerus clau-sus’, han de incluirse tanto las cosas sólidas, como los lí-quidos que, de una forma u otra, caigan de la expresada vivienda y causen daños a tercero en su persona o en sus cosas”. (Citas omitidas y énfasis suplido.) Repertorio de Ju-risprudencia de 1993, supra, pág. 6872.

Más recientemente, el Tribunal Supremo español re-afirmó la aplicabilidad del Art. 1910 a una situación en que el demandante sufrió los efectos de una inundación ocasio-nada por la rotura de un tubo en el apartamento de la parte demandada. S. Núm. 3636 de 6 de abril de 2001, LXII (Yol. II) Repertorio de Jurisprudencia 5582 (2001).

De otra parte, en la Sentencia de 21 de mayo de 2001, el Tribunal Supremo español expresó que la figura de la “ca-beza de familia” descrita en el Art. 1910 se refiere a aquella persona o entidad “que como titular jurídico, utilice la vi-vienda o local y tiene el deber de controlar lo que ocurre en su recinto”. S. Núm. 6464 de 21 de mayo de 2001, LXVTI (Vol. IV) Repertorio de Jurisprudencia 10039,10040 (2001).

C. Por lo tanto, cuando se configura la situación que está recogida en el Art. 1810 —que una cosa caiga o sea arrojada de una vivienda y ocasione daños— la ley nombra un responsable, la “cabeza de familia” o persona que ostente el control de la vivienda, que deberá resarcir los daños independientemente de la diligencia que haya podido desplegar. Esa ausencia de requisito de negligencia, sin embargo, no releva al perjudicado que demanda —al amparo de esta disposición— de establecer el nexo causal entre la caída del objeto y sus daños y la realidad de los daños sufridos. En cuanto a esos elementos, al igual que en otras situaciones de responsabilidad civil extracontractual, el demandante carga con el peso de la prueba. Véase Admor. F.S.E. v. Almacén Rosa Rosa, 151 D.P.R. 711 (2000).

hH l-H h — 4

En este caso es un hecho incontrovertido que del apar-tamento del señor Hasselback cayó agua y que ésta, ade-más de inundar el apartamento del doctor Berio, provocó que se cayera el estucado del techo y se depositara en el piso una sustancia resbaladiza. Eso, a su vez, causó que el doctor Berio Suárez resbalara y cayera. Estamos, pues, ante una situación en la que aplica nuestro Art. 1810. Algo, en este caso agua, cayó desde un apartamento y ocasionó daños. Procede, por lo tanto, que el responsable del apar-tamento desde donde cayó el agua compense al doctor Be-rio Suárez por los daños que en su día pueda probar.

Como mencionáramos, el demandado, señor Hassel-back, era el propietario del apartamento desde donde cayó el agua. Aun cuando éste no estaba todo el tiempo en dicha residencia, la utilizaba y, ocasionalmente, se quedaba en ella. Ni de las alegaciones ni de la prueba presentada en la vista surge que hubiese sido otro el principal o “el cabeza de familia” encargado de dicho apartamento. De ahí que se pueda inferir que era el señor Hasselback la persona con control de la vivienda. Por lo tanto, debe ser él quien res-ponda por los daños ocasionados al doctor Berio Suárez por la caída de agua desde dicho apartamento.

Ahora bien, lo anterior no impide que el tribunal de instancia dilucide si procede o no la defensa de negligencia comparada presentada por el señor Hasselback. El que nos encontremos ante un supuesto de responsabilidad, que no requiere prueba de negligencia, no impide que se descuente al demandado, del total de los daños, aquella porción por la que debe responder otra persona. Véanse: Dones Jiménez v. Aut. de Carreteras, 130 D.P.R. 116, 124—125 (1992); Montero Saldaña v. American Motors Corp., 107 D.P.R. 452, 463 (1978); Rivera Pagán v. López Santiago, 102 D.P.R. 400, 404 (1974).

HH <

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el dicta-men del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta se inhibió.

      C1) Al momento de ocurrir los hechos, ese apartamento estaba desocupado. El señor Hasselback, aunque visitaba y usaba el apartamento, residía en Estados Unidos.

       La administradora del condominio, Sra. Nayda Velázquez Vilella, envió al “handyman” del edificio, Sr. Miguel Hudo, para que ayudara al doctor Berio Suárez.

       En su demanda, el Dr. José M. Berio Suárez se amparó en el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, y en otras disposiciones legales, entre ellas, el Art. 1810 (31 L.P.R.A. see. 5149).

       El doctor Berio Suárez alegó que sufrió un hematoma subdural en el lado izquierdo del cerebro y desplazamiento de la masa encefálica. Adujo que ello, a su vez, le llevó a ciertas complicaciones médicas e implicó cambios sustanciales en su vida.

      6) Debe recordarse que esta demanda se declaró “sin lugar” por la falta de prueba de negligencia. Aunque el doctor Berio Suárez alegó sus daños, aún no ha tenido oportunidad de probarlos.

       No se trata, por supuesto, de que el encargado de la vivienda no tenga que responder por los actos de otros habitantes o de, incluso, visitantes que hayan arro-jado o dejado caer cosas que provoquen daños. Sin embargo, cuando existe una causa ajena al objeto arrojado o caído, bien sea ésta la negligencia del propio reclamante o las acciones de un tercero, los daños que se le puedan atribuir a esa otra causa no deberán ser resarcidos por el responsable en virtud del citado Art. 1810.
      Advertimos, sin embargo, que no estamos ante una situación en la que la negli-gencia del propio peijudicado sea la causa exclusiva de los daños sufridos. El doctor Berio Suárez estaba moviéndose por el apartamento, pues intentaba minimizar los daños que la inundación le estaba causando. Por otra parte, sabía que el aparta-mento estaba mojado, pero no necesariamente era consciente de que al desplomarse el estucado del techo había caído sobre su piso una sustancia resbaladiza.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Heriberto Montalvo Guzmán, querellado.

      Número: AB-2004-186

      Resuelto: 20 de mayo de 2005

      Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general; Miguel A. Ojeda Martínez, abogado del querellado.
   PER CURIAM:

HH

Tenemos ante nuestra consideración una queja contra el Ledo. Heriberto Montalvo Guzmán, por alegadamente dar fe de la comparecencia de unos otorgantes a unas escritu-ras cuando los comparecientes nunca se presentaron ante él.

Esta queja surge en consecuencia y como parte del caso Antoinette Bákhos viuda de Tartak, ex parte, relacionado a asuntos de la sucesión de la familia Tartak. En este caso se dilucidaban controversias surgidas de la presentación de ciertas escrituras públicas en el Registro de la Propiedad.

El licenciado Montalvo Guzmán otorgó la Escritura Núm. 4 sobre compraventa, el 6 de noviembre de 1998, en la cual alegadamente el Sr. Rubén Rivera Pérez adquirió de la Sra. Sara Tartak, Antoinette Bakhos Sarkis de Tar-tak y del Sr. José Tartak Bejos, el cincuenta por ciento de una propiedad inmueble ubicada en Río Piedras por la suma de ochocientos mil dólares. El allí comprador, señor Rivera Pérez, adquirió el otro cincuenta por ciento de la propiedad del Sr. Pedro Tartak y su esposa Dalel Tartak, mediante otro negocio de compraventa, en la Escritura Núm. 17 de 19 de mayo de 1990, ante el notario público Antonio Andino. El licenciado Montalvo Guzmán otorgó otra Escritura de Compraventa Núm. 5, también el 6 de noviembre de 1998, en la cual el señor Rivera Pérez alega-damente le vendió a Desarrolladores de Vivienda de Inte-rés Social la misma propiedad por la suma de un millón doscientos mil dólares.

El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ba-yamón, mediante Resolución de 3 de mayo de 1999, con-cluyó que las mencionadas Escrituras de Compraventa, la Núm. 4, otorgada ante el licenciado Montalvo Guzmán, y la Núm. 17, otorgada ante el notario público Antonio An-dino, eran ilegales y no establecían derecho alguno. De dicha resolución surge que, a la luz de la prueba presentada, a la fecha del otorgamiento de la Escritura Núm. 17, ante el notario público Antonio Andino, la señora Dalel Tartak había fallecido hacía tres años.

El 12 de marzo de 2004, mediante carta, compareció el licenciado Montalvo Guzmán con su contestación a la queja de epígrafe. Admitió que había otorgado las escritu-ras el 6 de noviembre de 1998 y que los otorgantes de éstas nunca comparecieron ante él, puesto que cuando las auto-rizó ya estaban firmadas. Expresó que aceptaba haber vio-lado los cánones del Código de Ética Profesional y que es-taba profundamente arrepentido. Además, señaló que para la fecha de los hechos se encontraba atravesando por una fuerte crisis emocional y psíquica.

El 16 de agosto de 2004, el Procurador General sometió un informe relacionado con esta queja. En dicho informe concluye que el licenciado Montalvo Guzmán incurrió en una grave violación a la fe pública notarial —Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2002— y al Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Le concedimos al licenciado Montalvo Guzmán veinte días para expresarse sobre dicho informe. El 16 de febrero de 2005 compareció y, una vez más, aceptó su responsabi-lidad. Nos solicitó tomáramos en consideración las circuns-tancias personales y de salud que lo afectaban al momento de los hechos, de su depresión severa y de su estado de ánimo decaído.

h-H HH

La profesión de la abogacía está revestida de un alto interés público que requiere de una estricta observancia y reglamentación Los notarios tienen una gran responsabilidad con la fe pública notarial y una estricta obligación de cumplir cabalmente con la ley que regula sus funciones. La notaría es una función que requiere cuidado y que debe ser ejercida con sumo esmero y celo profesional, y en el despliegue de esta función, el notario está obligado a cumplir estrictamente con la Ley Notarial de Puerto Rico y con los cánones del Código de Etica Profesional, pues de lo contrario, se expone a las sanciones disciplinarias correspondientes.

El Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, dispone lo siguiente:

El notario es el profesional del Derecho que ejerce una fun-ción pública, autorizado a dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extraju-diciales que ante él se realicen, sin peijuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Es su función recibir e interpretar la vo-luntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escri-turas y documentos notariales a tal fin y conferirle [s] autori-dad a los mismos. La fe pública al notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento.

Un notario público que falta a la veracidad de los hechos incurre en una de las faltas más graves que pueda cometer, ya que la certificación de un hecho falso constituye un acto detrimental a la fe pública y, por lo tanto, al Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico antes mencionado. Los notarios son los funcionarios encargados de garantizar la autenticidad de las firmas hechas ante sí mediante la fe pública notarial.

Cuando un notario público viola la fe pública notarial, al no exponer la veracidad de unos hechos, automáticamente viola el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra. Dicho canon dispone, en lo aquí pertinente, lo siguiente:

La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar testigos, al redactar affidavit u otros documentos, y al presentar causas.

Como se desprende, este canon impone a todo abogado unas normas mínimas de conducta, indispensables para preservar el honor y la dignidad de la profesión. Un abogado viola este canon cuando hace constar falsamente, bajo su fe notarial, la comparecencia de unos otorgantes en una escritura o cuando afirma en ésta un hecho falso.

Hemos establecido que, para determinar la sanción disciplinaria aplicable a un abogado querellado, podemos tomar en cuenta factores como la reputación del abogado en su comunidad, el previo historial de éste, si es su primera falta, la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento, si se trata de una conducta aislada, el ánimo de lucro que medió en su actuación, resarcimiento al cliente y cualesquiera otras consideraciones ya bien atenuantes o agravantes que medien, de acuerdo con los hechos.

1 hH

El licenciado Montalvo Guzmán, admitido al ejercicio de la abogacía el 10 de enero de 1986 y a la notaría el 16 de enero de 1987, incurrió en una falta a la fe pública notarial, por lo que cometió una violación al Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, y al Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra. Su comportamiento, indepen-dientemente de su estado de ánimo o psicológico, fue con-trario a los principios éticos que gobiernan a esta compro-metida profesión. No obstante, debemos darle algún crédito a la oportuna y sincera aceptación de los errores cometidos y al arrepentimiento manifestado. Aceptar la co-misión de errores significativos y arrepentirse por ellos no justifica la conducta en que incurrió ni le resta méritos a la importancia de disciplinar a un abogado por incurrir en tal conducta. No obstante, puede ser una circunstancia ate-nuante al momento de disponer la medida disciplinaria que se vaya a imponer. El licenciado Montalvo Guzmán ha aceptado sus errores y se ha arrepentido de haberlos cometido.

Por los fundamentos antes expresados, se dicta senten-cia, en la que se decreta la suspensión indefinida e inme-diata de Heriberto Montalvo Guzmán del ejercicio de la notaría en Puerto Rico. Se había ordenado, mediante Re-solución de 10 de diciembre de 2004, la incautación preven-tiva de la obra notarial del licenciado Montalvo Guzmán. De no haberse incautado la totalidad de dicha obra, se or-dena al Alguacil de este Tribunal que proceda con ésta. Se le impone al licenciado Montalvo Guzmán el deber de no-tificar a todos sus clientes de su presente inhabilidad de ejercer la notaría, de devolver cualesquiera honorarios re-cibidos por trabajos no realizados e informar oportuna-mente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país. Además, deberá certificarnos en treinta días del cumplimiento de estos deberes.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      I1) Civil Núm. DJV91-2203 (504).

       Surge del Informe del Procurador General que estas escrituras realmente no son las Núms. 4 y 5, sino las Núms. 2 y 3, según corroborado en la copia del índice Notarial de noviembre de 1998 del querellado.

      s) Este canon trata sobre la sinceridad y honradez.

        In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814, 815 (1984); In re Negrón Negrón, 163 D.P.R. 586 (2004).

      6) In re Vera Vélez, 148 D.P.R. 1, 6-7 (1999).

        In re Peña Clós, 135 D.P.R. 590 (1994).

        In re Charbonier Laureano, 156 D.P.R. 575 (2002).

        In re Aponte Berdecía, 161 D.P.R. 94 (2004).

        In re López De Victoria I, 163 D.P.R. 1 (2004).

        In re Tejada Rivera I, 155 D.P.R. 175 (2001); In re Martínez, Odell I, 148 D.P.R. 49 (1999).

      u) In re Martínez Lloréns, 158 D.P.R. 642 (2003); In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298, 310-311 (2000).