author: per curiam:

text:
      In re Luis C. Fidalgo Córdova, querellado.

      Números: AB-2009-298
    AB-2010-209
    AB-2010-312

      Resueltos: 13 de octubre de 2011

      Onofre Jusino Rosario, Carmen G. Sierra Cabezudo y Alberto Torres Escobar, querellantes.
   per curiam:

Hoy nos encontramos nuevamente en la ne-cesidad de ejercer nuestra facultad disciplinaria contra un miembro de la profesión legal por su incumplimiento craso con los requerimientos de este Tribunal. A pesar de las oportunidades concedidas, estamos obligados a imponer la más severa de las sanciones por una conducta que es teme-raria y que constituye un desafío a nuestra jurisdicción disciplinaria.

I

El Ledo. Luis C. Fidalgo Córdova (licenciado Fidalgo Córdova) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 6 de agosto de 2002. Se han presentado varias quejas contra éste, las que procedemos a consolidar y resumir a continuación.

Queja Núm. AB-2009-298 de 2 de diciembre de 2009 ins-tada por el Sr. Onofre Jusino

En esta queja, el señor Jusino alegó que, conjuntamente con su hermano Ricardo David Jusino Rosario, contrató los servicios del licenciado Fidalgo Córdova para que lo repre-sentara en una reclamación judicial instada para febrero de 2008 contra el Hospital Auxilio Mutuo, su compañía de seguros y otros (Caso Civil Núm. KDP08-0254). También alegó que desde entonces y hasta el presente ha estado solicitando a través de llamadas telefónicas, cartas y co-rreos electrónicos al licenciado Fidalgo Córdova que le in-forme sobre el status del caso y que éste ha hecho caso omiso a sus reclamos. A finales de mayo de 2008, en una de las muchas veces que el señor Jusino llamó al licenciado Fidalgo Córdova, lo consiguió y este último le explicó que el caso estaba muy bien, que no se preocupara. El 5 de junio de 2008 acudió a la Secretaría del tribunal y, al examinar el expediente del caso, se percató que, entre otras cosas, el tribunal lo había sancionado por no comparecer a una vista señalada para el 7 de mayo de 2008, cuyo señalamiento el señor Jusino desconocía. Se personó inmediatamente a la oficina del licenciado Fidalgo Córdova y le señaló verbal-mente y por escrito lo que había encontrado en el expe-diente de su caso en el tribunal.

El 4 de marzo de 2009 el señor Jusino visitó sin cita la oficina del licenciado Fidalgo Córdova y del Ledo. Iván Sánchez Limardo, y este último le informó que ya el licen-ciado Fidalgo Córdova no compartía oficina con él desde octubre de 2008. Por lo tanto, indica el quejoso que el licen-ciado Fidalgo Córdova no le había notificado el cambio de dirección y que desconocía si lo había notificado al tribunal de instancia o a este Tribunal. Debido a la falta de comu-nicación con el licenciado Fidalgo Córdova, el 18 de octubre de 2009 recibió una notificación del tribunal de instancia en la que se desestimaba la demanda que había presentado por incumplimiento de una orden previa del tribunal, or-den que el señor Jusino desconocía.

El quejoso alegó, además, que el 26 de octubre de 2009 envió al licenciado Fidalgo Córdova una comunicación en la que solicitaba su renuncia al caso y la devolución de $2,500 que le pagó para la contratación de la Dra. Claudia Lorenzo como perito médico y $2,500 que le pagó como de-pósito por los honorarios. Al 2 de diciembre de 2009, el licenciado Fidalgo Córdova no había renunciado ni de-vuelto el dinero pagado. También informó que el licenciado Fidalgo Córdova entregó el expediente incompleto, pues falta parte de la prueba documental.

Presentada la queja el 2 de diciembre de 2009, ordena-mos en dos ocasiones al licenciado Fidalgo Córdova que contestara, a saber, el 23 de diciembre de 2009 y el 4 de febrero de 2010. La correspondencia fue devuelta a este Foro. Reiteramos nuestro requerimiento el 17 de marzo y el 12 de mayo de 2010, y apercibimos al licenciado Fidalgo Córdova que su incumplimiento con lo ordenado conlleva-ría sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspen-sión del ejercicio de la profesión. La Resolución de 12 de mayo de 2010 se notificó personalmente el 16 de jimio de 2010. No obstante, el licenciado Fidalgo Córdova no ha comparecido.

Las direcciones a las que se le remitieron los documen-tos relativos a esta queja fueron: (1) P.O. Box 192897, San Juan, P.R. 00919-2897 (23 de diciembre de 2009 y 4 de febrero de 2010, ambas devueltas por “Unclaimed”), y (2) P.O. Box 192377, San Juan, P.R. 00919-2377 (17 de marzo y 12 de mayo de 2010, la última devuelta por “Box Closed No Order”).

Queja Núm. AB-2010-209 de 13 de agosto de 2010 presen-tada por la Sra. Carmen G. Sierra Cabezudo

En esta queja, la señora Sierra Cabezudo alegó que con-trató los servicios profesionales del licenciado Fidalgo Cór-dova, por lo que procedió a pagarle la cantidad de $2,500. También señaló que el licenciado Fidalgo Córdova nunca cumplió con lo estipulado en el contrato y que no quiere devolverle el dinero ni los documentos; tampoco se ha comu-nicado con la quejosa ni atiende sus llamadas telefónicas. Además, el licenciado Fidalgo Córdova se mudó de la oficina y la quejosa no tiene forma de saber sobre su paradero.

Ordenamos en dos ocasiones al licenciado Fidalgo Cór-dova que contestara dicha queja, a saber, el 7 de septiem-bre de 2010 y el 10 de febrero de 2011. En ambas ocasiones la correspondencia fue devuelta a este Foro. Reiteramos nuestro requerimiento el 24 de marzo de 2010, y apercibi-mos al licenciado Fidalgo Córdova que su incumplimiento con lo ordenado conllevaría sanciones disciplinarias seve-ras, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión. Esta Resolución se notificó personalmente el 31 de marzo de 2011. No obstante, el licenciado Fidalgo Córdova no ha comparecido.

Las direcciones a las que se le remitieron los documentos relativos a esta queja fueron: (1) RO. Box 192377, San Juan, P.R. 00919-2377 (7 de septiembre de 2010, devuelta por “Box Closed”), y (2) P.O. Box 191735, San Juan, P.R. 00919-1735 (10 de febrero de 2011, devuelta por “Unclaimed”).

Queja Núm. AB-2010-312 de 13 de diciembre de 2010 ins-tada por el Sr. Alberto Torres Escobar

En esta queja, el señor Torres Escobar alegó que el 29 de noviembre de 2010, a eso de las 10:00 a.m. en el Tribunal Municipal de Trujillo Alto, el licenciado Fidalgo Córdova le dijo “cállate la boca” en forma arrogante y altanera, y que más adelante se le acercó para invitarlo a pelear diciendo “podemos resolver esto afuera”. El incidente surgió en pre-sencia del Ledo. Rafael Rivera Fuster, cuando el quejoso y el licenciado Fidalgo Córdova discutían en torno a las ale-gaciones a ser planteadas en una vista, mientras espera-ban a ser llamados.

Presentada la queja, ordenamos en dos ocasiones al li-cenciado Fidalgo Córdova que contestara, a saber, el 29 de diciembre de 2010 y el 20 de enero de 2011. En ambas ocasiones la correspondencia fue devuelta a este Foro. Rei-teramos nuestro requerimiento el 17 de marzo de 2011 y apercibimos al licenciado Fidalgo Córdova que su incum-plimiento con lo ordenado conllevaría sanciones disciplina-rias severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión. Esta resolución se notificó personalmente el 31 de marzo de 2011. No obstante, el licenciado Fidalgo Cór-dova no ha comparecido.

Las direcciones a las que se le remitieron los documen-tos relativos a esta queja fueron: (1) P.O. Box 191735, San Juan, P.R. 00919-1735 (29 de diciembre de 2010, devuelta por “Attempted - Not Known”), y (2) 1204 Villas del Seño-rial, San Juan, P.R. 00926 (20 de enero de 2011, devuelta por “Unclaimed”).

I — i I — I

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone que todo abogado debe observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. La naturaleza de la función de abogado requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional. In re García lucera, 177 D.P.R. 329 (2009); In re Colón Rivera, 165 D.P.R. 148 (2005). Hemos señalado reiteradamente que desatender las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el referido Canon 9. In re García lucera, supra; In re Maldonado Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999). A su vez, hemos advertido que procede la suspensión del ejercicio de la profesión cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de imponerle sanciones disciplinarias. In re García lucera, supra; In re Lloréns Sar, 170 D.P.R. 198 (2007). Todo abogado tiene la ineludible obligación de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal, independientemente de los méritos de la queja presentada en su contra. In re García lucera, supra; In re Rodríguez Bigas, 172 D.P.R. 345 (2007).

Hemos expresado que el compromiso de todo abogado de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz, con el propósito de lograr la más completa confianza y apoyo de la ciudadanía, se extiende no solo a la esfera de la litigación de causas, sino a la jurisdicción dis-ciplinaria de este Tribunal. In re García Incera, supra.

i — I HH ] — I

El licenciado Fidalgo Córdova ha incumplido con nues-tros requerimientos en innumerables ocasiones, a pesar de haber sido apercibido de que podría imponérsele sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión del ejerci-cio de la profesión. Un análisis del voluminoso expediente del licenciado Fidalgo Córdova refleja de manera meri-diana que su conducta es temeraria y constituye un desafío a nuestra jurisdicción disciplinaria.

Todo lo relatado denota una falta de diligencia crasa y un alto grado de indiferencia ante nuestros apercibimien-tos de sanciones disciplinarias. La conducta del licenciado Fidalgo Córdova representa una falta de respeto hacia los tribunales.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se suspende in-mediata e indefinidamente al Ledo. Luis C. Fidalgo Cór-dova del ejercicio de la abogacía. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios re-cibidos por trabajos no realizados e informar oportuna-mente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del tér-mino de treinta días a partir de la notificación de esta opi-nión per curiam y Sentencia. Notifíquese personalmente esta opinión per curiam al Ledo. Luis C. Fidalgo Córdova a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Ovidio López Bocanegra.

      Número: AB-2011-0096

      Resuelto: 18 de octubre de 2011

      Leticia Casalduc Rabell, subprocuradora general.
   per curiam:

Una vez más nos vemos precisados a ejercer nuestra facultad disciplinaria contra un miembro de la profesión por incumplir con los requerimientos de este Tribunal. Por las razones que se exponen a continuación, ordenamos la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Ovidio López Bocanegra del ejercicio de la abogacía y la notaría.

III

El pasado 6 de abril de 2011 la Oficina de la Procura-dora General presentó un informe ante este Tribunal en el que nos notificó el incumplimiento del Ledo. Ovidio López Bocanegra con sus requerimientos sobre la queja de epígrafe. En su comparecencia, la Procuradora General re-lata que en tres ocasiones se le notificó al abogado sobre la existencia de la queja por alegada conducta profesional im-propia requiriéndole, a su vez, que se expresara en tomo a las alegaciones presentadas en su contra. Del informe se desprenden, además, los esfuerzos realizados por la Ofi-cina de la Procuradora para comunicarse con el licenciado López Bocanegra mediante llamadas telefónicas sin haber logrado respuesta alguna.

A raíz de la actitud de indiferencia y la desidia demos-trada por el letrado, la Procuradora presentó ante nos el informe de referencia. Así, el pasado 5 de mayo de 2011 emitimos una Resolución en la que concedimos un término de diez días al licenciado López Bocanegra para que com-pareciera ante la Oficina de la Procuradora General a responder los requerimientos cursados. Se le ordenó, además, que dentro de ese mismo término acreditara el cumpli-miento con el mandato de este Tribunal. De igual forma, se le advirtió que el incumplimiento con lo ordenado podía conllevar sanciones severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión. La referida Resolución le fue no-tificada personalmente al licenciado López Bocanegra por un alguacil del Tribunal el 9 de jimio de 2011.

A pesar del tiempo transcurrido, aún hoy el letrado Ló-pez Bocanegra no ha comparecido ante la Oficina de la Procuradora General ni ante este Tribunal. En vista de lo anterior, decretamos su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía.

II

En reiteradas ocasiones hemos expresado que todo abogado tiene la ineludible obligación de observar rigurosamente los requerimientos de este Tribunal. In re Rivera Rosado, 180 D.P.R. 698 (2011); In re Morales Rodríguez, 179 D.P.R. 766 (2010). Asimismo, hemos enfatizado que la naturaleza pública de la profesión de la abogacía impone al abogado el deber de responder oportunamente a todo requerimiento relacionado con investigaciones disciplinarias. íd.; In re Prieto Rivera, 180 D.P.R. 692 (2011); In re García Incera, 177 D.P.R. 329 (2009). Resulta ampliamente conocido que el incumplimiento con los requerimientos de la Oficina de la Procuradora General es igualmente reprochable y acarrea las mismas sanciones que la falta de atención a las órdenes de este Tribunal. In re Arzón Rivera, 175 D.P.R. 763 (2009); In re Lasalle Pérez, 153 D.P.R. 368 (2001).

Cónsono con estos principios, cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente a los apercibimientos de sanciones disciplinarias, procede la suspensión inmediata del ejercicio de la profesión. In re Rivera Rosado, supra; In re Feliciano Jiménez, 176 D.P.R. 234 (2009); In re Arzón Rivera, supra. Debe quedar claro que dicha conducta constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, el cual exige que todo abogado debe observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. Por consiguiente, se configura una falta independiente a los méritos de la queja presentada cuando un abogado incumple con esta disposición ética. In re Prieto Rivera, supra; In re Otero Encarnación, 179 D.P.R. 827 (2010); In re Rosado Ramos, 172 D.P.R. 400 (2007). Ello es así debido a que el patrón de dejadez e incumplimiento con nuestras órdenes en la es-fera disciplinaria es incompatible con el ejercicio de la abogacía. In re González Barreto, 169 D.P.R. 772 (2006).

Ciertamente, el incumplimiento por parte de un abogado con las órdenes emitidas por este Tribunal revela una gran fisura del buen carácter que debe exhibir todo miembro de la profesión legal. Id.; In re Escalona Colón, 149 D.P.R. 900 (1999). Dicho proceder constituye un acto de indisciplina, de falta de respeto y de contumacia hacia este Tribunal que sencillamente no puede ser tolerado. In re Guemárez Santiago I, 146 D.P.R. 27 (1998).

III

En el caso de autos, el licenciado López Bocanegra in-cumplió con su deber de responder oportunamente a los requerimientos de la Oficina de la Procuradora y de este Tribunal. Vale la pena resaltar que actualmente el referido abogado tiene otro procedimiento disciplinario pendiente ante este Tribunal. Así también, debemos señalar que el pasado 29 de mayo de 2009, el letrado recibió una cen-sura enérgica por este Tribunal por no haber observado los deberes que imponen los Cánones 12, 18 y 19 de Etica Profesional, supra, a todo abogado en el desempeño de sus funciones.

En vista de lo anterior, se suspende inmediata e indefini-damente del ejercicio de la abogacía y de la notaría al señor López Bocanegra. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representán-dolos, de devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados y de informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión per curiam y Sentencia.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incau-tar la obra y el sello notarial de López Bocanegra y entre-garlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Nota-rías para la correspondiente investigación e informe. La Oficina del Alguacil de este Tribunal debe notificar perso-nalmente esta opinión al Sr. Ovidio López Bocanegra.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       Véase Resolución emitida el 29 de mayo de 2009.


text:
    Ingnacio Galarza Rodríguez, Ex parte.

      Número: TS-6210

      Resuelto: 24 de octubre de 2011
   per curiam:

Hoy nos encontramos nuevamente en la ne-cesidad de ejercer nuestra facultad disciplinaria contra un miembro de la profesión legal por su incumplimiento con los requerimientos de este Tribunal. A pesar de las oportu-nidades concedidas, nos vemos en la obligación de imponer la más severa de las sanciones por una conducta temeraria y desafiante.

I — I

El Ledo. Ignacio Galarza Rodríguez fue admitido al ejer-cicio de la abogacía el 1 de noviembre de 1978 y a la nota-ría el 26 de enero de 1979.

La Leda. Yanis Blanco Santiago, directora ejecutiva del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) de este Tribunal, nos remitió una Resolución de la Junta de Educa-ción Jurídica Continua de 15 de febrero de 2011. En dicha Resolución la Junta de Educación Jurídica Continua tomó la determinación de referir a este Tribunal a los abogados y las abogadas cuyo periodo bienal de cumplimiento con el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua de 2005 finalizó en diciembre del 2008 sin que dichos letra-dos hubieran cumplido con los requisitos de tomar veinti-cuatro (24) créditos durante el término mencionado.

En dicha Resolución, la Junta de Educación Jurídica Continua nos informó que el licenciado Ignacio Galarza Rodríguez no había cumplido con dichos requisitos regla-mentarios y que tampoco había comparecido por escrito ni en persona a la vista a la que fue citado para explicar las razones por su incumplimiento. Examinada dicha Resolu-ción, concedimos al Ledo. Ignacio Galarza Rodríguez un término de veinte (20) días para que mostrara causa, si tuviese alguna, por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la profesión de la abogacía por incumplir con los requisitos de educación jurídica continua del Regla-mentó de este Tribunal y por no contestar los requerimien-tos de la Junta de Educación Jurídica Continua.

Apercibimos al Ledo. Ignacio Galarza Rodríguez que su incumplimiento con los términos de la misma conllevaría su suspensión automática del ejercicio de la abogacía. No obstante, y ante su incomparecencia, el 20 de junio de 2011 le concedimos al licenciado Galarza Rodríguez un término adicional de veinte (20) días para cumplir con la Resolu-ción de 12 de abril de 2011. Le apercibimos, nuevamente, que su incumplimiento podría conllevar la imposición de sanciones disciplinarias, incluyendo la suspensión inme-diata del ejercicio de la abogacía. Dicha Resolución fue no-tificada personalmente. El licenciado Galarza Rodríguez ha incumplido con el petitorio cursado.

HH h — I

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone que todo abogado debe observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. La naturaleza de la función de abogado requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional. In re García lucera, 177 D.P.R. 329 (2009); In re Colón Rivera, 165 D.P.R. 148 (2005). Hemos señalado reiteradamente que desatender las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el referido Canon 9. In re García lucera, supra; In re Maldonado Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999). A su vez, hemos advertido que procede la suspensión del ejercicio de la profesión cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de imponerle sanciones disciplinarias. In re García Incera, supra; In re Ríos Rodríguez, 172 D.P.R. Ap. (2007); In re Lloréns Sar, 170 D.P.R. 198 (2007).

Aun cuando apercibimos al licenciado Galarza Rodrí-guez de que podrían imponérsele sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profe-sión, este ha hecho caso omiso.

HH I — I HH

Por los fundamentos expuestos en la opinión per curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se suspende indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría al licenciado Galarza Rodríguez. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su in-habilidad para continuar representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realiza-dos e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, tiene la obligación de acreditar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y Sentencia.

Por último, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del licenciado Galarza Rodríguez y entregarlos a la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará Sentencia de conformidad.


text:
    Daniel Vázquez Pagán, lesionado, Nora Hernández Morales et al., peticionarios, y Policía de Puerto Rico, patrono asegurado, v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado y Comisión Industrial de Puerto Rico, recurridas.

      Número: CC-2010-56

      Resuelto: 24 de octubre de 2011

      Iván Torres Rivera, del Bufete Torres Rivera, abogado de la parte peticionaria; José F. Náter Sánchez y Aleida Mar-xuach Rodríguez, abogados del Administrador de la Corpo-ración del Fondo del Seguro del Estado, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente caso nos corresponde determinar si el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al confirmar las decisiones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y la Comisión Industrial, en un proceso de evalua-ción de incapacidad total permanente de un obrero, en el que dichos foros sostuvieron el cierre automático del pro-ceso por causa de su muerte. Por considerar que tal cierre automático no procedía, revocamos.

f — H

En el 1993 el Sr. Daniel Vázquez Pagán sufrió un acci-dente ocupacional mientras se desempeñaba como agente de la Policía de Puerto Rico. El accidente ocurrió cuando el agente, al salir de una oficina de la Policía, tropezó con una silla y se lastimó la espalda, el cuello y la cabeza. Por causa de ello, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (C.F.S.E) le otorgó una incapacidad de 5% por la pérdida de las funciones fisiológicas del brazo derecho en o más arriba del codo. Además, por su condición de la espalda le otorgó un 35% de incapacidad de las funciones fisiológicas generales.

Posteriormente, mientras el caso antedicho seguía su curso en la C.F.S.E. y en la Comisión Industrial, el señor Vázquez Pagán presentó una nueva reclamación por otro accidente ocupacional acaecido, esta vez, en el 2000. En esa ocasión, conforme a la investigación de la C.F.S.E., el señor Vázquez Pagán cayó al suelo por tropezar con la raíz de un árbol (dentro de los predios del patrono) cuando rea-lizaba labores de limpieza en los alrededores de un cuartel. De esa forma, recibió golpes en el hombro y brazo derecho, las piernas, la cabeza y otras partes del cuerpo.

Luego de varias evaluaciones, en el 2002 la C.F.S.E. de-terminó que, a base de ese accidente, solo era compensable el diagnóstico de trauma de cabeza. Del informe médico surgía que el agente padeció de “Meningioma Parietal Iz-quierdo”, “Convulsión”, “C.V.A.” y “Status Post Craneoto-mía”, sin embargo, la C.F.S.E. concluyó que esas condicio-nes no estaban relacionadas con el accidente. Más adelante, la Comisión Industrial recomendó otorgar una incapacidad de 5% de funciones fisiológicas al señor Váz-quez Pagán por el trauma de la cabeza.

En relación con el primer caso (1993), el señor Vázquez Pagán solicitó una determinación de mayor incapacidad. Así, en junio de 2004 la Comisión Industrial refirió al agente a la C.F.S.E. para que el Comité de Factores Socio-Económicos (Comité) determinara si este estaba incapaci-tado totalmente para desempeñar una tarea remunerativa. El 23 de agosto de 2005, día en el que confirmó la otorgación del 5% de incapacidad, la Comisión Industrial también or-denó nuevamente al Comité realizar la evaluación corres-pondiente para determinar la procedencia o no de una inca-pacidad total. La Comisión Industrial ordenó que dicha evaluación incluyera todos los casos activos del señor Váz-quez Pagán en la C.F.S.E., incluyendo los dos casos que ver-san sobre los accidentes ocupacionales antedichos.

Así las cosas, luego de un intrincado proceso, el Comité solo logró obtener la evaluación del especialista en rehabilitación. El informe reveló lo siguiente:

El Sr. Daniel Vázquez Pagán fue referido por Factores Socio Económicos. Posee una escolaridad de tercer año de universidad. Su experiencia ocupacional es de conductor en mueblería durante nueve años aproximadamente y Policía Es-tatal desde el 1986 al 2000. La última vez que trabajó fue en julio de 2000. Tiene reconocido los diagnósticos de Discos Her-niados L4-L5, Esguince Lumbo Sacral, Trauma C[é]rvico Dorsal, Sprain Hombro Derecho y Desorden Distímico leve. Alegó padecimiento por condición no relacionada de Meningioma y CVA. [É]l indica que fue operado en la Clínica Oncológica por tumor cerebral y en el Hospital Pavía, en febrero de 2006. Presentó evidencia médica del tratamiento recibido en el Hospital Pavía. [É]l menciona que toma anticonvulsivos diaria-mente para [sic] epilepsia. Hace uso de silla de ruedas para moverse. Indica que no puede permanecer de pie, ni caminar debido a que la condición del tumor le afectó. Además, tiene dificultad para el agarre, sostener pesos y para la escritura.
[E]l vive con un hijo actualmente, quien lo cuida y le provee ayuda económica. Alegó que no pudo reincorporarse al trabajo como consecuencia del accidente de trabajo en julio de 2000. Solicitó retiro por incapacidad ocupacional y no se lo han aprobado. Desconoce el “status” de su solicitud, en la oficina de Retiro.
No se exploraron otras alternativas vocacionales, debido a que en estos momentos es poco probable que él pueda envol-verse en algún tipo de trabajo. [E]l está recuperándose de la cirugía que le hicieron en febrero de este año y posiblemente lo operen nuevamente.
En mi opinión las expectativas de rehabilitación vocacional son pobres en estos momentos, debido a su condición médica actual. (Enfasis suplido.)

Ya rendido este informe, y sin que hubiese culminado el proceso de evaluación del Comité, en el 2007 el señor Váz-quez Pagán falleció por causa ajena a los accidentes ocupacionales. Según el expediente, tanto el señor Vázquez Pagán como el Comité, intentaron infructuosamente cum-plir a cabalidad con la evaluación. En principio, el señor Vázquez Pagán presentó mociones ante la Comisión Industrial para que la C.F.S.E. realizara la evaluación. Poste-riormente, la C.F.S.E. intentó contactarle pero éste estaba fuera de Puerto Rico en un tratamiento médico.

Así las cosas, el 8 de mayo de 2008 la C.F.S.E. ordenó el cierre y archivo del caso. Determinó que resultaba imposible cumplir con la orden de la Comisión porque no procedía una Incapacidad Total post mórtem. Explicó que no procedía la evaluación del Comité porque el señor Vázquez Pagán no tenía un futuro laboral, principio rector para el otorga-miento de una incapacidad total permanente. Enfatizó que la C.F.S.E. no le adeudaba dinero alguno al señor Vázquez Pagán al momento de su muerte. Señaló, además, que las únicas personas que cualificaban como beneficiarios del se-ñor Vázquez Pagán eran su viuda, Nora Hernández Morales, y sus tres hijos menores de edad (los peticionarios).

Inconformes con el cierre y archivo del caso, los peticio-narios apelaron ante la Comisión Industrial, y esta confirmó el dictamen de la C.F.S.E. Oportunamente, los peticionarios solicitaron reconsideración, la cual fue debidamente acogida por la Comisión Industrial y luego declarada “no ha lugar”.

Los peticionarios presentaron oportunamente un re-curso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. En dicho escrito adujeron que la Comisión Industrial erró al deter-minar que como beneficiarios del señor Vázquez Pagán no tenían derecho a la continuación del proceso evaluativo para determinar la incapacidad total permanente. Sin embargo, el foro apelativo intermedio confirmó el dictamen recurrido porque, según determinó, ante el fallecimiento del señor Vázquez Pagán “la agencia no podía tomar una determinación razonable sobre si procedía concederle la in-capacidad aducida”. De igual forma, sostuvo que como la muerte del lesionado fue por una causa ajena al accidente ocupacional, no existía el derecho a la reclamación. El Tribunal de Apelaciones concluyó, además, que los beneficios reclamados son un derecho personalísimo que se extingue con la muerte del lesionado, por lo que no procedía la sus-titución de este por los beneficiarios.

Inconformes con el dictamen del foro apelativo interme-dio, los peticionarios presentaron oportunamente el re-curso de epígrafe alegando la comisión de múltiples erro-res, los cuales se enumeran a continuación:

1. Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones al resolver que los beneficiarios del lesionado fallecido no tienen derecho a continuar el proceso evaluativo por conducto del Comité de Factores Socio-Económicos para una recomendación y posterior determinación sobre Incapacidad Total y Permanente, cuando lo cierto es que obra una Decisión Institucional Sobre Dependencia de la Corporación del Fondo del Seguro del Es-tado que reconoce a la viuda y a los hijos menores de edad como dependientes y beneficiarios del obrero fallecido.
2. Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones al dictami-nar que solamente el Comité de Factores Socio-Económicos evalúa al obrero exclusivamente y que tal derecho es persona-lísimo cuando lo cierto es que dicho Comité toma en conside-ración el núcleo familiar de éste y los ingresos que tienen am-bos cónyuges, conforme lo establece el Reglamento sobre Factores Socio-Económicos.
3. Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones al interpre-tar el Reglamento de Factores Socio-Económicos en su sección 2 inciso 7 en perjuicio y detrimento de los dependientes, (viuda e hijos menores) toda vez que éstos son considerados por el Comité en la evaluación social y económica que se realizan al respecto conforme las disposiciones antes mencionadas.
4. Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones al no consi-derar el Informe del Especialista en Rehabilitación señor Raúl Romero Pérez, el cual señaló que las expectativas de rehabili-tación vocacional son pobres en estos momentos, debido a su condición médica actual.
5. Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones al determi-nar que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado no podía tomar una determinación razonable sobre si procedía concederle la incapacidad aducida es decir, la Incapacidad Total y Permanente por la vía de los Factores Socio-Económicos.
6. Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones al resolver que la actuación de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado fue una razonable y además que no procedía una Inca-pacidad Post Mortem.
7. Incidió el Honorable Tribunal de Apelaciones al interpre-tar conforme a derecho el Artículo 2 de la Ley 45 de 18 de abril de 1935, conocida como Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

Expedido el auto y perfeccionado el caso, nos dispone-mos a resolver. Por estar íntimamente relacionados, discu-tiremos todos los errores señalados, en conjunto.

II

La Ley del Sistema de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada (Ley Núm. 45), es una legislación de carácter remedial que brinda ciertas garantías y beneficios al obrero en el contexto de accidentes o enfermedades ocu-pacionales que ocurren en el escenario del trabajo. Dicho estatuto establece un sistema de seguro compulsorio y exclusivo para compensar a los obreros que sufran lesiones o enfermedades en el curso del empleo, brindándoles un remedio rápido, eficiente y libre de las complejidades de una reclamación ordinaria en daños.

La Ley Núm. 45 dispone como remedios la asistencia médica y la compensación por incapacidad transitoria, permanente (parcial o total), así como por muerte. Los acreedores de esos remedios compensatorios son todos aquellos obreros y empleados que trabajan para patronos asegurados y que sufran lesiones, se inutilicen o pierdan la vida por accidentes o enfermedades ocasionadas por un acto o función inherente a su trabajo o empleo, y que ocurran en el curso de este y como consecuencia del mismo.

Por otro lado, como parte de los componentes de la C.F.S.E. se creó el Comité de Factores Socio-Económicos (Comité). Dicho Comité tiene su génesis al amparo del Reglamento Núm. 3470 de la C.F.S.E. de 12 de junio de 1987, Reglamento sobre Factores Socio-Económicos (Reglamento), y a base de varias decisiones nuestras El propósito principal del Reglamento es establecer las bases que per-mitán el estudio, análisis y una determinación uniforme de los casos en los que exista la posibilidad de una incapacidad total permanente por factores socioeconómicos. El Comité es una estructura administrativa creada en cada Oficina Regional de la C.ES.E. que ayuda a dicha corporación en la función fundamental de evaluar la capacidad de un obrero lesionado para realizar un empleo remunerativo.

Según surge del Reglamento, el objetivo y función del Comité es evaluar los casos de los obreros o empleados a los que se les haya reconocido una incapacidad parcial permanente de 60% o más de las funciones fisiológicas generales, para determinar si este es acreedor de una incapacidad total y permanente. Sin embargo, en Agosto Serrano v. F.S.E., 132 D.P.R. 866 (1993) este Tribunal aclaró que no se debía limitar la incapacidad total por factores socioeconómicos solo a obreros o empleados que poseían un 60% de incapacidad en las funciones fisiológicas. A tales efectos, expresó que “[e]l aludido criterio de sesenta por ciento (60%) de incapacidad fijado por el Fondo no debe ser utilizado como norma inflexible que excluya en casos meritorios la evaluación de alguna reclamación”. Es decir, el Comité ya no está limitado por el porciento de incapacidad para evaluar los casos de los obreros o empleados lesionados.

El Comité realizará la evaluación para determinar si al considerar la incapacidad desde el punto de vista médico, junto a los factores socioeconómicos, el obrero o empleado resulta o no acreedor de una incapacidad total y permanente. En cuanto a los factores socioeconómicos, estos son definidos en el Reglamento como

[а]quellos factores que gravitan para facilitar u obstaculizar el que un obrero pueda ganarse el sustento propio y el de su familia en forma ordinaria y de manera estable. Se considera-rán los siguientes factores: el impedimento físico y/o mental del trabajador y su extensión, medido y expresado desde el punto de vista médico en términos de pérdida de las funciones fisiológicas generales y el efecto de ese impedimento físico y/o mental sobre la habilidad del obrero o trabajador para realizar un empleo remunerativo en forma ordinaria y de manera es-table, la edad, escolaridad, sexo y las destrezas del obrero.

De esa forma, la evaluación realizada por el Comité no puede considerar únicamente el porciento de incapacidad desde el punto de vista médico, sino que está obligado a considerar también los factores socio-económicos.

Ahora bien, al adentrarnos en la presente controversia e interpretar la Ley Núm. 45 no podemos obviar los “propó-sitos amplios y humanitarios que inspiraron su redacción de brindar, en lo posible, la protección que el obrero falle-cido representaba para los que de él dependían”. De igual forma, como estatuto de carácter remedial, la Ley Núm. 45 debe interpretarse liberalmente a favor del obrero.

[б] Con ello en mente, la primera cuestión que debe-mos aclarar es si la C.F.S.E. puede otorgar una incapaci-dad a un obrero con posterioridad a su muerte. La res-puesta es en la afirmativa. En varias ocasiones este Tribunal ha reconocido y avalado la otorgación de una in-capacidad post mortem. En esas ocasiones las incapaci-dades concedidas estaban dirigidas exclusivamente al as-pecto físico y médico del empleado u obrero lesionado, ya que para la fecha en que fueron resueltos no existía el Co-mité, por lo que no se consideraban los factores socio-económicos. Sin embargo, la inclusión de esos factores en el proceso lógicamente no tiene por qué cambiar la doctrina prevaleciente. Al contrario, ante un estatuto de carácter remedial dirigido —entre otros fines— a brindar protección a los familiares de un obrero fallecido, es evidente que la in-clusión de tales factores tuvo como fin ampliar el alcance compensatorio de la ley, al incluir como criterio “el efecto [de un] impedimento físico sobre la habilidad del obrero o tra-bajador para realizar un empleo remunerativo”. No ve-mos cómo no podrían aplicarse tales factores en casos post mórtem. En otras palabras, la muerte de un obrero o em-pleado lesionado no es causa para detener automáticamente el proceso de evaluación dirigido por el Comité.

Por su parte, ¿cuáles son las consecuencias de la muerte de un obrero lesionado? ¿Qué derechos tienen los dependientes o beneficiarios del obrero fallecido? De entrada, es importante destacar que en nuestro ordenamiento jurídico hemos reconocido que los derechos y las compensaciones concedidas a los obreros o empleados, en virtud de la Ley Núm. 45, son de carácter personalísimo. Es decir, la Ley Núm. 45 es de dependencia y no de herencia, ya que en la situación de que un obrero protegido por dicha ley muera, los beneficios económicos correspondientes, no pasan automáticamente a sus herederos, sino a los beneficiarios definidos por la propia ley. “Los dineros provenientes de dicha compensación no son, por tanto, un bien patrimonial transmisible por reglas de herencia a herederos no dependientes.” Ciertamente, al tratarse de un derecho personalísimo los herederos no tienen derecho a subrogarse en la posición del empleado fallecido, por el mero hecho de ser herederos, sino que la Ley Núm. 45 re-conoce beneficios solamente a los dependientes del em-pleado fallecido.

Precisamente, la Ley Núm. 45 dispone con claridad los efectos que tiene la muerte de un obrero o empleado lesionado. Según la ley, los efectos serán distintos a base de la causa de muerte del obrero, ya sea porque la muerte ocurre por causa del accidente o enfermedad, o porque la muerte ocurre por cualquier causa independiente a la lesión recibida.

En el primer escenario, cuando la muerte surja “como resultado del accidente sufrido” o “por razón de enferme-dad ocupacional compensable”, la ley establece ciertos pagos. Entre esos pagos están los gastos del funeral hasta un máximo de $1,500 y otros gastos como los de asistencia médica, hospitalización y medicinas incurridos por orden de la C.F.S.E. para los casos en los que el obrero no deja dependientes, y además, una compensación a graduarse según lo expresa la misma ley para los casos en los que le sobrevivan dependientes. Ante tales circunstancias a los beneficiarios se les compensa por la muerte del obrero pero no se les pagan los beneficios que le hubiesen correspon-dido en vida al empleado.

En contraste con lo anterior, en el segundo escenario, cuando la muerte del obrero fue producto de una causa independiente a la lesión recibida, la ley reconoce a los beneficiarios el derecho a recibir la pensión por incapacidad u otros beneficios. Específicamente, el inciso (d-3) del Art. 3 de la Ley Núm. 45 dispone, en lo pertinente, que

[e]n todos los casos en que ocurriere la muerte de un obrero o empleado por cualquier causa independiente a la lesión reci- bida en el accidente, por la cual se hubiere reconocido o esté pendiente de reconocerse una incapacidad total permanente, se procederá en la siguiente forma:
(1) Si el lesionado hubiere optado por una inversión, el re-manente de su compensación se pagará a los beneficiarios en pagos mensuales de cuatrocientos treinta (430) dólares sujeto a las limitaciones impuestas por el primer párrafo del inciso (e)(3)(C) de esta sección, si subsistieren otros beneficiarios además de la viuda, hijos o concubina, la distribución se hará con sujeción a las disposiciones del inciso (e)(3) de esta sección.
(2) Si el lesionado no hubiere optado por una inversión, la compensación total se computará multiplicando quinientas cuarenta (540) semanas por su compensación semanal equiva-lente al sesenta y seis y dos tercios (66) del jornal semanal que el lesionado percibía el día del accidente o que hubiere de per-cibir a no ser por la ocurrencia del accidente, pero en ningún caso se calcularán semanas de más de cien (100) dólares, ni menos de treinta (30) dólares. La compensación total no exce-derá en ningún caso de treinta y dos mil cuatrocientos (32,400) dólares. De la compensación total así computada se deducirá el montante pagado al trabajador lesionado con anterioridad a su muerte y el remanente se pagará a sus beneficiarios, en la forma y con las limitaciones dispuestas en la cláusula (1) de este inciso.
(3) Sujeto a las limitaciones dispuestas en las cláusulas (1) y (2) de este inciso, a los fines de realizar una inversión que a juicio del Administrador fuere provechosa, éste podrá antici-par al cónyuge, concubinario o concubina sobreviviente hasta un cincuenta por ciento (50%) del valor total de sus pagos mensuales futuros al momento de hacerse la inversión. Una vez hecha la inversión, los pagos mensuales al cónyuge, con-cubinario o concubina con cargo al remanente se reducirán proporcionalmente de forma tal que el período de pago del remanente al momento de hacerse la inversión permanezca inalterado, sin tomar en consideración las mensualidades mí-nimas provistas en este capítulo. El Administrador del Fondo del Seguro del Estado podrá autorizar más de una inversión a un mismo cónyuge, concubinario o concubina pero nunca más de una en un período de tres (3) años consecutivos. Los pagos mensuales con cargo al remanente cesarán si el cónyuge, con-cubinario o concubina se casara, viviera en concubinato o muriera. De ocurrir una de las situaciones indicadas en la oración anterior y existir menores dependientes con derecho a beneficios, sus pagos mensuales serán aumentados distribu-yéndose con preferencia entre dichos menores dependientes la mensualidad con cargo al remanente que recibía el cónyuge, concubinario o la concubina. En ausencia de menores depen-dientes el Administrador del Fondo del Seguro del Estado es-tará obligado a hacer una redistribución de la compensación entre los demás beneficiarios. El Administrador del Fondo del Seguro del Estado investigará todo lo concerniente a la inver-sión que se desea hacer y de determinar que no hay peligro, antes de autorizar la inversión, tendrá la obligación de velar por que la inversión resulte provechosa tanto para el cónyuge, concubinario o la concubina, como para los beneficiarios me-nores de edad, de existir los mismos.
En todos los casos en que ocurriere la muerte de un obrero o empleado por cualquier causa independiente a la lesión reci-bida en el accidente, por la cual se hubiere reconocido o esté pendiente de reconocerse una incapacidad parcial perma-nente, el Administrador del Fondo del Seguro del Estado de-berá, previa la prueba justificada al efecto conceder y ordenar que se pague el balance no pagado de cualquier compensación correspondiente a dicha incapacidad parcial permanente per-teneciente o que se adeude al obrero o empleado lesionado al tiempo de su muerte, a aquellos que dependieran para su sub-sistencia del obrero o empleado fallecido, en cuyos derechos quedan expresamente subrogados. La compensación total a otorgarse deberá incluir cualquier pago por concepto de inca-pacidad transitoria a que tuviere derecho el trabajador y que no se le hubiere pagado antes de su muerte. Disponiéndose, que los pagos a las personas dependientes del trabajador se efectuarán dentro de un plazo que no excederá de doce (12) meses, según determine el Administrador.

Conforme a la disposición transcrita, la Ley Núm. 45 reconoce unos derechos de compensación a los beneficiarios de aquel obrero lesionado que muera por cualquier causa independiente al accidente o la enfermedad sufrida. Asi-mismo, expone que dicha disposición aplicará en los casos en los que se hubiere reconocido o esté pendiente de reco-nocerse una incapacidad total o parcial permanente. En el caso particular de la frase “pendiente de reconocerse” no existe una definición o alcance establecido. Sin embargo, a base de las disposiciones de la ley podemos presumir que dicha expresión se refiere a que el proceso de determina-ción de una incapacidad permanente no termina con la muerte del lesionado. Es decir, ante tales circunstancias los beneficiarios tendrían derecho a reclamar la compensa-ción por incapacidad total permanente del empleado falle-cido —aunque esté por reconocerse— si finalmente le es reconocida.

1 — 1 1 — 1 h — 1

En síntesis, los peticionarios alegan que los foros recu-rridos erraron al no permitir que el Comité continuara con el proceso de evaluación en el caso del señor Vázquez Pagán. Arguyen que tal evaluación no puede considerarse como un derecho personalísimo porque los factores socio-económicos inciden directamente en el entorno familiar del obrero lesionado. Puntualizan que tienen derecho a conti-nuar con la causa de acción, máxime cuando la tardanza en la evaluación del caso es atribuible a la C.F.S.E.

Al examinar el expediente surge que la C.F.S.E. ordenó el cierre y archivo del caso del señor Vázquez Pagán por-que este murió previo a la culminación del proceso de eva-luación de su solicitud de incapacidad total permanente. Enfatizó que no procedía la otorgación de una incapacidad total permanente post mórtem, ya que al quedar definiti-vamente fuera del mercado laboral, la agencia no tendría elementos de juicio para conceder dicha incapacidad. Al confirmar la decisión de la C.F.S.E., la Comisión Industrial expresó que no procedía la continuación de tal evaluación porque ello equivaldría a ordenar a la C.F.S.E. actuar en el vacío.

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones confirmó la de-cisión de la Comisión Industrial basándose en el principio de deferencia. El foro apelativo intermedio expresó que ante la muerte del señor Vázquez Pagán la agencia no po-día tomar una determinación razonable sobre la otorgación de la incapacidad alegada. Sostuvo además, que como dicha muerte ocurrió por causas ajenas a la lesión, ello con-travenía los propósitos de la Ley Núm. 45 que se enfocan en la enfermedad o lesión del empleado ocurrida en el am-biente laboral. Asimismo, el Tribunal de Apelaciones re-saltó que los beneficios reclamados por los beneficiarios eran un derecho personalísimo del señor Vázquez Pagán, por ende, no heredables.

De entrada, como ya expusimos, los derechos y compen-saciones concedidos a los obreros o empleados, en virtud de la Ley Núm. 45, son personalísimos. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones no erró al concluir que la reclama-ción en cuestión es un derecho personalísimo. Ciertamente, como es un derecho personalísimo los peticionarios no tie-nen derecho a subrogarse en la posición del empleado fa-llecido por el mero hecho de ser herederos, sino que ellos solo pueden reclamar los derechos que la Ley Núm. 45 les reconoce como dependientes del empleado fallecido.

Ahora bien, al examinar la Ley Núm. 45 en lo perti-nente a la controversia que nos ocupa, encontramos que esta concede beneficios a las personas que dependían del empleado u obrero fallecido al momento de su muerte, si la muerte está relacionada con algún incidente laboral. Sin embargo, cuando la muerte no está relacionada con el in-cidente laboral, la ley reconoce ciertas instancias en las que los beneficiarios podrían recibir la compensación por incapacidad total permanente asignada al empleado fallecido. A tales efectos la Ley Núm. 45 reconoce que si un empleado u obrero muere por una causa ajena a su acci-dente laboral, sus beneficiarios pueden reclamar la com-pensación correspondiente a la incapacidad total perma-nente del empleado u obrero fallecido. Ello, si la incapacidad total permanente hubiese sido reconocida o es-tuviese pendiente de reconocerse. A base de las circunstan-cias descritas en la Ley Núm. 45, los beneficiarios tendrían derecho a reclamar la compensación ofrecida o por ofre-cerse al empleado fallecido por su incapacidad total permanente. Así, los beneficiarios tendrían un interés eco-nómico sobre tal compensación.

En el caso de autos, no existe controversia con relación a que el señor Vázquez Pagán murió por una causa ajena a su accidente laboral. Tampoco está en controversia que el Comité comenzó el proceso de evaluación para determinar si el señor Vázquez Pagán estaba incapacitado total y per-manentemente y a su vez, tampoco se ha controvertido el hecho de que dicho proceso de evaluación se interrumpió con la muerte del señor Vázquez Pagán. No obstante, a base del derecho aplicable expuesto, es evidente que la muerte del lesionado no es causa suficiente para archivar o cerrar el caso de un obrero en el Comité. Es decir, la muerte del señor Vázquez Pagán no acarreaba el archivo automático de su caso.

Ante tal escenario, colegimos que los foros recurridos erraron al determinar que procedía el cierre y archivo au-tomático del caso del señor Vázquez Pagán, por su mera muerte. Conforme a la ley, los beneficiarios de éste podrían tener derechos sobre la posible otorgación de la incapaci-dad total permanente. Por ello, la C.F.S.E. debió culminar el proceso de evaluación con la prueba o los elementos de juicio que tenía ante su consideración. Hasta el momento del fallecimiento del señor Vázquez Pagán el Comité con-taba con varios elementos de juicio, entre los que se encon-traba el informe del especialista en rehabilitación. En dicho informe se reconoció que a base de la condición médica del señor Vázquez Pagán las expectativas de rehabilitación eran pobres.

Por otro lado, como parte del proceso, el Comité puede continuar con la evaluación de los factores socioeconómicos del lesionado y sus beneficiarios o dependientes. Ello im-plica que el proceso puede continuar aunque el señor Váz-quez Pagán haya fallecido. Tal proceder resultaría cónsono con la directriz de que la Ley Núm. 45 debe interpre-tarse liberalmente a favor de los beneficios de los emplea-dos u obreros lesionados y sus dependientes. Además, conviene señalar que una vez culmine el proceso y la C.F.S.E. concluya que la incapacidad alegada procede o no, no existe impedimento para que se otorgue una incapaci-dad post mórtem en caso de que esa sea la decisión.

Así, pues, concluimos que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar el dictamen de la Comisión Industrial que avaló el cierre y archivo del caso del señor Vázquez Pagán, ya que no tomaron en cuenta el posible derecho que tenían los peticionarios sobre dicha compensación. Ello ante el hecho de que en la Ley Núm. 45 consta la posibili-dad de ofrecer dicha compensación aun si el empleado muere por una causa ajena a la lesión y antes de ser reco-nocida la incapacidad.

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Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sen-tencia del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan, y se devuelve el caso a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para ulteriores procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera García no interviene.

       Caso de la C.F.S.E. Núm. 93-21-00825-2.

       íd.

       Véase Apéndice del Alegato en oposición, pág. 29.

       íd.

       íd.

       Los casos que debían evaluarse en conjunto eran: el 90-21-00542-6, el 87-56-01804-2, el 93-21-00825-2 y el 01-15-01105-9. Véase Apéndice del Alegato en oposición, pág. 23.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 47.

       íd., pág. 32.

       Petición de certiorari, págs. 6-7.

       11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.

        Toro v. Policía, 159 D.P.R. 339, 352-353 (2003); Rivera v. Blanco Vélez Stores, 155 D.P.R. 460, 466 (2001); Santiago Hodge v. Park Davis Co., 126 D.P.R. 1, 8 (1990).

        Toro v. Policía, supra, pág. 353.

       11 L.P.R.A. sec. 3.

       Art. 2 de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 2; Martínez v. Bristol Myers, Inc., 147 D.P.R. 383, 394 (1999).

       Las decisiones son: Rodríguez Ortiz v. Comisión Industrial, 90 D.P.R. 764 (1964); Arzola Maldonado v. Comisión Industrial, 92 D.P.R. 549 (1965), y Herrera Ramos v. Comisión Industrial, 108 D.P.R. 316 (1979).

       Reglamento sobre Factores Socio-Económicos Núm. 3470, Corporación del Fondo del Seguro del Estado, 12 de junio de 1987, pág. 1.

        Agosto Serrano v. F.S.E., 132 D.P.R. 866, 871 (1993); Sec. 1.2 del Regla-mento, supra.

       Sees. 3.2 y 4.1 del Reglamento.

        Agosto Serrano v. F.S.E., supra, pág. 877.

       Sec. II, inciso (7) del Reglamento, supra, pág. 2.

        Bruno Colón v. Comisión Industrial, 109 D.P.R. 785, 787 (1980).

       Art. 2 de la Ley Núm. 45, supra; Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., 158 D.P.R. 110, 126-127 (2002); Bruno Colón v. Comisión Industrial, supra.

       Véanse: Rivera Aviles v. F.S.E., 113 D.P.R. 334 (1982); Bruno Colón v. Co-misión Industrial, supra; Montaner Admor. v. Comisión Industrial, 55 D.P.R. 270 (1939).

        Rodríguez Ortiz v. Comisión Industrial, supra, pág. 772.

        Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 183, 184 (1974).

        Camacho Rodríguez v. RS.E, 121 D.P.R. 877, 882 (1988).

        Rivera Avilés v. F.S.E., supra, pág. 336.

       11 L.P.R.A. sec. 3.

       Art. 3(e)(1) a (3)(I), según apliquen, de la Ley Núm. 45 (11 L.P.R.A. sec. 3(e)(1) a (3)(I)).

        Brlm0 Colón v. Comisión Industrial, supra.

       11 L.P.R.A. sec. 3(d-3).


text:
      In re Luis A. Garrastegui Pellicia.

      Número: TS-1440

      Resuelto: 27 de octubre de 2011

      Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, Leticia Casalduc Rabell y Zaira Z. Girón Anadón, subprocu-radoras generales; Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Cri-santa González Seda, comisionada especial.
   per curiam:

Hoy, luego de celebrar un proceso evidencia-rio complejo y detallado, y con el interés de garantizar la protección de la ciudadanía que descansa en la calidad de los servicios legales que reciben, nos corresponde suspender preventivamente de la abogacía al Ledo. Luis A. Ga-rrastegui Pellicia conforme a la Regla 15(f) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

I

El licenciado Garrastegui Pellicia fue admitido al ejer-cicio de la abogacía el 24 de febrero de 1950 y prestó jura-mento como notario el 28 de febrero del mismo año. Desde entonces ha ejercido la abogacía con dedicación y compromiso.

El 4 de mayo de 2005, la Sra. Edmé Castellar Velázquez presentó la queja AB-2005-107, mediante la cual alegó que el abogado de epígrafe había autorizado unas escrituras que, por sus defectos, le privaron de una propiedad que le pertenecía mediante herencia. A raíz de esta queja, comen-zamos el correspondiente procedimiento disciplinario. Como parte de dicho proceso, la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) presentó un Informe Preliminar sobre el Estado de la Notaría del abogado de epígrafe. En dicho informe, alegó que el licenciado Garrastegui Pellicia había abandonado su obra notarial y señaló que ésta contenía numerosas deficiencias.

Así las cosas, el licenciado Garrastegui Pellicia compa-reció por conducto de su representación legal y solicitó la conversión del procedimiento disciplinario a uno de incapa-cidad mental, según dispone nuestra Regla 15, supra. Tras varios incidentes procesales, ordenamos la conversión del procedimiento. Además, nombramos a la Hon. Crisanta González Seda como Comisionada Especial para que reci-biera prueba sobre la capacidad mental o emocional del licenciado Garrastegui Pellicia.

Conforme al procedimiento dispuesto en la Regla 15, supra, se designaron tres peritos psiquiatras y se recibió la prueba pertinente. Aunque se estableció un plan de trabajo para las correspondientes evaluaciones con los peritos, éste no se pudo cumplir por la incomparecencia inicial del licen-ciado Garrastegui Pellicia.

El tracto procesal se complicó cuando la ODIN compa-reció ante la Comisionada Especial y notificó que en el Tribunal Municipal de Lares existía un caso incoado por el Departamento de la Familia contra los hijos del licenciado Garrastegui Pellicia por éstos alegadamente haber aban-donado el cuidado y la alimentación de su padre. En urna Resolución emitida por dicho tribunal, el Hon. Dennis Fe-liciano Crespo, juez municipal, advirtió una seria preocu-pación en cuanto a las condiciones de salud del licenciado Garrastegui Pellicia y su capacidad para ejercer la profesión. Además, expresó su preocupación porque varias personas le habían comunicado al Departamento de la Fa-milia que el empleado del licenciado Garrastegui Pellicia, el Sr. Juan Ramón Vélez Pérez, era quien estaba redac-tando y realizando todos los trámites y documentos legales a nombre del abogado. Asimismo, el Tribunal Municipal ordenó que el Departamento de la Familia comenzara un proceso de Declaración de Incapacidad a favor del licen-ciado Garrastegui Pellicia en el Tribunal Superior de Utuado.

A raíz del caso ante el Tribunal Municipal de Lares, el abogado de epígrafe fue ingresado en el Asilo Municipal de Lares hasta que el señor Vélez Pérez, empleado de Garras-tegui Pellicia, asumió el cuidado y la tutela del abogado.

Posteriormente, la ODIN presentó ante nuestra consi-deración varios documentos públicos autorizados por el li-cenciado Garrastegui Pellicia luego del incidente ante el Tribunal de Lares y solicitó que se le suspendiera de la abogacía y la notaría. Esto, pues los referidos documentos adolecían de varios defectos sustanciales que podrían afec-tar los derechos de los otorgantes.

En consecuencia, el 3 de enero de 2011 emitimos una Resolución mediante la cual ordenamos al licenciado Ga-rrastegui Pellicia que se abstuviera de realizar actos como notario. Igualmente, ordenamos a la Comisionada Especial que celebrara una vista para examinar los señalamientos que había hecho el Tribunal Municipal de Lares. Por úl-timo, le ordenamos a ODIN que ampliara su investigación para examinar las deficiencias de la obra notarial. Esta investigación culminó con la presentación de un informe completo por ODIN en donde se detallan múltiples defi-ciencias en la obra notarial, tales como la falta de sellos y notas de saca, aranceles incompletos y la carencia de datos importantes sobre antecedentes, datos regístrales, cargas y advertencias especiales. Además, la ODIN informó que existían al menos siete instrumentos autorizados durante el presente año, luego de habérsele ordenado al licenciado Garrastegui Pellicia que se abstuviera de ejercer la notaría. Por otra parte, se informó que los documentos en-tregados no habían sido encuadernados. Finalmente, la ODIN nos informó que habían acudido al despacho del abo-gado y lo encontraron en un local no reportado a la ODIN, sin teléfono, agua ni electricidad y ejerciendo la notaría, incumpliendo con nuestra Resolución.

Por su parte, el licenciado Garrastegui Pellicia negó las alegaciones de dicho informe y solicitó que se le devolviera su obra notarial para subsanarla.

El proceso continuó ante la Comisionada Especial y ésta recibió los informes de los tres peritos psiquiatras que eva-luaron al licenciado Garrastegui Pellicia, conforme al pro-cedimiento establecido en la Regla 15 de nuestro Regla-mento, supra. Posteriormente, se celebró una vista para permitir que los peritos testificaran sobre sus respectivos informes. A dicha vista acudió la Oficina de la Procuradora General, el licenciado Garrastegui Pellicia, acompañado por su representante legal, y los tres peritos. Con el bene-ficio de haber examinado el expediente del caso, inclu-yendo los informes de la ODIN, la grabación de un proce-dimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en el cual participó el abogado de epígrafe y los informes de los peri-tos, la Comisionada Especial nos sometió su informe, se-gún se le había solicitado.

En primer lugar, es preciso señalar que no hubo un con-senso entre los tres peritos psiquiatras que evaluaron al abogado de epígrafe sobre el grado de deterioro de su salud. No obstante, dos de los peritos fueron categóricos en sus testimonios al expresar que por su condición física éste no debe continuar ejerciendo la abogacía. Quien único no compartió esa conclusión fue la perito designada por la Co-misionada Especial. Sin embargo, esa doctora declaró en la vista, luego de escuchar el testimonio del licenciado Ga-rrastegui Pellicia, que podía pensar en que probablemente estaba incapacitado para ejercer la profesión ... ”. (Enfasis suprimido.) Informe de la Comisionada Especial, pág. 16. La Comisionada Especial también resaltó que en un in-forme de la misma perito, ésta expresó que el peticionario no presenta deterioro en la orientación, memoria, inteli-gencia o abstracción, pero que “ ‘[s]u uso del mecanismo de omnipotencia sí produce un menoscabo de su juicio, por ejemplo, al restarle alguna importancia a la magnitud de los “errores” y al querer, con alguna arrogancia y sin temor, defenderse por modo propio y airosamente ante el Tribunal Supremo’ ”. (Enfasis suprimido.) Id., pág. 17.

Por otro lado, el perito designado por el licenciado Ga-rrastegui Pellicia concluyó que éste no puede trabajar como abogado. Fundamentó su opinión en que el abogado “ ‘ [h] a estado disfuncionando hace varios años’” y que “ ‘presentó desorganización durante la entrevista, demos-trando confabulación en su memoria, no oye bien, tiene desbalance motor, poca espontaneidad, ambivalencia y no se acordaba de las preguntas que se le hacían ... ’”. In-forme de la Comisionada Especial, pág. 19. Añadió que el licenciado Garrastegui Pellicia debe permanecer en su casa con supervisión directa para su condición física y demencial.

El tercer perito, designado por la Oficina de la Procura-dora General, recomendó que “se retire al licenciado Ga-rrastegui de la práctica ... ”. (Enfasis suprimido.)

Por otra parte, la Comisionada Especial expresó reite-radamente su preocupación, en términos ético-disciplina-rios, de que el señor Vélez Pérez, ayudante del licenciado Garrastegui Pellicia, supuestamente es quien le busca clientes para notaría y éste le paga la mitad de lo que cobra por cada documento público que autoriza. Además, la Co-misionada Especial concluyó que el abogado no realiza fun-ciones para obtener los sellos necesarios para su obra notarial, sino que deja en manos de sus clientes cumplir con ese requisito. Por otro lado, su informe resalta que el licen-ciado Garrastegui Pellicia, a pesar de haber sido quien so-licitó el presente procedimiento para determinar su inca-pacidad, ofreció tres versiones distintas a los tres peritos sobre las razones por las cuales se le ordenó entrevistarse con los médicos. Dichas explicaciones constan en los corres-pondientes informes de los psiquiatras y demuestran su incomprensión del actual procedimiento.

Es menester señalar que durante el actual proceso dis-ciplinario se presentó la queja AB-2010-306 que, al igual que la queja AB-2005-107, fue paralizada mediante Reso-lución hasta tanto se atendiese la controversia sobre la po-sible incapacidad mental del abogado de epígrafe. Por los fundamentos que anteceden, la Comisionada Especial re-comienda que separemos inmediatamente de la profesión al licenciado Garrastegui Pellicia como medida de protec-ción social. Habiendo examinado detenidamente el informe sometido por la Comisionada Especial, el expediente com-pleto de este abogado, así como los informes sometidos por los peritos psiquiatras que evaluaron al licenciado Garras-tegui Pellicia, procedemos a resolver.

II

En el ejercicio de nuestro poder inherente para regla-mentar la profesión legal, hemos tomado medidas regla-mentarias para garantizar a la ciudadanía que los miem-bros admitidos en la profesión están mentalmente aptos para ejercerla. In re Hernández Rodríguez, 181 D.P.R. 643 (2011); In re Gutiérrez Santiago, 179 D.P.R. 739 (2010). Ello busca lograr el buen funcionamiento del sistema judicial y los mejores intereses de los funcionarios y abogados que en ella laboran y postulan. íd. Esto, además, responde a que los abogados puedan realizar sus labores profesiona-les competente y diligentemente, conforme a los Cánones 12 y 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Cuando la condición mental, física o emocional de un abogado no le permite ejercer cabal y adecuadamente todas las funciones y los deberes de la abogacía, corresponde su suspensión inmediata y mientras subsista su incapacidad. In re Valentín Maldonado, 178 D.P.R. 906 (2010).

Atales fines, la Regla 15 de nuestro Reglamento, supra, provee un procedimiento disciplinario especial para casos de incapacidad mental de un abogado o situaciones en las cuales se sospecha que un abogado sufre de una condición mental o emocional que le impide representar efectiva-mente a sus clientes. La referida regla, contiene un proceso donde se designa un Comisionado Especial y un panel de tres siquiatras.

En específico, la Regla 15(f) de nuestro Reglamento, supra, dispone:

Si durante los procedimientos disciplinarios contra un(a) abogad[o(a)] al amparo de la Regla 14 [de este apéndice], la parte querellada planteara la defensa de insanidad mental, el Tribunal nombrará un(a) Comisionad [o(a)] Especial para reci-bir prueba conforme al procedimiento indicado en el inciso (c). En este caso el[(la)] Procurador[(a)] General intentará demos-trar la sanidad mental de la parte querellada, con miras a continuar los procedimientos bajo los cargos que dieron base a la querella original. Si una vez rendido el informe del[(de la)] Comisionad [o(a)] Especial, el tribunal determinare que la parte querellada no está mentalmente incapacitada conforme al inciso (a) de esta regla, se ordenará la continuación de los procedimientos por la querella original y la parte querellada pagará las costas del procedimiento de evaluación siquiátrica.

Es menester añadir que la suspensión preventiva de un abogado incapacitado no es un desaforo, sino una medida de protección social. In re Hernández Rodríguez, supra; In re Costa del Moral, 164 D.P.R. 943, 945 (2005).

III

A la luz de la totalidad del expediente de este procedi-miento sobre incapacidad y tras analizar detenidamente los informes correspondientes, acogemos las recomendacio-nes de la Comisionada Especial, Hon. Crisanta González Seda. El abogado de epígrafe se ha desempeñado en esta honrosa profesión por más de medio siglo. No obstante, y a pesar de que nuestra determinación no constituye un des-aforo, nos vemos obligados a separar al Ledo. Luis A. Ga-rrastegui Pellicia de la abogacía y de la notaría inmediata e indefinidamente para proteger a sus clientes. De la misma forma que el licenciado Garrastegui Pellicia ha de-dicado su vida a defender los derechos de sus clientes, nos corresponde ahora velar por el trámite diligente de las cau-sas de quienes visitan un profesional del Derecho en bús-queda de justicia.

Asimismo, se impone al abogado el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar repre-sentándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Ade-más, tiene la obligación de certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro de un término de treinta días.

Por último, se le ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute el sello y la obra notarial del Ledo. Luis A. Garras-tegui Pellicia y los entregue a la Directora de la ODIN para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará Sentencia de conformidad.


author: el Juez Asociado Se-ñor Rivera García,

text:
    L.M. Quality Motors, Inc., recurrido, v. Motorambar, Inc., peticionario.

      Número: CC-2011-856

      Resuelto: 28 de octubre de 2011

      Jorge I. Peirats, Maritere Colón Domínguez, de Pietrantoni Méndez & Álvarez LLC, abogados de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Se le concede a la parte recurrida un término de 15 días, contados a partir de la notificación de esta Resolución, para que comparezca y muestre causa por la cual no se deba revocar la Resolución dictada por el Tribunal de Ape-laciones en el Caso Núm. KLCE201101319, L.M. Quality Motors, Inc. v. Motorambar, Inc.

Hasta tanto este Tribunal resuelva lo que proceda en derecho, se ordena la paralización de los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia. Notifíquese por teléfono, telefax y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rivera García emitió un voto particular disidente, al cual se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados Señores Feliberti Cintrón y Estrella Martínez.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por

el Juez Asociado Se-ñor Rivera García,

al cual se unen la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, el Juez Asociado Señor Feli-berti Cintrón y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

El curso decisorio de la mayoría del Tribunal de parali-zar las vistas de injunction preliminar y permanente, y emitir una orden de mostrar causa, con clara inclinación a revocar, me obliga a disentir muy respetuosamente. Cree-mos que en el caso de autos, Motorambar no sufriría daño alguno de no expedirse la solicitud de auxilio de jurisdicción. Asimismo, consideramos improcedente la ex-pedición de una orden de mostrar causa ya que ninguna de las partes contratantes, Quality y Motorambar, llegaron a un acuerdo de voluntades necesario para consentir a la cláusula de arbitraje redactada en este acuerdo.

I

El 24 de octubre de 2011 Motorambar, Inc. (Motoram-bar) presentó ante este Tribunal un recurso de certiorari acompañado de una moción en solicitud de auxilio de jurisdicción. Nos solicitó que ordenáramos la paralización de las vistas pautadas para el 24 y 31 de octubre del 2011 y el 2 de noviembre de 2011 en el Tribunal de Primera Instancia, relacionadas con la demanda de injunction pre-liminar y permanente, presentada en su contra por L.M. Quality Motors, Inc. (Quality). Así también, solicitó la re-vocación de la resolución emitida por el Tribunal de Apela-dones de 21 de octubre de 2011. En ese dictamen, el foro apelativo determinó invalidar una cláusula sobre arbitraje para la solución de disputas establecida en el contrato ce-lebrado entre las partes.

Según los hechos de este caso, Quality, quien es conce-sionaria de los vehículos Nissan en el municipio de Manatí y otras áreas limítrofes, presentó ante el tribunal de pri-mera instancia una solicitud de entredicho provisional, in-juction preliminar y de injuction permanente contra Motorambar. Esta última es la distribuidora general de los vehículos Nissan en todo Puerto Rico. Esa corporación, a su vez, distribuye y vende esos vehículos a sus concesiona-rios en la Isla, entre los cuales se encuentra Quality. En esencia, Quality alegó que el 16 de agosto de 2011 Moto-rambar, sin justa causa, había dejado sin efecto el contrato de distribución en violación de la Ley Núm. 75. Al amparo del Art. 3-A de la Ley Núm. 75 (10 L.P.R.A. sec. 278b-1), Quality solicita que se ordene a Motorambar desistir de llevar a cabo cualquier acción en menoscabo de la relación contractual existente entre ellos. El Tribunal de Primera Instancia declaró “no ha lugar” el entredicho preliminar; no obstante pautó una vista en una fecha posterior para dilucidar la procedencia del injuction preliminar y el injuction permanente.

Posteriormente, Motorambar instó una moción de desestimación. Adujo que el 20 de febrero de 2007 el Sr. Luis Morales (en representación de Quality) y el señor José Ordeix Llabaly (en representación de Motorambar) suscri-bieron un contrato titulado Contrato de Concesionarios de Ventas No Exclusivo. Añadió que en ese contrato, específi-camente en su Cláusula 36-1, se estableció que las dispu-tas surgidas entre las partes serían resueltas mediante un procedimiento de arbitraje, por lo cual el tribunal de pri-mera instancia carecía de jurisdicción. El foro primario, mediante una resolución de 16 de septiembre del 2011, de-claró sin lugar esta moción de desestimación. Razonó tam-bién, que existía una controversia en relación con la vigen-cia del contrato y la validez de la cláusula de arbitraje pactada. En consecuencia, para dilucidar tales controver-sias citó a las partes a una vista evidenciaría por cele-brarse posteriormente.

Luego de celebrada la vista evidenciaría, en la cual se desfiló prueba testifical y documental, el 28 de septiembre de 2011 el tribunal de primera instancia emitió una reso-lución en la que declaró no ha lugar la moción de desesti-mación presentada por de Motorambar. El foro primario concedió credibilidad a los testimonios del señor Rocafort, quien funge como Gerente General de Motorambar y tra-baja directamente con los contratos de la corporación y sus concesionarios, así como al señor Ordeix, representante de Motorambar. Estos testificaron desconocer las particulari-dades, así como las consecuencias de la cláusula de arbitraje. Asimismo, admitieron que tampoco orientaron al señor Morales en relación con dicha cláusula. A base de la prueba vertida en la vista, el foro primario determinó que ambas partes, al suscribir el contrato, no tenían conoci-miento alguno del contenido y alcance de la cláusula. Es decir, no conocían su significado ni las consecuencias reales. Por consiguiente, el pacto de esta no respondía a la voluntad de ninguno de los contratantes, ya que ambas partes, tanto Quality como Motorambar, ignoraban total-mente lo que acarreaba la referida cláusula. Ante tal des-conocimiento, se determinó que esa cláusula no era parte del contrato. Por ello, puntualizó que la Cláusula 36-1, al carecer del elemento de consentimiento de las partes, era inválida.

Con relación al argumento de Motorambar referente a la inconstitucionalidad del Art. 3C de la Ley Núm. 75 (10 L.P.R.A. sec. 278b-3), el foro primario resolvió que, según la doctrina de autolimitación judicial, no era necesario en-trar a dilucidar dicho planteamiento. Particularmente, al margen del Art. 3C de la Ley Núm. 75, el tribunal dispuso que no existió voluntad alguna de las partes para pactar esa cláusula de arbitraje, debido a la falta de información necesaria para un consentimiento válido.

Inconforme con ese dictamen, el 14 de octubre de 2011, Motorambar presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. En esencia, reiteró sus argumentos presentados ante el foro primario. Argüyó que la cláusula de arbitraje era válida, empero, de considerarse lo contra-rio, procedía entonces que se declarara inconstitucional el Art. 3C de la Ley Núm. 75, supra.

El 21 de octubre de 2011 el Tribunal de Apelaciones emi-tió una resolución en la que denegó la expedición del auto de certiorari, así como la moción en auxilio de jurisdicción. En la evaluación de esta controversia, el foro apelativo in-termedio examinó la transcripción de la prueba oral y de-terminó que la apreciación de la prueba realizada por el foro primario estaba apoyada en la prueba vertida, ya que surgía de los testimonios de los señores Rocafort, Ordiex y Morales, que estos desconocían lo que conlleva una cláu-sula de arbitraje. Por lo tanto, no encontró que el foro pri-mario actuara mediante pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en su decisión.

En relación con la constitucionalidad de la ley, el Tribunal de Apelaciones determinó de acuerdo con nuestros pro-nunciamientos jurisprudenciales relacionados a la doctrina de autolimitación judicial, que en su función judicial de-bían abstenerse de dirimir la constitucionalidad del Art. 3C de la Ley Núm. 75, ya que no era necesario debido a que hay otro fundamento que puede disponer del caso. El Art. 3C de la Ley Núm. 75 no está en controversia, por lo cual no es necesario dilucidar su inconstitucionalidad. La cláu-sula de arbitraje que es objeto de la controversia se declaró inválida porque ambas partes estaban ausentes de la infor-mación necesaria para emitir un consentimiento válido. Por último, el foro apelativo estableció que el recurso pre-sentado no cumple con lo dispuesto por la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.

Insatisfecho, el 24 de octubre de 2011 Motorambar pre-sentó ante nos un recurso de certiorari junto con una mo-ción en auxilio de jurisdicción. En su recurso reprodujo los mismos errores planteados ante el foro apelativo intermedio.

II

A. El auxilio de jurisdicción

El inciso (a) de la Regla 28 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, dispone: “El Tribunal podrá expedir una orden provisional en auxilio de jurisdicción cuando fuere necesario hacer efectiva su jurisdicción en un asunto pendiente ante su consideración. A los fines de esta regla, se entenderá que el Tribunal atenderá, sin sujeción al trámite ordinario, cualquier asunto relacionado con el recurso presentado o pendiente, con el propósito de evitar alguna consecuencia adversa que afecte su jurisdicción o que pueda causar daño sustancial a una parte mientras resuelve el recurso.” Mientras el inciso (c) de esta regla señala como sigue: “Cuando una parte solicite una orden en auxilio de jurisdicción con la intención de paralizar la celebración de una vista, la misma deberá ser presentada no más tarde de cinco (5) días antes de la fecha pautada para la vista cuya celebración se pretende paralizar, ex-cepto que se demuestre causa justificada.” (Enfasis nuestro.) Id.

La decisión de paralizar el efecto de una decisión me-diante una solicitud de auxilio de jurisdicción que decrete o deniegue la paralización de los procedimientos, recae en la sana discreción del tribunal que debe guiarse por los crite-rios siguientes: (a) que el peticionario presente un caso fuerte de probabilidad de prevalecer en los méritos de la apelación; (b) que demuestre que a menos que se detenga la ejecución sufrirá un daño irreparable; (c) que ningún daño sustancial se causara a las demás partes interesadas, y (d) que la suspensión de la sentencia no peijudica el in-terés público. Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 D.P.R. 147, 154-155 (1978).

Motorambar presentó el petitorio en auxilio de jurisdic-ción con intención de paralizar la celebración de la vista sobre injunction preliminar y permanente, pautada para el mismo día en que se presentó la moción, es decir el 24 de octubre de 2011, la cual continuaría el 31 de ese mes y el 2 de noviembre próximo. El inciso (c) de la Regla 28 de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, establece que el peticiona-rio de la moción en auxilio de jurisdicción deberá presen-tarla al menos 5 días antes de la celebración de la vista. Motorambar incumplió sin justificación con esta Regla.

Una moción en auxilio de jurisdicción se expedirá en situaciones de urgencia donde existe el peligro de un daño sustancial, según lo establece el inciso (a) de la Regla 28 de este Tribunal, supra. El caso de autos no cumple con los elementos para que expidamos el auxilio. La moción en auxilio de jurisdicción en el presente caso deja de cumplir con los criterios y requisitos que hemos reiterado. Colegi-mos que el recurso carece de méritos ya que no existe ni la más remota posibilidad de causar “daños irreparables”. En la solicitud de auxilio de jurisdicción no se establece el daño que recibiría Motorambar con la dilucidación del injunction ante el tribunal de instancia. Advertimos, que en caso de prevalecer la postura de Motorambar, el contrato entre las partes provee para que este recupere de Quality todos los gastos y honorarios de abogados incurridos con relación a la determinación final y la transferencia o cam-bio de jurisdicción al foro arbitral. Véase Cláusula 36.3 del contrato, Apéndice, pág. 260. Por consiguiente, no existe correlación entre el daño alegado y las vistas de injunction por celebrarse en el tribunal.

Sin embargo, el paralizar los procedimientos interdícta-les ante el tribunal de primera instancia sí afectaría irre-mediablemente al distribuidor exclusivo, Quality, en claro detrimento de la política pública pautada a través de la Ley Núm. 75. Asimismo, opinamos que aún de concluirse que erraron los foros inferiores al no validar la cláusula de arbitraje, ello no impide que el foro primario emita el re-medio interdictal solicitado por Quality. Nótese que la Ley Núm. 75 permite la concesión del remedio provisional “[e]n cualquier pleito en que éste envuelva directa o indirecta-mente la terminación de un contrato de distribución o cual-quier acto en menoscabo de la relación establecida entre el principal o concedente”. Art. 3-A de la Ley Núm. 75, supra.

B. La improcedencia del recurso de “certiorari”

De acuerdo con la jurisprudencia federal, hemos expre-sado que los tribunales tenemos la tarea de dirimir si un acuerdo establece un deber de las partes de arbitrar una controversia. World Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., 125 D.P.R. 352, 361 (1990), citando a At & t Technologies, Inc. v. Communications Workers of America, 475 U.S. 643 (1986). Igualmente, en Rivera v. Clark Melvin Securities Corp., 59 F. Supp.2d 297, 305 (1999), el tribunal dispuso que corresponde a los tribunales decidir si existe o no un acuerdo válido para arbitrar.

Por otro lado, es harto conocido que de ordinario los con-tratos se perfeccionan mediante la concurrencia de los ele-mentos de la causa, el objeto y el consentimiento, 31 L.P.R.A. sec. 3391. En relación con el consentimiento, el Prof. José Vélez Torres, comentó que “[l]a prestación del consentimiento para que sea considerada válida, presume una voluntad capaz que sea, además, libre y que tenga completo conocimiento sobre lo que está haciendo; es decir, una voluntad que actúa libre y espontáneamente”. (Enfasis nuestro.) J.R. Vélez Torres, Curso de derecho civil: derecho de contratos, San Juan, Facultad de Derecho de la Univer-sidad Interamericana, 1990, T. V, Vol. II, pág. 45. Asi-mismo, citando con aprobación a Federico De Castro y Bravo y a Puig Brutau, dispusimos que “para que se en-tienda prestado el consentimiento a un negocio jurídico, ya expresa o implícitamente, es necesario que el declarante tenga conocimiento adecuado del alcance de su declaración”. (Enfasis en el original y nuestro.) Colón Gutiérrez v. Registrador, 114 D.P.R. 850, 863 (1983), ci-tando a Federico De Castro y Bravo, El Negocio Jurídico, Madrid, Gráficas Marisal, 1971, pág. 58; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. I, pág. 77. En este caso, las partes desconocían el alcance de sus declaraciones en torno a la Cláusula 36-1 de arbitraje establecida en el contrato que suscribieron. Los testimonios desfilados en la vista, a los cuales el foro primario confirió credibilidad, así lo demostraron. Por ende, las partes consintieron el contrato, salvo por la Cláusula 36-1, porque no estaban informados adecuadamente de lo que implicaba aceptarla.

Es también doctrina reiterada por este Tribunal que, salvo se demuestre que medió pasión, prejuicio, parciali-dad o error manifiesto del foro primario, los tribunales ape-lativos no debemos intervenir con la apreciación de la prueba del Tribunal de Primera Instancia. Rodríguez v. Urban Brands, 167 D.P.R. 509, 522 (2006). Esto es así, ya que los juzgadores del foro primario se encuentran en me-jor posición de aquilatar la prueba testifical y adjudicar credibilidad, ya que escuchan a los testigos y observan su comportamiento mientras declaran. Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62, 79 (2001). Como indicáramos anterior-mente, el foro primario, a base de la prueba presentada y los testimonios de los señores Rocafort, Ordiex y Morales, determinó que ambas partes no tenían la voluntad para consentir la cláusula de arbitraje. Conforme a la decisión emitida por el foro apelativo intermedio, consideramos que la determinación del foro de instancia está libre de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. En atención a ello, debemos otorgar en este caso deferencia al juez sen-tenciador en su apreciación de la prueba.

Por otra parte, es doctrina reiterada la regla de autoli-mitación judicial. Esta exige a los tribunales abstenerse de resolver una controversia por medio de un fundamento constitucional si le es posible solucionarla mediante algún otro fundamento de índole no constitucional. En armonía con lo anterior, el foro primario luego de aquilatar la prueba desfilada durante la vista, no consideró necesario pasar juicio sobre la constitucionalidad del Art. 3C de la Ley Núm. 75. La prudencia judicial de ese foro se basó en la prueba presentada durante la vista de la cual surgía diáfanamente que las partes no tenían voluntad de esta-blecer una cláusula de arbitraje en el contrato. Quedó pro-bado que tanto Quality como Motorambar desconocían el significado y las consecuencias de la cláusula. Es evidente que ninguna de las partes explicó la cláusula de arbitraje durante la contratación.

Asimismo, si consideramos la presunción establecida en el Art. 3C de la Ley Núm. 75 llegaríamos al mismo resultado. Nótese que la ley federal de arbitraje no ocupa el campo cuando las partes han establecido que la ley de un estado regirá el acuerdo de arbitraje. World Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., supra, pág. 358, citando a Volt Information Sciences, Inc. v. Board of Trustee of Leland Stannford Junior Univ., 485 U.S. 976 (1988). El contrato en su Cláusula 36-2, estableció que las decisiones del árbi-tro serán conforme al contrato o las leyes de Puerto Rico, en las áreas en que pueda existir algún vacío en el contrato. Evidentemente, las partes deseaban que en caso de surgir algún conflicto en torno al contrato fuera resuelto conforme a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico.

La Ley Núm. 448 de 28 de diciembre de 2000 (10 L.P.R.A sec. 278b-3), que enmendó la Ley Núm. 75, para incorporarle a esta última el Art. 3C, reitera la política de proteger a los distribuidores en su relación comercial con los principales. Establece lo siguiente:

Antes de que pueda invocarse o ponerse en vigor cualquier convenio de cláusula que obligue a las partes a resolver me-diante arbitraje cualquier controversia surgida bajo un con-trato de distribución otorgado al amparo del presente capítulo, será requisito indispensable antes de que dicha controversia pueda ser sometida a arbitraje, a solicitud de cualquiera de las partes, que un tribunal con jurisdicción en Puerto Rico determine que dicha cláusula o convenio de arbitraje fue suscrito en forma libre y voluntaria por ambas partes.
Existirá una presunción controvertible de que cualquier convenio o cláusula de arbitraje contenida en un contrato de distribución fue incluida o suscrita a instancia del principal o concedente, y de que cualquier convenio o cláusula que obligue a las partes resolver mediante arbitraje cualquier controver-sia surgida bajo dicho contrato es un contrato de adhesión, a ser interpretado y puesto en vigor como tal. (Enfasis nuestro.) íd.

Con la aprobación de esta ley, se persigue evitar aque-llas situaciones que han debilitado o disminuido la protec-ción ofrecida por la Ley Núm. 75. Es por ello que el legis-lador expresó, es altamente recomendable asegurar que la decisión de suscribir un acuerdo de arbitraje como parte de un contrato de distribución, que implica una renuncia al derecho a acudir al foro judicial, reciba por lo menos una protección específica de ley, al disponer que antes de poner en vigor cualquier convenio o cláusula de arbitraje sea re-quisito indispensable, a solicitud de cualquiera de las par-tes, que un Tribunal con jurisdicción en Puerto Rico determine que dicha cláusula o convenio de arbitraje fue suscrito en forma libre y voluntaria por ambas partes. Ex-posición de Motivos de Ley Núm. 448-2000.

Por otro lado, el Tribunal Supremo federal, en Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg., Co., 388 U.S. 395 (1967), interpretó las sees. 2, 3 y 4 de la Ley Federal de Arbitraje. Resolvió que las cláusulas de arbitraje son sepa-rables del resto del contrato que se incorporan, y que co-rresponde al tribunal, no a un árbitro, adjudicar un ataque a estas. Distinto es cuando se impugna la totalidad del contrato, en cuyo caso le corresponde a un árbitro dirimir esa controversia cuando se ha pactado el arbitraje para resolver las que se susciten. Large v. Conseco Finance Servicing Corp., 292 F.3d 49 (2002).

La controversia en el caso de autos trata sobre la vali-dez de la cláusula de arbitraje incluida en el contrato entre las partes. El Art. 3C de la Ley Núm. 75 exige que los tribunales adjudiquen si la cláusula de arbitraje se acordó de manera libre y voluntaria. Según la prueba testimonial, Quality y Motorambar, aunque discutieron otras cláusulas del contrato, no lo hicieron con la cláusula de arbitraje por-que desconocían su significado, alcance y no concurrió el acuerdo de voluntades necesario para consentimiento válido. Por lo tanto, la prueba que mereció la credibilidad del foro de primera instancia sostiene que ambas partes aceptaron el contrato, excepto lo dispuesto en la cláusula de arbitraje.

III

Por los fundamentos expuestos, denegaría la expedición del auto de certiorari, así como la solicitud de auxilio de jurisdicción.

       El Art. 3-A de la Ley Núm. 75 (10 L.P.R.A. sec. 278b-1) establece que cual-quier litigio en que esté involucrado el menoscabo a los derechos de un distribuidor, el tribunal podrá conceder cualquier remedio provisional o de naturaleza interdictal durante la pendencia del pleito para que se haga o se deje de hacer o para que se ordene a cualquier parte, o a ambas, continuar la relación tal y como existía esta antes del mencionado menoscabo.

       El recurso de certiorari presentado ante este Tribunal contiene un total de 26 páginas. El 24 de octubre de 2011 Motorambar presentó una moción para que se admitiera su recurso en exceso de las páginas permitidas por la Regla 17(j) del Reglamento de este Tribunal, 4 L.RR.A. Ap. XXI-A. Consideramos innecesario en este caso el exceso de páginas.