author: El Juez Asociado Sbñoe, Wole,

text:
    Francisco Fano, Tesorero Interino de Puerto Rico, demandante, v. Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, demandado; Primitivo Rocafort, interventor y apelante.
    No. 6491.

    Sometido: Marzo 12, 1935.

      Resuelto: Abril 24, 1936.

      B. Castro Femdnclez, abogado del apelante; Hon. Procurador General B. Fernandez García y B. Cordones Arana, Procurador General Auxiliar, abogados del demandante; Salvador Sum,, abogado del Síndico del Banco demandado.
   El Juez Asociado Sbñoe, Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Primitivo Eocafort estuvo empleado continuamente con el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Eico por espacio de más de treinta años. Con fecha 3 de noviembre de 1930 se le dirigió la siguiente carta:

“Tengo el placer de informar a usted que en reunión celebrada por la Junta de Directores de este Banco en noviembre 3, y en reco-nocimiento de los largos años de servicios fieles y eficientes prestados a esta institución, fué acuerdo jubilar a usted con una pensión vita-licia de ciento cincuenta dólares ($150) para tener efecto inmediato.
“La Junta al tomar este acuerdo entiende que está cumpliendo con un deber de gratitud para usted, ya que debido a su larga edad parece razonable y justo que usted se retire del servicio activo.
“Al comunicar a usted esta resolución me bago solidario de la disposición de la Junta y quedo ...”

Entonces Eocafort se jubiló y dicha pensión le fué pagada regularmente hasta el 30 de septiembre de 1932. Ese día-el banco pasó a manos de un Síndico y éste repudió los términos de la carta antes citada y se negó a pagar más dinero a Eo-cafort. El Síndico no solamente rehusó permitir al inter-ventor Eocafort que compareciera como acreedor corriente sino que le negó el derecho a presentar una reclamación de conformidad con su probabilidad de vida computada, a razón de $150 mensuales. Quizás lo uno es equivalente a lo otro.

Los autos guardan silencio sobre la naturaleza del Banco y su franquicia anterior, pero podemos asumir que estaba debidamente incorporado en armonía con las leyes bancarias de Puerto Eico. Tampoco hay nada en los autos que de-muestre si el Banco pasó voluntariamente a manos de un Sín-dico, o si su insolvencia, suspensión de pago o lo que fuera, le fué impuesta. Toda vez que el pleito fué iniciado por el Tesorero Interino contra el Banco Territorial y Agrícola, la probalidad es que el Banco fué llevado a los tribunales y que se designó un Síndico.

En el pleito instruido por el Tesorero, como ya bemos dicho, Primitivo Bocafort radicó una solicitud de interven-ción. Ésta fué concedida, mas la corte luego de celebrada una vista resolvió que el interventor no tenía reclamación sub-sistente contra el banco.

La corte fué del criterio que sólo estaba envuelta una do-nación por la suma de $150 al mes, que la donación fué un acto de mera liberalidad revocable a voluntad del donante, y que el interventor no tenía derecho a reclamar daños y perjuicios por su incumplimiento. La corte dijo que el Sín-dico actuó correctamente ya que el pagar la reclamación sería en detrimento de los acreedores del banco, cuya participación en los fondos de éste sería disminuida pro tanto; que la do-nación sólo podía comprender bienes presentes y no futuros, de acuerdo con los artículos 634 y 635 del Código Civil, y con-tinuó diciendo:

. . El donante en el presente caso, una persona jurídica, hoy suspensa en el ejercicio de sus funciones como consecuencia de la sin-dicatura, no pudo jamás obligarse a lo que no podía al ocurrir, como ocurrió, la paralización de sus negocios, fuente originaria de sus be-neficios de donde tenía que salir forzosamente la pensión, ya que para el pago de la misma durante la probable vida del donatario no hubo separación de fondos, y sí meramente un desembolso mensual de su caja, sin que se haya demostrado la existencia de cantidad alguna para seguir atendiendo la misma. ...”

La corte hace referencia al caso de Saldaña v. Comas, Síndico de la Central Vannina, 41 D.P.R. 339. Convenimos con el apelante en que los hechos de ese caso son distintos. La insistencia principal del apelante es que el aquí envuelto es un contrato entre el banco y Primitivo Bocafort; que en Puerto Bico pueden celebrarse contratos teniendo la pura liberalidad por causa, y que cuando una persona obligada a cumplir semejante contrato deja de hacerlo así, ella está sujeta a un pleito de daños y perjucios por su incumpli-miento.

Por el momento asumiremos con el apelante que la re-lación existente entre las partes litigantes fué la de acreedor y deudor o algo equivalente a ello. Hemos Rallado cierto número de casos que resuelven que cuando una corporación es llevada involuntariamente a manos de un Síndico, cesan los contratos por salarios. Williamson County Bank & Trust Co. v. Roberts-Bedford D. G. Co., 118 Tenn. 340, 101 S. W. 421; Lenoir et al. v. Linville Imp. Co., 126 N.C. 922, 36 S.E. 185. Véase la nota a este caso en 51 L.R.A. 146. “Thompson on Corporations” (3a ed.) Vol. 3, sec. 1883, p. 477. Los casos ingleses deciden lo contrario. El apelante se funda en parte en casos de allí. En Inglaterra el derecho a un sueldo parti-cipa aparentemente de la naturaleza de una propiedad he-reditaria incorpórea (incorporeal hereditament). El ape-lante también nos cita un caso de Louisiana, donde una cor-poración, enteramente solvente, pagó una suma de dinero-a la viuda de un funcionario y accionista por parte de un mes. La corte resolvió que no hubo oposición u objeción por los acreedores o accionistas; que el dinero pagado fué una do-nación y no podía ser recobrado.

Éste es prácticamente un caso de primera impresión. No hemos hallado nada exactamente igual a él en los libros. La. idea original del banco al hacer esta concesión a Primitivo Rocafort fué que tenía fondos disponibles, independiente-mente de las reclamaciones de sus acreedores o depositantes. En otras palabras, que existía un fondo independiente del cual podía pagarse este dinero, en la misma forma que se hace con las donaciones. ■ La teoría fundamental fué que el banco estaba recibiendo utilidades de las cuales podía hacer do-naciones o convenir en pagar una pensión. Ambas partes asumieron que el banco continuaría haciendo negocios inde-finidamente. Nos inclinamos a resolver que esta pensión era tan sólo una reclamación contra el banco si éste tenía fondos disponibles.’ Decimos esto asumiendo aún que la “pensión participara de la naturaleza de un contrato”.

Sin embargo, estamos dispuestos a convenir con la corte inferior en que esta pensión era una donación, revocable a instancias del donante o de la persona que a éste sustituyó, el Síndico en este caso.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Castro Colón, acusado y apelante.
    No. 6092.

    Sometido: Abril 15, 1936.

      Resuelto: Abril 24, 1936.

      Leopoldo Rojas Flores, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante en este caso fné acusado de un delito de daños maliciosos, imputándosele en la denuncia el hecho de haber, ilegal, maliciosa y voluntariamente y con la intención crimi nal de destruir bienes ajenos, lanzando piedras a nna bomba de gasolina propiedad de Antonio Colón, rompiendo el fanal >de dicha bomba y cansando daños por valor de $12.

Celebrado el juicio ante la Corte de Distrito de Ponce, ésta declaró al acusado culpable y le impuso una multa de $15 o la correspondiente pena de prisión subsidiaria. Contra esa sentencia se ha establecido el presente recurso.

Aparece de los autos, que al terminarse la presentación de la prueba de cargo el acusado formuló una moción de nonsuit, basándola en las siguientes cuestiones de derecho:

1. Incongruencia entre las alegaciones de la denuncia y los hechos probados, porque mientras la denuncia alega que la bomba era pro-piedad de Antonio Colón, de la prueba resulta que el dueño- de dicha bomba era Eliseo Colón.
2. Carencia absoluta de prueba en cuanto a la cuantía de los da-ños sufridos o en cuanto al valor de la propiedad destruida.
3. El fiscal no probó que el acusado, al destruir el fanal de la bomba, actuara sin el consentimiento de su dueño.

La corte sentenciadora declaró sin lugar la moción de nonsiát, el acusado tomó excepción y sobre esa excepción se basa el presente recurso.

Examinemos las tres cuestiones en el mismo orden en que han sido planteadas por el apelante.

Incongruencia entre las alegaciones y la prueba.

La denuncia dice que la bomba destruida era propiedad de Antonio Colón. La prueba testifical demostró que el ver-dadero nombre del dueño es Eliseo Colón.

Es indudable que existe una incongruencia en cuanto al nombre de pila del dueño de la propiedad damnificada o des-truida. Del récord no aparece si existen dos personas dis-tintas, una llamada Antonio Colón y otra Eliseo Colón; o si sólo existe una, llamada Eliseo Colón, a la que por equivoca-ción se le dió en la denuncia el nombre de Antonio.

El mero hecho de que exista una incongruencia entre lo alegado y lo probado no es por sí solo suficiente para justi-ficar' la revocación de una sentencia. Es necesario además que la incongruencia se refiera a una alegación esencial y ne-cesaria para la descripción del delito que se imputa al acu-sado y a la prueba aducida para sostener tal alegación. Si la alegación puede ser considerada como innecesaria, como sur-plusage, o en otras palabras, si eliminada esa alegación la de-nuncia contiene todavía todos los elementos necesarios para constituir un delito, en ese caso la incongruencia es inmate-rial, no perjudica en nada los derechos del acusado y no puede constituir causa bastante para revocar la sentencia. Véase: Underhill on Criminal Evidence (1935 Ed.), página 106, sec-ciones 85, 86 y 87.

El delito imputado al acusado en el presente caso, apa-rece descrito así en el Código Penal:

“Artículo 511. — Toda persona que maliciosamente dañare o des-truyere bienes muebles o inmuebles ajenos fuera de los especificadosen este Código incurrirá en misdemeanor.”

Los hechos esenciales de una acusación de esta naturaleza son: (a) haber dañado o destruido maliciosamente fina pro-piedad mueble o inmueble; y (6) ser ésa una propiedad ajena y no del acusado.

La denuncia en este caso contiene todos los elementos esen-ciales del delito. Le informa al acusado, que tiene que de-fenderse de la imputación de haber, a las cuatro de la madru-gada del día 9 de septiembre de 1935, destruido maliciosa-mente una propiedad ajena, que se describe como el fanal de una bomba de gasolina instalada en la calle 4 de Julio del pueblo de Orocovis y perteneciente a Antonio Colón, que es una persona distinta a la del acusado.

La descripción de la propiedad destruida, el hecho de ser los bienes de propiedad ajena, el sitio de emplazamiento de la bomba de gasolina y el día y hora de la comisión del delito, son hechos esenciales que deben ser probados substancial-mente; y una incongruencia entre una de esas alegaciones y la prueba sería fatal. Por ejemplo, no se podría sostener una acusación de haber destruido una bomba de gasolina, si de la prueba resultase que la propiedad realmente destruida era un aeroplano o un caballo; o si resultase probado que el acusado era el dueño de la propiedad destruida. Pero el nombre del dueño de la propiedad destruida no es una alega-ción esencial de la denuncia. Era suficiente informar al acu-sado que se le imputaba la destrucción de una bomba de pro-piedad ajena; y el liecbo de que el dueño se llame Antonio o Eliseo es inmaterial.

El Código de Enjuiciamiento Criminal, dispone:

“Artíexilo 79. — Cuando un delito trae consigo la realización de un daño privado, o una tentativa para causarlo, y en sus demás par-ticulares está descrito con la claridad necesaria para considerar pro-bado el becbo, una alegación errónea con respecto a la persona per-judicada, o que se intentó perjudicar, no es esencial.”

La Corte Suprema de California, interpretando el ar-tículo 956 del Código Penal de aquel estado, que es idéntico al artículo 79 de nuestro código, fia sostenido en numerosas de-cisiones que aun cuando de acuerdo con la regla del Derecho Común era esencial alegar y probar quién era el dueño de la propiedad sobre la que se había cometido el delito, sin embargo, de acuerdo con el artículo 956 del Código Penal la ale-gación del nombre del dueño de la propiedad hurtada o per-judicada no es parte esencial del delito imputado. Todo lo que requiere es que los hechos constitutivos del delito sean alegados y probados con suficiente claridad y certeza, para proteger al acusado contra una segunda acusación por el mismo delito. People v. Edwards, 59 Cal. 359; People v. Leong Quong, 60 Cal. 107; People v. Ribolsi, 89 Cal. 492; People v. Arras, 89 Cal. 223; People v. Smith, 112 Cal. 333; People v. Main, 114 Cal. 632; People v. Coyne, 116 Cal. 295; People v. Nunley, 142 Cal. 105; People v. Price, 143 Cal. 351.

Un estudio detenido de la evidencia presentada en el'caso de autos nos lleva a la conclusión de que el acusado no ha po-dido ser perjudicado por la alegada incongruencia, especial-mente si tomamos en consideración el hecho de que el acusado alegó y trató de probar una coartada. Seguramente el. acu-sado apelante nunca podrá ser acusado por segunda vez de haber destruido maliciosamente una bomba de gasolina, que lio era de su propiedad, y que el día 9 de septiembre de 1935 estaba emplazada en la calle 4 de Julio, del pueblo de Oro-covis. Debe desestimarse el error apuntado.

Carencia de prueba en cuanto al valor de la propiedad destruida.

El artículo 511 del Código Penal de Puerto Pico, bajo el cual se formuló la denuncia en el presente caso, no establece gradación alguna por razón del precio o valor de la propie-dad que hubiere sido destruida o dañada. El delito descrito en dicho artículo es siempre igual, como lo es la pena impo-nible, sea cual fuere el valor de la propiedad objeto del delito.

“Prueba del valor de los daños o de la avería causados, no es necesaria ni material a menos que el grado del delito o de la penali-dad dependa del valor de la propiedad destruida o dañada”. Underbill Crim. Evid. (1935), sección 537, pág. 1063, People v. Rice, 73 Cal. 220; People v. Chuey Ying, 100 Cal. 437.

No ha habido error alguno en cuanto a este particular.

Falta de prueba de que el acusado actuara sin el consentimiento del dueño.

Esta cuestión carece de importancia y es claramente frí-vola. El fiscal no tiene que alegar ni que probar la falta de consentimiento del dueño. Si el dueño de una propiedad des-truida hubiere dado su consentimiento para su destrucción, ese hecho sería materia de defensa; y es al acusado a quien incumbe la prueba de la existencia de ese consentimiento.

La sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Pascasio Fajardo Martínez, demandante y apelante, v. La Asamblea Municipal de Mayagüez, etc., demandada y apelada.
    No. 6714.

    Sometido: Marzo 6, 1935.

      Resuelto: Abril 24, 1936.

      Pascasio Fajardo Martínez, por su propio derecho; Oscar Souffront, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Pascasio Fajardo Martínez estaba ansioso de obtener del municipio de Mayagüez el usufructo de un pequeño solar para construir allí su oficina. Presentó la solicitud correspon-diente a la Asamblea Municipal, más no acompañó los planos del edificio. En 5 de diciembre de 1932 la asamblea refirió su solicitud al comité correspondiente, el cual informó favo-rablemente el mismo día. También en dicho día la asamblea aprobó una ordenanza concediendo el usufructo solicitado. Una escritura del mismo fué otorgada e inscrita en el Be-gistro de la Propiedad de Mayagüez. Posteriormente varias personas se opusieron por escrito y solicitaron se anulara la ordenanza. Alegaban que el terreno en cuestión formaba parte de una calle pública y una de ellas manifestó que el uso del terreno por Pascasio Fajardo impediría que tuviese ac-ceso a un garage de su pertenencia. La asamblea refirió la petición de nulidad a nn comité, que informó a la primera como sigue:

“La Comisión Jurídica informa que refirió ál director de obras públicas la impugnación de la ordenanza concediendo el uso y usu-fructo de un solar del municipio al Ledo. Pascasio Fajardo Martínez y el Director de Obras Públicas rindió el siguiente informe:
‘ ‘ ‘ En el plano de urbanización hecho por el Sr. Soler, fecha agosto de 1929, aparece como prolongación de la Calle Dr. Basora.
“ ‘Muy respetuosamente, (Fdo.) Alonso Aguilar, Director Obras Públicas. ’
“La Comisión concedió una audiencia a las partes interesadas donde se debatió ampliamente el asunto.
“Basándose en los argumentos aportados por las partes y por el Director de Obras Públicas, la Comisión recomienda:
“Se revoque la ordenanza aprobada por la Asamblea Municipal de Mayagüez en 5 de diciembre de 1932 concediendo al Ledo. Pas-casio Fajardo Martínez el uso y usufructo de un solar propiedad del Municipio.
“Mayagüez, P. R., 7 de marzo de 1933.”

Entonces la asamblea, mediante resolución redactada más o menos en forma de ordenanza, anuló o trató de anular la concesión del usufructo.

Pascasio Fajardo presentó una solicitud de certiorari a la Corte de Distrito de Mayagüez, la que expidió el auto y más tarde lo anuló. En contestación se presentó un return por la Asamblea Municipal de Mayagüez, que constituye parte de los autos en apelación.

La Corte de Distrito de Mayagüez estaba bajo la impresión de que por este return la corte no tenía derecho a entrar en cuestiones de becbo. Sin embargo, el auto no es el clásico de certiorari, sino una manera de proceder para revisar un acto legal o quizá de otra índole de una asamblea municipal. Padilla v. Corte, 35 D.P.R. 301; Pueblo v. Oms, 34 D.P.R. 455.

Hemos ido al extremo de indicar que cuestiones aliunde podrían ser investigadas en el curso de un procedimiento como el presente. Pueblo v. Oms, supra. La apelada sostiene, y así lo resolvió la corte de distrito, que los planos del edificio debieron haber acompañado la petición original. En reali-dad, los planos no fueron presentados hasta el 20 de enero de 1933, y si el municipio no insistió podría considerarse que renunció a los mismos.

El apelante trata de atacar la resolución de marzo 1, 1933, por no estar redactada ésta en forma de una ordenanza. Convenimos, sin embargo, con la apelada en que sustancialmente era una ordenanza, suponiedo, desde luego, que el municipio tuviera derecho a revocar su actuación anterior.

Examinando el informe de la comisión jurídica que sirvió de base a la actuación de la asamblea de marzo 1, 1933, puede concebirse que el mismo no fuera enteramente concluyente para el apelante si en realidad él hubiera tratado de elevar prueba aliunde para demostrar la naturaleza parafernal del solar.

La corte, es cierto, entró sólo muy ligeramente, si acaso,en la cuestión de si el solar formaba parte de una calle pú-blica, y hemos tenido algunas dudas acerca de si podría no haberlo hecho.

Sin embargo, examinando los autos hallamos que cuando la comisión jurídica consideraba la naturaleza pública o para-fernal del terreno, se le sometieron tres planos de la ciudad de Mayagüez. La apelada sostiene que estos planos demues-tran que el sitio era en realidad la continuación de la calle del Doctor Basora. Los planos no han sido elevados a este tribunal y el dejar de hacerlo así milita contra el apelante.

No sólo ha dejado el apelante de elevar estos planos, sino que no ha hecho nada para demostrar que la asamblea municipal no tuvo ante sí suficiente prueba para llegar a su de-terminación final.

Por tanto, se hace innecesario discutir las cuestiones de derechos adquiridos o las consideraciones de ley constitucio-nal. Somos de opinión que si la calle del Dr. Basora fué de-finitivamente dedicada al público, no se demostró violación alguna de los derechos de propiedad ni infracción de dere-chos constitucionales.

El apelante habla de que no se le notificó con treinta días de anticipación al fijado para la celebración de la asamblea, mas como él asistió a ella, aparentemente sin protesta alguna, debe pasarse por alto tal objeción.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávtla,

text:
    José Bas Aquilar, demandante y apelado, v. Junta de Retiro de los Funcionarios y Empleados Permanentes del Gobierno Insular, compuesta por Manuel V. Domenech, Charles H. Terry, José G. López, Dr. E. Garrido Morales y Pablo L. Sosa, demandada y apelante.
    No. 6654.

    Sometido: Marzo 17, 1936.

      Resuelto: Abril 24, 1936.

      Eon. Procurador General B. Fernández Garcia (Benjamin J. Horton en el alegato) y T. Torres Pérez, Subprocurador, abogados de la apelante; L. Tirado Géigél, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávtla,

emitió la opinión del tribunal.

José Bas Aquilar solicita de la Corte de Distrito de San Juan la expedición de un auto de mandamus ordenando a la Junta de Retiro de los Funcionarios y Empleados del Go-bierno Insular de Puerto Rico que proceda a decretar el re-tiro del demandante por separación involuntaria del servicio de acuerdo con la ley.

Alega el peticionario que desempeñó el cargo de secreta-rio de la Corte Municipal de Bayamón desde el 3 de octubre de 1916 hasta el 21 de abril de 1932; que con anterioridad a esa fecha, cuando se hallaba ejerciendo el cargo mencionado, dirigió a la Junta demandada una solicitud de retiro por se-paración involuntaria de acuerdo con el artículo 9 de la Ley núm. 104 de 1925; que hizo dicha solicitud porque estaba próximo a vencer el término de cuatro años por el cual fue nombrado para el referido cargo; que nunca ha manifestado su voluntad de abandonar el cargo mencionado, y que por el contrario, abrigaba el propósito de continuar desempeñán-dolo; que la Junta demandada denegó la solicitud por en-tender que un funcionario nombrado por un término fijo no debe considerarse como separado involuntariamente al ven-cerse el término de su nombramiento y que ha solicitado va-rias veces, sin éxito alguno, la reconsideración de dicho acuerdo.

La corte inferior, después de oír a las partes, expidió un auto perentorio de mandamus ordenando a la Junta que pro-cediera a decretar el retiro del peticionario por separación involuntaria del servicio con la pensión que le corresponde de acuerdo con la ley. De esta sentencia apeló la referida Junta alegando que el tribunal sentenciador cometió error al inter-pretar el artículo 9 de la Ley núm. 104 de 1925 (pág. 949), declarando que sus disposiciones son aplicables al presente caso, y al decretar el auto perentorio de mandamus solicitado por el peticionario.

El artículo que se considera erróneamente interpretado dice así:

“Si un funcionario o empleado de cuarenta o más años de edad, a quien esta Ley sea aplicable, después de haber servido por un pe-ríodo total no menor de quince años y antes de tener derecho al re-tiro, fuese separado involuntariamente por cualquier motivo, excepto destitución, del servicio civil clasificado o no clasificado tendrá de-recho a una pensión vitalicia anual igual al dos (2) por ciento del promedio de sus sueldos o compensaciones básicas anuales durante los siete últimos años de servicios computables, multiplicado por el nú-mero de años de servicios. Si un funcionario o empleado que recibe una pensión de acuerdo con las disposiciones de esta sección, retor-nase al servicio activo, su pensión cesará y él contribuirá otra vez al fondo de retiro de los funcionarios y empleados del Servicio Civil en la misma forma y en igual proporción en que hacía antes de ser separado del servicio. En la época de su subsiguiente retiro se le acreditarán los servicios prestados antes de su separación del Gobierno y los prestados después de haber vuelto al servicio activo.”

El artículo anteriormente transcrito, en vigor cuando el peticionario quedó separado de su empleo y cuando se inició esta acción, tiende a proteger a todo funcionario o empleado que, no teniendo aún derecho al retiro, pero que tenga cua-renta o más años de edad y haya servido por un período no menor de quince años, sea separado involuntariamente del servicio por cualquier motivo, excepto destitución.

La única cuestión a decidir en este caso es si el peticio-nario, habiendo expirado el término del cargo para el cual fue nombrado y no habiendo sido nombrado nuevamente, a pesar de estar dispuesto a continuar en el desempeño del mismo, puede considerarse separado involuntariamente del servicio.

A juicio de la Junta apelante no puede entenderse que un funcionario o empleado ha quedado separado de su cargo por el vencimiento del término del mismo. La separación es actuación de parte y nunca puede resultar de la expiración del término. Para la parte apelada no es lo mismo separa-ción del servicio, como dice la ley, que separación del cargo. El precepto legal citado se refiere a una separación involun-taria del Servicio Civil, por cualquier motivo excepto desti-tución, y según la parte apelada el vencimiento del término no implica precisamente que dicho funcionario o empleado abrigue la certeza y convicción de que habrá de abandonar el servicio del gobierno. Por el contrario, parece lo natural que un individuo que ha dedicado ya quince años de su vida a servir al gobierno, tienda a continuar prestando sus servi-cios al mismo y lo espere así en ausencia de circunstancias que le induzcan a abandonarlo por su propia determinación. Dicho funcionario o empleado puede ser nombrado o trans-ferido a otro puesto en el gobierno, y continuar en el Servicio •Civil, a pesar de estar próximo a expirar o haber expirado •el término por el cual fue nombrado.

La cuestión planteada merece ser cuidadosamente estu-•diada. El empleado que acepta un cargo que tiene un tér-mino fijo, sabe que al expirar ese término puede recibir un nuevo nombramiento o cesar en sus funciones por haberse nombrado a otra persona en su lugar. ¿Constituye la pér-dida del empleo en estas condiciones una separación invo-luntaria del cargo? No conocemos ninguna decisión judicial que haya resuelto esta cuestión hasta la fecha. La corte de distrito en su decisión cita dos opiniones que emanan de la oficina del “Comptroller General” interpretando el artículo 7 del “Retirement Act” del gobierno federal. Dicho artículo dice en parte como sigue:

“Si algún funcionario de cincuenta y cinco años de edad o más, a quien esta Ley se aplica, después de haber servido por un período total de no menos de veinte años y de venir a ser elegible para el retiro, bajo las condiciones definidas en el artículo 1ro., es separado involuntariamente del servicio, no mediante destitución por causa de-bido a mala conducta o delincuencia, tal empleado tendrá derecho a ■que se le pague a su elección ...” (Bastardillas nuestras.)

Como se ve, la ley federal usa las mismas palabras de muestra ley: “involuntariamente separado del servicio.”

El “Comptroller General”, en -el caso de Jacob Leven-sen, resuelto en 20 de diciembre de 1932, dijo lo siguiente en una opinión:

“Desde luego, ‘involuntariamente separado del servicio’ quiso re-ferirse primeramente a separaciones del servicio por razones admi-nistrativas sobre las cuales el empleado no tiene control, tales como ■carencia de trabajo o de fondos, reducción en la fuerza, etc., pero la excepción expresa de separaciones involuntarias dentro del signifi-cado de la ley de ‘destitución por causa mediante cargo de mala con-ducta o delincuencia’ indica, conforme a la máxima legal expressio ■unius est exclusio alterius, que todas las separaciones del servicio ^contra la voluntad o sin el consentimiento del empleado que no sean decretadas por causas basadas en mala conducta y delincuencia de-ben .ser clasificadas como involuntarias. ’ ’

El “Comptroller General” interino, en 11 de noviembre' de 1933, se expresó así:

“La expiración del período por el cual se hizo un nombramiento' temporero constituye una involuntaria separación dentro del signi-ficado del artículo 8o. de la ley de junio 16, 1933, y el artículo 7 de ley de mayo 29, 1930, 64 Stat. 474.”

También el Procurador General de Pennsylvania, citadoen Corpus Juris (Cyc. Service ann. 1927-1931, p. 2569), se expresa así interpretando una disposición similar a la con-tenida en el artículo 9 de la Ley de Retiro:

“¿Podemos nosotros decir que la cesación de un hombre en el servicio es voluntaria cuando él no ba ejercido otro acto de voluntad en el asunto.que aquél que pueda estar envuelto en su consentimiento-a figurar como candidato para un cargo electivo que tiene un tér-mino definido? En el ‘Century Dictionary and Cyclopedia’ la pa-labra ‘voluntary’ se define como sigue: ‘Que emana de la voluntad;, que se ha hecho de nuestro propio acuerdo o se debe a nuestra pro-pia elección; libre de intervención extraña, fuerza o influencia; no-impuesto, hecho o sugerido por otro; espontáneo, de propio acuerdo,, libre. ’
“Al dar efecto al lenguaje que la legislatura usó con la mani-fiesta intención de cubrir a todas las personas en la asociación de re-tiro, parece razonable concluir que cuando el término de un funcio-nario electivo, que no se haya sucedido a sí mismo expira, su cesa-ción en el servicio debe ser considerada como no voluntaria. Es in-teresante saber que las autoridades de Nueva York han dado a la expresión ‘discontinued from service through no fault of his own’, una inteiqoretación similar.
“El mismo razonamiento se aplica y la misma conclusión debe-establecerse en el caso de un funcionario nombrado por un término-definido. El puede no continuar en el servicio de su propio acuerdo. El poder que nombra, al tiempo de la expiración del término, puede-solamente determinar si él va a continuar en su posición. La con-clusión sería distinta, desde luego, si el funcionario decidiera ofrecer su renuncia al expirar su término o con anterioridad. Esta acción, formalmente tomada, sería evidencia de una cesación voluntaria.”' 12 Dist. & Co., Reports, 206.

Las opiniones del “Comptroller General” y del Procu-rador General de Pennsylvania, si bien carecen del alcance-de una decisión judicial, pueden tener para nosotros el peso de su razonamiento. El precepto legal que venimos comen-tando ofrecía al funcionario o empleado de cuarenta años o más una pensión vitalicia habida cuenta de los servicios pres-tados por un período no menor de quince años. Los servi-vicios recibidos por el g’obierno, una vez transcurrido este período, no varían por el hecho de que el empleado haya desempeñado su cargo por un término fijo o por un tiempo indefinido. No hay razón aparente para establecer distin-ciones. No la hay tampoco para mediante una interpreta-ción restrictiva privar a un empleado o funcionario de los beneficios de la ley. Esta pensión se concede únicamente al funcionario o empleado separado involuntariamente por cual-quier motivo excepto destitución. El presente caso no cae dentro de la excepción porque el peticionario no ha sido des-tituido. Se trata de un caso de separación y si ésta ha sido involuntaria no puede negarse el derecho al retiro y a per-cibir la pensión. La voluntad del peticionario no ha tenido intervención alguna en su cesantía, según se deduce de las alegaciones de la demanda. Quedó separado del cargo al ex-pirar su término por actos ajenos a su voluntad ejercitados contra sus propios deseos.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Juan Antonio Machado, demandante y apelado, v. The American Railroad Co. of Porto Rico, demandada y apelante.
    No. 6963.

    Sometido: Marzo 18, 1936.

      Resuelto: Abril 28, 1936.

      M. Acosta Velarde, abogado de la apelante; García Méndez- <& García Méndez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Seño®, Córdova D Ávila,

emitió la opinión del tribunal.

La Comisión Industrial de Puerto Rico concedió a Juan Antonio Machado la cantidad de $1,350 por la pérdida de una pierna mientras se encontraba trabajando en su calidad de obrero. Posteriormente el obrero lesionado inició una acción de daños y perjuicios en contra de la American Railroad Co. of P. R. solicitando indemnización por los daños sufridos en el mismo accidente. Admitió la compañía ferro-viaria mediante, estipulación que el accidente que produjo la-pérdida de la pierna del demandante se debió sola y exclusi-vamente a su culpa, descuido y negligencia. Admitió el de-mandante haber recibido $1,350 en concepto de indemnización por dicho accidente de acuerdo con la ley de indemnizacio-nes a obreros de 1928. En virtud de la referida estipulación las partes convinieron en someter a la corte las siguientes cuestiones de derecho:

A. ¿Tiene el demandante Juan Antonio Machado derecho a demandar a The American Railroad Co. of P. R. y recibir indemnización de acuerdo con la ley de indemnizaciones por accidentes del trabajo?

B. En el caso de qne la corte resolviese qne el demandante tiene derecho a demandar a la compañía ferroviaria y reci-bir nna indemnización de ésta, ¿a qué cantidad tiene derecho el demandante, considerando los hechos estipulados?

La Corte de Distrito de Aguadilla contestó la primera pregunta en la afirmativa y resolviendo la segunda concedió al demandante $1,800 como indemnización, haciendo constar que se reservara la cantidad de $1,350 que recibió el deman-dante por resolución de la Comisión Industrial hasta tanto se ventilase el derecho del patrono que hizo el pago, que es la Central Cambalache.

La apelante señala cuatro errores que argumentaremos conjuntamente, ya que las cuestiones envueltas están íntima-mente relacionadas y se reducen a resolver si la corte inferior estuvo acertada o no al establecer sus conclusiones, res-pondiendo a las preguntas formuladas por las partes.

Empieza la demandada apelante llamando la atención a un error de la corte inferior comentando el artículo 45 de la ley (núm. 85 de 1928, pág. 631), que textualmente dice así:

'‘En los casos en que la lesión por la cual el obrero tiene derecho a indemnización de acuerdo con esta Ley, le hubiere sido causada bajo circunstancias que creen una responsabilidad contra tercera persona o contra el patrono por lesiones causadas por su acto ilegal o negli-gencia criminal (willful midconduct) o por defecto en las maquina-rias o implementos si el obrero o sus herederos hubieren recibido in-demnización, de acuerdo con esta Ley, del fondo de seguros del Es-tado, la Comisión Industrial se subrogará en los derechos del obrero lesionado o sus herederos, y podrá entablar y obtener daños y per-juicios de la tercera persona o del patrono responsable de dicha le-sión, los cuales daños y perjuicios, una vez obtenidos, serán ingre-sados en el Pondo de Indemnizaciones a Obreros a beneficio del grupo particular en que estaba clasificada la ocupación del obrero lesionado.”

Sostiene la corte inferior qne el artículo anteriormente transcrito no tiene aplicación al presente caso, porque la de-mandada no se ha declarado culpable de negligencia criminal sino de mera negligencia o • descuido. El razonamiento es erróneo. Aunque la demandada hubiese sido culpable de un acto ilegal o negligencia criminal, no serían aplicables las dis-posiciones del artículo referido, porque de acuerdo con el ar-tículo 4 de la misma ley no son accidentes del trabajo y no darán, por consiguiente, derecho a indemnización al obrero o a sus herederos, los que ocurran “cuando la lesión le haya sido causada al obrero por el acto criminal de una tercera persona.” Cuando una tercera persona incurre en responsabili-dad que no constituye negligencia criminal, para con un obrero cuyo patrono esté asegurado con el fondo del estado, la Comi-sión Industrial se subrogará en los derechos del obrero lesio-nado o sus herederos, y podrá entablar y obtener daños y per-juicios de esa tercera persona. También puede hacerlo así cuando el patrono haya sido culpable de negligencia criminal (willful misconduct) y se halla asegurado con el fondo del estado. En uno y otro caso el obrero lesionado tiene un de-recho claro a dirigirse directamente contra la parte respon-sable y es por esta razón que la Comisión Industrial puede subrogarse en los derechos del obrero lesionado.

Es indudable que el obrero puede demandar al patrono en ciertas y determinadas circunstancias que se especifican en los artículos 31, 33 y 44 de la ley, y no es menos cierto que puede demandar también a una tercera persona, cuando así lo desee, sin que esté sujeto en el ejercicio de su derecho a limitación legal alguna. El artículo 44 de la ley dice así:

“Nada de lo contenido en esta Ley se interpretará en el sentido de privar al obrero lesionado, o a sus herederos de acuerdo con esta Ley, en caso de muerte, de la renuncia de las disposiciones de esta Ley, en cualquier tiempo antes de recibir compensación en virtud de la misma, y a reclamar y obtener daños y perjuicios de su patrono, de acuerdo con las lesiones sufridas por dicho obrero si hubieren sido causadas por acto ilegal o negligencia criminal de su patrono (willful misconduct) ; Disponiéndose, que solamente en ese caso de renuncia y en los demás prescritos en la presente, tendrá el obrero comprendido •en esta Ley, o sus herederos de acuerdo con la misma, derecho a ejer-citar la acción de daños y perjuicios contra el patrono.”

Como se ve, en caso de negligencia criminal o acto ilegal ■el obrero puede promover una acción de daños y perjuicios contra su patrono, si renuncia la indemnización estatutaria.

Las disposiciones transcritas demuestran claramente que no pudo ser la intención legislativa conceder a la Comisión Industrial el derecho de subrogación cuando el accidente fue causado por el acto ilegal o negligencia criminal de una ter-cera persona, por la sencilla razón de que un accidente ocu-rrido en estas condiciones no está cubierto por las disposi-ciones de la ley. La Comisión Industrial, que no viene obli-gada, en estas circunstancias, a conceder al obrero cantidad alguna, no puede tener un derecho de subrogación para re-clamar una suma que el fondo del estado no ha desembol-sado y que no está obligado a desembolsar.

El artículo 45 de la ley, que es el único que hace mención •de terceras personas, no impide que el obrero pueda promo-ver una acción de daños y perjuicios contra un tercero, aun-que haya recibido indemnización dentro de la ley por el mismo 'accidente. Aún en el caso de que el fondo de seguros del es-tado hubiese satisfecho la correspondiente indemnización al demandante por el accidente, no estaría éste impedido de pro-mover una acción contra la compañía ferroviaria, ya que el artículo 45 sólo dice lo siguiente:

“ ... la Comisión Industrial se subrogará en los derechos del obrero lesionado o sus herederos, y podrá entablar y obtener daños y perjuicios de la tercera persona ...”

El derecho de la Comisión Industrial a la subrogación no es óbice para que el obrero obtenga la indemnización que le corresponda del tercero culpable, mediante una acción judicial. El hecho de que una persona tenga derecho a subro-garse en los derechos de otra, no impide que ésta ejercite una acción para hacer valer sus derechos. La persona con de-recho a subrogarse puede reclamar lo obtenido por el obrero en dicha acción. La subrogación no implica xm derecho ex-clusivo para ejercitar la acción. Cameron & Co. v. Gamble, 216 S. W. 457; Scalise v. Venzie & Co., 152 A. 90; Reynolds v. Grain Belt Mills Co., 78 S. W. (2d) 124, 130. En Maltz v. Sherwood Brothers, 176 A. 842, se sostiene que el derecho de subrogación de un patrono tiene que ser ejercitado mediante una acción promovida a nombre del obrero lesionado. Si éste promueve la acción después de recibir la compensación, la Comisión Industrial tendrá derecho a una reclamación que cubra la suma que le satisfizo al obrero.

Hay leyes de este carácter en los Estados Unidos que disponen que en estos casos el obrero tiene derecho a elegir si aceptará la compensación que le concede la ley o si promo-verá una acción de daños y perjuicios contra el tercero culpable del accidente. (Mass., Mich., Minn., N. Y., Old., Utah, Idaho, Me., Ore., Mont.). El estado de Washington no per-mite la elección. Todas las indemnizaciones deben recla-marse dentro de la ley por accidentes del trabajo. (Leyes-de 1911, p. 356, seo. 5.) Las decisiones de los tribunales en estos estados no pueden tener aplicación en Puerto Rico, donde no existen los preceptos interpretados y comentados por dichas decisiones. Hay estados que tienen disposiciones específicas en cuanto a la acción contra una tercera persona por el obrero o sus representantes. En el tomo 71, p. 1534, de Corpus Juris, se dice lo siguiente:

“En la ausencia de una disposición estatutaria o constitucional un obrero no está obligado a elegir y el hecho de que haya recibido compensación bajo la ley, no impide que inicie una acción contra la tercera persona que ha causado el accidente.”

En el estado de Pennsylvania no se requiere esa elec-ción, pero la ley dispone que el patrono, de acuerdo con el artículo 319 de la ley, se subrogue en los derechos del obrero en la suma que haya satisfecho. La Corte Suprema de dicho estado, en el caso de Scalise v. F. M. Venzie, supra, dijo lo siguiente:

“La apelada recibió una suma como compensación bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Pa. St. 1920, sec. 21916 et seq.), y se alega que de acuerdo con el art. 319 (Pa. St, 1920, sec. 22016), toda vez que la apelada depende del obrero y ha recibido compensación, no tiene derecho a iniciar este litigio, puesto que el derecho de acción pertenece exclusivamente al patrono, quien queda subrogado para reclamar la cantidad que ha satisfecho en vir-tud del accidente. Se cita el caso de Smith v. Yellow Cab Co., 288 Pa. 85, 135 A. 858. Lo que se decidió en este caso fué lo siguiente: que el art. 319 subroga al patrono en cualquier suma que pague al obrero o sus dependientes, con motivo de un accidente ocasionado por una tercera persona. La decisión no sostiene que el patrono es la única persona que puede demandar. El tenor de ésa y otras deci-siones es en sentido contrario. El caso de Yellow Cab apoya con tanta fuerza este aspecto de la subrogación que aun en el caso de que el obrero transigiera con el tercero culpable, el derecho del pa-trono a reclamar la suma satisfecha no cesaría, aunque sus derechos pueden perderse por abandono. En el primer caso, que consideró el derecho de acción del patrono (Mayhugh v. Somerset Telephone Co., 265 Pa. 496, 109 Atl. 213), la corte inferior designó una porción de la sentencia para beneficio del patrono. Nosotros desestimamos la apelación sosteniendo la orden sin discutir los derechos del obrero. El artículo 329, al decir ‘se subrogará hasta el montante de la com-pensación que se pague’, no quiere decir qrre el derecho para recla-mar contra el culpable descansa en el patrono exclusivamente, ni hay nada en la ley que sugiera tal interpretación.
“El derecho de acción permanece en el obrero lesionado; la de-manda debe promoverse a su nombre; el patrono puede comparecer como un demandante adicional, según se hizo en Gentile v. Phila. & Reading Ry., 274 Pa. 335, 118 A. 223; o puede, como se hizo en Mayhugh v. Somerset Tel. Co., supra, intervenir para el propósito de protección o puede, según se sugirió en Smith v. Yellow Cab Co., supra, notificar al tercero culpable del hecho de la existencia del em-pleo, y de los pagos que fueron hechos o que van a ser hechos a favor del obrero. Al patrono, además, no debe negársele el derecho de demandar por el hecho de que el obrero no lo haga, pero puede instituir la acción en el nombre de éste.”

En New Jersey aparentemente no existe ley alguna exi-giendo que se elija uno u otro remedio, según se deduce del caso de Jacowitz v. Delaware L. & W. R. Co., 87 N.J.L. 273, 92 A. 946, donde la Corte de Errores y Apelaciones se ex-presó así:

“El último motivo de error que se alega por el abogado del ape-lante para solicitar la revocación de la sentencia, es que el juez sen-tenciador se negó a transmitir al jurado una instrucción para que rindiera un veredicto en favor del demandado. El apelante alega que tenía derecho a esta instrucción, ya que aparece que el deman-dante recibió compensación en un procedimiento contra Magor Car Company, su patrono, bajo ia Ley' de Compensaciones del Trabajo •por las-lesiones que se le infirieron, habiendo el demandante exone-rado de toda ulterior responsabilidad a su referido patrono Magor Car Co.; que la referida compañía fue culpable también del acci-dente y que esa exoneración tuvo el carácter de exonerar al apelante. Esta argumentación puede contestarse de dos maneras:
“En primer lugar la compensación satisfecha por el patrono Magor Car Co. al demandante lo fue en cumplimiento de una obli-gación que surge de la ley y que puede calificarse de un contrato estatutario entre patrono obrero. En virtud de los términos de este contrato estatutario, el obrero tenía derecho a compensación, irrespectivamente del hecho de que el patrono fuese negligente o no. Si bien el demandante no tenía el deber de exonerar al patrono, el hecho de la exoneración no hace surgir la presunción de que fuese dada al patrono para exonerarlo como un ‘joint tort feaser’ en pre-sencia del hecho de que existía un procedimiento en corte contra el patrono por el demandante, bajo la Ley de Compensaciones del Tra-bajo, en el cual el montante de la compensación había sido reducido a la suma de $800, habiéndose dado la exoneración por esta suma.
“En Newark Paving Co. v. Klotz, 85 N.J.L. 432, 91 Atl. 91, con-firmado en apelación por esta corte se sostuvo que un obrero lesio-nado en un accidente ocurrido en el curso de su empleo, por el cual era responsable otra persona distinta de su patrono, no perdió su derecho a compensación bajo la ley de 1911 (P. L. 1911, pág. 334), por razón de una transacción y exoneración del tercero culpable. Es verdad que en el presente caso la exoneración fué dada al pa-trono y no a la persona culpable, como ocurrió en Newark Paving Co. v. Klotz, supra, pero esta diferencia en ese respecto no afecta en el más mínimo grado la aplicabilidad del principio relativo al efecto legal de tal exoneración adoptado en dicho caso, al que ahora consideramos. ’ ’

De acuerdo con las decisiones citadas, qne comentan es-tatutos muy similares al nuestro en relación con la cuestión planteada, el obrero puede reclamar indemnización de una tercera persona culpable del accidente aunque baya recibido compensación de acuerdo con la Ley de Accidentes del Trabajo.

Alega la demandada apelante que el artículo 1119. del Código Civil, edición 1930, es aplicable al presente caso. Dispone este artículo que el que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad. Se arguye que la persona que satisfizo al obrero la compensación concedida por la Comisión Industrial ha quedado subrogada en sus derechos y que sólo ella está autorizada para promover esta acción. En nuestro sentir, la subrogación no limita el derecho del obrero para dirigirse contra el tercero culpable. Si por el hecho de la subrogación se prohibiese al obrero demandar a la tercera persona, el resultado sería que el tercero, culpable del acto torticero, quedaría relevado de satisfacer cualquier suma que hubiese tenido la obligación de pagar, en exceso de la satisfecha por el patrono, en caso de que hubiese sido directamente demandado por el obrero. En esta acción en que patrono y obrero son partes interesadas, la responsabilidad de la demandada debe ser una e indivisible, ya que no sería razonable someterla a las molestias e inconveniencias de dos acciones, una de parte del obrero y otra del patrono. Opinamos que cuando el obrero no ejercita la acción, el patrono puede hacerlo a su nombre, y que cuando la acción se ejercita por el obrero, el primero tiene derecho a intervenir. Quizá la mejor práctica sería que ambos se unieran para promover la acción.

Es claro, en nuestro sentir, que la acción promovida por el demandante en este caso está permitida por la ley, sin que esto quiera decir que el obrero pueda enriquecerse reci-biendo una doble indemnización por el mismo accidente. Si la cuantía de los daños y perjuicios excede de la compensa-ción que obtuvo el obrero, de acuerdo con la ley por acciden-tes del trabajo, la persona que satisfizo esta compensación tendrá derecho a recibir una cantidad igual a la compensa-ción pagada.

En cuanto a la cuantía concedida en concepto de daños y perjuicios, no creemos que la corte a quo haya concedido una suma excesiva. La Comisión Industrial concedió como com-pensación al demandante la cantidad de $1,350. La corte de distrito condena a la demandada a satisfacer la suma de $1,800 por la pérdida de la pierna y la incapacidad que le ocasiona para su trabajo durante el resto de su vida, y las angustias morales y mentales sufridas. El tribunal, en su sentencia, ordenó que se reservara la cantidad de $1,350 de la suma con-cedida que recibió el demandante según resolución de la Co-misión Industrial de Puerto Rico, hasta tanto pudiesen ven-tilarse los derechos del patrono que hizo el pago. Esta parte de la sentencia en nada afecta a la parte demandada y no ha sido impugnada por ninguna de las partes. La corte de dis-trito, como cuestión de hecho, le ha concedido al demandante la cantidad de $400 adicionales. Los derechos de este de-mandante es la única cuestión pendiente ante esta corte.

En el caso de Black v. Chicago Great Western R. Co., 174 N. W. 774, 780, se inició una acción por el obrero después de haber recibido compensación de acuerdo con la ley de acci-dentes del trabajo. La corte confirmó el fallo de la corte inferior, expresándose así al terminar la opinión que emitiera en dicho caso:

“Bajo las peculiares circunstancias demostradas, se devuelve el caso con la instrucción de que el patrono sea hecho parte, a fin de que cualquier compensación que haya sido pagada por él pueda ser deducida de la sentencia y satisfecha a él y el balance al deman-dante. ’ ’

En el presente caso la propia parte demandante se ha en-cargado de solucionar cualquier dificultad, puesto que no ha hecho objeción alguna a la sentencia dictada por la corte inferior, reservando la suma satisfecha hasta tanto se ventilen los derechos de la persona que hizo el pago.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor HutohisoN,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Santiago Cruz Zalduondo, acusado y apelante.
    No. 5823.

    Sometido: Enero 14, 1936.

      Resuelto: Abril 28, 1936.

      A. García Veve, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor HutohisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Santiago Cruz Zalduondo fué convicto de acometimiento y agresión grave, cometido según se alegaba, maliciosamente y con intención criminal en la persona de Juan Cruz. La herida, que se describe en la denuncia como de carácter leve, se alegaba que había sido inferida con un arma cor-tante. La sección 6 de la ley aprobada en marzo 10, 1904 (Estatutos 1911, sección 5664) lee en parte como signe:

“See. 6, — Todo acometimiento y agresión será considerado con circunstancias agravantes en los siguientes casos:
“9. — Cuando se cometiere con intención premeditada para el fin calculado de inferir graves heridas corporales.”

Las palabras “by the use of means calculated to infUct great bodily injury” aparecen en la versión castellana así: “para el fin calculado de inferir graves heridas corporales”. Tres testigos distintos se refirieron en otras tantas formas distintas, al instrumento utilizado en este caso como una na-vaja curva y una cuchilla curva. Para los fines de esta opi-nión podría admitirse que los medios empleados fueron “cal-culados para inferir graves heridas corporales”, aunque existe amplio campo para argumentación sobre este aspecto del caso. No existe, desde luego, cuestión alguna respecto a si el instrumento utilizado fue o no un arma mortífera. La denuncia no imputa una agresión con arma mortífera. Nada había que indicara que el instrumento utilizado fuera un arma mortífera. Tampoco existe contención ante este tribunal ni aparentemente la hubo en la corte municipal o ante la corte de distrito, al efecto de que el instrumento en cues-tión fuera un arma mortífera.

Santiago Cruz Zalduondo abandonó la casa de su concu-bina Gregoria Cordero Santiago como a las 11 de la noche. Al llegar a la esquina de la calle vió a su primo Juan Cruz entrar a la casa y volvió hacia atrás. ■ Al regresar a' la casa halló a Juan Cruz y a Gregoria Cordero en el cuarto de esta última. Cuando tocó a la puerta de la habitación ésta fue abierta por Juan Cruz quien le preguntó qué pasaba. Santiago acometió a su rival con la navaja o cuchilla curva y le infirió una herida leve en la garganta. Entonces atacó a su concubina y le infirió varias heridas, ninguna de las cuales se demuestra haber sido más seria que la recibida por Juan Cruz. Existe mi marcado conflicto en la prueba respecto a lo ocurrido después de entrar Santiago en la habitación. He-mos dado aquí la versión más favorable al gobierno.

Santiago Cruz fué también convicto de acometimiento y agresión grave cometido en la persona de G-regoria Cordero. La sentencia fué confirmada por este tribunal en 22 de enero del año en curso. En dicho caso la circunstancia agravante consistió en que la agresión fué realizada por un varón adulto en la persona de una mujer. No hubo cuestión alguna de in-tención premeditada.

Desde luego, Santiago Cruz cometió una agresión en la persona de Juan Cruz. No fué, sin embargo, una agresión grave a menos que existiera una intención premeditada.

Cuando Santiago Cruz en su propia casa tocó a la puerta de la .habitación de su concubina poco antes de la medianoche, fué recibido en el umbral por un rival inquisitivo que deseaba saber qué pasaba. Debe presumirse que Santiago Cruz in-tentó hacer lo que hizo. Puede que haya cometido una agre-sión intencional, pero sin designio premeditado.

Si Santiago Cruz hubiese tenido la intención premeditada de agredir a su rival, no es probable que se hubiese confor-mado con una sola herida inefectiva antes de abandonarlo para atacar a su concubina infiel. Juan Cruz estaba desar-mado. Nada había que impidiera a Santiago Cruz que reali-zara su intención premeditada de inferir al intruso un cas-tigo tal como el que bajo las circunstancias incluiría natu-ralmente un designio premeditado. Las circunstancias que rodean el acometimiento contra Juan. Cruz eran tan consis-tentes con la teoría de una agresión impremeditada, como lo eran con la teoría de una intención premeditada. No es irra-zonable creer que si Juan Cruz se hubiese echado hacia un lado y hubiera permitido a Santiago Cruz entrar, o que si Juan Cruz hubiese podido reprimir su curiosidad respecto a los motivos que tenía Santiago Cruz para regresar inespe-radamente a su propia casa, Juan Cruz habría escapado in-demne. Si la agresión no fué claramente impremeditada, ni fué precipitada y provocada por la forma en que Juan Cruz se condujo en la casa de su primo Santiago Cruz, no bubo por lo menos prueba satisfactoria de una intención pre-meditada.

Desde luego, es de concebirse mucbo, que Santiago Cruz se liabía forjado una intención premeditada que luego abandonó después de inferir el primer golpe con la navaja o cuchilla curva. También es de concebirse que su intención premeditada no tenía por mira otra cosa que el castigo realmente infligido. La existencia de una intención premeditada no puede sin embargo, fundarse en una mera suposición o conjetura. Ella puede inferirse de las circunstancias, cuando éstas justifican tal inferencia. No debe hacerse tal inferencia de circunstancias que son igualmente consistentes con la teoría de un impulso, pasión o resentimiento repentinos, movidos por la conducta exasperante de la persona agredida.

Santiago Cruz, a nuestro juicio, fué culpable de un aco-metimiento y agresión simple cometido bajo circunstancias atenuantes.

La sentencia apelada debe ser modificada de conformidad, y así modificada, confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe Cóedova D Ávila,

text:
    José Nogueras Guzmán, demandante y apelado, v. Hon. Antonio V. Acosta, Juez de la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Añasco, P. R., demandado y apelante.
    No. 7009.

    Sometido: Marzo 20, 1936.

      Resuelto: Abril 29, 1936.

      Antonio V. Acosta, por su propio derecho; M. Figueroa del Rosario, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Cóedova D Ávila,

emitió la opinión del tribunal.

José Nogueras Guzmán fue denunciado ante la Corte Municipal de Añasco por un delito de acometimiento y agresión. Alega el acusado que durante la vista de la causa, después de su declaración de no culpable y de haberse producido el testimonio del testigo de cargo Pedro Alvarez Pesante, so-licitó que se desestimase la querella por no aparecer sus-crita ni jurada. El Juez de la Corte Municipal de Añasco negó que el acusado o su abogado hubiesen presentado moción alguña solicitando el archivo y sobreseimiento de la denuncia por falta de jurisdicción durante la vista de la causa, pero admite que la referida denuncia no estaba fir-mada ni jurada y que se procedió a firmarla y jurarla en el acto de la vista por el perjudicado Bruno Santos. La Corte de Distrito de Mayagüez expidió un auto de certiorari a so-licitud del acusado y luego de oír a las partes anuló todos los procedimientos seguidos en este caso ante la Corte Municipal de Añasco. La corte de distrito basa su resolución en que el abogado del acusado suscitó oportunamente la cuestión de falta de juramento y en que al desestimarse su moción se vio-laron los preceptos del Código de Enjuiciamiento Criminal •en sus artículos 22 y siguientes y 'el principio fundamental del debido procedimiento de ley.

Como se ve, el Juez Municipal de Añasco afirma que no hubo moción de archivo o sobreseimiento, y el acusado sos-tiene que después de comenzada la prueba solicitó la desesti-mación de la denuncia.^ Vamos a pasar por alto la contra-dicción que se advierte entre las manifestaciones de una y otra parte, porque no es necesario discutirla para decidir el presente caso.

Partiendo de la base de que la moción de desestimación se presentó después de la declaración de no culpable y luego de haber declarado un testigo, entendemos que la misma no debió prosperar por inoportuna y tardía. Las objecciones que se dirigen solamente a la forma de las denuncias y acusaciones deben formularse antes de la celebración del juicio.

Los artículos 145 y 146 del Código de Enjuiciamiento-Criminal dicen como sigue:

“Art. 145. Una acusación denunciando un delito grave (felony) que no viniere firmada y jurada por el fiscal, será desestimada por el tribunal a instancias del acusado hecha al formularse la acusación.
“Art, 146. Si el acusado no pidiere que la acusación sea deses-timada, no podrá luego interponer las objeciones mencionadas en el precedente artículo, ’ ’

En el caso de El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 111, 113, esta Corte Suprema dijo lo siguiente:

“También hemos resuelto en el caso de El Pueblo v. Girón, supra, que de existir algún defecto en el juramento de los testigos de-la acusación, deberá alegarse antes del juicio. lia de ser antes de-darse lectura a la acusación (arraignment), a menos que la corte haya concedido un permiso especial, como luego veremos . . .
“ ... El artículo 145 expresa los casos en que será desestimada una acusación, pero dice el 146 que sí el acusado no pidiere que la acusación sea desestimada, no podrá luego interponer las objeciones-mencionadas en dicho artículo.”

En el caso de El Pueblo v. Rosaly, 28 D.P.R. 474, se dijo lo siguiente:

“Segundo (refiriéndose al segundo error), que la denuncia en la forma en que fué formulada no determinaba un delito público, ale-gándose que los artículos 71 y 72 del Código de Enjuiciamiento Criminal no habían sido observados. La impugnación específica que se-hacía era respecto a la alegación alternativa de ‘dueño o guardián’, que es una cuestión puramente de forma. El caso de El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 111, y los numerosos casos que siguen, demuestran que la ley exige que las objeciones como ésta, hechas en el juicio, son muy tardías y no nos detendremos a examinar si la objeción hu-biera sido válida de haberse formulado debidamente. Las cortes in-feriores deben negarse a considerar objeciones formales de ser he-chas por primera vez en el día del juicio. No habría nada en contra de la consideración de una objeción de esta naturaleza en el día del juicio siempre que la debida, moción o excepción previa se hubiera presentado antes de esa fecha, dando de este modo una oportunidad al fiscal para hacer enmiendas, si lo deseaba. El Pueblo de Puerto Rico no debe quedar sometido a objeciones formales mientras los ju-rados y testigos están presentes y hay otros casos que van a cele-brarse. ’ ’

En el caso de El Pueblo v. de Jesús, 34 D.P.R. 468, esta Corte dijo:

“El primer señalamiento de error de la apelante se debió al he-cho de no haberse dado cuenta de que la cuestión alegada como error había sido renunciada de dos maneras.' El apelante se queja de que la acusación es insuficiente porque no estaba jurada por el fiscal. Esta es una cuestión de forma y debe ser levantada antes del juicio. El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 111, y casos; El Pueblo v. Rosaly, 28 D.P.R. 474. Si no se levanta antes del juicio o durante el juicio, tal alegado error no puede ser suscitado en apelación. El Pueblo v. Aponte, 9 D.P.R. 383; El Pueblo v. Cintrón, 26 D.P.R. 246; El Pueblo v. Moreno, 28 D.P.R. 104; El Pueblo v. Ramírez, 28 D.P.R. 313.”

Vemos que en el caso citado se dice que la falta de jura-mento en la acusación es una cuestión de forma que debe ser levantada antes del juicio, citándose decisiones de este tribunal que sostienen este criterio. Luego se añade que si no se levanta la cuestión antes del juicio o durante la vista, el error no puede ser suscitado en apelación, citándose casos, en ninguno de los cuales se sostiene que la ausencia de jura-mento pueda suscitarse con éxito favorable después de co-menzado el juicio y de baberse practicado alguna prueba. El principio de que la cuestión debe suscitarse antes del juicio, sostenido en este mismo caso y en repetidas decisiones de este tribunal, interpreta correctamente los artículos 145 y 146 del Código de Enjuiciamiento Criminal que no permi-ten nna objeción tardía al defecto de forma de falta de firma y juramento en la acusación.

En el caso de El Pueblo v. Rodríguez, 37 D.P.R. 423, se dijo lo siguiente:

“Parece que la acusación en este caso no estaba jurada y suscrita por el fiscal, pues habiendo solicitado los acusados que por ese mo-tivo fuese desestimada la acusación, la corte inferior concedió per-miso al fiscal para enmendar y subsanar el defecto de falta de ju-ramento, y fué jurada por el fiscal ante el secretario interino de la •corte.
“El haber permitido la corte inferior que el fiscal jurase la acu-sación, corrigiendo así el defecto de forma de que adolecía, no cons-tituye error alguno.”

En el presente caso se subsanó el error de falta de firma y juramento, después de haberse comenzado el juicio. La objeción del acusado, si se hizo, se formuló demasiado tarde para que pudiese ser resuelta a su favor.

La resolución de la Corte de Distrito de Mayagüez, dic-tada en 9 de enero de 1935, anulando los procedimientos se-guidos ■en la Corte Municipal de Añasco contra el acusado José Nogueras Guzmán, debe ser revocada.


text:
    J. F. Maura, demandante y apelado, v. Rafael Sancho Bonet, Dr. E. Garrido Morales, José G. López, Herman Agostini y Juan B. Huyke, como miembros de la Junta de Pensiones de los Empleados del Gobierno Insular y E. Rodríguez Suárez, en su carácter de Tesorero de la Universidad de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    No. 7211.

    Sometido: Abril 2, 1936.

      Resuelto: Abril 29, 1936.

      Don. Procurador General B. Fernández García j T. Torres Pérez, Subprocurador, abogados délos apelantes; Wilson P. Colberg, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

Los Lechos esenciales del presente caso son los siguientes:

El demandante apelado es en la actualidad, y ha sido desde septiembre 1 de 1922, Registrar de la Universidad de Puerto Rico, en virtud de un contrato celebrado entre él y la Junta de Síndicos de la Universidad, por el término de un año; y ese contrato ha venido renovándose de año en año, desde la fecha de expiración del contrato inicial.

Desde el mes de julio de 1927, el Tesorero de la Univer-sidad de Puerto Rico, que es uno de los demandados, obede-ciendo instrucciones de la Junta de Pensiones de los Emplea-dos del Gobierno Insular, ha venido deduciendo al deman-dante, de su sueldo como Registrar de la Universidad, las cantidades determinadas por la Ley núm. 104 de septiembre 2 de 1925 (pág. 949), en virtud de la cual se ha establecido el fondo para el retiro de los funcionarios permanentes del Gobierno de Puerto Rico. Las deducciones hechas al deman-dante por el tesorero universitario son las mismas que la ley autoriza hacer a aquellos empleados insulares acogidos al Pondo de Retiro y Pensiones creado por la citada ley.

Alega el Registrar demandante que él, como tal Registrar de la Universidad de Puerto Rico, no está obligado a con-tribuir con cantidad alguna, como parte de su sueldo, al citado fondo de retiro; y que los demandados no están autorizados para hacerle las deducciones que han venido haciéndole, por los motivos siguientes:

1. Porque el demandante, como Registrar de la Universidad de Puerto Pico, no está incluido ni en el Servicio Clasificado ni en el no clasificado, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Servicio Civil de Puerto Pico (Ley Núm. 88 de marzo 11, 1931).
2. Porque el demandante, como tal Registrar, no desempeña sus funciones con carácter permanente., según lo requiere- la sección la. de la ley creadora del fondo de retiro y pensiones, o sea la ya citada Ley núm. 104 de 2 de septiembre de 1925.
3. Porque el demandante no es un empleado del Pueblo de Puerto Rico, según lo requiere la ley del fondo de pensiones, y sí un em-pleado de carácter contractual (contractual employee) de la Univer-sidad.

Arguyen los demandados y apelantes, que el Registrar de la Universidad es un empleado permanente del Gobierno de Puerto. Rico e incluido dentro del Servicio Civil Clasificado; y que por lo tanto está obligado por las leyes vigentes a con-tribuir, con las correspondientes deducciones de su sueldo, al fondo de pensiones.

Acogiéndose a las disposiciones de la Ley núm. 47 de abril 25 de 1931 (pág. 379) sobre sentencias y decretos de-claratorios, el demandante acudió a la Corte de Distrito de San Juan, en demanda de una sentencia en la que se declare que el Registrar de la Universidad de Puerto Rico no está obligado a seguir contribuyendo al fondo de pensiones, y que todas las deducciones que se le han hecho hasta la fecha de la demanda son ilegales.

Anexa a su petición el Registrar presentó una comunica-ción que le fué dirigida por el Canciller de la Universidad, informándole que en mayo 25 de 1935 la Junta de Síndicos había confirmado su nombramiento para la plaza de Regis-trador con haber anual de $3,000 durante el ejercicio fiscal dé 1985-36; que el nombramiento está sujeto a las limita-ciones prescritas en el Reglamento de la Universidad de Puerto Rico y de su Junta de Síndicos; y que si es de su conformidad la designación en las condiciones estipuladas, se sirva llenar y firmar la aceptación adjunta a la comunica-ción del Canciller.

La corte de distrito dictó sentencia de acuerdo con la sú-plica de la demanda, y los demandados recurren ante esta corte en apelación.

La sección 2 de la Ley núm. 23 de 1935 (pág. 127), apro-bada en la segunda sesión extraordinaria de ese año, la que derogó la Ley núm. 104 de septiembre 2 de 1925, dispone (bastardillas nuestras):

“Sección 2. — Por la presente se establece el retiro de los funcio-narios y em/pleados permanentes del Gobierno Insular de Puerto Rico. Esta ley comprenderá a todos los funcionarios y empleados en el Ser-vicio Civil Clasificado y no clasificado del Gobierno Insular de Puerto .Rico, con excepción de los Jueces del Tribunal Supremo, los catedrá-ticos de la Universidad, los profesores de instrucción pública, los miembros de la Policía Insular y los empleados municipales.”

El texto de la sección que acabamos de transcribir es idén-tico al de la sección 1a. de la ley derogada.

Es tan clara la disposición legal transcrita, que no necesita interpretación judicial. El fondo de retiro se establece para beneficio de toda persona que fuere un funcionario o empleado permanente del Gobierno Insular de Puerto Rico y que estu-viere incluido en el servicio clasificado o en el servicio no clasificado del Servicio Civil de dicfio Gobierno; y todo fun-cionario o empleado que responda a esa descripción, y que tenga por tanto derecho a disfrutar de los beneficios del fondo, queda igualmente comprendido dentro de las dispo-siciones de la ley para cumplir sus obligaciones y especial-mente la de contribuir a la creación y nutrición del fondo de pensiones, con las deducciones autorizadas por la sección 13 de la Ley núm. 23 de 1935, supra.

Una sola cuestión presenta este caso a nuestra .decisión: ¿Es'o no es el Registrar de la Universidad de Puerto Rico un funcionario o empleado permanente del Go-bierno Insular de Puerto Pico incluido dentro del servicio-clasificado o no clasificado del Servicio Civil de dicho Go-bierno ?

La Ley de Servicio Civil de Puerto Pico (Ley núm. 88 de 1931, pág. 535) divide el Servicio Civil insular en dos-clases: servicio clasificado y servicio no clasificado.

La sección 4 de la ley incluye en el servicio no clasificada a los siguientes funcionarios: los nombrados por el Presi-dente de los Estados Unidos o por el Gobernador;' los ele-gidos por voto popular; aquéllos cuyos nombramientos son confirmados por el Senado; los empleados de la Legislatura;, el secretario del Gobernador y los secretarios de los jefes de departamentos; no más de dos jefes auxiliares en cada de-partamento ejecutivo; los que no tengan remuneración que exceda de $300 anuales; los funcionarios judiciales; no más-de un taquígrafo o escribiente para cada juez de corte de récord y para cada fiscal de distrito.

Dispone la sección 5 de la misma ley, que el Servicio Cla-sificado comprenderá todos los funcionarios o empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico no específicamente compren-didos en la sección 4.

Veamos abora si el cargo que ocupa el demandante está o no comprendido dentro de una u otra rama del Servicio-Civil de Puerto Pico.

Es evidente que el ya mencionado cargo no está compren-dido dentro del servicio no clasificado.

Dos son las condiciones que fija la sección 5 de la Ley de-servicio Civil, para que un empleado o funcionario quede automáticamente comprendido dentro del Servicio Clasificador

(a) Ser funcionrio o empleado del Gobierno Insular de Puerto-Rico.
fib) No estar comprendido dentro del servicio no clasificado.

Las palabras que vamos a transcribir a continuación, y que fueron escritas por el inmortal Juez Presidente Marshall, nos ayudarán a determinar si el Registrar de la Universidad es un “funcionario” o si es simplemente un “empleado contractual”:

“Ciertamente, un hombre puede ser empleado mediante un con-trato, expreso o tácito, para ejecutar un acto, o prestar un servicio, sin convertirse por ello en un funcionado. Pero si el deber es con-tinuo y está definido por reglas prescritas por el gobierno, y no por un contrato, y es un deber para el cumplimiento del cual un indivi-duo es nombrado por el gobierno, y ese individuo entra a cumplir los deberes inherentes a su cargo, sin un contrato que defina dichos de-beres .... parece muy difícil establecer diferencias entre tal cargo o empleo, y un puesto (office), o entre la persona que desempeña los deberes, y un funcionario (officer). (Bastardillas nuestras.) United State v. Maurice, 26 Fed. Cases, págs. 1211, 1224, núm. 15,747.

Los elementos esenciales de un cargo o puesto público (office) ban sido expresados así:

“El término (office) se refiere a un cargo público permanente, que ha de ser desempeñado en representación del Gobierno, y no a una función meramente transitoria o a un empleo ocasional o incidental; .. . Sus deberes son continuos por naturaleza; y están defi-nidos por reglas prescritas por el Gobierno, y no por contrato. Por consiguiente, cuando la autoridad en cuestión ha sido conferida por un contrato, debe ser considerado, como un empleo y no como un cargo público (public office).” Mechem on Public Officers, secciones 1 a 9.

Admitido el becbo de que el Registrar de la Universidad presta servicios a dicba institución en virtud de un contrato, que fija el término de un año para su duración, y que provee que el nombramiento se bace sujeto a las condiciones pres-critas en el Reglamento de la Universidad y de la Junta de Síndicos, entre las que figura la de que dicba junta podrá separar de su puesto a cualquier empleado de la institución cuando a su juicio la conveniencia de la misma así lo requiera, nos vemos obligados a resolver, de acuerdo con la jurispru-dencia citada, que el Registrar de la Universidad de Puerto Rico es un empleado contractual y no un funcionario público.

Para que un empleado quede incluido dentro del Servicio Civil Clasificado, se necesita, como ya lo hemos dicho anterior-mente, que sea un empleado del Gobierno Insular de Puerto Rico y que no esté incluido en el servicio no clasificado. 1 para que ese empleado pueda gozar de los beneficios de la ley de pensiones y estar sujeto a sus obligaciones, su empleo debe ser de carácter permanente.

Veamos primero si el Registrar demandante es um em-pleado perma/nente del Gobierno Insular de Puerto Rico.

La Legislatura de Puerto Rico aprobó, en 21 de julio de 1925, la Ley núm. 50 (pág. 283), intitulada “Ley sobre la reorganización de la Universidad.”

Por virtud de dicba ley, la Junta de Síndicos quedó cons-tituida como una corporación denominada “La Universidad de Puerto Rico”, con todas las facultades y derechos usual-mente concedidos por la ley a las entidades corporativas. El gobierno de la Universidad reside en la Junta de Síndicos, a la cual se le concede, entre otras, las siguientes facultades:

“Sección 7. — La Junta de Síndicos establecerá el puesto y fijará el sueldo y los emolumentos del Director Ejecutivo (Canciller) de la Universidad, de los directores de departamentos, catedráticos, profe. sores, instructores y otros oficiales y empleados;”

La sección 8 de la citada ley concede facultades al Can-ciller para hacer los nombramientos de oficiales y empleados para todos los puestos establecidos por la Junta de Síndicos, y dispone expresamente que los nombramientos hechos por el Canciller estarán sujetos a la aprobación de la Junta de Síndicos, y que dicha junta tendrá poder para separar de su puesto a cualquier empleado de la institución cuando a su juicio la ■conveniencia de la misma así lo requiera.

El propósito claro y evidente de la Ley sobre la Reorga-nización de la Universidad de Puerto Rico, fué el de trans-formar dicha institución en una entidad jurídica enteramente distinta y separada de la entidad “Gobierno Insular de Puerto Rico,” con amplia autonomía para poder funcionar libremente bajo las reglas y restricciones que a sus funcio-narios y empleados impusiere la Junta de Síndicos y sin sujetarse en manera alguna a las disposiciones de la Ley de Servicio Civil en cuanto a nombramiento y remoción de empleados. Véase Vincenty v. Junta de Síndicos, 45 D.P.R. 99.

Tiene la Universidad de Puerto Rico, entre otras muchas, la facultad de celebrar contratos; y haciendo uso de esa facultad, la Junta de Síndicos ha dispuesto que los empleos por ella establecidos deberán ser cubiertos mediante contratos por término de un año, en los cuales el empleado acepta el nombramiento sujeto a las disposiciones legales que proveen que la Junta de Síndicos tendrá poder para separarlo de su empleo cuando a su juicio la conveniencia de la Universidad así lo requiera. (Secciones 2, 7 y 8, Ley núm. 50 de 1925.) Bajo esas condiciones se hizo el nombramiento del Registrar demandante. El Globierno Insular de Puerto Rico no es parte en el contrato de servicios celebrado entre el Registrar y la Junta de Síndicos. Las relaciones entre dichas partes deben regirse por los términos del contrato. Y la Ley de Servicio Civil no puede extender su brazo protector más allá de los límites que en ella misma se señalan.

Ni el empleo de Registrar, ni el término de duración de dicho empleo están fijados por ley alguna de la Legislatura de Puerto Rico. No puede decirse que el Registrar al ser nombrado bajo las condiciones descritas, adquiere un derecha sobre el cargo (tenure of office).

En State ex rel. Sittler v. Board of Education, 49 L.R.A. (N. S.) 62, la demandante, que había sido empleada mediante contrato que disponía que la junta podía removerla en cual-quier momento, con treinta días de aviso, si su conducta no fuera satisfactoria, fué separada del cargo. La corte dijo:

“No se ba señalado disposición alguna de nuestros estatutos que pueda autorizarnos a decidir que un profesor de las escuelas públicas tiene una posesión de su cargo (tenure of office) distinta a la que le confiere el contrato celebrado por él con las autoridades escolares. No habiendo una disposición mandatoria de la ley, no conocemos ra-zón alguna para que impongamos a las autoridades escolares restric-ciones en cuanto a la forma de los contratos que ellas celebran con los maestros o en cuanto a sus poderes de remoción. Faltando esas disposiciones legales mandatorias, la facultad de emplear incluye el poder para remover. Véanse: 25 Am. & Eng. Enc. Law, 2d Ed. 19; People ex Rel. Gilmour v. Hyde, 89 N. Y. 11; Wallace v. School District, 50 Neb. 171, 69 N. W. 772; Loehr v. Board of Education, 12 Cal. App. 671, 108 Pac. 327; Harby v. Board of Education, 2 Cal. App. 418, 83 Pac. 1082. Esto es así especialmente cuando el poder se lia reservado específicamente en el contrato, como en este caso”

La posición legal que ocupa el Registrar de la Universidad de Puerto Pico es idéntica a la de la demandante en Sittler v. Board of Education, supra. No existe ley alguna que cree el puesto de Registrar ni que fije término para la dura-ción del empleo. El término lia sido fijado por contrato. Y en ese contrato el Registrar hace constar que acepta el cargo con sujeción a las leyes y reglamentos que otorgan facultad a la Junta de Síndicos para separarlo de su empleo “cuando a su juicio la conveniencia de la misma así lo requiera.”

Los hechos no controvertidos del caso de autos y las leyes y jurisprudencia a ellos aplicables, nos obligan a llegar a la conclusión de que el Registrar de la Universidad de Puerto Rico no es ni un funcionario ni un empleado permanente del Gobierno Insular de Puerto Rico; que no está comprendido dentro de ninguno de los dos servicios en que se divide el Servicio Civil, ni sujeto a las disposiciones de la Ley de Servicio Civil; y que el demandante es solamente un em-pleado contractual (contractual employee) de la Junta de Síndicos de la Universidad, sujeto a remoción a voluntad de dicha Junta.

El demandante no está obligado a contribuir con parte de su sueldo al mantenimiento del fondo de pensiones de los empleados del Gobierno Insular; y por tanto, los deman-dados deben abstenerse de continuar haciéndole deducciones de sus salarios para el indicado fin.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señob, Wolf, El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Antonio R. Hernández, como Síndico del Banco Industrial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jaime Ballester, José D. Rodríguez y F. Cabán, demandados y apelantes.
    No. 6221.

    Sometido: Noviembre 5, 1935.

      Resuelto: Mayo 5, 1936.

      José D. Rodríguez, por su propio derecho y además como abogado del apelante Sr. Ballester; G. Simiaña Becerra, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob, Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio R. Hernández, como Síndico del Banco Industrial de Puerto Rico, designado el 31 de julio de 1930, inició este pleito contra Jaime Ballester, José D. Rodríguez y F. Cabán para recobrar la suma de $745.87, adeudádale por éstos como firmantes de un pagaré. No se niega la existencia de la deuda pero los demandados Ballester y Rodríguez ale-garon el beneficio de una compensación. La Corte de Dis-trito de San Juan fué del criterio de que como los derechos de compensación, de existir, fueron adquiridos después de iniciada la sindicatura, los demandados no podían con éxito confiar en sn reclamación.

Es jurisprudencia ya establecida en los Estados Unidos continentales, que cuando un banco está en estado de insolvencia, las acreencias adquiridas posteriormente no pueden ser compensadas por los deudores del banco. Stone v. Dodge, (Michigan) 21 L.R.A. 280; Michie, “Banks and Banking,” Vol. 5, párr. 163, p. 314; Ellerbe v. Studebaker Corporation, 21 F. (2d) 993; Oates v. Smith, 57 So. 438.

En el caso de Ellerbe, la corte dijo a la página 997:

“La regla de que los derechos de las partes quedan establecidos cuando el banco cierra sus puertas significa que el deudor del banco no puede solicitar se le compense un crédito adquirido después de la insolvencia contra una deuda contraída antes.”

El caso de Oates contiene abundante autoridad para sos-tener la proposición que enuncia. En la página 440 hallamos lo siguiente:

“Mas se ha resuelto con igual unanimidad que tales deudores no tienen derecho a que se les compense contra sus deudas los créditos por ellos adquiridos con posterioridad a tal insolvencia, de la que tie-nen conocimiento, o con posterioridad al nombramiento del síndico . . . (aquí se hace la cit'a de una larga lista de casos).”

Ha quedado igualmente bien establecido que la designa-ción de un síndico equivale a la declaración de insolvencia.

No hemos podido determinar el origen exacto de la regla, mas de la lectura que hemos hecho se desprende que la idea de, las cortes de equidad es que un acreedor no tiene derecho a preferencia sobre otro cuando el activo de un banco o de otra corporación va a ser liquidado. En otras palabras, un acreedor no puede mejorar su posición vendiendo su crédito contra el banco a una persona que tenga una deuda con éste, y que en su lugar podría tratar, como sucede aquí, de alegar una compensación.

El presente es nn litigio iniciado por nn sindico desig-nado a tenor de los principios de equidad, conforme se provee en el inciso 5 del artícnlo 182 del Código de Enjuiciamiento Civil (Leyes de 1904), y no vemos razón alguna para no aplicar los mismos principios de eqnidad que en el continente prevalecen, especialmente con vista del artícnlo 7 del Código Civil que provee:

“El tribunal que rehúse fallar a pretexto ele silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley, o j)or cualquier otro motivo, incurrirá en responsabilidad.
“Cuando no haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá con-forme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos.”

Los apelantes impugnan la insolvencia del banco, mas su contrademanda no está dirigida contra el banco mismo, sino contra el síndico, y éste está sujeto a los principios ordinarios de equidad, y no puede preferir un acreedor directa o indirectamente. Ante los ojos de la ley una corporación se convierte permanente o temporalmente en fimetus •ojfieio al nombrársele un síndico y las reclamaciones quedan determinadas a partir de esa fecha. La idea tanto de la legislación como de las cortes es administrar el activo imparcialmente. Si la corporación no es insolvente y el banco reanuda sus negocios no habrá duda alguna de que los apelantes estarán en posición de recobrar el importe total de sus reclamaciones.

Los apelantes también tratan de probar que sus créditos fueron adquiridos antes de la fecha de la sindicatura. La prueba a este respecto es más o menos como sigue: En apoyo de su contrademanda a base de una compensación los demandados presentaron varios documentos, redactados y suscritos ante un notario público. Uno de ellos contenía una cesión a Jaime Ballester, fechada junio 1, 1931, mas se hace constar que la cesión del crédito había sido realmente efectuada el 26 de julio de 1930. Otro documento fué redactado en forma similar y estaba fechado octubre 13, 193Í, y también Race constar que la cesión a José D. Bodríguez fué realmente hecha el 26 de julio de 1930. Un tercer documento de similar naturaleza fué presentado en favor de José D. Bodríguez, fechado octubre 2, 1930.

Mayo 27, 1936

El síndico presentó en favor del banco demandante, cartas de cada uno de los supuestos cedentes escritas en respuesta a cartas del síndico, que en general afirmaban que tenían ciertas sumas de dinero en depósito en el banco y que tenían las libretas de banco en su poder. Estas cartas estaban fe-chadas agosto 4, 9 y 16 de 1930, es decir, varios días después de haberse nombrado el síndico del banco, y la corte tenía derecho a creer que los supuestos traspasos tuvieron lugar con posterioridad a dicha designación.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes no atacan seriamente las conclusiones gene-rales a que hemos llegado. Ellos alegaban el beneficio de una compensación debido a la cesión de ciertas reclamaciones contra el Banco presentadas al síndico de éste. Besolvimos que toda vez que la corte había llegado a la conclusión de que estas cesiones fueron efectuadas en fecha posterior a la sindicatura, las mismas no podían ser compensadas en detri-mento de otros acreedores.

También hicimos referencia a ciertas cartas a que la corte inferior aludió, que tendían a demostrar que algunas de las reclamaciones fueron cedidas en fecha posterior a la sindi-catura. Los apelantes insisten que con respecto a dos de las reclamaciones no existen cartas de clase alguna.

La conclusión de la corte inferior no se basó necesaria mente en la existencia de estas cartas. Es cierto que las varias escrituras en que se cedían las reclamaciones o las varias declaraciones juradas, pretendían retrotraerse a un período anterior a la designación del síndico. La corte no «onfió en absoluto en estas escrituras para fijar las fechas. Incumbía a los demandados y no al síndico demostrar la fecha exacta de las cesiones y ellos dejaron de hacer esto. El probar tal fecha exacta era un deber de los demandados y apelantes y la corte inferior y este Tribunal estuvieron justificados al no llegar a la conclusión de que tales reclama-ciones fueron traspasadas antes de la sindicatura. Las cartas •constituían prueba circunstancial tendente a demostrar que no siendo ciertas en varios casos las cesiones notariales, las mismas no demostraban la fecha exacta de ninguna de las cesiones.

Debe declararse sin lugar la moción de reconsideración.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.