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author:
(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

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text:
    Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, peticionaria, v. Raymond Rivera Fuentes, recurrido.

      Número: CC-2003-629.

      Resuelto: 16 de febrero de 2006

      Joanna Costas Vázquez, abogada de la parte peticionaria; Héctor Alvarado Tizol y José R. Feijóo Rodríguez, aboga-dos de la parte recurrida.
   SENTENCIA

La Autoridad de Energía Eléctrica recurre ante nos para cuestionar una decisión del Tribunal de Apelaciones que desestimó un recurso de revisión por prematuro. El foro apelativo intermedio resolvió que la determinación del Oficial Examinador no era la decisión final de la agencia.

La controversia del caso de autos fue resuelta reciente-mente por este Tribunal en Tosado v. A.E.E., 165 D.P.R. 377 (2005). En dicho caso, concluimos que la determinación del Oficial Examinador de la Autoridad de Energía Eléc-trica era la decisión final de la agencia y que, conforme dispone la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, era revisable por el Tribunal de Apelaciones. Al aplicar lo resuelto en Tosado v. A.E.E., supra, a este caso, procede revocar la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. Veamos.

r-H

El señor Raymond Rivera Fuentes es empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (A.E.E.) desde 1994, donde laboraba como Supervisor de Asuntos de Mecanización de Telecomunicaciones, División de Operaciones, puesto ubi-cado en Monacillos. Durante el año 2000, dicha corporación pública realizó un Estudio Organizacional del Área Admi-nistrativa de la División de Operación del Sistema Eléc-trico (Estudio Organizacional), para identificar posibles cambios y mejorar así la eficiencia y la utilización de los recursos disponibles.

Tras evaluar las recomendaciones presentadas en el Es-tudio Organizacional, la A.E.E. le envió una carta al señor Rivera Fuentes en la que le notificó que se proponía recla-sificar su plaza y trasladarlo al puesto de Supervisor de Conservación de Estructuras y Terrenos del Sistema Eléc-trico II en la División Central de Palo Seco. En su carta, la A.E.E. indicó al señor Rivera Fuentes que la reclasificación y el traslado se debieron a la reorganización de la agencia y a las necesidades de servicio del Directorado de Sistema Eléctrico, según le fue recomendado en el Estudio Organi-zacional realizado. Además, se le advirtió al señor Rivera Fuentes que tenía derecho a apelar la determinación me-diante el Procedimiento de Querellas para Empleados de Carrera No Unionados() (Procedimiento de Querellas).

Posteriormente, el señor Rivera Fuentes contestó la mi-siva y, entre otras cosas, adujo que el traslado y la reclasi-ficación no se justificaban conforme al Reglamento de Personal para Empleados de Carrera No Unionados (Reglamento) de la Autoridad de Energía Eléctrica, por lo que solicitó que se le reinstalara en su puesto de Supervisor de Asuntos de Mecanización de Telecomunicaciones en Monacillos. Tras cumplir con los trámites procesales reque-ridos en el Procedimiento de Querellas, las partes sometie-ron sus memorandos de derecho y el asunto se le refirió al Ledo. José Roberto Feijóo, Oficial Examinador de la A.E.E. contratado para atender la querella.

Luego de celebrada la vista evidenciaría, el Oficial Exa-minador declaró “con lugar” la querella incoada. Concluyó que el traslado era nulo conforme al Reglamento, que no obedeció a ninguna necesidad de servicio y que era contra-rio al propio Estudio Organizacional de la agencia. En con-secuencia, ordenó la restitución del señor Rivera Fuentes a su puesto original, con todos los derechos, beneficios y pri-vilegios que tuviera previo a la presentación de la querella.

Insatisfecha, la A.E.E. acudió ante el Tribunal de Ape-laciones mediante un recurso de revisión. Alegó que el Ofi-cial Examinador erró al determinar que el traslado no obe-deció a las necesidades de servicio de la agencia. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión por considerar que la decisión administrativa no era final y que, por lo tanto, carecía de jurisdicción. Razonó que el Oficial Examinador que emitió la decisión no era empleado ni funcionario de la agencia, por lo que carecía de facultad para adjudicar la querella. El foro intermedio concluyó que la decisión del Oficial Examinador es una recomendación u opinión que tiene que ser avalada o adoptada por el Director Ejecutivo de la A.E.E. para que sea final.

Inconforme, la A.E.E. recurre ante este Tribunal. Alega que la decisión del Oficial Examinador es la determinación final de la agencia, por lo que erró el Tribunal de Apelacio-nes al desestimar el recurso de revisión por prematuro. Acordamos expedir. Las partes presentaron sus respectivos alegatos, por lo que procedemos a resolver con el beneficio de sus comparecencias.

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A. La Sec. 4.2 de la Ley de Procedimiento Administra-tivo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.) dispone que el Tribunal de Apelaciones podrá revisar las decisiones finales de las agencias administrati-vas, mas no así las resoluciones interlocutorias. 3 L.P.R.A. sec. 2172. Además, la parte afectada adversamente que so-licita la revisión debe haber agotado el remedio provisto por la agencia. Tosado v. A.E.E., supra; Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21 (2004). La decisión adminis-trativa es final cuando ha decidido todas las controversias entre las partes y no deja alguna pendiente por decidir. D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Pro-cedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed. rev., Bogotá, Ed. Forum, 2001, Sec. 9.3, pág. 533; Tosado v. A.E.E., supra.

A pesar de que la L.P.A.U. no define lo que es una orden o resolución final, sí establece que éstas deberán incluir las determinaciones de hecho y las conclusiones de derecho que fundamentan la adjudicación. Además, la resolución final de la agencia deberá advertirle a la parte sobre la disponibilidad del recurso de reconsideración o de revisión judicial. Por último, el jefe de la agencia o cualquier otro funcionario autorizado por ley deberá firmar la resolución. 3 L.P.R.A. see. 2164. “Dicha determinación final debe ser emitida ‘por la última autoridad decisoria o adjudicativa de la agencia administrativa’.” Tosado v. A.E.E., supra, pág. 385, citando a Bird Const. Corp. v. A.E.E., 152 D.P.R. 928, 936 (2000).

Con relación a quién tiene la autoridad para adjudicar las querellas presentadas ante las agencias, la See. 3.3 de la L.P.A.U. dispone lo siguiente:

Toda agencia podrá designar oficiales examinadores para presidir los procedimientos de adjudicación que se celebren en ella, los cuales no tendrán que ser necesariamente abogados, particularmente cuando el procedimiento en cuestión es uno informal.
El jefe de la agencia podrá delegar la autoridad de adjudicar a uno o más funcionarios o empleados de su agencia. A estos funcionarios o empleados se les designará con el título de jue-ces administrativos. 3 L.P.R.A. see. 2153.

En Tosado v. A.E.E., supra, recientemente tuvimos la oportunidad de expresarnos sobre el rol de los Oficiales Examinadores en el procedimiento de adjudicación de las querellas presentadas en las agencias. En aquel caso, al señor Tosado Cortés se le imputó haber violado unas nor-mas de conducta de la A.E.E. Se celebró una vista adminis-trativa presidida por un Oficial Examinador, quien, al am-paro del Reglamento para los Procedimientos de Adjudicación de Querellas de la Autoridad,() concluyó que el empleado no había cometido la violación alegada. La A.E.E. acudió ante el Tribunal de Apelaciones para solici-tar una revisión y ese foro desestimó el recurso por falta de jurisdicción. Razonó el foro apelativo intermedio que la re-solución dictada por el Oficial Examinador no era final y que el recurso era prematuro.

La controversia ante ños en aquella ocasión era si el Oficial Examinador tenía la facultad para adjudicar de forma final la querella. Específicamente, resolvimos que

... al analizar la naturaleza de la decisión administrativa no podemos considerar, exclusivamente, la denominación que se le ha dado al funcionario o empleado que la emite dentro del esquema procesal administrativo. Es decir, el título de oficial examinador o juez administrativo, sin más, no define el carác-ter de sus funciones y, por lo tanto, del producto de su trabajo. Resulta imperativo, además, evaluar las facultades que le han sido delegadas y el tipo de decisión que éstos emiten. (Enfasis suplido.) Tosado v. A.E.E., supra, págs. 386-387.

Conforme a lo anterior, en Tosado v. A.E.E., supra, de-terminamos que el Oficial Examinador sí tenía poder para adjudicar la querella. Concluimos que su determinación era la decisión final de la A.E.E. y que, como tal, era revisable por el Tribunal de Apelaciones.

Por último, resolvimos que el Director Ejecutivo de la A.E.E. puede delegar válidamente en otro funcionario el poder general de adjudicar. Para llegar a esta conclusión nos basamos mayormente en razones prácticas, porque re-sulta casi imposible que un jefe de agencia presida todas las vistas y adjudique todas las controversias presentadas ante la oficina que dirige. Tosado v. A.E.E., supra, pág. 386, citando a Fernández Quiñones, op. cit., Sec. 4.3, pág. 186; B. Schwartz, Administrative Law, 3ra ed., Boston, Ed. Little, Brown and Co., 1991, Sec. 6.11, pág. 324. Además, explicamos que, al delegar el poder de adjudicar este tipo de controversias, los involucrados se benefician del expertise del adjudicador y, a su vez, el director puede dedicar su tiempo a desarrollar la política pública que inspiró la crea-ción de la agencia que dirige. Tosado v. A.E.E., supra, citando a R.J. Pierce, Administrative Law Treatise, 4ta ed., Nueva York, Aspen Law and Bussiness, 2002, Sec. 8.6, pág. 552.

Con esto en mente, pasemos a analizar las facultades que poseía el Oficial Examinador en el caso de epígrafe.

B. La A.E.E. es una corporación pública e instrumen-talidad autónoma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuya misión es aprovechar y conservar las fuentes fluviales y de energía eléctrica del país.() El organismo rector de la A.E.E. es su Junta de Gobierno, y este cuerpo designa al Director Ejecutivo de la instrumentalidad. Con el propósito de canalizar las controversias que se susciten con relación a los empleados gerenciales, la Junta de Go-bierno de la A.E.E. promulgó el Procedimiento de Quere-llas antes mencionado.

Según este procedimiento, la última etapa del trámite ante la agencia consiste en que las partes sometan el agra-vio a la consideración de un Oficial Examinador. En el Art. 11(3) del Procedimiento de Querellas se define al Oficial Examinador de la forma siguiente:

[a] bogado que no sea empleado de la Autoridad designado para oír la prueba presentada por las partes y emitir una de-cisión una vez sometido el caso. Se nombra de una lista de oficiales examinadores con experiencia preferiblemente en el campo laboral. Procedimiento de Querellas, supra, pág. 2.

Este procedimiento establece expresamente que, una vez evaluada la evidencia y las posiciones de las partes, el Oficial Examinador tendrá la facultad de emitir la decisión sobre el caso:

El Oficial Examinador, a base del récord y de la evidencia presentada, emitirá su decisión conforme a derecho dentro de los treinta (30) días laborables luego de sometido el caso. Las decisiones se emitirán por escrito e incluirán separadamente determinaciones de hechos y de derecho. Art. VII del Procedi-miento de Querellas, supra, pág. 9.

El Procedimiento de Querellas establece que estas deci-siones se podrán revisar ante el Tribunal de Apelaciones, conforme dispone la L.P.A.U., siempre y cuando la parte que inste la revisión judicial notifique con copia al Oficial Examinador y al abogado de la parte contraria. Art. IX del Procedimiento de Querellas, supra. También establece cuá-les son las funciones del Oficial Examinador, entre ellas: citar testigos y requerir la presentación de documentos (Art. V(l)); señalar las vistas y hacer todas sus notificacio-nes; juramentar a los testigos en las audiencias (Art. VI(2)); dirigir las vistas, y resolver todas las cuestiones de derecho y procesales que surjan, además de las referentes a la admisión o exclusión de prueba. También podrá conce-der términos a las partes para someter sus alegatos (Art. VI(4)), y tendrá discreción para aplicar las reglas de evi-dencia para asegurar que los procedimientos sean justos y rápidos” (Art. VT(5), pág. 8).

La A.E.E. ha establecido en el Procedimiento de Quere-llas que el Oficial Examinador no puede ser empleado de la agencia para así garantizar que la adjudicación sea imparcial. Según surge del expediente, la A.E.E. contrata abogados externos que tengan experiencia en el campo de derecho laboral —algunos de estos ex jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones— para que diluciden las controversias presentadas por los empleados. Por último, el Art. X del Procedimiento de Que-rellas, supra, pág. 11, aclara que éste “se interpretará libe-ralmente, para permitir un proceso rápido, justo y equita-tivo para todas las partes”.

Visto lo anterior, apliquemos el Derecho a los hechos del caso.

HH l-H

Según hemos expuesto, en el Procedimiento de Quere-llas se le ha delegado al Oficial Examinador la facultad de adjudicar las querellas que se presenten al amparo del Re-glamento, sin necesidad de un trámite procesal adicional. En vista de ello, y conforme a la doctrina establecida en Tosado Cortés v. A.E.E., supra, resolvemos que la decisión del Oficial Examinador en este caso es la adjudicación final de la controversia, por lo que cumple con los requisitos para que lo revise el Tribunal de Apelaciones.

El foro apelativo intermedio sostiene que es una condi-ción indispensable para la validez de la resolución que el adjudicador sea un funcionario o empleado de la agencia, y que la delegación a un abogado externo del poder de adju-dicar es nula porque viola el texto expreso de la L.P.A.U. No podemos estar de acuerdo con esa conclusión.

Con relación al requisito de que el adjudicador de la querella sea “empleado o funcionario” de la agencia, en To- sado v. A.E.E., supra, pág. 395, resolvimos que “el oficial examinador, al descargar estas funciones propiamente ad-ministrativas, funge como un funcionario de la A.E.E.”. Es decir, entendemos que la interpretación del foro apelativo intermedio sobre el significado de la clasificación “emplea-do o funcionario” es demasiado rígida. Al evaluar la finali-dad de una decisión administrativa, no podemos importar el mismo análisis que utilizaríamos en un caso laboral tra-dicional para determinar si un trabajador posee o no dere-cho a ciertos beneficios marginales.() Simple y llana-mente, la labor del Oficial Examinador en este caso redunda en un beneficio público, en particular para la agencia concernida, independientemente de que éste no forme parte de la nómina de empleados regulares de la A.E.E. Por consiguiente, puede ser considerado como un funcionario de esa agencia para fines de la See. 3.3 de la L.P.A.U., supra.

Además, debemos recordar que el propósito para el que se creó la A.E.E. no fue para adjudicar querellas sobre re-clasificaciones y traslados de sus empleados, sino que esta corporación pública tiene una encomienda legislativa muy distinta, esta es, desarrollar, administrar y conservar las fuentes fluviales y de energía eléctrica del país. En cambio, la adjudicación de querellas presentadas por los empleados de esta instrumentalidad es una tarea necesaria, pero incidental a la misión principal de la A.E.E.

Se justifica por estas razones que el Director Ejecutivo delegue esta tarea a otros funcionarios especializados, ca-paces de evaluar y adjudicar las controversias de una forma imparcial, como lo son los abogados con experiencia en derecho laboral que contrata la A.E.E. Requerir que el adjudicador de las querellas sea un empleado o funcionario regular de la A.E.E. en nada garantiza que la adjudicación será imparcial, que en última instancia es la garantía principal de la L.P.A.U.()

Por último, en este caso es importante el hecho de que es la propia A.E.E. quien solicita la revisión de la determi-nación del Oficial Examinador. Esta actuación implica que la agencia, al aplicar su propio Reglamento y su Procedi-miento de Querellas, parte de la premisa que este funcio-nario designado tiene poder para adjudicar la querella de forma final y que no queda trámite administrativo alguno por realizar. Esta interpretación merece nuestra defer-encia.

En conclusión, la delegación expresa del poder de adju-dicación al Oficial Examinador en el Procedimiento de Querellas es válida conforme a la L.P.A.U. y a lo resuelto en Tosado v. A.E.E., supra. No es un requisito sine qua non que el adjudicador sea un funcionario o empleado regular de la agencia. Basta con que el Oficial Examinador ejerza las funciones propias del Director Ejecutivo de la A.E.E., por delegación de la agencia, en los procedimientos de ad-judicación de querellas como el de autos.

En atención a lo anterior, entendemos que no es necesa-rio requerir que el jefe de agencia tenga que acoger o ava-lar la decisión del Oficial Examinador para que ésta sea final y así concluir el trámite administrativo. Resolver de esta manera añadiría otro eslabón en el proceso y alarga-ría indebidamente el trámite de resolución de querellas. No debemos perder de perspectiva que los procedimientos ante las agencias administrativas deben ser ágiles y estar libres de escollos procesales innecesarios, de manera que se cumpla con el propósito cardinal de buscar la solución más justa, rápida y económica para las partes involucradas. 3 L.P.R.A. sec. 2163; Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005).

Por todo lo antes expuesto y conforme a lo resuelto en Tosado v. A.E.E., supra, somos del criterio que al Oficial Examinador se le delegó válidamente el poder de adjudicar la querella incoada por el señor Rivera Fuentes al amparo del Reglamento y del Procedimiento de Querellas correspondiente. La determinación del Oficial Examinador es la decisión final de la agencia y no es necesario que el Director Ejecutivo de la A.E.E. la acoja para que el Tribunal de Apelaciones tenga jurisdicción sobre el recurso de revisión, puesto que en el caso de autos no queda trámite administrativo alguno por completar.

IV

Por los fundamentos expresados, revocamos la resolu-ción del Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso a dicho foro para la continuación de los procedimientos de revisión de forma compatible con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez emitió una opinión disidente. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

La mayoría concluye que la controversia del caso de autos fue resuelta recientemente por este Tribunal en Tosado v. A.E.E., 165 D.P.R. 377 (2005). En dicho caso concluimos que la determinación del Oficial Examinador de la Autori-dad de Energía Eléctrica (A.E.E.) era la decisión final de la agencia y que, conforme dispone la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), era revisable por el tribunal apelativo. La mayoría expresa que, respecto al requisito estatutario de que el adjudicador de la querella tiene que ser "empleado o funcionario” de la agencia, en Tosado Cor-tés v. A.E.E., supra, pág. 21, resolvimos que el “oficial exa-minador, al descargar estas funciones propiamente admi-nistrativas, funge como un funcionario de la A.E.E.”. La mayoría concluye, además, que el Director Ejecutivo de la A.E.E. puede delegar la tarea administrativa de adjudicar las querellas presentadas por los empleados contra la agencia a personas que reconoce como especializadas en la materia, que no son sus “empleados o funcionarios”. Des-pués de reexaminar este asunto, creemos que el Tribunal se equivocó al resolver el caso Tosado v. A.E.E., supra, por ser incorrecto lo allí pautado sobre ese aspecto. Por tal mo-tivo, DISIENTO de este curso de acción. Un error no jus-tifica otro error.

Mediante el recurso presentado ante nos se solicita la revocación de una resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones. La resolución recurrida desestimó el recurso para revisar una decisión administrativa de la A.E.E. El foro intermedio apelativo entendió que el recurso presen-tado ante su consideración era prematuro, ya que no había concluido el trámite administrativo ante la agencia recurrida. Concluyó que el Oficial Examinador que emitió la decisión, quien no era empleado ni funcionario público, sino que fue contratado por dicha agencia de gobierno, ca-recía de la facultad para adjudicar la querella. Sostuvo que la decisión administrativa era una recomendación u opi-nión que, para ser final, tenía que ser avalada y adoptada por el Director Ejecutivo de la A.E.E., de acuerdo con la L.P.A.U. Veamos el cuadro fáctico que origina el presente recurso.

HH

El Sr. Raymond Rivera Fuentes presentó una querella contra la A.E.E., corporación pública para la que trabaja desde diciembre de 1994, en la cual cuestionó su reclasifi-cación y traslado a la plaza de Supervisor de Conservación de Estructuras y Terrenos del Sistema Eléctrico II en la División Central de Palo Seco.() Previo al traslado, el se-ñor Rivera Fuentes se desempeñaba como Supervisor de Asuntos de Mecanización de Telecomunicaciones en la División de Operación del Sistema Eléctrico. Este puesto es-taba asignado al área de Monacillos.

Alegadamente, el traslado del querellante obedeció a las recomendaciones de un Estudio Organizacional del Area Administrativa de la División de Operación del Sistema Eléctrico.() El referido estudio incluyó el puesto del quere-llante aun cuando, conforme al organigrama sometido en evidencia, ese puesto pertenecía al área de telecomunica-ciones y no al área administrativa en cuestión.()

Al cuestionar el traslado, el querellante adujo que éste no debió haber sido ordenado, pues se justificaba que su plaza permaneciera en el área de telecomunicaciones en lugar de clasificarla como “excedente”, conforme a la reco-mendación del referido estudio organizacional. Asimismo, solicitó que se le reinstalara a su puesto de Supervisor de Asuntos de Mecanización de Telecomunicaciones, ubicado en Monacillos.()

Por su parte, la A.E.E. alegó que el traslado era necesa-rio, ya que el señor Rivera Fuentes no estaba llevando a cabo las funciones de su puesto, según demostró el estudio organizacional en cuestión. Añadió que la plaza que ocu-paba el señor Rivera Fuentes no tenía personal a su cargo, por lo que no realizaba las funciones que establecía su es-pecificación de clase. Argüyó, además, que el señor Rivera Fuentes llevaba un año asignado a un proyecto especial, por lo que se justificaba y era lógico acoger la recomenda-ción formulada en el referido estudio organizacional del área administrativa de la División de Operación del Sis-tema Eléctrico.()

Debido a que el Procedimiento de Querellas para Em-pleados de Carrera No Unionados() provee un mecanismo mediante el cual, contrario a las disposiciones de la L.P.A.U.,() designa y delega en un Oficial Examinador la facultad de emitir una decisión final, la querella fue refe-rida al Ledo. José R. Feijóo.

Luego de celebrada la vista, el 11 de junio de 2002 el Oficial Examinador emitió la resolución, declarando “con lugar” la querella instada. Decretó la nulidad del traslado y ordenó a la A.E.E. a reinstalar al señor Rivera Fuentes a la posición donde prestaba servicio y a asignarle funciones propias de la clasificación original de su puesto.() Especí-ficamente, dispuso sobre el traslado lo siguiente:

... [N]o tiene como base ninguna necesidad de servicio que lo justifique en adición a ser contrario al Artículo 8.2 del Regla-mento de Personal para Empleados No Unionados, particular-mente el Artículo 8.2(3) y a las recomendaciones del propio estudio. La querellada debe reinstalar al querellante al Direc-torado donde prestaba servicio y asignarle las funciones pro-pias de la clasificación que ostentaba previo al traslado, así como cualquier beneficio a que tuviere derecho. Siendo el tras-lado nulo, la determinación restituye al querellante todos los derechos, beneficios y privilegios que ostentaba previo a dicha acción.()

La resolución dictada por el Oficial Examinador fue no-tificada con copia a las partes. Oportunamente, la A.E.E. presentó una moción de reconsideración, la cual fue dene-gada mediante una resolución emitida el 23 de julio de 2002.() Inconforme con la anterior decisión, la A.E.E. acu-dió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de re-visión, alegando que el Oficial Examinador erró al deter-minar que el traslado no tuvo como base la necesidad del servicio. Además, señaló como error el no darle validez al estudio organizacional y concluir que el señor Rivera Fuentes no fue reubicado dentro del Directorado del Sistema Eléctrico. ()

El 23 de mayo de 2003, el Tribunal de Apelaciones emi-tió una sentencia en la que desestimó el recurso de revisión presentado ante su consideración, y archivó en autos copia de su notificación a las partes el 30 de mayo de 2003. Con-cluyó que la resolución recurrida no había puesto fin al trámite administrativo. Puntualizó que la L.P.A.U. no re-conoce al Oficial Examinador como un funcionario o una persona facultada para emitir un dictamen final que vin-cule a las partes. Determinó que, independientemente del nombre que se le asignó al funcionario —Oficial Examina-dor— a éste se le facultó para emitir decisiones finales a nombre de la A.E.E.() Concluyó, además, que la designa-ción del Oficial Examinador con facultad para emitir deci-siones finales, contrario a lo dispuesto por las Sees. 3.3 y 3.14 de la L.P.A.U.,() no recayó en un funcionario o em-pleado público, sino en una persona contratada por una agencia de gobierno que “no ha sido investido de parte de la soberanía del Estado ...”.()

Insatisfecha, la aquí peticionaria presentó oportuna-mente una moción de reconsideración,() la cual fue dene-gada mediante una resolución emitida el 27 de marzo de 2003 y archivada en autos copia de su notificación a las partes el 8 de julio de 2003.()

Inconforme, la A.E.E. acude ante nos mediante un Re-curso de certiorari, señalando como error lo siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al des-estimar el recurso de revisión interpuesto por la parte aquí peticionaria por el fundamento de que el mencionado recurso resultaba prematuro por no tratarse, en opinión del Honorable Tribunal, de una decisión final de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Examinadas las comparecencias de las partes y los autos del presente caso, nos encontramos en posición de expresarnos. Confirmaríamos al foro recurrido. Veamos.

II

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico

La L.P.A.U. establece un procedimiento uniforme para la revisión judicial de órdenes, resoluciones y providencias dictadas por las agencias administrativas. La Sec. 4.2 de la L.P.A.U.() define el ámbito de la revisión judicial de las agencias administrativas. Del mismo modo, establece cuándo procede la revisión y quién tiene acción legitimada para acudir a los tribunales. En lo pertinente, dispone lo siguiente:

Una parte adversamente afectada por una orden o resolu-ción final de una agencia y que haya agotado todos los reme-dios provistos por la agencia o por el organismo administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de re-visión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones [ahora Tribunal de Apelaciones], dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas en la see. 2165 de este título, cuando el término para solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido mediante la presen-tación oportuna de una moción de reconsideración. (Enfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 2172.

Conforme se desprende de la anterior disposición, la fa-cultad revisora del Tribunal de Apelaciones solamente puede ejercerse sobre resoluciones y órdenes finales de una agencia/) El Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003,() dispone que el Tribunal de Apelaciones atenderá, mediante un re-curso de revisión judicial —que se acogerá como cuestión de derecho— las decisiones, órdenes y resoluciones finales de los organismos o las agencias administrativas/)

Atales fines, la Sec. 3.14 de la L.P.A.U., supra, dispone, en cuanto a una orden o resolución final, lo siguiente:

Una orden o resolución final deberá ser emitida por escrito
... La orden o resolución deberá ser firmada por el jefe de la agencia o cualquier otro funcionario autorizado por ley.
La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar la reconsideración o revisión de la misma, con expresión de los términos correspondientes. Cumplido este requisito comenza-rán a correr dichos términos. (Enfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 2164.

De este modo, la Asamblea Legislativa limitó la revisión judicial exclusivamente a resoluciones u órdenes finales de las agencias. Al así hacerlo, se aseguró de que la interven-ción judicial se realizara después de que concluyesen los trámites administrativos y se adjudicasen todas las contro-versias pendientes ante la agencia. La intención legislativa persigue evitar una intromisión indebida y a destiempo de los tribunales en el trámite administrativo. Pretende, ade-más, que la decisión administrativa refleje la decisión final de la agencia, culminen las controversias presentadas ante ésta y tenga efectos sustanciales sobre las partes/)

Con respecto a las figuras que participan en los procesos de adjudicación administrativos, existen dos tipos de fun-cionarios: los oficiales examinadores y los jueces administrativos. En lo que a ellos concierne, la See. 3.3 de la L.P.A.U., supra, dispone lo siguiente:

Toda agenda podrá designar ofidales examinadores para presidir los procedimientos de adjudicación que se celebren en ella, los cuales no tendrán que ser necesariamente abogados, particularmente cuando el procedimiento en cuestión es uno informal.
El jefe de la agencia podrá delegar la autoridad de adjudi-car a uno o más funcionarios o empleados de su agencia. A estos funcionarios o empleados se les designará con el título de jueces administrativos.
En casos cuyos hechos planteen controversias adjudicables bajo la autoridad de más de una agencia, los jefes de las agen-cias concernidas podrán delegar en un solo juez administrativo la adjudicación del caso, el cual podrá ser funcionario o em-pleado de cualesquiera de dichas agencias. (Enfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 2153.

Es norma reiterada de hermenéutica que la letra clara de una ley es la mejor expresión de su espíritu. Cuando el legislador se ha manifestado en lenguaje claro e inequí-voco, el texto de la ley es la expresión por excelencia de toda intención legislativa.() Por ello, al interpretar la ley nos vemos obligados a cumplir con el referido principio de hermenéutica establecido en el Art. 14 de nuestro Código Civil,() que dispone: “Cuando la ley es clara libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su espíritu.” () El referido principio conduce nuestra interpretación del estatuto en cuestión.

Concluimos que el oficial examinador es aquel funciona-rio designado para presidir una vista, sin poder de adjudicación. Sus funciones se limitan a presidir el pro-ceso, recibir la evidencia ofrecida por las partes, asegu-rarse que se cumpla con las normas procesales aplicables y que se conduzca el proceso en forma justa y equitativa. El oficial examinador escucha la prueba testifical, recibe la prueba documental y rinde un informe al funcionario que tiene la autoridad para adjudicar —sea éste un juez admi-nistrativo o el jefe de la agencia— con sus determinaciones de hechos y recomendaciones.()

La referida disposición estatutaria define “juez adminis-trativo” como aquel funcionario o empleado de la agencia al cual el jefe de la agencia delega su autoridad de adjudicar. La delegación de dicha autoridad convierte al juez admi-nistrativo en un funcionario autorizado en ley para emitir órdenes o resoluciones finales a nombre de la agencia.()

En síntesis, y como acertadamente puntualizó el Tribunal de Apelaciones: (1) el oficial examinador no cuenta con facultad delegada para adjudicar la controversia en nom-bre de la agencia administrativa; (2) su recomendación po-dría ser acogida por el jefe de la agencia, quien emite la decisión y se convierte así en una resolución final de la agencia, y (3) el jefe de la agencia podría delegar la facul-tad de adjudicar a un juez administrativo que sea un fun-cionario o empleado de la agencia administrativa. ()

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Procedimiento de querellas para empleados de carrera no unionados

Por virtud de la Ley de Energía Eléctrica de Puerto Rico, () se creó la A.E.E. como una corporación pública autó-noma del Estado. Dicho estatuto dispone que la A.E.E. será gobernada por una Junta de Gobierno. Ese cuerpo quedó facultado, a su vez, para adoptar reglamentos al amparo de los cuales se regirán los asuntos administrativos y opera-cionales de la agencia. El referido estatuto dispuso que le corresponderá a la Junta efectuar “ [n] ombramientos, sepa-raciones, ascensos, traslados, ceses, reposiciones, suspen-siones, licencias, y cambios de categoría, remuneración o título de los funcionarios y empleados de la Autoridad, [según] dispongan las normas y reglamentos que prescriba la Junta ...”.()

Amparándose en el referido estatuto y en la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico,() el 21 de julio de 1992 la Junta de Gobierno de la A.E.E. emitió la Reso-lución 2386, mediante la cual adoptó el Reglamento de Personal para Empleados de Carrera No Unionados. El Art. 15 del referido cuerpo reglamentario dispone lo siguiente:

Toda queja relacionada con cualquier acción por parte de la Autoridad y las apelaciones de toda determinación que tome la Autoridad Nominadora que afecten a un empleado en cual-quier área excluyendo lo relacionado con el procedimiento dis-ciplinario, se canalizarán según lo dispuesto en el Procedi-miento de Querellas Para Empleados de Carrera No Unionados. (Énfasis suplido.) Reglamento de Personal para Empleados de Carrera No Unionados, supra, pág. 47.

Un examen del Procedimiento de Querellas para Em-pleados de Carrera No Unionados revela que éste provee un mecanismo en el que, contrario a las disposiciones de la L.P.A.U., se designa y delega a un oficial examinador la facultad de emitir una decisión final.

El Oficial Examinador, a base del récord y de la evidencia presentada, emitirá su decisión conforme a derecho dentro de los treinta (30) días laborables luego de sometido el caso. Las decisiones se emitirán por escrito e incluirán separadamente determinaciones de hechos y de derecho. El Oficial Examina-dor notificará por correo toda Decisión a las partes y a sus respectivos abogados haciendo constar en autos la fecha de notificación y el nombre y dirección de cada persona notificada. Además, se advertirá a la parte afectada la dispo-nibilidad del recurso de reconsideración señalando que es re-quisito jurisdiccional. Art. VII del Procedimiento de Querellas para Empleados de Carrera No Unionados, supra, pág. 9.

Del mismo modo, el Art. IX del Procedimiento de Que-rellas para Empleados de Carrera No Unionados dispone que las decisiones del oficial examinador podrán ser revi-sadas ante el Tribunal Superior, hoy Tribunal de Apelaciones.

En virtud de la referida disposición reglamentaria, la A.E.E. ha designado ex Jueces Superiores, ex Jueces de Apelaciones y abogados con experiencia en el derecho labo-ral y en el procedimiento de adjudicación, como oficiales examinadores con facultad para emitir decisiones finales.!) Estos no son funcionarios ni empleados de la A.E.E., sino que son personas privadas contratadas para escuchar la prueba y emitir una decisión final.

El Art. II del referido Procedimiento de Querellas para Empleados de Carrera No Unionados exige que el oficial examinador no sea empleado de la agencia. Al definir la figura del oficial examinador, dispone que será un “[a]bogado que no sea empleado de la Autoridad designado para oír la prueba presentada por las partes y emitir una decisión una vez sometido el caso. Se nombra de una lista de oficiales examinadores con experiencia preferiblemente en el campo laboral”. (Énfasis suplido.)()

Como señalamos anteriormente, de las referidas dispo-siciones reglamentarias surge que el Procedimiento de Querellas para Empleados de Carrera No Unionados, con-trario a las disposiciones de la L.P.A.U., provee un meca-nismo mediante el cual se designa y se delega a un oficial examinador la facultad de emitir una decisión final. Exige, además, en contravención a la ley, que no sea empleado o funcionario de la agencia.

IV

Es norma conocida en nuestro ordenamiento jurídico que un reglamento promulgado por una agencia para ad-ministrar las funciones dispuestas por ley, puede comple-mentarla pero nunca estar en conflicto con ella.() Todo reglamento aprobado por una agencia administrativa cu-bierta por la L.P.A.U. tiene que ajustarse a lo dispuesto por esa ley, por lo que un reglamento o una actuación adminis-trativa claramente en conflicto o en contra de la ley es nula.()

En el caso de autos, la resolución cuya revisión se soli-cita está suscrita por el Ledo. José R. Feijóo, oficial exami-nador designado y facultado por la A.E.E. para emitir de-cisiones finales a nombre de la agencia. De la See. 3.3 de la L.P.A.U., supra, surge claramente y libre de toda ambigüe-dad, que el oficial examinador no cuenta con la facultad delegada por ese estatuto para adjudicar la controversia en nombre de una agencia administrativa. Por ello, éste no puede emitir una resolución u orden final que obligue a las partes. El nombre no hace la cosa; lo cierto es que se le facultó al Ledo. José R. Feijóo para emitir decisiones finales a nombre de la A.E.E. Ahora bien, a pesar de que la designación del licenciado Feijóo se realizó conforme al Procedimiento de Querellas para Empleados de Carrera No Unionados, es evidente que no cualifica de jure como un juez administrativo, ya que la facultad de adjudicar dele-gada por la A.E.E. no recayó en un funcionario o empleado público, según lo requiere la See. 3.3 de la L.P.A.U., supra. La referida disposición estatutaria faculta al jefe de la agencia a delegar la autoridad de adjudicar a uno o más funcionarios o empleados de su agencia.

En el caso ante nos, el Ledo. José R. Feijóo no es funcio-nario ni empleado de la A.E.E., sino una persona del sector privado contratada para escuchar la prueba y emitir una decisión final. En total contravención al lenguaje inequí-voco de la L.P.A.U., la A.E.E. ha designado a personas como oficiales examinadores con facultad para emitir deci-siones finales, sin ser empleados o funcionarios de la agencia. ()

Concluimos, ante el lenguaje claro e inequívoco de la L.P.A.U., que la infraestructura jurídica estatutaria no au-toriza al jefe de una agencia a delegar su autoridad para adjudicar una controversia de manera final a un oficial examinador. Tampoco permite que delegue tal autoridad a un juez administrativo que no sea un empleado o funciona-rio de la agencia. La delegación de autoridad conferida en este caso al Ledo. José R. Feijóo es nula.

Arguye la A.E.E. que la disposición reglamentaria del Procedimiento de Querellas para Empleados de Carrera No Unionados, que delega en un oficial examinador la autori-dad de emitir una decisión final, provee unas garantías adicionales a las disposiciones de la L.P.A.U., en cuanto “le otorga la facultad de emitir resoluciones u órdenes finales a personas externas que gozan de gran reputación en el campo jurídico sin perjuicio del derecho de [las partes de solicitar] reconsideración o revisión judicial”.() Aduce la A.E.E., aquí peticionaria, que no ofrece una garantía mayor a sus empleados el hecho de que el adjudicador de las querellas presentadas en su contra sea uno de sus funcio-narios o empleados. () Tales argumentos son impro-cedentes.

Dentro de nuestro expediente surge que el reclamo del querellante es dirigido contra la A.E.E. como empleado. Dicho reclamo tiene, bajo la L.P.A.U., que ser resuelto por un juez administrativo que sea empleado o funcionario de la A.E.E. Por imperativo constitucional del debido proceso de ley, la A.E.E. y su Director Ejecutivo no pueden ser parte y, a la vez, ser el organismo formal de naturaleza cuasi judicial donde los empleados impugnan y se querellan de sus propias actuaciones. Partiendo de la premisa que la See. 3.3 de la L.P.A.U., supra, se presume válida desde una perspectiva constitucional, consideramos a la A.E.E. y al juez administrativo que considera el referido estatuto, en-tes separados e independientes a los efectos de sus funcio-nes particulares. ()

El equivalente a lo que la A.E.E. pretende es que esta Curia enmiende una ley cuyo texto es claro. Lo anterior es contrario al principio de separación de poderes que permea nuestro sistema republicano de gobierno, bajo el cual la función de la Rama Judicial es interpretar la ley, no formu-lar política pública ni, mucho menos, dirigir tal ejercicio.() Esa facultad le corresponde a las Ramas Legislativa y Ejecutiva. No nos corresponde, por lo tanto, juzgar la bon-dad o sabiduría del legislador al aprobar una legislación ni debemos frustrar los propósitos de un estatuto cuando la letra es clara y expresa, y sin ambigüedad su intención. () Somos del criterio que cuando el lenguaje de la ley es claro e inequívoco, nuestra responsabilidad es respetar la volun-tad legislativa, independientemente de nuestro criterio personal.()

Resolvemos, pues, que la delegación conferida por la A.E.E. al Ledo. José R. Feijóo para adjudicar una contro-versia de manera final es nula por recaer en una persona que no es funcionario ni empleado de la A.E.E., conforme lo requieren expresamente las Sees. 3.3 y 3.14 de la L.P.A.U., supra. Del mismo modo, consideramos procedente decretar nulas las disposiciones del Procedimiento de Querellas para Empleados de Carrera No Unionados que facultan a personas privadas contratadas por la A.E.E. para escuchar y recibir la evidencia de las partes y emitir decisiones finales, en contravención con lo dispuesto en las Sees. 3.3 y 3.14 de la L.P.A.U., supra, en específico, el inciso (3) del Art. Ill y los Arts. VII, VIII y EX del referido procedimiento de querellas.

V

Por los fundamentos antes expuestos, concluimos que actuó correctamente el foro intermedio apelativo al deses-timar el recurso de revisión presentado por la A.E.E. por prematuro al no haber concluido el trámite administrativo en cuestión. Confirmaríamos la sentencia recurrida emi-tida por el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. Por no ser ese el curso de acción de la mayoría, DISENTIMOS.

      (1) Revisado el 5 de mayo de 1994.

      (2) Reglamento Núm. 4109 de 12 de febrero de 1990.

      (3) La Autoridad de Energía Eléctrica (A.E.E.) fue creada al amparo de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941 (22 L.P.R.A. sec. 191 et seq.).

      (4) En este sentido, no se trata de determinar si el Oficial Examinador tiene derecho a vacaciones, a un seguro médico o si es contratista independiente para propósitos de la cubierta del Fondo del Seguro del Estado, entre otras consideraciones.

      (5) Véanse, sobre el particular: Sec. 3.1 de la Ley de Procedimiento Administra-tivo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2151; Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004); Magriz v. Empresas Nativas, 143 D.P.R. 63, 70 (1997).

      (1) La querella fue presentada en conformidad con el Reglamento para Emplea-dos de Carrera No Unionados de la Autoridad de Energía Eléctrica y canalizada según lo dispuesto en el Procedimiento de Querellas para Empleados de Carrera No Unionados.

      (2) Dicho estudio fue realizado por el Departamento de Estudios y Procedimien-tos Corporativos el 14 de agosto de 2000, basado en la Sec. 1027.6.1 del Capítulo 100 del Manual Administrativo. El estudio organizacional tenía como propósito el eva-luar la organización del área administrativa de la División de Operación del Sistema Eléctrico, para determinar la viabilidad de simplificar los procesos, agilizar y maxi-mizar la utilización de los recursos necesarios. Apéndice del Recurso de certiorari, págs. 98-106.

      (3) Resolución de 11 de junio de 2002 emitida por el Oficial Examinador, Apén-dice del Recurso de certiorari, págs. 98-106.

      (4) Carta al Sr. Carlos Reyes Berrios, Administrador de la División de Operación del Sistema Eléctrico, de 1 de septiembre de 2000, Apéndice del Recurso de certiorari, págs. 132-133. Véase, además, Moción mostrando causa por la cual no se debe expedir auto de revisión, Apéndice del Recurso de certiorari, págs. 22-34.

      (5) Carta al Sr. Raymond Rivera Fuentes de 14 de septiembre de 2000, Apéndice del Recurso de certiorari, págs. 130-131. Véase, además, Solicitud de Revisión pre-sentado por la Autoridad de Energía Eléctrica (A.E.E.), Apéndice del Recurso de certiorari, págs. 64-82.

      (6) Amparándose en la Ley de Energía Eléctrica de Puerto Rico, 22 L.P.R.A. see. 191 et seq., y en la Ley de Personal de Servicio Público de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 1338, el 21 de julio de 1992 la Junta de Gobierno de la A.E.E. adoptó el Reglamento de Personal para Empleados de Carrera No Unionados. El Art. 15 del mencionado reglamento, supra, pág. 47, dispone que “toda queja relacionada con cualquier acción por parte de la Autoridad y las apelaciones de toda determinación que tome la Au-toridad Nominadora que afecten a un empleado en cualquier área excluyendo lo relacionado con el procedimiento disciplinario, se canalizarán según lo dispuesto en el Procedimiento de Querellas de Empleados de Carrera No Unionados”. El Art. 111(2) del referido Procedimiento de Querellas para Empleados de Carrera No Unio-nados de 5 de mayo de 1994 provee un mecanismo de “Niveles de Ajuste” que deberá utilizar cualquier empleado de carrera de la A.E.E. no unionado que alegue la viola-ción a sus derechos bajo las normas administrativas.

      (7) Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.

      (8) Apéndice del Recurso de certiorari, págs. 98-106.

      (9) Íd., pág. 104.

      (10) Resolución emitida por el Oficial Examinador el 23 de julio de 2002, Apéndice del Recurso de certiorari, págs. 85-86.

      (11) Apéndice del Recurso de certiorari, págs. 64-83.

      (12) Consideró el Tribunal de Apelaciones que el “nombre no hace la cosa”, por lo que debía analizarse si el Oficial Examinador podía ser considerado como un Juez Administrativo de jure. Véase Apéndice del Recurso de certiorari, pág. 20.

      (13) 3 L.P.R.A. secs. 2153 y 2164.

      (14) Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 23 de mayo de 2003, Apéndice del Recurso de certiorari, pág. 20.

      (15) Apéndice del Recurso de certiorari, págs. 4-12.

      (16) Íd., pág. 1.

      (17) 3 L.P.R.A. sec. 2172.

      (18) Véanse: Padilla Falú v. A.V.P., 155 D.P.R. 183 (2001); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R. 483 (1997).

      (19) Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003 (4 L.P.R.A. sec. 22 et seq.).

      (20) 4 L.P.R.A. sec. 24y(c).

      (21) Padilla Falú v. A.V.P., supra.

      (22) Guzmán v. Calderón, 164 D.P.R. 220 (2005), opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado Señor Rivera Pérez; Santiago v. Supte. Policía de P.R., 151 D.P.R. 511 (2000); Rivera v. E.L.A., 140 D.P.R. 538 (1996).

      (23) 31 L.P.R.A. sec. 14.

      (24) Véanse, además: Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483 (1999); Depto. de la Familia v. Soto, 147 D.P.R. 618 (1999).

      (25) 3 L.P.R.A. sec. 2168.

      (26) Al reconocer la facultad del jefe de la agencia de delegar la autoridad para adjudicar a jueces administrativos, “[qlueda así resuelta la cuestión de que no es necesario que el jefe de la agencia tenga que personalmente resolver y adjudicar la controversia. La cantidad enorme de adjudicaciones que celebran algunas agencias hace imposible que el jefe de la agencia conduzca personalmente las audiencias”. D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 186.

      (27) Apéndice del Recurso de certiorari, pág. 18.

      (28) 22 L.P.R.A. sec. 191 et seq.

      (29) 22 L.P.R.A. sec. 197(a).

      (30) 3 L.P.R.A. sec. 1301 et seq.

      (31) Alegato de la parte peticionaria, págs. 10-12.

      (32) Procedimiento de Querellas Para Empleados de Carrera No Unionados, Apéndice del Recurso de certiorari, pág. 566.

      (33) Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. Púb., 158 D.P.R. 180 (2002); Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 D.P.R. 105 (2002); P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 409 (1980).

      (34) Martínez v. Depto. de Educación, 148 D.P.R. 648 (1999); P.S.P. v. Comisión Estatal de Elecciones, supra; Infante v. Tribl. Examinador Médicos, 84 D.P.R. 308 (1961).

      (35) Alegato de la parte peticionaria, págs. 11-12.

      (36) Íd., pág. 11.

      (37) Íd.

      (38) Marcano Rivera v. Departamento Estado, 163 D.P.R. 778 (2005); Rafael Rosario & Assoc. v. Depto. Familia, 157 D.P.R. 306 (2002).

      (39) Este principio está contenido en la See. 2 del Art. I de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, pág. 256. Véase Corraliza v. Bco. Des. Eco., 153 D.P.R. 161 (2001).

      (40) Famania v. Corp. Azucarera de P.R., 113 D.P.R. 654 (1982).

      (41) Delgado, Ex parte, 165 D.P.R. 170 (2005); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530 (1999).


author:
(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri,

text:
    Rafael Rivera Labarca et als., demandantes y peticionarios, v. Puertorrican-American Insurance Co. et als., demandados y recurridos, y Fundador Molina Soto, etc., demandados.

      Número: CC-2003-507

      Resuelto: 17 de febrero de 2006

      Juan E. Taboas Santiago, abogado de la parte peticionaria; Juan R. Colón Cortés, abogado de la parte recurrida; Bru-nilda Figueroa Náter, abogado de la parte demandada.
   SENTENCIA

El caso del epígrafe nos brinda la oportunidad de pasar juicio sobre la validez y exigibilidad de una póliza de segu-ros adquirida por el arrendatario de un vehículo de motor, en consideración a que el contrato de arrendamiento de dicho automóvil fue cedido a un tercero sin la autorización del arrendador y sin haberlo informado a la aseguradora.

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Según surge del expediente, el Dr. Carlos Torres Cabret (señor Torres Cabret) suscribió un contrato de arrenda-miento con Popular Leasing & Rental, Inc. (Popular Leasing) mediante el cual adquirió el uso y disfrute de un ve-hículo de motor, marca Porsche Boxster de 1997, a cambio del pago de unos cánones de arrendamiento. El referido contrato dispuso que el titular del vehículo era Popular Leasing y que el señor Torres Cabret no podía vender o ceder su interés en el arrendamiento ni subarrendar el mencionado automóvil.

Posteriormente, el señor Torres Cabret adquirió una pó-liza de seguro para este vehículo a través de Puerto Rican American Insurance Company (PRAICO), cubierta que se extendería desde el 3 de septiembre de 1999 al 3 de sep-tiembre del 2000. En ésta se declaró a Popular Leasing como beneficiaría y entidad financiera. Además, se hizo constar que la residencia del señor Torres Cabret estaba localizada en San Juan, Puerto Rico. Sin embargo, se in-formó que el referido vehículo iba a ser principalmente guardado en la calle Tomás Dávila del municipio de Barceloneta. Esta dirección era la correspondiente a la re-sidencia del Dr. Rafael Rivera Labarca (señor Rivera La-barca), según éste alega.

Un día después de haber entrado en vigor esta cubierta —entiéndase, el 4 de septiembre de 1999— el señor Torres Cabret “vendió” el automóvil objeto del arrendamiento al señor Rivera Labarca, según consta en la declaración ju-rada de este último. En dicha declaración, además, se afirma que el señor Rivera Labarca asumía el pago del arrendamiento a Popular Leasing y todas las responsabili-dades inherentes a la posesión del vehículo, exonerando con ello al señor Torres Cabret de toda responsabilidad re-lacionada con éste. Dicho acuerdo no fue informado a Popular Leasing ni a PRAICO.

Seis días después, el señor Rivera Labarca gestionó a través de un agente de PRAICO una solicitud para que fuera incluido como conductor asegurado o adicional en la póliza adquirida por el señor Torres Cabret. Este último continuó siendo el asegurado principal. En dicho docu-mento se hizo constar que el vehículo no era arrendado. Tampoco se modificó la información referente al lugar de estacionamiento o garaje en el cual sería guardado el automóvil.

El 4 de febrero de 2000 el vehículo arrendado sufrió da-ños por motivo de un incidente. Conforme alegó el señor Rivera Labarca,

... el automóvil sufrió un accidente cuando se encontraba es-tacionado frente a la marquesina de su residencia, aparente-mente sufrió un desperfecto mecánico quedando la caja de cambios en neutro lo que provocó que iniciara la marcha hacia atrás sin estar siendo conducido por nadie, debido a la topo-grafía del lugar donde reside el Dr. Rivera Labarca, cayendo por un precipicio de aproximadamente 75 pies de profundidad sufriendo daños que montaron a la suma de $22,247.03 aproximadamente por concepto de hojalatería y pintura. Ale-gación Núm. 8 de la Demanda Enmendada, Apéndice, pág. 25.

Así las cosas, el señor Rivera Labarca informó a la Po-licía lo acontecido y, posteriormente, solicitó a PRAICO los beneficios de la póliza de seguro. Luego de la investigación pertinente, PRAICO cursó una misiva al señor Torres Ca-bret en la cual comunicó que no procedía la reclamación de los daños del vehículo. Concluyó que, al éste transferir el vehículo al señor Rivera Labarca, había cedido sus dere-chos y deberes bajo la póliza sin el consentimiento escrito de la aseguradora, en violación a las disposiciones del con-trato de seguro. Ante este hecho, PRAICO determinó que la póliza sólo mantuvo su vigencia hasta el 4 de septiembre de 1999, día en que se celebró la transacción con el vehículo.

En vista de lo anterior, el señor Rivera Labarca, su es-posa y su Sociedad Legal de Gananciales presentaron ante el tribunal de instancia una demanda contra PRAICO y contra el agente que le vendió el seguro del automóvil. Ale-garon, en síntesis, que éstos incumplieron con el contrato de seguro y solicitaron todos los daños relacionados al ac-cidente del vehículo. Posteriormente, la demanda fue en-mendada para incluir como demandante al señor Torres Cabret y, como demandada, a la Sociedad Legal de Ganan-ciales compuesta por el agente de seguros y su esposa.

Tras varios incidentes procesales, tanto PRAICO como los demandantes solicitaron al tribunal que dictara senten-cia sumaria a su favor. En vista de ello, el foro de instancia declaró “con lugar” la demanda. Resolvió que el señor Torres Cabret no podía vender el automóvil al señor Rivera Labarca sin la autorización de Popular Leasing, por lo que dicho negocio no surtió efecto alguno. Además, razonó que el señor Rivera Labarca había sido aceptado por PRAICO como conductor asegurado. Dado que el accidente ocurrió dentro de la vigencia de dicha póliza, dictaminó que PRAICO era responsable de cubrir los daños. Igualmente, le impuso el pago de honorarios de abogado y las costas del litigio. La demanda contra el agente de seguros fue desestimada.

Inconforme, PRAICO acudió al entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. El foro apelativo intermedio re-vocó la decisión de instancia. Concluyó que se debía cele-brar una vista para que PRAICO tuviera la oportunidad de demostrar que no hubiera expedido la referida póliza si hubiera conocido que el vehículo asegurado era un vehículo arrendado, ya que el señor Rivera Labarca no se lo informó.

De dicha determinación acuden ante nos los señores Rivera Labarca y Torres Cabret. Arguyen, en esencia, que no procede la celebración de la vista, según dictaminada por el tribunal apelativo, para determinar si PRAICO hubiera o no emitido la póliza de seguro. Asimismo, aducen que procede la imposición de honorarios de abogado. Expedi-mos el auto solicitado en reconsideración. Estando el caso sometido con la comparecencia de ambas partes, resolvemos.

I-H HH

A. En nuestra jurisdicción, los contratos de arrenda-miento de bienes muebles están regulados por la Ley Núm. 76 de 13 de agosto de 1994, según enmendada, 10 L.P.R.A. sec. 2401 et seq. Este estatuto cumple el propósito de pro-veer unas salvaguardas a los arrendatarios y, al mismo tiempo, unas garantías a los arrendadores, con el fin de estimular la celebración de este tipo de contrato y lograr con ello un crecimiento económico. Art. 2 de la Ley Núm. 76, supra, 10 L.P.R.A. sec. 2401 n.

Entre sus disposiciones, la referida Ley Núm. 76 regula lo relacionado con la titularidad del bien mueble objeto del arrendamiento. Ésta establece que se considerará al arren-dador como titular de dicho bien y al arrendatario como su poseedor, quien podrá usarlo y disfrutarlo siempre y cuando cumpla con las cláusulas estipuladas en el contrato. 10 L.P.R.A. sec. 2408. Sin embargo, cuando la cosa arrendada sea un vehículo de motor, se tendrá como su titular al arrendatario. íd. Esto último responde a que el legislador quiso liberar de responsabilidad al arrendador en casos de daños y perjuicios ocasionados por un vehículo de motor sujeto a contrato de arrendamiento. Véase Ley Núm. 192 de 6 de septiembre de 1996 y su historial legislativo.

Igualmente, la pieza legislativa preceptúa que

[e]l arrendatario no podrá ceder el arrendamiento sin el con-sentimiento previo, por escrito, del arrendador. Si el arrenda-tario cede el arrendamiento, sin el debido consentimiento, se considerará como si la cesión no se hubiese efectuado. Art. 17 de la Ley Núm. 76, supra, 10 L.P.R.A. sec. 2415.

Además, dispone —como resguardo a favor del arrenda-dor— que éste puede exigirle al arrendatario la adquisi-ción de un seguro sobre el bien arrendado por el término del contrato, el cual podrá ser requisito para su celebración. 10 L.P.R.A. sec. 2411. En dichas pólizas se debe incluir al arrendador como beneficiario y asegurado adicional, de manera que el interés de éste sobre el bien quede protegido. íd. De hecho, como norma general, los contratos de arrendamiento contienen este tipo de garan-tías destinadas a proteger al arrendador de sucesos impre-vistos que puedan menoscabar la propiedad. CNA Casualty de P.R. v. Torres Díaz, 141 D.P.R. 27 (1996).

B. Por otra parte, el contrato de seguros es un acuerdo mediante el cual una persona se obliga a indemnizar a otra, o a proveerle un beneficio específico o determinable, ante la ocurrencia de un suceso incierto pero previsto en el contrato. 26 L.P.R.A. sec. 102; Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. S.L.G., 158 D.P.R. 714 (2003). La relación entre el asegurador y el asegurado, por ende, es de naturaleza contractual, y sus acuerdos constituyen la ley entre las partes. López v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 D.P.R. 562 (2003); Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139 (1996).

Este contrato está extensamente reglamentado por el Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sec. 101 et seq.; no obstante, pueden aplicársele de manera supletoria las disposiciones de nuestro Código Civil. López v. Atlantic Southern Ins. Co., supra; Velez et al. v. Bristol-Myers, 158 D.P.R. 130 (2002); Mun. of San Juan v. Great Ame. Ins. Co., 117 D.P.R. 632 (1986). Conforme a ello, en el contrato de seguros, al igual que en los demás contratos, deben con-currir tres elementos indispensables para su validez: (1) consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto mate-ria del contrato, y (3) causa de la obligación que se genera. Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 D.P.R. 675 (2001); Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148 D.P.R. 523 (1999).

Este tipo de contrato, además, reviste la característica particular de que su formulación exige la conducta de buena fe de los contratantes en su máxima expresión.

Aunque se presume que los contratos regidos por el Código Civil son de buena fe, los contratos de seguros regidos por el Código de Seguros son de extrema buena fe. Se requiere un mayor o extremo grado de buena fe en las negociaciones pre-cedentes a la perfección o consumación del contrato de seguro toda vez que los riesgos o peligros a que está expuesto el objeto asegurable sobre los cuales se pacta, son basados en las meras representaciones del propuesto asegurado que inducen al ase-gurador a aceptar la oferta hecha por el [sic] éste. R. Cruz, Derecho de Seguros, San Juan, Pubs. J.T.S., 1999, Sec. 3.3, pág. 14.

Sin embargo, no toda falsa representación o declaración de parte de un asegurado durante la formulación del con-trato de seguro impedirá el cobro de los beneficios dispues-tos en la póliza. Así surge del Art. 11.100 del Código de Seguros de Puerto Rico, el cual establece que:

Todas las declaraciones y descripciones en una solicitud de póliza de seguro o en negociaciones para la misma, hechas por el asegurado o a su nombre, se entenderá que son representa-ciones y no garantías. La impostura, las omisiones, el encubri-miento de hechos y las declaraciones incorrectas no impedirán el cobro con arreglo a la póliza, a menos que:
(1) Sean fraudulentos; o
(2) que sean materiales, bien para la aceptación del riesgo, o para el peligro asumido por el asegurador; o
(3) el asegurador de buena fe no hubiera expedido la póliza, no hubiera expedido la póliza por una cantidad tan grande o no hubiera provisto cubierta con respecto al riesgo resultante en la pérdida, de habérsele puesto en conocimiento de los he-chos verdaderos, como se requería en la solicitud para la pó-liza o de otro modo.
Cuando el solicitante incurra en cualquiera de los actos enu-merados en los apartados (1), (2) y (3) de esta sección se im-pedirá el cobro solamente cuando el acto u omisión de que se trate hubiere contribuido a la pérdida objeto de la causa de acción. 26 L.P.R.A. sec. 1110.

El propósito que persigue este inciso del Código de Se-guros de Puerto Rico es evitar que una declaración falsa sobre un asunto pertinente a la aceptación del riesgo pueda anular una póliza en aquellos casos en que el hecho incierto u ocultado no está vinculado en forma alguna al daño sufrido. Serrano Ramírez v. Clínica Perea, Inc., 108 D.P.R. 477 (1979). Según éste, se anula la póliza cuando la aseveración falsa o la información omitida no sólo es perti-nente a la apreciación del riesgo, sino también a su ocurrencia. Íd.; Sandoval v. P.R. Life Ins. Co., 99 D.P.R. 287 (1970).

Este precepto legal descansa en la premisa de que el asegurado no es infalible en sus declaraciones sobre la con-dición de riesgo al cual está expuesto el objeto asegurable. Cruz, op. cit., pág. 15. Sin embargo, mediante esta disposi-ción, el asegurador también queda protegido de un asegu-rado inescrupuloso que lo induce a aceptar el riesgo ofre-cido a través de la ocultación de hechos materiales y omisiones de importancia para luego intentar reclamar su aparente derecho de indemnización. íd., págs. 15-16.

Vista esta exposición del Derecho, veamos su aplicación a los hechos del caso de autos.

hH l-H I — I

Según se desprende de la declaración jurada del señor Rivera Labarca, el 4 de septiembre de 1999 el señor Torres Cabret le “vendió” el automóvil marca Porsche Boxter de 1997. Con la compra, el señor Rivera Labarca asumió el pago de los cánones de arrendamiento a Popular Leasing y todas las responsabilidades inherentes a la posesión del vehículo. Además, exoneró al señor Torres Cabret de toda responsabilidad directa o indirectamente relacionada con el referido automóvil. Surge también del expediente que el mencionado vehículo se encontraba en posesión del señor Rivera Labarca al momento del accidente. A base de estos hechos, PRAICO entendió que el señor Torres Cabret había cedido al señor Rivera Labarca sus derechos y deberes bajo la póliza de seguro, contrario a lo expresamente estipulado en dicho contrato. Por esta razón, PRAICO declaró cance-lada la póliza sobre el vehículo, efectivo el 4 de septiembre de 1999.

Sin embargo, según el Art. 17 de la Ley Núm. 76, supra, el señor Torres Cabret no tenía la potestad ni el derecho de transferir o ceder el referido vehículo al señor Rivera La-barca sin el consentimiento escrito de Popular Leasing. El efecto impuesto por el ordenamiento jurídico sobre dicha cesión es que se considera como si no se hubiera efectuado. En vista de lo anterior, y por ministerio de ley, el señor Torres Cabret continuó teniendo un interés asegurado por la póliza. Conforme a ello, la razón aducida por PRAICO para cancelar la póliza de seguro otorgada al señor Torres Cabret se desvaneció.

Ahora bien, el asunto medular al cual dirigimos nuestra atención es el siguiente: ¿es PRAICO responsable, aún así, de indemnizar bajo la aludida póliza de seguro los daños sufridos por el vehículo arrendado? Contestamos en la negativa.

El antiguo Tribunal de Circuito de Apelaciones advirtió que el señor Rivera Labarca había omitido informar a PRAICO, en la solicitud que gestionó como conductor adi-cional, que el vehículo era arrendado. Entendió que, en vista de lo dispuesto en el Art. 11.100 del Código de Segu-ros, supra, PRAICO debía demostrar que no hubiera expe-dido dicha póliza si hubiera conocido tal hecho. No pode-mos estar de acuerdo con el razonamiento del foro apelativo intermedio, pues los documentos que obran en el expediente nos imponen otra conclusión.

En este caso, no estamos ante una mera omisión o des-cuido en las representaciones que el asegurado ha hecho al asegurador en cuanto a la condición de riesgo al que estaba expuesto el objeto asegurable. El asunto es más trascen-dental y delicado. El contrato de seguro objeto de nuestro análisis forma parte de un esquema configurado por los señores Torres Cabret y Rivera Labarca para eludir sus obligaciones contractuales con Popular Leasing y PRAICO, y obtener de ellos beneficios a los que, contractualmente, no tendrían derecho. Nos explicamos.

No está en controversia que el señor Torres Cabret ad-quirió de Popular Leasing, en concepto de arrendatario, el uso y disfrute del vehículo y que luego lo transfirió al señor Rivera Labarca. Sin embargo, el contrato de arrenda-miento claramente establecía que el vehículo era y conti-nuaba siendo propiedad de Popular Leasing, quien man-tendría la titularidad exclusiva sobre éste. Además, el señor Torres Cabret se comprometió a no tomar ninguna acción incompatible con la titularidad de Popular Leasing sobre el vehículo ni a reclamar ser el dueño del automóvil para ningún propósito. Por último, se le informó al señor Torres Cabret que el arrendamiento le fue otorgado a base de su propio crédito, por lo que no podía vender o ceder su interés en el arrendamiento a ninguna otra persona ni sub-arrendar el vehículo. El señor Torres Cabret certificó con su firma tener conocimiento de éstas y todas las cláusulas acordadas en el mencionado contrato.

Aun así, Torres Cabret entregó la posesión, el uso y el disfrute del automóvil al señor Rivera Labarca. Este úl-timo conocía la existencia del arrendamiento, pues asumió expresamente el pago de los cánones, además de que la licencia del vehículo expedida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas reconocía como su titular a Popular Leasing. No surge del expediente que el señor Rivera Labarca exigiera al señor Torres Cabret que traspa-sara la titularidad del vehículo a su nombre.

Además de lo anterior, el señor Torres Cabret estaba obligado contractualmente a mantener asegurado el vehí-culo y a designar como beneficiario a la entidad arrendadora. Debido a ello, adquirió una póliza de seguro a través de PRAICO en la cual se acordó que no podía ceder los derechos y deberes bajo ésta sin el consentimiento es-crito del asegurador^) Convenientemente, justo un día después de haber entrado en vigor la cubierta del seguro, el señor Torres Cabret traspasó el automóvil al señor Rivera Labarca. Consciente de que el señor Torres Cabret no podía cederle los derechos bajo la póliza sin consentimiento escrito del asegurador,() el señor Rivera Labarca solicitó una cubierta a PRAICO como conductor adicional, repre-sentando al agente de seguros y a la aseguradora que el vehículo no era arrendado.() Del expediente no surge que los señores Torres Cabret y Rivera Labarca hayan reali-zado gestiones para solicitar el consentimiento escrito de PRAICO, de manera que el primero pudiera ceder sus de-rechos y deberes bajo la póliza. Claro está, dicho trámite implicaba la divulgación de un acuerdo entre estos señores que estaba prohibido por el Art. 17 de la Ley Núm. 76, supra, y por el contrato de arrendamiento. De esta ma-nera, ambos médicos lograron soslayar las restricciones es-tablecidas en los contratos de arrendamiento y de seguro para conseguir objetivos incompatibles con el estado de de-recho creado en virtud de éstos.

Ahora acuden ante nos los señores Torres Cabret y Rivera Labarca para procurar los beneficios que nuestro or-denamiento jurídico le reconoce a los asegurados, ordena-miento que ellos mismos vulneraron. Con ello burlaron uno de los más elementales principios de nuestro sistema, la buena fe. En casos como el de autos, resalta la premisa en la cual se basa la doctrina de abuso del Derecho: “un sis-tema de justicia, que se respete a sí mismo, está enmar-cado en principios éticos generales y válidos, tales como la verdad y la buena fe.” El Vocero de P.R. v. Hernández Agosto, 133 D.P.R. 413, 415 (1993), opinión concurrente del Juez Asociado Señor Negrón García. No podemos permitir que el texto de la ley —en este caso, el Art. 17 de la Ley Núm. 76, supra, y el Art. 11.100 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra— sea utilizado para amparar actos con-trarios a la realización de la justicia; que frente al conte-nido ético y al espíritu objetivo de la norma legal no preva-lezcan las maniobras tendentes a lograr un resultado distinto al perseguido con ella. Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, 108 D.P.R. 663, 673 (1979). Como hemos expresado en el pasado, la ley es un instrumento de la justicia, no viceversa. Jordán-Rojas v. Padró-González, 103 D.P.R. 813 (1975). Procede, por lo tanto, que los señores Torres Cabret y Rivera Labarca asuman las consecuencias de su con-ducta antijurídica y experimenten en sus propios, patrimo-nios sus efectos.()

IV

Por los fundamentos que preceden, se revoca la senten-cia del entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones y, por consiguiente, se desestima la demanda.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió con una opinión escrita, a la cual se unió la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri,

a la cual se une la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

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Es menester precisar los hechos del caso de autos, que no están todos debidamente relatados en la Sentencia emi-tida por la mayoría del Tribunal. El 6 de marzo de 1999, mediante un contrato de arrendamiento con la compañía Popular Leasing & Rental Inc. (Popular), el doctor Carlos Torres Cabret (Torres) adquirió el derecho de uso y disfrute de un vehículo de motor marca “Porsche”, modelo “Boxter” de 1997, valorado en $58,900. Torres también aseguró dicho vehículo mediante una póliza con la Puerto Rican American Insurance Company (PRAICO), en la cual se incluyó como asegurado adicional a Popular. El contrato de seguro referido se extendía del 3 de septiembre de 1999 al 3 de septiembre del 2000.

El 4 de septiembre de 1999 Torres le “vendió” el referido automóvil al doctor Rivera Labarca (Rivera) mediante affidavit. Dicha transacción fue llevada a cabo sin solici-tarle permiso a Popular, dueño del vehículo arrendado, y sin solicitarle permiso a PRAICO, la aseguradora. El 10 de septiembre de 1999 un agente de PRAICO tramitó una so-licitud de Rivera para que se le incluyese como conductor asegurado o adicional. Por alegada inadvertencia, en la so-licitud se aseveró que el vehículo en cuestión no era arrendado. El periodo de cubierta de la póliza era del 16 de septiembre de 1999 hasta el 16 de septiembre del 2000.

Así las cosas, el 14 de febrero del 2000, mientras se en-contraba estacionado frente a la marquesina de Rivera, el vehículo en cuestión aparentemente sufrió un desperfecto mecánico que ocasionó que la caja de cambios quedara en neutro y provocó que el automóvil iniciara la marcha hacia atrás y cayera por un precipicio de aproximadamente 75 pies de profundidad.

Rivera informó el accidente a la Policía y luego le hizo una reclamación a PRAICO para que cubriera los daños ocasionados al vehículo. Ante estos hechos, el 18 de abril de 2000 PRAICO emitió y notificó un aviso de cancelación de póliza. Indicó que la reclamación no podía ser procesada porque en conformidad con la Parte F de las Disposiciones Generales de la póliza de seguro/) la transferencia del ve-hículo a Rivera ocasionó que la póliza estuviera vigente sólo hasta el 4 de septiembre de 1999. Es decir, que la póliza sólo estuvo vigente el día en que entró en vigor y el día en que se hizo la transferencia del vehículo. Esto, a pesar de que Rivera continuó pagando las primas de la póliza aun después de dichos dos días de vigencia y que PRAICO aceptó los pagos.

El 9 de enero de 2001 Rivera, su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales integrada por ambos entablaron un pleito civil sobre cumplimiento específico de contrato y da-ños y perjuicios contra PRAICO y el agente que le vendió el seguro, Fundador Molina Soto. Alegaron que PRAICO se había negado a honrar el compromiso contraído a través de la póliza adquirida, a pesar de haber aceptado el pago de $1,789 en primas de seguro. La demanda luego fue enmen-dada sólo para incluir como parte demandada a la Socie-dad Legal de Gananciales integrada por Fundador Molina Soto y su esposa, y a Torres como reclamante, arrendatario del vehículo.

Luego de varios incidentes procesales, PRAICO pre-sentó una moción de sentencia sumaria y alegó que la com-praventa del automóvil interrumpió la aplicabilidad de la póliza, que los derechos y deberes de Torres subsistieron sólo hasta el 4 de septiembre de 1999 debido a que no se le solicitó permiso para la transacción con Rivera y que, por lo tanto, no existía cubierta para la reclamación en cuestión.

El 3 de diciembre de 2002 el codemandado Fundador Molina Soto también solicitó una sentencia sumaria a su favor. Alegó que la potestad de aceptar o denegar una soli-citud de una póliza de seguro no era suya, sino de PRAICO, y que no había incurrido en actuación negligente o culposa que conllevase responsabilidad por la pérdida en cuestión.

Por su parte, Rivera presentó su oposición a que se dic-tara sentencia sumaria a favor de PRAICO y una solicitud para que se dictara sentencia sumaria a su favor. Alegó que, a pesar del traspaso en cuestión, Popular seguía siendo el dueño del vehículo, Torres era el arrendatario y Rivera un asegurado adicional. También alegó que Torres no podía transmitir la titularidad del vehículo debido a que tenía únicamente derecho a su uso y disfrute como arren-datario, y que el acuerdo con Torres era nulo por ser con-trario a la Ley Núm. 76 de 13 de agosto de 1994, según enmendada, 10 L.P.R.A. sec. 2401 et seq.( )

El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria presentada por PRAICO. Declaró “ha lugar” la moción de sentencia sumaria presentada por Rivera y la moción de Fundador Molina Soto. Además, le im-puso a PRAICO el pago de $1,000 dólares por honorarios de abogado y las costas del litigio.

En relación con la moción de Rivera, resolvió que al no haberse hecho el traspaso de título del vehículo conforme a lo que dispone el Art. 2.34 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec. 5035, y no haberse obtenido el permiso para ello del arrendador según la Ley Núm. 76, supra, el vehículo continuó siendo propiedad del arrenda-tario, Torres. Además, concluyó que la póliza emitida por PRAICO el 3 de septiembre de 1999 cubría los daños sufri-dos por el vehículo y cualquier otra reclamación que tu-viese el demandante por los daños causados por la asegu-radora, bien fuese porque según la referida Ley Núm. 76 y la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico el titular asegurado era Torres o porque Rivera fue aceptado por PRAICO como asegurado adicional.

En cuanto a la reclamación de Fundador Molina Soto, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que, por éste haber fungido únicamente como agente de PRAICO para la ad-quisición de la póliza y por ser su labor recopilar la infor-mación y someterla a la aseguradora —información que resultó ser veraz— se debía desestimar la demanda en su contra por no haber incurrido en negligencia.

Inconforme con dicha determinación, PRAICO acudió al Tribunal de Apelaciones y alegó, en esencia, que el Tribunal de Primera Instancia había errado: (1) al resolver el caso sumariamente a favor de Rivera; (2) al conceder las sumas reclamadas sin que se desfilara prueba, y (3) al im-ponerle a PRAICO el pago de honorarios y las costas del litigio.

El foro apelativo, mediante una sentencia emitida el 12 de mayo de 2003, revocó al Tribunal de Primera Instancia. Entendió que PRAICO debía tener la oportunidad de pre-sentar prueba para sostener sus alegaciones, en particular para probar que si PRAICO hubiera conocido que el vehí-culo era arrendado no hubiera expedido la póliza. Deter-minó que en este caso existían elementos subjetivos de in-tención y que, por lo tanto, la sentencia sumaria no era aconsejable. Además, revocó los honorarios de abogado concedidos por el foro de instancia, debido a que entendió que no se desprendía del expediente del caso que PRAICO hubiera actuado de forma temeraria.

De dicha determinación Rivera acudió ante nos e hizo los señalamientos de errores siguientes:

1. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al concluir que la pequeña marquita que se hizo en la solicitud de seguro de auto para asegurar como conductor adicional al Dr. Rafael Rivera Labarca y que indicaba que la propiedad no era arren-dada se hizo de forma fraudulenta, o incorrecta, a tal extremo, que el asegurador no hubiera asumido el riesgo de expedir la póliza de haber sabido la verdad, la cual siempre supo.
2. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al concluir que la Sentencia del Tribunal de Instancia debía revocarse y de-volverse el caso para dar oportunidad a PRAICO a presentar prueba tendente a demostrar que las declaraciones realizadas por Rivera Labarca fueron inciertas o fraudulentas, de tal forma, que si PRAICO hubiera conocido que el vehiculo era arrendado, entonces no hubiera expedido la póliza.
3. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al resolver, re-vocando al Tribunal de Primera Instancia, que la conducta de PRAICO no había sido temeraria cuando lo correcto es lo contrario. Petición de certiorari, pág. 4.

El 29 de agosto de 2003 declaramos “no ha lugar” la solicitud de certiorari presentada por Rivera. De dicha de-terminación Rivera solicitó una reconsideración, y el 10 de octubre de 2003 reconsideramos nuestra postura y expedi-mos el recurso solicitado. El 9 de junio de 2004 aceptamos como su alegato la petición de certiorari de Rivera, y el 25 de octubre de 2004, acogimos la oposición al recurso de certiorari de PRAICO como el suyo.

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El Art. 10 de la Ley Núm. 76, supra, conocida como la Ley para Regular los Contratos de Arrendamientos de Bie-nes Muebles, dispone:

El arrendador es el titular del bien objeto del contrato de arrendamiento. El arrendatario, quien tiene su posesión, po-drá usar y disfrutar del bien, siempre y cuando no incumpla con las cláusulas estipuladas en el contrato. De no cumplir con las mismas, el arrendador podrá interponer aquellas acciones legales necesarias y pertinentes a fin de compeler al arrenda-tario a cumplir con la obligación a que voluntariamente se sometió.
Cuando el bien objeto del contrato de arrendamiento sea un vehículo de motor sujeto a un contrato de arrendamiento, el titular del bien mueble se considerará aquel a quien, mediante el contrato de arrendamiento, se le cede la posesión, uso y dis-frute del bien mueble objeto del contrato. (Enfasis suplido.) 10 L.P.R.A. sec. 2408.

Por su parte, el Art. 17 de la mencionada ley dispone:

El arrendatario no podrá ceder el arrendamiento sin el con-sentimiento previo, por escrito, del arrendador. Si el arrenda-tario cede el arrendamiento, sin el debido consentimiento, se considerará como si la cesión no se hubiese efectuado. (Enfasis suplido.) 10 L.P.R.A. sec. 2415.

Es evidente que conforme a la referida ley, si bien es cierto que el titular del vehículo arrendado es el arrenda-tario, éste no puede ceder el arrendamiento sin el consen-timiento previo y por escrito del arrendador.

Por otro lado, el Art. 11.100 del Código de Seguros de Puerto Rico dispone:

Todas las declaraciones y descripciones en una solicitud de póliza de seguro o en negociaciones para la misma, hechas por el asegurado o a su nombre, se entenderá que son representa-ciones y no garantías. La impostura, las omisiones, el encubri-miento de hechos y las declaraciones incorrectas no impedirán el cobro con arreglo a la póliza, a menos que;
(1) Sean fraudulentos; o
(2) que sean materiales, bien para la aceptación del riesgo, o para el peligro asumido por el asegurador; o
(3) el asegurador de buena fe no hubiera expedido la póliza, no hubiera expedido la póliza por una cantidad tan grande o no hubiera provisto cubierta con respecto al riesgo resultante en la pérdida, de habérsele puesto en conocimiento de los he-chos verdaderos, como se requería en la solicitud para la pó-liza o de otro de modo.
Cuando el solicitante incurra en cualquiera de los actos enu-merados en los incisos (1), (2) y (3) de esta sección se impedirá el cobro solamente cuando el acto u omisión de que se trate hubiere contribuido a la pérdida objeto de la causa de acción. (Énfasis suplido.) 26 L.P.R.A. sec. 1110.

Es decir, en conformidad con dicho artículo, para que el asegurador pueda invocar representación fraudulenta, y de ese modo no tener que pagar el importe asegurado, tiene que probar que las omisiones o informaciones inco-rrectas en una solicitud lo indujeron a expedir una póliza que no hubiese expedido de haber tenido conocimiento de las verdaderas circunstancias.

Sin embargo, el último párrafo del mencionado artículo aclara que es necesario que el acto o la omisión haya con-tribuido a la pérdida objeto de la causa de acción. En Se rrano Ramírez v. Clínica Perea, Inc., 108 D.P.R. 477, 485-486 (1979), resolvimos que el propósito de este párrafo es evitar la interpretación de que una declaración falsa sobre un asunto pertinente a la aceptación del riesgo pueda anu-lar una póliza en aquellos casos en que el hecho incierto u ocultado no esté vinculado en forma alguna al daño sufrido. La póliza se anula sólo cuando la aseveración falsa o la información omitida no sólo es pertinente a la aprecia-ción del riesgo, sino también a su ocurrencia.

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A la luz de la normativa antes reseñada, procede exami-nar ahora si el Tribunal de Apelaciones actuó correcta-mente al determinar que no procedía la sentencia sumaria a favor de Rivera y resolver que PRAICO no había sido temeraria.

En el caso ante nos no cabe duda de que la transacción efectuada es nula debido a que el estatuto así claramente lo dispone. PRAICO apoya su denegatoria en que la cesión del vehículo por Torres sin su consentimiento interrumpió la aplicabilidad de la referida póliza. No le asiste la razón.

Como indicamos anteriormente, la referida Ley Núm. 76 es clara al disponer, en su Art. 17, supra, que si el arren-datario cede el arrendamiento sin el debido consentimiento se considerará como si la cesión no se hubiese efectuado. Torres no le solicitó autorización a Popular para venderle el vehículo a Rivera. Por ello, la compraventa realizada el 4 de septiembre de 1999 entre Torres y Rivera no tuvo efecto legal alguno sobre la titularidad del vehículo, y se consi-dera que al momento del accidente el arrendatario seguía siendo Torres, y no Rivera. Por consiguiente, la cesión nunca ocurrió y dicha transacción no anuló la póliza que cubría a los asegurados.

A pesar de que la determinación de nulidad de la cesión es suficiente para concluir que la póliza cubre los daños sufridos por el vehículo, entraremos a dilucidar si la decla-ración de que el auto no era arrendado fue una fraudulenta de manera tal que impediría el cobro de la póliza. Ello de-bido a que ese fue el argumento utilizado por el Tribunal Apelativo para revocar la determinación del foro de instancia.

Como mencionáramos anteriormente, el Código de Se-guros claramente dispone que se impida el cobro solamente cuando la impostura, las omisiones, el encubrimiento de hechos y las declaraciones incorrectas sean fraudulentas, sean materiales para la aceptación del riesgo y cuando el asegurador no hubiera expedido la póliza de haber tenido conocimiento de los verdaderos hechos. Torres y Rivera omitieron, por alegada inadvertencia, hacer una marca en el encasillado que indicaba que el auto era arrendado. Sin embargo, es menester enfatizar que, a pesar de esta omi-sión, PRAICO conocía o debía conocer que el vehículo en cuestión era arrendado, pues cuando lo aseguró inicial-mente había incluido como asegurado adicional a Popular como titular del vehículo, por lo cual la omisión en cuestión no pudo haberle inducido a error.

De otro lado, también debemos considerar que la ley dispone que aun cuando se incurra en una declaración falsa, el cobro se impedirá sólo si dicha acción u omisión está vinculada al daño sufrido. En el caso ante nos, es claro que ni el haber omitido marcar el encasillado de arrendamiento ni el haber efectuado una transacción nula contribuyeron a la pérdida objeto de la causa de acción. Lo que verdaderamente contribuyó a la pérdida del vehículo fue un desperfecto mecánico. Aun si consideráramos que PRAICO desconocía el arrendamiento, dicha falsedad no impediría el cobro de la póliza por no estar vinculada al daño sufrido. Por lo tanto, debemos concluir que, a pesar de la omisión, los daños al vehículo están cubiertos por la póliza.

Por todo lo anterior, forzoso nos resulta concluir que la cesión del vehículo es nula, por lo cual, Popular continúa siendo el dueño del vehículo, Torres el arrendatario y Rivera un conductor adicional asegurado. Por ello, la póliza emitida por PRAICO el 3 de septiembre de 1999 cubre los daños sufridos por el vehículo y procedía que el Tribunal de Primera Instancia dictara sentencia sumaria a favor de Rivera, como lo hizo.

Como la mayoría resuelve de otra manera, e incluso le imputa motu proprio y sumariamente a los doctores Torres Cabret y Rivera Labarca el haber configurado un “esque-ma” ilícito sin haberle dado la oportunidad de defenderse de tan seria imputación, yo disiento.

      (1) La referida cláusula lee:
      “TRANSFERENCIA DE LOS INTERESES DE USTED EN ESTA PÓLIZA
      “A. Los derechos y deberes de usted bajo esta póliza no pueden cederse sin nuestro consentimiento por escrito. No obstante, si fallece un asegurado nombrado en las Declaraciones, proporcionaremos cubierta ....” Póliza de Seguro, Parte F — Dis-posiciones Generales, Apéndice, pág. 102.

      (2) En su demanda enmendada, los señores Rivera Labarca y Torres Cabret alegaron:
      “Que el automóvil en cuestión se transfirió al Dr. Rivera Labarca por el Dr. Carlos Torres Cabret y, desde que adquirió dicho automóvil el Dr. Rivera Labarca, en o alrededor del 4 de septiembre de 1999, procedió a seguir pagando el mismo y, consciente de que los derechos y deberes de la póliza en donde el asegurado era el Dr. Torres Cabret no podrían cederse sin consentimiento por escrito de la Aseguradora, se obtuvo por el Dr. Rivera Labarca la póliza de seguros ....” (Enfasis suplido.) Alegación Núm. 4 de la Demanda Enmendada, Apéndice, págs. 36-37.

      (3) No podemos pasar por alto que cuando un asegurado tiene conocimiento de la falsedad de su declaración, debemos presumir su intención de engañar. 2 Couch on Insurance 3d Sec. 31:82 (1995).

      (4) No pasaremos juicio —aunque es digno de señalar— sobre la incongruencia entre la alegada dirección residencial del señor Rivera Labarca, provista en la soli-citud de seguro como lugar principal en el que se guardaría el vehículo asegurado (Municipio de Barceloneta) y la dirección residencial del señor Rivera Labarca en donde ocurrió el accidente con dicho automóvil, según surge en todos los documentos relativos al referido incidente (Municipio de Florida). Nótese que la topografía del lugar en donde ocurrió el accidente, es decir, el declive del área que desemboca en una precipicio, es un hecho que, unido al desperfecto mecánico del vehículo, provocó directamente los daños reclamados. Además, Puerto Rican American Insurance Company podía descansar en las declaraciones ofrecidas por el asegurado sobre el lugar principal para estacionar el vehículo para determinar la prima de la póliza, según surge de la disposición titulada CAMBIOS en la Parte F de la Póliza de Seguro.

      (1) “Los derechos y deberes de usted bajo esta póliza no pueden cederse sin nuestro consentimiento por escrito.” Apéndice, pág. 102.

      (2) Dicha ley dispone que “si el arrendatario cede el arrendamiento, sin el debido consentimiento, se considerará como si la cesión no se hubiese ejecutado”. 10 L.P.R.A. sec. 2415.