author: per curiam:

text:
      In re Rebecca Rodríguez Mercado, querellada.

      Número: CP-2002-7

      Resuelto: 15 de septiembre de 2005

      María de Lourdes Rodríguez, Ángel Candelario Cáliz y José A. Crescioni Benitez, oficiales investigadores del Colegio de Abogados de Puerto Rico; Rebecca Rodríguez Mercado, querellada; Pedro Ortiz Álvarez y Jesús Antonio Rodríguez Urbano, abogados de la querellada; Agustín Mangual Her-nández, comisionado especial.
   per curiam:

El 27 de julio de 1995 Ángel L. Arroyo Gajate presentó una queja ante el Colegio de Abogados de Puerto Rico contra la Leda. Rebecca Rodríguez Mercado.() En la referida queja Arroyo Gajete alegó, en síntesis, que la li-cenciada Rodríguez Mercado había asumido la representa-ción legal de su hijo menor Alexis Arroyo Rodríguez en un pleito sobre remoción de albacea sin otorgar un contrato escrito ni mencionar cuáles iban a ser los honorarios que cobraría. Alegó que, luego que se transigiera el pleito y se procediera a la partición de la herencia extrajudicialmente, le adjudicaron al menor $126,000 en efectivo y tres propie-dades inmuebles, en relación con las cuales se tenían que otorgar las correspondientes escrituras. Adujo que de los $126,000 en efectivo, la licenciada Rodríguez Mercado en-tregó $62,000 y retuvo $64,000, señalando que sus honora-rios eran el 25% de lo que recibiera el menor de la herencia. Sostuvo que, a su entender, la licenciada Rodrí-guez Mercado no podía retener, ni cobrar, dicha cantidad por constituir unos honorarios excesivos.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados refirió la queja a su Comisión de Etica Profesional. Luego de cele-brar la vista pertinente,() el 27 de enero de 1998 la refe-rida Comisión rindió el correspondiente informe. En éste, la Comisión de Ética concluyó que la licenciada Rodríguez Mercado había violado el Canon 24 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, al haber cobrado honorarios excesivos por la representación legal del menor Alexis Arroyo Rodriguez.() El 15 de septiembre de 2000 el Cole-gio de Abogados presentó ante este Tribunal el informe so-bre la conducta profesional de la licenciada Rodríguez Mercado.

Luego de examinar el referido informe y la contestación presentada por la licenciada Rodríguez Mercado, el 4 de febrero de 2002 emitimos una resolución, ordenándole al Colegio de Abogados que presentara la correspondiente querella disciplinaria contra la Leda. Rebecca Rodríguez Mercado. Así se hizo.

En la referida querella se le imputó a la licenciada Ro-dríguez Mercado haber cobrado una suma excesiva de ho-norarios en el caso del hijo del señor Arroyo Gajate por gestiones breves, extrajudiciales, que no incluyeron la au-torización de escrituras públicas ni actuaciones como nota-rio público. En específico, se alega que la querellada retuvo $64,000 de los $126,000 en efectivo que le adjudicaron a su cliente menor de edad en la partición de la herencia del abuelo del menor, Don Pedro Germán Arroyo Pratts. De igual forma, la licenciada Rodríguez Mercado no preparó ni otorgó las escrituras para la inscripción de los tres bienes inmuebles que le adjudicaron al menor.

El 2 de enero de 2003 la licenciada Rodríguez Mercado presentó su contestación a la querella, en donde alegó que su cliente no era el padre del menor sino que era la madre —la Sra. Ana Mercedes Rodríguez Candelario— quien re-currió a ella para que asumiera la representación legal de su hijo en un pleito de remoción de albacea. Asimismo, alegó que las partes transigieron el pleito y acordaron lle-var a cabo la partición de la herencia del abuelo del menor extrajudicialmente.

Señaló que ella retuvo los $64,000, ya que había pactado con Rodríguez Candelario honorarios contingentes para el caso de su hijo de 25% de lo que se obtuviera de la herencia del señor Arroyo Pratts, y el menor había obtenido un total de $256,000 en bienes() Señaló, además, que dichos hono-rarios son razonables ya que, como muchos de los bienes del causante no estaban a nombre de éste, tuvo que em-plear más de 1,900 horas de trabajo por alrededor de seis meses para lograr la reconstrucción del caudal relicto, por lo que el caso requirió mucho esfuerzo y dedicación. Sos-tuvo, por último, que había preparado tres proyectos de escrituras públicas para inscribir los bienes adjudicados al menor y que, de considerarse que no existió un contrato de servicios profesionales, ella tenía derecho a que se le com-pensara bajo el principio de quantum meruit.

Designamos, como comisionado especial, al Ledo. Agus-tín Mangual Hernández para que, en presencia de las par-tes, recibiera la prueba y nos rindiera un informe con las determinaciones de hechos y recomendaciones pertinentes. Luego de varios trámites e incidentes procesales, la vista en su fondo se celebró el 8 de octubre de 2003. En la vista testificó por la parte querellante el Sr. Angel L. Arroyo Ga-jate, la Sra. Ana Rodríguez Candelario y el menor Alexis Arroyo Rodríguez. Por la parte querellada testificó la Leda. Jelitza Vélez Quiñones, el Ledo. Dixon Cancel y la propia licenciada Rodríguez Mercado.

Luego de celebrada la vista, el 7 de noviembre de 2003, el comisionado especial Mangual rindió su informe. A con-tinuación un resumen de las determinaciones de hechos conforme surgen del Informe del Comisionado Especial()

Conforme las referidas determinaciones, el 24 de sep-tiembre de 1994 la Sra. Ana Rodríguez Candelario y su hijo Alexis Arroyo Rodríguez fueron emplazados con copia de una demanda presentada en el Tribunal de Primera Ins-tancia, Sala Superior de Mayagüez, por Ana I. Arroyo Mo-rales contra la Sucesión de Don Pedro Germán Arroyo Pratts, en el caso Núm. IAC94-0492 sobre remoción de albacea. Alexis Arroyo Rodríguez es hijo de Don Ángel Arroyo Gajate y de la señora Rodríguez Candelario, y para esa fecha era menor de edad. El señor Arroyo Gajate y la señora Rodríguez Candelario no eran casados y esta úl-tima tenía la patria potestad y custodia de dicho menor.

Unos días después del emplazamiento, Rodríguez Can-delario, Arroyo Gajate y el menor Alexis Arroyo visitaron la oficina de la querellada, Leda. Rebecca Rodríguez Mercado, interesados en que ésta asumiera la representación legal del menor en dicha demanda. La querellada aceptó la representación y preparó la contestación de la demanda, la cual se presentó el 1 de diciembre de 1994. No obstante lo anterior, la señora Rodríguez Candelario y la licenciada Rodríguez Mercado nunca otorgaron un contrato escrito de servicios profesionales ni pactaron los honorarios de abo-gado a pagarse por la representación legal del menor.

La querellada comenzó a llevar a cabo el trabajo de in-vestigación de la demanda que se le encomendó.() Surge de los autos del caso que luego que se presentaron las con-testaciones a la demanda, se celebró una conferencia sobre el estado de los procedimientos el 28 de diciembre de 1994. Luego que los abogados presentaron sus respectivas posi-ciones, el tribunal les concedió hasta el 15 de febrero de 1995 para reunirse e informar por moción conjunta “qu[é] han hecho y qué van a hacer, para el tribunal disponer entonces, los procedimientos a seguir en el presente caso”. Surge, también, de la minuta de dicha reunión que los abo-gados acordaron reunirse el 9 de enero de 1995 en la ofi-cina del Ledo. Dixon Cancel Mercado.

Luego que las partes acordaran que la partición de he-rencia se haría extrajudicialmente, el 25 de mayo de 1995 se presentó un Aviso de Desistimiento y de Allanamiento al Desistimiento, firmado por todos los abogados del pleito. El tribunal de instancia, luego de considerar dicha moción, dictó una sentencia de archivo por desistimiento el 9 de junio de 1995. Mientras tanto, los abogados de las partes habían estado reuniéndose en la oficina del Ledo. Dixon Cancel Mercado con el propósito de intercambiar informa-ción sobre las propiedades y los bienes dejados por el cau-sante, Sr. Pedro Arroyo Pratts, para poder efectuar la par-tición de la herencia.

Con posterioridad a ser dictada la sentencia de archivo por desistimiento, la Sra. Ana Mercedes Rodríguez Cande-lario compareció a la oficina de la querellada a solicitud de ésta. La querellada le informó que se había realizado una partición de la herencia, por lo que había un dinero para distribuir y que a su hijo se le habían asignado $126,000 del dinero en efectivo, que trajo a su oficina el albacea tes-tamentario, Agrón Rivera, y que además le correspondían a dicho menor tres propiedades inmuebles, para un gran total de $256,000. La querellada retuvo $64,000 del efec-tivo y le dijo, en ese momento, que ella cobraba honorarios contingentes en el 25% del total de lo que se recibió. La licenciada Rodríguez Mercado le hizo firmar a la madre del menor un recibo por los $62,000 en efectivo restantes.

Las mencionadas propiedades inmuebles aparecían ins-critas en el Registro de la Propiedad a nombre de Doña Elizabeth Arroyo Gajate, tía de dicho menor, pero la abo-gada nunca hizo las gestiones para inscribirlas a nombre del menor. A la fecha de la vista ante el Comisionado Especial, todavía dos de dichas propiedades aparecen inscri-tas a nombre de la antes mencionada persona.

Según declaró la querellada, no existe documento al-guno acreditativo de las negociaciones llevadas a cabo en-tre las partes y tampoco se preparó documento público al-guno sobre dicha distribución parcial de la herencia. Según el testimonio de la querellada, el expediente del caso ale-gadamente se arruinó, en su oficina, por la lluvia que pro-dujo el huracán Georges que pasó por Puerto Rico en sep-tiembre de 1998.

Luego de que el padre de dicho menor, el Sr. Angel L. Arroyo Gajate, se enteró que la querellada había cobrado $64,000 por su labor, visitó la oficina de ésta para quejarse porque consideraba que dicha cantidad era excesiva. Al no poder llegar a un acuerdo, Arroyo Gajate presentó más tarde una queja ante el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Una vez presentada la queja, la licenciada Rodríguez Mercado dio por terminada la relación profesional con la Sra. Ana Mercedes Rodríguez Candelario y su hijo menor.

En virtud del informe anteriormente expuesto, el 15 de febrero de 2005 la parte querellada presentó su posición sobre el informe del Comisionado Especial. La querellada alegó, en síntesis, que el Comisionado Especial erró al uti-lizar un estándar de prueba inaplicable a los procedimien-tos disciplinarios. En específico, señaló que el Comisionado Especial basó sus determinaciones de hecho en el estándar de “preponderancia de la prueba”, en vez de utilizar el de “prueba clara, robusta y convincente”. Asimismo, señaló que erró el Comisionado Especial al no hacer determina-ciones de hecho en torno a los trabajos que realizó la que-rellada en beneficio de su representado y los gastos en que incurrió en la consecución de estos trabajos, los cuales jus-tificaban los honorarios que ella cobró.

Evaluada la querella presentada por el Colegio de Abo-gados de Puerto Rico, el Informe del Comisionado Especial, la posición de la querellada y la prueba documental que obran en el expediente del caso, nos encontramos en posi-ción de resolver el asunto ante nos.

H-i

Debemos atender, en primer lugar, el planteamiento de la querellada a los efectos de que el Comisionado Especial, en sus determinaciones de hechos, utilizó un estándar de prueba inaplicable a los procedimientos disciplinarios. En específico, ésta señala que el Comisionado Especial utilizó el estándar de preponderancia de la prueba y no el de prueba clara, robusta y convincente.

De entrada debemos señalar que este Tribunal no está obligado a aceptar el informe del Comisionado Especial, por lo que puede adoptarlo, modificarlo e, inclusive, rechazarlo. In re López de Victoria Brás, 135 D.P.R. 688 (1994); In re Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994); Vélez Ruiz v. E.L.A., 111 D.P.R. 752 (1981). Es por ello que cuando las determinaciones de hechos de un Comisionado Especial se basan en un criterio de prueba erróneo, ni podemos ni de-bemos estar obligados por ellas. En tales circunstancias, es nuestro deber reevaluar la prueba de acuerdo con los crite-rios correctos y hacer las determinaciones que sean procedentes. P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 D.P.R. 199 (1981).

En cuanto a la carga probatoria requerida en un proceso disciplinario, es correcto que en In re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575, 585 (2001), resolvimos que el criterio que ha de utilizarse en esta clase de casos es el de prueba “clara, robusta y convincente”, no afectada por reglas de exclusión ni a base de conjeturas. Requerimos una carga probatoria más acuciosa que la mera preponderancia de la prueba, ya que en estos procesos está en juego el título de un abogado y, por ende, su derecho fundamental a ganarse su sustento. Íd. Es de notar, sin embargo, que en estos casos no se requiere el criterio más riguroso utilizado en el campo de lo penal. Sabido es que el hecho de que un miembro de la profesión de abogado sea declarado inocente de unos cargos criminales —por no haberse podido demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable— no impide que contra dicho abogado se presente una querella por conducta profesional, en relación con los mismos he-chos que dieron lugar a la acción penal, y que éste sea sancionado o disciplinado por este Tribunal. In re Caratini Alvarado, ante; In re Soto López, ante.

Conforme a lo anterior, podemos concluir que la prueba clara robusta y convincente es aquella mucho más sólida que la preponderancia de la evidencia, pero menos rigurosa que la prueba más allá de toda duda razonable. Aunque el referido estándar de prueba no es susceptible de una definición precisa, la prueba clara, robusta y convincente ha sido descrita como aquella evidencia que produce en un juzgador de hechos una convicción duradera de que las contenciones fácticas son altamente probables. Véanse: Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1191 (Fed. Cir. 1993); Buildex Inc. v. Kason Industries, Inc., 849 F.2d 1461, 1463 (Fed. Cir. 1988); Colorado v. New Mexico, 467 U.S. 310, 316 (1983). Véase, también, 2 McCormick on Evidence Sec. 340, pág. 425 (5ta ed. 1999).

En el presente caso, el Comisionado Especial expresó en su informe que sus determinaciones de hecho fueron for-muladas a base de la preponderancia de la prueba. Aunque éste erró al así actuar, un examen desapasionado y cuida-doso de todo el expediente de este caso, incluyendo la trans-cripción de la evidencia, las declaraciones y otros documen-tos, demuestra que las determinaciones de hecho del Comisionado Especial están ampliamente sostenidas por prueba clara, robusta y convincente. Procede, entonces, que examinemos la conducta de la licenciada Rodríguez Mercado a la luz de los cánones dél Código de Etica Profesional.

r — i I — I

Como es sabido el contrato de servicios profesionales de abogado se considera una variante del contrato de arrendamiento de servicios. Art. 1434 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4013. Es un contrato propio de los de presta-ción de servicios de las profesiones y artes liberales. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. II, pág. 433. No obstante, por estar revestido de un alto contenido ético, el contrato de servicios profesionales de abogado es de naturaleza sui géneris, que lo distingue de los típicos contratos de arren-damiento de servicios. Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360 (1989); Colón v. All Amen Life & Cas. Co., 110 D.P.R. 772 (1981).

A tono con lo anterior, al iniciar una gestión profesional, todo abogado debe tener presente el Canon 24 del Código de Etica Profesional, ante, ya que en éste se ex-presa las normas generales que deben regir en la fijación de honorarios de abogado. A esos efectos, este canon nos indica que la fijación de honorarios profesionales deberá regirse siempre por el principio deontológico que la profesión legal es parte “de la administración de la justicia y no un mero negocio con fines de lucro”.

De igual forma, el referido canon establece que es deseable que el acuerdo o pacto sobre honorarios por ser cobrados sea reducido a escrito. Hemos resuelto que en aquellos casos en que no sea anticipable del todo, al inicio de la gestión profesional, la extensión y el valor de los honorarios, el abogado deberá reducir a escrito el acuerdo con la mayor claridad en sus términos, libre de ambigüedades y haciendo constar las contingencias previsibles que pudieran surgir durante el transcurso del pleito o del asunto que se atiende a nombre del cliente. Pérez v. Col. Cirujanos Dentista de P.R., 131 D.P.R. 545 (1992); Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161 (1989); Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., ante.

Así, en Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, ante, pág. 173, específicamente indicamos que “tanto los cánones de ética profesional como la jurisprudencia, indican que la mejor práctica la constituye el acordar, por escrito y con claridad, los honorarios y designar una cantidad fija o una fórmula para computarla o determinarla . Véanse: Cánones 24 y 25 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX; Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., ante. Una vez reducido a escrito, se minimizan, necesariamente, las controversias con los clientes sobre el monto de la com-pensación por servicios prestados. Méndez v. Morales, 142 D.P.R. 26 (1996).

De otro lado, el abogado tiene derecho a recibir una compensación razonable por los servicios que rinde a sus clientes. Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., ante; Rodríguez v. Ward, 74 D.P.R. 880 (1953). Conforme a ello, cabe señalar que en ausencia de un pacto expreso sobre la cuantía que debe ser cobrada por los servicios profesionales, aplica el Art. 1473 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4111, el cual establece, en lo pertinente:

En cuanto a los servicios profesionales, se estará, para la re-muneración de los mismos, a lo convenido entre las partes; cuando no hubiere convenio y surgieren diferencias, la parte con derecho a la remuneración podrá reclamar y obtener en juicio de la otra parte ... el importe razonable de dichos servicios.

Conforme a la referida disposición estatutaria, en nuestro ordenamiento se reconoce la máxima legal quantum meruit, que significa “[t]anto como se merece”; es el derecho a reclamar el valor razonable de los servicios prestados. I. Rivera García, Diccionarios de Términos Jurídicos, 2da ed. rev., Orford, Ed. Equity Publishing Corp., 1985, pág. 425; Zequeira v. CRUV, 83 D.P.R. 878 (1961); Rodríguez v. Ward, ante.

HH 1 — I

En el presente caso, conforme a las determinaciones de hecho del Comisionado Especial, la Sra. Ana Rodríguez, el Sr. Angel L. Arroyo Gajate y su hijo menor Alexis Arroyo visitaron la oficina de la licenciada Rodríguez Mercado, in-teresados en que ésta asumiera la representación legal del menor en un pleito de remoción de albacea ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. La li-cenciada Rodríguez Mercado aceptó la representación legal del menor sin otorgar un contrato escrito de servicios profesionales. Tampoco se acordó verbalmente los honora-rios que la licenciada Rodríguez Mercado iba a cobrar por sus servicios()

Luego que se transigiera el pleito de remoción de alba-cea, la querellada se comunicó con la madre del menor para que pasara por su oficina. Allí le informó de la tran-sacción realizada. Sin dar explicación alguna sobre las ges-tiones que había efectuado, le entregó a la madre la canti-dad de $62,000 y le informó que ella retenía $64,000 porque ella cobraba honorarios contingentes del 25% del total de los bienes que recibiera el menor en la partición de herencia.

De todo lo antes expuesto surge con mediana claridad que la licenciada Rodríguez Mercado violó el Canon 24, ante. En casos como el de autos, donde no era anticipable del todo la extensión de los honorarios, la licenciada Rodrí-guez Mercado debió haber reducido a escrito el acuerdo sobre honorarios, para así evitar confusión y discrepancias con su cliente. Méndez v. Morales, ante. De igual forma, resulta sorprendente y preocupante que la licenciada Ro-dríguez haya cobrado sus honorarios sin explicarle a su cliente cuáles fueron las gestiones que se hicieron.

Resolvemos, además, que los honorarios cobrados por la licenciada Rodríguez Mercado son excesivos. La querellada no ha sometido documento alguno que sostenga la razona-bilidad de dichos honorarios; tememos, además, que ésta no completó su trabajo ya que nunca hizo las gestiones para traspasar los bienes inmuebles a nombre del menor.()

La querellada, por su parte, sostiene que dichos honora-rios son razonables ya que, como muchos de los bienes del causante no estaban a nombre de éste, tuvo que emplear más de 1,900 horas de trabajo por alrededor de seis meses para lograr la reconstrucción del caudal relicto, por lo que el caso de partición de herencia requirió mucho esfuerzo y dedicación. No le asiste la razón.

El Comisionado Especial reconoció en sus determinacio-nes de hecho que la licenciada Rodríguez Mercado sí tra-bajó tanto en el caso de remoción de albacea como en la partición que se llevó a cabo extrajudicialmente. Lo que sucede es que al día de hoy la licenciada Rodríguez Mercado no ha aportado prueba detallada que acredite especí-ficamente los trabajos que ella realizó ni tampoco los gas-tos en que incurrió como abogada del menor. Ciertamente, ante la falta de prueba, el Comisionado Especial no podía hacer determinaciones específicas sobre los trabajos reali-zados por la querellada en beneficio de su cliente y todos los gastos en que incurrió.

Realmente nos resulta increíble que la querellada sostenga que trabajó 1,900 horas en un período de seis meses en un caso de partición de herencia extrajudicial. Con una simple operación matemática podemos notar que si la contención de la querellada fuera cierta, entonces, ésta en seis meses (aproximadamente 26 semanas) trabajó todos los días un promedio aproximado de diez horas diarias (los siete días de la semana) solamente en este caso. “Los jueces no debemos, después de todo, ser tan inocentes como para creer declaraciones que nadie más creería.” Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 582 (1961).

La querellada alega, por otro lado, que no ha presentado ningún documento que acredite los trabajos realizados por-que éstos se arruinaron por la lluvia que produjo el Hura-cán Georges que pasó por Puerto Rico en septiembre de 1998. Sin embargo, la queja que inició este procedimiento disciplinario fue presentada en el Colegio de Abogados el 27 de julio de 1995 y la vista ante la Comisión de Etica Profesional fue el 21 de mayo de 1996; esto es, mucho antes del paso por Puerto Rico del mencionado huracán.

¿Por qué la licenciada Rodríguez Mercado no presentó en la vista ante la Comisión de Ética estos documentos que supuestamente acreditaban las gestiones que ella realizó en el caso y que sostienen la razonabilidad de los honora-rios cobrados? La contestación es obvia; al igual que el Co-misionado Especial, tenemos que concluir que dichos docu-mentos nunca existieron.

En vista de esta situación, entendemos que, al amparo del “quantum meruit”, $10,000 son honorarios razonables por los trabajos realizados por la licenciada Rodríguez Mercado. En virtud de lo anterior, entendemos procedente que la licenciada Rodríguez Mercado le devuelva a Alexis Arroyo Rodríguez la cantidad de $54,000. Así se lo ordenamos.

IV

Lo anterior, sin embargo, no dispone del todo del caso ante nuestra consideración. Nos preocupa sobremanera el proceder de la licenciada Rodríguez Mercado en el mo-mento en que ella cobró lo que ella entendía que eran sus honorarios; esto es, al retener la cantidad de $64,000 del dinero del menor. Este Tribunal, en un sinnúmero de oca-siones, ha expresado que esta forma de proceder es viola-toria del Canon 23 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

El referido Canon 23, ante, dispone, en lo pertinente, que

[l]a naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez absoluta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen.

Conforme al referido canon, los abogados deben velar por que la relación abogado cliente sea en todo momento transparente. In re Álvarez Aponte, 158 D.P.R. 140 (2002); In re Rivera Irizarry, 155 D.P.R. 687, 693 (2001). Su naturaleza fiduciaria exige que exista una confianza y una absoluta honradez entre el abogado y el cliente, especialmente en los asuntos de carácter económico.() In re Rivera Irizarry, ante, pág. 693.

Reiteradamente hemos expresado que “la confianza entre abogado y cliente, en particular, el escrupuloso manejo de fondos, constituye elemento inseparable que se proyecta no sólo dentro del foro togado puertorriqueño, sino en el respeto y la estima ante la imagen pública”. In re Fernández Paoli, 141 D.P.R. 10, 16 (1996). Véanse: In re Félix, 111 D.P.R. 671, 674 (1981); In re Báez Torres, 108 D.P.R. 358 (1979).

De esta manera, el abogado debe rendir cuentas de cualquier dinero o bienes de un cliente que esté en su posesión, porque “[l\a retención de cualquier cantidad de dinero, perteneciente a sus clientes, trastoca e infringe los postulados del Canon 23 de Etica Profesional, ante, y demuestra un menosprecio hacia sus deberes como abogado”. (Citas omitidas y énfasis suplido.) In re Rivera Irizarry, ante.

Sabido es que la mera retención por un abogado de fondos pertenecientes a un cliente justifica una sanción, independientemente de que el abogado los hubiera devuelto y de que los hubiera retenido sin intención de apropiárselos. In re Rivera Irizarry, ante; In re Feliciano Rodríguez, 150 D.P.R. 859 (2000). En efecto, “la dilación en la devolución de los fondos es causa suficiente para tomar medidas disciplinarias contra el abogado”. In re Rivera Irizarry, ante, págs. 693-694. Véase In re Feliciano Rodríguez, ante, pág. 864.

En In re Fernández Paoli, ante, pág. 17, expresamos que, aun cuando un cliente hubiese pactado pagarle al abogado sus honorarios tan pronto se recibiera una suma sustancial del caso en que lo representa, ello no implica que el abogado, sin el consentimiento del cliente, puede cobrar los honorarios por su cuenta. Véase In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994).

En mérito de lo anteriormente expuesto, la licenciada Rodríguez Mercado no podía retener, de la suma obtenida por el menor en la partición de herencia, la cuantía corres-pondiente a sus honorarios. Al actuar de ese modo, manci-lló la imagen de la clase togada y violentó el deber fiducia-rio que debe existir en toda relación abogado-cliente. Dicho lo anterior, concluimos que la querellada infringió el refe-rido Canon 23 del Código de Ética Profesional al así actuar.

En casos análogos ya habíamos resuelto que tal actuación constituye una conducta grave e impermisible de un abogado. In re Maldonado Soto, 83 D.P.R. 444 (1961). Véanse, también: In re Vázquez O’Neill, 121 D.P.R. 623 (1988); In re Félix, 111 D.P.R. 671 (1981); In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978). Como es sabido, en nuestra jurisdicción un abogado no tiene derecho de retención o gravamen (“attorney’s lien”) sobre el dinero que recibe del cliente en un caso, para satisfacer los honorarios que se le adeudan. In re Vélez, 103 D.P.R. 590, 599 (1975).

V

Por los fundamentos antes expresados, procede decretar la suspensión de Rebecca Rodríguez Mercado del ejercicio de la abogacía y de la notaría en nuestra jurisdicción por el término de dos meses. Habiendo cobrado honorarios en ex- ceso, se instruye a Rebecca Rodriguez Mercado para que, de manera inmediata, proceda a devolverle a Alexis Arroyo Rodríguez la suma de $54,000 y a acreditarnos ese hecho mediante un escrito al efecto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta no intervino.

      (1) La Leda. Rebecca Rodríguez Mercado fue admitida al ejercicio de la abogacía el 25 de junio de 1991 y al ejercicio del notariado el 31 de julio de 1992.

      (2) Se celebró una vista ante la Comisión de Ética Profesional del Colegio de Abogados el 21 de mayo de 1996, en donde declaró el Sr. Ángel L. Arroyo Gajate y la licenciada Rodríguez Mercado.

      (3) Resulta importante señalar que la Comisión de Ética Profesional intentó, infructuosamente, darle a las partes la oportunidad de llegar a un acuerdo sobre los honorarios en controversia antes de someter el informe a la Junta de Gobierno.

      (4) Según alegó la querellada, el menor obtuvo de la partición $126,000 en efec-tivo y tres inmuebles con un valor en el mercado de $130,000. Uno de los inmuebles tenía una hipoteca de $20,000 que sería cancelada por la Sucesión de Don Pedro Arroyo Pratts. La querellada nos señala que cobró el 25% usando como analogía la Ley Núm. 9 de 8 de agosto de 1974 (4 L.P.R.A. sec. 742), que se reñere al cobro de honorarios contingentes de abogados a los menores de edad en casos de daños y prejuicios.

      (5) Cabe destacar que en el informe del Comisionado Especial se limitó a señalar las determinaciones de hecho y no hace ninguna recomendación en relación a cuáles fueron los cánones del Código de Ética Profesional que fueron violados por la licen-ciada Rodríguez Mercado. Resulta importante señalar que el Comisionado Especial expresó en su informe que las determinaciones de hecho se formularon a base de la preponderancia de la evidencia.

      (6) En el referido caso sobre remoción de albacea, el Ledo. Norberto Cruz Arias representó a los codemandados Magdalena y Ángel Luis Arroyo Gallardo; el Ledo. Dixon Cancel Mercado representó al albacea testamentario Carlos E. Agrón Rivera; la Leda. Evi Flor Lugo Cario representó a la demandante Ana I. Arroyo Morales; el Ledo. Enrique Alcaraz Micheli representó a la codemandada Virginia Rivera López, y el Ledo. Mario Quintero Nadal representó a la codemandada Elizabeth Arroyo Gajate.

      (7) Queremos señalar que aunque la querellada sostuvo que ella le había dicho a la madre del menor que iba cobrar honorarios contingentes en el 25%, la realidad es que el Comisionado Especial no le creyó.

      Por lo tanto, el Comisionado Especial adjudicó expresamente la cuestión de credibilidad, descartando la versión de la querellada, y ésta no ha presentado nada ante nos que demuestre que hubo prejuicio, parcialidad o error manifiesto en dicha determinación. Reiteradamente hemos resuelto que el Comisionado Especial es el que está en mejor posición para aquilatar la prueba testifical y que sus determina-ciones merecen la mayor deferencia por parte de este Tribunal. In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994).

      (8) Conforme a las determinaciones de hecho, a la fecha de la vista ante el Comisionado Especial, todavía dos de dichas propiedades no están a nombre del menor.

      (9) Hemos reiterado que las relaciones entre un abogado y su cliente son de naturaleza fiduciaria y están fundadas en la honradez absoluta. In re Pereira Este-ves, 131 D.P.R. 515 (1992); In re Rivera Carmona, 114 D.P.R. 390 (1983).


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text:
    Analina Feliciano Caraballo, demandante y recurrida, v. Julián Ross Tuggo et als., demandados y peticionarios.

      Número: CC-2003-440

      Resuelto: 15 de septiembre de 2005

      Luis E. Dubón III, abogado de la parte peticionaria; José L. Rodríguez Mangual, abogado de la parte recurrida.
   per curiam:

El 12 de septiembre de 1991 el Ledo. Luis Dubón III actuó como notario autorizante de la escritura de compraventa número ochenta y cinco, en la cual compa-recieron, como parte compradora, la Sra. Analina Feliciano Caraballo y, como parte vendedora, el matrimonio com-puesto por Julián Ross Tuggo y Lillian Andino Bonilla() En virtud de la referida escritura, Feliciano Caraballo ad-quirió una propiedad ubicada en la urbanización University Gardens de Río Piedras perteneciente a los esposos Ross-Andino.()

En la escritura, el licenciado Dubón III hizo constar

[q\ue la propiedad se halla libre de cargas y gravámenes por sí y afecta por su procedencia a condiciones restrictivas, servi-dumbre a favor de la finca de los esposos Clar-Bassó; servi-dumbre de paso a favor de siete (7) parcelas; servidumbre a favor de la Autoridad de Fuentes Fluviales; servidumbre a favor de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y servi-dumbre a favor del Gobierno de la Capital. (Enfasis suplido.) Apéndice, págs. 34-35.

Es menester destacar que, para hacer esta afirmación, el notario realizó un estudio de título en el Registro de la Propiedad. El referido estudio, el cual es de 2 de agosto de 1991, fue mostrado y examinado por las partes antes del otorgamiento de la escritura.

En la escritura de compraventa otorgada se hizo cons-tar, específicamente, que

[c]onvienen las partes comparecientes que el pago de las con-tribuciones territoriales adeudadas sobre la propiedad objeto de compraventa hasta la fecha de este otorgamiento será por cuenta de los VENDEDORES y por cuenta de la COMPRA-DORA el pago de aquellas que se le impongan a partir de esta fecha en adelante. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 36.()

El 30 de enero de 1997, seis años después de otorgarse la escritura, el Centro de Recaudación de Ingresos Munici-pales (C.R.I.M.) efectuó un requerimiento de pago de deuda contributiva y notificó a la señora Feliciano Caraba-lio una deuda por concepto de contribuciones territoriales de la propiedad objeto de la compraventa ascendente a $23,190.24, correspondiente a los años 1980-1981 hasta el 1991-1992.()

El 21 de marzo de 2001 Feliciano Caraballo presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, contra el notario Luis Dubón III,() el matrimonio Ross-Andino y la Sociedad Legal de Ganan-dales compuesta por ambos. Alegó, contra los codemanda-dos Ross-Andino, que éstos incumplieron con su obligación de pagar dichas contribuciones tal y como fue pactado en la escritura. Contra el notario Dubón III, alegó que éste es-taba obligado —bajo su fe notarial— de asegurarse que dicha propiedad estaba libre de cargas y gravámenes antes de afirmar lo contrario. En virtud de ello, sostuvo que los codemandados le responden solidariamente por el pago de contribuciones sobre la propiedad objeto de la compraventa.()

El licenciado Dubón III contestó la demanda negando las alegaciones fundamentales de ésta.() Adujo, como de-fensa afirmativa, que él había actuado conforme a derecho y que le había hecho las advertencias pertinentes a las partes.

Así las cosas, el codemandado Dubón III presentó una moción de sentencia sumaria. En la referida moción alegó, en síntesis, que había hecho las advertencias correspon-dientes a las partes y que la parte demandante suscribió la escritura con pleno entendimiento de lo que estaba pactando. Señaló, que en ningún momento se había obli-gado a realizar una investigación sobre la situación contri-butiva de la propiedad. Alegó, además, que surgía clara-mente de la referida escritura que las partes habían convenido la forma específica en que se pagarían las con-tribuciones territoriales que se adeudasen a la fecha del otorgamiento; que dicha obligación recaía, según surgía ex-presamente de la escritura, en los codemandados, el matri-monio Ross-Andino. Conforme a ello, sostuvo que la refe-rida cláusula le liberaba de responsabilidad. Por tal razón, Dubón III solicitó del foro primario que dictase sentencia sumaria a su favor y desestimara la demanda presentada contra él, su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos.

La demandante Feliciano Caraballo se opuso a la refe-rida moción. En síntesis, alegó que cuando un notario afirma, bajo su fe notarial, que no existen deudas ni gra-vámenes sobre la propiedad objeto de la compraventa cuando la realidad es otra, está sujeto a responder de forma solidaria por los daños y perjuicios ocasionados por proveer información incorrecta sobre la verdadera situa-ción de la propiedad. Argumentó que, de haber conocido que la referida propiedad tenía esa deuda, no la hubiese comprado, o de haberla comprado, no hubiese pagado el precio que pagó. Sostuvo, además, que la acción del licen-ciado Dubón constituyó una violación a la fe notarial y al Canon 25 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Posteriormente, Feliciano Caraballo presentó una mo-ción de sentencia sumaria ante el foro primario solicitando que, por no haber controversia de hechos, debía dictarse sentencia sumaria a su favor.

El 13 de agosto de 2002 el foro primario emitió una re-solución en la cual declaró con lugar la moción de senten-cia sumaria presentada por la demandante Feliciano Caraballo. Indicó que los codemandados Julián Ross Tu-ggo, su esposa, Lillian Andino Bonilla, y Luis E. Dubón III —este último en su capacidad de notario otorgante de la referida escritura de compraventa— eran responsables de forma solidaria por los daños y perjuicios sufridos por la demandante. Resolvió el foro de instancia que el licenciado Dubón III era responsable como resultado de haber afir-mado falsamente, bajo la fe notarial en dicha escritura, que la propiedad estaba libre de deudas y gravámenes, cuando la realidad era que existía la referida deuda a favor del C.R.I.M. El referido foro indicó, además, que el notario au-torizante pudo haber conocido de la deuda por medio de una simple investigación en dicha agencia, como era la obligación y responsabilidad del notario, independiente-mente de que ninguna de las partes la hubiere solicitado o que el notario no se hubiere ofrecido a realizar investiga-ción alguna a esos efectos.()

Inconforme con tal determinación, el codemandado Du-bón III acudió —mediante un recurso de certiorari— ante el Tribunal de Apelaciones, alegando como error que el foro primario declarase “no ha lugar” la moción de sentencia sumaria por él presentada y al haber concluido que él res-pondía a la parte demandante por el pago de la deuda con-tributiva y por los daños que ésta hubiese podido sufrir()

El 28 de abril de 2003 el foro apelativo intermedio dictó sentencia, confirmando la resolución emitida por el tribunal de instancia. Indicó que la cláusula en la cual las par-tes indicaban la forma en que se pagarían las contribucio-nes territoriales no relevaba a Dubón III de responsabilidad, ya que éste había incumplido con las nor-mas notariales y la fe pública notarial al afirmar como notario un hecho que estaba reñido con la realidad al mo-mento de otorgar la escritura. En consecuencia, el foro ape-lativo resolvió que el codemandado Dubón III respondía solidariamente con los vendedores de la propiedad gravada.

Aún inconforme, Dubón III recurrió —vía certiorari— ante este Tribunal, imputándole al foro apelativo interme-dio haber errado al confirmar al tribunal de instancia, el cual le impuso responsabilidad por el pago de las contribu-ciones territoriales sobre la propiedad de la demandante, Feliciano Caraballo.

Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia de todas las partes y estando en posición de resolverlo, procedemos a hacerlo.

HH

En reiteradas ocasiones este Tribunal ha expresado que el notario es el custodio de la fe pública, la cual constituye la espina dorsal de todo el esquema de autenticidad documental. In re Rivera Vázquez, 155 D.P.R. 267 (2001); In re Peña Clos, 135 D.P.R. 590 (1994); In re González González, 119 D.P.R. 496 (1987).

El Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2002, consagra el principio de la fe pública notarial. La mencionada disposición establece que

[e]l notario es el profesional del Derecho que ejerce una fun-ción pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos ex-trajudiciales que ante él se realicen, sin perjuicio de lo dis-puesto en las leyes especiales. Es su función recibir e interpre-tar la voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirle [s] au-toridad a los mismos. La fe pública al notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento.

“La figura del notario es sumamente importante para la estabilidad de los negocios jurídicos.” In re Rivera Vázquez, ante, pág. 277. Véase In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986). Por tal razón, “[l]a fe pública notarial le impone al notario el deber de ser diligente en su gestión y de asegurarse de cumplir con todas las solemnidades de ley al autorizar instrumentos públicos”. In re Rivera Vázquez, ante, pág. 276. La fe pública del notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función, personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, el lu-gar, el día y la hora del otorgamiento. In re Tejada Rivera I, 155 D.P.R. 175 (2001).

En In re Tejada Rivera I, ante, pág. 180, expresamos que “[e]l Estado, le confiere a un documento autorizado por un notario, bajo su firma, signo, sello y rúbrica, una presunción de credibilidad y certeza de que lo afirmado en el mismo es cierto, correcto y concuerda con la realidad ” (Enfasis suplido y en el original.) Indicamos, a su vez, que por la importancia de su deber como custodio de la fe pública inherente a su profesión, la sanción impuesta por una violación a dicha responsabilidad debe ser severa por la gravedad de la falta envuelta. íd. Esto por razón de que

[f¡ altar a la veracidad de los hechos es una de las faltas más graves que puede cometer un notario, ya que la certificación de un hecho falso constituye un acto detrimental de la fe pública. In re Landing; y Aulet, 107 D.P.R. 103 (1978); In re Cruz Tollinche, 105 D.P.R. 500 (1976); P. Malavet Vega, Manual de Derecho Notarial Puertorriqueño, Santo Domingo, Ed. Corripio, 1988. (Citas en el original y énfasis suplido.) In re Peña Clos, ante, pág. 601.

Por tal razón, constituye una de las faltas más graves que puede cometer un notario, el faltar a la veracidad de los hechos. “El notario público que falta a la verdad en el otorgamiento de un instrumento público no sólo quebranta la fe pública notarial, sino que socava la integridad de la profesión legal y viola su deber de ser sincero y honrado, según dispuesto en el Código de Ética Profesional ....” In re Rivera Vázquez, ante, pág. 278.

Por consiguiente, “[e]s deber del notario que autoriza el otorgamiento de una escritura, [en cumplimiento de las responsabilidades de la profesión] hacer las averiguaciones mínimas que requieren las normas de la profesión”. In re Peña Clos, ante, pág. 601. Véase, además, In re Del Río Rivera y Otero Fernández, 118 D.P.R. 339 (1987). Por lo que en aquellas ocasiones en que el notario tenga duda sobre lo expresado por el otorgante, será su deber indagar más allá de lo requerido comúnmente. In re Vera Vélez, 148 D.P.R. 1, 9 (1999).

En lo referente a las averiguaciones mínimas que debe realizar el notario, hemos expresado que “el notario que autoriza una escritura no puede ignorar el estado registral de la propiedad sobre la cual las partes otorgan la escritura a la fecha del otorgamiento”. (Énfasis suplido.) íd. “Es indeclinable su obligación de conocer el estado registral de la propiedad en su función principal de custodio de la fe pública, base esencial del sistema del notariado. Como tal, tiene el deber ineludible ‘de ilustrar a los otorgantes para lograr que éstos concurran al acto notarial en un estado de conciencia informada. Es decir, tiene que cerciorarse de hacerles a las partes todas aquellas explicaciones, aclaraciones y advertencias necesarias para lograr el consentimiento informado de los otorgantes’.” (Énfasis suplido.) In re Pizarro Colón, 151 D.P.R. 94, 106 (2000). Véase In re Jiménez Brackel, 148 D.P.R. 287 (1999).() El notario que autorice una escritura de compraventa y haga constar en ésta que la propiedad se halla libre de cargas y gravámenes, cuando este hecho sea contrario a la realidad registral, viola la fe pública notarial y el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. In re Moreira Avillán, 147 D.P.R. 78 (1998).

Por tal razón, en el caso In re Ramos Meléndez y Cabiya Ortiz, 120 D.P.R. 796 (1988), expresamos que no actúa con el debido cuidado, al ejercer la función notarial, el notario que hace constar en la escritura otorgada que la propiedad está libre de cargas y gravámenes, cuando este hecho es contrario a la realidad registral. ()

En In re López Maldonado, 130 D.P.R. 863, 865 (1992), hicimos hincapié en la importancia de que el notario haga “una investigación de los antecedentes regístrales de la propiedad” antes del otorgamiento de una escritura, y expresamos que “viola la fe pública notarial [e]l no hacer un estudio de título en el Registro de la Propiedad y proceder a preparar y autorizar una escritura, dando fe [de hechos que no coinciden con la realidad registral]”. (Énfasis suplido.) Íd.()

En In re Vera Vélez, ante, indicamos que los notarios no pueden escudarse bajo “los dichos” de las partes para certificar como ciertos hechos que les consten ser falsos o que debieron parecerles falsos y consignar hechos contrarios a los que consten en el Registro de la Propiedad; razón por la cual constituye una violación a la fe pública notarial que un notario, al autorizar una escritura, haga constar hechos falsos que no coincidan con la realidad registral.

Ahora bien, en ninguna de nuestras decisiones le hemos impuesto la obligación al notario de realizar una investiga-ción, sobre contribuciones adeudadas ante el C.R.I.M. o ante el Municipio, esto es, sobre la existencia de contribu-ciones territoriales antes de autorizar una escritura de compraventa.

Además de la acción disciplinaria a la que puede estar sujeto un notario por violación a los deberes inherentes de la profesión, un notario puede responder civilmente cuando cause un daño a su cliente y este daño emane de la negligencia y el descuido en el ejercicio de la gestión notarial. Sobre la naturaleza de la responsabilidad civil, en Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432 (1984), expresamos que ésta será extracontractual cuando el notario provoca algún daño por haber violado una obligación que la ley le impone; será contractual cuando el daño tenga su origen en el quebrantamiento de una obligación que la ley no le impone al notario, pero que éste asume contractualmente. E. Martínez Moya, Derecho Notarial y Registral Inmobiliario, 64 (Núm. 4) Rev. Jur. U.P.R. 873, 884 (1995).

En Rosas González v. Acosta Pagán, 134 D.P.R. 720 (1993), se demandó a un abogado en daños por dejar de inscribir una escritura de hipoteca en el Registro de la Pro-piedad luego de haberse comprometido con el demandante a hacerlo. Indicamos que, aun cuando no había disposición alguna en la ley notarial que impusiera en el notario la obligación de presentar documentos en el Registro de la Propiedad como parte de sus funciones inherentes, si el notario convenía con el cliente que se encargaría de presen-tar los documentos, entonces la referida obligación era contractual, y el notario podría responder por su incumplimiento.

Sobre el cumplimiento de las funciones inherentes del notario, expresamos en Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721 (2005),() que “[e\n el desempeño de su gestión notarial el abogado está obligado a cumplir con los deberes que surgen de la ley, los cánones del Código de Ética Pro- fesional y el contrato entre las partes. La inobservancia de esos deberes expone al notario a una posible acción en da-ños por los perjuicios causados al cliente o a terceros, y a nuestra jurisdicción correctiva y disciplinaria”. (Énfasis suplido.)

hH hH HH

En el presente caso, el notario Luis Dubón III cumplió con la responsabilidad que, a la fecha del otorgamiento de la escritura en controversia„, le imponía la Ley Notarial y nuestra jurisprudencia, esto es, la obligación de cotejar el estado registral de la propiedad que iba a ser transferida. No surgiendo del estudio de título realizado información alguna que impidiera, o hiciera dudoso, el otorgamiento de la escritura de compraventa,() el licenciado Dubón III hizo correctamente constar en ésta que la propiedad estaba libre de cargas y gravámenes; ello, repetimos, acorde con lo hasta esa fecha requerido por la ley y la jurisprudencia en nuestra jurisdicción.

En protección de todas las partes otorgantes, el notario Dubón III hizo constar, en forma expresa y precisa, en la escritura que otorgó, la forma en que se pagarían las con-tribuciones territoriales; en relación con las cuales, repeti-mos, la reglamentación vigente, aplicable al momento del otorgamiento de la escritura en controversia, no le imponía obligación al notario de realizar investigación alguna ante el C.R.I.M.

Por otro lado, tampoco está en controversia el hecho de que, en ningún momento, el notario Dubón III se ofreciera —o contratara— para realizar investigación alguna ante el C.R.I.M. sobre la existencia de deudas en concepto de con-tribuciones sobre la propiedad, razón por la cual no esta-mos ante el incumplimiento de una obligación contractual incurrida por el notario otorgante.

En el presente caso, la causa fundamental y única de los daños alegadamente sufridos por la parte demandante fue la actuación —al no informar la deuda por concepto de contribuciones de la propiedad— de los vendedores Ross-Andino y el incumplimiento de éstos con la cláusula en la escritura relativa al pago de dichas contribuciones. Dicha obligación, no hay duda, recae exclusivamente sobre ellos y no sobre Dubón III, quien no es parte de la referida relación contractual. ()

Erraron, en consecuencia, tanto el tribunal de instancia como el foro apelativo intermedio al imponerle responsabi-lidad en el presente caso al licenciado Dubón III. La res-ponsabilidad por el pago de la deuda por contribuciones territoriales en el presente caso recae, repetimos, exclusi-vamente sobre quienes contractualmente se obligaron a hacerlo: el matrimonio Ross-Andino.

IV

Ahora bien, “[c]omo jurista, la responsabilidad notarial de hacer las reservas y advertencias legales pertinentes implica una gestión intelectual y una aplicación inteligente de los principios de derecho positivos y jurisprudenciales. Esa función no se da en el vacío; conlleva tomar en cuenta el contenido del negocio y el significado total e integral de las estipulaciones que se han de suscribir y consentir”. In re Salas David, 145 D.P.R. 539, 544 (1998).

Considerando que los hechos en el presente caso no son únicos y que, por el contrario, se puede tratar de una situación recurrente que perjudica a nuestros conciu-dadanos, resolvemos que, a partir de la presente opinión y sentencia, los notarios que otorguen una escritura de com-praventa sobre una propiedad inmueble deberán, como parte de las advertencias que tienen el deber de hacer a los otorgantes, informarles a éstos sobre la conveniencia de ob-tener una certificación sobre deuda contributiva del C.R.I.M. La norma hoy establecida, repetimos, es de carác-ter prospectivo.

V

Por los fundamentos antes expuestos, procede dictar sentencia revocatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia, devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, aun cuando estuvo conforme con las Partes I, II y III de la po-nencia, disintió de la Parte IV. El Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri no intervino.

      (1) El Sr. Julián Ross Tuggo y la Sra. Lillian Andino Bonilla son residentes del estado de Nueva York.

      (2) El precio de venta de la propiedad fue de noventa mil dólares.

      (3) Véase la Cláusula Cuarta de la sección de Cláusulas y Condiciones de la referida escritura. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 36.

      (4) Del estudio de título realizado no surgía la referida deuda. Es de notar, además, que la deuda contributiva notificada por el Centro de Recaudación de Ingre-sos Municipales (C.R.I.M.) corresponde a los años anteriores al otorgamiento de la escritura, por lo cual, según la escritura, el pago de ésta correspondía a los vendedo-res, los esposos Ross-Andino.

      (5) Se incluyó además a su esposa, Beatriz Vázquez de Dubón, y a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos.

      (6) Surge del expediente que la señora Feliciano hizo varios requerimientos de pago al licenciado Dubón III. Ante éstos, el licenciado le indicó que debía reclamarle el pago a los esposos Ross-Andino, tal y como lo habían pactado en la referida escritura. Ello no obstante, no surge que la señora Feliciano hubiese realizado in-tento alguno de recobrar el pago de la deuda de los esposos Ross-Andino antes de instar la presente acción.

      (7) Los codemandados esposos Ross-Andino nunca contestaron la demanda, por lo cual el foro primario, a solicitud de la parte demandante, procedió a anotarles la rebeldía.

      (8) Es de notar qne el Tribunal de Primera Instancia postergó la determinación de daños.

      (9) Los codemandados, señor Ross Tuggo y señora Andino Bonilla, no recurrie-ron ante el foro apelativo intermedio en revisión de la referida resolución.

      (10) Según lo resuelto en In re Lavastida, 109 D.P.R. 45, 80 (1979), el notario que autoriza una escritura de hipoteca ésta obligado, cuando menos, a advertir cumpli-damente a los otorgantes de la necesidad de la investigación registral, y si advertidos cabalmente pasan por alto la pesquisa, puede proceder sin más al otorgamiento del instrumento haciendo constar, para mayor garantía, que tales advertencias han sido hechas.

      (11) En el referido caso, el notario consignó este hecho confiando en un estudio de título hecho tres meses antes de autorizar la escritura en cuestión.

      (12) En este caso indicamos que viola la fe pública notarial el notario que da fe de que se hace un traspaso de una finca, cuando en realidad el traspaso es de un solar segregado y aún no inscrito, y no sobre la finca descrita; señalamos además que viola la fe notarial dar fe en una escritura de que la finca está inscrita a nombre de una persona cuando de los libros del registro de la propiedad surge que el verdadero propietario es otro.

      (13) Citando a In re Cruz Tollinche, 114 D.P.R. 205, 207 (1983).

      (14) La deudas por concepto de contribuciones de la propiedad no surgen —de ordinario— de las constancias del Registro de la Propiedad.

      (15) “Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo en cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto o por disposición de la ley.” Art. 1209 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3374.


author:
      (Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

text:
    Ramón Almonte Font y Myleen Gratacós, peticionarios, v. Servicios y Obras del Caribe, Inc., RB Construction Corporation RIAX Construction, CNA Casualty Co. e Ing. José Puig, recurridos.

      Número: CC-2000-785

      Resuelto: 15 de septiembre de 2005

      Antonio Borrés Otero, abogado de la parte peticionaria; Se-vero Torres García, Rafael Mayoral Morales, Enrique Nas-sar Rizek y Guillermo Arbona Enriquez, abogados de la parte recurrida.
   SENTENCIA

Por estar igualmente dividido el Tribunal, se confirma la decisión del Tribunal de Apelaciones.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta emitió un voto concurrente. El Juez Presidente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Rebollo López disintieron sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlin-geri y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Voto concurrente de la

Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

El Sr. Ramón Almonte Font y la Sra. Mayleen Gratacós recurren de la decisión del Tribunal de Apelaciones me-diante la cual se denegó el recurso de revisión de su caso, y nos solicitan que revoquemos una resolución emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.) que desestimó su querella por vicios de construcción. Por las razones que exponemos a continuación, concurrimos con la sentencia dictada por este Tribunal como resultado del em-pate en los votos de los jueces participantes.

El peticionario, Ramón Almonte Font, compró el 17 de marzo de 1988 un apartamento en el condominio Tenerife, ubicado en el sector El Condado. Este apartamento fue ad-quirido de la desarrolladora del proyecto, Servicios y Obras del Caribe, Inc. (SYOCA). El señor Almonte Font pactó con SYOCA ciertos cambios en el diseño interior original de dicho apartamento, tras lo cual SYOCA entregaría el apar-tamento sin terminaciones interiores. El señor Almonte Font recibió un crédito de $10,170 por razón de los cambios en la estructura.

Para diseñar los planos y supervisar los cambios, el pe-ticionario contrató a la firma de arquitectos Sierra, Car-dona y Ferrer. A su vez, SYOCA subcontrató a la compañía de construcción RB Construction Corporation (RB), cons-tructora del proyecto Tenerife, para realizar las obras aquí pactadas. De esa forma, las obras conllevaban una coordi-nación entre los arquitectos contratados por el señor Ai-monte Font, SYOCA y RB.

RB ejecutó algunas de las obras rediseñadas por la firma de arquitectos contratada, incluyendo parte de la instalación de un nuevo sistema de aire acondicionado, se-leccionado por el señor Almonte Font. Los planos para este nuevo sistema de aire acondicionado fueron diseñados para Sierra, Cardona y Ferrer por el Ing. Luis Puig —tam-bién recurrido en este recurso— quien también había dise-ñado los sistemas de aire acondicionado del resto del condominio. Este diseño preparado por el ingeniero Puig fue modificado durante la construcción del interior del apartamento. Entre las modificaciones, se cambiaron unas parrillas por razones estéticas y se instalaron unas lámpa-ras en sustitución de la parrilla de retorno.

RB también tuvo a su cargo los trabajos de plomería, electricidad y demolición necesarios para permitir los cam-bios en los interiores del apartamento diseñados por Sierra, Cardona y Ferrer. Para completar los trabajos comen-zados por RB y hacer los trabajos de terminaciones interiores del apartamento, el peticionario contrató a RIAX Contractors Corp. (RIAX). Todas las obras realizadas por RIAX fueron supervisadas por el Arq. Iván Banuchi, quien fue contratado por el peticionario para sustituir a Sierra, Cardona y Ferrer. Las obras realizadas por RIAX fueron pagadas según fueron aprobadas por dicho arquitecto.

Una vez en posesión del apartamento, el señor Almonte Font comenzó a notar problemas de filtración de agua a través del ventanal del área de la sala y la pared del estudio. Según los planos originales del apartamento, este ventanal consistiría de puertas corredizas de cristal de 5'x 9'. Sin embargo, para el apartamento del peticionario se modificó el diseño y se instalaron, en vez, dos puertas de cristal centrales, rodeadas por piezas fijas de cristal en la parte inferior y en las partes laterales. El señor Almonte Font también percibió humedad en pisos y paredes, pro-ducto de la condensación del sistema de aire acondicio-nado, lo cual afectó la pintura del apartamento.

El peticionario se querelló en DA.Co. contra la desarro-lladora y vendedora, SYOCA, y contra la constructora, RB, por las filtraciones y el mal funcionamiento del acondicio-nador de aire, alegando que éstos constituían vicios de construcción al amparo de la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, según enmendada, 17 L.RR.A. see. 501 et seq., conocida como la Ley de la Oficina del Oficial de Construc-ción (Ley Núm. 130). Luego, enmendó la querella para in-cluir al Ing. Luis Puig y a la constructora dedicada a tra-bajos interiores, RIAX, y su dueño el Sr. Peter Rivera.

DA.Co. celebró unas vistas y finalmente, el 4 de marzo de 1998, diez años después de presentada la querella, la desestimó porque: (a) “de la prueba presentada no se esta-blecen causas o reclamos ..(b) de la prueba presentada se demostró que el querellante hizo cambios sustanciales y que dichas obras contaron con la supervisión de un profe-sional contratado para esos efectos, y (c) “no reclama por vicios de construcción bajo la norma de la Ley Número 130 del 13 de junio de 1967, según enmendada. En el caso que nos ocupa [el] querellante no adquirió un apartamento tí-pico, sino una estructura en la cual se introdujeron cam-bios sustanciales, distintos a los diseños originalmente programados para la estructura.” Apéndice, págs. 120-121.

El peticionario solicitó la revisión de esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones el 31 de marzo de 1998. Ese tribunal denegó el recurso el 12 de julio de 2000, con el voto disidente de uno de los jueces del panel. El 22 de sep-tiembre de 2000 se presentó el recurso de certiorari que nos ocupa y expedimos el auto el 13 de noviembre de 2000.()

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La agencia cuya decisión se cuestiona en este recurso, D.A.Co., tiene la encomienda de administrar e implantar la Ley Núm. 130. Esta legislación creó la Oficina del Ofi-cial de Construcción para “facilitar a los compradores [de viviendas] vindicar los derechos que las leyes vigentes le concedían”. United Fed. Savings v. D.A.C.O., 111 D.P.R. 424, 425 (1981). Véase, además, Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 143 D.P.R. 756, 767 (1997).() D.A.Co. aprobó el Reglamento para Regular las Distintas Actividades que se Lleven a Cabo en el Negocio de la Construcción en Puerto Rico, Reglamento Núm. 2268 de 16 de septiembre de 1977 (Reglamento del Negocio de la Construcción), al amparo de la autoridad así conferida. Este reglamento fa-culta al Secretario de D.A.Co. a “investigar y adjudicar las querellas radicadas sobre prácticas indeseables en el nego-cio de la construcción; concediendo los remedios pertinen-tes conforme a derecho”. Reglamento del Negocio de la Construcción, supra, Sec. 2(8), pág. 4. Véase Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., supra.

La Ley Núm. 130, en su segundo artículo, define el con-cepto “urbanizador o constructor” como “toda persona que se dedique al negocio de la construcción en calidad de em-presario o principal responsable de la promoción, diseño, venta, construcción de obras de urbanización para vi-vienda, o de la construcción en grande escala de viviendas, bien del tipo individual o multipisos”. 17 L.P.R.A. sec. 502(d).

Entre las “prácticas indeseables en el negocio de la cons-trucción”, la Ley Núm. 130 incluye: “(e) [dejar] de corregir un defecto de construcción en una vivienda según éste sea definido por el reglamento puesto en vigor por el Oficial de Construcción”. Art. 9(e) de la Ley Núm. 130 (17 L.P.R.A. sec. 509(e)). A su vez, el Reglamento del Negocio de la Construcción define el término “defectos de construcción” como

... cualquier anormalidad, defecto, falta de accesorios, falla, deterioro prematuro, mal funcionamiento, inexactitud en las medidas o cualesquiera otra condición más allá de las toleran-cias normales permisibles que pueda sufrir la estructura de vivienda o el área en que ésta esté enclavada o cualquier otro vicio o condición que exceda la medida de las imperfecciones que cabe esperar en una construcción sin que se pueda impu-tar a una fuerza mayor y/o fenómeno natural, y no se deban al maltrato, alteraciones, falta de mantenimiento, ni desgaste normal, siempre y cuando se notifique al urbanizador y/o constructor dentro del período de tiempo que [establece este Reglamento]. (Énfasis suplido.) Reglamento del Negocio de la Construcción, supra, Sec. 1(e), págs. 1 — 2.

La prueba presentada ante D.A.Co. demostró que RIAX no es un constructor o urbanizador, según definidos estos términos en la Ley Núm. 130. RIAX realizó trabajos de terminaciones interiores para el apartamento del señor Ai-monte Font y no actuó como “principal responsable” de la construcción, diseño, promoción o venta de “obras de urba-nización para viviendas”. El señor Rivera, dueño de RIAX, y el ingeniero Puig tampoco están incluidos en la definición de “constructor o urbanizador” bajo esta ley. El primero, por las mismas razones que aplican a RIAX, mientras que el ingeniero Puig fue contratado por los arquitectos del pe-ticionario para diseñar el nuevo sistema de aire acondicio-nado, función que no se encuentra dentro de la definición de “urbanizador o constructor”. A esto debemos añadirle que, según la prueba, los planos preparados por el inge-niero Puig para el nuevo sistema de aire acondicionado fueron alterados a través de todo el proceso de instalación, sin consultársele.

No hay duda de que SYOCA es un constructor o urbani-zador según las disposiciones de la Ley Núm. 130. Además, SYOCA es el desarrollador del proyecto donde el peticiona-rio adquirió el apartamento y fue quien vendió el aparta-mento al señor Almonte Font.

Ahora bien, SYOCA pactó con el señor Almonte Font la entrega del apartamento sin terminaciones interiores, para que éste pudiera hacerlas a su gusto. Para entregar el apartamento según pactado, SYOCA subcontrató a RB, una compañía que igualmente se dedica al negocio de la construcción. La labor de RB se limitó a comenzar el pro-ceso de instalación de las máquinas de aire acondicionado y parte de los ductos (la coquerellada RIAX instaló las pa-rrillas y otro tramo del ducto) y a realizar trabajos de pío-mería, electricidad y demolición para permitir los cambios en los interiores del apartamento.

La querella presentada ante D.A.Co. por los peticiona-rios alegaba la existencia de ciertas filtraciones de agua en el apartamento y mal funcionamiento del acondicionador de aire. Según el expediente, las filtraciones fueron corre-gidas para febrero de 1989. En lo que respecta al acondi-cionador de aire, según las determinaciones de hechos de D.A.Co., el peticionario no pudo demostrar que la compa-ñía subcontratada por SYOCA para entregar el aparta-mento en condiciones aptas para los cambios de interiores, RB, fuera responsable del defecto por el cual se reclamaba. El peticionario tampoco demostró que el apartamento, tal y como fue entregado por SYOCA, sufriera defectos o vicios de construcción.

La prueba demostró más bien que las alteraciones en el diseño de las terminaciones interiores del apartamento es-tán directamente relacionadas a los vicios que se alegan. Más aún, según la resolución, “ [n] i la[s] coquerelladas SYOCA, RB, RIAX y los coquerellados Ing. Luis Puig y Peter Rivera intervinieron en la modificación del sistema de aire acondicionado del apartamento del querellante. Las modificaciones fueron realizadas por los arquitectos que el querellante contrató para las modificaciones efectua-das a la estructura”. (Enfasis suplido.) Apéndice, pág. 119. Según explicamos, el propio reglamento exime de respon-sabilidad al constructor o desarrollador cuando los defectos se deben a alteraciones. En su Resolución de 4 de marzo de 1998, D.A.Co. expone que:

La prueba presentada demostró que el querellante compró una propiedad a la cual le realizó cambios sustanciales y que dichas obras contaron en todo momento con la supervisión directa de un profesional contratado por dicho querellante para cerciorarse de que las obras eran realizadas de conformidad con sus intereses. Nótese que la prueba presentada demostró que el querellante no tan sólo contrató la modificación sustan-cial del interior del apartamento. Aceptó y pagó las obras se-gún le fueron entregadas e introdujo cambios a los planos pre-parados por razones de estética y conveniencia. Ni tan siquiera del testimonio del querellante se produce un recuento concreto de los defectos imputables a los querellados de epígrafe. Más aún, su propio perito (Ing. Osvaldo Marcano) concluye que las deficiencias del sistema de aire acondicionado son producto de unas modificaciones que debieron ser supervi-sadas adecuadamente por el inspector de la obra.
... el querellante no reclama por vicios de construcción bajo la norma de la Ley 130 de 13 de junio de 1967, según enmendada. En el caso que nos ocupa el querellante no adqui-rió un apartamento típico, sino una estructura en la cual se introdujeron cambios sustanciales, distinto de los diseños ori-ginalmente programados para la estructura. (Enfasis suplido.) Apéndice, pág. 121.

Nos parece evidente que la decisión de D.A.Co. en el caso que nos ocupa está sostenida por sus determinaciones sobre la prueba presentada. El peticionario no nos ha con-vencido de que haya otra prueba en el expediente que con-vierta en inaceptables las determinaciones de D.A.Co., to-mando siempre en cuenta la normativa sobre revisión de decisiones administrativas, tantas veces reiterada, según la cual el tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio sólo cuando no pueda hallar una base racional respaldada por evidencia sustancial, para explicar la deci-sión administrativa. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64 (1998); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004). Sabe-mos que corresponde a la parte que impugna la decisión el demostrar que hay otra prueba en los autos administrati-vos que menoscaba la prueba impugnada al punto de de-rrotar la razonabilidad de la decisión y convertirla en arbi-traria o caprichosa.()

No encontramos que la agenda administrativa actuara en este caso de forma arbitraria, caprichosa o en abuso de su discreción.

Por eso, concluimos que el foro apelativo no cometió los errores apelados y concurrimos con la sentencia emitida.

      (1) Se alegó que el Tribunal de Apelaciones había errado: al resolver que la Ley Núm. 130 del 13 de junio de 1967, según enmendada, 17 L.P.R.A. [sec. 501 et seq.], no aplica a R.B. y RIAX; ... al resolver que los señores Peter Rivera y el ingeniero Puig, no están incluidos dentro de los términos urbanizador o constructor según definido por la Ley Núm. 130, supra[;] ... al resolver que aún si la Ley Núm. 130, supra, aplica a SYOCA [é]sta no es responsable por la instalación del sistema de acondicionador de aire; ... al resolver que DACO no erró al desestimar por no justi-ficar la prueba presentada la concesión de un remedio; ... al resolver que no era necesario discutir los errores señalados en el recurso de revisión sobre el que DACO no permitiese prueba de daños y por desestimar la querella.” Petición de certiorari, págs. 4-5.

      (2) Las funciones del Oficial de Construcción fueron asignadas originalmente a la Administración de Servicios del Consumidor, organismo creado mediante la Ley Núm. 148 de 27 de junio de 1968 (23 L.P.R.A. sec. 1001 et seq.). En 1973 se creó el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.) mediante la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 (3 L.P.R.A. sec. 341 et seq.) y se transfirieron a este departamento todas las funciones, los poderes y los deberes de la referida Administración.

      (3) Según la norma firmemente establecida por este Tribunal, los foros apelati-vos debemos conferir gran deferencia a las determinaciones de hechos de los foros administrativos, limitándose la revisión judicial a evaluar la razonabilidad de la decisión recurrida. Polanco v. Cacique Motors, 165 D.P.R. 156 (2005); Cruz Negrón v. Administración, 164 D.P.R. 341 (2005); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263 (1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64 (1998). Esta deferencia se fundamenta en el conocimiento especializado y la experiencia de las agencias y persigue evitar que el criterio del tribunal revisor sustituya el que ejerció la agencia administrativa basándose en ese conocimiento especializado. Cruz Negrón v. Administración, supra; O.E.G. v. Rodríguez, 159 D.P.R. 98 (2003); Misión Ind. P.R. v. J.P., supra; Misión Ind.

        P.R. v. J.C.A., 145 D.P.R. 908 (1998). Es por eso que, de ordinario, los foros apelativos no debemos intervenir con las determinaciones de hechos de un organismo adminis-trativo si éstas están apoyadas en la prueba que resulta del expediente considerado en su totalidad y si la decisión basada en esos hechos se ajusta a derecho. See. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2175. O.E.G. v. Rodríguez, supra; Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, (2000); Misión Industrial de P.R. v. J.C.A., supra; Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 D.P.R. 656 (1997).


text:
      In re Resolución de Despedida de la Licenciada Lourdes R. Díaz Antommattei, Compiladora y Publicista de Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

      Número: ED-2005-02

      Resuelto: 15 de septiembre de 2005
   RESOLUCIÓN

La Lie. Lourdes Díaz Antommattei finaliza sus labores en el Tribunal Supremo de Puerto Rico como Compiladora y Publicista de Jurisprudencia hoy, luego de más de dos décadas de desempeñarse en la Rama Judicial. Este Tribunal, consciente de los muchos años que la licenciada Díaz Antommattei laboró en la Rama Judicial, le testimonia con esta Resolución su afecto y agradecimiento.

La licenciada Díaz Antommattei comenzó a trabajar como Compiladora Auxiliar del Tribunal Supremo en 1983. Sus vínculos con este Tribunal y la Rama Judicial, sin embargo, antecedían a esa fecha, pues su señor padre, el Hon. Jorge Díaz Cruz, fue Juez Asociado de este Tribunal desde el 1973 hasta la fecha de su retiro en 1984. Posterior-mente, en febrero de 1986 la licenciada Díaz Antommattei fue designada en propiedad como Compiladora y Publicista de Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Como Compiladora y Publicista de Jurisprudencia del Tribunal, correspondió a la licenciada Díaz Antommattei dirigir los trabajos de edición y publicación de la colección oficial de las decisiones que emite este Tribunal, conocida como Decisiones de Puerto Rico. De acuerdo con ello, le correspondió dirigir los trabajos de revisión y edición de las opiniones, sentencias, resoluciones y votos particulares que emite este Tribunal, de modo que el producto que fi-nalmente fuese publicado se ajustara a criterios de la más alta calidad. De igual modo, correspondió a la licenciada Díaz Antommattei brindar apoyo continuo a las oficinas de los Señores Jueces Asociados y Señoras Juezas Asociadas con recomendaciones editoriales, así como a las demás ofi-cinas de este Tribunal.

Hoy, al despedir a la licenciada Díaz Antommattei, re-cordamos con afecto y agradecimiento su disponibilidad para colaborar con este Tribunal en estas y otras enco-miendas de importancia para la Rama Judicial y para la comunidad jurídica, y le deseamos éxito en su vida personal y profesional.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal.

(.Fdo.) Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo