text:
    Compañía Industrial de Santurce, Pedro Bolívar, S. en C., Demandante y Apelante, v. Sánchez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre cobro de una cantidad de dinero.
    No. 1132.
    Resuelto en julio 20, 1914.
    Fianzas — Interpretación de Contratos. — El demandado en este caso escribió a la demandante una carta en la cual le dice: “'Tengo el gusto de recomen-darles a mi amigo Don Marcelino Barreto que les tomará alguna madera para edificar una casa en Santurce y pareeiéndome que ahí podrán Yds. atenderlo con los precios más bajos por tener él personalmente toda garantía y, además, al recomendarlo a Yds. es que en todo y cuanto les tome puedo serles responsable.” Se resolvió, que dicha carta, por sí sola, no constituía un contrato de fianza y que el demandado no era responsable del valor de las maderas que tomara el citado Barreto, sobre todo teniendo en cuenta que la carta sólo se refería a una casa y, según la prueba, con las maderas que adquirió Barreto construyó no una sino varias casas, y además, que Barreto hizo diferentes abonos a cuenta de las maderas compradas, pudiendo ser que el importe de las que sirvieron para construir la primera casa, hubiera sido totalmente satisfecho.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Damián Monserrat, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. Engenio Benítes Castaño.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., por la que se declaró sin lugar cierta demanda en cobro de pesos.

Las alegaciones de la demanda, en resumen, son así: 1. Que la demandante es una sociedad mercantil, establecida en San Juan, y el demandado un comerciante vecino de la Carolina; 2. Que el 5 de septiembre de 1910, el demandado suscri-bió y dirigió a la demandante, la siguiente carta:

“Carolina, P. R., 5 de septiembre de 1910. Sres. Compañía Industrial de Santurce. San Juan, P. R.
“Muy señores y amigos míos: Tengo este gusto recomendándoles a mi amigo Don Marcelino Barreto que les tomará alguna madera para edificar una casa en Santurce y pareciéndome que allí podrán Yds. atenderlo con los precios más bajos por tener él‘personalmente toda garantía y, además, yo al recomendarlo a Yds. es que en todo y cuanto les tome puedo serles responsable. Siempre a sus o/ su affmo. y S. S., P. Sánchez Osorio.”

3. Que la demandante aceptó la garantía y despachó a Marcelino* Barreto varias partidas de madera por valor de $2,942.40; 4. Que en junio de 1911 se dió a conocer al deman-dado el importe de la expresada cuenta, contestando el deman-dado que en lo sucesivo no se le vendiera más a Barreto bajo su garantía; 5. Que la demandante entabló demanda contra Barreto en cobro de los $2,942.40 debidos y obtuvo sentencia a su favor que no puede hacer efectiva por carecer Barreto de bienes. Y que requerido el demandado, tampoco la ha satisfecho, y 6. Que el demandado ha dejado de cumplir la obligación que contrajo en su carta de 5 de septiembre de 1910.

La demanda termina suplicando que se dicte sentencia en contra del demandado condenándolo al pago de $2,942.40, intereses legales y costas, gastos y honorarios de abogado.

El demandado contestó la demanda negando el primer hecho; aceptando la autenticidad del documento transcrito en el segundo; admitiendo que la demandante despachó made-ras a Barreto, pero no por valor de $2,942.40 sino por la suma de $4,792.47, en numerosas partidas, habiendo hecho Barreto varios abonos uno de $1,000 en diciembre 13, 1910, otro de $500 en enero 5,1911, y otro de $350 en abril 17,1911; negando que la demandante aceptara la garantía del demandado y afirmando que jamás ofreció expresamente ni intentó ofrecer tal garantía; negando los hechos cuarto, quinto y sexto de la demanda, y alegando como materia nueva: (a) que al es-cribir la carta inserta .en el hecho segundo de la demanda, sólo intentó recomendar a una persona a quien suponía con bastante crédito, sin que la demandante nunca preguntase al demandado si se constituía o no en fiador de M. Barreto; (6) que tan pronto como la demandante escribió al deman-dado considerándolo como fiador, el demandado protestó de ello-, y (c) que la carta de 5 de septiembre de 1910 se refería a la necesidad en que estaba Barreto de fabricar una casa, y la demandante no sólo le facilitó las maderas para fabri-car una casa, sino para edificar más de seis.

La contestación termina suplicando que se absuelva de la demanda al demandado, con imposición de las costas y honorarios de abogado a la parte demandante.

En el acto de la vista se practicó la prueba ofrecida por ambas partes y, el 10 de febrero de 1914, la corte de distrito dictó la sentencia a que nos hemos referido.

La prueba de la demandante consistió en la carta trans-crita en la demanda, en varias otras cartas dirigidas por la demandante al demandado, en las declaraciones de Pedro Bolívar, socio gestor de la demandante; Rodrigo Bolán, apo-derado general de la misma; Romualdo Tolmo, empleado de la demandante; Marcelino Barreto; Celestino Marrero, secre-tario de la corte sentenciadora, y Damián Monserrat, Jr., abo-gado de la demandante, y en los autos seguidos por la deman-dante contra Barreto en cobro de la misma suma reclamada en este pleito. Y la prueba de'la parte demandada consistió en la declaración del propio demandado y en varias cartas escritas por él a la demandante.

Estamos de acnerdo con el juez sentenciador en que la principal cuestión envuelta en este caso, en la de la signifi-cación legal de lá carta dirigida por el demandado a la deman-dante que se transcribe en la demanda. T también lo esta-mos con las siguientes consideraciones del dicho juez senten-ciador y con la cita que. hace del comentarista Manresa. El Juez Córdova Dávila se expresa como sigue:

“A nuestro juicio, la carta anteriormente copiada no basta para ■construir una obligación de fianza, ni puede interpretarse como tal. Desde el punto de vista gramatical, la frase anteriormente copiada, no puede tener el alcance de obligar en concepto de fiador o garantizador al demandado Sánchez Osorio. La palabra puedo es potestativa; indica la potestad o la facultad de hacer alguna cosa, no la necesidad ni el deber de ejecutar. No expresa obligación de ninguna índole; no implica, ni categórica ni indirectamente, el sometimiento de una volun-tad á un determinado deber.
“Desde el punto de vista jurídico, no es posible llegar a la conclu-sión de que la carta anteriormente copiada constituya un contrato de fianza. Es sabido que el consentimiento, requisito esencial de todo convenio, puede manifestarse de dos modos: expresa o tácitamente. Esta es la regla general en la dilatada y vastísima materia de la con-tratación; pero precisamente por su índole especial y onerosa, el ■contrato de fianza es una excepción a la regla general. En él no vale ■el consentimiento tácito y sí sólo el consentimiento expreso, explícito, indubitable y categórico. No es un consentimiento que se preste a presunciones, o que puede inferirse por deducciones más o menos razonables. Debe estar formulado de una manera clara y positiva, de un modo expreso y terminante, conforme a los preceptos del artí-culo 1728 de nuestro Código Civil. Según este artículo la fianza no se presume; debe ser expresa y no puede extenderse a más de lo con-tenido en ella. Veamos lo que dice el ilustre comentarista Sr. Man-resa interpretando el artículo 1827 del Código Civil Español equiva-lente al 1728 del Código Civil Bevisado:
“ ‘En efecto; aunque la fianza es una obligación accesoria de la principal, no por eso deja de ser una obligación especial, distinta de la del deudor, que presupone y requiere, por lo tanto, en quien la contrae, la intención de quedar obligado a cumplir en defecto del fiado lo gue éste estaba en el deber de bacer; y basta tal punto- es indispensable diebo requisito, que faltando la voluntad del fiador falta el consentimiento, que es lo único que puede dar vida al vínculo jurídico propio de la fianza.
“ ‘Por eso en todos los códigos se declara como en el nuestro, que la fianza no se presume o que debe ser expresa, o ambas cosas a la yez, según se expresa en el artículo que comentamos. Pero ¿ qué es lo que el legislador ha querido disponer con esta declaración? ¿Cuál es el sentido en que debe ser entendida? He aquí la cuestión más impor-tante.de las que sugiere la inteligencia de diebo artículo.
“ ‘El consentimiento o la voluntad de obligarse, es siempre requi-sito necesario para dar vida a toda obligación contractual; pero según los principios generales que hemos examinado ya al estudiar la materia de las obligaciones derivadas de la voluntad, y especialmente la teoría del consentimiento como requisito esencial de los contratos, dicha voluntad puede manifestarse expresamente por medio de palabras que directa y claramente la demuestren, o de una manera implícita por cotos que revelen la intención de quedar obligado.
“ ‘Y en vista de esta duplicidad de medios de expresión, que desde luego aparece opuesta a los términos del precepto de este artículo ■surge la duda de si el legislador se ha separado en este punto de los principios generales indicados, exigiendo una forma especial para la determinación o expresión de la voluntad de obligarse.
“ ‘A nuestro juicio, la duda hay que resolverla en sentido afirma-tivo, pues lo que la ley ha querido disponer es que la fianza debe ser constituida expresamente, constando de una manera directa e .indu-dable la intención y la voluntad de obligarse, y excluyendo, por lo tanto, la forma tácita de su expresión. Por eso no se limita a decir que la fianza no se presume, sino que además añade que debe ser expresa.
“ ‘Los motivos de esa especial disposición se derivan, como hemos dicho antes, de la naturaleza propia de la fianza. Es en ésta una carga por su naturaleza, gratuita, aunque no sea esencial dicha gratui-dad, según tenemos ya demostrado, y que de ordinario se contrae sin remuneración o recompensa y sin ninguna otra obligación correlativa en favor del fiador, encontrándose en muchos casos éste en la dura necesidad de pagar deudas ajenas sin utilidad alguna para él y sin recurso eficaz contra el deudor insolvente. Exponiendo Laurent lo peligrosa que es la fianza, cita el conocido proverbio que dice: “quien afianza paga,” y abundando el legislador en estas ideas ha querido, para dar efectos a la fianza, no sólo'que exista la seguridad de que el fiador haya tenido verdadera intención de' obligarse, sino además que resulte cierto que, al hacerlo, procedió con conocimiento de • lo que hacía, para evitar así que aquel que por un sentimiento irre-flexivo de afecto o de piedad esté dispuesto a prestar la fianza, no se deje llevar fácilmente de ese primer impulso generoso, sino que al obligarse, lo haga de una manera seria y concienzuda, dando lugar a pensar sobre ello para que la expresión de su voluntad sea garan-tía suficiente de su deliberada intención de obligarse a cumplir por el principal deudor, en su caso, la obligación asegurada con la fianza.’ 12 Manresa. Código Civil Español, 226.’ ”

La carta en cuestión está escrita en términos tales que padecen pedir una aclaración que concrete y fije la respon-sabilidad del que la suscribe, y no solo no consta que la acla-ración se pidiera, sino que ni siquiera aparece que se acu-sara recibo de la carta al demandado. Además, aun en el caso de que se resolviera que la carta podía interpretarse como una verdadera fianza, siempre habría que llegar a la conclusión de que la demanda fué debidamente declarada sin lugar, atendido el'resultado de las pruebas.

En la carta sólo se habla de una casa y las pruebas demues-tran que Barreto tomó maderas a la demandante para fabri-car varias durante un período de tiempo bastante largo y con conocimiento de la demandante. La cuenta corriente de Barreto con la demandante asciende a $4,692.47 y los abonos hechos por Barreto a $1,850, pudiendo esto tal vez demostrar, como sostiene el juez sentenciador, que el importe de las made-ras vendidas para la casa primeramente fabricada, que fué sin duda a la que quiso referirse el demandado, ha sido ya satisfecho. Y es bien sabido que, según prescribe la' ley,— artículo 1728 del Código Civil Revisado, — la fianza no puede extenderse más allá de lo en ella misma contenido.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Pardo, Demandante y Apelada, v. Pardo, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en nn caso de divorcio.
    No. 1025.
    Resuelto en julio 21, 1914.
    Divorcio — Reconvención—Contrademanda.—En una aeción de divorcio puede presentarse una reconvención o contrademanda.
    Id. — Reconvención-—Abandono—Tiempo Transcurrido Desde la Demanda Hasta la Reconvención. — El tiempo transcurrido desde la presentación de la demanda hasta la reconvención no puede incluirse para computar en ésta el término de un año que exige el párrafo 5 del artículo 164 del Oódigo Civil, para que el abandono constituya causa de divorcio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de'la apelada: Sr. José de Diego.

    Ahogado del apelante: Sr. José de Gusmán Benites.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Este juicio se inició por demanda de Rosaura Cobián de Pardo contra su esposo Mariano Pardo por divorcio, en el que el demandado presentó una reconvención para que se decretara el divorcio a su favor por el fundamento de aban-dono por parte de su consorte. Aunque la sentencia de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Ia., declaró sin lngar la demanda'y también la reconvención, el presente recurso versa únicamente sobre la apelación interpuesta por el deman-dado Mariano Pardo, ya que si bien la esposa también apeló de la sentencia, su apelación fué desestimada. Pardo v. Pardo, 19 D. P. R., 1188.

El tribunal sentenciador declaró sin lugar la reconvención basado en que el esposo no había justificado el abandono por parte de su mujer.

En la reconvención del apelante se alegó que su esposa abandonó el hogar conyugal el .día 26 de septiembre de 1911 yéndose a vivir con sns padres y sin que hasta la fecha de dicha reconvención, octubre 11 de 1912, hubiera regresado, a pesar de haber transcurrido entre ambas fechas un año y quince días.

La notificación de la demanda enmendada tiene fecha 19 de abril de 1912 y por tanto desde el 26 de septiembre de 1911 en que según la reconvención la demandante abandonó a su esposo hasta dicho día 19 de abril de 1912 en que fue notificada la demanda enmendada al apelante, solamente ha-bían transcurrido seis meses y algunos días.

Según el párrafo 5o. del artículo 164 del Código Civil, el abandono de la mujer por su marido o del marido por su mujer por un término mayor de un año es causa de divorcio.

En vista de lo expuesto, la primera cuestión que surge es la de si el tiempo transcurrido desde la presentación de la demanda por su esposa hasta que la reconvención de su marido fué presentada puede incluirse para computar el tiempo de abandono exigida por la ley, ya que si no debe com-putarse, entonces desde el 26 de septiembre de 1911 hasta la fecha de la demanda enmendada, única que conocemos y que es la de 19 de abril de 1912, no ha transcurrido el año que exige la ley para que exista acción por abandono y enton-ces la reconvención no aduce hechos determinantes de una causa de acción.

Antes de resolver esta cuestión indicaremos que aunque la parte apelada sostiene en su alegato que en demandas de divorcio no es posible presentarse reconvenciones o contra-demandas, sin embargo, esta cuestión ha sido resuelta en sentido contrario por la Corte Suprema de California al inter-pretar el artículo 442 de su Código- de Enjuiciamiento Civil, igual al 115 del nuestro, en los casos de Wadsworth v. Wadsworth, 81 Cal., 182, 22 Pac., 648; Mott v. Mott, 82 Cal., 413 22 Pac., 1140, los cuales son terminantes en el sentido de que puede presentarse una reconvención o contrademanda en ac-ciones de divorcio. Véase también 14 Cyc., pág. 672 y nota.

En cnanto a si en la reconvención puede alegarse el aban-dono contando el tiempo transcurrido después de iniciada la acción de divorcio, existe un conflicto de autoridades. .En algunos casos se sostiene que la separación de los esposos durante la tramitación de un pleito de divorcio es justificada, altamente moral y que no debe computarse como parte del tiempo necesario para que constituya abandono. 14 Cyc., 633; Palmer v. Palmer, 36 Fla., 385; 18 So., 720; Haltenhof v. Haltenhof, 44 Ill. App., 135; Jolly v. Weber, 36 La. Ann., 676; Porrit v. Porrit, 18 Mich., 420; Doyle v. Doyle, 26 Mo., 545; Salorgne v. Salorgne, 6 Mo. App., 602; Marsh v. Marsh, 82 Am. Dec., 251; Chipchase v. Chipchase, 22 Atl., 588; 17 Century Digest, divorce, par. 124.

En el caso de Hurning v. Hurning, 83 N. W., 342, se dice lo siguiente:

“Por supuesto que las partes en un pleito de divorcio deben vivir separadas durante la pendencia de un pleito, pues mientras se tramita la acción sería altamente impropio el cohabitar; la separación bajo tales circunstancias no es ilegal sino que es de acuerdo con la ley y el marido está obligado a sostener a su esposa mientras se tramita el pleito. Si la separación en tales circunstancias no es ilegal, la ale-gación de abandono fundada en tal separación es insostenible y el período que dura esa separación propia y que es el resultado legítimo, verdadero y directo del pleito, no puede computarse como parte del año que de acuerdo con nuestra ley debe transcurrir y expirar antes de poder entablar una acción de divorcio fundada en abandono.”

Otras autoridades sostienen que en la reconvención puede alegarse el abandono como fundamento para el divorcio inclu-yendo el período transcurrido después de iniciada la acción, 14 Cyc., 673; Neddo v. Neddo, 44 Pac., 1; Martin v. Martin, 33 W. Va., 695.

• Pero de las dos teorías nos parece más lógica y más moral la primera, pues no es posible, porque pugna a la razón bu-mana, que dos esposos que litigan en una acción de divorcio y que se imputan mutuamente actos, muchas veces denigran-tes y criminosos,, puedan vivir juntos bajo un mismo techo. Y si no es posible esta unión y la separación es necesaria y forozosa ¿cómo es posible que pueda computarse ese período como parte del abandono cuando precisamente para que exista' el abandono es necesario que no baya causa que lo "justifique í

Decidiéndonos, pues, por la teoría de que no debe compu-tarse el tiempo que media desde el 19 de abril de 1912 en que se presentó la demanda enmendada basta octubre 12 del mismo año en que la reconvención por abandono se formuló, teñe-mos que llegar a la conclusión de que, desde el 26 de septiem-bre de 1911 en que se alega que la esposa abandonó a su ma-rido basta la fecba en que ella presentó su demanda enmen-dada, 19 de abril de 1912, no babía transcurrido el año de abandono que exige la ley y por tanto que la reconvención no aduce becbos determinantes de causa de acción, por cuyo motivo debe sostenerse la sentencia que la declaró sin lugar.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutcbison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.

Presentada moción de reconsideración por la parte deman-dada, fué ésta desestimada por resolución de julio 31, 1914.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Pillot, Demandante y Apelante, v. Pillot, Demandada y Apelada, y Balestier, Interventor y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en un procedimiento de intervención en un caso sobre cobro de dinero.
    No. 1154.
    Resuelto en julio 21, 1914.
    Intervención — Sentencia en Rebeldía — Juicio.—-De acuerdo con el artículo 72 del Código.de.Enjuiciamiento Civil la intervención debe solicitarse antes del juicio, y después que se ha dictado sentencia en rebeldía contra el demandado no puede pedirse la intervención, porque el haberse dictado dicha sentencia equivale a haberse celebrado el juicio a los efectos de dicho artículo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Los apelados no comparecieron.
    Ahogado del apelante: tSr. G. Dominguez Rubio.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En juicio seguido ante la Corte de Distrito de Guayama por Martina Pillot contra Josefa del mismo apellido en cobro de $696.58 recayó sentencia en 13 de abril del corriente año en rebeldía de la demandada, condenando a ésta al pago de la suma reclamada con las costas del litigio.

En 27 de abril citado Engenio Balestier, quien tenía pen-diente ante la misma Corte de Distrito de Guayama demanda de divorcio contra la demandada, su esposa Josefa Pillot, presentó dos mociones, una para que se abriera la rebeldía de ésta y la-otra solicitando permiso para intervenir en' el pleito de que se deja hecho mérito, a cuyo fin acompañó de-manda de intervención, en que se limita a negar todas y cada una de las alegaciones de la demanda de Martina Pillot, y varios affidavits tendentes a demostrar la inexistencia y si-mulación de la deuda reclamada.

La corte, por resolución de 19 de mayo último, declaró sin lugar ,1a petición de intervención, sin perjuicio de los dere-chos de que pudiera estar asistido el peticionario Balestier •con relación al pleito entre Martina y Josefa Pillot, habiendo interpuesto Balestier contra dicha resolución recurso" de ape-lación para ante esta Corte Suprema.

Veamos si la corte inferior procedió con razón derecha al dictar la resolución apelada.

El artículo 72 de nuéstro Código de Enjuiciamiento Civil, •equivalente al 387 del de California, dice así: “Cualquiera persona antes de la celebración del juicio podrá intervenir en una acción o procedimiento, si tuviere interés en el asunto en litigio, en el éxito de cualquiera de las partes, o algún derecho en contra de ambas. Esta intervención tiene lngar cuando a un tercero se le permita ser parte en la acción o-procedimiento seguido entre otras personas, ya asocián-dose al demandante para reclamar lo que se pretenda en la. demanda, o ya uniéndose al demandado para oponerse a las pretensiones del demandante, o pidiendo alg’o en sentido ad-verso a las reclamaciones del demandante y demandado, cuya intervención se efectúa por medio de demanda exponiendo en ella los motivos en que se funde, presentada con permiso de la corte, y notificada a las partes que no hubieren compa-recido y a los abogados de las comparecidas, quienes podrán contestar o alegar una excepción a ella, como si fuese una demanda ordinaria.”

La demanda de intervención y la moción pidiendo per-miso para presentarla fueron radicadas el 27 de abril del corriente año, después que se había dictado sentencia en rebel-día contra la parte demandada el 13 del mismo mes, y por tanto se hizo la radicación no antes, sino después del juicio. T no puede alegar el apelante en su favor la circunstancia de haberse fallado el pleito en rebeldía y solicitádose la aper-tura de ella. A esa alegación oponemos la doctrina estable-cida por la Corte Suprema de California interpretando el artículo 387 del Código de Enjuiciamiento Civil de dicho Es-tado, equivalente al 72 del nuestro, en el caso de Hibernia Savings and Loan Society v. Churchill, 128 Cal., 633, 61 Pac., 278:

“Es.una regla general, dice aquella corte, que no se permitirá la intervención cuando retarde el pleito principal o cuando exija que se vuelva a abrir el caso para presentación de más prueba o cuando dilate la celebración del juicio del pleito principal o cambie la posición de las partes primitivas. Van Gorden v. Ormsby, 55 Iowa, 664, 8 N. W., 625; Boyd v. Heine, 41 La. Ann., 393, 6 South., 714; Ragland v. Wisrock, 61 Tex., 391; Cahn v. Ford, 42 La. Ann., 965, 8 South., 477; Mayer v. Stahr, 35 La. Ann., 57. Con el fin de impedir lá in-trusión de extraños después de haber quedado resueltas las cuestiones planteadas entre las partes primitivas, nuestro código expresamente •dispone que la intervención se verifique ‘antes del juicio’; y una rebeldía por la cual todas las alegaciones de la demanda son admitidas a favor del demandante es equivalente a un juicio cuando el caso se litiga. En el caso de Henry v. Elevator Co., 42 Iowa, 33, se resolvió que no podía tener efecto una intervención después de celebrado un convenio .de transacción entre las partes originales aunque no se hubiera dictado sentencia, y la corte dijo: ‘La intervención debe hacerse antes de empezar el juicio. Después del veredicto todos admi-ten que sería muy tarde para intervenir, fiero el convenio voluntario-de las partes ocupa el lugar del veredicto en cuanto se refiere a las partes del litigio, pues con la'misma amplitud y con la misma finalidad resuelve la controversia como lo haría el veredicto * * *. No es la intención del estatuto de que uno que no sea parte en el juicio pueda intervenir y abrir de nuevo y renovar una controversia que ha sido transada por las partes litigantes, ya sea por el veredicto o por un convenio expreso.’ Los mismos principios son aplicables cuando una controversia ha sido resuelta por una sentencia en rebeldía, y el que una rebeldía es equivalente a un juicio cuando el caso ha sido radi-cado, ha sido expresamente resuelto en el caso de MacCallon v. Waterman, 1 Flip., 651, Fed. Cas., No. 8675 * *

Esta jurisprudencia ha sido posteriormente ratificada en el caso de Martín v. Lawrence, 156 Cal., 191; 103 Pac., 914. Notes on California Reports, Supplement III, p. 534. Yéase también 31 Cyc., 520.

Procede la confirmación de la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Castelló et al., Demandantes y Apelantes, v. Pérez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso sobre nulidad de escritura de venta judicial y otros extremos.
    No. 1130.
    Resuelto en julio 21, 1914.
    Venta Judicial Decretada por la Corte Federal — Nulidad del- Título Otor-gado por el Special Master. — Jurisdicción de las Cortes de Distrito.— Una corte de distrito insular tiene jurisdicción para conocer de un pleito de nulidad de escritura de venta judicial otorgada por un special master en procedimientos habidos ante la Corte Federal de Puerto Bico, cuando de la demanda resulta que no se ataca la sentencia de la Corte Federal, sino el título de venta por haberse otorgado a favor del abogado de la parte deman-dante infringiendo así los preceptos del artículo 1362 del Código Civil, y cuando según la demanda la acción en la Corte Federal ha quedado terminada desde hace varios años y la finca está fuera del poder de la Corte Federal y no aparece que la nulidad de dicho título fuera planteada ante la Corte Federal, ni resuelta por ella, ni que se haya confirmado la venta por dicha corte.
    Jurisdicción — Cortes de Bécord — -Presunción.—La jurisdicción de. una corte de récord se presume hasta que se demuestre lo contrario.
    Los Rectos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. José Sabater y José O. Torres.

    Abogado de los apelados: Sr. José de Diego.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda original de este caso fué presentada en la Corte de Distrito de Mayagiiez el 3 de septiembre de 1913, y en virtud de excepciones sostenidas contra ella, se presentó una demanda enmendada en la que sustancialmente se alega: que los apelantes Gerardo, Salvador y José Castelló y Camps son los herederos de Agustín Castelló Busquets, muerto en en año 1906; que en pleito seguido en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Eico por la mercantil A. Buffer & Sons contra su padre en cobro de una deuda garan-tizada con hipoteca sobre cierta finca que describen en la demanda, dicha corte ordenó en 9 de enero de 1904 el pago de $10,264.81 y que en defecto de éste se vendiera en pública subasta la finca hipotecada para satisfacer la deuda a A. Buffer & Sons o a su abogado; que en el remate que tuvo lugar en 4 de septiembre de 1909 por un auxiliar de la corte (special master), fué adjudicada la finca rematada por la canti-dad de $8,000 al único postor N. B. K. Pettingill, abogado que había sido y era hasta entonces de la mercantil ejecu-tante, quien la compró para sí y para su propio beneficio, se autorizó en 15 de septiembre de 1909 por el special mas ter ante notario público y por orden de la Corte Federal la escritura de venta judicial de la finca, y que la inscribió en el Begistro de la Propiedad de Mayagüez. También se alega que N. B. K. Pettingill y su esposa vendieron luego la finca al otro demandado Tomás Pérez Sales con hipoteca por parte' del precio, y que cuándo esta venta se verificó constaba explí-citamente y consta en el Begistro de la Propiedad de Maya-güez que el demandado N. B. K. Pettingill era el abogado de los ejecutantes A. Buffer & Sons.

Con tales alegaciones interesaron los apelantes que se declare por la Corte de Distrito de Mayagüez la nulidad de la escritura de venta otorgada a favor de N. B. K. Pettingill por haberse verificado en contravención de lo dispuesto en el artículo 1362 del Código Civil, y que también se declare la de la escritura por la que adquirió Pérez Sales porque el vicio de nulidad de la anterior, consistente en haberla adqui-rido el abogado de los ejecutantes en el pleito en que se ordenó la venta constaba en el registro de la propiedad; y pidieron asimismo que se anulasen las inscripciones que de esos docu-mentos se habían hecho en dicho registro.

El demandado Pettingill formuló excepción previa a la' demanda enmendada alegando que la corte carece de juris-dicción por razón de la materia; y Pérez Sales la excepcionó por el motivo de que no aduce hechos determinantes de causa de acción, y por otros más.

La excepción de falta de jurisdicción fue sostenida por la corte inferior, y en consecuencia dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, la que> ha sido apelada para ante nos-otros por los demandantes.

La cuestión que esa sentencia y su apelación plantea es la de si la Corte de Distrito de Mayagüez tiene jurisdicción para declarar la nulidad de un título de compraventa obtenido en un remate judicial celebrado en procedimientos habidos ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Bico, cuando por orden de la corte se ha entregado al com-prador el título de adquisición.

Por lo que resulta de la demanda enmendada podemos ver que no se ataca la sentencia de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Pico, que es una Corte Federal, por la que se ordenó el pago y que en su defecto se ven-diera en pública subasta la finca hipotecada y que lo que so-mete a la discusión y resolución es si la adjudicación que se hizo a favor de N. B. K. Pettingill es nula por haber com-prado en remate judicial la finca subastada una persona a quien la ley prohíbe comprarla. El título de compra se en-tregó al comprador en 1909 y'desde esa fecha la finca pasó a su poder y quedó fuera de la Corte Federal.

La regia sobre la jurisdicción de las cortes de Estado para conocer de pleitos en que se interesa la nulidad de ven-tas hechas en una Corte Federal, está claramente expresada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Buck v. Colbath, 70 U. S., 341, en el cual se dice:

“El principio es que cuando la propiedad ha sido embargada por un oficial de la corte, en virtud de sus procedimientos, se considera que la propiedad está entonces bajo la custodia y dirección de la corte, y que ninguna otra corte tiene el derecho de intervenir con esa pose-sión, a menos que sea alguna corte que pueda tener una autoridad directa sobre la corte por virtud de cuyos procedimientos se adquirió la posesión primeramente o alguna jurisdicción superior en la mate-ria. Este es el principio que sirvió de fundamento a las decisiones de este tribunal en los casos de Taylor v. Caryl y Hogan v. Lucas, en las cuales se sostiene sustancialmente la misma doctrina.
“Un desvío de esta regla conduciría a la mayor confusión y a con-troversias interminables entre las cortes de jurisdicción concurrente que derivan sus poderes de la misma fuente; pero que mucho más desastrosas serían las consecuencias en el conflicto de jurisdicción entre cortes cuyas facultades se derivan de orígenes completamente dis-tintos que cuando su jurisdicción es concurrente en lo que respecta a las partes y a la materia objeto de la acción.
“Este principio, sin embargo, tiene su limitación, o más bien su verdadera definición ha de tenerse presente. Es solamente mientras la propiedad se halla en la posesión de la corte, ya sea ésta real o aparente, que la corte está obligada a proteger la posesión contra los procedimientos de otra corte. Siempr'e que el pleito ha terminado o lia cesado la posesión por parte del funcionario o de la corte, otras cortes se Rallan en libertad para intervenir con ella' de acuerdo con los derechos de las partes ante las cortes si esos derechos exigen que dichas cortes tomen o nó posesión de la propiedad. El efecto que se ha de dar en tales casos a las resoluciones de la corte que primera-mente ha entrado en posesión de la propiedad descansa sobre prin-cipios familiares de la ley, pero no surge ninguna contienda con respecto a la mera posesión y ningún conflicto existe sino aquel que pueda ser resuelto sin intervenciones inconvenientes y que desacrediten.
“Es por este motivo que la corte en el caso de Day v. Gallup resolvió que este tribunal no tenía jurisdicción de aquel caso. La propiedad embargada había sido vendida y el pleito terminado cuando el funcionario que procedió a practicar el embargo o sus subalternos fueron demandados, y resolvimos que tal pleito en la corte de estado comenzado después que los procedimientos de la corte federal habían terminado no promovió cuestión alguna relativa a la jurisdicción de la corte.”

Igual principio se halla establecido en el caso de Wetherell v. Eberle, 123 Ill., 666, en el que después de estudiar el caso de Sproehnle et al. v. Dietrich, 110 Ill., 202, llega la corte a la conclusión de que si bien en el de Sproehnle se declaró que la corte de estado no tenía jurisdicción para conocer de una demanda sobre una venta judicial verificada en una Corte Federal fué porque, si bien se había hecho la adjudicación y entregado el certificado de venta por el marshal al postor en la subasta, sin embargo, el procedimiento, no estaba termi-nado porque pudiendo ser redimida la finca, el marshal no había entregado al comprador la escritura de venta. En el caso de Wetberell en el que la demandante trataba de corre-gir cierto defecto que había en su título porque habiendo ella adquirido de su padre fué vendida la propiedad en la Corte Federal como perteneciente a su esposo y se entregó el título al comprador, lo cual constituye el supuesto defecto en el título, se declaró que la corte de Estado tenía jurisdic-ción para conocer de esa demanda porque no solamente la Corte de los Estados Unidos sino también todos sus funcio-narios liabían cesado de tener algún poder, dirección o juris-dicción sobre el caso, y qne por tanto no babía fundamento para temer que pudieran surgir complicaciones de jurisdic-ción entre la corte del estado y la de los Estados Unidos, ni el pleito tenía por objeto revisar q intervenir con el fallo o los procedimientos de la Corte Federal, ni tampoco babía cues-tión respecto a la validez o regularidad de la venta verificada en la ejecución.

En el presente caso tampoco se discuten los procedimien-tos de la Corte Federal ni de sus oficiales ya que la cuestión fundamental propuesta es que la compra becba por N. B. K. Pettingill es nula porque no tenía capacidad para comprar la finca rematada por prohibición expresa de la ley; y aun cuando en la demanda se alega que el auxiliar (special master) le otorgó escritura pública de la compra por orden de la Corte Federal, no bay alegación alguna de que la nulidad de la venta por incapacidad del comprador fuera propuesta a la corte y por ella resuelta, para que pueda considerarse como cosa juzgada entre las partes, ni parece de las alegaciones de la demanda enmendada que bubo una verdadera confir-mación de la venta pudiendo esas palabras referirse a la orden original nombrando el special master para vender. Si bubo una confirmación, hubiera sido fácil decirlo y la falta de expo-nerla debe considerarse como que no existe para el que alega. De todos modos basta que se vea claramente que lá corte inferior carece de jurisdicción por razón de la materia debe sos-tenerse su jurisdicción ya que ésta se presume en una corte de récord, basta que se demuestre lo contrario.

En vista de estas consideraciones no podemos sostener que la Corte de Distrito de Mayagiiez carezca de jurisdicción para conocer de este pleito.

Como los otros motivos de excepción no fueron considera-dos por la corte inferior ni tratados por las partes en sus alegatos en la apelación, preferimos que sean considerados y resueltos por la corte a quo.

La sentencia apelada debe ser revocada para que conti-núen los procedimientos de acuerdo con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada y que continúen los procedimientos de acuerdo con la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Jnez Asociado Sr. HntcMson no tomó parte en la reso-lución de este caso.


text:
    Martínez, Demandante y Apelante, v. Jiménez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Agnadilla en un caso sobre nulidad de actuaciones judiciales e ins-cripciones de documentos en el registro de la propiedad.
    No. 1134.
    Resuelto en julio 21, 1914.
    Excepoiones Previas — Palta de Causa de Acción — Fundamentos de la Excep-ción Previa. — La excepción previa fundada en el artículo 106 del Código de Enjuiciamiento Civil de que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, es suficientemente explícita en esa forma y no es necesario alegar los fundamentos en que descansa.
    Apelación — Errores Fundamentales — Falta de Causa de Acción — Fundamen-tos Improcedentes del Recurso. — Cuando se apela contra una sentencia que declara que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, aun cuando el único error alegado por el apelante sea insostenible, . el tribunal debe examinar las alegaciones de la demanda, de acuerdo con la regla 43 de las de esta corte para ver si existe algún error fundamental.
    Fraude — Demanda Insuficiente — Defectos Subsanables. — Para que una de-manda fundada en fraude sea suficiente, es necesario que los hechos que en ella se alegan sean de tal naturaleza que, tomándolos por ciertos, puedan justificar una sentencia condenatoria, lo que no ocurre en el presente caso en que la* alegación de fraude está limitada a deducciones y suposiciones, y un defecto de esta naturaleza en la demanda puede subsanarse por medio de enmienda.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    El apelante compareció por escrito en nombre propio.

      Abogado de los apelados: Sr. A. Blasco Pagan.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso lia sido establecido por Víctor P. Mar-tínez contra sentencia de la Corte de Distrito de Agnadilla dictada en grado de apelación con fecha 21 de febrero de 1914 por la que, decidiendo las excepciones opuestas a la demanda ■de que no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción y la de res judicata, resolvió que la ley está en favor de la primera de las excepciones alegadas y desestimó la de-manda con las costas, autorizando, sin embargo, a la parte de-mandante para que pueda entablar nueva demanda de acuerdo con los términos de la opinión que dijo dictaría. En cuanto a la segunda excepción de cosa juzgada, la declaró sin lugar.

Aun cuando el apelante alega como el único error come-tido, el que la corte inferior infringió el artículo 106 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil al admitir la excepción mencio-nada sin que se especificaran los motivos y fundamentos en que se basaba, sin embargo, ese motivo es insostenible por-que según se dijo por esta corte en el caso de la Liga de Propietarios v. La Ciudad de San Juan, 14 D. P. R., 89, inter-pretando el artículo 106 que se dice infringido, idéntico a la .sección 431 del Código de Enjuiciamiento Civil de California ‘c una excepción previa fundada en ‘ que la corte no es compe-tente para conocer, bien de las personas de los demandados o bien de la materia del pleito’ y ‘que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción,’ es ¡suficientemente explícita, según las reglas de interpretación adoptadas por las cortes de California. Ellisen v. Halleck, 6 Cal., 387.”

Aun cuando el recurso no es sostenible por el error que se alega haber cometido la corte, sin embargo, como la ape-lación se ha interpuesto contra una sentencia que declara que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, se hace preciso que examinemos las alega-ciones' de la demanda, porque si es errónea, debemos conside-rarla, de acuerdo con la regia 43 de las de esta corte, pues sería un error fundamental.

La demanda de Víctor P. Martínez está dirigida contra Juan Antonio Jiménez y Juan de Dios Torres y sus alegacio-nes sustanciales son: que el demandado Jiménez tenía suscrita una obligación a favor del causahabiente del demandante por $371.45 que se comprometió a pagarle el 30 de octubre de 1908 afectando a su cumplimiento sus bienes habidos y por haber'; que a pesar de ese documento, ocultando ese gravamen y poniéndose de acuerdo los demandados y sus familia-res, Juan de Dios Torres demandó a Juan Antonio Jiménez para que le pagara $500 que le había facilitado graciosamente y sin garantías, hechos que según el demandante, no pueden menos de ser simulados y engañosos, pues ni el Torres tenía posición para tales desembolsos ni es racional y lógico que él los hiciera sin interés y sin garantías; que en dicho pleito, cuya demanda no estaba jurada, presentó el demandado Jimé-nez una exposición jurada con fecha 20 de diciembre de 1909 solicitando que se dictase sentencia sin celebración de juicio a favor de Torres por la expresada suma y que con el fin ■de garantizarlos de circunstancias eventuales, dicha senten-cia gravara y recayera sobre ciertos bienes que se relacionan en la demanda; que el mismo día 20 de diciembre de 1909 el juoz dictó sentencia sin juicio condenando a Jiménez a pagar esa cantidad y disponiendo que se librara ejecución contra los bienes del deudor para satisfacerla, entendiendo el deman-dante que ese procedimiento no puede tener valor alguno porque se ocultó el gravamen anterior de Martínez, no se da fe del conocimiento de Jiménez en la diligencia del jura-mento de su exposición, ni se adujo evidencia para justificar-la deuda ni las circunstancias eventuales por las que se garan-tizaba el crédito de Torres, de todo lo cual entiende que resulta la conspiración de los demandados para burlar los derechos del demandante; que el demandante dedujo demanda cóñtra Jiménez por su acreencia y obtuvo sentencia favorable: en 7 de marzo de 1910 y para satisfacerla él márshal anun-ció la venta de los bienes a que se ha referido; que en 17 de marzo de 1910 fué inscrita en el registro de la propiedad la sentencia de 20 de diciembre de 1909; que Torres presentó una acción de tercería contra el demandante y contra Jimé-nez en 26 de Mayo de 1910 cuya diligencia de emplazamiento no manifiesta el sitio donde se verificó; que el apelante no pudo contestar esa tercería por causas ajenas a su voluntad y se dictó sentencia en 13 de junio de 1910 por la que se ordenó que Juan de Dios Torres recobrara con preferencia a Martínez su sentencia de los bienes afectos a ella, entendiendo el deman-dante que esa sentencia no puede tener valor porque se dictó sin constar el sitio donde se verificó el emplazamiento, sin el correspondiente juicio, por haberse condenado en costas a los demandados y además porque siendo el crédito de Martí-nez anterior al de Torres tenía derecho preferente; que en el juicio de Torres contra Jiménez se ordenó qué el marshal vendiera los bienes embargados y con su resultado diese cuenta para lo que procediera y los bienes fueron vendidos y adjudicados a Juan de Dios Torres por su acreencia y las costas, otorgándosele la correspondiente escritura pública, entendiendo el demandante que esas diligencias no tienen valor alguno jjor ser consecuencias de un contrato nulo y de un procedimiento contrario a la ley; que apesar de esa venta Jiménez sigue en las fincas como dueño con el consentimiento de Torres y resulta insolvente para pagar la deuda del de-mandante.

En vista de esos hechos pidió que se anulase el contrato de préstamo'.entre Jiménez y Torres y también el pleito se-guido entre ellos para su cobro y el de tercería de que se ha hecho referencia, la inscripción en el registro de la sentencia de 20 de diciembre de 1909 recaída a favor de Torres; que s« declare nula la escritura de venta que otorgó el márshal y que las fincas mencionadas queden sujetas al pago del crédito del demandante.

El extracto que hemos hecho de la demanda revela que las nulidades que se pretenden descansan principalmente en el hecho de que la deuda que Jiménez reconoció a favor de Torres era simulada y para defraudar los derechos del demandante, pero el solo hecho de que Torres demandara a Jiménez para el pago de una deuda no consignada en documento y de que éste reconociera la certeza de la deuda y relacionara bienes donde la sentencia pudiera hacerse efectiva, no es bastante para llegar a la conclusión de que se trataba de una reclama-ción simulada para defraudar* a* Martínez en sus derechos de acreedor de Jiménez, ni tampoco los errores de procedi-miento que el juez y el márshal-hayan podido cometer demues-tran por sí solos el fraude. '

La única alegación de fraude en la simulación de la deuda de Jiménez a Torres está hecha en tales términos que más bien parece una suposición del demandante que su afirmación de fraude, deduciéndolo de que no parece racional y lógico que se hiciera un préstamo sin interés y sin garantías. Si tal préstamo es simulado porque no se hizo la entrega del dinero que reclamaba Torres a Jiménez, ha debido esto ale-garse afirmativamente y no en la forma de suposición que ha expuesto el demandante.

Para que una demanda fundada en fraude sea suficiente, es necesario que los hechos que en ella se aleguen sean de tal naturaleza que, tomándolos por ciertos, puedan justificar una sentencia condenatoria, lo que no ocurre en el presente caso en que la alegación de fraude está limitada a deduccio-nes y suposiciones. Este defecto de la demanda puede sub-sanarse como lo ha reconocido el juez de la corte inferior al conceder permiso para presentar nueva demanda.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser' confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Rico, Demandante y Apelante, v. López, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso sobre reconocimiento de hijo natural.
    No. 1147.
    Resuelto en julio 24, 1914.
    Hijos Naturales — Testigos Interesados — Errores no Fundamentales. — No constituye error fundamental la admisión de prueba tendente a presentar a un testigo como a una persona que tiene contra la parte demandada una antigua y enojosa redamación que la parte demandada se ha negado a reco-nocer, a los efectos de que la corte tenga en cuenta tal hecho al juzgar la fuerza probatoria de las manifestaciones del testigo en contra de los intereses del demandado, aun cuando dicha prueba no se haya presentado en realidad de verdad en el momento oportuno.
    Id. — Manifestaciones Hechas por el Demandado en una Escritura — Prueba de que la Madre ha Tenido Otros Hijos. — No comete error fundamental la corte que en una acción de esta naturaleza admite como prueba las certi-ficaciones del registro civil creditivas del nacimiento de otros hijos tenidos por la madre del demandante siendo soltera, y una escritura de donación en que el causante del demandado declaró solemnemente que carecía de hijos legítimos, legitimados y naturales, máxime cuando, como en el caso de autos, en la contestación se alegaron estos heehos como defensa.
    Id. — Suspensión del Juicio. — No constituye error la suspensión del juicio de un día para otro, sobre todo después de haberse celebrado una larga sesión, a juzgar por el número de testigos que declararon y lo extenso de sus decla-raciones.
    Id. — Prueba Contradictoria — Pasión, Prejuicio o Parcialidad. — Cuando la prueba es contradictoria y el juez sentenciador deeide el conflicto en favor de una de las partes, a menos que se demuestre que actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometió algún error manifiesto, este tribunal aceptará su decisión como la justa y procedente.
    Id. — Relaciones Carnales de la Madre con Otros Hombres. — En pleitos de esta naturaleza es admisible la prueba tendente a demostrar que la madre del demandante tuvo relaciones carnales con otros hombres en la época en que el demandante pudo ser concebido.
    Los Rectos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. A.ngel A. Vázquez y Jacinto Texidor.

    Abogado del apelado: Sr. José de Diego.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso' (le apelación interpuesto contra sentencia dictada por la Corte de Distrito de Mayagüez el 13 de marzo de 1914 por la que se declaró sin lugar cierta de-manda sobre reconocimiento de Rijo natural.

En la demanda se alegó, en resumen, 1, que el deman-dante es tutor de la menor Gregoria Noema Rico y está auto-rizado expresamente por la corte para entablar esta acción; 2, que el Dr. Eurípides López falleció en Mayagüez el 13 de enero de 1914, en estado de viudez y sin dejar ascendientes ni descendientes legítimos; 3, que el demandado es el único hermano del doctor fallecido; 4, que el doctor López vivió en San Germán, en concubinato v sostuvo relaciones maritales ilícitas con Antonia Rico con quien procreó una hija que nació el 24 de diciembre de 1898 y fue inscrita en el Registro Civil de San Germán como hija natural de Antonia Rico, bajo el nombre de Gregoria Noema. One durante sus relaciones, el doctor y la Rico eran solteros y podían casarse sin necesidad de dispensa alguna; 5, que con posterioridad al 24 de diciembre de 1898 el doctor López contrajo matrimonio, sin qüe procreara ningún hijo; 6, que el doctor López reconoció pública y privadamente como hija suya a Gregoria Noema, llamándola “hija” y ocupándose de su educación y sosteni-miento, y 7, que desde su nacimiento, Gregoria Noema estuvo en la posesión continua del estado de hija natural del Dr. Eurípides López. La demanda termina suplicando que se dicte sentencia declarando que Gregoria Noema es hija natural reconocida del Dr. Eurípides López, con derecho a llevar el apellido de su padre y con toctos los demás que las leyes le conceden

El demandado contestó la demanda alegando, en resumen, lo que sigue: 1, admite como ciertas las alegaciones primera, segunda y tercera, — esta última con cierta aclaración, — de la demanda; 2, niega la alegación cuarta por no ser cierto que el doctor López viviera en concubinato con Antonia Rico, ni sostuviera con ella relaciones maritales, ni con ella procreara hija alguna, y la admite en cuanto por ella se afirma que en 1898 el doctor y la Eico eran solteros, sin ligarles parentesco alguno; 3, admite la alegación quinta; 4, niega la sexta, y 5, niega la séptima. T como materia nueva constitutiva de oposición a la demanda, alega: (a), que el doctor López siempre vivió en San Germán, hasta dos años antes de su muerte, sin que le acompañara mujer alguna, excepción ñecña glel corto tiempo en que vivió su legítima esposa Doña Floren-cia Fradera; {b), que el doctor ora de carácter dulce y cari-tativo, tenía una carrera productiva,' y socorría a muchas familias p'obres sin que estuviera ligado con ellas por ningún vínculo ele parentesco; (c), que Antonia Eico en y antes del año 1898 realizaba actos carnales con varias personas siendo siempre soltera y procreando varios hijos que aun conservan solamente el apellido materno, y que desde principios del año 1898 baste fines del mismo realizaba dichos actos especial-mente con don Horacio Meto, yendo públicamente a casa de éste de día y de noche; (d), que el doctor López no educó ni vivió con niña alguna en San Germán, ni menos con Gregoria Noema Eico; (e), que el doctor López de modo solemne, en una escritura de donación, consignó que carecía de hijos legí-timos, legitimados, o naturales; (/), que Gregoria Noema Eico ha sido.siempre educada y sostenida por su tío Juan Eico; (g), que el doctor López manifestaba públicamente que trataba de retirarse del ejercicio de su profesión y marcharse de paseo a Europa porque como carecía de hijos podía gastar su dinero sin que le hiciera falta a nadie; (1%), que el doctor López nada manifestó al demandado con respecto a Gregoria Noema Eico, e (i). que ni Gregoria Noema Eico, ni su tío Juan hicieron nunca gestiones cerca del doctor López para que éste se aviniera a reconocer a la primera como hija natural. La contestación termina suplicando que se dicte sentencia decla-rando sin lugar la demanda, con las costas a la parte de-mandante.

Celebrada la vista, en la que ambas partes ofrecieron y practicaron una larga prueba testifical y documental, la corte dictó la sentencia de que dejamos hecho mérito y contra la •Cual interpuso la parte demandante el presente recurso de apelación.

En su alegato sostiene la parte apelante que la corte erró, 1, porque admitió pruebas ilegales; 2, porque abusó de su poder discrecional; 3, porque en contra del resultado de la prueba estimó que el demandante babía dejado de probar por una preponderancia de la evidencia las alegaciones 4, 5 y 6 de la demanda, y 4, porque desestimó la demanda por el funda-mento de que había prueba tendente a demostrar la existencia de algún otro padre posible de G-regoria Noema.

1. Forma parte de la transcripción de los autos un pliego de excepciones debidamente preparado y certificado. En él se consignan ocho tomadas durante la celebración de 'la vista. Tres se formularon mientras declaraba el testigo del deman-dante Juan Alvarez Almodovar, una cuando deponía la tes-tigo del demandante Dolores Comas, una con motivo de la admisión de varios documentos presentados por el demandado, dos mientras prestaban su declaración los testigos del de-mandado Colberg y Sabater, y una por haber accedido la corte a suspender la visca- a instancias del demandado. Esta última la examinaremos al decidir el segundo motivo de error ale-gado por la parte apelante.

La parte demandante presentó ál testigo Alvarez Almo-dovar para probar que el Dr. López había reconocido ante él por diferentes medios y en varias ocasiones, que era padre de la niña Gregoria Noema. La demándada al repreguntar al testigo le interrogó sobre si tenía algún negocio pendiente con el demandado. El demandante se opuso y la corte per-mitió que se contestara la pregunta. Acto seguido la deman-dada presentó como prueba dos cartas escritas por el testigo al demandado en donde el testigo pide al demandado que arregle cierta antigua reclamación de la Sucesión Stefany contra el demandado. El testigo está casado con una hija del Sr. Stefany. En las cartas se habla de la declaratoria de herederos del Dr. López y en una de ellas se dice que si no se arregia el asunto “iremos a la acción civil y si no a la otra,” y en otra se pide al demandado “se sirva como nn rasgo generoso hacer nn arreglo amistoso con nosotros con lo cnal se echará el' punte final de tantas amargaras, de tantos sentimientos que motivaron los sucesos pasados” El de-mandante se opuso a la admisión de las cartas y esto no obstante fueron admitidas por la corte. Y, por último, decla-rando el testigo, entonces por parte del demandado, reconoció una carta que había recibido del abogado del demandado relativa a la reclamación de la Sucesión Stefany, en la cual se le dice, en esencia, que el demandado nada tiene que arre-glar porque nada debe. Reconocida la carta, se presentó como prueba y fué admitida, a pesar de la oposición del demandante.

La oposición del demandante en los tres casos de basó principalmente en que las pruebas- eran impertinentes por ser extrañas al asunto que se debatía. Sin embargo, las prue-bas claramente tienden a presentar al testigo ante la corte como a una persona que tiene contra la parte demandada una antigua y enojosa reclamación quo la parte demandada se ba negado a reconocer, a los efectos de que la corte tenga en cuenta, tal hecho al juzgar la fuerza probatoria de las mani-festaciones del testigo en contra do ios intereses del deman-dado en este pleito. Tal vez el momento en que se presentaron las dos primeras cartas no fué el oportuno, pero de un análisis completo de los hechos, no vemos que se baya cometido por la corte de distrito ningún error fundamental que pueda ser-vir de base a la revocación de la sentencia.

La excepción establecida con motivo de la declaración de la testigo Dolores Comas, carece de fundamento. A repre-guntas del demandado la testigo contestó que había solicitado la recomendación del doctor con la garantía de tres señores amigos- suyos y el doctor la recomendó al Sr. Porés “para que activara la cosa.” Eso es todo lo que aparece de los autos. No vemos qué influencia pueda tener esa contestación en la decisión de este pleito, por lo menos en la forma en que aparece del récord.

La excepción relativa a la admisión de ciertos documentos presentados por la parte demandada, ocurrió como sigue. Ya Remos visto que el demandado alegó en su contestación que la madre de G-regoria Noema Rabia tenido diferentes Rijos siendo siempre soltera, y que el doctor López Rabia declarado solemnemente en una escritura de donación que carecía de Rijos legítimos, legitimados, y naturales. En el acto de la vista el demandado presentó las certificaciones del Registro Civil creditivas del nacimiento de los hermanos de Gregoria Noema y la copia de la escritura de donación, y, a nuestro juicio, al admitir dichos documentos como prueba, la corte no cometió el error que se le atribuye. Los documentos tendían a probar hechos consignados en la contestación, cuya elimina-ción no consta que fuera solicitada por el demandante, y que, una vez esclarecidos, permitirían al juzgador formar un con-cepto más exacto del caso que ante él pendía.

Tampoco cometió la corte error fundamental al admitir una carta y un cheque del doctor López reconocidos por el tes-tigo Golberg, y al permitir declarar al testigo Sabater y pre-sentar una copia de una carta del doctor López cuya autenti-cidad fué reconocida por el demandante. Por la primera carta y el cheque se tendía a demostrar que el doctor López enviaba dinero a personas de quienes no era pariente y por la declara-ción de Sabater a explicar ciertas manifestaciones hechas por uno de los testigos del demandado relativas a otro pleito sobre reconocimiento de cierta joven que decía ser hija natural del doctor López.

No se trataba, pues, de hechos esenciales, pero no puede dejarse de reconocer que, sin serlos, contribuían a aportar mayor luz sobre las circunstancias del caso, y que, en tal sen-tido, eran pertinentes en un pleito de esta naturaleza. Ade-más, aun cuando se llegara a la conclusión de que la carta del Doctor López presentada por el testigo Sabater era entera-mente extraña a este pleito y por ende impertinente,'el error que se habría cometido al admitirla como prueba, no llevaría consigo la revocación de la sentencia por no ser fundamental.

2. El segundo error se refiere a que la corte abusó de su discreción al admitir las pruebas a que nos fiemos referido y al suspender la vista del pleito.

De lo que fiemos consignado anteriormente, se deduce que la corte no abusó de su discreción al admitir las pruebas, como sostiene la parte apelante. >Y en cuanto a la suspensión del juicio, nos parece enteramente insostenible la excepción. El juicio comenzó a celebrarse en un determinado día y después de una sesión que tuvo necesariamente que sér larga a juzgar por el número de testigos que declararon y lo extenso de sus declaraciones, la parte demandada solicitó que se suspendiera la vista para continuarla al siguiente día y la corte accedió. La única objeción del demandado consistió en que sus testi-gos eran demasiado pobres para permanecer una noefie en Mayagüez.

■ 3. Hemos examinado cuidadosamente las pruebas practi-cadas por ambas partes y, a nuestro juicio, existe entre ellas un verdadero conflicto en puntos esenciales.

G-regoria Noema; su tío Juan Eico, y otros de sus fa-miliares; su padrino Juan Alvarez Almodovar; varios sir-vientes que fueron de la casa del doctor López; la señora Comas y su esposo, amigos del doctor López, y otras personas más se refieren en sus declaraciones a actos realizados por el •doctor que de ser ciertos demostrarían que fiabía sostenido relaciones.amorosas con Antonia Eico, que como resultado de ellas fiabía nacido la niña Gregoria Noema y que fiabía aten-dido y reconocido a ésta como a su verdadera fiíja.

Por el contrario el doctor López, un fiombre a quien todos los testigos, así los del demandante como los del demandado, presentan como ejemplo de corrección, manifiesta en un docu-mento solemnemente y en repetidas ocasiones ante varias per-sonas, que carecía de fiijos, y tres testigos, uno de ellos sobre todo dando detalles completos, tienden en sus declaraciones a demostrar que Antonia Eico llevó relaciones amorosas con el escribano de San G-ermán y Inego juez de Arecibo don Horacio Nieto y que como resultado de esas relaciones fné que nació la niña Gregoria Noema.

El juez sentenciador decidió el conflicto en favor del deman-dado y como no se nos ba demostrado en modo alguno que al actuar así lo hiciera movido por pasión, prejuicio o parcialidad o que cometiera algún error manifiesto, debemos aceptar su decisión como la justa y procedente

Creemos oportuno transcribir aquí lo que dijo esta Corte Suprema, por medio de su Juez Sr. MacLeary, en el caso de Quevedo v. Sucesión Pino, 15 D. P. R., 686, 693:

“El principio sencillo de que el juez sentenciador tiene mejores oportunidades que un tribunal de apelación para apreciar la credi-bilidad de las declaraciones testificales ba sido formulado en térmi-nos perspicuos y pintorescos por un distinguido jurisconsulto del estado de Missouri, en la forma siguiente. Sustancialmente se expresa así: ‘La verdad no surge siempre valiente y desnuda, sino más bien modestamente, de un extracto impreso presentado a un tribunal de última instancia. Con frecuencia se esconde en apartados rincones' y lugares, visibles solamente a los ojos de la mente del juez que conoce originalmente del caso. A é! no se le escapa la mirada furtiva, el rubor de una conciencia avergonzada, la duda, el tono sincero, el petu-lante o el despreciativo, la vehemencia, la calma, el bostezo, el suspiro, la ingenuidad o la astucia y sagacidad, el poco respeto a la solemni-dad de un juramento, o la completa inteligencia de lo que ello signi-fica, el continente y el semblante de la persona que ocupa la silla destinada a los testigos. El rostro desvergonzado del falsario, la locuacidad del testigo aleccionado al recitar lo que se le enseñara, o la excesiva vehemencia de un testigo pronto en sus respuestas, así como el semblante leal y franco del testigo verídico, son circunstan-cias todas que sólo por él pueden ser fielmente apreciadas. En resu-men la declaración de un testigo puede ser tal que después de impresa, y transcrita en los autos del tribunal de apelación parezca haber sido emitida.por los labios de un angel de pureza, y sin embargo, puede que ninguna persona que la oyera en primera instancia hubiere creido palabra alguna de la misma; y otro testigo puede declarar en forma tal, que impresa su declaración, aparezca obscura y sin enlace alguno, y sin embargo, puede que con respecto a ese testigo sucediera que nú hubiera una sola persona que le oyera declarar ante el tribunal inferior sin haber quedado plenamente convencida de la verdad de sus afirmaciones. Por consiguiente, en aquellos casos en que una cues-tión de hecho haya de ser resuelta solamente por virtud de la credi-bilidad que ha de darse a testigos que declararon en contradicción unos de otros, el tribunal superior procederá con entera corrección confiando algo en las superiores ventajas del-tribunal inferior al determinar el lado a que se inclinara la balanza en la apreciación de la prueba.’ ”

4. El último de los señalamientos de error especificados por el apelante en su alegato, lia quedado implícitamente re-suelto en .contra suya al estudiar y decidir el tercero.

En el caso de Rivera v. Díaz, 19 D. P. R., 548, 552, esta corte, por medio de su Juez Sr. Aldrey, se expresó así:

“En la opinión redactada por el juez de la corte inferior para fundamentar su sentencia condenatoria, se resuelve eliminar las decla-raciones de Juan Ortiz y Juan Santiago, testigos presentados por el demandado, porque en esta acción de filiación la cuestión a resolver es si el menor Ramón es hijo del demandado y no debe irse más allá de lo alegado, permitiendo evidencia tendente a justificar si tal niño pudo ser de otro padre, que para nada figuraba en las alega-ciones del litigio.
“En verdad, esas declaraciones no debieron ser eliminadas, por-que en pleitos sobre reconocimiento de hijos, la evidencia de que la demandante tuvo relaciones carnales con otros hombres en la época en que el niño pudo ser concebido, es pertinente si se ofrece para demostrar las relaciones sexuales con esos hombres en la época de la concepción, 5 Cyc., 660, y cuya teoría se halla consignada también en Wigmore, vol. 1, pág. 195, sec. 133, y en innumerables casos resuel-tos por las cortes, éntre ellos los de Bell v. State, 124 Ala., 94; Allred v. State (Ala.), 44 So. R., 60; Short v. State, 4 Harr. (Del.), 568; Smith v. Yaryan, 69 Ind., 445; 35 Am. Rep., 232.”

En el caso presente es tanto más aplicable la anterior doc-trina, cuanto que expresamente el demandado alegó, en la ma-teria nueva de su contestación, que la persona que reclamaba su filiación no era bija de la’persona que se consignaba en la demanda, sino de otra cuyo nombre se indicaba.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que debe con-firmarse la sentencia apelada. .

Confiimada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutcbison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Cuevas, Demandante y Apelado, v. Cartagena, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un caso de habeas corpus reclamando la posesión de una bija.
    No. 1170.
    Resuelto en julio 24, 1914.
    Habeas Corpus — Patria Potestad — Custodia de Míjnores. — A menos que exista justa causa para que se le prive de su derecho de patria potestad, la custodia de una niña huérfana de madre, corresponde al padre de la misma.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. M. 'Sama de Atero.

    Abogado del apelado: Sr. Fernando B. Fornaris.

    Abogados del Pueblo: Sres. Salvador Mestre, Fiscal del Supremo y Jaime Sifre, Jr., Fiscal interino.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación en un caso de bar-beas corpus. En la petición, debidamente jurada, se alega: Io., que el demandante Juan Cuevas Aboy es padre legítimo de la menor María Luisa Cuevas y Bustamante, nacida el 20 de octubre de 1906, en la ciudad de Ponce; 2°., que el de-mandante había dejado hacía seis meses a su dicha hija en el domicilio del demandado con objeto de que permaneciera en él hasta que el demandante la reclamara, y 3°., que des-pues de esa fecha el demandante ha requerido repetidas Yeces al demandado para que le devuelva la persona de su referida hija, habiéndose negado abiertamente a verificarlo. La peti-ción termina suplicando que se expida un auto de habeas corpus en la forma procedente.

El auto fué expedido y diligenciado, y celebrada la vista en la que ambas partes ofrecieron y practicaron pruebas, el Juez de Distrito de Ponce resolvió que la custodia de la niña corres-pondía al peticionario. Y contra esa resolución de la corte, se interpuso por el demandado el presente recurso de ape-lación.

Hemos examinado cuidadosamente las pruebas practica-das y estamos conformes con la siguiente apreciación que de las mismas hizo la corte sentenciadora: .

“Que la niña María Luisa Cuevas Bustamente tiene siete años de edad; que no ha sido adoptada por el demandado ni por su esposa; que el demandante, Juan Cuevas Aboy, tiene sobre la referida niña la patria potestad, cuyo derecho no ha perdido ni ha sido suspendido en él. Que la citada niña es sobrina carnal de la esposa del deman-dado, Sra. Genoveva_ Bustamante de Cartagena; que vive bajo el cuidado del demandado y de su esposa desde los primeros días de su nacimiento, y que allí, donde ahora se encuentra, está bien cuidada, no es maltratada y es tenida en la misma consideración que una hija por el demandado Cartagena y su esposa.
“También aparece probado que el demandante, Juan Cuevas Aboy, después del fallecimiento de su anterior esposa, Doña María Luisa Bustamante, dejó la niña en poder de su tía carnal, la Sra. Genoveva de Cartegena, en donde ha estado residiendo continuamente desde entonces hasta la fecha. Que el demandante, Juan Cuevas Aboy, ahora ha mejorado de posición y está ocupando el cargo de catedrático de español en la high school de Mayagüez, habiendo recla-mado del demandado y de su esposa la entrega de la citada niña, en distintas ocasiones, y habiéndose siempre estos últimos negado a ello, debido sin duda al paternal cariño que profesan a la referida menor. "Que el demandante, Juan Cuevas Aboy, se encuentra en condiciones económicas que le permiten tener a la menor reclamada en las mismas condiciones en que hoy se encuentra en casa de los esposos Cartagena-Bustamante. ’ ’

Habiendo en consideración los anteriores hechos y la juris-prudencia y la ley aplicables, es necesario llegar a las con-clusiones a que llegó el juez de distrito en la resolución recu-rrida, esto es: que la custodia de la niña María Luisa Cuevas Bustamante corresponde a su padre el peticionario Juan Cue-vas Aboy y que el demandado Genaro Cartagena está en la obligación de entregar inmediatamente dicha niña al refe-rido padre. Véanse las decisiones de esta Corte Suprema en los casos de Yon v. Gómez, 14 D. P. R., 698, 703, y Le Hardy v. Acosta, 18 D. P. R., 450, y los artículos 222 y siguientes del Código Civil revisado relativos a la patria potestad.

Debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Andino et al., Acusados y Apelantes.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por venta de leche adulterada. :
    No. 692.
    Resuelto en julio 24, 1914.
    Leche Adulterada — Ofrecimiento de la Misma en Venta — Insuficiencia de la Prueba. — Cuando, como en este caso, sólo se prueba que la leche que se dice estar adulterada llegó al establecimiento de los acusados en él mismo momento en que llegó allí el inspector de sanidad, y que la leche acababa de vaciarse en el recipiente y el carretero salía con el jarro que había acabado de vaciar, es evidente que tal prueba es insuficiente para establecer la culpabilidad de los acusados.
    Id. — Posesión de Leche Adulterada — Ofrecimiento de la Misma en Venta.— El mero hecho de que los acusados estén en posesión de leche adulterada cuando no se prueba que la han ofrecido en venta, no constituye delito alguno.

      Id. — Ofrecimiento de la Misma en Venta — Prueba de los Elementos del Delito. — En causas criminales de la naturaleza de la presente en que no es necesario probar la intención criminal, es indispensable demostrar fuera de toda duda razonable la existencia de los elementos constitutivos del delito especificados en el estatuto.
    Los hechos están expresados en la, opinión.
    Ahogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

    Abogado de los acusados: Sr. Pedro Santana, Jr.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se imputó a los acusados el delito de que voluntaria e ilegalmonte habían ofrecido en venta como pura leche que estaba adulterada. La corte los declaró culpables, conde-nando a cada uno de dichos acusados a sufrir cuatro días de cárcel. Expresa el Fiscal en su alegato que el único motivo en que se funda la apelación es el de no haberse probado la intención criminal, pero los apelantes en realidad se basan en el hecho de no haber probado el Fiscal su acusación.

Juan Pequeña, inspector de Sanidad, declaró que ocupó alguna leche en el establecimiento de los acusados la que quedó demostrado por la prueba que estaba adulterada. Be-preguntado el inspector por el abogado de los acusados e interrogado a la vez por la corte, manifestó que la leche que se alegó estaba adulterada había lliegado precisamente al establecimiento de los acusados cuando él mismo llegó; que la leche acababa de vaciarse en el recipiente y el carretero salía con el jarro que había acabado de vaciar. Esta fue en sustancia toda la prueba presentada por el Fiscal la que no fue suficiente para declarar culpables a estos acusados.

Todo lo que la prueba revela es que los acusados habían recibido en aquel momento leche adulterada de una tercera persona. No existe la más mínima, prueba de que ofrecieran ellos para la venta la leche adulterada. Ni hay nada que si-quiera muestre que dichos acusados hubieran ofrecido en venta la referida leche. La prueba demuestra únicamente que ellos estaban en posesión de la leche adulterada lo que no es lo mismo que probar que la ofrecieran en venta. Los acusados podrían haber examinado la leche y negarse a ven-derla. Como quiera que fuere la prueba no muestra el delito imputado en la acusación ó el que determina el estatuto. Este es un procedimiento criminal en el cual no se tiene en cuenta la intención criminal, y por tanto hay tal vez mayor razón para que se demuestren fuera de toda duda razonable los elementos especificados en el estatuto.

Como puede verse, los hechos en este caso son distintos a los de El Pueblo v. Gautier, 20 D. P. R., 327. De ahí que la jurisprudencia establecida en el de Gautier no le sea apli-cable.

Debe revocarse la sentencia y absolverse a los’ acusados.

Revocada la sentencia apelada y absueltos los acusados.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó haciendo constar -estar conforme con la sentencia.


text:
    Gordils et al., Demandantes y Apelados, v. Sucesores de Frontera, S. en C., et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso sobre nulidad de escrituras.
    No. 1064.
    Resuelto en julio 27, 1914.
    Fraude — Prueba.—La prueba del fraude debe ser siempre robusta.
    Id. — Mandato. Otorgado Mediante Fraude y Engaño — Insuficiencia de la Prueba. — Examinada la prueba en este caso, se resolvió que era insuficiente para demostrar que la escritura de mandato impugnada en este pleito iabía sido otorgada mediante fraude y engaño.
    Mandato — Interpretación Restrictiva.. — Los mandatos han de interpretarse •siempre restrictivamente.

      Id. — Extralimitación de los Límites del Mandato — Facultades para Tomar Dinero a -Préstamo t Constituir Hipotecas. — Siendo la única facultad con-cedida al apoderado la de tomar dinero a préstamo y garantizar éstos con hipoteca, no está autorizado para hacer reconocimiento de deudas existentes con anterioridad ni para asegurarlas con hipoteca.
    Causa del Contrato — Nulidad por Falta de la Misma — Reconocimiento de Deuda por un Mandatario. — Aun en el supuesto de que la escritura de reco-nocimiento de deuda y constitución de hipoteca en litigio no fuera nula por la extralimitación del apoderado en sus facultades, lo sería por falta de causa en la obligación, por haberse demostrado que el poderdante no debía la deuda que reconoció el apoderado.
    Alegato del Apelante — .Errores Fundamentales — -Exposición de Errores.— Cuando ambas partes apelan contra una misma resolución y no presentan ale-gatos con la exposición de errores exigida por la regla 42, el tribunal, de acuerdo con la regla 43, puede dejar de considerar ol recurso cuando no observa ningún error fundamental en la resolución apelada.
    Los hediós están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelados: Sr. Luis Montalvo Guenard.

    Abogado de Sucesores de Frontera, S. en C.: Sr. José Sabater.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Bomana -G-ordils Bosario y su esposo Gavino Irizarry pre-sentaron demanda en la Corte de Distrito de Mayagüez contra Sucesores de Frontera, S. en C., y José Vázquez Caraballo en la que interesaron la nulidad de una escritura de poder otorgada por Bomana Gordils a favor de José Vázquez Cara-bailo y de otra de hipoteca que otorgó Vázquez Caraballo a favor de la mercantil Sucesores de Frontera, S. en C., usando de ese poder, siendo los fundamentos de la demanda que la escritura de poder fue suscrita por sorpresa y engaño del demandado Vázquez Caraballo en combinación con la mercan-til Sucesores de Frontera, S. en C., y fué el producto de una maquinación dolosa y también que, aun en el supuesto de que el poder fuera cierto y verdadero y realmente otorgado con el consentimiento de la demandante Señora Gordils, la escritura de hipoteca es nula porque el apoderado se exce-dió de las facultades que se le habían conferido.

El pleito se ha seguido en rebeldía de José Vázquez Cara-hallo pero la sociedad demandada compareció y contestó ne-gando los hechos sustanciales de 'la demanda y aduciendo materia nueva.

Celebrado el juicio, la corte de Distrito de Mayagüez dictó sentencia declarando con lugar la demanda en todas sus par-tes y nulas la escritura de poder y la de hipoteca, que los de-mandantes no están obligados con la mercantil Sucesores de Frontera, ,S. en C., a responsabilidad alguna en relación con los contratos que constan en las escrituras antes mencionadas, y condenó a Sucesores de Frontera S. en C. y a José Váz-quez Caraballo al pago de por mitad de todas las costas y desembolsos en el pleito- y además a la mercantil citada al pago de una suma razonable para honorarios del abogado de los demandantes.

De los hechos contenidos en la exposición del caso que se nos ha presentado resulta que a fines de 1910 José Vázquez Caraballo pidió a los demandantes que le garantizaran una deuda de $100 que tenía con la mercantil Sucesores de Fron-tera S. en C., y habiendo ellos accedido a esa solicitud, en 10 de septiembre de ese año compareció Eomana Grordils y Eosario ante un notario y confesando adeudar $100 a la mer-cantil Sucesores de Frontera S. en C. constituyó hipoteca a favor de éstos sobre una finca de su propiedad. Sin embargo, este contrato no está en discusión en este pleito ni se niega por la demandante Eomana G-ordils que diera esa garantía a la sociedad demandada exponiéndose solamente como ante-cedente de los demás hechos que se alegan haber ocurrido y que motivan el presente pleito.

Se sostiene por los demandantes y apelados que Vázquez Caraballo con el engaño de que la suscribiente de ese- docu-mento tenía que comparecer de nuevo ante notario para reci-birdá carta de pago por haber satisfecho él los $100 que ella le garantizó, la hizo firmar un documento en esa creencia que luego ha resultado ser la escritura No. 115 de 23 de febrero de 1911, de poder conferido por ella a favor de José Vázquez Caraballo; y aun cuando se ba presentado prueba para de-mostrar ese engaño, y se alega en la demanda que tal docu-mento fue producto de una combinación entre Vázquez Cara-bailo y la mercantil demandada, y aun cuando la corte inferior estimó que ese documento era fraudulento y doloso, sin embargo, entendemos como los apelantes, que la prueba no es bastante para sostener esa conclusión.

Desde luego no bay elemento alguno de prueba que demues-tre que la mercantil practicara acto alguno en relación con el otorgamiento de ese poder; toda la prueba respecto al fraude consiste en las declaraciones del esposo de Romana que no tiene otro conocimiento de los becbos sino el permiso que dió a su esposa para que garantizara a Vázquez Caraballo por los $100 dichos; la de Romana G-ordils que dice que Váz-quez manifestándole ser necesaria su comparecencia ante un notario para la carta de pago de la anterior obligación, la bizo firmar un documento que no leyó, que creyó ser tal carta de pago y que luego resultó más adelante que era un poder; la declaración de Adolfo Torrellas, testigo.en el documento de mandato, manifiesta que el documento que Romana Gror-dils suscribió sin leerlo era un poder a Vázquez Caraballo; que a ellos dos lós oyó hablar de una carta de pago y que des-pués manifestó a Vázquez Caraballo que el documento que se había suscrito no era carta de pago sino poder; y la decla-ración de Juan Rivera que oyó cuando Vázquez Caraballo dijo a. Romana Grordils en su casa, que tenía que ir al pueblo a firmar una carta de pago. Otros testigos declararon, pero sobre becbos que no tienen relación alguna con el fraude que se alega.

Nos parece que esa prueba no es suficiente para que se pueda-llegar a la conclusión de que el documento de poder se otorgó mediante fraude y engaño. La prueba del fraude debe ser siempre robusta y las declaraciones de esos dos tes-tigos y la propia manifestación de la demandante Romana Gordils no nos demuestran que al suscribir ella el documento no supiera que firmaba un poder a favor de Vázquez Cara-bailo, pues no es bastante para ello lo qne manifiestan los testigos Rivera y Torrelias, por lo qne no podemos estar con-formes con la parte de la sentencia qne declara la nulidad de ese documento por fraude.

El documento de poder contiene la • facultad siguiente: “para que tome a préstamo cualesquiera cantidades a la persona que crea conveniente con las condiciones que crea nece-sarias y por el tiempo que estime conveniente; y para que hipoteque en garantía de dichos préstamos a favor del pres-tamista, una finca rústica que posee dedicada a café * *

No contiene ese poder otra cláusula que la consignada y teniendo presente que los mandatos han de interpretarse siempre restrictivamente y que los mandatarios no tienen otras facultades que aquéllas que les haya conferido su man-dante, entendemos que se trata de un poder especial que sola-mente confiere al mandatario la facultad de tomar dinero a préstamo y de constituir hipoteca por las cantidades que tome prestadas.

Usando de ese poder José Vázquez Caraballo constituyó en 10 de marzo de 1911 ante Notario Público y bajo el número 138 una escritura por la que reconociendo que Doña Romana .“G-ordils Rosario se hallaba entonces adeudando a la mercan-til Sucesores de Frontera S. en >0. la suma de $800 que le había facilitado para varias atenciones hacía algún’ tiempo, en garantía de ella constituyó hipoteca a favor de dicha mer-cantil sobre una finca que se describe.

Tal reconocimiento de deuda y subsiguiente garantía de hipoteca es nulo porque el apoderado, excedió los límites de su poder, ya que no puede estimarse como lícito y valedero lo que un mandatario hace rebasando los límites de su man-dato, a menos que haya sido ratificado expresa o tácitamente por el mandante, según el artículo 1629 del Código Civil. Ro-mana Gordils lo había facultado únicamente para tomar dinero a préstamo' y constituir hipoteca por dichos préstamos, pero no lo había autorizado para hacer reconocimientos de deuda ni en consecuencia para hipotecar sus bienes por tal clase de deudas, sino únicamente por las cantidades que to-mase en préstamo.

Además, en el juicio se demostró por la declaración del gestor de la mercantil que Romana G-ordils nunca había tenido cuentas con esa sociedad ni le debía dinero alguno en la fecha del contrato, lo que demuestra también que si no fuera nula esa hipoteca por la extralimitación del apoderado en sus facul-tades, lo sería por faita de causa en la obligación; y aun cuando la sociedad apelante reconoce que Romana Gordils nada debía a la mercantil Sucesores de Frontera S. en C., sostiene, sin embargo, que el contrato de hipoteca tuvo como causa la garantía que por medio de hipoteca quiso esa señora constituir a favor de tal mercantil para garantizarle la can-tidad de $800 de que les era deudor José Vázquez Caraballo. Pero ni aun aceptando esa tesis de la apelante tendría causa la escritura de hipoteca toda vez que según declaró el gestor de esa mercantil, José Vázquez Caraballo- no les debía esos $800 cuando la hipoteca se otorgó y no llegó a debérselos, según la cuenta corriente que se presentó, hasta el 27 de abril de 1911, o sea un mes después del documento, por lo que siendo falsa la causa expresada en el contrato, y no habiéndose pro-bado de acuerdo con el artículo 1243 del Código Civil, que estuviera fundado en otra vendadera y lícita, tenemos que concluir que el contrato- de hipoteca es nulo por los motivos expresados.

En este extremo debe ser confirmada la sentencia, así como en lo relativo a costas, desembolsos y honorarios.

También existe en la transcripción una apelación inter-puesta por los demandantes y por los demandados contra resolución de la expresada corte de 22 de septiembre de 1913 aprobando el memorándum d-e costas con ciertas modifica-ciones, pero como ninguna de las dos partes apelantes ha cum-plido con la regla 42 de las de este tribunal de presentar un alegato con la exposición de los errores en que funda su re-curso, haciendo nosotros uso de la regla 43 dejaremos de considerar ese recurso, pues no observamos ningún error fundamental en la resolución apelada.

Confirmada en parte la sentencia apelada y re-vocada en cuanto a la escritura de poder en litigio.

• i Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Plutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.