author: ¡El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Dolores Vega Rodríguez, et als., demandantes y apelados v. Juan García y Anastacia Acosta, Etc., demandados apelantes.
    Núm. 8570.

    Sometido: Febrero 12, 1943.

      Resuelto: Abril 27, 1943.

      . J. :Amadeo, abogado de los apelantes; José G. Jusi/no, abogado de los apelados.
   ¡El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El 5 de septiembre de 1928 Juan G-arcía y su esposa Anastacia Acosta constituyeron una hipoteca sobre nna casa '•de su propiedad para garantizar un préstamo de $700, con intereses al 12 por ciento anual, que les babía hecho Antonio Vega por un término de dos años. Él 19 de febrero de 1934 Vega cedió a título de venta dicho crédito hipotecario a doña Mercedes Rodríguez. Habiendo fallecido tanto la acreedora como los deudores y estando vencida la deuda, los herederos de la primera demandaron a la Sucesión García Acosta en cobro de los $700 de capital y de $588 por concepto de inte-reses al 12 por ciento desde febrero 19, 1934 hasta febrero 19, 1941, más $150 para costas, gastos y honorarios de abo-gado que se habían estipulado en la escritura de hipoteca. Los demandados se limitaron a presentar una excepción pre-via de falta de causa de acción, la que fue desestimada, ha-biéndose dictado sentencia en rebeldía en su contra por las sumas reclamadas después de celebrarse la vista correspon-diente en la que los demandantes presentaron su prueba.

No conformes con dicha sentencia los demandados radi-caron el presente recurso en el que alegan que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la excepción pre-via porque de las alegaciones de la demanda aparece acreedor cobrando intereses a razón de 12 por ciento anud desde el 19 de febrero de 1934 a 19 de febrero de 1941, e| contra de lo dispuesto por la Ley de Usura, según quedó a mendada por la Ley núm. 5 de 1933 (2) pág. 27.

Citan los apelantes el caso de Caraballo v. Registrador, 48 D.P.R. 923 y arguyen que apareciendo de la d manda que de acuerdo con la cesión efectuada se cobraro: interes.es al 12 por ciento anual, a pesar de que en la escril tura de hipoteca no se pactaron intereses en caso de mora rige por tanto el tipo legal de 6 por ciento, es evidente qm se celebró un nuevo contrato, el que es nulo, y que por esb motivo la demanda no aduce una causa de acción.

En primer término diremos que del récord ante nos n< aparece si se pactaron o no intereses en caso de mora al 1: por ciento pues los apelantes no han elevado la transcrip-ción de la evidencia practicada por los demandantes ante lal corte inferior. Lo único que aparece de la demanda es qud los deudores originales se comprometieron a pagar intereses al 12 por ciento anual. El alegarse que el acreedor cedió su| crédito hipotecario a favor de la causante de los demandan-tes no significa que se celebrara un nuevo contrato y en esto se distingue este caso del de Caraballo, supra. En el de Ca-raballo se otorgó un nuevo contrato prorrogando el término-del préstamo y resolvimos que el hacerse esto después de estar en vigor la enmienda a la Ley de Usura de 1933 dicho-contrato no era válido en cuanto al pago de los intereses. En el caso que resolvemos lo único que se hizo fué ceder el crédito hipotecario sin que los términos, del contrato original se variaran en forma alguna según aparece de las alegacio-nes de la demanda. La enmienda a la Ley de Usura de 1933 no es aplicable a este caso pues el contrato fué otorgado en 1928 y la cesión del crédito no varió en nada los términos del contrato original -y por tanto- la obligación del deudor hipo-tecario era la misma antes que después de dicha cesión.

Ahora bien, hay otra cuestión que sí surge de las alegaciones de la demanda en este caso y que fué levantada por la excepción previa. La demanda no contiene alegación alguna en cuanto a que en el contrato de hipoteca se pacta-ron intereses en caso de mora y a pesar de ello se cobran a ! razón del 12 por ciento anual durante todo el tiempo en que en ella incurrió el deudor. Esta corte ha resuelto tanto en el caso de Caraballo, supra, como en el de Goico v. Rodriguez et al., 28 D.P.R. 530, y citamos del sumario, que “En ausencia de disposición alguna en úna obligación que devenga interés, en cuanto al tipo que deberá pagarse después de su vencimiento, el acreedor, después del vencimiento y de la mora, no puede cobrar otro tipo que el interés legal”, de acuerdo con el artículo 1061 del Código Civil. Siendo esto así, es un elemento indispensable en toda demanda en que se cobren intereses de mora a más del 6 por ciento, la alega-ción de que se convino un tipo de interés específico para el caso de mora que no exceda del que prohíbe la Ley de Usura. Sin esa alegación la demanda no aduce una causa de acción en cuanto a los intereses de mora a un tipo mayor del 6 por ciento. Al concederlos la corte inferior erró y en su conse-cuencia la sentencia apelada debe ser modificada en el' sen-tido de condenar a los demandados al pago de los intereses de mora al tipo legal d&l 6 por ciento, y así modificada se confirma la sentencia.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    Teresina Schettini, demandante y apelada, v. Susana de la Fuente, demandada y apelante.
    Núm. 8708.

    Sometido: Abril 5, 1943.

      Resuelto: Abril 27, 1943.

      Juan Validejuli Rodríguez, abogado de la apelante; Carlos del Toro Fernández, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nn caso sobre negatoria de servidumbre di luces y vistas y de desagüe en el que además se reclamaron $3,000 de daños y perjuicios. La Corte de Distrito de San Juan declaró con lugar la demanda y ordenó a la demandada cerrar o tapiar siete huecos o ventanas que tenía su casa, situada en la calle Colón núm. 8 de Santurce, colindando por el Oeste con el solar y casa de la demandante, por estar dichas ventanas a menos de dos metros de distancia y, asimismo ordenó a la demandada modificar los tejados de su casa en forma tal que las aguas pluviales caigan sobre su propio suelo o sobre la calle y no sobre el solar de la demandante y que aquellas aguas que cayeran sobre el propio suelo de la demandada provenientes de los tejados de su casa las re-coja de modo que no causen perjuicio al predio contiguo de la demandante. Por último condenó a la demandada a pa-gar a la demandante $2 por concepto de daños y perjuicios nominales, más las costas y $75 de honorarios de abogado.

No conforme la demandada con esta sentencia recurre >ara ante esta corte y alega que la inferior erró, primero, al leelarar sin lngar la moción de la demandada formulada en [d momento del juicio para enmendar su contestación y, se-cundo, al dictar sentencia en contra de la prueba.

El primer error señalado es completamente frívolo. J comenzar la vista del caso en la corte inferior la demanLada solicitó permiso para enmendar su contestación agregando dos defensas especiales. La primera es al efecto de [ue la finca de la demandada estaba hipotecada y al aereelor hipotecario no se le había citado-, y por la segunda se (alegaba que en la finca de la demandante existían cuatro venpanas abiertas con vistas rectas sobre la finca de la demanIdada también a una distancia menor de dos metros. La deImandante se opuso a las enmiendas y la corte al denegar la moción de la demandada hizo constar en cuanto a la primera defensa que asumiendo que el acreedor hipotecario fuera una parte necesaria y propia la sentencia que se dictara si era [favorable a la demandante no- podría ■ obligar al acreedor y que por tanto su ausencia del pleito no podría perjudicar a la demandada ni a dicho acreedor; y en cuanto a la'segunda defensa resolvió que el hecho de que la demandante a su vez tuviera ventanas con vistas rectas sobre la propiedad de la •demandada en violación de la ley no constituía una defensa a la acción de la demandante pues en. todo caso lo que procedería sería que la demandada ejercitara su acción de negatoria de servidumbre en contra de la demandante.

La primera defensa equivalía a una excepción previa de •que existe un defecto de parte demandada, artículo 105 del Código de Enjuiciamiento Civil. De acuerdo con el artículo 108 del mismo código “Cuando ninguno de los extremos enu-merados en el artículo 105, constare en la demanda, la im-pugnación podrá hacerse en la contestación”, pero en el caso •de autos el defecto de parte demandada, de -existir, constaba de la demanda y debió levantarse la cuestión por excepcióxj previa.

En el caso de Waterman v. Canal-Lousiana Bank & Trus Co., 215 U. S. 33, 49, se definió el concepto de parte necesarii o indispensable en esta'forma:

“La relación de. una parte indispensable en el pleito debe ser tal que ninguna sentencia pueda dictarse en el caso que pueda hacer justicia entre las partes ya ante la corte, sin afectar perjudicialmente los derechos de dicha parte.”

En el caso- de Figueroa v. Figueroa, 23 D.P.R. 438, se r-e-| solvió que la corte puede, a iniciativa' propia ordenar que s< incluyan las partes necesarias en una acción pero no está| obligada, a moción del demandado, y contra el deseo del de-mandante, a traer nuevas partes que no sean necesarias, aun-| que sean partes que pudieron haber sido demandadas. Y véanse Nold v. Ozenberger, 152 Mo. App. 439, 133 S. W. 349; Kern v. Coffín, 203 Fed. 238 y 1 Sutherland, Code Pleading, Practice and Forms, Sec. 692.

No siendo eh alegado acreedor hipotecario una parte indispensable en el pleito, ya que la cuestión litigiosa entre la demandante y la demandada podía resolverse sin su in-tervención en el mismo, no erró la corte al ejercitar su dis-creción denegando la primera enmienda y tampoco al dene-gar la segunda, pues el hecho de que la demandada a. su vez-pueda tener o no- una causa de acción sobre negatoria de-servidumbre no constituye una defensa a la acción de la de-mandante.

El segundo señalamiento se refiere a la apreciaciónque de la prueba hizo la corte inferior. No se alega que actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad y a nuestrojuicio tanto la prueba testifical como el resultado de la inspección ocular demostraron sin dejar lugar a dudas que la. demandante probó los hechos alegados en su demanda. La. corte inferior dictó una extensa y bien razonada opinión, con amplias citas de nuestra jurisprudencia en las que se apli-can e interpretan los artículos 518 y 522 de nuestro Código Civil qne son los qne gobiernan este caso. La apelante no lia rebatido en forma alguna en su alegato dicha jurispru-dencia y más bien se limita a sostener que en estos tiempos modernos no debe aplicarse “la arcaica y patinosa voz del Código Civil” a situaciones como las que presenta el caso de autos ya que “aplicar estrictamente la vieja institución del Código Civil a una circunstancia como la presente sería extrangular el nuevo espíritu de estas generaciones del siglo XX”

Respetamos, en lo que vale, el criterio de la demandada, pero las cortes de justicia tienen que respetar y aplicar los mandatos de nuestro derecho sustantivo. Los que conside-ran que no debe subsistir deben acudir a la rama legislativa del gobierno para obtener su enmienda o derogación.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: .El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Ex parte Fabriciano Cartagena Hernández, peticionario y apelante. Elías Rodríguez, opositora, y Evaristo Flores, Administrador Judicial, apelados.
    Núm. 8476.

    Sometido: Febrero 1, 1943.

      Resuelto: Abril 28, 1943.

      .Luis Mendín Sábat, abogado del apelante; J. Calasanz Rivera, abo-gado del opositor apelado; R. Ortiz Pacheco, abogado del Admi-nistrador Judicial, apelado.
   .El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión, del tribunal.

El peticionario Fabriciano Cartagena Hernández apela ■de una resolución de la Corte de Distrito de Humacao fe-chada en P de octubre de 1941. El recurso se extiende a dos cuestiones resueltas por la corte inferior, a saber:

(a) Denegando la “reconsideración radicada por el peti-cionario en diciembre 28, 1938, para anular la-orden de esta ■corte, de diciembre 12, 1938, ordenando al administrador judicial a mensurar, cercar y retener bajo su poder y posesión, de la finca de 33 cuerdas, a que se contrae el pleito civil ante ■esta misma corte, núm. 14105, solamente 8% cuerdas que se ■describen en dicha orden, ordenando, a su vez, dar posesión del resto de dicha finca, a su dueña Elias Rodríguez, cón-yuge supérstite de Nicasio Cartagena, para que dicho resto ■quede a la libre disposición fuera de esta administración.”

(b) Declarando “nulos y sin efecto legal alguno, dos em-bargos trabados sobre bienes en administración judicial.”

Presentada moción de desestimación del recurso por la parte apelada, este tribunal, por resolución de 30 de noviem-bre de 1942, la declaró con lugar en cuanto a la cuestión (a) por no ser la misma apelable de acuerdo con el apartado 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, ya que se trata de una resolución resolviendo una moción de recon-sideración; y sin lugar en cuanto a la desestimación de la -cuestión (b) de dicha resolución por ser ésta una “anulando . . . . un embargo” que está incluida entre las resoluciones apelables que enumera el ya mencionado inciso del artículo '295' del Código de Enjuiciamiento Civil.

Radicada por el peticionario apelante moción interesando- | la reconsideración por este tribunal de la anterior resolu-ción, la misma fué declarada sin lagar por resolución de 8-de diciembre de 1942.

La parte apelada ba radicado ana nueva moción solici-tando la desestimación del recurso por ser éste enteramente frívolo y carecer el mismo de finalidad práctica.

El segando error señalado por el apelante en sa alegato consiste en qae la moción presentada por el administrador judicial en 23 de abril de 1940 solicitando la reconsideración de las resoluciones de la Corte de Distrito de Humacao de 3 de enero de 1940 es tardía por haberse radicado fuera de término. Funda su señalamiento de error en que transcurrieron más de tres meses desde que la corte dictólas resoluciones objeto de la moción del administrador judicial, basta la fecha en que ésta fué radicada en corte, siendo ésta, por tanto, tardía por no cumplirse las disposiciones del artículo 292 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fué enmendado por Ley núm. 67 de 8 de mayo de 1937 (Leyesde 1936-37), pág. 199. Dicho artículo lee como sigue: ■

“Una sentencia o providencia, dictada en un pleito civil, excepto cuando hubiere adquirido expresamente el carácter de. definitiva y firme, podrá ser revisada de acuerdo con lo prescrito -en este código, y de ningún otro modo.
“Cualquier parte agraviada por una sentencia o resolución de una corte de distrito en una acción civil podrá, dentro del término-improrrogable de quince días desde la fecha del archivo en los autos-de una copia de la notificación de la sentencia o dentro del término-improrrogable de cinco días desde la fecha del archivo en los autos-de una copia de la notificación de haberse dictado la resolución, radi-car en la corte que hubiere dictado la sentencia o resolución una petición ex parte para la revisión o reconsideración de su sentencia o resolución, haciendo constar en ella los hechos y los fundamentos de derecho sobre los cuales se basa la solicitud. La corte deberá resolver la moción de reconsideración dentro de los cinco (5) días después de haberse radicado, y si la corte rechazare de plano la petición, el término para apelar de la sentencia o resolución de cuya revisión se trate- se computará en la forma prevista por este código, ■como si no se hubiese presentado petición alguna de revisión o| reconsideración. Si la corte resolviere reconsiderar su sentencia o resolución u oír a las partes sobre la moción de reconsideración, el término para apelar se computará desde la fecha del archivo, como parte de los autos del caso, de una copia de la notificación hecha | por el secretario de la corte a la parte perdidosa de la resolución, definitiva del tribunal.”

Como se ve, para que comience a correr el término fijado por dicha ley, es requisito indispensable que se archive en los autos una copia de la notificación de la sentencia o de la notificación de haberse dictado la resolución.

•No apareciendo de la transcripción que tal notificación se hiciera o que una copia de ella fuera archivada en los autos, no tiene este Tribunal base para poder determinar si la mo-ción de reconsideración fue radicada dentro del término legal o tardíamente, según alega el apelante.

El recurso carece de méritos y ha sido presentado en forma tan confusa e ininteligible que se hace poco menos que imposible determinar cuál es la cuestión envuelta en el mismo. De la transcripción de autos no aparece cuándo ni por qué razones se nombró un administrador judicial; cuándo ni por 'qué razones se decretaron los embargos en los casos civiles números 1310 y 1125 de la Corte de Distrito de Humaeao. Tampoco consta cuáles fueron los bienes embargados; o qué bienes estaban en poder del administrador judicial al tiempo de decretarse ambos embargos.

El apelante pretende que esta corte tome conocimiento judicial, no ya como en el caso de Aponte & Sobrino v. Sucn. Pérez (1935), 48 D.P.R. 449, 451; de una causa judicial seguida ante ella para aplicar ese conocimiento a otra causa que se esté ventilando ante el mismo tribunal, si que de hechos y cuestiones pendientes ante otras cortes.

Es deber de todo apelante ayudar a la corte con su alegato presentando los hechos ordenadamente y haciendo sus alegaciones en forma clara y concisa de manera que el tribunal pueda darse cuenta de cuál es la controversia de ¡lechos o cuestión legal sometida a su decisión.

La transcripción de autos no solamente está incompleta |úno que los autos transcritos no están colocados siquiera en irden cronológico, que es lo menos que ha podido hacer el apelante para cooperar con este tribunal.

Por estas razones creemos que no habiendo el apelante [puesto a esta corte en condiciones de enterarse de los méri-tos de sus alegaciones de error, debe desestimarse recurso, ^declarándose con lugar la moción de desestimación de la parte I apelada.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Juan Ruiz Betancourt, demandante y apelado, v. Manuel Solís Sariego, demandado y apelante.
    Núm. 8638.

    Sometido: Marzo 23, 1943.

      Resuelto: Abril 28, 1943.

      A. L. López, abogado del apelante; J. C. Rivera Morales, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En su demanda radicada ante la Corte de Distrito de Hu-macao, Juan Kuiz alegó haber sido mordido en los brazos y en la pierna derecha por una perra, cuyos servicios utilizaba el demandado; que éste tenía la perra a veces amarrada con cadena y a veces suelta en un zaguán que conduce a un patio contiguo a su panadería; y que el día del suceso, encontrán-dose el demandante en la calle, la perra salió corriendo d< zaguán y le mordió, cansándole heridas que le obligaron hacer gastos en medicinas, le impidieron dedicarse a sus I bores habituales y le causaron sufrimientos físicos y angn tias morales, por todo lo cual reclamó una indemnización d| $600, más las costas y honorarios de abogado.

El demandado contestó negando los hechos esenciales di la demanda y alegó que el demandante sabe que él no e| dueño de la perra y sólo trata de obtener dinero del dema: dado.

La corte inferior dictó sentencia condenando al dema: dado al pago -de $380 más las costas, incluyendo la suma d $75 para honorarios de abogado.

En apoyo de su recurso, el demandado apelante alegíl que la corte sentenciadora erró al apreciar la prueba y aj hacer al demandado responsable de los daños y perjuicio reclamados por el demandante.

Al considerar la evidencia presentada por ambas par tes, la corte inferior descartó por completo la ofrecida po: el demandado, por no merecerle crédito alguno. La del de mandante, a la cual dió entero crédito el. juzgador, demues tra que aún cuando el demandado no era dueño de la perr la utilizaba para que le cuidase sus propiedades. Hemos examinado toda la prueba y no podemos convenir con el ape lante en que haya habido error manifiesto en su apreciación

El artículo 1805 del Código Civil, Ed. 1930, hace res-| ponsable de los daños'y perjuicios que pueda causar un animal, al poseedor o al que se sirva de él, aún cuando se le escape o extravíe, salvo- en el caso de que el daño provenga de fuerza mayor o de culpa del perjudicado. Resultando de la prueba practicada en el caso de autos que el demandado se servía de la perra que mordió al demandante para cuidar sus propiedades y que el daño que recibió el demandante noprovino de su propia culpa o negligencia, son aplicables lasdecisiones de este tribunal en Torres v. Dávila, 47 D.P.R. 315; Gigante v. Alvarez, 48 D.P.R. 498; Ferrer v. Rivera, 6 D.P.R. 504 y Vélez v. Orozco, 59 D.P.R. 518. Véase: Martinez Ruiz, “Interpretación al Código Civil,” Vol. 11 pág. 49.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


text:
    En el Asunto de Pedro Ríos. Eduardo Ríos, apelante.
    Núm. 9865.

    Sometido: Abril 13, 1943.

      Resuelto: Abril 28, 1943.

      Cruz Ortiz Stella, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El niño Pedro Ríos, de menos de dieciséis años de edad, estudiante de octavo grado en la escuela del barrio Buena Vista de Humaeao, fué llevado ante la Corte para Niños de aquel distrito, a solicitud del Sr. Luis F. Camacho, en cali-dad de niño delincuente. Se le imputó en la solicitud que el día 23 de enero de 1942 hizo cuatro disparos de revólver sn maestro, Ignacio Ortiz, hiriéndole en el lado derecho' la cara.

Celebrada la vista en cámara, la corte dictó sn resolneió: declarando que por la prueba practicada por ambas parte] quedó demostrado fuera de toda duda razonable que el m< ñor delincuente realizó los actos que se le imputaron en 1 querella; y que las circunstancias del caso, por ser de n turaleza tan grave, le hacían imposible colocar al menor -ei] su hogar y bajo la custodia y vigilancia de su propio padre] En su consecuencia decretó la reclusión del menor en la Es cuela Industrial Beformatoria de Puerto Bico.

Declarada sin lugar la moción de reconsideración radi-cada por el padre del menor, apeló éste para ante esta Cort Suprema, alegando como fundamentos de su recurso que b corte sentenciadora erró en la apreciación de la evidencia, k cual no justifica la resolución dictada, y que interpretó erró-neamente el artículo 25 de la Ley creando las Cortes Juveniles.

Haremos un resumen de la prueba. La, aducida en apoyo de la querella fué la siguiente:

El Dr. Víctor Bincón declaró que asistió al herido profe-sor Ignacio Ortiz; que le curó una herida de bala que pe-netró por el ángulo de la mandíbula derecha y salió por la boca destruyendo toda la dentadura de arriba, quemando la lengua y el labio interno, con incrustación de un diente en el labio inferior; y que el herido'.estuvo recluido en la clí-nica durante casi dos semanas.

Ignacio Ortiz, el herido, declaró que el menor Pedro Bíos fué su discípulo durante cuatro años; que el día del suceso, como a las 12:20 P. M. vinieron unas niñas a decirle que Pedro Bíos no quería dejarlas jugar, a pesar de que a las niñas les tocaba el turno de por la tarde; que entonces él fué al terreno y sacó de allí a todos los niños, saliendo Pedro- de allí a regañadientes; que cuando salió Pedro, el de-■rante le dijo que iba a hablar con su padre porque Pedro ■había dicho que él quería ir a jugar y que iba a hacer Ho lo posible porque los demás no fueran; que entonces Hdro “se expresó de una manera grosera conmigo y le di, H esta mano le di así por aquí”; que no le dió por la ca-Ha; que como veinte minutos más tarde, a la una menos ■co, encontrándose el declarante instruyendo a dos niñas H el juego de soft ball, sintió como un golpe de revólver y volverse, pues estaba de espaldas, sintió una detonación, íetrándole la bala por la mandíbula derecha; que en ese mentó vió a Pedro Ríos y éste le dijo: “Eso para que respete”; que Pedro siguió disparándole y él corrió .nsversalmente. Repreguntado por el abogado del menor, itestó que él le dió a Pedro con la mano abierta, en el lo de la cara, pero que apenas le tocó, y que no fue una Eetada lo- que le dió; que en ese momento había allí mu-rchos y muchachas, pero que no es cierto que las machá-is se pusieran a chotear a Pedro; que él no vió ni oyó que chotearan; que tampoco es cierto que Pedro se echara a rar, que él no .lo vió llorar. A preguntas del Juez Muni>al, contestó que Pe'dro era un estudiante mediocre, “aver-e”; que durante los primeros tres años su conducta podía lificarse como buena, pero no así durante el último- año, es casi nunca terminaba su trabajo y si uno le decía algo encachorraba y no quería trabajar.

La niña Josefa Ortiz, declaró en corroboración de lo de-irado por el profesor Ortiz, y dijo: que cuando Ortiz mandó pedirle el bate prestado, Pedro se negó a darlo y dijo que día del juego no iría y que si iba sería para hacerle malas gadas a él; que Ortiz le dijo que él tenía el deber de res-tarlo y que iba a dar la queja a su padre; que Pedro le ntradijo y entonces Ortiz le dió con la mano abierta por región parietal derecha; que entonces se fueron a jugar, gando a Pedro debajo de un árbol, y cuando estaban ya gando, notaron que Pedro se había desaparecido; que al poco rato, como a los quince minutos, Pedro vino, pasó delante de la declarante y de Ortiz que estaba hablando ella y le disparó a Ortiz dos tiros; que entonces ella coij y Pedro siguió disparando, pero no sabe cuántos disp más hizo. Que no vio que cuando Ortiz le pegó a Pedro niños y niñas lo chotearan; que Pedro lloró y sacó el ñuelo y entonces se fue; que Pedro es un muchacho bu y se portaba bien.

La joven Bosario Guevara declaró más o menos en| mismo sentido que la joven Ortiz, fijando en veinte min el tiempo transcurrido desde el incidente ocurrido entr profesor y el niño hasta el momento en que éste hizo los paros.

Carmelo Gutiérrez, testigo presencial del hecho deseri| el suceso en la misma forma que los demás, pero aña< que lo que hizo el profesor fué darle al muchacho con mano abierta por la cabeza, un cocotazo por el lado derec y que los muchachos chotearon a Pedro diciéndole “Ch Pedro Chon”, y que entonces Pedro se fué a la casa y tr el revólver.

Declarando en su propia defensa, el menor Pedro B dijo: que se arrepintió después de haberle hecho los disparo su maestro; que cuando recibió el golpe del maestro sus co pañeros le chotearon y él se echó a llorar debajo de un bol; que ahora se dedica a estudiar el catecismo los dom gos y trabaja con su padre atendiéndole el negocio de f] tos menores, caña y ganado. Bepreguntado por el fisc contestó primeramente que se había arrepentido de lo hec “porque perdía mi diploma, que me hacía falta ahora”, y preguntarle el fiscal si no se arrepintió porque estimaba q había hecho mal, entonces respondió: “Por eso también.”

Eduardo Bíos, padre del menor, declaró que él es s gundo mayordomo de la finca “Australia” y tiene una j sición desahogada, teniendo un ingreso anual de $3,000 $4,000; que su hijo, desde que ocurrió el suceso en la escue ha dedicado al trabajo, encargándose de todos los asuntos egoeios particulares de sxi padre; qne Pedro le es abso-amente útil y necesario; qne es de' nn carácter apacible, obediente, no tiene vicios y nunca ha tenido quejas de él; e está dispuesto a tomar al muchacho bajo su custodia y [egúrarle a la corte que no volverá a cometer ningún otro lito.

Es censurable que el profesor Ortiz no tuviera la ecua-|midad y control que debe tener el maestro para reprimir, recurrir al castigo corporal, la falta -cometida por un luchacho desobediente y de carácter violento. La queja del bofesor al padre, para que éste impusiera al hijo el mere-|do castigo, hubiera seguramente evitado el lamentable su-«o que. expuso al profesor a perder su vida. Empero, es ás censurable aún que un muchacho díscolo y desobediente, espués de desacatar las órdenes del maestro y faltarle el aspeto hasta el punto de hacerle .perder la calma, al verse istigado por la mano del profesor, aguarde el tiempo nece-arlo para poder armarse con un revólver y atentar contra i vida de quien fué su maestro durante cuatro años conse-utivos, agrediéndole por la espalda.

No encontramos en toda la prueba circunstancia alguna ue pudiera justificar nuestra intervención con la discreción ue la ley concede a la Corte para Niños. Estando sus con-fusiones sostenidas por la prueba, es nuestro deber respe-arlas.

¿Erró la corte sentenciadora al ordenar la reclusión del menor Pedro Ríos en la Escuela Industrial Reformatoria?

La sección 23 de la Ley para establecer un Sistema de Cortes para Niños prohíbe terminantementé la encarcelación de un niño menor de 16 años en una cárcel común, en la com-pañía de criminales adultos allí confinados. Y la sección 25 de la misma ley, dispone:

'‘Cuando un niño fuere declarado delincuente y la corte no consi-derare conveniente la permanencia del niño en su hogar o en otra casa, la corte podrá ordenar su reclusión en cualquier institucl pública o privada; y si el delincuente fuere mayor de diez y 1 años, la corte podrá ordenar su reclusión en la Escuela Correcciol o en cualquier otra institución que más adelante se estableciere pj reclusión de niños delincuentes." (Cód. de Enj. Crim., pág. 377.)

El niño Pedro Ríos ha sido declarado delincuente. Na< el día 19 de junio de 1927. Teñía en la fecha en que se dic| la resolución recurrida — noviembre 17, 1942 — quince am cuatro meses y veintiocho días.

Teniendo el apelante en el momento en que cometió delito y en la fecha en que fue declarado delincuente men de dieciséis años de edad, la corte, de acuerdo con la s eión 25, supra, tenía discreción para ordenar su reclusión una institución pública, como lo es la Escuela Industrial R| formatoria, o en una institución privada. Si el niño Pedí] Ríos hubiese tenido en la fecha en que atentó contra la vi' de su maestro más de dieciséis años de edad, en ese caso siendo esa su primera delincuencia, la Corte para Niños m| hubiese tenido jurisdicción para conocer del caso, pues acuerdo con la sección 8 de la ya citada ley y para los fine de la misma la palabra “niños” o “niño” comprenderá, “ menos que de otro modo se consigne específicamente, a cua) quier niño de la Isla de Puerto.Rico menor de dieciséis año de edad, o que, una vez sujeto a la jurisdicción de una Cort para Niños por las disposiciones de esta Ley no haya lie gado a la mayor edad.” La Corte para Niños tiene, pue jurisdicción sobre niños que al cometer su primera delin cuencia tenían menos de dieciséis años, y sobre aquellos mu chachos delincuentes que teniendo más de dieciséis y meno de veintiún años de edad quedaron sujetos a su jurisdieciór por una delincuencia cometida antes de cumplir la edad de dieciséis años. Cuando el menor delincuente tiene más de dieciséis años y está ya sujeto a la jurisdicción de la Corte para Niños, ésta no puede ordenar su reclusión' en una ins titución privada. La citada sección 25 deja a su discreción el recluirle en la Escuela Industrial Reformatoria o en cual huier otra institución que más adelante se establezca para la reclusión de niños delincuentes; pero no la autoriza para dejar al niño en su bogar ni para ordenar su reclusión en ana institución privada.

Considerando todas las cirewnstancias del oaso, es 'preciso_ ponchtir que la corte inferior no abusó de su discreción al dictar la resolución recurrida, la cual debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señce, De Jesús

text:
    Flor, Casta, Concha y Félix Ruiz, demandantes y apelados, v. Leonor Ruiz, demandada y apelante.
    Núm. 8367.

    Sometido: Febrero 3, 1943.

      Resuelto: Abril 28, 1943.

      Diego E. Ramos, abogado de la apelante; Herminio Miranda, abo-| gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señce, De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Valentín Sánchez y Emilia Ruiz Rivera vivieron en con-cubinato hasta el fallecimiento de esta última. De esa rela-ción tuvieron cinco hijos: los cuatro demandantes y la de-1 mandada. Por escritura de 26 de febrero de 1919 otorgada ante el notario Gustavo Zeno Sama, Emilia Ruiz, con su propio peculio, compró a Alberto Gandía una finca de 9.23 cuerdas radicada en el barrio Campo Alegre de Hatillo. El 6 de octubre de 1923 Emilia Ruiz suscribió y entregó un pa-garé por la cantidad de $3,000, a la orden de Valentín Sán-chez, a vencer el 7 de octubre de 1925, pagaré que fué au-tenticado por affidavit número 1877 ante el notario Gustavo Zeno Sama. Dicho pagaré fué endosado luego por Valentín Sánchez a José Darder. Muerta Emilia Ruiz en 1938 (sic) y declarados sus cinco hijos sus únicos y universales here-deros por decreto de la corte inferior de fecha 9 de mayo de 1930, José Darder instó contra ellos un pleito en cobro del pagaré, y como resultado del mismo le fué adjudicada la finca en satisfacción de la sentencia. Hallándose enfermo Valentín Sánchez, decidió adquirir para sus hijos la mencio-nada finca. De la prueba no resulta con certeza en qué forma se celebró la transacción entre Valentín Sánchez y José Dar-der. Ambos murieron mucho antes de iniciarse este pleito y por consiguiente no tenemos el beneficio de sus declaracio-nes. Pero en una u otra forma resulta claro que Valentín Sánchez adquirió de José Darder la finca en cuestión y que por consejo del abogado Zeno Sama se convino entre Dar-der, Valentín Sánchez y la demandada, que Darder transmi-tiese el título de la finca directamente a la demandada como compradora, consignándose en la escritura que el vendedor abía recibido de la compradora con anterioridad al otorga-iento de la misma la cantidad de $1,000 en que se fijó e] recio-de la finca. Se convino además en presencia del no-ario, de Darder y del testigo Bafael Capó, que la deman-ada, conforme sus hermanos — entonces menores de edad-'uesen cumpliendo su mayor edad, les iría pasando a cada no de ellos el título sobre un condominio consistente en una, uinta parte de la finca, reteniendo ella el condominio res-ante, y la demandada así lo prometió a su padre. No obs-ante haberse extendido el título de compraventa a favor de a demandada, su padre continuó administrando la finca como ueño de ella, recibiendo refacción de la Central hasta su fallecimiento en 1932. Todos los hijos continuaron.también iviendo en la finca como condueños. Al cumplir el mayor de ellos la edad de veintiún años, requirió a su hermana para que le hiciese entrega de su condominio. Se negó ella, indi-cándole que debía esperar a que todos sus hermanos fuesen mayores de edad para practicar entonces la correspondiente división. Mientras tanto la demandada continuaba al frente de la finca y recibía de la central refacción para cuatro cuer-das de cañas que tenía sembradas. Llegaron todos los her-manos a la mayor edad y la demandada, rehusaba entregar-les los condominios. Se valieron del Lie. Herminio Miranda, quien escribió una carta a la demandada reclamando los de-rechos de los demandantes. Fue entonces la demandada a consultar con el abogado Zeno Sama, como un año antes de interponerse la demanda original en este caso, aconsejándole dicho abogado que evitase el pleito con que le amenazaba el Lie. Miranda en representación de sus hermanos, cumpliendo la obligación que había contraído con su padre, contestando ella que sabía que en la finca cada uno de sus hermanos te-nía una quinta parte, pero que se las pasaría cuando ella quisiera. No habiendo verificado la entrega de los condomi-nios, sus cuatro hermanos apelados radicaron la demanda original de este caso el 11 de marzo de 1940, presentando luego, previo permiso de la corte, una demanda enmendada. Tal fué la prueba de los demandantes, a la que la corte inB ferior dió entero crédito. H

Debemos, consignar, sin embargo, que la demandada, coi su declaración y la de su suegro, trató de probar que no ha-bía existido tal convenio con su padre; que éste era insol-vente y a la fecha de su fallecimiento ella lo tenía recogidc en su casa porque hacía algún tiempo se hallaba enfermo que la finca fué comprada por ella a Darder, según constaba de la escritura; que de los $1,000 importe del precio, $500 los había economizado ella criando cerdos y trabajando en costuras y los $500 restantes se los había facilitado a prés-tamo el padre del que entonces era su novio y con quien casó tres años después; que ese préstamo se hizo sin devengar interés alguno y no se otorgó documento que lo acreditase. El suegro ratificó lo dicho por su nuera respecto al prés-tamo; pero del examen de repreguntas resultó que su único capital era una finca de 10.40 cuerdas y que para reunir los $500 que entonces prestó a la novia de su hijo tuvo que vender tres vacas que poseía, las cuales, le producían la leche que consumía su familia, que constaba de diez hijos.

Refiriéndose a la prueba de la demandada, dijo el juez inferior:

"La prueba que presentó en juicio para demostrar cómo adquirió esa -finca, es tan poco convincente que robustece en vez de destruir la evidencia de la parte demandante, consistente en la declaración del notario Gustavo Zeno Sama y de Rafael Capó, personas que gozan en la comunidad de reconocida veracidad.”

A base de la prueba así apreciada por la corte inferior se dictó la sentencia apelada, declarando que los demandan-tes y la demandada son dueños de la finca descrita en la de-manda, en la proporción de una quinta parte indivisa para cada uno de ellos y ordenando que en el registro de la pro-piedad se proceda a practicar el correspondiente asiento- de conformidad con dicha sentencia. No condenó la corte a la demandada al pago de los frutos reclamados por no haberse presentado -evidencia suficiente para sostener la reclamación, pero sí la condenó al pago de costas, incluyendo $100 para honorarios de abogado.

La apelante considera la transacción descrita en la demanda como si se tratase de una donación de bienes inmuebles. Es por esa razón que en apoyo de su recurso sostiene que la corte a quo debió haber declarado eo-n lugar su excepción previa de insuficiencia de hechos, y que la sentencia no está sostenida por la prueba.

Arguye la apelante que tratándose de una donación de bienes inmuebles hecha por el padre a sus hijos, la donación no sólo debió constar en escritura pública, si que debió haber sido aceptada por los donatarios antes del fallecimiento del donante. El juez inferior, tratando de rebatir la teoría de la demandada, expresó en su opinión que no se trataba en este caso de una donación de'bienes inmuebles, sino de bie-nes muebles, toda vez que Valentín Sánchez lo que en reali-dad hizo fue dar a sus hijos el dinero necesario para la com-pra de la finca.

Pero esa conclusión es contraria a la evidencia, pues nada hay en la prueba que demuestre tal entrega de dinero. De todos modos, de considerar la transacción como una dona-ción de bienes inmuebles, el resultado sería, como señalare-mos más adelante, permitir que la demandada se enriqueciese injustamente a costa de los demandantes.-

Arguye también la apelante que no es aplicable la teoría del mandato, porque la supuesta encomienda ‘hecha por el padre a la hija al efecto de que trasmitiese el título de los respectivos condominios a sus hermanos envolvía una ges-tión de riguroso dominio y por consiguiente el mandato de-bería constar en escritura pública.

Convenimos en que tampoco es aplicable a este caso la teoría del mandato; pero la ley, que no concibe un mal sin un remedio, no puede -en manera alguna sancionar que la apelante, violando- la confianza que en ella depositó su padre y faltando a la promesa que le Melera — en consideración a la enal se transmitió a ella el títnlo de la finca — , defraude a sus hermanos apropiándose de lo que para todos sus Mjos por igual adquirió su padre. En efecto, el artículo 7 del Có-digo' Civil en lo pertinente prescribe que “cuando no baya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equi-dad, que quiere decir que se tendrá -en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del Derecho, y los usos y costumbres establecidos.” De conformidad con el citado precepto legal, en el caso de Fernández v. Laloma, 56 D.P.R. 367, en que se trataba de una transacción oral en principio semejante a la de este caso, la cual, de haberse formalizado en escritura pública debidamente inscrita, hu-biese constituido un fideicomiso expreso' (express trust), dijimos :

“El caso puede ser resuelto bajo el artículo 7 del Código Civil, tomando-las reglas sobre fideicomisos resultantes o tácitos de equi-dad y aplicándolas. En jurisdicciones en que existe la equidad surge un fideicomiso tácito en casos similares al de autos.”

En el caso de Foreman v. Foreman (N. Y. 1929) 167 N. E. 428, una casa con su solar en la ciudad de Nueva York fué traspasada a Edith Foreman en enero de 1924. El precio de venta fué pagado por su esposo, el demandante. Hubo prueba tendente a demostrar que el esposo le había pedido a ella que aceptase el título a su nombre, porque él quería conservar su propiedad inmueble separada de los bienes que tenía invertidos en su negocio. También hubo prueba al efecto- de que ella se comprometió a pasarle la escritura a su favor tan pronto él la requiriese para ello y a disponer de la propiedad o del producto de la misma de conformidad con los deseos de su esposo. Después de haberse otorgado la es-critura de venta a la esposa, el marido cobraba las rentas y hacía uso de ellas como dueño. Pagaba las contribuciones, los premios de seguro y el costo de las mejoras y reparacio-nes, y constantemente ejercitaba actos de dominio sobre la propiedad. La esposa falleció db intestato en 1925, dejando como heredero a tm menor, su hijo único, a quien pasó el título, sujeto al interés que la ley de Nueva York reconoce al viudo. El demandante presentó una acción para conse-guir que se le traspasase el título de conformidad con el fideicomiso oral descrito. La corte de primera instancia dictó sentencia a favor del demandado por el fundamento de que el. fideicomiso no podía hacerse cumplir por no'haberse formalizado por escrito.

Después de exponer estos hechos, la Corte de Apelacio-nes, por voz de su Juez Presidente Sr. Cardozo, al revocar la sentencia apelada, se expresó en los siguientes términos:

“La regla está bien establecida por repetidas decisiones de esta corte en el sentido de que el estatuto no impide el reconocimiento de un fideicomiso constructivo que afecte interés en tierras, cuando se abusaría de una relación confidencial si el fideicomiso declarado oralmente fuese repudiado sin reparación (Citas). De tiempo en tiempo se ha criticado esta regla en comentarios y tratados, decidién-dose que equivale a una derogación parcial de la prohibición estatu-taria. Cualquier fuerza que tal crítica pueda haber tenido mientras la regla estuvo en formación- ha desaparecido con los años. Debido a una larga aquiescencia, la excepción, si lo fuere, se ha introducido por interpretación en el texto del estatuto, como si hubiere sido parte del mismo desde su principio. No es la promesa solamente, ni su incumplimiento solamente, lo que pone en acción a la corte, sino el injusto enriquecimiento prevaliéndose de la relación confidencial.”

Al mismo efecto, véanse 2 Restatement of the Law, Trust, págs. 140 et sec.; 3 Bogert on Trusts, pág. 1596; el artículo del Profesor Costigan en 12 Mich. L. Rev. 427; Metzger v. Metzger (Pa. 1940) 129 A.L.R. 683, y las monografías en 35 A.L.R. 280, 307; 45 id. 851, 855; 66 id. 156; 80 id. 195, 206, y 129 id. 689, 695.

El hecho de que los demandantes hayan titulado su acción “reivindicación de condominios y pago de frutos” no nos impide resolver que en este caso existe un fideicomiso constructivo, resultando- como resulta que dicho remedio es perfectamente compatible con las alegaciones y la prueba. Así lo hicimos en el caso de Porrata v. Fajardo Sugar Co., 57 D.P.R. 628, 632, y 643, donde ni en el título de la acción ni en la súplica de la demanda se mencionaba el fideicomiso constructivo y sin embargo esta Corte, para hacer justicia entre las partes, declaró la existencia de dicho fideicomiso.

Señala la apelante como error perjudicial el permitirse a los demandantes radicar la demanda enmendada en este caso, porque según ella en esta última se varió la causa' de acción expuesta en la demanda original. No hay tal variación. La causa de pedir en una y otra es la misma. En la segunda se rectifica la forma en que Darder llegó a adquirir el título sobre la finca y ese hecho aparece aceptado en la estipulación que suscribieron las partes.

Tampoco ha prescrito la acción, pues la demandante no podría adquirir por otra prescripción que no fuese la ex-traordinaria de treinta años, toda vez que no concurre en ella la buena fe, uno de los elementos indispensables para la existencia de la prescripción ordinaria.

Awnque por fundamentos distintos a los expuestos por la corte inferior, procede confirmar la sentencia apelada.


author: 3l Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Sucesión de Francisco Molina Varela, Etc., demandantes y apelados, v. Sociedad Protectora de los Niños Huérfanos de Río Piedras, demandada y apelante.
    Núm. 8419.

    Sometido: Febrero 4, 1943.

      Resuelto: Abril 28, 1943.

      Heriberto Torres Soló y Federico J. Pérez Almiroty, abogados de la apelante; Silvestre Cruz Disdier, abogado de los apelados.
   3l Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión fundamental envuelta en este caso es si erró a corte sentenciadora al resolver que un procedimiento eje-cutivo hipotecario es nulo por no haberse jurado la moción solicitando la citación por edictos de John Doe y Richard itoe como herederos desconocidos de Francisco Molina Va-era, deudor hipotecario. Los hechos probados son los si-guientes :

La Sociedad Protectora de los Niños Huérfanos de Río Piedras en el escrito inicial enmendado del mencionado eje-cutivo sumario radicado en la Corte de Distrito de San Juan el 20 de junio de 1933 alegó que el deudor hipotecario Francisco Molina Varela falleció en Puerto Rico allá para el año 1928, hecho comprobado por la certiñcación de defunción, y que la demandante no sabía quiénes eran sus herederos ni cuál era el paradero de los mismos. Expedido el auto dj requerimiento el márshal requirió a doña Marta Hernándej como la persona que se encontraba frente a la finca hipot' cada y en su cargo legal de encargada de la misma, haciendj constar dicho funcionario' en el diligenciamiento que no pucl notificar a la Sucesión de Francisco Molina Varela por i; norar qué personas componían la misma, y el paradero di éstas. En agosto 14 de 1933 la demandante radicó una mo¡ ción sobre publicación de edictos, sin jurar y sin estar acoml pañada de affidavit de méritos, para que los herederos des! conocidos fueran requeridos de pago mediante la publicacióii de edictos en el periódico “La Correspondencia”.una vez pen semana y por un término no menor de un mes. La cort(| dictó la orden correspondiente y se publicaron los referido edictos no en el periódico mencionado sino en “El País” Continuó en sus trámites el ejecutivo, se ejecutó y subastó I finca, adquiriéndola la acreedora hipotecaria el día 5 de diciembre de 1934.

Cinco años más tarde la Sucesión de Francisco Molinal Varela, compuesta de sus hijos, estableció esta acción de| nulidad de procedimientos hipotecarios y reivindicación ale-gando que el ejecutivo sumario a que nos hemos referido es| nulo por los siguientes motivos:

“A — -La corte ordenó el requerimiento de pago mediante un escrito inicial enmendando (sie) radicado mucho tiempo después de expedida por el Registrador de la Propiedad, la certificación que exige el Reglamento para darle jurisdicción a la corte para actuar en procedimientos ejecutivos hipotecarios.
“B — El procedimiento ejecutivo hipotecario se tramitó contra personas ficticias por alegarse que no se conocían los herederos de don Francisco Molina Varela, ya que a. la ejecutante le constaba y al Márshal de esta Corte de igual modo, que la Corte de Distrito de San Juan había declarado quiénes eran y al notificarse a Marta Hernández en la casa donde vivía le informó al Márshal de quiénes eran los herederos.
“C — Que la publicación de edictos para la notificación no se hizo en virtud de declaración jurada exponiendo los méritos del caso, no ludiendo adquirir la corte jurisdicción sobre la supuesta sucesión ■esconoeida.
I “D — Que la publicación por edictos se hizo en periódico distinto ■el señalado por la corte en su orden de publicación.
I “E — Que al ordenarse el remate de la finca hipotecada no hubo la previa tasación de la finca, a los efectos de la subasta que había lie celebrarse de acuerdo con la ley vigente al tiempo de dictarse la' orden de remate.”

I Practicada la prueba de la demandante, la demandada formuló una moción de nonsuit haciendo constar que some-ría el caso sin prueba. La corte inferior en la opinión que pictó para sostener su sentencia declarando con lugar la de-Imanda y nulo el procedimiento ejecutivo hizo constar que no [se habían probado los motivos de nulidad “A” y “B” pero sí el “C”, y que siendo éste suficiente para declararlo nulo no consideraba necesario resolver los marcados con las le-tras “D” y “E”.

Apeló la demandada y en este recurso alega que la corte inferior erró al resolver que la Corte de Distrito de San Juan no adquirió jurisdicción sobre la Sucesión de Francisco Molina Varela en el ejecutivo sumario, cuya nulidad decretó, fundándose en que la moción solicitando la citación de los demandados mediante la publicación de edictos no está ju-rada.

El artículo 128, párrafo segundo, de la Ley Hipotecaria dispone lo siguiente:

“Se requerirá al deudor de pago si residiere en el lugar en que radica la finca y se supiere su domicilio; bastará en otro caso, que se requiera al que se halle al frente de la finca en cualquier concepto legal, a fin de que ponga en conocimiento del dueño la reclamación.”

El párrafo cuarto del artículo 171 del Reglamento para la ejecución de dicha ley preceptúa que:

“Cuando quiera que el requerimiento de pago no se evacúe en el domicilio de aquel a quien el pago incumba, ni tampoco se en-tienda con apoderado o arrendatario que tenga a su cargo la finca, se publicará además por medio de edictos, que se insertarán en la Gaceta de la isla correspondiente, y en tal caso, el término de treintaB días empezará a contarse desde la publicación en dicho periódiccM oficial. ’ ’ ■

Y el último párrafo del artículo 176 de dicho BeglamentcM dice que : H

“Las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigentes en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, serán aplicables a estos procedi-mientos como supletorias, en cuanto no se opongan a lo prescrito en la hipotecaria y en el presente reglamento.”

La corte inferior "basándose en este último precepto y en el hecho de que esta Corte Suprema en. el caso de Vázquez Vda. de McCormick v. Gutiérrez, 52 D.P.R. 170, 175, dijo que la Ley de Enjuiciamiento Civil a que hace referencia el artículo 176, supra, ha sido suplantada por nuestro actual Código de Enjuiciamiento Civil, resolvió que era aplicable al caso de autos el artículo 94 de este último código que dis-pone que:

“Artículo 94. — Cuando la persona que deba ser citada resida fuera de la Isla, o se hubiere ausentado de ella, o si después de la debida diligencia no pudiere ser encontrada en la Isla, o se ocultare para que no pueda hacérsele la citación, cuando se ignorare su domi-cilio o si fuere una corporación extranjera sin gerente o agente comercial, cajero o secretario en la Isla, y así resultare comprobado H a satisfacción de la corte o del juez de la misma, por medio de decla-ración jurada y apareciese también de dicha declaración, o de la demanda jurada presentada, que existe motivo de acción contra el demandado que ha de ser citado, o que dicho demandado es parte necesaria o legítima en el pleito, la corte o el juez puede dictar una orden disponiendo" que la citación se haga por la publicación de edictos.”

Y concluyó, como hemos dicho antes, que por no haberse ju-rado la moción la corte no adquirió jurisdicción y todo el procedimiento es nulo.

El caso de Vázquez Vda. de McCormick v. Gutiérrez, supra, no tiene el alcance que ha querido darle la corte sen-tenciadora. Expresamente se dijo a las páginas 175 y 176:

H “ . . . No nos detendremos ahora a considerar, sin la. ayuda de ■ letrados, la posibilidad de que algunas disposiciones del antiguo ■digo puedan considerarse que han continuado en vigor como Hplementarias de la Ley Hipotecaria y su Reglamento.
H “La notificación de una petición enmendada al deudor hipotecario H la forma provista por el Código de Enjuiciamiento Civil equival-■ía a un absurdo. No .existe un ‘demandado’ dentro del significado ■ esa palabra, conforme la misma es usada en el Código de Enjui-■uníento Civil, a quien se pueda hacer la notificación. El deudor ■potecario, al ser notificado de una petición enmendada, no podría ■ntestar ni excepeionar a la misma.”

De manera que no puede decirse que para todos los trá-ites supletorios sean aplicables indefectiblemente las dispo-ciones del vigente Código de Enjuiciamiento Civil. • ¿Lo es artículo 94, supra ? Somos de opinión que la pregunta debe mtestarse en la negativa.

Repetidamente lia resuelto esta corte y así lo admite la. >rte inferior, que el requerimiento de pago al deudor en un rocedimiento sumario hipotecario equivale a 1a. notificación 3 una sentencia concediéndole treinta días para satisfacerla, Perales v. Corte, 43 D.P.R. 902; Arzuaga v. Corte, 43 D.P.R. 1001, 1007; ya que el auto de requerimiento que dicta la corte e acuerdo con el artículo 170 del reglamento, después de ¡caminar el escrito inicial y los documentos que a él deben compañarse “participa de la naturaleza de una sentencia or confesión sin celebración de juicio”, P. R. Leaf Tobacco Co. v. Aldrey, 13 D.P.R. 234; Perales v. Corte, supra, y Vázquez Vda. de McCormick v. Gutiérrez, supra. En el recurso ubernativo de González Martínez v. Registrador, 39 D.P.R. 35, se resolvió, según aparece del sumario, que:

“En los ejecutivos sumarios hipotecarios, siendo la orden de jquerimiento de pago un acto judicial que emana directamente del rez o la corte, a los funcionarios auxiliares de éste es a quienes unpete cumplimentarla. ’ ’

En el caso de Perales v. Corte, supra, se resolvió que si ien el requerimiento “es semejante al emplazamiento, ya que ior él se pone en conocimiento del deudor la existencia del procedimiento judicial iniciado contra él, pero ello no gme| ■decir que ambos actos sean enteramente iguales y deben rificarse con las mismas formalidades”, y después de citar] el artículo 176 del Reglamento, supra, se procedió a exanl nar no los artículos del Código de Enjuiciamiento Civil i gente, sino los artículos 275 y 262 de la Ley de Enjuicij miento Civil Española y los Comentarios de Manresa a I mismos, para concluir que no era necesario entregar copi de la escritura en que se constituyó la hipoteca al efectuar el requerimiento al deudor y se dijo' que ... no deben 1 tribunales por errores leves que no afecten los derechos sub| tanciales de las partes anular procedimientos que de heclj y de derecho son en verdad enteramente válidos”.

Si la orden de requerimiento de pago es un acto judici que emana directamente del juez o la corte por haberse co vencido que el escrito inicial y los documentos que lo, acó: pañan cumplen con todos los requisitos legales y dicha orde| se dicta “sin más trámites” como dice el artículo 170 del r glamento, la orden sobre publicación de edictos, una vez di vuelto el auto diligenciado en forma legal por el mársh podría emanar del juez o la corte sin necesidad de moci alguna.

Nada hemos podido encontrar en la Ley de Enjuici miento Civil Española ni en nuestra Ley Hipotecaria y s Reglamento que exija que el escrito inicial en el ejecutiv sumario o la moción para que se publiquen los edictos c citación tengan que ser jurados por el acreedor reclaman! Siendo esto así, no puede sostenerse que sea un requisito ji risdiccional previo que se jure la moción solicitando se r quiera de pago a las personas desconocidas que componen 1 sucesión de un deudor hipotecario según requiere el artícul 94 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, para el empl zamiento por edictos del demandado en un caso civil eorrient*

El juez sentenciador por la conclusión a que llegó e cuanto al motivo “C”, supra, se abstuvo de resolver los me ■vos de nulidad “D” y “E” alegados en la demanda. La ■pelante en su alegáto se abstiene de discutir dichos motivos, ■ateniendo que debemos devolver el caso a la corte de ori-len para que tenga la oportunidad de pasar en primera ins-Baneia sobre los mismos. No tiene razón a nuestro juicio lues todas la's cuestiones fueron planteadas a dicha corte Iriginalmente y están ante nos a virtud de este recurso. Así lo hicimos constar al denegar un auto de certiorari en este Inismo caso, La Sociedad Protectora de Niños, etc. v. Corte, 58 D.P.R. 448, cuando dijimos que remitíamos a las partes ‘a la apelación pendiente para que se dicte allí la que pro-;eda, considerando todos los motivos de nulidad alegados en a demanda”.

En cuanto al motivo de nulidad marcado con la letra D”, que se refiere al hecho de haberse publicado los edictos sn un periódico distinto al mencionado en la orden de la corte, somos de opinión que, aunque es una práctica que no debe seguirse, a lo sumo constituye una irregularidad que no conlleva la nulidad del procedimiento. Lo importante es que en efecto se hayan publicado los edictos y este hecho quedó comprobado en el presente caso. De Jesús v. Colón, 51 D.P.R. 384; Federal Land Bank v. León, 56 D.P.R. 887.

Por iiltimo, se alega en la letra “E” que el ejecutivo sumario es nulo porque al ordenarse el remate de la finca hipotecada no se hizo la tasación previa de la misma.

Del escrito inicial en dicho procedimiento aparece que la hipoteca fue constituida el día 11 de noviembre de 1924 y que el propio ejecutivo se inició el 12 de septiembre de 1932., celebrándose la subasta el 28 de marzo de 1934. Tenemos, por lo- tanto, que a la fecha de otorgarse la escritura en que se constituyó la hipoteca en el 1924 todavía no estaba en vigor la Ley 69 aprobada el l9 de mayo de 1931 (pág. 433) enmendando el artículo 127 de la Ley Hipotecaria requiriendo que en la escritura de hipoteca se haga constar el precio en que tasan la finca los contratantes para que sirva-de tipo' a. la primera subasta, habiéndose resuelto por esta corte en caso de Iglesias v. Registrador, 43 D.P.R. 19, que dicha I era solamente aplicable a escrituras que se otorgaran ccl posterioridad a la fecha en que dicha ley empezó a regir.

Asimismo en el caso de Emanuelli v. Corte, 49 D.P.R. 775, resolvimos que en cuanto a hipotecas constituidas de, pues de la aprobación de la Ley núm. 69 de 1931'si no cons la tasación del inmueble hipotecado en la escritura “el acre' dor no estaría' en condiciones de ejecutar su crédito por 1| vía sumarísima”.

Ahora bien, el artículo 175 del Reglamento de la Ley H: potecaria en uno de sus párrafos dispone que:

“Los acreedores que tengan inscrito su derecho con anterioridai a la ley vigente podrán optar por este procedimiento sumario; mal cuando los títulos de sus créditos no expresen la conformidad de deudor con un precio determinado para la subasta, habrán de aere ditar esta conformidad, consignada en documento público, o pedñ] el justiprecio, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, par; preparar el anuncio de la subasta; entendiéndose siempre aplica-bles las reglas de esta sección, que señalan el tipo mínimo par-salvaguardar las responsabilidades preferentes. Las diligencias para| el nombramiento de perito se practicarán al verificarse el requeri-miento de pago y se entenderán con las mismas personas con quienes| aquél deba formalizarse.”

Este párrafo fué interpretado por esta corte en el caso de Henna v. Saurí & Subirá, 22 D.P.R. 836 en el sentido de que se refería a aquellas escrituras de hipotecas otorgadas con anterioridad al año 1893 que no estipulaban determinada valoración de la finca.

Por la Ley núm. 81 aprobada en mayo- 13 de 1936 ((1) pág. 433) se enmendó otro párrafo del artículo 175, supra, la cual enmienda no afectó el párrafo anteriormente transcrito y entonces esta corte, interpretando tanto la Ley 69 de 1931, supra, como la 81 de 1936, resolvió en el caso de Cotto v. Corte, 52 D.P.R. 567, 569, lo siguiente:

“Antes de 1893 un acreedor hipotecario no necesitaba hacer una previa tasación o valoración de la propiedad en la escritura. Sin Embargo, el artículo 127 de la Ley Hipotecaria de 1893 disponía que fce hiciera tal tasación, y el artículo 175 del Reglamento proveía la (manera de subsanar tal omisión en las hipotecas constituidas con (anterioridad a dicho estatuto si las mismas iban a ser ejecutadas (sumariamente. Entonces vino la ley de marzo 9, 1905 (Comp. 5295-[5303), y prescribió la forma en que se debían satisfacer las senten-cias. Desde 1905 hasta -1931 era innecesario que los acreedores ¡garantizados y los deudores acordaran en la escritura de hipoteca, o posteriormente, el precio que debía fijarse a la propiedad hipotecada. En 1931 la Legislatura aprobó la Ley núm. 69 de 1931 (Leyes de ese año, pág. 433), que reenaetó el artículo 127 de la Ley Hipotecaria en el sentido de exigir nuevamente que en las escrituras de hipoteca se hiciera constar el valor que debía, fijársele a las fincas en la ¡primera subasta, y lo enmendó en el sentido de exigir más de una subasta. Como resultado de esta ley, que este tribunal, en el caso de Iglesias v. Registrador, 43 D.P.R. 19, decidió era prospectiva,, se resolvió más tarde que si se otorgaba una hipoteca con posterioridad a la aprobación de esa ley, sin hacer constar el valor de la finca, el único remedio del acreedor era acudir a un pleito ordinario en ejecu-ción de hipoteca y que estaba impedido de recurrir al procedimiento sumario. Emanuelli v. Corte de Distrito, 49 D.P.R. 775.” (Bastar-dillas nuestras.)
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"Hemos leído cuidadosamente las leyes de 1931 y 1936 e. inter-pretado su aprobación en el sentido de expresar la intención legis7 lativa de poner en vigor un sistema completo para la valoración de propiedades antes de su venta, en forma algo similar a la existente entre 1893 y 1905. Creemos que la ley de 1936 comprende toda hipoteca inscrita con anterioridad a su aprobación. Además, somos del criterio de que la ley es retroactiva y que meramente afecta el procedimiento a seguirse en el ejecutivo sumario, cuando la escritura no expresa el precio mínimo en que debe venderse la finca en la primera subasta. Tal interpretación conduce a que se establezca un procedimiento uniforme para todos los ejecutivos sumarios.” (Bas-tardillas nuestras.)

Solicitada la reconsideración de este caso se denegó, Cotto v. Corte, 53 D.P.R. 367, diciéndose, sin embargo, en la opi-nión lo siguiente:

"Nos damos cuenta del peso de los argumentos presentados por la peticionaria. No obstante, la ley de 1936, supra, aunque se inti-tillaba enmienda, fné, eon nna alteración sin importancia, sustancial! 'mente una reenacción' del artículo 175 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria conforme el mismo ya existía en loa estatutos. Así pues, la legislatura* demostró una vez más su intenl eión de que el justiprecio de la finca era un requisito previo.indis-| pensable al procedimiento ejecutivo sumario.
“Es cierto que la peticionaria llama nuestra atención hacia eil hecho de que según el caso de Henna v. Saurí & Subirá, 22 D.P.R. 836, 848, este tribunal interpretó el artículo 175, supra, como quel se refería tan sólo a las escrituras de hipoteca otorgadas con ante-[ rioridad al 1893. Empero, dadas las leyes de 1931 y 1936, no pode-l mos llegar a otra conclusión que no sea la de que la legislatura tuvo! la intención de dar al artículo 175, según fué enmendado, un alcance! mayor. Este artículo restablece el remedio sumario a aquellas! hipotecas que caen bajo nuestra decisión en el caso de Emanuelli v. Corte, 49 D.P.R. 775.
“La peticionaria llama nuestra atención hacia la dificultad que podría surgir para los acreedores hipotecarios que han ejecutado sus gravámenes con posterioridad a 1936 en cobro de hipotecas otor-gadas con anterioridad a 1931 y que procedieron bajo la asunción | de que el justiprecio era innecesario. Tenemos la idea de que esos casos serán relativamente pocos y no se encuentran claramente ante nos. Es posible que semejantes hipotecas pudieran estar protegidas por el principio de stare decisis aunque no se nos ha pedido que hagamos tal declaración. Cuanto dijimos en sentido contrario en nuestra opinión principal debe interpretarse a la luz de la anterior posibilidad, de ser la doctrina de stare decisis aplicable.” (Bastar-dillas nuestras.)

La situación de hechos en el caso de autos es distinta a la que confrontó esta corte en el caso de Cotto, supra. Allí se ejecutó sumariamente, después de reenactado en el 1936 el artículo 175 del reglamento, una hipoteca otorgada con anterioridad a 1931 en la que no se había tasado la finca y se resolvió que para no hacer nulo el procedimiento debía cumplirse con las disposiciones del mencionado artículo 175 y hacerse la tasación antes de procederse a la venta. En la opinión dictada en reconsideración específicamente se dijo que en cuanto a aquellos casos en los que los acreedores que fa habían ejecutado sus gravámenes con posterioridad a 1936 en cobro de hipotecas otorgadas con anterioridad a 1931, sin haberse llenado el requisito del justiprecio, la decisión de-bería interpretarse a la luz de la posibilidad de ser la doc-trina de stare decisis aplicable.

Somos de opinión qne el caso de autos en el que la hipo-teca fné otorgada con anterioridad a 1931 y ejecutada suma-riamente también con anterioridad a 1936, es decir, antes de la interpretación que se le dió en el caso de Cotto v. Corte, supra, a las leyes 69 de 1931 y 81 de 1936, debe regirse por la doctrina de stare decisis, es decir, a la luz de lo resuelto en el caso de Henna v. Saurí & Subirá, supra, al efecto de que no era un obstáculo para poder acudir al ejecutivo su-mario el hecho de no haberse convenido en la escritura la tasación de la finca para la subasta y que el artículo 175 se refiere tan solo a las escrituras otorgadas antes de 1893, y, siendo ello así, hay que concluir que tampoco existe el mo-tivo de nulidad “E” alegado por los apelados.

* Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra decla-rando sin lugar la demanda, con costas.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino' en la deci-sión.


text:
    María McCormick Vda. de Serrano, demandante, apelante y apelada, v. Adela McCormick de Watson et als., demandados, apelados y apelantes.
    Núm. 8008.

    Sometido: Marzo 2, 1943.

      Resuelto: Abril 28, 1943.

      E. Maitines Rivera, abogado de la demandante, apelante y apelada; Bubón & Ochoteco y José Otero Suro, abogados de Helen, Catalina y Muriel Kierman McCormick y Catalina McCormick, demanda-das, apeladas y apelantes; R. H. Blondet, abogado de varios otros demandados, apelados y apelantes.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión, del tribunal.

María McCormick Vda. de Serrano inició acción en la Corte de Distrito de San Juan contra todos los herederos voluntarios de Harry A. McCormick y Hartman en la que solicitó se declarase nula la sentencia dictada por dicha corte en el caso núm. 11235 iniciado por dichos herederos contra los albaeeas nombrados por el causante en su testamento y a virtud de la cual se ordenó la partición de la herencia. El motivo de nulidad alegado por María McCormick Vda. de Serrano es que siendo ella una de las herederas de Harry A. McCormick incluidas en el testamento, ella no fue hecha parte en forma alguna en el caso núm. 11235. En la segunda causa de acción solicitó que la corte ordenara que la heren-eia del causante dejada a los herederos voluntarios aquí de-mandados acrece a favor de la demandante.

La corte inferior declaró con lugar la demanda en su pri-mera causa de acción y como consecuencia decretó la nulidad de la sentencia dictada en el caso núm. 11235, y sin lugar la demanda en cuanto a la segunda causa de acción.

Contra esta sentencia tanto la. demandante como los de-mandados (excepto los de apellido Watson McCormick) es-tablecieron recursos de apelación ante esta Corte Suprema.

Ahora bien, los demandados Helen, Catalina y Muriel Kierman McCormick y su madre Catalina McCormick esta-blecieron en tiempo su recurso de apelación separadamente del recurso presentado por los demás demandados que lo hicieron después de haber transcurrido él término legal para hacerlo y por dicho motivo fué desestimado el 12 de junio 'de 1942 a petición de la demandante apelada. Tenemos, por lo tanto, ante nuestra consideración el recurso de la deman-dante María McCormick Yda. de Serrano que ataca la sen-tencia en cuanto por ella se desestimó la segunda causa de acción de la demanda y el recurso de los demandados de ape-llido Kierman McCormick que la impugna en cuanto por ella se declaró con lugar la primera causa de acción de la de-manda. Consideraremos en primer término el recurso de estos demandados.

En la demanda se alegó que Catalina McCormick Vda. de Kierman y su hija menor de edad Helen Kierman McCormick, representada ésta por aquélla como madre con patria potestad, y Catalina y Muriel Kierman McCormick, eran residentes de East Orange, New Jersey. Sin haberse expedido por el secretario de la corte inferior el emplazamiento correspondiente, se solicitó por la demandante que la corte expidiera una orden disponiendo la citación de estos demandados mediante la publicación de edictos, habiéndose acompañado a la moción una declaración jurada de la demandante. La corte dictó la orden y el secretario expidió entonces el emplazamiento qne se publicó en La Correspon- H dencia de Puerto Rico. Dichas demandadas y aquí apelan- H tes no comparecieron y oportunamente se les anotó la rebel-1 día. Al ser notificadas de la sentencia recaída en el caso ■ 'establecieron el presente recurso y alegan que la corte infe- ■ rior erró al dictar sentencia declarando con lugar la demanda I en cuanto a su primera causa de acción, sin que hubiera ad-quirido jurisdicción sobre ellas “por carecer de eficacia y valor el pretendido servicio de la citación de estas demanda-das por medio de la publicación de edictos.”

En su alegato las demandadas exponen no menos de siete motivos, los que argumentan separadamente, para demostrar que la corte no adquirió jurisdicción sobre ellas. No consi-deramos nécesario entrar a considerar y resolver cada uno de ellos. La propia demandante en su alegato admite qu§ “ha examinado detenidamente la,argumentación de los ape-lantes en apoyo de su contención y está convencida de que si en realidad las irregularidades enunciadas se cometieron, la sentencia apelada no puede obligar a las apelantes, salvo mejor criterio de este Hon. Tribunal.” (Bastardillas nues-tras.) La demandante asimismo admite que el emplazamiento no fué expedido por el Secretario de la corte inferior antes de ordenarse por dicha corte la citación por edictos, pero sostiene que estando la demanda original jurada y habiéndose acompañado a la moción solicitando la publicación de edictos una declaración jurada de la que aparecía que los demanda-dos no residían en Puerto Rico, se cumplió con los requisitos del estatuto. Alega, por último, que la cuestión no fué plan-teada ante la corte inferior. Tienen razón las demandadas y no tenemos duda de que la sentencia dictada en este caso lo fué sin haberse adquirido por la Corte de Distrito de San Juan jurisdicción sobre ellas.

En el caso de Matos v. Agraít, Juez, 59 D.P.R. 291, esta corte tuvo ante su consideración una situación de hechos similar, pero en ciertos aspectos más fuerte, a la del caso de autos, y después de examinarse detenidamente la cuestión se resolvió y citamos del sumario^ que:

“La expedición por el secretario del tribunal de la citación o emplazamiento al demandado, es requisito previo para que pueda ordenarse la publicación de esa citación o emplazamiento en sustitu-ción de la notificación personal. La publicación sin la previa expedición del emplazamiento no confiere jurisdicción a la corte sobre la persona del demandado.”

En el curso de la opinión se Rizo constar por la corte que esta regla prevalece en California desde 1862, en que se re-solvió en People v. Huber, 20 Cal. 82 y en Puerto Eico desde Race treinta años en que se resolvió el caso de Huete v. Teillard, 17 D.P.R. 49.

En el caso de Matos, supra, era más fuerte la posición del demandante porque allí se demostró que se le Rabia en-viado por correo a los demandados que residían en España copia de la demanda la que fue recibida. En el de autos no hay constancia ni prueba alguna en los autos de que siquiera se cumpliera con dicho requisito ordenado por la corte.

La misma cuestión de estar la demanda jurada existía en el caso de Matos, supra, de manera que la argumentación de la demandante a que hemos hecho referencia en cuanto a ese particular carece de méritos.

Somos de opinión que la sentencia dictada en este caso en tanto en cuanto afecta a las demandadas de apellido Kier-man McCormick debe ser revocada.

Arguyen además estas demandadas que refiriéndose la sentencia cuya nulidad se decretó en esta acción a‘una sobre partición de derechos hereditarios, si se revoca dicha sentencia debe serlo en cuanto a todos los demandados ya que la partición es una unidad y no puede sostenerse que la sentencia sea válida en cuanto a unos demandados e inválida en cuanto a otros.

No podemos adelantar ni expresar opinión sobre esta cuestión pues nos confrontamos con el hecho de que el re-curso entablado por los demás demandados fue desestimado por esta corte desde el 12 de junio de 1942 y el mandato' re-mitido a la corte inferior. Tanto en cuanto a ellos como a los demandados de apellido Watson McCormick que no ape-laron, la sentencia es firme. Es a ellos a quienes afecta dicha sentencia y a ellos y no a las demandadas corresponde plan-tear ante la corte inferior lo que a su derecho corresponda en relación con el efecto y el alcance que pueda tener la re-vocación de la sentencia en cuanto a los demandados Kier-man McCormick.

Pasamos a considerar el recurso de la demandante por el que alega que la corte inferior erró al declarar sin lugar la demanda en la que se solicita que toda la herencia debía acrecer a la demandante por haber los demandados violado los términos del testamento de Harry A. McCormick especialmente en su cláusula vigésima que disponía lo siguiente :

“Vigésima: El heredero que atacare la validez de este testa-mento, no se conformare con sus disposiciones o ejecutare cualquier acto que fuere contrario a las mismas, perderá la herencia volun-taria que le ha sido conferida, acreciendo su parte a los otros here-deros ; y si todos ellos atacaren la validez de este testamento; violaren sus disposiciones o ejercitaren actos contrarios a ellas, el total de la herencia pasará a mi esposa doña Dolores Alcaide y Baiz en usufructo, y a su muerte será distribuida entre los establecimientos o sociedades de beneficencia que ella designare o en su defecto, a sus albaceas. ’ ’

Alegó la demandante en su demanda que por haber los demandados iniciado el pleito núm. 11235 contra los albaceas solicitando que se les hiciera entrega de sus respectivas par-ticipaciones en la herencia violaron la cláusula citada. Los demandados que comparecieron negaron que dicha acción tuviera ese alcance y además se probó que la propia deman-dante había iniciado' una acción, la núm. 6571 de la corte inferior, solicitando la administración judicial de los bienes del causante.

I La corte inferior al resolver la controversia se expresó ■n sn opinión así:

I “Creemos, sin embargo, que la demanda en cuanto a la segunda Bausa de- acción debe declararse sin lugar. En primer término, la ■emandante se encuentra en iguales condiciones que los demandados, for los autos del caso de esta corte, núm. 6571, presentado por ella lomo prueba, fué la primera en solicitar la administración judicial lie los bienes de su difunto hermano. Está in pari delicto.
I “Pero aunque así no fuera y aunque se hubiera concedido siete años 1 los albaceas y contadores partidores para desempeñar su cometido lllo no quiere decir que estas personas una vez pagadas las deudas Ir liquidado el caudal hereditario pudieran demorar innecesariamente la voluntad del testador. Por su última voluntad, Harry A. McCormick dispuso que sus bienes pasaran a poder de ciertas personas, ■¡orno herederos suyos, las cuales nombró; y era obligación de sus lilbaceas y contadores partidores, al aceptar esos cargos, dar cum-plimiento a las disposiciones expresadas por el difunto en su testamento, cuando estuvieran en condiciones de hacerlo; y si esa lera la obligación de los albaceas, tenía que surgir el derecho corre-.ativo de los herederos para exigirla.
“Aunque no igual al presente, entresacamos la anterior doctrina de la Sentencia del Tribunal Supremo de España de 12 de enero le 1903. Copiamos del syllabus:
‘Que si la prohibición de promover el juicio voluntario de tes-tamentaría a que se refiere el art. 1039 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha de producir todos sus efectos, es preciso, conforme al sentido y' espíritu del art. 1045 de la misma, no sólo que el testador haya nombrado una o más personas con el carácter cL aliáceas, contadores o cualquier otro, sino que las designadas se hallen dispuestas a prac-ticar extrajúdicialmente todas las operaciones de la testamentaría, pues que de otra suerte resulta un caso igual a aquel en que no se haya cuidado el testador de hacer designación de los cumplidores de su voluntad.’ (94 Jurisprudencia Civil 627)
“Véanse además por analogía las Sentencias del Tribunal Supremo de España de 24 de noviembre de 1900 (90 J. C. 716) y 19 de noviembre de 1901 (92 J. C. 478).
“Los acontecimientos posteriores vinieron a demostrar que cuando se radicó el caso núm. 11235 los albaceas estaban en condiciones de liquidar y partir la herencia cosa que se hizo en menos de cuatro meses después de presentada la demanda; y si tal fué el caso, los herederos estallan en su derecho al reclamar las porciones heredita-rías que les habían sido dejadas por el testador. Al hacerlo así tral taban de hacer cumplir los deseos del testador según ellos fueroj expresados en su testamento. Más bien que violentar las disposicio nes testamentarias estaban tratando de hacerlas efectivas.”

Tomando en consideración todos los hechos concurrente! somos de opinión que la corte sentenciadora no cometió el error imputado y que el recurso de la demandante debe se] desestimado.

A virtud de todo lo expuesto, se declara con lugar el reí icurso de las apelantes Helen Kierman McCormick, Catalina y Muriel Kierman McCormick y Catalina McCormick por s] y como madre con patria potestad sobre su hija menor Heler, Kierman McCormick y se revoca la sentencia apelada en tanta en cuanto a dichas demandadas afecta por haber sido dictada sin jurisdicción sobre ellas, y se confirma en cuanto por ella se desestimó la segunda causa de acción.

Los Jueces Asociados Sres. Travieso y De Jesús no| intervinieron.


text:
    Georgina Luisa Lokpez Finlay, demandante y apelada, v. Víctor Luis Lokpez, Eurípides Silva Garrastazú, et al., demandados y apelantes.
    Núm. 8628.

    Sometido: Marzo 11, 1943.

      Resuelto: Abril 28, 1943.

      Rafael Buscaglia y Arcilio Alvarado, abogados de los apelantes de apellidos Garrastazú y Silva Garrastazú; Mariano Acosta Velarde, Federico Acosta ■Velarde. y Daniel Pellón, Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Está envuelta en este recurso la determinación del al-cance del mismo poder otorgado por la demandante apelada a favor de su padre que ya fué objeto de interpretación por esta corte en el caso núm. 8520 de Georgina Luisa Lokpez Finlay v. Víctor Luis Lokpez et al., resuelto el 25 de marzo de 1943, ante, pág. 618. A virtud de- dicho poder el padre como apoderado de su hija obtuvo de Eurípides Silva Pabón un préstamo por $4,000 que garantizó con hipoteca sobre una finca propiedad de la demandante. La corte inferior dictó sentencia declarando nulo e inexistente el contrato de prés-tamo e hipoteca, primero, porque' el poder otorgado por la demandante no le concedió autoridad a su padre para tomar dinero a préstamo y, segundo, porque el contrato de prés-tamo nunca fué ratificado por la demandante.

Los apelantes al argumentar el primero y segundo señalamientos de error sostienen que la corte inferior erró al basar su sentencia única y exclusivamente en que el poder no concedía autoridad para tomar dinero a préstamo cuando la demanda, por su título y por su súplica, lo único que planteaba era la nulidad del contrato de hipoteca no estando en controversia el contrato de préstamo.

Una somera lectura de las alegaciones de la demanda de-muestra que'no tienen razón los apelantes. De la demanda se hicieron formar parte tanto el poder como el contrato de hipoteca y específicamente se alegó que Víctor Luis Lokpez no tenía facultad para actuar en nombre y representación de su hija. Aun cuando el título de la acción fuera el de nuli-dad de contrato de hipoteca y que en la súplica se solicitara dicha nulidad, es bien sabido que ni el título ni la súplica de una demanda forman parte de la causa de acción alegada, aunque pueden tomarse en consideración para mejor fijar su alcance. Peñagarícano v. Peñagarícano, 19 D.P.R. 494; Neumann v. Trujillo et al., 24 D.P.R. 304.

En la demanda se alegó la nulidad de la escritura de hi-poteca. La hipoteca se otorgó como garantía del préstamo. Si el mandatario no tenía facultad para tomar dinero a prés-tamo, mal puede sostenerse que la hipoteca constituida para garantizar dicho préstamo pueda subsistir gravando bienes de la mandante. La causa de acción alegada comprendía'la nulidad de todo el contrato de préstamo e hipoteca otorgado por el mandatario. Si alguna duda hubiera en todo caso sería aplicable el artículo 191 del Código de Enjuiciamiento Civil preceptivo de que el remedio que se concediera a favor del demandante por la corte al dictar sentencia, en cualquier caso en que hubiera contestación, puede incluir “lo que endo compatible con lo alegado en la demanda, estuviere mprendido en el asnnto objeto del litigio.”

Por el tercer señalamiento se alega qne la corte sennciadora erró al concluir qne el poder no autorizaba al dre a 'tomar dinero a préstamo. Al interpretar el alcance ¡1 poder esta misma cuestión fué resuelta en forma adversa la contención de los apelantes en el caso anteriormente ci,do y a lo que allí dijimos nos remitimos.

Alegan además los apelantes que la corte sentenciajora erró al resolver que el contrato de hipoteca no había do ratificado por la demandante. Para sostener este señalamiento arguyen que el contrato fué ratificado, primero, mejiante instrucciones verbales y escritas dadas al demandado íetor Luis Lokpez; segundo, mediante el reconocimiento nplícito de la deuda pagando intereses sobre la misma y jrcero, por haber la demandante revocado, mediante escriira pública, el poder otorgado a su padre.

Hemos examinado la prueba en este caso y somos de opi-ión que la corte sentenciadora no erró al llegar a la conclu-ión de que el contrato de préstamo e hipoteca no fué rati-cado. Este caso se diferencia del núm. 8520, Lokpez v. Lokpez et al., supra, por el hecho de que la corte admitió oda la prueba que los demandados ofrecieron para demos-car que la demandante había ratificado, expresa o tácita-rente, el contrato de hipoteca y por la apreciación que hizo e la misma concluyó que no hubo tal ratificación. La prueba ué contradictoria y la corte resolvió el conflicto dando cré-ito a la presentada por la demandante. En el tantas veces aencionado caso núm. 8520, supra, expresamente limitamos 1 alcance de nuestra decisión en esta forma: “No decimos ti resolvemos cuál pudo ser el alcance o el crédito que esa trueba (la no admitida) debió tener o merecer en la mente Leí juzgador . . . ”. Somos de opinión que la corte inferior lo cometió manifiesto error en la apreciación de la prueba * que, en todo caso, dicha prueba no fué suficiente para de-nostrar la ratificación alegada.

Tampoco tienen razón los demandados al soster que el contrato fue ratificado por la demandante por el hec| de haber ella revocado el poder que había conferido a padre. De acuerdo con el artículo 1624 del Código Civil (íl 1930) el mandante puede revocar el mandato a su volunt en cualquier momento. Dicha revocación sólo implica q desde ese momento carece el mandatario de facultad pa| obligar por sus actuaciones al mandante, pero en forma guna puede implicar que el mandante haya ratificado ó í chazado las actuaciones del mandatario mientras el pod| estuvo en vigor.

.Por último alegan los apelantes que la corte senttj ciadora erró al resolver que la demandante no viene obliga a restituir aquello en que .se enriqueció, según lo dispuei en el artículo 1256 del Código Civil al efecto de que: ‘ ‘ cuan< la nulidad proceda de la incapacidad de uno de los conti tantes, no está obligado el incapaz a restituir sino en cuan se enriqueció con la cosa o precio que recibiera.”

Asumiendo, sin resolverlo, que las disposiciones de es artículo sean aplicables a los hechos de este caso, no se pro por los demandados que la demandante se enriqueciera alguna forma con los $4,000 obtenidos por su padre a vi tud del préstamo. Las cartas que ella le escribió solicitan! le enviara $10,000 por sí solas no demuestran que ella reí biera dicha suma y por el contrario ella declaró que nun la recibió.

Debe confirmarse la sentencia apelada.