author: El Juez; Asociado Seño®, Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Rivera Santiago, acusado y apelante.
    No. 5196.

    Sometido: Enero 17, 1934.

      Resuelto: Febrero 24, 1934.

      Luis F. Camacho, abogado del apelante; B. A. Gomes, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez; Asociado Seño®, Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso en que la Corte de Distrito de Guayama dictó sentencia contra el apelante en una causa criminal. El caso se inició en la Corte Municipal de Patillas. El récord de la apelación para ante la Corte de Distrito de Guayama fué radicado en esa corte el 22 de diciembre de 1932. El juicio se celebró en marzo 7, 1933. En dicbo día y aparentemente antes de comenzar el juicio el apelante ra-dicó una moción solicitando el archivo y sobreseimiento del caso por no haber sido éste señalado dentro de diez días de recibidos los documentos en la corte de distrito. El apelante se fundó en el quinto inciso del artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal que lee como signe:

“El juez de paz remitirá el sumario dentro del quinto día al tribunal de distrito, el cual dentro de los diez días de su recibo seña-lará día para la celebración del - juicio, citando al Fiscal y al acu-sado.- . En el acto del juicio se podrán aducir nuevas pruebas o-re-producir aquéllas que el juez -de paz hubiere admitido o rehusado. El tribunal decidirá definitivamente sobre la admisión de tales prue-bas y después de practicarlas y oír a las partes, dictará dentro del segundo día fallo definitivo, condenatorio' o absolutorio, ordenando la libertad del acusado si estuviere preso, en caso de un fallo abso-lutorio.”

Respecto a ese inciso Remos resuelto antes y particularmente en el caso de El Pueblo v. Acosta, 40 D.P.R. 471 que el estatuto es imperativo, y en el caso citado la acusada fué absuelta porque el juez no dictó sentencia dentro de dos días según exige el referido artículo. Es de notarse que en ese caso el juez tenía los procedimientos en sus manos para dictar fallo y dejó de cumplir con el estatuto; Aunque éste es imperativo, cabe preguntar: ¿Es por sí mismo ejecutorio! ¿Sobre quién recae el deber de ejecutarlo! El artículo 29 trata de varios extremos, y todos ellos no tienen necesariamente que considerarse de la misma manera. Tenemos la analogía del caso de Ledesma v. Agrait, 19 D.P.R. 566, donde la cuestión a resolver por el tribunal fué en qué casos un mandatario puede adquirir los bienes de su mandante. Esa adquisición no podía efectuarse bajo ciertas condiciones a causa del artículo 1362 del Código Civil. Resolvimos en el curso de la opinión que todas las prohibiciones del estatuto no había que tratarlas necesariamente en la misma forma. Eso era así porque podían tal vez surgir diferentes situaciones o relaciones a virtud de las varias disposiciones del artículo.

Volviendo a los hechos del presente caso el apelante, al llegar el sumario a la Corte de Distrito de Guayama, no dió paso alguno para solicitar del Secretario o del Juez que se-ñalara el caso para juicio.

Consideremos los deberes del juez. Ordinariamente él no tiene que señalar un caso hasta que el secretario le llame la atención hacia el asunto.

Mejor podría esperarse del secretario de la corte que llame la atención del juez, pero dudamos que.ese deber sea imperativo a menos que el apelante gestione en alguna forma el señalamiento. Debe recordarse que ordinariamente un apelante no está muy ansioso de que su caso sea llamado para juicio. Por consiguiente en la mayoría de los casos él no pedirá su señalamiento. Quizá el fiscal de distrito podría solicitar el señalamiento, y desde luego, la corte lo podría bacer motu proprio. Tanto El Pueblo de Puerto Rico como el acusado deben tener interés en'que el caso sea señalado, pero cuando se consideran todas las posibilidades, ¿es el Pe-cho de que cualquiera de las personas mencionadas deje de solicitar el señalamiento del caso lo que la legislatura tuvo en mente? Cuando se considera la tácita aquiescencia de un apelante a la omisión de señalar, nos sentimos obligados a resolver que el carácter imperativo del estatuto sólo surge cuando alguien toma acción para darle efecto. En muchas jurisdicciones la radicación de una excepción previa o de otras muchas mociones similares no hace que la corte actúe sua sponte, sino que una de las partes tiene que pedir la ce-lebración de una vista.

Resolvemos, pues, que, bajo las circunstancias, el apelante, por haber ido a juicio sin haber solicitado un señalamiento, no puede insistir en el carácter imperativo del estatuto y puede resolverse que ha renunciado su derecho. Hasta donde hemos podido indagar, en apelaciones de cortes de paz y mu-nicipales, la práctica general en los Estados Unidos es que una de las partes solicite el señalamiento de la causa. Puede entonces surgir la duda de si el que se permita que un acu-sado quede disfrutando de plena libertad por razón de no haberle señalado su caso un funcionario de la corte, consti-tuiría un debido procedimiento de ley. No creemos que haya necesidad de considerar la constitucionalidad del estatuto, porque la interpretación que le hemos dado obviaría esa ne-cesidad.

En la discusión de este caso surgieron dudas respecto a si el estatuto debe o no aplicarse universalmente como impe-rativo. Hemos, pues, examinado las leyes para determinar si el artículo 29, supra, referente a apelaciones de juzgados de paz, es también aplicable a cortes municipales. Todas las leyes que rigen los juicios en las cortes municipales parecen ser las siguientes:

“Ley proveyendo para las apelaciones en causas criminales.
“Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Bico:
“Artículo 1. — Que cualquiera de las partes en una acción criminal originada' en una Corte de Distrito podrá apelar a la C'orte Suprema en la forma prescrita por el Título IX del Código de En-juiciamiento Criminal; y asimismo podrá cualquiera de las partes apelar para ante la Corte Suprema, en un causa criminal en que estuviere implicada la infracción de las leyes penales de Puerto Bico, originada en un juzgado municipal; Disponiéndose, sm embargo, que en causas originadas en un juzgado municipal, la apelación del fallo de la Corte de Distrito deberá interponerse dentro de los treinta días de haberse registrado la sentencia.
“Artículo 2. — Una apelación podrá interponerse p#ra ante la Corte de Distrito por el acusado solamente, del fallo definitivo de un juzgado municipal, en causa criminal, en la forma actualmente prescrita por la ley para las apelaciones de las sentencias de los jueces de paz; disponiéndose, que en tales casos la notificación del recurso se hará por el acusado, presentándola por escrito al secre-tario del tribunal sentenciador, dentro de los cinco- días de regis-trada la sentencia, debiendo dicha notificación venir acompañada de una fianza personal o pecuniaria, por la cantidad que fijare el tribunal, la cual no excederá de quinientos dollars y se ajustará a los requisitos impuestos por la vigente Ley para las fianzas en casos de apelación de las decisiones de los jueces de paz.
“Artículo 3. — Todas las leyes, órdenes y decretos que se opusie-ren a esta Ley, quedan por la presente derogados.
“Artículo 4. — Esta Ley empezará a regir desde el día primero de julio de 1904.
“Aprobada, mayo 28 de 1.9¡0d,” (Sesión Extraordinaria, pág. 17).
“Ley prescribiendo el procedimiento para los juicios de causas criminales en los juzgados municipales.
“Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Bico:
“Artículo 1. — Que el procedimiento para el inicio y la celebra-ción de juicio en causas criminales en los juzgados municipales, serán los mismos que dispone la ley para causas criminales en los juzgados de paz.
“Artículo 2. — Todas las leyes y partes de las mismas que se opu-■sieren a esta Ley, quedan por la presente derogadas.
“Artículo 3. — Esta Ley empezará a regir desde el primero de julio de 1904.
“Aprobada, mayo 28 de 1904.” (Sesión Extraordinaria, pág. 18).

Así, pues, no se proveyó específicamente lo que habría de 'hacerse con el caso después que llegara a la corte de distrito. La jurisdicción de las cortes municipales fué ampliamente aumentada. Con excepciones limitadas, su jurisdicción fué extendida a todos los misdemeanors. Por tanto, se aumen-taron las apelaciones. Cuando tantas apelaciones llegaban a las cortes de distrito, puede haber sido, y probablemente fué, la intención de la Legislatura, que las cortes de distrito de-bieran manejar sus propios calendarios, como es usual en ■cortes de registro. La idea puede haber sido diferente al tratarse de la jurisdicción limitada de las cortes de paz.

■ El segundo señalamiento de error, carece de importancia, según indica el fiscal. El acusado presentó excepción peren-toria a la denuncia por ser vaga e incierta, toda vez que de la misma no' podía determinarse si el proceso se incoaba a virtud del primero o del segundo apartados de la ley de ca-lumnia e injuria, Compilación de 1911, secciones 5691 a 5696. Es de notarse que la excepción perentoria no se fundó en duplicidad, y aparece suficientemente de la denuncia que se hizo el cargo de haber violado cada uno de los apartados referidos. En otras palabras, el acusado imputó a José Gr. Morales el ser hijo de una prostituta y haber tratado de co-meter violación. Aunque, según indica el fiscal, puede ser que la denuncia esté mal redactada y que algunas palabras contenidas en un cargo corresponden, más propiamente al otro, sin embargo, las palabras de la denuncia eran lo sufi-cientemente claras para informar al acusado de los hechos por los cuales fué procesado.

El tercer señalamiento de error se refiere a la aprecia-ción de la prueba por la corte inferior. La idea del apelante es que la persona contra quien se dirigió la calumnia no fué suficientemente identificada, pero liemos examinado las de-claraciones de los testigos de cargo y hallamos que la iden-tificación fué completa; en otras palabras, que la persona injuriada por la calumnia fué mencionada por su nombre.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado SeñoR Wolf,

license: Public Domain

text:
    Alfonso Figueroa Torres y su esposa Paula Rodríguez, demandantes y apelantes, v. La Sociedad Vives & Maxan, compuesta de sus únicos socios gestores José Vives y Rafael Maxan, y la Porto Rican American & Insurance Co., demandada y apelada.
    No. 5896.

    Sometido: Febrero 15, 1933.

      Resuelto: Febrero 24, 1934.

      López de Tord <& Zayas Bizarro, abogados de los apelantes; J. Henri Brown, G. Ruiz Nazario, G. E. González y G. Benitez Gautier, abo-gados de los apelados.
   El Juez Asociado SeñoR Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

De la prueba aducida en este caso, la Corte de Distrito de Ponce tuvo derecho a creer que Alfonso L. Figueroa, niño menor de doce años, salió súbitamente de un establecimiento en que estaba empleado, se precipitó frente a un camión, fué atrapado por una de sus ruedas, y muerto. La teoría de la demanda era que el camión caminaba rápidamente y que el conductor del mismo no atendía debidamente a su deber. Algunos de los testigos dijeron que el cuerpo del niño fué ha-llado entre las ruedas delantera y trasera del camión. Otros testigos declararon que el cuerpo del niño servía de calzo a la rueda delantera. La corte halló que el camión no mar-chaba a velocidad excesiva y que se detuvo como a uno o dos: metros del sitio en que el niño fué arrollado. La corte tam-bién halló que debía darse preferencia decidida a las decla-raciones de los testigos de la demandada, y que gran parte del testimonio de los testigos de los demandantes era in-creíble.

Es un hecho curioso en el caso que los apelantes en su alegato sostengan que el conductor del camión estaba equivocado al decir que tuvo que dar contramarcha al vehículo a fin de permitir que el cuerpo del niño fuese sacado, toda vez que hubo testigos que .manifestaron que el niño fué sacado sin que hubiera tal necesidad. Este es un fuerte hecho material para sostener la conclusión de la corte, obtenida de las declaraciones de los testigos, de que el camión no podía ir marchando a mucha velocidad. Desde luego, la corte no se basó en este testimonio específico, sino que llegó a su conclusión revisando toda la prueba. La corte halló que la calle en qué ocurrió el accidente estaba en malas condiciones; que el accidente sucedió en momentos en que el camión iba a tomar una curva y que bajo las circunstancias sería difícil, si no imposible, para el camión marchar a mucha velocidad.

Una de las teorías de los apelantes es que la doctrina de la última oportunidad para evitar el daño podía ser invocada; que el conductor del vehículo tuvo ocasión dé ver el peligro que el niño corría y que no lo hizo así debido a que trataba de saludar unas muchachas en aquel momento. La corte pudo haber creído o no la prueba relativa a tal saludo, mas todo el mundo sabe que una persona que guía un vehículo puede hacer un saludo casual sin desviar seriamente su atención del vehículo que conduce. Bajo los hechos y conclusiones del caso, no vemos cómo podría aplicarse la doctrina de la última oportunidad para evitar el daño.

Los apelantes hacen el señalamiento de error corriente respecto a la apreciación de la prueba por la corte inferior, pero, de acuerdo con los anteriores hechos, creemos que puede hacerse caso omiso de este error. Igualmente del conflicto relativo a si el conductor tocó o no bocina.

A instancias de los demandantes, la corte hizo una inspección ocular del sitio en que ocurrió el accidente. El juez hizo que se trajera el camión y lo guió él mismo con el propósito de ver cómo ocurrió el accidente. De igual modo ■ordenó que el conductor del camión hiciera un experimento :similar. Posteriormente, la corte hizo un informe escrito sobre el resultado de la inspección. Este informe fue archivado en la Corte de Distrito de Ponce, pero los apelantes sostienen que el mismo nunca les fué notiñcado. No obstante, ellos no presentaron moción de nuevo juicio ni moción alguna tendente a corregir cualquier impresión errónea que pudiera haber tenido el juez con motivo de haber él mismo guiado el vehículo.

En apelación, se señala como error que el juez debió ha-ber dado á ios demandantes y apelantes la oportunidad de ofrecer prueba adicional, de conformidad con nuestra deci-sión en el caso de Martínez v. Rodríguez, 26 D.P.R. 6. Cree-mos que, dados los hechos de este caso, el haber dejado la corte o el secretario de la misma de notificar a los deman-dantes y apelantes del resaltado de la inspección, no fné nn error perjudicial, si es que hubo tal error. En verdad, se-gún la prueba, no vemos que fuera realmente necesaria una inspección. Los letrados de los apelantes se bailaban pre-sentes en el momento en que se hizo la inspección ocular y ellos no se opusieron a que el juez guiara el camión ni le pidieron entonces que se les diera la oportunidad de ofrecer cualquiera otra evidencia demostrativa.

Los apelantes insisten en que el juez cometió error al guiar el camión él mismo, toda vez que, aunque admiten que el juez sabe guiar un automóvil corriente, no demostró baber tenido la necesaria experiencia para conducir un camión o que tuviera licencia para guiar tal vehículo. Non constat que la experiencia que pueda tener cualquier chauffeur por baber guiado un vehículo corriente, no sea suficiente para que le permita hacer el experimento que aquí se practicó.

Se comentó algo respecto a que esta clase de evidencia demostrativa no debería permitirse que constara en autos. Según hemos indicado, no creemos que fuese muy necesaria para la decisión del caso, pero tomando todo en consideración, el proceder de la corte al hacer el experimento que hizo, debe ser aprobado, y lo es, por el peso de las autoridades. Cheetham v. Union R. Co., 58 Atl. 881; Chicago etc. Co. v. Champion, 32 N. E. 874; 2 Jones on Evidence (2d ed.) pág. 1364, Sección 731 et seq.

No hallamos que se cometiera error, y debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldkey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Guzmán, acusado y apelante.
    No. 5325.

    Sometido: Enero 30, 1934.

      Resuelto: Febrero 24, 1934.

      B. Atiles Moréu, abogado del apelante,- B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué condenado por delito de violación de una niña menor de catorce años. Su apelación se funda en' que la acusación no le imputa un delito y en que fué errónea la resolución de la corte inferior que le negó el nuevo juicio que solicitó.

Dice que al expresar la acusación que yació con la niña menor de catorce años no le imputa el delito de violación porque “yacer” no significa tener contacto carnal con una persona según las definiciones que de- esa palabra tienen el Diccionario General Etimológico de Roque Barcia y el nuevo Diccionario Enciclopédico de Larousse Ilustrado. Sin embargo, en el Diccionario de la Real Academia Española de 1925 (décimoquinta edición), una de las acepciones del verbo “yacer” es “Tener trato carnal con una persona.”

Solicitó el apelante un nuevo juicio fundado en que el veredicto del jurado no fué impareial y justo toda vez que el presidente del jurado, Juan Orta, tenía el deliberado propósito de declarar culpable al acusado teniendo conocimiento de los becbos y una opinión de culpabilidad absoluta, y, además, de otros becbos conectados con el acusado, los cuales conocía, por lo que antes y después de baber sido designado jurado parada vista de este caso tenía la opinión de culpabilidad absoluta y el propósito de obtenerla, según manifestaciones que bizo públicas al día siguiente del juicio en un club, exponiendo qne había perdonado varias veces al acusado pero que era hora de meterlo en el presidio para que escar-mentase, pues era un perseguidor de niñas, habiendo en una ocasión encerrado a cuatro niñas, a las que desfloró. En dos declaraciones suscritas y juradas (affidavits) hechas por dos personas, que fueron presentadas con la moción de nuevo juicio, se hace constar que Orta dijo públicamente en un club la noche siguiente al veredicto que el jurado había procedido con justicia al dar su veredicto de culpabilidad contra José Gruzmán en vista de los malos antecedentes del acusado reali-zados con varias niñas, que habían llegado a su conocimiento, relatando la desfloración de cuatro niñas y otro caso come-tido con otra menor, y que todo eso lo dijo con el propósito de justificar el veredicto de culpabilidad que había dado en el jurado la noche anterior. En oposición a esa prueba pre-sentó el fiscal del distrito la declaración jurada {affidavit) de dicho presidente del jurado en la que declara que fue califi-cado como jurado para el juicio de José Gruzmán, de quien era amigo entonces, y que por la referencia de los periódicos no había formado opinión en el asunto ni tenía prejuicio contra el acusado: que al día siguiente de rendido el veredicto, mientras el mismo era comentado, fué informado por amigos y caballeros de la ciudad de otros muchos hechos atribuidos al acusado, que él no conocía antes, que llevaron a su ánimo la satisfacción del deber cumplido: que en el club hubo otros comentarios y allí dijo que se sentía tranquilo y satisfecho porque en ese mismo día, después de declarado culpable José Guzmán, había sabido por su amigo don Bartolo Morey, de Ponce, que se atribuían al acusado otros hechos delictivos semejantes a los que motivaron el veredicto y que había sa-bido además, después del veredicto, por el dueño de una casa de lavado y planchado (laundry) de la calle de Atocha, de Ponce, que él en persona había tenido que amonestar y ame-nazar a José Guzmán porque cometió una falta de respeto a una hijita menor suya: que en ningún momento ha dicho a persona alguna que tuviera conocimiento de esos hechos antes .de entrar en el juicio, ni de que de tales hechos hiciera mención en la deliberación del jurado y que antes de la vista del juicio no tenía conocimiento de los hechos que se le im-putaron al acusado, careciendo de prejuicio contra él.

No puede haber duda de que el acusado tenía derecho a un juicio justo e imparcial y que, en consecuencia, el jurado ante el cual se vea su caso no debe tener prejuicio contra él. También a que lo resuelva únicamente con la prueba que se presente ante el jurado. Por consiguiente, si se demuestra que todo el jurado o alguno de sus miembros tuvo prejuicio contra el acusado de tal modo que sus derechos substanciales hayan sido lesionados, debe concedérsele un nuevo juicio. Pero la prueba que se presente a la corte a la cual se pide el nuevo juicio ha de quedar sometida a la sana discreción de la corte, la que de acuerdo con ella ha de resolver si concede o no un nuevo juicio. Ha sido resuelto sobre esta cuestión por la jurisprudencia que cuando se aportan declaraciones juradas (affidavits) en pro y en contra de la solicitud surge una controversia que la corte tiene que resolver, y una vez resuelto el conflicto de las declaraciones, dicha resolución no será intervenida en apelación a menos que se demuestre un grave abuso de discreción o un manifiesto error. El Pueblo v. Sinigaglia, 13 D.P.R. 123; El Pueblo v. Español, 16 D.P.R. 216; El Pueblo v. Rosado, 16 D.P.R. 434; El Pueblo v. Calderón, 19 D.P.R. 934; El Pueblo v. Soto, 26 D.P.R. 446; 16 C. J., págs. 1154 y 1160, secciones 2650 y 2669.

El presidente del jurado admite en su declaración que hizo en un dub la noche siguiente al veredicto de culpabili-dad contra el apelante las manifestaciones que respecto a otros hechos análogos al que fué objeto del juicio le atribu-yen las declaraciones que presentó el acusado al solicitar un nuevo juicio pero niega que conociera dichos hechos antes del veredicto y afirma que llegaron a su conocimiento por varias personas después del veredicto y que esto fué lo que dijo en el club ante varias personas, y que nunca tuvo pre-juicio alg*uno contra el acusado. La evidencia que se sometió a la corte sobre esa cuestión fué contradictoria en el punto esencial de si los liecbos de otros actos anteriores análogos del acusado que el jurado relató en el club los-conocía antes del veredicto y los tuvo en cuenta para su voto en el vere-dicto, o si los supo después, conflicto que resolvió la corte en contra del acusado sin que veamos que cometió un manifiesto error o un abuso de su poder discrecional. En el caso de Gilleland v. The State, 44 Tex. 356, que era un caso de asesinato, se dice lo siguiente:

“La conducta reprobable de un jurado no constituye fundamento absoluto para un nuevo juicio. Pero en casos de esa índole debe someterse a la discreción de la sorte la cuestión de si la conducta re-probable del jurado ba sido de tal naturaleza que el acusado no ha tenido un juicio justo e imparcial. Y aunque la decisión de la corte negando el nuevo juicio que se ha solicitado por ese fundamento está sujeta a revisión como en cualquier otro caso sometido al ejercicio de discreción judicial, sin embargo, entendemos que esta corte debe pensar mucho para intervenir con la decisión de la corte inferior en vista de la mejor oportunidad que ha tenido ésta para observar y conocer todos los hechos ocurridos durante el curso del caso o que se han desarrollado durante la vista de la moción. Para que esta corte revoque una sentencia por el fundamento de que se ha negado una moción de nuevo juicio en semejantes casos, debe hacerse cons-tar claramente que el acusado probablemente ha sufrido una injus-ticia o experimentado algún perjuicio con la resolución de la corte. No podemos ver que tales sean los hechos en el caso de autos. Las declaraciones juradas ofrecidas en apoyo de la moción demuestran con razonable cei~teza que uno de los jurados que tomó parte en el caso había formado y expresado su opinión sobre la culpabilidad del acusado antes de que fuera citado como jurado, y por tanto no po-dría decirse que fuera un jurado imparcial. Si tales fueron los he-chos, y él contestó las preguntas que se le hicieron cuando se es-taba constituyendo el jurado de tal modo que quedó habilitado para formar parte del mismo, puede muy bien resolverse que él fué culpable de conducta reprobable como jurado, por lo cual una moción de nuevo juicio por ese fundamento podría propia-mente concederse. Pero las cuestiones alegadas en dichas declara-ciones juradas fueron positivamente negadas bajo juramento por el jurado; y él da una explicación que tiende a sostener su manifes-tación y a explicar la discrepancia entre lo que él manifestó sobre el caso y lo que ban expresado los testigos en sus declaraciones ju-radas. Es cierto que se lian presentado dos declaraciones juradas para sostener la moción de nuevo juicio y solamente una para con-tradecirla; pero no creemos que la decisión de la cuestión promo-vida por la moción de nuevo juicio deba depender necesariamente de que baya mayor número de declaraciones de una parte que de otra.”

Casos similares al presente y en los cuales se negó un nuevo juicio son los siguientes: State v. Underwood, 77 Pac. 863; State v. Moretti, 120 Pac. 102; Smith v. State, 114 Pac. 350, y Harris v. Hogges, 255 Pac. 685. En el caso resuelto por nosotros de El Pueblo v. Villaveitia, 43 D.P.R. 619, nos Remos expresado así:

“El apelante sostiene que la corte de distrito erró al declarar sin 'lugar una moción de nuevo juicio y al dictar sentencia. La última ■parte de esta contención se presenta como corolario de la primera, 'y no precisa discutirla separadamente.
“La moción de nuevo juicio se basó en unas manifestaciones que "se dijeron baber sido becbas por uno de los jurados después del ve-redicto. Esas manifestaciones, si se hicieron tal como constan en las ■declaraciones juradas que se radicaron en apoyo de la moción, reve-lan una determinación fija, definitivamente formada antes del juicio, ■de condenar al acusado, independientemente de la evidencia que se aduciría en el mismo. De ser ciertas, esas manifestaciones hubieran '■requerido la concesión de un nuevo juicio, y, si las declaraciones ju-radas que se acompañaron a la moción no hubieran sido eontradi- • chas, la negativa de la moción hubiera constituido un error justifi-cativo de la revocación. El jurado, sin embargo, negó en una con-tradeelaración jurada haber hecho las manifestaciones que se le atri-buían, y los affidavits de otros jurados se pronunciaron en el sentido .de qu-e la conducta de él y sus conversaciones a través del juicio no ,daban idea alguna de predisposición o prejuicio contra el acusado. ■Debe presumirse que el juez sentenciador consideró esta cuestión .de hecho al declarar sin lugar la moción y si bien una conclusión .de hecho específica hubiese sido mucho más satisfactoria, no creemos .que estaríamos justificados en alterar el resultado.”

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova D,Ávila,

text:
    Marcelino Manuel Pérez y Pérez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 912.

    Sometido: Enero 30, 1934.

      Resuelto: Febrero 24, 1934.

      Monserrat & Monserrat, abogados del recurrente; -el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Córdova D,Ávila,

emitió la opinión del tribunal.

Embargada para el cobro de contribuciones una finca ur-bana de la propiedad de Gerardo L. Despiáu Balseiro y ano-tado el embargo en el registro de la propiedad, procedióse más tarde a la venta del inmueble en pública, subasta, ha-biendo sido adquirido el mismo por el acreedor hipotecario y recurrente, Marcelino Manuel Pérez. Con posterioridad al embargo anotado en el registro a favor de El Pueblo de Puerto Rico y de la venta del inmueble al. recurrente, se anotó otro embargo a favor de Rita Castelló Camps, quien promo-vió demanda en cobro de pesos contra el referido Gerardo L. Despiáu Balseiro.

El certificado de venta expedido a favor del recurrente fue inscrito oportunamente en el registro de la propiedad, quedando vigente el embargo anotado a favor de Rita Cas-telló Camps. Consumada la venta por haber expirado el pe-ríodo de redención, el recurrente solicitó la cancelación del referido embargo, que fué negada por el registrador por las razones apuntadas en la siguiente nota:

“Denegada la cancelación del embargo solicitada en el certificado de venta expedido el 10 de mayo de 1932 por Lucas Jiménez, Colector de Rentas Internas de San Juan, y en un escrito suscrito bajo affidavit No. 8100 por Marcelino Manuel'Pérez y Pérez, por obser-varse que no apai’ece notificada Rita Castelló Camps a cuyo favor está anotado el embargo, ni ésta ba prestado su consentimiento para la cancelación; tomándose en su lugar anotación preventiva por ciento veinte días. ...”

Se alega que el registrador recurrido erró al denegar la cancelación solicitada, basándose en que Rita Castelló Camps no fué notificada ni ha prestado su consentimiento a tal can-celación, y se arguye que la parte recurrida no tuvo en cuenta el párrafo segundo del artículo 82 de la Ley Hipotecaria, que dice así:

“No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las inscripcio-nes o anotaciones a que el mismo se refiere, podrán cancelarse sin los requisitos expresados, cuando quede extinguido el derecho inscrito por declaración de la ley, o resulte así de la escritura inscrita.”

T el párrafo anterior a que se hace referencia en la excep-ción anteriormente copiada, dice así:

“Las inscripciones o anotaciones preventivas, hechas en virtud de-escritura pública, no se cancelarán sino por providencia ejecutoria contra la cual no se halle pendiente recurso de casación, o por otra escritura o documento auténtico, en el cual exprese su consentimiento-para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiese hecho la ins-cripción o anotación, o sus causa-habientes o representantes legíti-mos. ’ ’

Arguye el recurrente que adquirió la finca de buena fe, sin el gravamen apuntado, el cual de hecho y de derecho ha. quedado extinguido por declaración de la ley, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Hipotecaria y el 347 del Código Político.

E¡1 artículo 79 de la Ley Hipotecaria dispone en su inciso-segundo que podrá pedirse y deberá ordenarse la cancelación total cuando se extinga por completo el derecho inscrito-Hemos examinado este artículo de la ley en relación con el. 132 de su reglamento, que especifica los casos en que se con-sidera extinguido el derecho inscrito, y no vemos que tenga aplicación a la cuestión que aquí se ventila.

Convenimos en que el embargo anotado a favor de Rita Castelló Camps únicamente puede surtir efecto con respecto a poste'riores asientos en el registro de la propiedad, y para nosotros es claro que la anotación previa a favor de El Pueblo de Puerto Rico no puede ser afectada por el asiento posterior. Pero, ¿debe el registrador clasificar la prioridad de derechos entre las partes y cancelar la anotación sin el con-sentimiento de la parte por la misma favorecida? No sabe-mos que exista ninguna disposición en la ley que autorice esta actuación de parte del registrador.

No debemos olvidar que la anotación de un embargo crea un estado de derecho a favor de la parte que lo obtiene, que se trata en este caso de una anotación practicada en virtud de mandamiento judicial y que en ausencia de una disposi-ción al efecto, el registrador no debe cancelar esa anotación sin haberse cumplido con las disposiciones prescritas por la ley.

Los preceptos de los artículos 82 y 83 de la Ley Hipote-caria son aplicables a las anotaciones preventivas y existe en ellas un grupo, el de las anotaciones judiciales, en el que los dos primeros párrafos de dicho artículo 83 tienen excepcio-nal importancia, ya que siempre han de hallarse constituidas en virtud de providencia judicial. De acuerdo con el artículo 83, si constituida una inscripción o anotación por providencia judicial convinieren válidamente los interesados en cancelarla, acudirán al juez o al tribunal competente por medio de un escrito, manifestándolo así, y después de ratificarse en su contenido, si no hubiese ni pudiese haber perjuicio para ter-cero, se dictará providencia ordenando la cancelación. Tam-bién dictará el juez o el tribunal la misma providencia cuando sea procedente, aunque no consienta en la cancelación la persona en cuyo favor se hubiese hecho la inscripción o ano-tación.

Dice Morell, en el tomo 3°., página 493 de su obra sobre legislación hipotecaria que aunque los interesados estén con-formes en que se cancele la inscripción o anotación, es indispensable que acudan al juez o tribunal competente por medio de un escrito, manifestándolo así, y después de ratificarse en su contenido, si no hubiere ni pudiere haber perjuicio para tercero, se dictará providencia ordenando la cancelación. Agrega, que cuando sea procedente habrá también de decre-tarse esta cancelación, aunque no consienta en la misma la persona en cuyo favor se hubiere extendido el asiento que debe ser cancelado.

El artículo 140 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria dice en su inciso duodécimo que procederá la cancelación de una anotación preventiva cuando renunciare a su derecho la persona a cuyo favor estuviere la anotación constituida, si tuviere para ello aptitud legal. El artículo siguiente dice que si la inscripción o anotación se hubiese constituido por providencia judicial, deberá hacerse la renun-cia por solicitud escrita, dirigida y ratificada ante el mismo juez o tribunal que haya dictado la providencia. Morell dice en la página 524 de la'obra citada que la renuncia no basta, si no se hace por solicitud al juez, y ordenándose por éste la cancelación, apreciando previamente la capacidad y el de-recho del interesado.

La negativa del registrador no está en pugna con el ar-tículo 347 del Código Político que prescribe los requisitos que debe reunir el certificado que se expide a favor del com-prador cuando se vende un inmueble por falta de pago de contribuciones. Aunque el certificado presentado en el re-gistro reúna todos estos requisitos, el registrador no está autorizado a cancelar una.inscripción o anotación posterior cuando no se ha cumplido con los requisitos que la ley señala.

Bebe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Corcova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eduardo Rodríguez Vives, acusado y apelante.
    No. 5364.

    Sometido: Febrero 15, 1934.

      Resuelto: Febrero 24, 1934.

      José N. Valentín, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Corcova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Eduardo Rodríguez Vives fué acusado de un delito de robo en la Corte de Distrito de Aguadilla. Visto el caso ante un jurado, fué declarado culpable del delito que le fué impu-tado y sentenciado por la corte a sufrir la pena de ocbo años de presidio.

El único error atribuido a la corte inferior consiste en haber permitido que el acusado compareciera a juicio sin asistencia de abogado, a pesar de la reiterada declaración de insolvencia de dicho acusado, y de tratarse de un delito grave.

No se ha elevado a este tribunal transcripción de evidencia alguna. No consta que el acusado hiciera reiteradas declaraciones de insolvencia. No aparece que solicitara, ni se alega que hubiese solicitado, el nombramiento de un abogado para su defensa. En la única ocasión en que el acusado manifestó ser insolvente, fué cuando se le leyó la acusación. Copiamos a continuación lo único que con res-pecto a la alegada insolvencia del acusado aparece en el acta levantada cuando se leyó la acusación:

“Acta del Arraignment. — Hoy, 20 de julio de 1933, día señalado para la lectura de la acusación en esta causa, comparecieron El Pueblo de Puerto Rico representado por su Fiscal Sr. José Luis Caneio y el acusado en persona y sin abogado.
“Acto seguido y a preguntas del secretario, el acusado dijo lla-marse Eduardo Rodríguez Vives, que ése es su verdadero nombre, tiene 36 años de edad, vive en Aguadilla, sabe leer y escribir y es insolvente.”

El artículo 141 del Código de Enjuiciamiento Criminal, enmendado en 1905, ha sido cuidadosamente comentado e in-terpretado en la opinión de este tribunal, escrita por el Juez Wolf, en el caso de El Pueblo v. Plata, 36 D.P.R. 590. De acuerdo con dicho artículo, cuando se trata de un caso que envuelva reclusión perpetua, si resultare que el acusado no tiene abogado y que su pobreza no le permite emplear de-fensor, el tribunal designará uno o más letrados para defen-derlo gratuitamente. En todos los demás casos, quedará a la discreción del tribunal la designación de abogado.

En el caso de El Pueblo v. Plata, supra, dijo esta corte con respecto al ejercicio de la discreción judicial en casos de insolvencia:

“Aparece, tal como liemos indicado, que el acusado al comenzar el juicio solicitó del juez que presidía la corte que le nombrara un abogado. La corte creyó que la solicitud se había hecho demasiado tarde. No estamos de acuerdo con la corte. Cuando el acusado' soli-cita que se le nombre abogado, y especialmente cuando todos los in-dicios son de que el acusado es insolvente, creemos que es un abuso de discreción no nombrársele en un caso importante de delito grave, suponiendo, como lo hacemos ahora, que el nombrar un abogado sea enteramente discrecional. ’ ’

Presumimos, en ausencia de prueba en contrario, que la corte inferior cumplió con el deber de informar al acusado acerca de sus derechos a ser defendido por nn abogado. People v. Figueroa, 134 Cal. 159, 66 Pac. 202. Es este un deber que debe ser escrupulosamente observado, especial-mente en el momento de darse lectura a la acusación y es de esperarse que los tribunales, en acusaciones por delito grave, procuren cerciorarse de si el acusado es insolvente o no, para, en caso afirmativo, nombrarle un abogado que se encargue de la defensa. Repetimos lo que ya dijimos en el caso de El Pueblo v. Plata, supra. El cumplimiento de este deber no ofrecerá dificultades a los tribunales de justicia. En todos los distritos hay abogados que gustosamente, a una indicación de la corte, se prestarán a tomar a su cargo la representación de un acusado. Es verdad que hay abogados a los cuales no agrada intervenir en asuntos criminales, pero la situación cambia de aspecto cuando la corte los llama al •cumplimiento del deber. “Es una cuestión de honor para el foro. Los abogados jóvenes, especialmente, con frecuencia se alegran de tener la oportunidad de defender un caso.”

No habiéndose solicitado nombramiento de defensor, y en ausencia del más leve átomo de prueba indicativo de la insolvencia del acusado, debemos declarar sin lugar el error apuntado y confirmar la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob HtjtchisoN,

text:
    Angel Corbet, peticionario, v. La Corte de Distrito de Arecibo, Hon. R. Sancho Bonet, Juez, demandada.
    No. 291.

    Sometido: Enero 29, 1934.

      Resuelto: Febrero 24, 1934.

      Luis Mercader, abogado del peticionario; el Juez demandado R. Sancho Bonet, compareció en persona.
   El Juez Asociado Señob HtjtchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal (Estatutos de 1911, sección 6494) dispone lo siguiente:

“A menos que exista justa causa contraria, el tribunal decretará el sobreseimiento del proceso en los casos siguientes:
"1. Cuando una persona haya sido detenida para responder por la comisión de un delito público, siempre que no se haya presentado acusación contra ella en el término de sesenta días desde su deten-ción. . . ”

En el presente caso se radicó una acusación por el delito de homicidio involuntario más de seis meses después de arrestarse al acusado, y el juez de distrito declaró sin lugar una moción para que se sobreseyera la acusación. La mo-ción fue discutida en el momento de leérsele la acusación al peticionario, mas no se presentó prueba alguna. Incumbía al fiscal justificar por qué había dejado de radicar la acusa-ción dentro del período fijado por el estatuto. La moción debió haber sido declarada con lugar, a menos que el hecho admitido o aquellos hechos de que la corte podía tomar cono-cimiento judicial equivalieran a justa causa para la demora. La transcripción de la vista no demuestra que durante la discusión oral algunos hechos fuesen admitidos expresamente o aducidos sin objeción alguna. Al terminarse la discusión, se concedió a cada una de las partes nn término de cinco días para presentar nn memorándum. El acnsado radicó el snyo al quinto día. El fiscal lo archivó nna semana despnés.

Del memorándum presentado por el acusado se desprende que el fiscal de distrito en su disensión oral se basó en el becbo de que cuando asumió los deberes de su cargo bailó sin terminar una investigación anterior y se vió precisado a terminarla. Aparentemente esto fué cuanto el fiscal demos-tró en aquel entonces. Desde luego, tal demostración fué in-adecuada. El fiscal indica en su memorándum, presentado tardíamente, que él terminó la investigación y radicó la acu-sación dentro de sesenta días después de asumir los deberes de su cargo. Esto puede o no ser una explicación suficiente de la demora ocurrida después que se bizo cargo de su em-pleo. Evidentemente no explica la inactividad de su prede-cesor en el cargo. La cuestión en controversia era por qué no se babía radicado una acusación dentro del período esta-tutario y no quién era responsable de la demora. El acu-sado fué arrestado el 25 de marzo de 1933 o antes.' El fiscal en su memorándum replicó: que a la fecba en que el acusado cometió el supuesto delito, homicidio involuntario era un de-lito grave; que una ley aprobada el 4 de mayo de 1933, que empezó a regir el 3 de agosto, bizo que el homicidio invo-luntario fuese un delito menos grave; y que la acusación fué presentada en 2 de octubre, o sea dentro de sesenta días, a contar de la fecba en que fué posible imputar la comisión del delito como menos grave. Admitiendo, sin resolverlo, que el efecto de esta ley fué convertir en delitos menos graves los delitos graves cometidos con anterioridad a su aprobación, y que el juez de distrito pudo considerar esta idea concebida posteriormente, en ausencia de algo que demuestre que el fiscal de distrito anterior hubiese sido influido por ella, no podemos convenir en que la aprobación de tal ley dentro de sesenta días después del arresto fuera excusa suficiente para una demora de unos cinco meses, incluyendo los sesenta días transcurridos después que empezó a regir la ley. En ver-dad, ello no era justificación para dejar de archivar una acu-sación dentro de los sesenta días que sucedieron al arresto del acusado.

El fiscal en su memorándum también manifestó que du-rante los meses de mayo, junio y julio el fiscal de distrito anterior había estado ocupado, de acuerdo con instrucciones recibidas del Procurador General, en la investigación de máquinas automáticas (slot machines) y que durante julio, agosto y septiembre la corte se hallaba en vacaciones. Ad-mitiendo nuevamente, sólo para los fines de la argumentación, que la corte pudiera tomar conocimiento judicial de estos hechos, aducidos en un memorándum radicado diez o doce días después de la vista y una semana después de expirado el término concedido para la radicación de tal alegato, esta demostración había sido anticipada y resultó nugatoria a vir-tud de otros hechos expuestos en el memorándum del acu-sado, a saber: que en siete ocasiones durante el mes de abril se presentaron acusaciones en corte abierta,- que en mayo hubo siete díás disponibles para este fin, siete días en junio y seis en julio; que cuando la corte se declaró en receso en julio 31, habían transcurrido 125 días desde el arresto del acusado; que se convocó un término especial para el 1ro. de ¡septiembre y que en dicho día el nuevo fiscal de distrito pre-sentó veinte y nueve acusaciones; y que el fiscal de distrito anterior, en julio 12, 1933, a instancias del Procurador General, y como resultado de una investigación ya practicada, radicó en la Corte Municipal de Arecibo una denuncia por el mismo delito contra Antonio Rodríguez, y celebrado el juicio fue absuelto, y que luego fué que se persiguió a este acusado.

De la prueba ofrecida durante la vista celebrada a virtud de una orden para mostrar causa por la cual el juez de dis-trito no había obedecido un auto alternativo de mandamus , librado por este tribunal, se desprende: que en abril 15, 18, 20, 21, 24, 25 y 26 el fiscal anterior presentó en corte abierta ' y radicó 19 acusaciones, una de ellas por el delito de homi-cidio involuntario; que en mayo 8, 11, 16, 19, 22 y 26 pre-sentó y radicó 18 acusaciones, una de ellas por homicidio in-voluntario; que en junio 2, 3, 15, 17, 24, 26 y 30 presentó y radicó 36 acusaciones, tres de las cuales eran por homicidio involuntario; que en julio 13, 14, 19, 22, 28 y 31 presentó y radicó 21 acusaciones; y que al iniciarse el término, especial, en septiembre 1ro., el nuevo fiscal de distrito presentó en corte abierta y radicó 29 acusaciones, siendo dos de ellas por homicidio involuntario.

'Debe expedirse el auto perentorio solicitado.


author: El Juez Presidente Señor Del Turo,

text:
    Ex parte, José Rebollo López, peticionario.
    No. 93.

      Resuelto: Febrero 24, 1934.
   El Juez Presidente Señor Del Turo,

emitió la opinión del tribunal.

José Rebollo López, graduado de la “American School of Correspondence” de Chicago, Illinois, solicita nuevamente que se le admita al ejercicio de la abogacía sin examen invo-cando la Ley No. 78 de 1928 que en lo pertinente dice:

. todo aquél que, siendo ciudadano de los Estados Unidos, graduado de abogado en alguna universidad acreditada de Europa o de Estados Unidos probare a satisfacción del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que ha practicado durante cinco años por lo menos en algún bufete de un abogado autorizado para ejercer su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. . . , en ambos casos con ante-rioridad a la aprobación de esta ley, podrá ser admitido a ejercer en las cortes de Puerto Rico, sin examen. . .”

Alega el peticionario que viene practicando la profesión de abogado en el bnfete de nn abogado admitido por este tribunal desde el 25 de noviembre, 1924, y siendo ello así, de sn propia alegación se desprende qne no contaba con los cinco años de práctica qne exige la misma ley qne invoca qne em-pezó a regir el 11 de mayo, 1928.

Tampoco ha probado el peticionario qne en sn caso con-curra otro de los requisitos exigidos por la ley, o sea, ser graduado de alguna universidad acreditada de Europa o Es-tados Unidos.

Los casos de Ex parte Francisco López, 34 D.P.R. 965, Ex parte Enrique Ledesma, 34 D.P.R. 970 y Ex parte Rafael F. Marchán, 35 D.P.R. 1077, qne invoca el peticionario son muy distintos al suyo.

En el primero demostró Francisco López qne se había graduado de abogado en el Northern Illinois College of Law, acreditado, el 24 de mayo de 1912, más de diez años con an-terioridad a la aprobación de la Ley No. 17 de 1925, y qne había practicado por lo menos durante cinco años en bufetes de varios abogados autorizados para ejercer su profesión ante este Tribunal.

En el segundo Enrique Ledesma Figueroa probó haberse graduado en la Universidad de Barcelona, España, acredi-tada, el 30 de marzo de 1894, más de diez años con anterio-ridad a la aprobación de la Ley No. 17 de 1925, y haber prac-ticado durante cinco años por lo menos en el bufete de un abogado autorizado para ejercer ante esta Corte Suprema.

Y en el tercero Rafael F. Marchán demostró al igual que los anteriores que se graduó de abogado con más de diez años de anterioridad a la aprobación de la ley en un colegio acre-ditado de los Estados Unidos, el Northern Illinois College of Law, y que practicó en el bufete de un abogado autorizado para ejercer ante este tribunal durante cinco años por lo menos con anterioridad a la aprobación de dicha ley.

La ley aplicada en los casos de López, Ledesma y Mar-chán, supra, fué la No. 17 de 1925 para enmendar la sección 4 de la Ley No. 38 determinando regias para el ejercicio de la abogacía, de 1916. Leyes de 1925, pág. 135. Dicha sec-ción fné otra vez enmendada por la Ley No. 78 de 1928 (Le-yes de 1928, pág. 533) que invoca el peticionario, exigiendo la ciudadanía de los Estados Unidos y eliminando el requi-sito de que la graduación en universidad acreditada hubiera tenido lugar con 10 años de antelación a la vigencia de la ley. La enmienda favorece al peticionario en el sentido de qué si su diploma expedido en 1931 lo hubiera sido por una universidad acreditada, sería suficiente, pero jamás podría aplicarse la ley tal como quedó enmendada a su caso, por-que subsistió el requisito de la práctica por cinco años con anterioridad a la vigencia de la ley, requisito con que no cuenta el peticionario.

Bajo cualquier aspecto que el caso se considere debe, pues, negarse la solicitud.


author: El Juez Presidente Seño» Del Tobo,

text:
    Eloy González, peticionario y apelado, v. Juez Municipal de Mayagüez, Hon. Cristino R. Colón, querellado y apelante.
    No. 6582.

    Sometido: Febrero 19, 1934.

      Resuelto: Febrero 24, 1934.

      Cristino E. Colón compareció por su propio derecho; I. Freyre, abo-gado del apelado.
   El Juez Presidente Seño» Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación de la apelación interpuesta en este caso porque se dejó vencer el término reglamentario para presentar el alegato sin archivar dicho documento ni solicitar prórroga para su archivo y porque la transcripción radicada es nula por haber sido certificada por el Secretario de la Corte de Distrito sin cobrar para el Pueblo los dere-chos que ordena la ley.

La transcripción se radicó en esta Corte en diciembre 26, 1933. La moción de desestimación el 17 de enero siguiente. A esa última fecha no se había presentado el alegato del apelante ni se había solicitado prórroga del término de diez días contado a partir del archivo de la transcripción, que fija el artículo 42 del Beglamento de esta Corte Suprema, Ley de Enjuiciamiento Civil, pág. 326, Ed. 1933, que había vencido con exceso.

En enero 24 compareció el apelante oponiéndose a la des-estimación. Acompañó su alegato y pidió a la corte que lo admitiera en el ejercicio de su discreción. En enero 31 la parte apelada radicó un alegato en apoyo de su moción de desestimación. La vista de ésta se celebró sin asistencia de las partes en febrero 19 en curso.

A los efectos de decidir si es éste o no un caso en el que deba el tribunal ejercer su discreción admitiendo el alegato no obstante haber vencido el término de su presentación, lo hemos examinado.

Dos motivos nos llevan a resolver la cuestión en sentido negativo, a saber: el alegato no contiene un señalamiento separado de errores preparado de acuerdo con lo dispuesto en el Beglamento de este Tribunal, y penetrando eso no obs-tante en su fondo se concluye que el caso que presenta no es meritorio.

El Juez Municipal de Mayagüez es el apelante. Ante la corte que preside se presentó una denuncia contra Eloy González y otro imputándoles una violación de la Ley Hípica Insular consistente en el mantenimiento y explotación de un pool clandestino. Celebrado el juicio, terminó por sentencia que dice:

“Absueltos ambos acusados por ciertas dudas razonables que tiene la Corte en cuanto a determinadas cuestiones que se ban presentado, pero decretándose la confiscación de toda la evidencia ocupada para ser destruida la que resulte inútil y la otra en beneficio de El Pueblo de Puerto Rico, (fdo.) C. R. Colón.”

Uno de los elementos aportados como prueba en el- juicio fué la suma de $37.69 ocupada por los agentes de la autori-dad que registró la casa de González, quedando dicba suma confiscada de acuerdo con la sentencia del Juez Municipal.

González se dirigió a la corte de distrito y le pidió que expidiera un auto de mandamus dirigido a dicbo juez municipal ordenándole la entrega al peticionario de la suma in-dicada.

Se expidió el auto, se oyó a las partes y la corte de dis-trito declaró finalmente con lugar la petición. Y es de esa resolución que apela el juez municipal.

Si el acusado fué absuelto del delito que se le imputó, ¿cómo puede confiscársele el dinero que se le ocupara con motivo de la comisión del mismo? Si no se probó que se condujera el pool clandestino cuya existencia dió lugar al re-gistro, ¿cómo puede considerarse que el dinero ocupado se estuviera usando ilegalmente?

El caso de Chevremont v. El Pueblo, 3 D.P.R. 114 que cita el apelante no tiene aplicación alguna. En él se resolvió, copiando del resumen:

“Al emitir y vender billetes de lotería, bajo las leyes entonces vigentes, la Diputación Provincial de Puerto Rico contrajo la obli-gación de celebrar los sorteos correspondientes a los mismos, y al no hacerlo así, por incumplimiento de esa obligación, los tenedores de dichos billetes tienen derecho a la devolución del dinero pagado por ellos, quedando el Gobierno obligado a satisfacer sus reclamaciones.”

Aquí no existe reclamación alguna- de -particulares. De-nunciado un delito, se investiga y se absuelve a los acusados por falta de prueba y eso no obstante se decreta la confis-cación del dinero ocupado no para devolverlo a determinadas personas que lo reclamaran como suyo, sino para ingresarlo en las arcas del tesoro público.

El caso de Pacheco v. Juez Municipal, 32 D.P.R. 895, que invoca el apelado sí que tiene aplicación. En él esta corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Hutchison, después de considerar los hechos envueltos y de transcribir el art. 26 del Código Penal, terminó diciendo:

"Resultaría a fortiori que ninguna corte tiene autoridad, discre-cional o de otro modo, para confiscar los bienes de cualquier persona acusada de un delito, después de una absolución, a falta de alguna disposición legal en tal sentido y en un caso en el cual no existe cues-tión sobre el derecho de propiedad.”

No es necesario considerar la segunda cuestión suscitada.

Debe desestimarse el recurso.


author: El Juez Pbesideitte Señob, Del Tobo,

text:
    Irma Penne González, Albacea testamentaria, promovente y apelada, y Gonzalo de la Guerra, Administrador Judicial de la herencia yacente de María de la Cruz Lozano y Santiago, opositor y apelante. Gonzalo de la Guerra, Administrador Judicial de la herencia yacente de María de la Cruz Lozano y Santiago, demandante y apelante, v. Irma Penne González y la Sucesión de Luis Lorenzi, compuesta de su cónyuge viuda Irma Penne González y de sus hijos legítimos Luis Alfonso, José María y Celina Lorenzi Penne, demandados y apelados. El Mismo v. Los Mismos.
    Nos. 6267, 6274 y 6266.

    Sometidos: Febrero 6, 1934.

      Resueltos: Marzo 7, 1934.

      Ramón Dapena, abogado del apelante; Agustín E. Font j L. Yordán Dávila, abogados de los apelados.
   El Juez Pbesideitte Señob, Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Estos tres recursos se tramitaron separadamente. Están,, sin embargo, tan íntimamente relacionados que estudiaremos las cuestiones envueltas en una sola opinión. El seis de fe-brero último se celebró la vista de las mociones de desestima-ción presentadas por la parte apelada y de los recursos en. su fondo.

Dos son los motivos alegados para pedir las desestimaciones, a saber: que los alegatos de la parte apelante no* contienen la exposición de los errores en que se fundan Iosrecursos exigida por las reglas de esta corte y que las apelaciones son frívolas.

Tiene razón la parte apelada en cuanto al primer motivo. Sin embargo, como en los alegatos aunque en forma confusa se va al fondo del asunto pudiendo con algún esfuerzo desen-trañarse las verdaderas cuestiones que se suscitan a virtud-de las apelaciones, en el ejercicio de nuestra discreción no-desestimaremos por tal motivo los recursos.

En cuanto a la frivolidad, como los recursos se vieron también en sus méritos, procederemos al estudio dé éstos, y la conclusión a que lleguemos será la que determine la resolución del tribunal.

El recurso No. 6267 envuelve las siguientes cuestiones 1, ¿puede estimarse aceptada a beneficio de inventario la herencia de Luis Lorenzi, fallecido en Ponce en mayo 8,1932?' y 2, ¿se practicó el inventario de acuerdo con los hechos y la ley?

En el recurso No. 6274 debe decidirse si la sentencia con-denatoria que procede debe dictarse como lo fué condenando-a los demandados herederos de Lorenzi a pagar las sumas reclamadas hasta donde alcancen los bienes de la herencia o si debe condenárseles a pagar la denda de sn cansante con cualquier clase de bienes procedan o no de la herencia de qne se trata.

Y en el recurso No. 6266 debe decidirse si es nulo o no cierto embargo trabado a los fines de asegurar la sentencia que pudiera dictarse en el pleito en cobro de dinero, recurso No. 6274.

Como puede verse, la decision de los recursos números 6274 y 6266 depende de la que se dicte en el No. 6267 por cuyo estudio comenzaremos.

El 20 de julio de 1932 Irma Penne viuda de Lorenzi por medio de su abogado presentó en la Corte de Distrito de Ponee una solicitud jurada alegando que su esposo Luis Lorenzi falleció en Ponce en mayo 8, 1932, bajo testamento abierto que otorgara en febrero 21, 1921, ante notario; que en dicho testamento se nombró albacea en primer término a la peticionaria y en segundo a Adolfo Nones, habiéndose soli-citado y obtenido las correspondientes cartas testamentarias; que como albacea la promovente tiene en su poder y custodia los bienes de la herencia, entendiéndose que ésta se halla en administración hasta que se pague a sus acreedores, y que como tal albacea tiene también en su poder toda la documen-tación referente a los bienes de la- herencia y a sus deudas.

Alegó además en su solicitud que a fin de facilitar el conocimiento de los bienes, derechos y acciones de la herencia y de sus deudas, la promovente y sus hijos, herederos del causante, nombrados Celina, Luis Alfonso y José María otorgaron el 19 de julio, 1932, la escritura de descripción de bienes, avalúo y aceptación de herencia a beneficio de inventario que se acompañaba y se hacía formar parte inte-grante de la solicitud, y que practicado el inventario con expresión de todos los acreedores de la herencia, procedía y así se suplicaba de la corte la citación de dichos acreedores para que concurrieran a la secretaría de la corte y exami-naran el inventario a fin de llegar a un posible acuerdo sobre la liquidación y pago de las deudas hasta donde alcanzaren los bienes gue constituyen el caudal hereditario fijándose el término de quince días para ello y designándose el periódico por medio del cnal se había de citar a los acreedores des-conocidos.

Dos días despnés la corte de distrito dictó resolución mandando poner el inventario de manifiesto en la secretaría por término de sesenta días para qne fuera examinado por los interesados, citándose a los acreedores desconocidos por edictos que se publicarían en el periódico “El Día” de la localidad, una vez por semana durante dos meses consecu-tivos.

Así las cosas, en agosto 22, 1932, compareció por medio de su abogado Gonzalo de la Guerra como administrador judicial de la herencia yacente de María de la Cruz Lozano dueña de un crédito de unos ocho mil dólares contra Lorenzi, y pidió a la corte que declarara nulos la aceptación de la herencia de Lorenzi a beneficio de inventario y el inventario de los bienes de la herencia practicado por los herederos, por los siguientes motivos: porque se pide a la corte que sigá un procedimiento que no es el autorizado por la ley; porque el inventario no comprende todos los bienes de la herencia y no se practicó dentro del plazo y con las formali-dades que determina el Código Civil, y porque siendo nulo el inventario lo era en su consecuencia la aceptación de la herencia a beneficio de inventario.

La promovente contestó la impugnación por escrito. Aceptó que la herencia yacente de María de la Cruz Lozano era acreedora por la suma de $6,772 según liquidación prac-ticada por escritura de marzo 28, 1927, y alegó que las im-pugnaciones constituían meras conclusiones de ley por no especificarse cuál era el procedimiento que debía seguirse, cuáles los bienes dejados de incluir y cuáles las formalidades omitidas.

El 12 de septiembre de 1932 se oyó a la promovente y al opositor practicándose la prueba testifical y documental del último, y siete días después volvió a oírseles practicándose la prueba documental de la promovente.

El 18 de noviembre siguiente se dictó por la corte de distrito la sentencia de que se apela en los siguientes tér-minos :

“La Corte, por los fundamentos de su opinión emitida en el día de boy y que está unida al récord de este caso, dicta sentencia de-clarando, como declara, sin lugar en todas sus partes la moción sobre nulidad de inventario radicada en agosto 24 de 1932 por Gonzalo de la Guerra, como Administrador Judicial de la herencia yacente de María de la Cruz Lozano y Santiago, y consecuentemente, declarando, como declara, que la aceptación de herencia a beneficio de inventario, hecha por los herederos del causante don Luis Lorenzi nombrados Irma Penne González, Celina, Luis-Alfonso y José-María Lorenzi y Penne, y el consiguiente inventario practicado por los mismos me-diante la escritura número 54 de fecha 19 de julio de 1932, otorgada en esta ciudad de Ponce ante el Notario Sr. Luis Yordán Dávila, y radicada en la Secretaría de esta Corte en el presente caso, es per-fectamente legal y dicha declaración de herencia a beneficio de inven-tario produce a favor de los herederos el derecho a pagar las deudas de la herencia hasta donde'alcancen los bienes de la misma, sin que puedan dichos bienes confundirse con los bienes privativos que posean los mencionados herederos. Y, de acuerdo con la petición de la pro-movente contenida en su alegato, la Corte, por la presente, ordena y decreta, además, que se tenga por adicionado el referido inventario con los bienes muebles y semovientes que se dejaron de incluir en el mismo: todo ello sin especial condenación de costas. ’ ’

Sostiene la parte recurrente que la corte de distrito erró al decidir el caso en la forma en que lo hizo:

1. Porque la petición inicial no está suscrita ni autorizada por los herederos ni contiene la declaración de que los here-deros aceptan la herencia a beneficio de inventario;

2. Porque el inventario se practicó extrajudicialmente, en vez de iniciarse en la corte, solicitándose señalamiento de día y hora para comenzarlo con citación de herederos y lega-tarios ; y

3. Porque no comprende todos los bienes de la herencia.

La aceptación y repudiación de la herencia son actos enteramente libres y voluntarios, dice el artícnlo 943 del Código Civil, Ed. 1930, prescribiendo el 964 del propio cuerpo legal, edición citada, que todo heredero puede aceptar la herencia a beneficio de inventario.

■¿Cómo y cuándo puede ejercitarse ese derecho? En los casos, dentro del término y en la forma que prescriben los siguientes artículos del Código Civil, Ed. 1930:

“Artículo 965. — La aceptación de la herencia a beneficio de in-ventario podrá hacerse ante notario o por escrito ante la corte de distrito que sea competente para prevenir el juicio de testamentaría o abintestato.
“Artículo 966. — Si el heredero a que se refiere el artículo anterior se hallare en país extranjero, podrá hacer dicha declaración ante el agente diplomático o consular de los Estados Unidos que esté habili-tado para ejercer las funciones de notario en el lugar del otorgamiento.
“Artículo 967. — La declaración a que se refieren los artículos ante-riores no producirá efecto alguno si no va precedida o seguida de un inventario fiel y exacto de todos los bienes de la herencia, hecho con las formalidades y dentro de los plazos que se expresarán en los ar-tículos siguientes.
“Artículo 968. — El heredero que tenga en su poder los bienes de la herencia o parte de ellos y quiera utilizar el beneficio de inventario o el derecho de deliberar, deberá manifestarlo a la corte de distrito competente para conocer de la testamentaría o del abintestato, dentro de los diez días siguientes al en que supiere ser tal heredero, si reside en el lugar donde hubiese fallecido el causante de la herencia. Si residiera fuera, el plazo será de treinta días.
“En uno y otro caso el heredero deberá pedir a la vez la forma-ción del inventario, y la citación a los acreedores y legatarios para que acudan a presenciarlo si les conviniere.
“Artículo 969. — Guando el heredero no tenga en su poder la herencia o parte de ella, ni haya practicado gestión alguna como tal heredero, los plazos expresados en el artículo anterior se contarán desde el día siguiente al en que expire el plazo que la corte de dis-trito le hubiese fijado para aceptar o repudiar la herencia, conforme al artículo 959 o desde el día en que la hubiése aceptado o hubiera gestionado como heredero.
“Artículo 970. — Fuera de los casos a que se refieren los dos ante-riores artículos, si no se hubiere presentado ninguna demanda contra el heredero, podrá éste aceptar a beneficio de inventario o con el de-xecbo de deliberar, mientras no prescriba la acción para reclamar la Tierencia.
“Artículo 971. — El inventario se principiará dentro de los treinta •días siguientes a la citación de los acreedores y legatarios, y concluirá dentro de otros sesenta.
“Si por bailarse los bienes a larga distancia, o ser muy cuantiosos, •o por otra causa justa, parecieren insuficientes dichos sesenta días, podrá la corte de distrito prorrogar este término por el tiempo que estime necesario, sin que pueda exceder de un año.
“Artículo 972. — Si por culpa o negligencia del heredero no se principiare o no se concluyere el inventario en los plazos y con las. solemnidades prescritas en los artículos anteriores, se entenderá que acepta la herencia pura y simplemente.”

Para un estudio más completo deben tomarse en conside-ración además las disposiciones contenidas en los artículos 373 a 988 del propio Código.

Los preceptos transcritos corresponden substaneialmente a los artículos 1011 a 1018 del Código Civil Español. Al comentarlos Manresa y Scaevola — 7 Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 477 a 512, y 17 Scaevola, Comen-tarios al Código Civil, 512 a 564 — señalan ciertas contradic-ciones que se advierten entre ellos. En efecto, dispone, como hemos visto, el artículo 965 que la aceptación de la herencia a beneficio de inventario podrá hacerse bien ante notario, ya ante la autoridad judicial competente, y como se desprende de lo dispuesto en los artículos 968 y siguientes que siempre será necesario acudir a la autoridad judicial, parece que la vía notarial está de más, y prescribe el artículo 967 que la aceptación bien se haga ante notario, ya ante la autoridad judicial, no producirá efecto alguno si no va precedida o seguida de un inventario fiel y exacto de todos los bienes de la herencia hecho con las formalidades y dentro de los plazos que se expresan en los artículos siguientes, con cuyas dispo-siciones es muy difícil armonizar la que se refiere al inven-tario practicado con anterioridad a la aceptación.

Ni el Código Civil Español, ni el Puertorriqueño de modo expreso prescriben que el inventario precedente deba ser judicial. Tampoco el trámite exacto que deba seguirse para practicarlo.

Manresa en sus comentarios al artículo 1067 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, 1066 de la Ley de Enjui-ciamiento Civil antigua de Puerto Rico, 4 Manresa, Ley de Enjuiciamiento Civil, 464, sostiene que el inventario que debe practicarse en todos los casos cuando los herederos quieran utilizar el beneficio de inventario o el derecho de deliberar, deberá serlo siempre judicialmente.

Nos parece demasiado rígida la interpretación. Es ver-dad que lo más fácil y lo más seguro es recurrir desde un principio a la autoridad judicial manifestando que se acepta la herencia a beneficio de inventario y pidiendo a la vez la formación del inventario con citación de herederos, acree-dores y legatarios en su caso, pero si el legislador dispuso que la aceptación puede hacerse también ante notario y que el inventario puede preceder a la aceptación, debe interpre-tarse la ley de modo tal que dé vida a todos sus preceptos. De ahí que consideremos que un inventario extrajudicial de-bidamente practicado sea suficiente, siempre que se acuda, como se acudió en este caso, a la autoridad judicial compe-tente pidiéndole que ordene que el inventario quede de mani-fiesto en secretaría y se cite a todos los intersados para que tengan la oportunidad de examinarlo y hacer, como hizo aquí el opositor, las observaciones que estimaren procedentes.

Lo esencial es que la voluntad del heredero en lo que res-pecta a la aceptación de la herencia a beneficio de inventarió-se consigne dentro del plazo de ley de modo solemne y que el inventario que la preceda o la siga sea fiel, exacto y completo. Véase la sentencia del Tribunal Supremo de España de junio 14, 1899, 87 J. C. 476.

Aplicando la ley a los hechos de este caso encontramos que la aceptación de la herencia a beneficio de inventario se hizo constar por los herederos ante notario en. escritura de 19 de julio de 1932, en la que se consignaron entre otros par-ticulares los siguientes: “3o. Declaran, como únicos here-deros del finado Luis Lorenzi, que los bienes qiie constituyen el caudal hereditario, se encuentran en poder del albacea con-siderando dichos bienes de la herencia en administración hasta tanto se liquiden y paguen las deudas del caudal a los acreedores legítimos mencionados en la escritura. . . 6o. Que los herederos de Luis Lorenzi no han sido demandados con motivo de la herencia, ni han practicado gestión alguna hasta ahora, en que actuando como tales herederos del causante otorgan esta escritura y manifiestan que aceptan a beneficio de inventario la herencia que les pueda corresponder para con ella pagar las deudas legítimas y cargas que resulten contra la herencia, con el producto de la misma, hasta donde alcance. ’ ’ ;

Siendo ello así, no obstante haber fallecido su causante el 8 de mayo de 1932, pudieron los herederos acogerse al beneficio de inventario porque los bienes de la herencia o parte de ellos no se encontraban en su poder como tales here-deros, porque no habían sido demandados ni se les había fijado plazo para aceptar o repudiar la herencia, porque no realizaron acto alguno del que pueda deducirse la acepta-ción pura y simplemente de la herencia, y porque no había prescrito su acción para reclamarla. Esto resuelve la cues-tión de la aceptación.

Veamos ahora la de la formación del inventario. La petición dirigida a la corte el 20 de julio de 1932 debió ser hecha a nombre de todos los herederos, pero como en ella se hizo constar que se hacía formar parte integrante de la misma la escritura de descripción de bienes, avalúo y aceptación de herencia a beneficio de inventario otorgada por los herederos el día anterior, de hecho fueron éstos los que a la corte acu-dieron. Así parece haberlo entendido la corte desde el primer momento.

Ya dijimos que un inventario practicado extrajudicialmente es bastante siempre que sea fiel y exacto y se dé oportunidad de intervenir a los interesados. Con esa opor-tunidad ante la corte el inventario prácticamente se convierte en judicial.

■ '¿Fue fiel y exacto el inventario practicado por los here-deros en este caso! La contestación a esta pregunta es de suma importancia porque el Código en su artículo 978, Ed. 1930, prescribe:

"Artículo 978. — El heredero perderá el beneficio de inventario:
"1. Si a sabiendas dejare de incluir en el inventario alguno de los bienes, derechos o acciones de la herencia.
"2. Si antes de completar el pago de las deudas y legados ena-jenase bienes de la herencia sin autorización judicial o la de todos los interesados, o no diese al precio de lo vendido la aplicación deter-minada al concederle la autorización.”

i :¿Qué demostró la prueba? Presentó el impugnador ape-lante copia del testamento de Lorenzi otorgado ante notario en febrero 21, 1921, y bajo el cual murió, haciendo énfasis en la cláusula cuarta del mismo que dice:

"Dispone que las deudas que existieren al ocurrir su fallecimiento, las pagará el Albacea con el dinero procedente de la Póliza de Seguro ■de Vida del otorgante y cualquier dinero que quedara a su falleci-miento; y que si este efectivo no bastare para cubrir esas deudas, •el Albacea, para satisfacerlas, venderá hasta donde sea necesario las .acciones de Compañías y Corporaciones, los bienes, muebles y semo-vientes que existieren a esa fecha como propiedad del testador.”

Y aportó además los récords del caso seguido en la Corte de Distrito de Ponce por The Shell Co. Ltd. contra la Su-cesión Lorenzi sobre nulidad de garantía y cobro de dinero, y del promovido en la Corte Municipal de Ponce por Armour Fertilizer Works sobre ejecución de hipoteca sobre propiedad mueble perteneciente a Luis Lorenzi y C. E. Colón, llamán-dose la atención en cuanto al primero hacia el embargo que se practicó en doce cabezas de ganado vacuno, un caballo y un carro de vender leche y en cuanto al segundo hacia la decla-ración jurada de Lorenzi manifestando que le pertenecían las diez vacas lecheras que hipotecaba a Armour Fertilizer Works y la incautación p.or el márshal de ocho d.e dichas, diez vacas hipotecadas.

Y como ni de la póliza ni del ganado se habla en el in-ventario, sostiene la parte apelante que se está en el caso del número primero del artículo 978 del Código Civil que dejamos transcrito y por consiguiente que no debe recono-cerse a los herederos de Lorenzi un beneficio que perdieron por su propia culpa.

Con respecto a los bienes relacionados con los pleitos seguidos en la corte de distrito y en la corte municipal, la corte sentenciadora en la opinión que sirve de base a la sen-tencia recurrida se expresó así:

“Resulta probado que en el inventario contenido en la escritura número 54 de 19 de julio de 1932, ante el Notario Sr. Yordán Dávila, que fué presentado en evidencia, no fueron incluidos como bienes de la herencia cierto número de cabezas de ganado vacuno, un caballo alazano y un carro de vender leche. Pero aparece satisfactoriamente probado por evidencia documental presentada en el caso, que el causante don Luis Lorenzi, hipotecó a favor de Armour Fertilizer Works parte de dicho ganado con fecha 22 de enero de 1931; que el día 28 de abril de 1932, el mismo causante de la herencia, Sr. Lorenzi, transó y dió en pago a The Shell Company todo el ganado que estaba hipotecado a Armour Fertilizer Works y, además, el resto del ganado vacuno, un caballo alazano y un carro de braneal. (Véase el hecho 2o. de la escritura número 21 de Transacción y Dación en pago con Pacto de Retro otorgada en 28 de abril de 1932 ante el Notario Sr. Rafael Hernández Matos; Exhibit A del deman-dante.) El 8 de mayo de 1932 falleció en’ Ponce el mencionado don Luis Lorenzi y el 19 de julio de 1932 se otorgó la escritura número 54 sobre Aceptación de Herencia a Beneficio de Inventario. Aparece también probado por la evidencia documental que parte del ganado fué ejecutado por The Armour Fertilizer Works en virtud de la hipoteca constituida a su favor y que el resto del ganado vacuno, el caballo y el carro de leche, fueron embargados en el caso civil número 7142 seguido por The Shell Company vs. Sucesión de Luis Lorenzi, y que en dicho caso ya se ha dictado sentencia con fecha 16 de sep-tiembre de 1932, por la suma de $980.57, intereses legales y costas, la cual sentencia es firme y ejecutiva, y probablemente, los bienes embargados en dicho pleito serán aplicados en su totalidad para satisfacer dicha sentencia. Aparece claramente que cuando se hizo el inventario en 19 de julio de 1932, no se incluyó el ganado vacuno, el caballo y el carro de vender leche porque, según la escritura de 28 de abril de 1932, don Luis Lorenzi había vendido dichos bienes con Pacto de Retro a The Shell Company, Porto Rico Limited y a mayor abundamiento, ese ganado había sido hipotecado a favor de Armour Fertilizer Works por el mismo don Luis Lorenzi con fecha 22 de enero .de 1931, todo ello verificado por medio de documentos auténticos que seguramente tuvieron a la vista el Albacea y los here-deros de don Luis Lorenzi al formalizar el inventario contenido en la escritura pública número 54 de 19 de julio de 1932 ante el Notario Sr. Yordán Dávila. Se comprende perfectamente, porque así ha resultado en efecto, que el Albacea y los herederos consideraron de buena fe y con suficiente y buena creencia, que los referidos bienes, muebles y semovientes, no formarían nunca parte real y efectiva dei caudal hereditario, puesto que estaban afectos a una hipoteca y, por otra parte, los mismos bienes habían sido vendidos con Pacto de Retro por el propio causante. Por consiguiente, la Corte llega a la conclusión de que al dejar de incluir dichos bienes, muebles y semo-vientes, en el inventario, no se ocultaron maliciosamente, a sabiendas, con dolo o mala fe, y con perjuicio de los interesados en la herencia, requisitos que son necesarios para que tal omisión dé lugar a la pérdida del beneficio de inventario; quedando solamente a los inte-resados en un caso como el presente, el derecho a solicitar la adición del inventario en lo que resulte éste deficiente. ’ ’

Creemos que la corte de distrito actuó correctamente. Sabemos que por su sentencia se mandó adicionar el inven-tario, habiéndose mostrado conforme con ello la propia parte promovente. Además salta a la vista la poca importancia del asunto especialmente cuando se parte de la base del balance que arroja el inventario, a saber:

“Obligaciones Hipotecarias $29, 600. 00
“Deudas Personales-26, 887. 46
$56,487. 46
“Valor de los bienes_$22,850.00
“Efectivo metálico_ 22. 30
$22, 872. 30 $22, 872. 30
“Pasivo a extinguir-$33,615.16”.

Examinemos, por último, la cuestión de la póliza que es la que más nos lia hecho dudar en la resolución de este caso.

La única noticia que hay de su existencia es la cláusula del testamento otorgado por Lorenzi más de diez años con anterioridad a su muerte. Se habla en ella de una póliza sin expresarse quién es el asegurador, cuál su cuantía, quién el beneficiario, cuáles sus condiciones.

En su opinión la corte de distrito descarta la cuestión sobre la base de que los términos de la cláusula testamentaria implican la cesión de la póliza que no pudo hacer el asegurado sin el consentimiento del beneficiario. Se citan los casos de Pizá, v. El Sol del Canadá, 33 D.P.R. 486, Cádiz v. Jiménez, 30 D.P.R. 34, Schlüter v. Sucn. Díaz, 41 D.P.R. 884, y Bustelo v. Lugo Viñas, 42 D.P.R. 106. No encontramos claro el razo-namiento.

Creemos que para mayor certeza no debieron los peticio-narios limitarse a guardar silencio sobre el particular. Puesta en tela de juicio su actuación, debieron manifestar si la póliza existía o no, y si existía, cómo se había constituido. Si lo fué a su favor sin condición alguna, la póliza no perte-necía propiamente a la testamentaría sino a ellos particular-mente (Esposito v. Guzmán, 45 D.P.R. 798), pero pudo cons-tituirse de otro modo.

Sin embargo, atendidas todas las circunstancias concu-rrentes, resolvemos la duda en favor de la sentencia. El impugnador pudo y debió hacer algo más. Pudo citar al albacea para que concurriera con la póliza. Pudo llamar a la silla de los testigos a todos o a cualquiera de los here-deros para interrogarlos directamente sobre el particular. Y nada hizo. Se limitó a levantar Rudas y debe estar y pasar por las consecuencias de sus propios actos.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, procede la confirmación de la sentencia recurrida en el caso No. 6267.

También la de la sentencia y la de la resolución apeladas en los recursos números 6274 y 6266.

La primera, porque si bien se probó que el cansante de los demandados era en deber a la herencia yacente de María de la Cruz Lozano la snma reclamada y procedía dictar como se dictó sentencia en contra de los demandados, habiendo éstos aceptado la herencia a beneficio de inventario debía pronunciarse como se pronunció con las salvedades expresa-das, de acuerdo con la ley que dispone de modo terminante lo que sigue:

“El beneficio de inventario produce en favor del heredero los efectos siguientes:
“1. El heredero no queda obligado a pagar las deudas y demás cargas de la herencia sino hasta donde alcancen los bienes de la misma.
“2. Conserva contra el caudal hereditario todos los derechos y acciones que tuviera contra el difunto.
“3. No se confunden para ningún efecto, en daño del heredero, sus bienes particulares con los que pertenezcan a la herencia.” Art. 977 del Código Civil, Ed. 1930.

T la segunda porque los bienes que se embargaron para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse en el pleito en cobro de pesos a que acabamos de referirnos, fueron dos mil cuatrocientos dólares que los demandados José María, Luis Alfonso y Celina Lorenzi tenían depositados en sus cuentas particulares en el Banco de Ponce en porciones de mil, mil y cuatrocientos dólares, respectivamente, y como habiendo aceptado la herencia de su padre Luis Lorenzi a beneficio de inventario no tenían la obligación de satisfacer las deudas de su causante con sus bienes particulares, actuó correctamente la corte de distrito al decretar la nulidad, del embargo trabado en esa clase de bienes.

Se dictarán sentencias por separado en cada caso decla-rando los recursos sin lugar y confirmando las sentencias y la resolución apeladas.


author: El Juez Presidente Señor Del Tobo,

text:
    The Federal Land Bank of Baltimore, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 913.

    Sometido: Febrero 7, 1934.

      Resuelto: Marzo 8, 1934.

      Franlc Martínez, E. Campos del Toro y 8. García Díaz, abogados del recurrente; el Registrador recurrido compareció por escrito.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Dueño Nicolás Cuebas Lugo de una finca de doce cuerdas situada en Las Marías, la hipotecó al Federal Land Bank o'f Baltimore para responder de la cantidad de trescientos dó-lares que le tomara a préstamo. No se verificó el pago a tiempo y el acreedor decidió hacerlo efectivo por la vía judicial, escogiendo para ello el procedimiento sumarísimo que autoriza la Ley Hipotecaria.

Como el deudor hubiera fallecido y el acreedor descono-ciera quiénes eran sus herederos, designó a éstos con los nom-bres de “Fulano y Zutano de Tal” y pidió a la corte que ordenara que se les requiriera de pago por medio de edictos. Accedió a ello la corte y los edictos se publicaron en un pe-riódico de la localidad.

Transcurrido el término de la citación sin que el pago se verificara, el banco pidió a la corte que ordenara la venta de la finca hipotecada en pública subasta. Así lo hizo , la eoi;te, verificándose la venta el 29 de diciembre de 1933 .al. propi,o banco qné fue el único postor y ofreció por ella la suma de cien dólares.

Presentada para su inscripción la escritura otorgada ha-ciendo constar el contrato, causó la siguiente nota:

, “INSCRITA la compraventa en pública subasta que comprende el documento que precede que es la escritura número uno, otorgada en esta ciudad de Mayagüez, a 2 de enero en curso, ante el notario Ledo. Rafael Augusto Saliva y Sacarello, al folio 168 del tomo 46 de Las Marías, finca número 1032 duplicado, inscripción décima, con los defectos subsanables de no expresarse en la escritura las personas que componen la sucesión demandada, y de no haberse acreditado el ca-rácter y facultades de Josefina Francisco de Mari para aceptar el contrato a nombre y como apoderada del banco adquirente.”

No conforme el banco con la anotación del defecto sub-sanable de no expresarse en la escritura las personas que componen la Sucesión demandada, interpuso el presente re-curso gubernativo y argumentando su caso dice, por medio de sus abogados:

“El artículo 94 del Código de Enjuiciamiento Civil autoriza la ' citación por edictos entre otros casos cuando se ignora el domicilio de la persona que debe ser citada.
“En este caso el recurrente y ejecutante en el ejecutivo sumario ya referido ignoraba los nombres y las personas que componían la sucesión demandada e ignoraba asimismo el domicilio de dichas personas.,
“Esta situación de hecho se expuso ante el Tribunal y éste de-clarando probados dichos hechos, autorizó que se requiriera de pago a Fulano y Zutano de Tal, herederos desconocidos de Nicolás Gue-bas Lugo. Mediante el procedimiento autorizado por el artículo 94 del Código de Enjuiciamiento Civil y siguientes, el ejecutante y aquí recurrente, requirió de pago a la sucesión desconocida de Nicolás Cuebas y sometió a la jurisdicción de la Corte de Distrito de Ma-yagüez, a las personas componentes de la dicha sucesión, que lo son Fulano y Zutano de Tal.
■ “¿Cómo es posible que habiendo el recurrente acreditado ante la. Corte de Distrito mediante el dicho procedimiento de ley que los herederos de Nicolás Cuebas eran Fulano y Zutano de Ta.1 diga el registrador en su nota que no se expresa en la escritura qué per-sonas componen la sucesión demandada?
“De aceptarse el razonamiento del registrador estaría de más el procedimiento establecido por el artículo 94 del Código de Enjui-ciamiento Civil y nunca podría adquirir un acreedor hipotecario que ejecuta una hipoteca contra nna sucesión un título libre de de-fectos, cuando no conoce los nombres y residencias de los miembros de la sucesión.
“El registrador exige una imposibilidad. Pide lo que la ley no exige en casos de esta naturaleza; y le pide al ejecutante que haga aquello de lo cual fue eximido por la Corte de Distrito por haber demostrado que le era imposible hacerlo.”

Cita el registrador en apoyo de su nota el caso de Arvelo et al. v. Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, 25 D.P.R. 728, 736. En él dijo esta corte:

“Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde ■el momento de su muerte. Artículo 657 del Código Civil de 1889. La sucesión se defiere por la voluntad del hombre manifestada en tes-tamento, y, a falta de éste, por disposición de la ley. Artículo 658. Los herederos suceden al difunto por el solo hecho de su muerte en todos sus derechos y obligaciones. Artículo 661. Los artículos trans-critos concuerdan con los 665, 666 y 669 del Código Civil Revisado.
“La sucesión como persona jurídica no existe en nuestro derecho. Cabe que una sucesión sea parte demandante o demandada; pero para ello es necesario que se particularice e individualice expresando los miembros que la componen. No es una entidad legal indepen-diente de los herederos. Estos son los que la determinan, y son los que deben aparecer como demandantes o demandados.
“Al resolver el caso de Dapena v. Sucesión Dominicci, 12 D.P.R. 66, dijo esta corte que cuando la demanda se dirige contra una suce-sión, debe expresarse el nombre de cada uno de los herederos o darse alguna razón que justifique la omisión del dicho requisito; y . con-gruente con esa doctrina, al resolver el caso de Orcasitas v. El Re-gistrador, 21 D.P.R. 553, se expresó en los términos siguientes: ‘Es-tamos de acuerdo con el registrador en que si era necesaria la no-tificación o citación a la indicada sucesión,, debió haberse hecho cons-tar quiénes la componían, con el objeto de que dicho registrador pudiera determinar si dicha notificación fué hecha en forma ade-cuada.’ ”

Inscrita como lia sido la finca, debemos limitarnos a resolver la única cuestión que por el defecto apuntado se sus-cita, ;y resolviéndola opinamos que no tiene razón el regis-trador. El procedimiento no se instó contra la Sucesión de Nicolás Cuebas Lngo como entidad separada, como persona jurídica distinta, si que siguiendo la regla establecida en eí caso de Dapena v. Sucesión Dominicci, 12 D.P.B. 66, citadoen el de Arvelo, supra, se expresó que estaba compuesta de determinadas personas que siendo desconocidas para el actor-fueron por él designadas con los nombres de “ Fulano y Zu-tano de Tal”. Y ello es generalmente bastante. Si el re-querimiento se bizo o no cumpliendo con lo exigido por la Ley Hipotecaria, artículo 128, y su Beglamento, artículo 171,. es cuestión que no está ante nosotros.

Bebe revocarse la nota recurrida en la parte en que lo-ha sido.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.