author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Jesús T. Piñero, Gobernador de Puerto Rico, querellante y apelante, v. Andrés Grillasca, Alcalde de Ponce, querellado y apelado.
    Núm. 17.
    Sometido: Noviembre 17, 1947.

      Resuelto: Diciembre 19, 1947.

      Ron. Procurador General Luis Negrón Fernández, Ángel Umpierre j Guillermo Gil, Procuradores Generales Auxiliares y José G. Aponte, Fiscal Especial General, abogados del apelante; Francisco M. Pusoni, Hijo, j Cayetano Coll Cuchí, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 29 de la Ley Municipal () provee que la Asam-blea Municipal podrá destituir al Alcalde de un municipio por causa justificada mediante cargos formuládosle por el Gober-nador. Este formuló diecisiete cargos a Andrés Grillasea, Alcalde de Ponce. Luego de una vista en los méritos, la Asamblea Municipal desestimó por unanimidad todos los car-gos, y el Gobernador ha apelado.

I

El primer cargo imputa a Grillasea el tener un interés directo e indirecto en ciertos contratos celebrados entre el Municipio y la firma García & Cintrón, por compra de piedra triturada y gravilla, en violación del artículo 10 de la Ley Municipal y de los artículos 202 y 203 del Código Político. ()

El supuesto interés de Grillasca en estos contratos está predicado en haber firmado en 1943, en unión de Luciano Mar-tiniano García y Juana Clavell, un pagaré a la orden del Banco de Ponce con motivo de un préstamo por $17,500. El producto de este préstamo fué empleado por García & Cin-trón para adquirir los bienes de la Atlantic Ore Co., la que explotaba una cantera de donde procedía la piedra y la gra-villa envueltas en los contratos.

El pagaré fué firmado por Grillasea y los otros como deu-dores solidarios. Sin embargo, la Asamblea Municipal resol-vió como cuestión de hecho que Grillasea había firmado como fiador de García. Esta conclusión está ampliamente sostenida por la prueba y por los libros del banco. No podemos, según sostiene el apelante, hacer caso omiso de esta conclusión ante la prueba incontrovertida de que Grillasca, si bien técnica-mente es un deudor solidario, como cuestión de hecho es un fiador de García. En verdad, esta conclusión es inevitable en vista del hecho no controvertido de que García & Cintrón recibieron el dinero e hicieron más tarde los pagos parciales del préstamo.

La Asamblea Municipal también resolvió que al momento en que Grillasca suscribió el pagaré él no sabía que el prés-tamo se hacía con el fin de que García & Cintrón pudieran usar su producto para comprar los bienes de la Atlantic Ore Co. La Asamblea Municipal asimismo concluyó que Grillasca no sabía que el dinero se empleó en esta forma hasta después de constituida la firma de García & Cintrón. Empero, Gri-llasca sabía por supuesto desde 1943 al 1947 cuando se le adjudicaban estos contratos a García & Cintrón, que el pro-ducto del préstamo del cual él era fiador fué usado para cons-tituir la firma de García & Cintrón.

En vista de estos hechos, la cuestión a determinarse aquí no es si el artículo 10 de la Ley Municipal prohibe al Alealde servir de fiador en relación con un contrato específico entre un vendedor y el municipio. Esa cuestión surgiría si, por ejemplo, el Alcalde fuera fiador para garantizar a un ven-dedor en el cumplimiento de un contrato. Aquí la cuestión es más bien si el Alcalde tiene un interés directo o indirecto dentro del alcance del artículo 10 en un contrato entre el Municipio y una firma bajo las siguientes condiciones: (1) el Alealde era fiador en un préstamo corriente héchole a uno de los socios de la firma; (2) el préstamo corriente se hizo antes de que se celebraran los contratos entre el Municipio y la firma; (3) el préstamo corriente en manera alguna estaba relacionado con los contratos específicos entre el Municipio y la firma.

Tal cuestión nunca ha sido resuelta en esta jurisdicción. Los casos citados por el apelante no son aplicables. En ellos se estableció claramente que el Alcalde tenía un interés pecu-niario directo en los contratos específicos. Pueblo ex rel. Pérez v. Manescau, 33 D.P.R. 739; Díaz v. Charneco, 48 D.P.R. 536; Asamblea Municipal v. González, Alcalde, 55 D.P.R. 542, 558-9.

El apelante también descansa en cuatro casos de otras jurisdicciones; v.g., Lesieur v. Inhabitants of Rumford, 93 A. 838 (Me., 1915); James v. City of Hamburg, 156 N.W. 394 (Ia., 1916); City of Lincoln v. First Nat. Bank, 19 N.W. 2d 156 (Neb., 1945); y Matter of Clamp, 33 Misc. Rep. 250 (1900). Tampoco estos casos resuelven nuestro problema. En primer lugar, la cuestión en ellos envuelta fué si los con-tratos eran válidos, y no si los funcionarios públicos de que se trataba debían ser destituidos. En segundo lugar, envol-vían situaciones en que el funcionario tenía una conexión directa y específica con el contrato propiamente dicho, y no eran como éste en qne el Alcalde sirvió de fiador al vendedor en un préstamo corriente independiente de los contratos cele-brados entre el vendedor y el Municipio. Finalmente, el caso de Matter of Clamp fné resuelto a tenor con un estatuto de Nueva York que disponía que un funcionario público no ten-drá interés directo o indirecto en ningún contrato con el Go-bierno “ya sea como principal, como fiador o en ninguna otra forma...”. El artículo 10 no le prohíbe específicamente al Alcalde servir de fiador en tal contrato.

.Suponiendo, sin decidirlo, que resolviéramos, no obstante la ausencia del lenguaje específico contenido en el estatuto de Nueva York, que el artículo 10 prohíbe al Alcalde servirle de fiador a un vendedor en ún contrato celebrado entre éste y el Municipio, ello sin embargo no contesta la pregunta de si un Alcalde puede no obstante, como ocurrió en este caso, servir de fiador a un vendedor en un préstamo corriente que en ma-nera alguna está relacionado con los contratos celebrados entre el vendedor y el Municipio.

Las partes no han citado casos sobre este punto. Los más semejantes que hemos encontrado son aquéllos que tratan el problema de si estatutos como el artículo 10 son de aplicación a un caso en que el funcionario público es un acreedor co-rriente del vendedor más bien que su fiador. Los casos están divididos sobre la cuestión de si los contratos entre el ven-dedor y el Municipio están prohibidos bajo tales circunstan-cias. Anotación, 73 A.L.R. 1352.

Nos damos cuenta de los factores existentes a ambos lados de este problema. Como cuestión de política pública, el Al-calde quizá estaría tentado a favorecer a un vendedor que le debiera dinero' por alguna otra transacción independiente y privada. Sin embargo, algunos de los casos resuelven que este peligro es remoto y que el estatuto sólo se aplica cuando el interés del Alcalde es real y pecuniario.

No es necesario que resolvamos ahora qué regla seguiría-mos. Aquí no se impugna la validez de los contratos. En verdad, si ésta se impugnara ahora, Grillasca podría alegar que, arm si resolviéramos qrre el Alcalde no puede otorgar contratos a nn vendedor si aquél es un acreedor corriente de éste, aquí el Alcalde ocupaba una posición más remota: era fiador general, no acreedor corriente de García & Cintrón. Además, la transacción fue con un socio particular, y no.con la firma vendedora. De todos modos, podría suceder que tra-tándose de una cuestión difícil de derecho, quizá en última instancia se concluyera, de surgir la cuestión alguna vez, que. los contratos entre García & Cintrón y el Municipio eran nu-los, simplemente porque el Alcalde sirvió de fiador a García en un préstamo que no tenía relación alguna con los contratos celebrados entre el Municipio y García & Cintrón. Pero en ausencia de una actuación maliciosa y voluntaria de parte del Alcalde, cosa que según resolvió la Asamblea Municipal, no hubo en este caso, no podemos concluir que debe destituirse al Alcalde porque en alguna fecha futura podamos resolver que él decidió incorrectamente una difícil cuestión ele derecho, sobre la cual otros tribunales están divididos y que todavía no ha sido resuelta por nosotros. Véase el escolio 6.

II

Ill segundo cargo es al efecto de que a virtud de los referidos contratos el Alcalde creó un monopolio a favor de la firma García & Cintrón, compuesta de García, cuñado del Alcalde, y de Cintrón, hijo menor de Juana Cía veil, Tesorera-Directora Escolar de Ponce. Antes de discutir este cargo, pasemos al próximo grupo de éstos.

Los cargos tercero al décimo imputan que en distintas fechas, sin la celebración de subastas, según exige el artículo 8 de la Ley Municipal, el Alcalde compró a García & Cintrón para el Municipio, piedra triturada y gravilla, con un valor sobre $2,000, para usarse en el proyecto de pavimentación de las calles de Ponce y en otras obras municipales. Algunos de estos cargos expresan que se expidieron varias órdenes el mismo día para los mismos materiales por cantidades menores <le $2,000, peí'o que ascienden en total a más de $2,000, con la intención de evadir los requisitos del artículo 8.()

El Alcalde indudablemente aprobó el pago de piedra triturada y gravilla comprada a García & Cintrón por un im-porte mayor de $2,000 sin la celebración de subastas, usadas en el proyecto de construcción y pavimentación de las calles de Ponce. () Para poder determinar si esta actuación del Alcalde violó el artículo 8, pasemos primeramente a la cues-tión de si este proyecto era una “obra pública” del Muni-cipio dentro del contexto del artículo 8.

El proyecto para la pavimentación de las .calles de Ponce fue originalmente un proyecto Federal de la WPA. Cuando desapareció la WPA el proyecto vino a manos del Programa de Emergencia de Guerra del Gobierno Insular, conocido como el PEG. Véase la Ley núm. 16, Leyes de Puerto Rico, 1942 (pág. 51), Tercera Sesión Extraordinaria. El problema de si como cuestión de derecho el proyecto' era insular o municipal es difícil de resolver. Quizá se podría clasificar me-jor como un proyecto híbrido. En verdad, no era uno exclu-sivamente municipal, Cf. Loans from the PWA in Excess of City Debt Limits, 47 Harv. L. Rev. 688; Foley, Municipal Financing of Public Works, 4 Fordh. L. Rev. 13, 15-17, 24-25. Tanto bajo la WPA como bajo el PEG,() el Municipio “aus-pició” el proyecto. Esto significaba en efecto que el'“pro-yecto beneficiaría al Municipio. Sin embargo, en este caso y casi invariablemente la contribución del PEG al costo del proyecto fue considerablemente mayor que la contribución del Municipio. Pero el aspecto más significativo del conve-nio entre el PEG- y el Municipio fué que el control y la admi-nistración del proyecto, desde su comienzo hasta su termina-ción, descansaba en el PEG. Aun en los casos en que la contribución del Municipio se hacía en dinero, éste no lo gas-taba directamente en el proyecto. Por el contrario, el dinero se le entregaba al PEG y éste lo invertía. Y nadie alega que el PEG venía obligado a invertir tal dinero de conformidad con el artículo 8 de la Ley Municipal, o que el Alcalde venía obligado a hacer que el PEG cumpliera con el artículo 8 al hacer tales inversiones de dinero. En realidad, la sección 3(i) de la Ley núm. 16 de 1942 expresamente autoriza al PEG a prescindir de las subastas en sus proyectos.

El problema es un poco más difícil cuando, como ocurrió en este caso, la contribución del Municipio a un proyecto del PEG se hace en materiales y no en numerario. Cuando se aprobó originalmente el artículo 8, el concepto de un proyecto PEG-municipal era desconocido. Por tanto, se podría argüir que la Asamblea Legislativa, al aprobar el artículo 8, tenía en mente sólo los proyectos planeados, administrados y con-trolados exclusivamente por el Municipio, y que en su conse-cuencia el artículo 8 no es de aplicación a este caso. Sin embargo, hay considerable peso en el argumento contrario de que la fraseología usada por la Asamblea Legislativa es ab-soluta, y que cualquier compra de materiales por el Municipio cuando el costo excede de $2,000 debe hacerse mediante la cele-bración de subastas. Esta última contención quizá prevale-cería si el Municipio estuviera simplemente comprando ma-teriales. Pero ésa no fué la situación en este caso. Aquí se compraron los materiales con el fin de entregárselos al PEG para que éste los usara en un proyecto administrado y controlado por el PEG. Por tanto, la cuestión crucial es la forma en que se determinó la identidad del vendedor de los materiales y el importe de los mismos.

Cuando nos referimos a la prueba sobre esta última cues-tión, encontramos que Rafael V. Urrutia, Jefe de la División de Operaciones del PEG, declaró que criando el municipio auspiciador convenía en suministrar materiales para un pro-yecto del PEG, éste informaba solamente la cantidad y cali-dad de los mismos, y que el vendedor era seleccionado por el Municipio sin intervención alguna del PEG. No obstante, admitió quo no tenía conocimiento propio de cómo se adqui-rieron los materiales para el proyecto de pavimentación en Ponce. En su consecuencia, su declaración fué solamente en cuanto a los reglamentos del PEG en general, y no respecto a la forma en que realmente operaron en este caso.

Por otro lado, Salomón Jorge Elias, quien era el Superin-tendente del PEG en Ponce para este proyecto, testificó que él y el Alcalde habían llegado a un entendido al efecto de que Elias seleccionaría los vendedores de materiales, ya que éste estaba familiarizado con tales asuntos y el Alcalde no. ■Declaró que después de la debida investigación llegó a la conclusión que la Atlantic Ore Co. era el único proveedor que podía suministrar la piedra triturada y la gravilla para este proyecto; que por tanto él personalmente eligió a dicha com-pañía como la vendedora de la piedra triturada y la gravilla para el proyecto; que García & Cintrón, como sucesora de la Atlantic Ore Co., continuó suministrando estos materiales, que no podían adquirirse de ningún otro vendedor; que él personalmente ordenaba los materiales directamente del pro-veedor cuando los necesitaba; que después que él certificaba haber recibido los mismos, los comprobantes se le enviaban al Municipio para el pago; y que el Alcalde nunca participó en forma alguna en la selección del proveedor o al decidirse qué cantidad de material debía comprarse en cualquier fecha específica. Esta declaración fué corroborada por Edil M. Bivera, Director de Obras Públicas de Ponce.

Alega el apelante que la conclusión de la Asamblea al efecto de que la única función realizada por el Municipio era aportar el costo de los materiales, no está sostenida por la prueba, y que por el contrario, los comprobantes y otra prueba documental demostraron que el Municipio seleccionó el vendedor. Si descansáramos únicamente en la prueba do-cumental y en los reglamentos del PEG, según los describe Urrutia, la contención del apelante indudablemente estaría co-rrecta. Pero la Asamblea Municipal encontró probado el he-cho de que el proyecto no había sido administrado según lo disponían los reglamentos. Resolvió más bien — y la prueba sostiene esta conclusión — que el Superintendente del PEG se-leccionó el vendedor y determinó cuándo y cuánto material debía comprarse.

Quizá el Alcalde tenía autoridad legal para insistir en que el Municipio tenía el control de la compra de materiales para el proyecto. Tal vez pudo haber ido más lejos y, para prote-gerse, insistir en que se compraran los materiales por subasta a tenor con el artículo 8. Pero la declaración de Elias de-muestra que el Alcalde era hombre práctico. Sabía que los superiores raras veces cumplen órdenes de sus subalternos. El récord contiene ejemplos de las vicisitudes a que estaban sujetos los proyectos auspiciados antes de que el PEG los terminara. Los fondos o los trabajadores asignados por el PEG para tales proyectos eran súbitamente retirados o redu-cidos. Además, estos proyectos eran administrados bajo condiciones de guerra; los materiales y la gasolina para el funcionamiento de la maquinaria y transportación eran difí-ciles de obtener. El Alcalde aparentemente llegó a la con-clusión de que la mejor manera de asegurar la terminación del proyecto al menor costo posible era dándole carta blanca al PEG: el Municipio pagaría por los materiales; el PEG determinaría la forma de compra, seleccionaría el vendedor' y la cantidad de materiales necesarios en una fecha específica. Para protegerse a sí mismo, el Alcalde debió haber cele-brado por escrito su convenio con el Superintendente del PEG al efecto de que éste seleccionaría el vendedor y la cantidad de materiales. También, su posición sería mejor si hubiera supuesto que el artículo 8 de la Ley Municipal posiblemente era aplicable y, actuando con precaución, hubiera obtenido úna ordenanza de la Asamblea Municipal declarando una emer-gencia en cuanto a los materiales específicos a ser adquiridos de García & Cintrón sin la celebración de subastas, conforme dispone el artículo 8. Cf. Ortiz v. Palmer, 61 D.P.R. 677. Pero el Alcalde actuó enérgicamente en tiempos de guerra y emergencia para obtener grandes beneficios para el Municipio sin costo alguno para éste. Y la prueba demuestra fuera de toda duda que el Alcalde no tuvo el menor beneficio personal de estas transacciones, y que como resultado de este sistema de compras el proyecto del PEG en Ponce se terminó a un costo considerablemente menor que proyectos similares del PEG en otros sitios.

El Alcalde corrió el riesgo de que algunas de sus actua-ciones pudieran posteriormente declararse técnicamente ile-gales. Corrió estos riesgos en pro del Municipio de Ponce. Abora, con la omnisciencia de hechos consumados, luego de una administración de siete años, una investigación extrema-damente minuciosa descubre estas compras de materiales. La Asamblea Municipal ha juzgado al Alcalde de acuerdo con la ley. Ha resuelto que él no se merece el estigma de la destitución. No estamos preparados para decir que los hechos sólo permiten la conclusión contraria cuando tales he-chos son que, sobre la difícil cuestión de derecho de si el artículo 8 de la Ley Municipal es de aplicación a un proyecto PEG-municipal, el Alcalde, con el fin de asegurar la termina-ción del proyecto al menor costo posible, resolvió en efecto que el artículo 8 no era aplicable y permitió que el Superin-tendente del PEG seleccionara el proveedor de materiales en vez de celebrar subastas para ello. Sobre este particular, de-bemos tener en mente que si la contribución del Municipio hubiera sido en dinero en vez de materiales, como hemos visto, el PEG hubiera comprado dichos materiales prescindiendo del artículo 8.

Indudablemente hay casog en que la ley es tan clara que debe destituirse al alcalde si deliberada y persistentemente la desafía y se niega a cumplirla. Pero cuando como ocurre en este caso existe una difícil cuestión de derecho y cuando la decisión del Alcalde resultó en beneficio del Municipio y no envolvió beneficio personal o corrupción de su parte, no podemos ver cómo estaríamos justificados en revocar la reso-lución de la Asamblea Municipal desestimando tal cargo.()

Deseamos enfatizar que no está ante nos la cuestión de si los contratos por estos materiales eran válidos dadas las dis-posiciones del artículo 8. Sólo resolvemos que, bajo todas las circunstancias concurrentes, la actuación del Alcalde no amerita su destitución.

Considerada nuestra discusión de los cargos 3 al 10, el segundo, al efecto de que el Alcalde creó un monopolio a favor de Gareía & Cintrón, carece de base. Los hechos del caso de Asamblea Municipal v. González, Alcalde, supra, pág. 559, en que descansa el apelante, son obviamente diferentes a los del presente.

III

Los cargos 11,12 y 13 son al efecto de que Fernando Sánchez, Director y Químico de la Planta de -Filtración del Acueducto de Ponce, Edil M. Rivera, Director de Obras Públicas, y Herminio Echevarría, ex Secretario Aíunicipal y Director de Escuela Elemental de Ponce, recibieron pagos en adición a sus sueldos, en violación del párrafo 13 de la sección 3-1 del Acta Orgánica, 48 U.S.C.A. See. 838, y del artículo 177 del Código Político, que prohíben la doble compensación.

En el caso de Sánchez la prueba fue al efecto de que se le pagaban $150 mensuales como Director y Químico del Acue-ducto de Ponce; que el acueducto y las facilidades auxiliares del mismo estaban situados fuera de la ciudad; que Sánchez tenía la obligación de inspeccionar estas facilidades; qne cuando no se inspeccionaban debidamente, el agua se contami-naba; que le era indispensable un automóvil para cumplir adecuadamente los deberes de inspección; que las autoridades militares estaban preocupadas por el hecho de que el agua del acueducto de Ponce no estaba dentro de las normas reque-ridas ; que para aquel entonces debido a la guerra el Munici-pio no podía obtener un automóvil para el uso de él; que el Alcalde, luego de consultar con varios miembros de la Asam-blea Municipal, convino con Sánchez en que éste usara su propio automóvil para fines oficiales, por lo cual recibiría una suma fija de $75 mensuales para gasolina, reparaciones, de-preciación y chófer; y que después de hacerse este convenio y como resultado de sus inspecciones y otros esfuerzos, el agua estuvo dentro de las normas requeridas y las autori-dades militares quedaron satisfechas,

El apelante descansa en López v. Martorell, 59 F. 2d 176 (C.C.A. 1, 1932); Báiz v. Comisión Hipica, 63 D.P.R. 483; y Pueblo ex rel. Castro v. Padrón, 60 D.P.R. 798. Ninguno dé estos casos es de aplicación. Ellos envuelven doble compen-sación por servicios propiamente dichos. Aquí el problema es si el reembolso por gasolina y uso del automóvil del em-pleado constituye una violación del párrafo 13 y del artículo 177. En dichos casos no se consideró esa cuestión.

, Las estrictas disposiciones de la ley que prohiben doble compensación no pueden evadirse mediante subterfugios. Pero las circunstancias del presente caso demuestran la im-periosa necesidad de conseguirle a Sánchez un automóvil ofi-cial, la imposibilidad del Municipio de obtener uno por razón de la guerra y el riso de su propio automóvil, incluyendo los gastos de gasolina, para tal fin. Indudablemente hubiera sido más deseable que el Municipio le reembolsara a Sánchez los gastos exactos en vez de pagarle una srrma fija mensual-mente. Mas es práctica corriente en el Gobierno Federal, por ejemplo, reembolsar a los empleados que usan sus propios automóviles para fines oficiales, una suma fija por milla reco-rrida en vez de exigirles que lleven cuentas detalladas y labo-riosas de sus gastos. Si Sánchez usó su automóvil constan-temente para fines oficiales, ciertamente la cantidad de $75 mensuales no puede decirse que sea enteramente irrazonable como un estimado de sus gastos.

No nos detendremos a determinar si este método de re-embolso estaba, de acuerdo con la práctica ordenada por el Auditor. Suponiendo que no lo estuviera, esa mera irregu-laridad difícilmente justificaría la destitución del Alcalde.

A no ser por diferencias insignificantes en cuanto a deta-lles, los hechos envueltos en los pagos efectuados a Rivera son similares a los del caso de Sánchez. Por tanto, es inne-cesario que hagamos comentario adicional alguno sobre los mismos.

En cuanto a Echevarría, éste había sido Secretario del Municipio. Dejó ese cargo para irse a trabajar con el De-partamento de Instrucción insular. No había nadie prepa-rado que pudiera hacer parte de su trabajo anterior. Por tanto, trabajó fuera de horas de oficina para el Municipio durante los meses de mayo y junio de 1945 y por ello recibió dos pagos de $60 cada uno.

La Asamblea Municipal llegó a la conclusión que el valor de sus servicios excedía la suma pagádale. También resolvió que el Departamento de Instrucción “había*reconocido el de-recho de los empleados de la categoría del Sr. Echevarría a hacer estas clases de trabajo y cobrar por ellos en horas fuera de las de su empleo en el Gobierno Insular”.'

El apelante no comenta en su alegato esta última conclu-sión de la Asamblea Municipal. Si la aceptamos como cierta, el Alcalde no cometió acto impropio alguno, irrespec-tivamente de la legalidad de tal trabajo y compensación do-bles. Y aun suponiendo que el Departamento de Instrucción no hubiera autorizado tal práctica y que era ilegal que el em-pleado cobrara por dicho trabajo, cf. López v. Martorell, supra, difícilmente creemos que deba destituirse al Alcalde por el mero hecho de haber traído a un ex empleado a prestar servicios temporales y urgentes mediante nna modesta com-pensación.

IV

El cargo decimocuarto es que el Alcalde aprobó una cuenta de $325 en pago de los servicios profesionales de un contador público autorizado, que fué cargada indebidamente a la partida “Servicios de un Secretario y Asesor Legal del Alcalde”.

La Asamblea resolvió que la cuenta por dichos servicios era razonable; que el Alcalde no tuvo participación en cargar la cuenta a ninguna partida específica, cosa que se hizo poste-riormente por el Auditor Municipal; que de cualquier modo, esto fué un error oficinesco que luego pudo haberse corregido en los libros del Municipio ; y que tales correcciones eran comúnmente hechas en los libros de todos los municipios, de los.departamentos insulares y de la Auditoría de Puerto Rico.

El apelante no probó que no hubiera partida a la cual cargarse esta cuenta ni que el Alcalde hubiera contratado los servicios del contador con la intención deliberada de pagarle de una partida indebida. La única prueba fué que la cuenta se pagó con cargo a otra partida. Y, según el apelante, ya es muy tarde para corregir el error, por haber expirado el año en cuestión.

Suponiendo que la cuenta se cargase a una partida inde-bida, el error no fué cometido por el Alcalde. Además, el corregir tal error es uno de los pequeños deberes del Auditor Municipal mas no del Alcalde. El afirmar que un cargo de esta naturaleza justifica la destitución del Alcalde de Ponce sería convertir en trivial el procedimiento provisto por el artículo 29 de la Ley Municipal. Ningún funcionario impor-tante de cualquier gobierno permanecería en su cargo vein-ticuatro horas si se le pudiera destituir por cualquier error oficinesco de poca monta cometido por uno de sus subal-ternos.

V

La sección 1 de 1.a .Resolución Conjunta núm. 57, Leyes de Puerto Rico, 1925 (pág. 1135), autorizó al Municipio de Ponce para que construyera un malecón en la bahía de Ponce en cooperación con el gobierno Federal. La sección 2 “autoriza [al Gobernador] ... a traspasar al Municipio de Ponce el título de propiedad de todos los terrenos que se desequen y se ganen al mar por virtud del dragado de dicho puerto”.

El cargo decimoquinto es que el Alcalde sabía que 35.50C cuerdas de cierta parcela de terreno no se habían ganado al mar de conformidad con la Resolución Conjunta 57, sino que pertenecían a la Autoridad de Fuentes Fluviales; que eso no obstante en marzo de 1946, y mediante información falsa, el Alcalde obtuvo del Comisionado del Interior una certificación acreditativa de que 40.411 cuerdas habían sido desecadas y ganadas al mar; que esto se hizo con el fin de obtener la ins-cripción de dicha parcela a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, y luego obtener del Gobernador el traspaso de dichas 40 cuerdas al Municipio de Ponce, en armonía con la Reso-lución Conjunta núm. 57; que el Alcalde logró inscribir esta parcela a nombre de El Pueblo de Puerto Rico; y que el 25 de marzo de 1946, el Alcalde logró obtener una escritura otorgada por el Gobernador transfiriéndole dicha parcela al Municipio.

La prueba demuestra que en 1945 el Alcalde inició sus esfuerzos para establecer el interés del Municipio en esta par-cela de terreno. Contrató los servicios de una reconocida firma, Frank Rufián Associates, para que hiciera la mensura del terreno a fin de determinar sus eolindancias. La firma asignó esta tarea a Frank Gatell, uno de sus empleados. Éste examinó un plano del Departamento de la Guerra; discutió la cuestión con Angel Gacarello, Jefe del Negociado de Mue-lles y Puertos del Departamento del Interior; vió un plano en el Negociado de Terrenos Públicos del Departamento del Interior; y para examinarla volteó la parcela en sí. En-tonces preparó un plano de los terrenos en cuestión.

El Alcalde utilizó el plano suministrádole por Frank Bu-llón Associates para obtener del Departamento del Interior una certificación demostrativa de que la parcela había sido ganada al mar de conformidad con la Resolución Conjunta 57. Dicha certificación es la clave de este cargo. A base de ella y a solicitud del Alcalde, se inscribió primeramente la parcela a nombre de El Pueblo de Puerto Rico y luego de aprobada por el Procurador G-eneral en cuanto a su foíma, fué tras-pasada por el Gobernador ál Municipio de Ponce. El caso contra el Alcalde, en su consecuencia, para que se sostenga o caiga, depende de que él deliberadamente engañara al De-partamento del Interior al obtener esta certificación.

La única evidencia ofrecida por el apelante, en apoyo de su imputación de fraude al Alcalde, fué la declaración de Sa-carello. Éste declaró en síntesis que ordenó se librara la certificación solicitada por el Alcalde debido únicamente a que Grillasea le aseguró que la parcela había sido realmente ganada al mar en virtud de los trabajos hechos a tenor confia Resolución Conjunta núm. 57. Pero la Asamblea Municipal no quiso dar crédito a esta declaración de Sacarello. Toda vez que la Asamblea Municipal vió y oyó al testigo, ella era el mejor juez de su credibilidad. No vemos base alguna por la cual podamos resolver que la Asamblea Municipal venía obli-gada a creer a Sacarello. Véase Tugwell, Gobernador, v. Campos, 65 D.P.R. 660.

Por el contrario, aun si actuáramos' sin el beneficio de la conclusión de la Asamblea, nos sería muy difícil creer que un alto .funcionario del gobierno insular daría un paso tan im-portante fundado en el mero ipse dixit de una persona que representa una entidad con intereses en conflicto, sin antes hacer una investigación independiente para proteger los inte-reses del gobierno insular. En verdad, Sacarello admitió que hubiera sido mejor que él hubiera hecho una inspección de la parcela. Y Armando Morales, Ingeniero Director del Ne-goeiado de Terrenos Públicos del Departamento del Interior, donde se preparó la certificación, controvirtió la declaración de Sacarello de qne éste había descansado únicamente en las afirmaciones de G-rillasca. Morales declaró qne cuando Sa-carello vino con Grillasca y sn abogado donde él para qne preparara la certificación, Morales preguntó si ‘ ‘ esto lia sido certificado por el Inspector de Ponce”. Sacarello contestó, “No, señor; ha sido por mi oficina... ”. Morales también' declaró como signe: “ ... ¿El Sr. Sacarello, cuando le dió la información, le dijo que la había adquirido del Sr. Alcalde o de los Jefes de su Departamento%’’ “De los Jefes, y de un plano del Sr. Rullán.”

Pero aun si admitiéramos que la declaración de Saca-rello era cierta, eso no demuestra necesariamente que el Al-calde sabía que estaba haciendo una reclamación falsa. A lo sumo revela que Sacarello fue negligente al no proteger los intereses del gobierno insular cuando ordenó se librara la certificación sin investigar los méritos de la reclamación del Alcalde. Indudablemente el Alcalde insistió en que Sacarello le expidiera la certificación. Pero de los autos se desprende que la reclamación del Alcalde fue hecha de buena fe, aunque como cuestión de hecho y de derecho pudo ser o no una recla-mación errónea.

El récord demuestra que en la actualidad existe una con-troversia bona fide respecto a si esta parcela está cubierta por la Resolución Conjunta núm. 57. Gatell declaró que en-contró que durante la marea alta dicha parcela estaba en parte sumergida y que en parte era manglar; pero no pudo decir si antes de eso había sido ganada al mar alguna vez. Y al presente está en controversia el hecho de si toda o parte de la parcela fue ganada al mar hace algunos años bajo la Resolución Conjiinta núm. 57.

La Asamblea Municipal no decidió esta controversia. Tam-poco la resolveremos nosotros en este recurso. Eso debe determinarse en un procedimiento plenario. Pero de los autos ante nos no surge'fraude por parte del Alcalde al hacer la reclamación del Municipio. Es cierto que hizo es-fuerzos, extraordinarios para establecer una reclamación que sns predecesores habían descuidado durante un número de años. Pero su celo a este respecto debe encomiarse más bien que censurarse.

Durante muchos años funcionarios estatales no solamente habían afirmado que los terrenos sumergidos a lo largo de sus áreas costaneras pertenecían a sus estados y no al G-o-bierno Federal, si que también habían ejercido actos de do-minio sobre dichos terrenos. La Corte Suprema reciente-mente decidió que los Estados Unidos han tenido siempre pleno dominio y control sobre estos terrenos. United States v. California, 332 U.S. 19. Pero nadie ha sugerido que aque-llos gobernadores que en representación de sus estados asu-mieron esta posición errónea deban ser residenciados.

Si la reclamación del Municipio a esta parcela carece de méritos, las cortes así lo dirán. Pero en ausencia de prueba de fraude, prueba que falta totalmente en este caso, no debe exigirse al Alcalde que su derecho al cargo dependa de la validez de esta reclamación.

VI

El cargo decimosexto es que desde 1942 a 1946 el Alcalde, sin el consentimiento de la Asamblea Municipal según lo exige el artículo 29 de la Ley Municipal, le pagó $150 men- - suales por servicios profesionales a Francisco M. Susoni, quien no era abogado del Municipio.

La prueba demostró que el Alcalde celebró un contrato verbal con Susoni para que éste actuara como abogado del Municipio por $150 mensuales; que Susoni prestó valiosos servicios, por los cuales recibió la suma estipulada; que en 1945 el contrato verbal se formalizó por escrito; y que la Asamblea Municipal no participó al emplearse a Susoni como abogado de ella.

El artículo 29 no dice que el Alcalde no puede nombrar un abogado para el Municipio sin el consentimiento de la Asamblea Municipal. Más bien dispone que “En ningún procedimiento ... en que sea parte el Municipio . . . podrá el Alcalde . . . retribuir los servicios de un abogado que no sea el del Municipio, sin consentimiento de la Asamblea Municipal.” (Bastardillas nuestras). Véase Valldejuli v. Municipio, 43 D.P.R. 41. Aquí el Alcalde empleó a Susoni como abogado regular del Municipio, sin el consentimiento de la Asamblea. El artículo 29 no probibe eso.

El hecho de que durante este período no existiera una partida titulada “Abogado del Municipio” no afecta la cues-tión. Había- partidas en los diferentes presupuestos para pagar los servicios de un asesor legal. Esto era suficiente autoridad para el Alcalde emplear y pagar a Susoni como abogado del Municipio. Y aun si no lo fuera, convertiríamos en una burla la disposición del artículo 29 de que un Alcalde será destituido tan sólo por justa causa, si resolviéramos que debe destituirse a Grillasca porque estaba equivocado al creer que podía contratar los servicios de alguien como abo-gado del Municipio en virtud de la disposición en el presu-puesto sobre un asesor legal. Véanse State v. Naumann, 239 N.W. 93, 95 (Ia., 1931); State v. Meek, 127 N.W. 1023, 1027 (Ia., 1910).

VII

El cargo décimoséptimo es que en 1946 el Alcalde autorizó el pago de $10,000 a Francisco M. Susoni por servicios legales especiales en relación con el traspaso al Municipio de la parcela de terreno envuelta en el cargo décimoquinto, a sabiendas de que el Municipio no adquirió título al terreno por no haber sido ésta ganada al mar, según lo exige la Resolución Conjunta núm. 57.

Lo que ya hemos dicho en relación con el cargo decimo-quinto es suficiente para resolver éste. Sólo resta agregar que cuando Susoni le escribió una carta al Alcalde solicitando compensación por estos servicios especiales, el Alcalde refirió la carta a la Asamblea Municipal. Esta, por una resolución formal, en la cual no intervino el Alcalde, fijó los honorarios en cuestión. No podemos ver cómo el cumplimiento por el Alcalde de dicho mandato de la Asamblea Municipal pueda dar lugar a que ésta lo destituya.

La decisión de la Asamblea Municipal desestimando los cargos será confirmada.

      (1)Ley núm. 53, Leyes de Puerto Rico, 1928 (pág. 335), según fué enmen-dada por la sección 1 de la Ley núm. 288, Leyes de Puerto Rico, 1946. ((1) pág. 675).

      (2)E1 artículo 10, tal como figura en la Ley núm. 253, Leyes de Puerto Rico, 1946, provee que un Alealde incurrirá en misdemeanor si “está interesado directa o indirectamente, en contratos celebrados con un municipio ... Este artículo ha dispuesto esto desde que fué originalmente aprobado. El artículo 202 del Código Político contiene una prohibición similar.

      (")E1 artículo 8 do la Loy Municipal dispone que “Toda obra pública se verificará y todos los efectos y materiales se adquirirán mediante subasta cuando su valor o costo exceda de dos mil (2,000) dólares en los municipios de primera clase ... ”.

      (') Algunos de los cargos decían que parte de la piedra y gravilla era para otros proyectos asi como para pavimentar las calles de Ponce. Sin embargo, en su alegato ql apelante no sostiene que se compraron materiales por más de $2,000 sin subasta para cualquier proyecto exclusivamente municipal.

      C)Las partes parecen convenir en que el procedimiento bajo el cual el Municipio auspiciaba proyectos de la AYPA y del PEG era, para nuestros fines, sustancialmente el mismo. Por tanto, limitamos nuestra discusión al procedi-miento bajo el PEG.

      (“)Notamos de paso que nuestra discusión de los cargos .‘i al .10 también so aplica al primero y ofrece un motivo adicional para desestimar ésto. Hemos concluido que el artículo 8 de la Ley Municipal no so aplica con tal claridad a los contratos entre García & Ointrón y el Municipio por materiales para los proyectos del PEG, que justifique la destitución del Alcalde por no haber cum-plido con el mismo. Igualmente, aún si supusiéramos que la firma del pagaré por el Alcalde como fiador de García dió a éste el interés directo o indirecto provisto por el artículo 10 de la Ley Municipal, estos contratos no son tan clara-mente contratos municipales, en particular dadas las circunstancias bajo las cuales fueron celebrados, como para justificar la destitución del Alcalde por su parti-cipación en su otorgamiento.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Carmen Delia Cerra, peticionaria, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. Luis Pereyó, Juez, demandada; Enrique Cerra, interventor.
    Núm. 1737.
    Sometido: Diciembre 3, 1947.

      Resuelto: Diciembre 22, 1947.

      Vicente Géigel Polanco, abogado del peticionario; Justo A. Casablanca, abogado del interventor, demandado en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En una acción sobre filiación y alimentos radicada a nom-bre de la menor Carmen Delia Cerra, la Corte de Distrito de Humaeao dictó sentencia declarando que dieba menor es bija natural reconocida del demandado Enrique Cerra y con-denando a éste a pagar a su bija una pensión alimenticia de $60 mensuales. El demandado apeló de la sentencia en cuanto a sus dos pronunciamientos. La demandante radicó entonces ante la corte inferior una moción sobre ejecución de la sentencia en cuanto a la acción de alimentos. La mo-ción fué declarada sin lugar por entender el tribunal inferior que en una acción sobre reconocimiento .de hijo natural y reclamación de alimentos “es improcedente el or-denar la ejecución de sentencia en cuanto a la acción de ali-mentos toda vez que la parte demandante ha apelado de la sentencia dictada para ante el Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico y la concesión de alimentos y el derecho a perci-birlos está supeditado a la” acción de filiación, siendo una acción consecuencia de la otra.” Denegada la reconsidera-ción de la resolución, la menor demandante instó el presente recurso, alegando: (a) que la corte a quo interpretó errónea-mente el artículo 84 dé la Ley de Procedimientos Legales 'Especiales (Art. 618 C. de E. Civil, ed. de 1933) (); (b) por-que en el caso de autos se han acumulado dos causas de acción, sobre filiación'y alimentos, y la corte ha declarado ambas con lugar; (c) porque siendo la sentencia divisible puede ejecutarse aquella parte que no queda suspendida por la apelación, o sea la parte relativa a los alimentos; (d) por-que la de filiación y la de alimentos son acciones separadas, distintas e independientes entre sí, aunque pueden acumularse en una misma demanda; (e) porque el reconocimiento de un hijo natural procede en cualquiera de los casos especifica-dos en el artículo 125 del Código Civil (ed. de 1930) y la concesión de alimentos al hijo natural o ilegítimo procede a base de la mera prueba de la paternidad; y (/) porque la acumulación de las dos acciones no impide la aplicación de lo dispuesto en el artículo 618 del Código de Enjuiciamiento Civil, porque los alimentos son siempre provisionales.

Tiene razón la recurrente. Las disposiciones del artículo 618 del Código de Enjuiciamiento Civil son claras y terminantes y no establecen excepción de clase alguna. De acuerdo con ellas la sentencia por la cual se condene al demandado al pago de alimentos provisionales podrá ser revisada en apelación, “sin que ésta obstaculice la ejecución de la sentencia.”

En Rivera v. Cardona, 56 D.P.R. 819, la cuestión plan-teada l'uó la de si un hijo ilegítimo, en quien no concurría la condición de hijo natural, podía instituir una acción en reclamación de alimentos, sin que previamente se hubiese es-tablecido la paternidad a virtud de sentencia firme o mediante un documento indubitado del padre en que expresamente reconozca la filiación. Resolvimos:

“El derecho a alimentos está tan íntimamente relacionado con la determinación de la paternidad, que no vemos razón alguna, siguiendo el precedente de Nicorelli v. López, supra, que impida resolver toda la controversia en un solo procedimiento, ya se dirija éste a la decla-ración de la paternidad y como un incidente del mismo se reclamen alimentos, ya se trate, como en el presente caso, de una reclamación de alimentos donde incidentalmente se establezca la paternidad.”

En Sánchez v. Corte, 64 D.P.R. 478, resolvimos, copiando • del sumario, que “la acción de filiación y la de reclamación de una pensión almientieia para el menor de cuya filiación se trata, pueden acumularse en una misma demanda de con-formidad con la Regla 18 de las de Enjuiciamiento' Civil.”

Y en Pueblo v. Rodríguez, ante, pág. 735, hicimos cons-tar que “tanto en causas criminales como en casos civiles este Tribunal reiteradamente ha decidido que una vez esta-blecida la paternidad, el presunto padre viene obligado a pro-veer alimentos a su menor hijo, y que tal paternidad puede ser investigada lo mismo en casos criminales como en proce-dimientos civiles.”

Es cierto que en la demanda radicada en este caso se alegaron separadamente dos causas de acción? reclamándose en la primera la filiación de la menor demandante y en la segunda el pago de la pensión alimenticia. Empero, esas dos causas de acción así acumuladas son en realidad una sola controversia que puede y debe ser resuelta en' un solo proce-dimiento. Establecida la filiación del hijo natural o la pater-nidad del Mjo ilegítimo, de una u otra surge el derecho del hijo natural o del ilegítimo a reclamar alimentos. La sen-tencia dictada en este caso tiene a su favor, como todas las sentencias, la presunción de ser correcta y coloca a la deman-dante en la misma posición legal que ella ocuparía si hu-biese presentado una reclamación de alimentos donde inci-dentalmente se hubiere establecido la condición de hija natural o la paternidad ilegítima.

Al disponer en el citado artículo 618 que las sentencias dictadas en casos sobre reclamaciones de alimentos podrán ser apeladas, sin que la apelación sea un obstáculo para la ejecución de las mismas' — contrario a lo que dispone el artículo 297 del mismo código, o sea que “formalizada una apelación, producirá el efecto de suspender todo procedimiento en la corte inferior” — el legislador tuvo evidentemente el propósito de proteger al menor, necesitado de recursos para atender a su sustento y educación, autorizándole para ejecutar, aun cuando hubiere sido apelada, la sentencia por la cual se le conceden los alimentos a base de la filiación o la paternidad probada a satisfacción de la corte sentenciadora.

La corte inferior erró al declarar sin lugar la moción sobre ejecución de sentencia en cuanto a la acción de ali-mentos. La resolución recurrida será anulada y el caso devuelto a la corte inferior para ulteriores procedimientos ño inconsistentes con esta opinión.

      (1)‘‘ Artículo 618. — (84 L.) :Toda reclamación sobre alimentos proyisionales se tramitará en la forma prescrita para el juicio de desahucio. Contra la sen-tencia que se dicte en esta clase de juicio se podrá utilizar el recurso de ape-lación, sin que ésta obstaculice la ejecución de aquélla.” ,


text:
    José F. Román y Julia Roman de Román, peticionarios, v. El Tribunal de Distrito de San Juan, Hon. Borinquen Marrero Ríos, Juez, demandado; Rufino de Goenaga, interventor.
    Núm. 1672.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Diciembre 22, 1947.

      Harry B. Lienza, abogado de los peticionarios; Sergio G. Gelpí, abo-gado del interventor, demandante y contrademandado en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios, residentes en la ciudad de Nueva York, fueron allí emplazados y notificados con copia de una de-manda contra ellos interpuesta por Rufino de Goenaga, sobre cumplimiento de un contrato para la venta de un solar, el cual fue embargado. Los peticionarios contestaron la de-manda y formularon, una contrademanda reclamando daños y perjuicios, más $500 para honorarios de abogado. El de-mandante Goenaga solicitó entonces que se dictase una orden requiriendo a los demandados contrademandantes por el he-cho de no ser residentes de la Isla de Puerto Rico, para que prestasen una fianza que garantizara el pago de las costas al demandante. La solicitud fué declarada con lugar, fijando la corte una fianza por la snma de $300 y ordenando la sus-pensión de todo procedimiento en relación con la contrade-manda hasta que dicha fianza fuese prestada.

Los eontrademandantes solicitaron la reconsideración de la orden; y habiendo sido ésta denegada, acudieron ante este Tribunal por medio del presente recurso. Alegan que la corte inferior carecía de jurisdicción para dictar la orden recurrida “por razón de que el artículo 342 del Código de Enjuiciamiento Civil (1933) dispone que la prestación de fianza sólo puede requerirse cuando el demandante en un pleito residiere fuera de la Isla de Puerto Rico y en ninguna forma incluye ni expresa ni implícitamente a un deman-dado.” Alegan, además, que si la intención del legislador hubiera sido la de imponer al demandado esa obligación, así lo hubiera hecho constar en el propio estatuto; y que la recon-vención y la contrademanda son remedios del demandado que no pueden ser limitados mediante prestación de fianza, a menos que el estatuto expresamente así lo requiera.

La contrademanda radicada por los demandados no residentes, aquí peticionarios, se basa en una negación absoluta de las alegaciones de la demanda al efecto de que los demandados ofrecieron vender al demandante el solar en controversia; y en las alegaciones de que el pleito incoado por el demandante Rufino de Groenaga ha sido una sorpresa para los demandados ausentes y es parte de un plan del demandante para obligar a los demandados a venderle el solar por un precio inferior a su justo valor. Alegan los contrademandantes no residentes, que para atender a la defensa del pleito iniciado por Groenaga, el demandado Román se vió obligado a hacer un viaje precipitado desde Nueva York a Puerto Rico, gastando en el mismo la suma de $389; que tuvo que abandonar su negocio en Nueva York, perdiendo un total de $650; y que por no haber podido continuar la dieta a que estaba sometido por prescripción facultativa, sufrió daños y perjuicios ascendentes a la suma de $300.

No nos detendremos a considerar si la contrademanda interpuesta por los demandados no residentes es..o no pre-matura. La única cuestión a resolver es si la corte inferior erró al resolver que los demandados contrademandantes están obligados, por el Lecho de no residir en Puerto Bico, a pres-tar una fianza para garantizar las costas.

El artículo 342 del Código de Enjuiciamiento Civil, dis-pone que ‘ ‘ cuando el demandante en un pleito residiere fuera de la Isla . . ., puede requerírsele para que preste fianza por las eostas y gastos en que pudiere ser condenado” y, además, que “cuando así se le requiriere, habrá de suspenderse todo procedimiento en el pleito hasta que se hubiere presentado al secretario de la corte una fianza . . . que no excederá de la suma de trescientos dollars.”

Es indudable que si los aquí peticionarios, en vez de inter-poner una contrademanda hubiesen esperado hasta haber ob-tenido una sentencia a su favor en el pleito iniciado por Groe-naga, para reclamar a éste mediante una demanda separada los daños y perjuicios sufridos por ellos como consecuencia del pleito, la corte estaría obligada, a petición del demandado Groenaga, a requerir a. los demandantes no residentes para que prestasen una fianza por las costas. La posición de los contrademandantes no residentes, quienes solicitan un reme-dio afirmativo contra el demandante, es igual a la que ocu-parían si en vez de contrademandar hubiesen presentado una demanda por separado para reclamar los daños que ahora reclaman en la contrademanda. En cuanto a la contrade-manda, los aquí peticionarios son y deben ser considerados como demandantes y el demandante Groenaga como deman-dado, a los efectos de las disposiciones del artículo 342 del Código de Enjuiciamiento Civil. Véase: 48 C. J. 1219; Fox v. Pinson, 34 S.W.2d 459, 74 A.L.R. 583; Paducah Hotel Co. v. Long, 17 S.W. 853; O’Neill Bros. v. Crowley, 24 Fed. Supp. 705-7; Brooks v. Laurent, 98 Fed. 647; Tiller v. Cincinnati Discount Co., 110 S.W. 2d 420; Gabrielle v. Masselli, 197 A. 415; 7 Cal. Jur. 272, et seq.( )

La resolución recurrida será confirmada.

El Juez Asociado Señor Marrero no intervino.

      O Aun cuando la cuestión no ha sido levantada, conviene aclarar que de acuerdo con la Regla 13 de las Reglas de Enjuiciamiento Civil cualquiera recla-mación que el demandado pueda tener contra el demandante se hará constar en la contestación, por vía de reconvención y no como ‘ ‘ contrademanda ’ ya surja o no de la transacción o evento que motivó la reclamación de la parte contraria.


author: El Juez Presidehte Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Galíndez Santello, acusado y apelante.
    Núm. 12817.
    Sometido: Diciembre 10, 1947.

      Resuelto: Diciembre 22, 1947.

      Otero Suro & Otero Puro, abogados del apelante; Ron. Procurador General Luis Negrón Fernández, y J. Rivera Barreras y Alberto Picó Santiago, Fiscal y Fiscal Auxiliar 'del Tribunal Supremo, respectivamente, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidehte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Alfredo Ferrán, Luis G-alíndez y Luis Alvarez fueron acu-sados de un delito de infracción del artículo 21 de la Ley Hípica de Puerto Rico (Núm. 11 de 1932, Leyes de 1931-32, pág. 195) enmendado por la Ley núm. 184 de mayo 14 de 1941 ((1) pág. 1387), en relación con el artículo 22 de la misma Ley Hípica, i ) El delito imputádoles consistía en de-dicarse, sin la autorización de la Comisión Hípica de Puerto Rico, a la explotación de una Banca Alemana (parimutuel) dentro del Hipódromo Quintana, en relación con una carrera de caballos que allí se celebraba el día de autos, haciendo de banquero el acusado Ferrán, de apostador el acusado Alvarez y de colector el aquí apelante Luis Galíndez Santello, quien fue condenado a pagar una multa de $50 o a sufrir la prisión subsidiaria.

El primer señalamiento se refiere a la alegada insuficiencia de los .hechos expuestos en la denuncia para eonsti-tuir el delito imputado porque no se alega en la misma que el acusado Galíndez no fuera una de las personas naturales y jurídicas que explotan los hipódromos en Puerto Rico. Alega el apelante que no basta con que se diga en la denuncia que el acusado no estaba autorizado por la Comisión Hípica para explotar una banca alemana.

Un detenido estudio de la Ley nos convence de que el ale-gado error no ha sido cometido. El artículo 21 de la Ley Hípica, supra, dispone que las bancas alemanas sólo podrán establecerse para los días de carreras, dentro de los hipódro-mos autorizados por la Comisión Hípica; y, además, que esas bancas podrán ser explotadas únicamente por las personas naturales o jurídicas explotadoras de los hipódromos en fun-cionamiento. El artículo 22 de la misma Ley Hípica, supra, prohíbe estrictamente y declara ilegal “la formación de libros o libretas de apuestas o de bancas alemanas o subscription funds en relación con las carreras de caballos, excepto según queda autorizado por esta Ley.” De acuerdo con las dispo-siciones de dichos dos artículos, la formación de bancas ale-manas dentro de uno de los hipódromos autorizados por la Co-misión Hípica, por una persona natural o jurídica que no sea la misma que explota dicho hipódromo, está estrictamente prohibida y es ilegal.

La contención del apelante de que el artículo 27 de la Ley Hípica() permite que una persona pueda explotar una llanca alemana, sin que tenga que estar autorizada directamente por la Comisión, es insostenible. El artículo 21 de la Ley Hípica, supra, autoriza el establecimiento de bancas alemanas, en los días de carreras, dentro de los hipódromos auto-rizados por la Comisión Hípica Insular; y Tlispone expresa-mente que esas bancas podrán ser explotadas únicamente por las personas que explotan los hipódromos. La Ley no con-tiene disposición alguna que faculte a los explotadores de hi-pódromos para autorizar a otras personas para que exploten dentro de su hipódromo bancas alemanas o pools. Lo único que dispone el artículo 27 de la Ley es que si el explotador de un hipódromo permite que otra persona explote dentro de su hipódromo un negocio de banca alemana, será respon-sable a la persona que apueste en dicha banca por cualquier reclamación justa. No era necesario que en la denuncia se alegase que el acusado no es una de las personas autorizadas a explotar la banca. Lo alegado es más que suficiente para informar al acusado en cuanto a la naturaleza del delito im-putádole. Si él estaba autorizado para explotar la banca ale-mana, era a él a quien incumbía alegarlo y probarlo como defensa. El fiscal no está obligado a probar que el acusado no está cobijado por la excepción. ()

Los otros dos señalamientos se refieren a la suficiencia de la evidencia. La del Pueblo tendió a demostrar que el acusado apelante y Ferrán operaban y explotaban una banca clandestina, actuando el acusado como recaudador y Ferrán como banquero; que el apelante fué visto mientras recibía dinero de varias personas para apuestas en dicha banca y también cuando pagaba a los que habían ganado; que el acusado fué arrestado en el momento en que entregaba a Ferrán el dinero de las apuestas, ocupándosele la suma de $200 en billetes; que a Ferrán se le ocupó una libreta donde aparecían los nombres de los caballos y los de los apostadores y las sumas apostadas por cada uno; y que de los archivos de la Comisión Hípica Insular no aparece que los acusados estuvieran autorizados para explotar bancas alemanas en los hipódromos. La evidencia ofrecida por la defensa tendía a demostrar que el acusado había hecho una sociedad con un amigo para jugar en las bancas legítimas del hipódromo; y qne el acusado fue arrestado por la policía en el momento en que llevaba el dinero de él y de su amigo para jugarlo.

La corte inferior resolvió el conflicto dando crédito a la prueba del Pueblo. Siendo ésta suficiente para sostener la acusación y no habiéndose demostrado que la corte inferior cometiera manifiesto error en su apreciación o actuara mo-vida por pasión, prejuicio o parcialidad, es nuestro deber confirmar la sentencia recurrida.

      (l)“ Artículo 21. — El sistema de apuestas conocido en Puerto Rico por 'pool’ y las apuestas en las bancas alemanas, ‘supscription funds’, ‘mutuéls’, así como cualquier otro sistema de apuestas, sólo podrán establecerse para los días en que so celebren carreras de caballos y en relación con dichas carreras, dentro de los hipódromos autorizados por la Comisión Hípica Insular, y única-mente podrán ser explotados por las personas naturales o jurídicas explotadoras de los -hipódromos en funcionamiento. Disponiéndose, que la Comisión Hípica Insular no autorizará más de ocho ‘subscription funds’ durante un mismo año fiscal. ’ ’
      “Artículo 22. — -Por la presente queda estrictamente prohibido y se declara ser ilegal la conservación y explotación del negocio de pool o del sistema cono-cido por parimutuel y la formación de libros o libretas de apuestas o de bancas alemanas o subscription funds en relación con las carreras de caballos, excepto según queda autorizado por esta Ley. ’ ’

      (2)“ Artículo 27. — Toda persona natural o jurídica que, de acuerdo con esta Ley, estableciere o tuviere establecido debidamente un hipódromo en Puerto liieo y explotase o permitiese que otra persona explote, dentro de los terrenos do su hipódromo el negocio de bancas alemanas o pools, será responsable a la persona que apostare de cualquier reclamación justa; Disponiéndose, que las decisiones del Jurado y de la Comisión Hípica - Insular constituirán autoridad bastante para que el dueño del hipódromo que las acate quede exento de ulterior responsabilidad. ’ ’

        (3)Pueblo v. Ramirez, 65 D.P.R. 680; Pueblo v. Avilés, 54 D.P.R. 272; Pueblo v. Giraud, 52 D.P.R. 31.


author: El Juez Asociado Señor Marrero

text:
    José Nine, peticionario y apelante, v. Jorge A. Ortiz y L. A. Mattei Ramos, Alcalde Director de Obras Públicas y Secretario Auditor de Lajas, respectivamente, demandados y apelados.
    Núm. 9357.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Diciembre 22, 1947.

      Enrique Bácz García, abogado del apelante; José Rafael Gelpí, abogado de los ap.elados.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

José Nine radicó ante la Corte de Distrito de Mayagüez con feelia 9 de febrero de 1945 nna petición de mandamus, en la cual alega en síntesis qne con anterioridad al 28 de julio de 1943 el Municipio de Lajas solicitó de la Comisión de Servicio Público autorización para disponer de $1,000 perte-necientes al Fondo Permanente de Reserva del Acueducto, para atender con ellos al pago de la mano de -obra en. los siguientes trabajos: (a) terminación de la instalación de la tubería de 3 pulgadas en la calle Amistad; (5) cambio de la tubería en la calle del Hospital, sustituyendo la de 2 pul-gadas existente por una de 3 pulgadas; (c) extensión de la tubería de 2 pulgadas a la Urbanización Frank por la calle San Blas basta la salida del Barrio La Haya; y (d) extensión de la tubería hasta las urbanizaciones de la carretera de Lajas a Boquerón; que la Comisión de Servicio Público concedió la autorización solicitada; que de conformidad con lo provisto por los artículos 8 y 38 de la Ley Municipal el Alcalde de Lajas hizo anunciar en el diario La Democracia por el tér-mino de ley que se admitirían proposiciones para la realiza-ción de las obras anteriormente mencionadas y que dichas proposiciones se recibirían a más tardar el 20 de octubre de 1943, a las 2 de la tarde, en su oficina en la Alcaldía de Lajas, pero que llegada la bora de la subasta nadie com-pareció a someter proposiciones y por tal motivo la misma fué declarada desierta; que ante esa situación se reunió la Junta de ¡Subastas del Municipio y acordó que las obras se realiza-ran mediante órdenes separadas y por administración; que se expidieron órdenes al peticionario para que éste suminis-trara la mano de obra en los trabajos ya mencionados; que antes del peticionario empezar a prestar los servicios ordená-dosle por el Alcalde él presentó las cuatro órdenes para ser certificadas por el Auditor Municipal de Lajas y dicho fun-cionario procedió a aprobar las mismas y a certificar la exis-tencia de fondos en poder del Tesorero Municipal para hacer efectivo el pago de ellas; que entonces el peticionario co-menzó las obras ordenadas y mientras realizaba las mismas, en 10 de noviembre de 1943 la Asamblea Municipal de Lajas suspendió de empleo y sueldo al Alcalde-Director de Obras Públicas Municipal, Aurelio Ramírez Ramírez, designando en su lugar interinamente a José Miguel Toro, quien continuó ocupando dicho cargo en concepto de Alcalde sustituto hasta el 8 de enero de 1945; que al terminar la realización de las obras ordenádasle el peticionario presentó sus correspondien-tes comprobantes de pago al Alcalde sustituto, quien debería aprobarlos como Director de Obras Públicas; que el peti-cionario terminó y el Municipio recibió las obras ordenadas sin protesta alguna, pero que al presentar sus comprobantes de pago al Alcalde sustituto, éste se negó a: (a) certificar que la cuenta era correcta y que no había sido pagada ni en todo ni en parte, como Director de Obras Públicas, (b) apro-bar el pago de la deuda en su carácter de Alcalde, por enten-der dicho José Miguel Toro que siendo él un Alcalde sus-tituto no tenía poder para aprobar dichas órdenes, corres-pondiendo a su juicio tal aprobación al Sr. Ramírez Ramírez, o a él mismo, cuando su status de Alcalde fuera resuelto en definitiva, luego de terminar los pleitos que había pendientes; que el Auditor Municipal de Lajas certificó como correctos los comprobantes de pago y no hizo efectivos éstos por faltar la firma del Director de Obras Públicas y la del Alcalde; y que transcurrió desde noviembre de 1943 hasta el 8 de enero de 1945 en espera de que se resolviera el'status del Alcalde de Lajas, siendo en esta última fecha sustituida en su tota-lidad la administración de dicho pueblo por la actual como resultado de las elecciones de 1944; que el peticionario volvió a presentar sus comprobantes al Alcalde electo, Jorge A. Ortiz, y éste también se ha negado a efectuar el pago, al igual que lo ha hecho el nuevo Auditor Municipal; que no existe .razón alguna para que dichos comprobantes no sean apro-bados por los mencionados - funcionarios, existiendo dinero expresamente consignado en los libros del Municipio de Lajas para el pago de las indicadas obras, cuyo importe asciende a la suma de $981.25; y que el peticionario no tiene a su alcance otro remedio que no sea el presente recurso de mandamus para obligar a los demandados a pagarle el importe de su crédito.

Los querellados contestaron aceptando algunos hechos de la petición, negando otros y aduciendo como defensas espe-ciales: que nunca ha habido orden legal para la ejecución de las obras a que se. contrae la petición; que el peticionario estaba imposibilitado de acuerdo con la ley para contratar con el Municipio, por prohibírselo la Ley Municipal y el Có-digo Político; que la petición no aduce hechos;' que siendo Lajas un municipio de tercera clase era la Asamblea Municipal y no la Junta de Subastas el cuerpo con autoridad legal para proceder a hacer obras de la naturaleza de las indicadas en la petición por administración, eliminando las subastas o licitaciones; que el mandamus no procede por no aparecer de la petición que los demandados estén carentes de defensa; que no aparece que la alegada deuda haya sido liquidada, o expresamente aceptada por todas las partes envueltas en la controversia; que de procedersé al pago se estaría come-tiendo un delito público por las autoridades del Municipio de Lajas y especialmente por los demandados; qne las tran-sacciones a que se contrae la petición se llevaron a cabo entre el peticionario y Aurelio Ramírez Ramírez, Alcalde para aquel entonces del Municipio de Lajas, con el único fin de lucrarse personalmente y con el propósito, deliberado de defraudar los fondos del Municipio de Lajas habiendo como cuestión de hecho defraudado a dicho Municipio; que el peticionario es-taba incapacitado por ley para actuar en representación del Alcalde de Lajas y consecuentemente a nombre del Muni-cipio de Lajas, no pudiendo ser agente de éste y representante suyo en las transacciones a que se contrae este litigio; que hay una omisión de parte demandada toda vez que el Tesorero Municipal no ha sido incluido como demandado; que existe igualmente omisión de partes demandadas, toda vez que el Municipio de Lajas no ha sido incluido como demandado; y que ha habido tardanza (laches) en la radicación de este recurso.

Trabada así la contienda, la vista del recurso fue cele-brada ante la Corte de Distrito de Mayagüez durante los días 26 de marzo y 16 de mayo de 1945, dictando ésta opinión y sentencia el 26 de junio siguiente, a virtud de las cuales declaró sin lugar la solicitud. En la opinión de la corte inferior, luego de hacerse constar que ha encontrado probada por la preponderancia de la misma, que las transacciones a que se contraen los hechos de la petición se llevaron a cabo entre José Nine y el ex-alcalde de Lajas, Sr. Aurelio Ramírez Ramírez, con el único fin de lucrarse personalmente, y con el propósito deliberado de defraudar como defraudó los fondos del Municipio de Lajas, se exponen los siguientes asertos en apoyo'de su anterior conclusión:

1. Que de la declaración del peticionario se nota que él compareció como licitador a la subasta, pero que no hizo oferta alguna a ver si le tocaba algo en la misma, por lo que se ve que el peticionario no fué a licitar de buena fe, ya que aunque acudió a la subasta a hacer oferta le convenía a sus intereses particulares no hacer ninguna y que le contratasen para realizar los trabajos por administración;

2. Que de la declaración de Julio Ortiz, quien para la fecha de la subasta era Tesorero-Director Escolar de Lajas se desprende que éste no estuvo presente en reunión alguna de la Junta Administrativa o de Subastas del Municipio de Laj as en 20 de octubre de 1943;

3. Que el peticionario por servicios prestados al Muni-cipio de Lajas por delegación del Alcalde Ramírez durante 53 días cobró a dicho Municipio la suma de $635, que es a todas luces una cantidad exorbitante;

4. Que resulta ilegal e inmoral que una persona que os-tente una designación que le convierte en agente del Muni-cipio de Lajas, a virtud de la cual cobra por sus servicios $635 en 53 días, celebre mientras dura tal designación un contrato sobre prestación de servicios al propio Municipio;

5. Que resulta sospechoso que inmediatamente después de haberse declarado desierta la subasta se acuerde celebrar las obras por administración y se contrate para realizar las mis-mas al Sr. Nine, quien por gran casualidad se encontraba allí presente, siendo más sospechoso todavía que en dicho mismo

'día se le expida orden ai peticionario para la ejecución de la primera parte del contrato que estaba dividido en cuatro partes;

6. Que ofrece sospecha el testimonio de Julio Olán, quien para aquel entonces era maestro de obras del Municipio y quien no obstante haber supervisado las mismas manifestó que no sabía dónde fueron realizadas dichas obras;

7. Que igualmente ofrece sospechas la declaración del pro-pio peticionario, cuando al ser repreguntado por los deman-dados manifestó no recordar la clase de tubería que él pusiera en las calles de Lajas ni la tubería que colocara en cada sitio específico, a pesar de sólo haberla puesto en cuatro sitios del pueblo; y

8. Que resulta asimismo sospechoso que a pesar de la tu-bería de mayor diámetro que alega el peticionario haber puesto en cuatro calles de Lajas, al hacerse excavaciones por Juan Alameda, ayudante de plomería y testigo de los deman-dados, en la calle Amistad del referido Municipio, no apa-reció que en años recientes se hubiera puesto o cambiado en dicha calle tubería de clase alguna; y finalmente que el peti-cionario no acudía a la corte con las manos limpias.

So pena de ser prolijos, hemos hecho una extensa relación de las alegaciones de la demanda, de las defensas susci-tadas en la contestación, y de los fundamentos de la opinión ■emitida por el Juez de la corte inferior. Al así proceder hemos querido que de esta opinión se vea con claridad meri-diana cuáles son los fundamentos alegados por una y otra parte y los razonamientos que tuvo la Corte de Distrito al fallar en la forma en que lo hizo. Empero, la cuidadosa lec-tura que de los autos hemos hecho no nos permite estar de acuerdo con la sentencia dictada, ni con los razonamientos de la opinión que sirvió de base a la misma.

ÍSe desprende del récord de este caso que luego de obte-nerse de la Comisión de Servicio Público autorización para utilizar la suma de $1,000 en la realización de ciertas obras relacionadas con el acueducto del municipio de Lajas, se anunció en el periódico La Democracia que se recibirían lici-taciones en la oficina del Alcalde sobre las cuatro obras que en el anuncio se mencionaban; que llegados el día y la hora de la subasta no compareció lieitador alguno; que en ese momento se hallaba presente el peticionario y que en vista de la ausencia de lidiadores se acordó por la Junta de Su-bastas que las obras se efectuasen por administración. De todo esto no hay la menor duda. Tampoco la hay de que las cuatro obras fueron adjudicadas al peticionario y realizadas por éste de acuerdo con las instrucciones recibidas; de que el municipio se benefició con ellas y de que a pesar de haber fondos disponibles para efectuar el pago, hasta ahora no se ha efectuado el mismo. , • ¡

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley núm. 53 de 28 de abril de 1928 (pág. 335), según fué enmendado por la Ley mirn. 39 de 20 de abril de 1936 (pág. 255), Lajas es un municipio de tercera clase. De conformidad con el articulo 28 de la Ley citada, según fué enmendado por la núm. 98 de 15 de mayo de 1931 (pág. 595), los municipios de esa cate-goría sólo cuentan con cuatro funcionarios administrativos, a saber: (1) Alcalde; (2) Tesorero-Director Escolar; (3) Se-cretario-Auditor; y (4) Director de Beneficencia, disponiendo además ese artículo que “Para todos los municipios se crea una Junta Administrativa que estará constituida por sus respectivos funcionarios administrativos, . . . ”. Entre las facultades concedidas por ese artículo a dicha Junta está la de “(a) celebración y adjudicación de subastas.” No he-mos hallado en la Ley Municipal o sus enmiendas ningún artículo o precepto que cree específicamente la llamada Junta de Subastas. Todas las indicaciones son que la referida Junta Administrativa ha sido llamada indistintamente como tal y como Junta de Subastas por la Asamblea Legislativa en la mencionada Ley Municipal, calificándosele en esta úl-tima forma especialmente cuando la Junta Administrativa interviene con subastas.

En relación con las subastas dispone el artículo 38 de la Ley Municipal que: “La Junta de Subasta tendrá derecho a rechazar cualquiera o todas las proposiciones y en este último caso podrá anunciar nueva subasta, o disponer del asunto del modo más ventajoso para el municipio, sin com-petencia” y que “Guando se hubiere anunciado una subasta y no se presentaren proposiciones, la Junta de Subasta podrá disponer del asunto en la forma más conveniente al munici-pio.” (Bastardillas nuestras.) El primero de los párrafos citados no es de aplicación al caso de autos, ya que aquí las partes admiten que no se presentaron proposiciones y que no hubo, por ende, necesidad de rechazar todas o ninguna de éstas. El que sí es aplicable es el segundo párrafo antes copiado, puesto que al anunciarse la subasta y no presentarse proposiciones, la Junta podía disponer del asunto en la forma más conveniente al municipio. Fué esto precisamente lo que la Junta de Subastas hizo: al no haber licitadores de clase alguna procedió, previa convocatoria hecha al efecto por el Alcalde y en el salón de actos de la Alcaldía Municipal, a eer lebrar una sesión extraordinaria.

En el exhibit V (bis) se hace mención de la Junta Administrativa y no de la Junta de Subastas deí Municipio de Lajas, pero como ya hemos aclarado que la Junta Administrativa y la Junta de Subastas son la misma cosa, el aparente cambio de nombre carece de importancia. Continúa diciendo <lidio exhibit que pasada lista por el Secretario respondieron presentes el Alcalde y Presidente de la Junta, el Secretario y el Tesorero Municipal. Como la Junta Administrativa se componía en dicho municipio tan sólo de cuatro miembros, es indiscutible que los tres presentes constituían quorum^) Dicho exhibit está suscrito por el Secretario y por el Alcalde del Municipio. La firma del Tesorero no aparece, mas no vemos la necesidad de ello.

Entre los testigos que declararon por los demandados figuraba Julio Ortiz, Tesorero Municipal para la época en que la Junta Administrativa se reunió y acordó la realización de las obras a que se contrae este litigio. Manifestó que en ningún momento fuá citado para la aludida reunión de la .Junta Administrativa. Mas, no obstante, de su propio testi-monio se desprende que él fué la persona que le formuló cargos al Alcalde de Lajas ante la Asamblea Municipal. Ha-biendo prueba documental demostrativa de la forma en que se celebró la sesión de la Junta Administrativa y de las per-sonas presentes, no es necesario que determinemos si el tes-timonio de Ortiz en relación con este último extremo de la citada sesión era admisible o no, ya que de todos modos nos parece más digno de crédito el contenido del documento que el testimonio de Ortiz. La presunción es “que los deberes de un cargo han sido cumplidos con regularidad” (Ley de Evidencia, artículo 102, inciso 15) y nada hay que nos con-venza de que esa presunción ha sido controvertida en este caso.

Se desprende además del exhibit V (his) que habiendo quorum el Alcalde dió cuenta de la subasta publicada para la realización de las cuatro obras que se especifican y que no habiéndose presentado licitadores, él propuso, y fué aeep-tado, que la Junta Administrativa se acogiera a las disposiciones del artículo 38 de la Ley Municipal. () En virtud de la proposición del Alcalde y de las disposiciones del artículo 38, supra, la Junta acordó ordenar se hiciera el trabajo por administración.

Nada de extraño ni de ilegal vemos nosotros en que al publicarse una subasta y no concurrir licitadores, se reúna inmediatamente la Junta Administrativa y en armonía con el artículo citado de la Ley Municipal ésta acuerde realizar por administración las obras objeto de la subasta. Nada de ex-traño hallamos tampoco que una persona acuda a una su-basta como espectador o licitador, que al no haber otros Imi-tadores se abstenga de hacer oferta alguna y que luego, al acordar la Junta realizar por administración las obras que fueron objeto de la subasta anunciada, se contrate a dicha persona para efectuar las mismas.

Una vez que la Junta Administrativa del Municipio acordó la realización de las cuatro obras por administración, el Alcalde en su carácter de Presidente de la misma y de Director de las obras municipales () era el llamado a dar efectividad al acuerdo de la Junta, y como ésta no especificó la persona o personas llamadas a realizar las obras por ad-ministración, era de presumirse que el Alcalde quedaba facul-tado para designar esa persona o personas. Así lo hizo él al adjudicar los cuatro contratos al peticionario.

También se desprende de los autos que en momentos anteriores a aquél en que se celebró la subasta, Aurelio lia-mírez Ramírez, en sn carácter de Alcalde de Lajas ordenó al aqní peticionario la prestación de ciertos servicios espe-ciales, por los cnales se pagó a éste la suma total mencionada en-la opinión de la corte inferior. Estos servicios según los Exhibits A II, A III, A IV, A V, A VI, y A VII consistieron en ciertas gestiones practicadas por el peticionario (1) en Auditoría y Tesorería Insular y ante el ingeniero Rafael Pacheco Guerra; (2) en la casa comercial Roberto Colón Machinery Company, en Auditoría Insular y en otras encomen-dadas por el Alcalde; (3) en Auditoría Insular y en la ciu-dad de Ponce; (4) en Ponce, en la terminación de trabajos de la WPA del Municipio de Lajas y en conseguir brea para la terminación de calles; y (5) en Auditoría y Tesorería Insular', en la casa R. Colón y ante Compañías de Seguros. Todos estos servicios fueron ordenados por el Alcalde, por escrito, y por todos ellos el municipio de Lajas pagó al peti-cionario, habiéndose prestado los mismos entre el 8 de sep-tiembre de 1943 y el 22 de octubre del mismo año. No cree-mos que la realización de estos servicios específicos y espo-rádicos convirtieran al peticionario en un empleado del mu-nicipio y que en su consecuencia él estuviera impedido de contratar con el mismo. Véase el artículo 10 de la Ley Municipal, según fué enmendado por la ley núm. 253 de 1 de abril de 1946 (pág. 505). ()

Asimismo surge de los autos que en época anterior a la adjudicación de los cuatro contratos .objeto de este recurso el peticionario vendió al Municipio de Lajas cemento, madera y otros efectos a precios en exceso de los fijados por la Oficina de Administración de Precios. La ley castiga tal cosa y concede remedios al comprador, mas siendo esas compraventas anteriores a los contratos aquí en disputa, no puede ahora alegarse que con motivo de tales ventas .a precios exce-sivos el peticionario ha incurrido en fraude en relación con los mencionados cuatro contratos.

Es tan general la regla de que el fraude nunca se presume, de que el que lo alega debe probar su existencia con becbos incontestables, de que no debe entenderse establecida su existencia por simples conclusiones,' conjeturas, suposio-nes o sospechas y de que la prueba demostrativa del fraude debe ser sólida, clara y convincente, que debería ser innece-sario citar jurisprudencia en apoyo de ese principio. Bas-tará con mencionar el caso de The Texas Co. v. Estrada y Alvares, 50 D.P.R. 743. En el de autos los demandados im-putaron fraude al peticionario, pero la evidencia aducida dista mucho de ser la prueba sólida, clara y convincente re-querida por la jurisprudencia.

En cuanto al hecho de no haberse demandado al Municipio de Lajas ni al Tesorero del mismo diremos que éstos no eran partes necesarias. Los comprobantes de pago librados por los municipios son generalmente firmados tan sólo por el Alcalde y por el Auditor Municipal. Los que aparecen en autos como Exhibits V al VIII ya han sido firmados por el Auditor del Municipio de Lajas, faltando únicamente la firmá del Alcalde.

Si bien el mandamus es un remedio en ley, al mismo le son aplicables algunos principios de equidad y de ordinario no tendrá derecho al mandamus aquél que no acuda a la corte con manos limpias. Rodriguez v. Corte, 53 D.P.R. 575; Maisonave v. Domenech, Tesorero, 45 D.P.R. 247; Serra, Garabís & Co., Inc., v. Municipio, 42 D.P.R. 468, 488;() y 34 Am. Jur., sección 33, pág. 829. Sin embargo, nada hay en los autos de este caso que nos convenza de que las sospechas a que hace referencia el juez de la corte inferior sean suficientes para dejar establecido que el peticionario no acudió a la corte con manos limpias.

Si bien la defensa de laches es aplicable a recursos como el aquí envuelto, la misma no debe prosperar en este caso. El peticionario realizó el trabajo encomendádole y una vez hecho esto acudió ante el alcalde interino del Municipio de Lajas. Éste se negó a ordenar el pago, alegando que eso debería hacerlo el alcalde en propiedad. Hubo entonces nu-merosos pleitos 'en relación con el cargo de Alcalde. () Trans-currió poco más de un año y al tomar posesión el nuevo al-calde electo en las elecciones de 1944, el peticionario insistió en su reclamación, siendo ésta una vez más rechazada. Poco después acudió a la Corte de Distrito de Mayagüez con el recurso que está ante nos. Bajo estas circunstancias, el peti-cionario no ha sido culpable de laches.

Las cuatro obras ordenadas fueron realizadas; el Municipio de Lajas se benefició de ellas; hay dinero para pagarlas y nada demuestra que la ley' no fuera cumplida o que hubiera habido fraude en la adjudicación o realización del contrato. El hecho de que el Alcalde sustituto o de que la ''administración posterior al Sr. Ramírez Ramírez ordenara que los tubos puestos por el peticionario fueran desenterrados o sacados del sitio donde se colocaron por el peticionario no debe alterar la situación.

La sentencia apelada será revocada y en su lugar se dic-tará otra ordenando a los demandados que efectúen el pago de la suma reclamada por el peticionario.

      (1)Para aquel entonces el Municipio de Lajas no tenía Director de Bene-ficencia.

      (“)La parte pertinente del artículo 38 de la Ley Municipal a que se refirió el Alcalde y que se copia en el exhibit, ya ha sido citada más arriba.

      (3) Véase el final del párrafo 8 de la sección 29 de la Ley Municipal.

      (•*)E1 artículo 10 en su parte pertinente provee:
      “Ningún miembro de la Asamblea Municipal, funcionario ejecutivo, o admi-nistrativo, o empleado del municipio podrá estar interesado directa o indirecta-mente, en contratos celebrados con éste.'-’ (Bastardillas nuestras.)

      (5)El caso de Serra, Garabis & Co., Inc. v. Municipio, supra, fué confirmado en parte y dejado sin efecto en parte por la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, 65 F.2d 691. Sin embargo, dicho Tribunal no discute en, su opinión el principio de que el que solicita el auto de mandamus debe acudir a la corte con manos limpias.

      (“)Véase Asamblea Municipal v. Corte, 62 D.P.R. 772.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    William Irizarry Cuebas, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; R. Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 154.
    Sometido: Diciembre 11, 1947,

      Resuelto: Diciembre 23, 1947.

      J. Alemañy Sosa, abogado del peticionario; IIon. Procurador General Luis Negrón Fernández, y Elmer Toro Lucchetti, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor, demandado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Expedimos el auto en este caso para revisar la resolución dictada por el Tribunal, de Contribuciones declarándose sin jurisdicción para conocer de la querella original y de la que-rella complementaria presentadas por el peticionario ante dicho tribunal. Los hechos, sucintamente expuestos, son los siguientes :

El 24 de septiembre de 1945 el Tesorero de Puerto Eieo notificó al peticionario una determinación de deficiencia con respecto a la contribución sobre ingresos correspondientes al ¿no 1939, en la'suma de $3,626.62, incluyendo intereses,'pero sin penalidades de clase alguna. En.la notificación se le in-formó al contribuyente que la deficiencia había surgido con motivo de una investigación, en la cual no había podido identificarse, de un total de $60,684.53 en depósitos bancarios, la suma de $55,948.86; y que se estimaba que la mitad de esta suma o sea $27,974.43, constituían ingresos no declarados del contribuyente, provenientes de un negocio de “bolita”.

El 15 de octubre de 1945, o sea, veintiún días después de la notificación de deficiencia, el contribuyente solicitó del Te-sorero la reconsideración de la misma y, 'siete días después, o sea, el 22 de octubre radicó una querella ante el Tribunal de Contribuciones impugnando la deficiencia de $3,626.62. No obstante haberse solicitado la reconsideración después de ha-ber vencido los quince días que señala el artículo 57(a) de la- Ley de Contribuciones Sobre Ingresos, el Tesorero accedió a considerar dicha solicitud y celebró una vista administra-tiva, como resultado de la cual el Tesorero notificó, el 27 de noviembre de 1945, al contribuyente una nueva determinación de deficiencia, esta vez ascendente a $9,368.11. Para llegar a esta determinación el Tesorero consideró que el contribuyente no había podido identificar la procedencia de $39,011.41 y que dicha suma constituía ingreso neto tributable. Como parte de la contribución se impuso una penalidad por' fraude, la cual no había sido impuesta originalmente. Al calce de esta notificación el Tesorero informó al contribuyente que “en caso de que no estuviere conforme con la resolución que se le notifica” podía radicar dentro de los treinta días inmediata-mente siguientes, querella ante el Tribunal de Contribuciones en la forma dispuesta por la ley. El contribuyente así lo hizo radicando, ante dicho Tribunal el 26 de diciembre de 1945, una “querella complementaria”. El 29 de diciembre el Te-sorero radicó una moción solicitando la desestimación del re-curso alegando que el Tribunal de Contribuciones carecía de jurisdicción por no haber el contribuyente solicitado la recon-sideración de la notificación de deficiencia dentro del término de quince días que provee la sección 57(a) de la Ley de Con tribuciones Sobre Ingresos. Sometida esta moción, dicho tribanal la declaró con lugar y desestimó el recurso el día 6 de mayo de 1946. Solicitó el contribuyente la reconsideración y oídas las partes, el tribunal inferior, basándose en el caso de González Padín Co. Inc., v. Tribunal de Contribuciones, 66 D.P.R. 24, reconsideró el 9 de julio de 1946 sn resolución anterior desestimando el recurso.

Contestó entonces el Tesorero, tanto la querella original como la complementaria, y, al solicitar el contribuyente se dictara resolución por las alegaciones, el Tribunal, el 28 de febrero de 1947, resolvió, sua sponte, que: “procede decla-rarnos sin jurisdicción para entender en el recurso — tanto en lo que concierne a la instancia originalmente archivada como en lo atañente a la querella complementaria y dejar sin efecto nuestra resolución dq fecha 9 de julio de 1946. Ello implica, desde luego, que procede declarar sin lugar la mo-ción de sentencia por las alegaciones que presentara el que-rellante.”

El fundamento que tuvo el Tribunal de Contribuciones para declararse sin jurisdicción fue, en síntesis y según sus propias palabras, el siguiente:

“Es un hecho indubitable que el Tesorero, al proceder a deter-minar y enviar una nueva deficiencia a base de hechos y teorías de derecho distintas a las que motivaron la primera, lo que hizo fué notificar una determinación tentativa, totalmente nueva, de deficiencia en relación con la cual el contribuyente tenía que obtener, antes de acudir ante nos, la resolución administrativa definitiva que tantas veces hemos mencionado. El hecho de no haberse cumplido con ese requisito indispensable nos priva de jurisdicción para entender en el asunto.”

Y aplicó, tanto la sección 57(a) de la Ley de Contribu-ciones Sobre Ingresos, como la sección 4 de la Ley núm. 169 de 1943, que disponen, como uno de los requisitos previos indispensables para que el contribuyente pueda acudir al Tribunal de Contribuciones, que haya recaído una resolución del Tesorero sobre la determinación de cualquier deficiencia, se-gún la primera ley mencionada, o la correspondiente resolu-ción administrativa por parte del Tesorero, de acuerdo con la ley, según la segunda.

No tenemos dnda de que la conclusión a que llegó el Tribunal de Contribuciones en cuanto a los hechos del caso es correcta. La notificación que envió el Tesorero al contribuyente el 27 de noviembre de 1945 determinando una nueva deficiencia a base de hechos distintos a los que dieron lugar a la primera notificación, no constituyó una resolución administrativa de la reconsideración solicitada por el contribuyente y pudo éste solicitar la reconsideración de la segunda notificación de deficiencia, bhnpero, el Tesorero al hacer dicha segunda notificación, en noviembre 27, 1945, le informó al contribuyente erróneamente, 1ro., que dicha notificación era “ el resultado de la vista administrativa” concedida como consecuencia de la reconsideración solicitada en relación con la primera notificación de deficiencia de septiembre 24, 1945, y 2do., que lo que se le notificaba era la resolución a, que se refiere la sección 57(a) de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos,^) ya que expresamente le dijo al contribuyente: “En'caso de que no estuviere conforme con la resolución que se le noti-fica, puede usted, dentro del término de tebinta (30) días inmediatamente siguientes a la fecha de esta notificación, ra-dicar una querella ante el Tribunal de Contribuciones de Puerto Pico, en la forma dispuesta por la ley. Para acudir ante el mencionado Tribunal es requisito previo la prestación de una lianza por una suma no menor de las tres cuartas (%) partes del montante de la contribución objeto de la apelación de acuerdo con lo estatuido en la sección 6 de la Ley núm. 23, aprobada en noviembre 21 de 1941. ”()

Le manera que fué la actuación del Tesorero la que indujo al contribuyente a actuar en la forma en que lo hizo. Es cierto, como dice el tribunal a quo en su opinión, que el Teso-rero no está obligado por ley a informarle a un contribuyente lo que debe hacer y cuál es la ley aplicable a cualquier situa-ción que surja en su caso, pero el más elemental sentido de justicia indica que, si lo hace, no debe inducirle a error e informarle como resolución administrativa lo que en realidad es una nueva notificación de deficiencia. El propio tribunal recurrido, en la opinión que emitió el 9 de julio de 1946*, recon-siderando la desestimación que había ordenado el 6 de mayo, se expresó en esta forma:

“Adviértase que de acuerdo con los procedimientos seguidos en este caso, el querellado ha triplicado la deficiencia notificádale al contribuyente originalmente sin darle a éste una oportunidad de dis-cutir administrativamente todo lo relacionado con dicho aumento.
“Cuando el Tesorero cree que un contribuyente debe pagar una contribución sobre ingresos mayor que la notificádale anteriormente como deficiencia, debe hacerlo al través de una notificación adicional, e independiente de la primera, a los fines de que. el contribuyente tenga una oportunidad adecuada de defenderse solicitando una vista administrativa, si así lo desea, en la que pueda plantear todas las cuestiones de hecho y de derecho que sean pertinentes, inclusive, tal vez, la do que hubiere expirado el término para el Tesorero tasar y cobrar una mayor contribución.
'* ‘'Bn el presente caso el recurrente fué privado de su oportunidad de defenderse administrativamente del aumento que se le hiciera en la contribución sobre la que se le notificara originalmente. Lo que debió haberle sido avisado como una determinación tentativa se le notificó como una deficiencia definitiva. Semejante proceder, aparte de la galantería de que pudiera carecer, no estaba ajustada a de-recho. Y se acentúa el cariz indeseable de la actuación al recurrirse, después de haberse triplicado la deficiencia con motivo de la vista administrativa, a la alegación de que este tribunal carece de juris-dicción para entender en este caso porque el recurrente no solicitó la vista administrativa dentro de los quince (15) días que se con-ceden para ello en la sección 57 (a). Al suscitar esta cuestión juris-diccional el querellado no rectifica su actuación, y sin rebajar lá con-tribución a ser pagada por el contribuyente a la cantidad que apa-recía de la deficiencia tentativa original, insiste en cobrar el total de la nuevamente determinada después de la vista administrativa que el propio querellado alega fué concedida-y celebrada fuera de ley.”

Como dijéramos, mutatis mulcmdi, en el caso de Mayagüez Lt., P. & I. Co. v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 30, 35, no podemos hacer nuestra tan deportiva teoría de justicia, bajo la cual una notificación del Tesorero pueda em-plearse para atrapar al contribuyente precavido o aun al. no precavido, y privarle de la oportunidad de tener su día en corte. ()

Ya hemos dicho, que la segunda notificación de noviembre 27, 1945, no sólo contenía una nueva deficiencia basada en hechos distintos, sino que por primera vez el Tesorero impuso una penalidad del 50 por ciento del montante de la contribución por haber el contribuyente “rendido una declaración falsa o fraudulenta.” Aceptando, sin resolverlo, que la declaración rendida sea falsa o fraudulenta, entonces, de acuerdo con la sección 61(a) de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos, el Tesorero podía y puede imponer la contribución en cualquier momento y sin estar sujeto al término de siete años que provee la sección 60(a) (1) de la misma ley. Como consecuencia, el Tesorero, no obstante el tiempo trans-currido, puede notificarle de nuevo al contribuyente la defi-ciencia que por error le notificó como resolución administra-tiva, y entonces el peticionario podrá solicitar la reconside-ración y 1a- vista administrativa correspondiente. Es obliga-ción del Tesorero así hacerlo, ya que fue él quien indujo al contribuyente a cometer el error que privó al tribunal inferior de jurisdicción para conocer de su caso. El Tribunal de Con-tribuciones al declararse sin jurisdicción en cuanto al fondo de las. cuestiones envueltas en el recurso, debió hacer esta aclaración o salvedad en protección de los derechos del con-tribuyente. Habiendo sido hecha en esta opinión, procede la confirmación de la resolución recurrida.

      (J)Diclia sección 57(a), según enmendada por la Ley núm. 23 de noviembre 21 de .1041, provee:
      “Sección 57. — (a) Si tratándose de algún contribuyente, el Tesorero deter-minare que hay una deficiencia con respecto a la contribución impuesta por este título, el contribuyente, excepto lo que dispone la subdivisión (o) será notificado de dicha deficiencia por correo certificado, poro dicha deficiencia será tasada en la forma que se establece en la subdivisión (6). Dentro de los quince (15) días inmediatamente siguientes a la fecha de la notificación, el contribuyente podrá solicitar del Tesorero la reconsideración de dicha determinación de defi-ciencia, expresando en su solicitud los fundamentos en que ésta se basa, y el Tesorero podrá concederle una vista administrativa antes de resolver el asunto, o podrá denegar la reconsideración solicitada sin la celebración de vista alguna cuando a su juicio dicha solicitud fuero claramente infundada. Si el contribu-yente no estuviere conforme con la resolución del Tesoreio respecto a cualquier deficiencia, podrá, dentro de los treinta (30) días inmediatamente siguientes a la fecha en que se le notifique la resolución, radicar una querella contra el Te-sorero ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico, en la forma dispuesta por la ley creando dicho tribunal; 'Disponiéndose, que (1) la resolución del Tesorero sobre la determinación de cualquier deficiencia y (2) la prestación de fianza por el contribuyente, sujeta ésta a la aprobación del Tesorero, por una suma no menor de tres cuartas (%) partes del montante de la" contri-bución apelada, serán ambos y cada uno requisitos previos indispensables para acudir al referido Tribunal, sin los cuales éste no adquirirá jurisdicción.”

      (2)La sección 6 fué la que enmendó la sección 57 de la Ley de Contribu-ciones sobre Ingresos.

        (s)Cf. Ballester v. Tribunal de Apelación, 60 D.P.R. 768.


author: El Juez Asociado Señor SNYder

text:
    Víctor Quintero Pérez, recurrente, v. Comisión Industrial de P. R, Etc., demandada; Departamento del Interior, patrono.
    Núm. 378.
    Sometido: Diciembre 3, 1947.

      Resuelto: Diciembre 23, 1947.

      Victor M. Bosch, abogado del recurrente; Ángel A. de Jesús Matos, M. Maldonado Pacheco y Aída Casañas Marengo, abogados del Administrador del Fondo del Estado.
   El Juez Asociado Señor SNYder

emitió la opinión del tribunal.

Mientras trabajaba como pintor el peticionario, al abrir una lata de pintura, contrajo un envenenamiento agudo con sales de plomo. El Administrador del Fondo del Seguró del Estado lo sometió a un largo tratamiento y luego lo dió de alta, curado y sin incapacidad. El peticionario alegaba que tenía una incapacidad parcial permanente y apelo para ante la Comisión Industrial. Expedimos el auto al solici-tarnos el obrero revisáramos la decisión de la Comisión des-estimando su reclamación.

No hay duda alguna de que el peticionario contrajo1 una enfermedad ocupacional como resultado de su empleo. Y la Comisión resolvió que como resultado de ello actualmente está incapacitado para trabajar con pintura que contenga plomo. Sin embargo, también resolvió, a base de testimonio médico, que podía dedicarse a cualquier otra clase de trabajo u ocupación remunerativa, aparentemente incluyendo cualquier clase de pintura que no contenga plomo. Al declarar sin lugar la moción de reconsideración, la Comisión se expresó así:

“Hemos estudiado el artículo 3 de la Ley 45 de abril 18 de 1935, según quedó enmendado por la Ley 284 de 15 de mayo de 1945, sobre incapacidad parcial permanente, y no encontramos en la tabla de compensaciones que contempla el estatuto, ninguna incapacidad par-cial permanente que pudiera asemejarse a la que se le atribuye a este obrero por el hecho de que él no debe ponerse en contacto con pinturas que contengan sales de plomo, estando él capacitado físicamente para hacer toda otra clase de trabajos u ocupaciones remunerativas.
“En nuestra resolución dijimos que, aun cuando simpaticemos con la teoría del abogado del obrero, no podemos pasar por sobre la ley, siendo la Legislatura la única que puede enmendar el estatuto proveyendo algún remedio para estos casos.”

El peticionario descansa en el lenguaje de la sección 3, inciso 4, que reza como sigue: “Disponiéndose, que en aque-llos casos en que lá incapacidad parcial peímanente no pueda ser propiamente fijada de acuerdo con la Tabla de Compen-saciones antes inserta, la misma se reflejará sobre las funcio-nes fisiológicas generales del obrero o empleado., y la com-pensación se calculará a base de trescientos cuarenta (340) semanas como máximum y no podrá ser mayor de tres mil (3,000) dólares.”

Sin embargo, con dicho lenguaje la Asamblea Legislativa no tuvo en mente abrir la puerta para permitirle a la Co-misión resolver que ello no obstante, podría clasificarse como fal, cualquier otra clase de incapacidad parcial permanente no descrita en la sección 3. Su único propósito fue darle a la Comisión algún margen en la aplicación de la rígida Tabla de Compensación contenida en dicha sección.

Un hombre que ha pintado durante toda su vida y ahora no puede hacerlo con pintura de plomo, indudablemente en-contrará que su poder adquisitivo ha'mermado. Pero, des-graciadamente, la Asamblea Legislativa en su sección 3 no ha provisto para este peculiar tipo de incapacidad parcial per-manente que sólo existe cuando el obrero trata de trabajar en una ocupación específica. En su consecuencia, estamos obligados a convenir con la Comisión.

La resolución de la Comisión Industrial será confirmada.