author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Modesta Concepción Cosme, Etc., demandantes y apelantes, v. Demetrio Latoni Pecunia, demandado y apelado.
    Núm. 8547.

    Sometido: Abril 6, 1943.

      Resuelto: Mayo 19, 1943.

      A. Casanova Prats, abogado de los apelantes; L. E. Dubón y Félix Ochoteoo, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del- tribunal.

En mayo 26 de 1987, este tribunal dictó sentencia en el primer recurso de apelación interpuesto por los mismos aquí .apelantes, confirmando la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan, pero modificándola en el sentido de dejar sin efecto aquella parte de la misma que declaraba sin lugar la reclamación de los demandantes por el importe de las rentas percibidas por el demandado y las que pudieron liaber percibido los demandantes durante el tiempo en que ■el demandado estuvo en posesión de las fincas por virtud del procedimiento ejecutivo hipotecario declarado nulo por la misma sentencia recurrida. t El caso fue devuelto a la corte inferior con instrucciones de abrirlo a prueba en cuanto a la reclamación sobre las rentas, requiriendo al demandado para que rindiera cuenta de las rentas realmente percibidas por él y dando una oportunidad a los demandantes para pro-"bar el valor de los frutos que ellos hubieran podido percibir y que no percibieron por culpa, abandono o negligencia del demandado. Concepción v. Latoni, 51 D.P.R. 564.

Por causa de las dilaciones motivadas por el recurso de apelación para ante la Corte de Circuito, interpuesto prema-turamente por los demandantes apelantes (Cosme v. Márquez, 94 F. (2d) 908), y por otro recurso interpuesto también para ante esta Corte Suprema y desestimado por sentencia de julio 26, 1940 (Concepción et al. v. Latoni, 57 D.P.R. 997), la vista sobre rendición de cuentas no pudo celebrarse hasta el 3 de diciembre de 1940.

En junio 25 de 1941 la corte inferior hizo constar en su relación del caso y opinión que de acuerdo con la prueba del demandado éste había percibido un total de $8,012.38 y gastado un total de $3,485.77 en comisiones de .cobranzas, agna, limpieza, 'reparaciones, fianzas devueltas, lnz, desa-hucios de inquilinos, contribuciones y pólizas de seguro, quedando a su favor un balance neto de $4,526.61. No es-tuvo convencida la corte inferior de que el demandado tuviese derecho a deducir la suma de $284.10 pagada por concepto de pólizas de seguros contra huracán e incendio y desaprobó dicha partida, elevando así a $4,810.71 la can-tidad neta percibida por el demandado desde julio 21, 1932 a abril 24, 1936. La sentencia enmendada dictada en ju-nio 25, 1941 declara nulos el procedimiento ejecutivo hipo-tecario establecido por Demetrio Latoni contra Modesta Con-cepción Cosme y sus hijos y la escritura de venta otorgada por el márshal; condena al demandado Latoni a pagar a los demandantes la suma de $4,810.71 por las rentas percibidas por él y reclamadas por los demandantes; y declara con lu-gar la contrademanda interpuesta por Latoni, condenando a los deudores hipotecarios, Modesta Concepción Cosme e hi-jos, al pago de $8,500, importe del préstamo hipotecario, más $510 de intereses hasta abril 1932, más $661.23 por contribu-ciones pagadas sobre las fincas y $2,500 importe de repara-ciones, o sea, un total de $12,171.22, sin especial condenación de costas.

Es contra dicha sentencia que los demandantes han inter-puesto el presente recurso de apelación, en el que imputan a la corte sentenciadora la comisión de cuarenta y. dos erro-res.

Las cuestiones levantadas por los primeros siete señala-mientos fueron ya consideradas y resueltas por esta corte en contra de los apelantes en el recurso anterior, 51 D.P.R. 564. No habiéndose aducido razón o argumento legal alguno que nos obligue a rectificar la opinión ya emitida, ésta debe quedar y queda confirmada por la presente.

Por los señalamientos octavo a vigésimonoveno, ambos inclusive, los apelantes se quejan de que la corte inferior permitiese al demandado descontar del importe total de las rentas por él percibidas los siguientes gastos y desem-bolsos :

Casa Núm. 4, Callejón de Las Monjas:
Contribuciones_ $360. 62
Comisiones ele cobro_ 364. 72
Gastos ele limpieza_ 176. 00
Reparaciones_ 94.18
Arbitrios de Agua_ 283. 65
Zafacones_ 4. 00
Gastos de desahucios_ 100. 00
Casa San S&bastíán Núm. 70:
Luz_ 66. 00
Contribuciones_ 650. 34
Comisiones de cobro_ 441. 08
Gastos de limpieza_ 176. 00
Reparaciones_ 102. 56
Arbitrios de Agua_ 256. 50
Zafacones_ 8. 00
Gastos Judiciales_ 70. 00
Total_$3,153:65

Arguyen los apelantes que los anteriores gastos y desem-bolsos no tienen relación alguna con el concepto jurídico de frutos, por no ser los gastos de producción, conservación y recolección de los frutos a que se refiere el artículo 356 del Código Civil Español, equivalente al 290 del nuestro; y que la corte inferior actuó sin jurisdicción y. desobedeció el man-dato de esta Corte Suprema al permitir al demandado recla-mar gastos y desembolsos que debió haber reclamado en su contrademanda o en un pleito aparte.

Estas mismas cuestiones fueron levantadas por los aquí apelantes y resueltas en su contra en el recurso por ellos en-tablado contra la resolución de la corte inferior sosteniendo la admisibilidad de la prueba sobre los gastos incurridos por el demandado mientras estuvo en posesión de las fincas. Véase 57 D.P.R. 997.

El artículo 290 del Código Civil dispone que “el que per-cibe los frutos tiene la obligación de abonar los gastos he-chos por un tercero para su producción, recolección y con-servación.” En sus Comentarios al artículo 356 del Código Español, dice Manresa:

“. . . El propietario no puede excusarse alegando la mala fe del tercero, porque sea de buena o de mala fe, lo cierto es que éste lia hecho un gasto, no sólo útil para el propietario, sino necesario, y sin el cual el propietario no hubiera obtenido frutos de su fundo, resultando además que, de no mediar indemnización, se consagraría el injusto principio de que uno puede enriquecerse a costa y con daño de otro. . . .
“Los gastos de producción y demás, para que puedan conceptuarse reembolsables por el propietario . . . deben tener dos caracteres: primero, que estén dedicados a la producción anual, ... Y segundo, que no sean supérfluos, excesivos o de puro lujo, sino que deben ser hechos en aquella medida natural que la condición del cultivo o trabajo de que se trata exige.” Vol. 3, págs. 181 y 182.

El artículo 382 del Código Civil concede a todo poseedor, ya sea de buena o de mala fe, el derecho a que se le abonen los gastos necesarios y los gastos útiles; pero sólo el posee-dor de buena fe podrá retener la cosa hasta que se los satis-fagan. De acuerdo con los artículos 383 y 384, ningún po-seedor puede exigir que se le abonen los gastos de puro lujo o mero recreo. El poseedor de mala fe debe abonar los fru-tos percibidos y los que el poseedor legítimo hubiera podido percibir, y sólo tendrá derecho a ser reintegrado de los gas-tos necesarios hechos para la conservación de la cosa.

No cabe duda de que los gastos y desembolsos aquí re-clamados eran útiles y necesarios para conservar las casas y mantenerlas en condiciones sanitarias y de seguridad para que pudiesen ser alquiladas y producir cánones de arrenda-miento. Si los demandantes hubiesen estado en posesión de las dos casas durante el tiempo que las poseyó el demandado, seguramente hubieran tenido que incurrir en los mismos gastos en que incurrió el demandado. Las contribuciones pagadas son las que la ley fija. Los cargos por consumo de luz y agua son los que fijan las tarifas aprobadas por las autoridades competentes. Las comisiones de 10 por ciento pagadas por cobros de los cánones de arrendamiento son las que habitualmente se pagan a los cobradores. Todos los de-más gastos son a nuestro juicio útiles y necesarios y las can-tidades pagadas nos parecen sumamente razonables. No erró la corte inferior al decretar que el demandado tiene de-recho a que se le abonen dichos gastos. Sostener lo contra-rio sería permitir el enriquecimiento de los demandantes a costa y con daño del demandado.

Por el trigésimo señalamiento se quejan los apelantes de que la corte inferior no tomase las declaraciones de los testigos Joaquín Padín y Prudencio Collazo como base para determinar las rentas que debieron haber producido las casas.

Al examinar y pesar las declaraciones de los dos testigos mencionados, la corte sentenciadora se expresó en los si-guientes términos:

“. . . Para impugnar las cuentas del demandado, presentó en primer término la demandante las declaraciones de Prudencio Co-llazo y Joaquín Padín. Aquél declaró, en términos generales, sobre las rentas de una de las casas desde abril 25, 1936, hasta la fecha, y las de la otra desde el 1937 hasta el 1939. Padín declaró sobre lo que rentaban las casas en el 1929. Lo importante, desde luego, es saber lo que rentaban, o debían rentar, desde el 1932, hasta el 1936. No hay nada en la prueba que nos indique que las condiciones existentes en el 1929, o en el 1939, o en 1937, fueran iguales a las que imperaron desde el 1932 al 1936. Según estos testigos, una de las casas pudo haber rentado $149 y la otra $122 en el 1937, y $155 y $121, respectivamente en el 1929. Estas son las rentas máximas, sin descontar la pérdida por desalquiler y falta de pago. Nos dice el testigo Prudencio Collazo que las pérdidas por esos conceptos no pasan del 8 ó el 10 por ciento. Pudo la demandante habernos traído prueba en cuanto a las rentas realmente percibidas desde el 1936 hasta la fecha, y no lo hizo. Sólo nos trae estimados de la renta máxima, y del por ciento de pérdida por desalquiler y falta de pago. No podemos rechazar las cuentas detalladas rendidas por el deman-dado a base solamente de estimados vagos, y que parecen ser exa-gerados, cuando se nos pudo traer y no se nos trajo prueba que fuese más digna de crédito.”

Hemos examinado detenidamente las citadas declaracio-nes y somos de opinión que las conclusiones a que llegó la corte inferior están justificadas.

Los señalamientos trigésimoprimero a trigésimosexto están relacionados con la apreciación que hizo la corte sentenciadora y el crédito que dió a las cuentas presentadas por el demandado y a las declaraciones de los testigos Francisco Rivera Collazo y Mercedes Sanzs.

Los apelantes dedican veinte páginas de su alegato a una extensa argumentación tendiente a convencernos de que la evidencia ofrecida por el demandado esinsuficiente y de que el libro y las cuentas presentadas por el demandado fueron fabricados después de dictada, la sentencia de esta corte de-volviendo el caso a la inferior. El demandado tenía la obli-gación de rendir cuentas de las rentas realmente percibidas por él durante el tiempo que poseyó las casas. Para cum-plirla, ofreció la declaración de Francisco Rivera Collazo, su apoderado, administrador y cobrador, quien declaró que fue él quien administró las casas, cobró las rentas e hizo los gas-tos y desembolsos durante el tiempo de la posesión de las casas por el demandado; que conoce las cuentas de ingresos y egresos rendidas por el demandado y que jura que dichas cuentas son ciertas. La corte sentenciadora tuvo ante sí al Sr. Rivera Collazo, le oyó declarar, le hizo numérosas pre-guntas y llegó a la conclusión de que debía darle, como le dió, entero crédito. Nosotros no hemos tenido esas oportu-nidades. Tampoco hemos podido encontrar en la transcrip-ción de evidencia dato alguno que justifique la imputación de que las cuentas presentadas son fraudulentas. Bajo tales circunstancias, nuestra intervención con la discreción que la ley concede al juez sentenciador sería arbitraria e injustifi-cada.

De los señalamientos restantes sólo consideraremos el trigésimoséptimo. Alegan los apelantes qne la corte inferior erró al no condenar al demandado al pago de $5,457.10 por rentas de la casa del Callejón de las Monjas y $6,990.50 de la casa de .la calle de San Sebastián.

El caso fné devuelto para qne el demandado rindiese enentas de las cantidades realmente percibidas por él y para que los demandantes tuviesen una oportunidad de probar las cantidades que ellos hubieran podido percibir y no percibie-ron por culpa, abandono o negligencia. Probó el demandado que la suma neta recibida por él ascendía a $4,810.71 y la corte inferior le condenó a devolverla a los demandantes. Alegaron éstos — mas no lo probaron — que cada una de las casas, pudo haber producido una suma mayor que la que el demandado admite haber recibido. No habiéndose presentado prueba alguna de que el demandado pudo haber cobrado su-mas mayores y que si no las cobró fué por descuido o negli-gencia de su parte, la corte inferior estaba obligada a dic-tar sentencia en la forma en que lo hizo.

La sentencia debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Senos De Jesús

license: Public Domain

text:
    Juan Díaz, demandante y apelante, v. Carmen Palmer y su esposo Marcelino Esterás, demandados y apelados.
    Núm. 8614.

    Sometido: Mayo 7, 1943.

      Resuelto: Mayo 20, 1943.

      F. González Fagundo, abogado del apelante; Julio Reguero González» abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Senos De Jesús

emitió la opinión del tri-' "bnnal.

Se trata en este caso de una acción por daños y perjui-cios establecida contra Carmen Palmer y sn esposo Marcelino Esterás. Alegó el demandante que era dueño de. una casa de madera, techada de zinc, valorada en $200 y cons-truida en una finca rústica de Marcelino Esterás. Que el 21 de febrero de 1940, la demandada Carmen Palmer, ya casada, con Marcelino Esterás, roció con gasolina la mencionada casa y la quemó, destruyéndola totalmente. Que con motivo de la destrucción de la casa, el demandante quedó con su fa-milia sin hogar y sufrió daños y perjuicios en la cantidad de $1,000.

Fue el caso a juicio, resultando contradictoria la eviden-cia. La del demandante tendió a probar que el 28 de diciem-bre de 1939 se había mudado de la casa en cuestión para la-ciudad de Caguas, dejando cerrada la casa pendiente de tras-ladarla a otra finca donde le permitieran construirla, habién-dole ofrecido el demandado Esterás proporcionarle carros y bueyes y darle $3 para que hiciera la remoción y traslado de la casa. Que en la mañana del día indicado en la de-manda, la demandada Carmen Palmer, que se hallaba dis-gustada con el demandante y su familia por motivo de cier-tas relaciones ilícitas entre su esposo codemandado y una hija del demandante, destruyó la casa en la forma que se indica en la demanda.

La de los demandados tiende a probar que dos meses antes del incendio, es decir, el 28 de diciembre de 1939, cuando el demandante se trasladó a Caguas, Esterás le había com-prado la casita, que era un rancho cobijado de paja de caña, por la cantidad de $15, de los cuales pagó $13 el 28 de dieiembre, quedando a deber $2, los que el día del juicio no babían sido satisfechos. Que no fné la demandada Carmen Palmer la qne incendió la casita; que dieba señora, el día del incendio y desde mucho antes de dicha fecha, se hallaba en la ciudad de Cagnas hospedada en la casa de una amiga, asistiendo a una hija qne para aquella fecha se hallaba gra-vemente enferma.

De la prueba del demandante resultó que la partida de daños por $1,000 reclamada en la demanda se descomponía en la siguiente forma: una partida de $200 valor de la casa, y otra de $800 por concepto de angustias y sufrimientos mentales con motivo de la pérdida de la propiedad.

El juez sentenciador dió crédito a la prueba- de los de-mandados y en la opinión en que fundó su sentencia deses-timando la demanda, expresó dudas respecto a la proceden-cia de la reclamación por sufrimientos y angustias mentales en casos como el presente, en que el’ daño material no es a la persona sino a la propiedad, y manifestó que de no ser reclamable dicha partida, los daños realmente reclamables quedarían reducidos a $200, y que en ese caso la corte care-cería de jurisdicción por motivo de la cuantía. Pero después de exponer la duda, expresó que, teniéndola, prefería no resolver el caso a base de la falta de jurisdicción, sino por la apreciación de la prueba, y dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, con costas al demandante.

Fundamentando su recurso, el apelante señala como único error el que alega cometió la corte inferior al apreciar la prueba.

Ya hemos visto que la prueba fue contradictoria y que la corte inferior dirimió el conflicto a favor de los demandados. Sin embargo, la falta de jurisdicción es tan manifiesta que no debió la corte a quo considerar ninguna otra cuestión y por razón de dicha falta de jurisdicción desestimar la demanda.

En el caso de Francisco Díaz v. Antonio Emanuelli y Ramón Cancel, sobre daños y perjuicios, resuelto por esta corte el 5 del actual (61 D.P.R. 887), sostuvimos que no es reclamable una partida de daños por sufrimientos y angus-tias mentales causados con motivo de la destrucción o pér-dida de bienes del demandante. Y en el de González Mena v. Dannermiller Coffee Co., 48 D.P.R. 608, que las angustias mentales no son daños a ser indemnizados en una acción ba-sada en el incumplimiento de contrato y que, como eliminada esa partida de daños el montante reclamado en la otra causa de acción no excedía de $500, procedía, de acuerdo con lo es-tablecido en el caso de Núñez v. Rosa, 35 D.P.R. 215, deses-timar, como desestimó, la demanda por falta de jurisdicción.

Es verdad que en el presente caso no se alegan dos cau-sas de acción, pero no es menos cierto que se reclaman dos partidas de daños y que eliminada una de ella, la otra sólo asciende a $200, por lo que la doctrina de los casos de González Mena v. Dannermiller Coffee Co. y Núñez v. Rosa, supra, es de perfecta aplicación.

Sin considerar ninguna otra cuestión que pudiera haberse levantado en este caso, y por el único fundamento de falta de jurisdicción en la corte inferior, proeede cooo,firmar la sen-tencia que desestionó la demanda, con costas.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe Todd, Je.,

text:
    Juan Piereschi Vallet, peticionario y apelante, v. El Comisionado de Agricultura y Comercio, como Presidente de la Puerto Rican Coffee Price Stabilizing Corporation y Vicente Medina y J. M. Campos, Gerente y Pagador, respectivamente, de dicha Corporación, demandados y apelados.
    Núm. 8701.

    Sometido: Mayo 7, 1943.

      Resuelto: Mayo 20, 1943.

      José Sabater, abogado del apelante; Son. Procurador General Inte-rino M. Rodríguez Ramos y- A. S. Franco Cabrero, Procurador Auxiliar, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Piereschi Vallet presentó ante la Corte de Distrito de Mayagüez una petición de mandamus para que se orde-nase a los demandados, o sea, a Fernando M. Yillamil, Co-misionado de Agricultura y Comercio, como Presidente de la Puerto Eican Coffee Price Stabilizing Corporation; a Vicente Medina y J. M. Campos, Gerente y Pagador, respecti-vamente, de dicha corporación, que le pagaran al peticiona-rio cierta cantidad importe del subsidio de café que según él le corresponde de acuerdo con las leyes'vigentes. La corte expidió un auto alternativo y los demandados radicaron una moción solicitando el traslado del caso a la Corte de Distrito de San Juan, acompañada de sendos affidavits de méritos y de su contestación. Inmediatamente el peticionario radicó una moción solicitando que la corte inferior retuviera el caso por motivo de la conveniencia de los testigos, a la cual acom-pañó un affidavit de méritos. Oídas las partes la corte de-claró con lugar la moción de los demandados, ordenó el tras-lado solicitado y al mismo tiempo resolvió que carecía de autoridad para considerar la moción del peticionario.

Contra esta resolución estableció el peticionario el pre-sente recurso de apelación y alega que la corte inferior erró “al trasladar el caso no habiendo los demandados requerido al demandante para el traslado” y “al negarse a retener el caso fundada la retención en los fines de la justicia y la con-veniencia de los testigos”.

Para sostener su primer señalamiento cita el apelante el caso de Estrada v. Oreña, 54 Cal. 407, y arguye que de acuerdo con el artículo 82 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil para que un demandado tenga derecho a solicitar el traslado de un caso dehe previamente hacer un requerimiento al efecto al demandante. Desde el año 1911 esta corte en el caso de Bithorn et al. v. Ball et al., 17 D.P.R. 577, después de citar entre otros el de Estrada v. Oreña, supra, resolvió que tal requerimiento no era necesario y que la interpretación eñ contrario “no es digna de aprobación, porque la petición debe hacerse a alguna persona o tribunal que tenga facultad para concederla, facultad que en este caso no tienen los demandantes; pero la corte inferior está facultada para ordenar el traslado de la causa y es a ese tribunal a quien debe dirigirse la solicitud”.

Por el segundo señalamiento se sostiene que la corte inferior erró al resolver que carecía de autoridad para considerar la moción del demandante para que continuara co-nociendo del caso porque la conveniencia de los testigos y los fines de la justicia así lo justicaban. La corte se basó principalmente en nuestras decisiones en los casos de Mayagüez Dock & Shipping Co. v. Soltero, 42 D.P.R. 381, y Lagarreta v. Tesorero, 55 D.P.R. 22.

La situación de hechos en el caso de Mayagüez Dock & Shipping Co. v. Soltero, supra, fue idéntica a la del caso de autos. Ante la Corte de Distrito de Mayagüez se solicitó la expedición de uü auto de mandamus contra el Superinten-dente de Seguros y éste pidió que el asunto fuera trasladado a la Corte de Distrito de San. Juan por residir y tener su oficina como tal Superintendente en la ciudad de San Juan, acompañando a su moción su contestación a la petición de mandamus. Entonces la corporación peticionaria solicitó de la corte que retuviese su jurisdicción por la conveniencia de los testigos. La corte resolvió que si bien .el demandado te-nía derecho al traslado por razón de su residencia, el caso debía continuar viéndose en la corte de origen por la con-veniencia de los testigos. En apelación esta corte revocó dicha resolución y después de citar el caso de Clemente v. Junta Examinadora de Ingenieros, 38 D.P.R. 903 — otro caso de mandamus en el qué se resolvió que la Junta demandada tenía derecho al traslado del caso a la Corte de Distrito de San Juan porque en la ciudad de San Juan tenía su resi-dencia la demandada — , se dijo lo siguiente:

“Tocio demandado tiene derecho en una acción personal estable-cida contra él a que el juicio sea seguido, como cuestión ele derecho, en el lugar donde tiene su residencia, y la corte no tiene autoridad para considerar a petición del demandante la conveniencia de los testigos. Después que el asunto sea trasladado al distrito propio podrá el demandante solicitar que por la conveniencia de los testigos vuelva al distrito designado originalmente en la demanda, si tal con-veniencia lo requiere. Esta doctrina, que aceptamos, aparece de los siguientes casos: Mill & Gibb v. Starin, 119 N. Y. (App. Div.) 336, 104 N. Y. S. 230 y Lageza v. Chelsea Fibre Mills, 135 N. Y. (App. Div.) 731, 119 N. Y. S. 906.”

Arguye el apelante en el presente caso que debemos re-vocar nuestra decisión en el caso de Mayagüez Dock & Shipping Co., supra, debido a que la doctrina que aceptamos en dicho caso fué tomada de la jurisprudencia del Estado de Nueva York allí citada, que está en abierta contradicción con la doctrina que prevalece en el Estado de California, de donde proceden los artículos 75 al 86 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil que se refieren al lugar para la cele-bración de los juicios en asuntos civiles, ya que esta corte en el caso de Lagarreta v. Tesorero, 55 D.P.R. 22, resolvió que se presume que el legislador puertorriqueño al adoptar estos artículos lo hizo con la interpretación que se les había dado en el Estado de su origen.

Tiene razón el apelante al sostener que la regla prevale-ciente a través de los años en California es la que se expone en el caso de Sowers v. Sowers, 16 P. (2d) 176 (Calif., 1932), en la siguiente forma:

“De acuerdo con la regla bien establecida si un demandado al solicitar el traslado del caso' basado en su no residencia, archiva una contestación a la demanda, el demandante tiene derecho a interponer y a que sea resuelta por la corte en que se inició el pleito, una moción para que la corte retenga el caso para juicio. Siendo la ra-zón para la regla de que al presentar su contestación los hechos del caso están en issue y la corte está en condiciones de determinar qué testimonio será material para probar los mismos. Sheffield v. Pickwick Stages, 191 Cal. 9, 214 P. 852; Gordon v. Perkins, 203 Cal. 183, 263 P. 231; San José Hospital v. Etherton, 84 Cal. App. 516, 258 P. 611; Dawson v. Dawson, 83 Cal. App. 119, 256 P. 491; Woods v. Berry, 105 Cal. App. 90, 286 P. 1073; McSherry v. Penn. C. G. M. Co., 97 Cal. 637, 32 P. 711; Pascoe v. Baker, 158 Cal. 232, 110 P. 815; Cook v. Pendergast, 61 Cal. 72; Heald v. Hendy, 65 Cal. 321, 4 P. 27; Armstrong v. Superior Court, 63 Cal. 410; 25 Cal. Jur. 882. En el caso presente, por lo tanto, inmediatamente después que el demandado radicó su contestación, la demandante tenía derecho a presentar su contramoción y la corte ante la cual se había radi-cado la acción tenía completa autoridad legal para oír y resolver la misma.”

La regla no se aplica a menos que-la contestación Raya sido radicada en el momento de solicitarse el traslado. La moción del demandante para que se retenga el caso por la conveniencia de los testigos no progresará por la razón ob-via de que basta que exista una controversia la corte no puede determinar qué testimonio será material. 25 Cal. Jur. 882-3, §22.

No obstante la regla adoptada en el caso de Mayagüez Dock & Shipping Co., supra, esta Corte Suprema desde el año 1909 Rabia resuelto en el caso de Sarié v. Porto Rican Leaf Tobacco Co., 15 D.P.R. 204, aplicando la regla prevale-ciente en California, lo siguiente:

“No podemos estar conformes con la doctrina que sostiene la corte Inferior de no poder considerar la moción sobre permanencia del caso en dicha corte por conveniencia de los testigos, fundándose para ello en que dicha moción debía someterse a la consideración de la Corte de Distrito de San Juan, pues si la parte demandada soli-citaba el traslado del pleito por ser su domicilio la ciudad de San Juan y la parte demandante se oponía a ello invocando la con-veniencia de los testigos, era de su incumbencia apreciar las alega-gaciones de ambas partes, y por él mérito de ellas resolver dicha moción.
“El artículo 396 del Código de Enjuiciamiento Civil de California es exactamente igual al artículo 82 de nuestro Código, y por tanto, debemos aceptar la jurisprudencia del Tribunal Supremo de aquel Estado sobre la cuestión que examinamos.”

A pesar de esto se confirmó la resolución ordenando el traslado solicitado por el demandado por el hecho de que el demandante no colocó a la corte inferior en condiciones de poder dictaminar en dónde la conveniencia de los testigos exigía se fijase el lugar del juicio por no haber el deman-dante demostrado cuál era la índole de las declaraciones que habrían de prestar.

En el caso de autos el demandante cumplió con este re-quisito al presentar varias declaraciones juradas de los dis-tintos testigos que se proponía utilizar para sostener las alegaciones de su demanda.

El caso de Sarié v. Porto Rican Leaf Tobacco Co., supra, ha sido citado en varios casos posteriores, pero no en cuanto a la cuestión específica aquí envuelta, sino en relación con las que se refieren a la insuficiencia de los affidavits presen-tados para solicitar el traslado por la conveniencia de los testigos y a la_ residencia de una corporación extranjera, ex-cepto en el de Carlo v. Central Bayaney, 27 D.P.R. 299, en el que se resolvió que el caso de Sarié, supra, no era aplica-ble “porque en él existía una contestación, lo que no ocurre en el que estamos considerando y, por tanto, no tiene pari-dad”.

Somos de opinión que la regla adoptada en el caso de Mayagüez Dock & Shipping Co. v. Soltero, supra, tomándola de la jurisprudencia del Estado de New York no debe pre-valecer y que dicho caso debe considerarse revocado y que, en consonancia con lo resuelto en el caso de Sarié v. Porto Rican Leaf Tobacco Co., supra, debe prevalecer en Puerto Rico la misma regla que en California, es decir, que contes-tada una demanda por el demandado que ha solicitado el traslado del caso por razón de su residencia el demandante puede resistir dicho traslado por la conveniencia de los tes-tigos y la corte tiene autoridad para resolver la cuestión plan-teada por el demandante antes de decretar el traslado so-licitado por el demandado. La razón para esta regia es ob-via. La ley no requiere que se hagan cosas inútiles e inne-cesarias. Trabada la contienda al radicarse la contestación por el demandado, la corte donde se inició el pleito está en las mismas condiciones que lo estaría la corte de la residen-cia del demandado para determinar si la conveniencia de los testigos exige que el caso continúe tramitándose en la corte en que se radicó la acción.

Ahora bien, como los demandados en este caso amparán-dose en la regla establecida en el caso de May agües Dock & Shipping Go., supra, no controvirtieron los affidavits presen-tados por el demandante y la corte inferior tampoco entró a considerarlos, la resolución apelada debe ser revocada con instrucción a dicha corte de g%oe conceda a los demandados um término razonable para controvertir los affidavits presen-tados por el demmidante y entonces proceda a resolver la cuestión planteada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Seño®, Snyder

text:
    Luis Alberto Mestres, demandante, apelado y apelante, v. Ramón Díaz Román y Ramón Reboyra, demandados, apelantes y apelados.
    Núm. 8673.

    Sometido: Abril 14, 1943.

      Resuelto: Mayo 20, 1943.

      Antonio E. Suliveras, Jr., y Luis Mercader, abogados de los apelan-tes-apelados, respectivamente; E. Peres fíasalduc, abogado del ap elado-ap elante.
   El Juez Asociado Seño®, Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Luis Alberto Mestres era dueño de una finca sobre la cual Ramón Díaz Román tenía constituida una hipoteca.. Este último radicó un procedimiento sumario en ejecución de la referida hipoteca, obtuvo sentencia en el mismo, se le adjudicó la propiedad en la subasta, y entró en posesión de la misma el 14 de octubre de 1933.

Poco tiempo después Mestres radicó una acción contra Díaz Román sobre nulidad de los procedimientos antes men-cionados, recayendo sentencia de la corte de distrito favorable al demandado el 2 de junio de 1934. En apelación esta Corte revocó la referida sentencia el 14 de julio de 1936 (50 D.P.R. 370), devolviendo el caso a la corte de distrito para ulteriores procedimientos. El 22 de septiembre de 1936, de conformidad con el niandato de esta corte, la corte de dis-trito dictó una nueva sentencia declarando nulo el procedi-miento ejecutivo sumario mencionado; en la misma senten-cia la corte inferior se negó a concederle honorarios de abo-gado a Díaz Román, y otorgó a Mestres la mitad de las cos-tas más $100 como honorarios de abogado. Resolviendo que las únicas cuestiones qúe podían entonces levantarse eran las de costas y honorarios de abogado, esta corte desestimó por frívola el 29 de enero de 1937, la apelación interpuesta por Díaz Eomán contra esta segunda. sentencia (50 D.P.R. 977).

Mientras tanto, sin embargo, ocurrieron otros incidentes. Al tomar Díaz Eomán posesión de la finca, no se habían pa-gado las contribuciones sobre la misma correspondientes a los años de 1927 al 1933. Díaz Eomán no pagó las referidas-contribuciones sobre la propiedad para el año 1933-34 o para los años anteriores, que aún se debían. Por tanto, el 16 de octubre de 1935 la propiedad en cuestión fue vendida por la cantidad de $746.49 a Eamón Eeboyra por contribu-ciones vencidas. Mestres fue notificado dé la referida venta, el 14 de febrero de 1936.

El presente caso fue iniciado el 21 de mayo de 1940 por Mestres contra Díaz Eomán y Eeboyra, alegando que se ha-bían combinado para despojarle de la finca en cuestión; y solicitando se le devolviese la misma bajo ciertas condicio-nes. Después de un juicio en los méritos, la corte de dis-trito dictó sentencia a favor del demandante, de la cual han apelado los demandados.

El demandante ofreció prueba oral durante el juicio ten-dente a demostrar que Eeboyra, a quien siempre se había conocido como un simple obrero, era sobrino de Díaz Eo-mán; que, aun después que Eeboyra aparentemente se había convertido en propietario en la forma aquí descrita, había trabajado desde 1939 hasta 1941 como capataz con un sueldo de $18 mensuales; que Eeboyra, de igual modo que en el presente caso, había adquirido otras propiedades en ventas por contribuciones adeudadas, con dinero suministrado por Díaz Eomán; y que este último en diferentes ocasiones y de distinto modo, se había conducido como dueño de la finca desde que originalmente entró en posesión de la misma hasta, el presente.

Aunque algunas de las declaraciones antes mencionadas' fueron contradichas por los demandados, la corte de distrito les dió entero crédito. Además, el testimonio incontrovertido-fué al efecto de que cuando la finca fué vendida en 1935 para responder de contribuciones adeudadas, Díaz Roman tenía $43,000 en depósito en los bancos y poseía propiedades va-loradas en $66,000.

Es significativo el hecho de que la venta en pública su-basta por contribuciones adeudadas se efectuó después que la corte de distrito en 1934 había resuelto el pleito de nuli-dad a favor del demandado Díaz Román, pero mientras la apelación del mismo, que fué finalmente resuelta en 1936 en favor del demandante Mestres, estaba aun pendiente. Si las alegaciones y la prueba del demandante, a las que ía corte de distrito tenía derecho a dar crédito, eran ciertas, la omi-sión de Díaz Román de pagar las contribuciones sobre la propiedad y la compra por él de la finca en la venta en pú-blica subasta por contribuciones adeudadas, utilizando a su sobrino el obrero Reboyra como un maniquí en esta última transacción, evidentemente constituían una vía de escape a ser utilizada por Díaz Román en caso de una decisión ad-versa, como en realidad ocurrió, en el pleito instituido por' Mestres para la nulidad del procedimiento ejecutivo.

La sincronización de las actuaciones'mencionadas de Díaz Román fué casi perfecta. La evidencia fué al efecto de que el único capital de Mestres consistía en la finca en litigio. A virtud de las maniobras expuestas, Mestres no ha estado en posesión de la finca desde 1933 hasta el presente. Es por lo tanto fácil de comprender en qué forma le era imposible con-seguir dinero para pagar en 1935 las contribuciones atra-sadas.

Los demandados, sin embargo, alegan que, irrespectiva-mente de los mencionados hechos, Mestres fué notificado en 14 de febrero de 1936 de la venta en cobro de contribuciones adeudadas, y que el dejar él de redimir la finca dentro del término de un año, le impide recobrar en este caso. Pero nna vez más la yuxtaposición del tiempo y de los aconteci-mientos se combinó con el resultado práctico de privar a Mestres de su derecho de redención. Aun cuando, a pesar de hallarse privado de la posesión de la finca y de un título válido a la misma, hubiera logrado conseguir el dinero ne-cesario para redimirla, no fue hasta después de siete meses de haber vencido dicho año que la corte de distrito, en 22 de septiembre de 1936, dictó sentencia declarándole dueño. Y todavía Díaz Román apeló frívolamente de esa sentencia, de modo que el mandato de esta corte en dicho caso no fué recibido en la corte de distrito hasta el 10 de febrero de 1937. La corte de distrito creyó, y tuvo suficiente evidencia en qué basar tal creencia, que al utilizar a Reboyra como un instru-mento, Díaz Román había tratado de prolongar los procedi-mientos en la ejecución, así como de adquirir la finca en la venta en pública subasta, de manera que él retuviese la finca no importa cuáles fueran los resultados del litigio. La corte de distrito decidió que mantener dudosa la cuestión legal y de ese modo mantener a Mestres despojado de la finca hasta unos días antes de expirar su derecho de redención, de acuerdo con todas las circunstancias fraudulentamente le privaba, en efecto práctico, de su derecho de redención, y no hallamos razón para alterar tal conclusión.

Existen otras circunstancias que desmienten la afirmación de Díaz Román al efecto de que él había perdido toda rela-ción con la finca una vez efectuada la venta de la misma en pública subasta a su sobrino. Mucho después de haberse efectuado dicha venta en pública subasta, Díaz Román con-tinuaba insistiendo en su apelación frívola de la segunda sentencia dictada contra él en el procedimiento de ejecución. Y en diciembre de 1936, cuando Mestres, luchando por con-seguir la posesión de su propiedad, escribió a Díaz Román ofreciéndole, en vista de la sentencia de la corte de distrito que le era favorable, pagar la hipoteca original con intere-ses y el precio pagado en la compra en pública subasta, Díaz Román, en lugar de contestarle que él ya nada tenía qne ver con el asunto, le respondió que la sentencia había sido ape-lada y que deseaba, antes de tomar una decisión, esperar que fuera finalmente resuelta.

Aunque teóricamente fuera del asunto, Díaz Román re-husó cumplir la segunda sentencia, la cual fue evidentemente resultado del mandato de esta corte en la primera apelación dentro del procedimiento de ejecución, e insistió en prolon-gar la cuestión hasta que en 29 de enero de 1937 esta corte finalmente desestimó su apelación frívola. Para esa época la corte inferior decidió, y a ello tenía derecho de acuerdo con las circunstancias, que Mestres no podía utilizar su único capital — la finca en disputa — para levantar fondos, ya para pagar la hipoteca o para redimir la propiedad antes de ex-pirar el término de redención, lo que tuvo lugar unos días después de establecerse clara y definitivamente su título y su derecho de propiedad sobre la finca, al recibirse en la corte de distrito, el 10 de febrero de 1937, el mandato de esta corte en la segunda apelación en el procedimiento ejecutivo.

No es necesario decidir si el título adquirido por Reboyra,, actuando como instrumento de Díaz Román, en la venta en pública subasta, era nulo. (Véase Fernández et al. v. Olivencia et al., 19 D.P.R. 329.) Asumiendo, sin decidirlo, que él obtuvo un título técnicamente válido, hallamos que las cir-cunstancias de este caso presentan un ejemplo altamente pertinente de la utilidad de la doctrina de fideicomisos cons-tructivos' (constructive trusts) (Véase Flor Ruiz v. Ruiz, 61 D.P.R. 823, resuelto en 28 de abril.de 1943). Decidimos, por lo tanto, que Reboyra tiene título de la finca en disputa a modo de un fideicomiso constructivo en favor de Mestres, y que debe otorgar título a favor de éste, siempre que Mestres cumpla con las condiciones que mencionaremos más adelante.

El demandante en este caso apeló de aquella parte de la sentencia que le ordena pagar interés al seis por ciento so-bre la deuda hipotecaria original desde el 22 de septiembre -de 1936, fecha en que la corte de distrito dictó sentencia de-clarando nulo el procedimiento ejecutivo, hasta el 21 de mayo de 1940, en que se radicó la demanda en el presente caso. No hallamos error en esta conclusión; ni estamos dispuestos a acceder a la súplica del demandante al -efecto de que au-mentemos la cantidad que la corte de distrito, como un heho, fijó como- el producto de la finca mientras el deman-dante estuvo privado de su posesión. Nadie ha levantado -objeción alguna en cuanto a la disposición contenida en la sentencia concediendo a Díaz Román el derecho a descontar del producto de la finca las cantidades adeudadas por Mes-tres por concepto de contribuciones al tiempo de tomar po-sión Díaz Román y que fueron eliminadas mediante la venta en pública subasta, y no alteraremos ni ésa ni ninguna otra parte de la sentencia.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


author: El Juez Asociado Señob De Jesús emitió

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Sixto Álamo Báiz, acusado y apelante.
    Núm. 9999.

    Sometido: Mayo 17, 1943.

      Resuelto: Mayo 25, 1943.

      Varona Pacheco & Pérez Rodríguez, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Athxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob De Jesús emitió

la opinión del tribunal.

El apelante fné sentenciado a cumplir diecisiete años de presidio con trabajos forzados al ser convicto de un delito .de asesinato en segundo grado. En apoyo de este recurso, el apelante, como único error, señala que el veredicto no está sostenido por la prueba. Basa su contención: (a) -en que según la defensa los hechos imputados al acusado ocurrie-ron con motivo de una súbita pendencia o arrebato de có-lera; (b) en que no existió premeditación expresa ni tácita; (e) en que toda vez que uno de los testigos de cargo declaró originalmente a un policía que un individuo conocido por el apodo de Jibarín había tenido participación en el crimen, esa circunstancia debió producir en la mente del jurado duda razonable con respecto al verdadero autor del delito, y (d) que existe “una posibilidad no muy remota” de que el acu-sado fuese realmente la persona que originalmente dió el primer golpe, pero no la puñalada.

La prueba del fiscal revela que la noche de autos, el apelante y otros amigos se hallaban en un establecimiento -denominado Bar América, propiedad de Federico Santiago Gómez. Que el acusado y un compañero conocido por el apodo de Jibarín se acercaron al mostrador y pidieron sandwiches y cerveza que les fueron servidos por el dependiente, pagando con una moneda de 25 centavos y una de 10 centavos respectivamente. Que el dependiente puso sobre el mos-trador la vuelta correspondiente a cada uno, pero el Jibarín se apoderó de todo el dinero y se lo echó al bolsillo. Con tal razón se suscitó una discusión entre -ellos, dando lugar a que el dueño del establecimiento les llamase la atención y les re-quiriese para que saliesen del local. . En ese momento y sin otro motivo, el acusado descargó su puño sobre el pecho del dueño del establecimiento, quien fué derribado, quejándose de haber sido herido. Tanto el acusado como su compañero-Jibarín se dieron a la fuga inmediatamente. Levantado el interfecto y acomodado sobre una mesa, se comprobó que estaba herido, siendo conducido al hospital, donde falleció horas después. El médico que practicó la autopsia declaró que la herida medía 3ys pulgadas de ancho, que había sido inferida por un arma blanca, y que había interesado el pul-món izquierdo, la arteria pulmonar cerca del ventrículo de-recho, y producídole una gran hemorragia que fué la causa determinante de la muerte.

Tal fué la prueba de cargo que desfiló ante el jurado. De ella no surge que hubiese existido súbita pendencia o que hubiese motivo para un arrebato de cólera por parte del acusado, y la prueba de descargo tampoco tiende a demos-trar tal cosa. La defensa del acusado fué simplemente que él no infirió la herida y que no se hallaba presente cuando se cometió el delito.

Que existió la premeditación tácita, concluyentemente lo demuestra el hecho de no haber existido notable provocación para causar la muerte del interfecto. Artículo 200 del Código Penal. [3] El hecho de que no se ocupara el arma en nada beneficia al acusado. De acuerdo con la prueba de cargo, fué el acusado el único que atacó al interfecto. Dos testigos presenciaron la agresión, y si bien declararon no haber visto el arma, la mejor prueba de que la tuvo en sus manos el acusado es la herida nfisma, la cual fué producida necesariamente con un arma blanca. [4] Y por' último el hecho de que uno de los testigos de cargo hubiera dicho en cierta ocasión fuera de la corte que el que causó la muerte fué Jibarín y no el acusado, no implica necesariamente que el jurado estuviese obligado a dar crédito a esa manifestación o que la misma indefectiblemente tuviera que producir en sus mentes una duda razonable con respecto a la culpabilidad del acusado.

Procede, por lo expuesto, desestimar el recurso y confir-mar la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    José Fernández Rodríguez, demandante y apelante, v. Hon. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8667.

    Sometido: Mayo 4, 1943.

      Resuelto: Mayo 25, 1943.

      E. Martínez Rivera, abogado del apelante; Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos y José Rafael Gelpí, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

En una apelación anterior en este mismo caso confirma-mos la resolución de la corte inferior por la que se negó a expedir un injunction preliminar. Fernández v. Buscaglia, 60 D.P.R. 596. En nuestra opinión, a las páginas 603 y 604, hicimos constar lo siguiente:

“Resta sólo la cuestión levantada por el peticionario en.su ale-gato mediante la siguiente manifestación:
“ ‘Sostuvo la corte inferior en. su resolución objeto de apelación que el demandante tiene a su alcance para revisar la actuación del Tesorero el recurso de apelación que autoriza la ley para ante el Ti-ibunal de Apelación de Contribuciones creado por la Ley núm. 172 de 1941 (pág. 1039). Sin embargo, respetuosamente sometemos que tal apelación no proporciona remedio alguno inmediato ni amplio al demandante. La ley de contribución sobre ingresos expresamente limita el recurso a la revisión de deficiencias determinadas por el Tesorero después de investigación, y aquí no se trata de una defi-ciencia así determinada; el remedio no puede ejercitarse libremente y sin trabas (Artículo 57, Ley núm. 23 de 1941, Sesión Especial) ; . . .’
“Esto equivale a alegar por primera vez que el peticionario ca-rece de un remedio adecuado en ley. No bubo tal alegación en la petición y aparentemente el "peticionario no argumentó esta cuestión ante la corte inferior. No existen en la petición alegaciones que nos permitan resolver esta cuestión ya que la misma no expresa el pro-cedimiento empleado por el Tesorero para exigir el pago de las con-tribuciones adicionales. En su alegato el peticionario no desarrolla debidamente su argumento. Sólo afirma escuetamente que ‘La ley de contribuciones sobre ingresos expresamente limita el recurso a la revisión de deficiencias determinadas por el Tesorero después de investigación, y aquí no se trata de una deficiencia así determi-nada; . . .’. En vista de que el peticionario no sólo ba dejado de alegar el procedimiento seguido por el Tesorero al tratar de cobrar estas contribuciones, si que también no ba elaborado su argumento, la decisión de esta importante cuestión debe ser pospuesta. Para sostener su posición, el peticionario cita solamente la sección 6 de la Ley núm. 23, Leyes de Puerto Rico, 1941 (pág. 73), Sesión Ex-traordinaria, que enmienda la sección 57 de la Ley núm. 74, Leyes de Puerto Rico, 19.25. Cuando la cuestión se suscite debidamente, tendremos que considerar también la sección 4 de la Ley núm. 172, Leyes de Puerto Rico, 1941 (pág. 1039).“

Como consecuencia de esto el peticionario enmendó su demanda en la corte inferior y contestada la misma por el demandado se celebró una vista al comienzo de la cual el juez se expresó en esta forma:

“La única cuestión nueva es la que dejó el Supremo pendiente al confirmar la resolución en este caso, o sea si el contribuyente demandante tenía o no un recurso adecuado, o sea, si tenía o no oportunidad de recurrir ante el Tribunal de Apelaciones Contribu-tivas. El Supremo dejó esa cuestión abierta por no haber sido dis-cutida ante esta Corte, y se ha radicado una demanda enmendada, según entiendo, con el fin de plantear adecuadamente ante esta Corte esa cuestión.”

Las partes estipularon qu.e todos los hechos alegados en la demanda enmendada estaban admitidos en la contestación y que lo único que tenía que resolver la corte eran las cues-tiones legales planteadas como defensas especiales entre las que se encontraba la de que la petición enmendada de injunction no aducía hechos constitutivos de una causa de ac-ción. Entonces la corte procedió a dictar sentencia decla-rando sin lugar la demanda por los fundamentos expuestos en su resolución anterior de 26 de mayo de 1942 y “visto el caso de Ballester y Ripoll v. Tribunal de Apelaciones resuelto recientemente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.” Es contra esta sentencia que el peticionario ha entablado el presente recurso de apelación y para sostenerlo alega que la corte sentenciadora cometió error al desestimar la demanda enmendada.

Trata el apelante en su alegato de distinguir, el presente caso del de Ballester y Ripoll v. Tribunal de Apelaciones, 60 D.P.R. 768 por el hecho de que este último no procedía de una corte de justicia sino del Tribunal de Apelación de Contribuciones, ni era un caso de injunction, mientras que en el presente el contribuyente no se ha sometido a dicho tribunal y aunque lo hubiera hecho “tal proceder no proporcionaría al demandante un remedio amplio ni eficaz ni rápido para impedir la venta por el demandado de sus bienes para hacer efectiva la contribución”.

Las contenciones principales del demandante son: (1) que no habiéndose tasado la contribución aquí envuelta como ildeficiencia” el demandante no tiene a su alcance el reme-dio que establece la sección 57 a de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos; (2) que el Tesorero de Puerto Rico no puede válidamente tomar de nuevo la declaración de ingresos del demandante correspondiente al año 1940 y exigirle nna con-tribución adicional; (3) que tampoco puede imponer y exi-gir al demandante como ciudadano español una contribución a un tipo más alto que el que se aplica y cobra a los ciuda-danos de los Estados Unidos.

Empero, todas estas cuestiones han sido ya resueltas por este Tribunal Supremo no sólo en la primera apelación del caso de Ballester, supra, sino también en la segunda, en su fondo, resuelto con posterioridad a la sentencia dictada en este caso. Ballester v. Tribunal de Apelación, 61 D.P.R. 474.

Expresamente resolvimos en el primer caso de Ballester v. Tribunal de Apelación, 60 D.P.R., a la pág. 772, que no siendo aplicable la sección 57 a de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos a un caso como el de autos, el contribuyente no tenía que prestar una fianza por el 75 por ciento de la contribución para tener derecho a la revisión de su caso ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones e interpretamos la sección 4 de la Ley núm. 172 de 1941, a que hicimos refe-rencia en la primera apelación en el caso de autos, en el sen-tido de que el Tribunal de Apelación de Contribuciones bajo-dicha sección “tiene jurisdicción en el caso (y) el contribu-yente tiene un adecuado remedio estatutario y el injunction,, en el curso ordinario, por tanto, no procedería”. Arguye el apelante que esto no obstante dicho recurso “no tendría el efecto de paralizar la mano fuerte del Tesorero ni de impe-dir que éste llevara adelante sus amenazas de venta de bie-nes del demandante” y que por este motivo tiene derecho a recurrir al procedimiento de injunction por carecer de un remedio adecuado en ley.

Si entendemos su argumentación el demandante pretende que aceptemos como cierto 'que el Tesorero de Puerto Rico-no obstante que un contribuyente haga uso del remedio que esta Corte Suprema ha resuelto lo concede la ley para ob-tener una revisión ante el Tribunal de Apelación de Contri-buciones procederá a cobrar la contribución sin esperar el fallo de dicho tribunal. No estamos dispuestos a aceptar, sin más, que un funcionario público no habrá de cumplir con su deber. Si el apelante tenía a su alcance el remedio de apelación para ante el Tribunal de Apelación de Contribu-ciones es obvio que tenía un remedio adecuado en ley y que no procedía expedir el injunction solicitado. Esto dispone de la primera cuestión planteada por el apelante.

En cuanto a la segunda y tercera, también quedaron resueltas en la segunda apelación del caso de Ballcster, supra, cuando dijimos que la Legislatura podía imponer una contribución sobre ingresos, adicional haciéndola retroactiva al 1 de enero de 1940, pero que no podía imponer un tipo mayor a un contribuyente por el hecho de ser extranjero residente en Puerto Rico, por violar esto las disposiciones de nuestra Carta Orgánica sobre la igual protección de las leyes y la uniformidad en la imposición de contribuciones.

Todas las cuestiones envueltas en el presente recurso han sido debidamente aclaradas y resueltas en nuestras de-cisiones anteriores y por tanto, debe confirmarse la senten-cia apelada.


author: El Juez Asociado Señor SnydeR

text:
    Horace M. Grindell, demandante y apelado, v. Cities Delivery Express, Inc., demandada y apelante.
    Núm. 8631.

    Sometido: Mayo 18, 1943.

      Resuelto: Mayo 25, 1943.

      R. Hernández Matos, abogado de la apelante; J~osé R. Seda, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor SnydeR

emitió la opinión, del tribunal.

El 13 de mayo de 1940, a las 8 P. M. aproximadamente, Horace G-rindell conducía su automóvil por la carretera de Santurce a Bayamón. Cuando se acercaba a la Destilería Brugal, poco después de haber doblado una curva, su auto-móvil chocó con un camión propiedad de la demandada, que estaba estacionado a la derecha de la carretera y que no tenía luz de aviso alguna. Como resultado del choque, el automóvil de Grindell sufrió desperfectos.

Grindell radicó demanda en la corte municipal por la can-tidad de $408, alegando que la corporación demandada había convenido en pagar los gastos de reparación de su automó-vil, pero que no lo había hecho. La corporación demandada no compareció ante la corte municipal, la cual dictó senten-cia a favor del demandante. La demandada apeló para ante la corte de distrito, que resolvió que la demandada había contraído el convenio alegado, y concedió a Grindell la suma estipulada ascendente a $408. La demandada ha apelado de la sentencia de la corte de distrito.

Tanto Grindell como Luis E. Dubón, secretario y abogado este último de la corporación demandada, declararon que en una conferencia habida entre ellos se había convenido que la compañía pagaría la reparación del automóvil. De ser válido este convenio, resulta académica la cuestión de la negligencia de Grindell, si alguna hubo, al chocar con su automóvil el camión de la demandada. Esto es así porque la posible acción ex delicto se convierte, debido al convenio existente entre las partes, en nna acción ex contractu (Artículo 1709, Código Civil de P. R., ed. 1930; Busó et al. v. Martínez, 18 D.P.R. 1035, 1036; Mejías v. López, 51 D.P.R. 21, 24; Williams et al. v. Smith, 137 S. W. (2d) 121 (Tes., 1940)).

La demandada afirma en sn alegato qne “Estuvo desorientado el juez inferior al creer qne nuestra contención consistía en mantener que para la validez de nna transacción era necesario el establecimiento de un precio fijo como en las ventas. Lo que sostuvimos, y abora planteamos, es qne no hubo contrato o convenio para reparar, porque faltó el consentimiento.” La dificultad con esa teoría consiste en que la demandada no ofreció prueba alguna para sostenerla. Prefirió descansar enteramente en el testimonio ofrecido por el demandante. Sin embargo, la demandada alega que algunas partes del testimonio de Dubón son susceptibles de la interpretación al efecto de que éste había referido a Bonar, presidente de la compañía, la proposición de que esta última pagara los gastos de reparación del automóvil de Grindell, habiéndose negado a ello Bonar. Pero Dubón disipó cualquier duda posible sobre el hecho de que el presidente había ratificado todas sus actuaciones al convenir en paga las referidas reparaciones, cuando, al final del contrainterrogatorio por el abogado de la demandada, declaró como sigue;

“P- ¿Pero hubo un amérelo de parte del presidente y manager de ]a corporación y el demandante, Mr. Grindell, en el que la cor-poración pagaría el costo de la reparación? R. Sí.
“T. ¿Lo hubo? R. Sí, lo hubo, porque el convenio ele Grin-dell fue conmigo; entonces yo se lo comuniqué a Bonar inmediata-mente, y Bonar aceptó mi convenio, mi estipulación, y él lo único que discutía Bonar después fué cuando vino la cuenta que Bonar decía que esa reparación no debía costar $400.” (Bastardillas nues-tras.)

La demandada acepta que, de haber convenido a ese efecto las partes, el contrato no estaría viciado por el hecho de no especificarse en el convenio cantidad fija alguna para reparaciones (Véase artículo 1225, Código Civil de P. R., ed. 1930; Sánchez Román, Derecho Civil, Tomo IV, 2a. ed., págs. 949, 953). Asumiendo que de acuerdo con tal contrato el demandante estuviera obligado a probar que las reparacio-nes fueron razonables, el demandante en este caso presentó prueba en detalle que justifica ampliamente la cantidad pa-gada por las reparaciones del automóvil, que la demandada no hizo esfuerzo alguno por contradecir durante el contrain-terrogatorio o mediante testimonio independiente.

La sentencia de la. corte de distrito será confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Díaz Rivera, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo.
    Nums. 9896 y 9897.

    Sometidos: Abril 9, 1943.

      Resueltos: Mayo 25, 1943.

      Francisco B. Flores, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Un inspector de la Comisión de Alimentos y Abasteci-miento General radicó ante la corte municipal una denuncia “ . . . contra Juan José Díaz Rivera y Juan Díaz Rivera, de la Sociedad Díaz Hermanos, S. en C., de Utuado, P. R., por delito Inf. Ley número 6, 1941, cometido de la manera siguiente: Que en 11 de mayo de 1942, y en la calle Betan-ces de Utuado del Distrito Judicial Municipal de Utuado, que forma parte del Distrito Judicial de Arecibo, P. R., dichos acusados Juan José Díaz Rivera y Juan Díaz Rivera, allí y entonces, ilegal y voluntariamente, en su carácter de socios gestores de la Sociedad Mercantil Díaz Hnos. S. en C. de Utuado, constituida por escritura de 7 de agosto de 1937 ante el Notario de Utuado, Antonio E. Suliveres Colón, ven-dieron al comerciante al detall de esta jurisdicción, Gabriel Beauchamps Jr., un saco de 100 libras de arroz, números 38 marcados fh y Ca (sic), San Juan, artículo declarado de nece-sidad, transacción que efectuaron con Gabriel Beauchamps Jr. por el precio de ocho dólares, setenta y cinco centavos, se-gún factura, a sabiendas de que obtenían con tal reventa un beneficio más alto del siete por ciento, como margen razona-ble sobre el costo de importación en las ventas al por mayor, de acuerdo con lo determinado por la Comisión de Alimen-tos y Abastecimiento General con aprobación del Goberna-dor de Puerto Rico, por Proclama del Boletín Administra-tivo número 745 de enero 21 de 1942, ...”

Se radicó también otra denuncia, redactada en el mismo lenguaje, alegando una venta similar efectuada el 4 de mayo de 1942. Ambos casos fueron juzgados conjuntamente. Juan José Díaz Rivera fué absuelto en ambas denuncias en la corte municipal. Juan Díaz Rivera fué declarado culpable en ambos casos ante dicha corte. En apelación, la corte de distrito dictó sentencias condenatorias, imponiéndole en cada caso 15 días de cárcel, $300 de multa, y el pago del doble de la cantidad cobrada en exceso de los precios fijados por la Comisión. Los casos se encuentran ante nos en apelación.

Carece de mérito la contención del acusado al efecto de que las denuncias no expresan la sección de la Ley núm. 6 que ha sido infringida. Hemos resuelto repetidamente “noser necesario, en una denuncia presentada en una corte municipal, especificar la ley que se supone haber sido infringida, sino que basta exponer los hechos constitutivos del delito ...” (El Pueblo v. Falcastro, 17 D.P.R. 96, 98). Ar mismo efecto, véase El Pueblo v. Benítez, 23 D.P.R. 339. Lasdenuncias en este caso claramente imputan un delito bajo el estatuto en cuestión.

Indicando que las denuncias se refieren a Juan José Díaz Rivera y a Juan Díaz Rivera como socios de Díaz Hnos. S. en C., el acusado afirma que la corte inferior cometió error-ai admitir en evidencia (a) una certificación, del Registro Mercantil de Utuado acreditativa de la existencia de la socie-dad Díaz Hnos., de la cual eran socios gestores Juan José' Díaz Rivera y Juan Díaz Rivera, y (b) una factura demos-trativa de que el arroz en cuestión fué comprado por Díaz-Hnos. a Freiría Hnos. Estas denuncias fueron redactadas por mía persona que no es experta en el conocimiento de la ley y radicadas en una corte municipal. No era necesario-que fueran perfectas en cuanto a forma (Pueblo v. Cordero, 27 D.P.R. 329). Las denuncias tenían el propósito de impu-tar la alegada comisión de delitos por los individuos. Estos-fueron suficientemente identificados al designárseles como socios gestores de Díaz Hnos. El ¿echo de que la frase S. en C. se añadiera inadvertidamente en la denuncia al nom-bre de la-sociedad no tiene importancia en este caso. Hubo abundante testimonio que identificó al acusado como socio gestor de la firma envuelta en los hechos de este caso. Re-vocar una convicción criminal debido a errores basados en tales formalidades vanas, equivaldría a usar como talismán una precisión exagerada a que raras veces puede llegarse en la vida ordinaria.

El acusado se queja además de que se cometió error al dejar el inspector de transcribir en la denuncia el Boletín Administrativo numero 745, y al no ser éste presentado en evidencia durante el juicio.

Después de disponer la creación de la Comisión de Ali-mentos y Abastecimiento G-eneral, la sección 1 de la Ley nú-mero 6, Leyes de Puerto Rico, 1941, Sesión Extraordinaria, dispone que

“La comisión declarará, con la aprobación del Gobernador, los artículos que habrán de considerarse ele necesidad. Estas declara-ciones serán proclamadas por el Gobernador.
“4. Tendrá poder, sujeto a la aprobación del Gobernador, para determinar los precios a que podrán venderse los artículos de nece-sidad por personas particulares, en cuyo caso se concederá un mar-gen razonable de beneficios, y para determinar las cantidades que podrán venderse a cualesquier persona o personas y el modo de comprobar dichas ventas. Estas determinaciones serán proclamadas por el Gobernador; Disponiéndose, que tales precios serán fijados al público en sitio prominente y visible del establecimiento comercial.
“Cualquier persona que venda artículos a un tipo más alto que el determinado por la comisión, o en cantidades o a personas prohi-bidas por la comisión, será castigada por cada ofensa con una multa no menor de veinticinco dólares ($25) ni mayor de mil dólares ($1,000) y prisión por no más de seis (6) meses, y una pena adi-cional equivalente al doble de la cantidad cobrada en exceso de los precios fijados por la comisión en la transacción objeto del delito.

No es necesario que examinemos de nuevo los casos de Pueblo v. Cuadrado, 27 D.P.R. 840, y Pueblo v. G. Garáu & Cía., 29 D.P.R. 1038, citados por el acusado. Es suficiente indi-car que los precios fijados de conformidad con la Ley núm. 6 no entrarán en vigor hasta que el Gobernador los haya proclamado. Por tanto, somos de opinión que las cortes pueden tomar conocimiento judicial de tal proclama emitida •de acuerdo con el estatuto. En su consecuencia, era innece-sario que la denuncia alegara el contenido del Boletín Ad-ministrativo número 745, o que el Pueblo presentara en evi-dencia una copia del mismo (Véase Pueblo v. Sanjurjo, 58 D.P.R. 649; Pueblo v. Rivera et al., 31 D.P.R. 646, 647, 648; Pueblo v. García Hidalgo, 61 D.P.R. 640, resuelto el 25 de marzo de 1943). Da mayor fuerza a nuestra conclusión en este caso el hecho de que es improbable que los comerciantes desconozcan tales proclamas, toda vez que tienen la obliga-ción de exhibirlas al público en sus establecimientos.

El acusado finalmente se queja de la actuación de la corte inferior al pesar la evidencia. Aparentemente no existe disputa seria de su parte en cuanto a que el testimonio del Pueblo, de ser creído por la corte de distrito, justificaba un fallo al efecto de que el arroz en cuestión había sido vendido por un empleado de Díaz Hnos., como mayoristas, a un precio que era mayor que el costo de importación más el siete por ciento, que era el precio al por mayor fijado para el arroz en el Boletín Administrativo 745. Su defensa en el juicio consistió principalmente de un esfuerzo para demostrar mediante testimonio, al cual no dió crédito la corte de distrito, al efecto de que el arroz en cuestión era de una marca superior a la expuesta en la denuncia, lo que le autorizaba a venderlo al precio a que admitió haberlo vendido. Su posición en apelación se resume por la manifestación contenida en su alegato al efecto de que “la posible responsabilidad del coacusado Juan Díaz Eivera no surge de un acto propio de éste sino de la venta de arroz que pudiera haber realizado en el establecimiento de la sociedad ‘Díaz Hnos. S. en C.’, algún otro socio gestor o algún empleado de dicho establecimiento ’

Como regla general, nn principal o patrono no es respon-sable criminalmente por las actuaciones de su agente o em-pleado, a menos que anteriormente haya autorizado o con-sentido tales actuaciones. Pero existen ciertas excepciones a esta doctrina. Miller on Criminal Law §80, págs. 248-9, la expone como sigue:

‘ ‘ Como hemos visto, muchos estatutos imponen la penalidad, pres-cindiendo de cualquier intento para violarlos y sin considerar la ignorancia o error de hechos, los cuales constituirían una excusa de acuerdo con el derecho común. Existen estatutos, muchos de los-cuales tienen como propósito la reglamentación de la venta de bebidas embriagantes, que prohíben la realización de ciertos actos por ciertas-clases de personas o en ciertos lugares, y que bien expresamente o por inferencia, disponen que tales personas o los dueños de dichos-lugares serán responsables de tales actos de sus subalternos, aun cuando se cometan sin su conocimiento o en contra de sus instruc-ciones. Ejemplo de ello son muchos estatutos que prohíben la venta, de bebidas embriagantes sin licencia o en violación de los requisitos-de dicha licencia, o que prohíben la venta a menores o a personas embriagadas, o que prohíben que las cantinas permanezcan abiertas los domingos o después de una hora determinada, o que prohíben que se encubran las ventanas de las cantinas. Sin lugar a dudas, es-necesaria una expresión clara de la intención de la Legislatura para justificar la interpretación de un estatuto en el sentido de que im-pone penalidad a una persona por un acto realizado sin su conoci-miento o contra sus instrucciones, y, a menos que surja tal intención, debe prevalecer la regla general de que u?aa persona no es responsable-criminalmente por actos que no ha autorizado; pero, cuando el estatuto así lo dispone, es válida. Existe gran conflicto, real o aparente, en las decisiones, y diferentes cortes han dado con frecuen-cia distintas interpretaciones a disposiciones similares. La cuestión a determinar en cada caso debe ser si hubo la intención de exigir a las personas dentro de la clase designada que vigilen, a riesgo propio,, el que los actos prohibidos no se realicen.”

Apenas es necesario que expongamos los fines que indu-jeron a la Legislatura a aprobar la Ley núm. 6. Es un am-plio estatuto que autoriza acción drástica con el fin de con-trolar artificialmente en tiempos de emergencia el delicado mecanismo de los precios, con los cuales normalmente' no in-terviene el gobierno. Conceder inmunidad a los comercian-tes por infracciones a tal estatuto, como regla general, con sólo probar que no intervinieron personalmente en la tran-sacción física de la venta del artículo en cuestión, destruiría toda esperanza de poner en vigor el estatuto de una manera efectiva. No podemos concluir que tal fuera la intención de la Legislatura.

Para confirmar la convicción en el presente caso, no es necesario por el momento que vayamos al extrenm de resolver que.al aprobar este estatuto “fué la intención exigir a las personas dentro de la clase designada, que vigilen, a riesgo propio, el que los actos prohibidos no se realicen”. Como liemos visto, aquí la defensa no se predicó en teoría alguna de violación por el empleado de las instrucciones del patrono, sino'en testimonio, al cual la corte de distrito no dió crédito, de que el precio cobrado era el correcto debido a la marca superior del arroz. En ausencia de testimonio convincente, o de algún testimonio, de que el empleado ac-tuó en contra de las instrucciones específicas del acusado-— testimonio que, de haberse ofrecido, hubiera levantado una cuestión que expresamente dejamos sin resolver — creemos que es de aplicación el lenguaje usado en Pueblo v. Cordero, 27 D.P.R. 329. Al confirmar la sentencia condenatoria de un patrono por el delito de permitir que sus empleados tra-bajasen después de la hora del cierre fijado por la ley, diji-jimos en dicho caso, a la página 332, que “en ausencia de prueba en contrario debía presumirse que lo hacían con per-miso del dueño”.

El acusado, sin embargo, afirma que en este-caso debe aplicarse la regla general, y que la actuación criminal del empleado, como agente, de haber ocurrido, no puede impu-tarse al principal, el acusado. Para sostener su posición cita el caso de Pueble v. Arce, 34 D.P.R. 340. Nada encon-tramos en dicha opinión qne indique qne esta corte allí con-sideró la excepción a la regla general mencionada en el pre-sente caso. Besolvemos qne los hechos y el estatuto envuel-tos en este caso son más análogos a aquellos casos en qne hemos hecho responsables a los patronos por adulteración de leche (Pueblo v. Rodríguez, 61 D.P.R 732, resuelto en abril 5, 1943) e infracción de leyes de rentas internas (Pueblo v. Barquet et al., 19 D.P.R. 792) realizadas por sus em-pleados. Para una discusión inteligente de este aspecto del derecho penal, véase Sayre, Criminal Responsibility for the Acts of Another, 43 Harv. L. Rev. 689; Sayre, Public Welfare Offenses, 33 Col. L. Rev. 55.

Los demás errores señalados son demasiado frívolos para ■discutirse.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


text:
    Rafael de J. Cordero, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Juan Marrero Rodríguez, obrero lesionado.
    Núm. 264.

    Sometido: Mayo 17, 1943.

      Resuelto: Junio 1, 1943.

      Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Rannos, G. Benitez Gautier, Procurador General Auxiliar y G. Atiles Moréu, A. de Jesús Matos y J. Correa Suárez, abogados los tres últimos del Fondo del Seguro del Estado, abogados todos del recurrente; Víctor J. Vidal González, abogado del obrero lesionado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

EL 28 de agosto de 1942, el obrero Juan Marrero Rodrí-guez sufrió un accidente mientras trabajaba como peón para Félix Benitez Rexach, patrón asegurado. Después de reci-bir el tratamiento médico correspondiente, el lesionado fue dado de alta como curado y sin incapacidad alguna; y no estando conforme con la decisión del Administrador del Fondo, apeló para ante la Comisión Industrial, quejándose (a) de que necesitaba más tratamiento, y (b) de quq no se había fijado el grado de su incapacidad.

En diciembre 23 de 1942 y ante el Comisionado Sr. F. Paz Gránela, se celebró una vista pública en la cual decla-raron dos médicos como peritos del Pondo del Estado y otro como perito asesor de la Comisión Industrial. En el mismo mes de diciembre, el Comisionado ante el cual se practicó la prueba, Sr. Paz Gránela, dictó un proyecto de resolución al efecto de que el obrero reclamante había quedado con una incapacidad parcial permanente consistente en la pérdida de un quince por ciento de sus funciones fisiológicas genera-les y por lo tanto con derecho a compensación. Sometido el proyecto de resolución a la aprobación del Presidente de la Comisión, Sr. Soldevila, y del Comisionado Sr. Herrero, se negaron éstos a concurrir con la ponencia del Comisionado Paz Gránela, formulando el Presidente Soldevila un voto particular, en el que llegó a la conclusión de “que el obrero en este caso no tiene menos de un 33% por ciento de inca-pacidad de sus funciones fisiológicas generales”. Y habiendo-concurrido con dicho voto particular el Comisionado Sr. He-rrero, en febrero 2 de 1943 la Comisión Industrial dictó nna resolución declarando que el obrero Juan Marrero ha que-dado con una incapacidad de 33% por ciento de pérdida de sus funciones fisiológicas generales.

En febrero 11 de 1943, el Administrador del Fondo soli-citó la reconsideración de la resolución y que en su lugar se dictase otra de acuerdo con el proyecto de resolución del Co-misionado Paz Gránela. La Comisión declaró no haber lu-gar a la reconsideración solicitada, pero acordó “abrir de nuevo el caso para ampliar la práctica de evidencia en rela-ción con la condición física del.obrero”. Solicitó el Admi-nistrador la reconsideración de esta últimá resolución, y ha-biendo sido denegada dicha moción, el Administrador inter-puso el presente recurso. Para sostenerlo, alega en síntesis que la Comisión erró:

1. Al ordenar la celebración de una segunda vista para oír nueva prueba, por estar esto terminantemente prohibido por la ley.

2. Al dictar una resolución basada en el voto particular de los Comisionados Soldevila y Herrero, quienes no estu-vieron presentes en la vista del caso, en vez de basarla en la opinión del Comisionado Paz Gránela, que fué el único que vió, observó y oyó al obrero en su declaración.

3. Al descartar la prueba pericial que fijaba la incapaci-dad del obrero en su grado máximo en un 15 por ciento, y basar su resolución exclusivamente en el texto del tratadista Kessler.

No acertamos a comprender de qué se queja el Administrador recurrente. Pidió la reconsideración de la resolución dictada por los dos Comisionados que no asistieron a la vista del caso, y la Comisión acordó dejarla sin efecto y abrir el caso de nuevo para que el Administrador tenga una nueva oportunidad de probar ante la Comisión en pleno que el grado de incapacidad del obrero no excede de un 15 por ciento, y el obrero pueda a su vez probar que el 33% por ciento de incapacidad fijado por la resolución anu-lada es razonable. ¿ Qué otra cosa podía haber hecho la Co-misión ante la moción de reconsideración radicada por el Administrador? Si la reconsideración hubiese sido denegada, dejando en pie la resolución dictada por los dos Comisiona-dos que no asistieron a la vista, seguramente el Administra-dor hubiese recurrido ante esta Corte Suprema, para presen-tarnos una situación casi idéntica a la del caso de Ortiz v. Comisión Industrial, 58 D.P.R. 278, en el que dijimos:

“ . . . No creemos que los comisionados que no tuvieron la oportu-nidad de asistir a la vista pública tengan necesariamente que aceptar la apreciación que de la prueba hiciera aquél ante quien se celebró, pero es indiscutible que los que no oyeron ni vieron declarar a los testigos, no están en tan buenas condiciones para apreciar y resolver sobre la credibilidad de los testigos como aquél que presidió la au-diencia. ’ ’

Y en vista del desacuerdo con respecto a la apreciación de la prueba, dejamos sin efecto la resolución recurrida y devolvimos el caso a la Comisión Industrial para la celebra-ción de una nueva audiencia ante la Comisión en pleno. La pretensión del Administrador de que se dejase sin efecto la resolución y en su lugar se dictase otra basada en el voto del Comisionado Paz Gránela, es insostenible, pues debiendo estar sostenida toda resolución de la Comisión por el voto de una mayoría de sus miembros, la dictada por un solo Co-misionado sería nula.

En el caso de autos, la Comisión Industrial, teniendo sin duda en cuenta lo resuelto en Ortiz v. Comisión, supra, y de-seando evitar demoras innecesarias y perjudiciales al obrero reclamante, acordó hacer lo que a nuestro juicio es la única solución justa y correcta para una situación como la que ya hemos expuesto. De todos modos, nada, adelantaría el Ad-ministrador con que anulásemos la resolución recurrida, pues con ello quedaría en pie la resolución por la que se fijó en un 33% por ciento el grado de incapacidad del obrero, que es precisamente de lo que se queja el recurrente. Y si éste entablase recurso de revisión de dicha resolución, en ese caso nos veríamos obligados a ordenar la celebración de una nueva audiencia — como ya lo ha hecho la Comisión- — por las razo-nes expuestas en Ortiz v. Comisión, supra.

La contención del recurrente de que el estatuto prohibe terminantemente la celebración de una nueva vista carece de méritos. El artículo 10 de la Ley núm. 45 de abril 18 de 1935 ((1) pág. 251), en su último párrafo, dispone:

“La Comisión Industrial radicará su decisión en el expediente, notificando a las partes. Ninguna de las partes tendrá derecho a una segunda vista sobre cuestiones de hechos.”

El estatuto es tan claro que no necesita interpretación. La parte agraviada por la decisión no tiene derecho a soli-citar una segunda vista. La Comisión puede, si lo juzga conveniente, abrir el caso de nuevo para ampliar la prueba y esclarecer cualesquiera hechos sobre los cuales pueda te-ner alguna duda, -con el fin de hacer cumplida justicia entre las partes.

El deber primordial del Administrador del Fondo del Seguro del Estado es velar por la solvencia del fondo, de-fendiéndolo contra toda reclamación que no se ajuste a la ley o que se base en hechos falsos. Empero, para cumplir ese deber no es necesario que el Administrador recurra a procedimientos o tecnicismos encaminados a dilatar la adju-dicación final y definitiva de una compensación o a disminuir el montante de la indemnización a que el obrero lesionado pueda tener derecho de acuerdo con la ley y con los hechos y circunstancias del caso. No debe temer el Administrador la celebración de una nueva audiencia cuyo único objeto es ■esclarecer la verdad para que la Comisión en pleno pueda oír toda la prueba y dictar un fallo que se ajuste estricta-mente a los hechos y a la ley.

Por las razones expuestas procede desestimar el recurso y confirmar la resolución de la Comisión de fecha marzo 5, 1943.


author: El Juez Asociado-Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Mauricio Decós Cáceres, acusado y apelante.
    Núm. 9917.

    Sometido: Mayo 20, 1943.

      Resuelto: Junio 1, 1943.

      Luis Mercader, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Sttpremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado-Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

De la prueba de cargo presentada en este caso, en la Corte de Distrito de Areeibo aparece que el apelante, Mauricio Decós, guiando un automóvil público llegó al pueblo de Camuy y detuvo su vehículo frente a la plaza pública. En ese momento un policía insular se le acercó, detuvo el auto-móvil y en compañía de 'otro policía condujo al apelante arrestado al cuartel donde le pidieron la llave del baúl del automóvil para registrarlo ' “porque tenían sospechas” y porque “tenía confidencias de que llevaba ron allí”. El apelante al principio se negó a entregar las llaves y luego solicitó ser llevado donde el juez municipal, lo que se hizo, y este funcionario, según declaró el policía, le dijo: “Mire, si usted tiene la llave, désela, que con allanamiento o sin alla-namiento los guardias están dispuestos a abrirlo, si no, ju-ran una declaración jurada para abrir el carro por orden mía.” Uno de los policías que llevó al apelante al cuartel declaró que no tenía orden de arresto alguna y que no había cometido delito alguno en su presencia pero que “el guardia García podría explicar por qué lo arrestó”. Este policía García fue el que primeramente detuvo' el automóvil del ape-lante pero, a pesar de esto, no declaró en el juicio. Después de las manifestaciones del juez municipal el apelante salió a buscar la llave del baúl del automóvil y la entregó a la po-licía y al registrar encontraron una pipa y dos envases de cristal conteniendo ron. Se formuló denuncia por infracción a las secciones 21 y 77 de la Ley de Bebidas (Ley núm. 6 de 1936, sesión extraordinaria) y la corte inferior en apelación declaró al acusado culpable y le impuso cincuenta días de cárcel.

El primer error alegado en apoyo del presente recurso de apelación es el siguiente:

“Al declarar sin lugar la solicitud sobre eliminación de evidencia, después de haber sido el acusado detenido y arrestado sin delito al-guno, y registrado su automóvil sin cometer violación alguna ante la policía, en aquel instante, ni contar ésta con orden o mandamiento legal para tal propósito arbitrario."

Es conveniente hacer constar que el acusado presentó antes del juicio ante la corte municipal una moción solicitando se eliminara la evidencia ocupada ilegalmente y que asi-mismo' la reprodujo ante la corte inferior estipulándose en esta última que se resolvería después de verse el caso en su fondo, lo que hizo la corte declarándola sin lugar.

Sostiene el Fiscal de esta Corte que el registro efectuado en este caso fué legal porque “todo se realizó entregándose voluntariamente por el acusado a la policía la llave del baúl del automóvil que conducía" y que por tanto no hubo “vio-lación 'alguna de derechos constitucionales del. acusado”. Empero, el Fiscal, al analizar la prueba en su alegato, ad-mite que la policía “sospechando que se estaba violando la ley, paró al acusado, etc."

En efecto, de toda la prueba de cargo lo único que surge es que, por razones, hechos o motivos no expresados por los dos policías que declararon, otro policía, García, que no de-claró, detuvo al acusado y lo condujo arrestado sin orden de arresto alguna al cuartel y que allí le exigieron entregara la llave para registrar el automóvil y que, más tarde, ante la conminación del juez municipal de que con allanamiento o sin él la policía abriría el baúl, el acusado entregó la llave.

Somos de opinión que sancionar todo este procedimiento arbitrario e ilegal por el hecho de que el apelante al final del mismo entregara “voluntariamente'" la llave del auto-móvil, sería convertir en letra muerta las garantías consa-gradas tanto por la Carta Orgánica como por nuestras leyes.

En primer término el arresto efectuado fué ilegal. No hay nada en la prueba de cargo que demuestre que el acu-sado había cometido delito alguno cuando fué detenido por el policía García y llevado arrestado al cuartel. El artículo 116 del Código de Enjuiciamiento Criminal expresamente dispone en qué casos un oficial de orden público puede hacer nn arresto sin una orden al efecto. Nada hay en el récord que demuestre que el apelante había cometido o que intentó cometer un delito en presencia del policía o que hubiera co-metido felony o tuviera motivos racionales para creer que lo hubiera cometido. El único indicio del motivo de la de-tención lo da el acusado en su declaración cuando dijo que el policía García al detenerlo le dijo que estaba realizando “una investigación de una goma que se han robado” y le ordenó que abriera el baúl del automóvil, y al negarse el acusado lo llevó al cuartel y allí fue que, bajo las circunstan-cias descritas entregó la llave. El policía Benitez declaró que se le ordenó al apelante que abriera el baúl “porque te-nía sospechas” pero no especificó en qué consistían esas sos-pechas ni a qué se referían.

En relación con el arresto de una persona y el registro de su automóvil bajo circunstancias como-las del caso de autos, dice Cornelius en su obra “Search and Seizure”, a la página 91, que el delito no se comete en presencia del fun-cionario “ . . . en casos en que el licor intoxicante está oculto de la vista del funcionario en un automóvil o sobre la persona, y en muchos casos cuando la comisión del delito le es desconocida antes del arresto. En todos estos casos, un arresto hecho bajo estas circunstancias es ilegal y la prueba obtenida por un registro ilegal incidental a dicho arresto no es admisible en evidencia en aquellas cortes en que preva-lece la doctrina de exclusión.”

Aun cuando se trataba de un caso bajo la Ley Nacional de Prohibición, consideramos que los principios enunciados en Pueblo v. Gusmán, 34 D.P.R. 117, son aplicables al caso de autos. La contención del apelante en aquel caso fué que en ningún caso puede procederse al registro de un automó-vil que transporte ilegalmente licores o que se dedique al contrabando de los mismos sin que medie previamente un auto judicial de registro. La prueba en dicho caso, según se hizo constar en la opinión, a la página 120, fue la siguiente:

“En este caso la prueba establece que hubo motivos razonables para que los agentes del gobierno procedieran al registro del auto-móvil sin estar provistos de un auto judicial. Dicho vehículo cami-naba por una carretera pública y a velocidad excesiva al pasar por el sitio en que estaban dos policías. Éstos tuvieron conocimiento de que se estaba transportando licores entre Bio Grande y Luquillo y esto, unido a la velocidad excesiva del carro que por sí infringía la ley que reglamenta él uso de. vehículos de motor en Puerto Bico, despertó en dichos agentes la razonable creencia de que él automóvil transportaba licor, y determinó en ellos sto persecución en otro automóvil, pudiendo detener su marcha y proceder al registro, encontrando 36 botellas de brandy marca ‘Hennessy’, ‘Tres Estrellas’, ‘de las 12 estaban en un saco pequeño, colocado en la parte trasera del carro, en el sitio destinado para poner los pies, y metidas dichas botellas dentro de cartuchos de paja y el resto de las botellas se encontraba debajo del asiento trasero del automóvil.’ ” (Bastardillas nuestras.)

Se citó entonces el caso de U. S. v. Kaplan, 286 Fed. 963, 973, en el que se resolvió' que cuando se hace un registro sin mandamiento, es asimismo esencial que exista un fundamento razonable para ello y se dijo que “la mera infracción de la ley reglamentando la velocidad de vehículos de motor en ca-rreteras públicas . . . justificaba a la policía para detener el automóvil y arrestar al chauffeur”, y que “una vez detenido el automóvil, los agentes pudieron ver a la simple vista el saco que estaba en el sitio destinado para descansar los pies” y que por lo tanto el registro, sin mandamiento, fue legal de acuerdo con lo resuelto en el caso de Boyd v. U. S., 286 Fed. 930. Por último se citó del caso caso de Carroll v. U. S., 267 U. S. 132, la regla establecida por la Corte Su-prema nacional para estos casos en esta forma:

“Por razón lógica y por las autoridades la verdadera regla es que si el registro e incautación sin orden se hacen habiendo causa probable, o sea habiendo una creencia, razonablemente deducible de circunstancias conocidas al oficial incautador, de que un automóvil u otro vehículo contiene lo que por ley está sujeto a incautación y des-trucción, el registro y la incautación son válidos ...” (Bastardi-llas nuestras.)

Termina la opinión de esta corte en el caso de Gusmán, supra, emitida por el Juez Asociado Sr. Franco Soto, ha-ciendo constar lo siguiente:

“Se hace conveniente dejar aclarado, sin embargo, que ya esta-blecida la regla para poder registrar sin mandamiento judicial un automóvil u otro vehículo de motor que oculta contrabando, un regis-tro caprichoso o por meras sospechas no sería justificable. De ahí es la línea divisoria de legal o ilegal, según las circunstancias del caso, que se tiende a establecer en el caso de Carroll que hemos citado.”

En la obra de Cornelius, sección 49, página 178 a 180, se comenta extensamente el caso de Carroll, supra, y se dice que aun cuando dicho caso se basó en la Ley de Prohibición Nacional y los poderes que le concedía a funcionarios fede-rales, el razonamiento que usó la corte para llegar a sus conclusiones es aplicable con igual fuerza a otras violaciones de ley que no sean la de Prohibición Nacional “cuando el funcionario tiene causa probable para creer que un delito en contra de cualquier ley federal se está cometiendo en su pre-sencia con un automóvil”, y el autor expresa su creencia de que las cortes estatales seguirán la “sana y brillante opi-nión del Juez Taft . . . pues el razonamiento de dicha opi-nión parece ser inexpugnable.”

En 39 A.L.R. 811 puede consultarse una extensa monografía a continuación del caso de Carroll v. U. S., supra, la que es ampliada en 74 A.L.R. 1418, citándose innumerables casos sobre la materia, y específicamente sobre la cuestión aquí envuelta se dice a la página 1458:

“El frecuente uso de automóviles en violación de las leyes sobre licores y la impracticabilidad de obtener órdenes de allanamiento a tiempo para realizar un registro efectivo, ha llevado a las cortes a sostener dichos registros como razonables sin dichas órdenes. Sin embargo, como demuestran los casos a continuación, la mera sospecha de la violación de las leyes sobre licores no es suficiente para justifi-car el registro sin una orden. Deben existir tales circunstancias que demuestren a la mente de una persona de ordinaria prudencia que existe causa probable para el registro.”
“Sin embargo, la regla está demasiado bien establecida para re-querir cita de autoridades de que la razonabilidad del registro no puede ser determinada por el resultado que se obtenga.”

En el caso de autos uno de los policías declaró que des-pués de haber llevado al apelante arrestado al cuartel notó que del baúl del automóvil salía un olor a alcohol y que fué' por eso que quisieron registrarlo. En relación con esto sur-gen dos cuestiones, primero, que el apelante había sido arres-tado ilegalmente ya que, como hemos dicho, no hay riada en la prueba que demuestre que había cometido un delito en presencia del policía, y segundo, que habiendo sido derogada la Ley de Prohibición sobre licores y siendo por tanto legal su transportación, no puede constituir causa probable para un registro sin una orden el hecho de que de un automóvil emane olor a alcohol. El delito imputado en este caso es uno de transportación de bebidas sin haberse adherido a los enva-ses las estampillas de rentas internas correspondientes. Sí, como en el caso de Pueblo v. Guzmán, supra, los envases hu-bieran estado a la vista de la policía y se hubieran dado cuenta por dicho sentido que no tenían los sellos adheridos tanto el arresto como el registro'hubieran sido legales. Em-pero, ¿en qué forma puede lógicamente decirse que por el sentido del olfato se pueda determinar que unos envases no tienen adheridos unos sellos y que pueda aplicarse a este caso la regla de la causa probable para el registro sin una orden?

Por último resta considerar el aspecto de volunta-riedad que quiere darse al registro por el hecho de que el apelante entregó la llave del baúl del automóvil. Los hechos expuestos anteriormente demuestran que el apelante se opusoen todo momento a que el automóvil fuera registrado y que no fué hasta que el juez municipal le dijo que “con allana-miento o sin allanamiento” la policía registraría el automó-vil y que si era necesario prestaría nn juramento para ha-cerlo. Somos de opinión que bajo estas circunstancias no puede sostenerse que el acusado consintió el registro por el hecho de haber entregado la llave. Si los funcionarios poli-cíacos llamados a cumplir la ley fueron los que desde un principio la violaron y luego el funcionario judicial en lugar de obligar a los policías allí presentes a prestar las declara-ciones juradas requeridas por los artículos 503 y 505 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal en relación con los hechos que tendían a demostrar la causa probable para expedir una orden de allanamiento, conminó al apelante en la forma en que lo hizo, no podemos sostener que fue el apelante quien voluntariamente se sometió al registro efectuado. Además, los hechos probados demuestran que no fue él quien abrió el baúl del automóvil sino el policía.

En el reciente caso de Pueblo v. Capriles, 58 D.P.R. 548, aun cuando se trataba de una orden de allanamiento ilegal-mente expedida para registrar una casa, tuvimos ocasión de revisar la jurisprudencia sobre la admisión de prueba ilegal-mente ocupada. Citamos, no solamente la prohibición con-tenida en la Carta Orgánica sobre el derecho a estar garan-tizados contra registros y embargos arbitrarios, sino tam-bién nuestra “Ley Disponiendo los Derechos del Pueblo”' aprobada el 27 de febrero de 1902, y llegamos a la conclu-sión de que la orden de allanamiento era nula por no ha-berse expuesto en.los affidavits los hechos que justificaban la causa probable para el registro efectuado y resolvimos que la corte inferior no debió admitir en evidencia la prueba así ocupada y absolvimos al acusado.

A la misma conclusión tenemos que llegar en el caso de-autos pues eliminados del caso los envases ilegalmente ocu-pados no hay prueba alguna contra el acusado. No creemos necesario entrar a considerar la versión del acusado y sus testigos sobre la forma en que una tercera persona puso el ron en el baúl del automóvil. La corte inferior no dió eré-dito a esa prueba y de no haberse cometido el primer error imputado no variaríamos la conclusión del juez sentenciador al no dar crédito a dicha prueba. Pero consideramos que la cuestión constitucional envuelta es primordial en este caso.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al ape-lante Mauricio Decós.