text:
      In re Hon. Eduardo Grau Acosta, querellado.

      Número: AD-2005-4

      Resuelto: 20 de septiembre de 2007

      María Victoria López Menéndez y Julia María Badillo Lo-zano, asesoras legales de la Oficina de Administración de los Tribunales, parte querellante; Aida N. Molinary de la Cruz, presidenta de la Comisión de Disciplina Judicial; Flavio E. Cumpiano Villamor y Angel F. Rossy García, co-misionados asociados; Carlos A. Alvarado Arroyo, José Luis Martínez Rodríguez y Jesús M. Jiménez, abogados del querellado.
   per curiam:

En el ejercicio de sus funciones, tanto los jueces como los abogados tienen la delicada encomienda de preservar el respeto y la confianza del pueblo en nuestro sistema de justicia. Dicha encomienda requiere de los miembros de la Judicatura una conducta intachable que se caracterice por el más alto grado de imparcialidad e inte-gridad y que responda a las normas que salvaguardan la independencia de su ministerio. Por otra parte, dicha res-ponsabilidad conlleva que los abogados se esfuercen al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y la dignidad de la profesión.

A la luz de ello, el caso ante nuestra consideración es particularmente importante, ya que pone en “tela de juicio” la integridad de la conducta de uno de los miembros de nuestro sistema judicial por hechos ocurridos mientras ejercía la profesión de abogado y luego de entrar a ocupar el cargo de Juez en propiedad. Pasemos a exponer los he-chos relevantes, según surgen del Informe de la Comisión de Disciplina Judicial (Comisión).

W

El Ledo. Eduardo Grau Acosta (Grau Acosta) fue admi-tido al ejercicio de la abogacía el 20 de mayo de 1975. Más adelante, tras haber sido nombrado por el Gobernador y confirmado por el Senado de Puerto Rico, Grau Acosta prestó juramento como Juez Superior en 1999.

Previo a su nombramiento, y mientras se desempeñaba como abogado en la práctica privada, Grau Acosta asumió la representación legal de la parte demandada en un pleito presentado ante el tribunal de Guayama relacionado con la partición del caudal hereditario del Sr. José Gregorio Merle Reyes. Inicialmente, Grau Acosta representaba a Heleodoro Merle Greo, Juanita Merle Rivera, Efraín Co-llazo y a la Sucesión de doña Luisa Merle Rivera, com-puesta por los hermanos Buffil Merle. No obstante, un tiempo después, Grau Acosta renunció a la representación legal de los hermanos Buffil Merle y asumió la de la Sra. Wilma Collazo Merle (Collazo Merle), quien advino here-dera al morir su señora madre, Juanita Merle Rivera. Grau Acosta acordó verbalmente con sus clientes que el pago por sus servicios sería el 15% del valor de los bienes que lograran obtener.

Transcurridos alrededor de veinte años desde que se ini-ció el litigio, el foro de instancia ordenó la partición de la herencia mediante la venta de los bienes del caudal. Para la fecha en que Grau Acosta juramentó como Juez Superior, ya se había vendido algunos inmuebles pero quedaba pendiente la venta de unas fincas de gran cabida, para lo cual se requerían ciertos trámites tales como la mensura, el deslinde y la tasación.

Posteriormente, Grau Acosta presentó ante el tribunal una Moción Renunciando y Asumiendo Representación Legal, suscrita con el Ledo. Augusto Cirino Gerena, abogado de la parte demandante. Para ese entonces, Grau Acosta ya había comenzado a ejercer como Juez Superior en el Tribunal de Guayama. En la referida moción, Grau Acosta alegó que, por haber asumido el cargo de Juez, estaba im-pedido de continuar representando a los herederos deman-dados, por lo que el licenciado Cirino Gerena había acep-tado ocuparse de ello. Asimismo, indicó que los herederos no tenían objeción a su renuncia ni a que la asumiera el referido letrado. En dicha moción, Grau Acosta identificó a los hermanos Buffil Merle como sus clientes —ello a pesar de que había renunciado a su representación legal desde el 1991— pero omitió mencionar a Collazo Merle, a quien re-presentaba desde 1986.

La moción aludida nunca fue notificada a los herederos interesados y de su texto no se desprende información al-guna sobre sus direcciones. A pesar de ello, en diciembre de 1999, el tribunal a quo aceptó la renuncia de Grau Acosta y autorizó la nueva representación legal del licenciado Ci-rino Gerena.

Según surge de las determinaciones de hechos de la Co-misión, luego de la presentación de la moción Grau Acosta citó a Collazo Merle a su oficina y, por primera vez, le in-formó que no podía continuar representándola. Asimismo, le informó que había seleccionado al licenciado Cirino Ge-rena para que continuara con la gestión, ya que éste era su amigo y llevaba mucho tiempo en el caso. En esa ocasión, Grau Acosta aclaró a Collazo Merle que, a pesar de que no podía continuar con su representación legal, tenía derecho a recibir el 15% de las ventas de los bienes del caudal he-reditario y que él se ocuparía de pagarle los honorarios al licenciado Cirino Gerena. Tras adquirir conocimiento de lo ocurrido, Collazo Merle le solicitó al licenciado Cirino Ge-rena su renuncia a la representación legal, la cual fue pre-sentada el 13 de enero de 2000.

En respuesta, Grau Acosta presentó una moción me-diante la cual le indicó al tribunal que él había escogido al licenciado Cirino Gerena para que asumiera la representa-ción legal de sus clientes para evitar que cada heredero escogiera a un abogado distinto y se complicara la trami-tación del caso. Además, en dicha moción Grau Acosta in-formó que había cumplido con la obligación de advertir a sus clientes que la contratación del nuevo abogado no les relevaba del deber de pagarle el 15% del producto de las ventas del caudal. Por último, Grau Acosta solicitó que se dejara sin efecto la designación del licenciado Cirino Ge-rena como abogado de los demandados y pidió que se les requiriera informar su nueva representación legal, así como reconocer su derecho a los honorarios de abogado.

Más adelante, el tribunal de instancia celebró dos con-ferencias sobre el estado procesal del caso. De las minutas correspondientes se desprende que Grau Acosta compare-ció a una de éstas como abogado y, a la otra, como anterior representante legal de los demandados. De allí surge, ade-más, que el tribunal emitió una orden dirigida a los de-mandados requiriéndoles comparecer con su nueva repre-sentación legal. No obstante, dicha orden se notificó solamente a Collazo Merle, ya que en el expediente no ha-bía constancia de las direcciones de los demás codemandados. Eventualmente, dichos codemandados anunciaron al Ledo. Ramiro Rodríguez Ramos como su nuevo representante legal.

Según surge del testimonio del Hon. Isidro Rivera Sán-chez, juez que presidía la Sala en la que se atendía el caso en cuestión, Grau Acosta compareció a las vistas mencio-nadas con el único propósito de proteger su interés en los honorarios de abogado. A pesar de que el caso se encon-traba pendiente ante el tribunal en el que Grau Acosta ejercía el cargo de juez, éste nunca le informó al Juez Ad-ministrador que tenía un interés personal en el asunto.

A raíz de estos hechos, Collazo Merle presentó una queja contra Grau Acosta ante la Oficina de Administra-ción de los Tribunales. Alegó que éste incurrió en conducta profesional deshonesta al encomendar a otro abogado la representación legal de sus clientes sin el conocimiento ni consentimiento de ellos. Sostuvo, además, que Grau Acosta actuó impropiamente al comparecer a los procedimientos para asegurarse de cobrar los honorarios de abogado, así como al no proveerle al tribunal las direcciones de los he-rederos que representaba. Por último, Collazo Merle adujo que Grau Acosta se negó a entregarle el expediente del caso, condicionando su entrega al pago de los honorarios, lo cual la obligó a pagar $660.50 para obtener una copia en el tribunal. Aclaró que, a pesar de ello, no logró recuperar ciertos documentos que sólo Grau Acosta poseía. El nuevo representante legal de los codemandados, licenciado Rodríguez Ramos, reiteró los hechos indicados en la queja mencionada y solicitó al tribunal que emitiera una orden dirigida a Grau Acosta para que cumpliera con la entrega del expediente.

En respuesta a las alegaciones indicadas, Grau Acosta sostuvo que decidió retener el expediente por desconocer la nueva representación legal de los demandados. Además, alegó que tan pronto se enteró de que sus anteriores clien-tes estaban siendo representados por el licenciado Rodrí-guez Ramos, solicitó un término para fotocopiar el expe-diente y para defenderse de las quejas presentadas. Finalmente, Grau Acosta entregó el expediente el 24 de marzo de 2003.

En el ínterin, Grau Acosta presentó una “Solicitud de Intervención” en el pleito sin permiso del Juez Administrador. En dicha solicitud alegó que tenía un inte-rés en las propiedades y los asuntos del litigio, consistente en un 15% de lo que los herederos obtuvieran del caudal hereditario y que dicho interés podría quedar afectado de no concedérsele la intervención. Los demandados se opu-sieron a la intervención alegando que Grau Acosta preten-día litigar una reclamación de honorarios de abogado en un pleito de otra naturaleza. A pesar de la oposición, el tribunal de instancia autorizó la intervención, mas su dictamen fue revocado posteriormente.

Durante la investigación de la queja presentada, el li-cenciado Rodríguez Ramos prestó una declaración jurada ante la Oficina de Administración de los Tribunales, de la cual surgieron otras imputaciones de alegadas faltas éticas cometidas por Grau Acosta relacionadas con los hechos bajo nuestra consideración. En vista de ello, la Oficina de Administración de Tribunales consideró la referida decla-ración como una queja independiente.

En la referida declaración jurada, el licenciado Rodrí-guez Ramos aseveró que en 2000 representó a unos de-mandados en un pleito entablado por Grau Acosta en su carácter personal. En vista de ello, el licenciado Rodríguez Ramos solicitó a Grau Acosta su inhibición en los casos en que el primero litigara y el segundo interviniese como juez. Sin embargo, Grau Acosta se negó a inhibirse y a referir las solicitudes de inhibición al Juez Administrador para su consideración.

Por otra parte, el licenciado Rodríguez Ramos expresó que durante una vista presidida por Grau Acosta éste lo invitó a una reunión en su oficina. Decretado un receso del tribunal, y estando a solas en su oficina, Grau Acosta le indicó al licenciado que era “un traidor y un ingrato” por haber presentado las mociones de inhibición y por haber defendido a sus enemigos. Además, bajo la amenaza de que no ganaría ningún otro caso en su Sala, le expresó que tenía que retirar las referidas mociones de inhibición.

Luego de esa reunión, el licenciado Rodríguez Ramos solicitó nuevamente la inhibición de Grau Acosta. Después de varios incidentes procesales, este Tribunal decretó la inhibición de Grau Acosta en todos los casos en que el li-cenciado Rodríguez Ramos así lo había solicitado.

A raíz de estos hechos, y luego de determinarse causa suficiente para continuar el procedimiento disciplinario, la Oficina de Administración de los Tribunales presentó una querella imputándole a Grau Acosta la violación a los Cá-nones I, VIII, IX, XI, XII, XV, XVI, XXIII, XXVI de Ética Judicial de 1977 (vigentes al momento de los hechos), 4 L.P.R.A. Ap. IV-A; la violación a los Cánones 19, 20, 21, 27 y 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, y la violación a las Reglas 19 y 20 para la Administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1999 (4 L.P.R.A. Ap. II-B).

En marzo de 2006, Grau Acosta contestó la querella ne-gando los cargos imputados y planteando varias defensas afirmativas. Más tarde, presentó una moción de desesti-mación de la querella por incumplimiento con el requisito de notificación y por no haberse realizado la investigación dentro del término establecido.

La Comisión declaró “sin lugar” tanto la referida moción como una solicitud de reconsideración presentada oportunamente. En vista de ello, Grau Acosta recurrió ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari y solicitó la paralización de los procedimientos ante la Comisión. Am-bos recursos fueron denegados en esa etapa de los procedimientos.

Luego de celebradas las vistas correspondientes, la Co-misión presentó un informe en el cual determinó que Grau Acosta infringió las normas éticas reseñadas, así como la Regla 19 para la Administración del Tribunal de Primera Instancia, supra.

Con este trasfondo fáctico y procesal en mente, pasemos al análisis del derecho aplicable.

h — I

A. Los Cánones de Ética Judicial recogen unas normas mínimas dirigidas a asegurar una conducta ejemplar de parte de los miembros de la Judicatura, lo cual tiene como propósito —entre otras cosas— preservar la confianza del pueblo en el sistema judicial. A manera de preámbulo, el Canon I de Ética Judicial, supra, consagra dicho objetivo al establecer que los tribunales y, por ende, las personas encargadas de la alta encomienda de ser magistrados, tienen el deber de mantener la fe del pueblo en la justicia. A tales efectos, establece que las personas lla-madas a impartir justicia deben velar por que sus actua-ciones respondan a las normas de conducta que honren la integridad e independencia de su ministerio. Ello supone un comportamiento por parte de todos los jueces y juezas que manifieste entereza, convicción e imparcialidad tanto en su vida pública como en su vida privada. Véanse, ade-más: In re Suárez Marchán, 159 D.P.R. 724 (2003); In re Marrero Torres, 113 D.P.R. 113 (1982).

A tono con lo anterior, el Canon XI de Ética Judicial, supra, requiere no sólo una conducta efectivamente imparcial de parte de los miembros de la Judicatura, sino además la exclusión de toda posible apariencia de parcialidad. Resulta claro, por lo tanto, que cada juez tiene que considerar las posibles consecuencias de sus actos en términos de las impresiones que podrían recibir terceras personas. Además, debe cuidarse de situaciones que puedan afectar negativamente su imagen o poner en duda la independencia de su criterio.

El deber de desempeñar la función judicial mediante una conducta imparcial es inherente a la misión de impartir justicia. A tales efectos, anteriormente hemos sido enfáticos al afirmar que la investidura judicial obliga a un juez a despojarse de todo vínculo —sea de índole político, familiar o de otro género— que pudiera arrojar dudas sobre su capacidad para adjudicar las controversias de manera imparcial. In re Ramos Mercado, 170 D.P.R. 363 (2007).

En aras de asegurar dicha imparcialidad, tanto de hecho como en apariencia, el Canon XII de Ética Judicial, supra, señala a manera ilustrativa varias situaciones en las que es propio que un juez se inhiba del proceso judicial, ya sea por existir un prejuicio o parcialidad hacia cualquier persona en el pleito, o para evitar la apariencia de ello. En esos casos, y “[p]or cualquier otra causa que pueda razona-blemente arrojar dudas sobre su imparcialidad para adju-dicar o que tienda a minar la confianza pública en el sis-tema de justicia”, el juez debe abstenerse de participar en el procedimiento tan pronto conozca la causa de inhibición. Id. Véase, además, In re Campoamor Redín, 150 D.P.R. 138 (2000).

De forma similar, el Canon XXIII de Ética Judicial, supra, impone a cada juez el deber de evitar toda conducta que pueda dar base a la creencia de que ejerce influencia indebida en el ánimo de otro juez. Precisamente, dicho canon prohíbe que un juez ejerza, o dé la apariencia de ejercer, alguna influencia para colocarse en mejor posición que cualquier otro ciudadano en el litigio de sus causas personales.

Finalmente, el Canon XV de Ética Judicial, supra, dispone que los jueces no pueden celebrar entrevistas privadas con las partes o sus abogados. Tampoco pueden permitir comunicaciones o argumentos dirigidos a influenciar su actuación judicial en asuntos bajo su consideración, cuando los intereses que puedan estar afectados no estén debidamente representados.

Las disposiciones antes mencionadas reflejan un interés legítimo, y de gran envergadura, en salvaguardar la fe en la Judicatura. Para ello se exige que los jueces actúen de manera prudente, proyectando una imagen de imparciali-dad y objetividad. En ese sentido, anteriormente hemos llamado a la cautela cuando los jueces se ven obligados a participar como parte en un procedimiento judicial, ya que los demás litigantes pueden sentirse en una posición desventajosa.

Por otra parte, el Canon VIII de Ética Judicial, supra, establece que los jueces no deben aceptar puestos, cargos o encomiendas que sean incompatibles con las responsabilidades judiciales y deben evitar, entre otras cosas, las actividades que le resten dignidad al cargo de juez y aquellas que pongan en entredicho la imparcialidad de la Judicatura. A tono con ello, los jueces están impedidos de ejercer la abogacía. 4 L.P.R.A. sec. 24(p); 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, C. IX.

Además, el Canon XVI de Etica Judicial, supra, re-quiere que los jueces, al llevar a cabo sus funciones, sean considerados y respetuosos con los abogados y con las otras personas que comparezcan ante el tribunal.

Por último, el Canon XXVI de Ética Judicial, supra, dispone, a manera de epílogo, que los Cánones de Ética Judicial son normas mínimas de comportamiento que los jueces deben observar fielmente, tanto en su letra como en su espíritu. Igualmente, dicho canon hace aplicables a los jueces cualesquiera otras normas de conducta establecidas por ley que de alguna forma salvaguarden la dignidad del cargo y la independencia judicial.

B. Por otro lado, es un deber consustancial al cargo de juez cumplir también con la ley, los postulados éticos que rigen el ejercicio de la abogacía y las normas administrativas aplicables. Conforme a ello, en un procedimiento disciplinario contra un magistrado, este Tribunal está facultado para evaluar su conducta a la luz de los preceptos indicados e imponer las medidas disciplinarias que correspondan. De hecho, en In re Santiago Rodríguez, 160 D.P.R. 245 (2003), indicamos que el nombramiento, la confirmación y la juramentación como juez de un licenciado en derecho no lo releva de su responsabilidad como abogado o notario. En vista de ello, en esa ocasión sancionamos a la querellada en su carácter de notario por incumplir con la Ley Notarial de Puerto Rico mientras ejercía el cargo de Jueza Municipal.

La facultad disciplinaria mencionada resulta aún más evidente en el caso ante nuestra consideración, puesto que a Grau Acosta se le imputaron varias faltas éticas por he-chos ocurridos mientras se desempeñaba como abogado antes de su nombramiento como Juez Superior y después de ocupar ese cargo en propiedad. Específicamente, se le im-putó violación a los Cánones 19, 20, 21, 27 y 35 del Código de Etica Profesional, supra, y violación a las Reglas 19 y 20 para la Administración del Tribunal de Primera Instancia, supra. Pasemos a examinar dichos preceptos.

El Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra, requiere que, antes de renunciar a la representación legal, el abogado tome aquellas medidas razonables que eviten perjuicio a los derechos de su cliente. Estas medidas incluyen notificarle la renuncia; aconsejarle sobre la necesidad de una nueva representación legal cuando sea necesario; concederle tiempo para conseguir una nueva representación legal; aconsejarle sobre la fecha límite de cualquier término de ley que pueda afectar su causa de acción o para la presentación de cualquier escrito que le pueda favorecer, y el cumplimiento de cualquier otra disposición legal u orden del tribunal al respecto, incluyendo la notificación de la última dirección conocida de su representado.

Con relación a ello, la Regla 19 para la Administración del Tribunal de Primera Instancia, supra, dispone que el abogado debe certificar en la propia solicitud que le ha notificado a los clientes su intención de renunciar. Además, dispone que el abogado debe proveer al tribunal las direcciones residenciales y postales del abogado y de la parte representada, así como los números de teléfono correspondientes.

El Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra, también requiere que, al ser efectiva la renuncia, el abogado entregue a su cliente el expediente del caso y todo documento relacionado con éste. A su vez, exige que el abogado reembolse inmediatamente cualquier cantidad ade-lantada en concepto de honorarios por servicios no prestados. En relación con dicha norma, hemos resuelto que el abogado no tiene un derecho de retención sobre el expediente del caso y que tampoco existe un gravamen so-bre éste cuando no se han pagado los honorarios correspondientes. In re Vélez, 103 D.P.R. 590 (1975).

De otra parte, conforme establece el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, los abogados deben desplegar una conducta sincera y honrada ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros. Por ende, un abogado que falta a la verdad infringe dicho precepto, independientemente de los motivos que lo movieron a incurrir en esa conducta o de que no se hubiera perjudicado a tercero alguno. Véase, además, In re Martínez, Odell I, 148 D.P.R. 49 (1999). A tales efectos, hemos expresado que el compromiso de un abogado con la verdad debe ser siempre incondicional, ello debido a que “más que un ideal irrealizable, la verdad es atributo inseparable del ser abogado”. In re Busó Aboy, 166 D.P.R. 49, 63 (2005).

Además, sabido es que el abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad completa, el cual incluye la obligación de divulgarle todas las circunstancias de sus relaciones con las partes y con terceras personas, así como cualquier interés en la controversia que pudiera influir en el cliente al seleccionar su consejero. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 21. Igualmente, el abogado tiene el deber de mantener a su cliente informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 19. Cónsono con ello, resulta impropio que un abogado se asocie con otro en la defensa de un cliente sin obtener previamente su consentimiento. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 27.

A la luz de estos principios, evaluemos los hechos de este caso para determinar si Grau Acosta incurrió en las violaciones imputadas.

III

En otras ocasiones hemos enfatizado que la función judicial es una de las labores cuyo ejercicio no admite términos medios. Para preservar la dignidad de los procedimientos judiciales y la confianza del pueblo en la administración de la justicia, se requiere que los jueces actúen —y promuevan la impresión de que actúan— con rectitud y conforme a los más altos niveles éticos que rigen el ejercicio de ese cargo.

Como expusimos antes, existe una incompatibilidad absoluta entre el desempeño del cargo de juez y el ejercicio de la abogacía. Ahora bien, la nominación por parte del Gobernador constituye la etapa inicial del proceso de nombramiento al cargo judicial, ya que puede ocurrir que el Senado no preste su consentimiento. Por ende, en ese momento la persona nominada que es abogado todavía no está obligada a renunciar a la representación legal de sus clientes. Sin embargo, cuando el Senado confirma el nombramiento y el abogado tiene la intención de ocupar el cargo —aproximándose el momento en que va a juramentar como juez— surge la obligación de renunciar a cualquier representación legal que ostente.

Según se desprende del expediente, Grau Acosta se des-empeñaba como abogado cuando fue nominado para el cargo de Juez Superior. A pesar de que éste juramentó como Juez Superior el 8 de noviembre de 1999 e inmedia-tamente después empezó a ejercer sus funciones como tal, no fue hasta el 3 de diciembre de 1999 que solicitó la re-nuncia a la representación legal de sus clientes. Por ende, resulta forzoso concluir que Grau Acosta no renunció opor-tunamente a dicha representación.

Dado el carácter tardío de su renuncia, en ese momento Grau Acosta técnicamente aún era abogado y, por ende, no estaba relevado de sus responsabilidades como tal. Por esta razón, estamos en posición de ejercer también nuestra función disciplinaria con respecto a la conducta de Grau Acosta como abogado.

En primer lugar, la moción de renuncia presentada por Grau Acosta adolece de varios defectos que constituyen graves faltas éticas. Este alegó que sus clientes no tenían objeción alguna a su renuncia ni a que el licenciado Cirino Gerena asumiera la representación legal. Sin embargo, antes de presentar la referida moción, Grau Acosta no discu-tió ese asunto con sus clientes; no les informó previamente de su intención de renunciar y no fue hasta varios meses después que cumplió con tal deber. Este proceder consti-tuye una clara violación al Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra.

Aún más, sin haberlo discutido con sus clientes, Grau Acosta seleccionó al licenciado Cirino Gerena —quien era, además, abogado de la parte contraria— para que asu-miera la representación legal de éstos. De esa manera, Grau Acosta faltó a la verdad e infringió el deber de lealtad hacia sus clientes. Su actuación fue contraria a los precep-tos éticos reseñados y socavó la naturaleza personal y fidu-ciaria de la relación abogado-cliente, creando además una situación de evidente conflicto de interés. En este aspecto, la justificación aducida por Grau Acosta de que él escogió al nuevo abogado para evitar que se complicara la trami-tación del caso, resulta a todas luces carente de méritos.

Aparte de lo anterior, la moción de renuncia nunca fue notificada a los herederos interesados y de su texto no se desprende información alguna sobre sus direcciones, todo ello en abierta violación al citado Canon 20 de Ética Profe-sional y a la Regla 19 para la Administración del Tribunal de Primera Instancia, supra, la cual regula la tramitación de ese tipo de solicitud. Grau Acosta tampoco cumplió con el deber de informar las direcciones de sus clientes en un momento posterior. Esto causó que no se les pudieran notificar varias órdenes emitidas por el tribunal, lo cual dilató innecesariamente los procedimientos.

Por otra parte, después de ser efectiva su renuncia a la representación legal, Grau Acosta retuvo indebidamente el expediente del caso a pesar de que sus clientes lo solicita-ron en varias ocasiones. Además, en contravención a lo se-ñalado por este Tribunal, Grau Acosta condicionó la en-trega del expediente al pago de los honorarios de abogado. No fue hasta que el foro de instancia así lo ordenó que finalmente Grau Acosta devolvió el expediente del caso. Este comportamiento produjo gastos innecesarios para los clientes (ya que tuvieron que pagar para obtener una copia del expediente en el tribunal), así como una dificultad ob-jetiva a la hora de defenderse.

Las excusas ofrecidas por Grau Acosta no justifican su comportamiento. En particular, resulta inaceptable el ar-gumento de que él desconocía a quién entregarle el expediente. De hecho, aun después de conocer que el licen-ciado Rodríguez Ramos había asumido la representación legal de sus ex clientes, Grau Acosta tampoco entregó in-mediatamente el expediente, sino que solicitó un término adicional para fotocopiarlo.

Las circunstancias de este caso demuestran que Grau Acosta actuó en todo momento movido por el único propó-sito de asegurar el cobro de sus honorarios de abogado. Ofuscado por ese interés económico, perdió de perspectiva la importancia de su profesión y sus deberes como abogado, incurriendo así en violación a los Cánones 19, 21, 27 y 35 del Código de Etica Profesional, supra.

A su vez, con su comportamiento Grau Acosta dejó a un lado los preceptos éticos que gobiernan la conducta de los miembros de la Judicatura. Sin duda, éste actuó impropiamente al comparecer ante el tribunal de Guayama en calidad de abogado de la parte demandada y después en su carácter personal. Dado que en ese momento ya era efectiva su renuncia a la representación legal de los demandados y, puesto que estaba ejerciendo su cargo como Juez Superior en ese mismo tribunal, Grau Acosta tenía el deber de informar al Juez Administrador su interés personal en el caso para que dispusiera el traslado administra-tivo de éste, conforme lo establecen las Reglas de Adminis-tración de los Tribunales. Sin embargo, Grau Acosta no sólo omitió informar la situación, sino que también inter-vino en el pleito sin permiso de su supervisor y dentro del horario regular de trabajo. Dicha conducta es incompatible con sus responsabilidades judiciales y da margen a la creencia de que estuvo ejerciendo influencia indebida en el ánimo del juez que presidía el caso. Reiteramos que la im-parcialidad en el ejercicio de las funciones judiciales es un factor tan esencial para fortalecer la confianza de la ciuda-danía en la Judicatura que aun la apariencia de parciali-dad puede ser muy perniciosa y, por ende, debe ser evitada por todo miembro de la Judicatura.

Por último, nos preocupa seriamente la conducta que Grau Acosta desplegó en relación con licenciado Rodríguez Ramos. Grau Acosta declinó inhibirse en unos casos ante su consideración, a pesar de que el licenciado había presentado varias solicitudes a esos efectos. Dichas solicitudes se fundaban en el hecho de que Grau Acosta era parte en su carácter personal en un pleito en el cual el licenciado Rodríguez Ramos era el abogado de la parte contraria. Ante esas circunstancias, Grau Acosta debió inhibirse de la adjudicación de tales casos. La posición conflictiva en que éste se encontraba en tales casos, sin duda, arroja dudas sobre su capacidad para actuar imparcialmente en la adjudicación de éstos. De hecho, así lo decidió este Tribunal con anterioridad cuando se le planteó el asunto.

Más aún, la Comisión determinó que Grau Acosta amenazó al licenciado Rodríguez Ramos con que no ganaría casos en su Sala si no retiraba las referidas mocio-nes de inhibición. Siendo ésta una determinación de credi-bilidad, y en vista de que no existen elementos en el expe-diente que nos induzcan a modificarla, no la alteraremos. Véanse: In re Moreira Avillán, 147 D.P.R. 78 (1998); In re Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994). Sin duda, al amenazar al licenciado Rodríguez Ramos, Grau Acosta no sólo usó sus prerrogativas judiciales para propósitos personales, sino que además abusó de sus funciones para manipular el curso regular de los procedimientos. Al actuar de esa ma-nera, Grau Acosta no desempeñó la función judicial de forma imparcial e íntegra como lo requieren los preceptos éticos y, particularmente, incumplió con el deber de impar-cialidad que es inherente a la misión de dispensar justicia.

En vista de lo anterior, concluimos que Grau Acosta in-currió en conducta lesiva a las normas éticas esenciales que regulan el proceder de todo magistrado en nuestra sociedad. Sin duda, dicho comportamiento resulta alta-mente impropio y proyectó una imagen distorsionada de lo que debe ser un buen administrador de la justicia.

Como garante del buen funcionamiento del sistema judicial, y para estimular el respeto y la confianza en éste, este Tribunal debe ser estricto al exigir de los jueces el cumplimiento de los preceptos éticos que regulan su conducta. En el caso de autos no albergamos duda de que el querellado actuó de forma incompatible con las normas de conducta que rigen el descargo de la función judicial. Ante la gravedad de las faltas éticas cometidas por Grau Acosta, entendemos necesario decretar como sanción su destitución del cargo de Juez.

Por otro lado, tal como indicamos antes, entendemos que Grau Acosta tampoco cumplió con los parámetros éti-cos básicos que rigen el ejercicio de la abogacía. Grau Acosta atentó contra el principio de honradez y lealtad que distingue la relación abogado-cliente, dejando a un lado el carácter fiduciario que ésta conlleva. De igual forma, faltó a la verdad ante el tribunal y violó el deber de información que tenía para con sus clientes. En lugar de procurar los intereses de éstos, Grau Acosta actuó en todo momento mo-vido por consideraciones personales de tipo económico. Ello, sin duda, pone de manifiesto la ausencia de rectitud en la conducta de Grau Acosta, así como la gravedad de las faltas éticas cometidas. En vista de ello, concluimos que procede su suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía.

IV

Por los fundamentos que preceden, y conforme a la fa-cultad que nos confiere el Art. V, Sec. 11, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, decretamos la destitución inmediata del Ledo. Eduardo Grau Acosta del cargo de Juez Superior y su suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Fuster Berlingeri no intervinieron.

       Véase Quiñonez Merle v. Merle Laboy, KLCE03-01609.

       Esto fue lo que declaró el licenciado Rodríguez Ramos en la vista ante la Comisión de Disciplina Judicial (Comisión), a lo que dicho organismo le dio entero crédito.

       Véase Lind v. Cruz, 160 D.P.R. 485 (2003).

       Véase la Regla Núm. 3 de Disciplina Judicial del Tribunal Supremo de Puerto Rico en In re Aprobación Reglas, 164 D.P.R. 137, 138 (2005).

       Es oportuno señalar que en la Querella también se le imputó a Grau Acosta violación a la Regla 20 para la Administración del Tribunal de Primera Instancia, 4 L.P.R.A. Ap. II-B. No obstante, la Comisión determinó que no hubo infracción a dicha disposición por entender que resulta inaplicable a los hechos de este caso. Coincidi-mos con esa determinación y, por ende, no analizaremos dicha regla.


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
      In re Miguel A. Alverio Sánchez, querellado.

      Número: CP-2005-14

      Resuelto: 27 de septiembre de 2007

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general; Enrique Rivera Santana, comisionado especial; Miguel A. Robles Lugo, pro se.

   PER CURIAM:

I

Relatamos los acontecimientos según surgen de las de-terminaciones de hecho del Informe del Comisionado Especial y del expediente.

El Ledo. Miguel A. Alverio Sánchez (licenciado Alverio Sánchez o querellado) fue admitido al ejercicio de la abo-gacía y del notariado el 20 de abril y 7 de mayo de 1979, respectivamente.

El licenciado Alverio Sánchez, además de ser abogado y notario, funge como pastor y administrador de la Iglesia Cristiana Misionera Monte Sión, Inc. (iglesia), entidad que tiene sede en Arecibo, Puerto Rico. El 30 de diciembre de 1999, obrando en calidad de notario, autorizó la Escritura Pública Núm. 46, sobre Ratificación de Permuta, Constan-cia de Compraventa y Agrupación. Apéndice, Anejo 3. En esa escritura, Santos Rivera Natal y la iglesia ratificaron unos acuerdos previos sobre permuta, en torno a dos pre-dios de terreno que habían pertenecido al primero. En la escritura se expresó que en 1977, Rivera Natal permutó uno de los predios a la iglesia aludida. Igualmente, se ex-puso en el documento que el segundo de los predios le fue permutado a la misma iglesia en 1977. Además, se dio constancia de la prestación recibida por Rivera Natal a cambio de los predios.

En la escritura referida también se hizo mención ex-presa de que la iglesia era titular de otro predio, adquirido también mediante permuta en 1976. Se expresó, además, que en 1998 los tres predios fueron mensurados y agrupa-dos en una sola finca. Se describió dicha finca, según re-sultó de la mensura y agrupación.

La comparecencia en la escritura pública indicaba que la iglesia es una corporación organizada y existente según las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En re-presentación de la iglesia compareció la tesorera de la or-ganización, Carmen Ortiz Ginés. Dicha comparecencia fue autorizada mediante una resolución corporativa, juramen-tada ante el querellado, en su rol de notario.

A finales de 1999, la iglesia comenzó a construir una estructura de cemento en la finca de su propiedad que re-sultó de la agrupación aludida. En el lugar ya enclavaba una estructura dedicada a la iglesia. Al comenzar la nueva construcción, Miguel A. Robles Lugo (Robles Lugo o que-joso) presentó una querella ante el Tribunal Municipal de Arecibo, mediante la cual adujo que la construcción blo-queaba una servidumbre de paso a favor de otra finca que era propiedad suya y de sus familiares.

El Tribunal Municipal procedió entonces a expedir una orden provisional en la que paralizó la construcción referida. El tribunal ordenó también la celebración de una inspección ocular, la cual se llevó a cabo el 13 de diciembre de 1999. Finalizada la inspección, el juez indicó que resol-vería con prontitud la controversia. Al no hacerlo, la iglesia instó un procedimiento ordinario de acción negatoria de servidumbre, en el que solicitó también un remedio provisional. El quejoso y sus familiares figuraron como demandados del pleito.

Los licenciados Alverio Sánchez y Angel Adorno Coira comparecieron a dicho pleito como representantes legales de la iglesia. Durante el trámite judicial del caso, a peti-ción del quejoso, el licenciado Alverio Sánchez fue descali-ficado, por razón de ser el pastor de la iglesia y de ser un posible testigo. El querellado no contendió la descalifica-ción, aunque entendió que era errónea en derecho, pues la iglesia contaba con otro abogado.

El 30 de agosto de 2002, el Tribunal de Primera Instan-cia dictó una sentencia en la cual resolvió que la finca de la iglesia no estaba “gravada con servidumbre alguna”. In-conformes, Robles Lugo y sus familiares recurrieron me-diante un recurso de apelación al otrora Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones. Mediante una sentencia emitida el 24 de marzo de 2003, el foro intermedio confirmó el dictamen apelado. Aún inconformes, los demandados acudieron ante este tribunal mediante un recurso de certiorari, mas dene-gamos expedir el recurso por craso incumplimiento con el Reglamento del Tribunal.

En trámites separados, pero relacionados también a los mismos hechos del caso aludido, el 7 de diciembre de 2000 la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe) ex-pidió un permiso de uso a favor de la iglesia. Siete meses más tarde, el quejoso solicitó a ARPe la reconsideración de esa determinación, la cual fue denegada. El quejoso recu-rrió ante la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones para impugnar el permiso de uso concedido, pero dicho foro administrativo desestimó el recurso por falta de jurisdicción. De esa determinación, recurrió Robles Lugo ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones, el cual, mediante una sentencia emitida el 28 de agosto de 2002, desestimó el recurso, también por falta de jurisdicción.

Posteriormente, el 19 de diciembre de 2003, Robles Lugo presentó y juramentó una queja ante la Secretaría de este Tribunal Supremo de Puerto Rico. En dicha queja so-licitó un remedio ajeno a los procedimientos disciplinarios. Específicamente, el quejoso pidió que se le reconociera su alegado derecho a la servidumbre de paso previamente reclamada. Además, solicitó que se dictara cualquier otro remedio que procediera en derecho. La queja fue referida al Procurador General, quien presentó el 23 de noviembre de 2004 un informe en el cual concluyó que existía “prueba de posible violación” a los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, y a la fe pública notarial, así como a la Regla 5 del Reglamento Notarial, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV. Luego de recibir una extensa Réplica al Informe del Procurador General, por parte del querellado, el Tribunal ordenó la presentación de la querella correspondiente.

En cumplimiento con lo ordenado, el 8 de julio de 2005 el Procurador General presentó una querella, en la que formuló tres cargos contra el licenciado Alverio Sánchez, por entender que éste había violado: (1) el Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra, “al actuar en el caso CAC 2000-0001 y al otorgar y juramentar documentos como notario en asuntos en los cuales claramente tenía un interés personal”; (2) el Canon 38 del Código de Ética Pro-fesional, supra, al no haber evitado la apariencia de con-ducta impropia, y (3) la fe pública notarial y la Regla 5 del Reglamento Notarial, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, al haber “viol [ado] los principios de fe pública notarial y la impar-cialidad ... al actuar en documentos cuyo contenido le atañ[ía] personalmente, como la Escritura Núm. 46 de 30 de diciembre de 1999 y la Resolución Corporativa”.

Por su parte, el 29 de julio de 2005 el licenciado Alverio Sánchez presentó su contestación a la querella, en la cual negó todos los cargos que se le imputaron. Posteriormente, el 17 de febrero de 2006 ordenamos al ex Juez del Tribunal de Primera Instancia, Enrique Rivera Santana, a que, en presencia de las partes y en calidad de Comisionado Especial, recibiera prueba y rindiera un informe con sus deter-minaciones de hechos y las recomendaciones que estimase pertinentes. Concluida su encomienda, el Comisionado Especial presentó el informe requerido. El 25 de octubre de 2006, el caso quedó sometido para nuestra adjudicación. Pasamos a resolver.

II

En la queja presentada el 19 de diciembre de 2003, Robles Lugo hizo una elaboración detallada sobre su posición en cuanto a los asuntos que él estimó que estaban relacio-nados con la queja. No obstante, como acertadamente se-ñaló el Comisionado Especial en su informe, la mayor parte de su exposición estuvo relacionada con asuntos que fueron dilucidados en procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia y ante los foros apelativos. Sólo tangen-cialmente el quejoso tocó aspectos vinculados con el proce-der ético del querellado.

Basta con examinar la súplica de la queja para que quede evidenciado que lo realmente perseguido por el quejoso con este procedimiento es que se le abra un foro adicional para conseguir lo que hasta ahora no ha logrado en el foro judicial ni en el administrativo. En dicha súplica el pedido principal era que “muy respetuosamente se nos deje libre el acceso para empezar a rehabilitar la finca”. Solicitó también que se le “conceda cualquier otro remedio que proceda en derecho”. Así, pues, lo que persigue el quejoso con esta acción es utilizar el procedimiento disciplinario como mecanismo para obtener un remedio que no consiguió en los litigios judiciales. Ese propósito aflora también en otros escritos presentados ante este Tribunal en los que siempre surge la súplica de que se le “proteja los derechos a los demandados” en el caso Núm. CAC2000-0001 del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo. De este modo, puede inferirse que éste es un caso en el que el quejoso interesa usar el poder de este Tribunal para “sa-ciar la sed de venganza que [tiene] contra un miembro de la profesión”. Como se sabe, ese no es el propósito de las acciones disciplinarias. In re Vélez Lugo, 162 D.P.R. 735, 740 (2004).

Independientemente del propósito que persiga el quejoso, este Tribunal tiene la autoridad para examinar la conducta de los abogados y los notarios en todos los aspectos relacionados con su quehacer profesional, dado el poder inherente que tiene para ello. K-Mart Corp. v. Walgreens of P.R., Inc., 121 D.P.R. 633 (1988); In re Añeses, 117 D.P.R. 134 (1986). Así, pues, hay que examinar las actuaciones del querellado a la luz de los cargos que se le imputaron, aunque, como se señaló en In re Vélez Lugo, supra, teniendo presente que este Tribunal ejerce su autoridad disciplinaria, no en forma irrestricta ni como si fuera “verdugo de la clase togada”.

Los tres cargos que se le imputaron al licenciado Alverio Sánchez están vinculados a su actuación como notario, al otorgar la Escritura Pública Núm. 46 antes aludida y al juramentar la Resolución Corporativa que autorizaba a la Tesorera de la Iglesia a comparecer al otorgamiento del documento.

Al formular los cargos, el Procurador General partió de dos premisas equivocadas en su informe. Se indicó en el Informe que el querellado “fue el notario de la Escritura de Compraventa Núm. 46 de 1999, mediante la cual la Iglesia Cristiana Misionera adquirió el terreno en controversia”. Un examen detenido de la escritura referida refleja que ésta no daba constancia de que la iglesia adquiriera te-rreno alguno. El terreno había sido adquirido con anterio-ridad, por lo que la iglesia ya era dueña de éste. En el documento sólo se ratificó una transacción de permuta, que no se había elevado a escritura pública.

La segunda incorrección en los argumentos del Procurador General gira en torno al registro de la iglesia como corporación. Se adujo que como la iglesia no estaba incorporada, el querellado —como pastor de ésta— actuaba en beneficio propio al fungir como notario en el documento. Por consiguiente, el Procurador General entendió que el querellado había violado el Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra, el cual proscribe situaciones en las cuales un abogado pueda tener intereses encontrados con su cliente. Esos conflictos de intereses pueden deberse a: (1) intereses personales del abogado; (2) incompatibilidad de funciones del abogado; (3) conflicto por la representación simultánea adversa de clientes, o (4) conflicto por la representación sucesiva adversa de clientes. 4 L.P.R.A. Ap. IX. Sin embargo, lo cierto es que la iglesia sí estaba incorporada desde el 1987, como parte del Movimiento de Iglesias Cristianas Misioneras, Inc. Por consiguiente, el notario no actuó en beneficio propio, sino que actuó para beneficio de la iglesia, que era una entidad separada e independiente. En In re Rojas Flores, 107 D.P.R. 564 (1978), se resolvió que un albacea, que era notario, podía otorgar una escritura pública sobre bienes sujetos al albaceazgo, siempre y cuando él no fuera parte y la escritura no tuviera disposición alguna a su favor. Analógicamente, aplicamos lo allí resuelto al caso de autos. En este caso, aunque el querellado era pastor de la iglesia, la escritura no contenía ninguna disposición a su favor. Los bienes objeto del documento tampoco le pertenecían. Adviértase, además, que, desde 1976 hasta el presente, la iglesia ha tenido por lo menos tres pastores diferentes. Los predios de terreno, que fueron agrupados en uno sólo, no cambiaron de titular al cambiar el pastor, sino que siguieron perteneciendo a la iglesia.

Valga resaltar también que la iglesia no adquirió bien alguno a través de la escritura, sino que sólo ratificó unas adquisiciones previas. El único beneficio adicional obtenido por la iglesia fue la agrupación formal de los tres predios de terreno y el hecho de poder contar con un documento público que evidenciara el título sobre el inmueble.

El Procurador General entendió también que el licen-ciado Alverio Sánchez había quebrantado los principios de la fe pública notarial y la Regla 5 del Reglamento Notarial, supra, “al haber actuado en documentos cuyo contenido le atañ[ía] personalmente”. El Procurador General vinculó tal cargo a la descalificación del licenciado Alverio Sánchez en el pleito sobre acción negatoria de servidumbre.

La Regla 5 del Reglamento Notarial regula la función dual del profesional del Derecho, como abogado y como notario. Dicha regla prohíbe actuar a un notario autorizante de un documento posteriormente como abogado de una de las partes otorgantes en un litigio para exigir las contraprestaciones a las que se haya obligado la otra parte en el documento. Ese no es el caso que surge de la queja presentada contra el querellado. En este caso no ha habido pleito alguno entre los otorgantes del documento, sino que el pleito que se ventiló sobre la acción negatoria de servidumbre fue entre uno de los otorgantes y unos terceros.

La citada regla prohíbe también que un notario represente a un cliente en una litigación contenciosa y, a la vez, sirva como notario en el caso, debido al posible conflicto de intereses o a la incompatibilidad que pueda dimanar de éste. Interpretando esa regla, hemos recalcado que es impropio que un abogado combine funciones de notario y de abogado en un mismo asunto. In re Chiques Velázquez, 161 D.P.R. 303 (2004). Los hechos del procedimiento que aquí nos compete no enmarcan dentro de esa prohibición. El querellado representó a la iglesia, hasta que fue descalificado, en el caso de la acción negatoria de servidumbre. Sin embargo, no sirvió a la vez como notario.

Por otra parte, el hecho de que fuera abogado de la iglesia, en un caso instado por ésta contra un tercero, en el que él pudiera ser testigo, no necesariamente crea el conflicto o la incompatibilidad que la Regla 5 del Regla-mento Notarial, supra, vislumbra. El propio Canon 22 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX (por el cual no se imputó cargo alguno), que regula lo relativo a la ac-tuación de un abogado de una parte como testigo en un caso, no ordena en forma absoluta la renuncia de la repre-sentación legal por un abogado, ante la posibilidad de que surja esta situación.

En cuanto a la alusión que hizo el Procurador General sobre la descalificación del querellado como representante legal de la iglesia, queremos reiterar que la descalificación de un abogado por parte de un tribunal de instancia no es una medida disciplinaria. La facultad de disciplinar es exclusiva del Tribunal Supremo. K-Mart Corp. v. Walgreens of P.R., Inc., supra.

En resumen, la prueba presentada en este procedi-miento no establece que el querellado haya incurrido en el alegado conflicto de interés que se le imputó según el primer cargo. Tampoco el notario tenía un interés personal en el asunto objeto de la transacción que, como hemos indi-cado, se trató de una ratificación de unos acuerdos previos sobre unas permutas de bienes y sobre la agrupación de unos predios de terreno, todo ello a favor de una corpora-ción sin fines de lucro.

Por último, al querellado se le imputó haber infringido el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, al haber creado la apariencia de conducta impropia. El canon referido dispone, en su parte pertinente, que “[e]l abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia”.

Concluimos que la documentación es insuficiente para sostener dicho cargo. El hecho de que el querellado fuera pastor y administrador de la iglesia, no basta para dejar establecida la apariencia de impropiedad. Nótese que, aun-que se trate de apariencia, el cargo debe quedar estable-cido por prueba clara, robusta y convincente, que es la norma que impera sobre el quantum de prueba para pro-cedimientos disciplinarios. In re Rodríguez Mercado, 165 D.P.R. 630 (2005); In re Deynes Soto, 164 D.P.R. 327 (2005). Ese quantum no surge de los documentos sometidos ante nuestra consideración. Como es sabido, “la apariencia de una conducta impropia tiene que sostenerse sobre la fuerte impresión que se da al público de la violación efectiva de alguno de los cánones del Código de Ética Profesional”. In re Meléndez Figueroa, 166 D.P.R. 199, 209 (2005). Esa fuerte impresión no quedó establecida en el caso. Así lo entendió también el Comisionado Especial.

III

Por todo lo anterior, acogemos la recomendación del Co-misionado Especial y desestimamos y archivamos la quere-lla instada contra el querellado por entender que éste no cometió las infracciones imputadas. Además, estamos con-vencidos, como indicamos antes, de que la queja que dio origen a este procedimiento constituye realmente un em-peño de venganza del quejoso contra el licenciado Alverio Sánchez por no haber prevalecido en los foros judiciales y administrativos en acciones en las que la Iglesia que pasto-reaba el querellado era parte.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       Caso Núm. CAC2000-0001.


author: per curiam:

text:
      In re Lucas Irisarri Castro, querellado.

      Número: CP-2005-1

      Resuelto: 28 de septiembre de 2007

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Noemí Rivera de León, procuradora general auxiliar, Maite D. Oro-noz Rodríguez y Kendys Pimentel Soto, subprocuradoras generales, parte querellante; Enrique Rivera Santana, co-misionado especial; Juan T. Peñagarícano, Jr, Vera T. Pe-ñagarícano y Gabriel I. Peñagarícano, abogados de la parte querellada.
   per curiam:

El Ledo. Lucas Irisarri Castro (licenciado Iri-sarri Castro) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 25 de junio de 1991 y al ejercicio del notariado el 27 de octu-bre de 1992.

El 14 de junio de 2001, fue presentada ante este Foro una queja contra el referido abogado por parte del Ledo. José Angel Rey (licenciado Rey o quejoso).

En la queja alegó, entre otras cosas, que el licenciado Irisarri Castro incurrió en una conducta violatoria de los Cánones 15, 17, 18, 29, 30 y 35 del Código de Ética Profe-sional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, por, entre otras cosas, utilizar un lenguaje ofensivo contra un litigante adverso y contra un compañero abogado, presentar una demanda injustificada, no desempeñarse de forma profesional, hacer imputaciones falsas sobre la reputación de otro letrado, no observar un trato generoso y considerado para con un compañero abo-gado, y utilizar métodos incompatibles con la verdad. Vea-mos los hechos que dieron inicio al ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria.

I

El presente procedimiento disciplinario tiene su génesis en una disputa por la administración de los bienes heredi-tarios de la Leda. Ivette Josefina Orraca López (licenciada Orraca López o causante), fallecida el 2 de marzo de 2000 sin haber contraído matrimonio y sin legitimarios. En sín-tesis, la referida disputa se suscitó porque, previo a su muerte, la causante otorgó al menos tres testamentos oló-grafos incompatibles entre sí.

En uno de éstos, otorgado el 14 de marzo de 1999 —re-vocatorio de otro de 22 de noviembre de 1998— la licen-ciada Orraca López instituyó como heredera universal de sus bienes a la Sra. Dionisia Flecha Quiñones (señora Fle-cha Quiñones o heredera) quien, a su vez, contrató al licen-ciado Irisarri Castro para que la representara en las ges-tiones de adveración y protocolización del referido testamento. Mientras éste se encontraba realizando dichas gestiones, la Sra. Carmen Lebrón Morges (señora Lebrón Morges o albacea-legataria) se comunicó con el licenciado Irisarri Castro para indicarle que tenía en su poder un testamento ológrafo posterior y distinto, otorgado el 21 de mayo de 1999, mediante el cual la causante designó como única y universal heredera de sus bienes a la señora Fle-cha Quiñones, y designó a la señora Lebrón Morges como albacea testamentaria, legándole, además, ciertos bienes de su caudal.

Ante esta situación, el licenciado Irisarri Castro le in-dicó que tenía que conseguir un abogado para que la repre-sentase en los trámites relacionados con su albaceazgo para así evitar un conflicto de intereses, ya que él era el abogado de la heredera testamentaria.

La señora Lebrón Morges procedió a contratar los servi-cios profesionales del licenciado Rey, quien —cabe desta-car— fue por muchos años el abogado tanto de la causante como de la madre de ésta, y quien, al mismo tiempo, cono-cía hace algunos años a la albacea legataria.

El 12 de junio de 2000, luego de varias discrepancias entre los abogados de las señoras Flecha Quiñones y Le-brón Morges relacionadas, esencialmente, con la adminis-tración de los bienes hereditarios por parte de la señora Lebrón Morges, así como con el contrato de servicios pro-fesionales suscrito entre ésta y su abogado, el licenciado Irisarri Castro presentó una demanda, en representación de la heredera, contra la señora Lebrón Morges y el licen-ciado Rey, entre otros. Mediante esta demanda, impugnó las cartas testamentarias expedidas por el Tribunal de Pri-mera Instancia a favor de la albacea legataria. Solicitó, además, que se declarase nulo el contrato de servicios pro-fesionales suscrito entre la albacea legataria y el licenciado Rey, y la indemnización en daños y perjuicios para su cliente.

Es precisamente a partir de la presentación de esta de-manda, y de los escritos que posteriormente se cursaron los licenciados Irisarri Castro y Rey, que se inicia el procedi-miento disciplinario de marras.

En la referida demanda, el licenciado Irisarri Castro cuestionó el contrato de servicios profesionales suscrito en-tre el licenciado Rey y la señora Lebrón Morges, así como lo que, a su entender, era la verdadera motivación del li-cenciado Rey en el caudal hereditario de la causante.

El licenciado Irisarri Castro intimó que la albacea lega-taria y su abogado se habían puesto de acuerdo para per-judicar a la heredera, así como para que el licenciado Rey cobrara unos dineros que la causante le adeudaba por ser-vicios profesionales prestados en vida de ésta. A esos extre-mos, expresó que la albacea legataria y su abogado habían efectuado unas operaciones en las cuentas bancarias deja-das por la causante para “poner el dinero fuera del alcance de la heredera y de esa forma poder el Ledo. Rey cobrar más cómodamente el 15% que se auto-asignó para remune-rar unos trabajos que la heredera nunca le encomendó”. En otra de sus alegaciones, el letrado de epígrafe expresó que el licenciado Rey tramitó las cartas testamentarias a favor de su cliente en un “procedimiento que se siguió sorpresi-vamente y a traición ... mientras el Ledo. Rey dialogaba con el abogado que suscribe para establecer qué trámites y a cargo de quién habrían de hacerse en la herencia”. (En-fasis suplido.)

El licenciado Irisarri Castro, además, expresó lo que a su entender era la verdadera intención del licenciado Rey cuando pactó sus honorarios por servicios profesionales con su cliente. Se expresó de la forma siguiente:

“Todo lo hasta aquí explicado denota un plan maquiavélico concebido entre la legataria y su abogadol,] el Ledo. Rey, para perjudicar seriamente a la demandante y apropiarse la lega-taria de lo que no le da el testamento, obligando de paso a la heredera a pagar, incluso con su patrimonio [,] si no bastare el de la herencia, un 15% a favor del heredero postizo adicional en que se ha convertido el Ledo. Rey.” (Énfasis suplido.)

Luego de que la parte demandada presentara una soli-citud de sentencia sumaria, el licenciado Irisarri Castro, en representación de la heredera demandante, presentó una Solicitud Urgente de Remedios Provisionales y Sobre Descalificación de Abogado, mediante la cual, una vez más, puso en entredicho la relación abogado-cliente de la alba-cea legataria y el licenciado Rey. Asimismo, comentó exten-samente sobre las relaciones íntimas y personales de la causante con las señoras Flecha Quiñones y Lebrón Morges.

A esos extremos, el referido letrado hizo las alegaciones siguientes:

"... Tan voluble última voluntad de la causante se debía a los altibajos sentimentales que mantenía respecto a su amiga, la demandada Carmen Elizabeth Lebrón Morges. Tan pronto la ponía como la quitaba de heredera, según el calor de sus rela-ciones ...”
“A su vez, el demandado Ledo. José Ángel Rey, era amigo personal de la madre de la causante y de ésta misma ... por eso, cuando murió doña Francisca, y a los pocos meses su bija, la causante de epígrafe, sin que se acordasen para nada de él en el testamento, creyó llegada la hora de sus desvelos profesionales.”
“Se juntó el hambre con las ganas de comer: el despecho de la codemandada doña Carmen Elizabeth, desplazada de su con-dición de heredera por una humilde peluquera y privada de la casa de la difunta, en la que ella había vivido y cuyo dominio final esperaba y la apetencia crematística del Ledo. Rey, para intentar cobrarse los trabajos que durante tantos años había realizado en beneficio de la familia.”
“Ambos se pusieron de acuerdo. Para virtualizar [sic] sus res-pectivos propósitos —el de la albacea y legataria, perjudicar a la heredera y desposeerla de la herencia; el del abogado, apro-piarse de una parte importante del caudal por vía de honora-rios profesionales— diseñaron un plan a cuyo tenor la albacea ... firmó un contrato de servicios profesionales con el Ledo. Rey, a cambio de un 15% del caudal, le encomendó abarcado-ras gestiones ....”
“Dicho contrato quedó formalizado mediante carta secreta del abogado a la albacea ... de fecha 13 de marzo de 2000. Las conversaciones del abogado con la albacea y legataria y la pre-paración de ese contrato fueron unos secretos, particulares, tramados en la oscuridad, para que ni la heredera ni su abo-gado pudieran enterarse ni objetar. La doblez y la malicia del codemandado Rey es de tal calibre que no tuvo escrúpulo de mentir al respecto, en corte abierta.”
“Sin embargo, la parte compareciente no desconfió del Ledo. Rey cuando en plena vista se ofreció como notario para la es-critura de protocolización. No teníamos idea de la doblez de este compañero y de sus malas artes.”
“Eso lo prometía el Ledo. Rey, o sea, informar de sus honora-rios notariales por autorizar la escritura de protocolización previo a firmarla, para que en ese momento no pusiésemos objeción a su intervención como notario. Eso lo afirmaba de pie en estrado, ante el juez y ante nosotros. La realidad era que a ese momento, el Ledo. Rey ya tenía en su maletín, fir-mado por la albacea, un contrato de servicios profesionales ..... Pero le convenía estar mansito ante el Juez y ante este abogado, para que le permitiéramos fungir como notario público. Tenía preparada la puñalada y nos la dio ....”
“No existe en derecho una sola razón que justifique este ridí-culo carrusel de dinero y bienes que nos quiere llevar el Ledo. Rey y su dienta: arrebatarle los bienes a la heredera para después devolvérselos, pero con un 15% menos. El verdadero propósito no es otro que castigar a la demandante porque salió heredera, y de paso, llevarse el Ledo. Rey una tajada considerable del caudal, sin más méritos que su personal atrevimiento.”
"... Para legitimar aparencialmente su actuación ante terceros desprevenidos, consiguió ... unas cartas testamentarias en que, nuevamente, engañó al Tribunal. Presentó un proyecto de resolución en el que introdujo subrepticiamente una facultad exorbitante que ni el Código Civil ni el testamento le dan al albacea ....”
“Mediante este escrito, le estamos solicitando al tribunal que no permita a un miembro del Colegio de Abogados de Puerto Rico como es el Ledo. Rey, que se comporte con semejante des-templanza y avidez de dinero. Los honorarios son simplemente eso, una paga de honor, y cuando falta éste, lo que queda es simple mercantilismo vulgar ...”
"... También saldrá a relucir, más si cabe, la doblez y la mala fe de la parte demandada, al estipular un contrato de servicios profesionales adjudicando al abogado un 15% del caudal, por trabajos que cualquier profesional honrado puede hacer por dos o tres mil dólares como mucho.” (Énfasis suplido en todos los párrafos.)

En su solicitud de descalificación, el licenciado Irisarri Castro planteó, entre otras cosas, que el licenciado Rey es-taba impedido de fungir como abogado de la albacea lega-taria y como notario del procedimiento de adveración y protocolización del testamento, ya que tenía intereses per-sonales en la herencia. Esto en virtud de que la causante le adeudada honorarios por servicios profesionales prestados previo a su fallecimiento. Le imputó, además, haber infrin-gido los Cánones 21 y 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. No obstante, tales señalamientos de in-fracciones éticas no fueron presentados bajo juramento.

Posteriormente, la parte demandante, representada por su abogado, presentó su oposición a la moción de sentencia sumaria. En dicho escrito, una vez más, el licenciado Iri-sarri Castro expresó que de no ser por “la desmesurada ambición de dinero del licenciado Rey, este caso no existiera”. (Énfasis suplido.) Indicó, además, que el abo-gado de la albacea legataria actuaba como “mentor y abo-gado” de ésta y que, a su vez, lo único que perseguía era “llevarse una suculenta tajada de la herencia”. (Énfasis suplido.) Esgrimió, por otra parte, que la albacea legataria había sido “la misma persona que vivió largos años en la casa de la difunta en relación contra natura ...”. (Énfasis suplido.) Finalmente, le imputó al licenciado Rey querer cobrar “un generoso 15% del caudal por hacer lo que cual-quier abogado honrado, empezando por el que suscribe, ha-ría por dos o tres mil dólares .... De lo que se trata es de arramplar, cada uno por su lado, lo que se pueda”. (Énfasis suplido.)

Posteriormente, el licenciado Irisarri Castro presentó una segunda moción para la descalificación del licenciado Rey, en la que hizo las expresiones siguientes:

“El codemandado Ledo. José Ángel Rey decidió aprovechar el fallecimiento de la fiscal Orraca para enriquecerse. Buscó el dinero que no le dieron por vía de testamento, a través de los manejos ilícitos que seguidamente exponemos. El tenía amis-tad con la legataria y albacea Lebrón Morges y se puso de acuerdo con ella para satisfacer su respectivo apetito: la ven-ganza, en el caso de aquélla, contra su rival en amores con la difunta, que además le había desbancado del puesto de here-dera; y el enriquecimiento ilícito en el caso del abogado.”
“El codemandado Ledo. José Ángel Rey, en ejecución, como decimos, de su plan de privar a la herencia a la demandante, y al mismo tiempo lucrarse con una buena tajada del caudal, con el propósito de asegurar sus honorarios, ideó el ilegal pro-cedimiento de introducir en el proyecto de resolución [,] a ser firmado por el Honorable Juez, una disposición exorbitante, no prevista por la ley ni el testamento: tomar posesión de to-dos los bienes de la finada ....” (Enfasis suplido.)

Luego de varias incidencias procesales, el foro primario resolvió, en síntesis, que las funciones de un albacea son limitadas. Esto, en virtud de que la albacea había reali-zado ciertos actos de administración, representación y par-tición sobre los bienes hereditarios sin el consentimiento de la heredera demandante. Dicho tribunal, además, deter-minó que el contrato de servicios profesionales, otorgado entre la albacea legataria y el licenciado Rey, era nulo y que procedía decretar la descalificación de éste como abo-gado de la sucesión Orraca López.

Esta decisión fue posteriormente confirmada en todos sus extremos por el foro apelativo intermedio. Mediante Sentencia de 23 de noviembre de 2005, revocamos a los foros recurridos. En Flecha v. Lebrón, 166 D.P.R. 330 (2005), concluimos, en síntesis, que la señora Lebrón Mor-ges era, para todos los efectos legales, la administradora judicial de los bienes de la herencia de la causante y que, conforme con sus facultades, podía posesionarse de los bie-nes de la causante y ejercer sobre ellos todas las gestiones permitidas por ley. Resolvimos, además, que los foros recu-rridos erraron al declarar nulo el contrato de servicios pro-fesionales suscrito entre la albacea legataria y el licenciado Rey, ya que no procedía dicha determinación hasta tanto aquélla no rindiera las cuentas finales de su gestión ante el tribunal. Finalmente, concluimos que no procedía la desca-lificación sumaria del licenciado Rey como abogado de la sucesión, ya que no se había celebrado una vista que le permitiera defender su posición y demostrar que no existía un conflicto de intereses en sus gestiones como abogado de la señora Lebrón Morges.

Conviene resaltar que el anterior Tribunal de Circuito de Apelaciones, en su Resolución de 6 de octubre de 2003, mediante la cual confirmó la determinación del foro prima-rio, expresó lo siguiente en relación con el lenguaje y estilo utilizados por el abogado de la parte allí apelada:

“Así mismo, cabe señalar que el hecho de que los abogados tengan el deber y responsabilidad de velar por los intereses de sus clientes, inclusive que en el ejercicio de esa responsabili-dad litigue con vehemencia, no implica ni tampoco es permi-tido que utilice lenguaje indecoroso, despectivo y maltratante
Hemos advertido en el escrito de la parte apelada que el len-guaje y el estilo utilizado por el Ledo. Irizarry [sic], se caracte-riza por ser uno irrespetuoso y poco apropiado, el cual le falta el respeto, no tan sólo a la parte apelante en el caso de marras, sino que también le falta el respeto al tribunal.” (Enfasis suplido.)

El 21 de abril de 2004 concedimos al Procurador General un término de treinta días para que presentara a esta Curia un informe sobre la queja interpuesta contra el li-cenciado Irisarri Castro. El 10 de diciembre de 2004, luego de que se nos remitiera el referido informe, emitimos una Resolución en la que ordenamos al Procurador General que presentara una querella contra dicho letrado.

El 18 de enero de 2005, el Procurador General presentó la querella correspondiente. En ésta indicó que el quere-llado hizo expresiones, a través de sus escritos al tribunal, altamente irrespetuosas contra la señora Lebrón Morges, litigante adversa en el pleito ante el foro primario. Indicó, además, que en los referidos escritos utilizó un lenguaje altamente irrespetuoso, insultante y ofensivo contra el abogado contrario. Finalmente, argüyó que el querellado no había sido sincero ni honrado al expresar en su primera contestación a la querella de 26 de junio de 2001 que la albacea legataria nunca había reclamado para el caudal los seguros que tenía la causante con el Colegio de Abogados de Puerto Rico, con la Asociación de Empleados del E.L.A. y con el Departamento de Justicia. Esto en virtud de que en un escrito previo, de 28 de mayo de 2001, el querellado había expresado que la señora Lebrón Morges fue “al Co-legio de Abogados para que la paguen a la Sucesión los $15,000 del seguro, al de Fiscales para lo mismo, y a la Asociación de Empleados del ELA para colectar las aporta-ciones, dividendos y demás derechos que correspondan por el fallecimiento del causante”. Por ende, el Procurador General concluyó que al momento de presentar su contesta-ción a la querella, al querellado le constaba el hecho de que la albacea legataria sí había reclamado los seguros. No obstante, éste expresó lo contrario en su contestación a la querella. Finalmente, indicó que el querellado había acu-sado al licenciado Rey y a su cliente de idear un plan para apoderarse ilegalmente de la herencia de la licenciada Orraca López en perjuicio de la heredera, cuando del expe-diente no surgía que éstos actuaran de forma concertada y de común acuerdo para apropiarse de dicha herencia. Esto, porque el querellado no aportó ninguna evidencia para fundamentar su alegación sobre el supuesto plan ideado con tal fin. En consecuencia, le imputó al querellado los cargos siguientes:

CARGO I
El Ledo. Lucas M. Irisarri Castro incurrió en conducta pro-fesional en violación al Canon 15 de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 15, el cual dispone, entre otras cosas, que un abogado debe tratar a los testigos y litigantes adversarios con respeto y consideración. No debe actuar inspirado por la animosidad ni por los prejuicios de su cliente],] ni debe permi-tir que éste dirija el caso ni se convierta en el dueño de la conciencia del abogado.
CARGO II
El Ledo. Irisarri Castro incurrió en conducta profesional en violación al Canon 29 de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 29, el cual dispone ... [que “los] clientes, no los abogados, son los litigantes. Cualquier rencor que exista entre los clientes no debe afectar la conducta de los abogados entre sí ni las relaciones hacia el litigante contrario. ...”
CARGO III
El Ledo. Lucas M. Irisarri Castro incurrió en conducta pro-fesional en violación al Canon 35 de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 35, el cual dispone, entre otras cosas, que la conducta de todo miembro de la profesión legal ante los tribu-nales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada. No es sincero ni hon-rado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando ... una falsa relación de los hechos o del derecho. El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar testigos, al redactar affidavits u otros documentos, y al presentar causas. Querella, págs. 1-4.

El 10 de marzo de 2005 el querellado presentó una ex-tensa contestación a la querella. Mediante ésta indicó, en relación con el primer cargo imputado, esto es, por infrin-gir el Canon 15 del Código de Ética Profesional, supra, que había hecho ciertas expresiones sobre la relación existente entre la licenciada Orraca López y la señora Lebrón Mor-ges porque eran necesarias y pertinentes para una mejor comprensión de las actuaciones de la albacea legataria y su abogado. Precisó, entre otras cosas, que las expresiones re-lativas a dicha relación nunca se hicieron fuera del con-texto judicial o, de otra forma, en círculos públicos o en los medios. Esgrimió que era necesario poner en posición al tribunal de comprender una controversia judicial que es-taba revestida de matices íntimos, ya que, a su entender, las actuaciones de la albacea-legataria respondían al deseo de vengarse de la heredera, persona que, alegadamente, privó a la señora Lebrón Morges “del afecto de la fiscal”. Indicó que tenía la obligación de ilustrar al tribunal sobre el alegado ánimo de venganza de la albacea legataria. In-dicó que sus expresiones eran pertinentes y que, aunque incómodas para las partes, debían hacerse.

Con relación al segundo cargo imputado, esto es, infrin-gir el Canon 29 del Código de Ética Profesional, supra, esgrimió algo análogo a lo expresado en relación con el primer cargo. Esto es, que las palabras y frases empleadas para referirse a las actuaciones del licenciado Rey eran necesarias para poner al tribunal en posición de entender las intenciones de dicho letrado en relación con los bienes del caudal. Indicó que todo lo aseverado en sus escritos, relacionado con el contrato de servicios profesionales sus-crito entre el licenciado Rey y la albacea legataria, así como a la previa relación profesional entre aquél y la cau-sante, era cierto. Expresó, además, que es importante dis-tinguir entre las expresiones que se hacen con el único pro-pósito de ofender o herir de aquellas que se hacen para explicar adecuadamente una situación y, con dicho fin, defender los intereses de un cliente.

Finalmente, con relación al tercer cargo, referente a su alegada infracción del Canon 35 del Código de Etica Profe-sional, supra, argüyó que no había ninguna inconsistencia en cuanto a las expresiones que hiciera en dos escritos dis-tintos, en relación con la reclamación hecha por la albacea legataria de los fondos acumulados que tenía la causante en distintas entidades públicas y privadas. Esto en virtud de que, alegadamente, en ambas ocasiones dijo exacta-mente lo mismo: que la albacea legataria intentó cobrar los seguros para sí porque figuraba en la tarjeta como benefi-ciaría, pero que, al constatar que en realidad correspon-dían a la heredera, dejó de hacerlo. Expresó que en ningún momento aceptó que la albacea legataria haya reclamado los referidos fondos.

Mediante Resolución de 12 de abril de 2005, designamos Comisionado Especial al Ledo. Enrique Rivera Santana para recibir y evaluar la prueba relacionada a la querella interpuesta contra el querellado y para que nos refiriera sus determinaciones de hechos y recomendaciones.

Luego de varias incidencias procesales, el 30 de noviem-bre de 2006 el Comisionado Especial nos remitió su informe. En éste concluyó que el querellado había infrin-gido el Canon 15 del Código de Ética Profesional, supra, al realizar ciertas expresiones dirigidas a la demandada, se-ñora Lebrón Morges, así como a la difunta licenciada Orraca López, que no se ajustan con lo que debe ser el comportamiento ético que preceptúa el antedicho canon. Indicó que el letrado de epígrafe acusó en más de una oca-sión a la demandada de vivir “largos años en la casa de la difunta en relación contra natura”, acusándola, además, junto a su abogado de querer “arramplar cada uno lo que pueda”, catalogándola de “compañera sentimental” de la causante e inculpándola de asumir una actitud revan-chista “en contra de su rival de amores con la difunta”.

Asimismo, concluyó que el querellado desvirtuó la norma ética contenida en el Canon 29 del Código de Etica Profesional, supra, al hacer un sinnúmero de expresiones ofensivas, infundadas e impropias contra el licenciado Rey, abogado de la parte demandada en el pleito en el cual el querellado representaba a la heredera demandante. Fun-damentó dicha conclusión en que el licenciado Irisarri Castro repetidamente acusó al licenciado Rey de intentar apropiarse del caudal de la heredera, de haber ideado un plan ilícito para perjudicar a la demandante, de haber ac-tuado con doblez y “malas artes”, de ser mentiroso y de intentar engañar al tribunal, por nombrar algunas. Todo esto sin presentar evidencia alguna que fundamentara tales alegaciones.

En cuanto al tercer cargo, mediante el cual se le imputó al querellado haber violado el Canon 35 del Código de Ética Profesional, concluyó que, en efecto, el querellado lo había infringido. Basó tal conclusión en que el querellado se había alejado de su deber de sinceridad al hacer afirma-ciones falsas ante el tribunal. Utilizó como ejemplo las ale-gaciones, realizas sin base o evidencia alguna, de que el licenciado Rey había ideado un “plan maquiavélico” para despojar a la heredera de sus bienes y para apropiarse de parte del caudal hereditario. Indicó, además, que el licen-ciado Irisarri Castro no fue sincero al afirmar, en la Moción Urgente Solicitando Remedios Provisionales, que en la vista de 2 de mayo de 2000 el “Ledo. Rey tenía en su ma-letín, firmado por la albacea, un contrato de servicios profesionales”. Esto en virtud de que la albacea legataria suscribió dicho contrato con posterioridad, esto es, el 11 de mayo de 2000.

El Comisionado Especial indicó que en la vista en su fondo sobre la investigación de la querella, el querellado intentó disminuir el alcance de sus expresiones, señalando que su ánimo no fue ofender o herir, que su intención fue la de defender a su cliente y que redactó la demanda a prisa. Finalmente, señaló que el querellado no modificó su len-guaje, estilo y tono hasta que esta Curia resolvió contra su cliente en Flecha v. Lebrón, supra.

El 22 de enero de 2007 el querellado presentó un ex-tenso escrito en el que objetó el informe del Comisionado Especial. Con respecto al primer cargo imputado, hizo re-ferencia a las declaraciones ofrecidas por la albacea lega-taria, en calidad de testigo, en la vista ante el Comisionado Especial. Indicó que a preguntas del Procurador General en su examen directo, la señora Lebrón Morges no se ex-presó con respecto a sentirse ofendida por las expresiones del querellado. Intimó que ésta nunca se sintió ofendida por sus alegaciones, reiterando que había discutido ciertos pormenores de la vida íntima de la causante y la albacea legataria, por cuanto era necesario para una mejor com-prensión de la controversia. Argüyó que no hizo otra cosa que decir la verdad. Con relación al segundo cargo impu-tado, indicó que del testimonio directo del licenciado Rey en la vista ante el Comisionado Especial, no se desprendía que éste se haya sentido ofendido por las expresiones con-tenidas en sus escritos. Asimismo, alegó que sus expresio-nes fueron hechas para defender a su cliente de lo que, alegadamente, pretendían hacer la albacealegataria y su abogado, esto es, despojarla de la herencia de la causante. Con relación al contrato de servicios profesionales suscrito entre la señora Lebrón Morges y el licenciado Rey, me-diante el cual éste recibiría un 15% de los bienes del caudal, señaló que el contrato tenía el efecto de disminuir la cantidad que recibiría la heredera, ya que luego de paga-das las deudas del caudal, entre las que se encontraban las acreencias del licenciado Rey con la causante, aquél hu-biera recibido más dinero que la heredera en concepto de honorarios. Finalmente, en relación al tercer cargo impu-tado, esgrimió que el Comisionado Especial enmendó la querella presentada por el Procurador General, acusándolo de algo distinto a lo que se le imputaba allí. Esto, porque en dicha querella se fundamentó la infracción del referido Canon 35 en que el querellado había mentido al expresar que la albacea legataria nunca reclamó los beneficios de la causante en el Colegio de Abogados, la Asociación de Em-pleados del E.L.A., entre otros, mientras que en el informe del Comisionado Especial se encontró que el abogado violó el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, por haber mentido sobre la fecha en que la albacea legataria suscribió el contrato de servicios profesionales con el licen-ciado Rey. Alegó que dicho proceder violaba su derecho constitucional a un debido proceso de ley. No obstante, dejó de mencionar que tanto en la querella como en el informe del Comisionado Especial se le imputó violar el referido Canon por alegar, sin presentar prueba alguna, que el que-joso y su cliente habían ideado un plan para despojar a la señora Flecha Quiñones de sus bienes hereditarios.

Estando en posición de resolver, procedemos a hacerlo.

II

De entrada, reiteramos que los cánones del Código de Ética Profesional establecen las normas mínimas que deben guiar a los miembros de la profesión en el desempeño de su delicada e importante labor. La meta de to-dos los abogados debe ser la de actuar a un nivel superior a lo mínimo preceptuado por dichos cánones. Hemos pau-tado que la práctica de la abogacía, distinto quizás a otras profesiones, conlleva una seria y delicada función ciuda-dana, ya que ésta representa servicio, ética y ejemplo. Los abogados son funcionarios del Tribunal y ministros or-denados de la justicia; como tales, sus actuaciones deben estar encaminadas a mantener un orden jurídico íntegro y eficaz, orientado esencialmente por los principios de vida democrática y de respeto a la inviolable dignidad del ser humano. Por ser los abogados el espejo donde se refleja la imagen de la profesión, deben actuar con el más escru-puloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen.

Por estar estrechamente relacionados, discutiremos conjuntamente los dos primeros cargos imputados al querellado. Veamos.

Hemos resuelto que el Canon 15 del Código de Ética Profesional, supra, exige que el abogado trate a los litigantes contrarios y a sus testigos con respeto y consideración. Los abogados, actores principales en la litigación, deben ejercer, al máximo de sus facultades, el deber de cortesía, respeto y consideración que les impone el mencionado canon. El abogado jamás debe olvidar que siempre debe actuar con gran celo, cuidado y prudencia. Si bien es cierto que tiene la obligación de defender la causa que le encomendó el cliente con gran vigor, energía y vehemencia, ello no implica que pueda ser poco respetuoso o prudente. El abogado debe evitar, en todo momento, que sus expresiones puedan ser interpretadas por los demás participan-tes del proceso judicial como que pone en tela de juicio su honradez, moral y honestidad.

Por otra parte, el Canon 29 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que debe evitarse, escrupulosa-mente, toda cuestión personal entre los abogados y proscribe la conducta impropia entre abogados cuando trami-tan los pleitos. Los cánones del Código de Ética Profesional imponen a todo abogado el deber de mantener relaciones cordiales y respetuosas con sus compañeros de profesión. Esto ya que, como expresáramos en una ocasión, la esta-tura moral e intelectual inherente al ejercicio de la aboga-cía impone un debate jurídico libre de personalismos y po-siciones subjetivas que lo degraden a vulgar diatriba. Nos reafirmamos en que la cordialidad y la amabilidad de-ben ser el estilo de trato con los colegas. Si en el ardor de las defensas, en determinadas circunstancias, se acaloran los ánimos y se provocan distanciamientos, ello no debe perdurar; sobrevenida la calma reflexiva, debe reanudarse sin demora ese estilo, para mantener la dignidad y jerar-quía de la profesión. Asimismo, hemos manifestado que la defensa del cliente no puede ser excusa para la falta de respeto y, menos, para lastimar la dignidad personal del abogado de la parte contraria. La práctica de la abogacía exige un constante respeto hacia los tribunales. Para recla-mar los derechos y solventar las controversias no es me-nester lastimar la dignidad personal ni institucional de los miembros de la Judicatura, así como de alguna otra persona.

Con el marco jurídico esbozado y atendiendo nuestra jurisprudencia, procede evaluar la conducta del querellado para determinar si éste, en efecto, infringió los Cánones 15 y 29 del Código de Ética Profesional, supra. Veamos.

Mientras representaba a una de las partes de un litigio civil, el querellado utilizó un lenguaje soez, altanero y des-templado para referirse a la parte contraria en dicho litigo. Tal como lo recoge la relación fáctica que antecede, en más de una ocasión el querellado le imputó a la señora Lebrón Morges haber vivido una relación homosexual “contra na-tura” con la licenciada Orraca López. De igual manera, le imputó a la albacea legataria haber actuado movida por la venganza y el revanchismo con el único fin de perjudicar a su “rival en amores”. Indicó, entre otras cosas, que la cau-sante, persona ya fallecida y quien no podía defenderse, había alterado sus testamentos según el “calor de sus relaciones”. Finalmente, le imputó a la demandada querer “arramplar” para sí parte de la herencia.

Ante estas desafortunadas y reprochables expresiones, resulta forzoso concluir que el querellado infringió el Canon 15 del Código de Ética profesional, supra. Adviértase que estas alegaciones fueron emitidas en varios escritos ante el foro primario y ante el Tribunal de Apelaciones, sin prueba alguna que las sustentara. Adviértase, además, que el foro intermedio apelativo se expresó con relación al tono empleado por el querellado. Dicho tono y estilo no varió hasta tanto esta Curia revocara a los foros recurridos en Flecha v. Lebrón, supra. Finalmente, surge del informe del Comisionado Especial que el querellado, luego de casi seis años de injuriar y vilipendiar, tanto a una persona ya fallecida como a la litigante adversa, mostró un levísimo arrepentimiento, intentando limitar el alcance de sus ex-presiones al indicar que no tuvo el ánimo de herir u ofen-der y que había redactado ciertos escritos legales de forma apresurada. No nos persuade.

De igual manera, concluimos que el querellado infringió el Canon 29 del Código de Ética Profesional, supra, en rei-teradas ocasiones. Basta una somera lectura de sus expre-siones para constatarlo. En diversos escritos, y en diversas instancias procesales, el querellado expresó que el licen-ciado Rey se había convertido en un “heredero postizo” que, al morir la causante, creyó “llegada la hora de sus desvelos profesionales”. De igual forma, acusó al referido abogado, sin presentar prueba alguna, de haberse puesto de acuerdo con su cliente para “idear un plan maquiavélico” que tenía como único fin perjudicar a la heredera. Le imputó, ade-más, “doblez y malas artes”, haber tenido “la puñalada pre-parada” para dársela en la espalda, tener una “apetencia crematística”, ser inescrupuloso, estar únicamente moti-vado por el dinero, querer llevarse una “suculenta tajada de la herencia”, ser poco honrado al cobrar honorarios pro-fesionales, entre otros insultos y vituperios.

Este Foro, como custodio de la profesión, no puede condonar tal comportamiento. El hecho de que el querellado se haya formado jurídicamente fuera de Puerto Rico no equivale a que éste, ni ningún otro abogado que ejerza la profesión en Puerto Rico, pueda tener en sus manos un cheque en blanco para, mediante los procesos judiciales, insultar y atacar libremente a una parte contraria y a su abogado en un litigio. El respeto y la cortesía son criterios universales. Fundamentar que el querellado pudo haber obrado de tal manera por el mero hecho de no haberse formado en Puerto Rico, tal como lo intima su representación legal en su escrito objetando el informe del Comisionado Especial, no es excusa para incumplir y violar las normas éticas aplicables a los abogados en Puerto Rico. Concluimos que el querellado violó el Canon 29 del Código de Etica Profesional, supra.

Finalmente, con relación al tercer cargo imputado, coincidimos tanto con el Procurador General como con el Comisionado Especial en que el querellado infringió repetidamente su deber de ser sincero y honrado al aseverar en un sinnúmero de ocasiones que el licenciado Rey y su cliente habían ideado un plan para privar a la heredera de su parte de la herencia. Tal alegación nunca fue avalada o, de otra forma, sustentada con prueba. Adviértase que el querellado le imputó al licenciado Rey haber infringido los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, sin juramentar su queja. Sabido es que una información falsa presentada por los abogados al tribunal constituye una conducta profesional reprobable. La mentira degrada el ca-rácter y envilece el espíritu, y es antítesis de la conducta recta y honorable que el Código de Ética Profesional exige de todo abogado. Jugar al esconder con la Justicia es como jugar al esconder con la verdad; es una práctica deleznable.

Si bien el Comisionado Especial no hace mención de ate-nuantes en su informe, surge del expediente que la disputa por la herencia de la licenciada Orraca López se transigió con la anuencia del querellado y del quejoso, y que éstos condujeron los trámites de dicha transacción de forma armoniosa. Surge de nuestros archivos que la presente es la primera querella que se interpone contra el querellado en dieciséis años de práctica profesional y que éste, du-rante la vista ante el Comisionado Especial, admitió que su intención no fue herir ni ofender a nadie. Esto no obstante, a juicio del Comisionado Especial, no ocurrió hasta después que esta Curia resolviera el caso Flecha v. Lebrón, supra, donde revocamos a los foros inferiores que le habían dado la razón al cliente del querellado. Asi-mismo, debemos recalcar que en la disputa por los bienes de la causante ninguna de las partes sufrió pérdidas eco-nómicas o, de otra manera, vio frustrada su intención de vindicar sus derechos en los tribunales.

Por último, es sabido que corresponde al Comisionado Especial, designado por este Tribunal, atender una querella presentada contra un abogado, recibir la prueba, así como evaluar y dirimir la evidencia conflictiva. Tal funcionario ocupa el papel de juzgador de primera instancia y, por lo tanto, está en mejor posición para aquilatar la prueba testifical. Sus determinaciones de hecho, basadas en la prueba testifical, merecen nuestra mayor deferencia. Cuando esas determinaciones están sostenidas por la prueba obrante en nuestro expediente, no intervendremos con éstas ausente una demostración de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en su apreciación. No encontramos que el Comisionado Especial haya incurrido en error. Por tal motivo, no habremos de intervenir con la formulación de sus determinaciones de hechos y recomendaciones.

III

Por los fundamentos antes expuestos, decretamos la suspensión del Ledo. Lucas Irisarri Castro de la práctica de la abogacía por espacio de dos meses. Asimismo, reite-ramos que la clase togada tiene la obligación que imponen nuestros cánones de ética profesional de tratar a los liti-gantes adversos y a sus compañeros abogados con respeto, decoro y cordialidad.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no interviene.

       El abogado de epígrafe fue admitido a la práctica de la abogacía en su país natal, España, en el 1969.

       Demanda presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, bajo el número KAC20053125.

       Conviene resaltar que si bien la queja contra el licenciado Irisarri Castro fue presentada el 14 de junio de 2001, el Procurador General nos solicitó paralizar los procedimientos fundamentándose en que los hechos relacionados con dicha queja estaban dilucidándose en un litigio. Mediante Resolución de 7 de diciembre de 2001, paralizamos los referidos procedimientos. Posteriormente, mediante Resolución de 28 de abril de 2004, ordenamos la continuación del proceso disciplinario. Esto, luego de que el foro intermedio apelativo adjudicara la controversia que después fue revi-sada por este Tribunal.

       El licenciado Irisarri Castro se refiere a la madre de la causante, quien premurió a ésta y quien, además, había sido cliente del licenciado Rey.

        In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710 (1998); In re Matos González, 149 D.P.R. 817 (1999).

        In re Cuyar Fernández, 163 D.P.R. 113 (2004); In re Cintrón Colón, 161 D.P.R. 778 (2004); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599, 613 (1999).

        In re Cintrón Colón, supra.

        In re Cuyar Fernández, supra; In re Santiago Rodríguez, 160 D.P.R. 245 (2003).

        In re Matos González, supra. Véase, además, In re Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758, 765 (1976).

        In re González Carrasquillo, 164 D.P.R. 813 (2005).

        In re Martínez Texidor, 130 D.P.R. 905 (1992).

       Id., citando a R.H. Viñas, Ética de la abogacía y de la procuración, Buenos Aires, Ed. Pannedille, 1972, págs. 262-263.

        In re Markus, 158 D.P.R. 881 (2003).

        In re Cuyar Fernández, supra; In re Filardi Guzmán, supra; In re Ramos y Ferrer, 115 D.P.R. 409, 412 (1984).

       Conviene señalar que mediante Resolución de 2 de junio de 2006, luego de examinar el informe del Procurador General así como la contestación del licenciado Irisarri Castro, archivamos una queja presentada el 3 de abril de 2003 contra dicho abogado por parte del entonces Secretario del Departamento de Asuntos del Consu-midor, Ledo. Javier Echevarría Vargas. Dicha queja versaba, esencialmente, sobre unas expresiones que hiciera el licenciado Irisarri Castro en unos escritos sometidos ante dicha agencia.

        In re Rodríguez Feliciano, 165 D.P.R. 565 (2005).