text:
    Valentín, Demandante y Apelante, v. Torres, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez en pleito sobre nulidad y otros extremos.
    No. 1917.
    Resuelto en julio 31, 1919.
    Venta — Incapacidad Mental. — Es nula y sin ningún valor la venta hecha por . una persona que al hacerla está tan intoxicada y deprimida en sus facultades que mentalmente se encuentra incapacitada para otorgar, una escritura..
    Id. — Causa del Contrato — Prueba de la Falta de Causa. — La persona que ataca una venta hecha por escritura pública está en la obligación de probar la falta de causa del contrato.
    Id. — Testigos en Escrituras Públicas. — Puede ser testigo en la escritura el concuñado del notario ante quien se otorga aquélla.
    Id. — -Id.—Impugnación de la Veracidad de un Testigo — No puede impugnarse la veracidad de un testigo al cual se ha permitido que declare sin formularse objeción ni ser repreguntado, mediante prueba de refutación relativa a su incapacidad mental.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Luis Montalvo Guenard.

    Abogado del apelado: Sr. José Sábater.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Habiendo alegado la apelante qne la propiedad en cues-tión era ganancial, el apelado presentó prueba tendente a acreditar qne la propiedad había sido adquirida por sn ce-sionario, el supuesto marido, por herencia de la madre de este último. La corte inferior al parecer estuvo satisfecha con esta prueba, y a falta de algún otro error también lo esta-mos nosotros.

En la demanda en este caso no solamente se alegaba qne la propiedad qne se trataba de recobrar era ganancial, sino también qne al hacer el padre de la demandante la venta al apelado estaba tan intoxicado y deprimido en sns facul-tades, qne mentalmente se encontraba incapacitado para otor-gar nna escritura. Esta alegación de ser cierta hubiera per-mitido a la demandante recobrar la propiedad. La corte inferior declaró probado qne la prueba en este sentido era en-teramente deficiente y no vemos razón por la que deba nao-difícarse la sentencia debido a la supuesta incapacidad del cansante.

También trató de probar la demandante que no existió cansa para' la venta de la propiedad y qne el demandado fné el único testigo qne declaró tendente a demostrar el tras-paso. Pero se admite en la demanda y aparece de la prueba, qne medió una escritura. En cnanto al pago, la falta de cansa tenía que probarla la demandante, 1q que no se hizo de modo satisfactorio en la corte inferior.

La corte inferior no cometió error al negarse a admitir prueba de qne uno de los testigos instrumentales en la es-critura era concuñado del notario. Este es un grado que parece no estar incluido en la Ley Notarial, pero este motivo de nulidad no se alegó en la demanda, era más bien una irre-gularidad que un verdadero error y no podía afectar a la validez del contrato como documento privado entre las partes.

El único otro error alegado se refería a la prueba que se ofreció para impugnar la veracidad de uno de los testigos del demandado cuya declaración tendía a probar que la pro-piedad era privativa del marido, que éste era de sano juicio y que existió causa. La cuestión precisa fué que después de permitir la demandante que el testigo declarara sin hacerse objeción a su capacidad y sin repreguntársele, ofreció prueba de refutación para probar la incapacidad del testigo. Las autoridades muestran que generalmente esta clase de obje-ciones debe hacerse al presentarse el testigo y que es enton-ces cuando la corte examina al testigo respecto a su capaci-dad. 40 Cyc., 2237, nota 28 y siguientes; Wigmore, tomo 1, sec. 497; notas al caso de State v. Pujor, 46 L. R. A. (N. S.) 1030-1031. La forma de impugnar la veracidad de los testigos se expresa en los artículos 156 al 161 de la Ley de Evidencia, no estando comprendido en las distintas formas de impugnar dicha veracidad el atacar a una persona debido a sus facultades mentales. Además, por lo general resulta-ría que si un testigo pudiera ser atacado en esta forma no terminarían las cuestiones colaterales, lo que constituye una de las razones por las cuales debe tener lugar por antici-pado nn procedimiento sumario. 40 Cyc. 2628, notas 93 y 94.

Sin embargo, la corte tiene • discreción y de exigirlo los fines de la justicia, puede bacer un examen en cualquier mo-mento. En este caso uo bubo abuso de discreción. El abo-gado debió formular su objeción al ser ofrecido el testigo. Al no hacerlo debió baber hecho algún ofrecimiento que hu-biera justificado la necesidad de presentar la prueba de in-sanidad» El testigo, como muestran los autos, parecía estar cuerdo según el pronunciamiento del juez al formularse la objeción. Los sucesos de que habló, ocurrieron años antes. No se hizo especificación de la fecha en que se supone que el testigo no estaba cuerdo, o respecto al carácter de su lo-cura, pues no toda persona que ha sufrido desequilibrios mentales quedaría excluida de sentarse en la silla de testi-gos. No debe permitirse que se ataque la capacidad mental de ningún testigo de este modo vago. No vemos que exista prejuicio ni error.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia a/pelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

license: Public Domain

text:
    Santos, Promovente y Apelante, v. Colón, Opositora y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en pleito sobre una información de dominio.
    No. 1983.
    Resuelto en julio 31, 1919.
    Información de Dominio — Título—Oposición Fundada en Mejor Título — Prue-bas. — Cuando un opositor en una información de dominio funda su oposición en su carácter de dueño de los bienes, tiene la obligación de demostrar pri-meramente sü título antes de que pueda atacar el del promovente. Y en ausencia de prueba de tal mejor título, la sola evidencia de manifestaciones hechas por el esposo de la opositora, negadas por el peticionario, respecto a que éste había admitido en cierta ocasión haber sido dueño de la finca como usufructuario, es demasiado vaga para destruir el título prima facie demostrado por el peticionario o sus antecesores, quienes por otra parte habían estado en jmsesión fie ia finca en concepto de dueños por más de treinta años.
    Desestimación be la Apelación — Exposición del Caso. — -No procede la desesti-mación de la apelación por el motivo de no haber sido aprobada por el juez la exposición del caso, cuando, si bien el juez no emplea la palabra "apruebo,” certifica, sin embargo, que fué el juez que conoció del caso a que se refiere la anterior exposición del caso y pliego de excepciones, y que éstos contienen una copia fiel y exacta de toda la prueba ofrecida por las partes, así como de las excepciones tomadas en la vista y que para ser utilizada en la apela-ción interpuesta la libraba bajo su firma y sello de la corte.
    Los Rectos están expresados en la opinión.
    Abogados del promovente y apelante: Sres. M. Guzmán Texidor y M. Martínez Dávila.

    Abogados de la opositora y apelada: Sres. José G. Ramos y Luis Muñoz Morales.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal. El apelante hizo nna petición en la Corte de Distrito de G-uayama en la que solicitaba se declarara justificado a su favor el dominio de' úna finca rústica. No existe cuestión alguna respecto a la suficiencia de la petición, o de los edic-tos o citación becba al fiscal del distrito, quien presentó un informe favorable a la petición. Como resultado de la- cita-ción Concepción Colón de Morales compareció. Se señaló un día para el juicio al cual solamente compareció el peticiona-rio y presentó sus pruebas. Entonces y mediante estipula-ción se permitió a la opositora que compareciera y presen-tara sus pruebas y el peticionario presentó las suyas én re-futación. La corte resolvió que la prueba aducida por el pe-ticionario era insuficiente y dictó sentencia contra él, alegando el promovente en esta apelación que se han cometido varios errores.

El peticionario presentó como prueba una escritura de venta hecha por Leonides Colón, Emilia Colón Delgado y Josefa Colón Delgado. Estas tres personas eran hermanos. El peticionario, Leonides Colón, y otra persona, prestaron declaraciones tendentes a demostrar qne Leonides Colón y sns hermanas habían sido dueños y poseído la finca por nn nñmero de años y con anterioridad a ellos sn.padre. Leo-nides Colón tenía 48 años de edad y había vivido en la finca durante todo ese tiempo y declaró qne sn padre había sido dneño de ella antes qne él. En virtnd de esto, creemos qne el peticionario estableció de nn modo claro nn caso prima facie. Además, el peticionario y sns cansantes habían es-tado en posesión de la finca en concepto de dueños por más de treinta años, ann suponiendo qne el padre de los vendedo-res no tenía título con anterioridad a ellos.

Por parte de la opositora hubo nn testigo, Federico Jniiá, qne identificó a las personas pero qne no prestó declaración relacionada con la cnestión en litigio.

El testigo principal de la apelada fné sn marido, Jnan Morales. Este dijo qne conocía nn predio de terreno de 22.95 cnerdas en el barrio snr de Cidra (la descripción de la finca del peticionario) y qne ésta finca pertenecía a sn esposa por adjndicación. Afirmó qne Leonides Colón se encontraba en la finca como nsnfrnctnario y qne Leonides Colón convino en qnedarse en ella como' tal nsnfructnario pagando los dere-chos; qne no sabía en qné época fné qne mnrió don Caye-tano, padre de los Colón; qne tampoco sabía en qné época conoció a don Cayetano viviendo en la finca; qne sn esposa nunca vivió donde estaba don Cayetano; qne siempre vió a-la familia Colón viviendo en la finca, declarando además en el sentido de qne don Cayetano vivió en la finca. Las demás partes de sn declaración eran manifestaciones vagas refe-rentes a qne nn notario había dicho qne don Cayetano dijo qne doña Concha tenía nna finca donde estaba la de Colón, o palabras de igual tenor. Las únicas manifestaciones ter-minantes de su incoherente narración que guardan relación con la cuestión qne se discute eran las de que los Colón se encontraban allí como usufructuarios, y que Leonides Colón había admitido eso. Sn esposa *no prestó declaración y se-gún una digresión del testigo en sn declaración, probable-mente sn conocimiento procedía de ella.

Después que babía terminado, la apelada ofreció como prueba unas escrituras tendentes a probar que don Cayetano Colón babía vendido todos los bienes que tenía en el pueblo de Cidra. Estas escrituras no fueron presentadas con nin-gún otro fin. La apelada ofreció además en evidencia una escritura extrajudicial de partición otorgada en el año 1860, o bacia esa fecba por el padre de Cayetano Colón llamado José Eamón Colón, que también era abuelo de la opositora Concepción Colón. En cuanto a las escrituras otorgadas por Cayetano Colón, el peticionario se opuso sustancialmente por ser ellas inmateriales e irrelevantes. A la verdad no se probó que incluían a la finca en cuestión y no encontramos en nin-guna parte justificación alguna para su admisión. La corte las admitió provisionalmente y la teoría de la apelada era, según parece, que don Cayetano babía, por tanto, vendido to-dos los bienes que poseyó. Esta es una conclusión para la cual se necesitaba mucba más prueba.

Al examinarse la supuesta escritura de partición se vió que no contenía ninguna partición y el peticionario con mu-cba razón objetó que dicba escritura no contenía partición, alguna y que la mejor prueba hubiera sido la partición misma. La apelada ofreció completar la escritura con prueba testi-fical y la corte admitió la escritura. Esto constituyó error, especialmente por no aparecer que se hubiera cumplido con el ofrecimiento de presentar más prueba testifical.

Entonces Leonides Colón fué a la silla testifical y negó que hubiera tenido jamás la supuesta conversación con el es-poso de la apelada; que la apelada nunca hizo reclamación alguna del terreno; que el referido Juan Morales le babía dicho que su esposa tenía ciertos terrenos por aquél sitio y el testigo ofreció buscarlos.

El peticionario presentó un caso prima facie. La única cosa para impugnarlo fué la manifestación vaga hecha por Juan Morales de que Leonides Colón babía admitido haber sido dueño de la finca como usufructuario. A falta de alguna demostración respecto al origen del título por parte de la apelada esta manifestación claramente era demasiado vaga. Todas las presunciones en cuanto al dominio estaban a favor de los Colón puesto que ellos habían poseído la finca por muchos años. La presunción basada en la posesión y la de-claración de los testigos del peticionario no podía ser des-truida por medio de esta prueba vaga y poco satisfactoria.

La principal teoría de la opositora era que todos los te-rrenos de los cuales fue dueño don Cayetano los adquirió por herencia de su padre y los había vendido. Convenimos con el apelante en que la apelada debió haber demostrado primeramente su derecho antes de que pudiera atacar el tí-tulo del peticionario, lo que no hizo.

La apelada también solicita ahora que se desestime la apelación por no haber sido aprobada por el juez la exposi-ción del caso. Se nos hace difícil entender esta moción. El juez no emplea la palabra “apruebo,” pero certifica que fué el juez que conoció del caso a que se refiere la anterior ex-posición del caso y pliego de excepciones, y que éstos con-tienen una copia fiel y exacta de toda la prueba ofrecida por las partes, así como de las excepciones tomadas en la vista. Y que para ser utilizada' en la apelación interpuesta la li-braba bajo su firma y sello de la corte. Esta certificación .estaba autenticada por el secretario de la corte, y los dos abogados de las partes presentaron una certificación adi-cional.

La sentencia debe ser revocada, devolviéndose el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos que no sean incompatibles, con esta opinión.

Revocada la sentencia y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, y Aldrey Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro

text:
    Santini et al., Demandantes y Apelantes, v. Díaz San Miguel et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre declaración de nulidad de contrato.
    No. 1942.
    Resuelto en julio 31, 1919.
    Herencia — Heredero—Bienes Hereditarios — Bienes Gananciales — Reclama-ción del Derecho Hereditario — Liquidación Previa de la Sociedad de Gananciales- — Jurisprudencia Anterior Sobre la Materia — Su Limita-ción. — Los herederos de cualquiera de los cónyuges quedan investidos con el título a su parte en los bienes de la comunidad en el momento mismo de la muerte del cónyuge, y aunque reciben esa parte sujeta al pago de las deudas de la comunidad, no están obligados a aguardar a la liquidación de ésta, para establecer una acción para recobrarla.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: SV. C. Domínguez Rubio.

    Abogados de los apelados: Sres. José Tous Soto, V. F. Rodríguez Ortiz y Manuel A. Martínez Dávil-a.

   El Juez Asociado Sr. del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes archivaron nna demanda alegando en-tre otros hechos qne en 30 de mayo de 1889 doña Josefa Padró vendió a don Ramón Santini cierta finca rústica de 178 cuerdas que se describe. En él acto de la compra San-tini estaba casado con doña Joaquina Rodríguez. Los de-mandantes son hijos de Santini y de su esposa doña Joa-quina. Esta murió, y Santini contrajo nuevo matrimonio' en 1890. En 1893 Santini vendió la totalidad de la finca de que se trata al demandado Ramón Díaz San Miguel. Este segregó una porción de 25 cuerdas de ella y la vendió al de-mandado Rocco. El demandado Rocco a su vez la vendió a los demandados Giorgetti y Fernández Yangas, quienes la vendieron a la demandada Juana Torres López. ■

Entre otras cosas los demandantes reclaman qne se les reconozca como dueños en común proindiviso de la mitad de la finca en cuestión, por haber adquirido tal derecho por herencia materna.

El- demandado Rocco excepcionó la demanda.' También lo bizo el demandado Díaz. La excepción de RocCo fué de-clarada con lugar y sin lugar la de Díaz. Díaz entonces cotí-testó y archivaron de igual modo su contestación los demam dados Giorgetti, Fernández Yanga y Juana Torres López. ¡

Así las cosas, el demandado Díaz por- medio de su abogado al llamarse el pleito para juicio presentó una moción) en solicitud de una sentencia sobre las alegaciones. El asunto fué discutido y la corte dictó la sentencia resolviendo el pleitb en contra de los demandantes y éstos entonces interpusieroh el presente recurso de apelación.

De la resolución de la corte de distrito transcribimos el siguiente párrafo que condensa el verdadero fundamento qtíe tuvo dicho tribunal para dictar su sentencia.

“Planteada la cuestión en esta forma, y estudiando este punto, entiende la corte que los demandantes adquirieron su derecho por herencia, o sea siendo ellos unos causahabientes de su madre no pue-den ejercitar ningún derecho que no pudiere ejercitar la madre ám su mismo caso, o sea no pueden pedir el reconocimiento de un con-dominio en esta finca sin antes determinar la disolución de la so-ciedad de gananciales y cuál era esta participación en dicha socie-dad. Los demandantes en su demanda no alegan la liquidación de la sociedad de' gananciales.’’ ' "

. La corte sentenciadora cita como fundamento de su crite-rio la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en los casos de Sucesión Morales v. Kieckoefer et al., 17 D. P. R. 926, y Ortis et al. v. Pasalacqua et al., 26 D. P. R. 639.

La jurisprudencia de esta Corte Suprema que se cita s,e basó en la sentada por el Tribunal Supremo de España y quedó formulada en el caso de Sucesión Morales, supra, en los siguientes términos:

“El título de heredero de uno de los cónyuges componentes de la sociedad conyugal no es suficiente para reivindicar la mitad' <te una finca que forma parte de los bienes de la sociedad de ganancia-les, cuando no se ha practicado la liquidación de dicha sociedad Conyugal, pues basta que tal liquidación se baga, no puede afirmarse la; existencia de un sobrante que corresponde por mitad a los cón-yuges.”

No sólo se invocó y aplicó la anterior doctrina en el caso de Ortiz et al. v. Pasalacqua et al., 26 D. P. R. 638 ya ci-tado sí que también en el de Neuman v. Trujillo et al., 24 D. P. R. 304, 308, y tal vez en algún otro.

Abora bien, annqne la autoridad de dichos casos no fné disentida, ni la cuestión específica de la previa liquidación de la sociedad de gananciales examinada, basta nn ligero es-tudio de la reciente decisión de esta Corte Suprema en el caso de Capó v. Fernández, para concluir que los casos de Sucesión Morales, de Neuman y de Ortiz, - quedaron afecta-dos por el de Capó. Implícitamente resolvió esta corte en Capó v. Fernández, en julio 22, 1919, (p. 715), que no sólo no era necesaria la previa liquidación de la herencia para re-clamar el derecho hereditario, sí que tampoco la previa liqui-dación de la sociedad de gananciales. Y en esta ocasión no sólo implícita sino expresamente ratificamos tal criterio, y éh apoyo del mismo citaremos una decisión de la Corte Su-prema de Louisiana que resuelve concretamente el punto en-vuelto en este pleito. Es conveniente recordar que en Louisiana rige el Código de Napoleón, revisado desde luego, y enmendado en algunos particulares, y que las secciones 664 a, 664 b, 664 c, y 664 d que se introdujeron en nuestro Código Civil al aprobarse revisado en 1902, son iguales a las 871, 872, 873 y 874 del Código Civil de Louisiana que fueron in-troducidas en él por la comisión creada por la ley de 1822 para revisarlo. Dichos preceptos de ley se refieren a las su-cesiones. (Véase el “Revised Civil Code of Louisiana, edited by E. D. Saunders, of the New Orleans Bar”). Y es con-veniente recordar también que en Louisiana como en Puerto Eico rige y ha regido siempre desde hace más de un siglo la sociedad legal de gananciales para las personas que con-traen matrimonio.

El caso a que nos referimos es el de Heirs of Murphy v. Jurey and Gillis, J. P. Murphy, citado de evicción (warrantor). 39 La. Ann. 785. La jurisprudencia, según el re-sumen, se estableció así:

“Los herederos de la esposa quedan investidos con el título a su parte en los bienes de la comunidad en el momento mismo de su muerte; y aunque reciben esa parte sujeta al pago de las deu-das de la comunidad, no están obligados a aguardar a la liquidación de la comunidad para establecer una acción para recobrarla. ’ ’

En la decisión se reafirma igual doctrina ya establecida en los casos de Tugwell v. Tugwell, 32 Ann. 848, y Glasscock v. Clark, 33 Ann. 584, y la decisión se cita en las do Succession of Dumestre, 42 La. Ann. 412; Newman v. Cooper, 46 La. Ann. 1494; Ogden v. Leland University, 49 La. Ann. 195; George v. Delaney, 111 La. Ann. 766; Levy v. Robson, 112 La. 399, y Bossier v. Herwing, 112 La. 549.

En su opinión la corte se expresó así:

“John J. Murphy se casó dos veces en el Estado de Georgia. Primero, con Elizabeth Hawell, que murió en 3843, dejando varios hijos, de los cuales el citado de evicción es uno. Segundo, con Ory Glaze en 1844, quien murió en 1860 sin dejar hijos.
“En 1848 Murphy y su esposa se trasladaron a este Estado, acom-pañados por los hijos de su primer matrimonio, y después de su llegada a este Estado, adquirió por compra las tierras en contro-versia.
“Después de la muerte de su esposa Ory Glaze o Murphy, J. J. Murphy, el marido sobreviviente, continuó en posesión de las tie-rras hasta su muerte en 1866. No hubo administración de la suce-sión de su esposa, ni liquidación de la comunidad.
“Después de la muerte de Murphy hubo una partición de la herencia, en la cual J. P. Murphy, citado de evicción en este caso, recibió las tierras en controversia.
“Se ha demostrado que esas tierras fueron todas adquiridas du-rante la existencia de la sociedad de gananciales de J. J. Murphy y su esposa, Ory Murphy, y que, por tanto, se presumen bienes ga-nanciales. 0. 0. 2405.
“Al disolverse la sociedad por muerte de la esposa, el título so-bre participación en los bienes gananciales, o sea una mitad indi-visa de los mismos pasó a sus herederos. C. C. 2406; Tugwell v. Tugwell, 32 Ann. 848.
“Y aunque los herederos de la esposa recibieron la propiedad sujeta a las deudas de la comunidad, se establece ahora que su ac-ción respecto de ella puede sostenerse sin que se alegue ni pruebe ]a liquidación o solvencia de la comunidad. Ib. y Glasscock v. Clark, 33 Ann. 584. Y será suficiente decir en este caso, como en los que arriba citamos, que los acreedores de la sociedad de gananciales, si los hay, no están ante nosotros gestionando sus reclamaciones contra la comunidad. Ni podría permitirse tal gestión dentro de una acción de esta naturaleza, que es petitoria por su carácter, y el de-recho de los demandantes empezó en el instante en que falleció la persona de quien heredaron. Los acreedores de la comunidad, si los había, pudieron haber sujetado esta propiedad por medio de procedimiento adecuado al pago de sus deudas y de ese modo ha-ber quitado a los demandantes el título de la propiedad, pero tal no se ha hecho y no. puede hacerse en esta clase de acción, ni por las partes de este litigio. Toda prueba relativa a reclamacio-nes contra la comunidad y su estado en el momento de su disolu-ción debió por tanto haber sido rechazada.” 39 La. Ann. 785.

Por virtud de todo lo expuesto opinamos que debe revor carse la sentencia recurrida devolviéndose el caso a la corte de su origen para ulteriores procedimientos no inconsisten-tes con esta opinión y con la emitida en el caso de Capó v. Fernández, decidido el 22 de julio actual, (pág. 715).

Revocada la sentencia recurrida, y devuelto él caso a la corle inferior para ulteriores pro-cedimientos no inconsistentes con la opi-nión y con la emitida en caso de Capó v. Fernández, decidido en julio 22, 1919.

Jueces concurrentes: Sfes. Asociados Wolf, Al drey y' Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Cerecedo, Demandante y Apelante, v. Medina et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre nulidad de venta de bienes inmuebles y otros extremos.
    No. 1992.
    Resuelto en julio 31, 1919.
    Alegaciones — Evidencia—Pruebas.—La disposición del artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil de quo euando se entable una acción fundada en un documento y la demanda contenga copia del mismo, o ésta vaya unida a ella, la autenticidad y otorgamiento en forma de dicho documento se considera-rán admitidas, a menos que se jure la contestación negando dicha autentici-dad, se refiere generalmente, si no siempre, a un documento por escrito que tiene por objeto obligar al demandado, por lo que no puede entenderse en el sentido de permitir que el demandante pueda eludir la Ley de Evidencia y probar su caso acompañando a la demanda un documento claramente inad-misible y sin presentarlo como prueba.
    Certificaciones Negativas — -Prueba Testificad — La certificación negativa de un funcionario no constituye prueba a menos de que así lo declare el esta-tuto, de que en los récords a su cargo no aparece determinado hecho, y se ha sostenido que tal prueba negativa hace necesaria prueba testifical bajo jura-mento de que se ha hecho un examen y de los resultados del mismo.
    Evidencia — Discreción Judicial para Permitir Evidencia de Hechos Acceso-rios. — Aunque según el artículo 34 de la Ley de Evidencia, ésta deberá co-rresponder a las alegaciones y ser pertinente a la cuestión que se ventila, queda, sin embargo, según el mismo artículo, a arbitrio del tribunal, el per-mitir la investigación de un hecho accesorio que sea pertinente.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Guillermo H. Hoscoso y Luis Méndez Bas.

    Abogados de los apelados: Sres. Benet & Su front y Rodolfo Ramirez Vigo.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Apela el demandante de una sentencia que declara sin lugar la demanda presentada en este caso para que se declare nula una escritura de venta de cierta finca para pago de contribuciones y su inscripción en el registro de la pro-piedad cancelando una hipoteca y alega como errores los si-guientes :

Primero. Infracción del artículo 315 del Código Político.

Segundo. Infracción de los artículos 44, caso I, 45, 69, caso VI y 74 de la Ley de Evidencia y sus concordantes los 1184 y 1186 del Código Civil.

, Tercero, Infracción del artículo 3, caso IV, de la Ley de Evidencia, en relación con el 34 de la propia ley, al admitir la corte inferior como prueba la escritura de 3 de agosto de 1911, por la que don Agustín Hernández vendió a Genaro Candelario determinados bienes inmuebles, y al admitir los diferentes pagarés citados en dicba escritura.

El artículo 315 del Código Político dispone, entre otros particulares, que—

“ * * * en todos los casos en que se embargaren y vendieren bienes raíces para el pago de contribuciones el Tesorero de Puerto Rico notificará la inscripción de dicba venta a todas las personas que tuvieren una hipoteca o gravamen sobre dicha propiedad, con-signando en la notificación la fecha de la venta, la suma en que se hubiere vendido la propiedad.y los demás datos que estimare opor-tunos. ’ ’

Se dice que se acompañó a la demanda como parte de la misma, una certificación espedida por el Tesorero de Puerto Rico creditiva entre otros extremos, de que de un examen de los autos del embarg’o y venta en cuestión aparecía que ciertos acreedores hipotecarios no habían sido notificados. El artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe que—

“Cuando se entable una acción fundada en un documento, y la demanda contenga copia del mismo, o ésta vaya unida a ella, la autenticidad y otorgamiento en forma de dicho documento se con-siderarán admitidas, a menos que se jure la contestación negando dicha autenticidad.”

El documento escrito a que se ha hecho referencia es generalmente, si no siempre, una obligación por escrito que tiene por objeto obligar al demandado. Todo lo demás que pudiera incluirse al texto citado no quiere decir que en una acción como la presente el demandante pueda eludir la Ley de Evidencia, y probar su caso por medio de un documento que por su faz es claramente inadmisible, sin .estar obligado a presentar tal documento • como prueba, por el mero .hecho de agregar a su demanda la certificación negativa expedida por un funcionario administrativo.

No existe en los autos nada que indique que semejante cuestión hubiera sido sugerida durante el juicio.

La teoría en que parece basarse el segundo señalamiento de error es que la corte inferior cometió error al negarse a admitir esta certificación como prueba. ... ...

“Para probar un hecho que consta de. autos sin presentarse los autos mismos es necesario presentar una copia debidamente auten-ticada de los autos o aquella parte de los mismos referente a Ios-hechos en cuestión. Una certificación expedida por un funcionario público encargado por la ley de guardar registros públicos, relativa a cualquier hecho que conste en los registros de su oficina o respecio a cualquier conclusión a qiie pueda él llegar de un examen de los registros no es. prueba competente, a menos que así lo declare el estatuto. A fortiori la facultad para expedir copias certificadas no autoriza que se expida una certificación, de hechos que no consten en el récord o que hayan sido incluidos indebidamente en el mismo. Por tanto, a falta de un estatuto, la certificación negativa de un funcionario no constituirá prueba de que en los records no apareqe determinado hecho,‘y se dice que tal prueba negativa hace necesario prueba testifical bajo juramento de que se ha hecho un examen y de los resultados del mismo.” 17 Cyc. 337.

El artículo 3 de la Ley de Evidencia simplemente define tal ley como una colección general de regias para ciertos fines que se enumeran.

El artículo 34 de dicha ley prescribe lo siguiente:

“La evidencia deberá corresponder a las alegaciones esenciales, y ser pertinente a la cuestión que se ventila. Queda, sin embargo, a arbitrio del tribunal, permitir la investigación de un hecho acce-sorio, siempre que éste estuviere directamente relacionado con la cuestión en controversia y fuera necesario para su debida determi-nación o afectase la credibilidad de un testigo.”

El tercer señalamiento se basa en la regla general citada en la frase “con que empieza el artículo 34 y la actuación de que se queja el apelante cae'de lleno, dentro de la excepción de tal regla que sigue inmediatamente» La alegación del apelante es que la escritura en cuestión en cuanto al deman-dante constituía res inter alios acta. Dentro de las circuns-tancia de este caso la máxima citada por el abogado de los apelados como contestación a esta sugestión es más aplica-ble. Nec curia deficeret in justicia exhibenda.

■. Los autos en conjunto no solamente no revelan que se haya cometido error alguno para que se revoque la senten-cia, sino que demuestran por el contrario que la conclusión a que llegó el juez sentenciador era razonable y justa, de-biendo confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Aldrey firmó conforme con la sentencia.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Aponte et al., Demandantes y Apelados, v. Félix Aponte, Félix Hnos. & Co. y Freiría & Co., Demandado y Apelante la Ultima.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre nulidad de actos y contratos y reivindica-ción de inmuebles.
    No. 1968.
    Resuelto en julio 31, 1919.
    Herencia — Herederos—Partición de Bienes Hereditarios — Título Sueioiente para .Reivindicar. — La posesión de una Anea en concepto de dueño por el can-sante de los demandantes, unida a la declaratoria de herederos y a la adju- , dicación de porciones indivisas por medio de una escritura de partición, es prueba de título suficiente para reivindicar en cnanto a un demandado que alega ser comprador de la finca en una subasta judicial pero no demuestra que el deudor ejecutado tuviera algún derecho, título o interés en la finca. Capó v. Fernández, 27 D. P. R. 715.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Francisco González.

      Abogado de los apelados: Sr. Manuel Tous Soto.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes, como herederos de Juan Félix, revin-dicaron 35 cuerdas de terreno de las cuales alegaron en la demanda ser dueños en unión de Román Félix Aponte, otro de sus hermanos, quien, aunque hecho parte demandada nunca compareció en el pleito. .

Freiría & Compañía, dueños según el registro de la finca en cuestión, reclamaban su derecho a la referida finca por virtud de la venta en publica subasta que tuvo lugar en un pleito seguido contra Félix Hermanos y Cía., sociedad cons-tituida por Román Félix Aponte y por comanditarios desco-nocidos para los demandantes en este caso y por razón de una sentencia decretando el título de dominio a su favor in-terponen apelación y alegan como errores los siguientes:

Primero, que la corte inferior cometió error al dictar sen-tencia a favor de los demandantes;

Segundo, que la corte incurrió en error al no sostener la excepción de cosa juzgada.

La cuestión respecto a la cual se hace más hincapié en el primer señalamiento de error, aunque no se hace cita de autoridades, es que la posesión en concepto de dueño por el causante de los demandantes, hecho que fué expresamente admitido en el juicio no es suficiente para fundar en ella una acción revindicatoria contra el demandado que posee por virtud de una sentencia que decreta el título de dominio a su favor y que ha sido inscrita. Pero los apelantes también insisten en el hecho de que los siete demandantes en esta ac-ción no pueden reivindicar como dueños de toda la finca, puesto que diez de los herederos estaban representados en la declaratoria de herederos y la partición se hizo “por novenas partes entre los herederos de dicho causante que son-ios demandantes en esta acción y su hermano Román Félix Aponte.”

En cuanto al segundo señalamiento de error, simplemente se sugiere que será bastante con examinar la prueba para bailar la identidad de partes, materia objeto de la acción y causa de acción. El juez sentenciador, según parece, consi-deró la cuestión desde otro punto de vista y no es de la in-cumbencia de este tribunal seguir esta vaga referencia en busca de datos para basar en ellos la revocación de la sen-tencia.

“Que las cosas que obran en poder de una persona son de su pertenencia,” es una presunción legal. Ley de Evi-dencia, artículo 112, párrafo 11. En este caso los apelantes admitieron en el juicio que Juan Félix Díaz “mientras vivió era el poseedor en concepto de dueño de la finca” que trata de reivindicarse. También se estipuló y convino en la corte inferior que las partes admiten que en la fecha en que se siguió el pleito en cobro de dinero por Freiría y Compañía* S. en C., contra E. Félix Hermanos y Cía., existía y giraba en la ciudad de Caguas una sociedad mercantil de dicha ra-zón social, que fué la que contrató con la demandante, cons-tituyendo la obligación cobrada por ésta en dicho pleito; que ni los demandantes ni la demandada en este pleito, conocen quiénes son los socios que constituían dicha sociedad, y que el gestor de ella lo era Eomán Félix Aponte, hermano ger-mano de los demandantes.

La posesión en concepto de dueño por el causante de los demandantes unida a la declaratoria de herederos y a la adjudicación de porciones indivisas por medio de una escri-tura de partición es prueba suficiente del título en cuanto a un demandado que' reclama como comprador en una subasta judicial en auséncia absoluta de demostración o pretensión alguna de que el deudor por virtud de la ejecución tenía al-gún derecho, título o interés en la finca. Y para los fines de esta opinión en tanto consideramos este aspecto del caso po-demos prescindir de la porción indivisa del demandado Eo-mán Félix Aponte.

Claramente en cuanto a Freiría y Compañía los deman-dantes tienen derecho a recobrar cualesquiera porción indi-visa adjudicada a ellos en la escritura de .partición. Esto, desde luego, a falta de alguna demostración en contrario que no sea lo que aparece de los autos en apelación.

Ni la declaratoria de herederos ni la escritura de parti-ción han sido sometidas a nuestra consideración y la ligera referencia que se hace de ellas en la exposición del caso no suministra mucha luz. No consta la fecha de la declaratoria de herederos. Juan Félix Díaz falleció, según parece, en el año 1907.- La partición se hizo como a los dos años después. Juan y Juana, dos de los herederos mencionados en la de-claratoria, pero que no se mencionan en la escritura de pai’-tición o en la demanda, pueden haber fallecido o no antes de la fecha de la partición a menos que la existencia de ambos dependiera de un error clerical. Los autos nada dicen sobre el particular. Y aun cuando estos dos fueran eli-minados queda en pie el problema de qué fué lo qne reci-bieron los demandantes, que ascendían a siete, en la distri-bución. hecha por novenas partes únicamente entre ocho he-rederos.

Los apelados están dispuestos a admitir que quizás ellos no tienen derecho a recobrar una novena parte indivisa per-teneciente a Román Félix Aponte, pero insisten en que tie-nen derecho .a las ocho novenas partes restantes. Pero el proceso del. cálculo aritmético por virtud del cual se llega a este resultado no se ha hecho por escrito en el alegato y el verdadero fundamento de la conclusión a que de tal modo se llegó no es evidente por sí mismo.

Tal vez si el juez sentenciador con todos los documentos ante sí o con la ayuda de las demás pruebas que puedan obte-nerse pudiere llegar a una conclusión más satisfactoria que aquella a la cual puede llegarse con los datos que ahora es-tán ante la consideración de esta corte. De todos modos pre-ferimos que esta cuestión de hechos sea resuelta en primera instancia por la corte inferior a la luz de la doctrina enun-ciada por este tribunal en el reciente caso de Capó v. Fernández, resuelto en julio 22 de 1919, (pág. 715).

Por las razones expresadas la sentencia apelada debe ser revocada, debiendo devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos qne no sean incompatibles con esta opinión.

jRevocada la sentencia apelada, y devuelto él caso a la corte inferior para ulteriores pro-cedimientos no inconsistentes con la opinion.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.


text:
    Cubarons, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra- el Registrador de la Propiedad de Caguas denegando la inscripción de una escritura de venta.
    No. 414.
    Resuelto en julio 31, 1919.
    Inscripción de Eincas — Certificación del Secretario Municipal — Usufructo de Solares Municipales — Identidad de la Hinca — -Prueba de la Identi-dad. — Aunque por lo general la certificación del secretario municipal es sufi-ciente para acreditar la cesión hecha por el municipio del usufructo de un . solar municipal, sin embargo si esa certificación se refiere a un solar mar-cado con determinado número, y la propiedad que se trata de inscribir está mareada con un número distinto, debido a un cambio de numeración, es al presentante del documento para su inscripción a quien corresponde probar la identidad de la propiedad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Grómez Lasserre, com-pareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La dueña con. título inscrito de la casa número 13 que mide 5 metros 96 centímetros de frente por 10 metros 21 centímetros de fondo situada en un solar cedido por la mu-nicipalidad el cnal mide 6 .metros 81 centímetros de frente por 26 metros 26 centímetros de fondo, vendió nna casa cuya descripción es como signe:

“Urbana, casa terrera de. madera del país y techo de zinc, mar-cada con el número 13, situada en la calle de Ruiz Belvis de Caguas, en solar del municipio, de 6 metros 81 centímetros de frente por 26 metros 26 centímetros de fondo, antes, hoy dicho solar mide 279 metros con 30 centímetros cuadrados, o sea 9 metros 80 centímetros de frente, por 28 metros 50 centímetros de fondo, y está marcado con el número 11, según certificación espedida por el secretario del mu-nicipio de Caguas, don Juan M. Solá, midiendo dicha casa actual-mente 9 metros de frente por 10 metros de fondo, lindante por el norte, que es su frente con la calle, de Ruiz Belvis; por el este, su izquierda, con Dolores Cubarons; por el sur su fondo con Jesús Méndez, y por el oeste, su derecha, con Leonor Díaz.”

El registrador denegó la inscripción de la escritura en cuanto al exceso de lo que en el registro constaba inscrito a nombre de la vendedora, fundando su negativa en los mo-tivos siguientes:

“Por no resultar del registro que el usufructo de dicho exceso del solar se haya cedido a la vendedora, pues aunque para justifi-carlo se acompaña una certificación expedida por J. M; Solá, secre-tario municipal de Caguas, el 21 de agosto de 1918, dicho documento no es de la clase que contempla el artículo 3 de la Ley Hipotecaria para trasmisión del dominio de los inmuebles, y por referirse dicha certificación a un solar marcado con el número 11 de la población sito en la misma calle, que está inscrito con diferentes colindancias a favor de persona distinta de la vendedora, lo que sería por tanto un obstáculo con arreglo al artículo 20 de la citada ley para tomar en cuenta la aludida certificación.”

. Insiste la recurrente en que el registrador debió haber observado que el número del solar es ahora 11 y no 13 como anteriormente, debido al cambio que se hizo en la numera-ción de las casas en el año 1910, cosa que debió haber sa-bido el registrador. Parece que en el registro no existía nada que demostrara este cambio y la recurrente y no eb. registrador estaba en la obligación de acreditar la identidad de la finca.

La mera mención que se bace en la escritura no es bas-tante para demostrar que el solar que se describe en la cer-tificación expedida por el secretario municipal con el número 11 es en realidad el que aparece inscrito con el número 13 y que la propiedad vendida no es realmente la inscrita a nombre de otra persona con el número 11.

Convenimos con la recurrente en que por lo general la certificación del secretario municipal es suficiente para acre-ditar la cesión becba por el municipio del usufructo de un solar municipal, pero por las razones expresadas debe con-firmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado' Se. Hutchison,

text:
    Lavergne, Peticionario y Apelante, v. Comisión de la Policía Insular, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, sobre expedición de auto de mandamus.

    No. 1967.
    Resuelto en julio 31, 1919.
    Mandamus — Separación del’ Cargo o Empleo — Comisión de la Policía Insular — -Notificación y Audiencia al Empleado — Derecho del Empleado Antes de ser Destituído. — Una audiencia significa y lo exigen los dictados de la justicia común, que al funcionario a quien se trata de separar de su cargo, habrá. de hacérsele una notificación razonable de los aetos específicos u omi-siones de que se le acusa, dándole una oportunidad razonable para defen-derse, esto es, para contestar los cargos y presentar sus pruebas, y si lo de-seare, permitirle confrontarse y repreguntar a los testigos en su contra, aun-que él puede, si quiere, renunciar o abandonar cualquiera de estos privile-gios. Gmlrón. v. Berrios, 24 D. P. R. 721.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

      Abogados de la apelada: Sr. Luis Campillo, Fiscal, y IR,. Bias Collazo, Assistant Fiscal de San Juan.

   El Juez Asociado' Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné separado deshonrosamente del Cuerpo de la Policía Insular y apela-abora de la sentencia dictada por la corte de distrito negándose a expedir nn auto de mandamus por el que se ordene a la Comisión de la Policía Insular que se le restituya en su cargo.

En la petición se alegaba entre otras cosas que el día 7 de noviembre de 1917 y mientras el peticionario se encon-traba actuando con el debido celo y deligencia como policía insular en la ciudad de San Juan fue injustamente arres-tado por-orden del fiscal de la corte de distrito bajo el pre-texto infundado de que el peticionario había infringido el artículo 93 del Código Penal, abandonando sin causa el ser-vicio que como policía prestaba el día 18 de agosto de 1917 en la custodia de las papeletas electorales que se encontra-ban depositadas en el edificio ocupado por la Cámara. de Bepresentantes, y posteriormente en mayo de 1918 el peti-cionario fuá declarado absuelto de dicha imputación por la Corte de Distrito de San Juan que ordenó el sobreseimiento y archivo de la causa; que con motivo del referido arresto el peticionario fué injustamente suspendido de su cargo de policía insular y de su sueldo el 9 de noviembre de 1917 hasta que la Corte de Distrito de San Juan dictara su reso-lución definitiva en el proceso; pero alega el peticionario que ni en el acto de ocurrir lo.s hechos de abandono de ser-vicio en agosto 18 de 1917, ni §n el acto del arresto del pe-ticionario en noviembre 7, 1917, ni en ninguna otra fecha dentro del año subsiguiente de tales fechas fueron presen-tados cargos de índole alguna contra el peticionario ante la Comisión de la Policía Insular ni por el jefe de distrito de San Juan, ni por el oficial comandante que actuaba como tal ni por ningún otro s-ubalterno u oficial competente para ello; que más de un año después de haber sido arrestado y sus-pendido de empleo y sueldo el peticionario por el infundado-motivo a qne se lia hecho referencia, Felipe Olmo en sn ca-rácter de jefe de distrito de San Jnan, pero qne no era el oficial comandante de ese distrito, ni en agosto 18 de 1917 ni en 7 de noviembre de 1917, presentó ante la Comisión de la Policía Insular, en noviembre .18 de 1918, un pliego de cargos contra el peticionario, alegando como fundamento que el peticionario dió lugar a que el fiscal de distrito de San Juan formulare una acusación contra el peticionario por in-fracción del artículo 93 del Código Penal, pero sin afirmar que el peticionario hubiera, cometido infracción o falta al-guna ni que éste hubiera sido declarado convicto en virtud de la acusación mencionada; que el peticionario, sin embargo, en noviembre 19 de 1918, contestó negativamente los hechos que motivaron dichos cargos y solicitó una investigación para presentar prueba de su inocencia, y sin embargo de esto la Comisión de la Policía Insular sabía perfectamente lo in-justificado de los cargos y que éstos no habían sido formal-mente presentados, y que el peticionario no había sido decla-rado convicto por ninguna corte en virtud de la acusación que motivó el arresto del peticionario, dicha comisión, apa-sionadamente y demostrando parcialidad, sin oir al peticio-nario en su defensa y sin darle una oportunidad para pre-sentar prueba en apoyo de su inocencia, en una forma arbi-traria e ilegal no registrada en los anales de la historia de la Comisión de la Policía Insular de Puerto Rico, a espaldas del peticionario, el 9 de diciembre de 1918 decretó la sepa-ración deshonrosa del peticionario del Cuerpo de la Policía Insular, retrotrayendo los efectos de esa separación al día 7 de noviembre de 1917, en que no existían cargos de nin-guna índole contra el peticionario formulados ante dicha comisión; y que por virtud de tan arbitrario decreto el pe-ticionario ha sido injusta y deshonrosamente destituido de su cargo de policía insular, privado de su derecho para ejer-citar su empleo y de cobrar su sueldo mensual como tal poli-cía desde noviembre 7 de 1917; que el acuerdo de la comisión. de diciembre 9, 1918, por el cual se le destituye deshonrosa-mente del cargo de policía insular, es, según información que el peticionario cree cierta, el producto de combinaciones po-líticas puestas en práctica para perjudicar al peticionario y el de una errónea interpretación dada por la Comisión de la Policía Insular a cierta opinión que obtuvo del Attorney General de Puerto Pico relacionada con el asunto que motiva esta solicitud de mandamus; que la acción tomada por la Co-misión de la Policía Insular con el deliberado propósito de perjudicar injustamente al peticionario, infringe abiertamente el artículo 9 de la ley disponiendo la organización, reglamen-tación y gobierno de la Policía Insular de. Puerto Pico, apro-bado el 12 de marzo de 1908, y el artículo sexto, regla cuarta, artículo 18, regla 1, y artículo 19, reglas 4 y 5 del Regla-mento; que en diciembre 7, 1918, el peticionario requirió a; la Comisión de la Policía Insular para que reconsiderara su acuerdo de separación deshonrosa del peticionario del Cuerpo de la Policía, abriendo nuevamente el caso de los cargos para que el peticionario tuviera oportunidad de comparecer ante la comisión, presentar pruebas y ser oído, restituyéndose mientras tanto, al peticionario, en su empleo de policía hasta que fuera separado legalmente y dicha comisión a pesar de que la ejecución de tales actos estaban dentro de sus atribu-ciones se negó a ello rotundamente.

Acompañando a la solicitud y como parte de la misma se encuentran los siguientes documentos: (a) un memorandum que dice lo que sigue:

“Felipe E. Laver&NE,
“San Juan, P. R.
“PoniCÍA InsuláR No. 174.
“Pok CUANTO, el guardia Felipe E. Lavergne, No. 174, de este distrito, estando de servicio de 1.00 a. m. a 6.00 a. m. del día 18 de agosto de 1917, a la custodia de las papeletas electorales que es-taban depositadas en un departamento del edificio que ocupa' la Cámara de Representantes de Puerto Rico, abandonó su servicio, dando lugar a que el Hon. Fiscal del Distrito de San Juan- formu-íara contra él una acusación por infracción al artículo 93 del Có-digo Penal, decretando su arresto, bajo fianza de $500.
“Todo en San Juan, a los 18 días del mes de noviembre de 1918.
“F. OdMO,
“Jefe Encargado del Distrito.

(b) Una comunicación del ayudante de Ja Policía Insular al jefe de distrito de San Juan de feelia diciembre 9 de 1918 respecto a cargos-por abandono de servicio ñmnulados .contra el peticionario y por disposición del jefe de Ja Poli-cía Insular manifestando que tales cargos habían sido some-tidos a la resolución de la Comisión de la Policía Insular, la que después de examinarlos detenidamente resolvió decre-tar la separación deshonrosa del acusado, efectiva desde la terminación del día 7 de noviembre de 1917, o sea desde la fecha en que el acusado fue suspendido en -su cargo por la falta que se le imputa en los referidos cargos; (c) una carta del presidente de la Comisión de la Policía Insular dirigida al abogado del peticionario de fecha 18 de diciembre de 1918 en la que expresa que Lavergne fue suspenso de su empleo y sueldo el 9 de noviembre de 1917, en virtud de una acu-sación presentada por el fiscal de distrito de San Juan por infracción al artículo 93 del Códig’o Penal; que fueron for-mulados cargos contra este policía, los que fueron suminis-trados a él por escrito y a los cuales contestó; que la- Comi-sión de la Policía Insular había examinado cuidadosamente las circunstancias del caso, solicitada y obtenida la opinión ’del Attorney Genera] en el asunto y ordenado la destitución de Lavergne de la fuerza para bien del servicio; y que siendo ésta la situación del caso en ausencia de información adicio-nal la comisión no qjodía reconsiderar el caso.

El abogado del apelado admite que, de acuerdo con la ley y los reglamentos que rigen para la Policía Insular de Puerto Pico, si no por virtud de la Ley del Servicio Civil, el acu-sado tiene derecho a ser oído y tener la oportunidad de de-fenderse, pero insiste en que la petición muestra por su faz que al peticionario se le suministró copia de los cargos for-ululados contra él a los qrie contestó por escrito y que con esto se cumple con todos los preceptos' de la ley. Pero el peticionario alega que la contestación a los cargos así como su solicitud para que se abriera nuevamente y reconsiderara su caso iba acompañada de su petición con el fin de que se hiciera una investigación y se le diera la oportunidad de presentar pruebas para demostrar su inocencia en cuanto a los cargos formulados contra él, y que dicha oportunidad le fué negada.

Ninguna de las partes tenía conocimiento, según parece, de que la cuestión envuelta en este caso fué resuelta por este' tribunal unos dos años antes de la fecha en qué fué dictada la sentencia apelada. En el caso de Cintrón v. Berríos, 24 D. P. R. 721, resolvió este tribunal (hacemos la cita del su-mario) lo siguiente:

“Una audiencia significa y lo exigen los dictados de la justicia común que al funcionario a quien se trata de separar de su cargo, habrá de hacérsele una notificación razonable de los actos específicos u omisiones de que se le acusa, dándole una oportunidad razonable para defenderse, esto es, para contestar los cargos y presentar sus pruebas, y si lo deseare, permitirle confrontarse y repreguntar a los testigos en contra, aunque él puede, si quiere, renunciar o abandonar cualquiera de estos privilegios.” •

Eu el presente caso no existe cuestión alguna de renuncia o abandono de tal derecho y como ya hemos indicado no se alega que la Comisión de la Policía Insular tiene la. facultad sin previa audiencia, de condenar a un policía y en bien del servicio decretar su separación deshonrosa de dicho cuerpo.

Considerados los hechos arriba descritos, a la luz de la ley y de los reglamentos que rigen tales cuestiones, ellos su-gieren un número de interesantes cuestiones; pero bastará por ahora con decir que la petición muestra por su faz el derecho a un auto alternativo de mandamms, ordenándose la restitución del peticionario como miembro de la Policía Insular o en el caso de no darse cumplimiento al mismo .se muestren las razones que existan para no hacerlo, sin que en dicho auto se resuelva la "cuestión relativa a sueldos o la concesión de ningún otro remedio solicitado, sin perjuicio de ulteriores procedimientos por parte de.la Comisión de la Policía Insular que puedan ser pertinentes.

La sentencia apelada debe ser revocada devolviéndose las actuaciones.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso para, ulteriores procédimientos no in-consistentes con la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la re-solución de este caso.


text:
    Vázquez, Demandante y Apelado, v. Freiría, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre extinción de deuda y entrega de docu-mentos.
    No. 1977.
    Resuelto en agosto 1, 1919.
    Prescripción — Pago—Alegaciones Compatibles. — Como los estatutos de pres-cripción se fundan en gran parte, aunque no enteramente, en la presunción del pago, no existe incompatibilidad alguna inherente én alegarse tanto el pago de ciertos pagarés como la prescripción de la acción para su cobro por precepto estatutorio.
    Obligación de Origen Mercantil — Reconocimiento de Obligaciones Prescri-tas. — Según el artículo 944 del Código de Comercio en caso de reconocimiento de las obligaciones el término de la prescripción empezará a contarse nueva-mente desde el día en que se haga tal reconocimiento, poi; lo que, en el pre-sente caso, la acción para el cobro del pagaré de $150 que el apelado recono-ció adeudar al declarar en el juicio, aunque estaba prescrita, su prescripción empieza a contarse nuevamente desde la fecha de ese reconocimiento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Tomás Bernardini de la Huerta.

    Abogado del apelado: Sr. Manuel A. Martines Dávila.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante, que alega que ciertos pagarés que están en poder del demandado habían sido satisfechos, estableció demanda para que se decretara la extinción de la deuda y condenara al demandado a verificar la entrega de los refe-ridos pagarés cancelados. El demandado formuló su con-testación negando que se hubiera hecho dicho pago y por vía de contra-demanda, a la que se llama reconvención, trató de recobrar él importe de los pagarés. Al contestar el de-mandante a dicha reconvención y después de líacer una ne-gativa general, alegó haber verificado el pago de dichos pa-garés y que en todo caso la deuda estaba prescrita por vir' tud del término de tres años que ha transcurrido de acuerdo con el Código de Comercio.

El demandado apela de una sentencia por la que se deses-tima la reconvención y ordena la cancelación, de ambos pa-garés, el mayor de $425 por haber sido satisfecho, y el me, nor de $150 por haber prescrito la acción para hacerlo efectivo.

Alega que la corte inferior cometió error—

Primero, al no obligar al demandante a elegir entre dos defensas contradictorias, o sea el pago y la prescripción.

Segundo, al declarar con lugar la demanda y sin lugar la reconvención por razón del pago, y

Tercero, al sostener la alegación de prescripción.

Por la razón de que los estatutos de prescripción se fun-dan no enteramente pero en gran parte en la presunción del pago, no existe incompatibilidad alguna inherente en ale-garse tanto el pago como la prescripción de la acción de acuerdo con el estatuto.

En lo que respecta a la cuestión de hecho referente al pago del pagaré de mayor cantidad de un examen cuidadoso de los autos no aparece semejante error manifiesto que jus-tifique la revocación de la sentencia de la, corte inferior.

El demandante en la silla testifical negó claramente la alegación de haberse verificado el pago total del pagaré de menor cantidad, y renunció tácitamente al privilegio estatu-torio alegado por sn abogado, alegando haber satisfecho so-lamente la snma de $50 a cuenta de dicho pagaré, exponiendo en efecto qne jamás se había negado sino qne estnvo dis-puesto y deseoso de pagar y en -varias ocasiones trató de hacer efectivo el saldo de $100, insistiendo, sin embargo, en la entrega de ambos pagarés y qne se le diera recibo en pago de la totalidad de la deuda. El juez sentenciador declaró probado qne los $50 qne se dice fueron satisfechos a cnenta del pagaré de menor cantidad no fueron realmente pagados, sino qne era para obrar otras snmas qne no es necesario mencionar aqní.

La teoría de la corte inferior fné qne tal reconocimiento de deuda despnés de transcurrido el término fijado en el es-tatuto se hizo demasiado tarde y no podía revivir el pagaré ya prescrito. Pero se resolvió además, qne en todo caso, habiendo sido traspasado el pagaré a nn tal G-allart, endo-sado por el librado “como fiador y principal pagador,” el contra-demandante no podía recobrar a falta de prneba de qne él había vuelto a ser el dueño del pagaré y de qne la snma del mismo no había sido pagada a Gallart.

Prescindiendo de la manifestación jnrada del demandante a qne se ha hecho referencia, las declaraciones de otros tes-tigos qne no fneron contradichas y qne no fueron tomadas en consideración más bién qne descreídas por el jnez senten-ciador, muestran qne el pagaré fné endosado al banco por el librado y por el banco a Gallart para sn cobro y al ne-garse el dendor a verificar el pago sin hacerse la entrega del otro pagaré y los recibos como queda dicho, fné devuelto al primitivo librado o sea al contra-demandante.

El artículo 944 del Código de Comercio prescribe de modo expreso qne el reconocimiento de las obligaciones es sufi-ciente para interrumpir la prescripción y éste “empezará a contarse de nuevo” en caso de tal reconocimiento “desde el día en que se haga.”

“Es una regla general que una nueva promesa de pagar una deuda o un reconocimiento sin condiciones de una deuda del que puede inferirse una promesa de pago hará que el caso no quede su-jeto a los preceptos del estatuto cuando no va acompañado de al-guna negativa a hacer el pago o de tales circunstancias que recha-sen la suposición o dejen en duda si la persona intentaba o no pro-longar el término de prescripción legal, aun cuando no exista pro-mesa expresa por parte del deudor. T se ha resuelto que hasta el más leve .reconocimiento es suficiente. Sin embargo, no es el mero reconocimiento de una deuda que existe lo que hace desaparecer el impedimento. Cuando se admite que una deuda está vencida, surge de la ley la promesa de pagarla. Y es esta nueva promesa, ya se haga de modo expreso o se deduzca del reconocimiento como deduc-ción legal, lo que ha de considerarse que revive la antigua promesa, o que da validez al remedio, el cual, por el lapso de tiempo, ha que-dado extinguido, poniendo al acreedor en condiciones de recobrar su deuda por virtud de su primitivo contrato.” 17 R. C. L. p. 889, § 248.
“ * * La regla general es, según parece, que no existe distinción entre el efecto legal de un reconocimiento o pago hecho antes o después de correr el término fijado en el estatuto, pues en uno u otro caso el efecto es destruir el principio del supuesto pago en que se basa el estatuto. Y la deuda original es una causa legal suficiente para la promesa ya se haga ésta antes o después de correr el término de la prescripción. ’ ’ Idem., p. 894, § 252.

Debe revocarse la sentencia en cuanto al pagaré de $150 y al derecho del contra-demandante a cobrarlo, y confirmarse en los demás extremos.

Confirmada la sentencia apelada en cuanto de-claró con lugar la cancelación del pagaré de $425 y revocada en cuanto ordena la cance-lación del pagaré de $155 y condenado el de-mandante a pagar al demandado la suma de. $150.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en. ]p resolución de este caso.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Cuadrado, Acusado Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Segunda, en causa por infracción a la Eesolución 40 de la Comisión de Alimentos.
    No. 1374.
    Resuelto en agosto 1, 1919.
    Venta de Leche — Resoluciones de la Comisión de Alimentos — Comisión de Alimentos — Conocimiento Judicial. — En este caso se trata de una acusa-ción formulada por vender leche a más alto precio que el fijado por la re-solución No. 40 de las reglas- de la Comisión de Alimentos. Se resolvió: que no habiéndose transcrito en la acusación la resolución que se dice in-fringida la cual tampoco fué ofrecida como prueba, y no pudiendo las cor-tes tomar conocimiento judicial de las resoluciones de la Comisión dé Ali- . mentos, la corte inferior carecía ■ de la debida prueba para declarar culpable al acusado. ’ - •
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. E. Brown.

    Abogado del apelado: Sr. 8. Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso han sido promovidas varias cuestiones de ley constitucional y estatutoria como consecuencia de una acusación formulada por vender leche a precio más alto del fijado por la resolución 40 de las reglas de la Comisión de Alimentos. La acusación expresa que se infringió dicha re-solución 40 pero ésta no fué transcrita en la referida acusa-ción ni aparece en ninguna parte de la prueba. El apelante presentó la resolución No. 42 por virtud de la cual alegaba que dicha resolución 40 había sido derogada, pero el gobierno según aparece nunca presentó la resolución 40 como prueba. Ni la córte inferior ni nosotros mismos podemos tomar cono-cimiento judicial de las resoluciones de la Comisión de Ali-mentos, siendo esta última, en este sentido, semejante a una corporación municipal y como la resolución no aparece en los autos en ninguna forma y el proceso se basaba en ella la corte inferior carecía de la debida prueba para declarar culpable al apelante. Por tanto, debe revocarse la sentencia y absolverse al apelante.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutcbison.

El Juez' Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.


text:
    Martínez et al., Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad do Arecibo denegatoria de la inscripción de una escritura de partición de herencia.
    No. 421.
    Resuelto en agosto 1, 1919.
    Partición de Herencia Entre Herederos Adultos y un Supuesto Hijo Natural — Donación—Bienes Hereditarios — Hijos Naturales — Inscripción de Particiones. — Cuando todos los herederos son adultos y otorgan una escritura de partición y liquidación de la herencia entre sí y con un extraño, dicha ' partición es válida, aun cuando se adjudique al extraño, como hijo natural, lo que no le correspondería legalmcnte, pues las particiones de herencia aprobadas por todos los interesados constituyen entre ellos un vínculo ju-rídico inalterable, mientras no sean judicialmente rescindidas; aparte de que de acuerdo con los artículos 4 y 1025 del Código Civil las personas adultas pueden establecer una relación legal cuando no existió ninguna antes y pueden asimismo donar sus bienes; y si la escritura de partición es vá-lida por su faz el registrador debe inscribirla, aunque exista duda alguna respecto a su validez, pues los derechos que tengan las partes deberán ven-tilarse en un procedimiento judicial.
    Praude — Errores de Ley. — A falta de fraude las cortes generalmente no inter-vienen para corregir errores de ley. Arandes v. Báee, 20 D. P. R. 388.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Manuel Ras. Urdas.

    El registrador recurrido, Sr. Raúl Benedicto, compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Somos de opinión que cuando herederos adultos otorgan una escritura de partición y liquidación de sus bienes entre sí y con un extraño, dicha partición es válida. En este casa la peticionaria era una hija natural y la cuestión que se sus-citó era que ella no tenía derecho por representación de su padre natural a la herencia de su abuelo natural, y se cita el caso de Soriano v. Rexach, etc., 23 D. P. R., 573, pero su-poniendo que no tuviera ella tal derecho a la herencia, se presume que los adultos en este caso conocen la ley y que si dividieron los bienes con la recurrente quedan obligados por tal partición. A falta de fraude las cortes generalmente no intervienen para corregir errores de ley. Arandes v. Báez, 20 D. P. R. 388. La escritura hasta puede haber sido consecuencia de una transacción para evitar litigio. De acuerdo con los artículos 4 y 1025 del Código Civil las per-sonas adultas pueden establecer una relación legal cuando no existió ninguno antes y pueden donar sus bienes.

“Aun en el supuesto de que en las respectivas hijuelas aparezca que se adjudican cantidades a personas no designadas como here-deros, no es obstáculo para inscribir la adjudicación de una finca,, si aparece hecha con el consentimiento de todos los interesados y ha recaído aprobación judicial si alguno de éstos es menor.” (Re-solución de la Dirección General de los Registros de España de 18 de junio de 1885.)
“Las particiones de herencia aprobadas por todos los interesa-dos en las mismas, constituye entre ellos un vínculo jurídico inal-terable, mientras no sean judicialmente rescindidas.” (Resolución de la Dirección General de los Registros de España de 30 de junio de 1910.)

Sostiene el registrador que de crearse esta nueva rela-ción o darse esta finca al hijo natural la escritura debe ex-presar claramente tal intención. Pero las palabras deben interpretarse según su sentido natural. En. este caso no solamente hubo una adjudicación al hijo natural sino que la escritura expresaba que las partes “aceptan como válida y eficaz la adjudicación hecha a Juana Herrera en representa-ción de su padre.” No hubo representación, por su parte dé que ella era una heredera cuando no lo era, o que ella se hacía pasar por otra persona y, por tanto, no es aplicable el artículo 1048 del Código Civil. Arandes v. Báez, 20 D. P. R. 388, supra. Ese artículo es aplicable, por ejemplo, a una persona que dícese es hijo de determinada persona y. no es tal hijo.

Sin embargo, si existe alguna duda respecto a la validez de esta escritura de partición la misma es válida por su faz y los derechos que tengan las demás partes deben ventilarse en un procedimiento judicial.

La-nota recurrida debe ser revocada y verificarse la ins-cripción.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey •y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.*


author: En Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Becerra, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de Guayama denegatoria de la inscripción de una escritura de hipoteca.
    No. 424.
    Resuelto en agosto 1, 1919.
    INSCRIPCIÓN- — -Hipoteca—Gananciales—Liquidación de Gananciales — Inscrip-ción de Hipoteca sobre la Mitad Pboindivisa de Gananciales. — Procede la inscripción de una hipoteca constituida por el cónyuge superviviente sobre la mitad proindivisa que le corresponde en ciertas fincas inscritas a su favor como de la sociedad de gananciales, aunque ésta no haya sido liquidada, cuando el gravamen se impone con sujeción a las resultas de tal liquidación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Alfonso Quintana Cajas.

      El registrador recurrido, Sr. Francisco Socorro, no com-pareció.
   En Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El cónyuge superviviente, Diego Becerra, como dueño de una mitad proindivisa de ciertas fincas rústicas adquiridas durante su matrimonio constituyó hipoteca sobre su partici-pación en dichas fincas.

El registrador se negó a verificar la inscripción de este documento por el fundamento de que dicha participación in-divisa no había sido inscrita debidamente a nombre del deu-dor hipotecario después de la liquidación de la sociedad de gananciales.

La finca en cuestión ya había sido inscrita a nombre de Becerra como bienes de la sociedad de gananciales. Los hijos habían sido declarados únic9s y universales herederos de la difunta esposa. El marido siguió siendo el dueño con de-recho inscrito de una mitad pro-indivisa de los bienes in-muebles de la sociedad de .gananciales, sujeta, por supuesto, a las resultas de la liquidación de la sociedad conyugal. El no trató de hipotecar nada más que esto.

La mención que se hace del hecho de que la participación en los bienes inmuebles de tal modo gravados queda sujeta a las resultas de tal liquidación sería bastante para prevenir a terceras personas interesadas en la propiedad, no vemos razón por la cual no deba ser inscrita la hipoteca, haciéndose referencia a la omisión aparenté de no haberse practicado una liquidación formal.

La nota recurrida debe ser revocada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción denegada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la re-solución de este caso.


text:
    Rodríguez, Peticionaria, v. Crosas, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida auto de mandamus al Juez de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por liomicidio.
    No. 174.
    Resuelto en agosto 1, 1919.
    Juicio Rápido — Derecho Constitucional — El derecho que tiene un acusado a un juicio rápido es un derecho constitucional y puede considerarse infrin-gido sin hacer referencia especial al estatuto local que exige que el juicio se celebre dentro de 120 días, cuando no se muestre una buena causa para la demora.
    Id. — Privilegio Legislativo. — El derecho que tiene un acusado a un juicio rápido puede ser superior al privilegio que tiene un legislador de no comparecer en la corte como testigo, y si el fiscal no puede fijar una fecha en. que com-parezca el testigo legislador, debe proseguirse el juicio sin él, especialmente cuando el acusado ofrece aceptar el informe de ese testigo, que fué el mé-dico llamado en el caso.
    Id. — Conveniencia de la Corte — Epidemia.—La conveniencia de los términos de sesiones de la corte no está por encima del derecho del acusado cuando su 'caso ha sido suspendido indefinidamente sin su consentimiento, y la existen-cia de una epidemia en el día señalado para el juicio, no impide que se se-ñale el caso de nuevo para una fecha cercana.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del peticionario: _ Sr. Buenaventura Esieves.

    El juez demandado compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El resultado de las alegaciones y pruebas en esta solici-tud de mandamus es que fué presentada una acusación contra Bonifacio Rodríguez por un delito de homicidio el día 24 de septiembre de 1918; que la lectura de la acusación tuvo lugar el día 7 de octubre de 1918, y entonces el acu-sado alegó su inocencia; que la corte señaló el día 24 para el juicio pero que a consecuencia del terremoto de 11 de octubre de 1918 el edificio de la corte fué destruido y no se encontró ningún otro local en el.día señalado; que la corte de distrito fue instalada en el local que ocupa ahora en el mes de noviembre de 1918; que por razones de desorgani-z ación de los archivos de la corte no continuaban las sesiones hasta el día 11 de diciembre de 1918; que el caso fné se-ñalado nuevamente para el día 19 de enero de 1919, cuando fue suspendido por justa causa o sea debido.a la existencia de la influenza, pero sin el consentimiento del acusado según aparece de la certificación del secretario; que el caso fue señalado para el día 20 de marzo de 1919, en cuya fecha el fiscal de clistiito sin haber notificado al acusado solicitó una nueva suspensión fundada en que uno de los testigos del go-bierno, un médico, era miembro de la Legislatura que enton-ces estaba celebrando sesiones; que el caso fue señalado nue-vamente para el día 18 de junio de 1919 y entonces el fiscal de distrito presentó la misma moción que había hecho en. marzo de 1919 y por igual razón; el acusado entonces se opuso a la moción porque el caso había estado pendiente por espacio de casi un año y dicho acusado estaba dispuesto a aceptar y admitir el informe del testigo perito en el caso; que el fiscal de distrito estuvo conforme en entrar a juicio siempre que el acusado. aceptara y admitiera también que había disparado contra la interfecta; que al negarse el acu-sado, la corte, a instancia del fiscal de distrito, decretó nue-vamente la suspensión del juicio.

El derecho que tiene un acusado a un juicio rápido es un precepto constitucional y creemos que ha sido infringido en este caso sin que tengamos que hacer referencia especial al-guna al artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal que prescribe la celebración del juicio dentro de 120 días cuando no se muestra justa causa para la demora. Sin dis-cutir ningún otro aspecto de la ley que exime a los miembros de la Legislatura de comparecer como testigos, es dudoso si el derecho que tiene un acusado no sería superior al privi-legio legislativo y que si el fiscal del distrito no puede con-venir en una fecha para que- comparezca el miembro de-la Legislatura entonces el gobierno deberá proceder, no obs-tante, a la celebración del juicio. Sin embargo, cuando en el mes de jimio fné alegada esta misma razón por segunda vez y el acusado estaba conforme en aceptar el informe del perito médico, desapareció todo motivo para una suspensión. Todas las veces que el caso tuvo que ser demorado se bizo sin el consentimiento del acusado. El caso había estado pen-diente desde el mes de septiembre. La mera razón de que el día señalado para el juicio existía una epidemia no im-pedía que se hubiera hecho un nuevo señalamiento de la causa poco tiempo después. La conveniencia de la corte en lo que respecta a sus términos no es superior al derecho que tiene el acusado cuando el caso ha sido suspendido indefi-nidamente sin su consentimiento. La corte podía señalar un día particular de ser necesario. Generalmente los acusados no insisten en los juicios rápidos pero tienen el derecho de hacerlo. Pero aun aceptando el texto literal del artículo 448 creemos que han transcurrido más dé 120 días sin demos-trarse justa causa para la demora. Después de enero y hasta el mes de junio no existía verdadera razón para no someter a juicio del acusado, aun cuando una parte del tiempo anterior no podía haberse incluido como parte de los 120 días. Transcurrieron nueve meses. Sin hacer gran insistencia en ninguna fase especial del caso, el acusado no ha tenido el juicio rápido que la ley exige. El solicitó el sobreseimiento de la causa en la corte inferior el cual debió haberse de-cretado.

Debe expedirse un auto perentorio de mandamus orde-nando el sobreseimiento de la acusación.

Expedido el auto de mandamus, ordenándose el sobreseimiento de la acusación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrev y Hutchison..

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.


text:
    Colón, Demandante y Apelado, v. Schluter & Co., S. en C., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan,. Sección Primera, sobre cumplimiento de contrato.
    No. 1982.
    Resuelto en agosto 1, 1919.
    Agente — Mandatario—Principal—Compraventa de Mercancías — Prueba Ne-cesaria. — Cuando se trata de obligar a-1 cumplimiento de un contrato de venta de mercancías hecho por un supuesto agente del vendedor, el demandante está en la obligación de establecer no solamente que se ha consumado una venta, sino además la autoridad que tenía el agente para hacerla a nombre del principal o sea, la relación entre el principal y el agente.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Francis & de Jesús.

    Abogado del apelado: Sr. Juan B. Huyhe.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del - tribunal.

Emilio Colón estableció demanda para el cumplimiento de un supuesto contrato de compraventa de sesenta tone-ladas de fertilizante al precio de $54 la tonelada y la corte dictó sentencia ordenando la entrega del abono.

El juez sentenciador, en substancia, declaró probado que L. P. LeHardy era un agente de la compañía demandada para la venta de determinadas mercancías y entre ellas abono; que él ofrecía sus mercancías a precios determinados y acep-taba, órdenes por las mismas en nombre de la demandada; que ofreció abono a Emilio Colón al precio de $54 la tone-lada, para ser entregado en marzo y abril del año 1918, en el puerto de Yabucoa, libre de costo, bordo y seguro; que Emilio Colón aceptó la oferta, la que fué firmada en su nom-bre; que Schlüter y Cía. no entregaron el abono; que Le-Hardy vendió por cuenta de Schlüter y Cía, y que las ór-denes que aceptó eran negocios de dicha sociedad; que él fijó los precios, calidad de las mercancías, y las condiciones de la entrega y descuento.

Con excepción de un insignificante detalle en refutación solamente dos testigos declararon por parte del demandante,-a saber, LeHardy, supuesto agente de la demandada, y Francisco Colón, el hijo, a quien se llamaba representante del demandante.

Expresa LeHardy que en enero de 1917 trabajaba con Schluter y Compañía y que su trabajo con dicha firma con-sistía en viajar en comisiones; que vendía aparatos protec-tores de cheques y abonos; que no puede precisar con exac-titud si en enero de 1917 hizo alguna operación con Emilio Colón de Yabucoa, pero sí recuerda que se le hizo una venta; que recuerda el documento que le mostró el abogado del de mandante y que fué identificado por testigos como que había sido escrito por él y firmado por Emilio Colón.

El documento en cuestión dice lo siguiente:

“Order No. 5. — Jan. 31, 1917. M. Schluter & Go., 8. en G. Ship to Emilio Colón. — Ai Yabucoa. — When March April. — Row ship either line. Terms 2% cash or 1 yr. 6%. Salesman. L. P. LeHardy. Buyer- 60 tons — 6 c54 GIF Yabucoa. (signed) Emilio Colón.”

En contestación a una pregunta hecha por el demandante respecto a la naturaleza de la operación a que se refiere el documento que acaba de citarse y a pesar de la objeción del demandado, este testigo explica que es una copia de una venta hecha por sesenta toneladas de abono, que tiene el número 5, fecha 31 de enero; que de acuerdo con el contrato el abono vendido por el testigo debía entregarse en marzo o abril; que la carta que le mostró el abogado del' demandado de fecha 31 de mayo de 1917, fué escrita y firmada por el tes-tigo; que la otra carta de febrero 2, 1917, transcrita en la de mayo 31, la escribió el testigo a Paco Colón, hijo de Emilio, y se refiere a la operación objeto de este pleito; que el testigo escribió a Paco Colón en vez de a Emilio porque con Paco fué que hizo el negocio; que el negocio fué hecho con la casa de Colón, y Paco era un socio de la casa según tenía entendido el testigo.

En la carta de mayo 31 de 1917, en contestación a otra carta solicitando informes a Sehluter y Cía. respecto a la negociación con Francisco Colón, manifestó el testigo que en enero 31 de 1917 tomó una orden sujeta a aceptación de Sehluter y Cha. por sesenta toneladas de abono a $54 la to-nelada, siendo el referido abono para Francisco Colón, pero que al regreso del testigo a San Juan se enteró que el pre-cio del abono era $60 por tonelada y que al efecto en 2 de febrero de 19.1.7, escribió la carta que se transcribe en la de mayo 31 dirigida a Francisco Colón en la cual el testigo manifestaba, que habiendo regresado a San Juan y enterán-dose de que el precio de abonos era a razón de $60 por to-nelada estaba dispuesto a sacrificar su comisión y entregar el. abono en Yabucoa a razón de $57 por tonelada e instó a Colón a que aceptara su oferta, diciéndole que de todos mo-dos él se ganaría $180 en la operación.

También manifestó el testigo en su carta de mayo 31 a Sehluter y Compañía, que nunca hizo oferta terminante de abono a Colón por no poder hacerlo bajo ningún concepto puesto que no estaba enterado del último precio.

El testigo Francisco Colón manifiesta qu.e LeHardy lo visitó en su oficina como representante de Sehluter y Cía. para venderle abonos; que en su calidad de administrador-de las fincas agrícolas de Emilio Escalera, el testigo concertó una operación con LeHardy por sesenta toneladas de abono; que la firma que aparece en la orden Núm. 5 es la firma que usa el testigo como representante de Emilio Colón; que no había recibido el abono, el cual debía entregarse algunos me-ses después de hecha la operación por marzo o abril.

El demandante estaba en la obligación de establecer la relación entre el principal y el agente. En ninguna otra parte hace referencia LeHardy a la clase de relaciones que tenía o a los términos y condiciones de su convenio con Sehluter y Cía., aunque si era cierto que él-era su agente debidamente autorizado para llevar a cabo así como para hacer negocia-ciones de venta, hubiera sido cosa muy sencilla para el de-mandante establecer ese hecho. La mayor parte de su de-claración es claramente una interpretación errónea de la or-den firmada por Francisco Colón que asumía la representa-ción de sn padre. Fuera del lieclio de haberse asumido tal representación existe poca o ninguna .prueba de que ni si-quiera el liijo tuviera tal facultad. Ninguno de estos testi-gos suministra detalle alguno de la operación a lá cual el juez sentenciador da el carácter de una oferta y aceptación v la declaración de ambos así como todo el pleito se funda, al parecer, en la teoría de que la orden misma era un con-trato bilateral consumado simplemente porque en la misma no se hacía constar expresamente que quedaba sujeta a rati-ficación. Pero aun cuando esto fuese cierto el demandante estaba en el deber de establecer no solamente que se había consumado una venta sino además la autoridad que tenía el vendedor para efectuar tal contrato.

Cualquier duda que pudiera existir respecto a si la prueba aducida por el demandante pudiera considerarse en el sen-tido de que con ella se establecía un caso prima facie queda desvanecida por las manifestaciones amplias, directas y que no fueron contradichas de los testigos presentados por la defensa. Esta prueba está corroborada por la forma, tenor general y efecto de la orden misma, la cual muestra por su faz que Schluter y Cía. no presentaba a LeHardy como agente revestido de autoridad para obligarles de algún modo o ha-cer ninguna otra cosa que no fuera el recibir y despachar tal orden. Está también corroborada por la carta de LeHardy de fecha mayo 31 de 1917. Esta carta fué escrita cuando los hechos estaban todavía frescos en la mente del testigo de cuya veracidad responde el demandante con el hecho de llamarle'como testigo.

Su declaración fué prestada más de un año después, es sumamente vaga y poco precisa, y en tanto trata de servir de base a los hechos declarados probados por la corte inferior está contradicha directamente por sus propias mani-festaciones anteriores hechas por escrito.

Colón no declara tener conocimiento personal de las re-laciones que existían entre LéHarcly y sus supuestos prin-cipales y la declaración de este testigo en tanto trata de establecer la relación de agencia (esta parte de dicha decla-ración no se incluye en la reseña anterior) es puramente una declaración de referencia que fué admitida a pesar de la objeción de los demandados, por la teoría de que tal rela-ción de agencia había sido establecida por la anterior decla-ración de LeHardy.

La sentencia apelada debe ser revocada y desestimada la demanda.

Revocada la sentencia apelada, y desestimada la demanda,.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Santos, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas denegatoria de la inscripción de una escritura de compraventa.
    No. 440.
    Resuelto en noviembre 11, 1919.
    Venta de Rtomoio Enclavado en Suelo Ajeno — Inscripción Previa del Edifi-cio a Pavor del Trasmitente. — Cuando el suelo -pertenece a una persona y el edificio a otra, para la inscripción de la transmis'Ym de éste os de aplica-ción pl artículo 20 de la Ley Hipotecaria que requiere la inscripción previa del dereclio a nombre del trasmitente para poder ser inscrito a nombre del comprador, pues sólo es innecesaria la inscripción previa especial del edificio cuando ésto pertenece al dueño del suelo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El registrador recurrido, Sr. Gómez Lasserre, compare-ció en nombre propio.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura No. 212 otorgada en la ciudad de Caguas a 1o. de diciembre de 1910 ante el notario Bafael Arce Bo-lle!, Juan Jiménez Saurí, como dueño de un solar que se describe en dicha escritura, segregado de una parcela de terreno situada en el barrio de Turabo de aquella ciudad, y los es-posos Nicolás López Delgado y Juana Jiménez Bosa, tam-bién como dueños de una casa de madera techada de zinc y fabricada en dicho solar a sus expensas con autorización de Jiménez Saurí, vendieron solar y casa a Bamona Santos Torrens por precio de $300, a saber, el solar por $40, y la casa por $260.

Presentada la escritura al Begistrador de la Propiedad de Caguas para su inscripción fué inscrito el documento en cuanto al solar y denegada la inscripción de la venta de la casa por el fundamento de que no estaba inscrita a favor de los esposos vendedores Nicolás López Delgado y Juana Jiménez Bosa, requisito necesario en el caso de que se trata con sujeción al artículo 20 de la Ley Hipotecaria, y resolu-ción de esta Corte Suprema en el caso de Martí et al. v. El Registrador de Arecibo, 22 D. P. R. 150.

La expresada nota, que lleva fecha de 15 de septiembre, 1919, está sometida a nuestra consideración a virtud de re-curso gubernativo contra ella interpuesto por Bamona Santos Torrens, y estimamos que se sostiene por los fundamen-tos en que descansa, pues si bien él artículo 20 de la Ley Hipotecaria no es de aplicación cuando el edificio levantado pertenece al dueño del suelo, siendo innecesaria entonces la inscripción especial del edificio, es de aplicación cuando el suelo pertenece a una persona y el edificio a otra como su-cede en el presente caso.

La cuestión envuelta en el recurso fué considerada am-pliamente en el caso de Martí et al. v. El Registrador de Arecibo, supra.

Es de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y HutcMson no intervi-nieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Fernández, Como Liquidador de Fernández y Cía., S. en C., Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra notas del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegando la ins-cripción de una escritura de compraventa e hipoteca.
    No. 437.
    Resuelto en noviembre 11 de 1919.
    Mandato — -Poder del Mandatario para Ratificar Actos Anteriores — Efecto Retroactivo del Poder — El mandato surte sus efectos a partir de la fecha del otorgamiento. Para que el mandatario pueda ratificar actos anteriores, es preciso que en el poder conste tal facultad o que se dé al mandato efecto retroactivo. Los mandatos son de interpretación estricta.
    Legalización — Documentos Otorgados en Países Extranjeros. — Los documen-tos otorgados en países extranjeros deben estar debidamente legalizados para que puedan inscribirse en los registros de la propiedad de Puerto Rico.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El recurrente compareció en nombre propio.
    El registrador recurrido, Sr. Rafael Tirado Yerrier, compareció por escrito en nombre propió.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En el Registro de la Propiedad de San Juan, P. R., Sec-ción Primera, se presentó para sn inscripción la escritura No. 48 de compraventa e hipoteca, otorgada por la mercan-til Fernández y Cía., S. en C., en liquidación, a favor de Gervasio Gandía Oórdova, el 19 de agosto de 1919, ante no-tario público. A dicha escritura se acompañaron otros do-cumentos. El registrador se negó a inscribir la compraventa por los siguientes motivos:

“Que según los poderes que en testimonio se acompañan con-feridos por las sucesiones de don Eusebio Fernández Méndez, doña Amalia González Pérez y don José Fernández González, el apode-rado si bien eslá facultado para ‘liquidar, modificar y prorrogar los contratos sociales en que se hallaban interesados los cansantes, y otorgar otros nuevos con los bienes y capitales de las repetidas he-rencias, con amplias facultades para estipular condiciones’ en cuanto a la sucesión de los dos primeros, y para ‘liquidar, disolver y modi-ficar todos los negocios y sociedades en que estuviere interesado el causante don José Fernández, los prorroguen y constituyan otros nuevos, ya sean mercantiles o civiles, todo en la forma y condicio-nes que tengan a bien estipular,’ no lo está, sin embargo, para rati-ficar actos anteriores al otorgamiento de tales poderes, ya hubieran sido ejecutados por los causantes en persona, o ya por otros en su representación, en cuyo caso se encuentra la escritura de disolución social y nombramiento de liquidador por estimarse que el actual apoderado sólo puede practicar operaciones nuevas, o sea a partir de la fecha de los respectivos poderes, correspondiendo los. actos anteriores a dicho apoderamiento al dominio exclusivo de los cau-santes, y en six representación a sus sucesiones, a no ser que expre-samente se hubiera dado a los poderes efecto retroactivo, como se confirma con la sentencia del Hon. Tribunal Supremo del tomo 23, página 621; que si bien al final de las copias de los testamentos que se tienen a la vista se llalla unida una diligencia de legalización por el cónsul de los Estados Unidos en Gijón, España, al relacionarse en la misma el documento de que se trata en cada caso, se expresa como xínico dato que se refiere a un poder, circunstancia que impide considerar como legalizados esos documentos, que deben serlo debi-damente, con arreglo a la resolución del tomo 12, página. 156.”

El registrador negó también la inscrioción de la hipoteca, y no conforme con ambas negativas Felipe Fernández, como liquidador de Fernández y Cía., S. en C., interpuso contra ellas el presente recurso gubernativo. Tanto el recurrente como el registrador han presentado alegatos en los cuales discuten las cuestiones envueltas. Consideramos innecesario analizar más ampliamente esas cuestiones. La nota que de-jamos transcrita es clara y sus fundamentos se basan en la ley y en la jurisprudencia. De un estudio cuidadoso de to-dos los documentos presentados, surge la convicción de que se trata aquí de un contrato válido que debería inscribirse sin dificultad en el registro. Sin embargo, los poderes'son de interpretación estricta y el registrador estuvo justificado en su actitud. Si bien la regia aplicada a este caso concreto traerá tal vez como consecuencia dilaciones y entorpecimien-tos en la transacción realizada, no debe por ello violarse por que en realidad constituye, en general, una garantía para to-dos los ciudadanos. En cuanto a lo ocurrido con la legaliza-ción, convenimos con el recurrente en que fia debido ser un error involuntario, pero lo cierto es que donde debe decirse “testamento”'se dice “poder” y, por lo tanto, que el error existe.

Se confirman las notas recurridas.

Confirmadas las notas recurridas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison no intervi-nieron en la resolución de este caso.