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    Hon. Aníbal Acevedo Vilá y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, recurridos, v. Comisión Estatal de Elecciones, peticionaria; Hon. Aníbal Acevedo Vilá y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, recurridos, v. Comisión Estatal de Elecciones, Junta Examinadora de Anuncios, Juan Dalmau Ramírez, Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, y Geraldo A. Cruz Maldonado, Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático, partes, y Thomas Rivera Schatz, Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, peticionario.

      Números: CC-2006-813
    CC-2006-815
    CC-2006-819

      Resueltos: 27 de diciembre de 2007

      Salvador J. Antonnetti Stutts, procurador general, Marian D. Negrón Vargas, subprocuradora general, Sarah Y. Rosado Morales, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, abogados de la parte recurrida; José A. Carlos Rodríguez, abogado del Comisio-nado Electoral del Partido Nuevo Progresista, parte peti-cionaria, y Ramón L. Walker Merino, abogado de la Comi-sión Estatal de Elecciones, parte peticionaria; Gilberto Concepción Suárez, abogado del Comisionado Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño; Pedro E. Ortiz Alvarez, abogado del Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

Este caso nos brinda la oportunidad de pautar por pri-mera vez diversos aspectos de la normativa que regula la difusión de los anuncios gubernamentales en periodos de veda electoral. En particular, nos corresponde determinar el alcance de la frase “gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública”, contenida en el Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico (Ley Electoral), así como lo que configura la “situación extraordina-ria” que justifica difundir un anuncio o mensaje, sin aco-gerse previamente al procedimiento de autorización establecido a esos efectos.

I

El 23 de septiembre de 2004, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley del Referéndum sobre el Sis-tema Cameral de la Asamblea Legislativa, que proveía para consultar al electorado puertorriqueño su preferencia en cuanto a cambiar la composición de nuestro sistema le-gislativo de bicameral a unicameral.

En vista de ello, en febrero de 2005 la Comisión Estatal de Elecciones (C.E.E.) determinó que a la consulta le apli-caría lo dispuesto en el Art. 8.001 de la Ley Electoral. A esos fines, la C.E.E. constituyó la Junta Examinadora de Anuncios, la cual estaría compuesta por un oficial exami-nador, en representación de cada partido político, y por un representante del Presidente de la C.E.E. La vigencia de la veda electoral se notificó a las tres Ramas del Gobierno y a los municipios. Ésta se mantendría vigente desde el 1 de marzo de 2005 hasta el 11 de julio del mismo año.

En aras de implantar las disposiciones de la Ley Electoral, regular el procedimiento para solicitar autorización del uso de medios de difusión y facultar a la C.E.E. para investigar si algún anuncio difundido había obtenido auto-rización previa, la C.E.E. aprobó —antes de que la veda electoral entrara en vigor— el Reglamento para el Control de Gastos de Difusión Pública del Gobierno para el Refe-réndum de 10 de julio de 2005 (Reglamento).

El 31 de mayo de 2005, la Oficina del Gobernador emitió un comunicado de prensa mediante el cual anunció que, al día siguiente, el funcionario ofrecería un mensaje especial al pueblo de Puerto Rico que sería transmitido en vivo desde la Fortaleza. Se indicó que éste haría “unas expre-siones históricas ante la situación del país” y se dispuso que el mensaje podría ser transmitido por todos los medios de comunicación. En el comunicado se señaló que la trans-misión no tendría “ningún costo para el Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico”. Previo a la difusión del mensaje, el señor Gobernador no solicitó la autorización de la Junta Examinadora de Anuncios de la C.E.E.

El 1 de junio de 2005, el señor Gobernador transmitió el mensaje a través de una señal originada en el Departa-mento de Noticias del Canal 6. A esta señal se conectaron los Canales 2, 4 y 11 para retransmitirlo.

El texto del mensaje se reproduce, en lo pertinente, a continuación:

Hoy vengo a hablarte de la situación que atraviesa nuestro país y de cómo vamos a superarla. Est[á] bueno ya de que algunos políticos sigan retrasando tu progreso.
Basta ya de espectáculos.
En el Mensaje de Estado hice un llamado a que trabajemos juntos para enfrentar los problemas actuales y echar adelante a Puerto Rico. Presenté un plan que denominé el Triángulo del Éxito para combatir el crimen, poner la educación en el sitial que se merece y promover una nueva economía más fuerte, con más empleos.
Ya se empiezan a ver resultados; cortamos el gasto público, logramos una reducción en la criminalidad, incluyendo los asesinatos; cambiamos las prioridades de nuestro sistema educativo, creamos el programa Apoyo al de Aquí para generar empleos y sometimos decenas de medidas legislativas y el pre-supuesto que están pendientes de aprobación.
Le he solicitado a la Legislatura que atienda responsable-mente el presupuesto y los he convocado a que nos sentemos a trabajar juntos por el bien de Puerto Rico.
Sin embargo, tú has visto que hay unos políticos que se han quedado en el pasado y se han dedicado a sus luchas de poder y no a trabajar por ti.
Tú sabes qui[é]nes son.
Aunque estamos viendo señales por parte de algunos legisla-dores que se han parado firmes, ya no se puede seguir apla-zando la acción y el trabajo que necesita Puerto Rico.
Está bueno ya.
Yo tengo un plan y en las próximas semanas lo estarás viendo en acción.
Como tu Gobernador, en el ejercicio de mis prerrogativas y poderes, estaré haciendo públicas una serie de órdenes y ac-ciones ejecutivas, para lo que no es necesaria la intervención de la Legislatura.
Estas acciones, entre otras, están dirigidas a darle los recur-sos que la Policía necesita; asignarle al Centro Médico los fon-dos que requiere urgentemente, al Departamento de Educa-ción para que mejore las condiciones de las escuelas, para atacar de frente la evasión contributiva y darle apoyo a las empresas de aquí. Todo esto antes del 30 de junio.
Para esa fecha Puerto Rico necesita que la Asamblea Legisla-tiva haya aprobado un presupuesto con los recursos para aten-der en el próximo año fiscal tus necesidades.
En un intento más por romper el tranque legislativo, mañana estaré anunciando la creación de un Comité Mediador Ejecu-tivo de Ciudadanos que tendrá la misión de mediar con la Asamblea Legislativa sobre el presupuesto. Invito a la Asam-blea Legislativa a crear un Comité similar.
La Asamblea Legislativa tiene que responder, pero si no lo hace, voy a utilizar todas las prerrogativas y poderes constitu-cionales que tengo como Gobernador para que el gobierno cumpla su misión y los fondos lleguen al pueblo, como tienen que llegar.
A los que quieran trabajar por Puerto Rico va mi respeto y mi voluntad de cooperación, aun cuando existen diferencias ideo-lógicas de criterio.
Pero a los que han escogido el camino del estancamiento y del sabotaje contra el pueblo, sean del partido que sean, les digo: podrán hacer el camino más difícil, pero me enfrentaré a us-tedes y los vamos a dejar atrás.
Compatriota, ten la seguridad de que vamos a seguir adelante y vamos a superar la situación actual. Ya antes he librado batallas difíciles y he prevalecido con la fuerza de la verdad, de mis valores, de mi compromiso contigo. Solicitud de autori-zación para el uso de medios de difusión, apéndice, caso Núm.
CC-06-915, págs. 85-86.

En respuesta a la transmisión de este mensaje, el 3 de junio de 2005, al amparo de la Sec. 7.1 del Reglamento, pág. 13, el Oficial Examinador del Partido Independentista Puertorriqueño (P.I.P.), así como el del Partido Nuevo Pro-gresista (P.N.P.), sometieron sendas solicitudes de investi-gación ante la Junta Examinadora de Anuncios de la C.E.E. En éstas alegaron que el señor Gobernador y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública difun-dieron el mensaje en cuestión, en violación a lo dispuesto en el Art. 8.001 de la Ley Electoral, supra, porque lo hicie-ron sin obtener la autorización previa para ello. A su vez, los oficiales examinadores cuestionaron la legalidad del contenido del mensaje, por entender que, en lugar de ser de emergencia, fue de corte político-partidista.

Ese mismo día, amparándose en la Sec. 4.2(B) del Re-glamento, pág. 10, la Oficina Central de Comunicaciones de la Fortaleza presentó ante la Junta una “Solicitud de Autorización para el Uso de Medios de Difusión” para in-dicar que el anuncio era de “interés público de urgencia”. Señaló que “ante el escenario de incertidumbre económica y social que vive el país y ante la incertidumbre que atra-viesa la Asamblea Legislativa”, el señor Gobernador “esti-mó necesario informar a todos los puertorriqueños, con ca-rácter de urgencia, sobre las prerrogativas consti-tucionales” que tiene para enfrentar inmediatamente la situación.

Aunque el señor Gobernador solicitó la desestimación de las querellas presentadas en su contra, la Junta celebró una vista donde las partes pudieron defender sus posturas. Posteriormente, el entonces Presidente de la Junta, Hon. Ramón E. Gómez Colón, rindió un informe en el que reco-mendó concluir que, tanto el señor Gobernador como la Corporación, violaron las disposiciones de la Ley Electoral, ya que tenían la obligación de solicitar la autorización de la C.E.E., antes de transmitir el mensaje por ese medio.

Insatisfecho, el Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (P.P.D.) llevó el asunto a discusión ante el seno de la C.E.E.

Luego de varios trámites, en noviembre de 2005, el en-tonces Presidente de la C.E.E., Hon. Aurelio Gracia Morales, acogió el informe de la Junta y dictó una resolución. Al así hacerlo, resolvió que al emitir el mensaje, sin autoriza-ción previa, el señor Gobernador violó lo dispuesto en el Art. 8.001 de la Ley Electoral.

Inconforme con la determinación de la C.E.E., el señor Gobernador presentó oportunamente un “Escrito de Revi-sión Electoral” ante el Tribunal de Primera Instancia. En éste alegó que el propósito del Art. 8.001 de la Ley Electoral, supra, se circunscribe a límites específicos, por lo que la C.E.E. erró al concluir que lo infringió. Fundamentó su posición alegando que, en ausencia de una erogación directa de los fondos públicos por parte del E.L.A. para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión, no estaba obligado a solicitar la autorización de la C.E.E. Por otro lado, sostuvo que la decisión editorial del Canal 6 de transmitir su mensaje y el uso de los recursos para ello no podía configurar una violación de su parte al Art. 8.001 de la Ley Electoral, supra, ya que se trataba de una corpora-ción pública con personalidad jurídica independiente. Fi-nalmente argüyó que, aún asumiendo que el Estado hu-biera incurrido en gastos, fue innecesario el trámite previo ante la C.E.E. Ello, no sólo porque el tranque suscitado en la Asamblea Legislativa para la aprobación del presu-puesto para el año fiscal 2005-2006 configuró una situa-ción de excepción, sino también porque sus expresiones no tuvieron connotaciones político-partidistas.

En respuesta a la revisión solicitada, la C.E.E. sometió su oposición oportuna. De igual forma, los Comisionados Electorales del P.N.P y del P.I.P. presentaron por separado unas solicitudes de intervención que fueron aceptadas por el tribunal. Posterior a ello, el señor Gobernador solicitó que el juicio de novo se convirtiese en una vista argumen-tativa, ya que las controversias planteadas eran estricta-mente de Derecho.

Celebrada la vista, el Tribunal de Primera Instancia re-solvió que, aunque no se pagó directamente por la trans-misión del mensaje, no había controversia en cuanto a que hubo un desembolso de fondos públicos para el pago de los salarios de los empleados del Canal 6 y de La Fortaleza, por el uso de un edificio público y por otros gastos operacionales. En vista de ello, estableció que el Art. 8.001 de la Ley Electoral, supra, debía interpretarse ampliamente y que el señor Gobernador lo había violado al no solicitar la autorización de la C.E.E. previo a la difusión de su mensaje.

Inconforme con el dictamen de instancia, el Gobernador recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. Este foro emitió una extensa sentencia mediante la cual revocó el dictamen recurrido. Al interpretar que el citado Art. 8.001 es de na-turaleza prohibitiva y punitiva, el Tribunal de Apelaciones determinó que su alcance debía interpretarse restrictiva-mente a base de la definición precisa de los términos utilizados. Señaló que la infracción del Art. 8.001 de la Ley Electoral, supra, no se refiere a cualquier gasto de fondos públicos, sino a uno que implique una contraprestación para la “adquisición onerosa de tiempo y espacio en los medios de difusión pública” y que tenga como “propósito diáfano” exponer logros y planes. Fundamentándose en es-tas interpretaciones, resolvió que el señor Gobernador no desembolsó fondos públicos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión ni tampoco difundió propaganda político-partidista, por lo que no estaba sujeto a la obligación de obtener la aprobación previa de la C.E.E. para la transmisión de su mensaje. Asimismo, resolvió que se trató de un mensaje de urgencia y, en vista de ello, en-dosó la solicitud de autorización que el señor Gobernador presentó dentro de las cuarenta y ocho horas de haber emi-tido su anuncio, al amparo de la Sec. 4.2(B) del Regla-mento, supra.

Inconformes con este dictamen, la C.E.E. y los Comisio-nados Electorales del P.N.P. y del P.I.P. recurrieron ante nos. En esencia, sostienen que erró el Tribunal de Apela-ciones al no otorgarle deferencia a las determinaciones del foro de instancia, al entender que el Art. 8.001 de la Ley Electoral, supra, debía interpretarse restrictivamente y al, de esta forma, concluir que el señor Gobernador no incum-plió el estatuto cuando transmitió su mensaje el 1 de junio de 2005.

Examinadas las solicitudes presentadas, ordenamos la consolidación de los recursos y le concedimos a todas las partes un término para expresar sus posiciones. Con el be-neficio de sus comparecencias, resolvemos.

II

Antes de abordar la controversia sustantiva, debemos atender el señalamiento de la C.E.E. y del Comisionado Especial del P.I.P., en cuanto a que el foro intermedio se excedió en el alcance de su facultad revisora al concluir que el tribunal de instancia no llevó a cabo un juicio de novo y, por ello, colocarse en su misma posición al evaluar la prueba.

El proceso de revisión judicial de los asuntos ante la C.E.E., en cuanto a las impugnaciones de anuncios según la veda electoral, se establece en el Art. 1.016 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. sec. 3016(a). Surge de esta disposi-ción que se trata de una revisión en la cual los tribunales de instancia tendrán que efectuar un juicio de novo de la determinación de la C.E.E. A esos efectos, deberán celebrar una vista en su fondo, recibir evidencia y formular las de-terminaciones de hecho y conclusiones de Derecho que co-rrespondan al revisar la decisión correspondiente. Íd.; Mi randa v. C.E.E., 141 D.P.R. 775 (1996). En estos casos, el tribunal revisor tiene la facultad de considerar todos los extremos de los asuntos planteados, tanto las determina-ciones de hecho como las conclusiones de Derecho.

En este caso, las partes reconocieron ante el Tribunal de Primera Instancia que no existía una controversia sobre los hechos y, por consiguiente, no presentaron evidencia en la vista celebrada. Las partes estipularon los hechos y ar-gumentaron sus interpretaciones sobre el derecho aplicable. Fundamentado en ello, el tribunal de instancia, luego de efectuar una interpretación independiente sobre la normativa aplicable, confirmó la determinación de la C.E.E.

Estando en la misma posición que el tribunal de instan-cia para interpretar el Derecho aplicable a los hechos in-controvertidos, entendemos que el Tribunal de Apelaciones no se excedió en su facultad revisora al examinar las cues-tiones señaladas y al formular sus propias conclusiones de Derecho. Ya hemos establecido que no cabe hablar de defe-rencia judicial cuando la controversia estriba en efectuar una interpretación estatutaria, ya que los tribunales están en igual posición para entenderla.

En vista de que el foro intermedio revocó los dictámenes del tribunal de instancia y de la C.E.E., ahora “radica en este Tribunal la función de ser intérprete final de las leyes y la Constitución, así como la definición de sus contornos y la determinación de la validez de su ejercicio”. (Citas omitidas.) P.P.D. v. Gobernador II, 136 D.P.R. 916, 923 (1994).

Analizado este asunto preliminar, pasemos ahora a resolver la controversia sustantiva planteada ante nosotros.

III

A. Como cuestión de umbral, y por tratarse de una controversia novel, procede determinar si el Art. 8.001 de la Ley Electoral, supra, el cual prohíbe la difusión de anun-cios gubernamentales en periodos de veda electoral, debe interpretarse ampliamente para hacer cumplir su propó-sito legislativo o si, en cambio, debe interpretarse de forma restrictiva por contener disposiciones de naturaleza punitiva.

La See. 2 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 262, dispone que las “leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral”. De ahí surge el deber ineludible del Estado y de sus agencias de salvaguardar el principio de la libre selección del pueblo. Este pretende evitar que el Estado —mediante anuncios gubernamentales— pueda tener una influencia en la libre expresión de los ciudadanos en la votación, con el poder económico que éste tiene mediante la utilización de los fondos públicos. P.P.D. v. Gobernador II, supra. Esta protección del ciudadano contra toda coacción en el ejerci-cio de su prerrogativa electoral permea todo sufragio, tanto las elecciones generales como los referéndums y los plebiscitos. íd.; Sánchez y Colón v. E.L.A. I, 134 D.P.R. 445 (1993).

Asimismo, nuestra Constitución también dispone en su See. 9 del Art. VI, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 410, que “[s]ólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por autoridad de ley”. A la luz de esta disposición, y a tono con el precepto anterior, hemos expresado en reiteradas ocasiones que el partido político al cual pertenece un Gobernador está impedido de utilizar los fondos o la propiedad pública para promover su postura en menoscabo del axioma de igualdad electoral. Marrero v. Mun. de Morovis, 115 D.P.R. 643 (1984); P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643 (1995).

A esos efectos, toda actuación que tienda a crear una desigualdad indebida o desventaja no justificada entre unos partidos políticos y otros es constitucionalmente impermisible. P.N.P. v. Hernández, Srio. D.T.O.P., 122 D.P.R. 362 (1988).

Inspirada por este marco normativo, y en aras de crear un mecanismo de fiscalización para salvaguardarlo, la Asamblea Legislativa aprobó el citado Art. 8.001 de la Ley Electoral, en el cual:

Se prohíbe a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a la Rama Judicial, que a partir del 1ro de enero del año en que debe celebrarse una elección general y hasta el día siguiente a la fecha de celebración de la misma, incurran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el pro- pósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizacio-nes, proyecciones o planes. Se exceptúan de esta disposición aquellos avisos y anuncios de prensa expresamente requeridos por ley.
Asimismo, se exceptúan de la anterior disposición aquellos anuncios que sean utilizados para difundir información de in-terés público, urgencia o emergencia, los cuales sólo serán per-mitidos previa autorización al efecto de la Comisión Estatal de Elecciones. ... (Énfasis suplido.) 16 L.P.R.A. see. 3351.

Según los intereses implicados, resulta pertinente recor-dar que estamos compelidos a interpretar el alcance del referido Art. 8.001 de modo tal que prevalezca la impor-tante política pública que lo inspira. Chase Manhattan Bank v. Mun. de San Juan, 126 D.P.R. 759 (1990); C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 D.P.R. 927 (1993). Ello, en vista de que la veda dispuesta en el Art. 8.001, supra, es una me-dida, entre otras posibles, para garantizar la paridad. Ésta no determina por sí sola el alcance del axioma de la igual-dad y la paridad económica entre partidos. Por ende, ante la clara intención legislativa de proteger el principio de la igualdad electoral, resulta inevitable concluir que, inde-pendientemente de las consecuencias que pueda tener la infracción del estatuto, el alcance que se le ha atribuido es amplio.

B. Luego de examinar la naturaleza del alcance del Art. 8.001 de la Ley Electoral, supra, procede que determi-nemos si aquí se incurrió en gastos para la compra del tiempo y espacio en los medios de difusión que hicieran aplicables la disposición legal y, por consiguiente, activa-ran la obligación de solicitar la autorización para la difu-sión del mensaje especial.

Contrario a lo resuelto por la C.E.E. y el Tribunal de Primera Instancia, en el caso de marras el Tribunal de Apelaciones exoneró de responsabilidad al señor Goberna-dor por entender que no hubo un gasto directo para la “ad-quisición onerosa” del Estado de la compra del tiempo y espacio de difusión. El foro intermedio interpretó que la infracción al Art. 8.001, supra, no se refiere a cualquier gasto, sino al que implique un desembolso del funcionario o de la agencia como contraprestación del “tiempo y espacio de difusión” recibidos.

Aun cuando reconocemos que el razonamiento del Tribunal de Apelaciones es cónsono con una lectura literal del texto de la ley, estamos impedidos de acogerlo por entender que no está en armonía con nuestra jurisprudencia inter-pretativa sobre el alcance, propósito y contenido de la veda electoral.

No podemos acoger una interpretación que restrinja la facultad de la C.E.E. para examinar sólo aquellos mensajes que requieran el pago de un precio cierto para su transmisión. La ausencia de una “adquisición onerosa” a cargo de los fondos públicos no puede eximir del cumpli-miento con la Ley Electoral ni con nuestra jurisprudencia interpretativa, toda vez que la intención del estatuto —conforme hemos visto— no sólo es evitar la influencia indebida del partido en el poder, sino también implantar la limitación impuesta a los funcionarios gubernamentales por el Art. VI, Sec. 9 de la Constitución de Puerto Rico, supra, relativa al uso apropiado tanto de las propiedades como de los fondos públicos. Véanse: P.S.P. v. Secretario de Hacienda, 110 D.P.R. 313 (1980); Marrero v. Mun. de Morovis, supra; P.P.D. v. Gobernador I, supra.

Según lo anterior, y dado el carácter novel de esta controversia, procede aclarar que, vigente una veda electoral, el mecanismo para solicitar la aprobación de la C.E.E. para difundir los anuncios o mensajes —aún en situaciones de interés público— aplica, ya sea por el desembolso directo de fondos públicos, el aprovechamiento de la propiedad pú- blica o bien por el uso indirecto de otro tipo de beneficios, gastos o subvenciones derivados de los recursos públicos. Esta interpretación amplia del estatuto está en armonía con nuestros pasados pronunciamientos sobre el tema. Véanse: P.P.D. v. Gobernador II, supra; Miranda v. C.E.E., supra; P.N.P. v. Hernández, Srio. D.T.O.P., supra. De igual forma, es cónsona con una lectura integrada de la Ley Electoral.

Aquí no está en controversia que se utilizaron propieda-des y empleados gubernamentales para coordinar la produc-ción y transmisión del mensaje, objeto de este litigio, ni que el mensaje se difundió con los recursos del Canal 6, el cual pertenece a una corporación pública —es decir, a una enti-dad gubernamental— que está sujeta a los límites constitu-cionales y estatutarios que regulan el deber de la informa-ción del Gobierno.

En vista de ello, si bien es cierto que el señor Goberna-dor no incurrió en el gasto de un precio cierto para la com-pra del tiempo y espacio de difusión, entendemos que sí se benefició del uso de las instalaciones públicas, de los me-dios de producción, de los empleados públicos y gastos or-dinarios —tanto de la Oficina del Gobernador como de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública— para la transmisión de un mensaje a través del canal de televisión del E.L.A. Según esto, la difusión de su mensaje estaba ceñida por lo dispuesto en el Art. 8.001 de la Ley Electoral, supra.

IV

Aclarada la aplicabilidad del Art. 8.001 de la Ley Electoral, supra, y, por ende, de la obligación de solicitar la autorización de la C.E.E. para difundir el mensaje, debe-mos examinar si las circunstancias del caso configuraron alguna situación de excepción que justificara obviar el trá-mite ordinario.

Amparándose en la obligación del Gobernador de man-tener informado al Pueblo sobre los asuntos que lo afectan, y tomando en consideración las dificultades que vislum-braba como Primer Ejecutivo por el tranque gubernamen-tal generado por dos de las Ramas del Gobierno, el Tribunal de Apelaciones entendió que la justificación que la Oficina del Gobernador envió a la C.E.E. —dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al mensaje— cumplió con el propósito legislativo. Fundamentó lo anterior en que el mensaje era de urgencia.

Conforme a la discusión que precede, el Art. 8.001 de la Ley Electoral, supra, prohíbe el uso de las instalaciones públicas, los medios de producción, los empleados públicos y gastos ordinarios para difundir un mensaje con el propó-sito de exponer programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes. Ahora bien, la disposición dispone dos excepciones; a saber, permite la difusión de (a) los avi-sos y anuncios expresamente requeridos por la ley y (b) los anuncios que sean utilizados para difundir información de interés público, urgencia o emergencia que requieren la aprobación de la C.E.E. 16 L.PR.A. see. 3351. Ello, en con-cordancia con lo dispuesto en la citada See. 9 del Art. VI de nuestra Constitución.

Conforme al Reglamento, una urgencia o emergencia constituye una:

Situación de carácter súbito o imprevisto, ocasionada por actos del hombre o de la naturaleza, que requiere la inmediata divulgación de información por parte de una agencia, según el ámbito de sus deberes y fúnciones, a los fines de proteger la vida, la propiedad o los derechos de la ciudadanía. Sec. 1.4(16) del Reglamento, pág. 4.

Este Reglamento dispone y regula el mecanismo procedente para transmitir los anuncios ante tales situaciones de emergencia o urgencia. A esos efectos, la See. 4.2, pág. 10, dispone:

(A) En aquellos casos en que cualquier agencia considere con razonable certeza que, durante el periodo de vigencia de este reglamento, pudiera surgir una situación o situaciones de tal naturaleza que, de ocurrir, justificarían la difusión de infor-mación de urgencia o emergencia mediante anuncios por los medios de difusión, podrá someter, ante el Secretario, en cual-quier momento, previa a la difusión del anuncio, una solicitud de autorización para la emisión de tales anuncios en caso de la ocurrencia de la situación o situaciones contempladas en la solicitud.
(B) En los casos en que la agencia considere que existe una situación extraordinaria de tal naturaleza que justifique la difusión de anuncios de urgencia o emergencia, sin que se hu-biese acogido al procedimiento de autorización establecido en el inciso anterior, tendrá que, no más tarde de las cuarenta y ocho (48) horas laborables, luego de la publicación del anuncio, radicar una justificación sobre la publicación ante la Comisión. (Enfasis suplido.)

Del primer párrafo de la sección citada, surge que la agencia tiene la facultad de hacer una determinación ini-cial sobre el carácter urgente o de emergencia del mensaje que pretende difundir. Esta determinación debe estar fun-damentada en la creencia de que es razonablemente certera la posibilidad de que durante el periodo de una veda electoral surja “una situación o situaciones de tal naturaleza que, de ocurrir, justificarían la difusión de información de urgencia o emergencia”. See. 4.2 del Reglamento, pág. 10, Es decir, éste no limita la difusión de un mensaje a la ab-soluta certeza de la ocurrencia del hecho, sino que atiende situaciones en las que cabe la posibilidad de que no ocurra un evento que justifique un pronunciamiento de emergencia.

Ahora bien, las disposiciones legales discutidas, así como nuestra jurisprudencia, son claras al establecer que, incluso en las situaciones en las que se necesite divul-gar una información de emergencia o de urgencia, es nece-sario solicitar la aprobación previa de la C.E.E. para la difusión. Es decir, el hecho de que la información que ha-brá de ofrecerse sea de interés público, de urgencia o de emergencia no justifica obviar el mecanismo de fiscaliza-ción establecido en la Sec. 4.2(A) del Reglamento, supra, independientemente de que la divulgación afecte de forma significativa el bienestar de la ciudadanía en general o de que su difusión sea vital e indispensable.

Por lo tanto, aunque en el contexto administrativo el con-cepto “emergencia” no se limita necesariamente a una cir-cunstancia imprevista, sino que comprende un suceso o una combinación y acumulación de circunstancias que exigen una actuación inmediata —Meléndez Ortiz v. Valdejully, 120 D.P.R. 1 (1987)— esta situación no es suficiente para funda-mentar la legalidad de acogerse al mecanismo de autoriza-ción posterior a la difusión del mensaje.

Para acogerse al mecanismo de excepción presentado en la Sec. 4.2(B) del Reglamento, supra, se requiere que exista “una situación extraordinaria” que justifique prescindir del procedimiento legal ordinario para la difusión de los men-sajes urgentes. Sin embargo, es preciso aclarar que, aun cuando es imperante la regulación de las expresiones gu-bernamentales emitidas mediante el uso de recursos públi-cos, ni el Reglamento ni la Ley Electoral definen o estable-cen parámetros para determinar según qué circunstancias se justifica prescindir de la autorización previa requerida por la ley. Por ende, las situaciones en las que se exima a la agencia o al funcionario del cumplimiento con la obligación de solicitar la autorización previa deben evaluarse cuidadosamente.

Si bien la determinación de urgencia o emergencia se fundamenta en un criterio relativo a la certeza razonable de la posibilidad de un suceso, la determinación de circunstancias extraordinarias y excepcionales —a saber, la “situación extraordinaria” expuesta en la Sec. 4.2(B) del Reglamento— debe fundamentarse en un criterio de inminencia. En este sentido, las circunstancias extraordi-narias son aquellas en las que existe una lesión inminente al interés público, de modo que una demora en la expresión gubernamental ofenda el sentido de la justicia; ocasione daños irreparables; perjudique los derechos constituciona-les de la ciudadanía; derrote el orden de ley, e incida inde-fectiblemente sobre la sana convivencia social.

Conforme a lo anterior, sólo si la situación, además de ser de emergencia o urgencia, es de carácter extraordinario o excepcional, se podría justificar la difusión del anuncio sin haber solicitado aprobación previa de la C.E.E. Ello, siempre que se someta ante dicha entidad una justificación de la publicación de la excepción dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su transmisión.

En este caso, el señor Gobernador transmitió su men-saje especial el 1 de junio de 2005, al día siguiente de que su Oficina emitiera un comunicado de prensa para infor-marle a la ciudadanía su futura comparecencia. Funda-mentó la urgencia del mensaje en la situación de incerti-dumbre generada en el país por el tranque en la aprobación del presupuesto. Aunque no cabe duda de que el señor Gobernador, debido al cargo que ocupa, puede co-municarse con sus representados sobre los asuntos que afectan al País, la vigencia de una veda electoral impone los límites al modo como esa comunicación se debe efectuar.

En vista de estos límites, entendemos que no existía una situación extraordinaria de tal naturaleza que justifi-cara la difusión del mensaje luego de que se transmitiera. Aunque conocemos los conflictos que había entre los pode-res políticos sobre la confección del presupuesto para el año fiscal 2005-2006, el señor Gobernador tenía suficiente tiempo para solicitar la autorización de la C.E.E. en cual-quier momento antes de la transmisión de su mensaje. El mero hecho de que el mensaje se hubiera anunciado previo a su difusión constituye un fundamento adicional para de-mostrar que no había una situación imprevisible, inmi-nente y excepcional que le impidiera acogerse al procedi-miento ordinario de solicitud de autorización.

V

Finalmente, procede que examinemos el contenido del mensaje en controversia, toda vez que los peticionarios ar-guyen que no configuró un gasto revestido del interés pú-blico ni se ajustó a los parámetros del Art. 8.001 de la Ley Electoral, supra, al difundir información prohibida por la veda electoral.

Sabido es que la búsqueda de un fin público es la condición positiva de toda actuación estatal. P.P.D. v. Gobernador I, supra; Marrero v. Mun. de Morovis, supra. En vista de ello, nuestro ordenamiento jurídico no permite la utilización de fondos, propiedades o recursos públicos para fines partidarios, esté o no en vigor una veda electoral.

El Reglamento para el Control de Gastos de Difusión Pública del Gobierno, vigente para la veda electoral ante nuestra consideración, reconoce en su “Declaración de Propósitos” la responsabilidad que tiene el Gobierno de poner a los ciudadanos en conocimiento de los diversos aspectos de interés público. Precisamente, define “información de interés público” como sigue:

Toda divulgación que afecte en forma significativa los dere-chos, las obligaciones, o el bienestar de la ciudadanía en general, en el ámbito de responsabilidad de cada agencia del go-bierno, según sus deberes y funciones y que por ser vital e indispensable se requiere que la ciudadanía advenga en cono-cimiento de la información propuesta. See. 1.4(5) del Regla-mento, pág. 3.

Aunque no podemos incidir sobre el ejercicio legítimo de los poderes constitucionales de las otras Ramas de gobierno, hemos resuelto que la determinación inicial que tomen los poderes públicos sobre lo que es un fin público es revisable por el Poder Judicial. P.I.P v. C.E.E., 120 D.P.R. 580 (1988).

Conviene recordar que en P.P.D. v. Gobernador I, supra, tuvimos la oportunidad de examinar el concepto fin público, en el contexto de la divulgación de información gubernamental. En esa ocasión, señalamos que dicho concepto

... no es estático, sino que está ligado al bienestar general y que tiene que ceñirse a las cambiantes condiciones sociales de ■una comunidad específica, a los problemas peculiares que és-tas crean y a las nuevas obligaciones que el ciudadano impone a sus gobernantes en una sociedad compleja. Su significado ha cobrado un marco dimensional de naturaleza liberal, general-mente prevaleciendo el criterio de que los objetivos que estén contenidos en el referido fin público deben redundar en bene-ficio de la salud, seguridad, moral y bienestar general de todos los ciudadanos. (Énfasis suprimido.) íd., pág. 686.

En armonía con esa óptica, y en aras de determinar si hay un fin público implicado en la expresión gubernamental, nuestra jurisprudencia ha ido delimitando algunos criterios no taxativos para guiar nuestro ejercicio adjudicativo. Aplicados al contexto de este caso, la información de interés público durante el periodo de veda electoral:

(1) Redunda en beneficio de la salud, la seguridad, la moral y el bienestar general de todos los ciudadanos.
(2) Está destinado a una actividad de carácter público o semipúblico.
(3) Promueve los intereses y objetivos de la entidad guber-namental, en consonancia con sus deberes y funciones o la política pública establecida.
(4) Promueve programas, servicios, oportunidades y dere-chos, o adelanta causas sociales, cívicas, culturales, económi-cas o deportivas.
(5) Promueve el establecimiento, modificación o cambio de una política gubernamental. P.P.D. v. Gobernador I, supra, pág. 691.

Sin embargo, el análisis sobre el fin público no se detiene con la determinación de si está presente alguno de estos criterios. En P.P.D. v. Gobernador I, supra, págs. 690-691, aclaramos que

... cuando el Gobierno, en el ejercicio de su facultad o deber de informar a la ciudadanía, utiliza o incorpora símbolos, emble-mas, colores, fotografías o lemas de naturaleza político-partidista, estamos impedidos constitucionalmente de recono-cerle fin público alguno a dicha expresión gubernamental. Tampoco podemos reconocer validez constitucional a cualquier expresión gubernamental difundida mediante el uso de fondos públicos cuando ésta claramente constituye un subterfugio para conferir una ventaja a un candidato o a un partido polí-tico, o para adelantar sus intereses político-partidistas.

De lo anterior se desprende que si se determina que el anuncio gubernamental se pretende utilizar como una vía para que un partido o candidato obtenga ventaja sobre otro —o para adelantar algún fin particular— el objetivo legítimo se anula y el anuncio no podrá justificarse o prevalecer. En efecto, en ese caso resolvimos específicamente que

... la publicación de expresiones gubernamentales mediante el uso de fondos públicos para la consecución de cualquiera de los objetivos enunciados anteriormente, en algunas ocasiones, puede tener el efecto incidental de producir cierto grado de ventaja al partido político en el poder o a un candidato de dicho partido. Pero cuando la evidencia demuestra, por el con-trario, que dicha expresión es utilizada como un vehículo para adelantar cualquier fin individual de dicho partido o candi-dato, anulando de tal forma la consecución de un objetivo le-gítimo, tal expresión no puede prevalecer por constituir una ventaja económica a dicho partido o candidato por sobre los partidos políticos o candidatos de oposición. (Enfasis nuestro.) P.P.D. v. Gobernador I, supra, págs. 691-692.

Conforme a ello, la prohibición del Art. 8.001, supra, “aunque amplia, no es absoluta, veda aquellos anuncios y publicaciones, directa e indirectamente, que de una u otra forma enaltecen o divulgan las ejecutorias del Gobierno”. Coss v. C.E.E., 137 D.P.R. 877, 885 (1995).

Aquí, independientemente de si el señor Gobernador te-nía la potestad para informarle al país sobre la naturaleza de las diferencias entre las Ramas Ejecutiva y Legislativa con relación a la confección del presupuesto para el año fiscal 2005-2006, se desprende del texto del mensaje que él aprovechó la ocasión para divulgar los logros y planes de su gobierno e incorporó información con propósitos político-partidistas vedada por el ordenamiento electoral durante la celebración del Referéndum sobre el Sistema Cameral.

Por un lado, en el mensaje se expusieron los planes del Gobierno para atender los problemas más apremiantes del país. Asimismo, el señor Gobernador señaló los resulta-dos de su gestión gubernamental: “cortamos el gasto pú-blico, logramos una reducción en la criminalidad, inclu-yendo los asesinatos; cambiamos las prioridades de nuestro sistema educativo, creamos el programa Apoyo al de Aquí para generar empleos y sometimos decenas de me-didas legislativas y el presupuesto que están pendientes de aprobación”. Solicitud de autorización para el uso de me-dios de difusión, apéndice, caso Núm. CC-06-915, pág. 85. Finalmente, el funcionario aprovechó la difusión de su mensaje especial para realizar una crítica directa a sus opositores políticos.

En atención a la naturaleza de los principios que la nor-mativa electoral pretende proteger, y en aras de armoni-zarlos tanto con el texto de la ley como con nuestra juris-prudencia interpretativa, debemos concluir que el mensaje en controversia sirvió como un vehículo para obtener una ventaja política indebida sobre los candidatos o partidos de oposición. Siendo así, el fin público que pudo haber moti-vado la expresión gubernamental en las circunstancias de este caso no subsana la invalidez de su contenido a la luz de los parámetros establecidos por la normativa electoral.

VI

Por los fundamentos expuestos, revocamos la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones por entender que no procedía la difusión del mensaje gubernamental —objeto de la controversia ante nuestra consideración— sin la pre-via autorización de la C.E.E.

No obstante, reconocemos que nunca antes se había re-suelto que, además de desembolsos directos de fondos pú-blicos, el aprovechamiento de la propiedad y recursos pú-blicos también constituyen “gastos” al amparo del Art. 8.001 de la Ley Electoral, supra. De igual forma, ésta es la primera vez que esbozamos unos criterios para determinar lo que constituye una situación extraordinaria que justifi-que difundir un anuncio o mensaje sin solicitar previa-mente la autorización de la C.E.E. a esos efectos.

En vista de lo anterior, la actuación del señor Goberna-dor se dio en ausencia de unas pautas precisas, en cuanto a la aplicabilidad de la disposición legal en las circunstan-cias de este caso. Esto es evidente si tomamos en conside-ración que el Tribunal de Apelaciones determinó que el mensaje difundido no violó la Ley Electoral. Por lo tanto, resolvemos que la normativa aquí establecida debe tener efecto prospectivo y, en consecuencia, no se aplicará al caso de autos ni a todo aquel que esté pendiente de adjudicación ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Ape-laciones que implique una controversia sobre la aplicabili-dad del Art. 8.001 de la Ley Electoral, supra, y su reglamento que se origine del mensaje difundido por el Gobernador Acevedo Vilá el 1 de junio de 2005. Véanse: Isla Verde Rental v. García, 165 D.P.R. 499 (2005); Quiles Rodríguez v. Supte. Policía, 139 D.P.R. 272 (1995); Gorbea Vallés v. Registrado, 131 D.P.R. 10 (1992).

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, 16 L.RR.A. see. 3351.

       Véase la Ley del Referéndum sobre el Sistema Cameral de la Asamblea Legislativa, Ley Núm. 477 de 23 de septiembre de 2004 (16 L.P.R.A. see. 971 et seq.).

       La Comisión Estatal de Eleecciones (C.E.E.) fundamentó su decisión en lo resuelto en P.P.D. v. Gobernador II, 136 D.P.R. 916 (1994).

       La Sec. 7.1(A) de Reglamento, págs. 13-14, dispone que la C.E.E. podrá requerir la comparecencia de cualquier agencia a los fines de investigar el hecho de que cualquier información que se difunda por los medios de difusión sea autorizada previamente por la C.E.E., se ajuste a los términos de una autorización concedida o si —en caso de que se hubiera publicado sin autorización— constituya un anuncio requerido por ley.

       La Sec. 4.2(B) del Reglamento, pág. 10, prevé el no acogerse previamente al procedimiento de autorización establecido, si existe “una situación extraordinaria de tal naturaleza que justifique la difusión” del anuncio de urgencia o emergencia y se somete dicha justificación ante la C.E.E. dentro de las cuarenta y ocho horas labo-rables de la publicación del anuncio.

       Tomamos conocimiento judicial de que la C.E.E. resolvió de igual forma otra querella que se instó contra la Cámara de Representantes de Puerto Rico y su Pre-sidente, Hon. José F. Aponte Hernández, en virtud de un mensaje que, sin previa autorización de la C.E.E, este funcionario transmitió a través de los medios de difu-sión pública, en atención al mensaje difundido por el señor Gobernador. El quere-llado recurrió ante el Tribunal de Primera Instancia mediante un recurso de revisión electoral, el cual actualmente está pendiente de adjudicación. Véase caso Núm. KPE-05-4923, Cámara de Representantes y otros v. Comisión Estatal de Elecciones y otros.

       El Canal 6 presentó su solicitud de revisión electoral fuera del término ju-risdiccional de diez días, establecido en el Artículo 1.016 de la Ley Electoral de Puerto Rico (Ley Electoral), 16 L.P.R.A. sec. 3016(a), y luego desistió del caso. Por ende, la decisión de la C.E.E. en lo que le respecta advino final, firme e inapelable.

       Según lo anterior, hemos sostenido como principio fundamental de herme-néutica que:
      “ ‘[a]l interpretar una disposición específica de una ley, principios perseguidos por la Asamblea Legislativa al aprobarla y nuestra determinación debe atribuirle un sentido que asegure el resultado que originalmente se quiso obtener .... Nuestra obligación fundamental en estos casos, es imprimirle efectividad a la intención legis-lativa, propiciando de esta forma la realización del propósito que persigue la ley.’ ” Irizarry v.J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 D.P.R. 155, 163 (2000), citando a Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 408, 417 (1998).

       La Ley Electoral específicamente prohíbe el uso de las estaciones del radio y televisión propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por el partido del Gobierno para fines político-partidistas. 16 L.P.R.A. see. 3110. De igual forma, al referirse a los costos de producción de la publicidad de los partidos, señala que se deberá informar cualquier contribución en forma de bienes o servicios, tales como: vehículos, estudios, encuestas u otros de cualquier naturaleza, cuyo propósito sea promover el triunfo o la derrota de un partido o candidato. 16 L.P.R.A. see. 3113. Finalmente, entre los gastos que la Ley expresa que se pueden sufragar con dinero del Fondo Electoral, se encuentran los “gastos generales de oficina, incluyendo cáno-nes de arrendamiento, servicios en Puerto Rico de teléfono, telégrafo y correo; servi-cios de agua y energía eléctrica, gastos de viaje, equipo y maquinarias”. 16 L.P.R.A. see. 3118.

       Véase la Ley Orgánica de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, Ley Núm. 216 de 12 de septiembre de 1996 (27 L.P.R.A. see. 501 et seq.).

       En efecto, el propio Tribunal de Apelaciones afirmó que “el Gobernador utilizó un tono inapropiado en algunas partes del mensaje e hizo referencia innece-saria a algunos logros y proyectos de su administración, los que ya había descrito con detalle en el mensaje de estado.” Sentencia del Tribunal de Apelaciones, 15 de agosto de 2006, pág. 47.

       A esos efectos, sostuvo: “Presenté un plan que denominé el Triángulo del Éxito para combatir el crimen, poner la educación en el sitial que se merece y pro-mover una nueva economía más fuerte, con más empleos.” Solicitud de autorización para el uso de medios de difusión, Apéndice, caso Núm. CC-06-915, pág. 85.

       Indicó que está “bueno ya de que algunos políticos sigan retrasando tu progreso” y luego reiteró que éstos se habían quedado en el pasado, que se habían dedicado a sus luchas de poder y no a trabajar para el Pueblo.


author: per curiam:

text:
      In re Antonio José Cruz Bonilla, querellado.

      Número: AB-2006-341

      Resuelto: 11 de enero de 2008

      Antonio José Cruz Bonilla, pro se.

   per curiam:

El 15 de diciembre de 2006 la Secretaria de este Tribunal cursó una comunicación al abogado Antonio José Cruz Bonilla mediante la cual le informó, y le incluyó copia, de una queja presentada por la Sra. Luisa Isaac Aponte contra él. Se le concedió el término de diez días para que se expresara sobre la queja.

El abogado Cruz Bonilla solicitó una prórroga de quince días para presentar su contestación. El 15 de febrero de 2007, y a solicitud de éste, le concedimos una prórroga adi-cional de quince días. El 1 de mayo de 2007 el abogado Cruz Bonilla solicitó un breve término adicional para pre-sentar su contestación a la queja. Se le concedió un tér-mino adicional hasta el 8 de mayo de 2007.

Mediante Resolución de 18 de julio de 2007, y en vista de la incomparecencia del abogado, le concedimos el tér-mino de diez días para contestar la queja que se presentó contra él. Le apercibimos en esa ocasión que el incumpli-miento con dicha Resolución podría conllevar sanciones disciplinarias severas, incluso la suspensión al ejercicio de la profesión. Dicha Resolución le fue notificada personal-mente a Cruz Bonilla el 21 de agosto de 2007. Aún hoy no ha comparecido.

r-H

Uno de los compromisos que asume cada uno de los abogados que presta juramento ante este Tribunal está relacionado con la facultad inherente de este Foro de reglamentar el ejercicio de la abogacía. Se trata del deber de todo abogado de atender y cumplir con los requerimientos y órdenes de este Tribunal. Sobre este particular, hemos sido enfáticos al señalar que la naturaleza y práctica de la abogacía requieren una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente en la esfera de conducta profesional.

Asimismo, hemos expresado que el compromiso de todo abogado de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz, con el propósito de lograr la más completa confianza y apoyo de la ciudadanía, se extiende no sólo a la esfera de la litigación de causas, sino a la jurisdicción dis-ciplinaria de este Tribunal. In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128 (1997). A tono con lo anterior, hemos señalado que, independientemente de los méritos de las quejas presentadas contra un abogado, éste tiene la obligación ineludible de responder prontamente a nuestros requerimientos. In re Rodríguez Mena, 126 D.P.R. 205 (1990).

Debe mantenerse presente que la desatención a las órdenes de este Tribunal constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, en lo relativo a la exigencia de respeto hacia los tribunales. In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992). De más está decir que en estas situaciones, de renuencia a cumplir con nuestras órdenes, procede la suspensión temporal o indefinida del ejercicio de la abogacía. In re Osorio Díaz, 146 D.P.R. 39 (1998); In re González Albarrán, 139 D.P.R. 543 (1995); In re Serrano Mangual, 139 D.P.R. 602 (1995); In re Bonaparte Rosaly, 131 D.P.R. 908 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991).

HH h — I

De todo lo antes expuesto resulta obvio, no sólo que a Antonio José Cruz Bonilla no le interesa seguir ejerciendo la honrosa profesión de abogado, sino que procede que de-cretemos la separación indefinida e inmediata de éste del ejercicio de la abogacía y de la notaría en nuestra jurisdicción.

Se dictará Sentencia de conformidad.


text:
      In re Derrick J. Rodríguez Morales, querellado.

      Número: AB-2006-330

      Resuelto: 11 de enero de 2008

      Andrew R. Halki, querellante.
   per curiam:

El 30 de noviembre de 2006 la Secretaria de este Tribunal cursó una comunicación al abogado Derrick J. Rodríguez Morales mediante la cual le informó, y le in-cluyó copia, de una queja presentada contra él por el Sr. Andrew R. Halko. Le concedió el término de diez días para que se expresara sobre la queja.

La comunicación fue devuelta por el correo por no haber sido reclamada. Se envió al abogado una segunda notifica-ción el 29 de diciembre de 2006. Éste solicitó, mediante un escrito fechado 18 de enero de 2007, una breve prórroga de diez días, la cual le fue concedida.

Mediante Resolución de 8 de junio de 2007, y en vista de la incomparecencia del abogado, le concedimos el término de diez días para contestar la queja presentada contra él. Le apercibimos en esa ocasión que el incumplimiento con dicha Resolución podría conllevar sanciones disciplinarias severas, incluso la suspensión al ejercicio de la profesión. Dicha Resolución le fue notificada personalmente a Rodríguez Morales el 19 de junio de 2007. Aún hoy no ha comparecido.

I

En reiteradas ocasiones hemos expresado que el compromiso de todo abogado de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz, con el propósito de lograr la más completa confianza y apoyo de la ciudadanía, se ex-tiende no sólo a la esfera de la litigación de las causas, sino también a la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal. In re Cuevas Vélez, 157 D.P.R. 129 (2002); In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128 (1997). Asimismo, hemos sido enfáticos al señalar que la naturaleza pública de la profesión de abogado le impone a la clase togada la obligación de observar rigurosamente los requerimientos de este Tribunal, particularmente cuando se trata de asuntos disciplinarios sometidos ante nuestra consideración. In re Vázquez Santiago, 155 D.P.R. 926 (2001).

En ese sentido es importante resaltar que cuando un abogado incumple las órdenes emitidas por este Tribunal dentro del procedimiento disciplinario, comete una falta ética separada y distinta a los méritos de la queja, lo que conlleva la imposición de sanciones disciplinarias severas. Ello considerando que “[e]l patrón de dejadez e incumplimiento con nuestras órdenes en la esfera discipli-naria es incompatible con el ejercicio de la abogacía”. In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55, 62 (1998).

Según resolvimos en C. Abo. v. Pizzini Arnott, 157 D.P.R. 182 (2002), desatender nuestras órdenes durante un procedimiento disciplinario, revela una fisura en el buen carácter que debe exhibir todo miembro de la profesión legal. Dicho proceder constituye un acto de indisciplina, desobediencia, displicencia, falta de respeto y contumacia hacia este Tribunal que, definitivamente, no estamos dis-puestos a aceptar. Reiteramos que “ ‘no toleraremos la in-comprensible y obstinada negativa de un miembro de nuestro foro de cumplir con [nuestras] órdenes In re Guemárez Santiago I, 146 D.P.R. 27, 29 (1998). Véase, además, In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717, 718 (1992).

HH 1 — 1

La actitud de dejadez y desidia que ha demostrado el Ledo. Derrick J. Rodríguez Morales ante la orden emitida por este Tribunal constituye prueba incontrovertible de que éste no interesa continuar siendo miembro de la profesión. Dicho proceder constituye una falta de respeto a este Tribunal que, bajo ningún concepto, estamos dispuestos a tolerar.

Por los fundamentos antes expresados, se decreta la sus-pensión indefinida e inmediata de Derrick J. Rodríguez Morales del ejercicio de la abogacía y de la notara en nues-tría jurisdicción hasta que otra cosa disponga este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

        In re Pérez Brasa, 155 D.P.R. 813 (2001); In re Vázquez Santiago, 155 D.P.R. 926 (2001); In re Figueroa Carrasquilla, 153 D.P.R. 132 (2001); In re López López, 149 D.P.R. 82 (1999); In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55 (1998); In re Ríos Acosta 1,139 D.P.R. 117 (1995); In re Pérez Benaba, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Ribas Dominicci I, 131 D.P.R. 491 (1992); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717 (1992).


text:
      In re Conferencia Judicial.

      Número: EC-2008-01

      Resuelto: 11 de enero de 2008
   RESOLUCIÓN

Se convoca a los jueces y a las juezas del Tribunal General de Justicia y del Tribunal de Apelaciones, y a las personas que son miembros de la Conferencia Judicial, a la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Conferencia Judicial, que se celebrará los días 14 y 15 de febrero de 2008 en el Hotel Condado Plaza, en San Juan.

Los trabajos de la Conferencia Judicial se enmarcarán en la presentación de los proyectos de enmiendas a las re-glas procesales en materia civil y penal, y en derecho probatorio.

Los Jueces Administradores y las Juezas Administrado-ras, en consulta con los jueces y las juezas de sus respecti-vas regiones judiciales, tomarán las medidas necesarias para que el mayor número de estos funcionarios pueda asistir a la Conferencia Judicial sin afectar los calendarios de asuntos urgentes que tengan que atenderse durante esos días.

Además, se tomarán las medidas de rigor para que las labores de investigación y de determinación de causa probable se atiendan adecuadamente. El sistema de turnos correspondientes a este período será notificado con sufi-ciente antelación a las Fiscalías de Distrito y a las Coman-dancias de Zona de la Policía.

Se coordinará con la Directora Administrativa de los Tribunales, Hon. Sonia I. Vélez Colón, la implantación de las medidas que sean necesarias para cumplir con lo dis-puesto en el párrafo anterior.

Se instruye a la Directora del Secretariado de la Confe-rencia Judicial, Leda. Lilia M. Oquendo Solis, que realice todas las gestiones y los trabajos de coordinación requeri-dos para esta Conferencia Judicial.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: PER CURIAM:

text:
      In re Francisco Rádinson Caraballo, querellado.

      Número: AB-2005-252

      Resuelto: 16 de enero de 2008

      Marla D. Ríos Díaz, directora interina de la Oficina de Ins-pección de Notarías; Francisco Rádinson Caraballo, pro se.

   PER CURIAM:

I

El pasado 8 de noviembre de 2005 se presentó en la Secretaría de este Tribunal una queja contra el Ledo. Francisco Rádinson Caraballo, quien fuera admitido al ejercicio de la abogacía el 18 de enero de 1996. El 23 de noviembre de 2005, la Secretaría del Tribunal Supremo le envió una carta a Rádinson Caraballo para informarle que se había presentado en el Tribunal una queja en su contra y reque-rirle que compareciera dentro del término de diez días para contestar la queja referida.

Tras concederle varias prórrogas, Rádinson Caraballo contestó la queja presentada en su contra, la cual fue refe-rida a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) para la investigación e informe correspondientes, en cumplimiento con la Regla 14(d) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

Posteriormente, el 7 de mayo de 2007 ODIN le requirió a Rádinson Caraballo, en un término de diez días, la en-trega de varios documentos esenciales para la investigación. Trascurrido el término de diez días, la Direc-tora de ODIN compareció ante nos para informamos que Rádinson Caraballo no había sometido la información solicitada.

En vista de ello, el 4 de septiembre de 2007 le remitimos a Rádinson Caraballo una Resolución mediante la cual se le concedió un término adicional de veinte días para some-ter la información requerida por ODIN. En esa ocasión se le advirtió que el incumplimiento con lo ordenado podía conllevar sanciones severas, incluso la suspensión de la profesión. Esta Resolución fue notificada vía telefónica a Rádinson Caraballo, quien nos indicó que se la entregára-mos a su secretaria, la Sra. Awilda Molina. No obstante, Rádinson Caraballo no compareció dentro del término provisto.

En vista de lo anterior, procedemos a resolver sin trá-mite ulterior.

r — i h-1

Resulta verdaderamente increíble que, luego del es-fuerzo que conlleva la carrera de la abogacía, se desatien-dan las órdenes de este Tribunal a sabiendas de que al así hacerlo se pone en peligro el título obtenido. In re Jiménez Román, 172 D.RR. 485 (2007).

Reiteradamente hemos señalado que todo abogado tiene la obligación ineludible de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional. Igualmente, hemos sido enérgicos al señalar que “la natu-raleza y práctica de la abogacía requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, parti-cularmente en la esfera de la conducta profesional”. (Énfa-sis en el original.) In re Rivera Colón, 172 D.P.R. 340, 343 (2007). A tono con lo anterior, hemos resuelto que procede la suspensión del ejercicio de la abogacía cuando un abo-gado no atiende diligentemente nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante los apercibimientos de sancio-nes disciplinarias. In re Rosado Ramos, 172 D.P.R. 400 (2007); In re Lloréns Sar, 170 D.P.R. 198 (2007). Dicha conducta constituye una falta separada e independiente de la que motivó la queja. In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678 (1992). No cabe duda de que dicho proceder constituye un acto contumaz de indisciplina y una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. EX, relativo a la exigencia de respecto hacia los tribunales.

I-H H-1 í — I

En el caso de autos, Rádinson Caraballo incumplió con el ineludible deber de responder prontamente a los reque-rimientos de este Tribunal. Tal como surge de los hechos expuestos, nuestra Resolución le fue notificada desde sep-tiembre vía telefónica y por escrito para que cumpliera con las órdenes emitidas por ODIN. No obstante, aún hoy Rá-dinson Caraballo no ha comparecido.

Sin duda, éste se ha mostrado reacio ante nuestras ór-denes aun cuando fue apercibido de que su incumplimiento conllevaría la imposición de sanciones disciplinarias severas. La conducta desplegada por Rádinson Caraballo refleja desidia, indiferencia y falta de respeto a nuestras órdenes, todo ello en contravención del Canon 9 del Código de Etica Profesional, supra, y a los postulados éticos más elementales que rigen el ejercicio de la profesión. Precisa-mente, son esas las actitudes y el proceder que enfática-mente hemos rechazado de todo miembro de la profesión legal.

Conforme a lo anterior, se suspende inmediata e indefi-nidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría a Rádin-son Caraballo. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representán-dolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Ade-más, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del tér-mino de treinta días a partir de la notificación de esta opi-nión per curiam y Sentencia.

Por último, el Alguacil de este Tribunal debe incautar la obra y el sello notarial del abogado suspendido y entregar-los a la Directora de ODIN para la correspondiente inves-tigación e informe.

Se dictará Sentencia de conformidad.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Edish Meléndez Guzmán, apelante, v. Felipe Berríos López, apelado.

      Número: AC-2007-34

      Resuelto: 16 de enero de 2008

      Basilio Torres Colón, abogado de la parte apelante; Félix Ne-grón Martínez, abogado de la parte apelada.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 25 de noviembre de 1988, Felipe Berrios López y José A. Colón Guzmán —este último en su carácter de corredor de bienes raíces— suscribieron un contrato de corretaje que titularon “Autorización de Venta Exclusiva”. En éste, Berríos López autorizó a Colón Guzmán a vender unos bie-nes inmuebles de su propiedad: el centro comercial Berríos Cash and Carry, ubicado en Villalba, y Berríos Cash and Carry, ubicado en Juana Díaz. Entre las cláusulas y condi-ciones del contrato, éstos acordaron que la autorización de venta sería por un término de ciento veinte días, renovable por plazos iguales si las partes no notificaban, por correo certificado, su interés de desistir del acuerdo. Además, pac-taron una comisión de cinco por ciento del total de la venta, la cual sería pagada a Colón Guzmán una vez se firmara la escritura de compraventa. En la tercera cláusula del con-trato, acordaron que toda transacción relativa a la propie-dad objeto del acuerdo sería canalizada, exclusivamente, a través de Colón Guzmán.

El 19 de mayo de 1989, Colón Guzmán le remitió una carta a Berríos López con una lista de clientes potenciales para la venta de la propiedad; entre ellos se encontraba José Antonio Martínez. El 8 de agosto de 1989, Berríos López se acogió a los beneficios de la Ley de Quiebras. La Corte de Quiebras emitió su decreto final el 30 de septiem-bre de 1993. El 31 de marzo de 1994, Berríos López suscri-bió una escritura pública mediante la cual vendió la pro-piedad a Martínez y a su esposa por $500,000.

El 11 de julio de 2000, Colón Guzmán presentó una de-manda, por incumplimiento de contrato y daños y perjui-cios, contra Berríos López, ante la Sala de Ponce del Tribunal de Primera Instancia. En ella misma alegó que éste nunca le notificó sobre la venta de la propiedad, en viola-ción a la autorización del contrato de venta exclusiva sus-crito en 1988. A raíz de tal incumplimiento, solicitó el pago de la comisión pactada, ascendente al cinco por ciento del total de la venta de la propiedad y el resarcimiento por los daños, sufrimientos y angustias mentales que le ocasionó el incumplimiento.

Berríos López contestó la demanda, negando sus alega-ciones fundamentales. Entre sus defensas afirmativas adujo que la demanda estaba prescrita. Posteriormente, el 10 de julio de 2002, Berrios López solicitó formalmente la desestimación de la demanda fundamentado en que la causa de acción prescribió, según el Art. 1867 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5297. En apoyo a su alegación, adujo que la propiedad fue vendida el 31 de marzo de 1994 y no fue hasta el 11 de julio de 2000 que Colón presentó la de-manda de epígrafe. Argumentó que Colón Guzmán, como corredor de bienes raíces, es un “agente” para efectos del Art. 1867 del Código Civil, supra, por lo cual no le aplicaba el término de quince años provisto en el Art. 1864 del Có-digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 5294, sino el plazo trienal del referido Art. 1867 del Código.

Celebrada la vista en su fondo del caso, el 9 de noviem-bre de 2004, el tribunal de instancia dictó sentencia en la que condenó a Berrios López al pago de $25,000, los inte-reses legales, así como las costas, los gastos y los honora-rios del abogado. El foro primario concluyó que Berrios Ló-pez incumplió con lo pactado en el contrato de corretaje, por lo cual, procedía la indemnización en concepto de daños y perjuicios y el pago de la comisión adeudada.

Inconforme con tal determinación, Berrios López recu-rrió al Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar las posicio-nes de las partes, el foro apelativo intermedio dictó senten-cia y revocó la decisión del tribunal de instancia. De entrada, destacó dicho tribunal que el foro de instancia había errado al no atender la controversia relativa a la prescripción. Resolvió que un corredor de bienes raíces es considerado un agente según el Art. 1867 del Código Civil, supra. Como consecuencia, Colón Guzmán, quien supo de la venta de la propiedad en 1994, tenía tres años desde tal fecha para exigir el cumplimiento del pago por los servicios prestados. Tomando en cuenta que la demanda fue presen-tada transcurridos más de seis años desde la venta de la propiedad de Berríos López, la causa de acción estaba prescrita. Además, señaló que no se demostró que Colón Guzmán hubiese efectuado reclamaciones extrajudiciales que interrumpieran el término prescriptivo reseñado, ya que no especificó en qué consistieron los trámites alegados efectuados interruptores de la prescripción.

De tal determinación, la madre de Colón Guzmán acu-dió ante este Tribunal mediante un recurso de apelación. Planteó que erró el Tribunal de Apelaciones al

... concluir que la opinión de un tratadista español prevalece sobre la sentencia del Tribunal Supremo [d]e España];]
... al determinar incuria [por no haber efectuado] gestión al-guna para cobrar la comisión pactada];]
... al ser selectivo con los pasajes de la Transcripción de la Vista en su Fondo [;]
... utilizar la Ley 10 de 26 de abril de 1994 en lugar de la Ley 139 de 14 de junio de 1980 [;]
... obviar que el contrato es la ley entre las partes;
... ignorar que el desconocimiento de la ley no exime del cum-plimiento con la misma [;]
... no considerar el carácter sui generis del contrato de corre-taje al cual no le aplica de manera estricta las disposiciones del Código Civil];]
... no tomar en cuenta que el contrato [suscrito entre las partes] es uno de venta exclusiva que al momento del convenio se regía por cláusulas especiales];]
... poner sobre tan sólo uno de los contratantes el perfecciona-miento de un contrato bilateral];]
... no considerar que el demandante cumplió con todo lo pac-tado en el contrato vis a vis [sic] el demandado utilizó maqui-naciones insidiosas y dolo para no cumplir con lo pactado];]
... al ser dictada por el panel Mayag[ü]ez-Aguadilla una Sen-tencia inconsistente con la dictada por el panel de Guayama
.... Petición de certiorari, págs. 5-6.

Expedimos el recurso. Estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos.

I

Es una norma trillada que las acciones prescriben por el mero transcurso del tiempo fijado por la ley. Art. 1861 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5291. La figura de la prescripción es materia de derecho sustantivo, y no proce-sal, regida expresamente por nuestro Código Civil. Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559 (2001); Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, 144 D.P.R. 389 (1997); García Aponte et al. v. E.L.A. et al., 135 D.P.R. 137 (1994). Según bien señala Castán Tobeñas, “[e]l tiempo, con el concurso de otros factores, puede dar lugar a la adquisición de cier-tos derechos, como consecuencia de su ejercicio continuado, o a la extinción de un derecho, a consecuencia de su no ejercicio continuado”. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 14ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1984, T. 1, Vol. 2, pág. 963.

La prescripción es una defensa afirmativa que debe plantearse de forma expresa y oportuna, o de lo contrario, se entiende renunciada. Alamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 D.P.R. 93 (2002); Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, ante; Regla 6.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

En ocasión de que el transcurso del tiempo ex-tinga un derecho, nos encontramos ante la prescripción extintiva. En ésta, “la Ley fija un límite de tiempo para el ejercicio de los derechos, transcurrido el cual establece una presunción de renuncia o abandono de la acción para reclamarlos”. J. Puig Brutau, Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1996, pág. 92. La prescripción extintiva también persigue casti gar la inercia en el ejercicio de los derechos. Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 D.P.R. 142 (1998); Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, ante. A tales efectos, hemos expresado que “el transcurso del periodo de tiempo establecido por ley sin que el titular del derecho lo reclame, da lugar a la pre-sunción legal de abandono del mismo”, a la vez eliminando la incertidumbre de las relaciones jurídicas. García Aponte et al. v. E.L.A. et al., ante, pág. 142.

Así, cuando transcurre el periodo de tiempo que fija la ley se extingue la acción para hacer efectivo el derecho en cuestión y el deudor queda liberado de su obligación en tanto puede negarse a cumplir con ella, fundamentado en que ésta fue reclamada tardíamente. García Aponte et al. v. E.L.A. et al., ante. La prescripción extintiva opera en torno a los derechos reales y a los de crédito. Castán Tobe-ñas, op. cit., pág. 965.

Castán, citando a Coviello, señala tres requisitos para que se configure la prescripción extintiva, a saber: (1) la existencia de un derecho que se pueda ejercitar, (2) la falta de ejercicio o inercia por parte del titular, y (3) el transcurso del tiempo determinado en la ley. Castán Tobeñas, op. cit., pág. 973; Véase, además, J.R. Vélez Torres, Derecho de obligaciones: curso de derecho civil, 2da ed., San Juan, Ed. U.I.A, 1997, pág. 371.

Nuestro Código Civil establece los términos prescriptivos particulares para las diversas acciones, tanto las reales como las personales. En lo pertinente, el Art. 1864 del nuestro Código Civil, supra, dispone que las acciones personales, que no tienen señalado un término especial de prescripción, prescriben a los quince años. De otro lado, el Art. 1867(1), supra, establece un término prescriptivo de tres años para el cumplimiento de la obligación de pagar los honorarios, gastos y desembolsos que hayan realizado los jueces, abogados, notarios, peritos, agentes y curiales en el desempeño de sus cargos. El plazo comenzará a con-tarse desde la fecha cuando dejaron de prestarse los servi-cios pactados.

Puig Brutau señala que es razonable imponer un tér-mino más corto para el reclamo de la remuneración de los servicios o del trabajo, en vista de que un profesional debe ser diligente en el cobro de su retribución. Puig Brutau, op. cit., pág. 171. Además, este término trienal aplica a “crédi-tos cuyo pago es normal que se haga de manera rápida, inmediata o casi inmediata”, por surgir de deudas de la vida cotidiana. Vélez Torres, op. cit., pág. 393, citando a L. Diez-Picazo, La Prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, págs. 199-200.

Ahora bien, la prescripción de un derecho es lo excepcional, en vista de que su ejercicio o conservación es lo normal. Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, ante; Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 560 (1995). Como corolario, nuestro ordenamiento jurídico permite la interrupción de los términos prescriptivos. Éstos se entienden interrumpidos cuando el titular del derecho lleva a cabo gestiones que demuestran su interés en reclamar su acreencia. Puig Brutau, op. cit., pág. 92. Sobre el particular, el Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5303, dispone que “[l]a prescripción de las acciones se interrumpe por ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”. Una vez el término queda interrumpido, comenzará a computarse nuevamente desde el momento cuando se produce el acto interruptor. Sánchez v. Aut. de los Puertos, ante; Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, ante; García Aponte et al. v. E.L.A. et al., ante.

No existen requisitos de forma para una reclamación extrajudicial; por lo cual, ésta puede ser verbal o escrita, siempre que sea efectuada en el término prescriptivo. Vélez Torres, op. cit., pág. 381; Sánchez v. Aut. de los Puertos, ante; Maldonado v. Russe, 153 D.P.R. 342 (2001); De León v. Caparra Center, 147 D.P.R. 797 (1999); Galib Fran- gie v. El Vocero de P.R., ante. Incluso, la ley no limita los actos que pueden ser interruptores, admitiendo todos aquellos donde la voluntad del acreedor quede patente. Galib Frangle v. El Vocero de P.R., ante.

Sin embargo, hemos destacado que para que surta un efecto interruptor, la reclamación extrajudicial debe ser una manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo. Sánchez v. Aut. de los Puertos, ante; De León v. Caparra Center, ante; Martínez v. Soc. de Gananciales, 145 D.P.R. 93 (1998); Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, ante; García Aponte et al. v. E.L.A. et al., ante; Galib Frangle v. El Vocero de P.R., ante.

En Sánchez v. Aut. de los Puertos, ante, reiteramos los requisitos para que una reclamación extrajudicial interrumpa un término prescriptivo, a saber que: (1) se realice antes de la consumación del plazo; (2) se haga por el titular del derecho o de la acción; (3) el medio utilizado sea el adecuado o idóneo, y (4) exista identidad entre el derecho reclamado y aquel afectado por la prescripción. Véanse, además: Maldonado v. Russe, ante; Galib Frangle v. El Vocero de P.R., ante; De León v. Caparra Center, ante. Le corresponde al titular del derecho demostrar el cumplimiento con dichos requisitos. Sánchez v. Aut. de los Puertos, ante.

De otra parte, en Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110 D.P.R. 471, 476 (1980), citando a Diez-Picazo, adoptamos la norma de que una reclamación extrajudicial “es un acto de declaración de voluntad de naturaleza recepticia. Debe ser dirigido al sujeto pasivo del derecho y debe ser recibido por éste. De aquí que no pueda reconocerse eficacia interruptiva a los actos de afirmación de un derecho que no sean dirigidos al obligado o sujeto pasivo de la acción, sino a terceros, a personas distintas, a la generalidad”. (Énfasis suprimido.) Véase Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740 (1992).

II

Nos corresponde resolver si un corredor de bienes raíces es un “agente” para efectos del Art. 1867 del Código Civil, supra, y, como consecuencia, le aplica el plazo trienal allí establecido para reclamar el pago de su comisión y otros haberes por sus servicios o si, por el contrario, ^se trata de una acción personal a la cual le aplica el plazo prescriptivo de quince años que dispone el Art. 1864 del Código Civil, supra.

En su recurso la peticionaria Meléndez argumenta, en síntesis, que Berríos López incumplió con el contrato de corretaje que suscribió con Colón Guzmán en 1988, al nunca notificarle sobre la venta de la propiedad a Martí-nez, uno de los clientes potenciales provisto por Colón me-diante listado que éste le entregó a Berríos el 9 de mayo de 1989. Por tal motivo, Meléndez aduce que Berríos López le adeuda el pago de la comisión de cinco por ciento del precio total de la venta del inmueble, los intereses acumulados, así como una compensación en concepto de angustias men-tales, daños y perjuicios.

Ahora bien, ante la defensa afirmativa de prescripción que fue planteada por Berríos López en su contestación a la demanda y posterior solicitud de desestimación, Melén-dez alega que, en el caso de marras, aplica el plazo pres-criptivo de quince años provisto en el Art. 1864, supra. En apoyo a su argumento, cita fuentes españolas para argüir que, contrario a lo alegado por Berríos López, un corredor de bienes raíces no es un “agente” para efectos del plazo trienal del Art. 1867 del Código Civil, supra.

Más aún, sostiene que el Código Civil es de naturaleza supletoria y resulta innecesario acudir a sus disposiciones cuando existen cláusulas especiales en el contrato de corre-taje que rigen, de forma primaria, la relación jurídica entre las partes. En particular, sostiene incorrectamente que el asunto de la prescripción del contrato estaba cubierto en el contrato de corretaje “de manera detallada”.

En oposición a lo expuesto, Berrios López admite que incumplió con el contrato de corretaje al venderle la pro-piedad a Martínez y no pagarle la comisión pautada a Co-lón Guzmán. Sin embargo, señala que Colón Guzmán no fue diligente en el reclamo del pago de los honorarios que le eran adeudados, porque presentó la demanda transcu-rridos más de seis años desde la venta del inmueble y nunca efectuó gestiones para cobrar su acreencia con ante-rioridad a la presentación de la demanda. En particular, arguye que la reclamación de los demandantes está pres-crita porque se trata del cobro de los servicios prestados por un corredor de bienes raíces, el cual es considerado un “agente” según el Art. 1867 del Código Civil, supra, y al cual le aplica el término trienal que dispone este artículo. Citando tratadistas españoles, indica que un corredor de bienes raíces es un “agente” en tanto que presta un servicio de intermediario para gestionar negocios ajenos.

Si bien es cierto que el Art. 1864 del Código Civil, supra, establece un término prescriptivo de quince años para las acciones personales que no tengan uno especial de prescripción, hemos señalado que “éste término no aplica automáticamente cuando la ley no fija un término particular para una acción personal, pues en tales situaciones debemos utilizar inicialmente el término de mayor analogía”. Maldonado v. Russe, ante, pág. 348. Como consecuencia, al determinar el plazo prescriptivo para reclamar el pago de las comisiones pactadas en un contrato de corretaje, primero es preciso evaluar los orígenes y las características de esta clase de contrato.

III

A. Este Tribunal ha atendido controversias relativas al contrato de corretaje en varias ocasiones. Sobre ello, hemos señalado que el contrato de corretaje es de naturaleza sui géneris, que a pesar de no estar regulado de forma expresa en nuestro Código Civil, está íntimamente relacionado al contrato de mandato y se rige por las dispo-siciones del Código Civil relativas a dicho tipo de contrato especial. Véanse: Colegio Intl’ Sek P.R., Int. v. Escribá, 135 D.P.R. 647 (1994); Dumont v. Inmobiliaria Estado, Inc., 113 D.P.R. 406 (1982); Torres v. Arbona, J.R., 72 D.P.R. 769 (1951).

En ausencia de disposiciones expresas que regulan el contrato de corretaje, en Dumont v. Inmobiliaria Estado, Inc., supra, adoptamos lo expresado por Castán Tobeñas, op. cit., pág. 567, a los efectos de que

[e]l contrato de corretaje se ha de regir por las normas esta-blecidas por las partes ... y, en su defecto, como el Código Civil no lo regula en particular, habrá que suplir el vacío legal apli-cando las disposiciones generales contenidas en los títulos I y II del libro IV del mismo Código ... los usos y costumbres pro-pios de su naturaleza ...y, en cuanto en cada caso puedan ser oportunas, las reglas que le sean afines de aquellos contratos típicos con los que guarda íntima relación, como el mandato, la comisión mercantil y el arrendamiento de obras y servicios. (Enfasis suplido.) Véanse, además: Colegio IntV Sek P.R., Int. v. Escribá, ante; R. Cintrón Perales, El contrato de corretaje de bienes raíces y de opción de compraventa de propiedades resi-denciales, Ira ed., San Juan, Ed. Situm, 2006, págs. 3-4.

No obstante sus expresiones en torno a las analogías entre los contratos de corretaje y mandato, Castán Tobeñas también señala que, aun cuando el contrato de corretaje se asemeja a los contratos de mandato y a los arrendamientos de obras y servicios, también posee características que le diferencian claramente. Castán Tobeñas, op. cit., pág. 565. A modo de ejemplo, distinto al mandatario, el corredor no participa en la contratación ni funge como representante. Del mismo modo, a diferencia del arrendamiento de obras y servicios, el mediador o corredor no tiene el derecho a la retribución si no se celebra el contrato que le fue encargado. J. Santos Briz y otros, Tratado de Derecho Civil: teoría y práctica, Barcelona, Ed. Bosch, 2003, Vol. 3, pág. 462.

Frecuentemente, la mediación y los contratos de corre-taje también han sido comparados y discutidos de forma conjunta. Diez-Picazo resalta que el Código Civil no regula la prestación de los servicios por parte de los mediadores o los corredores. Asimismo, ni el mediador ni el corredor fun-gen como representantes de otro. Además, ambos tienen el derecho a la retribución sólo cuando el contrato principal ha sido realizado. L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 3era ed., Ed. Tecnos, Madrid, 1982, Vol. 3, pág. 479; Véanse: J. Santos Briz, Derecho Civil: teoría y práctica, Ed. Rev. Der. Privado, Madrid, 1973, T. IV, págs. 455-557; Santos Briz, op. cit., págs. 461-462.

En un intento de llenar la laguna jurídica existente en torno al contrato de corretaje, los tratadistas españoles lo han definido como aquel en cuya virtud una de las partes (corredor) se compromete a indicar a la otra (comitente) la oportunidad de concluir un negocio jurídico con un tercero o a servirle de intermediario a esta conclusión, a cambio de una retribución, comúnmente llamada comisión. F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil español, 3ra ed., Madrid, Ed. Pirámides, 1976, Vol. 3, pág. 210; Castán Tobeñas, op. cit., pág. 563; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil: Contratos en Particular, 2de ed., Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. II, pág. 480; Diez-Picazo, Sistema de Derecho Civil, op. cit., pág. 480.

Este contrato ha sido descrito como atípico, innominado, principal, consensual y bilateral, a través del cual las par-tes se imponen obligaciones recíprocas fundamentadas en la prestación de los servicios de corretaje. Puig Peña, op. cit., págs. 211-212; Castán Tobeñas, op. cit., pág. 566; Santos Briz, op. cit., pág. 462; Diez-Picazo, Sistema de Derecho Civil, op. cit., pág. 480.

Vélez Torres indica que, en esencia, el corredor de bie-nes raíces se obliga, en virtud de un contrato de mandato, a gestionar clientes. Consecuentemente, en tanto el corre-dor tiene por ocupación el desempeño de servicios de la especie a los que se refiere el mandato, se presume la obli-gación de retribuirlo según el Art. 1602 de Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4423. Vélez Torres, op. cit., pág. 420.

Surge de todo lo expuesto que el contrato de corretaje posee características que le asemejan al contrato de mandato, a la mediación y al arrendamiento de obras y servicios. Sin embargo, también retiene características particulares a su género que procuran una evaluación pormenorizada de las normas que le aplican. De ahí que debemos analizar las diversas vertientes jurídicas que han sido desarrolladas en tomo a cuál es el término prescriptivo para cobrar la comisión pactada en un contrato de corretaje.

IV

Al discutir el plazo trienal del Artículo 1.967, disposición equivalente a nuestro Artículo 1867, supra, Diez-Picazo indica que dicho término prescriptivo aplicación a las gestiones dirigidas a obtener retribución o remunera-ción por servicios que han sido prestados por el acreedor. L. Diez-Picazo, La Prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, pág. 200. Véase Puig Brutau, op. cit., págs. 170-171. Señala, además, que este artículo de ley denota una diferencia entre los servicios prestados por un profesional y aquellos que rinde un no profesional. Sobre ello, apunta que si los servicios fueron prestados por un profesional, el crédito para cobrar la acreencia prescribe a los tres años desde que cesaron los servicios, mientras los servicios prestados por no profesionales prescriben a los quince años. Diez-Picazo, La Prescripción, op. cit., pág. 201. Véase Vélez Torres, op. cit., págs. 393-394. La aplicación del plazo acortado de tres años responde a la diligencia que debe desplegar un profesional en el cobro de su retribución. Diez-Picazo, La Prescripción, op. cit., pág. 200. Véase Puig Brutau, op. cit., pág. 171. A modo de ejemplo, Diez-Picazo destaca que el plazo trienal también aplica a la acción de cobro por los servicios prestados por un médico. Diez-Picazo, La Prescripción, op. cit., págs. 207— 208.

El tratadista también sostiene que el término “agente”, en el contexto del citado artículo, presenta dificultades en tanto el primer inciso del Art. 1.967, supra, parece refe-rirse exclusivamente a la retribución de las profesiones ju-rídicas; razón por la cual, podría argumentarse que el tér-mino “agente” es utilizado en referencia a los agentes judiciales. No obstante, señala que los agentes judiciales en realidad están comprendidos en la categoría de curiales, y la más sabia interpretación es que el término “agente” se refiere a los de negocios. Como consecuencia de ello, deduce que el plazo trienal aplicable a los “agentes” puede ser “aplicable a cierto tipo de profesional, que merecen, al me-nos socialmente, la consideración de agentes (por ejemplo de propiedad inmobiliaria, de publicidad, de patentes y marcas, etc.)”. Diez-Picazo, La Prescripción, op. cit., págs. 205-206. Diez-Picazo señala, por último, que mientras la acción para exigir el cobro, de ordinario, prescribe a los quince años, cuando el mediador es un profesional de la mediación, debe aplicar el término prescriptivo trienal pro-pio de los profesionales. Diez-Picazo, op. cit, pág. 480.

Por analogía, el mismo plazo debe ser aplicado a los corredores de bienes raíces, profesionales licenciados en nuestra jurisdicción. Adviértase que en nuestra jurisdic-ción, el corredor de bienes raíces es un profesional licen-ciado para ello según la Ley de Negocios de Bienes Raíces y Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raíces, Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994 (20 L.P.R.A. see. 3025 et seq.), la cual revocó la antigua Ley de la Junta Examinadora de Corredores de Bienes Raíces, Ley Núm. 139 de 14 de junio de 1980 (20 L.RR.A. see. 3001 et seq.).

En el contrato de corretaje suscrito el 25 de noviembre de 1988, Berríos López autorizó a Colón a vender su pro-piedad, y las partes acordaron las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERO: Dicha autorización es por un término renovable de ciento veinte días a partir de la firma de este documento re-novable por términos iguales de nos existir notificación por escrita [sic] debidamente certificada por el servicio de correos de los E.E.U.U. de una de las partes desistiendo de dicha con-tratación a su vencimiento.
SEGUNDO: La comisión a ser pagada al corredor por la venta de la propiedad arriba descrita sera [sic] de un 5% (CINCO %) del precio total de la venta. La comisión sera [sic] pagada al firmar las escrituras ante el notario que por acuerdo de las partes seleccionen.
TERCERO: Que toda transacción referente a la propiedad arriba descrita sera [sic] canalizada a través del corredor con-tratado con carácter de exclusividad bajo los mismos términos y condiciones aquí estipuladas.
CUARTO: El vendedor propietario se compromete a honrar todo cliente que le haya sido presentado o notificado por el corredor aún cancelada esta autorización así como a pagar al corredor la comisión acordada por las partes.
QUINTO: El corredor se compromete a mantener informado al vendedor propietario sobre cualquier gestión de venta referente a la propiedad arriba descrita. (Enfasis suplido.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 142.

En primer término, observamos que si bien el contrato de corretaje es sui generis, al cual le aplican las disposicio-nes del Código Civil de forma supletoria, contrario a lo que sostiene la peticionaria Meléndez, el contrato no contiene disposición alguna relativa al término en el cual se pueden reclamar las prestaciones allí pactadas. La cláusula pri-mera únicamente establece que el contrato será renovable por términos de ciento veinte días hasta que las partes desistan del acuerdo. Ello no es un término prescriptivo para reclamar el cumplimiento del contrato. Además, los términos prescriptivos para entablar una acción no son susceptibles de ser fijados por las partes contratantes sino están claramente establecidos en el Código Civil y otras leyes especiales.

En la quinta cláusula del contrato se pactó de forma clara y contundente que Berrios tenía la obligación de in-formarle a Colón sobre cualquier gestión de venta sobre la propiedad. Durante su testimonio, Berrios López alegó que no le informó de la venta, porque creyó que al acogerse a la Ley de Quiebras, el contrato de corretaje había quedado sin efecto. Sin embargo, nunca presentó documentación al-guna que evidenciara que la corte de quiebras, como parte de los procedimientos ante sí, haya decretado la cancela-ción del contrato de corretaje.

En el caso de autos no albergamos duda de que Berrios López incumplió con el contrato de corretaje, porque no le informó a Colón Guzmán sobre la venta de la propiedad a Martínez. Así, pues, no existe controversia alguna en torno a que el contrato de corretaje era válido y Berrios López incumplió con lo allí pactado y nunca le pagó la comisión adeudada a Colón Guzmán. Como consecuencia de ello, re-sulta innecesario atender los señalamientos de error octavo y noveno en tanto tratan sobre el incumplimiento del contrato de corretaje.

En resumen, la controversia ante nuestra consideración se circunscribe a determinar si Colón Guzmán reclamó oportunamente el pago de la comisión pactada y el resar-cimiento de los daños y perjuicios que le fueron ocasiona-dos por el incumplimiento del contrato de corretaje. La res-puesta es en la negativa.

Tomando en cuenta las influencias que definen nuestro ordenamiento jurídico, sabemos que un corredor de bienes raíces —el cual es, ciertamente, un “profesional”— funge como “agente” del que lo contrata con el propósito de que le pueda vender su propiedad a un tercero. Según bien señala Puig Brutau, “ [e] 1 corredor interviene para mediar entre dos personas a las que pondrá en relación para que contraten entre sí. El derecho a cobrar la comisión depende de la efectiva celebración de un contrato en el que el corre-dor no interviene como parte”. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, op. cit., pág. 480. Entendemos que aplicar el plazo prescriptivo de quince años que dispone el Art. 1864, supra, a esta clase de situaciones, resulta irrazonable. Ello, ciertamente, no ayudaría a facilitar y fo-mentar las transacciones en el campo de las bienes raíces. Concluimos, en consecuencia, que un corredor de bienes raíces es un “agente” según el Art. 1867 del Código Civil, supra, y como consecuencia, el término trienal que dispone la disposición legal aplica a las acciones dirigidas a recla-mar el pago de la comisión o resarcimiento por los servicios prestados por un corredor de bienes raíces en virtud de un contrato de corretaje válido.

V

Finalmente, nos referimos a las alegaciones, de la parte demandante, contradictorias entre sí, a los efectos de que el plazo prescriptivo fue interrumpido.

En Galib Frangie v. El Vocero de P.R., ante, pág. 568, citando a Puig Brutau, destacamos que para que se interrumpa el término prescriptivo, el acreedor debe efectuar una reclamación extrajudicial de “forma clara e inequívoca, que no deje dudas acerca de su intención”. Además, hemos señalado que no basta con que el acreedor le curse al deudor una notificación limitada a proveer información, porque ello no constituye una manifestación inequívoca de quien expresa la voluntad de no perder su derecho. Galib Frangie v. El Vocero de P.R., ante, citando a Zambrana Maldonado v. E.L.A., ante. Es preciso que el acreedor del derecho identifique claramente tanto al deudor como al acreedor e indique los elementos necesarios para entablar su reclamación. De León v. Caparra Center, ante. Además, el reclamo debe estar dirigido, y debe ser recibido, por el deudor. Ciertamente, Colón Guzmán nunca le envió una comunicación a Berrios reclamando el pago de su comisión. No obra en el expediente prueba alguna sobre ello.

Según destacamos, resultan contradictorias las alega-ciones que en su día formuló Colón Guzmán a los efectos de que, aún cuando desconocía de la venta del inmueble, por otro lado realizó gestiones dirigidas a cobrar su comisión. De su propio testimonio surge que él supo de la venta del inmueble en 1994 por medio del hermano del comprador de la propiedad, así como del hermano de Berríos López, por lo cual conocía sobre la venta de ésta y no realizó gestiones legalmente efectivas del cobro que hubieran interrumpido el plazo prescriptivo.

Tomando en cuenta lo anterior, concluimos que no erró el tribunal recurrido al determinar que el término pres-criptivo no fue interrumpido mediante una reclamación extrajudicial. No podemos avalar la desidia en que incurrió Colón Guzmán en el reclamo de sus derechos, aún ante el claro incumplimiento por parte de Berríos López. Resolver lo contrario contravendría los principios básicos de la fi-gura de la prescripción, elemento esencial de nuestro orde-namiento jurídico.

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En mérito de todo lo expuesto, procede dictar Sentencia confirmatoria de la emitida en este caso por el Tribunal de Apelaciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       No hizo alusión alguna a la moción de desestimación presentada por Berrios.

       Luego de presentado el recurso, Colón Guzmán falleció, ante lo cual su ma-dre, Edish Meléndez Guzmán, le sustituyó en el pleito.

       Es preciso aclarar que acogemos este recurso como un certiorari, por ser éste el apropiado.

       Conforme al Diccionario de la Real Academia Española, un agente, en térmi-nos generales, es el “que obra o tiene virtud de obrar” o “que tiene a su cargo una agencia para gestionar asuntos ajenos o prestar determinados servicios”. Real Academia de la Lengua Española, Diccionario de la Lengua Española, 22da ed., Ed. Espasa-Calpe, 2001, T. 1, pág. 61. Por su parte, define un agente comercial como aquel que profesionalmente gestiona por cuenta ajena, mediante comisión, y sujeto a las condiciones estipuladas por el que representa. Mientras, el agente de negocios tiene por oficio gestionar negocios ajenos.

      B) Por su parte, en el derecho anglosajón, el mandato es conocido como la figura de la agencia o “agency”, relación fiduciaria, mediante la cual una persona se obliga a actuar por la otra. R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: derecho de contratos, San Juan, Ed. Rev. Jur. U.I.P.R., 1990, T. IV, Vol. II, pág. 434; Cintrón Perales, op. cit., pág. 52. Sobre el particular, la jurisprudencia federal ha señalado: “[t]he relation of agency is created as the result of conduct by two parties manifesting that one of them is willing for the other to act for him, and the agent must act or agree to act on the principal’s behalf and subject to his control .’’Premium Financing Spec. v. Transportation Spec., 768 F.2d 282, 284 (8vo Cir. 1985), citando a RESTATEMENT OF AGENCY Sec. 1, comment A. Véase Rufenacht v. Iowa Beef Processors, Inc., 656 F.2d 198 (8vo Cir. 1981).

       Las gestiones de cobro que se alega fueron realizadas por Colón Guzmán, con un contador de Berríos López, no cumplen con los requisitos exigidos por nuestra jurisprudencia.