author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Cruz, Demandante y Apelada, v. Santiago, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa sobre filiación y alimentos.
    No. 1393.
    Resuelto en junio 19, 1916.
    Filiación — Hijos Naturales — Reconocimiento de Hijos Naturales — Prueba Vigorosa y Convincente del Reconocimiento. — -En este caso del examen de las declaraciones que obran en la transcripción de los autos, hay prueba para sostener que Benigna Cruz vivió en concubinato con Felipe Santiago en la fecha que indica la demanda; que de esas relaciones nació la niña Rosa María Cruz, pagando el demandado los gastos del parto; que dichas relacio-nes continuaron hasta el año 1901 en que se casó Felipe Santiago con otra mujer; que cuando la niña tuvo cuatro años de edad la madre la entregó para su cuidado a su padrino Escolástico Roger, quien vive con una hermana de Benigna; que Felipe Santiago atendió pecuniariamente a la madre y a la hija mientras vivieron juntas y que después entregaba semanales de dinero a Roger para las atenciones de la niña, generalmente por entregas directas a él y otras por conducto de Rosa María, siendo la última entrega el día que se presentó la demanda; que el apelante ante varias personas ha manifestado que Rosa María Cruz es su hija, le ha dado su bendición como padre repetidas veces y manifestó a Escolástico Roger que si no la reconocía legalmente como tal hija era porque su esposa se oponía; y que Roger llevó a Rosa María Cruz a pasar una temporada en la casa de Felipe Santiago en el año 1914 y luego estuvo otra vez en diciembre o enero de 1915. Se resolvió: que tales hechos constituyen prueba vigorosa y convincente del reconocimiento hecho por Felipe Santiago de su hija natural Rosa María.
    Id. — Presencia del Demandado en el Juicio — Inferencia de Actos y Manifes-taciones. — Cuando un demandado en causa sobre filiación, estando presente en el juicio, no se ofrece como testigo para contradecir las afirmaciones que se hicieren de sus actos y manifestaciones, permite de ese modo que el juez ■ pueda inferir que no se atrevía a contradecirlas bajo juramento. No quita fuerza a la inferencia el heeho de que el demandado jurara la contestación negando los actos de su reconocimiento que en la demanda se imputaban, ni tampoco el hecho de que al examinarlo la demandante como su testigo se limitara a preguntarle sobre sus bienes de fortuna a los efectos de su recla-mación dé alimentos y no lo interrogara sobre los actos de reconocimiento.
    Id. — Posesión Continua de Estado de Hijo Natural — Actos de Reconocimien-to. — No es necesario para que la posesión continua de estado de hijo natural exista que los actos de reconocimiento empiecen desde el nacimiento hasta la demanda si existe una serie de actos que demuestren la voluntad del padre de reconocer al hijo natural, bastantes para poder estimar que no siendo aislados son por el contrario una continuación de hechos que presentan al hijo en relación no interrumpida de hijo natural.
    Id. — Cuantía Litigiosa — Honorarios de Abogado — Alimentos Provisionales— Pensión Alimenticia. — En una acción de filiación en que no se reclamen bienes, no existe cuantía, y por tanto, no proeede la condena de honorarios de abogado, aim cuando la sentencia conceda además una pensión alimenticia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante; Sres. José y Manuel Tous Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Rafael Martinez Nadal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Benigna Cruz presentó demanda a nombre de su hija menor de edad Rosa María Cruz en 1°. de abril de 1915 contra Felipe Santiago solicitando qne se la declarase hija natural reconocida de éste, con los derechos qne el Código Civil concede a los hijos naturales. También ¡=se pidió en la demanda qne se concedan alimentos a la menor hasta qne llegue a la edad de 18 años.

En la demanda se expusieron como hechos fundamentales de la acción de filiación qne a principios del año 1899 sn madre Benigna Cruz fué seducida por Felipe Santiago con quien vivió en concubinato y de cuyas relaciones nació en 20 de abril de 1900 la demandante Bosa María Cruz, la que siempre fué tenida por él como hija suya, atendiendo a sus necesidades, llamándola hija en conversaciones pfiblicas de-lante de varias personas, llevándola a pasar temporadas en su casa donde estuvo tres meses desde junio a septiembre de 1914, y luego en enero de 1915, que el demandado ha mani-festado en diversas ocasiones a Escolástico Roger, quien cuida de la demandante, que ésta es su hija y que la recono-cería legalmente si no fuera por la oposición de su esposa, y que cuando sus padres la procrearon eran ambos solteros y sin impedimento para contraer matrimonio. Para la re-clamación de alimentos se alega el capital que tiene el demandado.

La demanda fué jurada por Benigna Cruz 'y la parte demandada también juró su contestación en la que negó los hechos que son fundamento de aquélla.

Celebrado el juicio el día 19 de junio de 1915, el tribunal inferior declaró probados los hechos de la demanda refe-rentes a los actos de reconocimiento alegados y dictó sentencia declarando que Felipe Santiago es el padre natural de Rosa María Cruz y condenándole a pagar a su hija por vía de alimentos la cantidad de $30 mensuales hasta que cumpla la edad de 18 años, así como las costas, desembolsos y los hono-rarios del abogado de la demandante. Contra esta sentencia y contra la resolución que aprobó el memorándum de costas por contener cantidad para honorarios de abogado, interpuso el demandado el presente recurso de apelación.

El único motivo en qne el apelante basa sn petición de qne revoquemos la sentencia apelada es que la. prueba no es suficiente para sostener la declaración del tribunal inferior de que Rosa María Cruz es bija natural suya, porque no es vigorosa y convincente como hemos declarado debe serlo la de filiación. Negueruela v. Somohano, 16 D. P. R. 692 y Méndez v. Martínez, 21 D. P. R. 252

Veamos, pues, si la prueba es vigorosa y convincente para sostener la declaración hecha por el tribunal a quo de que Rosa María Cruz es hija natural del apelante Felipe Santiago.

Del examen de las declaraciones que obran en la trans-cripción de los autos hay prueba para sostener que Benigna Cruz vivió en concubinato con Felipe Santiago en la fecha que indica la demanda; que de esas' relaciones nació la niña Rosa María Cruz, pagando el demandado los gastos del parto; que dichas relaciones continuaron hasta el año 1901 en que se casó Felipe Santiago con otra mujer; que cuando la niña tuvo cuatro años de edad la madre la entregó para su cuidado a su padrino Escolástico Roger, quien vive con una hermana de Benigna; que Felipe Santiago atendió pecuniariamente a la madre y a la hija mientras vivieron juntas y que después entregaba semanales de dinero a Roger para las atenciones de la niña, generalmente por entregas directas a él y otras por conducto de Rosa María, siendo la última entrega el día que se presentó la demanda; que el apelante ante varias pegonas ha manifestado que Rosa María Cruz es su hija, le ha dado su bendición como padre repetidas veces y manifestó a Esco-lástico Roger que si no la reconocía legalmente como tal hija era porque su esposa se oponía; y que Roger llevó a Rosa María Cruz a pasar una temporada en la casa de Felipe Santiago en el año 1914 y luego estuvo otra vez en diciembre o enero de 1915.

Es cierto q.ue muchos de estos hechos fueron contradichos por testigos de la parte demandada y que la testigo principal en el pleito fué Rosa María Cruz, que entonces tenía 15 años de edad, pero como la declaración hecha, por el juez inferior en la sentencia lleva consigo crédito para esos hechos, tenemos qne aceptarlos como ciertos toda vez qne oyó a los testigos y viéndolos declarar estaba en mejor condición qne nosotros para apreciar sn credibilidad, ya que no tenemos para cono-cer la declaración de los testigos otra cosa que el extracto de sus manifestaciones hecho en la exposición del caso.

Entendemos que tales hechos constituyen una prueba vi-gorosa y convincente del reconocimiento hecho por Felipe Santiago de su hija natural Rosa María, teniendo en cuenta •también que estando el demandado presente en el juicio no se presentó como testigo para contradecir las afirmaciones que se hicieron de sus actos y manifestaciones permitiendo de ese modo que el juez hiciera la inferencia de que no se atrevía a contradecirlos bajo juramento. Una de las razones que se tuvieron en cuenta en el caso de Fajardo v. Tió, 17 D. P. R. 248, para confirmar la sentencia que hizo la declara-ción de hija natural fué que el padre demandado no declaró, haciéndose referencia al artículo 102 de la Ley de Evidencia y a la obra de Wigmore, 289 respecto a tal circunstancia. Es cierto que el demandado juró la contestación negando los actos de reconocimiento que en la demanda se le imputaban, pero tal negativa jurada es solamente un requisito del pro-cedimiento que no tiene el valor probatorio de una declaración prestada en el juicio que está sujeta a las repreguntas de la parte contraria. Ni el hecho de que al sentarlo la deman-dante en la silla de ios testigos se limitara a preguntarle sobre sus bienes de fortuna a los efectos de su reclamación de alimentos y no lo interrogara sobre los actos de recono-cimiento quita fuerza a la inferencia que surge del hecho de no haber contradicho los hechos que se le imputaron por los testigos de la parte demandante, pues para ésta no era evi-dencia superior la declaración de la parte demandada, pues había de serle un testigo hostil, dada su contestación a la demanda.

La teoría de la parte apelante en esta apelación es que no existe una serie continua de actos de reconocimiento por parte suya porque encuentra nna laguna en la prueba desde los cuatro años de edad de la niña basta que en 1914 estuvo, en su casa y que sólo demuestra actos aislados.

No es necesario para que la posesión continua de estado de hijo natural exista que los actos de reconocimiento empie-cen desde el nacimiento hasta la demanda si existe una serie de actos que demuestren la voluntad del padre de reconocer al hijo natural, bastantes para poder estimar que no siendo aislados son por el contrario una continuación de hechos que presenten al hijo en relación no interrumpida de hijo natural. Méndez v. Martínez, 21 D. P. R. 267. Pero en este caso resulta además que los actos de reconocimiento empezaron con el nacimiento y continuaron hasta la demanda, pues la laguna que el apelante encuentra en la prueba se debe a que echa en olvido la declaración de Escolástico Boger según la cual Felipe Santiago siempre le entregó dinero para atender a su hija Rosa María Cruz.

El resultado de la prueba creída por el tribunal inferior es no sólo que Eosa María Cruz es el fruto de las relaciones del demandado con Benigna Cruz cuando ambos eran solteros, sino que desde entonces y hasta el comienzo del pleito ha venido atendiendo a la subsistencia de su hija, que como tal la ha tratado ante diversas personas, y que por algunas temporadas la ha tenido en su casa, hechos que son bastante vigorosos y convincentes para demostrar la posesión continua del estado de hija natural suya por sus actos directos y por tanto que la demandante justificó los requisitos que exigía la ley vigente a su nacimiento y que no cometió el tribunal inferior el error que se le atribuye de haber fallado sin prueba, que sostenga su sentencia.

En cuanto a la condena de pagar honorarios de abogado' hace referencia esta apelación, tenemos que decir que en una acción de filiación como la presente en que no se reclaman bienes no existe cuantía y, por tanto, de acuerdo con lo resuelto en el caso de Modesto v. Sucesión Dubois, 16 D. P. R. 745, no pueden recobrarse honorarios de abogado. Es cierto que también se reclamó con la demanda de filiación una pen-sión alimenticia de $75 mensuales basta que Eosa María Cruz llegara a la edad de 18 años y que la sentencia concede $30 al mes por ese período de tiempo, pero de- acuerdo con lo decidido en el caso de Luzunaris v. Díaz, 23 D. P. R. 663 con motivo de una demanda sobre alimentos, no procede la condena de honorarios de abogados, por lo que la sentencia apelada debe ser modificada en este particular y también la resolución aprobando el memorándum de costas para que quede eliminada la partida de honorarios de abogado.

Confirmada la sentencia y resolución apeladas, pero modificando la primera en el sentido de que no procede la condena de honorarios de abogado y eliminando de la segunda la partida de dichos honorarios.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wolf

license: Public Domain

text:
    Casiano et al., Demandantes y Apelados, v. Luchetti, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa sobre filiación y complemento de legítima.
    No. 1412.
    Resuelto en junio 19, 1916.
    Hijos Naturales — Reconocimiento—Testamento Ológrafo — Auto Auténtico— . Código Civil Francés. — El Código Civil francés no considera el testamento ológrafo como un acto solemne y auténtico por el cual el padre expresa su intención de dar a su liijo un estado, pero exige la comparecencia del padre ante algún funcionario público y la ejecución del acto cuando el hijo no ha sido reconocido al tiempo de su nacimiento.
    Códigos Extranjeros — Pruebas.—Cuando se trata de códigos extranjeros, para que puedan ser considerados en juicio es necesario que sean ofrecidos como prueba, de conformidad con la Ley de Evidencia.
    Hijos Naturales — Acto Auténtico — Testamento Ológrafo — Protocolización— Locus Regit Actum — Código Civil Francés.' — Un aeto que no es auténtico bajo las leyes de un país extranjero, no puede llegar a serlo de acuerdo con el principio loans regit actum porque sea llevado al protocolo de un notario en Puerto Pico, por alguna otra persona, y como en Praneia el testamento sólo necesita ser publicado por el juez del lugar en que se otorga, su proto-colización en Puerto Bieo no produce efecto de autenticidad.
    Id. — Residencia Temporal — Ciudadanos—Locus Regit Actum — Código Civil Erancsés — Testamento Ológrafo — Prueba del Testamento — Defecto de Porma. — El Código Civil francés tiene en cuenta el derecho de sus ciudadanos que residen temporalmente en otros países donde es innecesaria la interven-ción del funcionario público en el otorgamiento de un testamento para que sea válido según las formalidades de dichos países, pero a menos que el testa-mento esté hecho en país extranjero el principio locus regit actum no tiene aplicación, y la protocolización de un testamento no hace de él un documento auténtico.
    Id. — Legitimación—Reconocimiento—Derecho Internacional Privado. — Es un principio muy conocido de dereeho internacional privado que el hijo que ha sido legitimado en el país de su padre será considerado como legítimo en cualquiera otra parte, y si un hijo natural reconocido se legitima en esta forma en determinado país, recibirá el debido reconocimiento en otra juris-dicción.
    Id. — Piliación—Testamento Ológrafo — Acto Voluntario — Nacionalidad.—En una acción de filiación en que por virtud del testamento ológrafo se quiere conferir un status al hijo natural, aun euando ese acto del padre haya sido voluntario, debe regirse por la ley de su país que se presume conocía.
    Id. — -Reconocimiento—Testamento Ológrafo — Orden Público — Nacionalidad.— Si un francés domiciliado en Praneia otorga un testamento ológrafo recono-ciendo a los hijos que tuvo mientras residía temporalmente en Puerto Rico, no existe cuestión alguna de orden público. La legislatura española adoptó la ley de nacionalidad en cuestiones de familia para sus propios súbditos, y no hay razón alguna de orden público para someter a un francés, aunque esté domilieiado en Puerto Rico, a ninguna ley que no sea la de su propio país.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. F. Castro.

    Abogados del apelado: Sres. José y Manuel Tous Soto.

   El Juez Asociado Sr. Wolf

emitió la opinión del tribunal.

.Don Tristán Lnchetti falleció en París, Francia, el día 12 de febrero de 1897, siendo ciudadano francés, vecino de Tanco, Puerto Eico. Era soltero y no dejó descendientes ni ascen-dientes legítimos. En agosto 20, 1896, y, por tanto, pocos meses antes de su muerte, otorgó un testamento ológrafo en el que instituyó por sn único y universal heredero a su her-mano Mateo Lnchetti con la siguiente cláusula especial:

“Dejo los $14,000 pesos (plata provincial) de por mitad, a mi hijo natural, nacido el primero de abril de 1895, que he tenido en mi concubina Justa, que tú conoces, y a otro niño por nacer de la misma, que be dejado en cinta; este dinero no les será entregado,, ($7,000 a cada niño, con la obligación para ellos de entregar de los mismos a su madre $1,000 cada año), basta la edad de diez y ocbo años cumplidos. Mientras tanto, emplearás el interés al 5 por ciento anual en proveer a sus necesidades y a la subsistencia de la madre, así como en hacerles dar una instrucción elemental bastante esmerada, para que puedan, cuando sean hombres, hacer buen uso de su pe-queño capital. Tenles también cariño y atenciones en memoria mía. Si alguno de los dos llegase a fallecer antes de la edad de diez y ocho años, su parte irá mitad al sobreviviente, mitad para tí; si muriesen los dos, todo te correspondería a tí, salvo la suma de dos, mil pesos ($2,000) que quedaría siempre adjudicada a la madre.”

El testamento fue en forma do carta testamentaria dirigida a su referido hermano y en ella hizo el testador otros legados. Al morir Don Tristán, su hermano tomó el testamento e hizo que fuera formalmente protocolado en la oficina del Notario Matienzo Ointrón. En febrero 17, 1915, dicho Mateo Luchetti satisfizo a los referidos hijos mencionados en el testamento y legalmente emancipados por la Corte de Distrito de Ponce, el importe correspondiente a sus legados, o sea 7,000 pesos a cada uno; y dichos hijos emancipados aceptaron el mismo y subsiguientemente, en febrero 24, 1915, establecieron la presente acción.

.. El derecho a la filiación reclamado en este pleito se hace depender principalmente de la cláusula del testamento que ha sido transcrita. Como, consecuencia de su pretendido dere-cho a ser los hijos naturales reconocidos de Don Tristán, ale-gan también su derecho a i’ecibir la diferencia entre lo que constituiría su porción especial como herederos forzosos y la suma que en realidad les ha sido satisfecha. Parece ha-berse admitido que el importe de dicha porción legítima ten-dría que ser determinado por la ley de Francia y también parece ser un hecho que la cantidad que realmente recibieron como legados prácticamente hubiera cubierto sus porciones legítimas si dichas porciones tuvieran que determinarse por la leji de Puerto Rico; en otras palabras, el montante de la herencia de Don Tristan era de 42,888.50 pesos, y los hijos naturales reconocidos de acuerdo con el código entonces en vigor, hubieran tenido derecho a- una tercera parte de la misma. Según la ley de Francia, viviendo un hermano, dichos hijos naturales hubieran tenido derecho a las tres cuartas partes, de la suma que los hijos legítimos hubieran recibido, a sea, tres cuartas partes de dos tercios; o una mitad. La diferencia entre los legados y la suma reclamada es aproximadamente de 7,000 pesos provinciales, con sus intereses.

Hubo pruebas de peritos y citas de la ley de Francia sufi-cientes para demostrar que en Francia un testamento oló-grafo como éste no daría a un hijo natural que vive en Fran-cia la condición (status) de un hijo natural reconocido. La ley de Francia no considera al testamento ológrafo como un acto solemne y auténtico por el cual el padre expresa su in-tención de dar a su hijo un estado. Esa ley exige la compa-recencia del padre ante algún funcionario público cuando el hijo no ha sido reconocido al tiempo de su nacimiento. La autenticidad es la regia en Francia.

Los apelados admiten en sustancia, que el testamento oló-grafo por sí' no serviría en Francia, pero insisten grande-mente en el hecho de su protocolización en Puerto Rico.

El artículo 1317 del Código Civil Francés es como sigue:

“L* acto authentique est celui qui a été recu, par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu au l’acte a été rédigé, et avec les solemnités requises.”
“El acto auténtico es aquel que ha sido autorizado por funcio-nario público que tenga el derecho de actuar en el lugar en que el acto haya sido redactado, y con las solemnidades requeridas.”

También presentan los apelados en su alegato el artículo 1322 del Código Civil Francés, el cual es como sigue:

“L’acte sous seing privé, reconmi par celui atíquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont sousarit et entre leurs hérítiers et ayant-cause, la meme foi que l’acte authen-iique.”

El juez ele la corte inferior certificó que toda la prueba fue transcrita en la exposición del caso, pero no encontramos que el artículo 1322 fuera ofrecido como prueba, como es necesario tratándose de códigos extranjeros. liemos examinado cuidadosamente los autos porque la cita no nos parecía muy clara como fue hecha en el alegato de los apelados, lo mismo en francés que en español. La versión española es como sigue:

“El documento privado reconocido por aquel a quien se opusiere o legalmente tenido por reconocido, tiene entre los que lo suscribieron y sus eausahabientes el mismo efecto que el documento auténtico.”

Ahora bien, estas palabras tal vez pueden significar que si la persona que reclama un derecho por virtud del documento reconoce la autenticidad del mismo, dicho documento será considerado como auténtico, pero podrían dar a entender otras varias cosas. Para mayor seguridad hemos examinado el Código Francés y nos inclinamos a creer que el artículo 'citado se refiere al efecto que producen los documentos privados entre las partes y que no fué la intención hacer a este artículo equivalente a un acto auténtico. La corte inferior no se basó al parecer en este artículo, ni tampoco los apelados, si es que los entendemos, sostienen que el acto del demandado al protocolar el testamento era el acto auténtico, o su equi-valente, a que se refiere el artículo 1322. Existe, sin embargo, una decisión de la Corte de Apelaciones de París que más adelante se menciona específicamente, que ha sido copia-da en los autos, (página 47 y siguientes), que niega la auten-ticidad de un testamento ológrafo de acuerdo con el cual reclamaban los demandantes en una acción, y, por tanto, lle-gamos a la conclusión de que aun cuando el artículo 1322 se encontrara debidamente sometido a la_ consideración de este tribunal no produce el efecto • de sustituir un testamento ológrafo por el acto auténtico a que se refiere el artículo 1317.

Los apelados sostenían que la protocolización en Puerto Rico del testamento de una persona domiciliada en Puerto Rico lo convertiría en nn acto ejecutado ante nn funcionario público y que de acuerdo con el principio de “locus regit actum” como el domicilio del fallecido y los bienes todos iban a surtir efecto en Puerto Rico las reglas locales deben ser aplicables. Pero no podemos ver cómo un acto que no es auténtico bajo las leyes de determinado país y que requiere la comparecencia de una persona ante un funcionario público puede llegar a ser auténtico porque el acto particular o documento sea llevado al protocolo de un notario por alguna otra persona. Como Don Tristón era francés y en Francia un testamento ológrafo sólo necesita ser publicado por el juez del lugar en que se otorga, dudamos de si la protocolización ante el notario en Puerto Rico no era superfiua. La resolución de la corte francesa a que nos hemos referido declaraba que el reconocimiento en un testamento ológrafo no surtiría efecto bajo la ley francesa y no podría servir como un testamento inglés y acto público por no haber sido debidamente autenticado. Tomado de Dalloz, Compilación Periódica y Crítica de la Jurisprudencia, etc., 1897, parte segunda, página 339. En otras palabras, jamás podía ser presentado para probar su autenticidad en las cortes inglesas como testamento válido, por lo que no estaba comprendido dentro de las pres-cripciones del artículo 999 del Código Civil Francés, que permite a un francés otorgar un testamento válido de .acuerdo con las formalidades de un territorio extranjero. El testa-mento era nulo ab initio como testamento bajo la ley inglesa, pero válido como ológrafo según la ley francesa; en otras palabras, de conformidad con el principio de locus regit actum la corte francesa hubiera dado validez al reconocimiento del testador de haber observado éste la forma para un testamento válido bajo la ley inglesa. En el presente caso el testamento fué otorgado en Francia y el único “locus” aplicable era París. Si el testador hubiera otorgado un testamento ológrafo en Puerto Rico con las formalidades requeridas aquí para el mismo, una cuestión diferente podría presentarse, pero aun así pudiéramos dudar. Lo que tiene en cuenta la ley francesa es el derecho de sus ciudadanos si están temporalmente en Inglaterra o en Jos Estados Unidos, o en otros países, donde es innecesaria la intervención de un funcionario público en el otorgamiento de un testamento, para hacer una cosa equivalente en dichos países. El requisito de la ley inglesa en estos casos es muy formal. Los testigos deben haberse pre-sentado a petición del testador; deben verlo firmar; dar fe de su firma y firmar en presencia del testador y de cada uno de los demás. Todo esto aparece de la opinión francesa que ha sido copiada en los autos. Los apelados están en un error en ereer que la cuestión de la prueba de la autenticidad del testamento es la parte importante que ha de ser conside-rada respecto a la cuestión de un 'testamento inglés válido. Aun cuando hubiera sido aceptado por la corte el testamento, jamás hubiera sido un testamento válido si los testigos mera-mente firmaron sin cumplir con los demás requisitos que hemos indicado. Los defectos no eran meramente forma-les ; ellos impiden qne el supuesto último acto de un hombre pueda convertirse en un testamento válido. Pasqnale Fiore en su obra sobre Derecho Internacional Privado, Madrid, Edición 1889, Tomo III, párrafo 744, traía de la cuestión de hasta qué punto las cortes francesas darán validez a un acto ejecutado en territorio extranjero, como signe:

“Solamente podemos conceder que si a consecuencia de la acción judicial promovida ante el tribunal extranjero donde el hijo haya nacido y donde con la posesión de estado adquirió la condición civil de hijo natural de una persona determinada, se hubiese establecido judicialmente dicha condición, esta sentencia podría servir para es-tablecer el estado de filiación natural aun en la patria del padre, donde no se reputase eficaz para este objeto la posesión de estado. La razón en que esto se funda es la de que, según la ley italiana, por ejemplo, y lo mismo sucede con la francesa, la autenticidad es un requisito indispensable para la eficacia del reconocimiento, pero no se requiere que el acto se realice con el fin principal de hacer constar la paternidad y la filiación, y de aquí que se considere válido el reconocimiento. becbo accidentalmente en nn acta auténtica con expresiones simplemente enunciativas pero no equívocas, y que se considere también tal la concesión judicial comprobada por el ma-gistrado.
“Ahora bien: así como la sentencia extranjera tiene el carácter de la autenticidad, así también cuando mediante ella se hubiese he-cho constar la filiación paterna por la posesión de estado y éste se hubiese reconocido en juicio contradictorio con el padre, equivaldría a una confesión judicial explícita por parte de éste, y bastaría para atribuir al reconocimiento el carácter de la autenticidad que nuestra ley exige.”

Y en el párrafo anterior presenta como opinión suya que la regla locus regit actum sería invocada en vano para dar al hijo un status válido que no le ha sido conferido por la ley del domicilio del padre.

La verdadera e importante cuestión en este caso es si es la ley francesa, o la de Puerto Rico vigente en 1897 la que debe regir. Tristón Luclietti era un ciudadano francés do-miciliado o con residencia en Puerto Rico. Los hijos vivían en Puerto Rico y hasta el otorgamiento del testamento, por lo menos, eran súbditos españoles. La ley francesa y la española están en conflicto. Como' ha indicado Fiore, supra. artículo 723, no puede haber relación establecida para el hijo que no establece la relación recíproca con el padre. ¿A qué ley ha de ciársele efecto?

El testador falleció en 1897 y todos los actos del padre relativos a la protocolización y demás, fueron ejecutados antes de tener lugar el cambio de la Soberanía de España a la de los Estados Unidos; por tanto, creemos por esta sola razón que las decisiones de este tribunal en los casos de Marimón v. Pelegrí, 2 S. P. R. 331, y Cruz v. Domínguez, 8 D. P. R. 580, no son de aplicación; pero también convenimos con el apelante en que las decisiones de este tribunal en materia de divorcio, en los cuales fué desplegado un sistema especial por nuestra corte no tienen aplicación a un principie general de derecho internacional privado.

Los artículos 9, 10 y 11 del Código Civil Español, entonces vigente, son los siguientes:

“9. Las leyes relativas a los derechos y deberes de familia, o al estado, condición y capacidad legal de las personas, obligan a los es-pañoles, aunque residan en país extranjero.
“10. Los bienes muebles están sujetos a la ley de la nación del propietario; los bienes inmuebles a las leyes del país en que están sitos.
“Sin embargo, las sucesiones legítimas y las testamentarias, así respecto al orden de suceder como a la cuantía de los derechos su-cesorios y a la validez intrínseca de sus disposiciones, se regularán por la ley nacional de la persona de cuya sucesión se trate, cuales-quiera que sean la naturaleza de los bienes y el país en que se en-cuentren.
“Los vizcaínos, 'aunque residan en villas, seguirán sometidos, en cuanto a los bienes que posean en la tierra llana, a la ley 15, título 20 del Fuero de Vizcaya.
“11. Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás instrumentos públicos, se rigen por las leyes del país en que se otorguen.
“Cuando los actos referidos sean autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de España en el extranjero, se observarán en su otorgamiento las solemnidades'' establecidas por las leyes espa-ñolas.
“No obstante lo dispuesto en este artículo y en el anterior, las leyes prohibitivas concernientes a las personas, sus actos o sus bienes, y las que tienen por objeto el orden público y las buenas costum-bres, no quedarán sin efecto por leyes o sentencias dictadas, ni por disposiciones o convenciones acordadas en país extranjero.”

Las cortes del Continente Europeo por razón de los pre-ceptos del artículo 9, movidas por un principio de cortesía o reciprocidad, siempre lian aplicado a un extranjero las leyes de sú propio país. En el caso de Colón v. El Registrador de Aguadilla, 22 D. P. R. 369, esta corte trata con insistencia de este principio de reciprocidad. Creemos que ese caso, en el que también se fundan los apelados, tiene una tendencia general en su contra. Fue una de las excepciones que tienden a probar lo que es la regla. En dicho caso dijimos que en cuestiones que afectan a los bienes inmuebles seguiremos los principios del derecho internacional privado que han sido establecidos en los Estados Unidos. Pero esa decisión no va más lejos y en verdad que en ella se indica que si no hubiera sido por el cambio hecho a instancia de la Co-misión Codificadora, nuestras cortes pudieran haber quedado obligadas a seguir las prescripciones del Código Civil Español.

" Por otra parte no creemos que la decisión de la Corte Su-prema de París proporcionaría ninguna luz sobre la cuestión principaPen este caso, porque en este caso francés no existía cuestión alguna entre dos jurisdicciones en que por la ley de una un hijo quedaba convertido en hijo natural reconocido y por la ley de otra no. Ni por la ley de Inglaterra ni por la de Francia los hijos mencionados en dicho testamento hubieran recibido un nuevo status.

Es sin embargo, un principio muy conocido de derecho internacional privado, que un hijo que ha sido legitimado en el país de su padre será considerado como legítimo en cualquier otra parte; y si un hijo natural reconocido se legitima en esta forma en determinado país, recibirá el debido reconocimiento en otra jurisdicción, y se verá después que la legitimación de que se habla comprende los reconocimientos.

Ninguna de las partes en este caso ha citado ninguna de las decisiones de las cortes americanas. Sin embargo, estas cuestiones de derecho internacional privado están surgiendo constantemente en- los Estados Unidos. Desde hace mucho tiempo en la jurisprudencia de los Estados Unidos se hizo necesario el decir que la ley del domicilio debía determinar el status u obligación personal, según sea el caso. Pero la cuestión del status de un hijo depende del ejercicio de la vo-luntad de su padre en Francia y generalmente es así en los Estados Unidos: Por lo general está prohibida la investi-gación de la paternidad de un hijo. Ahora bien, en tanto un acto es voluntario, creemos que las autoridades son per-fectamente claras al decir que la interpretación que ha de darse a determinado acto o documento debe regirse por la ley del país del padre o domicilio según sea el caso. En los Estados Unidos el principio relativo al domicilio ha sido sustituido por el de nacionalidad; pero teniendo presente esta diferencia son aplicables los precedentes de las cortes americanas. A veces existen en varios Estados de los Estados Unidos mayores diferencias respecto a cuestiones de familia que 'las que existen entre Francia y España. La cuestión de si un hombre es ciudadano de determinado Estado es principalmente una de domicilio y, por tanto, las leyes de los varios Estados producen un conflicto semejante a éste que el que existe entre ciudadanos de varios países, Por ejemplo, Blythe v. Ayres, 96 Cal. 532, 19 A. R. 40, fué un caso en que el padre era un ciudadano de California; el hijo y su madre se encontraban viviendo en Inglaterra. Bajo la ley de California los actos de un padre al reconocer a su hijo y recibirlo en su familia constituye un reconocimiento. Se supone que el hijo adquiere el status inmediatamente. La corte resolvió que la ley de California era aplicable. Por el contrario en el caso de Irving v. Ford, 65 L. R. A. 177, el padre del niño estaba domiciliado en Massachusetts, habiendo estado domiciliado originalmente en Virginia donde tanto el padre como la madre del niño eran esclavos. En Virginia se aprobó una ley declarando legítimos a los hijos de dichos matrimonios esclavos, pero entonces el padre del niño estaba demiciliado en Massachusetts. La Corte de Massachusetts resolvió que una ley de Massachusetts no solamente exigía el matrimonio de los padres, sino el reconocimiento expreso y, por tanto, que el hijo jamás había quedado convertido en legítimo. En este caso la corte de Massachusetts cita el de Blythe v. Ayres, supra. La corte habla, entre otras cosas, de la legitimación de un niño, en otras palabras, el uso de la palabra “legitimación” es aplicable lo mismo a los reconocimientos o a cualquier cosa por la que se confiere un status al hijo. En lo que respecta a estas cuestiones de status la regla generalmente aplicada es la de que la ley del domicilio del padre debe prevalecer. Fiore, supra, párrafo 720 y siguiente; 5 Ruling Case Law, 920; Blythe v. Ayres, 96 Cal. 532, 11 L. R. A. 40; Irving v. Ford, 65 L. R. A. 177.

No tendríamos .duda alguna en este caso si en este pleito se diera por sentado meramente que el testamento ológrafo del padre confería por sí un status a los demandantes en esta acción; entonces sería perfectamente claro para nosotros que en tanto el conferir un status se liacía depender del acto volun-tario del padre, que diclio acto voluntario debe ser determi-nado por la. ley del país a que él pertenecía y las leyes que es de presumirse que conoce. Pero una cuestión algo dife-rente se presenta bajo una ley que confiere al bijo el derecho de obligar al padre a que lo reconozca. El artículo 135 del Código Civil Español, vigente en Puerto Rico en 1897, dis-ponía :

“El padre está obligado a reconocer al bijo natural en los casos siguientes:
“1o. Cuando exista escrito suyo indubitado en que expresamente reconozca su paternidad.
“2o. Cuando el bijo se baile en la posesión continua del estado de bijo natural del padre demandado, justificada por actos directos del mismo padre o de su familia.
‘ “En los casos de violación, estupro o rapto, se estará a lo dispuesto en el Código Penal en cuanto al reconocimiento de la prole. ’ ’

En otras palabras, el Código Civil Español, aplicable a los hechos de este caso, si de algún modo lo es, reconocía él de-recho de un hijo para obligar a su padre natural a reconocerle bajo ciertas condiciones. Estas condiciones pueden ser pro-badas para demostrar la paternidad del hijo, aunque en Francia está prohibida toda investigación sobre la paterni-dad a falta de un reconocimiento auténtico del padre. El juez de la corte inferior basó su decisión en gran parte en el hecho de que debe regir la ley de Puerto Rico por razones de orden público, como expresa el artículo 11 del Código Civil; y hace alguna insistencia en los casos de Marimón v. Pelegrí y Cruz v. Domínguez, supra. Haciendo notar más la diferencia de estos casos podemos decir que ningún derecho de un extranjero excepto el de un español estaba envuelto, y también que la institución del divorcio absoluto es una cuestión que la misma ley ha regulado como cuestión de domicilio.

Al tratar, pues, de llegar al punto de si el reconocimiento de un hijo natural es una cuestión de orden público, creemos que debemos empezar de nuevo. Como indica el apelante, es la tendencia del gobierno (public policy) de algunos sitios permitir el reconocimiento de hijos naturales, mientras que en otras partes no se permite en absoluto. La tendencia más general en los Estados Unidos es no conferir a los hijos naturales derechos de ninguna clase en contra de sus padres. Solamente algunos Estados lo han hecho así. Cuando ha habido un conflicto de leyes en la materia de legitimación generalmente ha sido debido al subsiguiente matrimonio de los padres. No solamente tenemos que considerar en cuanto a la cuestión de orden público los derechos de los hijos naturales reconocidos en lo que respecta a los sitios donde se legitiman los hijos de este modo, sino también de los lugares que no permiten tal legitimación. Por ejemplo, si un inglés está domiciliado en Puerto Rico, ¿podría ser obligado a reconocer a un hijo natural cuando, por su propia ley, no es posible tal legitimación? Un número de portorriqueños está actualmente domiciliados en los Estados Unidos y jamás han adquirido ciudadanía. Si tal portorriqueño hiciera un reconocimiento público de un hijo natural que tuvo mientras se encontraba accidentalmente en Puerto Rico, ¿tendría que regirse por la ley de Puerto Rico o por la del sitio en que estaba domiciliado? El artículo 9 del Código Civil determina claramente que dicha persona ha de regirse por la ley de Puerto Rico. De acuerdo con las decisiones parecería probable que si una persona domiciliada en New York reconociera a un hijo domiciliado en California, los herederos de la persona de New York podrían impugnar válidamente dicho reconocimiento. Como dijimos en el caso de Colón, debemos regirnos en parte por la actitud que las cortes que revisan nuestras decisiones considerarían la cuestión en discusión. Según antes se lia indicado, creemos que las cortes de los Estados Unidos, como lo lian lieclio antes, sustituirían por la cuestión de domicilio en el caso de un ciudadano nativo de los Estados Unidos, la de nacionalidad en el caso de un súbdito extranjero. Sabemos, por supuesto, que la jurispru-dencia de los Estados Unidos en la que se dice' que no puede imponerse ningún status al padre in invitum'no puede tener aplicación al artículo 135 del Código Civil Español que se gún sus términos expresa que el padre “puede ser obligado.” Alegan los apelados que este precepto del Código Civil Es-pañol es una especie de penalidad y que ningún hombre puede quedar domiciliado en Territorio de Puerto Rico y tratar de eludir su responsibilidad por los actos especificados en ese artículo.

Los actos por los cuales un padre puede ser obligado a reconocer a un hijo no se diferencian mucho en su clase de los actos por los cuales se crea inmediatamente un status de acuerdo con el artículo 131 y siguientes del -Código Civil Es-pañol. Todos ellos conducen a la creación de un nuevo status con los derechos consiguientes de sucesión o de herencia for-zosa. Parece que si la legislatura hubiera deseado poner algo a manera de una penalidad a los extranjeros domici-liados en su territorio se hubiera expresado de un modo más específico. Por el contrario, el verdadero significado del artículo 9 se funda en el principio de reciprocidad de que el extranjero domiciliado en Puerto Rico, debe, sin embargo/ regirse por la ley de su nación. Si hemos de juzgar por las consecuencias generales y necesarias de un reconocimiento éstas generalmente envuelven derechos de propiedad; en otras palabras, el efecto de la sentencia de una corte al declarar a un ñiño hijo natural reconocido, es hacerlo heredero de su padre. ¿No están envueltos fundamentalmente otros dere-chos que no sea la cuestión de los derechos de sucesión y he-rencia? Es verdad que el derecho a reclamar alimentos en vida de un padre está también envuelto, pero parece suma-mente dudoso que esta expresión del Código. Civil deba ser-interpretada como una reglamentación quasi de policía, (quasi-police regulation).

Si un ciudadano francés domiliciado en Puerto Rico reconoce públicamente a un hijo, o ejecuta cualquiera de los actos mencionados en el artículo 135, si ese hijo obtiene una sentencia contra su padre, queda convertido ipso facto en ciudadano francés. Esta es también una consideración que hacemos para determinar si el legislador en el artículo 135 quiso establecer un precepto de orden público.

Si se examinan los artículos 9,10 y 11 del Código Civil Español, se verá que el artículo 11, al referirse al orden público, solamente se refiere a dicho artículo y al anterior. En otras palabras, no se hace referencia específica al artículo 9. Es el artículo 9 el que determina los derechos de familia. El artículo 13 del Código Civil de Puerto Eico dice que cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu.

Como este supuesto derecho a obligar a un padre a reco-nocer a su hijo natural es claramente un medio de adquirir un status, no vemos razón alguna para distinguirlo de los demás medios cuando se trata de la cuestión de cuál es la ley que debe aplicarse. Si, por ejemplo, Don Tristán hubiera estado realmente domiciliado en Francia y hecho su testamento ológrafo reconociendo a dos hijos que tuvo mientras residía temporalmente en Puerto Rico, no podría haber dis-cusión alguna de orden público.

En vista del hecho de que la legislatura española ha adoptado la ley de la nacionalidad en cuestiones de familia para sus propios súbditos, no vemos razón alguna de orden público para someter a un francés aunque tal vez esté domiciliado en Puerto Rico a ninguna ley que no sea la de su propio país.

Debe revocarse la sentencia, declarándose sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas.

Revocada la sentencia apelada y declarada sin lugar la demanda sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. del Toro disintió.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Trujillo, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2.a, en causa por perjurio.
    No. 942.
    Resuelto en junio 19, 1916.
    Perjurio — Incongruencia Entre la Prueba y la Acusación. — Un acusado a quien se le impute perjurio de acuerdo con el artículo 117'del Código Penal, no puede ser condenado con prueba que sólo tiende a demostrar el delito comprendido en el artículo 122; pero cuando la prueba es susceptible de ser interpretada en el sentido de comprender uno u otro perjurio, la convicción por cualquiera de ellos puede ser sostenida.
    Id. — Instrucciones al Jurado — Instrucciones Erróneas — Palta de Objecio-nes. — Cuando en causa por perjurio dentro del artículo 117 del Código Penal el tribunal inferior da también instrucciones al jurado como si estuviera asi-mismo envuelto en la acusación el artículo 122, pero no se formula objeción alguna, ni se anota excepción, el Tribunal Supremo no tomará en considera-ción el error.
    Id. — Conocimiento de la Palsedad de la Declaración — Acusación—Cargosa Distintos. — No es siempre cosa fácil, el poder distinguir la diferencia que existe’ entre jurar falsamente sabiendo que la declaración es falsa, j jurar sin saber que la declaración es verdadera, por lo que debe formularse la. acusación comprendiendo ambas alegaciones en dos diferentes cargos (counts).

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Antonio Trujillo Güil.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Hubo prueba en este caso tendente a demostrar que Manuel Trujillo, sin la debida investigación cuando tuvo la oportunidad de hacerla, juró sin tener ningún cuidado en absoluto, que Esteban Morales O’Farril, elector capacitado, no era residente de San Juan, con la intención de privar de su voto a dicho O’Farril en el precinto en que fue inscrito. Todos los elementos del delito de perjurio concurrieron y la prueba fué de tal naturaleza, que el apelante pudo haber sido declarado culpable de acuerdo con el artículo 117 o con el 122 del Código Penal, los cuales son como sigue:

“Artículo 117. — Toda persona que, habiendo jurado testificar, declarar, deponer o certificar la verdad ante cualquier' tribunal, fun-'•cionario o persona competente, en cualquiera de los casos en que la ley permitiere tomar tal juramento, declarare ser cierto cualquier hecho esencial, conociendo su falsedad será culpable de perjurio. No se admitirá, como defensa en ninguna causa por perjurio la cir-cunstancia de haberse prestado o tomado el juramento en forma irregular. ’ ’
“Artículo 122. — La declaración categórica de un hecho cuya cer-teza no conste al declarante equivaldría a la declaración de un hecho que le conste ser falso.”

En el caso de El Pueblo v. Pellot, 15 D. P. R. 454, esta corte resolvió que un acusado a quien se le imputa el perjurio definido en el artículo 117 del Código Penal no podía ser condenado con prueba que sólo tiende a demostrar el delito comprendido en el artículo 122. En el caso de Pellot se llamó la atención hacia el hecho de que no había prueba que tendiera a establecer un delito de conformidad con el artículo 117. Recientemente esta corte resolvió en dos casos, el de El Pueblo v. Segura y El Pueblo v. Alvarez, 23 D. P. R. 930, que cuando la prueba era susceptible de poder ser interpretada en el sentido de que muestra una falsa declaración constándole su falsedad, el caso de El Pueblo v. Pellot podía ser distinguido.

El presente caso puede asimismo ser distinguido, pues se presentó prueba tendente a demostrar que el acusado tuvo todas las oportunidades necesarias para conocer la verdad, y, por tanto, que el jurado tenía el derecho de suponer que la conocía.

La única duda acerca de la cuestión es que la corte también dio cuidadosas instrucciones al jurado, como si precisamente estuviera también envuelto en la denuncia -el artículo 122, pero a estas instrucciones no se formuló objeción, ni se tomó ninguna excepción.

Creemos, por consiguiente, que el caso es'uno típico para la aplicación del principio de que esta corte no tomará en consideración ningún error que no baya sido excepcionado debidamente en la corte inferior. El Pueblo v. Lebrón, 23 D. P. R. 658 y autoridades citadas. Si el acusado hubiera hecho esta objeción en la corte inferior el caso podría haber sido sobreseído por el Fiscal y empezado de nuevo. La diferencia que existe entre jurar falsamente, sabiendo que la declaración es falsa y jurar sin saber que la declaración es verdadera es tan íntima, que frecuentemente no es cosa fácil el poder distinguirla, y la prueba de este caso puede ser interpretada de tal modo. Sin embargo, somos de parecer de que en casos semejantes de perjurio los Fiscales deben formular una acusación por perjurio con dos alegaciones, de manera que comprenda la teoría sustentada en el artículo 117, y la del artículo 122.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey, firmando los Jueces Sres. del Toro y Hutchison, “conformes con la sentencia.”


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. García, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en cansa por adulterio.
    No. 1017.
    Resuelto en junio 19, 1916.
    Adulterio — Testigo del Pueblo — Oo-autor—Sobreseimiento de la Acusación. Si bien es cierto que, de acuerdo con el artículo 270 del Código Penal, para que exista el delito de adulterio es necesaria la intervención de un hombre y de una mujer y que ambos cometen el delito aunque uno sólo sea casado, el articuló 23'9 del Código de Enjuiciamiento Criminal no es aplicable al caso, en que la mujer, con quien se alega que el acusado cometió adulterio, y que no fué incluida en la acusación, presta declaración como testigo, ni impide que un eo-autor declare en el juicio si desea hacerlo. El objeto del artículo 239 citado es que el eo-autor pueda ser eompelido a declarar una vez que su acusación ha sido sobreseída.
    Id. — Preguntas Sugestivas — Preguntas a Mujeres sobre Relaciones Carna-les — Discreción Judicial — Abuso de Discreción. — La concesión por un tribunal de preguntas sugestivas a una testigo es puramente discrecional, y no debe intervenirse en esa facultad a menos que se demuestre abuso manifiesto en su ejercicio. Generalmente se permiten preguntas sugestivas para ave-riguar de una mujer sus relaciones carnales con un hombre y con más fre-cuencia tratándose de niñas.
    Id. — Perito Médico — Corroboración.—Es propiamente rechazada la objeción a la declaración de un perito médico sobre la desfloración de una joven que tiende a corroborar el coito declarado por ella.
    Id. — Corroboración Suficiente — Perito Médico — Manifestaciones del Acu-sado. — Es suficiente corroboración a la declaración de una co-autora en causa por adulterio, de acuerdo con el artículo 253 del Código de Enjuiciamiento Criminal, la declaración de un perito médico en cuanto a la reciente desflo-ración de aquélla; la de un testigo al exponer la manifestación que le hizo el acusado de haberse llevado a dicha joven; y la de otro testigo referente a saber que el acusado se la había llevado a una casa del pueblo, en donde la vió.
    Los lieclios están expresados en la opinión .
    Abogado del apelante: Sr. Juan B. Huyhe.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador' Mestre', Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

En la apelación que estableció Alejandro García contra la sentencia que lo declaró culpable del delito de adulterio no ba presentado alegato escrito especificando los errores que a su juicio produzcan la revocación de la sentencia, pero en el informe oral su.abogado reprodujo las objeciones que hizo en el juicio a la admisión de cierta evidencia que estimó impropia.

La acusación'imputó al apelante que babía tenido actos de comercio carnal con Catalina Mestre, que no era su esposa, estando' él casado con otra mujer.

Cuando el Fiscal presentó en el juicio como testigo a la joven de quince años Catalina Mestre y le' manifestó que dijera al tribunal lo que babía ocurrido entre ella y el acu-sado se opuso el abogado de éste.a que la testigo contestara la pregunta por entender que de acuerdo con el artículo 270 del Código Penal y el 239 del Código de Enjuiciamiento Criminal, siendo la testigo co-autora del delito no podía declarar a menos que se cumplieran los trámites establecidos por la ley. El tribunal permitió la contestación y la defensa del acusado bizo constar su excepción.

El artículo del Código Penal a que se réfiere el apelante dispone que también incurrirá en el delito de adulterio el hombre o la mujer solteros que cometieren adulterio con hombre o mujer casados; y el 239 del Código de Enjuicia-miento Criminal que cuando dos o más personas hayan sido incluidas en una misma acusación, el tribunal podrá en cual-quier tiempo antes de que los acusados hayan empezado su defensa, decretar a petición del Fiscal la exclusión del juicio de eualquiéra de los acusados con objeto de que sirva como testigo del poder público.

Es cierto que para que exista, el delito de adulterio es necesaria la intervención de un hombre y de una mujer y que ambos cometen el delito aunque uno solo sea casado, pero el ■artículo 239 en que se fundó el apelante para oponerse a la declaración de la mujer con quien se alega que cometió adul-terio no es aplicable a este caso porque ella no fué incluida en la acusación que se hizo a Alejandro G-arcía, ni impide que un eo-autor preste declaración en el juicio, si desea hacerlo. ■El objeto de ese precepto es que el co-autor pueda ser compelido a declarar una vez 'que su acusación ha - sido sobreseída.

También se opuso la defensa del acusado a la resolución del tribunal permitiendo ciertas preguntas sugestivas a la testigo, niña de quince años de edad, pero tal concesión es puramente discrecional y no debemos intervenir con el ejer-cicio de esa facultad a menos de un manifiesto abuso en su ejercicio. El Pueblo v. Quiñones et al., 23 D. P. R. 504. Generalmente se permiten preguntas sugestivas para averi-guar de una mujer sus relaciones carnales con un hombre, y con más frecuencia tratándose de niñas como lo era Catalina Mestre.

La objeción a que declarase un médico sobre la desflora-ción de dicha joven fué también propiamente rechazada pues tendía a corroborar el coito declarado por ella.

Por último se hizo objeción a la suficiencia de toda la prueba por entender el acusado que la declaración de la co-autora no estaba corroborada de acuerdo con el artículo 253 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Entendemos que no cometió error el tribunal al desesti-mar esa objeción porque la declaración de Catalina Mestre fué debidamente corroborada por el Dr. Palón en cuanto a su reciente desfloración; por Eduardo G. Torres al exponer la manifestación que le hizo el acusado de haberse llevado dicha muchacha, y por la de Pedro Mestre referente a saber que el acusado se había llevado a Catalina a una casa del pueblo, donde la vió.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Peesidente Sr. Hebnández,

text:
    Bou, Demandante y Apelante, v. Colorado, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en causa sobre cobro de arrendamiento.
    No. 1429.
    Resuelto en junio 20, 1916.
    Arrendamientos — Fianza Solidaria — Extinción de la Fianza — Consentimien-to o Intervención del Acreedor — Novación.—La obligación, de pagar un deudor al acreedor cánones de arrendamiento, asegurada con fianza solidaria, consignada en escritura pública, no se extingue por la sustitución de diebo deudor por virtud de escrituras en que no lia intervenido, ni consentido, el acreedor. Dichas escrituras no pueden en concepto alguno por sí solas novar mediante la sustitución del deudor la obligación que éste había contraído a favor del acreedor, con fianza solidaria.
    Id. — Carta no Contestada — Sustitución del Deudor. — El hecho de que en este caso no fuera contestada nna carta dirigida por la sociedad arrendataria al arrendador dándole conocimiento de la disolución de la sociedad y de la constitución de una nueva que continuaría bajo las mismas condiciones el contrato hasta su vencimiento, no envuelve el consentimiento que la ley exige por parte de dicho arrendador para que la primitiva sociedad deudora fuera sustituida por la nueva sociedad.
    Id. — Fianza—Extinción de la Fianza. — Cuando la obligación no se ha extin-guido por sustitución de nuevo deudor con el consentimiento del acreedor, tampoco se ha extinguido, la fianza solidaria prestada con relación al pri-mitivo deudor. '
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. José G. Torres.

    Abogado del apelado: Sr. Antonio Trujillo Güil.

   El Juez Peesidente Sr. Hebnández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de recurso de apelación interpuesto por el deman-dante Rafael Acisclo Bon contra sentencia que en .10 de mayo de 1915 pronunció la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., declarando sin lugar la demanda con las costas a cargo del demandante.

En esa demanda pide el demandante sea condenado el demandado en su carácter de fiador solidario de Ramón Bosch y Luis Ferreras, arrendatarios del cine “Monte Cario” de sn propiedad, al pago de $465 correspondientes a cánones de arrendamiento de los meses de noviembre y diciembre, 1914, y enero, 1915.

De las alegaciones de las partes demandante y deman-dada en combinación con las pruebas practicadas en el juicio resultan los siguientes hechos:

• Io. Por escritura pública No. 41 otorgada en esta ciudad de San Juan a 27 de mayo de 1912 ante el notario José Gr. Torres, Eafael Acisclo Bou dio en arrendamiento a Eamón Bosch y Luis Perreras un solar de 800 metros cuadrados de terreno situado en el barrio de Puerta de Tierra, con edificio en él construido denominado cine “Monte Cario,” aparato cinematográfico Pathé, caseta para el mismo, y tablado para las variedades, caseta para taquilla, cuadro y telón para el cine, decoraciones, muebles y demás enseres que se detallan en la referida escritura, cuyo arrendamiento se verificó por tér-mino de tres años a vencer en Io. de junio de 1915 y canon de $155 que los arrendatarios debían pagar por mensualidades adelantadas, habiéndose constituido en el mismo documento Eafael Colorado fiador solidario de Bosch y Perreras en favor de Bou para garantizar el pago del canon mensual en su opor-tunidad y el cumplimiento de las demás condiciones estipu-ladas en el contrato.

2o. Por otra escritura No. 6 ante el notario Eduardo Acuña a 31 de enero de 1913, después de haber hecho constar Eamón Bosch y Luis Perreras que mediante escritura No. 34 otorgada ante el mismo notario Acuña a 12 de junio de 1912 constituyeron una sociedad particular de carácter civil, limitada, bajo la razón de Ferreras y Bosch por término, de 5 años para la explotación del salón Monte Cario con cine-matógrafo y otros espectáculos públicos de carácter lícito en el género de variedades, cedió Perreras a Eafael Terrats y Eafael Colorado todos sus derechos, acciones y participa-ciones en la sociedad Perreras y Bosch por precio de $450 que el cedente Perreras confesó tener recibidos de los cesio-' narios Terrats y Colorado, los' cuales en unión de Eamón Bosch constituyeron por la misma escritura bajo la razón de Bosqh y Compañía, una sociedad para la explotación también del salón Monte Cario con cinematógrafo y otros espectá-culos públicos, cuya sociedad babía de durar el término de 5 años.

3o. Por otra tercera escritura de 21 de enero de 1914 ante el notario Damián Monserrat y Simó, María Badía por sí y en nombre de su menor hija impúber Antonia Manuela Boscb y Badía, componentes ambas de la sucesión, de Ramón Boscb fallecido en 11 de marzo de 1913, Rafael Terrats y Rafael Colorado declararon totalmente extinguida la sociedad Boscb y Compañía constituida por la escritura de 31 de enero de 1913, y los tres cedieron todos sus derechos, participaciones y acciones en la sociedad disuelta a favor de Oscar Rocafort por precio de $400 que los cedentes confesaron haber reci-bido del cesionario..

Rafael Colorado, según muestra la escritura de 27 de mayo de 1912, se constituyó fiador solidario de los arrendatarios del cine Monte Cario, Boscb y Perreras, con relación al arren-dador Rafael A. Bou. No aparece, ni siquiera se lia tratado de probar, que los cánones de arrendamiento cuyo pago re-clama el demandante al fiador Colorado le hayan sido satis-fechos. La excepción de pago no ha sido alegada.

La única cuestión legal a debatir en el presente recurso es la de si la obligación de fianza solidaria 'constituida por Rafael Colorado a favor de Rafael Acisclo Bou garantizando el pago de los cánones de arrendamiento del Cine Monte Cario que debían satisfacer los arrendatarios Perreras y Bosch quedó extinguida por novación a virtud de haber sido sustituidas las personas de los deudores Boscb y Perreras mediante las escrituras de 31 de enero de 1913 y 21 de enero de 1914, según sostiene Colorado, o si no ha existido tal nova-ción según afirma Bou.

La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas que.las demás obli-gaciones, según el artículo 17,48 del Código Civil. El artículo 1124, entre los medios extintivos de las obligaciones com-prende el de la novación. El artículo 1171 establece que la novación, aparte de otras cansas, puede tener lugar sus-tituyendo la persona del deudor, y el artículo 1173 prescribe que la novación que consiste en sustituirse un nuevo deudor en lugar del primitivo, puede hacerse sin conocimiento de éste pero no sin el consentimiento del acreedor. Haciendo aplicación de los anteriores preceptos legales a la cuestión debatida, entendemos que la obligación de pagar Rámón Bosch y Luis Ferreras a Rafael Acisclo Bou los cánones de arrendamiento del cine Monte Cario consignada en escritura pública de 27 de mayo de 1912, no se ha extinguido por sus-titución de los deudores a virtud de las escrituras de 12 de junio de 1912 y 31 de enero de 1913 constitutivas de las socie-dades Ferreras ■& Bosch y Bosch y Compañía, para la explo-tación del cine Monte Cario, y de la otra escritura de 21 de enero de 1914, por la que la última sociedad cedió a Oscar Rocafort todos sus derechos, participaciones y acciones en la misma. En ninguna de dichas escrituras tuvo interven-ción Rafael Acisclo Bou y ellas por sí solas no pueden en concepto alguno novar mediante la sustitución de los deu-dores Ferreras y Bosch la obligación que éstos habían con-traído a favor de Bou con la fianza solidaria de Rafael Colorado. Bou no dió consentimiento para la sustitución de deudores.

Fué traída al juicio una carta de Ferreras y Bosch a Rafael Acisclo Bou dándole conocimiento de la disolución de la sociedad de ese nombre y de la constitución de la nueva Bosch y Compañía, cuya carta dice así:

“San Juan, 21 de enero de 1913. Sr. Don Rafael A. Bou. Pre-sente: Muy Sr. mío y amigo: Tenemos el gusto de participarle que con esta fecha y por mutuo convenio, hemos disuelto la sociedad que para la explotación del cine Monte .Cario giraba bajo la razón de Ferreras y Bosch. Para su satisfacción podemos decirlq, que esta disolución en nada perjudica las cláusulas de su contrato, pues la sociedad entrante Bosch & Co. de la que forman parte como gestores Don Rafael Colorado, Don Rafael Terrats y Don Ramón Bosch y Alió aceptan. continuar bajo las mismas condiciones basta su ven-cimiento. Esperamos felices sucesos en toda clase de negocios y que nuestros sucesores cumplan como nosotros, nos reiteramos como siem-pre atto. amigo y S. S. Ferreras & Bosch.”

Esa carta no fué contestada por Bou, pero la falta de contestación no envuelve el consentimiento que la ley exige por parte de aquél para que los priinitivos deudores Bosch y Ferreras fueran sustituidos por la sociedad Bosch y Com-pañía, y de existir tal consentimiento sería bajo la base expre-sada en la carta de que la sociedad Bosch & Compañía había de continuar bajo las mismas condiciones con que Ferre-ras & Bosch venían explotando el cine Monte Cario y, por tanto, siendo fiador solidario Colorado de los cánones de arrendamiento.

En cuanto al tiempo de administración del cine Monte Cario por Oscar Bocafort hay prueba tendente a demostrar que los cánones de arrendamiento eran satisfechas a Bou por cuenta de Ferreras & Bosch, consistiendo esa prueba en de-claraciones del demandante Bou, de su apoderado Juan Mar-chand Sicardó y de Juan Bocafort, padre de Oscar Bocafort, que en ausencia ele éste intervino en la administración del cine.

Pero aun hay más, y es que después de la cesión de dere-chos y acciones en el cine Monte Cario hecha por Bosch y Com-pañía en escritura de 21 de enero de 1914 a favor de Oscar Bocafort, el hoy demandado Bafael Colorado dirigió una carta a Bocafort, en que, entre otras cosas, le dice lo siguiente:

“San Juan, P. R., 27 de marzo de 1914. Señor Don Oscar Roea-fort, Puerta de Tierra. Estimado Oscar: Le he mandado buscar dos o tres veces sin conseguir que atendiera Vd. mis deseos. Tengo noti-cias que está Ud. atrasado en el pago de los alquileres del teatro, y deseaba hacerle presente que es necesario tenerlos al día. * * * Suyo affmo. seguro servidor, R. Colorado.”

Esa carta revela que Colorado estaba interesado en que Bocafort estuviera corriente en el pago de los arrendamientos del cine y tal interés no podía ser otro que el de 'evitarse las responsabilidades que la falta de pago pudiera traerle con motivo de la fianza solidaria que tenía prestada en la escri-tura de 27 de mayo de 1912.

Tenemos, pues, que la obligación -de Boscb. y Ferreras no se ha extinguido por sustitución de nuevo deudor con el con-sentimiento del acreedor Bou, y en su consecuencia tampoco se ha extinguido i la fianza solidaria prestada con relación a aquellos deudores por Colorado.

Bebemos consignar además que Ferreras y Bosch, arren-datarios del cine Monte Cario, pudieron ceder como cedieron sus derechos de tales a" Bosch & Compañía y esta sociedad a Rocafort, pero la cesión no podía perjudicar los derechos de Bou con relación a los primitivos arrendatarios y al fiador solidario, pues para ello hubiera sido necesario que Bou ade-más de haber aceptado la transmisión del arrendamiento hubiera renunciado los derechos y beneficios que le ofreciera el arrendamiento original,' lo que no ha sucedido en el pre-sente caso.

Esa doctrina ha sido ya establecida por esta Corte Suprema, al resolver el caso de Becerril et al. v. Post et al., 22 D. P. R. 732.

Por las razones expuestas es de revocarse -la sentencia apelada y dictarse otra declarando con lugar la demanda sin especial condenación de costas.

Revocada la sentencia apelada y declarada con lugar la demanda sin especial conde-nación de costas.

. Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Infanzón & Rodríguez, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama denegando la inscripción de una escri-' tura de compraventa.
    No. 282.
    Resuelto en junio 20, 1916.
    Calificación de Títulos — Deber del Registrador — Hechos que no Constan de los Documentos Presentados, ni del 1 Registro — Conocimiento Pro-pio. — De acuerdo eon el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, los registradores calificarán bajo su responsabilidad lá legalidad de las escrituras en cuya virtud se solicite la inscripción -y la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de las mismas escrituras, sin que les sea permitido basar su califica-ción en hechos que no aparezcan de los documentos presentados a su con-sideración, ni del registro. En el caso de autos el registrador denegó la inscripción del documento presentado, por ser uno de los otorgantes hermano 1 político del notario autorizante, cuyo hecho sólo le constaba por, conoci-miento propio, y se revocó la nota recurrida.
    Los beolios están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. José G. Ramos.

    El registrador recurrido Sr. Rafael Tirado Terrier compa- ‘ reció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada en el Registro de la Propiedad de Guayama cierta escritura de compraventa otorgada ante el Notario José C. Ramos el 29 de marzo de 1909 por José J. Aponte, marshal de la Corte de Distrito de Guayama, y Alberto E. Vázquez, mandatario verbal de la mercantil de Mayagüez, “Infanzón y Rodríguez,” el registrador se negó a inscribirla por medio de la siguiente nota:

. “Denegada la inscripción del precedente documento por el defecto insubsanable de ser nulo toda vez que siendo uno de los otorgantes del mismo Alberto E. Vázquez, hermano político, y, por tanto, pa-riente dentro del segundo grado de afinidad del notario autorizante, se ha contravenido lo dispuesto en la sección octava de la ley para regular el- ejercicio de la profesión notarial en Puerto Rico aprobada en marzo ocho de mil' novecientos seis; tomándose anotación pre-ventiva . * *

Notificada la anterior calificación el 29 de mayo de 1916, el mismo día se interpuso contra ella el presente recurso gubernativo, señalándose luego, en 14 de junio actual, la comi-sión de los siguientes errores:

1. El Registrador de la Propiedad de Guayama erró al basar su calificación en beclios que no aparecen de los docu-mentos presentados a su consideración, ni del registro, y 2, al considerar nula la escritura presentada.

Examinada en efecto la escritura de compraventa de que se ba becbo mérito, nada puede deducirse de ella con res-pecto al becbo que sirvió de base al registrador para negarse a inscribirla. Tampoco hay constancia de tal becbo en los libros del registro. Pero el registrador sostiene que cons-tándole por conocimiento propio que el otorgante Vázquez es hermano político del notario que autorizó la escritura, está obligado a rehusar su inscripción en el registro.

A nuestro juicio la actitud asumida por el registrador, no está autorizada por la ley.

Esta, en su artículo 18, dice terminantemente así: “Los registradores calificarán bajo su responsabilidad la legalidad de las escrituras en cuya virtud se solicite la inscripción y la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de las mismas escrituras.” Edición oficial de la Ley Hipotecaria, página 34.

Y la Dirección General de los Registros de España en sus resoluciones de 4 de mayo de 1883 y 18 de junio de 1898, estableció la siguiente doctrina-.

“Considerando que la calificación que incumbe a los registradores de los documentos sujetos a registro, han de hacerla por lo que resulte de los mismos, sin que les sea lícito alegar como fundamento las noti-cias particulares que pudieran tener con respecto a hechos que no aparecen demostrados en los documentos.” Colección oficial de Leyes, etc., referentes al registro. Años 1882-86, págs. 77 y 79.
‘ ‘ Considerando, en cuanto al primer motivo en que funda el regis-trador su negativa a extender las notas marginales de consumación de la venta, que, con arreglo a la doctrina de la Ley Hipotecaria, reiteradamente expuesta por esta dirección, los registradores de la propiedad, a los efectos de admitir, suspender o denegar la inscrip-ción de los documentos que se les presenten a inscripción, ban de atenerse exclusivamente a lo que resulte de los asientos del registro y de los mismos documentos, no pudiendo en ningún caso fundar su calificación en otros datos distintos de los expresados.” Colección oficial de leyes, etc., referentes al registro. Años 1896-99, págs. 628 y 632.

Véanse también las decisiones de esta corte en los casos de Rivera v. Registrador de Caguas, 17 D. P. R. 323, 324, y Ortiz v. Registrador de Guayama, 22 D. P. R. 339 y 341, y los Comentarios de G-alindo, 4a. edición, tomo 2, p. 10.

Por virtud de lo expuesto, procede la revocación de la nota recurrida. No es necesario, ni pertinente, que conside-remos el otro error señalado.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Sabat, Demandante y Apelado, v. Valera et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa sobre tercería de bienes inmuebles e injtvnciion.

    No. 1397.
    Resuelto en junio 20, 1916.
    Injunction — Terceros—Subasta de Bienes — Pérdidas o Daños de Conside-ración o Irreparables — Multiplicidad de Procedimientos. — La sección 16o agregada en 1908 a la Ley de 1907 sobre tercerías faculta al juez que conoce de la demanda para suspender mediante interdicto prohibitorio (injunction) la subasta de los bienes de' acuerdo con la ley definiendo los injuntioiis, de 1906, pudiendo concederse este remedio según los casos 2.“ y 6.° de la sección 3.“ de la ley, cuando de la petición o declaración jurada resultare que la comisión o continuación de los actos durante el litigio había de causar pérdidas o daños de consideración o irreparables a alguna de las partes y también cuando la restricción fuere necesaria para impedir una multiplicidad de procedimientos judiciales.
    Id. — Hechos Suficientes — Finca en Posesión del Peticionario — Venta por el Demandado — Graves Perjuicios. — Son hechos bastantes para decretar mediante injunction la prohibición de venta de cierta finca que intenta el demandado hasta que se decida quién es el verdadero dueño de ella, que el peticionario tiene un título de la finca en cuestión, de la cual está en posesión, y que el demandado trata de venderla como propiedad de otra persona, lo que le ocasionaría graves perjuicios porque le privaría de sus rentas, para-lizaría sus negocios agotando una de sus fuentes de ingreso, como lo es la mencionada finca, y que se vería obligado a entablar una multitud de acciones hasta lograr que su derecho pudiera prevalecer.
    Id. — Distinción entre este Caso y el de Sucesión Torres v. ■ MArquez, 19 D. P. R. 726. — Distinguiendo este caso del de Sucesión Pérez v. Márquez, 19 D. P. R. 726, se resolvió que si bien en aquél se confirmó la resolución que negó la expedición del auto dte injunction fué porque se demostró ' que la parte peticionaria no estaba en posesión de la finca como alegaba, sino la parte contraria, y, por tanto, no se le podía prohibir que ejecutara actos de posesión, mientras que en el presente caso el peticionario está en posesión de la finca.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Eduardo Flores Colón.

    Abogado del apelado: Sr. José Q. Torres Sallaberry.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio .Sabat Carattini adquirió por adjudicación en pleito que siguió contra Gregoria Rivera la propiedad de una casa en la calle de la Unión de Salinas. Posteriormente fué embargada y anunciada la venta de esa casa en pleito que sigue Enrique Yalera contra Venancio López, esposo de Gregoria Rivera, y en tal situación presentó Sabat Carattini en el Tribunal de Distrito de Ponce demanda jurada de ter-cería contra Valera y contra López solicitando además que mientras se resolvía y para evitar la venta y pleitos poste-riores se dictase una orden de injunction provisional que fué decretado después de haber sido oídas las partes y de pre-sentarse prueba documental y declaraciones juradas (affidavits) tendentes a probar, la de Sabat Carattini, que la finca fué adquirida por Gregoria Rivera antes de su matrimonio con Venancio López, y la de éste, que le pertenece la casa en cuestión.

Contra la orden que decretó el injunction provisional es que se estableció este recurso de apelación por los deman-dados.

El primer error qne los apelantes atribuyen al tribunal a- quo es que dictó la orden de comparecencia para mostrar causa para que no se decretara el injunction preliminar y que lo decretó sin tener ante sí becbos que justificaran el ejercicio de su jurisdicción.

Como liemos consignado antes, siendo una demanda de tercería se trata con ella de obtener la declaración de qne la finca pertenece en propiedad al demandante, y no a Ve-nancio López, a los efectos de que no pueda hacerla vender Enrique Valera para ejecutar sentencia que obtuvo contra López. La demanda está jurada y expone que Valera trata de ejecutar su sentencia contra López estando fijado día para la venta de dicha casa, que si se vendiera se le ocasionarían graves perjuicios porque le privaría de sus rentas, parali-zaría sus negocios, agotando una de sus fuentes de ingresos, como lo es la mencionada finca, y que se vería obligado a entablar una multitud de acciones basta lograr que su derecho pudiera prevalecer.

Esos hechos justificaron el ejercicio de la jurisdicción del tribunal que conoce de la demanda de tercería porque la sec-ción 16 (a), agregada en 1908 a la ley de 1907 sobre tercerías,, faculta a los jueces que conocen de ellas para suspender me-diante interdicto prohibitorio (injunction) la subasta de los', bienes de acuerdo con la ley definiendo los injunctions de-1906; y en la sección 3 de esta ley figuran los casos 2 y 6 según los cuales puede concederse el injunction cuando de la, petición o declaración jurada resultare que la comisión o continuación de algún acto, durante el litigio, habrá de causar-pérdida o daños de consideración o irreparables a alguna dé-las partes', y también cuando la restricción fuere necesaria para impedir una multiplicidad de-procedimientos judiciales.. La petición claramente está comprendida en el primero de estos casos y puede también estimarse comprendida en el segundo, pues si bien la alegación respecto a multiplicidad de acciones es algo incierta porque no expone cuáles son los procedimientos que pueden surgir, sin embargo, podemos ver que si otra persona comprare la casa en la subasta tendría el tercerista que establecer también pleito contra ella.

En cuanto a la orden decretando el injunction no existe error en su expedición porque la prueba demostró que Sabat Carattini tiene un título de la finca en cuestión y que Yalera trata de venderla como de la propiedad de López, hechos que con los otros alegados son bastantes para decretar la pro-hibición de la venta que intenta Valera hasta que se decida en el pleito quién es el verdadero dueño de ella. La prueba sobre este último extremo es más propia del juicio de ter-cería que de la petición incidental de injunction provisional por cuanto lo único que éste resuelve es que las cosas queden in statu quo hasta que se resuelva a quién pertenece la casa discutida.

El otro error que se alega es que estando en litigio el título de propiedad de la casa en cuestión el tribunal abusó de su discreción al conceder el injunction.

El único argumento en apoyo de esa proposición es la cita que se „ hace del caso de Sucesión Pérez v. Márquez, 19 D. P. R. 726 que es distinto del presente pues si en él- se con-firmó la resolución que negó la expedición del auto fué porque se demostró que la parte peticionaria no estaba en posesión de la finca como alegaba, sino la parte contraria y, por tanto, no se le podía prohibir que ejecutara actos de posesión.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Peesidente SR. Iíeenández,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Morales, Acusada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ghiayama en cansa por infracción de las leyes de rentas internas.
    No. 922.
    Resuelto en junio 21, 1916.
    Infracción Leyes Rentas Internas — Rentas Internas — Multa Administra-tiva — Procedimiento Judicial — -Facultad Discrecional del Tesorero de Puerto Rico. — El artículo 23 de la Ley de Rentas Internas otorga al Teso-rero de Puerto Rico la facultad de imponer una multa o de denunciar ante el -tribunal correspondiente al culpable, cuya facultad, que es alternativa, puede ser ejercitada discrecionalmente, pero una vez ejercitada esa discreción imponiendo una multa debe darse al infractor oportunidad para satisfacerla, sin que tenga derecho a exigir del Tesorero que en vez de ser sometido a la acción de los tribunales se le sujete al procedimiento administrativo.
    Id. — Traficantes al por Menor — Traficantes al Detall. — Según la sección 30 de la Ley de Rentas Internas, como qyedó enmendada en 3913, los traficantes al por menor en licores, vinos y eeivezas, están sujetos al pago de licencia, estimándose comprendidos en la frase “traficantes al detall'’’ todos los comerciantes, agentes y demás personas que vendan a personas que no sean traficantes y en cantidades que generalmente se acostumbran vender para el uso y consumo individual, cualquier artículo cuya venta está sujeta a impuesto.
    Sentencia — Denuncia—Defectos en la Sentencia — Subsanación de éstos por la Corte Suprema. — Para apreciar si una sentencia adolece de defecto sustancial que la invalide, uo debe ser aisladamente considerada, sino en relación con la denuncia y con las demás actuaciones del récord, para corregir por ese medio cualquier deficiencia que exista en aquélla; y si la denuncia muestra materia delictiva, aunque la sentencia no sea técnicamente buena, el defecto de ésta puede subsanarse por el tribunal de apelación, usando de la facultad que le confiere el artículo 364 del Código de Enjui-ciamiento Criminal.
    Los liechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. Guzmán Texidor.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Peesidente SR. Iíeenández,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte Municipal de Salinas fue presentada contra Narcisa Morales depnncia jurada en 30 de marzo del año próximo pasado 1915, que dice así:

“Yo, Ramón Renta, Cabo P. I., vecino de Salinas, calle del barrio Aguirre (Central) número 202,. de mayor edad años, formulo denun-cia contra Narcisa Morales por delito de infracción a la Ley de Ren-tas Internas de Puerto Rico, cometido de la manera siguiente.: Que en mayo 17 de 1914, bora 10.30 p. m. y en la Central Aguirre de Salinas, P. R., parte del distrito judicial municipal del mismo nombre que es parte de la Corte de Distrito de Guayama, P. 'R., dicba Ñar-cisa Morales, sin tener patente para la venta al detalle de espíritus destilados, vinos y cervezas, ilegal, maliciosa, y fraudulentamente, vendió a Eustaquio Colón, una toma de ron en la cantidad de- cinco centavos, (Marea Ramillete) violando las secciones 17, 18 y 21 de la Ley de Arbitrios de marzo 8 de 1905 como quedó enmendada en marzo 14 de 1907, marzo 9 de 1911 y agosto 9 de 1913^ * *

De esa denuncia conoció en gradó de apelación mediante celebración de nuevo juicio la Corte de Distrito de Guayama, ■ la que por el resultado de la prueba practicada y vista la Ley sobre Rentas Internas dictó sentencia en 8 de junio del año citado, por la que declara a la acusada culpable del delito de infracción a la Ley de Rentas Internas y le impone la pena de $100 de multa o en defecto del pago de la multa un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer, no debiendo exceder de treinta días la prisión subsidiaria, y las costas.

Esa sentencia ha sido apelada por la acusada para ante esta Corte Suprema, y para sostener el recurso invoca los siguientes motivos legales:

Io. Que la corte cometió error al declarar culpable a la acusada del delito de infracción de la Ley de Rentas Internas sin que apareciera de los autos que antes se le hubiere im-puesto por el Tesorero de Puerto Rico una multa administra-tiva, según estatuye la sección 23 de la Ley de Arbitrios, dándosele al mismo tiempo una oportunidad para el pago de dicba multa.

2o. Que la sentencia dictada es insuficiente porque sólo declara culpable a la acusada del delito de infracción a la Ley de Rentas Internas sin especificar cuál sea ese delito.

El primer motivo del recurso carece de fundamento.

El artículo 23 de la Ley de Rentas Internas otorga al Te-sorero de Puerto Rico la facultad de imponer una multa o de denunciar ante el tribunal correspondiente al culpable de infracción de la Ley de Eentas Internas o de los Reglamentos dictados para su ejecución,' cuya facultad, que es alternativa, puede ser ejercitada diserecionalmente, y una vez ejercitada esa discreción imponiendo una multa, debe darse al culpable oportunidad para satisfacerla, sin que tenga derecho a exigir del Tesorero que en vez de ser sometido a la acción del tribunal correspondiente se le sujete al procedimiento adminis-trativo. En el presente caso se presentó denuncia contra Narcisa Morales, y, por tanto, no la asiste razón legal para exigir que se le exija responsabilidad en el orden adminis-trativo y no en el judicial.

La doctrina que dejamos consignada ha sido ya expuesta en el caso de El Pueblo v. Campos, 17 D. P. R. 1190.

En cuanto al segundo error apuntado, la objeción es más bien técnica que sustancial.

No debemos examinar la sentencia aisladamente consi-derada sino en relación con la denuncia y con las demás actua-ciones del récord, procurando corregir por ese medio cual-quier deficiencia que exista en la sentencia.

En la denuncia que dejamos transcrita se exponen con suficiente claridad y en 'términos inteligibles para cualquier persona que sepa leer el idioma español, hechos constitutivos de un delito comprendido en la Ley de Rentas Internas y se citan los artículos de dicha ley en que aquellos hechos están comprendidos, lo cual era más que suficiente para que la acu-sada tuviera conocimiento de los hechos que se le imputaban y pudiera defenderse de los cargos, y decimos más que sufi-ciente, porque entendemos que no es necesario en una denuncia presentada ante una corte municipal especificar la ley que se supone haber sido infringida, sino que basta exponer los hechos constitutivos del delito, estando la denuncia debida-mente formulada si esos hechos constituyen una infracción legal punible o son realmente delictivos. El Pueblo v. Folcastro, 17 D. P. R. 96.

Las secciones 17, 18 y 21 de la Ley de Arbitrios a qne se refiere la denuncia dicen así:

“Sección 17. — Ninguna persona se dedicará a negocio alguno o industria de los hasta ahora citados o que más adelante se mencionen en esta ley mientras no haya pagado la licencia en la forma dispuesta más adelante * * *,
“Sección 18. — Toda persona que emprenda o continúe cualquier industria u ocupación sujeta a patente bajo las disposiciones de esta ley, sin proveerse de la correspondiente licencia, o cuya licencia haya sido revocada, será castigada por la primera falta que así cometiere con multa que no baje de $100 ni exceda de $500, o con prisión por no menos de un mes ni más de un año * * *.
“Sección 21. — Toda persona que, por sí o, por medio de sus agen-tes o empleados, venda u ofrezca en venta o exponga a la venta, o tenga en su establecimiento comercial o en cualquier sitio contiguo a éste o en conexión con él, utilícese para vivienda u otro objeto, cualquier artículo sujeto a impuesto por esta ley, con el fin de ven-derlo, será considerada como traficante y sujeta a todas las disposi-ciones respectivas de esta ley y de los reglamentos que por virtud de ella dictare el Tesorero de Puerto Rico referentes a traficantes.”

Que los traficantes al por menor en licores, vinos y cer-vezas están sujetos al pago de licencia lo demuestra la sec-ción 30 de la Ley de Rentas Internas, tal como lia quedado enmendada; pues según dicha sección, deben estimarse com-prendidos en la frase “traficantes al detall” todos los comer-ciantes, agentes y demás personas que vendan a personas que no sean traficantes y en cantidades que generalmente se acos-tumbran vender para el uso y consumo individual, cualquier artículo cuya venta esté sujeta a impuesto según lás dispo-siciones de la ley.

Que los licores, vinos y cervezas están sujetos a impuesto es materia fuera de discusión.

Siendo como es bastante la denuncia por constituir materia delictiva opinamos que aunque la sentencia no sea técnica-mente buena no adolece de defecto sustancial interpretada en relación con la denuncia, a la cual indudablemente ba de refe-rirse, debiendo en sn consecuencia estimarse condenada la apelante por los mismos hechos que se le imputan en la denuncia, comprendidos en los artículos de la Ley de Eentas Internas que en ésta se citan, y en el 30 según ha quedado enmendado.

No hay motivo para la revocación de la sentencia por un defecto técnico como el alegado. Ese defecto puede subsa-narse por esta Corte Suprema usando de las facultades que le confiere el artículo 364 del Código de Enjuiciamiento Criminal y ajustando por modo expreso la sentencia a la denun-cia. El Pueblo v. Alvarez, 21 D. P. R. 86, y El Pueblo v. Pérez, (pág. 8.)

La sentencia apelada debe confirmarse pero modificándola en el sentido de que la acusada se entienda declarada culpable y penada por los hechos a que se refiere la denuncia, consti-tutivos de delito previsto y castigado en las secciones 17, 18, 21 y 30 de la Ley de Rentas Internas de marzo 8, 1905, tal como quedó enmendada por leyes posteriores de marzo 14, 1907, marzo 9, 1911, y marzo 13 y agosto 9, 1913.

Confirmada la sentencia apelada, pero mo-dificada en el sentido de que la acusada se entienda declarada culpable y penada por los hechos a que se refiere la demmcia constitutivos de delito previsto y casti-gado en las secciones 17, 18, 21 y 30 de la Ley de Rentas Internas de marzo 8, 1905, tal como quedó enmendada por leyes posteriores■ de marzo 14, 1907, marzo 9, 1911 y marzo 13 y agosto 9, 1913.

Jueces concurrentes Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.