author: El Juez Presidente Señor Del Toro, JUEZ ASOCIADO SB. CORDOVA DAVILA

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Benito Cabrera y Secundina García, acusados y apelados.
    No. 5166.
    Sometido: Abril 3, 1934.
    Resuelto: Julio 11, 1934.

      Ricardo A. Gomes, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelante; Samuel B. Quiñones y B. TI. Blondet, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se imputa a los acusados la comisión de un delito pre-visto y castigado en el artículo 471 del Código Penal, consis-tente en baber vendido a su hijo legítimo Santiago Cabrera dos fincas rústicas que liabía ya vendido a “Sucesores de Huertas González,” voluntariamente y con la intención de defraudar al primitivo comprador.

Alegaron su inocencia los acusados y solicitaron juicio por jurado. En el acto de la vista que tuvo lugar el 9 de febrero de 1933, después de baber introducido evidencia el Fiscal sobre el primer contrato de venta, al tratar de demos-trar la existencia del segundo, ocurrió lo que sigue:

“Sr. Fiscal: Voy a presentar como prueba la escritura a favor del hijo de crianza, Santiago Cabrera . . .
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‘ ‘ Sr. Quiñones: Nos vamos a oponer a la admisión del documento en evidencia, porque no es copia de escritura pública, ni aún el original siquiera es escritura pública, porque la ley requiere que cuando una de las partes no sabe firmar, firma a su rueg'o por ella uno de los testigos. En este documento está firmando por una de las partes una persona que no es testigo en el instrumento . . .
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“Sr. Fiscal: Yo no voy a discutir nada de esto. Vamos a su-poner que esto fuera un documento privado. Comoquiera que sea, es una venta y es lo único que la Ley de Evidencia requiere, máxime cuando vamos a acompañar a esta escritura una certificación del Registrador de la Propiedad, de que esa compraventa íué inscrita en el Registro. Los contratos son válidos, cualquiera que sea la forma en que se otorguen. Entonces, voy a acompañar una certificación del Registrador de la Propiedad de San Juan, donde esta escritora consta debidamente inscrita en el Registro.
“La Corte: ¿Pero- en qué quedamos con-la escritura, la retira?
“Sr. Fiscal: La presento en unión de la certificación del Regis-trador de la Propiedad de San Juan, acreditando que esta escritura está debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad. Y no voy a discutir ahora si es necesaria la firma, si es necesario el testigo en el instrumento, porque se prolongaría esta cuestión indebidamente. Lo fundamental es que hubo una venta, y que después los acusados, con el propósito de defraudar, la vendieron a su hijo legítimo, y este hijo legítimo aparece hipotecando a un hermano de él . . .
“La Corte: La Corte, después de haber estudiado y considerado debidamente la moción, de la defensa en cuanto a la admisibilidad de la escritura pública ofrecida en la mañana de hoy por el Fiscal, sostiene la oposición de la defensa y no admite la escritura, por en-tender que no es válida como documento público, y como tal, no tiene eficacia legal.
“Sr. Fiscal: Yo voy a solicitar de Vuestro Honor la reconside-ración de la resolución de la corte, por los siguientes fundamentos, los que expondré después que le tome declaración al testigo Santiago Cabrera. ’ ’

Se llamó a declarar en efecto a Santiago Cabrera, o sea, el alegado segundo comprador y al preguntársele si tuvo al-gún negocio con los acusados, se opusieron los abogados de éstos, resolviendo la Corte el incidente así:

“La Corte: En este caso se trata de una acusación por infracción al Artículo 471 del Código Penal, consistente en que los acusados vendieron ciertas fincas que se describen en la acusación a dos per-sonas distintas, en distintas ocasiones. La primera venta hecha a Huertas González fué probada por medio de escritura pública, que se presentó y que la Corte aceptó, a pesar de la oposición de los acusados. La segunda venta trató de probarse por medio de una escritura que la Corte entiende que es nula, por cuanto los otorgan-tes, o algunos de ellos, no sabían firmar, y fué firmada por los otor-gantes que no sabían firmar por una persona que no era uno de los testigos instrumentales del documento; y según tiene repetidamente declarado nuestro Tribunal Supremo, tal documento es nulo de toda nulidad.
“Ahora, en vista de la nulidad del documento, que el Fiscal acepta que es nula la escritura, ha tratado de probar la segunda venta por medio de prueba testifical; y la cuestión a determinar es si ese contrato de venta de bienes inmuebles, que la ley exige que conste por escrito, puede probarse por medio de prueba testifical y prescindiendo del documento público que exige la ley. A nuestro juicio, son dos cuestiones distintas: la validez del contrato entre las partes y la prueba del contrato. El contrato será válido, podrían compelerse mutuamente a cumplirlo las partes que lo celebraron; pero al tratar de probar ese contrato en una acción criminal como ésta, exige entonces la ley que esa prueba conste en documento pú-blico y no por prueba oral.
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“Por tales fundamentos, la Corte declara con lugar la objeción de la defensa en cuanto a que se pruebe por medio de prueba oral la existencia o celebración de este segundo contrato a que se refiere la acusación.
“Sr. Fiscal: Comoquiera que ésta es una cuestión que la reso-lución de ella mata prácticamente el caso del Fiscal, y como Vuestro Honor sabe que una orden de Vuestro Honor al Jurado para que traiga un veredicto absolutorio es apelable al Tribunal Supremo, con permiso de Vuestro Honor yo voy a consignar en el récord lo que yo trataba de probar con el testigo Santiago Cabrera.
“El Fiscal presenta al testigo Santiago Cabrera con el propósito de demostrar que allá por el día 12 de julio de 1932 convino con el acusado Benito Cabrera, y la acusada María Secundina García, en comprar las dos fincas descritas bajo la letra A y la letra B en la escritura que voy a solicitar alior'a que se marque por el Secre-tario como prueba ofrecida por el Fiscal y no admitida por la Corte, y que ha sido marcada por el Secretario como Exhibit 1, ofrecido por e] Fiscal y no admitido por la Corte. Trata de presentar tam-bién el Fiscal como prueba una certificación del Registrador de ’a Propiedad relativa a la inscripción de la compraventa a que se hace referencia en el Exhibit 1 del Fiscal como prueba ofrecida por el Fiscal y no admitida por la Corte y también negada por la Corte, y que fué marcada por la Corte como Exhibit 2 de prueba ofrecida por el Fiscal y no admitida por la Corte.
“. . . El testigo Santiago Cabrera iba a declarar que había con-certado la compraventa de esas dos fincas con los acusados por el precio de $12,000, y que en el mismo momento había hipotecado a un hermano suyo por $2,000.00 las dos fincas que se mencionan y que se describen suficientemente en la escritura pública No. 245, que fue la que se presentó como prueba por el Fiscal y que no fué ad-mitida por la Corte. La Corte negó la admisión oral del contrato de compraventa entre Santiago Cabrera y los acusados, la prueba oral de la existencia del contrato de compraventa entre Santiago Cabrera y Secundina García.
“De esta resolución de la Corte el Fiscal respetuosamente anota una excepción . . . Terminé mi caso.”

Entonces se pidió por la Defensa que se instruyera al Ju-rado a fin de que rindiera un veredicto absolutorio y la Corte accedió en la siguiente forma:

“La Corte: Señores del Jurado: Como en este caso incumbía al Pueblo probar que hubo dos ventas de las fincas a que se refiere la acusación, y el Fiscal no ha podido probar, de acuerdo con el cri-terio de la Corte, la venta últimamente celebrada, y que de ser po-sible probar constituiría entonces el delito de doble venta, o sea, lo previsto en el Artículo 471 del Código Penal, no hay ninguna cues-tión que soíneter al Jurado, sino simplemente ordenar al Jurado que rinda un veredicto de no culpable, puesto que la evidencia no sería nunca suficiente para declarar culpable a los acusados.
“La Corte les instruye para que dicten en este caso un veredicto de no culpable, y al efecto nombra al señor Astol Presidente del Jurado, y le instruye para que se sirva firmar el veredicto.”

Rendido el veredicto por el Jurado la Corte lo aceptó de-clarando a los acusados no culpables y absolviéndolos libre-mente.

El propio día nueve de febrero interpuso el Pueblo por su Fiscal la presente apelación de acuerdo con lo prescrito en el art. 348 No. 6 del Código de Enjuiciamiento Criminal, como sigue:

“Art. 348.- — El ministerio público puede establecer apelación:
“6. — De una orden del Tribunal al jurado mandando que éste pronuncie veredicto a favor del acusado.”

A nuestro juicio la orden de la Corte dirigida al Jurado para que rindiera un veredicto absolutorio basada como lo fué eii sus resoluciones sobre la no admisión de la evidencia que presentara el Fiscal, está equivocada.

Dice el artículo 471 del Código Penal qué es el que prevé y castiga el delito imputado a los acusados:

“Art. 471. Toda persona que habiendo vendido, negociado ••> enajenado alguna propiedad mueble o inmueble o interés en ella, u otorgado alguna obligación o convenio para la venta de dicha pro-piedad, voluntariamente volviere a vender, negociar o enajenarla, o cualquiera parte de la misma, o interés en ella, con intención de defraudar a anteriores o subsiguientes compradores, o que volunta-riamente y con intención de defraudar a éstos, otorgare alguna obli-gación comprometiéndose a vender, negociar o enajenar dicho te-rreno o solar, o parte del mismo, a cualquiera otra persona, incu-rrirá en pena de presidio por un término de uno a diez años.” .

Con respecto a la primera venta no bay cuestión. Con respecto a la segunda él fiscal se vió impedido dé demostrarla porque en la escritura pública en que se bizo constar en vez de firmar por los vendedores — que no sabían hacerlo — uno de los testigos del documento, lo hizo otra persona.

Es cierto que la Ley Notarial de modo terminante prescribe que si los otorgantes o alguno de ellos no supiere o no pudiere firmar, lo expresará así el Notario, debiendo firmar uno de los testigos, escribiendo de su puño, en ante firma que lo hace por sí como testigo, y a nombre del otorgante, que no sepa o no pueda verificarlo. Sección 14 de la Ley Notarial de 1906.

Y es cierto también que esta Corte ha resuelto que si la firma de uno de los otorgantes de un documento público no consta en la forma exigida por el estatuto, es lo mismo que si no existiera, y el documento debe, en tal virtud, conside-rarse como nulo de acuerdo con lo prescrito en la sección 20, No. 3, de la Ley Notarial. Banco Territorial v. Registrador, 22 D.P.R. 222.

Pero ello no quiere decir que porque el documento no se otorgara de acuerdo con la ley, el contrato en sí dejara de existir. Si hubo consentimiento, objeto y causa, el contrato existió. Y para demostrar esos elementos pudo y debió ad-mitirse la escritura como un principio de prueba que pudo completarse con la evidencia de testigos. También la certi-ficación del registro.

El acto delictivo imputado a los acusados consiste esen-cialmente en vender habiendo ya vendido, voluntariamente y con el propósito de defraudar al primitivo comprador. Y aquí la prueba que trató de introducir el fiscal lo era para demostrar que los acusados habiendo ya vendido las fincas de que se trata a una persona para saldar con ello las deudas que con esa persona tenían contraídas, volvieron a venderlas a su hijo quien llevó inmediatamente el documento público en que constaba el contrato al Begistro logrando que el Begis-trador lo inscribiera antes de presentarse el título otorgado al primer comprador lo que de acuerdo con lo prescrito en el art. 1362 del Código Civil, Ed. 1930, resolvía el conflicto de la doble venta a sn favor.

La intención fraudulenta no dejaba de existir porque el documento público otorgado resultara luego nulo. El docu-mento se otorgó. No sólo se otorgó, si que se inscribió en el registro. Para inscribir su venta el primer comprador se vería obligado a recabar de las partes contratantes en el se-gundo contrato el otorgamiento voluntario de otro documento dejando sin efecto el ya inscrito o a iniciar un pleito ante las cortes pidiendo la nulidad del segundo contrato y la cance-lación de su inscripción en el registro. La situación puede complicarse con la aparición en escena de terceros adquiren-tes de quien del registro aparecía como dueño.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, parece que la orden recurrida debería revocarse, revocándose también la sentencia absolviendo a los acusados que fué la consecuencia de la misma.

Sin embargo, por errónea que la orden fuera, es lo cierto que el Jurado la obedeció rindiendo un veredicto por el cual declaró no culpables a los acusados y que basándose en ese veredicto la Corte dictó sentencia absolviéndolos del delito que se les imputaba. Y en situación semejante se resolvió por esta Corte Suprema en el caso de El Pueblo v. Noonan, 46 D.P.R. 724, siguiendo el de Kepner v. United States, 195 U. S. 100, que la causa queda definitivamente resuelta y .no cabe seguir procedimiento ulterior alguno.

No importa que la cuestión no haya sido aquí levantada. Es fundamental y en evitación de que puedan seguirse pro-cedimientos ulteriores que habrían de resultar necesariamente inútiles, debe resolverse.

En tal virtud, no obstante la conclusión a que llegáramos sobre lo erróneo de la orden de la Corte, como a nada prác-tico conduciría su revocación, nos limitaremos a desestimar por académico el recurso interpuesto por el Ministerio Pú-blico.

■OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SB. CORDOVA DAVILA

Esta corte, en el caso de El Pueblo v. Noonan, recientemente resuelto (46 D.P.R. 724), ha sostenido el criterio de que una vez absuelto un acusado por el jurado, en virtud de orden perentoria de la corte, la causa queda terminada de un' modo definitivo, sin que pueda someterse al acusado a un nuevo juicio por el mismo delito imputado en la acusación. Asentimos a la opinión emitida en dicho caso, abrumados más bien que convencidos por repetidas decisiones de la Corte Suprema de California y principalmente por las conclusiones establecidas en el caso de Kepner v. U. S., 195 U. S. 134, citado y comentado en nuestra opinión.

No estamos obligados, sin embargo, a seguir la jurispru-dencia del Tribunal Supremo de California interpretando preceptos de ley que han sido puestos en vigor en Puerto Rico, si las conclusiones del referido tribunal son, a nuestro juicio, erróneas. En cuanto a la Corte Suprema de los Estados Unidos, es nuestro deber acatar y respetar sus decisiones, cuando interpreta preceptos de ley vigentes en nuestra Isla. Hecha esta salvedad, pasamos a exponer nuestro criterio so-bre esta importantísima cuestión que quizá algún día vuelva a ser sometida a la consideración del más alto tribunal de la nación.

El caso de autos nos hace fijar la atención nuevamente en las cuestiones resueltas en Kepner v. U. S., supra, desde que se dictó la sentencia original hasta su revisión por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Thomas E. Kepner, abogado que practicaba su profesión en la ciudad de Manila, fué acusado del delito de estafa, por haber hecho uso de fondos pertenecientes a un cliente. El juzgado de primera instancia declaró absuelto al referido abogado. Contra esta senten-cia se estableció recurso de apelación. La Corte Suprema de Filipinas revocó la sentencia del juzgado de primera instan-cia, declaró culpable a Kepner y le condenó a un año, ocho meses y veintiún días de prisión, impidiéndole desempeñar cualquier cargo público o de confianza y privándole del de-recho del sufragio. Este caso puede distinguirse del que abora nos ocupa en que la causa no fue sometida a un jurado, sino a un juez de hecho y de derecho que apreció la prueba y decretó la absolución del acusado. En nuestro caso se trata de un error de derecho cometido por la corte inferior negando indebidamente la admisión de una prueba y ordenando al ju-rado un veredicto que declarase absuelto al acusado.

En el caso de Kepner v. U. S., supra, no surge de los he-chos que el juzgado de primera instancia de Manila, que dictó la sentencia original, fuese inducido por el acusado a incurrir en un error de derecho, y quizá por esta razón podría tam-bién distinguirse este caso de aquéllos en que aparece el pro-pio acusado provocando la comisión del error. ' Esta distin-ción, sin embargo, tendría que establecerse partiendo de la base de que el acusado únicamente puede aducir con éxito la alegación de former jeopardy cuando la decisión errónea de-la corte no ha sido provocada por él. No es ésta la jurispru-dencia establecida por el Tribunal Supremo de California. Cuando un jurado declara absuelto a un acusado accediendo a los deseos de la corte, aunque esta absolución se deba a un error craso y manifiesto provocado por el propio acusado, el tribunal californiano sostiene la teoría de que una revocación de la sentencia no conduciría a fin práctico alguno, porque el acusado no puede ser nuevamente juzgado por el mismo de-lito. No obstante, este mismo acusado, si solicita y obtiene la nulidad de una sentencia o veredicto dictado contra él, puede ser nuevamente juzgado por el mismo delito de que fué declarado convicto. Hopt v. Utah, 104 U. S. 631, 110 U. S. 574, 114 U. S. 488, 120 U. S. 430; Regina v. Drury, 3 Cox Crim. Cas. 544; S. C. 3 Car. & Kirw. 193; Commonwealth v. Gould, 12 Gray 171. De modo que de acuerdo con esta teoría el acusado ocupa una posición doblemente ventajosa, porque si es absuelto queda amparado por el precepto cons-titucional de que no puede ser nuevamente juzgado, y si es condenado puede solicitar la anulación del veredicto o la sentencia para tener la oportunidad de un nuevo juicio des-pués de haber sido convicto. Esta distinción no parece estar sostenida por la lógica. Si la alegación de former jeopardy es buena cuando el acusado resulta absuelto en virtud de un error de derecho de la corte de primera instancia, debería serlo también cuando se deja sin efecto a su ruego una sen-tencia o veredicto en virtud de errores cometidos contra él. No obstante, los tribunales sostienen que en este último caso el acusado no puede interponer con éxito la defensa de former jeopardy. Y si es así, y el principio establecido se basa en que es el propio acusado quien solicita la anulación de esa .sentencia o veredicto, a nuestro juicio lógicamente debiera 'establecerse el mismo principio cuando el acusado induce a '.la corte a incurrir en un error de derecho que culmina en su ¡absolución. Donde hay la misma razón debe aplicarse el mismo derecho. Conviene advertir que el Juez Holmes, como veremos más adelante, no acepta que pueda renunciarse un derecho fundamental garantizado por la Constitución. El eminente jurista entiende que el acusado no renuncia a nin-gún derecho, porque no existe doble jeopardy cuando se le juzga nuevamente dentro de una misma causa.

No cabe duda de que en estas condiciones la posición del .estado es asaz desventajosa. Los errores de derecho come-tidos en contra del acusado pueden ser revisados por las cor-tes superiores para darle al convicto la oportunidad de ser nuevamente juzgado, si los hechos que se le imputan consti-tuyen delito público; pero los errores cometidos en contra del estado no pueden ser corregidos aunque la ley conceda ex-presamente el derecho de establecer excepciones y de promo-ver una apelación. Las disposiciones de la ley para proteger los derechos del estado resultan baldías y completamente inú-tiles en el terreno de la práctica, porque no hay posibilidad de hacerlas efectivas. No acertamos a explicarnos la conce-sión de un nuevo juicio cuando se cometen errores de bulto contra el acusado, y la negación de ese nuevo juicio cuando se cometen errores fundamentales de derecho en contra del estado. Las opiniones emitidas por la mayoría y la minoría en el caso de Kepner v. U. S., supra, deben ser cuidadosa-mente estudiadas. En la opinión de la minoría, escrita por el Juez Holmes, se dice que un acusado no puede renunciar, y ciertamente no se entenderá que ha renunciado sin expre-sarlo así, derechos fundamentales de carácter constitucional. Hay peligro (jeopardy), según el eminente jurista, desde que se inicia el caso hasta que termina, y el caso no termina hasta que no ha sido definitivamente juzgado. El procedimiento es único y continuado, tocando a su fin cuando el acusado es condenado o absuelto, y la sentencia se hace firme por haber transcurrido el plazo señalado para apelar, cuando exista apelación, o por haberse resuelto definitivamente el caso por el tribunal de última instancia. A juicio del Juez Holmes el acusado pxxede ser juzgado en más de una ocasióix, siempre que se trate de una misma causa. Lo que no puede hacerse •dentro del precepto constitucional, es someter a un acusado a un nuevo proceso y a un ixuevo jxxicio, después de haber sido absuelto en un caso separado o independiente de aquél en que fué definitivamente juzgado.

En Kepner v. U. S., supra, el juzgado de primera instan-cia declaró absuelto al acusado. Apeló el ministerio público ■de esta sentencia, acogiéndose a una ley que autorizaba el •derecho de apelación. La Corte Suprema de Filipinas revocó la sentencia y declaró culpable al acusado. El caso fué lle-vado a la Corte Suprema de los Estados Unidos en virtud de un auto de errores. La sentencia fué revocada y el acu-sado declarado absuelto. El caso fué resuelto por una ma-yoría de cinco jueces contra cuatro. Disintieron los Jueces Holmes, White, McKenna y Brown. Se escribieron dos opi-niones disidentes: la primera por el Juez Holmes, con la •concurrencia de los Jueces White y McKenna, dice así:

“Lamento no poder convenir con la decisión de la mayoría de •esta corte. El caso es de suma importancia no solamente por su ■significación inmediata en la administración de la justicia en las Islas Filipinas, toda vez que las palabras usadas en la ley del Congreso figuran también en la Constitución, sino aun más porque la decisión necesariamente conlleva una interpretación de este último documento. Si, como es posible, la prohibición constitucional se extendiera a de-litos menos graves, Ex parte Lange, 18 Wall. 163, 173, habríamos establecido en el país una doctrina que abarca todo el derecho criminal, que, a mi juicio, tendría serias y graves consecuencias. A] presente existe en este país más peligro1 de que los criminales evadan la justicia, de que sean sometidos a opresión. Mas no me detendré a considerar o a exponer las consecuencias en detalle puesto que no se supone que tales consideraciones sean tenidas en cuenta por les jueces a no ser para inducirlos a aceptar una de dos interpretacio-nes, o como mi último recurso tácito en caso de duda. Es más per-tinente hacer notar que me parece que lógica y razonablemente no-puede decirse que un hombre ha sido puesto en peligro (jeopardy) más de una vez cuando se trata de una misma causa, no importa la frecuencia con que sede juzgue. El peligro es único y continuado’ desde el comienzo hasta el fin de la causa. Todos convienen en que el principio en su origen prohibía un juicio en una causa nueva o independiente cuando ya el reo había sido juzgado una vez. Pero-no existe regla alguna al efecto de que un hombre no puede ser juzgado dos veces en el mismo caso. Esta corte ha resuelto que un acusado puede ser juzgado por segunda vez, aun en casos de pena capital, si el jurado no se pone de acuerdo, United States v. Pérez,. 9 Wheat. 579; véase Simmons v. United States, 142 U. S. 148; Logan v. United States, 144 U. S. 263; Thompson v. United States, 155 U. S. 271, o, no obstante ponerse de acuerdo y haber llegado a un veredicto, si este último es anulado a virtud de las excepciones, tomadas por el acusado por error cometido durante el juicio. Hopt v. People, 104 U. S. 631, 635; 110 U. S. 574; 114 U. S. 488, 492; 120 U. S. 430, 442; United States v. Ball, 163 U. S. 662, 672. Aun puede juzgársele mediante una nueva acusación si la sentencia en la primera ocasión es anulada por haberse presentado una moción. Ex parte Lange, 18 Wall. 163, 174; 1 Bish. Crim. Law (5a. ed.j párrafo 998. Me referiré, además, a las opiniones de Kent y Curtís en People v. Olcott, 2 Johns. Cas. 301; S. C., 2 Day, 507, n.; United States v. Morris, 1 Curtis, 23, y a la bien reconocida decisión en el de State v. Lee, 65 Connecticut, 265.
“Si un estatuto concede al Pueblo el derecho a tomar excepciones, a mi juicio sería imposible sostener que la Constitución protegería al acusado de ser juzgado nuevamente. El peligro no sería mayor para el acusado, al ser juzgado por segunda vez a causa de un error-ele derecho a su favor, que al ser juzgado nuevamente por un error que le perjudicó. No importa que el acusado solicite el segundo juicio. En un caso de pena capital, como el de Hopt v. People, un hombre no puede renunciar, y ciertamente no puede considerarse que ha renunciado sin significarlo, derechos constitucionales funda-mentales. Thompson v. Utah, 170 U. S. 343, 353, 354. De ordi-nario tal renuncia no es expresada ni se piensa en ella. Además, no podría imaginarse que la ley niegue a un acusado el derecho a co-rregir un error fatal, a menos que renuncie otros derechos que de-bido a su importancia la Constitución de los Estados Unidos ha ga-rantizado expresamente en una de sus cláusulas.
“Podría decirse que cuando el acusado toma excepciones, sola-mente está tratando de deshacerse de un peligro y que en tanto en cuanto el veredicto le favorezca, como cuando se le declara culpable de homicidio mediante acusación de asesinato, el peligro seguirá sub-sistiendo, de acuerdo con algunas decisiones, para ser juzgado nue-vamente tan sólo por el delito menor, de suerte que el peligro sólo continúa con posibilidad de librarse del mismo. Soy de opinión que las decisiones a que se hace referencia son erróneas, mas asumiendo que sean ciertas, debemos considerar su posición en el momento en que sus excepciones son sostenidas. El primer veredicto ha sido anulado. El peligro por éste creado ha terminado y la cuestión que surge es qué debe hacerse con el acusado. Toda vez que en ese mo-mento ya no está en peligro por el primer veredicto, si un segundo juicio en el mismo caso equivale a un segundo peligro aun en lo que al delito menor se refiere, el acusado tiene derecho a que se le ponga en libertad. En vista de estas dificultades se ha sostenido que en principio el reo tiene ese derecho si en el primer juicio se comete un error de derecho. 1 Bish. Crim. Law (5a. ecl), párrafos 999, 1047. Pero aun Mr. Bishop admite que las decisiones se pro-nuncian en sentido contrario, y el punto ya ha sido resuelto en esta corte por los casos arriba citados. Habiéndose destruido por for-tuna ese mal, la necesaria alternativa es que la Constitución permite un segundo juicio en la misma causa. La razón, sin embargo, no es la existencia de la ficción de que un hombre se halla en peligro en caso de error, toda vez que puede admitirse que éste se halla en pe-ligro aun cuando el error sea patente de la faz de los autos como cuando se le juzga por razón de una acusación defectuosa, si la sen-tencia no es anulada. United States v. Ball, 163 U. S. 662. Ade-más, de ser cierta la ficción, ella sería igualmente cierta cuando el error de derecho se comete en favor del acusado. La razón que aduzco es que solamente puede haber un peligro en una causa. No be visto otra, a no ser la sugestión de renuncia, y a mi juicio ésa no puede subsistir.
“Si cuanto he dicho hasta aquí es correcto, no se necesitan ar-gumentos adicionales para demostrar que un estatuto puede autori-zar al Estado a apelar de la decisión de un magistrado para ante un tribunal superior, al igual que al acusado. Esto último ocurre diariamente, mas no hay duda de que el reo se halla en peligro mientras se somete a juicio ante el magistrado y que una condena o absolución de que no se apela impediría que se le procesara por se-gunda vez. Esto es lo que se resolvió, y es cuanto se decidió o in-dicó, pertinente a este caso, en el de Wemyss v. Hopkins, L. E. 10, Q. B. 378. Por las razones expuestas debe considerarse que un se-gundo juicio en la misma causa es tan sólo la continuación del pe-ligro que comenzó con el juicio en la corte inferior.”

Copiamos a continuación la opinión del Juez Asociado Sr. Brown:

“Bajo nuestro sistema de jurisprudencia anglosajón siempre he creído que un veredicto absolutorio dictado a virtud de una acusa-ción válida ponía fin al peligro, que ni en la misma corte ni en una corte de apelaciones podían entablarse ulteriores procedimientos para revisarlo, y que era en extremo dudoso si aun el Congreso podía constitucionalmente autorizar tal revisión.
“Admitiendo todo esto creo, sin embargo, que al hacer el prin-cipio extensivo a las Islas Filipinas, la intención del Congreso fue usar las palabras en el sentido que hasta ahora se les había dado en aquellas islas. Por aquella ley, que no conocía el juicio por ju-rado, el peligro no terminaba, si se apelaba para ante la audiencia o Tribunal Supremo, hasta que este último cuerpo actuara en el caso. Los procedimientos habidos ante la corte de primera instancia en todos los casos importantes eran revisables en apelación por el Tribunal Supremo, el cual actuaba finalmente sobre el caso y ponía fin al peligro. Este fué evidentemente el criterio del comandante militar en su orden general No. 58, y de la Comisión Filipina en la ley de 10 de agosto de 1901 (No. 194), que autorizaban una ape-lación para ante el Tribunal Supremo, aun después de haberse dic-tado sentencia absolutoria. Creo que ésta debió también ser la in-tención del Congreso, especialmente en vista de la sección 9 de la ley de Filipinas de julio 1, 1902, que dispone que ‘el Tribunal Supremo. y las cortes de primei’a instancia de las Islas Filipinas po-seerán y ejercerán jurisdicción en la forma ya provista . . . sujetá a la autoridad de dicbo gobierno para alterar la práctica y forma de procedimiento.’ Me parece imposible suponer que fuera la inten-ción del Congreso' poner en manos de un solo juez la facultad grande y peligrosa de absolver definitivamente los criminales más notorios.”

El Juez Brown se refiere a una ley del Congreso, apro-bada en 1902, para la administración de los asuntos relacio-nados con el gobierno civil en las Islas Filipinas, cuya ley, entre otras cosas, disponía que ninguna persona sería colo-cada en peligro de ser castigada dos veces por el mismo de-lito. Como liemos dicbo, la ley de Filipinas concedía al go-bierno, lo mismo que al acusado, el derecho de establecer el correspondiente recurso de apelación. La mayoría de lá corte resolvió que esta Ley había sido derogada por la ley del Congreso prohibiendo que un acusado fuese por segunda vez puesto en peligro (jeopardy) por el mismo delito. La opi-nión disidente del Juez Brown 'trata de armonizar la ley de Filipinas con la ley aprobada por el Congreso. En la opi-nión de la mayoría se citan preceptos del Fuero Beal y de las Siete Partidas, según los cuales una persona absuelta de un delito en virtud de una sentencia válida no puede ser acu-sada después por el mismo delito excepto en ciertos y deter-minados casos. Bajo este sistema de leyes, según la mayoría, el juicio se consideraba como un procedimiento continuado, quedando el acusado protegido contra una segunda convicción después que el juicio final había sido terminado en la debida forma legal. Es de notarse que esta doctrina se acerca mu-cho a la teoría sostenida en la opinión de la minoría escrita-por el Juez Holmes.

El caso de El Pueblo v. Noonan y el que en estos momen-tos nos ocupa, constituyen un ejemplo de la posición desven-tajosa del estado para defender los derechos que le han sido confiados. Para nosotros es claro que en ambos casos la corte incurrió en error. Estamos de acuerdo con las conclusiones establecidas en la opinión emitida por el Juez Presidente Sr. del Toro en el caso de autos en cuanto al error de la corte negando la admisión de cieria prueba y ordenando la abso-lución perentoria del acusado.

En el caso de El Pueblo v. Noonan; el Pueblo ofreció prueba tendente a demostrar que el día 5 de noviembre de 1931, entre una y dos de la tarde, se dirigía del Condado ba-cía San Juan, por el puente “Dos Hermanos” que se tiende sobre la babía del Condado, un truck de la Porto Rican Express Co., conduciendo unas cajas de mercancías; que dicbo truck venía guiado por Antonio Cruz Jiménez; que en dicbo truck venían también sentados en las cajas Carmelo Torres, mirando bacía delante, y Santiago Rodríguez, mirando bacía atrás; que el truck era conducido por la orilla derecha del puente del Condado para San Juan, que era la que le corres-pondía ; que cuando babía caminado el truck dentro del puente como una cuarta parte del mismo, apareció en el puente de-trás del truck, esto es, en la misma dirección, un automóvil de turismo, guiado por el acusado a mucba velocidad, y le pasó al truck y al pasarle le dió un golpe terrible por el lado izquierdo que lo lanzó a la laguna, dando el truck una vol-tereta y quedando volcado en la laguna, con el frente para el Condado; que el truck se fué a la laguna con todos sus ocupantes, resultando Torres y Rodríguez con serias contu-siones, y Antonio Cruz Jiménez, que lo guiaba, muerto por contusiones recibidas al quedar pillado su cuerpo debajo del truck al arrastrarle éste en su caída a la laguna.

La prueba anteriormente relacionada demuestra clara-mente que la corte inferior incurrió en error al ordenar la absolución perentoria del acusado. Esa prueba ba debido ser sometida al jurado, único juez llamado a resolver las cuestio-nes de becbo y determinar el grado de credibilidad que deban merecer los testigos. Si la prueba es débil o si no lo es, si merece crédito o si no debe ser creída, es cuestión a deter-minar por los jueces de hecho y no por el juez que preside el tribunal, que únicamente debe intervenir en las cuestiones de derecho sometidas a su consideración.

En el estado de California no se concede a los jueces la facultad de ordenar perentoriamente la absolución del acu-sado. Allí el juez debe limitarse a recomendar la absolución. El jurado, sin embargo, puede actuar con entera libertad a pesar de la recomendación del juez. El artículo 257 de nues-tro Código de Enjuiciamiento Criminal concede al juez la fa-cultad de ordenar perentoriamente al jurado que absuelva al acusado. Si la misión del jurado es simplemente obedecer, bay que convenir en que sus funciones como cuerpo delibe-rativo quedan anuladas desde el momento en que se convierte en un mero ejecutor de la voluntad del juez. En estas con-diciones, aunque el veredicto aparezca firmado por el jurado, la verdad es que la absolución quien la decreta es el juez.

El Juez Brown manifiesta su asombro, y basta considera imposible suponer que fuera la intención del Congreso poner en manos de un solo juez la facultad grande y peligrosa de absolver definitivamente a los criminales más notorios. El espíritu de las instituciones americanas es amparar al ino-cente, no tender sobre el culpable el manto de la inmunidad. La teoría del former jeopardy tiene por objeto evitar que la prosecución se convierta en persecución; no impedir que el estado, por medios lícitos y legales, pueda continuar una causa basta que sea definitivamente resuelta por los tribuna-les de apelación. Kepetimos que el caso de Kepner v. U. S., supra, no es igual al que en estos momentos nos ocupa. La Corte Suprema de los Estados Unidos no ba resuelto que decretada una absolución por el jurado en virtud de un man-dato perentorio de la corte, no pueda hacerse uso de un de-recho de apelación concedido por la ley, para que en caso de que se baya cometido un error craso en contra de los dere-chos del estado, se ofrezca la oportunidad de subsanarlo me-diante un nuevo juicio, como cuando se decreta la nulidad de una sentencia o veredicto a solicitud del propio acusado. En el caso de Kepner el juzgado de primera instancia decretó la absolución apreciando los hechos y aplicando el derecho: en el caso presente la prueba no pudo ser apreciada por los jue-ces de hecho llamados a dictar el veredicto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Audrey,

license: Public Domain

text:
    William Henry Armstrong, demandante y apelado, v. F. E. Jones, demandado y apelante.
    No. 6493.
    Sometido: Junio 19, 1934.

      Resuelto: Julio 11, 1934.

      Pellón & Ayuso, abogados del apelante; L. Feliú, abogado del apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado en este pleito fue condenado a pagar las costas. El demandante presentó el memorándum de ellas y el demandado se opuso a algunas de las partidas que contiene. El demandante retiró una de ellas y la corte aprobó el memo-rándum rebajando los honorarios de abogado a $400.

El demandado apeló esa resolución y dice en su alegato que la cantidad de $400 para abogado del demandante es excesiva y que la corte inferior no debió conceder cantidad alguna por la anotación del embargo en el registro ni derechos del márshal por practicar el embargo y por su notificación, ni por lo pagado por el demandante por primas de la fianza de una compañía para el embargo. En resumen, que nada puede cobrar el demandante por lo relacionado con el embargo, que fue hecho para asegurar la efectividad de la sentencia que se dictara en el pleito.

La corte inferior fundó la resolución apelada en el caso de American Colonial Bank v. Ramírez, 42 D.P.R. 454. En él se cobraban, como en este caso, en nn memorándum de costas la prima pagada a. nna compañía por la fianza que prestó para hacer el embargo y los derechos por la anotación de él y por su notificación. Respecto de esas partidas impug-nadas como improcedentes, dijimos lo que sigue: “En esas partidas, menos en la de honorarios de abogado, no se ataca la cuantía de ellas. Lo que se sostiene es que son improce-dentes. Sin embargo, estos gastos fueron originados como consecuencia del pleito, pues el demandante tenía derecho, de acuerdo con la ley, a asegurar la efectividad de la sentencia que se dictase a su favor; y como en este caso era necesaria la prestación de una fianza, los demandados vienen obligados a pagar el gasto causado por virtud de la fianza y para la anotación del embargo en el registro de la propiedad. Si no hubieran dado lugar al pleito no se hubieran causado tales gastos.”

El apelante alega que ese caso no es de aplicación al pre-sente porque se fundó en que el demandado en aquél se com-prometió en un pagaré a satisfacer las costas, gastos y hono-rarios de abogado, mientras que en el presente no se Com-prometió a tales pagos el demandado. Está equivocado el apelante porque la referencia que se hizo a esa obligación del pagaré fué para resolver otra cuestión, la de temeridad del demandado, pero no para la de si debían ser pagados los gastos del embargo.

También alega el apelante que no tiene que pagar la prima satisfecha a la compañía que prestó la fianza para el embargo porque el demandante podía, de acuerdo con la ley, haber prestado fianza personal, en metálico o hipotecaria, que no ocasiona gastos de primas y son menos onerosas.

. El demandante tenía el derecho de elegir cualquiera de los medios de fianza que le concede la ley para poder embargar bienes de su demandado, por lo que si alguno de esos medios produce gastos debe pagarlos el demandado.

Respecto a la cuantía concedida por honorarios de abogado diremos que no podemos declarar que sea excesiva, pues no estamos en las mismas condiciones que la corte inferior para resolver esa controversia, .ya que ante ella se presentaron todos los autos del pleito como prueba, y esa prueba no lia sido traída ante nosotros en este recurso.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Hutchison, disin-tieron.


author: El Juez Asociado Señob Cókdova Dávila,

text:
    Rosendo Agresar, demandante y apelante, v. American Commercial Co. y United States Casualty Co., demandadas y apeladas.
    No. 6751.
    Sometido: Julio 2, 1934.

      Resuelto: Julio 11, 1934.

      Salvador Suau y F. Prieto Azúar, abogados del apelante; Ji. Castro Fernández, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señob Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 25 de enero de 1932, la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia en este caso declarando sin lugar la demanda. En 8 de febrero se interpuso recurso de apelación. Tres días más tarde la corte inferior ordenó al taquígrafo que preparase la transcripción de evidencia a moción de la parte apelante, la cual ha dejado transcurrir dos años cuatro meses sin haber radicado la referida transcripción.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso in-terpuesto basándose en que la transcripción de evidencia no es voluminosa y ha podido ser preparada por el taquígrafo en un término no mayor de noventa días, en que se han con-cedido veintiocho prórrogas de treinta días para preparar y radicar la transcripción de evidencia, y en que a pesar del tiempo transcurrido la parte apelante no ha radicado dicha transcripción, razón por la cual no ha proseguido su apela-ción con la debida diligencia.

La parte apelante alega que satisfizo los honorarios del taquígrafo para preparar la transcripción, por un precio con-venido, y que tuvo que sostener una lucha tenaz y constante con dicho funcionario, quien con posterioridad a dicho con-venio manifestó que era acreedor a mayores honorarios. En vista de la insistencia del taquígrafo y con el fin de no de-morar, el demandante se avino a pagar una remuneración adicional al funcionario referido. Alega el apelante que ha estado durante mucho tiempo sin trabajo y carente de re-cursos, y que si los hubiese tenido en su oportunidad hubiera transigido, aun a costa de sus derechos, la referida pretensión del taquígrafo. Añade que ha radicado, en 23 de junio de 1934, dicha transcripción de evidencia en la corte inferior, no obstante los sacrificios y contratiempos apuntados, y que en este caso el apelante tiene una justa y meritoria causa de acción y probabilidades de éxito en su recurso de apelación.

Dos años cuatro meses es un período de tiempo considerable para perfeccionar una apelación y la parte ape-lante debe aducir razones dignas de tenerse en cuenta para que una resolución de esta corte negando la desestimación del recurso pueda estar justificada. El apelante alega que el taquígrafo convino con él un precio por sus honorarios y que más tarde exigió una suma adicional. La actitud del taquígrafo no justifica la falta de diligencia del apelante. Si el taquígrafo después de haber recibido el importe total de sus honorarios faltó a lo convenido y se negó a transcribir la evidencia mientras no se le satisficiese una suma adicional, el apelante debió acudir a la corte, que tiene facultades para dirigir en bien de la justicia la conducta de sus funcionarios, y que pudo ordenar al taquígrafo que cumpliese con lo con-venido.

También alega el apelante que la parte demandada consintió implícitamente a la solicitud de las referidas prórrogas, por no haberse opuesto a las mismas ni haber solicitado con anterioridad la desestimación del recurso. El silencio de la parte apelada no releva a la parte que apela de la obligación de perfeccionar su recurso con la debida diligencia. El apelante cita el caso de Central Pasto Viejo v. Aponte, Jr., 34 D.P.R. 33, y copia del sumario el párrafo que sigue:

“Habiéndose consentido por uno de los abogados del apelado en prórrogas solicitadas por el apelante para radicar el pliego de expo-sición del caso desde abril 11 de 1924, fecha en que se recibió la trans-cripción de la evidencia, hasta enero 27 de 1925, no procede la deses-timación del recurso, aunque en enero 27, y febrero 11, la corte con-cedió otras prórrogas de cinco y quince días respectivamente, sin me-diar consentimiento del apelado, habiéndose radicado el pliego en febrero 17.”

En el caso citado las prórrogas, con excepción de dos, fueron consentidas por la parte apelada; en el presente caso no hay prueba de que se haya consentido a ninguna de las prórrogas. Existe además una notable diferencia entre el período de tiempo transcurrido en uno y otro caso desde que se ordenó al taquígrafo la transcripción de evidencia. El apelante no ha presentado ninguna excusa razonable para justificar su tardanza en perfeccionar esta apelación y no puede decirse que baya procedido con la debida diligencia.

Debe desestimarse el recurso interpuesto.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    José Catalino Negrón, demandante y apelado, v. Manuel Miguel Mudafor, demandado y apelante.
    No. 6754.
    Sometido: Julio 9, 1934.

      Resuelto: Julio 11, 1934.

      Y. Géigel Polcmeo, abogado del apelante; Ángel A. Vázquez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal. '

José Catalino Negrón promovió demanda ante la Corte Municipal de San Juan contra Manuel Miguel Mudafor, recla-mándole un derecho de bogar seguro. Se dictó sentencia a favor del demandante por la cantidad de $500. Apeló el de-mandado para ante la corte de distrito, donde fue desestimado el recurso por haberse radicado después de haber transcurrido "los 20 días que fija la ley para radicar'la transcripción' de autos en el tribunal de apelación. De esta resolución de la •corte de distrito apeló la parte demandada y ahora compa-rece el demandante solicitando que se desestime el recurso interpuesto porque dicha resolución, que no resuelve los ■ méritos del pleito, no es apelable y porque además la apela-ción es completamente frívola.

La cuestión que la parte apelada somete a nuestra consi-deración lia sido ya resuelta por este tribunal en el caso de Marxuach v. Aguilar, 20 D.P.r. 157, donde se apeló de una sentencia de una corte municipal que desestimó la corte de distrito por haber transcurrido los veinte días que fija la ley para la radicación de los autos en la corte de apelación. Apeló la parte interesada de dicha resolución y esta corte desestimó el recurso por entender que la misma no era ape-lable. De la opinión emitida por este tribunal en dicho caso copiamos lo siguiente:

“Las resoluciones que dictan las cortes desestimando un recurso de apelación por naber dejado de cumplir el apelante determinados requisitos para que pueda ser oída, no son Verdaderas sentencias, aun-que como tales se registren y aunque producen el efecto de dejar firme la sentencia apelada, porque no resuelven los méritos del pleito y se limitan a negarse a oír y decidir el recurso. Harrington v. Holler, 111 U. S. 796 y Wenar v. Jones, 217 U. S. 593, aplicados por nosotros en el caso de Cautíño v. Muñoz, que resolvimos en noviembre 11 de 1913. Por consiguiente, esas resoluciones no están comprendi-das entre las sentencias a que se refiere el número 2 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como quedó enmendado en el año 1905.” •

El recurso interpuesto debe ser desestimado.


author: El Juez Asociado Señob Cókdova Dávila, JUEZ PRESIDENTE SEÑOR DEL TORO

text:
    Battistini & Martínez, demandante y apelada, v. Luisa Feliciano, demandada y apelante.
    No. 6160.
    Sometido: Junio 8, 1933.

      Resuelto: Julio 13, 1934.

      L. Tornes García, abogado de la apelante; F. Otero Rivera, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Battistini & Martínez, por conducto de su socio gestor Antonio Battistini, ejercita esta acción de desahucio en pre-cario contra Luisa Feliciano, alegando que es dueña de un predio rústico de seis cuerdas de terreno donde la demandada tiene edificada una casa pequeña de madera, y que lia solici-tado de la referida demandada que desocupe y deje a la libre disposición de la demandante la finca mencionada y que a la vez levante la casita que tiene edificada.

La demandada niega los hechos contenidos en la demanda y como defensa especial alega que es dueña absoluta de una casa de maderas, que está enclavada en el barrio Duey, de Tauco, en terreno de su propiedad y no en terreno pertene-ciente a la parte demandante. Arguye que bajo estas cir-cunstancias existe un conflicto de título entre las partes, que no puede ventilarse en el procedimiento sumario de desahucio. También alega Luisa Feliciano que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción. Como cuestión previa nos anticipamos a declarar que a nuestro juicio las alegaciones establecidas por la demandante sos-tienen la causa de acción ejercitada.

En la súplica de la demanda se pide que la demandada deje a la libre disposición de la demandante el predio de te-rreno que ocupa y el solar donde tiene enclavada la casita, y que si así no lo verifica, se proceda al lanzamiento de la de-mandada, sus familiares, criados y cualquier otra persona que ocupe el terreno por cuenta de la misma.

De las alegaciones y de la prueba resulta que la deman-dada no solamente ocupa la casa, sino que también está de-tentando el predio rústico en toda su integridad, contra la voluntad de la parte demandante. El testigo Antonio J. Battistini, gestor de la parte actora, declara que no ha podido tomar posesión de la finca desde que fué adquirida, porque se opone a ello Luisa Feliciano, a quien ha requerido para que deje esa finca a su disposición, habiéndose negado a desocu-parla. En cuanto al título del terreno, no hay discusión alguna. La evidencia aportada por la parte demandante para probar sus alegaciones está en pie, porque la demandada no ha presentado prueba alguna para rebatirla. Es más, los autos demuestran que la demandada admite que la casa no está enclavada en terreno de su propiedad.

Terminada la prueba de la demandante, la demandada presentó una moción de nonsuit, basándose en la existencia de un conflicto de título entre las partes, “pues aunque la casa es un accesorio del terreno, nuestro Código Civil reconoce al que fabrica en suelo ajeno el derecho de no ser privado de su propiedad sin la correspondiente indemnización si fabricó de buena fe, cuestiones éstas que no pueden ser resueltas en un juicio sumario como el de desahucio.” También dice la demandada por conducto de su abogado que es a la deman-dante a quien toca probar y plantear todas las cuestiones con-trovertidas y que “aquí no se ha traído prueba alguna para demostrar que ese terreno fuese alguna vez de ella” — signifi-cando a la demandada. Como se ve, el abogado de la de-mandada sostuvo ante la corte que no se ofreció evidencia alguna para probar que su representada fuese dueña de la finca. En su alegato el referido abogado va aun más lejos, pues sostiene que “de las pruebas todas resulta comprobado que la demandante es dueña del predio de terreno a que se refiere la alegación segunda de la demanda en virtud de actuaciones en ciertos procedimientos sobre compraventa judicial llevados a cabo en la Corte Municipal de Yauco.” De manera que aquí, de acuerdo con la prueba, Luisa Feliciano está ocupando un terreno que no es suyo y además una casa cuya propiedad no puede discutírsele, porque está admitido por las alegaciones de la demanda y por el testimonio de la propia parte demandante. Sin embargo, ni de las alegaciones ni de la prueba surge claramente el propósito de la deman-dante de lanzar a la demandada de la casa que ocupa. En la súplica se pide que terreno y solar se dejen a la libre dispo-sición de la demandante, y se pide el lanzamiento de la de-mandada o de otra persona que ocupe el terreno.

El gestor de la demandante, Antonio Battistini, nos dice que en cuanto al terreno no bay litigio y que por eso se soli-citó una sentencia en los términos de la contestación (sio), esto es, que se declare con lugar el desahucio en cuanto al predio de terreno. La intención de la demandante parece revelarse en las siguientes manifestaciones que copiamos de ■ la transcripción de evidencia:

“Dte. Brevemente voy a exponer una cuestión que yo había tra-tado con el compañero Tormes, y voy a plantearla a ver si el repre-sentante de Tormes puede allanarse a la cuestión.
"La demanda es por el desahucio de un predio de terreno de 6 cuerdas, en el barrio Duey del Municipio de Yaueo, de acuerdo con los términos de la demanda, el hecho segundo de la demanda. S. S. puede- ver la contestación a la demanda. La alegación segunda niega todos y cada uno de los hechos de la demanda. Y luego hay unas defensas especiales. ‘ Como defensas especiales y separadas, alega la demandada: 1. Que la misma es dueña absoluta de una casa de maderas, terrera, techada de zinc, que está enclavada en el barrio Duey de Yauco, independiente dicha casa de cualquier terreno, y dicha casa está enclavada en terreno perteneciente a esta demandada, pero nunca en terreno perteneciente a la parte demandante.’ De modo que la demandada en su contestación — estoy haciendo esto para ver si en dos minutos podemos acabar este caso — no ha negado la propiedad que tiene la demandante, pero nos alega que ella es dueña de una casita que está en terreno independiente. Nosotros, como un medio de transacción con el compañero Tormes, habíamos convenido en respetar la casa y que el desahucio se entendiera en cuanto al terreno. Por cuanto en la contestación ella dice que es dueña de una casa, no establece conflicto de título. Si el compañero no se opone, podría la Corte darnos una sentencia en cuanto al predio de terreno.
“Juez: Pero éste es un caso en que la demanda acepta que Battis-tini & Martínez es dueña del terreno, y la casa es de la demandada. Esto cae quizá dentro del caso del Rosario. Aquí no bay cuestión. Aquí se sabe, y por la misma demanda se dice, que el terreno es de Battistini & Martínez, y la casa, de ella. Y lo que se pide es que se saque la casa de allí.
“Dte. No, señor. Nosotros solicitamos una sentencia de acuerdo con los términos de la contestación, es decir, que la casa es de ella, pero ella debe dejar expedito el terreno.
“Juez: Que la saque.
“Dte. No. Ella alega y nosotros admitimos. . . S. Sa. tiene a la mano la contestación. Nosotros admitimos eso. Dice: ‘ Que la misma es dueña absoluta de una casa de maderas, terrera, techada, de zinc, que está enclavada en el barrio Duey de Yauco, independiente dicha casa de cualquier terreno, y dicha casa está enclavada en te-rreno perteneciente a esta demandada, pero nunca en terreno perte-neciente a la parte demandante.’ De manera que la única cuestión es si ella debe dejar a la libre disposición de la demandante el terreno objeto de este litigio, si la Corte debe dictar la sentencia en ese sen-tido de dejar a ella en el goce absoluto de la casa que alega, es de ella y el terreno a la libre disposición de la demandante.”

No hay duda alguna de que la parte demandante tiene derecho a la posesión del terreno ocupado por la demandada, y es claro que debe disponer de algún medio para hacer efec-tivo este derecho. La corte no puede negarse a decretar un desahucio que solicita la dueña legítima del predio de terreno según la prueba y las admisiones de la propia demandada,, quien lo está detentando sin título alguno para ello; pero teniendo en cuenta la actitud de la mercantil demandante en cuanto a la casa, que se define y aclara al responder a las observaciones del juez de la corte inferior, es de asumirse que dicha demandante, considerándose moralmente obligada, permitirá que la demandada continúe ocupando la casa encla-vada en dicho predio, cuando menos por un período de tiempo razonable.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SEÑOR DEL TORO

El 24 de febrero de 1931 Battistini y Martínez, una so-ciedad mercantil establecida en Yanco, Puerto Rico, interpuso en la Corte de Distrito de Ponce por medio de su abogado una demanda sobre desahucio en precario dirigida contra Luisa Feliciano. Dicha demanda, en lo pertinente, es como signe:

“La mercantil demandante es dueña de un predio de terreno que se describe así:
“ ‘Rústica, predio de terreno de seis cuerdas más o menos desti-nadas a café y pasto, radicada en el barrio Duey del término Municipal de Yauco, P. R., y colinda por el Norte y Este con terrenos de V. Caraballo; por el Sur con María Irizarry, por el Oeste con Miguel Franqui, antes, hoy José Vicario. ’
“En el predio de terreno descrito la demandada tiene edificada una casa pequeña de maderas.
“Til. La mercantil demandante ha solicitado de la demandada Luisa Feliciano que desocupe y deje a la libre disposición de la de-mandante el predio de terreno que se ha descrito en el párrafo se-gundo de esta demanda, y que a la vez levante la casita que tiene edificada; y la demandante desde el día veinte y tres de enero de 1931 ha requerido y ha seguido requiriendo a la demandada para que desocupe dicho predio de terreno y levante la casa en el mismo edifi-cada, en lo que ella no paga canon ni merced alguna, causando a la mercantil demandante perjuicios con su temeraria resolución.”

Se señaló la primera comparecencia para marzo 6, 1931, y como la demandada no compareciera, se dictó sentencia en su contra. Pasaron más de seis meses y en agosto 24, 1931, la demandante pidió que se ordenara la ejecución de la sen-tencia. La corte accedió verificándose se dice el lanzamiento, aunque sin expresarse en qué forma, en agosto 26, 1931.

Así las cosas, el 2 de septiembre, 1931, la demandante manifestó bajo juramento a la corte que la demandada des-pués de lanzada había vuelto a ocupar la finca y la corte señaló el 11 del propio mes para que la demandada com-pareciera a mostrar causa. Compareció en efecto personal-mente y manifestó que no había sido emplazada., de la de-manda de desahucio. La corte le concedió diez días para que buscase nn abogado y presentara nna moción para abrir el caso de nuevo.

La moción fue presentada y la corte, después de oír la evidencia testifical de ambas partes en relación con la misma, en octubre 21, 1931, dejó sin efecto la sentencia y ordenó que quedara en récord la contestación de la demandada y conti-nuara tramitándose el pleito de acuerdo con la ley. Dice la contestación, en lo pertinente, así:

“PRIMERO. — BsgepCIÓN previa. — Que la demanda en este caso no aduce hechos bastantes constitutivos \ de una buena y justa causa de acción a favor de la parte demandante.
“Segundo.' — Contestación.—La demandada niega todos.y cada uno de los hechos contenidos en la demanda.
“DepeNSas EspeCiales. — Como defensas especiales y separadas, alega la demandada:
“1. Que la misma es dueña absoluta de una casa de maderas, te-rrera, techada de zinc, que está enclavada en el barrio Duey de Yaueo, independiente dicha casa de cualquier terreno, y dicha casa está en-clavada en terreno perteneciente a esta demandada, pero nunca en terreno perteneciente a la parte demandante.
“2. Que bajo estas circunstancias, existe un conflicto de títulos entre la parte demandante y la parte demandada que no puede ven-tilarse en el procedimiento sumario de desahucio.”

Ambas partes comparecieron en octubre 30, 1931, y ofre-cieron su prueba. La vista del caso, o sea, la segunda com-parecencia, no se celebró hasta febrero 16 de 1932, por esti-pulación de las partes. El abogado que presentó a la deman-dada en el acto de la vista no fue el mismo que actuó como tal en la primera comparecencia y por los incidentes que ocurrieron puede deducirse que no estaba bien familiarizado con los antecedentes del caso.

La corte de distrito dictó sentencia dos días después en contra de la demandada. Estudiando la relación del caso y opinión en que se basa la sentencia se observa que la aten-ción de la corte estuvo fija en si debía aplicarse o no para resolver el caso la jurisprudencia de esta Corte Suprema establecida en el de Nuestra Señora del Rosario v. Collazo, 41 D.P.R. 596.

Si ésa fuera la única cuestión envuelta, probablemente procedería la confirmación de la sentencia recurrida, pero analizando detenidamente el caso nos fiemos encontrado con que la evidencia documental ofrecida por la demandante en la primera comparecencia para probar su dominio sobre la finca en cuestión fue admitida con la objeción de la deman-dada y es en verdad insuficiente, no siendo tampoco bastante la testifical aportada luego en el acto de la vista. Y si ello es así, el caso cae por su base y debe revocarse la sentencia'.

Examinemos la cuestión. Conocemos la demanda. Aunque confusa, creemos que aduce fiecfios suficientes para determinar la causa de acción ejercitada, la de desahucio en precario. Conocemos de igual modo la contestación. Confusa es tam-bién, pero hay que convenir en que niega que la demandante es dueña de la finca de que se trata y alega de modo positivo que la demandada es dueña no sólo de la casita en que vive si que además del terreno en que está enclavada.

Planteado el debate de ese modo, estaban obligados los demandantes a probar que eran dueños del terreno. Para ello presentaron la siguiente evidencia documental:'

Una certificación del acta de la subasta en el pleito seguido en la Corte Municipal de Yaueo por Isaac Román contra José María López y Luisa Feliciano, en cobro de dinero, de la cual resulta que la finca de que aquí se trata fué adjudicada en pública subasta en ejecución de la sentencia dictada en dicho pleito, al demandante Román por la cantidad de $300 reclamada, debido al hecho de no concurrir ningún otro postor.

Otra copia certificada de la escritura otorgada por el márshal de la Corte Municipal de Yaueo a favor de la deman-dante en la cual se hace constar que dicho márshal recibió un mandamiento para ejecutar la sentencia dictada por la Corte Municipal de Yaueo en el pleito seguido por la deman-dante contra Isaac Román en cobro de $84.47; que para ello embargó cierta finca, qne es la misma que es objeto del desahucio; que anunció la subasta de la finca embargada y no habiendo concurrido otros postores la adjudicó a Battistini y Martínez en pago de su crédito, y en tal virtud, dice en-tonces textualmente la escritura:

“El Marshal compareciente y en su carácter de tal Marshal de la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Yauco, y asu-miendo en derecho la representación del demandado Isaac Román, trasmite a la entidad comercial Battistini y Martínez, a título de venta judicial, todo el derecho, título e interés del referido demandado en el predio de terreno que se ha descrito por la suma de ochenta y cuatro dollars cuarenta y siete centavos con abono a la reclamación que se especifica en el mandamiento u orden de ejecución, ...”

Y por último, en el acto de la vista, la declaración de Antonio J. Battistini, socio gestor de la demandante que, en lo pertinente, dice:

Adquirieron la finca en una decisión de la Corte de Yauco que se nos adjudicó, según escritura. . . . Son dueños actual-mente. No han podido disfrutarla hasta la fecha. Se lo ha impedido Luisa Feliciano. No han podido tomar posesión, Luisa Feliciano habita la casita que es de ella en la finca. Cuando nosotros adquirimos el terreno ese, ya estaba la casa. Aparecía como dueño Isaac Román, contra quien seguimos un pleito. Isaac Román adquirió de José María López y Luisa Feliciano, en un pleito fallado a su favor. La casa es de la señora. Estaba en la propiedad cuando compré. Ella ha vivido en la casa desde que nosotros obtuvimos el terreno. Es un obstáculo para la venta de la finca, o trabajar en ella. La señora tiene muy malos antecedentes. Me perdona que hable en ausencia de ella. Nadie se hará cargo de la finca estando ella allí. La casa de ella vale cinco pesos. Un ranchito. Es una casa vieja. Yo supongo que la señora la fabricó allí desde que la finca fué de ella. Después de la señora pasó la finca a Isaac Román en virtud de un pleito. Ella ha estado viviendo la casa a pesar de habérsele adjudi-cado a Isaac. Nunca se ha mudado.

Dijimos que esa prueba era insuficiente y creemos que basta la mera exposición de la misma para demostrar lo acer-tado de nuestra conclusión.

Se admite que la demandada era dueña de la finca. Se admite que era y es dueña de la casita que está en la finca. Y se admite que está actualmente en posesión de la finca y que jamás se mudó de la casa en ella enclavada.

Para probar que la demandada perdió su derecho al dominio de la finca se presentan la escritura y el acta de subasta que conocemos, documentos cuya admisión fue impug-nada porque no determinaban por sí mismos que la corte municipal había actuado con jurisdicción.

Battistini y Martínez no adquirieron la finca de Luisa Feliciano. Si algo adquirieron es lo que pudo adquirir Isaac Bomán.

No se demostró que Bomán tomara posesión material de la finca. Al contrario, de la declaración del propio gestor de la sociedad demandante en este pleito de desahucio se desprende que jamás llegó a tomar posesión.

Por las referencias que contiene la escritura del Márshal a Battistini y Martínez no se viene en conocimiento exacto de cómo adquirió jurisdicción la corte sobre Bomán y de cómo se practicó el embargo. La finca no está inscrita en el Begistro de la Propiedad.

Pero aun aceptando que dicha escritura fuera por sí sola prueba suficiente de la trasmisión del título de Bomán, era necesario probar el título de éste ya que no es a él a quien se intenta desahuciar sino a Luisa Feliciano, la anterior dueña que sigue en la posesión material de la finca.

¿Cómo adquirió Bomán de Luisa Feliciano? La única evidencia aportada es la copia del acta de la subasta.

Nada sabemos con respecto a cómo adquirió jurisdicción la corte municipal sobre la persona de Luisa Feliciano y a cómo se dictó la sentencia y sobre todo no consta que el márshal otorgara escritura a favor de Bomán a nombre de Luisa Feliciano.

A la fecha en que los hechos ocurrieron estaba como está aún en vigor la ley de 9 de marzo de 1905 que derogó los artículos 259 a 266 del Código de Enjuiciamiento Civil y que dispuso en su artículo 5:

“En los casos en que se venda en pública subasta por el marshal u otro funcionario debidamente autorizado una propiedad inmueble en virtud de ejecución u orden de venta librada por una corte de justicia., deberá dicho marshal o funcionario otorgarle al comprador escritura pública en debida forma de tal propiedad abonando dicho comprador el importe de tal escritura.” Código de Enjuiciamiento Civil, Ed. 1933, p. 120.

Y se ha decidido que:

“ha entrega y aceptación de la escritura otorgada por el marshal son esenciales para su validez. El título del terreno continúa en el deudor hasta que la escritura sea entregada al comprador.
“Aunque para muchos fines el título del adquirente de terrenos en una subasta está tan bien protegido antes como después de reci-birse la escritura otorgada por el márshal, el título legal no pasa al comprador hasta que se entrega la escritura.” 10 R.C.L. 1358, 1359.

No habiendo demostrado la demandante en debida forma que es dueña de la finca en cuestión, no ha evidenciado de-recho alguno al desahucio y en tal virtud debe revocarse la sentencia recurrida y en su lugar dictarse otra declarando sin lugar la demanda, con costas, incluyendo honorarios de abogado por una suma que no exceda de cincuenta dólares.

El Juez Asociado Sr. Hutchison está conforme con este disentimiento.


author: El Juez Asociado Señor Córdova D Ávila,

text:
    Dr. Rafael U. Lange, demandante y apelante, v. Alejandrina, María Trifona, conocida por Trina, y Sabás Honoré Rivera, demandados y apelados.
    No. 6384.
    Sometido: Junio 5, 1934.

      Resuelto: Julio 18, 1934.

      J. Sabater, abogado del .apelante; J. Alemañy Sosa, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Córdova D Ávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta nna acción procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez, en la cual el Dr. Rafael U. Lange solicita que los demandados, liijos legítimos de Víctor Honoré y Garáu, le otorguen una escritura trasmitiéndole una finca cuyo título aparece a nombre del causante de dichos demandados, Víctor Honoré y Garáu, pero que según las alegaciones de la de-manda pertenece al demandante.

En la demanda se alega que el demandante es dueño de una finca urbana que describe y que la ha poseído por más de veinte años, y que en virtud de un contrato celebrado con el causante de los demandados, don Víctor Honoré y Garáu, éste remató dicha finca por contribuciones adeudadas en el año 1906 por la suma de $400, y que al no poder el deman-dante redimir la propiedad dentro del término que especi-ficaba la ley en aquella época, convino con dicho causante de los demandados que continuara el título de la expresada pro-piedad a su nombre hasta que pudiera el demandante devol-verle el importe del remate, para que entonces le pasara el título de la propiedad a su nombre; que allá por el año 1914, el demandante solicitó del Sr. Honoré le arreglara dicha casa por encontrarse algo deteriorada, en virtud de lo cual se convino que el Sr. Honoré verificaría los arreglos convenidos, desembolsando de su peculio el costo de los mismos, cuyo montante comunicó al demandante por carta que le escribió en 27 de enero de 1915, la cual copiada literalmente dice así:

“Mayagüez, P. R., 27 de enero de 1915.
“Dr. Rafael U. Lange,
Ciudad.
Mi querido amigo:
El objeto de la presente es para notificarle que después de haber hecho balance sobre los gastos efectuados en el arreglo de la casa, arroja un total de mil diez y ocho dollars 13/100 ($1,018.13) por lo que corresponde a la casa el interés mensual de $38.62 desde el mes de octubre próximo pasado lo que le comunico según nuestro acuerdo. Le saluda muy afectuosamente, su atento S. S. y amigo,
(Fdo.) Víctor Honoré.”

Continúa alegando el demandante que la carta anterior-mente transcrita se refiere a la casa de su propiedad descrita en la demanda y a los arreglos hechos en dicha casa; que posteriormente el- demandante se quejó- a don Víctor Ho-noré de que le cargara intereses mensuales tan crecidos sobre los préstamos hechos al demandante que consistían en los $400 que desembolsó primeramente el Sr. Honoré-cuando remató la propiedad y en los $1,018.13 que desem-bolsó en el arreglo de la misma, y que entonces convinie-ron ambas partes en que el demandante pagaría el 2 por ciento mensual, cuyo tanto por ciento ascendía a $35.45 men-suales, pagando el Sr. Honoré de su peculio las contribu-ciones sobre la propiedad y el agua. Alega el demandante que aceptó pagar mensual y definitivamente al Sr. Honors Garáu la cantidad de $35.45, hasta que pudiera redimir la propiedad; que don Víctor Honoré se dedicaba a hacer prés-tamos de dinero con pagarés personales y con hipotecas en la ciudad de Mayagüez; que la situación entre el Sr. Honoré y el demandante continuó en la misma forma debido a que si bien el demandante adeudaba al Sr. Honoré los préstamos que le había tomado, también el Sr. Honoré le debía al de-mandante los servicios profesionales que le había prestado a él y a sus familiares, sin que se hubiese hecho una liquida-ción definitiva hasta que el día 16 de enero de 1926 falleció don Víctor Honoré, asistiéndole el demandante, quien fué su médico por un período de treinta años, en su última en-fermedad. Termina alegando el demandante que los deman-dados se niegan a otorgarle la escritura de trasmisión de la finca, aun cuando el demandante está listo y dispuesto a pagar a dichos demandados los $1,418.13 que les adeuda y que les ha ofrecido en saldo de la misma.

Alegaron los demandados la prescripción de la acción ejercitada por medio de una excepción previa, de acuerdo con el artículo 1253 del Código Civil, o en su caso con el 1864 del mismo código. Las razones aducidas por los demandados en apoyo de su excepción previa ante la corte inferior son las siguientes:

“El título ele propiedad que se trata de anular es de compra-venta a favor del causante de los demandados don Víctor Honoré y G*aráu desde el 18 de abril de 1906, en que adquirió la propiedad que se describe en la demanda en subasta pública por remate en cobro de contribuciones adeudadas al gobierno y de acuerdo con el pá-rrafo cuarto de la demanda dicha venta quedó consumada a favor del comprador. Se alega ahora que esto ocurrió porque el deman-dante, que dice que era dueño de dicha propiedad rematada no pudo redimirla dentro de los 90 días que fijaba la ley para su redención; pero que convino con el causante de los demandados que cuando pudiera el demandante devolverle lo que había pagado por la pro-piedad en la subasta, le pasaría el título de la propiedad al deman-dante. La acción para hacer efectiva una promesa de esta naturaleza, si la consideramos como de nulidad del título del causante de los demandados dura cuatro años, y si como una acción personal sin término de duración fijado, dura quince años. En ambos casos está prescrita. Además no medió causa para la promesa.”

La corte inferior declaró prescrita la acción ejercitada y dictó sentencia desestimando la demanda en todas sus partes, con las costas a cargo del demandante.

Se alega que la corte inferior cometió error al declarar que la acción ejercitada en este caso es una sobre promesa de venta y que está prescrita por el transcurso de quince años desde que se hizo la promesa basta la presentación de la demanda. Se añade que dicha corte incurrió también en error al declarar que en la demanda no se ha alegado inte-rrupción de la prescripción.

El abogado de los demandados en un interesante y bien razonado alegato fija las distinciones que a su juicio existen entre acciones reales y personales y llega a la conclusión de que la acción ejercitada es una de carácter personal que prescribe. a los quince años. En cualquier forma que se inter-preten las alegaciones de la demanda, según los demandados, la acción ejercitada es una en cumplimiento de contrato, y las acciones que nacen de los contratos, sea cual fuere la naturaleza de éstos, son acciones personales, porque sola-mente podrán instituirse contra la persona obligada por el contrato o sus sucesores. Se arguye que el contrato entre el demandante y el causante de los demandados se llevó a cabo en 1906 y que desde esta fecha comenzó a correr el tiempo señalado para la prescripción. Refiriéndose a los argumentos aducidos por la parte demandante para sostener que hubo interrupción de la prescripción, dicen los demandados:

‘ ‘ Incurre el apelante al exponer los argumentos en que se funda este segundo error señalado como cometido por la corte inferior, en una contradicción manifiesta. Primero se dice que no había necesidad de alegar interrupción de prescripción, porque alegándose que el de-mandante era dueño de la propiedad, estaba en posesión de ella y pa-gaba intereses mensuales al causante de los demandados, la ley de prescripción no había empezado a correr para ejercitar la acción; y después se argumenta que los pagos de las sumas mensuales efec-tuados por el demandante constituían una interrupción de la pres-cripción.
“Se olvida el apelante que su acción es para el cumplimiento de un contrato que él alega que se celebró en el 1906 y se reconoció en el 1915, por carta de fecha 27 de enero de dicho año. Apareciendo de la demanda que el título de propiedad de la finca objeto del pleito figura inscrito en el registro de la propiedad a nombre del causante de los demandados desde el año 1906, en que compró la finca en subasta pública por falta del pago de contribuciones al gobierno a su nombre, y el agua que se consume en la casa, establece en elidías alegaciones un título de dominio perfecto sobre dicha propiedad a favor de los demandados como herederos del causante, don Víctor Honoré'y Garáu; y que alegando un contrato celebrado entre el de-mandante y dicho causante en el mismo año 1906, a virtud del cual ese título de propiedad que existía a nombre del causante de los de-mandados era solamente para garantizar el pago de cierta suma de dinero adeudádole por el demandante y que mediante el pago de dicha suma de dinero dicho causante estaba obligado a hacerle tras-misión de dicho título de propiedad, reconoce el demandante que desde la fecha en que él pudo haber devuelto dicho dinero y exigir la devolución de la propiedad mediante el otorgamiento de una es-critura hasta la fecha en que radicó su demanda, han transcurrido veinticinco años. Las sumas mensuales satisfechas por el deman-dante, aunque en realidad tuvieren el concepto de intereses como él alega en la demanda, figurando el causante de los demandados como dueño de dicha finca, con el título de propiedad otorgado por el go-bierno inscrito en el registro, pagando las contribuciones a su nom-bre y el agua que sirve el municipio también a su nombre, el con-cepto del pago mensual del demandante por la ocupación de dicha casa a los fines del título que se trata de anular o del contrato cuyo cumplimiento específico se reclama, tienen el concepto de alquileres o rentas. La acción para determinar la verdadera naturaleza de dichos pagos y reconocer el derecho del demandante a dicha propie-dad, es la que se ejercita en la demanda; pero tan tardíamente en cualquier forma que se considere su naturaleza, lo mismo sobre nu-lidad que para exigir el cumplimiento específico del contrato y otor-gamiento de la correspondiente escritura, que está prescrita, por haber transcurrido mucho más de quince años desde la fecha en que pudo ejercitarse por el demandante.”

No estamos de acuerdo con el criterio sostenido en el párrafo que antecede. En la demanda se habla de un con-trato celebrado entre el demandante y el causante de los de-mandados. Se dice que el primero solicitó del último un préstamo para pagar las contribuciones de la casa y que se convino que fuese rematada por el prestamista, quedando la finca a su nombre como garantía del préstamo y que se con-sumara la venta basta tanto pudiera el demandante devolver lo desembolsado, comprometiéndose entonces el Sr. Honoré a pasar el título de la propiedad al demandante. Se añade que el demandante se comprometió a pagar intereses men-suales por el préstamo contraído hasta que pudiera redimir la propiedad.

Según aparece de la demanda, las relaciones contractuales entre el demandante y el Sr. Honoré continuaron siendo las mismas hasta la muerte del último. Partiendo de la base de los hechos expuestos en la demanda, que tenemos que aceptar como ciertos en la discusión de una excepción previa, hay que admitir que hubo un préstamo, que se convino en satis-facer intereses y que el causante de los demandados se com-prometió a traspasar el título de la finca, cuando el deman-dante satisficiese la cantidad que le fué prestada. Si el Sr. Honoré continuó aceptando estos intereses hasta su muerte, la deducción lógica es que estuvo hasta entonces manteniendo su promesa de trasmitir al demandante el título de la pro-piedad que figuraba a su nombre como garantía del préstamo contraído. Estos puntos pueden y deben aclararse al resol-verse los méritos del caso, cuando las partes tengan oportu-nidad de presentar su prueba sobre los hechos alegados en la demanda. Si las cantidades mensuales que, según surge de las alegaciones, se comprometió a pagar el demandante, constituyen intereses de un préstamo o rentas de una casa arrendada al Sr. Honoré, como sostienen los demandados, es cuestión que puede ser aclarada y que debe ser decidida cuando se suscite esta controversia por medio de la contes-tación de los demandados, y las partes hayan producido su prueba.

Los hechos desarrollados en este' caso tienen bastante parecido con los que fueron alegados en Otero v. Mirábal, 37 D.P.R. 730. En dicho caso se alegó que el dueño de cierto solar solicitó y obtuvo un préstamo, sin fijación de plazo, que fué garantizado con el solar y dos casas en él edificadas; que el demandado exigió que se diera al contrato la apariencia de uno de venta con pacto de retro, y así se hizo; que el dueño del inmueble continuó actuando como tal, alquilando las casas y percibiendo para si los cánones de arrendamiento, pagando las contribuciones, etc.; que el demandado a sus espaldas obtuvo que en el registro se anotara la consumación de la venta y que requerido dicho demandado para que reci-biera el importe del préstamo y transmitiera el título al de-mandante, se negó a cumplir con lo prometido. En el caso citado el apelante sostuvo que no ejercitaba la acción de nulidad, sino la de cumplimiento específico de contrato. En el presente caso el demandado arguye, y no está desacertado, que la acción ejercitada es una en cumplimiento de contrato.

En Otero v. Mirabal, supra, esta corte, decidiendo la cuestión planteada, se expresó así:

“Este caso se presenta bajo un aspecto nuevo. Aunque se con-signa en la demanda que el contrato de préstamo celebrado se hizo aparecer como de venta con pacto de retro y a la techa de la inter-posición de la misma habían transcurrido más de cuatro años con-tados a partir del término fijado para ejercitar el derecho de re-tracto, es lo cierto que se alega además que las partes continuaron actuando siempre como si se tratara de un contrato de préstamo a saber: el demandante como dueño y la demandada limitada a recibir los intereses estipulados.
“Siendo esto así, debiendo aceptarse la verdad íntegra de los he-chos alegados ya que se trata de una excepción previa, entendemos que debe darse al demandante la oportunidad de un juicio. A virtud de las pruebas 'que una y otra parte practiquen surgirá más clara la naturaleza del contrato celebrado y podrá apreciarse mejor qué influencia pueda tener la actuación de cada una de las partes en si es aplicable o no la ley de prescripción.”

Parafraseando las palabras de la corte que acabamos de transcribir, bien podemos decir que, según las alegaciones en este caso, las partes continuaron actuando como si se tratara de un contrato de préstamo, el demandante como dueño y el causante de los demandados recibiendo los intereses estipu-lados.

Bebe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso a la corte inferior para procedimientos ulteriores de acuerdo con los términos de esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Cóedoya Davila,

text:
    Dr. Leandro López de la Rosa, haciendo negocios bajo el nombre de "Clínica Miramar”, demandante y apelado, v. Manuel V. Domenech, en su carácter de Tesorero de P. R. demandado y apelante.
    No. 6441.
    Sometido: Junio 20, 1934.

      Resuelto: Julio 18, 1934.

      Mon. Procurador General Benjamin Horion (Charles E. Winter en ■ el alegato) y Emilio de Aldrey, Subprocurador, abogados del ape- ■ l'ante; C. Triarte y F. Fernández Cuyar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Cóedoya Davila,

emitió la opinión del tribunal.

El Dr. Leandro López de la Rosa solicita la expedición de un auto de mcmdamus contra Manuel V. Domenech, Teso-rero de Puerto Rico, para que satisfaga los libramientos u órdenes de pago certificados por la Comisión Industrial de Puerto Rico, correspondientes a las cuentas que a dicha comisión presentó la Clínica Miramar por los años fiscales 1929-30, 1930-31 y 1931-32. Se pide que para el pago de estos libramientos se utilice cualquier balance que tenga dis-ponible el Tesorero en el fondo de depósito para indemniza-ciones a obreros, y que en caso de que no haya fondos el saldo resultante quede en turno para pagarse cuando in-gresen fondos procedentes de los recibos pendientes de cobro.

En 12 de junio de 1929 la Comisión Industrial de Puerto Rico y el peticionario, en su carácter de director y propietario de la Clínica Miramar, filmaron un contrato por escrito sobre hospitalización a enfermos lesionados por accidentes del tra-bajo o atacados de enfermedades ocupacionales y servicios y asistencia médico quirúrgica, mediante cuyo contrato el peti-cionario se comprometió a atender, tratar, curar y asistir en su clínica a todos aquellos obreros lesionados o enfermos que la Comisión Industrial enviase a la Clínica Miramar con tal fin, obligándose dicha comisión a su vez a satisfacer al peti-cionario cierta cantidad fija de dinero en concepto de retri-bución por los servicios que prestara. El contrato referido ha sido renovado anualmente y continuaba en vigor, sin haber vencido, en el momento en que se inició este procedimiento de mandamus.

Durante los años fiscales de 1929-30, 1930-31 y 1931-32, la Clínica Miramar envió a la Comisión Industrial cuentas diversas por los servicios prestados por dicha clínica a los obreros enviados por la comisión, de acuerdo con los términos del contrato. Para el cobro de estas cuentas, revisadas y aprobadas por la Comisión Industrial y ascendentes a la suma de $72,668.28, se expidieron libramientos de pago, debida-mente certificados, que fueron enviados al Tesorero para que fuesen pagados y satisfechos del dinero perteneciente al fondo del estado.

Alega el demandado que no obstante estar aprobadas por la Comisión Industrial las cuentas del peticionario y no obs-tante haberse librado los correspondientes comprobantes u órdenes de pago por la Comisión Industrial, no pudo hacerlos efectivos por la razón de que los mismos debían ser pagados de los ingresos procedentes de cada uno de los años fiscales a que éstos corresponden y además porque no tenía suma disponible en el fondo en caja correspondiente a cada_uno de esos años.

Trabada así la contienda, ésta se reduce a resolver si las deudas contraídas por la Comisión Industrial deben ser satis-fechas con cargo al año económico en que las mismas se incurren o si por el contrario la ley debe ser interpretada en el sentido de que dicho fondo de depósito para indemni-zaciones a obreros lo constituyen los ingresos de las cuotas, formando con éstas un solo fondo que ha de responder de las deudas en que incurra la Comisión Industrial.

La corte inferior ordenó la expedición del auto solicitado, declarando que las órdenes de pago libradas por la Comisión Industrial a favor del peticionario apelado deben ser satis-fechas de cualquier balance o cantidad que hubiere en el fondo de depósito para indemnizaciones obreras, y que en caso de que no hubiese fondos suficientes los pagos deben verificarse a medida que los ingresos lo permitan. No conforme con la sentencia dictada el demandado apeló de la misma, atribu-yendo a la corte inferior el único error de haber declarado que el fondo de depósito para indemnizaciones a obreros no puede ser separado en años fiscales a los efectos del pago de las obligaciones incurridas por la Comisión Industrial, y que éstas deben ser satisfechas con cargo a los fondos gene-rales, utilizando los ingresos por concepto de cuotas desde la creación del mismo.

En este caso no hay controversia en cuanto a los hechos. La contestación radicada por el demandado admite como ciertos los hechos alegados en la solicitud. Es decir, se admite el otorgamiento del contrato, su aprobación por las autoridades correspondientes, su renovación anual, la pres-tación de servicios por el peticionario durante los años fiscales 1929-30, 1930-31 y 1931-32, el valor de dichos servicios y la expedición de los libramientos de pago de acuerdo con la ley.

Arguye el Tesorero apelante que al efectuar los pagos que se le exigen, puede limitarse a utilizar únicamente los fondos que existan en el año económico correspondiente a aquél en que se incurrió la obligación por la Comisión Industrial, y que no solamente tiene esta facultad, sino que también la referida legislación exige que dicho fondo de depósito para indemnizaciones a obreros sea llevado por cuentas separadas que comprendan años fiscales, y que las deudas u obligaciones contraídas sean pagadas con los fon-dos del año correspondiente. Admite el apelante que tal procedimiento no aparece de una manera expresa en la ley, pero que debe llegarse a esta conclusión por medio de una interpretación detenida y juiciosa de los preceptos contenidos en los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 45 de la Ley No. 85 de 1928 y sus enmiendas.

Los artículos anteriormente citados no pueden, a nuestro juicio, interpretarse en el sentido de autorizar al Tesorero de Puerto Rico para dividir el fondo en varios grupos anuales, asignando a cada grupo la responsabilidad de pagar las obli-gaciones contraídas por la Comisión Industrial con los in-gresos correspondientes al año económico en que se incu-rrieron dichas obligaciones. Nada dice la ley sobre el particular. Y es claro que no podemos ir tan lejos en la interpretación judicial. La Comisión Industrial contrajo una obligación con el peticionario que ha sido francamente reco-nocida y el único argumento que se utiliza para no pagar la suma que se le debe es que el Tesorero no puede realizar pago alguno con cargo al fondo de depósito para indemniza-ciones a obreros si la cuenta o partida objeto del pago corres-ponde a determinado año económico y el fondo asignado a este año no tiene un balance disponible. El demandado en su contestación reconoce el derecho del peticionario a recibir-las cantidades que reclama tan pronto las condiciones del fondo de indemnizaciones a obreros- lo permitan. Admite dicho demandado la obligación de satisfacer las órdenes de pago expedidas por la comisión, y dice que si cobrara todos los recibos de cuotas pendientes de pago y aplicara su importe al pago de la' cuenta del peticionario tendría recursos sufi-cientes para saldar la misma, pero niega que actualmente exista balance en caja disponible para hacer frente a tales pagos.

El peticionario prestó sus servicios a lá Comisión Industrial de acuerdo con lo convenido, tomando como base la ley en vigor cuando se celebró el contrato. No puede darse ahora a esta ley una interpretación restrictiva que no surge de sus disposiciones, para demorar el pago de una obligación legí-timamente contraída. En la sentencia dictada por la corte inferior se ordena al demandado que satisfaga al peticionario aquellos libramientos o comprobantes de pago que pueden ser cubiertos con el balance o cantidad que actualmente existe en el fondo de depósito de indemnizaciones a obreros y que a medida que dicho fondo lo permita, se satisfagan los demás comprobantes n órdenes de pago hasta dejar solventada la suma que se reclama. Como se ve la corte inferior condi-ciona sn sentencia, ordenando el pago de la suma reclamada si existen fondos para cubrirla y si estos fondos no son sufi-cientes, aplaza el pago de la deuda para cuando existan. La única diferencia que surge entre el peticionario y el deman-dado es que el primero entiende que tiene derecho a que se pague su crédito del fondo general en depósito de indemniza-ciones a obreros, mientras que el segundo opina que no debe hacer uso de este fondo sino de un fondo especial correspon-diente al año en que se contrajo la deuda. Como ya hemos dicho, las disposiciones de la ley no autorizan esta última interpretación.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Aldrey no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Alfredo Negrón, hoy Alfredo Izquierdo Negrón, demandante y apelado, v. Sucn. del Dr. Eladio María Izquierdo Serrano, etc., demandada y apelante.
    No. 6756.
    Sometido: Julio 9, 1934.

      Resuelto: Julio 18, 1934.

      B. Rivera Zayas, abogado de la apelante; B. ,Buscaglia, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte demandante y apelada solicita la desestimación de este recurso, por frívolo. La moción, notificada a la parte contraria, se archivó en junio 28 último. El 9 de julio actual se llamó para su vista. Sólo compareció la parte demandante y apelada.

Se trata de un pleito de filiación en el que estaban envueltas cuestiones de hecho y de derecho interesantes en verdad. Ambas partes introdujeron prueba. El juicio duró todo un día. La corte de distrito lo resolvió por sentencia favorable al demandante, con costas. Apeló la demandada y esta Corte Suprema declaró el recurso sin lugar (46 D.P.R. 660).

Devuelto el caso, se presentó en la corte de distrito por la parte victoriosa el memorándum de costas que contenía una partida de mil dólares por honorarios de abogado. La corte oyó a ambas partes. La vencida no presentó evidencia alguna en cuanto al valor de los servicios del abogado de la victoriosa, limitándose a alegar que era excesivo el de mil dólares reclamado. La corte fijó el valor en cuatrocientos dólares y la parte vencida apeló de nuevo para ante este tribunal.

La corte de distrito tenía discreción para fijar la cuantía. Se sostiene en la moción que los demandados estaban en po-sesión de una herencia perteneciente al demandante de un valor mayor de doce mil dólares. Todo induce a creer que la corte hizo buen uso de su discreción. La suma de cuatro-cientos dólares por ella fijada no parece excesiva.

Se trata, pues, de una apelación claramente frívola inter-puesta con el único propósito de dilatar la ejecución de la resolución recurrida, y debe, m tal virtud, desestimarse.