author: El Juez Asociado Señok Wole,

text:
    Alonso Hermanos y José Ramón y Manuel Alonso Muñoz, demandantes y apelados, v. José Matos, demandado y apelante.
    No. 5793.

    — Sometido: Diciembre 21, 1932.

      Resuelto: Abril 6, 1934.

      H. Torres Solá, abogado del apelante; G. Iriarte, abogado de los ape-lados.
   El Juez Asociado Señok Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En Io. de marzo de 1929 las partes en este caso celebraron un contrato a virtud del cual se negoció la venta de un ga-nado. Este fué vendido por precio alzado de $18,000. La compradora, Alonso Hermanos, una sociedad agrícola, pagó $3,000 en efectivo a José Matos, el vendedor, le traspasó una propiedad valorada en $5,000 y convino en pagar el saldo dentro de dos años, que vencerían el 1°. de marzo de 1931. Para garantizar el saldo insoluto de la compraventa, Alonso Hermanos otorgó hipoteca a favor de José Matos, cuya es-critura fué debidamente inscrita.

En diciembre 12 de 1929 los demandantes iniciaron pleito para que se les devolviera lo que ellos habían pagado y para que se declarara extinguida la obligación de pagar, alegando que el contrato era nulo e inexistente, toda vez que al tiempo de efectuarse la supuesta venta el ganado estaba afectado de tuberculosis, oculta y no aparente. Las palabras específicas de la demanda a este respecto fueron:

“ (d) Que el día primero de marzo de 1929, cuando la compra-venta del referido ganado se llevó a efecto, se h'allaba éste aparen-temente en buenas condiciones, sin que nada en contrario advirtiese entonces el demandado a los actores en esta causa, los que carentes de conocimiento y de experiencia en veterinaria no pudieron descubrir a la simple vista si dicho ganado padecía de enfermedad oculta al-guna.
“ (e) Que desde mucho antes del primero de marzo de 1929, se-gún la información y creencia de los demandantes, adquirida con pos-terioridad a la citada fecha, la partida de ganado vendida por don José Matos 'a Alonso Hermanos se hallaba afectada de tuberculosis, que es una enfermedad contagiosa, habiendo muerto de la misma según la información y creencia de los demandantes desde el 18 de marzo hasta el 6 de diciembre de 1929, cuarenta y tres (43) de las ciento Veinte y dos cabezas que integraban la. susodicha partida, a saber:
“ * * * * * ««
“Y, además, aplicada la tuberculina, que es un procedimiento para averiguar la existencia de tuberculosis en el ganado, por un funciona-rio del Departamento de Sanidad de Puerto Rico, resultaron otras veintinueve cabezas del ganado que constituía la partida, vendida a Alonso Hermanos por don José Matos, enfermas también de tuberculosis, contraída en poder del demandado esos 'animales, según la in-formación y creencia de los demandantes.
“(/) Que los demandantes se bailan dispuestos a devolver al de-mandado (y ofrecen hacerlo así) todo el ganado sobreviviente que forma parte del total de cabezas vendídasle conforme ya se alegó en marzo primero del 1929, por el señor Matos.”

El demandado presentó excepción previa, entre otras ra-zones por haber prescrito la acción. El período de prescription en que se basaba el demandado, es el especificado en el artículo 1399 del Código Civil (Comp, de 1911, Sección 4505) tomo sigue:

“La acción redhibitoria que se funda en los vicios o defectos de los animales, deberá interponerse dentro de cuarenta días, contados desde el de su entrega al comprador, salvo que por el uso en cada localidad se bailen establecidos mayores o menores plazos.
“Esta acción en la venta de animales sólo se podrá ejercitar res-pecto de los vicios y defectos de los mismos que estén determinados por la ley o por los usos locales.”

La excepción previa fue declarada sin lugar, y el deman-dado contestó. Alegó que al tiempo de efectuarse la venta •el ganado no sufría de enfermedad alguna, oculta o aparente. Negó que las 43 cabezas de ganado que se alegaba habían muerto estuviesen sufriendo de tuberculosis al tiempo de efectuarse la venta y adujo en efecto que si éstas murieron ello se debió a la falta de ¡cuidado de parte de los deman-dantes y al lugar o lugares a que éstos habían enviado el ganado.

En la demanda no se alegó falta de buena fe de parte del demandado.

De una lectura de la demanda y del alegato de los ape-lados podría decirse que la causa de acción aquí envuelta se basa exclusivamente en la idea de que la venta era entera-mente nula e inexistente, ya que gran parte del ganado es-taba afectado de tuberculosis en el momento de efectuarse lá venta.

La parte demandante insiste en que la acción se basa en. el artículo 1397 del Código Civil, que lee como sigue:

“No serán objeto del contrato de venta los ganados y animales-que padezcan enfermedades contagiosas. Cualquier contrato que se-hiciere respecto de ellos será nulo.
“También será nulo el contrato de Venta de los ganados y anima-les si expresándose en el mismío contrato el servicio o uso para que-se adquieren, resultaren inútiles para prestarlo.”

La corte declaró probado que la venta se efectuó el pri-mero de marzo de 1929; que el ganado fue sacado en dos-partidas; que las vacas tuvieron que caminar de 10 a 12 ki-lómetros basta la finca de los demandantes; que las vacas-se destinarían a una lechería; que el día en que se efectuó-la venta se notó que varias vacas tosían, que respiraban con dificultad, tenían diarrea y que se les coagulaba la leche en. las ubres; que a las tres semanas las reses empezaron a mo-rirse, hasta que murieron 72, de cuyo número 29 se sacri-ficaron por orden de las autoridades sanitarias, algunas de ellas debido a estar afectadas de tuberculosis, y otras por-que se sospechaba que tenían esta enfermedad; que el ga-nado empezó a morir el 18 de marzo; que en julio, Yaras,, un veterinario, fue a examinar un perro y de paso también examinó el ganado; que practicó la autopsia en una vaca y halló que ésta padecía de tuberculosis; que entonces los de-mandantes fueron a ver al demandado, le explicaron la situa-ción y éste dijo que nada tenía que ver con ello; que las-vacas, así declaró la corte, fueron adquiridas para destinarlas-a una vaquería y el mismo Matos compró leche a los deman-dantes durante algún tiempo después de efectuada la venta..

En relación -con el testimonio de los peritos la corte dijo

“Los peritos veterinarios declararon en cuanto al estado en que> examinaron a las vacas y al hecho de que estaban afectas de tuberculosis pulmonar. Curiosa es la manifestación de los peritos, pues mien-tras unos dicen que el período de incubación dura meses y aún añosr el consenso más seguro de opinión es qne el período de incubación puede durar desde dos semanas a varios meses, siendo muy difícil determinar si la afección tubercular en el ganado es reciente o no.”

La corte dijo, sin especificar cuántos, que los animales objeto de este litigio murieron de una enfermedad contagiosa, como lo es la tuberculosis pulmonar; que era un becbo es-tablecido que la apariencia del animal no revela necesaria-mente su estado de salud; en otras palabras, que una vaca podía estar aparentemente sana y producir lecbe normal-mente y sin embargo estar tuberculosa; que al ganado objeto de este litigio se le aplicó tuberculina y el resultado fué po-sitivo en un número del mismo, que tuvo que ser sacrificado; que la finca adonde fueron llevadas las vacas estaba en con-diciones higiénicas relativamente buenas y tenía suficiente agua; que la autopsia practicada en algunas de las vacas de-mostraba la existencia de un estado crónico cavernoso que in-dicaba que el ganado babía estado enfermo por largo tiempo.

Entonces la corte fija las cuestiones en controversia en este caso así:

“Las partes hacen gran hincapié en cuanto a las cuestiones de derecho, y cree realmente el tribunal que éstas son las que deciden esta cuestión, toda vez que la prueba sostiene las alegaciones de la demanda, esto es, que en la fecha de la transacción, parte del ganado objeto de la misma estaba afecto de una enfermedad contagiosa. Tales cuestiones de derecho podemos concretarlas así: ¿se trata en este caso de una acción redhibitoria, o de una sobre inexistencia de con-trato ? ”

La corte procede a discutir las cuestiones envueltas y entre otras cosas resuelve que el contrato era nulo e inexis-tente; que las partes sabían que el ganado iba a destinarse a una vaquería, es decir, la corte fué de opinión que la venta debía considerarse como un todo (entirety), en vista de que las vacas se utibzarían para una lechería, y el demandado tenía conocimiento de este becbo. La corte, por consiguiente, resolvió que la venta en su totalidad era nula. No se alegó en la demanda que el uso a que se dedicarían las vacas fué especificado en el contrato, condición que fija el segundo pá-rrafo del artículo 1397.

La corte fué de opinión que el período prescriptivo de 40 días no tenía necesariamente que aplicarse en Puerto Rico y que, sea como fuere, el contrato era enteramente nulo por falta de causa {consideration) adecuada. La corte basó su decisión en el artículo 1397, supra.

Para mayor conveniencia, discutiremos primero las con-troversias finales en este caso, prescindiendo por el momento de la excepción previa.

El artículo 1397 del Código Civil, en que se basan los demandantes, aparece en un capítulo cuyo título es así:

“Del saneamiento por los defectos o gravámenes ocultos de la cosa vendida.”

El apelante sostiene que el título demuestra que todos los artículos en él comprendidos se refieren a saneamiento, que una acción de saneamiento, cuando se trata de animales, debe ejercitarse dentro de cuarenta días, conforme dispone el ar-tículo 1399, supra; y que la aquí ejercitada es una acción redhibitoria.

Por el contrario', los apelados sostienen que el artículo 1397 del Código Civil es absoluto en sus términos, y que el fiecfio de que accidentalmente fuese puesto bajo un capítulo titulado en la forma en que fiemos visto, no podía afectar tal situación absoluta; que la teoría de diefio artículo, según explican los comentaristas, es fiacer que el contrato sea to-talmente inexistente, no siendo por consiguiente aplicable la prescripción.

El artículo 1397, supra, provee que no serán objeto del contrato de venta ganado y animales que padezcan enferme-dades contagiosas. Esta es la ley escrita en Puerto Rico, e igualmente era la ley en España. El artículo 1494 del Có-digo Civil español es idéntico al nuestro. No fiay duda de que la tuberculosis sería una de las enfermedades contagio-sas a que se fiace referencia en el artículo 1397.

La tuberculosis del ganado puede ser transmitida a seres humanos por la leche y por otros medios que es innecesario enumerar. La enfermedad es similar en sus efectos a la tuberculosis en el ser humano, pero el contagio transmitido por el ganado al hombre no agota el campo de la tuberculosis que puede ser contraída.

La prueba de los peritos en este caso tendió a demostrar que una vaca puede estar padeciendo de tuberculosis y con-tinuar produciendo leche buena; que es tan sólo cuando la enfermedad llega a cierta etapa que la leche misma es por-tadora de la enfermedad.

El Código Civil de Puerto Rico fué adoptado en 1902. La mente del legislador no estuvo especialmente fija en la enfermedad de la tuberculosis bovina. Si investigamos la historia de la legislación relativa a los vicios por los cuales el vendedor respondía del saneamiento, hallamos que aquellos vicios existentes en los animales que daban al adquirente una causa de acción fueron universalmente caracterizados como redhibitorios. Esto es así desde la época de los ediles en Roma. La palabra latina redhibitio significa la devolución de la cosa vendida, o a veces de parte de la cosa vendida, con derecho a obtener todo o parte del precio pagado. La existencia de un vicio en un animal que causa la nulidad o la rescisión de la venta ha sido siempre considerada como redhibitoria, al menos hasta que se aprobó el Código Civil Español en 1889, y por ende el de Puerto Rico. Es de notarse que en el proyecto de 1851 se indicaron ciertos vicios redhibitorios, y la tuberculosis en el ganado era uno de ellos. La legislación francesa sigue la misma pauta.

Louisiana ha escrito en su código la siguiente definición :

“Redhibición es la rescisión de una venta debido a algún vicio o defecto en l'a cosa vendida., que convierte a ésta en algo enteramente inútil o que hace su uso tan inconveniente e imperfecto que es de su-ponerse que el comprador no la habría adquirido, de haber tenido conocimiento del mismo.” 0. C. art. 2520. (Henderson y. Leona Rice Milling Co., 160 La. 597, 107, So. 459.)

Los demandantes mismos al iniciar esta acción ofrecieron devolver todas las vacas que continuaban en sn poder, toda vez qne en sn opinión el contrato en sn totalidad era nulo e inexistente, debido a la presencia de tuberculosis y al Lecho de que las vacas eran destinadas para una vaquería. En otras palabras, el distinguido letrado de los apelados se dió cuenta de que a fin de tener la posibilidad de éxito en su liti-gio, ellos estaban obligados a devolver o a ofrecer la devo-lución de los animales objeto del contrato, • ora se hallasen enfermos o no. En cualquiera otra forma en que se le ca-racterice, o cualesquiera que sean los efectos del artículo 1397, la acción de nulidad allí mencionada es necesariamente una acción redhibitoria. Si el vendedor rehúsa devolver el precio y aceptar la devolución de los animales, el comprador tiene que promover una acción y ésa es una acción redhibi-toria, ora la cosa que se trató de vender pueda o no ser ob-jeto de un contrato a tenor de las disposiciones del artículo 1397. La idea de los demandantes en el presente caso fué que como gran parte de los animales estaban enfermos, el contrato en su totalidad era nulo.

Algunos de los comentaristas al Código Civil aparentemente dicen, especialmente al discutir la cuestión de prescripción, que el artículo 1397 hace que el contrato' sea absolutamente inexistente, queriendo decir, por consiguiente, que no surge la prescripción. 10 Manresa (4a. ed.) 229; 24 Laurent 109; Gasea, infra. Otros comentaristas no están de acuerdo con esta interpretación. El comentario más punzante lo hace Scaevola en la página 668 del tomo 23 de sus Comentarios al Código Civil, como sigue:

“Repetimos que por el motivo de los defectos redhibitorios ningún contrato puede anularse, y menos aún los del artículo 1494 que los del 1484. Añadiremos que si el artículo 1484 h'a tratado efectiva-mente de establecer la nulidad, incurre en gran contradicción con el 1494 y von los que regulan el consentimiento en general. Preferimos, ■por consecuencia, pensar que dormitaba Homero; que no se trató de •otra cosa que de hacer específicamente aplicable al caso de la venta •de animales y ganados lo que genéricamente estaba ya dispuesto para ■toda clase de enajenaciones; que se incurrió, al obrar así, en una re-petición sin motivo, y que, como sucede casi siempre en tales casos, «1 decir lo que no se necesitaba, se acabó por decir lo que no se debía. Entiéndase, pues, que donde se declara nulo el contrato de que ve-mimos hablando, se ha querido significar ‘rescindible’, sometido a la •acción redhibitoria como cualquiera otro en que la cosa adquirida ca-nece de idoneidad.”

Tomemos un ejemplo particularmente germano a este caso. .Se efectúa la venta de una vaca y ambas partes actúan de buena fe. No obstante, luego de transcurrir algún tiempo, "bien por sus propias observaciones o por la intervención de las autoridades sanitarias, el comprador se entera de que la vaca padece de tuberculosis incipiente. Sin embargo, la vaca ■es excepcionalmente buena y el adquirente desea retenerla. .Según todas las autoridades no puede retener la vaca y ob-tener la devolución del precio. Para que pueda recuperar •el precio debe devolver el animal. Queda enteramente a su opción retener la vaca. No podría aplicarse una regla dife-ferente cuando se vende ganado en globo.

Ambas partes lian entablado una discusión respecto a si la venta por precio alzado podía afectar las cuestiones que •están ante nos. Los apelados sostienen que como gran parte ■del ganado estaba afectado, toda la venta era nula o anulable. El apelante insiste en que el artículo 1397 sólo es aplicable a lo sumo a ganado realmente enfermo y que cada animal ■debe ser considerado separadamente.

En Louisiana se ba dicho que el saneamiento es parte in-tegrante (is of the nature') del contrato de compraventa; es •decir, la ley lo considera implícito, si no existe pacto en con-trario; pero que no es esencial a tal contrato; que el ven-dedor puede estipular que no responderá del saneamiento de la cosa, que podrá pactar que su responsabilidad por sanea-miento será limitada o que el comprador aceptará el sanea-miento de un tercero. Strawbridge v. Warfield, 4 La. 20. En Bayon v. Vavasseur, 10 Mart. (O. S.) 61, 66 se dictó un fallo similar.

Esto nos lleva a otra cuestión. Los apelados tratan de sostener que el artículo 1397 subsiste por sí solo y Lace que el contrato sea absolutamente inexistente. No obstante, dicho artículo está comprendido en un capítulo que habla de saneamiento por los defectos o gravámenes ocultos de la cosa vendida.

Por tanto, lleg*amos a la conclusión con Scaevola de que necesariamente el legislador quiso decir que el contrato po-día ser rescindido o anulado como en cualquiera otra clase de acciones redhibitorias; y que el artículo 1397 no excluye del campo de los saneamientos la transacción celebrada en este caso.

De igual modo, las partes, mediante estipulación, pueden hacer que sean redhibitorios aquellos defectos que de ordi-nario no lo son. Esto tiene cierta tendencia a demostrar que la palabra “redhibitorio” tiene un significado o posición re-conocidos en Derecho. Es otro indicio que envuelve la idea de que una acción que comprende la devolución de propiedad-defectuosa debe ser considerada como redhibitoria.

La naturaleza de una acción redhibitoria está demostrada en el caso de Childs v. Wilson, 15 La. Ann. 512, en que la corte dijo:

“El demandante no inicia su acción p'ara anular la venta y re-cobrar los pagarés dados en pago de su precio; en otras palabras, no se trata de una acción redhibitoria; sino que demanda para que se le devuelva el precio, sin tratar de alterar o anular la compraventa, en virtud de la cual el caballo y la muía pasaron a su poder y de conformidad con la que él otorgó o entregó sus pagarés al demandado. El demandante no puede hacer esto; antes de poder recobrar el pre-cio o los pagarés dados en pago del mismo, debe solicitar y obtener, en l'a forma prescrita por la ley, la nulidad de la venta.”

Siempre se presupone que el animal objeto de la redhibi-ción debe ser devuelto en caso de que pueda serlo. Si bien en el presente caso quedan cincuenta vacas y la prueba ten-dió a demostrar que estaban sanas, los demandantes proce-dieron sobre la teoría de qne podían devolverse, toda vez que el ganado fue adquirido para una lechería, y trataron de de-volverlas. Así, pues, la acción que trataron de aducir era necesariamente redhibitoria.

En el tomo 4, página 230, de su obra sobre el Código Civil, Falcón dice con respecto a redhibición lo siguiente:

‘1 Como a los vicios ocultos que dan lugar al saneamiento se les ha llamado siempre vicios redhibitorios, de aquí que el saneamiento por esta causa lleve el nombre de redhibitorio y se llame también redhibi-toria la acción que asiste al comprador. El efecto de la redhibición consiste en que el comprador pxrede optar, o por rescindir el contrato, o por reclamar la rebaja de 1a. parte proporcional del precio. Si opta por lo primero, se restituirán mutuamente el comprador y el vendedor, las cosas y el precio, y el comprador percibirá, además, los gastos que le hubiere ocasionado la compra. Si opta por lo segundo, peritos nombrados por ambas partes decidirán (a no haber convenio) cuánto pierden de su precio las cosas, por causa de los vicios o gravámenes descubiertos en ellas.
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‘ ‘ Cuando la cosa vendida se pierde por consecuencia de los vicios ocultos, se pierde para el vendedor, que habrá de devolv'er el precio y abonar los gastos, y además pagar los perjuicios, si obró de mala. fe.
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“La venta de animales está sujeta a reglas espeeialísimas, moti-vadas por la frecuencia de los vicios ocultos y por la mayor facilidad que existe para encubrirlos. Por eso las reglas que dictan los códigos son muy especiales. Algunos señalan los vicios o enfermedades ocul-tas que merecen la calificación de redhibitorios, y que por tanto dan lugar al saneamiento. Al efecto, agrupan en diferentes clases los ga-nados. Esto proponía nuestro proyecto de Código de 1851, y esto hacen el código austríaco y el bávaro. Los más sólo consignan la re-gla' general, y esta regla en algunos, como en el de Francia, se ha completado después por una ley especial. Este es el sistema que ha adoptado nuestro código, y a una ley futura sobre vicios redhibito.-rios se refiere el artículo 1496, cuando habla de vicios y defectos que están determinados por la ley.
“Cuando se venden en junto varios animales, y sólo en algunos se descubren vicios redhibitorios, sólo respecto de ellos tendrá lugar el saneamiento; pero esta regla no puede aplicarse cuando se vea claramente que el comprador no habría comprado todos a saber que había algunos viciosos; como sucederá en troncos de caballos, parejas de muías, yuntas de bueyes, y demás que se toman por parejas.
“En las ventas de ganados que se realizan en ferias y mercados no cabe saneamiento por vicios ocultos, salvo que los animales padez-can enfermedades contagiosas, o que habiéndose expresado en el con-trato el servicio a que se destinaban, resultaren luego inservibles.”

En sus comentarios al Código Civil Español, tomo 4, pá-gina 507, don León Bonel y Sánchez, refiriéndose al artículo 1494 del Código Civil español (equivalente al 1397 del nues-tro) indica que la tuberculosis pulmonar es considerada como un vicio redhibitorio en el ganado.

En las notas que se hacen al pie de los códigos franceses editados en 1861, el primer vicio redhibitorio en ganado que se menciona es la tuberculosis pulmonar.

En el segundo tomo, página 13, de su obra “De la Vente,” dice Troplong: “Si el animal está afectado de una enferme-dad contagiosa, procede la redhibición.” Y luego: “Fuera del contagio, que es un vicio redhibitorio para toda clase de animales. . .”, y entonces el autor procede a especificar otras enfermedades que pueden ser consideradas como redhibito-rias.

Martínez Ruiz dice en la página 362 del tomo 9 de sus comentarios al Código Civil:

“En todos los artículos en este comentario examinados se habla de redhibición, esto es, de la facultad del comprador para rescindir el contrato. No es éste, sin embargo, el único derecho que se concede al comprador para remediar el perjuicio que los vicios o defectos de los animales adquiridos le hayan causado. El artículo 1,499 hace extensivo a las ventas de animales y ganados el precepto del 1,486, según el cual, puede el comprador optar, sin que haya nada que limite este derecho de elección, entre desistir del contrato, abonándosele los gastos que pagó, o recibir una cantidad proporcional al precio, 'a juicio de peritos.
“El término para ejercitar cualquiera de estas acciones, redhibi-toria o estimatoria, no es el señalado para ellas en el artículo 1,490, sino el que determinen los usos locales o, a falta de ellos, el de cua-renta días que fija el 1,496.”

En el tomo XXVI, página 88.4, de la Enciclopedia Jurí-dica Española, se define la acción redhibitoria así:

“Acción establecida en el Derecho romano y que correspondía al comprador en el contrato de venta.
“Según una disposición particular del edicto edificio, el vendedor era responsable de los defectos ocultos (morti vitra), que ya tenía la cosa vendida al tiempo del contrato, aun cuando no los hubiese cono-cido, así como era responsable de todas las cualidades especialmente determinadas que la cosa debía tener, o de las que debía hallarse exenta (dicta promissa), de modo que cuando la cosa vendida tenía defectos ocultos o cuando no podían probarse los dicta- y promissa, el comprador podía siempre elegir entre reclamar la rescisión del con-trato o la disminución del precio, tanto si los defectos eran capitales como accesorios.
“En el primer caso, la acción que ejercitaba era la Redhibitoria que duraba seis meses, cuando el vendedor había dado caución por los defectos de la cosa, y en el caso contrario, de dos meses. La acción redhibitoria no podía intentarse más que una sola vez . . .
“Nuestro Derecho privado ha aceptado en esencia la acción red-hibitoria al conceder la rescisión de los contratos de compraventa por los vicios de la cosa Vendida, tanto en el Derecho Civil común como en el especial mercantil, distinguiendo entre los vicios fácilmente apreeiables al examen del comprador y los ocultos, para la fijación de los plazos o términos de rescisión.”

También tenemos a la vista un tratado sobre la compra-venta por el comentarista italiano Gasea, traducido al espa-ñol. Dice él, al comentar preceptos similares del código ita-liano :

“Es nula la venta cuando la causa de ella, que se confunde con el objeto, sea contraria a la ley o al orden público (art. 1122 del Có-dieo Civil); es nula porque tratándose de cosas extracomercio el vendedor obraría fraudulentamente al venderlas, y también porque la venta no puede ser Válida cuando constituye un delito o una contravención.
“Y, en mi opinión, son defectuosas, equivocadas, las sentencias que consideran la enfermedad infecciosa o contagiosa del animal como vicio redhibitorio. No hay duda de que en tales casos nó se debe declarar la nulidad absoluta del contrato de venta sino cuando se pruebe que el germen de la enfermedad preexistía al contrato, ya que el animal hubiera podido contraer aquélla después de vendido. Pro-bado esto, baya o no obrado de buena fe el vendedor, la v'enta no debe resolverse solamente por el ejercicio de la acción redhibitoria, sino que debe declararse nula, por faltar la cosa que puede, según la ley, ser objeto de la venta.” (Página 357.)

Y posiblemente más en el mismo sentido. Sin embargo, el autor cita tres decisiones de cortes de casación de Italia que no están de acuerdo con él. Y él mismo no aduce las ra-zones que tiene para su conclusión.

Para nuestros fines sería conveniente transcribir todo el capítulo sobre saneamiento por defectos ocultos:

“Artículo 1387. El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido, o ha-bría dado menos precio por ell'a; pero no será responsable de los de-fectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que por razón de su oficio o pro-fesión, debía fácilmente conocerlos.
“Artículo 1388. El vendedor responde al comprador del sanea-miento por los vicios o defectos, ocultos en la cosa vendida aunque los ignorase.
“Esta disposición no regirá cuando se haya estipulado lo contra-rio, y el vendedor ignorara los vicios o defectos ocultos de lo vendido.
“Artículo 1389. En los casos de los dos artículos anteriores, el comprador podrá optar entre desistir del contrato, abonándosele los gastos que pagó, o rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos.
“Si el Vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa ■vendida y no los manifestó al comprador, tendrá éste la misma op-ción y además se le indemnizará de los daños y perjuicios, si optare por la rescisión.
“Artículo 1390. Si la cosa vendida se perdiere por efecto de los vicios ocultos, conociéndolos el vendedor, sufrirá éste la pérdida, y deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato, con los daños y perjuicios. Si no los conocía, debe sólo restituir el precio y abonar los gastos del contrato que hubiese pagado el comprador.
“Artículo 1391. Si la cosa vendida tenía algún vicio oculto al tiempo de la venta, y se pierde después por caso fortuito o por culpa del comprador; podrá éste reclamar del vendedor el precio qne pagó con la rebaja del valor que la cosa tenía al tiempo de perderse.
“Si el vendedor obró de mala fe, deberá abonar al comprador los daños e intereses.
“Artículo 1392. En las ventas judiciales nunca, habrá lugar a la responsabilidad por daños y perjuicios; pero sí a todo lo demás dis-puesto en los artículos anteriores.
“Artículo 1393. Las acciones que emanan de lo dispuesto en los cinco artículos precedentes se extinguirán a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida.
“Artículo 1394. Yendiéndose dos a más 'animales juntamente, sea en un precio alzado, sea señalándolo a cada uno de ellos, el vicio redhibitorio de c'ada uno dará solamente lugar a su redhibición, y no á la de los otros; a no ser que aparezca que el comprador no habría comprado el sano o sanos sin el vicioso.
“Se presume esto último cuando se compra, un tiro, yunta, pareja o juego, aunque se haya señalado un precio separado a cada uno de los animales que los componen.
“Artículo 1395. Lo dispuesto en el artículo anterior respecto de la venta de animales se entiende igualmente aplicable a la de otras cosas.
“Artículo 1396. El saneamiento por los vicios ocultos de los ani-males y ganados no tendrá lugar en las ventas hechas en feria o en pública subasta, ni en la de caballerías enajenadas como de desecho, salvo el caso previsto en el artículo siguiente.
“Artículo 1397. No serán objeto del contrato de venta los ga-nados y animales que padezcan enfermedades contagiosas. Cualquier contrato que se hiciere respecto de ellos será nulo.
“También será nulo el contrato de venta de los ganados y anima-les, si expresándose en el mismo contrato el servicio o uso para que se adquieren, resultaren inútiles para prestarlo.
“Artículo 1398. Cuando el vicio oculto de los animales, aunque se haya practicado reconocimiento facultativo, sea de tal naturleza que no basten los conocimientos periciales para su descubrimiento, se reputará redhibitorio.
“Pero si el profesor, por ignorancia o mala fe, dejara de descu-brirlo o manifestarlo, será responsable de los daños y perjuicios.
“Artículo 1399. La acción redhibitoria que se funda en los vicios o defectos de los animales, deberá interponerse dentro de cuarenta días, contados desde el de su entrega al comprador, salvo que por el uso en cada localidad se hallen establecidos mayores o menores plazos.
“Esta acción en la vent'a de animales sólo se podrá ejercitar res-pecto de los vicios y defectos de los mismos que estén determinados por la ley o por los usos locales.
“Artículo 1400. Si el animal muriese a los tres días de comprado, será responsable el vendedor siempre que la enfermedad que ocasionó la muerte existiera antes del contrato, a juicio de los facultativos.
“Artículo 1401. Resuelta la v'enta, el animal deberá ser devuelto en el estado en que fue vendido y entregado, siendo responsable el comprador de cualquier deterioro debido a su negligencia, y que no proceda del vicio o defecto redbibitorio.
“Artículo 1402. En las ventas de animales y ganados con vicios redbibitorios, gozará también el comprador de la facultad expresada en el artículo 1389; pero deberá usar de ella dentro del mismo tér-mino que para el ejercicio de la acción redliibitoria queda respectiva-mente señalado.”

Como se verá, el artículo 1393 fija un término de seis me-ses para la prescripción de las acciones de saneamiento or-dinario. El artículo 1399, sin embargo, exige que una acción redliibitoria por vicios o defectos en animales debe incoarse dentro de cuarenta días. Este es un precepto universal que necesariamente se aplica a vicios redbibitorios, ya sean de la índole de una enfermedad contagiosa o no.

Es casi inimaginable que el comprador de una vaca deba tener derecho a rescindir o anular la venta por uno, dos, tres o más años después de haber tomado posesión del animal. Es inconcebible que un hombre pueda ordeñar una vaca por dos o tres años, hallarse perfectamente satisfecho con ella, y entonces devolverla porque tenía tuberculosis. Scaevola dice que él no puede concebir que por razones de una enfermedad contagiosa el período prescriptivo deba cambiarse de cuarenta días a cuatro años. 23 Scaevola, pág. 666. En otras pala-bras, él tenía la idea de que aun para enfermedades conta-giosas debía regir la prescripción, es decir, que en algún mo-mento la acción prescribiría. No cabe resolver, según sos-tienen los apelados, que jamás hubo un período prescriptivo en el,caso. Si la acción podía prescribir en cuatro años, no hay motivo por el cual la legislatura no pudiera fijar cua-renta días en casos de enfermedades contagiosas. Para nos-otros ése es el pnnto principal del litigio.

Lo que la legislatura española tuvo en mente probable-mente fué que una enfermedad contagiosa se manifestaría dentro de cuarenta días. No se prestó atención especial a la idea de que tal vez hubiera de ser necesario un período más largo cuando de tuberculosis se trataba. En todo caso, el estatuto fijó cuarenta días a menos que los usos locales esta-bleciesen un término distinto. Ad ea quae frequentius acci-duat jura adaptantur. Tan era así que al prepararse el pro-yecto de 1851 los peritos veterinarios creyeron que quince días era un término razonable para entablar una acción red-hibitoria a causa de tuberculosis bovina.

Refiriéndose a la legislación defectuosa que ahora estamos considerando Scaevola dice:

“Esta materia ele la venta de animales se ba traído al Código por medio de retazos, con los que resulta formado un verdadero edredón jurídico, de toda clase de telas y colores. Las contraposiciones entre unos y otros preceptos son tan llamativas como estrambóticas; las deficiencias que se advierten tan numerosas como lamentables; y si no fuera porque, en realidad, a pesar del distinto origen de cada disposición, y de la independencia de que se revisten, todas ellas responden íntimamente a principios muy conocidos y antiguos, que se reconocen desde luego a su través, se estaría a veces en la impo-sibilidad material de penetrar el pensamiento del .legislador.
“Los dos artículos que tenemos delante (correspondientes al 1396 y 1397 del Código de Puerto Rico) son ya buena prueba de estas con-clusiones, pues, por la forma de su redacción, parecen atender a fines completamente distintos, no- obstante que guardan perfecta conformi-dad esencial. En cuanto al tecnicismo que emplean y a la precisión con que están expresados, son también inaceptables casi de todo punto. Gracias a la suerte de tratarse de asuntos generalmente de muy poca cuantía, ventilables en juicio verbal, 1'as consecuencias no serán muy temibles, pues, de otro modo, estos dos artículos, y todos los siguientes de la sección se fiarían memorables en la estadística de la administra-ción de justicia.” (Id., página 655).

Este edredón, según Scaevola lo caracteriza, nos ha impe-lido a hacer un examen más amplio de las autoridades que el que es ordinariamente necesario.

Hasta el 1889, cuando fue aprobado el Código Civil, es de observarse que el término para iniciar una acción redhibito-ria era limitado: desde tiempo inmemorial, un período de no más de seis meses. Si con el artículo 1397, para tomar un caso extremo, el legislador creyó que la existencia de una en-fermedad contagiosa haría inexistente un contrato de venta de ganado, ¿mostró el legislador alguna intención de impedir que una acción de esa naturaleza jamás prescribiese? Según dicen algunos de los comentaristas, parece inconcebible que se tuviese por mira impedir que esa acción prescribiese o re-legar la prescripción al término de cuatro años, determinado por el capítulo sobre nulidad de acciones, o al de quince años provisto en el código para la prescripción de acciones cuando no se disponga otra cosa en el código. Como la prescripción de cuarenta días fué primeramente introducida en el código junto con el precepto reformado del artículo 1397 (1494 del código español), la fuerte probabilidad es que el legislador creyó que un período más corto que- el de antaño era acon-sejable. La única forma de armonizar toda la materia es concluyendo que la legislatura continuó con la idea de que la obligación en que incurría un vendedor de ganado con enfer-medades contagiosas correspondía a un derecho redhibitorio que el comprador tenía, y la legislatura también tuvo en mente que el período para ejercitar todas las acciones red-hibitorias, incluyendo las que envolviesen animales afectados de enfermedades contagiosas, fuese corto. Para otros vicios ocultos en ventas de bienes, impera el período prescriptivo de seis meses. La manera de armonizar todo el capítulo es declarando que la legislatura fijó distintos períodos de pres-cripción para cada vicio oculto allí enumerado; en otras pa-labras, un período de seis meses cuando se trate de vicios ordinarios, y uno de cuarenta días cuando se trate de ani-males. La introducción en 1889 de un término prescriptivo de cuarenta días y la promulgación del artículo 1397 al mismo tiempo serían una coincidencia extraña, si no tuviesen rela-ción entre sí.

No prestaremos gran atención a la contención de -que la demanda no aducía causa de acción. Lo que el apelante aparentemente sostiene es que, como no se demostró -que parte de las reses — 159 cabezas o más — estuviesen enfermas, la teoría de la demanda no podía prosperar, o por lo menos no podía prevalecer en lo referente al ganado que no .se babía demostrado estar vicioso.

Creemos que procedía la excepción previa. Si la corte inferior y los apelados tuviesen razón en que la totalidad de Ja venta, considerada como un todo, era anulable a causa de-enfermedades contagiosas en una mayoría de las reses, en-tonces, desde luego, la demanda era buena. Tenemos la idea -de que cuando se vende ganado, aun para una vaquería, los .animales son vendidos individualmente. Esa es una venta distributiva. No importa que se realice por precio alzado. •Con las excepciones indicadas en el capítulo, sólo pueden de-volverse las cabezas afectadas de un vicio redbibitorio, según todos los códigos y comentaristas que bemos encontrado. La noción que tenemos de una vaquería es que para sus fines -constantemente se está vendiendo y comprando ganado, y la demanda no alega que el neg’ocio de vaquería no pudiera em-pezar o proseguir con motivo de los vicios ocultos de los ani-males, o que si las reses se morían no pudieran ser reempla-zadas. A nuestro modo de ver, tan pronto muriese una vaca, podía comprarse otra o él negocio podía continuar sin una nueva adquisición. Por otra parte, la demanda no alega cla-ramente que las vacas se destinaban a una vaquería. Ade-más, cuando se compran vacas en junto, en la mayoría de los •casos se adquieren para una lechería o para fines similares.

Igualmente creemos que dada, la actitud de los apelados al basar su acción exclusivamente en el artículo 1397 del Código Civil, la moción eliminatoria presentada por el demandado debió prevalecer en ciertos particulares. Por «ejemplo, todo lo relacionado con el conocimiento o falta de conocimiento de los demandantes al adquirir las vacas. Ese-conocimiento carecía totalmente de importancia a virtud del. artículo 1397. Por otra parte, el apelante también solicitó-que se eliminase de la demanda lo que se decía respecto a. una oferta que hacían los demandantes de devolver las vacas-restantes. Nos parece que la alegación era importante para, los propios fines del demandado al tratar éste de demostrar’ que la acción era redhibitoria y había prescrito.

En vista del hecho de que en todo caso la sentencia debe-ser revocada, no prestaremos mayor atención a la moción, para eliminar.

Por motivos similares, aunque tal vez la demanda podría considerarse ininteligible y ambigua en ciertos aspectos, no-discutiremos este extremo.

Entrando ahora en el estudio del juicio del caso,, nuestra conclusión final es que, por la evidencia aportada, la. corte tenía derecho a declarar que gran parte de las vacasvendidas estaban afectadas de tuberculosis al tiempo de la venta. Independientemente de las manifestaciones de lostestigos, o de Alonso, el testigo principal, la preponderancia de la evidencia nos satisface de que la enfermedad no fuécontraída después de la venta, por lo menos en lo que respecta a un número de las reses. Existiendo, como existía,, la enfermedad en algunos casos en estado avanzado, la cortetenía derecho a aquilatar los hechos en la forma en que lo hizo.

No prestaremos gran atención a las cuestiones morales-envueltas. Presumiendo, como debemos, la buena, fe de am-bas partes, la situación de cada una de ellas era dura. Por ejemplo, si algunas de las reses tenían tuberculosis que no habría de progresar, técnicamente el comprador tenía derecho a rescindir el contrato dentro de cuarenta días. Sin embargo, a él le hubiera sido altamente gravoso que el ganado empezara a morir en su poder después de dos o tres meses de uso, a causa de tuberculosis. La situación del demandado sería parecida.

En resumen, el estudio que hemos hecho de los estatutos y la jurisprudencia nos convence de que la acción entablada en este caso, si hubiera sido incoada a tiempo, sólo podía prosperar en lo relativo a los animales que de fijo estaban afectados de tuberculosis. Al demandado le asistía un de-recho claro a insistir en la validez del contrato en cuanto a las reses sanas. Esto nos lleva a otra duda. Si parte del ganado se hallaba en buen estado de salud, y, por consi-guiente, hubo alguna causa (consideration) para el contrato, podría sostenerse que hubo contrato y que los actores sólo tenían derecho a demandar por una falta parcial de causa.

Supongamos el pago del precio de venta de ciertos terre-nos. Resulta que el vendedor no tenía el título de uno de los predios. Oreemos que frecuentemente, si no de ordinario, no podría rescindirse o anularse todo el contrato.

Antes de concluir esta opinión deseamos expresar, y esto posiblemente aparece de las consideraciones generales que anteceden, que los demandantes jamás tuvieron derecho a la cancelación de la totalidad del contrato, sino solamente a in-coar acción redhibitoria por los animales que padecían o mu-rieron de una enfermedad contagiosa.

Principalmente porque la causa de acción estaba prescrita, y quizá por otros motivos, la sentencia apelada debe ser re-vocada y declararse sm lugar la demanda.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sbñoe Wole,

license: Public Domain

text:
    Ex parte José Vega, conocido por José Valdés, peticionario y apelante, y Amado Capifali, Alcaide de la Cárcel de Distrito de Ponce, opositor y apelado.
    No. 5185.

    — Sometido: Abril 4, 1934.

      Resuelto: Abril 10, 1934.

      F. Colón Díaz y J. Ortiz Lecodet, abogados del peticionario apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Sbñoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

José Yega fné acusado de asesinato y se le arrestó. Pre-sentó ante la Corte de Distrito de Ponce una solicitud de bábeas corpus, aleg-ando (a) que no babía cometido delito público alguno; (b) que el fiscal no tenía suficiente prueba para justificar la prisión; y (c) que la cuantía de la fianza exigida era excesiva.

La corte de distrito rebajó la cuantía de la fianza y negó el recurso de bábeas corpus en cuanto a los otros dos mo-tivos.

Estamos muy de acuerdo con el fiscal de este tribunal en que al presentarse una petición por falta de causa probable, el ministerio público no tiene necesidad de establecer un caso completo para una convicción, sino solamente que bay una probabilidad, o una probabilidad razonable, de que el caso puede ser sometido al jurado para su veredicto..

Penetrando en los méritos, convenimos con la opinión de la corte inferior, que lee como signe:

“De las declaraciones presentadas por el fiscal en este caso en la vista de este Rabeas corpus, o sean las declaraciones prestadas por varios testigos ante el fiscal y ante el Juez de Paz de G-uánica en la investigación preliminar del caso por la muerte de José González, se tiende a demostrar por estas declaraciones, primero: que entre el in-terfecto José González y el aquí detenido José Yega o José Yaldés, Rabia ocurrido un disgusto con motivo de la desaparición de un racimo de guineos de José Yega o Yaldés, en que éste acusaba, o decía que José González u otras personas le Rabian cogido ese racimo de gui-neos; con motivo de esto Rubo disgustos entre ellos, que culminaron en una denuncia formulada por José Yega contra José González y en otra denuncia formulada por José González contra José Yega; que dos días antes de v'erse el juicio relacionado con esas denuncias en la Corte Municipal de Yauco, apareció el cadáver de José González en una zanja o canal; que la nocRe antes de aparecer ese cadáver, Ray testigos que declaran que vieron pasar a José Yega, el detenido, con dirección hacia donde estaba José González, parado cerca de un alambre al lado de ese canal, y lo vieron volver de ese sitio; que el propio José Vega informó a uno de los testigos, a la testigo Rafaela Vázquez, que había ido a bañarse allí 'al canal y al efecto le mostró 'algo en la mano que dijo que era un pedazo de jabón o un jabón, y que no se Rabia bañado porque vió a José González allí — que esto lo manifestó el propio José Vega a esta testigo la mañana siguiente de aparecer el cadáver. Tal prueba tiende a demostrar que José Gon-zález y José Vega estaban enemistados y no se saludaban. Hay la prueba de otro testigo, de que al borde del canal de donde sacaron el cadáver de José González, apareció o encontraron un jabón blanco usado, que dejaron allí basta que fueran las autoridades; y, además, bay la declaración o certificación jurada del doctor Dunseombe en cuanto el resultado de la autopsia que bizo de José González, en que describe que encontró que tenía una contusión en la barbilla y varias heridas en los labios y manchas de sangre en la camisa y que diagnos-ticó como causa de la muerte, un probable síncope, caída en el agua y muerte por inmersión, asfixia por caída, en el agua; y hay otra decla-ración del doctor Dunseombe contestando preguntas hipotéticas basa-das en lo que encontró en el cadáver de José González, en el sentido de que las heridas y las contusiones pudieran ser producidas por un golpe-con una manopla, con un pedazo, de madera o piedra o con el puño, y que tal golpe pudo producir la inconsciencia y que pudo poner el cuerpo en el canal y que también pudo producirse un síncope — mejor dicho, un golpe — al tenerse un síncope, con la muralla y caída al agua y ser arrastrado por el plano inclinado que tenía el canal.
“Desde luego, que toda esta prueba es circunstancial; pero la corte es de opinión que en cuanto a si toda esa prueba circunstan-cial es compatible con la culpabilidad del acusado o si puede ser compatible con cualquiera teoría de inculpabilidad, es ésa una cuestión de apreciación de dicha prueba en su fondo por el pequeño jurado. Entiende la corte que toda esta prueba tomada en conjunto demues-tra un disgusto entre estas dos personas — el hecho del peticionario haberse visto ir y venir de donde apareció el cadáver, manifestaciones del propio peticionario de haberse ido a bañar y encontrar un pedazo de jabón y más tarde encontrarse junto al sitio donde apareció el cadáver un pedazo de jabón — toda esta prueba cree la corte que cons-tituye causa probable suficiente para que el fiscal haya ordenado el arresto del acusado, y no procede la petición de hábeas corpus en este caso por el primero de los fundamentos alegados en la petición.”

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señok Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carmen Centrale, Inc., acusada y apelante.
    No. 5056.

    — Sometido: Diciembre 8, 1933.

      Resuelto: Abril 10, 1934.

      Jaime Sifre Jr., y R. Pastor, abogados de la apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El 11 de octubre de 1932 el Fiscal de la Corte de Distrito de Bayamón presentó acusación contra Carmen Céntrale, Inc., por infracción a la Ley de Pesas y Medidas. El día de la lectura de la acusación la acusada compareció por conducto de su abogado y alegó ser inocente. El caso fué señalado para el 19 de enero de 1933. En ese día, al leerse la acusa-ción, la acusada, con el consentimiento de la corte y del mi-nisterio público, retiró su alegación de inocencia y procedió a presentar una moción de archivo y sobreseimiento porque la acusación no había sido radicada en tiempo. Parece des-prenderse que el 3 de junio de 1932 la Carmen Céntrale fné •citada para qne compareciera ante el juez municipal el 10 de junio de 1932, a contestar la denuncia por el delito de haber violado la sección 16 de la Ley Núm. 30 de junio 15, 1921 (pág. 179). La corporación compareció ante el juez municipal y éste, con arreglo al artículo 457 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, remitió una certificación al Juez de Dis-trito de Bayamón. Según se ha dicho, el fiscal presentó la .acusación el 11 de octubre de 1932.

La moción de archivo y sobreseimiento fué argumentada ante la corte de distrito y declarada sin lugar. Se basó en el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que lee así:

“A menos que exista justa causa contraria, el tribunal decretará el sobreseimiento del proceso en los Casos siguientes:
“1. Cuando una persona baya sido detenida para responder por la comisión de un delito público, siempre que no se baya presentado acusación contra ella en el término de sesenta días desde su detención.
“2. Cuando un acusado, cuyo juicio no baya sido transferido a petición suya, no sea sometido a juicio en el término de ciento veinte •días, a contar desde la presentación de la acusación.”

El fiscal de este tribunal sostiene que no le ha sido posible encontrar autoridades sobre las contenciones que sus•eita en este caso, a no ser preceptos generales del propio código y las inferencias deducibles de los mismos. Arguye que las palabras “held to answer” (el código en castellano dice detenida) en el artículo 448 significan que la persona acusada de un delito debe ser arrestada para que - pueda acogerse al artículo ”448; que una corporación necesariamente no está sujeta a arresto; que según el artículo 453 del Código de Enjuiciamiento Criminal el fiscal de una corte de distrito no está en la obligación de radicar una acusación inmediatamente; y que no puede haber ningún deber imperativo de radicar una acusación contra una corporación dentro de sesenta días, contados a partir de la fecha de la certificación.

Podemos concebir que las palabras “field to answer” po-drían significar que el arresto de una persona era necesario,, pero tal conclusión es cuestión que debe ser demostrada. La. palabra “field” posiblemente puede significar que una persona está obligada a comparecer y afrontar las consecuencias-de una sentencia dictada en su contra.

Es claro que una corporación tal vez sufra algún perjui-cio ante el público con la pendencia de una acusación criminal y que aun sus intereses pecuniarios podrían ser afectados* Una gran proporción de nuestros negocios es efectuada por corporaciones. Algunas de ellas abusan de sus privilegios, pero no existe presunción alguna en su contra. Por el con-trario, al igual que a todo el mundo, se les presume inocentes*

El procedimiento a seguirse contra las corporaciones apa-rece prescrito en los artículos 453 a 460 del Código de En-juiciamiento Criminal en la siguiente forma:

“Artículo 453. Al liacerse una denuncia contra una corpora-ción, el juez de paz debe librar cédulas de citación firmadas por él con el nombre de su cai’go, requiriendo a la corporación para que en el día, bora y lugar especificados, comparezca ante él a contestar Ios-cargos que contra ella se bagan, no debiendo dicbo plazo ser menos de diez días de la fecba en que se libró la citación.
“Artículo 454. Le cédula de citación debe estar concebida sus-tancialmente en la forma siguiente:
£ ( ;V; IsVí ¿¡'f >V; e£
“Artículo 455. La cédula de citación debe ser presentada por to menos cinco días antes del fijado para la comparecencia, mostrando el documento original al presidente o cualquiera otro jefe de la corpo-ración o al secretario, cajero o director de la misma, en cuyo poder se dejará una copia de dicba cédula.
“Artículo 456. En el día y bora que se señale en la citación, el funcionario ante quien deba comparecer la corporación, debe proce-der a investigar el hecho que se denuncia, en la misma forma que si se tratare de un individuo particular, basta donde fueren aplicables estos procedimientos.
“Artículo 457. Después de oídas las pruebas el funcionario debe, en vista de las declaraciones, certificar si existen o, no causas, suficien-tes para creer que la corporación es culpable del delito que se le imputa y debe remitir las declaraciones y la certificación al juez competente.
“Artículo 458. Si el funcionario pasa una certificación en la que se manifieste que existe causa bastante para creer que la compañía es culpable del delito que se le imputa, el fiscal debe presentar la corres-pondiente acusación como si se tratare de un individuo particular.
“Artículo 459. Si se presentare una acusación, la compañía puede comparecer a contestar el cargo por medio de abogado. Su no com-parecencia, como queda dicho, equivaldrá a negar la acusación, y en su consecuencia se procederá en la misma forma que para los demás casos.
Artículo 460. Cuando se imponga una multa a una compa-ñía, al ser declarada culpable, podrá el funcionario del tribunal hacer efectiva dicha multa, de los bienes muebles o inmuebles que la citada compañía posea, en virtud de la orden por la cual aquélla ha sido im-puesta.”

La certificación del juez municipal llegó al juez de dis-trito en junio 23 de 1932 y la apelante insiste en que la acu-sación debió haber sido radicada dentro de los sesenta días siguientes.

El artículo 559 del Código Penal provee:

“Las voces usadas en este Código en el tiempo presente, incluyen también el futuro; las usadas en el género masculino incluyen el fe-menino y el neutro, salvo los casos en que tal interpretación resultare absurda; el número singular incluye el plural, y el plural incluye el singular; la palabra ‘persona’ incluye una corporación así como una persona natural ...”

De suerte que es de esperarse que una corporación tenga los mismos derechos que una persona natural al ser acusada de un delito.

El Pueblo da énfasis al hecho de que una corporación'no puede ser arrestada. Sostiene que las palabras “held to answer,” usadas en el artículo 448, significan que una persona tiene que estar arrestada y debe ser puesta en libertad.

Según la historia de la ley de corporaciones, una de las ideas más antiguas fué que una corporación era un mero grupo de personas.

Posteriormente, el concepto de una entidad independiente tomó gran auge, pero en ciertos casos la idea de ser nna cor-poración nn grupo de personas continuó existiendo. Por ejemplo, cuando un grupo de personas que constituyen una corporación perpetran un fraude, no pueden protegerse a sí mismas individualmente, echándole la culpa a la entidad. McCaskill v. United States, 216 U. S. 504; Hale v. Henkel, 201 U. S. 43; 14 C. J. 59. De ello se desprende que cuando la integridad o el buen nombre de una corporación son ata-cados, ella puede también recurrir a la idea fundamental de que está constituida por un grupo de personas que pueden ser afectadas por una acusación criminal.

Las palabras “held to appear or answer” ban sido interpretadas en el caso de Mitchel v. Boxholm Co-operative Creamery, 128 Iowa 706, 105 N. W. 323, o más bien dichas palabras han sido usadas por la legislatura para exigir unacomparecencia o una contestación. El caso demuestra que las palabras “held to answer” no significan necesariamente un arresto. Cuando una persona, natural o jurídica, está obligada a contestar una acusación o propensa a ser convicta, esa persona está “held to answer.”

Imaginémonos que se alega que un número de comeroiuntes son todos por igual culpables de infringir una ordenanza municipal. Algunos de ellos son individuos y otros corporaciones. Si todos los casos seguidos contra personas naturales pudiesen ser archivados porque la acusación no fue radicada a tiempo, ¿deberían las otras acusaciones proseguir indefinidamente debido al hecho de tratarse de corporaciones 1 Éste es uno de los muchos casos que fácilmente pueden imaginarse en que una corporación, al igual que un individuo, tiene el derecho, al amparo del artículo 448, supra, a que se le exima de la imputación de un delito a causa de una acusación incoada en su contra.

En otras palabras, resolvemos que .la iniciación de un pro-ceso contra una corporación es “holding it to answer.” La idea total del artículo 448 es que cuando una persona es lla-mada a comparecer a contestar, la acusación debe ser radi-cada dentro de sesenta días, y somos del criterio de que este término empieza a correr cuando el juez municipal pasa la certificación a tenor del artículo 457, supra.

El fiscal también sostiene que en California el estatuto dice que el fiscal puede {may) radicar una acusación contra la corporación; que al copiar el estatuto en Puerto Pico se usó la palabra “debe” {must). La idea del apelado es que el fiscal tiene un término razonable para presentar la acusa-ción contra una corporación. Las anteriores consideraciones generales cubren este punto.

Debe revocarse la sentencia y archivarse el caso.


author: El Juez Asociad© Señor Hutchison,

text:
    Santiago A. Panzardi & Co., S. en C., demandante y apelada, v. El Municipio de Ponce, demandado y apelante.
    No. 6159.

    — Sometido: Febrero 2, 1934.

      Resuelto: Abril 10, 1934.

      L. Tormos García-, abogado del apelante; la apelada no tuvo abogado en apelación.
   El Juez Asociad© Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Santiago A. Panzardi & Co., S. en O., obtuvo sentencia contra el Municipio de Ponee por $338.64, en pago de ciertas reparaciones Lechas en una ambulancia municipal y de cier-tos materiales suministrados en conexión con tales reparacio-nes. El municipio apela e impugna la sentencia de la corte de distrito por los siguientes motivos:

“(a) Porque la reclamación de la demandante en este easo pro-viene de una deuda contraída en el año económico de 1928-29 y cuando el Municipio de Ponce no. tenía fondos apropiados para hacer ese gasto ni asignación hecha en el presupuesto para cubrirlo, y sin que en dicho año se hubiera hecho, transferencia alguna de fondos para atender e ese pago.
(h) Porque dicha sentencia es contraria a las disposiciones conte-nidas en el reglamento promulgado por el Auditor de Puerto Rico para la contabilidad de los municipios.
“ (te) Dicha sentencia viola disposiciones contenidas en la Ley Or-gánica de Puerto Rico y Código Político.”

El argumento en apoyo de la primera y la tercera de estas contenciones es, en síntesis, que la demandante ni alegó ni probó que hubiera fondos municipales disponibles al tiempo de celebrarse el contrato en cuestión. Asumiendo, sólo a los fines de la argumentación, que la demandante viniese obligada a establecer este becbo como requisito previo al cobro, bailamos que el abogado de la parte demandada suplió la omisión al extraer del alcalde en la repregunta la información de que el dinero estaba disponible cuando se hizo la orden para el trabajo y los materiales y al tiempo en que se prestaron los servicios y se suministraron dichos materiales. Las regias en que se fundó el apelante no fueron presentadas en evidencia durante el juicio y no están ante nos, salvo en cuanto han sido copiadas en el alegato del apelante. Asumiendo, sin resolverlo, que podemos tomar conocimiento judicial de estas regias, el becbo de que la orden para el trabajo efectuado y para los materiales suministrados por la demandante no fuera certificada por el auditor municipal, y el becbo de que otras formalidades similares prescritas por dichas regias no fueran observadas, no invalidaban el contrato. Municipio de Río Piedras v. Serra, Garabís & Co., 65 Fed. (2d) 691.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Cordova Davila,

text:
    José C. Jusino, demandante y apelado, v. Dolores Masjuán como única heredera de Juan Betancourt Masjuán; y Emilio Juan Betancourt Masjuán, demandados y apelantes.
    No. 6596.

    — Sometido: Marzo 26, 1934.

      Resuelto: Abril 11, 1934.

      D. Marcano Castagnet, abogado de los apelantes; Ramón S. Pesquera, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Cordova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante apelado solicita la desestimación del re-curso de apelación interpuesto, entre otras razones, por no •haberse notificado dicha apelación a Bamón S. Pesquera, aho-gado de dicho demandante, según consta de los autos. La parte apelante arguye, en oposición, que el demandante fué debidamente notificado y que según el artículo 296 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil la apelación puede notificarse a la parte contraria o a su ahogado, no siendo requisito indispensable que se notifique a este último, cuando la parte ha sido notificada.

Esta corte, en el caso de Zaragoza v. López, 16 D. P.R. 829, desestimó una apelación precisamente por haberse notificado la misma al demandado apelado y no a sn abogado. De la opinión de la corte en dicho caso copiamos lo siguiente:

“El otro motivo de la moción es que la presente apelación fué no-tificada al demandado apelado y no 'a su abogado, citándose nues-tra decisión en el caso de American R. R. Co. of P. R. v. El Juez de la Corte Municipal de Ponce, resuelto en 4 de abril de 1910. En aquel caso resolvimos que procedía admitir y tomar en consideración el recurso de apelación porque éste no se había interpuesto contra una sentencia dictada por una corte de distrito sino contra la dictada, por una corte municipal. Sin embargo, este tribunal declaró claramente, admitiendo la proposición que ahora se plantea por el apelado, que la disposición de l'a ley por la que se exige que lá notificación se haga al abogado de la parte respectiva no era aplicable a una apelación interpuesta contra sentencia dictada por una corte municipal. Este tribunal ha examinado detenidamente las autoridades citadas en el caso de referencia, y ha llegado a la conclusión de que en virtud de las disposiciones de los artículos 296 y 324 del Código de Enjuicia-miento Civil así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de California, la notificación de apelación debe hacerse al abogado.”

Como se lia dicho en la opinión que antecede, el criterio de este tribunal está sostenido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de California. En los casos de Abrahms v. Stokes, 39 Cal. 150, y Jones y. McGarney, 6 Cal. Unrep. 277, 56 Pac. 896, se desestimó la apelación por haberse notificado el recurso a la parte contraria y no al abogado de la misma.

De la obra “California Jurisprudence”, tomo 2 pág. 344, copiamos lo siguiente:

“El artículo 940 del Código de Enjuiciamiento Civil requiere que' se notifique la apelación a la p'arte contraria o a su abogado. No se requiere que esta notificación sea personal sobre la parte misma, para el propósito de asegurar su comparecencia en la corte. Por lo tanto, el artículo 940 debe leerse en relación con el 1015 del Código, que dispone que en todos los casos en que la parte estuviese representada por un abogado en el pleito o procedimiento, la notificación de los do-cumentos, cuando corresponda, deberá hacerse a dicho 'abogado en lugar de a la parte. Esta última disposición controla la primera, y cuando la parte contraria tiene un abogado, la notificación debe hacerse a dicho abogado, y se han desestimado apelaciones a causa de la infracción de esta regla.”

De acuerdo con esta jurisprudencia, la notificación debe hacerse a la parte o a su abogado: a la parte cuando sea ella exclusivamente la que tenga a su cargo la defensa del pleito, y en los demás casos, al abogado en el pleito o proce-dimiento. Los artículos 940 y 1015 del Código de Enjuicia-miento Civil de California corresponden a los artículos 296 y 324 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil. Como es sabido, el primero de dichos artículos dispone que debe noti-ficarse la apelación a la parte contraria o a su abogado y el 324 que en todos los casos en que la parte estuviere repre-sentada en el pleito o procedimiento por un abogado, la noti-ficación cuando corresponda, deberá hacerse a dicho abogado en lugar de a la parte.

Toda vez que el .recurso interpuesto no ha sido notificado al abogado de la parte apelada, debe declararse con lugar la moción del demandante y desestimarse la apelación.


author: El Juez Asociado Señor CSórdova Davila,

text:
    Luis Antonio Albizu, demandante y apelado, v. The Royal Bank of Canada, demandado y apelante.
    No. 6114.

    — Sometido: Junio 8, 1933.

      Resuelto: Abril 11, 1934.

      A. S. Poventud, abogado del apelante; F. B. Fornaris j M. León Parra, abogados del apelado.

      Nota: Yéase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor CSórdova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

Luis Antonio Albizu, empleado que fné del Royal Bank of Canada desde el primero de abril de 1927 basta el 15 de mayo de 1930, con nn sueldo anual de $4,000, reclama en esta acción el pago de la suma de $493.33 que le fné descontada indebidamente de sn sueldo. Se alega en la demanda que la corporación demandada, mucho tiempo antes de que el de-mandante fuese su empleado, tenía establecido, y continúa teniendo en la actualidad, un fondo denominado “officers’ pension fund”, con un reglamento regulando el funciona-miento y administración del mismo, el cual es engrosado con él descuento del 4 por ciento anual que hacía y continúa ha-ciendo la demanda al sueldo que paga a cada uno de sus em-pleados. El Sr. Albizu, dentro del tiempo que estuvo em-pleado, satisfizo al fondo de pensiones la referida cuota del ■4 por ciento, de acuerdo con las disposiciones del reglamento, que el demandante aceptó con pleno conocimiento de las mis-mas.

Se alega además que según reza el reglamento aludido, el fondo de pensiones tiene por objeto proveer pensiones para los oficiales y empleados del banco, sus viudas e hijos, de acuerdo con las reglas concernientes a tal fondo, debiendo ■entenderse de manera bien clara que las reglas del mismo no ■confieren ni invisten de derecho alguno a ningún oficial o em-pleado, que ningún contrato expreso o implícito se entenderá •que nace del mismo, y que cada pensión será concedida a ■discreción del “Officers’ Pension Fund” y por el tiempo que ■éste quisiere.

La demandada en su contestación alega, entre otras cosas, que entre los empleados y funcionarios del Banco demandado hay y existía en las fechas a que se refiere la demanda, y con anterioridad a las mismas, una asociación cooperativa denominada “Officers’ Pension Fund” para protección mu-tua entre los oficiales y demás empleados de dicho Banco, con su reglamento regulando el funcionamiento y administración de la misma, cuyos fondos son engrosados por una contribu-ción o pago anual espontáneo y voluntario que hace cada asociado de una suma o cantidad de dinero equivalente al 4 por ciento de la cantidad que percibe como salario anual-mente, y que el demandante Sr. Albizu, al ocupar su puesto como ma/nager del Banco demandado en Ponce, voluntaria-mente se asoció a dicho “Officers’ Pension Fund”, conociendo ■de antemano su funcionamiento y reglamento.

Se alega, además, especialmente, en la contestación, que ■existe un defecto de partes demandadas y se establecen las defensas especiales de que el demandante está impedido (es-topped) de recabar la totalidad de las cantidades que satis-fizo voluntariamente y que entre las mismas partes, por la misma reclamación y bajo hechos idénticos a los de la pre-sente acción, se radicó en la Corte Municipal de Ponce una demanda que fué voluntariamente desistida por el deman-dante cuando el caso Rabia sido señalado para verse en juicio de novo ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce.

La corte inferior declaró nula la retención del 4 por ciento-del sueldo del demandante, por ser contraria a lo dispuesto' por la ley, y dictó sentencia condenando a la corporación de-mandada a pagar al demandante la suma total retenida de-$493.33, con las costas y gastos, excluyendo honorarios de-abogado.

Arguye en primer término la corporación apelanteque la corte inferior erró al no declarar que existe defectode partes demandadas en este caso.

Alega la demandada:

‘ ‘. . . que entre los empleados de dicho Banco y oficiales del mismo, hay y existe una asociación formada por dichos oficiales y empleados, denominada Officers’ Pension Fund, asociación que tiene funciones en-virtud de su propio reglamento, y cuyos fondos son regulados y con-trolados por dos fideicomisarios o trustees, quienes desempeñan los car-gos de Presidente y General Manager de la corporación demandada que el demandante, de acuerdo con el reglamento, que conocía y co-noce, pagaba como miembro del fondo de pensiones su cuota anual, voluntariamente y sin protesta alguna, cuyo importe era igual o equi-valente al 4% de su compensación anualmente obtenida como Manager u oficial de dicho Banco; que el demandante no ha requerido de pago al fondo de pensiones ni ha demandado ni ha hecho parte en esta ac-ción a la referida asociación ni ■ al Presidente y General Manager del Royal Bank of Ganada como trustees o fideicomisarios de la mism'a, quienes son los que p'ara beneficio mutuo de los asociados del indicado Officers’ Pension Fund reciben y disponen del dinero recaudado entre-sus miembros.”

Basada en estos hechos entiende la corporación apelante que existe un defecto de partes demandadas indispensables; para la resolución del presente caso.

Hemos examinado detenidamente el reglamento de este-fondo de pensiones del Royal Bank of Canada y entendemos que no se trata de una asociación independiente, sino de un fondo que se paga a dos fideicomisarios o trustees que son el presidente del banco y su administrador, los cuales están sujetos a las órdenes y bajo la autoridad del Banco a través de sn junta de directores, que es la autoridad suprema, se-gún se desprende del reglamento en sus artículos 4, 5, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23 y 25. El demandante produjo prueba documental creditiva de que en la Secretaría de Puerto Rico no existe ninguna corporación o asociación con el nom-bre de “Officers’ Pension Fund of tbe Royal Bank of Canada” u “Officers’ Trust Fund of tbe Royal Bank of Canada”. A nuestro juicio no existe .el defecto de partes de-mandadas señalado por la corporación apelante. Este fondo de pensiones no es otra cosa que una dependencia bajo el dominio del Banco, que es la parte realmente interesada.

El segundo error atribuido a la corte inferior consiste en haberse negado a aplicar a este caso la doctrina de retraxit. La corporación apelante nos dice en su alegato que el demandante, allá por el día 29 de octubre de 1931, ra-dicó en la Corte Municipal de Ponce un caso idéntico al que aliora nos ocupa, y que este caso fué desistido ante la Corte de Distrito en apelación, habiéndose ordenado el sobresei-miento y archivo del mismo como asunto definitivamente ter-minado. Se ofrece como prueba la sentencia de sobresei-miento, sin presentarse evidencia alguna acerca de las cues-tiones en controversia. Esta sentencia demuestra que ante-riormente se ejercitó una acción en cobro de dinero entre las mismas partes, pero nada más. La información que tenemos sobre la acción anterior nos la ofrece el mismo demandante, quien al exponer sintéticamente su caso a preguntas del juez, reconoció que esta misma acción fué entablada de acuerdo con la ley de salarios de 1919 (No. 91 de 1917 (3) pág. 11), que fué declarada nula por la Corte de Circuito de Boston. En vista del fallo de la Corte de Circuito, el demandante so-licitó el desistimiento, reservándose el derecho de establecer una acción consonante con las pretensiones de su demanda. La corporación apelante entiende que se trata de un fallo de-finitivo que impide a la parte establecer nuevamente la ac-ción, atribuyéndole a dicbo fallo el carácter de cosa juzgada. Es evidente que el caso anterior no fue resuelto en sus mé-ritos. El demandante, en vista de que la ley que servía de base a su acción babía sido declarada nula, y creyendo, según explica en su alegato, que no podía cambiar la teoría de su caso, desistió del mismo, reservándose el derecho de estable-cer cualquier acción consonante .con las pretensiones de su demanda. El hecho de que la corte ordenara el archivo y sobreseimiento del caso como asunto definitivamente termi-nado no puede privar al demandante del .derecho de promover una nueva acción. La corte declaró definitivamente termi-nado el caso desistido por el demandante y no el derecho que éste pudiese tener para solicitar en una acción posterior el cobro de la suma entonces reclamada.

La doctrina de retraxit tiene su origen en el derecho co-mún y no hay razón alguna para implantarla en Puerto Rico, sobre todo cuando ha sido declarada anticuada y desconocida dentro de la práctica moderna por algunos tribunales. Esta Corte, en el caso de Merino v. City of N. Y. Fire Ins. Co., 35 D.P.R. 462, estudia la cuestión, haciendo constar expresa-mente que lo hace sin resolver que la regla es aplicable a Puerto Rico. Se cita en esta decisión el caso de Merritt v. Campbell, 47 Cal. 542. Vamos a permitirnos copiar lo que dice la misma corte de California en el caso de Pyle v. Pierce, 55 Pac. 142, donde se distingue y prácticamente se desauto-riza el caso de Merritt v. Campbell, supra.

“La parte demandada alegó el impedimento de una sentencia anterior, basada en los siguiéntes hechos: La demandante radicó su demanda y el demandado contestó. Llegado el día del juicio el le-trado de la demandante no compareció. Entonces el demandado con-testó: ‘Estoy listo’ y presentó una moción para que se desestimara el recurso debido a la no comparecencia de la demandante. En este momento compareció el letrado de la demandante y se negó a prose-guir la acción. La corte entonces ordenó la desestimación del pro-cedimiento por falta de instancia y dictó sentencia en favor del de-mandado por sus costas. Posteriormente se presentó una nueva de-manda sobre la misma causa de acción y el demandado alegó en su contestación que la sentencia anterior impedía la prosecución del pre-sente recurso. El artículo 581 del Código de Enjuiciamiento Civil provee que una acción puede ser desestimada o dictarse una sentencia de nonsuit en los siguientes casos: ‘ (3) por la corte, cuando el deman-dante deje de comparecer en el juicio, y compareciendo el demandado, pida que se declare a aquél desistido.’ El artículo siguiente dispone: ‘En todos los casos, fuera de los mencionados en el precedente artículo, deberá dictarse sentencia sobre los méritos.’ En este caso puede de-cirse con razón que el demandante no compareció al ser llamado el caso para juicio, y bajo la autoridad de este artículo la corte estuvo justificada en desestimar la acción.' No estamos inclinados a extender la doctrina de retraxit, tal y como fué reconocida en el caso de Merritt v. Campbell, 47 Cal. 543, y ese caso es esencialmente distinto en sus becbos del presente. Cuando la causa no ha sido fallada en sus méritos, sólo en casos excepcionales este tribunal resolverá que una sentencia desestimando la acción equivale a una sentencia de res ad judicata sobre los becbos. No bay razonamiento en la lógica que justifique semejante regia. Nada ba sido objeto de litigio, y no puede invocarse principio de impedimento (estoppel) alguno. Si el demandante hubiese continuado el juicio basta que se presentara el nonsuit basado en la debilidad de su prueba, tal sentencia de nonsuit no hubiera constituido un obstáculo para la iniciación del presente pleito. ¡ Con cuánto menor motivo debió declararse la existencia de un impedimento bajo las circunstancias concurrentes! No encontra-mos que en este estado baya autoridades directas sobre la cuestión, pero en el caso de Laird v. Morris (Nev.) 42 Pac. 11, el punto se presentó directamente bajo un estatuto similar, y luego de una consi-deración cuidadosa se resolvió que tal sentencia no era un impedi-mento. ’ ’

Un retraxit es una renuncia abierta y voluntaria, llevada a cabo de una manera formal y definitiva, en corte abierta, por el demandante en persona y no por su abogado, a menos que éste baya sido expresamente autorizado para hacerlo por el propio demandante. En el caso de Walker v. St. Paul City Ry. Co., 53 N. W. 1068, la Corte Suprema de Minnesota dice que un retraxit, en el derecho común, ‘ ‘ es una renuncia abierta y voluntaria, en corte abierta, por parte del demandante, de su demanda o causa de acción, y que al ser registrada la sen-tencia por el demandado el derecho de acción del demandante quedaba para siempre destruido.” Añade la referida- corte que esta doctrina ha sido prácticamente abandonada en In-glaterra y que nunca fné reconocida en el estado de Minnesota o en su territorio.

El presente no es un caso de retraxit, sino de desistimiento voluntario, solicitado por los abogados del demandante, quie-nes, en su nombre, se reservaron el derecho de establecer cualquier acción consonante con las pretensiones de su de-manda. Es evidente que el sobreseimiento dictado por la corte no constituye una decisión en los méritos del caso y que por lo tanto no puede ser un obstáculo al establecimiento de una nueva acción.

Entendemos que el tribunal a quo no cometió error al de-sestimar la defensa promovida por la corporación deman-dada.

Los errores tercero, cuarto, quinto y sexto, pueden y deben ser discutidos conjuntamente. Sostiene la corporación demandada que el demandante está impedido de entablar la presente acción y que la Corte, de Distrito erró al no reconocerlo así y al declarar contraria a la ley la sección 25 del “Officers’ Pension Fund.”

El demandado fué empleado del Boyal Bank of Canada desde el 1914 hasta el 1921, según se deduce de su propio tes-timonio. Se retiró del servicio siendo gerente del Banco. En 1927 volvió a desempeñar el mismo carg’o, y en esta fecha, como en 1914, autorizó con su firma el documento que copia-mos a continuación:

‘‘El que suscribe, empleado de The Boyal Bank of Canada, en consideración de mi empleo en dicho Banco, por la presente convengo y declaro que consiento y me obligo a todas las reglas y reglamentos de dicho Banco y del fondo de pensiones del mismo 'ahora en vigor y a todas las reglas y reglamentos que puedan adoptarse con poste-rioridad en relación con dicho’ fondo, y que cumpliré fielmente con dichas reglas.”

No hay duda alguna de que el demandante aceptó los re-glamentos del fondo de pensiones a sabiendas de su signifi--eión y contenido. Declara el demandante que se vio en la alternativa de firmar o no firmar, y que si no hubiese fir-mado habría tenido que abandonar la colocación. Añade que •conoce el reglamento y que todo empleado menor de veintiún años, al cumplir la mayoridad tiene que someterse a un exa-men médico para ingresar en el fondo de pensiones, debiendo irse del Banco si no pasa este examen. Hemos examinado el reglamento y es verdad que en su sección quinta dispone ;que cualquier empleado no admitido al fondo de pensiones a la edad de veintiún años se retirará del servicio del banco a menos que esta regla sea especialmente renunciada (waived) por la junta de directores de dicho banco. Es de suponerse que esta regla, que se aplica a los menores que alcanzan la mayoridad, se extiende también a las personas que solicitan colocación en el banco al ser admitidas como empleados. Es ■ésta la conclusión que surge de una interpretación de la letra y espíritu de este reglamento, que obliga a retirarse del banco .a los menores que al cumplir veintiún años no son admitidos al fondo. No es, sin embargo, nuestro propósito discutir si el consentimiento del Sr. Albizu fué o no voluntario. La prueba demuestra que aceptó los reglamentos del fondo de pensiones y que satisfizo periódicamente la cuota que le fue asignada.

La sección 10 de los referidos reglamentos dice que cuando cualquier funcionario o empleado se retira del servicio, vo-luntariamente o a virtud de destitución, sin tener derecho a pensión, recibirá el 50 por ciento de los pagos hechos al fondo, sin intereses, deduciéndose además cualquier cantidad que pueda estar adeudando al banco. La corporación apelante envió al demandante, en un cheque, el 50 por ciento del mon-tante de su contribución, ajustándose a las disposiciones del reglamento. No conforme con este descuento, el demandante -reclama la totalidad de las cantidades que satisfizo al fondo. Alega el Sr. Albizu en su alegato que es nulo el reglamento que impone los descuentos y que lo es también el consenti-miento prestado. El artículo 1223 del Código Civil, citado por la corte inferior, dice qne la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de Ios-contratantes.

La sección 25 del referido reglamento dice así:

“(a) La junta de directores tendrá, poder para enmendar las-reglas que gobiernan el fondo en cualquier tiempo, y para aprobar reglas adicionales de tiempo en tiempo.
“(6) Si bien se tiene la intención de administrar los fondos de acuerdo con los principios generales establecidos en las reglas que gobiernan dichos fondos, que están en vigor en cualquier tiempo, debe ser claramente entendido que estas reglas no confieren derechos ad-quiridos o legales (legal or vested rights) a ningún funcionario o em-pleado, y que ningún contrato, expreso o implícito, surgirá de las mismas, o por razón de cualquier expresión usada en ellas o acción tomada de acuerdo con ellas, y que cada pensión será concedida dis-ereeionalmente por la junta de directores, y continuada solamente por el tiempo que dicha junta crea propio.”

El fondo creado por el Banco no tiene otro propósito que la concesión de pensiones. Este es el único objetivo que se persigue. Los empleados y funcionarios que pagan sus cuo-tas, voluntaria o compulsoriamente, tienen derecho a esperar que el pago de las mismas originará alguna responsabilidad de parte de la institución que las recibe. Sin embargo, ban firmado un documento en virtud del cual la junta de direc-tores se reserva la facultad de conceder o negar pensiones a su arbitrio, haciendo constar que la aceptación de esta regia no crea vínculo jurídico alguno de carácter contractual ni confiere a los funcionarios o empleados un derecho adquirido (■vested right). Esto equivale a dejar el cumplimiento de lo acordado en dicho reglamento al arbitrio de la junta de directores. Los oficiales y empleados del Banco quedan real-mente a merced de dicha junta. Entre una y otra parte se advierte una desigualdad manifiesta. Las disposiciones del reglamento, de acuerdo con su sección tercera, son obligato-rias para todos los oficiales y empleados del Banco admitidos al fondo. El oficial o empleado lo acepta todo, los reglamen-tos existentes que ya conoce y los que desconoce también. puesto que en el documento que autoriza con su firma se im-pone la obligación de aceptar las reglas adoptadas y las que puedan adoptarse en el futuro. El Banco, por el contrario, a nada se obliga. Su junta de directores puede negar o con-ceder a su arbitrio la pensión de un empleado que fia satis-fecho puntualmente la cuota que se fija en el reglamento.

Convenimos en que la corporación demandada podría ejer-citar todas estas facultades si fuese de su exclusiva propie-dad el dinero destinado al fondo de pensiones; pero creemos que no puede hacerlo desde el momento en que los empleados contribuyen con una parte de su salario al fondo mencionado.

En el caso de McNevin v. Solvay Process Co., 32 App. Div. 610, confirmado por la Corte de Apelaciones de Nueva York, se trataba de un fondo establecido por la demanda para el beneficio de sus empleados, sin hacerles descuento alguno de sus salarios. El fondo fué voluntariamente creado por la demandada con dinero derivado de una parte de las ganan-cias de sus accionistas, que, a través de la corporación, re-nunciaron graciosamente a estas ganancias en beneficio de los referidos empleados. El Juez Follet, hablando a nombre de la corte en este caso, dice que una persona o corporación que se proponga dar una suma para el beneficio de otra persona o un número de personas, puede establecer las condiciones de su duración y las circunstancias bajo las cuales el derecho ha de convertirse en adquirido y absoluto. Claro está que estas condiciones se establecen cuando se trata de fondos propios. El caso es muy diferente cuando se paga una cuota para te-ner derecho a la pensión. Nadie dudará que cuando los em-pleados contribuyen a un fondo de pensiones creado para su beneficio, surge una relación contractual y se manifiesta la existencia de un derecho adquirido. El presente caso ofrece la particularidad de que los empleados aceptan que no hay derecho adquirido ni vínculo jurídico alguno, expreso o im-plícito, quedando a discreción de la junta de directores la concesión de pensiones, y esto por el tiempo que juzgue con-veniente. Una transacción como ésta, en que la parte, obli-gada a conceder la pensión adopta nn reglamento en virtud del cual no se confieren derechos ni se crean relaciones jurí-dicas a favor del empleado, adolece, a nuestro juicio, del vicio de nulidad. El fondo se crea con el único propósito de con-ceder pensiones. Es con este propósito que contribuye el empleado. No obstante, el reglamento desconoce a este em-pleado el derecho de exigir que se cumpla el propósito que determinó la creación del fondo. De modo que no se reco-noce obligación exigible a favor de los empleados, mientras la junta de directores se reserva la facultad de actuar a su arbitrio con respecto a la concesión de pensiones.

Aquí, no solamente el cumplimiento de la obligación se deja claramente al arbitrio de esta junta de directores, sino que se declara de una manera expresa que no hay vínculo ju-rídico que proteja los derechos del empleado. “ ‘Arbitrio,’ ” según Scaevola, “quiere decir facultad, libre albedrío, volun-tad, y aun capricho; ‘validez’, significa firmeza, subsistencia; y ‘cumplimiento’, ejecución, realidad, pudiendo considerarse tales elementos en esta nueva fórmula: ‘La efectividad de un contrato no puede quedar a la merced o mera voluntad de una de las partes.’ ”

Scaevola comenta el artículo 1256 del Código Civil, equi-valente al 1223 de nuestro código, comparándolo con precep-tos de la legislación francesa que, aunque no iguales, tienen bastante analogía con dicho artículo. El Código de Napo-león, en sus artículos 1170 y 1174, dice que condición potes-tativa es aquella que hace depender la ejecución del contrato de un acontecimiento que puede una de las partes realizar o suspender, y que es nula toda obligación contraída bajo condición potestativa respecto a la persona obligada. Los comentaristas franceses Dalloz y Laurent sostienen que lo potestativo se circunscribe al deudor, al obligado,, no siendo aplicable la invalidación de obligaciones cuando se refiere y mira al acreedor. Tratando este punto dice el comentarista Scaevola:

“Examinando el Código español, obsérvase que en el artículo 1115 Rabia, sí, unipersonalmente, sólo del deudor, mientras que en el 1256 lo Race con términos bipersonales dirigiéndose al arbitrio de uno de los contratantes, esto es, de cualquiera de ellos, con indistinción, lo que parece implicar referencia lo mismo al acreedor que al deudor.
“No Ray antagonismo entre uno y otro precepto; acontece, sí. que el 1256 es genérico, mucRo más abierto que el 1115, Rasta el punto, según creemos Raber ya dicRo, de Rallarse éste virtualmente compren-dido en aquél. ARora bien; en algunos contratos, Ray un solo deu-dor, mejor dicRo, queda obligada una sola de las partes; en tanto que en otros pueden quedar las dos, y en este caso el arbitrio referirse a cualquiera de ellas. Ejemplo: la compraventa, donde el vendedor viene obligado a la entrega de la cosa, y el comprador a la del precio; por lo que el señalamiento del precio no puede dejarse al arbitrio de cualquiera de ellos, según dispone el artículo 1449, fiel derivación o aplicación del 1256. El comprador y el v'endedor son recíprocamente acreedor y deudor, y, por consiguiente, no es lícito dejar al arbitrio de cualquiera de ellos la efectividad del contrato. Se alegará la obje-ción de que tratándose del precio, si se deja a la voluntad del ven-dedor, resulta éste acreedor de él; mas conviene no olvidar que nunca pierde su calidad de deudor, porque el precio es por la entrega de la cosa, representando ni más ni menos que la concreción del valor económico de ésta, su equivalente; teniendo así las dos partes una naturaleza mixta de que no pueden desprenderse, y que les hace pre-sentarse siempre frente a frente con la calidad de deudor.
“Una cosa- análoga pasa en el arrendamiento de servicios. Al con-tratar yo ’a una persona para utilizar su trabajo, cualquiera que sea la índole de éste, soy acreedor a la prestación de sus servicios, y, a la vez, deudor para con ella del precio, y ella viceversa para conmigo: acree-dor del precio y deudor de su esfuerzo intelectual o manual. Por virtud de esta mezcla de calidades, no puede quedar al arbitrio de cualquiera de los interesados la determinación del precio, o de otro elemento esencial del contrato, porque uno y otro ostentan en todo momento el carácter de deudor.
“Caso muy distinto es el del préstamo. En él Ray un acreedor y un deudor, sin mezcla alguna entre sí,' perfectamente deslindadas ambas cualidades, y el artículo 1256 sólo es aplicable en orden al se-gundo. ,¿Qué importa que el prestamista diga: ‘cobraré la cantidad entregada si quiero?’, A su arbitrio está siempre hacerlo: cobrar o no. Nadie ni nada, en lo jurídico, le impone ni exige el cobro; si lo estima conveniente, lo pide; y si no, no lo Race. Muy al contrario acontece con el prestatario; la entrega de la cantidad o préstamo lleva consigo fatal y forzosamente la obligación de restituirla; si en el con-trato se dice que ‘la devolverá si quiere’, no bay propiamente obliga-ción en sentido genuinamente contractual.
“Acontecería lo mismo en el caso de un censo consignativo en que se estipulase que el censatario ‘podría o no, a su voluntad, pagar la pensión.’ El censualista puede o no reclamar la pensión sin necesi-dad de estipularlo; en cambio se alteraba profundamente éste, de-jando a merced del censatario abonar o no el canon.” Scaevola, Co-mentarios al Código Civil, tomo 20, página 520.

Comentando el mismo artículo dice Manresa:

“Dos son, a nuestro juicio, los motivos de justicia que fundamen-tan l'a terminante prohibición contenida en el artículo de este comen-tario. Uno, la fuerza obligatoria del contrato, el otro está en la igual-dad esencial de los contratantes que impide quede uno sujeto al con-venio y el otro libre de él, con lo cual en rigor sólo habría una volun-tad expresada, un sujeto sometido y faltaría verdadero consenti-miento ...”

Entendemos que éste es uno de los casos comprendidos dentro del artículo 1223 del Código Civil. La junta de direc-tores es la llamada a conceder las pensiones, y no puede ser válida una cláusula que le reserva el derecho de disponer de las mismas a su arbitrio y determina expresamente la no existencia de vínculo jurídico. Lo irrazonable de esta cláu-sula salta a la vista cuando se piensa que los derechos de los empleados quedan en la incertidumbre aun cuando haya sur-gido el derecho para obtener la pensión por haber pagado sus cuotas durante el tiempo requerido por el reglamento y cum-plido con todos y cada uno de los requisitos convenidos. Para evitar estos casos es que el Código Civil dispone, en su ar-tículo 1223, que la validez y cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.