author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Benítez, acusado y apelante.
    No. 3167.
    Visto: Mayo 25, 1927.

      Resuelto: Junio 9, 1927.
    1. Derecho Penal — Evidencia-—Hechos en Controversia y Pertinentes a las Cuestiones Litigiosas (Issues) y Res Gestae — Prueba de Circunstancias ■Constitutivas del Delito (Res Gestae) — Manifestaciones de un Agredido. —Cuando las “ condiciones en que se encuentra el perjudicado por efecto de una herida reeibida son tales que no puede hacer manifestaciones algunas de los hechos ocurridos hasta el siguiente día de aquéllos, éstas son admi-sibles como parte del res gestae.

    15. Acometimiento y Agresión- — Responsabilidad Criminal — Proceso y Castigo • — Evidencia en General — Su Suficiencia — Condición de Varón Adulto, del Acusado.- — Si bien la mera apreciación personal del juez no es suficiente por sí para suplir la prueba positiva de la condición de varón adulto del acusado, cuando dicha apreciación no es el único medio que tuvo el juez para concluir la mayoridad del acusado, sino que ella está acompañada de la declaración de un observador capacitado sobre dicha edad, la prueba es suficiente especialmente cuando los testigos se refieren al acusado como señor.

    3. Acometimiento y Agresión — Responsabilidad Criminal — Proceso y Castigo —Apelación—Revocación—Motivos de Revocación — Su Suficiencia — Con-dición de Varón Adulto del Acusado. — La no existencia de prueba directa de que un acusado es un varón adulto no justifica una revocación cuando la prueba se refiere a él como de un hombre trabajador de ferrocarriles y no se levanta cuestión o controversia alguna sobre el particular.
    4. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Cuestiones Sobre las Pruebas — Apreciación de las Pruebas — Prueba Oontradicto-eia. — Cuando la prueba es contradictoria y nada hay que demuestra que el juez se equivocó o actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad al diri-mir el conflicto en contra del aeusado, procede confirmar la sentencia apelada.
    Sentencia de E. S. Mestre, J. (Aguadilla), condenando al acusado por delito de acometimiento y agresión grave.

      Confirmada.

      Federico Acosta Telar de, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fue convicto de acometimiento y agresión y la corte inferior le condenó a sufrir treinta días de cárcel.

Se imputa en la acusación al apelante que siendo un adulto (varón) voluntaria y maliciosamente y con inten-ción criminal, acometió y agredió con una piedra a un niño, produciéndole una herida en la pierna derecha.

El primer testigo de cargo lo fue Fernanda Santiago, quien declaró que su hijo sé le presentó “bañado en sangre” y que en seguida le preguntó “¿hijo, qué te ha pasado?” A esto hizo objeción el abogado defensor, ocurriendo el siguiente incidente, que ha sido objeto del primer señalamiento de error:

“Abog. — Me opongo a eso. Juez. — Lo que sea de referencia, no. F. — Lo que sepa solamente. T. — Sé que el señor éste me le dió la pedrada. F. — ¿Ud. lo vio? T. — No, pero mi hijo . . . Juez.' — ■ ¿Cuánto tiempo después de recibir la pedrada le dijo eso su hijo? T. — Al otro día, si él se puso gravísimo, no podía hablar ni nada. Juez. — La Corte admite la pregunta por ser parte del res gestae. Abog. — Tomo excepción.”

La testigo continuó declarando, diciendo que su hijo no pudo hacerle tales manifestaciones hasta el día siguiente porque “llegó muy malo cuando le trajeron a curar, de tanta sangre que botó,” y bajo las circunstancias, o sea, las condiciones en que se encontraba el niño por efecto de la herida, no puede sostenerse que la corte erró al per-mitir que la testigo repitiera las manifestaciones que le hiciera su hijo al siguiente día de ocurrir los hechos. Véase El Pueblo v. Calventy, 34 D.P.R. 390. Además, si hubiera habido error no hubiera sido perjudicial porque el niño Efraín Santiago, de ocho años de edad, declaró y re-firió que mientras trataba de coger una caña de un vagón situado en la estación de Aguadilla, el acusado le tiró con una piedra, causándole una herida en la pierna derecha.

El segundo motivo de error se refiere a que tratándose de un delito de acometimiento y agresión grave no se ha probado la condición de varón adulto del acusado, o sea la de tener veintiún años de edad.

El fiscal, para probar ese extremo, ofreció el testimonio del secretario de la corte de distrito, Andrés Méndez Li-ciaga, de 48 años de edad, quien manifestó que no conoce al acusado pero que por su aspecto podía tener 25 ó 26 años de edad. La corte dijo también que el aspecto del apelante acusaba una edad mayor de veintiún años.

Esta prueba fué objetada por el apelante, aduciendo dos razones. La primera, porque la mejor prueba era la partida de nacimiento del acusado, y segundo, porque el testigo no está capacitado para declarar sobre la edad del acusado.

Ciertamente que por esta corte se ha declarado, si-guiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Texas y de cuyo estado parece haberse tomado la ley actual so-bre acometimiento y agresión grave, que no existiendo prueba positiva de la condición de varón adulto del acu-sado, no se puede suplir dicha prueba con la mera apre-ciación personal del juez. Sin embargo, las cuestiones le-vantadas por el apelante fueron discutidas en el caso de El Pueblo v. Hernández, 34 D.P.R. 324, donde examinán-dose otros casos, esta corte dijo:

“Para probar un acometimiento y agresión grave cometido por un hombre contra una mujer, era necesario demostrar que el acu-sado tenía más de 21 años de edad. Para establecer esta conclusión el fiscal ofreció la declaración de dos testigos tendente a acreditar que cada uno de ellos babía conocido al acusado desde hacía diez o quince años, en cuya fecha el referido acusado tenía edad sufi-ciente para usar pantalones largos; que á juzgar por el conoci-miento que tenía del acusado y la apariencia de este último, él debió haber tenido alrededor de 36 años de edad en la fecha de- la celebración del juicio y que un hombre de su apariencia y caracte-rísticas tenía que ser mayor de 21 años de edad.
“El acusado se opuso a la presentación de esta evidencia, pri-mero, por el fundamento de que no era la mejor prueba; que una certificación del Registro Civil sería la mejor prueba de la edad del acusado. En el caso del Pueblo v. Buiz, 31 D.P.R. 312, resolvimos que la declaración de un médico era admisible para demostrar que un acusado tenía más de 21 años de edad cuando ese hecho era tan aparente que no solamente un perito, sino hasta cualquier testigo podía declarar sobre dicho hecho. Sostuvimos que el artículo 320 se refería al estado civil y no era obstáculo para probar que un hombre tenía más de 21 años de edad cuando no estaba envuelta la cuestión de su estado civil.
“El artículo’ 320 del Código Civil además prescribe lo siguiente:
“ ‘Artículo 320. — Las actas del registro serán la pjraeba del estado civil, la cual sólo podrá ser suplida por otras en el caso de que no hayan existido aquéllas o hubiesen desaparecido los libros del registro, o cuando ante los tribunales se suscite una contienda.’
. “En el caso de Assise v. Curet, 22 D.P.R. 555, la objeción en cuanto a la mejor prueba no fué presentada en la corte inferior. Sin embargo, cuando la cuestión se suscitó resolvimos, emitiendo la opinión del tribunal el Juez Presidente Sr. Hernández, que los tér-minos del artículo 320 no eran aplicables cuando el estado civil (status) era el asunto en controversia. En relación con la misma cuestión está el caso de El Pueblo v. Díaz, 19 D.P.R. 520.
“Si bien en el caso del Pueblo v. Ortiz, 29 D.P.R. 746, sostu-vimos que la corte por una mera inspección no tenía ningún derecho a condenar, la teoría fué que debe presentarse alguna prueba aun cuando si, como se sugiere, el juez declara como testigo. En el presente caso el acusado fué confrontado con los testigos en su contra, quienes prestaron declaraciones basadas en.la experiencia y la opinión.
“A un observador capacitado puede permitírsele expresar su opinión en cuanto a la edad de los seres humanos, sean ellos adultos o niños de corta edad. 22 Corpus Juris, 560, notas 43 y 44; People v. Bond, 13 Cal. A., 175, 191, 109 Pac. 150; Wigmore on Evidence secciones 222, 227, 660.
“El caso de El Pueblo v. Lebrón, 23 D.P.R. 658, fué uno en el cual la carrera del acusado con otro chauffeur causó el accidente. Se resolvió que los testigos podrían declarar con respecto al acto de correr en porfía y que tal declaración no era una mera con-clusión.”

No podemos.decir que en este caso la apreciación personal del juez inferior y que se hizo constar en los autos era el único medio que tuvo el juez para llegar a la con-clusión de que el acusado era mayor de veintiún años de edad. La declaración de Andrés Méndez Liciaga fué una base para darle valor legal a tal apreciación. La prueba del secretario, como la de un testigo cualquiera, no puede sostenerse que fuera inadmisible. No es necesario estar uno dotado de conocimientos especiales para apreciar la edad aproximada que por su aspecto físico puede tener una persona. Si se tratase de fijar la edad exacta, claro es que a falta de datos más precisos habría que acudirse al conocimiento técnico de personas que por su profesión puedan determinarla y aun así una fijación matemática sería casi imposible. A medida que se entra en años, una persona lleva en su aspecto la edad aproximada que re-presenta y mi testigo con la sola experiencia de los años puede ser un testigo competente para declarar sobre la edad de una persona. En este caso el testigo Méndez Li-ciaga, de 48 años de edad, estaba en condiciones de decla-rar si el acusado era mayor de 21 años, y declaró que por su aspecto el acusado debía tener 25 ó 26 años. Este fué un medio que sirvió al juez para darle un valor legal a su apreciación, la que hizo constar en los autos.

Además, en este caso existe la circunstancia de que al-gunos de los testigos de cargo al señalar al acusado usa-ban la palabra “señor.”

Parece que aun cuando no exista prueba directa en la manifestación de hechos de que el acusado es un varón adulto, pero se halla que al referirse a él se habla de mi “hombre” “trabajador de ferrocarriles” y no se levanta cuestión o controversia alguna sobre el particular, no debe revocarse el caso por falta de prueba específica a ese efecto. 11 S. W. 672.

Siguiendo el mismo razonamiento y bajo las circuns-tancias que el acusado en el presente caso era un traba-jador en el ferrocarril como celador de vagones cargados de cañas, tal vez la palabra “señor” en su definición es igual o de más fuerza su aplicación, como indicación o in-dicio para ser apreciado por el juez. En el lenguaje co-rriente el uso del vocablo se aplica a personas mayores de edad. T su raíz viene del latín seniore, abl. de senior; de senex, anciano; de seneo, envejecer; del gr. henos, an-tiguo; del sanser, sanas, viejo. Diccionario de la Lengua Española, Navas y Rodríguez, pág. 1304.

El último señalamiento de error discute la apreciación de la prueba. Pero ésta fué contradictoria y nada encontramos que el juez sentenciador estuviese equivocado o actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad al dirimir el conflicto en contra del acusado.

Por todo lo expuesto debe confirmarse la sentencia ape-lada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob Aldbey,

license: Public Domain

text:
    Manuel Mendía Morales, demandante y apelante, v. Juan B. Arsuaga, Miguel Mocoroa Arsuaga, Ceferino Arsuaga Peñagarícano, Eugenio Murua Peñagarícano, José María Arsuaga Beraza, Juan José Arsuaga Beraza, Rosario Dabán, Sucesión de Pedro Arsuaga Beraza, Enrique Adsuar, “Sobrinos de Ezquiaga Inc.”, y Sobrinos de Ezquiaga S. en C., demandados y apelados.
    No. 4141.
    Visto: Noviembre 8, 1926.

      Resuelto: Junio 9, 1927.
    Apelación, y Erbor — Desestimación, Retiro y Abandono — En General. — No procede desestimar una apelación contra resolución denegatoria de un injunction -pendente lite porque el apelante, en su alegato, trate cuestiones que no son para resolverse en ella, especialmente, cuando en la sentencia final, tales cuestiones levantadas como fundamentos de desestimación pueden conside-rarse en mejores condiciones que en una moción de desestimación.

      MooióN sobre desestimación de apelación, interpuesta ésta contra resolución de Pablo Berga, J. (San Juan), en pleito sobre injunction y nombramiento de síndico

      No ha lugar.

      O. B. Frazer, B. Castro Fernández y Tomás Bernardina, abogados del apelante; J. Texidor y De la Torre & Ramírez, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señob Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Don Manuel Mendía Morales, que es uno de los socios gestores de la mercantil Sobrinos de Ezquiaga, S. en C., demandó a todas las otras personas que constituyen esa sociedad, a algunos de ellos también como incorporadores de Sobrinos de Ezquiaga, Inc., y a Don Enrique Adsuar y solicitó de la corte de distrito, entre otras cosas, que li-brase auto de injunction pendente lite contra Sobrinos de Ezquiaga, Inc., y contra Don Enrique Adsuar y que nom-brase uno o más síndicos que se encargasen de los nego-cios de la mercantil Sobrinos de Ezquiaga, S. en C., y los continuase como un negocio en pie basta liquidar y dis-tribuir su capital bajo la dirección de la corte.

Por resolución de 2 de agosto de 1926 la corte se negó a expedir los autos de injunction solicitados y declaró con lugar la petición sobre nombramiento de síndicos pero con el carácter de liquidadores, para administrar únicamente el caudal común y percibir los créditos de la compañía, extinguir las obligaciones contraídas de antemano según vayan venciendo, y realizar las operaciones pendientes basta la liquidación definitiva y división de baber social conforme a las disposiciones del Código de Comercio.

Por otra resolución de 7 de agosto de 1926 la corte bizo el nombramiento de dos síndicos liquidadores, siendo uno de ellos Don Enrique Adsuar.

Contra la resolución de 2 de agosto de 1926 en cuanto niega el injunction solicitado y concede sólo facultades li-mitadas a los síndicos que sean nombrados, y contra la resolución de 7 de agosto de 1926 nombrando síndico li-quidador a Don Enrique Adsuar, interpuso el demandante este recurso de apelación.

Antes de ser presentado el alegato del apelante para sostener su recurso de apelación nos pidieron los apela-dos el 26 de octubre de 1926 que la desestimáramos por-que indebida e innecesariamente se ban mezclado dos ape-laciones y porque la resolución de 7 de agosto de 1926 que bace mención al nombramiento de una persona como síndico y a la limitación de sus facultades como tal, así como la resolución de 2 de agosto en cuanto concede fa-cultades limitadas á los síndicos son apelaciones arbitra-rias porque no son apelables. Esa moción la resolvimos el 15 de noviembre siguiente desestimando la apelación in-terpuesta contra la resolución de 7 de septiembre, 1926 (debió decir 7 de agosto, 1926) y declarándola sin lugar respecto a la orden de 2 de agosto de 1926, en cuyo particular dejamos en pie el escrito de apelación.

Después el apelante nos ba presentado su alegato adu-ciendo tres motivos de error que podemos concretar así: 1“, al declarar la corte inferior que no procede el nombra-miento de síndico en la forma solicitada por el deman-dante para continuar los negocios de Sobrinos de Ez-quiaga, S. en C., como un negocio en pie, y baber dispuesto el nombramiento de síndicos liquidadores para la liquida-ción definitiva de esa sociedad; 29, por baber negado el injunction solicitado contra Don Enrique Adsuar y por igual negativa del pedido contra Sobrinos de Ezquiaga., Inc.

En vista de ese alegato nos piden los apelados que desestimemos la apelación porque se discute en primer término que la corte erró al declarar que no procedía el nombramiento de síndico en la forma solicitada por el demandante, o sea, la negativa de un nombramiento de síndico, cuestión que no es apelable, y porque en el alegato se incluye materia que no fué objeto de apelación, cual es que la corte cometió error al declarar y poner a la mer-cantil Sobrinos de Ezquiaga, S. en O., en liqnidación, y porque en el segundo motivo de error el apelante insiste en tratar del nombramiento de Don Enrique Adsuar, yendo contra la ley y la jurisprudencia.

Como la apelación del demandante contra la resolución de 2 de agosto de 1926 no puede ser desestimada porque en ella se niegan los injunctions que solicitó contra Don Enrique Adsuar y contra Sobrinos de Ezquiaga, Inc., y tales negativas son apelables de acuerdo con el artículo 295, No. 3, del Código de Enjuiciamiento Civil, desesti-maremos la moción de los apelados aunque el apelante trate en su alegato cuestiones que quizás no deban ser re-sueltas en apelación, pues preferimos dejar la cuestión de si se apela del nombramiento de síndicos o si no se trata de esto, como sostiene el apelante, sino de algo más fundamental como el haberse decretado que sea liquidada la mercantil Sobrinos de Ezquiaga, S. en C., ya que en la sentencia final podremos considerar tales cuestiones en me-jores condiciones que en una moción de desestimación.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    Suau Hermanos, demandantes y apelantes, v. Fidel Gerena, como defensor de la menor María Eladia González, y Bartolo Suau, demandados y apelado el primero.
    No. 3943.
    Visto: Febrero 9, 1927.

      Resuelto: Junio 14, 1927.
    1. Embargos — Exclamaciones por Terceras Personas — Tercerías—Cuestiones a Discutir y Resolver. — La tercería es procedimiento adecuado para dis-cutir el título sobre la propiedad embargada.
    2. Embargos — Reclamaciones por Terceras Personas — Tercerías—Proceden-cia del Remedio. — Cuando el tercerista presenta un caso prima facie a su favor y el que obtuvo el embargo no aporta prueba ni contradice la del tercerista, la tercería debe declararse con lugar.
    3. Sociedades — Derechos y Responsabilidades en Cuanto a Terceras Perso-nas — Acciones por o en Contra de las Firmas o los Socios — Embar-gos — Bienes Sujetos a Embargos — En General. — Cuando trabado embargo sobre unos bienes y entablada tercería, de las alegaciones del propio deman-dado surge el hecho de que el demandado en la acción principal tendría, de no ser el dueño, un derecho indeterminado en ellos como socio de una firma en cuya posesión se embargaron aquéllos, tal derecho no puede tomarse como base para sostener un embargo positivo sobre bienes de dicha sociedad.

      SENTENCIA de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), declarando sin lugar demanda con costas y honorarios de abogado.

      Revocada.

      José Z>. Rodríguez, abogado de los apelantes; García Méndez & García Méndez, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Fidel Gerena, como defensor de la menor María Eladia González, solicitó y obtuvo el embargo de cien sacos de café como de la propiedad de Bartolo Suau. Suau Her-manos, sociedad mercantil de Lares, inició entonces este procedimiento de tercería reclamando como suyos los bie-nes muebles embargados.

Surgieron varios incidentes que es innecesario examinar abora, celebrándose finalmente el juicio bajo la base de una estipulación en la cual se bizo constar lo que sigue:

“4. Que Suau Hermanos presentó un juramento sobre tercería y mediante prestación de fianza consiguió que el Márshal devol-viera dichos cien sacos de café que fueron valorados por el Márshal de la Corte en $2,397.00. Habiéndose hecho el embargo de dichos bienes muebles de acuerdo con la ley sobre aseguramiento de sen-tencias.
“5. Que la Corte ordenó que el asunto fuera presentado por escrito, formulándose las alegaciones por la parte demandante y por el demandado Fidel Gerena.
“6. Que Pedro Suau y Bartolo Suau eran en la fecha de dicho embargo o sea en 12 de febrero de 1925 y continúan siendo ahora socios gestores de la mercantil Suau Hermanos.
“7. Las partes admiten que Pedro Suau, gestor de Suau Her-manos declararía en corte abierta que los cien sacos de café em-bargados por el Márshal en virtud de la orden de embargo de refe-rencia, son de la única y exclusiva propiedad de Suau Hermanos, sin que Fidel Gerena como defensor de la menor María Eladia González o Bartolo Suau tengan ningún derecho a dicho café em-bargado por haberlo adquirido Suau Hermanos en el curso general de los negocios mercantiles.”

Fidel Gerena no aportó prueba y antes, al formular el derecho de su representada por escrito, lo bizo en los siguientes términos:

“Por falta de información niega que los cien sacos de café embargados sean de la única y exclusiva propiedad de Suau Her-manos ni que ellos pertenezcan en forma alguna, ni en todo ni en parte a Suau Hermanos, ni que Suau Hermanos los baya adquirido en el curso general de los negocios mercantiles de dicha sociedad, .ni en forma alguna, todo esto también por falta de información; negando que Fidel Gerena como defensor de la menor María Eladia González o Bartolo Suau no tengan ningún derecho- al café embar-gado; y alega además el demandado compareciente por informa-ción y creencia, que en la hipótesis de que Suau Hermanos sea la dueña del café embargado, el demandado Bartolo Suau como socio de Suau Hermanos tiene un título, derecho e interés indeterminado en los bienes embargados.”

Así las cosas la corte de distrito declaró sin lugar la demanda de tercería. De la opinión que emitiera para fundar su sentencia transcribimos lo que sigue:

“La Corte, después de pesar cuidadosamente los méritos de.la estipulación presentada en armonía con la declaración aportada por Pedro Suau, no ha quedado satisfecha de que en el café embargado no tenga interés Bartolo Suau; y por el contrario resulta bien claro que Bartolo Suau tiene un interés en el mismo como socio de la mercantil Suau Hermanos.
“Independientemente de este hecho, no ha quedado plenamente establecido que Suau Hermanos sea la dueña exclusiva de dichos bienes, o sea dueña con exclusión de cualquier derecho de Bartolo Suau; y además la Corte no está convencida de que sea éste el procedimiento para discutir el título sobre dicho café, atendida la circunstancia del caso.”

No conforme el tercerista apeló para ante esta Corte Suprema, señalando en su alegato la comisión de cinco errores. Sólo será necesario que consideremos tres.

No podemos aceptar como bueno el criterio del juez sentenciador en cuanto a que el procedimiento de tercería no era el apropiado para discutir el título sobre el café embargado. Esa era en verdad la única cuestión a discutir y a resolver. El café se embargó como de la propiedad de Bartolo Suau. La sociedad mercantil Suau Hermanos pidió que el embargo se anulara porque el café le pertenecía.

Tampoco podemos aceptar como bueno el criterio del juez sentenciador al apreciar la prueba. No debe perderse de vista que se trata de nn caso de bienes muebles.

La estipulación tiene más alcance que el que le concedió la corte. El Lecho de haberse embargado el café en pose-sión de Snan Hermanos y la declaración del socio Pedro Snan, muestran nn caso prima facie en favor del terce-rista. Y no habiendo la parte que obtuvo el embargo pre-sentado prueba alguna, ni siquiera contradicho la declara-ción de Pedro Suau, la tercería debió haberse declarado con lugar.

Que la parte que solicitó el embargo no tenía completa seguridad de que el café pertenecía a Bartolo Suau individualmente, se deduce de su propia alegación escrita dentro del procedimiento de tercería al sostener que en todo caso Bartolo Suau tendría un derecho indeterminado sobre los bienes embargados como socio de Suau Hermanos. Y al tomar como base ese derecho indeterminado para sostener un embargo positivo sobre bienes determinados de la sociedad, no hay duda alguna que también erró la corte sentenciadora. El embargo se practicó sacando el café del poder de Suau Hermanos y depositándolo en el de otra persona.

La parte apelante cita y es de aplicación el siguiente párrafo de la opinión de esta corte en el caso de Quintana Hermanos y Co. v. S. Ramírez y Co. et al., 22 D.P.R. 761, 770. Dice así:

“La sociedad es una persona jurídica distinta de las personas naturales de los socios que la forman. Tal persona jurídica tiene, de acuerdo con la ley, sus. derechos y sus obligaciones y uno de esos derechos consiste en adquirir, poseer y disfrutar bienes materiales. Los bienes adquiridos por la sociedad a la sociedad pertenecen y no ■ individualmente a ninguno de los socios. Los socios tienen un interés en el capital social, pero tal interés sigue el destino de la sociedad. Sólo cuando ésta se disuelva y liquide, es que los socios adquirirán individualmente para sí lo que les corresponda.”

Un caso que guarda relación con éste fué resuelto hace unos días, el de Perales v. Sampayo, 36 D.P.R. 897, que debe consultarse.

Por virtud de todo lo expuesto, procede la revocación de la sentencia recurrida, dictándose otra declarando con lugar la tercería, sin especial condenación de costas.


author: El Juez PkesideNte Señor del Tobo,

text:
    Mercedes Figueroa Rodríguez y su esposo, Rafael L. Castellón, demandantes y apelados, v. Pedro Rafael Ramírez, demandado y Daniel Buonomo López, requerido de pago y apelante.
    No. 4127.
    Visto: Febrero 11, 1927.

      Resuelto: Junio 14, 1927.
    1 Hipotecas — Interpretación y “Operation”- — Partes y Deudas o Responsa-bilidades que Asegura — En General. — En el procedimiento sumario ejecu-tivo hipotecario, los ejecutantes sólo pueden reclamar, en perjuicio de tercero, aquello que resulte del registro.
    2. Hipotecas — Interpretación y ‘ ‘ Operation ’ ’■ — Partes y Deudas o Responsa-bilidades que Asegura — Intereses Sobre el Capital. — Una hipoteca cons-tituida a favor de un crédito que devengue interés, asegura eon perjuicio de tercero, además del capital, los intereses de los dos últimos años transcurridos y la parte vencida de la anualidad corriente.
    3. Hipotecas — Ejecución de Hipotecas — Honorarios y Costas — Costas del Procedimiento en General — Ejecución de Dos Créditos Hipotecarios en un Sólo Procedimiento. — Cuando dos contratos de hipoteca inscritos fijan para el cobro por la vía judicial, cada uno, una cantidad para costas, gastos y honorarios de abogado, el que el acreedor siga un solo procedimiento al ejecutar ambos créditos no le impide el percibir las cantidades que, para tales fines, se fijaron en dichos contratos.
    4. Subrogación — Suficiencia del Pago Hecho para Cubrir la Deuda o Gravamen — Acreedor Hipotecario que se Subroga en la Posición de Otro que Ejecuta su Crédito. — Un acreedor hipotecario que aspira a subrogarse en la posición de otro que ejecuta sumariamente su crédito, debe eúbrir en su oferta y sus hechos lo más que pudiera corresponder al subrogado.
    Resolución de Gabriel Gastejón, J. (Iíumacao), en incidente so-bre consignación y subrogación en procedimiento ejecutivo hipo-tecario declarando sin lugar la consignación y moción de subro-gación.

      Confirmada.

      Daniel Buonomo compareció por escrito; Julio Reguero González, abogado de los apelados.
   El Juez PkesideNte Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Mercedes Figueroa y Rodríguez y su esposo Rafael L. Castellón iniciaron en la Corte de Distrito de Humacao un procedimiento ejecutivo hipotecario para el cobro de dos deudas, sus intereses y costas, garantizadas con hipoteca constituida por el deudor Pedro Rafael Ramírez sobre cierta finca situada en Caguas.

Se ordenó el requerimiento del deudor y la notificación de Daniel Buonomo que, según el registro, tenía constituida a su favor una tercera hipoteca sobre la misma finca.

Hechos el requerimiento y la notificación, compareció Buonomo, consignó en la secretaría la suma de 786 dólares y 50 centavos para pagar sus créditos a los ejecutantes y pidió que se tuviera por bien hecha la consignación y que continuara el procedimiento a su nombre como subrogado en los derechos de los dichos ejecutantes.

Según el escrito inicial, se reclaman 650 dólares como principal, 160 dólares y 18 centavos de intereses vencidos al tipo convenido del uno por ciento mensual y 200 dólares para costas, gastos y honorarios de abogado, o sea en junto $1,010.18.

Buonomo consignó como hemos dicho $786.50 porque sos-tiene que los ejecutantes sólo tienen derecho a reclamar en perjuicio de tercero $36.50 de intereses y $100 de costas.

La corte decidió en contra de Buonomo, y, en parte, dijo:

“Toda vez que de los títulos hipotecarios, así como de las ins-cripciones de las hipotecas en el Registro de la Propiedad aparece que los intereses fueron convenidos a partir de la fecha del con-trato de hipoteca, hasta su total reintegro, entendemos que no procede computar los mismos únicamente durante la vigencia del préstamo, sino hasta el total solvendo de la deuda.
“En cuanto a la suma fijada para honorarios de abogado y costas, somos de opinión, que la cantidad consignada es insuficiente para cubrir costas y honorarios de abogados, a pesar de haberse acumulado en un solo procedimiento ambas hipotecas.”

No conforme Buonomo interpuso el presente recurso se-ñalando la comisión de dos errores.

Sostiene el apelante, y estamos con él enteramente conformes, qne sólo pueden reclamar los ejecutantes en perjuicio de tercero aquello que resulte del registro.

A la luz de ese principio veamos si existe aquí el dere-cho a reclamar $160.18 de intereses vencidos y no pagados o solamente $36.50.

Por la primera escritura de hipoteca otorgada el 8 de febrero de 1923 el deudor se comprometió a pagar $400 el 8 de agosto del mismo año, y por medio de la segunda, otor-gada el 8 de marzo de 1923, se obligó a satisfacer $250, tam-bién el 8 de agosto del propio año.

El apelante sostiene que sólo pueden reclamarse en per-juicio de tercero los intereses hasta la fecha del venci-miento.

¿ Qué fué lo pactado y hecho constar en el registro ? Con-testa la pregunta la certificación expedida por el registra-dor de la propiedad acompañada a la propia moción del apelante, así: Refiriéndose al préstamo de $400, “Dicha suma prestada desde la fecha de la escritura hasta su total reintegro devengará el interés del uno por ciento mensual pagadero a la acreedora en su domicilio por mensualidades vencidas. A la seguridad del pago de los cuatrocien-tos dólares, capital del préstamo, de los intereses correspon-dientes al tipo indicado y de cien dólares para costas, gas-tos y honorarios de abogado, .... constituye hipoteca vo-luntaria sobre el solar y casa descritos, . . . .” Las itáli-cas son nuestras. T de igual modo se registró la segunda transacción.

La cuestión suscitada la resuelve la misma Ley Hipote-caria. Su artículo 114 dice:

“La hipoteca constituida a favor de un crédito que devengue interés, no asegurará con perjuicio de tercero, además del capital, sino los intereses de los dos últimos años transcurridos y la parte vencida de la anualidad corriente.”

Y una simple operación aritmética como indican los ape-lados demuestra que lo que ellos reclamaron fué los intere-ses vencidos y no pagados correspondientes a dos años y a la anualidad corriente, ejercitando el derecho que de con-suno le concedían su contrato, el registro y la ley.

La segunda contención del apelante es la de que habiendo los ejecutantes seguido un solo procedimiento no tenían derecho a percibir más de cien dólares para costas gastos y honorarios de abogado.

La falta de razón del apelante es clara. Los contratos y el registro hablan por sí mismos y ellos fijan para el co-bro por. la vía judicial de cada suma, cien dólares. Y una persona que aspira a subrogarse en la posición de otra debe cubrir con su oferta y sus hechos lo más que pudiera co-rresponder al subrogado.

La apelación carece de mérito alguno y debe en tal vir-tud declararse sin lugar, confirmándose la resolución recu-rrida.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Mary W. Ramírez y su esposo Dr. T. Ramírez Cuerda, demandantes y apelantes, v. Caribbean Casualty Co., demandada y apelada.
    No. 4112.
    Visto: Febrero 18, 1927.

      Resuelto: Junio 14, 1927.
    1. Lugar del Juicio (Veime) — Cambio del Venue o del Lugar del Juicio — ■ Allanamiento a Solicitud de Traslado — Renuncia.—El que un deman-dante se allane a un traslado basado en la residencia del demandado en otro distrito, no implica una renuncia de aquél a solicitar el traslado al primi-tivo distrito por la conveniencia de los testigos.
    2. Lugar del Juicio (Verme) — Domicilio o Residencia de las Partes — Derecho de los Demandados — En General. — -El derecho a que los pleitos se vean en el distrito de la residencia del demandado, queda sujeto a la facultad de la corte para cambiar el lugar del juicio por algunas de las causas espe-cificadas en el artículo 83 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    3. Lugar del Juicio (Venue) — Cambio del Venue o del Lugar del Juicio— Cambio Fundado en la Conveniencia de los Testigos — En General.— Cuando los affidavits de la parte que solicita el traslado muestran un caso claro que justifica el cambio por el fundamento de la conveniencia de los testigos y no hay hecho o razón presentados en oposición a la solicitud, no hay base para el ejercicio de la discreción y el traslado debe decretarse.

      RbsoluoiÓN de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), declarando sin lugar moción de traslado.

      Revocada.

      J. Alemañy Sosa, abogado de los apelantes; Jaime Sifre Jr., Horacio Franceschi y Diego O. Marrero, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Mary W. Ramírez y sn esposo el Dr. T. Ramírez Cnerda demandaron a la Caribbean Casualty Co., en la Corte de Distrito de Mayagüez, con motivo de ciertas responsabili-dades provenientes de una póliza de seguro de automóvil.

La demandada excepcionó la demanda y solicitó el tras-lado del pleito a San Juan, lugar de su domicilio. Se alla-naron los demandantes y el traslado fué decretado.

Radicados los autos en San Juan, la demandada con-testó la demanda alegando como materia nueva constitu-tiva de oposición y defensa, en resumen, que no estaba obligada por la póliza que expidiera porque el automóvil en el momento en que ocurrió el accidente origen de la reclamación, no se estaba usando para fines particulares sino para fines profesionales. La defensa se basa en la siguiente cláusula que se hizo formar parte del contrato de seguro:

“En consideración de lo reducido del premio a que se ha hecho esta póliza, el' asegurado hace constar (y la compañía acepta como cierta esta declaración) que los automóviles cubiertos por la pó-liza son y serán usados solamente para fines particulares. Por 'fines particulares’ se entenderá el uso personal del automóvil para el placer propio y de la familia del asegurado, excluyendo el uso regular y frecuente del automóvil para hacer visitas de negocio o profesionales y exehjyendo el empleo del automóvil para la entrega de mercancías.”

Así las cosas los demandantes presentaron una moción a la Corte de Distrito de San Juan solicitando el traslado del pleito a la Corte de,Distrito de Mayagüez, basándose en la conveniencia de los testigos. Acompañaron a la mo-ción un affidavit de méritos que cumple con todos los re-quisitos técnicos exigidos por la ley y la jurisprudencia relativos a la existencia de una buena causa de acción y otras formalidades, y expone que sus testigos serán el Dr. Frank R. Rivera, don Rafael Mangual y el secretario de la corte de distrito. En el affidavit se consigna además que el accidente origen de la reclamación ocurrió dentro del distrito judicial de Mayagüez, se narra lo que se in-tenta probar por medio de cada uno de los testigos resi-dentes en dicho distrito y se consignan las razones que dificultarían la comparecencia de los dichos testigos fuera del distrito en que residen.

Después del affidavit aparece en la transcripción una orden que copiada a la letra dice así:

“La Corte por la presente, declara sin lugar en todas sus partes» la moción de traslado presentada por los demandantes.”

Siguen la notificación de apelación y la certificación de la transcripción. Nada más existe.

En su alegato la parte apelante sostiene que la corte de distrito abusó de su discreción al negar el traslado. Se basa para ello en que presentó un caso prima facie bueno, en que la otra parte no radicó oposición escrita, y en que parece que la Corte de Distrito de San Juap. resol-vió el caso en la forma que lo hizo porque “prestó aten-ción y se dejó guiar erróneamente por el argumento de la parte demandada de que al nosotros allanarnos a su mo-ción de traslado en la Corte de Distrito de Mayagüez por motivo de su, residencia, estábamos impedidos de solicitan el traslado por la conveniencia de los testigos.”

La parte demandada presentó un amplio alegato en pro de la resolución apelada. Admite que no presentó oposi-ción escrita, pero sostiene que compareció al acto de la vista de la moción y se opuso a la solicitud. Pasa por alto lo dicho por la parte apelante con respecto a su informe acerca de que dicha parte estaba impedida a virtud de su allana-miento a la primera moción y dirige su argumentación a sos-tener, l9, qne tenía derecho absoluto a qne el pleito se viera en San Juan, lugar de su residencia, y por tanto que la solicitud debió desestimarse de plano, y 29, que en el caso de que dicba petición pudiera ser considerada, su resolución dependía de la discreción de la corte y también debía deses-timarse porque no se babía demostrado que la corte abusara de su poder discrecional.

Parece conveniente comenzar diciendo que el becbo de que un demandante se allane a una solicitud de traslado presentada por el demandado basada en su residencia en otro distrito, no implica una renuncia por parte del demandante a solicitar en su día el traslado al primitivo distrito en que se presentó la demanda si la conveniencia de los testigos y la justicia así lo requirieren. Esto es tan claro que no exige argumentación alguna. Como cuestión de derecho un demandado puede pedir que el pleito se vea en el distrito de su residencia. ¿A qué oponerse? Pero si después, cuando se traba la contienda sobre los becbos a virtud de la contestación, surge la cuestión de la conveniencia de los testigos que deben declarar en el juicio, dicba cuestión puede ser levantada y servir de base a otra petición de traslado basada en una causa distinta. Y no se diga que los demandantes pudieron oponerse alegando desde el primer momento la conveniencia de los testigos. Si así lo hubieran becbo, su actuación hubiera resultado prematura y sin base, porque la petición de traslado de la demandada se archivó antes de su contestación. Sánchez v. Atlas Commercial Co., 27 D.P.R. 61, Torres et al. v. Torres et al., 16 D.P.R. 352.

Ya demasiado lejos la demandada al sostener la improcedencia absoluta de la solicitud de traslado de los demandantes. Es cierto qne la ley concede un derecho claro, indiscutible a que los pleitos se vean en el distrito de la residencia del demandado con excepción de los casos que la misma ley especifica y que éste no es uno de esos casos especificados, pero todo está siempre sujeto, de acuerdo también con la ley, a la facultad de la corte para cambiar el lugar del juicio por alguna de las causas especificadas en el art. 83 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Es una regla bien establecida que cuando se solicita el traslado basándose en la conveniencia de los testigos y en los fines de la justicia, la decisión es discrecional. Recientemente tuvo esta corte oportunidad de aplicar esa regla. Véase el caso de Abraham v. Pierluisi, 36 D.P.R. 58.

Pero en dicho caso no sólo se opuso la parte contraria sino que alegó que la conveniencia de sus testigos exigía que el pleito se viera en el lugar en que se había radicado la demanda, expresando quiénes eran los testigos, sobre qué versarían sus declaraciones y los motivos que dificultaban su salida fuera del distrito. El juez pesó las alegaciones de una y otra parte y tuvo en cuenta las circunstancias con-currentes y no habiéndose demostrado que abusara de su ■ discreción esta corte confirmó su decisión.

Aquí la parte sólo se opuso oralmente y hemos tenido ocasión de ver cuán exagerado es el concepto que de su derecho tiene. De paso en su alegato indica que la conve-niencia de sus testigos se beneficiaría con la celebración del pleito en San Juan. No especifica de cuáles testigos intenta valerse ni qué declararían esos testigos como hicieron los demandantes y un examen tanto de la demanda como de la defensa alegada parece indicar que si algún testigo puede presentar la demandada para probar dicha defensa, dicho testigo residirá probablemente también en Mayagüez.

Según se expresa en el affidavit de méritos no sólo resi-den en el distrito de Mayagüez los testigos que se usarán para probar el accidente en sí mismo sino aquéllos que men-ciona para aportarlos como prueba en contra de la defensa alegada por la demandada. Dos de esos testigos son mé-dicos cirujanos y uno el secretario de la propia corte del distrito que deberá comparecer con ciertos autos. Es verdad que se ha decidido que, la necesidad de aportar récords (25-Cal. Jur. 886) no es por sí sola bastante, pero sí es una circunstancia a considerar.

Y a los fines de la justicia en general parece que debe tomarse en cuenta que no sólo todo ocurrió en el distrito de Mayagüez si que también a Mayagüez fue la demandada a hacer negocios y allí contrató con los demandantes. Pro-bablemente sólo el abogado de la demandada tendría que trasladarse a Mayagüez el día de la celebración del juicio, mientras que celebrado en San Juan aquí tendrían que ve-nir los demandantes, su abogado y todos sus testigos.

Siendo ése el caso, bien puede afirmarse que cae dentro de la siguiente jurisprudencia establecida por la Corte Su-prema de California:

‘ ‘ Pero si los affidavits de la parte que solicita el traslado muestran un caso claro que justifique el cambio por el fundamento de la con-veniencia de los testigos, y no bay becbo o razón presentada en opo-sición a la solicitud, no bay base para el ejercicio de la discreción y el traslado debe ser decretado.” 25 Cal. Jur. 886, 887.

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la resolu-ción apelada y devolverse los autos a la Corte de Distrito de San Juan para que los traslade debidamente a la Corte de Distrito de Mayagüez.


text:
    Luis Alvarez y The Royal Bank of Canada, peticionarios, v. La Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez, demandado.
    No. 566.
    Visto: Marzo 31, 1927.

      Resuelto: Junio 14, 1927.
    Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord — Con-tenido, Preparación y Aprobación de la Exposición del Caso o Rela-ción de Hechos — Radicación del Transcript de la Evidencia — Término PARA RADICARLO-PRÓRROGA-PRÓRROGA VENCIDO EL TÉRMINO.-Una COl'te de distrito no tiene facultad, de acuerdo con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, para conceder un nuevo término una vez vencido el fijado por ley para archivar la transcripción de la evidencia.
    CertioRARI para revisar orden de Charles E. Foote, J. (Mayagüez), concediendo nuevo término, después de vencido el fijado por la ley, para archivar la transcripción de la evidencia.

      Anulada la orden.

      Benet & Souffront, abogados de los peticionarios; J. Sdbater, abo- . gado del demandado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión envuelta en este recurso de certiorari es la de si una corte de distrito tiene o no facultad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140 del Código de Enjuicia-miento Civil para conceder un nuevo término después de vencido el fijado por la ley para archivar la exposición del caso o la transcripción de la evidencia.

Dictada sentencia por la Corte de Distrito de Mayagüez el 29 de noviembre de 1926, la parte demandada apeló el 29 de diciembre siguiente y en la misma fecha pidió que se ordenara al taquígrafo que preparara la transcripción de la evidencia. Accedió la corte y transcurrió el término de veinte días fijado por la ley sin que la transcripción se pre-sentara ni se solicitara prórroga para ello.

Así las cosas, el 8 de febrero de 1927, la parte apelante en una moción escrita en la que se narran ampliamente las circunstancias concurrentes, se dirigió a la corte y le pidió que en bien de la justicia y en ejercicio de las facultades que le confería el citado artículo 140 del Código de Enjui-ciamiento Civil le concediera un nuevo término para archi-var la transcripción.

La corte de distrito oyó a las partes y el 5 de marzo siguiente concedió a la apelante el nuevo término solicitado y estando ya la transcripción archivada señaló el 14 del propio mes de marzo para su aprobación.

No conforme la parte apelada presentó esta solicitud de certiorari. El auto fué expedido y oídas extensamente las partes interesadas.

No nos hemos detenido en la narración de las circuns-tancias concurrentes porque habremos de hacerlo al decidir sobre cierta moción de desestimación del recurso, tramitada separadamente.

Tampoco nos detendremos en el peso de dichas circuns-tancias a los efectos de si justifican o no el ejercicio de la ■discreción. La única cuestión que aquí estudiaremos es la de si la corte de distrito tuvo jurisdicción para actuar en .la forma en que lo hizo.

Repetidamente ha resuelto este tribunal que el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil no es aplicable a un caso como éste, careciendo por tanto la corte de distrito de facultad para conceder un nuevo término.

Bastará citar el caso de Díaz v. The P. R. Ry., Light and Power Co., 32 D.P.R. 95, 99, en el que se dijo:

“Los fundamentos que hemos tenido para desestimar esta ape-lación han sido consignados en una opinión anterior donde se cita «1 caso de Pardo v. Pardo, 19 D.P.R. 1188.
“En el mismo tomo y en el caso de Fajardo Sugar Co. v. Santiago, 19 D.P.R. 1193, ratificamos nuestro criterio de que el ar-tículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil no tenía ninguna aplicación a los pliegos de excepciones y otros documentos seme-jantes y también llamamos la atención al hecho de que el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil como fué enmendado en el año 1911 no era semejante a ninguna disposición del Código de Enjuiciamiento Civil de California.
“El abogado insiste ahora en llamarnos la atención hacia la teoría de que el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil fué tomado de California y por tanto, como es de presumirse, con la interpretación que se le ha dado en ese Estado. Discutimos algunas de las diferencias de práctica en el caso de Pardo v. Pardo, supra. Podemos agregar que la regla de interpretación invocada está sujeta a un número de excepciones y una de ellas es cuando la interpretación que se le da en el Estado de origen está en con-flicto con el claro significado del estatuto. Whitney v. Fox, 166 U. S. 637, 647. Según indicamos en el caso de Pardo v. Pardo supra, la Corte Suprema de California no observó el claro signifi-cado de las palabras empleadas. Además, por la apelación es la Corte Suprema de Puerto Rico la que adquiere jurisdicción sobre un caso y cuando se invoca un privilegio extraordinario es esta corte la que tiene la facultad de concederlo, suponiendo que la fa-cultad existe. A la corte inferior se le confiere específicamente sólo el derecho a prorrogar el término. No se le confiere ninguna facultad para crear un nuevo término.”

El criterio de esta corte sobre la materia se ha susten-tado siempre por mayoría, disintiendo el juez Sr. Hutcliison y el que emite esta opinión.

En una oposición presentada por la parte contraria en el pleito a la que inició el certiorari, se argumenta amplia-mente en pro de la facultad de la corte de distrito citándose varios casos de California. Sin embargo, la mayoría de la corte que lia tenido ocasión de reafirmar su criterio en casos aun más recientes que el citado, no fia sido convencida de que deba variarlo, y subsistiendo, sólo cabe una resolución: la de anular la orden de 5 de mar so último por haber sido dictada sin jurisdicción y en tal virtud se anula.


text:
    Luis Alvarez y The Rosal Bank of Canada, demandantes y apelados, v. The National Fire Insurance Co., demandada y apelante.
    No. 4177.
    Visto: Marzo 31, 1927.

      Resuelto: Junio 14, 1927.
    1. Apelación y Error — Régord y Procedimientos que no Están en Récord-Contenido, Preparación y Aprobación de la Exposición del Caso o Re-lación de Hechos — Radicación; del Transcript de la Evidencia — Término PARA RADICARIA)-PRÓRROGA — PRÓRROGA VENCIDO EL TÉRMINO'.-Vencido el término concedido para preparar la transcripción de la evidencia, la corte inferior no tiene poder para conceder un nuevo término para archivarla. Es a la Corte Suprema a la que corresponde tal facultad.
    2. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord— Contenido, Preparación y Aprobación de la Exposición del Caso o Re-lación de Hechos — Radicación del Transcript de la Evidencia — Término para Radicarlo — Radicación Fuera del Término — Negligencia Excusable. — Atendidas las circunstancias concurrentes se resolvió: que siendo excusable la negligencia del taquígrafo al no preparar la transcripción de la evidencia dentro del término, la Corte Suprema podía y debía en el ejer-cicio de su discreción permitir que dicha transcripción continuara unida a los autos para ser aprobada por el juez sentenciador a los efectos de la ape-lación interpuesta.
    Moción sobre desestimación de apelación, interpuesta ésta contra sentencia de Charles E. Eooie, J. (Mayagüez), declarando con lugar la demanda con costas en acción sobre cobro de póliza.

      No ha lugar a desestimar.

      José Sabater, abogado del apelante; Benet & Bouffront, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso por no haberse archivado en tiempo la transcripción de los autos.

La apelación se estableció el 29 de diciembre de 1926. La moción se archivó el 10 de febrero de 1927. Si no existía en esa última fecha pendiente de aprobación alguna exposición del caso o transcripción de evidencia, o si no se había prorrogado el término, tendría razón la parte apelada por haber transcurrido más de treinta días que. es el tiempo concedido para ello por la ley.

La parte apelante sostiene que se está tramitando la aprobación de una transcripción de la evidencia a virtud de un nuevo término concedídole por la corte sentenciadora en uso de las facultades que le otorga el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. La parte apelada alega en contrario que si bien esto es así, como la concesión del nuevo término es nula por carecer la corte sentenciadora de facultades' para ello, de derecho la situación es la misma que si no existiera la transcripción y la desestimación procede.

En el caso de certiorari No. 566, Luis Alvares y The Royal Bank of Canada v. La Corte de Distrito de Mayagüez que acabamos de resolver, hemos sostenido que de acuerdo con la repetida jurisprudencia de esta Corte Su-prema, la corte de distrito no tenía poder alguno para conceder el nuevo término de que se trata, 86 L.PJEt. 925. No se requiere un mayor estudio sobre el particular.

Esto terminaría el caso si no fuera porque la parte apelada pidió a esta .Corte Suprema que si resolvía que la corte de distrito no tenía jurisdicción para actuar en la forma en que lo hizo, juzgara ella misma las circunstancias concurrentes y ejercitara su discreción en su favor.

En el caso de Pagán et al. v. Pagán, 32 D.P.R. 640, esta corte, por medio de su jaez asociado, Sr. Wolf, se expresó así:

“Abora bien, aunque ba habido disparidad de criterio entre los miembros de esta corte respecto a si el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil' puede ser invocado para revivir un término que ba vencido y permitirse a un apelante en la corte inferior que siga adelante con la incorporación de su prueba, estamos todos de acuerdo en varios puntos.
“El primero de éstos es que la falta del taquígrafo en radicar sus notas dentro del término concedido por la corte de distrito debe imputarse al apelante.
*******
“Una segunda cuestión en la cual conviene la Corte es que la omisión del apelante en baeer alguna gestión ante una u otra corte tendente a revivir el derecho de incorporación constituye una falta en proseguir el caso y confiere un derecho a solicitar la desestima-ción. La apelante no tomó ninguna medida en este caso.
“Una tercera proposición es que pueda o no invocarse el ar-tículo 140, este tribunal en un caso adecuado puede permitir la incorporación de la evidencia."

Examinaremos, pues, las circunstancias concurrentes.

Ya hemos dicho que la apelación se estableció el 29 de diciembre de 1926. El mismo día se pidió a la corte que ordenara al taquígrafo que preparara la transcripción de la evidencia y la corte accedió por orden de 10 de enere de 1927, concediendo al taquígrafo el término de veinte días.

Al día siguiente, o sea el 11 de enero de 1927, el taquí-grafo pidió a la corte que ordenara a la parte apelante que depositara la suma de mil doscientos dólares que con-sideraba el valor probable de sus derechos y la corte ac-cedió. La suma fué consignada el 13 de enero de 1927.

Así las cosas, el 8 de febrero de 1927, unos nueve días después de vencido el término concedido al taquígrafo y dos antes de que se archivara en esta Corte Suprema la moción de desestimación que estamos considerando, la parte apelante solicitó de la corte de distrito la concesión del nuevo término que ya conocemos.

Se lia tratado de demostrar que se solicitó una pró-rroga en tiempo, y que la solicitud debió extraviarse, cosa que no era de extrañarse dada la situación anormal por-que atravesaba la secretaría de la Corte de Distrito de Mayagüez en aquel entonces, pero no consideraremos este aspecto de la cuestión porque a nuestro juicio si bien la situación anormal indicada se demostró, no bay prueba clara de que la prórroga fuera solicitada ni por el abogado de la parte ni por el taquígrafo.

Lo que sí resulta enteramente cierto es que el abogado de la parte apelante al vencerse el término viajaba bacia los Estados Unidos con el propósito de asistir a una im-portante vista en la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito, que dicbo abogado confió como era su práctica corriente en el taquígrafo y que el taquígrafo en esos mismos días fué trasladado a la Corte de Distrito de Gruayama y olvidó solicitar la prórroga.

La negligencia del taquígrafo, imputable a la parte, y aún la del abogado, son evidentes. ¿Pueden excusarse?

A nuestro juicio las circunstancias revelan que la ape-lación se interpuso para ser en realidad de verdad pro-seguida. Se trata de un pleito serio. La parte deman-dada y apelante fué condenada a pagar veinte y cinco mil dólares. Habiendo sido notificada de la sentencia el 16 de diciembre, tenía basta mediados de enero próximo para establecer el recurso. Eso no obstante lo interpuso el 29 de diciembre. Cuando el taquígrafo exigió el depósito de la crecida suma de mil doscientos dólares para el pago de sus honorarios, la parte apelante así lo bizo casi inmedia-tamente.

Es cierto que el abogado antes de salir para el conti-nente debió haberse cerciorado de que el taquígrafo estaba en condiciones de presentar la' transcripción dentro del plazo que se le Rabia concedido o solicitar una amplia prórroga para ello, pero su falta de previsión se explica por la rapidez de su viaje y por la confianza que le inspi-raba el taquígrafo que venía desempeñando desde bacía tiempo su cargo, cumpliendo en todas las ocasiones con su deber.

Además, ¿cómo, podía imaginar siquiera el abogado que el taquígrafo abandonara su caso cuando' le esperaba el cobro de amplios honorarios que él mismo se cuidó de pe-dir que fueran depositados previamente?

La falta, el olvido, la negligencia del taquígrafo tam-bién se explican por su traslado. Se ve, estudiando dete-nidamente el caso, que el taquígrafo actuaba bajo la im-presión de que contaba con el tiempo necesario.

Por último si se tiene en cuenta que sólo transcurrie-ron unos días después de vencido el término y que a la fecha en que el juez de distrito — 5 de marzo 1927 — ejer-citó la discreción de que se creyó estar investido en favor de la parte apelante, ya estaba radicada la transcripción que es ciertamente voluminosa, y si se tienen en cuenta además las razonadas manifestaciones del abogado de la parte apelante por escrito y oralmente en el acto de la vista de la moción, con respecto a los motivos del recurso, es necesario concluir que nos encontramos frente a un caso que exige el uso de las facultades discrecionales del tribunal en pro de la continua-ción del recurso hasta ser resuelto por sus méritos.

En tal virtud, concediendo el nuevo término que necesario fuere, debe permitirse que la transcripción continúe unida a los autos para ser aprobada por el juez sentenciador y archi-vada luego en la Secretaría de esta Corte Suprema, debiendo, desde luego, la parte apelante imprimir a sus gestiones la mayor actividad que sea posible.

No ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    José Agustín Vincenty Martínez, promovente y apelado, v. Carmen Vázquez Sánchez, opositora y apelante y María de los Angeles, Teresa de Jesús, Teresa de los Dolores, Fructuoso Concepción, Luisa Tomasa, Andrés Rosendo y Josefa Blasina Oxíos y Vicenty, y Josefa, Claudio, Pedro, Cruz y Teresa Vincenty y Semidey, opositores y apelantes.
    No. 4282.
    Visto: Junio 11, 1927.

      Resuelto: Junio 14, 1927.
    1. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord— Contenido, Preparación y Aprobación de la Exposición del Caso o Re-lación de Hechos — Radicación del Transcript de la Evidencia — Transcript Preparado por dos Abogados. — El hecho de haber sido preparada por los abogados la transcripción de la evidencia que certifica el taquígrafo como correcta, no la hace nula.
    2. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord— Contenido, Preparación y Aprobación de la Exposición del Caso o Re-lación de Hechos — Radicación del Transcript de la Evidencia — Defec-tos en la Misma — Presentación de Nueva Transcripción. — Una corte tiene plenas facultades para ordenar la presentación de una nueva transcrip-ción de la evidencia por defectos encontrados en la que se radicó, sin que la orden implique la concesión de un nuevo término para presentar aquélla.
    Mooión sobre desestimación de apelación, interpuesta ésta contra sentencia de Charles E. Foote, J. (Mayagüez), en procedimiento sobre declaratoria de herederos.

      No ha lugar.

      L. Muñoz Morales y Angel A. Vázquez, abogados de la opositora-apelante Vázquez Sánchez; Benet y Souffronl, abogados de los opositores-apelantes Oxios Vincenty y Vincenty Semidey; J-. Salater, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Carmen Vázquez, opositora-apelante, presentó una moción solicitando que se desestimara la apelación también estable-cida por María de los Angeles Oxios y Vincenty y otros contra la misma sentencia de que ella recurrió, dictada en el caso iniciado por José Agustín Vincenty sobre declara-toria de herederos.

Su petición se basa en que ha vencido el término para archivar la transcripción porque si bien se está una trami-tando, es nula, ya que la corte de distrito no tiene poder para aprobarla dadas las circunstancias que ban concurrido, a saber: baber sido preparada por los abogados de la parte apelante y no por el taquígrafo, y haberla desechado la corte ordenando al taquígrafo que preparara otra, orden de la corte, que, según la opositora Carmen Vázquez, virtualmente equivale a la concesión de un nuevo término.

María de los Angeles Oxíos y los otros interesados que con ella establecieron el recurso se oponen a la desestimación con lujo de argumentos y detalles. Después de estudiada la oposición y de oídos los amplios informes de los abogados de ambas partes, se impone una sola resolución: declarar sin lugar la moción de la opositora Carmen Vázquez.

Tratándose de apelaciones de una misma sentencia que habrían de basarse en transcripciones enteramente iguales y siguiendo el procedimiento aconsejado por la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito en Gandía v. Porto Rico Fertilizer Co., 291 Fed. 23, y por esta Corte Suprema en Central Pasto Viejo, Inc., v. Arturo Aponte, Jr., 34 D.P.R. 196, la apelante María de los Angeles Oxíos trató de ponerse de acuerdo con la apelante Carmen Vázquez para elevar una sola transcripción y fué Carmen Vázquez la que se opuso a ello.

María de los Angeles Oxíos entonces por medio de sus abogados preparó una transcripción y la envió al taquígrafo. Este la certificó como correcta y fué archivada como tal en tiempo en la corte de distrito.

Se insiste por la opositora Carmen Vázquez en que por el hecho de haber sido preparada por los abogados la trans-cripción que certificó el taquígrafo, es nula ab initio. Está enteramente equivocada. Lo importante no es quién prepare la transcripción sino que la transcripción sea cierta y así lo certifique el taquígrafo.

Establecido lo que antecede, cae por su base la contención de la opositora Carmen Vázquez. Al ordenar la corte de distrito al taquígrafo que presentara una nueva transcrip-ción por haberse encontrado ciertos defectos, no concedió nuevo término alguno. Lo hizo dentro del curso ordinario del procedimiento sobre aprobación de pliegos de excepciones, exposiciones del caso y transcripciones de evidencia, y tenía, por tanto, plenas facultades para ello.

Recientemente en el caso de Gómez y Vega, Sucs., v. Merced, 36 D.P.R. 62, esta corte resolvió que:

“Archivada en tiempo una exposición del caso y propuestas y aprobadas enmiendas a la misma, el juez sentenciador tiene discre-ción para admitir y aprobar el nuevo documento contentivo de la exposición tal como quedó enmendada, aunque se radique después de vencido el término para ello.”

Sin lugar la desestimación.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Rodríguez González, acusado y apelante.
    No. 3157.
    Visto: Mayo 31, 1927.

      Resuelto: Junio 21, 1927.
    Desecho Penad — Evidencia—Peso y Suficiencia — Suficiencia para Sostener la Declaración de Culpabilidad. — Bajo imputación de adulterar leche des-tinada para el consumo públieo, cuando la prueba demuestra que el acusado, un hombre de 54 años de edad que nunca había sido procesado por delito alguno, por muchos años entregó leche pura al dueño de cierto depósito, que días antes de tomarse la muestra de la que resultó adulterada sufrió un accidente que le imposibilitó para hacer las entregas personalmente y que la persona utilizada con ese fln se declaró eulpable de transportar leche adulte-rada pero negó responsabilidad en la adulteración, el hecho de estar la leche adulterada y de la negativa del conductor de él haberla adulterado se resolvió no podía estimarse suficiente para establecer la culpabilidad del acusado fuera de toda duda razonable.
    SENTENCIA de E. S. Mestre, J. (Aguadilla), condenando al acusado por delito de adulteración de leche.

      Revocada y absuelto el acusado.

      B. Esteres, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Rodríguez González fue convicto en virtud de una denuncia imputándole el delito de adulteración de leche des-tinada para el consumo humano. En la fecha del juicio tenía 54 años de edad y jamás se le había acusado anterior-mente de delito alguno. Por un período de doce años le había entregado leche al mismo vendedor al por menor y jamás se había comprobado que la misma fuera inferior al grado de pureza prescrito por la ley. TJnos pocos días antes de tomarse las muestras cuyo análisis dió origen a la presentación de la denuncia, el apelante había sido lesionado por un automóvil y estaba imposibilitado de hacer las en-tregas personalmente. La persona utilizada para este fin se declaró culpable de la transportación de leche adulterada, pero negó ser personalmente responsable de la adulteración. Los envases en que se llevaba la leche no estaban sellados. El hecho de que la leche estuviera diluida y de la negativa del conductor de que él la hubiera diluido, a duras penas puede estimarse como suficiente para establecer la culpabi-lidad del acusado más allá de una duda razonable, si ese hecho se toma en cuenta en conexión con los antecedentes del apelante y el delito específico que se le ha imputado.

Los casos de El Pueblo v. Gautier, 20 D.P.R. 328 y El Pueblo v. Ojeda, 26 D.P.R. 437, en que se basa el fiscal de esta corte, no son aplicables.

Debe revocarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó: “conforme con la sentencia por entender que no hay prueba de que el acu-sado adulteró la leche.”


text:
    Hipólito Cortijo, demandante y apelado, v. Miguel Domínguez, demandado y apelante.
    No. 4057.
    Visto: Marzo 31, 1927.

      Resuelto: Junio 23, 1927.
    1. Patrono t Empleado — Responsabilidad por Daños a Terceras Personas— Actos u Omisiones del Empleado — Acciones — Excepciones — Palta de Causa. — Una excepción de falta de causa por no alegarse que el éhawjfeur del demandado actuaba en el desempeño de sus funciones es infundada cuando además de alegarse que éi en el momento del accidente, era tal empleado, la prueba demuestra que como tal estaba en el desempeño de sus funciones guiando el auto que ocasionó el accidente.

      2. Carreteras (Highways) — Reglamentación y Uso para el Tránsito! — Uso de la Carretera y Dey del Camino — Cuidad© Requerid© de Aquellos que la Usan — En Cuanto a los Viandantes — Personas que la Cruzan.— Cuando una guagua se detiene para dejar o tomar pasajeros en una vía de mucho tráfico, un automóvil dehe anticipar que los pasajeros han de eruzar la carretera y dehe adoptar las precauciones que aconseja la más ordinaria prudencia.
    3. Carreteras (Highways) — Reglamentación y Uso para el Tránsito — Uso de la Carretera y Ley del Camino — Cuidado Requerido de Aquellos que la Usan — En Cuanto a los Viandantes —En General. — La negligencia de un chauffeur es clara reduciendo la velocidad a la vista de una persona que cruza la carretera cuando no da aviso de su proximidad a otra que cruza detrás de aquella ni se detiene para evitar el peligro.
    SENTENCIA de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando con lugar la demanda, con costas y honorarios de abogado.

      Confir-mada.

      Lids Toro Cabañas, abogado del apelante; José N. Quiñones, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es nna acción para recobrar daños y perjuicios a causa de lesiones que recibió el apelado, por haber sido arro-llado por un automóvil propiedad del apelante. Alegó el demandante que el demandado era dueño en la fecha que ocurrió el accidente, de una línea de automóviles que trans-portaba pasajeros y su ruta era entre San Juan y Humacao; que en marzo 29, 1924, un automóvil “Cadillac” de dicha línea, guiado por el chauffeur Arturo Beyes Cabrera, emplea-do entonces por el demandado, al pasar por la carretera de Santurce, parada 21, arrolló el demandante Hipólito Cortijo, que en aquel momento atravesaba la carretera, ocasionán-dole la fractura del tobillo derecho; que el automóvil mar-chaba a una velocidad exagerada, sin tocar bocina o alarma para anunciar su proximidad; que la causa de la lesión que recibió el demandante se debió única y exclusivamente a la negligencia e impericia del empleado chauffeur del deman-dado, no reduciendo la velocidad y caminando por la parte izquierda en la dirección en que iba dicho vehículo, sin tocar bocina o alarma alguna para anunciar su proximidad. Alegó por último que a consecuencia de los golpes recibidos el de-mandante no lia podido trabajar y estuvo recluido en el Hospital Municipal por sesenta días, ocasionándole daños ascendentes a la suma de $2,000.

El demandado hizo una negación general de los hechos de la demanda, y celebrado el juicio la corte dictó sentencia con-denando al demandado a satisfacer al demandante, por con-cepto de indemnización, la suma de $600.

El demandado apeló y en su primer señalamiento de error sostiene que la corte inferior erró porque la demanda no aduce una causa de acción. No aparece de los autos que el demandado excepcionara la demanda, y si bien la excepción alegada es privilegiada, el motivo en que se basa de que no se alega en la demanda que el chauffeur del demandado estuviera actuando en el desempeño de sus funciones, carece de fundamento porque la demanda alega que dicho chauffeur en el momento del accidente era empleado del demandado, y la prueba, por otro lado, demostró que como tal empleado estaba en el desempeño de sus funciones, pues venía guiando el automóvil que ocasionó el accidente.

Los demás errores se refieren a la apreciación de la prueba y a que la corte inferior abusó de su discreción al imponer las costas al demandado.

La prueba del demandante tendió a demostrar que el de-mandante viajaba en una “guagua” en dirección de San Juan a Santurce, y que al llegar a la parada 21, en donde la carre-tera es estrecha porque no se ha terminado el ensanche en esa parte de la misma, el demandante se bajó de la “guagua’5, y al tratar de cruzar la carretera a paso natural, estando pendiente de otra guagua que venía detrás en la misma direc-ción, fue arrollado por el automóvil del demandado, que venia en dirección contraria a una velocidad más bien exce-siva y sin tocar aviso o alarma para anunciar el peligro.

La teoría del demandado es que el demandante por estar pendiente de otra “guagua” que venía en dirección contraria al automóvil, al apear y cruzar se abalanzó sobre este último. Sin embargo, la prueba del demandado más bien demuestra que el automóvil marchaba algo más que moderadamente y que algunos testigos no se atreven afirmar que diera aviso el chauffeur al acercarse al sitio del accidente. El chauffeur declara que no venía muy ligero, como a una velocidad de 8 ó 10 kilómetros, y sin embargo dice que el automóvil le dió con la parte delantera al demandante, quedando al nivel de las ruedas de atrás al detener el carro. Un automóvil que ca-mina a una velocidad de 8 o 10 kilómetros debe parar al instante de aplicársele los frenos; lo contrario indica o que se caminaba a mucha mayor velocidad, o que realmente no se hizo uso de los mismos o que los frenos estaban en malas con-diciones. El testigo dijo: “Yo venía a una velocidad no muy ligero . . . como cerca de 8 ó 10 kilómetros ... El chocó (el demandante) contra el costado izquierdo de alante del carro y cayó por la parte de la carretera y entonces yo paré al instante y el señor quedó casi al nivel de la rueda de atrás. ’ ’

Por otra parte, no aparece que el chauffeur diera aviso de su aproximación, y ésta fué sin duda otra circunstancia que si se hubiera tenido en cuenta por el chauffeur del deman-dado, no hubiera ocurrido el accidente. La prueba en con-junto demuestra que el demandante cruzaba a paso natural la carretera y había dado algunos pasos. Si como asegura el chauffeur que marchaba a 8 ó 10 kilómetros, él con un simple toque de bocina o klaxon hubiera advertido al de-mandante el peligro. No era un caso en que el demandante salía súbitamente de la “guagua” para enfrentarse con el automóvil, ni existían obstáculos que privaran al demandado de ver el camino. Además, cuando una “guagua” se detiene para dejar o tomar pasajeros en una vía de mucho tráfico, como la carretera de San Juan, un automóvil debe anticipar-que los pasajeros han de cruzar la carretera y es cuando deben adoptar las precauciones que aconseja la más ordinaria pru-deuda. El demandante al apearse de la guagua vió que un compañero cruzaba delante de él la carretera sin dificultad y él siguió a éste, dándose de esto perfecta cuenta el chauffeur del demandado. Si éste, como afirma, redujo la velocidad a la vista del primero, su negligencia es clara cuando no dió aviso al demandante o se detuvo para evitar de cualquier modo el peligro. Todo demuestra que si el demandado Ru-biera reducido la velocidad, o en tiempo Rubiera dado aviso de su proximidad al demandante, Rubiera evitado el accidente. El confió tal vez más en su habilidad que en las precauciones que debió tomar a la vista de pasajeros que apeaban de una “guagua”.

En cuanto al pronunciamiento de costas, no encontramos que la corte inferior abusara de su discreción al imponerlas al demandado.

Por todo lo expuesto debe confirmarse la sentencia apelada.


author: JUEZ ASOCIADO SR. WOLE

text:
    El Pueblo, etc. Trigo et al., v. Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico.

    Nos. 4005-4007.
    Resueltos: Febrero 23, 1927.

       Véase la opinión, del Tribunal en la pág. 303.

   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE

Aunque no sin dejar de tener algunas dudas, me inclino a convenir en que el caso de Noble de la Corte Suprema de los Estados Unidos, resuelve la cuestión de que el gobierno puede limitar las operaciones bancarias exclusivamente a las corporaciones organizadas de acuerdo con la ley. Más o menos, la teoría es que si un negocio Ra llegado a tal estado que su debido dominio o reglamentación pueden sola-mente efectuarse mediante la superintendencia del gobierno, éste puede exigir que el negocio se lleve a cabo por corpo-raciones, sobre las cuales tiene completo dominio y que tie-nen existencia perpetua. El poder de policía ejercido quizás no difiere esencialmente de la supresión del tráfico del licor. De acuerdo con la Ley de Prohibición, solamente pueden venderse ciertos licores por determinadas personas; de acuerdo con la Ley de Bancos, únicamente se permite a las corporaciones efectuar el negocio de la banca. Debe haber, desde luego, alguna necesidad pública. Disiento de las otras conclusiones a que ha llegado la corte.

En mi opinión, una sociedad anónima como el Banco Territorial y Agrícola no es una corporación, según se usa esa palabra en el derecho americano e inglés; que participa más bien de las características de una joint stock company. La opinión de la mayoría, para demostrar que tal organi-zación es una corporación, descansa grandemente en el caso de Martínez v. La Asociación de Señoras Damas del Santo Asilo de Ponce, 213 U. S. 20. En la Corte Suprema de los Estados Unidos, una de las partes alegó que la “Asocia-ción” era una corporación española, y la corte, en su opi-nión, así lo asumió. El tribunal no entró a discutir la na-turaleza de tal asociación y nada decidió sobre la naturaleza inherente de la misma. Desde luego que de acuerdo con el derecho civil las sociedades generalmente son considera-das como entidades, al igual que las corporaciones lo son en los Estados Unidos. La sociedad anónima no tiene sello, y si bien puede ser regulada hasta cierto punto por el Es-tado, era en forma más general una organización privada como lo son las sociedades y podía ser disuelta al igual que éstas. Las sociedades pueden ser reguladas por el Estado probablemente hasta ese mismo límite. Sea ello como fuere, incumbía al Banco Territorial y Agrícola probar que era una corporación comparable con las corporaciones autoriza-das posteriormente por las leyes de Puerto Pico, o que era una corporación constituida por menos de los cinco incor-poradores mencionados en la ley. Desde luego, si el Banco nó era una corporación, no estaba reconocido por la Ley de Bancos y es claro que estaba obligado a incorporarse al igual que otros individuos.

Asumiendo, sin embargo, que el Banco Territorial y Agrí-cola sea una corporación, o cierta clase de corporación, no obstante, el mismo no era la corporación autorizada por las leyes de Puerto Rico. Aun asumiendo que el banco fuera una verdadera corporación, no puedo convenir en que tu-viera el derecho de transferir su activo en la forma en que trató de hacerlo.

La sección 4 de la Ley de la Sesión Extraordinaria de 1923, página 85, dispone como sigue:

“Chico o más personas con capacidad legal suficiente, podrán organizar un banco, otorgando ante notario y archivando, en ’du-plicado, cláusulas de incorporación de acuerdo con las disposiciones de esta sección, Disponiéndose, no obstante, que los bancos que ac-tualmente estuvieren haciendo negocios en Puerto Rico podrán con-tinuar tales negocios en Puerto Rico, aun cuando hayan sido orga-nizados como corporaciones con menos de cinco incorporadores, siem-pre que se sujeten a las demás disposiciones de esta Ley; Dispo-niéndose, además, que los bancos que estuvieren haciendo negocios en Puerto Rico, y que no hayan sido incorporados, deberán incorpo-rarse de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, dentro de un plazo de seis meses contados desde la fecha en que la ley empiece a regir.
“Dichas cláusulas de incorporación deberán firmarse por cada uno de los incorporadores y jurarse en debida forma ante un no-tario público. Se hará constar en ellas específicamente:
“(a) Nombre que haya de llevar el banco;
# # # * # « # >>

Me inclino a estar enteramente de acuerdo con la corte inferior en que el. Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, si bien tenía el derecho a incorporarse, reincorporarse o reorganizarse, no tenía el derecho de hacerlo así apartán-dose de la ley y sin prestar atención a los derechos de la minoría de sus socios o accionistas. Soy de opinión que el banco no podía incorporarse, reincorporarse, o reorga-nizarse sin que antes liquidara sus cuentas (settle) con los socios de. la minoría que se oponían al cambio; y que si con el fin de efectuar tal liquidación era necesaria la disolu-ción, el banco debió haberse disuelto. No había autoridad legal para tratar de hacer lo contrario. Si fue la intención de tal ley conceder ese derecho, la misma era anticonsti-tucional, porque privaba a las personas de sns derechos sin el debido procedimiento de ley.

“Cook on Corporations,” párrafo 670, página 1992, et ..sec., dice así:

“Desde que fué resuelto el caso de Abbot v. American Hard Rubber Company, ha quedado claramente establecida la ley en este país de que un accionista que disiente de la mayoría puede impedir que se efectúe la venta de toda la propiedad de la corporación, cuando ésta es una organización solvente y está en condiciones de continuar funcionando. Y, aun cuando el fin que se persigue es la disolución de la corporación, a pesar de que sus negocios son prósperos, no puede efectuarse tal venta. Es en verdad muy dudoso de si de acuerdo con el derecho común una mayoría de los accionistas puede en ocasión alguna efectuar la disolución de la misma, cuando la corporación continúa funcionando y es una organización próspera. Eín verdad, si el fin de tal disolución no es la terminación bona fide ■del negocio, sino la continuación del mismo por una nueva corpo-ración, entonces la regla es que un accionista que disiente puede im-pedir la venta, aun si ésta se efectúa con el fin de disolver la corpo-ración. Tal es la ley según ha sido establecida en el bien consi-derado caso de Kean v. Johnson.” (9. N.J. Eq. 401).

En el caso de Emery v. Kalamazoo & Hastings Construction Co., 132 Mich. 560, se resolvió que la mayoría de los accionistas de una sociedad en comandita (limited partnership) no tenía autoridad para poner fin a los asuntos de ésta permutando su propiedad por acciones de otra corpo-ración y obligando a un socio disidente a convertirse en un miembro de la corporación y a aceptar acciones en pago de su interés en la sociedad.

Refiriéndose a las sociedades, en el caso de Mason v. Pewabic Mining Co., 133 U. S. 50, se resolvió que el dere-cho de las minorías debe ser respetado. El caso de Schwab v. E. G. Potter Co., 194 N.Y. 409, que fué resuelto en el mismo sentido, decidió que una entidad no podía crear otra. Otros casos excelentes son: Farish v. Cieneguita Copper Co. (Arizona), 100 Pac. 781, y Blais et al. v. Brazeau, 56 Atl. 186. Si una entidad no puede legalmente hacer estas cosas, tam-poco puede hacerlas la Legislatura, y el tratar de hacerlo, en mi opinión no constituye el debido proceso de ley. Véase 7 R.C.L., página 97.

Si uno de los fines de la ley fué la continuación de la corporación existente y de la misma personalidad, el título de la ley dejó de llamar la atención hacia este factor de la misma, y, por consiguiente, la ley no siguió las disposicio-nes del artículo 34 de la Carta Orgánica. Sin embargo, ■como yo sostengo que la sección 4, debidamente considerada, no dispone tal cosa, soy de opinión que el título de la ley abarca todos los fines de la misma.

Llego a la conclusión de que la sección 4 solamente se refiere a la continuación de corporaciones que ya estaban organizadas como tales, que el Banco no era tal corporación, pero que si lo era, no tenía derecho a reorganizarse sin el consentimiento de la minoría de los accionistas; y que lo que se trató de hacer fué una reorganización y no una rein-corporación.

Be acuerdo con la Ley de Bancos, se concede una perso-nalidad o entidad distintas. El Banco, mediante resolución o acuerdo, no podía convertirse a sí mismo en tal persona-lidad o entidad, como tampoco podría una persona por sí misma convertirse en otra. Era necesaria la disolución y la reorganización.


text:
    El Pueblo, apelado, v. Claudio Ayala, apelante.
    Corte de Distrito de Ponce.
    No. 2962.
    Visto: Febrero 11, 1927.

      Resuelto: Febrero 15, 1927.
   En este recurso en que se atacó la suficiencia de la prueba, el único testigo de cargo, un policía insular, declaró que en la madrugada del 14 de noviembre, 1925, vió al acu- • sado entrar en el patio de su casa cargando un barrilito, lo observó y lo vió por segunda vez cargando otro. Lo per-siguió, no pudo arrestarlo, pero ocupó los barrilitos conte-niendo ron. La prueba de descargo tendió a impugnar la declaración del policía en el sentido de que trató de arres-tar como autor de la infracción a otra persona que no era el acusado, a los efectos de demostrar su falta de seguridad en el conocimiento de éste.

Se confirmó la sentencia condenatoria porque nada de-muestra que la corte abusara del poder que tenía para dirimir el conflicto de la prueba.

El Juez Pbesidestte Señob del Tobo, emitió la opinión del tribunal.


text:
    El Pueblo, apelado, v. Zoilo Gracia, apelante.
    Corte de Distrito de Ponce.
    No. 3091.
    Visto: Marzo 29, 1927.

      Resuelto: Marzo 31, 1927.
   En este caso por armas prohibidas se imputa a la corte dos errores: el no declarar anticonstitucional la ley sobre la materia y equivocada apreciación de la prueba. En los casos de El Pueblo v. Rosado y El Pueblo v. Vadi, 34 D.P.B. 315 y 462, respectivamente, se fia resuelto que la re-ferida ley no es anticonstitucional.

Se concluyó que la prueba era suficiente, pues el juez no estaba obligado a creer, como convenía a la defensa, que las detonaciones que se oyeron no eran disparos de armas de fuego sino petardos. Esto, aparte de que bubo testigos de cargo que declararon baber visto al acusado disparando su revólver.

El Juez PeesideNte Señor del Toro, emitió la opinión del tribunal.


text:
    El Pueblo, apelado, v. Fernando Forestier, apelante.
    Corte de Distrito de Mayagüez.

      No. 3122.
    Visto: Marzo 29, 1927.

      Resuelto: Abril 4, 1927.
   Este es un caso de apreciación de prueba contradictoria y en el mismo se resuelve que no existe huella del prejuicio, pasión o parcialidad imputados, como tampoco abuso del privilegio que tiene la corte de repreguntar al acusado.

El Juez Asociado Señor Wole, emitió la opinión del tribunal.


text:
    El Pueblo, apelado, v. Carlos Juan Fernández, apelante.
    Corte de Distrito de Humacao.
    No. 3061.
    Visto: Marzo 16, 1927.

      Resuelto: Abril 8, 1927.
   En el presente caso se mantiene lá constitucionalidad de la vigente ley prohibiendo portar armas, ratificando la doc-trina sentada ya en los casos de El Pueblo v. Vadi, 34 D.P.E. 462; El Pueblo v. Velasco, 36 D.P.R. 273, y El Pueblo v. Díaz Cintrón, decidido en abril 8, 1927, (pág. 571).

El Juez Presidente Señor del Toro, emitió la opinión del tribunal.


text:
    El Pueblo, apelado, v. José Rodríguez, apelante.
    Corte de Distrito de Guayama.
    No. 2994.
    Visto: Enero 25, 1927.

      Resuelto: Abril 8, 1927.
   Se confirmó la sentencia en este caso porque de un aná-lisis de la prueba, que es contradictoria, el tribunal llegó a la conclusión que el acusado portaba el arma en un ca-mino vecinal y no privado.

El Juez PresideNte Señor del Toro, emitió la opinión del tribunal.


text:
    No. 3996.
    Velázquez, aplte., v. American Railroad Co. of Porto Rico, apda.
    Nov. 4, 1926.
   C. D. San Juan. Daños y perjuicios.

Desestimado el recurso a instancia de la ape-lada por no haberse presentado la exposición del caso a pe-sar de haberse concedido una prórroga al efecto a la parte apelante.


text:
    No. 4024.
    Banco Comercial de Puerto Rico, apdo., v. Pietri et al., apltes.
    Nov. 4, 1926.
   C. D. Ponce. Cobro de dinero.

Desestimado el recurso a instancia del apelado por no haber hecho los apelantes gestión alguna para ele-var el récord al Tribunal Supremo.


text:
    No. 2934.
    Pueblo, aplte., v. Laborde, apdo.
    Nov. 4, 1926.
   C. D. San Juan. Habeas corpus.

Desestimado el re-curso a instancia del apelado por no haberse perfeccionado la apelación ni solicitado prórroga a tal fin.


text:
    No. 4042.
    Arabia de Goyco et al., apltes., v. Armstrong, apdo.
    Nov. 4, 1926.
   C. D. Ponce.

Memorándum de cos-tas. Desestimado el recurso porque habiéndose apelado por los demandantes el 28 de mayo último la sentencia dictada en este caso, en cuanto a su pronunciamiento sobre costas, no han presentado en este tribunal la transcripción de la apelación, ni está pendiente de aprobación en el tribunal inferior pliego alguno de la evidencia.


text:
    No. 3806.
    Aurora, Sociedad Agrícola, apda., v. Barroso, aplte.
    Nov. 4, 1926.
   C. D. San Juan.

Desahucio. Deses-timado el recurso a instancia de la parte apelada y de acuerdo con la sección 15 de la Ley de Desahucio, porque el apelante dejó de consignar en la corte inferior el importe del arrendamiento que venció el 31 de julio último. Dene-gada la reconsideración en febrero 21, 1927.


text:
    No. 3645.
    Torres Colón, aplte., v. Colón Casanovas, apdo.
    Nov. 5, 1926.
   C. D. Ponce. Cobro de dinero.

Des-estimado el recurso a instancia del apelado, por abandono, porque después de radicada la transcripción de los autos no se lia practicado gestión alguna para perfeccionar la ape-lación.


text:
    No. 3997.
    Meléndez, aplte., v. American Railroad Co. of Porto Rico, apda.
    Nov. 5, 1926.
   C. D. San Juan. Daños y perjuicios.

Desestimado el recurso a instancia de la ape-lada por no haberse presentado la exposición del caso a pe-sar de la prórroga concedida al apelante a tal fin.


text:
    No. 4035.
    The Porto Rico Benevolent Society, Inc., apda., v. Mercado et al., apltes.
    Nov. 5, 1926.
   C. D. Ponce. Cobro de dinero.

Desestimado el recurso a instancia de la apelada por abandono, porque la apelación se inter-puso el 10 de julio de 1926 sin que los apelantes practicaran luego gestión alguna para perfeccionarla.


text:
    No. 2685.
    Pueblo, apdo., v. Ramiú, aplte
    Nov. 8, 1926.
   C. D. Ponce. Infracción de ordenanzas municipales.

Revo-cada la sentencia apelada y absuelto el acusado por los fun-damentos de la opinión emitida en el caso de El Pueblo v. Alonso, 35 D.P.R. 650.


text:
    No. 3989.
    Morales, aplte., v. Cruz Vélez, apdo.
    Nov. 8, 1926.
   C. D. Mayagüez. Memorándum de costas.

Por cuanto la apelada ha solicitado la desestimación de este re-curso bajo la teoría de que no se necesitaba una exposición del caso, toda vez que no había prueba y que por tanto la transcripción debió radicarse en esta corte dentro de las treinta días de archivado el escrito de apelación.

Por ouaNto en la corte de distrito se suscitó la cuestión de que no se podía dictar una orden sobre memorándum de costas, toda vez que la sentencia de la Corte Suprema había sido apelada para ante la Corte de Circuito de Apela-ciones para el Primer Circuito de los Estados Unidos, y que por tanto la sentencia no era firme;

Poe cuanto se presentó en la corte de distrito una certi-ficación del Secretario Reporter del Tribunal Supremo ere-ditiva de que la sentencia dictada en esta corte había sido apelada a la Corte de Circuito mencionada;

Pob cuanto esta constancia no formaba parte de las ale-gaciones ni era un hecho de conocimiento judicial;

Pob cuanto la cuestión de si la sentencia de esta corte hace o no firme la de la corte de distrito, pendiente una apelación al Circuito, es el objeto principal‘de la apelación y no debe discutirse en esta moción preliminar;

Por cuanto es necesaria una exposición del caso siem-pre que existe un elemento de prueba, por pequeño que sea;

Por tanto, había necesidad de una exposición del caso y en su consecuencia la moción para desestimar debe decla-rarse sin lugar.


text:
    Nos. 4054, 4055 y 4056.
    Arroyo y Valiente, aplte., v. North British & Mercantile Ins., The Royal Insurance Co., y Western Assurance Co., apdas.
    Nov. 9, 1926.
   C. D. San Juan. Cumplimiento de contrato.

Por cuanto apelada la sentencia de este pleito el 25 de junio de 1925 fueron concedidas sucesivas prórrogas al ape-lante para presentar una exposición del caso la que fué ra-dicada en la corte inferior el 9 de junio de 1926, habiendo solicitado el apelante en' 5 de agosto que fuera aprobada por el juez que presidió el juicio;

Por cuanto posteriormente nos ha pedido la parte ape-lada que desestimemos la apelación por no haberse trami-tado con la debida diligencia y porque la prórroga de 2 de junio último es nula por haber sido concedida estando ven-cida la anterior;

Por cuanto la dilación en la tramitación de la apelación ha estado justificada porque según el secretario de la corte inferior la caja de seguridad que guardaba las pruebas de este pleito no pudo ser abierta hasta el 26 de mayo último por haberse llevado la llave de ella el secretario anterior;

Por cuanto si bien el l9 de mayo de 1926 se concedió al apelante una prórroga de treinta días, no consta de esta diligencia si este término había de contarse desde su fecha o desde que venciera la prorroga anterior, por lo que no podemos concluir que la dada el 2 de junio fuera concedida después de haber vencido la anterior;

Por taNto, debemos declarar sin lugar la moción sobre desestimación de esta apelación.


text:
    No. 2943.
    Pueblo, apdo., v. Segarra, Jr., aplte.
    Nov. 15, 1926.
   C. D. Aguadilla. Escalamiento en primer grado.

Aprobada la transcripción de la evidencia presentada para esta apelación.


text:
    No. 2944.
    Pueblo, apdo., v. Esteves, aplte.
    Nov. 15, 1926.
   C. D. Aguadilla. Infracción ordenanza municipal.

De acuerdo con los antecedentes del caso, fué aprobada la ex-posición del caso presentada para la apelación.


text:
    No. 2940.
    Pueblo, apdo., v. Juarbe, aplte.
    Nov. 15, 1926.
   C. D. Agua-dilla. Violación.

Por cuanto de acuerdo con el artículo 298 del Código de Enjuiciamiento Criminal, esta corte tiene facultad para apro-bar un pliego de excepciones;

Por cuanto el apelante lia obtenido una transcripción de la evidencia de conformidad con la Ley No. 4 de 1925, le-yes de ese año, página 109;

Por cuanto el juez sentenciador falleció antes de ser aprobada la transcripción de la evidencia;

Por cuanto la transcripción está certificada por el taquí-grafo oficial;

Por cuanto el fiscal informó en el acto de la vista que no tenía objeción alguna que hacer a la aprobación de la transcripción de la evidencia;

Por tanto, en virtud de nuestro poder judicial general y también, por analogía del artículo 298 del Código de En-juiciamiento Criminal, se aprueba la dicha transcripción de la evidencia.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


text:
    No. 4076.
    Maldonado, apdo., v. Tellado, aplte.
    Nov. 15, 1926.
   C. D. San Juan.

Desestimado el recurso a ins-tancia del apelado porque radicada la apelación en julio 28, 1926, no se lia presentado hasta la fecha la exposición del caso ni el apelante solicitado prórroga algnna a ese efecto.


text:
    No. 4071.
    Mendía Morales, aplte., v. Arzuaga et al., apdos.
    Nov. 15, 1926.
   C. D. San Juan. Rendición de cuentas y otros ex-tremos.

Por cuaNto a moción de los apelados se ha solicitado la desestimación de las apelaciones interpuestas por el ape-lante contra las órdenes de agosto 2, 1926, denegando un injunction preliminar, y de septiembre 7, 1926, que se re-fiere al nombramiento de Enrique Adsuar como síndico de Sobrinos de Ezquiaga, S. en C.

Por cuanto es cierto que de una orden nombrando un síndico no cabe apelación según la constante y repetida ju-risprudencia de este Tribunal Supremo;

Por cuanto aunque el apelante haya apelado de una y otra orden en un mismo escrito, ello no implica necesaria-mente que la indebida apelación sobre la orden nombrando síndico afecte la apelación en cuanto a la orden negando el injunction preliminar, cuya ordén de acuerdo con el esta-tuto es apelable;

Por tanto, se declara con lugar la moción de los apela-dos desestimándose el recurso interpuesto contra la orden de septiembre 7, 1926, y se declara sin lugar respecto a la orden de agosto 2, 1926, quedando en pie en este particular el escrito de apelación.


text:
    No. 4083.
    Santos, aplte., v. Alicea, apdo.
    Nov. 15, 1926.
   C. D. San Juan. Cumplimiento de contrato, etc.

Por cuanto el apelante en este pleito presentó en la corte inferior el 25 de marzo de 1925 un pliego de exposi-ción del caso para su apelación, contra la sentencia, que no ha sido aprobado por el juez sentenciador y sin que el ape-lante haya hecho gestión alguna a tal fin;

Por cuanto solicitada por el apelado la desestimación de la apelación por. falta de diligencia en la tramitación del recurso por el apelante éste se opone a esa petición alegando que la dilación que se observa no es culpa suya sino del se-cretario o del juez de la corte donde el asunto, fné fallado;

Pon CUANTO si bien la Ley No. 81 de 1919 enmendando el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que presentado el pliego de exposición del caso al secretario éste dará el mismo día o al siguiente cuenta de ello al juez, quien fijará la fecba en que ante él deberán comparecer las partes para la aprobación de dicbo pliego, tal precepto no significa que el secretario o el juez puedan demorar indefi-nidamente el cumplimiento de sus respectivos deberes y que el apelante quede relevado de su deber de ser diligente en la tramitación de su apelación utilizando para ello los re-cursos procedentes;

Poe cuanto la presente apelación está sin tramitación desde marzo de 1925 con infracción de la regla 59 de las de este Tribunal Supremo;

Poe tanto, debemos desestimar y desestimamos la apela-ción interpuesta por el demandante. Desestimada.


text:
    No. 4075.
    Royal Bank of Canada, apdo., v. López de Victoria, aplte.
    Nov. 18, 1926.
   C. D. San Juan. Cobro de pagaré.

Desestimado por abandono el recurso a instancia del apelado por no haberse presentado la exposición, del caso a pesar de las prórrogas concedidas.


text:
    No. 4063.
    Sancho Bonet, apdo., v. Vázquez et al., apltes.
    Nov. 18, 1926.
   C. D. San Juan. Cobro de dinero.

Desestimado el recurso a instancia del apelado, por aban-dono, pues establecido el recurso el 18 de noviembre de 1925 los apelantes obtuvieron prórrogas para preparar la trans-cripción basta el 16 de septiembre de 1926, quedando sin hacer gestión alguna a partir de esa fecba.


text:
    No. 4098.
    Ferrari, apdo., v. American Railroad Company, aplte.
    Nov. 23, 1926.
   C. D. Aguadilla. Daños y perjuicios.

Presentada la transcripción de la evidencia en la corte inferior el 26 de Junio de 1926 después de varias pró-rrogas, y habiendo ocurrido la muerte del juez de dicha corte, el nombramiento de otro juez el 14 de agosto siguiente, las vacaciones del tribunal en agosto y septiembre, que la corte dedicó el mes de octubre a casos criminales y que está señalado el 20 de noviembre de 1926 para la aprobación de la dicha transcripción de la evidencia, no ha hogar a deses-timar el recurso.


text:
    No. 2879.
    Pueblo apdo., v. Corchado (a) Ponce, aplte.
    Nov. 29, 1926.
   C. D. Arecibo. Mutilación.

Confirmada la sentencia apelada por no haberse elevado la transcripción de la evidencia o una exposición del caso, y no aparecer que se haya cometido error fundamental alguno no habiendo base para considerar el escrito presentado por el acusado en el que se refiere a los hechos del caso.


text:
    No. 2877.
    Pueblo, apdo., v. Cardona, aplte.
    Dic. 3, 1926.
   C. D. Aguadilla. Infracción a la sección 29 de la Ley de Arbitrios.

Examinada la exposición del caso y pliego de excepciones sometida por el acusado, y visto además el in-forme del fiscal en el cual expresó no tener enmiendas que proponer, se aprueba.


text:
    No. 3023.
    Pueblo, apdo., v. Colón et al., apltes.
    Dic. 7, 1926.
   C. D. Aguadilla. Homicidio involuntario.

Habiendo el informe del fiscal expresado que no tiene enmiendas que proponer a la transcripción de la evidencia presentada por el taquígrafo de la corte de distrito, sin que el tribunal pueda advertir en ella defecto alguno, fué aprobada para que surta sus efectos en la apelación establecida.


text:
    No. 2893.
    Pueblo, apdo., v. Mejías, aplte.
    Dic. 7, 1926.
   C. D. Are-cibo. Portar armas.

Confirmada la sentencia apelada porque si bien la evidencia era contradictoria el conflicto fué resuelto dando crédito la corte inferior a la prueba del fiscal, que es bastante para estimar probada la acusación.


text:
    No. 4113.
    Bauzá, aplte., v. Colón Medina, apdo.
    Dic. 9, 1926.
   C. D. Ponce. Incumplimiento de contrato.

Habién-dose establecido la apelación en este caso el primero de septiembre de 1926 y. no existiendo en la corte inferior pen-diente de aprobación una exposición del caso o transcripción de la evidencia, y no habiéndose pedido prórroga alguna para someterla, se desestimó el recurso a instancia de la parte apelada.

No. 3376. — Del Rosario et al., apltes., v. Allende Cruz-et al., apdos. — C. D. San Juan. Nulidad de actuaciones y otros extremos. Die. 14, 1926. No habiendo cumplido los demandantes-apelantes con los requisitos fijados en la orden de sept. 2, 1926, admitiendo la apelación contra la senten-cia de este tribunal de 19 de mayo de 1926, y vista la reso-lución en el caso de Pabón v. Alvarado, No. 2099, 31 D.P. R. 943, se declaró con lugar la moción de los apelados, y se ordenó el archivo de este caso, por abandono.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


text:
    No. 4123.
    Pérez, aplte., v. Esteves Solá, apdo.
    Dic. 16, 1926.
   C. D. San Juan.

Nulidad de sentencia. Desesti-mado el recurso a instancia del apelado por no haberse ra-dicado la exposición del caso a pesar de las prórrogas ob-tenidas ni presentado la transcripción en esta corte.