author: El Juez Asociado Se. MacLbaky,

text:
    Busó et al., Apelantes, v. Busó et al., Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 852.
    Resuelto en enero 20, 1913.
    Enajenación de Bienes de Menores — Expediente de Utilidad y Necesidad— Citación de Fiscal. — Según los artículos 80 y 82 de la Ley de Procedimien-tos Legales Especiales de marzo 9, 1905, enmendados en 1907, y vigente cuando se aprobó el expediente de utilidad y necesidad en este caso, no era necesario citar al Fiscal, a los menores apelantes, al menor emancipado, ni obtener su consentimiento.
    Id. — Jueces—Revocación de Ordenes del Juez Anterior. — No habiéndose de-mostrado que el juez que aprobó el expediente de utilidad y necesidad fuera engañado ni que dejara de aplicar las leyes vigentes, ni cometiera error en la apreciación de los hechos, no había fundamento legal para que el juez que le sucedió en el cargo revocara la orden aprobatoria.
    Id. — Defensor—Intereses Opuestos — Segundo Matrimonio del Padre. — Es válida una venta de bienes inmuebles de menores hecha por el padre mediante ■autorización judicial, sin que se haya nombrado defensor a dichos menores. El hecho de que el padre estuviera casado en segundas nupcias no crea intereses opuestos, cuando la finca vendida es de la propiedad enelusiva de sus hijos menores.
    Non Suit — Sentencia.'—La sentencia de non suit (desestimación) dictada, está ajustada a derecho.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Rafael López Landrón.

    Abogados de los apelados: Sres. Alvarez Nava y Domín-guez.

   El Juez Asociado Se. MacLbaky,

emitió la opinión del tribunal.

Este fué un pleito que se siguió en la Corte de Distrito de Humacao para que se declarara la nulidad de una escritura de enajenación otorgada por Francisco Busó Cabrera a nombre de sus menores Lijos, Francisco Busó, Poncio Busó y Julio Busó Pérez a favor de Alejandro Laborde; la auto-rización judicial para el referido traspaso recaída en Io. de mayo, 1909; la escritura de venta que fué otorgada de acuerdo con la expresada autorización el día tres de dicbo mes; y también para que se declarara nula la escritura de traspaso otorgada por Alejandro Laborde a favor de Luis Recurt y Márquez el día 2 de mayo de 1910, y la venta que bizo el mencionado Recurt y su esposa en 15 de octubre, 1910, a favor de Antonio Caube't y Pons, todos los cuales fueron partes demandadas en unión de las esposas de Recurt y Caubet respectivamente. Los demandantes solicitaron, además, que se impusieran las costas a los demandados. Los demandados formularon dos excepciones previas específicas a la demanda presentada en este caso; la primera, por el fundamento de que existía un defecto de partes demandadas, y la segunda porque la demanda no aducía becbos suficientes para deter-minar úna causa de acción. De estas excepciones la primera fué desestimada y la segunda declarada con lugar por reso-lución de la corte de fecha 20 de diciembre, 1910. Sé concedió permiso a los demandantes para enmendar la demanda, lo que al efecto hicieron presentando su demanda enmendada oportunamente, en la qne se alegan en sustancia los hechos siguientes:

Primero. Qne durante el mes de abril de 1909, los de-mandantes Francisco, Poncio y Julio Busó Pérez, eran con-dueños por terceras partes a título de herencia de su legítima madre Isabel Pérez Sánchez, de una finca que se describe enteramente y que fué debidamente inscrita en el registro de la propiedad.

Segundo. Que el demandado Francisco Busó y Cabrera y sus hijos, los demandantes en este pleito, tenían intereses encontrados en la finca descrita en la demanda.

Tercero. Que hacia el mes de abril de 1909, y con anterio-ridad a la fecha de la presentación de la demanda, el deman-dado Francisco Busó y Cabrera, como viudo de su primera esposa Isabel Pérez y Sánchez, madre legítima de los deman-dantes, había contraído segundo matrimonio con la Señora Carrasquillo con quien siguió viviendo en ese estado, pose-yendo de su propia y exclusiva propiedad bienes inmuebles de consideración. ?

Cuarto. Que durante dicha época, abril de 1909, Francisco Busó y Pérez se encontraba emancipado de la patria potestad de su padre Francisco Busó y Cabrera y vivía separado e independientemente de él, teniendo sn hogar en los Estados Unidos de América.

Quinto. Que durante ese mismo mes de abril 1909, los hermanos demandantes en este pleito, habían arribado a la pubertad, teniendo el mayor de ellos Francisco, 20 años de edad, y Poncio y Julio, 16 y 14 años respectivamente.

Sexto. Que durante ese mismo mes de abril de 1909, la finca descrita tenía un valor en venta nó menor de $20,000.

Séptimo. Que el referido demandado Francisco Busó y Cabrera compareció personalmente en Io. de mayo de 1909, ante el Pión. Charles E. Foote, Juez de Distrito, y le pre-sentó una solicitud jurada suplicando que se le autorizara para vender la expresada finca o sea la propiedad de los demandantes en esta acción, por la suma de $6,000, a Alejandro Labórela que babía ofrecido dicha suma por la men-cionada finca.

Octavo. Que dicho peticionario Francisco Bnsó y Cabrera, aduciendo hechos erróneos y atribuyéndose facultades legales por apreciaciones equivocadas en la expresada solicitud, sin que se nombrara un defensor para los menores, sin la firma, conformidad, consentimiento ni audiencia o consulta de los interesados menores, y sin consultar al Fiscal con respecto al asunto, requisito que es indispensable, y sin considerar debida y legalmente la necesidad y utilidad de la medida tomada, tramitó y obtuvo ilegalmente el expediente y lá auto-rización que solicitó en Io. de mayo de 1909.

Noveno. Que la Corte de Distrito de Iíumacao, presidida por el Hon. Charles E. Foote, dictó una resolución en Io. de mayo de 1909, estimando erróneamente que los menores pú-beres, debida y legalmente representados por su padre Francisco Buso y Cabrera, habían solicitado la autorización judi- . cial para vender la expresada finca; que la suma de $6,000 era el verdadero valor en venta de la descrita finca y que su venta o traspaso por dicha cantidad era necesario y con-veniente, autorizándose al mencionado Laborde para com-prarla por precio de $6,000, debiendo quedar dicho pago asegurado con hipoteca y produciendo interés del uno por ciento mensual pagadero por mensualidades vencidas y por el término de un año, de conformidad con la solicitud del padre.

Décimo. Que la notificación de la orden de la corte autori-zando dicha enajenación no fué notificada a los menores intere-sados, ni al Fiscal, así como tampoco al emancipado Francisco Buso y Pérez, los cuales menores se mostraron inconformes con los referidos procedimientos y su resultado, por ser noto-riamente perjudiciales a sus intereses legítimos y legales y por resultar en una violación manifiesta de los mismos.

Undécimo^. Que estos vicios o defectos de subrepción y obrepción por errores de hecho y apreciaciones equivocadas, aparecían y aparecen en el registro de la propiedad para conocimiento de los subsiguientes adquirentes.

Duodécimo. Que por virtud de dicha autorización defec-tuosa e ilegal, Francisco Bnsó Cabrera el día 3 de mayo de 1909, individualmente vendió a Alejandro Laborde la expre-sada finca por la suma de $6,000, pagaderos dentro del término de mi año y con intereses al tipo de uno por ciento mensual, enya venta se llevó a cabo ante el Notario Salvador Fnlladosa, que fné el abogado de que se valió para presentar sn solicitud, sin la autorización, intervención, conformidad, consentimiento o conocimiento de las partes interesadas, que son los deman-dantes en este pleito.

Décimo tercero. Qne por escritura otorgada en 2 de mayo de 1910 en Humacao por Alejandro Laborde a favor de Luis Recurt y Márquez, el primero vendió al segundo ante el No-tario Salvador Fulladosa de Humacao por la suma de $6,000, la mitad indivisa de la finca descrita que había sido adquirida del demandado Buso Cabrera.

Décimo cuarto. Que por escritura otorgada en 15 de oc-tubre de 1910 ante el Notario de San Juan, Damián Monserrat, Antonio Caubet y Pons, casado con Carmen G-onzález y Albert, residentes en dicha ciudad de San Juan, compró a Luis. Recurt Márquez y a su esposa María Frías y Mandry la mitad indivisa de dicha finca rústica, compuesta de 108 cuerdas 25 centavos, por la suma de $40,000, de los cuales se dieron por recibidos por el vendedor $26,750 antes del otorgamiento de la escritura, quedando en poder del comprador $1,250 para pagar parte de cierto gravamen hipotecario, y los $12,000 restantes fueron aplazados al término de dos años.

Décimo quinto. Que por orden de la Corte de Distrito de Humacao de fecha 22 de octubre de 1910, el peticionario Francisco Buso y Pérez había sido nombrado defensor legal de sus hermanos Poncio y Julio Buso y Pérez para ejercitar esta acción de interés opuesto al de su legítimo padre Francisco Buso y Cabrera, demandado en dicho pleito.

De conformidad con lo anterior los demandantes suplicaron a la corte que dictara sentencia definitiva en este caso, decla-rando la nulidad del expediente promovido por Francisco Buso y Cabrera a nombre de sus menores hijos Francisco Poncio, y Julio Buso y Pérez, así como también la autori-zación judicial recaída en Io. de mayo de 1909, y también las escrituras de venta de fecha -3 de mayo de 1909, otorgada en Humacao por Francisco Buso y Cabrera a favor de Alejandro Laborde ante el Notario Salvador Fulladosa, otra fechada en 2 de mayo de 1910, otorgada en Humacao por Alejandro Laborde a favor de Luis Becurt y Márquez ante el mismo Notario Salvador Fulladosa, y una tercera escritura de fecha 15 de octubre de 1910, otorgada en San Juan por el referido Luis Becurt y Márquez y su esposa María Frías y Mandry a favor de Antonio Caubet y Pons y su esposa Carmen Gon-zález y Albert ante el Notario Damián Monserrat, debiendo ■ imponerse las costas a los demandados.

Los demandados formularon varias contestaciones a esta demanda a las que no es necesario hacer referencia con mayor particularidad. Celebrado el juicio se dictó sentencia a favor de los demandados, por el fundamento de que la prueba adu-cida por los demandantes no era suficiente para probar los hechos contenidos en su demanda; y no habiéndose demos-trado que existiera fraude o engaño según alegaron los de-mandantes, al solicitar de la corte que dictara su orden autorizando la venta de la finca que pertenecía a los menores sin que tampoco se hubiera probado que existieran intereses opuestos entre Francisco Buso Cabrera y sus hijos, los de-mandantes ; y no apareciendo claramente de la prueba presentada que el menor Francisco Buso Pérez viviera inde-pendientemente de su padre en los Estados Unidos; y habién-dose probado que el padre constantemente remitía a su hijo . la parte que le correspondía en las rentas de la finca y que no tuvo conocimiento de su matrimonio hasta la fecha en que vió la certificación del mismo, apareciendo de los hechos que no se había probado que en la fecha en que se hizo el traspaso tuviera la finca un valor de $20,000, sino de $6,000, que fué la suma en que se vendió; y no constando que dichos menores se hubieran opuesto a la mencionada venta y que no habían estado conformes con ella, sino que, por el contrario, resnltando de la prueba que el demandante que compareció por sí y a nombre de los menores en esta demanda sabía que se babía efectuado la venta, y aunque se hace mención de una carta que se dice fué enviada a Francisco Buso Cabrera, padre, por su hijo Francisco Buso Pérez, y se alega que en la referida carta este último mostraba su inconformidad en la transacción, esa carta jamás fué presentada como prueba. En vista de todos estos lieclios la corte ordenó que la resolución dictada en Io. de mayo de 1909 por el juez de distrito de aquel distrito, predecesor del actual juez, por virtud de la cual se autorizaba la venta de la finca de los menores, así como también las escrituras dé enajenación otorgadas en 3 de mayo de 1909, por Francisco Buso Cabrera a favor de Alejandro Laborde, y la de 2 de mayo de 1910, otorgada por Alejandro Laborde a favor de Luis Recurt Márquez, y el traspaso hecho en 15 de octubre de 1910 por el expresado Recurt Márquez y su esposa, a favor de Antonio Caubet y Pons y su esposa quedaran en toda su fuerza y vigor, declarando con lugar la moción de desistimiento presentada por el demandado, e im-poniendo las costas a los demandantes. Esta sentencia fue dictada por la referida corte el día 29 de abril de 1911, contra la cual se interpuso apelación a su debido tiempo para ante este tribunal.

Los abogados del apelante consignan en el alegato que han presentado a esta corte, trece señalamientos de errores, los que no es necesario que consideremos en todos sus detalles, puesto que se basan en la Ley de Enjuiciamiento Civil de España y en ciertos artículos de la Ley Hipotecaria que han „ sido derogados por nuestros estatutos sobre Procedimientos Legales Especiales y por el Código de Enjuiciamiento Civil. Pasemos entonces a considerar las cuestiones que propiamente se encuentran envueltas en este litigio.

Primera. La ley vigente en la fecha en que fué dictada la orden sobre el expediente de utilidad y necesidad en el cual se fundó este pleito es un procedimiento que está contenido en los artículos 80 y 82 de la ley sobre Procedimientos Legales Especiales, aprobada por la Legislatura de Puerto Pico en 9 de marzo de 1905, y en las enmiendas que se hicieron a dicha ley en el año 1907, y no en las disposiciones citadas en el Código de Enjuiciamiento Civil de España y de la Ley Hipotecaria. (Véase el artículo' 85 de la ley de Procedimientos Legales Especiales que deroga todas las leyes anteriores que estén en conflicto con la misma.) La ley vigente en la fecha en que se dictó la resolución apelada no exige los requisitos en cuyo incumplimiento se fundó la acción establecida por el de-mandante,' o sea, la citación al Fiscal y a los menores apelantes, citación al menor emancipado, falta de su consentimiento, etc. Esto resulta claramente de una lectura que se haga de los estatutos y de .un estudio del curso de la legislación aprobada en esta isla con referencia a las cuestiones que están comprendidas en esta transacción.

Segunda. Según resulta de las alegaciones y de las prue-bas, el Juez Poote autorizó la venta de los bienes de los menores demandados en el ejercicio de las facultades que la ley le concedía, sin que aparezca que dicho juez fuera enga-ñado ni dejara-de reconocer como establecidos o de tomar en cuenta los hechos esenciales que exigía la ley entonces vigente, así como tampoco que incurriera en ningún error en cuanto a la apreciación de dichos hechos. Siendo esto así, es bien claro que su sucesor, el Juez López Acosta, no tuvo base alguna legal para decretar la nulidad de lo resuelto por su antecesor. Véase 22 Cyc. 566 y las notas que allí aparecen.

. Tercera. No se demostró que existieran intereses opuestos entre Buso Cabrera, padre y Buso Pérez, hijos, con respecto a la finca objeto de este pleito que pertenecía a estos últimos, cuya venta fue decretada por la corte. Por consiguiente, no había necesidad alguna de que se nombrara un defensor para dichos menores. De la prueba aparece que la finca vendida pertenecía exclusivamente a los menores que son los deman-dantes en este pleito. El hecho de que el padre había con-traído segundo matrimonio no estableció ninguna oposición en cnanto a sns respectivos derechos. Aunque los menores tenían derecho a exigir que se constituyera una hipoteca era garantía de sus intereses en los bienes muebles, si existían algunos, sin embargo, con respecto a la propiedad real, sola-mente tenían derecho a que los bienes inmuebles fueran ins-critos a su nombre, pues las rentas le pertenecían a su padre. Véanse los artículos 201 de la Ley Hipotecaria, 160, 162 del Código Civil Español, y 225 del Código Civil de Puerto Rico. Siendo ésta la ley, puesto que Buso padre no era coheredero de los demandantes ni condueño de sus menores hijos en el título de la finca vendida, no había necesidad de que se nombrara un defensor para dichos menores con el fin de soli-citar la autorización judicial para hacer la venta.

Cuarta. La misma prueba de los demandados establece fuera de toda duda el hecho irrefutable de que el demandante Francisco Buso Pérez no fué nunca emancipado; y si lo fué, él ratificó de modo tácito, pero eficazmente lo ejecutado por su padre en relación con la venta.. Véase el artículo 4, párrafo 2 del Código Civil de Puerto Rico. . T en cuanto a los otros demandantes, la ley no exige el cumplimiento de los requisitos que han sido alegados y especificados por ellos, por. lo que es innecesario discutir esa cuestión más ampliamente.

Quinta. La moción solicitando sentencia de sobreseimiento es un procedimiento adecuado con arreglo a nuestro Código de Enjuiciamiento Civil y en el presente caso fué propiamente declarada con'lugar. Véase el párrafo 5 del artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Por las razones expresadas en esta opinión, no encontramos que se haya cometido ningún, error en la sentencia que dictó la corte inferior y debe confirmarse en todas,.sus partes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wplf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Gestera, Apelante.
    Apelaoiów procedente de la Corte de Distrito- de San Juan, Sección 2a.
    No. 511.
    Resuelto en enero 20, 1913.
    Derecho Penal — Infracción del .Reglamento de Sanidad — Casas a Prueba de Ratas.- — Es insuficiente la acusación por no alegar que la casa o edificio en la que se mandan a hacer reparaciones para ponerla a prueba de ratas, sea de vivienda con piso de la planta baja de madera, o sea un edificio destinado a mercado, almacén, depósito, panadería, fábrica de pastas y conservas ali-menticias, licorería, dulcería, tienda, colmado, bodega, muelle, hotel, café, restaurant, bodegón y ventorrillo. Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 496, TSl Pueblo v. Blanco, 18 D. P. B., 1020.
    Id. — Acusación Insuficiente. — El defecto de la acusación es de tal naturaleza que puede ser considerado por esta corte, aun cuando el apelante no lo haya alegado ante este tribunal, ni conste si lo hizo ante la corte inferior.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Contra el apelante Teótimo Gestera se presentó en la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., la siguiente acusación:

“El Fiscal formula acusación contra Teótimo Gestera, por infrac-ción al Reglamento de Sanidad No. 3, sobre construcción y conserva-vación a prueba de ratas de los edificios y sus dependencias, promul-gado de acuerdo con la ley, el día 15 de julio de 1912, misdemeanor, cometido como sigue: El citado Teótimo Gestera allá el día 7 de agosto de 1912, en San Juan, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, fué notificado por el Inspector de Sanidad, J. A. Torres, de una orden expedida por el Director de Sanidad, para que dentro de un plazo de dos días, contados desde la fecha de la notificación, hiciera las siguientes reformas en una casa de su propiedad, situada en la calle de San Agustín y marcada por la Sanidad con el No. 28 Distrito 31: Levantar la casa a una altura de 2 pies o rodearla con muros de concreto que profundicen dos pies y ajusten perfectamente al piso de la casa. Y el citado Teótimo Gestera, ilegal y voluntaria-mente dejó transcurrir con exceso el plazo dádole, sin que basta la fecha haya efectuado ninguna de las reformas indicadas. Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico. Firmado. J. Sifre. Fiscal del Distrito. La acusación que antecede está basada en el testimonio- de testigos examinados bajo juramento, creyendo solemnemente que existe justa causa para presentarla al Tribunal. Firmado. J. Sifre. Fiscal de Distrito.”

Contra el fallo condenatorio de dicha corte se interpuso por el acusado el presente recurso de apelación sin que pre-sentara pliego de exposición del caso o de excepciones, ale-gato de errores ni compareciera a la vista de la' apelación. Por su parte el Hon. Fiscal de esta Corte Suprema,.tanto en su informe escrito como en el oral, solicitó la confirmación de la sentencia.

Ya liemos resuelto en el caso de El Pueblo v. Blanco, 18 D. P. R., 1020, que una acusación por el delito perseguido en este caso no es suficiente y no contiene todos los elementos necesarios para que los hechos constituyan infracción de dicho reglamento de sanidad, cuando no alega que la casa o edi-ficio en la que se mandan hacer reparaciones para ponerla a prueba de ratas sea de vivienda, que tenga el piso de la planta baja de madera, o que sea edificio destinado a mercado, alma-cén, depósito, panadería fábrica de pastas y conservas alimen-tieas, licorerías, dulcerías, tiendas, colmados, bodegas, mue-lles, hoteles, cafés, restauranes, bodegones y ventorrillos.

En este caso, lo mismo que en el de Enrique Blanco, no se expresan esos elementos esenciales en la denuncia que presentó el Fiscal del distrito, y aun cuando el apelante no ha alegado ante nosotros la insuficiencia de la denuncia, ni sabemos si lo hizo ante la corte inferior, sin embargo, es de-fecto de tal naturaleza que podemos considerarlo, ya que. ■es nuestro deber examinar si la denuncia imputa la comisión de un delito.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary y del Toro.

El Jnez Asociado Sr. Wolf'no tomó parte en la resolución este caso.


text:
    Avalo, Apelante, v. Porrata et al., Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 881.
    Resuelto en enero 22, 1913.
    Aseguramiento de Sentencia — Embargo sin Fianza — Documento Auténtico— Obligación Exigible. — Para que pueda decretarse un embargq sin fianza para aseguramiento de la efectividad de la sentencia, es necesario que apa-rezca claramente del documento auténtico que la obligación ‘es exigible, lo que quiere decir, no sólo que los documentos en que se base la petición sean auténticos, sino también, que fácilmente, sin gran dificultad, pueda el juez venir en conocimiento, de que realmente'la obligación" existe y puede recla-marse.
    Id. — Embargo sin Fianza. — Los documentos presentados no llenan los requisitos expresados en el párrafo anterior.
    Los hechos están expresados en la opinión. .
    Abogados del apelante: Sr. J. R. F. Savage y H. H. Sco-ville. . .
    Abogados de los apelados: Sres. José A. Poventud # Horacio S. Éelaval.

    Abogado de Clotilde Yeve: Sr. José de Gusmán Benítes.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso'de apelación fue establecido por Don José Ayalo Sánchez contra la resolución de la Corte de Dis-trito de San,Juan,-Sección Ia., de 27 de noviembre de 1911, por la que. dejó sin efecto el aseguramiento de sentencia- que sin prestación de fianza había ordenado anteriormente' en pleito que en cobro de cantidad presentó el apelante contrá Doña María Joaquina Porrata Doria y otros, como herederos de Doña María Díaz, viuda de Yeve.

Al mismo tiempo que el apelante radicaba su demanda, pre-sentó una moción de aseguramiento de sentencia en la que pidió que se decretara sin fianza en consideración a los docu-mentos que a ella acompañó. La cuestión, pues, a resolver en el presente recurso es si, cual alega el apelante y demandante, tiene derecho a que se decrete en su pleito un aseguramiento de sentencia contra bienes de los' demandados, sin necesidad de que preste fianza.

Según la ley para asegurar la efectividad de sentencia de Io. de marzo de 1902, sección 369 de los Estatutos Revisados, toda persona que demandare en juicio el cumplimiento de una obligación podrá obtener una resolución del tribunal que conoce de la demanda adoptando las medidas procedentes, según los casos, para asegurar la efectividad de la sentencia que haya de dictarse en el caso de prosperar la acción ejer-citada ; y según la sección 372, si consta claramente en docu-mento auténtico que la obligación es exigible, el tribunal de-cretará el aseguramiento sin fianza; de modo que para que pueda decretarse sin fianza, es necesario que claramente ■conste en un documento auténtico que la obligación es exigible y, por tanto, hemos de considerar si estos requisitos aparecen cumplidos de los documentos presentados por el demandante con su moción de aseguramiento de sentencia.

Siete documentos presentó el demandante a la considera-ción de la corte inferior con objeto de obtener el asegura-miento sin fianza, siendo el primero de ellos una certificación expedida en 7 de mayo de 1898 por Don G-ermán Jiménez Bacelga, Secretario de la Sección 2a. de la Audiencia Territorial y librada con referencia a algunas actuaciones com-prendidas en la causa criminal No. 179 seguida en el Juzgado de Instrucción de Humacao, por robo de cañas y otros objetos, contra Don Juan Vaamonde López y otros, y en ella se inserta un escrito que en 18 de junio de 1893 presentaron en diclia causa Don Juan Vaamonde López como apoderado de Doña María Díaz y Siaca, viuda de Veve, y Don Miguel Correa y Lassala, depositario administrador judicial de los bienes del concurso necesario de acreedores de Don José Avalo Sánchez, y en el cual expusieron en sustancia, que por consecuencia de la posesión dada al Sr. Vaamonde a nombre de su poder-dante de la hacienda Bello Sitio y sus pertenencias, por adjudicación que se le hizo en ejecutivo que se siguiera contra el concursado Señor Avalo Sánchez, surgieron dificultades entre los comparecientes, que fueron subsanadas más tarde, otorgándose al efecto un contrato que dice insertar íntegra-mente, por el cual el Sr. Vaamonde como tal apoderado y el Señor Correa en su carácter de depositario, acordaron que el primero devolvería al segundo varias cuerdas de tierra que describen; se compromete a no hacer reclamaciones por diez y siete cuerdas que faltan en la Hacienda Bello Sitio y, además, a que pagará el importe de ciertas cañas y desperfectos, 'con arreglo a tasación que hagan los peritos Don Eduardo y Don Domingo Rivera Siaca; y por su parte, el segundo quedó obligado mientras fuera depositario a no perseguir con mar-cada insistencia al Señor Vaamonde, para evitar que éste sea procesado, acordando,, además, que si los peritos nombrados no quisieran aceptar su comisión, se someterían en un todo a las personas que designe el Juzgado. En dicho escrito se con-signa, además, que habían convenido en prorrogar el pago del importe de las cañas hasta que la Señora viuda de Veve fuese puesta definitivamente en posesión de la Hacienda Bello Sitio por mandato expreso de juez o tribunal competente, para que de ese modo no pudiese ser molestada por ninguna clase de incidentes que nacieran dentro del juicio necesario de acree-dores en que se encuentra el Sr. Avalo Sánchez y que tal prórroga fué concedida por el Sr. Correa a condición de que se pagase por el capital el interés del iy2 por ciento mensual; pero que suscitadas nuevas dificultades con motivo de las cañas que existían sembradas en el fundo Bello Sitio, re-matada y adjudicada a la Señora viuda de Vevé, fueron tasa-das éstas por los peritos Juan Lavaggi y Benigno de Santiago, nombrados por el juzgado. Sn tasación fué rectificada am-pliándola a dos cosechas sucesivas y por ello se fia convenido nuevamente entré los comparecientes • que el importe de las doscientas cuerdas de cañas que el Señor Arruza tenía sem-bradas en dicha Hacienda Bello Sitio será satisfecho a Don José Avalo Sánchez por la Señora viuda de Yeve, dos años después de vencido el plazo señalado pára el pago del importe de las cuerdas de tierra a que ya se ha hecho referencia, con más los intereses del 6 por ciento anual, y que si por cual-quier circunstancia la Señora viuda de Veve dejase de efec-tuar el pago oportunamente, desde ese día satisfará el 1 por ciento de interés mensual por los $33,000 e intereses a que ascienda el total de la deuda en ese entonces.

De la propia certificación aparece que el mismo día en que se presentó esé escrito fué ratificado por el Señor Yaamonde y por Don Miguel Correa.

El segundo documento es una certificación librada por Don José E. Figueras como Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, con fecha 7 de enero de 1905, de la que aparece en la parte transcrita en la exposición del caso, y sin que sepamos a qué actuaciones se refiere, pues dice que “de la segunda pieza de la mencionada causa criminal,” sin decir cuál es, que los peritos Don Eduardo y Don Domingo Rivera emitieron dictamen en 14 de marzo de 1893 con referencia a las piezas de caña que Don José Avalo -Sánchez tenía sem-bradas desde el año 1890 en la estancia que compró a Don Andrés Avelino Sauri, determinando los nombres de varias parcelas y dando como total de esa tasación, por cañas y un estiércol, la cantidad de $35,800. En la misma certificación se consigna que los peritos carpinteros Don Manuel Brito y Don José Concepción Mercado valoraron los daños causados en los edificios enclavados en las referidas estancias en la cantidad de $4,200.

El documento No. 3 es una-certificación expedida por Don Luis Méndez Yaz como Secretario de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, con fecha 17 de diciembre de 1904, con referencia a ciertos folios de la cansa criminal nú-mero 179 del Juzgado de Humacao contra Juan Yaamonde y otros por robo de cañas, y también de otros de la primera pieza del juicio declarativo de mayor cuantía seguido por Don José Avalo Sánchez contra Doña María Díaz viuda de Yeve, sobre cancelación de hipoteca y devolución de la Hacienda Bello Sitio y de ella aparece, también en extracto, que Don José Palacios, Procurador de la Señora viuda de Veve, compareció ante la Sala en el rollo de dicha causa con un escrito cuyo propósito es el de aclarar ciertos extremos expuestos por el procurador de Don Miguel Correa, administrador judicial del concurso de Avalo Sánchez, en un escrito que presentó al tribunal. En tal escrito del Procurador Palacios, se consignó que en 30 de octubre de 1891 se dió posesión a la Señora viuda dé Veve de la Hacienda Bello Sitio; que debido a un error involuntario, el Señor Yaamonde, apoderado de dicha señora, se posesionó también de otros cuatro predios de terreno existentes en el centro de la hacienda mencionada y de edificios y piezas de cañas que no habían sido objeto de ejecución por parte de dicha señora;' que Don Miguel Correa, depositario de los bienes del concurso de Avalo Sánchez, denunció el hecho al Juz-gado quien ordenó la instrucción del sumario; que aclarado el •error por las partes interesadas, la Señora Viuda de Yeve ordenó- a su apoderado la entrega a Correa del terreno indi-cado y se comprometió, además, a pagar el importé de las cañas y dé los demás objetos de que ya había dispuesto, ■después que se llenasen por Correa ciertas condiciones que la doña María creyó necesarias a' su derecho, las que constan en documentos y declaraciones obrantes en el sumarió; que a pesar de eso, el depositario pretendió renunciar al cargo y ausentarse de la isla’ llevándose' algunos miles de pesos de Doña María Díaz y que, cómo ésta se ha negado á facili-társelos, el tal Correa ha comparecido ante lá Sala con un escrito lleno de injurias; que no debe dudar Correa que desde el momento en que la señora viuda'de Veve se comprometió al pago del importe del daño cansado por sn apoderado Vaamonde, el acto de éste fné nna simple falta y qne como sn representada Doña María Díaz vinda de Veve no ña faltado al compromiso hecho de pagar' el importe de las cañas y ■demás objetos tomados por sn apoderado, tal y como fné pactado entre ambos, ratifica ese compromiso. También in-serta esa certificación nn escrito del Señor Correa de 22 de mayo de 1893 en el qne hace referencia al contrato de 27 de jnnio de 1892 celebrado con el apoderado dé la Señora vinda ■de Veve; a qne le ha reclamado, el pago convenido, al qne se negó manifestando no debía hacerlo hasta qne no se terminara la cansa criminal en qne se comparece y se álzase en el con-curso la ocnpación de la Hacienda Bello Sitio, y qne el depo-sitario, en sn deseo de evitar nnevas cnestiones, ha convenido con la dendora, en presencia'dél Señor Vaamonde y‘de Don Bamón Ortiz, qne el contrato se reformaría en cnanto al pago en la forma por ella solicitada, siempre qne se comprometiese a pagar además del capital el interés del 6 por ciento annal desde el Io. de enero de 1892; qne lo convenido fné qne el día en qne se termine el snmario y vinda de Veve se encuentre en posesión de la Hacienda Bello Sitio por mandato expreso de jnez o tribunal competente, y no por otra circunstancia cualquiera, el día ultimo del mes en qne este segundo extremo se halle cumplido, aunque no lo estuviere el primero, la señora vinda de Veve pagará el importe de las cañas y demás objetos con arreglo a la tasación hecha,ya; y por ello concluyó suplicando se citara a la señora vinda de Veve para ratificar el convenio o compromiso de pagar el valor de las cañas y demás objetos correspondientes, con arreglo al justiprecio de qne ha hecho mención. En 22 de mayo de 1893 y después de prestar juramento ratificó Don. Miguel Correa el. anterior es-crito y én 25 de mayo de 1893 hizo lo propio y en igual forma la señora vinda de Veve.- En'el'mismo día Don Juan Vaa-monde y Don Bamón Ortiz testificaron haber presenciado él convenio.

El otro particular expuesto en esa certificación, con refe-rencia al juicio declarativo, es una esquela firmada Sánchez y dirigida a un tal Andreu, en que se le pregunta si hay conformidad en el peso de 56 bocoyes de azúcar así como en el galonaje de 22 cascos de miel, y la contestación de igual fecha de Andreu a Sánchez, de que no podía dar la nota que se le pedía hasta que se revisen los bocoyes. Además con-tiene una declaración de Doña María Díaz, viuda de Yeve, de fecha 11 de noviembre de 1891 ante el Juez Municipal suplente de Fajardo, con referencia a ciertos pagarés.

El documento número á es una certificación de la reso-lución dictada por este Tribunal Supremo declarando con lugar un recurso de certiorari establecido en el concurso de acreedores de José Avalo Sánchez, contra la Sucesión de María Díaz, viuda de Veve, y alzando, además, la ocupación de los bienes decretada en el concurso, los que deben quedar a disposición del señor Avalo Sánchez, con excepción de la Hacienda Bello Sitio.

El documento número 5 es una certificación de la solicitud del auto de certiorari presentada' al Tribunal Supremo por la Sucesión de Doña María Díaz, viuda de Veve, que motivó la precedente resolución.

Los documentos 6 y 7 son el testamento de la Señora viuda de Veve y declaratoria de herederos de algunos dé sus sucesores.

Al discutirse la oposición hecha por algunos de los de-mandos a que subsistiera la orden de aseguramiento de sen-tencia sin fianza, presentó el demandante otros dos docu-mentos, siendo el primero de ellos una certificación de ciertos particulares del concurso necesario de acreedores de Don José Avalo Sánchez y con referencia a un escrito obrante en el misino, en el que Don Miguel Correa, depositario de los bienes del concurso, manifestó que oportunamente había dado cuenta al juzgado de entorpecimientos para administrar los bienes que le fueron entregados y de la solución que con la Señora viuda de Veve había encontrado, que originó un con-trato de fecha 27 de junio de 1892 por el que se estipuló que el importe de las cañas sustraídas por Don Juan Vaainonde sería pagado tan luego como fuera conocido su valor, para lo que designaron peritos; que llegado al momento de efec-tuar el pago, lo cual tenía que hacerse al Juzgado, la deudora pidió prórroga que le fué concedida a condición de pagar el interés legal; que más tarde se ratificó todo ya en debida forma en la causa criminal y sólo quedó pendiente de arreglo en ese entonces las cañas que la señora viuda de Yeve tomó de la Hacienda Bello Sitio; que valoradas ellas por peritos designados por el juzgado, quedó arreglado todo por medio de convenio ratificado ante el juzgado, estipulándose que el importe de las mencionadas cañas sería satisfecho por la Señora viuda de Veve con sus intereses, dos años después de vencido el plazo que se fijó para la deuda anterior, o sea para el pago de las cañas, edificios y demás objetos tomados de la estancia Sauri; que como estima conveniente que conste en los autos con todos sus pormenores, acompañaba certificación respecto de esos particulares. En 29 de julio de 1893 se resolvió por el juzgado tener por hechos y aprobados todos los actos y contratos realizados hasta ese día por el deposi-tario Correa con la Señora Doña María Díaz.

El otro documento es una copia notarial del poder otorgado por Doña María Díaz, viuda de Yeve, en 9 de julio de 1884 a favor de Don Juan Vaamonde López.

Hemos hecho solamente un extracto conciso de esos docu-mentos porque es .suficiente para resolver la única cuestión que ahora tenemos sometida a nuestra consideración, cual es, la de si el juez de la corte inferior procedió correctamente en su resolución de 27 de noviembre de 1911 al dejar sin efecto su otra orden de 11 de mayo de 1911 por la que decretó el aseguramiento sin fianza.

• Las partes en este recurso, especialmente las demandadas, han planteado innumerables cuestiones de que nosotros po-demos en este momento prescindir, porque principalmente se refieren a las que ha de resolver la sentencia definitiva que se dicte en el pleito, y como ahora sólo-tenemos ante nosotros el incidente de aseguramiento, ese punto único resolveremos.

■ Como antes hemos dicho, para que el aseguramiento de sentencia pueda decretarse' sin fianza, es necesario que apa-rezca claramente de documento auténtico que la obligación es exigible, lo que quiere decir no sólo que los documentos en que se base la petición sean auténticos, sino también que fácilmente, sin gran dificultad, pueda el juez venir en cono-cimiento de que realmente la obligación existe y puede reclamarse.

En el caso presente, la naturaleza de los documentos pre- • sentados, el contenido de los mismos y los distintos hechos ■expuestos en ellos, demuestran qué no cumplen el precepto de la ley de que claramente aparezca en documento auténtico la ■existencia de la obligación reclamada y que es exigible, pues para llegar a esta conclusión sería necesario al juez relacionar unos con otros los distintos actos ■ expresados en esos docu-mentos y sus fechas, así como el valor y alcance de las cer-tificaciones mencionadas, trabajo propio para la sentencia del pleito, pero no para un aseguramiento de sentencia.

Como los documentos presentados por el demandante no demuestran claramente; a primera vista, la obligación recla-mada; sin que esto quiera significar que carece de derecho para un fallo definitivo a su favor, no cometió error el juez inferior en la resolución recurrida, la que debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente .Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro. ...


author: El Juez Presidente Sr, Hernández,

text:
    Avalo, Apelante, v. Porrata et al., Apelados.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia. •
    No. 882.
    Resuelto en enero 22, 1913.
    Aseguramiento de Sentencia — Embargo sin Fianza — Documento Auténtico— Obligación Exigible. — Para que pueda decretarse el aseguramiento de sen-tencia sin fianza, es necesario que conste claramente en documento auténtico que la obligación es exigible, según la sección 4 de la ley para asegurar la efectividad de sentencias, aprobada en marzo 1, 1902. Los. documentos pre-sentados en este caso no muestran claramente la exigibilidad de la obligación. Resuelto por ios fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 881, Avalo v. Porrata et al. (pág. 20).
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. J. R. F. Savage y H. H. Seo- • ville. . .
    Ahogados de los. apelados: Sres. José A. Poventud y Horacio S. Belaval. . , .
    Ahogado, de Clotilde Yeve: Sr. José de Guzmán Benitez.

   El Juez Presidente Sr, Hernández,

emitió la opinión del trihun,al.

Con fecha 26 de abril del año de 1911,.Don José A^alo Sán-chez presentó demanda , ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San,Juan, Sección Ia., contra Doña Josefa Eafaela Porrata Doria y Veye y otros, con súplica,de que se dictara sentencia condenando a los demandados a respetar y cumplir lo convenido por Doña María Díaz y Siaca en cierto contrato y a pagar y entregar al demandante la suma de $36,460.05 en oro americano, los intereses sobre esá cantidad desde él 1°. de marzo de 1909 al tipo del 1 por ciento mensual hasta la fecha de su pago, las costas, daños y perjuicios sufridos por el demandante con motivo de la inora en vérificar dicho' pago, causados en primer lugar por la Señora Díaz y Siaca, y des-pués por los demandados, con las costas del juicio y los hono-rarios de abogado también a cargo de los demandados.

Al siguiente día 27 de abril el demandante Avalo Sánchez pidió a la misma corte en moción, escrita, que para el ase-guramiento de la sentencia que pudiera recaer en el pleito iniciado decretara el embargo de bienes de los demandados en cantidad suficiente a asegurar la suma de $70,000 a que alcanzarían las responsabilidades de los demandados por con-cepto de capital, intereses, costas, daños y perjuicios y hono-rarios de abogado, sin que al demandante se le exigiera pres-tación de fianza para el embargo solicitado por tratarse, según alega el peticionario, de la obligación de pagar una suma de dinero que constaba claramente por documento auténtico.

La Corte de Distrito de San Juan por orden de 10 de mayo del año citado, decretó él embargo de bienes de los deman-dados hasta cubrir la suma de $45,878.89 sin exigir fianza alguna al demandante Avalo Sánchez y habiéndose hecho oposición a dicha orden se dejó ésta sin'efecto por resolución de 27 de noviembre del repetido año 1911, ordenándose el levantamiento del embargo trabado en bienes de los opositores, por los propios fundamentos de la resolución dictada en el caso número 4675 de la misma corte, previniéndose a la parte demandante, que si desea asegurar la efectividad de la sen-tencia que en el presente caso pueda dictarse debe prestar la fianza que la corte tenga a bien exigirle.

Dicha resolución fué apelada por Don José Avalo Sánchez y ese es el recurso sometido a nuestra consideración y deci-sión después de cumplidos los trámites legales.

Los documentos que la parte apelante presentó a la- corte inferior para apoyar y sostener su moción de aseguramiento de sentencia sin fianza mediante embargo de los bienes de los demandados, son los mismos que han sido extractados en la opinión de esta corte emitida por nuestro asociado, Sr. Aldrey, y que sirve de fundamento a la resolución dictada en el día de hoy al resolver el recurso numero 881 de Avalo v. Porrata et al., (pág. 20), procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.

A los hechos consignados en dicha opinión hemos de refe-rirnos y los damos aquí por reproducidos, siendo también aplicables al presente caso los razonamientos expuestos para fundamentar la resolución recaída en el caso número 881 hoy decidido, sin que sea necesario que aquí los repitamos.

Para que pueda decretarse el aseguramiento de sentencia sin fianza, es necesario que conste claramente en documento auténtico que la obligación es exigible, según la Sección 4a. de la Ley para asegurar la Efectividad de Sentencias, aprobada en 1°. de marzo de 1902. En el presente caso no aparece claramente la exigibilidad de la obligación por más que ni afirmamos ni negamos que sea exigible, lo cual ha de deci-dirse en la sentencia que recaiga en el pleito iniciado por Don José Avalo Sánchez.

La orden recurrida se ajusta a los hechos y a la ley y por tanto debe confirmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Gestera, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 510.
    Resuelto en enero 22, 1913.
    Derecho Penal — Infracción del Reglamento de Sanidad — Casas a Prueba de Ratas. — Es insuficiente la denuncia por no expresar si la casa del acusado era de vivienda y tenía el piso de la planta baja de madera, cuya alegación es indispensable para que este tribunal pueda concluir que el acusado estaba obligado a hacer las obras que .se le ordenaron por el Director de Sanidad. Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 496, El Pueblo v. Blanco. 18 D. P. R., 1020.
    Los héchos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote,-Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia origen de esta causa, dice, copiada en lo perti-nente, así:

“El Fiscal formula acusación contra Teótimo Gestera, por infracción al Reglamento de Sanidad No. 3, sobre construcción y conservación a prueba de ratas de los edificios y sus dependencias, promulgado de acuerdo con la ley, el día 15 de julio de 1912, misdemeanor, come-tido como sigue: El citado Teótimo Gestera, allá el día 7 de agosto de 1912, en Puerta de Tierra, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, fué notificado por el Inspector de Sanidad, J. A. Torres, de una orden dictada por el Director de Sanidad, para que dentro de un plazo de dos días, contados desde la fecha de la notificación, hi-ciera las siguientes reformas a una casa de su propiedad, situada en la calle de San Agustín y marcada por la Sanidad con el No. 27, distrito 31: levantar la casa a una altura' de 2 pies, o rodearla con muros de concreto que profundicen 2 pies y ajusten perfectamente al piso de la casa. Y el citado Teótimo Gestera, ilegal y voluntaria-mente dejó transcurrir con exceso el plazo dádole, sin que hasta la fecha haya hecho ninguna de las reformas ordenadas.”

Con tal denuncia como base el acusado Gestera fué con-denado por la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., a pagar una multa, de .veinte y cinco pesos, y en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada peso dejado de satisfacer.

Gestera apeló para ante este Tribunal Supremo y la vista del recurso se celebró el día 15 de enero de 1913 con la sola asistencia del Fiscal.

Por la simple lectura de la denuncia se concluye que este caso debe decidirse por la regla establecida en el de El Pueblo v. Blanco, 18 D. P. R., 1020, y ratificada en los de El Pueblo v. Gestera (pag. 7) y El Pueblo v. Gestera (pág. 18).

En la denuncia deben consignarse los becbos constitutivos de la infracción imputada. Ella .es la .base-del proceso.. Las pruebas ,s.e, presentan luego, \si ■ se niega-la denuncia,; para demostrar que los becbos denunciados son ciertos, y, si-esto es así, procede entonces el pronunciamiento de una sentencia' condenatoria.

En el presente caso se ha castigado al acusado por dejar de cumplir una orden que dictara el Director de Sanidad y en la denuncia no se exponen los hechos necesarios para de-mostrar que el acusado estaba obligado a hacer lo que se le ordenaba. Para que la denuncia fuera completa, sería necesario que especificara que la casa del acusado era de vi-vienda y tenía el piso de la planta baja de madera.

Puede que en efecto la casa de que se trata en este caso, en realidad de verdad sea de vivienda y tenga el piso de la planta baja de madera y que, por tanto, la orden dictada pudo dictarse válidamente, pero si esto es así, debió haberse con-signado expresamente en la denuncia de acuerdo con la ley y la constante jurisprudencia de los tribunales.

Ante nosotros no constan alegados tales extremos y en tal virtud estamos obligados a decidir, que no apareciendo de la denuncia, base del proceso, que el acusado estaba obli-gado a hacer la obra que se lo ordenaba, no es posible con-cluir que de ella aparezca que se imputó la comisión de infracción alguna. Y si no hubo infracción imputada, tam-poco puede haber sentencia condenatoria válida..

El recurso debe declararse con lugar y revocarse la sen-tencia apelada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Alonso, Apelado, v. Maymí, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de'Distrito de San Juan, Sección 2a,
    No. 861.
    Resuelto en enero 23, 1913.
    Costas — Honorarios de Abogados. — La palabra costas no incluye honorarios de abogados.ni desembolsos y la parte condenada a pagar las costas, si no ha sido también expresamente condenada a pagar honorarios de abogados, no está obligada a satisfacerlos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogados del apelado: Sres. Nemesio B. Canales y E. B. Wilcox.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tri-, bnnal.

• Se trata en este caso de nna apelación interpuesta contra xésolnción que denegó el pago de ciertas partidas consignadas -en un memorándum de costas, posteriores a la sentencia.

Interpuesta demanda por Agustín Alonso Sobrino contra Francisco Maymí Izquierdo en cobro de cuatro mil pesos, desistió el actor de su reclamación a lo que accedió la corte de distrito imponiéndole las costas. Entonces presentó el demandado un memorándum de costas que fué aprobado por la corte inferior y, apelada por el demandante esta resolu-ción, fué luego desestimada esa apelación por esta Corte Su-prema, después de lo cual el demandado presentó nuevo memorándum de costas comprensivo de cinco partidas, dos de ellas por costas de la secretaría, otra por notificación del memorándum y las dos restantes, cada una por $25, .por hono-rarios del abogado del demandado devengados en la vista impugnando el primer memorándum de costas y en otra impugnando la reconsideración que solicitó el demandante de la orden que aprobó el primer memorándum de costas.

El segundo memorándum a que venimos refiriéndonos, fué impugnado por indebido, y resuelto por la corte inferior en 23 de marzo de 1912, aprobándolo sólo en cuanto a las costas en él reclamadas y denegando las partidas de honorarios de. abogado. Esta resolución fia sido apelada únicamente por el demandado y, por tanto, la sola cuestión que tenemos que resolver , abora es si el juez de la corte inferior cometió o nó error al negar el pago de esas dos partidas por honorarios de abogados, ascendentes ambas a cincuenta pesos.

Sostiene el demandado apelante que tiene derecho a que el demandante le pague esas dos partidas de honorarios de su abogado, porque tanto la sentencia como la resolución que denegó la reconsideración pedida por el demandante, le con-denó en las costas.

Dejando a un lado otros motivos que no son de resolver en este momento, ya que la apelación ha sido establecida úni-camente por el demandado, diremos que, si el demandante debe pagar el segundo memorándum de costas, no pueden incluirse en él las partidas rechazadas por honorarios de abogado, ya que su pago no fué especialmente impuesto por la corte, la que sólo le condenó en costas.

Ya hemos resuelto en el caso de Veve v. El Municipio de Fajardo, 18 D. P. R., 764, que la palabra costas, que es la empleada en este caso por la corte inferior, se refiere sólo a los derechos e indemnizaciones que consistan en cantidades fijas e inalterables, determinadas anticipadamente por las. leyes, reglamentos o aranceles, y no a honorarios de abogados ni a desembolsos. Si, pues, el demandante no fué específi-camente condenado al pago de honorarios de abogados, no erró la corte inferior al decidir en su resolución apelada que las dos partidas por ese concepto reclamadas por el deman-dado, quedaran excluidas de su memorándum y debe ser’ confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: ■El Juez Asociado Sb. Aldbey,

text:
    Gandía, Apelado, v. Pizá Hnos., S. en C., Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 875.
    Resuelto en enero 23, 1913.
    Costas — ERrores Fundamentales — Apelación.—Los errores fundamentales pue-den alegarse por primera vez en apelación.
    Id. — Honorarios de Abogados — Errores Fundamentales. — La objeción de que una parte no está obligada a pagar honorarios de abogados por no haber sido condenada expresamente a pagarlos, puede ser alegada por primera vez en apelación, aun cuando en el tribunal inferior dicha parte los hubiere impug-nado únicamente por ser excesivos.
    Id. — Honorarios de Abogados. — Para que una parte esté obligada a pagar hono-rarios de abogados como parte de las costas, es indispensable que sea con-denada expresamente en la sentencia a pagar dichos honorarios.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Juan Hernández López.

    Abogado del apelado: Sr. Antonio Sarmiento.

   ■El Juez Asociado Sb. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia por la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Ia., por la que condenó a los demandados Pizá Her-manos S. en C. a pagar a Ricardo A. Gandía Caldentey una determinada cantidad de dinero y las costas, presentó éste el siguiente memorándum de costas.

“Honorarios del secretario- $14. 85
“Indemnización de testigos- 10. 65
‘ ‘ Citación de testigos- 12. 00
“Indemnización a peritos con gastos de viajé- 85. 00
“Derechos notariales de los documentos pre-sentados- 18.00
“Récord taquigráfico- 24. 00'
“Honorarios del letrado- 1, 500. 00
“Total-.-$1,664.50

La sociedad condenada al pago en el propio asunto solicitó se le concediera nn nnevo juicio, qne le fné negado ■ también con imposición de costas, y entonces el “demandante presentó otro memorándum de costas comprendiendo las siguientes partidas:

“Gastos de la corte según sus libros- $1. 75
‘ ‘ Honorarios del letrado- 200. 00
“Total_$201.75

Uno y otro memorándum fueron impugnados por Pizá Hermanos S. en C. por los motivos, en cuanto al primero de que no debía pagar la partida de indemnización a peritos y sus gastos de viaje, por no estar justificado que en el juicio intervinieran peritos en carácter de tales; y también im-pugnó la partida de gastos por honorarios de abogado, porque conceptuaba excesiva la cantidad de $1,500 que por ese. con-cepto se reclaman y pidió a la corte que se fijaran en $600.

El segundo memorándum sólo fué impugnado en la partida referente también a honorarios de abogado, porque no ha-biendo procedido con temeridad ni malicia al solicitar el nuevo juicio, no debió ser condenado en costas y, además, por considerar excesiva la cantidad de $200 que se reclaman.

La expresada corte de distrito por resolución de 9 de marzo de 1912 aprobó integramente el segundo memorándum y en cuanto al primero, lo redujo a $1,500, reduciendo así la cuantía de los honorarios de abogado. Esta resolución ha sido apelada por los demandados Pizá Hermanos S. en C. motivando el presente recurso.

Los demandados y apelantes que en la corte inferior impugnaron las dos partidas de honorarios de abogado por considerarlas excesivas y que en consecuencia admitían no sólo tácitamente que debían alguna cantidad, sino que pidieron a la corte que los del primer memorándum se fijaran en $600, sostienen ahora por primera vez ante esta Corte Suprema en su alegato de errores, que no deben pagar nada por hono-rarios de abogado porque no fueron condenados a satisfa-cerlos sino únicamente a pagar costas, cnya declaración no comprende aquéllos.

Ante este nuevo motivo de objeción de los demandados y apelantes, sostiene el apelado Ricardo Gandía Caldentey que no puede ser considerado por esta corte porque se lia alegado ante ella por primera vez y no fué una cuestión planteada ante la corte inferior, citando en su apoyo los casos de Feliú v. Narváez, 12 D. P. R., 139, y Forres v. Lothrop, 16 D. P. R., 182.

Por tanto, lo primero que Remos de resolver es, si Rabián-dose RecRo una objeción por primera vez ante esta Corte Su-prema podemos considerarla y resolverla.

Cuando el error u objeción propuesto o alegado por pri-mera vez en la apelación es fundamental, entonces, aunque no se Rubiera planteado la cuestión en la corte inferior, podemos considerarla y resolverla y sólo prescindiremos de tales cuestiones nuevas cuando, como en los casos citados por el apelado, tales cuestiones no son sustanciales a la cuestión en controversia sino que son de tal naturaleza que pudieron oponerse como excepciones para subsanar defectos en la demanda o reclamación, y que no Rabiendo sido RecRas opor-tunamente, el derecho a alegarlas se entiende abandonado. Pero cuando la objeción es de tal índole que siendo cierto demuestra la carencia de acción, cual ocurre en el presente caso en que los demandados y apelantes sostienen que nada deben por Ronorarios de abogado a su contrario, entonces esa impugnación u objeción es equivalente a una excepción de que no existe causa de acción, que como privilegiada puede ale-garse en cualquier tiempo, y aun por primera vez en apelación, según ya Remos resuelto en repetidos casos.

Así pues, estamos en condiciones de considerar ese motivo de error aducido por los demandados y apelantes.

Como las condenas impuestas a los apelantes fueron única-mente por* las costas y no se especificó que debieran' pagar lionorariós de abogado, no están obligados a satisfacerlos de acuerdo con la doctrina que hemos establecido en el caso de Veve v. El Municipio de Fajardo, 18 D. P. R., 764, en el que ampliamente tratamos y razonamos esa cuestión, y llegamos a la conclusión de qne, si bien en pleitos de cuantía superior a $500, puede la parte contra quien se dicta el fallo, ser condenada a pagar los honorarios de abogado de la parte contraria, sin embargo, para que tenga tal deber de pagarlos, es necesario que la corte expresamente le baya con-denado a satisfacerlos, sin que sea suficiente para deberlos, el que baya sido condenado en costas únicamente. En con-secuencia, las dos partidas de $1,500 que figuran en el primer memorándum y de $200 en el segundo por honorarios de abo-gado, no son debidos por los apelantes Pizá Hermanos, S. en C.

La otra partida que se impugnó es la de $85 del primer memorándum por indemnización a peritos con gastos de viaje, y aun cuando se sostiene por los apelantes que no hubo tal dictamen pericial, sin embargo, como para contrarrestar esa objeción se presentó como prueba en la corte inferior el pleito de donde dimana el memorándum y la exposición del caso del mismo, y dichos documentos no se han incluido en la transcripción del caso que tenemos presente, hemos de aceptar la conclusión a que llegó el juez de la corte inferior, de que efectivamente hubo tal dictamen pericial y debe ser pagado.

En mérito de lo expuesto, la resolución de la corte inferior que aprobó el memorándum de costas, debe ser con-firmada, excepto en las dos partidas referentes a honorarios de abogado, en cuyos extremos debe ser revocada.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Gestera, Apelante.
    Apelaciós procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 509.
    Resuelto en enero 23, 1913.
    Derecho Penal — Infracción del Reglamento de Sanidad — Casas a Prueba de Batas. — Es insuficiente la denuncia por no expresar si el ranchón de madera que se dice ser de la propiedad del acusado, objeto de las reformas ordenadas por el Director de Sanidad, está dedicado a vivienda o destinado a mercado, almacén, depósito, panadería, fábrica de pastas y conservas alimenticias, lieo-rería, dulcería, tienda, colmado, bodega, muelle, hotel, café, restaurant, bode-gón y ventorrillo, siendo tal alegación indispensable en este caso para deter-minar una infracción del Reglamento de Sanidad No. 3. — Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 496, Di Pueblo v. Blando, 18 D. P. R., 1020.
    Los techos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: .Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del •tribunal.

La presente causa se originó en la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Sección 2a., a virtud de acu-sación jurada y firmada del Fiscal de dicho distrito, fecha 1°. de octubre del año próximo pasado, que en lo pertinente dice así:

• “El Fiscal formula acusación contra Teótimo Gestera por un ■delito de infracción al Reglamento de Sanidad No. 3, sobre construc-ción y conservación a prueba de ratas de los edificios y sus depen-dencias, promulgado de acuerdo con la ley, el 15 de julio de 1912, (misdemeanor) cometido como sigue: el citado Teótimo Gestera, allá el día 9 de agosto de 1912, en Puerta de Tierra, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, fué notificado por el Inspector de Sanidad J. A. Torres, de una orden expedida por el Director de Sanidad, para que dentro de un plazo de dos días, contados desde la fecha de la notificación,' hiciera las siguientes reformas en un ran-chón de madera de su propiedad, situado en la calle de San Agustín, Puerta de Tierra, y marcado por la Sanidad con el No. 10 B„ Dis-trito No. 30: Elevando la casa a una elevación de 2 pies o rodearla con muros de concreto que profundicen 2 pies y ajusten perfecta-mente al piso de la casa. No se permitirá excavar la tierra debajo de la casa. Y el citado Teótimo Gestera, ilegal y voluntariamente dejó transcurrir con exceso el plazo dádole, sin que hasta la fecha haya efectuado ninguna de las reformas indicadas. Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.' Firmado. J. Sifre, Fiscal del Distrito. ’ ’

Celebrado el juicio, la corte por sentencia de 7 de octubre citado declaró culpable al acusado y lo condenó a pagar una multa de $50 y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar de multa que dejara de satisfacer, sin costas, contra cuya sentencia interpuso aquél recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Examinada la denuncia en relación con el Reglamento de Sanidad No. 3, que se supone infringido, no encontramos que exista infracción de dicho reglamento, determinada por los b'écbos que se relatan en la acusación, pues en ella no se expre-sa si el ranchón de madera que se dice ser de la propiedad de Teótimo Gestera, objeto de las reformas ordenadas por el Director de Sanidad, está dedicado a vivienda o destinado a mercado, almacén, depósito, panadería, fábrica de pastas y conservas alimenticias, licorería, dulcería, tienda, colmado, bodega, muelle, hotel, café, restaurant, bodegón y ventorrillo; y tal alegación en una o en otra forma es necesaria para poder apreciar si la orden notificada a Gestera por el Inspector de Sanidad J. A. Torres, era legal por ajustarse a los preceptos del Reglamento de Sanidad de que se trata, y aparejaba, por tanto, debido cumplimiento.

No apareciendo de la acusación que la orden que el acu-sado dejó de cumplir fuera válida y legal, por haberse omi-tido en la acusación elementos necesarios para determinar su validez, se hace imposible afirmar que el acusado estu-viera obligado a cumplirla y, por tanto, tenemos que llegar a la conclusión de que los hechos relatados en dicha acusa-ción no constituyen una infracción manifiesta del Reglamento de Sanidad No. 3.

Ya hemos establecido esa misma doctrina en el caso No. 496 de El Pueblo v. Blanco, 18 D. P. R., 1020, y la hemos ratificado en los Nos. 508 (pag. 7) y 511 (pág. 18) de El Pueblo v. Gestera, y en el No. 510, también de El Pueblo v. Gestera (pág. 31).

La sentencia apelada debe revocarse y desestimarse la acnsación.

Revocada.

Jneces concurrentes: Sres. Asociados .MacLeary, del Toro y Aldrey.

. El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Se. Hebníndez,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Gestera, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 512.
    Resuelto en enero 23, 1913.
    Derecho Penal — Infracción del Reglamento de Sanidad — Casas a Prueba de Ratas.' — Es insuficiente la acusación por no expresar si la casa que se dice ser de la propiedad del acusado, objeto de las reformas ordenadas por el Director de Sanidad, está dedicada a vivienda y tiene el piso de la planta baja de madera, o si se trata de un edificio destinado a mercado, almacén, depósito, panadería, fábrica de pastas y conservas alimenticias, licorería, dulcería, tienda, colmado, bodega, muelle, hotel, café, restaurant, bodegón y vento-rrillo, cuya alegación es indispensable en el presente caso para determinar una infracción del Reglamento de Sanidad No. 3. Resuelto por los funda-mentos. de la o'pinión "emitida eh' el caso No. 496, Bl Pueblo v. Blanco, 18 .. D. P. B., 1020. - .
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abqgado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal..

    La parte apelante no compareció. .
   El Juez Presidente Se. Hebníndez,

emitió la opinión del tribunal.

La presente cansa se originó en la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Sección 2a., a virtud de acu-sación jurada y firmada del Fiscal de dicho distrito, fecha Io. de octubre del año próximo pasado, que en lo pertinente dice así:

“El Fiscal formula acusación contra Teótimo Gestera por un delito de infracción al Reglamento de Sanidad No. 8, sobre construc-ción y conservación a prueba de ratas de los edificios y sus depen-dencias, promulgado de acuerdo con la ley, el 15 de julio de 1912, (misdemeanor) cometido como sigue: el citado Teótimo Gestera, allá el día 9 de agosto de 1912, en Puerta de Tierra, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, fué notificado por el Inspector de Sanidad J. A. Torres, de una orden expedida por el Director de Sanidad, para que dentro de un plazo de dos días contados desde la fecha de la notificación, hiciera las siguientes reformas en una casa de su propiedad, situada en la calle de San Agustín, Puerta de Tierra, y marcada por la Sanidad eon el No. 10: Elevando la casa a una elevación de 2 pies o rodearla de concreto que profundicen 2 pies y ajusten perfectamente al piso de la casa. No permitiéndose exca-var la tierra de debajo de la casa. Y el citado Teótimo Gestera, ile-gal y voluntariamente dejó transcurrir con exceso el plazo dádole, sin que hasta la fecha haya efectuado ninguna de las reformas indi-cadas. Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico. J. Sifre, Fiscal del Distrito.”

Celebrado el juicio, la corte por sentencia de 7 de octubre citado declaró culpable al acusado y lo condenó a pagar una multa de $25 y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar de multa que dejara de satisfacer, sin costas, contra cuya sentencia interpuso aquél recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Examinada la denuncia en relación con el Reglamento de Sanidad No. 3, que se supone infringido, no encontramos que exista infracción de dicho reglamento determinada por los hechos que .se relatan en la acusación, pues en ésta no se ex-presa si la casa que se dice ser de la propiedad de Teótimo \ G-estera, objeto de las reformas ordenadas por el Director de Sanidad, está dedicada a vivienda y tiene el piso de la planta baja de madera o si se trata de nn edificio destinado a mercado, almacén, depósito, panadería, fábrica de pastas y conservas alimenticias, licorería, dulcería, tienda, colmado, bodega, muelle, hotel, café, restaurant, bodegón y ventorrillo, y tal alegación en una o en otra forma es necesaria para poder apreciar si la orden notificada a Gestera por el Inspector de Sanidad J. A. Torres, era legal por ajustarse a los preceptos del Reglamento de Sanidad de que se trata, y aparejaba, por tanto, debido cumplimiento.

No apareciendo de la acusación que la orden que el acusado dejó de cumplir fuera válida y legal, por haberse omitido en la acusación elementos necesarios para determinar su vali-dez, se hace imposible afirmar que el acusado estuviera obli-gado a cumplirla y, por tanto, tenemos que llegar a la conclu-sión de que los hechos relatados en dicha acusación no cons-tituyen una infracción manifiesta del Reglamento de Sanidad No. 3.

Ya hemos establecido esa misma doctrina en el caso No. 496 de El Pueblo v. Blanco, 18 D. P. R., 1020, y la hemos ratificado en los Nos. 508 (pág. 7) y 511 (pág. 18), de El Pueblo v. Gestera y en el No. 510, también de El Pueblo v. Gestera, (pág. 31), así como también en el No. 509 de El Pueblo v. Gestera (pág. 40).

La sentencia apelada debe revocarse y desestimarse la acusación.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Laporte, Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayama.
    No. 520.
    Resuelto en enero 24, 1913.
    Derecho Penal — Perjurio—Pruebas.—Este tribunal no puede examinar las ins-trucciones al jurado cuando éstas no están debidamente certificadas por el juez sentenciador.
    Id. — Instrucciones al Jurado — Pliego de Excepciones — Exposición del Caso. — No conteniendo la transcripción de autos pliego de excepciones ni exposición del caso, ni estando debidamente certificadas las instrucciones al jurado, este tribunal no tiene medios para determinar si la prueba es o no suficiente para sostener el veredicto del jurado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del Pueblo: Sr. Charles F. Foote, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso de perjurio cometido durante la celebración de una causa criminal por un testigo presentado por la defensa. La causa se originó en la Corte de Distrito de Guayama, en donde se formuló una acusación por el Fiscal del distrito imputando a la acusada, Julia Laporte, que es la apelante ante este tribunal, la comisión del delito 'dé perjurio, que se alega fué cometido el día 26 de octubre de 1910 mien-tras se celebraba una causa criminal ante un jurado en dicha fecha, en la Corte de Distrito de Guayama, del distrito judicial del mismo nombre, en donde se había acusado a un tal Pedro Desús de un delito de tentativa de éometer asesinato, habiendo la referida Julia Laporte, falsa, ilegal y voluntaria-mente, y' después de haber sido debidamente juramentada en corte abierta ante el secretario de dicha corte de distrito, funcionario debidamente autorizado para ello, y en violación del expresado juramento y haciendo un esfuerzo ilegal por favorecer al referido Pedro Desús, declarado con respecto a los siguientes hechos, que eran esenciales y se relacionaban con el caso, alegando qne dichos hechos eran verdaderos y exactos; a saber: qne el día 17 de septiembre de 1910 Federico Vázquez fné a la casa de Dolores Eivera, alias Sanabria, en momentos en qne se encontraba allí la testigo, con el objetó de obligarla a tener contacto carnal con él, y mientras esto ocurría llegó Pedro Desús; qne la testigo no había mandado a buscar a Federico Vázquez, pues no tenía ningún asunto -que ventilar con él; que Federico Vázquez se echó encima de Pedro Desús con la intención de herirle y qne este último le dijo qne se contuviera; que Desús disparó el primer tiro al aire; qne tan pronto como Vázquez vió a Desús, le atacó con una hoja de sable en el momento en qne Desús tenía al-zados los brazos, teniendo la testigo completo conocimiento de la falsedad de sus declaraciones, qne eran esenciales a la cuestión qne se ventilaba, y siendo los verdaderos hechos del caso, qne Julia Laporte estaba acompañada de Dolores Ei-vera y Federico Vázquez, habiendo ésta mandado a buscar a este último en la noche del 17 de septiembre de 1910, cuando Pedro Desús se presentó en la puerta y disparó a Vázquez, que se encontraba de espalda a la calle. Que inmediatamente después, la. testigo huyó por la puerta de atrás y oyó otros dos tiros que se dispararon, todo lo cual aparece de una declara-ción que fué prestada bajo juramento por la referida. Julia Laporte, el 18 de septiembre de 1910, ante el Fiscal del dis-trito, Salvador Mestre, que estaba debidamente facultado para tomar juramentos, durante la investigación que se siguió por dicho funcionario.

El día 30 de marzo de 1911 la acusada, Julia Laporte, com-pareció ante la corte e hizo su alegación'de no culpable. Soli-citó y obtuvo un juicio por jurado, y éste el día 21 de abril de 1911 emitió un veredicto declarando culpable a la acusada. V habiendo la corte desestimado una moción de nuevo juicio que fué presentada, la referida Julia Laporte fué sentenciada ¡en 25 de abril de 1911 a sufrir un año de presidio con tra-bajos forzados, teniendo derecho a que se le-abone-la prisión preventiva que sufrió mientras estuvo esperando la celebra-ción del juicio.

En 27 de abril de 1911 la acusada, por medio de su abo-bado C. Domínguez Bubio,- interpuso apelación para ante este tribunal, sin que baya comparecido la apelante, ni aparezca en los autos ningún alegato, exposición del caso, pliego de excepciones o relación de becbos.

Examinando los autos encontramos en los mismos los siguientes documentos: la acusación, las instrucciones emi-tidas por el juez Harry P. Leake, Esq., al jurado, una mo-ción de la acusada solicitando un nuevo juicio, y una apela-ción interpuesta contra la sentencia y la resolución de la corte desestimando dicba moción de nuevo juicio.

La defensa fundó la moción de nuevo juicio en el artículo 303, párrafo 6o. del Código de Enjuiciamiento Criminal, o sea, porque el veredicto del jurado era contrario a la ley y a las pruebas. Se alega que el veredicto del jurado es con-trario a la ley porque la corte dejó de instruir al jurado sobre ciertas cuestiones legales; pero encontramos que las instruc-ciones, según aparecen en los autos y que fueron dadas por el juez al jurado, no están debidamente autorizadas por el juez, por cuya razón no deben ni pueden ser tomadas en consideración. Véase la opinión de este tribunal en el caso de El Pueblo v. Coll, 18 D. P. R., 361. Alegando, además, que el veredicto del jurado es contrario a la prueba, porque ciertos becbos que "se alegaron fueron admi-tidos como verdaderos sin que se probara la certeza de los mismos, no habiendo la corte dado instrucciones al jurado con respecto al becbo de que, con arreglo a la ley, debía pre-sumirse que tales becbos eran ciertos; y no habiéndose acom-pañado a los autos ningún, pliego de excepciones, relación de becbos o exposición del caso, y como por tales motivos no podemos- tomar en consideración,-las instrucciones, según fueron .dadas.al jurado por-la corte,, no-estamos en condi-ciones dé considerar la cuestión -relativa' a si la- prueba pre-sentada fné suficiente para que el jurado pudiera fundar en ella su veredicto.

De un examen de ios autos no aparece que la corte senten-ciadora cometió error fundamental alguno durante la cele-bración del juicio, debiendo, por consiguiente, confirmarse la sentencia apelada en todas sus partes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Marvin & Jones, Inc., Apelados, v. Torres et al., Apelantes.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 889.
    Resuelto en febrero 4, 1913.
    Sentencias — Facultades de la Corte Sentenciadora para Enmendarlas — Términos de las Cortes. — Las Cortes de Puerto Rico pueden enmendar sus sentencias y decretos en cualquier forma dentro del término en que fueron dictados, y después del término sólo cuando la solicitud se baga dentro del término y continúe tramitándose fuera de él, o cuando se trate de errores clericales.
    Id.- — Enmiendas—Errores de Derecho — Coi tas. — Una Corte de Distrito no tiene facultades después de haber expirado el téimino dentro del cual dictó sen-tencia para enmendar ésta, añadiendo a la pá'abra “costas” las palabras “desembolsos y honorarios de abogado.” .''al enmienda constituiría en el presente caso, atendidas las circunstancias u°l mismo, la subsanación de un error de derecho y no clerical.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José A. Poventud.

    Abogados de los apelados: Sres. Francisco Jiménez y Jaime C. Seix.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia en este caso el 18 de abril de 1912, declarando sin lugar la demanda, “con las costas a la parte demandante.”

En 31 de julio de 1912, los demandados presentaron nna moción a la corte alegando “que por nn olvido o error invo-Inntario se omitió por el Sr. Secretario de la corte consignar en la ameritada sentencia, despnés del vocablo ‘costas,5 las palabras ‘desembolsos y honorarios de abogados,’ cnal fné indudablemente la intención del tribunal” y solicitando que la corte ordenara la enmienda de la repetida sentencia ‘ ‘ nunc pro tune”■ agregado después de la palabra “costas” las pala-bras “desembolsos y honorarios de abogado.”

La moción fué notificada al abogado de la parte actora, se vió en corte' abierta con asistencia de los abogados de am-bas partes, y se declaró sin lugar el 28 de agosto de 1912. La resolución de la corte, contra la cual se estableció el pre-sente recurso de apelación, dice así:

“Aun cuando esta corte tuvo la intención de incluir en la palabra ‘costas,’ los desembolsos y honorarios de abogado, al imponer las cos-tas a los demandantes, sin embargo, vista la doctrina sentada en los casos de Byrne v. Hoag, 116 Cal., 5, y Estate of Potter, 141 Cal., 426, y considerando que si ha habido error es de derecho y no material, se declara sin lugar la moción.”

Lo primero que debemos considerar en un caso de esta naturaleza, es si la enmienda propuesta se solicitó dentro del término en que se dictó la sentencia o fuera de él, ya que en el primer caso el'poder de la corte para enmendar cualquier error, clerical o de derecho, es indiscutible, mientras que en el segundo las enmiendas sólo proceden en determinados casos.

Los términos de las cortes de distrito de Puerto Rico son cinco cada año, de dos meses cada uno. La sentencia en este caso se dictó el 18 de abril de 1912, y la enmienda se pro-puso el 31 de julio del propio año. Entre la fecha del pro-nunciamiento de la sentencia y la de la solicitud de la en-mienda mediaron, pues, más de dos meses y, en tal virtud, es necesario concluir que la enmienda se pidió después del térr mino.. en que.se dictó la'.sentencia. . ■ . ■ - . ,

Aclarado este panto, examinemos el poder de las cortes para enmendar' sas sentencias despaés del término en qae faeron dictadas.

La jarispradencia sobre este panto' es abandantísima y toda ella conviene en qae aan despaés del término en qae los dictaron, tienen las cortes facaltad para enmendar sas decre-tos y sentencias, pero las enmiendas se limitan entonces a la corrección de errores clericales, y no a la alteración fnnda-mental de las resolaciones, a menos qae exista algana ley aatorizando esto último expresamente. Para mayor ilnstra-ción, citaremos alganas decisiones de las cortes americanas.

En la ley común, ningún fallo podía enmendarse despaés del término en qae faé registrado. Albers v. Whitney, Fed. Case No. 137 [I Story, 310].

Las cortes de circaito no tienen poder despaés de vencido el término para modificar ana sentencia. Malpas v. Lowenstine, 46 Ark., 676.

No existiendo ana disposición legal sobre la materia, las sentencias dictadas regalarmente qaedan faera del control de la corte despaés de vencido el término en qae se dictaron. Exchange Bank v. Ford, 7 Colo., 314; 3 Pac., 449.

Una corte no tiene poder para enmendar ana sentencia dictada en an término anterior a menos qae se liabiere pre-sentado ana moción o se lambieren institnído algunos proce-dimientos con tal objeto en el expresado término, y la moción o los procedimientos lambieren continmado tramitándose, o a menos qae el récord demaestre qae la sentencia tal como faé registrada, no era la qae la corte Labia pronanciado real-mente. O’Brien v. O’Brien, 124 Cal., 422; De Castro v. Richardson, 25 Cal., 49.

Una sentencia paede enmendarse en meras caestiones de forma, o enmendarse, corrigiendo eqaivocaciones, a los efec-tos de conformar la registrada con la qae la corte verdadera-mente dictó, aan despaés del término. McDonald v. Patterson, 190 Ill., 121. Pero para qae esto paeda hacerse es nece-sario qae exista algún récord, minata, nota escrita, notas taquigráficas, o alguna otra base escrita por la cual deter-minar la exacta naturaleza de la sentencia u orden que se trata de enmendar; la enmienda no puede basarse en eviden-cia oral meramente o en el recuerdo del juez. Stitt v. Kurtenbach, 85 Ill., App., 38.

El tratadista Black, en su obra sobre la Ley de las Sen-tencias, apoyándose en decisiones del Estado de Alabama, se expresa así: “La facultad de enmendar con efecto retroac-tivo (nunc pro tune) no lleva consigo el derecho de revisar, ni se ha concedido para que se corrijan errores jurídicos. Esa facultad de enmendar no debe nunca ejercerse como re-curso para modificar o ampliar la sentencia, ni su constancia en autos hasta el extremo de que se consigne un pronuncia-miento que la corte no hizo, aun cuando la enmienda pro-puesta comprenda cuestiones que en realidad debieron ser resueltas, El fallo expreso del tribunal, por erróneo que sea, no puede enmendarse en un término posterior.” I Black on Judgments, 158, 231.

Habiendo en consideración todo lo expuesto y lo prescrito en el artículo 7, No. 8, del Código de Enjuiciamiento Civil, igual a lo establecido en la sección 128, No. 8, del Código de Enjuiciamiento de California, debemos concluir que las cortes de justicia de Puerto Bico pueden enmendar sus sentencias y decretos en cualquier forma dentro del término en que fue-ron dictados, y después del término sólo cuando la solicitud se haga dentro del término y continúe tramitándose fuera de él, o cuando se trate de errores clericales, por ejemplo, cuando del récord aparezca que la sentencia tal como fue registrada difiere de la sentencia tal como fue realmente dictada.

Apliquemos ahora los principios expuestos al caso con-creto que resolvemos.

¿Se trata aquí de corregir un error clerical, de subsanar una omisión involuntaria, de conformar la sentencia con lo que consta en el récord; o se trata de enmendar fundamental-mente la sentencia registrada?

Los apelantes propusieron la enmienda para intercalar ciertas palabras “ omitidas involuntariamente por el secreta-rio, ’ ’ pero el juez consignó en sn resolución que no bubo omi-sión involuntaria, y que si existió error, fué de derecho y no material.

A nuestro juicio la cuestión fué planteada y resuelta debi-damente por la corte de distrito.

Silos apelantes hubieran demostrado que en las minutas de la corte, por ejemplo, constaba que la corte al dictar su sentencia había impuesto las costas, desembolsos y honora-rios y que en el libro de sentencias sólo aparecía registrada la imposición de las costas, su derecho a obtener que se en-mendara la sentencia registrada conformándola con la real-mente dictada, sería evidente.

Pero ese no es el caso. La palabra “costas” ha sido interpretada por esta Corte Suprema en Veve v. Municipio de Fajardo, 18 D. P. R., 764, como comprensiva “de los derechos e indemnizaciones que consistan en cantidades fijas e inalte-rables, determinadas anticipadamente por las leyes, regla-mentos o aranceles,” y distinguida de las palabras “desem-bolsos” y “honorarios,” habiéndose resuelto, además, en dicho pleito, que una parte que sólo ha sido condenada en “costas” no está obligada a pagar los desembolsos y hono-rarios.

Siendo esto así, se concluye sin esfuerzo alguno que la enmienda solicitada por los demandados impondría sobre los demandantes una nueva obligación, la de pagar los desem-bolsos y honorarios de abogado, no impuesta por la senten-cia tal como fué dictada por el juez y registrada por el secre-tario, y, en tal virtud, que tratándose.de una enmienda que altera sustancialmente la sentencia dictada, tal enmienda no puede decretarse después del término en que se dictó la sen-tencia.

El hecho de que el juez tuviera la intención de imponer las costas, desembolsos y honorarios, no var{a la naturaleza de este caso. No basta tener la intención, sino que es nece-sario traducir esa intención en Rectos positivos, para que tales Rectos'puedan apreciarse luego como Rase de enmien-das; El cometido por la corte fue, como ella misma con-signa, un error de derecto, y tales errores no pueden corre-girse después del término en la forma solicitada por los ape-lantes.

El recurso interpuesto dete declararse sin lugar y confir-marse la resolución apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


text:
    El Pueblo, Apelado, v. Guzmán, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 497.
    Resuelto en febrero 4, 1913.
    Derecho Penal — Alteración de la Paz — Revólver—Elementos del Delito.— Para que constituya delito el sacar o mostrar un arma mortífera, de acuerdo con el artículo 370 dfel Código Penal, es necesario que se baga en forma vio-lenta, colérica y amenazadora, en presencia de dos o más personas. Tales elementos no existen en el caso de autos.
    Los Rectos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: 8r. Santiago Vivaldi Pacheco.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

^ La denuncia en este caso se presentó en la Corte Municipal de Añasco, y, copiada en lo pertinente, dice así:

“Que en la mañana del día 19 de agosto de 1912, y en el Círculo de Latinos y Americanos de Añasco, del Distrito Judicial Municipal de Añasco, P. R., el referido acusado, sin que fuera un caso de nece-saria defensa propia, sacó en presencia de cinco personas que allí se encontraban reunidas, un arma mortífera en actitud violenta, colérica y amenazadora.”

El acusado fue condenado en la corte municipal y apeló para ante la de Distrito de Mayagüez. Celebrado en ésta el nuevo juicio que ordena la ley, fue también condenado el acu-sado como autor del delito previsto y calificado en el artículo 370 del Código Penal, y apeló entonces para ante esta Corte Suprema.

El apelante -no compareció al acto de la vista del recurso, pero presentó por medio de su abogado un informe escrito, _ en el que alegó que la prueba practicada no sostiene el becho imputado en la denuncia al acusado. El Fiscal, por escrito y oralmente, se opuso a la revocación de la sentencia apelada.

Forma parte de los autos una exposición del caso debi-damente certificada por el juez sentenciador, y en ella se incluye toda la prueba practicada en el nuevo juicio cele-brado en la corte de distrito, consistente en las declaraciones de varios testigos. La más importante y completa de dichas declaraciones, dice así:

“Me llamo Manuel Antonio Guzmán; soy agricultor propietario y vivo en Añasco, en cuyo pueblo estaba el día 19 de agosto, en el Circuló Latino-Americano, donde se celebraba un baile. Conozco a José N. Guzmán, a quien vi esa noche en el baile. La noche a que se refiere la denuncia, formaba parte yo de una comisión de festejos en el Círculo Latino y Americano; entre diez y once el presidente, al retirarse, me dejó encargado del orden; como entre una y dos de la mañana, estaba yo en el salón del billar y entró José N. Guzmán con un revólver; fui donde él y le dije que me hiciera el favor de entregarme el revól-ver; me dijo que no, y traté de quitárselo y entablamos una lucha por quitárselo. El entró con el revólver en la mano; no subió por la esca-lera con el revólver en la mano, sino que entró al salón del billar, entraba del otro salón al salón del billar, de la cantina. Al cruzar la puerta que comunica los dos salones, le vi el revólver en la mano, pero venía tranquilo; entró y me fui detrás y le dije que me entre-gase el revólver; él llevaba el revólver así en la mano; cuando él entró no estaba más que él y yo; el revólver era uno así como el que se me presenta, de cabo negro, pero no puedo precisar si es el mismo. La actitud del acusado era tranquila, no peleaba con nadie ni conmigo tampoco, ni tuvo cuestión allí ninguna, y después, cuando le pedí el revólver dos o tres veces, insistí en quitárselo y me dijo que no me lo daba. Yo era responsable del orden en el casino y tenía atribuciones, para no dejar tener nn arma. Yo le pedí el arma y viendo que no me la daba, entonces traté de quitársela; le ecbé mano al revólver, le agarré la mano por la muñeca y el revólver, pero no pude quitárselo. El tenía cogido el revólver con una mano, pero después en la lucha, las dos manos de él y las dos mías. En ese momento no babía más nadie allí; después fueron llegando; llegó Urrutia, Dueño y unos cuan-tos más. Yo no be tenido nunca cuestión con el acusado. A pregun-tas del Hon. Juez, contestó: No puedo calcular el tiempo que tuvi-mos de lucba, diez o quince minutos, en lo que llegó la gente. El acusado me hacía resistencia para no darme el revólver, le babía dado coraje y estaba violento por no dejárselo quitar. El acusado me decía que no me daba el revólver, que quién era yo para darme el revólver; eso me lo dijo con coraje y mientras él estaba en esa actitud, yo per-sistía en quitarle el revólver. Cuando nosotros estábamos en esa lucba, llegó Carlos Urrutia, el Doctor Dueño y unos cuantos más y el már-sbal que ocupó el revólver. Cuando llegaron todas esas personas, toda-vía tenía el revólver en la mano, y el revólver se lo quitó el márshal.”

Las declaraciones de los otros testigos no contradicen la .de Manuel Antonio G-uzmán, sino que, por el contrario, la confirman en muclios de sus extremos. El acusado no pre-sentó prueba alguna y la única cuestión a resolver es la de silos hechos tales como resultan de la prueba, son constitutivos del delito previsto en el artículo 370 del Código Penal, que dice así:

‘ ‘ Toda persona que, sin ser un caso de necesaria defensa pro-pia, sacare o mostrare en presencia de dos o más personas, algún arma mortífera, en actitud violenta, colérica" y amenazadora, o que de modo ilegal hiciere uso de dicha arma en alguna riña o penden-cia, incurrirá en misdemeanor

Dicho artículo está comprendido en el Título XV del Có-digo que trata de los delitos contra la paz pública, y el fun-damento que existe para castigar el hecho a que se refiere independientemente del de portar el arma o del de acometer o agredir con ella, es el de la consiguiente alteración de la. paz pública que se produce con la actitud del delincuente al sacar o mostrar en forma violenta, colérica y amenazadora un arma mortífera, o al usarla en una riña o pendencia, cuando no tiene necesidad alguna para ello.

¿Existen en el caso concreto que investigamos, todos los elementos esenciales del delito perseguido y por el cual se ña castigado al acusado, en cualquiera de sus dos formas?

Tales elementos son:

Primera forma:

(a) Sacar o mostrar un arma mortífera;

(&) En presencia de dos o más personas;

(c) En actitud violenta, colérica y amenazadora;

(d) Sin ser un caso de necesaria defensa.

Segunda forma:

Usar ilegalmente una arma mortífera en alguna riña o pendencia.

A nuestro juicio la prueba practicada no demuestra la existencia de todos los elementos constitutivos del delito en ninguna de sus formas.

Analizando la declaración del testigo G-uzmán, que como hemos dicho, es la más completa de todas las prestadas, no puede concluirse que el acusado sacara o mostrara en forma violenta, colérica y amenazadora una arma mortífera en la presencia de dos o más personas.

Cuando el acusado entró con el arma en la mano en el salón del billar, lo hizo en actitud pacífica y sólo estaba allí el testigo Guzmán.

Si el acusado hubiera penetrado en el Centro, arma en mano, en actitud violenta y colérica, amenazando dispararla y alterando de tal modo la paz de las personas que allí se encontraban, entonces podría concluirse que había cometido el delito que se le imputó y por el cual fue castigado.

Pero tal hecho no aparece de la prueba y la persistencia del acusado en negarse a entregar su arma voluntariamente, conservándola en su poder en la presencia de varias personas, no puede equivaler, como pretende el Fiscal, al acto de mos-trar en forma colérica,- violenta y amenazadora en la pre-sencia de dos o más personas una arma'mortífera.

Tal vez pudiera deducirse de la prueba que el acusado se violentó al negarse a entregar el arma, pero no b.ay la más leve manifestación testifical en que aparezca el elemento de la actitud amenazadora, necesaria para la completa perpe-tración del delito. La ley requiere una actitud violenta, colé-rica y amenazadora y el acusado en este caso lo que hizo fue negarse a entregar su arma, sin amenazar a nadie con ella.

Puede que los actos del acusado sean constitutivos de delito, pero tal delito no es el previsto y calificado en el artí-culo 370 del Código Penal, de acuerdo con las resultancias de. la prueba. Y siendo esto así, es necesario concluir que pro-cede el recurso establecido y que la sentencia apelada debe revocarse y absolverse al acusado del delito que se le impu-tara en esta causa.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


text:
    Clausells, Apelante, v. Ramírez, Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 891.
    Resuelto en febrero 4, 1913.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 889, Marvin & Jones, Inc., v. Torres el al. (pág. 48).
    Los hechos están expresados, en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José A. Poventud:

    Abogados del apelado: Sres. José de Diego y Benito Forés.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El día 22 de abril de 1912, la Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia en este caso en contra del demandado, con imposición de “las costas” al mismo. El 31 de julio de 1912, o sea después del término en que se dictó, el demandante soli-citó de la corte que ordenara la enmienda de la sentencia agregando después del vocablo “costas,” las palabras “de-sembolsos y honorarios de abogado” que habían sido omiti-das por el secretario al registrarla, La corte, el 28 de agosto de 1912, resolvió no haber lugar a ordenar la enmienda soli-citada, y contra esa resolución de la corte se interpuso el presente recurso de apelación.

Expuestos los anteriores hechos, debemos concluir que, siendo este caso enteramente igual al de Marvin and Jones, Inc. v. Torres et al. (pág. 48), que acabamos de decidir, debe regirse por los mismos principios establecidos en la opinión del tribunal emitida para fundar la sentencia dictada en dicho caso.

En tal virtud, el recurso debe declararse sin lugar y con-firmarse la resolución apelada de 28 de agosto de 1912.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.