text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Casanovas, acusado y apelante.
    No. 3235.

    Visto: Febrero 17, 1928.

      Resuelto: Mayo 28, 1928.

      Luis Toro Cabañas, abogado de la apelante; José F. Figueras, abo-gado de Fl Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué convicto por infringir el artículo 13 (a) de la Ley para reglamentar el uso de vehículos de motor en Puerto Rico. Leyes de 1916, pág. 144.

El primer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar una moción solicitando se archivara la denuncia, fundándose en que la vista del caso no se había celebrado dentro de los 120' días a partir de la fecha en que fueron radicados los autos de la apelación de una sentencia anterior dictada en una corte municipal.

No hay exposición del caso ni transcripción de la evi-dencia. La única indicación referente a la fecha en que la transcripción de los autos de la corte municipal fué radicada en la corte de distrito es la manifestación contenida en la moción solicitando el archivo y sobreseimiento del caso. La orden declarando sin lugar esta moción especifica como fun-damento de la misma la existencia de “justa causa” para no celebrar el juicio.

Bajo las circunstancias, no podemos asumir, como lo hace el apelante, que el fiscal no realizó esfuerzo alguno para demostrar por qué no se había señalado una fecha anterior para el juicio, o que la prueba aducida por él a este respecto fuera insuficiente. El Pueblo v. Estrada, 33 D.P.R. 75. El caso de El Pueblo v. Padilla, 36 D.P.R. 439, citado por el apelante, no es aplicable.

Otra contención del apelante es que la denuncia no imputa delito alguno.

En el alegato del apelante, sin embargo, no se discute la forma o la suficiencia de la denuncia como tal, sino que se ataca directamente la regla estatutoria prescrita por el artículo 13 (a), supra, el cual lee como sigue:

“La velocidad de un vehículo de motor deberá en todo tiempo regularse, con el debido cuidado, tomando en cuenta el ancho, tráfico y uso del camino; y el hecho de conducir, en cualquier tiempo, un vehículo de motor por un camino público a una velocidad que ex-ceda de 48 kilómetros por hora, o dentro de la zona urbana de un municipio a una velocidad mayor de 24 kilómetros por hora, consti-tuirá evidencia prima facie de que el vehículo era conducido sin el debido cuidado.”

El apelante asume, sin tratar de demostrarlo, que la de-nuncia tiende a imputar una infracción al límite de la velo-cidad prescrito por la ley. El fiscal parece estar de acuerdo-con este punto de vista, pero interpretando el artículo 13 (a) en relación con el 12 (a) termina diciendo que la intención de la Legislatura, aunque algo obscura, fué fijar un límite máximo de velocidad y que el mero becbo de conducir un automóvil a una velocidad mayor constituye, por tanto-, una infracción del estatuto.

No estamos de acuerdo ni con la interpretación dada a la denuncia por el apelante, ni con la teoría que el fiscal sugiere. La regla de conducta prescrita por el artículo 13 (a) -no es un requisito drástico y absoluto de que un vehículo de motor no excederá determinada velocidad en los distritos urbanos o rurales, según sea el caso, independientemente de todas las circunstancias y condiciones concurrentes. La obli-gación impuesta a todo conductor de un vehículo es regular la marcha de éste en todo tiempo, con el debido cuidado y tomando en cuenta el ancho de la calle, la forma en que ésta es usada por el público, y las condiciones generales del trá-fico. El hecho de que en determinado caso se demuestre que un vehículo ha excedido determinada velocidad, basta para establecer un caso prima facie. El ca'so prima facie así esta-blecido no es una mera infracción del límite de velocidad. Ese es el hecho en evidencia, pero el delito no ha quedado probado. El delito lo constituye el guiar negligentemente. El hecho de si se ha cometido o no el delito puede depender de un número de circunstancias, incluyendo, según lo dis-pone expresamente la ley, el ancho del camino, la forma en que está siendo usado en ese momento y las condiciones del tráfico en general. El caso prima facie establecido por la evidencia de que el vehículo en cuestión era conducido a gran velocidad podría ser controvertido, por ejemplo, por la declaración de testigos al efecto de que el camino en el sitio mencionado en la denuncia o acusación era recto y ancho, que no había tráfico .y que no estaba ocupado en ese momento, que el camino no estaba obstruido y que no había calles transversales, por espacio de una milla o más a partir del sitio, que no había casas habitadas, o cualquier otra indica-ción de que no había ni personas ni animales en los alrede-dores inmediatos. De lo contrario tendría mucho peso la contención del apelante de que la denuncia imputa la infrac-ción de una mera regla de evidencia.

Lo que la denuncia en el presente caso imputa es lo siguiente:

“Que en 3 de junio 8 p. m. de 1926, y en la Ave. Ponce de León, Stop 2%, hacia P. de Tierra del Distrito Judicial Municipal de San Juan P. R. que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., el acusado arriba indicado voluntaria y maliciosamente violó el Art. 13 (A) de la Ley No. 75 aprobada en 13 de Abril de 1916, enmendada, porque mientras guiaba el auto No. 9446 propiedad del mismo, lo hizo con tal descuido y con negligencia, que sin tener en cuenta el ancho tráfico y uso del camino, eorrió su vehículo a una velocidad exagerada mayor de 24 kms. por hora dentro de la zona urbana, en cuyos momentos y en cuyo sitio transitaban muchas per-sonas a pie y numerosos vehículos en todas direcciones, siendo el si-tio de referencia un camino público."

A un fiscal se le exigiría un grado mayor de seguridad y precisión al redactar una acusación. De acuerdo con lá regla liberal ya adoptada por esta corte al tratar de denun-cias presentadas por individuos o por la Policía Insular, la denuncia que ahora tenemos bajo nuestra consideración no está sujeta a la crítica de que no imputa delito alguno. Cualquier acusado de inteligencia ordinaria podría deducir de la misma que el delito imputáldole no es meramente el conducir el vehículo a una velocidad mayor de 24 kilómetros' por hora dentro de la zona urbana, sino el guiar negligente-mente un vehículo de motor durante horas de mucho tráfico, a gran velocidad, por una carretera congestionada, en medio de un sinnúmero de vehículos y de peatones que caminaban en todás direcciones. Esta sería la lógica inferencia que habría de hacerse, aun si la denuncia no especificara clara-mente el descuido, la negligencia y la falta de consideración flagrante por parte del acusado, en cuanto al ancho del camino, la forma en que éste es usado y las condiciones del tráfico. A este respecto la denuncia sigue mutatis mutandis, por lo menos, las palabras del estatuto.

Las únicas autoridades citadas en relación con este aspecto del caso son El Pueblo v. Borque, 25 D.P.R. 594, y El Pueblo v. Rivera, 26 D.P.R. 439, en los cuales descansa el apelante, y El Pueblo v. Guzmán, 34 D.P.R. 117, a que hace referencia el fiscal. Bajo las circunstancias no segui-remos la investigación más allá de lo necesario para de-mostrar que el presente caso es distinguible de los mencio-nados por el apelante, y para indicar el principio general envuelto, como la base real para tratar de llegar a una conclusión en un caso dudoso.

En el caso de El Pueblo v. Borque, supra, la denuncia decía así:

“Que en septiembre 5, 1916, y hora 12 a. m. y en la parada-16i/2, carretera de Santurce, del Distrito Judicial Municipal de San Juan, P. R., el referido acusado que quiaba como conductor el auto No. 519 de su propiedad, maliciosa y voluntariamente no tomó las debidas precauciones en el manejo de dicho auto para garantizar vidas y propiedades, dando lugar a que el referido auto chocase con el niño Joaquín Solá.. . . ”

El artículo 12 (a) leo como sigue:

“Las personas que manejen vehículos de motor en los caminos públicos, deberán, en todo tiempo, ejercer el debido cuidado y to-mar precauciones razonables para garantizar la seguridad de vidas y propiedades.”

El artículo 13 (a) es más específico. Este no habla en términos generales del debido cuidado en el manejo de ve-hículos de motor y de las precauciones razonables para garantizar la seguridad de vidas y propiedades en los cami-nos públicos. Trata directamente de la cuestión de velocidad y la regulación de la misma, no en términos generales sino de acuerdo con determinadas condiciones.

La denuncia en este caso no imputa el haber dejado de tomar las debidas precauciones, sin indicar la naturaleza de las precauciones que debieron haberse tomado. Le informa al acusado detalladamente y en lo posible, siguiendo las palabras de la ley, de la naturaleza del delito imputádole.

La denuncia en el caso de El Pueblo v. Rivera, tal vez pudo haberse sostenido si se hubiese especificado una infrac-ción del artículo 13 (a), o si se hubiese llamado la atención de esta corte a la redacción de ese artículo. Sin embargo, Rivera, al igual que Borque, fué acusado de una infracción al artículo 12 (a) y la sentencia condenatoria fué revocada de conformidad con la teoría de El Pueblo v. Borque.

El artículo 13 (a) no define un delito ni dispone un castigo. Prescribe una regla positiva de conducta que deberá ser observada por todas las personas que guíen vehículos de motor. La infracción de esa regla ha sido definida como un delito y la pena por ■ tal' infracción está prescrita por el artículo 18, que dispone lo siguiente:

"Las infracciones de las disposiciones de esta Ley serán consi-deradas como delitos menos graves, y serán castigadas con multa de no menos de cinco dólares, ni más de trescientos dólares, o con pri-sión de no menos de cinco días, ni más de tres meses.”

Es ley elemental que:

"Al crearse un delito que no era penable de acuerdo con el de--recho común, el estatuto debe, desde luego, ser lo suficientemente claro que demuestre lo que la Legislatura trató de prohibir y de castigar; de lo contrario será nulo por ambigüedad. Claridad ra-zonable, en vista de las circunstancias, es todo lo que se exige, y siempre que sea posible debe interpretarse liberalmente la intención de la Legislatura. No es necesario usar términos técnicos, y la Le-gislatura puede designar el delito usando palabras de uso corriente y cotidiano; y una ley penal es lo suficientemente clara, aunque use términos generales, si el delito está, definido en tal forma que. lleve a la mente de una persona de inteligencia ordinaria la des-cripción adecuada del mal que se trata de prohibir.” 16 C. J. págs. 67-68, párrafo 28.

Entre las notas que aparecen al pie del texto citado hallamos la siguiente:

"Por ejemplo, un estatuto que disponga que toda persona que cometa cualquier acto bAital que cause daño a otra persona o a su propiedad, o que desordenadamente altere la paz o el bienestar pú-blicos, o que abiertamente falte a la decencia pública, es culpable de misdemeanor, no es nulo por ambigüedad. State v. Lawrence, 9 Ok. Cr. 16, 130 P. 508; Stewart v. State, 4 Ok. Cr. 564, 109 P. 243, 32 L.R.A. N. S. 505.”

La sentencia apelada debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Julio Burgos, peticionario y apelante, v. Andrés Lugo, Alcaide de la Cárcel de Distrito, demandado y apelado.
    No. 3552.

    Visto: Mayo 7, 1928.

      Resuelto: Mayo 28, 1928.

      Celestino Triarte, Jr. y Leopoldo Figueroa, abogados del apelante; José E. Higueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Julio Burg’os fue encarcelado por orden del Fiscal del Distrito de San Juan para, responder de un cargo de asesi-nato- Pidió que se le permitiera prestar fianza para per-manecer en libertad mientras su causa- se decidía y su peti-ción fue negada. Entonces inició un procedimiento de hateas corpus.

Expedido el auto, tuvieron lugar los siguientes procedi-mientos ante el juez de distrito.

Subió a la silla de los testigos el fiscal y declaró así:

“Fiscal. — Me llamo Marcelino Bomaní; soy Fiscal de esta Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan; y lo soy desde el mes, mucho : antes del mes de febrero de 1928. Allá por el día 16 de febrero de 1928 y en Santuree, tuve conocimiento de que el individuo Julio .Burgos Vázquez, peticionario en este caso, había herido gra-vemente al ser humano Cruz Pagan y Biearfo Salgado, y procedí in-mediatamente a.practicar una investigación de los hechos. — Juez:— El Habeas Corpus se refiere a qué caso? — Fiscal:—Al caso de asesi-nato, en cuanto al señalamiento de fianza. — Fiscal:—Que procedí a practicar una investigación de los hechos. Cruz Pagan murió 4 o 5 días más tarde, a consecuencia de las heridas de bala, que recibió dos, e inmediatamente, entonces, ordené la encarcelación del acusado, ■del peticionario en este caso, Julio Burgos- Vázquez, por un delito de ■asesinato, negándome a señalarle fianza para 'su libertad provisional, por entender que tenía causa probable para creer que el peticionario fuese culpable de un delito de Asesinato en Primer Grado. Para ratificar mi orden de encarcelación, presento en primer término al Tribunal, la declaración jurada prestada ante mí por el doctor Julio Palmieri, creditiva de que Cruz Pagan recibió dos heridas de balas, a consecuencia de las cuales falleció. — Defensa:—No hay objeción.— Juez: — Sé admite, y que se una al record. — Fiscal:—También tomé declaración, entre otras personas, al señor Celestino T. Pacheco, cuya declaración también presento como prueba, declaración prestada ante mí. Y además de esa, tengo un sinnúmero de declaraciones más que corroboran las declaraciones ya presentadas, que tengo en mi poder también. Esa es la prueba que presento a la Corte, y que, a mi juicio, es suficiente para tener encarcelado al peticionario Julio Bur-gos Vázquez, sin fianza, por un delito de Asesinato. — Defensa:—No bay objeción. — Juez:—Se admite la declaración, que se una al record. — Defensa:—P.—Esa es toda la prueba que tiene el Fiscal?— Fiscal: — R.—Tengo esa declaración jurada, y tengo más prueba, en mi poder que corrobora, en todas sus partes, las declaraciones pre-sentadas. — Defensa:—F.—Qué contradice esa prueba? — Fiscal:—R. —No, esa prueba no se contradice; toda es armónica. — Defensa:— P. — Ha dicho el señor Fiscal que toda su prueba es armónica con esta declaración? — Fiscal:—R.—Sí, señor. — Defensa:—P.—Examinó el Fiscal para presentarlo como testigo de cargo al practicante del cuarto de socoito? — Fiscal:—R.—Señor Juez, yo contesté esta pregunta como cosa especial; pero voy a oponerme a esta pregunta en rela-ción con la investigación que tengo en mi poder, porque no tengo que presentar toda la investigación completa de acuerdo con el Có-digo de Enjuiciamiento Criminal. La corte, el Tribunal ha dicho que el Fiscal en una petición de Habeas Corpus, presenta una pe-tición que justifique la encarcelación; pero no está obligado a decir toda la prueba. — Juez:—Se sostiene la oposición del Fiscal. — De-fensa : — Excepción.—Juez:—Entonces el peticionario puede argu-mentar su caso.”

El informe del médico dice, en lo pertinente:

“Tengo el honor de remitirle el informe de la autopsia practi-cada en el cadáver de Cruz Pagan el día 21 de febrero del 1928.
“Cadáver de un adulto de 25 años más o menos, blanco y bas-tante pálido. Presentaba una herida de bala con orificio de entrada en el primer espacio intercostal izquierdo línea midclavieular. Dicha herida no presentaba orificio de salida.' Otra herida de bala con orificio de entrada en el tercio inferior del antebrazo izquierdo, cara externa y con orificio de salida a una distancia de dos pulgadas del primer orificio. El cubito fué fracturado en esta región. Am-bas heridas presentaban tatuaje. También presentaba una corosión ovalada en el sexto espacio intercostal izquierdo línea mid-clavicular.
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“Omisa de la Muerte: pulmonía producida por un proyectil de plomo. El plomo fué encontrado en el canal medular porción dorsal.”

Y la declaración del testigo lee:

“Ante el Fiscal del Distrito, compareció hoy Celestino T. Pacheco, qnien después de prestar el debido juramento de acuerdo con la Ley, dice:
“Que se llama Celestino T. Pacheco, mayor de edad, casado, pro-pietario y vecino de San Juan; que hará algún tiempo que el de-clarante le hizo una recomendación de la Sub-Junta al señor Que-sada,, y este señor le preguntó al declarante si conocía a Cruz Pagán, y entonces el declarante le dijo que sí, y entonces el declarante salió en su compañía para la casa de una tal Rita Burgos . . . que en la casa de Rita Burgos . . . Ricardo Salgado trataba de convencer a Cruz Pagán para que se fuese a dormir para que al otro día fuese a la Corte Municipal para no tener que levantarle la fianza; mientras ellos dos, Cruz Pagán y Ricardo Salgado estaban allí de pie, se pre-sentó Julio Burgos, y dijo, desparpájese todo el mundo aquí, y dis-paró dos tiros hacia el grupo donde estaban Cruz Pagan y Ricardo Salgado, hiriendo a Cruz Pagán y a Ricardo Salgado; que Julio Burgos hizo dos disparos; que en aquel momento entre Cruz Pagán y Julio Burgos no mediaron palabras de ninguna índole y Cruz Pa-gán no provocó en nada a Julio Burgos, ni medió provocación por parte alguna de Cruz Pagán a Julio Burgos, ni Cruz Pagán hizo ademán alguno de agredir a Julio Burgos, en manera alguna; que Cruz Pagán recibió dos heridas de bala y fué conducido inmedia-tamente al Hospital Municipal donde falleció a los tres o cuatro días. Que estos hechos ocurrieron el día 16 de febrero de 1928, en el mu-nicipio de San Juan, como a las once P. M.”

Terminada la vista, la corte do distrito dictó la siguiente resolución:

“Celebrada la vista de este caso en abril 19 de 1928 con asistencia de los abogados del peticionario, Sres. Iriarte y Figueroa y el Fiscal del Distrito Sr. Romaní; estando presente en su propia persona el peticionario y el Alcaide de la Cárcel de Distrito, Sr. Andrés Lugo; tomada en consideración la evidencia presentada en dicho acto por el Fiscal y vista la jurisprudencia de la Corte Suprema de Puei’to Rico en los casos de El Pueblo vs. Ortiz, 18 D.P.R. 833; Ex Parte, Caballero, 36 D.P.R. 67 y Ex Parte, Florentino Rodríguez, 36 D.P.R. 560; la Corte, por la presente, declara sin lugar, en todas sus partes, el recurso de Habeas Corpus interpuesto por el peticionario. ’ ’

No conforme el peticionario apeló para ante esta Corte Suprema.

Sus abogados presentaron un largo alegato en el que ana-lizan cuidadosamente la iprueba practicada. Uno de ellos informó en el acto de la vista del recurso en el mismo sen-tido, pero sus esfuerzos se estrellan contra la declaración del testigo presencial Pacheco. Los hechos que de modo termi-nante en ella se imputan al peticionario apelante contienen todos los requisitos que la ley exige para que se entienda cometido un delito de asesinato' en primer grado. No se está juzgando finalmente al acusado. Quizá le sea dable al mismo destruir en el juicio la declaración. Sólo se trata de decidir si el acusado debe o no debe permanecer en prisión mientras se sustancia el proceso. Y el fiscal, que actúa como juez instructor, aportó ante la corte la prueba necesaria para sostener su mandamiento de encarcelación y su negativa a admitir fianza. A nuestro juicio la resolución de la corte de distrito se ajustó a los hechos y a la ley.

Resta sólo considerar el efecto que pueda tener la nega-tiva del fiscal sostenida por la corte a contestar cierta pre-gunta que le hiciera el peticionario por uno de sus abogados.

En un caso de esta naturaleza el fiscal no está obligado a presentar toda su prueba. Sin embargo, nos inclinamos a creer que debió contestar la pregunta que se le hizo. Yoluntariamente subió a la silla de los testigos y desde entonces quedó sometido al eontrainterrogatorio del peti-cionario acusado. No debe aceptarse práctica alguna que tienda o pueda tender a establecer privilegios injustificados. La negativa del fiscal en vez de favorecer su causa arroja sombras sobre ella.

Ahora bien, creemos que el error, de haberse cometido, no es perjudicial. Suponiendo que el fiscal hubiera exami-nado como testigo de cargo al practicante- del cuarto de socorros y que su declaración en cierto modo hubiera tendido a favorecer la causa del peticionario, siempre hubiera que-dado en pie la declaración del testigo presencial Pacheco, que es la base que sostiene la orden de prisión sin fianza. Repe-timos que no se está juzgando definitivamente al acusado. Se trata simplemente de una medida transitoria.

Debe declararse no haber lugar al recurso y confirmarse la resolución recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Hutchison están conformes confia sentencia.


author: El Juez Asociado Señob Aldbey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Lamboy Toledo, acusado y apelante.
    No. 3386.

    Visto: Diciembre 20, 1927 y Mayo 1, 1928.

      Resuelto: Mayo 28, 1928.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; José E. Eigueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Lamboy fue acusado de que en la noche del 1S de enero de 1927 voluntaria, ilegal y maliciosamente, intentó-pegar fuego con intención de destruirla a una casa que' Felipe B. Rivera tiene en la calle del Carmen del pueblo de; Hatillo, que estaba habitada entonces por Ismael Sepulveda - y sus familiares; delito que está definido en el artículo .50 del Código Penal en relación con el 398 y 405 del mismo-código referentes al delito de incendio, pues en el primero' de los tres artículos citados se dice que a todo el que intente cometer un delito o fuere impedido o interceptado en la perpetración del mismo se le impondrá la pena que en él se especifica.

El acusado solicitó ser juzgado por un jurado pero des-pués renunció ese derecho y quiso ser juzgado por la corte,, la que después de celebrado el juicio lo declaró culpable del delito imputádole y lo condenó a dos años de presidio.

El primer motivo de error que alega el acusado en su apelación contra esa sentencia se funda en haber permitido la corte que el fiscal presentase en el juicio la declaración del acusado ante un juez de paz, sin haber probado, previamente el corpus delicti.

Be la prueba que el fiscal presentó en el juicio resulta que el 17 de enero de 1927 el acusado estuvo en el pueblo de Hatillo donde hizo que le enseñaran la casa que Felipe B. Rivera tiene allí; que al día siguiente como a. las diez y media de la no obe pasó cerca de un guarda del ferrocarril que está inmediato al pueblo de Hatillo y que custodiaba la vía férrea, a cuyo guarda estuvo sospechoso por no ser vecino del pueblo y porque en vez de entrar en él por la carretera que lo cruza siguió la vía del ferrocarril llevando un bulto y desapareciendo en una alcantarilla, por lo que ese guarda dió aviso a la policía; que el acusado se metió debajo de una casa semialta habitada por Lucrecia Machado, casa que tiene su frente a la carretera que pasa por el pueblo y que está al lado de otra que hace esquina a la calle del Oarmen; que al otro lado de la carretera, en la otra esquina a la calle del Carmen hay una casa que fué cine y que entonces era escuela, al lado de la cual está la de Felipe B. Rivera, que tiene frente a la calle del Oarmen; que del patio de la casa de Lucrecia Machado a la casa de Felipe B. Rivera, habitada por Ismael Sepulveda, es sólo cuestión de segundos, según declaró el colector de rentas internas; que de los bajos de Lucrecia Machado salió el acusado y trató de cruzar la •carretera pero volvió para atrás al ver que una persona lo estaba mirando; que otra vez llegó hasta la escuela pero volvió a los bajos de la casa de Machado; que cuando varias personas avisadas por la policía fueron a detenerlo a eso de la Rina de la mañana en los bajos de la repetida casa, el acusado salió corriendo hasta, una cerca de alambres del patio de esa casa, donde fué hecha su detención; que debajo de la casa donde él se había metido fué encontrado el bulto que portaba y que contenía una lata de gasolina, dos cajas de fósforos, un pedazo de pan y una botella con un poco de ron.

Después de esa prueba el fiscal presentó la declaración que el acusado prestó ante el juez de paz de Hatillo en la mañana del día en que fué detenido, en la que declaró que la noche anterior llegó a Hatillo a eso de las doce procedente del barrio de los Angeles de Htuado, después de cruzar varios caminos, y fué a buscar un saco que contenía un galón de gasolina que tenía escondido en la orilla del camino que va para Arecibo, dentro de unas cepas de maya, desde el día anterior; qne fné con la intención de pegarle fuego a una casa de Felipe B. Rivera en la calle del Carmen de Hatillo, mandado por Felipe B. Rivera, quien le ofreció pagarle cincuenta pesos después que realizara ese liecbo y quien le dió un dólar anticipado para que comprara gasolina y cual-quiera otra cosa. que fuera necesaria; que no realizó ese liecbo por miedo y por baber sido sorprendido por un policía y otras personas debajo de una casa, de la que corrió y lo cogieron a corta distancia, siéndole ocupada una lata de gasolina, dos cajas de fósforos, im cortaplumas y un frasco con ron.

En Wigmore sobre Evidencia, segunda edición, tomo 4, página 405 y siguientes, puede verse la historia de 1a, regla que requiere prueba del corpus delicti independientemente de las manifestaciones y confesiones del acusado becbas antes del juicio con referencia al debto que se le imputa. Nos-otros bemos declarado en los casos de El Pueblo v. Rosado, 17 D.P.R. 441, y El Pueblo v. Matos y Matos, 26 D.P.R. 594, ambos por asesinato, que la confesión del acusado beeba antes del juicio no puede admitirse como prueba contra él si la existencia del corpus delicti no ba quedado establecida por prueba de otra naturaleza, diciendo además en el segundo de esos casos que los elementos ¡del corpus delicti son la prueba de la muerte de un ser humano causada por manos extrañas a las suyas, y ser equivocada la idea de que la cul-pabilidad del acusado forma parte del corpus delicti. En el mismo sentido que nuestras', decisiones citadas se han escrito las opiniones en People v. Simonsen, 107 Cal. 345, 40 Pac. 440; People v. Ward, 145 Cal. 736, 79 Pac. 448, y Pierson v. State of Alabama, 79 So. 447, que cita el de Ryan v. State, 100 Alabama 94, 14 So. 868.

Esa regla ha sido declarada en los casos citados porque se trataba de delitos consumados en los que necesaria-mente tiene que existir el corpus delicti, ya sea una persona muerta violentamente, una casa quemada voluntariamente o propiedad ajena sustraída, pero no puede tener aplicación cuando sólo se ha intentado cometer un delito porque enton-ces no existe el hecho de la muerte, del incendio' o del hurto; y como en el caso presente la acusación imputa el haber intentado quemar úna casa, no podía ser probado un corpus delicti que no podía existir. No obstante, las cortes ame-ricanas declaran que la confesión del acusado hecha extra-judicialmente, esto es, fuera del tribunal que lo- juzga, nece-sita alguna corroboración, que existe en la prueba del fiscal en este caso pues de ella aparece que el acusado estuvo en Hatillo el día antes de la noche en que fué detenido hacién-dose enseñar la casa de Felipe B. Rivera, y que se le ocupó una lata con gasolina que llevaba escondida dentro de un saco, que puede servir para producir un incendio, por lo que en talesi condiciones la prueba del fiscal era admisible en cuanto a la confesión prestada por' el acusado. Además, como luego veremos, el acusado solicitó declarar en el juicio y confesó su delito.

Se alega como segundo motivo para la apelación que hubo error en la apreciación de la prueba. Ya hemos expuesto la presentada por el fiscal. Después de ella el acusado solicitó declarar y dijo en el juicio que vive en el barrio de Angeles de Utuado: que no conocía el pueblo de Hatillo en el que solamente ha estado el 17 y 18 de enero, en la noche en que ocurrieron los sucesos: que el policía de Utuado Felipe B. Rivera hacía como un año que le decía que tenía en Hatillo una casa clausurada que nada le producía ni encontraba hacer negocio con ella: que su seguro vencía el 19 de enero a las cuatro de la tarde y que el acusado tenía que hacerle un trabajo en ella : que el 16 de enero el policía lo vió otra vez e insistió en que fuera a Hatillo : que el lunes 17 por el día fué a ese pueblo para que le mostraran la casa, fingiendo que tenía que hacerle un trabajo de carpintería: que el 18 por la noche volvió a Hatillo, habiéndole dicho Rivera que lo esperara a las diez n once de la noche, y viendo que no llegaba pensó en retirarse: que él cruzaba de la casa en que estaba metido a la carretera para ver si pasaba un carro que lo condujera a su barrio. A repreguntas del fiscal con-testó que Felipe B. Rivera le dió un dólar para que comprara una lata con gasolina y que recuerda haber declarado al fiscal que Rivera le ofreció cincuenta dólares para que pegara-fuego a su casa: que para eso fué a Hatillo: que la gasolina y los fósforos los compró para quemar esa casa. El otro tes-tigo de la defensa fué Balbina Torres, que parece que vivía con el acusado, pues dice que el 16 de enero estuvo en su casa Felipe B. Rivera y dijo a Lamboy qué pensaba de lo que habían hablado y como le contestara que nada había resuelto le dijo que fuera al cuartel para acabar de tratar el asunto, y lo obligó diciéndole que si se pasaba aquél día le costana otra cosa: que Lamboy fué al cuartel y regresó por la tarde. A repreguntas del fiscal dijo que Lamboy fué a Hatillo a hacer un trabajo, oyendo que se trataba de quemar una casa de Felipe B. Rivera que estaba asegurada y para él cobrar.

La prueba del fiscal y la declaración del acusado en el juicio son suficientes para sostener la sentencia condenatoria, pues aunque la sola, intención de cometer un delito no es penable sin la ejecución de algún acto tendente a la realiza-ción de la intención criminal aunque ésta m> llegue a realizarse por completo por actos independientes de la voluntad del agente; aunque el hecho de reunir los elementos para co-meter el delito- es considerado meramente como acto prepara-torio y necesita algún acto tendente a la ejecución para que la tentativa de cometer un delito sea penable; y aunque el desistimiento voluntario y libre de una intención criminal impide la pena, sin embargo-, el caso presente no- se halla en ninguna de esas situaciones porque desp-ués de los actos pre-paratorios del acusado, como el haber estado el día anterior •en el pueblo ele Hatillo para conocer la casa que intentaba quemar y el de haber comprado gasolina y fósforos, el acu-sado ejecutó actos tendentes a la realización del delito de incendio de dicha casa, pues volvió al pueblo de Hatillo tarde en la noche llevando consigo gasolina y fósforos; se escondió en los bajos de una casa tan cercana a la de Felipe B. Rivera que podía salvar la distancia entre ellas en segundos; y sobre todo, intentó varias veces llegar hasta la casa que fue a quemar, habiendo llegado hasta la próxima a ella, y si no prendió fuego a la expresada casa fué porque vió que lo esta-ban observando y porque lo detuvieron. Es cierto que el acu-sado declaró que desistió de su propósito por temor y porque no llegó Felipe B. Rivera a quien estaba esperando, y que salía a la, carretera para ver si pasaba algún carro que lo •llevara a su barrio, pero la condena de la corte demuestra que no dió crédito a ese particular de su declaración, en lo que estuvo justificada pues aparte de que parece muy dudoso que a esas horas salieran carros de dicho pueblo para el barrio del acusado, si tal era su propósito parecía lo más natural que hubiera esperado en la carretera y no escondido debajo de una casa. Pero, independientemente de lo ex-puesto, para que exista un desistimiento (locus poenitentiae) de la intención se necesitan actos que demuestren tal desis-timiento. En la obra de "Wharton sobre ley criminal, tomo I, pág. 215, tratando sobre la cuestión de que no debe ser casti-gada la persona que desista voluntaria y libremente de su intención criminal, dice lo siguiente:

“Es sabido, sin embargo, que como la tentativa (attempt) puede probarse solamente por algún acto tendente a la realización del de-lito (overt act), de igual modo el abandono de la tentativa no puede ser probado por meras conjeturas o por declaraciones de un cam-bio mental. Como el declarar una intención de hacer una cosa no •es una tentativa penable, de igual modo la declaración de una in-tención de abandonar la tentativa tampoco es un abandono de tal tentativa. Si fuera de otro modo, tentativas criminales, especialmente políticas, dejarían de ser penables porque hay pocos casos en los cuales el acusado no alegaría que desistió de su intención criminal. Deben haber actos tendentes a demostrar que en realidad hubo tal abandono, al ig'ual que deben haber actos reales demostrativos de que en verdad hubo la tentativa. Debe también recordarse que sí tal abandono es causado por el temor de ser detenido, ello no cons-titujre defensa alguna, si la tentativa llegó a tal punto de ser eje-cutada que sería penable per se antes de ser abandonada. Por ejemplo, si un ladrón dirige su mauo hacia el bolsillo de otra persona y desiste al ver un policía (detective), el delito se ha cometido.

El tercer error señalado es por no haberle sido concedido un nuevo juicio al acusado por nueva prueba descubierta, consistente en el hecho de que después de este juicio y antes de dictarse sentencia en él fué condenado Felipe B. Rivera por haber aconsejado al apelante que pegara fuego a su casa; pero el hecho de que la persona que aconsejó un crimen haya sido condenada no exime de responsabilidad al que haya participado en el mismo aunque sea en grado de tentativa.

El cuarto y último error es porque la pena impuesta es excesiva., pero como el apelante deja de argumentar ese •motivo para demostrar las razones por las cuales la pena resulta excesiva en este caso concreto, dejaremos de considerar tal motivo.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó conforme con la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    José Vargas Vargas, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 723.

    Sometido: Mayo 28, 1928.

      Resuelto: Mayo 29, 1928.

      Nazario é García Méndez, abogados del recurrente; el registrador • recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

José Vargas Vargas hizo tramitar en la Corte de Distrito de Mayagiiez un expediente de dominio con relación a una finca rústica de treinta y dos cuerdas en el barrio Santa Rosa, término de Lajas, y de la que adquirió la mitad por herencia de su padre, y la otra mitad por compra a Juan G-ualberto Vargas, siendo el comprador, a la fecha de esta última adquisición, casado' con Eleuteria Peraza. Dictada por la corte resolución declaratoria del dominio, y presentada al Eegistro de la Propiedad de San Hermán, el registrador no admitió la inscripción, y puso la nota denegatoria, fun-dándose en que no se pueden agrupar dos fincas de las que una es privativa, y la otra adquirida con la presunción de ganancial. Contra esa nota se interpuso el presente recurso.

El artículo 61 del Reglamento para ejecución de la Ley Hipotecaria, dice así:

“Artículo 61. Se inscribirán bajo un solo número si los intere-sados lo solicitaren, considerándose como una sola finca, con arreglo al artículo 8 de la ley y para los efectos que el mismo expresa:'
“Primero. Las propiedades rústicas conocidas con los nombres de haciendas, cafetales, ingenios, vegas, estancias, sitios, potreros,, etc., que formen un cuerpo de bienes dependientes o unidos, con uno o más edificios y una o varias piezas de terreno con arbolado o sin él,- aunque éstas no linden entre sí ni con el edificio, con tal que pertenezcan al mismo cuerpo de bienes y a una sola persona, o a varias pro inctiviso, y aun cuando afecten al mismo gravámenes o derechos reales, correspondientes a una sola persona o a varias, y se' componga de distintas suertes o porciones dadas en enfiteusis. Para los efectos de la inscripción se considerará único el señorío directo, aunque sean varios los que a título de dueños directos co-bren rentas o pensiones de una finca, siempre que ésta no se halle dividida entre ellos por el mismo concepto.
“Segimdo. Toda finca urbana y todo edificio, aunque perte-uezea en porciones señaladas, habitaciones o pisos, a diferentes due-ños, en dominio pleno o menos pleno.
“Tercero. Todo edificio o albergue-' situado fuera de poblado, con todas sus dependencias y anejos, como corrales, cobertizos, palo-mares, etc., aunque pertenezca a varios dueños pro indiviso-, esté afecto a gravámenes o derechos reales, correspondientes a una o va-rias personas, y se halle dividido en suertes o porciones dadas en enfiteusis.
' “Cuarto. Las piezas de tierra colindantes que pertenezcan a un mismo dueño, o a varios pro indiviso, aunque no tengan albergue alguno ni sean de idéntica procedencia u origen, y hayan llegado al último adquirente por diversos títulos.
“Cuando el derecho real o gravamen que afecte al conjunto de fincas a que se refiere el número 1 estuviere dividido en fracciones y se determinaren las fincas gravadas con cada fracción, éstas po-drán inscribirse con separación de las demás y con número distinto, aunque formando grupo entre sí todas las que queden afectas a una misma fracción del gravamen.
“Si cualquiera de las agrupaciones de fincas que puedan inscri-birse bajo un solo número, conforme a lo dispuesto en este artículo, estuviere enclavada en los términos de dos o más ayuntamientos, se inscribirá en el registro especial de cada uno de ellos la parte co-rrespondiente al mismo, expresándose al final de la inscripción que las fincas objeto de ella, en unión con las demás, cuyos números, folios y libros se citaran, constituyen-(la hacienda, cafetal, estan-cia, etc.), e indicando el nombre, si lo tuviere, o en otro caso, la de-nominación con que fuere conocida dicha agrupación.”

Este tribunal ha sostenido, en su integridad el principio que aparece del artículo 61 antes citado. En los casos Muñoz v. Registrador, 25 D.P.R. 842, y Vilá v. Registrador, 27 D.P.R. 929, que cita el registrador en su nota, y que son de estricta aplicación, al caso presente, se ha mantenido la doctrina de la imposibilidad legal de hacer agrupaciones de bienes pri-vativos y bienes gananciales.

En este caso se alega por el recurrente que no hay agru-pación, porque la finca de 32 cuerdas es la que heredaron de Don Eleuterio Vargas sus hijos José y Juan Gualberto, y que la herencia fue por mitades indivisas.- No importa que así fuera. La indivisión en ese caso afecta a la materialidad de las posiciones de la finca que lian de ser de uno u otro de los hermanos partícipes; pero la propiedad se llalla, ante la ley, dividida en dos partes o mitades, y con, cada una de ellas va el título correspondiente. La compra hecha por el recurrente José Vargas a su hermano Juan Gualberto Vargas, siendo el comprador casado, da a esa parte comprada el carácter de presunto ganancial, y entonces, el dueño pre--sunto de esa parte no es el recurrente José Vargas, sino la sociedad de gananciales constituida por la ley entre él y su esposa Eleuteri'a Peraza. De manera que, en cuanto a una mitad de la finca el título es el gratuito hereditario a favor del recurrente, y en cnanto a la otra mitad lo es el oneroso de compra, con la presunción de bien ganancial de la socie-dad José Vargas y Elenteria Peraza.

S'e confirma la nota denegatoria del Registrador de la Propiedad de San Germán, objeto de este recurso.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Angel Martínez Noriega, demandante y apelado, v. Sucrs. de Cosío & Primo y Enrique Noriega, demandados y apelantes.
    No. 4026.

    Visto: Abril 19, 1928.

      Resuelto: Mayo 31, 1928.

      C. B. Colón, abogado de la apelante Sues, de Cosío & Primo; Agus-tín E. Font, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La mercantil Sucrs. de Cosío & Primo demandó el 13 de octubre de 1925 a Enrique Noriega para que le pagase la cantidad de $992.88 como balance a su favor de una cuenta corriente con él tenida, y para asegurar la efectividad de la sentencia hizo que el márshal embargase el 21 de enero de 1926 cincuenta y cinco sacos de café que estaban en una casa de la finca “Los Cocos,” radicada en el barrio Pellejas del pueblo de Adjuntas.

Después de ese embargo, Angel Martínez Noriega radicó demanda de tercería alegando que ese café es de su pro-piedad por haber sido1 producido por la expresada finca, que le compró a Enrique Noriega por escritura pública de I0-de julio de 1911 inscrita en el registro de la propiedad pocos días después.

Admitió la mercantil demandada en tercería Sues, de Cosío & Primo que el café es producto de dicha finca, pero' alegó como defensa que pertenece a Enrique Noriega porque', la venta hecha por éste a Martínez de la finca en 1911 es simulada, falsa y verificada para defraudar Enrique Noriega a sus acreedores.

Celebrado el juicio la corte de distrito declaró con lugar la demanda de tercería con los demás pronunciamientos con-siguientes, y contra ella interpuso la expresada mercantil este recurso de apelación.

Aunque la parte apelante alega muchos1 errores contra las manifestaciones hechas por la corte inferior para fundar su sentencia podemos prescindir de ellos, porque aunque fueran sostenibles no producirían la revocación de la sen-tencia apelada ya que ésta debe ser confirmada por el motivo que pasamos a exponer.

La cuestión fundamental en este litigio es si Enrique Noriega vendió la finca “Los Cocos” para defraudar a su acree-dora Sucrs. de Cosío & Primo.

Según el artículo 1258, No. 3, del Código Civil, son. res-cindióles los contratos celebrados en fraude de acreedores cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les ■deba; y según el artículo 1261 la acción rescisoria es subsi-diaíia y no podrá) ejercitarse sino cnando el perjudicado carezca de todo otro recurso legal para obtener la repara-ción del perjuicio. Por esto, estando esa acción rescisoria concedida por la ley al acreedor para obtener la nulidad de la venta hecha por su deudor condicionada por el hecho de que no pueda de otro modo cobrar lo que se le deba, y no pudiendo ser ejercitada sino cuando el perjudicado carezca de otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio, es necesario que tales alegaciones se hagan en la demanda, según ha declarado este tribunal en los casos de Sucesión Almazán v. López, 20 D.P.R. 537; Vázquez v. Martínez y Orsini v. Comas, 10 D.P.R. 454 y 282; y Domenech v. Rola, 9 D.P.R. 96. Por consiguiente siendo esa,s¡ alegaciones nece-sarias tienen que ser probadas para que un acreedor pueda obtener la rescisión de una venta hecha por su deudor.

Hemos examinado la extensa prueba practicada en el juicio y no encontramos que el apelante haya probado que la venta de la finca “Los Cocos” hecha por Noriega en 1911 tenía por objeto defraudar a sus acreedores y que éstos no podían cobrar entonces de otro modo lo que se les debía; y por el contrario resulta que en la expresada fecha él tenía otras fincas, una que vendió más tarde a Guillermo Colón y otra que le fué rematada años después por Armstrong; por lo que existiendo esos bienes cuando él vendió al tercerista la finca “Los Cocos” en 1911, no puede declararse que su acreedor no pudiese cobrar su crédito sino obteniendo la rescisión de tal venta. Además, de la prueba también re-sulta que Cosío '& Primo, cuyos créditos adquirió su sucesora apelante, no eran acreedores de Enrique Noriega en Io. de julio de 1911, cuando fué hecha la venta cuya rescisión se interesa, pues habiendo empezado la cuenta corriente entre Noriega y Cosío & Primo el 11 de mayo de ese año con una pequeña compra de $8.50, esa cantidad fué pagada por Noriega el día 24 del mismo mes y año según aparece de los libros de dicha mercantil; cuenta que no volvió a tener movimiento Rasta el 5 de julio de 1911 cuando ya había sido vendida la finca “Los Cocos,” y fue balanceada el 30 de septiembre del mismo año con un saldo a favor de la mer-cantil ascendente a $198.84. También resulta de las pruebas que después de 1911 Cosío & Primo y Enrique Noriega con-tinuaron en transacciones mercantiles en cuenta corriente por algunos años, lo que indica que para dicha mercantil no era Noriega insolvente en esas fechas. Y por último aparece de la prueba que Enrique Noriega fue un comerciante fuerte con cuentas corrientes con varias casas comerciales hasta algunos años después del 1911.

No apareciendo, pues, que Cosío & Primo, antecesora de la apelante, fuera acreedora de Enrique Noriega cuando éste vendió su finca “Los Cocos” en Io. de julio de 1911; y apare-ciendo que al verificarse esa venta le quedaron otros bienes a Noriega, no puede sostenerse que la venta de la finca fué hecha en 1911 para defraudar al acreedor Cosío & Primo, por lo que no puede decretarse la rescisión de dicha venta, y la sentencia ajelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Acevedo, acusado y apelante.
    No. 3446.

    Visto: Marzo 16, 1928..

      Resuelto: Mayo 31, 1928.

      García Méndez <& García Méndez, abogados del apelante,- José E. IHgueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fue convicto del delito d© acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, y en apelación se-ñala dos errores: primero, que la denuncia no imputa delito alguno, y, segundo, que no hubo suficiente prueba para sen-tenciársele.

El fundamento del primer señalamiento es que la denuncia no demuestra la comisión, de un delito de acometimiento y agresión grave, toda vez que se imputa al acusado solamente haber acometido a otra persona con un cuchillo, y que un cuchillo' no es necesariamente un arma mortífera. El uso de un arma mortífera es lo único que podría hacer que en este caso el acometimiento y agresión fuera grave. No obstante, es claro que se imputa el delito de acometimiento y agresión simple y que, por tanto, la denuncia no estaba sujeta a ser atacada mediante una excepción perentoria o su equivalente.

Además, hemos resuelto en el caso de El Pueblo v. Albino, 17 D.P.R. 481, que en una denuncia por el delito de acometi-miento y agresión grave no es necesario alegar que el arma usada fuera mortífera, ya que la determinación de este lieclio podría dejarse al juez sentenciador.

El apelante se refiere a la prueba al discutir el primer señalamiento, pero es ley ya establecida que no se puede recurrir a la prueba en apoyo de la alegación de que la denuncia no imputa delito alguno.

En lo referente al segundo error, bubo conflicto- de prueba. Haciendo un análisis de la misma, se verá que es enteramente claro que el acusado acometió al perjudicado con un cuchillo. Además, la corte tenía derecho a creer, bien que el acusado fué el que propinó el primer golpe, o que hubo una riña mutua. El acusado admite que tenía un cuchillo. El perjudicado dice que si bien agredió al acusado con una chorrera, lo hizo porque el acusado le había pegado con un palo. Cada una de. las partes en este conflicto le echa la culpa a su contrario, y la corte resolvió la prueba a favor del perjudicado. La riña ocurrió en un patio al cual, según la corte tenía derecho a creer, ambos individuos descendieron voluntariamente. Nadie vió lo que ocurrió entre el perjudicado y el acusado hasta que se les halló' rodando por el suelo y el perjudicado salió con una herida inferídale con un cuchillo, la que no resultó ser de carácter grave.

Por otra parte, la prueba no reveló un caso grave. El cuchillo usado era pequeño, más o menos como los que usan los carpinteros u otros trabajadores para hacer trabajos ligeros. No era esencialmente un arma peligrosa, y la prueba estuvo en completa armonía con la posesión inocente del cuchillo por parte del acusado. Por tanto, la prueba no demostró la comisión de un delito' de acometimiento- y agre-sión con circunstancias agravantes.

Debe modificarse la sentencia en el sentido de imponer al acusado una multa de $30, y en defecto de pago, se le condena a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejare de satis-facer; y, así modificada, se confirma.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Ernesto Fernando Schlüter, haciendo negocios bajo el nombre de Schlüter & Compañía, Sucr., demandante y apelado, v. Félix González y su esposa Cándida Pino, y Arturo González y su esposa Rosa Franco, demandados y apelantes.

    No. 4419.

    Visto: Mayo 21, 1928.

      Resuelto: Mayo 31, 1928.

      Luis Llorens Torres, abogado de los apelantes; E. Campos del Toro, abogado del apelado.

       Una reconsideración fué concedida por el fundamento de una posible inconsistencia entre dos decisiones de la corte, pero la orden concediendo la reconsideración fué anulada en julio 28, 1928 por el fundamento de que cuando la moción fué concedida el mandato de la corte había sido comunicado a la corle de distrito. Véase el mismo caso pág4 249 post.

   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso los apelantes fueron, basta cierto punto, diligentes en obtener prórrogas para radicar la transcrip-ción de la evidencia. Instaron al taquígrafo para que pre-parara la transcripción. El 4 de agosto de 1925 se concedió una prórroga de treinta días. De los autos y de la moción que fué radicada originalmente en este tribunal se desprende que no se solicitó ninguna otra prórroga basta el 30 de sep-tiembre, en que el taquígrafo, y no los apelantes, solicitó y obtuvo una prórroga de treinta días. Debido a no haberse proseguido la apelación y a la existencia del lapso de tiempo entre el 3 de septiembre y el 30 del mismo mes, el apelado solicita la desestimación del recurso.

En la primera vista, los apelantes, a pesar de nuestras repetidas decisiones sobre la materia, insistieron en que la demora del taquígrafo no debía imputárseles, citando al efecto las leyes de 1917 y 1919. Es innecesario repetir todo lo que hemos dicho. Pueden consultarse las decisiones. Cruz v. Luiña, 33 D.P.R. 1008, y casos allí citados. Esta corte creyó que no fué la intención de la Legislatura que un apelante se cruzara de brazos después de pedir que el taquígrafo transcribiera sus notas taquigráficas. El deber de solicitar prórrogas recae en primer término sobre el apelante, y no sobre el taquígrafo. El descuido habido es, litexalmente, el descuido de los apelantes.

Durante la primera vista, los apelantes también sostuvieron que nunca se les comunicó la concesión de la prórroga del 4 de agosto. No sabemos que sea el deber de alguien notificar a un apelante la concesión de una prórroga, y los apelantes no nos han indicado regla o estatuto alguno que exija tal notificación. Los apelantes mismos, de acuerdo con las decisiones, están obligados a ver que no expire el tiempo dentro del cual puedan radicar la transcripción de la evidencia.

Aun suponiendo que de acuerdo con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil la corte de distrito hubiese podido revivir el tiempo de los apelantes, derecho' que niega la mayoría de este tribunal, este poder de la corte jamás fué invocado.

El taquígrafo, y nó los apelantes, fue el que solicitó la prórroga. Ni en la corte inferior ni en este tribunal ban tratado los apelantes de presentar un caso de negligencia excusable o de cualquiera otra naturaleza.

Después de la vista, aunque algo fuera del tiempo conce-dido, los apelantes presentaron un memorándum adicional en el cual admiten que no existe ley alguna que exija que se les notifique la prórroga concedida por una corte. Abora dicen que ésta era la práctica de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil española, y que esta práctica no ba sido derogada. Resolvemos lo contrario.

En 1904 se adoptó un Código de Enjuiciamiento Civil para Puerto Rico. Fue tomado de Idaho e, indirectamente, de California, con la interpretación, dentro de lo razonable, dádale en dichos estados. Se entendía universalmente tanto por la judicatura como por el foro que no era necesario notificar a las partes las sentencias y resoluciones dictadas de acuerdo con el nuevo sistema de procedimiento estable-cido. Existía la ficción legal de que un abogado siempre estaba presente en la corte y estaba obligado a cerciorarse de las actuaciones de la misma. Desde entonces, la Legis-latura ba establecido determinados casos en que es necesaria la notificación, pero estas notificaciones no son aplicables a las prórrogas. La Legislatura reconoció claramente la regia al formular las excepciones. P'ara el apelante, éste es un caso de expressio unms est excliosio alterius.

Ya habíamos llegado a las anteriores conclusiones cuando, el 12 de diciembre de 1927, los apelantes radicaron un escrito adicional en el cual exponían que el 31 de agosto de 1927 habían radicado, o el taquígrafo lo había hecho, una moción solicitando una nueva prórroga, para preparar la transcripción de la evidencia. Sucedió que la corte no dictó resolución alguna sobre esa petición. El apelado, durante la segunda vista de este caso, y en sus alegatos o memorándum, sostenía que, toda vez que la moción no fué resuelta por la •corte, es enteramente nula y carece de valor alguno, no pudiendo beneficiar a los apelantes. Estos, entre otras cosas •sostenían qne no habiendo sido considerada la moción de prórroga, la corte tenía poder para prorrogar el término •para preparar la transcripción en cualquier momento; y, por tanto, qne la prórroga posterior concedida con fecba 30 •de septiembre es enteramente válida y eficaz. Más bien ■ creemos qne era el deber de los apelantes o del taquígrafo, .según sea el caso, investigar el resultado de la moción soli-citando la prórroga y ver que ésta fuese específicamente •concedida. La resolución posterior de la corte, en forma -alguna era una respuesta a la moción de prórroga presen-tada el 31 de agosto de 1927. Si la contención es correcta, •entonces todo lo que un apelante tiene que hacer es radicar una moción ante una corte y nunca dar paso ulterior alguno. La moción de desestimación debe ser declarada con lugar por «ese solo fundamento.

Además, hay también otro motivo. A pesar del hecho de que la apelación fué interpuesta el 3 de junio de 1927, los apelantes continuaron solicitando prórrogas, sin poner a este tribunal en momento alguno en posición de decidil por qué no se había radicado la transcripción. Creemos que ha habido falta de diligencia en la radicación de la transcripción •en esta corte, lo,, que, de acuerdo con la regla 59, es un fundamento adicional para desestimar el recurso.

Debe desestimarse la apelación.

Los Jueces Sres. Presidente del Toro y Asociado Hut-chison, disintieron.


author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    Schlüter & Cía. Sucr., apelado v. González et al. apelantes.
    No. 4419.

    Visto: Julio 9, 1928.

      Resuelto: Julio 28, 1928.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión de si procede o no la desestimación del re-curso en este caso lia sido debatida varias veces por las-partes ante el tribunal. Finalmente se declaró la desesti-mación con lugar por resolución de mayo 31, 1928.

El 18 de junio siguiente se presentó un escrito por el apelante pidiendo la reconsideración, y esta corte, el 28 del propio mes, proveyó así:

“Vistos la moción ele reconsideración y el sugerido conflicto en-tre este caso y el de Fernández vs. Alonso Riera y Co., resuelto el 4 de mayo último, y visto también el caso de Campos vs. Corte de Distrito, 35 D.P.R. 621, se reconsidera la resolución de la corte de-mayo 31, 1928, y se señala una nueva vista de la moción de desesti-mación para el día 9 de julio de 1928, a las 2 p. m.”

Se celebró la vista acordada y no sólo los abogados in-formaron de nuevo oralmente si que también ban presen-tado amplios escritos tratando las cuestiones envueltas.

Una cuestión nueva y previa fué suscitada por el abogado-de la parte apelada en la última vista y luego tratada en na escrito presentado al efecto. Nos referimos a la que versa sobre haberse presentado la moción de reconsideración de-masiado tarde, cuando el mandato había sido ya devuelto-a la corte de distrito y la sentencia, se había ejecutado. Se-acompañó al escrito, para probar el último extremo, una-certificación expedida por el Secretario de la Corte de Dis-trito creditiva de haberse librado- un mandamiento al Begis-trador de la Propiedad de San Juan en ejecución de la sentencia, ordenando la cancelación de cierta inscripción de-dominio, -mandamiento que fué expedido el 12 de junio último* y cumplido por el registrador el 29.

La parte apelante no explicó oralmente la causa de su tardanza. Contestando por escrito luego, llama la atención sobre el hecho de que no cabe levantar la cuestión de lar. tardanza porque la resolución fué ya reconsiderada.

En la opinión emitida para fundar la resolución dictada por esta corte el 12 de julio actual en el caso de Manrique v. Ramírez, se estudia con alguna extensión la jurisprudencia relativa al término en que las reconsideraciones deben solicitarse.

La regla de que las resoluciones de este tribunal no se remitan a las cortes de distrito hasta después de transcu-rridos diez días, es bien conocida y se adoptó precisamente en evitación de complicaciones, para que las partes pudieran pedir lo que1 creyeran procedente en derecho con respecto a ellas al mismo tribunal. Dicho término, que puede prorro-garse por justa causa, es suficiente.

En este caso, como hemos visto, no sólo pasaron los diez días, sino que remitido el mandato se ha llegado hasta la ejecución de la sentencia.

Siendo ello así, creemos que de acuerdo con los hechos y la jurisprudencia tal como fué expuesta en el dicho caso de Manrique, supra, y los en él citados, debe declararse que 1a. moción de reconsideración se presentó demasiado tarde, sin que sea un obstáculo para poder adoptar esta resolución, la que dictáramos el 28 de junio último. Dicha resolución será anulada y en su lugar se dictará otra restableciendo las cosas al ser y estado que tenían antes de dictarse la resolución de 28 de junio, quedando así desestimada la apelación, y declarándose no haber lugar a la reconsideración solicitada.


text:
    Antonia Cabassa y Texidor, recurrente, v El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 705.

    Sometido: Enero 23, 1928.

      Resuelto: Mayo 31, 1928.

      J. Alimcmy Sosa, abogado de la recurrente; El Registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión, del tribunal.

Este es un recurso gubernativo en que está envuelta la cuantía de prueba necesaria para destruir la presunción con-tenida en el artículo 1322 del Código Civil, según el cual se presume que son gananciales los bienes adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio. La nota del registrador dice así:

“Denegada la subsanación del defecto subsanable consignado en la primera nota al calce de esta escritura que es la No. 22 otorgada en esta ciudad el 20 de junio de 1924 ante el notario Genaro Altiery como substituto de su compañero Pascasio Fajardo, con vista de la escritura No. 54 en Mayagüez el 9 de marzo de 1926 ante el notario Alfredo Arnaldo Sevilla, y de la No. 37 en Mayagüez el 23 de no-viembre de 1916 ante el notario Amadeo Nazario Lugo y un escrito, y extendida en su lugar anotaciones preventivas por término de 120 días a favor de Antonia Cabassa y Texidor por notas al margen de las inscripciones (se enumeran) por la razón siguiente: porque dichos documentos relacionados no constituyen una prueba razonable-mente cierta de que el dinero con que se compraron los condominios a que se contrae la primera escritura citada fuera de la propiedad exclusiva de la Sra. Antonia Cabassa; toda vez que dicha escritura No. 37 sólo prueba la venta de un inmueble por aquélla en estado de viudez hace once años y cuyo precio de $6,000 confesó haberlos reci-bido antes del otorgamiento de la escritura lo que hace aun más re-moto el pretendido origen del dinero empleado en la compra de los condominios citados; que tampoco se ha presentado documento al-guno en que conste la aportación de dichos $6,000 a su actual ma-trimonio con el Sr. Fajardo, y que las meras declaraciones que hacen los esposos Fajardo Cabassa en dichas escrituras No. 22 y 54 no son bastantes para justificar la exclusiva propiedad de la adquisición por uno solo de los mismos, todo lo cual hace imposible seguir la pista de los primitivos bienes privativos alegados, y por tanto ha de estarse a la presunción jurídica que establece el artículo 1322 del Código Civil que no ha sido destruida, y a las resoluciones de la Dirección General de los Registros de 30 de junio de 1888 y en enero 17 de 1913 y a los casos de Sánchez vs. El Registrador y Sociedad Protectora vs. El Registrador, 28 y 29 D.P.R. 669 y 974 que sostienen la presente nota.”

Según interpretamos nuestras propias decisiones, éstas son al efecto de que no bastará la mera manifestación de uno de los cónyuges, o aún del padre que se supone haberle hecho donación de bienes a la esposa. En otras palabras, una declaración escrita, aún de la parte contra quien pudiera surgir un impedimento (estoppel), no bastaría para contrarrestar la presunción establecida. El registro debe arrojar certeza. ¿Es ésta una certeza que no deja posibilidad de fraude o error? No podemos resolverlo así, porque después de todo sólo hay pocos casos en los cuales tal certeza absoluta podría establecerse. En un inmenso número de casos, una persona casada que ha recibido bienes antes o después de haberse celebrado el matrimonio, podría ser negligente en conservar su prueba o en mantener el status quo de los bienes, que una vez pudo probarse claramente. Anteriormente, hemos indicado nuestras dudas respecto a un requisito demasiado estricto, en el caso de Marrero v. El Registrador, 34 D.P.R. 202, y en el de Alum Pérez v. El Registrador de Arecibo, de marzo 20, 1928, 37 D.P.R. 894 tomamos una posición más definitiva, al efecto de que la presunción puede ser destruida, como en otros casos, cuando existe bastante prueba corroborativa de las manifestaciones.

En el presente recurso, que es muy similar al de Alum, supra, la esposa adquirió definitivamente dinero con motivo de la venta de una propiedad que le había pertenecido siendo viuda. El registrador acepta estos hechos en su nota. Hallamos que existe una certeza suficiente.- Para los fines del registro, la presunción ha quedado controvertida, y la nota debe ser revocada.


text:
    Juan Arce Reices, demandante y apelado, v. American Railroad Co. of Porto Rico, demandada y apelante.
    No. 4470.

    Visto: Mayo 3, 1028.

      Resuelto: Mayo 31, 1928.

      M. Acosta Velarde, abogado de la apelante; B. Estoves, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante obtuvo sentencia en rebeldía contra la de-mandada. Esta última compareció ante la corte y solicitó un nuevo juicio, así como que se dejara sin efecto la sentencia, de conformidad con las disposiciones del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. La Corte de Distrito de Aguadilla se negó a acceder a la moción de nuevo juicio, pero dejó sin efecto la sentencia por virtud del artículo 140, supra. Sin embarg’o, al hacer uso de su discreción para dejar sin efecto la sentencia, la corte lo hizo condicionalmente. La condición era que la demandada depositara en la corte, a dis-posición del ahogado del demandante, la suma de $200 para cubrir las costas y honorarios de abogados en que había incu-rrido el demandante. La demandada apela de esa parte de la orden que le condena al pago de $200.

El apelado no compareció a la vista. De la argumentación oral y del alegato sometido por el apelante estamos muy convencidos de que no se notificó debidamente a la demandada el señalamiento del caso para juicio y que de conformidad con la práctica general de las cortes, si no de acuerdo con la ley, el caso no fué señalado para juicio debidamente. En otras palabras, que no hubo la debida lectura del calendario al comenzar el término durante el cual se señaló el caso para juicio. Aceptamos la manifestación del letrado de que la práctica general de las cortes, incluyendo la Corte de Distrito de Aguadilla, es leer el calendario al comenzar el término. El término de la corte se extendía durante los meses de junio y julio. El caso fué visto a fines de julio, habiéndose señalado después de haber transcurrido el mes de junio. Se ha demostrado además, mediante declaración jurada del ahogado, que el Secretario de la Corte de Distrito de Aguadilla no tenía ningún libro o calendario por medio del cual un letrado pudiera averiguar los señalamientos. La corto dijo en su opinión que el 30 de junio dictó una resolución en corte abierta señalando el día 5 de julio para pedir señalamientos y el 9 de julio para hacer los mismos. La corte admite que el secretario no registró esta orden, pero que aparece en las notas del taquígrafo.

De acuerdo con la antigua ficción de que el abogado, como funcionario de la corte, se presume que siempre está presente •eiitella, tal vez podrían aducirse argumentos para sostener la resolución de la corte. Un abogado está obligado a tener-conocimiento y a cerciorarse de las resoluciones dictadas por un tribunal al ser registradas. Tenemos muchas dudas de-que se hiciera el asiento correspondiente en este oaso. Si no se hizo asiento alguno, y el abogado demuestra que no-estaba presente, él no queda obligado por una resolución, oral de la corte. Los letrados son admitidos por este tribunal y tienen derecho a postular ante todas las cortes in-sulares. Si bien no pueden obtener privilegio alguno vivien-do fuera de la jurisdicción de determinada corte (Mas v. Borinquen Sugar Co., 18 D.P.R. 1103), no obstante, si re-siden fuera, sus clientes quedan obligados solamente por-cuestiones registradas en los libros ele la corte, o quizá en aquellos casos en -que la parte está implícitamente presente. En otras palabras, la presunción se ha convertido en controvertible, y fue destruida en este caso. Debe notarse que parte del razonamiento podría tal vez aplicarse a un abogado-residente en la localidad que no estuviera presente en la corte en el momento de dictarse la resolución oral.

No dedicaremos mucha atención a los aspectos estricta-mente legales del caso, en vista de que creemos que hubo-abuso de discreción. Cuando un caso se señala para juicio de un modo tan informal, y a lo sumo se hace un registro dudoso del señalamiento, debe dejarse sin efecto incondi-cionalmente una sentencia dictada en rebeldía. Imponer las-costas a la demandada fue un abuso de discreción. En el caso de Monllon & Co. v. Hutchison, 18 D.P.R. 893, esta, corte resolvió que al dejar sin efecto una sentencia, la corte-de distrito tenía derecho a hacerlo así condicionalmente, pero una revisión de los hechos nos ha convencido de que hemos-dicho que tal autoridad en ese caso fué ejercida indebida-mente.

Si la corte en un caso adecuado hubiese impuesto una. condición, no hallaríamos que hubiera irregularidad alguna. al exigir que se hiciera el depósito en la corte y que se pusiera a disposición del abogado del demandante.

Bebe revocarse la resolución de la corte inferior, en tanto en cumio impone las costas' y honorarios de abogado y abrirse el caso incondicionalmente.


author: El Jtjez Asociado Señüe "Wolf,

text:
    Adalina y Frank O’Sheaf, peticionario, v. La Corte de Distrito de Ponce, Hon. Angel Acosta Quintero, Juez, demandado.
    No. 538.

    Visto: Diciembre 6, 1926 y Noviembre 21, 1927.

      Resuelto: Mayo 31, 1928.

      Arjona & Arjona, abogados de los peticionarios. La parte deman-dada no compareció.
   El Jtjez Asociado Señüe "Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Ponce se radicó una moción para que se anulara una sentencia pior falta de jurisdicción, moción que fué declarada sin lugar. Ahora se trata, mediante recurso de certiorari, de anular dicha sentencia. Según se alegó en la demanda radicada en dicha corte de distrito, María Criado, asistida de su esposo, constituyó hipoteca a favor de Alaida O ’Sheaf y Colón por la suma de $2,000, más $500 para intereses y costa¡s. Alaida O’Sheaf falleció el primero de diciembre de 1919 y sus hermanos y hermanas fueron declarados sus herederos en unión a una sobrina, en representación de la madre de ella. Se entabló un pleito con el fin de cancelar la hipoteca, que según se alegaba había sido pagada, y solicitando indemnización por concepto de daños y perjuicios. En la demanda se mencionaban cinco personas como herederas, pero aparentemente sólo tres de ellas fueron demandadas en el pleito. Dos de las personas demandadas, .según demuestran los autos, comparecieron y excepcionaron la demanda por conducto de su abogado. Surgió la cuestión de si dicho abogado representaba a la demandada, peticionaria en este recurso, Adalina O’Sheaf, al interponer excepción previa. Aparentemente en una ocasión dicho abogado radicó mi documento haciendo constar que él no representaba a Adalina O’Sheaf, pero el 17 de agosto de 1925 presentó una moción de conformidad con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, de la cual aparecía claramente que dicho abogado al radicar la excepción previa representaba a Adalina O’Sheaf. La excepción original fné abandonada, especialmente en lo que a Adalina O’Sheaf se refería. Ella nunca radicó contestación alguna a la demanda.

Ahora bien, aunque se le anotó su rebeldía, fundada en la teoría de que se le había citado por edictos y no por cita-ción personal, sin embargo, es evidente que ella compareció personalmente. El 20 de marzo ele 1925 la corte dictó sen-tencia contra varios demandados, lo que fue hecho después de haberse anotado la rebeldía contra Adalina y contra otro de los demandados. En la sentencia se decía que la rebeldía contra Adalina se había anotado después de haber sido em-plazada mediante la publicación de edictos. No obstante, se celebró una vista y es de presumirse que se hizo el debido señalamiento del caso. Por tanto, la sentencia dictada contra ella, de ser solidaria, es res adjudicata. En parte el objeto de esta relación preliminar es demostrar que Adalina O’ Sheaf no tenía personalidad (standing) ante esta corte para atacar la sentencia y la jurisdicción de la Corte de Distrito de Ponce con motivo del supuesto defecto fatal del edicto.

Sin embargo, es claro que Prank O’Sheaf, el otro peticionario’, no estuvo sometido a la jurisdicción de la Corte de Distrito de Ponce a causa de cualquier comparecencia, ya fuere personal o en cualquier otra forma o por edictos. Convenimos con el peticionario en que si el edicto era insuficiente, la corte, al tiempo de dictar sentencia, no adquirió jurisdicción sobre él. Goldsmith v. Villari, 27 D.P.R. 794. Ese caso, con las citas hechas en él, es también autoridad para sostener que cuando de la faz de una sentencia aparece que es nula, ésta puede ser atacada en cualquier tiempo. El artículo 94 del Código de Enjuiciamiento' Civil, Compilación de los Estatutos Revisados, sección 5078, dispone:

“Cuando la persona que deba ser citada resida fuera de la isla, o se hubiere ausentado de ella, o si después de la debida diligencia no pudiere ser encontrada en la. isla, o se ocultare para que no pueda hacérsele la citación, cuando se ignorare su domicilio o si fuere una corporación extranjera sin gerente o agente comercial, cajero o secretario en la isla, y así resultare comprobado a satisfac-ción de la corte o del juez de la misma por medio de declaración jurada y apareciese también de dicha declaración, o de la demanda jurada presentada, que existe motivo de acción contra el demandado que ha de ser citado, o que dicho demandado es parte necesaria o legítima en el pleito, la corte o el juez puede dictar una orden dis-poniendo que la citación se haga por la publicación de edictos.”

La declaración jurada para que se publiquen los edictos en este caso dice así:

“Yo, Alfredo Schmidt, juro solemnemente: que soy uno de los demandantes en el presente caso; que he entablado ante la Honorable Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, en unión de mi esposa María Criado, una demanda contra Alfredo, Frank y Adalma O’Sheaf en cobro de dinero; que he hecho a mi abogado una relación fiel y exacta de los hechos en que fundaré mi defensa y que a juicio de dicho letrado me asiste una buena y suficiente de-fensa; que me consta de propio conocimiento que los demandados Frank y Adalina O’Sheaf residen fuera de Puerto Rico, en la Re-pública de Méjico, ignorándose cuál es su residencia en aquel país.”
(fdo.) Alfredo Schmidt.
“Jurado y suscrito ante mí por Don Alfredo Schmidt, mayor de edad, casado, propietario y vecino de Villalba, a quien doy fe de conocer personalmente en Ponce, P. R., a 29 de enero de 1924.
(fdo.) F. Godoy,
Sub See.”

Al igual que en el caso de Goldsmith v. Yillari, supra, la demanda en este caso no está jurada, de suerte que ésta en nada puede beneficiar ni a los edictos ni a los demandantes. La declaración jurada es el único sostén de la sentencia dictada contra Frank O’Sbeaf. Convenimos con el peticionario en que una declaración jurada de esta naturaleza debe ser interpretada estrictamente. Galpin v. Page, 18 Wall. 350, 369. Sin embargo, no convenimos con él en que de los autos deba aparecer que la corte se mostrara satisfecha con la declaración jurada. Después que la corte dicta resolución ordenando se publiquen los edictos, ésta sería la presunción si la declaración jurada en realidad estaba redactada en debida forma.

Siín embargo, la declaración jurada es fatalmente defec-tuosa al no exponer los becbos de los cuales la corte podía inferir que los demandantes tenían una buena causa de acción. Forbes v. Hyde, 31 Cal. 342; Goldsmith v. Villari, supra; Galpin v. Page, supra; Bachyach Garage v. Hotchkiss & Co., 34 P. I. 508; 21 R.C.L. 1294; 32 Cyc, 475, et seq. También se ha resuelto que ni la opinión de ninguno de los abogados ni de la parte podría ser utilizada por un deman-dante para alegar que existía una buena causa de acción. Forbes v. Hyde, supra.

El caso de Forbes v. Hyde, supra, fué citado con aprobación en el de Goldsmith v. Villari, supra. En la declaración jurada que antecede no se exponen hechos demostrativos de una buena causa de acción. La declaración jurada era insu-ficiente para dar a la corte jurisdicción sobre la persona de Prank O’Sheaf.

No es éste un caso en que la discreción de la corte está envuelta y donde pueda concederse mayor liberalidad en la interpretación de declaraciones juradas. Martínez v. Sánchez, 33 D.P.R. 839, sino que la declaración jurada es una condición precedente para que la corte adquiera jurisdicción.

Además, Frank O’Sheaf no ha comparecido en este caso a no ser para atacar la jurisdicción de la corte. Tal comparecencia, o como quiera que se le llame, es considerada como una comparecencia especial. Aparicio v. H. C. Christianson & Co., 23 D.P.R. 493.

Inquiriremos ahora qué efecto tiene el declarar nula y sin valor alguno> la. sentencia dictada contra Prank O’Sheaf. En ella hubo un pronunciamiento general por la suma- de mil dólares de indemnización por concepto de daños y peiT-inicios contra los demandados. Este pronunciamiento es enteramente nulo contra Frank O’Sheaf.

Respecto a la sentencia de la corte ordenando la cance-lación de la Mpoteea, no estamos tan seguros. La corte adquirió jurisdicción contra Alfredo y Adalina O’Sheaf,- y aparente o posiblemente contra la sobrina, en vista de que el abogado que representaba originalmente a Adalina O’ Sheaf así lo manifestó en una de sus declaraciones juradas. El efecto de anular la sentencia contra Frank O’Sheaf no fué discutido ante esta corte ni ante la corte inferior y nos sentimos obligados a dejar sin resolver la cuestión.

La sentencia por daños y perjuicios contra Alfredo y Adalina O’Sheaf debe prevalecer, sujeta tal vez a la duda de si lo era mancomunada o solidaria o solamente manco-munada. En tanto en cuanto la ‘sentencia de la Corte de Distrito dependa, de haber obtenido jurisdicción contra Frank O’Sheaf, debe ser anulada y devolverse ios autos a la Corte de Distrito de Ponce para ulteriores procedimientos no in-consistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


author: El Juez PResidente Señor del Toro,

text:
    Rosa, Juana, Belén, Mercedes, Adela y María Carreras y Freyres, demandantes y apeladas, v. José E. Pérez y su esposa Camelia Paoli, y Hernández y Hermanos, demandados y apelantes; las mismas v. José E. Pérez y su esposa Camelia Paoli, y María y Severo Candelario y Becerril, demandados y apelantes.
    Nos. 4542 y 4543.

    Vistos: Abril 9, 1928.

      Resueltos: Mayo 31, 1928.

      J. Tous Solo y J. Pérez Cordero, abogados de los apelantes; A. Marín, abogado de las apeladas.
   El Juez PResidente Señor del Toro,

emitió la opinion del tribunal.

El 14 de marzo dé 1928 Rosa, Juana, Belén, Mercedes, -Adela y María, Carreras por medio de sus abogados compa-recieron ante esta Corte Suprema y presentaron dos mo-ciones tituladas como arriba se expresa. Los Lechos alega-dos en ellas son los mismos. En cada una se pide al tribunal: “A. — Que declare que no existe apelación alguna en este caso. B. — Que declare nula e ineficaz tal apelación, y que la misma no ha conferido jurisdicción a esta Hon. Corte, y en su con-secuencia que desestime cualquier apelación que se entienda establecida en este asunto.”

Las mociones se radicaron como el primer documento relativo a los recursos civiles Nos. 4542 y 4543 señalándose su vista para el 9 de abril siguiente:

En dicho día comparecieron en ambos casos por las de-mandantes su abogado A. Marín Marión, en el recurso No. 4542 compareció por los demandados apelantes el abogado J. Tous Soto y en. el No. 4543 el abogado P. Amado Pavera por los demandados María y Severo Candelario. Todos informaron oralmente quedando radicados varios documentos.

Luego los abogados Marín y Tous han archivado memo-rándums de autoridades sosteniendo sus respectivas posicio-nes.

Existe en verdad una lamentable confusión, pero no cree-mos que sea suficiente para desestimar la única apelación que está sometida a nuestra consideración y que sirvió de base a las dos mociones de las demandantes. Esa apelación es la que corresponde al recurso No. 4542.

En la corto de distrito las demandantes iniciaron dos pleitos sobre reivindicación de inmuebles, uno contra la Sucesión de Brígido Candelario que se radicó bajo el No. 1860 y otro contra José Pérez y su esposa Camelia Paoli y Hernández Hermanos que se radicó con el No. 1879. Ambos pleitos se acumularon para los efectos de la celebración del juicio y ambos fueron resueltos por dos sentencias favorables a las demandantes que se registraron el 18 de enero de 1928.

El siguiente documento fué entregado al secretario de la corte sentenciadora:

“En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, PueRto Rico-. — Rosa, Juana, Belén, Mercedes, Adela, y María Ca-rrera y Freyres, Demandantes, Vs. José E. Pérez y su esposa Ca-melia Paoli, y Hernández y Hermanos, Demandados. — Civil No. I860.- — Reivindicación de Inmueble. — Civil No. 1879. Reivindicación de inmueble. — Escrito de Apelación — Al Secretario de esta Corte y al Ledo. Alberto Marín Marión, abogado de los demandantes, San Juan, P. R. — Los demandados en el caso arriba titulado, José E. Pérez y su esposa Camelia Paoli y Hernández y Hermanos, com-parecen por sus abogados que suscriben y Notifican a Uds. que no estando conformes con la sentencia dictada por esta Corte con fecha 13 de enero de 1928, declarando sin lugar la demanda pre-sentada en este caso, registrada y notificada el día 18 de enero de 1928, Apelan de Ella y de Todas sus Partes para ante el Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico.- — San Juan, P. R., a 17 de fe-brero de 1928. Firmado: José Tons Soto: — Joaquina Pérez Cor-dero. Abogados de los Demandados José E. Pérez y su esposa Ca-melia Paoli y Hernández y Hermanos. — Notificado con copia. Hoy, 17 de febrero de 1926. — Firmado: A. Marín Marión, Abogado de los Demandantes. — Radicado, (Filed) L.V.O. — Febrero 17 de 1928. Luis Vergne Ortiz. Secretario."

El secretario lo unió al pleito -No. 1860. Unos días des-pués comparecieron los apelantes y presentaron a la corte una moción que dice:

“1- — Que en el presente caso los demandados José E. Pérez y su esposa Camelia Paoli, y Hernández y Hermanos, apelaron de la sen-tencia dictada en este caso, en tiempo y forma.
“2. — Que en el escrito de apelación se insertaron los títulos de los dos casqs consolidados para el juicio o sea el presente y el de .Rosa, Juana, Belén, Mercedes, Adela y María Carreras y Freyres vs. La Sucesión de Brígido Candelario, compuesta de sus hijos le-gítimos María y Severo Candelario y Beeerril, No. 1860. Dicha apelación se interpuso expresamente a nombre de los dos demanda-dos en el presente caso designándolos por sus nombres e identificando de este modo inequívocamente el caso en que se interponía la ape-lación.
“8. — Que el secretario por error agregó el escrito de apelación al récord del caso No. 1860, de Rosa, Juana, Belén, Mercedes, Adela y María Carreras y Freyres contra la Sucesión de Brígido Cande-lario, compuesta de María y Severo Candelario y Beeerril, Deman-dados.
“4. — Que procede y así lo suplicamos a la Hon. Corte que el escrito de apelación se desglose del caso No. 1860 y se agregue al caso en que comparecemos.- — San Juan, P. R., 24 de febrero de 1928. —Firmado. Joaquina Pérez Cordero y José Tous Soto. — abogados de los demandados y apelantes, José E. Pérez, Camelia Paoli y Her-nándes y Hermanos."

La corte proveyó: “Como se pide." Y el secretario des-.glosó el escrito y lo unió al récord del pleito No. 1879.

Las demandantes y apeladas sostienen que por su faz el 'escrito revela que se trató de apelar en ambos pleitos en •cuyo caso habiéndose adherido y cancelado un solo sello de xentas internas al escrito, éste no es válido de acuerdo con la ley y la jurisprudencia de esta corte sentada en los casos cié Nazario v. Santos, 27 D.P.R. 896 y Paz v. Bonet, 30 D.P.R. 926.

Y sostienen también que dicho escrito no es válido y debe desestimarse en tal virtud la apelación porque es tan con-fuso quo no las informó debidamente de la intención de los apelantes viéndose obligados a presentar sus memorándums; de costas en los dos casos por no saber a ciencia cierta en cuál de ellos se había interpuesto- la apelación. Entre otras-bacen la siguiente cita:

“El objeto del escrito de apelación es el de notificar a la parte-contraria de la intención de apelar, y de la sentencia específica © resolución de que se apela. Debe considerarse suficiente el escrito siempre que sea lo suficientemente explícito en cuanto a estos par-ticulares y siempre que no induzca a error al apelado.” 2 Cal. Jur. 318.

No son aplicables los casos do Naza-rio y Paz, supra. Tampoco la jurisprudencia de California citada, con cuyos-principios estamos enteramente conformes, sostiene la posi-ción de la parte apelada.

Aunque en verdad se incluyeron en el escrito los títulos-de ambos casos, del cuerpo del mismo se deduce que sólo se estableció la apelación en uno. El error se debió sin duda a haberse celebrado un solo juicio.

En el escrito se expresa que los que apelan son los de-mandados José Pérez y su esposa y Hernández Hermanos-que lo fueron en el pleito No. 1879 y que lo bacen de la sentencia dictada en el caso que fue registrada y notificada a los dichos demandados el 18 de enero de 1928. La cues-tión fué planteada luego ante la corte por los propios ape-lantes y quedó debidamente aclarada. Ningún perjuicio-pudieron sufrir las demandantes.

Estas insisten en que debe desestimarse el recurso poor otro motivo. Ponen en tela de juicio el que la notificación: de apelación se entregara al secretario el 17 de febrero que era el último día del término para apelar. Sostienen que se radicó el 18.

Hemos examinado cuidadosamente todos los documentos presentados y las argumentaciones de las partes y aunque es-necesario reconocer que no están desprovistas de fundamento las de las demandantes, creemos qne no son suficientes para destruir lo consignado expresamente por el secretario en el escrito mismo de apelación y luego en el libro de radicación.

La misma parte apelada admite que el escrito le fué notificado el 17 de febrero y se ba presentado prueba con-cluyente de que el sello de rentas internas se compró en dicbo día. La certificación contradictoria preparada por el abogado de las apeladas y firmada por el sub-seeretario de la corte, quedó explicada satisfactoriamente. Aunque la buena práctica, la que debe seguirse en todos los casos para evitar precisamente conflictos como el que estamos resol-viendo, es la de anotar en el libro registro inmediatamente la notificación de apelación, lo que en verdad exige la ley es que se entregue al secretario el escrito y aquí el secretario consignó por sí mismo y ba certificado que el escrito le fué entregado el 17 de febrero.

Bajo ningún aspecto que el caso se considere, procede, pues, desestimar la apelación establecida en el pleito No. 1879 de la corte de distrito. La moción de la parle apelada debe, en tal virtud, declararse sin hogar.

¿Qué resolución debe adoptarse en relación con la moción radicada en esta Corte Suprema bajo el No. 4543? Por abora nos parece que debe declararse sin hogar también la moción, dejando el registro abierto por si se está tramitando alguna apelación por la parte interesada. Si transcurriere un término razonable sin que dieba. apelación se eleve, el secretario cancelará el asiento.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.