text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Pablo A. Gómez Miranda, recurrido.

      Número: CC-2004-706

      Resuelto: 8 de diciembre de 2005

      Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general, y Eva S. Soto Castillo, procuradora general auxiliar, abogados de la parte peticionaria; Alberto Negrón Negrón, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Dentón

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar si, a la luz de las circuns-tancias excepcionales que dieron lugar a la controversia que nos concierne, el Ministerio Público tiene autoridad para solicitar el archivo de una acusación sin que ello sea un impedimento para un nuevo proceso.

I

En abril de 2003 el Tribunal de Primera Instancia de-terminó causa probable para arresto contra el Sr. Pablo A. Gómez Miranda (Gómez Miranda) por el delito de agresión agravada en su modalidad menos grave. Art. 95 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 4032).

Posteriormente, un miembro de la Policía de Puerto Rico —distinto al que llevó a cabo la investigación original— reexaminó el caso. Dicha investigación reveló que Gómez Miranda es profesor en la Escuela Walter Mck. Jones de Villalba y que la víctima era su alumno. En vista de lo anterior, el Ministerio Público presentó una denuncia contra Gómez Miranda por el delito grave de “negligencia institucional” tipificado en el Art. 53 de la Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 1999 (8 L.P.R.A. sec. 443(r)), mejor co-nocida como la Ley para el Amparo a Menores en el Siglo XXL No obstante, una vez presentada la denuncia co-rrespondiente, el foro de instancia determinó causa para arresto por agresión agravada en su modalidad grave, en lugar de por el delito de negligencia institucional.

Llegado el día en que debía celebrarse el juicio en su fondo del primer caso, el cual era por delito menos grave, el Ministerio Público solicitó el archivo de éste para conti-nuar con la acción penal iniciada en el segundo caso, el cual era por delito grave. Mientras esto ocurría, la defensa permaneció en silencio, a pesar de que conocía que ya es-taban pendientes cargos por un delito mayor contra Gómez Miranda. El Tribunal de Primera Instancia accedió a lo solicitado por el Ministerio Público en vista de que “se ra-dicó un caso grave”. Por ende, ordenó el archivo del primer caso al amparo de la Regla 247(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, bajo el entendido de que ello no impedía la continuación del proceso por delito grave ins-tado en el segundo caso contra Gómez Miranda.

Así las cosas, en el segundo caso se presentó una acusa-ción contra Gómez Miranda por el delito de agresión agra-vada en su modalidad grave. Oportunamente, la defensa solicitó la desestimación de la acusación al amparo de la Regla 247(d) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Alegó, en síntesis, que la desestimación de la denuncia presentada en contra de Gómez Miranda en el primer caso impide la continuación de los procedimientos en el segundo. Ello en virtud de que los hechos imputados en ambos casos son los mismos. El foro de instancia acogió los argumentos de la defensa y ordenó el archivo y sobresei-miento de la acusación por agresión agravada en su moda-lidad grave bajo la Regla 247(d) de Procedimiento Criminal, supra.

Inconforme, el Ministerio Público acudió mediante cer-tiorari ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revo-cación de la determinación del foro de instancia. Argu-mentó que en situaciones como las del caso de autos lo que procede es que el Ministerio Público solicite el archivo de la acción original e inicie otra por los mismos hechos. El foro apelativo denegó expedir el auto solicitado.

Aún inconforme, el Ministerio Público acudió ante nos mediante una petición de certiorari solicitando que revo-quemos tanto la determinación del Tribunal de Apelacio-nes como la del foro de instancia. Expedimos el auto solicitado. Luego de examinar las comparecencias de las partes, procedemos a resolver.

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A. Para expresarnos sobre la controversia que nos con-cierne, es necesario aclarar el significado de la Regla 247 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Esta regla contiene cuatro incisos. El primero regula lo concerniente a la manera en que el Ministerio Público puede solicitar el sobreseimiento de una acusación. El segundo, por su parte, dispone el proceso mediante el cual un tribunal puede decretar el archivo de una acusación o denuncia. El tercero se refiere a las normas que regulan el archivo de unos cargos contra un acusado para que éste pueda servir como testigo del Pueblo o de la defensa. El último apartado regula el efecto que tiene el sobreseimiento con relación a la posibilidad de comenzar un nuevo proceso por los mismos hechos.

En cuanto a este último inciso, hemos expresado que el archivo de una denuncia o acusación bajo la Regla 247, supra, impide un nuevo proceso por los mismos hechos. Pueblo v. Monge Sánchez, 122 D.P.R. 590, 593-594 (1988). Al establecer dicha normativa, nos negamos a reescribir la referida Regla 247 con el propósito de acoger la tesis avalada por el Ministerio Público, en ese caso, de que el inciso (d) de la regla no necesariamente impide un nuevo proceso por los mismos hechos, Id.

Conforme a los términos expresos de la Regla 247, supra, ésta puede ser invocada tanto a petición del Minis-terio Público como por el tribunal motu proprio. Además, hemos resuelto que una solicitud del acusado de que se archive con impedimento para un nuevo proceso al amparo de la referida regla, “es susceptible de ser incorporada en el ánimo y conciencia del juez y, finalmente, proyectarse como una de instancia propia independientemente del interlocutor originario del pedido”. Pueblo v. Monge Sánchez, supra, pág. 593. Véase, también, E.L. Chiesa, Derecho pro-cesal penal de Puerto Rico y los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 274.

B. Por otro lado, la Regla 64 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, permite solicitar la desestimación de una acusación o denuncia por cualesquiera de los fundamentos allí esbozados. En dicha regla se regula tanto el momento apropiado para la presentación de la solicitud de desestimación, como los requisitos que debe tener la moción, y el efecto que tiene que se declare “con lugar” la petición.

De otra forma, conforme a lo preceptuado en la Regla 67 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, una desestimación al amparo de la citada Regla 64 usualmente no impide un nuevo proceso por los mismos hechos. Pueblo v. Carrión, 159 D.P.R. 633 (2003). No obstante, una desestimación ordenada bajo esta regla impide un nuevo proceso en dos instancias, a saber: (1) cuando el defecto u objeción en que se fundamenta la petición de desestimación es insubsanable, y (2) cuando, tratándose de un delito menos grave, la moción es declarada “con lugar” por alguno de los fundamentos establecidos en la Regla 64(n), 34 L.P.R.A. Ap. II.

Como norma general, el mecanismo de desestimación provisto por la Regla 64, supra, sólo está disponible a petición de la defensa. Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 59, 63 (1967). No obstante, como explicaremos a continuación, pueden surgir circunstancias en las que, a manera de excepción, se le debe permitir al Ministerio Pú-blico solicitar la desestimación de la acusación mediante la referida regla.

C. En Pueblo v. Monge Sánchez, supra, y en Pueblo v. Echevarría Rodríguez II, 128 D.P.R. 752 (1991), tuvimos la oportunidad de analizar con detenimiento la interrelación entre las citadas Reglas 64 y 247 de Procedimiento Criminal. En ambos casos reconocimos que la aplicación ciega y automatizada de los mecanismos de desestimación y archivo de acusación establecidos en dichas reglas pue-den dar lugar a injusticias.

En vista de lo anterior, en Pueblo v. Monge Sánchez, supra, señalamos que un tribunal tiene facultad para ordenar el sobreseimiento de un caso con impedimento para un nuevo proceso al amparo de la Regla 247, supra, aun cuando la solicitud de desestimación fue solicitada por la defensa al amparo de la Regla 64, supra. Véase también a Chiesa Aponte, op. cit., pág. 272.

Por otro lado, en Pueblo v. Echevarría Rodríguez II, supra, avalamos la práctica de que en casos en que sea patentemente injusto sobreseer la acusación bajo la Regla 247, supra, el Ministerio Público puede, a manera de ex-cepción y en pro de la justicia, solicitar la desestimación del caso sin impedimento para un nuevo proceso. Por ello, a petición del fiscal, el juez puede incorporar a su ánimo y conciencia que la desestimación solicitada procede conforme a la referida Regla 64, a pesar de que, como norma general, esta regla sólo puede ser invocada por la defensa. Véase a Chiesa Aponte, op. cit., pág. 274.

Debemos recalcar, no obstante, que la interpretación que en Pueblo v. Echevarría Rodríguez II, supra, hicimos de la Regla 64, supra, debe entenderse a la luz de los hechos excepcionales que dieron lugar a dicha controversia. Por esto, nos parece que un tribunal sólo tiene autoridad para acoger una petición del Ministerio Público de archivar una acusación sin peijuicio cuando las particulares circunstancias del caso reflejan que decretar el archivo con impedimento para un nuevo proceso resul-taría en una gran injusticia.

A la luz de esta normativa, pasemos a discutir la situa-ción que tenemos ante nos.

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El Ministerio Público alega que, en situaciones como la del caso de autos, lo procedente es que el Estado solicite el archivo de la acción original, sin impedimento para un nuevo proceso, e inicie otra por los mismos hechos. Le asiste la razón.

Aquí el Ministerio Público solicitó la desestimación por el delito menos grave en vista de que la reinvestigación del caso culminó en la presentación de cargos por delito grave por los mismos hechos. El foro de instancia accedió y or-denó el archivo bajo la Regla 247(a), supra.

De entrada, debemos reconocer que el foro de instancia no tenía facultad en ley para ordenar el archivo sin perjui-cio para un nuevo proceso al amparo de la Regla 247(a). Como hemos señalado, conforme a lo resuelto por nosotros en Pueblo v. Monge Sánchez, supra, todo sobreseimiento decretado bajo dicha regla es con impedimento para un nuevo proceso.

A pesar de lo anterior, resulta claro que cuando el tribunal accedió originalmente a la solicitud del Estado de ar-chivar la denuncia, el entendido tácito era que ello se hacía sin perjuicio de continuar la acción por el delito grave. Esto se desprende del hecho de que el foro de instancia hizo constar en su minuta que “[e]l ministerio público, luego de hablar con los padres del peijudicado, solicita el archivo del caso ya que se radicó un caso grave. Se ordena el ar-chivo del caso por la R. 247(a) sin costas”. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 42.

En virtud de lo antes expuesto, nos parece que el tribunal no estaba impedido de ordenar el archivo del primer proceso de la manera en que lo hizo, es decir, sin perjuicio. Ello porque, como ya hemos señalado, el tribunal puede, a modo de excepción, acoger una solicitud del Ministerio Pú-blico de archivar una acusación sin perjuicio cuando las circunstancias del caso claramente revelan que sería in-justo ordenar el archivo con impedimento para un nuevo proceso.

En cuanto a la controversia que nos ocupa, las actuacio-nes de la defensa ante el curioso tracto procesal de este pleito nos convencen de que sería injusto considerar que el archivo decretado en el primer proceso impedía la conti-nuación de los procedimientos en el segundo. Nótese que la representación legal de Gómez Miranda en ningún mo-mento objetó a que el Ministerio Público solicitara el sobre-seimiento del proceso por delito menos grave con el fin de continuar con el caso por delito grave. Del mismo modo, la defensa tampoco objetó en el momento en que el tribunal accedió al pedido del Ministerio Público precisamente por-que se había presentado un caso grave. De otra forma, no es hasta cinco meses después de presentado el pliego acu-satorio por el delito grave que la defensa presentó la mo-ción de desestimación bajo la Regla 247, supra.

Bajo tales circunstancias, es forzoso concluir que la de-fensa tácitamente accedió a que el primer proceso se archi-vara sin impedimento para uno nuevo. En virtud de ello, entendemos que Gómez Miranda renunció a cualquier planteamiento que pudo haber tenido en contra de dicho proceder en el momento en que optó por no objetar el curso de acción tomado por el foro de instancia. Por ende, consi-deramos que la defensa no podía sostener en el segundo proceso que el efecto del desistimiento de la Fiscalía en el primer caso fue impedir un nuevo procedimiento por los mismos hechos, cuando cinco meses antes consintió a que se archivara, sin perjuicio, la acusación presentada en su contra.

Por tales razones, somos del criterio de que erraron tanto el foro de apelaciones como el foro de instancia al ordenar el sobreseimiento de la acción por delito grave contra Gómez Miranda. Ello porque el tribunal a cargo del primer proceso ordenó el archivo de la acusación bajo el entendido claro de que dicha actuación no impedía otro procedimiento contra Gómez Miranda por los mismos hechos.

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Por los fundamentos anteriormente expresados, se revo-can las determinaciones tanto del Tribunal de Apelaciones como del Tribunal de Primera Instancia y se devuelve el caso al foro de instancia para la continuación del procedi-miento por delito grave instado contra Gómez Miranda.

Se dictará la sentencia correspondiente.

Los Jueces Asociados Señores Fuster Berlingeri y Rivera Pérez concurrieron con el resultado sin opiniones escritas.

       Como parte de dicha investigación, el niño perjudicado declaró, en síntesis, que su maestro, Pablo A. Gómez Miranda, le pegó en la espalda porque él se sentó en el piso. Señaló, además, que se sentó “porque estaba cansado”. Por último, el niño declaró que luego de pegarle Gómez Miranda le dijo “y ahora díselo a tus padres”.

       La determinación de causa en el foro de instancia se fundamentó en el inciso (2)(d) del Art. 95 del Código Penal de 1974 el cual preceptuaba, en lo pertinente, que el delito de agresión agravada se consideraría grave “[cluando se cometiere ... por un adulto en un niño menor de doce (12) años de edad”. 33 L.P.R.A. see. 4032 (ed. 1983).

       La Regla 247 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, regula la forma en que el Ministerio Público puede solicitar el archivo de una acusación, el trámite que debe seguir el Tribunal para archivarla y el efecto que debe tener el sobresei-miento del proceso.

       La teoría del Ministerio Público en ese caso era que el inciso (d) de la Regla 247 de Procedimiento Criminal, supra, debía interpretarse de forma tal que impida un nuevo proceso sólo cuando el archivo se ordenase al amparo del inciso (c) de esa regla. Dicha posición encuentra apoyo en varios escritos del Prof. Ernesto L. Chiesa. Véanse: E.L. Chiesa Aponte, Efecto de la desestimación de la denuncia o acusación: impedimento o no para un nuevo proceso, 54 (Núm. 3) Rev. Jur. U.P.R. 495 (1985); E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1993, Vol. III, págs. 264-267.

        No obstante, como acabamos de señalar, en Pueblo v. Monge Sánchez, 122 D.P.R. 590 (1988), explícitamente rechazamos adoptar dicha postura.

       Lo potencialmente injusto de la Regla 247, supra, quedó ilustrado por los hechos fácticos y procesales que dieron lugar al caso Pueblo v. Echevarría Rodríguez II, 128 D.P.R. 752 (1991). Allí señalamos que declarar el sobreseimiento de la acusa-ción en el referido caso bajo esta Regla 247 hubiese sido “en pro de una injusticia”, pues el asesinato de Vigoreaux hubiese quedado impune.
      Por ello, el foro de instancia accedió a la petición del fiscal de archivar la acu-sación sin impedimento para un nuevo proceso al amparo de la Regla 64 (34 L.P.R.A. Ap. II), ya que “cualquier otra interpretación daría al traste con el principio enun-ciativo de que tanto las leyes como las Reglas y las normas jurídicas deberán inter-pretarse razonablemente, asegurando que tal interpretación no lleve a resultados absurdos, de modo que aseguren la tramitación más justa y económica de todo procedimiento”. Pueblo v. Echevarría Rodríguez II, supra, págs. 786-787, opinión concurrente del Juez Asociado Señor Negrón García.

       Resulta claro que la defensa utilizó astutamente la referida estrategia con el obvio propósito de crear un obstáculo para impedir el encauzamiento criminal por los hechos delictivos que se le imputaron al señor Gómez Miranda.
      No podemos avalar dicha actuación. Debemos recordarle tanto a la defensa como a la Fiscalía que “[l]os tribunales de justicia no existen para dilucidar compe-tencias ni batallas de talento entre abogados y fiscales, sino que su propósito cardinal es el descubrimiento de la verdad”. En atención a lo anterior, en los procesos judiciales “quien triunfe debe ser aquel a quien le asista la razón; no el que pretenda o resulte ser el más listo o el más astuto”. (Énfasis suprimido.) Pueblo v. Santiago, 160 D.P.R. 618, 646 (2003).

       En vista de que dicho tribunal no tenía autoridad para archivar sin impedi-mento para un nuevo proceso al amparo de la Regla 247, supra, su dictamen debió acogerse como un decreto de desestimación sin perjuicio al amparo de la citada Regla 64.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

license: Public Domain

text:
    B.B.C. Realty, Inc., demandante y recurrido, v. Juan A. Flores Galarza en su capacidad de Secretario de Hacienda, y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandados y peticionarios.

      Número: CC-2003-839

      Resuelto: 8 de diciembre de 2005

      Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general, e Irene S. So-roeta Kodesh, procuradora general auxiliar, abogados de la parte peticionaria; Osvaldo Burgos Pérez, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante el recurso presentado ante nos, la parte peti-cionaria solicita de este Tribunal la revisión de la sentencia emitida por el anterior Tribunal de Circuito de Apelacio-nes, que revocó una sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario declaró “sin lugar” una acción presentada por los demandantes de autos, en rela-ción con una notificación de deficiencia contributiva por incumplimiento del pago de impuestos por ocupación de habitaciones de hoteles, hoteles de apartamento, casas de hospedaje y moteles (“room tax”), según lo disponía la See. 2051 del Código de Rentas Internas, según enmendada

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B.B.C. Realty Inc. (B.B.C.) es una corporación con fines de lucro que operaba y se dedicaba al negocio de corretaje de bienes raíces y a la administración de propiedades, con licencia para dedicarse a dicho renglón de negocios bajo la ley que rige tal industria. B.B.C. se dedicaba a gestionar el alquiler de propiedades en la zona de Humacao, Puerto Rico, concretamente, en el área de Palmas del Mar. La re-lación jurídica entre B.B.C y los propietarios de las referi-das propiedades surgía de un contrato denominado Property Owner’s Rental Agreement. Este era un convenio que suscribían los propietarios de las villas y apartamentos con B.B.C. para conceder a este último la facultad exclusiva de servir como agente e intermediario de aquéllos en el arren-damiento de sus propiedades a terceras personas, bien fuera por períodos semanales, mensuales o anuales. A cam-bio de estos servicios, B.B.C. recibía una comisión que va-riaba según el tiempo de duración del alquiler y la tempo-rada del año en que se efectuaba el arrendamiento. Cabe destacar que bajo el Property Owner’s Rental Agreement, los propietarios de las unidades podían arrendarlas por su cuenta, pero en ese caso B.B.C. tenía derecho a percibir el 15% de la renta. El Property Owner’s Rental Agreement permitía al dueño de la propiedad utilizarla cuando lo de-seara, siempre que ésta no se encontrara arrendada y no-tificara a B.B.C., con no menos de seis días de antelación, su intención de hacer uso de la propiedad.

Luego de realizar una auditoría de las operaciones fis-cales de B.B.C., el Departamento de Hacienda señaló a la referida corporación unas deficiencias contributivas por el incumplimiento del pago de impuestos por ocupación de habitación, a corto plazo, de hoteles, hoteles de apartamen-tos, casas de hospedaje y moteles, según lo disponía la See. 2051 del Código de Rentas Internas, supra. El Departa-mento de Hacienda determinó que B.B.C. tenía la obliga-ción de retener de los arrendatarios de las villas del com-plejo Palmas del Mar el impuesto sobre el canon de ocupación de habitación, establecido en el referido estatuto. Las deficiencias comprendían el período de 1994 a 1999, ambos inclusive, y ascendían a quinientos veintiún mil tres dólares con veinte y tres centavos. Dicha defi-ciencia fue señalada a B.B.C. el 5 de abril de 2000. Según la notificación del Departamento de Hacienda, B.B.C. in-cumplió en retener y remitir a ésta el impuesto sobre el canon de ocupación de habitación de hotel, según lo dispo-nía la See. 2051 del Código de Rentas Internas, supra, y su antecesora, la Ley de Arbitrios de Puerto Rico, según enmendada.

El Departamento de Hacienda concluyó que B.B.C. lle-vaba a cabo operaciones comerciales análogas a las de un hotel, ya que las villas y los apartamentos que arrendó eran utilizados con regularidad y se mantenían abiertos para el alojamiento de huéspedes mediante un canon de arrendamiento. Posteriormente, el Departamento de Hacienda le cursó a la aquí recurrida una notificación y re-querimiento de cobro. En vista de lo anterior, B.B.C. so-licitó una reconsideración y la celebración de una vista administrativa. El 22 de febrero de 2002 el Departamento de Hacienda le cursó a la parte aquí recurrida una notifi-cación final de deficiencia para los años 1994 a 1999, am-bos inclusive, por la suma de quinientos noventa y cinco mil ochenta y nueve dólares con sesenta y ocho centavos. En consecuencia, el 21 de marzo de 2002 B.B.C. presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia contra el Hon. Juan A. Flores Galarza, en su capacidad de Secretario de Hacienda, en la que solicitó la cancelación de la deficiencia notificada.

El Tribunal de Primera Instancia determinó que B.B.C. incumplió con su obligación de recaudar, retener y remitir al Departamento de Hacienda los impuestos de ocupación de habitación de las propiedades que B.B.C. administraba y arrendaba dentro del complejo privado de Palmas del Mar. El foro primario concluyó que B.B.C. llevaba a cabo sus operaciones comerciales en calidad de hostelero, dedi-cado a gestionar, en beneficio de los propietarios, el arren-damiento de villas y apartamentos en el referido complejo privado. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la parte aquí recurrida incumplió con su obligación de re-tener a los arrendatarios el impuesto sobre el canon de ocupación de habitación en conformidad con el esquema estatutario de la See. 2051 del Código de Rentas Internas, supra.

El 8 de enero de 2003 B.B.C. presentó un recurso de apelación ante el antiguo Tribunal de Circuito de Apelacio-nes, donde señaló la comisión de varios errores por parte del Tribunal de Primera Instancia. La parte allí apelante argüyó que el foro primario incidió al clasificar a B.B.C. como un hotel, motel, casa de hospedaje u hotel de aparta-mentos, según lo definía la See. 2051 del Código de Rentas Internas, supra. Asimismo, alegó que el Tribunal de Pri-mera Instancia había errado al clasificar las operaciones de B.B.C. como análogas a las de un hotel e imponerle el canon de ocupación hotelera a los alquileres gestionados por los apelantes de autos. El foro intermedio apelativo expidió el recurso solicitado y dictó sentencia el 21 de agosto de 2003, en la que revocó la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicho foro concluyó que el estatuto que facultaba al Departamento de Hacienda a cobrar impues-tos por la ocupación de habitaciones de hoteles, hoteles de apartamento, casas de hospedaje y moteles, o aquellos ne-gocios que operan como hosteleros —según este término era definido por el Código de Rentas Internas — no com-prendía las operaciones de B.B.C. Dispuso que, en ausen-cia de una expresión clara por la Rama Legislativa, los tribunales deben interpretar los estatutos que imponen contribuciones a favor del contribuyente. Finalmente, el foro intermedio apelativo entendió que B.B.C. no era el dueño de las propiedades inmuebles que arrendaba a ter-ceros y que más bien actuaba como un intermediario entre los propietarios de los inmuebles y sus arrendatarios. Sostuvo que B.B.C. era meramente un agente de bienes y raíces de los propietarios. El foro intermedio apelativo exi-mió a la aquí recurrida del pago de cualquier deuda por tal concepto, notificada por el Departamento de Hacienda.

Inconforme, el Departamento de Hacienda recurre ante nos mediante el presente recurso de certiorari. Señala que el anterior Tribunal de Circuito de Apelaciones cometió el error siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al re-vocar al Tribunal de Primera Instancia, y así concluir que las disposiciones estatutarias y reglamentarias aplicables no con-templan las operaciones de alquiler a corto plazo que realiza B.B.C. como parte de su negocio, y por lo tanto dictaminar que B.B.C. no tenía la obligación de recaudar, retener y remitir el impuesto sobre el canon de ocupación de habitación. Petición de certiorari, pág. 11.

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A la luz de los hechos expuestos, veamos las disposicio-nes del Código de Rentas Internas que se pretendió aplicar al asunto ante nos y que facultaban al Departamento de Hacienda a cobrar un canon por la ocupación a corto plazo de habitaciones de hoteles, hoteles de apartamentos, casas de hospedaje y moteles. La See. 2051 del Código de Rentas Internas, supra, señalaba, en relación con el cobro de im-puestos por ocupación de habitaciones de hoteles, hoteles de apartamentos, casas de hospedaje y moteles lo si-guiente:

(a) Se impondrá, cobrará y pagará, un impuesto de nueve (9) por ciento sobre los cánones de ocupación de habitaciones de hoteles, hoteles de apartamentos, casas de hospedaje; ex-cepto los moteles que pagarán un impuesto de siete por ciento (7%) ... cuando dichos cánones excedan de cinco (5) dólares diarios. Cuando se trate de hoteles autorizados por el Comisio-nado de Instituciones Financieras para operar salas de juego, el impuesto sobre los cánones de ocupación de habitación será igual a once (11) por ciento. Cuando se trate de hoteles autori-zados por la Compañía de Turismo a operar como paradores, el impuesto sobre los cánones de ocupación de habitación será igual a siete (7) por ciento. (Enfasis suplido.

Este estatuto establece las definiciones sobre las opera-ciones de negocios dedicados al alquiler, administración y operación de hoteles, hoteles de apartamentos, casas de hospedaje y moteles. Definía los conceptos en cuestión de la forma siguiente:

(1) Hostelero. — Significará cualquier persona que opere un hotel, motel, hotel de apartamentos o casa de hospedaje en Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a, el dueño o pro-pietario de los mismos, al arrendatario, subarrendatario hipo-tecario, tenedor, apartamentos, casa de hospedaje o motel.
(4) Hoteles. — Significará todo edificio regularmente usado y mantenido abierto para el alojamiento de huéspedes me-diante un canon de alquiler y que derive sus ingresos del al-quiler de habitaciones. El término “hoteles” incluirá también moteles, casas de hospedaje y hoteles de apartamentos amue-blados o no, para alquiler por tiempo determinado. (Enfasis suplido.

La definición de hostelero se refería a la persona que operaba un hotel, motel, hotel de apartamentos o casa de hospedaje, que bien podía ser el propietario del negocio, el arrendatario, el subarrendatario hipotecario o el tenedor de los apartamentos, casa de hospedaje o motel. En cuanto a la definición de hotel, el Código de Rentas Internas alu-día a todo edificio regularmente usado y mantenido abierto para el alojamiento de huéspedes mediante un canon de alquiler y que derivaba sus ingresos del alquiler de habitaciones.

Se desprendía del estatuto que la facultad del Departamento de'Hacienda para imponer y cobrar impuestos a entidades o negocios que se dedicaban al negocio de alquiler de habitaciones de hoteles, hoteles de apartamentos, casas de hospedaje y moteles, requería de una operación comercial en calidad de hostelero, o sea, operando un hotel, motel, casa de apartamentos o casa de hospedaje. La definición que brindaba este estatuto sobre lo que significaba el concepto de hotel implicaba que quien lo operaba tenía cierto tipo de control del edificio o estructura donde éste ubicaba. Este control bien podía ser de acceso a las instalaciones del hotel o de reservarse la facultad para mantener abierta la estructura o sus anexos. No es en vano que la letra del estatuto hacía referencia a un edificio “regularmente usado y mantenido abierto”.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos formuló, hace casi un siglo, una norma jurídica que hasta hoy tiene vigencia. Ese Alto Foro hizo la expresión siguiente:

En la interpretación de estatutos que imponen contribuciones, es la práctica establecida no extender sus disposiciones, por implicación, más allá del claro alcance del lenguaje usado, o ampliar su radio de manera que comprenda materias que no han sido específicamente señaladas. En caso de duda, se inter-pretan estrictamente en contra del Gobierno y a favor del ciudadano. (Traducción y énfasis nuestros.)

Hemos expresado que cuando el legislador se ha manifestado con un lenguaje claro e inequívoco, el texto de la ley es la expresión por excelencia de toda intención legislativa.

Con relación a la interpretación de estatutos que imponen contribuciones o impuestos, hemos expresado lo siguiente:

Principios cardinales gobiernan esta situación. El primero es que no se presume que la Legislatura hace cosas fútiles....
El segundo principio cardinal antes aludido consiste en que, como se sabe, la legislación contributiva no se interpreta en forma extensiva sino que debe interpretarse en forma justa y a tenor con sus propios y expresos términos. (Enfasis suplido.

A la luz de los hechos aquí en cuestión, debemos pun-tualizar la intención del legislador, que surge de la Expo-sición de Motivos de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994 (13 L.P.R.A. see. 8006 et seq.), que aprobó y dispuso la vigencia del actual Código de Rentas Internas de Puerto Rico. Allí quedó plasmada la intención legislativa que mo-tivó su aprobación. Mediante dicho estatuto se estableció un mecanismo uniforme de contribuciones, impuestos y re-caudos para allegar fondos al Estado, en atención al justo reclamo de la clase media sobre su responsabilidad contributiva

El estatuto que define lo que es un corredor de bienes raíces en Puerto Rico dice, en lo pertinente, de la forma siguiente:

(a) Corredor de bienes raíces. — Significará la persona natural que, poseyendo una licencia para ejercer la profesión de corredor de bienes raíces expedida por la Junta, actúe como intermediario, mediante pago o promesa de pago de cualquier compensación mutua y previamente convenida, entre las par-tes que acuerden llevar a cabo en Puerto Rico una transacción de compraventa, promesa de venta, opción de de compra o venta, permuta, arrendamiento, subasta, administración de propiedades, o en el ofrecimiento, promoción o negociación de los términos de una venta, opción de compraventa, promesa de venta, alquiler, administración, permuta de bienes raíces loca-lizados en o fuera de Puerto Rico. (Énfasis suplido.

Resulta evidente que el estatuto que antecede considera la operación por aquellas personas que, actuando como intermediarios, se dedican a gestionar arrendamientos de propiedades a cambio de un pago o una pro-mesa de pago. De igual manera, el estatuto Hace mención de que un corredor de bienes raíces también se refiere a aquella persona que actúa como administradora en el negocio de bienes y raíces. Este estatuto cobija también a las empresas que se dedican al negocio de corretaje de propiedades.

Finalmente, es de suma importancia remitirnos a la Ley Núm. 272, aprobada el 9 de septiembre de 2003, que en-mendó la citada See. 2051 del Código de Rentas Internas, aprobado el 31 de octubre de 1994. En su Exposición de Motivos, la referida Ley Núm. 272 dispone de la manera siguiente:

La revisión del pago del Impuesto reveló que, a través de los años, ha existido confusión con relación a la imposición, fisca-lización y recaudo del Impuesto, en específico en el procesa-miento de los códigos que identifican el tipo de contribución cobrada al hostelero ....
... En adición [sic] a lo anterior, otro de los fines de la Ley Núm. 299 fue el de proteger a la industria turística, defi-niendo, y estableciendo de forma expresa qué se considera como cánones sujetos al impuesto de ocupación de habitaciones. Esto es para evitar situaciones donde los hoteleros no tienen certeza sobre la obligación de cobrar el impuesto sobre el canon de ocupación a sus huéspedes .... (Énfasis suplido.) 2003 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1351 — 1352.

La Ley Núm. 272, que enmendó la See. 2051 del Código de Rentas Internas, supra, se aprobó para incluir ciertos negocios de corretaje de bienes y raíces dentro de la definición de hostelero. A esos efectos, la referida enmienda, aprobada el 9 de septiembre de 2003, añadió a los corredores de bienes raíces dentro del grupo de personas, naturales o jurídicas, que operan ciertas hospederías. Al momento de suscitarse la controversia que aquí nos ocupa, la referida Ley Núm. 272 no estaba vigente.

HH I — I H

Concluimos que las operaciones comerciales de la aquí recurrida no estaban contempladas, al momento de los he-chos del caso de marras, por la See. 2051 del Código de Rentas Internas, supra, que facultaba al Departamento de Hacienda a cobrar impuestos por la ocupación de habita-ciones de hoteles, hoteles de apartamentos, casas de hos-pedaje, paradores y moteles. B.B.C. era una entidad que se dedicaba a servir como intermediaria o agente entre los propietarios de las villas y apartamentos ubicados en Pal-mas del Mar y los arrendatarios. B.B.C. era una persona jurídica que, bajo el estatuto que regula el negocio de bie-nes raíces, se dedicaba al arrendamiento y a la administra-ción de propiedades de terceros —en este caso los dueños de los inmuebles— a cambio de una comisión. La aquí re-currida no operaba como un hotel, hotel de apartamento, casa de hospedaje, motel o parador, según lo definía la See. 2051 del Código de Rentas Internas, supra.

Se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 272 aprobada el 9 de septiembre de 2003, que en-mendó la See. 2051 del Código de Rentas Internas, supra —a su vez aprobado el 31 de octubre de 1994— que, previo a la referida enmienda, la definición de hostelero que pro-veía el estatuto no era clara. La Ley Núm. 272 se aprobó para aclarar las confusiones con relación a la imposición, fiscalización y recaudo del impuesto. No es hasta la apro-bación de la Ley Núm. 272 que B.B.C. quedó advertido de su obligación de pagar al Estado el impuesto por ocupación de habitación.

Según expresamos en Talcott Inter-Amer Corp. v. Registrador, supra, es principio cardinal en nuestra jurisdicción que la legislación contributiva no se habrá de interpretar de forma extensiva. Por el contrario, ésta debe interpretarse de una forma justa, para así cumplir con sus propios y expresos términos. Obrar de otra forma violentaría principios básicos, de raíces firmes, en nuestra jurisprudencia y en nuestro ordenamiento civil. Hemos expresado que es regla de hermenéutica que cuando el propósito de imponer una contribución no es claro, la duda debe resolverse a favor de la no imposición de ésta.

Concluimos que en aquellos casos en que una ley que impone contribuciones, impuestos o arbitrios es ambigua, carente de un lenguaje claro que advierta sobre la intención del legislador, ésta se debe interpretar restrictiva- mente en contra del Estado y a favor del ciudadano. Por consiguiente, el Departamento de Hacienda no puede im-poner el cobro de impuestos a la parte aquí recurrida.

Para los años concernidos, la parte aquí recurrida no estaba advertida afirmativamente de su obligación de re-tener y remitir al Departamento de Hacienda el referido impuesto, según lo disponía la See. 2051 del Código de Rentas Internas, supra. No fue hasta el 9 de septiembre de 2003 cuando quedó advertida afirmativamente de ello, al aprobarse la referida Ley Núm. 272, cuyas enmiendas a la citada See. 2051 del Código de Rentas Internas incluyeron clara y expresamente ciertas actividades de bienes y raí-ces, realizadas por B.B.C. Por tal razón, de 1994 a 1999, ambos inclusive, B.B.C. no tenía obligación de retener y remitir los impuestos por ocupación de habitación hotelera al Departamento de Hacienda.

No se puede aplicar la Ley Núm. 272, aprobada el 9 de septiembre de 2003, de forma retroactiva para incluir aquello que bajo la See. 2051 del Código de Rentas Inter-nas, supra, aprobado el 31 de octubre de 1994, no se le advertía de forma clara al contribuyente.

>

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia recurrida, emitida por el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita.

       13 L.RR.A see. 9051. Es pertinente destacar que esta sección fue derogada por la Ley Núm. 272 de 9 de septiembre de 2003. No obstante, los hechos del caso de marras son anteriores a la derogación del estatuto, razón por la cual el anterior estatuto es el que es objeto de nuestra evaluación.

       Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Apéndice, pág. 3.

       Si la unidad se arrendaba a corto plazo, es decir, a razón de semanas o meses, B.B.C. Realty Inc. (B.B.C.) cobraba el 25% de la renta como comisión. Por otra parte, si el alquiler era a largo plazo, B.B.C. cobraba el equivalente al canon mensual por cada año de alquiler. Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Apéndice, pág. 5.

       Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Apéndice, pág. 5.

       Cabe destacar que la Ley Núm. 272, supra, conocida como Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, transfiere a la Compañía de Turismo las funciones que antes recaían en el Departamento de Hacienda en cuanto a la fijación y el cobro de impuestos y cánones por ocupación de habitación. No obstante, de acuerdo con esta misma ley, todo caso que se hubiera presentado antes de su fecha de vigencia se continuaría tramitando por el Departamento de Hacienda. 13 L.P.R.A. secs. 2271-2272v.

       Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Apéndice, pág. 2.

       íd.

       Ley Núm. 5 de 8 de octubre de 1987 (13 L.P.R.A. ant. see. 7001 et seq.).

       Notificación y requerimiento, Apéndice, pág. 73.

       Notificación final de deficiencia cursada por el Departamento de Hacienda a B.B.C., Apéndice, págs. 84-90.

       Demanda presentada por B.B.C. contra el Departamento de Hacienda, Apéndice, págs. 57-63.

       Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, págs. 373-384.

        “Uostelero significará cualquier persona que opere un hotel, motel, hotel de apartamentos o casa de hospedaje en Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a, el dueño o propietario de los mismos, al arrendatario, subarrendatario hipotecario, tenedor, apartamentos, casa de hospedaje o motel.” 13 L.P.R.A. sec. 9051(b)(1).

       Recurso de Apelación presentado por B.B.C. ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, Apéndice, pág. 34.

       Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Apéndice, pág. 12.

       13 L.P.R.A. sec. 9051(a).

       13 L.P.R.A. sec. 9051(b)(1) y (4).

        Gould v. Gould, 245 U.S. 151, 153 (1917).

        Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 D.P.R. 155 (2000); Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 408 (1998).

        Talcott Inter-Amer. Corp. v. Registrador, 104 D.P.R. 254, 262 (1975).

       La referida Exposición de Motivos de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994 (13 L.P.R.A. see. 8006 et seq.) dispone, en lo pertinente, de la manera siguiente: “Es la intención de la presente Administración lograr reducir la carga contributiva para los individuos y las corporaciones. Debe atenderse el reclamo de la clase media en el justo pago de sus contribuciones.” (Énfasis suplido.) 1994 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 567.

       20 L.P.R.A. sec. 3025(a).

       20 L.P.R.A. sec. 3025(c). Este inciso (c) dice de la manera siguiente:
      “(c) Empresa de bienes raíces. — Significará toda sociedad o corporación que, poseyendo una licencia de empresa de bienes raíces expedida por la Junta, lleve a cabo cualesquiera de las actividades autorizadas por este capítulo a un corredor de bienes raíces.”

       La Ley Núm. 299 de 1 de septiembre de 2000 introdujo una enmienda al Código de Rentas Internas para modificar la fórmula establecida para la distribución del ingreso obtenido por concepto del impuesto. 13 L.P.R.A. see. 9051.

       De acuerdo con esta ley, hostelero significa “cualquier persona natural o jurídica que opere una hospedería en Puerto Rico incluyendo, pero sin limitarse a, el dueño, agente, propietario, operador, arrendatario, subarrendatario hipotecario o te-nedor de los mismos. Para efectos de est[a ley], el término ‘agente’ comprenderá a aquellos individuos incluyendo, sin limitarse a, corredores de bienes raíces que ges-tionen el cobro de un canon de arrendamiento por concepto del alquiler de alojamien-tos suplementarios a corto plazo para el alojamiento de huéspedes”. 13 L.P.R.A. see. 2271(20).

        Central Coloso v. Descartes, Tes., 74 D.P.R. 481, 486 (1953).

       Debemos puntualizar que este canon de interpretación restrictiva aplica sólo en aquellas instancias en las que el Estado pretende imponerle al ciudadano el cobro de una contribución, impuesto o arbitrio. Véanse: Central Coloso v. Descartes, Tes., supra; Plácido Longo & Cía. v. Sancho Bonet, Tes., 50 D.P.R. 160 (1936). Por otra parte, esta norma restrictiva no aplica a cualquier legislación contributiva, tal como los casos de exenciones, excepciones y alivios contributivos. Véanse: Berwind Lines, Inc. v. Srio. de Hacienda, 113 D.P.R. 658, 660 (1982); Texas Co. (P.R.) Inc. v. Tribl. de Contribuciones, 82 D.P.R. 134, 160 (1961)


text:
      In re Amari Arabia Rojas.

      Número: TS-7224

      Resuelto: 9 de diciembre 2005

      Amari Arabia Rojas, peticionaria; José M. Montalvo Trías, director ejecutivo del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
   RESOLUCIÓN

Atendida la moción del Colegio de Abogados de Puerto Rico de 14 de octubre de 2005, en la cual se expresa que no existe objeción a la solicitud de baja voluntaria presentada por la Leda. Amari Arabia Rojas, ésta se autoriza.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, recurrido, v. Presidenta de la Comisión Local de Elecciones del Precinto de Maunabo, recurrida, y Comisión Estatal de Elecciones, peticionaria.

      Número: CC-2004-990

      Resuelto: 12 de diciembre de 2005

      Pedro A. Delgado Hernández, abogado de la parte peticiona-ria; René Arrillaga Beléndez y Agustín Colón Dueño, abo-gados de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar si procede imponer a la Co-misión Estatal de Elecciones el pago de costas en un pro-cedimiento de recusación de electores sin que se le haya acreditado previamente el gasto real en que incurrió en su tramitación.

I

El Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista (Comisionado del P.N.P.) presentó ante la Comisión Local de Elecciones del Precinto de Maunabo (Comisión Local) unas solicitudes de recusación por domicilio de unos elec-tores inscritos en ese precinto. Estas fueron objetadas oportunamente por el Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático (Comisionado del P.P.D.). Luego de la evaluación correspondiente, la Presidenta de la Comisión Local declaró “sin lugar” las recusaciones por domicilio de algunos de estos electores por defectos en el diligencia-miento del emplazamiento.

Inconforme, el Comisionado del P.N.P. presentó una apelación ante el Tribunal de Primera Instancia en la cual solicitó que se revocara la determinación de la Comisión Local. Reclamó, además, que se le impusieran sanciones económicas al Comisionado del P.P.D. para satisfacer los gastos en que incurriría de volver a iniciarse el trámite.

El Tribunal de Primera Instancia revocó la determina-ción de la Comisión Local y ordenó que se notificaran me-diante edicto a los mencionados electores. Además, le im-puso al Comisionado del P.P.D. la sanción de cinco mil dólares para sufragar la publicación de los edictos, de su notificación por correo certificado y los honorarios de abogado.

Insatisfecho, el Comisionado del P.P.D. recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. Alegó que el Tribunal de Primera Instancia erró al impo-nerle una sanción económica para pagar los gastos relacio-nados al procedimiento de recusación de electores y a los honorarios de abogado.

El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y modificó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Resolvió que al Comisionado del P.P.D. no le correspondía pagar la sanción impuesta. Razonó que la Comisión Local había errado al desestimar las peticiones de recusación original presentadas por el Comisionado del P.N.P., por lo cual, a modo de sanción, le correspondía a ésta pagar los gastos del nuevo proceso de notificación mediante edicto a los electores recusados y de los honorarios de abogado. Pos-teriormente, el Tribunal de Apelaciones aclaró que la san-ción de cinco mil dólares impuesta a la Comisión Estatal de Elecciones (C.E.E.) era únicamente en concepto de costas del pleito.

La C.E.E. recurre ante nos mediante un recurso de certiorari. Sostiene que erró el Tribunal de Apelaciones al imponerle el pago de una cantidad fija de costas, a ser su-fragado con fondos públicos, sin que las partes hayan evi-denciado previamente los gastos reales en los que incurrie-ron durante el proceso. Acordamos expedir. Concedimos un término a los respectivos Comisionados Electorales para que presentaran sus alegatos. Procedemos a resolver sin el beneficio de sus comparecencias.

A. La Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone lo siguiente:

... Las costas le serán concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación, excepto en aquellos casos en que se dispusiera lo contrario por ley o por estas reglas. (Enfasis suplido.)

Hemos resuelto que el propósito de las costas judiciales es resarcir a la parte victoriosa por los gastos necesarios y razonables en los que incurrió a causa del litigio. Auto Serví, Inc. v. E.L.A., 142 D.P.R. 321, 326 (1997); Ferrer Delgado v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 516, 517 (1973); Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 245 (1963). Véase, además, J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. II, págs. 707-726.

Del mismo modo, hemos aclarado que no todos los gastos en los que se incurre durante el transcurso de un procedimiento judicial se considerarán costas recobrables. Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra, págs. 256-257. Por el contrario, para fines de la Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil, supra, las costas son los gastos para tramitar un pleito o los que el tribunal, en el ejercicio de su discreción, estime que un litigante deba reembolsar a otro. J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 D.P.R. 456, 460 (1992).

En ausencia de una estipulación previa de las partes,( ) el mecanismo adecuado para detallar dichas partidas de gastos es el memorando de costas, el cual deberá presentarse bajo juramento en un término jurisdiccional de diez días, contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 44.1(b).

En Puerto Rico rige la doctrina de la imposición mandatoria de costas a la parte vencida. Montañez v. U.P.R., 156 D.P.R. 395 (2002); Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833, 839 (1983). Es decir, una vez presen-tado oportunamente el memorando de costas, el tribunal deberá determinar cuáles gastos fueron necesarios y razo-nables, y concederlos a la parte victoriosa. J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., supra, pág. 461.

No obstante lo anterior, la Ley Electoral de Puerto Rico (Ley Electoral) prohíbe expresamente la imposición de costas judiciales en los casos electorales:

Todas las tramitaciones de asuntos electorales ante los tribunales de justicia se harán sin pago de costas judiciales en forma alguna, ni tampoco pagarán sellos de bastanteo del Co-legio de Abogados. (Énfasis suplido.) 16 L.P.R.A. see. 3028.

Aun cuando no procede la imposición de costas judiciales en casos electorales, la C.E.E. ha adoptado un reglamento para procesar el reembolso de los gastos en los que se haya incurrido en las solicitudes de recusación de electores, según veremos a continuación.

B. La C.E.E., de acuerdo con el poder que le confirió la Ley Electoral, aprobó el 9 de enero de 2004 el Reglamento para el Trámite de Recusaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (Reglamento). El Reglamento se adoptó con el propósito de regular los procedimientos de recusación, entre otros. Según la Sec. 1.4(11) del Reglamento, pág. 5, la recusación o exclusión se define como

[e]l procedimiento mediante el cual se requiere se elimine la inscripción de un elector del Registro del Cuerpo Electoral, o cuya petición de inscripción, transferencia u otra transacción haya sido impugnada durante el proceso de inscripción.

Una de las causales para solicitar la recusación o exclusión de un elector inscrito es que no esté domiciliado en el precinto donde se haya inscrito. Reglamento, See. 2.3; Art. 2.023 de la Ley Electoral, 16 L.RR.A. see. 3073.

En lo aquí pertinente, el Reglamento dispone que el emplazamiento mediante edicto es el mecanismo adecuado para notificar a aquellos electores recusados por domicilio que no puedan ser localizados para diligenciar la citación personalmente. Además, la Sec. 2.16 del referido Reglamento describe cómo se sufragarán los gastos asociados con estas notificaciones a los electores recusados:

Los gastos incurridos en el trámite de notificación por edicto serán por cuenta del recusador o partido político que inicia el procedimiento de recusación. La Comisión [Estatal de Elecciones] reembolsará el costo de la publicación del edicto, de la notificación de éste por correo certificado y de la notifica-ción de la decisión por correo, al advenir la Orden de Exclusión final y firme, excepto en la recusación institutional en la cual los costos recaerán sobre la Comisión. (Enfasis suplido.)

Luego de examinar el derecho aplicable, pasemos a con-siderar los hechos del presente caso.

hH I — I

En el caso de autos no existe controversia en cuanto a que le corresponde a la C.E.E. reembolsar al partido recu-sante el gasto en el cual incurrió para tramitar los empla-zamientos mediante edicto de las solicitudes de recusación por domicilio que posteriormente se declaren “con lugar”. Sin embargo, la objeción de la C.E.E. consiste en que se le haya impuesto una cantidad fija de cinco mil dólares en costas sin que el partido recusador le haya acreditado pre-viamente al tribunal el gasto real en que incurrió. Le asiste la razón.

En primer lugar, conforme a la Ley Electoral y al Regla-mento, no procede la imposición de costas judiciales a los procedimientos de recusación de electores. El Reglamento es claro al disponer que lo que procede es un reembolso de lo que se pagó en los emplazamientos mediante edicto y en las correspondientes notificaciones. A estos efectos, el Re-glamento indica que el gasto en que se incurra en las soli-citudes de recusación por domicilio será sufragado, en primer lugar, por el partido recusador y que, en los casos en que progrese la solicitud de recusación, la C.E.E. los reembolsará

No obstante, el hecho de que el Reglamento disponga quién ha de sufragar, en primera instancia, los gastos de las referidas partidas, no implica que la C.E.E. le pagará automáticamente la cantidad solicitada. Al tratarse del desembolso de fondos públicos, la C.E.E. requiere que se le demuestre cuánto se invirtió en la tramitación de las men-cionadas recusaciones antes de procesar el reembolso. Sólo así podrá ésta cumplir con lo dispuesto en el Reglamento aplicable y, lo que es más importante, con el mandato cons-titucional de velar celosamente por el buen uso de los fon-dos públicos, según dictamina el Art. VI, Sec. 9 de la Cons-titución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1.

En el caso que nos ocupa, aún si lo que ordenó el Tribunal de Apelaciones hubiese sido el pago conforme al Regla-mento, en el expediente no existe prueba alguna de que los gastos reembolsables asciendan a cinco mil dólares. Por estas razones, no podemos avalar la decisión del Tribunal de Apelaciones que le impone a la C.E.E. el pago de cinco mil dólares de costas.

A pesar de que el Reglamento no especifica el meca-nismo que el partido recusador deberá utilizar para justi-ficar el reembolso, entendemos que lo que procede es que éste le presente a la C.E.E. un escrito en el que acredite la cantidad desembolsada por las partidas específicamente enumeradas en el Reglamento. Es decir, que demuestre lo que gastó en aquellas recusaciones por domicilio declara-das con lugar de manera final y firme.

<

Por los fundamentos que anteceden, se modifica el dic-tamen del Tribunal de Apelaciones por considerar que lo que procede es el reembolso de los gastos en que se ha incu-rrido en los emplazamientos mediante edicto y en las co-rrespondientes notificaciones, según se determinen en su día, conforme al Reglamento para el Trámite de Recusacio-nes de la Comisión Estatal de Elecciones. Se devuelve el caso a la Comisión Estatal de Elecciones para la continua-ción de los procedimientos de forma consecuente con lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

      (1) Véanse, sobre este particular: A. Álvarez & Hnos. v. Corte de Distrito, 35 D.P.R. 222 (1926); Jack’s Beach Resort, Inc. v. Cía. Turismo, 112 D.P.R. 344 (1982); J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. II, pág. 726.

       Art. 1.005(7) de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, 16 L.P.R.A. sec. 3013(1).

       La recusación institucional es aquella en la cual existe consenso entre los Comisionados Locales sobre su procedencia. Sec. 1.4 del Reglamento para el Trámite de Recusaciones de la Comisión Estatal de Elecciones de 9 de enero de 2004.

       El término reembolsar presupone un gasto inicial desembolsado por una parte que luego le será compensado o devuelto por otra.


author: per curiam:

text:
      In re Teddy Rodríguez Pérez, querellado.

      Número: AB-2002-65

      Resuelto: 14 de diciembre de 2005

      Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general; Teddy Rodrí-guez Pérez, querellado; Rafael Martínez Massanet, abo-gado del querellado.
   per curiam:

El Sr. Rafael Martínez Massanet se querelló ante la Oficina del Procurador General de Puerto Rico contra el abogado Teddy Rodríguez Pérez en relación con la representación legal de parte de este abogado en una ape-lación que él interpuso ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, contra una deci-sión del Superintendente de la Policía de Puerto Rico de expulsarlo de dicha agencia gubernamental.

Rodríguez Pérez originalmente contestó la queja; negó las alegaciones de Martínez Massanet. Posteriormente, la Oficina del Procurador General requirió cierta informa-ción, necesaria para la correcta solución de la queja contra Rodríguez Pérez. Éste no contestó los requerimientos que, a esos efectos, le hiciera dicha Oficina.

En vista a ello, el Procurador General compareció ante este Tribunal —mediante un Informe Preliminar de 1 de octubre de 2002— para que ordenáramos a Rodríguez Pé-rez cumplir con lo requerido. Mediante Resolución de 22 de octubre de 2002, instruimos al licenciado Rodríguez Pérez para que así lo hiciera. Desde ese entonces, y a pesar de las varias Resoluciones que hemos emitido a esos efectos, hemos estado, pacientemente, en espera del cumplimiento y de la comparecencia de Rodríguez Pérez. Debe enfati-zarse el hecho de que la última de estas Resoluciones —la de 24 de junio de 2005— le fue notificada personalmente a Rodríguez Pérez por un alguacil de este Tribunal el 7 de julio del presente año. No ha comparecido. Resolvemos.

Uno de los compromisos que asume cada uno de los abogados que presta juramento ante este Tribunal está relacionado con la facultad inherente de este Foro de reglamentar el ejercicio de la abogacía. Se trata del deber de todo abogado de atender y cumplir con los requerimientos y las órdenes de este Tribunal. Sobre este particular hemos sido enfáticos al señalar que la naturaleza y práctica de la abogacía requieren una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente en la esfera de la conducta profesional.

Asimismo, hemos expresado que el compromiso de todo abogado de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz —con el propósito de lograr la más com-pleta confianza y apoyo de la ciudadanía— se extiende no sólo a la esfera de la litigación de causas, sino a la jurisdic-ción disciplinaria de este Tribunal. In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128 (1997). De acuerdo con lo anterior, hemos seña-lado que, independientemente de los méritos de las quejas presentadas en contra de un abogado, éste tiene la obliga-ción ineludible de responder prontamente a nuestros requerimientos. In re Rodríguez Mena, 126 D.P.R. 205 (1990).

La desatención a las órdenes de este Tribunal constituye una violación al Canon 9 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, en lo que concierne a la exigencia de respeto hacia los tribunales. In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992). De más está decir que en estas situaciones —de renuencia a cumplir con nuestras órdenes— procede la suspensión temporal del ejercicio de la abogacía. In re Osorio Díaz, 146 D.P.R. 39 (1998); In re González Albarrán, 139 D.P.R. 543 (1995); In re Serrano Mangual, 139 D.P.R. 602 (1995); In re Bonaparte Rosaly, 131 D.P.R. 908 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991).

HH HH

De todo lo antes expuesto, resulta obvio no sólo que Teddy Rodríguez Pérez no interesa seguir ejerciendo la honrosa profesión de abogado en nuestra jurisdicción, sino que procede que decretemos su separación indefinida e in-mediata del ejercicio de la profesión hasta tanto compa-rezca y este Tribunal determine, a base de su comparecen-cia, si resulta meritoria su reinstalación.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       En dicha Resolución exigimos de Rodríguez Pérez que, luego de cumplir con los requerimientos del Procurador General, le certificara “a la Secretaria del Tribunal Supremo su cumplimiento con lo aquí ordenado”.

       Se han emitido varias Resoluciones a esos efectos: 17 de octubre de 2003; 19 de diciembre de 2003; 5 de mayo de 2004, y 24 de junio de 2005.


text:
    Wilda Santiago González, recurrida, v. Salomon T. Setongo Kabuka, peticionario.

      Número: CC-2005-853

      Resuelto: 15 de diciembre de 2005

      Antonio Borrés Otero, abogado de la parte peticionaria; Rosa Ward Cid, abogado de la parte recurrida; Inés Marrero Estrada, procuradora de Relaciones de Familia, defensora judicial.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

Tenemos nuevamente ante nuestra atención una contro-versia sobre la custodia de un menor en la cual se invoca lo dispuesto en la ley federal conocida como Parental Kidnapping Prevention Act, que gobierna los procedimientos de custodia de menores a nivel interestatal, para argüir que los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no tienen jurisdicción para intervenir en la controversia.

En esta ocasión, acude a nosotros un padre, residente en St. Thomas, Islas Vírgenes de América, quien nos solicita que revoquemos la determinación del Tribunal de Primera Instancia, confirmada por el Tribunal de Apelaciones, de asumir jurisdicción para atender un asunto de custodia. Corresponde confirmar dicha determinación.

Resolvemos que, conforme el Parental Kidnapping Prevention Act, no existe en este momento otro foro con juris-dicción sobre asuntos de custodia y alimentos para este menor. Por consiguiente, por ser Puerto Rico el estado de residencia del menor, procede que asumamos jurisdicción.

HH

Las partes aquí comparecientes, el Sr. Solomon Setongo Kiabuka (señor Kabuka o peticionario) y la Sra. Wilda Santiago González (señora Santiago o recurrida), contrajeron matrimonio el 14 de julio de 1990 en St. Thomas, Islas Vírgenes. Allí establecieron su domicilio conyugal, ya que el señor Kabuka, quien es de origen africano, se desem-peña como profesor universitario de la Universidad de las Islas Vírgenes. Fruto de dicho matrimonio nació un hijo, en Río Piedras, Puerto Rico, el 4 de junio de 1996. Desde su nacimiento, el menor vivió con sus padres en St. Thomas, hasta que el 9 de septiembre de 1999 se decretó la senten-cia de divorcio en la Corte Superior de las Islas Vírgenes, División de St. Thomas y St. John. Desde ese momento, tanto la madre como el menor trasladaron su residencia a Carolina, Puerto Rico, donde han vivido ininterrumpida-mente hasta hoy.

El decreto de divorcio emitido por el tribunal de Islas Vírgenes dispuso que las partes debían regirse por las pro-visiones de un acuerdo de separación estipulado por ellas. Este acuerdo se incorporó a la sentencia de divorcio, pero no se fusionó, consolidó o absorbió (“merged”) al dictamen de divorcio. En lo pertinente, el decreto de divorcio dispuso:

ORDERED, ADJUDGED AND DECREED:

3. That the parties are ordered to abide by the provisions of their Separation Agreement at all times and in all places, which Agreement is not merged in this Decree. (Enfasis nuestro.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 27.

Mediante el referido acuerdo de separación, las partes establecieron cómo se regirían las relaciones paterno-filiales y de custodia, y se determinó una pensión alimen-taria de quinientos dólares mensuales, que pagaría el padre para beneficio del menor. El acuerdo disponía que ambos progenitores compartirían la custodia legal del menor. La madre tendría su custodia física durante todo el año, exceptuando los meses de junio y julio, y el periodo comprendido desde Navidad hasta Año Nuevo, en cuyas fechas el menor estaría bajo la custodia física del padre. Además, se dispuso que las determinaciones de custodia y el monto de pensión debían ser revisadas cada cinco años.

El mencionado acuerdo incorporó una cláusula de me-diación y arbitraje compulsorio que disponía lo siguiente:

SECTION SIX

g. In the event that the parties are unable to agree after a review of physical custody arrangements or child support amounts, or in respect of any matter concerning the physical custody, financial support, or education, health or welfare of the minor child not provided for herein, the parties shall first seek mediation, utilizing a mediator certified by the Family Division of the Territorial Court of the Virgin Islands, or, if neither party is a resident of the territory, a mediator certified by the equivalent of a family court in the jurisdiction of either of the parties, and, if that is not fully successful, the outstanding matters shall be submitted to binding arbitration. Apén-dice de la Petición de certiorari, pág. 33.

Pactaron además:

[T]he provisions of this agreement shall take precedence and shall be the primary obligation of both the parties hereto. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 34.

Así las cosas, el 13 de diciembre de 2004, luego de cum-plidos los cinco años de decretado el divorcio en St. Thomas, la señora Santiago presentó en el Tribunal de Pri-mera Instancia, Sala de Carolina, una petición para que asumiera jurisdicción sobre el caso, que se modificaran las disposiciones relativas a la custodia para otorgarle a ella la custodia legal y patria potestad, y finalmente, que se con-cediera un aumento de pensión alimentaria. La madre so-licitó además que, conforme al acuerdo de separación, se remitiera el aumento de pensión a la atención de un me-diador certificado en Puerto Rico.

Luego que el tribunal de instancia ordenara un estudio sobre la custodia y las relaciones filiales, el señor Kabuka reclamó la falta de jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico, de acuerdo con la legislación federal Parental Kidnapping Prevention Act (PKPA), 28 U.S.C.A. sec. 1738A. A su vez, presentó en el tribunal de Islas Vírgenes una petición para modificar las condiciones de custodia y así invertir el tiempo que el menor pasaba bajo la custodia física de sus progenitores.

El 27 de abril de 2005, el tribunal de Islas Vírgenes denegó la solicitud del señor Kabuka. El tribunal se pro-clamó carente de jurisdicción, ya que el decreto de divorcio ordenó a las partes regir todo asunto de modificación de custodia conforme a lo estipulado en el acuerdo de separa-ción y que dicho acuerdo no se fusionó a la sentencia. Sobre esto la orden dispuso:

Consistent with the agreement, the Divorce Decree ordered the parties to “abide by the provisions of their Separation Agreement at all times and in all places” and farther provided that the “Agreement is not merged in this Decree”. Title 16 V.I.C. §110 provides that after judgment, the Court “may set aside, alter or modify so much of the judgment as may provide ... for the care and custody of the minor children ... [.]” Since the Court’s judgment did not provide for the care and custody of the minor child based upon the parties’ own agreement, this Court lacks jurisdiction to reverse the custody arrangement agreed upon by the parties. (Énfasis nuestro.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 90.

Mientras tanto, en Puerto Rico, la señora Santiago pre-sentó una moción urgente ante el tribunal para que se pro-hibiera la salida del menor de la jurisdicción de Puerto Rico, ya que el señor Kabuka tenía amplia movilidad y fuertes lazos con África. Solicitó además al tribunal que ordenara al señor Kabuka entregar su pasaporte previo a sostener relación paterno-filial alguna en esta jurisdicción. El tribunal de instancia asumió jurisdicción sobre el caso y emitió una orden para prohibir la salida del menor del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico.

No conforme, el señor Kabuka acudió al Tribunal de Apelaciones con una petición de certiorari en la que alegó nuevamente la falta de jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico y cuestionó la determinación de no remover al menor de la isla. El tribunal a quo se reafirmó en que los tribunales de Puerto Rico tienen jurisdicción bajo el funda-mento que, conforme al PKPA y a nuestra jurisprudencia interpretativa, Puerto Rico es el estado de residencia del menor, por lo que constituye el foro con jurisdicción en si-tuaciones de conflicto interestatales de custodia. No obs-tante, el foro intermedio le ordenó al tribunal de instancia reglamentar las relaciones paterno-filiales, ya que el padre, durante los pasados cinco años, ha demostrado una conducta correcta y cumplidora con todo lo relacionado a las relaciones con su hijo y a sus obligaciones hacia él.

Ante la determinación del Tribunal de Apelaciones, el señor Kabuka acudió a nosotros con un recurso de certio-rari y una Moción en Auxilio de Jurisdicción. Reclama un solo señalamiento de error, a saber:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al declarar No Ha Lugar a la solicitud de certiorari del Peticionario y encontrar que el Tribunal de Primera Instancia tiene jurisdicción para continuar con los procedimientos del caso de autos, incluyendo custodia y alimentos, a base de las disposiciones del Parental Kidnapping Prevention Act, 28 U.S.C. sec. 1738A(f). Petición de certiorari, pág. 5.

El 17 de octubre de 2005 emitimos una orden a la parte recurrida para que se expresara sobre el recurso presentado. La parte compareció oportunamente con su alegato. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

HH I — I

En 1968 se promulgó en Estados Unidos el Uniform Child Custody Jurisdiction Act (UCCJA) para establecer un esquema que promoviera la estabilidad interestatal en materia de custodia de menores, y así prevenir la remoción interestatal de menores por sus propios padres o parientes con el propósito de obtener decretos de custodia favorables en otros foros. Sin embargo, el UCCJA no fue adoptado por todos los estados, derrotando así su objetivo. S.T. Dickens, The Parental Kidnapping Prevention Act: Application and Interpretation, 23 J. Fam. L. 419 (1984 — 1985).

Ante esta situación, el Congreso de Estados Uni-dos consideró que era necesario aprobar legislación que atendiera este problema. Así, en 1980 se aprobó la ley federal conocida como Parental Kidnapping Prevention Act, convirtiéndose así en el primer estatuto federal dirigido a regular el problema de remoción interestatal de menores por sus padres o parientes. El estatuto identifica los objetivos principales siguientes: promover la cooperación interestatal; facilitar la ejecución de los decretos de custodia de otros estados, prevenir la competencia y el conflicto inteijurisdiccional y frenar que los parientes remuevan unilateralmente a los menores para obtener decretos judiciales favorables en otros foros. La ley rige expresamente en todos los estados de Estados Unidos, en el Distrito de Columbia, en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en los territorios y las posesiones de Estados Unidos de América. 28 U.S.C.A. sec. 1738A(b)(8).

El PKPA ocupa el campo en materia de determinaciones interestatales de custodia, por cuanto prevalece sobre cualquier otra legislación estatal, incluyendo la propia UCCJA. M.E. Moraza Choisne, Juridical Solutions in the U.S.A. for Parental Kidnapping in Child Custody Cases, 24 Rev. Jur. U.I.P.R. 309, 320 (1990).

Como su principal postulado, el PKPA ordena a los tribunales a reconocer entera fe y crédito a los decretos de custodia de otros estados o jurisdicciones, siempre que éstos hayan sido emitidos consecuentemente con las disposiciones del estatuto y el foro original continúe teniendo jurisdicción sobre la materia de custodia del menor. 28 U.S.C.A. sec. 1738A(a). En su inciso (c), la ley dispone los parámetros que determinan si un decreto de custodia es consecuente con el estatuto, a saber:

Sec. 1738A ....

(c) Una determinación de custodia o de derecho de visita hecha por un tribunal de un estado es consistente con los re-quisitos de esta sección solamente si—
(1) dicho tribunal tiene jurisdicción bajo las leyes de su es-tado, y
(2) se cumple con una de las siguientes condiciones:
(A) Ese estado (i) es el estado de residencia del menor a la fecha en que comenzaron los procedimientos, o (ii) ha sido el estado de residencia del menor seis meses antes de la fecha en que comenzaron los procedimientos y el menor se encuentra fuera del estado porque ha sido trasladado o retenido por una de las partes o por otras razones, y una de las partes aún reside en el estado que emitió el decreto;
(B) (i) surge que ningún otro estado tiene jurisdicción bajo el párrafo (A), y (ii) para el mejor bienestar del menor, el tribunal de dicho estado asume jurisdicción debido a que (I) el menor y sus padres, o el menor y al menos uno de los litigan-tes, tiene contactos significativos con el estado, más allá de la mera presencia física en el mismo, y (II) está disponible en ese estado evidencia sustancial relativa al cuidado, protección, en-trenamiento y relaciones personales presentes o futuras del menor;
(C) el menor está físicamente presente en ese estado, y (i) ha sido abandonado, o (ii) existe una emergencia que requiera su protección porque el niño, un hermano o uno de sus padres, ha recibido amenazas o ha estado expuesto a maltrato o abuso;
(D) (i) surge que no hay otro estado con jurisdicción bajo los párrafos (A), (B), (C) o (E), u otro estado ha declinado ejer-cer jurisdicción bajo el fundamento de que el estado cuya ju-risdicción está en controversia es el foro más apropiado para determinar la custodia del menor, y (ii) es para el mejor bien-estar del menor que ese tribunal asuma jurisdicción; o
(E) el tribunal tiene jurisdicción continua conforme al in-ciso (d) de esta sección. (Traducción nuestra.) 28 U.S.C.A. see. 1738A(e).

Conforme se deduce de lo anterior, el PKPA reconoce cuatro bases jurisdiccionales, que son: jurisdicción del es-tado de residencia del menor, jurisdicción por contactos significativos con el foro, jurisdicción cuando no existe otro estado con jurisdicción o ha declinado ejercerla, y jurisdic-ción para situaciones en las que el menor se encuentra en estado de emergencia.

El estatuto establece un esquema de preferencia jurisdiccional mediante el cual se favorece el estado de residencia del menor como el foro que mejor está capacitado para atender las cuestiones de custodia del menor. Ortega v. Morales, 131 D.P.R. 783 (1992). La ley considera como “estado de residencia” del menor aquel estado o jurisdicción en la que el menor haya vivido con uno o ambos padres, o con un tutor, al menos durante seis meses consecutivos antes de la fecha de inicio de los procedimientos de custodia o fijación de derechos de visita. 28 U.S.C.A. see. 1738A(b)(4).

No obstante, si bien el PKPA da preferencia al estado de residencia del menor sobre cualquier otra jurisdicción, la ley confiere jurisdicción continua al estado o foro que haya emitido un decreto original de custodia para que haga valer o revise sus determinaciones originales. 28 U.S.C.A. sec. 1738A(d). Debe entenderse que ante la existencia de un decreto original que se ajuste a las disposiciones del estatuto, la jurisdicción continua es el criterio principal, aun cuando ésta no sea la jurisdicción de residencia del menor. Moraza Choisne, supra, pág. 319 (“In these actions the jurisdictional basis [providing continuous jurisdiction] is hierarchically superior even to home state jurisdiction”).

Para que un foro mantenga jurisdicción continua es necesario que se cumplan tres requisitos: un decreto original de custodia compatible con las disposiciones del PKPA; que el foro original mantenga jurisdicción bajo sus propias leyes, y que dicho foro continúe siendo el estado de residencia del menor o al menos de una de las partes. 28 U.S.C.A. sec. 1738A(d). Véase, también, A.B. Goldstein, The Tragedy of the Interstate Child: A Critical Reexamination of the Uniform Child Custody Jurisdiction Act and the Parental Kidnapping Prevention Act, 25 U.C. Davis L. Rev. 845 (1992).

De otro lado, y a manera de excepción, la ley reconoce jurisdicción a un foro para modificar determinaciones de custodia emitidas por otros foros cuando el estado o jurisdicción que pretende modificar el decreto ostenta jurisdicción para hacer determinaciones de custodia, y el tribunal del otro foro ha perdido jurisdicción o ha declinado ejercerla. 28 U.S.C.A. sec. 1738A(f) y (h). Una vez comienza un procedimiento de custodia en un estado o jurisdicción y éste es compatible con las disposiciones del PKPA, y dicho procedimiento se encuentra pendiente, un segundo estado o jurisdicción queda impedido de ejercer jurisdicción, o debe declinar ejercerla. 28 U.S.C.A. 1738A(g). Véanse: P.A.T. v. D.B., 638 So.2d 905 (Ala. 1994); In re Marriage of Hopson, 168 Cal. Rptr. 345 (1980); Owens, by and Through, Mosley v. Huffman, 481 So.2d 231 (Miss. 1985).

Conforme a la discusión que antecede, procede que de-terminemos si los tribunales de Puerto Rico pueden asumir jurisdicción sobre la materia de custodia del menor o si, por el contrario, están impedidos de hacerlo debido a que los tribunales de las Islas Vírgenes de América mantienen jurisdicción conforme a la cláusula de jurisdicción continua del PKPA.

HH HH HH

Habiéndose decretado el divorcio entre las partes en el tribunal de Islas Vírgenes, corresponde evaluar si me-diante el decreto de divorcio dicho foro asumió jurisdicción original sobre los asuntos de custodia y relaciones filiales sobre el hijo del matrimonio Kabuka-Santiago de modo compatible con las disposiciones del PKPA. Veamos cuál es el estado de derecho de las Islas Vírgenes en materia de custodia y alimentos de menores.

El Código de las Islas Vírgenes dispone en cuanto a las modificaciones de órdenes finales en casos de divorcio o anulación lo siguiente:

At any time after a judgment is given the court, upon the motion of either party on notice, may set aside, alter or modify so much of the judgment as may provide alimony or for the appointment of trustees, for the care and custody of the minor children, or the nurture and education thereof .... 16 V.I.C. sec. 110.

De la anterior disposición estatutaria se colige que un tribunal de las Islas Vírgenes que emite una sentencia de divorcio, mantiene jurisdicción para modificar las disposi-ciones de dicha sentencia en lo relacionado con los alimen-tos o la custodia de los menores; este poder que descansa en la sana discreción del tribunal. Towers v. Towers, 16 V.I. 209, 220 (1979).

Por el contrario, si la sentencia de divorcio nada dispuso sobre asuntos relacionados a la custodia y pensión alimen-taria, el tribunal carece de jurisdicción para modificar dichas disposiciones. Así, en Brandy v. Brandy, 21 V.I. 267, 269 (1985), el tribunal de Islas Vírgenes enfatizó:

No Virgin Islands decision, though, can be found that holds that section 110 allows the court to order payment of support where as here, the original divorce decree is silent on that subject.

De este modo, la jurisdicción del tribunal de Islas Vír-genes para modificar asuntos de custodia y alimentos de menores podría verse limitada cuando estas disposiciones se fundamentan en acuerdos de separación indepen-dientes. Viles v. Viles, 316 F.2d 31 (V.I. 1963).

En algunas jurisdicciones de Estados Unidos, donde existe legislación conocida como “no fault divorce laws”, se promueve la utilización de los llamados “acuerdos de separación” o “acuerdos predivorcio” para regir los asuntos posteriores al divorcio. De esta forma se provee un mecanismo menos contencioso y antagónico para gobernar las relaciones entre los ex cónyuges. Mediante estos acuerdos se atienden asuntos relacionados con la división de bienes matrimoniales, determinaciones de custodia, alimentos y demás incidentes posteriores al divorcio. M.J. Whaling, The No Fault Concept: Is this the Final Stage in the Evolution of Divorce?, 47 (Núm.4) Notre Dame Lawyer 959 (1972).

Las Islas Vírgenes es un ejemplo de una jurisdicción que autoriza este tipo de negociación entre los cónyuges previo al divorcio. Estos acuerdos no obligan al tribunal, que en su sana discreción podría ignorarlos si estima que no atienden cabalmente las necesidades de las partes o, en algún modo, las peijudican. Francois v. Francois, 599 F.2d 1286 (V.I. 1979); Viles v. Viles, supra. Cuando un acuerdo de separación se incorpora a una sentencia de divorcio, el tribunal de Islas Vírgenes puede optar por fusionarlo a la sentencia (“merged into the decree”) o no fusionarlo (“not merged into the decree”). Si la decisión del tribunal es fu-sionarlo, éste podrá entonces modificarlo o hacer valer sus determinaciones. Pfister v. Pfister, 21 V.I. 533 (1985). En Pfister v. Pfister, supra, el tribunal de Islas Vírgenes ex-presó:

If the agreement was merged in the decree, then the original claim ... is extinguished, is superseded by the judgment....

Por el contrario, si el acuerdo de separación no se fu-siona o absorbe por la sentencia de divorcio dictada origi-nalmente, los reclamos sobre el incumplimiento con lo es-tipulado no se extinguen con el decreto de divorcio, pero el tribunal carece de jurisdicción para modificar o hacer valer estos acuerdos como parte de la propia sentencia de divorcio. En este caso, procedería una acción indepen-diente por incumplimiento contractual. Pfister v. Pfister, supra, reiterado en Morton v. Morton, 34 V.I. 32 (1996).

En igual sentido tratan el asunto otras jurisdicciones. Cuando el acuerdo de separación se fusiona al decreto de divorcio, el contrato de estipulación se con-vierte en una orden de custodia o de alimentos y pierde así su carácter contractual. Véanse: Doherty v. Doherty, 383 S.E.2d 759 (Va. App. 1989); Smith v. Smith, 589 S.E. 2d 439 (Va. App. 2003); Callen v. Callen, 58 So.2d 462 (Ala. 1952); Jeanes v. Jeanes, 177 S.E.2d 537 (S.C. 1970); Grant v. Grant, 396 N.E.2d 1037 (Ohio App. 1977).

Por el contrario, si un acuerdo de separación válido se incorpora a la sentencia de divorcio pero no se fusionó en ésta, el acuerdo sobrevive como un arreglo contractual in-dependiente, y el tribunal no adquiere autoridad para efec-tuar ulteriores modificaciones a lo estipulado entre las par-tes, salvo que el propio acuerdo disponga lo contrario. S.Z. Moghadam, Dismissing the Purpose and Public Policy Surrounding Spousal Support, 56 Md. L. Rev. 927 (1995-1996). El remedio para las partes en estos casos es instar una acción independiente, luego del divorcio, para exigir el cumplimiento de lo pactado entre los cónyuges. Siegel v. Siegel, 197 A.D.2d 569 (N.Y. 1993); Hoyt v. Hoyt, 307 A.D.2d 621 (N.Y. 2003).

Para interpretaciones compatibles con lo anterior, véanse: Riffenburg v. Riffenburg, 585 A.2d 627 (R.I. 1991) (“[T]he judiciary is without authority to modify alimony in a nonmerged separation agreement. ... In this unsurprising holding, we are essentially adhering to hundreds of years of contract theory that the modification of contracts can only be accomplished by the contracting parties. As the average contract that is fairly entered into is nonmodifia-ble by a court, so too is the separation agreement with respect to alimony”); Engels v. Jacobs, 297 A.D.2d 657 (N.Y. App. 2002) (“[C]hild support agreement arrived at pursuant to a stipulation of settlement, which is incorporated but not merged into the divorce decree, should not be disturbed absent a showing that the agreement was unfair or inequitable at the time that it was made, that an unanticipated and unreasonable change in circumstances has occurred resulting in a concomitant need or that the child’s right to receive adequate support is not being met”). En igual sentido, véanse: Blitz v. Florida Dept. of Revenue, 898 So.2d 121 (Fla. App. 2005); Carosone v. Carosone, 688 A.2d 733 (Pa. 1997); Sorace v. Sorace, 655 A.2d 125 (Pa. 1995); Knott v. Knott, 806 A.2d 768 (Md. App. 2002); Gold v. Gold, 156 A.D.2d 874 (N.Y. 1989); Johnston v. Johnston, 465 A.2d 436 (Md. 1983).

Cuando el acuerdo de separación no se fusiona a la sentencia, el tribunal no adquiere jurisdicción sobre la materia, en conformidad con las disposiciones del PKPA o de la UCCJA. Conforme a dichos estatutos, el tribunal queda impedido entonces de intervenir con los asuntos relacionados con la custodia o las relaciones paterno-filiales. Gestl v. Frederick, 754 A.2d 1087 (Md. App. 2000); State ex rel. Morenz v. Kerr, 818 N.E.2d 1162 (Ohio 2004). Al no existir un procedimiento de custodia pendiente en otra jurisdicción, un segundo foro puede asumir jurisdicción sobre la custodia del menor si se cumplen con los requisitos jurisdiccionales de la ley federal.

Examinemos los hechos del presente caso a la luz de la anterior discusión doctrinal.

IV

El peticionario, señor Kabuka, alegó que el tribunal de Islas Vírgenes mantiene jurisdicción sobre el caso, ya que fue el estado que emitió el decreto original de custodia y no ha renunciado a su jurisdicción. Veamos por qué no tiene razón.

En septiembre de 1999, en una escueta sentencia, la Corte Superior de las Islas Vírgenes decretó el divorcio en-tre las partes. En dicho decreto el tribunal ordenó a las partes a cumplir con lo pactado en el acuerdo de separación en todo momento y en todo lugar. El tribunal claramente expresó que el acuerdo de separación no se fusionaba al decreto de divorcio. El decreto nada ordenó propiamente sobre la custodia, relaciones filiales ni pensión alimentaria para el menor, habiéndose incluido todos estos asuntos en el acuerdo de separación. Conforme el estado de derecho de las Islas Vírgenes, al no fusionarse el acuerdo de separa-ción al decreto de divorcio, éste retuvo intacta su natura-leza contractual. En consecuencia, el tribunal quedó impe-dido de intervenir con estos asuntos. Cabe señalar que la validez del acuerdo de separación no ha sido impugnada ni está en controversia. Precisamente así lo resolvió el propio tribunal de Islas Vírgenes al declararse sin jurisdicción ante la solicitud de modificación de custodia presentada por el señor Kabuka.

Resulta forzoso concluir que el tribunal de Islas Vírge-nes no adquirió, mediante el decreto de divorcio, jurisdic-ción original conforme al PKPA sobre los asuntos relacio-nados con la custodia del menor. Al no existir en Islas Vírgenes un decreto original que se ajuste a las disposicio-nes del PKPA, lógicamente no puede entenderse que el tribunal de Islas Vírgenes mantenga jurisdicción continua en virtud de la cláusula de continuidad de dicha legislación federal, tal y como argumenta el peticionario. No se cum-ple con el requisito de umbral para la jurisdicción continua, a saber: un decreto original de custodia o derechos de visita compatibles con las disposiciones de la ley. 28 U.S.C.A. sec. 1738A(d).

Ante esta situación, no existe en la actualidad un de-creto de custodia pendiente en otro foro relacionado al me-nor Kabuka Santiago al que los tribunales de Puerto Rico deban otorgar entera fe y crédito, de acuerdo con el PKPA. Puerto Rico, tal y como resolvieron los tribunales de Pri-mera Instancia y de Apelaciones, puede asumir jurisdic-ción en la materia de custodia y relaciones filiales de este niño. Este menor reside en Puerto Rico desde hace aproxi-madamente seis años, y es Puerto Rico, indudablemente, su estado de residencia. Corresponde al mejor bienestar del menor que asumamos jurisdicción, lo que hacemos con-sistente con el PEPA.

V

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se expide el auto solicitado y se dicta sentencia que confirma la sen-tencia del Tribunal de Apelaciones, que a su vez confirmó la resolución del Tribunal de Primera Instancia, asumiendo jurisdicción sobre la materia de custodia y alimentos del menor Kabuka Santiago.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       El Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act (UCCJEA), 9(IA) Uniform Laws Annotated, pág. 649 et seq., sustituyó el Uniform Child Custody Jurisdiction Act (UCCJA). Esta legislación más reciente fue promulgada en un in-tento de revisar y clarificar interpretaciones inconsistentes y ambiguas del UCCJA, en específico aquellas disposiciones relacionadas con la jurisdicción del foro judicial.

       El Parental Kidnapping Prevention Act (PKPA), salvo ciertas diferencias sig-nificativas en cuanto al esquema de preferencia jurisdiccional, contiene básicamente el mismo lenguaje que el UCCJA. Véase S.A. Vincenti, The Parental Kidnapping Prevention Act: Time to Reassess, 33 (Núm. 2) Idaho L. Rev. 351 (1997).

       Cabe destacar que en otras jurisdicciones de Estados Unidos, al igual que en la nuestra, por razones de política pública, el tribunal siempre retiene jurisdicción sobre las cuestiones de custodia y alimentos de menores, irrespectivamente de cual-quier acuerdo contractual entre las partes. Véanse: Alfano v. Alfano, 72 S.W.3d 104 (Ark. Ct. App. 2002); Moseley v. Mosier, 306 S.E.2d 624 (S.C. 1983); Hay v. Hay, 730 N.E.2d 787 (Ind. Ct. App. 2000); Adamson v. Dodge, 816 A.2d 455 (Vt. 2002).


text:
      In re Stella Caballero Bastard.

      Número: TS-3735

      Resuelto: 15 de diciembre de 2005

      José M. Montalvo Trías, director ejecutivo del Colegio de Abo-gados de Puerto Rico; Israel Pacheco Acevedo, secretario ejecutivo del Pondo de Fianza Notarial del Colegio de Abo-gados de Puerto Rico; Stella Caballero Bastard, abogada peticionaria que comparece por derecho propio.
   RESOLUCIÓN

Examinada la moción de reconsideración de Stella Caballero Bastard, y habiendo comparecido el Colegio de Abo-gados para informar que la peticionaria cumplió con el pago de las cuotas atrasadas, se ordena su reinstalación únicamente al ejercicio de la abogacía.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Elías Arroyo Rivera.

      Número: TS-12938

      Resuelto: 15 de diciembre de 2005

      José M. Montalvo Trías, director ejecutivo del Colegio de Abo-gados; Israel Pacheco Acevedo, secretario ejecutivo del Fondo de Fianza Notarial del Colegio de Abogados; Elías Arroyo Rivera, peticionario.
   RESOLUCIÓN

Acogido el escrito de Elías Arroyo Rivera como una mo-ción de reconsideración, y habiendo comparecido el Colegio de Abogados para informar que el 6 de diciembre de 2005 Arroyo Rivera cumplió con el pago de sus cuotas atrasadas, se accede a la solicitud y se ordena su reinstalación única-mente al ejercicio de la abogacía.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re José D. Hernández González.

      Número: TS-12380

      Resuelto: 15 de diciembre de 2005

      José M. Montalvo Trías, director ejecutivo del Colegio de Abo-gados de Puerto Rico; Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; Margarita Portalatín Aguilar, inspectora de protocolos de la Oficina de Inspec-ción de Notarías; José David Hernández González, abo-gado peticionario que comparece por derecho propio.
   RESOLUCIÓN

Examinada la moción en contestación a la resolución presentada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, se declara “con lugar” la solicitud de baja voluntaria presen-tada por José D. Hernández González.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los Jueces Asociados Señor Fuster Berlin-geri y Señor Rivera Pérez no intervinieron.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo