author: El Juez Asociado Se. Audrey,

text:
    Andino, Demandante y Apelado, v. Knight, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de ITumacao en un caso de acción negatoria de servidumbre.
    No. 1008.
    — Resuelto en marzo 26, 1914.
    Emplazamiento — Diligenciamiento por uno que no es Máeshal — Requisitos del Jueamento. — De acuerdo con los artículos 92 y 97 del Código de Enjui-ciamiento Civil, cuando un emplazamiento es diligenciado por una persona que no es el marshal, es indispensable hacer constar en la declaración jurada del diligenciamiento, entre otras cosas, que dicha persona era mayor de 18 años cuando lo practicó, que no es parte en la acción y el lugar en donde se verificó el diligenciamiento. La falta de cualquiera de estos requisitos entraña su nulidad.
    Id. — Edad del que Verificó el Diligenciamiento — Lugae en Donde se Prac-ticó. — La omisión de expresar en un certificado de diligenciamiento de empla-zamieuto por una persona que no es marshal, el ser mayor de 18 años, no queda subsanada por expresar el secretario ante quien se jura el diligencia-miento que dicha persona es mayor de 18 años. Tampoco es suficiente decir que se practicó el emplazamiento en el 'domicilio del demandado en deter-minada calle sin expresar el nombre de la ciudad.
    Anotación de Rebeldía — Diligenciamiento Nulo del Emplazamiento — Presen-tación de .Excepciones Previas Después de Anotada la Rebeldía. — Es nula la anotación de una rebeldía cuando el diligenciamiento del emplazamiento es nulo, y dicha anotación no impide al demandado que presente una alegación.
    Sentencia en Rebeldía — Apelación Contra la Misma sin Pedir que se Deje sin Efecto la Anotación de la Rebeldía. — El hecho de que un demandado contra quien se ha dictado sentencia en rebeldía apele de la misma sin antes pedir al tribunal inferior que deje sin efecto dicha anotación de rebeldía, no le impide alegar ante el Tribunal Supremo los defectos en el diligenciamiento del emplazamiento que anulan la anotación de la rebeldía.
    Anotación de Rebeldía — Excepciones Previas — Palta de Causa de Acción.— La anotación de rebeldía no impide el que el demandado pueda alegar en cualquier momento durante la pendencia del pleito la excepción previa de falta de causa de acción ante el tribunal inferior o ante el tribunal de ape-lación.
    Comparecencia — Subsanación de Defectos en el Emplazamiento. — Cuando la. comparecencia de un demandado ha sido eliminada, no está impedido de alegar en apelación los defectos que pueda tener el emplazamiento y su diligenciamiento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelado: Sres. Carlos Travecier y Francisco González.

    Ahogados del apelante: Sres. Aponte & Aponte.

   El Juez Asociado Se. Audrey,

emitió la opinión del .tribunal.

El apelante hizo su comparecencia en este pleito ante el tribunal inferior alegando la excepción de que la demanda no aducía hechos suficientes que determinasen causa de ac-ción, la que presentó cuando su rebeldía había sido ya regis-trada por el secretario. Posteriormente fué señalado día para el juicio al que sólo asistió el abogado del demandante, quien pidió al tribunal que eliminase dicha excepción por haber sido presentada después de anotada la rebeldía, dis-poniéndolo así el tribunal, el que después de oir la prueba del demandante dictó sentencia contra el demandado, la que por éste ha sido apelada para ante nosotros.

El apelante sostiene en apoyo del recurso, que habiendo sido impropiamente anotada sn rebeldía, no pudo producir el efecto de impedirle presentar su excepción por lo que el tribunal erró al eliminarla y al proceder al juicio del caso sin resolverla, con mayor motivo cuando esa clase de excep-ción podía presentarla en cualquier tiempo. Los hechos que fundamentan ese motivo son: que habiéndose practicado la citación del apelante por una persona que no es el marshal, no juró en la diligencia que era mayor de diez y ocho años cuando la hizo, que no era parte en el pleito, ni tampoco el lugar en que se verificó. La diligencia que se impugna dice así:

“Yo, Luis González juramentado digo:
“Que recibí el presente emplazamiento a las 12.30 de la tarde • ■del día 22 de agosto de 1912 y que notifiqué el mismo personalmente, ■el día 22 de agosto de 1912, a Henry Knight, demandado mencionado ■en dicho emplazamiento, entregando a dicho demandado y dejando ■en su poder personalmente en su domicilio .calle ‘Tuna’ una copia de dicho emplazamiento y en poder del demandado mencionado una copia fiel y exacta de la demanda en el pleito mencionado en dicho emplazamiento.
“Pechado hoy día 22 de agosto de 1912.
“Luis González.
“Jurado y suscrito ante mí por Luis González, mayor de diez y ocho años, estudiante, vecino de este pueblo a quien conozco personal-mente en Humacao, P. R., a los 22 días del mes de agosto de 1912.
“Jesús L. PeReyó,
“Secretary District Court.
“José Pérez,”
“Int. Seo.”

La lectura de ese documento demuestra en efecto, que el juramento no comprende los extremos mencionados por el apelante, y como nuestro Código de Enjuiciamiento Civil •en sus artículos 92 y en los Nos. 2o. y 4o. del 97 dispone que cuando practique la citación una persona que no sea el már-shal, deberá tener más de diez y ocho años y no ser parte en la acción y que la cédala de emplazamiento deberá devolverla al secretario qne la expidió con sn declaración jurada de haberlo practicado, en la que hará constar el tiempo y lugar en que la hizo, la cuestión a resolver es si habiéndose omitido esos extremos, la anotación de rebeldía hecha por el secre-tario en esas circunstancias era obstáculo para que el ape-lante presentara con posterioridad su excepción y para que fuera considerada y resuelta, o procedía su eliminación.

La diligencia de citación debe demostrar por sí misma que ha sido cumplido todo lo necesario para que pueda esti-marse buena, Linnot v. Rowland, 119 Cal., 452, 51 Pac., 687; People v. Bernard, 43 Cal., 385; y cuando es practicada por persona que no es el márshal, debe aparecer de ella que tenía más de diez y ocho años en el momento de llevarla a efecto, Maynard v. McCrellish, 57 Cal., 355; Howard v. Galloway, 60 Cal., 11; Doerfler v. Schmidt, 64 Cal., 265; Lyons v. Cunningham, 66 Cal., 42; Barney v. Vigoreaux, 75 Cal., 376; Horton v. Gallardo, 88 Cal., 581, así como el lugar en que se practicó, Lynch v. West, 63 W. Va., 571, 60 S. E., 606.

También debe contener la afirmación jurada de que no es parte en la acción, por ser uno de los requisitos que exige la ley para que una persona distinta del márshal pueda practi-car la citación. Por tanto cuando, como en el caso presente, se han dejado de cumplir los extremos expresados, no aparece del diligenciamiento que el secretario estuviera facilitado para registrar la rebeldía ni que el tribunal adquiriera jurisdic-ción sobre el demandado para juzgarlo. Barney v. Vigoureaux y Horton v. Gallardo, supra.

El hecho de que el secretario ante quien se juró el diligen-ciamiento hiciera constar que Luis G-onzález es mayor de 18 años, no suple la omisión que aquél contiene porque no es un hecho que puede certificar por razón de su cargo; y con respecto al lugar, no es suficiente decir que se practicó en el domicilio del demandado en la calle de la Tuna, sin expre-sar la población, pues no sabemos que ese nombre sea exclu-sivo de la calle de alguna ciudad o pueblo.

En tales condiciones el diligenciamiento, no estaba facul-tado el secretario por la ley para anotar válidamente la rebel-día del demandado y el que así lo hiciera no puede impedir que el apelante presentara después su excepción, pues este Tribunal Supremo en el caso de The Juncos Central Co. v. Rodríguez, 16 D. P. R., 311, aceptó la regla establecida ■ por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia en el de Banville v. Sullivan, 11 Ct. App. D. C., 31, de que las alegaciones pueden presentarse, y deben recibirse, en cual-quier tiempo basta que se baya anotado una rebeldía; y como la que en el presente caso se anotó no era válida, no-podía producir el efecto de impedir la presentación y consi-deración de la excepción del apelante. Es cierto que el ape-lante pudo pedir al tribunal inferior previamente que dejara sin efecto la rebeldía en vista de los defectos del diligencia-miento de la citación, con lo que hubiera conseguido breve-dad en la tramitación del pleito, pero aunque pudo hacerlo, no estaba impedido de atacar por ese motivo la sentencia contra él dictada en rebeldía. Howard v. Galloway, supra.

Por consiguiente, antes de eliminar el tribunal inferior la alegación del apelante debió cerciorarse de que su rebel-día había sido registrada por el secretario válidamente de modo que pudiera adquirir jurisdicción sobre la persona del demandado, porque no era suficiente el solo hecho de que la rebeldía hubiera sido anotada. Además, la excepción de que la demanda no aduce hechos bastantes para la acción que se ejercita, es de tal naturaleza que en cualquier tiempo, puede ser presentada y debe' ser considerada, por lo que el tribunal inferior erró al decretar su eliminación. The Juncos Central Co. v. Rodríguez, antes citado.

Pero sostiene el apelado que el demandado no puede ale-gar ahora esos defectos porque su comparecencia subsanó los defectos que pudiera tener la diligencia de citación. Este argumento hubiera sido bueno si se le hubiera tenido por personado por su excepción, pero no en este caso en que la eliminación decretada a instancia del apelado borraba de los autos tal comparecencia.

Por las razones, expuestas, la orden de eliminación a que liemos hecho referencia debe ser revocada y la sentencia dic-tada en rebeldía anulada, debiendo reponerse los procedi-mientos al estado que tenían cuando se presentó la excep-ción a la demanda.

Anulada la sentencia en rebeldía.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asor-dados Wolf y del Toro.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sb. Aldkey,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Collazo, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en una causa por alteración de la paz pública.
    No. 660.
    Resuelto en marzo 27, 1914.
    Alteración de la Pa’z t Calumnia — Duplicidad de Cargos en la Denuncia.— Cuando, como ocurre en. el artículo 368 del Código Penal, la ley castiga como delito el hacer alguna de las varias cosas que menciona disyuntivamente, todas o algunas de ellas pueden ser imputadas conjuntamente sin que por eso ado-lezca la denuncia del defecto de duplicidad.
    Prisión Alternativa- — Computación del Término en Defecto del Pago de la Multa. — No puede imponerse al acusado la pena de multa debiendo sufrir prisión de sesenta días en defecto de pago, sino que la prisión deberá ser a razón de un día por cada dólar que de la multa dejare de satisfacer, que en este caso no excederá de sesenta días.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Manuel A. Martínez.

   El Juez Asociado Sb. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Narciso Collazo ha interpuesto el presente recurso de ape-lación contra la sentencia del Tribunal de Distrito de Gua-yama que le condenó a pagar cien pesos de multa y en su defecto a cumplir sesenta días de cárcel con las costas. No lia presentado exposición del caso, pliego de excepciones ni alegato escrito ni oral y la única cuestión que surge de la transcripción es la excepción perentoria que el apelante opuso contra la denuncia, la que fuá declarada sin lugar por el tribunal inferior.

En la denuncia se imputa al apelante por la señora que la suscribió y juró, que yendo en compañía de otras señoras y de niños por las calles de Gfuayama, el apelante la pro-vocó y a sus amigas y dirigiéndose a la denunciante usó pala-bras obscenas, diciéndole además que su esposo era un canalla y un sin vergüenza y que se había vendido a los republicanos entregando los documentos de un pleito.

El fundamento de la excepción fuá que la denuncia com-prende dos delitos, uno de - alteración de la paz y otro de calumnia.

El delito denunciado es claramente el de alteración de la paz cometido por las provocaciones a la señora denun-ciante al pronunciar palabras injuriosas contra su esposo y por las palabras obscenas pronunciadas en la vía pública en presencia de señoras y niños. Aunque no encontramos en la denuncia palabras ■ constitutivas de calumnia, si las hubiera, no por eso dejaría de existir el delito de alteración de la paz, pues serían constitutivas también de conducta ofensiva para la esposa, del calumniado. Cuando, como ocu-rre con el artículo 368 del Código Penal, la ley castiga como delito el hacer alguna de las varias cosas que menciona dis-yuntivamente, todas o alguna de ellas pueden ser imputadas conjuntamente. Marshall v. The State, 123 Ind., 128.

La excepción perentoria fué propiamente denegada y no vemos motivos para revocar la declaración de culpabilidad. Sin embargo, hemos de modificar la condena.

Impuesta al apelante la pena de cien pesos de multa, no puede sufrir en defecto de pago la prisión de sesenta días de cárcel sino la de un día por cada peso que dejare de satis-facer, sin que .el arresto exceda de los sesenta días que fijó el juez inferior en su sentencia. El Pueblo v. Muñoz; El Pueblo v. Curet; y El Pueblo v. Rivera, 16 D. P. R., 765, 787 y 803 respectivamente.

La sentencia apelada debe ser confirmada con la modi-ficación expresada.

Modificada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. AldRey,

text:
    Amy, Peticionario, v. Hutchinson, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Guayama, en un caso de desacato.
    No. 107.
    — Resuelto en marzo 27, 1914.
    Certiorari Interpuesto Pendiente un Habeas Corpus. — No es procedente el recurso de certiorari cuando sobre las mismas cuestiones se ha interpuesto un procedimiento de habeas corpus que está pendiente de apelación, porque este es remedio adecuado, rápido y eficaz.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. F. Gervoni Gely.

    El demandado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. AldRey,

emitió la opinión del tribunal.

A instancia jurada de Alfredo Amy expedimos un auto de certiorari contra el Hon. H. M. Hutchison, Juez del Tribunal de Distrito de Guayama, para que remitiese las dili-gencias que había practicado para castigar por desacato al peticionario..

Este es un caso raro, porque con el fin de anular la sen-tencia que condenó al peticionario por el delito de desacato se han utilizado dos procedimientos extraordinarios, el de habeas 'corpus, contra cnya resolución adversa a Amy se ha establecido recurso de apelación que pende de nuestra reso-lución, y también el de certiorari establecido después que el habeas corpus fué denegado y apelado. Ambos procedimien-tos se basan en que el tribunal inferior no tenía jurisdicción para castigarle por desacato.

Según hemos resuelto ya en repetidas sentencias, el re-curso de certiorari no es procedente cuando en el curso ordi-nario de la ley existe otro remedio rápido, adecuado y eficaz para corregir el defecto alegado en el certiorari y como en este caso se había ejercitado el de habeas corpus, cuya reso-lución denegatoria había sido apelada para ante nosotros, éste es un procedimiento tan rápido, adecuado y eficaz como el de certiorari, por cuya razón no debemos considerar el presente recurso y sí anular el auto expedido.

Anulado el mandamiento de certiorari expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


author: En Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Ex parte Amy, Peticionario y Apelante, v. El Pueblo, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en un caso de habeas corpus.

    No. 640.
    — Resuelto en marzo 27, 1914.
    Habeas Corpus — Transcripción de Autos — Falta de Base para Resolver la Apelación — Presunción.—Cuando, como en el presente caso, los autos remi-tidos a este tribunal en virtud de la apelación interpuesta contra la resolución denegatoria de habeas corpus, sólo comprenden la petición, la orden del juez expidiendo el auto, el mandamiento librado al alcaide de la cárcel para la presentación del peticionario, su diligenciamiento por el márshal, la resolu-ción denegatoria de la petición, el escrito de apelación y la fian? a prestada para permanecer en libertad, carece este tribunal de elementos para apreciar si la prisión del peticionario es ilegal y por tanto subsiste la presunción de que es legal la sentencia que motivó su prisión.

      Id. — Identificación de las Pruebas Presentadas en el Juicio. — Este tribunal no puede tomar en consideración en una apelación en un caso de habeas corpus los autos originales de un procedimiento contra el peticionario, cuando dichos autos son enviados por el secretario del tribunal inferior expresando que habían sido presentados como prueba durante la vísta de la petición de habeas corpus, pero sin que el juez sentenciador certifique que tales autos se presentaron como prueba, ni exprese el secretario que fueron admitidos por el triburial ni que sean completos, por no incluir la prueba testifical que, según parece, fué presentada en el juicio.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. F. Cervoni Gely.

    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   En Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Alfredo Amy presentó en el Tribunal de Distrito de Gua-yama una petición de habeas corpus para que se le pusiera en libertad porque estaba privado de ella en cumplimiento de una sentencia de desacato que le condenó a dos días de cárcel y doscientos pesos de multa, la que alegó ser ilegal porque fué pronunciada en exceso de la jurisdicción del tribunal, pues las citaciones por cuya desobediencia se le castigó no tenía el deber de obedecerlas por no estar hechas de.acuerdo con la ley y porque el procedimiento de desacato no se inició por acusación o por declaración jurada. Expedido el auto y cele-brada la vista el tribunal inferior declaró sin lugar la solicitud y contra esa resolución es que ha interpuesto el presente recurso de apelación.

Las diligencias que se nos han presentado para resolver el recurso están formadas por la petición, la orden del juez expidiendo el auto, el mandamiento librado al Alcaide de la Cárcel de Guayama para la presentación del querellante, su diligenciamiento por el marshal, la resolución del tribunal ne-gando la petición y el escrito de apelación, así como la fianza ■prestada para permanecer en libertad. Con tales antecedentes no tenemos elementos para apreciar si, cual sostiene el ape-lante, su prisión es ilegal. Sólo sabemos que cuando formuló la petición de habeas corpus estaba preso en virtud de una sentencia por desacato, pero ignoramos las causas y el proce-climiento que dieron como consecuencia la condena. El que alega la ilegalidad de su prisión debe suministrar a los tribunales de justicia los elementos necesarios para que puedan determinar que está preso ilegalmente, pues de lo contrario babrá que presumir que es legal la sentencia que motivó su prisión.

Es cierto que además de las diligencias relacionadas, el secretario del tribunal inferior remitió a este Tribunal Supremo las que allí se habían tramitado contra Alfredo Amy por desacato, expresando que habían sido presentadas como prueba durante la vista del auto de habeas corpus, pero ni el secretario es el funcionario autorizado por la ley, sino el juez, para certificar las pruebas que se presentaron en el juicio, ni expresa que fueron admitidas por el tribunal, ni son com-pletas pues de ellas parece desprenderse que se practicó prueba testifical de la cual no hay constancia alguna en el expediente, por lo que no podemos tomarlas en consideración para resolver este recurso.

Careciendo pues de base para poder considerar si la pri-sión del apelante es ilegal, debemos confirmar la resolución apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro, Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

text:
    Damers et al., Recurrentes, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección 2a., denegando la inscrip-ción de un expediente de conversión de posesión en do-minio.
    No. 161.
    — Resuelto en marzo 30, 1914.
    Expediente de Conversión de Posesión en Dominio — Debido Procedimiento de Ley. — En 7 de septiembre de 1900 se inseribió un expediente posesorio en el registro de la propiedad y en 5 de septiembre de 1913 se presentó también para su inscripción en el registro el expediente de conversión de la posesión en dominio, resuelto el 22 de agosto de 1913, de acuerdo con -la Orden Judicial de 4 de abril de 1899. El registrador se negó a hacer la inscripción solicitada y esta corte resolvió: que debía inscribirse el expediente por no ser el pro-cedimiento seguido contrario a la cláusula constitucional del debido proce-dimiento de ley.
    Debido Procedimiento de Lev — Reducción del Período de Prescripción — Orden Judicial de Abril 4, 1899. — La Orden Judicial de abril 4, 1899, no puede, estimarse inconstitucional por el solo hecho de haber reducido a seis años el período de prescripción de 20 años que exigía el artículo 393 de la Ley Hipo-tecaria para la conversión de una inscripción posesoria en otra de dominio.
    Orden Judicial de Abril 4, 1899 — Interpretación de la Opinión en el Caso de Ochoa v. Hernández, 230 U. S., 139. — El Tribunal Supremo de los Estados. Unidos ha decidido a lo sumo en dicho caso que la Orden Judicial de abril 4,, 1899, es contraria a la cláusula eonstitueiónal del debido proceso de ley, en. cuanto a su efecto retroactivo que produjo en dicho caso el efecto de privar de su derecho a unos menores de edad.
    Gobernadores Militares de Puerto Rico — Sus Facultades — Validez de las Ordenes Generales. — Habiendo el Congreso ratificado las Ordenes de los Gobernadores Militares americanos en Puerto Rico, no cabe -sostener que dichos Gobernadores carecían de facultad para enmendar las leyes vigentes en esta isla en aquella fecha, entre las cuales estaba la Ley Hipotecaria que aun subsiste con algunas modificaciones, a menos que los Gobernadores pri-mero y luego el Congreso, en el ejercicio de su poder, se hubieran excedido de las limitaciones impuestas por la Constitución.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: \Sr. Gabriel ■ Guerra.

    El Registrador Sr. José Benedicto no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección 2a., negán-dose a convertir en inscripción de dominio cierta inscripción posesoria.

Henry A. Damers y Arthur ~W. Kuenzli tramitaron en el Juzgado Municipal de Bayamón un expediente para acre-ditar la posesión de una finca rústica de veinte cnerdas, que fué resuelto favorablemente el 19 de julio de 1900 e inscrito en el Registro de la Propiedad de San Juan el 7 de septiem-bre del mismo año.

En 10 de junio de 1913 los dichos Damers y Kuenzli soli-citaron del registrador que les expidiera certificación credi-tiva de los anteriores hechos y de qne la prescripción no se había interrumpido. Así lo hizo el registrador y los intere-sados acudieron entonces a la Corte Municipal de Bayanión y tramitaron un expediente sobre conversión de posesión en dominio, que fué resuelto en la siguiente forma:

“En la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Baya-món. Henry A. Damers y Arthur "W. Kuenzli. Ex parte. Con-versión de posesión en inscripción de dominio. Por cuanto Henry A. Damers y Arthur W. Kuenzli de treinta y cinco y treinta y seis años' do edad respectivamente, propietarios y vecinos de la Capital, representados por su abogado Don G-abriel Guerra, han promovido el correspondiente expediente ante esta corte para convertir en dominio, la posesión de la siguiente finca: Un terreno en el barrio de Pájaros de este término municipal compuesto de veinte cuerdas, colindante por el Norte con el Río Hondo: por el Sur Thomas Cruce y Satur-nino Román; por el Este Aniceto Padilla, y por el Oeste Elena Gaetán. Por cuanto, publicado el oportuno edicto convocando a las personas que pudieran ser perjudicadas en la conversión solicitada en el periódico titulado “El Tiempo” correspondiente a los días 10, 11 y 12 de julio del corriente año no se ha deducido ninguna reclamación no obstante haber transcurrido con exceso el término de quince días señalados al efecto en dicho edicto, apareciendo de la certificación expedida por el Sr. Registrador de la Propiedad que la prescripción no ha sido interrumpida. Por tanto, de confor-midad con lo prevenido en el Artículo 393 de la Ley Hipotecaria y 441 de su Reglamento y Orden Judicial de 4 de abril de 1899 se declara concluso este expediente y expídase testimonio por duplicado a los recurrentes, para que el registrador de la propiedad del dis-trito, convierta en dominio la inscripción de posesión de la finca desci’ita. Dado en corte abierta hoy 22 de agosto de 1913. José J. Acosta y Acosta. Juez Municipal. José Torres Muñiz. Secretario de la Corte Municipal.”

Presentada la anterior resolución acompañada de todos sus antecedentes en el registro, el registrador negó la con-versión por medio de la siguiente nota:

“Denegada la conversión solicitada en virtud del precedente do-cumento, por no haber transcurrido desde el 7 de septiembre de 1900, fecha de la inscripción, los veinte años que exige el artículo 393 de la Ley Hipotecaria, pues si bien la orden judicial fecha 4 de abril de 1899 redujo dicho plazo a seis años, el Tribunal Supremo de Washington en sentencia de 16 de junio del.corriente año ha decla-rado que el General Guy V. Henry, que dictó dicha orden, no estaba facultado para modificar la Ley Hipotecaria, ni por consiguiente para limitar a seis años el término señalado para la conversión; y siendo •esto así, es ineficaz la referida orden y queda en toda su fuerza y vigor lo preceptuado en el citado artículo 393 de dicha Ley; y se lia extendido nota preventiva, por término legal, al folio 2 vuelto, tomo 40 de Bayamón, finca 1954, al márgen de la inscripción Ia., faciéndose constar además el defecto subsanable de no justificarse •que esté ejecutoriado el auto declarando concluso el expediente. San •Juan, P. R., septiembre 23 de 1913.”

Contra esa nota interpuso la parte interesada el presente recurso gubernativo, limitándose a impugnar la negativa sin hacer referencia alguna al defecto subsanable que también .se consigna en la nota.

Veamos si la Corte Suprema de los Estados Unidos ba becbo o nó la declaración en que basa su negativa el regis-trador, esto es, que el General Henry no estaba facultado para .modificar la Ley Hipotecaria, ni por consiguiente para limi-tar a seis años el término señalado para la conversión de urna inscripción posesoria en una de dominio.

La decisión a que se refiere el registrador es la de Ochoa v. Hernández, 230 U. S., 139. Por ella la Corte Suprema de .los Estados Unidos confirmó una sentencia de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Eico. Los becbos ;son así:

José María Hernández, abuelo paterno de los demandan-tes al tiempo de ocurrir su fallecimiento en el año 1872, era ■dueño y poseía una parcela de terreno de la cual formaba parte la parcela de 106 cuerdas en litigio. Su título nunca .fué inscrito. Al morir él, su bijo Juan Hernández adquirió dicba finca por herencia y entró en posesión de ella y la si-guió poseyendo como dueño basta su muerte en el año 1887 sin inscribir dicho título tampoco. Al morir Juan Hernán-dez le sobrevivieron dos hijos pequeños que son los deman-dantes y la viuda madre de éstos. Esta murió en 1906 y los demandantes que aun eran menores, quedaron como únicos dueños de dicha finca por título de herencia de su padre, sin que tampoco inscribieran nunca su título.

En el año 1890 el título de esta finca no aparecía inscrito a nombre de nadie, ni en los libros del registro actual o mo-derno, ni en los del registro antiguo o sean las antiguas Ano-tadurías o Contadurías. En ese año Raimundo Morales, abuelo materno de los demandantes, alegando fraudulenta-mente ser dueño de la finca, compareció ante la Corte Municipal de Naranjito y acreditó a su favor la posesión de la finca, sin perjuicio de terceros que pudieran alegar mejor derecho a dicha posesión. El título posesorio así obtenido fué inscrito en el registro correspondiente de la propiedad en el mismo año, siendo entonces el único título de esta finca que aparecía inscrito en el registro. En el año 1899 Morales compareció de nuevo ante la misma corte para pedir la conversión de su posesión en dominio. Los fundamentos de su solicitud fueron los preceptos de la Orden Judicial de abril 4, 1889, promulgada en la Caceta Oficial de Puerto Rico de 7 de abril de 1899. Esta orden fué dictada bajo la autoridad del Mayor General del Ejército Voluntario de los Estados Unidos, Guy V. Pleniy, en aquella época Gobernador Militar de Puerto Rico, y según sus disposiciones el período de 20 años durante el cual era necesario poseer bienes inmuebles para convertir el título posesorio en título de dominio, quedó reducido a seis. A instancia de Morales se tramitaron en la corte municipal los procedimientos que disponía la citada orden judicial, y la corte a su debido tiempo dictó resolución declarando que la incripeión o título posesorio que aparecía en el registro inscrito a favor de Morales quedaba convertido en título o inscripción de dominio. Con posterioridad, y en el mismo año 1899, esta resolución fué inscrita por Morales en el correspondiente registro de la propiedad y en su vir-tud el título de dominio de la finca quedó inscrito a su nombre.

En el año 1901 sin que apareciera del registro ninguna re-clamaeión, derecho o título a esta finca a favor de otra persona, Morales, alegando fraudulentamente ser el verdadero dueño de la misma, la hipotecó a los demandados, o sea la sociedad de J. Ochoa y Hermano, quienes en realidad y de buena fe creyeron que Morales era el dueño de ella y desconocían los derechos que los demandantes pudieran tener a la misma. Dicha hipoteca fue inscrita en el registro de la propiedad correspondiente en el mismo año. Posteriormente en el año 1903 cuando del registro únicamente constaba la inscripción del título de dominio de estas fincas a favor de Morales y la hipoteca a favor de los demandados, quienes aun ignora-ban los derechos de los demandantes, el citado Morales, en virtud de escritura otorgada ante notario público con la com-parecencia de su esposa, vendió la finca a los demandados en pago total de la cantidad garantizada por la hipoteca. Los demandados inscribieron dicha escritura en el mismo año e inmediatamente por medio de su mandatario tomaron pose-sión de la finca. El pleito fue iniciado en 1908 poco después de haber llegado los demandantes a su mayor edad.

Fundándose en los anteriores hechos, la Corte de Dis-trito de los Estados Unidos declaró, como cuestión de dere-cho, que la Orden Judicial del General Henry de 4 de abril de 1899, en cuanto afectaba retroactivamente los derechos de los demandantes, que en aquella época eran menores y continuaron siéndolo por algún tiempo después y quienes eran dueños de la finca durante todo el período de nueve años que había transcurrido desde la inscripción fraudulenta del título posesorio a favor-de su abuelo-materno el citado Morales y la promulgación de la Orden del General Henry, era nula por ser contraria a la cláusula de la Enmienda 5a. de la Constitución de los Estados Unidos relativa al “debido procedimiento de ley.”

Establecido lo que antecede, la Corte Suprema de los Estados Unidos, por medio de su Juez Sr. Pitney, hace un amplio y cuidadoso estudio de los hechos y la ley, fija el al-cance de las inscripciones posesorias, analiza los preceptos ele la Ley Hipotecaria pertinentes al 'caso y procede luego a considerar la cuestión fundamental que sirvió de base a la-corte inferior para dictar su sentencia. Al hacerlo así, expone los hechos históricos necesarios y las fuentes de las cuales derivaron su poder los gobernadores militares de Puerto Eico durante la ocupación americana, y dice:

“Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, nosotros creemos qúe es claro que el Gobernador no recibió autoridad del Presidente para dictar una orden de carácter judicial que produjera el efecto de privar a una persona de sus bienes sin el debido procedimiento de ley.

“Se nos dice que la sección 8 de la Ley Foraker (31 Stat., 79 ch., 191) produjo el efecto de ratificar la orden judicial del General Henry. Dicha sección disponía: ‘Que las leyes y ordenanzas de Puerto Eico actualmente en vigor, continua-rán vigentes, excepto en los casos en que sean alteradas, en-mendadas o modificadas por la presente; o hayan sido alte-radas o modificadas por órdenes militares y decretos vigen-tes cuando esta ley entre a regir, y en todo aquello en que las mismas no resulten incompatibles, o en conflicto con las leyes estatutorias de los Estados Unidos no inaplicables localmente, o con las presentes disposiciones, hasta que sean alteradas, enmendadas, o revocadas por la autoridad legislativa creada por la presente para Puerto Eico, o por una Ley del Congreso de los Estados Unidos’ * * * y siguen algunas disposi-ciones que no hacen al caso. No encontramos en estos pre-ceptos que exista la intención por parte del legislador de con-validar una orden del gobernador militar dictada en exceso de la autoridad que le confirió el Presidente.

“Sin la garantía del ‘debido procedimiento de ley’ no puede decirse que exista el derecho a la propiedad privada en el sentido en que lo entendemos en nuestra legislación. Tal principio, conocido ya en el derecho consuetudinario antes de la Magna Charta, fué incorporado en- esa Ley (Coke, 2 Inst., 45, 50) y ha sido reconocido desde la Eevolución como una de las bases más firmes de nuestras instituciones. Cual-quier incertidumbre que pueda existir acerca de la definición de la frase ‘debido procedimiento de ley/-todos los comen-, taristas están de acuerdo en qne dicbo principio probibe el-tomar la propiedad de una persona y dársela a.otra, em-; pleando medios contrarios a las costumbres y formas de pro-cedimientos ya establecidos y sin notificación ni audiencia. .

“Abora bien, el efecto producido por la disposición retro-activa de la Orden Judicial de abril 4, 1899, en cuanto a los becbos de este caso concreto, ba sido el de que, a pesar de que Morales basta aquel momento no tenía derecho, ni título, ni participación alguna en la finca en. litigio, sino que úni--camente babía establecido por medios fraudulentos y sin noti-ficación a las partes interesadas un principio de posesión, podría él obtener por medio de procedimientos eco parte un. título a su favor contrario al de las personas interesadas; en la'finca, si éstas no impugnaran los derechos del poseedor, y estuviera éste en posesión continua por doce años más; y sin embargo al amparo de la Orden Judicial pudo él en el acto y sin notificación a los dueños, obtener a su favor una inscripción de dominio, a pesar de que se trataba de menores, y por lo que resulta de los autos, no tenían conocimiento de que él poseyera la finca, ni de los procedimientos iniciados por él, y a esto hay que añadir que él podría en' virtud de otros preceptos de la Ley Hipotecaria, privar a los menores de su propiedad vendiéndola a un comprador de buena fe que no tuviera conocimiento de ningún defecto en su título apa-rente.

“Con respecto a las leyes de prescripción, ba sido ya resuelto que pueden ser modificadas acortando el período prescriptivo, siempre que esto se baga mientras está co-rriendo el término y de tal forma que aun quede por correr un período razonable para que pueda interponerse una acción antes de que la prescripción lo impida. Terry v. Anderson, 95 U. S., 628, 632; In re Brown, 135 H. S., 662, 701, 705; Wheeler v. Jackson, 137 U. S., 245-255; Turner v. New York, 168 U. S., 90, 94; Wilson v. Iceminger, 185 U. S., 55, 63. Podrían citarse muchos casos más. La cuestión de lo que, atendidas ciertas circunstancias, debe considerarse como un período razonable para poder entablar una acción cuando se modifica una ley de prescripción, ha dado lugar a discusión varias veces. En el caso actual no hay tal cuestión, porque aquí no se concedió plazo alguno a estos apelados, ni a todos los demás contra cuyo dominio legítimo se ha opuesto una posesión ilegal disfrutada por más de 6 años y menos de 20 ■cuando se promulgó la citada orden judicial.

“Como el procedimiento para convertir la inscripción de posesión en título de dominio y el procedimiento para obte-ner la inscripción de posesión fueron tramitados sin notifica-ción a los dueños, el efecto de dicha orden judicial era exac-tamente el mismo que si el gobernador militar hubiera decla-rado que la finca en litigio debería ser quitada a su legítimo dueño y entregada al poseedor fraudulento. Indudablemente •que el G-eneral Henry no pudo haber tenido tal intención y debió haber sido erróneamente aconsejado en cuanto a la con-secuencia que traería consigo el darle efecto retroactivo a dicha orden. De otro modo, él la hubiera limitado a aquellos casos en los cuales aun quedaba por transcurrir un período razonable para que el verdadero dueño impugnara las pre-tensiones del poseedor. Y teniendo en cuenta las instruc-ciones de las cuales él derivó su autoridad, esta orden judicial debe ser interpretada como si estuviera expresamente limi-tada por ellas.”

Después de un detenido estudio de la decisión en el caso de Ochoa, habiendo en consideración los hechos que a la misma sirvieron de base y los párrafos que de la misma hemos transcrito, opinamos que dicha decisión no tiene el alcance que le dió el Registrador de la Propiedad de San Juan en este caso.

En el de Ochoa, la conversión de la posesión en dominio se hizo por la corte municipal y se inscribió en el registro en el año de 1899, o sea en el mismo año en que se promulgó la Orden Judicial de 4 de abril. Si dicha orden se aplicó al caso, se debió única y exclusivamente a lo dispuesto en sn sección 7, por virtud de la cual se dió a sus disposiciones efecto retroactivo.

Por el contrario en el caso sometido abora a nuestra con-sideración, no tiene aplicación alguna la cláusula retroac-tiva de la Orden Judicial. El expediente posesorio trami-tado por Damers y Kuenzli se inscribió en el registro en el año de 1900 y la conversión en dominio se declaró por la corte municipal en el de 1913, o sea catorce años después de promulgada la Orden Judicial de 4 de abril de 1899.

Dicba Orden Judicial, ratificada como lo fué por la sec-ción 8 de la ley del Congreso para proveer, temporalmente, de rentas y un Grobiemo Civil a la Isla de Puerto Rico, y para otros fines, aprobada en abril 12 de 1900, no puede estimarse inconstitucional por el solo becbo de baber acortado el pe-riodo de la prescripción que la Ley Hipotecaria fijaba para la conversión de una inscripción posesoria en otra de dominio, pues, según la jurisprudencia invocada en el mismo caso de Ocboa, “con respecto a las leyes de prescripción, ba sido ya resuelto que pueden ser modificadas acortando el período prescriptivo, siempre que esto se baga mientras está corriendo el término y de tal forma que aun quede por correr un pe-ríodo razonable para que pueda interponerse una acción antes de que la prescripción lo impida.”

Habiendo el Congreso ratificado las órdenes de los Gro-bernadores Militares americanos de Puerto Rico, no cabe sos-tener que dichos gobernadores carecían de facultad para en-mendar las leyes vigentes en esta Isla en aquella fecha, entre las cuales estaban la Ley Hipotecaria que aun subsiste con algunas modificaciones, a menos que los gobernadores pri-mero y luego .el Congreso, en el ejercicio de su poder, se hu-bieran excedido de las limitaciones impuestas por la Cons-titución.

A virtud de todo lo expuesto, no habiendo la Corte Su-prema de los Estados Unidos en el caso de Ochoa v. Hernández, 230 U. S., 139, declarado, como sostiene el registrador, “que el General Guy Y. Henry, qne dictó dicha Orden (la de 4 de abril de 1899), no estaba facultado para modificar la Ley Hipotecaria, ni por consiguiente para limitar a seis-años el término señalado para la conversión,” sino decidido, a lo sumo, que la repetida Orden Judicial era contraria a la cláusula constitucional del “debido proceso de ley” en cuanto-a su efecto retroactivo, efecto que produjo en el caso concreto resuelto el de privar de su derecho a unos menores de edad;-debemos concluir que no está bien fundada y debe revocarse la nota recurrida.

Revocada.

Jueces concurrentes:

Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó haciendo constar que estaba conforme con la sentencia por las razones consignadas, en su opinión concurrente.

OPINIÓN CON CURRENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.'

Estoy conforme con la sentencia de esté tribunal y con la opinión en cuanto sostiene que la resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Ochoa no es aplicable a los hechos del caso pendiente ante nosotros. Tam-bién estoy conforme con la corte en que la resolución de la Corte Suprema no resolvió que el General Henry carecía de autoridad para modificar la Ley Hipotecaria vigente en Puerto Eico. Es más, la opinión mencionada demuestra que el General Henry tenía tal autoridad siempre y cuando que-a los propietarios se les concediera un tiempo razonable para impugnar el procedimiento. Ochoa v. Hernández, 230 U. S., 162. Igual consecuencia surge tácitamente del principio de que las leyes que acortan los períodos de prescripción deben conceder un tiempo razonable.

Sin embargo, la opinión escrita por el Juez Asociado Sr. Pitney no dice qué parte de la orden del General Henry fue dictada sin autoridad para ello. Tal vez pueda aceptarse como conclusión razonable de la opinión el qne la corte qniso decir qne la parte retroactiva de la orden carecía de auto-ridad, pero también puede la opinión querer decir otras cosas-como parece deducirse de la parte en donde dice que es nece-sario conceder un período razonable para impugnar el expe-diente posesorio o de dominio a todos aquellos cuya posesión al tiempo de la promulgación de la orden no babía llegado a veinte años. Yéase el caso de Ochoa v. Hernández, supra, p. 162. En el caso de autos la posesión comenzó en 1900, o sea después de la promulgación de la orden del G-eneral Henry, y por tanto los razonamientos del caso de Ochoa v. Hernández no son de aplicación. Este tribunal nunca ba dudado de lo razonable que pueda ser el rebajar la prescrip-ción de veinte a seis años, y en el caso de autos los recurren-tes ban poseído por más de diez años, que es la prescripción entre presentes exigida por el artículo 1858 del Código Civil. No bay cuestión aquí sobre el efecto retroactivo de la orden del General Henry y por tanto estoy de acuerdo con el tribunal en que la nota del registrador debe ser revocada.


author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    Pietri, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán denegando la inscripción de un expediente de dominio.
    No. 172.
    — Resuelto en marzo 30, 1914.
    Expediente de Dominio — Citación a las Personas Ignoradas — Término Sufi-ciente — Debido Procedimiento de Let.' — El término de 60 días que marea la sección 6 de la Orden Judicial de abril 4, 1899, enmendando el artículo 395 de la Ley Hipotecaria, para la admisión de las pruebas, rige también para la citación de las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripción que se solicita en virtud de un expediente de dominio, es suficiente y no puede estimarse contrario a la cláusula constitucional del debido proce-dimiento de ley. Véase el caso de Damers et al. v. El Registrador, resuelto en marzo 30, 1914.
    Los beclios están expresados en la opinión.

      Abogado del recurrente: Sr. Benito Fores.

    El Registrador Sr. Rafael B. Sama compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tri: bnnal.

El presente es un recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de San Germán, negándose a inscribir cierto expediente de dominio aprobado por la Corte de Distrito de Mayagüez.

Agustín Pietri Rodríguez presentó en la expresada corte de distrito una solicitud para acreditar su dominio sobre tres fincas rústicas, adquirido por título de compra en los años de 1891 y 1894. Se olió a la solicitud la tramitación que marca la ley, y, oídas las pruebas, la corte, el 4 de noviem-bre de 1913, declaró justificado el dominio. Firme la resolu-ción de la corte, se expidió copia certificada de la misma, se presentó para su inscripción en el Registro de la Propie-dad de San Germán y el registrador se negó a inscribirla por medio de la siguiente nota:

“No admitida la inscripción del precedente documento que se ba solicitado en cuanto a la finca descrita bajo la letra B, por el defecto de no haberse hecho la citación por edictos durante el término que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 395 de, la vigente Ley Hipotecaria; y tomada en su lugar anotación por ciento veinte días al folio 1 del tomo 14 del Ayuntamiento de Sabana Grande, finca número 731, anotación letra A. San Germán, enero 12 de 1914.”

Vista la negativa del registrador, el peticionario acudió de nuevo a la Corte de Distrito de Mayagüez y obtuvo que dicha corte, por resolución de 19 de enero de 1914, decla-rase que no obstante haberse consignado en los edictos publi-cados que las personas que quisieran oponerse a la solici-tud, lo hicieran en un plazo de sesenta días, era lo cierto que habían transcurrido más de ciento ochenta días a partir de su publicación sin que ninguna persona se hubiere opuesto, ni existiera reclamación alguna en contra de la solicitud.

Acompañada de copia certificada de la resolución- de 19 de enero de 1914, presentó otra vez el peticionario sn decla-ración de dominio en el registro y el registrador se negó a inscribirla, por medio de la siguiente nota contra la cual se-interpuso el presente recurso gubernativo.

“No ADMITIDA la inscripción del precedente documento por lo que respecta a las fincas descritas con las letras A y C, que ba sido soli-citada con vista de otros documentos por el defecto de no haberse hecho la citación por edictos durante el término que expresan los apartados 2°. y 3o. del artímlo 395 de' la vigíente Ley Hipotecaria, tomándose en su lugar anotaciones por ciento veinte días a los folios 6 y 10 del tomo 14 del Ayuntamiento de Sabana Grande, fincas núme-ros 732 y 733, respectivamente, anotaciones letras A; y no admitida tampoco la conversión solicitada en virtud de los propios documentos,, de la anotación tomada por lo que respecta a la finca letra B, por subsistir el defecto que la produjo, sin que se practique anotación p,or haberse ya verificado, con fecha 12 de enero último, al folio 1 del tomo 14 del Ayuntamiento ‘de Sabana Grande, finca No. 731, ano-tación letra A. San Germán, febrero 3 de 1914.”

En su informe a este Tribunal Supremo, el registrador sostiene su negativa alegando como única razón para ello que no se cumplió en la tramitación del expediente con lo ordenado por la Ley Hipotecaria en su artículo 395, números 2 y 3, y a que no se convocó a las personas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada por el término de ciento-ochenta días, sino por el de sesenta.

La sección 6 de la Orden Judicial de 4 de abril de 1899,, dice así: “El plazo de ciento ochenta días fijado en el arti-culo 395 de la Ley Hipotecaria para la admisión de las prue-bas en los expedientes que se instruyan para justificar la adquisición de un inmueble con el fin de inscribir el dominio,, se entenderá de sesenta días naturales.”

Dicha sección 6 se ha interpretado siempre por los tribunales en el sentido de que la citación a las personas igno-radas a quienes pueda perjudicar la inscripción de dominio-solicitada, debe hacerse por el término de sesenta días y no por el ele ciento ochenta, pues de otro modo resultaría su aplicación absurda. El término de sesenta días es suficiente y no puede estimarse contrario a la cláusula constitucional del debido procedimiento de ley. El artículo 95 del Código de Enjuiciamiento Civil fija como mínimo el término de un mes para la citación por edictos de un demandado residente fuera de la Isla, o ausente de ella.

A partir de la promulgación de la Orden Judicial de 4 de abril de 1899 se han tramitado en los tribunales de Puerto Eico cientos de expedientes de dominio en la forma en que se hizo en este caso y muchos de ellos han debido inscribirse en el Registro de la Propiedad de San Germán por el mismo actual registrador sin dificultad alguna. El cambio de cri-terio de este funcionario se debe sin duda a la interpretación que ha dado a la decisión dél Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Ochoa v. Hernández, 230 U. S., 139, y a este respecto invocamos y aplicamos a este caso todo lo que hemos expuesto y establecido en nuestra opinión emitida para fundamentar nuestra resolución en el de Damers y Kuenzli v. El Registrador de San Juan, decidido en el día de hoy.

Debe declararse con lugar el recurso y revocarse la nota recurrida.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.


author: El Juez Presidente Se. Hernández,

text:
    Menéndez, Demandante y Apelante, v. Sucesión Menéndez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en un caso sobre nulidad de actos y contratos.
    No. 1043.
    — Eesuelto en marzo 30, 1914.
    I-Ierencia — Herederos Voluntarios — Herederos Forzosos — Prescripción—Ter-ceros. — De acuerdo con el artículo 23 de la Ley Hipotecaria la inscripción de bienes adquiridos por herencia por herederos voluntarios perjudica a ter-cero después de transcurridos cinco años desde la inscripción, pero tratándose de bienes adquiridos por herederos forzosos la inscripción perjudica a tercero desde su fecha.
    Hijos Naturales — Nulidad de Declaratoria de Herederos — Herencia—Ter-ceros. — Cuando, como en el caso de autos, una hermana pide y obtiene judi-cialmente la declaración de heredera de un hermano fallecido y en virtud de dicha declaración inscribe a su favor en el registro los bienes de su hermano, y un hijo natural del citado hermano ejercitando la acción de reconocimiento obtiene a su favor una sentencia declarándolo tal hijo natural, éste no puede ejercitar con éxito la acción de nulidad de dicha inscripción ni de venta otor-gada a favor de terceros cuando ya han transcurrido los cinco años que prescribe el artículo 23 de la Ley Hipotecaria.
    Terceros — Inscripción de Contratos Nulos. — El precepto del artículo 33 de la Ley Hipotecaria expresivo de que la inscripción no convalida los actos o con-tratos que sean nulos con arreglo a las leyes, está sujeto a la excepción que a favor de terceros estatuye el artículo 34 de dieha ley.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan Hernández López.

    Abogado del apelado José Soler Serra: Sr. A. Málaret.

    Abogado del apelado José Jnliáln Menéndez: Sr. Félix Santoni.

   El Juez Presidente Se. Hernández,

emitió la’opinión del tribunal.

En 13 de septiembre del año 1911 presentó demanda ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Arecibo, Bernardo Menéndez y Rivera contra la Sucesión de Emilia Me-néndez y G-oitía y contra José Soler Serra y Julián Menén-dez con suplica de que mediante la celebración del correspon-diente juicio se dictara en sil día sentencia definitiva por la que se decretara que cierta finca rústica descrita en la de-manda pertenece en propiedad y posesión al demandante como único heredero de Plácido Menéndez y Goitía, se decla-rara nula la hipoteca constituida sobre esa finca por Emilia Menéndez y Goitía en escritura de 27 de abril de 1900 a favor de José Soler Serra, y nulo también el procedimiento hipote-cario seguido contra la misma finca por el Soler Serra para el cobro de la hipoteca, con inclusión de la venta que de la finca se hizo en pública subasta, y se dispusiera en conse-cuencia que el subastador Julián Menéndez entregara la finca a sn legítimo dueño el demandante con los frutos habidos y por haber desde que tomó posesión de ella, deduciendo gastos justificados de cultivo y administración, con imposi-ción de todas las costas y gastos del juicio a los demandados, honorarios del abogado del demandante inclusive.

De las alegaciones de la parte demandante, de las de los demandados José Soler Serra y Julián Menéndez y del escrito de exposición del caso, resultan los siguientes hechos, que el Juez de la Corte de Distrito de Areeibo estableció como pro-bados al fundamentar su sentencia:

(a) Plácido Menéndez G-oitía falleció en Areeibo el día 6 de noviembre de 1892 en estado de soltería y sin otorgar disposición testamentaria.

(b) Por auto de 3 de marzo de 1893 el Juzgado de Pri-mera Instancia del Distrito de Areeibo declaró único here-dero abintestato del finado Plácido Menéndez Goitía, a su hermana natural reconocida Emilia de los mismos- apellidos, habiendo sido inscrito el mencionado auto en el Registro de la Propiedad de Areeibo con fecha 17 de julio de 1893.

(c) Por escritura pública otorgada en Areeibo el 27 de abril de 1900, la Emilia Menéndez Goitía, asistida de su es-poso, hipotecó a favor de José Soler Serra la finca que re-clama el demandante, para garantir el pago de $1,500 que Soler Serra le había facilitado en calidad de préstamo, cuya escritura fué inscrita en el Registro de la Propiedad de Are-cibo el 30 del mismo abril.

(d) Por otra escritura pública de 20 de julio de 1906 tam-bién inscrita en el Registro de la Propiedad de Areeibo en 3 de agosto siguiente, José Soler Serra en procedimiento sumario por él seguido contra la Sucesión de Emilia Menén-dez para el cobro del crédito hipotecario antedicho adquirió la finca de que se trata.

(e) Por otra escritura pública de 8 de agosto citado, ins-crita en el Registro de la Propiedad de Areeibo el 6 de septiembre siguiente, José Soler Serra vendió la misma finca a Julián Menéndez.

(/) En 7 de marzo de 1910 Bernardo Menéndez presentó demanda ante la Corte de Distrito de Arecibo contra la Suce-sión de Emilia Menéndez Groitía para qne se le declarara hijo natural reconocido y heredero abintestato de Plácido Menén-dez y se anulase la declaratoria de heredera de Plácido Me-néndez hecha a favor de Emilia Menéndez, habiendo pronun-ciado dicha corte sentencia a favor de Bernardo Menéndez y de acuerdo con su petición con fecha 10 de mayo de 1910, cuya sentencia fué anotada en el registro civil el 5 de octu-bre de 1911.

En vista de las anteriores conclusiones de hecho y ha-ciendo aplicación la corte inferior de los artículos 23 y 34 de la Ley Hipotecaria dictó sentencia en 8 de mayo de 1913 declarando sin lugar la demanda en todas sus partes, con las costas a cargo del demandante, contra cuya sentencia interpuso su representación recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Invoca la parte apelante como motivos del recurso la infracción de los artículos 354, 356, 616, 664, a,b,c y d, 667, 669, 1228, 1242, 1360 y 1874 del Código Civil como también los artículos 33 y 34 de la Ley Hipotecaria.

Los artículos del Código Civil se refieren a la propiedad en general, a los modos de adquirirla, a las sucesiones, a los requisitos necesarios para la validez de los contratos, a los contratos sin causa o con causa ilícita, a la capacidad para celebrar el contrato de compraventa y a la prescrip-ción de las acciones, pero como las cuestiones legales surgidas en el presente pleito han de resolverse por los preceptos de la Ley Hipotecaria y no por los del Código Civil que invoca la parte recurrente, según estatuye el artículo 615 de dicho código, prescindiremos del examen de las infracciones legales apuntadas y estudiaremos el caso a la luz de los preceptos de la Ley Hipotecaria aplicables al mismo.

Esos artículos de la Ley Hipotecaria son los 23 y 34 en que el juez funda su sentencia. El artículo 23 en la parte conducente dice así:

“Artículo 23. — * * *. La inscripción de los bienes inmuebles y derechos reales adquiridos por herencia o legado no perjudicará a tercero, si no hubiesen transcurrido cinco años desde la fecha de la misma. Exceptúanse los casos de herencia testada o intestada, me-jora y legado, cuando recaiga en herederos forzosos.”

Es decir, que según el precepto que dejamos transcrito, la inscripción relativa a bienes adquiridos por herederos vo-luntarios no perjudicará a tercero basta después de transcurri-dos cinco años de la inscripción, lo que no sucede respecto de los herederos forzosos, pues tratándose de éstos la inscrip-ción sigue la regia general. Fúndase quizás la ley para decla-rarlo así, según Galindo y Escosura, en que siendo menor el peligro que se quiere conjurar tratándose de herederos for-zosos, no estaría tan justificado el entredicho en que durante cinco años habían de tener los bienes, como lo está tratán-dose de herederos voluntarios.

Es indiscutible según el texto de la ley, que transcurridos los cinco años de la inscripción de los bienes inmuebles y derechos reales adquiridos por herencia o legado, a contar desde la fecha de la inscripción hecha a favor de herederos voluntarios, ésta perjudica a tercero.

“Inscrita la herencia,” son palabras de Galindo y Esco-sura, “y no transcurridos los cinco años, el que quiera con-tratar sobre los bienes que la constituyen cuidará de cercio-rarse de si puede haber otra persona con mejor derecho que la que los tiene inscritos a su favor, y obrará según su pru-dencia le aconseje, pues ya sabe que la irrevocabilidad de su adquisición estriba en que aparezca o nó quién tenga mejor derecho que el heredero a cuyo favor se han inscrito los bie-nes. Pasados cinco años, ya no tiene necesidad de esas ave-riguaciones; le basta saber que adquiere de quien tiene ins-crito su derecho.”

Esta misma Corte Suprema al resolver en 16 de abril de 1912 el caso de Natalio Figueroa v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, 18 D. P. R., 260, dejó establecido que “el artículo 23 de la Ley Hipotecaria ordena expresa-mente la inscripción de herencia a fin de que pneda perju-dicar a tercero dentro de los cinco años siguientes a su fecha, •obteniendo los que adquieran fincas del heredero, transcu-rrido aquel plazo, la debida seguridad en el dominio y pose-sión de ellas.”

Ahora bien, Emilia Menéndez y Groitía, que no era here-dera necesaria de su hermano Plácido, inscribió a su favor el dominio de la finca de que se trata por título de herencia intestada, en 17 de julio de 1893, y en marzo de 1910 fué que •el demandante Bernardo Menéndez obtuvo sentencia de la Corte de Distrito de Arecibo declarándolo hijo natural reco-nocido y heredero abintestado de Plácido Menéndez, y anu-lando la declarataria de heredera de Plácido Menéndez hecha -en marzo de 1893 a favor de Emilia Menéndez y Groitía. La •demanda que originó el presente pleito fué presentada en 13 de septiembre de 1911. Habían transcurrido, pues, con •exceso, los cinco años a que se refiere el artículo 23 de la Ley Hipotecaria, sin que Bernardo’ Menéndez Rivera ' hubiera hecho reclamación alguna contra la inscripción del título here-ditario otorgado a Emilia Menéndez y G-oitía por el Juzgado de Primera Instancia de Arecibo en auto de 3 de marzo de 1893, y por tanto quedó sujeto a las consecuencias del trans-curso de aquel espacio de tiempo, o sea, al.perjuicio consi-guiente a la inscripción.

Si el perjuicio que sufren los herederos de mejor derecho por la inscripción extendida en favor de los herederos pre-suntos consiste en la pérdida del que en la herencia les corres-pondiera, o si ha de reducirse a la obligación de reconocer los actos y contratos que válidamente ejecutaron los últimos mientras tuvo vida legal la .inscripción, debiendo regularse los derechos mutuos entre los herederos’ que se disputan la. herencia por los preceptos que establece el Código Civil, es cuestión legal que sería de influencia si la finca cuyo domi-pío reclama la parte demandante no hubiera pasado a ter-ceros, pero que no tiene importancia alguna en el presente pleito en que bay terceros, cuales son los demandados José Soler Serra y Julián Menéndez, a quienes ampara el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, preceptivo de que los actos o con-tratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el regis-tro aparezca con derecho para hacerlo, no se invalidarán en cuanto a tercero una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito o de causas que no resulten claramente del mismo registro.

La hipoteca a favor de Soler Serra por Emilia Menéndez j G-oitía, sobre la finca de que se trata, la venta de ésta a favor de Soler Serra, y la segunda venta por Soler Serra a favor de Julián Menéndez,- fueron contratos ejecutados el primero en el año de 1900, y los otros dos en el año de 1906, cuando ya habían transcurrido cinco años de la inscripción de dicha finca en el registro por título hereditario a favor de Emilia Menéndez Goitía, sin que del registro apareciera causa alguna que pudiera anular o resolver dichos contratos. Aun más, en el juicio- no se ha probado ni siquiera alegado que Emilia Menéndez y Goitía, José Soler Serra y Julián Menéndez, tu-vieran conocimiento en la fecha de la realización de tales con-tratos de que el demandante fuera hijo natural de Plácido Menéndez y Goitía, y que procedieran de acuerdo para de-fraudar los derechos de éste. No pueden invalidarse los con-tratos de referencia ni reivindicarse por el demandante una finca que pudo ser o nó reivindicable, sino hubiera pasado a terceras personas, pero que ya no lo es en virtud del pre-cepto del artículo 34 ya citado de la Ley Hipotecaria.

El artículo 33 de la Ley -Hipotecaria que invoca la parte recurrente en apoyo del recurso, expresivo de que la inscrip-ción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes, tiene su excepción en cuanto a terceros, hecha en el artículo siguiente, y es la misma anteriormente apuntada.

En corroboración de la doctrina expuesta podemos invo-. car las sentencias del Tribunal Supremo de España de 13 de enero y 3 de julio de 1906, y 24 de noviembre de 1910, apli-cando preceptos de la Ley Hipotecaria allí vigente, similares a los de la nuestra.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez PresideNte Se. HerNÁNdez,

text:
    Carmona et al., Demandantes y Apelantes, v. Cuesta, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., .en un caso sobre indemnización de daños y perjuicios por apropiación fraudulenta de bienes inmue-bles.
    No. 1054.
    — Resuelto en marzo 30, 1914.
    Prescripción — Acción de Indemnización de Daños y Perjuicios Pundada en • el Artículo 38 de la Ley Hipotecaria. — La acción de daños y perjuicios fundada en el artículo 38 de la Ley Hipotecaria es de carácter personal y por no tener señalado término especial de prescripción, de acuerdo con el artículo 1865 del Código Civil prescribe a los quince años.
    Íd. — Principio de la Prescripción. — El término para la prescripción de la acción de indemnización de daños y perjuicios fundada en el artículo 38 de la Ley Hipotecaria empieza a contarse desde el clía en que pueda ejercitarse la acción según el artículo 1870, o sea desde la fecha en que la finca fué inscrita en el registro de la propiedad a favor de tercero.
    Id. — Interrupción de la Prescripción — Ejercicio de la Acción Reivindica-toría. — El ejercicio de la acción reivindieatoria no interrumpe la prescripción de la acción de daños y perjuicios fundada en el artículo 38 de la Ley Hipo-tecaria.
    Acción de Indemnización dé Daños y Perjuicios Pundada en el Artículo 38 de la Ley Hipotecaria — Consolidación del Dominio en un Tercero. — La alegación de que el dominio de la finca se ha consolidado en un tercero por su inscripción en el registro de la propiedad no constituye defensa válida a una acción de daños y perjuicios fundada en el artículo 38 de la Ley Hipo-tecaria.
    Los fiecbos están expresados en la opinión.

      Abogado de los apelantes: Sr. Jacinto Texidor.

    Abogados del apelado: Sres. Muñoz y Brown.

   El Juez PresideNte Se. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Sección Ia., presentaron demanda que fue registrada en 15 de abril de 1913, Manuel de Jesús, Juan Antonio y Rafael Carmona Ríos, y. Amalia del Pilar Martínez, contra José Cuesta Yiyeyas, y en ella alegaron los demandantes:

Que Juan Bonifacio Carmona y Cruz, padre legítimo de los demandantes Carmona Ríos, estuvo casado en primeras nupcias con Florencia Ríos y durante ese matrimonio adqui-rió de Nemesio Rodríguez mediante escritura de compraventa de 27 de agosto de 1870, una finca rústica con 40 cuerdas más o menos de cabida, sita en el barrio de Mucarabones, término municipal de Toa Alta, según se describe en la demanda:

Que Florencia Ríos falleció sin testar en 7 de enero de 1876 dejando como únicos herederos a los demandantes Car-mona Ríos, declarados tales por sentencia de 26 de noviem-bre de 1909, quienes quedaron disfrutando de la mitad de la finca mencionada en común proindiviso con su padre Juan Bonifacio Carmona, dueño de la otra mitad.

Que Juan Bonifacio Carmona contrajo segundas nupcias con Carlota Domínguez Nieves en el año de 1877.

Que Juan Bonifacio Carmona falleció en 22 de octubre de 1887 bajo testamento otorgado en 12 del mismo mes, en cuyo testamento instituyó por únicos y universales herede-ros a sus hijos Manuel de Jesús, Juan Antonio, y Rafael Car-mona y Ríos, y a otro que vino a nacer en 16 de marzo de 1888, único hijo del segundo matrimonio, que se llamó José Dolores Carmona Domínguez.

Que José Dolores Carmona Domínguez falleció en 8 de julio de 1891, siendo su única heredera declarada tal por sen-tencia, la madre Carlota Domínguez, que murió en 20 de diciembre de 1906, dejando como única heredera a su sobrina Amalia del Pilar Martínez, también declarada tal heredera por sentencia.

Que en el año 1905 José Cuesta Yiyeyas fraudulentamente y sabiendo que la dicha finca de 40 cuerdas, incluida en otra de 50, era de la propiedad de los demandantes, promovió ante la Corte.de Distrito de San Juan expediente de dominio en el que por medio de declaraciones falsas hizo constar que había adquirido la finca de 50 'cuerdas, en que estaban inclui-das las '40 de los demandantes, por compra a Santiago Olivo en julio de 1904, y que Olivo a su vez la había adquirido por compra a Prudencio Yelilla en 1883, y Prudencio Velilla por compra a Manuel Valdés en 1881, habiendo obtenido así por medio de ese fraude una resolución judicial de 30 de agosto de 1905, declaratoria del dominio de dicha finca, que inscri-bió a su favor en el registro de la propiedad.

Que el Manuel Valdés, vendedor de la finca a Yelilla, era el albacea nombrado en su testamento por Juan Bonifacio Carmona, y prevaliéndose de su cargo la vendió sin autori-zación de corte competente, no obstante ser entonces los de-mandantes menores de edad.

Que al verificarse la venta por Valdés a Velilla sabía el comprador que la finca pertenecía á los menores Carmona y Eíos y que el vendedor no tenía autorización legal para realizar dicha venta.

Que al hacerse la venta por Yelilla a Olivo, sabía éste las circunstancias en que Velilla había adquirido la finca, y cuando la compró a Olivo el demandado Cuesta Viyeyas la adquirió con conocimiento exacto de que pertenecía en ver-dad a los herederos de Juan Bonifacio Carmona y que había sido vendida a Velilla por el albacea sin autorización legal para ello, no obstante lo cual el demandado Viyeyas promo-vió el expediente de dominio de que se deja hecho mérito.

Que obtenida por Viyeyas la declaratoria de dominio ven-dió la finca en 8 de diciembre de 1905 a Domingo Soldini, quien a su vez la vendió a Mary Leicht por escritura de 12 de octu-fere de 1906, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Juan.

Que los demandantes promovieron ante la Corte de Dis-trito de San Juan,' acción reivindicatoría contra José Cuesta Yiyeyas, Domingo Soldini y Mary Leight con el fin de recobrar la propiedad de su finca de 40 cuerdas y obtener que se decla-rara la nulidad del expediente de dominio incoado por Cuesta Yiyeyas y la de las escrituras de venta por’ Yiyeyas a Soldini y por éste a María Leigbt, en cuyo juicio recayó sentencia contra los demandantes que en grado de apelación confirmó esta Corte Suprema por la suya de 29 de marzo de 1912 decla-rando expresamente que era nulo en su fondo el expediente de dominio promovido por Cuesta Yiyeyas y reservando a los abora demandantes su acción personal para reclamar la in-demnización de daños y perjuicios a quien se los hubiera causado.

Que desde la fecha de la sentencia dictada por esta Corte Suprema los demandantes han perdido definitivamente la finca de 40 cnerdas que era de su propiedad, como consecuencia del proceder fraudulento y malicioso de Cuesta' Viyeyas en la instrucción del expediente de dominio, incluyendo en la finca cuyo dominio pretendía justificar la que pertenecía a los de-mandantes, estableciendo falsamente los hechos relativos a las ventas sucesivas de la misma finca, y presentando a la corte pruebas falsas para obtener así una declaración de dominio que unida a la venta hecha a Soldini obstaculizara toda gestión de los demandantes para recobrar su finca; y que el demandado José Cuesta Viyeyas ha irrogado a los deman-dantes un perjuicio consistente en la pérdida de la finca cuyo valor fijan en $4,500.

La demanda concluye con la súplica de que en su día se dicte sentencia condenando a Cuesta Yiyeyas a satisfacer a los demandantes una indemnización por valor de $4,500, con las costas del litigio y $1,000 para honorarios de abogado.

A dicha demanda opuso la parte demandada como excep-ciones previas las de que la acción ejercitada por los deman-■dantes Rabia prescrito de acnerdo con el párrafo 2 del artí-culo 1869 del Código Civil, y la de que la demanda no aduce lechos suficientes para determinar una causa de acción.

La corte inferior por sentencia de 8 de octubre de 1913 declaró con lugar la excepción previa de prescripción, y en su consecuencia desestimó la demanda sin especial condena-ción de costas, contra cuya sentencia interpuso la representa-ción de la parte demandante recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Invoca la parte apelante como motivo del recurso la apli-cación indebida del número 2 del artículo 1869 del Código Civil, pues entiende que la acción de daños y perjuicios ejer-citada en la demanda es subsidiaria, que no ha podido ejer-citarse sin ejercitarse antes la reivindicatoria, cuyo ejercicio interrumpió el término para la prescripción de la acción de daños y perjuicios, no habiendo empezado por tanto a correr el término sino desde la fecha de la sentencia de esta Corte Suprema declarando sin lugar la acción reivindicatoria.

Si se aceptara la teoría de la parte demandante, la acción de daños y perjuicios ejercitada en la demanda habría pres-crito, pues según resulta de las alegaciones de la demanda, la sentencia de esta Corte Suprema que puso término a la acción reivindicatoria se dictó en 29 de marzo de 1912 mien-tras que la acción de daños y perjuicios ahora ejercitada fué iniciada con la radicación de la demanda en la Secretaría de la Corte de Distrito de San Juan el 15 de abril de 1913, o sea un año y diez y siete días después de pronunciada aquella sentencia.

Pero es qiie no podemos admitir que la prescripción en ei presente caso deba regularse por el artículo 1869 del Código Civil.

Ese artículo dice así:

“Artículo 1869. — Prescriben por el transcurso de un año:
“Ia. La acción para recobrar o retener la posesión.
“2a. La acción para exigir la responsabilidad ciyil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1803, desde que lo supo el agraviado.”

El artículo 1803 está redactado en los siguientes términos:

“Artículo 1803. — El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. ’ ’

Dicho artículo 1803 guarda congruencia con el 1056 que dice:

“Artículo 1056. — Las obligaciones nacen de la Ley, de los con-tratos y cuasicontratos, y de los1, actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier genero de culpa o negligencia.”

Y el artículo 1060, comprendido en el libro 4 del Código Civil, dice textualmente:

“Artículo 1060. — Las (obligaciones) que se deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley, quedarán sometidas a las disposiciones del Capítulo II del Título XYI de este Libro.”

Examinado el capítulo 2 del Título XVI del’ libro 4 del Código Civil que comprende los artículos 1803 a 1811, ambos inclusive, encontramos que las responsabilidades que dichos artículos establecen nacen de culpa o negligencia, que sin la existencia de una obligación anterior y sin ningún ante-cedente contractual producen un daño o perjuicio que tiene su origen en una acción u omisión derivadas de aquella culpa o negligencia.

Del estudio de estos mismos artículos deducimos que entre los daños y perjuicios y la culpa o negligencia de que se deri-van ha de haber una relación inmediata de causa a efecto, y que la indemnización de aquéllos no ha de ser accesoria de otra responsabilidad o efecto de no poder ser exigible cual-quier responsabilidad legal o contractual. De aquí que la acción de daños y perjuicios a que nos referimos, es principal, no subsidiaria, y es el único remedio que puede condu-cir a la vindicación del agravio por culpa o negligencia.

Ahora bien, según el artículo 354 del Código Civil el pro-pietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla. Es decir, que el propietario, como dice la representación de la parte apelante, tiene su acción real, directa y primera, para sostener su derecho de propiedad contra una tenencia o posesión adversa o injusta. El término de prescripción de dicha acción es de 30 años según el artículo 1864 del Código Civil.

Puede suceder que el bien inmueble que se trate de rei-vindicar se encuentre en poder de un tercero con título ins-crito en el registro de la propiedad, y que la acción reivindi-catoría no pueda ser eficaz contra aquél. Para tal evento pre-viene el artículo 38 de la Ley Hipotecaria en su último párrafo que “en todo caso en que la acción resolutoria o rescisoria no pueda dirigirse contra el tercero, conforme a lo dispuesto en dicho artículo, se podrá ejercitar la personal correspon-diente para la indemnización de daños y perjuicios por el que los hubiere causado.”

Con el anterior precepto concuerda el contenido en el se-gundo apartado del artículo 1262 del Código Civil, expresivo de que la rescisión no tendrá lugar cuando las cosas objeto del contrato se hallaren legalmente en poder de terceras per-sonas que no hubiesen procedido de mala fe, en cuyo caso podrá reclamarse la indemnización de perjuicios al causante de la lesión.

Los demandantes, según los hechos alegados en la de-manda, tenían el derecho de reivindicar la finca de 40 cuerdas a que se refieren, y para ello ejercitaron la acción reivindi-catoría que les reconocía el artículo 354 del Código Civil; pero la acción fué desestimada declarando expresamente esta Corte Suprema por su sentencia de 29 de marzo de 1912, al resolver el caso en grado de apelación, ser nulo en su fondo el expe-diente de dominio promovido por Cuesta Yiyeyas que sirvió de título de propiedad para la venta de la finca hecha por Viyeyas a Soldini y por éste a Mary Leicht. Por no haber prosperado la acción reivindicatoría ejercitada, esta Corte Suprema reservó a los ahora demandantes, sn acción personal para reclamar la indemnización de daños y perjuicios a quien se los hubiera causado. Esa acción de daños y per-juicios nace de los hechos determinantes de la acción reivin-dicatoría y del hecho de no haber podido ésta prosperar por existir un obstáculo legal para ello, cual es la adquisición, de la finca en cuestión por un tercero que legalmente no puede ser competido a su restitución. No tiene la acción de daños y perjuicios en el presente caso el carácter de principal sino de subsidiaria, en atención a existir un impedimento legal para que prospere la acción reivindicatoría, y es un remedio que el legislador ha reconocido al dueño de la finca para que ya que no puede reivindicarla pueda llegar mediante dicha acción a la reparación de su derecho lesionado.

Como se ve, la acción de daños y perjuicios ejercitada no es la acción para exigir responsabilidad por culpa o negligencia, a que se refiere el número 2 del artículo 1869 del Código Civil, y no es por tanto aplicable al presente caso el precepto sobre prescripción por un año, que dicho artículo establece. Se trata de una acción personal que no tiene señalado término especial de prescripción y que por tanto prescribe a los quince años con arreglo al artículo 1865 del Código Civil.

El tiempo para la prescripción, según el artículo 1870 debe contarse desde el día en que pudo ejercitarse, o sea desde el año 1906 en que fué inscrita la finca en el registro de la pro-piedad a favor de tercero. La prescripción no se ha interrum-pido por el ejercicio de la acción reivindicatoría que fué decla-rada sin lugar, pues según doctrina aceptable del Tribunal Supremo de España, establecida en sentencia de 5 de julio de 1904, para estimar que se ha interrumpido el plazo de prescripción de una acción determinada, es indispensable que se haya ejercitado dicha acción, no otra con que ella tenga mayor o menor analogía, sin que por tanto sea aplicable al presente caso el artículo 1874. La demanda para indemni-zación de daños y perjuicios fue archivada en 15 de abril de 1913. No cabe, pues, afirmar que ha prescrito la acción por el transcurso de los 15 años señalados por la ley, y en su con-secuencia la corte cometió error al desestimar la demanda por prescripción de la acción mediante aplicación indebida del número 2 del artículo 1869 del Código Civil, y falta de apli-cación del artículo 1865. ¿Pero podría sostenerse la sentencia por el fundamento de la otra excepción alegada, o sea, de que. los hechos no determinan una causa de acción?

Examinados esos hechos y apreciados en su conjunto en-tendemos que determinan la acción de daños y perjuicios ejer-citada en la demanda y que reconoce el artículo 38 de la Ley Hipotecaria, congruente con el 1262 del Código Civil.

"No es aceptable la alegación de la parte apelada de que en el presente caso el dominio de la finca se ha consoli-dado en un tercero por su inscripción en el registro de la propiedad, y que por tanto no cabe indemnización de daños y perjuicios, como no la habría, según afirma, en el caso de que el dominio se consolidara en una persona por el trans-curso del tiempo señalado para la prescripción. Los casos no son iguales, y por tanto no pueden regirse por los mismos principios legales.

La resolución de esta Corte Suprema en el caso de Buxo et al v. Martínes, 18 D. P. R., 1038, no sostiene la sentencia 'apelada, pues hay diferencias notables entre aquel caso y el presente. La responsabilidad por culpa o negligencia ha sido tratada en los casos de Zalduondo v. Sánches, 15 D. P. R., 231, y de Guzmán v. Vidal, 19 D. P. R., 841.

Es de revocarse la sentencia apelada ordenándose la sus-tanciación del juicio por sus trámites regulares.

Revocada la sentencia y que el juicio siga su tramitación ordinaria.

Jueces concurrentes: Sre's. Asociados Wolf, del Toro y Alclrey.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Piñeiro, Demandante y Apelado, v. Pérez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre cobro de cantidad de dinero.
    No. 1080.
    — Resuelto ea abril 2, 1914.
    •Quiebra- — Renovación de un Pasaré Antes de la Rehabilitación del Que-brado. — La renovación clara y terminante de una deuda por un quebrado después de la declaración de quiebra y antes de haber sido exonerado de su deuda es válida y la deuda es exigible judicialmente.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

    Abogado del apelante: Sr. Damián Monserrat,'Jr.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Cuando el apelante se presentó en quiebra voluntaria, in-cluyó en la relación de sus deudas la cantidad que según un pagaré debía a un banco de esta ciudad, la que el apelado babía garantizado como fiador. Habiendo vencido esa obli-gación, fue renovada por el apelante antes de ser exonerado de sus deudas {discharged), mediante el otorgamiento de otro pagaré garantizado también por el apelado quien en defini-tiva tuvo que pagarlo al banco acreedor, y con este motivo se estableció el presente pleito por el fiador para que su fiado le_ pagase la cantidad que por él satisfizo.

■ Interpuesto por el demandado el presente recurso de ape-lación contra la sentencia que le condenó al pago de la suma reclamada, el único motivo en que lo funda es que la sentencia ■es errónea porque no es exigible la deuda que ba sido reno-vada' por un quebrado después de la declaración de quiebra y antes de baber sido exonerado de sus deudas {discharged). Sin embargo, existiendo la renovación clara, expresa, dis-tinta, inequívoca y sin condiciones, no es de importancia si se verificó antes o después de baber sido exonerado el que-bracio de sus deudas y después de presentada la solicitud de quiebra. La mejor argumentación que puede hacerse a este respecto es transcribir la que al considerar igual cuestión expuso el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al resolver recientemente, en el año 1912, el caso de Zavelo v. Reeves, 227 U. S., 629, en el cual se expresó de la siguiente manera:

“Se alega en cuanto a ambas- réplicas qne, aunque una deuda extinguida por la exoneración hecha en la quiebra puede ser renovada por una nueva promesa después de tal exoneración, no puede esto veri-. fiearse cuando la nueva promesa se hace dentro del período compren-dido entre la declaración de quiebra y la exoneración.
‘ ‘ Sin embargo, es una cuestión que ya ha sido resuelta, que si bien la exoneración exime al quebrado de la responsabilidad legal de tener que pagar una deuda susceptible de ser probada (provable debt) en la quiebra, la obligación moral en que queda es suficiente para fundar en ella una nueva promesa de pago de dicha deuda. Y de acuerdo con la lógica y la opinión de la mayoría de las autoridades, la fecha de la nueva promesa no es una cuestión esencial. La teoría es que la exoneración anula el remedio pero no la obligación; que, hablando en términos generales, la exoneración hace referencia al comienzo de los procedimientos, y el traspaso de los bienes del quebrado en beneficio de los acreedores es efectivo como si se hubiera hecho al mismo tiempo; que desde la fecha a que se refiere la exoneración queda el quebrado un hombre libre estando tan capacitado para comprome-terse a satisfacer una obligación anterior que de otro modo no podría hacerse efectiva por haber quedado exonerado de sus deudas, como para celebrar cualquier nuevo convenio. Así pues, de acuerdo con otras leyes de quiebras se ha resuelto generalmente que la promesa de pagar una deuda susceptible de prueba es tan eficaz, a pesar de la exoneración del quebrado, cuando se hace después de presentada la solicitud y con anterioridad a dicha exoneración como si se hiciera después de la misma. Kirkpatrick v. Tattersall, 13 M. & W., 766; Otis v. Gazlin, 31 Maine, 567; Hornthal v. McRae, 67 Nor. Car., 21; Fraley v. Kelley, 67 Nor. Car., 78; Hill v. Trainer, 49 Wisconsin, 537; Knapp v. Hoyt, 57 Iowa, 591; 42 Am. Rep., 59; Lanagin v. Nowland, 44 Arkansas, 84; Wiggin v. Hodgdon, 63 N. H., 39; Griel v. Solomon, 82 Alabama, 85; Jersey City Ins. Co. v. Archer, 122 N. Y., 376.”

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Plernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Pérez, Demandante y Apelado, v. Soto et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente, de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso sobre cobro de cantidad de dinero.
    No. 1006.
    — Resuelto en abril 6, 1914.
    Desestimación de Apelación — Sustitución de Partes — Interposición de Ape-lación por un Heredero. — Debe desestimarse, una apelación interpuesta por un iieiedero que no ha sido debidamente declarado parte en el pleito en sus-titución del causante contra quien se dictó la sentencia apelada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Alfredo Amoldo Sevilla.

    Abogado del apelante, Pedro M. Alvarez: Sr. José Benet.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se inició esta acción ante la Corte Municipal de Añasco reclamando a los demandados la cantidad de $500. Según expresa la demanda los demandados Teresa Soto y José Gerardo Yélez constituían la sucesión testada de León N. Gar-dere, la primera como viuda y heredera usufructuaria y el segundo como heredero testamentario de todos los bienes. La causa de acción surgió con motivo de la cesión hecha al deman-dante por José Gerardo Yélez de una obligación de $500, otor-_ gada por León N. Gardere al expresado Yélez en concepto de dinero tomado a préstamo. De modo que el demandante Pérez reclamaba a Yélez y a Teresa Soto el importe de dicha obligación como herederos del deudor Gardere. La deman-dada Teresa Soto compareció por medio de abogado e .inter-puso excepciones previas a la demanda que fueron decía radas sin lngar y posteriormente contestó la demanda ne-gando las alegaciones más esenciales de la misma, pero admi-tiendo que ella y el otro codemandado Rabian aceptado la herencia de León N. G-ardere sin limitación alguna y alegó también otras defensas. En marzo 11, 1913, la corte municipal dictó sentencia condenando a ambos demandados a pagar ai demandante la suma de $500, sin expresarse si solidaria o mancomunadamente. Contra esta sentencia el abogado de Teresa Soto interpuso apelación para ante la Corte de Dis-trito de Mayagüez como abogado de record de dicha deman-dada y a nombre de Pedro María Alvarez,' quien según el escrito de apelación era heredero testamentario de dicha de-mandada la cual había fallecido y era, de acuerdo con dicho-escrito, la parte a quien afectaba la referida sentencia. En el escrito de apelación no se expresa de modo alguno la fecha en que falleció Teresa Soto, ni existe ninguna constancia en autos con respecto a la substitución en la corte municipal de Teresa Soto ‘por Pedro María Alvarez como heredero testamentario de ella, ni tampoco ninguna prueba de que se hubiera practicado allí alguna gestión para anular la mencio-nada sentencia con motivo de la muerte de Teresa Soto. En realidad ella falleció el día antes de dictarse la sentencia. El mismo abogado compareciendo a nombre de Pedro María Alvarez presentó una moción a la Corte de Distrito de Mayagüez en representación de éste solicitando que fueran anuladas todas las actuaciones habidas en la corte municipal por falta de jurisdicción, acompañando a dicha moción una certifica-ción de defunción. La referida moción fué desestimada por el fundamento de que habiendo tenido lugar el juicio en la corte municipal en vida de la demandada, tenía la corte juris-dicción para dictar sentencia contra ella. Entonces el mismo abogado leyó a la corte varias excepciones previas que habían sido formuladas en la corte municipal, las cuales fueron decla-radas sin lugar por la corte de distrito. Se procedió a la cele-bración del juicio, continuando tomando parte en el mismo el expresado abogado. . La corte dictó sentencia contra los de-mandados Teresa Soto y José G-erardo Vélez. El abogado interpuso apelación contra la sentencia así dictada contra ambos demandados únicamente a nombre de Pedro María Alvarez.

Debe desestimarse la apelación por haberse dictado la sen-tencia contra ambos demandados, Teresa Soto y José Gerardo Vélez sin haber sido interpuesta la apelación por ninguno de éstos, ni haberse probado de modo suficiente que Pedro María Alvarez hubiera substituido a Teresa Soto o se le reco-nociera como parte demandada en la corte inferior. Por el contrario, la corte consideró el caso como una apelación inter-puesta por Teresa Soto o por los primitivos demandados como representantes de los bienes dejados por León N. G-ar-dere. Aunque el abogado expresa en su alegato que hizo una moción en la corte de distrito a nombre de Pedro María Alvarez para que se le tuviera como parte substituía, no existe ninguna prueba en cuanto a este extremo. Sería mejor prác-tica hacer una moción por escrito. De todos modos la sen-tencia fué dictada contra Vélez y Teresa Soto contra cuya, sentencia el mencionado Pedro María Alvarez aun en el su-puesto de ser él dicho heredero testamentario como se ha .alegado, no tiene, derecho a interponer apelación sin que haya sido declarado formalmente como tal sustituto.

Debe desestimarse la apelación.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. "Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ferrari, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en una cansa por seducción.
    No. 665.
    — Resuelto en abril 6, 1914.
    Seducción — Castidad de la Ofendida — Consentimiento para el Acto Carnal.— No constituye prueba de que la .ofendida no estuviere reputada como pura el becbo de que el acusado tuviera relaciones sexuales con ella cuando tales actos se ejecutaron en la casa de la madre del acusado a la cual llevó él a la ofen-dida a vivir.
    Id. — Pena de Multa Unicamente. — Es mala práctica el imponer únicamente pena de multa en casos de esta clase.
    ■ Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pneblo: Sr. Charles F. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Antonio Tmjillo.

   El Juez Asociado Se. "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Comenzó esta cansa a virtud de acnsación qne fné pre-sentada ante la Sección Segunda de la Corte de Distrito de San Juan. Se acusó a Eafael Ferrari de haber seducido bajo promesa de matrimonio a María López joven de previo carác-ter casto. Se dictó sentencia contra dicho acusado conde-nándolo a pagar $1,000 de multa o un día de presidio poC cada cinco dólares que dejara de pagar.

El único error consignado en los autos se refiere a haber •admitido la corte ciertas cartas que fueron escritas por el ■acusado a la perjudicada. Se alegó que dichas cartas no habían sido debidamente identificadas. Fueron suficiente-mente identificadas por la ofendida quien expresó qne había visto escribir al acusado. Sus manifestaciones fueron corro-boradas por el propio acusado que reconoció algunas de dichas ■cartas. Además él no negó el contacto. carnal ni la promesa ■de matrimonio sino qne fundó su defensa en la alegación de •que la ofendida no era virgen.

Durante la vista pero no en su alegato, el apelante insistió en el hecho de haber quedado establecido por la prueba que la mujer no pudo haber sido de buen carácter moral, puesto que ella consintió en vivir con él como su concubina. Según los hechos de este caso después de la muerte de la madre de la ofendida y con posterioridad a la promesa de matrimonio, el acusado indujo a la perjudicada a que fuera primeramente a la casa de su tío y luego a la de su madre. En la casa de ésta última fué donde comenzaron las relaciones amorosas y donde siguieron las mismas. Si a una mujer se le lleva a la casa de la madre de un hombre, ella tiene motivos suficientes para creer que la intención de éste para con la misma es buena así como para cumplir con la promesa de matrimonio y el hecho de que se entregara a él no es un signo de previa impureza de carácter.

No comprendemos por qué la corte en casos de esta clase solamente condena a pagar una multa y ya hemos comentado acerca de una práctica semejante a ésta en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Moux, 19 D. P. R., 1182.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    Rubio et al., Demandantes y Apelantes, v. Mayagüez Auto Garage, Inc., Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez de una orden abriendo la rebeldía en un caso de indem-nización de daños por negligencia.
    No. 1105.
    — Resuelto en abril 8, 1914.
    Discreción del Tribunal — Abuso de Discreción. — Cuando la ley concede a un tribunal poder discrecional para ejecutar algún acto, los tribunales superiores no revocarán esa decisión tomada en ejercicio de ese poder, si no se demuestra suficientemente que al hacerlo abusó de la facultad que la ley le ha concedido.

      Anotación de Rebeldía — Apertura de la Rebeldía — Discreción del Tribunal.— Atendidas las circunstancias de este caso se resolvió que el tribunal inferior no abusó de su facultad discrecional al abrir la rebeldía anotada en este caso.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Ahogados de los apelantes: Sres. Benjamin J. Horton y José Ramón Freyre.

    Abogado del apelado: Sr. José de Diego.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

La apelación qne motiva este recurso ha sido interpuesta contra una resolución del Tribunal de Distrito de Mayagüez que exime al demandado de los efectos de una sentencia contra él registrada en rebeldía y que le permite presentar su contestación a la demanda.

La demandada había formulado una excepción previa a la demanda que le reclama $20,000 como indemnización de daños y perjuicios por negligencia, y habiendo la demandante obtenido después permiso para enmendar su alegación, retiró la demandada su excepción y el tribunal le concedió 30 días para que presentara su contestación. Al día siguiente de transcurrido este término sin que la hubiera presentado, a instancia del demandante anotó el secretario la rebeldía del demandado, y un día después registró una sentencia en rebel-día por la cantidad reclamada.

Como esa sentencia ha sido dejada sin efecto por el tribunal inferior no consideraremos en este caso si el secre-tario puede en un pleito de la naturaleza del presente registrar ministerialmente una sentencia contra el demandado y nos limitaremos a la cuestión propuesta que es, la de si el tribunal inferior abusó de su poder discrecional en' la reso-lución apelada.

Al resolver el Tribunal de Distrito de Mayagüez en este caso en la forma en que lo hizo se basó en una moción del demandado presentada dos días después de la sentencia y varias declaraciones juradas acompañadas con ella, y en la contestación a la demanda que también le presentó. De todos estos documentos, ninguno de los cuales lia sido impugnado por medio de declaraciones juradas, resulta que residiendo en San Juan el abogado que había de contestar la demanda la redactó y .puso bajo sobre el día antes de vencerse el tér-mino para presentarla y entregó el pliego que la contenía a un empleado suyo para que lo pusiera en el correo debi-damente franqueado para ser entregado al Sr. Moscoso de Mayagüez, que había de recoger en ese ciudad el juramento de la contestación y presentarla al tribunal, pero que por un accidente imprevisto dicho pliego se le extravió a la persona que había de ponerlo en el correo. También resulta de la declaración jurada del abogado, y de la propia con-testación, que el demandado tiene una buena defensa en este pleito.

El artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil per-mite que un tribunal pueda discrecionalmente eximir a una parte de una sentencia o de cualquier otro procedimiento tomado contra ella siempre que haya habido negligencia excusable y también que presente una contestación después del tiempo fijado por la ley.

En vista de los hechos que ocurrieron en este caso enten-demos que el tribunal inferior ejercitó propiamente su facul-tad discrecional y como no vemos, ni se nos ha demostrado, que haya abusado de ese poder, no revocaremos su decisión.

Cuando la ley concede a un tribunal poder, discrecional para ejecutar algún acto, los tribunales superiores no revo-carán esa decisión tomada en ejercicio de ese poder, si no se demuestra suficientemente que al hacerlo abusó de la facul-tad que la ley le ha concedido.

Es mejor práctica permitir a las partes que se defiendan y resolver las cuestiones oyéndolas, que no la de sostener sentencias dictadas en reoeldía, cuando se demuestra que el descuido en cumplir la Ley de Procedimientos ha sido excusable y no debido al deseo de entorpecer y demorar la cues-tión litigiosa.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.