author: El Juez Asociado Seños. Wolf, El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Tomás Rodríguez & Hnos., S. en C., peticionaria, v. La Corte de Distrito de Ponce, Hon. Roberto H. Todd., Jr., Juez, demandada.
    No. 690.

    Sometido: Febrero 3, 1930.

      Resuelto: Abril 29, 1930.

      Lopes de Tord & Zayas Pizairro, abogados de la peticionaria; C. Do-mínguez Rubio, abogado del interventor.

      Nota: Yéase el prefacio.

   El Juez Asociado Seños. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Tomás Bodríguez & Unos. entabló pleito en Ponee contra Francisco Bodríguez Collazo en cobro de la suma de $4.056.68. Para asegurar la efectividad de la sentencia, dicho acreedor, por conducto del Márshal de la Corte de Distrito de Gua-yama, obtuvo — así se alega — un embargo contra los efectos o mercancías del deudor en la ciudad de G-uayama por la cantidad de $737.26. Francisco Forteza & Co. igualmente obtuvo un reembargo sobre los mismos bienes. En Guaya-ma, más o menos contemporáneamente, Bafael Funtané instó ante la corte municipal de dicha ciudad pleito por dinero adeudado, o nominalmente adeudado, a su esposa; y para asegurar la efectividad de la sentencia, consiguió un embargo que fue trabado con posterioridad a los dos que ya hemos aludido. Para los fines de este recurso de certiorari puede asumirse definitivamente que el litigio entablado por Funtané culminó en una sentencia firme.

El deudor radicó excepción previa contra la demanda radicada en Ponee. Sin embargo, él y los dos acreedores cuyas reclamaciones se originaron en Ponee radicaron después una estipulación que fué literalmente o en efecto aprobada por la Corte de Distrito de Ponce, a virtud de la cual, salvo excepciones sin importancia, los bienes que se hallaban en Guayama en poder del depositario debían ser transportados a Ponce y vendidos en la forma acostumbrada por el márshal de dicha corte. De acuerdo con la estipulación, los embargos debían ser levantados, y, después de deducir los gastos, el pro-ducido de la venta en pública subasta debía aplicarse “hasta donde fuere posible,” para satisfacer las reclamaciones de los qne habían embargado. Una de las cuestiones suscitadas en este caso fué la de si la estipulación y la orden equivalían, o tenían el efecto, de una sentencia final. De ahí las comillas.

Los bienes fueron conducidos a Ponce y, previo aviso' público, fueron vendidos por el marshal a Manuel García , Leyes, produciendo $265. A virtud de una orden de la corte de fecha 17 de agosto, 1929, el importe neto de $133.39 fué entregado a Tomás Rodríguez & Hnos., el primer acreedor que embargó.

El 9 de diciembre, 1929, Fnntané radicó una solicitud de intervención qne fué admitida por la Corte de Distrito de Ponce. La petición de certiorari qne tenemos ante nos fue radicada por dicho Tomás Rodríguez & Hnos. Entre otras cosas, la solicitud de intervención alegaba los hechos que hemos expuesto; qne parte de los bienes vendidos por $265 en pública subasta en Ponce fueron posteriormente reven-didos por $3,000; que el interventor no tuvo conocimiento o aviso de la venta; que los bienes mismos no fueron en forma alguna mostrados durante la venta en pública subasta, y que el supuesto depositario nunca tuvo la posesión material de ellos.

La corte inferior fundó su derecho a admitir la intervención en el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil. Bajo éste y estatutos similares, el derecho de un acreedor que embarga posteriormente a proteger su gravamen sin recurrir a otro litigio es claro. Sucesión de Orcasitas et al. v. A. M. Somoza & Co. (Orcasitas, interventor), 27 D.P.R. 501; Kimball v. Richardson-Kimhall Co., 111 Cal. 392, 43 Pac. 1111; Coffey v. Greenfield, 55 Cal. 382; Speyer v. Ihmel & Co., 21 Cal. 281, 81 A. D. 157; Potlatch Lumber Co. v. Runkel (Idaho), 101 Pac. 396, 23 L.R.A. (N. S.) 536; 3 Cal. Jurisprudence 548, 549, notas 13 y 15; 20 Cal. Jur. 517, 520, 20 R.C.L. 687, 47 C. J. 106. Según se dijo en Coffey v. Greenfield, supra,

“Si el demandado tiene éxito en esta acción, la sentencia debe determinar todas la's reclamaciones hechas por los demandantes sobre la propiedad y hacer que el título del interventor, si el marshal le otorga escritura en contra de ellos, sea indisputable. Además, nos parece que el interventor tiene interés en el asunto en litigio. El có-digo no trata de especificar cuál debe ser ese interés y el alcance del mismo para que el derecho a intervenir surja. Cualquier interés es suficiente. El hecho de que el interventor pueda o no proteger ese interés en alguna otra Horma es inmaterial. Si él ‘tiene interés en el asunto en litigio o en el éxito de cualquiera de las partes,’ tiene de-recho a intervenir.” í

En el análisis final, el derecho a intervenir un acreedor que embarga posteriormente es la única cuestión clara de procedimiento que fué levantada por esta petición de cer-tiorari. Empero, la peticionaria ha alegado varias cuestiones que se suponía destruían el gravamen del acreedor que em-bargó con posterioridad. La primera de éstas fué que el pleito entablado en la corte municipal de Gruayama versaba sobre un crédito perteneciente- a la esposa de Funtané más bien que a él mismo. Independientemente de la presunción de que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son gananciales, sujetos a ser adminitrados por el esposo, en dicha corte municipal surgió una sentencia válida en la cual la peticionaria en este recurso de certiorari no tiene interés, y que no podía ser atacada colateralmente. Una vez íesuelto que el caso cae dentro de la jurisdicción de la corte municipal, sus sentencias tienen a su favor la presunción que existe en favor de las de cortes de récord. Además, la actuación de la Corte de Distrito de Ponce al permitir la intervención no podía ser atacada en un procedimiento de certiorari fundándose en que el interventor no tenía derecho a obtener sentencia en la corte municipal. Esta era cuestión a investigar por el juez en el juicio posterior y sus resolu-ciones en pro o en contra, aunque posiblemente fueran erróneas, no eran errores de procedimiento.

Igualmente, la cuestión de si la estipulación presentada en este caso y la orden de la corte resolviéndola constituían una sentencia final, sería una para ser considerada pór la corte, si era qne debía hacerlo, al resolver la solicitud de intervención. Sin embargo, nos inclinamos a convenir con la Corte de Distrito de Ponce que aun por su forma la esti-pulación y la orden aprobándola no participan de la natu-raleza de una sentencia final.

De todos modos, el interés que tenía el interventor en este caso no era en la validez del arreglo de una reclamación existente entre la parte demandante y el demandado, sino en los bienes embargados; y, no habiéndose celebrado un verdadero juicio, o aun si se hubiese celebrado, a un acreedor que tiene un gravamen le asiste el derecho de intervenir y de ser oído, independientemente de las disposiciones téc-nicas del artículo 72. Vienen a escena los poderes inherentes y otros artículos del Código de Enjuiciamiento Civil. El derecho de una corte de permitir a un acreedor que tiene un gravamen ser oído e impugnar los procedimientos cuando se han embargado1 bienes, no puede estar sujeto a dudas. Estas consideraciones adquieren mayor consistencia cuando se presta atención a la naturaleza de la supuesta sentencia final y a si podía ser posiblemente atacada como nula o ineficaz ab initio, o por haber sido obtenida fraudulenta-mente.

A pesar, de las disposiciones del Título V y de los artículos 88, 89 y 92 del Código de Enjuiciamiento Civil, y. quizá otros, el juez que subscribe ha tenido dudas considerables respecto a si en un pleito para recobrar una sentencia personal, independientemente de una sentencia que efe'efté bienes inmuebles, de una sobre el título de bienes y en procedimientos de divorcio, una corte de distrito puede, sin que haya sumisión, adquirir jurisdicción sobre la persona de un demandado que ni reside ni tiene bienes dentro del distrito. Desde luego que la Legislatura puede autorizar tal procedimiento o hacer que la jurisdicción de todas las cortes de distrito sea concurrente, pero el juez que suscribe no está convencido de que lo lia hecho así. . La mayoría de la corto no desea entrar en la consideración de esas dudas.

De igual modo el juez que suscribe tiene dudas respecto a si una corte de distrito puede embargar bienes de un de-mandado no residente, cuando tales bienes se hallan fuera del distrito donde la orden de embargo ha sido librada, pero no cree prudente entrar en una larga discusión de la materia. Las dudas del que suscribe, de estar bien fundadas, podrían dar prioridad a la reclamación de Funtané.

No entraremos a discutir extensamente las alegaciones de fraude presentadas por el interventor. Estas son cuestiones a ser investigadas por la Corte de Distrito de Ponce.

También hemos tenido la duda de si la estipulación — de ser en alguna forma justificable — por sus propios términos no relevó del gravamen los bienes primeramente embargados, dando así a Funtané, antes de que los bienes fueran trasla-dados de G-uayama, derechos superiores sobre los mismos.

Una de las razones que hemos tenido para librar el auto de certiorari en este caso fué que prima facie parecía algo dudoso si las dos reclamaciones anteriores agotarían o no los bienes. Empero, reflexiones ulteriores nos convencen de que el interventor tenía amplio derecho para ventilar estas cuestiones ante la Corte de Distrito de Ponce.

La siguiente cita de Kimball v. Richardson-Kimball Co., supra, es aplicable generalmente a este caso:

“El hecho de que éste sea un procedimiento de intervención no es motivo para que los derechos en equidad de las partes no 'sean re-sueltos sobre los mismos principios en que la corte se basaría en una acción directa para ese fin; y el hecho de que el interventor pudo haber in'stado acción y obtenido remedio en la misma no es argu-mento contra su derecho en este caso. (Goffey v. Greenfield, supra).

Debe anularse el auto expedido.

El Juez Asociado Señor Aldrey, disintió. El Juez Aso-ciado Señor Texidor está conforme con la sentencia.

Mayo 23, 1930.

EN RECONSIDERACION

El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Prácticamente todas las cuestiones suscitadas por esta moción de reconsideración fueron suficientemente cubiertas por nuestra opinión original, o carecen de gran, importancia. La única cuestión adicional que nos interesa discutir es si se privó a la Corte de Distrito de Ponce de jurisdicción sobre los bienes embargados mediante' la venta a una tercera persona, es decir, a Manuel García Reyes. Si los actos a virtud de los cuales Manuel García Reyes obtuvo posesión de los bienes fueron fraudulentos, o nulos e ineficaces por cualquier otra causa, es muy posible que, o se-podían obtener los bienes de sus manos, o, al ser nuevamente vendidos, el producto de ellos.

También podría ser dudoso que la Corte de Distrito de Ponce, en caso de fraude, no tuviera el derecho de exigir que cualquier persona que contribuyera a hacer que los artículos desapareciesen mediante venta o en alguna otra forma, sea responsable al acreedor que embargó, Funtané.

Sugerimos estos extremos en vista de la insistencia de la peticionaria. Si la sociedad está en lo cierto en su contención de que la Corte de Distrito de Ponce carecía de jurisdicción, esa falta de jurisdicción puede levantarse en la citada corte de distrito. El mero hecho de que una corte carezca de jurisdicción no es motivo suficiente para que se declare con lugar una solicitud de certiorari si la cuestión de jurisdicción puede ser levantada en la corte inferior y eíe-; vada a este tribunal por medio de apelación, según ha podido hacerse en este caso. Es sólo cuando el recurso de apelación es inadecuado o cuando existe algún motivo de premura, que en realidad no debe obligarse a una parte a utilizar la apelación.

Además, cuando una parte tiene derecho a ejercer el recurso de apelación, debe tratarse de un caso excesivamente fuerte para que este tribunal reconsidere una orden dene-gando el derecho a un auto de certiorari.

Se declara sin lugar la moción de reconsideración.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, demandante y apelante, v. J. M. Astor y Osvaldo Padilla, demandados-apelados y Jaime Barceló, querellado-apelado.
    No. 5071.

    Sometido: Abril 11, 1930.

      Resuelto: Abril 29, 1930.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; A Lens Cuena y Francisco M. Susomi, abogado's del querellado.
   El Juez Asociado Señor. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El Banco Territorial y Agrícola demandó en una corte municipal a J. M. Astor y a Osvaldo Padilla para que soli-dariamente le pagasen cierta cantidad de dinero. Dictada sentencia condenatoria contra J. M. Astor se trató de ejecu-tarla en el embargo que le fue becbo del sueldo que disfrutaba. en la casa comercial de Barceló y Ca., S. en C., y habiéndose negado esa mercantil a entregar el sueldo embargado su gestor Jaime Barceló fué citado por desacato a la corte, la que después declaró no existir tal desacato. De esta reso-lución apeló el banco para ante la Corte de Distrito de Arecibo la que decidió que tal resolución de la corte municipal no es apelable y que carecía de jurisdicción para resolverla, siendo interpuesta' esta apelación en la que no lia compa-recido la parte apelada.

Los motivos alegados por el banco para que revoquemos la resolución de la corte de distrito son dos, a saber: que la corte inferior cometió error al declararse sin jurisdicción para conocer del .caso, y al resolver que no se podía apelar de una sentencia absolutoria en un caso de desacato civil. En realidad esos dos motivos se reducen a uno: el de si es apelable la resolución dictada por la corte municipal negán-dose a castigar por desacato en este pleito.

El derecho de apelación es estatutorio y según la sección primera de la Ley de 11 de. marzo de 1908 dictada para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos civiles, según quedó' enmendada por la Ley No. 13 de 14 de noviembre de 1917, página 225, cuando una corte municipal hubiere dictado sentencia en un asunto civil resolviéndolo definitivamente, cualquiera de las partes que se creyere perjudicada podrá interponer recurso de ape-lación para ante la corte de distrito del distrito judicial en que radicare la corte municipal. La ley sólo concede recurso de apelación de las cortes municipales. contra las sentencias definitivas-que dicten resolviendo los asuntos civiles de que conozcan; y en este caso no se trata de apelación de la sentencia definitiva que resolvió el pleito sino de una pro-videncia dictada después de ella como consecuencia de una petición de castigo por desacato, por lo que tal resolución no es apelable, careciendo, por tanto, la corte de distrito de jurisdicción para resolverla. Cuando la ley ha querido conceder apelación contra una providencia especial dictada después de sentencia lo ha hecho expresamente, como lo ha determinado en el No. 3o. del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil con respecto a asuntos en las cortes de distrito.

Dice el apelante que su apelación es procedente porque no es la sección primera antes citada la aplicable sino el artículo 294 del Código de Enjuiciamiento Civil el que le concede la apelación, por disponer que cualquier parte agra-viada por una resolución judicial podrá apelar en los casos previstos en ese código. Ese precepto es de carácter general y subordinado, como se desprende de sus palabras, a los casos en que el mismo código provea o especifique las resoluciones apelables, y no puede servir de fundamento para la apela-ción en este caso.

También dice el apelante, citando el caso de Rivera v. Aybar, Juez Municipal, 32 D.P.R. 548, que su apelación contra la resolución dictada después de la sentencia es pro-cedente de acuerdo con el No. 3o. del artículo. 295 del Código de Enjuiciamiento Civil por ser aplicable a las cortes muni-cipales las disposiciones establecidas en dicto código para las cortes de distrito. El caso citado no es de aplicación al presente, pues en él se hizo aplicación a la corte municipal de la materia de traslado que rige para las cortes de distrito porque para aquéllas no existe ley que expresamente dis-ponga sobre tales traslados, mientras que en apelaciones en las cortes municipales la ley sólo la ha concedido contra las sentencias. El otro caso que se cita de Lawton v. Rodríguez Rivera, 38 D.P.R. 55, tampoco tiene relación con el presenté porque la resolución dictada después de sentencia que fue objeto de la apelación recayó en una corte de distrito.

Por lo expuesto la resolución apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el resultado.


author: El Juez Peesidbntb Señok del Tubo,

text:
    Juan y José A. Hernández, demandantes y apelados, v. Benjamín Otero, demandado y apelante.
    No. 4337.

    Sometido: Junio 27, 1929.

      Resuelto: Abril 30, 1930.

      Adrián Agosto, ahogado del apelante; Celestino Benitez abogado de los apelados.
   El Juez Peesidbntb Señok del Tubo,

emitió la opinión del tribunal.

Juan y José A. Hernández se comprometieron a construir una casa para Benjamín Otero, por la suma de $5,200, y alegando haber cumplido su contrato realizando además obras adicionales por valor de $250, y haber recibido en pago únicamente $4,900, entablaron esta demanda en reclamación de los $550 restantes.

Benjamín Otero contestó aceptando la celebración del contrato y el pago de $4,900 únicamente, alegando que si no había pagado los $550 restantes se debió a que los deman-dantes violaron el contrato construyendo el zócalo a una altura de dos pies y medio en vez de tres, no usando madera de primera calidad como se especificó, dejando los pisos dé madera sin la solidez necesaria y colocando desigualmente las piezas en los de loza, motivo por el cual recibió la casa bajo protesta comprometiéndose los demandantes a reparar los defectos y él a pagarles los $550 cuando lo efectuaran, y que los demandantes no han hecho las indicadas repara-ciones.

Pué el pleito a juicio y apreciando la prueba practicada la corte de distrito dictó sentencia favorable a los deman-dantes. Fundando su sentencia-el juez se expresa, en parte, así:

,“Lo's demandantes Juan y José A. Hernández, así como los tes-tigos Tomás Silva y Juan Salcedo han declarado sobre las obras que se hicieron en la casa en construcción, y especialmente, 'sobre las obras adicionales que se hicieron por orden del señor Cándido Fernández, actuando como apoderado y representante del demandado Benjamín Otero.
“El mismo señor Cándido Fernández, apoderado del demandado admite en sn declaración, que ellos convinieron en liaeer ciertas adi-ciones al contrato primitivo.
“Los testigos del demandante, a saber: Juan Hernández, José A. Hernández,. Tomás Silva y Juan Salcedo, declaran que estuvieron presentes en la obra ya terminada, en 15 de enero de 1925, y que ése día fué entregada la obra a don Cándido Fernández, apoderado del demandado, y que este señor Fernández recibió la obra a su satis-facción.
“Los demandantes Juan Hernández y José A. Hernández, decla-raron que el día 15 de enero de 1925, al entregarle la obra al Sr. Cán-dido Fernández, éste les entregó cierta cantidad de dinero, pero quedó a deberles la ’suma de $550.00,. diciéndole a los contratistas que espe-raran ‘basta pasado mañana’, que de momento no tenía ese dinero; pero sin hacerles ninguna objeción contra la obra, la que quedó re-cibida a satisfacción del Sr. Fernández; y que hasta la fecha no les ha sido pagada dicha suma de quinientos cincuenta dollars ($550.00).
“Los demandantes Juan y José A. Hernández declararon además que allí, en la obra, el día 15 de enero de 1925, se firmó un recibo a favor del Sr. Cándido Fernández por el dinero recibido aquel día, el cual recibo estaba escrito con tinta y pluma al dorso de la copia del contrato que tenía en su poder el señor Cándido Fernández, y que al dorso de esa misma copia del contrato, habían firmado otros recibos los demandantes, cada vez que recibían dinero del Sr. Fer-nández.
“Todos los testigos del demandante (excepto el Marshal Prida) declararon que en la casa en construcción no había maquinilla de escribir.
“El demandado, representado por su apoderado Sr. Cándido Fer-nández, ha presentado en evidencia un recibo' (Exhibit No. 1 del. de-mandado), que copiado literalmente lee como sigue:
“ ‘Recibimos al entregar la casa, el total de $4,900.00 y como el señor Fernández no la quiere recibir alegando que no está de acuerdo con el contrato dejamos en su poder la cantidad de $550.00 como ga-rantía hasta poner dicha casa de acuerdo con el referido contrato. —1/15/1925.—José A. Hernández.’
“Este recibo aparece firmado ‘José A. Hernández.’
“El demandante José A. Hernández negó rotundamente la firma que aparece al pie de dicho recibo.
“La parte demandada parece descan'sar totalmente su defensa en el mencionado recibo, y al efecto, presentó como perito calígrafo para el cotejo de dicha firma con la indubitada de José A. Plernández, que aparece en el juramento contenido en la demanda enmendada de fecha 24 de octubre de 1925, al señor Pedro Carlos Timothee; lle-gando el perito a esta conclusión: ‘que ambas firmas reúnen los ca-racteres de ser escritas por una misma per'sona.’
“El referido perito Sr. Timothee fué preguntado y repreguntado ampliamente por ambas partes y, a repreguntas del abogado de la parte demandante, contestó: ‘Que la firma del recibo (Exhibit No. 1 del demandado) cree que está hecha con lápiz tinta.’
“El Juez de la Corte en el acto de la vista, hizo al perito las si-guientes preguntas tal como con'stan en el récord taquigráfico:—
“ ‘P. — Dígame testigo, es posible imitar una firma de tal ma-nera que se haga difícil para un perito establecer diferencia?
“ ‘R. — Puede que la imitación esté tan bien hecha que ofrezca alguna dificultad, pero yo le llamo la atención a su señoría: mientras más perfecta la imitación, más fácil es probarla, porque el que escribe lo hace de una manera natural, escribiendo, y el que imita no escribe, sino que dibuja y mientras más perfecto es el dibujo, menos escri-tura hay.
“ ‘P. — Pero tal como está el mundo hoy, con los adelantos que hay en el mundo y además Ud. con su experiencia como perito calí-grafo, habrá encontrado alguna vez, alguna firma, que aún habién-dola declarado Ud. como no genuina, sin embargo no ’sea una copia servil de la que se trató de imitar?
“ ‘R. — Puede ocurrir que haya un individuo que haya examinado diez o doce firma's de otro y la haya imitado de una manera tan bien, que llegue a hacerla con casi la misma naturalidad que la persona que la escribió y que esa firma comparada con otra pueda estar en duda, y la imitación muy bien hecha; entonces el examen tiene que ser muy detenido para poder llegar a descubrir la semejanza.
“ ‘P. — -Y q.ué trabajos preliminares fuera de la Corte le hacen a Ud. dar la opinión que da ahora?
“ ‘R. — En estudiar estos documentos no he tenido necesidad de usar aparatos, porque como los caracteres de ambas firmas son tan daros.
“ ‘P. — Ha sido a 'simple vista?
“ ‘R. — Sí, señor, y auxiliado de un vidrio de aumento.’
“De la declaración del perito calígrafo que dejamos transcrita en la parte pertinente y necesaria, no resulta a nuestro juicio una base segura y firme para resolver si la firma del recibo (Exhibit No. 1) es o no del demandante José A. Hernández.
“Hay otros elementos probado’s en el caso que demuestran a la Corte que el recibo (Exhibit No. 1) es altamente sospechoso en lo que se refiere a su autenticidad y otorgamiento. Bn efecto, haciendo un mayor análisis de la evidencia, resulta lo siguiente:
“Que el recibo está escrito en maquinilla, todo escrito en letra's mayúsculas, empleando una (r) minúscula en la abreviatura de la palabra ‘señor’ en la línea segunda de dicho recibo, y empleándose dos ceros escritos con (o) minúscula en la línea cuarta del mismo. Con e'stas excepciones, todo lo demás está escrito con carateres mayús-culos. Esto es contrario al orden natural de la escritura, pues las ma-yúsculas sólo se emplean al principio del párrafo y como iniciales de nombres propios, etc.
“El testigo Cándido Fernández declaró bajo juramento: ‘Que la firma que aparece al pie de dicho recibo fué puesta en ’su presencia por el demandante José A. Hernández y escrita con tinta, con una pluma fuente, con tinta azul.’ Por el contrario', el perito calígrafo señor Timothee declara en su, dictamen: ‘que cree que esta firma está hecha con lápiz tinta’. Y de la simple inspección de dicha firma aparece estar escrita con lápiz tinta, efectivamente.
“El testigo señor Cándido Fernández, principal testigo de la parte demandada y apoderado del demandado, declaró que el recibo en cuestión (Exhibit No. 1) lo e'seribió el propio testigo en una ma-quinilla Oliver No. 9 que había comprado a Sánchez Morales. Los testigos José, A. Hernández y Juan Hernández declararon que el re-cibo que se firmó estaba manuscrito, y no escrito en maquinilla. Pero lo más sospechoso que hay con respecto al recibo (Exhibit No. 1), e's lo siguiente, según resulta de la evidencia: — ■
“La parte posterior del papel que contiene el recibo (Exhibit No. 1), contiene escritas en maquinilla la última línea de la cláusula décima del contrato y además completas las cláusulas 11 y 12 del mismo y tres líneas de la No. IB, también de dicho contrato.
‘ ‘ El testigo y apoderado' de la demandada, Sr. Cándido Fernán-dez, al declarar presentó la primera hoja completa de una copia del contrato y, además presentó unos fragmentos con los cuales trató de reconstruir la segunda hoja de dicho contrato (el contrato consta de dos hojas escritas en maquinilla), y trató de reconstruirla en presen-coa de la corte; y al efecto fué colocando en primer lugar, y como cabeza de la hoja, la parte a cuyo dorso está escrito el recibo (Exhibit No. 1). Inmediatamente debajo, colocó otro fragmento de papel con-teniendo las clusulas 14, 15 y 16 del contrato, pero conteniendo este fragmento un gran hueco en que falta papel y en cuyo hueco desapa-rece totalmente el sitio donde debía estar la firma de José A. Her-nández.
“Examinando a primera vista el contrato que así se pretendió reconstruir, aparece que lo escrito al dorso del recibo en maquinilla, como conteniendo las cláusulas 11, 12 y 13 del contrato, lo e'stá con un color de papel cabón distinto del resto de lo escrito en maqui-nilla que aparece en el'segundo fragmento del contrato reconstruido, y que comprende este segundo fragmento desde la cláusula 14 basta la última; lo que, a primera vista, da la impresión de que el frag-mento que contiene el recibo (Exhibit No. 1) no formaba parte inte-grante del mismo cuerpo de papel en que aparecen las cláusulas 14, 15, 16 y 17 de dicho contrato.
“También aparece que el ancho del papel en que está escrito el recibo (Exhibit No. 1), es menor que el ancho de los otros fragmentos que se han usado para tratar de reconstruir el contrato. Eso apa-rece a la simple vista, por lo que la corte llega a la conclusión de que el fragmento de papel en que se ha escrito el recibo (Exhibit No. 1), no pertenece a la mi'sma copia del contrato a la cual perte-necían los otros tres fragmentos que presentó el testigo Fernández pa-ra reconstruir la segunda hoja de la copia del contrato.
“La Corte ha hecho todas estas especificaciones tan minuciosas en e’stá relación del caso, porque en el mismo hay evidencia contradicto-ria entre las declaraciones de los demandantes Juan y José A. Her-nández y la declaración del principal testigo de la parte demandada Sr. Cándido Fernández; y la ley No. -25 aprobada en 12 de junio de 1925, le impone a la Corte el deber imperativo, en casos de evi-' delicia contradictoria, de expresar claramente las razones por las cuales le merece crédito un téstigo, y no le merece crédito otro que declara en sentido contrario a é'ste.' Y en este caso concreto, la Corte resuelve el conflicto de evidencia declarando, por todo lo ante-riormente expuesto, que no le merece crédito la declaración del tes-tigo de la demandada, Cándido Fernández, en cuanto su testimonio está en contradicción con los testimonios de los testigos de la parte demandante, y especialmente, con los te'stimonios de los demandantes Juan y José A. Hernández, y por el contrario, declara que los tes-timonios de estos .demandantes le han merecido entero crédito. La Corte declara que la prueba es preponderante a favor de la parte demandante (Artículo 162 de la Ley de evidencia) ; y declara ex-presamente que se han probado satisfactoriamente todos y cada uno de lo's hechos alegados en la demanda enmendada.”

No conforme el demandado apeló alegando como único error que la corté sentenciadora abusó de su poder discre-cional al resolver el conflicto de la evidencia en contra suya.

Repetidamente hemos estudiado este caso y siempre hemos tenido dudas con respecto a la resolución que debemos dictar. Estudiando la prueba y los razonamientos conte-nidos en el alegato de la parte apelante, nos ha parecido muchas veces que la verdad está contenida en el recibo que aparece firmado al dorso del contrato de construcción por uno de los demandantes. Sin embargo, el juicio contrario del juez sentenciador está expresado de modo tan firme y convincente en su relación del caso y opinión y nuestra jurisprudencia sobre la materia es tan clara y se basa en razones tan sólidas, que otras tantas veces nos hemos dete-nido ante dicho criterio como ante una barrera infranqueable.

Siendo ello así, nos vemos finalmente obligados a con-firmar la sentencia porque nuestras dudas, aunque subsisten, no son de tal naturaleza que nos permitan concluir que el juez sentenciador abusó de su poder discrecional al dirimir el conflicto existente entre la evidencia aportada por losl demandantes y la aducida por el demandado en contra de éste.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Pbesidente SeRor. del Tobo,

text:
    Bernardo Villegas, demandante y apelante, v. Sucesión de Harry A. Mc Cormick, demandada y apelada; Bernardo Villegas, demandante y apelante, v. Sucesión de Harry A. Mc Cormick, demandada y apelada.
    Nos. 5261 y 5279.

    Sometidos: Abril 7, 1930.

      Resueltos: Abril 30, 1930.

      M. A. Martínez Dávila y Bolívar Pagan, abogados del apelante; B. E. Blondet y Luis Campillo, abogados de varios demandados en el caso 5261; Garlos J. Torres y JS. Torres Sola, abogados de la de-mandada Dolore's Alcaide en el caso 5279.
   El Juez Pbesidente SeRor. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada presentó en estos recursos mociones de desestimación que se señalaron y se vieron con asistencia e informes de los abogados de las partes el día 7 de abril actual. Como se trata de un solo pleito y las mociones guardan tan estrecha relación, las estudiaremos conjunta-mente.

De los autos del recurso No. 5261 consta que el 8 de febrero de 1928 Bernardo Villegas entabló demanda contra la Sucn. de Harry A. Me Cormick pidiendo que se le decla-rara hijo natural reconocido de Harry A. Me Cormick. Parece que se emplazó solamente a doña Dolores Alcaide viuda. de Me Cormick quien contestó oponiéndose.

Así las cosas, el 25 de abril de 1929 se presentó una demanda enmendada, nombrándose en ella los componentes de la Sucesión, herederos de Me Cormick.

El 30 del propio mes de abril la viuda presentó una moción pidiendo a la corte que dictara una orden dispo-niendo :

“1. — Que la demanda enmendada de 25 de abril de 1929, radi-cada en este caso no está en orden, por haberse radicado sin permiso de la Corte.
“2. — Que siendo el día de hoy la fecha señalada para la vista del caso, se resuelve con vista a los auto's y al testamento que se acom-paña, que con arreglo al Art. 127 del Código Civil enmendado por la ley de 9 de marzo de 1911, el derecho de acción del demandante contra la sucesión del finado Harry A. McCormick ha quedado ter-minado por no haberse ejercitado dentro de un año contra los ver-daderos herederos testamentarios.”

El 1 de mayo siguiente el demandante solicitó de la corte permiso para archivar una segunda demanda enmendada y la corte se lo concedió.

Se archivó en efecto la demanda enmendada. La viuda xa excepcionó. También los otros demandados herederos de Me Cormick la excepcionaron alegando que no aducía hechos suficientes porque cuando se les emplazó en el pleito el derecho del demandante a pedir la declaración judicial de su reconocimiento como hijo natural había prescrito.

Resolviendo la excepción de los herederos, la corte dictó la siguiente sentencia el 8 de enero de 1930 :

“Por las razone's consignadas en la Resolución de esta fecha unida a los autos y que se hace formar parte de esta sentencia.
“La Corte declara que la acción en este caso, en cuanto a los de-mandados que han comparecido nombrados Adela McCormick de Watson por su propio derecho y su e'sposo James W. Watson en re-presentación de sus menores hijos Adela, Edith y Williams Wilford Watson McCormick (siguen nombrándose los herederos), e'stá pres-crita, y declara, en su consecuencia, sin lugar la demanda enmendada en cuanto a los mismos, sin especial condenación de costa's.”

Contra esa sentencia interpuso el demandante recurso de apelación notificando su escrito al secretario y a los abogados de los herederos, no al de la viuda. Y por la falta de noti-ficación a la viuda es que se pide la desestimación del recurso.

De los autos del otro recurso No. 5279 aparece que el 14 de febrero de 1930 la corte de distrito dictó otra sentencia en el mismo pleito seguido por Villegas contra la Sucesión Me Cormick ordenando su archivo y sobreseimiento; y que notificada dicha sentencia también apeló de ella el deman-dante notificando en esta ocasión a la viuda y no a los herederos. Y a virtud de la falta de notificación de los herederos es que se solicita la desestimación del recurso.

i,Debió notificarse, la primera apelación a la viuda? Una respuesta afirmativa se impone. El propio demandante la consideró como la verdadera parte interesada en el litigio cuando dirigió su acción únicamente en contra de ella, y .aunque la sentencia apelada se dictó declarando prescrita la acción sólo en cuanto a los otros herederos, interesa a la viuda de tal modo que ya hemos visto que basándose en la misma obtuvo que se sobreseyera totalmente en el pleito. Si la sentencia fuera revocada en apelación caería por su base el sobreseimiento.

También resulta claro el interés de los herederos en la segunda apelación. El propio demandante los hizo partes dirigiendo su acción contra ellos y la viuda en su demanda enmendada. La segunda sentencia confirma y amplía la primera. Si fuera revocada en apelación, el pleito podría continuar en cuanto a la viuda y obtener el demandante la declaración judicial de su reconocimiento qne le daría por lo menos el derecho a usar del apellido paterno y le serviría de base seguramente para reclamar, con o sin éxito, su participación en la herencia. Surgiría una cuestión legal que podría envolver en pleitos a todos los herederos no obstante la primera sentencia.

En cuanto a que dada la estrecha relación que existe entre ambas apelaciones lo que falta en la primera pudiera com-pletarse con lo que hay en la segunda y lo que falta en la segunda pudiera completarse con lo que hay en la primera, de ser posible lo aceptaríamos en bien de una determinación por sus méritos de las cuestiones envueltas, pero ni la ley, ni la práctica lo permite. Se trata de dos sentencias. Las apelaciones se establecieron separadamente y separadamente quedan reguladas por la ley que exige en cada una la noti-ficación a todas las partes interesadas.

Siendo ello así, la única resolución .que puede dictarse de acuerdo con la ley y la constante, jurisprudencia de esta corte, es declarar con lugar amibas mociones.


author: El Juez Presidente Seítob del Tobo,

text:
    Sucesión Vázquez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 774.

    Sometido: Julio 12, 1929.

      Resuelto: Abril 30, 1930.

      F. Soto Oras y B. Díaz Collazo, abogados del recurrente; el regis-trador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Seítob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Por segunda vez viene este asunto ante el Tribunal Supremo. En 1927 se presentó en el Registro de la- Pro-piedad de Guayama una certificación expedida por el Secre-tario del Interior a los efectos de inscribir cierta concesión de terrenos baldíos y el registrador negó la inscripción solicitada. Se recurrió por los interesados para ante este tribunal y la negativa fué confirmada, porque

“Para poder in'scribir en el registro una concesión de terrenos bal-díos, debe presentarse el título otorgado a favor del concesionario o copia auténtica del acuerdo de la concesión contentiva de todos los particulares de la misma. La simple nota dejada en un expediente de que la concesión se hizo y el título fué expedido, no es bastante.” Vázquez Bruno v. Registrador, 37 D.P.R. 438.

Iniciaron entonces los interesados en la Corte de Distrito de San Jnan nn expediente ad perpetuam rei memoriam y en él obtuvieron una resolución favorable cuya parte dispo-sitiva dice:

“bob taNto, se decreta y ordena:
“1. Que ba sido satisfactoriamente probado que el título expedido por la Junta Superior de Repartimiento de Terrenos Baldíos, creada por Real Cédula de 28 de diciembre de 1818, a Don Rafael Vázquez, el día 21 de junio de 1867, de la finca que se describe en esta reso-lución, ba sido perdido o extraviado, no habiéndose encontrado en los archivos de la división de Terrenos Públicos del Departamento del Interior, ni en los otros sitios que se mencionan en esta resolución, donde pudieron hallarse.
“2. Que dicho título era idéntico en su contenido al expedido a Don Luis Cabaza que solicitó también 100 cuerdas contigua's a las pedidas por el causante de los promoventes.
“3. Que siendo ello así debe tenerse y se declara por reproducido el título de Don Rafael Vázquez en el contenido del título de Don Luis Cabaza que se inserta en e'sta resolución, para que surta los mis-mos efectos que el título original.
“4. Que el Registrador de la Propiedad de G-uayama al recibo de una copia certificada de esta orden, de la copia certificada del expe-diente número 93 y de los otros documentos que acreditan la perso-nalidad de los peticionarios, según ella queda justificada por la pre-sente, debe inscribir y procederá a inscribir a nombre de los peticio-narios o del causante de éstos y luego sus sucesivas transmisiones hereditarias, la finca que se describe arriba, por virtud del título que por la presente se declara reproducido en la forma antes dicha, como si su original hubiera sido presentado para su inscripción. ’ ’

Presentada la resolución en el registro, el registrador negóse de nuevo a inscribir la concesión, por medio de la siguiente nota:

“Denegada la inscripción de la resolución que precede, con vista de otros documentos completamentarios, por las siguientes razones: Io.: que el procedimiento ad perpetuam rei memoriam autorizado por los Arts. 2001 ál 2009 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la's islas de Cuba y Puerto Rico, promulgada por Real Decreto de 25 de sep-tiembre de 1885, no es el adecuado para la declaración de derechos dominicales, en sustitución de la información de dominio que auto-riza la Ley Hipotecaria vigente en su Art. 395, y aunque el procedi-miento seguido se lia concretado a la reconstrucción de un título ex-traviado, tal reconstrucción, implica proveer e investir de título de propiedad 'sobre bienes inmuebles, de que antes carecían, a los inte-resados, infringiéndose por este medio el espíritu del Art. 2009 de dicha Ley de Enjuiciamiento Civil; 2o.: que aun en la hipótesis de que fuera legal la sustitución del procedimiento previsto en el Art. 395 de la Ley Hipotecaria, la Corte de Distrito de San Juan care-cería de jurisdicción para la declaración de títulos con respecto a hiene's inmuebles radicados en la municipalidad de Salinas, dentro del Distrito Hipotecario de Guayama, a tenor de lo dispuesto en el artículo citado, que limita la jurisdicción para los títulos declarativos de dominio a la Corte de Distrito donde radican los bienes; 3o.: que aun en la hipótesis de que fuera legal la sustitución del procedimiento previsto en el Art. 395 de la Ley Hipotecaria, los hechos que han dado lugar al procedimiento ad perpetuam seguido, no son de los que pueden ser objeto de tal expediente, por las siguientes razo-nes: (a) porque causan perjuicio y afectan al Pueblo de Puerto Rico, que es persona cierta y determinada a los efectos del Art. 2002 de la Ley de Enjuiciamiento Civil citada, y (b) porque envuelven la de-claración y reconocimiento de un derecho; 4°.: que cualquier proce-dimiento en virtud del cual se reconozca o declare un derecho en per-juicio de per'sona cierta y determinada, como en el caso de autos, sin ser aquélla citada, oída y vencida en juicio, es nulo y. anticonstitu-cional por ser contrario al Art. 2 de la Ley Orgánica de Puerto Rico (Ley Jones) aprobada por el Gobierno Federal el 2 de marzo de 1917, en cuanto dispone que ninguna persona podrá ser privada de su propiedad sin un ‘debido procedimiento de ley’; • 5o.: que los ex-pedientes ad perpetuam no son inscribibles en el Registro de la Pro-piedad por razón de que no causan estado, ni las resoluciones dicta-das en los mismos adquieren en ningún momento el carácter de fir-mes; 6°.: que en el expediente seguido no ‘se ha dado cumplimiento a los trámites establecidos en los Art's. 2002, 2003 y 2006 de la Ley de Enjuiciamiento Civil citada, por las siguientes omisiones: (a) no aparece que para admitir la información se oyera previamente al Fiscal del Distrito; (b) no aparece que la prueba se practicara con intervención de dicho funcionario, y (c) no aparece que el Fiscal ra-dicara informe favorable a la aprobación del expediente, y 7o.: que en vista de las observaciones consignadas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 6 que preceden, la Corte de Distrito de San Juan se excedió en su jurisdicción al admitir y aprobar este expediente, y 'según los térmi-nos en que está concebida, y las conclusiones que contiene, la resolu-eión final, se excedió también en sn jurisdicción al dar por probados los becbos objeto de la información y sacar o derivar de ellós conse-cuencias legales para beneficio de los promoventes, así como al decre-tar la inscripción de esta resolución en este Registro, motivos por los cuales dicho espediente es nulo y sin valor ni eficacia legales. .

Revela la nota un estudio tan cuidadoso del problema que se le’ presentara el registrador, que ella en verdad se sostiene por sí misma.

Estamos conformes con la recurrente en que quizá no sea el expediente de dominio el único procedimiento a su alcance en este caso, pero de todos modos si la concesión se bizo y el concesionario entró en posesión de las tierras y en. ella permaneció, parece el más fácil y apropiado para inscribir su derecho en el registro. ' -i

También lo estamos en que en casos apropiados el expediente ad perpetuam puede utilizarse para la reconstrucción de un documento extraviado, pero no en que sea el procedimiento para dictar órdenes como la contenida en' el número 4 de la parte dispositiva de la resolución que bemos transcrito.

“La materia de tales informaciones,” dice la Dirección General de los Registros de España, en su resolución de 15 de octubre de 1875, “no es ni puede ser la declaración de un derecho, sino la justificación de un hecho mientras no haya quien lo ponga en duda, sin que la autoridad judicial tenga otra intervención que la de autorizar y aprobar las diligencias y actuaciones practicadas.”

Y en el tomo 1, páginas 437 y 438 de su “Legislación Hipotecaria,” dice Morell:

“Las providencias dictadas por los Jueces en actos de jurisdic-ción voluntaria son revocables en cualquier tiempo, por lo que care-cen de autoridad y firmeza de la cosa juzgada y no pueden consti-tuir verdadero título de adquisición, ni ser inseribible's. (Resolucio-nes de 15 de octubre de 1875, 20 de noviembre de 1872 y 30 de mayo de 1877.)
“Con relación directamente a las informaciones ad perpetuam, la resolución de 24 de abril de 1914,.niega que puedan acreditarse por tal medio los llamamientos hechos para la sucesión de un mayo-razgo, y la de 20 de diciembre del mismo año, declara que no pueden servir dicha's informaciones para demostrar que una finca se halla inscrita en el Registro por formar parte de otra de mayor extensión, pues cabe que resulte perjuicio contra persona cierta y determinada ,que no ha sido oída.
“Las actas de deslinde judicial, dice la de 20 de marzo de 1901, sólo acreditan la determinación de los lindes de una finca; pero no justifican la propiedad ni la po'sesión de la misma.
“Debe entenderse, en vista de todas las citadas resoluciones, que los actos de jurisdicción voluntaria en general, y las informaciones ad perpetúan más determinadamente, no constituyen títulos inscribibles fundamentales, no sirven para justificar la adquisición de inmuebles ni derechos reales; pero pueden servir para otros fines distintos y ayudar a la inscripción de título's principales. Así vemos que el art. 17 del reglamento actual, admite a inscripción las actas de des-linde al efecto propio de justificar los linderos de una finca; que la ley de Enjuiciamiento civil, entre los actos de jurisdicción volunta-ria, comprende actos tan relacionados con el Registro, como los de enajenación de biene's de menores, apertura de testamentos, posesión judicial, apeos y prorrateos de foros etc., y que la Resolución de 9 de diciembre de 1893, estima que por medio de información ad-per-petuam, puede justificarse a los efectos de la inscripción, quiénes sean los hijos de determinada unión, nacidos de'spúés de otorgarse un tes-tamento.”

De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil antigua estas informaciones ad perpetuam o ad perpetúan rei me-m'oriam procedían eon tal que no se refirieran a hechos de que. (pudieran resultar perjuicios a una persona determinada, y aquí es perfectamente claro que el Estado pudiera ser per-judicado por la resolución de que se trata, sin que pueda sostenerse que por haber intervenido el Comisionado del Interior, deba entenderse renunciado cualquier derecho que pudiera asistir al Pueblo. Las facultades de dicho funcio-nario no se extienden a renuncias de tal naturaleza.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Ramón Antonmattei y Pietri, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 807.

    Sometido: Abril 23, 1930

      Resuelto: Abril 30, 1930.

      L. López de Victoria, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Al presentársele una certificación librada por el alcalde y el secretario-auditor de un municipio, en la que constaba que el municipio era dueño de dos solares urbanos, el regis-trador se negó a inscribir el documento.

El primero de los varios fundamentos señalados para la negativa es que el alcalde y el secretario no estaban autorizados por la Ley Municipal para ejercer poder o dominio alguno sobre bienes pertenecientes al municipio, y que no podían solicitar que tal propiedad fuese inscrita a nombre del municipio a menos que fueran previamente autorizados por una ordenanza aprobada por la asamblea municipal.

El artículo 36 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria dispone que:

“Para llevar a efecto la inscripción de la posesión, el jefe de la dependencia a cuyo cargo esté la administración o custodia de las fincas que hayan de inscribirse, siempre que por su cargo ejerza au-toridad pública o tenga facultad de certificar, expedirá por dupli-cado una certificación en que, refiriéndose a los inventarios o a los documentos oficiales que obren en 'su poder, haga constar:
“Primero. La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, denominación y cargas reales de las fincas o derechos que se trate de inscribir.
“Segundo. La especie legal, valor, condiciones y cargas del de-rocho real de que 'se trate, y la naturaleza, situación, linderos y nom-bre de la finca sobre la cual estuviere aquél impuesto.
“Tercero. El nombre de la persona o corporación de quien se hu-biere adquirido el inmueble o derecho, cuando constare.
“Cuarto. El tiempo que lleve de posesión el Estado, provincia, pueblo o establecimiento si pudiera fijarse con exactitud o aproxima-damente.
“Quinto. El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca.
“Si no pudiera hacer'se constar alguna de estas circunstancias, se' expresará así en la certificación, mencionando las que sean.
“Estas certificaciones se extenderán en papel de oficio, quedando su minuta rubricada en el expediente respectivo.”

La sección 29 de la Ley Municipal expresa que:

“X '# * # i# I*
“El Alcalde será el Jefe Ejecutivo y representante del munici-pio, y en tal carácter podrá comparecer y sostener toda clase de ac-cionéis y procedimientos ante cualquier funcionario o tribunal de jus-ticia, u otro funcionario público.”

El artículo 36, supra, tuvo por mira una certificación en forma narrativa. El secretario de un municipio está auto-rizado para expedir copia certificada de cualquier documento que obre en los archivos generales del municipio, o de cual-quier asiento que aparezca en libro de actas de la Asamblea, o de cualquier ordenanza adoptada por dicha asamblea, y tal certificación es admisible como prueba en cualquier pro-cedimiento civil. Véanse el artículo 37 de la Ley Municipal y los incisos 5 y 6 del artículo 69 de la Ley de Evidencia.

El registrador no se opone a la certificación que abora estamos considerando fundándose en la forma narrativa de la misma. Por tanto, no es necesario que consideremos la cuestión de su suficiencia desde ese punto de vista.

La certificación dice que a virtud de una ordenanza adop-tada el 8 de febrero de 1930 y aprobada por el Alcalde el 12 del mismo mes, la Asamblea Municipal de Yauco cedió a perpetuidad a Eamón Antonmattei y Pietri el uso y apro-vechamiento de los dos solares de que se trata. Por los términos y condiciones de esta ordenanza, el cesionario y sus causahabientes deberán pag’ar anualmente al municipio de-terminada suma por concepto de arrendamiento. Bajo tales circunstancias, un alcalde, como jefe ejecutivo del municipio', puede solicitar que los terrenos de que así dispone la asam-blea municipal sean inscritos a nombre del municipio.

Aun a falta de cualquier actuación por parte de la asam-blea municipal, los artículos 29 y 37 de la Ley Municipal, interpretados en relación con el 36 del Reglamento y suple-mentados por el 69 de la Ley de Evidencia, parecen lo sufi-cientemente amplios para permitir al alcalde y al secretario, actuando conjuntamente como en el presente caso, que soli-citen y obtengan que se inscriba la posesión.

Otra objeción fué que la certificación no cumplía con las disposiciones del artículo 36 del Reglamento ni con las regias establecidas por ciertas decisiones de la Dirección General de los Registros, por una circular emanada de la Dirección de Propiedades, y por ciertas decisiones del Tribunal Contencioso Administrativo de España.

La certificación dice que el municipio ha poseído los dos solares desde tiempo inmemorial y que es imposible designar la persona o corporación de quien fueron habidos. El regis-trador indica que esta aseveración no cumple con las dispo-siciones del inciso 4 del artículo 36, supra. A este respecto, llama nuestra atención hacia lo expresado en la certificación, al efecto de que lo que en ella se expone consta en docu-metos obrantes en los archivos del municipio. El juzga extraño el que los archivos no revelen el nombre de la persona o corporación de quien se adquirió la propiedad en cuestión.

El inciso 3, supra, exige que se dé el nombre de la persona o corporación de quien se hubiere adquirido el inmueble o derecho, solamente “cuando constare.” El inciso 4 exige que el período de posesión sea especificado sólo “si pudiera fijarse con exactitud o aproximadamente.” Un inciso posterior del artículo 36 citado dispone que: “Si no pudiera hacerse constar alguna de estas oircu/nsta/ncias, se expresará así en la certificación, mencionamdo las que sean.” Sería superfluo comentar tales disposiciones.

Como tercer fundamento, el registrador especifica lo que él califica de duda razonable en cuanto a si los dos solares de que se trata no pueden formar parte de otro predio de terreno de cabida indeterminada, inscrito a nombre del municipio, del cual se han hecho 174 segregaciones.

Ambos solares lindan por el frente con la Calle Dr. G-atell. Por la parte trasera, ambos lindan con la Calle Mejía. La descripción del terreno ya inscrito a nombre del municipio incluye una lista de calles y sus transversales. Ni la Calle Dr. Gatell ni la Mejía aparecen entre las enumeradas. Nada hallamos -en la descripción de los dos solares que, compa-rándola con la de los terrenos inscritos a nombre del muni-cipio, indique que cualquiera de dichos solares forme parte de tales terrenos. El registrador no sienta base alguna en su alegato para una duda razonable • a este respecto. Ni siquiera discute la cuestión de esa duda razonable.

El cuarto y último fundamento para su negativa fue que la parte interesada, a pesar de haber sido notificada de los distintos defectos en cuestión, no había realizado esfuerzo alguno por disipar la duda a que acabamos de aludir, o para demostrar, mediante prueba documental, que los dos solares de que se trata no forman parte de la parcela que constaba inscrita a nombre del municipio. La única autoridad citada en apoyo de esta contención es el easo de Díaz v. El Registrador, 16 D.P.R. 275. Una ojeada a la opinión allí emitida bastará para distinguirlo del presente caso.

Debe revocarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Orange Rice Milling Co., demandante y apelada, v. Angel Barasorda, demandado y apelante.
    No. 4657.

    Sometido: Abril 7, 1930.

      Resuelto: Mayo 2, 1930.

      Henry G. Molina, por la parte demandante-apelada; O. B. Fraser & B. Castro Fernández, por la parte demandada-apelante.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Cuando se baee necesario conceder una apelación, la corte inferior la admite, y queda perfeccionada, el caso pasa al tribunal superior y la corte inferior pierde la jurisdicción, no teniendo facultad o derecho alguno para desestimarla; pero hasta tanto quede perfeccionada la apelación, la corte inferior tiene jurisdicción durante el término, y en un caso adecuado puede desestimar el recurso. Ex parte Roberts, 35 Wall. 384; Goddard v. Ordway, 101 U. S. 745; Draper v. Davis, 102 U. S. 370; Aspen Mining & Smelting Co. v. Billings, 150 U. S. 31; Ex parte Mackenzie, 146 Fed. 143; Pérez Villamil v. Romano, 19 D.P.R. 1108.

En Goddard v. Ordway, supra, fué la- parte apelante quien solicitó de la corte inferior se le tuviese por desistida, y el tribunal resolvió, citando el caso Ex parte Lange, 18 Wall. 163, que “es innegable la facultad general de la corte sobre sus propias sentencias, resoluciones y decretos, tanto en lo civil como en lo criminal, durante la vigencia del tér-mino de sesiones en que fueron por primera vez dictadas.” La corte dijo que la concesión de una apelación no era distinta a cualquiera otra orden.

En el caso Aspen Mining & Smelting Co., supra, se pre-sentó una moción para desestimar, y la corte sentó los mismos principios, citando algunos de los casos anteriores. En Ex parte Roberts, supra, la corte indicó que la inferior “tenía facultad para oír, y debió haber oído y resuelto” la moción. La apelación que tenemos ante nos no fué perfeccionada.

Consideremos ahora los méritos de la moción para que no se conceda el recurso. Unicamente cuando el valor ole la cosa-en controversia excede de cinco mil dólares es que se concede una apelación para ante la Corte de Circuito. Si bien la parte demandada necesariamente admite que en la demanda se solicitaban originalmente $6,750, sostiene que la cuantía fué reducida mediante pagos efectuados mientras el caso estaba pendiente, y que la cuantía ahora envuelta es considerablemente menos de cinco mil dólares. Este era un pleito en cobro del valor de mil sacos de arroz que la parte demandada se negó a pagar. El arroz fué embarcado para Puerto Rico y el demandado se negó a recibirlo, siendo depositado bajo la custodia de la San Juan Mercantile Corporation. De la sentencia y la opinión emitidas por la corte inferior, así como< de una resolución anterior de dicha corte, aparece que el arroz fué vendido y produjo el importe neto de $3,294. También se desprende de la resolución de la corte elevada a este tribunal, que a moción de la demandante, dicha suma le fué entregada. De igual modo, los indicios son que el arroz fué vendido a petición de dicha demandante. La sentencia de la corte inferior fué por la suma solicitada en la demanda, menos la cantidad recibida en la venta en pública ■subasta. ,

Bajo las circunstancias expresadas, la reclamación becba en la demanda fué reducida a una suma menor de cinco mil dólares, y no procede el recurso. Alabama Gold Life Ins. Co. v. Nichols, 109 U. S. 232; 3 C. J. 401; 2 R.C.L. 36.

El caso de la Corte Suprema fué uno en que la deman-dante condenó parte de su reclamación, reduciendo la cuantía a una suma menor de la jurisdiccional. Aunque se perseguía ■el fin de vulnerar la apelación del demandado, y si bien la •corte inferior pudo haberse negado a efectuar la rebaja, como la sentencia fué realmente reducida, el tribunal superior se declaró sin jurisdicción. Véanse además National Bank of Omaha v. Redick, 110 U. S. 224; y Simms v. Simms, 175 U. S. 162, 169.

La oposición a la apelación debe prevalecer, y debe 1anularse la resolución de abril 2, 1930, admitiendo el recurso.


author: El Juez Asociado Señoe Aldeey,

text:
    Santiago Vélez Ramos, demandante-apelante, v. La Corte Municipal de San Lorenzo, P. R., demandada-apelada.
    No. 5049.

    Sometido: Enero 14, 1930.

      Resuelto: Mayo 5, 1930.

      Francisco Cervoni, abogado del apelante; Ricardo A. Gómez, abo-gado de,Sí Pueblo, por,la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Aldeey,

emitió la opinión del

tribunal.

Esta apelación ba sido interpuesta por haberse negado la Corte de Distrito de Humaeao a expedir un auto de mandamus contra la Corte Municipal de San Lorenzo.

Alegó el apelante en sn petición de mandamus que está denunciado en esa corte municipal por un delito de acome-timiento y agresión con circunstancias agravantes; que el día que estaba celebrándose el juicio de tal denuncia decla-raron tres testigos de cargo; que al ser llamado otro testigo de cargo manifestó el marshal que ese testigo y otro más habían sido citados y habían comparecido pero que se habían marchado, y que entonces el apelante solicitó' de la corte qüe lo absolviese perentoriamente por insuficiencia de la prueba, pero que la corte se negó a absolverlo y ordenó la suspensión del juicio hasta otro día. La víspera de este día fue presen-tada la solicitud de mandamus.

No cita el apelante precepto legal alguno que haga obli-gatoria la-absolución en un caso como el presente. Nosotros no la conocemos. Por esto y porque una absolución por in-suficiencia de la prueba es consecuencia del ejercicio por la corte de su facultad discrecional en la apreciación de ella; porque las cortes tienen facultad discrecional para suspender los juicios, y porque el auto de mandamus es improcedente para regular' la discreción judicial, debemos confirmar la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Josefa Rodríguez Collado, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 808.

    Sometido: Abril 23, 1930.

      Resuelto: Mayo 5, 1930.

      L. López de Victoria, abogado de la recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Josefa Rodríguez Collado, viuda de Eugenio Muñoz Rodríguez, fallecido el año 1911, por sí y en nombre de dos nietos menores de edad nombrados Gilberto y Carmen Muñoz y Muñoz, de 14 y 12 años de edad, respectivamente, hijos de Ofelia Muñoz Rodríguez, promovió en una corte municipal información para justificar la posesión en que ella y sus nietos están a título de dueños de una finca de 4% cuerdas valorada en $240, por la que los promoventes pagan $4.32 por contribución al Tesoro'Insular; alegando que Eugenio Muñoz Rodríguez compró en 1910 durante su matrimonio con Josefa Rodríguez Collado la expresada finca. La corte municipal aprobó la información posesoria y ordenó su inscrip-ción en el registro, apareciendo de esa. resolución que la promovente alegó también que dichos menores son huérfanos de padre y madre, y que el único de los abuelos de ellos que vive es Josefa Rodríguez Collado.

El Registrador de la Propiedad de San Germán se negó a inscribir la posesión de esa finca haciendo constar sus motivos en una extensa nota, que pueden resumirse así:

Primero: Porque cuando fallece un poseedor sin tener inscritos sus bienes, los herederos deben inscribir previa-mente dichos bienes a nombre de su causante y luego a nombre de los herederos cuando resulta de la prueba pre-sentada que el causante venía pagando contribuciones por la finca objeto del posesorio;

Segundo: Porque la abuela representa a sus nietos- sin haber presentado en la corte evidencia alguna, ni en el registro documento alguno complementario justificativo del fallecimiento de los padres de dichos menores ni de su abuelo paterno, no pudiendo admitirse como un hecho cierto, histó-rico y jurídico el fallecimiento de los padres y del abuelo por el simple dicho de la abuela de los mismos, como here-deros del causante, que falleció, y que ellos son herederos de aquél, pues los testigos que declararon en la información se concretaron al extremo de la posesión y de su duración.

Tercero: Porque no se justifica con certificación alguna que los promoventes paguen contribución a título de dueños de la finca de que se trata, citando la regia 3a. del artículo 391 de la Ley Hipotecaria. Esa negativa es objeto de este recurso gubernativo.

I. Los artículos 390 y 391 de la Ley Hipotecaria autorizan a las personas que están en posesión de bienes inmuebles para promover información judicial con el fin de obtener un título inscribible de posesión cuando carecen de título escrito inscribible, por lo que los recurrentes han podido promover la información para justificar su posesión. Es cierto que en el caso de López v. El Pueblo, 26 D.P.R. 475, en el cual un hijo promovió información posesoria para que fuera inscrita la finca a nombre de su padre fallecido, se declaró, citando a Odriozola 541, 542, a Galindo (3ra. ed.) 726, y las resoluciones de la Dirección General de los Registros de España de 11, 24 y 29 de enero de 1864, que cuando fallece un poseedor sin tener inscrito. sus bienes puede el heredero incoar un expediente posesorio con el fin de inscribir los bienes pertenecientes a la herencia a nombre de su cansante primero, y luego a nombre del heredero; pero tal declaración se limita a reconocer el derecho de hacerlo así para poder inscribir el título hereditario y no excluye el derecho de los actuales poseedores para inscribir a su nombre. La facultad de inscribir el hecho actual de la pose-sión corresponde a todos los que posean fincas, cualquiera que sea su origen jurídico. Resolución de la Dirección General de los Registros de España de 29 de octubre de 1878. Aunque un interesado tenga en su abono un título hereditario, esto no lo inhabilita para obtener una inscripción posesoria. Resoluciones de los Registros de España de 23 de febrero, 1886, y de 21 de marzo, 1889. En el caso de Rodríguez v. El Registrador, 15 D.P.R. 667, se declaró que no existe pre-cepto legal alguno que obligue a hacer la inscripción de la finca primeramente a nombre del causante para luego inscri-birla a nombre de los herederos.

II. Según la resolución de la corte municipal los dos testigos que comparecieron contrajeron sus declaraciones al hecho de la posesión en concepto de dueños de los peticionarios y al tiempo de su duración, y no aparece que se presentara prueba alguna respecto a que los padres de los dos menores, en cuyo nombre comparece la abuela, hayan muerto y que también haya fallecido la abuela paterna, para justificar que la abuela materna tenga por la ley la representación de ellos en los tribunales; pero la falta de esa prueba sólo constituye un defecto subsanable que no impide la inscripción, ya que pueden presentarse al registrador para subsanarla los documentos creditivos de esas defunciones.

III. En la resolución de la corte se dice que los promoventes pagan contribución de $4.32 anuales por la finca objeto del posesorio, según se acreditó por certificación del Tesorero de Puerto Rico, que fuá ofrecida en evidencia y que está unida a las diligencias del caso, aunque dicha' certificación está a nombre del causante Eugenio Muñoz.

Como Remos visto los peticionarios en este caso son la vinda y dos nietos de Eugenio Muñoz, y en el caso de Rodríguez v. El Registrador, supra, resolvió este tribunal la cuestión suscitada añora por el registrador declarando que cuando la finca está amillarada a nombre del causante no puede decirse que lo está a nombre de persona distinta de la viuda y los Rijos que promovieron el espediente posesorio. Además, también se declaró en ese caso que de existir tal defecto sería subsanable y no impediría la inscripción.

La negativa del registrador contiene también la consignación de un defecto subsanable que no impugnan los recurrentes.

La nota recurrida debe ser revocada y ordenarse la ins-cripción con el defecto consignado por el registrador, no discutido, y también con el de la misma clase de no haberse acreditado que la abuela tenga la representación legal de sus nietos en este caso.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Ernesto D. Reyes y Arturo Bravo, demandantes y apelados, v. Las Monjas Racing Corporation y sus directores Germánico S. Beleval, Fausto E. Arandes, Pedro L. Rodríguez, Ramón Llovet Jr., Mario S. Beleval y Jaime Sifre Jr., demandada-apelante.
    No. 5267.

    Sometido: Abril 7, 1930.

      Resuelto: Mayo 6, 1930.

      Feliú <& La Costa, abogados de los apelantes; R. Rwera Zayas, abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso, la demanda enmendada qne tenemos a la vista, alegaba la existencia de nn contrato por el qne Ernesto D. Reyes adquirió de “Las Monjas Racing Corporation” el ■derecho exclusivo para la venta de “cuadros” o impresos para combinaciones en el juego de “pool” en el hipódromo de la dieba corporación en el barrio de Hato Rey, Río Piedras, por un término de quince años, y mediante el pago, a la corporación, de un centavo por cada “cuadro,” mientras el precio de éstos fuera de cinco centavos, y una suma adicional, si fuera mayor el precio; esto entre otras estipu-laciones y garantías. Alégase asimismo que la Legislatura de Puerto Rico había pasado una ley, que fué firmada por el Gobernador en 26 de abril de 1929, para empezar a regir a los 90 días de la firma, y por la que se enmendaron varios artículos de la llamada Ley Hípica, de 4 de mayo de 1927; y que el último día de sesión de dicha Legislatura de 1929, se introdujo en la Cámara de Representantes, y se aprobó definitivamente como parte de esa ley una enmienda por la que se disponía que los impresos para combinaciones en las carreras de caballos se venderían a cinco centavos uno, y de su importe se destinarían dos centavos para gastos de impre-sión, y el resto ingresaría en el Tesoro Insular para ser invertido en la profilaxis de la tuberculosis en los niños; y esa ley en cuanto fijaba el precio de esos “cuadros” y creaba un impuesto para proveer rentas era inconstitucional, por las razones que se expresaron: que Ernesto .D. Reyes, se dirigió a la corporación demandada, avisándole que la ley citada era anticonstitucional y nula, y requiriéndola para que definiera su actitud en cuanto a la misma y a su cumplimiento, y los directores, en sesión extraordinaria de su junta, acor-daron someterse al cumplimiento de la misma en cuanto a la venta y precio de los impresos, y pago de la contribución allí creada; que los demandantes, que son accionistas de la corporación “Las Monjas Racing Corporation,” no tuvieron tiempo de solicitar y obtener reunión de la junta general de accionistas para tratar acerca de ese particular, por lo que ejercitan esta acción; que los demandados se proponen dar cumplimiento a la dicha ley; y pidieron a la corte declarara nula y anticonstitucional la enmienda al artículo 15 de la ley, y prohibiera a la corporación cumplir con tal artículo, espe-cialmente en cuanto a la venta de impresos para el “pool” por el precio establecido en dicha ley y pagar la contribución por ella creada.

Contestaron la demanda los demandados negando algunos de los hechos esenciales y negando que el precepto legal de que se trata altere o enmiende el propósito original del pro-yecto de ley presentado en el Senado, o constituya un asunto adicional al mismo, no comprendido en su título, o viole preceptos de la Carta Orgánica, o imponga contribución a favor de El Pueblo de Puerto Rico, o prive a la demandada o a sus accionistas o a alguno de ellos de su libertad y propiedad sin el debido procedimiento de ley, o con desigual protección de la ley, negando asimismo que destruya o menoscabe el valor de obligaciones contractuales o tome para el uso público la propiedad privada, negando perjuicio para la corporación como consecuencia de tal ley, y alegando como defensa especial que la corte carece de jurisdicción, que los demandantes son culpables de laches, que los hechos expuestos en la demanda no constituyen causa, que los de-mandantes no tienen capacidad ni personalidad para ejer-citar esta acción, y que hay otra acción pendiente entre Ernesto D. Reyes y la corporación.

La demanda en el caso tiene, fecha 31 de julio de 1929.

El caso se oyó el 9 de septiembre del mismo año y la ■corte dictó sentencia en 19 de noviembre del mismo año de-clarando sin lugar la demanda en todos sus pedimentos, sin especial condenación de costas. En la opinión se dice por el juez que la Legislatura de Puerto Rico por la Ley No. 44 de 1929 dispuso en el artículo 15 que los impresos para el juego de combinaciones de pool en el hipódromo deberían ■venderse por las corporaciones explotadoras de los mismos a cinco centavos nno, descontándose dos centavos para gastos de impresión y el balance o resto ingresaría en el Tesoro Insnlar para invertirse por el Comisionado de Sanidad en la profilaxis de la tuberculosis en los niños; que esa ley em-pezó a regir el 25 de julio de 1929; que el Gobernador en 17 de junio del mismo año expidió una proclama convocando a- la Legislatura de Puerto Pico a sesión extraordinaria para considerar, entre otros asuntos, enmiendas a las secciones 15 y 40 de la Ley Hípica; y que en esa reunión de la Legis-latura se promulgó la Ley No. 9 de primero de julio de 1929 derogando el artículo 15 en la parte o disposición antes citada; y que esta ley derogatoria no empezó a regir basta el 30 de septiembre del mismo año; todo lo que aparece de la prueba. El juez considera que la Legislatura al repudiar el precepto contenido en la Ley No. 44 de 1929 lo bizo para que no tuviera eficacia ni validez alguna. En consecuencia, el juez cree que la cuestión envuelta en el pleito es una cuestión académica. Resuelve, sin embargo, las cuestiones principales del caso y las defensas de los demandados. Pero sostiene que derogado el artículo 15 de la Ley No. 44, la corte no puede prohibir que se haga lo qne aquel artículo ordenaba, ya que como ley desapareció el artículo. Por esa razón entendiendo' que resultaría académico el decretar un injunction para impedir la realización de un acto que no podría realizarse por faltar ley que lo autorizara, y lo mismo el que se declarara nula e inconstitucional una ley que está ya derogada, deniega el injwíction.

La sentencia corresponde con la opinión.

Contra esta sentencia se interpuso apelación por la parte demandada.

Ahora la parte demandante y apelada ha solicitado de nosotros que desestimemos esta apelación alegando que la sentencia no perjudica a los demandados-apelantes que no tienen así el carácter de parte agraviada por la misma; que la apelación carece de mérito y es frívola; y que las cuestiones que los apelantes someten son académicas.

A esta petición se opusieron los apelantes sosteniendo que no es frívola ni académica la apelación por varias razones entre otras porque se debieron imponer y no se im-pusieron las costas y porque el caso en realidad fué llevado por el Sr. Reyes para su propio beneficio y no de la corpo-ración, y por los demás argumentos que presenta su moción.

Verdaderamente, derogada la ley cuya inconstituciona-lidad se sostenía, y no cabiendo que bajo la nueva ley se realizaran los actos de que se quejaban los demandantes, esto es, que se vendieran los cuadros al precio fijado por el precepto legal derogado con las deducciones que allí se expresaban y pagándose el impuesto que allí se creó, no vemos cómo podría dictarse un auto de injunction prohibitivo de actuaciones que no podrían realizarse en forma alguna, ya que no existía la ley que les dió razón de vida o posi-bilidad de realización. En el estado en que el pleito se decidió, y teniendo presente las peticiones de los demandan-tes, no podía el juez dictar la resolución de injunction que se solicitó.

Abrigamos una seria duda en cuanto a algunas de las alegaciones de los demandados-apelantes.

En el caso de Zorrilla v. Santana, 28 D.P.R. 324, liemos dicho:

"La regla general es que no puede interponerse apelación contra una parte de la sentencia, a menos que (como en Puerto Rico) exista un estatuto que lo autorice, 3 C. J. 466. Cuando existe discreción para conceder costa's pero tal discreción es revisable (como en Puerto Rico), las resoluciones en que no se conceden costas son revisables, 3 C. J. En este caso el demandante hizo un esfuerzo especial porque se le concedieran co'stas y ha sido agraviado por la sentencia dictada en su contra. V tan es así, que el secretario de la corte de distrito lo notificó como si hubiera sido la parte perjudicada por la senten-cia. ’ ’

Como un hecho que, cualquiera que pueda ser su impor-tancia, no debemos ahora olvidar, ‘aparece que la demanda enmendada, línica qne tenemos a la vista en la transcripción, lleva fecha 31 de julio de 1929. La Ley No. 9, pasada por la Legislatura en sesión extraordinaria de 1929, es de 1 de julio del mismo año; era, por tanto, conocida por los deman-dantes, y así aparece de su demanda enmendada. Si este hecho es o no bastante para influir la determinación de la imposición de costas, y guiar la discreción judicial en uno u otro sentido, puede ser discutido en apelación. No deter-minamos nada en esa materia; basta que sea dudoso y dis-cutible el punto. T en tal sentir, la apelación no es entera-mente frívola.

Por las razones indicadas, debemos declarar y declaramos sin -lugar la moción de desestimación.


text:
    Pedro D'Azizi, demandante y apelado, v. Enrique Alcaraz, demandado y apelante.
    No. 4966.

    Sometido: Febrero 20, 1930.

      Resuelto: Mayo 7, 1930.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; A. B. de Jesús, abogado-del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción entablada de acuerdo con los artículos 1387 y 1389 del Código Civil, no es necesario que un deman-dante siga la fraseología del estatuto, alegando que los de-fectos ocultos hacen la cosa vendida “impropia para el uso a que se la destina,” o que “disminuyen de tal modo este uso que de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido, o habría dado menos precio por ella.”

En la demanda radicada en el presente caso se alega que Alcaraz y su esposa vendieron al demandante, por la suma de $7,500, una finca urbana ubicada en el sitio de la sección norte del barrio de Santurce, ciudad de San Juan, conocido por “Martín Peña” y “Pastorcillo”; que al tiempo de efectuarse la enajenación, los vendedores sabían que la cañe-ría que servía de desagüe al alcantarillado de dicha casa cruzaba un solar contiguo sin el consentimiento de su dueña, y ocultaron ese hecho al comprador, quien no tuvo conoci-miento del mismo hasta después de algún tiempo de haber entrado en posesión de la finca, cuando la Sra. Reggiani, cuyo solar lo atravesaba la citada cañería, exigió la remoción in-mediata de la misma; que si el demandante hubiese tenido conocimiento de estos defectos ocultos en la cosa vendida, no la hubiese comprado, o, por lo menos, no hubiese pagado por ella más de $6,900.

Esa demanda difícilmente podría recomendarse como un modelo de alegación. Debe admitirse que la relación que de su causa de acción hace el demandante es algo defectuosa. Tal vez pudo ser mucho más definida y específica. Sin em-burgo, aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción.

De la faz de la demanda se desprende que la finca en cuestión era una casa y un solar radicado en un distrito populoso de la ciudad más grande de la Isla. Se trataba de un defecto oculto, conocido por los vendedores, ignorado por el comprador, y encubierto por aquéllos. Tratándose de una propiedad urbana de la índole descrita en la demanda, la falta de un desagüe para el alcantarillado con que está equi-pada, o la existencia de un desagrie que puede ser clausurado a voluntad de la dueña de un solar contiguo, es un defecto que necesariamente hace la finca más o menos “impropia para el uso a que se la destina,” no importa cuál sea ese uso. El requisito alternativo del estatuto, de que los defectos “dis-minuyan de tal modo este uso que de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido, o habría dadq menoá precio por ella, ’ ’ queda razonablemente cumplido con la alegación ya citada de que si el demandante hubiese tenido conocimiento de esos defectos, ocultos en la cosa vendídale no la habría adquirido, o, por lo menos, no hubiese pagado por ella un precio en exceso de $6,900.

Si la excepción previa del demandado de falta de hechos •suficientes para determinar una causa de acción hubiese sido desestimada, esa resolución no habría sido un error que diera lugar a la revocación.

La demanda es- una exposición defectuosa de una buena cansa de acción, mas no la exposición de una causa de acción ■defectuosa.

La prueba demuestra concluyentemente: Que el deman-dante adquirió la finca en octubre de 1926; que antes de ■efectuar la compra examinó la propiedad; que el tubo de ■desagüe en cuestión atravesaba tres solares distintos por •debajo de la tierra, y conectaba un inodoro de la casa adqui-rida por el demandante con el alcantarillado del Barrio Obrero; que en enero o febrero de 1927 la Sra. íteg’giani, dueña de uno de los tres solares atravesados por el tubo de desagüe, exigió su remoción y lo clausuró; que la Sra. Heggiani exigía $500 en pago de. esa servidumbre, pero que los dueños de los otros dos solares no estaban dispuestos a otra cosa que a conceder permiso temporal por el cual uno de ellos exigía $100; que el demandante gastó unos $350 en instalar nuevo tubos por otros terrenos, bajo un permiso provisional de los dueños de los mismos, permiso que podía ser revocado a discreción de tales dueños; que la casa se usaba para vivienda tanto antes como después de la compra Lecha por el demandante, y que éste no hubiese efectuado la compra de haber sabido que el desagüe no tenía salida;' que la casa está enclavada en terrenos bajos, donde se halla agua a un pie bajo el nivel del terreno, razón por la cual no podía pensarse en construir un sumidero; que sin conexión al alcantarillado o sin una letrina construida de acuerdo con los requisitos exigidos por el Departamento de Sanidad, la casa no podía ser habitada; y que la diferencia entre el valor a.ctual de la finca con su desagüe provisional y el valor de la misma si estuviese provista de una cañería permanente, es de $1,000.

No era necesario que la declaración de ninguno de los testigos siguiera verbatim la fraseología del estatuto, a fin de probar que la falta de un desagüe permanente para el servicio sanitario hacía que la finca fuese impropia para el uso a que se la destinaba, o que disminuía ese uso en forma tal que si el comprador hubiera tenido conocimiento de la misma, no habría adquirido la propiedad-o habría pagado un precio más bajo por ella. Si la demanda dejaba de aducir hechos suficientes para determinar una causa de acción al no especificar el uso a que se destinaba la casa, o al no alegar que la finca se había hecho total o parcialmente inservible para tal uso, la omisión quedó suplida por la prueba admitida sin objeción alguna por parte del demandado.

Si la excepción previa hubiese sido declarada con lugar, al demandante se le habría permitido enmendar su demanda. La regla es que si una enmienda hubiese sido concedida al ser solicitada, y la omisión de un hecho pertinente o de cualquier elemento de una causa de acción ha sido salvada mediante prueba admitida sin objeción alg’una por parte del demandado, se considerará en apelación qne la demanda ha sido enmendada para ajustarse a la prueba. El Pueblo v. Sucesión Valdés, 31 D.P.R. 223; Merino v. Globe Rutgers Fire Insurance Co., 35 D.P.R. 397; Carbou Rodríguez, v. Mir, 36 D.P.R. 816; Slaughter v. Goldberg, Bowen Co., 26 Cal. App. 318; Ellinghouse v. Ajax Live Stock Company, L.R.A. 1916-D 836, y nota.

El artículo 199 del Código de Enjuiciamiento Civil dis-pone que en determinada clase de casos las cuestiones de derecho deben resolverse antes que las de hecho. En tales casos, si se ha interpuesto una excepción previa general y los autos guardan silencio respecto a la actuación que sobre cha adoptara la corte, de haber adoptado alguna, bastará decir que se presumirá que la excepción previa ha sido desestimada. López v. American R. R. Co. of Porto Rico, 11 D.P.R. 154; Clausells v. Schuck, 18 D.P.R. 21. En el presente caso, según indicamos en nuestra opinión anterior, los autos no guardan silencio. No revelan, según indica el apelante, que se discutieron ambos aspectos de la excepción previa. Tienden más bien a la conclusión de que la cuestión de prescripción fué la única argumentada y sometida a la corte. En verdad, fué ése el único extremo resuelto por la corte.

La cuestión de prescripción, al ser levantada mediante excepción previa, ordinariamente se presenta como una falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción. Si la alegada omisión en que se funda ahora el apelante no fué discutida, la corte de distrito estuvo justificada al inter-pietar la excepción en el sentido de que sólo suscitaba la cuestión de prescripción. Si tal omisión hubiese sido dis-cutida, el letrado del demandado debió llamar la atención del juez de distrito hacia ese hecho al anunciarse la resolución de la cuestión de prescripción.

La cuestión que ahora tenemos ante nos no es meramente una de alegaciones. Se dirige a la suficiencia de la demanda según ha sido suplida por la prueba, no a la suficiencia de esa alegación según aparecía al empezar el juicio. Al con-siderar ese extremo no estamos dispuestos a aplicar la pre-sunción aludida en el caso de López v. American Railroad Co. y en Clausells v. Schuck, supra. El hacerlo así equival-dría a sancionar y alentar la práctica de mantener una excepción previa en emboscada- mientras se le permite a un demandante que supla los elementos que falten en la exposi-ción de su causa de acción introduciendo prueba sin que el demandado se oponga, y de solicitar entonces en apelación que se revoque una sentencia meritoria por tales defectos ori-ginales. No es ésa una práctica recomendable.

La revocación de la sentencia en el presente caso equi-valdría a una violación flagrante del artículo 142 del Código de Enjuiciamiento Civil, que dispone que:

“En cualquier estado de un pleito la corte no tomará en cuenta algún error o defecto en la's alegaciones o procedimientos que no afecten a lo esencial de los derechos de las partes, y no se revocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error o defecto.”

Debe declararse sin lugar la moción de reconsideración.


author: El Juez Pbesidente Señoe del Tobo,

text:
    Rafael del Valle Pijem, demandante y apelado, v. José S. Llompart, demandados y apelante.
    No. 4910.

    Sometido: Diciembre 24, 1929.

      Resuelto: Mayo 7, 1930.

      L. Freyre, abogado del apelante; José 8. Alegría, abogado del ape-lado.
   El Juez Pbesidente Señoe del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael del Valle Pfjem demandó en la Corte Municipal de San Juan a José S. Llompart en cobro de cuatrocientos dólares precio de nn truck Ford qne el primero alega ■que vendió al segundo. Llompart contestó alegando que la venta del truck se pactó primero con Lorenzo Méndez siendo él fiador de Méndez y que habiendo surgido dificultades se decidió a celebrar directamente el contrato “pero con la condición suspensiva de que el carro pudiera funcionar,” que el carro fué llevado al taller y resultaron tantas las reparaciones que babía que hacerle que llamó al demandante para que se cerciorara, ofreciéndole por él ciento treinta dólares, y que no llegando a ponerse de acuerdo, el demandante dispuso del tmck pasándolo en venta a otra persona quien lo inscribió a su nombre en el Departamento del Interior. El •demandado formuló además una reconvención reclamando •cierta suma por servicios prestados al demandante.

La corte municipal decidió el caso en favor del deman-dante. Apeló el demandado y celebrado el juicio de nuevo ■en la corte de distrito volvió a dictarse sentencia favorable al demandante, apelando entonces el demandado para ante este Tribunal Supremo. Señala en su alegato la comisión de tres errores, que pueden reducirse a uno, a saber: indebida apreciación de la prueba.

La evidencia, practicada es muy confusa. La de una y ■otra parte se contradicen en extremos fundamentales. El conflicto fné resuelto dos veces en contra del apelante. Limi-tándonos a la practicada en el nuevo juicio ante la corte de distrito qne es la única que nos concierne, diremos que no podemos concluir que al apreciarla la corte cometiera mani-fiesto error. Y siendo ello así, ño cabe la revocación de la sentencia recurrida.

Aflora bien, creemos que en algo debe adicionarse lasentencia y es en condenar al demandante a que al recibo del precio del truck entregue al demandado toda la documentación necesaria para que el traspaso pueda registrarse debidamente en la oficina del Comisionado del Interior de acuerdo con la ley especial sobre la materia.


text:
    Carmen Meléndez Reyes, representada por su apoderado Manuel Marchán, demandante y apelante, v. Corte Municipal de Vega Baja, Hon. A. F. Bruno, Juez, demandada y apelada y Pablo Eguia (demandante en la acción principal), demandado y apelado.
    No. 5247.

    Sometido: Abril 7, 1930.

      Resuelto: Mayo 7, 1930.

      Manuel Marchan, apoderado de la apelante, compareció oponiéndose-por escrito; V. M. Fernández, abogado del apelado Pablo Eguia-
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso flay una moción de desestimación basada en que no tenemos jurisdicción sobre el caso en apelación, y en que ésta es frívola.

Ante la corte municipal de Vega Baja se siguió un caso, en desahucio, siendo el demandante Pablo Eguia, y la de-mandada Carmen Meléndez, a quien representó sn apoderado Manuel Marchan. En el litigio la demandada contestó, negó ios hechos esenciales, alegó ser dueña de la finca, y tener radicada nna demanda sobre inexistencia de contrato, y opo-sición a información posesoria. La corte municipal dictó sentencia declarando con lngar la demanda, en fecha 9 de abril de 1929. El 26 de los mismos mes y año, la demandada acudió a la corte pidiendo reconsideración de la sentencia, que le fué denegada. T en 25 de septiembre de 1929, pre-sentó ante la Corte de Distrito de San Juan una petición de certiorari, alegando esos hechos, y que la corte inferior había cometido varios errores, por existir conflicto de título, ser insuficiente la prueba del demandante, y aparecer de un ex-pediente posesorio que Pablo Eguia había manifestado que adquirió la finca por venta con pacto de retro; y que la acción entablada era ilegal; y ser nula la sentencia por no describirse en ella la finca objeto de la acción; y que es nula la resolución de la corte en cuanto a la moción de recon-sideración. Alegó asimismo que la corte dictó orden de lanzamiento de la peticionaria, y tal orden fué ejecutada por el márshal en 23 de septiembre de 1929. Y en la misma fecha, presentó moción para que se le declarara insolvente, y litigar en ese concepto.

Pablo Eguia formuló excepción y oposición al certiorari, alegando que por medio de tal procedimiento se intentaba la revisión de cuestiones de hecho y de prueba, y que el medio sería la apelación; y que la petición no tiene finalidad prác-tica ya que se trata de una sentencia firme y ejecutada.

La corte de distrito de San Juan dictó su sentencia en 8 de octubre de 1929, declarando sin lugar la petición de certiorari, y anulando el auto original. En la opinión que se une a la sentencia la corte dice que en este caso la peticio-naria intenta que se revise la evidencia que ya apreció el juez inferior, y ése no es el fin legal del certiorari; que la parte tuvo el derecho de apelar, y no lo hizo; y que cuando' se pidió el auto de certiorari, ya la sentencia se había ejecutado.

Apeló la peticionaria. Y ahora la parte apelada nos pide que desestimemos el recurso, porque la apelación se radicó ol 2 de enero de 1930 y la transcripción el 28 de febrero siguiente; y por ser frívola la apelación. A la moción se opuso la apelante.

En pocos casos se puede percibir más claramente la fri-volidad de la apelación. El recurso intentado va, en realidad, a atacar la apreciación de la prueba que por la corte municipal se hizo; y a pretender sustituir con un procedimiento extraordinario el recurso de apelación que la parte no utilizó; teniéndolo, no lo ejercitó.

De los autos aparece que la sentencia de la corte municipal en el caso de desahucio de que se trata, fué registrada en 9 de abril de 1929; que se presentó por Carmen Meléndez una moción de reconsideración y de nulidad de sentencia, en fecha 26 de abril del mismo año; y que la orden de ejecución se dictó en 14 de mayo de 1929, y se dictó otra de lanzamiento en 20 de septiembre de 1929, que fué ejecutada por el márshal en 23 de los mismos mes y año. La demandada no apeló de la sentencia.

Hemos sostenido, de acuerdo con la jurisprudencia cons-tante e invariable que el certiorari clásico no se da más que en cuestiones de jurisdicción, o de procedimiento. Agostini v Corte Municipal, 33 D.P.R. 817, Del Toro v. Corte Municipal, 16 D.P.R. 93, y otros. Y asimismo:

(a) que el recurso de certiorari no se da como una sus-titución del de apelación o del de error. Montalvo v. Soto Nussa, 20 D.P.R. 380; Del Toro v. Corte Municipal, supra.

(ó) que el recurso de certiorari no procede cuando el peticionario tiene remedio ordinario en ley. De León v. Brusi, 22 D.P.R. 479; Sánchez v. Cuevas Zequeira, 23 D.P.R. 50; Gordils v. Corte de Distrito, 31 D.P.R. 614.

De todas formas, una vez ejecutada la sentencia de desahucio, no parece que un auto de certiorari tenga finalidad práctica alguna. Y si se trata de un caso en el que el desahu-ciado pretendía que el título de su contrario es nulo, no es por medio de un procedimiento extraordinario como lia de obtener tal declaración.

La moción de la parte apelada es correcta y razonable; por lo qye debemos desestimar y desestim-amos la apelación.


author: El Juez Asociado Señob Texidob,

text:
    Pablo J. Héreter, promovente, v. José Reguero González, Manuel V. Domenech, como Tesorero de Puerto Rico, y D. C. Mc Leod, como Auditor de Puerto Rico, demandados.
    No. 10.

    Sometido: Mayo 13, 1930.

      Resuelto: Mayo 19, 1930.

      Cayetano Coll Cuchí, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señob Texidob,

emitió la 'opinión del tribunal.

Se nos presenta una petición para que se permita al pro-movente invocar la jurisdicción original del Tribunal Supremo por medio de la expedición de un auto de injunction contra los demandados; y con esta petición una demanda en la que se solicita se expida una orden para que los deman-dados José Beguero González, Manuel Y. Domenech., como Tesorero de Puerto Bico, y D. O. McLeod, como' Auditor de Puerto Bico, comparezcan a este tribunal a exponer razones por las que no debe expedirse auto de injunction contra ellos ordenándoles abstenerse por sí o por otros de llevar a cabo acto alguno tendente a intervenir con la posesión del cargo de Alcalde Municipal de Caguas, en la que se aleg'a Rallarse el demandante, ni con tal posesión en cuanto a las gestiones de los empleados municipales bajo la jurisdicción del deman-dado José Eeguero de ejercer prerrogativas, autoridad o privilegio como alcalde de Oaguas basta tanto que baga valer su título ante tribunal con jurisdicción para ello; y que en su caso se expida la orden de injunction solicitada condenando a los demandados en costas, gastos y honorarios.

La sección 2a. de la ley de marzo 8, 1906, sobre injunctions, sección 1355 de los Estatutos Revisados de Puerto Rico de 1911, dice lo siguiente :

“La Corte Suprema, o cualquier juez de la misma, podrá, para hacer efectiva su jurisdicción, librar mandamiento de injunction, bajo las reglas prescritas por la ley, y los jueces de las respectivas cortes de distrito podrán también librarlos en todos los casos en que tales mandamientos sean procedentes.”

Como se ve, la ley concede a este tribunal o a un juez del mismo, facultad o jurisdicción para librar mandamientos de injunction “para hacer efectiva su jurisdicción,” mientras la da a la corte de distrito en todos los casos en que proceda tal mandamiento.

No está en nuestra facultad el librar el mandamiento de injunction que se solicita. Para ello sería necesario que tuviéramos jurisdicción directa u original sobre un caso en el que se solicitara tal mandamiento.

Por todas estas razones se deniegan las peticiones adu-cidas por don Pablo J. Héreter en este caso.