text:
    Angel Fernández Ramírez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 956.

    Sometido: Noviembre 4, 1935.

      Resuelto: Diciembre 17, 1935.

      L. Domínguez Bovira y F. Beiró Bovira, abogados del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En el Registro de la Propiedad de G-uayama fué presen-tada para inscripción una escritura otorgada en mayo de 1935 sobre cesión de crédito hipotecario y prórroga del mismo con las cláusulas de la escritura original de constitución de hipoteca, que tiene interés al 12 por ciento anual. El re-gistrador inscribió la cesión del contrato y la prórroga de la hipoteca pero denegó la inscripción en cuanto a lo referente a los intereses del 12 por ciento. Por esa negativa interpuso el actual acreedor hipotecario Angel Fernández Ramírez el presente recurso.

De la escritura a que nos hemos referido y de las inserciones que contiene de otras escrituras aparece que en enero de 1926 constituyó Nicolás Cintrón hipoteca por término de dos años sobre una finca de su propiedad para garantizar el pago de un préstamo de $1,500 que le hizo José Federico Ortiz con intereses convenidos del 12 por ciento anual, sin que contuviera estipulación sobre los intereses que deberían pagarse después del vencimiento de la obliga-ción. Ese préstamo fué prorrogado por escritura de 1928 por otro término de dos años y con las mismas estipulacio-nes convenidas en la escritura de 1926. Al vencimiento en 1930 de la expresada prórroga, no fué hecha por escrito nueva prórroga y el deudor continuó pagando los intereses al 12 por ciento por convenio verbal entre las partes. No fué hasta el l de septiembre de 1933 que se otorgó otra es-critura pública por la cual el acreedor José Federico Ortiz cedió ese crédito hipotecario a José María Escalera, en cuyo documento Escalera prorrogó la hipoteca por término de dos años con las mismas estipulaciones de la escritura original de constitución de la hipoteca. Posteriormente, en 1935, cedió Escalera ese crédito al recurrente, quien en el mismo documento prorrogó nuevamente la hipoteca hasta 1937, con las mismas condiciones que tenía la escritura de 1926, que como hemos, dicho fijaba los intereses a pagar en un 12 por ciento.

Cuando se otorgaron las prórrogas en l de septiembre de 1933 y en 1935 ya estaba vigente desde el 17 de agosto de 1933 la Ley núm. 5 de agosto de ese año (pág. 27), que empezó a regir desde la fecha de su aprobación, por la cual se fijó en un 9 por ciento como máximum el interés que po-día estipularse por las partes para el pago de préstamos.

La cuestión que surge en este recurso ha sido resuelta por este tribunal en el caso de Caraballo v. Registrador, 48 D.P.R. 923, en el que declaramos que las partes pudieron haber celebrado el nuevo contrato en cualquier tiempo antes de entrar a regir la ley de 17 de agosto de 1933, pero que después de esa fecha no podían celebrar ningún contrato válido para el pago de intereses al 12 por ciento: que el resolver que la ley es aplicable a un convenio de tal índole celebrado después de estar vigente dicha ley no significa interpretarla en forma tal que equivalga a darle un efecto retroactivo: y que el convenio especial a que se refiere dicha ley es un convenio escrito y no un pacto verbal.

Por los fundamentos de esa decisión, que es aplicable al caso presente, la nota recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe Audrey,

license: Public Domain

text:
    Antonio Vázquez Bruno y su esposa Beatriz Martínez, peticionarios, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. C. Llauger Díaz, Juez,
    No. 1058.

    Sometido: Diciembre 9, 1935.

      Resuelto: Diciembre 18, 1935.

      B. Díaz Collazo, ahogado de los peticionarios; T. Torres Pérez, 8u¡b-proaurador, ahogado de la Corte demandada; E. H. F. Dottin, ahogado del taquígrafo, Sr. Yera.
   El Juez Asociado Señoe Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de San Juan se siguieron tres pleitos contra Antonio Vázquez Bruno y su esposa, inter-puesto uno por María Concepción Delgado Vda. de Campillo, •otro por la misma demandante por sí y por sus bijas meno-res de edad María de la Concepción y Aida Campillo Delgado, y el tercero por Aida Campillo Delgado representada por su madre María Concepción Delgado Vda. de Campillo, los tres pleitos para recobrar indemnización por daños y perjuicios. Esos tres pleitos están ante nosotros por virtud de un auto ■de certiorari librado a instancia de los demandados.

El motivo alegado para que tal auto fuera expedido fue que dictada sentencia condenatoria en esos tres casos y ape-ladas por los demandados, la corte, a instancia de los ape-lantes, ordenó al taquígrafo que hiciera la transcripción de la evidencia para esas apelaciones: que después ordenó la •corte, a instancia del taquígrafo que tomó las notas del jui-cio, que los apelantes consignaran en la secretaría de la corte la suma de $80 para responder al taquígrafo dé las trans-cripciones solicitadas de la evidencia: que el 20 de septiem-bre de 1935 los demandados radicaron en la corte de distrito "una moción jurada solicitando que se determinara el mon-dante aproximado de los honorarios del taquígrafo por con-cepto de la transcripción de la evidencia y que se autorizara a los demandados para prestar fianza con el fin de responder-del pago de dichos honorarios, cuya moción fné declarada sin-lugar por la corte de distrito.

Los peticionarios no comparecieron ante nosotros el día. señalado para la vista de este recurso de certiorari ni tam-poco nos han presentado el memorándum de autoridades que ofrecieron y para el cual se les concedió tiempo. Por consi-guiente, todo lo que tenemos ante nosotros es la petición de-certiorari y los autos de la corte de distrito.

Dejando a un lado cualquier defecto que la petición pueda tener, diremos que la ley de 1904 creando el cargode taquígrafo repórter en los tribunales de distrito disponepor su sección 5 (Comp. 1281) que dichos taquígrafos tendrán el deber de proporcionar a cualquiera parte en un pleiteen el que se hayan tomado notas taquigráficas copia escrita a. máquina de los autos, o de cualquier parte de los mismos, por la cual tendrán derecho a recibir, además de su sueldo,, diez centavos como honorarios por cada cien palabras, que habrá de satisfacer la parte que solicitare aquélla; y la regla. 10 de la Corte de Distrito de San Juan dice que será deber de los taquígrafos transcribir las notas taquigráficas y preparar las transcripciones de evidencia de todos aquellos asuntos civiles o criminales que se les ordenare por la corte osolicitaren las partes interesadas, pero que la parte interesada,' una vez dictada la orden o hecha la solicitud, deberá consignar en secretaría para el taquígrafo el importe de los honorarios de éste conforme al arancel.

La cantidad que se mandó consignar no es para ser en-tregada toda al taquígrafo, si hay oposición de los apelantes, sino la parte de ella que resulte ser la justa de acuerdo con la ley, como resolvimos en el caso de José de Gracia v. Gerardo Guardiola y Oscar A. Gandía, 39 D.P.R. 886. Basta que esa cantidad sea aproximada, a menos que se demuestre que sea excesiva, lo que no hicieron en este caso los apelantes.. Nos parece difícil que un taquígrafo pueda fijar el precio-exacto de la transcripción que ha de hacer de sus notas antes-de que las haya puesto en máquina. Por consiguiente, no te-nían razón los peticionarios para pedir qne el taquígrafo de-terminara el valor de sns honorarios pues ya lo había sido en el valor aproximado de ellos.

Tampoco la tenían cuando solicitaron que en vez de consignar el dinero calculado por el taquígrafo se les permitiese prestar una fianza para garantizar dicho pago. Lo que dispone la ley es que el taquígrafo tiene derecho a recibir diez centavos por cada cien palabras de la transcripción, no a que se le dé una fianza de que se le pagará. Además, por el procedimiento que quieren instaurar los peticionarios en este caso podría estar obligado el taquígrafo a pleitear en caso de que los apelantes o sus fiadores no hicieran el pago. Este no es el propósito de la ley.

Por lo expuesto el auto librado debe ser anulado.


author: El Juez Asociado SeñoR Wole,

text:
    Santos Buxó, Jr., demandante, apelado y apelante, v. Emigdio Osvaldo Sellés Roldán, Pedro Villafañe Cuevas y su esposa María Collazo, demandados, apelantes y apelados.
    No. 6683.

    Resuelto: Diciembre 18, 1935.

      González Fagundo & González, Jr., abogados de los apelantes apelados; Burset & Pérez Pimentel y Lucas F. Serbiá Górdova, abogados de los apelados apelantes.
   El Juez Asociado SeñoR Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En esta moción de reconsideración se desprende ahora que al mismo tiempo que el apelante radicó ante este tribunal una moción (declarada con lugar por nosotros) solici-tando un nuevo término para radicar la exposición del caso o la transcripción de la evidencia, también presentó una mo-ción en la corte inferior en solicitud de un nuevo juicio ba-sado en la pérdida de las notas taquigráficas. Necesaria-mente, cuando los letrados acudieron a este tribunal y solici-taron un nuevo término para incorporar la prueba, conforme fiemos dicfio, estábamos obligados a asumir que podía efec-tuarse tal incorporación. De lo contrario, ¿para qué fiacer perder el tiempo a este tribunal, según se hizo, y conforme puede verse en las dos decisiones dictadas en este mismo caso? 47 D.P.R. 313, 48 D.P.R. 827. En otras palabras, el apelante creyó, al igual que nosotros, que existía una fuerte posibilidad de radicar bien la exposición del caso o la trans-cripción de la evidencia. Aún tenemos ese criterio.

El apelante sostiene .que la opinión de este tribunal se basó en conjeturas y cosas similares. A nuestro juicio, mu-chas decisiones seguirán el mismo camino. En general, el famoso dilema, bien conocido a la lógica, es un ejemplo familiar. Una de dos cosas puede ser cierta, mas si cualquiera de ellas lo es, no obstante, determinada parte no puede ven-cer. Tal vez la opinión pudo haber sido más explícita en beneficio del apelante, pero no confiábamos en más conjetu-ras de las que, a nuestro juicio, el estado del récord exigía.

Naturalmente, estábamos bastante convencidos de que el taquígrafo murió sin transcribir sus notas y tan sólo por exceso de cautela dijimos “posiblemente sin haber transcrito sus notas.” Confesamos que pudo haber sido mejor decir “probablemente”. Existió la posibilidad contraria y tam-bién el hecho de que la corte pudo haber tenido acceso a las notas.

El apelante se sorprende de que digamos que era signi-ficativo que la corte dictara su sentencia más tarde, queriendo decir con ello después de la muerte del taquígrafo. Lo que en parte teníamos en mente, y creimos que ello era obvio, fné que, asumiendo la ausencia de las notas, el juez no las necesitaba para llegar a su conclusión. Realmente pensa-mos que el juez fácilmente pudo haber reproducido de memo-ria los beebos surgidos durante el juicio.

Dijimos en nuestra opinión que después de la sentencia no se hizo tentativa alguna para “incorporar” la prueba. Debe ser que los letrados mal interpretan totalmente el uso de la palabra “incorporar”. La corte desde luego no tiene facultad para oír a testigos de nuevo, pero fácilmente puede y de ordinario incorpora la prueba que efectivamente se presentó durante el juicio refiriéndose a las notas taquigrá-ficas o a la exposición del caso presentada por los letrados y corregida por tal corte.

A lo que dábamos énfasis era a que después de la muerte del taquígrafo y' luego de dictada la sentencia por la corte, fácilmente pudo haberse preparado una exposición del caso de lo que recordara el juez u otras personas, incluyendo quizá los letrados del demandante.

En una de nuestras decisiones .anteriores, supra, excusá-bamos cualquier posible falta de diligencia del apelante al dejar de obtener un término para la presentación de la expo-sición del caso, la que, según sus propias manifestaciones, conforme decimos al principio de esta opinión, creimos podía ser presentada. Prácticamente, cuanto dijimos en estos ca-sos anteriores fué sobre la base de que era posible incorporar la prueba.

Es cierto que en 47 D.P.R. 313, supra, manifestamos que el apelante aparentemente tenía una buena defensa, es decir, que así aparecía de las alegaciones. En nuestra última opi-nión creimos que debió haberse demostrado que el apelante en realidad de verdad tenía una buena defensa. Cuando se presenta una moción de nuevo juicio basada en la pérdida de las notas taquigráficas, debemos tener alguna idea de que el nuevo juicio puede alterar el resultado. Sánchez Osorio v. Vizcarrondo, 45 D.P.R. 66; Amaral v. Gerena, 46 D.P.R. 735.

Aún insistimos en que el juez sentenciador posiblemente pudo haber reconstruido los hechos surgidos durante el jui-cio y esta posibilidad en forma alguna fué excluida por el apelante. Si el juez no podía hacerlo así, éste era un hecho fácilmente determinable. Entonces el mismo juez, si la mo-ción hubiera sido presentada, tal vez podía haber concedido un nuevo juicio. El apelante no agotó sus oportunidades.

Dijimos que los hechos del caso quizá pudieron ser sim-ples. No quisimos decir con ello que no pudieron haber cues-tiones importantes de hecho o de derecho, sino que la repro-ducción de la prueba ofrecida durante el juicio no sería difícil. Si la prueba fué corta, como pudo serlo, y probablemente lo fué, fácilmente pudo haber sido recordada.

Si el juez que falló el caso hubiera concedido un nuevo jui-cio, con toda probabilidad no hubiéramos revocado su reso-lución. Sin embargo, cuando interviene otro juez estamos exactamente en la misma posición que éste y el apelante debe hacer algo para demostrarnos que debió haberse concedido un nuevo juicio, a fin de no privar a un apelado de un caso merecidamente ganado.

Desde luego, no fué culpa de los actuales letrados, mas cuando un demandado deja de presentarse al juicio tiene que hacer una demostración más fuerte que de ordinario para obtener un nuevo juicio.

La teoría de este tribunal tanto en el caso de Sánchez Osorio como en el de Amaral, supra, fué que una parte que solicita un nuevo juicio debe presentar una fuerte demostra-ción de méritos.

Bebe declararse sin lugar la moción.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Natividad Morales, demandante, apelada y apelante, v. Manuel Saavedra Soler, demandado, apelante y apelado.
    No. 6581.

    Sometido: Abril 2, 1935.

      Resuelto: Diciembre 20, 1935.

      García Méndez & García Méndez, abogados del apelante y apelado; José Yeray, Jr., Arturo Beichard y Augusto Beichard, abogados de la apelada y apelante.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en este pleito de una reclamación por indemni-zación de daños y perjuicios que hace la demandante por la muerte de un hijo suyo de doce años de edad como conse-cuencia de un accidente ocurrido con un autocamión del de-mandado. La sentencia de la Corte de Distrito de Aguadilla condenó al demandado a pagar a la demandante $910 como indemnización por la pérdida del hijo, más las costas y ho-norarios de abogado. Contra esa sentencia interpusieron apelación el demandado por la expresada condena y la de-mandante por no habérsele concedido una cantidad mayor que la fijada en la sentencia.

La parte demandada alega dos motivos en apoyo de su recurso, a saber: que fué error de la corte inferior no haber sostenido la excepción previa que alegó contra la demanda, fundada en que no aduce hechos determinantes de causa de acción: y que la prueba no sostiene la sentencia dictada.

La demanda fué presentada el 11 de septiembre de 1931 y alega sustancialmente que la demandante es viuda: que el demandado era dueño el 17 de marzo de 1931 de un autocamión (truck) destinado entonces al servicio público y que era guiado por el chauffeur del demandado: que en el referido día, a eso de las diez de la mañana, caminaba dicho vehículo por la carretera insular que de Isabela conduce a. Aguadilla: que cuando cargado de cañas bajaba la cuesta de Aguadilla atrapó al niño de doce años Arturo Ramos, hijo legítimo de la demandante, cuyo menor caminaba conduciendo dos latas en un carrito de mano en dirección de Aguadilla a Isabela, o sea subiendo la cuesta por el extremo izquierdo de dicha carretera, cuyo lado era el derecho del autocamión: y que al atraparlo le produjo una herida contusa en el pie iz-quierdo, habiendo tenido que serle amputada la pierna iz-quierda, muriendo dos días después a causa de intoxicación séptica producida por la infección de los tejidos desgarrados: que el mencionado vehículo era conducido a una velocidad mayor de veinte kilómetros por hora y que el accidente se debió exclusivamente a la culpa, negligencia, descuido y te-meraria imprudencia del chauffeur del demandado al incli-narse demasiado a su derecha, al no regular la velocidad que llevaba bajando la cuesta y al no tomar las debidas pre-cauciones en realizar acto alguno para evitar el accidente,, en el que no hubo culpa ni negligencia por parte del niñor y que la demandante ha sufrido graves e irreparables daños por la angustia mental que ha sufrido por la falta del afecte y cariño de su hijo y por la ayuda moral y material que como madre tenía derecho a esperar de su indicado hijo cuando éste hubiera llegado a una edad que le capacitase para cum-plir con su madre sus deberes filiales.

Como la demanda dice que el niño caminaba por el ex-tremo izquierdo de la carretera empujando un carrito con dos latas: que por ese mismo lado de la carretera bajaba el au-tocamión en dirección contraria a la que llevaba el niño: y que en esos momentos el chauffeur inclinó el autocamión de-masiado a su derecha, hay que llegar a la conclusión de que de tales alegaciones surge una causa de acción contra el de-mandado, pues de acuerdo con ellas el accidente ocurrió por haberse echado el vehículo demasiado a su derecha cuando por ese sitio caminaba en dirección contraria el niño al ex-tremo de la carretera, lo que demuestra una falta del debido cuidado y circunspección requerida por la ley de automóviles, en su artículo 12 (a) para proteger la vida del hijo de la de-mandante.

Con respecto al segundo motivo por insuficiencia de la prueba para sostener la sentencia, deseamos hacer cons-tar que hemos leído toda la evidencia que se presentó en el juicio, la que nos lleva a la conclusión de que los hechos ocurrieron como los alega la demandante. Todos los testigos de la demandante, que fueron muchos, declararon unánimemente, en lo sustancial, que vieron que el accidente ocurrió en la forma antes relatada: que el niño iba con su carrito por el paseo de la carretera: que el autocamión del demandado, único vehículo que pasaba por aquel sitio en el momento de ocurrir el accidente, se echó mucho a su derecha, causándole la lesión al niño en un pie; testigos todos que vivían en la carretera muy cerca del sitio del suceso. En este caso no hubo prueba contradictoria, pues la evidencia que presentó el demandado no contradijo las declaraciones de los testigos de la demandante, pues el chauffeur del autocamión del demandado se limitó a decir que no había tenido choque alguno esa mañana y que no había visto ese niño, accidente que tampoco vieron los otros dos testigos del demandado. En verdad no podemos concebir cómo el chauffeur haya declarado que no vió a dicho niño, cuando según la preponderancia fuerte de los testigos de la demandante ese niño caminaba en dirección contraria al autocamión por el paseo izquierdo de la carretera correspondiente al lado derecho por donde caminaba el autocamión. Toda la evidencia nos convence de ser cierto que el niño caminaba como hemos dicho, y que el accidente ocurrió por haberse echado muy a su derecha el autocamión al extremo de que cogió al niño causándole la herida que le produjo la muerte, por lo que no es sostenible el segundo motivo de error alegado por el demandado.

En cnanto a la apelación de la demandante para qne se declare qne tiene derecho a mayor cantidad de indemniza-ción qne la fijada por la corte inferior, diremos qne de la evidencia aparecen declaraciones con respecto al valor qne podría tener la asistencia médica de ese niño, qne se dedicaba en algnnos ratos a prestar servicios de recados por los qne nada o casi nada cobraba, y qne no creemos qne la cantidad qne se concedió en este caso no sea suficiente indemnización.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado SeñoR Cóedova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. The Shell Co. (P. R.) Ltd., et als., acusados y apelados.
    No. 5802.

    Sometido: Diciembre 11, 1935.

      Resuelto: Diciembre 20, 1935.
    i?. A. Gómez, Fiscal y Litis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelante; Hartzell, Kelley c& Hartzell, R. O: Fernández García y P. Juvenal Rosa, abogados de la Pyramid Products, Ine. y otros; y Jaime Sifre, Jr., y Orlando J. Antons.mti, abogados de The Shell Oo. (P. R.) Ltd. y otros.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado SeñoR Cóedova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 28 de mayo de 1934 el fiscal del distrito de San Juan formuló acusación contra varias personas por haber infrin-gido la ley para proteger el comercio contra coacciones y mo-nopolios, aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en 14 de marzo de 1907 (pág. 328, Comp. 2373). El delito imputado consiste en haberse confabulado las referi-das personas para monopolizar, como en efecto monopoliza-ron, el tráfico y el comercio en la distribución y venta de ga-solina en el municipio de San Juan y en los pueblos del distrito judicial de San Juan, Puerto Eico, dentro del año anterior a la iniciación de dicho procedimiento y antes de esa fecha.

Formularon los acusados excepciones .perentorias contra la referida acusación, alegando, entre otras razones, que la corte carecía de jurisdicción para conocer de dicho proceso, porque la ley para proteger el comercio contra coacciones y monopolios, aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Eico en 14 de marzo de 1907, nunca ha estado ni está en vigor, es y ha sido siempre nula, toda vez que la Asamblea Legis-lativa de Puerto Eico no tenía ni tiene facultad para aprobar legislación respecto a una materia sobre la que tiene juris-dicción exclusiva el Congreso de los Estados Unidos y sobre la que ya dicho Congreso ha legislado.

La Corte de Distrito de San Juan ordenó el sobresei-miento del caso por entender que la ley para proteger el co-mercio contra coacciones y monopolios, aprobada en marzo 14,1907, carece de fuerza legal. Declara la corte inferior que la Ley Sherman, suplementada en 1914 por la Ley Clayton, es la que debe aplicarse, porque cubre todo el campo de la ley local, según fué declarado por este tribunal en el caso de United Theatres Inc., v. Corte, 47 D.P.R. 725.

Apeló El Pueblo de Puerto Eico contra esta resolución y ahora comparecen los apelados solicitando la desestimación del recurso, por considerarlo frívolo e improcedente.

La corte inferior está én lo cierto cuando dice, ajustándose a la opinión emitida por este tribunal en United Theatres, Inc. v. Corte, supra, que la Ley Sherman cubre todo el campo de la ley local. Hemos examinado detenidamente el estatuto federal y podemos decir que sustancialmente toda la ley de Puerto Eico está contenida en las secciones primera, segunda, cuarta, quinta, séptima y décimoquinta de la referida ley. La sección, tercera del estatuó federal declara ilegal todo contrato, combinación en forma de “trust”, o de otro modo, o conspiración para cohibir o impedir el tráfico o comercio en cualquier territorio de los Estados Unidos o del Distrito de Columbia. Cualquier persona que efectúe un con-trato, o lleve a cabo cualquier combinación o conspiración de esta naturaleza, será culpable de misdemeanor, pudiendo cas-tigársele con una multa que no exceda de $500 o prisión que no exceda de un año, ó ambas penas a discreción del tribunal. Hemos declarado que la Ley Sherman no es localmente ina-plicable y que por lo tanto está en vigor en Puerto Rico, y hemos dicho, interpretando y acatando la doctrina sentada en El Paso & N. E. Ry. v. Gutiérrez, 215 U. S. 87, que la ley del Congreso es suprema, porque cubre todo el campo de la ley local. En realidad la misma materia ha sido objeto de legislación por ambos cuerpos legislativos: El Congreso na-cional y la Legislatura de Puerto Rico. No ha;" duda de que a los acusados se les imputa un delito castigado por el estatuto federal y por el estatuto nuestro.

En Davis v. Beason, 133 U.S. 333, se alegó que las sec-ciones 501 y 504 de los Estatutos Revisados de Idaho eran nulas, entre otras razones porque el Congreso había ejercido sus poderes legislativos sobre la misma materia. “Ha sido ya establecido”, dijo el apelante en dicho caso, “que cuando el Congreso ha ejercido sus facultades, el poder concurrente de la legislatura inferior cesa o se suspende; que las dos voluntades legislativas no pueden ejercerse al mismo tiempo sobre la misma materia y que el Congreso, dentro de su es-fera, es ‘la suprema ley del territorio’.” Se citaron los casos Ex parte McNiel, 13 Wall. 236, 240; Gibnan v. Philadelphia, 3 Wall. 713, 727; Pennsylvania v. Wheeling, etc., Bridge Co., 18 How. 421, 430; Railroad Co. v. Fuller, 17 Wall. 560, 568. En la opinión del tribunal, escrita por el Juez Field, se dijo lo siguiente:

“A nuestro juicio no está abierta a objeción constitucional o legal la sección 501 de los Estatutos Revisados del territorio de Idaho, que dispone que ‘ninguna persona bajo tutela, non compos mentis o loca, ni ninguna persona convicta de traición, delito grave o soborno en este territorio o en cualquier otro estado o territorio en la Unión, a menos que le sean restituidos sus derechos civiles; ni ninguna persona que sea bígama o polígama, o que enseñe, aconseje o aliente a cualquier persona o personas para que sean bígamas o polígamas o cometan cualquier otro crimen definido por la ley o para que ingre-sen en lo que se conoce como phi.ral or celestial marriage, o que sea miembro de cualquier orden, organización o asociación que enseñe, aconseje o aliente a sus miembros o devotos o a cualquier otra persona a cometer el crimen de bigamia o poligamia o cualquier otro crimen definido por la ley, como un rito o ceremonia de tal orden, organización o asociación, o de otra manera, estará autorizada para votar en cualquier elección o para desempeñar cualquier posición o cargo de honor, confianza o emolumento dentro de este territorio.’ Con excepción de las personas bajo tutela o locas, el estatuto sim-plemente excluye del privilegio de votar, o de desempeñar cualquier cargo de honor, confianza o emolumento, a aquellas personas que han sido convictas de ciertos delitos, y que han aconsejado una resisten-cia práctica a las leyes del territorio y justifican y aprueban la co-misión de crímenes prohibidos por la ley. La segunda subdivisión de la sección 504 de los Estatutos Revisados de Idaho, que requiere que toda persona 'que desee inscribirse como elector tome un jura-mento afirmando que no pertenece a ninguna orden que aconseje o menosprecie la ley criminal del territorio, no está abierta a ninguna objeción legalmente válida sobre la cual se haya llamado nuestra atención. ’ ’

De acuerdo con la sección 504 del Estatuto Revisado de Idaho a que se refiere la Corte Suprema, la persona que desee inscribirse como elector debe, entre otras cosas, jurar que no es miembro de ninguna orden, organización o asociación que enseñe, aconseje o aliente a sus miembros, devotos o cual-quier otra persona a cometer el delito de bigamia o poligamia o cualquier otro crimen definido por la ley, como un deber derivado de sus relaciones en concepto de miembro de tal orden, organización o asociación, o que practique bigamia o poligamia o phtral or celestial marriage como un rito de tal organización.

Refiriéndose al estatuto del Congreso, continúa diciendo eL Juez Field:

“La posición de que el Congreso ba cubierto, por sus estatutos, toda la materia de legislación punible contra la bigamia y poliga-mia, dejando nada a la acción territorial sobre la misma materia, no produce en nosotros la impresión de tener muebo peso. El estatuto del Congreso de marzo 22, 1882, enmendando una sección anterior de los Estatutos Revisados con referencia a bigamia, declara que ‘ningún polígamo o bigamo, ni ninguna persona que tenga comercio carnal con más de una mujer, ni ninguna mujer que tenga comercio carnal con cualquiera de las personas descritas en dicha sección, en cualquier territorio u otro lugar sobre el cual los Estados Unidos tengan exclusiva jurisdicción tendrá derecho a votar en cualquier elección celebrada en tal territorio u otro lugar, o será elegible a. elección o nombramiento, o tendrá derecho a desempeñar cualquier cargo o posición de pública confianza, honor o emolumento en cual-quier territorio o lugar, o en los Estados Unidos.’
“Esta es una ley general aplicable a todos los territorios y otros lugares bajo la exclusiva jurisdicción de los Estados Unidos. No es su propósito restringir la legislación de los territorios sobre delitos similares o sobre los medios para su averiguación y prevención. Los casos en los cuales la legislación del Congreso sustituye la legislación de un estado o territorio, sin disposiciones específicas al efecto, son aquellos en los cuales la misma materia es el objeto de legislación por ambos poderes. Entonces la acción del Congreso puede ser con-siderada como cubriendo todo el caso. Pero aquí no existe nada de esto. La ley del Congreso nada dice acerca de enseñar, aconsejar y alentar la práctica de bigamia y poligamia, es decir, sobre ayudar y estimular la comisión de aquellos delitos, ni sobre la forma adoptada, por medio del juramento, requerido para la inscripción, a fin de evi-tar que las personas puedan con sus votos derrotar las leyes crimi-nales del país.”

Hemos citado el caso que antecede porque sostiene que no está sujeto a ninguna objeción constitucional o legal un estatuto local que entre otras cosas dispone que un bigamo o polígamo no tendrá derecho a votar en cualquier elección o para desempeñar cualquier posición o cargo de honor, con-fianza, o emolumento, dentro del territorio, a pesar de que el estatuto federal cubre, en este particular, el mismo terreno al declarar que ningún polígamo o bigamo tendrá derecho a 'votar en cnalqnier elección celebrada en tal territorio n otro lngar o será elegible a elección o nombramiento o ten-drá derecho a desempeñar cnalqnier cargo o posición de pú-blica confianza, honor o emolnmento en cnalqnier territorio o lngar, o en los Estados Unidos.

La corte, sin embargo, sienta el principio de qne los ca-sos en los cnales la legislación del Congreso snstitnye la le-gislación local, sin disposiciones específicas al efecto, son aquéllos en los cnales la misma materia es objeto de legisla-ción por ambos poderes. Entonces la acción del Congreso pnede considerarse como cubriendo todo el campo de la ley local. “Aquí no existe nada de eso”, dice el tribunal, aña-diendo qne la ley del Congreso nada dispone acerca de ense-ñar, aconsejar y alentar la práctica de bigamia o poligamia. En nuestro caso no podemos establecer esta distinción. La ley del Congreso cubre todo el campo de la ley local y ne-cesariamente tenemos qne mantener nuestra decisión en el caso de United Theatres, Inc. v. Corte, supra, acatando lo que a nuestro juicio constituye la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Sostienen los apelados que un estatuó de un estado puede coexistir con un estatuto local aunque los dos regulen la misma materia, por tratarse de dos entidades igualmente soberanas dentro de los respectivos límites de su jurisdic-ción, pero que tal cosa no sucede en cuanto a los territorios, que no son grupos o comunidades políticas con soberanía' in-dependiente, sino que dependen del poder del Congreso de los Estados Unidos que es en ellos la única autoridad soberana. De ello se deduce como colorarlo ineludible, a juicio de los apelados, que una vez que el Congreso ha legislado sobre una cuestión determinada, el territorio no puede dar paso alguno que implique siquiera la intención de legislar sobre el mismo asunto. En apoyo de esta teoría se cita el caso de Grafton v. U. S., 206 U.S. 333, 51 L. Ed. 1091, donde la Corte Suprema de los Estados Unidos se expresó así:

“El Gobierno de los Estados Unidos no tiene poder, si no le lia sido concedido expresa o tácitamente por necesaria deducción, mien-tras que los estados pueden ejercer aquellos poderes que no son incompatibles con la Constitución de los Estados Unidos ni con una forma republicana de gobierno y que no han sido concedidos al go-bierno general. Un delito contra los Estados Unidos puede solamente ser castigado bajo su autoridad y en los tribunales creados por sus leyes, mientras que un delito contra un estado puede ser castigado solamente por su autoridad y en sus cortes. El mismo hecho, según se sostuvo en el caso de Moore, puede constituir dos delitos, uno contra los Estados Unidos y otro contra el estado. Pero estas ■ cosas no pueden decirse de las relaciones entre los Estados Unidos y las Fi-lipinas. El gobierno de un estado no deriva sus poderes de los Es-tados Unidos, mientras que el gobierno de las Filipinas debe su exis-tencia completamente a los Estados Unidos, y sus tribunales judi-ciales ejercen todos sus poderes por autoridad de los Estados Unidos. La jurisdicción y autoridad de los Estados Unidos sobre dicho terri-torio y sus habitantes para todo propósito legítimamente de gobierno, es suprema. De modo que los casos que sostienen que los mismos actos cometidos en un estado de la Unión pueden constituir un de-lito contra los Estados Unidos y también un delito distinto contra el estado, no se aplican a este caso, en que los dos tribunales que juz-garon al acusado ejercieron todos sus poderes bajo y por la autori-dad del mismo gobierno, que es el de los Estados Unidos.”

En el caso citado, nn soldado del ejército de los Estados Unidos, acusado de haber dado muerte a un ser humano, fue juzgado y absuelto por una corte marcial. Posterior-mente se presentó una acusación en el nombre de los Esta-dos Unidos ante un juzgado de primera instancia. El acu-sado fue juzgado y condenado a doce años de prisión. Apeló ante la Corte Suprema del Archipiélago Filipino, alegando que había sido juzgado dos veces por el mismo delito. Con-firmada la sentencia dictada por el tribunal de primera ins-tancia y elevado el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos,. este tribunal revocó dicha sentencia y absolvió al acusado por entender que había sido juzgado dos veces por un mismo delito. Aunque los principios establecidos por el Tribunal Supremo puedan tener alguna relación con los prin-cipios aplicables al caso de autos, sin embargo, bueno es te-uer en cuenta qne en el caso de Filipinas la controversia no versó sobre el predominio de nna ley federal sobre el estatuto local, sino sobre el alegado derecho del acusado a no ser juz-.gado dos veces por un mismo delito.

Arguye el fiscal que el simple hecho de que el estatuto federal esté en vigor y tenga fuerza legal en Puerto Pico, y 'cubra la misma materia que el estatuto local, no puede te-ner la significación de que este último estatuto haya quedado sin efecto y sin fuerza legal alguna, si se tiene en cuenta •que la ley local no está en conflicto con el estatuto federal. En apoyo de esta teoría se cita el caso de Territory v. Long Bell Lumber Co., 22 Okla. 890, 99 P. 911, donde la Corte Su-prema de Oklahoma aparece sosteniendo la ley del territorio contra monopolios aprobada algún tiempo después de hallarse •en vigor la Ley Sherman. De la opinión emitida en el caso ■citado copiamos lo siguiente:

“Dentro de las limitaciones apuntadas, el poder legislativo con-■cedido al gobierno local es tan extenso en un territorio como en un estado. La política del Gobierno es conceder la mayor oportunidad para el gobierno propio como una preparación hacia la estadidad.
“Así lo ha sostenido la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Clinton v. Englebrecht, 13 Wall. 434, 20 L. Ed. 659. La corte se expresó así: ‘La teoría sobre la cual los diversos gobiernos en las porciones de los territorios de los Estados Unidos se han or-ganizado, ha sido de dar a los habitantes todos los poderes de go-bierno propio compatibles con la supremacía y supervisión de la au-toridad nacional y con ciertos principios fundamentales establecidos por el Congreso.’ Esta es, a nuestro juicio, una exposición correcta de la ley envuelta, y la determinación de la extensión concedida por el Congreso al territorio de Oklahoma .sobre el derecho a legislar debe •ser fijada interpretando los poderes específicamente concedidos en el artículo 6 de la ley orgánica, supra, tomado en conexión con la ma-nifiesta política del gobierno de conceder la facultad de legislar so-bre todas las materias de legislación anteriormente establecidas. Si la ley de la Legislatura territorial fue aprobada con el propósito de hacerla efectiva y ponerla en vigor por sus propias autoridades, la disposición para evitar combinaciones restringiendo el comercio no-•estuvo en conflicto y en modo alguno impidió a las autoridades fe-derales hacer efectiva la ley del Congreso. Siendo ello así, se nos-ocurre que no existe una buena razón para decir que la ley local fué anulada, en el momento de aprobarse, por la ley federal. No hay-nada en el estatuto federal que proscriba o prohiba a la autoridad-, legislativa del territorio el derecho a legislar sobre una materia idén-tica, ni existe esta prohibición en ninguna ley del Congreso sobre la cual se haya llamado nuestra atención. El derecho a legislar sobre-está materia y a hacer efectiva la legislación por sus propias auto-ridades es un derecho muy apreciable para los ciudadanos que ha-bitan el territorio y no debe ser abolido por- una interpretación for-zada y arbitraria.”

La Corte Suprema de Oklahoma estudia detenidamente-la cuestión planteada en una laboriosa opinión, sosteniendo-con acopio de citas la vigencia del estatuto local. Ésta sería, también nuestra opinión si no nos sintiéramos cohibidos por las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Puede que estemos interpretando erróneamente la doctrina, sentada por el alto tribunal, y si es así nos -alegraríamos de-habernos equivocado y de que se corrigiera nuestro error,, pero hasta la fecha no se nos ha convencido de que hayamos-errado en esa interpretación. El derecho de la legislatura, y de las autoridades insulares a perseguir y castigar los mo-nopolios que se cometan dentro de nuestra jurisdicción es-realmente inapreciable. Así lo entendió nuestra Asamblea Legislativa cuando se permitió legislar sobre la materia. Es--ésta una legislación saludable y necesaria que debiera ha-cerse efectiva a través de los tribunales insulares. Hay que-convenir en que El Pueblo de Puerto Rico tiene un interés especial en llevar a los tribunales a los ciudadanos que violan sus propias leyes. Por mucho interés que pueda tener el gobierno nacional para perseguir esos delitos, puede darse-el caso de que pasen inadvertidos para las autoridades-federales o que por una circunstancia u otra no se despliegúe-la misma actividad y el mismo interés que debe esperarse de-las autoridades locales.

Se alega que la apelación es frívola. No lo es, si se tieneen cuenta la importancia y trascendencia de la cuestión plan-teada por los acusados y resuelta por el tribunal inferior; pero como ya este tribunal ba sentado su criterio sobre el particular ratificando la doctrina sostenida en el caso de El Pueblo v. Galanes et al., 15 D.P.R. 390, nos vemos obligados a desestimar el recurso interpuesto.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Señor Cóedova Dávila,

text:
    Raquel Morales, demandante y apelada, v. Rafael Torres Ramis, Matilde M. de Torres y Santiago Iglesias Silva, demandados y apelantes.
    No. 7188.

    Sometido: Diciembre 16, 1935.

      Resuelto: Diciembre 20, 1935.
    6r. Cruzado Silva, abogado del apelante Sr. Iglesias Silva; R. Díaz-Collazo, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Cóedova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Raquel Morales inició una acción en cobro de dinero contra Rafael Torres Ramis, Matilde M. de Torres y Santiago Iglesias Silva. La acción se basa en un pagaré, que se copia en la demanda, suscrito por los tres demandados, reconociendo deber cierta cantidad a la demandante. El demandado Santiago Iglesias Silva alegó, por medio de excepción previa, que la demanda, como estaba redactada, no aducía bechos suficientes para constituir una causa de acción. La parte demandante solicitó que se dictara sentencia a su favor por tratarse de una excepción á todas luces frívola. El demandado apelante, que no asistió a la vista de la excepción previa, cuando se enteró de la moción del demandante se opuso a la misma, alegando que no debía dictarse sentencia sobre las alegaciones porque se le privaría de aducir buenas defensas al contestar la demanda. La corte inferior dictó sentencia contra el demandado, basándose en las razones que a continuación se expresan:

“Se trata en este pleito de una acción en cobro de dinero que tiene su origen en un pagaré suscrito por los tres demandados. La demanda está jurada por la demandante. El demandado Santiago Iglesias Silva ha comparecido en autos radicando una excepción pre-via de falta de hechos. Los otros dos demandados están en rebeldía. La demandante pidió al tribunal señaláramos día para la disensión de la excepción previa. En la fecha señalada, la demandante, por su abogado, compareció ante el tribunal y dejó sometida la excepción previa del demandado Santiago Iglesias Silva, pidiendo, por moción escrita', que se dictara sentencia, ya que el fundamento de excepción aducido es a todas luces frívolo y no tiene otro fin que el hacer lo más lenta posible la administración de la justicia en este pleito.
“Hemos estudiado la demanda, la que para los fines del funda-mento de excepción aducido, tenemos que considerar como cierta en todos sus hechos. Como antes decimos, se trata de una demanda en cobro de un pagaré, y está debidamente jurada. La demanda, a nuestro juicio, aduce todos los elementos necesarios para esta clase de acciones. Aun cuando el demandado Silva manifiesta que se opone a que se dicte sentencia por las alegaciones, no es por los méritos de las alegaciones que la corte va a dictar sentencia, sino porque tra-tándose, como se trata, del cobro de una obligación que aparece co-piada en la demanda, y ésta está debidamente jurada, y por la auto-ridad de los. casos Mora v. Rivera, et al., 25 D.P.R. 493, y Muñoz v. El Cénit, 27 D.P.R. 29, considerando la corte frívolo el fundamento de excepción aducido, resuelve: 1. Declarar sin lugar en todas sus partes el fundamento de excepción de falta de becbos constitutivos de causa de acción en la demanda, y 2, considerando frívolo tal fun-damento de excepción, resuelve y decreta declarar con lugar la de-manda, con todos los pronunciamientos que en la misma se piden.”

Recurrida la sentencia apelada por el demandado Santiago Iglesias Silva, comparece ahora la demandante solici-tando que se desestime, por frívolo, el recurso interpuesto. No hay duda alguna de que la demanda aduce hechos sufi-cientes para constituir una causa de acción. Se alega en la misma la obligación contraída por los demandados y se dice que no obstante haber sido requeridos de pago, no han sa-tisfecho la obligación contraída. La corte inferior estuvo en lo cierto al calificar de frívola y dilatoria la excepción pre-via presentada.

La sentencia dictada al desestimar la excepción se basa en jurisprudencia sentada por esta corte. En Mora v. Rivera et al., 25 D.P.R. 493, se sostiene que cuando un demandado no comparece en el día señalado, al efecto de sostener la ex-cepción previa que presentara alegando que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de ac-ción, está en orden y debe ser declarada con lugar una mo-ción del demandante para que se desestime la excepción y para que se dicte sentencia en contra del demandado si la excepción es frívola y la demanda establece una causa de acción.

• Esta doctrina está sostenida por la jurisprudencia de California. En el caso de Barron v. Deleval, 58 Cal. 95, 97, se dijo lo siguiente, interpretando el artículo 472 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, equivalente al 139 del código nuestro:

“El artículo 472 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que cuando una excepción previa a la demanda' es desestimada y no se ha presentado una contestación, podrá la corte, en los términos que estime justos, permitir que se presente una contestación. Y en el caso de Seale v. McLaughlin, 28 Gal. 672, la corte dijo: ‘No hubo error en dictar sentencia por falta de contestación al desestimarse la excepción previa. Cuando una excepción a una demanda es de-sestimada, y no se ha radicado contestación, la corte puede, en los términos que estime justos, y previo pago de las costas, permitir que se radique una contestación. Pero esto no quiere decir que deba ha-cerse así en todos los casos. De ordinario la corte permitirá indu-dablemente que se radique la contestación cuando la excepción ha sido interpuesta ele buena fe, con alguna razón para suponer que de-biera ser sostenida. Pero en este caso no se solicitó permiso para ra-dicar una contestación, y la excepción es manifiestamente frívola e interpuesta simplemente para dilatar, sin ninguna intención de con-fiar en sus méritos. Es verdad que bajo las circunstancias no se hizo un uso impropio de la misma por los abogados que la presentaron. Pero no hubo error en dictar la sentencia al declarar sin lugar la excepción previa.’ ”

En el caso de Leavell v. Superior Court, 27 Cal. App. 191, se decidió que una corte superior tenía autoridad legal para negar a un demandado el privilegio de radicar una contesta-ción después de haber interpuesto una excepción previa que había sido desestimada, sujeta sin embargo a revisión en caso de un uso arbitrario o irrazonable de la discreción judicial.

La misma doctrina fué sostenida en el caso de Thornton v. Borland, 12 Cal. 439, 440, donde se dijo lo siguiente:

“El ejercicio del poder depende grandemente de las circunstan-cias especiales de cada caso, y debe ejercitarse para evitar dilaciones y promover los fines de la justicia.”

En el presente caso el demandado apelante no presentó a la corte inferior ninguna razón tendente a demostrar los méritos de cualquier defensa que pudiese interponer. Se limitó a decir que si se dictaba sentencia se le privaría de aducir en su contestación buenas defensas, pero no dijo en qué consistían. En su oposición a la moción solicitando que se desestime la apelación el demandado alega que de la faz de la obligación contraída no aparece tipo de interés alguno estipulado. Es verdad, pero se convino expresamente el pago de intereses anuales a contar desde la fecha del venci-miento de la obligación y se estipuló además que se pagarían intereses sobre los intereses vencidos. Es claro que si los de-mandados se obligaron al pago de intereses y no se estipuló el tipo de los mismos, debe satisfacerse el interés legal, que es el 6 por ciento. La obligación original asciende a $654. De la misma se pagaron $100. Hemos computado los inte-reses, de acuerdo con lo estipulado, sobre la base de los $654, y arrojan una suma superior a la que se pide en la demanda por concepto de intereses. Hemos hecho el cómputo también sobre la base de $554, a contar desde el vencimiento de la obligación hasta la fecha en que se interpuso la demanda, y se pide un pequeño exceso de $6 que probablemente adeu-dan los demandados. Todo depende de la fecha en que se hizo el abono de los $100 a la obligación principal. El cálculo está hecho de acuerdo con lo estipulado sobre los intereses. No hay razón alguna para sostener el recurso interpuesto. La demanda establecida fué jurada por la parte demandante. El demandado apelante no ha demostrado ni ante la corte inferior ni ante nosotros que tenga una buena defensa contra la reclamación de la demandante. La frivolidad de la excep-ción previa interpuesta dió lugar a la sentencia de la corte inferior. También por motivos de frivolidad debe desesti-marse el recurso establecido por el demandado apelante.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Armando A. Miranda, demandante y apelante, v. José L. Pesquera, demandado y apelado.
    No. 6674.

    Sometido: Diciembre 10, 1935.

      Resuelto: Diciembre 23, 1935.

      Armaoido A. Miranda, por su propio derecho y Rafael F. Barbosa, abogado del apelante; Bubón •& Ochoteco, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción en cobro de honorarios profesionales, iniciada por el abogado Armando A. Miranda contra José L. Pesquera. Alega el demandante que desde enero de 1929 hasta julio de 1930 prestó al Sr. Pesquera sus servicios como abogado, sin percibir remuneración alguna, a pesar de haber requerido de pago al referido demandado. El demandante solicitó una sentencia a su favor por la cantidad de $800. La corte inferior dictó su fallo declarando sin lugar la de-manda. Apeló el demandante contra la sentencia dictada, atribuyendo a la corte inferior dos errores que pueden dis-cutirse conjuntamente porque se refieren a la apreciación de la prueba.

La corte de distrito aceptó como probado que el demandante gestionó los asuntos que alega en la demanda, pero sostiene que nunca existió contrato, expreso o implícito, entre Miranda y Pesquera, habiendo actuado el primero a gestiones del Sr. Toral, administrador del segundo, sin que el referido Toral tuviese autorización para contratar a nombre de Pesquera los servicios de un abogado.

La prueba del demandante consistió en su propia decla-ración y treinta y cuatro documentos: veintiséis copias de cartas gestionando el cobro de alquiler de solares de Pés-quera, un proyecto de arrendamiento de solar y varias de-mandas radicadas en la Corte Municipal de Bayamón.

Declara el demandante que allá por el mes de noviembre de 1928, el demandado lo llamó por teléfono desde su oficina en San Juan, para que lo viera al día siguiente en su oficina en Bayamón, en la cual se atienden los negocios de varias ur-banizaciones del Sr. Pesquera; que se personó en la oficina al día siguiente a las 10:30 de la mañana, manifestándole Pesquera que bacía más de cuatro meses que estaba tratando de conseguir que su primo Carlos M. Pesquera se hiciera, cargo de sus asuntos, pero que no lo había conseguido, y de-seaba que él, Miranda, se hiciera cargo de los pleitos de las urbanizaciones y todo lo referente a las mismas; que no se acordó precio alguno por el trabajo; que Pesquera le dijo que no quería demandar sino en casos extremos; que deseaba que él se dirigiera a todos los inquilinos morosos para ges-tionar el pago de lo debido; que el declarante le dirigió car-tas de cobro a veintiséis inquilinos de Pesquera; que como al mes y medio de haber remitido esas cartas lo llamó Pes-quera por teléfono solicitando detalles de las gestiones y que él así se lo informó, diciéndole Pesquera que estaba enterado de las cartas, ya que varias personas habían venido a la ofi-cina a pagar; que Pesquera le manifestó que deseaba proce-der contra aquellas personas que no hubieran pagado o que se negaran a pagar; que el declarante le manifestó a Pes-quera que debían esperar algún tiempo y que él iría a ver a estas personas para gestionar personalmente el pago, y que quedaron los dos conformes en esto; que visitó a cada una de las personas a quienes se le habían remitido las cartas y que muchas de ellas se personaron en la oficina, como Teresa Cortés de Ramírez, que en su presencia pagó parte de su cuenta; que pasaron meses y allá por julio o agosto sólo quedaban ocho o diez personas que no querían pagar; que fué a la oficina de Pesquera y le dijo: “Mire, Pepito, la gente de la urbanización ha pagado, pero hay algunos que no quieren pagar . . . ¿ qué usted cree que se debe hacer con ellos?”; que Pesquera le manifestó: “Pues yo lo que creo es que se debe proceder contra esas personas. En cuanto el márshal los notifique, tú verás si ellos pagan, si no el todo, una buena parte de la deuda. Y efectivamente, yo necesito dinero ahora, así es que ésta es una buena época para de-mandarlos;” que el declarante le preguntó sobre el pago de los derechos y Pesquera le dijo que iba a ordenar a Toral que le pagara el importe de los derechos en cada caso según le fuera diciendo Miranda; que siguiendo esas instrucciones, radicó en la Corte Municipal de Bayamón siete demandas; que al preguntarle a Pesquera sobre algunas de estas perso-nas antes de demandarlas, Pesquera le decía: “A deman-darlo”; que cuando algún demandado pagaba por lo menos la mitad de lo debido, Pesquera le ordenaba que desistiera de ese caso; que Pesquera le consultó sobre el derecho de homestead, que pudiesen tener los que tuvieran casas en el solar, y que el declarante estudió esta cuestión; que Pes-quera solicitó del declarante que éste preparase un contrato de arrendamiento de solar de tal manera que quedara re-nunciado el homestead; que preparó el contrato antes de embarcar Pesquera para los Estados Unidos; que una tarde se lo encontró en el correo de San Juan y se fue a invitación de Pesquera en el automóvil de éste; que le leyó el contrato en el automóvil y que al llegar a la casa del declarante se detuvo el carro de Pesquera; que serían como las 6:30 o las 7, que ya estaba entre claro y oscuro; que Pesquera dijo que le gustaba mucho el contrato pero que necesitaba leerlo con detenimiento por si tenía que hacer alguna aclaración, enmendarlo o añadirle algo; que a petición de Pesquera le dejó el contrato en su oficina; que como cuatro semanas des-pués se encontró en Bayamón con Pesquera y le preguntó del contrato; que Pesquera le dijo que estaba perfectamente bien; que Pesquera le dijo que quería conservar una copia del contrato, y que el declarante le dijo que se quedara con el que tenía, ya que él tenía copias en su oficina; que le dijo Pesquera al declarante que le iba a dar órdenes a Toral de que mandara a imprimir el contrato cuando regresara de los Estados Unidos; qne Pesquera le dijo que le entregara una copia a Toral; que le entregó a los dos o tres días una co-pia a Toral; que una tarde, en enero de 1930, se encontró con el Sr. Pesquera en San Juan y le dijo que necesitaba de su ayuda; que Pesquera le dijo: “Pues tú dirás;” que le explicó que se sentía enfermo y que tenía que extraerse las amígdalas y hacerse una operación en la nariz y que nece-sitaba dinero; que Pesquera dijo: “No hay que hablar . . . no tienes más que pasarte por mi oficina mañana”; que el declarante le dijo que necesitaba como $200 y que Pesquera le dijo: “¡Cómo no!”, y que pasara como a las dos de la tarde por su oficina; que al día siguiente, a las dos de la tarde, fué a la oficina del Sr. Pesquera, y no lo encontró; que fué veintidós días consecutivos y nunca encontró al Sr. Pesquera ni tampoco el cheque del Sr. Pesquera para él; que un día fué a buscar al Sr. Pesquera a su casa y su señora le manifestó que él no estaba allí; que como a la media hora vió salir al Sr. Pesquera de su casa y que lo detuvo; que volvió a solicitar del Sr. Pesquera los $200; que Pesquera le dijo que había estado muy ocupado pero que sin falta el próximo miércoles por la tarde estaría en su oficina; que el declarante le manifestó al Sr. Pesquera que si no lo en-contraba en la oficina el miércoles no iba a buscarlo más, ya que tenía que irse a la clínica a operar; que volvió a la oficina el miércoles y el Sr. Pesquera no estaba en su oficina; que solicitó el cheque y no había cheque; que fué a la oficina de Pesquera en la urbanización y le preguntó al Sr. Toral si Pesquera le había dejado un cheque y que éste le contestó que no; que se operó; que volvió personalmente donde Pes-quera y se lo encontró en la Asociación de Agricultores y le explicó que él había trabajado para él por un período de más de año y medio y quería saber si tenía ideas de pagarle, para si no olvidarse de la cuenta y echarla al olvido; que Pes-quera se excusó otra vez diciendo que estaba muy ocupado, que no era que no le quería pagar sino que no tenía tiempo para nada; qne el declarante le dijo qne le iba a mandar nn estado de cnenta por correspondencia y qne le hiciera “nn chequeeito”; qne le dijo qne le hnbiese pagado en ese mismo día, pero qne no tenía la libreta de cheqnes encima; qne le pasó nn estado de cnenta por la snma de $790; qne se encon-tró con Pesqnera en la calle nn día y qne éste le dijo qne la snma era nna exorbitancia; qne le explicó qne el trabajo de él valía esa snma y roncho más; qne le manifestó al Sr. Pes-qnera qne si le hacía nn abono consistente saldaría la deuda; que el Sr. Pesqnera le dijo que le pusiera eso por escrito y qne él aceptó y le envió nna carta en ese sentido; qne le puso la suma de $500 como nn abono consistente; qne al encon-trarse con el Sr. Pesqnera otra vez, éste le dijo qne para darle $500 le daba los $790; que el Sr. Pesqnera además le dijo que hacía dos o tres meses qne ni siquiera se presentaba por la oficina a continuar requiriendo de pago a los deudo-res; qne él le explicó al Sr. Pesquera qne desde qne él se negó a pagarle los $200 había dejado de trabajarle y qne so-lamente volvería a trabajar cuando le pagara la deuda qne tenía contraída con él; que nunca se pusieron de acuerdo en cuanto a los honorarios; qne el declarante luego le escri-bió nna carta retirando la oferta del abono consistente e in-sistiendo en que se le pagara como honorarios la snma com-pleta de $790; qne en esta carta lo amenazó por primera vez de llevarlo a los tribunales; qne el Sr. Pesquera no le con-testó y ni siquiera lo saludaba; qne en vista de esta actitud fné qne él radicó la presente demanda; qne los sellos de ren-tas internas y.todos los derechos de arancel los satisfizo Pes-qnera por conducto de Toral; qne el testigo manifestó a Toral qne Pesqnera había dicho qne debía entregarle el im-porte de los aranceles en cada caso y qne tomara nota, expre-sándose así: “Pesqnera me ha dicho que usted debe entre-garme el importe de los aranceles en cada caso y que le tome nna nota, y la entregue a él, para él llevar la cnenta.”

Eugenio Toral declaró por la parte demandada qne era el administrador de los solares de Pesqnera; qne recibía un tanto por ciento de las rentas cobradas; qne tnvo conoci-miento de nnas demandas establecidas por el Lie. Miranda en relación con las fincas de las cnales él estaba encargado; qne le dió los gastos de los procedimientos al Sr. Miranda, enyos gastos fneron entregados por él para pagarlos en la corte; qne Pesqnera no le mandó entregar dinero a Miranda por ese concepto y qne lo satisfizo porqne en esos cobros es-taba sn tanto por ciento; qne pagaba de sn tanto por ciento y ‘ ‘ además nna parte de ese asnnto lo cargaba a gastos gene-rales”; qne nnnea fné a la oficina el Sr. Miranda a bnscar dinero por orden del Sr. Pesqnera; qne el Sr. Pesqnera nunca intervino en el dinero qne él le dió a Miranda; qne el Sr. Pesqnera tnvo conocimiento de esas demandas cnando llegó de los Estados Unidos; qne cnando se radicaron las demandas el Sr. Pesqnera estaba en los Estados Unidos; qne no había contrato con los inqnilinos, sino qne se usaba nn sistema de tarjetas desde el 1919; qne el Sr. Miranda le llevó nn contrato qne le había pedido; qne le pidió ose con-trato porqne para aqnel tiempo el Sr. Pesqnera pensaba arrendarle todos los solares y el declarante qnería saber si podía establecer algo nnevo en el contrato para qne fueran más satisfactorios los cobros; qne el Sr. Pesqnera nnnea tnvo conocimiento de esto; qne era nna cnestión privada entre él y .Miranda; qne cnando se cobraron cincnenta y pico de dólares debido a las cartas remitidas por el Sr. Miranda, el declarante se los dió a Miranda y le dijo qne mientras fnera entrando más dinero se lo iría dando a él; qne convino en pagarle al Sr. Miranda de lo que se cobraba; qne desistie-ron de las demandas al llegar el Sr. Pesquera porqne Pes-quera se lo ordenó rotundamente; qne el Sr. Miranda le dijo que Pesqnera le había dicho que desistiera de los asuntos; qne Pesqnera nunca le dijo nada a él; qne lo qne le dijo Pes-qnera fné qne no le gustaban esos asuntos.

En el contrainterrogatorio declara el Sr. Toral qne no puede precisar el tiempo que estuvo el Sr. Pesqnera en los Estados Unidos, pero qne no fné tanto como nueve meses; que no sabe cuándo se radicaron las demandas; que no sabe cuándo se desistió de ellas; que no recuerda haber declarado en el caso de Carmen Quintana en la Corte Municipal de Bar yamón ante el Juez Ernesto Díaz Arana en 14 de agosto de 1929 como testigo de la parte demandante; que él entregó la prueba a Miranda en el referido caso; que no recuerda haber visto al Sr. Miranda y al Sr. Pesquera hablando sobre el contrato de arrendamiento; que no recuerda que Miranda le dijera que le había entregado una copia del contrato; que Miranda le llevó el contrato a él y que lo tiene; que nunca re-cuerda haber visto al demandante y al Sr. Pesquera juntos; que Miranda siempre iba a buscar a Pesquera y nunca estaba allí en su oficina; que el demandante le decía que iba a ver si lo encontraba en su casa; que eso ocurrió diversas veces.

El demandado José L. Pesquera declaró mediante deposi-ción tomada en Washington, D. C., que nunca ha solicitado los servicios profesionales del Sr. Miranda; que nunca rati-ficó o sancionó arrendamiento alguno de servicios profesio-nales que hubiera hecho Toral con el demandante Miranda; que al regresar de los Estados Unidos se le acercó uno de sus inquilinos lamentándose de que hubiese presentado una demanda contra él; que le manifestó que nunca lo había de-mandado y nunca había pensado en demandar a ninguno de sus’ inquilinos; pero que el inquilino le mostró una copia de la demanda en la cual él aparecía representado por su abo-gado Armando A. Miranda; que inmediatamente fué a ver al Sr. Toral y que éste le informó que por su exclusiva cuenta y por el interés que tenía en los cobros había convenido con el Sr. Miranda en que le escribiera algunas cartas a inquili-nos morosos, pero siempre entendiéndose que las gestiones del Sr. Toral no habrían nunca de pasar a radicar demandas ni establecer acciones de ninguna clase; que dió los pasos necesarios para desistir de esas acciones judiciales; que nunca fué su propósito demandar a esos inquilinos y que ésta no ha sido su costumbre como lo demuestran los récords de la Corte Municipal de Bayamón; que sus abogados en esa fecha eran Dubón & Ochoteeo.

Esta es snstancialmente la prueba que tuvo ante sí la corte inferior para decidir si los servicios prestados por el deman-dante deben ser satisfechos o no por el demandado Pesquera. Como hemos visto, la prueba testifical se reduce a tres testi-gos: Armando Miranda, Eugenio Toral y José L. Pesquera. El primero expone con lujo de detalles las gestiones que lle-vara a cabo a nombre del último. Que estos trabajos fueron realizados es cosa que no admite dudas. Lo demuestra la prueba de ambas partes y lo reconoce la corte inferior al es-tablecer sus conclusiones. También se ha demostrado que en algunos de estos trabajos se obtuvieron los resultados ape-tecidos. La única cuestión a decidir es si las referidas acti-vidades estuvieron o no autorizadas por José L. Pesquera. El demandante cuenta en su abono con su propio testimonio, detallado y minucioso, la presunción a su favor de que actuó a nombre del demandado y los servicios prestados. Para re-batir esta prueba ofreció el demandado su propio testimonio, obtenido por deposición, y la declaración de Eugenio Toral, prestada ante la corte sentenciadora. Este último testigo de-clara que contrató exclusivamente a su nombre los servicios de Miranda y que convino en pagarle los honorarios y los gastos de los procedimientos en los tribunales con el tanto por ciento que le correspondía de las rentas de los solares “y además una parte de ese asunto lo cargaba a gastos ge-nerales.” De modo que el Sr. Toral, agente cobrador exclu-sivamente según declara el Sr. Pesquera, se permitía el lujo de contratar un abogado y satisfacer los gastos de arancel utilizando el 10 por ciento que según su propia declaración percibía de las rentas. Lo que dice el testigo no puede ins-pirarnos confianza. Si hay algo de verdad en sus palabras es ciertamente aquella parte que se refiere a los pagos que cargaba a gastos generales. El Sr. Pesquera nos dice que Eugenio Toral le informó que por su exclusiva cuenta y por el interés que tenía en los cobros había convenido con Miranda .que éste escribiera algunas cartas a cierto número de inquilinos morosos por lo cual Toral pagaría a Miranda cierto tanto por ciento sobre las sumas que se cobraban por medio de las citadas cartas, pero siempre entendiéndose que las gestiones de Miranda no habrían nunca de pasar a radi-car demandas ni establecer acciones de clase alguna. Si To-ral produjo este informe al Sr. Pesquera, es indudable que faltó abiertamente a la verdad, porque él tenía conocimiento de los pleitos iniciados ante los tribunales de justicia a nom-bre del Sr. Pesquera.

El Sr. Toral declara que Pesquera se hallaba en los Es-tados Unidos cuando se radicaron esas demandas y que tuvo a su regreso conocimiento de las mismas. No obstante, en el contrainterrogatorio nos dice que no sabe cuándo se radica-ron las demandas. También afirma Toral que el proyecto de contrato de arrendamiento, del cual le sirvió copia Miranda, fué solicitado por él personalmente, para su uso personal, porque pensaba arrendarle todos los solares a Pes-quera y quería hacer un nuevo contrato. Si ésta fué la ins-trucción que recibió Miranda de Toral, no resulta así del proyecto, donde figura únicamente José L. Pesquera como arrendador, sin hacerse mención del nombre de Eugenio To-ral, ni como arrendatario ni en ninguna otra forma. Admite este testigo que vió al demandante varias veces en la oficina de Pesquera y que Miranda, al no encontrarlo allí, le decía que lo iría a buscar a su casa. Estas visitas a Pesquera no dejan de tener alguna significación. Si como sostiene el de-mandado, Miranda no estaba autorizado para representarlo, parece inexplicable qué lo solicitara con frecuencia. Y si Miranda entendió que Toral estaba autorizado para contratar sus servicios a nombre de Pesquera, natural es que al encon-trarse con éste le hablara de las gestiones que estaba reali-zando a su nombre.

Declaró el demandado que estuvo como un mes en los Es-tados Unidos y que al regresar tuvo conocimiento por pri-mera vez, y por mediación de un inquilino, de las demandas Tadicadas por Miranda, y que al enterarse de esto “dió los pasos necesarios para desistir de esas acciones judiciales.” No surge exactamente de los autos en qué fecha llegara Pes-quera de los Estados Unidos. Lo cierto es, según su propia •declaración, que solamente estuvo ausente por espacio de un mes. Si el Sr. Pesquera se hallaba en los Estados Unidos •cuando se radicaron las demandas, y su ausencia duró sólo un mes, tendremos que el demandado estuvo en Puerto Rico -durante cinco meses y medio en que estaban pendientes los procedimientos judiciales que había incoado el Sr. Miranda a nombre de él. Como ya hemos dicho, el demandado tuvo conocimiento de esos procedimientos al regresar de los Esta-dos Unidos. Las demandas fueron iniciadas a fines de enero de 1929 y aquéllas en que no recayó sentencia aparecen desis-tidas en 14 de agosto del mismo año. Si las palabras “al re-gresar” significan que el demandado tuvo conocimiento in-mediatamente después de su regreso de las actividades de Mi-Tanda, resulta raro que esperase cinco meses y medio para •ordenar el desistimiento de las mismas. La misma corte de distrito, que falló a favor del demandado, declara que una moción de desistimiento es algo sencillo que se redacta fácil-mente y que “en verdad el demandado debió haber actuado con mayor actividad.” Los casos fueron desistidos a peti-ción del Sr. Miranda. Si como declara el demandante, Pes-quera estaba en Puerto Rico cuando se incoaron las deman-das, es extraño que no se enterase de las mismas por con-ducto de Toral, por sus inquilinos o por cualquier otro me-dio. Y si se encontraba en los Estados Unidos, no se explica que a su regreso Toral le dijera que las gestiones de Miranda no habían nunca de pasar a radicar demandas ni establecer acciones de clase alguna. Este informe, según el deman-dado, procede precisamente de su propio administrador o agente, que contrató al abogado, autorizó las demandas y sa-tisfizo el arancel.

Hemos examinado detenidamente la prueba practicada y creemos que no ha quedado rebatida la presunción que favo-rece al abogado de estar actuando a nombre de la persona, qne figura como su cliente. La declaración del Sr. Miranda, queda, a nuestro juicio, en pie. El testimonio de Toral es-muy débil para rebatirla. Basta pesar detenidamente sus-palabras para llegar a la conclusión de que de sus labios no-surge la verdad. Tampoco ha quedado rebatida la presun-ción que la ley establece a favor del demandante por la de-claración que en Washington prestara el demandado. Siendo-ello así, se impone la revocación de la sentencia dictada por-la Corte de Distrito de Bayamón, debiendo dictarse otra en su lugar a favor del demandante.

Queda ahora por determinar la cuantía de los honorarios que deben satisfacerse, tomando como base los documentos presentados y la prueba testifical. Se ha demostradoque Miranda prestó servicios al Sr. Pesquera por un período mayor de un año. De los autos aparecen veintiséis cartas decobro dirigidas a los varios inquilinos de los solares del Sr. Pesquera. También aparece un proyecto de contrato dearrendamiento de solares, preparado por el demandante. Se presentaron en la corte municipal siete demandas, se obtuvieron cuatro desistimientos, y se dictaron dos sentencias. Las cuantías de las reclamaciones consignadas en estas siete demandas son las siguientes: $54, $55.50, $43.50, $37.25, $30,. $53, y $116.25. Declaró también el demandante que gestionópersonalmente el cobro de los alquileres debidos.

Entendemos que el demandante tiene derecho a una com-pensación ascendente a $300, con costas, sin incluir hono-rarios.