text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Matías Ortiz González, acusado y apelante.
    Núm. 9921.

    Sometido: Junio 9, 1943.

      Resuelto: Junio 18, 1943.

      Víctor M. Marchán, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis' Negrón Fernández, Fiscal' Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné convicto de nn delito de asesinato en se-gundo grado y sentenciado a la pena de catorce años de pre-sidio con trabajos forzados. Contra esa sentencia interpuso el presente recurso. La evidencia fue contradictoria. La del fiscal tendió a probar que el interfecto Florencio Ocasio Hernández en la nocbe del 30 de noviembre de 1940 se ha-llaba en un rosario cantado que se celebraba en la casa de Catalina Delgado, en la urbanización St. Just, barrio de Las Cuevasj tériñino municipal de Trujillo Alto. Que como a las diez de la noche el apelante entró en dicha casa y acercán-dose al interfecto, lo tocó por 'el hombro, invitándolo a que saliera, porque tenía que hablar con él. El interfecto acce-dió, siguiéndolo, pero al poco rato una señora que se dirigía al rosario, al llegar dijo que en el camino había oído un mur-mullo y poco después tres disparos que le pareció' procedían de una rehoya cerca de aquel sitio. Dos ó tres de los hombres que se hallaban en la casa salieron hacia el sitio indi-cado por la mujer y antes de llegar a- la rehoya vieron su-bir al interfecto, manifestándoles éste que acababa de ser he-rido por el apelante. Conducido al hospital, falleció poco después a consecuencia de las heridas recibidas. Uno de los testigos del fiscal, Gregorio Caraballo, declaró sin objeción por parte de la defensa que unas semanas antes del suceso, el acusado, hablando con él en el campo, le había dicho que en aquel barrio solamente había tenido disgustos con uno de los Félix, refiriéndose probablemente al interfecto, quien se declaró era conocido con el nombre de Florencio Félix; que lo quería coger en un sitio de hombre a hombre, donde el in-terfecto pudiese matarlo a él o si él mataba al interfecto que nadie lo supiera.

La del apelante fue-al efecto de que el día de autos salió de su trabajo como a las cuatro de la tarde y en vez de ve-nir a su casa se fue a una reunión de carpinteros que se lle-vaba a efecto en Carolina. Que al regresar de Carolina como a las nueve de la noche, en la casa de la urbanización frente a la cual lo dejó el automóvil, se celebraba una jugada de dados y fue invitado para tomar parte en ella. Que cuando el acusado le había ganado al interfecto unos $2.50, éste trató de apoderarse del dinero y al impedírselo el acusado, el in-terfecto le hizo ciertas amenazas. Poco más tarde la misma noche el interfecto se dirigió a la casa del acusado, invitán-dolo a que saliera a fin de hablar con él. Salió el acusado, pero antes cogió un revólver que tenía en su casa, y luego de llegar a cierto sitio, el interfecto, con un arma que llevaba y* que el acusado no pudo precisar, le dió un golpe que le hizo perder el conocimiento, derribándolo, y una vez en el suelo el acusado, el interfecto se fue encima de él, agrediéndole re-petidas veces. Declaró además el acusado que el interfecto le dió dos mordidas, una en el vientre y otra en un muslo, y que además recibió otros golpes, pero no se presentó eviden-cia alguna de que algún médico hubiese visto o curado tales heridas. Que cuando el acusado se vió virtualmente domi-nado por el interfecto, quien continuaba agrediéndolo, sacó el revólver que portaba en el bolsillo de atrás del pantalón' y logró hacerle tres disparos, de esa forma consiguiendo des-asirse del interfecto. Una vez hechos los disparos, el acu-sado se dirigió a su casa y se acostó a dormir, siendo más tarde arrestado por la policía.

Se queja el apelante de que la corte admitiera en evidencia la declaración del testigo Gregorio Caraballo sobre las manifestaciones que le hiciera el acusado semanas antes del crimen. Como dijéramos anteriormente, la defensa no tomó excepción ni siquiera objetó a la admisión de esa prueba, y esa circunstancia bastaría para no considerar el error señalado; pero aunque se hubiera tomado excepción oportunamente, la prueba era admisible para demostrar el móvil y la premeditación. El hecho de que transcurrieron varias semanas entre la fecha en que se hizo la manifestación y aquélla en que ocurrió el delito no es un tiempo tan remoto que pueda afectar la admisibilidad de la evidencia. Admitida ésta, su apreciación corresponde al ju-rado a los efectos del crédito que deba dársele. La circuns-tancia de que el acusado, al hacer la manifestación que se le imputa, no precisara con exactitud la persona a que se es-taba refiriendo, no afecta la admisibilidad de la evidencia. Según el testigo Caraballo, el acusado dijo que la persona a que se refería era uno de los Félix, y el fiscal demostró que el interfecto era conocido por Florencio Félix y que a sus hermanos los llamaban “los Félix”. Incumbía igualmente al jurado apreciar esta prueba y, de creerla cierta, determinar, de acuerdo con todas las circunstancias, si en efecto la persona a que se refería era o no el interfecto.

Tampoco erró la corte inferior al trasmitir al jurado instrucciones sobre asesinato en segundo grado. La acusación se formuló por asesinato. El delito de asesinato es uno solo. People v. Haun, 44 Cal. 96, 97. Como a veces median circunstancias en el asesinato demostrativas de una diferencia en el grado de maldad por parte del acusado, el Código ha tenido a bien dividir el delito en dos grados, a saber: asesinato' en primer grado y asesinato en segundo grado, castigando el primero con pena única de reclusión perpetua y el segundo con pena de presidio no menor de diez años ni mayor de treinta. Siendo el asesinato un solo delito, dentro de una acusación por dicho delito procede dar instrucciones con respecto a sus dos grados. Además, el artículo 247 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone lo siguiente :

“Artículo 247. — En los juicios por asesinato, una vez probado que la muerte ha sido consumada por el acusado, será de la incumbencia de éste el probar que han mediado las circunstancias atenuantes o que excusen o justifiquen el hecho, a menos que la prueba aducida por la acusación tienda a demostrar que el crimen cometido sólo re-viste carácter de homicidio o que el acusado tenía justificación o excusa. ’ ’

En el presente caso el acusado fué juzgado por un delito de asesinato. Se probó que la muerte fué consumada por el acusado y de la prueba del fiscal no aparece circunstancia alguna que justifique la reducción del delito a homicidio vo-luntario. Siendo ello así, aparte de lo antes dicho, el juez tenía base suficiente para dictar instrucciones por el delito de asesinato en segundo grado.

Sostiene la defensa que asumiendo la certeza de toda la prueba que tuvo ante sí el jurado, dicha prueba es compatible con otro veredicto que no sea asesinato en segundo grado. Aceptando que toda la prueba que tuvo ante sí el jurado fuera compatible con otro veredicto que no sea asesi-nato en segundo grado, ello no implica que no puedan darse instrucciones sobre este último' delito .si es que la prueba, como en este caso, lo justifica, pudiendo también darse ins-trucciones sobre esos otros delitos, como suponemos las dio la corte, sin que podamos asegurarlo, toda vez que en el ré-cord no aparecen las instrucciones al jurado.

Por último, alega el apelante que la corte inferior erró al denegar la moción de nuevo juicio. Carecemos de jurisdicción para' considerar ese alegado error, toda vez que el acusado no interpuso apelación contra la resolución denegando su moción de nuevo juicio.

No apareciendo de los autos' que se cometiera algún error fundamental susceptible de producir la revocación de la sen-tencia, prooede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Snyder

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Guadalupe Solís, acusado y apelante.
    Núm. 9918.

    Sometido: Junio 3, 1943.

      Resuelto: Junio 18, 1943.

      Adolfo Dones Pack'd, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Juan Guadalupe Solís fué acusado y convicto de homici-dio involuntario porque, mientras conducía un automóvil, arrolló y mató una niña. Fué sentenciado a cuatro- meses de cárcel por la corte de distrito, y ha apelado ante esta corte.

El testimonio fué que la niña, que tenía seis años de edad, iba para Camuy en una guagua pública; que la gua-gua se detuvo para dejar varios pasajeros, entre ellos la víc-tima, su tío y su madre; que el cobrador cargó la víctima y la colocó en la carretera, cerca de su tío; que la niña in-tentó cruzar la carretera, siendo entonces golpeada por la guagua comercial conducida por el acusado en la misma dirección en que caminaba la guagua, y fué lanzada a un lado de la carretera; que la guagua comercial continuó su marcha por unos cincuenta o sesenta metros, subiendo un talud y chocando contra un árbol, que fué derribado por el choque. Los testigos de El Pueblo declararon que el acusado condu-cía a una velocidad exagerada- y que no había tocado bocina. El único testigo del acusado declaró que éste conducía a .veinte millas por hora, y que había tocado bocina.

El acusado alega que la corte inferior erró al negarse a permitir la presentación de evidencia demostrativa de la negligencia del tío de la víctima. Pero la regla está bien establecida que “una muerte causada por la negligencia criminal del acusado constituye homicidio, aunque la falta de debido cuidado de la víctima contribuyera o no al accidente”. Warren on Homicide, Sección 121, pág. 546. La negligencia contribuyente, en breve, no es una defensa como tal contra una acusación criminal de homicidio negligente. Pueblo v. Francis, 19 D.P.R. 692; Biscamp v. State, 154 S. W. (2d) 466 (Texas, 1941); Click v. State, 164 S. W. (2d) 664 (Texas, 1942); State v. Leopold, 147 Atl. 118 (Conn. 1929). Según se señaló en Pueblo v. Francis, supra, la negligencia de la víctima exoneraría al acusado de responsabilidad criminal únicamente si dicha negligencia fuese la única causa de su muerte. Pero si el gobierno demuestra la negligencia criminal del acusado, la negligencia contribuyente, si alguna, de la víctima, contrario a la situación en un pleito civil de daños y perjuicios, no impide una acusación criminal contra el acusado. Además, el acusado en el presente caso, en vez de descansar en la alegada negligencia de la víctima, trata de imputarle a ésta la alegada negligencia contribuyente de su tío. Aun cuando la regla en cuanto a la negligencia contribuyente en los casos criminales fuese diferente, es difícil ver cómo el acusado podría invocar la misma bajo las circunstancias del presente caso.

El acusado se queja de que la corte inferior erró al negarse a permitir a su abogado argumentar frente al jurado que, en virtud de un incidente reseñado más adelante, éste debería presumir, que cierta evidencia voluntariamente suprimida por el fiscal de distrito hubiese sido adversa al gobierno de haberse producido (Art. 464, Código de Enjui-ciamiento Civil, Ed. 1933). El incidente snrgió en la forma siguiente:

“Hon. Fiscal: O el grado de veracidad. Señor Jnez, faltan dos testigos de El Pueblo por declarar, que son Andrés Rodríguez y Marcos .Sergio Hernández. Es prueba acumulativa. El Pueblo pone los dos testigos a la disposición de la defensa y cierra su caso.
“Abogado Sr. Dones Padró: ¿Renuncia o no renuncia?
“Hon. Juez: Renuncia a presentarlos por ser prueba acumula-tiva.”

Este incidente está obviamente cubierto por nuestra opi-nión en Pueblo v. Dones, 56 D.P.R. 211, 21, al efecto de que “La renuncia de prueba de carácter acumulativo, no es la supresión voluntaria de prueba a que se refiere el estatuto. El fiscal no está obligado a presentar toda la evidencia de que puede disponer para sostener las alegaciones de la acu-sación. > Cuando, a su juicio, un fieclio está suficientemente probado, puede renunciar el resto de la prueba de que dis-pone para establecer el mismo hecho. Y si lo hace expresa y abiertamente, en presencia y con el consentiminto de la corte y sin objeción por parte de la defensa, esa renuncia no crea presunción alguna en su contra. Si la defensa tenía motivos para creer que el testimonio de los testigos renun-ciados por el fiscal le hubiera sido favorable, bien, pudo lla-marlos a declarar como testigos de defensa.” La corte inferior no erró por tanto al negarse a permitir al abogado del acusado que comentara frente al jurado en la forma in-dicada.

No es necesario que consideremos los alegados errores cometidos por la corte inferior al transmitir sus instrucciones al jurado, ya que el acusado no hizo objeción a las mismas o parte de las mismas durante el proceso. No habiendo dado la oportunidad a la corte de distrito de corregir sus errores, de haber alguno, no puede levantarse esta cuestión en apelación. Pueblo v. Mediavitta, 54 D.P.R. 565; Pueblo v. Martínez, 50 D.P.R. 781. No obstante, hemos exa-minado en conjunto las instrucciones al jurado y nada en-tramos en ellas de que pueda legítimamente quejarse el acu-sado.

El acusado alega finalmente que el jurado erró al apreciar la prueba. Concluimos, después de un examen del récord, que la evidencia presentada por el gobierno justifica ampliamente el veredicto. En verdad, es nuestra opinión que la corte inferior, bajo todas las circunstancias, fué ex-traordinariamente benévola al imponer una sentencia de cuatro meses de cárcel por un delito de esta naturaleza.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe Snydee JUEZ ASOCIADO SE. DE JESÚS

text:
    Víctor Rosario, demandante y apelante, v. Hon. José M. Gallardo, Comisionado de Instrucción de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8683.

    Sometido: Junio 4, 1943.

      Resuelto: Junio 22, 1943.

      Virgilio Brunet, abogado del apelante; Son. Procurador General In-terino M. Rodrigues Ramos y G. Benitez Gautier, Procurador Au-xiliar, abogados del apelado.

      (1)Los párrafos finales de la opinión del Comisionado tal cual ésta consta del récord, dicen como sigue:
      “Descartada a nuestro juicio toda posibilidad de que se realizara el acto carnal público a que se refiere el Sr_, quedaría determinar si con posterioridad a esto y en el curso de toda esa noche iludieron haberse realizado actos sexuales por el Sr. Rosario y la Sra_ Nos inclinamos a creer en la posibilidad de que esto ocurriera, pero esta faz de los acontecimientos está, envuelta en una impenetrable nebulosa debido a la escasez de evidencia que sos-tenga estos hechos.
      "Si bien es verdad que la evidencia en este ea’so no es de tal peso y mag-nitud que lleve a un juzgador sereno e impareial a pronunciar un fallo que des-conectara de una vez y-para siempre al querellado de sus funciones en el magis-terio, no es menos cierto que los hechos realizados y la actitud adoptada por el •querellado y por los otros protagonistas de estos hechos no son deseables y deben ser acremente censurados.
      "Por los anteriores hechos y opinión consideramos que se cumplen los altos, postulados de la justicia declarando al querellado culpable de conducta lesiva en el desempeño de sus funciones como maestro de instrucción pública y que debe-imponérsele un castigo reparador que sirva de escarmiento al querellado y de: ejemplo a los demás profesionales que ejercen el sagrado sacerdocio de la ins-trucción pública en Puerto Pico. "

   El Juez Asociado Señoe Snydee

emitió la opinión del tribunal.

Víctor Eosario es un maestro permanente de instrucción en Arecibo. El día 8 de enero de 1940 el Comisionado de Instrucción formuló cargos a Eosario por conducta inmoral, suspendiéndolo de empleo y sueldo. La vista de los cargos, que consistían en que cierta noche Eosario había tenido re-laciones sexuales con una maestra que era la esposa de otro maestro, se celebró el 17 de abril de 1940. El 17 de junio de 1940 el Comisionado le escribió a Eosario una carta que, tra-ducida al español, lee como sigue:

“Celebrada la vista de los cargos formulados contra usted el 8 de enero de 1940, y después de un cuidadoso examen del expediente del caso, be llegado a la conclusión que la evidencia presentada justifica que se suspenda a usted del servicio. Por tanto, por la presente se le suspende sin sueldo a partir del 8 de enero de 1940 hasta la termi-nación del año escolar 1939-40; es decir, hasta el 14 de junio de 1940. Además, en bien del servicio, se nombrará a usted para una plaza durante el año 1940-41 en un distrito escolar que no será el de Arecibo. ’ ’

Posteriormente, Eosario radicó la presente petición de mandamus solicitando (a) que se le repusiera en la plaza de maestro de Arecibo, y (b) que se ordenara al Comisionado librara un mandamiento de pago de su sueldo del 8 de enero al 17 de junio de 1940, ascendente a $735.75. La corte inferior ordenó su reposición en Arecibo, pero se negó a orde-nar el pago de su sueldo durante el período en que estuvo suspendido. El Comisionado no apeló de aquella parte de la sentencia que anuló el traslado de Rosario a Aguadilla, pero Rosario apeló de la sentencia en tanto en cuanto le negó el dereclio a recobrar su sueldo durante el período durante el cual estuvo suspendido.

El récord de este caso es excepcional, ya que en él nada hay que nos permita determinar concluyentemente si ej Comisionado en realidad resolvió que Rosario era culpable o inocente de los cargos específicos por los cuales se le juzgó. La carta del Comisionado nada dice sobre el particular. Sólo afirma que “la evidencia presentada justifica que se suspenda a usted del servicio”. Esto se puede interpretar concebiblemente como una resolución de culpabilidad, pero el peticionario tiene derecho a un pronunciamiento claim de parte del Comisionado en cuanto a si es culpable o inocente de cargos tan serios. Por otro lado, el récord demuestra que el Comisionado archivó cargos similares formulados contra la maestra envuelta en el caso, que éste último, después de realizar una inspección del sitio en que se alega ocurrió el incidente, indicó en su opinión escrita en este caso que era absurdo creer que el incidente ocurrió como se indica en los cargos, trayendo como resultado que abrigara serias dudas en cuanto a la veracidad del esposo de la maestra, que fué el único testigo que declaró-en cuanto a los alegados hechos que se imputaban en los cargos.

Aparentemente el Comisionado no deseaba encontrar ter-minantemente culpable a Rosario de los cargos específicos ante su consideración,() pero creyó prudente privarle de su sueldo durante el período en que estuvo suspendido mien-tras se celebraba la vista de los cargos, y trasladarlo a otro municipio. La corte inferior resolvió que el traslado priva-ría a Rosario de sn derecho adquirido a enseñar permanen-temente en Arecibo. El Comisionado no ha apelado de esa parte de la sentencia. El problema de si por reglamentos adecuados el Comisionado puede, mediante prueba de tales cargos, trasladar a un maestro de un municipio a otro, no está por tanto ante esta Corte en el presente caso (Véase González v. Gallardo, Comisionado, resuelto el 22 de junio de 1943, post, pág. 275).

La cuestión con que aquí nos confrontamos es si, después de celebrada la vista de tales cargos, el Comisionado podría permitir que Rosario permaneciera en su plaza de maestro, y no obstante privarle de su sueldo mientras estuvo suspen-dido hasta que se celebrara la vista.

Aun asumiendo arguendo que la carta del Comisionado-constituyó una declaración de culpabilidad, su única función bajo la sección 5 de la Ley núm. 312,() (Leyes de Puerto Rico,. 1938) y la sección 92 de la Ley Escolar Compilada() era des-tituir a Eosario. Tal destitución automáticamente pondría fin a cualquier reclamación de Eosario por sueldos durante el período de su suspensión. Pero el privarlo el Comisio-nado de su sueldo durante el período de suspensión, como el único castigo por su conducta impropia, es imponer un cas-tigo no autorizado por el estatuto local. La contención de que el artículo 17 del Acta Orgánica le confiere poderes ili-mitados al Comisionado en cuanto a traslados, destituciones, acción disciplinaria, y otros similares, que no se encuentran en la ley local' o en los reglamentos, fué resuelta -adversa-mente al Comisionado en el caso de González v. Gallardo, Comisionado, supra.

La corte de distrito llegó a una conclusión correcta en -cuanto a este aspecto del caso. Indicó que bajo la sección 92 de la Ley Escolar Compilada, el Comisionado después de oír los cargos, sólo podía elegir entre reponerlo o destituirlo. Sin embargo, -la corte de distrito resolvió que un- maestro que está suspendido legalmente estando pendiente la vista de cargos de esta naturaleza no tiene derecho a compensación durante tal período, aun si posteriormente se le absuelve de tales cargos. Estamos satisfechos en que la regla sobre este punto deba ser la contraria. (Véanse Sáenz v. Buscaglia, Tesorero, 61 D.P.R. 396; School District v. Morgan, 260 Pac. 46 (Okla.,1927); Gragg v. Hill, 58 S. W. (2d) 150 (Tex., 1933). La suspensión congela la reclamación de un maestro hasta que el Comisionado pueda celebrar una vista y llega a una decisión. Pero, .en ausencia de un veredicto de culpa-"bilidad, nada encontramos en los estatutos que justifique la privación de sueldo durante el período de suspensión. No importa cual fuere la regla en cuanto a otros empleados pú-blicos que no gozan de derechos adquiridos como los que con-fibre la ley a los maestros permanentes, no hallamos funda-mentos razonables sobre los cuales, en ausencia de estatuto o aun de reglamento, deba no obstante negarse a un maestro, que se le juzga por cargos administrativos y que resulta ino-cente de la acusación específica en ellos imputada, sú derecho a recobrar el sueldo durante el período durante el cual es-tuvo suspendido.

No debe entenderse como que resolvemos que hubo una resolución del Comisionado exonerando a Rosario dél cargo en cuestión. Sin embargo, la norma a usarse es que debe pagarse compensación por el período de suspensión a menos que haya una resolución definitiva de culpabilidad. Al dis-cutir el problema de si la ley local o el reglamento disponían un castigo que no fuera la destitución, tal como la privación temporera de sueldo, hemos asumido anteriormente, única-mente a los fines de examinar tal conclusión, que.el Comisio-nado resolvió-que se probaron los cargos. Aun en tal situa-ción, como ya se ha indicado, no estaba autorizado en im--poner como castigo, en vez de la destitución, la pérdida de sueldo por un período determinado. Pero toda vez que, como cuestión de hecho, el Comisionado no encontró culpable a Rosario de los cargos por los que se le juzgaba, y como el Comisionado no ha apelado de aquella parte de la sentencia de la corte de distrito que ordena la reposición de Rosario como maestro en Arecibo, anulando su traslado a Aguadilla, no podemos concluir que el Comisionado no obstante tiene derecho a insistir que Rosario no deba ser compensado por el tiempo durante el cual estuvo suspendido debido a los car-gos que el Comisionado nunca encontró se probaron satis-factoriamente en su contra. Resolver lo contrario teórica-mente le daría poder al Comisionado para perturbar a un maestro permanente mediante una serie‘interminable de car-gos, suspensiones y vistas, sobre los cuales no se llegara nunca a conclusiones definitivas de inocencia o culpabilidad, pero en cada ocasión privándolo de su sueldo durante el pe-ríodo de suspensión. En manera alguna estamos indicando que el actual Cómisionado haya observado tal conducta. Pox-el contrario el Comisionado demostró en este caso un cela encomiable y un alto sentido del deber al explorar los car-gos envueltos en el mismo, aunque, como hemos visto, estuvo equivocado en cuanto a las prerrogativas que le otorgan la actual ley y reglamentos en conexión con las mismas. Sola-mente citamos este posible ejemplo para demostrar la nece-sidad de resolver que bajo las leyes y reglamentos en vigor actualmente sólo una resolución definitiva de culpabilidad bajo los cargos específicos formulados a un maestro, seguida por la destitución de conformidad con la sección 5 de la Ley núm. 312 y la sección 92 de la Ley Escolar Compilada, con-lleva la pérdida del sueldo a partir de la fecha de la sus-pensión.

Los casos de otras jurisdicciones citados por el Procurador G-eneral al efecto de que al pagarse el sueldo de un funcionario público a un funcionario de facto impide que el funcionario’ ele jure recobre tal sueldo, no necesitan ser discutidos en este caso, toda vez que no hay evidencia de queel sueldo en cuestión se le pagó a otra persona.

La sentencia de la corte de distrito, en tanto en cuantdejó de ordenar al Comisionado que ordene el pago al peti-cionario de su sueldo por el período en que estuvo suspen-dido, será modificada, y se dictará una nueva sentencia, in-cluyendo tal orden al Comisionado.

íll Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SE. DE JESÚS

El motivo por el cual sólo he estado conforme con el re-sultado de la senteheia en este caso consiste en estar en de-sacuerdo con aquella parte de la opinión que sostiene que el Comisionado, después de oír los cargos, sólo puede elegir entre reponer al querellado o destituirlo. Esa interpretación' priva al Comisionado de la facultad que a mi juicio le con-fiere la ley para suspender a un maestro por justa causa en aquellos casos en que los cargos probados no son de tal gra-vedad que justifiquen la cancelación de su certificado. Baso mi tesis precisamente en la sección 5 de la Ley núm. 312 de 1938 y en la sección 92 de la Ley Escolar Compilada que sir-ven de fundamento a la conclusión de que disentimos. Dichos preceptos legales dicen así:

“Sección 5. — Los maestros permanentes sólo podrán ser suspen-didos o separados de sus cargos por justa causa, según lo dispuesto en y mediante procedimiento prescrito por la Ley Escolar Compilada y los reglamentos del Departamento de Instrucción; Disponiéndose, sin embargo, que en los casos de inmoralidad o incapacidad física o mental dichos maestros serán suspendidos sumariamente hasta tanto se celebre la vista del caso. ’ ’
“Sección 92. — El Comisionado de Instrucción o la junta escolar suspenderá en sus cargos a los maestros por crueldad, inmoralidad, incompetencia, insubordinación o negligencia en el desempeño de sus funciones y podrán reponerlos o destituirlos, cancelando sus certifi-cados, después de una investigación que se practicará y en la cual la junta escolar podrá presentar una declaración y dichos maestros se-rán oídos en su propia defensa, bien de palabra o por escrito; Dis-poniéndose, que ninguna suspensión hecha por una junta escolar será válida por más d'e cinco días, y los maestros así suspendidos no vol-verán a serlo por la misma causa, por dicha junta, durante el ano escolar en que tuvo lugar la primera suspensión.”

Se observará que la sección 5, supra, contempla dos cla-ses de suspensiones: una que puede decretarse por justa caitsa, y la otra que se decreta sumariamente, pudiendo ha-cerse uso de esta última única y exclusivamente “en los ca-sos de inmoralidad o incapacidad física o mental”, cuyos efec-tos sólo subsisten “hasta tanto se celebre la vista del caso.” Se notará también que la frase por justa causa que aparece al principio de la sección 5, supra, se refiere tanto a la sus-pensión como a la separación del cargo, lo que impide soste-ner que dicha frase equivalga a causa probable, ya que esa interpretación nos conduciría al absurdo de sostener que un maestro puede ser separado de su cargo, cancelándosele su certificado, a base de la existencia de cansa probable de cul-pabilidad solamente. La separación es definitiva, conlleva la cancelación de la licencia; mientras que la suspensión es temporal. Sostener que a un maestro puede cancelársele la licencia a base de causa probable, equivale a mantener que puede imponerse una pena a base de una probabilidad de culpabilidad. Sin duda no pudo ser ése el propósito del le-gislador. Congruente con las disposiciones de la sección 5, la 92 de la Ley Escolar Compilada prescribe que el Comi-sionado de Instrucción suspenderá en sus cargos a los maestros por los motivos que dicho precepto legal expresa, y lo autoriza a reponerlos si han sido suspendidos, o a destituir-los, cancelando su certificado, cuando la falta sea, natural-mente, de tal magnitud que haga al maestro indigno de con-tinuar en el magisterio. Es axiomático que la facultad mayor incluye la menor cuando ambas son de la misma natura-leza, y por consiguiente, si admitimos que el Comisionado tiene la facultad mayor de destituir a un maestro y cancelar su certificado, tendremos que aceptar forzosamente que a falta de un expreso precepto legal que se lo prohiba, tiene también la facultad menor de suspenderlo en el ejercicio de s,u ministerio por el tiempo que estime justo.

En el presente caso el Comisionado absolvió al deman-dante apelante del cargo de adulterio que se lo imputó y no señaló ningún otro acto específico de conducta inmoral o im-propia de un maestro, que hubiere sido cometido por el de-mandante. Es por esta razón que estoy conforme con la sentencia, ya que la suspensión por el tiempo que se especi-fica en la resolución del Comisionado resulta arbitraria por no estar sostenida por la prueba. Por consiguiente, no puede concederse validez a dicha suspensión a los efectos de im-pedir al demandante el cobro de los sueldos de que fue pri-vado a virtud de la misma.

      (2)La Sección 5 lee como sigue:
      "Los maestros permanentes sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por justa causa, según lo dispuesto en y mediante procedimiento prescrito por la Ley Escolar Compilada y los reglamentos del Departamento de Instruc-ción; Disponiéndose, sin embargo, que en los casos de inmoralidad o incapacidad física o mental dichos maestros serán suspendidos sumariamente hasta tanto se celebre la vista del caso.."

      (3)La Sección 92 lee en parte como sigue:
      ■ "El Comisionado de Instrucción o la junta escolar suspenderá en sus cargos •a los maestros por crueldad, inmoralidad, incompetencia, insubordinación o negli-gencia en el desempeño de sus funciones y podrán reponerlos o destituirlos, can-celando sus certificados ...


author: El Juez Asociado Señob SnydeR

text:
    Rafael A. González, demandante y apelante, v. Hon. José M. Gallardo, Comisionado de Instrucción de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8681.

    Sometido: Mayo 25, 1943.

      Resuelto: Junio 22, 1943.

      Virgilio Brunet y José L. Novas, abogados del apelante; Ron. Procu-rador General Interino M. Rodríguez Ramos y A. E. Franco Ca-brero y C. Santana Becerra, Procuradores Auxiliares, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señob SnydeR

emitió la opinión del tribunal.

¿ Tiene el Comisionado de Instrucción poder ilimitado para trasladar a un maestro permanente del municipio en que trabaja a una plaza similar en otro municipio? La con-testación a esta pregunta es de suma importancia para el sistema educativo de Puerto Rico. La petición radicada en este caso por Rafael A. González solicitando un auto de mandamus contra el Comisionado de Instrucción, levanta exacta-mente este punto.

González alegó que ha sido un maestro de instrucción pú-blica en Lares durante diez años; que al aprobarse la Ley núm. 312, Leyes de Puerto Rico, 1938 (pág. 574), el aquí de-mandado, como Comisionado de Instrucción, le extendió un nombramiento permanente como Superintendente Auxiliar de las escuelas públicas de Lares, con sueldo mensual de $125; que desempeñó dicha plaza hasta el 10 de agosto de 1942; que el 28 de julio de 1942 el demandado le escribió una carta, copiada al margen, () trasladándolo del distrito de Lares, al de Aguada-Moca; que de conformidad con las secciones 1 y 2 de la Ley núm. 312, Leyes de Puerto Pico, 1938, () el peti-cionario tiene derecho permanentemente a la plaza de Supe-rintendente Auxiliar de Escuelas en Lares; y que el deman-dado se ha negado a reponerlo en la referida plaza, sin ex-cusa legal para ello.

El demandado interpuso excepción previa contra la peti-ción por el fundamento de que no aducía hechos suficientes constitutivos de causa de acción. También radicó una con-testación, admitiendo los hechos, pero alegando que tenía-poder para hacer dicho traslado en la forma indicada, de con-formidad con la sección 4 de la Ley núm. 312() y con el ar-tículo 17 del Acta Orgánica. ()

La corte de distrito declaró con lugar la excepción pre-via, y resolviendo que la petición no era susceptible de en-mienda, dictó sentencia desestimando la petición. González ha apelado de tal sentencia.

La excepción previa admite, como cuestión de hecho, que González era un maestro permanente protegido por la Ley núm. 312. Es innecesaria cualquier discusión prolongada en cuanto al significado de la cláusula que se encuentra en la sección 1 de la Ley núm. 312 al efecto de que “tales maestros tendrán derecho a ser contratados con carácter permanente en el municipio en que -estén ejerciendo al expirar el período probatorio”. El Procurador General, que representa al Comisionado, admite que -este lenguaje no es ambiguo, y que .dispone, como parte del derecho de permanencia del maestro, el empleo en el municipio en que se obtuvo el status permanente, sujeto desde luego a suspensión, o destitución por las razones y en la forma expuestas en la sección 5 de la Ley núm. 312. En Dutart v. Woodward, 279 Pac. 493, 4 (Cal., 1929) la corte, al interpretar un estatuto similar, dijo que “La Legislatura lia conferido a los maestros, bajo ciertas circunstancias, un derecho adquirido a ser así clasificados y a enseñar como maestros permanentes, en 'el distrito específico en que se obtuviere 'este derecho, sujeto a tales reglas razonables que puedan ser adoptadas, que no estén en conflicto con la ley”. (Bastardillas nuestras). Al mismo efecto, Abraham v. Sims, 42 P. (2d) 1029 (Cal., 1935); Kacsur v. Board of Trustees, etc., 116 P. (2d) 593 (Cal. 1941).

Sin embargo, el Procurador General alega que el Comisionado estaba autorizado a hacer el traslado aquí envuelto en virtud de la sección 1 del Reglamento sobre Traslados de Maestros, promulgado por el Comisionado en 1 de julio de 1942. ()

Antes de examinar tal cuestión, creemos necesario consi-derar dos problemas preliminares. Un reglamento anterior, fechado en 22 de diciembre de 1941, citado por el peticiona-rio, disponía un método por el cual un maestro en un mu-nicipio podía, con la aprobación del Comisionado, permutar su plaza con un maestro de otro municipio. No necesitamos decidir en .este caso si tal reglamento anterior ejercitó hasta el límite el poder conferido al Comisionado por la sec-ción 4 de la Ley núm. 312 para promulgar reglamentos para el traslado de maestros. En su consecuencia, expresamente dejamos pendiente la importante cuestión de si el Comisio-nado puede bajo la sección 4 promulgar én el futuro regla-mentos para el traslado de maestros debido a la clausura de escuelas o porque los cursos han sido reducidos debido a cambios en la población, o por razones similares. Si el Comisionado promulgara reglamentos detallados que cubran clases específicas de situaciones, entonces estaríamos llama-dos a determinar si tales reglamentos violaban en un caso determinado el derecho adquirido de un maestro mediante un contrato de empleo bajo las secciones 1 y 2 de la Ley núm. 312. (Véanse State v. Board of Education of City of Duluth, 7 N.W. (2d) 544, 57 (Minn., 1942); Miller v. Stoudnour, 26 A. (2d) 113 (Pa., 1942); State v. Meigs County Board of Education, 44 N. E. (2d) 455 (Ohio, 1942); Downs v. Board of Education of Hoboken Dist., 171 Atl. 528 (N. J., 1934)). Dejamos tales problemas para el futuro.

Tampoco nos impresiona el argumento del Procurador General, que no fué adoptado por la corte de distrito, de que la excepción previa fué declarada con lugar correctamente porque la petición no usa específicamente la palabra arbitraria para calificar la actuación del Comisionado. González tenía en derecho prima facie, de acuerdo con las alegaciones de su petición y de conformidad con las secciones 1 y 2 de la Ley núm. 312, a una plaza permanente en Lares. Su petición transcribe literalmente una carta del Comisionado la cual, sin exponer razón alguna para ello, traslada sumariamente al peticionario a otro municipio. Resolvemos que al exponer tales hechos en la petición bajo las circunstancias de este caso se aduce suficientemente una causa de acción, que exige que el Comisionado conteste mediante negación o defensa afirmativa, y que de interponerse una excepción previa, nos obligue a determinar si, como cuestión de derecho, la facultad del Comisionado a hacer tal traslado es absoluta.

Pasamos por tanto a la cuestión verdadera con que nos confrontamos en este caso; es decir, si el Comisionado tiene poder ilimitado para trasladar maestros permanentes de un municipio a otro. La sección 1 del Reglamento de 1 de julio de 1942 indudablemente tiene el fin de otorgar tal poder al Comisionado. Por tanto el peticionario afirma que tal Reglamento no debe subsistir toda vez que viola el de-recho adquirido de enseñar permanentemente en Lares que ha adquirido bajo las secciones 1 y 2 de la Ley núm. 312. Obviamente, el Procurador General no alega que un regla-mento promulgado para implementar un estatuto puede con-tener disposiciones que estén en conflicto con los términos del propio estatuto. Sin embargo, el Procurador General insiste que el reglamento que otorga al Comisionado dis-creción sin restricciones para trasladar un maestro de un municipio a otro puede ser armonizado con el derecho ad-quirido de enseñar permanentemente en un municipio deter-minado, obtenido por el maestro bajo la Ley núm. 312. Re-petimos que no está envuelta en este caso la cuestión de pro-veer mediante un reglamento apropiado el traslado de un maestro por ciertas razones específicas. Pero no podemos seguir el argumento del Procurador General de que al dis-ponerse mediante reglamento, bajo la Ley núm. 312, que el Comisionado de Instrucción puede trasladar un maestro sin exponer razón algima para ello, no menoscaba el derecho ad-quirido del incumbente a enseñar permanentemente en dicho municipio que le confiere dicha ley. Si nos referimos única-mente a la sección 4 de la Ley núm. 312 en busca de autori-dad para promulgar este reglamento, debemos concluir que es nula a ese fin toda vez que está en evidente conflicto con el derecho adquirido antes mencionado.

Aparentemente la corte de distrito estuvo de acuerdo con nuestra conclusión a este respecto. No declaró el reglamento como correcto bajo la sección 4, y como consistente con las secciones 1 y 2 de la Ley núm. 312. Desestimó la petición bajo una teoría enteramente diferente. La corte inferior re-solvió que el poder ilimitado de selección conferido al Co-misionado a virtud del artículo 17 del Acta Orgánica com-prende el poder de traslado, y que toda vez que la Ley núm. 312 intenta restringir este derecho de selección, que incluye el poder de traslado, la Ley núm. 312 es nula. En síntesis, la corte de distrito concluyó que el reglamento era meramente una reexposición de la alegada autoridad incontrolable del Comisionado, emanante del artículo 17 del Acta Orgánica, para hacer traslados arbitrarios, y que el reglamento ni aña-dió ni disminuyó dicha autoridad. Confirmar la sentencia dé-la corte de distrito bajo ese principio tan amplio, tendría re-percusiones notables en el sistema educativo de Puerto Rico y en la permanencia de maestros después que han sido selec-cionados y nombrados para plazas permanentes.

Para llegar a esta conclusión, la corte de distrito descansóen parte en tres casos de esta corte. Pero todos esos casos surgieron con anterioridad a la aprobación de la Ley núm.. 312, y en ninguno de ellos estaba envuelta la cuestión del traslado. En Urdaz v. Pudín, Comisionado, 48 D.P.R. 306, estaba envuelta la aprobación por el Comisionado del nom-bramiento de un maestro hecho por un director escolar. Este caso se regía claramente por la disposición contenida en el artículo 17 del Acta Orgánica al efecto de que el Comisio-nado “preparará reglamentos para la selección de maestros, y los nombramientos de maestros por las juntas escolares es-tarán sujetos a su aprobación . . . ”. El caso de Martínez v. Huyke, Comisionado, 41 D.P.R. 288, era similar, excepto que envolvía la aprobación por el Comisionado de un nom-bramiento hecho por una junta escolar. El de Rodríguez Carlo v. García Ramírez, 35 D.P.R. 381, envolvía un pro-puesto desembolso para instrucción pública. El Artículo 17 del Acta Orgánica expresamente dispone que “todo desem-bolso propuesto . . . deberá ser aprobado” por el Comisio-nado. Las opiniones en estos tres casos son cortas, y llegan a conclusiones y emplean un lenguaje sobre los cuales no puede haber disputa legítima.

Pero no convenimos con la corte de distrito en que dichos casos y el artículo 17 del Acta Orgánica nos obligan a resolver que la Ley núm. 312 aprobada posteriormente es nula. Dicha ley en manera alguna usurpa la función del Comisio-nado contenida en el Acta Orgánica de que “El Comisionado . . . preparará reglamentos para la selección de maestros, y los nombramientos de maestros por las .juntas escolares es-tarán snjetos a sn aprobación . . . El Comisionado no le-vanta tal contención aquí, ni pensó en esa forma cuando se aprobó el estatuto en cuestión. En verdad, en su Informe Anual, correspondiente al año 1937-38, dice a la página 13 que “La Asamblea Legislativa de 1938 aprobó varias leyes impulsadas por el Departamento de- Instrucción para tener efecto durante el año 1938-39. Ellas son: ... 4. Ley núm. 312 — 1938 que autoriza al Comisionado de Instrucción a extender nombramientos permanentes a todos los maestros de instrucción pública que hayan prestado servicios satisfacto-riamente durante un período probatorio prescrito por ley. (Esta Ley no es aplicable a maestros especiales.) . . . ”.

La Ley núm. 312 cuidadosamente reserva al Comisionado el poder de selección final que le otorga el Acta Orgánica. La sección 1, después de disponer en cuanto a períodos pro-batorios para los maestros, dice que “una licencia vitalicia . ... se expedirá al término del período probatorio a los maestros que a juicio del Departamento de Instrucción ha-yan demostrado suficiente capacidad profesional . . . ”. La sección 2 tiene una disposición similar en cuanto a maestros que al aprobarse la ley hubieran ya prestado servicios du-rante un período probatorio suficiente. Dispone que tal maestro “tendrá derecho a contrato permanente ... si a juicio del Departamento de Instrucción fuere evidente que dicho maestro ha completado satisfactoriamente su período proba-torio”.

En dos palabras, esta ley, impulsada por el propio Comi-sionado, proporciona a éste la maquinaria que le permite nombrar a un maestro potencial durante un período proba-torio para juzgar su capacidad antes de ejercer su discre-ción en cuanto a la selección final para su nombramiento per-manente otorgádole exclusivamente por el Acta Orgánica. La Ley núm. 312 está basada en las Leyes de Permanencia para Maestros que se encuentran en una abrumadora mayo-ría de los Estados. Sus propósitos son establecer la selec-ción de maestros de escuelas sobre una base científica, im-parcial, y conseguir personal de alta capacidad asegurándo-les un empleo permanente. Sus disposiciones relevan al po-der nominador de la presión política o de otra índole a favor de candidatos específicos. Pero la selección final, según lo dispone el Acta Orgánica, siempre permanece en las ma-nos del Comisionado de Instrucción.

En vista de los argumentos expuestos por las partes en este caso, notamos que la disposición del artículo 17 del Acta Orgánica en cuanto a que el Comisionado “dirigirá la ins-trucción pública” no le otorga poderes específicos algunos que de otro modo no tendría. El poder y el derecho a diri-gir la instrucción pública, aun en ausencia.,de la cláusula, de-claratoria y directiva arriba indicada, es inherente al cargo de Comisionado de Instrucción. Pero un amplio poder eje-cutivo de tal naturaleza no maniata completamente a la Le-gislatura. Como se indica en el alegato del peticionario, existe un número de Estados que, como Puerto Rico, han aprobado leyes de permanencia para maestros disponiendo empleo permanente, a pesar de la disposición constitucional estableciendo el puesto de un Comisionado que dirigirá la instrucción pública. Corwin dispone de una contención similar en relación con un jefe ejecutivo, como sigue: “Un caso sobresaliente (leading case) y frecuentemente citado es el de Field v. People, 2 Scam 79 (Ill., 1839). Refiriéndose al de-ber del G-obernador de ‘ver que las leyes se pongan en vigor fielmente’, la corte dice en este caso '(pág. 91): ‘Esta cláu-sula de la Constitución, como aquellas que dividen los pode-res del Gobierno, y que establecen sus atributos, es la decla-ración de un principio general, que “no se le tendrá como una regla para limitar y controlar sino como cuestión mera-mente declaratoria y directiva.” No confiere poderes deter-minados “ni tampoco prescribe ningún deber específico.” “Este poder de dirección general,” dice un hábil comenta-rista sobre derecho Americano, “es un deber conferido a los ejecutivos federal y estatales.” “Sería peligroso, sin embargo, tratar esta cláusula como que confiere poder específico, alguno que ellos de otro modo no tendrían. Debe tenerse-corno descripción comprensiva del deber del ejecutivo de vi-gilar cuidadosamente todos los intereses públicos,” ’ citando "Walker, Introduction to American Law, 103.” (Nota al margen, Corwin’s Tenure of Office and the Removal Power under the Constitution, 27 Col. L. Rev. 353, 389). Cf. Jiménez v. Reily, 30 D.P.R. 626, 629, 732; Gonzáles v. Corte de Distrito, resuelto en 2 de junio de 1943 (ante, pág. 160.)

En verdad, el Congreso sabía que si deseaba otorgarle al Comisionado poderes específicos que no estuvieran sujetos a modificación por la Legislatura Insular, debía incluir dispo-sición en detalle para ello en el Acta Orgánica. Como fie-mos visto, esto se fiizo en el artículo 17 del Acta Orgánica,, en cuanto a selección de maestros y en cuanto a los desem-bolsos.

La corte de distrito no cometió error en cuanto a este punto. No encontró que el Comisionado tuviera poder para fiacer un traslado arbitrario dentro de la cláusula genérica que le otorga al Comisionado la facultad de dirigir la ins-trucción pública en todo Puerto Rico. Pero la corte inferior concluyó que la Ley núm. 312 estaba en conflicto con la dis-posición específica del artículo 17 del Acta Orgánica de que el Comisionado “Preparará reglamentos para la selección de maestros, y los nombramientos de maestros . . . estarán sujetos a su aprobación . . . ”. Sin embargo, como ya se fia. indicado, no podemos convenir con tal conclusión. Como se-indica por el peticionario en su alegato, “ ... la ley de per-manencia jamás interviene con la facultad de seleccionar ni aún con la de nombrar. El Comisionado, establece reglas para la selección de los maestros. Los nombra. Los pone a prueba. Juzga su labor. Determina si tales maestros así seleccionados y nombrados y juzgados realizan o no una labor satisfactoria. Hasta aquí no interviene para nada la Ley de Permanencia. Es cuando después de realizar todas estas, cosas y llegar el Comisionado a la conclusión de que tales'maestros han pasado por el período probatorio de dos años con absoluto éxito qne comienza a funcionar la Ley de Per-manencia, no para intervenir con la autoridad del Comisio-nado, sino para garantizar al pueblo los servicios de maestros competentes y evitar que puedan ser eliminados capri-chosamente con traslados o mediante otras formas.”

Tomando como una premisa, que todos convienen en que es cierta, de que la selección de maestros descansa en el Co-misionado, la corte de distrito concluye (1) que la Ley núm. 312 invade el.poder de selección del Comisionado y (2) que “el traslado de un maestro no es otra cosa que su selección para un distrito determinado”. Ya hemos expuesto nuestra conclusión de que la primera proposición de la corte de dis-trito no está sostenida por los términos de la Ley núm. 312, bajo la cual el Comisionado todavía retiene su poder de se-lección.

Refiriéndonos a la segunda proposición de la corte inferior, no podemos aceptar su razonamiento de que el traslado forma parte del sistema de selección. Forzando dicho argumento hacia su conclusión lógica, una reducción en grado o una rebaja de sueldo, o aún la destitución, también caerían bajo el poder de selección. Concluimos qne el traslado está clasificado más propiamente bajo permanencia (tenure). Y cuando examinamos el problema de la permanencia descubrimos el hecho altamente significativo de que cuando el Acta Orgánica fué propuesta originalmente disponía que “ ... la elección, nombramiento y permanencia de'los maestros serán determinados por” el Comisionado de Instrucción. (Bastardillas nuestras.) Por insistencia del Comisionado Residente Muñoz Rivera, la disposición en cuanto a la determinación de permanencia por el Comisionado de Instrucción fué eliminada del proyecto cuando se aprobó finalmente. () El Con-greso creyó sabio el disponer que la selección de maestros fuera hecha por el Comisionado con el fin de conservar esta función vital fuera de la política. El Congreso deliberada-mente eliminó de la primera redacción del Acta Orgánica una disposición similar dándole al Comisionado control sobre la permanencia de maestros. Afortunadamente, la Legisla-tura, por recomendación del propio Comisionado, intercaló en la sección 1 de la Ley núm. 312 las barreras contra los tras-lados arbitrarios. La Legislatura relevó al Comisionado en lo referente a traslados de la misma influencia política que el Congreso tuvo en mente eliminar en cuanto a la selección original de los maestros. Una analogía útil se encuentra en la sección 5 de la Ley núm. 312 que dispone la suspensión o destitución de maestros permanentes “sólo . . . por justa causa, según lo dispuesto . . . mediante procedimiento pres-crito por la Ley Escolar Compilada . . .”. Nadie alega que el poder de selección de maestros, tal cual lo otorga el Acta Orgánica al Comisionado, supedita esta disposición - de ley, y permite al Comisionado destituir o suspender sin justa causa un maestro permanente (Véase Rosario v. Gallardo, Comisionado, resuelto en 22 de junio de 1943, ante, pág. 266) Así mismo, tampoco hay razón para concluir que el poder de selección permite al Comisionado arbitrariamente despo-jar a un maestro permanente de una parte importante de su permanencia bajo la Ley núm. 312 — el derecho a continuar enseñando en un municipio determinado.

Por tanto la cuestión aquí envuelta se reduce al siguiente razonamiento. El Congreso eligió no otorgar al Comisionado de instrucción poderes específicos en relación con la perma-nencia de maestros, y del poder general para dirigir la ins-trucción pública no emana tal poder; el traslado se relaciona con la permanencia y no, como concluyó la corte de distrito, con la selección de un maestro; la permanencia incluye, bajo las secciones 1 y 2 de la Ley núm. 312 y los casos interpre-tando estatutos similares en otras jurisdicciones, una plaza en un municipio determinado; al disponer la permanencia de un maestro en un municipio determinado, las secciones I y 2 de la Ley núm. 312 son válidas y no están en pugna con' los poderes otorgados al Comisionado por el Artículo 17 del Acta Orgánica.

La Ley núm. 312 no es de origen puertorriqueño. Es-producto de un modelo que se ha esparcido gradualmente a través de los Estados Unidos. “La Ley de Permanencia para Maestros fué designada para llevar a cabo un propó-sito laudable. Si se pone en vigor sana e imparcialmente, los que propulsaron su adopción verán coronados sus esfuer-zos constantes por los buenos resultados que inevitablemente surgirán. Pué la intención, inter alia, proteger a los buenos maestros de la juventud, de una comunidad de someterse compulsoriamente a las influencias políticas de aquéllos que tienen el poder de otorgar o retirarles el nombramiento; y de asegurarles empleo ’a-tales maestros, después de un largo período de servicios satisfactorios para el público, prescin-diendo de los vaivenes de la política o las preferencias de-aquéllos que tienen en sus manos la administración de asun-tos escolares.” (Andrews v. Union Parish School Board, 184 So. 574, 578 (La., 1938).) Se ha resuelto repetidamente que la Ley de Permanencia para Maestros fué aprobada, en-tre otros propósitos, para proteger a los maestros y por ende-que tal Ley “debe interpretarse siempre liberalmente a favor de aquéllos en cuya protección fué aprobada.” Kennington et al. v. Red River Parish School Board, 200 So. 514, 16 (La., 1940). Para una excelente opinión que relata la histo-ria del desarrollo de tal estatuto y sus propósitos, véase McSherry v. City of St. Paul, 277 N. W. 541 (Minn., 1938). Véase también 127 A.L.R. 1298; 103 A.L.R. 1382.

Habiendo llegado' a la conclusión que bajo la sección 1 de la Ley núm. 312 la permanencia en un municipio determi-nado es uno de los beneficios del empleo, resolvemos que bajo-su contrato de empleo el peticionario tiene un derecho ad-quirido para enseñar permanentemente en Lares que no-puede ser terminado arbitrariamente. (Indiana ex rel. Anderson v. Brand, 303 U. S. 95; cf. Rivera v. Tugwell, Gobernador, 59 D.P.R. 841.)

Aunque la sentencia en este caso se dictó por resolución de la corte de distrito declarando con lugar la excepción pre-via interpuesta contra la petición de mandamus, las partes están contestes en cuanto a los hechos. Estando controlado el caso por nuestra decisión sobre la única cuestión de de-recho envuelta, no traería resultado práctico alguno el que devolviésemos el caso para la celebración del juicio sobre una contestación en que se admiten todos los hechos alega-dos en la petición. La sentencia de la corte de distrito de-clarando con lugar la excepción previa interpuesta contra la petición de mandamus será por tanto revocada y se dictará una nueva sentencia concediéndolo.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.

      (1)
      “July 28, 1942.
      Mr. Kafael A. González.
      Assistant Superintendent,
      Lares, Puerto Kico.
      (Through the office of the Superintendent of Schools)
      Dear Mr. González:
      Your assignment as permanent Assistant Superintendent, at a salary of $125.00 per calendar month, has been changed from Lares to Aguada-Moca, effective August 10, 1942. Please report to the district Superintendent of Schools at Aguada on time to start work on that date.
      Please acknowledge receipt of this letter.
      Yours very truly,
      (Sgd.) José M. Gallardo, Commissioner of Education”

      (2)La sección 1 de la Ley núm. 312 de 1938, dispone que:
      “Todo maestro en servicio activo en las escuelas públicas, mediante nombra-miento hecho de conformidad eon la Ley Escolar y los reglamentos del Departa-mento de Instrucción, y que haya ejercido como tal en cualquier categoría de escuelas durante el período probatorio que se especifica más adelante, a excep-ción de los maestros'especiales, tendrá derecho a ser contratado con carácter per-manente en la categoría correspondiente en que esté ejerciendo al expirar dicho período probatorio, sin otras pruebas de clasificación o capacidad profesional que la posesión de una licencia vitalicia que se expedirá al término del período pro-batorio a los maestros que a juicio del Departamento de Instrucción hayan de-mostrado suficiente capacidad profesional; Disponiéndose, que para los efectos de esta Ley no se tomará en consideración el tiempo que los maestros ejerzan en calidad de substitutos o a virtud de licencias provisionales; Y disponiéndose, además, que tales maestros tendrán derecho a ser contratados con carácter perma-nente en el municipio en que estén ejerciendo al expirar el periodo probatorio. (Bastardillas nuestras.)
      “La sección 2 de dicha ley lee como sigue:
      “Los maestros de todas las categorías, a excepción de los maestros espe-ciales, serán clasificados por el Departamento de Instrucción como maestros pro-batorios durante los primeros dos (2) años de ejercicio consecutivo.. Aquellos maestros quo para el 1 de julio de 1938 hayan completado dos o más años de ejercicio consecutivo se considerarán que han completado su período de prueba. Cualquier maestro en ejercicio en las escuelas públicas, a excepción de los maestros especiales, tendrá derecho a contrato permanente después de esa fecha, si a juicio del Departamento de Instrucción fuere evidente que dieho maestro ha com-pletado satisfactoriamente su período probatorio.”

      (3)La seeeión 4 de la Ley núm. 312 lee como sigue:
      “Las renuncias, licencias sin sueldo, los traslados y ascensos de los maestros permanentes se regirán por los reglamentos que al efecto promulgue el Comisio-nado de Instrucción.”

      (4)E1 artículo 17 del Acta Orgánica (48 1T.S.C., §783) dispone que:
      “El -Comisionado de Instrucción dirigirá la instrucción pública en toda la Isla; todo desembolso propuesto por cuenta de la misma deberá ser aprobado por él, y preparará todos los cursos de estudio, con sujeción a la desaprobación del Gobernador si este deseare intervenir. Preparará reglamentos para la selección de maestros, y los nombramientos de maestros por las juntas escolares estarán sujetos a su aprobación, y desempeñará los demás deberes, no incompatibles con esta Ley, que se le asignaren por ley.”

      (5)La sección 1 de dicto reglamento lee como sigue:
      “Cualquier maestro en ejercicio en las escuelas públicas, en virtud de norn-bramiento permanente, probatorio o de otro carácter, sea cual fuere su categoría o rango, podrá ser trasladado de la escuela que desempeñe o del municipio en que ejerza, a una plaza de igual categoría en otra escuela o en otro municipio en que sus servicios sean más necesarios o útiles para los fines de la enseñanza, o cuando por cualquier otro motivo las necesidades del sistema escolar así lo exigieren.”

      (6)Audieneias ante el Comité sobre Islas del Pacífico y Puerto Rico, Senado de Estados Unidos, Congreso Sesenta y cuatro, Primera Sesión sobre el S. 1217, Ley para Proveer un Gobierno Civil para Puerto Rico, y para otros fines (pág. 78).


author: El-Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Tomasa Carrión Viuda de Gago, por sí y como madre con patria potestad sobre su hija legítima menor de edad Norma Esther Gago Carrión, demandantes y apelantes, v. Tomás Díaz, demandado y apelado.
    Núm. 8696.

    Sometido: Abril 15, 1943.

      Resuelto: Junio 23, 1943.

      Harry B. Lienza, abogado de las apelantes; Celestino Iria/rte, F. Fer-nández Cuyar y H. González Blanes, abogados del apelado.
   El-Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Tomás Díaz, el demandado apelado, contrató con un pin-tor llamado Gaspar Díaz, la pintura de una casa de su pro-piedad situada en la Urbanización Hipódromo de Santurce. El contrato se celebró por una cantidad global e incluía la mano de obra, debiendo además diclió pintor suplir las es-caleras, brochas y demás utensilios de trabajo, mientras que el propietario de la casa suministraba la pintura y demás materiales. Cuando ya dicho pintor había pintado parte de la casa, fué retirado por el propietario, Tomás Díaz, por haber notado éste que dicho pintor estaba tomando licor.

Entonces Tomás Díaz contrató la terminación del tra-bajo con Sebastián Gago Mercado, por la cantidad de $25 y bajo las mismas condiciones que Gaspar Díaz, el anterior pintor.

El día 4 de diciembre de 1941, entre .diez y once de la mañana, y mientras estaba subido en una escalerilla de cinco pies de altura, propiedad del dueño de la casa, pintando ex-teriormente una de las ventanas de la planta baja, Sebastián Gago se cayó de dicha escalera, recibiendo varios golpes. Fué conducido al Hospital de Distrito de Bayamón, y allí falleció en la madrugada del 6 de diciembre de 1941 a con-secuencia de una peritonitis aguda causada por laceración traumática del intestino delgado.

Su viuda, por sí y como madre con patria potestad sobre su hija legítima menor de edad, entabló acción contra Tomás Díaz en reclamación de daños y perjuicios sufridos por la muerte de su causante, Sebastián Gago Mercado.

Alegaron las demandantes que la muerte de Sebastián Gago se debió a la negligencia y descuido de su patrono, To-más Díaz, al no proveer a dicho pintor de un andamio o plataforma que le ofreciera propia y adecuada protección a su vida mientras realizaba sus labores de pintor, y al faci-litarle solamente una escalera de tijeras. Contestó el deman-dado negando específicamente los hechos esenciales de la de-manda y alegando como defensas especiales la insuficiencia de los hechos alegados y la negligencia del causante de las demandantes como causa próxima y única del accidente.

Declarada sin lugar la demanda y condenadas las deman-dantes al pago de costas, radicaron el presente recurso de apelación. Para sostenerlo alegan que la corte inferior erró:

1. AI permitir al testigo Luis Maisonet declarar sobre si era o no necesaria la construcción de andamios en el trabajo que realizaba el causante de las demandantes-apelantes, Se-bastián Gago, y al negarse a eliminar su interrogatorio, por cuanto la determinación de la aplicabilidad de la Ley de An-damios era una función de la Honorable corte inferior, y no para ser resuelta por conclusiones de dicho testigo.

2. Al permitir declarar al testigo Tomás Díaz, a pesar de la objeción de las demandantes-apelantes, sobre el conve-nio que celebrara con Gaspar Díaz, para la pintura de las casas de su propiedad, por no ser dicho Gaspar Díaz parte en este pleito, ni obligar a Sebastián Gago Mercado, cual-quier convenio que hubiera celebrado con el demandado-ape-lado.

3. Al resolver que de acuerdo con la Ley núm. 30 de 1913 (pág. 73), según fuera enmendada por la Ley núm. 61, apro-bada en mayo 6, 1936 ((1) pág. 315), el demandado-apelado, Tomás Díaz, no tenía la obligación de construir en beneficio y para la seguridad del pintor Sebastián Gago Mercado, un. andamio o plataforma, de acuerdo con la determinación de la referida ley.

4. Al resolver que no se había probado negligencia al-guna legal del demandado-apelado, por no estar obligado por precepto legal alguno a construir un andamio para pro-teger la vida y seguridad del pintor Sebastián Gago.

5. Al resolver que Sebastián Gago Mercado era un con-tratista independiente, sin que se hubiera levantado tal de-fensa, por el demandado-apelado en sus alegaciones y sin que la prueba presentada sostuviera en forma alguna dicha con-clusión, y que como tal asumiera los riesgos que pudieran sobrevenir en la ejecución de su trabajo.

6. Al declarar sin lugar la demanda de este pleito.

La primera cuestión a tratar es una de jurisdicción levantada por el apelado. Sostiene el mismo en su alegato que toda vez que la sentencia en el caso de autos fue dictada por la corte inferior en octubre 20 de 1942, mientras que la apelación no fue interpuesta y notificada hasta el día de diciembre de 1942, este tribunal carece de jurisdicción apelativa sobre el caso, por haber transcurrido el término estatutario para apelar.

No tiene razón el apelado. En innumerables ocasiones ha sostenido este tribunal que el término para apelar no co-mienza a correr sino desde la fecha en que el secretario de la corte de distrito archiva copia de la notificación de sen-tencia con los autos del caso. (Véanse: Arzuaga v. Roe et al., 20 D.P.R. 307; Martorell v. “Andino & Febres”, 38 D.P.E. 166; Sánchez v. De Jesús, 39 D.P.R. 844; Buxó, Jr. v. Sellés, 47 D.P.R. 313; Rodríguez v. Torres, 48 D.P.R. 917; Ríos v. Díaz, 54 D.P.R. 697; Vázquez v. González, 60 D.P.R. 718, y Ramírez Santibáñez v. Banco Comercial de P. R., (Per Curiam), Sentencia de 15 enero de 1943, 61 D.P.R. 971.) En el presente caso el archivo de la copia de la notificación de sentencia con los autos no se llevó a cabo sino hasta el 2 de noviembre de 1942, según consta del certificado librado por' el Secretario de la Corte de Distrito de San Jnan (que se une al final del expediente). Por tanto, no habiendo trans-currido sino 29 días desde tal fecha hasta la radicación por las apelantes del escrito de apelación, el mismo fue radicado dentro del término estatutario y por consiguiente esta Corte tiene jurisdicción para conocer del recurso.

Las cuestiones principales a resolver en este caso son dos:

(a) ¿Estaba el demandado obligado por la ley a cons-truir un andamio o plataforma en beneficio y para la pro-tección y seguridad del pintor Sebastián Cago Mercado?

(b) ¿Era el pintor Sebastián Cago un contratista inde-pendiente, o por el contrario existía entre él y Tomás Díaz la relación de patrono y empleado?

Consideremos la primera cuestión. La ley que regula la materia es la núm. 61 de 6 de mayo de 1936, que derogó la anterior Ley núm. 30 de 1913. Alega la parte apelante que según dicha ley el demandado estaba obligado a construir un andamio o plataforma para la seguridad y protección del pintor.

TJn análisis de dicha ley nos lleva a la conclusión de que no existe tal obligación. En ninguna de sus disposiciones se impone a todo el que vaya a realizar un trabajo de los enu-merados en la ley la obligación de construir andamios o pla-taformas. La ley lo único que hace es establecer la forma en que han de construirse dichos andamios y los requisitos que se deberán cumplir, pero en ninguna parte dice que será obligación de todo'el que ya a reparar o pintar sn casa el construir andamios o plataformas para protección de sns obreros. La mencionada ley (Leyes de 1936, pág. 315) en sn sección 2 dice, al establecer los requisitos que se deberán cumplir, que “toda persona natural o jurídica que intente lle-var a cabo- en Puerto Rico alguna obra para la cual se haga necesaria la construcción de andamios . . . (subrayado nuestro), de lo cual deducimos que solamente se deberán construir andamios cuando sea necesario, es decir, que no siempre está obligado el dueño a construir andamios. Por consiguiente, Tomás Díaz estaba obligado a construir un an-damio, si la construcción del mismo era necesaria para la protección y seguridad de su empleado. Pero, ¿era dicba construcción necesaria? Creemos que no.

El pintor, Sebastián G-ago, al tiempo de ocurrir el acci-dente que le causó la muerte estaba subido a una escalerilla de mano de cinco pies de altura, pintando una ventana de, la planta baja. Suponiendo que Gago hubiese estado subido en el último escalón, o sea a una altura de cinco pies del suelo, la superficie que estaba pintando hubiese entonces estado a una altura de diez o doce pies y para pintar a tal altura nos parece que no es necesario construir andamios. Estando obligado el patrono a construir un andamio solamente cuando el mismo es necesario para la seguridad deí obrero, no erró la corte inferior al admitir el testimonio del pintor Maiso-net, quien declaró que no es necesario el andamio para pin-tar a una altura de diez pies o menos, pues eso se puede ha-cer con una escalera de cinco o seis pies.

El accidente que sufrió Gago fue, en nuestra opinión, uno desgraciado. De acuerdo con el testimonio pericial, en la gran mayoría de los casos una caída desde esa altura no es suficiente para causarle la muerte a una persona. Así asu-miendo para los efectos de esta discusión, que entre Gago y Tomás Díaz existía la relación de patrono y empleado, no creemos que dicho patrono violase la ley o fuese negligente al no suministrar a su empleado nn andamio o plataforma con barandilla para realizar el trabajo.

La parte apelante cita el caso de Díaz v. Arkadia Sugar Co., (1919) 27 D.P.R. 583, para demostrar qne el demandado apelado estaba obligado a constrnir nn andamio. En el su-mario de dicbo caso se dice qne “La Ley nnm. 30 de 1913, impone al patrono que intenta constrnir o reparar algún edi-ficio, la obligación ineludible de construir, en beneficio y para la seguridad de sus carpinteros, albañiles u otros emplea-dos, un ‘ andamio, plataforma, u otro aparato similar, Sin embargo, dicho sumario no se ajusta estrictamente a lo resuelto por dicho caso. Se trataba de un obrero que estaba trabajando sobre un andamio y al ir a colocar una viga per-dió el equilibrio y cayó a causa de no tener el andamio en que trabajaba barandilla, es decir, a causa de no haber cons-truido la demandada un andamio de acuerdo con los requisi-tos exigidos por la ley. La corte resolvió que, de acuerdo con lo prescrito por la Ley núm. 30 de 1913, “con respecto a la barandilla, todo andamio debe ir cercado por ella”. Lo que en realidad se resuelve en dicho caso es que todo anda-mio que se construya deberá estar dotado de los medios de seguridad que requiere la ley para la protección de los obre-ros que en ellos trabajan, pero nada resuelve en cuanto a cuándo es que se deben construir andamios.

Es verdad que (a la página 588) la corte en su opinión dice:

“Sostiene además el apelante que en la demanda existen alegacio-nes que no fueron confirmadas por la prueba y señala la 7a., que dice: ‘que el demandante había hecho saber a la demandada, repetidas ve-ces, el estado inservible del antes citado andamio.’
“En efecto la prueba es deficiente con respecto a este extremo, pero a nuestro juicio para concluir que la demandada conocía la exis-tencia del defecto, no es necesario alegar ni probar que el demandante se lo había notificado. Por ministerio de la ley, como hemos visto, la demandada estaba obligada a construir el andamio. No lo hizo. ¿Qué más hay que probar? La demandada necesariamente conocía sus propias actuaciones.”

Aunque la corte dijo, que la demandada, por ministerio de la ley estaba obligada a construir el andamio, no creemos que se quisiera decir el andamio, puesto que bien o mal cons-truido, éste estaba beebo, y si no lo hubiese estado el obrero no se hubiese podido caer del mismo. En nuestra opinión, lo que en realidad se quiso decir fue que la corporación de-mandada estaba obligada a construir el andamio adecuada-mente, pues para decir que la corporación estaba obligada a construir el andamio no babía base ni en los hechos del caso ni en la ley.

Por estas razones no creemos que se cometiera el error señalado.

La otra cuestión envuelta trata del carácter de las relaciones existentes entre el demandado Díaz y el causante de las demandantes, Sebastián Gago.

Alega la parte apelante que el demandado apelado “no levantó en sus alegaciones la defensa de contratista indepen-diente”. En su demanda alegaron las demandantes que Se-bastián Gago Mercado “en 4 de diciembre de 1941 y mien-tras trabajaba por una compensación de $4.50 diarios para sú patrono no asegurado en el Fondo del Seguro del Estado, el demandado Tomás Díaz, . . .”.

Esta alegación fue contestada por el demandado en la forma siguiente:

“3. Del párrafo tercero de la demanda, . . . niega que en 4 de diciembre de 1941 o en cualquier otra fecha trabajara por una compen-sación de $4.50 diario para el demandado.”

Es decir, el demandado lo único que niega en su contes-tación es que el pintor Gago trabajase por una compensa-ción de $4.50 diarios, admitiendo, por tanto, el resto de la alegación, o sea que dicho pintor trabajaba para su patrono no asegurado en el Fondo del Seguro del Estado, el deman-dado Tomás Díaz. La contestación del demandado envuelve un “negative pregnant”, admite el hecho de la relación de patrono y empleado, y solamente controvierte el de la com-pensación que percibía el obrero lesionado. Véase el caso de Bahr v. American Railroad Co., resuelto en mayo 17 de 1943 (61 D.P.R. 917). Por la razón antes expuesta, quedó el de-mandado impedido (estopped) de presentar en el juicio prueba contraria al hecho admitido en la contestación, no pudiendo por tanto presentar la defensa de contratista inde-pendiente, como lo hizo.

En nuestra opinión, la corte inferior cometió error al ad-mitir prueba tendiente a demostrar que las relaciones entre el demandado y el causante de las demandantes no eran las de patrono y empleado. Este error no produce la revoca-ción de la sentencia recurrida toda vez que hemos resuelto que existía la relación de patrono y obrero, pero que el pa-trono dentro de las circunstancias del caso no estaba obli-gado a proveer al obrero de un andamio.

La única cuestión que queda por estudiar es si hubo o no negligencia por parte del demandado, Tomás Díaz.

La acción es una traída, no bajo la Ley de Compensacio-nes por Accidentes del Trabajo (Ley núm. 45 de 1935, (1) pág. 251) sino bajo los artículos 1802! y siguientes del Có-digo Civil, Edición 1930, que son los que tratan de la res-ponsabilidad por causa de culpa o negligencia. Siendo ello .así, corresponde a la parte demandante demostrar que hubo negligencia de parte del demandado.

Ya hemos visto que el demandado no dejó de cumplir ninguna obligación impuéstale por ley al dejar de construir un andamio para la protección de su empleado mientras pin-taba una ventana del piso bajo.

El accidente ocurrió al caerse el empleado de una escalera propiedad de su patrono, pero la prueba presentada nada indicó en cuanto a si la escalera estaba o no en mal estado; nadie presenció la caída del pintor, ni se demostró en nin-.gún momento que el demandado hubiese sido negligente. Por tanto, habiendo la parte demandante dejado de presentar prueba tendiente a demostrar que dicho demandado fuera negligente, la corte inferior actuó correctamente al declarar sin lugar la demanda.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel Ortiz, acusado y apelante.
    Núm. 9991.

    Sometido: Junio 11, 1943.

      Resuelto: Junio 23, 1943.

      Carlos E. Colón, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abo-gados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El acusado apela de una sentencia condenatoria por vio-lación de la sección 4, Ley núm. 6, Leyes de Puerto Rico, 1941 ((2) pág. 15), Sesión Extraordinaria. Tanto la corte municipal como la de distrito lo hallaron culpable de vender una libra de carne a un consumidor por un precio mayor que el fijado por el Boletín Administrativo núm. 761, tal cual fué aprobado por la Comisión de Alimentos y Abastecimiento General y promulgado por el Gobernador.

El acusado alega que la- corte de distrito cometió error al declarar sin lugar su moción de archivo y sobreseimiento, basada en el becbo de que el juicio no se celebró dentro de los 120 días a partir de la radicación en la corte de distrito del récord en apelación de la corte municipal (Art. 448, inciso 2, Código de Enjuiciamiento Criminal, Ed. 1933; Pueblo v. Balzac, 56 D.P.R. 649).

El récord fué radicado ante la corte de distrito el 29 de mayo de 1942 y se señaló la vista del caso para el 16 de ju-lio de 1942. En dicba fecba y a petición del fiscal de dis-trito se pospuso el caso hasta el 23 de julio debido a la au-sencia de los dos -testigos de El Pueblo. Uno de los testigos había sido citado pero no compareció. El otro testigo era un jefe de policía de distrito, quien tampoco compareció. El 23 de julio el caso fué pospuesto otra vez debido a enferme-dad del jefe de distrito. Finalmente se celebró el juicio ante la corte de distrito el 21 de octubre de 1942.

El acusado acepta que la primera posposición del 16 de julio al 23 de julio fué “más o menos justificada”. Toda vez que el juicio se celebró el 21 de octubre, antes de trans-currir 120 días a partir del 23 de julio, fecba que se fijó para el juicio a virtud de la primera posposición, para la cual se admite hubo justa causa, nada encontramos en las circuns-tancias de este caso que autorice al acusado invocar la regla contenida en el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal (Pueblo v. Balzac, 56 D.P.R. 649; Pueblo v. Rexach, ante, pág. 22, resuelto el 18 de mayo de 1943; Pueblo v. Díaz, 60 D.P.R. 540; Pennington v. Corte, 60 D.P.R. 260; Dyer v. Rossy, 23 D.P.R. 772).

El acusado entonces alega que la corte inferior no tenía jurisdicción en este caso. Indica que la alegada in-fracción ocurrió el 12 de mayo de 1942, qne la acusación fné radicada el 15 de mayo, y qne la Ley núm. 6 fné derogada por la Ley núm. 228, Leyes de Puerto Rico, 1942 ((1) pág. 1269) qne fné aprobada el 12 de mayo de 1942. Pero la Ley núm. 228, qne reemplazó y sustituyó la Ley núm. 6 expresa-mente disponía mediante una cláusula de salvedad, qne toda la reglamentación promulgada bajo la ley anterior continua-ría en vigor, () Por tanto no es necesario qne determinemos si, en ausencia de tal cláusula de salvedad, la corfe inferior hubiera tenido jurisdicción bajo las circunstancias actuales (Cf. United States v. Powers, 307 U. S. 214). La Legisla-tura, aunque derogando la Ley núm. 6, claramente expresó su intención de que continuara en vigor toda la reglamenta-ción, incluyendo el Boletín Administrativo aquí envuelto, pro-mulgado bajo la Ley núm. 6, hasta que se modificara de otro modo mediante acción adecuada bajo la nueva Ley. La corte inferior por tanto tenía jurisdicción para juzgar al acusado por una acusación que alegaba hechos que ocurrieron el mismo día en que la Ley núm. 228 entró en vigor y que fué radicada tres días después.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.

      (1)La sección 14(a) de la Ley núm. 228 dice como sigue:
      Toda actuación, escala de precios, orden, regla o providencia, autorizada ■o ejecutada por la Comisión de Alimentos y Abastecimiento General, basta la fecha de vigencia de esta Ley, o por el Director Ejecutivo de la misma* durante el mismo período de tiempo, quedará automáticamente convalidada y ratificada desde el momento en que esta Ley entre en vigencia y hasta tanto sea substituida, modificada, enmendada o derogada por otras medidas adoptadas bajo esta Ley. Las escalas de precios serán consistentes con las normas establecidas en esta 7 estarán sujetas a la solicitud de reconsideración autorizada en la misma, «orno si hubieran sido promulgadas a la fecha de la vigencia de esta Ley.”