text:
    No. 6373.
    González, dmdte., v. Sucn. Sánchez, Etc., dmda.
    C. D. San Juan.
    Junio 7, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, la parte apelada solicita la desestimación de este re-curso por frívolo, fundándose en que sólo está envuelta la aprecia-ción de la prueba hecha por la corte inferior, tal como aparece en la opinión que sirve de fundamento a la sentencia, y que la corte no creyó los testigos de la apelante, o algunos de ellos:

Por Cuanto, la prueba tomada en el juicio no está ante nos y esta corte no puede entrar a juzgar las cuestiones suscitadas por la apelante con respecto a tal prueba, sin tenerla en su presencia:

Por tanto, no ha lugar a la desestimación solicitada.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Presidente Sr. del Toro.)

license: Public Domain

text:
    No. 6401.
    The Federal Land Bank of Baltimore, dmdte., v. Burgos, dmda.
    C. D. Ponce.
    Junio 22, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

Por cuanto, invocando la sección 59 del Eeglamento de este Tribunal la parte apelada solicita la desestimación del recurso inter-puesto en este caso por no haberse proseguido con la debida diligen-cia y ser frívolo;

PoR CUANTO, a la moción se acompaña una certificación de los autos y de ella resulta que el pleito se inició por demanda en cobro de una deuda garantizada con hipoteca; que emplazada la deman-dada no compareció, anotándose su rebeldía en 1 de septiembre de 1932; que señalada la vista, también faltó en comparecer la de-mandada, celebrándose en su ausencia, practicando el demandante su prueba consistente en la escritura de hipoteca, una certificación del Registro, la liquidación de plazos y el pagaré hipotecario sus-crito por la demandada pertinentes al caso, y dictando la Corte sen-tencia de conformidad con las alegaciones y las pruebas condenando a la demandada a pagar al demandante la suma reclamada con in-tereses y costas;

Pob Cuanto, notificada la sentencia apeló la demandada en 21 de noviembre de 1932 y desde entonces viene solicitando y obteniendo prórrogas para que el taquígrafo prepare la transcripción, alegando como único motivo la acumulación del trabajo del taquígrafo; y

Por Cuanto, la mera exposición de esos hechos basta para con-cluir que se trata de un recurso frívolo interpuesto con el solo pro-pósito de dilatar la ejecución de la sentencia:

Por tanto, de acuerdo con la regia invocada, se desestima el re-curso.


author: Juez Asociado Sr. Aldrey.)

text:
    No. 6429.
    Gerardino, dmdte., v. Sucn. Durán, dmda.,
    C. D. Ponce.
    Julio 26, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Por Cuanto, Juan José Gerardino fué condenado al pago de costas en un pleito que siguió contra los herederos de Emilio Y. Durán:

Por cuanto, el abogado que había defendido a los demandados presentó el memorándum de costas :

Por Cuanto, impugnado ese memorándum porque el abogado que lo firmó no ejercía entonces su profesión por ser funcionario judicial, la Corte permitió que fuera enmendado nunc pro tunc y se pre-sentó otro firmado y jurado por uno de los herederos:

Por cuanto, aprobado, rebajando su cuantía a $210, interpuso esta apelación el Sr. Gerardino, la que se nos pide desestimemos por ser frívola:

Por Cuanto, el único motivo del recurso es que la corte inferior no tenía autoridad en este caso para conceder la enmienda nunc pro tune:

Por cuanto, según los casos de Fajardo Sugar Co. v. Torres y otros, 28 D.P.R. 63 y de Casals v. Rosario, 34 D.P.R. 77, la corte inferior tenía la facultad que el apelante le niega:

PoR tanto, resulta frívola esta apelación, por lo que debe ser y es desestimada.


author: Juez Asociado Sr. Wolf.)

text:
    No. 6393.
    Pérez, aplte. v. Corte Municipal de Salinas, aplda. y Maneiro, aplda.
    C. D. Guayama.
    Noviembre 28, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Poa cuanto, una sentencia de la Corte de Distrito de Guayama anulando un auto de certiormñ fué apelada para ante este Tribunal :

PoR cuanto, se ba presentado moción para que desestimemos este recurso por frívolo:

Por cuanto, el apelante perdió, como demandado, un pleito de desahucio en la Corte Municipal de Salinas:

Por cuanto, el apelante no convenció a la corte de distrito, ni ha convencido a este Tribunal, de la existencia de motivo alguno para librar el auto de certiorari que solicitó en la corte de distrito:

Pob tanto, se desestima, por frívolo, el presente recurso.


text:
    No. 6558.
    Armour Fertilizer Works, dmdte., v. Berríos et al., dmdos.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 21, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Por cuanto, la apelada nos pide que desestimemos por frívola la apelación interpuesta por los demandados contra la sentencia dic-tada en este caso:

PoR cuanto, se trata del cobro de una obligación suscrita solida-riamente por'los dos apelantes, alegándose por uno de ellos en la con-testación a la demanda como única defensa que a pesar de haber suscrito solidariamente ese pagaré es un simple fiador porque no ha recibido el todo ni parte de los artículos cuyo pago garantiza el pa-garé y porque el otro firmante constituyó hipoteca de bienes mue-bles para responder del pago:

Por cuanto, habiendo suscrito ambos apelantes el pagaré como deudores solidarios son responsables como tales para con el acreedor independientemente de las relaciones que entre ellos puedan exitir, según nuestras sentencias en los casos de Cintrón & Aboy v. Solá, 22 D.P.R. 262; Bennett et al. v. Boschetti et al., 31 D.P.R. 855; Crédito y Ahorro Ponceño v. Beiró et al., 32 D.P.R. 817; Banco Comercial de Puerto Rico v. Arguinzonis et al., 35 D.P.R. 284:

Por cuanto, el caso de Stubbe Brothers, Inc., v. Díaz, 43 D.P.R. 79, no tiene aplicación al presente porque en aquél se trataba de una obligación mancomunada, manifestándose en el pagaré simplemente “pagaremos”:

PoR cuanto, el hecho de que uno de los suscribientes del pagaré constituyese hipoteca sobre bienes muebles para garantizar su pago no releva de responsabilidad al otro deudor solidario:

PoR cuanto, por lo expuesto esta apelación es frívola:

PoR tanto, se desestima por el expresado motivo la apelación in-terpuesta por los demandados contra la sentencia dictada en este pleito.

En los siguientes casos, a propuesta de sus distintos jueces, la corte desestimó, por frívolos, los recursos interpuestos.

Nos. 6539, 6331, 6444, 6516, 6548.

En los siguientes casos, a propuesta de sus distintos jueces, la corte se negó a desestimar, por frívolos, los recursos, por no aparecer que claramente lo fueran, por no habérsele convencido o estar convencida de, o demostrádosele, la supuesta frivolidad.

Nos. 6078, 6214, 6269, 6290, 6362, 6366, 6375, 6379, 6385, 6397, 6412, 6425, 6433, 6455, 6463, 6467 y 6482.


text:
    No. 6427.
    Rivera, dmdte. y aplte., v. R. Ruiz & Co. y Francisco Rivera, dmdos. y apldos.
    Julio 11, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Visto el caso de Pagán v. Sellés y otro, 28 D.P.R. 160, no cons-tando que Francisco Rivera fuera emplazado, que compareciera ni que su rebeldía haya sido anotada y apareciendo más bien que se prescindió de él como parte en el pleito que motivó esta apelación, no ha lugar a la solicitud del demandante para que desestimemos por falta de notificación a Francisco Rivera del recurso.


text:
    No. 6548.
    Santiago, apldo., v. Flores, aplte.
    .C. D. San Juan.
    Diciembre 28, 1933.
   Desestimado el anterior recurso, entre otros motivos, por haber sido entablado tardíamente.


text:
    No. 6455.
    Vega, aplda., v. Salom, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 12, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Por cuanto, la parte apelada solicita que desestimemos esta ape-lación por no haber presentado el apelante su alegato dentro del tiempo requerido por nuestro Reglamento y por ser frÍYola:

Por cuanto, el alegato del apelante fué presentado en este Tribunal el día señalado para la pista de la moción de desestimación, con excusa por no haber sido radicado, antes debido a un error en la computación del término, y con súplica de que lo admitamos:

Por cuanto, del alegato del apelante no aparece que su recurso sea claramente frívolo:

Por tanto, se amite el alegato del apelante y se declara sin lu-gar la solicitud para que desestimemos esta apelación. '

En los siguientes casos, Nos. 6293 y 6456, se solicitó la desestimación por el alegato en el primero no' cumplir con las reglas de la corte y no haberse radicado en tiempo en el segundo, habiéndose declarado no haber lugar a desestimarlos.


author: Juez Asociado Sr. Hutchison.)

text:
    No. 6081.
    Balasquide, apldo., v. Luján y Espinosa, dmdos. y Miranda, et al., apltes.
    C. D. Bayamón.
    Mayo 11, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede y no habiendo el promovente demos-trado la supuesta falta de jurisdicción, no ha lugar a la desestima-ción solicitada.


text:
    No. 6351.
    Aguilera, aplte., v. Pérez Lugo et al., apldos., Antonmattei, interventor.
    C. D. Ponce.
    Mayo 31, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, la apelante en concepto de tercerista trató,de obte-ner como suya una propiedad embargada para aseguramiento de sen-tencia en pleito sobre cobro de dinero, por otra persona:

Por cuanto, aparece que dicha propiedad fué subastada en el pleito en que fué objeto de embargo y se adjudicó al actor por lo que, resultando académica la contienda, la corte de distrito dictó sentencia desestimando la demanda de tercería:

PoR CUANTO, la tercerista no apeló de la sentencia dentro de los; diez días señalados por la ley, y la parte apelada pide la desestima-ción por falta de jurisdicción en este tribunal:

PoR Cuanto, no es óbice a la desestimación el que la corte de dis-trito aprobara una estipulación en la cual las partes hicieron constar que quedaban todas sometidas a los resultados del juicio declarativo' “tal cual si se hubiera tratado de un juicio de reivindicación”, toda vez que el pleito en que se dictó la sentencia era y quedaba uno de tercería por lo cual la sentencia debió apelarse y no se apeló dentro de los diez días señalados por la ley:

Por tanto, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima la apelación entablada contra la sentencia dictada por. la Corte de Distrito de Ponce en febrero 27, 1933.


text:
    No. 6352.
    Aguilera, aplnte., v. Claudio y Aguilera, apldos.
    C. D. Ponce.
    Mayo 31, 1933.
   Por los fundamentos de la resolución dictada en el día de hoyen el caso No. 6351, Julia Dolores Aguilera v. Ramona Pérez Lugo et als., se desestima la apelación entablada contra la sentencia de la Corte de Distrito de Ponce de fecha 27 de febrero, 1933.


text:
    No. 5836.
    Wilcox, apldo., v. Soler, Vda. de Rocafort, aplte.
    C. D. Humacao.
    Mayo 1, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Visto el presente recurso sin la asistencia de las partes y atendido el resultado del Certiorari No. 826, Josefa Soler Vda. de Rocafort v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arjona Siaca, Juez, 43 D.P.R. 1010, se desestima, por académica, la presente apelación.


text:
    No. 6308.
    Maisonave, apldo., v. Domenech y MacLeod, Tesorero y Auditor de P. R., respectivamente, apltes.
    C. D. San Juan.
    Mayo 9, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

A la moción de reinstalación de la parte apelante, apareciendo que se trata de una sentencia dictada el 18 de enero de este año, ha-biéndose archivado la transcripción en marzo 17 último y el alegato-el 20 de abril, no obstante la oposición de la parte apelada, el Tribunal en el ejercicio de su discreción estimando que el error come-tido es excusable, deja sin efecto su resolución de abril 25 último. desestimando el recurso, permite la radicación del alegato fuera de término y señala la vista de la apelación para junio 1, 1938, a las. 2 p. m.


text:
    No. 6301.
    Mayol Jiménez & Co., aplda., v. Navarro, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Junio 2, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

No ba lugar a reconsiderar nuestra resolución del 24 de mayo-último en este caso para que concedamos un nuevo término a la ape-lante para presentarnos ruia transcripción taquigráfica de la evidencia o una exposición del caso, dejando así sin efecto la desestimación decretada, por no aparecer de los autos ni alegarse que la apelante esté tramitando alguno de esos documentos en la corte inferior y por no presentársenos declaración jurada para demostrarnos que la apelación es meritoria. El caso de Marchàn v. Sucn. Eguen, 42 D.P.R. 99, citado por el peticionario no es de aplicación al presente por referirse a una situación de becbos distinta.


text:
    No. 5058.
    Pueblo, apldo., v. Tirado, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Mayo 17, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

Por cuanto, todo lo que se alega para sostener el recurso es que la prueba no demuestra la intención criminal del acusado; y

Por cuanto, examinada dicha prueba se encuentra que demues-tra no sólo que el acusado manejó su automóvil por las calles de la población de Bayamón con su luz roja apagada, si que examinado’ el aparato resultó que no tenía bombilla, becbo que excluye la po-sibilidad de que se hubiera descompuesto momentáneamente sin culpa, alguna del acusado;

PoR tanto, se declara el recurso sin lugar y se confirma la sen-tencia apelada que condenó al acusado a pagar una multa de $3.00 y las costas por infracción a la Ley de Automóviles, art. 8, letra (a).


text:
    No. 5078.
    Pueblo, apldo., v. Rivera, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 23, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede sobre desestimación del presente re-curso, oído el acusado en oposición a la misma, examinada la trans-cripción de evidencia, y apareciendo que el conflicto que existe en la prueba ha sido resuelto dos veces en contra del acusado; pri-mero por la corte municipal, y luego después de un juicio de novo, por la corte de distrito, sin que exista ningún error manifiesto en la apreciación hecha por el juez sentenciador, se desestima la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en septiembre 16, 1932.


text:
    No. 4876.
    Pueblo, apldo., v. De Thomas, aplte.
    C. D. Humacao.
    Junio 24, 1933.
   Examinados los autos y los alegatos y vistos los casos de El Pueblo v. Rodríguez, 44 D.P.R. 578 y El Pueblo v. Peña, 44 D.P.R. 588, se revoca la sentencia apelada y se devuelve el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos de acuerdo con lo indicado en las referidas opiniones.


text:
    No. 5145.
    Pueblo, apldo., v. Del Llano, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Noviembre 17, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Vista esta apelación contra sentencia que condena al recurrente por vender café tostado adulterado con azúcar quemada; y apare-ciendo que no es sostenible el único motivo alegado para esta apela-ción porque la prueba que fué presentada en el juicio es suficiente para concluir que dicho café fué vendido por el apelante, debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada.


text:
    No. 5134.
    Pueblo, apldo., v. Jiménez, aplte.
    C. D. Ponce,
    Noviembre 24, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Por cuanto, Félix Jiménez Vázquez interpuso esta apelación •contra sentencia que lo condena a sufrir la pena de diez años de pre-sidio por delito de atentado a la vida en la persona del policía insular Fermín Alvarez:

Por cuanto, si bien el apelante estuvo defendido en la corte inferior por un abogado, en este recurso ha presentado sus escritos firmados por él solamente:

Poa cuanto, examinados cuidadosamente los autos de este caso no encontramos que se Raya cometido error fundamental alguno:

PoR tanto, debemos confirmar y confirmamos la sentencia ape-lada.

RECONSIDERACIONES DE SENTENCIAS DENEGADAS POR LA CORTE DURANTE EL PERIODO QUE CUBRE EL PRESENTE TOMO.

Por la corte, a propuesta de sus distintos jueces, se declaró no ha-ber lugar a las reconsideraciones solicitadas en los siguientes casos:

Nos. 4166, 4984, 5108 y 5231.


text:
    No. 5176.
    Pueblo, apldo., v. Rodríguez (a) Garufa, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 7, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, el Fiscal de esta Corte nos pide la desestimación del presente recurso fundado en que después de haber obtenido varias prórrogas, el acusado dejó de solicitar otra dentro del término con-cedídole por la corte:

Por cuanto, el apelante en su oposición no explica la demora ha-bida y se funda más bien en que no ha recibido copia alguna de la transcripción de evidencia y en que su apelación es meritoria:

Por cuanto, era el deber del apelante solicitar y obtener todas las prórrogas necesarias para perfeccionar su recurso, lo que no hizo:

Por tanto, se desestima la apelación.


text:
    No. 4797.
    Pueblo, apldo., v. Rivera, aplte.
    C. D. Ponce.
    Julio 28, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, el apelado no ha presentado alegato en este caso:

• Por cuanto, tenemos la duda de si procedía en este caso una mo-ción para que no se dictara sentencia (in arrest of judgment), toda vez que de acuerdo con el artículo 305 del Código de Enjuiciamiento Criminal semejante moción parece que sólo podría fundarse en de-fectos de la acusación:

Por cuanto, tenemos duda de si la actuación de la corte al or-denar el archivo y sobreseimiento del proceso impediría futuras ac-tuaciones en el caso:

Por tanto, se ordena un nuevo señalamiento de este caso y se concede a ambas partes la oportunidad de presentar alegatos.


text:
    No. 4968.
    Pueblo, apldo., v. Sánchez, aplte.
    C. D. Humacao.
    Diciembre 22, 1933.
   Por cuanto, la transcripción de los autos que comprende la de la exposición del caso y sólo consta de 19 páginas se archivó en la Se-cretaría de esta Corte desde noviembre 10, 1932; y

Por cuanto, el acusado apelante solicitó doce prórrogas de treinta días once de las cuales le fueron concedidas y al proveerse sobre la última en septiembre 6, 1933, se dijo: “A la anterior moción del apelante de fecha 5 del corriente, solicitando treinta días de prórroga para radicar su alegato, habiéndosele concedido hasta ahora 276 días con ese objeto, se le conceden únicamente diez días a partir de esta fecha”; y

Por cuanto, transcurridos con exceso los diez días concedidos sin que el alegato se presentara, el Fiscal en noviembre 24, 1933, solicitó la desestimación del recurso por tal motivo; y '

Por cuanto, el acusado apelante se opuso a la moción alegando como excusa para la no presentación del alegato la enfermedad del taquígrafo de su abogado, acompañando a su oposición el alegato en el que se señalan tres errores que constituyen uno, error en la apre-ciación de la prueba; y

Por" cuanto, examinado el alegato no parece demostrar que el re-curso prosperaría de resolverse por sus méritos;

Por tanto, se declara con lugar la moción del Fiscal vista el 18 de diciembre en curso y en su consecuencia se desestima la apelación por abandono.

Los siguientes casos se desestimaron por el motivo expuesto bajo esta subdivisión:

Nos.: 4985, 4986, 5059, 5065, 5067, 5074, 5081, 5084, 5088, 5089, 5091, 5093, 5094, 5096, 5097, 5098, 5099, 5102, 5104, 5105, 5107, 5108, 5111, 5112, 5114, 5118, 5119, 5125, 5131 5136, 5137, 5139, 5140, 5141, 5142, 5144, 5152, 5153, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5165, 5186, 5190, 5191, 5192, 5193, 5195, 5197, 5198, 5206, 5207, 5232, 5242, 5247, 5253, 5254, 5255, 5258, 5262, 6264, 5265, 5266, 5267, 5268, 5270, 5272, 5275, 5279, 5285, 5286, 5287, 5288, 5289, 5290, 5291, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300.


text:
    No. 5273.
    Pueblo, apldo., v. Velázquez, aplte.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 14, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

No estando acreditado en estos autos que el apelante notificara este recurso al fiscal, como requiere el artículo 350 del Código Penal, se ■desestima esta apelación por falta de jurisdicción para resolverla, .como solicita el fiscal.


text:
    Nos. 5320 y 5321.
    Pueblo, apldo. v. Rodríguez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 12, 1933.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

Por cuanto, el Pueblo solicita la desestimación de este recurso por no haberse notificado al Fiscal el escrito interponiéndolo; y

Por cuanto, el acusado apelante se ha opuesto alegando que la apelación fué establecida de acuerdo con la ley como lo demuestra el escrito que radicara en la Corte sentenciadora que termina así: “Res-petuosamente, Eduviges M. Rodríguez, Acusado Apelante. Hon. Fiscal de Distrito de San Juan, P. R. Señor Secretario del Distrito de San Juan, P. R. Señores: Sírvanse quedar informados de dicha apelación y sírvasele copia de la misma al Ministerio Fiscal. A 9 de noviembre de 1932;” y

Por cuanto, no es pidiendo a la Corte en el mismo escrito que se sirva copia al Ministerio Fiscal que se cumple con la ley sino sir-viendo dicha copia la propia parte apelante; y

Por cuanto, no se ha demostrado que el Fiscal fuera en verdad notificado:

Por tanto, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, se declara con lugar la moción del Fiscal y en su consecuencia se desestima el recurso.

Los siguientes casos se desestimaron por el motivo expuesto bajo esta subdivisión:

Nos. 5115, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5171, 5173, 5180, 5182, 5199, 5203, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5215, 5227, 5228, 5229, 5234, 5238, 5239, 5244, 5245, 5251, 5256, 5257, 5259, 5260, 5261, 5274, 5276, 5277, 5283, 5213.


text:
    No. 4952.
    Pueblo, apldo., v. Flores, aplte.
    C. D. Ponce.
    Mayo 18, 1933.
   Habiendo sido presentado el alegato del apelante en este caso antes de ser vista la moción del fiscal interesando la desestimación de-la apelación por falta del expresado alegato, se reconsidera y deja sin efecto nuestra resolución de 24 de abril de 1933 y continúe sus trá-mites esta apelación.


author: El Juez Pbesideute Señob Del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Emeterio Ortiz, acusado y apelante.
    No. 5110.
    Sometido: Noviembre 21, 1933.

      Resuelto: Enero 12, 1934.

      J. Valide juli, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesideute Señob Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte Municipal de Yabucoa se presentó una de-nuncia contra Emeterio Ortiz y Demetrio Fernández impu-tándoles la comisión de un delito de alterar la paz. Conde-nados por la corte del municipio, apelaron para ante la del distrito, Humacao. Celebrado el juicio de novo, Fernández fue absuelto y Ortiz condenado a sufrir treinta días de cár-cel. No conforme Ortiz, apeló para ante este Tribunal Supremo. Señala en su alegato la comisión de tres errores, ninguno de los cuales fué cometido, a nuestro juicio.

Por el primero sostiene que la acusación debió sobreseerse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, ya que se radicó en la corte de distrito el 29 de septiembre, 1932, y el juicio no se celebró hasta el 24 de enero, 1933, o sea unos ocho días después de los ciento veinte que ñja el estatuto.

La moción se presentó no antes sino en el acto del juicio y por lo tanto tardíamente. Prescindiendo de ello encontra-mos que la corte partió de la base de la existencia de una justa causa para la dilación, a saber, la ocurrencia del ciclón de San Ciprián el 26 de septiembre, 1932, que desorganizó y aún paralizó los trabajos de la corte que no pudieron reanu-darse hasta el 14 de noviembre siguiente.

Por los errores segundo y tercero se sostiene que hubo parcialidad y prejuicio por parte de la corte y que la sentencia es contraria a la prueba.

Concluso el caso para sentencia, el juez de distrito se ex-presó así:

“La Corte después de un detenido estudio, a medida que la evi-dencia iba desfilando en los casos de El Pueblo v. Ricardo Aponte, no se siente en conciencia convencida por la prueba presentada en los otros casos contra Ricardo Aponte, de que sea suficiente esa prueba en contra de Ricardo Aponte, y entiende que él es inocente de los delitos que se le han imputado. ' En cuanto a Emeterio Ortiz, por su propia declaración, en los casos anteriores, pero que no toma el Juez en consideración para juzgar el presente caso. En cuanto a Ricardo Ortiz, por la prueba practicada en este caso, la Corte en-tiende, dándole absoluto crédito a esa prueba.
“Que Emeterio Ortiz ha cometido un grave delito' de alteración de la paz, provocando de una manera insultante a Ricardo Aponte en los momentos en que este caballero se dirigía por una de las calles de Yabucoa, acompañado de su esposa, para su hogar, y por tanto le declara culpable de un delito de alteración de la paz pública en la forma en que ha sido expuesto en la denuncia, y le condena a treinta días de cárcel y las costas.”

Y entiende el apelante que la pasión y el prejuicio que-daron demostrados al consignar el juez que Ortiz había co-metido “un grave delito de alteración de la paz” cuando sólo existe el delito de alteración de la paz sin que el legislador lo clasifique de grave o simple, y al tomar en consideración prueba que se practicara en otro caso.

No creemos que las manifestaciones del juez tengan el alcance que le atribuye el apelante.

Es cierto que la ley sólo se refiere al delito de alteración de la paz en general, pero la ley también concede a los jueces amplia discreción en la imposición de la pena. Por ejemplo-, en el caso de que se trata pudo el juez imponer de uno a noventa días de cárcel y para ejercitar su discreción pudo y debió apreciar las circunstancias concurrentes que aumentan o disminuyen la gravedad del acto delictivo.

Este caso guarda relación con otro celebrado ante la mis-ma corte contra el mismo acusado. El Pueblo v. Ortiz, por acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, 45 D.P.R. 835. Presea estaba en la mente del juez sentenciador la impresión que le produjo dicho caso en el que declaró culpable al acusado y le impuso seis meses de cárcel por haber acometido y agredido a una mujer y se explican sus mani-festaciones que recogió fielmente el taquígrafo; pero tras ellas se advierte inmediatamente la reacción del juzgador experto que sabe que sólo puede decidir el caso por sus propios mé-ritos, basándose en la evidencia que en el mismo se practique, y claramente limita su actuación. No hay en ello pasión ni prejuicio. La verdad es que si algo de influencia quedó en el ánimo del juez fue para bajar la pena, ya que no obstante referirse a la gravedad del acto delictivo cometido por el acu-sado en vez de imponerle noventa días de cárcel como pudo hacerlo, sólo le impuso treinta, quizá pensando en los seis meses que le había ya impuesto por el delito de acometimiento y agresión.

En cuanto a la prueba, la hemos analizado y la estimamos suficiente. El acto ocurrió en las calles de Yabucoa. Ricardo Aponte que había.declarado contra Ortiz en la causa por acometimiento, iba acompañado de su esposa y fue insultado y desafiado por Ortiz al alcance de mujeres y en la forma estrepitosa e inconveniente que se expresa en la acusación y confirma la evidencia, constitutiva de una verdadera alteración de la paz.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Jtjez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Otero & Núñez, demandante y apelada, v. Sucesores de Manuel Pérez, demandada y apelante.
    No. 6063.

    Sometido: Junio 14, 1933.

      Resuelto: Enero 12, 1934.

      J. H. Brown, C. Buiz Nazario y G. E. González, abogados de la apelante; C. Iriarte, abogado de la apelada.
   El Jtjez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito versa sobre daños y perjuicios. El 17 de abril de 1928 bubo un choque en la carretera insular No. 12, Km. 1, Hm. 3, entre un truck de la demandante que caminaba de San Juan a Bayamón y otro de la demandada que lo bacía en sentido contrario. Ambos sufrieron desperfectos, que-dando el de la demandante en la carretera sin poder caminar y continuando su marcha el de la demandada.

Alegando la demandante que el choque se debió a la ne-gligencia del chauffeur de la demandada en el manejo de su carro y que los daños sufridos montaban a $1,025, pidió a la corte que dictara sentencia condenando a la demandada a pa-garle la indicada suma y las costas del litigio. Contestó y contrademandó la demandada alegando que el choque no se debió a la negligencia de su chauffeur sino a la del chauffeur de la demandante y pidió a la corte que declarara la demanda sin lugar y condenara a la demandante a pagarle $91.50 por concepto de daños y perjuicios, más las costas del pleito.

Celebrado el juicio, la corte dictó sentencia declarando la demanda con lugar, pero fijando la indemnización a satisfa-cer por la demandada en $457, y desestimando la contrade-manda, con imposición de las costas a la demandada.

No conforme ésta interpuso el presente recurso de apela-ción señalando en su alegato la comisión de cinco errores.

El primero y el último se formulan así:

“I. La Corte erró y actuó con pasión, prejuicio y parcialidad al apreciar la evidencia en este caso y al decidir que el accidente a que se refiere este caso se debió a negligencia alguna imputable a los demandados, y al no sostener que el accidente en cuestión se debió única y exclusivamente a negligencia imputable a la demandante.
“V. La Corte erró al declarar con lugar la demanda radicada y al declarar sin lugar la contrademanda.”

Los errores se discuten extensa y Lábilmente en el .ale-gato, tan Lábilmente que Lemos llegado a veces a dudar de la justicia del fallo recurrido.

Sin embargo, cualesquiera que puedan ser las apreciacio-nes erróneas que contenga la opinión en que se funda la sen-tencia apelada, queda siempre el LecLo fundamental de que el juez dió crédito a los testigos de la demandante y no creyó a los de la demandada con excepción de su perito cuyo testi-monio siguió al fijar la cuantía de la indemnización. Y el juez que juzga originalmente el caso como tantas veces se La dicLo, está en mejores condiciones que el que interviene en apelación en el mismo para resolver sobre ese extremo.

Creída la prueba de la demandante, encontramos en ella elementos suficientes para sostener la sentencia recurrida.

Por ejemplo, el testigo Isaac Claudio que iba “dentro de la caja del truck (de la demandante) agarrado a la capota” dijo textualmente: “Nosotros íbamos de acá para allá y Lucas Desiderio iba sentado a mano izquierda y el Mack (el truck de la demandada) traía mucba velocidad y yo le dije a Lucas: Cuidado abí, mira que viene ese Mack y si nos llega a dar . . .’ Al venir como venía a gran velocidad, nos dió con la parte delantera.” El truck de la demandante cami-naba “por la derecha, pegado a la orilla.” El truck de la de-mandada “le dió con la parte delantera y cuando guiñó asina le dió con la baranda y entonces nos cbocó la capota de nos-otros y caímos debajo de la capota nosotros.”

Julián Pizarro, que trabajaba en el truck de la deman-dante, manifestó: “El 17 de abril de 1928 de dos y media a tres de la tarde, yendo nosotros en dirección a Bayamón que venía el truck Mack de Manuel Pérez de Bayamón que venía a mayor velocidad y al el chcntffeur de nosotros verlo venir a mayor velocidad, es una parte que apenas cabían dos trucks, dos carros a mayor velocidad y el chauffeur de nosotros casi paró en verlo venir a mayor velocidad y entonces con la rueda delantera le dió a la rueda delantera de la izquierda de nos-otros y desbarató toda la máquina.”

Lucas Desiderio que también trabajaba en el truck de la demandante arrastrando piedra expresó: “Venía ese carro .Mack y yo iba sentado a la izquierda del truck y le digo a Isaac Claudio, ‘mira que viene ese truck’, y me quité. El Mack venía “a una velocidad como de veinte millas ... le dió con la rueda de alante al truck Seldem ... Al dar ese choque, yo iba sujeto de la capota y me fui con la capota y caí en la carretera ... Le rompió el motor; se le dobló el eje y el chassis y unas cuantas piezas más.”

Félix Clemente encargado de los trucks de la demandante y que iba en el que ocurrió el accidente dijo que caminaban en dirección a'Bayamón cuando vieron venir “el truck Mack H-187 de Sucesores de Manuel Pérez de Bayamón con direc-ción a San Juan a mayor velocidad ... El carro nuestro re-dujo la velocidad y el otro como venía a mayor velocidad quiso aguantar el carro pero no pudo y entonces se le tiró encima al de nosotros que quedó destruido allí.”

Con respecto a la condición del sitio en que ocurrió el ac-cidente declararon por la demandante Aureliano A. Martínez, policía insular, y Félix R. „Zayas, capataz de la carretera, como sigue: el primero, que ese sitio es “estrecho, hay que andar muy despacio;” y el segundo manifestó que “yo estaba pesando trucks ese día y sentí el revoló, del choque y no pude ir de momento y cuando fui había pasado como un cuarto de hora y encontré el truck H — 187 que venía de allá ... El Seldem estaba desbaratado en el lado derecho hacia Baya-món.” La carretera es “recta . . . bastante estrecha . . . había que pasar no muy ligero” y para cruzar “reducir la velocidad.” En las orillas de la carretera “lo que había . . . era piedra en bloque, porque no habían arreglado esa parte.”

Al analizar la prueba pone gran énfasis la parte apelante en que la mayor parte de los testigos de la parte apelada eran sus empleados o los empleados de su abogado, dueño de la cantera de la cual se extraía la piedra que cargaba el truck de la demandante. Tal circunstancia no imposibilitaba a los empleados a declarar como testigos. De existir una imposibilidad absoluta la parte demandante se hubiera visto impedida de probar su caso cualquiera que hubiera sido la justicia del mismo.

No hay duda alguna que los testimonios de dichos emplea-dos debieron examinarse con gran cautela. La parte contra-ria por medio de sus abogados tuvo contra ellos el arma po-derosa de la repregunta, que en verdad esgrimió con fuerza y habilidad en este caso.

Podemos dudar y ya dijimos que hemos dudado con res-pecto a si la corte sentenciadora debió o no actuar en la for-ma en que lo hizo, pero esa duda no es suficiente para llegar a la conclusión de que dicho juez sentenciador procediera guiado por la pasión, el prejuicio o la parcialidad o que co-metiera a\gún error tan flagrante que necesariamente debiera concluirse que su juicio estuvo manifiestamente equivocado.

Quizá debamos agregar que cuando pasamos al estudio de las declaraciones de los testigos de la demandada que tam-bién fueron repreguntados extensa y hábilmente, sentimos las mismas vacilaciones. El juicio de la corte de distrito debe subsistir'. No se cometieron los errores que analizamos’.

Por el segundo señalamiento’ se sostiene que “la Corte erró al practicar una inspección ocular y al verificar un ex-perimento en el acto de dicha inspección ocular con vehícu-los que no tomaron parte en el accidente ocurrido, y al fun-dar sus conclusiones de- hecho en dicha inspección ocular y experimento.”

Dice el acta de inspección:

“A las 4:00 p. m. del día 30 de diciembre de 1929 se constituyó la Corte en el sitio denominado ‘Terraplén,’ en la Carretera que de Santureé conduce al pueblo de Bayamón, con el fin de practicar una inspección ocular solicitada por las partes.
“Llegado al sitio designado por el Heetómetro 3 del Kilómeto 1 de dicba carretera, la Corte pudo apreciar, con la conformidad de ambas partes, que comparecieron a la inspección, los siguientes ex-tremos :
“El sitio designado en la demanda como aquél en que ocurrió el choque, es un sitio en el que la carretera forma una línea recta, y plana;
“Apreció asimismo la Corte que dicha carretera tiene en dicho sitio un rodaje de cinco (5) yardas más o menos. Aprovechando la circunstancia favorable de encontrarse en dicho sitio un truck Mack, de la misma clase y condición que el que se alega en la de-manda causó el accidente, pudo apreciar la Corte la estructura de dicho carro, su tamaño, y el sitio que razonablemente puede ocupar en aquella carretera. De esta apreciación, la Corte puede determinar que cualquier carro que quede en situación diagonal a virtud de un choque, o por cualquier otro accidente, tiene necesariamente que in-terrumpir el tráfico en aquella carretera.
“La Corte hace constar que ambas partes convienen en que el sitio en donde estuvo constituida ha sido modificado posteriormente al accidente, habiéndose construido allí un malecón o camino, colo-cando mojones a ambos lados de la carretera, y haciendo desapare-cer la pendiente o curva que existía en los dos lados de la misma.
“En este estado de la inspección, la parte demandada manifiesta su inconformidad con la misma por entender que habiendo variado la situación topográfica del sitio donde ocurrió el accidente, no po-día la Corte darse precisa cuenta del sitio tal como existía a la fecha del accidente.
“La Corte entonces dió por terminada la inspección de la cual se levanta la presente acta, que ordena la Corte se una al récord como parte del mismo.”

Y luego el juez sentenciador en su relación del caso y opi-nión expresa lo que sigue:

“La inspección ocular practicada reveló a la Corte que en el sitio en donde ocurrió el suceso, la carretera sigue línea recta y plana, y que aún cuando ha sido ensanchada posteriormente a la fecha del accidente, pudo el Juez hacer su composición de lugar, aprove-chando la favorable circunstancia, primero de observar el truck ‘Mack’ que figuraba en este pleito,- y en segundo lugar, de poder examinar de cerca otro truck de la misma marca, clase y condición de aquél.”

El artículo 1194 del Código Civil, ed. 1930, igual al 1208 del Código de 1902, ed. 1911 y al 1240 del Código Civil Español, determina que “la prueba de inspección personal del tribunal o juez sólo será eficaz en cuanto claramente permita al tribunal apreciar, por las exterioridades de la cosa inspec-cionada, el hecho que trate de averiguar.”

El acta es clara y lo consignado por el juez sentenciador en su opinión también. La variante se Mzo constar y aquello que se apreció, pudo apreciarse. Lo recto de la carretera y lo estrecho de la misma, subsistían. Además se comprobó por las declaraciones de los testigos incluso de las de los de la parte demandada. Lo ocurrido con el truck que casual-mente pasaba, después de haber visto el juez el de la deman-dada, no monta a tanto como a un experimento bajo circuns-tancias distintas que pudiera conducir a conclusiones equivo-cadas. No hubo error, y si lo hubo no fué perjudicial.

El tercer señalamiento se formula como sigue: “La Corte erró al aceptar como evidencia fotografías tomadas días después de ocurrido el accidente, cuando la posición del truck había sido variada.”

Las fotografías, debidamente autenticadas, son admisibles como evidencia para ayudar a entender mejor la prueba, o para determinar el sitio, condición o lugar en que se encuen-tran ciertos objetos o cosas que son pertinentes y alusivos a la cuestión en controversia. Véase Dragoni v. U. S. Fire Ins. Co., 36 D.P.R. 469, 473.

Aquí las fotografías — que dicho sea de paso no fueron re-mitidas con la transcripción a esta Corte Suprema — se iden-tificaron como tomadas el día después del accidente. El carro de la demandante no se encontraba en el sitio exacto en que quedó, a virtud del choque, terciado en la carretera, pues a los efectos de restablecer el tránsito fué inmediatamente em-pujado por el propio truck de la demandada hacia una orilla de la misma, pero la fotografía ni se presentó ni fné tomada en consideración para ilustrar el modo como quedaron los autos después del choque, sino los desperfectos sufridos por el de la demandante.

La única vez que el juez de distrito se refiere en su opi-nión a la fotografía lo hace en los siguientes términos: ‘ ‘ Que el ‘Seldem’ fué chocado, lo revela no solamente la fotografía, sinola declaración del testigo José Cuevas Padilla, a quién la Corte da entero crédito.” El “Seldem” era el truck de la demandante y Cuevas Padilla declaró como perito de la demandada.

Bajo esas circunstancias, no hubo error en la admisión de la fotografía y si lo hubo no fué perjudicial.

Resta sólo considerar el cuarto error que se refiere a la condena de costas.

Sostiene la apelante que para que pueda condenarse en costas a una parte en un pleito es necesario que se demuestre su culpabilidad, su temeridad y su mala fe y cita los casos de Soto Gras v. Domenech, 42 D.P.R. 524, Morales v. Peña, 40 D.P.R. 186 y Finlay v. Fabián, 24 D.P.R. 152.

No estamos conformes. Cualquiera de dichos elementos es bastante. No es necesaria la concurrencia de los tres. Lo que sucede es que el concepto de culpabilidad a que se refiere el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil es sinónimo al de temeridad o mala fe, a los efectos de la imposición de la costas. (Vivas et al. v. Hernaiz, 24 D.P.R. 836; Martínez et al. v. Padilla, 19 D.P.R. 582.) En el caso de Finlay, supra, lo que esta corte dijo citando el de Martínez v. Padilla, supra, fué: “En cuanto a las otras condenas por costas y desembolsos puede imponerlas el juez en cualquier caso discrecionalmente, si existe culpabilidad, temeridad o mala fe.” Los otros dos casos citados no sostienen la contención de la apelante.

Alega también la apelante que habiéndose reducido por la corte la cuantía de la indemnización, no procedía la condena en costas.

Tampoco estamos conformes. Es una circunstancia que puede tomarse en consideración para el ejercicio de la dis-creción de la corte tanto para imponer las costas como para graduar la cuantía de las mismas, pero no podemos aceptar que por el solo hecho de que no se conceda toda la indemni-zación reclamada, tenga necesariamente que dejarse de con-denar en costas.

Es verdad que una parte a quien se reclama una cantidad excesiva está justificada en defenderse, pero si ésa es su sola defensa debe limitarse a alegarla, aceptando la responsabili-dad que le corresponda. Si así lo hiciere y la corte le diera la razón, claro está que no podría imponerle el pago de las costas.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado señor Aldrey está conforme con el re-sultado.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Rafaela Robles, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 908.

    Sometido: Enero 8, 1934.

      Resuelto: Enero 12, 1934.

      Daniel Pellón Jr., abogado de la recurrente; El Registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión, del tribunal.

Este es un recurso gubernativo que interpone Rafaela Robles contra la nota de septiembre 26, 1933, del Registrador de la Propiedad de San Juan denegando la anotación de la consumación de la venta en pública subasta de cierta finca urbana situada en Santuree, San Juan, para el pago de con-tribuciones.

Del registro consta que en el mismo se inscribió— inscripción décima — el certificado de venta por falta de pago de contribuciones de la finca de que se trata, expedido por el Colector de Rentas Internas de San Juan a favor de Alfonso Bonilla, sujeta la inscripción a un derecho de redención por término de un año a favor del dueño de la finca Cosme López Negrón; que Bonilla vendió la finca a Rafaela Robles, la recurrente, sujeta al mismo derecho de redención — inscripción décima primera — y que las dichas inscripciones décima y décima primera fueron canceladas por haberse redimido la finca por el acreedor hipotecario Banco Popular de Puerto Rico, quedando en tal virtud vigente de nuevo la inscripción de la finca a favor de su dueño Cosme López Negrón. Y así las cosas fué que se solicitó por Rafaela Robles y se denegó por el registrador la anotación de la consumación de la venta que le hiciera Bonilla.

Bajo esas circunstancias no es posible entrar siquiera a considerar las cuestiones que levanta la recurrente, dentro de este recurso gubernativo.

Bien o mal las inscripciones a favor de Bonilla y de la recurrente habían sido canceladas y no existía base por tanto para la consumación. El registrador, actuando en armonía con el estado de derecho creado en el registro, tenía necesa-riamente que negar la consumación.

Si algún derecho asiste a la recurrente, debe acudir a los tribunales para hacerlo valer. Sólo cuando la nulidad de las cancelaciones de las inscripciones décima y décima primera, sea por ellos decretada, es que procedería la consumación.

“El recurso gubernativo no es el procedimiento adecuado para conseguir la corrección de asientos en los registros de la propiedad conforme a los artículos 255 y 256 de la Ley Hipotecaria,” se dijo por esta corte recientemente en el caso de Quiñones v. Registrador, reportado en 43 D.P.R. 37. Véanse también los casos de Pueblo v. Registrador, 44 D.P.R. 797 y González Clemente v. Registrador, 42 D.P.R. 874.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señoe Aldbey,

text:
    A. F. W. Haeussler, demandante y apelante, v. José D. Padilla, representado por sus hijos José y Helen Padilla, demandado y apelado.
    No. 6328.

    Sometido: Enero 8, 1934.

      Resuelto: Enero 12, 1934.

      ü. J. Torres, abogado del apelante; E. H. F. Dottin, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Aldbey,

emitió la opinión, del tribunal.

A la muerte de José D. Padilla fueron demandados sus dos hijos menores de edad para el pago de dinero por obliga-ciones contraídas por aquél, y para asegurar la efectividad de la sentencia que se dictase fueron embargadas dos pólizas de seguro de vida de José D. Padilla pagaderas en caso de su muerte a sus albaceas, administradores o representantes le-gales. Posteriormente la corte anuló ese embargo. Algún tiempo después recayó sentencia final declarando con lugar la demanda con costas y desembolsos sin incluir honorarios de abogado, como se solicitó en la demanda. Contra esa. sen-tencia interpuso apelación el demandante por no concederle honorarios de abogado y para revisar la providencia que anuló el embargo que había trabado. Esos son los dos mo-tivos que el apelante señala en su alegato para sostener su recurso. Los apelados nos piden ahora que desestimemos la apelación interpuesta porque es frívola en cuanto a la con-cesión de honorarios de abogado y tardía para revisar la re-solución que anuló el embargo.

Admite el apelante en su alegato que la concesión de honorarios de abogado por la corte inferior es materia discrecional en ella, y así es en efecto, pero que en este caso debieran ser concedidos. El examen de los autos nos convence de que es frívola la apelación en ese particular, pues limitándose la demanda a exponer que el padre de los demandados le debe al demandante determinadas cantidades por dos préstamos y por una compra, sin acompañar a ella o transcribir los documentos en que constasen esas obligaciones, no vemos que los menores hijos del deudor fueran temerarios al oponerse a la demanda ya que ellos desconocían esas obligaciones por no haber intervenido en ellas.

En la apelación contra la sentencia final del pleito se puede revisar la providencia que anula un embargo, según resolvió este tribunal en el caso de National City Bank v. De la Torre, 44 D.P.R. 454. Nos limitaremos ahora a referir-nos a ese caso y no trataremos si para tal revisión en la sen-tencia es necesario qne se haya hecho constar protesta contra la resolución porque de todos modos encontramos que también es frívola la revisión de la resolución anulando el embargo por haber sido resuelta esa cuestión en contra del apelante en el caso de Schlüter v. Sucesión Díaz, 41 D.P.R. 84, en que se fundó la corte inferior, y no aducirse nada en contra de tal decisión.

La apelación debe ser desestimada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Librado Mercado y Seda, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 905.

    Sometido: Diciembre 1, 1933.

      Resuelto: Enero 12, 1934.

      A. Arroyo Rivera, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Librado Mercado Seda y la sociedad Silva & Mari cons-tituyeron una sociedad mercantil con el nombre de Librado Mercado, S. en C., de la que Mercado fue socio gestor y Silva & Mari su comanditaria. Esa sociedad compró una casa que fué inscrita a su nombre en el registro de la propiedad, y para garantizar el precio de su adquisición constituyó hipo-teca sobre ella. En la escritura pública de disolución de la sociedad manifestaron los socios que no habían tenido bene-ficios y que sólo existía como, bien de la misma la mencionada casa; y en el mismo documento la comanditaria Silva & Mari vendió sus derechos y acciones en la casa al socio Librado Mercado Seda por precio que confesó recibido. Presentada esa escritura en el registro de la propiedad para su inscrip-ción fué negada por el fundamento de que los derechos y ac-ciones que sobre dicha casa enajena Silva & Mari no los tiene inscritos previamente a su favor a virtud de la disolución de la sociedad, por lo que el hecho de estar inscrita la finca a nombre de la sociedad Librado Mercado, S. en C., que es persona distinta de Silva & Mari, constituye un obstáculo para la inscripción de la enajenación, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Hipotecaria y nuestra decisión en 15 D.P.R. 759, que en su alegato dice el registrador ser Vázquez v. Roco, 27 D.P.R. 759. Contra esa negativa de inscripción se interpuso el presente recurso para que la revoquemos y ordenemos la inscripción solicitada.

El artículo 20 citado dispone que para inscribir o anotar los títulos en que se transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorga o en cuyo nombre se haga la transmisión o gravamen.

La cuestión propuesta por el registrador ha sido ya re-suelta por este tribunal, pues en el caso de Blanco v. Registrador de San Juan, 28 D.P.R. 172, hemos decidido que los bienes de una sociedad a ella pertenecen, que sus socios no tienen derechos dominicales en dichos bienes ni son copropie-tarios o condueños de ellos, lo que no impide que tengan in-terés en la sociedad y que puedan transmitir ese interés con el consentimiento de los demás socios, según fué resuelto en él caso de Gonzáles v. Méndez, 8 D.P.R. 258; y que la escri-tura de cesión de haberes sociales no es traslativa de dere-chos dominicales sobre bienes inmuebles o de derechos reales Sino que está limitada a una cesión de los haberes o derechos de índole estrictamente personal por lo que la inscripción previa en el registro no es necesaria para la inscripción de la cesión de derechos. El caso de Porto Rico Fruit Exchange v. Registrador de San Juan, 27 D.P.R. 759, que es el citado por el registrador recurrido, no es aplicable a casos como el presente como decidimos en el caso de Blanco, supra.

Por lo expuesto la nota recurrida debe ser revocada y ordenarse la inscripción solicitada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Celestino Domínguez y Rubio, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 907.

    Sometido: Diciembre 27, 1933.

      Resuelto: Enero 12, 1934.

      G. Domínguez Rubio, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

De conformidad con las disposiciones del inciso 5 del ar-tículo 2 de la Ley Hipotecaria (Estatutos de 1911, 6686) los contratos de arrendamiento por un término menor de seis años pueden ser inscritos si contienen un “convenio expreso de las partes para que se inscriban.” Un registrador inte-rino de la propiedad se negó a inscribir nna escritura notarial en qne los arrendatarios ratificaban nn contrato de arren-damiento celebrado por ellos anteriormente. La razón dada fue qne el contrato original no contenía el pacto especial exi-gido por el artículo 2, supra. El contrato original lee en parte como sigue (bastardillas nuestras):

“The parties hereto for the consideration hereinafter mentioned •covenant, and agree as follows:
“6.The lessor shall pay all taxes and water rates, and shall have this lease duly recorded, . . .”

Creemos que con esto se cumplió suficientemente el requi-sito estatutario.

Bebe revocarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Senob Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eduardo G. Rola, acusado y apelante.
    No. 5017.

    Sometido: Diciembre 20, 1933.

      Resuelto: Enero 12, 1934.

      M. A. García del Rosario, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Senob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El primer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar la moción solicitando el arcMvo y sobreseimiento de la causa porque el acusado no había sido juzgado dentro de 120 días a partir de la fecha en que se radicó la acusación, tal cual exige el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal. (Estatutos Revisados de 1911, sección 6494.) El caso fué señalado para juicio dentro de los 120 días de radicada la acusación pero fué pospuesto a moción del fiscal. El acusado al principio se opuso a esta moción, pero finalmente se allanó a la suspensión. La moción de archivo y sobreseimiento está fechada septiembre 1, 1932. No tiene fecha de radicación pero aparentemente no fué archivada hasta el siguiente día, cuando el caso había de verse nuevamente y se notificó al fiscal de distrito. Tanto el fiscal como la defensa anunciaron estar listos para juicio y aún entonces el acusado no llamó la atención de la corte respecto a su moción. Fué el fiscal quien mencionó el hecho de que se había radicado una moción de archivo y sobreseimiento y entonces demostró por qué no se había celebrado antes la vista del caso. El juez de distrito no cometió error al declarar sin lugar la moción. Tampoco erró al aplicar la Ley No. 63 de 28 de abril de 1931, o al apreciar la prueba, o al declarar culpable al acusado de una infracción de la sección 4 de la ameritada ley, según alega el apelante en los señalamientos segundo, tercero y cuarto.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señob Hutchisoe,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Valle Aldarondo, acusado y apelante.
    No. 5128.

    Sometido: Noviembre 8, 1933.

      Resuelto: Enero 12, 1934.

      García Méndez <& García Méndez, abogados del apelante; R. A. Gó-mez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Hutchisoe,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Valle, un sordomudo congénito, y Juana Arce vivie-ron juntos por varios años como marido y mujer en una casa perteneciente a los padres de Juana, quienes también vivían en ella. Las dos cuerdas de terreno en que estaba enclavada la casa lindaban por tres lados con terrenos pertenecientes al padre de Valle. La casa estaba bastante cerca de la guarda-rraya. De la finca de Valle uno podía entrar a ella sin tener que poner el pie directamente en parté alguna de las dos cuerdas.

Cuando un rival, Manuel Vega, apareció en escena, Juana se prendó- de él y con él se fué a vivir a Aguadilla. Juan, que trabajaba en la finca de su padre, se fué a la casa de éste. Sus dos hijos permanecieron con los abuelos maternos y Juan los iba a ver frecuentemente, de no hacerlo diariamente, lle-vándoles dinero o provisiones. Una tarde mientras Juan y Juana se hallaban en la casa, Manuel vino en busca de Juana y Juan le mató. Pué absuelto del delito de asesinato en vir-tud de alegación de defensa propia. Pué entonces acusado del delito de portar armas, convicto y sentenciado a seis me-ses de cárcel, que es la pena máxima.

En el presente caso Valle, por lo menos teóricamente, no estaba siendo juzgado de nuevo por la muerte de Vega. El hecho de que Valle matara a Vega con un arma de fuego, apa-rentemente un revólver, era admisible solamente para demos-trar que Valle portaba un arma en aquel momento. Esa era la única prueba de su culpabilidad. Si ha de dársele el be-ñeficio de su absolución anterior, el uso que Mzo del arma no era ilegal y no constituía siquiera una circunstancia agra-vante. La única cuestión en el caso es si tenía derecho a es-tar amparado por el inciso 5 del artículo 5 de la ley prohi-biendo portar armas, según fue enmendada en 1924 (Leyes-de ese año, pág. 115), la que provee que las disposiciones de esa ley no serán aplicables a la portación de armas dentro de la propia casa o finca.

La teoría de El Pueblo es que cuando Valle fue a la casa de su padre abandonó el que hasta entonces había sido indu-dablemente su morada y su castillo. En ausencia de algo que demuestre que su ida fuera algo más que un acuerdo provisional mientras se desarrollaban ulteriores acontecimientos,, no hallamos base satisfactoria para esta teoría de abandono. La casa en que un hombre ha vivido con su familia por es-pacio de varios años debe considerarse como su hogar dentro del significado de la ley aquí en cuestión, hasta que se es-tablezca una intención más o menos definida de mudarse de vivienda. En el presente caso no hubo prueba satisfactoria de tal intención.

La sentencia apelada debe ser revocada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Sociedad Civil Borda & Calaf, demandada y apelada.
    No. 6119.

    Sometido: Diciembre 19, 1933.

      Resuelto: Enero 12, 1934.

      Hon. Procurador General B. Morton y M. Rodríguez Berra, Procura-dor General Auxiliar, abogados del apelante; R. Castro Fernán-dez, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito sostuvo una excepción previa a la segunda demanda enmendada en una acción en cobro de con-tribuciones y declaró ésta sin lugar. La excepción, basado, en falta de liecbos suficientes para determinar una causa de acción, especificaba: que la acción necesariamente está basada en el inciso (b) de la sección 57 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos No. 74, aprobada el 6 de agosto de 1925 (leyes de ese año, páginas 400, 514), y que está prescrita por haber sido iniciada más de un año después de haberse emitido cierta decisión por la Junta de Revisión e Igualamiento en febrero 18, 1924; y que habiéndose incoado la acción más de cinco años después de radicarse cierta declaración de ingresos, que se alegaba había sido archivada en 11 de abril de 1921, tam-bién está prescrita de acuerdo con la sección 60 de la ameri-tada ley.

En abril de 1921 Borda & Calaf radicaron su planilla de ingresos para el año 1920. Ésta demostraba un ingreso neto tributable ascendente a $188,645.68; un capital de $190,648.26; y beneficios acumulados al haber de ganancias y pérdidas por la suma de $9,795.81, lo que hacía un total de $200,444.07. El Departamento de Hacienda, después de hacer un examen original de esa planilla tomó el ingreso neto tal cual había sido declarado, y fijó el capital invertido en la suma de $190,648.26, sin deducir la de $9,765.81. Como resultado de esta liquida-ción se fijó una contribución de $34,383.96. Una investiga-ción posterior de los libros demostró, según un informe becbo en mayo de 1922, ingresos por la suma de $187,719.30 sujetos a aumento por rebajas del ingreso neto, como sigue:

Contribución sobre ingresos_$4, 691. 26
125 piezas de railes_1,110. 00

Por consiguiente, según la demanda, la declaración corres-pondiente al año 1920 fue falsa, habiéndose becho las deduc-ciones de estas dos partidas voluntaria e ilegalmente con el fin de evadir el pago de las contribuciones sobre ingresos para dicho año, siendo el ingreso neto para el citado año $193,520.56, en vez de $187,719.30 fijado en dicha planilla. El capital invertido, según los libros de contabilidad fué el mis-mo que el especificado en la planilla, o sea, $200,444.07. Se-gún el informe de los inspectores, este capital invertido de $200,444.07 estaba sujeto a una rebaja de $15,499.86, debido a que los socios Borda y Calaf habían retirado $1,017.04 y $14,482.82, respectivamente. Tomando como base un capital invertido de $184,944.21 y un ingreso neto de $193,520.56, el Tesorero calculó nuevamente la contribución, fijándola en $38,810.84, y expidió un recibo adicional por $4,426.88. Esta actuación del Tesorero fué notificada en julio de 1922. El capital invertido, ascendente a $184,944.21, representaba la diferencia entre $200,444.07 y la suma total de $15,499.86 re-tirada por las partes. Así, pues, la contribución de 1920 fué fijada en julio de 1922 en la suma de $38,810.84.

Borda & Calaf apelaron para ante la Junta de Revisión e Igualamiento y solicitaron que se hiciera una liquidación a base de un ingreso neto de $66,825.93 y de un capital inver-tido dé $505,544.40. El ingreso neto ofrecido como base para tal liquidación fué calculado deduciendo las pérdidas que el demandante alegó había sufrido en 1921, y el capital inver-tido equivalía al resultado obtenido al agregar el valor de terrenos arrendados (de los cuales Borda & Calaf no eran dueños) a una suma en exceso de $300,000. En noviembre de 1922, la Junta de Revisión e Igualamiento admitió la par-tida de $1,110, valor de los railes, como una deducción de los ingresos netos, fijando estos últimos en la suma de $192,410.56 y el capital invertido en $200,444.07. Como resultado de esa actuación, el Tesorero libró un nuevo recibo por $614.28 y notificó de ello a Borda &' Calaf en diciembre 15, 1922. La Junta de Revisión se negó a reconsiderar en mayo de 1923.

Más tarde la Junta de Revisión, que babía procedido de conformidad con los artículos 309, 310, 311, 313 y siguientes del Código Político, fué substituida por una nueva junta que se regía por las disposiciones de una ley “Para crear una nueva Junta de Revisión e Igualamiento y enmendar los ar-tículo 308, 310 y 313 del título IX, capítulo 1, del Código Po-lítico de Puerto Rico, y para otros fines,” aprobada el 2 de agosto de 1923 (leyes de ese año, pág. 605). En febrero de 1924, Borda & Calaf acudieron ante esta nueva junta y una vez más solicitaron la reconsideración. La nueva junta aceptó como una deducción la suma de $33,957.67, gastada en cultivo, y $6,752.25, proveniente de mía diferencia de 45 centavos por quintal en 6,002 sacos de azúcar en existencia de a 250 libras cada uno. La deducción de $33,957.67 formaba parte de una inversión de $87,426.25 en el costo de cultivo, que se alegaba constituía gastos incurridos en relación con “otras concesio-nes ’ ’ de 1921 y 1922, pero no gastos incurridos durante el año contributivo 1920. La teoría de la demanda es que estos $23,957.67 constituían un inventario de gastos o un activo que no podía ser deducido del ingreso neto, dentro del significado de la sección 12 de la ley de 1921, y que la acción de la junta en febrero de 1924, autorizando tal deducción, era arbitraria e ilegal, nula y sin efecto legal, por ser contraria a la ley y ultra vires, toda vez que la junta carecía de facultad para reconsiderar la resolución de su predecesora. Borda & Calaf no radicaron una declaración adicional dentro de los treinta días prescritos por la sección 60 de la ley de 1921 y por ese motivo la demanda también ataca la actuación de la junta al conceder la rebaja de $6,752.25, como arbitraria, contraria a. derecho, ultra vires y por ende carente de todo valor y efecto-legal. Como resultado del proceder de la nneva Junta de Revisión, la contribución, aleg-a el demandante, fné ilegal y arbitrariamente fijada en la suma de $21,582.88.

En supuesto cumplimiento de la sección 126 del Código Político, el Contador de Puerto Rico, luego de investigar los hechos que el récord revelaba, llegó a la conclusión de que la suma que se adeudaba era $38,555.55, o sea, $259.29 menos, que la contribución fijada por el Tesorero en julio de 1922.

La alegación final es que, aplicando la suma fijada por la última decisión de la junta, o sea, $21,582.88, al total que de-bió ser pagado, $38,555.55, hay una deficiencia de $16,972.67,. que Borda & Calaf no han pagado en todo ni en parte, quo está vencida y es líquida y exigible. Se solicita el pago del importe de tal deficiencia con intereses y penalidades estatu-tarias, todo ello de conformidad con las disposiciones del ar-tículo 82 de la Ley de 1925 y en consonancia con el inciso (5) de la sección 57 de la misma.

De conformidad con el inciso (b) invocado por la súplica, de la demanda, el procedimiento allí autorizado debe ser ini-ciado dentro del año, á contar de la fecha en que la junta emi-tió su decisión. La sección 82 no ofrece punto de escape al-guno de este impedimento estatutario. Si por otra parte la acción de la nueva Junta de Revisión puede ser descartada como una nulidad absoluta y considerar este pleito como uno iniciado para recobrar la suma anteriormente fijada por el Tesorero en armonía con la decisión de la anterior junta, en-tonces la acción no fué iniciada dentro del período de cinco años prescrito por la sección 60 de la Ley de 1925.

Empero, el apelante descansa principalmente en la sección 61(a) que provee lo siguiente:

“En el caso de una declaración falsa o fraudulenta con la inten-ción de evadir la contribución, o en el caso de haber dejado de ren-dir la declaración, la contribución podrá ser impuesta, o un proce-dimiento entablado en una corte para el cobro de dicha contribu-ción, en cualquier momento y sin hacerse tasación alguna.”

La alegación relativa, a “una planilla de ingresos falsa o-fraudulenta con el objeto' de evadir el pago de las contribu-ciones,” especifica dos partidas consignadas en la planilla como deducciones legítimas, una por |4,691.26 que se alegaba fue pagada por concepto de contribuciones sobre ingresos, y la otra partida por $1,110, como el valor de ciertos railes. La partida de $4,691.26, de haber sido concedida, hubiese pro-ducido una diferencia de unos dos o tres cientos dólares, suma que equivalía más o menos al exceso que el Auditor halló en el importe total de la contribución fijada por el Tesorero y por la antigua Junta de Revisión e Igualamiento. Admitiendo, para los fines de la argumentación, que una planilla falsa, presentada con el objeto de evadir el pago de una cantidad tan pequeña en un caso que envuelve algo menos de $40,000 bastaría para eliminar el límite estatutario, sin embargo, en tal caso, a decir lo menos, no debe amortiguarse la regla que requiere que se aleguen hechos para substanciar la conclusión de la parte que hace tal alegación. Véanse Soto Gras v. Domenech, 42 D.P.R. 524; Torres v. Junta Insular de Elecciones, 40 D.P.R. 429; y Pueblo v. Serrallés, 40 D.P.R. 228. La aserción vaga de que una investigación de los libros por el Departamento de Hacienda indicó que debían rebajarse $4,691.26 (suma que se alegaba había sido pagada como con-tribuciones sobre ingresos) del ingreso neto, no es una razón muy satisfactoria para llegar a la conclusión respecto a la naturaleza falsa y fraudulenta de la alegación de que esta suma había sido pagada como contribución sobre ingresos. La otra partida de $1,110 concedida posteriormente por la antigua Junta de Revisión no embargante la investigación e informe anteriores, hechos por el Departamento de Placienda, no es ciertamente un indicio de fraude. Ni el Auditor en su investigación ulterior, ni el demandante en la presente acción, impugna la validez de la decisión de la junta con respecto a esta partida de $1,110. Sin embargo, fuera del hecho de que la junta aparentemente convino con el Tesorero en una oca-sión y adoptó un criterio distinto en otra, las dos partidas permanecen al mismo nivel en lo que a una base para la ale-gación de una intención fraudulenta se refiere. Tomando todo en consideración, la alegación deja de aducir liecRos su-ficientes para justificar la conclusión de que Borda & Calaf archivaron una declaración falsa y fraudulenta, con intención de evadir el pago de sus contribuciones sobre ingresos.

El apelante rechaza la teoría de una acción basada en una nueva fijación de contribuciones por el Auditor o en cualquier revisión por este funcionario de lo actuado por el Tesorero o de la decisión a que llegó una u otra Junta de Revisión, y sostiene que el objeto único de la alegación en lo atinente a la investigación practicada por el Auditor “de conformidad con el artículo 126 del Código Político” y el resultado de ella, fué explicar por qué el demandante trataba de recobrar $16,972.67 solamente, en vez de $17,227.96. Sobre cualquiera otra teoría, la acción estaba prescrita y la sentencia apelada-debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Sjeñiob Hutchison,

text:
    Vidal Vélez, demandante y apelado, v. Dr. Francisco Bonelli, demandado y apelante.
    No. 6199.

    Sometido: Diciembre 1, 1933.

      Resuelto: Enero 12, 1934.

      B. Cintrón Lastra, abogado del apelante; B. Martines Nadal, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Sjeñiob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El Dr. Francisco Bonelli ejecutó una hipoteca sobre una finca destinada a lechería., propiedad de Vidal Vélez, y posteriormente tomó posesión de la misma como adjudicatario en la venta en pública subasta. Herminia Rodríguez, arrendataria de Vélez, continuó en posesión material de la finca. Unos dos meses después Vélez se llevó de la propiedad un motor eléctrico. Pué acusado del delito de hurto y absuelto. Bonelli apela ahora de una sentencia adversa en una acción de daños y perjuicios y sostiene que la corte de distrito cometió error al resolver que el motor no formaba parte de la finc'a hipotecada y que por ende no estaba sujeto al gravamen hipotecario. La prueba del demandado, de creer el juez sentenciador que era cierta, hubiese sostenido una resolución contraria, mas la sentencia de que se queja el apelante está ampliamente sostenida por la prueba del demandante y no estamos dispuestos a alterar el resultado.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito cometió error al resolver que si el Dr. Bonelli era dueño del motor pudo haber establecido ese hecho mediante acción civil. Se arguye que el doctor no estaba obligado a acudir a una acción civil y que a Vélez le asistía igualmente un remedio similar. Ambos puntos pueden admitirse libremente. Subsiste el hecho de que una acusación criminal no era el único remedio de que se disponía, y si la corte de distrito cometió error al referirse al mismo, tal error no fue perjudicial.

El tercer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al llegar a su conclusión respecto a la no existencia de causa probable, basada en el hecho de que el motor no for-maba parte de la finca hipotecada. El argumento asume la certeza de la prueba del demandado ante la conclusión de que se queja en el primer señalamiento, y lo que ya hemos dicho al discutir dicho señalamiento resuelve esta cuestión.

L(£l cuarta contención del apelante es que la corte de distrito cometió error al resolver que el consejo legal en que se basó el demandado no le amparaba ante las circunstancias del presente caso. La razón dada para llegar a esta conclusión fué que el demandado, de baber recibido en realidad algún consejo legal, no babía expuesto ampliamente y con veracidad todos los becbos a los letrados que le dieron tal consejo. Uno de los letrados, que viajaba de San Juan a Humacao, se babía detenido en Caguas a comer. Mientras este letrado se bailaba sentado a la mesa en un restaurante, el Dr. Bonelli entró y se entabló una conversación. Bonelli dijo que había ejecutado una hipoteca y que le babía sido adjudicada la finca objeto de la misma; que un motor eléctrico utilizado para cortar yerba babía sido removido de un pesebre y que debido a cierta cláusula de la hipoteca y a otras razones él creía ser dueño de dicho motor. No dejó entrever que existía controversia o diferencia alguna de criterio entre él y el anterior dueño de la finca hipotecada. Aparentemente ni siquiera mencionó el hecho de que la persona que se babía llevado el motor babía sido el dueño de la finca hipotecada. Tampoco mostró copia de la escritura de hipoteca. Evidentemente, asumiendo que sea correcta la teoría de Bonelli de que el motor estaba incluido en la hipoteca como parte de la finca gravada y por consiguiente que él, como adquirente en la subasta, se babía convertido en dueño del mismo, el letrado, que a la sazón era fiscal de distrito, le manifestó que la remoción del motor constituía un hurto. Otro abogado que ocupó igualmente la silla testifical en pro del demandado admitió francamente durante la repregunta que si Bonelli le hubiese revelado la situación descrita por ciertos testigos del demandante y aceptada por el juez sentenciador como la verdadera situación existente, su opinión, que se había basado en la manifestación que realmente le hizo Bonelli, hubiese sido enteramente distinta. Un tercer letrado declaró que había hecho una inspección ocular de la finca unos días antes de que se llevaran el motor. Declaró que el motor estaba entonces ad-herido a una tabla o plataforma por medio de clavos que atra-vesaban ésta y que habían sido doblados sobre la base del motor; que la tabla o plataforma estaba adherida por medio de pernos al concreto del pesebre; que le preguntó al Dr. Bo-nelli si el motor estaba allí a la fecha en que la hipoteca fué constituida; y que el Dr. Bonelli le contestó afirmativamente. El consejo dado por este letrado- se basó en la situación por él descrita, complementada por la información suministrádale por Bonelli. Lo que este testigo describe como que fué visto por él no coincide con la prueba del demandante y es contra-rio a la conclusión a que llegó el juez de distrito fundándose en dicha prueba. El consejo dádole por este letrado, basado en un supuesto estado de hechos que el juez de distrito halló que no existía y que (de ser correcta la conclusión de la corte) Bonelli sabía nunca había existido, no constituía defensa al-g-una. Este testigo también declaró sobre otra visita hecha en agosto 5, o sea, al día siguiente en que fué trasladado el motor, la cual fué seguida por una entrevista en la noche del mismo día con el jefe local de la policía y por la radicación de una denuncia fechada agosto 5.- De ser cierta esta decla-ración, hubo poco tiempo u oportunidad para consultar con los otros letrados; y el demandado no podría escudarse en el consejo de los otros dos abogados, si éste le había sido dado después de la radicación de la denuncia.

Los otros señalamientos, tal cual han sido desarrollados en el alegato del apelante, no exigen seria consideración, o, por razones obvias, no necesitan ser discutidos separada-mente.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoh Cóbdova Dávila,

text:
    Miguel García Irizarry, demandante y apelante, v. Ricardo Pérez Irizarry, demandado y apelado.
    No. 5610.

    Sometido: Diciembre 5, 1933.

      Resuelto: Enero 12, 1934.

      F. Báez García, abogado del apelante; José Sabater, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoh Cóbdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Miguel García Irizarry, dueño de tres parcelas de terreno, compradas durante su matrimonio con Juana Toro Vázquez a diferentes personas, alega que dichas parcelas, aunque no lindan entre sí, constituyen una sola finca y fueron adquiridas en unión de su esposa con su trabajo personal, haciendo eco-nomías, con el único objeto de dejar a su familia un hogar seguro donde pudiera albergarse, y que en una de estas par-celas, adquirida en 1910, edificó una casa en la cual vive con su familia. Las otras dos parcelas fueron adquiridas en 1914. Se alega en la demanda que el demandante no tiene ninguna otra propiedad, con excepción de estas tres parcelas, y que nunca ha renunciado el derecho de hogar seguro. El deman-dante Miguel García Irizarry fue demandado en la Corte Municipal de Mayagüez por Eicardo Pérez Irizarry, quien, obtenida sentencia a su favor, procedió a ejecutarla en las tres fincas pertenecientes al referido Miguel García. Solicitó éste de la corte que las referidas parcelas de terreno fuesen declaradas exentas de ejecución, por constituir su hogar se-guro, y habiendo sido esta solicitud declarada sin lugar, las parcelas de terreno se vendieron en pública subasta por el marshal al abora demandado y entonces demandante Ricardo Pérez Irizarry por la cantidad de $100.

El demandado niega los becbos esenciales de la demanda y alega que Clemente Ramírez promovió una acción contra Miguel García y su esposa en cobro de dinero, y embargó las tres fincas rústicas que se describen en la demanda. Al verse demandado Miguel García, solicitó del abora demandado Ricardo Pérez Irizarry, que le prestara fianza para poder levan-tar el embargo trabado por Clemente Ramírez sobre dichas tres fincas y el demandado, sin interés alguno ni lucro, y sólo para acomodar a dicho Miguel García, le prestó la fianza en dicho pleito. De este modo se levantó el embargo y se deja-ron las fincas a la libre disposición del demandado en aquel pleito y demandante en el presente. Recayó sentencia defi-nitivamente contra el demandado en el mencionado pleito, la cual fué confirmada en apelación por la Corte de Distrito de Mavagüez, y habiendo sido requerido el ahora demandado Ricardo Pérez como fiador para que hiciera efectiva la sen-tencia dictada definitivamente contra Miguel García, satisfizo, a instancias del mismo, el importe de la sentencia, y entonces el mencionado Miguel García, para garantizar el pago de dicha suma, vendió a su fiador, con pacto de retro, las tres parcelas de terreno que se reclaman ahora como hogar se-guro, realizándose la venta de dichas tres fincas por la suma de $200. El entonces demandado Miguel García vendió ade-más a su fiador, por la suma de $50, cinco cuerdas de cañas de su propiedad, obligándose dicho demandado a entregar en la próxima zafra dichas cañas hasta cubrir el importe de los $50. No cumplió Miguel García con lo convenido en este con-trato, y el ahora demandado Ricardo Pérez Irizarry, luego de haber esperado dos años, dem'andó en cobro de pesos a García, y fallado el caso a su favor, obtuvo en ejecución de sentencia y por adjudicación en pública subasta, las tres par-celas de terreno que se describen en la demanda. Esta adju-dicación se llevó a efecto en 6 de diciembre de 1928 y en ese mismo día el demandado vendió a Pedro Toro Rodríguez las parcelas de terreno que le fueron adjudicadas.

Como defensa especial alega el demandado que en la ac-ción promovida por él contra el demandante en esta acción en cobro de dinero, se presentó por dicho Miguel García una solicitud de hogar seguro reclamando la exención de embargo y ejecución de las tres fincas que se describen en la demanda, en cuya solicitud se hicieron sustancialmente las mismas ale-gaciones y se pidió lo mismo que se pide en la presente de-manda. A dicha solicitud se opuso este demandado, y seña-lado día para juicio a instancias del abogado de dicho Miguel García y celebrada la vista de la solicitud presentada por este último, la corte, después de practicar la prueba, declaró sin lugar la referida solicitud de homestead. Alega el deman-dado que contra esta resolución no se ha establecido recurso alguno y que la misma ha causado estado entre las partes, no pudiendo el referido Miguel García volver sobre el mismo asunto por medio de la demanda presentada en este caso.

No conforme el demandado con la sentencia de la corte inferior declarando sin lugar la demanda, interpuso el pre-sente recurso de apelación, en el cual atribuye a la corte inferior el único error de haber declarado que al levantar el demandado el embargo trabado por Clemente Ramírez en las tres fincas de Miguel García y pagar el importe de la senten-cia y rescatar dichas fincas, realizó un acto equivalente a ha-berle facilitad© el demandado al demandante el dinero para, adquirir dicha finca, no pudiendo el demandante establecer la reclamación de hogar seguro contra dicho demandado.

La prueba documental presentada de común acuerdo por ambas partes demuestra que Clemente Ramírez, para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiese recaer en el pleito incoado contra Miguel García Irizarry, embargó las tres parcelas de terreno mencionadas y además ciertas cañas sembradas por García en siete cuerdas de terreno que tenía arrendadas. El embargo fué levantado en cuanto a las cañas me-diante una fianza de $200 prestada por Ricardo Pérez Irizarry y Anacleto González.

Ha quedado demostrado que el demandado Ricardo Pérez Irizarry satisfizo en 1924, a ruego de Miguel García, la suma de $250 para cubrir el importe de la sentencia di<3®$a contra el último como demandado en el pleito promov3||||ij|or Cle-mente Ramírez. uv-.*

La corte inferior entiende que el dinero que facilitara Pé-rez Irizarry para satisfacer el importe de la sentencia, res-cató las fincas que habían sido embargadas por el mencionado Clemente Ramírez. Es verdad que la sentencia, de no haber sido satisfecha, pudo ser ejecutada en los bienes de Miguel García; pero si éste tenía constituido su hogar seguro para esa época y pudo reclamarlo contra el demandante en aquella acción, no puede decirse que la cantidad pagada al acreedor por la sentencia salvara de ser ejecutada una propiedad que en realidad estaba exenta de ejecución. No parece que pueda establecerse la conclusión de que Miguel García renunció a su derecho de hogar seguro por el hecho de haber solicitado que Irizarry pagase el importe de la sentencia. La suma satis-fecha por el demandado para cubrir el importe de la sentencia no puede considerarse como dinero facilitado para adquirir la finca, y por lo tanto la corte inferior incurrió en error al sostener esta conclusión.

Para sostener su alegación de hogar seguro declaró exclu-sivamente el propio demandante. La parte demandada no ofreció prueba alguna sobre este particular. Declara el de-mandante que la finca que vive se divide en tres parcelas, una de media cuerda, donde tiene su hogar, otra de una y otra de dos cuerdas; que estas dos últimas parcelas están separa-das de su hogar a una distancia como de seis cuerdas una y como de doce metros la otra; que el demandado no ha salido a vivir nunca fuera de ese sitio, y que cuando fué demandado por Ricardo Pérez vivía en esa misma casa; que su familia depende de él para su sostenimiento y que lo que produce la finca es para el sostenimiento de la familia; que además de su esposa y de su hija vive con él su mamá, que es una an-ciana que depende de él para su sostenimiento; que estas tres fincas están cerca una de otra, pero que no lindan entre sí; que él vive en la finca de media cuerda, donde hay una casa y que. en la otra finquita vive un cuñado del declarante; que en la ipiquita que tiene el declarante ha sembrado yautía blanca, ñ'ame, frutos menores, en la otra finquita gandules, batatas, calabazas, frutos menores, y en la de su yerno, café, aguacates . . . ; que esos frutos los.sembró el declarante y los frutos menores los siembran ellos y le dan una parte de los mismos, siendo eso lo que le pagan su yerno y su cuñado; que tiene dos hijas, la casada, que con el yerno ocupa esta finquita, y la otra que Vive con él.

Aceptado por ambas partes que las parcelas qu© se describen en la demanda y que sirven de base a la reclamación del demandante no son contiguas, tócanos ahora decidir, aunque esta cuestión no ha sido discutida por las partes, si el derecho de hogar seguro en Puerto Rico, de acuerdo con nuestra ley, puede o no abarcar parcelas de terreno separadas del solar donde radica la casa del reclamante.

Los estatutos de algunos estados autorizan la constitución del hogar seguro en más de una parcela de terreno. Los tribunales de estos estados han sostenido que no es necesario que las parcelas sean contiguas. Otras cortes mantienen el mismo criterio interpretando estatutos muy similares al nues-tro. En la mayoría de los estados se ha sostenido que no es necesario que las parcelas de terreno sean contiguas para que pueda establecerse el hogar seguro, siempre que no excedan del valor fijado en la ley y se usen para fines de dicho hogar. En algunas jurisdicciones se sostiene, en oposición al criterio de la mayoría, que para constituir el hogar seguro las par- ■ celas de terreno deben ser contiguas.

El estatuto de Alabama exime de ejecución el hogar se-guro de cada residente del estado que no exceda de ciento sesenta acres de terreno ni tenga un valor mayor de $2,QOO, y sus anexos, ocupados por tal residente como dueño. Inter-pretando este estatuto dice la Corte Suprema de Alabama eu el caso de Dicus v. Halls, 83 Ala. 159, 3 So. 239:

“. . . No existe otra restricción, excepto la que excluye a los re-sidentes de una ciudad, pueblo o villa. Existe una disposición se-parada para los residentes de ciudades, pueblos y villas. Ésta es la primera vez que esta cuestión ba sido planteada ante nosotros. En Perkins v. Quigley, 62 Mo. 498, Rabiando de la ley allí en vigor, se dijo: 'Las únicas restricciones concernientes al bogar seguro en el estatuto se refieren a la cantidad y valor del terreno, y las parcelas de terreno que lo compongan no tienen que ser contiguas, con tal de que sean usadas en conexión las unas con las otras.’ Así, en Buxton v. Dearborn, 46 N. H. 43, la regla fué que ‘una pequeña parcela de terreno en la cual se corta beno para alimentar una vaca conservada- en una casa donde vive una persona, puede ser estimada como una parte de su bogar, aunque el terreno esté separado de la casa y a una milla de distancia, siempre que la casa y el terreno unidos no excedan de $500 en valor y dicho terreno esté usado en conexión con la casa para alimentar la vaca.’ (Citas.)
“El testimonio demuestra que el terreno en controversia está ocu-pado y cultivado en común con la parcela en la cual el apelante reside y que los dos lotes constituían un origen común de soste-nimiento para la familia. Este testimonio no rebatido demuestra que era una parte del bogar seguro.”

En el caso de Renaker v. Smith, 60 S.W. 406, la Corte de Apelaciones de Kentucky se expresó así:

“¿Impide el hecho de que la parcela mayor de terreno deje de lindar con la finca en que se hallaba enclavada la propiedad, que al apelante le sea adjudicada parte de la misma para constituir un hogar seguro por un valor que no exceda de $1,000? La fraseolo-gía del estatuto es como sigue: ‘Estará exento de venta en ejecución de sentencia .... todo el terreno, incluyendo la residencia y anexos, perteneciente a deudores que de buena fe sean jefes de fa-milia, con familia, vecinos del estado, cuyo valor no exceda de $1,000. ’ Al interpretar este estatuto en el caso de Nichols v. Sennett, 5 Ky. Law Rep. 199, esta Corte, por voz de su Juez Presidente Sr. Hargis, se expresó así: ‘Esta fraseología no exige que todo el terreno esté en la misma parcela o finca ni declara que la casa estará enclavada en el terreno que esté exento; sino que provee que la casa y los anexos deberán pertenecer al deudor, y que estarán incluidos en la exen-ción. No sabemos de razón alguna que autorice una interpretación tal del estatuto que prive a uu jefe de familia tona ftcÜe de su de-recho de hogar seguro en una finca contigua o adyacente a la par-cela en la cual está situada su casa de vivienda, siempre que todo el terreno, incluyendo la casa y los anexos, no excedan en valor de la suma de $1,000 y que el terreno sea capaz de ser usado continua y necesariamente como parte del hogar seguro mediante razonables esfuerzos por parte de las personas que reclaman dicho hogar se-guro.’ En dicho caso ambas parcelas de terreno eran necesarias para el uso del apelante como su hogar seguro, pero estaban sepa-radas por una faja de terreno perteneciente a su madre. La prueba en este caso demuestra que el apelante ha usado y cultivado el terreno en cuestión para el sostenimiento de su familia desde la fecha de su adquisición; y somos de opinión que el hecho de que el mismo uo lindara con la parcela en que está enclavada la casa, no le priva, según el estatuto, del derecho de que la diferencia en valor del terreno en que está situada la casa, sea completada con suficiente terreno de la parcela mayor para constituir un hogar seguro por un valor de $1,000.”

En el caso de Haggard v. Haggard, 233 S.W. 18, la Corte Suprema de Missouri, interpretando el estatuto de dicho es-tado, sostiene que no es necesario que los terrenos sean con-tiguos o físicamente conectados en tanto en cuanto se usan en conexión con la residencia del reclamante y sus anexos (appurtenances). El estatuto de Missouri dice que el hogar se-guro consistirá de la residencia y sus anexos y el terreno usado en conexión con la misma.

De la opinión emitida por la corte en este caso copiamos lo siguiente:

“Es de notarse que este no exige que los terrenos sean contiguos o linden materialmente. Sólo requiere que sean usados en conexión con la casa de vivienda y sus anexos.
“Se verá que la Legislatura tuvo cuidado en evitar el uso de cualquier fraseología que denotara contigüidad. Su relación con el hogar seguro se hizo depender en todos los casos del uso a que se destinaran por el dueño las distintas porciones del terreno, y en el caso del hogar seguro rural fué necesario, para que razona-blemente se cumpliera el fin legislativo, que predominara el uso. En la fraseología usada por la Legislatura no hay prueba de que el dueño del terreno deba, si desea obtener los beneficios de la ley, reunir sus terrenos al mismo lado del camino en que está situada su residencia, o que no pueda bacer que parte del camino se inter-ponga entre su residencia y la tierra que labra. Aquellos de nosotros que bemos nacido y vivido en el campo, estamos acostumbrados al espectáculo de ver al agricultor caminar a pie o a caballo con rumbo a su trabajo las distancias descritas por la prueba.
“El lenguaje que bemos usado estuvo directamente ante esta corte para su interpretación allá para el término de mayo de 1876 en Perkins v. Quigley, 62 Mo. 498. El juez Napton en su opinión- dijo:
“ ‘La contigüidad no parece entrar en nuestra definición esta-tutaria. Un jefe o cabeza de-familia puede, según nuestra ley, ser dueño de cuarenta acres de terreno en un sitio, y cultivar cuarenta más en otro sitio por sí mismo o con sus bijos, empleados o sirvien-tes. Con frecuencia sucede que una pradera depende de un bosque a varias millas de distancia, y ambos pueden constituir el bogar se-guro; o que el dueño de una finca que está en una colina donde baya una fuente utilizable y maderas cultive una huerta en el valle que está totalmente separado del lugar donde resida por cualquier distancia imaginable que no baga que la una sea incapaz de ser usada en relación con la otra. Las únicas restricciones fijadas por la ley son el área del terreno y su valor. En total no puede exce-der de 160 aeres ni valer más de $1,500.’

En el caso de Farmer v. Hampton, 164 Ky. 83, 156 S.W. 1041, se sostuvo que no importaba que una parcela de terreno reclamada como una parte del hogar seguro no fuese conti-gua al hogar del reclamante, o que el mismo no viviese en ella, si como una cuestión de hecho fué usada y cultivada en conexión con el hogar y no valía más de $1,000,. que es la suma fijada por el estatuto.

En el caso de Hastie v. Kelley, 57 Vt. 293, la corte dijo:

“Nosotros creemos que bajo la ley de bogar seguro, tal y como está redactada en la actualidad y desde la compilación de 1863, la exención basta la suma de $500 puede aplicarse en parte a una par-cela de terreno separada del solar donde está enclavada la casa, cuando tal parcela se conserva por el jefe de familia como una parte del hogar seguro y se usa en conexión con el mismo, y cuando el lote con los edificios vale menos de $500.”

La sección primera de nuestra ley sobre hogar segfiro dice así: ■

“Que todo jefe de familia, que tenga familia, tendrá derecho a una finca de homestead, hasta el valor de quinientos dólares ($500) en una. estancia, plantación o predio de terreno y en los edificios contenidos en el mismo, que le pertenezca o que posea legalmente en virtud de arrendamiento o en otra forma y estuviere ocupado por él o ella como su residencia; y dicho homestead y todo derecho o título sobre el mismo estará exento de embargo, sentencia, exac-ción o ejecución, excepción hecha de las contribuciones que adeudare, el valor de la venta (compra) de dicha propiedad o responsabilidad incurrida por mejoras que se hicieren en la misma, y excepción hecha también de lo que más adelante se establece; Disponiéndose, que en caso de arrendamiento u otro contrato análogo nada de lo contenido en esta íey se interpretará en el sentido de que se prohiba al dueño o propietario de dicha estancia, plantación o predio de terreno, y de los edificios contenidos en el mismo, entrar de nuevo en posesión de dicha propiedad de acuerdo con lo estipulado en dicho con-trato de arrendamiento o convenio, al faltarse al cumplimiento de las condiciones del mismo.”

La disposición que antecede puede ser susceptible de la misma interpretación que han recibido las leyes de los esta-dos que se interpretan en las decisiones anteriormente cita-das. No vemos que exista diferencia alguna entre dichas le-yes y la nuestra en lo que respecta a la contigüidad del te-rreno que pueda servir de base para la constitución del hogar seguro. Dichas leyes se limitan a definir con más o menos precisión lo que constituye el homestead u hogar seguro, sin decir una palabra con respecto a contigüidad ni mencionar si el homestead puede establecerse en más de una parcela. Sin embargo, los tribunales han interpretado liberalmente estos estatutos, sin aceptar restricciones que pudieran dificultar la aplicación de la ley de acuerdo con sus fines y propósitos. Claro es que nos estamos refiriendo en estos comentarios a los estatutos que no han autorizado expresamente la consti-tución del hogar seguro en más de una parcela de terreno. Ya hemos dicho que en algunos estados la misma ley autoriza expresamente que el homestead pueda constituirse en dife-rentes parcelas de terreno.

Las decisiones que sostienen que la contigüidad es necesa-ria aducen también argumentos dignos de consideración, pero teniendo en cuenta que los estatutos referentes a hogar se-guro deben ser interpretados con toda la posible liberalidad para darle efecto al propósito de la ley, entendemos que de-bemos seguir la doctrina adoptada por la mayoría de los tribunales que no requiere la contigüidad del terreno para que pueda establecerse el derecho de hogar seguro.

En el presente caso el demandante cubre en su reclama-ción las tres parcelas de terreno que según declara consti-tuyen una sola finca. Declara que su familia depende de él para su sostenimiento y que lo que produce la finca es para el sostenimiento de la familia. Las tres parcelas están muy cercas unas de otras y dos de ellas se cultivan por el deman-dante en unión de su cuñado y yerno, quienes le pagan con parte de los frutos de las mismas. Entendemos que la evi-dencia aportada demuestra claramente que el demandante ha constituido su hogar seguro en las tres parcelas de terreno que se describen en la demanda.

Hemos examinado la defensa especial establecida por el demandado donde parece interponerse la defensa de res ju-dicata, y no vemos que esta alegación haya sido sostenida por la prueba que ha sido elevada a este tribunal y que apa-rece relacionada en la exposición del caso. Sabemos por la referida exposición que Ricardo Pérez Irizarry promovió una acción en cobro de pesos contra Miguel García Irizarry y que obtuvo sentencia contra el mismo. A raíz de relatar los he-chos alegados por Ricardo Pérez en dicha acción y de hacer constar que se dictó' sentencia a su favor, dice la exposición del caso lo siguiente:

“Luego de dictada la anterior sentencia el demandado, con fe-cha 23 de noviembre de 1928, radicó una moción solicitando que la corte declarase que las porciones anteriormente descritas, que se alegaba por el demandado constituían una sola finca por depender unas de otras, aun cuando no colindaban entre sí, fuesen conside-radas como el bogar seguro del demandado, estando exentas de eje-cución por ese .motivo, a cuya moción se opuso el demandante Ricardo Pérez Irizarry, siendo declarada sin lugar tal solicitud por la Corte Municipal de Mayagüez en resolución de 5 de diciembre-de 1928.”

El párrafo anteriormente copiado nos dice que'se pre-sentó una moción para que las parcelas de terreno del deman-dante fuesen declaradas exentas de ejecución por constituir su hogar seguro y que dicha moción fué declarada sin lugar por la Corte Municipal de Mayagüez. Asumiendo sin deci-dirlo que esta alegada defensa especial tenga el alcance que-le atribuye el demandado, no sabemos si la cuestión planteada fué resuelta en su fondo o si la corte se limitó a desestimar-la solicitud del demandante Miguel García Irizarry sin pene-trar en los méritos de la misma.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra en sw lugar declarando que el demandante tiene constituido su ho-gar seguro en las parcelas de terreno que se describen en la-demanda y que estas tres parcelas están exentas de ejecución sin especial condenación en costas.