text:
      In re Aprobación del Nuevo Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal.

      Número: ER-2008-03

      Resuelto: 1 de mayo de 2008
   RESOLUCIÓN

En virtud del poder inherente de este Tribunal de regla-mentar la profesión de la abogacía, el 30 de junio de 1998 aprobamos el Reglamento para, la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal. Dicho reglamento estableció un sistema uniforme para la asignación de abogados y abogadas de oficio en procedimientos de naturaleza penal cuando el imputado fuera indigente y no pudiera ser representado por la Socie-dad para la Asistencia Legal o por otra entidad análoga.

Mediante la Ley de la Judicatura del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003 (4 L.P.R.A. see. 24 et seq.), la Asamblea Legislativa reconoció que “dentro de su facultad de regular el ejercicio de la abogacía”, el Tribunal Supremo tiene la autoridad de “adoptar reglamentación para la asignación de representación legal de oficio a personas de escasos re-cursos económicos en casos criminales” y “establecer crite-rios objetivos para identificar aquellas personas que de-muestren ser indigentes”.

Posteriormente, el Tribunal nombró un Comité para el Estudio de la Asignación de Abogados y Abogadas de Ofi-cio, con el propósito de evaluar el sistema implantado por el reglamento aprobado en 1998 y rendir un informe con sus hallazgos y recomendaciones.

El Comité sometió un informe en el que recomendó que mediante legislación se cree una nueva entidad que instru-mente “un sistema de representación legal compensada” para aquellos casos que la Sociedad para la Asistencia Legal no pudiese atender por razón de conflicto de intereses. El Comité también propuso que el Tribunal Supremo adop-tara unas medidas transitorias destinadas a mejorar el sis-tema vigente. Con estos propósitos el Tribunal le enco-mendó al Secretariado de la Conferencia Judicial que, en coordinación con la Oficina de Administración de los Tribu-nales, evaluara los hallazgos y las recomendaciones del Comité.

Examinado el informe del Comité, a la luz del estudio preparado por el Secretariado de la Conferencia Judicial, al amparo de nuestro poder inherente para regular la pro-fesión y lo dispuesto por la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, el Tribunal adopta un nuevo Reglamento para la Asignación de Abogados o Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal, el cual se acompaña como parte integral de esta Resolución.

Este reglamento se distingue por las características si-guientes:

• Reduce de cincuenta a treinta horas el número de horas que un abogado y una abogada de oficio debe donar anualmente antes de recibir compensación.

• Ofrece por primera vez la oportunidad a los abogados y las abogadas que rindan servicios de oficio para que pue-dan solicitar al Programa de Educación Jurídica Continua un crédito por las horas de servicio gratuito. De esta ma-nera los servicios gratuitos de oficio constituirían un meca-nismo no tradicional de enseñanza de cumplimiento según la Regla 14(2) del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, y se reconoce la labor de aquellos abo-gados y aquellas abogadas a quienes se les designó la en-comienda de representar de oficio a las personas imputa-das que carecen de recursos económicos para contratar una representación legal privada.

• Desalienta la representación legal fraccionada y las renuncias automáticas de representación legal al reiterar el cumplimiento con los requisitos establecidos en el Canon 20 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

• Expone afirmativamente que las asignaciones de ofi-cio sólo pueden hacerse en aquellos casos donde la Socie-dad para la Asistencia Legal o cualquier otra entidad aná-loga no pueda ofrecer representación legal a una persona indigente por razones de conflictos de intereses.

• Establece la presunción de que una persona es indi-gente si la Sociedad para la Asistencia Legal así la califica, agilizando el proceso en aquellas instancias en que un juez o raía jueza tenga que hacer una designación de oficio.

• Faculta a la Directora de la Oficina de Administración de los Tribunales a aprobar memorandos, circulares y nor-mas para regir la preparación de las listas de abogados y abogadas, y el procedimiento para el trámite de la compen-sación por los servicios rendidos de oficio.

• Faculta al Juez Presidente para establecer un sis-tema periódico de evaluación del funcionamiento del sis-tema de abogados y abogadas de oficio.

Para permitir la adecuada divulgación de lo aquí dis-puesto y de las normas y procedimientos que en virtud de ello se emitan, este nuevo Reglamento, el cual deroga el Reglamento para la Asignación de Abogados o Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal de 30 de ju-nio de 1998, entrará en vigor el 1 de septiembre de 2008.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del TribunalSupremo

REGLAMENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE OFICIO EN PROCEDIMIENTOS DE NATURALEZA PENAL

CAPÍTULO I. ALCANCE E INTERPRETACIÓN

Regla 1. Base legal

Este reglamento se promulga en virtud del poder inhe-rente del Tribunal Supremo de Puerto Rico para reglamen-tar la profesión de la abogacía en Puerto Rico y de lo dis-puesto en la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003 (4 L.P.R.A. see. 24 et seq.). Su propósito es establecer un sistema uniforme para la asignación de abo-gados y abogadas de oficio en procedimientos de natura-leza penal, sin menoscabar el deber individual de cada pro-fesional del derecho de proveer servicios legales libre de costo a personas indigentes que dispone el Canon 1 del Código de Etica Profesional.

Regla 2. Alcance y extensión

Estas reglas aplicarán en todo procedimiento de natura-leza penal incoado en la jurisdicción del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico al cual le aplique el derecho constitu-cional a la asistencia de abogado o abogada.

Se asignará un abogado o una abogada de oficio sólo cuando la persona sometida a tal procedimiento sea indi-gente, no pueda ser representada por la Sociedad para la Asistencia Legal, por la entidad sin fines de lucro desig-nada para representar menores de edad o por cualquier entidad análoga competente, y no haya renunciado expre-samente a su derecho a la asistencia de abogado o abogada.

Una vez realizada la designación de oficio, el abogado o la abogada sólo podrá ser relevado o relevada de la desig-nación si cumple con lo dispuesto en el Canon 20 del Có-digo de Etica Profesional. Cualquier abogada o abogado contratado o contratada privadamente deberá también cumplir con lo dispuesto en el Canon 20 antes mencionado, previo a solicitar el relevo de lá representación legal.

El tribunal desalentará los relevos automáticos de re-presentación legal al inicio de los procedimientos y la re-presentación legal fraccionada por etapas.

Con excepción de lo dispuesto sobre la notificación en la Regla 13(a), las demás disposiciones de este reglamento no aplicarán a los abogados y a las abogadas de la Sociedad para la Asistencia Legal. Este reglamento no aplicará a los abogados ni a las abogadas que sean miembros de los co-mités asesores, permanentes o ad hoc del Tribunal Supremo de Puerto Rico, miembros de la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía, miembros de la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía, comisionados o comisionadas especiales y miem-bros de cualquier otra junta, comisión o comité nombrado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Tampoco aplicará a los abogados ni a las abogadas que pertenezcan a entida-des análogas que sean reconocidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, o a quienes por disposición legal o limitación de su cargo público no puedan ejercer la práctica privada de la profesión.

Regla 3. Definiciones

Los términos usados en este reglamento tendrán el sig-nificado siguiente:

(a) Procedimiento de naturaleza penal — Todo procedi-miento investigativo, judicial o cuasijudicial, celebrado en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al que le aplique el derecho constitucional a la asistencia de abogado o abogada, y que como resultado del procedi-miento una persona natural pueda estar sujeta a:

(1) restricción de su libertad mediante arresto;

(2) una o varias de las penas que establece el Có-digo Penal de Puerto Rico, Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, según enmendada;

(3) una o varias de las medidas dispositivas provis-tas por la Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, o

(4) modificación o revocación de medidas de desvío o alternas a la reclusión que conlleve la pérdida o restric-ción de la libertad.

(b) Juez Administrador o Jueza Administradora — se refiere al Juez Administrador o a la Jueza Administradora de la región judicial donde ubica el tribunal donde se cele-bra el procedimiento de naturaleza penal.

(c) Indigente — Persona natural sometida a un procedi-miento de naturaleza penal que demuestre su insolvencia y la imposibilidad de obtener los recursos económicos para procurarse la asistencia de un abogado o una abogada, se-gún los criterios establecidos por la Sociedad para la Asis-tencia Legal o por el Director o la Directora de la Oficina de Administración de los Tribunales.

(d) Abogado o abogada de oficio — Todo abogado o toda abogada admitida a la práctica de la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, miembro del Colegio de Abogados de Puerto Rico, a quien se le designe para repre-sentar de oficio a una persona imputada de delito.

(e) Certificación — Se refiere al procedimiento que debe cumplir todo abogado designado o abogada designada de oficio para que el tribunal pueda aprobarle las horas de servicio gratuito y las horas compensables que procedan conforme a las gestiones realizadas.

(f) Compensación — Remuneración que recibirá un abo-gado o una abogada de oficio por los servicios rendidos, en exceso del número mínimo de horas que deberá donar anualmente como servicio gratuito en la representación de indigentes.

(g) Horas compensables — Tiempo por el cual se tendrá derecho a una remuneración por los servicios rendidos a una persona indigente. Incluye el tiempo de espera en sala cuando el abogado o la abogada de oficio haya comparecido por orden del tribunal y las horas de viaje para rendir ser-vicios necesarios, si debe viajar fuera del municipio donde ubica su residencia u oficina principal para cumplir con su asignación.

(h) Servicio gratuito — Número mínimo de horas que el abogado o la abogada de oficio debe donar anualmente antes de recibir la compensación por sus servicios.

(i) Gastos razonables — Gastos necesarios e indispensables para la efectiva representación de la persona indigente.

(j) Indigencia — Estado de insolvencia económica deter-minado en conformidad con los criterios establecidos por la Sociedad para la Asistencia Legal o por el Director o la Directora de la Oficina de Administración de los Tribunales.

(k) Delegación del Colegio de Abogados — Para efectos de este reglamento y de los procedimientos que adopte la Oficina de Administración de los Tribunales en conformi-dad con la delegación que hace esta reglamentación, la De-legación del Colegio de Abogados será aquella donde ubi-que la oficina del abogado o la abogada de oficio o, en caso de no tenerla, el lugar de su residencia.

CAPÍTULO II. SISTEMA DE SELECCIÓN DE ABO-GADOS Y ABOGADAS DE OFICIO

Regla 4. Administración del sistema de selección de aboga-dos y abogadas de oficio

El sistema de selección de abogados y abogadas de oficio se regirá por las normas que aprobará el Director o la Directora de la Oficina de Administración de los Tribunales (el Director o la Directora de la O AT). Estas normas dis-pondrán, entre otros, sobre los asuntos siguientes:

(a) la forma de seleccionar los abogados y las abogadas que rendirán los servicios de oficio;

(b) la preparación de una lista con los nombres de los abogados y las abogadas sujetos y sujetas a recibir asigna-ciones de oficio;

(c) las personas que estarán a cargo de la supervisión y custodia de la lista;

(d) la frecuencia y forma en que se modificará la lista, y

(e) el modo mediante el cual se determinará el orden de los nombres de la lista para el proceso de asignación de casos de abogados y abogadas de oficio según las normas establecidas.

Regla 5. Evaluación del sistema de abogados y abogadas de oficio

El Director o la Directora de la OAT establecerá meca-nismos para la recopilación de información estadística que permita evaluar el funcionamiento del sistema de aboga-dos y abogadas de oficio, conforme los memorandos, las circulares o las normas administrativas que emita para tales fines. Podrá requerir a las Regiones Judiciales que mantengan registros diarios de las asignaciones de oficio y que preparen informes periódicos con la información que surja de éstos.

El Director o la Directora de la OAT deberá enviar la información recopilada a la Comisión Asesora del Sistema de Asignaciones de Abogados y Abogadas de Oficio, que se creará dentro de los treinta (30) días de entrar en vigor este reglamento para evaluar el funcionamiento del sis-tema y proponer las medidas que sean necesarias para mejorarlo.

Esta Comisión Asesora estará compuesta por siete (7) miembros que serán nombrados por el Juez Presidente o la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La Comisión Asesora rendirá un informe con recomendaciones al Tribunal Supremo de Puerto Rico dentro de los sesenta (60) días de finalizado cada año fiscal.

CAPÍTULO III. DETERMINACIÓN DE INDIGENCIA

Regla 6. Quién hará la determinación

La evaluación inicial sobre la indigencia de una persona imputada de delito que realiza la Sociedad para Asistencia Legal, o la entidad análoga correspondiente, se conside-rará la determinación inicial de indigencia, independiente-mente de si ésta asume o no la representación legal. En aquellos casos donde no se haya evaluado la capacidad eco-nómica de una persona imputada de delito, y ésta compa-rece a sala alegando su indigencia, el juez o la jueza que presida el procedimiento judicial la referirá a las oficinas de la Sociedad para Asistencia Legal, o a la entidad aná-loga correspondiente, y la persona quedará sujeta a la co-rrespondiente determinación de ésta. En los casos excep-cionales en que ello no sea posible, el tribunal realizará la determinación de indigencia conforme los criterios que es-tablezca el Director o la Directora de la OAT.

En los demás procesos cubiertos por este reglamento, la determinación de indigencia la hará el juez o la jueza del tribunal más cercano a la residencia de la persona solicitante.

Regla 7. Presentación de la declaración jurada

Cuando el tribunal tenga que realizar la determinación de indigencia podrá requerirle a la persona que reclama su derecho a la representación legal gratuita que presente evidencia jurada del estado de su insolvencia y de su im-posibilidad de obtener los recursos económicos para pagar los servicios de abogado o abogada. También podrá reque-rirle que presente cualquier otra evidencia que considere necesaria para determinar la indigencia.

En caso de requerir la presentación de la declaración, el juez o la jueza que atienda el procedimiento entregará a la persona indigente copia del formulario uniforme de Decla-ración Jurada sobre Estado de Indigencia emitido por la Oficina de Administración de los Tribunales que contendrá los criterios básicos de elegibilidad y una advertencia sobre las sanciones legales aplicables al solicitante por mentir bajo juramento sobre su situación económica y sobre su posibilidad de obtener recursos económicos para pagar su representación legal. La persona indigente, o la persona que solicite por ésta su derecho a representación legal gra-tuita, completará la declaración jurada en todas sus par-tes, declaración que se unirá al expediente del procedi-miento.

Regla 8. Desacato

Proveer información falsa en la declaración jurada po-drá constituir desacato al tribunal. El tribunal advertirá sobre la posibilidad de incurrir en desacato al momento de examinar la declaración jurada presentada ante su consideración.

Regla 9. Examen de la prueba de indigencia

La determinación inicial de indigencia se hará a base de la evidencia presentada ante el tribunal y de la informa-ción que surja de la faz de la declaración cuando ésta se utilice.

El juez o la jueza que haga la determinación de indigen-cia podrá interrogar a la persona que alegue ser indigente, o a la persona que solicite por ésta la representación legal gratuita, sobre la información vertida en la declaración ju-rada y, de creerlo necesario, solicitará la prueba documen-tal o testimonial que entienda necesaria para comprobar su veracidad.

Regla 10. Revisión de la determinación de indigencia

La determinación de indigencia estará sujeta a revisión por el tribunal al inicio de cualquier etapa del procedimiento. Luego de comenzado un juicio o una vista adjudicativa, la revisión se hará después que el tribunal dicte la sentencia o resolución, o el organismo administra-tivo o cuasijudicial haga la adjudicación correspondiente.

Regla 11. Derecho a obtener representación legal de oficio

Demostrada la indigencia de la persona sometida al pro-cedimiento de naturaleza penal, si ésta no puede ser repre-sentada por la Sociedad para Asistencia Legal u otra enti-dad análoga competente, tendrá derecho a solicitar y a obtener la asignación de un abogado o una abogada de ofi-cio, cuya representación será efectiva mientras subsista su estado de indigencia.

Regla 12. Obligación de pago o reembolso al Estado

En cualquier etapa del procedimiento penal, si surge evidencia que pruebe la solvencia económica de una persona que recibió representación legal de oficio, ya fuese por todo o parte del proceso, ésta pagará directamente al abo-gado o a la abogada de oficio sus honorarios por los servi-cios prestados y los gastos en que incurrió en su defensa.

No obstante lo anterior, en cualquier caso en que el Es-tado haya sufragado todo o parte de las costas y los gastos del procedimiento y los honorarios del abogado o la abo-gada de oficio, la determinación posterior de solvencia eco-nómica obligará a la persona representada de oficio a re-embolsar al Estado la totalidad de lo pagado.

El tribunal podrá ordenar la satisfacción íntegra de lo adeudado al Estado en un solo pago o a plazos, y que se envíe al Secretario de Hacienda. En caso de que dispusiera el pago a plazos, el término máximo para saldar la deuda no deberá exceder un (1) año, salvo que se solicite oportu-namente la extensión del plazo por causa justificada.

CAPÍTULO IV. ASIGNACIÓN DEL ABOGADO O DE LA ABOGADA DE OFICIO

Regla 13. Asignación de abogado o abogada

(a) Notificación de representación legal. Cuando la So-ciedad para Asistencia Legal o cualquier entidad análoga similar acepte representar a una persona imputada de de-lito, deberán notificar el nombre al tribunal mediante una moción, el día en que asuman la representación legal o a más tardar al día siguiente. Asimismo, cuando se deniegue la representación legal a una persona imputada que asistió a una conferencia o entrevista, se deberá notificar me-diante una moción el nombre y las razones para la denega-ción, el día en que se deniegue o a más tardar al día siguiente.

No obstante lo anterior, cuando se deniegue la represen-tación legal por existir un conflicto de intereses entre per-sonas coacusadas de delito, no será necesario exponer el conflicto afirmativamente en el documento de notificación y bastará con indicar que existe un conflicto de intereses entre las personas coacusadas de delito.

(b) Criterios para la: asignación de oficio. Luego que se haya determinado que una persona es indigente y que no puede ser representada por la Sociedad para Asistencia Legal ni por otra entidad análoga competente, el tribunal, previo, a la celebración de la vista preliminar, asignará como abogado o abogada de oficio a aquel o aquella cuyo nombre esté próximo en turno en la lista correspondiente.

Para determinar si en un caso específico el abogado o la abogada próxima en la lista debe ser nombrada o no, el tribunal deberá tomar en consideración los elementos si-guientes:

(1) La complejidad particular del caso, el conoci-miento especializado para atender el procedimiento de na-turaleza penal ante su consideración, los años de experien-cia en la práctica penal y el tipo de casos que atiende con regularidad.

(2) El período de tiempo que tomará el proceso y el calendario de señalamientos cercanos del abogado o de la abogada a ser designado o designada.

(3) El total de casos asignados de oficio que tiene el abogado o la abogada.

(4) El reparo que pueda levantar el abogado o la abogada designado o designada a representar a la persona imputada, ya sea por principios profesionales o personales.

(5) La oposición que pueda levantar la persona im-putada a la designación. En este caso el tribunal celebrará una audiencia para recibir la prueba que sostenga la oposición. Cuando la intimidad de la persona imputada o el derecho a juicio imparcial así lo requiera, la audiencia po-drá celebrarse en privado.

Si existe alguna de estas circunstancias, el tribunal dic-tará una orden en la que asigne representación al abogado o a la abogada que siga en turno en la lista, siempre tomando en consideración los elementos anteriormente enumerados. Sin embargo, no podrá asignar ningún abogado o abogada que haya cumplido con el número de horas requeridas por la Regla 17 hasta tanto se haya agotado la lista.

Al agotarse la lista para las asignaciones de oficio se comenzará nuevamente con el primer abogado o la primera abogada en turno, y así sucesivamente según sea necesario.

(c) Notificación de la asignación de oficio. Al abogado o a la abogada de oficio se le notificará la orden de asigna-ción, primero mediante vía telefónica y luego por correo, con copia de la denuncia. Dicha orden deberá contener la información siguiente:

(1) nombre y dirección postal y física del abogado designado o de la abogada designada y su número de telé-fono;

(2) si la persona imputada está en libertad bajo fianza o si está confinada, en cuyo caso deberá indicar el nombre de la institución carcelaria en la que se encuentra;

(3) fecha de la conferencia con la persona impu-tada, y

(4) fecha del señalamiento para la vista preliminar. También se deberá incluir con la orden la copia de la declaración jurada sobre indigencia, si ésta existe.

La orden de asignación de abogado o abogada de oficio formará parte del expediente penal.

El abogado asignado o la abogada asignada asumirá la representación profesional de la persona indigente de inmediato.

(d) Designación de abogado o abogada auxiliar. Cuando la complejidad del caso lo amerite, el tribunal podrá asig-nar un abogado o una abogada auxiliar para que asista a quien fue designado de oficio. Ambas designaciones esta-rán sujetas a lo establecido en este reglamento.

Regla 14. Duración de la designación

El abogado o la abogada de oficio prestará sus servicios a la persona indigente ante el foro correspondiente a tra-vés de todo el procedimiento, incluidas las etapas apelati-vas, si las hay.

El abogado o la abogada de oficio que por cualquier ra-zón, incluyendo su falta de experiencia en las etapas ape-lativas, no pueda cumplir con la designación en esas eta-pas, así lo informará al tribunal para que asigne un nuevo abogado o una nueva abogada de oficio para el proceso apelativo. En tal caso, el abogado o la abogada de oficio original tendrá la obligación de preparar la Exposición Na-rrativa de la Prueba cuando se requiera y asistirá en la prestación de sus servicios al nuevo abogado o a la nueva abogada de oficio que se designe.

Regla 15. Prestación voluntaria de servicios

Independientemente del procedimiento de asignación de abogado o abogada de oficio establecido en estas reglas, cualquier abogado o abogada que voluntariamente desee representar de forma gratuita a una persona indigente en un caso particular podrá hacerlo con la aprobación del tribunal. El abogado o la abogada interesada presentará ante el foro correspondiente una moción en la que indique su interés en asumir la representación legal en el caso de que se trate. El abogado o la abogada que preste sus servi-cios voluntariamente sólo tendrá derecho al reembolso de los gastos razonables por su gestión, y no podrá solicitar pago alguno a la persona indigente por sus servicios ni podrá facturarlos al tribunal. No obstante, tendrá derecho a solicitar al tribunal una certificación de las horas traba-jadas, que podrá presentar ante el Programa de Educación Jurídica Continua conforme lo establecido en la Regla 17.

CAPÍTULO V. COMPENSACIÓN POR LA GESTIÓN DE OFICIO, REMUNERACIÓN POR SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS

Regla 16. Derecho a una compensación

Todo abogado o toda abogada de oficio tendrá derecho a recibir una compensación por sus servicios y al reembolso de los gastos necesarios y razonables en que incurra en la defensa de una persona indigente. Tanto la compensación como el reembolso estarán sujetos a la aprobación del tribunal según las disposiciones de este capítulo.

Regla 17. Obligación de ofrecer servicio gratuito

A partir de la fecha de vigencia de este reglamento, todo abogado o toda abogada de oficio deberá ofrecer un mínimo de treinta (30) horas de servicio gratuito en cada año natural antes de recibir cualquier compensación por sus ser-vicios bajo este reglamento y deberá solicitar una certifica-ción del tribunal ante el cual prestó el servicio. Completadas las treinta (30) horas, esa certificación o esas certificaciones se podrán presentar ante el Programa de Educación Jurídica Continua, como mecanismo alterno de cumplimiento, para la correspondiente acreditación de una (1) hora crédito de educación jurídica continua por cada cinco (5) horas de trabajo, hasta un total de seis (6) horas crédito.

El total de horas crédito de educación jurídica continua acumulado no excederá de ocho (8) horas en cada periodo de cumplimiento, conforme la Regla 14(2) del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua.

Aquellos abogados y aquellas abogadas de oficio que no hayan completado las treinta (30) horas de oficio, también podrán presentar al finalizar el año natural la certificación del tribunal por las horas trabajadas ante el Programa de Educación Jurídica Continua, como mecanismo alterno de cumplimiento, para la correspondiente acreditación de una (1) hora crédito por cada cinco (5) horas de trabajo.

La certificación o las certificaciones expedidas por el tribunal conforme lo dispuesto en la Regla 21 deberán pre-sentarse, junto con el formulario que para ese efecto se haya establecido, ante el Programa de Educación Jurídica Continua para la correspondiente acreditación dentro del período de cumplimiento vigente al momento de su expedición. No obstante, el sobrante de las horas certifica-das al amparo de este reglamento también podrá acredi-tarse al próximo periodo de cumplimiento, según lo dis-puesto en la Regla 14(3) del Reglamento del Programa Educación Jurídica Continua.

Las horas crédito que se concedan al amparo de esta regla no podrán utilizarse para sustituir el requisito de cuatro (4) horas crédito, en cursos de ética profesional ni el de seis (6) horas crédito en cursos de derecho notarial que exige la Regla 6 del Reglamento de Educación Jurídica Continua.

Regla 18. Determinación de la Compensación

Completadas las horas de servicio gratuito, el monto de la compensación por las horas trabajadas en exceso estará limitado por la naturaleza del procedimiento y las gestio-nes realizadas.

(a) La compensación se determinará a base de las tari-fas siguientes:

(1) $30 la hora por el tiempo invertido en investi-gación o gestiones fuera del tribunal o foro correspondi-ente.

(2) $60 la hora por el tiempo invertido en sala ante el tribunal o foro correspondiente, así como en la prepara-ción de recursos apelativos.

El pago por hora se computará proporcionalmente en incrementos de cuartos (V4) de hora.

(b) La compensación por servicios rendidos se limitará a las cantidades siguientes:

(1) La compensación por gestiones de oficio en pro-cedimientos relacionados con imputaciones de delito menos grave o faltas équivalentes en los procedimientos de meno-res no excederá la cantidád de $1,500.

(2) La compensación por gestiones de oficio en pro-cedimientos relacionados con imputaciones de delito grave o faltas equivalentes en los procedimientos de menores no excederá la cantidád de $3,500.

Cuando la naturaleza y complejidad del caso y el tiempo invertido lo justifiquen, en el ejercicio razonable de su dis-creción el Juez Administrador o la Jueza Administradora podrá autorizar una compensación en exceso de los límites previamente establecidos.

Regla 19. Reembolso de gastos razonables

Se considerarán gastos razonables susceptibles de re-embolso aquellos en que se ha incurrido por:

(a) viajes en automóvil para gestiones relacionadas con la investigación del caso o para la representación ante el foro correspondiente;

(b) llamadas de larga distancia;

(c) toma de deposiciones;

(d) contratación de peritos;

(e) cualquier otro gasto extraordinario necesario para la gestión de oficio, y

(f) costas

El abogado o la abogada de oficio recibirá el reembolso por gastos de viaje a razón de .300 por milla recorrida fuera del municipio de su residencia o en el cual ubica su oficina. Los gastos por viajes dentro del municipio en que reside, la reproducción rutinaria de documentos, las llama-das o el envío de documentos por líneas telefónicas locales y los gastos menores por franqueo los sufragará el abogado o la abogada de oficio.

Antes de incurrir en un gasto sustancial, es decir, que exceda la cantidad de $250, el abogado o la abogada de oficio deberá obtener por adelantado la autorización del Juez Administrador o de la Jueza Administradora para po-der reclamar el reembolso al culminar el procedimiento

Regla 20. Pago de gastos

El abogado o la abogada de oficio podrá reclamar los gastos susceptibles de reembolso aun en los casos en que no tenga derecho a recibir una compensación por sus servicios.

Regla 21. Procedimiento para solicitar compensación y re-embolso

Dentro del término de treinta (30) días, contados a par-tir de la notificación de la disposición del procedimiento de que se trate, el abogado o la abogada de oficio deberá soli-citar ante el juez o la jueza que presidió el caso, una certi-ficación de las horas trabajadas gratuitamente y de las horas sujetas a compensación, si alguna. La solicitud que el abogado o la abogada presentará bajo juramento, conten-drá la información siguiente:

(a) un desglose de todas las gestiones de oficio realiza-das en el caso, con el detalle del número de horas inverti-das y la fecha de cada gestión;

(b) la fecha de cada resolución dictada en el caso o en otros casos que certifique el cumplimiento de las horas de servicio gratuito;

(c) el total de horas de servicio gratuito ofrecidas en el tribunal y fuera de éste;

(d) el total de horas compensables los servicios ofreci-dos en el tribunal y fuera de éste, si alguna, y

(e) un desglose de todos los gastos razonables, con de-talle de la fecha y la cantidad a reembolsar, si alguno.

La solicitud podrá presentarse en un formulario prepa-rado por la Oficina de Administración de los Tribunales para estos fines.

Regla 22. Término para el pago

Certificadas las horas de servicio gratuito, el juez o la jueza que presidió el procedimiento aprobará el pago de la compensación y el reembolso de costas y gastos que corres-pondan mediante resolución u orden, dentro de los treinta (30) días a partir del recibo de la solicitud, para lo cual se podrá utilizar un formulario preparado por la Oficina de Administración de los Tribunales. En la resolución u orden también se ordenará al Estado a efectuar el reembolso o pago correspondiente. Una vez aprobado el pago, se notifi-cará al Juez Administrador o a la Jueza Administradora con copia del expediente para que proceda a enviar los do-cumentos a la Oficina de Administración de los Tribunales.

El Director o la Directora de la OAT establecerá el pro-cedimiento para tramitar el pago y podrá requerir, entre otros, que los abogados y las abogadas presenten copia de la moción para la certificación de las horas trabajadas gra-tuitamente que se requiere en la Regla 21, y cualesquiera otros documentos necesarios para conceder una compen-sación. El Director o la Directora de la OAT establecerá los formularios de los documentos requeridos, de manera que el trámite sea uniforme en las Regiones Judiciales. No obs-tante lo anterior, de presentarse circunstancias excepcio-nales, el tribunal tendrá la facultad de autorizar pagos parciales previa solicitud para esto.

CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES GENERALES

Regla 23. Revisión de determinaciones sobre asignación de abogados o abogadas de oficio y sobre compensación y pago por servicios y gastos de litigación

Cualquier abogado o abogada que reclame que su inclu-sión o exclusión de las listas o que su asignación de oficio en un caso específico fue hecha de manera arbitraria o dis-criminatoria, podrá acudir ante el Tribunal de Apelaciones, según lo dispuesto por la ley de la Judicatura, mediante una petición ex parte presentada dentro del término de diez (10) días a partir de la fecha en que fue notificado de la determinación que impugna.

Cualquier abogado o abogada de oficio que reclame que el juez o la jueza que lo designó para un caso en específico, o cualquier otro funcionario del tribunal, ha actuado de manera arbitraria o discriminatoria en relación con cual-quier asunto cubierto por este reglamento, y que esta con-ducta le ha peijudicado, podrá acudir ante el Tribunal de Apelaciones mediante un certiorari.

Regla 24. Separabilidad

Si cualquier disposición de este reglamento o su aplica-ción a cualquier persona fuera declarada nula o inconstitu-cional, ello no invalidará las disposiciones restantes, las cuales continuarán en pleno vigor.

Regla 25. Vigencia

Este reglamento deroga el Reglamento para la Asigna-ción de Abogados o Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal de 30 de junio de 1998 y entrará en vigor el 1 de septiembre de 2008.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Stella Caballero Bastard.

      Número: TS-3735

      Resuelto: 2 de mayo de 2008

      María de Lourdes Rodríguez, oficial investigativa de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Puerto Rico; Marla D. Ríos Díaz, directora interina de la Oficina de Inspección de Notarías.
   per curiam:

El 1 de febrero de 2007 la Comisión de Ética del Colegio de Abogados presentó una “Moción informativa sobre incumplimiento de colegiada”. En dicha moción nos informó que la Leda. Stella Caballero Bastard no había respondido los requerimientos para que contestara la queja que presentó contra ella la Sra. Carmen Moreta Si-garan el 2 de junio de 2006.

Mediante Resolución de 2 de marzo de 2007, le concedi-mos un término improrrogable de veinte días para contes-tar los requerimientos del Colegio de Abogados. Le aperci-bimos que el incumplimiento con los términos de la resolución podría conllevar sanciones disciplinarias. Dicha resolución fue notificada personalmente a Caballero Bastard el 13 de marzo de 2007.

Por otro lado, el 20 de marzo de 2007 la Directora Inte-rina de la Oficina de Inspección de Notarías presentó un “Informe sobre el estado de la obra notarial incautada” de la licenciada Caballero Bastard. En el informe se destaca que la obra notarial de Caballero Bastard “refleja una si-tuación crítica que comprende incumplimiento con requisi-tos sustantivos que atentan contra la validez de los nego-cios jurídicos contenidos en los instrumentos públicos autorizados. En algunos casos se trata de requisitos esen-ciales, cuya ausencia puede causar la nulidad o anulabili-dad de los mismos”. Informe sobre el Estado de la Obra Notarial Incautada, pág. 2. Atendido el informe, mediante Resolución de 18 de mayo de 2007 concedimos el término de veinte días para que Caballero Bastard expresara su posición sobre las serias deficiencias encontradas en su obra notarial. Esta resolución también fue notificada per-sonalmente a Caballero Bastard el 21 de junio de 2007. Al día de hoy no ha comparecido.

I

Uno de los compromisos que asume cada uno de los abogados que presta juramento ante este Tribunal está relacionado con la facultad inherente de este Foro de reglamentar el ejercicio de la abogacía. Se trata del deber de todo abogado de atender y cumplir con los requerimientos y órdenes de este Tribunal. Sobre este particular, hemos sido enfáticos al señalar que la naturaleza y práctica de la abogacía requieren una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente en la es-fera de la conducta profesional.

Asimismo, hemos expresado que ¿1 compromiso de todo abogado de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz, con el propósito de lograr la más completa confianza y apoyo de la ciudadanía, se extiende no sólo a la esfera de la litigación de causas, sino a la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal. In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128 (1997). Atono con lo anterior, hemos señalado que, independientemente de los méritos de las quejas presentadas en contra de un abogado, éste tiene la obligación ineludible de responder prontamente a nuestros requerimientos. In re Rodríguez Mena, 126 D.P.R. 205 (1990).

Debe mantenerse presente que la desatención a las órdenes de este Tribunal constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, en lo relativo a la exigencia de respeto hacia los tribunales. In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992). De más está decir que en estas situaciones, de renuencia a cumplir con nuestras órdenes, procede la suspensión temporal o indefinida del ejercicio de la abogacía. In re Osorio Díaz, 146 D.P.R. 39 (1998); In re Serrano Mangual, 139 D.P.R. 602 (1995); In re González Albarrán, 139 D.P.R. 543 (1995); In re Bonaparte Rosaly, 131 D.P.R. 908 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991).

Por otro lado, en reiteradas ocasiones este Tribunal se ha expresado sobre el deber que tiene todo notario de cancelar las correspondientes estampillas, inmediatamente después del acto notarial realizado, y de las serias consecuencias del incumplimiento con dicho deber. In re Amundaray Rivera, 163 D.P.R. 251 (2004); In re Casiano Silva, 145 D.P.R. 343, 347 (1998); In re Cardona Estelritz, 137 D.P.R. 453, 455 (1994). Hemos señalado que esta prác-tica de no cancelar los correspondientes sellos de rentas internas inmediatamente que se otorga una escritura, no sólo constituye una violación a la Ley Notarial, sino que incluso podría resultar en la configuración de un delito de apropiación ilegal. In re Merino Quiñones, 115 D.P.R. 812 (1984).

Además, la falta de las iniciales y de la firma, y el no utilizar los testigos requeridos por ley en varios de los instrumentos otorgados cuando Caballero Bastard era notario, constituyen un craso incumplimiento con los Arts. 16, 24, 28 y 34 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sees. 2035, 2042, 2046 y 2052, y de las Reglas 34 y 36 de su Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, omisión que puede causar que se decrete la nulidad de dichos instrumentos. Esto es una falta notarial grave que acarrea la imposición de serias sanciones disciplinarias. In re Amundaray Rivera, ante; In re Sánchez Quijano, 148 D.P.R. 509 (1999).

II

De todo lo antes expuesto, resulta obvio que, después de haber sido suspendida del ejercicio de la notaría, a Stella Caballero Bastard tampoco le interesa seguir ejerciendo la honrosa profesión de abogado, por lo que procede, que de-cretemos su separación inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía eri nuestra jurisdicción. Deberá corregir, de forma inmediata y a sus expensas, las deficiencias señala-das en el Informe de la Oficina de Inspección de Notarías.

Se dictará sentencia de conformidad.

       La licenciada Caballero Bastard fue suspendida por este Tribunal del ejerci-cio de la notaría el 22 de noviembre de 2005.


author:
(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau
      Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Re-bollo López.

text:
    Milagros Rivera Ríos, Arturo José Rivera Molina y Milagros Patricia Rivera Ríos, Ex parte.

      Número: CC-2005-1139

      Resuelto: 5 de mayo de 2008

      Aitza Caldera del Valle, abogada de la peticionaria; Magda C. Morales Torres y Marilena Román Gandulla, abogadas de la parte recurrida.
   SENTENCIA

I

La Sra. Milagros Patricia Rivera Ríos y el Sr. Arturo José Rivera Molina contrajeron matrimonio el 22 de diciembre de 1997 y de esa unión nació el menor A.L.R.R. en abril de 1998. Luego de cinco años, el 1 de febrero de 2002 el Tribunal de Primera Instancia decretó el divorcio solici-tado por ambas partes mediante un procedimiento ex parte. En dicha petición de divorcio por consentimiento mutuo, las partes estipularon que la patria potestad sería compartida mientras que la custodia del menor se le debe-ría otorgar a la señora Rivera Ríos. Así el tribunal lo concedió. También se acordó cómo se ajustarían las relacio-nes paterno-filiales.

Puesto que hubo varias dificultades entre la señora Rivera Ríos y el señor Rivera Molina en cuanto al derecho de este último a relacionarse con su hijo, el señor Rivera Molina acudió al tribunal para solicitar que se encontrara a la señora Rivera Ríos incursa en desacato. Subsiguiente-mente, se refirió el caso al Programa de Relaciones de Fa-milia y éste rindió un informe, en el que se recomendó “que los padres busquen ayuda profesional para establecer la comunicación adecuada como padres”. Apéndice, pág. 98. Entre los hallazgos, se señala que no hay comunicación entre los padres y que al momento de la entrevista con la trabajadora social, la comunicación entre ellos se lograba a través de sus abogados. En la Resolución de 29 de septiem-bre de 2004 el Tribunal de Primera Instancia acogió las recomendaciones contenidas en el Informe Social Forense de la Oficina de Relaciones de Familia sobre el plan de visitas. Además, ordenó a los padres buscar ayuda profe-sional y así restablecer la comunicación entre ellos para el beneficio del menor y para asegurar que puedan acordar los cambios que alteren el plan de visitas de manera que cumplan con las órdenes del tribunal, ya que el trabajo del señor Rivera Molina le obliga a viajar constante-mente.

El 11 de mayo de 2005 el señor Rivera Mplina solicitó que se le concediera la custodia compartida y solicitó la intervención del tribunal para que determinara el lugar donde debía estudiar el menor, ya que los padres no se podían poner de acuerdo. El señor Rivera Molina intere-saba que su hijo ingresara a la Antilles Consolidated School Systems en la base militar Buchanan, ya que así tendría el beneficio de una educación libre de costo, al igual que los servicios de psicólogos, tutorías, transporta-ción y campamentos, por ser empleado del Gobierno federal. Para poder matricular al menor, el señor Rivera Molina entendía que era necesario ejercer la custodia del menor. Específicamente, adujo que la escuela requería que quien solicitara admisión tuviera “parental rights” res-pecto al menor. La señora Rivera Ríos se opuso a la mo-ción de custodia compartida alegando que la petición res-pondía únicamente al interés del padre de ahorrar los gastos escolares y de terapias de su hijo. Ella alegó que estaría dispuesta a considerar dicha escuela como escuela secundaria, pero que al momento el menor no tenía la “ma-durez académica” necesaria y entendía que el menor aún necesitaba cursar estudios en un sistema “individualizado” como el Colegio Montessori, donde el niño pueda aprender a su paso,

El 4 de agosto de 2005 el tribunal concedió la petición de custodia compartida, a pesar de no haber un acuerdo a tales efectos entre los padres del menor. Específicamente, señaló que “en el presente caso no se dan algunos de los elementos a considerar, según exigidos en Torres Ojeda,.... como por ejemplo, que entre ellos haya una excelente co-municación y que no medien desavenencias entre ellos”. Apéndice, pág. 49. Fundamentando su determinación en el poder de parens patriae del Estado, el tribunal determinó que el menor debería cursar estudios en la escuela del Fuerte Buchanan. En lo pertinente, el tribunal indicó que

... la promovida nada indicó que nos incline a concluir que no es adecuado ni beneficioso para el menor o que lo vaya a per-judicar académica o socialmente. Por ende, estamos obligados a concluir que el cambio a la escuela del Fuerte Buchanan redunda en el mejor interés [del menor]. (Enfasis suplido.) Apéndice, págs. 47-48.

Así, procedió a declarar “con lugar” la moción para otor-gar la custodia compartida, por ser ello “requisito indispensable para que el niño pueda beneficiarse de esta escuela”. Apéndice, pág. 48.

Inconforme con esta determinación, la señora Rivera Ríos recurrió al Tribunal de Apelaciones para aducir los mismos fundamentos de su oposición a la moción presen-tada por su ex marido en el foro primario! No obstante, el tribunal apelativo confirmó la resolución dándole deferen-cia al tribunal de instancia en cuanto a su apreciación de lo que resultaba en el mejor interés del menor. Resolvió que “[n]o hay duda que fue basándose en esa determinación que el [Tribunal de Primera Instancia], ausente de con-flicto en cuanto al acuerdo del plan de relaciones paterno filiales, concedió la custodia compartida”. Apéndice, pág. 12.

Así, pues, la señora Rivera Ríos acudió ante nosotros mediante un recurso de certiorari. Alegó que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar el tribunal de instancia en contra de lo resuelto por el Tribunal Supremo en Torres, Ex parte, 118 D.P.R. 469 (1987). El 3 de marzo de 2006 expe-dimos el recurso. Posteriormente, ambas partes presenta-ron sendos alegatos y, con el beneficio de sus comparecen-cias, pasamos a resolver.

II

El Artículo 153 del Código Civil establece el deber de los padres con patria potestad respecto a sus hijos no emanci-pados de alimentarlos, educarlos, cuidar su salud física y mental y representarlos legalmente en las acciones que les aproveche. 31 L.P.R.A. see. 601. Véase Torres, Ex parte, supra. Como corolario de la patria potestad, la custodia le otorga a los padres el deber de tener físicamente a los hijos en su compañía. Luego de un divorcio, la custodia de los hijos no emancipados debe concederse al cónyuge que, se-gún la sana discreción del tribunal, servirá mejor a los intereses del menor. Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 D.P.R. 495 (1978); Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 D.P.R. 90 (1976). La determinación de custodia no afecta los dere-chos que tenga un padre con patria potestad de educar a sus hijos y alimentarlos, pero el cónyuge a quien el tribunal no le haya concedido la custodia tendrá derecho a rela-cionarse con el menor en la manera que el tribunal determine. Arts. 152 y 107 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 591 y 383; Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762 (1985); Centeno Alicea v. Ortiz, 105 D.P.R. 523 (1977); Picó v. Mejía, 52 D.P.R. 728 (1938).

En todo caso, la adjudicación de la patria potestad y custodia se determinará a base del criterio del mejor bien-estar del menor. Ortiz v. Vega, 107 D.P.R. 831 (1978); Nudelman v. Ferrer, supra; Marrero v. García, supra; Fernández v. Martínez, 59 D.P.R. 548 (1941). Estas determin-aciones no constituyen cosa juzgada, pero reiteradamente hemos dicho que ese estado de derecho no debe alterarse salvo circunstancias excepcionales. Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 D.P.R. 298 (1985); Centeno Alicea v. Ortiz, supra; Negrón v. Lugo, 59 D.P.R. 870 (1942). Cuando a un padre se le haya privado de la custodia de un hijo menor de edad, éste tendrá derecho a recobrarla si le de-muestra a satisfacción del tribunal que revertir la determi-nación original sirve a los mejores intereses y el bienestar del menor. Art. 107 del Código Civil, supra; Nudelman v. Ferrer Bolívar, supra.

Nuestra jurisprudencia ha sido consecuente en sostener que en nuestra jurisdicción el interés del menor está reves-tido del más alto interés público y que los tribunales, en protección de ese interés y en el ejercicio del poder de pa-rens patriae, tienen amplias facultades y discreción. Martínez v. Ramírez Tió, 133 D.P.R. 219 (1993); Sterzinger v. Ramírez, supra; Ortiz v. Vega, supra. Por ejemplo, cuando los padres con patria potestad no pueden llegar a acuerdos respecto al menor, los tribunales tienen la facultad de ad-judicar lo que proceda porque “el ejercicio de una eminente patria potestad de El Pueblo de Puerto Rico es superior a la de los padres”. Negrón v. Lugo, supra, pág. 875. Ahora bien, esta facultad tampoco es absoluta y no llega al extremo de permitirle al tribunal obviar el claro mandato de ley y de la doctrina. Martínez v. Ramírez Tío, supra; Fernández v. Martínez, supra.

La custodia no es otra cosa que un conjunto de derechos y obligaciones que surge de la tenencia física del menor y es corolario de la patria potestad. Art. 153 del Código Civil, supra; Torres, Ex parte, supra. Se ha reconocido en esta jurisdicción la capacidad de los tribunales de asignar la custodia compartida a ambos padres, siempre que tal de-terminación sea para el bienestar del menor. Así, en Torres, Ex parte, supra, establecimos que para que un tribunal pueda conceder la custodia compartida, es un requisito necesario, pero no suficiente, que haya un acuerdo a tal fin por parte de ambos padres. Además, el tribunal deberá ha-cer un análisis de la conveniencia de sostener tal acuerdo y si realmente redunda en beneficio del menor. En lo perti-nente, expresamos que

[e]n ausencia de causa justificada, sujeto el análisis a un preclaro discernimiento, la formulación de consciencia judicial decisoria en todo caso responderá —entre otros— a la ponde-ración de varios factores. Ello persigue determinar si existe una probabilidad real de que el esquema de patria potestad y custodia compartida propuesto habrá de funcionar entre los ex cónyuges que la solicitan. Es menester un acuerdo previo de que la patria potestad y custodia de sus hijos será compartida. ... A tales efectos, el tribunal investigará si los padres poseen la capacidad, disponibilidad y firme propósito de asumir la responsabilidad de criar los hijos conjuntamente. Ello implica superar desavenencias personales, y por imperativo, sostener adecuada comunicación para adoptar aquellas decisiones con-juntas que redunden en beneficio y los mejores intereses del menor. En esta misión, el tribunal examinará si entre las par-tes existe un grado manifiesto de hostilidad y tensiones —lejos de ser pasajeras— sean sustanciales y si existe una probabili-dad real de conflictos futuros que hagan inoperable el acuerdo. (Énfasis suplido.) Torres, Ex parte, supra, págs. 481-482.

III

En el caso que nos ocupa, el Tribunal de Primera Ins-tancia estaba facultado para resolver los conflictos que pu-dieran surgir entre los padres con patria potestad y bajo el poder de parens patriae podía adjudicar cuál escuela resul-taría en el mejor interés del menor. Sin embargo, la deci-sión de otorgarle al padre la custodia compartida del me-nor por la sola razón de que ello facilita el que éste pueda ingresar a determinada escuela favorecida por el padre no se conforma a los criterios establecidos en la jurisprudencia. El tribunal no tomó en consideración las características del padre o si hubo algún cambio en las necesidades del menor que ameritara alterar el estado de derecho. El único cambio en la situación del menor desde la adjudicación original de custodia y la petición del señor Rivera Molina es el interés de éste en matricular a su hijo en una escuela que, a su entender, le requiere que éste tenga sobre su hijo “parental rights”. El tribunal entendió que estaba “obligado” a resolver a favor de la preferencia de señor Rivera Molina por la escuela en el Fuerte Buchanan porque la señora Rivera Ríos “nada indicó que nos incline a concluir que no es adecuado ni beneficioso para el menor”. Apéndice, págs. 47-48. Al hacerlo erró, pues co-rrespondía al cónyuge que solicitó el cambio, es decir, al padre, demostrar que el cambio propendería, efectiva-mente, a los mejores intereses del menor, al punto que se-ría contrario a sus mejores intereses negar lo solicitado. En vez, el tribunal resolvió, sin explicación alguna, que la es-cuela propuesta por el padre era la “mejor institución” para el niño y que ello era fundamento suficiente para alterar la determinación original que otorgó la custodia a la madre, según estipularon los cónyuges al divorciarse.

La decisión del Tribunal de Primera Instancia de modi-ficar la determinación original de custodia respondió a cri-terios ajenos al mejor bienestar del menor, pues se basó solamente en que la custodia compartida era un “requisito indispensable para que el niño pueda beneficiarse de esta escuela”. Apéndice, pág. 48. El interés del tribunal en que tenga efectos prácticos su apreciación sobre la escuela en la que debería ingresar el menor no es fundamento suficiente para alterar el estado de derecho. La decisión recurrida constituyó, pues, un abuso de discreción y un uso indebido de la facultad de parens patriae.

Más aún, la situación entre los ex cónyuges no favorece la concesión de custodia compartida, pues no solamente falta el acuerdo entre ellos, sino que la relación entre los ex cónyuges es claramente hostil, hasta el punto que el tribunal de instancia ordenó que recurrieran a consejería para ayudarlos a restablecer la comunicación entre ellos. Es evi-dente que los padres del menor no han podido superar sus desavenencias personales ni sostener una adecuada comu-nicación que les permita llegar a decisiones conjuntas en beneficio del menor. Existe un grado manifiesto de hostili-dad y tensión que haría muy probable la ocurrencia de con-flictos futuros. Es precisamente esta situación la que des-cribimos en Torres, Ex parte, supra, como la menos idónea, pues es indispensable la colaboración de los padres para hacer operante una determinación de custodia compartida.

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos las de-terminaciones de los foros inferiores que otorgaron la cus-todia compartida por éstas no atender los mejores intereses del menor.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió con opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez disintió sin opinión.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

Es norma trillada que los tribunales apelativos no debe-mos intervenir con la apreciación de la prueba que realizan los tribunales de instancia, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 D.RR. 614 (2002); Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001). Ello, como es sabido, debido a que el juez de instancia está en mejor posición de aquilatar esa prueba porque tiene la oportunidad de observar a los tes-tigos, su manera de declarar, sus gestos, titubeos y contra-dicciones, lo que le permite, de ordinario, hacer una más acertada apreciación de credibilidad. Aun cuando el pre-sente caso no trata, necesariamente, sobre apreciación de credibilidad, en nuestra opinión este caso presenta una si-tuación similar a la determinación de credibilidad a la que hace referencia la jurisprudencia antes citada. Nos explicamos.

Aquí se trata de dos adultos que anteponen sus senti-mientos negativos, venganzas y rencillas personales al me-jor bienestar de su hijo menor de edad. Aparentemente no se pueden poner de acuerdo en cuanto a ningún aspecto de la vida de ese hijo —que es el tesoro más valioso que tienen en su vida— rayando sus actuaciones en la irracionalidad.

Ese juez de instancia es, precisamente, el que ha estado por largo tiempo lidiando con esas dos personas, tratando de resolver esa impermisible e incomprensible situación. Dicho de otra forma, ese magistrado es el miembro de la Judicatura puertorriqueña que está en mejor posición de saber cuál es el mejor bienestar de ese menor, víctima ino-cente de esa situación de terquedad.

No sabemos, a ciencia cierta, si la decisión que tomó el juez de instancia es la más correcta. Lo que sí sabemos es que está en mejor posición que cualquiera de los integrantes de este Tribunal para formar juicio al respecto. Dicho de otra manera, las intervenciones y el contacto que, personal y directamente este magistrado de instancia ha tenido con las partes le han permitido ir formando gradualmente una opinión sobre cuál es el curso de acción más beneficioso para el menor.

Es correcto que dicho magistrado no expresó las pala-bras mágicas de que entendía que su determinación orde-nando que el menor fuera a determinada escuela y que la custodia fuera compartida era en “beneficio de los mejo-res intereses del menor”. A nosotros nos resulta obvio, sin embargo, que esa fue su razón de decidir. Por lo menos, no se nos ha demostrado que dicha decisión esté permeada de pasión, prejuicio o error manifiesto de su parte, lo cual de-bería ser suficiente para que este Tribunal se abstenga de sustituir su criterio por el de dicho magistrado.

Ello no obstante, hoy y desde este lejano estrado apela-tivo, la mayoría de los integrantes del Tribunal, aplicando de forma automática unas decisiones de este Tribunal, en-tienden y resuelven que la informada y experimentada de-cisión del juez de instancia debe ser revocada, pasando por alto y descartando su “expertise” en esta materia y en este caso en particular.

Ante la arbitraria actuación de la Mayoría no podemos hacer otra cosa que dejar constancia de nuestra inconfor-midad con esta decisión.

       Aunque definió “parental rights” como “lo que bajo nuestro sistema conoce-mos como el derecho a ejercer la patria potestad”, el Tribunal de Primera Instancia nunca se adentró a examinar si el reglamento de la escuela requería además la custodia compartida. Alegato de la parte recurrida y en solicitud de desestimación, pág. 2.

       También manifestó interés en que el menor recibiera una educación católica donde pueda hacer la.primera comunión, y nombró el Colegio Nuestra Señora del Carmen como el colegio de su interés.

       Sobre cuándo procede decretar que la patria potestad y custodia sea compartida por ambos padres divorciados, véase Torres, Ex parte, 118 D.P.R. 469 (1987).


text:
      In re Lorenzo Muñoz Franco, querellado.

      Número: TS-3138

      Resuelto: 6 de mayo de 2008

      Noemí Rivera de León, procuradora general auxiliar, y Kenneth Lamias Velázquez, subprocurador general, querellantes; Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notaría, y Marla D. Ríos Díaz, directora interina de la Oficina de Inspección de Notarías; Harry Anduze Montano, abogado del querellado; Lorenzo Muñoz Franco, pro se.

   per curiam:

El Lie. Lorenzo Muñoz Franco fue admitido al ejercicio de la abogacía el 3 de jimio de 1968 y al ejercicio de la notaría el 23 de enero de 1970. El 24 de mayo de 2002 el representante legal de Muñoz Franco compareció por escrito y nos informó que dicho abogado había resultado convicto ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. En ese momento se nos informó que pendían ante la consideración del mencionado tribunal varias mociones de desestimación y una moción de absolución. En vista de lo anterior, mediante Resolución de 12 de agosto de 2003 le ordenamos al Procurador General que nos mantuviera informados sobre el resultado de las mencionadas mociones.

Posteriormente, el Procurador General compareció y pre-sentó una querella contra Muñoz Franco al amparo de la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735). Mediante esa querella, el Procurador ños informó que el 12 de febrero de 2004 Muñoz Franco fue hallado culpable de dos cargos por el delito de conspiración para cometer una ofensa o defraudar a Estados Unidos (“conspiracy to commit offense or to defraud United States”, 18 U.S.C.A. sec. 371); dos cargos por el delito de ayudar e incitar al fraude banca-rio (“aiding and abetting in bank fraud”, 18 U.S.C.A. sec. 1344), y cuatro cargos por el delito de ayudar e incitar al uso ilegal de fondos bancarios (“aiding and abetting in misapplication of bank funds”, 18 U.S.C.A. sec. 657).

Según se desprende de la copia certificada de la Senten-cia remitida por el Procurador General, Muñoz Franco fue sentenciado a cumplir cuarenta y seis meses de reclusión por cada uno de los primeros cuatro cargos, así como se-senta meses por cada uno de los restantes cargos, a ser cumplidos de manera concurrente. También se le sentenció a cumplir tres años en libertad supervisada cuando ex-tinga las mencionadas penas de reclusión, así como al pago de $400 por pena especial y una multa de $50,000.

En su querella, el Procurador General adujo que la con-ducta por la cual Muñoz Franco fue hallado culpable de delito implica depravación moral, por lo que —a su juicio— se justifica su separación indefinida del ejercicio de la abogacía. Alegó, además, que Muñoz Franco infringió los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, por haber faltado a su deber de sinceridad y hon-radez y de exaltar el honor y la dignidad de su profesión, respectivamente.

Examinada la querella presentada por el Procurador General, le ordenamos a Muñoz Franco mostrar causa por la cual no debíamos suspenderlo del ejercicio de la profesión. En cumplimiento con la orden, Muñoz Franco compareció y solicitó que dejáramos en suspenso el proce-dimiento disciplinario hasta tanto el Tribunal de Apelacio-nes de Estados Unidos para el Primer Circuito atendiera finalmente una apelación presentada por él. Alegó que se abstendría voluntariamente de comparecer a los tribuna-les y que no ofrecería representación legal al público. Igual solicitud nos hizo Muñoz Franco en su contestación a la querella, en la cual negó haber incurrido en conducta que implicara depravación moral o haber cometido delito alguno. En dicha contestación, el querellado solicitó la des-estimación de las imputaciones relacionadas con los Cáno-nes 35 y 38 del Código de Ética Profesional, por entender que el Procurador General no expuso hechos suficientes para sustentarlas.

En vista de los hechos mencionados, mediante Resolu-ción de 18 de febrero de 2005 suspendimos provisional-mente a Muñoz Franco del ejercicio de la abogacía y la notaría, hasta tanto dispusiéramos lo contrario. In re Muñoz Franco, 163 D.P.R. 757 (2005). En dicha resolución, impusimos a Muñoz Franco el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad de seguir representándo-los, de devolver cualesquiera honorarios recibidos por tra-bajos no realizados e informar oportunamente de su sus-pensión a los distintos foros judiciales y administrativos del País. Le ordenamos también que nos certificara el cum-plimiento de dichos deberes y notificara también al Procu-rador General. Asimismo, le ordenamos al Alguacil de este Tribunal que incautara el sello y la obra notarial de Muñoz Franco y los entregara a la Oficina de Inspección de Notarías. En cumplimiento con lo ordenado, Muñoz Franco compareció y nos certificó haber cumplido con lo señalado. Posteriormente, la Secretaría del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico nos remitió la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito en el caso United States of America v. Lorenzo Muñoz Franco, No. 04-1532. Según surge de este documento, la condena impuesta a Muñoz Franco por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico fue confirmada por el mencionado foro apelativo y advino final y firme.

Procedemos a resolver.

I

Es norma reiterada que este Tribunal tiene la facultad inherente para reglamentar el ejercicio de la profesión de la abogacía en nuestra jurisdicción. A tono con dicha autoridad, puede desaforar o suspender a aquellos miembros de la profesión legal que no sean aptos para desempeñar tal ministerio. In re Rivera Vázquez, 168 D.P.R. 168 (2006); In re González Díaz, 163 D.P.R. 648 (2005). Sin embargo, nuestra facultad no se limita a causas que surjan con motivo del ejercicio de la profesión. Ello en vista de que podemos ejercer nuestro poder disciplinario sobre aquella conducta desplegada por el abogado que afecte sus condi-ciones morales y que lo haga indigno de ser miembro de este foro. In re Rivera Vázquez, supra; In re Peña Peña, 153 D.P.R. 642 (2001).

Cónsono con lo anterior, la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

El abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral (;malpractice), delito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La persona que siendo abo-gado fuere convicta de un delito grave cometido en conexión con la práctica de su profesión o que implique depravación moral, cesará convicta que fuere, de ser abogado o de ser com-petente para la práctica de su profesión. 4 L.P.R.A. see. 735.

Al delinear los contornos del concepto “depravación moral”, hemos establecido que un abogado incurre en dicha conducta cuando hace algo contrario a la justicia, la hon-radez, los buenos principios o la moral. Se trata de “un estado o condición del individuo, compuesto por una defi-ciencia inherente de su sentido de la moral y la rectitud; en que la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana y todo lo que hace es esencialmente malo, doloso, fraudulento ...”. In re Toro Goyco, 170 D.RR. 432, 436-437 (2007). Véanse: In re Guardiola Ramírez, 169 D.P.R. 414 (2006); In re García Quintero, 138 D.P.R. 669, 671 (1995). Asimismo, hemos resuelto que las funciones que competen a todo miembro de la profesión legal, como oficial del tribunal, hacen que un abogado con-victo por delito grave o menos grave que implique depra-vación moral, esté incapacitado para desempeñar ética-mente los deberes que exige la profesión. In re Morell Corrada, 171 D.P.R. 327 (2007); In re Vega Morales, 167 D.P.R. 331 (2006).

Con estos preceptos en mente, examinemos si la con-ducta de Muñoz Franco amerita que lo suspendamos inde-finidamente del ejercicio de la profesión.

II

Muñoz Franco fue hallado culpable en el foro federal por cometer varios delitos: conspiración para cometer una ofensa o defraudar a Estados Unidos; ayudar e incitar al fraude bancario, y ayudar e incitar al uso ilegal de fondos bancarios. Sin duda, la comisión de dichos delitos por parte de Muñoz Franco supone la existencia del elemento de depravación moral en su estado ético. In re Morell Corrada, supra; In re Guardiola Ramírez, supra; In re Colón Muñoz, 149 D.P.R. 627, 629 (1999). De este modo, coincidimos con el criterio del Procurador General de que ello es suficiente para decretar la separación indefinida de Muñoz Franco de la profesión.

Por lo tanto, se suspende indefinida e inmediatamente a Muñoz Franco del ejercicio de la profesión de la abogacía. En vista de que Muñoz Franco ya acreditó su cumplimiento con los deberes de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad de seguir representándolos, de devolver cuales-quiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e in-formar oportunamente de su suspensión a los distintos fo-ros judiciales y administrativos del País, y de que el Alguacil de este Tribunal ya incautó su obra y sello nota-riales y los entregó a la Oficina de Inspección de Notarías, damos por cumplidas las directrices de rigor en estos casos.

Se dictará sentencia de conformidad.

       No se nos informó por cuáles delitos Muñoz Franco fue convicto.