text:
    Enrique López Delgado, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1220.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Diciembre 23, 1947.

      Juan Alemañy Sosa, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El 19 de febrero de 1926 el recurrente adquirió una mitad indivisa en cierta finca. El 31 de agosto adquirió la otra mitad.'' Se inscribieron ambas escrituras. En dicha finca en-clava un edificio destinado a teatro.

La escritura del 19 de febrero de 1926 contenía una esti-pulación que aparecía en una escritura fechada el 18 de abril de 1925, que también estaba inscrita. Esta última escritura contenía la siguiente cláusula;

‘ ‘ Cuarta: También es una condición de este contrato que el palco del piso bajo que aparece actualmente con el número once, seguirá siendo ocupado como de costumbre por el vendedor, señor Montalvo y su familia, o sus sucesores, gratuitamente, en todos los espectáculos y fiestas de todas clases que se eebre, digo, que se celebre en dicho teatro.
“lili esta condición se entiende que también serán gratuitas para el vendedor las entradas liara él y su familia, a los referidos espec-táculos.

i ja escritura del 31 de agosto de 1926, por la cual el re-currente adquirió la segunda mitad de la finca, no menciona esta condición. El registrador, sin embargo, al inscribirla en 1926, hizo constar que no tenía cargas excepto cierta hipo-teca y “la condición impuesta en cuanto a reservar la entrada libre al teatro a favor de Manuel Montalvo Colberg y familia para ocupar el palco núm. once.”

El 11 de mayo de 1938 Manuel Montalvo Colberg falleció. El 17 de febrero de 1947 el recurrente solicitó del registrador que cancelara la mención hecha en las anteriores inscripcio-nes a favor de Montalvo. El 27 de agosto de 1947 el regis-trador denegó esta petición por el fundamento de que “el derecho de uso del palco núm. 11 del edificio a teatro vendido, fué conferido no tan sólo al usuario Manuel Montalvo Colberg (ya fallecido) y su familia, sino que tal derecho se hizo exten-sivo expresamente a sus sucesores, sin que éstos hayan renun-ciado dicho derecho o consentido en-su cancelación ...”

La dificultad con la posición del registrador es que éste fue un derecho puramente personal a cuya inscripción a su favor el usuario no tenía derecho. En su consecuencia ésta debe cancelarse en el registro a solicitud del actual dueño. Rullán v. Registrador, ante, pág. 701; 1 Morell, Legislación Hipotecaria 500.

La nota del registrador será revocada y se le ordenará que cancele la mención hecha en las inscripciones a favor de Montalvo.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Snyder

license: Public Domain

text:
    Petra y Luisa Osorio y Ruiz, peticionarias y apeladas, v. La Asociación de Maestros de Puerto Rico y Carmen Luisa y Pedro Gumbe y Ruiz, querellados y apelante la primera.
    Núm. 9524.
    Sometido: Diciembre 12, 1947.

      Resuelto: Diciembre 23, 1947.

      Virgilio Brunet, abogado de la apelante; José Sábater, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal;

Se trata de nna petición de mandamus radicada ante la Corte de Distrito de Mayagüez, para obligar a la Asociación de Maestros a pagar a las peticionarias parte de la cuota mor-tuoria de nn -miembro fallecido. Los hechos alegados están expuestos detalladamente en el caso de Asociación de Maestros de Puerto Rico v. Corte, 66 D.P.R. 705. La Asociación querellada radicó su contestación, y el mismo día radicó tam-bien nna moción para qne se trasladara el caso a la Corte de Distrito de San Juan por el fundamento de qne en esta úl-tima ciudad estaban situados el domicilio y la oficina central de la Asociación. La moción decía que los otros recurridos, Carmen Luisa y Pedro Gumbe Kuiz, representados también por el abogado de la Asociación, estaban conformes con el traslado del caso. Las peticionarias solicitaron se retuviera el caso en la Corte de Distrito de Mayagüez. por la conve-niencia de los testigos y los fines de la justicia, a tenor con el artículo 83(4) del Código de Enjuiciamiento Civil. Las peti-cionarias radicaron un affidavit de méritos exponiendo el tes-timonio de los testigos que pensaba utilizar. La corte de distrito declaró sin lugar la moción de traslado, y la Asocia-ción apela de dicha, resolución.

La corte inferior descansó en el caso de Piereschi v. Comisionado de Agricultura, 62 D.P.R. 114. En dicho caso resol-vimos que contestada la demanda, la corte de distrito, al resolver una moción de traslado, puede tomar en cuenta la con-veniencia de los testigos. Pero dicho caso nó es aplicable al presente, ya que las alegaciones demuestran que aquí no hay controversia en cuanto a los hechos. La solicitud y la contes-tación revelan que la única' disputa entre las partes gira en torno a una cuestión de derecho; es decir, quién tiene derecho a la cuota mortuoria. En un caso donde se trata únicamente de una cuestión de. derecho, la conveniencia de los testigos no desempeña papel aguno. En su consecuencia, la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar la moción de tras-lado.

La resolución de la corte de distrito será revocada y se devolverá el caso con instrucciones de que se traslade a la Corte de Distrito de San Juan.


author: El J uez Asociado Señor Marrero

text:
    Francisco Pérez Fernández, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1225.
    Sometido: Diciembre 3, 1947.

      Resuelto: Diciembre 23, 1947.

      11. Torres b'olá y María A. Torres Capó, abogados del recurrente; ei Registrador recurrido compareció por escrito.
   El J uez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura otorgada bajo el número 39 en la ciudad de San Juan ante el notario iieriberto Torres Sola, Leonardo Viera Alendez y su esposa Juana Ortiz vendieron a Francisco Pérez Fernández y su esposa Elisa Giménez Cerra una linca urbana situada eu la Avenida Eduardo Conde de Santuree. En la escritura se hizo constar qne el solar se componía de 505 metros 40 centímetros cuadrados y que del mismo los vendedores ya habían segregado 171.39 metros cuadrados. También, que previa citación de los dueños de los predios colindantes y del Gobierno de la Capital se efectuó una men-sura y como resultado de la misma el área remanente del solar en que enclavaba la propiedad vendida resultó ser 422.86 metros cuadrados.

Llevada la anterior escritura al Begistrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera^) éste hizo constar al calce de la misma lo siguiente:

"Inscrito al folio 71 vto. del tomo 88 de Santurce Norte, finca 3118 2, inscripción 11a. pero en lo qne respecta al solar sólo en cnanto a la cabida de 400.8120 m.c. con qne resnlta dicho solar del Registro más el 20 por ciento de sn superficie en virtud de la mensura y- dene-gado en cuanto al exceso de 22.0480 m.c. de acuerdo con lo resuelto repetidamente, por nuestro Tribunal Supremo, habiéndose tomado en su lugar- anotación por 120 días al propio folio y tomo indicados. Libre de cargas. San Juan, mayo 26, 1947.”

El adquirente Francisco Pérez Fernández ha acudido ante nos mediante recurso gubernativo y en apoyo del mismo sos-tiene que:

"Erró el registrador al denegar la inscripción de 22.0480 metros cuadrados, como parte del remanente de cabida rectificada de un solar de 647 metros cuadrados, deduciéndose de su cabida dos segre-gaciones de 141.60 metros cuadrados y 171.39 metros cuadrados, res-pectivamente. ’ ’

El recurrente basa su recurso principalmente en los casos de Mattei v. Registrador, 53 D.P.R. 455 y Gaya v. Registrador, 63 D.P.R. 800.

Es cierto que en el primero de ellos (Mattei v. Registrador) dijimos a la página 459:

"Teniendo la recurrente un título de dominio escrito e inscrito en el registro, en el cual aparecen claramente descritos los linderos de la finca, que son los mismos dentro de los cuales se practicó la nueva mensura, si de dicha mensura resultó una cabida mayor que la que se hiciera constar en el registro, el remedio más rápido, más adecuado y más justo, que ha sido sancionado por la jurisprudencia de esta Corte Suprema, es practicar una mensura de la finca con cita-ción de los propietarios colindantes en el caso de que la diferencia entre la cabida inscrita y la resultante de la nueva mensura fuere mayor de un 20 por ciento. Si la diferencia fuere menor de un 20 por ciento, el registrador está facultado para hacer la correspon-diente rectificación en los libros del registro, aun cuando no se hubiere citado a los colindantes. Véanse: Cobb v. Registrador, 12 D.P.R. 218; Delgado v. Registrador, 29 D.P.R. 867; Ripoll v. Registrador, 40 D.P.R. 808; Muriente v. Registrador, 47 D.P.R. 246; Aboy Vda. de Cintrón v. Registrador, 52 D.P.R. 150; Odriozola, Jurisprudencia Hipotecaria, páginas 772 a 777.” (Bastardillas nuestras.)

Sin embargo, las manifestaciones qne preceden no están sostenidas por los casos qne en ella se citan. Tampoco han sido seguidas, por casos posteriores de este Tribunal.

En el segundo de los casos en que se basa el recurrente (Gaya v. Registrador) el exceso de cabida pasaba ligeramente del 20 por ciento. No obstante, según hicimos constar clara-mente en el de Estrada v. Registrador, 65 D.P.R. 965, 966, refiriéndonos al de.Gaya, supra, “el registrador se limitó a sostener que los dueños colindantes debían comparecer en la escritura y aceptar la existencia del exceso y resolvimos que esto no era necesario. No se hizo hincapié por el registrador en el caso de Gaya en la cuestión de que el exceso en la cabida era mayor del 20 por ciento posiblemente porque el mismo era de sólo ochenta y ocho milésimas (.088) de una cuerda.”

También dijimos en el recurso de Estrada, supra, a la página 967, que “En ningún caso hemos resuelto que procede la inscripción de cualquier exceso en la cabida de una finca o solar nuevamente mensurado, sino que siempre se ha limitado el alcánce de nuestras decisiones a aquellos casos en que la diferencia en la cabida es de poca importancia habiéndose establecido como máximum de la diferencia tolerada el 20 por ciento. ...” (Bastardillas nuestras.) Ese sigue siendo nuestro criterio.

El párrafo antes citado del caso de Mattei v. Registrador, supra, fué revocado sub silentio por los de Autoridad de Tierras v. Registrador, 62 D.P.R. 506, y Estrada v. Registrador, supra. Ahora debe serlo expresamente. El principio sentado en los dos últimos es el correcto.

En el caso que nos ocupa se practicó la mensura con ci-tación de los dueños colindantes, se acreditaron tanto la men-sura como la citación y se acompañó al título certificación de un ingeniero civil a ese efecto. Pero el exceso en cabida reT sultó ser mayor del 20 por ciento y el mismo no podía inscri-birse en la forma solicitada. Para ello debió acudirse a los medios supletorios que autoriza la Ley Hipotecaria.

Insiste por otra parte el recurrente en que como la cabida original de la finca era 647 metros cuadrados y de la misma se segregaron 141.60 y 171.30 metros cuadrados que vinieron a formar dos fincas distintas y que como el agrimensor para medir el remanente citó a los propietarios colindantes, entre ellos a los'dueños de las dos fincas segregadas, y midió no sólo el remanente en sí, sino la totalidad de la finca tal cual figuraba antes de las segregaciones, el exceso en cabida en realidad no llega al 20 por ciento, procediendo, en su conse-cuencia, la inscripción de tal exceso en armonía con la juris-prudencia de este Tribunal. No estamos de acuerdo. La propiedad que se trata de inscribir es boy en día una finca separada e independiente de aquéllas que le fueron segre-gadas y lo único que el Registrador tuvo ante sí fue el exceso del remanente. Éste, como ya fiemos dicho, pasaba del 20 por ciento.

Debe confirmarse la notá recurrida.'

      C1) Tanto la “ Certificación de Mensura” como el plano levantado por el ingeniero civil que la practicó acompañaban la escritura al ¡-or ésta presentada.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Eladio Lebrón Ledee, demandante y apelante, v. Servicio Insular de Acueductos y Alcantarillados, mediante su manager, Sr. Sergio Cuevas Bustamante, demandado y apelado. Agustín Bermúdez Ocasio, demandante y apelante, v. El Mismo, demandado y apelado.
    Núms. 9513 y 9514.

      Sometidos: Diciembre 2, 1947.

      Resueltos: Enero 13 1948.

      Frank Torres, abogado de los apelantes; Manuel A. Rústelo, Miguel Porga y James E. Curry, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En su contestación a cada una de las demandas radica-das por dos de sus empleados, reclamando remuneración por un número de horas de trabajo en exceso de las ocho horas regulares y por horas de trabajo durante un número de do-mingos, el Servicio de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, al cual nos referiremos en lo sucesivo como “el Servicio”, alegó como defensa especial, la siguiente:

“Que la Ley núm. 49 de 7 de agosto de 1935 estableciendo la jornada de trabajo en Puerto Rico al igual que la Ley núm. 80 de 5 de mayo de 1931, enmendada por la Ley núm. 24 de 15 de abril de 1935, y que estipula entre otras cosas el pago doble de salarios por horas extras de trabajo en exceso de las regulares, y la ley esta-bleciendo el domingo como día de descanso, no son aplicables al Servicio de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico por los siguientes fundamentos: (a) Porque el- Servicio de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico no ha sido ni es un establecimiento .comercial, una industria o negocio lucrativo.
(b) Porque los empleados del Servicio se rigen por leyes espe-ciales y reglamentos con fuerza de ley y no por las leyes antes .mencionadas.”-

Fistos ambos casos, ante la Corte de Distrito de G-uayama,-ésta dictó sentencia declarando con lugar la defensa especial desestimando las dos demandas y ordenando el archivo de ambos casos. Apelaron los demandantes para ante este Tribunal, quedando ambos recursos sometidos en diciembre 2 de 1947.

La cuestión que tenemos que considerar y resolver es si la corporación “Servicio de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico” está exenta por la ley de su creación — Ley -núm. 40 de 1 de mayo de 1945 (pág. 139) — o por ley otra al-guna, de observar y cumplir con las disposiciones de las. leyes que regulan las horas de trabajo, que han sido decretadas para la protección de la vida, salud y seguridad de los obreros y que tienden a proteger a éstos contra la explotación por parte de los patronos. La corte inferior basó su decisión en la conclusión de que, a su juicio, el Servicio “no es un esta-blecimiento comercial, industrial o agrícola ni tampoco una empresa o negocio lucrativo”, no estando por tanto obligado a cumplir lo preceptuado en dichas leyes.

La Ley Orgánica de Puerto Rico, aprobada por el Con-greso en marzo 2 de 1917, dispone en el penúltimo párrafo de su artículo 2 lo siguiente:

"Ocho horas constituirán un día de trabajo en todos los casos en que se empleen en obras públicas trabajadores y mecánicos por el Gobierno de la Isla o en nombre del mismo, excepto en casos de emergencia. ’ ’

101 párrafo transcrito es una clara expresión de la in-tención del Congreso de prohibir al Gobierno de Puerto Bico el obligar a los obreros empleados en obras públicas a tra-bajar más de ocho horas en un día de trabajo.

En agosto 7 de 1935, la legislatura insular aprobó la Ley núm. 49, titulada “Ley para regular las horas de trabajo de las personas empleadas en los establecimientos comerciales, industriales y en otros negocios lucrativos, y para otros fines.” (Compilación de 1941, pág. 356.) La sección 1 de dicha Ley, dispone:

"Sección 1.' — A ninguna persona se le empleará o se le permitirá que trabaje en ningún establecimiento comercial, industrial, agrícola o en cualquier otro negocio lucrativo, más de ocho (8) horas durante cualquier día natural, excepto cuando ocurriere cualquier evento extraordinario, o cualquiera emergencia causada por fuego, hambre o inundación, por peligro a la vida, a la propiedad, a la seguridad o salud pública, o en cualquiera otra circunstancia especial, etc.” (Bastardillas nuestras.)

La sección 4 de la misma ley, en lo quo es pertinente, dis-pone lo siguiente:

"4. En esta Ley, a menos que del contexto de ella se deduzca otra cosa, se aceptarán las siguientes definiciones de palabras y fra-ses de la misma:

‘Ocupación lucrativa’ incluye toda obra o todo trabajo en factorías, molinos, centrales, talleres de maquinaria o establecimiento o sitio de cualquier clase donde haya una fábrica o empresa mecánica, . . .; y en toda empresa de minería o pesquería o de cualquiera otra índole, industrial, comercial o agrícola.”

La Ley núm. 289 de 9 de abril de 1946 dispone:

“Sección 1. — Todo empleado de cualquier establecimiento comer-cial o industrial, empresa o negocio lucrativo que no estuviere sujeto a las disposiciones sobre cierre al público del Artículo 553 del Código Penal de Puerto Rico, según ha sido subsiguientemente enmendado, tendrá derecho a un día de descanso por cada seis (6) días de trabajo.” (Bastardillas nuestras.)

Dicha Ley dispone, además, que si al empleado se le per-mite trabajar durante el día de descanso, el patrono deberá pagarle doble salario por las horas qué trabaje durante ese día; y que a los efectos de la Ley “se entenderá por em-pleado a cualquier empleado, obrero, dependiente, trabaja-dor, jornalero o persona que preste servicio para un patrono mediante salario, sueldo o cualquier otra forma de compen-sación. ’ ’

La corte inferior hizo constar, en su opinión, que “des-pués de hacer un mero examen de las secciones pertinentes de la Ley número 40 de 1 de mayo de 1945”, creadora del Servicio, llegó a la conclusión de que “la entidad deman-dada no es un establecimiento comercial, industrial o agrí-cola ni tampoco un negocio lucrativo.” Examinemos más de-tenidamente las disposiciones de dicha Ley.

Por la sección 2 de la “Ley de Alcantarillados y Acue-ductos de Puerto Rico” se crea un cuerpo corporativo y po-lítico con el Gobernador, el Tesorero, el Comisionado de Sa-nidad, el Comisionado del Interior y el Comisionado del Tra-bajo de Puerto Rico,” que constituirá una corporación pú-blica ■ e instrumental!dad gubernamental de El Pueblo de Puerto Rico.”

El servicio fué creado con el propósito de proveer a los habitantes de Puerto Rico, “en la forma más económica po-sible”, de sistemas de alcantarillados y de un abasteci-miento de agua pura para usos .domésticos, industriales y comerciales. (Sección 4.)

La misma sección 4 confiere a la corporación las faculta-des necesarias para demandar y ser demandada, “'excepto que no podrá ser demandada ■ por daños y perjuicios causa-dos por impurezas reales o alegadas, irregularidad o insu-ficiencia de agua servida por ella”; para celebrar contra-tos; y para nombrar agentes y empleados.

La sección 5(b), en lo que es pertinente, dice así:

‘‘(5) Los tipos de salarios y otros términos y condiciones de empleo en el Servicio no serán de menor remuneración, ni en general menos favorables a los intereses de los empleados que los salarios, términos y condiciones prevalecientes en empleos análogos en la comunidad en que se desempeñan tales empleos.”

En atención a que los fines para los cuales se crea el Ser-vicio son la conservación de la salud pública, el mejora-miento del bienestar general y el fomento del comercio y la prosperidad, dispone la sección 16 que “el Servicio no será requerido para pagar ningunas contribuciones o im-puestos insulares o municipales sobre ninguna de las pro-piedades adquiridas por ellas,... o sobre sus actividades en la explotación y conservación de cualquiera empresa; o so-bre los ingresos derivados de cualquiera de sus empresas y actividades ...”

No creemos necesario entrar a considerar y resolver si la corporación demandada es o no es una empresa o nego-cio lucrativo, pues entendemos que en uno y en otro caso las leyes reguladoras de los salarios y condiciones de tra-bajo son aplicables al Servicio de Acueductos y Alcantari-llados de Puerto Rico.

El cuidadoso examen que liemos lieclio de la ley crea-dora de la corporación demandada no nos ba revelado ni el más ligero indicio de que la Legislatura, al disponer que los servicios de agua y alcantarillado deben ser suministra-dos “en la forma más económica posible”, tuviera la inten-ción de autorizar al “Servicio” para realizar economías a costa de la explotación de sus trabajadores, obligando a és-tos a trabajar, sin remuneración adicional, mayor número de boras que las fijadas por las leyes vigentes y sin conce-derles el descanso dominical. Por el contrario, las disposi-ciones claras y terminantes de la sección 5(b) de la Ley ñúm. 40 de 1945, supra, son a nuestro juicio un mandato ex-preso del legislador al “Servicio”, al efecto de que deberá pagar a sus empleados salarios que no sean menores que los que se pagan en la comunidad a empleados de igual clase; y que los otros términos y condiciones de empleo — número de horas de trabajo, remuneración por horas adicionales y días de descanso — no serán menos favorables a los intereses de los empleados, que los términos y condiciones prevalecien-tes en la comunidad en que se desempeñan tales empleos. Los únicos tipos de salarios y términos y condiciones de em-pleo que pueden prevalecer en cualquiera comunidad insular son aquéllos que se ajusten a los requisitos de las leyes vigentes.

No hemos podido encontrar en la ley creadora del Ser-vicio de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico dis-posición alguna que revele el propósito legislativo de' esta-blecer o autorizar un discrimen en contra de los emplea-dos — obreros, dependientes, trabajadores o jornaleros — que prestan servicios a la corporación demandada mediante sa-lario, sueldo o cualquiera otra forma de compensación.

Las sentencias recurridas son erróneas, por ser contra-rias a las lepes vigentes. Deben ser, por tanto, revocadas y los dos casos devueltos a la corle inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señok De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Lorenzo Aybar, acusado y apelante.
    Núm. 12812.

    Sometido: Noviembre 26, 1947.

      Resuelto: Enero 13, 1948.

      Angel Piñero y Eduardo Ortiz Reyes, abogados del apelante; Hon. Procurador General Luis Negrón Fernández, y J. Rivera Barre-ras y Alberto Picó Santiago, Fiscal y Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, respectivamente, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Lorenzo Aybar t'uó denunciado en la Corte Municipal de Toa Alta porque en el barrio Candelaria del municipio de Toa Baja, el 20 de marzo de 1946, voluntaria y maliciosa-mente, violó la sección 5 en relación con la sección 2 de la Ley núm. 25 de 17 de julio de 1935 (Sesión Extraordinaria, pág. 153.) Consistió la alegada infracción en que siendo dneño de nna imprenta permitió y personalmente dirigió la impresión de boletos de nna lotería clandestina dirigida por él conocida por “bolita, bolipool, etc.” .Contra la sen-tencia qne en el juicio de novo le impuso la corte inferior, estableció Aybar el presente recurso.

La apelación está fundada: (a) en insuficiencia de la prueba y (ó) en la nulidad de la orden de allanamiento a virtud de la cual fué ocupada la evidencia que sirvió para probar su culpabilidad.

I

Los autos revelan que el 20 de marzo de 1946 el testigo Benigno Soto, Jefe de Distrito de la Policía Insular, acompañado de Luis M. Pérez y Juan Rivera Rosa, sargento y detective de la Policía Instilar, respectivamente, a virtud de una orden de allanamiento,' procedió a registrar un ranchón en el citado barrio de Candelaria; que sorprendió al acusado en los momentos en que imprimía boletos de “boüpool” de las bancas “Talleres” y “Gaviota”, los cuales ocupó al acusado y a sus compañeros, juntamente con una imprenta marca “Liberty Machine Co. Económica, New York”, y una rama o clisé conteniendo nombres de las loterías clandestinas “Talleres” y “Jíbaro”, que iban a sortearse en los días 10, 14, 21 y 28 de abril de 1946; que el trabajo lo hacía el acusado, en presencia del cual sus compañeros manifestaron que era el dueño de la imprenta. En adición a esta prueba fué presentada la evidencia material, consistente de la imprenta y los paquetes de boletos.

Somos de opinión que esta evidencia, de haber sido le-galmente obtenida, es suficiente para sostener la convicción del acusado. Pueblo v. Salabarría, 57 D. P. R. 130.

II

El apelante señala como error el haberse declarado sin lugar la moción sobre supresión de la evidencia obtenida a virtud de la orden de allanamiento: '(a) porque la declara-ción jurada que sirvió de base a su expedición es insuficiente; (b) porque en la orden de allanamiento no se describieron detalladamente el sitio a registrarse y autorizaba el allana-miento de más de un edificio; (c) porque la orden fue diri-gida a un agente de orden público que residía fuera del dis-trito del funcionario que la expidió y {el) porque no se ocupó toda la evidencia el mismo día.

Alega también que incurrió en error al ordenar la con-fiscación de la imprenta.

En la declaración jurada que el detective Juan Eivera Eosa presentó ante el Juez de Paz de Toa Baja a los efec-tos de la expedición de la orden de allanamiento, sustancial-mente expuso que le constaba de propio conocimiento que Lorenzo Aybar tenía en arrendamiento una casa y un ran-chón pertenecientes a Carmelo Bravo y radicados en el barrio Candelaria de Toa Baja; que la casa es de madera, te-chada de zinc, de cuatro aguas, pintada de verde claro, con una puerta y dos ventanas que dan al norte, que es el frente de la casa, con balcón de madera, y en la parte sur de la casa hay un ranchón; que le constaba de propio conoci-miento que Aybar era dueño, administrador, director o agente de bancas de loterías clandestinas conocidas por “bo-lita” y “bolipool”; que imprimía y hacía imprimir billetes y boletos de las mencionadas bancas de lotería para distri-buirlos al público mediante pago, personalmente y por me-dio de sus agentes o empleados; que para llevar a cabo este negocio ilegal tenía y utilizaba en el indicado sitio la refe-rida imprenta y otros implementos; que había observado a Lorenzo Aybar y empleados a sus órdenes realizando estas operaciones y que la última vez que lo vió fue el 20 de marzo de 1946, a las ocho de la mañana, en el ranchón y casa antes mencionados.

Es de notar que la declaración del detective Juan Eivera Eosa está basada en evidencia directa que le constaba de propio conocimiento, de valor probatorio superior al de la prueba do. confidencias y conjeturas de que trata el caso de Pueblo v. Capriles, 58 D. P. R. 548, 558.

Una lectura superficial de la descripción de los edificios a registrarse demostrará que la orden de allanamiento cum-ple con lo prescrito por el artículo 503 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, especialmente si consideramos que dichos edificios radican en la zona rural. State v. Stough, 2 S.W.2d 767.

El apelante se queja de que en la orden se decreta el allanamiento de dos edificios, sosteniendo que tal circunstancia la invalida. También se queja de que la policía no ocupó la imprenta el mismo día en que se incautó de los demás artículos ocupados en el ranchón. Pero esas cuestiones no fueron levantadas en la corte inferior al discutirse la moción sobre supresión de evidencia, y por consiguiente, no debemos considerarlas en apelación. Pueblo v. Miranda, 56 D. P. R. 601.

Arguye el apelante que la orden de allanamiento no fué expedida a un agente de orden público dentro del distrito del juez de paz que la expidió. Dicha orden fué dirigida en la siguiente forma: “El Pueblo de Puerto Eico, a cualquier agente de orden público, Cuerpo de la Policía Insular, Detective en el Distrito Judicial Municipal de Toa Alta, Puerto Eico.” Es de conocimiento judicial que el Juzgado de Paz de Toa Baja radica dentro del distrito judicial municipal de Toa Alta. No obstante, el apelante descansa su contención en que el detective, al jurar la declaración solicitando la orden de allanamiento, expuso que era vecino de Santurce. Esta circunstancia no implica necesariamente que en esa fecha el detective no estuviere prestando servicios permanente o temporalmente en el municipio de Toa Alta, pues el campo de acción de un policía o detective no está circunscrito a determinado municipio o distrito, pudiendo prestar servicios en cualquier sitio en Puerto Eico.

Por últimoj se queja el acusado de que la imprenta fuese confiscada. Al así ordenarlo, la corte a quo se ajustó a lo prescrito en la sección 4 de la Ley núm. 25 de 17 de julio de 1935 (Sesión Kxtraordinaria). ()

Procede la confirmación de la sentencia.

      (1)La citada sección, en lo pertinente, prescribe:
      “. . . y todos los artefactos, monedas y demás enseres o implementos ocu-pados y utilizados en la manipulación de dichos juegos prohibidos, que hayan formado parte de la evidencia admitida por la corte para probar la comisión del delito, serán como parte de la sentencia confiscados a favor de El Pueblo de Puerto Rico y vendidos por orden de la corte correspondiente a través del márshal do la misma en pública subasta, al mejor postor; y el importo do la venta con la suma de dinero que fuere ocupada, pasará al Tesoro de Puerto Rico para ser utilizados por los municipios de segunda y tercera clase, . .


text:
    Felipe Avila, peticionario, v. Tribunal de Distrito de San Juan, Hon. Federico Tilén, Juez, demandado; Carlos S. Hernández, interventor.
    Núm. 1729.

    Sometido: Diciembro 9, 1947.

      Resuelto: Enero 13, 1948.

      Vicente Géigel Folanco, abogado del peticionario; R. Arjona Siaca y A. Figueroa Rivera, abogados del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La Ley Federal de Inquilinato de 1947 autoriza al pro-pietario a desahuciar a su inquilino con el fin de ocupar la casa para vivirla. Cierta legislación insular ha provisto requisitos y condiciones adicionales para el caso de que el propietario radique tal acción ante los tribunales de esta isla. Los casos que tenemos a la vista exigen-que determi-nemos el efecto de esta legislación local. El problema se comprenderá mejor si se examina el mismo a la luz de la historia del control de inquilinato desde 1942. ()

Por la sección 2(6) y (d) de la Ley de Emergencia sobre control de Precios de 1942, que estuvo en vigor desde 1942 hasta el 30 de junio de 1947, el Congreso autorizó al Administrador (1) a fijar cánones máximos para viviendas y (2) a restringir o prohibir prácticas de desahucios que puedan resultar en aumentos de cánones. 50 U.S.C.A. Apéndice, sección 902(6), (d). La Ley no prohibía específicamente las leyes locales sobre control de alquileres, excepto que durante un corto período — del 25 de julio de 1946 al 30 de junio de 1947 — la sección 2(6) dispuso qué “Mientras estén en vigor los cánones máximos de alquileres de acuerdo con esta. Ley en relación con las viviendas en cualquier área de inflación de' alquileres, tales viviendas no estarán sujetas a control por parte de cualquier gobierno estatal o local. ’ ’

El Administrador estableció cánones máximos y restric-ciones para desahucios en Puerto Rico bajo la Ley de Emer-gencia sobre Control do Precios. También dispuso en el Reglamento 6(a)(6) que un propietario no podía desahu-ciar a su inquilino a menos que necesitara la propiedad para vivirla. Es importante indicar que toda otra reglamenta-ción para restringir desahucios fué dejada a la discreción del Administrador, mientras que el Reglamento 6(a)(6) era lo único que la Ley le exigía que promulgara. El Adminis-trador venía obligado a promulgar el Reglamento 6(a)(6) precisamente porque la sección 4(d) de la Ley proveía, pro-bablemente por motivos constitucionales, que “Nada en esta Ley se interpretará en el sentido de obligar a persona alguna a vender cualquier artículo o a ofrecer cualquier alojamiento en alquiler.”

La Ley mim. 464, Le;yes de Puerto Rico, 1946, conocida como la Ley de Alquileres Razonables, fué aprobada el 25 de abril de 1946. El artículo 12(/) de la misma proveía ori-ginalmente, entre otras cosas, a pesar de la sección 4(d) de la Ley Federal y del Reglamento 6(a)(6), que un propieta-rio no podía desahuciar a su inquilino de su propiedad para él vivirla si dicha propiedad había estado en el pasado dedicada “habitualmente” a alquiler.

Resolvimos en Latoni v. Corte, 67 D.P.R. 140, que el re-quisito de que la propiedad no haya estado dedicada “ha-bitualmente” a alquiler equivalía a. una ley sobre control de alquileres; que, por tanto, violaba la enmienda de 25 de julio de 1946 de la sección 2(b) de la Ley Federal que pro-hibía específicamente leyes locales sobre control de alquile-res; y, en su consecuencia, que el artículo 12(/) quedaba en suspenso en cuanto a ese extremo entre el 25 de julio de 1946 y el 30 de junio de 1947, fecha en que expiraba la Ley Federal.

La Ley de Emergencia sobre Control de Precios fué su-cedida, en lo que concierne a control de alquileres, por la Ley de Inquilinato de 1947, que empezó a regir el 1ro. de julio de 1947, y que, a menos que sea prorrogada, expirará el 29 de febrero de -1948. Public Latos 129, Congreso 80, Ira. Sesión. La sección 211 de esta Ley dispone que la misma será aplicable a los territorios y posesiones de los Estados Unidos lo que, desde luego, incluye a Puerto Rico. Con cier-tos cambios que no son pertinentes aquí, el Congreso fijó en dicha Ley los cánones máximos.’ T reconociendo, según indicamos detalladamente en el caso de Latoni, que para que los cánones máximos sean efectivos deben estar acompañados de disposiciones sobre desahucios, también dispuso restric-ciones para los mismos.

Pero el Congreso ya no deseaba crear, como en las le-yes anteriores, el cargo de Administrador con amplia, auto-ridad para restringir desahucios mediante reglamentación. Por el contrario, estableció en la sección 209(a) de la propia Ley las restricciones sobre desahucios y las causales corres-pondientes; y al así hacerlo privó al Administrador — co-nocido ahora como el Acelerador de Hogares — de toda fa-cultad para promulgar reglamentos en relación con desa-hucios. Una vez más es importante indicar que el Con-greso, al igual que en la sección 4(d) de la Ley y Reglamento 6(a)(6) anteriores — probablemente aún por motivos consti-tucionales — repitió en la sección 209(a)(2) la norma de la sección 4(d) de las leyes anteriores y específicamente dis-puso que un propietario puede recobrar la posesión de una vivienda para ocuparla personalmente. ()

Bajo la Ley de Emergencia de Control de Precios el Ad-ministrador promulgó reglamentos que exigían la notifica-ción a la oficina Federal local y al inquilino, cuando el pro-pietario deseaba el desahucio de éste por una de las causa-les permitidas por los reglamentos. En caso de una vivienda vendida a una persona que deseaba ocuparla, los reglamen-tos proveían que el Administrador expediría un certificado autorizando al propietario a desahuciar a su inquilino de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley local, de ordinario después de cierta espera que originalmente era de.tres meses, y que luego se prorrogó a seis.

La Ley de Inquilinato puso fin a todos estos reglamen-tos. Ahora no se necesita certificado del Acelerador de Ho-gares ni notificación a éste como condición previa a un pleito de desahucio en las cortes insulares. Por tanto, el control absoluto de los procedimientos de desahucio descansa ahora en las cortes de la isla. Pero casi es innecesario decir que las cortes insulares han de aplicar la ley según la aprueba el Congreso en relación con las restricciones de desahucio y las causales para ello. Véase Testa v. Katt, 330 U. S. 386.()

Después que se resolvió el caso de Latoni, la Asamblea Legislativa el 22 de julio de 1947, enmendó el artículo 12(/) de la Ley Insular. Ley núm. 36, Leyes de Puerto Rico, 1947, Sesión Extraordinaria (pag. 139). Eliminó el requi-sito que se impugnó en dicho caso; a saber, el propietario que desee ocupar la vivienda debe establecer que la propie-dad no ha estado antes dedicada “habitualmente” a alqui-ler. Sin embargo, el artículo 12 (/) todavía exige al pro-pietario que desee obtener la vivienda para ocuparla, el cum-plimiento de ciertos requisitos que no se encuentran en la sección 209(a)(2) de la Ley Federal da Inquilinato: (1) que el propietario adquirió la propiedad con anterioridad al 25 de abril de 1946, fecha en que se aprobó originalmente la Ley insular; „ (2) que no tiene otra propiedad adecuada en la misma localidad para fijar su residencia; y (3) que no lia vivido en una casa de sn pertenencia durante el año in-mediatamente anterior a la radicación de la demanda. ()

Si todavía prevaleciese el caso de La-toni, el artículo 12(/)-. aún como fué enmendado, quedaría en suspenso por ser una ley sobre control de alquileres. Pero la Ley de Inquilinato no contiene una disposición similar a la enmienda del 25' de julio de 1946 de la sección 2(5) de la Ley de Emergencia’ sobre Control de Precios, que prohibía expresamente las le-yes locales sobre control de alquileres. La decisión del caso-de Latoni por tanto ya no es aplicable.

En ausencia de una prohibición específica en una ley Federal contra legislación local, el G-obierno insularpuede ejercer poderes concurrentes aprobando, bajo su poder de policía, legislación que cubra la misma materia, siempre y cuando que ésta no esté tan íntimamente mezclada y relacionada con responsabilidades del gobierno nacional, que su propia naturaleza de por sí haga surgir la inferencia de que se trata de un asunto que compete exclusivamente al gobierno nacional. Bethlehem Co. v. State Board, 330 U.S. 767, 772; Hines v. Davidowitz, 312 U.S. 52, 66; Hill v. Florida, 325 U.S. 538, 542; Grant, The Scope and Nature of Concurrent Power, 34 Col.L.Rev. 995.

El control de alquileres no es tan exclusivamente una responsabilidad nacional, que su materia como tal requiera que resolvamos que el Congreso, una vez que legisla sobre ella, intenta ocupar el campo exclusivamente, a pesar de que el staiuto Federal no prohíbe específicamente un esta-tuto local sobre el mismo asunto. Véanse Pueblo v. Leandry, 67 D.P.R. 658; Pueblo v. Vidal Márquez, 67 D.P.R. 757; Panhandle Pipe Line Co. v. Comm’n., 332 U.S. 507, resuelto el 15 de diciembre de 1947. Por consiguiente, dada la ausencia de una prohibición expresa en la Ley de Inquilinato contra una ley local sobre control de alquileres, la Asambea Legislativa insular después del 1 de julio de 1947 podía aprobar un es-tatuto de control de alquileres para .complementar la Ley Federal, siempre que nuestra Ley no esté sustancialmente eñ conflicto con la Ley Federal. Puerto Rico v. Shell Co., 302 U.S. 253; Latoni v. Corte Municipal, supra, 149, nota 1, párrafo 2; Irizarry v. Corte, 64 D.P.R. 94; Ballester Hermanos v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 66 D.P.R. 560, 578, nota 17, revocado por otros motivos, 162 F.2d 805 (C.C.A. 1, 1947), cert. denegado 332 U.S. 816; Luce & Co. v. Junta Salario Mínimo, 62 D.P.R. 452; Sucrs. de J. Fernández v. Domenech, Tes., 60 D.P.R. 906, 912; Walz v. Lavelle, 70 N.E.2d 373, 375 (Ohio, 1946).

¿Qué es lo que constituye tal conflicto sustancial? La Corte Suprema ha dicho que el conflicto o pugna debe ser tan directo y positivo que las dos leyes no puedan armoni-zarse o coexistir al mismo tiempo. Kelly v. Washington, 302 U.S. 1, 10. O dicho en otra forma, el estatuto local no debe servir de obstáculo al cumplimiento y ejecución de todos los fines y objetivos del Congreso. Hill v. Florida, supra, 542; Hines v. Davidowitz, supra, 67; Allen-Bradley Local v. Board, 315 U.S. 740, 749.

Llegamos a los casos ante nos, los que deben ser resuel-tos a la luz de este historial de ley y de jurisprudencia. En estos cuatro casos la corte de distrito resolvió en efecto que, a pesar de que la Ley de Inquilinato no prohibe las leyes locales sobre alquileres, la sección 209(a)(2) de la ley Federal le creó un derecho al propietario para desahuciar a su inquilino con el fin de ocupar aquél la vivienda que no podía menoscabarse por el artículo 12(/) de la ley insular, el cual impone requisitos adicionales, no incluidos en la sec-ción 209(a)(2), como condiciones previas al ejercicio de tal derecho.

No es menester que expongamos en detalle los hechos de los cuatro casos. Baste decir que los hechos en algunos de ellos hacen necesario que determinemos si un propietario que no alega y prueba cualquiera de estos tres, requisitos adicionales del artículo 12(/), tiene derecho no obstante, en virtud de la sección 209(a)(2) de la Ley Federal, a desahu-ciar a su inquilino con el fin de ocupar él la vivienda. Ex-pedimos los autos de certiorari para determinar si la corte de distrito cometió error en estos casos, que vinieron ante ella en apelación de la corte municipal, al negarse a suspender los procedimientos de conformidad con el artículo 12 de la Ley insular, el que autoriza la suspensión de los mismos cuando éstos no se ajustan a los términos de nues-1ra Ley.

Empezamos por indicar que la Asamblea Legislativa insular tiene control exclusivo del remedio y procedimiento que desee proveer para los pleitos de desahucio. Puede dis-poner que el procedimiento sea sumario u ordinario. Y puede fijar términos razonables para cosas tales como la radicación de alegaciones y prórrogas para la ejecución de las sentencias. La disposición contenida en el artículo 12(f), según fue enmendado, al efecto de que un inquilino tiene derecho a un período no menor de 40 ni mayor de 180 días para procurarse otra vivienda, cae dentro de esta catego-ría. Esto no está en conflicto con la sección 209(a)(2). Me-ramente la complementa. Además, es eminentemente razo-nable: bajo el Reglamento 6(a)(6) tal inquilino tenía dere-cho a un período de seis meses. De igual modo, las dispo-siciones del artículo 12 (/) en relación con penalidad criminal y pleitos civiles contra un propietario que luego de lan-zar al inquilino no ocupa la propiedad, o la cede en arren-damiento a otra persona, no están en conflicto con la sección 209(a)(2) y por tanto son válidas. Véase Irizarry v. Corte, 64 D.P.R. 94.

Pero las otras disposiciones del artículo 12(/) tienen as-pecto distinto. No consideramos hasta qué extremo puede la Asamblea Legislativa imponer requisitos sustantivos adi-cionales cuando un propietario trata de desahuciar a su in-quilino por los fundamentos expuestos en la sección 209(a) (1). La única cuestión ante nos es limitada. Ella es si la Asamblea Legislativa. puede disponer válidamente entre el 1ro. de julio de 1947 y el 29 de febrero de 1948, que un pro-pietario no puede desahuciar a su inquilino para ocupar él mismo la vivienda, a lo cual tiene derecho bajo la sección 209(a)(2), a menos que también pueda cumplir con los re-quisitos del artículo 12(/) al efecto de que (1) el propieta-rio adquirió la propiedad con anterioridad al 25 de abril de 1946; (2) no tiene otra propiedad adecuada para fijar su residencia; y 3 no ha vivido en casa de su pertenencia du-rante el año anterior a la radicación de la demanda.

Aparentemente el Congreso tuvo serias dudas respecto a su poder para exigirle a un propietario que continuara arrendando su propiedad a un inquilino que no tenía con-trato por un término fijo, cuando el propietario deseaba ocupar la propiedad para vivirla. Véanse Latoni v. Corte, supra, pág. 149, nota 1, párrafo 1, y casos allí citados. Aun bajo las leyes anteriores, en las qne se dejaron al Adminis-trador todos los otros aspectos sobre desahucios, el Con-greso expresamente confirió a los propietarios este derecho incondieionalmente. Y la actual Ley Federal, que priva al Acelerador de Hogares de toda autoridad para reglamen-tar los desahucios y por el contrario expresamente señala en la propia Ley las causales para los mismos, repite esta causal.

Además, es significativo el hecho de que el Congreso, al establecer en la sección 209(a)(2) el derecho de un propie-tario a desahuciar a su inquilino con el fin de ocupar la vi-vienda, no dispuso que este derecho lo tuviera el propieta-rio solamente si el mismo existía bajo la ley del estado. La sección 209(a)(2) establece de manera terminante esta causal de desahucio independientemente de la ley local. Esto contrasta con la sección 209(a)(1), donde las causales de desahucio deben surgir bajo la ley del estado.

El estatuto Federal en la sección 209(a) (2) establece afirmativamente y sin condiciones una causal explícita de desahucio. Otorga al propietario el derecho a obtener po-sesión de la vivienda con el fin de él ocuparla. La Asamblea Legislativa insular está en libertad de disponer cualquier remedio o procedimiento razonable que elija para el ejer-cicio de ese derecho. Y el propietario debe ejercitar ese derecho a tenor con el procedimiento y el remedio provis-tos por la ley local. Pero la Asamblea Legislativa no puede menoscabar o limitar este derecho sustantivo y con ello crear un conflicto sustancial con el estatuto Federal, dispo-niendo, como lo ha hecho aquí, requisitos sustantivos adi-cionales como condiciones previas a la existencia del dere-cho mismo.

Claro es que los tres requisitos adicionales en el artículo 12 (/) de la ley insular no son procesales. Más bien son restric-ciones afirmativas sobre la causal de desahucio creada por la sección 209(a)(2) de la Ley Federal. En el caso de La-toni llegamos a la conclusión de que una restricción algo similar sobre desahucios hallada entonces en el artículo 12 (/) de nuestra Ley era una disposición sobre control de alqui-leres. De igual modo, estos tres requisitos son disposicio-nes sobre control de alquileres e imponen condiciones pre-vias a un derecho que de otra forma podría ejercitarse li-bremente bajo la Ley Federal. En ese sentido el artículo 12(/) está sustancialmente en conflicto con la Ley Federal de Inquilinato: las dos leyes no pueden armonizarse o co-existir al mismo tiempo; el estatuto local es un obstáculo al cumplimiento y ejecución de los fines y objetivos de la Ley Federal. Estos tres requisitos del artículo 12 (/) que-dan en su consecuencia en suspenso mientras esté en vigor la sección 209(a)(2) de la Ley Federal.().

Los autos de certiorari serán anulados.'

      (1) P:oi los motivos discutidos más adelante, esta opinión no solamente cubre el caso arriba intitulado, si que también los oertioraris núms. 1733, Torres v. Tribunal; Torres, Interventor; 1734, Fernández v. Tribunal; Silva, Interventor; y 1736, Soler v. Tribunal; Roger, Interventor.

      (2) Dicha sección provee en parte como sigue:
      “Sec. 209(a). Ningún propietario podrá instar una acción o procedimiento contra un inquilino ante cualquier corte para recobrar la posesión de ninguna vivienda controlada por esta Ley, respecto de la cual esté en vigor bajo este título un canon máximo, no obstante el. hecho de que el inquilino no tenga contrato 'de arrendamiento o que éste haya expirado, siempre que el inquilino continúe pagando el canon a que el propietario tiene derecho, a menos que

        “ (1) tajo la ley del Estado en que se inicie la acción o procedimiento el inquilino esté (A) violando alguna cláusula del contrato (distinta a la obligaeión de pagar un canon mayor que el permitido bajo esta Ley o de entre-gar la posesión de' tal vivienda) o (B) constituye un estorbo en tal vivienda o la esté usando para fines inmorales o ilícitos o para cualquier fin que no sea el de vivienda;
      “(2) cuando el propietario trata de buena fe de recobrar la posesión de la vivienda para en seguida ocuparla personalmente como su residencia;” (Bastardillas nuestras).

      (3)E1 Senate Report Núm. 86, Congreso 80, ]ra. Sesión, indica que bajo la nueva Ley "los propietarios no tendrán en ningún caso que notificar a u obte-ner certificado alguno de cualquier agencia del gobierno federal antes de iniciar procedimientos de desahucio. Las disposiciones del proyecto serán aplicadas pol-las cortes locales al considerar acciones de desahucio radicadas ante ellas."

      (4)E] inciso (/) según fué enmendado lee como sigue:
      "Cuando el propietario hubiera adquirido la vivienda con anterioridad al 25 de abril do 1946 y demuestre a satisfacción, del tribunal que trata de reco-brar de buena fe la propiedad, en todo o en parte, para uso inmediato y ocu-pación personal dé la misma, siempre que no tenga otra propiedad adecuada en la cual fijar su residencia en la misma localidad y que por lo menos durante el término de un año antes de la radicación de la demanda de desahucio no hubiera vivido en una casa de su propiedad; Disponiéndose, que en este caso el tribunal no expedirá la orden de lanzamiento hasta después de haber dado al inquilino término razonable dentro de la presente emergencia para conseguir otro albergue, entendiéndose que en ningún caso el término será menor de cuarenta (40) ni mayor de ciento ochenta (180) días; Disponiéndose, además, que todo propietario que, bajo los términos de este inciso, obtuviere un desahucio bajo la alegación de que procura la posesión del inmueble arrendado para fijar en él su residencia, con el propósito de burlar el derecho del inquilino a seguir ocu-pando el inmueble, si no fijare su residencia en dicho inmueble dentro do los treiuta (30) días siguientes a la feelia en ‘que fuere desocupado por el inquilino o se lo cediere o arrendare a otra persona dentro de los doce (12) inoses siguien-tes a la fecha en que lo hubiera desocupado el inquilino, incurrirá en un delito menos grave y, convicto que fuere, será castigado con una multa no menor de doscientos (200) dólares' ni mayor de quinientos (500) dólares, o cárcel por un término no menor de treinta (30) días ni mayor de noventa (90) días, o ambas penas a discreción del tribunal; Disponiéndose, asimismo, que en cual-quiera de estos casos, el inquilino afectado tendrá derecho a que el propietario le indemnice los daños y perjuicios que se le causaren, los cuales se fijarán én una suma que en ningún caso será menor de cien (100) dólares o de tres (3) veces el importe del canon mensual de alquiler, cualquiera de estas sumas qué fuere la mayor, más las costas y honorarios de abogado del demandante, •según lo fije el tribunal; Disponiéndose, finalmente, que tan pronto como el inquilino desocupe cualquier propiedad de alquiler que tuviera arrendada, el propietario podrá retirar dicha propiedad del negocio de alquiler.”

      (5)Como resultado de la conclusión a que Iremos llegado, no consideramos la cuestión do si pueden imponerse constitueionalmente restricciones sustantivas a un propietario que trata de desahuciar a un inquilino que no tiene contrato por término fijo para ocupar él la vivienda. Esta cuestión no puede surgir hasta que la actual Ley Eederal sea modificada o expire. Véanse Latoni v. Corte, supra, 149, nota 1, párrafo 1; cf. Miranda v. Corte, 63 D.P.R. 161.
      El peticionario también sostiene que la Ley núm. 464 es nula porque la emergencia en ella descrita no tiene término fijo. La sección 23 dispone que la Ley “cesará” cuando se declare-mediante resolución concurrente de la Asam-blea Legislativa que ha concluido la emergencia. Nadie podría sostener con seriedad que la emergencia en lo que a viviendas se refiere ya no existe en esta comunidad. Por tanto, es innecesario que consideremos esta contención ahora. Compárense Chastleton Corp. v. Sinclair, 264 U.S. 543, y Peck v. Fink, 2 F.2d 912 (C.C.A., D.C., 1924) con East New York Savings Bank v. Hahn, 326 U.S. 230, 234.


author: El Juez Asociado Señor Suyder

text:
    Heriberto García de Quevedo, peticionario, v. Corte de Distrito de Bayamón, Hon. F. Gallardo Díaz, Juez, demandada.
    Núm 1716.

    Sometido: Diciembre 3, 1947.

      Resuelto: Enero 13, 1948.

      Félix Ochoteco, Jr. y L. E. Bubón, abogados del peticionario; IIon. Procurador General Luis Negrón Fernández, y •/. Rivera Barre-ras, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Suyder

emitió la opinión del tribunal.

El 21 de noviembre de 1946 el fiscal radicó dos acusacio-nes ante la corte de distrito imputándole al peticionario ha-ber presentado como Auditor Municipal de Cataño al Teso-rero Municipal, comprobantes falsos y fraudulentos en vio-lación del artículo 87 del Código Penal. El 27 dé febrero de 1947 se llamaron los casos para juicio, constituyéndose el jurado. Sin embargo, la corte de distrito ordenó la diso-lución del jurado y la desestimación de las acusaciones por el fundamento de que las manifestaciones contenidas en és-tas al efecto de que los comprobantes eran falsos y fraudu-lentos constituían meras conclusiones sin que existieran ale-gaciones de becbo para sostenerlas.

El 30 de abril de 1947 el fiscal de distrito radicó dos nue-vas acusaciones contra el peticionario que envolvían los mismos comprobantes, exponiendo en detalle los becbos en cuanto a su naturaleza falsa y fraudulenta. El peticiona-rio entonces solicitó el sobreseimiento de las acusaciones por el motivo de que una vez que se declara con lugar la excepción perentoria, no procede la radicación de una nueva acusación a menos que la corte así lo ordene, cosa que no se bizo en este caso.

La corte inferior declaró sin lugar esta moción diciendo en parte que “ . . . siendo éste un caso en que no prescribe el delito por ser uno contra el erario público, es de justicia dictar como por la presente dicta una orden cuyos efectos se retrotraigan al día en que dictó la resolución ordenando el archivo del caso por falta de causa de acción concedién-dole permiso al fiscal para radicar nueva acusación.” El caso se encuentra ante nos en solicitud de certiorari para revisar esta actuación de la corte de distrito.

El artículo 157 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone que si se declara con lugar la excepción perentoria contra una acusación, la sentencia será definitiva y será un impedimento para la radicación de otra acusación por el mismo delito, a no ser que la corte ordenare que se radique una nueva acusación. Suponiendo, sin decidirlo, que tal orden pueda dictarse mmc pro timo, la que se dictó en este caso no cumplió con los requisitos del artículo 157. El estatuto exige específicamente que la corte ordene, y no que permita, al fiscal que radique una nueva acusación. La teoría os que la corte debe ejercitar su propio criterio, y no dejar la cuestión de si se radica o no una nueva acusación a la discreción del fiscal. Por tanto, la resolución debe conte-ner un lenguaje mandatorio más bien que permisivo.

Expusimos la doctrina correcta cuando dijimos en un dictum en el caso de Pueblo v. González, 39 D.P.R. 380, 383, que “. . . el permiso para nueva acusación, no es la orden para que se presente, y que el juez debió seguir el lenguaje del estatuto ... y ordenar la acusación.” Como en este caso las nuevas acusaciones se radicaron sin que la corte de distrito así lo ordenara, ésta cometió error al declarar sin lugar la moción para que se sobreseyeran las' acusa-ciones por ese motivo. Ex Parte Williams, 48 P. 499 (Calif., 1897); Ex Parte Hayter, 116 P. 370 (Calif., 1911); State v. Crook, 51 P. 1091 (Utah, 1898); véase Pueblo v. Canals, 48 D.P.R. 794.()

El artículo 158 dispone que la corte puede permitir que se modifique la acusación. Esto contrasta con el requisito del artículo 157 de que se radicará una nueva acusación solamente mediante orden de la corte. El Fiscal de este Tribunal arguye que aquí la actuación de la corte inferior constituyó el permiso para enmendar las acusaciones originales a tenor con el artículo 158 y que las nuevas acusaciones eran en efecto enmiendas a las anteriores radicadas de acuerdo con el permiso concedido por la corte.

No podemos convenir con esta contención. Hay una clara diferencia entre enmendar una acusación y radicar una nueva. Resolver que el artículo 158, que sólo exige el permiso para modificar una acusación, se aplica a una nueva acusación, sería destruir el requisito del artículo 157 al efecto de que debe ordenarse y no permitirse una nueva acusación. Este 'último requisito no puede eliminarse del estatuto en esta forma.

Sin embargo, el hecho de que la resolución de la corte inferior aquí envuelta era defectuosa, no impide que se dicte otra ordenando la radicación, de una nueva acusación, de ser posible su radicación dentro del término prescriptivo. T el peticionario admite que este caso cae dentro del artículo 77 del Código Penal que dispone que no bay término prescrip-tivo para iniciar la acción penal por los delitos en él enu-merados^)

Conocemos los casos que emplean lenguaje indicativo de que la resolución ordenando que se radique una nueva acusación debe ser coetánea con la orden declarando con lugar la excepción perentoria. State v. Waldrop, 158 P.2d 368 (Okla., 1945); Ex Parte Hayter; supra. También nos damos cuenta de que ninguno de los casos expresamente deja abierta la puerta para que se radique una nueva acusación en alguna fecha futura. Véase, v.g., People v. Seitz, 279 P. 1070 (Calif., 1929). Sin embargo, no hemos encontrado un solo caso que resuelva específicamente que el artículo 157 impide la radicación de una nueva acusación algún tiempo después pero dentro del período prescriptivo. Y el artículo 149, que dispone que “la orden,,desestimando una acusación, según lo dispuesto en este capítulo,' no impide el que después se persiga el misino delito/’ no contiene requisito alguno de que la resolución de la corte ordenando se radique una nueva acusación debe dictarse coetáneamente con la resolución declarando con lugar la excepción perentoria o dentro de algún período específico después de que se dicte tal resolución.

No obstante, el artículo 159 dispone que si la corte en virtud del artículo 157 ordena que se radique una nueva acusación, deberá seguirse el procedimiento prescrito por los artículos 147 y 148. Este último dispone como sigue:

“Si el tribunal dispusiere que se formule nueva acusación, y se hallare bajo custodia el acusado, deberá éste continuar preso, a no ser que se le admitiere fianza; si ya hubiere prestado fianza personal o pecuniaria para responder de su comparecencia a contestar la nueva acusación, y dentro de los quince días no se presentare ésta, deberá el tribunal disponer que se le absuelva, a no ser quo por razón especial extendiera el plazo dentro del cual haya de presentarse la acusación.” (Bastardillas nuestras.)

No interpretamos el artículo 148 como que significa que la corte no tiene jurisdicción para ordenar que se formule nueva acusación a menos que la orden a ese efecto se dicte dentro efe quince días desde la fecha de la resolución decla-rando con lugar la excepción perentoria. El caso de Medina v. Géigel, 44 D.P.R. 548, no es estrictamente de aplicación. La cuestión allí envuelta era si la acusación debía radicarse dentro de quince días desde la fecha de la resolución orde-nando que la misma fuera radicada, más bien que, como en este caso, si tal resolución puede dictarse por la corte por primera vez meses después de haber ésta declarado con lugar una excepción perentoria a la -acusación. Sin embargo, nuestro lenguaje en dicho caso es significativo al, demostrar el espíritu en que deben interpretarse los artículos 157 y 148. Dijimos a la página 549:

“Es obvio que si no so ha radicado una nueva acusación dentro del período estatutario, la corte sentenciadora, aun después de expi-rado dicho período, puede prorrogar el término para el archivo de tal acusación. A fortiori, si se ha radicado la nueva acusación antes de que el acusado solicite su exoneración, dentro de un tiempo razo-nable, mas no dentro del período estatutario, el juez sentenciador, en ejercicio de una sana discreción y ante la debida justificación del fiscal, puede negarse a exonerar al acusado. En tal caso no hay necesidad de que se haga una extensión formal del período que prescribe el estatuto. La cuestión es si bajo las circunstancias la demora era excusable. Si lo era, y si el juez por esta razón se niega a exonerar al acusado, tal negativa equivale a una orden nunc pro ■tune prorrogando el término. El mero hecho de que no se dictara orden alguna prorrogando expresamente el término para el archivo de una nueva acusación no da derecho al acusado a que se le expida un auto de hábeas corpus.”()

Al resolver en este caso que una corte de distrito puede ordenar que se formule nueva acusación a tenor con el ar-tículo 157 siempre y cuando que ésta se radique dentro del término prescriptivo, no estamos invocando el artículo 452 del Código de Enjuiciamiento Criminal. () Es cierto que bajo el artículo 452 el fiscal puede radicar nueva acusación que envuelva un felony, sin orden de la corte. Pero el ar-tículo 452 se aplica solamente a sobreseimientos bajo el Ca-pítulo VI del Título XI del Código de Enjuiciamiento Criminal. Pueblo v. Barbosa, 34 D.P.R. 112; Pueblo v. Rivera, alias Panchito, 7 D.P.R. 332, 340; Pueblo v. Cepeda, 31 D.P.R. 489; Falero v. Corte de Distrito, 39 D.P.R. 472. En este caso la desestimación no se hizo bajo el Capítulo VI sino bajo el artículo 157. Este dispone que debe existir una resolución ordenando que se formule nueva acusación; y el artículo 148 se aplica a tal resolución. Pero la resolución, como hemos visto, puede dictarse y la nueva acusación ra-dicarse, si la demora es excusable, antes de que expire el término prescriptivo.

El peticionario también se queja de la actuación de la corte de distrito desestimando su moción que levantaba la defensa de exposición anterior. Admite que esta defensa en el sentido ordinario no procede aquí. Pero alega que ha sido puesto en “jeopardy” estatutario.

Indudablemente bajo el artículo 157, si la corte declara con lugar una excepción perentoria interpuesta contra la acusación y no ordena la formulación de una nueva, “de los propios términos del estatuto surge un impedimento para una nueva acusación, el que muy bien podría denominarse impedimento estatutario o ‘jeopardy’ estatutario a diferen-cia del ‘jeopardy’ del derecho común.” 7 Cal. Jnr. 950. Pero aquí la cuestión es precisamente si la corte inferior ha dictado, o puede dictar en el futuro, una resolución orde-nando que se formule nueva acusación. Y resolvemos, siem-pre y cuando que la demora sea excusable, que puede dic-tarse dicha resolución en cualquier momento antes de que expire el término prescxiptivo. Cf. People v. Lucas, 248 P. 691 (Calif., 1926).

La resolución concediendo permiso al fiscal para radicar nuevas acusaciones será anulada y se devolverá el caso con instrucciones a la corte de distrito de que determine si debe dictarse una nueva resolución ordenando, no meramente per-mitiendo, la radicación de nuevas acusaciones.

      (1) En el caso de Velázquez et al. v. Corte, 35 D.P.R. 362, 364, este Tribunal dijo en un diotim que “T>e conformidad con los artículos 157 y 158 des-pués de una excepción perentoria, el acusado debe ser puesto en libertad a menos que la corte ordene o permita la presentación de una nueva acusación.” Esto fué erróneo. Ea corte debe ordenar, no permitir, la nueva acusación.

      (2)Aun cuando hace esta concesión, el peticionario no obstante alega que una vez que empieza el proceso contemplado por el artículo 77, las disposicio-nes de los artículos 157 y 148 entran en juego. Sin embargo, según decirnos en el cuerpo de esta opinión, los artículos 157 y 148 no impiden una nueva resolución ordenando que se formule nueva acusación si esta no está prescrita.

      (3)A1 mismo efecto, JSx parte Torres, 4 D.P.R. 303, 307 (2a. ed.)..

      (4) Dicho artículo dispone que "Un auto para el sobreseimiento de una causa, segím lo prescrito en este capitulo, imposibilita la formación de otro pro-ceso por el mismo delito, si éste es un ‘misdemeanor’ (delito menos grave); pero no así cuando el delito es un ‘felony’ (delito muy grave)." (Bastar-dillas nuestras.)


author: En .jubz Asociado Señoii Makretío

text:
    Providencia Santana, demandante y apelada, v. Prensa Insular, Inc., y Hartford Accident & Indemnity Company, demandadas y apelantes.
    Núm. 9487.

      Sometido: Noviembre 14, 1947.

      Resuelto: Enero 13, 1948.

      James R. Beverley, José López Baralt y R. Rodríguez Lebrón, abo-gados de las apelantes; Cayetano Goll Cuchí y Víctor A. Coll, abosados de la apelada.
   En .jubz Asociado Señoii Makretío

emiuo la opinion del tribunal.

Providencia Santana instó demanda de daños y perjuicios contra Prensa Insular, Ine., y su aseguradora, Hartford Accident & Indemnity Company. Celebrado el juicio en sus méritos, la corte inferior dictó sentencia condenando a las demandadas a pagar a la demandante la suma de $1,500, más las costas y $250 para honorarios de abogado.

Según la prueba de la demandante, el día 30 de noviem-bre de 1945, como a las 10 de la noclie, ella se encontraba de pie en el borde de la acera sur de la Avenida Fernández Juncos, Parada 14%, Santurce. Ella era lavandera y por las noches se dedicaba a vender el periódico “El Impartial”. Al ocurrir el accidente había en aquel sitio 4 ó más personas, la mayoría de ellas muchachos, que esperaban la llegada del vehículo que les entregaría el periódico. La de-mandante vió que el camión que ocasionó el accidente corría a bastante velocidad cuando venía por la Parada 12. En ese momento el vehículo marchaba algo despegado del encintado de la acera y de acuerdo con la experiencia tenida durante meses por la demandante los chóferes de las guaguas que repartían el periódico tenían por costumbre detener éstas como a 4 pies 7 pulgadas de la acera. Al llegar al sitio en que se hallaba la demandante el camión se acercó tanto al borde de la acera donde ella estaba que la rueda anterior derecha del mismo rozó con el encintado, dejó sus huellas allí, y la caja, que sobresalía más allá de las ruedas, lanzó a la demandante al pavimento y le produjo ciertas lesiones en la región ilíaca y en la pierna izquierda, a consecuencia de las cuales la. demandante sufrió intensos dolores, tuvo la pierna enyesada por espacio de un mes y se ha visto por algún tiempo privada de ganarse el sustento diario.

La prueba de las demandadas fué al efecto de que al ver que se aproximaba al camión que traía los periódicos, la de-mandante-echó a correr y tropezó con un gancho que había en la acera; que ese tropezón la hizo caer en el preciso momento en que pasaba el vehículo; y que el chófer de éste no vió a la demandante hasta después de ocurrir el accidente.

La corte inferior no dió crédito a la prueba de las deman-' dadas, pero al apreciar la de la demandante creyó que ésta iiabía sido negligente, ya que, en su opinión, al ver que se aproximaba el vehículo de las demandadas ella debió dar uno o más pasos hacia atrás, y al no hacerlo así había contri-buido al accidente. No obstante, según se ha indicado, dictó sentencia a favor de la demandante, aplicando la que calificó de doctrina de “inmovilidad ante acontecimiento súbito”.

En numerosas ocasiones hemos dicho que de ser correcta una sentencia la misma será sostenida aunque los razonamientos aducidos en la opinión dictada en apoyo de ella sean erróneos. Véase Latorre v. Cruz Texidor, 67 D.P.R. 743 y casos citados en el penúltimo párrafo de la opinión.

A nuestro juicio, la conclusión final a que llegó la corte de distrito es correcta. Empero, una cuidadosa lectura de la transcripción no nos convence de que la demandante incurriera en negligencia contribuyente. La prueba revela, como hemos -dicho, que la demandante estaba paradá en el borde de la acera, en un sitio donde tenía derecho a estar; que ella no vió el camión en el momento precisó en que se acercaba a velocidad al lugar donde se hallaba; que era eos-tumbre de los chóferes de los vehículos en los cuales se repartía el periódico El Imparcial detener éstos a varios pies de distancia del encintado de la acera; y que no obstante haber en aquel sitio no menos de 40 personas, el conductor del camión no tocó bocina, no vió a la demandante al ocurrir el accidente e invadió la acera con parte de la caja del vehículo. La negligencia del chófer fue clara. Bajo seme-jantes circunstancias no vemos que la demandante estuviera en la obligación — especialmente no habiendo visto el camión en el momento del accidente — de dar varios pasos hacia atrás para evitar ser lesionada. Véanse Romañat v. White Star Bus Line Inc., 43 D.P.R. 939, 944 y De Gracia v. Guardiola, 37 D.P.R. 833, 843, así como García v. Fernández, 52 D.P.R. 183; Hernández v. Alvarado, 41 D.P.R. 88 y Rivera v. Currá, 33 D.P.R. 964.

Consideradas las lesiones recibidas por la demandante y los dolores físicos por ella sufridos con motivo del accidente, una indemnización de $1,500 no resulta excesiva. García v. Fernández, supra, y Arabía v. Lago, 41 D.P.R. 586.

Por otra parte, ante un caso claro de negligencia como el presente la corte de distrito estuvo justificada en imponer los honorarios de abogado a las demandadas. Hubo temeridad por parte de éstas. Ley 94 de 11 de mayo de 1937 (pág. 239) y Arabía v. Lago, supra.

No habiéndose cometido los errores señalados, debe con-firmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor, Marrerio

text:
    Frank Besosa, peticionario v. Tribunal de Distrito de San Juan, Hon. Federico Tilén, Juez, demandado; Georgina Capó Vda. de Andréu, interventora.
    Núm. 1731.

    Sometido: Diciembre 3, 1947.

      Resuelto: Enero 13, 1948.

      II.. M. Besosa, abogado del peticionario; G. Andréu Ribas, abogado de la interventora, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor, Marrerio

emitió la opinión del tribunal.

Georgina Capó Yda. de Andrén radicó ante la Corte Municipal de San Juan demanda de desahucio contra Frank Be-sosa. Dictada sentencia adversa al demandado éste apeló para ante el Tribunal de Distrito y, celebrado el juicio de novo, una vez más se declaró con lugar la demanda. Acudió el demandado ante nos con un recurso de certiorari y, al igual que lo hicimos en otros casos similares, expedimos el auto principalmente con el fin de que este Tribunal determine el alcance y efecto de la Ley Federal de Inquilinato de 1947 sobre casos de esta naturaleza!

Sostiene el peticionario que la corte de distrito cometió error al permitir a la demandante que enmendara su de-manda en apelación, en forma tal que el desálmelo se basara en causal distinta a la alegada ante la corte municipal, y al no resolver que había habido una tácita reconducción. No estamos conformes.

En la demanda radicada ante la corte municipal se alega sustancialmente que la demandante es administradora judicial y condueña de la casa y solar que se describen, situados en Pacific Place núm. 14, de Santurce; que el demandado ha ocupado desde hace algún tiempo uno de los apartamientos de la segunda planta por un canon mensual de $52, pagadero por anticipado el día 15 de cada mes; que el 17 de enero de 1947 la demandante requirió por escrito al demandado para que desalojara el referido apartamiento y le indicó que le concedía 10 días adicionales para así hacerlo; que de buena fe desea recuperar la posesión de dicho apartamiento, no' dedicado habitualmente a alquiler, para establecer en él su residencia, ya que vive en otro local arrendado a tercera persona; que durante el año anterior a la radicación de la demanda no ha vivido en casa de su propiedad; que vencidos los diez días concedidos por ella al demandado éste se ha negado a desalojar el apartamiento; y que ha cumplido en todo con las disposiciones del Beglamento de Inquilinato.

Al ser llamado el caso para juicio ante la corte de dis-trito el demandado por su abogado planteó una cuestión de derecho y como resultado de ella la corte ordenó a la deman-dante que enmendara su demanda. Ésta así lo hizo.

Hemos examinado la demanda enmendada archivada en la corte de distrito y al compararla con la que tuvo ante sí la corte municipal notamos que las únicas modificaciones substanciales en ella contenidas son al efecto de:

“3. Que en 9 de enero de 1947, y por cheque fechado 8 de dicho mes y año, el demandado pagó a la demandante la suma de $156 correspondiente a los cánones de octubre, noviembre y diciembre de 1946 y hasta enero 15 de 1947;” y
“4.que a la fecha en que se hizo dicha notificación al demandado, éste no había pagado la mensualidad adelantada corres-pondiente al més que comenzaba en 15 de enero de 1947 y terminaba •el 15 de febrero próximo.”

La referida cuestión de derecho, según surge de los autos, equivalió a una excepción previa. Al declarar con lu-gar la misma la corte estaba facultada para autorizar una enmienda a la demanda. Véase Santana v. Corte, 58 D.P.R. 568, en el cual dijimos, a la página 574, lo siguiente:

“De manera que no hay duda de que, tanto el demandante como el demandado, en un caso que procede en apelación de una corte municipal, pueden enmendar en la corte de distrito antes de cele-brarse el juicio de nuevo, sus alegaciones, demanda o contestación, pero es a virtud de permiso concedido por el juez al haberse decla-rado con lugar una excepción previa a la demanda o a la contesta-ción. ’'

Al concedérsele permiso para ello, conforme hemos -indi-cado, la demandante enmendó su demanda en la forma antes expuesta. La adición de los referidos párrafos en ma-nera. alguna significaba que la demandante fundara su ac-ción de desahucio en la falta de pago o que alterara la teo-ría de su acción^) Por el contrario, en la demanda enmen-dada reiteradamente se insistió en que la demandante de-seaba recuperar de buena fe la posesión del apartamiento ocupado por el demandado.() Además, durante el curso del juicio ella hizo constar repetidamente que su demanda no se fundaba en falta de pago, sino en su deseo de obtener la posesión del apartamiento de buena fe. Bajo estas cir-cunstancias, no vemos cómo puede el demandado alegar con éxito que la demandante cambió la teoría de su caso en ape-lación.

Insiste asimismo el-peticionario en que la demanda fue radicada prematuramente, puesto que bubo una tácita reconducción. La prueba demostró que el demandado pagó a la demandante la suma de $156 para cubrir los cánones co-rrespondientes a los meses de octubre, noviembre y diciem-bre de 1946; que el contrato de arrendamiento era uno de mes a mes; que habiendo pagado el demandado hasta el 15 de enero de 1947 la demandante dirigió a éste dos días más tarde una carta requiriéndole para que desalojara el apar-tamiento y concediéndole un término de diez días para así hacerlo; y que si bien el demandado remitió a la demandante un cheque por $52, fechado el 15 de enero de 1947, el mismo le fué devuelto por la demandante en primero de febrero si-guiente.

De acuerdo con el artículo 1456 del Código Civil, (edición de 1930), “Si al terminar el contrato permanece el arren-datario disfrutando quince días de la cosa arrendada con aquiescencia del arrendador, se entiende que hay tácita re-conducción ...” Aquí el requerimiento se hizo dos días después de haber vencido el mes que expiró en 15 de enero de 1947. El hecho de que la demanda no se radicara ante la- corte municipal hasta el 20 de febrero no altera la situa-ción.. Tampoco, el hecho de que el demandado enviara a la demandante el cheque de 15 de enero a que ya hemos hecho mención. Para que no haya tácita reconducción lo impor-tante es que el requerimiento se haga dentro de los 15 días inmediatamente siguientes a la expiración del arrendamiento. A este respecto, el comentarista Manresa'y Navarro en el tomo X de sus Comentarios al Código Civil Español, Cuarta edición, 1931, nos dice a la página 540:

“Es el aspecto negativo del heelio que origina la tácita reconduc-ción, según liemos dielio, la ausencia de todo requerimiento anterior. Si el requerimiento se ha verificado, la reconducción no tiene lugar. La razón es obvia; el requerimiento muestra de un modo expreso el propósito y la intención de poner término al arrendamiento, y contra el consentimiento expreso no puede prevalecer el tácito.”

En lo que a la acción de desahucio en sí respecta, la prueba de la demandante demostró de manera indubitada que ella deseaba obtener de buena fe la posesión del apartamiento objeto de su demanda. Bajo la Ley Federal de 1947 el desahucio procede por ese motivo. Véase la opinión emitida por esta Corte con fecha de hoy en el recurso de certiorari número 1729, Felipe Ávila v. Tribunal de Distrito de San Juan, ante, pág. 11.

Debe anularse el auto expedido.

      (1)E1 primero do los párrafos copiados de la demanda enmendada mera-mente indicaba la fecha basta la cual las rentas se habían pagado y el segundo podía calificarse de defensa anticipada (anticipatory defense). Cf. Morales v. Martinez, 40 D.P.R. 724, 728.

      (2)Véanse los párrafos 5 y 9 de la'demanda enmendada.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Sindicatura Rubert Hermanos, Inc., interventora.
    Núm. 141.

    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Enero 14, 1948.

      TIon. Procurador General Luis Negrón Fernández, J. Rivera Barre-ras j Elmer Toro Lucchetti, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del peticionario; Gabriel de la liaba, abogado de la interventora, querellante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

A petición del Tesorero de Puerto Rico expedimos el auto en este caso para revisar la resolución del Tribunal de Con-tribuciones al efecto de que propiedad mueble, constituida por materia prima de la contribuyente, Sindicatura de Ru-bert Pinos. Inc., estaba exenta del pago de contribuciones so-bre la propiedad para el año 1945 a 1946, a virtud de la Ley núm. 61 aprobada el 5 de mayo de 1945 (Leyes de 1945, pág\ 221). Primordialmente el tribunal inferior basó su decisión en el liecbo de que de acuerdo con el artículo 6 de diclia .ley, la misma empezó a regir el día primero de julio de 1945, y que desde dicba fecha la propiedad antes mencionada estaba exenta del pago de contribución.

No obstante el hecho de que la exención prescrita en dicha ley no se hizo retroactiva al día 15 de enero, fecha en que, de acuerdo con el Código Político, se impuso la contribución (taiv date), y de haber reiteradamente resuelto este Tribunal en Asociación de Maestros v. Sancho Bonet, Tes., 54 D.P.R. 536; Roig v. Sancho Bonet, Tes., 54 D.P.R. 649; Varcárcel v. Sancho Bonet, Tes., 61 D.P.R. 213 y Buscaglia, Tes. v. Tribunal de Contribuciones, 63 D.P.R. 39, que es en dicha fecha, 15 de enero, que surge el estado contributivo (taxable status) de la propiedad, el cual debe permanecer inalterado, (como excepción, desde luego, dicho estado puede ser alterado si se exime expresamente la propiedad de contribuciones para dicha fecha), y de haber resuelto expresamente en National Hats Co. v. Sancho, Tes., 65 D.P.R. 241, que cuando la propiedad no está exenta del pago de contribuciones el 15 de enero, aun cuando posteriormente sea exenta, debe pagar; el tribunal inferior resolvió que la intención legislativa al fijar la vigencia de la ley para el 1ro. de julio de 1945, fué eximir la materia prima del pago de las contribuciones ya impuestas el 15 de enero anterior.

No estamos conformes. Si la Legislatura, conociendo nuestra jurisprudencia, no le dio efecto retroactivo a la Ley núm. 61 de 1945 al 15 de enero, las contribuciones ya im-puestas en diclia fecha, aunque no cobradas, eran adeudadas por la contribuyente. Como dijimos en el caso de Asociación de Maestros v. Sancho Bonet, supra, “la responsabilidad del pago de las contribuciones sobre la propiedad, surge a la fecha en que la tasación de los bienes para fines contribu-tivos queda terminada.” Y en el de National Hats Co. v. Sancho, supra, rechazamos la contención del apelante en dicho caso, al efecto de que si bien las contribuciones se fijan el 15 de enero de cada año,'no se adeudan realmente hasta el primero de julio y el primero de enero.

Si bien en los casos citados, excepto el de National Hats en que la exención era de carácter general, se trataba de bienes inmuebles, y en el de autos de bienes muebles, la si-tuación es la misma, ya que, de acuerdo con el artículo 297 del Código Político, todos los bienes muebles serán tasados e incluidos en el reparto de contribuciones a nombre de su dueño respectivo, en el municipio en que residiese, el día quince de enero. De manera que el estado contributivo (taxable status) surge el mismo día para ambas clases de pro-piedad y la responsabilidad u obligación contributiva en la misma fecha, el 15 de enero de cada año.

Nada encontramos en la Ley núm. 61 de 1945, que justifique que variemos la jurisprudencia citada y aquélla establecida en los casos de Monllor & Boscio, Sucrs. v. Sancho Bonet, Tes., 61 D.P.R. 67; Puerto Rico Ilustrado, Inc. v. Buscaglia, Tes., 64 D.P.R. 914 y el de National Hats Co. v. Sancho, supra, al efecto de que cuando se trata de leyes concediendo exenciones contributivas, las mismas deben interpretarse restrictivamente y que a menos que expresamente se haga constar en ellas que tendrán efecto retroactivo no deben interpretarse en ese sentido. Cf. Island Needlework v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 727, 734.

No habiendo sido exenta la propiedad de la contribuyente para él 15 de enero de 1945, erró el tribtmal inferior en su resolución, la cual debe revocarse y devolverse el caso con instrucciones de que se desestime la querella radicada por la contribuyente.


author: El Juez Asociado Señor Marrero

text:
    Valiente & Compañía, peticionaria, v. Corte de Distrito de Bayamón, Hon. Fernando Gallardo Díaz, demandada; Francisco Oquendo, et al., interventores
    Núm. 1705.

    Sometido: Diciembre 10, 1947.

      Resuelto: Enero 15, 1948.

      Edelmiro Martines Rivera y Luis Blanco Lugo, abogados de la peti-cionaria; Bauzá ds Bausá, abogados de los interventores, que-rellantes en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

Francisca Oquendo y otros radicaron ante la Corte Municipal de Toa Alta una querella sobre reclamación de sala-rios contra la aquí peticionaria Valiente & Oía. De una sen-tencia adversa apelaron los querellantes para ante la Corte de Distrito de Bayamón, donde, luego de una vista de novo, se condenó a la demandada' a pagar determinadas cantida-des. No conforme, Valiente & Compañía acudió ante nos con una solicitud de certiorari y librado el auto, el recurso lia quedado finalmente sometido a nuestra consideración.

La peticionaria insiste en que la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Bayamón es errónea porque:

(a) De la propia relación do hechos probados formulada por la corte inferior surge el hecho de que la mayor parte de la recla-mación de los distintos obreros querellantes había prescrito por haber transcurrido con exceso a la fecha de su radicación el término pres-criptivo de tres años ... ya que dichos reclamantes habían aban-donado su labor por un período considerable de tiempo en una industria que funciona continuamente, sin ofrecerse explicación al-guna para ello,.” y
“ (b) De la evidencia practicada por los propios querellantes resulta que varios reclamantes son mujeres casadas, y no surge de las alegaciones ni de la prueba que hayan comparecido representadas o asistidas por sus respectivos esposos.”

Do los autos se desprende que la peticionaria suscitó re-petidamente ante la corte inferior las dos cuestiones arriba expuestas y que si bien dicha corte declaró sin lugar la pri-mera de ellas no resolvió en forma alguna la.segunda.

En la relación de hechos y opinión enmendada dictadas por la corto de distrito con fecha 18 de abril de 1947 apa-recen Jas distintas épocas trabajadas por todos y cada uno de los querellantes, pero no que algunas de las querellantes fueran casadas. Sin embargo, es indiscutible que para resolver las dos cuestiones planteadas este Tribunal necesita la transcripción de evidencia, debidamente aprobada por la corte inferior.

La peticionaria acompañó con su petición de certiorari copia a carbón de parte de la transcripción de evidencia, Decimos “de parte” debido a que de la referida relación de hechos y opinión enmendada se desprende que con fecha 5 de diciembre de 1946 hubo una vista adicional ante el Juez Gallardo y la transcripción mencionada no incluye la evidencia aducida durante dicha vista. Esa transcripción de evidencia parcial está aparentemente suscrita por el taquígrafo que la preparó, mas la misma no ha sido aprobada por la corte inferior. En esas condiciones no puede tampoco ser tomada en consideración por nosotros.

A la peticionaria incumbía poner a este Tribunal en condiciones de resolver las cuestiones por ella planteadas y para ello debió elevar la transcripción de evidencia en su totalidad, debidamente aprobada por la corte inferior. No habiéndolo hecho así, debería anularse el auto expedido. Sin embargo, como se trata del certiorari especial provisto por la sección 12 de la Ley núm. 10 de 1917, Yol. II, pág. 217, según fue enmendada por la Ley núm. 17 de- 1945, pág. 45, y este Tribunal hasta ahora no ha resuelto qué documentos específicos deben elevarse al .expedirse un auto de esta naturaleza y, por otra parte, al librarse el auto en este caso específico no se hizo constar que debería traerse la transcripción de evidencia, se concede a la peticionaria Valiente & Compañía un término de 30. días para unir a este recurso la referida transcripción de evidencia en la forma arriba indicada. Si así no lo hiciere, el auto expedido será anulado.


author: 10l Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Vicente Zayas Pizarro, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Utuado, recurrido.
    Núm. 1217.

    Sometido: Noviembre 6, 1947.

      Resuelto: Enero 16, 1948.

      Vicenta Zayas Pizarro, pro se; el registrador recurrido compareció por escrito; Rafael R. Fuertes, Félix Bello y A. Sandín del Man-zano, abogados de la Junta de Planificación, etc., como amicus curiae ésta.
   10l Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

301 recurrente es dueño de una finca rústica radicada en Adjuntas conocida por la “La Granja”, con una cabida de 31.93 cuerdas, que compró en 1927. En 1928 llevó a cabo una urbanización parcial de esta propiedad haciendo que un ingeniero le trazara todos y cada uno de- los solares que com-prendía dicha urbanización, las calles de la misma y demás particulares. Sin embargo, si bien las cabidas y demás as-pectos de los solares fueron debidamente delineados en el plano en cuestión, los solares no fueron de hecho segregados.

Este plano fué sometido a la Asamblea Municipal de Ad-juntas en 1928, de conformidad con la Ley núm. 69, Leyes de Puerto Rico, 1925 (pág. 367). La Asamblea aprobó una ordenanza que (a) aprobó la urbanización en cuanto a las calles 1, 2, 3 y 4, (b) disponía que las cuatro calles por la presente pasaban a formar parte de la zona urbana de acuerdo con la ley,() y (c) autorizaba al recurrente a.pro-ceder a la construcción de las casas que creyera conveniente en estas calles, previa aceptación final del Departamento de Sanidad j los permisos exigidos por la ley. En 1928 el De-partamento de Sanidad le escribió a Zayas al efecto de que habiendo sido las calles construidas de acuerdo con los pla-nos aprobados por el Departamento, “por la presente se aceptan dichas calles para los fines de edificación en las mismas.” •

De conformidad con esto plano de urbanización, el recu-rrente construyó dos casas en dos solares. Estos solares con sus casas fueron debidamente segregados por escrituras otorgadas el 4 de octubre de 1942 y el 26 de abril de 1944, respectivamente, y se inscribieron como propiedades sepa-radas sin defecto alguno. La construcción de estas casas y la segregación de los solares y las casas como propieda-des separadas se llevaron a cabo de conformidad con el plano de urbanización ya mencionado.

El recurrente construyó una pequeña casa en cada uno' de los solares 15, 16 y 17 del referido plano de urbaniza-ción. Por escritura de 24 de junio de 1947 segregó de “La Granja” .estos solares, con una cabida de 572,' 550 y 525 metros cuadrados, respectivamente, junto a las casas construi-das sobre diclios solares, con el fin de inscribirlos como pro-piedades separadas. El Registrador se negó a inscribir esta escritura del 24 de junio de 1947 por el fundamento de que no se había acreditado en forma alguna que la Junta de Planificación, Lotificación y- Zonifieación de Puerto Rico hu-biera aprobado las operaciones a que dicho documento se contraía. Contra la nota del Registrador, el recurrente ha radicado el presente recurso gubernativo.

El recurrente señala dos errores. El primero es que, en lo que a los solares 15, 16 y 17 respecta, este caso en-vuelve una urbanización aprobada y aceptada definitivamente por las autoridades competentes en el año 1928, y en su con-secuencia, la Ley creando la Junta y el Reglamento de Lo-' tifieaeión no puede aplicarse retroactivamente a estos sola-res.

No podemos convenir con la contención del recua-ente de que la aprobación de su plano de urbanización bajo la Ley núm. 69 de 1925 exige que resolvamos que la Ley creando la Junta y el Reglamento de Lotificación expedido de conformidad con la misma no pueden invocarse en un caso como el presente en que el recurrente trata, después de haberse promulgado el Reglamento de Lotificación, de segregar un solar de conformidad con el referido plano de urbanización.

No vemos necesidad de determinar en este caso si bajo una ley anterior alguna agencia gubernativa tenía poder para reglamentar las lotificaciones.según éstas se distinguen de un plano general de urbanización. El hecho cierto es que, en lo que se refiere a los solares aquí envueltos, el re-currente no había hecho gestión alguna, de hecho o de de-recho, para segregarlos antes de que entrara en vigor la Ley creando la Junta y el Reglamento de Lotificación pro-mulgado de conformidad con la misma. En su consecuen-cia, tanto la Asamblea Legislativa como la Junta estaban en libertad de aprobar nueva legislación y reglamentos para la lotificación de tales solares basada en requisitos en ellos establecidos.

Convenimos con la Junta, que fia radicado un alegato como amicus curiae, en que “Naturalmente que algunas dis-posiciones del Reglamento no deben ni pueden aplicarse a urbanizaciones terminadas o en proceso al comenzar a regir el Reglamento de Lotificación. Es decir, la Junta de Pla-nificación no tiene facultad para exigir que las calles de diez metros construidas por el recurrente se amplíen basta el mínimo establecido por el Reglamento de Planificación núm. 3 que exige tengan trece metros. Pero sí debe y puede in-tervenir en que se formen solares con los requisitos míni-mos de frente y cabida que exigen los reglamentos.”

Los casos en que descansa el recurrente¡ — Sepúlveda v. Registrador, 64 D.P.R. 449; Matos v. Junta de Planificación, 66 D.P.R. 439; Rodríguez v. Registrador, 66 D.P.R. 772; Wilcox v. Registrador, 67 D.P.R. 475 — no son aplicables. En ellos se liicieron, como cuestión de beclio, segregaciones y lotificaciones antes de que entrara en vigor el Reglamento de Lotificación de la Junta. Eso no ocurrió en este caso. Por el contrario, aquí el otorgamiento de la escritura de se-gregación y la segregación física de estos solares, tuvieron lugar después que el Reglamento de Lotificación entró en vigor. Véase Rivera v. Registrador, 64 D.P.R. 461; cf. Fortunet v. Junta de Planificación, 67 D.P.R. 265.

-El segundo error señalado por el recurrente es que el exigirle la aprobación por la Junta de la segregación de estos solares menoscaba el contrato celebrado entre el recurrente y el Municipio de Adjuntas en efecto por ministerio de ley en virtud de la núm. 69 de 1925, de conformidad con la cual el Municipio adquirió las calles de la urbanización una vez que ésta fue aprobada. El argumento del recurrente es que bajo este “contrato”, el Municipio obtuvo de él un interés de propiedad en las calles a cambio del derecho conferídole para construir casas de conformidad con el plano de urbanización aprobado. Arguye que al dispo-ner requisitos nuevos y adicionales en cuanto a la lotifica-ción de casas y solares en esta urbanización, menoscaba este derecho adquirido por él bajo el “contrato”. Suponiendo, sin decidirlo, que tal cuestión pueda levantarse en un recurso gubernativo y que la Ley núm. 69 cree en efecto legal uil contrato entre el recurrente y el Municipio, no vemos razón alguna para que la Asamblea Legislativa no pueda bajo el poder de policía disponer la reglamentación de lotificaciones y segregaciones mediante una ley que no estaba en vigor cuando se aprobó originalmente esta urbanización, siempre y cuando que como cuestión de hecho no se haya realizado lotificación o segregación alguna antes de que se promulgue la nueva reglamentación.

La nota del Registrador será confirmada.

      (1)La sección. 3 de la Ley núm. 09 dispone que "Una vez aprobado defi-nitivamente por el Gobierno Insular y por el municipio una urbanización, se entenderá que ésta entra a formar parte de la urbe, y la conservación de sus calles y demás servicios públicos quedan a cargo y serán propiedad del muni-cipio correspondiente.” Al mismo efecto, sección 7 de la Ley núm. 11, Leyes de Puerto Rico, 1931.