author: El Juez Asociado Señok Aldbey,

text:
    Joaquina Batlle Vda. de Vilaró, demandante-apelante-apelada, v. Sergio Torruella Cortada, demandado-apelado-apelante. Joaquina Batlle Vda. de Vilaró, demandante y apelante, v. Sergio Torruella Cortada, demandado y apelado.
    Nos. 5072 y 5127.

    Sometidos: Mayo 9, 1930.

      Resueltos: Junio 15, 1931.

      Tous Soto <& Zapater, abogados de la demandante en ambos casos; José A. Poventud y Alberto S. Poventud, abogados del demandado.
   El Juez Asociado Señok Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Al resolver la Corte de Distrito de Ponce las excepciones previas propuestas por los demandados en este caso contra la demanda resolvió qne contiene indebida acumulación de acciones; que tiene defecto de partes demandadas; que es ambigua; que ninguna de las tres causas alegadas tiene becbos suficientes determinantes de causa; y que la tercera está prescrita; y concedió permiso para que la demanda fuese enmendada.

Después de esa resolución la demandante solicitó que para que ella pudiera ser revisada en apelación dictase la corte sentencia, y en efecto fuá dictada declarando sin lugar la demanda con las costas a la demandante, por los fundamentos de la resolución de las excepciones previas.

Resolviendo este Tribunal Supremo esa apelación de la demandante declaró que en la demanda no existe indebida acumulación de acciones; que no tiene defecto de partes demandadas; que no es ambigua; que la primera causa alegada contiene hechos suficientes para la acción que ejer-cita; que la segunda y tercera cansa están carentes de hechos suficientes, y dejó de resolver la excepción de pres-cripción alegada contra la tercera cansa de acción por haber sido sostenido que no aduce hechos determinantes de causa de acción. De acuerdo con esas conclusiones revocamos en parte la sentencia apelada, confirmándola también en parte y devolvimos el caso a la corte inferior para ulteriores pro-cedimientos. En esa apelación no se promovió ni se trató la condena de costas.

La parte demandante solicitó de nosotros que, puesto que habíamos declarado errónea la resolución de las excepciones previas en cuanto a la mayor parte de ellas, aclarásemos nuestra.sentencia en el sentido de revocar en su totalidad la de la corte inferior, pero resolvimos que se estuviese a lo dispuesto. Después la demandante solicitó en el tribunal inferior que se concediera permiso para enmendar su de-manda, según se dice en los alegatos de las partes.

La parte demandada presentó en la corte inferior un memorándum de costas reclamando $10 por honorarios del secretario de dicha corte y $800 por los de su abogado. A él se opuso la demandante y la corte resolvió que debía pagar los $10 del secretario y $350 por el abogado. Contra esa resolución establecieron apelación ambas partes, tramitando sus recursos separados pero después por estipulación que hicieron y fné aceptada por esta corte presentaron un solo alegato para ambos recursos.

La apelación del demandado es solamente por la cuantía de honorarios de su abogado que le fué concedido, soste-niendo que debe ser la fijada en su memorándum de costas. La de la demandante se funda principalmente en que no tiene que satisfacer cantidad alguna por costas.

La parte demandante no podía apelar la resolución de la corte de distrito sobre las excepciones previas alegadas contra su demanda sin que se dictase sentencia. Si ella entendía qne sn demanda no tenía qne ser enmendada, el único medio de qne disponía para evitar hacerlo era solici-tando ■ sentencia contra ella, sentencia qne necesariamente debía contener y contuvo condena de costas porque de acuerdo con la resolución de la corte, no enmendándose la demanda, se estaba demandando sin cansa justificada y esa sentencia ponía fin al pleito.

La resolución de este tribunal en la anterior apelación demuestra que la demandante tenía razón en no querer en-mendar su demanda porque no tenía indebida acumulación de acciones, defecto de partes demandadas, ni ambigüedad, y porque su primera causa de acción contenía becbos sufi-cientes para la que ejercitaba. La resolución de la corte inferior sólo fué sostenida en cuanto a falta de becbos sufi-cientes en la segunda y tercera causa de acción. Aunque la sentencia de la corte inferior declaró sin lugar la demanda con costas, su fundamento fué por baber sostenido las excep-ciones previas opuestas a la demanda. Esa resolución ba sido revocada casi en su totalidad. El efecto de nuestra sentencia es retrotraer las cosas al estado que tenían cuando las excepciones fueron resueltas. Nosotros dictamos la reso-lución que debió baber dictado la corte inferior. Con tal resolución de las excepciones no era procedente una sentencia declarando sin lugar la demanda con costas puesto que no era ambigua, no adolecía de partes demandadas, no contenía indebida acumulación de causas y su primera causa de acción consignaba los becbos necesarios para ella, por lo que podía celebrarse un juicio en cuanto a esa primera causa.

Además, si la demandante quería enmendar su demanda en cuanto a- la segunda y tercera causa de acción, tenía derecho a obtener permiso de la corte, como dicen las partes que lo solicitó. Por consiguiente, la sentencia de la corte inferior cayó por su base con nuestra resolución de las excep-ciones, substituyendo en apelación a la corte inferior, y con ella cayó necesariamente la sentencia que declaró sin lugar la demanda y la condena en costas, por lo qne no hay derecho a cobrarlas.

La apelación de la demandante debe 'ser declarada con Ingar y en sn consecuencia la resolución aprobatoria del memorándum de costas- debe ser revocada y dictarse otra declarando que no es procedente su aprobación, y que tam-poco es procedente la apelación del demandado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señ¡ob Iíutchis-oh,

license: Public Domain

text:
    Juana Hernández, como madre con patria potestad de su menor hija Carmen Hernández, demandante y apelada, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., demandada y apelante.
    No. 5182.

    Sometido: Mayo 7, 1930.

      Resuelto: Junio 15, 1931.

      J. H. Brown, C. Ruiz Nazario y G. E. González, abogados de la ape-lante; J. Lastra, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señ¡ob Iíutchis-oh,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, una niña de dos años, mientras jugaba en el estrecho espacio (como de metro y medio de ancho) entre una casa de vecindad y la vía de los carros eléctricos de la demandada, fué lesionada por uno de dichos carros.

Ninguno de los testigos de la demandante la vió inme-diatamente antes de la desgracia, y no hay base satisfactoria para la teoría de que ella permaneciera en el trecho existente entre la vía y la casa de vecindad durante ningún período apreciable de tiempo anterior al momento en que la vieron el -motorista y otros dos testigos de la demandada. El testi-monio de esos tres testigos indica que ella pasó directa y rápidamente de la casa a la vía. Uno de ellos, un inspector, que iba parado al lado del motorista, dice que ella salió corriendo como del balcón de la casa hacia la vía. Los tres están contestes en fijar la distancia entre el carro y la niña cuando la vieron por primera vez en 4% ó 5 metros. El motorista dice que él estaba mirando hacia adelante, y que cuando por vez primera la vió, ella se aproximaba a la vía como procedente de la casa, y que entonces estaba como a medio metro de la vía.

El carro estaba desarrollando una velocidad de cinco puntos,. y caminaba como a diez o doce millas por hora cuando el motorista vió a la niña. El actuó prontamente, e hizo detener el carro dentro de la menor distancia posible.

La vía era recta, y la vista del trecho entre la vía y la casa de vecindad no estaba obstruida salvo parcialmente quizá por los escalones que conducen al balcón. Ni la forma en que esos escalones estaban construidos, ni la altura del balcón, aparecen de la prueba. Una testigo de la demandante que estaba en el balcón en el momento del accidente, dice que ella se inclinó hacia adelante para ver el carro que se aproximaba. La inferencia es que, de lo contrario, su vista hubiese sido obstruida por otro edificio que se mencionará más adelante. Si cuando una niña de dos años se disponía a penetrar en el trecho, desde el balcón, o desde la escalera, o desde un punto detrás de ésta, o desde un punto entre las dos casas, pudo1 haber sido vista por el motorista, no ha sido revelado por la prueba. No podemos asumir que él pudo haber visto a la demandante en cualquier momento antes de que ella apareciera en el espacio al descubierto.

La corte de distrito dictó sentencia a íavor de la deman-dante fundándose en la teoría de que si el motorista hubiera actuado inmediatamente que vio a la niña a una distancia de cuatro o cinco metros del “trole.” en vez de esperar que ella se colocara dentro de medio metro de la vía, el accidente podría haber sido evitado. La demandante no se hallaba a 4% metros del carro en una ocasión y en otra a medio metro de la vía. Ella estaba a 4% metros del carro y a medio metro de la vía a un tiempo mismo, a saber, cuando el motorista la vió por vez primera. El no tardó en actuar. Su declaración en conjunto no deja lugar a dudas sobre este extremo.

La sentencia no puede sostenerse sobre la teoría del juez sentenciador, y la apelada no sugiere ningún otro funda-mento satisfactorio.

La demandante alegó que el sitio en que acaeció el acci-dente era una vía pública. No hubo prueba sobre esa alega-ción. La casa de vecindad se hallaba al sur de los rieles del tranvía. En 1912 la Legislatura Insular cedió al municipio de San Juan una faja de terreno al norte de la vía. El mismo año, el Concejo Municipal decidió pavimentarla, habiendo estado desde entonces abierta al pueblo como un paraje público conocido como el Paseo de Covadonga. Una línea trazada paralelamente al rail nórtico de la vía de los carros eléctricos a una distancia de dieciocho pulgadas del mismo, mareaba el lindero meridional de los terrenos así traspasados al municipio. .Esta prueba tiende a demostrar que la servidumbre de paso en ese sitio no formaba parte de ninguna vía pública.

Treinta o cuarenta yardas bacía el este de la casa de vecindad babía una calle que en dirección sur conducía al malecón. Al lado sur de la vía, entre esa calle y la casa de vecindad, babía otro edificio conocido como el de de Hostos. Hubo prueba testifical de que la gente que vive en la casa de vecindad cruza la vía de los carros eléctricos para ir al sitio o para salir de él. Ni los railes ni las traviesas estaban a. ras del suelo, sino que sobresalían como un pie sobre él nivel del terreno. En parte alguna del récord aparece que allí hubiese otro edificio además de la casa de vecindad y del establecimiento de de Hostos, al oeste de la calle trans-versal ya mencionada. Hubo prueba oral de que muy poca gente usaba el espacio entre esos dos edificios y la vía. Nada bay que demuestre el tamaño de la casa de vecindad, la fecba de su construcción, ni el número' de personas que en ella residían. Nada bay que demuestre que los niños acostumbraban usar el trecho entre la vía y la casa de vecindad como sitio de recreo. Un testigo, en respuesta a una pregunta sugestiva dirigídale en la repregunta, se refiere a. otro niño como residente en el piso superior de la casa. Fuera de esto, nada hay que demuestre que ¡babía otros piños en el edificio. Según ya hemos apuntado, no hay prueba satisfactoria de que la misma demandante estuviera jugando en el trecho entre la vía y la casa de vecindad antes del momento en que se le vió cruzar ese espacio hacia la vía. La declaración del motorista de que estaba mirando hacia adelante no ha sido contradicha por 1a. de ningún otro tes-tigo, ni por las circunstancias concurrentes. El juez de distrito no lo declaró culpable de negligencia por haber dejado de ver antes a la niña, ni creemos que la prueba en conjunto hubiera justificado esa conclusión. El testimonio positivo de otros dos testigos, así como el del motorista, llevan persua-sivamente a la conclusión de que el accidente fué inevitable.

Hubo algún conflicto en la prueba respecto a si el moto-rista tocó campana. El juez de distrito no bizo declaración (finding) sobre el particular. Sin consignar opinión alguna en cuanto al deber del motorista de tocar campana cuando se dispone a pasar frente a la casa de vecindad, o a una posible conesión causal entre la falta hipotética de cumplir, ese deber y las lesiones recibidas por la demandante, creemos que la preponderancia de la prueba favorece la contención de la demandada en el sentido de que el motorista estaba tocando campana.

El que se condujera el carro a diez o doce millas por hora no constituía negligencia civilmente procesable. No puede exigirse a la compañía que conduzca sus carros a una velocidad tal que evite lesionar a todo niño que repentinamente corra de algún sitio de seguridad oculto hacia la vía inmediatamente frente a un carro en marcha.

Debe revocarse la sentencia apelada, declarándose sin lugar la demanda, ¡sin especial condenación de costas.


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    Moringlane & Lledó, demandante y apelada, v. Municipio de Ponce, representado por su Alcalde Hon. Emilio Fagot y el Tesorero Municipal Hon. Blas Oliveras, demandado y apelante.
    No. 5223.

    Sometido: Mayo 1, 1931.

      Resuelto: Junio 18, 1931.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; B. V. Pérez Marchand, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En la apelación interpuesta contra la resolución recaída en un memorándum de costas y honorarios de abogado, el primer señalamiento de error promueve un abuso de discreción al conceder las costas. El municipio apelante no impugnó la sentencia o resolución una vez dictada, y no se apeló de ella. Ninguna de las partes parece tener conocimiento de que solamente en la apelación de una sentencia o resolución imponiendo las costas puede ser revisada la discreción en sí ejercida por la corte inferior. Entonces,- la temeridad real, cualquiera que sea su grado, es enteramente res adjudicuta.

En su segundo señalamiento el apelante trata de revisar la cuantía de las costas. El municipio sostiene que son excesivas. En su alegato el apelante no no's coloca en situación de ver que la corte cometió un abuso de discreción. Consideraciones generales describiendo las alegaciones y el número de ñoras empleadas en la corte son insuficientes. El esfuerzo relativamente grande por parte del letrado no es excluido. Las alegaciones son extensas y revelan una situación extraordinaria. Los ñecños fueron que la parte demandante trató de hacer que el demandado aceptara una consignación de $2,000 mensuales que éste finalmente tuvo que aceptar a virtud de una orden de la corte. La opinión emitida comprende diez y siete páginas escritas a máquina y demuestra que fué necesario por parte del letrado de la apelada hacer algún trabajo.

Aunque la apelada no la sugiere, existe otra razón por la cual no podemos revisar adecuadamente la cuestión suscitada. El caso original fué juzgado mediante prueba y ésta no ha sido incluida en los antos. A menos que de los autos sea absolutamente claro que la concesión es demasiado elevada, una parte que apela de un memorándum excesivo está obli-gada, en cuanto fuere posible, a colocarnos en la misma situación en que estaba la corte inferior. De abí que para ayudar a los litigantes se adoptara la regia 40' o. No estamos en posición de decir que la concesión de $1,000 es excesiva.

Los autos no contenían un índice adecuado. Esto también tiende a la confirmación de la sentencia.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: Ll Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Providencia Planis, peticionaria, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. Rafael Arjona Siaca, Juez, demandada.
    No. 747.

    Sometido: Marzo 5, 1931.

      Resuelto: Junio 19, 1931.

      A. L. López, abogado de la peticionaria; González Fagundo• é Gon-zález Jr., abogados de la interventora.
   Ll Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

De la petición en este caso j los becbos esenciales, puede darse por sentado que Isabel Osorio Naranjo trató de obtener declaratoria de herederos a favor de sus menores bijos, en su carácter de únicos nietos naturales de Román Boada. Los bijos reclaman por derecho de representación de su padre, Pedro Boada, alegado hijo natural de Román Boada.

La petición se presentó en junio 27, 1930, y el 24 de sep-tiembre del mismo año, Providencia Planis, peticionaria en este recurso de certiorari, radicó solicitud ante la Corte de Distrito de BCumacao para intervenir en dicto caso. Esa solicitud iba acompañada de una moción de oposición. La teoría de estos'dos - escritos era que Román Boada talleció bajo testamento, dejando todos sus bienes a la peticionaria Providencia Planis; que Pedro Lasanta, padre de dichos menores, en realidad jamás fué reconocido por. Román Boada como bijo natural, y que si Pedro- Lasanta tuvo derecho a ser reconocido, tal derecho prescribió en 1905-,

Se hizo oposición a la petición de Providencia Planis, la corte oyó el 24 de noviembre, 1930’, las cuestiones planteadas v en diciembre 1, 1930, dictó resolución declarativa de que, después de oír a las partes y examinar los autos, y no apa-reciendo de la moción el interés de Providencia Planis, se declaraba sin lugar la referida moción. Aparece del récord que la corte hizo más que examinar la moción; penetró en los méritos de la solicitud de Providencia Planis.

La peticionaria apeló de la orden de la corte, y además presentó moción para reconsiderar. Esa moción fué dene-gada.

El 10 de enero de 1931, Isabel Osorio presentó una soli-citud a la corte, y obtuvo una orden para el pago de $1,000 de los fondos de la herencia, y la orden fué ejecutada.

De lo consignado en la petición de este caso no aparece que se hiciera a la corte solicitud o indicación alguna para que se suspendieran los procedimientos ínterin se resolviera la apelación de la orden negando la intervención. La peti-cionaria Providencia Planis niega en esta petición de certio-rari ante nos que tenga intención alguna de discutir los méritos de la solicitud de intervención, sino que únicamente se limita a mantener que la Corte de Distrito de Humacao carecía de jurisdicción hasta tanto se resolviera la apelación de la orden negando el derecho a intervenir.

La peticionaria se apoya en el artículo 297 del Código de Enjuiciamiento Civil, que dice así:

“Formulada una apelación, producirá el efecto de suspender todo procedimiento en la corte inferior, respecto a la sentencia u orden apelada, o a las cuestiones comprendidas en ella, pero la corte inferior podrá proseguir el pleito en lo que respecta a cualquier extremo del mismo no comprendido en la apelación.”

Se invocan dos casos: Pescay v. Texidor, 26 D.P.R. 170, y Martínez v. Crosas, 27 D.P.R. 94. En cada uno de estos casos, las personas que atacan el derecho de la corte a proce-der a discutir otras cuestiones eran partes en el procedi-miento ante la corte. En el presente caso, Providencia Planis no llegó a ser parte; la corte inferior le negó ese derecho.

Estamos muy de acuerdo con los recurridos cuando dicen que si la negativa de una moción de intervención y la apela-ción consiguiente paralizaran todos los procedimientos en una corte, entonces casi todo procedimiento de naturaleza civil podría ser pospuesto indefinidamente; que la peticio-naria nunca se convirtió en parte; y que lo único que aquí está envuelto es el derecho de intervención, y no los méritos del pleito.

Los recurridos también sostienen que el derecho' de la peticionaria a intervenir fué negado por razón de los méritos del caso. Ella sugiere que si una moción de intervención es enteramente frívola, podría ser rápidamente resuelta por la corte inferior, e igualmente en apelación. No creemos, sin embargo, que deba someterse a los tribunales a ningún pro-cedimiento tan complicado. Por el contrario, hay otros mediosi — tal vez por un pleito independiente, inclusive un injunction con fianza — de suspender los procedimientos, si hay algún mérito, o mérito aparente, en la reclamación de una persona. El derecho de intervención es hasta tal grado discrecional que jamás podría asumirse en el tribunal de apelación que el peticionario tuviera un derecho natural a intervenir. Esto debe demostrarse en la apelación. Aunque prede imaginarse fácilmente que en algunos casos esto crearía dificultades, tales dificultades serían decididamente de menor trascendencia que la de que todos los casos estén sujetos a paralización. El artículo 297 del Código de En-juiciamiento Civil literalmente no sostiene la contención de la peticionaria. La única cuestión envuelta en la apelación es el derecho a intervenir, y no las otras cuestiones pendientes en el pleito.

El que suscribe siempre ha tenido alguna duda respecto a si los procedimientos en una corte de distrito deben sus-penderse sin fianza de supersedeas, y se ha sometido a las palabras literales de la ley. Siip embargo, si pudiera pre-valecer la contención de la peticionaria, una duda nueva y más fuerte surgiría en su mente.

Debe anularse el auto de certiorari.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Vázquez Hermanos, S. en C., demandante y apelada, v. Juan Vilches, demandado y apelante.
    No. 5128.

    Sometido: Noviembre 26, 1930.

      Resuelto: Junio 19, 1931.

      E. Rincón Plumey, L. Llorens Torres y A. Arroyo Rivera, abogados del apelante; F. Rodríguez Alverio, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito se inició en una corte municipal cobrando' a Juan Vilclies la cantidad de $478.25 como saldo liquidado y aceptado por el demandado de una cuenta corriente. La demanda fué establecida a nombre de Vázquez Hermanos, S. en C., como sociedad mercantil. La demandante apeló de la sentencia de la corte municipal y en la corte de distrito que conoció de su apelación presentó moción solicitando per-miso para enmendar su demanda, la que acompañó de la nueva demanda. Esta es substancialmente igual a la de-manda original con la diferencia de que se establece a nombre de Antonio Vázquez Garay, baciendo negocios con el nombre de Vázquez Hermanos, S. en C. Se' opuso el de-mandado a la admisión de dicha demanda pero la corte con-cedió el permiso solicitado y admitió la demanda enmendada. Celebrado el juicio recayó sentencia condenatoria de la cual apela el demandado alegando dos motivos de error: por la admisión de la demanda enmendada y por ser contraria a las alegaciones y las pruebas.

La enmienda solicitada de la demanda original era per-misible de acuerdo con el artículo 140 del Código de Enjui-ciamiento Civil porque tenía por objeto corregir un error1 un el nombre de la parte demandante. Era la aclaración de que Vázquez Hermanos, S. en C., es el nombre que usa Antonio Vázquez Garay para sus neg'ocios. En el caso de Schlüter & Co., Sucesor, v. Hernández, 36 D.P.R. 64, bubo una situación parecida a 1a. presente. La corte no erró al admitir esa enmienda y pudo hacerlo antes del juicio porque antes de él le fué hecha esa solicitud.

La sentencia no es contraria a las alegaciones y las pruebas porque de éstas resultan justificadas aquéllas, ya que se probó que las partes liquidaron de común acuerdo la cuenta corriente cuyo saldo se reclama, que el apelante contrató siempre con Antonio Vázquez Garay, y que éste usa el nombre mercantil de Vázquez Hermanos, S. en C., sin que exista tal sociedad y sólo porque le pareció un buen nombre para su pulpería.

La sentencia a/pelada debe ser confirmada.


author: El Jtjbz Asociado Señob Aldbey,

text:
    American Colonial Bank of Porto Rico, demandante y apelada, v. José Ramírez Muñoz, hoy su sucesión, y Trinidad R. de Ramírez, demandados y apelantes.
    No. 5009.

    Sometido: Febrero 20, 1930.

      Resuelto: Junio 19, 1931.

      Rafael Arce, abogado de la Sucesión Ramírez, apelante; González Fagundo & González, Jr., abogados del Administrador judicial; Luis Menclm Sabat, abogado de la apelada.
   El Jtjbz Asociado Señob Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

The American Colonial Bank of Porto Rico demandó a los componentes de la sucesión de don José Ramírez Muñoz en cobro de dinero alegando cinco causas de acción corres-pondientes a cinco pagarés con un total de $11,000, en cuyos documentos el deudor se comprometió a pagar las costas, gastos y bouorarios de abogado en caso de reclamación judicial. Citados los demandados, unos por edictos y otros personalmente, y embargados sus bienes con anotación en el registro de la propiedad fué registrada la rebeldía de los de-mandados. Señalado día para el juicio y presentada prueba por la demandante, la corte dictó sentencia condenatoria de pago por la cantidad reclamada con costas, gastos y hono-rarios de abogado. Firme esa sentencia, la demandante pre-sentó su memorándum de costas ascendente a $1,824.25, y habiéndose opuesto a él todos los demandados la corte dictó resolución rebajándolo a $712.25. Contra esta resolución interpusieron algunos de los demandados este recurso de apelación.

En la vista de ese incidente los apelantes ofrecieron presentar prueba de que por convenio de las partes se había aplazado el cobro de las cantidades reclamadas en la demanda, a los efectos de que no hubo temeridad por su parte, a fin de que la corte apreciase tal hecho en la fijación de honorarios y gastos. La negativa de la corte a admitir esa prueba es el fundamento del primer motivo de este recurso.

El causante de los apelantes aceptó en los documentos firmados por él que pagaría las costas, gastos y honorarios en caso de reclamación judicial por lo que la cuestión de no haber habido temeridad por parte de los demandados no tiene relación alguna con la fijación de las costas, y por tanto la corte inferior no cometió ese error.

El segundo se funda en que para probar el demandante una partida de $150 que le cobró una compañía de fianzas por darle la que le requirió la corte para que pudiera embargar bienes de los demandados, se presentó el recibo de esa cantidad firmado así: “H. L. Oficiaran, agente general. —Por Matilde Hernández, agente.”

En la vista declaró un testigo que esa cantidad fué pagada por dicbo concepto y que vió firmar el recibo a Matilde Hernández.

De ese recibo aparece que Matilde Hernández, cuya firma ha sido identificada, firmó como agente por H. L. Cochran, agente general; y como la firma del último no fué puesta por él no había necesidad de identificarla. T no era necesa-rio probar la existencia de la sociedad fiadora, que el Sr. Cochran sea su agente general y que Matilde Hernández es agente, porque el objeto de la presentación de tal recibo fué únicamente probar ese page.

En el último error se alega que se condena al pago de partidas innecesarias, a saber: $150 por la prima de la fianza prestada para hacer el embargo; $17.50' por derechos de la anotación del embargo; y $9 por notificación del memorándum de costas; y porque manda a pag’ar la cantidad de $500 por honorarios de abogado, incurriendo así la corte inferior en abuso de discreción al disponer todos esos pagos.

En esas partidas, menos en la de honorarios de abogado, no se ataca la cuantía de ellas. Lo que se sostiene es que son improcedentes. Sin embargo, estos gastos fueron originados como consecuencia del pleito, pues el demandante tenía derecho, de acuerdo con la ley, a asegurar la efectividad de la sentencia que se dictase a su favor; y como en este caso era necesaria la prestación de una fianza, los deman-dados vienen obligados a pagar el gasto causado por virtud de la fianza y para la anotación del embargo en el registro de la propiedad. Si no hubieran dado lugar al pleito no se hubieran causado tales gastos. También están obligados a pagar la notificación que se les hizo del memorándum de costas pues sin ella no podía ser resnelto. Dicen los ape-lantes que esa notificación pudo haber sido hecha por $2 pero no demuestran que esto sea así.

Con respecto a la cantidad por honorarios de ahogado fijada en el memorándum en $1,600 y rebajada por la corte a $500, no encontramos haya nn abuso manifiesto de la discreción judicial al fijar dicha cuantía, dada la cantidad reclamada, las diligencias practicadas en el pleito y las declaraciones que rindieron dos abogados, sin ser! contradichas.

La resolution apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Sbñob Aldbby, JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE.

text:
    Malgor & Compañía, demandante y apelada, v. Pedro González Levy y J. Clivillés & Co. Sucrs., S. en C., demandados y apelante la última.
    No. 5103

    Sometido: Marzo 11, 1930.

      Resuelto: Junio 19, 1931.

      Large <& Acevedo, abogados de la apelante; Angel B. de Jesús, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Sbñob Aldbby,

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad mercantil J. Clivillés & Ca., Snors., S. en C., que en adelante llamaremos Clivillés y Ca., compró en subasta pública judicial una finca que estaba gravada con dos hipotecas por un total de $2,100. Vendió lueg’o la finca a Pedro González Levy, que es - su actual dueño, y posterior-mente la mercantil Malgor y Ca., que adquirió por cesión los dos créditos hipotecarios, demandó a Pedro González Levy y a Clivillés y Ca., al primero para que le pagase las hipo-tecas con el producto de la venta de la finca, y a Clivillés y Ca. para que sea condenada a pagar el déficit que resulte en la venta de la finca hipotecada, si la cantidad obtenida en la subasta no cubriese el importe de> las hipotecas.

Clivillés & Ca. formuló excepción previa contra la de-manda alegando que no aduce causa de acción contra ella, pero fué declarada sin lugar por la corte. Celebrado el juicio fué condenado González Levy y también Clivillés y Ca. en los términos que hemos indicado.

En la apelación interpuesta por Clivillés y Ca. contra esa sentencia alega como uno de los motivos de su recurso que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar dicha excepción previa y al condenarla al pago.

La demanda descansa en el supuesto de que por virtud de cierta cláusula de la escritura de venta que el márshal otorgó a Clivillés y Ca. ésta quedó subrogada en la obligación personal que el hipotecante de la finca tenía de responder con todos sus bienes de la cantidad que no cubriese la venta de la finca hipotecada como gvarantía de la cantidad prestada, cuestión que no tenemos que resolver ahora pues la suscitada por la excepción previa es si en este pleito hay causa de acción contra Clivillés y Ca., aun aceptando que se subrogó en la obligación personal del primitivo deudor que hipotecó la finca. En otras palabras, si Clivillés y Ca., en el snpnesto de ser responsable personalmente, puede ser demandada antes de qne se baya vendido la finca y de qne el precio obtenido en la snbasta no sea suficiente para cubrir la. deuda garantizada con la hipoteca.

La obligación de pagar que pueda tener Clivillés y Ca. en este caso está supeditada al cumplimiento de una condi-ción suspensiva, que es la de que el precio obtenido en la subasta de la finca hipotecada no alcanzase a cubrir el im-porte de las hipotecas, la cual no puede ser cumplida hasta después que se realice la venta y resulte déficit en ella. Clivillés y Ca. no puede ser condenada sin que se haya cum-plido esa condición suspensiva. Según el artículo 1080 del Código Civil será exigible desde luego toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso futuro o incierto; y de acuerdo con el 1081 del mismo código, en las obligaciones condicionales la adquisición de los derechos, .así como la resolución o pérdida de los adquiridos, dependerá del acon-tecimiento que constituye la condición. Por consiguiente, mientras no ocurra el suceso futuro de que la venta de la finca no haya cubierto la deuda hipotecaria no ha nacido en la demandante el derecho que pueda tener a cobrar de Cli-villés y Ca., la que no está obligada a defenderse de una reclamación que no existe ahora y quizás nunca llegue a existir, si la venta cubre toda la deuda. Ella no puede ser molestada con reclamación incierta e indebida ahora. Tam-bién el Código de- Enjuiciamiento Civil en su artículo 37 declara que las acciones civiles podrán deducirse luego de existir su causa, legal; y en 1 Cyc 743 se dice que cuando debe pagarse dinero al acontecimiento de un hecho, no puede entablarse pleito alguno hasta que el hecho haya acontecido.

El caso de M. Lamadrid & Co. v. Torrens & Co., 28 D.P. R. 879, citado por la parte apelada, no es de aplicación al presente porque en él se trataba de un socio colectivo deman-dado al mismo tiempo que la sociedad, que por la ley tiene impuesta responsabilidad personal y solidaria como la de fiador de la sociedad, con el derecho de excusión de bienes como los fiadores, mientras que en el que resolvemos la responsabilidad que se reclama depende de la interpretación de una cláusula de un contrato y no se trata de un fiador. De todos modos en el caso de Lamadrid fuimos tan lejos como pudimos, y creemos que su doctrina debe ser aplicable únicamente a situaciones como la que en él existió.

La excepción previa de falta de causa de acción contra Olivillés y Ca. debió ser declarada con lugar, y como la demanda no es enmendable en cuanto a la apelante debemos revocar la sentencia condenatoria dictada contra J. Olivillés y Ca., Suers., S. én C., y dictar otra absolviendo a esa deman-dada, sin especial condena de costas.

OPINIÓN CONCURRENT® DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE.

Estoy conforme con el razonamiento de la opinión, con excepción de la cita del caso de Lamadrid, por haber disen-tido en él.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Gaspar Berio, demandante y apelado, v. Juan Delfín Rivera, demandado y apelante.
    No. 5102.

    Sometido: Diciembre 18, 1930.

      Resuelto: Junio 19, 1931.

      Bolívar Pagan, abogado del apelante; L. A. y M. A. García del Rosario, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal. '

Se trata de una acción sobre una cuenta corriente, no sobre una cuenta liquidada {stated). La moción del demandado interesando un pliego de particulares (bill of particulars) fué denegada.

El artículo 124 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil lee como signe:

“Bu las alegaciones no es necesario que la parte que alegue la existencia de alguna cuenta, detalle las partidas de ésta, pero deberá entregar a la parte contraria, dentro de los diez días de haberla pe-dido por escrito, una copia de dicha cuenta, requisito sin el cual que-dará imposibilitada de presentar prueba en apoyo de la misma. La corte o juez podrá disponer la presentación de otra cuenta además de la presentada, si ésta fuere demasiado general o resultare defec-tuosa en alguno de sus particulares.”

La notificación de la moción del demandado equivalía substancialmente a un requerimiento por escrito de copia de la cuenta. En lugar de suministrar esa copia dentro del período estaíutorio, el demandante solicitó que la moción del demandado fuese señalada para vista, y se opuso a que fuera declarada con lugar. Al desestimar la moción, el juez de distrito no adujo fundamento alguno’ para su actuación. Posteriormente, al fallar el caso, dijo que el demandado había agotado todos los medios de resistencia disponibles a tenor de la ley, que se había radicado toda clase de excep-ciones previas y mociones, y que la contestación sólo con-tenía una negación general.

La moción interesando un pliego de particulares había sido precedida por una moción para anular el emplazamiento, una moción para eliminar, y una excepción previa. El ape-lado hace mucho hincapié en el hecho de que los tres primeros escritos eran frívolos y fueron interpuestos únicamente con ánimo de dilatar el caso. Esta carga sobre la paciencia del juez sentenciador puede explicar, pero no justificar, su actitud al declarar sin lugar la moción solicitando un pliego de particulares. Esa moción no era frívola y no debió haber sido denegada.

El apelado también insiste en que la corte de distrito ejerció su discreción al considerar la moción, y que no debe alterarse el resultado en este recurso. Puede dudarse seria-mente que la corte de distrito tenga discreción alguna en torno a materias claramente comprendidas en el estatuto. 1 Bancroft’s Code Pleading, 703, pár. 488. De todos modos, “donde los estatutos relativos a pliegos de particulares se interpretan en el sentido de investir a los tribunales de facultades liberales al ordenarlos, esos pliegos deben ser liberalmente concedidos, a menos que sean claramente inúti-les/y se soliciten con el mero propósito de molestar.” 49 C. J. 626, pár. 887. También hay autoridad para decir que “puede, revisarse la resolución cuando es claramente errónea; y la discreción del tribunal sentenciador respecto de la sufi-ciencia del pliego de particulares que se radica con motivo de la moción es una discreción judicial que puede ser revi-sada.” 4 C. J. 801, pár. 2759. El caso de Molina v. Rodríguez, 40 D.P.R. 690, que sirve de apoyo al apelado, no es de estricta aplicación al presente.

Bebe revocarse la sentencia apelada, devol/vimdose el\ caso para interiores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Shñor. Texidor,

text:
    Micaela del Moral de Domínguez et al., Ex parte. María del Carmen del Moral, tutora de Carmen Nadal, opositora y apelante.
    No. 5721.

    Sometido: Junio 8, 1931.

      Resuelto: Junio 19, 1931.

      Alfredo Amoldo, abogado de la apelante; José Sabater, p'or su pro-pio derecho.
   El Juez Asociado Shñor. Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En nn expediente Ex Parte, No. 14400, de la corte de distrito de Mayagüez, Micaela del Moral de Domínguez, solicitó por moción el abogado Don José Sabater, se fijara la cuantía de sus honorarios por servicios profesionales prestados para la incapacitada Carmen Nadal y Freyre, viuda de del Moral. Esta incapacitada se hallaba bajo tutela de Francisco del Moral, y luego de María del Carmen del Moral. Esta señora hizo oposición a que se pagaran honorarios al abogado, fundándose en que el nombramiento de Francisco del Moral como tutor era nulo, y sus actos y gestiones judiciales improcedentes.

La corte oyó a las partes, y dictó una resolución fijando en cuatro mil dollars los honorarios del abogado Sr. Sabater, y que debía pagarlos la demandada. Contra esa resolución apeló la tutora.

Ahora la parte apelada, Sr. Sabater, presenta moción para qne desestimemos la apelación.

El primer fandamento de la moción es qne la apelación no fné notificada al fiscal del distrito, qne es parte aeeesaria.

Entendemos qne el apelado incurre en error. Según el Código Civil de Pnerto Pico, la declaración de incapacidad por locnra, sordomudez y demencia, pueden pedirla los pa-rientes del presunto incapaz qne tengan derecho a sncederle ab intestato; y en los casos de faltar éstos, o carecer de personalidad, o tratarse de locnra furiosa, debe pedirla el fiscal. Pero se advierte en el código qne éste eg. el paso previo a la declaración de incapacidad, y establecida ésta judicialmente, la misión y la intervención del fiscal, lejos de ser corriente y constante, es ocasional y por excepción. Obtenida la declaración, la corte provee el nombramiento del tutor, y éste es quien gestiona supliendo la falta de capa-cidad del demente, loco o sordomudo. Si el fiscal intervino en estas diligencias, no tenía razón legal alguna que hiciera buena su intervención, que era redundante.

El segundo, motivo que se alega es que la tutora no puede apelar sin la autorización de la corte. Declaramos que de acuerdo con el artículo 282 del Código Civil (212 del Revisado) el tutor no necesita autorización judicial para interponer la apelación, y sí para sostenerla; y en este extremo, la tiene y aparece presentada.

El tercer fundamento es que la apelación se entabló fuera de término.

La resolución en este caso es de fecha 25 de marzo de 1931, y en la misma fue notificada a las partes. La apelación es de 24 de abril del mismo año. La parte apelada sostiene que, si es apelable la resolución, lo sería bajo el número 3 del artículo 295, Código de Enjuiciamiento Civil, O' sea, en un término de diez días. T nos cita el caso Lucero v. Vilá, 17 D.P.R. 168, en qne se dijo qne nna resolución dictada despnés de sentencia definitiva, concediendo nna pensión ■como alimentos provisionales, es nna providencia especial, y apelable dentro de los diez días.

La parte apelante, contestando en este particular fia man-tenido qne la resolución de qne se trata tiene el carácter de nna sentencia, ya qne resuelve de una, manera final y defi-nitiva; que el procedimiento para el cobro de servicios pro-fesionales está determinado por el artículo 1473 del Código Civil compilado en 1930, y que es el de nna acción ordinaria, y la corte en el presente caso no tenía jurisdicción por haberse solicitado el cobro por nna moción; qne lo qne real-mente se pidió en la moción fné qne se fijara el importe de los honorarios del letrado.

No ha de ser obstáculo grave la decisión- del caso Lucero v. Vilá, supra. Allí se trató de pensión por alimentos, fijados despnés de haberse dictado sentencia, y pendiente ésta de nna apelación. Tenemos ante nosotros el récord del caso citado, Civil No. 369 de este tribunal; y aparece del mismo, qne en un pleito sobre filiación, seguido por los menores Carmen, Lucía, y José Lucero contra los herederos de José Vilá Soler, y más de un año despnés de haberse dictado sentencia, mientras ésta se hallaba pendiente de apelación, los referidos menores pidieron a la corte de dis-trito les asignara una suma para alimentos; y la corte, despnés de tramitar el caso, dictó resolución a favor de los peticionarios, por una suma de treinta dollars mensuales. Aquí era perfectamente claro qne se trataba de nna provi-dencia especial dictada después de sentencia.

En el presente caso, se nos alega por la apelante qne no hay una sentencia definitiva a qne referirse. Parece- qne solamente existen el nombramiento - de tutor antes, y el actual a favor de María del Carmen del Moral; y en ese caso puede sostenerse qne falta el primer elemento de qne hace mérito el numero 3 del artículo 295 del Código de En-juiciamiento Civil, o sea la sentencia después de la que ha recaído la providencia especial de que se apela.

Si examinamos la resolución apelada, en su esencial naturaleza, y en sus consecuencias, no podemos decir que ella sea mía providencia, o una orden, especial dictada “después de una sentencia definitiva.” T una sentencia es la decisión definitiva sobre los derechos de las partes en un pleito o procedimiento especial, según el artículo 188 del Código de Enjuiciamiento Civil. En el caso Torres et al. v. Mattel, et al., 30 D.P.R. 334, se repite la definición que da el citado artículo 188 del Código de Enjuiciamiento Civil, y se copia de 15 Puling Case Law 569-570, lo que sigue:

“ ‘Una sentencia,’ dice ít. C. L., ‘es la última palabra de la ley en una controversia judicial/ Puede por tant'o definirse como la consideración y determinación final por una corte de jurisdicción competente sobre los asuntos a. ella sometidos en una acción o pro-cedimiento. Una definición más precisa es que una sentencia es la Conclusión de derecho sobre los asuntos contenidos en los autos, o la aplicación de la ley a las alegaciones y a los hechos, como han sido declarados probados por la corte o admitidos por las partes, o presumidos como existentes por la rebeldía de éstas en el curso de procedimientos judiciales. Debe notarse qne es sólo una senten-cia la que es pronunciada entre las partes en un pleito sobre los asuntos sometidos a la corte para decisión.’ 15 R.C.L., 569-570.”

Esta doctrina ha sido constantemente sostenida por este tribunal.

Si la resolución de que se apeló ha resuelto definitivamente en cuanto al derecho del abogado a cobrar de la incapacitada sus honorarios, como así lo entendemos, su carácter es el de una sentencia, y es apelable dentro de los treinta días de su notificación en la forma de ley.

Se nos ha recordado el caso Correa v. Corte de Distrito, 40 D.P.R. 421, en donde se dijo:

“No está comprendida una resolución como la de que se trata entre las apelables de acuerdo con el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.”

Empecemos por reconocer que no somos, ni pretendemos, ser infalibles. Estamos sujetos a error. De que esto es cierto responden tanto el procedimiento en reconsideración, como el carácter de apelables que tienen nuestras resolu-ciones. A la frase antes transcrita falta una mayor preci-sión; y el concepto fué erróneo. Pero la decisión del caso no tuvo ese concepto como base y fundamento, ni tuvo que ver con el carácter de apelable de la resolución. La decisión del caso tuvo la siguiente razón:

“No creemos que la reclamación beeha por el abogado Sr. Font > se regule por los preceptos de los artículos 327 y 339 del Código de procedimientos. Pero los honorarios que por el Sr. Font se co-bran, son uno de tantos cargos o expensas que tiene la tutela de la incapacitada, y caen dentro de lo previsto por el artículo 293 del Código Civil, que lee así:
“ ‘Los gastos_de la rendición de cuentas correrán a cargo del' menor o incapacitado.’
“Y la corte de distrito tiene sin duda alguna jurisdicción general para entender en esa materia. No hallam’os que el hecho de concederse esos honorarios en un expediente que a la tutela se re-fiere, y en el que han sido oídas las dos partes, sea en violación de regla alguna de procedimiento, o en exceso de jurisdicción.” 40 D.P.R. 424.

Eu ese caso la parte que presentó la petición de auto de certiorari sostuvo basta el último instante que la resolución que atacaba no era apelable.

Después de esa -decisión, y en una petición de auto- de certiorari presentada a nombre de María del Carmen del Moral v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez, No. 767 de esté tribunal, en el que los hechos alegados son los mismos que en la presente apelación, y la misma resolución, dijimos, al resolver:

“No estando convencido el Tribunal de que la resolución de que se queja la peticionaria no sea apelable, y teniendo dudas de si es jurisdiccional la cuestión envuelta, no ha lugar.”

Después de esta resolución, no puede sostenerse que el párrafo antes citado, de la decisión en el caso Correa v. Corte, supra, tiene fuerza alguna para este caso.

Se declara sin lugar la onoción de desestimación.


author: El Jtjez Asociado Se^ob Texidor,

text:
    Serra, Garabís & Co., Inc., demandante y apelada, v. Municipio de Río Piedras, demandado y apelante.
    No. 4705.

    Sometido: Febrero 18, 1930.

      Resuelto: Junio 23, 1931.

      Querrá Mondragón & Soldevila, abogados del apelante; Feliú & La-Costa, abogados de la apelada.
   El Jtjez Asociado Se^ob Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Serra, G-arabís & Oo., Incorporada, demandó ante la Corte de Distrito de San Juan al municipio de Río Piedras, y alegó, sustancialmente, que es la sucesora de Serra, Garabís y Compañía, en comandita, a la que había comprado todos sus negocios de droguería y farmacia, y sus créditos, y entre éstos, uno contra el municipio de Río Piedras por $6,072.35 por importe de medicinas, drogas y artículos farmacéuticos vendidos a dicho municipio; y cuyos artículos y géneros fueron suministrados, vendidos y entregados por Serra, Garabís y Compañía, S. en C., a dicho municipio en fechas noviembre 23, diciembre 19, de 1924, y enero 16, febrero 26, y marzo 26, de 1925, recibiendo y aceptando el municipio los artículos y empleándolos en la farmacia municipal de Río Piedras, para beneficio de los enfermos pobres de dicho mu-nicipio, y siendo el valor1 razonable de los mismos el fijado en las facturas y que se anota en la demanda; que el municipio se obligó a pagar el importe de las medicinas, drogas y ar-tículos farmacéuticos a la presentación del borderó en dupli-cado, firmado por Serra, Garabís y Compañía, S. en C., acompañado de la orden del municipio, haciendo el pedido correspondiente, como los presentó Serra, Garabís y Co., S. en C-, requiriendo el pago, lo que también ha hecho la de-mandante, negándose el municipio a satisfacer el importe. Y pidió sentencia contra el municipio por $6,072.33, intereses legales y costas.

El demandado presentó moción eliminatoria, que se de-claró sin lugar, y luego excepción previa, que siguió la misma suerte. Todavía después de esa resolución, presentó moción para que se iiiciera más específica la demanda, y que fue declarada sin lugar. Y luego contestó, admitiendo adeudar a la demandante el borderó de 23 de noviembre de 1924, por $.1,700, y el de diciembre del mismo año por $22.25; impugnó y negó los borderós de: 19 de diciembre de 1924, por $721.94, 16 de enero de 1925, por $872, 26 de febrero de 1925, por $1,065.27, y marzo de 1925, por $1,710.87, de las que dice no compró, ordenó ni recibió partida alguna. Alega que la/ subasta fué adjudicada a Serra, Garabis y Co., S. en C., y había sido decretada, por ordenanza aprobada para el año de 1924 a 1925, pero a condición de que las órdenes fueran firmadas por el director de beneficencia municipal, quien no libró más órdenes que las que se reconocen en la contesta-ción, que son las únicas que ha recibido acompañadas de la orden del municipio; y que, después de despachadas esas üos órdenes, no había partida en el presupuesto ¡municipal para el pago de medicinas, y que, aunque el municipio hubiera ordenado más medicinas y artículos, tal acción sería anti-constitucional y nula por quebrantar el Acta Orgánica y las leyes del país. Y pidió se declarara con lugar la demanda en cuanto a los borderós reconocidos, y sin lugar en lo demás.

Como esencial para este caso¡, debe decirse que de la prueba documental aparecen estos extremos:

(a) La ordenanza para remate del servicio de medicinas para la farmacia municipal de Eío Piedras, durante el año económico de 1924 a 1925/ Por este documento aparece que: se saca a remate la compra de medicamentos, según lista hecha por el farmacéutico municipal; se fija la fecha de la subasta y el sitio para celebrarla, condición de las proposi-ciones, y forma de proceder en ellas, y adjudicar la buena pro; y se establece que el licitador que obtenga la adjudica-ción deberá dentro de los cuatro días siguientes a tal adjudi-cación hacer entrega de los medicamentos y drogas, que de la lista unida a la ordenanza se le pidan, y tendrá derecho a que se le pague su importe tan pronto sean recibidos de conformidad por el farmacéutico municipal. Y en la cláusula o sección 6 leemos:

“Sección 6. — El que hubiere obtenido la buena pro del remate está obligado como queda expresado a suministrar dentro de las condiciones y precios estipulados por él mismo en su proposición 'todas las medicinas que se necesiten en la Farmacia Municipal basta la terminación del año económico correspondiente, a medida que se vayan solicitando. ’ ’

La ordenanza tiene fecha 31 de mayo de 1924; y a ella se une la lista de medicamentos y efectos.

(b) Las órdenes de las siguientes fechas:

19 diciembre de 1924, por valor de $721.94.
16 de enero de 1925, por $872.
26 de febrero de 1925, por $1,065.27.
26 de marzo de 1925, por $1,710.87.

Con ellas aparece certificación, firmada por J. Vilá Mayo, farmacéutico municipal, expresiva de que los artícu-los enumerados son necesarios para el uso de esa dependencia. Aparecen en blanco las firmas de la certificación del auditor municipal, y la aprobación.

(c) Una copia del artículo o sección 24, de un reglamento para el régimen de la contabilidad municipal.

(d) Copia del Presupuesto ordinario de Río Piedras.

En el capítulo V, Beneficencia, aparece una partida, No. 95, para medicinas a enfermos pobres, curas antisépticas, etc., por $4,000. De la certificación aparece que ese presupuesto íué aprobado por la asamblea municipal el Io. ó el 10 de junio-de 1924.

Esto, aparte de otros documentos de que, si es necesario, haremos relación.

De un somero examen de estos documentos resulta, en primer lugar, que la alegación del demandado con respecto- a que en la ordenanza para la subasta se exigía como condi-ción para el despacho de las medicinas una orden firmada por el director de beneficencia municipal, no es exacta, en lo que a la ordenanza se refiere. Este es un extremo que encontramos de importancia en las alegaciones, y que pre-cisábamos comprobar.

Prestaron su testimonio en el caso, por el demandante, Francisco Garabis, de' Serra, Garabis & Co., Incorporada, y J. Vilá Mayo, farmacéutico municipal de Pío Piedras, y por el demandado el Doctor Pereira Leal, Director de Beneficencia de Eío Piedras, en 1924 y 1925.

La corte decidió el caso a favor de la demandante. Y de su sentencia en ese sentido ha apelado el demandado.

Siete errores se asignan por el demandado a la sentencia recurrida. Los tres primeros se refieren a las denegaciones de la moción eliminatoria, las excepciones previas, y la moción para especificación. El cuarto a la apreciación de la prueba. El quinto, con respecto a la suficiencia de la defensa de que faltando asignación en el presupuesto, no viene obligado el municipio al pago de artículos así adquiridos. El sexto a la validez, de la deuda. Y el séptimo a que no se aplicó el reglamento del auditor o contador.

El primer error se formula así:

“La corte de distrito erró al desestimar la moción eliminatoria del demandado.”

En la moción se solicitó que se eliminaran de la demanda algunas palabras del párrafo III, y todo el párrafo VI; del III, lo que sigue:

“. . . que le adeudaba el municipio demandado a dicha sociedad de Serra, Garabis y Co., S. en C., importe de medicinas, drogas y artículos farmacéuticos vendidos por esa compañía a dicho muni-cipio. ’ ’

Se había alegado la existencia de un contrato, y el sumi-nistro de medicinas, etc., por precio, y la falta de pago de éste. No encontramos que la alegación de que ahora se trata pueda calificarse de conclusión legal. El concepto “adeudar” cuando se une a esas alegaciones de hechos, no puede esti-marse como ma conclusión legal, no hay en el idioma corriente y vulgar otra forma de expresión del hecho de deber cantidades, que la usada por la demandante. Si extremamos la exigencia, apenas habrá fórmula aceptable de significar determinados hechos en una alegación.

En los casos Martínez v. Oppenheimer, 31 D.P.R. 904, y Alfaro v. Alonso, 27 D.P.R. 53, ha sostenido este- tribunal que cuando las conclusiones de ley son complementarias de hechos alegados, ellas son permisibles. Y aunque se consi-derara que esas palabras contienen conclusiones de ley, serían permisibles en este caso.

En el párrafo VI de la demanda se alegó que el valor en el mercado de las medicinas y drogas suministradas, era el que figura, en la nota que se une a la demanda. De esa nota y de cómo fue remitida al municipio, se habla en la alegación Y.

El demandado-apelante sostiene que reclamándose una cantidad procedente de un contrato, esta alegación VI es impertinente, y origina confusión. Pero en la realidad, no hay posibilidad de que ella, por sí sola, produzca en el ánimo de un demandado la confusión que se alega, ni le reste medios de defensa; a menos que el demandado prescinda de leer las demás alegaciones, lo que no sería una buena forma de enterarse de la demanda.

La corte de distrito procedió acertadamente al resolver acerca de la moción.

Contra la demanda se ofrecieron excepciones previas de ambigüedad e imprecisión, indebida acumulación de acciones, y falta de hechos suficientes para determinar causa do acción. La primera se fundó en que por las alegaciones do se sabe si el cobro es por artículos vendidos, o por artículos suministrados, sin previa aceptación. La simple lectura de las alegaciones, convence de que no hay tal ambigüedad. La segunda excepción se fundó en que en la demanda aparecen dos distintos motivos de deber: el precio convenido de una venta, y el importe de géneros recibidos sin previo convenio respecto al valor. No hay tal; la demanda es clara en cnanto a la cansa de acción qne no es más qne nna, la del cobro del valor de artículos suministrados bajo contrato con el municipio. Y la tercera forma de excepción, tampoco era de estimar, ya qne en la demanda aparecen todas las alegaciones necesarias. Así lo estimó la corte, que declaró sin lugar las excepciones. A esta declaración se refiere el segundo señalamiento de error, qne no es de apreciar en esta apelación.

El tercer señalamiento hace relación a la resolución de nna moción para hacer más específica la demanda, fundándose en qne en unos párrafos de ella se alegaba qne la cantidad procedía de artículos y drog’as vendidos al demandado, y en otros se alega, no el precio de venta, sino el valor razonable de los artículos en el mercado. De hecho s ello no es así; ni así resulta de la demanda.

Como la corte resolvió esa moción en contra del deman-dado, éste señala como error la resolución. Aparte de que es dudoso que por regia general ello sea un error apelable, la resolución de la corte fué correcta.

El cuarto señalamiento aparece formulado así:

“Erró el tribunal inferior al estimar qne la evidencia aportada era suficiente para sostener el fallo pronunciado.”

En la realidad, y cualquiera que sea la forma en que se presente, este señalamiento no envuelve otra cosa que la teoría de errónea apreciación de la prueba. Podría, repi-tiéndose la constante jurisprudencia, de este tribunal, dispo-nerse del señalamiento, teniendo presente que ni se imputa a la corte a quo pasión, prejuicio o parcialidad, ni se insinúa que hubiera en la apreciación manifiesto y patente error en perjuicio de derechos esenciales o procesales del apelante. Pero no hay inconveniente en penetrar en el argumento expuesto.

Nótase que no se discute la entrega de medicinas y drogas, ni el valor de las mismas, ni su recepción por el farmacéu-tico municipal, ni su uso y empleo. En verdad lo que se discute es el efecto de determinadas cláusulas de la ordenanza para la subasta; y entonces bay que declarar que el argu-mento no está en consonancia con el título del señalamiento.

En la opinión del juez de distrito, encontramos, en rela-ción con la prueba, lo que sigue:

“. . . La de la demandante consistió en un contrato de venta otorgado por Serra, Garabís, Incorporated; copia de la ordenanza adoptada por el Concejo de Administración de Río Piedras en mayo 31 de 1924 ‘para el remate de provisión de medicamentos para la farmacia municipal durante el año económico de 192L-1925’; y cuatro órdenes dirigidas a Serra, Garabís & Co., S. en C., para el despacho de medicinas, fechadas en diciembre 19 de 1924 y enero 16, febrero 26 y marzó 26 de 1925. También declararon por parte de la demandante los testigos Francisco Garabís y J. Yilá Mayo. La prueba del demandado consistió en los incisos (a) e (i) de la sección 24 del Reglamento de contabilidad del auditor, aprobado en 26 de mayo de 1920; en la página 34 del libró registro de órdenes del municipio y en una copia del presupuesto ordinario del Muni-cipio de Río Piedras para el año fiscal 1924-25. También declaró como testigo el Dr. Pereira Leal, Director de Beneficencia durante el año 1924-25. De toda esta prueba practicada, la córte considera probados los siguientes hechos: que por ordenanza de mayo 31, 1924, el municipio sacó a remate el suministro de medicinas para la far-macia municipal durante el año fiscal 192L-25; que la adjudicación le fué hecha a Serra, Garabís & Co., S. en O-, y que las cláusulas de entrega y pago de medicinas de la dicha ordenanza dicen así:
“ ‘El licitador que hubiere obtenido la subasta deberá den-tro de los cuatro días siguientes a la fecha de la adjudicación hacer entrega de los medicamentos o drogas que, de las expre-sadas en la lista de que se trata en la sección 3a. de esta or-denanza se le pidan y tendrá derecho a que se le abone su importe tan luego comó aquéllas sean recibidas por el Farma-céutico Municipal y resulten conformes don la factura respec-tiva.
“ ‘Sección 6a. — El que hubiere obtenido la buena pro del re-mate está obligado como queda expresado a suministrar dentro de las condiciones y precios estipulados por él mismo en su pro-posición todas lás medicinas que se necesiten en la Farmacia Municipal basta la terminación del año económico correspon-diente, a medida que se vayan solicitando. ’
“Que Serra, Garabis & Co., S. en C., vendió sus negocios, ac-ciones y créditos a Serra, Garabis & Co., Incorporated.
‘‘Que las órdenes para entrega de medicinas fechadas diciembre 19, 1924, enero 16, febrero 26, y marzo 26, 1925, firmadas por J. "Vila Mayo, farmacéutico municipal, fueron despachadas por Serra, Garabis & Co., S. en C., y recibidas por dicho J. Vila Mayo, como farmacéutico municipal; que n'o hubo reclamación por parte del municipio; que dichas órdenes son copias de los originales que pre-paró el mismo J. Vila Mayo, como farmacéutico municipal; que las medicinas se utilizaron en el hospital y en la farmacia municipal; y que a fines del año económico 1924-25 se presentaron los pedidos al Director de Beneficencia y éste los rehusó firmar, porque eran de fecha atrasada y no había fondos y además las órdenes no se hi-cieron de acuerdo con el reglamento del auditor.”

Como prueba, no podía razonablemente hacerse otra apre-ciación que la que hizo la corte. Si se trata de su suficiencia, hay que declarar que no hubo error; y si se deseó discutir-la consecuencia legal de tal prueba, no es el cuarto señala-miento el propiamente formulado para llenar el fin a que-so aspira,

Es perfectamente claro que el municipio que fué al con-trato con Serra, Garabis & Co., S. en C., -conocía las cláusulas 5 y 6 de la ordenanza, y que sabía la obligación que por ellas contraía de pagar el importe de las medicinas y drogas tan pronto como las recibiera, de conformidad, el farmacéu-tico municipal. El hecho de tal recepción de géneros, deter-minaba, según el contrato, la obligación de pagó.

La defensa, de falta de asignación en el presupuesto es débil, y es un tanto arriesgada. En términos corrientes, lejos ele la tecnología jurídica y judicial, este demandado nos dice: “Yo hice un contrato, para que el otro contratante me suministrara todas las drogas y medicinas que yo necesi-taba para mi hospital o mis servicios de beneficencia, durante un año; me obligué a pagarle al otro contratante esas drogas y medicinas; pero como no consigné en mi presupuesto cantidad suficiente, no tengo que pagar lo que por mi con-trato adeudo.” La aplicación de esta defensa a todos los contratos en la vida, fiaría necesaria la supresión de los códigos, que tienen por fiase fundamental las reglas de ética, incompatibles con la teoría en que la defensa se basa.

Con razón fia dicfio el juez de distrito en su opinión:

“El hecho de que n'o haya bastantes fondos para pagar los pe-didos, por lo que n,o pudieron ser autorizados, no es defensa. . .
“. . . Además, que la misma ley municipal dispone que cuando se incurra en deudas por las corporaciones municipales de Puerto Rico, las deudas, una vez reconocidas, serán aprobadas e incluidas en el próximo presupuesto, como un pago preferente. Disposición de ley que tiene un gran alcance moral, p'orque prestigia y salva el crédito de dichas corporaciones.”

Considerando todas las razones aducidas por la parte apelante en apoyo de sus señalamientos de error, y resol-viendo en cuanto a los mismos, declaramos lo que sigue:

El municipio de Eío Piedras fia aprobado una ordenanza para subasta del suministro de medicinas, drogas y otros artículos de ese ramo, para el año económico 1924 a 1925. La subasta se fia llevado a cabo bajo esa ordenanza. El servicio es por todo el año económico 1924 a 1925, y el pago de ese servicio es por el mismo lapso de tiempo. Esas son las bases del contrato, y en su cumplimiento fiay que ate-nerse a ellas.

Supongamos que el adjudicatario o rematista Serra, G-arabís y Co. se negara, durante el transcurso de ese año, a suministrar las drog’as, medicinas y material que se había obligado a traer. Sería indudable la acción del otro con-tratante para obligarle a cumplir, y para que indemnizara los perjuicios. Aquí el que se niega al pago es el municipio; y la acción es del otro contratante.

Adjudicada la subasta, al municipio toca proveer fondos con que cubrir las entregas de las medicinas, etc. No es esto parte de la obligación de Serra, Garabis y Co., que tiene el derecho de confiar en que el municipio cumplirá sus obligaciones, y dispone o dispondrá de los medios econó-micos para ese fin.

El municipio asigna en presupuesto una suma para el pago de ese servicio, y cumplimiento de ese contrato. La suma asignada puede ser excesiva, por darse un año de con-diciones de salud pública excepcionalmente favorables, y no necesitarse toda la cantidad. Es perfectamente claro que el contratista nada tiene que reclamar en ese sobrante. La suma asignada resulta escasa, porque bubo que pedir más drogas que en cualquier año corriente. También es perfecta.-mente claro que del error en la asignación, o de la desgracia del municipio, no ba de ser la víctima el contratista. Esto es lo que la moral y el sentido común, dictan y resuelven.

Una interpretación de la ley que lleve a una consecuencia absurda, no puede sostenerse. En el caso Celis Alquier v. Méndez, 18 D.P.R. 88, ba dicbo este tribunal.

“Aunque es verdad que existe el principio legal de que debe darse efecto a todos los preceptos de una ley, también los tribunales ban declarado que este principio debe observarse en tanto en cuanto tal interpretación no lleve a resultados absurdos.
“Glover v. U. S., 164 U. S. 298.
“U. S. v. Fisher, 2 Cranch (U. S.) 386.
“Bailey v. Commonwealth, 74 Ky. 688.
“Pond v. Maddox, 38 Cal. 572.”

Aquí se aduce el párrafo 26, artículo 34 de la Ley Jones, Acta Orgánica de Puerto Rico, que se lee así:

“La Asamblea Legislativa no bará ninguna asignación, ni au-torizará ningún gasto en virtud de la cual o del cual los gastos del gobierno de Puerto Rico durante cualquier año económico exce-dan de las rentas totales previstas a la sazón por la ley y aplica-bles a dicha asignación o gasto. . .”

■ T se sostiene que esta regla legal es aplicable a los muni-cipios.

No es éste el caso ante nos. El municipio de Río Piedras contrata un servicio; el que contrata con el municipio no tiene que llegar, en su investigación, hasta ver cuáles son los posibles ingresos de ese municipio, y cuáles los egresos; materia toda de un presupuesto que no compete al contra-tista hacer; y presupuesto que se- hace y aprueba con poste-rioridad a ese contrato. Es más; la materia de ese contrato es de aquellas que, en su cuantía, no pueden ser determi-nadas de antemano con toda exactitud. Un año puede haber escaso número de enfermos pobres, y el gasto de medicinas moderado; y otro de epidemias, y el gasto crecido. Pero de ninguna forma vemos cómo puede aplicarse al caso pre-sente la limitación impuesta a la Legislatura, con el objeto de que no cree gastos que no concuerden con sus ingresos. Dónde encontrar aquí la prueba de que, al votarse la orde-nanza y al celebrarse la subasta, el municipio de Río Piedras sabía que sus ingresos no le autorizaban a sostener el gasto de medicinas y drogas para enfermos pobres? La aplica-ción de ese precepto de ley a este caso conduciría al absurdo de declarar que el municipio de Río Piedras no podía, en el momento en que lo hizo, votar una ordenanza para la subasta del servicio de medicinas y drogas para enfermos pobres; y al mayor abundo de que pudo aceptar las medi-cinas, emplearlas en el servicio de sus hospitales, y no pensar en pagarlas.

El artículo 9 de la Ley Municipal, tal como aparece de la enmienda de la Ley No. 60 del año 1921, da a los muni-cipios plenas facultades para todo asunto de naturaleza puramente local y que se relacione con los ramos de obras, instrucción, beneficencia, orden y seguridad pública. El municipio de Río Piedras, al pasar la asamblea la ordenanza, y al llevarse a cabo la subasta, estaba dentro de sus facul-tades de acuerdo con este precepto legal. Y el contrato para suministro de medicinas, drogas y otros efectos, era legal y perfecto para el contratista, ya que se hizo mediante orde-nanza y subasta. No se fija en él una cantidad total para el año; a eso ha de proveer el municipio, por su presupuesto, sin que en ello tenga intervención el contratista; si el muni-cipio no- lo hace o lo hace mal, no hay una sola razón legal o moral que lleve a que el contratista sufra las consecuencias.

Pero aun hay menos razones para que el municipio de-mandado pueda alegar con éxito su propia culpa o su propia falta de diligencia. La Ley municipal ha preceptuado que. todos los gastos en que incurriere el gobierno de cada muni-cipio por concepto de atenciones de sus oficinajs y departa*-mentos, se pagarán por esos municipios, que tienen la facultad de proveer fondos para ello. (Art. 8, Ley Municipal de 1919.) Si el municipio faltando a ese precepto legal, no provee fondos, no puede hoy alegar, en su favor, la falta por él cometida.

Entendemos que la parte que así ha procedido, que decreta, por ordenanza en forma, la subasta de determinado servicio, ■que por la misma ordenanza conviene en pagar los medica-mentos y efectos, que hace la adjudicación a una entidad, y que recibe y usa en su beneficio tales medicinas y efectos, si no ha consignado cantidad bastante para el pago no puede utilizar para su defensa el hecho de que, faltando a sus obligaciones, no hizo tal consignación.. Esa parte está im-pedida de utilizar tal defensa.

Para terminar en este particular conviene recordar aquí que la ley municipal, enmendada por Ley No. 60 de 1921, establece lo que sigue:

“Art. 50. — Los municipios no podrán asignar en sus presupues-tos cantidad alguna para el pago de sueldos, sin que antes se hayan consignado por su orden, los créditos necesarios para las siguientes atenciones:
* * . * * # # *
“(b) Cualquier déficit que resultare en las operaciones d:e años-anteriores, o gastos a que estuviere legalmente obligado el munici-pio por contratos ya celebrados o por otras causas, . . ■..
* * * # * * ■ # >}

Admite la ley la posibilidad dé déficits procedentes de años anteriores y causados por contratos ya celebrados.

El artículo 10 de la antes citada Ley Municipal, preceptúa que toda obra pública municipal y toda adquisición de material, se hará en pública subasta, cuando el valor exceda de $500 en casos de municipios de primera clase, y de $200| en los demás; y da las reglas de las subastas para ejecución •do obras y para suministro de efectos y materiales.

La condición de la ordenanza y la subasta, tiene una positiva influencia en la validez del contrato. No así, a nuestro entender, la del estricto cumplimiento del reglamento para lá contabilidad municipal, del Auditor de Puerto Rico. La parte apelante no ha querido distinguir entre la celebración del contrato, momento que en derecho civil se llama de perfección del contrato, y la ejecución del mismo, o consumación. Para que el contrato de que tratamos fuera válido y eficaz, y produjera en las partes obligaciones y derechos, bastan la ordenanza y la subasta. Una vez que ésta se ha celebrado, y se hizo la adjudicación, nacen para el municipio •el derecho a que el otro contratante le envíe las medicinas y efectos, y el deber o la obligación de pagar su importe; .y para el que obtiene la adjudicación, el deber de entregar los géneros, o materiales, y el derecho a percibir su precio. La única limitación que viene del contrato mismo .'es que la entrega se haga al farmacéutico municipal, y que las medicinas, drogas y efectos sean necesitados por la farmacia municipal. El reglamento de contabilidad afecta a ésta y a cómo debe ser llevada por los municipios, pero no hace más o menos válidos los contratos.

En el caso Laborde v. Municipio de Isabela, 38 D.P.R. 65, hemos examinado las funciones y carácter del Contador de Puerto Rico, si bien en un aspecto diferente del de este caso. Allí copiamos, de la Ley Orgánica, el texto de la sección o artículo 20, y de él un párrafo que dice, en parte, así:

“ ‘. . . Con la aprobación del Gobernador, redactará y promul-gará de tiempo en tiemp'o reglas y reglamentos generales o especia-les que no sean incompatibles con la ley, referente a los métodos de contabilidad para fondos y propiedades públicos, y para fondos y propiedades tenidos en depósitos por el Gobierno o por cualquiera de sus ramas; . . ”

Y ese, sencillamente, que los reglamentos del contador vienen por la ley, limitados en dos aspectos : primero, por la materia, qne es la de métodos de contabilidad para fondos y propiedades públicos; segundo, por la eficacia, limitada por las palabras “que no sean incompatibles con la ley,” lo que significa, sin esfuerzo de interpretación, que la ley es siempre superior a cualquier reglamento; verdad que en Derecho tiene los caracteres de axiomática.

En la misma decisión que acabamos de citar, y comen-tando la palabra “liquidará” del artículo 20 de la Ley Orgánica, se dice:

“Esa palabra, no obstante, es susceptible de varios significados. A veces asignifica una determinación final, y frecuentemente quiere decir fijar la base de la contabilidad entre dos partes, sin determi-nar necesariamente los derechos esenciales entre ellas.”

En el caso Costas Purcell v. Municipio de Las Marías, 37 D.P.R. 19, dijo este tribunal:

“No podemos creer que fuera la intención del Congreso que cual-quier persona que efectúe un Contrato con un municipio tenga pri-meramente que obtener permiso del Auditor para hacerlo. ¿ Esta-rían las personas que han comprado bonos en Puerto Rico de acuerdo con varias leyes aprobadas p'or la Legislatura sujetas a que la ofi-cina del Auditor de Puerto Rico revise la validez de sus contratos? ¿Debe un propuesto comprador de bonos obtener primero la apro-bación directa del Auditor ? Nos sentimos obligados a resolver lo Contrario. Generalmente, cuando la Legislatura convierte a los mu-nicipios en cuerpos políticos, éstos tienen, dentro de los límites de su autoridad, todos los derechos contractuales que tiene cualquier indi-viduo.
“Siempre se ha entendido que los municipios pueden hacer con-tratos en esa forma. Es inconcebible que en una ley como nuestra Carta Orgánica, en que el Congreso ha prescrito que la Legislatura no aprobará ley alguna que menoscabe la obligación de los contra-tos, apruebe p'or sí misma una ley que obligue a toda persona que haga un contrato con un municipio a obtener primero la autoriza-ción -de un tercero que no es una de las partes contratantes. En este caso, en que ni el Pueblo de Puerto Rico ni el Auditor apare-cen como partes, estamos muy deseosos de abstenernos de fijar una limitación indebida a los poderes y deberes del Auditor de Puerto Rico. El apelante dice que sus deberes consisten meramente en ‘intervenir’ {audit) en la contabilidad pública. No estamos seguros en cuanto al alcance de esta palabra, ni estamos satisfechos de que el Auditor no tenga más amplios poderes que una supuesta mera intervención. ’ ’

Debemos considerar algún otro extremo importante.

Sentemos, desde ahora, que el demandado no opuso alega-ción alguna de fraude. La alegación de que las medicinas y drogas no habían sido ordenadas ni recibidas, no puede con-siderarse más que como una alegación de hecho. No creemos que se haya intentado, en un litigio que es asunto serio, decir que, faltando ciertos requisitos a juicio del apelante, no se pueden entender “ordenadas” o “recibidas” las drogas. Esto sería un juego de palabras, y no estaríamos en el deber de considerarlo. Pero como cuestión de hecho, la prueba ha sido adversa a esa negación. La negación no equivalía a la alegación de fraude, que ya se ha dicho con frecuencia, debe ser expresa.

En la contestación no encontramos que se ataque de nulidad el contrato de suministro. Ahora, en la apelación se intenta este ataque; y declaramos que ése no es el pro-cedimiento, y ése no es el derecho del apelante; él no puede, cu este trámite, cambiar su caso.

¿Puede el apelante defenderse ahora alegando la nulidad del contrato, o la ineficacia de los actos consecuencia del mismo?

En el curso de las relaciones no jurídicas, si una persona va, no ya contra sus propias palabras y actos, sino contra las naturales consecuencias de aquéllas y éstos, la sanción corres-ponde a la moral, que condena tal conducta, y censura más o menos gravemente al que la observa. Pero en las reía-dones de carácter jurídico, aquellas palabras y aquellos actos pueden crear un estado de derecho en el que descansan otras personas, ya directa e inmediatamente, como el mismo contratante, ya mediata e indirectamente, como los que de ese contratante derivan un derecho que ejercitar o una obli-gación que cumplir. El orden social se encuentra afectado en este caso. Y entonces la sanción viene de la ley. De aquí origina la teoría de que nadie puede ir contra 'sus propios actos, conocida a todas las legislaciones, de las más antiguas a las más modernas, y especialmente estudiada por la jurisprudencia de los Estados Unidos en su desenvolvi-miento en la teoría de estoppel.

Susceptibles de esa sanción son, lo mismo las personas individuales y naturales que las colectivas y jurídicas. En la aplicación a éstas encontramos algunas limitaciones, pro-pias del especial carácter de persona por creación de la ley.

En este caso tenemos:

(a) Un municipio1 que tiene, por ley, el derecho de some-ter a subasta la concesión del servicio de medicinas y drogas por un año, y mediante una ordenanza, en la que se consignan los términos y condiciones de esa subasta.

(b) Una ordenanza en la que se anuncia esa subasta, se tija el término del servicio en un año, 1924 a 1925, y se determina que la entrega de las drogas, medicinas y efectos se haga al farmacéutico municipal, y desde la recepción por éste de tales géneros, el contratista tiene el derecho de cobrar su importe.

(c) Una subasta en que se adjudica el servicio a Serra, G-arabís y Co.

(d) Un contrato de suministro de medicinas y drogas que se cumple por parte de Serra, Garabis y Co., entregando las medicinas, drogas y efectos que se le piden por el far-macéutico municipal. El municipio admite en parte el cum-plimiento de ese contrato, que en esa parte tiene por válido y eficaz; y ahora rechaza la existencia de otras entregas, y alega que fueron nulas porque el pedido no llevaba la firma del director de beneficencia local.

(c) Una negativa del municipio a pagar las medicinas, drogas y efectos que, según la prueba fueron entregados; y en cuanto a su devolución se alega abora que las medicinas están, no ya en la posesión de un tercero, sino más allá dé su posesión, porque fueron consumidas y usadas en el hospital (página 31, alegato impreso del apelante).

En estas condiciones, el municipio demandado se halla impedido de alegar esa defensa, porque con sus actos llevó a su ahora demandante a creer que podía desprenderse de sus mercancías, según se le fueran pidiendo, y tener el derecho de cobrar su importe. Creó el municipio un estado de derecho, contra el que no puede ir ahora. Aceptó, tomó y consumió las medicinas, como aparece del alegato del apelante. T alega luego que no tiene fondos consignados en presupuesto. Aparece que en el presupuesto del año de que se trata se consignaron cuatro mil dollars para servicio de medicinas a enfermos pobres.

Tratando la doctrina de estoppel, en la decisión en Rabell v. Rodríguez, et al., 24 D.P.R. 561, se ha dicho por este tribunal:

“. . .la doctrina de que nadie puede ir c'ontra sus propios actos (estoppel), como ha sido enunciada por el juez de distrito, es tan conocida para el Código Civil como para cualquier corte de equidad, y desde un'o u otro punto de vista, la aplicación que de ella se hizo a los hechos en, el caso de autos era enteramente adecuada. Sostener que un vecino puede permanecer en silencio1 por semanas o meses, observando la Construcción gradual de una casa en un solar con-tiguo o romper ese silencio a intervalos entrando en conversación agradable con el dueño de la nueva edificación haciendo comenta-rios s'obre su apariencia atractiva, pero sin mostrar señal de protesta u oposición, y que luego pueda obtener un mandamiento de una corte para la demolición de dicha edificación, simplemente porque los funcionarios municipales o insulares puedan haber permitido ciertas ligeras desviaciones de cualquier ordenanza relativa a Cons-trucciones o reglamentos' de sanidad produciría tal burla ¡de la jus-tieia que conmovería la conciencia e inteligencia de cualquier buen ciudadano, ya fuere un abogado o un hombre sin profesión. .

Esos conceptos son aplicables a este caso; y en el fondo fueron los mismos que inclinaron la conciencia y la inteli-gencia del juez de distrito al pronunciar la sentencia apelada en este caso.

Se ba sostenido que en los casos de municipios, si el con-trato de que se habla es nulo por opuesto- a la constitución y a la ley, los municipios no están impedidos de negar la validez del contrato. Pero en este caso, no encontramos que el contrato fuera nulo por opuesto a la Constitución o a la ley, ya que se trata de un servicio público que el municipio puede contratar previa ordenanza y bajo subasta, y esos requisitos se cumplieron.

Pero también se ba dicbo que una municipalidad que ba recibido los beneficios de un contrato que no tenía poder para bacer, está impedida de negar la falta de autoridad para bacer el contrato a menos que devuelva los beneficios recibidos.

En el caso Macon v. Huff, 60 Ga. 221, se dice:

“La equidad, sin embargo, exige que cada litigante que busca su ayuda actúe en equidad; y, toda vez que el demandado ha gas-tado grandes sumas de dinero en cercar, embargar, drenar y orna-mentar el parque, de todo lo cual ha recibido el beneficio la ciudad, no se interpondrá la equidad en beneficio del demandante para anu-lar el contrato, aunque sea ilegal, a menos que el demandante pri-mero actúe con equidad, y para actuar con equidad, la ciudad debe pagarle al demandado el dinero así invertido, más sus intereses, restituyendo al demandante, en cuanto fuere practicable, a su statu quo, a falta de fraude de su parte.”

En el caso Grand Island Gas Co. et al. v. West, 28 Nebraska 852, 45 N. W. 242, la ciudad de Grand Island había contratado con la Grand Island Light and Fuel Co. el ser-vicio de luz por un año, y la compañía servía la luz, y pre-sentó sus cuentas por los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y fueron admitidas. Un contribuyente siguió acción contra la compañía y varios oficiales de la ciudad, y obtuvo una orden restringiendo a la ciudad de pagar ciertas cuentas de luz, y a la compañía de reclamarlas. En la decisión se dijo:

“Creemos que la corte erró al impedir el pago de estas reclama-ciones concedidas por el consejo municipal. La- ciudad ha alegado el beneficio del contrato haciendo uso de la luz así suministrada, y no sería equitativo cancelar el contrato sin devolver a la compañía de la luz, sin exceder del precio del contrato, el valor' razonable de la luz consumida con anterioridad a la interposición de este pleito. Es regla familiar que aquel que busca la equidad debe practicarla. El be dio de que el contrato a virtud del cual se suministró la luz era ilegal, no importa. No releva al municipio de ser justo.’’

Innecesario citar mayor número de casos.

No existen los errores señalados, por lo que debe confir-marse la semt&iwña apelada.


author: El Juez Peesidente Señor del Toro,

text:
    Florence E. Preston, demandante y apelada, v. Blas Maldonado, demandante y apelante.
    No. 5617.

    Sometido: Marzo 25, 1931.

      Resuelto: Junio 23, 1931.

      Angel A. Vázquez, abogado de la apelante; González Fagundo & González Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Peesidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn caso sobre injunction para retener la posesión resuelto por sentencia favorable a la demandante, basada en las siguientes conclusiones de hecho y de derecho:

“Conclusiones de hecho: 1. — Florence E. Prest'on, por conducto de su apoderado Ezequiel Cardona, ha estado en la posesión material y pacífica de la finca objeto de esta acción durante los últimos diez años basta la fecba en que fué perturbada en su posesión por el demandado Blas Maldonado, (noviembre de 1930).
“2. — Con sus reiterados actos de perturbación el demandado de-mostró su intención de despojar de la posesión que tenía sobre la finca de autos a la demandante Florence E. Preston.
“Conclusiones de derecho: (a). — Las actuaciones del Marshal de la Corte de Distrito de Humacao, para privar a Florence E. Preston de la posesión material de la finca de autos, son absolutamente nulas; pues Florence E. Preston nO fué parte ni estuvo en forma alguna relacionada con el litigio en el cual se expidió la orden po-sesoria por el tribunal de distrito de San Juan, a la jurisdicción de la cual nunca estuvo sometida la demandante en este caso Florence E. Prest’on, (33 Corpus Juris páginas 1,106 y 1,107; Reay v. Butler, 69 Cal. 572), considerándose, además, la naturaleza del procedimiento, que fué en cobro de dinero y no en ejecución de gravamen alguno. (Rosales v. Corte de Distrito, 33 D.P.R., 316; Viejo v. Caloea, 35 D.F.R. 469).
“(b). — La posesión de Florence E. Preston, por conducto de sus apoderados, sobre la finca de autos, debe ser mantenida y ampa-rada, mientras no sea vencida en juicio, mediante el debido proce-dimiento de ley, (artículos 534, 437 y 448 del Código Civil).’1

En la apelación se levantan varios errores cuya conside-ración separada nos obligaría a escribir innecesariamente una larga 'opinión. Hemos estudiado la totalidad del caso: alegaciones, pruebas, sentencia y alegatos, y a nuestro juicio están ajustadas a los huellos y a la ley las conclusiones del tribunal sentenciador y no se cometió ninguno de los errores en que se funda el recurso.

Constituye una perturbación que puede dar origen al procedimiento de injunction que autoriza la Ley No. 43 de 13 de marzo de 1913 tal como fué enmendada por la Ley No. 11 de 1917, el hecho de presentarse un marshal a cumplir una orden de ejecución, a instancia de parte interesada, en una finca, cuando dicha finca no pertenece ni está en posesión del deudor y los actos posesorios del demandado se limitaron a disponer de momento de las frutas de ciertos árboles, sin que el representante del dueño de la finca fuera en verdad desposeído, quedando por el contrario en la posesión del inmueble, como sucedió en este caso.

Es un hecho claro que la finca de que se trata pertenecía a y estaba en posesión de la demandante no obstante residir como residía fuera de Puerto Rico. Siendo ello así, es igualmente claro que dicha demandante podía ejercitar el derecho que a los poseedores garantiza la citada ley sobre injunction. ¡

Otro hecho evidente es que la orden que trató de ejecutar el márslial a instancia del aquí demandado Blas Maldonado, no convertía el acto perturbador en uno legal, porque dicha orden no estaba autorizada por la ley, ya que se dictó en un pleito en cobro de dinero seguido en el distrito de San Juan en el que se pronunció sentencia y para ejecutarla s.e embargó y vendió la finca de la demandante, que no fué parte en el pleito, situada en otro distrito judicial, Humacao, como de la propiedad del demandado, cuando no lo era ni estaba en su posesión. Tal orden dictada en tal clase de pleito y bajo tales circunstancias, es una mera nulidad.

Bebe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señor del Tono,

text:
    Guillermo Petterson, demandante y apelante, v. Miguel Contreras Puig y su esposa Juana Ramírez, Manuel Campos y su esposa Emerciana Silva, y Ventura Mayayo, demandados y apeladas.
    No. 5237.

    Sometido: Febrero 12, 1931.

      Resuelto: Junio 25, 1931.

      B. T. Pacheco, abogado del apelante; los apelados no presentaron alegato.
   El Juez Presidente Señor del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

Es base de este pleito una tercera demanda enmendada interpuesta por Guillermo Petterson contra Miguel Contreras y su esposa Juana Ramírez, Manuel Campos y su esposa Emerciana Silva, y Ventura Mayayo. Ejercítanse en ella dos causas de acción, una sobre nulidad de procedimiento ejecutivo hipotecario y daños y perjuicios y otra sobre recla-mación de homestead. Contestaron los demandados Contreras y Campos, oponiéndose. En la vista se practicó prueba por ambas partes y sometido el caso definitivamente a la corte, lo resolvió por sentencia en contra del demandante. Efte interpuso entonces el presente recurso de apelación.

Sólo la parte apelante presentó alegato y compareció a la vista del recurso. El alegato del apelante no cumple con las reglas de esta corte de tal suerte, que debería desesti-marse el recurso. Preferimos sin embargo, en el ejercicio de nuestra discreción, examinar el asunto en su fondo. La transcripción es completa.

El demandante era dueño de una casa y solar en San-turce que hipotecó a favor de Miguel Contreras y su esposa para garantizar la suma de trescientos dólares que les tomara a préstamo. Luego hipotecó la misma finca a favor de Josefa Soto por quinientos dólares, a favor de. Manuel Campos por cuatrocientos dólares y de Ventura Mayayo por ochocientos dólares. Cantidades adicionales se garantizaron en los cuatro casos para el pag’o de intereses y costas.

Para cobrar su crédito Contreras y su esposa iniciaron un procedimiento ejecutivo que terminó con la venta en pú-blica subasta de la finca, adquiriéndola Campos y cobrando también su crédito la acreedora hipotecaria Sra. Soto. Luego el acreedor Mayayo compró a Campos pagándole lo que él había desembolsado.

Así las cosas se inició éste pleito por Petterson contra Contreras, Campos y Mayayo como ya se ha dicho. Los motivos de nulidad alegados fueron: 1, que en el escrito inicial no se alegú que el crédito estuviera vencido, ni se especificó la cantidad líquida y cierta de los intereses co-brados; 2, que en la orden de requerimiento no se mandó citar, ni notificar del procedimiento, a los acreedores pos-teriores; 3, que no se entregó al ejecutado copia de la escritura en que se constituyó el crédito, ni de la certificación del registro, ni el ¡marshal al requerirlo de pago le apercibió de que si no pagaba las sumas reclamadas dentro de treinta días, su finca sería ejecutada; 4, que no se embargó la finca hipotecada antes de ejecutarse, y 5, que el crédito se ejecutó sin estar vencida la deuda, ya que había sido prorrogado de palabra el plazo fijado en la escritura.

Comenzaremos nuestro estudio por el quinto motivo. De acuerdo con la documentación presentada, se cobró la deuda por la vía judicial cuando ya estaba vencida, pero el demandante alegó y declaró apoyándolo uno dé sus hijos que el acreedor Contreras de palabra había prorrogado el término de vencimiento y que cuando el dicho acreedor se dirigió a los tribunales estaba vigente la prórroga. Negó Contreras tal hecho y sostuvo su negativa en el juicio. El conflicto entre los testimonios fué expresamente resuelto por, la corte en contra del demandante, y no se ha demostrado que lo hiciera actuando con pasión, prejuicio o parcialidad. El motivo, en tal virtud, no puede sostenerse.

Tampoco está bien fundado el primero. En el escrito inicial radicado el 25 de noviembre de 1924, se alegó que el crédito de trescientos dólares se constituyó el 4 de abril de 1922 y venció el 4 de abril de 1923, con el interés del 1 por ciento mensual asegurado basta $25, y que en la fecba de su vencimiento, ni en ninguna otra, el deudor babía satisfecho al acreedor el principal ni los intereses asegurados basta la suma de $25, aunque de ésta .excedían. En tal virtud el crédito era exigible cuando el escrito inicial fue presentado y así aparecía claramente de lo alegado en éste.

Para demostrar que no existe el tercer motivo y el cuarto, bastará transcribir lo que sigue de la relación del caso y opinión del juez sentenciador. Es así:

“No requiere la ley hipotecaria y el reglamento para su ejecu-ción, que se entregue al ejecutado copia de la escritura de consti-tución del crédito, ni de la certificación del Registro. Con el es-crito inicial del procedimiento es que se deben presentar, y si el juez al examinar el escrito y los documentos, considera cumplidos los requisitos de la ley, entonces debe dictar auto de requerimiento para que dentro del término de 30 días se verifique el pago de la suma reclamada, bajo apercibimiento de procederse a la subasta de los bienes hipotecados. Arts. 169 y 170 del Reglamento. Todo esto se hizo en este caso, según aparece de los autos, y el Marshal al hacer la notificación al deudor no sólo le entregó copia del escrito inicial o demanda, del auto o resolución de la corte, y del manda-miento, sino que le dió lectura a éste en presencia del ejecutado, y en dicho mandamiento, como en la resolución, se hace constar l'o que le ocurriría al ejecutado si no pagaba. El requerimiento en un ejecutivo hipotecario es similar al emplazamiento en un pleito 'ordinario. Mestre v. Michelena, 30 D.P.R. 154. El objeto de la ley fué sustancialmente cumplido en este caso.
“Aceptando que el marshal no embargó previamente la propie-dad sujeta a ejecución, este requisito no era necesario para que la 'corte adquiriera jurisdicción. Menéndez v. Cobb, 28 D.P.R. 757; Trueba v. Martínez, 33 D.P.R. 461; Thyboe v. San Juan Fruit Co., 36 D.P.R. 892.”

El único motivo que está bien fundado es el segundo, pero no tiene el alcance que le atribuye el demandante.

Es cierto que no se mandó por el juez, a la vez qne ordenó el requerimiento de pago, que se notificara del auto a los acreedores posteriores, vecinos de San Juan, que constaban en la certificación del registro, y que no se expresaron los nombres de dichos acreedores en los edictos, todo ello con infracción de los artículos 171 y 172 del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, pero, como dice el juez sentenciador:

“La omisión por parte de un ejecutante de notificar a los sub-siguientes acreedores posteriores en una ejecución de hipoteca- es meramente un error subsanable. Voight v. El Registrador, 2 S.P.R. 145. No es la misma posición la de un segundo acreedor hipote-cario que la del deudor principal. Arvelo v. Banco Territorial, 25 D.P.R. 728. El objeto de la notificación del auto, es que las per-sonas interesadas, a que se ha hecho referencia, puedan concurrir a la subasta si les conviniera (Hernández & Co. v. Ramírez, 8 D.P.R. 98), para que después puedan cancelarse las hipotecas posteriores (Montes de Oca v. Báez, 23 D.P.R. 708).
“En el presente caso se anunció la subasta en el periódico ‘La Correspondencia,’ que se edita en San Juan, en las ediciones de los días 31 de diciembre, 1924, y 7, 14 y 21 de enero, 1925, para tener efecto el día 22 de dicho último mes y los acreedores posteriores ... tenían conocimiento de la subasta, pues resulta de la prueba, que a ella concurrieron varios licitadores, entre ellos Manuel Oamp'os, ca-sado con Emerciana Silva, acreedor posterior por la suma de $500, y a quien le fué adjudicada la finca por la suma de $900 y de esta cantidad se pagó el crédito del éjeeutante por $300 y también se pagó a Josefa S'oto Valentín, otro de los acreedores posteriores por la suma de $500, quien no es parte en este juicio, que también ha-bía establecido un procedimiento ejecutivo hipotecario para el cobro de su crédito, según aparece de las declaraciones de Miguel Contreras y Manuel Campos; y en cuant’o al otro acreedor hipotecario Ventura Mayayo, él es hoy el dueño de la propiedad, adquirida por compra a Manuel Campos, por escritura de 14 'de marzo, 1925, o sea el mismo.día en que el marshal otorgó a aquél la escritura de venta judicial, y nada pide en este caso.”

Lo expuesto dispone de la primera causa de acción. Si el procedimiento no fué nulo, no cabe ni siquiera entrar en el examen de la prueba.con respecto, a los daños y per-juicios. Aun entrando sería difícil encontrar base para con-cederlos. La prueba con respecto al valor de la casa y el solar es contradictoria. El demandante declaró que ascendía a $6,000, mientras que otros testigos declararon que sólo valdría $2,500', y ya conocemos los cuatro gravámenes hipo-tecarios que pesaban sobre ella.

Refiriéndose a la segunda causa de acción, se limitó la corte sentenciadora a decir que no bacía “pronunciamiento alguno por carecer de jurisdicción, toda vez que la cantidad envuelta no excede de $500-. Arroyo v. Corte de Distrito de San Juan, 38 D.P.R. 10; Duchesne v. Corte de Distrito de San Juan, 38 D.P.R. 14, y Hedilla v. Monagas, 38 D.P.R. 27. Su conclusión fué correcta.

Debe confirmarse la sentencia apelada.