author: El Juez Asociado Sr. HutchisoN,

text:
    M. Lamadrid & Co., Sucs., Demandantes y Apelantes v. Torrens Martorell & Co. et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2053.
    Resuelto en julio 31, 1920.
    Excusión — Sociedad Regular Colectiva — Bienes Particulares de los Socios— Embargo — Ejecución de Sentencia. — El soeio de una compañía regular co-lectiva queda colocado, para todos los fines prácticos en el lugar de un fiador solidario de la sociedad, por lo que puede ser incluido como demandado en una aceión establecida contra ésta para cobro de dinero; j para dejar a salvo su derecho al beneficio de excusión que le reconoce el artículo 237 del Código de Comercio, bastará que la sentencia disponga que sólo sean embargados j eje-cutados bienes particulares del soeio demandado para satisfacer la sentencia, en el caso de que el márshal devuelva la orden manifestando que no ha encon- . trado bienes de la sociedad o que los ejecutados no alcanzaron a cubrir el importe de la sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José de Gusmán Benitos.

    Abogado de los apelados: Sr. L. Llorens Torres.

   El Juez Asociado Sr. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

M. Lamadrid &' Co., Sucs., establecieron una acción contra Torrens, Martorell & Co. et al. y Miguel Martorell Torrens como socio gestor colectivo, para el cobro de una deuda contraída por la sociedad demandada.

Alegaba la demanda entre otras cosas que la sociedad demandada había suspendido sus negocios, cerrado el esta-blecimiento y oficinas sin dar aviso a sus acreedores o liqui-dar su pasivo y que sustrajo y ocultó todos sus bienes sin constituirse en liquidación ni dejar a persona alguna encar-gada de entenderse con los acreedores, contestar sus recla-maciones ni arreglar en forma alguna sus compromisos.

La demandante suplicó a la ■corte que dictara sentencia condenando a ambos demandados solidariamente al pago de la suma de $2,589.65 y sus intereses' al tipo legal desde la fecha de la radicación de la demanda, debiendo hacerse efec-tivo dicho pago con los bienes del demandado Miguel Mar-torell en defecto de los de dicha sociedad deudora; y con-denarles también a pagar los gastos y costas de este pleito incluyendo honorarios de abogado.

La sociedad demandada no contestó la demanda ni com-pareció. El socio contestó negando los hechos alegados en la demanda y celebrado el juicio la corte de distrito dictó sentencia contra la sociedad demandada por la suma de $2,589.65, interés legal, costas y honorarios de abogado “sin perjuicio de que la demandante en su día una vez hecha ex-cusión en los bienes de la sociedad demandada, ejercite las acciones que pueda tener contra los socios colectivos de la mercantil demandada. ’ ’

La sociedad demandante interpone apelación contra esta sentencia en tanto dicha sentencia omite resolver la demanda en cuanto a Miguel Martorell o por no haberse condenado a Martorell en su carácter de socio colectivo de la sociedad demandada, responsable solidario de sus obligaciones a pa-gar solidariamente con dicha sociedad la suma reclamada en la demanda y las demás responsabilidades según se expresaba en la referida sentencia dictada contra diclia sociedad.

La teoría de la corte inferior y el criterio allí sustentado respecto a la prueba que fné presentada han sido reseñados por el jaez sentenciador en la siguiente forma:

“En el juicio se presentó por la demandante prueba documental que consistió en la escritura otorgada ante el Notario don José de G-uzmán Benitez en 20 de octubre de 1917, por Freiría Hermanos, M. Pascual & Go. y Malgor, Luiña & Co. y M. Lamadrid & Co., por la que las tres primeras venden a M. Lamadrid & Co. los cré-ditos que tienen contra Torrens, Martorell & Co. por las mismas sumas que se alegan en la demanda. Y acerca de este extremo el demandado Martorell hizo en juicio la expresa admisión de que la sociedad Torrens, Martorell & Co. adeuda esas sumas a la deman-dante. El hecho se haya bien probado. Es verdad que ahora, al argumentar el caso, el demandado alega que su- admisión no perju-dica a la social Torrens, Martorell & Co. porque la admisión de un socio, una vez extinguida la sociedad, no perjudica a ésta. Pero este demandado ha querido olvidar dos extremos: que viene pro-bando que la sociedad se halla en liquidación; y que ha probado que él mismo es uno de los liquidadores. Y si la sociedad se halla en liquidación no se ha extinguido; y si él es un liquidador, sus admisiones en cuanto a deudas de la social que él liquida son efica-ces y no se parecen en nada a las que pueda hacer un socio, no li-quidador, en cuanto a deudas de una sociedad extinguida.
“Se demostró que la mercantil demandada no llevaba contabi-lidad en forma, sino en unas libretas, sin arreglo a método legal.
“No se ha'probado de manera que convenza a la corte que esta sociedad demandada haya ocultado sus bienes, dejando de pagar, en general, a sus acreedores. No se ha probado la alegación de la demandante de que la mercantil ‘Torrens, Martorell & Co.’ no se haya constituido en liquidación, ni designado persona que liquide sus cuentas; y por el contrario se probó, por el demandado, por medio de escritura de 12 de septiembre de 1917, ante el notario don Nemesio Canales, Exh. 2 del demandado, que se constituyó una li-quidación en la que los tres socios Miguel Martorell Torrens, Juan Luis Torrens y Luis Martorell, quedaron encargados de la liquida-ción de la sociedad; tal escritura aparece inscrita en el Registro Mercantil de San Juan en 6 de octubre de 1917, con antelación de 16 días a la presentación de la demanda original; y esta inscrip-ción es aviso o noticia suficiente de la existencia de la liquidación.
"Constituida una sociedad mercantil en liquidación con arreglo al Código de Comercio, la personalidad social subsiste, en cuanto a la percepción de créditos, extinción de obligaciones contraídas de antemano, y realización de operaciones pendientes. (Véase el ar-tículo 228 del Código de Comercio). Los liquidadores representan a la sociedad para esos fines; y la sociedad en liquidación continúa viva para aquellos efectos.
"No está demostrado en este juicio que la mercantil Torrens, Martorell y Compañía carezca de bienes con que pagar sus obliga-ciones; ni que la liquidación de la misma se haya terminado, sin que hayan quedado bienes con que cubrir el pasivo.
( ífNí> prueba la insolvencia de la social demandada el hecho de que uno o más testigos digan ante la corte, que en la tienda que tenía dicha social, no quedaban más que unas botellas y unas cajas de fósforos; porque,- fuera de que esos testigos no han podido traer aseveración alguna en cuanto a si habían otras mercancías en el interior de la casa tienda, lo que ellos manifestaron no prueba que la demandada no tuviera otros bienes, inmuebles, créditos, etc.
"No se ha probado que la misma social demandada haya hecho ocultación de bienes. Aún en el caso de que hubiera prueba bas-tante para declarar qué mercancías de la tienda (no se sabe cuáles ni en qué cantidad), se han trasladado a casa de uno- de los socios y liquidadores, no creemos que esto- sería una ocultación fraudu-lenta, a menos que se probara que- esas mercancías se habían hecho desaparecer, y se habían enajenado privadamente y fuera del curso de la liquidación.
“En estas condiciones, la corte cometería un grave error al dar pa¡?o a una acción contra uno de los socios colectivos de Torrens, Martorell y Compañía cuya situación legal es la de ‘en liquidación,’ mientras no se pruebe el alzamiento, ocultación fraudulenta de bie-nes, o la insolvencia de dicha social, y no antes de que se haga ex-cusión de bienes de ‘Torrens, Martorell y Compañía.’ ”

Al resolverse una apelación interpuesta contra una orden que declaraba sin lugar una moción para que se dejara sin efecto el embargo trabado sobre bienes del demandado Mar-torell, apelación que fué resuelta en julio 7. del año pasado, 27 D. P. R. 599, este tribuna] dijo lo siguiente:

“Si el artículo 237 del Código de Comercio puede invocarse en. un pleito establecido no solamente contra la sociedad sino también directamente contra el socio que alega el beneficio de excusión y en el cual se alega en la demanda jurada, no por información y creen-cia sino como un hedió de conocimiento personal del demandante, ■ la discontinuidad de los negocios, el cierre de puertas, la sustrac-ción, ocultación de bienes y los infructuosos requerimientos hechos tanto a 1a. firma como al dicho socio, entonces creemos que con tal alegación acompañada de una fianza buena y suficiente se cumple substancialmente ‘prima facie’ con el requisito de la excusión en el haber de la sociedad.
“(Véase también el caso de Royal Bank of Canada v. Vázquez, caso número 1892, resuelto en mayo 29, 1919.)
“Ciertamente este aspecto de la cuestión no hace más gravosa la situación del socio que responde solidaria y mancomunadamente de las deudas de la sociedad de lo que la ley exige al fiador que si bien su obligación no es de tal alcance si deseara aprovecharse del beneficio de que sean embargados los bienes del deudor principal, será su deber señalar bienes sujetos a embargo para su venta que pertenezcan al dicho deudor.”

Los hechos que de tal mod'o se resolvió que constituían la debida excusión del haber de la sociedad con el fin de sos-tener un embargo trabado en bienes de uno de sus socios, quedaron establecidos por la prueba del demandante, y el caso “prima facie” así presentado a falta de alguna expli-cación o esfuerzo para contradecirlos y'aún cuando no estu-viera robustecido más bien que debilitado por la prueba de la demandada, constituye suficiente excusión de los bienes de la sociedad para que pueda basarse en ella una sentencia en la forma indicada en la súplica de la demanda.

Los demandados según parece fueron citados para que presentaran los libros llevados por la sociedad.

Miguel Martorell compareció como testigo de la deman-dante y en su carácter de socio gestor colectivo de la socie-dad demandada, con un pequeño libro de cuentas 3^ que según dijo, otro socio Luis Torrens, le había manifestado que ora el único libro que había de la sociedad demandada. Apre-miado sobre este punto el testigo repitió primero que este era el único libro que le dio el otro socio Luis Torrens y declara por último que dicho libro es el único que tiene la sociedad.

Pedro Pagan, anterior tenedor de libros de la sociedad demandada, declaró que él llevaba la contabilidad de la so-ciedad en tres libros ninguno de los cuales liabían sido bebi-damente autorizados; que la sociedad-demandada jamás pagó por las mercancías compradas a la demandante en esta acción y a otras firmas; que dichas mercancías no permanecían en el sitio de los negocios de la sociedad demandada sino que eran trasladadas y almacenadas en la casa de vivienda del demandado Miguel Martorell; que fueron trasladadas de tal manera en septiembre del año 1917 y que la existencia que quedó en la tienda consistía en una pequeña cantidad de fósforos; que la tienda permaneció abierta, pero los negocios habían terminado y la sociedad no pagó ninguna de sus cuen-tas ; que la tienda continuó abierta en esta forma hasta mayo de 1918.

Victorio Ochoa, socio gestor'de £ÍM. Lamadrid & Oo.,” manifestó que las compras hechas a la sociedad demandante se concertaban por el demandado Miguel Martorell; que la demandante había escrito repetidas veces a la sociedad de-mandada y al demandado Miguel Martorell sin recibir con-testación alguna y que los giros librados contra olios habían sido devueltos por el banco; que el testigo en cierta ocasión visitó la tienda de los demandados y que la existencia a la vista en esa fecha consistía en botellas y fósforos, cuya exis-tencia tendría solamente un valor de $200 a $250; que pos-teriormente el testigo visitó de nuevo el sitio de negocios de los demandados el que encontró cerrado; que el testigo ha revisado en otras partes y no ha encontrado nada y sin ha-berse podido encontrar ninguno de los bienes excepto una casita que vale tal vez $150; que es costumbre comercial cuando una casa se disuelve pasar una circular anunciando que determinadas personas se han hecho cargo y que la de-mandante no ha recibido aviso alguno de que la sociedad demandada estuviera en liquidación.

Heraclio López, comerciante y agricultor del Dorado, de-claró que Labia visto los libros que llevaba Torrens, Mar-torell & Cía., con motivo de tener que arreglar las cuentas de la sociedad; que dicha sociedad llevaba tres libros; que el libro que se le maestra al testigo no era uno de éstos y nunca lo había visto entre los que el testigo examinó; que en y después del mes de septiembre de 1917 la sociedad de-mandada nada tenía o tal vez muy poco era lo que tenía en existencia; que algunas de las mercancías se vendieron y otras fueron trasladadas del sitio de los negocios durante los últimos días de septiembre de 1917, quedando solamente algunos pocos fósforos y latas al cuidado del empleado Pedro Pagán; que en la fecha del juicio, septiembre 1918, la tienda había sido cerrada hacía unos seis o siete meses; que Torrens, Martorell Ss Cía. no tienen bienes excepto una ca-sita que salieron a vender a un empleado del testigo; que los tres socios tienen bienes pero que no hay nada a nombre de-la sociedad; que la sociedad no tiene con qué pagar sus deudas.

Alfredo López, comerciante del Dorado, declara qiie Torrens, Martorell & Cía. no tiene nada; que el testigo había hecho cierto negocio con la sociedad demandada y en sep-tiembre de 1917 la existencia estaba casi terminada aunque la tienda se encontraba abierta dicha existencia era única-mente de algunos pocos fósforos; que algunas de las mer-cancías fueron trasladadas antes del mes de septiembre; que el testigo vió la traslación de las mercancías a la 'casa de vivienda ocupada por los Martorell; que hacia mediados del año 1918 quedaban algunos fósforos, un poco de vinagre y un muchacho que nada tenía que hacer; que la tienda estaba cerrada y luego la casa fue alquilada a otras personas; que con excepción de la casita la sociedad demandada no tiene otra propiedad en el Dorado.

José Comas, experto contador mercantil, fué llamado para examinar la libreta presentada por los demandados en aca-tamiento a la orden librada para que se trajeran los libros (subpoena duces tecum), teniendo entonces lugar el siguiente incidente:

‘ ‘ Dte. : j Tenga la bondad de examinar ese libro a ver qué califi-cación tiene como libro mercantil? Yerdaderamente como libro mer-cantil. * * * '
<£Ddo. : Nosotros bemos reconocido las deudas esas y reconocemos también que la casa Torrens, Martorell y Co. no llevaba libros de contabilidad mercantil por partida doble sino libretas así y que de esas libretas de la casa Torrens, Martorell & Co. quedaba eso:
“Dte.: Pero yo quiero demostrar que esto no es libro de con-tabilidad mercantil.
“Ddo.: Eso lo admitimos. Admito que el perito declararía que ese libro no está llevado en .forma y que eso no es un libro de con-tabilidad mercantil.
“Dte.: Yo deseo que se examine abí si existe la cuenta de M. Lamadrid & Co.
“Ddo.: Si bemos reconocido la cuenta.
“Dte.: Mi pensamiento es probar que los libros ban desaparecido.
“Ddo.: Admitimos que de las libretas que llevaba. Torrens, Mar-torell & Co. solo queda esa libreta.”

La demandada presentó como prueba la escritura de cons-titución social otorgada en enero de 1917 por Miguel Harto-' rell, Luis Torrens y Luis Martorell, que contiene las siguien-tes cláusulas:

“D. El término de duración de esta sociedad, será por cinco años a contar desde el día primero de febrero de mil novecientos diez y seis a cuya fecha se retrotraen los efectos de este instrumento pú-blico que tendrá validez desde esta fecha, cubriendo todas' las ope-raciones, basta ahora_ efectuadas.
“E. Las deudas en pro y en contra de alguno de los socios en-gendradas antes del día primero de febrero de mil novecientos diez y seis figurarán en la cuenta individual de cada uno, sin qúe por ningún concepto, pueda ser perjudicado o afectado el capital social aportado en la forma que más adelante se dirá, así como las sumas que existan como deudas a ‘favor de algún socio o socios o le corresponderá en su beneficio con anterioridad a la fecha ya di-. cha, al socio propietario de las mismas.
Segundo: El capital de esta sociedad, constará de la cantidad de MIL dollaes, cuya suma aporta el socio gestor don Miguel Mar-torell en calidad devolutiva, fijándose como plazo para el pago de esta cantidad por la sociedad a don- Miguel Martorell, el día último de junio de mil novecientos diez y siete, sin devengar interés y que-dando obligadas las existencias del establecimiento, basta su extin-ción.
“Séptimo: La sociedad no podrá hacer negocios que excedan del capital social a no ser por acuerdo unánime de todos los socios y se prohibe a la firma social suscribir garantías o fianzas de clase alguna.”

La escritura de disolución que también íué presentada como prueba por la demandada, de fecha septiembre 11, 1917, dice lo siguiente:

“Que el estado actual de la sociedad, entre mercaderías existen-tes, cuentas por cobrar, el valor' de dos casas, muebles y el precio del negocio, arroja un inventario ascendente a la suma de cinco mil dollars incluyendo también el dinero existente en caja. Y que el pasivo asciende a una suma de tres mil dólares; habiendo por tanto un balance de dos mil dólares; cuya suma es el beneficio o ganan-cia que corresponde por igual a los tres socios.”

Hasta ahora hemos supuesto sin que al parecer sea ne-cesario y solamente por vía de argumento que una sentencia y ejecución de acuerdo con la misma, en la forma sugerida sin más nada, no cumpliría con el precepto estatutorio y que a pesar de dejar el socio demandado de tomar la iniciativa en este sentido o siquiera alegar en su contestación el.bene-ficio de excusión, el demandante tiene la obligación de pro-bar en el juicio y antes de que se dicte sentencia que, la so-ciedad no tiene bienes suficientes para satisfacer el importe de tal sentencia.

En el tomo 18 de Corpus Juris, página 1138, encontramos la siguiente definición:

“ExousiÓN. — En la ley civil es un procedimiento a solicitud de un fiador por el cual el acreedor está obligado a agotar los bienes del deudor principal para el cumplimiento de la deuda antes de re-currir contra el fiador; el comiso y venta de los bienes del principal para satisfacer la reclamación contra él antes de proceder contra los bienes del fiador.”

Según Escriche, tomo 2, página 929, excusión es lo si-guiente :

• “El procedimiento judicial que se hace contra los bienes del deudor principal antes de proceder contra los del fiador para que éste pague la cantidad que aquellos no alcanzan a satisfacer.”

Es principalmente una doctrina de la ley referente a fian-zas adoptada e incorporada en el Código de Comercio en una forma más o menos modificada o restringida. Un miembro de una sociedad no es un mero fiador sino que es respon-sable solidaria y maneomnnadamente de las deudas de la sociedad sujeto solamente al beneficio de excusión reservado por las disposiciones del artículo 237 cuyo texto español prescribe lo siguiente:

“Sección 237. — Los bienes particulares de los socios colectivos que no se incluyeron en el baber de la sociedad al formarse ésta, no podrán ser ejecutados para el pago de las obligaciones contraídas por ella, sino después de baber hecho excusión del baber social.”

Queda pues el socio colocado para todos los fines prácti-cos en las condiciones de un fiador que firma como “fiador y principal deudor,” quedando así hecho responsable soli-daria y maneomnnadamente en unión del principal. Parece ser consecuencia de esto que en una acción seguida contra la sociedad y un miembro en particular de éste, la disposi-ción hecha en la sentencia para embargo y ejecución, pri-mero contra los bienes de la sociedad y luego contra los del socio demandado solamente en el caso de que el márshal de-vuelva la orden de embargo manifestando que no se han en-contrado bienes de la sociedad demandada (nulla tona) o para pagar cualquier saldo después de verificarse el comiso y venta del haber de la sociedad, constituye una excusión suficiente de tal haber.

Verdaderamente, que en la fecha en que se resolvió la primera apelación fue creencia de los miembros de esta corte que estaban más familiarizados con la práctica española, que de acuerdo con el anterior régimen, después de sentencia y ejecución contra la sociedad, si no se encontraban bienes de dicha sociedad, podían ocuparse y venderse los bienes del socio' en particular, aun cuando ninguno de dichos socios-hubiere sido hecho parte en la acción.

Según se indicó en la anterior opinión a que nos hemos referido, es notable el corto número de precedentes en la jurisprudencia española y parece haberse dado por sentado más bien que resuelto por los tribunales españoles que el beneficio de excusión de que gozaban los socios de una so-ciedad comercial, de haber alguna diferencia, es mucho más limitado que en el caso de un fiador.

Aunque esta cuestión quedó sin resolver en gran parte en la anterior apelación, la opinión del juez sentenciador no suministra luz alguna sobre la cuestión y la apelada én este caso ni siquiera ha presentado un alegato.

Una situación muy semejante a la que existe en esta isla parece haberse desarrollado en las Islas Filipinas donde la Corte Suprema ha llegado a casi la misma conclusión que fué sugerida más bien que enunciada definitivamente en la anterior apelación en el presente caso.

En Vargas & Co. v. Chan Hang Chiu, 29 Jurisprudencia Filipina 446, sostuvo el apelante que siendo Vargas & Co. una sociedad mercantil era necesario en una acción contra ella notificar el emplazamiento a todos los socios y que ha-biendo sido notificado el emplazamiento solamente al socio gestor, dicho emplazamiento no surtía efecto alguno contra la compañía y los miembros de ella.

La corte resolvió en substancia que una compañía es una entidad jurídica con capacidad para demandar y ser deman-dada bajo el nombre de la compañía, que en una acción contra tal compañía no es necesario incluir a los socios ele la misma como partes demandadas.

En el caso de De los Reyes v. Lukban and Borja, 35 Jurisprudencia Filipina, la misma corte declaró que los socios que no habían sido incluidos como partes en una acción contra la compañía podían ser demandados individualmente para el cobro de una sentencia qne no liabía. sido satisfecha contra lá sociedad. El caso no sostiene que el mismo 'resul-tado no hubiera podido alcanzarse mediante la oportuna eje-cución contra los socios individualmente después de devuelto el mandamiento por el marshal manifestando no haber ha-llado bienes (nulla bona) a virtud del auto contra la socie-dad, aunque para los fines de la presente opinión puede ad-mitirse el hecho. Ni se sugiere remotamente que los socios individuales no hubieran sido partes demandadas adecuadas en la acción seguida .contra la sociedad. La opinión disidente ■ se fundaba en la razón, entre otras, que bajo la práctica española que no había sido afectada por el cambio de sobe-' ranía, una nueva ejecución (alms execution) contra el socio individual era bastante; que no se permitía una nueva acción y de ser entablada no era una nueva causa de acción sino meramente un método de poner en vigor la sentencia original.

La parte sustancial de la opinión de la mayoría del tribunal aparece en el sumario como sigue:

“El acreedor que no ba conseguido cobrar judicialmente su crédito que le era en deber una sociedad colectiva por insolvencia de ésta, tiene derecho a dirigir su reclamación contra los socios que formaron parte de dicha sociedad en la forma que autoriza el ar-tículo 127 del Código de Cotaercio, puesto que todos y cada, uno de los socios colectivos se hallan obligados personal y solidariamente con sus bienes a las resultas de las. operaciones ejecutadas a nom-bre y por cuenta de la compañía, bajo la firma de ésta, por persona autorizada para usarla.
“La excusión de bienes, condición exigida por el artículo 237 del mismo código para enjuiciar bienes particulares de los socios, se considera cumplida cuando por el resultado de lo actuado por el sheriff en virtud de un mandamiento de ejecución expedido para llevar a efecto una sentencia firme, aparezca demostrada la absoluta carencia de bienes propios de la extinguida sociedad colectiva deu- , dora, y cuando el socio demandado después individualmente no ha podido justificar que realmente existen bienes de la sociedad de que formó parte.
“Aunque hubiere perfecta identidad en la causa o motivo de ac-ción y la cosa reclamada entre una acción ejercitada contra una sociedad colectiva, para el cobro de un crédito y la acción entablada contra los socios personalmente para el cobro de una parte de dicbo crédito no solventado si son diferentes los demandados y la cuali-dad con que lo fueron, toda vez que la primera acción aparece dirigida contra la sociedad deudora y la segunda ha sido -ejercitada contra los que han sido socios individualmente, no es procedente alegar contra esta segunda acción excepción de cosa juzgada en vir-tud de sentencia recaída en la primera a tenor del artículo 1252 del Código Civil y del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil.”

El punto interesante de la opinión disidente y el único aspecto de la misma que ahora consideramos es el que apa-rece en el siguiente párrafo:

“La tercera cuestión que se presenta es la de si, aún admitiendo el derecho del demandante a mantener una acción fundada en la antigua sentencia, el remedio que le cabe es que se dicte una nueva sentencia contra los miembros de la sociedad individualmente, o que se ejecute la antigua sentencia cóntra ellos dictada? Según las le-yes tanto substantivas como adjetivas que regían en esta jurisdic-ción con anterioridad a la ocupación americana, no se permitía die-, tar una nueva sentencia' individualmente contra los miembros de la sociedad en circunstancias análogas a las que concurren en el pre-sente caso. El primer paso que se exigía a un demandante que obtuviese una sentencia contra una compañía de la índole de la que se describe en esta acción, era ejecutar la sentencia en cuanto fuera posible contra los bienes de la sociedad; y, una vez agotados éstos proceder, mediante ejecución, contra los bienes particulares de sus' socios en virtud de la misma sentencia. No era preciso, ni tampoco se permitía, entablar nueva acción contra los qu'e componían la ra-zón social, individualmente, fundándola en la antigua sentencia, y obtener una nueva sentencia contra ellos. Desde la ocupación ame-ricana no se ha dictado ley alguna que haya alterado este procedi-miento y esta es la práctica hoy vigente.”

En el caso de Hongkong & Shanghai Banking Corporation v. Aldecoa & Cía. en liquidación, Joaquín Ibáñez de Aldecoa & Co. en liquidación, Joaquín Ibáñez de Aldecoa y Palet, Zoilo Ibáñez de Aldecoa y Palet, Cecilia Ibáñez de Aldecoa y Palet e Isabel Palet de Gabarro; William Urquhart, tercerista y apelante, 30 Jurisprudencia Filipina 266, * * * se Imce nna breve reseña de la acción y de la sentencia en los dos primeros párrafos de la opinión, a saber:

“Promovióse esta acción en 31 de enero de 1911 por el banco demandante contra los referidos demandados al objeto de recobrar de la principal demandada, Aldecoa & Cía., cierta cantidad que ésta era en deber en su cuenta corriente con el demandante, y de hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria de los otros demandados para que pagasen esta deuda como socios de Aldecoa & Cía., y para eje-cutar ciertas hipotecas constituidas por los demandados en garantía de la deuda enjuiciada.
“Dictóse sentencia en 10 de agosto de 1912 a favor del deman-dante y en contra de los demandados por la cantidad de $344,924.23, con los intereses correspondientes a razón del 7 por ciento al año desde la fecha de la sentencia hasta su abom> y las costas, y se or-denó la ejecución de las hipotecas. El juez declaró que en el caso de que no quedase cubierta dicha cantidad después de ejecutadas las hipotecas, el demandante debía recurrir a los bienes de la de-mandada principal hasta agotarlos antes de ejecutar a los deman-dados en particular a los cuales se había declarado responsables in solidum con la demandada principal, pero subsidiariamente. Dic-tóse asimismo sentencia denegatoria del remedio solicitado por el tercerista. Todos los demandados y el tercerista han "apelado.”

La corte al resolver la alegación de Aldecoa & Cía., se expresó en los siguientes términos:

“El banco no trata de ejecutar en la presente acción ninguna hipoteca sobre bienes otorgada por Aldecoa & Co. Es-cierto que el banco trató de obtener y obtuvo sentencia por cantidad de pesos contra dicha razón social que al mismo tiempo y en la misma acción que obtuvo sentencia de ejecución obtuvo sentencia contra los deman-dados. Si dos o más personas son deudores m solidum de un terce-rista y uno o más de dichos deudores constituyen hipoteca sobre sus respectivos bienes inmuebles situados en la jurisdicción del tribunal, el acreedor en el caso de que no se pague la obligación a su venci-miento podrá incluir en el mismo pleito a todos los deudores solida-rios y obtener contra ellos una sentencia mancomunada y solidaria, así como también sentencias de ejecución sobre las respectivas hi-potecas. ’ ’

La apelante doña Isabel Palet imo de los mioinbres “ge-nerales o capitalistas de la compañía” alegó como errores entre otras cosas, “que el Juzgado incurrió en error por no haber considerado al negarse a ordenar a beneficio de esta apelante, que el banco demandante debía dirigirse contra los bienes de Aldecoa & Oía., antes de que aquél pudiera pro-ceder contra los de esta demandada y apelante para el pago de su sentencia.” Tratando esta cuestión la corte dijo lo siguiente:

“No pretende esta apelante que no sea personalmente respon-sable solidariamente con Aldecoa & Cía de las obligaciones por esta última contraídas con el demandante, en caso de que no prosperase la apelación interpuesta por Aldecoa & Cía. Acabamos de declarar que procede confirmar la sentencia apelada por Aldecoa y Cía. Pero Isabel Palet pretende que su responsabilidad como socia en or’den a las obligaciones de Aldecoa y Cía., aunque solidaria, es sub-sidiaria, y que tiene derecho a insistir en que se apliquen en primer término los bienes de Aldecoa & Cía. en su integridad al pago de las obligaciones de la razón social antes de que el banco proceda contra ella para ejecutar la sentencia.
“El juez sentenciador ordenó que los bienes hipotecados incluso los que lo fueron por esta demandada, se vendieran en virtud de ejecución en caso de que Aldecoa y Cía., dejase de depositar en el juzgado el importe de la sentencia, dentro del plazo designado al efecto. El juez reconoció el carácter subsidiario de la responsabili-dad personal de Isabel Palet como socia de la casa Aldecoa y Cía., y decretó que, en caso de que faltase alguna cantidad después de ven-didos los bienes hipotecados, no se expidiese ejecución contra los bienes de Isabel Palet hasta que se hubieran agotado todos los bie-nes de Aldecoa y Cía. Las propiedades hipotecadas por Isabel Palet lo habían sido no tan solo como garantías del cumplimiento de su propia obligación solidaria y subsidiaria como socia que venía obli-gada a responder de todas las deudas de Aldecoa y Cía., sino para garantir la obligación directamente contraída por la casa con el banco. Opinamos, por tanto, que el juez a quo no incurrió en error en cuanto a este particular.”

Y al discutir otro señalamiento de error la corte vuelve a hacer la siguiente indicación:

''“Isabel Palet’ es personalmente deudora en mancomún el in so-lidum con Aldecoa & Oía., de todo lo ,qne la casa debe al banco, y no es meramente un fiador que garantiza el cumplimiento de las obli-gaciones de Aldecoa y Oía., sin ninguna responsabilidad solidaria.”

'Hacemos la siguiente cita de otra opinión en que se re-suelvo otro aspecto del mismo caso, a saber:

“La cuestión que se plantea es la siguiente: ¿Podía la madre de los tres menores, en virtud de los hechos que 'anteceden, hacer-los legalmente responsables como socios industriales de la razón social Aldecoa & Cía ? En caso' afirmativo, ¿ son responsables manco-munada y solidariamente con todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles de las deudas de la compañía? Que todos los socios in-dustriales de una compañía mercantil regular colectiva son respom sables, con todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles, de todas las deudas que la compañía sea en deber a terceros, en las mismas condiciones que el socio capitalista, es cosa que hace mucho tiempo se ha resuelto definitivamente en esta jurisdicción, no obstante lo que dispongan' en contrario las cláusulas de la escritura social.” (Compañía Marítima contra Muñoz, 9 Jr. Fil. 336.)

T más adelante en la misma opinión se expresa la corte en. los siguientes términos :

“Se dice que la prohibición del artículo 164 abarca tan solo a los bienes inmuebles y que en su consecuencia, los hijos responden subsidiariamente, como socios industriales, hasta donde alcancen sus bienes muebles. Este principio se funda en la teoría de que la ma-dre podía haber dispuesto libremente en 1896 de los bienes muebles de sus hijos, y que el único recurso que a éstos les quedaba era el de promover acción contra su madre para reclamar el valor de dichos bienes. Si esta teoría fuese cierta, no se alteraría en modo alguno el resultado, por razón de que los hijos fueran o no socios industriales. Si lo eran, tenían que responder de las deudas de la sociedad con todos sus bienes tanto muebles como inmuebles. Si no lo eran, no debían responder en manera alguna.”

En el caso de Compañía Marítima v. Muños, que lia sido citado y observado en el caso mencionado en último término, en la página 348 e] mismo tribunal dice lo siguiente:

“Al parecer el apelado dice en su alegato que no puede enta-blarse mía sola acción contra la sociedad y los socios individuales, basándose esta alegación en lo que dispone el artículo 237 del Código de Comercio que preceptúa que los bienes particulares de los socios no podrán ser ejecutados sino después de haber hecho excusión d'el haber social. Pero este artículo no apoya la alegación de los ape-lados. Puede entablarse acción contra la sociedad y los socios, pero la sentencia debe reconocer los derechos de los socios individuales, establecidos por dicho artículo 237.”

Y en el caso de Sunico v. Chudium, que aparece en el mismo tomo, páginas 648-49, se dice lo siguiente:

“En apoyo del primer motivo del recurso, así como' del tercero, se dice que el apelado no tenía derecho a una sentencia en contra del apelante, uno de los miembros de la sociedad, en el mismo juicio o en los mismos autos en que había recaído sentencia contra la so-ciedad misma, porque según el artículo 237 del Código de Comercio, no podrán ser ejecutados los bienes particulares de los socios (de -una compañía colectiva) sino después de haber hecho excusión del haber social.
“El artículo 127 del Código de Comercio dispone que:
“ ‘Todos los socios que formen la compañía colectiva, sean o no gestores de la misma, estarán obligados personal y solidariamente eon todos sus bienes, a las resultas de las operaciones que se hagan a nombre y por cuenta de la compañía. * * *
“Y el artículo 1144 del Código Civil dice que: .
“ ‘El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra ellos simultáneamente.”
“Estas disposiciones legales establecen claramente el derecho que tiene el acreedor de una compañía colectiva a dirigirse contra cual-quiera de los socios individualmente y contra la sociedad al mismo tiempo; derecho éste del cual no le priva el artículo 237 del Código de Comercio porque los derechos por él garantidos pueden y deben ser puestos a salvo en la sentencia. (La Compañía Marítima v. Muñoz). En el caso de autos, lo dispuesto en la sentencia sobre sus-pensión de la ejecución de la sentencia del apelante, y el pago de ésta con la diferencia entre la participación que le corresponda en el producto de la liquidación del activo de la sociedad y la cantidad total por la cual se ha dictado sentencia en ^u favor y en contra de la sociedad, parece suministrar un medio eminentemente práctico de conservar los derechos de ambas partes y no debiera alterarse.”

El artículo lili de nuestro Código Civil prescribe lo siguiente:

“El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no será obstáculo para los que posteriormente se dirijan contra los demás mientras no resulte cobrada la deuda por completo.. ’ ’

La sentencia apelada, en tanto por ella se niega el dere-cho de la demandante a recobrar del demandado Miguel Mar-torell en la presente acción el importo de la deuda de la com-pañía sujeta solamente a las debidas condiciones en cuanto al orden y forma y manera de ejecución debe ser revocada y en su lugar dictarse otra sentencia por este tribunal con los pronunciamientos que indica la 'súplica de la demanda a favor del demandante y en contra de dicho socio demandado.

Revocada la sentencia en la parte que lo ha sido o sea en cuanto no condena al deman-dado Martorell en su carácter de socio co-lectivo a pagar solidariamente la suma re-clamada y las responsabilidades a que fue ' condenada, la sociedad, pues sobre ello se condena al demandado como tal socio a pa-gar solidariamente a la demandante la suma de $2,589.65 e intereses, con costas, gastos y honorarios de abogado, entendiéndose que se hará efectiva en bienes de M. Martorell después de la excusión del haber social de Torrens, Martorell & Cía.; quedando subsis-tente la misma sentencia en cuanto a la so-ciedad demandada, que no apeló contra ella.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado1 Sr. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Benvenutti, Demandante y Apelante, v. Vázquez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en incidente sobre memorandum de costas y desembolsos; moción de desestimación de apelación.
    No. 2234.
    Resuelto en noviembre 8, 1920.
    Desestimación de Apelación — Frivolidad.—Memorandum de Costas — Honora-rios de Abogados. — Alegándose como único motivo del reeurso de apelación que la corte de distrito no puede por si misma, convirtiéndose en perito, apreciar la razonabilidad de los honorarios de abogado en un memorándum de costas, y estando resuelta esta cuestión por el Tribunal Supremo en varios casos, siendo uno de ellos el de González v. Collazo, 25 D. P. R. 158, es frí-vola la apelación y debe desestimarse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. Tous Soto.

    Abog’ados de los apelados: Sres. Benet & Souffront.

   El Juez Asociado1 Sr. Aldrey,

emitió la opinión del Tribunal.

Uno de los motivos en que se funda la petición para que desestimemos la apelación que se estableció en este pleito es el de ser frívola.

Se trata de un memorandum de costas en el que el ape-lado solicitó que se le concedieran $342.60 por esos conceptos, siendo una de las partidas que la integran la de $300 por honorarios de su abogado. El juez rebajó esta partida a doscientos dólares, siendo la cantidad total por él aprobada la de doscientos diecinueve.

Contra esta resolución es que se ha interpuesto el pre-sente recurso de apelación y, en el alegato presentado por el apelante para sostenerlo, se alega únicamente que la corte inferior no puede apreciar por si misma, convirtiéndose en perito, la razonabilidad de dichos honorarios. Sin embargo, como esta cuestión ha sido considerada y resuelta varias ve-ces por nosotros, González v. Collazo, 25 D. P. R. 159, y casos en él citados, creemos qne realmente la apelación es frívola y por este motivo debemos desestimarla.

Desestimada la apelación..

Jneces concnrrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Jnez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolnción de este caso.


author: El 'Juez Asociado Se., del Toro,

text:
    Batista et al., Demandantes y Apelantes, v. Benítez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2275.
    Resuelto en noviembre 9, 1920.
    Desestimación de Apelación — Transcripción Radicada Fuera de Término.— Habiéndose radicado la transcripción del record en el presente caso fuera de término y después de haberle sido notificada al apelante una moción solici-tando la desestimación del recurso, y apareciendo además que el apelante tuvo dos meses para hacer en tiempo la radicación, no existe base para que el Tribunal Supremo ejercite a favor del apelante la discreción que pueda asistirle, por lo que procede la desestimación del recurso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Hwgh B. Francis.

    Abogado del apelado: Sr. M. Ginorio.

   El 'Juez Asociado Se., del Toro,

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente caso la parte apelada solicitó la desesti-mación del recurso. Aparece que dictada sentencia contra el demandante, éste apeló y preparó una exposición que fué aprobada por la corte sentenciadora el 28 de inayo de 1920. El 30 de jnnio último a petición del apelante este tribunal le concedió una prórroga de treinta días contados a partir del 27 del propio mes para archivar la transcripción de los autos. Transcurrió dicho plazo sin que el apelante hiciera el archivo y entonces la parte apelada, el 28 de julio, presentó una mo-ción. notificada al apelante, solicitando la desestimación del recurso de acuerdo con el artículo 299 del Código de Enjui-ciamiento Civil, tal como quedó enmendado por la Ley No. 81 de 1919, y el artículo 40 del Reglamento de este tribunal. El propio día 28 de julio la parte apelante solicitó nueva pró-rroga para archivar la transcripción y la petición fuá dene-gada. Luego, el 31 de julio, archivó la transcripción. El tribunal entró en vacaciones y la vista' de la moción de deses-timación no se celebró hasta el primero de noviembre. Sólo compareció a ella el apelado por su abogado.

No habiéndose archivado la transcripción dentro del plazo fijado por la ley y prorrogado por la corte, es claro el de-recho del apelado a pedir que se desestime el recurso. Sobre esto no hay duda alguna. Lo que es necesario considerar es si el hecho de haberse archivado la dicha transcripción antes de la vista de la moción, aunque lo fuera después de vencido el término, constituye una buena defensa.

Si la transcripción se hubiera archivado fuera de término, pero antes de presentarse la moción de desestimación, debería resolverse el caso en favor del apelante, pero habiéndose pre-sentado después y apareciendo además que la exposición es-taba aprobada desde el 28 de mayo y que el apelante tuvo dos meses para archivar la transcripción, sin que lo hiciera, no creemos que existe base para que este tribunal ejercite la discreción que pueda asistirle en casos de esta naturaleza en favor del apelante.

Debe desestimarse el recurso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la re-solución de este caso.-


author: El Juez Asociado Sr. del Toro; JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNÁNDEZ.

text:
    Bertrán et al., Demandantes y Apelantes, v. Carrasquillo, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2055.
    Resuelto en noviembre 19, 1920.
    Prescripción — Adjudicación Inexistente — Autorización Judicial. — En 1896 se adjudicaron ciertas fincas en pago de las deudas de un difunto. La deman-dada, heredera de éste, era menor do edad y la adjudicación se hizo sin haberse obtenido la autorización judicial exigida por la ley. En 1915 se declaró por una corte de justicia nula la adjudicación y se mandó devolver a la menor sus bienes. El adjudicatario inició entonces este pleito contra la menor, hoy mayor de edad, en cobro de la deuda de su causante. La me-nor alegó que la deuda había prescrito y la corte resolvió el caso en su favor por entender que siendo inexistente la adjudicación, el adjudicatario quedó en la misma condición que si nada hubiera gestionado y por tanto corrió para él el término que para la prescripción do acciones de es! a naturaleza fija el estatuto, o sea el de quince años.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. F. González.

    Abogados de la apelada: Sres. F. Gervoni Gely y B. Ló-pez Aptongiorgi.

   El Juez Asociado Sr. del Toro;

emitió la opinión del Tribunal.

La cuestión principal envuelta en este recurso es la de si la acción ejercitada por los demandantes ha o no prescrito. La Corte de Distrito de Humacao resolvió tal cuestión en la afirmativa y los demandantes apelaron para ante este tribunal.

Se alega en la demanda, que se dirigió en cobro de dinero contra Modesta Carrasquillo Martínez, que don Manuel Ma-ría Carrasquillo falleció, bajo testamento, en Humacao, el 9 de julio de 1895, j que al practicarse en 1896 las operaciones testamentarias de los bienes dejados por el mismo, se adju-dicaron a Juan Bertrán, causante de los demandantes, varias fincas para el pago de ciertos créditos del propio Bertrán y de otras personas; que en 1915 log herederos de Carrasquillo iniciaron un pleito contra los demandantes sobre reivindica-eión de las fincas adjudicadas a Bertrán v la corte de distrito lo resolvió por ana sentencia que ordenó la práctica de una nueva división de los bienes adjudicados a Bertrán, debiendo entregarse a Modesta Oarrasquillo, — demandante en aquel pleito, demandada en éste — la parte proporcional de sus ha-beres hereditarios en los dichos bienes; que la sentencia de la corte de distrito fue apelada a esta Corte Suprema y con-firmada, habiéndose nombrado, un partidor para ejecutarla; que el pago de la deuda del causante de la demandada al cau-sante de los demandantes quedó sin efecto y que la parte pro-porcional de esa deuda que corresponde satisfacer a la de-mandada, — la décima parte, — asciende a $1,804.76, por cuya suma se pide una sentencia en contra de la demandada.

El hecho de demandar únicamente a Modesta Oarras-quillo se debe a que si bien se ordenó en el pleito de que se ha hecho mérito una nueva división de los bienes adjudicados a Bertrán, prácticamente tal división era algo nuevo sólo en cuanto a ella, pues se dicidió que los otros herederos habían consentido y ratificado por sus propios actos la adjudicación.

La demandada opuso a la demanda entre otras la excep-ción previa de falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción, porque de la misma demanda aparecía que la acción ejercitada había prescrito de acuerdo con los artículos 1865 del Código Civil Revisado y 1964 del Código Civil antiguo.

La corte tomó bajo su consideración el caso y declaró con lugar dicha excepción, y el .19 de marzo de 1919 se dictó y registró la sentencia apelada desestimando la demanda con las costas a los demandantes.

En su 'opinión, el juez de distrito se expresó así:

“En lo que respecta a la alegación de prescripción resulta que en mil ochocientos noventa y cinco falleció don Manuel María Ca-rrasquillo adeudando una suma de dinero al causante de las deman-dantes, señor Bertrán, de cuya suma correspondía a la demandada pagar una parte como una de las herederas del mencionado señor 'Oarrasquillo. Estos hechos demuestran que han transcurrido veinti-cuatro años por lo menos, que nació para los demandantes el dere-cho de cobro y para los demandados lá obligación de pagar; y siendo ello así, la acción de cobro está prescrita.
“No importa alegar que el período de prescripción fuera inte-rrumpido por el hecho de que en mil ochocientos noventa y seis los herederos de Carrasquillo, entre ellos la demandada, hicieran cier-tas adjudicaciones al causante de los actores, y que la adjudicación correspondiente a Modesta Carrasquillo, la demandada, se declaró nula por los tribunales en mil novecientos diez y ocho, pues de acuerdo con las disposiciones del artículo 1874, la prescripción de las acciones sólo se interrumpe: por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por reconocimiento de la deuda.
“La adjudicación hecha a la demandada en mil ochocientos no-venta y seis, se hizo cuando ella era menor de edad y habiendo sido declarada inexistente no puede alegarse con éxito esa adjudicación, como interruptora de la prescripción extintiva del derecho que tenía Bertrán a demandar.”

Sostiene el apelante que las conclusiones a que llegó la corte de distrito son erróneas. No cita jurisprudencia. In-voca la opinión de Manresa que nada en concreto dice sobre la cuestión debatida.

El razonamiento de la parte apelante está contenido en el siguiente párrafo de su alegato: •

“En 23 de agosto de 1915, la demandada y sus demás hermanos, causahabientes de Manuel' María Carrasquillo, deudor de Bertrán, pidieron que se declarara ineficaz tal adjudicación, por el funda-mento legal, de que habiendo menores de edad interesados en la herencia de don Manuel María Carrasquillo, no había precedido autorización judicial, para adjudicar los bienes a don Juan Bértráh en pago de deudas, y la Corte de Distrito de Humaeao, con fecha 12 de marzo de 1917, declaró con lugar la demanda, ordenando que se hiciera una nueva división de los bienes adjudicados al don Juan Bertrán y se entregara a Modesta Carrasquillo, la ahora demandada, la parte proporcional de sus haberes hereditarios en las fincas des-critas. Dé tal suerte el pago de la deuda de don Manuel María Cárrasquillo a don Juan Bertrán, quedó sin efecto en cuanto se refiere a la parte proporcional que correspondía a Modesta Carras-quillo y como es consiguiente en ese momento nació nuevamente, revivió, por parte de Modesta Oarrasquillo la obligación de pagar la deuda y por parte de la sucesión de don Juan Bertrán el dere-cho al cobro de la misma. Antes de esa fecha, no podía don Juan Bertrán, ni sus sucesores los demandantes, cobrar una deuda que estaba pagada, porque la obligación estaba extinguida. Cuando se dejó sin efecto el pago, entonces nació el derecho a ejercitar esta acción y sólo desde entonces puede empezar a contarse el tiempo para la prescripción.
“Las acciones prescriben por el lapso de tiempo, y la prescrip-ción es un castigo para el acreedor negligente, pero aquí no. estamos en este caso, pues el tiempo transcurrido no es el producto de un abandono o negligencia, sino que era imposible hacer reclamación alguna, porque la deuda estaba satisfecha en virtud de la adjudi-cación hecha, a don Juan Bertrán el año 1896 en la testamentaría de don Manuel María Oarrasquillo.”

A nuestro juicio tuvo razón la corte sentenciadora al de-clarar que la acción de los demandantes se había, extinguido por- no haberse ejercitado dentro del término que marca la ley. Es cierto que al practicarse las operaciones divisorias de Oarrasquillo los herederos de éste reconocieron la exis-tencia de la deuda de Bertrán y le adjudicaron bienes para el pago de la misma, pero es cierto también que tal adjudi-cación se declaró nula, más que nula, inexistente, en cuanto a la entonces menor, demandada ahora en este pleito. Esa menor no reconoció después, al llegar a su mayor edad, la existencia de la deuda. Por el.contrario, demandó y obtuvo la declaración de la absoluta ineficacia en cuanto a ella de la-adjudicación hecha a Bertrán para el pago de la misma.

Se dirá que Bertrán no cobró la deuda porque consideraba que la deuda había sido pagada. Sin embargo, Bertrán al actuar en la forma eñ que lo hizo, actuó en contra de la ley que tenía la obligación ineludible de conocer y por lo tanto asumió el riesgo que tal actuación envolvía. Declarada inexis-tente la adjudicación vuelven las cosas al ser y estado que tenían antes de llevarse la adjudicación a efecto. Es como' si Bertrán nada hubiera hecho y siendo ello así claro es que transcurrió para él con todas sus consecuencias el término fijado por la ley para el ejercicio de su derecho a cobrar, aún en el caso de que realmente lo tuviera.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Áldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández disintió.

'OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL,

JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNÁNDEZ.

Ciertamente que la cuestión principal envuelta en el re--curso es la de si la acción ejercitada por los demandantes ha prescrito o no.

Se alega en la demanda como hechos determinantes de la acción que don Manuel María Carrasquillo falleció bajo tes-tamento en Humacao el 9 de julio de 1895, y que al practi-carse en 1896 las operaciones testamentarias de los bienes dejados por el mismo, se adjudicaron a Juan Bertrán, cau-sante de los demandantes, varias fincas para el pag’o de cier-tos créditos del propio Bertrán y de otras personas; que en 1915 los herederos de Carrasquillo iniciaron un pleito contra los demandantes sobre reivindicación de las fincas adjudica-das a Bertrán y la corte de distrito lo resolvió por una sen-tencia que’ordenó la práctica de una nueva división de los bienes adjudicados a Bertrán, debiendo entregarse a Modesta Carrasquillo, demandante en aquel pleito, demandada en éste, la parte proporcional de sus haberes hereditarios en los dichos bienes; que la sentencia de la corte de distrito fué ape-lada a esta Corte Suprema y confirmada; habiéndose nom-brado un partidor para ejecutarla; que el pago de la deuda del causante de la demandada al causante de los demandan-tes quedó sin efecto y que la parte proporcional de esa deuda de la que correspondía satisfacer a la demandada la décima parte, asciende a $1,804.76, por cuya suma se pide una sen-tencia en contra de la demandada.

A la anterior demanda opuso la demandada la excepción previa de falta de hechos determinantes de una cansa de acción, por aparecer que la acción ejercitada había prescrito según los artículos 1865 del Código Civil Revisado y 1964 del Código Civil anterior.

La corte declaró sin lugar la excepción y desestimó la de-manda por sentencia de 19 de marzo de 1919 de la que han apelado los demandantes.

Funda la corte su sentencia en que los hechos de la de-manda muestran que lian transcurrido 24 años por lo menos desde que nació para los demandantes el derecho de cobro y para los herederos de Carrasquillo la obligación de pagar habiendo por tanto prescrito la acción ejercitada.

El anterior razonamiento me parece erróneo.

Las alegaciones de la demanda muestran que la acción reconoce por causa remota una obligación contraída por Manuel María Carrasquillo a favor de Juan Bertrán y por causa próxima la ineficacia declarada por sentencia de la adjudi-cación de bienes hereditarios de Carrasquillo a Bertrán para pago de ciertos créditos del mismo Bertrán y de otras per-sonas. Hay que distinguir dos obligaciones, una contractual de Carrasquillo a favor de Bertrán extinguida por adjudi-cación de bienes en pago de ella según el artículo 1124 del Código Civil, y otra legal derivada de la ineficacia de la ad-judicación según los artículos 1270 y 1271 del mismo código, que dicen así:

“Artículo 1270. — Declarada la nulidad de una obligación los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes.
“Artículo 1271. — Cuando la nulidad proceda de la incapacidad de uno de los contratantes, no está obligado el incapaz a restituir sino en cuanto se enriqueció con la cosa o precio que recibiera.”

La acción que tuviera la Sucesión de Bertrán para exigir a la demandada el pago de la deuda de su difunto padre en la parte proporcional a ella correspondiente, por haber que-dado insoluta dicha deuda a virtud de la ineficacia del pago hecho por adjudicación, nació desde el año 1918, en que fué declarada judicialmente tal ineficacia, y desde esa misma fecha empezó a correr el término de la prescripción de dicha acción según el artículo 1870 del Código Civil, el cual establece que el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieren ejercitarse. El tér-mino para la prescripción no pudo empezar a correr antes por la razón de que el acreedor estaba impedido de ejercitar la acción de nulidad de la adjudicación y tenía por tanto que aceptarla con sus efectos legales, según el artículo 1269 del Código Civil cuyo texto literal es el siguiente:

“Art. 1269. — Pueden ejercitar la acción de nulidad de los con-tratos los obligados principal o subsidiariamente en virtud de ellos. Las personas capaces no podrán, sin embarg’o, alegar la incapacidad de 'aquellos con quienes contrataron;” * * *

La adjudicación en pago de deuda es un verdadero con-trato. Admito que Bertrán al aceptar la adjudicación actuó en contra de la ley y por tanto asumió el riesgo quo su actua-ción envuelve, pero ese riesgo no era en términos absolutos el arbitrario de perder su crédito, sino el legal que establece el artículo 1271 ya transcrito del Código Civil que impone al incapacitado la obligación de restituir siempre que se enri - quezca con la cosa o precio que recibiere.

Y no importa que falte en la demanda alegación de enri-quecimiento de la demandada, por -más que prima facie pa-rece que se enriquece en perjuicio del deudor quien además' de recuperar lo adjudicado en pago de una obligación queda' exento de satisfacer la obligación misma cuya certeza y legi-timidad de origen no han sido impugnadas. De todos modos, tal cuestión es ajena a la excepción de prescripción que so discute y puedo quizás dar lugar a la excepción de falta de causa de acción. ■ •

Por las razones expuestas, disintiendo de la opinión de mis ilustrados compañeros, estimo qne no puede sostenerse la excepción de prescripción.


author: El Juez Presidente Sr. Hebnandez,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Barnés, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por infracción de la Ley de Patentes Municipales.
    No. 1454.
    Resuelto en noviembre 19, 1920.
    Patentes Municipales — Comisionistas—Contribuciones Municipales. — En el presente caso el acusado admitió que tenía la representación de la firma Aboy, Hernández y Co., de New York, a cuyo nombre ofreeía provisiones en venta a los comerciantes de Ponce, cuyos pedidos comunicaba a la citada firma la que remitía las provisiones a la consignación del acusado con la fac-tura correspondiente para su entrega a los compradores como así lo verifi-caba sin llevar las mercancías a depósito alguno y tampoeo a su oficina, reci-biendo un tanto por ciento de comisión. Se resolvió: que el acusado viene obligado a pagar al Municipio de Ponce la patente correspondiente, pues el negocio antes descrito está incluido entre los que el grupo O, sección se-gunda de la Ley No. 26 aprobada en marzo 28, 1914, sujeta al pago de patentes municipales.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Parra y Pérez Marchand.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Pignoras, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. Hebnandez,

emitió la opinión del Tribunal.

En la denuncia se imputa al acusado el hecho de qne mali-ciosa, voluntaria y fraudulentamente violó la sección 12 de la Ley No. 26 sobre Patentes Municipales, aprobada en 28 de marzo de 1914, emprendiendo un negocio consistente en vender provisiones tales como arroz, bacalao, velas, tocino, etc., sin tener para ello el certificado correspondiente expe-dido por el Tesorero del Municipio de Ponce.

La sección 12 citada en la denuncia dice así:

“Sección 12. — Toda persona, sociedad, asociación, corporación u otra' forma cualquiera de organización, comercial o industrial, que emprendiere negocios sin el certificado correspondiente expedido por el tesorero del municipio, o que dejare, de satisfacer el importe de la contribución impuesta de acuerdo con esta Ley dentro de los primeros quince días de cada trimestre se considerará culpable de delito menos grave e incurrirá en una multa máxima de cincuenta dólares, según se provea por los concejos municipales en sus orde-nanzas. ’ ’

Para venir en conocimiento de cuál sea el certificado a que trata la sección 12 se hace necesario acudir a la Sección Ia. de la misma ley.

En la sección Ia. de dicha ley se autoriza a los concejos municipales de todos los municipios de la Isla de Puerto Eico para que puedan imponer y cobrar a toda persona, firma, asociación, sociedad, corporación, u otra forma cualquiera de organización comercial o industrial dedicada a cualquiera de los negocios o industrias que más adelante se mencionan, las patentes que también más adelante se enumeran, bajo los tipos que se prescriben, destinándose el producto de las mismas a cubrir las atenciones de su 'presupuesto.

La sección 2a. enumera los negocios sobre los cuales puede imponerse la patente, que se clasifican en distintos grupos marcados con las letras A, B y C.

El grupo letra C comprende “las industrias de molinos de azúcar y mieles y los negocios de corredores, comercian-tes, comisionistas, agentes con oficinas permanentes y corre-dores de bienes raíces.

Aparece admitido en el juicio por declaración del acusado que éste tenía la representación de la casa Aboy, Hernández & Compañía, de New York, y que a nombre de ella ofrecía provisiones en venta a los comerciantes de Ponce, cuyos pe-didos comunicaba a la referida casa, la que a su vez remitía las provisiones a la consignación del acusado con la corres-pondiente factura para ser entregadas a los comerciantes, como, así lo verificaba directamente sin llevarlos a depósito alguno que tuviera establecido y tampoco a su oficina o des-pacho que tenía en sn propia casa, recibiendo un tanto por ciento de comisión.

Atendido el resultado de las pruebas la defensa solicitó la absolución del acusado por dos razones: Primera, porque la Lev de Patentes nada establece con referencia a agencias comerciales representativas de intereses que están más allá de la ley y de Puerto Bico, ni permite gravar una fuente de negocios que no está por sí ni por su representación perma--nente establecida en Puerto Bico; y segunda, porque aunque la ley estableciera un impuesto sobre una representación como la que se lia probado que tenía el acusado, dicho impuesto sería anticonstitucional por afectar fuentes de negocios que radican fuera de la Isla, lo cual sería atentatorio a la exclu-siva autoridad del Congreso de los Estados Unidos en este respecto.

La moción de absolución perentoria fué declarada sin lu-gar y la corte dictó sentencia declarando al acusado culpable del delito de infracción a la sección 12 de la Ley No. 26 sobre Patentes Municipales, e imponiéndole una multa de $3 y en defecto de pago un día de cárcel por cada dólar que dejara de satisfacer.

Contra esa sentencia interpuso el acusado recurso de ape-lación, pero no ha presentado escrito de asignación de erro-res, ni tampoco compareció al acto de la vista.

Examinados los motivos de la moción de absolución pe-rentoria a la luz de las pruebas practicadas en el juicio, en-tendemos que el acusado emprendió un negocio de comisio-nista comprendido en el grupo C de los negocios e industrias sujetos a patente y que por tanto estaba en el deber de obte-ner la que le correspondía, habiendo incurrido en responsa-bilidad al. emprender el negocio sin tener para ello el cer-tificado correspondiente expedido por el Tesorero del Muni-cipio de Ponce.

El acusado realizaba en concepto de comisionista un ne-gocio independiente por sí mismo del que realizaba la casa de Aboy, Hernández & Compañía, de New York, y no. podía estimarse exento de obtener la patente correspondiente para dedicarse a dicho negocio, con arreglo a la ley sobre la ma-teria. Y no pnede estimarse nnla e inconstitucional la lev que impone dicha obligación, pues no vemos ni se nos ha de-mostrado por el apelante, como era deber suyo, que dicha ley tenga la tendencia de intervenir con o de obstaculizar el co-mercio entre Estados ni que lo obstaculice en la práctica. La patente no se impone sobre el negocio de Aboy, Hernández & Compañía, sino sobre el negocio del acusado.

Véanse nuestras decisiones en los casos de Ponce Lighter Company v. El Municipio de Ponce, 19 D. P. R. 760; El Pueblo v. Central Fortuna, 22 D. P. R. 106 y El Pueblo v. Subirá, 27 D. P. R. 615.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Aldb.et,

text:
    Rotger, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-dor de la Propiedad de Humacao denegatoria de la ins-cripción del dominio de parte de finca rústica.
    No. 483.
    Resuelto en noviembre 19, 1920.
    Identidad de Fincas — Expediente de Dominio — Posesión Inscrita. — -La iden-tidad entre una finca inscrita y otra cuya inscripción se pretende no se co-noce solamente por la identidad de los colindantes; puede deducirse también por otros antecedentes y circunstancias, como ocurre en el pregente caso en que admitiendo el recurrente que una parcela de las que integran la finea sita en el barrio "Río,” de Naguabo, cuyo dominio se pretende inscribir la adquirió su vendedor Felipe Rivera de Ramón Miranda Barrantes quien la había comprado a la Condesa de Gálvez en 1890 en remato para pago de contribuciones, y resultando de la inscripción que existe en el registro a favor de Felipe Rivera que éste compró 70 cuerdas sitas en el mismo barrio “Bio” a dicha Condesa en'el citado año en remate para pago de con-tribuciones, es preeiso concluir que existe identidad entre la finca de 70 cuer-das inscrita y una de las parcelas que componen la finca cuya inscripción de dominio se pretende.
    Id. — Posesión Inscrita — Declaración de Dominio. — Inscrita la posesión de una finca a favor de determinada persona no puede inscribirse el dominio que de la misma acredite persona distinta, aún cuando en el expediente aparezca que fué citada la persona que inscribió, a su favor la posesión. Para que pueda inscribirse el dominio en este caso es preciso que la persona a cuyo nombre aparece inscrita la posesión preste su consentimiento expreso para la inscrip-ción del dominio o que sea oída y vencida en el correspondiente juieio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. F. González.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sb. Aldb.et,

emitió la opinión del Tribunal.

En el Registro de la Propiedad de Humacao se baila inscrita a favor de Felipe Rivera la posesión de una finca de setenta cuerdas de terreno radicadas en el barrio del “Río” del pueblo de Naguabo, que adquirió por compra a Ramón Miranda Barrantes, quien a su vez las compró a la Condesa de Gálvez en el remate público que tuvo lugar en el año 1890 para el pago de las contribuciones debidas por dicba Con-desa de una finca de 550 cuerdas.

Posteriormente Antonio Rotger Ríos tramitó ante la Corte de Distrito de Humacao un expediente para acreditar su dominio en una finca de 117% cuerdas de terreno radica-das también en el barrio del “Río” de Naguabo, que compró a Felipe Rivera en 1905, habiendo éste adquirido parte de ella por compra a la Condesa Gálvez en el año 1895 y la otra parte por compra también a Ramón Miranda Barrantes, quien a su vez la había adquirido en el año 1890 de la Con-desa. de Gálvez en el remate de sus bienes que tuvo lugar en el año 1890 para el pago de contribuciones.

Aprobado el expediente de dominio y solicitada su ins-cripción en el Registro de la Propiedad de Humacao la negó el registrador en cuanto a setenta cuerdas, fundándose en •que esa porción es la misma que tiene inscrita Felipe Rivera, dados los antecedentes y circunstancias del caso, y porque si bien en el expediente de dominio fueron citados los ante-riores dueños sin que se opusieran, no estima suficiente tal hecho para dejar cancelada, como quedaría por virtud de la inscripción del dominio, la inscripción de posesión vigente en el registro a favor de Felipe Bivera, toda vez que éste y su esposa no lian prestado su consentimiento- expreso me-diante documento auténtico para la cancelación, ni ésta se ha'decretado por providencia judicial ejecutoria, según deter-mina el artículo 82 de la Ley Hipotecaria, párrafo primero.

Alega Botger ante nosotros en el recurso gubernativo que estableció contra esa negativa de inscripción que no hay iden-tidad entre la finca de setenta cuerdas que está inscrita a favor de Bivera y la finca que' es objeto de la declaración de dominio porque las colindaneias de ambas son completamente distintas; y que, aún, admitiendo que la finca inscrita es parte de las 117% cuerdas objeto del expediente de dominio, como lo que tiene inscrito Bivera es la posesión, esto no impide que se inscriba el dominio cuando del expediente resulta que fueron citados los anteriores dueños, toda vez que no se trata de privar de su derecho a un tercero que tenga inscrita a su favor esa misma finca. En apoyo dé su primera afirmación nos cita las resoluciones de este Tribunal Supremo dictadas en los casos de Gómez Méndez y Cía. v. El Registrador de la Propiedad de Humacao, 16 D. P. R. 826, y la de Savino Díaz contra el propio registrador, 26 D. P. R. 435; y para la segunda el caso de Ginorio contra El Registrador de San Juan, 2 S. P. R. 579.

El registrador recurrido nos presentó alegato sosteniendo su negativa.

No hemos mencionado los colindantes de la finca de setenta cuerdas que tiene inscrita Bivera a su favor y la de 117% cuerdas objeto del expediente de dominio porque realmente no son las mismas en todo ni en parte, aunque la primera tiene como colindante por tres rumbos a la Condesa Grálvez, porque nada tiene de extraño la discrepancia de los colin-dantes de elidías fincas teniendo en cuenta que entre la des-cripción de las setenta cnerdas hecha en 1890 y la descrip-ción qne ahora se hace de la finca de 117Y> cnerdas ha trans-currido un período de treinta años, tiempo más que suficiente para que los colindantes de hoy no sean los de entonces.

Pero es que la identidad de las dos fincas no se conoce solamente por los colindantes sino que puede averiguarse por otros antecedentes y circunstancias, como ocurre en este caso, pues admitiendo el recurrente qne parte de las fincas, cuya inscripción pretende la adquirió su vendedor Bivera de Bamón Miranda Barrantes, quien la compró a la Condesa de Grálvez en 1890 en remate para el pago de contribuciones, y resultando de la inscripción que existe en el registro a favor de Bivera que éste en efecto compró setenta cuerdas a dicha Condesa en el mismo año en remate para el pago de contribuciones, opinamos con el registrador que hay identi-dad entre la finca inscrita y una de las parcelas que han for-mado la finca de 11714 cuerdas que ha sido objeto de la de-claración de dominio. La historia de esa parcela así lo de-muestra. El primer caso citado por el recurrente no tiene aplicación al presente porque la identidad se demostraba pol-los colindantes. Y el segundo caso más bien le es contrario pues si bien en él había algunas colindancias iguales se tuvo en cuenta además la historia de la finca para declarar la identidad.

Con respecto al segundo fundamento del recurso, siendo idénticas las fincas, como así lo entendemos, y estando ins-crita a favor de Felipe Bivera la posesión de una porción de setenta cuerdas de terreno no procede inscribir el expe-diente de dominio, a pesar de haber sido citado en él el ven-dedor Bivera, porque, como dijo este tribunal en el caso de Ginorio v. El Registrador, supra, citado por el recurrente, “no por eso debe entenderse qne puedan ser privados de su derecho los terceros que tengan inscritos a su favor los mis-mos bienes en el registro de la propiedad, a menos que pres-ten para ello su consentimiento expreso o que sean oídos o vencidos en el correspondiente juicio, como se desprende de los artículos 20 y 82 de la Ley Hipotecaria, de los cuales el primero prescribe que los registradores de la propiedad de-negarán la inscripción o anotación de los títulos en que se transfiera o grave el dominio o la posesión de los bienes in-muebles cuando eu el registro aparezca inscrito aquel dere-cho a favor de persona distinta de la que otorgue la trans-misión o gravamen; y el segundo, que las inscripciones o anotaciones preventivas hechas en virtud de escritura pú-blica, no se cancelarán sino por providencia ejecutoria contra la cual no se halle pendiente recurso de casación, o por otra escritura o documento auténtico, en el cual exprese su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o anotación, o a sus causa-habientes o representantes. ’ ’ En el caso de Porto Rico Leaf Tobacco Company v. El Registrador de Caguas, 17 D. P. R. 228, se trataba también de inscribir una declaración de do-minio estando inscrita la posesión a favor de otra persona cuyos herederos fueron citados en el expediente y confirma-mos la negativa de inscripción; caso que ha sido citado con aprobación en los de Colón v. El Registrador de Caguas, 24 D. P. R. 774; Toro v. El Registrador de Mayagües, 25 D, P. R. 476, y Santiago v. El Registrador de Ponce, 26 D. P. R. 139.

Por las razones expuestas la nota recurrida debe ser con-firmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    Ortiz, Demandante y Apelado, v. Silva et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce- en procedimiento de injunction para recobrar la posesión de propiedad inmueble.
    Incidente sobre memorándum de costas.
    No. 2288.
    Resuelto en Noviembre 22, 1920.
    Resoluciones Inapelables — Memorandum' de Costas y Honorarios. — Apelada rma resolución que negó la eliminación del memorándum de costas, pedida por el fundamento de haberse radicado éste fuera de término, se resolvió que tal resolución podría ser revisada en la apelación que se estableciera contra la resolución condenando a pagar costas y honorarios, pero que por sí sola tal resolución no es de las que el Nó. 8 del artículo 295 del Código de Enjuicia-miento Civil considera apelables.
    . Los techos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Benet & Souffrowt.

    Abogado del apelado: Sr. L. Montalvo Guenard.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del Tribunal.

La parte a cuyo favor se dictó la sentencia en este caso presentó a la corte inferior su memorandum de costas v de honorarios de abogado. La parte contraria solicitó que fuera eliminado de los autos y que no se tomara en consideración por haber sido presentado fuera del término legal. Habiendo la corte inferior negado esta petición y resuelto que se pre-sentara .la impugnación al memorandum dentro del término legal fué apelada esta resolución.

Presentada en este Tribunal Supremo la transcripción de la apelación nos ha pedido la parte apelada que la desesti-memos, fundándose en que dicha resolución no es apelable. En contrario- sostiene la apelante que sí lo es de acuerdo con el No. 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, preceptivo de que puede apelarse de las providencias' espe-ciales dictadas después de sentencia definitiva.

La apelación que concede el párrafo citado del artículo 295 no es contra todas las resoluciones que se dicten después de sentencia definitiva sino contra las resoluciones especiales o sea contra las que resuelvan alguna cuestión no compren-dida en la sentencia. La corte inferior no lia resuelto aún la cantidad que el apelante debe pagar por costas y honora-rios de abogado, sino solamente que el memorandum fué pre-sentado dentro del término legal, cuestión ésta que puede ser suscitada y revisada en la apelación que se establezca contra la resolución que condene a pagar esas reclamaciones, por-que la moción de eliminación del apelante equivale a la ex-cepción previa de que el apelado no tiene causa de acción para cobrar costas y honorarios de abogado por haber de-jado transcurrir el término que la ley le concede para recla-marlos.

La apelación debe ser desestimada.

Desestimada la apelación interpuesta.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Cancel, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegando' la ins-cripción de una declaratoria de dominio.
    No. 478.
    Resuelto en noviembre 23, 1920.
    Expediente de Dominio — Declaración de Dominio — Citación de Anteriores DueSos o Sus Causahabientes. — En una resolución declaratoria del dominio de una finca compuesta de varias parcelas una de las cuales alegó el peticio-nario haber adquirido por herencia de su padre, no basta que se exprese que fueron citados los anteriores dueños de las varias parcelas; si la resolución no expresa que fueron citados también los causahabientes de la persona de quien hubo el peticionario la citada, parcela a título hereditario, procede co-rrectamente el registrador que niega la inscripción del dominio.

      Id. — Id.—Calificación de Documentos — Facultades de los Registradores. — Si bien los registradores no están autorizados para examinar los fundamentos de las resoluciones judiciales ni para apoyarse en la apreciación que bagan sobre la legalidad de los fundamentos para negar la inscripción de dichas resolucio-nes en el registro, sin embargo, eso no quiere decir- que los registradores no tengan facultad para denegar la inscripción cuando en dichas resoluciones no consta que se hayan cumplido los requisitos exigidos por la ley como condi-ción precedente para dictarlas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. E. Campillo.

    El Registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del Tribunal.

Por resolución de 9 de diciembre de 1915 la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, declaró justificado el dominio a favor de Francisco Cancel de una finca de 36 cuerdas con 86 céntimos de otra, cuya descripción hace; que según la prueba que se practicó está formada por siete par-celas, de las cuales una de diez cuerdas la adquirió por he-rencia de su padre Gordiano Cancel y las otras por compra a diversas personas; y se agrega en esa resolución que fue-ron citados los anteriores dueños y que se publicaron edictos por el tiempo de ley sin que se presentara objeción alguna.

La misma corte dictó otra resolución en 9 de julio de 1920 aclarando la anterior en el sentido de que la finca de 36 cuer-das con 86 céntimos estaba dividida en dos porciones, que se describen, teniendo una 26 cuerdas 86 céntimos y otra 10 cuerdas de terreno, siendo esta última propiedad privativa de Francisco Cancel por haberla heredado de su padre Gor-diano Cancel y habiendo adquirido la otra por compra du-rante su matrimonio.

En vista de esos documentos el Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, inscribió la finca de 26 cuerdas 86 céntimos y negó la inscripción de la finca de 10 cuerdas fundándose en no resultar que todos los causa-habientes de Gordiano Cancel hubieran sido citados en la información; negativa contra la que se interpuso este recurso gubernativo por Francisco Cancel.

Si bien los registradores no están autorizados para exa-minar los fundamentos de las resoluciones judiciales ni para apoyarse en la apreciación que hagan sobre la legalidad de los fundamentos para negar la inscripción de dichas resolu-ciones en el registro, según- alega el recurrente y dijimos en el caso de Táboada contra El Registrador de Guayama, 26 D. P. R. 662, en el que hicimos referencia en cuanto a este extremo el de Medina contra El Registrador, 19 D. P. R. 1016, y casos en él citados, sin embargo, según también de-claramos en el mismo caso eso no quiere decir que los regis-tradores no tengan facultad para denegar la inscripción cuando en dichas resoluciones no consta que se hayan cum-plido los requisitos exigidos por la ley como condición pre-cedente para dictarlas; y copio ■ según el artículo dí)5 de la Ley Hipotecaria en la petición inicial de los expedientes de dominio debe pedirse que se cite a aquél de quien proceda los bienes o a sus causahabientes, habiendo muerto Gordiano Cancel, de quien procedía la parcela de 10 cuerdas, ha tenido que pedirse que fueran citados sus causahabientes y por tanto debe aparecer de la declaración de dominio que fueron cita-dos, no siendo suficiente que se haya declarado que fueron citados los anteriores dueños porque muerto Gordiano Cancel tenía que citarse a sus herederos o causahabientes y cons-tar este hecho en la resolución por lo que no, consignándose este particular procedió correctamente el registrador recu-rrido al negarse a inscribir la parcela ele diez cuerdas.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Soto y Cortés, Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en cansa por adulterio.
    No. 1599.
    Resuelto en noviembre 26, 1920.
    Denuncia- — Objeciones Tardías. — Las objeciones en cuanto a la forma del jura-mento en una denuncia o a supuestos defectos en la firma del denunciante analfabeta, se plantean demasiado tarde cuando se formulan por primera vez ante la Corte Suprema.
    Adulterio — Pena no Excesiva. — Habiéndose probado que el adulterio fué come-tido en la casa del esposo ofensor en condiciones tales que fué presenciado por la esposa, apareciendo que los acusados continuaron viviendo en la casa después de haberse retirado áe ella la esposa y sus hijos, no hay base para que el Tribunal Supremo disminuya, por exeesiva, la sentencia que condené a los acusados a sufrir un año de cárcel.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de los apelantes: ' Sres. García Fucos y Villar--ronga.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Primero en la corte municipal y luego, después de un nuevo juicio, en la corte de distrito, los apelantes fueron declarados culpables de un delito de adulterio y condenados cada uno de ellos a sufrir un año de cárcel.

Se alega que la corte de distrito incurrió en error, pri-mero, al actuar en la práctica del asunto sin tener jurisdic-ción para ello; segundo, por dejar de advertirse a los acu: sados de su derecho a un juicio por jurado, y tercero, por condenar a los acusados a sufrir un año de cárcel y las costas.

La alegación relativa a la falta de' jurisdicción se funda en una supuesta firma defectuosa y en el juramento. El nombre “Guadalupe Martínez” aparece suscrito en la de-nuncia con una cruz entre el nombre y el apellido, pero sin las palabras que se acostumbran usar arriba y abajo del signo. No se hace mención alguna del nombre del denun-ciante en el cuerpo de la denuncia o en el juramento y para los fines de esta opinión debe admitirse que en algunos de los demás particulares el juramento no puede recomendarse como modelo. Pero la denuncia parece indicar haber sido jurada ante el secretario de la corte municipal y la objeción a los defectos en cuestión' se hace demasiado tarde cuando se. formula por primera vez ante esta corte. El Pueblo v. García, 18 D. P. R. 844; El Pueblo v. Noble, 19 D. P. R. 388.

Puesto que los apelantes no citan ninguna ley o autori-dad en apoyo del segundo señalamiento, no es necesario que consideremos ampliamente la cuestión que de tal modo ha sido planteada. Ni tampoco podemos estar de acuerdo con los apelantes en que los hechos envueltos muestran que la pena impuesta sea tan manifiestamente excesiva que requiera ser modificada. Los actos denunciados fueron cometidos en la casa del esposo ofensor, que es una casa de vivienda de dos habitaciones, a la inmediata presencia de la esposa de-nunciante y de sus hijos y aparece que los dos acusados con-tinuaron viviendo en la casa después de haberse retirado de ella la esposa y sus hijos, siendo ésta la situación a la fecha del juicio en la corte de distrito.

Dentro de las circunstancias, no estamos dispuestos a dejar sin efecto la deliberada sentencia de los dos- sucesivos jueces sentenciadores respecto a la cuestión de una sentencia de cárcel y el término de la misma.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Pbesidente Se. Heenández,

text:
    Matos, Demandante y Apelante, v. Caraballo, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre otorgamiento de escri-tura pública.
    No. 2278.
    Resuelto en noviembre 26, 1920.
    Comparecen cía Personal de las Partes — Abosados. — En todo procedimiento judicial la parte realmente interesada puede gestionar personalmente su ac-ción ante la corte sin que sea requisito indispensable el estar representada por abogado. El artículo 51 del Código de Enjuiciamiento Civil es de aplicación cuando la parte interesada desea estar representada por otra persona. .
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. II. Torres Solá.

    Abogado de la apelada: Sr. M. Morasa.

   El Juez Pbesidente Se. Heenández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 30 de marzo de 1920 Antonio Matos Ocasio radicó en la Secretaría de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, una demanda contra Antera Caraballo Mangual para que ésta fuera condenada a otorgar a favor del demandante una escritura pública de cierta finca urbana consistente en casa y solar que se describen en la demanda.

La demanda estaba firmada por el demandante Antonio Matos Ocasio y en la vista de varias mociones presentadas por la demandada solicitó ésta fuera desestimada la demanda por el fundamento de que el demandante había comparecido por derecho propio firmando la demanda sin haber utilizado la representación de un letrado según preceptúa el artículo 51 del Código de Enjuiciamiento Civil. La corte después de haber jurado el demandado que no tenía título de abogado dictó sentencia en 12 de abril de 1920, desestimando la de-manda por carecer el demandante de representación profe-sional debidamente acreditada.

Contra esa sentencia interpuso el demandante recurso de apelación para ante esta Corte Suprema y alega como único fundamento del recurso—

“Indebida o errónea interpretación y aplicación por parte de la corte sentenciadora del artículo 51 del vigente Código de Enjuicia-miento Civil a la luz de la jurisprudencia de esta Hon. Corte Su-prema en sentencia de 9 de mayo de 1909.”

El artículo citado dice así:

“Toda acción deberá ejercitarse en nombre de la parte realmente interesada, excepto en los casos en que se dispone otra cosa por este Código. La comparecencia ante la corte deberá hacerse por medio de abogado legalmente autorizado para ejercer su profesión conforme a las disposiciones de la ley.”

T la jurisprudencia invocada fué establecida por esta Corte Suprema en el caso de Hernández v. La Corte de Distrito de Mayagüez, 15 D. P. R. 268. Interpretando entonces el artículo 51 del Código de Enjuiciamiento Civil que deja-mos transcrito llegamos a la conclusión que ese artículo se refiere a aquellas acciones en que una persona desee estar representada por otra en cuyo caso debe hacer la compare-cencia por abogado debidamente admitido al ejercicio de su profesión y no por una persona que únicamente tiene un poder, sin que hubiera sido el propósito de la Legislatura privar a las partes de ser' oídas a no ser que estuvieran re-presentadas por abogado. .Los fundamentos de tal doctrina fueron ampliamente expuestos en el caso supra y no encon-tramos hoy motivo alguno para separarnos de ella.

Procede la revocación de la sentencia apelada devolvién-dose el caso a la corte inferior para ulteriores procedimien-tos no inconsistentes con la presente opinión.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rosario, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en cansa por adulteración de leche.
    No. 1567.
    Resuelto en noviembre 30, 1920.
    Acusación — -Excepción Perentoria. — El Tribunal Supremo no revisará en apela-ción la resolución de la corte desestimando objeciones formuladas a la aeusa- • ción, mediante excepción perentoria presentada en el momento del juicio.
    Adulteración de Leche — Prueba Suficiente. — Habiéndose probado que en el puesto que el apelante tenía para vender leche su empleada vendió leehe adul-terada, estando, además, presente el acusado, tal prueba es suficiente para jus-tificar una sentencia condenatoria. ,
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. L. Tormes.

    Ahogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.
   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fué acusado porque el día 26 de septiembre de 1919 ilegal, voluntaria y maliciosamente vendía leche de vaca adulterada. Dictada, sentencia condenatoria apeló de ella para ante nosotros.

Dos son los errores que alega el apelante haber cometido la corte inferior para pedirnos la revocación de la sentencia, a saber: porque desestimó la excepción perentoria que el acusado presentó contra la acusación y porque erró al apre-ciar la prueba del juicio.

En cuanto al primer motivo expone el apelante que debió declararse con lugar la excepción perentoria que opuso a la acusación por no alegarse en ésta que la leche de vaca adul-terada se vendía como pura. Como esta excepción no se for-muló antes del juicio no puede ser considerada por nosotros según hemos resuelto en los casos de El Pueblo v. París, 25 D. P. R. 111; el de El Pueblo v. Ramírez de Arellano, 25 D. P. R. 267; El Pueblo v. Rosaly, 28 D. P. R. 475, y El Pueblo v. González, (pág. 785.)

Aunque en el segundo motivo del recurso se alega error en la apreciación de la prueba, nada expone el apelante con respecto a ésta limitándose a argumentar ese motivo en el sentido do que la acusación debió alegar si la venta la bacía el acusado por sí mismo o por medio de algún agente o em-pleado, lo que expuso como uno de los motivos de la excep-ción previa aducida contra la acusación al comenzar el juicio y que no tenemos que considerar de acuerdo con la doctrina de los casos citados anteriormente.

Sin embargo, hemos examinado la prueba y la encontra-mos suficiente paja justificar la sentencia condenatoria por-que se probó que en el puesto que el apelante tenía para vender leche, su empleada Concepción Luiña la vendía adul-terada. Además, él estaba presente cuando se hizo la venta.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    Santos, Demandante y Apelante, v. West Porto Rico Sugar Company et al., Demandadas y Apeladas.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre rescisión de contrato e indemnización.
    No. 2357.
    Resuelto en noviembre 30, 1920.
    Desestimación de Apelación — Prórroga—Jurisdicción.—Procede desestimar el reeurso en un caso en que la corte, un mes y trece días después de radicado el escrito de apelación, concedió prórroga al apelante para presentar la ex-posición del caso. Tal prórroga es nula, y no constituye defensa para el apelante el hecho de que el apelado no hubiera levantado la cuestión juris-diccional ante la corte de distrito para oponerse a la concesión de la pró-rroga.
    Id. — Término para Presentar la Exposición del Oaso. — El término de 10 días que concede el Código de Enjuiciamiento Civil al apelante para presentar la exposición del caso no puede considerarse automáticamente extendido por el hecho de que a instancia del apelante se hubiera hecho por medio de edictos la notificación de la apelación a una de las demandadas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. Nasario Lugo,

      Abogado de las apeladas: Sr. J. B. Garcia Méndez.

   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La apelada solicita la desestimación del recurso porque alega que las prórrogas del término para radicar la expo-sición del caso eran nulas y por tanto legalmente no existe tal exposición del caso y la transcripción no fué radicada en esta corte dentro de los treinta días exigidos por la ley.

Sostiene el apelante que la apelación no debe sor deses-timada porque jamás fué notificado con copia de la certifi-cación del secretario de la Corte de Distrito de Mayagüez que la apelada acompañó a su moción. Admitido este Lecho y aunque la omisión en notificar esta copia confiere al ape-lante el privilegio de una prórroga del término u otro reme-dio en esta corte, no impedirá por si la desestimación. El apelante fué suficientemente notificado de que existía esta copia y no solicitó remedio o prórroga alguno.

El apelante sostiene que en la fecha- en que fué presen-tada la moción el término que tenía para radicar la expo-sición del caso había sido prorrogado por la Corte de Dis-trito de Mayagüez. La apelada contesta que tanto ésta como las anteriores prórrogas se concedieron cuando aquella corte carecía de jurisdicción para concederlas, puesto que al ha-cerse la primera solicitud ya había vencido el término para radicar la exposición del caso. El caso en verdad, está com-prendido primeramente en el principio enunciado en el de Belaval v. Córdova, 21 D. P. R. 537, y ese caso necesaria-mente también constituye autoridad en oposición a la ale-gación del apelante de que el apelado no puede solicitar en este tribunal la desestimación del recurso sin haber acudido primero a la corte de distrito. La falta de jurisdicción para prorrogar el término aparece claramente.

• Ni tampoco beneficia al apelante el que hubiera otra parte apelada y que a instancia del demandante-apelante y por no residir en el distrito fuera notificada por edictos. Pero esta apelada era en realidad verdadera parte demandante a quien se constituyó en demandada y que no tuvo intervención al-guna en el juicio. Esta demandada solamente sería quien podría quejarse de la falta de notificación de la apelación y no el apelante que nominalmente es parte contraria a ella.

La apelación debe ser desestimada.

'Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Vaz, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por alterar la paz.
    No. 1613.
    Resuelto en noviembre 30, 1920.
    Alteración de la Paz — Denuncia Insuficiente. — En una denuncia por altera-ción de la paz no es suficiente alegar, que el acusado usó frases amenazadoras o que adoptó cierta actitud agresiva si no se expresa que dictas frases o acti-tud produjeron en realidad el efecto de perturbar la paz de determinada o de-terminadas personas, pues tal perturbación constituye la ofensa delictiva.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. J. Valldejuli y E. González Mena.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del Tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de Aguadilla que condenó a Gregorio Yaz como autor de un delito de alterar la paz, a pagar una multa de cincuenta dólares y en defecto de su pago a sufrir cincuenta días de cárcel. El Fiscal de esta Corte Suprema se adhirió al recurso y solicitó la revocación de la sentencia por entender que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito.

La denuncia, que fué escepcionada perentoriamente en la Corte de Distrito, en lo pertinente, dice así:

“Que en 28 de abril de 1920 y bora como la 1 p. m. y en el barrio Arenales, sitio desvío de Calero, del Distrito Judicial Municipal de Aguadilla, P. R., el citado Gregorio Yaz, maliciosa y voluntaria-mente, en actitud violenta y amenazadora insultó y provocó a un grupo de trabajadores que iban en el ferrocarril para San Juan, diciéndoles sinvergüenzas, canallas y otras palabras por el estilo, amenazándole al mismo tiempo con una caña de azúcar.”

Y la ley aplicable, artículo 368 del Código Penal, es como sigue:

“Toda persona que maliciosa y voluntariamente perturbare la paz o tranquilidad de algún vecindario o individuo, con fuertes o inusitados gritos, conducta tumultuosa y ofensiva, o amenazas, vitu-perios, riñas, desafíos o provocaciones, o que en las calles de alguna ciudad o pueblo, o en las vías públicas disparare algún arma de fuego, o hiciere uso de lenguaje grosero, profano o indecoroso en presencia o al alcance del oído de mujeres o niños, en forma estre-pitosa o inconveniente, incurrirá en misdemeanor y será castigado con * *

Basta comparar la una con la otra para concluir que tie-nen razón el apelante y el Fiscal del Supremo

No es suficiente decir que se usaron por un acusado fra-ses amenazadoras o se adoptó cierta actitud agresiva, si no se expresa que dichas frases o actitud produjeron en reali-dad de verdad el efecto de perturbar la paz de determinada o determinadas personas, pues tal perturbación constituyó la ofensa delictiva.

En cuanto al uso de lenguaje indecoroso, claramente se ve que no era esa forma del delito la que estaba en la mente del acusador al redactar la denuncia. De todos modos no se expresa que el lenguaje indecoroso se usara en presencia o al alcance del oído de mujeres o niños, como exige el es-tatuto.

Por virtud de lo expuesto, debe declararse con lugar el recurso, revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado.

Revocada la sentencia a/pelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.