author: El Juez Asociado Sr. del Toro, JUECES SRES. PRESIDENTE HERNÁNDEZ Y ASOCIADO ALDREY.

text:
    Belaval, Demandante y Apelante, v. Todd, Alcalde de San Juan, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un procedimiento de ejecución de senten-cia en recurso de mcmdamus.

    No. 1396.
    Resuelto en junio 1, 1916.
    Empleados Municipales — Director de Hospitales Municipales.' — El director de un hospital municipal nombrado por el alcalde, es un empleado de acuerdo con la sección 32 de la Ley Municipal.
    Jd. — Destitución de Empleados — Justa Causa — Notificación y Audiencia.— Las palabras “por justa causa” empleadas en la sección 32 de la Ley Municipal, limitan el poder del alcalde liara destituir a su arbitrio a los empleados por él mismo nombrados e implican la necesidad de un procedi-miento que requiere la previa notificación y audiencia del empleado a quien se trata de destituir.
    Id. — Tendencia de las Modernas Democracias. — La tendencia de las modernas democracias es la de- asegurar cada vez más la inteligente intervención del pueblo en los asuntos públicos, pero creando al mismo tiempo una máquina administrativa compuesta de hombres honrados, activos y competentes que se sientan seguros en sus puestos mientras cumplan fielmente con los deberes de los cargos para los cuales fueron nombrados o elegidos.
    Id. — Baoultades del Concejo Municipal. — -De acuerdo eon la ley municipal vigente (sección 25, párrafo 15), la facultad de crear los cargos reside claramente en el concejo municipal y como consecuencia lógica reside tam-bién en él la facultad de abolirlos.
    Id. — Abolición del Empleo por el Concejo Municipal — Derechos del Em-pleado. — Cuando una persona es nombrada para un cargo creado por el concejo municipal, esa persona tiene derecho a desempeñar el mismo de acuerdo con la ley mientras subsista, pero si el empleo es debidamente abo-lido, cae por su base el nombramiento y el nombrado no tiene derecho alguno en contra de la municipalidad.

      Id. — Terminación de sus Empleos — Alcalde Municipal. — Los empleados de los municipios de Puerto Rico nombrados de acuerdo con el artículo 32 de la Ley Municipal, no terminan automáticamente en sus funciones el día que cesa el alcalde que los nombra, sino que continúan en sus puestos mientras exista el cargo y mientras cumplan fielmente con los deberes del mismo.
    Mandamus — Alcalde Municipal — Elecciones—Sustitución de Partes. — La circunstancia do haber sido elegida una misma persona para el cargo de alcalde de un municipio, no implica que se trate de un mismo alcalde pero cuando esto ocurre no es necesaria la formal sustitución en el pleito de una persona por otra.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del peticionario: Sres. J. Henri Brown, Eduardo Acuña y Horacio S. Belaval.

    Abogados del demandado: Sres. Ramón Falcón y Adrián Agosto.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra cierta orden de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., negando la expedición de un auto perentorio de mandamus.

En la expresada corte se archivó por el Dr. José S. Bela-val Yeve una petición en solicitud de un auto perentorio de mandamus dirigido contraa Roberto H. Todd, Alcalde de San Juan, a los efectos de que el demandado repusiera al deman-dante en el .cargo de director de los hospitales municipales de cuyo ejercicio le había privado ilegalmente. Tramitado el pleito, la corte de distrito, el 22 de mayo de 1914, dictó sentencia “ordenándose al demandado la restitución en su cargo al Dr. José S. Belaval, con imposición de las costas al referido demandado.” Apelada esa sentencia, fué confir-mada por esta Corte Suprema, el 26 de junio de 1915. Belaval v. Todd, 22 D. P. R. 633.

Devuelto el caso a la corte de distrito de su origen, el demandante solicitó el cumplimiento de la sentencia y la corte, el 7 de octubre de 1915, declaró no haber lugar “a expedir el auto perentorio de mandamus que se solicita, por haber expirado en la actualidad el cargo para que fué nom-brado el Dr. Belaval.” El demandante entonces interpuso el presente recurso de apelación, alegando la comisión de dos errores, a saber:

“(a) La Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, cometió grave error, al dictar su orden de 7 de octubre corriente, denegando la expedición del auto perentorio de mandamus, porque sus funda-mentos legales carecen absolutamente de aplicación a este caso, y aun de analogía con él; y, por el contrario, están en oposición con la misma ley invocada, y especialmente con la sentencia de esta Corte Suprema confirmatoria de la citada inferior.
“(b) Cometió igualmente error, porque, aun en la hipótesis de que la orden apelada se ajustase a la ley, reconociendo como reconoce que el Dr. Delaval estuvo ilegalmente privado de su cargo hasta el 11 de enero de 1915, no ordena siquiera la ejecución de la sentencia en cuanto al .pago debido al peticionario por los sueldos y emolumentos de que estuvo privado durante el tiempo que declara la destitución injusta. ’ ’

Examinemos el primer error. Los fundamentos que tuvo la corte de distrito para dictar la resolución apelada, se con-signaron por la misma corte en la siguiente forma:

“La parte demandante ha presentado una moción en el presente caso solicitando de la corte se sirva ordenar la ejecución de la sentencia dictada por este tribunal en 22 de mayo de 1914 y confirmada por el Tribunal Supremo en 26 de junio de este año. Solicita el demandante la. expedición de un auto perentorio de mandamus contra Roberto Ií. Todd, Alcalde del Municipio de San Juan, ordenando la reposición en su puesto del Dr. José S. Belaval y Veve, de acuerdo con lo solicitado en la demanda.
“Cuando dictamos nosotros nuestra resolución decretando la expe-dición de un auto de mandamus para que se restituyera en su cargo al Dr. Belaval, ilegalmente destituido, este funcionario estaba debida-mente desempeñando su puesto dentro del término para que fué nom-brado. La corte tiene conocimiento judicial de que en 4 de noviembre de 1914 se celebraron elecciones en la ciudad de San Juan para los cargos de alcalde, concejales y miembros de la junta escolar. Los funcionarios elegidos, entre los cuales se encuentra Roberto H. Todd, como Alcalde de San Juan, tomaron posesión de sus puestos en 11 de enero de 1915.
“A nuestro juicio el cargo del Dr. Belaval ha expirado ya de acuerdo con la ley, durando hasta la fecha en que finalizó su término, la destitución ilegal del cargo que desempeñaba.
“Hasta este momento estuvo indebidamente destituido de su cargo, pero desde el instante en que expiró el término por el que fué nom-brado, la destitución dejó de ser ilegal, por no tener derecho el peti-cionario a seguir desempeñando sus funciones contra la voluntad del alcalde.
“Por tanto, la corte, vistas las secciones 7, 14, 82, 83, 86, y sobre todo la 32 de la Ley Municipal, resuelve que no ha lugar a expedir el auto perentorio de mandamus que se solicita por haber expirado en la actualidad el cargo para que fué nombrado el Dr. Belaval.”

Está envuelta, pues, en el presente caso la cuestión esen-cial de la duración del empleo desempeñado por el Dr. Belaval.

El municipio de San Juan; del cual era y es alcalde oí demandado, se rige por la Ley Municipal de marzo 9, 1906, modificada posteriormente en varias ocasiones, según puede verse en la Compilación de los Estatutos Revisados y Códi-gos de Puerto Rico, página 368 y siguientes. Crea esa ley los cargos de secretario, tesorero, contador, inspector de beneficencia y sanidad e inspector de obras públicas y prescribe que las personas que el alcalde nombrare para desem-peñarlos lo serán por el término para el cual el alcalde que los hubiere nombrado hubiere sido elegido o nombrado,- y dispone además, en su sección 32, que el alcalde nombrará todos los empleados del municipio cuyos nombramientos no se proveyeren de otro modo en la ley y que estuvieren auto-rizados por las asignaciones del presupuesto. Existen otros empleados, los inspectores auxiliares de sanidad, cuyo status con respecto a la duración de su empleo no está perfectamente definido.

Es pues, de gran importancia fijar la naturaleza del cargo desempeñado por el Dr. Belaval. Las alegaciones demues-tran que fué nombrado por el demandado director de los hos-pitales municipales de San Juan. Dicho cargo guarda es-trecha relación con el ramo de sanidad y beneficencia y en tal virtud podría tal vez calificarse al peticionario como a un inspector auxiliar, dentro del significado de la sección 44 de la ley.

Sin embargo, aunque el Dr. Belaval es un módico, y aunque los hospitales están sostenidos por la beneficencia municipal, la naturaleza del cargo de dicho doctor parece ser en realidad de verdad puramente administrativa. La misma parte de-mandada en su alegato, después de distinguir entre oficiales y empleados municipales y de sostener que son oficiales única-mente el secretario, el contador, el tesorero, el inspector de beneficencia y sanidad y el inspector de obras públicas, se expresa textualmente así:

“Es decir, que los primeros, por estar especificados en la ley, son, hablando jurídicamente, oficiales, y los segundos por no estarlo son empleados. Dentro de estos últimos se encuentra comprendido el peti-cionario en este procedimiento, Dr. José S. Belaval y Veve.”

Aclarada esta cuestión, partiremos de la base de que el. demandante es un empleado del municipio de San Juan y fué nombrado de acuerdo con la sección 32 de la Ley Municipal vigente, que, copiada a la letra tal como quedó enmen-dada en 10 de marzo de 1910, dice así:

“El alcalde nombrará todos los empleados del municipio cuyos nombramientos no se proveyeren de otro modo en esta ley y que estu-vieren autorizados por las asignaciones del presupuesto y deberá ver que cumplan debidamente con sus obligaciones. El alcalde podrá, por justa causa, destituir a todos los funcionarios y empleados nom-brados por él solamente, o nombrados por él con la anuencia y con-sentimiento del concejo municipal; Disponiéndose, sin embargo, que el contador municipal o el secretario municipal en funciones de contador no podrá ser destituido sin el consentimiento del concejo municipal después de haber el alcalde formulado cargos 'por escrito y presentádolos al concejo, y después de haberse dado al contador un período de dos días para presentar al concejo una contestación a dichos cargos por escrito.”

Interpretando esta Corte Suprema la sección transcrita, resolvió que las palabras “por justa causa” empleadas en ella por la Legislatura, limitaban el poder del alcalde para destituir a su arbitrio los empleados por él mismo nombrados e implicaban la necesidad de un procedimiento que'requería la previa notificación y audiencia del empleado a quien se trataba de destituir. En la opinión del tribunal emitida por el Juez Asociado Sr. Wolf se citó como autoridad, entre otros, el caso de State ex rel, Hitchcock v. Hewitt, reportado en 16 L. R. A. 413. En dicho caso, la Corte Suprema de South Dakota, por medio de su Presidente el Sr. Kellam, condensa la historia de la jurisprudencia sobre la materia hasta el año de 1892 citando interesantes casos en forma clara y concisa. Para ilustración de nuestros tribunales y abogados transcribimos a continuación una gran parte de la opinión indicada. Despiiés del 1892, la jurisprudencia ha continuado desenvolviéndose en el mismo sentido. La tendencia de las modernas democracias es la de asegurar cada vez más la inteligente intervención del pueblo en los asuntos públicos, pero creando al mismo tiempo una máquina gubernativa compuesta de hombres honrados, activos y competentes que se sientan seguros en sus puestos mientras cumplan leal-mento con los deberes de los cargos para los cuales fueron nombrados o elegidos.

“El caso de Ramshay, 18 Q. B. 173 — dice el Juez Presi-dente Kellam — fué uno en que el Gran Canciller procedió a destituir sumariamente a un juez de una corte de un condado de acuerdo con un estatuto que le daba facultad para hacer dicha destitución, por incapacidad o mala conducta. La corte, por medio del Canciller Campbell, Juez Presidente, se expresó como sigue: ‘El canciller tie33e facultad para destituir a un juez de una corte de condado, sujeta dicha facultad solamente a la condición tácita prescrita por los principios de justicia eterna dé que oiga a la parte a quien se acusa.'

“El caso de Reg. v. Canterbury, 1 El. & El. 545, surgió de una ley del Parlamento en que se disponía que un ministro cuyo certificado había sido cancelado por el obispo podía apelar al arzobispo, quien debía confirmar o anular dicha cancelación si a su juicio lo creía justo y adecuado. Se inter-puso apelación al arzobispo y éste sin dar al recurrente la oportunidad de ser oído, confirmó dicha cancelación. La corte dijo: ‘No hay duda alguna de que el arzobispo pro-cedió de la manera más escrupulosa y con el verdadero deseo' de favorecer los intereses de la Iglesia, pero todos creemos que ha interpretado la ley erróneamente. El tenía la obliga-ción de oir al apelante, a quien no ha oído. Es uno de los primeros principios de justicia que ninguna persona será castigada sin ser oída.’

“En el caso de Williams v. Bagot, 3 Barn. & C. 785, el Juez Sr. Bayley dijo lo siguiente: ‘Es contrario a la justicia ordinaria que se resuelva sobre los derechos de una parte sin ser oída.’ El caso de Capel v. Child, 2 Cromp. & J. 558, se expresa en igual sentido. La corte dijo lo siguiente: ‘Una persona tiene derecho a ser oída con el fin de explicar su conducta.’ El mismo criterio se sostiene en el caso de Bagg, 11 Coke 98, y en el de Gaskin, 8 T. R. 209. Aunque en este país las sentencias de los tribunales no han sido absolutamente uniformes, claramente predominan en igual sentido que las autoridades inglesas a que ya hemos hecho referencia.

“El juez Dillon en su obra sobre Corporaciones Municipales (tomo 1, 4a. Ed., párrafo 250) sustenta la siguiente opi-nión: ‘Cuando un funcionario es nombrado a voluntad del que lo nombra, o cuando es discrecional la facultad de des-tituir, puede ejercitarse esta facultad sin que sea necesario' notificar u oir al interesado. Pero si el nombramiento se hace mientras se observe buena conducta, o la separación sólo puede tener lugar por ciertas causas particulares, la facultad de destituir * * * no puede ser puesta en acción a no ser que se haya formulado un cargo contra el fun-cionario, notificado la queja, oída la prueba para sostener la misma y concedídole la oportunidad al perjudicado de defenderse.

“En el antiguo caso de Page v. Hardin, 8 B. Mon. 648, en el cual el Gobernador de Kentucky procedió a resolver que el Secretario de Estado había abandonado su cargo, para conservar el cual sólo era necesario observar buena conducta durante el término del nombramiento, y que había dejado a otra persona en su lugar, no se le dio aviso alguno a Hardin, el interesado, con anterioridad a la acción tomada por el Gobernador. El Juez Presidente Sr. Marshall, al emitir la opinión del tribunal, se expresó en estos términos: ‘Pudiendo ser separado el secretario solamente por dejar de observar buena conducta, antes de la destitución debe precisarse en qué consiste el incumplimiento. En otras palabras, debe en-contrarse culpable al funcionario de mala conducta en los deberes de su cargo, y no entraremos en ninguna discusión para probar que en un gobierno de leyes, la declaración de ’ culpabilidad por la cual puede privarse a una persona de derechos e intereses valiosos y sufrir además seriamente su nombre y reputación, significa que debe existir una queja, juicio y sentencia, y dársele al perjudicado la oportunidad de defenderse y presentar su prueba.’

“En el caso de Com. v. Slifer, 25 Pa. 23, 64 Am. Dec. 680, un ayudante general había sido nombrado por determinado tiempo, sujeto, sin embargo, a un estatuto que disponía que ‘siempre que a juicio del gobernador, el ayudante general deje, o descuide cumplir fielmente con los deberes de su cargo, procederá el gobernador a destituirle de su cargo.’ Durante ese tiempo el gobernador nombró a otra persona para el cargo, y la presente acción era una solicitud hecha por el primero que fué nombrado interesando un auto do mandamus ordenándose el pago de su sueldo. No se le dió aviso de ningún cargo por negligencia en sus deberes ocu-rrida con anterioridad al nombramiento de su sucesor, y dijo la corte: ‘No estamos dispuestos a creer que el gobernador tuvo la intención de destituir sin causa para ello, a un fun-cionario nombrado por un período de tiempo, antes de expirar dicho período. Es un hecho admitido que tenía la facultad para destituir, pero ésta ha de ejercitarse cuando existe justa causa. Existe solamente si el funcionario no cumple fiel-mente con los deberes de sn cargo.’ Es cierto qne el ejecu-tivo ha quedado convertido en juez y que su opinión o sen-tencia es concluyente en tanto se refiere a la cuestión relativa a la destitución. Pero esa sentencia no' debe dictarse sin darse aviso, o sin que exista un cargo o especificación o tener oportunidad el funcionario de formular su defensa. En esto va envuelta la reputación y el derecho del interesado al cargo por el término fijado en su nombramiento, y tiene él derecho a conocer la acusación y a ser oído en su defensa. La misma corte ratificó dicha regla respecto a la necesidad de la noti-ficación, cuando la destitución sólo podía tener lugar por justa causa, en el caso de Field v. Com. 32 Pa. St. 478.

“En el caso de State v. St. Louis, 90 Mo. 19, 6 West. Rep. 464, la regla general referente a la separación de funcionarios públicos, ha sido expresada como sigue: 'Si un funcionario es nombrado a voluntad del que lo nombra, o cuando es discrecional la facultad de nombrar, puede ejercitarse el poder para separar sin darse aviso u oirse al funcionario. Pero si el.nombramiento es mientras se observa buena conducta, o la destitución debe ser por justa causa, sólo puede ejerci-tarse la facultad de destituir al formularse cargos contra el acusado, y después de haber sido notificado y de habérsele dado una oportunidad razonable de ser oído ante el funcio-nario o cuerpo que tiene la facultad de destituir. Y también la corte en la misma opinión se expresa como sigue: Cuando la destitución no es discrecional sino que debe ser por justa causa, como sucede en este caso, y nada se dice en cuanto al procedimiento, es necesaria la relación de los cargos, notifi-cación y oportunidad de ser oído.’

“El caso de Dullam v. Willson, 53 Mich. 392, 51 Am. Rep. 128, fué un caso en que el gobernador procedió a destituir sumariamente y sin notificación alguna, a uno de los síndicos d.e la institución del Estado dedicada a educar a los sordo-mudos, basándose para ello en la mala conducta oficial y negligencia habitual en el cumplimiento de su deber, según se hizo constar en un documento presentado al Secretario de Estado y entregado al mismo después de dicha destitución. Un estatuto autorizaba al gobernador para destituir a ciertos funcionarios, incluyendo al funcionario de que ahora nos ocu-pamos, por 'mala conducta oficial o por negligencia habitual o-voluntaria en el cumplimiento de su deber.’ También la Constitución del Estado imponía al gobernador el deber de investigar el estado y administración de los funcionarios públicos y lo autorizaba para destituir a cualquiera do tales funcionarios por negligencia manifiesta del cumplimiento de su deber, mala conducta en su cargo, u otra irregularidad cualquiera o fechoría en relación con el mismo. La cuestión era si el gobernador había ejercitado legalmente la facultad que tenía para destituir. Aunque la corte resolvió que el poder para determinar si existía o no alguna de las causas especificadas para la separación era judicial por su natura-leza, dicho poder, sin embargo, pertenecía debidamente y podía ser ejercitado por el gobernador por haberle sido con-ferido expresamente por la Constitución; pero se resolvió además de modo preciso, que dicha facultad no podía ser ejercitada debidamente sin ser notificado el funcionario contra quien había de procederse, o dársele la oportunidad de ser oído en su defensa. La corte se expresó en estos tér-minos: 'A menos que sea la intención manifiesta del artículo que consideramos que los procedimientos deban ser ex parte, así como sumarios, no puede ser sostenida la destitución sin formularse cargos y no se ha dado-aviso ni oportunidad de defenderse al interesado * * El funcionario tiene de-recho a conocer los actos particulares y negligencia en el cumplimiento de su deber, o mala conducta u otros actos que se alegan como -constitutivos de la irregularidad o fechoría cometida en el cargo. Y tiene derecho a una notificación razonable del lugar y fecha en que ha de dársele la oportu-nidad de ser oído, así como también el de presentar pruebas al ser oído.

“En el caso de Ham v. Boston, 142, Mass. 90, 2 New Eng. Rep. 642, se sienta el mismo principio. De acuerdo con un estatuto que autorizaba a la comisión de la policía para sepa-rar a cualquier oficial o miembro del departamento por justa causa, resolvió la corte que dicha facultad no podía ejer-citarla la comisión sin precisar una causa para la separación y dar a dicho oficial o miembro una oportunidad de ser oído én el asunto. La corte concedió el mandamus restituyendo en el cargo al peticionario, por el fundamento de ‘haber sido separado indebidamente sin habérsele oído.’

“En el reciente caso de Denver v. Darrow, 13 Colo. 460, la corte resolvió que cuando un regidor había sido elegido por dos años y llenado los requisitos del cargo, la comisión de regidores, que según la ley era el único juez de las con-diciones de sus miembros, no podía separar al interesado de su cargo basándose para ello en que no había llenado los requisitos, sin habérsele dado aviso ni la oportunidad de defenderse de dicho cargo. La misma regla que exige el aviso y la investigación preliminar para poderse ejercitar válidamente la facultad de separar por justa causa fué sostenida y reconocida en los siguientes casos: State v. Bryce, 7 Ohio, pt. 2, 82; Carter v. Durango City Council (Colo.), 27 Pac. Rep. 1057; Hallgren v. Campbell, 82 Mich. 255, 9 L. R. A. 408; Murdock v. Phillips Academy, 12 Pick. 244.” 16 L. R. A. 415.

Hasta aquí la Corte Suprema de South Dakota.

De acuerdo con el espíritu de la jurisprudencia invocada, esta Corte Suprema de Puerto Rico, en el repetido caso de Belaval v. Todd, supra, interpretó las palabras usadas por la Legislatura en la sección 32 de la Ley Municipal en el sentido que ya hemos indicado y que claramente se expresó en la opinión del tribunal a que nos hemos referido anterior-mente.

Ahora bien ¿dicho procedimiento debe seguirse única-mente durante el año en que esté en vigor el presupuesto municipal que consigna la cantidad necesaria para pagar el sueldo al empleado, o durante el término en que ejerza sus funciones el alcalde que lo nombrara, como sostiene el ape-lado o es obligatorio de igual modo para los alcaldes que sucedan a aquel que nombre al empleado, cómo sostiene el apelante ?

De acuerdo con la Ley Municipal vigente (sección 25, párrafo 15), los concejos municipales tienen facultad para fijar el número de los empleados municipales, definir sus de-beres y fijar sus sueldos. Y de conformidad con esa-misma ley (sección 83), anualmente el concejo municipal formulará un presupuesto de ingresos y egresos.

El cargo del peticionario fue creado por el concejo municipal y el concejo le asignó su sueldo en el presupuesto de 1913 a 1914, año económico' durante el cual se presentó la, solicitud de mandamus que estamos considerando. No consta que el cargo se baya suprimido ni que se baya dejado de asignar en presupuesto la cantidad necesaria para el pago del sueldo.

La facultad de crear los cargos reside claramente en el concejo y como consecuencia lógica reside también en él la facultad de abolirlos. Una vez creado un cargo, lo que ocurre generalmente es que en los presupuestos anuales sucesivos se consigna el sueldo que lia de percibir el que lo desempeñe, sueldo que puede aumentarse o disminuirse, a menos que exista alguna limitación legal, anualmente por el concejo.

La interpretación dada por esta corte a la sección 32 en el sentido de que una vez nombrado un empleado no puede ser destituido sino por justa causa y previa notificación y audiencia del interesado, no niega en manera alguna la facul-tad de los concejos municipales para abolir los cargos por ellos mismos creados. Si una persona se nombra para un cargo creado por el concejo, esa persona tiene derecho a desempeñar el empleo de acuerdo con la ley mientras el em-pleo subsista; pero si el empleo es abolido, cae por su base el nombramiento y el nombrado no tiene derecho alguno en contra de la municipalidad. Esta cuestión suscitada por el apelado en su alegato desvía de su propio centro el problema jurídico planteado por el apelante. Ese problema, reducido a sus propios límites, es el de si los empleados de los muni-cipios de Puerto Eico nombrados de acuerdo con la sección tantas.veces citada, terminan automáticamente sus funciones el día en que cesa el alcalde que los nombra, o continúan desempeñando sus funciones mientras exista el cargo y mien-tras cumplan fielmente con los deberes del mismo.

Ninguna de las partes ha citado ni hemos podido encon-trar caso alguno que resuelva de una manera concreta la cues-tión planteada.

Hemos encontrado sí varios casos en los cuales se establece la doctrina de que un concejo municipal por sí mismo no puede limitar los poderes de su sucesor. Por ejemplo, que no sería válida una ordenanza en la cual a un empleado que de acuerdo con la ley podría nombrarse y destituirse sin limitación alguna, se le señalara un término mayor que el de la vida del concejo que aprobara la ordenanza. Tal ordenanza se consideraría como una invasión del poder de nombrar del sucesor. Véanse los casos de Egan v. St. Paul City et al., 57 Minnesota Reports, 1; Mathis v. Rose, 44 Atl. 875; Bohan v. Weehawken Tp., 47 Atl. 446, y Peal v. Mayor, etc., of City of Newark, 49 Atl. 468.

Pero aquí no se trata de una ordenanza municipal, sino de la interpretación de una ley de la Asamblea Legislativa que tiene facultad para regular la constitución de los muni-cipios, no siendo, por tanto, aplicable la jurisprudencia citada.

Ya hemos decidido que la voluntad de la Legislatura ex-presada en la sección 32 de la Ley Municipal fué la de que ningún empleado una vez nombrado pudiera ser destituido sin una previa notificación y audiencia y sin una justa causa para ello, jDebemos ahora limitar esa doctrina al período en que ejerza sus funciones el alcalde que nombre al empleado, o debemos extender ese período a sucesivas administraciones municipales ?

No hay ninguna disposición en la ley que prescriba que los empleados municipales cesen al cesar el alcalde que los nombra. (Véase: 1 Municipal Corporations, Dillon, sec. 412 [220]). Cuando el legislador quiso fijar nn término, lo fijó con toda claridad como en los casos del secretario, del con-tador y del tesorero. Si la legislatura hubiera deseado que los empleados municipales hubieran podido ser destituidos a su voluntad por los alcaldes, siguiendo los precedentes clara-mente establecidos en la jurisprudencia americana no hubiera empleado las palabras “por justa causa” que empleó en la sección 32 de la Ley Municipal.

Esas palabras tienen su significado. Esas palabras reve-lan una intención manifiesta. Esas palabras demuestran que la Legislatura se decidió por organizar en los municipios de Puerto Eico para bien de las administraciones municipales y por consiguiente del pueblo, un cuerpo de empleados que tra-baje con el firme convencimiento de que en el cumplimiento de sus deberes descansa la seguridad de sus posiciones.

('on anterioridad al año de 1906, podían separarse los empleados municipales a voluntad del poder que los nom-braba, pero aun así se necesitaba para que un funcionario se entendiera separado, que tal voluntad se manifestara en de-bida forma. Le otro modo el empleado continuaba indefini-damente en el ejercicio de sus funciones. Hoy la ley exige justa causa para la separación y hasta que la separación no se realiza por justa causa, que significa previa notificación y audiencia, es necesario concluir que el empleado continúa indefinidamente desempeñando sus funciones. Se trata de cierta clase de arrendamiento de servicios que con anteriori-dad a 1906 finalizaba a voluntad del arrendador y con pos-terioridad a dicho año a voluntad también del arrendador pero ejercitada por justa causa.

La provisión del cargo de alcalde y el nombramiento por éste al iniciar su administración de los verdaderos jefes de los distintos departamentos municipales, es suficiente, a nues-tro juicio, para que el partido político que venza en las elec-ciones que se celebran de acuerdo con la ley pueda desarrollar su programa. No debe presumirse que los empleados subal-ternos habrán de impedir necesariamente el desarrollo de ese programa porque sustenten ideas políticas distintas de las de sus jefes. Si en.la expresión y ejercicio de dichas ideas los empleados demostraren una hostilidad y una deslealtad que impliquen la imposibilidad de una cooperación eficiente con la administración de que forman parte en el cumplimiento de sus deberes públicos, entonces será el momento apropiado para tomar tal hecho en consideración a los efectos de decidir si los empleados deben o no continuar en sus puestos.

No vemos, pues, razón alguna que nos lleve a la necesi-dad de interpretar la ley en la forma que pretende la parte recurrida.

Para un estudio de la historia de la materia, de las antiguas y de las modernas tendencias, recomendamos el examen de la Cyclopedia of American Government, 1914, vol. 1, p. 667, y vol. 3, págs. 177, 372 y 517, limitándonos a transcribir aquí lo que aparece en el tomo 3, pág. 179, segunda columna, de dicha obra. Es como sigue:

“Existen dos recientes movimientos que afectan vitalmente a la facultad de separar. Uno es la exigencia de que a los jefes ejecutivos se les haga responsables por sus subordinados y capaces para dirigirlos; y el segundo, que las separaciones por razones puramente de partido no destruirán la eficacia del servicio civil. Constituyen éstos un reco-nocimiento del hecho de que la eficiencia gubernamental requiere concentración de las facultades administrativas y responsabilidad. (1) El sentimiento público ha ido gradualmente obteniendo que esta exigencia se convierta en ley para la mayor centralización administra-tiva en nuestros estados y ciudades. Hace una generación se hizo la tentativa restringiendo la facultad de separar con el fin de impedir la desmoralización continuada del servicio civil con separaciones arbi-trarias por razones de partido; hoy el deseo es separar los cargos políticos de aquellos de carácter administrativo dando al gobernador y al alcalde mayor facultad sobre sus subordinados del orden político, tanto en cuestiones de separación como de nombramiento, y eximiendo a la fuerza de empleados del perjuicio ocasionado por cambios arbi-tx’arios por cuestiones de partido cada vez que cambia el jefe ejecutivo. Hasta ahora la diferencia entre empleos políticos y administrativos no es de ningún modo completa o perfecta aun en el servicio civil nacional, pero los grandes cambios de la última generación prometen mayor diferencia y una organización administrativa más perfecta en el futuro. (2) Todavía más lento ha sido el cambio en el sentido de dar a los gobernadores y alcaldes el control de sus empleados polí-ticos por medio del derecho a separarlos. La razón de éstos es el temor público de que se abuse de la facultad para separar pues el derecho de poder separar puede ser una excusa para premiar servicios de partido. Presidentes animados de un espíritu público y que miran hacia el porvenir, gobernadores y alcaldes ansiosos de hacer que su trabajo sea efectivo han estado haciendo uso de la facultad de separar, en tanto les ha sido concedida, para el beneficio mutuo de sus adminis-traciones y del público. El sentimiento público exige gradualmente que otros jefes ejecutivos hagan uso de la facultad de separar en la misma forma. El sentimiento público de lós electores y el espíritu público de los jefes ejecutivos corregirá a su debido 'tiempo y hará desaparecer la mayor parte de los abusos que ha llevado consigo la facultad de separar. Cuando llegue ese tiempo, habiendo sido eli-minada la última objeción, las restricciones arbitrarias sobre la amplia facultad del jefe ejecutivo para separar a sus subordinados de orden político desaparecerá.” II Cyclopedia of American Government, 179.

A virtud de todo lo expuesto nos vemos obligados a con-cluir que la ilustrada corte sentenciadora erró al negarse a ejecutar la sentencia que ella misma dictara anteriormente en este caso.

Estamos conformes con la parte apelada con respecto al hecho de que la circunstancia de haber sido elegida una misma persona para el cargo de alcalde de la ciudad de San Juan, no implica que se trate de un mismo alcalde. Aceptamos la teoría establecida en los casos de California citados por el apelado. Hubert v. Mendheim, 64 Cal. 213, 220, y Thurston v. Clark, 107 Cal. 285 288. Pero no puede negarse que la circunstancia de ser en este caso la misma persona la que se sustituyó a sí misma en el cargo de alcalde, hizo innecesaria la formal sustitución en el pleito de una persona por otra.

Con respecto al segundo de los errores señalados por la parte apelante en su alegato, diremos que no tenemos datos dentro de este recurso para decidirlo con entera corrección.

No forma parte de la transcripción la solicitud por virtud de la cual el Dr. Belaval pidió el auto de mandamus. La sentencia de la corte de distrito confirmada por esta Corte Suprema nada dispuso con respecto al pago de los sueldos que debía percibir el peticionario. La orden apelada nada tampoco decide sobre ese extremo.

En atención a lo expuesto, creemos más acertado dejar esta cuestión para que sea resuelta por la misma corte sen-tenciadora que tiene en su poder todos los datos necesarios para decidirla de acuerdo con los hechos y la ley.

No deseamos concluir esta opinión sin expresar que nada revela en los autos un proceder voluntariamente arbitrario por parte del demandado. No cabemos si en el fondo existió o no justa causa para la destitución y todo parece indicar que el alcalde actuó bajo la creencia de que el procedimiento que seguía estaba sancionado por la ley y por una decisión de este tribunal, la dictada en el caso de Ruiz v. del Valle, 17 D. P. R. 686, decisión que fué distinguida por esta misma corte cuando confirmó la sentencia que hoy se manda ejecutar. Belaval v. Todd, 22 D. P. R. 633.

Debe revocarse la orden recurrida y devolverse el caso a la corte de su origen para ulteriores procedimientos no incon-sistentes con esta opinión.

Revocada la orden recurrida y devuelto el caso para ulteriores procedimientos no in-consistentes con la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Hutchison.

Jueces disidentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

OPINION DISIDENTE EMITIDA POR LOS

JUECES SRES. PRESIDENTE HERNÁNDEZ Y ASOCIADO ALDREY.

La única cuestión que está sometida a la decisión de este Tribunal Supremo en el presente recurso es si fue o no erró-nea la resolución que dictó el Tribunal de Distrito de San Juan, Sección Ia., por la cual declaró no haber lugar a ejecutar la sentencia que había dictado ordenando la reposición del apelante Dr. José S. Belaval en el cargo de que había sido separado por el Alcalde Roberto U. Todd. Cualquiera otra cuestión que no sea ésta debemos dejarla a un lado porque resultaría obiter dicta.

Los antecedentes de este Caso son los siguientes: Siendo el Dr. Belaval médico director de los hospitales del municipio de San Juan fué separado de su cargo por el alcalde Sr. Todd y habiendo establecido un procedimiento de mandamus para que se obligara al alcalde a reponerlo en su destino porque lo había separado sin darle conocimiento de la causa'de su cesantía, el tribunal de distrito libró el auto de mandamus y nosotros en grado de apelación confirmamos la sentencia por-que de la petición, único documento que pudimos considerar por no habérsenos presentado las pruebas, no resultaba que el peticionario hubiera sido notificado y oído respecto a la causa de su separación. Belaval v. Todd, 22 D. P. R. 633. Comunicada nuestra resolución al tribunal inferior, solicitó entonces de éste el Dr. Belaval que librara auto perentorio para su reposición, petición que fué negada por dicho tribunal.

Mientras esos procedimientos y otros de certiorari tu-vieron lugar, se verificaron en esta Isla las elecciones de noviembre de 1914 en las que, de acuerdo con la ley, se eli-gieron entre otros funcionarios las personas que por cuatro años habían de dirigir la administración municipal de los municipios de esta Isla, y, por tanto, los del municipio de San •Juan, siendo Roberto H. Todd electo nuevamente para el cargo de alcalde y tomaron posesión las personas elegidas.

Con tales antecedentes la cuestión a resolver en esta ape-lación es si habiendo expirado el término por el cual fué electa la administración municipal durante la cual fué nom-brado el Dr. Belaval por el Alcalde Todd tiene no obstante derecho a continuar en su destino de médico director de los hospitales a perpetuidad, mientras el cargo exista en el pre-supuesto municipal, a no ser que sea separado por justa causa, o si terminada aquélla por ministerio de la ley, cesa también su derecho a estar en el destino y a no ser separado sin justa cansa.

La ley dispone qne el alcalde nombrará a todos los emplea-dos municipales, necesitando para algunos de ellos la apro-bación del concejo municipal, que liará que cumplan con sus deberes y que podrá separarlos por justa causa. En cuanto al secretario, al contador, al ingeniero encargado de las obras públicas y al director de sanidad y caridad dispone también que desempeñarán sus cargos por el período para el cual fue electo o nombrado el alcalde que los nombró. Así, pues, el derecho de estos cuatro funcionarios al cargo termina al ser electo o nombrado un nuevo alcalde y éste puede ser nombrado por el Gobernador en caso de vacante o de separación. En el presupuesto municipal no existe cargo alguno con el título de director de sanidad y caridad, por lo que nos inclinamos a creer que el Dr. Belaval, como médico director de los hos-pitales, desempeñaba las funciones de ese cargo y que, por tanto, es uno de los funcionarios que terminó en su derecho al cargo al cesar el alcalde que lo nombró. Realmente sus funciones son similares a las del funcionario expresado en la ley y son de tal índole que necesariamente la ley ha querido que sea de la absoluta confianza del alcalde, al igual que los otros funcionarios a que hemos hecho referencia.

Pero si así no fuere, siempre tendremos que si no cesa con el alcalde que lo nombró, termina su derecho al cargo como los restantes empleados municipales, cuando por ministerio de la ley se extingue la administración municipal durante cuya vida fué nombrado por el alcalde.

Nada dice la ley respecto al tiempo que estos empleados tienen derecho a desempeñar su cargo, pero teniendo en cuenta que la ley dispone que cada cuatro años los electores de un municipio elijan sus administradores, tenemos que llegar a la conclusión de que cada cuatro años termina el derecho de los empleados municipales a desempeñar sus pues-tos y que la condición de no ser separados sin justa causa dura solamente durante esos cuatro años, de un lado porque no creemos que la administración municipal que según la ley sólo tiene vicia por cuatro años pueda nombrar empleados por más tiempo del que ella misma puede vivir, y de otro porque si la ley ha querido que cada cuatro años los electores designen las personas que lian de encargarse de la adminis-tración municipal, dando así oportunidad a que triunfen otras ideas políticas o económicas, no concebimos cómo pueda obli-garlos a que desarrollen sus planes políticos o económicos con empleados que no los secunden por su divergencia de ideas. La ley permite que las ideas políticas o económicas triunfen en los comicios y ha de entenderse también que permite sus consecuencias. Y no se diga que por medio de los jefes de los distintos departamentos pueden el alcalde y la administra-ción municipal llevar a cumplimiento las ideas que ofrecieron al electorado porque si no cuentan con subordinados que les sean adictos, les será muy difícil cumplir su misión, so pena de acudir al procedimiento peligroso e ilegal de simular cau-sas para separarlos.

La, doctrina que se establece en la opinión de la mayoría respecto a que todos los empleados, menos los cuatro especi-ficados, tienen sus. empleos a perpetuidad si no son separados con justa causa, produce el efecto de crear para ellos un de-recho que la Legislatura les negó al excluirlos del servicio civil clasificado, derecho que les reconoce por el sólo nombra-miento del alcalde y sin probar los requisitos de idoneidad que se exigen a los comprendidos en el servicio civil.

Es cierto que se egitan dos teorías contrarias con respecto a conveniencia de la inamovilidad de los empleados y que se aducen numerosas razones a favor y en contra de ella, pero hasta ahora sólo ha triunfado en nuestras leyes la ina-movilidad para los empleados del servicio civil clasificado dentro del cual no están comprendidos los empleados muni-cipales.

Por estas razones opinamos que la resolución apelada debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Peesidente Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    Monclova, Demandante y Apelante, v. La Junta de Farmacia, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un recurso sobre mandamus.

    No. 1473.
    Resuelto en junio 1, 1916.
    Farmacia — Junta de Farmacia — Aspirantes a Farmacéuticos — Diploma de Alta Escuela — Matrículas.-—La ley de 8 de marzo de 1906 autorizando la organización de una Junta de Farmacia, según fué enmendada por la Ley No. 42 de 10 de marzo de 1910 exige en su sección 7a. que todo aspirante al título de farmacéutico presente, para poder ser matriculado, como requisito previo, diploma o documento creditivo de haber aprobado las asignaturas del curso científico o literario de una alta escuela de la isla o de una acreditada, institución igual o análoga, ya de los Estados Unidos, ya del extranjero, a satisfacción de la junta.
    Id. — Id.—Actos Ultra Vires — Diploma de Alta Escuela — Calificación de Exámenes. — Procede ultra vires la Junta de Farmacia que admite a examen a nn aspirante sin haber éste presentado el diploma o documento expresado en la sección 7 de la ley, y procede correctamente cuando se niega a calificar los exámenes sufridos por un peticionario que no lia llenado aquel requisito, aun cuando haya pagado los derechos de matrícula.
    Id. — Ip.—Intención del Legislador — Conocimientos Previos — Matrículas Con-dicionales. — La intención del legislador fué exigir que los aspirantes al título de farmacia tuviesen ciertos conocimientos antes de comenzar los estudios que acuerda la sección 6". de la ley, euyos conocimientos deben adquirirse previa- . mente y no simultáneamente con los de dicha sección, por lo que no pueden admitirse matriculas condicionales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. R. Díaz Cintrón.

    Abogados de la apelada: Sr. Howard L. Kern, Attorney General, y Earle T. Fiddler, oficial jurídico.

   El Juez Peesidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 15 de enero del corriente año 1916, Pedro A. Monclova presentó en la Corte de Distrito de San Juan, Sección 1a., una petición de auto de mandamus que luego enmendó en 15 de febrero siguiente, contra la Junta de Farmacia, para que se le ordenara hiciera la calificación de los exámenes de las asignaturas del primer curso de' farmacia, que aquél había sufrido, aprobándolo o suspendiéndolo en los mismos.

Alega el peticionario en apoyo de su pretensión que ob-tuvo en 22 de junio de 1911 diploma de octavo grado en las escuelas públicas de Juana Díaz; que más tarde en la Alta Escuela de Ponce cursó y aprobó los dos primeros años del curso científico; que en 1914 fué matriculado en el tercer curso de la Alta Escuela de la Universidad de Puerto Pico, cuyo curso aprobó; que en el mismo año fué matriculado en la Junta de Farmacia como aspirante al título de farma-céutico; que en enero de 1915, previo pago de los derechos correspondientes de $10, fué admitido a examen de las asig- < naturas del primer curso de dicha carrera y de una de las asignaturas del segundo, y que la junta no ha calificado sus exámenes a pesar de haberlo solicitado.

Librado el auto solicitado en forma alternativa o condi-cional, la demandada formuló excepción previa a la petición al mismo tiempo que contestó, consistiendo aquella excepción en que los hechos alegados no determinaban una causa de acción por cuanto no expresan que el peticionario posea un diploma o documento por el que acredite haber aprobado las asignaturas del curso científico literario de una alta escuela de la isla o de una acreditada institución igual o análoga de los Estados Unidos o del extranjero, a satisfacción de la junta.

Celebrada la vista, la corte, por resolución de 18 de febrero de 1916, estimando bien fundada la excepción previa, anuló el auto librado y declaró sin lugar la petición, contra cuya resolución interpuso Monclova recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Como muy bien dice la corte inferior, la cuestión plan-teada por la demandada es tan diáfana y tan clara que su resolución no ofrece dificultad alguna ni requiere mayor ar-gumentación.

La sección 7a. de la Ley de 8 de marzo de 1906, autorizando la organización de una Junta de Farmacia, según fué enmendada por la Ley No. 42 de 10 de marzo de 1910, dice así:

“Sección 7a. — En la primera quincena de octubre la Jnnta de Farmacia formalizará las matrículas de todos los alumnos, presen-tando éstos al efecto:
“(1) Una solicitud pidiendo ser matriculados.
“(2) Documento que acredite su autenticidad.
“(3) Certificación de conducta.
“(4) Diploma o documento con que se acredite haber aprobado las asignaturas del curso científico o literario de una alta escuela de la isla o de una acreditada institución igual o análoga, ya de los Estados .Unidos, ya del extranjero, a satisfacción de la junta.”

Como se ve, la ley exige que todo aspirante al título do farmacia presente para poder ser matriculado, como requi-sito previo, diploma o documento creditivo de haber aprobado las asignaturas del curso científico o literario de una alta escuela de la isla o de una acreditada institución igual o aná-' loga, ya de los Estados Unidos, ya del extranjero, a satis-facción de la junta.

El recurrente Monclova no presentó a la Junta de Far-macia el diploma o documento expresado para obtener la matrícula, y la Junta de Farmacia procedió ultra vires al admitirlo a examen, por ser nula la matrícula.

Las disposiciones de la sección 7a. son mandatorias y no permiten a la junta separarse de ellas. Si como sostiene el apelante en su alegato la matrícula se hizo condicionalmente, o sea, a condición de que terminase luego su curso de alta escuela, esa matrícula no puede ser eficaz a los efectos de poder ser examinado, puesto que la ley no autoriza las ma-trículas condicionales. La intención de la Legislatura fuá exi-gir que los aspirantes al título de farmacia tuviesen ciertos conocimientos antes de comenzar los estudios que acuerda la sección 6a. de la ley, y aquellos conocimientos deben adquirirse previamente y no simultáneamente con los de dicha sección 6a.

El hecho de que Monclova fuera matriculado y admitido a examen previo pago de $10, llegando a sufrir el examen, no favorece su pretensión por tratarse de actos ejecutados con infracción manifiesta de la ley. La Junta de Farmacia procedió correctamente al negarse a la calificación de los actos de Monclova y no pnede ser compelida a hacerlo por no estar obligado a ello.

Alega la parte apelante qne esta Corte Suprema en varios casos relativos a la admisión de aspirantes al ejercicio de la abogacía ha autorizado el examen de reválida condicional-mente, reservándose la expedición de la licencia para cnando se hayan producido los documentos que la ley exige como previos a la admisión a examen.

Entre nuestras resoluciones relativas a admisión de can-didatos para tomar exámenes de abogado, no encontramos una sola en que se haya permitido a algún peticionario tomar los exámenes y terminar más tarde la educación preliminar.

Procede la confirmación de la sentencia apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Wys, Peticionario y Apelante, v. Fornaris, Juez Municipal, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un recurso sobre certiorari.

    No. 1453.
    Resuelto en junio 1, 1916.
    Certiorari — Interés del Peticionario. — Para que un peticionario pueda tener derecho al beneficio del auto de certiorari, debe ser claro su interés en la materia objeto del procedimiento que ha de anularse.
    Id. — Allanamiento o Registro — Derecho de Propiedad. — Es insuficiente una solicitud de certiorari para que se anulo una orden de allanamiento por vir-tud de la cual fueron ocupados varios objetos en que no se alega que alguna parte de la propiedad ocupada pertenezca al peticionario o fuera perjudicado, en alguna forma por dicha ocupación.
    Allanamiento o Registro — Derecho Constitucional — Incautaciones Injusti-ficadas. — Los preceptos constitucionales y 'estatutorios que están en contra de las incautaciones injustificadas son en favor de la persona cuya propiedad o bienes han sido afectados por tales confiscaciones.
    Id.- — -Procedimiento..—No existe nada en la ley relativa a órdenes de allanamiento , que exija que ella sea expedida en determinado procedimiento. Es un pro-cedimiento separado.

      Td. — Objetos no Pertenecientes al Acusado — Interés del Acusado en la Ocupación. — El acusado en cuya causa se lia expedido una orden de allana-miento para ocupar objetos que no le pertenecen, no tiene derecho o interés alguno en la ocupación, aun cuando objete que fué injustificada y que iban a utilizarse en su contra.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Rafael R. Rivera Zayas.

    Abogados del apelado: Sres. Salvador Mestre y Jaime Sifre, Jr., Fiscales.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Eduardo Wys, fué acusado por un delito con-sistente en haber solicitado de los profesores de instrucción pública contribuciones pecuniarias para fines políticos con infracción de la Ley del Servicio Civil. El día en que la denuncia fué presentada en la corto municipal un sargento de detectives llamado Ramón Gfuanil solicitó de la corte una orden de allanamiento para penetrar en la oficina de la Junta Local del Partido Unionista, y al obtener dicha orden procedió a ocupar varios pagarés, documentos, libros y otros objetos que estaban en poder de dicho comité.

Por vía de argumento, pero solamente con ese fin, puede admitirse al empezar que la petición para la orden de alla-namiento ora defectuosa, sino completamente ilegal y arbi-traria, puesto que, entre otros particulares, en dicha soli-citud no se alegaba en poder de quién se encontraban los objetos que se deseaba obtener, ni que no podían ser obte-nidos fácilmente en alguna otra forma mediante moción para que fueran mostrados, etcétera, ni fueron descritos los objetos que se deseaban obtener. También se queja el apelante de que en dicha solicitud para la orden de allanamiento no se bacía constar que él, el apelante, era el secretario o estaba relacionado de algún modo con dicho comité. El objeto de la solicitud de certiorari presentada a la Corte de Distrito de Ponce era que los procedimientos habidos por virtud de la •orden de allanamiento fueran anulados.

La verdadera cuestión que ha de ser resuelta por este tribunal es la del derecho que tenía el apelante para solicitar que se librara este mandamiento de certiorari, admitiendo que la orden de allanamiento fné expedida indebidamente. En otras palabras, qué interés o derecho tenía él para pedir que fuera anulada la incautación que se .hizo de dicha pro-piedad. Aparece claro de la petición, que la propiedad es-taba en poder y pertenecía al Comité del Partido Unionista. No se demostró en la petición de la orden de allanamiento que el apelante tuviera algún interés en los documentos, o que de algún modo estaba relacionado con dicha organización. En verdad que él se basa en esta misma omisión para im-pugnar la expedición de la orden de allanamiento. Para que un peticionario pueda tener derecho al beneficio del auto extraordinario de certiorari, debe ser claro su interés en la materia objeto del procedimiento que ha de anularse. No se demostró que ninguna parte de la propiedad ocupada per-tenecía al peticionario, o ni siquiera que fué perjudicado en alguna forma por dicha ocupación. Los precéptos constitu-cional y estatutarios que están en contra de las incautaciones injustificadas son en favor de la persona cuya propiedad o bienes han sido afectados por tales confiscaciones. ’ Decir que el acusado tenía interés en esta propiedad porque había el propósito de usarla en su contra es dar a la palabra interés un uso que nunca se le da cuando se dice que una persona tiene interés en un pleito o cosa semejante. Es una cosa corriente preguntar a un testigo en un caso civil si tiene algún interés en el mismo, queriéndose significar con esto un in-terés pecuniario, o en la propiedad o parecido. La palabra interés se define en el tomo 22 de Cyc., página 1581, como incumbencia, ventaja, beneficio, cuota, porción, parte, parti-cipación, y en general un derecho en propiedad o su equiva-lente; y véase el tomo 30 de Cyc. 30, título “Partes.” Podría interesarle a cualquier persona acusada de un delito, que la-prueba en contra de ella no salga a la luz, pero si no ha sido ocupada ninguna propiedad de su pertenencia no puede de-cirse que tal persona tiene interés en el resultado de dicha ocupación. De otro modo, cuando el dueño de la propiedad pudiera no hacer objeción a la incautación injustificada de dicha propiedad, con alegar un extraño que era prueba que iba a ser usada en su contra podría sacar partido de cual-quier tecnicismo que el dueño pudiera estar dispuesto a re-nunciar. Debe observarse en cuanto a esto que en la peti-ción de certiorari no se alega que los documentos y efectos ocupados tenían alguna relación con el delito por el cual se acusó al peticionario.

En la petición no se expresa de modo claro que la orden de allanamiento fué librada en el procedimiento criminal en el cual se presentó una denuncia contra el peticionario, pero como él solicitó que los documentos de esa causa criminal y no otros fueran certificados a la corte de distrito puede su-ponerse que el procedimiento para obtener la orden de alla-namiento fue iniciado dentro de dicha causa. No existe nada en la lejr relativo a órdenes de allanamiento que exija que la orden sea expedida en determinado procedimiento. Es un procedimiento separado.

Quizás técnicamente podría insistirse en que la orden de allanamiento fue expedida en la acción criminal en la cual el apelante era el acusado, y que como parte tendría derecho a impugnar la validez de cualquier cosa ejecutada en ella. Aun entonces él no tendría más derecho o interés para atacar la expedición de una orden de allanamiento que el derecho qué tendría un acusado para impugnar un subpoena duces tecum, cuando el testigo citado no se oponía. Y una cuestión parecida se presentaría cuando una persona que es parte nominalmente tratara de revisar mediante certiorari una sentencia, que en manera alguna le afectaba. Aun en una apelación directa es solamente la parte perjudicada la que puede ejercitar el derecho. Artículo 294 del Código de En-juiciamiento Civil.

No habiendo el apelante demostrado tener algún derecho o interés en la propiedad que fué ocupada, la corte por esa sola razón, pues puede liaber otras, estuvo justificada en denegar el auto.

Debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison

text:
    Tettamauzi et al., Demandantes y Apelados, v. Zeno, Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa sobre cobro de dinero.
    Moción de los apelados para que se desestime la apelación.
    No. 1486.
    Resuelto en junio 5, 1916.
    Escrito de Apelación — Apelación—Notificación de Apelación — Radicación . del Escrito en Secretaría. — El Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico en su artículo 296, que sigue las secciones 940 y 3574 de los Códigos enmendados de California e Idaho respectivamente y no el lenguaje de la Antigua Ley Práctica de California, sólo dispone la presentación del escrito de apelación al secretario y la entrega de una manifestación idéntica (similar) a la parte contraria o a su abogado, sin que exija el que se presente el escrito al secretario con anterioridad a haber sido notificada la parte contraria.
    Id.' — 'Affidavit de Notificación por Correo — Requisitos Estatutorios. — Un affidavit de notificación por correo de una apelación debe contener todos los requisitos que exige el artículo 321 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Id. — Id.—-Residencia de las Partes — Existencia .de Servicio de Correo. — Es fatalmente defectuoso un affidavit de haberse practicado la notificación de una apelación por correo, en el que no se hace constar ni la residencia de las partes ni que la persona que practica la notificación y aquella a quien dicha notificación se. hace, residen o tienen sus oficinas en diferentes sitios ni la existencia de un servicio regular de correo entre dichos sitios.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. E. Benitez Castaño y J. H. Brown.

    Abogados de los apelados: Sres. José A. y Alberto S. Poventud.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes-apelados presentaron una moción soli-citando que se desestimara la apelación interpuesta en este caso fundándose, primero, en" que el escrito de apelación fué presentado cuatro días después de haberse hecho su notifi-cación por correo; y segundo, porque tal notificación es insu-ficiente por contener ciertos defectos la declaración jurada de haberse practicado la notificación (affidavit of service). El artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe lo siguiente:

“Una apelación se interpone entregando al secretario de la corte en que fué dictada o registrada la sentencia o providencia apelada, un escrito manifestando que se apela de ella, o de determinada parte de la misma, y presentando idéntica manifestación a la parte con-traria o a su abogado.”

La sección 940 del Código de California dispone lo si-guiente :

“Una apelación se interpone entregando al secretario de la corte en que fué dictada o registrada la sentencia o providencia apelada, un escrito manifestando que se apela de ella, o de determinada parte de la misma, y presentando idéntica manifestación a la parte con-traria o a su abogado. La forma en que se practique la notificación es inmaterial, pero la apelación es ineficaz para cualquier fin a menos que dentro de los cinco días después de practicada la diligencia de notificación de la apelación, se presente una fianza o deposite una suma de dinero con el secretario, como más adelante se determina, o que la parte contraria haga constar por escrito que renuncia a dicha fianza. ”

La sección 3574 del Código de Idaho es una copia literal del estatuto de California.

“Una de las más importantes cuestiones que surgen al interpretar los estatutos que regulan el procedimiento necesario para perfeccionar una apelación es el orden relativo, en cuanto al tiempo, de la presentación del escrito de apelación en la corte, y el servicio de la notificación a la parte contraria; en lo que respecta a esta proposición hay-una gran diversidad de criterio por parte de las autoridades. Generalmente prescriben los estatutos que se inter-pondrá la apelación entregando al secretario de la corte en que fué dictada o registrada la sentencia o providencia apelada el escrito de apelación y entregando una copia del escrito a la parte contraria. Quizás en una mayoría de jurisdicciones se ha resuelto que la pre-sentación del escrito de apelación tiene que preceder o por lo menos debe ser simultánea con la entrega de la notificación. 2 R. C. L., p. 109, sección 84; 3 C. J., p. 1234, sección 1336; 9 Ann. Cas. 731, nota.”

El apelado cita en apoyo de su moción un número de decisiones antiguas de California. El caso principal es el de Buffendean v. Edmondson, (1864), 24 Cal. 94. La sección 1337 de la Ley de Práctica como ha sido citada en el caso de Buffendeau disponía “que en un caso civil una apelación se interpondrá entregando al secretario de la corte en que se dicta o registra la providencia apelada un escrito, expresando que se apela de la misma, o de alguna parte específica de ella, y entregando una copia del escrito a la parte contraria o a su abogado.” La razón dada para la conclusión a que se llegó, es que “de acuerdo con esta sección del estatuto la presentación del escrito de apelación es un elemento consti-tuyente de su naturaleza como tal notificación, y por consi-guiente tiene que preceder o ser simultánea con la entrega de la copia del escrito a la parte contraria, pues de otro modo lo que puede representar ser una copia del escrito, o un duplicado del mismo, deja de serlo por la falta de un original o duplicado.”

Parece probable que esta interpretación estricta y técnica del estatuto observada en otros casos, no solamente en California sino en otros Estados que adoptan el procedimiento de California así como la interpretación que de tal modo se ha dado al mismo, contribuyó en gran parte a la introducción de la regia más liberal por medio de un precepto legislativo tanto en California como en otras partes. Hewes v. Carville Manufacturing Co., 62 Cal. 516; Galloway v. Rouse, 63 Cal. 280; Reynolds v. Corbus, 7 Idaho 481; State v. District Court (Mont.), 85 Pac. 872. En el caso mencionado en último lugar la corte, haciendo referencia y al parecer la-mentándose de la omisión de la legislatura de incluir en sus enmiendas en cuanto a la práctica en la corte de distrito cualquier modificación de las disposiciones existentes refe-rentes a apelaciones procedentes de los juzgados de paz, se expresó en estos términos:

“Es claro que se necesita la legislación, pero este tribunal no debe producirla mediante interpretación que violente el lenguaje empleado. ’ ’

Nuestro estatuto, según su alcance, sigue a las secciones enmendadas de los códigos de Idaho y California y no el len-guaje de la antigua ley de práctica de California. No prescribe para la entrega de la copia del escrito de apelación, cuyo original la Ley de Práctica de California supone de antemano que había sido archivado con el secretario, sino que dispone la presentación del escrito y la entrega de “una manifestación idéntica (similar) a la parte contraria o a su abogado.” El requisito relativo a la fianza o depósito queda completamente descartado (Amsterdam v. Puente, 15 D. P. R. 143); y puesto que la forma de perfeccionar una apelación allí descrita fué adoptada como ya había sido enmendada por las legislaturas de Idaho y California junto con la interpre-tación que a ella dieron las más recientes decisiones de esos Estados, la otra disposición expresa de que “el orden de la entrega es inmaterial” hubiera sido meramente superfina.

La eliminación del requisito referente a la fianza pendiente la apelación es mucho más importante que la omisión de incluir la referencia específica al “orden de la entrega.” En el caso de Buffendeau es verdad que la corte al referirse a la fecha de la entrega, aludiendo más bien a la fecha de prestar la fianza que a la de la entrega del escrito de apelación, dijo lo siguiente:

"* * * Esta interpretación se hace imperativa con el fin de garantizar al apelado los cinco días completos a partir de la presentación de la fianza, para exeepcionar dentro de ese término la sufi-ciencia de los fiadores.”

Que la misma consideración muy bien podría haber influído y probablemente influyó en la corte al llegar a su conclusión acerca de la necesidad de presentar el escrito de apelación con anterioridad a la entrega del mismo, aparece con mucha claridad del comentario hecho en los casos de State v. District Court, supra, de Coker v. Supreme Court, 58 Cal. 177 y de Duterter v. Superior Court, 84 Cal. 535. Resulta asimismo claro que como no hay ningún requisito relativo a la fianza en apelación, estamos enteramente libres de cualquier molestia que de otro modo podría surgir del derecho de las partes contrarias a impugnar la suficiencia de los fiadores en fianzas en apelación.

Fuera del orden en que se mencionan los dos requisi-tos en la sección 296, lo que en sí mismo y por sí solo no quiere decir necesariamente que debe seguirse igual orden en su cumplimiento, sin tener en cuenta la conveniencia de las partes y las ventajas manifiestas de la actual práctica que ha sido reconocida y sancionada por las cortes y firme-mente establecida como debido procedimiento en la fecha de la adopción por nuestra Legislatura del Código de Idaho, no existe la más remota indicación de ninguna idea de priori-dad en cuanto al cumplimiento. El sostener que nuestra Legislatura por el hecho de adoptar el Código de Enjuicia-miento Civil tal como se encontró sustancialmente en Idaho y California en 1904, quiso retroceder a la antigua Ley de Práctica de California como fué interpretado por la Corte Suprema de ese Estado en el año 1860, sería claramente un absurdo. Sin embargo, eso es, en efecto, lo que ahora se quiere que decidamos.

En el presente caso el escrito de apelación tenía fecha de marzo 24, e iba dirigido a los Sres. José A. y Alberto S. Poventud, abogados de los demandantes, y al secretario de la corte,- fué radicado en marzo 28, junto con la declaración, del abogado del demandado y apelante suscrita y jurada en marzo 24, en la cual el deponente expresa que en esa. fecha había depositado en la oficina postal de San Juan un pliego certificado, dirigido a los abogados José A. Poventud, Ponce, Puerto Pico, conteniendo una copia fiel y exacta de dicho escrito de apelación. Creemos que con esto no solamente se cumplió de modo suficiente con el estatuto, en tanto se trata del primer fundamento de la moción del apelado, sino que es una forma simple, adecuada y eficaz de perfeccionar una apelación.

El artículo 321 del Código de Enjuiciamiento Civil permite la remisión por correo ‘ ‘ cuando la persona encargada de hacer la notificación o de remitir los documentos y aquella a quien fueron dirigidos residieren y tuvieren sus oficinas en distintos puntos, entre los'cuales hubiere un servicio regular de comunicaciones por correo. ’ ’ El affidavit de haberse hecho la notificación de la apelación es claramente defectuoso al no mostrar la existencia de los requisitos estatutorios y por lo general no vacilaríamos en desestimar la apelación. La regla general es que el diligenciamiento o prueba de la entrega “debe mostrar en términos precisos que han1 sido cum-plidos todos los requisitos del estatuto en cuanto a la entrega, y en el caso de notificación por correo, la existencia de todos los requisitos necesarios “debe hacerse constar!” Y en California “un affidavit de haberse practicado la notificación de una apelación por correo en el que no se hace constar la residencia de las partes y' que la persona que practica la notificación y aquella a quien dicha notificación se entrega residían en diferentes sitios, es fatalmente defectuosa.” 3 C. J., sec. 1340, pp. 1237, 1238.

No es nuestro objeto impugnar la corrección del sano principio que sirve de base a la doctrina, o mediante cualquier suavidad o modificación de la regla tal como existe favorecer semejante descuido que es inexcusable en cuestiones de esta clase como aparece del affidavit relativo a la notificación que ahora consideramos. Pero las circunstancias del presente caso son excepcionales.

En abril 15 el abogado del apelante, debido a su enfermedad, solicitó y obtuvo una prórroga de diez, días para pre-sentar dentro de ese término su alegato. En abril' 26, por igual razón se pidió una nueva prórroga de veinte días que fué concedida. La moción para desestimar la. apelación fué presentada en abril 17 y señalada su vista para el día 1 de mayo. En abril 27, a moción del abogado del apelante, en la que bacía constar que continuaba enfermo así como el carácter grave de su enfermedad, solicitando la suspensión de la vista para uno de los últimos días del mes de mayo, fué suspendida ésta para mayo 8. En mayo 6 fué presen-tada otra moción por otro compañero/ alegando que el abo-gado del apelante seguía enfermo; e interesando una nueva suspensión basta el día 15 de mayo, prometiendo comparecer a nombre y representación del referido abogado de récord a dicha vista en caso de serle imposible comparecer. > En el acto de la vista manifestó el abogado que comparecía en repre-sentación del abogado de récord del apelante; que éste estaba muy grave para poder preparar una nueva declaración jurada de haberse practicado el servicio de la notificación, pidién-dose un término para corregir el defecto que contenía el affidavit original. La petición fué denegada sin perjuicio de poder solicitar nueva audiencia caso de una resolución con-traria, para presentar prueba respecto a las verdaderas con-diciones en que se’ hizo la notificación de la apelación.

Entonces el abogado alegó que los autos muestran sufi-cientemente la existencia de los requisitos del estatuto en lo que respecta a la residencia y solicitó de la corte que tomara conocimiento judicial de que existe un servicio regular de correos entre San Juan y Ponce. Sin embargo, en mayo 27, el abogado del apelante, que todavía no se encontraba bien de su enfermedad, presentó un corto alegato con una decla-ración jurada de haber remitido por correo una copia del mismo, a saber:

“Yo, Eugenio Benitez Castaño, juro solemnemente:
“Que soy abogado del apelante en el caso arriba expresado, y que tengo mi oficina profesional en la ciudad de San Juan de Puerto Rico.
“Que los abogados de los demandantes y apelados son Don José A. y Don Alberto S. Poventud, los cuales tienen su oficina en la ciudad de Ponce, P. R.
“Que entre la ciudad de San Juan, P. R., y la ciudad de Ponce, P. R., existe un servicio regular de correo.
“Que en el día de boy be depositado en la oficina postal de San Juan un pliego certificado dirigido a dichos señores José A. y Alberto S. Poventud, abogados, Ponce, P. R., conteniendo una copia fiel y exacta del alegato presentado por el apelante en este caso ante el Tribunal Supremo de.Puerto Rico; y que el franqueo de dicho pliego fue pagado por mí. (Firmado.) Eugenio Benitez.”

De manera que los hechos omitidos en el affidavit refe-rente a la notificación de la apelación constan aliora de los autos, y afortunadamente no tenemos necesidad de conside-rar la cuestión dudosa relativa al conocimiento judicial.

Parece razonablemente cierto que a no haber sido por la grave y continuada enfermedad del abogado de récord del apelante que presentó el affidavit original de haberse prac-ticado la notificación en este caso y que se dice que es la única persona que tiene suficiente conocimiento personal de los hechos para hacer una declaración completa, verdadera y correcta en cuanto al particular, se hubiera hecho la debida constancia durante la vista; y una mera desestimación pro forma de la apelación con la idea de una nueva vista, intro-ducción formal de prueba y subsiguiente reinstalación del caso, sólo podría resultar en mayor demora y más inconve-nientes para todas las partes interesadas y no tendría nin-gún fin práctico.

Atendidas las circunstancias especiales de este caso, y sin intención alguna de sentar un precedente fuera de los hechos verdaderos y excepcionales que están envueltos como se han referido, que claramente establecen la existencia de un servicio regular de correo entre San Juan y Ponce y Ta residencia de los abogados del apelante y apelado respectiva-mente, y excusando la falta de presentar la debida constancia oportunamente, la moción para que se desestime la apelación debe ser denegada:

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Maymón, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por infracción de las ordenanzas municipales.
    No. 934.
    Resuelto en junio 6, 1916.
    Denuncia — Conocimiento de los Hechos por. el Denunciante — Asbesto del Acusado. — De aeuerdo con el artículo 22 del Código de Enjuiciamiento Criminal no es necesario que en la denuncia se alegue que el denunciante conoce los hechos por propio conocimiento o por información que cree cierta o por haber arrestado al acusado.
    Infracción de las Ordenanzas Municipales^-Denuncia Suficiente — Espectá-culos Públicos. — Aduce hechos constitutivos de materia delictiva una denun-cia por infracción de la ordenanza del municipio de Mayagüez de -27 de julio de 1915 en que imputa al acusado haber producido la obstrucción de una calle determinada donde se aglomeró el público por consecuencia de un espectáculo de cinematógrafo que daba desde el balcón de un. teatro con la pantalla o lienzo colocado en la esquina de la calle.
    Id. — Id.—Aglomebaoión en las Calles — Espectáculos Públicos.- — El objeto de la ordenanza del municipio de Mayagüez de 27 de julio de 1915 es el de impedir la aglomeración en las calles, y la idea de la sección 21. es la de prohibir espectáculos públicos que necesariamente producen tal resultado.
    Id. — Id.-—Constitución de los Estados Unidos — Derechos del Pueblo. — La ordenanza citada no infringe la Constitución de los Estados Unidos ni la ley regulando los derechos del pueblo promulgada por la Asamblea Legisla-tiva de Puerto Rico en 27 de enero de 1902, porque no prohíbe al pueblo el libre goce de sus calles sino lo que hace es regular ese derecho de modo que no sea impedido por determinadas personas o corporaciones.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En la ciudad de Mayagüez está- en vigor una ordenanza municipal dictada con el fin de prohibir la obstrucción del tránsito público por sus calles y aceras, en la que después de consignar que existen quejas por la ocupación de las calles por valúas personas para presenciar espectáculos públicos ofrecidos por determinadas empresas sin fines especulativos, obstruyendo el tránsito de otras y de automóviles, coches, etc., prohíbe por su sección 1a. que ninguna persona, sociedad, comité o corporación obstruya el libre tránsito de las calles y aceras en ninguna forma, para ningún fin, de día ni dé noche; para asegurar el cumplimiento de dicha sección pro-híbe la 2a. los espectáculos públicos en todos los sitios donde los espectadores no puedan situarse o acomodarse para pre-senciarlos dentro de algún teatro, circo, plaza, parque o casa particular; y la sección 3a. señala el castigo por su infracción.

Por infringir esa ordenanza fué denunciado Francisco Maymón por un policía alegando que daba un espectáculo público en una calle de Mayagüez consistente en exhibir varias películas desde el teatro “Yagüez,” que queda en la calle McKinley, (-on el lienzo en los altos del establecimiento de Santiago Panzardi, situado en la esquina de dicha calle, de modo que los espectadores no pueden situarse para pre-senciarlo dentro de ningún teatro, circo, plaza, parque o casa particular, espectáculo que dió lugar a que el público se aglo-merase en la calle obstruyendo el libre tránsito.

Contra la sentencia condenatoria dictada por el tribunal de distrito interpuso el denunciado este recurso en" el que alega en primer término que la denuncia es insuficiente y que no aduce hechos constitutivos de materia delictiva.

En el caso de El Pueblo v. Nochera, 23 D. P. R. 605 tratando la misma cuestión que plantea el apelante en cuanto a la insuficiencia de la denuncia dijimos que de acuerdo con el artículo 22 del Código de Enjuiciamiento Criminal no es necesario que en la denuncia se alegue que el denunciante conoce los hechos por propio conocimiento, o por información que cree cierta o por haber arrestado al denunciado.

El otro defecto imputado a la denuncia tampoco es sos-tenible porque la simple lectura de ella convence de que im-puta al apelante la infracción de la citada ordenanza, o sea la de liaber producido la obstrucción de la calle McKinley donde se aglomeró, el público por consecuencia de un espectáculo de cinematógrafo que daba desde el balcón del teatro “Yagüez” con la pantalla o lienzo colocado en la esquina de la calle.

La prueba tampoco es insuficiente para sostener la sen-tencia, pues demostró los hechos relatados en ella y si bien el apelante presentó testigos para comprobar que algunas personas presenciaban el espectáculo desde cierto sitio del teatro y desde el balcón de alguna casa particular esto no desvirtúa el hecho probado por el Fiscal de que todas las per-sonas que presenciaban el espectáculo no podían estar situa-das o acomodadas en teatro, circo, plaza, parque o casa particular sino que se aglomeraron en la calle obstruyendo el tránsito, que es lo que quiere impedir la ordenanza citada. El objeto de la ordenanza es impedir la aglomeración en las calles y la idea de la sección 2a. es la de prohibir espectá-culos públicos que necesariamente producen tal resultado,' como en este caso.

' Por último, la ordenanza no infringe la Constitución de los Estados Unidos ni la ley regulando los derechos del pueblo, promulgada por nuestra asamblea legislativa en 27 de febrero de 1902, porque no prohibe al pueblo el libre goce de sus calles sino lo que hace es regular ese derecho de modo que no sea impedido por determinadas personas o corpo-raciones.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Santos, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en causa por infracción del artículo 244 del Código Penal.
    No. 911.
    Resuelto en junio 6, 1916.
    Libelo Infamatorio — Circulación de Hoja Suelta Libelosa — Denuncia Insu-ficiente — Identificación del Denunciante. — En el presente caso una de-nuncia fué presentada imputando al acusado el hecho de haber repartido y circulado una hoja suelta conteniendo los párrafos siguientes: "Tenemos entendido que en lo que respecta a los salarios, se está violando el contrato, y los' mayordomos y capataces se esfuerzan en hacerles entender a Yds., que ahora el jornal más alto será de setenta y cinco centavos, y eso se debe a que Iglesias se vendió, etc., etc. ¡Qué canallas son tales mayordomos y capataces! En vez de deciros que ya ellos no os pueden robar cincuenta o sesenta pesos semanales como lo hacían antes, tratan de haceros creer que el contrato les perjudica a Yds., y todo lo hacen con el fin malévolo de que no os organicéis.” En apelación, se resolvió que tal denuncia era insuficiente de acuerdo con los artículos 243 del Código Penal y 87 del Código de En-juiciamiento Criminal, por no haber en ella alegación alguna que demuestre que las palabras fueron publicadas con referencia a los denunciantes, quienes no fueron identificados; y también se resolvió que los defectos de la denuncia no fueron subsanados por la prueba.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael López Landrón.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión dél tribunal.

La denuncia que fué formulada en este caso expresaba lo siguiente:

“Nosotros, Eladio Pereira y Andrés García, vecinos'de Fajardo, formulamos denuncia contra Domingo Santos, por delito de infracción al artículo 244 del Código Penal, enmendado en 1911, cometido de la manera siguiente: que en un día del mes de febrero de 1915, y en las calles de Fajardo, P. R., del Distrito Judicial Municipal de Fajardo, P. R., dicho acusado repartió voluntariamente e hizo circular una hoja suelta, suscrita por Antonio Casas y Juan Rexach, la cual fué leída por diversas personas y contenía entre otros, los párrafos siguientes: ‘Tenemos entendido que en lo que respecta a los salarios, se está violando el contrato, y los mayordomos y capa-taces se esfuerzan en hacerles entender a Vds., que ahora el jornal más alto será de setenta y cinco centavos, y eso se debe a que Iglesias se vendió, etc., etc. j Qué canallas son tales mayordomos y capa-taces! En vez de deciros que ya ellos no os pueden robar cincuenta o sesenta pesos semanales como lo hacían antes, tratan de haceros creer que el contrato les perjudica a Vds., y todo lo hacen con el fin malévelo de que no os. organicéis. ’ Que dicha hoja suelta \fué publicada y repartida por el acusado con la maliciosa intención de impugnar la honradez, integridad y buena fama de los mayordomos de la Fajardo Sugar Growers’ Association, dos de los cuales son los denunciantes.”

El acusado alegó su inocencia; el caso fué juzgado y la corte declaró culpable al acusado y le condenó a pagar una multa de veinticinco dólares.

El artículo 243 del Código Penal prescribe lo siguiente:

“Artículo 243. — Constituye libelo cualquiera maliciosa difama-ción expresada por médio de escritos, impresos, signos, láminas, dibu-jos, u otra forma análoga, tendentes a denigrar la memoria de un difunto, o impugnar la honradez, integridad, virtud o buena fama de un vivo, o publicar sus defectos naturales o supuestos, exponiéndole así al odio, desprecio o ridículo público.”

El supuesto libelo tal como se describe en la denuncia no mencionaba a nadie. No bay en esta ninguna alegación que demuestre que las palabras fueron publicadas con refe-rencia a ningún mayordomo o capataz en particular. Nin-guna compañía, asociación o clase determinada de mayordo-mos o capataces se menciona en las palabras (pie ban sido citadas de la hoja suelta y en la denuncia no se .alegan hechos tendentes a demostrar que ellos,eran las personas a quie-nes se aludía con excepción de que a ellos les afectaba la publicación. El artículo 87 del Código de Enjuiciamiento Criminal prescribe lo siguiente:

“Artículo 87. — En una acusación por libelo no es necesario expo-ner hechos externos con el fin de mostrar la aplicación a la persona injuriada, del caso difamatorio en que se basa la acusación, sino que la difamación fué publicada con referencia a dicha persona, y el hecho de que así fué publicada habrá de justificarse en el juicio.”

Por tanto era necesario alegar que las palabras fueron publicadas con referencia a los mayordomos que sostienen que fueron perjudicados. De todo lo que revela la denuncia el supuesto libelo podría haber sido publicado c'on respecto a alguna otra persona y haber afectado todavía accidental-mente a estos mayordomos. Los mayordomos de la Fajardo Sugar Growers’ Association no fueron identificados, y la de-nuncia era insuficiente.

Si a falta de objeción pudiera suponerse que el juicio subsana la denuncia, la publicación todavía dejaría de iden-tificar a los denunciantes. Se ha probado en verdad que el libelo iba dirigido a los trabajadores de la Fajardo Sugar 'Company, y los denunciantes son mayordomos de la Fajardo '.Sugar Growers’ Association. La prueba tiende a demostrar que las dos compañías son distintas. No existía identifica-ción de los denunciantes.

La sentencia debe ser revocada y absolverse al acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Balzac, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción del artículo 254 del Código Penal.
    No. 912.
    Resuelto en junio 6, 1916.
    (Resuelto por los fundamentos de la opinión en el caso del Pueblo v. Santos, p. 64.)
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael Lopes Landrón.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación es en sus aspectos principales semejante al caso de El Pueblo v. Santos, pág. 64, y por los fundamentos consignados en dicho caso la sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.