author: La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez La Jueza Asociada Señora Pábón Chameco

text:
    Autoridad de Tierras de Puerto Rico, recurrida, v. Andrés Volmar Figueroa, Emillienne Mathieu Michel y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, peticionarios.

      Número: CC-2015-1023

      Resuelto: 30 de junio de 2016

      Juan C. Rivera Rodríguez, abogado de la parte peticionaria; Eduardo René Estades, abogado de la parte recurrida.
   La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

(Regla 50)

Esta controversia nos da la oportunidad de interpretar ciertas disposiciones del procedimiento sumario de desahu-cio regulado por el Código de Enjuiciamiento Civil. En es-pecífico, debemos resolver cuál es la consecuencia de que el Tribunal de Primera Instancia no incluya en la sentencia el monto de la fianza que debe prestar el demandado como requisito jurisdiccional para perfeccionar su recurso de apelación.

Por los fundamentos que pasamos a exponer, conclui-mos que hasta tanto el Tribunal de Primera Instancia no fije en la sentencia el monto de la fianza, la sentencia ca-rece de finalidad y, por ende, el término jurisdiccional de cinco días para presentar la apelación no empieza a transcurrir. Veamos.

H-i

En 1999, la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (recu-rrida) pactó un contrato de arrendamiento con el Sr. An-drés Volmar Figueroa y la Sra. Emilienne Mathieu Michel (peticionarios). En particular, la recurrida les arrendó unos terrenos agrícolas ubicados en la Finca Cibuco en el muni-cipio de Vega Baja. Ese contrato tendría una vigencia de quince años, retroactivo a 1994 y con fecha de vencimiento el 1 de enero de 2009.

Varios años después, el 18 de agosto de 2015, la recu-rrida presentó una demanda de desahucio contra los peti-cionarios y alegó que tras el vencimiento del contrato éstos habían continuado en posesión de los terrenos sin tener derecho a ello. Solicitó, pues, que se ordenara el lanza-miento y se les condenara a pagar $100,413.44 por cánones de arrendamiento adeudados.

Los peticionarios contestaron la demanda y negaron las alegaciones. Presentaron, además, una reconvención en la que sostuvieron que la recurrida incumplió el contrato de arrendamiento al interferir previamente con su derecho al goce pacífico del inmueble. Asimismo, solicitaron la deses-timación de la demanda o, en la alternativa, la conversión del proceso sumario de desahucio a uno ordinario.

El 25 de septiembre de 2015 se celebró la vista en los méritos y el 7 de octubre de 2015 el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia —notificada el mismo día— en la que declaró “con lugar” la demanda de desahucio. En consecuencia, decretó el desahucio y condenó a los pe-ticionarios a pagar la suma de $102,234.69 por cánones atrasados.

Inconformes, los peticionarios apelaron al Tribunal de Apelaciones en el plazo de cinco días que dispone el Art. 629 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA see. 2831. Entre otros, señalaron como errores que no se hubiera con-vertido el procedimiento a ordinario, así como la admisión de cierta evidencia durante la celebración de la vista en los méritos. Por su parte, la recurrida solicitó la desestimación del recurso de apelación y adujo que el foro intermedio no tenía jurisdicción, pues los peticionarios no habían pres-tado la fianza requerida por el Art. 630 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2832.

Los peticionarios replicaron y sostuvieron que no pres-taron la fianza debido a que el Tribunal de Primera Instan-cia no la impuso en la sentencia por considerarlos insolven-tes y eximirlos de ese requisito. No obstante, el tribunal a quo desestimó la apelación tras concluir que los peticiona-rios incumplieron con el requisito jurisdiccional de otorgar la fianza en apelación, sin que el Foro de Primera Instan-cia los eximiera y sin que el alegado estado de insolvencia surgiera del expediente.

En desacuerdo, los peticionarios acudieron a este Tribunal mediante un recurso de “certiorari” civil y señalaron como único error que el Tribunal de Apelaciones desesti-mara la apelación a pesar de que el Tribunal de Primera Instancia "relevó al peticionario de dicho requisito ob-viando la imposición de una fianza”. Atendido el recurso, le concedimos un término a la recurrida para que mostrara causa por la cual no debíamos dejar sin efecto la determi-nación del foro intermedio de declararse sin jurisdicción. Cumplida nuestra orden, procedemos a expedir el recurso y disponer de esta controversia al amparo de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B.

I—I I—1

El desahucio sumario es un procedimiento regla-mentado por los Arts. 620-634 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 2821-2838, que responde al interés del Estado en atender rápidamente la reclamación del dueño de un inmueble que ve interrumpido el derecho a poseer y disfrutar de su propiedad. Turabo Ltd. Partners hip v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 234-235 (1992); Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 749 (1987). Así, el ob-jetivo de esta acción especial es recuperar la posesión de hecho de un bien inmueble mediante el lanzamiento o la expulsión del arrendatario o precarista que lo detente sin pagar canon o merced alguna. Fernández & Hno. v. Pérez, 79 DPR 244 (1956).

Puesto que lo único que se busca recobrar es la posesión, hemos dicho en reiteradas ocasiones que en la acción su-maria debe limitarse la concurrencia o consolidación de otras acciones o defensas. Por ello, cuando el demandado presenta otras defensas afirmativas relacionadas con la ac-ción de desahucio, éste puede solicitar que el procedi-miento se convierta al trámite ordinario. Jiménez v. Reyes, 146 DPR 657 (1998); Mora Dev. Corp. v. Sandín, supra, págs. 747-748. En tal caso, la reclamación estará sujeta a las reglas de la litigación civil ordinaria, excluyendo la le-gislación especial que reglamenta el desahucio sumario y sus restringidos plazos y condiciones.

En lo pertinente a la controversia de autos, el Art. 629 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, establece un término jurisdiccional de cinco días para que la parte peijudicada por la sentencia de desahucio presente un re-curso de apelación Este recurso solo se perfecciona si, en el término referido, el demandado presta una fianza por el monto que sea fijado por el Tribunal de Primera Instancia:

No se admitirá al demandado el recurso de apelación si no otorga fianza, por el monto que sea fijado por el tribunal, para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar al demandante y de las costas de apelación; pudiendo el deman-dado, cuando el desahucio se funde en falta de pago de las cantidades convenidas, a su elección, otorgar dicha fianza o consignar en Secretaría el importe del precio de la deuda hasta la fecha de la sentencia. (Énfasis suplido). Art. 630 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra.

Asimismo, el Art. 631 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2835, dispone que cuando la acción de desahucio esté fundamentada en la falta de pago, "será deber del demandado consignar en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el importe de todos y cada uno de los cánones de arrendamiento que vayan venciendo u otorgar fianza, a satisfacción del tribunal, para responder del importe de todos y cada uno de dichos arrendamientos”. (Énfasis suplido).

Respecto a la importancia de que el foro de primera ins-tancia cumpla con la obligación de fijar la cuantía de modo que el demandado pueda ejercer su derecho a apelar, he-mos establecido lo siguiente:

De acuerdo con lo que dispone el Código de Enjuiciamiento Civil, en los casos de desahucio el demandado tiene que pres-tar una fianza como requisito para presentar su recurso de apelación de la sentencia que se dictó en su contra. [...] El requisito que obliga a un demandado a prestar una fianza en apelación es jurisdiccional en todo tipo de pleito de desahucio, aun si no se funda en la falta de pago. La razón es obvia: la fianza no existe para garantizar únicamente los pagos adeu-dados, sino también los daños resultantes de mantener conge-lado el libre uso de la propiedad mientras se dilucida la apelación. “Lo anterior aconseja que sea el Tribunal de Pri-mera Instancia el foro que fije la fianza, como paso previo y jurisdiccional a la radicación del recurso de apelación”. (Énfasis suplido y citas omitidas). Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 DPR 408, 413-414 (2009), citando de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 378-2000 (2000 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 2082).

El deber del Tribunal de Primera Instancia de fi-jar la fianza en apelación quedó establecido con la aproba-ción de la Ley Núm, 378-2000, la cual enmendó el Art. 630 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, para disponer que sea ese tribunal, y no el Tribunal de Apelaciones, quien determine la cuantía. Ello, pues es ante el Tribunal de Pri-mera Instancia que desfila la prueba necesaria para eva-luar de forma más completa y precisa el posible daño que se busca cubrir. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 378-2000, supra.

Aunque la prestación de fianza es un requisito ju-risdiccional para apelar la sentencia de desahucio, hemos reconocido como excepción los casos en que el Tribunal de Primera Instancia declara al demandado insolvente. Bucaré Management v. Arriaga García, 125 DPR 153, 158-159 (1990). En tales casos estará exento de otorgar fianza, pues su condición económica le impide cumplir con ese requisito. Esto, de conformidad con el interés del Estado en garantizar el acceso a los tribunales. Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, supra, pág. 414.

III

Como vimos, el Código de Enjuiciamiento Civil le im-pone al Tribunal de Primera Instancia la obligación de ñjar la fianza que el demandado debe prestar como requisito para perfeccionar el recurso de apelación. Así surge de los Arts. 630 y 631 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, los cuales fueron enmendados para disponer expresamente que sea el foro de primera instancia, por encontrarse en mejor posición para ello, quien establezca la cuantía.

En vista de que se ha reconocido estatutariamente el derecho del demandado a apelar la sentencia sujeto a que presente la apelación en cinco días y otorgue una fianza, el Tribunal de Primera Instancia tiene que dar cumplimiento oportuno a su deber de fijar el monto de ésta. De lo contra-rio no solo se privaría al demandado de ejercer un derecho reconocido por ley, sino que, además, se incidiría en la fa-cultad del foro intermedio para revisar la sentencia.

Asimismo, hay que tomar en cuenta que una vez el Art. 628 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2830, hizo disponible el recurso de apelación, éste entró a formar parte del debido proceso de ley y el Estado está obligado a garantizarlo. Por eso, el procedimiento apelativo en las ac-ciones de desahucio debe estar diseñado de forma que no afecte el ejercicio de ese derecho. Esto requiere, pues, que los requisitos especiales del procedimiento sumario prote-jan no solo el interés del dueño en recuperar rápidamente la posesión del inmueble, sino también el derecho del de-mandado a tener un procedimiento justo conforme al de-bido proceso de ley.

Según está diseñado actualmente ese proceso, el de-mandado tiene cinco días jurisdiccionales para presentar el recurso de apelación y prestar la fianza. Esto significa que si el Tribunal de Primera Instancia no incluye la cuantía en la sentencia, el demandado tendrá que solicitar que así se baga, el tribunal debe establecerla o celebrar una vista para evaluarla, y posteriormente, el demandado otorgará la fianza que se determine. Todo eso en el término fatal de cinco días, en el que, además, el demandado deberá pre-sentar el recurso de apelación luego de prestar la fianza.

Es evidente que este procedimiento presenta un pro-blema de diseño cuando el monto de la fianza no se esta-blece en la sentencia. Ello, pues sujeta el derecho a apelar a la condición de que se realicen diversos trámites de forma sucesiva —algunos de los cuales están fuera del control del demandado— en el corto plazo de cinco días. La consecuencia es que, de facto, en muchos casos el derecho a apelar queda anulado. Esto no solo es contrario a lo dis-puesto en el Código de Enjuiciamiento Civil, sino que im-pide que pueda corregirse cualquier error que se haya co-metido durante el trámite sumario en primera instancia.

Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia de-berá fijar en la sentencia que emita el monto de la fianza que el demandado debe otorgar si interesa apelar al foro intermedio. Esto no representa mayor dificultad, pues al celebrar el juicio de desahucio el tribunal podrá requerir la prueba que necesite para evaluar los posibles daños que deberán cubrirse con la fianza. De esta forma se logra un balance más justo entre los derechos de ambas partes, de conformidad con el trámite expedito que caracteriza a este procedimiento y con el debido proceso de ley.

Así, el efecto de que el tribunal no fije el monto de la fianza en la sentencia es que ésta no será final debido a la falta de un elemento fundamental requerido por ley. En consecuencia, careciendo de finalidad el término jurisdic-cional de cinco días para apelar no empieza a transcurrir hasta que el Tribunal de Primera Instancia establezca la cuantía o, en la alternativa, exima al demandado de tener que prestar la fianza.

En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia celebró el juicio sumario y dictó una sentencia en la que decretó el desahucio de los peticionarios ordenándoles a pagar $102,234.69 por los cánones de arrendamiento. Empero, nada dispuso respecto al monto de la fianza que éstos tendrían que otorgar en caso de apelar la sentencia. Por esa razón los peticionarios, aunque apelaron oportuna-mente al foro intermedio, no prestaron fianza, pues enten-dieron que el Tribunal de Primera Instancia les había eximido. No obstante, el Tribunal de Apelaciones se declaró sin jurisdicción y desestimó la apelación por no haberse cumplido ese requisito.

En atención a los fundamentos de esta Opinión debemos concluir que la Sentencia del Tribunal de Primera Instan-cia no era susceptible de apelación, pues carecía de un ele-mento fundamental, a saber, la cuantía que los peticiona-rios debían prestar como fianza o una determinación de insolvencia. Por eso, el Tribunal de Apelaciones, al decla-rarse sin jurisdicción, debió devolver el caso al foro de pri-mera instancia para que éste incluyera en la sentencia el monto de la fianza o hiciera la referida determinación. Como no sucedió así, se le ordena al Tribunal de Primera Instancia a enmendar la sentencia y fijar la fianza o, en la alternativa, determinar si los peticionarios están exentos de prestarla debido a su insolvencia. El término jurisdic-cional para apelar no comenzará a transcurrir hasta tanto el foro primario cumpla con lo anterior y archive en autos copia de la notificación de la sentencia enmendada.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se expide el “certio-rari” civil al amparo de la Regla 50 de este Tribunal, supra, y se confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones por otros fundamentos. Se devuelve el caso al Tribunal de Pri-mera Instancia para que enmiende la sentencia de autos en conformidad con lo expuesto en esta opinión.

La Jueza Asociada Señora Pábón Chameco

concurrió sin opinión escrita.

El Juez Asociado Señor Rivera García con-currió con el resultado e hizo constar la expresión siguiente, a la cual se unió la Jueza Asociada Señora Pábón Chameco:

Estoy de acuerdo con el resultado de la opinión dado a las circunstancias particulares que suscitaron la controversia que hoy atendemos. Sin embargo, entiendo que carece de esa no-ción básica y práctica que se da en nuestros tribunales prima-rios en procesos tan comunes como el de desahucio, en la me-dida que brinda espacio para que una sentencia carezca de finalidad por un tiempo indeterminado. Esto claramente iría contra el propósito legislativo de establecer un término expe-dito en este tipo de casos. Me explico.
Según surge de la opinión, el término jurisdiccional de cinco días que establece el Código de Enjuiciamiento Civil, para pre-sentar un recurso de apelación en casos de desahucio, no co-menzará a transcurrir hasta tanto el Tribunal de Primera Ins-tancia establezca en la sentencia la cuantía de la correspondiente fianza o exima al demandado de su prestación. Ante ello, podríamos tener una sentencia no final y sujeta a revisión por tiempo indeterminado, a pesar de la clara intención del legislador de estructurar un andamiaje legal que propicie no tan solo los trámites cortos y expeditos, sino la finalidad de los dictámenes. Ciertamente, esa intención legis-lativa hay que balancearla con el reconocimiento efectivo del derecho que le asiste a la parte demandada de poder acceder al recurso de apelación que expresamente dispone nuestra legislación. En ese sentido, coincido con la idea que subyace en la opinión de que constituiría una clara violación al debido proceso de ley el que una parte no pueda apelar un dictamen desfavorable por una omisión del propio tribunal.
Ahora bien, alcanzado ese punto común, entiendo que nues-tra opinión debió ir un poco más allá en ánimo de lograr ese balance entre el interés del legislador de promover procesos expeditos y el derecho de la parte de acceder a los procesos de apelación. En ese ánimo, ¿no hubiese sido conveniente que procuráramos mediante nuestras expresiones que la parte de-mandada que, en efecto, interese apelar sea proactiva y traiga oportunamente a la atención del tribunal su omisión? Note que, aun partiendo de la premisa lógica de que la parte de-mandante y promovente del proceso de desahucio tendrá inte-rés de lograr la finalidad de la sentencia a su favor y, por ende, procurará que cumpla con todos los requisitos, este Tribunal no debió establecer, sin más, que una sentencia carecerá de finalidad hasta tanto no se incluya el asunto de la fianza. Si vamos a resolver sobre esa falta de finalidad —con lo cual claramente coincidió en este caso— debimos establecer enton-ces el deber de la parte que interese apelar de poner oportu-namente en posición al tribunal de corregir su omisión.
En esa línea, entiendo que la Opinión debió incluir un len-guaje como el siguiente:
“La parte demandada no podrá descansar en el hecho de que el tribunal haya omitido su deber de establecer una fianza o de exponer claramente que lo eximió del pago de ésta. Por lo tanto, una vez el demandado que interese apelar reciba la sentencia que omite establecer el asunto de la fianza, éste deberá acudir al tribunal en un término de cinco días a partir de la notifica-ción de la sentencia y solicitar su corrección, de manera que el foro primario enmiende el dictamen. Una vez el Tribunal de Primera Instancia notifique la sentencia enmendada que in-cluya la cuantía de la fianza o su exención, entonces comienza a transcurrir el término de apelación de cinco días que esta-blece el Código de Enjuiciamiento Civil”.
Entiendo que incluir un lenguaje como el que antecede hu-biese propiciado no tan solo que se salvaguarde el derecho de la parte de acudir en revisión al Tribunal de Apelaciones, sino también el interés de la Asamblea Legislativa de lograr la pronta finalidad de los procesos de desahucio, en los mismos parámetros de nuestra legislación vigente.

       Los peticionarios alegaron que la recurrida no siguió las disposiciones de uno de sus reglamentos internos, que requiere ciertos trámites previos a la interposición de una demanda de desahucio. Alegaron también que existían controversias entre las partes que impedían la resolución del caso por la vía sumaria.

       El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reconvención y declaró “sin lugar” la Moción de Desestimación y/o Solicitud de Conversión a Trámite Ordinario.

       También los condenó a pagar $2,000 por honorarios de abogado, más las costas y los gastos del proceso.

       Esta sentencia se dictó el 18 de noviembre de 2015 y se notificó el 11 de diciembre de 2015.

        Certiorari civil, pág. 8. Este recurso se presentó el 16 de diciembre de 2015. También se presentó una moción en auxilio de jurisdicción que se declaró “sin lugar”.

       No obstante, el Art. 627 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA see. 2829, dispone que en los casos en que la demanda se base en la falta de pago del canon o precio convenido, el tribunal podrá “permitir la acumulación de una recla-mación en cobro de dinero, fundamentada en la falta de pago del canon o precio en que se base la reclamación de desahucio, con esta última en el mismo procedimiento judicial sobre desahucio

       “Las apelaciones deberán interponerse en el término de cinco (6) días, con-tados desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la sentencia, por las partes peijudicadas por la misma o sus abogados”. 32 LPRA sec. 2831.

       Aunque el demandado puede perfeccionar su recurso de apelación consig-nando los cánones adeudados en el Tribunal de Primera Instancia, los Arts. 630 y 631 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 2832 y 2836, le dan la opción de elegir a su conveniencia entre la consignación de la deuda o la prestación de la fianza, cuyo monto deberá ser fijado por el tribunal para que el demandado pueda ejercer su derecho a apelar. Por otro lado, valga añadir que este Tribunal, al exami-nar ambos artículos, ha resuelto que deben interpretarse en conjunto como requi-riendo la prestación de una sola fianza y no dos fianzas separadas. Pratts v. Corte, 66 DPR 3 (1946).

       La Exposición de Motivos, en lo pertinente, dispone que
      “[l]o anterior aconseja que sea el Tribunal de Primera Instancia el foro que fije la fianza, como paso previo y jurisdiccional a la radicación del recurso de apelación. Ese Tribunal puede hacerlo con facilidad al emitir sentencia o dentro del término para apelar, a base de la prueba presentada durante la vista en su fondo o en una vista de fijación de fianza, como paso previo y jurisdiccional a la radicación del re-curso de apelación”. (2000 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 2082.
      No obstante, hay que tener presente que estas expresiones, en lo que atañe a la posibilidad de celebrar una vista de fijación de fianza en el término para apelar, fueron hechas bajo un estado de derecho en el que el término para apelar era de treinta días y no de cinco, como lo es ahora.

       Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 378-2000 y el Art. 9 de la Ley Núm. 129-2007. Véase también el Informe Positivo sobre el P. del S. 428, rendido por la Cámara de Representantes, págs. 4-5.

       Así lo reconoció la Comisión de lo Jurídico Civil del Senado en su Informe Positivo sobre el P. del S. 1776 (eventual Ley Núm. 86-2011) el cual, con el propósito de agilizar el procedimiento de desahucio, enmendó el Art. 629 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, y redujo el término para apelar la sentencia de treinta días a cinco días. La Comisión concluyó que

        “[lias enmiendas propuestas en el Proyecto del Senado 1776, tienen como pro-pósito el acortar los términos para el procedimiento de desahucio con el fin de pro-piciar el desarrollo del mercado de arrendamiento de viviendas y salvaguardar el derecho propietario de los arrendadores sin menoscabar el derecho al debido proce-dimiento de ley al demandado”. Informe Positivo sobre el P. del S. 1776, Comisión de lo Jurídico Civil del Senado de Puerto Rico, pág. 4.

       Por otra parte, si el Tribunal de Primera Instancia concluye que el deman-dado se encuentra en un estado de insolvencia y lo exime de prestar fianza, así deberá decirlo en la sentencia.

       Mientras la controversia se encontraba pendiente ante nuestra considera-ción, la recurrida compareció e informó que decidió desistir sin perjuicio de la causa de acción de cobro de dinero, mas no así de la causa de acción por desahucio.


source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo
     Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

license: Public Domain

text:
    Grifols, Inc., Grifols USA, LLC, Grifols Therapeutics, Inc., Grifols Biologicals, Inc. y Cardinal Health PR 120, Inc., peticionarias, v. Caribe Rx Service, Inc., recurrida.

      Números: CC-2014-772
    CC-2014-773

      Resueltos: 30 de junio de 2016

      Mauricio O. Muñiz Luciano y Omayra Sepulveda Vega, de O’Neill & Borges LLC, abogados de la parte peticionaria; Jorge I. Peirats, Jason Aguiló Suro y Carlo E. Zayas Morales, de Pietrantoni Méndez & Alvarez LLC, abogados de las copeticionarias; Salvador Antonetti Zequeira y Luis A. Oliver, de Fiddler, González & Rodríguez, P.S.C., aboga-dos de la parte recurrida.
   SENTENCIA

El 12 de diciembre de 2014 emitimos una Resolución mediante la cual expedimos y ordenamos la consolidación de dos recursos de certiorari presentados ante este Tribunal por los peticionarios. Mediante éstos, se solicitó la re-visión de una determinación del Tribunal de Primera Ins-tancia en la que se le concedió a Caribe Rx Service, Inc. (Caribe Rx) un interdicto provisional referente a la venta de productos manufacturados por Grifols Biologic ais, Inc. (GBI) y Grifols Therapeutics, Inc. (GTI). Ello, pues, el foro primario razonó que Caribe Rx poseía una relación de dis-tribución exclusiva respecto a ambas líneas de productos que estaba siendo infringida por los peticionarios.

En síntesis, en ambos recursos, los peticionarios argu-mentaron que tal proceder fue contrario a lo establecido por este Tribunal en Next Step Medical v. Bromedicon et al., 190 DPR 474 (2014), puesto que la relación contractual entre las entidades Grifols y Caribe Rx no era de exclusividad en torno a los productos de GTI. Por ello, los peticionarios estiman que la concesión del remedio provisional en cuestión tuvo el efecto de rescribir las relaciones contractuales entre las partes y, además, contraviene los preceptos que informan el Artículo 3-A de la Ley de Contratos de Distribución, Ley Núm. 75 de 24 junio de 1964 (10 LPRA sec. 278b-1).

Evaluado el expediente y el Derecho aplicable, se mo-difica el injunction emitido por el foro primario. Por lo tanto, se revoca la prohibición impuesta a las entidades Grifols respecto a la venta de los productos de GTI a Cardinal Health PR 120, Inc. o a cualquiera de sus afiliadas o sucesoras, así como a otros distribuidores para la re-venta en Puerto Rico. Por otra parte, se reafirma dicha prohibición, respecto a las mismas partes, en cuanto a los productos de GBI. Por último, se ordena la continuación de los procedimientos en conformidad con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión de conformidad, a la que se unieron la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez. El Juez Asociado Se-ñor Martínez Torres concurrió e hizo constar la siguiente expresión, a la que se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Feliberti Cin-tron:

Concurro con el resultado, pues la controversia se resuelve por los fundamentos expuestos recientemente en Next Step Medical v. Biomet, Inc., 195 DPR 739 (2016).

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por la

Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

a la que se une la Jueza Pre-sidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado Señor Es-trella Martínez.

Estoy conforme con el dictamen emitido por este Tribunal. Este caso ofrece la oportunidad de determinar la procedencia de una petición de injunction al amparo del Artículo 3-A de la Ley de Contratos de Distribución, Ley Núm. 75 de 24 junio de 1964, según enmendada, 10 LPRA sec. 278b-1, ante unos hechos muy particulares. A saber, es preciso examinar la procedencia del remedio interdictal en el contexto de una relación de distribución compleja donde coexisten acuerdos de distribución exclusiva y no exclusiva. Considerando que este Foro no ha analizado dicha disposición legislativa ante un marco fáctico similar, consigno esta opinión.

El 1 de mayo de 2005 Grifols Biologicals, Inc. (GBI) sus-cribió un contrato de distribución con Caribe Rx Service, Inc. (Caribe Rx) en el que GBI lo designó como distribuidor no exclusivo, para el mercado de Puerto Rico, de sus pro-ductos hemoderivados. Posteriormente, el 16 de enero de 2008, Grifols USA, en representación de GBI, suscribió un nuevo contrato de distribución mediante el cual se le con-cedió a Caribe Rx la distribución exclusiva, para el mer-cado de Puerto Rico, de los productos de GBI.

El 7 de junio de 2010, el Sr. Gregory G. Rich y el Sr. William R. Stopher, presidentes y directores ejecutivos de Grifols, Inc. y Grifols USA, respectivamente, le cursaron una misiva a Caribe Rx. En ésta anunciaron que las enti-dades Grifols adquirirían la corporación Talecris Biothera-peutics, Inc. (Talecris), empresa que manufacturaba pro-ductos hemoderivados, algunos de los cuales competían en el mercado con los productos de las entidades Grifols. Ex-presaron, además, que dicha fusión tendría el resultado de expandir sus operaciones y líneas de productos.

A esos efectos, en mayo de 2011 Caribe Rx sostuvo una conversación vía telefónica con representantes de las enti-dades Grifols en la que éstos le informaron sobre el estado avanzado de los procedimientos relacionados a la adquisi-ción de Talecris y las oportunidades que este negocio produ-ciría para el mercado de Puerto Rico. Así, pues, Caribe Rx presumió que manejaría una nueva cartera de productos como consecuencia de esta fusión corporativa. Finalmente, el 21 de junio de 2011, Grifols anunció que el proceso de adquisición de Talecris había culminado exitosamente.

El 16 de febrero de 2012 se llevó a cabo una reunión, en Carolina del Norte, entre los representantes de Caribe Rx y la nueva gerencia de Grifols USA. Durante ésta, Caribe Rx realizó una presentación en la que expuso las particu-laridades de su negocio, su trayectoria como distribuidor exclusivo de GBI para el mercado de Puerto Rico y sus expectativas sobre el futuro de la relación contractual. Aunque los representantes de Grifols USA le aseguraron a Caribe Rx que continuaría distribuyendo exclusivamente los productos de GBI para el mercado de Puerto Rico, le informaron que no podían ofrecerle, al momento, la distri-bución exclusiva de la nueva línea de productos de Grifols Therapeutics, Inc. (GTI), antigua Talecris. Ello, puesto que existían contratos de distribución vigentes, pactados entre diversos distribuidores y la antigua Talecris, en los que se le reconocía autorización a éstos para distribuir los productos de GTI en el mercado de Puerto Rico.

Por lo tanto, Grifols USA explicó que no podría suscribir documento alguno donde le otorgara exclusividad a Caribe Rx para la distribución de dichos productos, hasta tanto es-tos contratos expiraran. A esos efectos, Grifols USA especuló que dichas relaciones contractuales culminarían para finales del 2012.

En consideración a lo anterior, le delegaron al Sr. Ronald Stephens, gerente de cuentas nacionales de GTI, la enco-mienda de concertar un plan de transición que incorporara la línea de productos de GTI al acuerdo de distribución ex-clusiva de Caribe Rx para el mercado de Puerto Rico. Esto, una vez vencieran los referidos contratos de distribución.

El 13 de marzo de 2012, Grifols USA le cursó a Caribe Rx un nuevo borrador de contrato. Éste se diferenciaba de los pactados anteriormente, ya que establecía una distinción entre los productos que Caribe Rx podría distribuir de forma exclusiva y aquellos que sólo podría distribuir de forma no exclusiva. A saber, Caribe Rx continuaría manejando la dis-tribución exclusiva de los productos de GBI, tal y como lo hizo desde el 2008 hasta el 2011. No obstante, la nueva línea de productos de GTI sería distribuida de forma no exclusiva, en atención a lo que los representantes de Grifols USA le informaron a Caribe Rx durante la reunión de febrero de 2012.

Como respuesta, el 16 de marzo de 2012, Caribe Rx le envió una comunicación a Grifols USA en la que identificó aquellos aspectos del contrato con los que estaba en des-acuerdo; particularmente, lo relacionado con la distribu-ción no exclusiva de los productos de GTI. Posteriormente, el 23 de marzo de 2012, el Sr. Joel Abelson, presidente de las operaciones comerciales de Grifols USA en Norteamé-rica, le envió a Caribe Rx un correo mediante el cual in-formó que designó personal de su equipo de trabajo para atender las incomodidades señaladas y expresó: “[n]othing has changed in terms of our intentions since our meeting in North Carolina. [...] Please continue to work with our team on these various issues so that we can come to an agreement that works for both companies”. Apéndice, pág. 866.

Durante el proceso de negociación, mientras sostenían una conversación vía telefónica con Caribe Rx, los repre-sentantes de Grifols USA reafirmaron que no era posible reconocer en el contrato que cancelarían relaciones de dis-tribución prexistentes, ya que ello podría exponerlos a in-currir en incumplimiento contractual. Asimismo, reitera-ron que era necesario esperar al vencimiento de dichos contratos para enmendarlos y garantizarle a Caribe Rx la distribución exclusiva respecto a los productos de GTI.

Así las cosas, durante el mes de abril del 2012, Grifols, Inc., GTI y GBI suscribieron un contrato de distribución con Caribe Rx para el periodo de 1 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2012. Conforme al resultado de las negocia-ciones entre las partes, la cláusula 1 disponía que Caribe Rx sería el distribuidor exclusivo de los productos de GBI y un distribuidor no exclusivo de los productos de GTI para el mercado de Puerto Rico. Dicho contrato contenía, ade-más, una cláusula en la que se estipuló, en lo pertinente, que este acuerdo era el único que regía las relaciones de distribución ahí contempladas, desplazando cualquier otro pacto al que hubieran llegado las partes con anterioridad al mismo.

Posteriormente, el 1 de noviembre de 2012, conforme a lo estipulado en el contrato, Caribe Rx le notificó a Grifols USA su intención de renovarlo. Como respuesta, Grifols USA le envió un borrador de enmienda; no obstante, en éste no se contempló la relación de distribución exclusiva respecto a los productos de GTI. Por ello, el 29 de enero de 2013, Caribe Rx, al entender que los contratos de distribu-ción prexistentes ya no eran un obstáculo, le solicitó a Gri-fols USA que incluyeran los productos de GTI bajo su dis-tribución exclusiva. Grifols USA acusó recibo de dicha comunicación e indicó que respondería a la misma.

Nótese que durante los meses de diciembre de 2012 y enero de 2013, Grifols USA y Cardinal Health 108, Inc. (Cardinal Health 108) suscribieron un contrato de distri-bución no exclusiva para el 2013, respecto a los productos de GTI, que comprendía el mercado de Estados Unidos y otros mercados. En dicho acuerdo se estipuló, además, que Cardinal Health 108 no podría vender directamente los productos de GBI en el mercado de Puerto Rico.

En febrero de 2013, Caribe Rx sostuvo una reunión de negocios con Cardinal Health PR 120, Inc. (Cardinal Health 120). Durante dicha reunión, Cardinal Health 120 no re-conoció que Caribe Rx manejara la distribución exclusiva de los productos de GTI. En consecuencia, Caribe Rx le solicitó a Grifols USA que le aclarase a Cardinal Health 120 que era el distribuidor exclusivo de los productos de Grifols, inde-pendientemente de quién los manufacturase, a saber, GBI o GTI. Luego de sostener varias conversaciones vía telefónica sobre el particular, Grifols USA le informó a Caribe Rx que no sería factible concederle la distribución exclusiva de los productos de GTI, ya que no sería posible cancelar las rela-ciones contractuales vigentes para así hacerlo.

Como consecuencia, el 18 de abril de 2013, Caribe Rx presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Ins-tancia contra las entidades Grifols y Cardinal Health 120. En ésta, alegó violación a la Ley de Contratos de Distribución, Ley Núm. 75 de 24 junio de 1964, según enmendada, 10 LPRA secs. 278-278e; incumplimiento de contrato, e in-terferencia torticera con una relación contractual. Asi-mismo, presentó una Moción Solicitando Remedio Provisional en virtud del Artículo 3-A de la precitada disposición legal.

Luego de múltiples incidentes procesales, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la celebración de una vista evi-denciaría para resolver la solicitud de remedio provisional. La misma se llevó a cabo el 20 de marzo y el 15 de abril de 2014. En ésta, se recibió extensa prueba do-cumental y testificaron el Ledo. Rafael Emanuelli, vicepre-sidente de Caribe Rx, y el Sr. Jim Vollins, oficial superior de la división legal de GTI.

Celebrada la vista, el 2 de mayo de 2014, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución y Orden, mediante la cual ordenó a Grifols, Inc., Grifols USA, GBI y GTI que se abstuviesen de menoscabar los derechos de Caribe Rx du-rante la pendencia del pleito. Por ello, el foro primario or-denó cesar y desistir de la venta de productos de Grifols, incluyendo aquellos manufacturados por la antigua Tale-cris, a Cardinal Health 120 y cualquiera de sus afiliadas y sucesoras, así como a otros distribuidores para la reventa en el mercado de Puerto Rico.

Las entidades Grifols y Cardinal Health 120 presenta-ron recursos de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. En síntesis, argüyeron que erró el foro primario al conce-der el remedio provisional. No obstante, el 30 de junio de 2014, el foro apelativo intermedio emitió una Resolución en la que denegó la expedición del recurso solicitado.

Al igual que el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones razonó que las conversaciones previas a la firma del contrato del 2012 concedían un derecho de dis-tribución exclusiva a Caribe Rx, tanto para los productos de GBI como los de GTI, una vez vencidos los contratos de la antigua Talecris para finales del 2012. El 29 de julio de 2014, Cardinal Health 120 presentó una Solicitud de Re-consideración ante el foro apelativo intermedio, la cual fue denegada mediante Resolución el 13 de agosto de 2014.

Inconformes, tanto Cardinal Health 120 como las enti-dades Grifols presentaron peticiones de certiorari ante este Tribunal. En síntesis, ambos peticionarios arguyen que erraron los foros recurridos al conceder el remedio provisional en cuestión. En lo pertinente, argumentan que dicho proceder fue contrario a derecho, puesto que contravenía nuestros pronunciamientos en Next Step Medical v. Bromedicon et al., 190 DPR 474 (2014). Particularmente, funda-mentaron su contención en que el contrato vigente entre las entidades Grifols y Caribe Rx dispuso, de forma diá-fana, el carácter no exclusivo de la relación de distribución referente a los productos de GTI y la revocación de cual-quier acuerdo anterior al que hayan llegado las partes.

En consideración a lo anterior, los peticionarios plan-tean que el proceder de los tribunales recurridos tuvo el efecto de reformular las relaciones jurídicas entre las par-tes, concediéndole a Caribe Rx una relación de exclusivi-dad que nunca tuvo. Por último, resaltan que tal resultado atenta contra el propósito de los remedios contemplados en el Artículo 3-A de la Ley Núm. 75, supra, a saber, conser-var el statu quo respecto a las relaciones jurídicas entre las partes.

El 12 de diciembre de 2014 este Tribunal emitió una Resolución mediante la cual se ordenó la consolidación de ambos casos. Con el beneficio de las comparecencias de las partes, evalúo la presente controversia.

i—I i—I

A

Aunque el desarrollo de las relaciones comerciales ha dado paso a una multiplicidad de métodos para configurar los negocios jurídicos, el contrato subsiste como su piedra angular. Éste, en esencia, es una “convención o acuerdo de voluntades por el que se crean, modifican o extinguen re-laciones jurídicas de contenido patrimonial”. J. Puig Brutau, Fundamentos de derecho civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. II, Vol. 1, pág. 10.

El Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3371, dispone que un contrato existe desde que una o varias personas consienten a obligarse respecto de otra u otras. Así, pues, su existencia está condicionada a un punto clave en el tiempo donde se armonizan intereses opuestos mediante un acuerdo de voluntades. L. Diez-Picazo, Fundamentos de derecho civil patrimonial, 6ta ed., Navarra, Ed. Aranzadi, 2007, T. I, pág. 95; J.L. Concepción Rodríguez, Derecho de contratos, Barcelona, Ed. Bosch, 2003, pág. 54; Puig Brutau, op. cit., págs. 167-168.

A esos efectos, la doctrina tradicional desglosa la vida de un contrato en tres etapas, a saber: la generación, el per-feccionamiento y la consumación. Para resolver esta con-troversia, es preciso distinguir las primeras dos. En primer lugar, la generación “trata de un período preparatorio, que da como resultado una serie de actos, de los cuales surge el consentimiento contractual”. Diez-Picazo, op. cit., pág. 331. Durante esta fase pueden llevarse a cabo conversaciones, intercambios de información y posibles adelantos de condi-ciones contractuales que den paso a tratos preliminares. Conviene reiterar que éstos “no suponen la fijación defini-tiva de una oferta contractual, sino la realización de actos preparatorios de un (eventual e hipotético) contrato que a, la postre, puede llegar a celebrarse o no”. C. Lasarte Álvarez, Principios de derecho civil, 4ta ed., 1996, T. 2, pág. 65. Véase, además, J. Santos Briz, Los contratos civiles: nuevas perspectivas, Granada, Ed. Comares, 1992, pág. 74.

Los principios jurídicos que entran en función durante la referida etapa precontractual deben ser cónsonos con la oscilación que caracteriza las negociaciones entre las partes. Por ello, hemos reconocido, de forma reiterada, que “[e]s un principio básico del derecho de obligaciones que nadie está obligado a contratar”. Colón v. Glamourous Nails, 167 DPR 33, 44 (2006). Por lo tanto, “las partes no están obligadas a proseguir con las negociaciones hasta perfeccionar el contrato, sino que están en libertad de con-traer el vínculo o de retirarse, según convenga a sus mejo-res intereses”. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113 DPR 517, 526 (1982). Claro está, ello sujeto al principio de buena fe que impera en nuestro derecho contractual.

Concluida la etapa precontractual, es necesario que la voluntad interna de las partes se manifieste y que no haya desavenencias entre lo querido y lo declarado en cuanto al objeto y la causa del contrato. Véase Artículo 1214 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3401. Ahora bien, es necesario aclarar que no toda manifestación de voluntad puede ser considerada como suficiente para configurar la formación de un contrato. Díez-Picazo, op. cit., pág. 187. La voluntad suficiente es aquella manifestada con conciencia de las consecuencias prácticas que han de establecerse tras su exteriorización, así como de los efectos jurídicos que vincu-larán a los contratantes. Véase M. Planiol y G. Ripert, Tratado elemental de derecho civil, 4ta ed., 2003, T. 5, pág. 21. “ [Precisamente esta idea del consentimiento contractual como voluntad de crear una vinculación y como voluntad de vincularse permite separar los genuinos contratos de los que pueden ser considerados acuerdos no vinculantes [...] ”. Díez-Picazo, op. cit., pág. 189.

Examinado lo anterior, resulta “obvio que determinar el momento de perfección del contrato es asunto de extraor-dinaria importancia y no una mera cuestión teórica, pues a partir de dicho momento la oferta dejará de ser tal [y] po-drán compelerse las partes al cumplimiento del contrato”. Lasarte Álvarez, op. cit., pág. 61.

B

La interpretación de los contratos conlleva un ejercicio de indagación dirigido a identificar la real voluntad de las partes. Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 713 (2006); Merle v. West Bend Co., 97 DPR 403, 409-410 (1969). A través de este proceso, se intenta “reconstruir el sentido de una declaración negocial [sic] para conseguir los efectos deseados por las partes”. Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 DPR 161, 174 (1989). Claro está, dicho ejercicio se debe contextualizar en el principio de la auto-nomía de libertad de contratación. Véanse: 31 LPRA sec. 3372; Coop. Sabanera v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 (2011); VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21, 33 (2010); BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 693 (2008).

El Código Civil sienta las pautas para la interpretación contractual. “Como se sabe[,] la tendencia de los tribunales es [...] limitar la interpretación a los casos en que se haga verdaderamente necesaria”. Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 537 (1997). Por ello, como punto de partida, el Artículo 1233 del Código Civil establece que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contra-tantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. 31 LPRA sec. 3471. Véanse: C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 450 (2007); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 726 (2001); Marcial, supra, pág. 536. “Dicho cri-terio objetivo exige que la voluntad no manifestada quede descartada en interés de la buena fe y de la seguridad de las transacciones. Hay que exceptuar el especial tratamiento que corresponde a los casos de error mutuo (disenso) y de fraude”. (Énfasis suplido). Puig Brutau, op. cit., pág. 169.

Cabe señalar, además, que “[l]os términos de un contrato son claros cuando son suficientes en contenido para ser en-tendidos en un único sentido, sin dar lugar a dudas o con-troversias, sin diversidad de interpretaciones y sin necesi-tar, para su comprensión, razonamientos o demostraciones susceptibles de impugnación”. C.F.S.E., supra, pág. 450.

Por otra parte, la segunda oración del precitado artículo dispone que, si las palabras aparentaran ser contrarias a la intención de las partes, esta última prevalecerá sobre aquellas. Véanse: 31 LPRA sec. 3471; VDE Corporation, supra, pág. 35. El Artículo 1234 del Código Civil establece lo que el juzgador deberá considerar para evaluar la intención, a saber: “los actos de éstos [los contratantes] coetáneos y posteriores [...] 31 LPRA sec. 3472. Hemos establecido que el contenido de esta disposición no constituye una limi-tación a las herramientas de hermenéutica, por lo que “[e]ste precepto es de carácter demostrativo no taxativo y, por lo tanto, no impide que se tomen en consideración actos anteriores a la contratación. Después de todo, los actos pre-parativos del contrato son muchas veces más imparciales que los posteriores”. Ramírez, Segal & Látimer, supra, pág. 174. Véanse: Municipio Mayagüez, supra, pág. 724; Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 853 (1991); Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 DPR 64, 69-70 (1983).

Además, cabe resaltar que “el principio de lealtad incide sobre la interpretación de los contratos. Es decir, cuando resulta necesario determinar cuál fue la común voluntad de los contratantes, se entiende que éstos quisieron expresarse como lo hubiera hecho una persona de buena fe”. Municipio Mayagüez, supra, pág. 724. Por lo tanto, “no se puede buscar oscuridad ni tergiversar la interpretación de los contratos para llegar a resultados absurdos o injustos”. S.L.G. Irizarry, supra, pág. 726. Véase VDE Corporation, supra, pág. 36.

Por otro lado, hemos reconocido que la interpretación de la declaración de voluntad no se puede realizar en el vacío. Por ello, se debe tomar en consideración la ocasión, las circunstancias, las personas y el acuerdo que se in-tentó llevar a cabo. Véase Ramírez, Segal & Látimer, supra, pág. 174. Asimismo, hemos comentado que “[e]n la determinación sobre cuál ha sido la intención de las par-tes al contratar, resulta de suma importancia tomar en consideración quiénes son las partes, en particular sus experiencias y conocimientos especializados sobre la ma-teria sobre la cual versa el contrato”. Unisys, supra, pág. 853. A esos efectos, y de pertinencia al caso de autos, al disponer de una controversia donde una de las partes con-tratantes era un profesional del Derecho, determinamos que “[e]s preciso que tengamos en cuenta el hecho de que la aquí recurrente es abogada y no una persona lega, por lo que no desconoce la terminología y las condiciones con-tractuales bajo las cuales se llevan a cabo este tipo de negocios jurídicos”. CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, 141 DPR 27, 39 (1996).

Por último, “[u]na vez se determina lo que las partes acordaron, el juzgador debe resolver las controversias entre las partes acorde a lo estipulado”. C.F.S.E., supra, pág. 451.

I—1 l-H f—i

La Ley de Contratos de Distribución reglamenta la terminación de las relaciones contractuales entre los dis-tribuidores de productos y servicios en el mercado de Puerto Rico y aquellos principales o concedentes que los emplean. Véanse: Pacheco v. Nat’l Western Life Ins. Co., 122 DPR 55, 62-63 (1988); Marina Ind., Inc., supra, pág. 64. Considerando que las relaciones de distribución son vi-tales para la economía, el interés público y el bienestar general de nuestro País, la Legislatura aprobó esta medida con el propósito de implantar un esquema regulatorio que propiciara una estabilidad razonable en el ámbito de los negocios jurídicos que las componen. Véanse: Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR 378, 398 (1973); Walborg Corp. v. Tribunal Superior, 104 DPR 184 (1975).

Con tal de impartirle efectividad a los postulados de esta legislación, se estableció una causa de acción de carácter torticera a favor de los distribuidores. Ésta contempla aque-llas circunstancias en las cuales, de manera arbitraria: (1) se efectúa una terminación de un contrato de distribu-ción; (2) se produce un menoscabo de la relación contractual, o (3) se deniega su renovación. En consecuencia, la Ley Núm. 75 priva al principal o concedente de realizar dichas actuaciones, excepto en instancias donde medie justa causa para ello. 10 LPRA secs. 278a y 278a-1. “Nótese que la justa causa se limita a actos imputables al distribuidor. Sola-mente cuando el distribuidor incurra en incumplimiento de algunas de las condiciones esenciales o afecte adversamente en forma sustancial los intereses del principal, éste puede dar por terminado el contrato sin reparación de daños”. Warner Lambert Co., supra, pág. 400. Véase, además, Medina & Medina v. Country Pride Foods, 122 DPR 172, 186 (1988).

De otra parte, cónsono con el propósito que persigue la Ley Núm. 75, el legislador le confirió a los tribunales el po-der de conceder remedios provisionales o medidas de natu-raleza interdictal durante el curso de un litigio al amparo de esta ley. Véase Next Step Medical, v. Biomet, Inc,, 195 DPR 739 (2016). Ello, pues, se interesaba “evitar la realización de actos que podrían producir daños irreparables, mientras se dilucida la existencia o no, de justa causa para la termina-ción de la relación contractual”. (Énfasis suplido). Véase Next Step Medical, 190 DPR, supra, pág. 490. Ahora bien, debo puntualizar que el propósito de estos remedios es “evita[r] el debilitamiento del distribuidor en esta etapa crucial del conflicto y nivela[r] el poder real de las partes. A manera de un primer auxilio, equivale a un torniquete que evita que se desangre el distribuidor mientras reclama los derechos consagrados en la Ley Núm. 75 [...] ”. (Énfasis suplido). Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’l, 123 DPR 379, 387 (1989).

Recientemente, en Next Step Medical, 190 DPR, supra, reconocimos que el remedio interdictal preceptuado en el Artículo 3-A de la Ley Núm. 75 es de origen estatutario que requiere un tratamiento especial. Esto es, el análisis para determinar su procedencia debe realizarse estableciendo un balance entre los criterios rectores para la expedición del injunction clásico y la política pública que persigue en la referida ley. Ahora bien, en esa ocasión advertimos que “aunque la Ley Núm. 75 fue expresamente promulgada para proteger los intereses de los distribuidores, la conce-sión de su remedio extraordinario no puede ser automática”, Íd., pág. 498.

Evaluados los fundamentos que emplearemos al consi-derar la expedición del remedio en cuestión, es necesario ilustrar los criterios particulares a ser examinados. En primer lugar, el juzgador debe determinar si la parte peticio-naria evidenció que es un distribuidor, según definido por la Ley Núm. 75. Satisfecho este criterio de umbral, procede examinar los intereses de las partes, enmarcados en los propósitos de la política pública comprendidos en esta ley. Para ello, se debe ponderar lo siguiente: (1) la naturaleza de los daños que puede provocarle a la parte peticionaria la denegatoria del remedio solicitado; (2) el impacto del re-curso sobre el interés público, y (3) las razones por las cua-les se debe mantener el vínculo contractual vigente vis a vis la posibilidad de que la causa se torne académica.

Por último, es esencial puntualizar que este Tribunal decidió, en Next Step Medical, 190 DPR, supra, que si la petición del interdicto preliminar se basa en el “menoscabo sufrido como consecuencia de que el principal [haya] infringido] un acuerdo de exclusividad con el distribuidor [...] le corresponde a este último demostrar en la segunda parte del escrutinio el alegado carácter de exclusividad del pacto en relación a los demás criterios requeridos para la concesión del recurso”. Id., pág. 502.

IV

Como anticipé, los peticionarios arguyen que los foros recurridos erraron al conceder el remedio interdictal pro-visto en el Artículo 3-A de la Ley Núm. 75. Por lo tanto, la controversia exige determinar la procedencia de ese reme-dio provisional conforme a los hechos antes reseñados.

En primer lugar, no hay duda de que Caribe Rx es un distribuidor conforme a la Ley Núm. 75. Ello queda de ma-nifiesto tras un análisis de la relación contractual de dis-tribución que poseyó con las entidades Grifols desde el 2005.

Satisfecho ese criterio de umbral, precisa determinar si Caribe Rx, al momento de solicitar el remedio provisional, tenía la distribución exclusiva de los productos de las enti-dades Grifols, incluyendo aquellos manufacturados por GTI. Conforme a los principios de interpretación contractual reseñados, comienzo por examinar las disposiciones del contrato de distribución que suscribieron Grifols USA y Caribe Rx en abril del 2012.

Según surge de los hechos, el referido contrato delineó el carácter de la relación de distribución entre las partes contratantes. En particular, Caribe Rx figuró como distri-buidor no exclusivo de los productos de GTI y se hicieron constar las razones por las cuales Grifols USA no podía otorgarle la distribución exclusiva de dichos productos —sin sujeción al futuro vencimiento de algún contrato prexistente—. Del mismo modo, Caribe Rx se comprometió a no hacer reclamación alguna respecto a la distribución exclusiva de los productos de GTI.

Asimismo, es esencial reiterar que en dicho contrato se incluyó una cláusula mediante la cual, en lo pertinente, se estipuló que el contrato: (1) constituía el único pacto entre las partes, y (2) desplazaría cualquier acuerdo previo res-pecto a los asuntos ahí contemplados.

A pesar de que el lenguaje de las referidas disposiciones es claro, Caribe Rx argumenta que, previo a su constitu-ción, Grifols USA le concedió la distribución exclusiva en cuestión y tal acuerdo debió cobrar vigencia a inicios del 2013. Con tal de erradicar las suspicacias que puedan le-vantar planteamientos de esta índole, este Tribunal “no ha vacilado en indagar más a fondo sobre cuál ha sido la ver-dadera intención de las partes [...] ”. Marcial, supra, pág. 536. Por ello considero, si bien someramente, los actos an-teriores, coetáneos y posteriores a la otorgación del refe-rido contrato.

Los sucesos anteriores al perfeccionamiento del contrato se limitan a conversaciones, de ambas partes, sobre inten-ciones y posibles propuestas para la concesión a Caribe Rx de la distribución exclusiva de los productos de GTI. Soy del criterio que dichos actos no entrañaron la concreción de una relación propiamente contractual. En particular, ello es evi-dente al contrastar la actuación de las partes previo al envío del borrador de contrato y aquella manifestada con posterioridad. Las negociaciones que se suscitaron en ese momento, donde se cursaron múltiples borradores de en-miendas y se llevaron a cabo un sinnúmero de conversacio-nes vía telefónica y vía electrónica, constituyeron el punto de encuentro de voluntades que debían armonizarse para dar paso al perfeccionamiento de la relación contractual.

Evidentemente, Caribe Rx, por conducto de su vicepre-sidente —quien es un profesional del Derecho—, intentó concretar aquellas intenciones y propuestas que ambas partes habían desarrollado durante el transcurso de las negociaciones. Ahora bien, la firma del contrato en cues-tión demuestra que Caribe Rx aceptó los términos y las condiciones con que ambas partes lograron estar de acuerdo.

Posteriormente, tras la manifestación de intención de Caribe Rx de renovar el contrato en cuestión, Grifols USA mantuvo inalterada su oferta respecto a la relación de dis-tribución que sostendría con Caribe Rx. En ese momento, Caribe Rx estaba llamado a reanudar un proceso de nego-ciación para que su interés de convertirse en distribuidor exclusivo de los productos de GTI se hiciera parte del con-trato a perfeccionarse. Ello, puesto que no podía pretender que Grifols USA se viera obligado por intenciones y pro-puestas previas que no se concretaron en una relación contractual y fueron, efectivamente, desplazadas por la preci-tada cláusula suscrita por ambas partes.

Dar curso al planteamiento de Caribe Rx sería atentar contra el aludido principio de lealtad, con tal de imponer la voluntad de una de las partes que no logró su cometido de configurar la relación contractual conforme a todos sus intereses. Dicho proceder tendría el resultado de menosca-bar la seguridad de las relaciones contractuales que nues-tro ordenamiento jurídico busca proteger. Además, ello trastocaría el carácter del contrato de distribución que se distingue “ £por su continuidad, estabilidad, confianza mu-tua [y] coordinación entre ambas partes en calidad de em-presarios independientes, sin subordinación jerárquica5 ”. (Énfasis en el original). Lorenzana v. Gen. Accid. Ins. Co., 154 DPR 547, 553 (2001).

Por estas razones, estimo que la presunta relación de exclusividad, en lo que concierne a los productos de GTI, no se perfeccionó. Consecuentemente, concluyo que erró el Tribunal de Primera Instancia al conceder el interdicto preliminar con relación a los productos de GTI, que fuera avalado, sin más, por el Tribunal de Apelaciones.

Ahora bien, considerando que la controversia de autos versa sobre la concesión de un remedio provisional res-pecto a dos líneas de productos, resta por determinar si procedía la concesión del interdicto provisional en cuanto a los productos de GBI.

Concluyo, en primer lugar, que Caribe Rx probó efecti-vamente que tenía una relación de distribución exclusiva vigente respecto a dichos productos. Ello queda de mani-fiesto al evidenciarse la renovación de la relación contractual con las entidades Grifols para el 2013, conforme al procedimiento estipulado en el contrato. Véase escolio 6.

Por lo tanto, en el contexto de estos productos, corres-ponde sopesar los intereses de las partes con la política pú-blica que orienta la concesión del remedio solicitado. Según surge de las determinaciones de hechos que realizó el Tribunal de Primera Instancia, Caribe Rx expuso la naturaleza de los daños que sufrirían de denegarse el remedio provisional. A esos efectos, el foro primario expresó que “[djurante la vigencia de la relación entre Grifols y Caribe Rx, Cardinal [Health 120] ha ofrecido, a través de su sis-tema electrónico de venta para Puerto Rico, los productos Grifols fabricados por Grifols Biological Apéndice, pág. 1171. En particular, Caribe Rx planteó que las actuaciones de los peticionarios podrían repercutir en una reducción de su volumen de ventas y tienen el efecto de concederle a Cardinal Health 120 los beneficios resultantes del mercado que desarrolló Caribe Rx para los productos de GBI en Puerto Rico, a su costo y su favor, mediante diversas estrategias y actividades de promoción, desde que comenzó su relación contractual con las entidades Grifols.

Por otra parte, los peticionarios no presentaron eviden-cia tendente a demostrar los efectos, si alguno, de cómo se verían afectados por la concesión del remedio solicitado respecto a los productos de GBI. Véase Next Step Medical, supra, pág. 16. Estimo que ello es así, debido a la patente claridad del contrato de distribución entre Caribe Rx y las entidades Grifols respecto a la relación de distribución ex-clusiva sobre estos productos y la imposibilidad de que Cardinal Health 120, sus afiliadas o sucesoras, y otros dis-tribuidores, distribuyan directamente los productos de GBI en el mercado de Puerto Rico.

Según reseñé, la Ley Núm. 75, supra, tiene como propó-sito proveer una defensa a los intermediarios que repre-sentan productos o servicios en los diversos niveles de una cadena de distribución. En concreto, la intención de esta medida es detener aquellas prácticas indebidas que tengan el efecto de terminar o menoscabar, sin causa justificada, las relaciones con los distribuidores luego de que éstos han cre-ado un mercado favorable para sus productos. Esto, pues, dichos actos frustrarían “ ‘las legítimas expectativas e inte-reses de los que tan eficientemente han cumplido con sus responsabilidades’”. Walborg Corp., supra, pág. 188. Véase, además, J. Soler Motors v. Kaiser Jeep Int’l, 108 DPR 134 (1978). En lo práctico, esta ley persigue nivelar las condicio-nes de contratación de dos grupos económicamente dispares. Medina & Medina, supra, pág. 183; Walborg Corp., supra, pág. 189.

El Artículo 3-A de la Ley Núm. 75 establece que el tribunal podrá conceder cualquier remedio provisional “[e]n cual-quier pleito en que esté envuelta directa o indirectamente la terminación de mi contrato de distribución o cualquier acto en menoscabo de la relación establecida entre el principal o concedente [...] 10 LPRAs ec. 278b-1. Soy del criterio que el proceder de los peticionarios entraña un acto en menoscabo de la relación de distribución exclusiva entre Caribe Rx y las entidades Grifols respecto a los productos de GBI. Por lo tanto, determinar que el remedio solicitado es improcedente en cuanto a esta línea de productos atentaría contra la po-lítica pública consagrada en los postulados de la Ley Núm. 75. En sí, dicho resultado tendría un impacto negativo en el interés público ya que haría inefectivos los remedios provis-tos por esta ley.

Consecuentemente, los tribunales inferiores, respecto a los productos de GBI, actuaron en consonancia con el man-dato legislativo consagrado en el Artículo 3-A de la Ley Núm. 75 al mantener el estado de las relaciones contractua-les vigentes y evitar que la causa de acción se tornara académica.

V

Por los fundamentos que anteceden, resulta forzoso con-cluir que erró el Tribunal de Primera Instancia, al igual que el foro apelativo intermedio, al conceder un remedio in-terdictal a favor de Caribe Rx respecto a los productos de GTI. Por consiguiente, tal y como dispone una mayoría de este Tribunal, corresponde modificar la orden de injunction con tal de eliminar la prohibición impuesta a las entidades Grifols respecto a la venta de productos de GTI. Asimismo, estimo adecuado reiterar la procedencia de la prohibición de venta con relación a los productos de GBI, para los cuales Caribe Rx poseen una relación de distribución exclusiva.

       La controversia involucra varias entidades Grifols que deben ser diferencia-das, a saber: Grifols, Inc. es una corporación organizada en el estado de Virginia que figura como la matriz de las entidades Grifols USA LLC (Grifols USA), Grifols Bio-logicals, Inc. (GBI) y Grifols Therapeutics, Inc. (GTI).

       Grifols USA y Caribe Rx Service, Inc. (Caribe Rx) renovaron dicho contrato en tres ocasiones, por lo que Caribe Rx tuvo a su cargo la distribución exclusiva de los productos de GBI hasta el 31 de diciembre de 2011.

       El 10 de agosto de 2011 se enmendó el certificado de incorporación de Tale-cris, ante el Departamento de Estado del estado de Delaware, para cambiar su nom-bre a Grifols Therapeutics, Inc. (GTI).

       Véase Apéndice, pág. 867 {“Territory. Subject to Distributor’s compliance with all the terms and conditions of this Agreement, Distributor is, as of the Effective Date, the exclusive Authorized Distributor of Record (“ADR”) for the Products made by Grifols Biological, Inc. and identified in Exhibit A and the non-exclusive ADR for the Products identified in Exhibit B (individually the “Product” or collectively the “Products”) in Puerto Rico (the “(territory”). Distributor acknowledges that Grifols is unable to grant exclusive distribution rights for the Products made by Grifols Therapeutics Inc. and identified in Exhibit B due to valid pre-existing contracts entered into by the prior owner of such products; and therefore, Distributor shall not make any claim asserting exclusive rights to the Products identified in Exhibit B. Distributor shall resell Products only within the Territory. The Agreement grants no rights to Distributor outside the Territory"). (Énfasis en el original).

       Véase Apéndice, pág. 875 (“Entire Agreement /Waiver. This Agreement constitutes the entire Agreement between the parties with respect to its subject matter and supersedes all prior and contemporaneous understandings and agreements. The terms and conditions of this Agreement may not be waived, modified or amended in any way by conduct, custom or course of dealing; instead, they may be waived only by a written document signed by both parties, The waiver by a party of any term or condition of this Agreement shall not be deemed to be a waiver of any subsequent breach by the other party of the same term or condition or any other term or condition of this Agreement. The subsequent acceptance of performance by a party of any breached term or condition of this Agreement shall not be deemed to be a waiver of any preceding breach by the other party of the same term or condition or any other term or condition of this Agreement, regardless of whether the accepting party knew or did not know of the preceding breach at the time of acceptance of such performance”).

       Véase Apéndice, pág. 867 (“Term; Extended Terms. The Agreement shall remain in effect from the Effective Date until and including the End Date of December 31, 2012 (the “Term”); provided, however, that Distributor shall have the right to renew this Agreement beyond the Term, for subsequent periods of one year (the “Extended Terms”). Should Distributor decide to exercise the right to renew this Agreement beyond the Term, or beyond the conclusion of each of the Extended Terms, it shall notify the Company of its intent to renew the Agreement in writing not later than sixty (60) days prior to the expiration of the Term or the expiration of each of the Extended Terms, as the case may be, but not more than 180 days prior to the expiration of the (term or Extended Terms. As provided in applicable laws and in this Agreement, the Company shall have the right to terminate this Agreement for just cause, at any time, upon Distributor’s repeated failure to comply with the essential obligations of this Agreement. This Agreement may be likewise terminated, at any time, by mutual written consent of the Company and Distributor”).

       Cabe destacar que Cardinal Health 108, corporación organizada en el estado de Tennessee, es una entidad distinta a Cardinal Health PR 120, Inc. (Cardinal Health 120). Esta última es una corporación organizada al amparo de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Según las determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia, ésta vende productos hemoderivados de varios ma-nufactureros, incluidos los productos de las entidades Grifols, en el mercado de Puerto Rico.

       Las entidades Grifols presentaron ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico un Notice for Removal, aduciendo que dicho foro era el que tenía jurisdicción para resolver la controversia. No obstante, el 31 de octubre de 2013, el Tribunal de Distrito, mediante orden, se declaró sin jurisdicción para aten-der la controversia y devolvió el caso al foro primario. En ese entonces, las entidades Grifols le solicitaron al foro de instancia que resolviera diversas mociones de deses-timación, presentadas ante el Tribunal de Distrito, bajo el fundamento de que el contrato de distribución contenía una cláusula de selección de foro que impedía a este tribunal atender la controversia. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha petición. Finalmente, las entidades Grifols acudieron oportunamente ante el Tribunal de Apelaciones. No obstante, el 14 de abril de 2014, dicho foro emitió una Reso-lución en la que denegó el recurso de certiorari presentado.

       Véase J. Puig Brutau, Fundamentos de derecho civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. II, Vol. 1, págs. 228-229 (“No se trata de investigar la voluntad interna de uno de los contratantes que no haya podido influir en la determinación de la otra parte contratante. El proceso interpretativo ha de demostrar que, al perfec-cionarse el contrato, las partes adoptaron su decisión en atención a circunstancias que pudieron tener en cuenta. Como dice Lacruz, el intérprete debe investigar la voluntad interna de las partes, pero no para imponerla incondicionalmente, sino para determinar lo que hay de común en la decisión que adopten”). Véase, además, J. Santos Briz, Los contratos civiles: nuevas perspectivas, Granada, Ed. Comares, 1992, págs. 172-173.

       Para propósitos de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, un distribuidor es aquella “[p]ersona realmente interesada en un contrato de distribución por tener efectivamente a su cargo en Puerto Rico la distribución, agencia, concesión o repre-sentación de determinada mercancía o servicio”. 10 LPRA sec. 278. Por otra parte, un principal o concedente es aquella “[p]ersona que otorga un contrato de distribución con un distribuidor”. íd,

       La causa de acción que provee este estatuto puede ser utilizada para proteger tanto contratos de distribución exclusiva como aquellos de distribución no exclusiva. Véanse: Next Step Medical v. Bromedicon et al., 190 DPR 474, 493-494 (2014); P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 502 (2005); Lorenzana v. Gen. Accid. Ins. Co., 154 DPR 547 (2001); San Juan Merc. v. Canadian Transport Co., 108 DPR 211 (1978).

        Un Next Step Medical, supra, además, esclarecimos que la parte peticionaria de este remedio no tiene que necesaria o forzosamente probar lo siguiente: (1) la existencia de daños irreparables; (2) la falta de justa causa para el menoscabo o terminación del vínculo contractual, y (3) la probabilidad de prevalecer en el juicio en su fondo. Esto, como se sabe, sería imperativo si se tratara de un injunction en otro contexto que no fuera al amparo de la ley especial que nos ocupa.

       Surge del expediente que Caribe Rx, al comprar los productos de las enti-dades Grifols, adviene dueño de éstos. Desde entonces, Caribe Rx controla el manejo, almacenamiento y reventa de dichos productos. Consecuentemente, éste asume el riesgo de su pérdida o expiración. Por otra parte, Caribe Rx realiza, por ejemplo, aquellas gestiones de cobro pertinentes y asume todo riesgo y pérdida relacionados con el manejo de los referidos productos. Por último, no cabe duda que Caribe Rx realiza, a su costo, diversas gestiones de promoción y mercadeo para aquellas líneas de productos Grifols que maneja. Apéndice, págs. 1272-1273.


text:
      In re Integración de Salas de Verano.

      Número: ES-2016-3

      Resuelto: 8 de julio de 2016
   RESOLUCIÓN

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 4 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, se constituyen las siguientes Salas de Verano para funcionar durante el receso:

Del 1 de julio al 31 de julio de 2016

Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, presidenta

Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez

Hon. Mildred G. Pabón Charneco

Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

Hon. Roberto Feliberti Cintrón, presidente

Hon. Luis F. Estrella Martínez

Hon. Ángel Colón Pérez

Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016

Hon. Rafael L. Martínez Torres, presidente

Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo

Hon. Edgardo Rivera García

En caso que sea necesario sustituir a algún Juez o alguna Jueza que no pueda intervenir en algún asunto, se seguirá el procedimiento establecido en la Regla 4 del Reglamento del Tribunal Supremo, supra. El Tribunal continuará emi-tiendo y certificando Opiniones y Sentencias durante este periodo.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina.

(Fdo.) Sonnya Isabel Ramos Zeno Secretaria del Tribunal Supremo Interina


author:
(.Fdo.) Sonnya Isabel Ramos Zeno Secretaria del Tribunal Supremo Interina
     Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez,

text:
    Partido Nuevo Progresista, representado por su Secretario William Villafañe Ramos, Elías F. Sánchez Sifonte y Ángel Luis Ramos, peticionarios, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Oficina del Contralor Electoral, recurridos.

      Número: CT-2016-11

      Resuelto: 8 de julio de 2016

      Ramón L. Rosario Cortés, Charles A. Rodríguez y Alfonso A. Orona Amilivia, abogados de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Examinado el Recurso de certificación intrajurisdiccio-nal y la Moción urgente en auxilio de jurisdicción presen-tados por la parte peticionaria, se provee “no ha lugar” a ambos en este momento.

En consideración a la celeridad que requiere este asunto, instamos al Tribunal de Primera Instancia a que, en un término de cinco días laborables, celebre una vista para recibir la prueba y que, en un término adicional de diez días, emita una Sentencia con las determinaciones de hecho y de derecho correspondientes.

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, telé-fono y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez hizo constar la siguiente expresión, a la cual se unieron la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado Señor Colón Pérez:

Estoy conteste con la determinación de una mayoría de este Tribunal. Estimo que el curso de acción propuesto garantiza que la controversia de índole constitucional planteada se dirima ecuánimemente y con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, así como la producción de un expediente que haga viable apropiadamente su resolución. Debo consignar, sin embargo, mi inquietud ante la disposición de algunos in-tegrantes de este Foro de adelantar su criterio sobre los méri-tos de una controversia, desconociendo si la parte demandada ha sido emplazada debidamente. Asimismo, es preocupante que ese criterio se fundamente en meras alegaciones formula-das por los peticionarios, que no están sustentadas por docu-mentación alguna, y en torno a las cuales la parte demandada no ha tenido la oportunidad de expresarse. Incluso, y precisa-mente por razón de la falta de documentación presentada, los peticionarios no han demostrado que poseen legitimación ac-tiva para instar su reclamo. Ello, de por sí, conllevaría la des-estimación del recurso ante nuestra consideración. Los princi-pios más básicos del debido proceso de ley, en su vertiente procesal, independientemente de la importancia del interés público involucrado, militan en contra de privar a una parte de ser oída y de presentar evidencia para refutar las preten-siones formuladas en su contra. Alegar la inconstitucionalidad de una ley, sin más, no puede servir de pretexto para preterir exigencias procesales y requerir la intervención de este Tribunal a destiempo. A fin de cuentas, el derecho a la libertad de expresión que reclaman los peticionarios es de tanta enverga-dura como el derecho de la parte demandada a ser oída.

El Juez Asociado Señor Martínez Torres estuvo con-forme e hizo constar la siguiente expresión, a la cual se unieron la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y los Jueces Asociados Señor Feliberti Cintrón y Señor Colón Pérez:

Estoy de acuerdo con proveer “no ha lugar” al recurso de certificación intrajurisdiccional en estos momentos y, en cam-bio, instar al Tribunal de Primera Instancia a que celebre una vista en la que reciba prueba y emita una sentencia en un plazo breve. Con ese curso de acción evitamos expedir el auto de certificación intrajurisdiccional a destiempo, pues el caso no se encuentra listo para que este Tribunal lo adjudique en los méritos en este momento. Véase Doral et al. v. ELA et al. I, 191 DPR 95 (2014). En este caso aplica la regla general que ha seguido este Tribunal al no certificar un caso (aunque presente cuestiones de alto interés público) en el que se requiere la presentación de prueba. Véase Alvarado Pacheco y otros v. ELA, 188 DPR 594, 623 (2013) (Resolución).
Debo enfatizar que el recurso de certificación es “de carácter excepcional porque la norma preferida en nuestro ordena-miento es que los casos maduren durante el trámite ordinario para evitar así que el foro de última instancia se inmiscuya a destiempo”. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 272 (2010). Los nueve integrantes de este Tribunal hemos re-conocido que la controversia que se plantea en este caso ame-rita una solución rápida. Por otro lado, los nueve miembros de este Tribunal también estamos de acuerdo en que el caso re-quiere que se presente prueba ante un juez del Tribunal de Primera Instancia. Todos coincidimos en el plazo de tiempo corto en que el caso se debe atender. Asimismo, todos estamos de acuerdo en que ese juez deberá evaluar la prueba. La única diferencia real es si ese juez va a dictar sentencia con las con-sabidas conclusiones de derecho o si se debería limitar a emi-tir las determinaciones de los hechos probados.
Hoy decidimos que es preferible que ese juez emita una sen-tencia completa, como disponen las reglas procesales. No hay razón para pensar que no lo va a hacer en los términos que se disponen en nuestra Resolución. Si no lo hiciera, hay remedios disponibles en nuestro ordenamiento legal.
En cuanto a la preocupación de varios Jueces, cabe señalar que la denegatoria del recurso de certificación no deja indefen-sos a los peticionarios. El caso continúa su trámite a paso acelerado. Si los peticionarios prevalecen, el Tribunal de Pri-mera Instancia está facultado para proteger sus derechos constitucionales mediante un interdicto con efecto inmediato y cualquier otro remedio que estime conveniente. Regla 52.3(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Además, nada impide que una vez el foro primario emita su sentencia, de ser nece-sario, expidamos el auto de certificación y emitamos el dicta-men correspondiente. Regla 52.2(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
En un foro colegiado, la búsqueda de consensos y puntos comunes es crucial para que el Pueblo confíe en nuestros dictámenes. Como la Resolución que hoy emitimos es producto del consenso y de la aplicación del Derecho, atiende los recla-mos de las partes y permite que se haga justicia rápida y efec-tiva, voto conforme.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco disintió e hizo constar la siguiente expresión, a la cual se unieron los Jueces Asociados Señor Kolthoff Caraballo, Señor Rivera García y Señor Estrella Martínez:

Disiento enérgicamente del curso de acción tomado por una mayoría de los integrantes de este Foro de declarar “no ha lugar” el recurso de certificación intrajurisdiccional peticionado. En lugar de postergar innecesariamente la expe-dición del auto remitiéndolo al foro primario, hubiese certifi-cado y paralizado los efectos de la ley impugnada.
Estimo que, por tratarse de un asunto de alto interés pú-blico en el cual se levantan serios cuestionamientos sobre la constitucionalidad de las enmiendas introducidas a la Ley Núm. 222-2011 (16 LPRA sees. 621-634) mediante la Ley Núm. 233-2014, y considerando la proximidad de los comicios que se celebrarán en noviembre del año en curso, este asunto ameritaba preterir el trámite ordinario. En lugar de usar las facultades que posee este Tribunal para atender controversias revestidas de un alto interés público como las que presenta el caso de epígrafe, hoy una mayoría de este Tribunal decidió soslayar su deber de velar por los derechos constitucionales de las partes bajo el pretexto de que nuestra intervención en este momento no es oportuna.
En vista de que mi recomendación para expedir el recurso de certificación intrajurisdiccional únicamente obtuvo el voto de conformidad de los Jueces Asociados Señores Kolthoff Ca-raballo, Rivera García y Estrella Martínez, solo resta esperar que el foro primario no haga caso omiso a la “sugerencia” he-cha por este Tribunal de atender las controversias planteadas en un término de quince días.

El Juez Asociado Señor Rivera García disintió e hizo constar la expresión siguiente, a la cual se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y los Jueces Aso-ciados Señor Kolthoff Caraballo y Señor Estrella Martínez:

Respetuosamente, disiento de la determinación que hoy to-man cinco miembros de este Tribunal de declarar “no ha lu-gar” el recurso de certificación intrajurisdicional peticionado. Si bien reitero mi posición de que este Tribunal debe utilizar sabiamente el ejercicio de su discreción y, conforme a ello, no debe avalar la preterición de los trámites judiciales ordinarios en cualquier caso en que se haga un reclamo de naturaleza constitucional, entiendo que las interrogantes contenidas en el presente caso sí ameritaban tal preterición, de manera que las partes obtuvieran una respuesta definitiva, certera pero, sobre todo, oportuna por parte de este Alto Foro.
La impugnación contenida en este caso de varios artículos de la Ley Núm. 222-2011, conocida como Ley para la Fiscali-zación del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, 16 LPRA secs. 621-634, según enmendada por la Ley Núm. 233-2014, plantea serias interrogantes de índole consti-tucional cuya evaluación se hace apremiante ante la proximi-dad de los procesos electorales y de la inminencia de las cam-pañas políticas que naturalmente involucran tales procedimientos. Particularmente, cuando la enmienda intro-ducida por la Asamblea Legislativa conlleva un escenario no-vedoso en nuestra legislación electoral y bajo el cual, según alegan los peticionarios, se imponen serias limitaciones al de-recho de libertad de expresión que cobijan a nuestros ciudada-nos y ciudadanas. Ante ese escenario revestido de patente e innegable interés público, genuinamente, se me escapa al en-tendimiento cómo cinco miembros de este Tribunal votan para denegar el recurso solicitado y, de esa manera, continuar dila-tando la resolución definitiva de la controversia.
Es mi criterio que este Tribunal debió acoger el recurso de certificación solicitado y atenderlo según las disposiciones de la Regla 50 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXI-B. Asi-mismo, debimos nombrar un Comisionado Especial que reci-biera la evidencia que las partes tuvieran a bien presentar con el objetivo de que éste emitiera las determinaciones de hechos correspondientes en un plazo de una semana. Una vez recibido el Informe del Comisionado Especial, debimos brindarle a las partes un término de cinco días para que presentaran sus res-pectivas posiciones y el caso quedara entonces sometido para nuestra adjudicación. Ese era el proceder expedito que ameri-taba el presente caso, pero con el cual cinco compañeros y compañeras no estuvieron de acuerdo. Siendo así, no me resta más que disentir enérgicamente.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un Voto particular disidente, al cual se unieron la Jueza Aso-ciada Señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados Señor Kolthoff Caraballo y Señor Rivera García.

(.Fdo.) Sonnya Isabel Ramos Zeno Secretaria del Tribunal Supremo Interina

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez,

al cual se une la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados Señores Kolthoff Caraballo y Rivera García.

El principio rector de la democracia representativa es que el gobierno electo por la mayoría de los gober-nados surja de un sistema electoral fundamentado en guías y procedi-mientos que estimulen el ejercicio del derecho al voto por los electores, de forma igual, directa, secreta y li-bre de coacción. [...] La meta de toda democracia debe ser que cada elector sienta la seguridad de que exis-ten unas reglas uniformes que se-rán implementadas de manera equitativa a todos los participantes de cada evento.

La Mayoría de este Tribunal declina utilizar la herra-mienta del recurso de certificación para promover una ad-ministración justa, rápida y económica de una controversia de alto interés público ante el reclamo de los peticionarios de su privación para aportar donativos a la campaña polí-tica de un candidato a Gobernación, por razón de que lo apoyaron como aspirante durante el proceso de primarias.

Los peticionarios alegan que tal acción es contraria a la norma históricamente consagrada de que los donativos por año natural de los aspirantes a un puesto era separado e independiente al límite aplicable como candidato, es decir, que tales limitaciones son para cada proceso electoral. Vé-ase Art. 6.002 de la Ley Núm. 222-2011 (16 LPRA sec. 625b (ed. 2012)). Asimismo, arguyen que la enmienda incorpo-rada por la aprobación de la Ley Núm. 233-2014 respondió al propósito de afectar la capacidad económica de los aspi-rantes a la gobernación del Partido Nuevo Progresista para realizar una campaña política a la candidatura de la gobernación en igualdad de condiciones. Por lo tanto, im-putan que ello viola sus derechos constitucionales a la li-bertad de expresión e igual protección de las leyes electorales. Exigen, además, que este Tribunal atienda sus reclamos en atención a la inminente necesidad de que se resuelva el asunto con prontitud de cara a un proceso electoral y para evitar que la controversia se torne académica.

Como es sabido, de forma consecuente he expresado que es deber de este Tribunal atender en forma eficaz los recla-mos de las partes. Véanse: Voto particular disidente en Asoc. Abo. PR v. Gobernador I, 193 DPR 697, 699-701 (2015); Voto de conformidad en AMPR et ais. v. Sist. Retiro Maestros I, 190 DPR 77, 80 (2014). Asimismo, ha sido mi norte hacer viable la oportuna, justa, rápida y económica administración de las controversias. Véase Voto particular disidente en Rivera Schatz v. ELA y C. Abo PR 1,191 DPR 470, 478 (2014). Igualmente, he recalcado que, en este tipo de asuntos, la respuesta adecuada de este Tribunal con-siste en atender inmediatamente el reclamo de las partes cuando sea necesario para conceder un remedio adecuado, completo y oportuno. Véase Voto particular en Alvarado Pacheco y otros v. ELA, 188 DPR 594, 653 y 657 (2013).

Entiendo que lo planteado por las partes es un asunto de alto interés público que exigía que este Tribunal actuara con celeridad. Se trata de una controversia que permea sobre el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a par-ticipar en nuestro sistema democrático y a expresarse libremente. La Constitución de Puerto Rico claramente es-tablece que "el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña” y, a su vez, “se asegura la libre participación del ciudadano en las decisio-nes colectivas”. Preámbulo, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 266. Así, la Constitución garantiza la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal y advierte que se protegerá al ciudadano de “toda coacción en el ejercicio de [su] prerrogativa electoral”. Art. II, Sec. 2, Const. ELA, supra, pág. 278. En virtud de ese claro man-dato, la política pública es permitir el ejercicio del derecho al voto en todo proceso electoral.

Como parte de ese derecho está el poder apoyar econó-micamente a los candidatos que comparten los ideales que representan a cada elector en cada evento electoral. Cual-quier interferencia con ese derecho debe examinarse de forma estricta y con apremio ante la realidad de un proceso electoral vigente. La enajenación de esta realidad reper-cute irrazonablemente en el clamor a ejercer un derecho de arraigo constitucional. Peor aún, al declinar el ejercer nuestra jurisdicción no podemos ordenar la celeridad del trámite ante el Tribunal de Primera Instancia y solo nos limitamos a instarle para que actúe con premura. De igual forma, el curso de acción adoptado por una Mayoría de este Tribunal diluye el remedio completo, adecuado y oportuno que reclaman los peticionarios.

Al tomar conocimiento judicial de las normas reglamen-tarias adoptadas por la parte demandada, hubiera expe-dido el Recurso de Certificación Intrajurisdiccional presen-tado, atendido de forma expedita el asunto y emitido una orden al Comisionado Electoral para que deje sin efecto, hasta que este Tribunal determine lo contrario, cualquier determinación que impida a un ciudadano o a una ciuda-dana aportar el límite permitido por la Ley Núm. 222-2011, según enmendada, 16 LPRA sees. 621-634, a favor de un candidato a un puesto electoral por haber aportado el referido límite cuando éste era aspirante al puesto du-rante el proceso de primarias. Como el curso de acción laxo adoptado por una Mayoría de este Tribunal no provee esas garantías, disiento. Contrario al trámite urgente que recla-man las propias normas electorales básicas, esta contro-versia continuará dilatándose con el riesgo de diluirse las garantías constitucionales invocadas cada día más.

       Exposición de Motivos de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas de Puerto Rico, Ley Núm. 222-2011, según enmendada, 2011 Leyes de Puerto Rico 2375.