author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Nadal, Promovente y Apelado, y Lugo, Opositora y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en procedimiento ex-parte, sobre operaciones testamen- • tarias.
    No. 1904.
    Resuelto en julio 14, 1919.
    ApblacióN Frívola — Partición de Herencia ■— Señalamiento de Errores. — Cuando se apela contra la resolución de una corte en un procedimiento sobre partición de herencia, por una parte que se cree perjudicada con tal resolu-ción, y en apelación resulta, mediante una operación aritmética, que tal parte no ha sufrido el perjuicio que alega, la apelación es frívola y procede confirmar la sentencia apelada, no debiendo considerarse otros errores apun-tados, especialmente cuando no han sido señalados separadamente, como exigen las reglas 41 y 42 de este tribunal. ' '
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del promovente: Sres. Salvador Nadal y Angel A. Vázquez.

    Abogado de la opositora: Sr. José Martínez Dávila.

    Abogado del heredero Daniel Nadal: Sr. E. Ramírez Nadal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Él punto principal planteado en esta apelación se refiere a la manera en que se fia. distribuido el caudal hereditario. La apelante, una bija natural reconocida, se queja de que en la distribución de la herencia se dedujo como bajas de la masa total hereditaria los gastos de funerales y legados en vez de de la parte de libre disposición. Las duedas deben siempre deducirse de la masa total.

Le la liquidación en este caso aparece que después de deducir las deudas y legados la parte distribuíble' era de $93,953.13. Los legados ascendían a $11,770, de modo que la parte distribuíble era de $105,723.13. Existían dos herede-ros legítimos a quienes pertenecían las dos terceras partes de los bienes, y uno natural. Sobre la base propuesta por la ape-lante, a cada uno de los hijos legítimos, le correspondería la suma de $35,241.0414) o sea una tercera parte de $105,723.13, por tanto, a la apelante le correspondería $17,620.52%, o una mitad de dicha tercera parte. Añadiendo a este último número el importe de los legados que ascienden a $11,770, resultaría un total de $29,390.52%, dejando $5,850.52% para distribuirse en la misma proporción de la parte de li-bre disposición. De esta suma de - $5,850.52% la suma de $2,340.20 13/15 pertenecía, por tanto, a cada uno de los hijos legítimos y la de $1,170.10 13/30 al hijo natural. Añadiendo la suma de $1,170.10 13/30 a los $17,620.52%, el total sería $18,790.63 que es precisamente la suma que estima el árbi-tro correspondent. Conforme con los principios aritméticos bien establecidos, esto tendría que ser cierto cuando la quinta parte de la porción distribuíble de los bienes que corres-pondía al hijo natural, más los legados no excedan del tercio de libre disposición, puesto que el hijo natural siempre tenía derecho a una cuarta parte de lo que correspondía a los hijos legítimos o a una quinta parte de la totalidad de los bienes distribuíbles. No podemos exijirle a los apelantes que conozcan todos los principios de la aritmética ni que debieran consultarse con expertos, pero cuando menos el cómputo que Remos lieclio de lo que se le Rubiera debido de acuerdo cou su teoría ha podido hacerlo la parte ape-lante. Esta apelación no es meritoria, no siendo necesario discutir los demás errores alegados puesto que las cuestio-nes planteadas así como la falta de notificación que fueron subsanadas por la comparecencia ante el árbitro, o no fue-ron debidamente propuestas ante la corte inferior, ni fueron nunca fundamentales. Nos confirmamos en nuestra posi-ción al no tocar los demás errores puesto qué la parte ape-lante no ha hecho señalamiento separado de errores, tal como se exige por los artículos 41 y 42 de este tribunal.

Es de confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


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author: En Juez Presidente Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    Avilés, Demandante y Apelado, v. Hijos de Rafael Toro S. en C., et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito' de Mayagüez en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1854.
    Resuelto en julio 15, 1919.
    Alegaciones Suficientes — Causa de Acción — Da®os y Perjuicios Provenien-tes de Embargo para Aseguramiento de Sentencia — Fianza para Asegu-ramiento de Sentencia. — Existe suficiente eausa de acción en un pleito en que el demandante ejercita la acción de daños y perjuicios basados en las obligaciones impuestas por una fianza prestada para obtener el aseguramiento de sentencia, cuando dicha fianza, por sus términos, es “para atender a los daños y perjuicios que puedan irrogarse al demandado en el caso de resol-verse en definitiva no haber lugar a fallar en dicho pleito en contra del de-mandado” aunque la sentencia fuera en el sentido de tener “al demandante por desistido de la acción entablada, a su perjuicio,” pues la fianza fué exi-gida por la corte para responder de los daños y perjuicios que pudieran irro-garse con el aseguramiento, y un documento otorgado de acuerdo con una orden o decreto de la corte ha de interpretarse de conformidad con la inten-ción del tribunal que ordenó su otorgamiento.
    Aseguramiento de Sentencia — Perjuicios Causados al Demandado por Causa del Embargo — Requisitos de la Fianza en el Aseguramiento de Senten-cía. — Otorgada una fianza de acuerdo con la ley de 1º. de marzo de 1902„ para asegurar la efectividad de sentencias, cuya sección 4ª. dispone que "la fianza que se prestare responderá de los daños y perjuicios que se causen ir! demandado por consecuencia del aseguramiento,” tal requisito es parte del contrato de fianza, aunque no se incluya expresamente en él, pues cuando se, presta una fianza por virtud de la autoridad de un estatuto que está en vigor al otorgarse aquélla, todo lo que está incluido en la fianza y que la ley no exige deloe considerarse como eliminado, y todo lo que en ella no se expresa y que debió haberse incorporado en la misma, debe tenerse como incluido en ella. • ‘ '
    Responsabilidad del Deudor Principal en la Fianza para Aseguramiento de' Sentencia. — Gomo en la fianza que se presta para obtener el aseguramiento de la sentencia que pueda recaer en un pleito los fiadores se obligan solida-riamente con-el deudor, la obligación de indemnizar daños y perjuicios afecta tanto al deudor como a los fiadores. - . <■
    Acumulación de Acciones en Pleito sobre Daños v Perjuicios — Desembol-sos Hechos por el Demandado en el Pleito que Dió Origen al Asegura-miento de Sentencia. — No existe indebida acumulación de acciones en un pleito sobre daños y perjuicios causados por el aseguramiento de la senten-cia en otro pleito, porque se reclamen entre los daños los desembolsos del demandado en el pleito en que se aseguró la sentencia, pues tal reclamación no constituye una acción independiente de la de daños y perjuicios, sino que forma parte de ella.
    Obligaciones de los Fiadores en Aseguramiento de Sentencia — Quiebra—-Res-ponsabilidad de los Fiadores por la Continuación del Embargo no Obs-tante la Quiebra del Demandado. — Aunque la sección 67 de la Ley Federal de Quiebras dispone que todos los embargos obtenidos contra uno que es insolvente en cualquier fecha dentro de los cuatro meses anteriores a la pre-sentación de una solicitud de quiebra contra él, serán tenidos por nulos, caso de que sea declarado en quiebra, ese precepto no exime de las obligaciones impuestas por una fianza para asegurar la efectividad de una sentencia por medio de embargo, cuando el obligado por la fianza, que era el demandante en el pleito en que se efectuó el aseguramiento, no pidió que se le tuviera por desistido de su acción y que se levantara el embargo, pues suya y de los fiadores conjuntamente es la responsabilidad consiguiente a la continuación de un embargo que de hecho quedó subsistente no obstante la declaración de quiebra, aunque ya era ineficaz su derecho.
    Daños t Perjuicios — Interpretación del Artículo 1073 del Código Civil. — Se-gún el artículo 1073 del Código Civil la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido "sino también el de la ganancia que haya dejado de tener el acreedor.”
    Apelación — Fundamentos de la Sentencia — Sentencia—Impugnación de la. Sentencia por Excesiva. — Cuando en una sentencia se ha fijado cuantía de-terminada de indemnización sin preeisar las partidas que la determinan, para poder apreciar si dicha cuantía es excesiva debe impugnarse en su totalidad y no por partidas.
    Depósito de los Bienes Embargados para Aseguramiento de Sentencia — Uso de los Bienes Embargados — Responsabilidad del Demandante p-or los. Perjuicios Sufridos por los Bienes Embargados. — La sección 10 de la ley para asegurar la efectividad de sentencias prescribe que el embargo de bie- • nes se practicará depositándolos en poder del tribunal o de la persona desig-nada por éste bajo la responsabilidad del demandante, y, por tanto, éste es responsable de los daños y perjuicios que el depositario cause al demandado con el uso de dichos bienes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sres. Parra & Peres Mar-chando

    Abogado del apelado: Sr. José Be.net.

   En Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción entablada por Emeterio O. Aviles' contra “Hijos de Rafael Toro, S. en O.,” Maximino Zapata v Gregorio Ramírez Yélez, en la Corte de Distrito de Maya-güez, para obtener indemnización por daños, y perjuicios oca-sionados con motivo de nn embargo para asegurar la efec-tividad de la sentencia en caso seguido ante la Corte Municipal de Cabo Rojo por la sociedad hoy demandada contra el demandante Avilés, en cobro de dinero, cuya acción fue declarada con lugar por sentencia que dictó la referida corte de Mayagüez en 26 de octubre de 1917 condenando a los trés demandados a pagar mancomunada y solidariamente al de-mandante la suma de $1,000 con costas, desembolsos y liono-rarios de abogado. Contra esa sentencia interpuso la repre-sentación de los demandados recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Son hechos alegados por la demandante y aceptados por. los demandados en su contestación, los siguientes:

. La mercantil demandada radicó en la Corte Municipal de Cabo Rojo en 5 de febrero de 1915, una demanda contra el demandante en cobro de la suma de $499.94 y además soli-citó y obtuvo de dicha corte una orden para asegurar la efec-tividad de la sentencia que pudiera recaer en dicho pleito mediante fianza que prestaron los demandados Maximino Zapata y Gregorio Ramírez.

La- expresada fianza fue aprobada en su fecha por'el juez. municipal de Cabo Rojo f en su virtud el marshal de esa corte a designación del demandante embargó el mobiliario y aparatos de un cinematógrafo propiedad del demandado Avi-lés que entonces funcionaba en el pueblo de Lajas, habiendo sido depositados los efectos embargados en poder de Angel C. Sanabria quien con fecha 6 de febrero citado tomó po-sesión material de los mismos.

En 18 de abril de 1915, estando pendiente en la Corte Municipal de Cabo Rojo la acción allí ejercitada por “Hijos de Rafael Toro, S. en C.,” contra E. C. Avilés, dicha razón mercantil y dos acreedores más radicaron en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico una peti-ción jurada solicitando que Avilés fuera declarado en estado de quiebra, alegando al efecto la mercantil citada ser acree-dora de Avilés por la misma cantidad cuyo cobro había ori-ginado el ejercicio de su acción ante la Corte Municipal de Cabo Rojo, y la corte de los Estados Unidos para Pudrto Rico, con fecha 7 de mayo de 1915, declaró quebrado a E. C. Avilés, habiendo terminado el procedimiento de quiebra mediante una proposición de convenio hecha por el quebrado Avilés a sus acreedores, del pago al contado de un 25 por ciento del montante de todos los créditos aprobados, propo-sición que fué aprobada por el juez de la Corte de los Es-tados Unidos para Puerto Rico, pagando Avilés de acuerdo con el convenio todos los créditos reconocidos entre éstos el de “Hijos de Rafael Toro, S. en C.,” y quedando, por tanto, rehabilitado dicho quebrado.

Ya rehabilitado E. C. Avilés, presentó éste en 30 de sep-tiembre de 1915 moción en la Corte Municipal de Cabo Rojo solicitando que se dictara una sentencia a su favor, y a su vez la sociedad mercantil “Plijos de Rafael Toro” radicó otra moción para que se dictara una sentencia por desistimiento, habiéndose resuelto ambas mociones por sentencia de 15 de octubre de 1915, en los siguientes términos:

“La corte, proveyendo la moción sobre desistimiento radicado por el demandante en este pleito el día 30 de septiembre de 1915 y la del demandado, radicada en el día 2 de octubre de 1915, las declara ambas con lugar y por la presente dicta una sentencia por desisti-miento en este caso, teniendo al demandante por desistido de la ac-ción entablada, a su perjuicio; y asimismo decreta y ordena el le-vantamiento del embargo trabado por el marshal de esta corte y el de la de San Germán para asegurar la efectividad de la sentencia, debiendo dichos marshals proceder .a entregar al demandado E. C. Avilés los bienes que le fueron embargados, según aparece del in-ventario practicado en este caso; también ordena al secretario que entregue a dicho demandado la fianza de aseguramiento prestada por la demandante a los efectos del artículo 192; imponiéndole a la demandante el pago de las costas y desembolsos die este pleito. ’ ’

Eñ cumplimiento de dicha sentencia los bienes embargados fueron entregados en 27 de octubre de 1915 por el deposi-tario Angel 0. Sanabria a Emeterio C. Avilés.

Con los hechos relacionados están conformes ambas par-tes demandante y demandados, y sobre otros en que no es-tuvieron conformes las partes y que fueron materia de prueba en el juicio, la corte estableció como conclusiones de hecho que, “allá hacia mediados del mes de febrero del año 1915 el depositario Angel C. Sanabria, sin permiso ni autoriza-ción de la Corte Municipal de Cabo Rojo y actuando sin el. consentimiento ni autorización del demandado Emeterio C. Avilés, y siguiendo instrucciones del demandante en aquel pleito, “Hijos de Rafael Toro, S. en C.,” y con la autorización de éste continuó operando en dicho cinematógrafo y dando funciones regulares con el mismo, habiéndose trasladado con tal objeto a los pueblos de San Germán y' Sabana Grande, cobrando por la admisión del público que asistía a dichas funciones, y apropiándose del producto de las mismas; * * * que el depositario Angel C. Sanabria usó y utilizó los bienes embargados, realizó ganancias con los mismos, se apropió del producto de dichas utilidades sin rendir cuenta a persona alguna; y que posteriormente cuando los bienes fueron de-vueltos al demandado Emeterio C. Avilés en virtud de una orden dictada por la corte municipal, se encontraban los bienes embargados en un estado tal de uso y deterioro que los bacía inservibles para el objeto a que se destinaban; * * * y que el demandante en este caso ha probado que ha sido perjudicado por el uso y deterioro hecho por el de-positario de los bienes embargados y confiados a su custo-dia, por el beneficio obtenido con el .producto de dichos bie-nes y con otros perjuicios que fueron satisfactoriamente pro-bados a juicio de la corte en la suma de $1,000.”

Con los hechos expuestos por base, la corte de Mayagüez dictó sentencia en los términos que al principio dejamos in-dicados.

Alega la parte apelante para sostener el recurso de ape-lación, once errores que por su orden numérico considera-remos a continuación:

I. El declarar sin lugar la. excepción previa de falta de causa de acción.

Funda el apelante dicha excepción en que el demandante Emeterio C. Avilés ejercita una acción de daños y perjuicios basados en las obligaciones impuestas por la fianza prestada para obtener la orden de aseguramiento de sentencia, y la fianza prestada debe limitarse en sus efectos a la falta de causa probable en la demanda y por consiguiente en el embargo.

El texto literal de la fianza es el siguiente:

“Por ouaNto, el demandante, “Hijos de Rafael Toro, S. enC.,” ha establecido ante esta corte (Corte Municipal de Cabo Rojo) una demanda en cobro die dinero por la suma de $499.94 contra el de-mandado E. C. Avilés, y, además, ha solicitado del Hon. Juez el aseguramiento de efectividad de sentencia que ha die dictarse en la misma;
“Por Cuanto, el Hon. Juez ha exigido, para decretar el embargo, la prestación de fianza por la suma de mil dólares para responder de diaños y perjuicios que puedan irrogarse con dicho aseguramiento:
“Por TANTO, nosotros, Gregorio Ramírez Yélez y Maximino Zapata, residentes en el distrito judicial municipal de Cabo Rojo, li-bre y espontáneamente garantizamos mancomunada y solidariamente la obligación que por la presente fianza ba contraído el demandante en dicbo pleito, respondiendo de la suma de $1,000 para atender a los daños y perjuicios que puedan irrogarse al demandado B. C. Avi-lés en el caso de resolverse en definitiva no haber lugar a fallar en dicho pleito en contra del demandado. Firmado: Gregorio Ramírez, fiador. — Firmado: Maximino Zapata, fiador.”

Ya hemos transcrito antes los términos en qne la Corte Municipal de Oabo Rojo dictó sentencia con fecha 15 de oc-tubre de 1915, en el caso a que se refiere la fianza prestada, teniendo al demandante por desistido de la acción entablada a su perjuicio y ordenando el levantamiento del embargo trabado para asegurar la efectividad de la sentencia. El pleito como se ve no sólo no se falló en contra, del deman-dado, por falta de términos hábiles para ello, sino que se resolvió en contra del demandante, “Hijos de Rafael To.ro, S. en C.,” a su perjuicio, e imponiéndole el pago de las costas y desembolsos.

Pero si alguna duda hubiera acerca del alcance y exten-sión de la obligación de fianza, esa duda debería resolverse teniendo en cuenta la intención de la Corte Municipal de Cabo Rojo que exigió para decretar el embargo la presta-ción de fianza por la suma de $1,000 para responder de los daños y perjuicios que pudieran irrogarse con dicho asegu-ramiento. La fianza se prestó para cumplir el judicial man-dato y un documento otorgado de acuerdo con una orden o decreto de la corte ha de interpretarse de conformidad con la intención del tribunal que ordenó su otorgamiento. 9 C. J. 33'.

La sección 4ª. de la ley de 1°. de marzo de 1902, para asegurar la efectividad de sentencias, dice así:

“Sección 4ª. — Si consta claramente en documento auténtico que la obligación es exigible, el tribunal decretará el aseguramiento sin fianza. En cualquier otro caso, exigirá fianza para decretarlo. La fianza que al efecto se prestare responderá ‘ de los daños y perjui-cios que se causen al demandado por consecuencia del aseguramiento. ’ ’

Ese precepto establece por modo expreso que la fianza responderá de los daños y perjuicios qne se cansen al de-mandado por consecuencia del aseguramiento, y tal requi-sito o condición es parte del contrato de fianza aunque no se incluya expresamente en él, porque habiéndose amparado en él el demandante para solicitar el aseguramiento de la sentencia, no solamente se obligó en aquella parte de la ley que le favorece sino que también le alcanza la responsabi-lidad que en su perjuicio establece la misma..

“La ley que rige en la fecha del otorgamiento de una fianza es parte de ella, si da a dicha fianza cierto efecto legal.y es de tal modo parte de la fianza como si por sus términos estuviese incorporada en ella. Cuando se preste una fianza por virtud de la autoridad de un estatuto que está en vigor al otorgarse éste, a falta.de algo que demuestre una intención diferente, se presumirá que fué la inten-ción de las partes otorgar dicha fianza como lo exige la ley; y dicho estatuto constituye parte de la referida fianza como si estuviera in-corporado en ella, dehiendo interpretarse la fianza en relación con el estatuto y la interpretación que a éste haya dado la corte. A dicha fianza dehe dársele el efecto que en justicia haya sido la intención del estatuto. Todo lo que está incluido en la fianza y que la ley no exige dehe considerarse como eliminado y todo lo que en ella no se expresa y que dehió haberse incorporado en la misma, dehe tenerse como incluido en ella.” 9 C. J. 34.

Y como en la fianza que se presta para obtener el asegu-ramiento de la sentencia que pueda dictarse en un deter-minado pleito los fiadores se obligan solidariamente con el deudor Lowande v. Otero & Cía. et al., 14 D. P. R. 571, y Muriente v. Terrasa et al., 22 D. P. R. 738, la obligación de indemnizar daños y perjuicios cuyo cumplimiento se reclama en la demanda afecta tanto al deudor, “Hijos de Rafael Toro & Co., S. en C.,” como a los fiadores, demandados Gregorio Ramírez y Maximino Zapata, mostrando, por tanto, la de-manda una verdadera causa de acción.

II. Declarar sin lugar la excepción previa de indebida acu-mulación de acciones.

Dicha excepción opuesta a la demanda por los deman-dados, se basa en que habiéndose ejercitado la acción contra los tres demandados por razón de los daños y perjuicios que se dice sufrió el demandante a consecuencia del asegura-miento de sentencia, se intentan cobrar también los desem-bolsos hechos en el pleito, de los que no son responsables los fiadores demandados Zapata y Ramírez.

Las partidas de daños y perjuicios causados al deman-dante Emeterio C. Avilés con motivo del aseguramiento de sentencia se relacionan en la demanda del modo siguiente:

“Por la depreciación, uso, mal uso y trasladó de un pueblo a otro de los bienes del demandante, en relación con su valor actual- $565
“Dejado de ganar en el término de 8 meses con dichos bienes a razón de $180 mensuales-'- 1, 440
“Honorarios d!e abogado que tuvo que utilizar el demandado allí (Corte Municipal de Cabo Rojo) con motivo del pleito y del aseguramiento_ 100
“Que hacen un total de_1-$2,105

Como se ve, la reclamación del reintegro de honorarios de abogado no fue una acción independiente de la de daños y perjuicios que se ejercita sino que esta englobada en dicha acción como parte de los daños y perjuicios causados, y, por tanto, no procede la excepción de indebida acumulación de acciones, sino la estimación o desestimación de la partida de honorarios al resolverse el caso por sits méritos o al dic-tarse sentencia final.

III. Equivocar el alcance del contrato de fianza objeto dé la acción que se ejercita.

Semejante error fué considerado al discutir el primer error y es insostenible por las mismas razones que entonces expusimos.

IY. No dar la debida autoridad al estatuto federal sobré quiebras en relación con los embargos hechos dentro de los cuatro meses anteriores a la petición de quiebra.

Ciertamente qne el 6 de febrero de 1915 se trabó el embargo de los bienes del demandante y que en 18 de abril de 1915 se hizo la petición de quiebra ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Pico, la que en 7 de mayo del mismo año declaró y adjudicó quebrado al demandante Avilés, y, por tanto, es claro que la fecha en que Aviles fue declarado en quiebra está dentro de los cuatro meses si-guientes al embargo de los bienes; pero, ese hecho no lleva a la conclusión establecida por el apelante de que desde el 18 de abril de 1915 cesó automáticamente el embargo tra-bado por.la Corte Municipal de Cabo Rojo sobre los bienes de Avilés y desde ese momento quedaron libres de toda res-ponsabilidad “Hijos de Rafael Toro” y sus fiadores en todo lo que a partir de esa fecha pudiera ocurrir con los bienes embargados.

La sección 67 de la Ley Federal Sobre Quiebras establece que: “todas las ejecuciones, sentencias, embargos u otros gravámenes obtenidos mediante procedimiento legal contra uno que es insolvente, en cualquier fecha dentro de los cua-tro meses anteriores a la presentación de una solicitud de quiebra contra él, serán tenidos por nulos y sin ningún valor caso de que sea declarado en quiebra; y la propiedad afec-tada por- la ejecución, sentencia, embargo u otro gravamen, será considerada enteramente exonerada y relevada de los mismos y pasará al síndico como parte de los bienes del quebrado, etc.”

El precepto anterior no es de influencia alguna en el re-sultado del presente pleito, pues nada tienen que ver los pro-cedimientos de quiebra de Emeterio C. Avilés con la respon-sabilidad asumida por los demandados apelantes en virtud del embargo de bienes de Avilés en el juicio contra él se-guido por “Hijos de Rafael Toro, S. en C.,” en la Corte Municipal de Cabo Rojo.

“Hijos de Rafael Toro, S. en C.,” amparados por la Ley Federal de Quiebra pudieron solicitar en la Corte Municipal de Cabo Rojo que se les Rubiera por desistidos de su acción pues ya la habían ejercitado también ante la Corte Federal en procedimiento de quiebra de Avilés y que se alzara el embargo practicado en bienes de éste; pero no lo hicieron así hasta el 30 de septiembre de 1915 y suya y conjunta-mente de los fiadores es la responsabilidad consiguiente a la continuación de un embargo que de hecho quedó, subsis-tente, no obstante la declaración de quiebra, aunque ya era ineficaz en derecho.

V. Considerar que una fianza para el embargo de bienes puede responder de los beneficios que hubiera podido obtener el demandado de haber tenido la libre disposición de sus bienes.

Esa cuestión ya fué resuelta en el caso de Muriente v. Terrasa et al., 22 D. P. R. 738. Entonces dijimos y hoy re-petimos, que el artículo 1073 del Código Civil prescribe que la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido “sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor.”

VI. Considerar que una fianza para el aseguramiento de bienes puede responder a los honorarios de abogado -que haya pagado el demandado en el pleito.

En las partidas de daños y perjuicios que el demandante relaciona en sú demanda y que ascienden a $2,105 figura una de $100 por honorarios de abogado que tuvo que utilizar el demandado con motivo del pleito y del aseguramiento, pero no aparece de las conclusiones de hecho a que llegó la corte inferior que esa partida de honorarios se tuviera en cuenta al fijarse por sentencia la indemnización en la suma de $1,000; pero aunque así hubiera sucedido, como el juez al fijar la cuantía de la' indemnización no precisa las partidas que la determinan, a la parte apelante incumbía demostrar que dicha cuantía es excesiva si se engloban en ella los honorarios de abogado, lo que no ha verificado.

. Cuando en una sentencia se ha fijado cuantía determi-nada de indemnización sin precisar las partidas que la de-terminan, para poder apreciar si dicha cuantía es excesiva debe impugnarse en su totalidad y no por partidas, pues ya hemos dicho repetidas veces que el recurso de apelación se da contra la sentencia y no contra sus fundamentos. Filardi v. Barreda, 24 D. P. R. 391.

VII. No especificarse en la sentencia los daños y perjuicios que se consideran probados y el montante de cada uno.

Ese señalamiento de error sostiene nuestro anterior ra-zonamiento de qne no consta que el juez al apreciar la in-demnización ordenada tuviera en cuenta los honorarios de abogado. No encontramos precepto alguno legal que im-ponga al juez la obligación cuyo cumplimiento pretende la parte apelante.

VIII. Bar por probado que “Hijos de Eafael Toro” dió instrucciones y autorizó al depositario para que él (dicho de-positario) continuara operando el cinematógrafo, y dar valor a esa supuesta autorización, sin que en ella interviniera la córte.

IX. Dar por probado que el demandante Aviles no con-sintió en el ttso que el depositario hacía de los bienes em-bargados.

Hemos examinado las pruebas- y no encontramos que se hayan cometido los errores expresados, y por lo que toca al VIII tampoco es de influencia en el resultado del pleito, pues el depositario actuaba bajo la responsabilidad del de-mandante. La sección 10 de la ley para asegurar la efecti-vidad de sentencias prescribe que la prohibición de enajenar bienes muebles y el embargo de los mismos se practicarán depositando los bienes de que se trate en poder del tribunal o de la persona designada por éste, bajo la responsabilidad del demandante. En el presente caso el demandante designó depositario de los bienes embargados.

X. Tomar en consideración que “Hijos de Eafael Toro” abandonó prácticamente el asunto en la corte municipal desl pues.del- embargo y no tomar en consideración asimismo que E. C. Aviles abandonó en.dicha corte la defensa de sus dere-chos desde febrero a septiembre de 1915.

Avilés estaba protegido por una fianza y babía un depo-sitario de cuyos actos era responsable la sociedad deman-dante, “Hijos de Eafael Toro.” Sus derechos estaban garan-tidos y no puede imponérsele la obligación de ejecutar actos tendentes a evitar o disminuir la responsabilidad de dicha sociedad y de sus fiadores.

NI. Tomar en consideración que “Hijos de Eafael Toro” no apeló de la sentencia de la Corte Municipal de Cabo Eojo en la que se le declaraba desistido del pleito a su perjuicio.

El juez en su opinión hace constar que “Hijos de Eafael Toro, S. en C.,” se conformaron con la sentencia que dictó la Corte Municipal de Cabo Eojo en 15 de octubre de 1915, pero examinadas en conjunto las conclusiones de hecho que sirvieron de fundamento a la sentencia apelada, claramente se ve que la conformidad de “Hijos de Eafael Toro” con la sentencia de la Corte Municipal de Cabo Eojo no influyó de-cisivamente en el ánimo del juez al dictar la. sentencia ape-lada, la que propiamente se fundó en el decretó de asegu-ramiento de sentencia, en la fianza prestada, en la sentencia de la Corte Municipal de Cabo Eojo y en la prueba de los daños y perjuicios causados con motivo del aseguramiento.

Hemos dicho repetidas veces.que el recurso de apelación . no se d¿ contra los fundamentos de la sentencia sino contra la resolución que ésta entraña. Examinada la sentencia ape-lada en cuanto condena a los demandados a, pagar manco-munada y solidariamente al demandante la suma de $1,000, con costas, desembolsos y honorarios de abogado, se sostiene ■ por las pruebas' practicadas en el juicio y se ajusta . a la ley aplicable al caso.

Es de confirmarse la. sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Guánica Centrale, Demandante y Apelada, v. Colberg et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito'sobre cumplimiento de contrato e injunction.

    No. 1925.
    Resuelto en julio 15, 1919.
    Contratos Agrícolas — Opción 'para Prorrogar — Prórroga de Contrato — Gravamen Inscrito en el Registro de Contratos Agrícolas. — En. este caso la Guániea Céntrale y Yieente Trelles celebrarón en el año 1910 un contrato de venta de cañas, etc., para vencer en julio 1, 1915, estipulándose que el contrato, el cual quedó inscrito en el Registro de Contratos Agrícolas, po-dría ser prorrogado por cinco años más a opción de la central, bastando para ello que ésta notificara al colono antes del vencimiento su intención de pro-rrogar. Trelles vendió las fincas al apelante en junio 2, 1914, sin que la corporación fuera avisada de la compraventa. El apelante admite que Tre-lles fué notificado por la central antes del vencimiento, de su intención de prorrogar. Se resolvió: que siendo un contrato personal entre la Guániea y Trelles la notificación recibida por éste dentro del término renovó el con-trato.
    Incongruencia Entre las Alegaciones y la Prueba — Perjuicio.—La intención del artículo 136 del Código de Enjuiciamiento Civil es que a no ser que exista una diferencia muy esencial entre las alegaciones y la prueba, la eseneia-lidad o el perjuicio de una incongruencia debe mostrarse, y una notifica-ción de diferente fecha que la que se consigna en la demanda, no perju-dica si fué hecha antes del vencimiento del contrato.
    Consideración del Contrato. — Una sola consideración de un contrato obliga a la parte opuesta a hacer más de una cosa, si así se desprende del contrato.
    Apelación — Alegato—Señalamiento de Errores. — Cuando no’ se ha hecho seña-lamiento específico de errores sobre determinada cuestión, cualquier duda que exista en cuanto a dicha cuestión deberá ser resuelta en contra del apelante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelada: Sr. F. Manuel Toro.

    Abogado de los apelantes: Sr. José Sábaier.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La acción establecida en este caso fué para que se prohi-biera a los demandados vender cañas a otras centrales y con otros fines. Se ha admitido que la notificación de la reno-vación del contrato de compraventa de cañas llegó a poder del colono Trelles con quien se había celebrado el contrato antes de su vencimiento, habiendo sido enviada dicha noti-ficación, allá para el día primero de enero de 1915, venciendo el primitivo contrato en julio 1, 1915. Se alegaba en la de-manda que la notificación se hizo en enero 1915, pero llama la atención el hecho de haber presentado como prueba la de-mandante en el juicio una notificación que lleva fecha de junio, 1914, sin que el demandado-apelante hubiera formu-lado objeción alguna. Si en realidad esta notificación fué enviada en junio de 1914, entonces podría decirse que el ape-lante que compró al colono Trelles poco después de dicha fecha y que tenía conocimiento del contrato, adquirió la finca con sujeción al contrato que quedó debidamente inscrito en el registro de contratos agrícolas. No se hace alegación al-guna, suponiendo que el contrato sea obligatorio para el pri-mitivo colono, de que la inscripción no era eficaz para obli-gar a terceras personas que compraran mientras estaba en vigor el primitivo contrato agrícola. Hubo incongruencia en el juicio, y la cuestión que surge es si fué esencial.

No se ha hecho señalamiento de errores claramente por este fundamento,- por lo que cualquier duda que exista debe resolverse en contra del apelante. ¿Fué inducido a error en su perjuicio el apelante? El presentó una moción de nuevo juicio por tal fundamento y se interpone apelación de la resolución de la corte inferior negando la referida moción, como también de la sentencia. La corte inferior declaró pro-bado que el apelante sabía que existía el contrato. En el juicio las partes deben estar sobre aviso para hacer sus ob-jeciones, y la admisión de esta primera notificación fué con-sentida por el apelante. Como el apelante tenía conocimiento de que existía este convenio de prórroga del contrato si la demandante podía probar que se había hecho una notifica-ción anterior pudo haber enmendado su demanda para ajus-tarla a la prueba. Puede decirse que la causa próxima del perjuicio alegado fué el hecho de haber dejado el apelante, como se lia alegado, de tener en cuenta que la carta donde se bacía la notificación tenía fecha de junio 1914 en vez de enero 1915. En los affidavits acompañados a la moción de nuevo juicio se negó el recibo de dicha notificación. El ape-lante simplemente sugiere remotamente,' pero no demuestra que hubo mala fe por parte de la apelada. Si hubiera es-tado obligado el apelante por razón de una notificación en forma en junio 1914 y dicha notificación se hubiera presen-tado como prueba, tal incongruencia no hubiera sido esen-cial de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, el cual es como sigue:

“Ninguna incongruencia entre las alegaciones y las pruebas en un juicio se tendrá por esencial, a menos que por su índole y efec-tos dé lugar a que la otra parte incurra en su perjuicio, en falsas apreciaciones al mantener su demanda o su contestación. Siempre que una de las partes resultare así equivocada, la corte podrá dis-poner que se enmiende la alegación en los. términos que estimare justos.”

La verdadera intención de ese artículo es que a no ser que exista una diferencia muy esencial entre las alegaciones y la prueba deberá probarse en el juicio la. esencialidad de una incongruencia. El apelante compraba sujeto a las con-tingencias de una notificación anterior de la renovación del contrato. Una notificación hecha a él personalmente antes del vencimiento del contrato, suponiendo que los compradores estén obligados por la inscripción, hubiera sido válida para prorrogar los términos del contrato.

Además, se admite que la notificación se hizo en enero de 1915. Be la prueba no aparece que la apelada fué noti-ficada de la venta hecha por Trelles el primitivo colono a Colberg, el apelante, aunque existieron posteriores negocia-ciones entre Colberg y la Céntrale. El contrato era personal en cuanto a la notificación entre la Gnánica y Trelles y la notificación a Trelles dentro del término renovó el contrato, suponiendo siempre que Colberg compró con sujeción al con-trato, cuestión que no fue promovida en el caso, limitándose el apelante a alegar que la opción no era obligatoria.

Sostiene el apelante que como de acuerdo con los térmi-nos del contrato la notificación no era obligatoria para Trebles, no era, por tanto, obligatoria para Colberg. La cláu-sula específica es como sigue:

“El presente contrato de compraventa de cañas podrá ser pro-rrogado a opción y voluntad de la sociedad compradora a cinco años más que contados desde el primero de julio de 1915 vencerá el 30 de junio de 1920, bastando para llevarse a efecto dicha prórroga que la Céntrale dé aviso por simple carta al vendedor antes del 30 de junio de 1915, y desde ese momento la prórroga será obligatoria para ambas partes sin necesidad de otorgamiento de nuevo documento.”

Esta es una forma muy corriente de contratos de arren-damientos y otras obligaciones como lo demuestra el ape-lado con copiosas citas de casos. La ley establece que la misma causa puede bacer que varios contratos sean obliga-torios para la parte contraria a aquel de quién emana la causa.

. La conclusión de que debe confirmarse esta sentencia está sostenida además, por el becho declarado probado por . la corte de que el apelante tuvo negociaciones con la corpora-ción por espacio de un año después de la prórroga precisa-mente como si fuera mero continuador del colono Trelles.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada, y la resolu-ción de diciembre 21, 1919.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Guerra et al., Demandantes y Apelantes, v. Acha et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera en pleito sobre cobro de dinero, inexis-tencia de contratos y otros extremos.
    No. 1910.
    Resuelto en julio 15, 1919.
    Apelación — Exposición del Caso o Pliego de Excepciones — Opinión del Juez Sentenciador (Findings of Fact).- — La opinión del juez sentenciador (findings) no es bastante para sustituir en apelación la exposición del caso debi-damente certificada. Así, pues, cuando la sentencia descansa en cuestiones de hecho y éstas no han sido certificadas en una exposición del caso o pliegos do excepciones, procede la confirmación de la sentencia apelada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. Sarmiento, Rodríguez Serva é PuÁg.

    Ahogado del apelado: Sr. Enrique Rincón Plumey.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En la transcripción de la apelación establecida por los demandantes contra la sentencia adversa para ellos dictada por la corte inferior no se nos ha presentado una exposición del caso conteniendo las pruebas presentadas en el juicio, pero los apelantes, tomando como base para sn recurso de apelación los hechos declarados probados por el juez sen-tenciador en la opinión que escribió para fundamentar su sentencia, sostiene que ésta debe ser revocada y dictada otra de acuerdo con lo solicitado en sn demanda porque no es la consecuencia legal de dichos hechos. Aunque los apelados parten de dichos hechos probados para sostener la senten-cia, sin embargo, llaman la atención de este tribunal al hecho de que la apelación no ha venido tan completa que nos per-mita apreciar toda la prueba como fué desarrollada en el juicio, porque no se ha traído ante nosotros una exposición del caso.

En vista de lo expuesto 'surge la cuestión de si a pesar de no existir una exposición del caso podemos resolver esta apelación tomando por base, como han hecho los apelantes, los hechos declarados probados por el juez sentenciador para considerar y decidir si la ley fné correctamente aplicada.

Esta cuestión no es nueva en este tribunal pues en el caso de Rubio v. Charbounier, 20 D. P. R. 315, después de haber resuelto que no podíamos tomar en consideración la exposición del caso que se había presentado por estar fir-mada únicamente por el abogado de la parte apelante, care-ciendo de la aprobación del juez, consideramos la cuestión de si podíamos resolver el recurso teniendo en cuenta las conclusiones de hecho consignadas en la opinión de la corte inferior y con tal motivo dijimos lo siguiente:

“El juez inferior, cumpliendo el precepto del artículo 237 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó enmendado por la Ley No. 70 aprobada en 9 de marzo de 1911, hizo una relación del caso que obra en el récord, exponiendo los hechos según estimó que resultaban del juicio y dando las razones en que fundaba su decisión; pero no nos es permitido partir de esos hechos para deducir si el juez se equivocó en la aplicación del derecho, pues en el supuesto, que no discutimos, de que semejantes hechos no justificaran su re-solución, podría haber otros hechos demostrados en el juicio, desco-nocidos para nosotros, que la justificaran. Díaz Caneja v. La Administración. 11 D. P. R. 203. La corte sentenciadora se limita a consignar en la relación de hechos la apreciación particular que le merece el resultado de las pruebas y como esa apreciación puede ser equivocada o deficiente, no puede tomarse como base para llegar a la revocación solicitada.”

En el caso de Albite v. Lecumberri, 22 D. P. R. 856, se declaró que este tribunal sólo puede considerar los hechos que le han sido certificados mediante una exposición del caso o pliego de excepciones y que la opinión del juez inferior es de utilidad para determinar los fundamentos de su sen-tencia pero que no debe ser usada en sustitución de la cer-tificación de los hechos como lo exige la ley. En el caso de Paganacci v. Lebrón, 24 D. P. R. 1916, se hizo un detenido estudio de la cuestión referente a las conclusiones de hecho de la corte inferior, y estimamos 'que no tiene aquí el al-cance que tales conclusiones tienen en California, y se sos-tiene que el precepto específico para la revisión de los he-chos es todavía una exposición del caso o pliego de ex-cepciones.

Siguiendo, pues, nuestra jurisprudencia en los casos ci-tados, tenemos que llegar a la conclusión de que no pudiendo tomar como base los hechos declarados probados por el juez inferior para decidir si a ellos fue aplicada correctamente la ley, tenemos que confirmar la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


author: En Juez Asociado Se. del Toeq JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLF.

text:
    Boneta, Demandante y Apelante, v. Boneta et al., Demandados y Apelados, y Strube, Interventor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre otorgamiento de escritura.
    No. 1671.
    Resuelto en julio 18, 1919.
    Compraventa — Validez de la Compraventa Aunque el Precio no se Hubiera Pasado — Precio.—Existiendo en el contrato de compraventa de que se trata en este caso los elementos necesarios para darle vida, o sean, sujeto, objeto y causa, la circunstancia de que el comprador no hubiera llegado a entregar el precio al vendedor, no impide concluir que la sucesión de éste está obli-gada a cumplirlo, recibiendo el precio y otorgando la correspondiente es-critura. ¡
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Antonio Suliveres y José G. Torres.

    Abogados del apelado: Sres. B. Agrait Aldea, L. Mer-cader, Pedro Amado Rivera, j O. M. 'Wood.

      Abogados del interventor: Sres. Enrique Rincón y Sco-ville £ Kelley.

   En Juez Asociado Se. del Toeq

emitió la opinión del tribunal.

En 23 de noviembre de 1912 falleció en la ciudad de Are-cibo don Tomás Boneta. Dejó como herederos numerosos hijos. A instancia de parte interesada se nombró adminis-trador de sil herencia a Charles E. Lawton.

Uno de los hijos, Luis Celestino Boneta, estableció la de-manda origen de este pleito dirigida contra la. sucesión de don Tomás, representada por el dicho administrador y los otros herederos. En la demanda se alega la celebración de cierto contrato de compraventa de una finca rústica deno-minada “Jobo”, de mil cien cnerdas, sita en Bio Arriba, Arecibo, entre el demandante y el cansante de la sncesión, y se pide qne se condene a la sncesión a cumplirlo, otor-gando la correspondiente escritura.

En el pleito intervino Leopoldo B. Strube y alegó, en resumen, qne era dueño y se encontraba, en posesión de la finca de qne se trata, que le fue vendida por don Tomás Bo-neta por el precio aplazado de cinco mil pesos que estaba dispuesto a entregar. Pidió qne se dictara sentencia con-denando a la sncesión a cumplir el contrato, recibiendo el precio y otorgando la correspondiente escritura.

Los herederos demandados unos se allanaron a la de-manda, otros se opusieron alegando qne la venta invocada por el demandante Luis Celestino Boneta fné simulada entre padre e hijo, y otros- dejaron de contestar. En cuanto a la demanda de intervención, dos herederos negaron sus hechos, otros dos alegaron que existió en efecto un contrato verbal entre Boneta y Strube pero que quedó nulo por falta de cum-plimiento por parte de Strube; nueve sostienen que Strube poseía la finca como arrendatario y ño como dueño; Luis Celestino Boneta aceptó algunos hechos de la intervención y negó otros, y el resto de los demandados no contestó.

Fue el pleito a juicio y se practicó una larga prueba do-cumental y testifical. Finalmente la corte dictó sentencia declarando sin lugar la demanda'de Luis Celestino Boneta y con lugar la demanda de intervención condenando en su consecuencia a los demandados a que otorguen a favor de Leopoldo B. Strube escritura pública de venta de la finca en cuestión, llevándose a efecto el otorgamiento mediante la en-trega por Strube a los demandados en dicho acto de la suma de cinco mil dólares más los intereses a razón de cincuenta dólares mensuales adeudados por Strube desde el 1º. de julio de 1911. De esa sentencia apeló solamente Luis Celes-tino Boneta.

El recurso se vió primeramente ante tres de los jueces de esta corte y luego ante el tribunal en pleno. Hemos estu-diado cuidadosamente las alegaciones, las pruebas y los ale-gatos escritos e informes orales de los abogados y no te-nemos duda alguna de que la' demanda de Luis Celestino Boneta estuvo bien declarada sin lugar. La prueba practi-cada fue ampliamente analizada por el juez sentenciador. En algunas apreciaciones no estamos conformes con el aná-lisis, pero todos lo estamos con el resultado del mismo.

La mayor dificultad al penetrar en el fondo de este asunto para dictar la resolución que proceda en justicia se encuen-tra en el estudio de la prueba con respecto a si el contrato, que no hay duda alguna que comenzó a celebrarse entre To-más Boneta y Strube, llégó a perfeccionarse y continuó en todo su vigor, de tal manera que la Sucesión' Boneta venga obligada a cumplirlo.

En primer lugar se levanta la cuestión de si no habiendo apelado ninguno de los componentes de la Sucesión Boneta, excepto el demandante Luis Celestino, esta corte debe limi-tarse, una vez que se ha convencido de que la demanda es-tuvo bien desestimada, a confirmar la sentencia. Nos incli-namos a resolver tal cuestión en el sentido de que habiendo sido apelada la sentencia totalmente y habiendo sido el al-canee y eficacia ele la prueba en cnanto al contrato celebrado entre Strube y Boneta ampliamente discutida por los abo-gados de las partes, podemos y debemos considerar en sus •méritos la reclamación que fue reconocida por la sentencia apelada. Además, dada la opinión que del caso fiemos for-mado, la cuestión carece de importancia práctica, porque por diversos caminos llegaremos al mismo resultado, a saber: la confirmación de la sentencia apelada.

Opinamos con la corte sentenciadora que las pruebas de-muestran la existencia de un contrato perfecto celebrado en-tre Tomás Boneta y Strube, ya que fiubo consentimiento, ob-jeto cierto y causa. Según el artículo 1353 del Código Civil Revisado, “La venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos, si hubieren conve-nido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado.” Aquí se entregó la cosa y no el precio. Tal circunstancia, la falta de en-trega del precio, como se fia visto, no impide llegar a la con-clusión de que el contrato quedó perfeccionado.

“La sucesión es la transmisión de los derechos y obliga-ciones del difunto a sus herederos.” (Artículo 664-a del Código Civil Revisado). En tal virtud la sucesión está obli-gada en este caso a cumplir el contrato que celebró su cau-sante y fue debidamente condenada a ello por la corte de distrito.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada..

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciado Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey firmó conforme con la sentencia.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó conforme con la sentencia en cuanto declara sin lugar la demanda y disiente en cuanto a declarar con lugar la demanda de intervención.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLF.

Estoy de acuerdo con aquella parte de la. mayoría de la opinión del tribunal por virtud de la cual se desestima la demanda de Luis C. Boneta. Aunque fue presentado como prueba un escrito que se alegó era un contrato de venta, creo que la corte inferior estuvo justificada al creer que el precio 'de dicba venta nunca fue satisfecho. Esta deducción era posible que se hiciera, dada la actitud y conducta de Luis C. Boneta, y su extraña indiferencia hacia la propiedad, tanto antes como después del descubrimiento de la supuesta escri-tura. Fue solamente después de este descubrimiento que él fué diligente y sus manifestaciones así como las de otros su-puestos testigos relativas al pago del precio ciertamente no fueron satisfactorias para la corte inferior y no veo razón alguna para ir contra la conclusión general de la corte en cuanto al particular. Strube también prestó declaración que la corte tenía derecho a creer, en el sentido de que el mismo Boneta se manifestó a favor de dejar que Strube tuviera la propiedad y de que Boneta nunca la reclamó.

Por otra parte, el supuesto contrato de Strube se basa en los hechos siguientes que más bien son informales, a saber:

En el año 1907 Leopoldo Strube era dueño de la finca “Jobo”. Hacia esa fecha constituyó hipoteca a favor de Tomás Boneta por la suma de cinco mil pesos, con intereses al tipo de 1 por ciento mensual, o sean $600 al año. Leopoldo Strube tenía entonces muchas deudas y uno de sus acreedores era su tía Erica Schroder, quien hacia el mes de diciembre de 1908 obtuvo orden de embargo contra él en la Corte Federal por la suma de $43,000, encontrándose la finca “Jobo” entre los bienes embargados. Swift & Co. también obtuvo orden de embargo contra la misma propiedad por la suma de $2,500. En 31 de diciembre de 1908 Strube y Erica Schroder celebraron un contrato por virtud del cual'Strube traspasaba a su referida tía determinadas propiedades in-cluyendo la finca “Jobo”. De este modo quedó Strube re-levado de todas las deudas que tenía con su tía Erica Schro-der. De los autos no aparece con mucha claridad la fecha precisa en que Strube cesó en la posesión de la propiedad "Jobo” pero él estaba fuera de dicha posesión en diciembre de 1909. Hacia esta última fecha Tomás Boneta y Strube tuvieron conversaciones respecto a la propiedad “Jobo”. Strube puede decirse es un testigo veraz y la corte inferior ciertamente dió crédito a su declaración, no teniendo motivo para dudar mucho de su declaración, pero algunas de sus con-sideraciones respecto a la situación entre él y Boneta están sujetas a duda. Declaró Strube que Tomás Boneta ejecutó su hipoteca contra la propiedad “Jobo” por estar la hipo-teca vencida con exceso; que antes de la ejecución y después del traspaso de dicha propiedad a Erica Schroder, Tomás Boneta mandó a buscar a Strube, a quien dijo que no deseaba seguir entendiéndose con Erica Schroder ni con su abogado, el Sr. Paine, sino que él ejecutaría la propiedad, pues de-seaba obtener su dinero y que si Strube quería volver a ob-tener la posesión de la propiedad, él, Boneta, ejecutaría la hipoteca y vendería la propiedad a Strube, siempre que este último pagara todas las costas que originara la ejecución. Y en otras partes de su declaración manifiesta Strube que el. convenio entre ellos era de que Strube pagaría $5,000 y todaa las costas y gastos que le originara la ejecución a Boneta.

Besulta perfectamente claro a mi juicio de toda la prueba que Boneta deseaba vender a Strube, pero que solamente que-ría vender si éste lo eximía del pago de todas las costas que ocasionara la ejecución de la hipoteca. En otras palabras: Boneta quería que su hipoteca por $5,000 quedara libre de cualquier gravamen y no deseaba retener la propiedad. Strube declaró que esta proposición de Boneta vino a ser un contrato entre ellos. De conformidad con lo anterior, a prin-cipios del año 1910 se inició un procedimiento en ejecución de hipoteca y como en él fué Boneta el mejor postor le fue adjudicada la finca por la suma de $6,125. Casi inmediata-mente despnés.de la venta de la finca “Jobo” a Boneta en-tró Strube en posesión de dicha finca a nombre de Boneta. En el juicio fueron presentados los libros de Boneta, donde existe una cuenta de Boneta y Strube donde el primero ano-taba los pagos de intereses satisfechos por Strube. Boneta continuó con esta cuenta después de la venta en ejecución y los pagos de intereses se anotaban como satisfechos cada seis meses más o menos sin hacerse cambio alguno en la cuenta por virtud de la venta.

En marzo 29 de 1910, fecha de la venta en ejecución a Boneta, aparece un asiento en los libros por $800 que, según expresa Strube, se refería a un pago parcial de las costas del procedimiento hipotecario. Strube, sin embargo, tomó un vale por esta suma de $800, y de la faz de dicho vale no hay nada que demuestre que era un recibo. Strube admitió que lo había tomado en esta forma para el caso de que no se otorgara una escritura de la propiedad, pudiera él tener algo a su favor. En julio 18 de 1910, Boneta dió a Strube un segundo vale con condiciones y reservas del mismo' tenor. Hacia esa fecha Strube y Boneta se reunieron en la oficina-del notario Paz, con el expreso propósito de otorgar escri-tura de la propiedad “Jobo”; pero aunque Strube alegó que había arreglado sus cuentas con su tía, compareció sin embargo a esta reunión el señor Koester quien ofreció com-prar la propiedad a nombre de Augusto Strube, hermano de Leopoldo. Al dar lectura el notario a la minuta de dicha escritura, el señor Koester se negó a entrar en negociaciones con motivo de que los dos embargos de Erica Schroder y Swift & Co. no habían sido cancelados en el registro de la propiedad, las partes, por tanto, se marcharon y nada se hizo entonces por perfeccionar el alegado contrato entre Strube y Boneta.

^Repreguntado Strube manifestó que el dinero pertenecía a su hermano y a no ser porque este dinero había de en-viarlo su hermano, él no hubiera podido concertar dicho con-trato con Boneta. Sin embargo, tan pronto como la fecba de este contrato fracasado, como lo titula Strnbe, pasó a la his-toria el señor Koester entregó a Strube los $5,000, quien los dedicó a otros fines. No resulta enteramente claro de los autos por qué Strube no se quedó con la propiedad en esta fe-cba sujeta como estaba, según él, a dos embargos anotados en el registro de la propiedad que no perjudicaban. Sin embargo, Strube y Boneta fueron juntos a ver al abogado Mar-tín Travieso, habiendo manifestado Strube que el señor Tra-vieso estaba contratado para cancelar estos dos- embargos. La memoria del señor Travieso era, al parecer, un poco de-fectuosa, pues él declaró que había sido contratado para defender un pleito de Erica Schroder contra Tomás Boneta-Este pleito a la verdad siguió inmediatamente e interrumpió los procedimientos. La acción que se establecía era contra Tomás Boneta para anular la venta en ejecución alegándose varios derechos de Erica Schroder. Travieso declaró que todo el convenio que hizo con Boneta era para recibir la suma de $600 por defender ese pleito y que Strube le pagó $150 a cuenta. Strube dijo que los $150 fueron solamente para le-vantar los embargos y las fechas al parecer confirman su manifestación. Posteriormente y hasta el año 1913, cuando la acción establecida por Erica Schroder fué desestimada, Travieso hizo varias tentativas por cobrar de Strube el saldo de $450, pero Strube negó su responsabilidad y le dijo que se dirigiera a la sucesión de Boneta. En la correspondencia habida.entre ellos aparece, sin embargo, que Strube también hizo ofertas de pagar a Travieso, sugiriendo que él rebajara sus honorarios por las manifestaciones hechas por Strube de que si bien él no era directamente responsable, sin embargo, como la propiedad podía pasar a él, él podría quedar igual-mente obligado al pago. No encuentro en los autos que la cuenta de Travieso fuera satisfecha.

En 23 de noviembre de 1912, Tomás Boneta falleció sin otorgar testamente. Todos los herederos prontamente ini-ciaron una declaratoria de herederos, la propiedad quedó in-ventariada, estando entre dichos bienes inventariadps la finca denominada ‘ ‘ Jobo

Leopoldo Strube se basaba en un supuesto contrato de venta que había de cumplirse y ofreció pagar un precio que se aleg’ó había sido convenido o el saldo del predio conve-nido, para obtener el cumplimiento específico del supuesto contrato por los herederos de Tomás Boneta. El apelante muy bien llama la atención hacia el hecho de que la relación legal entre Tomás Boneta y Strube era de una promesa de venta en caso de que ciertas cosas que entonces no existían llegaran a realizarse. En la fecha del supuesto contrato, Bo-neta no era dueño de la propiedad y no podía vender a Strube una finca que estaba 'a nombre de Erica Schroder, de modo que en la fecha de dicho ‘ contrato no podía cumplirse con los términos ¿el mismo. Strube meramente convenía que en cierta fecha recuperaría la propiedad de Boneta si este úl-timo en realidad de verdad ejecutaba la propiedad y la com-praba para sí. Boneta ejecutó y compró la propiedad e in-mediatamente puso en-posesión a Strube. A pesar del hecho que Strube no menciona, creo que él estaba tan ansioso de recobrar la posesión de la propiedad y cultivar su cosecha de tabaco como lo estaba Boneta de recibir su dinero en vez de la hipoteca, lo mismo dejando a Strube que pag’ara los in-tereses o que fuera otra la persona que los pagara. Strube entró en posesión de la propiedad, es verdad, pero su pago de $50 mensuales o aun el pago de las contribuciones no eran sino una justa compensación por el uso y ocupación de la finca.

No aparece en ninguna parte que Strube en la fecha del alegado contrato celebrado entre él y Boneta, en el tiempo que media entre el otoño de 1909 y la primavera de 1910 pa-gara alguna cantidad a Boneta, o sufriera algún perjuicio. Por el contrario, creo que estaba muy ansioso porque se le pusiera en posesión de la propiedad “Jobo”. También in-dica el apelante que si kobo algún contrato entre Strube y Boneta, este último bizo todo lo que dicho contrato le exigía por cumplir con el mismo y que el supuesto contrato fracasó. En realidad de verdad, Boneta fue a la oficina de Paz TJrdaz preparado para otorgar cualquier clase de escritura que Strube quisiera, pero este último no compareció personal-mente, sino por su mandatario señor Koester, que tenía $5,000 pertenecientes al hermano de Strube y quien estaba prepa-rado para otorgar una escritura por $5,000. El notario hizo presente que los embargos de Erica Schroder y de Swift & Co. aparecían en el registro de la propiedad como gravá-menes y el señor Koester se negó' a firmar.

Creo que cualquiera que hubiera sido el entendimiento habido entre Boneta y Strube, Boneta ofreció cumplir con todo aquello que le correspondía. Cualquier cosa que hu-biera podido hacer después era puramente por condescenden-cia. En realidad de verdad, tanto Strube como Boneta fueron a la oficina de Travieso donde dice Strube contrataron ellos a dicho abogado para que levantara los embargos. Estos, sin embargo, existían todavía en el año 1915, o sea en la fecha del juicio.. En la fecha del juicio, en tanto se hace referencia a estos embargos, nada había sucedido para que Strube que-dara en mejores condiciones para comprar la propiedad que las que tenía cuando el señor Koester se negó a firmar. Casi inmediatamente después Koester entregó los $5,000 a Strube, quien declaró que los había empleado para otros fines. Creo que Boneta tenía razón para tomar la negativa de Koester a firmar en el sentido de que lo relevaba de cualquier obliga-ción que pudiera tener para con Strube, si alguna existía. Aunque la corte al parecer no les clió crédito, dos o tres tes-tigos declararon que Boneta manifestó en la oficina de Paz ürdaz el día del contrato fracasado que las negociaciones habían terminado. Los embargos contra la propiedad impo-nían tanta obligación a Strube como a Boneta y no consti-tuían obstáculo alguno para el traspaso de la propiedad de Boneta a Strube.

En 1910, él tuvo verdadera oportunidad de comprar la propiedad “Jobo”, lo que no hizo, y desde esa fecha en ade-lante no hizo más oferta por comprar la propiedad hasta el comienzo de esta acción. Esta omisión de actuar también guarda alguna relación.

Se me ha llamado la atención hacia el artículo 1095 del Código Civil, pero mi opinión es que es aplicable más parti-cularmente a una deuda específica, o a- ijna persona que in-siste en el cumplimiento de un contrato y no a la que se opone al cumplimiento.

Se hace cierto hincapié en el hecho del pago de $1,600 hecho por Strube a Boneta en abril y julio de 1910, pero no eran absolutamente pagos sin condiciones hechas por Strube; él recibió documentos negociables a cambio. No aparece de los autos que Strube hubiera hecho pagos de intereses a Bo-neta después de esa fecha, de modo que por el transcurso del tiempo y dada la práctica de Boneta de aplazar los cobros, estos pagos podían ser considerados por Boneta como pagos a cuenta de los intereses o rentas por el uso y la- ocupación de la finca. De igual modo podía entenderse cualquier pago de contribuciones cuya obligación no se menciona en los autos. Cualquier pago de contribuciones hecho por Strube, hasta podía considerarse como voluntario y que no era parte del convenio entre él y Boneta, o en verdad, como hemos dicho, como parte del precio por el uso y la ocupación. Strube declaró que él recibió estos vales en esta forma, para el caso de que no se otorgara ninguna escritura, y que Boneta o la sucesión eran, por tanto, sus deudores. Creo que aparece claro de los autos que Strube creyó que estaba libre para hacer lo que quisiera en cuanto a la compra de la propiedad. En realidad y según aparece de su declaración, él confiaba en la palabra de Tomás Boneta, quien también se creyó libre para Racer lo que quisiera y quien tenía en el año 1911 per-fecto derecho para traspasar la propiedad a su hijo si ésta .era su voluntad. En este alegado contrato celebrado entre Strube y Boneta existiría cierta falta de mutualidad si Strube tenía razón. Nadie podía obligarle a tomar la propiedad, pero él podía obligar a Boneta o a sus herederos.

El artículo 1067 dispone que en las obligaciones recípro-cas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le in-cumbe. No creo que hubo ningún cumplimiento por Strube hasta la fecha del pleito.

El artículo 1071 prescribe que cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de fami-lia. No puedo ver que Strube tomara medida alguna para exigir el cumplimiento específico del contrato que alegó exis-tía. El tuvo oportunidad de comprar y su mandatario el Sr. Ko ester se negó a ello. Los embargos sobre la propie-dad existen todavía. Todavía después de la muerte de Bo-neta no trató en manera alguna de insistir en el cumplimiento. específico, ni tampoco hizo ninguna otra diligencia para le-vantar los embargos. El pleito de Erica Schroder fué de-sestimado hacia la fecha de la muerte de Boneta. La deses-timación de esta acción y la muerte de Boneta fueron, al parecer, las cosas que impulsaron a los dos reclamantes para tratar de recobrar la propiedad. Tomás Boneta ha falle-cido. Durante su vida hubiera hecho lo que quería, pues era un hombre de energía y perito en negocios. Después que un hombre ha muerto las cortes van despacio al dar efecto a cualquier supuesto convenio celebrado por el finado, a falta de cualquier, indicación de que tal fué su intención.


text:
    Fulladosa, Demandante y Apelante v. Castro, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en' pleito sobre nulidad y reivindicación.
    No. 1889.
    Resuelto en julio 18, 1919.
    Dominio — Título — Presunto Dueño — Posesión — Prueba de la Posesión. — Cuando’ una persona prueba que tuvo el dominio de una propiedad en de-terminada fecha, existe la presunción de que continúa teniéndolo mientras no se demuestre lo contrario; y la prueba de la posesión por parte del de-mandado no es suficiente para destruir tal presunción, pues incumbe al de-mandado probar un título posterior. El caso de Quintero v. Sosa, 18 D. P. R 243, examinado y distinguido.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Fernando Vázquez.

    Abogados de la apelada: Sres. Juan B. Huyhe y Luis Villaronga.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal. Se alega en la demanda de esta apelación que Rosa Fu-lladosa es la dueña de cierta finca rústica que heredó de su madre. Alega la demandante que el demandado, sin que ella le hubiera hecho venta de la finca obtuvo en la Corte de Dis-trito de Humacao. una sentencia en la que se decretaba el título de dominio a su favor, estando fundada dicha senten-cia en una supuesta venta hecha por la demandante. La de-manda pasa entonces a atacar la acción de la corte al de-cretar la información de dominio, por ser defectuosa por varios fundamentos que en dicha demanda se alegan. La teoría de la demanda, como muestra el alegato de la ape-lante, es que era necesaria una acción de nulidad de acuerdo con la doctrina sentada en el caso de Oliver v. Oliver, 23 D. P. R. 181.

El demandado formuló excepción previa y contestó ha-ciendo una negativa general y alegando otros hechos como materia nueva. En la nueva materia se admite el hecho de que la demandante fue una vez dueña de la finca en cuestión, pero se alegan una serie de actos particularmente de tran-sacciones y negociaciones por virtud de los cuales la deman-dante vendió la finca al demandado.

En el juicio la demandante ofreció como prueba los autos del expediente de dominio, fué ella misma a la silla testi-fical para declarar que jamás había sido citada en el expe-diente de dominio y entonces dió por terminada su prueba. El demandado presentó una moción de non-suit que fué de-clarada con lugar por la corte.

La teoría de la corte y del apelado era que la apelante estaba obligada a probar el dominio actual de la propiedad. En otras palabras, que se necesitaba algo más que la admi-sión o prueba de haber sido ella dueña una vez de dicha pro-piedad. Sin embargo, una vez probado que un demandante fué dueño de una propiedad en determinada fecha, surge la presunción, si en ella confía el demandante, que una vez probada la existencia de una cosa, continúa ésta todo el tiempo que ordinariamente duran las cosas de igual natu-raleza. Ley de Evidencia, artículo 102, párrafo 41. Una vez demostrado el dominio se presume que continúa hasta tanto se demuestre lo contrario. Uno de los casos más an-tiguos y principales sobre la presunción del dominio es el de Magee v. Scott, 9 Cush. 148, 55 A. D. 49. En dicho caso la corte por conducto del Juez Presidente Sr. Shaw, después-de establecer el principio de que la presunción de dominio continúa hasta que se- demuestre que ha habido alguna ena-jenación, dijo lo siguiente:

“La persona que tiene este dominio no lo pierde por permitir que otra persona esté en posesión. La forma corriente de acreditar el dominio a la propiedad es probando que fué comprada y satisfecho su valor, y de acuerdo con la ley se considerará que es del comprador hasta que algo se demuestre que cambie el título, no suministrando prueba concluyente de tal cambio el mero hecho de desprenderse de la posesión. La posesión es prima facie prueba del título y es válido contra todo el inundo menos el que prueba el dominio; esto es, contra cualquier persona excepto el verdadero dueño; Armory v. Delamirie, 1 Stra. 505.”

En lenguaje muy parecido se habla de la presunción en la Partida III, Título XIV, Ley No. 10. En el tomo 50 de los American Eeports, página 297, bay una nota del “reporter” de las diferentes situaciones en la vida en que tiene lugar, una presunción de continuidad y se citan casos, que' ban sido publicados para demostrar que si se prueba un título, continúa la presunción del título y la obligación de probar lo contrario incumbe al que alega la falta de título.

Kidder v. Stevens, 60 Cal. 419, fue un caso en el cual se alegó una posesión que databa de junio 1, 1879, y un desa-hucio el mismo día, habiendo declarado probado la corte que el demandante era el dueño el día 29 de junio, 1868, y que hizo el traspaso a María Kidder el día diez y seis de no-viembre de 1875. La corte se expresó como sigue:

“Y.se dice que esta no es una conclusión sobre la cuestión del dominio el día primero de junio de .1879, fecha en que se alega en la demanda que tuvo lugar la toma de posesión. Sería difícil indi-car por qué no es tal conclusión cuando se aplican las reglas -de ley a los hechos como han sido declarados probados. Debemos leer todos los hechos, ya estén contenidos en una alegación, veredicto especial, exposición estipulada o conclusiones de hechos, a la luz de las regias de la ley. Las presunciones de derecho son reglas de ley ya sean controvertibles o no. Si la presunción controvertible no ha sido con-tradicha o desaparecida mediante prueba, es una regla de ley que ha de aplicarse tan inflexiblemente como una presunción que es incontrovertible o concluyente; en otras palabras, una presunción de ley que es controvertible cuando no ha sido cambiada por la prueba, viene a ser para la corte una regia incontrovertible del caso y la corte está obligada a darle aplicación.
“Una vez establecido un estado legal (status), la ley presume que continúa hasta que no se demuestre otra cosa (véase el caso de People v. Feilen, 58 Cal. 218); o como expresa una regla semejante en el Código de Enjuiciamiento Civil (véase el artículo 1963, pá-rrafo 32), “que una vez probada la existencia de una cosa continúa hasta todo el tiempo que ordinariamente duran las cosas de igual naturaleza.”

El.caso es instructivo por varias razones, pero tenemos aquí la indicación inequívoca de que hablamos de la misma presunción a qne se refiere el artículo 102 de nuestra Ley de Evidencia que ha sido tomado de California. Otros ca-sos de ese Estado son los de Hohenshell v. South Riverside Land & Water Co., 61 Pac. 372; Eltzroth v. Ryan, 26 Pac. 648; Rock Ridge Park Co. v. Wells, 149 Pac. 792; Jennings v. Jordan, 160 Pac. 577; Metteer v. Smith, 105 Pac. 735. En este ultimo caso la corte se expresó como sigue:

“Alega, sin embargo, el apelado, que el error no perjudicaba porque de acuerdo con las alegaciones y la prueba del título que-además se presentó y que no fué contradicha, no era necesaria la prueba para el establecimiento de su caso — que una acción como ésta, después de probar su título la demandante, no tenía que demostrar que no se había desprendido del mismo.' Creemos que esta, conten-ción de la apelada debe ser sostenida. Establecido una véz yin es-tado legal (status) la ley presume que continúa basta que áé demues-tre otra cosa.” - -

Otros casos sobre el mismo principio pueden encontrarse en el de Lockwood v. Allen, 89 N. W. 493, donde se cita el caso principal de Magee v. Scott, supra. Tuvimos "oportu-nidad de considerar la. cuestión en el caso de Príncipe v. A. R. R. Co., 22 D. P. R. 306, donde dijimos: “Como el demam-dante ya había probado sin objeción alguna que el ramal en cuestión pertenecía a la compañía desde cuatro años antes, debe surgir naturalmente la presunción de que la com-pañía era todavía dueña del referido ramal mientras no se probara lo contrario (se citan autoridades). Una- vez acre-ditado el dominio se presume que continúa basta que se de-muestra lo contrario. Los títulos sé acreditan en esta forma.”

Sin embargo, tanto la corte como el apelado se fundaron en gran parte en' el caso de Quintero v. Sosa, 18 D. P. R. 243. Los hechos de ese caso en cuanto a la cuestión principal no pueden distinguirse fácilmente de los del ca.so pre-sente. En aquel caso admitió el demandado en su contes-tación que el demandante había sido dueño una vez, petó negó que lo fuera a la fecha, de la acción. Si bien el ape-

lítale'eir ese éásb'-' insistió en una parte de su alegato que esta achñisión'do'bximía dd la obligación de tener qne pro-bar, sU' 'principal' discusión hecha así en la vista como en su.' alegato ''era question de alegaciones. Se negó a presen-tar prueba en él juicio. Tal vez puede decirse que en el juicio' hubiera sido mejor si hubiese manifestado que con-fiaba en'la'admisión de su contrario en cuanto al anterior dominio ,y presunción de continuidad. El caso como ha sido presentadora este tribunal en la vista era que como la de-smandante había-' dicho que era la actual dueña de la propie-dad y'el‘demandado sólo había alegado su actual dominio-como materia nueva, el peso de la prueba incumbía entera-mente q 1 demandado. Fundamentalmente la apelante tenía razón-,en- el caso, pero su insistencia en una cuestión de ale-gación desvió a la corte de la verdadera cuestión en discu-sión. .La demandante no tenía derecho a una sentencia sobre las alegaciones y estaba obligada a entrar en el período de la prueba y su- negativa a presentar prueba fue lo que des-vió a la. corte inferior y finalmente, a esta corte. Es real-mente cierto como se dijo en aquella opinión, que la admi-sión de, que una, persona fué una vez dueña no es una admi-sión de que- lo sea hoy, sobre cuyo punto gira la opinión en el caso de Quintero v. Sosa.- La conclusión del dominio actual es consecuencia de la presunción de continuidad, como dijo esta corte en el caso posterior de Principe v. A. R. R. Co., supra. La- mera posesión no puede destruir la presun-ción de dominio como se establece en el caso principal de Magee v. Scott. Si así fuera un demandante en una acción reivindicatoría probando el dominio en cierto día. podría ser vencido^ mientras que es bien- sabido que la posesión del de-mandado; es uno de los elementos de la acción. Otro caso que muestra este principio -general es el de Humpfner v. D. M. Osborne & Co., 50 N. W. 90, en el cual la corte se expresó como sigue:

“Alegado él dominio y posesión, sigue como consecuencia el de-recbo a la posesión; y la alégación de que la propiedad estaba en poder de los demandados cuando se apropiaron de ella no lleva con-sigo la deducción de qne los demandados tenían derecho a disponer de la misma en oposición al dueño. La posesión es solamente prueba de dominio y derecho a la posesión en cuanto a personas que no mues-tran título alguno, pero no contra el verdadero dueño. Magee v. Scott, 9 Cush. 148.”

Y dice además la corte:

“Siendo pues el dueño el demandante se presumirá que continúa en su dominio a falta de prueba que acredite un traspaso del título. 1 Greenl. Ev. §§ 40, 41, y notas; Magee v. Scott, 9 Cush. 148. Por tanto, admitido este dominio en una defensa de la contestación aun-que negado en otra no quedó nada por discutir sobre la cuestión de dominio para ser sometida al jurado. Esta corte recientemente re-solvió en el caso de McLaughlin v. Alexander, (S. D.) 49 N. W. Rep. 99, que la admisión en una defensa de hechos alegados en la demanda aunque fueran negados en otra defensa de la misma contestación eximía al demandante de la necesidad de tener que probar tales he-chos en el juicio. Los hechos que han sido admitidos en las alega-ciones no tienen que ser sometidos o declarados probados por el ju-rado en un veredicto especial. 3 Wait. Pr. 196. Los hechos admi-tidos en las alegaciones en unión de los declarados probados por el jurado presentan todo el caso en debida forma para la consideración de la corte.”

El caso de Quintero v. Sosa, en tanto es incompatible con este principio, no puede ser de aplicación. Aunque la corte inferior se fundó en el caso de Quintero v. Sosa, existía el caso posterior de Príncipe v. A. R. R. Co., supra, y liemos dicho en el caso de Ochoa v. Manzano, 24 D. P. R. 786, que en casos de conflicto aparente es preferible seguir el último pronunciamiento de la corte.

Como hemos visto, el apelante en el juicio creyó que es-taba obligado a probar los defectos que contenía y la falta de efecto legal del título de dominio de los demandados y así trató de hacerlo. Si el apelado hubiera confiado en dicho título de dominio pudo haber dado por terminado su caso y la corte hubiera estado obligada a resolver sobre su sufi-ciencia. En vez ele hacer esto el referido apelado presentó una moción de non-'suit por el fundamento de que la deman-dante no había probado su título. Nosotros mismos podría-mos resolver respecto a la suficiencia de dicho título de do-minio, pero como el demandado pudiera tener otras defensas creemos que es preferible devolver todas las actuaciones a la corte inferior para la celebración de un nuevo juicio donde pueden presentarse todas las defensas.

Debe revocarse la sentencia y ordenarse la celebración de un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada y ordenado un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández firmó, “conforme con la sentencia.”


author: El Juez Presidente Sr. Hernandez,

text:
    Marrero, Demandante y Apelada, v. Fordham et al., Demandadas y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre filiación y reclamación de herencia.
    No. 1833.
    Resuelto en julio 21, 1919.
    Filiación — Reconocimiento Forzoso de I-Iijo Natural — Apreciación de Prue-bas. — En un pleito sobre reconocimiento de hijo natural, cuando la corte inferior llega a la conclusión de que el demandante ha estado en la posesión continua del estado de hijo natural del supuesto padre, justificada por actos directos de éste con relación al demandante, no se irá en apelación contra dicha conclusión a menos que se demuestre pasión, prejuicio, parcialidad o manifiesto error en la apreciación de las pruebas.
    Td. — Extraterritorialidad dk ■ Sentencias de Divorcio Dictadas en Otros Es-tados. — -La prohibición de contraer nuevo matrimonio decretada por la corté en New York dé acuerdo con un estatuto de aquel Estado, alegada por el demandado en un pleito sobre reconocimiento de hijo natural para estable-cer que el padre y la madre no hubieran podido contraer matrimonio al tiempo de la concepción y nacimiento del demandante no tiene efecto extraterritorial.
    Jurisdicción — Juez de Facto. — En el presente caso, en la fecha de la celebración del juicio había expirado el término por el cual fué nombrado el juez de la corte pero había sido nombrado para un nuevo término por el Gobernador y no se demostró que en esa feelia el Senado hubiera dejado de aprobar tal nombramiento. Si el juez no actuó como un juez de jure, indiscutiblemente actuó como un juez de facto, pues él tuvo esa creencia y las partes estuvieron conformes con ella.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. O. B. Frazer.

    Abogado de la apelada: Sr. José Tous Soto.

   El Juez Presidente Sr. Hernandez,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 29 de noviembre de 1915, Amelia Marrero, re-presentada por sn madre Eafaela Marrero, con patria po-testad sobre ella, radicó demanda en la Corte de Distrito de Ponce contra María D. Fordham y Esther Bessie Boerman, vinda y madre respectivamente del difunto Charles M. Boer-man y herederas testamentarias del mismo, para que se declare a la demandante hija natural reconocida de Charles M. Boerman, con derecho a llevar sn apellido y a heredar la cuarta parte de los bienes del mismo, computándosele en sn legítima, sin traba ni restricción alguna, un legado de $5,000 dejado por Boerman a la demandante, con costas, de-sembolsos y honorarios de abogado a las demandadas.

Alega la demandante como hechos determinantes de su ac-ción que es hija natural reconocida de Eafaela Marrero, na-cida en Ponce el 16 de septiembre de 1901, como fruto de las relaciones carnales extramatrimoniales habidas entre dicha Eafaela Marrero y Charles M. Boerman, siendo ambos solteros y sin impedimento alguno para contraer matrimo-nio; que Boerman falleció en 30 de enero de 1915, en Ponce, sin dejar descendientes legítimos, bajo testamento ológrafo declarado tal y mandado protocolar por sentencia de la Corte de Distrito de Ponce, en cuyo testamento Boerman instituyó por sus únicas y universales herederas a su consorte María-D. Boerman, nee Eordham, residente en Ponce, y a su madre Esther Bessie Boerman, residente en Poneweish, Elisia, de-jando nn legado de $5,000 a la demandante Amelia Marrero, que no se le entregaría liasta la edad de veinticinco años, percibiendo entretanto el interés del 6 por ciento anual; que la demandante estuvo constantemente desde su nacimiento, basta la muerte de Boerman en la posesión del estado de bija natural de éste, quien siempre sufragó los gastos del sustento, vestido, habitación, asistencia médica y educación de Amelia Marrero, se ocupó de su instrucción, matriculán-dola él personalmente en las escuelas públicas, presentán-dola y recomendándola a las profesoras como su bija y que-riendo que se matriculara con el apellido Boerman; la trató pública y privadamente como bija, dándole el nombre de tal y consintiendo y queriendo que ella le diera a su vez el nom-bre y tratamiento de padre; la acarició, reprendió, hizo re-galos y se interesó siempre por su bienestar, y en diversas ocasiones manifestó a distintas personas que era su bija y deseaba considerarla y tratarla como tal y del mismo modo fuera considerada y tratada por todos.

Fué anotada la rebeldía de la demandada Esther Bessie Boerman, y la otra demandada María D. Fordbam, viuda de Boerman, contestó la demanda negando sus hechos fun-damentales y alegando como materia nueva que Charles M. Boerman hacia el 15 de noviembre de 1893 contrajo matri-monio en la ciudad de Chicago, Illinois, con Sophia Boerman; que ésta en 9 de junio de 1900 obtuvo de la Corte Suprema del Estado de New York un decreto de divorcio contra su esposo Charles M. Boerman por causa de adulterio, en cuyo decretó “s'e ordena, adjudica y decreta que será legal para dicha Sophia Boerman, la demandante, casarse otra vez, del mismo modo que si el demandado Charles M. Boerman es-tuviera actualmente muerto, pero que no será legal para dicho Charles M. Boerman, el demandado, casarse otra vez hasta que dicha Sophia Boerman la demandante, esté actual-mente muerta”; que Sophia Boerman vivió hasta el año 1905 y hasta esa fecha estuvo incapacitado Boerman para contraer matrimonio tanto de acuerdo con las' leyes del Es-tádo de New York como con arreglo a las prescripciones del Código Civil. Español que le eran aplicables;; :,y que Boe’ip man en su testamento ológrafo declaró .expresamente estar-casado con María D. Fordbam y no tener;hijosúni.de,ell'a ni de ninguna otra mujer. • ¡ i.

Celebrado el juicio la Corte de Distrito' de Portée, esüi-mando probadas las alegaciones esenciales de la xlettianda, y también la alegación de la demandada María D. 'Fordham-, de haberse dictado sentencia de divorcio en ni Estado de New York contra Charles M. Boerman, en la fecha y términos ex presados en la contestación, dictó sentencia en 20 de dicieni-bre de 1917, por la que declara que Amelia Marrero es hija natural reconocida de Charles M. Boerman, con derecho á llevar el apellido de éste y a percibir la parte de herencia que le corresponda de acuerdo con la ley, ordenando además que se computen en su legítima a Amelia Marrero los $5,000 del legado que le dejó en su testamento Charles M.- Boerman, sin la limitación establecida por el testador. ■ ' -i

Esa sentencia está sometida a nuestra consideración -k virtud de recurso de apelación contra ella interpuesto pol-la representación de la parte demandada María D. Fordham', viuda de Boerman; y se alegan como motivos-del recursb los siguientes: 1º. Insuficiencia de la prueba para-establecer que-el status de la demandante era el dé-hija n'atuial del finado Charles M. Boerman; 2º. Error al estimar' que Boer-man tenía capacidad para procrear un hijo' naturaFa-lá fecha de la concepción y nacimiento de la demandante;- '-3°. Falta de jurisdicción del juez sentenciador--para ver-'y' decidir- él caso.

Hemos examinado la evidencia aportada ál jiiici'ó' |p'or ani-bas partes y ella sostiene la sentencia apelada, puds' ofrece prueba vigorosa y convincente para llegáF á láconclusión de que la demandante Ameliá Boerman liá'réstadó éh lo po-sesión continua del estado de hija natural "-0b "'Charles M-. Boerman, justificada por actos directos de.diehq.Boerman con relación a la demandante, según exije el articuló 135 del Có-digo Civil Español que la parte apelante invoca, como apli-cable al caso por ser el que regía en la fecha del nacimiento de dicha ¡demandante. La misma parte demandada, la viuda de Charles M. Boerman, declara que la demandante llevaba el apellido de su padre con consentimiento y beneplácito de éste y que por esa razón hasta pensó en adoptarla, por más que desistiera luego de semejante idea. El propio Boerman aunque declaró en su testamento carecer de hijos, hizo un le-gado a la demandante de $5,000. La prueba aportada al jui-cio es robusta y clara como es necesario en pleitos de recono-cimiento do hijos naturales. Negreda v. Samohano, 16 D. P. R. 692, y Méndez v. Martínez, 21 D. P. R. 252.

No se nos ha demostrado por la parte apelante que la corte inferior obrara con pasión, prejuicio, parcialidad o ma-nifiesto error, en la apreciación de dicha prueba.

Y Boerman estaba capacitado para casarse si hubiera querido con Rafaela Marrero, madre de la demandante, en las fechas de su concepción y nacimiento, no obstante el de-creto de divorcio de la Corte Suprema de New York, de ju-nio 9, 1900, expresivo de que no sería legal para él casarse .otra vez hasta que su esposa Sophia Boerman hubiera fa-llecido, Aunque no aparece del récord la- fecha precisa en que ocurrió el fallecimiento de Sophia Boerman, como la de-mandada*'alega que vivió hasta el año 1905, debemos presu-mir que aun vivía cuando fue concebida y nació la deman-dante, como también hemos de presumir que la Corte Su-prema. de New York en su decreto de divorcio de 9 de junio, 1900, prohibiendo a Boerman casarse otra vez hasta que hu-biera fallecido su esposa, se ajustó al estatuto de dicho Es-tado, ,por más . que no se nos haya demostrado cuál sea ese gatatnlp;.., Ni, dicho 'estatuto ni la sentencia a que se ajustara irppedíaqr a, ¡Boerman casarse en Puerto Rico con Rafaela Ma-drero, i no, ¡ obstante vivir su esposa Sophia Boerman.

■“¡Esnmtóreglá general que un' estatuto que prescribe en términos generales que el esposo que haya sido declarado culpable no contraerá matrimonio después del divorcio es aplicable solamente a los-divorcios decretados dentro del estado. * * * La prohibición de contraer nuevo matrimonio generalmente se considera como un castigo y no tiene efecto extraterritorial.”

9 R. C. L. 504.

La Corte Suprema de Louisiana, interpretando precisa-mente el estatuto de New York, se expresó en los términos siguientes en el caso de Sucesión Hernández, 24 L. R. A. (N. S.) 831:

"La prohibición del estatuto de New York en el sentido de que ningún segundo o subsiguiente matrimonio podrá ser contraído por ninguna persona durante la vida del primer esposo o esposa de dicha persona, en el caso de que el primer matrimonio sea anulado o disuelto por causa de adulterio, no tiene efecto extraterritorial por ser un estatuto penal; y no puede dársele el efecto de anular un con-trato de matrimonio entre personas que se encuentren residiendo en el extranjero, no obstante haber sido celebrado en la ciudad y Estado de New York, manifestando las partes contratantes su intención de estar y. residir luego en Louisiana y de residir realmente después allí.”

La sentencia de la Corte Suprema de New York de 9 de junio de 1900 y el estatuto prohibitorio del mismo Estado no producía efectos en Puerto Eico.

Pero se alega que el estatuto de Puerto Eico impedía a Boerman contraer matrimonio y para ello invoca la parte apelante que la ley aplicable al caso es el Código Civil Es-pañol, por haber ocurrido la concepción y nacimiento de la demandante antes de que comenzara a regir en 1902 el. Código Civil reformado.

Los preceptos del Código Civil Español fueron modifica-dos sustancialmente en materia de matrimonio y divorcio por la Orden Heneral de 17 de marzo de 1899, y esa orden en su artículo 3°., No. 1°., permite el matrimonio a los casados cuyos vínculos hubieren sido disueltos, y aunque en su nú-mero 12 prohibe el matrimonio a los adúlteros que hubiesen sido condenados como tales por las cortes, tal prohibición no afectaba a Boerman quien ni fné condenado por delito de adulterio en causa criminal ni había cometido adulterio con Rafaela Marrero, o sea la madre de Amelia Marrero. Al adúltero no se le prohibía en absoluto contraer nuevo matri-monio sino contraerlo con su cómplice.

Acerca de la falta de jurisdicción del juez de Ponce para ver y decidir el presente caso, aparece de la transcripción, de autos lo siguiente:

“Antes de principiarse la vista del caso, el Hon. Juez de la corte llama la atención de las partes sobre una cuestión que estima im-portante, cual es la siguiente: El término de cuatro años del juez de esta corte venció el día 1°.. de noviembre de 1917, o sea ayer; aunque he sido nombrado por el Gobernador — dice el iuez — para el puesto de Juez de la Corte de Distrito de Ponce, el nombramiento fue enviado al Senado y hasta ahora el juez no tiene conocimiento de que se haya resuelto definitivamente su nombramiento en el Senado. El juez cree, después de haber estudiado la cuestión hasta donde se, lo há permitido el tiempo, que puede continuar como juez de facto hasta tanto sea nombrado su sucesor; pero somete el caso a' los abo-gados de las partes para que puedan informar a la corte su opinión respecto al particular. Los abogados pueden o no hacer objeción a que el juez actúe. Los abogados Tous Soto y Plores Colón mani-fiestan a la corte que no hacen objeción alguna; los Sres. Horton y Arroyo, abogados de la demandada, también avisan que no tienen objeción que hacer. El»juez hace constar que cree, después de un estudio que ha hecho de la ley y la jurisprudencia, que puede seguir conociendo de los casos ante esta corte y asumiendo las funciones de juez, como un juez de facto, y quizás como un juez de jure, pero positivamente como un juez de facto, hasta tanto sea nombrado su sucesor. El abogado Sr. Horton solicita unos minutos para consultar con su cliente, ya que se trata de una cuestión importante. Pocos ins-tantes después vuelve a la sala y manifiesta a la corte que su cliente no se opone. El juez entonces resuelve que puede continuar ejer-ciendo sus funciones como tal juez de acuerdo con la teoría expuesta en el caso de El Pueblo ex rel. Wm. C. Stratton v. George Oulton, Controller, reportado en 28 Cal. 44, y ordena que se entre en la vista del caso. ’ ’

La falta de jurisdicción alegada carece de base, que la sostenga pues no hay constancia de qne en la -fecha de la celebración del juicio hubiera sido aprobado o no por el Se-nado el nombramiento del Hon. Domingo Sepulveda para la Corte de Distrito de Ponce por el G-obernador de Puerto Pico. Pero de todos modos entendemos que dicho juez tenía, para conocer del caso la jurisdicción que tan tardíamente le niega la parte apelante, pues si el Juez Sepulveda no actuó como un juez de jure indiscutiblemente actuó como.un juez de facto. El tuvo esa creencia y las partes estuvieron con-formes con ella. 22 R. C. L. 588.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada> la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.