source: Caselaw Access Project

author: (.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez.

license: Public Domain

text:
    Edwin S. Quintero Betancourt, peticionario, v. El Túnel Auto Services, recurrido.

      Número: CC-2015-249

      Resuelto: 23 de diciembre de 2015

      Janice Estrada Ruiz, abogada de la parte apelante; Carlos A. Mercado Rivera, de Mercado-Rivera Law Offices, abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

Se expide el auto de “certiorari” y se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Se devuelve el caso al Departamento de Asuntos del Consumidor para que este renotifique la citación de vista administrativa y continúe con los procedimientos de cumplimiento y ejecución de su resolución administrativa.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió una opinión de conformidad. El Juez Asociado Señor Martínez Torres está conforme con el resultado por enten-der que el Departamento de Asuntos del Consumidor des-estimó el caso indebidamente, ya que la citación que expi-dió al peticionario Edwin S. Quintero Betancourt es defectuosa. Esta incumplió las exigencias de la Regla 20.2 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Regla-mento Núm. 8034, Departamento de Estado, 13 de junio de 2011. Además, la agencia no aplicó primero las sanciones progresivas que dispone la Regla 23 del mismo reglamento.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez.

Estoy conforme con la Sentencia que hoy emite este Tribunal por entender que, en esta ocasión, nos corresponde revocar la determinación del Tribunal de Apelaciones y de-volver el caso para que el Departamento de Asuntos del Consumidor continúe con los procedimientos de cumpli-miento y ejecución que estaban siendo dilucidados ante esa agencia administrativa. Ello, porque, considero, que ésta abusó de su discreción al ordenar el cierre y archivo de la querella del peticionario cuando tal consecuencia no le fue apercibida en la notificación de vista y se le coartó su de-recho de cumplir con las disposiciones legislativas y regla-mentarias exigidas para la solicitud de transferencia o sus-pensión de la vista administrativa.

A tales efectos, procedo a delimitar los hechos que sus-citaron la controversia de autos.

HH

El Sr. Edwin S. Quintero Betancourt (señor Quintero Betancourt o peticionario) presentó una querella contra El Túnel Auto Services, Inc. (recurrido o El Túnel) ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Re-clamó que el 2 de junio de 2010 acudió a las instalaciones del recurrido debido a que su vehículo Suzuki modelo Sidekick de 1998 no operaba adecuadamente. Asimismo, alegó que, luego de suplir varias piezas que el recurrido le requirió para la eventual reparación, el vehículo aún no funcionaba. Además, mientras estuvo en las instalaciones de El Túnel, el automóvil fue vandalizado.

Ante estos hechos, en la primera vista administrativa que se celebró, las partes establecieron un Proyecto de Acuerdo. En éste convinieron que el señor Quintero Betan-court pagaría la cantidad total de $1,300 para que el recu-rrido reparara el vehículo. De igual forma, este último se haría cargo de los daños producto del vandalismo. A pesar de lo anterior, un mes más tarde se detuvo la reparación. Ello, debido a que el señor Quintero Betancourt no quiso acceder al petitorio del recurrido para que asumiera unos gastos relacionados al motor del vehículo.

Trabada así la controversia, el 5 de octubre de 2011, DACo emitió y notificó una Orden en la cual dictaminó que en un término de diez días el recurrido le pagara al señor Quintero Betancourt la cantidad de $1,000 por los daños que el vehículo sufrió mientras estaba bajo el cuidado y la responsabilidad de este. Asimismo, ordenó que en un tér-mino de cinco días el peticionario removiera el vehículo de las instalaciones. El 25 de octubre de 2011, la Orden fue reconsiderada a los fines de aclarar que el recurrido debía entregar el vehículo en las mismas condiciones que lo recibió. De igual forma, se aumentó a diez días el término para que el señor Quintero Betancourt retirara su vehículo de los predios de El Túnel. La orden fue notificada el 1 de noviembre de 2011.

Inconforme, el señor Quintero Betancourt recurrió al Tribunal de Apelaciones y señaló que DACo incidió en sus determinaciones en torno a la responsabilidad de El Túnel sobre la reparación y entrega del vehículo en controversia. Luego de evaluar los planteamientos del peticionario, el foro apelativo intermedio emitió una Sentencia notificada el 28 de junio de 2012 en la que confirmó la determinación de la agencia administrativa. Concluyó que el señor Quin-tero Betancourt no los colocó en posición de establecer que el foro administrativo había actuado irrazonablemente o abusado de su discreción. Este dictamen no fue recurrido por ninguna de las partes, es decir, advino final y firme.

Posteriormente, según surge del expediente, el señor Quintero Betancourt compareció en varias ocasiones ante DACo para informar que el recurrido incumplió con la refe-rida Resolución del DACo, entre otros planteamientos relacionados. Sin embargo, pertinente a la controversia de autos, del expediente se desprende que el 12 de junio de 2014 el señor Quintero Betancourt presentó una Moción in-formativa y seguimiento. En esta, le notificó a la agencia que estaría fuera de Puerto Rico desde el 19 de junio hasta el 9 de julio de 2014, por lo que cualquier vista que tuviese a bien señalar lo hiciera con anterioridad o posterioridad a estas fechas.

A pesar de lo anterior, el mismo 19 de junio de 2014 DACo emitió una Orden para Mostrar Causa mediante la cual citó a las partes para que comparecieran a una vista el 14 de julio de 2014 a las 9:00 a. m. en la Oficina Regional de San Juan. Según especificado en el documento, el pro-pósito de esta vista era que las partes mostraran causa por la cual no se debía imponer al querellado una multa de $500 por incumplimiento con la Resolución y Orden del 5 de octubre de 2011. En consecuencia, se consignó el si-guiente apercibimiento:

Se apercibe a la parte querellante [sic] que si no comparece a la vista administrativa por si o por conducto de su abogado, renuncia a su derdeho (sic) a ser oído y constityuira (sic) un allanamiento para que este Departamento le imponga la multa antes expresada sin trámite ulterior. El pago de la multa referida no lo relevará de cumplir con todo lo ordenado en la Resolución. Este Departamento tomará la acción legal correspondiente para el cobro de la multa impuesta y solicitar auxilio del Tribunal de Primera Instancia para hacer cumplir lo ordenado. Orden para Mostrar Causa, Apéndice, pág. 73.

Además del apercibimiento que antecede, en el referido documento también se dispuso que la vista solo sería sus-pendida por justa causa. Para ello, la parte interesada en la suspensión debía acompañar la evidencia pertinente con un escrito presentado cinco días laborables antes de la fecha del señalamiento. Asimismo, debía notificar a la otra parte y proponer tres fechas alternas. El incumplimiento con este procedimiento, conllevaría la imposición de sanciones.

Así las cosas, el señor Quintero Betancourt no compare-ció y, el mismo día de la vista, la Jueza Administrativa emitió una Resolución en la que dejó sin efecto la orden para mostrar causa y ordenó el cierre y archivo de la querella. Particularmente, expresó que:

La parte querellante no compareció ni ofreció excusas por su incompetencia [sic]. La parte querellada compareció represen-tada por el Ledo. Carlos A. Mercado Rivera. La incompetencia [sic] de la parte querellante nos impide dilucidar la controver-sia del alegado incumplimiento de la querellada.
Se deja sin efecto la vista de Orden para Mostrar Causa y se ordena el cierre y archivo de la querella. Resolución, Apéndice, pág. 83.

Ante esto, el 22 de julio de 2014, el peticionario presentó una Moción de reconsideración, en la que acompañó el bo-leto de avión mediante el cual evidenció que salió de Puerto Rico el 19 de junio de 2014, según había informado en la moción presentada el 12 de junio de 2014. Además, indicó que aunque estaba supuesto a regresar el 9 de julio de 2014, se enfermó y tuvo que posponer su regreso para el 14 de julio de 2014, fecha para la cual estaba pautada la vista en controversia. A tales efectos, anejó la copia del boleto de avión que corroboraba esta data. De la moción descrita se desprende que el peticionario alegó que tan pronto como llegó y encontró en su buzón la carta de DACo, aproximadamente a las 2:20 p. m. del mismo 14 de julio de 2014, acudió a la Oficina Regional de San Juan. Sin embargo, adujo que no pudo comunicarse con la Jueza Admi-nistrativa, sino que le indicaron que la decisión de la vista le sería notificada mediante comunicación escrita por correo. En consecuencia, el peticionario hizo constar que la notificación de la vista fue durante el tiempo en que había informado estaría de viaje, lo que le imposibilitó solicitar la transferencia en los términos aplicables. En fin, solicitó que se decretara otra fecha para la celebración de la vista en la que se dilucidaría la orden de mostrar causa. Esta solicitud fue rechazada de plano por DACo, debido a que la agencia no se expresó en el término requerido por ley.

Oportunamente, el señor Quintero Betancourt recurrió al Tribunal de Apelaciones y solicitó que se revisara la de-terminación administrativa. Señaló que DACo actuó en contravención del Reglamento de Procedimientos Adminis-trativos, al no otorgarle cinco días laborables para que éste solicitara la transferencia de la vista. Argumentó, además, que con el cierre y archivo de la querella administrativa, DACo dejó sin efecto la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones notificada el 28 de junio de 2012.

A pesar de lo anterior, el foro apelativo intermedio emi-tió una Sentencia notificada el 19 de diciembre de 2014, mediante la cual confirmó la actuación administrativa. Ra-zonó que el término de cinco días dispuesto en el Regla-mento no opera a favor del peticionario, sino que está con-cebido para evitar la dilación innecesaria de los procedimientos. Por lo tanto, “[n]o es el DACo, quien debe conceder el término de 5 días para que la parte solicite la transferencia, sino que la regla le impone a la parte con interés el término mínimo de 5 días para presentar esta solicitud”. Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apén-dice, pág. 15. De acuerdo con esto, el tribunal concluyó que la vista fue debidamente citada y el peticionario incumplió con su responsabilidad de solicitar la transferencia. Ade-más, determinó que no hubo prueba contundente del es-tado de salud del peticionario que justificara su incomparecencia. Por ende, concluyó que DACo actuó en sus facultades al ordenar el cierre y archivo de la querella. Asimismo, determinó que esta actuación no tuvo el efecto de invalidar el dictamen que había sido emitido por ese foro. Por el contrario, esbozó que el peticionario todavía tenía disponible el procedimiento judicial de ejecución de orden administrativa. El foro apelativo intermedio se rati-ficó en su dictamen mediante Resolución notificada el 24 de febrero de 2015, en la cual declaró “no ha lugar” la re-consideración presentada por el peticionario.

Inconforme, el señor Quintero Betancourt recurrió ante este Tribunal mediante recurso de certiorari y nos solicitó que revoquemos la resolución impugnada y ordenemos que el DACo asigne una nueva fecha para celebrar la vista de orden para mostrar causa. En esencia, además de lo que hemos descrito, argumentó que cuando la Asamblea Legis-lativa creó a DACo tuvo como propósito proveer un foro para que los ciudadanos pudieran presentar sus controver-sias y obtener una solución justa, rápida y económica. Por lo tanto, con la determinación de cierre y archivo de su querella, el foro administrativo no estaba actuando con-forme a los propósitos para los cuales fue creado.

Atendidos los planteamientos del peticionario, el 29 de mayo de 2015 emitimos una Resolución en la que le orde-namos a la parte recurrida que mostrara causa por la cual el recurso presentado por el señor Quintero Betancourt no debía ser expedido. Acorde con nuestra petición, el 22 de julio de 2014 ésta presentó un escrito intitulado En cum-plimiento de orden y solicitando se declare sin lugar el cer-tiorari del peticionario.

Así las cosas, con el beneficio de la comparecencia de ambas partes expedimos el auto de certiorari y procede dis-poner de la controversia.

I — i HH

A. Desde la creación de las agencias administrativas, se ha reconocido que para poder desempeñar adecuada-mente las funciones que le fueron delegadas, es necesario que éstas puedan ejercer poderes de adjudicación. D. Fer-nández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Proce-dimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., Colombia, Ed. Forum, 2013, pág. 71. Véanse, además: López Vives v. Poli- cía de P.R., 118 DPR 219, 230 (1987); Hernández Denton v. Quiñones Desdier, 102 DPR 218, 223 (1974). Cónsono con lo anterior, el tercer capítulo de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (Ley Núm. 170-1988), según enmendada, co-nocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uni-forme, 3 LPRA sec. 2151-2170a, establece los derechos y los procesos que las agencias administrativas están llamadas a garantizar durante estos procedimientos adjudicativos.

En armonía con estos postulados y que la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumi-dor, 3 LPRA see. 341 et seq., le otorgó amplios poderes para “atender, investigar y resolver las querellas presentadas por los consumidores de bienes y servicios adquiridos o recibidos del sector privado de la economía” (énfasis suprimido), Rodríguez v. Guacoso Auto, 166 DPR 433, 438 (2005), el DACo divulgó el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Re-glamento Núm. 8034, Departamento de Estado, 13 de junio de 2011 (Reglamento Núm. 8034). Éste tiene como propó-sito proveer un procedimiento uniforme para la solución de las querellas presentadas ante la agencia. Ello, porque al igual que la vasta mayoría de las agencias administrativas, el DACo tiene como fin atender los asuntos que le fueron delegados de una forma justa, práctica y flexible, sin adop-tar el “rigorismo procesal que generalmente ha caracteri-zado a los tribunales tradicionales”. Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 DPR 834, 840 (1978).

B. Pertinente a la controversia de autos, la Regla 30 del Reglamento Núm. 8034 establece los procedimientos a seguir en la etapa de cumplimiento y ejecución de las ór-denes y resoluciones de la agencia administrativa. En particular, la Regla 30.2 establece que:

Dentro de los treinta (30) días siguientes a la certificación de notificación de la resolución, el querellante deberá informar si el querellado ha incumplido. De no hacerlo, se entenderá que el querellado ha cumplido y se procederá al cierre y archivo del caso. (Énfasis suplido). Regla 30.2, Reglamento Núm. 8034.

A partir de esta disposición, podemos concluir que el querellante deberá ser proactivo en mantener informada a la agencia en torno al cumplimiento del querellado con las determinaciones administrativas. No obstante, es impor-tante resaltar que el reglamento relaciona el cierre y ar-chivo del caso con el cumplimiento de las órdenes o resolu-ciones, no con una sanción por incumplimiento de las partes en cuestión.

Por otra parte, esta regla también provee remedios adi-cionales que la agencia puede emplear para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones. Específicamente, es-tablece un procedimiento para que el órgano administrativo pueda imponerle una multa al querellado que está en incumplimiento. Según la Regla 30.4 del referido Regla-mento Núm. 8034, la parte en incumplimiento deberá ser citada a una vista mediante una orden para mostrar causa por la que no procede la imposición de la sanción monetaria. En la citación, se deberá especificar que la imposición de la multa no releva el cumplimiento de la resolución en inobservancia. Regla 30.4 del Reglamento Núm. 8034.

Por lo tanto, uno de los mecanismos contemplados en la reglamentación de procedimientos adjudicativos de DACo es la imposición de multas administrativas a la parte quere-llada en incumplimiento. Sin embargo, para que esto pro-ceda es necesario que se celebre una vista administrativa. Al respecto, la propia Regla 20.2 del Reglamento Núm. 8034, le impone la obligación a DACo de fijar y notificar la fecha para la vista con al menos 15 días de antelación a ésta. Ello, a menos que las partes pacten otra fecha con la anuencia del juez u oficial administrativo que esté rigiendo los procedimientos.

Además de esta exigencia en el término de notificación, esta disposición reglamentaria también establece que:

[...] Se le apercibirá al querellante que si no comparece a la vista, el Departamento podrá ordenar la desestimación y ar-chivo de la querella por abandono. Si el querellado no compa-rece se podrán eliminar sus alegaciones. El Departamento po-drá también condenar al pago de honorarios de abogado o dictar cualquier otra orden que en Derecho proceda. Regla 20.2 del Reglamento Núm. 8034, pág. 23.

Es decir, además de notificar en el término reglamenta-rio, DACo también debe incluir los apercibimientos en cuanto a lo que se expone cada parte de no comparecer. En este inciso reglamentario también se establece el carácter público de la vista y que las partes podrán presentar toda aquella evidencia documental y testifical pertinente.

Estas disposiciones son cónsonas con la See. 3.9 de la Ley Núm. 170-1988 (3 LPRA see. 2159), la cual contempla los requisitos que tiene que observar una agencia adminis-trativa al momento de emitir la notificación de una vista. En términos generales, ésta también establece que la fe-cha, la hora y el lugar de la vista deberán ser notificados con no menos de 15 días de anticipación a su celebración. Este periodo podrá ser acortado si la agencia notifica y fun-damenta una causa justificada para ello. Id.

De esta forma, en aquellos casos en los que se intente acortar este periodo debe guiar el principio de la razonabilidad. Es decir, “no puede recurrirse a una regla mecánica y es menester examinar caso por caso la cuestión de si se redujo el periodo, de manera tal que no lesione los derechos de las partes.” Fernández Quiñones, op. cit., pág. 187. Ello, debido a que este término responde a las garan-tías mínimas que las agencias están llamadas a observar como corolario del principio fundamental de debido proceso de ley.

Por lo tanto, este Tribunal ha sido enfático en reconocer que aunque este término es de cumplimiento estricto, “las agencias administrativas tienen que observarlo y los tribu-nales tienen que hacerlo valer”. (Citas omitidas). Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 246 (2007). En aras de asegurar la celebración de un procedimiento justo y equitativo, la agencia administrativa debe otorgar una notificación adecuada y oportuna para que la parte pueda prepararse para su comparecencia. Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475, 483 (2002). Véanse, además: Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 329 (2009); Depto. Rec. v. Asoc. Rec. Round Hill, 149 DPR 91, 98-99 (1999).

C. No obstante, la fecha dispuesta por la agencia ad-ministrativa para la celebración de la vista no es inmuta-ble, sino que una parte puede solicitar su transferencia y suspensión. Ahora bien, para esto la parte solicitante tiene que cumplir con unos requisitos particulares. Específica-mente, la Regla 21 del Reglamento Núm. 8034, establece que este requerimiento deberá ser presentado “(1) inme-diatamente que se conozca los fundamentos para la misma; y (2) con no menos de cinco (5) días laborables de anticipación a la fecha señalada para la vista, a menos que se trate de eventos no previsibles o fuera del control de la parte solicitante”. (Énfasis suplido). Regla 21.1 del Regla-mento Núm. 8034, pág. 25. Nótese que este término tam-bién es cónsono con la Sec. 3.12 de la Ley Núm. 170-1988 (3 LPRA see. 2162), donde se establece que no procederá la suspensión de una vista a menos que una parte presente una solicitud en la que justifique por escrito y con cinco días de antelación, los motivos de su requerimiento.

Al respecto, en Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, supra, este Tribunal expresó que como “D.A.Co tuvo ante su consideración una solicitud de suspensión que incum-plió los requisitos estatutarios y reglamentarios para su presentación [...] entendemos que esta solicitud no debió siquiera ser considerada por la Juez Administrativa que atendía la querella presentada [...]”. Id., pág. 252. Así, este Tribunal concluyó que la solicitud de suspensión de la vista administrativa no debió ser considerada por DACo, debido a que no cumplió con los términos legislativos y reglamen-tarios requeridos. En torno a este particular, el profesor Demetrio Fernández Quiñones hizo las expresiones que in-cluimos a continuación:

La decisión es clara respecto al momento en que procede presentar una moción de aplazamiento. De no cumplirse con el mandato de la disposición legal que requiere para su presen-tación que se haga cinco días antes de la fecha señalada para la audiencia, es fácil concluir que se decretará no ha lugar. Existen situaciones imprevisibles que son propias de la exis-tencia y de la vida que necesariamente tienen que ser consi-deradas como fundamentos válidos para solicitar un aplazamiento. El sistema no puede funcionar de espaldas al acontecer de la realidad. Precisa, sin embargo, resaltar que pueden darse situaciones que su evolución se inicia antes de comenzar a decursar el periodo de cinco días y le imponen a un hombre prudente anticiparlas para evitar causarle daño al procedimiento [...] Todo lo indicado apunta a que las partes y las agencias también están obligadas a estar atentas al desen-volvimiento de los eventos y circunstancias que pueden incidir sobre si el señalamiento de la audiencia ha de prevalecer. (Én-fasis suplido). Fernández Quiñones, op. cit., pág. 193.

Como vemos, la presentación de una moción de transfe-rencia o suspensión de vista no puede ser considerada au-tomáticamente, sino que deberá ser evaluada caso a caso utilizando el criterio rector de la razonabilidad.

Cónsono con lo anterior, además de cumplir con las exi-gencias descritas, el Reglamento Núm. 8034 también esta-blece que la parte solicitante deberá cancelar los cargos correspondientes y asegurarse de que su solicitud esté de-bidamente fundamentada. Es decir, que “acredite las razo-nes para la misma y expres[e] tres (3) fechas alternas den-tro de los quince (15) días siguientes a partir de la fecha señalada para la vista”. Regla 21.3, Reglamento Núm. 8034, pág. 26. Acto seguido, la precitada regla establece que “el Funcionario que presida la vista podrá imponer sanciones a tenor con la Regla 23 de este Reglamento cuando no se cumpla con el procedimiento establecido en esta regla o se utilice con el motivo [de] dilatar los procedimientos”. Id.

Particularmente, la mencionada Regla 23 establece:

Regla 23-Sanciones.
Cuando una Parte dejare de cumplir con un procedimiento establecido en este reglamento, o una orden del Secretario, el Funcionario, Secretario o Panel de Jueces que presida la vista administrativa podrá a iniciativa propia o a instancia de parte imponer una sanción económica a favor del Departamento o de cualquier parte, que no excederá de doscientos (200) dólares por cada imposición separada a la parte o a su abogado, si este último es responsable del incumplimiento. Si la parte sancio-nada incumple con el pago de la sanción se podrá ordenar la desestimación de su querella si es el querellante o eliminar sus alegaciones si es el querellado. (Énfasis omitido). Regla 23 del Reglamento Núm. 8034, pág. 27.

De lo anterior podemos colegir que la disposición regla-mentaria contempla la imposición de una sanción econó-mica de $200 a aquella parte que no cumpla con el regla-mento o con una orden del funcionario que preside los procedimientos administrativos. Esto guarda armonía con la Sec. 3.21 de la Ley Núm. 170-1988 (3 LPRA sec. 2170a), en la que el legislador concibió la imposición de sanciones económicas en aquellas circunstancias en las cuales una parte no cumple con sus órdenes. Más aún, estableció que en aquellos casos en los que la sanción económica no pro-penda al cumplimiento, se podrá ordenar la desestimación del caso o la eliminación de alegaciones dependiendo de cuál sea la parte en incumplimiento. De igual forma, la referida sección autoriza la imposición de costas y honora-rios de abogado. íd.

Por otra parte, el reglamento bajo análisis también in-dica que DACo podrá acudir al tribunal para solicitar que su resolución sea puesta en vigor. Regla 30.3, Reglamento Núm. 8034. Al respecto, este Tribunal ha sido enfático en establecer que esta facultad es potestativa, no exclusiva, de DACo. Es decir, cuando el trámite administrativo cul-minó y hay una resolución que advino final y firme, la parte beneficiada por la determinación no está impedida de acudir al foro judicial para solicitar el cumplimiento y eje-cución del dictamen. Ortíz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 658 (2013).

D. A la luz de lo anterior, es menester recordar que la intervención judicial en la revisión de las determinaciones administrativas se circunscribe a establecer si la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal o irrazonable. Véanse: JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 119 (2003). Es al foro judicial a quien le corresponde examinar que las actuaciones de las agencias estén dentro de los poderes que le fueron delegados y son compatibles con la política pú-blica que las origina. Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 941-942 (2010).

A partir de estas delimitaciones, es norma reiterada que los tribunales revisores le deberán otorgar deferencia a los dictámenes de las agencias administrativas. Ello, debido a que estas decisiones gozan de una presunción de regulari-dad y corrección. Véanse: Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1002-1003 (2011); P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, 616 (2005). En consecuencia, la revisión judicial está suscrita a los contornos de: (1) la concesión del remedio adecuado; (2) si las determinaciones de hecho es-tán sustentadas en la evidencia sustancial que emana de la totalidad del expediente, y (3) una revisión completa de la corrección de las conclusiones de derecho que fueron adoptadas. See. 4.5 de la Ley Núm. 170-1988 (3 LPRA see. 2175). Véanse, además: Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2010); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 279-280 (1999).

Así las cosas, y a partir de los principios de justiciabili-dad y del marco doctrinario que he expuesto, corresponde resolver la controversia del caso de autos.

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Según los hechos formulados, el 25 de octubre de 2011, DACo emitió un dictamen en reconsideración en el que or-denó que el recurrido entregara el automóvil en las mis-mas condiciones en que lo recibió y asumiera el costo de los daños por el vandalismo que sufrió el automóvil del señor Quintero Betancourt mientras estuvo en las instalaciones de El Túnel Auto Services. Asimismo, ordenó que el peti-cionario procediera a remover el automóvil del lugar.

Además de recurrir al foro apelativo intermedio para que dejara sin efecto la reconsideración de la agencia ad-ministrativa, el 19 de noviembre de 2011, el peticionario presentó ante DACo una moción en la que denunció el in-cumplimiento con la resolución administrativa y solicitó que este foro ejerciera contra “la parte querellada las leyes que aplican en estos casos y de continuar temeraria y con-tumaz procese según la ley y el reglamento en DACO”. “Segunda” Moción Urgente Informativa, Apéndice, pág. 107.

Además de la presentación de esta moción, luego de que la Resolución en controversia fuera final y firme, el señor Quintero Betancourt continuó siendo proactivo en el re-clamo del cumplimiento con la Resolución de DACo. En consecuencia, no cabe duda de que el peticionario ha sido muy diligente durante el procedimiento de ejecución y cumplió con la Regla 30.2 del Reglamento Núm. 8034 del DACo, en tanto exige que en el término de treinta días el querellante informe si se cumplió con la determinación de la agencia administrativa. Según expuse, esto es necesario para que la agencia no interprete que el querellado cum-plió con la orden administrativa y proceda a ordenar el cierre y archivo del caso.

Empero, a pesar del interés y la responsabilidad desple-gada por el peticionario, DACo actuó irrazonablemente al ordenar, sin más, el cierre y archivo del caso por la mera incomparecencia de éste a la vista de la orden para mos-trar causa pautada para el 14 de julio de 2014. Ello tuvo lugar aun cuando el señor Quintero Betancourt presentó una moción en la cual notificó que estaría fuera de Puerto Rico durante las fechas que concurrieron con la notifica-ción de la citación y a pesar del sinnúmero de diligencias desplegadas para que se hiciera cumplir el fallo a su favor.

De los documentos que obran en el expediente, se des-prende que el 12 de junio de 2014, el señor Quintero Betan-court presentó ante DACo una moción en la que informó que estaría fuera de Puerto Rico desde el jueves, 19 de junio hasta el miércoles, 9 de julio de 2014. A pesar de esto, la agencia emitió el 19 de junio de 2014 la citación de la vista que habría de celebrarse el 14 de julio de 2014. Es decir, el mismo día en que el peticionario informó que saldría de viaje. Ciertamente, aunque esto cumple con las exigencias legislativas y reglamentarias que exigen que la citación de la vista sea notificada con quince días de antelación socavó otros derechos del señor Quintero Betancourt.

Ello, pues de esta notificación no se desprendía un aper-cibimiento en cuanto a la sanción a la que se exponía el peticionario de no comparecer a la vista solicitada por él: el cierre y archivo administrativo de su reclamo. En este sen-tido, cabe puntualizar que de la notificación y citación de la vista para dilucidar la orden de mostrar causa, no se des-prendía un apercibimiento en cuanto a las consecuencias a las que el señor Quintero Betancourt se expondría de no comparecer a la vista. Ello, a pesar de que este Tribunal ha sido enfático al establecer que el debido proceso de ley ga-rantiza a “las personas cuyos derechos pudieran verse transgredidos una mayor oportunidad de determinar si ejercen o no los remedios que le han sido concedidos por ley. De esta manera se obtiene un equilibrio justo entre los derechos de todas las partes, y se obtiene un ordenado sis-tema de revisión judicial”. Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 DPR 24, 34 (1996). Es decir, es necesario que la parte conozca la sanción a la que se expone de ésta incumplir con lo ordenado.

En este caso, esto cobra mayor relevancia en tanto la propia Regla 20.2 del discutido Reglamento Núm. 8034, exige que DACo notifique la citación de la vista con quince días de anticipación y aperciba que la incomparecencia de la parte puede acarrear el archivo de la querella por abandono. Razón por la cual debemos concluir que aunque DACo notificó la citación de la vista en el término estable-cido de quince días, no incluyó los apercibimientos pertinentes. DACo actuó en contravención de su propio re-glamento y de las normas procesales básicas que rigen nuestro ordenamiento jurídico.

Por otra parte, la notificación expedida por DACo tam-bién incidió con el término reglamentario del cual la parte es acreedora para poder solicitar la transferencia o suspen-sión de una vista administrativa. Al peticionario le asiste la razón cuando alega que como la agencia tenía conoci-miento del día en que él regresaría a Puerto Rico, con la fecha pautada le coartó su derecho para solicitar adecua-damente la suspensión o transferencia de la vista según exige la Sec. 3.12 de la Ley Núm. 170-1988, supra, y la Regla 21 del Reglamento Núm. 8034. Veamos.

A pesar del carácter directivo del término para solicitar transferencia o suspensión de una vista administrativa, este Tribunal ha sido muy enfático en su cumplimiento. Tanto es así que, según discutimos, en Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, supra, se concluyó que DACo no tenía que considerar una solicitud de transferencia que le fue presentada el mismo día de la vista administrativa porque ésta no había cumplido con los términos reglamentarios.

Por consiguiente, no puedo avalar el razonamiento aco-gido por el foro apelativo intermedio en cuanto a este término. Particularmente, cuando consignó que

[...] la regla no opera a favor del peticionario, sino a favor de evitar la dilación innecesaria de los procedimientos. No es el DACo quien debe conceder el término de 5 días para que la parte solicite la transferencia, sino que la regla le impone a la parte con interés el término mínimo de 5 días para presentar esta solicitud. Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apén-dice, pág. 15.

Si bien es cierto que la referida regla le impone un requi-sito a las partes, el mero hecho de que el término no está impuesto directamente al órgano administrativo no implica que la agencia no está obligada, por éste. Aunque éste pre-tende evitar la dilación innecesaria de los procedimientos, no se puede convertir en un obstáculo para que los reclamos de las partes puedan ser atendidos adecuadamente. En otras palabras, sería absurdo concluir que como el término es un requerimiento a las partes, DACo no está obligado y puede actuar en contravención a éste logrando así menosca-bar el derecho de una parte a solicitar la transferencia de una vista conforme impone su propio Reglamento.

Precisamente esto fue lo que ocurrió en el caso de autos. Desde el 12 de junio de 2014, la agencia administrativa conocía que el señor Quintero Betancourt estaría fuera de Puerto Rico hasta el 9 de julio de 2014. No obstante, emitió la orden para mostrar causa el 19 de junio de 2014. Es decir, el mismo día en que el señor Quintero Betancourt anunció que viajaría fuera de Puerto Rico. En consecuen-cia, la fecha pautada para la vista le imposibilitaba cum-plir con los requisitos necesarios para solicitar su transfe-rencia o suspensión. Si tomamos como punto de partida la fecha cuando el peticionario informó que regresaría a Puerto Rico, el miércoles 9 de julio de 2014, solamente le quedaban dos días laborables para poder solicitar la trans-ferencia de la vista pautada para el 14 de julio de 2014. Ello, en contravención con el reglamento, el cual exige que el requerimiento se haga con “no menos de cinco (5) días laborables de anticipación a la fecha señalada para la vista”. Regla 21.1 del Reglamento Núm. 8034, pág. 25. Por lo tanto, al señalar la vista administrativa para una fecha en la que conocía que el peticionario se vería impedido de solicitar su suspensión o transferencia, me veo obligado a concluir que DACo coartó uno de los derechos principales que le asisten a una parte durante un procedimiento adjudicativo.

De igual forma, no puedo tomar livianamente que el pro-pio Reglamento de DACo contempla la imposición de sancio-nes menos severas ante el incumplimiento con el regla-mento o una orden del funcionario administrativo. Por lo tanto, me parece desacertado el que ese organismo perdiera de perspectiva la diligencia del señor Quintero Betancourt para que se cumpliera con la orden emitida a su favor.

Del expediente se desprende que desde 2010, fecha en que el peticionario incoó su reclamo ante la agencia admi-nistrativa, éste ha sido muy diligente y responsable con el cumplimiento de los postulados legislativos y reglamenta-nos que rigen los procedimientos adjudicativos ante DACo. En consecuencia, reconozco que si bien el peticionario puede recurrir al Tribunal de Primera Instancia para soli-citar el cumplimiento de la Resolución de 25 de octubre de 2011 a pesar del cierre y archivo de la querella en la agen-cia administrativa, ello no propende a la flexibilidad y eco-nomía procesal que se buscaba al otorgarles poderes de adjudicación a los organismos administrativos.

Por consiguiente, me veo obligado a concluir que DACo actuó arbitraria, caprichosa e irrazonablemente al ordenar el cierre y archivo de los procedimientos de ejecución de la Resolución de 25 de octubre de 2011. Máxime, cuando la incomparecencia del señor Quintero Betancourt fue la con-secuencia de una citación defectuosa en tanto no se aperci-bió de las sanciones que acarrearía su incomparecencia, no se impusieron sanciones progresivas menos severas y de que se le coartara su derecho a solicitar la transferencia o suspensión de la vista administrativa. Ello, en clara contra-vención de los estatutos y disposiciones que rigen a DACo.

I — I <¡

Por los fundamentos expuestos, estoy conforme con la de-cisión de la mayoría de este Tribunal de expedir el auto, revocar la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolver el caso para que el Departamento de Asuntos del Consumidor renotifique la citación de vista administrativa y continúe con los procedimientos de cumplimiento y ejecu-ción de su resolución administrativa.

       Del expediente surge que el peticionario recurrió a DACo para solicitar el cumplimiento con la Resolución en controversia en innumerables ocasiones, a saber: Moción urgente informativa de 10 de noviembre de 2011; “Segunda” Moción urgente informativa de 21 de noviembre de 2011; Moción en cumplimiento de Orden de 22 de diciembre de 2011; Moción solicitando se incluya el presente documento en la vista del 13 de enero de 2011 de 30 de enero de 2012; Moción solicitando investigación y deter-minación de DACO del balance consignada de 9 de marzo de 2012; Moción de segui-miento a solicitud de investigación y solicitud de nueva orden de entrega de automóvil
        de 7 de mayo de 2012; Segunda moción de seguimiento y comentarios a documento de alegado en oposición a la parte recurrida sometido a DACO de 25 de junio de 2012; Moción para que se dé cumplimiento de Orden de 30 de agosto de 2012; Moción de seguimiento para que se dé cumplimiento de Sentencia de 2 de octubre de 2012; Moción informativa de 15 de febrero de 2013; Moción informativa, proveer copia de documen-tos y solicitud se reseñale vista para mostrar causa de 7 de octubre de 2013; Moción solicitando determinación por DACO de 17 de enero de 2014; Moción Seguimiento de 18 de febrero de 2014; Carta al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumi-dor del 31 de febrero de 2014 y 16 de abril de 2014, entre otras mociones similares.

       Según el propósito enunciado en el Art. 3 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, 3 LPRA sec. 341b, DACo es un organismo gubernamental creado para vindicar los de-rechos del consumidor, así como para fiscalizar el control de los precios sobre los artí-culos de uso y consumo, entre otros propósitos similares.

       El inciso (cc) de la Regla 4 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Reglamento Núm. 8034, Departamento de Estado, 13 de junio de 2011 (Reglamento Núm. 8034) define una vista administrativa como un “[plroceso o audiencia mediante el cual se concede la oportunidad a las partes de comparecer, por derecho propio o por su representante, y presentar alegaciones o defensas a una reclamación o a la impo-sición de una multa”.

       Sobre el carácter directivo de los términos que rigen los procedimientos ad-judicativos, véase Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, 149 DPR 121, 136 (1999).

       Es pertinente señalar que según alegado por el peticionario, y se desprende del expediente ante nuestra consideración, en ocasiones anteriores el señor Quintero Betancourt había notificado mediante moción a DACo que estaría fuera de Puerto Rico y no se había hecho ningún señalamiento durante ese tiempo. Véase, por ejem-plo, Moción Informativa, Apéndice, pág. 179.

       Es pertinente recordar que en la Moción de reconsideración presentada por el señor Quintero Betancourt para solicitar que la agencia administrativa dejara sin efecto el cierre y archivo de su caso, éste evidenció que su regreso no ocurrió hasta el mismo día en que la vista estaba pautada, es decir, el 14 de julio de 2014. Fecha en la cual alega acudió a la Oficina Regional de San Juan de DACo, pero no pudo contactar a la Juez Administrativa y simplemente le indicaron que la determinación le sería informada mediante correo. A pesar que el peticionario evidenció esta infor-mación en la reconsideración presentada, DACo se sostuvo en su determinación.

       De la Moción Informativa de Vista por DACO 6 de mayo de 2013, presentada por el señor Quintero Betancourt ante DACo el 14 de mayo de 2013, se desprende que éste presentó un reclamo ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan utilizando la Resolución emitida por la agencia administrativa del 25 de octubre de 2011. Sin embargo, según expuesto en la referida moción, el foro judicial remitió el reclamo al foro administrativo.


author:
La Jueza Presidenta, Hon. Liana Fiol Matta,
      (Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

text:
      In re Extensión de Términos por la Concesión de los Días 24 de Marzo, 29 de Julio, 25 de Noviembre y 30 de Diciembre de 2016, y 5 de Enero de 2017.

      Número: EM-2015-8

      Resuelto: 28 de diciembre de 2015
   RESOLUCIÓN

La Jueza Presidenta, Hon. Liana Fiol Matta,

emitió la Orden Administrativa OA-JP-2015-056 de 14 de diciembre de 2015 para enmendar la Orden Administrativa OAJP-2014-006 de 7 de julio de 2014, que establece un plan de medidas de control de gastos para el Año Fiscal 2014-2015. Como parte de las enmiendas contenidas en la Orden Administrativa OA-JP-2015-056, se decreta el cierre total de los tribunales en las fechas siguientes:

24 de marzo de 2016

29 de julio de 2016

25 de noviembre de 2016

30 de diciembre de 2016

5 de enero de 2017

En virtud de nuestra facultad para reglamentar los pro-cedimientos judiciales, se dispone que, al computar los tér-minos establecidos en las distintas leyes y reglas que apli-can a los procedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 LPRA sees. 72 y 73) y se considerarán dichos días como feriados. Cualquier término que venza durante esos días se extenderá hasta el próximo día laborable de cada fecha.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Héctor Martí Rodríguez, querellado.

      Número: CP-2012-15

      Resuelto: 4 de enero de 2016

      Tatiana M. Grajales Torruella, Karla Z. Pacheco Alvarado, subprocuradoras generales, y Yaizamarie Lugo Fontánez, procuradora general auxiliar; Yaizamarie Lugo Fontánez, procuradora general auxiliar, y Adalberto Núñez López, abogado del querellado, en informe conjunto de las partes; Mercedes M. Bauermeister, comisionada especial.
   per curiam:

Hoy ejercemos nuestra facultad disciplinaria ante la violación de los Cánones 20 y 23 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, y de la prohibición estatutaria dispuesta en la Ley Núm. 402 de 12 de mayo de 1950, según enmendada, 32 LPRA see. 3114 et seq. Esto, pues, a pesar de la prohibición impuesta en la Ley Núm. 402, supra, y de nuestras expresiones al respecto, un miembro de la profesión legal pactó con el cliente honorarios contingen-tes, le requirió el adelanto de los mismos a pesar de cono-cer la naturaleza laboral de su reclamación y no los reem-bolsó cuando le fue solicitado.

El Ledo. Héctor Martí Rodríguez (licenciado Martí Ro-dríguez) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 16 de febrero de 2005 y prestó juramento como notario el 2 de agosto de ese mismo año.

El 25 de junio de 2012, la Oficina del Procurador General presentó una Querella en su contra por violaciones a los Cánones 20, 23 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. EX. Esto a raíz de una Queja instada por la Sra. Irma I. Pietri González (la Querellante) en la que alegaba que el letrado se negaba a devolverle la suma de cuatro mil quinientos dólares ($4,500) en concepto de “retainer fee” por representarla en un caso laboral de hostigamiento sexual.

Luego de los procedimientos de rigor, que incluyeron la celebración de una vista evidenciaría presidida por la Comi-sionada Especial, Hon. Mercedes M. Bauermeister, estamos en posición de resolver. Procedemos a relatar los aconteci-mientos que motivaron la presentación de la Queja, según surgen del Informe Conjunto presentado por las partes, del Informe de la Comisionada Especial y del expediente sobre la gestión profesional del licenciado Martí Rodríguez.

El 13 de julio de 2012, la Querellante suscribió un Con-trato de Servicios Profesionales con el licenciado Martí Ro-dríguez para un asunto descrito como Violación a Derechos Civiles — Hostigamiento Sexual Laboral. En este contrato, la Querellante se comprometió a pagar el treinta y tres (33) por ciento de lo que obtuviera por Sentencia, los gatos del procedimiento y un anticipo de honorarios de cinco mil dólares ($5,000), de los cuales satisfizo cuatro mil quinien-tos dólares ($4,500).

El 11 de octubre de 2013, mediante un informe conjunto, las partes estipularon los hechos siguientes:

1. La Sra. Irma Pietri González (también “Querellante”) firmó un acuerdo por servicios profesionales con el Ledo. H[é]ctor Mart[í] Rodr[í]guez (también “Querellado”) con fecha del 13 de julio de 2010.
2. Los honorarios contratados según la cláusula 6 del Contrato fue el 33% de la sentencia.
3. Por virtud del contrato la Querellante se comprometió a pagar $5,000.00 como “Retainer Fee” y pagar los gastos que genere el procedimiento mensualmente.
4. El contrato de servicios profesionales dispone en su cláusula 4 el deber de la Querellante de relatar los hechos de forma completa y real, de cooperar con el abogado.
5. La señora Pietri González le hizo entrega al licenciado Mart[í] Rodríguez [de] $4,500.00 en concepto de “retainer fee”.
6. Mientras el caso se dilucidaba en la Unidad Antidiscrimen, la Querellante envía un facsímil al Ledo. Mart[í] fechado 8 de marzo de 2011, que fue martes, en el que le pide al abogado la renuncia y la devolución de los $4,500.00 que había depositado como “Retainer Fee” y la devolución del expediente. Indica que va a buscar el dinero en un plazo de dos días después de la comunicación, 10 de marzo de 2011.
7. La dienta envía una nueva carta el 17 de marzo de 2011.
8. El Ledo. Mart[í] le envía una carta el 5 de abril de 2011 en la cual le explica que a más tardar el 30 de abril le enviaría un análisis de las horas trabajadas, pues consideró que no era correcta la aseveración de la dienta que no se había realizado trabajo alguno. (Enfasis nuestro). Informe conjunto de las partes, pág. 1.

Es importante señalar que el 10 de marzo de 2011, el licenciado Martí Rodríguez le devolvió el expediente a la querellante, más no así la suma de dinero solicitada. Sos-tuvo la Procuradora General, entre otras cosas, que las gestiones realizadas por el letrado a favor de la Quere-llante fueron de índole laboral, por lo que no podía cobrar honorarios por las mismas y que estaba obligado a devol-verle cualquier cantidad retenida que no se justificara como costas y gastos del litigio. Indicó que la conducta del licenciado Martí Rodríguez constituyó violaciones a los Cá-nones 20, 23 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

Por su parte, el licenciado Martí Rodríguez rechazó las expresiones de la Procuradora General. En su contestación sostuvo que podía facturar por ciertos asuntos relacionados a la reclamación de la Querellante, puesto que no se trata-ban de un caso laboral. Añadió que por ello aplicaba la máxima legal quantum meruit del Artículo 1473 del Código Civil, 31 LPRA see. 4111.

El 8 de mayo de 2015, la Comisionada Especial emitió su Informe. Concluyó que el licenciado Martí Rodríguez no debió pactar honorarios de abogado contingentes ni reque-rir adelanto de los mismos al conocer la naturaleza laboral de la reclamación de la Querellante. Por lo tanto, deter-minó que el licenciado Martí Rodríguez violó la Ley Núm. 402, supra, y debía responder conforme dispone el Artículo 4 del estatuto. Por consiguiente, sostuvo que tampoco le estaba permitido reclamar honorarios conforme el Artículo 1473 del Código Civil, supra. La Comisionada Especial también concluyó que el letrado violó el Canon 20 del Có-digo de Ética Profesional, supra, al rehusarse a devolver de inmediato la cantidad recibida indebidamente como anti-cipo y posponer el cumplimento de rendir cuenta del tiempo trabajado hasta después de presentada la Querella. No obstante, no encontró violación a los citados Cánones 23 y 38.

El 2 de junio de 2015, la Oficina de la Procuradora General compareció ante nos mediante Reacción al Informe de la Comisionada Especial, en la que reiteró su posición de que el licenciado Martí Rodríguez infringió el deber fi-duciario contemplado en el Canon 23 del Código de Ética Profesional, así como en el Canon 38, supra.

Así las cosas, el licenciado Martí Rodríguez nos informó el 12 de agosto de 2015 que se allanaba a las determina-ciones y recomendaciones que hizo la Comisionada Especial. Solicitó disculpas a la Querellante y a este Tribunal por su interpretación errónea de lo que podía facturar en un caso laboral en concepto de honorarios de abogado. Asimismo, indicó que se encontraba realizando gestiones para comunicarse con la Querellante y coordinar la en-trega de la mitad del dinero que debía devolver. En cuanto a la cantidad restante, solicitó un término de ciento veinte (120) días para pagarla.

El 18 de septiembre de 2015, el licenciado Martí Rodrí-guez nuevamente compareció ante nos. Esta vez nos in-formó mediante Moción Informativa sobre Comunicaciones a la Parte Querellada sobre las cartas enviadas y las ges-tiones telefónicas realizadas para entregar el dinero a la Querellante. Estas han resultado infructuosas. Por lo tanto, nos solicita instrucciones en cuanto a la consigna-ción del dinero.

HH I — I

Reiteradamente, hemos expresado que los contra-tos de servicios profesionales de abogados son una variante del contrato de arrendamiento de servicios. No obstante, estos contratos se encuentran sujetos al Código de Ética Profesional en cuanto a las normas generales sobre la fija-ción de honorarios de abogado, entre otras cosas. In re Franco Rivera, 169 DPR 237, 264-265 (2006); In re Rodríguez Mercado, 165 DPR 630, 642 (2005).

Con relación a la compensación de los abogados por sus servicios, todo abogado y toda abogada tiene derecho a que esta sea razonable. Art. 1473 del Código Civil de Puerto Rico, supra; In re Franco Rivera, supra. Sin embargo, además de los citados Código de Ética Profesional y Artículo 1473 del Código Civil, existen otras limitaciones estatutarias respecto a la fijación de honorarios profesionales. De particular importancia al caso de autos, se encuentra la prohibición de contratar honorarios profesionales relacionados a reclamaciones laborales con trabajadores o empleados. Esta prohibición fue establecida en la Ley Núm. 402, supra, y sobre sus efectos ya nos hemos expresado extensamente.

Así, el Art. 3 de la Ley Núm. 402, supra, 32 LPRA see. 3116, expresamente señala que son

[...] nulos y contrarios al orden público todos los contratos, convenios o acuerdos en que trabajadores o empleados se obli-guen directa o indirectamente a pagar honorarios a sus abo-gados en casos de reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra sus patronos bajo la legislación laboral de Puerto Rico o bajo la legislación laboral del Congreso de Estados Unidos aplicable a Puerto Rico, o al amparo de un convenio de natu-raleza individual o colectivo.

En tales casos, si el empleado tiene éxito en su reclama-ción, es el patrono y no el empleado quien satisface los honorarios de abogado. In re Franco Rivera, supra, pág. 267. No obstante, en caso de incumplir con esta prohibición estatutaria, el abogado tiene que reembolsar al obrero o grupos de obreros afectados, tanto la cantidad pagada como una suma igual de dinero en concepto de daños líquidos. Art. 4 de la Ley Núm. 402, supra, 32 LPRA see. 3117; In re Franco Rivera, supra.

Por otra parte, y en lo pertinente, el Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra, requiere que el abogado, tras su renuncia, debe “reembolsar inmediatamente cualquier cantidad que le haya sido pagada en honorarios por servicios que no se han prestado”. (Énfasis suplido). In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485 (2015); In re Rodríguez Lugo, 175 DPR 1023 (2009); In re Franco Rivera, supra. Esto, pues, “ ‘[c]onstituye una grave falta que el abogado retenga una suma de dinero que le adelantó el cliente en concepto de honorarios sin realizar la gestión a la cual se comprometió’ ”. In re Rodríguez Lugo, supra, pág. 1030, citando a In re Pereira Esteves, 131 DPR 515, 523 (1992). De igual forma, el Canon 23 del Código de Ética Profesional, supra, exige que los abogados den pronta cuenta de cualquier cantidad de dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión, incluso aquella suma de dinero que le adelantara en concepto de honorarios de abogado. Así pues, la dilación en la devolución de estos fondos es causa suficiente para infringir este canon, independientemente de que haya devuelto el dinero retenido o no haya tenido la intención de apropiárselos permanentemente. Véanse: In

re Rivera Navarro, 193 DPR 303 (2015); In re Ayala Vega, 189 DPR 672 (2013); In re Vega Quintana, 188 DPR 536 (2013); In re Torres Viñals, 180 DPR 236, 246 (2010); In re Rivera hozada, 176 DPR 215, 225 (2009); In re Ríos Ríos, 175 DPR 57, 72-73 (2008); In re Ramírez Ferrer, 147 DPR 607, 614 (1999).

Por último, cuando se impone una sanción disciplinaria a un abogado, debemos considerar su historial, si goza de buena reputación, si ha aceptado su falta y muestra sincero arrepentimiento, si medió ánimo de lucro y cualquier otro factor pertinente a los hechos. In re Pietri Castellón, 185 DPR 982 (2012).

Con estos preceptos en mente, atendemos la Querella que nos fuera presentada.

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Luego de analizar los hechos que motivan la presente Querella, concluimos que el licenciado Martí Rodríguez violó los Cánones 20 y 23 del Código de Ética Profesional, supra, así como la prohibición impuesta por la Ley Núm. 402, supra.

El licenciado Martí Rodríguez contrató honorarios con-tingentes con la Querellante y le requirió un adelanto ante una posible causa de acción de naturaleza laboral por hos-tigamiento sexual. Esto, a pesar de ser nulo y contrario al orden público todo acuerdo que obligue a un empleado a pagar honorarios de abogado por reclamaciones contra su patrono bajo la legislación laboral. Todo ello viola la Ley Núm. 402, supra. Por lo tanto, el letrado está sujeto a de-volver el dinero requerido y a la penalidad dispuesta en el Art. 4 de la citada Ley Núm. 402.

De igual forma, el abogado incumplió con los Cánones 20 y 23 del Código de Ética Profesional, supra, al no reem-bolsar inmediatamente los honorarios adelantados por la Querellante. Aunque hoy el querellado acepta su error y está efectuando los trámites necesarios para devolver el dinero, la dilación es suficiente para que lo disciplinemos.

Por último, con relación al Canon 38, acogemos los plan-teamientos de la Comisionada Especial.

IV

Como es la primera falta del Ledo. Héctor Martí Rodrí-guez, este aceptó su culpa y mostró un sincero arrepenti-miento, devolvió prontamente el expediente solicitado y ha comenzado los trámites pertinentes para devolver los ho-norarios cobrados y la penalidad aplicable a la Quere-llante, en esta ocasión lo censuramos enérgicamente.

El licenciado Martí Rodríguez tiene la obligación de re-embolsar a la Querellante el adelanto de los cuatro mil quinientos dólares ($4,500) en concepto de honorarios de abogado, así como una suma igual de dinero en concepto de daños líquidos, para un total de nueve mil dólares ($9,000). Ante la dificultad que este ha expresado para contactar a la Querellante, le ordenamos a que comience el proceso de consignación. Le concedemos al letrado un término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de esta Opinión per curiam, para acreditarnos que ha cumplido con el Aviso de la Intención de Consignar. Además, en el término de treinta (30) días desde la acreditación de tal aviso, el licenciado Martí Rodríguez deberá informar a este Tribunal si la Querellante reclamó la suma adeudada. De lo contrario, deberá acreditarnos que consignó la cantidad de nueve mil dólares ($9,000).

Apercibimos al licenciado Martí Rodríguez de que, si in-curre nuevamente en una conducta contraria al Código de Ética Profesional, será sancionado rigurosamente. La Ofi-cina del Alguacil de este Tribunal deberá notificar perso-nalmente esta Opinión per curiam al licenciado Martí Rodríguez.

Se dictará sentencia de conformidad.

        “PRIMER CARGO: El licenciado Martí Rodríguez incurrió en conducta cons-titutiva de violación al Canon 20 y 23 de Ética [Profesional], 4 LPRA Ap. IX, al retener la cantidad de $4,500[,] entregada como “retainer fee” en un contrato por contingencia en un caso de Violación a Derechos Civiles por Hostigamiento Sexual Laboral],] cuando la única gestión realizada a favor de la Querellante fue asistirla en una reclamación laboral ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo],] y no se justifican gastos o costas de litigio por dicha cantidad. En conside-ración que la relación abogado[-]cliente es de naturaleza fiduciaria, que debe estar fundamentada en la honradez absoluta, y que las normas éticas que rigen la profe-sión de abogado en esta jurisdicció[n a]sí lo requieren, el abogado debió devolverle a la Querellante inmediatamente el dinero recibido que no fuera utilizado para gastos o costas del litigio, una vez renunció al caso.

        “SEGUNDO CARGO: El licenciado Martí Rodríguez infringió el Canon 38 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. EX, que preceptúa que el abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia”. (Enfasis en el original). Querella, pág. 3.

       Expresa la cláusula 6 del Contrato lo siguiente: “HONORARIOS — Los hono-rarios a cobrar serán los siguientes: Cinco mil dólares ($5,000.00) de ‘Retainer Fee’, los cuáles serán pagados según lo especifica el Anejo A de este contrato y en adición se facturar[a\n los gastos que genere el procedimiento mensualmente. Se cobrarán como Honorarios el 33% de lo obtenido por la Sentencia, los cuales serán pagaderos inme-diatamente luego de recibida la misma”. (Enfasis en original). Anejo A de la Contes-tación a la Querella, pág. 1.

       La Comisionada Especial determinó que la Querellante no proveyó al letrado toda la información que conocía para que este determinara la acción legal, si alguna, que tenía disponible. La Querellante omitió informarle los resultados de querellas previas contra su patrono, por lo que al enterarse, el licenciado Martí Rodríguez concluyó que no existía causa de acción porque ya estaban prescritas. El letrado indicó que el 21 de diciembre de 2010 radicó la querella ante la Unidad Antidiscri-men del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

       Con relación a la imputación de violación al Canon 23 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. EX, la Comisionada Especial concluyó que el licenciado Martí Rodríguez no tuvo en su posesión fondos o bienes que le fueran entregados para su cliente, por lo que no hubo violación a dicho canon. En cuanto al Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, concluyó que su violación no se sostenía en evidencia clara, robusta y convincente.

       En In re Rodríguez Mercado, 165 DPR 630, 640 (2005), se estableció que “este Tribunal no está obligado a aceptar el informe del Comisionado Especial, por lo que puede adoptarlo, modificarlo e, inclusive, rechazarlo.


author: (Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Juez Asociado Señor Es-trella Martínez.

text:
    Rosa Lydia Vélez et al., peticionarios, v. Departamento de Educación et al., recurridos.

      Número: CC-2015-174

      Resuelto: 7 de enero de 2016

      José E. Torres Valentín y Marilucy González Báez, del bufete Márquez & Torres, José J. Nazario de la Rosa y Carlos E. Gómez Menéndez, del bufete Nazario & Santiago, abogados de la parte peticionaria; Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Amir Cristina Nieves Villegas, procu-radora general auxiliar, abogadas del Departamento de Educación, parte recurrida.
   SENTENCIA

Se expide el auto de “certiorari”y se revoca aquella parte de la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en la cual se excluyó a los padres, madres y encargados de niños y niñas registrados en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación como partes recla-mantes en el pleito de daños y perjuicios contra la parte recurrida. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Ins-tancia para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió una opinión particular. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió e hizo constar la expresión siguiente:

Hubiera confirmado el dictamen recurrido, por entender que, en efecto, los padres, madres y encargados de los niños y niñas registrados en el Programa de Educación Especial del Depar-tamento de Educación no son partes de la clase, según ésta fue certificada por el Tribunal de Primera Instancia. Por otra parte, es menester señalar que, en lo que respecta a las recla-maciones de daños y perjuicios de los padres, madres y encar-gados, el foro apelativo intermedio, al permitir que éstas se ventilaran en el mismo pleito, le otorgó un margen de discre-ción sustancial al foro primario, con tal de que éste tomara las medidas necesarias a la hora de dirimir las mismas. Por lo tanto, habiendo el foro primario ejercido esa discreción, y no siendo los peticionarios parte de la clase, según certificada hace más de tres décadas, procedía confirmar el dictamen recurrido.

La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta disintió y se unió a la expresión emitida por la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. La Jueza Asociada Oronoz Rodrí-guez no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión particular emitida por el

Juez Asociado Señor Es-trella Martínez.

La controversia ante este Tribunal forma parte de una intrincada y tortuosa trayectoria judicial cuyo origen se remonta a más de tres décadas. Entretanto, miles de niños y niñas con necesidades educativas especiales, conjunta-mente con sus padres, madres y encargados, aún esperan por que finalmente se les haga justicia, se atiendan sus reclamos y se les otorgue un remedio a sus necesidades apremiantes. En esa larga odisea judicial, los padres, ma-dres y encargados de esos niños y niñas acuden a las puer-tas de este Tribunal en un intento por vindicar tanto sus derechos como los de estos últimos.

Tras sopesar los intereses de todas las partes involucra-das, y en vista de la etapa procesal en que se encuentra este caso, considero insoslayable la intervención de este Tribunal. Sin duda, el marcado interés público que reviste la controversia de epígrafe, en unión a los particulares he-chos y trámites procesales ante nuestra consideración, así lo exigen.

Ante esa insoslayable realidad, estoy conforme —en esencia— con el curso de acción de este Tribunal, toda vez que considero que se le concede un remedio adecuado y oportuno a los miles de padres, madres y encargados de niños y niñas con necesidades educativas especiales que forman parte de este pleito y, más que todo, se brinda agi-lidad a los procedimientos adjudicativos tras un largo liti-gio de más de 34 años. Ahora bien, opino que el remedio otorgado no fue completo, ya que este Tribunal también debió considerar el segundo señalamiento de error presen-tado por los peticionarios, relacionado a la inferencia de relación o nexo causal entre la negligencia admitida por el Estado y los daños y perjuicios que reclaman todos los demandantes.

A continuación, expongo los antecedentes fácticos y pro-cesales que suscitaron la controversia que nos ocupa.

H-f

El caso de autos se remonta al 14 de noviembre de 1980, cuando la Sra. Rosa Lydia Vélez y otros padres, madres y encargados de estudiantes que requerían los servicios de educación especial (demandantes o peticionarios) incoaron, por sí y en representación de estos últimos, una demanda de injunction y daños y perjuicios contra el Estado. En esencia, los demandantes alegaron que el Estado estaba incumpliendo con los estatutos federales y estatales que le obligan a proveer educación especial y ciertos servicios a los estudiantes con necesidades educativas particulares. Entre otras cosas, solicitaron la certificación del pleito como uno de clase, a la vez que reclamaron indemnización por los daños ocasionados por el Estado.

El 10 de septiembre de 1981, el Tribunal de Primera Instancia emitió un dictamen en el cual certificó la acción interdictal como un pleito de clase. A tales efectos, los pa-rámetros de la clase fueron descritos de la forma siguiente:

[T]odos los niños con impedimentos menores de 21 años elegi-bles o participantes en el Programa de Educación Especial del Departamento de Instrucción Pública a quienes los demanda-dos no les están proveyendo la educación especial y servicios relacionados que les garantiza la legislación de educación especial. Apéndice, pág. 30.

Mediante dictamen emitido el 27 de mayo de 2003, el foro primario adjudicó de forma final el interdicto solici-tado y concedió un remedio a los demandantes. Sin embargo, rechazó dirimir la reclamación de daños como un pleito de clase. De esta forma, determinó que los deman-dantes debían presentar pleitos independientes a fin de que cada cual probara sus alegados daños.

Inconformes con este proceder, los peticionarios recu-rrieron ante el Tribunal de Apelaciones. El 21 de octubre de 2005, el foro apelativo intermedio emitió una sentencia por medio de la cual confirmó el dictamen recurrido en cuanto a que no procedía la certificación de clase para la concesión de daños. Ello, puesto que razonó que éstos podían variar conforme a cada demandante. Empero, luego de considerar injusto y oneroso obligar a los demandantes a presentar nuevas demandas y a emplazar a los deman-dados, el foro apelativo modificó el dictamen del foro primario. A esos fines, concluyó lo siguiente:

[Q]ue el TPI dentro de este mismo pleito adjudique las recla-maciones de daños y perjuicios que alegadamente sufrieron cada uno de los miembros de la clase, aunque queda a la dis-creción del TPI sub-dividir en grupos, de ser posible, a los de-mandantes cuyos peijuicios educativos y subsiguientes daños sufridos sean similares. De no ser posible, tendrá que ventilar cada caso individualmente. Sentencia del Tribunal de Apelacio-nes de 21 de octubre de 2005, pág. 15, Caso Núm. CC-2015-0174, Pieza 2.

Ninguna de las partes recurrió de dicha sentencia, por lo que ésta advino final y firme.

De acuerdo con el referido mandato, el Tribunal de Pri-mera Instancia designó un Comisionado Especial (Comisio-nado) para atender el aspecto de la negligencia y los daños alegados por los demandantes. En cumplimiento con esa en-comienda, el Comisionado emitió un Informe-Resolución-Recomendación, en el cual determinó, en esencia, que los demandantes estaban relevados de presentar prueba res-pecto a la negligencia del Estado, ya que este último recono-ció haber actuado negligentemente. Asimismo, el Comisio-nado estableció que, debido a los hechos particulares del caso, los demandantes no tenían que probar o establecer el elemento de causalidad entre la negligencia incurrida por el Estado y los alegados daños sufridos por éstos.

Examinado el referido informe, el 31 de enero de 2014, el Tribunal de Primera Instancia dictó una resolución y orden en la cual acogió la recomendación del Comisionado en cuanto a que la negligencia había sido admitida por el Es-tado, por lo que los demandantes estaban relevados de probarla. No obstante, rechazó el planteamiento del Comi-sionado en lo tocante al nexo causal. En su lugar, el foro primario concluyó que si bien la negligencia fue aceptada por el Estado, la parte demandante tenía el peso de la prueba para establecer la relación causal entre la negligen-cia y los daños reclamados.

A pesar de que la Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 21 de octubre de 2005 (KLAN0301177) advino final y firme desde hace aproximadamente una década, estando los padres, madres y encargados bajo la correcta creencia de que sus reclamaciones de daños serán adjudicadas dentro de este mismo pleito, y tras más de tres décadas de litigio, sorpresivamente el Tribunal de Primera Instancia los ex-cluyó como partes reclamantes. Concluyó que éstos debían instar demandas independientes para reclamar sus daños particulares. Luego de varios incidentes procesales, incluida la presentación de diversas solicitudes de reconsideración, el 16 de abril de 2014, el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución enmendada en la que se reiteró en lo expuesto en el dictamen del 31 de enero de 2014.

Ante ello, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones. En síntesis, alegaron que el foro primario in-cidió al determinar lo siguiente: (1) no reconocer como re-clamantes en daños y perjuicios a los padres, madres y encargados de niños y niñas registrados en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación (Pro-grama), y (2) no reconocer la inferencia de nexo causal en-tre la negligencia admitida por el Estado y los daños ale-gados por los demandantes.

El 12 de diciembre de 2014, el foro apelativo intermedio emitió una sentencia mediante la cual confirmó el dicta-men recurrido. En lo pertinente, decretó que los padres, madres y encargados de los niños y niñas registrados en el Programa no fueron incluidos en los parámetros de la de-finición de clase, según fue establecida. Además, confirmó la negativa del foro primario de reconocerlos como recla-mantes en la acción de daños contra los demandados. Luego de tantos años de participación activa en los trámi-tes procesales y a pesar de las expectativas creadas, el Tribunal de Apelaciones razonó, contrario a la Sentencia KLAN0301177 y por primera vez, que solo eran reclaman-tes aquellos padres, madres y encargados que tienen casos presentados o debidamente consolidados con el original.

En cuanto al segundo error señalado por los demandan-tes, el Tribunal de Apelaciones concluyó que si bien el Es-tado admitió haber sido negligente en ofrecer los servicios adecuados a la población estudiantil que conforma la clase, ello no implica que pueda inferirse que tal negligencia sea la causa próxima de los daños que los demandantes pue-dan probar en su día. Según el foro apelativo intermedio, si bien la negligencia del Estado puede constituir una causa fáctica, es necesario producir evidencia suficiente que esta-blezca que esa negligencia ha sido o es la causa adecuada de los daños reclamados.

En disconformidad con el curso de acción del Tribunal de Apelaciones, los peticionarios recurren ante este Tribunal mediante recurso de certiorari. Esencialmente, plantean los señalamientos de error esgrimidos ante el foro apelativo intermedio. A tono con ello, sostienen que los foros recurri-dos erraron al determinar lo siguiente: (1) no reconocer como reclamantes en daños y peijuicios a los padres, ma-dres y encargados de niños y niñas registrados en el Pro-grama, y (2) no reconocer la inferencia causal entre la negli-gencia admitida por el Estado y los daños reclamados.

En atención a lo anterior, el 29 de junio de 2015, emiti-mos una resolución mediante la cual le ordenamos a la parte recurrida que en un término de diez días mostrara causa por la cual no debíamos revocar la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, con relación al primer error señalado por los peticionarios. Oportunamente, la parte recurrida compareció mediante Escrito en Cumplimiento de Orden de Mostrar Causa.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes invo-lucradas, este Tribunal expidió el recurso de certiorari pre-sentado y otorgó un remedio a los peticionarios.

Esencialmente, los peticionarios reclaman que se dirima su causa de acción en daños, con relación a las actua-ciones ilegales del Estado, por ser parte de los procedi-mientos pendientes en el caso de epígrafe. Fundamentan su petitorio en que desde el origen de este litigio compare-cieron por sí y en representación de los niños y niñas que conformaban la clase descrita, por lo que han participado activamente a lo largo de todo el historial jurídico del caso. De esta forma, sostienen que desde la génesis del pleito han descansado en la expectativa creada por el Poder Judicial de que, dentro de las facetas del mismo litigio, pue-den válidamente reclamar una indemnización económica por daños sufridos.

Inclusive, los peticionarios expresan que el Tribunal de Primera Instancia ha procedido durante el transcurso de los pasados 10 años bajo el entendido de que éstos tienen dere-cho a ser incluidos como demandantes en los pleitos que se derivan en la fase de daños y perjuicios. Es más, nos han demostrado que el foro primario inició y realizó trámites para adjudicar las reclamaciones de daños tanto de los ni-ños y niñas como las suyas, tal como se puede constatar en el expediente. Ante ello, manifiestan que conlleva una gran injusticia informarles ahora que luego de décadas de un azaroso proceso judicial quedan excluidos como partes recla-mantes en este pleito. Amparados en todo lo anterior, sostie-nen que excluirlos como reclamantes representa un serio problema de acceso a la justicia para los padres, madres y encargados que han esperado por décadas la oportunidad de reclamar la reparación de agravios para sí por motivo de las sostenidas actuaciones ilegales del Estado para con sus ni-ños y niñas con necesidades educativas especiales.

A. Luego de aquilatar los argumentos de los peticiona-rios, en unión a los documentos que obran en el expediente, considero que resulta imperativo atender el reclamo de los peticionarios. Ello, ya que sostengo que esta controversia requiere la oportuna intervención de este Tribunal, con el fin de agilizar los procedimientos en este largo pleito judicial y, de esta forma, promover que el Poder Judicial atienda diligentemente los reclamos incoados por todos los involucrados en este caso. Indudablemente, rechazar inter-venir en estos momentos dejaría desprovistos de un reme-dio a todos esos padres, madres y encargados que durante años han descansado en la expectativa creada por el Poder Judicial de que sus reclamos eran considerados y pondera-dos como parte integral del litigio incoado en los albores de la década del 80.

Ante esa diáfana realidad, cabe cuestionarse: ¿acaso no representa un contrasentido jurídico excluir a todos esos padres, madres y encargados que por décadas han partici-pado activamente de este pleito que, precisamente, co-menzó por sí y en representación de los niños y niñas que conforman la clase? ¿No acarrea una estocada a la sana administración de la justicia y a la economía procesal com-peler a todos los peticionarios a iniciar a estas alturas, con todo lo que ello implica, otro proceso individual e indepen-diente contra el Estado para vindicar sus derechos?

Adviértase que el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones el 21 de octubre de 2005 no excluyó a todos esos padres, madres y encargados como partes reclaman-tes en el pleito. Nótese que dicho dictamen no fue apelado por ninguna de las partes involucradas en este caso. En consecuencia, considero que a la luz de los hechos ante nuestra consideración lo resuelto por el foro apelativo in-termedio el 21 de octubre de 2005 constituye la ley del caso. Recordemos que las controversias sometidas, litiga-das y decididas por un tribunal dentro de una causa deben usualmente respetarse como finales. De esta forma, las partes pueden, en la medida de lo posible, conducir su pro-ceder en el pleito a base de unas directrices judiciales con-fiables y certeras. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 607-608 (2000).

A la luz del trámite procesal particular de este caso de alto interés público, opino que excluir ahora a todos esos padres, madres y encargados de este pleito y obligarlos a presentar reclamaciones separadas trastocaría nociones básicas de la doctrina de la ley del caso y, más aún, crearía un disloque innecesario en el sistema judicial y en el ma-nejo de tales casos. Esto, además de las complicaciones in-necesarias que irremediablemente impactarán el pleito original. Tal y como lo han expresado los foros recurridos, coincido en que este litigio no debe complicarse aún más, sino simplificarse.

A tono con ello, es menester enfatizar que nuestro orde-namiento cuenta con mecanismos para atender este tipo de situaciones y que las reglas procesales que gobiernan los procesos de naturaleza civil deben interpretarse de manera que “faciliten el acceso a los ¡foros judiciales] y el manejo del proceso, de forma que garanticen una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento”. Regla 1 de Procedi-miento Civil de 2009 (32 LPRAAp. V). Esto es, nuestro or-denamiento procesal establece como principio rector la tra-mitación justa, rápida y económica de los pleitos.

Ante ese cuadro, sostengo que procede reconocer que los padres, madres y encargados de niños y niñas registrados en el Programa sean acumulados en el pleito de daños y perjuicios contra los recurridos. Ello, al amparo de la Regla 17.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V, la cual dis-pone expresamente que

[p]odrá acumularse en un pleito cualquier número de perso-nas, como demandantes o como demandadas, si reclaman o se reclama contra ellas conjunta o separadamente, o en la alter-nativa, cualquier derecho a un remedio relacionado con o que surja del mismo acto, omisión, evento o serie de actos, omisio-nes o eventos siempre que cualquier cuestión de hecho o de derecho, común a todas, haya de surgir en el pleito. No será requisito que una parte demandante o parte demandada tenga interés en obtener o defenderse de todo el remedio solicitado. Podrá dictarse sentencia a favor de una o más partes deman-dantes de acuerdo con sus respectivos derechos a un remedio y contra una o más partes demandadas de acuerdo con sus res-pectivas responsabilidades. (Énfasis suplido).

Adviértase que en el caso de autos, los padres, las ma-dres y los encargados han reclamado ser parte en el pleito de daños y perjuicios desde su origen. Además, entiendo que se cumplen los requisitos que exige la Regla 17.1 para que sea permisible la acumulación. Este Tribunal ha ex-presado que estos requisitos son los siguientes: (1) que se reclame mancomunada, solidaria o alternativamente cual-quier derecho a un remedio relacionado con, o que surja de la misma transacción, evento, o serie de transacciones o eventos, y (2) la existencia de cualquier cuestión de hecho o de derecho común a todas las reclamaciones. Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., Inc., 106 DPR 437, 439 (1977) (per curiam). Véase, además, J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Publicaciones JTS, 2011, T. II, págs. 713-719.

Evidentemente, en el caso de epígrafe estamos ante re-clamaciones que surgen de la misma serie de transacciones o eventos, las cuales son las actuaciones negligentes de los recurridos. Asimismo, existen cuestiones de hecho comu-nes a todas las reclamaciones, que son los alegados daños sufridos por los padres, madres o encargados por motivo de las actuaciones ilegales de la parte recurrida. La cuestión de derecho común es la responsabilidad de los recurridos por esos presuntos daños.

En fin, opino que procede la acumulación de los padres, madres o encargados como reclamantes en el pleito de da-ños y perjuicios, en aras de evitar la duplicidad de esfuer-zos al celebrarse juicios por separado. Consideraciones de economía procesal y sana administración de la justicia así lo exigen. No albergo duda de que el reconocer a los padres, madres o encargados como reclamantes en el pleito de da-ños y perjuicios adelantará el principio rector de procurar evitar la multiplicidad de pleitos y propiciar la resolución más justa, rápida y económica de los litigios.

I — i HH I — I

Por último, es imperativo señalar que la controversia ante nos pone nuevamente de relieve el problema de la falta de acceso a la justicia que, lamentablemente, permea en nuestra sociedad; problema que se acentúa cuando se trata, como en el caso de epígrafe, de pleitos revestidos de alto interés público, cuyas particularidades urgen un mayor ac-ceso de los ciudadanos a los foros judiciales. Por ello, consi-dero que negarse a actuar en estos momentos conllevaría ignorar la atención diligente que requiere este caso y, por ende, cerrarles las puertas a unos padres, madres y encar-gados que por años han reclamado que se les conceda el remedio que en derecho les asiste. En ese sentido, recorde-mos que el Poder Judicial debe velar y asegurar que todos los ciudadanos tengan un mayor acceso efectivo a los tribunales. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 201-2003 (2003 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 973). Ello constituye una exigencia insoslayable e indelegable. Indis-cutiblemente, el acceso a la justicia no debe verse tronchado por determinaciones judiciales a destiempo que trastoquen la ley del caso y el trámite ordinario que ha llevado este caso en particular.

Me complace que en esta ocasión este Tribunal proceda acorde con la política pública reconocida en la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (4 LPRA see. 24 et seq.), la cual nos impone la respon-sabilidad de propiciar a toda la ciudadanía acceso inme-diato y económico a un sistema judicial sensible a la reali-dad de los distintos miembros de la sociedad. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 201-2003 (2003 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 972). Sin duda, denegar el presente recurso hubiese dado al traste con el mandato de que la Rama Judicial sea “accesible a la ciudadanía; pres-tará servicios de manera equitativa, sensible y con un en-foque humanista”. (Enfasis suplido). 4 LPRA sec. 24a. En otras palabras, denegar la petición que nos ocupa hubiese conllevado la adopción de un enfoque contrario al recono-cimiento de que el acceso a la justicia constituye un dere-cho fundamental.

Sin duda, la llave esencial que hoy se les otorga a los peticionarios persigue abrir otras puertas para ver los fru-tos de una lucha social, educativa y jurídica inconclusa que ha persistido por más de tres décadas, enmarcada en el derecho a presentar una acción civil contra el Estado. Y ese derecho, a su vez, tiene su génesis nada más y nada menos que en el reconocimiento del Estado de que ha sido negli-gente en aspectos medulares del derecho que poseen los niños y niñas con necesidades educativas especiales.

Como se infiere de los hechos de este caso, los foros re-curridos pretendieron lanzar a los peticionarios al labe-rinto de la burocracia extrema y el rigorismo inhumano. Una vez los peticionarios están viendo la luz al final del túnel, luego de más de 30 años de espera, los foros recurri-dos intentaron apagarles la luz al instruirles que regresa-ran al inicio a oscuras. Con ello, los peticionarios tropeza-rían con múltiples barreras que les dificultarían obtener el remedio adecuado, completo y oportuno que les asiste.

Por fortuna, este Tribunal expidió el recurso de certio-rari presentado y concedió un remedio —aunque a medias— a los peticionarios. Habida cuenta de que avalo un proceder que es cónsono con el derecho de acceso a la jus-ticia, que valida el interés apremiante que reviste este pleito y, a su vez, subsana las consecuencias particulares que acarreaban los dictámenes emitidos por los foros recu-rridos, estoy conteste —en esencia— con la determinación de este Tribunal.

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Por todo lo anterior, esencialmente estoy conforme con el dictamen emitido por este Tribunal. No obstante, dejo consignado que este Tribunal debió examinar el segundo señalamiento de error presentado por los peticionarios, re-lacionado a la inferencia de relación o nexo causal entre la negligencia admitida por el Estado y los daños y perjuicios reclamados por todos los demandantes.

       También forma parte de la demanda el Comité Timón de Padres de Niños con Impedimentos de Puerto Rico. Todos conforman un pleito integrado por niños y niñas con necesidades educativas especiales y sus padres, madres y encargados.

        Rosa Lydia Vélez y otros v. Awilda Aponte Roque y otros, KLAN0301177 (Sentencia del Tribunal de Apelaciones).

       En aquel momento consigné que también hubiese incluido en la orden de mostrar causa el segundo señalamiento de error. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco se unió a esa expresión.

       Para una discusión más amplia en torno al derecho de acceso a la justicia, véase E. Chemerinsky, Constitutional Law: Principles and Policies, 2da ed., Nueva York, Aspen Publishers, 2002, Sec. 10.9, págs. 877-886.

       En el pasado, he reconocido que el derecho de acceso a la justicia es una garantía indispensable para el ejercicio de los derechos reconocidos por tratados internacionales, constituciones y leyes. Véase voto particular disidente del Juez Aso-ciado Señor Estrella Martínez emitido en In re Aprob. Derechos Arancelarios RJ, 192 DPR 397, 440 (2015).


author: (.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

text:
      In re Regla 4 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, Según Enmendada Mediante Resolución de 15 de junio de 2015.

      Número: ER-2016-1

      Resuelto: 8 de enero de 2016
   RESOLUCIÓN

El Presidente de la Comisión de Reputación de Aspiran-tes al Ejercicio de la Abogacía, Ledo. Guillermo Arbona Lago, presentó un escrito mediante el cual solicitó que se exima de los requisitos de los Reglamentos de Educación Jurídica Continua y del Programa de Educación Jurídica Continua a los miembros de la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía. Explicó que dicha Comisión lleva a cabo funciones y tiene responsabilidades análogas a las de la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y las del Comité de Reválida Federal, quienes están exentos de los requisitos en cuestión.

Conforme a lo dispuesto en la Regla 4(c)(8)(f) del Regla-mento del Programa de Educación Jurídica Continua, se-gún enmendado, 4 LPRAAp. XVII-E, se excluye de las dis-posiciones del Reglamento de Educación Jurídica Continua y del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua a los miembros de la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Carlos A. Ortiz Abrams.

      Número: TS-11,714

      Resuelto: 12 de enero de 2016

      Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradora general, Gisela Rivera Matos y Yaizamarie Lugo Fontánez, procuradoras ge-nerales auxiliares; Manuel E. Avila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías; Carlos A. Ortiz Abrams, pro se.

   PER curiam:

I — I

El Ledo. Carlos A. Ortiz Abrams (licenciado Ortiz Abrams) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 4 de sep-tiembre de 1996 y a la práctica de la notaría el 22 de sep-tiembre de 1997. En esencia, el asunto ante nuestra con-sideración comienza el 13 de noviembre de 2014, cuando el licenciado Ortiz Abrams se declaró culpable de cuatro cargos por infringir el delito menos grave tipificado en el Art. 22 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987 (Ley Núm. 8), conocida como Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, 9 LPRA see. 3221, relacionados con su intervención como notario al autenticar ciertas transacciones de traspasos ile-gales de vehículos de motor. Tras determinar que la ale-gación fue voluntaria, con conocimiento de la naturaleza del delito y sus consecuencias, el Tribunal de Primera Instancia lo declaró culpable de los aludidos cargos y, por consi-guiente, le ordenó el pago de multas y penas especiales para cada uno de éstos. Véanse las Sentencias emitidas en el caso criminal Pueblo de Puerto Rico v. Carlos A. Ortiz Abrams, KBD2014G0433, KST2014G0019, 0020 y 0021.

Una vez recibidas las copias certificadas de la Senten-cias penales dictadas, el 5 de diciembre de 2014 emitimos una Resolución mediante la cual le concedimos al licen-ciado Ortiz Abrams un término de cinco días para que mos-trara causa por la cual no debíamos suspenderlo provisio-nalmente de la abogacía. Tras la concesión de una prórroga, el 28 de enero de 2015 el licenciado Ortiz Abrams compareció mediante un escrito intitulado Escrito para cumplimiento de resolución. En síntesis, expresó que hasta el 2014 no tenía récord de antecedentes penales y describió varias situaciones familiares y personales por las que es-taba atravesando. Entre otras cosas, manifestó que: (1) no tenía historial disciplinario; (2) la situación que lo llevó a enfrentar un proceso criminal se debió a un error de juicio del cual estaba arrepentido; (3) no medió intención criminal ni dolosa en su actuación, y (4) cumplió con el pago de las multas y penas especiales impuestas en las sentencias. Finalmente, solicitó que este Tribunal nombrara un Comi-sionado Especial para que su caso se atendiera en los méritos.

Entretanto, el 4 de marzo de 2015 la Oficina de la Pro-curadora General compareció ante este Tribunal mediante Moción informativa de la Procuradora General. En lo per-tinente, informó que, además de las Sentencias dictadas por los cuatro cargos antes expuestos, el licenciado Ortiz Abrams fue encontrado culpable de infringir otro delito. A tales efectos, nos remitió copia certificada de la respectiva Sentencia. Surge de ésta que el 14 de enero de 2015 el Tribunal de Primera Instancia encontró culpable al licen-ciado Ortiz Abrams por tentativa de cometer el delito grave tipificado en el Art. 25 de la Ley Núm. 8 (9 LPRA see. 3224). En consecuencia, el foro primario lo sentenció a cumplir tres meses y un día de reclusión. Además, le or-denó el pago de la pena especial para el delito en cuestión. Véase Sentencia emitida en el caso criminal Pueblo de Puerto Rico v. Carlos A. Ortiz Abrams, KST2014G0022. Celebrados los trámites de rigor, la sentencia fue suspen-dida bajo el régimen de libertad a prueba.

Ante ese cuadro, el 18 de marzo de 2015 dictamos una Resolución en la cual le concedimos quince días al licen-ciado Ortiz Abrams para que mostrara causa por la cual no debíamos desaforarlo del ejercicio de la abogacía y la nota-ría por motivo de las convicciones criminales. Luego de la concesión de una prórroga, el licenciado Ortiz Abrams com-pareció mediante un Escrito para cumplimiento de resolución. En éste reprodujo los argumentos esgrimidos en su escrito del 28 de enero de 2015. En particular, alegó, entre otras cosas, que: (1) se siente arrepentido; (2) la con-ducta que lo llevó a encarar se debió a un error de juicio; (3) carece de historial disciplinario; (4) goza de buena re-putación en la comunidad, y (5) no medió intención criminal en sus actuaciones. Además, solicitó nuevamente que este Tribunal nombrara un Comisionado Especial, en aras de atender los méritos de su caso.

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Como es ampliamente conocido, desde hace más de un siglo este Tribunal tiene la facultad inherente de regular el ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción. Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791, 802-803 (2014). Véanse, además: In re Doitteau Cruz, 190 DPR 979, 981 (2014); In re Colón Ledée, 190 DPR 51, 54 (2014); In re García Suárez, 189 DPR 995, 998 (2013). Al amparo de esa autoridad, podemos desaforar o suspender a los miembros de la profesión que no estén aptos para ejercer tan delicado ministerio. In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García Suárez, supra, pág. 998; In re Morell Corrada, 171 DPR 327, 330 (2007); In re González Díaz, 163 DPR 648, 650 (2005). Ese poder inherente de reglamentar la práctica ju-rídica es propio de este Tribunal y no está condicionado a estatuto alguno, siempre que se le conceda la oportunidad al letrado de ser oído en su defensa. In re González Blanes, 65 DPR 381, 391 (1945).

Esto significa que los motivos para ejercer nuestra facultad disciplinaria no se circunscriben a los que se disponen específicamente en alguna ley. In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García Suárez, supra, pág. 998; In re González Díaz, supra, pág. 650. Al contrario, se ex-tienden a toda conducta desplegada por el abogado que afecte su condición moral y, de esa forma, lo haga indigno de ser miembro de este foro. In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García Suárez, supra, pág. 998; In re Morell Corrada, supra, pág. 330; In re González Díaz, supra, págs. 650-651. En consecuencia, hemos sido enfáticos en afirmar que toda conducta delictiva de un miembro de la profesión que evidencie su quebrantamiento moral, aun cuando no sea producto o en conexión con el ejercicio de su profesión, es motivo para desaforarlo o suspenderlo. In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García Suárez, supra, pág. 998; In re González Díaz, supra, pág. 651. En ese contexto hemos resuelto que depravación moral consiste en hacer algo contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios o la moral. In re Colón Ledée, supra, pág. 55; In re García Suárez, supra, pág. 999; In re González Díaz, supra, pág. 651.

Examinada la normativa aplicable, procedemos a dilu-cidar el asunto que nos ocupa.

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Sin duda, los actos por los cuales el licenciado Ortiz Abrams resultó convicto constituyen depravación moral y reflejan la ausencia de justicia, honradez y principios en su estado ético. Además, incurrió en tentativa de un delito grave y en varios cargos de delito menos grave cometidos en conexión con el ejercicio de su profesión. De esta forma, con-cluimos que el licenciado Ortiz Abrams está incapacitado para ejercer la práctica de la abogacía en nuestra jurisdicción. En vista de ello, procede que este Tribunal ejerza su facultad inherente de regular la profesión y, por consiguiente, suspenda inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría al licenciado Ortiz Abrams.

IV

Por los fundamentos que anteceden, suspendemos inme-diata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría al Ledo. Carlos A. Ortiz Abrams.

A tono con ello, se le impone al señor Ortiz Abrams el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, tendrá que informar oportunamente de su suspen-sión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumpli-miento con lo anterior, dentro del término de treinta días, contados a partir de la notificación de la presente Opinión “per curiam” y Sentencia. Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia al Sr. Carlos A. Ortiz Abrams a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con el resultado sin opinión escrita.

       El 4 de abril de 2014, este Tribunal emitió una Resolución mediante la cual ordenó la incautación de la obra y del sello notarial del licenciado Ortiz Abrams por solicitud de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN).

       El Art. 22 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular dispone:
      “Toda persona que por disposición de este capítulo viniese obligada a informar determinados hechos al Secretario de Transportación y Obras Públicas o a la Policía de Puerto Rico y no lo hiciere o suministrase informes falsos a sabiendas o teniendo razones para creer que son falsos la suministre como verdadera, incurrirá en delito menos grave”. 9 LPRA see. 3221.

       Véase Moción Solicitando Auxilio del Tribunal para Incautación de Obra Notarial, presentada por la ODIN.

       El Art. 25 establece lo siguiente:
      “Toda persona, funcionario o empleado público que directamente o por persona intermedia voluntariamente entre, alimente o supla información falsa a cualquier expediente gubernamental físico de vehículo de motor o al sistema de computadoras o voluntariamente por sí o a través de otra persona elimine, modifique o cambie la información contenida en el sistema de computadoras o en cualquier expediente gubernamental físico de vehículo de motor a sabiendas de que dichos actos no pro-ceden, incurrirá en delito grave de cuarto grado”. 9 LPRA see. 3224.

       El 30 de noviembre de 2015, el licenciado Ortiz Abrams compareció ante este Tribunal mediante una Moción de paralización de los procedimientos. En esencia, solicitó que este Tribunal no ejerciera su facultad disciplinaria, ya que sometió una Petición de clemencia ejecutiva ante el Gobernador de Puerto Rico. En atención a su petición, le recordamos al licenciado Ortiz Abrams que hace más de una década dejamos meridianamente claro que el ejercicio de nuestra jurisdicción rebasa y es independiente del indulto o perdón del Poder Ejecutivo a un abogado convicto de delito. In re Silva Iglecia, 162 DPR 104, 122 (2004).

       Con relación a ello, nótese que, en su parte pertinente, la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 dispone que un abogado hallado culpable de engaño, conducta inmoral, delito grave o delito menos grave —en conexión con el ejercicio de su pro-fesión— o culpable de cualquier delito que implique depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de la profesión. Véase 4 LPRA see. 735.

       En infinidad de ocasiones hemos separado inmediatamente de la profesión jurídica a abogados que resulten convictos por actos que implican depravación moral. In re Colón Ledée, 190 DPR 51, 54-55 (2014); In re García Suárez, 189 DPR 995, 998-990 (2013); In re Morell Corrada, 171 DPR 327, 330-331 (2007).

       Del mismo modo, hemos definido depravación moral como el estado del indi-viduo, compuesto por una deficiencia en su sentido de la moral y la rectitud, en que la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana. Véanse: In re Colón Ledée, supra, pág. 55; In re García Suárez, supra, pág. 999; In re Morell Corrada, supra, pág. 330; In re González Díaz, 163 DPR 648, 651 (2005).