text:
    Rafael Valentín, demandante y apelante, v. The American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelada.
    No. 4172.

    Visto: Noviembre 23, 1927.

      Resuelto: Enero 18, 1928.
    Apelación v Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord-Defectos, Objeciones, Enmiendas y Corrección — Enmiendas1 en la Corte Inferior — Poder del Juez Inferior para Ello.--'Un juez tiene poder para conceder un término para completar, por medio de enmienda, una transcrip-ción de la evidencia radicada de acuerdo con la orden para la preparación do dicha transcripción y dentro del período fijado por una orden posterior indicando la forma y manera de preparación y presentación de dicha trans-cripción, a pesar de haber expirado el término concedido por otra orden con-tradictoria dictada en la misma fecha de la últimamente mencionada.
    Mogión sobre desestimación de apelación, interpuesta ésta contra sentencia de Charles B. Foote, J. (Mayagüez), declarando sin lu-gar la demanda, con costas.

      Sin lugar la moción.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; F. y M. Acosta Velarde,. abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Una moción suplementaria para que- desestimemos la apelación en este caso, hace referencia a otra moción anterior fundada en el hecho de haber dejado el apelante de ra-dicar la transcripción de la evidencia dentro del término* estatuido para ello, mencionando además la radicación posterior de tal transcripción, la cual, según sostiene la ape-lada, es nula y carente de valor o efecto legal alguno;

(a) Porque fué presentada después de haber expirado-el término prescrito por la ley, y sin que se hubiere solici-tado ni obtenido prórroga para ello.

(b) Porque la misma fué presentada en dos legajos dis-tintos, escritos en diferente tipo de maquinadla y papel, sin relación o conexión alguna entre sí, apareciendo solamente firmado uno de dichos legajos por el juez de distrito, sin que el otro aparezca firmado o sellado.

(c) Porque dicha transcripción fue radicada en dos le-gajos distintos, en vez de uno solo, y sin que las páginas se encuentren foliadas consecutivamente, según lo dispone la regia 39 de este tribunal.

(d) Porque la misma no aparece certificada por el juez de distrito, toda vez que ninguna de dichas transcripciones muestra el sello de la corte, según lo exige el inciso 3 del artículo 20 del Código de Enjuiciamiento Civil. Y,

(e) Porque la corte de distrito carecía de jurisdicción o autoridad para aprobar la transcripción de la evidencia en .el presente caso, por las siguientes razones:

1. Porque el 21 de marzo de 1927 la corte inferior or-denó al demandante que radicara, dentro del término de diez días, una transcripción de la evidencia practicada en el caso de Agustín Roselló Bras v. The American Railroad Co. of Porto Rico, con el fin de que, unida al resto de la prueba presentada, constituyera, una vez aprobada por el juez sentenciador, la transcripción de la evidencia en el presente caso.

2. Que el 19 de abril de 1927, o sea, más de diez días después de la fecha de la orden del 21 de marzo, 1927, la corte de distrito le concedió al demandante otra semana para radicar la referida transcripción.

3. Que entre el 21 de marzo y el 19 de abril, el deman-dante no solicitó prórroga alguna para radicar la dicha transcripción, ni la corte le concedió tal prórroga.

4. Que habiendo vencido el término de diez días fijado por la corte inferior para archivar la mencionada trans-cripción, y sin que el demandante cumpliera con la misma o solicitara u obtuviera prórroga para ello, la corte de dis-trito carecía de jurisdicción o autoridad para conceder un nuevo término con tal fin.

El 11 de agosto de 1927, fué prorrogadq el término para radicar la transcripción del récord en este tribunal basta el 10 de septiembre. El legajo de la sentencia fue radicado el 8 de septiembre. Con fecha 12 de septiembre, la apelada solicitó la desestimación por no haberse presentado la trans-’ cripción de la evidencia. Se recibió la transcripción al día siguiente junta con una carta del secretario de la corte de distrito dirigida al secretario de este tribunal, explicando que en el momento de enviar el legajo de la sentencia, los dos volúmenes de la transcripción de la evidencia se ha-bían quedado sobre la mesa de dicho secretario de la corte inferior. No hay nada en absoluto que demuestre que el apelante fuera responsable en forma alguna del hecho de que se dejara de enviar la transcripción de la evidencia junta con el legajo de la sentencia. La transcripción de la evidencia fué aprobada por el juez sentenciador con fecha 11 de julio, y la certificación del secretario que aparece en el legajo de la sentencia tiene fecha de 13 de julio. La moción de prórroga para radicar la transcripción de la evi-dencia en la oficina del secretario de este tribunal, de fecha 11 de agosto, 1927, explica que la transcripción había sido debidamente aprobada y firmada por el juez de la corte de distrito y no le había sido traída al secretario de esta corte debido al gran cúmulo de trabajo en la Secretaría de la corte de distrito. El secretario de la corte de distrito también certifica que se omitió inadvertidamente la trans-cripción de la evidencia al elevar el legajo de la sentencia, y que no se dió cuenta de dicha omisión hasta el día en que se le envió al secretario de este tribunal la mencionada transcripción.

Cuando se llamó para juicio el presente caso, los aboga-dos del demandante anunciaron que en los casos de Rafael Valentín, Benito Lecrerc y Carlos Rosado, respectivamente, v. The American Railroad Co., se había radicado una estipu-lación al efecto de que en cada uno de dichos casos se re-produjera y considerara la prueba ya practicada en el de Agustín Roselló Bras v. The American Railroad Co. como si hubiese sido introducida en cada uno de dichos casos, y que se practicaría prueba adicional solamente en lo que respectaba a la naturaleza de las lesiones recibidas y los daños y perjuicios sufridos por los respectivos demandantes.

En ese momento, el abogado de la demandada preguntó si estaban presentes los tres demandantes Valentín, Lecrerc y Rosado Acosta. Los letrados de los demandantes contes-taron afirmativamente y solicitaron que se permitiera que los tres demandantes permanecieran sentados junto a ellos, de modo que pudieran ser examinados por los peritos. En-tonces, el abogado de la. demandada sugirió que, para los fines del récord, se oyera primero la prueba en el caso de Valentín, y así lo resolvió la corte. De modo que parece que el juicio de los tres casos se celebró conjuntamente, y que los mismos fueron resueltos al mismo tiempo, aunque la prueba testifical se ordenó en forma tal que pudieran hacerse transcripciones separadas para la apelación. Pa-rece haberse seguido el mismo procedimiento en la vista posterior sobre la cuestión de la aprobación de las trans-cripciones respectivas, existiendo sólo un récord taquigráfico en cada caso que cubre todas las cuestiones levantadas con respecto a tales transcripciones.

La orden para la preparación de la transcripción en el caso de Valentín se infiere solamente a la prueba practicada y a los procedimientos en ese caso, y no hace mención del caso de Roselló Bras o de transcripción alguna de la evi-dencia aducida en el mismo.

Cuando se llamaron los casos para vista con el fin de considerar las diversas transcripciones, el abogado de la demandada manifestó que sólo había una transcripción de la evidencia aducida en el caso de Roselló Bras y que las transcripciones en los tres casos eran insuficientes e incom-pletas porque se limitaban a la prueba introducida en rea-lidad en cada uno de dichos casos. El abogado de los de-mandantes insistió en que las transcripciones, según fueron presentadas, estaban de acnerdo con los términos de la es-tipulación, pero la corte anunció que iba a aprobar la trans-cripción en el caso de Roselló Bras solamente y concedió a los apelantes un término de diez días para enmendar las transcripciones de los otros tres casos. La corte además ordenó la preparación de órdenes adecuadas en cada caso con respecto a ésta y otras cuestiones discutidas durante la vista.

El mismo día, o sea, el 21 de marzo de 1927, aparece que el juez de distrito firmó dos órdenes separadas y más o me-nos contradictorias, a una de las cuales se refiere la apelada y basa en ella su moción de desestimación, siendo la otra invocada por el abogado del apelante como autoridad para someter posteriormente una transcripción igualmente defec-tuosa para ser aprobada por el juez de distrito.

Una de estas órdenes, copia certificada de la cual pre-senta ahora la apelada, dispone la radicación, dentro del término de diez días, de una transcripción de la evidencia practicada en el caso de Roselló Bras, con el fin de que la misma, junta con la evidencia aducida en el presente caso, una vez aprobada por el juez sentenciador, pudiera consti-tuir la transcripción para la apelación. La otra indica que el caso de Roselló Bras fué visto junto con los de Valentín, Lecrerc y Rosado Acosta, que las partes habían estipulado y convenido por escrito en que todos los planos, documen-tos y la prueba presentados en dicho caso de Roselló Bras debían considerarse como introducidos en los otros casos mencionados, que la transcripción de la evidencia en el caso de Roselló Bras había sido aprobada y contiene todos los detalles relacionados con el accidente sobre el cual se basa la acción en este caso, — y entonces ordena que la transcrip-ción de la evidencia que ha de presentar el demandante en este caso se refiera únicamente a las lesiones recibidas por el demandante y será radicada dentro de diez días.

El día 30 ele marzo, el demandante, refiriéndose a la or-den últimamente mencionada, y manifestando que una trans-cripción preparada de acuerdo con la misma había sido de-debidamente archivada, solicitó la aprobación de tal trans-cripción y pidió que se señalara el lunes 18 de abril de 1927 para la vista a este respecto.

En este estado de los procedimientos fué que la corte de distrito concedió el 19 de abril de 1927 la prórroga que ahora impugna la apelada por carecer la corte de jurisdic-ción debido a que había expirado el término fijado por la anterior orden de marzo 21.

No hay duda de que la corte inferior hubiera estado com-pletamente justificada al negarse a aprobar la transcripción de la evidencia sometida el 19 de abril de 1927, y en rehu-sar conceder otra prórroga dentro de la cual pudiera com-pletarse la referida transcripción, si el juez de distrito, bien por inadvertencia o algún otro motivo, no hubiese fir-mado anteriormente la orden que ahora invoca el apelante como autoridad para el procedimiento seguido por el abo-gado en flagrante desatención de la orden de igual fecha so-bre la cual se hace tanto hincapié por la apelada. Pero nada encontramos a este respecto en los casos de Díaz v. The Porto Rico Railway, Light and Power Co., 32 D.P.R. 95, y Díaz v. The Porto Rico Railway Light and Power Co., 33 D.P.R. 289, que sostenga la proposición de que el juez de distrito no tiene poder para conceder una prórroga con el objeto de completar, por medio de enmienda, una trans-cripción de evidencia que ha sido ya radicada, después de haber expirado un término previamente concedido, en el momento de resolver una moción solicitando tal prórroga, hecha dentro del término concedido primeramente.

Desde luego que aquí no había una moción formal solici-tando tal prórroga, pero el mismo principio se aplica a fortiori a un cumplimiento prima facie de la curiosa orden contemporánea de marzo 21, la cual dispone que se haga una transcripción que contenga únicamente la evidencia prac-ticada en cnanto a la cuestión de daños y perjuicios. Ha-biendo cumplido el demandante con los términos de esta orden dentro del período en ella prescrito, la cuestión de nuevas prórrogas, así como la de la aprobación de la trans-cripción así sometida, eran materias que todavía caían den-tro de la jurisdicción y poder del juez de distrito, no obs-tante liaber expirado el término fijado en la orden de igual fecha para la radicación de una transcripción de la 'eviden-cia practicada en el caso de ítoselló Bras.

La presentación de las dos transcripciones en dos lega-jos, certificada cada una por el taquígrafo de la corte, para ser aprobadas por el juez sentenciador como una transcrip-ción de la evidencia en el presente caso, era no solamente un ^cumplimiento substancial de la orden de la corte inferior, sino también el modo 'más sencillo, expedito y menos costoso de preparar una transcripción para la apelación. Indudablemente que la mejor práctica hubiese sido foliar en su totalidad las dos transcripciones consecutivamente, según se indica en la regla 39 de este tribunal, y haber identificado las mismas por medio de una referencia más específica a los dos legajos y a tal foliación en la certificación del juez sen-tenciador. No obstante, el juez de distrito certificó que la transcripción aprobada por él es completa, correcta y ver-dadera, y que contiene todas las declaraciones y documentos necesarios y pertinentes a-la presente apelación. Interpre-tando esta certificación a la luz de los diversos incidentes y órdenes que precedieron a la aprobación final de la trans-cripción, no tenemos motivo alguno para poner en duda el hecho de que el juez de distrito en realidad tuvo ante sí las dos transcripciones al tiempo de tal aprobación y que en verdad las mismas fueron aprobadas por él. Las dos trans-cripciones también hacen referencia a aspectos tan entera-mente separados y distintos del presente caso, que no hay posibilidad de duda alguna o confusión que pueda surgir por la falta de ruia foliación consecutiva. Pero aún cuando no fuera así, cualquier duda o confusión podría ser fácil-mente disipada requiriéndole al apelante que haga una refe-rencia más específica en el alegato, sin necesidad de desesti-mar la apelación o de devolver la transcripción a la corte inferior para ser enmendada.

La apelada dice además en apoyo de su moción de de-sestimación lo que sigue:

1. Que el 12 de mayo de 1926, sin que se hubiese archi-vado escrito de apelación alguno en este caso, se radicó una moción solicitando de la corte que ordenase al taquí-grafo la preparación de la transcripción.

2. Que el escrito de apelación fue radicado tres días más tarde.

»

3. Que la Ley No. 27 de 1917, según fue enmendada en el 1919, dispone que el escrito solicitando la transcripción de la evidencia deberá presentarse dentro de diez días des-pués de haberse archivado el escrito de apelación.

4. Que la orden decretando la preparación de la trans-cripción es, por tanto, nula y sin valor o efecto legal alguno.

Otro fundamento de la moción es que el abogado del apelante no certifica haber notificado a los abogados de la apelada con copia del legajo de la sentencia.

La cuestión en cuanto a la radicación prematura de la moción solicitando la preparación de la transcripción de la evidencia, así como la contención respecto a la falta de sello han sido discutidas y resueltas en el caso de Roselló Bras v. The American Railroad Co. of Porto Rico, ante, página 607.

También en este caso, como en el de Roselló Bras, el secretario de la corte de distrito certifica haber hecho en-trega de una copia del legajo de la sentencia al abogado de la apelada, así como al abogado del apelante.

Se declara sin lugar la moción de desestimación.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Carlos Rosado Agosta, demandante y apelante, v. The American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelada; Benito Leclerc, demandante y apelante, v. The American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelada.
    Nos. 4171 y 4173.

    Vistos: Noviembre 23, 1927.

      Resuelto: Enero 18, 1928.
    1. Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar la Causa— Pago de Derechos y Costas y Eianzas u Otras G-arantías — Pago de los Derechos por Escrito de Apelación. — -Un demandante insolvente que ha obtenido una orden permitiéndole radicar su aeción como insolvente tiene derecho a radicar un escrito de apelación y a obtener copia certificada del legajo de la sentencia sin efectuar el pago de los derechos prescritos por la ley.
    2. Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar la Causa— Pago de Derechos y Costas y Eianzas u Otras Garantías — Pago de los Derechos por el Bécord de Apelación. — La radicación de la demanda de un insolvente mediante el permiso previo de la corte, y no la fraseología de la resolución que permite tal radicación, es lo que constituye la base estatutoria del derecho del demandante “a todos los servicios de todos los funcionarios del tribunal .... como si los derechos hubiesen sido satisfe-chos. ’ ’

    Mociones sobre desestimación de apelación, interpuestas éstas contra sentencias de Charles E. Foote, J. (Mayagüez), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Sin lugar las mociones.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; F. y M. Acosia Velarde, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal. •

Las mociones para desestimar las apelaciones respectivas en los casos arriba titulados se basan no solamente en los fundamentos discutidos y que ya lian sido resueltos en los casos de Roselló Bras v. The American Railroad Company y Valentín v. The American Railroad Company, ante, páginas 607 y 615, sino también en el fundamento de que una resolución que ordenaba al secretario de la corte de distrito que radicara una demanda libre de cargos y disponiendo que un demandante insolvente recibiera gratuitamente los servicios de todos los funcionarios d'e dicha corte y las pro-videncias de la misma, tal cual si se pagasen los derechos, no exime a tales demandantes de la necesidad de fijar se-llos de rentas internas al escrito de apelación, ni autoriza al secretario a expedir nna copia certificada del legajo de la sentencia sin fijar ni cancelar tales sellos.

La sección 1 y las secciones 2 y 7, en parte,’de una ley “Regulando el cobro de derechos y costas en cansas civiles en las cortes de distrito y municipales de Puerto Rico y para otros fines,” aprobada el 11 de marzo de 1915» leyes de ese año, página 45, leen como signe:

“Sección 1. — Tocias las cantidades que ingresen en las oficinas de las cortes de distrito y municipales de Puerto Pico, por concepto de derechos en causas civiles, se pagarán en sellos de rentas internas que los secretarios y márslials adherirán, bajo su responsabilidad al margen o al pie de los documentos registrados. Dichos sellos serán cancelados después, escribiendo con tinta sobre cada uno la palabra ‘cancelado’ y la fecha en que se haga la cancelación.
“'Sección 2. — El arancel de los derechos que se han de pagar en lo sucesivo por las operaciones de los secretarios y márshals de las cortes antes mencionadas, fijando y cancelando los correspondientes sellos de rentas internas en la forma que esta Ley dispone, será el siguiente:
“ARANCEL DE .LOS DERECHOS QUE DEBERÁN PAGARSE A LOS SECRETARIOS.
A. Por cada demanda en pleito civil contencioso ante las cor-tes de distrito_$5. 00
D. Por cada escrito de apelación de las cortes de distrito al Tribunal Supremo- 5.00
P. Por cada certificación bajo sello-■- 0. 25
Q. Por expedir copia de cualquier documento obrante en autos, inclusive su certificación cuando ésta sea requerida, por cada folio_ 0. 20
“Sección 7. Cualquier vecino de Puerto'Rico que desee entablar una acción civil y no pudiese- pagar los derechos requeridos por esta Ley, podrá presentar al secretario una declaración jurada exponiendo su imposibilidad de pagar dichos derechos,'juntamente con una co-pia de la demanda que se propone deducir, y el secretario someterá dicha declaración jurada y la referida demanda al juez del tribunal; y si dicho juez juzgara suficiente en derecho la demanda, permitirá que se anote dicha demanda, por lo cual el demandante tendrá de-recho a todos los servicios de todos los funcionarios del tribunal y a todos los mandamientos y providencias del mismo, como si los de-rechos hubiesen sido satisfechos.”

Evidentemente la fijación y cancelación de sellos en nn escrito de apelación y en la copia certificada del legajo de la sentencia tan forma parte de “las operaciones” del secretario, “fijando y cancelando los correspondientes sellos de rentas internas,” como el acto de fijar y cancelar tales .sellos en la demanda cuando ésta se radica.

Decir que un demandante insolvente que lia obtenido una orden permitiéndole que radique su demanda como insol-vente no tiene derecho a radicar un escrito de apelación en la corte de distrito o a obtener copia certificada del legajo de la sentencia sin efectuar el pago de los derechos pres-critos por la misma ley que crea la exención de referencia, no estaría en armonía con el amplio alcance de la frase “a todos los servicios de todos los funcionarios del tribunal,” y participaría del carácter de legislación judicial.

Las resoluciones que en estos casos permiten la radicación de las demandas siguen en substancia la letra del estatuto y por tanto no hay prueba de intención alguna por parte del juez de distrito de fijar ninguna limitación al privilegio estatutorio en ninguno de estos dos casos. Pero, sea ello como fuere, la radicación de la demanda mediante el permiso previo de la corte, y no la fraseología de la resolución que permite tal radicación, es lo que constituye la base estatutoria del derecho del demandante “a todos los servicios de todos los funcionarios del tribunal . . . como si los derechos hubiesen sido satisfechos.”

Se declaran sin lugar arabas mociones.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Central Igualdad, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 703.

    Sometido: Enero 16, 1928.

      Resuelto: Enero 19, 1928.
    Arrendador y Arrendatario — Arrendamientos y Convenios en General — Re-quisitos y Validez — Inscripción—Denegatoria de Inscripción — Defectos Insubsanables — Arrendamientos por Mandatarios o Apoderados — Falta de Poder Expreso — Arriendo por Término Mayor de Seis A Sos. — El poder especial a que se refiere el artículo 1451 del Código Civil Revisado para que el mandatario pueda dar en arrendamiento cosas por término que exceda de seis años, es aquél en qne expresa y distintamente se faculta al mandatario para ese acto, pudiendo conferirse en un documento en que se otorguen a la vez otras facultades.
    Nota de Pedro Gómez Laserre, R. (Mayagüez), denegando inscrip-ción de un contrato de arrendamiento en cnanto a ciertos condo-minios.

      Revocada.

      Nazario & García Méndez, abogados del recurrente; el registrador recurrido, compareció por escrito.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El ocho de noviembre de 1927 comparecieron ante nota-rio, de una parte, doña Enriqueta Goico y Vidal, por su propio derecho y como apoderada de su hija Gracia María Arrarás, doña Sinforo sa Pesante, don José Enrique Arrarás y don Manuel García de Quevedo, como apoderado de doña Violeta Enriqueta Arrarás, y de la otra, la Central Igual-dad, Inc., representada por don Arturo Gigante, y otorgaron nn contrato de hipoteca y arrendamiento de fincas rústicas.

Presentado el contrato en el registro, se inscribió sin dificultad en cnanto a la hipoteca, pero se negó la inscripción en cnanto al arrendamiento de los condominios de María Gracia y Violeta Enriqueta Arrarás, por carecer sus apo-, derados de facultades para otorgarlos, a juicio del registra-dor. También se negó la inscripción en cnanto a la finca de la Sra. Pesante, por aparecer inscrita a nombre de otra persona.

No conforme la Central Igualdad, Inc., con la nota del registrador en lo qne al arrendamiento de los Indicados condominios se refieren, interpuso el presente recurso gu-bernativo.

Se trata de un arrendamiento por diez años y el regis-trador funda su negativa en la infracción del artículo 1451 del Código Civil Eevisado que dice:

“El marido relativamente a los bienes de su mujer, el padre y tutor respecto a los del Mjo o menor, y el administrador de los bie-nes que no tenga poder especial, no podrán dar en arrendamiento las cosas por término que exceda de seis años.”

Toda la cuestión a decidir en este caso gira sobre lo que se entiende por poder especial.

Al contrato de hipoteca y arrendamiento de que se fia hecho mérito, se acompañaron las escrituras de poder. En ambas se confieren facultades amplísimas que abarcan qui-zás cuantas transacciones puedan realizarse por una persona en representación de otra y ambas contienen una cláu-sula que dice:

“Para que ya corporal o simbólicamente tome posesión de sus bienes actuales, muebles o inmuebles y de los que por cualquier con-cepto adquiera en lo sucesivo y los administre, ejercitando todas las facultades propias de ‘un administrador general, incluso las de ce-lebrar, llevar a efecto, modificar, prorrogar o rescindir contratos in-quilinatos y arrendamientos, cuyo plazo de duración puede ser por más o menos de seis años, . . . .”

El registrador sostiene que ese poder no cumple con las exigencias del. citado artículo 1451 del Código Civil Eevi-sado, porque no es especial. No estamos conformes. La redacción de la cláusula pudo ser más perfecta, pero tal como está es suficiente.

Comentando Manresa el artículo 1548 del Código Civil antiguo, igual al 1451 del revisado, dice:

“El administrador que contrata a nombre de su principal obra en virtud de mandato. El art. 1548 le exige poder especial para dar en arrendamiento cosas por término que exceda de seis años; con las palabras ‘poder especial’, el Código quiere decir poder en que es-pecialmente se le apodere para ese acto.”

No cabe otra interpretación. Pretender que se requiera un documento separado y limitado solamente a determinado acto, para que se entienda debidamente constituido un poder especial, sería dificultar las transacciones de los hombres sin que por ello ganaran necesariamente en certeza y segu-ridad. Lo que exigió el legislador en el repetido artículo 1451 del Código Civil fue que el poderdante confiriera de modo expreso, terminante, especial, la facultad. Si la fa-cultad se otorga en un documento separado o en una de las cláusulas de un documento en que se confieren otras facul-tades, es indiferente.

El caso de Bernal Estate v. Registrador de Ponce, 13 D.P.R. 104 que cita el registrador en su alegato, es distinto. Allí el apoderado arrendó por diez años una finca de su po-derdante que lo había autorizado para arrendar sus bienes “por el tiempo, precio y condiciones que estimare.” El re-gistrador se negó a inscribir el contrato entre otros moti-vos porque el poderdante no había conferido a su apode-rado el poder especial que exigía el artículo 1451 del Código Civil y este tribunal confirmó la nota del registrador por sus propios fundamentos.

Como puede verse, dados los términos en que se consti-tuyó el mandato, sólo podía interpretarse como general. No se refirió el poderdante expresamente, especialmente, a los arrendamientos por más de seis años, y no quedó, en tal virtud, autorizado su apoderado para celebrar esa clase de-contratos.

Galindo y Escosura en el tomo 2, pág. 117, de sus Co-mentarios a la Ley Hipotecaria, haciendo referencia a las. Besoluciones de la Dirección General de los Begistros de 28 de noviembre de 1878, 19 de julio de 1879 y 20 de marzo de 1899, dice:

“Según el art. 1712, el mandato puede ser general o especial y según el artículo 1713 el concedido en términos generales no com-prende más que los actos de administración, siendo indispensable-mandato expreso para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cual-quier otro acto de riguroso dominio.”

T Manresa, comentando los artículos 1712 y 1713 del Có-digo Civil antiguo, iguales a los artículos 1614 y 1615 del Có-digo Civil revisado, se expresa así:

“No es para olvidada la diferente redacción que-existe entre el segundo párrafo del art. 1712 y el primero del 1713. Aquél habla de mandato general, y refiérese éste al mandato concebido en térmi-nos generales.
“De ordinario uno y otro se confunden, mas puede ocurrir que un mandato general autorice para la enajenación; dedúcese de aquí que la verdadera y sustancial diferencia entre unos y otros poderes, estribará, no en el número de los actos o negocios conferidos al mandatario, sino en la naturaleza de los actos jurídicos que puede realizar.
“La disparidad en la redacción de los dos textos suscita en nues-tro derecho positivo la misma dificultad de racional exegesis susci-tada en el derecho francés, y en general, en cuantos Códigos le si-guen, sobre si los términos de la división establecida por el primero responden a los del segundo; esto es, si el mandato general res-ponde al mandato concebido en términos generales y el mandato especial al mandato expreso.”

Lo que el legislador exigió en relación con el contrato de arrendamiento por más de seis años en el artículo 1451 del Código Civil Revisado, no puede ser más que lo que re-quirió en el 1615 del propio Código con respecto a la tran-sacción, enajenación, hipoteca o ejecución de cualquier otro acto de riguroso dominio. T así poder expreso y poder especial son una misma cosa, convirtiéndose el poder general cuando expresamente autoriza además la realización de los actos para los cuales se necesita un poder especial o expreso, según la frase del comentarista Sancho Tello, ci-tado por la recurrente en su alegato, en “un haz de pode-res especiales.”

Debe revocarse la nota recurrida en la parte en que lo ha sido y ordenarse la inscripción solicitada.


text:
    M. Michelín & Cie., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 695.

    Sometido: Diciembre 1, 1927.

      Resuelto: Enero 20, 1928.
    Embargos — Mandamiento de Embargo — Anotación de Embargo — En General. —La Ley sobre aseguramiento de sentencia de Marzo 1, 1902, (comp. 5241) no exige que el marshal tenga que trabar embargo sobre los inmuebles antes de que el Registrador actúe anotando dicho embargo.
    Nota de E. B. Pérez Mercado, R. (Guayama), denegando anotación de embargo.

      Revocada.

      Bubón & Ochoteco, abogados del recurrente; el registrador recu-rrido, compareció por escrito.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

M. Miclielin & Cié. entabló demanda en la Corte Municipal de San Juan contra José Rodríguez, Pío Berrios y Alfonso Rodríguez, en cobro de dinero. Solicitó el asegura-miento de la sentencia y la corte lo decretó ordenando que se librara por el secretario mandamiento dirigido al marshal de la Corte Municipal de Cayey para que procediera a embargar bienes de los demandados en cantidad suficiente para responder de la suma reclamada en la demanda, y luego dijo: “Y se ordena además el embargo de los siguien-tes bienes, propiedad del demandado Pío Berrios: (Se des-criben tres fincas rústicas situadas en Barranquitas). El Secretario de esta Corte librará el correspondiente manda-miento dirigido al Registrador de la Propiedad de Guayama, para que dicho funcionario proceda a anotar en los libros a su cargo, el embargo decretado por esta corte, sobre las fincas arriba descritas.”

El mandamiento fue librado de conformidad acompañán-dose al mismo copias de la orden y de la demanda y el re-gistrador se negó a practicarlo

“porque en el presente caso el tribunal que entiende en el mismo ordena el aseguramiento de la efectividad de la sentencia por con-ducto del Márshal de la Corte Municipal de Cayey disponiendo el embargo de las ñncas descritas en la orden, ordenándose que se li-brara el correspondiente mandamiento para la anotación del embargo, sin que aparezca de ninguno de los documentos presentados que dicho márshal haya cumplido previamente la orden del tribunal trabando embargo sobre dichas fincas.”

No conformes M. Miclielin & Cié. interpusieron el pre-sente recurso gubernativo.

Limitados como estamos al motivo expuesto por el regis-trador en su nota, no encontramos en verdad fundamento sólido alguno para la negativa.

La sección 9 de la ley de marzo 1, 1902, sobre asegura-miento de sentencia, Comp. 1911, see. 5241, dice, en lo per-tinente, así:

£ÍE1 embargo y prohibición de’enajenar inmuebles se efectuarán anotándolos en el registro de la propiedad y notificándolos al de-mandado, . . . .”

La ley no exige.que el márshal tenga que embargar antes de que el registrador actúe.

En su alegato el registrador, en parte, dice:

“Como quiera que el propósito de la Corte de decretar un embargo por duplicado no es del todo claro, y al tratar, de sacarle tal conclusión, resultan muy ambiguos los términos de la orden, creemos que interpretándola en un sentido no demasiado liberal, pero si ra-zonable, y atribuyendo al juez que la dictó el mejor propósito de proteger los derechos del demandante, sin llegar a lesionar los de los demandados, debe entenderse como que la idea y propósito de la Corte fue el de que el márshal embargara previamente,, dando así una oportunidad a dicho funcionario para que apreciara la respon-sabilidad de los bienes descritos y en caso de ser insuficientes, pu-diera, según su mejor criterio, hacer extensivo el embargo a otros bienes. ’ ’

La orden no es susceptible de esa interpretación. De-cretó primero el embargo de bienes de todos los demanda-dos en general y luego, apareciendo que uno de ellos tenía propiedades inmuebles, ordenó su embargo de acuerdo con los preceptos de la ley especial sobre la materia. Se trata de medidas de aseguramiento independientes. La segunda no está supeditada a la primera. Los demandados pudie-ran o no tener bienes susceptibles de ser embargados por el márslial de la Corte Municipal de Cayey. Uno de ellos, Berrios, era dueño de inmuebles y sobre los inmuebles se dirigió directamente el embargo para sujetarlos a las re-sultancias del pleito. Eso es todo.

No estando, pues, bien fundada la nota recurrida, debe revocarse.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Manuel Pérez Blanco, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 702.

    Sometido: Enero 9, 1928.

      Resuelto: Enero 24, 1928.
    Hipotecas — Requisitos y Validez — Validez — Consentimiento o Aceptación por el Acreedor Hipotecario. — Las hipotecas voluntarias pueden consti-tuirse por la sola voluntad del dueño de los bienes sobre que las mismas se • constituyen sin necesidad de que conste la aceptación de la persona o per-sonas a cuyo favor directa o indirectamente so otorgan.
    Nota de R. B. Pérez Mercado, R. (G-uayama), denegando inscrip-ción de una hipoteca voluntaria.

      Revocada.

      José Martínez Dávila, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido, compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 19 de octubre de 1927 comparecieron ante notario, de una parte, Ramón Delgado Rivera y su esposa, y de otra, Manuel Pérez Blanco, y manifestaron, en resumen: que los esposos Delgado eran dueños de cierta finca urbana que des-criben; que debían varias cantidades que especifican a diversas sociedades mercantiles que nombran; que habían ce-lebrado con sus acreedores un convenio para el pago de sus créditos, convenio en el cual se designó como trustee al otro compareciente Pérez Blanco, y que para garantir el pago debían constituir como constituyeron en efecto hipoteca so-bre la indicada finca urbana a favor del trustee, encargán-dose éste de repartir a prorrata entre los acreedores las cantidades que fuera recibiendo.

El documento se presentó en el registro, negándose sn inscripción “porque las mercantiles acreedoras, ... no han prestado sn consentimiento para1 qne los créditos a ellas co-rrespondientes, sean garantizados con hipoteca a favor de tercera persona como lo es el mencionado trustee.”

No conforme Pérez Blanco interpuso el presente recurso gubernativo alegando qne la nota del registrador es contra-ria al artículo 138 de la Ley Hipotecaria y a la jurispruden-cia establecida por esta corte en el caso de Santiago v. Registrador de Guayama, 25 D.P.R. 855.

El registrador ha presentado un amplio alegato en apoyo de sn nota, invocando lo resuelto por la Direction General de los Registros de España el 14 de marzo de 1893. Sos-tiene qne no se trata aquí del caso corriente en que un deu-dor garantiza la deuda de un acreedor con hipoteca volun-taria, sino de un contrato bilateral que resulta de un con-venio celebrado con todos los acreedores del deudor, consti-tuyéndose la hipoteca a favor de una persona distinta de los acreedores.

Si se tratara de inscribir el convenio, si la inscripción obligara a los acreedores a respetar y cumplir dicho conve-nio, tendría razón el registrador recurrido; pero lo que se trata de inscribir es simplemente la hipoteca por virtud de la cual queda gravada la finca del deudor. Es el deudor el que sufre, el que sujeta su propiedad al pago de sus deu-das. No compareciendo los acreedores al otorgamiento, en nada pueden ser perjudicados por lo recitado en la escri-tura por el deudor, ni por el llamado trustee. La inscrip-ción que se pide no tiene más efecto que obligar al deudor en la forma que él mismo ha querido obligarse. Si sus ma-nifestaciones y las del se dicente trustee no son ciertas, todo el edificio construido caería por su base.

Siendo esto así, es perfectamente aplicable a este caso el de Santiago v. Registrador de Guayama, supra. Allí esta corte, basándose en un estudio de la cuestión envuelta y en lo decidido por la Dirección General de los Registros de España en 25 de junio de 1877, 29 de diciembre de 1880 y 28 de noviembre de 1893, resolvió que:

“Según la doctrina del artículo 138 de la ley hipotecaria, las hi-potecas voluntarias pueden constituirse válidamente no sólo por con-venio de las partes, sino por la exclusiva voluntad del dueño de los bienes sobre que las mismas se constituyen, sin necesidad de que conste la aceptación de la persona a cuyo favor impone el gravamen, razón por la que no constituye defecto subsanable el hecho de no acreditarse cumplidamente en la escritura presentada para su ins-cripción en el registro que la persona que en la misma compareció como apoderado del acreedor tenía en efecto tal carácter.”

La resolución invocada por el registrador presenta un caso distinto. Ante notario comparecieron doña Magdalena Aumasquí y don Narciso Llunell, de una parte, y don Juan Yall y su liija doña Francisca, menor de edad, de otra, y en ella don Juan con ocasión del matrimonio de su bija con Llunell, la dió en dote quince mil pesetas, y un armario de ropa, y como sólo entregara la mitad de dicba suma, consti-tuyó hipoteca sobre una finca para garantir la otra mitad. El registrador fundándose en que en el contrato de capitu-laciones matrimoniales la menor aceptó la donación y en compensación se dió por satisfecha de cuanto pudiera co-rresponderle por legítima, negó la inscripción del documento y la Dirección confirmó la negativa, por considerar “que la hipoteca formaba parte integrante de un contrato bilateral y en tal concepto participaba de esa misma naturaleza, de-biéndose exigir, por tanto, para su constitución la voluntad de ambas partes contratantes.” No constaba la aceptación de la hipoteca por parte de la menor dotada.

Se ve, pues, que la Dirección no siguió el criterio fijado por ella misma en las resoluciones ya citadas en cuanto a la no necesidad de la aceptación de la hipoteca, basándose en las circunstancias peculiares del caso. Pudiera decirse, como sostiene el registrador, que aquí también la hipoteca se cons-tituyó como consecuencia del contrato celebrado entre el deudor y sus acreedores. Y así es en efecto. Y más claro hubiera sido que los acreedores hubieran comparecido y aceptado solemnemente todo lo consignado en la escritura y dádose por satisfechos con la garantía otorgada. Pero ellos no comparecieron y el contrato no tiene más alcance que el del acto realizado por los dueños de una finca que la gravan para garantir el pago de unas deudas que ellos dicen tener en la forma que dicen que convinieron al efecto. Y esto puede hacerlo cualquier propietario sin necesidad de que conste en el mismo documento la aceptación de las per-sonas a favor de quienes directa o indirectamente se consti-tuye la carga. Los términos del documento y los de la ins-cripción se encargarán de fijar el alcance del uno y de la otra.

Bebe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscrip-ción solicitada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Torres, acusado y apelante.
    No. 3338.

    Visto: Enero 17, 1928.

      Resuelto: Enero 24, 1928.
    Alimentos (Food)- — -Leche—Leche Adulterada — Responsabilidad Criminal— Proceso r Castigo — Evidencia—Su Suficiencia. — La sola prueba de admi-sión de un aeusado de que llevaba leolie do venta para sus ajustes, aún cuando sea negada por el acusado, es suficiente para sostener una convicción si la corte cree que tal confesión se hizo, j más aún cuando la prueba de descargo no explica razonablemente la transportación.
    SENTENCIA de Angel Acosta Quintero, J. (Ponee), condenando al acusado por delito de adulteración de leche.

      Confirmada.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fuá acusado de que tenía para la venta, ofre-cía en venta y vendía leche de vaca adulterada, y el único motivo que alega en esta apelación para qne revoquemos la sentencia condenatoria que dictó la corte inferior es que la prueba no es suficiente para justificar la condena.

Examinada una leche que portaba el apelante resultó es-tar adulterada con agua, pero él sostiene que no se fia pro-bado que estuviera vendiéndola.

La prueba del fiscal consistió únicamente en la declara-ción de un inspector de Sanidad quien dijo que esa leche la llevaba el acusado por una de las calles de Coamo en dos jarros como de veinte litros cada uno y que al tomarle mues-tra de ella le manifestó espontáneamente que la llevaba de venta para sus ajustes, para venderla en esa forma. El acusado negó en el juicio que él hubiera dicho tal cosa al inspector y declaró que la leche era para don Arturo Picó, dueño de las vacas, y para su madre; que esos jarros eran grandes pero no tenían cuarenta cuartillos de leche, pues iban casi vacíos. El Sr. Picó declaró que el acusado es su empleado hace muchos años, que sus vacas no dan sino unos diez y seis cuartillos de leche, parte de los cuales se los mandaba su empleado a Aibonito, donde él estaba tempo-ralmente, y la otra parte era para su madre.

Al dictar la corte inferior su sentencia condenatoria tuvo, necesariamente, que haber dado crédito a la declaración del inspector de Sanidad respecto a que el apelante le mani-festó que llevaba la leche para venderla a sus ajustes, re-solviendo en esa forma el conflicto de ella con la declara-ción del acusado que negó haber hecho esa manifestación; y como esa admisión del acusado puede servir de fundamento a una condena teniendo en cuenta además que estando au-sente de Coamo el Sr. Picó él no puede saber si en efecto el acusado vendía o no leche y que si sus vacas producían menos de diez y seis cuartillos de leche no es explicable ra-zonablemente que para transportarla al pueblo de Coamo se usaran dos jarros capaces cada uno de contener más que esa cantidad, tenemos que llegar a la conclusión de que existe prueba suficiente para sostener la sentencia apelada y que debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe Aldeet,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Bautista Nieves, acusado y apelante.
    No. 3345.

    Visto: Enero 20, 1928.

      Resuelto: Enero 24, 1928.
    “Indictment” y Acusación — Requisitos y Suficiencia de la Acusación-Mayor Especificación de Particulares — Del Derecho en General.— Cuando se imputa la portación de un arma de fuego j el acusado, al leérsele la acusación, solicita que ésta sea más específica en cuanto a la clase de arma usada, él tiene derecho a que la acusación exprese la clase de arma de fuego que portaba.
    SenteNcia ele Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de portar armas.

      •Revocada y devuelto el caso.

      Guillermo Pierluisi y li. Atiles More% abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Puelolo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Aldeet,

emitió la opinión del tribunal.

En la acusación formulada en este caso contra el ape-lante se le imputó que portaba un arma de fuego con la cual podía causarse daño corporal. Al ser leída esa acusa-ción al apelante ante la corte inferior solicitó de ella que or-denara que ■ la acusación fuera liecha más específicamente pero tal petición le fué negada, y abora alega en su apela-ción contra la sentencia que lo condena por el expresado de-lito que tal negativa es errónea.

En el caso de El Pueblo v. Velasco, 36 D.P.R. 273, diji-mos que imputando la denuncia que el acusado portaba un arma de fuego, es elemental que alegaciones informales o imperfectas de hechos esenciales en una acusación deben ser atacadas mediante moción' para anular o por excepción perentoria, a la que se renuncia haciendo cualquier alega-ción sobre los méritos del caso o entrando en juicio, y que a falta de una oportuna objeción en la corte inferior esta-mos obligados a resolver que la acusación imputa un delito. En el caso de El Pueblo v. Jiménez, 37 D.P.R. 488, la acu-sación le imputó que portaba nn arma de fuego, que era un instrumento con el cual se podía producir grave daño corporal. La corte de distrito dejó sin efecto una orden de arresto y de comparecencia de los fiadores para confiscarles su fianza y entonces se procedió a la lectura de la acusa-ción; alegó el acusado ser inocente y anunció la corte que señalaría día para el juicio; y se dijo por esta corte que en aquel momento el acusado pasó por alto o hizo caso omiso deliberadamente de una oportunidad excelente para levantar cualquier cuestión por defectos de forma en la acusación, o por lo menos de anunciar su intención de le-vantar tal cuestión y pedir que el caso no se señalara para vista basta que tal cuestión preliminar fuera resuelta. El acusado anunció ál comenzar el juicio el día señalado para 61 que tenía que presentar una excepción perentoria a la acusación porque los hechos en ella expuestos no consti-tuían delito público, la que fue declarada sin lugar, pero por los motivos del caso de Velasco, supra, y los de El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 111, y El Pueblo v. Pirís, 36 D.P.R. 494, nos negamos a revocar la sentencia por haber sido pre-sentada tardíamente dicha excepción.

Este caso se distingue de los que hemos citado porque el apelante solicitó al serle leída la acusación y no en el jui-cio que la acusación fuera más específica y en tales condicio-nes hizo su solicitud oportunamente y tiene derecho a que la acusación exprese la clase de arma de fuego que portaba, por cuyo motivo debemos revocar la sentencia apelada y devolver él caso para ulteriores procedimientos.


author: ■ El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Digno Gely, acusado y apelante.
    No. 3271.

    Visto: Noviembre 22, 1927.

      Resuelto: Enero 25, 1928.
    1. Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Presentación y Re-serva en la Corte Inferior de los Fundamentos de Revisión — Necesidad DE QUE LAS CUESTIONES SE PRESENTEN EN LA CORTE INFERIOR-OBJECIONES al Indictment, Acusación y Denuncia — Suficiencia de la Acusación. — ■ La objeción de qne la acusación no determina la comisión de un delito en grado de reincidencia por haberse alegado ésta de modo imperfecto, es tar-día cuando se levanta por vez primera en apelación. Tal objeción debe formularse en la corte inferior para que pueda prosperar en apelación.
    2. Alimentos (Wood) — Leche—Leche Adulterada — Responsabilidad Criminal —Proceso y Castigo — De la Acusación — Su Suficiencia. — Una acusación por delito de adulteración de leche en grado de reincidencia que alegue que la sentencia que condenó al acusado anteriormente no fué apelada, no es insuficiente para imputar tal delito porque no alegue que el acusado no fué indultado, ya que el perdón por un delito anterior no le exime de una pena mayor al ser convicto posteriormente por igual delito.
    3. Alimentos (Food) — Leche-Leche Adulterada — Responsabilidad Criminal —Proceso y Castigo — De la Acusación — Su Suficiencia. — Una acusación por delito de adulteración de leche en grado de reincidencia aún cuando no alegue la fecha en que se cometió el anterior delito, es suficiente para im-putar tal delito si en ella se alega la fecha de la convicción.
    4. Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Resolución y Disposi-ción del Caso — Confirmación.—Cuando no se ha cometido el único error señalado por el apelante y examinados los autos no hay nada fundamental que requiera la revocación de la sentencia apelada, ésta debe confirmarse.
    SENTENCIA de B. López Antongiorgi, J. (Guayama), condenando al acusado por delito de adulteración de leche en grado de reinci-' dencia.

      Confirmada.

      Arcilio Alvarado, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   ■ El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de Guayama el 24 de enero de 1927 acusó a Digno Gely por infracción a la Ley proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de leche y para otros fines, aprobada el 12 de agosto de 1925, imputándole la co-misión del siguiente lieeho:

“El referido acusado, Digno Gely, en época anterior a la presen-tación de esta acusación, o sea allá por el día 14 de diciembre de 1926, y en la calle Francisco Lebrón de Patillas, Puerto Rico, que forma parte del Distrito Judicial de Guayama, Puerto Rico, allí y entonces, ilegal y voluntariamente y por conducto de Dupín Gely, ofrecía a la venta como pura, leche de vaca, cuyo líquido estaba adulterado con agua aproximadamente en un 40% añadido artificial-mente.
“El Fiscal hace constar la reincidencia de este acusado, quien fué sentenciado por esta Iíon. Corte y por el mismo delito en cinco de enero de 1925, a la pena de quince- días de cárcel, cuya senten-cia no fué apelada y por consiguiente fué firme.”

Cuando se leyó la acusación, el acusado hizo la alega-ción de no culpable. Se señaló el 14 de marzo para la vista. Repitió en ella el acusado su alegación de no culpable y en-tró acto seguido en la práctica de la prueba. La corte el propio día de' la celebración del juicio .declaró al acusado culpable de un delito de adulteración de leche y estimando que se había alegado y probado la reincidencia lo condenó a sufrir nueve meses de cárcel y a pagar quinientos dólares de -multa, sin costas, disponiendo la revocación de la licen-cia mediante la cual el convicto fué autorizado para vender y distribuir leche.

No conforme Gely interpuso el presente recurso de ape-lación. Un solo error señala en su alegato, a saber:

“Que la acusación no aduce hechos suficientes para determinar la comisión del delito de adulteración de leche en grado de reinci-dencia. ’ ’

Funda su conclusión el apelante en primer término en que a la fecha de la primera condena, 5 de enero de 1925, no' estaba vigente la Ley para castigar la adulteración de leche, aprobada el 12 de agosto de 1925, que aplicó el juez.

A esto contesta el Fiscal que si bien en la acusación se dice que el acusado había sido anteriormente sentenciado el 5 de enero de 1925, la prueba, admitida sin objeción du-rante el juicio, demostró que lo fué el 5 de febrero de 1926 cuando ya estaba vigente la indicada ley.

Y como la cuestión se suscita por vez primera en esta Corte Suprema, ello es suficiente de acuerdo con la juris-prudencia establecida en el caso de El Pueblo v. Quirindongo, 31 D.P.R. 642.

Funda además su conclusión el apelante en que si bien se alega en la acusación que la sentencia por virtud déla cual se condenó al acusado anteriormente, no fué ape-lada, no se alega que el acusado no fué indultado. Y- sos-tiene, sin citas de autoridades, que en Puerto Eieo el in-dulto de una pena constituye una exoneración completa.

Corpus Juris resume la jurisprudencia sobre la materia así:

“Si bien hay decisiones que resuelven lo contrario, de acuerdo con el peso de las autoridades, el hecho de que el acusado haya sido perdonado por su delito anterior, no le exime de una pena mayor al ser convicto posteriormente. 16 C. J. 1342.

La razón de la regla se da en una nota al texto, tomán-dola de un caso de Kentucky. Es como sigue:

“La concesión del perdón eximió al reo de toda la pena impués-tale por el delito de que se le perdonaba, y de nada más. No le exoneró ni podía exonerarle de las consecuencias penales, resultantes de la comisión de otro delito, cometido después do haberse concedido el indulto, y que nunca fué perdonado. La pena mayor prescrita por el estatuto para el delito subsiguiente no formaba parte de las consecuencias penales del primer delito, sino que eran aplicables ex-clusivamente al posterior delito, según fué agravado por su repeti-ción. La legislatura, conforme lo exigen la justicia y la política pública, debió haber dispuesto un castigo más severo para la rein-cidencia que para la primera comisión de un delito; y es imperti-nente si lo ha hecho así prescribiendo para el segundo delito una pena al doble de la del primer delito]- o aumentando la pena en al-guna otra forma. De todos modos, el castigo mayor es aplicable al último delito y no al primero, y, desde luego, el perdonarse .el primer delito en forma alguna equivale al indulto del delito posterior o a la remisión de parte del castigo impuesto por la comisión del mismo.” Mount vs. Com., 2 Duv. (Ky.) 93, 95. 16 C. J. 1342, nota (a).

El último fundamento del apelante para sostener su conclusión es que la acusación no alega como debió alegar la fecha en que se cometió el primer delito.

Hubiera sido sin-duda más completa la acusación si se-hubiera alegado dicha fecha, pero habiéndose alegado la de la convicción, ello era suficiente. Si el acusado había sido ya convicto cuando cometió la segunda ofensa, claro es que la comisión era anterior. Y eso es todo lo que requiere la ley; comisión y convicción anteriores a la segunda ofensa. Parece conveniente citar un resumen de la jurisprudencia sobre el particular. Lo tomaremos de Ruling Case Law. Es así:

“Las decisiones no son uniformes respecto a si la convicción anterior debe tener lugar antes de cometerse el delito posterior, o si éste puede ser cometido antes de cualquier convicción. Algunas autoridades sostienen que el estatuto es aplicable aún si el segundo delito se ha cometido antes de ser el acusado convicto del primer delito, mientras que otras sostienen que toda vez que los estatutos de esta naturaleza son de carácter reformatorio, no es su propósito fijar un castigo mayor para un acto cometido antes de que se haya convicto al acusado por otro delito de la misma clase, sino única-mente para una persona que después de haber sido convicta no se reforma y persiste en cometer otros delitos de igual naturaleza. Al aplicar esta regia se ha establecido una distinción entre el significado popular y el técnico de la palabra ‘convicción.’ De acuerdo con el lenguaje corriente se dice que un veredicto de culpabilidad equivale a una convicción, y se le ha dado este significado popular cuando lian estado ante las cortes derechos distintos a los de la persona que ha sido declarada culpable. Pero se presenta una situación entera-mente distinta cuando uno se confronta con una acusación que im-puta al acusado haber sido convicto anteriormente de un delito similar, y cuando de acuerdo con el estatuto la supuesta repetición de la ofensa es un delito distinto, para el cual, al ser convicto el acusado, se deben imponer penas más severas. En tal caso, a la pa-labra ‘convicción’ debe dársele su significado legal estricto de sen-tencia, al hacerse la alegación de culpable o al rendirse un veredicto de culpabilidad. La legislatura fija una pena más severa por ha-ber resultado inefectiva la pena señalada para la primera comisión del delito. Por tanto, el segundo delito, que apareja penas más se-veras, no se comete en derecho hasta que ha habido sentencia en el primer delito.” 8 R.C.L. 275.

A virtud de todo lo expuesto, no habiéndose cometido el único error que señala el apelante y habiendo examinado en general los autos y no encontrando nada fundamental que requiera la revocación de la sentencia, debe ésta ser confirmada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Arturo Figaredo, acusado y apelante.
    No. 3377.

    Visto: Enero 20, 1928.

      Resuelto: Enero 25, 1928.
    LICENCIAS — Por Ocupaciones y Privilegios — Procesos y Castigos — Acusación o Denuncia — Su Suficiencia — Manejo de Automóvil sin Licencia. — En denuncia por uno actuar como chauffeur de un vehículo público siu licencia como tal chauffeur, la omisión de no alegar que el vehículo en cuestión no estaba siendo empleado en el momento en la transportación de pasajeros no es fatal.
    SentbnCia de T. Bernardini de la Huerta, J. 'Sustituto (Guayama), condenando al acusado por infracción a la sección 5, letra (a) del Reglamento de la Comisión de Servicio Público.

      Confirmada.

      G. Domínguez Rubio, abogado del apelante; José E. Higueras, abo-gado, de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Arturo Figaredo fue convicto por dos ocasiones, primero en la corte municipal y más tarde en la de distrito, después de haberse celebrado un juicio ele novo, de un delito de in-fracción a la regla 5 a. del Reglamento adoptado por la Co-misión de Servicio Público, que lee en parte como sigue:

“Ningún porteador piiblico sujeto a las disposiciones de este re-glamento consentirá o permitirá que ninguna persona conduzca, ma-neje o guíe ningún vehículo de motor que a la sazón utilice o emplee para el transporte de pasajeros a menos que tal persona sea un chauffeur debidamente autorizado como tal por el Comisionado del Interior de Puerto Rico y que haya tenido por lo menos dos años de experiencia después de habérsele expedido su licencia por el Comi-sionado del Interior,' como chauffeur.
“ (a) Ninguna persona podrá actuar como chauffeur o cobrador de ningún vehículo de motor sujeto a las disposiciones de este regla-mento, a menos que no haya antes obtenido una autorización de la referida comisión y para ello habrá de cumplir con los siguientes re-quisitos : . . .1 ’

La denuncia en este caso fue radicada por un Policía Insular, y alega que el acusado, sin estar autorizado por la Co-misión para actuar como chauffeur, y al momento y en el sitio especificados en la denuncia, guiaba cierto ómnibus (guagua) de sn propiedad.

El apelante insiste afiora en que la denuncia no imputa un delito, por no alegarse en ella que el ómnibus en cues-tión estaba siendo usado y empleado en aquel momento en la transportación de pasajeros.

Evidentemente, la denuncia no trata de imputarle al acusado como dueño del vehículo el acto de permitir o con-sentir, el manejo de un vehículo de su propiedad, sino más bien el haber actuado como chauffeur o conductor de un vehículo público, sin haber obtenido primeramente una li-cencia de chauffeur. La disposición contenida en el primer párrafo de la Begla 5 a., al efecto de que el vehículo de re-ferencia debe estar siendo utilizado en ese momento en la transportación de pasajeros, no está incorporada tan inse-parablemente en la definición del delito descrito en el inciso-(a) de esa regla, que haga fatal la omisión de una alega-ción que especifique tal uso y empleo, cuando se trata de un caso de una denuncia radicada por un policía en una corte-municipal.

Otra contención es que la corte inferior erró al no ab-solver al acusado por falta de suficiente prueba para justi-ficar una condena.

La prueba de la defensa tendió a demostrar que el acu-sado había convenido en transportar gratuitamente cierta familia o grupo de gente que volvía de una excursión al campo, y que ninguno de los pasajeros satisfizo el precio de su pasaje. Sin embargo, no se le ocurrió al acusado, ni aparentemente a ninguno de los pasajeros, revelar al tiempo del arresto la naturaleza gratuita de los servicios que pres-taba el acusado; y ni el juez de distrito ni el municipal es-taban obligados a aceptar como cierta la explicación del in-cidente que ofreció por primera vez el acusado durante el juicio.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Banco Comercial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel F. Rossy y José Bazán, demandados y apelantes.
    No. 4256.

    Visto: Enero 17, 1928.

      Resuelto: Enero 26, 1928.
    Costas — Bago y Remedios para Cobrarlas — Recobro de Costas ya Satisfe-chas. — Cuando el pago del capital e intereses de la obligación que so reclama y las costas son una condición precedente’ del desistimiento de la acción por el tenedor del pagaré, aunque la sentencia de desistimiento so solicite sin especial condena de costas y así sea dictada, el acreedor no viene obligado a devolverlas al deudor.
    BesoluoiÓN de Pablo Barga,, J. (San Juan), declarando sin lugar moción sobre devolución del importe de costas pagadas.

      Con-firmada.

      Manuel F. Bossy, abogado del apelante; Gabriel de la Saba, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El Banco Comercial de Puerto Bico demandó a don Manuel F. Bossy y a don José Bazán para que solidariamente le pagasen la cantidad de $1,400, sus intereses de mora desde el 4 de abril de 1925, las costas y desembolsos de su ac-ción y los honorarios de su abogado e insertó en su demanda el pagaré en que consta la obligación reclamada, en el cual se comprometieron los demandados a pagar las costas y hono-rarios que ocasione el cobro de esa deuda y los honorarios del abogado que el banco utilice en caso de reclamación judicial. Dos meses después los abogados.de todas las par-tes en este pleito presentaron moción a la corte de distrito en la que haciendo constar que los demandados han satis-fecho al demandante la deuda que motivó el pleito y que al Sr. Bossy le fueron embargadas en él cierto número de ac-ciones de una sociedad y tres fincas rústicas, habiendo sido anotado el embargo de éstas en el registro de la propiedad, solicitaron tuviese al demandante por desistido de su acción y dictase la correspondiente sentencia sin especial condena de costas. La corte dictó sentencia en los términos intere-saclos y dispuso que se librase mandamiento al registrador para que cancelase los embargos anotados. Un año des-pués el Sr. Eossy presentó moción a la corte en la que con-signando haber pagado al banco su deuda e intereses más $44.75 de costas, por cuyo motivo el banco desistió de su demanda y la corte dictó la sentencia antes dicha sin especial condena de costas, solicitó ordenase al banco que le devuelva la cantidad que le cobró por costas, diciendo en esa moción que no es razón en su contra que entregara a su acreedor el capital y los intereses y las costas porque si no le hubiera entregado esas cantidades el banco no habría so-licitado el desistimiento, pero que como la corte lo decretó sin costas éstas deben serle devueltas.

En la resolución de la corte negando lo pedido en esa moción se hace constar que los demandados comparecieron en el pleito y solicitaron tiempo para contestar, radicaron después moción para que fuesen eliminados ciertos particu-lares de la demanda, la que fué declarada sin lugar, y en-tonces fué presentada la estipulación de desistimiento de la acción. Contra esta resolución interpuso el Sr. Eossy este recurso de apelación.

Admitiendo, como admite el apelante, que si no hubiera pagado a su acreedor las tres partidas de capital, sus inte-reses y las costas el banco no hubiera consentido en desistir de su demanda, es obvio que el pago de esas tres partidas fué una condición precedente a la estipulación hecha por las partes para que la demanda fuese declarada desistida y que aunque la sentencia de desistimiento se solicitó sin especial condena de costas y así fué dictada, el apelante no tiene derecho a que le sea devuelta la cantidad que pagó volunta-riamente por costas, sin cuyo pago no hubiera conseguido poner término al pleito y que se cancelaran los embargos trabados en sus fincas, por lo que esas costas no viene obli-gado a devolverlas el banco al apelante.

La resolución apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole, JUEZ PRESIDENTE SB. DEL TORO.

text:
    Rosa Molina, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 701.

    Sometido: Enero 10, 1928.

      Resuelto: Enero 26, 1928.
    Bécord — Inscripción o Anotación de Títulos — Defectos Subsanables — Edifi-caciones en Suelo Ageno. — Convenido, en contrato de arrendamiento, la inscripción de edificaciones hechas en la finca arrendada por el arrendatario, la omisión de expresar en el contrato quién sería el dueño de ellas al termi-narse el contrato, no constituye un defecto subsanable en cuanto a la ins-cripción de tales edificaciones.
    Nota de Lemuel Marques, R. (Caguas), inscribiendo arrendamiento y edificación en la finca arrendada con defecto subsanable de no constar quién sería el dueño de lo edificado al terminar el arren-damiento.

      Revocada.

      Andrés Mena, abogado del recurrente; el registrador, recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Emilia Casanova cedió en arrendamiento una parcela de terreno a Rosa Molina, y en la misma escritura se hacía constar que Rosa Molina había construido en dicha parcela una casa y un garage, conviniéndose expresamente en que el arrendamiento y la existencia de las construcciones de-bían ser inscritos en el registro de la propiedad. El regis-trador inscribió el arrendamiento y la edificación con el de-fecto subsanable de no constar quién sería el dueño de lo edificado al terminar el arrendamiento. El recurrente muy bien sostiene que toda la cuestión se rige por el art. 370 del Código Civil que dice así:

“El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plan-tación, previa la indemnización establecida en los arts. 455 y 456 del Capítulo III, Título V, o a obligar al que fabricó o plantó, a pagar el precio del terreno, y al que sembró, la renta correspon-diente. ’ ’

Según este artículo el arrendador no está obligado a ha-cer una elección inmediata durante la vigencia del arren-damiento; por tanto, la objeción del registrador carece de fundamento.

Debe revocarse la nota recurrida y se declara que no existe el defecto subsanable apuntado.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SB. DEL TORO.

En el registro sólo deben inscribirse y mencionarse de-rechos definidos. Siendo esto así, lo menos que pudo y de-bió hacer el registrador en este caso fué anotar el defecto subsanable apuntado para llamar, la atención de los futuros contratantes sobre la condición indefinida del dominio de las construcciones de que se habla en la opinión de la ma-yoría.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ruperto Villafañe, acusado y apelante
    No. 3418.

    Visto: Enero 19, 1928.

      Resuelto: Enero 26, 1928.
    Derecho Penal — Eeoha del Juicio t Suspensión — Sobreseimiento de la Causa o del Proceso — Tardanza en Celebrar el Juicio o en Presentar la Acu-sación — Juicio no Celebrado Dentro del Túrmino — Justa Causa para Ello — Trabajo de la Corte. — A menos que se demuestre que una corte, por la preferencia que debe dar a otros casos, no lia podido celebrar un juicio dentro de los 120 días estatutorios, el moro' lieelio de que la corte esté ocupada con trabajo excesivo, no es una justa causa para la dilación.
    SENTENCIA de Angel Acesia Quintero, J. (San Juan), condenando al acusado por delito de portar armas prohibidas.

      Revocada, j so-breseído el proceso.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado ante la Corte de Distrito de San Juan con fecha 3 de septiembre de 1926 por portar ilegal-mento un arma prohibida. La vista del caso fué celebracia el 11 de febrero de 1927. En dicho día el acusado presentó una moción solicitando el archivo y sobreseimiento del caso por no haberse celebrado dentro de los 120 días a contar desde la presentación de la acusación. En respuesta a esta moción la corte dijo qne tomaría conocimiento judicial del excesivo trabajo qne la corte había tenido. El juicio no fue celebrado dentro de los 120 días y hemos resuelto consis-tentemente de conformidad con el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal qne el dejar de someter a jui-cio al acusado dentro de ese término sin justa causa le da derecho a ser absuelto. A menos qne se demuestre que debe darse preferencia a otros casos, el hecho de que la corte esté ocupada no es excusa legal. De ser necesario, pueden suspenderse otros casos. Dyer v. Rossy, 23 D.P.R. 772; El Pueblo v. Quirindongo, 33 D.P.R. 448; El Pueblo v. Cepeda, 31 D.P.R. 489; El Pueblo v. Acevedo, 29 D.P.R. 314.

La sentencia apelada debe ser revocada y sobreseerse en el proceso.


author: El Juez Presidente Señor del Toro, JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

text:
    Gerardo Guardiola, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Carlos Llauger, Juez, y Oscar A. Gandía, demandados.
    No. 576.

    Visto: Junio 20, 1927.

      Resuelto: Enero 31, 1928.
    Funcionarios (Officers) — Derechos, Poderes, Deberes t Responsabilidades— Remuneración por sus Servicios — Cobro de Derechos Ilegales. — Los ta-quígrafos (lo las cortes de distrito sólo pueden pcreebir por sus servicios ofi-ciales los honorarios fijados por la ley, y si la cuestión de haber percibido más y negarse el taquígrafo a devolver el exceso se levanta por moción en el pleito respectivo, invocándose el inciso 5 del artículo 7 del Código de En-juiciamiento Civil, la corte tiene facultad para conocer y decidir por sus méritos la cuestión suscitada.
    CertiobaRI para revisar orden de Carlos Llauger Haz, J. (San •Juan), declarándose sin facultades para conocer, por moción, de incidente sobre devolución de honorarios cobrados en exceso de la ley.

      Anulada la orden y devuelto el caso.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Gerardo Guardiola presentó una solicitud de certiorari en esta Corte Suprema, alegando, en resumen, que fué de-mandado en la Corte de Distrito de San Juan; que dictada sentencia apeló de ella y solicitó del taquígrafo Oscar Can-día que transcribiera las notas taquigráficas y demás docu-mentos necesarios para la apelación; que dicho taquígrafo una vez que terminó la transcripción se negó a radicar el original en la corte y a servir copia al peticionario a menos que éste le pagara la suma de doscientos dólares en que dicho funcionario público tasó sus honorarios, negándose igual-mente dicho taquígrafo a facilitar al peticionario copia del récord transcrito con el fin de hacer el cómputo de pala-bras para determinar el costo exacto del mismo; que en-tonces el peticionario no tuvo más remedio que pagar los doscientos 'dólares exigidos; que una vez en su poder el récord, procedió a contar las palabras resultando que con-tenía 26,924, ascendiendo por tanto su valor legal — diez centavos cada cien palabras — a $26.92, motivo por el cual re-quirió al taquígrafo para que le reintegrase la diferencia, sin éxito; que el peticionario radicó entonces una moción ante la corte de distrito exponiendo los hechos que antece-den y pidiendo que se ordenara al taquígrafo la devolución solicitada; que la moción fué notificada al taquígrafo y éste, aceptando los hechos expuestos, se limitó a alegar que la corte carecía de jurisdicción para resolver la. cuestión que se le planteaba, y finalmente que la corte decidió que en efecto no tenía jurisdicción por entender que el procedimiento adecuado era una acción ordinaria sobro cobro de lo inde-bido.

El auto solicitado fué expedido. La vista fué suspen-dida a petición del taquígrafo y celebrada luego con asis-tencia de los abogados representantes del peticionario y del taquígrafo. La corte demandada no compareció. Tanto el peticionario como el taquígrafo archivaron alegatos dentro del término que se les concediera al efecto en apoyo de sus respectivas pretensiones.

En los autos originales elevados en cumplimiento del auto consta en extenso la resolución del juez de distrito. Parece conveniente transcribir la parte de la misma que signe:

“Las Cortes tienen poder, de acuerdo con el Artículo 7 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, entre otras cosas:
“(6) ‘Para dirigir en bien de la justicia, la conducta de sus funcionarios y de las demás personas que tuvieren algún interés en cualquier procedimiento judicial seguido ante ella o actuación per-teneciente a diclio procedimiento.’
“Pero en esta cuestión, ¿está envuelta en alguna forma la con-ducta oficial del taquígrafo-repórter Oscar Gandía?
“La Sección 5 de la ley de marzo 10 de 1904 creando las plazas de taquígrafos-repórters de los tribunales de distrito, dispone que será deber del taquígrafo proporcionar, a petición de cualquier parte en un pleito, copia tipo-escrita de los autos (records) por lo cual tendrá derecho a percibir, además de su sueldo, diez centavos por cada cien palabras que pagará la parte que solicite el record y que habrán de cargarse como costas de la causa a la parte que resulte vencida en juicio.
“Basándose en esta disposición de la ley el demandado sostiene que la Corte tiene facultad para ordenar la devolución de la suma cobrada en exceso. No estamos conformes. Para dar cumplimiento a los preceptos de la citada ley y para mantener la Corte su jurisdic-ción y poder sobre la conducta de sus funcionarios, se adoptó la re-gia 30 de las ‘Keg'las para las Cortes de Distrito’ que en su parte pertinente dice:
‘Será deber del taquígrafo preparar las notas taquigráficas y preparar las transcripciones de evidencia de todos aquellos asuntos civiles que se le ordenaren por la Corte .... pero la parte intere-sada, una vez dictada la orden o hecha la solicitud deberá consignar en Secretaría el importe de los honorarios del taquígrafo conforme el arancel^, y las notas serán entregadas y las transcripciones de evi-dencia presentadas, según el orden de consignación de los honora-rios. ’
Esta regia fue incorporada en el reglamento especial para esta Corte redactado por el Consejo judicial creado por la ley reorgani-zando las Cortes de Distrito de San Juan aprobada el 16 de sep-tiembre de 1925. (Véase la regla 10 del reglamento especial para la Corte de Distrito de San Juan.)
“De suerte que cuando la parte consigna los honorarios en la se-cretaría, es claro que la Corte tiene poder para hacer cumplir su reglamento y corregir cualquier desviación del mismo mediante or-den. Pero en el presente caso el demandado no lia seguido el claro precepto que le señala el reglamento: el de la consignación. El ha estimado más conveniente a sus intereses liacer un convenio con el taquígrafo Gandía para la transcripción del récord, y siendo esto así, porque así aparece de su propia moción, entiende la Corte que no tiene facultades para compeler mediante orden sumaria la devo-lución solicitada por el demandado. ‘Si bien se trata de un funcio-nario de la Corte, su conducta en este caso no ha sido oficial, porque el propio demandado lo sacó de la esfera oficial de la Corte, al en-trar en un convenio, que tiene a nuestro juicio, las características de un arrendamiento de servicios, o de una obligación recíproca en-tre el demandado y el taquígrafo. Si éste recibió una suma que no tenía derecho a cobrar y por lo tanto fué errónea e indebidamente pagada, tiene la obligación de restituirla. (Art. 1796 Cód. Civil). Pero tal devolución debe ser reclamada en juicio ordinario, toda vez que aquel a quien se pida la devolución puede probar que la entrega se- hizo a título de liberalidad o por otra justa causa, (art. 1802 Cód. Civil).
“La Corte ha examinado la cita de 15 Corpus Juris 316 (783-B) pero entiende que no es aplicable a este caso. También la Corte se ha fijado en la observación que le hace el demandado en cuanto al pago de $3.00 que el demandante en una acción civil debe hacer al tiempo de radicar la demanda. Tal cosa no tiene relación alguna con este asunto; pero quiere la Corte hacer constar que dicho de-recho ha sido expresamente derogado por la sección 8 de la ley nú-mero 17 de marzo 11 de 1915.
“En conclusión, entiende la Corte que no habiéndose acogido el demandado a las reglas de la Corte para la consignación de los de-rechos del taquígrafo, no tiene facultades para compelerle a la de-volución interesada, porque si tal hiciera, estaría privándole de ale-gar en su descargo las defensas que le concede el artículo 1802 del Código Civil, y privándole también del derecho estatutorio de ape-lación porque no ha sido vencido en juicio ordinario y no podría apelar dentro de este procedimiento. Si el demandado ha sufrido lesión y quebranto en sus intereses, anchos caminos tiene en ley para repetir cotítra el taquígrafo. En esta resolución sólo se decide la moción interpuesta, sin prejuzgarse ninguna cuestión no presentada, y sin que se entienda que la Corte aprueba el procedimiento seguido en este caso.”

Y como en la resolución de la corte se dice que el peti-cionario celebró un convenio con el taquígrafo “como así aparece de sn propia moción,” debe transcribirse de ignal modo lo pertinente a ese respecto de la moción. Es así:

“Que el demandado pagó en varias partidas al taquígrafo, a cuenta de sus honorarios, la suma de ciento veinte dólares ($120.00) y al terminar la transcripción requirió el demandado al taquígrafo para que le suministrara copia de ella .con el fin de determinar el montante definitivo de los honorarios, a lo que se negó el funciona-rio repetido, viéndose obligado el demandado a pagar a dicho ta-quígrafo la suma adicional de ochenta dólares ($80.00) que junto con los ciento veinte pagados a cuenta, dan un total de doscientos dólares ($200.00) que es el valor según el taquígrafo del récord antes referido, el cual récord fué debidamente radicado en la Secreta-ría de esta Hon. Corte.
“Que el demandado pagó la cantidad mencionada porque el ta-quígrafo la fijó como el importe de los honorarios a que tenía de-recho según la Ley, y reservándose el demandado la comprobación de dichos honorarios para cuando tuviera en su poder la copia del récord, que sin el pago previo de los honorarios reclamados por el taquígrafo; éste se negaba a entregar al demandado.
“Que contadas las palabras contenidas en el récord taquigráfico repetido, dieron un total de veintiséis mil novecientas veinticuatro, que a razón de diez centavos cada cien palabras, que es'el precio fijado por la Ley, importan veintiséis dólares noventa y dos centavos, ($26.92), existiendo por tanto una diferencia de ciento setenta y tres dólares, ocho centavos ($173.08) entre el valor del récord según la Ley y lo cobrado por el taquígrafo.”

¿Debió la corte declararse sin facultades para actuar?

A nuestro juicio el poder de la corte-para intervenir era claro. Se trataba de un procedimiento seguido ante ella, el incidente surgió con motivo del cobro de honorarios del ta-quígrafo que tienen el concepto de costas y el cobro se hizo por uno de sus funcionarios cuya conducta no sólo puede, sino que debe dirigir en bien de la justicia.

La propia regla que la corte de- distrito transcribe en su resolución, demuestra que la corte asumió jurisdicción sobre la materia. Y tal jurisdicción no quedó por ello en manera alguna agotada.

Es cierto que el peticionario no se acogió como pudo ha-berlo hecho a la regla. Tampoco la siguió el taquígrafo. Y es cierto además que en la moción presentada a la corte de distrito no se da tanto color a los hechos como en la so-licitud de certiorari archivada en esta Corte Suprema, pero también lo es que de la moción surge claro, distinto, no negado, el hecho de haber un funcionario de la corte in-sistido en cobrar dentro de un procedimiento ante la corte por servicios oficiales la suma de doscientos dólares cuando de acuerdo con la ley sólo podía percibir la de $26.92. La diferencia es tan grande, la exacción tan ilegal, la conducta tan contraria a la que debe seguirse en todos los actos rea-lizados dentro de una corte de justicia, que no es posible de-jar de intervenir. Para casos como éste es que precisa-mente existe el artículo 7 del Código de Enjuiciamiento Civil que analizaremos en seguida. Dice, en lo pertinente, así:

“Art. 7. — Toda Corte tendrá poder:
“5. — Para dirigir en bien de la justicia la conducta de sus fun-cionarios . . .

Es igual al artículo 128, No. 5, del Código de Enjuicia-miento Civil de California, al artículo 110, No. 5, del Có-digo de Enjuiciamiento Civil de Montana y a la sección 3862, No. 5, de los Códigos revisados de Idaho, y consagra un poder inherente que fué siempre reconocido a las cortes y sin el cual no podrían éstas cumplir plenamente su misión.

Hemos consultado la jurisprudencia general y especial-mente la de los estados de California, Idaho y Montana y no hemos encontrado ninguna decisión aplicable directamente al asunto en controversia.

. Como los honorarios del taquígrafo tienen el concepto de costas (Finlay v. Fabián, 25 D.P.R. 52; 7 California Ju-risprudente 655), hemos examinado la jurisprudencia sobre el particular. Corpus Juris la resume así:

“Existe diferencia de opiniones respecto a la forma de recobrar costas que no tenía obligación de pagar la persona que las ha sati¡% fecho.. Según algunos casos el remedio adecuado es una acción in-dependiente ; y otros sostienen que tal acción independiente no puede entablarse, y que el remedio debe ser por una orden de 'la Corte o mediante ejecución.” 15 Corpus Juris 316.

Los casos que sostienen que se necesita un pleito inde-pendiente no presentan las circunstancias de éste. Tampoco los que deciden que la reclamación debe hacerse en el mismo pleito, pero si existen cortes que han considerado que la úl-tima vía es la procedente cuando se trata de costas en general pagadas indebidamente, con mucha más razón es apli-cable el criterio cuando está envuelta la conducta de un funcionario de la corte y se invoca el No. 5 del artículo 7 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Los taquígrafos son funcionarios de la corte. Tienen su sueldo y, además, pueden cobrar los honorarios fijados por la ley y los fijados y no otros son los que únicamente pueden percibir.

En su alegato el taquígrafo demandado se refiere al enorme trabajo que existe en la Corte de Distrito de San Juan y parece desprenderse que pretextando tal motivo es cosa corriente dejar a un lado la ley para contratar remu-neraciones arbitrarias por llamados trabajos extras realiza-dos en altas horas de la noche. Y parece desprenderse tam-bién de la opinión del juez de la corte de distrito que se negó a decidir la cuestión, que resolver el asunto por mo-ción sería privar al taquígrafo de poder presentar tal de-fensa o la de mera liberalidad en el pago.

En primer lugar no vemos por qué al suscitarse la cues-tión por moción dentro del mismo pleito no tuviera oportu-nidad el taquígrafo de alegar y en su caso probar todo lo que fuera conducente a su derecho, inclusive lo que dice en su alegato. Y en segundo lugar nos parece que la cuestión no admite distingos de ningún género. Sólo los honorarios permitidos por la ley, como hemos dicho, son los que pue-den percibirse. Alentar, permitir o pasar por alto otra práctica, sería sancionar xm procedimiento contrario a la letra y al espíritu no sólo de la ley sino de la regla de la corte qne lia sido citada. Más que al exceso de trabajo se debe quizá a esa práctica viciosa el retardo en la tramita-ción de las apelaciones que viene entorpeciendo desde hace tiempo la rápida administración de la justicia en Puerto Rico.

Debe anularse la orden de que se queja el peticionario y devolverse el caso a la corte de distrito de su origen para que continúe conociendo en el mismo de acuerdo con los principios establecidos en esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió. El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

La sección 4 de la Ley de 10 de marzo de 1904 relativa a los taquígrafos-reporters, dispone, Leyes de ese año, página 110:

“El taquígrafo entregará los récords y notas tomadas por él al Secretario de la Corte de Distrito del distrito en que las notas fueron tomadas y celebrado el juicio.”

El deber del taquígrafo es radicar la transcripción de sus notas taquigráficas y entonces ésta se convierte en parte oficial de los autos. Cualquier persona puede obligar a un taquígrafo a radicar la transcripción de sus notas taqui-gráficas mediante la orden correspondiente de la corte o tal vez valiéndose de un recurso de mandamus. Podría se-guirse un procedimiento de desacato por negarse a obedecer la orden de la corte.

La sección 5 de dicha ley es la que da a una persona el derecho a recibir una copia de la transcripción. Dicha sec-ción dice en parte:

“Será deber del taquígrafo, al ser requerido por el Attorney General, el fiscal de distrito, o por cualquier persona, parte en un pleito en que se hayan tomado notas taquigráficas, «proporcionar co-pia escrita en máquina de los autos (récords), o de cualquier parte de los mismos, por la cual tendrá derecho a recibir, además de su sueldo, diez centavos como honorarios por cada cien palabras, que habrá de satisfacer la parte que solicite aquélla, cuya suma habrá de cargarse como costas de la causa a la parte vencida en juicio.”

Por tanto, no liay copia oficial de los autos hasta que el taquígrafo haya radicado su transcripción. No puede ha-ber transcripción hasta que ésta haya sido radicada y na-die tiene derecho a nada excepto a una copia de la trans-cripción escrita en maquinilla ya hecha parte de los autos.

Es cierto que la corte tiene derecho a regular la con-ducta de sus funcionarios, pero es entendido necesariamente que la corte no puede controlar todos los asuntos de sus fun-cionarios. De acuerdo con la misma ley invocada por el peticionario para que sean reducidos los honorarios del ta-quígrafo, éste no tenía deber alguno de suministrar una', copia de su transcripción hasta que no la hubiera’ radicado; en la corte.

Hasta ahora he asumido, de conformidad con el peticio-nario, que el demandado, el taquígrafo en este, caso, desem-peñaba sus deberes más o menos por virtud de la Ley de 10 de marzo de 1904 que meramente requiere del taquígrafo que radique la transcripción taquigráfica de las declaracio-nes verbales tomadas por él. En aquel entonces, para los fines de la apelación, la prueba presentada a la corte podría ser incorporada a los autos solamente mediante una expo-sición del caso o de un pliego de excepciones. Por tanto, para aquel tiempo la transcripción taquigráfica sólo era un medio por el cual las partes podían guiarse para proseguir su apelación, para fundamentar una moción de nuevo juicio o- para su argumentación.

Sin embargo, en este caso no puede haber duda de que los servicios fueron prestados en la preparación de la trans-cripción taquigráfica para ser usada en sustitución de un pliego de excepciones o de la exposición del caso, que es la forma dispuesta por la Ley No. 27 de 1917. Según esa ley el taquígrafo tiene deberes adicionales distintos a los im-puesto sle por la Ley de 1904. De acuerdo con la ley posterior se exige que el taquígrafo entre otras cosas no sola-mente tome las declaraciones verbales, según lo requería la Ley de 1904, sino que transcriba todas las resoluciones, ac-tos o manifestaciones de la corte, así como todas las obje-ciones y excepciones de los abogados en cuestiones o mate-rias que con la misma se relacionen, y que además baga una copia de todos los documentos ofrecidos y admitidos como prueba. En otras palabras, los deberes impuestos por la ley más reciente se basan en un sistema distinto. Si se examina la ley de 1917 se verá que no contiene un arancel de honorarios, y al actuar de acuerdo con ella podría ima-ginarse que el taquígrafo no queda obligado en la misma forma en que lo estaba por la tarifa contenida en la ley anterior. Las consideraciones que be becbo en este párrafo no se me ocurrieron basta después de baber sido resuelto este caso.

Si la transcripción taquigráfica se preparó, según supuso la corte inferior, con motivo de un contrato privado entre las partes y no de acuerdo con ninguna de las leyes que de-finen los deberes de los taquígrafos, entonces existe menos razón para un procedimiento sumario por parte de la corte.

El examen que be becbo de las autoridades, me lleva a la convicción, y éste ba sido el principal fundamento de mi disentimiento, de que en ausencia de una ley específica con-cediéndoles autoridad, por lo general las cortes no ordena-rán a sus funcionarios a devolver dinero que ban cobrado ilegalmente, sino que dejarán a las partes que aleguen sus derechos por medio de un pleito, de una orden para mos-trar causa y de ejecución. 35 Cyc. 1858; 37 Cyc. 528 et seq; San Francisco v. Mulcrevy, 113 Pac. 339.

La cita de 15 Corpus Juris 316, Sección 783, mencionada por la mayoría de esta corte no tiende a sostener un pro-cedimiento sumario. El contexto de esa cita sólo quiere decir que la parte puede recurrir a uua moción u orden para mostrar causa y que no tiene necesariamente que en-tablar una acción independiente. El recurso a seguir es por medio de ejecución y no mediante una orden para que el funcionario devuelva el dinero. Según interpreto la cita, ésta no tiene por objeto el que se dicte una orden especí-fica para que se devuelva el dinero y para que en caso de no ser obedecida el funcionario pueda ser castigado por desacato.

Me parece que el inciso del artículo 7 del Código de Enjuiciamiento Civil en que se fundó esta corte es dema-siado general y que no es lo suficientemente específico para que cubra este caso. El objeto de dicho artículo es regla-mentar la conducta oficial de sus funcionarios y no toda su conducta. Ciertamente que este artículo no abarca los de-beres no definidos por la ley.

Al igual que lo hizo la corte inferior me abstengo de comentar la conducta del taquígrafo, pero por las razones que preceden disiento de la opinión de la mayoría.