text:
    Silvio Durán Vázquez, demandante y apelante, v. Sucn. Emilio B. Durán, compuesta de su viuda doña Monserrate Rivera y de su hermana Ana Inés Durán, demandadas y apeladas.
    Núm. 8045.

    Sometido: Noviembre 13, 1939.

      Resuelto: Noviembre 17, 1939.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; Fernando B. Fornaris, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En el caso arriba expresado se solicitaba en la demanda la'nulidad del testamento ológrafo de Emilio B. Durán; que se declarase únicos y universales herederos del mismo a sus hermanos Salvio y Ana Inés Durán Vázquez; que se decre-tase la nulidad de la sentencia de la Corte de Distrito de Doñee ordenando la protocolización de dicho testamento; que por la demandada se devolviese al demandante la suma- de $1,200 recibida por ella procedente de cierta indemnización concedida al testador con motivo de los perjuicios que su-friera al ser hundido el vapor Carolina, y finalmente que se condenase a la demandada Monserrate Rivera Vda. de Du-rán al pago de'las costas, gastos y honorarios de abogado.

Se alegaba por el demandante Salvio Durán, hermano del testador, que' el testamento había sido falsificado y se impug-naba la firma del supuesto testador así como la escritura del cuerpo del testamento. Eué el caso a juicio y la Corte de Distrito de Ponce desestimó la demanda, con costas al deman-dante, por estimar que el testamento era auténtico y que si bien la fecha aparecía borrada y escrito sobre lo borrado, esa borradura se verificó después de haber protocolado el testamento por orden de dicha corte de distrito.

Apeló el demandante ante este Tribunal y la sentencia fué confirmada en todas sus partes. Durán v. Sucn. Durán, 53 D.P.R. 750.

Oportunamente presentaron los demandados su memorán-dum de costas en la corte de distrito y luego de celebrarse una vista y oír la evidencia que ambas partes adujeron, dicté la corte una resolución que en lo pertinente dice así:

“La Corte, resolviendo abora dicho memorándum de costas, de&-embolsos y honorarios de abogado, lo hace en la siguiente forma:
“Honorarios del secretario- $11.00
“Toma de deposición del testigo Pedro Albizu Campos 5.00 “Gastos de viaje de San Juan a Ponce del testigo P.
Díaz Cintrón_ 10. 00
“Honorarios del perito Isaac Jackson_ 100.00
“Honorarios de abogado_ 800.00
Total_$926.00.”

No estando conforme el demandante con las dos ultimas-partidas de la resolución aprobatoria del memorándum de-costas, . o sea la concedida por concepto de honorarios del perito calígrafo Sr. Jackson y la de honorarios de abogado, interpuso recurso de apelación para ante este tribunal.

La parte apelada presentó una moción solicitando la deses-timación del recurso en la equivocada creencia de que el apelante no había perfeccionado la apelación a pesar de haber expirado con exceso el término legal y no haber solicitado prórroga para ello.

Convencida luego la parte apelada de que el apelante había solicitado y obtenido prórroga para presentar su ale-gato, único requisito que le faltaba cumplir para perfeccionar el recurso, el 27 de octubre último radicó una segunda moción-de desestimación que fué debidamente notificada al apelante, interesando que se desestime la apelación por frívola. El ■apelante radicó el 11 del actual un escrito que tituló “Opo-sición a las mociones de desestimación de fecha 24 de julio y 27 de octubre radicadas por la demandada apelada”, y en la misma fecha presentó su alegato en apoyo de dicha moción.

Celebrada la vista de ambas mociones el 13 del actual con la sola asistencia e informe del abogado de la apelada, quedó el caso sometido a nuestra consideración.

De la evidencia presentada en la vista del memorándum de costas resulta que el perito Jackson, antes de la fecha señalada para el juicio, estuvo día y medio en la Corte •de Distrito de Ponce estudiando y cotejando la firma y escritura del testamento con otras firmas y escritos del testador aceptados como auténticos. Tuvo que ir a Juana Díaz con el abogado dé la apelada a examinar otros documentos escritos por el testador, y asistió al juicio, que se extendió durante tres días, aunque no consecutivos.

El abogado del apelante sostiene que los honorarios de este perito deben fijarse en $6, que es lo que El Pueblo de Puerto Pico paga a los peritos médicos que comparecen a declarar por el Gobierno en casos criminales. Arguye ade-más que el perito Sr. Timothée, que compareció y declaró por la parte demandante, sólo cobró $25 por sus servicios.

El hecho de que El Pueblo de Puerto Pico sólo pague $6 a los peritos médicos llamados por el Gobierno en los casos •criminales, no puede tomarse como base para fijar los hono-rarios de peritos que comparecen ante los tribunales en plei-tos entre particulares. Es obligación de todo ciudadano •cooperar con el Gobierno en la buena administración de jus-ticia y lo mismo que fijó el Gobierno la compensación de tales peritos médicos en $6, pudo haber dispuesto por legislación al efecto que sus servicios, al comparecer a declarar como peritos en tales casos, fuesen gratuitos. Véase 4 Wigmore on Evidence, pág. 683.

El hecho de que el Sr. Timothée sólo cobrase $25 por sus servicios como perito calígrafo, tampoco obliga al tes-tigo Jackson. No aparecen del récord las razones que tuviera el Sr. Timothée para cobrar $25; pero de todos modos, el cobrar por sus servicios es un derecho que él tiene y al cual puede renunciar en todo o en parte, sin que esa renuncia afecte o pueda afectar el derecho de otros peritos a cobrar el valor razonable de sus servicios.

Considerada la labor realizada por el perito Jackson conforme aparece de la prueba y habida cuenta de la importancia del caso en que declaró, no podemos resolver que el juez inferior abusara de su discreción al aprobar dicha partida por la cantidad en que lo hizo.

La partida aprobada por honorarios de abogado, o sea $800, tampoco es excesiva, a nuestro juicio, si se tiene en cuenta la naturaleza del pleito, la cuantía envuelta y el hecho adicional de que debió existir cierto grado de temeridad, por parte del demandante en la prosecución de este pleito desde el momento en que la corte sentenciadora lo condenó en costas sin excluir honorarios de abogado, cuando de acuerdo con la ley entonces vigente tal pronunciamiento descansaba en la sana discreción del tribunal sentenciador, habida cuenta del grado de culpa o temeridad de la parte vencida en el juicio.

Lo expuesto nos lleva a la conclusión de que, el recurso en este caso interpuesto por el demandante apelante es a todas luces frívolo, y siendo ello así, procede desestimarlo.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Tobo

license: Public Domain

text:
    Ramón Morán & Co., peticionaria v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. C. Llauger Díaz, Juez, demandada.
    Núm. 1186.

    Sometido: Julio 10, 1939.

      Resuelto: Noviembre 22, 1939.

      C. Iriarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, abogados de la peticionaria; Hon. Procurador General B. Fernández Garda y M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados del in-terventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de certiorari instado por la sociedad mercantil, agrícola e industrial de Manatí, P. R., Ramón Morán y Compañía contra la Corte de Distrito de San Juan, a los efectos de que esta Corte Suprema reclame los autos del pleito número 30,895 ante dicha corte de dis-trito establecido por “El Pueblo de Puerto Rico, y en su representación don Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandante, v. Ramón Morán & Cía., demandada, sobre cobro de contribución sobre ingresos,” y con vista de los mismos revise y anule la resolución de 23 de mayo de 1939 dictada en el mismo declarando no haber lugar a la elimi-nación de la demanda enmendada radicada en abril 14, 1939.

El auto fue expedido, y las partes interesadas oídas en julio diez último.

La cuestión envuelta es interesante y lia sido bien pre-sentada por la peticionaria y ampliamente discutida por las partes.

La sociedad Ramón Morán y Compañía rindió en 1935 al Tesorero de Puerto Rico una declaración de ingresos correspondientes al año contributivo 1931-32, Paciendo fi-gurar en ella una pérdida de $59,080.04. Meses después el Tesorero le notificó una contribución por deficiencia de $25,459.56 incluyendo intereses y penalidades.

Celebrada una vista administrativa ante el propio Te-sorero y confirmada la contribución, apeló la sociedad para ante la-Junta de Revisión e Igualamiento y este organismo revocó la actuación del Tesorero en diciembre 28, 1937. En diciembre 23 del siguiente año se inició el pleito de que se trata en la forma que dejamos indicada, esto es, El Pueblo de Puerto Rico representado por su Tesorero.

Emplazada la demandada, excepeionó la demanda por falta de Pechos determinantes de causa de acción y porque el Tesorero no tenía capacidad para representar al Pueblo que debió comparecer por conducto del Gobernador.

En marzo 8, 1939, la corte de distrito declaró con lugar ambas excepciones, concediendo un término de diez días para radicar demanda enmendada.

En efecto en abril 14, 1939, dicha “demanda enmendada” fué radicada bajo el siguiente título: .“El Pueblo de Puerto Rico, y en su representación el Sr. Blanton Winship, Gobernador de Puerto Rico, demandante, v. Ramón Morán & Co., demandada. Sobre cobro de contribuciones sobre ingresos.”

En abril 24, 1939, la compañía demandada presentó una moción eliminatoria que, en lo pertinente, dice:

“Que, como surge de la resolución de esta Hon. Corte de fecha 8 de marzo de 1938 y que aparece en estos autos, la excepción in-terpuesta a la demanda original fué declarada con lugar por ‘falta de capacidad del demandante Rafael Sancho Bonet, en representación de El Pueblo de Puerto Rico, ya que no ha sido autorizado por la Ley Orgánica ni por ninguna otra ley, para representar a El Pueblo de Puerto Rico en este litigio/ y así como porque dicha demanda no’ contenía alegaciones constitutivas de una causa de acción.
“Que esta Hon. Corte concedió permiso al demandante Rafael Sancho Bonet .... para radicar una demanda enmendada, si ello fuere posible, y así conviniere a sus derechos.
45s
“Que . . . con fecha 14 de abril de 1939 se radicó una demanda enmendada y en ella comparece ahora como demandante el Sr. Blanton "Winship, Gobernador de Puerto Rico, en su carácter de represen-tante de El Pueblo de Puerto Rico.
“Que esta última demanda se radicó sin que dicho Sr. Blanton "Winship solicitara permiso para comparecer en estos autos en el carácter que él alega ostentar y dar así oportunidad al demandado para formular sus objeciones a la sustitución o cambio completo de parte demandante que se ha llevado a efecto mediante la presenta-ción de la aludida demanda enmendada.
“Que la acción iniciada por Rafael Sancho Bonet era una nula, por carecer él de capacidad para demandar como representante de El Pueblo de Puerto Rico, y no existiendo un demandante verdadero como iniciador original del litigio, no procede la admisión de una demanda enmendada en la que ha habido un cambio absoluto de parte demandante.
“Que en el presente caso procede la eliminación de la demanda enmendada presentada por haber sido una nulidad la acción origi-nalmente iniciada, no pudiendo prevalecer la sustitución de partes que se pretende.”

Y la corte, en mayo 23, 1939, resolvió:

“Se declara sin lugar la moción de la parte demandada, ....
“El alegato que radica la demandada en apoyo de su moción es sumamente interesante; pero en vista de las circunstancias especia-les de este caso y que el demandante siempre es El Pueblo de Puerto Rico, que e¡#la verdadera parte interesada, me parece que se sirven mejor los fines de la justicia si se declara sin lugar la moción de . eliminación, como así se declara, y se concede a la demandada un término de diez días para radicar alegaciones contra la demanda enmendada. ’ ’

¿Tuvo jurisdicción la corte de distrito para continuar actuando en el pleito o éste quedó definitivamente terminado desde marzo ocho, 1939, sin que le fuera posible revivirlo al Pueblo de Puerto Eico por medio de su verda-dero representante?

Como hemos visto se trata de una acción civil iniciada ante una corte de justicia a los efectos del cobro de una con-tribución sobre ingresos de acuerdo con lo preceptuado en la sección 57(b) de la Ley Núm. 74 para proveer rentas para El Pueblo de Puerto Eico mediante la imposición de ciertas contribuciones sobre ingresos (income tax) y para otros fines, aprobada en 6 de agosto de 1925, pág. 515, que-dice:

“(6) Si la Junta determinare que existe una deficiencia, la can-tidad así determinada se impondrá y será pagada mediante notifica-ción y requerimiento del Tesorero. No se impondrá parte alguna de la cantidad determinada por el Tesorero y desestimada por la junta como deficiencia, pero se podrá entablar una acción en una corte de distrito de jurisdicción competente, sin tasación, para el cobro de cualquier parte de la cantidad así desestimada. La corte incluirá en su fallo los intereses correspondientes al montante del mismo, a razón del 6 por ciento anual desde la fecha prescrita para el pago de la contribución hasta la fecha de la sentencia. Dicha acción se entablará dentro de un año después de la decisión final de la junta, y podrá comenzarse dentro de dicho año aún cuando el período señalado para la prescripción en la sección 60 haya ex-pirado.”

Nada prescribe la misma sección sobre el funcionario lla-mado a entablar la acción y si la ley en sus demás secciones guardara silencio sobre el particular, gran fuerza tendría el razonamiento contenido en el alegato de oposición al certio-rari presentado por el Pueblo por medio del Procurador General en pro de que el funcionario lógico para actuar lo era el Tesorero Insular (véase Puerto Rico Fertilizer Co. v. Domenech, Tesorero, 50 D.P.R. 405, 411), pero la propia Ley Núm. 74 de 1925 al fijar la jurisdicción de las cortes, por su sección 82(5), pág. 547, ordena que:

“(5) A instancia de El Pueblo de Puerto Eico las cortes de distrito quedan por la presente investidas de jurisdicción para dic-tar y librar autos y órdenes de injunction, nombramientos de admi-' lustradores judiciales, y demás órdenes y diligencias, y para dictar los fallos y decretos que fueren necesarios o adecuados para poner en vigor las disposiciones de esta Ley. Los recursos provistos por la presente son adicionales y no excluyen los demás que El Pueblo de Puerto Rico ofrece en y fuera de dichas cortes para poner en vigor las referidas disposiciones.”

De suerte que es El Pueblo de Puerto Rico el autorizado para iniciar los procedimientos ante las cortes, incluso el establecido por la sección 57, letra b de la ley, y siendo ello así, su representación corresponde al Gobernador. Sección 12 del Acta Orgánica; Art. 48, núm. 5, del Código Político; State v. Huston, 97 P. 982, 986; El Pueblo v. Torres, 28 D.P.R. 835 y Saurí & Subirá v. Sepúlveda, 25 D.P.R. 242.

Y esa conclusión se impone además porque cuando en la propia ley se encomienda la gestión del cobro al Tesorero su prescripción es expresa, como sucede cuando la Junta deter-mina que existe una deficiencia. Si se trata de procedi-mientos administrativos, el Tesorero actúa con plena auto-ridad hasta el fin. Si hay que acudir a las cortes, debe el Tesorero someter el caso al Gobernador para que éste sea el que actúe en representación del Pueblo por su abogado el Procurador General. Ésa es la norma que la propia parte demandante reconoció al formular su “demanda enmendada” por medio de su representante el Gobernador.

Resuelto este punto, veamos si es posible considerar la demanda de abril 14, 1939, en la que El Pueblo compareció por su verdadero representante, como una enmienda a la demanda de diciembre 23, 1938, en la que compareció por un funcionario sin autoridad para ello.

La sociedad peticionaria invoca la reciente decisión de esta Corte en González v. White Star Bus Line, Inc., 53 D.P.R. 345, 348, en la que se resolvió que “no puede susti-tuirse el demandante ■ que entabló la acción por un nuevo demandante, cuando la parte que viene como sustituta es la única que tenía un interés actual al tiempo que se entabló la ■ acción,”

En dicho caso se inició el pleito por nna mujer casada por daños qne legalmente pertenecían a la sociedad de ga-nanciales. La demanda fné declarada sin lngar por tal motivo. ’ Pidió reconsideración la demandante solicitando qne se le concediera permiso para archivar nna demanda enmendada. Accedió la corte y la demandada apeló alegando qne la demanda original era fatalmente defectuosa, no susceptible de enmienda, y porque la demanda enmendada no corregía el defecto ya qne no teniendo derecho de acción la demandante, tampoco lo tenía para pedir qne le sustituyera por. otra parte ajena al litigio.

Expuestos esos hechos y citado el caso de Dubbers v. Goux, 51 Cal. 153, dijo esta corte:

“Siendo ello así, como la sociedad de gananciales que trató de traerse al pleito era la única que tenía un interés actual al tiempo en que se entabló la acción, claro es que la demanda enmendada no pudo admitirse. La corte carecía de autoridad para ordenar por tal medio que un pleito que cayó por su base, que era a los efectos le-gales inexistente, continuara en pie, como si se hubiera válidamente iniciado cuando la primitiva demanda fué archivada.”

Y alega la sociedad peticionaria qne:

“Parafraseando a este Hon. Tribunal, podemos decir que en el caso de autos la corte inferior careció de autoridad para ordenar que por medio de la demanda enmendada continuara en pie un pleito que cayó por su base, que era a los efectos legales inexistente, vista la nulidad de la comparecencia intentada por el Sr. Sancho Bonet a nombre de El Pueblo de Puerto Rico. Ciertamente no puede decirse que en el caso de autos El Pueblo de Puerto Rico haya válidamente iniciado el pleito, habida cuenta de que no ha compare-cido legítimamente en ningún momento hasta la fecha de la radica-ción de la demanda, enmendada..”

Creemos que en verdad no puede eludirse la conclusión de que no es posible la enmienda por no existir correlación entre la demanda original y la enmendada aun cuando en ambas figure como demandante El Pueblo de Puerto Rico.

Si Tin funcionario, asumiendo una facultad que no tiene,, entabla una acción ante las cortes de justicia a nombre del Pueblo, su actuación es ineficaz en derecho. Si luego la acción se establece por el Pueblo por medio de su legítimo-representante, no puede considerarse el pleito así establecido como continuación del primero si que como algo que se inicia entonces y que desde entonces es que tiene existencia legal.

Lo dicho parecerá más claro si se toma en consideración la ley de prescripción. Por ejemplo en este caso concreto el término concedido por el estatuto para recurrir para ante los tribunales es el de un año. La primera demanda se radicó poco antes de vencerse dicho término y la segunda cuando había ya vencido. ¿Puede sostenerse que la segunda lo fue dentro del término cuando no fue hasta que se pre-sentó que El Pueblo estuvo debidamente ante la corte? Una respuesta en la negativa se impone.

Parece propio decir que la jurisprudencia sentada en el caso de González, supra, que se ha invocado, lo fué siguiéndo-la establecida en el de Flit v. White Star Line, 49 D.P.R. 144, que a su vez siguió los de Vázquez v. Valdés, 28 D.P.R. 467, Vázquez v. P. R. Railway Light & Power Co., 35 D.P.R. 62, Irizarry v. Díaz, 35 D.P.R. 144 y Dávila v. P. R. Railway, Light & Power Co., 44 D.P.R. 950, y que posteriormente en el caso de Vere v. Corte, 54 D.P.R. 262, 265, se dijo:

“Reducida a sus últimos términos la cuestión envuelta es la si-guiente. Demandada una persona contra la cual no existe causa de acción, ¿puede permitirse una enmienda a la demanda por virtud de la cual se traiga al pleito la persona contra la cual existe la causa de acción ejercitada, o es necesario iniciar contra ella otra acción in-dependiente 1
(i % # $
"... Aunque aquí se trata de partes demandadas j en los casos citados de partes demandantes el principio es igual. ‘La con-cesión de permiso para enmendar una demanda que tiene por fin no el corregir un error de nombre en ella sino el de sustituir la única parte demandada por otra completamente distinta, es improcedente en derecho/ resolvió esta corte en el caso de Melón Hnos. & Co., S. en C. v. R. Muñíz de León, 47 D.P.R. 91.”

En el caso de People v. Navarro, 22 Mich. 1, citado con aprobación en State v. Homesteaders Life Ass’n., 90 F. (2d) 545, se dijo:

“Una corte sólo puede reconocer al Estado como parte en nna acción legal, a través de agentes o representantes nombrados por ley para hablar y actuar en su nombre en la cuestión que se considera; y, a menos que en el caso dado el agente o representante correspon-diente esté presente, ante la ley, él Estado no está presente.”
“Las decisiones de la Corte Suprema de Missouri,” se resolvió en State of Missouri v. Homesteaders Life Ass’n., 90 F. (2d) 543, “son al efecto de que el Estado no es parte ■en una acción a menos que el funcionario autorizado por ley la instituya a su nombre.”

Y en State v. Gattavara, 47 P. (2d) 18, se resolvió, co-piando del resumen, lo siguiente:

“Cuando el Estado radica una acción a través de abogados del Departamento del Trabajo para recobrar primas y penalidades para ■el fondo de compensaciones siendo el Procurador General la única propia parte para iniciar dicha acción, y se trajo al récord una carta del Procurador General dirigida a uno de los abogados, fechada des-pués de haberse radicado la acción, por la que se pretendía autorizar ■dicho pleito, los abogados que radicaron la acción no tenían autori-■dad para radicaría en ausencia de la firma del propio Procurador, ■o por poder, en el emplazamiento y la demanda, y la acción debió •desestimarse. ’'

Aunque en esas decisiones la cuestión de una enmienda no fue considerada, puede verse que todas son al efecto de ■que un pleito que no se entabla por el verdadero represen-tante del Estado, no tiene existencia legal, y siendo ello así no cabe la enmienda.

Por virtud de todo lo expuesto debe anularse la resolución de la Corte de Distrito de San Juan de 23 de mayo de 1939 y en su lugar decretarse la eliminación de la demanda enmen-■dada.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Del Valle & Cía.., demandante y apelada, v. Fernando Caso, Félix Benítez Rexach y United States Fidelity & Guaranty Co., demandados y apelantes.
    Núm. 7568.

    Sometido: Enero 18, 1939.

      Resuelto: Noviembre 22, 1939.

      Juan Enrique Géigel j Guillermo Silva, abogados de los apelantes; Ismael Soldevila, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

En nn procedimiento de injunction iniciado ante la Corte de Distrito de San Jnan Fernando Caso y Félix Benítez Rexach obtuvieron una orden de entredicho contra Del Valle & Cía.

En la orden se prohibía a la demandada que diera cum-plimiento a un contrato sobre construcción de ciertas obras públicas en relación con el acueducto de Bayamón y San Juan. La Fidelity & Guaranty Company prestó fianza para responder de todos los daños y perjuicios que Del Valle & Cía. pudiera sufrir con motivo de dicha orden. Ésta fue más tarde anulada y Del Valle & Cía. instó demanda contra Caso, Benitez Bexaeh y la compañía fiadora. La corte de distrito concedió daños y perjuicios.

En apelación se señalan dos errores: (1) que la corte de distrito cometió error al declarar que el .sueldo que deven-gaba Carlos del Valle, como ingeniero jefe de la apelada, era recobrable por el período en que estuvo en vigor la orden de entredicho; (2) que la corte inferior erró al declarar que la apelada podía recobrar $149.31 como parte proporcional del depósito de $261.32, pagado por la apelada por concepto de primas de indemnizaciones a obreros.

La corte inferior fuá de opinión que la demandante debía obtener sentencia por los sueldos y jornales de todos los empleados que eran necesarios en la obra, mientras el trabajo estaba paralizado y que en su consecuencia la demandante debía obtener indemnización por el sueldo del ingeniero a cargo del trabajo. Los apelantes sostienen que el ingeniero jefe lo era Carlos del Valle, Presidente de la compañía apelada, que recibía un sueldo fijo de $600 mensuales, no importa lo que hiciera. La apelada sostiene que despidió a todos los empleados que no eran necesarios, pero que aunque la construcción estaba paralizada, alguien tenía que estar a cargo de la obra, y que el hecho de que el sueldo de del Valle fuera fijo, carecía de importancia, toda vez que la apelada tenía derecho a esperar que éste rindiera algunos servicios a cambio de dicho sueldo y puesto que no estaba ocupado en ningún otro contrato para aquel entonces, toda la atención de dicho empleado se dedicaba a la empresa que fué paralizada por los demandados. La corte inferior fue de opinión que si Del Valle & Cía. hubiera estado ocupada en varios contratos, el sueldo del ingeniero debía distribuirse entre ellos en proporción a su importancia. Se demostró que mientras la orden de entredicho estuvo en vigor Del Valle & Cía. tan sólo estuvo ocupada en dicha obra. Besolvemos que el razonamiento de la corte inferior es correcto, y esto resuelve el primer señalamiento de error.

En lo que al segundo señalamiento concierne, lo cierto es que la orden de entredicho estuvo en vigor por espacio de 44 días. Durante ese tiempo la apelada tuvo que poner en la propiedad unos cuantos celadores. Estos trabajadores tenían que estar asegurados de acuerdo con la ley que entonces regía (Núm. 102, de septiembre 1, 1925, pág. 905, sobre Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo). La apelada pagó $261.32 por el término de 77 días, que incluía los 44 días ya mencionados. La corte inferior concedió daños y perjuicios hasta la suma de $149.31, o sea por la proporción del numero de días que la obra estuvo paralizada.

Los apelantes sostienen que la suma pagada era un de-pósito que habría de liquidarse al finalizar el período por el cual no se hacía el seguro. También arguyen que las primas de seguro se pagan a base de las nóminas. Igualmente, que la reclamación sobre las primas no había sido alegada de manera específica y en forma separada en la demanda.

Eesolvemos, conforme lo hizo la corte inferior, que debe declararse con lugar la reclamación en cobro de las primas. Los apelantes admitieron que hubo que dejar celadores en la propiedad. No apelaron del pronunciamiento de que la demandante debe recobrar en concepto de daños y perjuicios los jornales pagados a estos celadores. Los obreros tenían por ley que estar asegurados. Las primas son recobrables en la misma forma que los jornales.

En lo que concierne a la falta de una alegación específica de daños y perjuicios por tal concepto, creemos que tal ale-gación se incluyó debidamente en la demanda. Entre otras sumas, los daños y perjuicios reclamados eran:

“C. Gastos generales de administración, incluyendo sueldos de los ingenieros. .

Los demandados renunciaron a cualquier otra alegación que fuera necesaria toda vez que no solicitaron un pliego de particulares, no hicieron objeción alguna a la admisión de prueba en relación con el asunto ni anotaron excepción de clase alguna.

La demandante probó de manera concluyente que había pagado la suma en cuestión. Los demandados demostraron que al expirar la póliza la demandante podía posiblemente obtener la devolución de parte de la prima. Empero, no se ofreció prueba para demostrar que la demandante obtuvo la devolución de suma alguna, o que si hubo tal devolución, a cuánto ascendió dicha suma. Tampoco se ofreció prueba ante la corte inferior respecto a cómo la suma pagada debía aplicarse a los períodos de tiempo cubiertos por el seguro. En ausencia de prueba en contrario, la corte de distrito asumió correctamente que la demandante no recobró parte alguna de la prima pagada, y que la misma era aplicable por igual a los 77 días que cubría. En su consecuencia la conce-sión de $149.31 no estuvo equivocada.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Crédito y Ahorro Ponceño, demandante y apelante, v. Mercedes Beveraggi, demandada y apelada.
    Núm. 7939.

    Sometido: Mayo 3, 1939.

      Resuelto: Noviembre 22, 1939.

      M. Marcos Morales, abogado del apelante; M. Guzmán Texidor, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La demanda de este pleito sustancialmente alega: qne el Banco demandante es dueño de cierta finca urbana que describe, que la demandada posee dicha finca en precario sin pagar canon o merced alguno; que el demandante la ha requerido repetidas veces para que la desocupe y deje a su libre disposición, y que aunque ha ofrecido mudarse y deso-cuparla, hasta la fecha no lo ha hecho. Termina la demanda con súplica de que se decrete el desahucio, con imposición de-costas, desembolsos y honorarios de abogado a la demandada.

La contestación a la demanda jurada de que hemos he-cho mérito acepta todas las alegaciones del demandante y como materia de defensa especial expone que la demandada y Francisco Alsina Santos contrajeron matrimonio en el año-1924 y fueron a vivir la casa en cuestión, constituyendo en ella su hogar seguro. Que al fallecimiento de su citado es-poso, la demandada continuó y aún continúa ocupando la finca como su hogar seguro en compañía de su hijo menor de edad Luis Alsina, habido en su ameritado matrimonio; “que si bien es verdad que su fenecido esposo traspasó la finca descrita en el párrafo 2 de la demanda a don José Domingo Rivera de quien trae causas el demandante Créditoy Ahorro Ponceño, ni la demandada ni su esposo recibieron ninguna clase de consideración por dicho tiaspaso y nunca ni ella ni su esposo traspasaron ni renunciaron en favor de nin-gima persona, ni tácita ni expresamente el derecho de homestead que tenían en la finca descrita, ni nunca recibieron de José Domingo Rivera ni del demandante ninguna clase de consideración por su derecho d& homestead.” Alega además la demandada que la finca en controversia tiene un valor superior a $500, y termina con la siguiente súplica.

"Por tanto, suplico a la Hon. Corte dicte sentencia declarando' que la demandada tiene constituido su hogar seguro en la finca des-crita en la demanda, y declarando asimismo con lugar la demanda de desahucio; pero condicionada a que dicha sentencia no podría ejecutarse hasta tanto el demandante satisfaga a la demandada la suma de $500 importe del derecho de homestead, hogar seguro, que tiene en la finca descrita, o que se dicte sentencia compatible con las alegaciones de esta contestación.”

Contra la reseñada contestación interpuso el demandante la excepción previa de insuficiencia de hechos para constituir una oposición a la demanda, o una reconvención.

Fué el caso a juicio y la corte desestimó la excepción previa y dictó sentencia por los méritos de la prueba, decla-rando sin lugar la demanda, con costas al demandante, sin incluir honorarios de abogado.

Apeló el demandante para ante este Tribunal y en su ale-gato expone el siguiente señalamiento de errores:

"1. La Corte de Distrito de Guayama erró al declarar con lugar' la contestación a la demanda y sin lugar la demanda, imponiendo las. costas, sin incluir honorarios de abogado, a la parte demandante ape-lante.
"2. La Corte a quo erró al no declarar con lugar la excepción previa de que la contestación no aduce hechos suficientes para cons-tituir una buena defensa a la demanda.
"3. La Corte a quo erró por indebida apreciación de la prueba, no sosteniendo la evidencia aportada la conclusión a que llega la Corte, de que existe un derecho de hogar seguro en dicha finca, que-no ha sido renunciado.”

Discutiremos conjuntamente los tres señalamientos de error.

Conocemos ya las alegaciones de la petición. Hagamos ahora nna síntesis de la prueba que tuvo ante sí la corte sentenciadora.

De la evidencia resulta que Francisco Alsina Santos, siendo soltero, mientras vivía en concubinato con la deman-dada, compró la casa en litigio, estableciendo en ella su hogar seguro; que más tarde contrajeron matrimonio allá por el 8 de septiembre de 1925 y continuaron viviéndola; que luego la vendió a José Domingo Eivera y en la escritura que se ■otorgó al efecto el 26 de abril de 1930 ante el notario Miguel Guzmán Texidor, se expresó que el vendedor Francisco 'Alsina era casado con doña Mercedes Beveraggi, quien no ■concurría al otorgamiento por tratarse de bienes privativos ■del vendedor. Después de describir la finca y su libertad de ■cargas, se consignó en la escritura:

“Don Francisco Alsina vende, cede, renuncia y traspasa a favor •de don José Domingo Rivera la finca urbana que en esta escritura se describe, o sea el solar y la casa con todos sus anexos.”

Se expresó que la venta se llevaba a efecto por el precio ■de $1,600 que el vendedor confesaba haber recibido a su en-lera satisfacción antes del acto; pero no se mencionó el •derecho de hogar seguro.

A pesar de esta venta continuaron Alsina y la demandada ■ocupando la casa sin que exista evidencia de que pagasen merced o canon alguno al comprador.

El 27 de abril de 1931 José Domingo Rivera constituyó hipoteca sobre la finca a favor del banco demandante para .garantizarle el pago de la cantidad de $1,338.48 y sus inte-reses. El 28 de abril de 1935 falleció Alsina y la demandada y su hijo continuaron ocupando la casa. El 26 de enero de 1937 José Domingo Rivera cedió la finca al demandante en pago de la ameritada hipoteca y el 29 de julio del año si-guiente se radicó la demanda de este pleito. Durante todas las fechas mencionadas la demandada ha venido ocupando ■•sin interrupción la casa en controversia sin pagar canon o merced alguna.

La Ley de Homestead, que imperaba cuando Alsina esta-bleció su bogar seguro en la casa en litigio allá por el año 1924, lo mismo qne cuando la vendió a José Domingo Rivera el 26 de abril de 1930, era la aprobada el 12 de marzo de 1903 '(Comp. 1000-1005). Artículo 541 y siguientes del Có-digo Civil (ed. 1930).

Toda la argumentación del apelante gira alrededor de un concepto equivocado con respecto al alcance y extensión de la Ley de Homestead de 1903. Dice el apelante en la página 41 de su alegato:

“El derecho de bogar seguro no existe en el derecho común, este privilegio es puramente estatutario, creado por una ley o estatuto especial, y su naturaleza y extensión dependen en absoluto de la ley que lo crea; y no es esta ley de ‘homestead’ una que vaya por en-cima de todos los preceptos de nuestro derecho sustantivo, de nuestro Código Civil, base de la familia, que regula los derechos de la familia y los derechos de la propiedad, ni tampoco puede ir sobre los preceptos de la Ley Hipotecaria, que regula los derechos en la propiedad. Por ello, en ausencia de alguna ley o disposición legal que prohiba al marido disponer de la propiedad en que se tenga establecido el hogar seguro, no hay nada que impida al marido el hipotecar o vender dicha propiedad, y puede hipotecarla y venderla en Puerto Rico, sin el consentimiento de la esposa, cuando se trata, como en este caso, de una propiedad privada del marido.”

Sin embargo, el artículo 3 de la Ley de Homestead de 1903 (artículo 543 del Código Civil, ed. 1930), contrario a la opinión del apelante, dice así:

“No será válida ninguna renuncia o traspaso de una finca así exentada, a menos que se consigne expresamente en la escritura de traspaso por dicho jefe de familia, su esposo o esposa, si él o ella lo tuvieren, o a menos que se obtuviere o abandonare la posesión de acuerdo con la escritura de traspaso, o sin la orden de la corte de distrito disponiendo el traspaso del título de la propiedad, siempre que la exención se haga extensiva a un hijo o hijos.”

De acuerdo con el precepto transcrito, una vez constituido el hogar seguro sobre una finca, ya perteneciere privativa-mente a uno de los cónyuges, ya fuere de la sociedad de gananciales, el derecho de hogar seguro no pnede ser tras-pasado o renunciado sin el concurso de ambos cónyuges, a menos que al verificarse la enajenación los cónyuges aban-donaren la posesión o hicieren entrega material de la finca al comprador.

En el caso de autos, el esposo otorgó la escritura sin hacer mención del derecho de homestead. Tampoco concurrió la ■esposa, quien, como hemos visto, en unión de su marido pri-meramente, y viuda después, continuó ocupando la casa con el hijo habido en el matrimonio.

En el caso de Wilcox v. Registrador, 44 D.P.R. 161, este tribunal, interpretando el artículo 3 de la Ley de Homestead de 1903, siguiendo la jurisprudencia establecida en el de Ramírez v. Registrador, 39 D.P.R. 269, resolvió:

“Cuando un bien privativo del esposo es ocupado por la familia ■como residencia, la renuncia del derecho a hogar seguro sobre esa propiedad debe hacerse por ambos cónyuges.” (Syllabus.)

Posteriormente, en el caso de López Rudón v. López, 48 D.P.R. 324, 331, volvió a sostenerse la necesidad del con-curso de la esposa para la validez de una renuncia al dere-cho de homestead sobre una propiedad privativa del esposo. Dijo entonces este tribunal:

“Se arguye que al constituirse la hipoteca, el esposo de la de-mandada, Miguel Morales, hizo constar que dicho inmueble no estaba afecto al derecho de homestead en favor del deudor ni de persona alguna en absoluto. Esta manifestación, hecha exclusivamente por Miguel Morales, no puede perjudicar el derecho de homestead una vez constituido sobre la propiedad.
“La demandada no intervino en el contrato de hipoteca, por tra-tarse de un bien privativo de su esposo, quien sin el consentimiento de su mujer no podía disponer del homestead ni hacer ninguna ad-misión en perjuicio de este derecho.”

Se observará que en el caso de López Eudón, supra, al igual que en el que nos ocupa, el derecho de homestead fue reclamado por la esposa por primera vez después del falleci-miento del marido, dueño privativo del inmueble.

El precepto del artículo 3 de la Ley de Homestead de 1903, que exige el consentimiento expreso de ambos cónyuges para la validez de la renuncia o transmisión del derecho de bogar seguro, no es exclusivo de Puerto Eico, siendo por el con-trario la regla imperante en la mayoría de las jurisdicciones del continente.

“En casi todos los estados el poder del propietario del homestead está restringido hasta cierto punto, pero hay una gran variación en el grado de restricción impuesta. La dis-posición usual es la de que el dueño del homestead, si es ca-sado, no puede enajenar la propiedad sin el concurso de su cónyuge.” 4 Encyclopedia of Social Sciences, 443.

Un estatuto que así restringe el derecho de uno de los •cónyuges de disponer libremente de sus bienes privativos, parece a primera vista opresivo e inconstitucional, pero cual-quier duda sobre su validez se desvanece a poco que reflexio-nemos que desde el último cuarto del siglo pasado se inició •en la jurisprudencia tanto angloamericana como europea la tendencia a socializar el derecho, supeditando los del invidi-duo al bienestar de la sociedad. Esta tendencia, que los juristas modernos denominan “Socialización del Derecho”, parece haber llegado a la plenitud de su desarrollo, y como señala el Dean Roscoe Pound en su artículo “The End of Law”, 27 Harvard Law Review 226, ha producido los si-guientes cambios en el Derecho: (1) Limitaciones en el uso de la propiedad y el llamado ejercicio antisocial de derechos; (2) limitación de la libertad de contratación; (3) limitación •del ius disponendi; (4) limitación sobre el derecho del acree-dor o del que ha sufrido un daño a exigir pago o indemni-zación; (5) imposición de responsabilidad sin que exista •culpa, especialmente imponiendo responsabilidad por agen-cias (agencies) empleadas; (6) cambio de res communes y res nullius en res publicae; y (7) insistencia sobre el interés •de la sociedad en el bienestar de los miembros dependientes de la familia.

Refiriéndose el mismo autor a las limitaciones impuestas al derecho de libre disposición de la propiedad, ius disponendi, dice más adelante:

“Las restricciones sobre el ius disponendi son principalmente estatutarias. Cuatro ejemplos pueden citarse: la .disposición legal existente en muchos estados que requiere que la esposa concurra en la enajenación del hogar de la familia, aunque sea de la propiedad ex-clusiva del marido-; el fideicomiso de pródigos (spendthrift trust) algunas veces legislativo, pero generalmente de origen judicial •, legislación que requiere el consentimiento de L esposa para que el marido pueda constituir una hipoteca sobre los muebles del hogar, aunque los mismos pertenezcan exclusivamente al marido, y legisla-ción que requiere que la esposa concurra en la cesión del salario del marido.” Obra citada, pág. 230.

Lo expuesto nos demuestra que un estatuto como el nuestro no hace otra cosa que seguir la tendencia de la legislación moderna a socializar el derecho, sacrificando como en este caso el derecho individual del padre en aras del bienestar de la familia, base de la sociedad.

Como la ley en vigor al tiempo de la venta verificada por Alsina a José Domingo Rivera exigía que para la transmi-sión del homestead consintiese expresamente la esposa, aquí demandada, al no concurrir ella en la escritura de enajena-ción y continuar ocupando la casa sin interrupción, primera en compañía de su marido y con su hijo después, su derecho de hogar seguro no fué enajenado y por lo tanto no puede privársele de ese derecho sin la compensación que determina la ley.

Se sostiene por el apelante que la corte sentenciadora cometió error al desestimar la excepción previa por él interpuesta contra la contestación a la demanda.

Aceptamos que la contestación radicada por la represen-tación de la demandada deja mucho que desear, pero de ella surge un hecho claro, que controvierte las alegaciones de la demanda e indicó claramente al demandante la posición de la demandada, y es que ésta reclamaba el derecho de homestead. Hubiera sido imidio más correcto que la con-testación no hubiese aceptado incondicionalmente, como lo hizo, todas las alegaciones de la demanda; pero como prescribe el artículo 122 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933), “al considerar (interpretar) una alegación para de-terminar sus efectos, deberá interpretarse con liberalidad a fin de asegurar absoluta justicia entre las partes.” Y en el presente caso las alegaciones de la contestación en manera alguna podían confundir o inducir a error a la parte de-mandante apelante.

Tratando de la moderna tendencia a echar a un lado los viejos formalismos e interpretar la ley liberalmente de manera que se haga completa justicia a las partes, dice el eminente Juez Cardozo:

"Yernos en acción el mismo proceso en otros campos del Derecho. No interpretamos ya los contratos adhiriéndonos estrictamente a la letra cuando ésta se halla en conñicto con su espíritu. Considera-mos existentes obligaciones implícitas cuando podemos apreciar ;que las partes tuvieron la intención de consignarlas en el contrato, aun-que las expresaron imperfectamente. La Ley ha salido ya de su primitiva etapa de formalismo cuando la palabra precisa era el talismán soberano y cualquier desviación era fatal. Es quizás en el campo del procedimiento donde hemos presenciado los cambios más importantes, aunque mayores han de venir. Las acusaciones y las alegaciones en casos civiles (civil pleadings) son interpretadas con liberalidad. Se va resolviendo cada vez con mayor frecuencia que las decisiones en cuestiones de evidencia descansan en la discreción del juez que preside el juicio. Los errores que pueda haber cometido la corte sentenciadora no dan lugar a revocación, con el consiguiente horror del nuevo juicio, a menos que la corte de apelación esté sa-tisfecha que el error ha afectado el resultado. A veces ha sido necesario recurrir a la legislatura para romper los viejos moldes. En ocasiones el espíritu conservador de los jueces ha amenazado por algún tiempo la eficacia de tal legislación. Este peligro se puso/de manifiesto en la actitud asumida por los tribunales hacia las refor-mas contenidas en los códigos de práctica en los días en que se originaron. Los precedentes que en aquellos tiempos se establecieron están todavía ejerciendo su desgraciada influencia. Mas, sin embargo, la tendencia actual es hacia un liberalismo cada vez mayor. La nueva teiiclencia se lia abierto camino gradualmente y su progreso inadvertido paso a paso se advierte tendiendo la vista a la distancia recorrida. Quedan las viejas formas, pero se bailan animadas de un nuevo contenido. Estamos apartándonos de lo que Ehrlich llama ‘die Sprelerische und die mathematische Eutscheidung’, o sea el concepto de que un pleito es un problema de matemática o un deporte. Nuestro propio Wigmore ha hecho mucho para desterrar ese con-cepto. Pensamos ahora en la finalidad que la léy persigue y trata-mos de que sus reglas conduzcan a la consecución de su propósito.” Gardozo, The Nature of Judicial Process, pág. 100 et seq.

Por lo expuesto, opinamos que la corte sentenciadora no cometió error al desestimar la excepción previa a la contes-tación.

En el caso de Arzuaga v. Ramírez, 50 D.P.R. 106, se sostuvo que existiendo un derecho de homestead a favor del demandado, hasta que no se le pague o consigne en la corte el importe del hogar seguro, no surge a favor del demandante la causa de acción de desahucio. Y en el de Franceschi v. Claudio Elena, 51 D.P.R. 495, 503, se dijo:

“Considerando que la súplica del demandado apelante es compatible con la decisión en el caso de Arsuaga v. Ramírez, supra, y que es aceptable porque con ella se pone fin a la controversia entre las partes, se modifica la sentencia apelada en el sentido de reconocer que el demandado apelante tiene un derecho de hogar seguro sobre la casa que él y su familia ocupan en la finca de los demandantes, y decretando el desahucio solicitado previo pago por los demandantes al demandado de la suma de quinientos dólares, en satisfacción y pago de su derecho de homestead.

En el caso de autos, la situación es distinta de la que imperaba cuando se resolvió el de Claudio Elena, pues al fallarse este último en primera instancia, la ley de costas entonces en vigor dejaba su imposición a la discreción de la corte sentenciadora, mientras que el caso de autos fue resuelto al amparo de la vigente ley de costas, que impone a la corte sentenciadora la obligación de concederlas a la parte a cuyo favor se dicta la sentencia. De suerte que si en el presente caso, siguiendo el de Franceschi v. Claudio Elena, supra, modificásemos la sentencia apelada en el sentido de declarar con lugar la demanda y decretar el desa-hucio solicitado previo pago por el demandante a la deman-dada de la suma de $500 en satisfacción de su derecho de homestead, necesariamente tendríamos que condenar en cos-tas a la demandada, que en realidad es la parte victoriosa y no ha sido temeraria en la defensa de este pleito. Por consiguiente, siguiendo el caso de Arzuaga v. Ramírez y de acuerdo con la segunda alternativa de la súplica de la con-testación, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada, sin perjuicio de que una vez consignado legalmente el valor del homestead o pagado directamente a la demandada, pueda establecerse de nuevo la acción de desahucio si fuere necesario.

OPINION DISIDENTE DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE.

La sección 3 de la Ley de Hogar Seguro (homestead) de marzo 12, 1903, provee:

‘' Que no será válida ninguna renuncia o traspaso de una finca así exentada, a menos que se consigne expresamente en la escritura de traspaso por dicho jefe de familia, su esposo o esposa, si él o ella lo tuvieren, o a menos que se obtuviere o abandonare la posesión de acuerdo con la escritura de traspaso, o sin la orden de la corte de distrito disponiendo el traspaso del título de la propiedad, siempre que la exención se haga extensiva a un hijo o hijos.”

Del contexto anterior se verá inmediatamente que las pa-labras “que no será válida ninguna renuncia ... de una finca así exentada, a menos que se consigne expresamente en la escritura de traspaso por dicho jefe de familia, su esposo o esposa ... o a menos que se obtuviere o abandonare la posesión de acuerdo con la escritura de traspaso” que la ena-jenación es válida si se obtiene o abandona la posesión de conformidad con lo pactado.

Es mi opinión que en Puerto Rico el dueño de un bien privativo puede entregar la posesión del mismo sin el con-sentimiento de su consorte; que al vender la propiedad, el dueño puede abandonar la misma y poner al comprador en posesión y que ninguna protesta por parte de la esposa puede impedir al marido que ponga al comprador en tal posesión; y que bajo el derecho civil el domicilio de la familia lo deter-mina prima facie el marido, y la mujer está obligada a se-guirle. Las excepciones, a mi juicio, no tienen aplicación en este caso.

Ahora bien, no hay duda alguna de que el marido no trató de hacer en el presente caso esta clase de entrega de la po-sesión, abandonando la propiedad, sino que otorgó una es-critura formal de sus bienes privativos en favor de José Domingo Rivera.

El artículo 1351 del Código Civil (edición de 1930), que es el 1365 del Código Civil (edición de 1911), provee:

“Se entenderá entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del comprador.
“Cuando se baga la venta mediante escritura pública, el otorga-miento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato,, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario. ’ ’

El artículo 1351, supra, es absoluto en sus términos y el otorgamiento de una escritura formal equivale a la tradición material de la cosa.

A veces se habla del traspaso de la posesión de una finca mediante escritura como una entrega simbólica de la misma, más el Código no menciona tal entrega simbólica, sino que provee que la venta por escritura pública equivale a la en-trega material de la posesión.

En Fuertes v. Nogueras et al., 32 D.P.R. 284, dijimos:

“Pero aún sin existir un arrendamiento, si el comprador permite al vendedor seguir en posesión, el derecho a la posesión, o la posesión civil se transfiere. ’ ’

T se citó el artículo 1365 del Código. Lo que digo es que 'cuando ,se otorga una escritura formal, surgiría una de las excepciones enumeradas por la sección 3.

Cuando un marido opta absolutamente por vender sus bienes, sobre los cuales pudo haber tenido un derecho a ho-gar seguro y en la escritura no hace reserva alguna de tal derecho, él debe caer, de existir un hogar seguro, dentro de la excepción provista en la sección 3, supra. En el caso de autos no surgió ningún derecho independiente -de la esposa y el único hogar seguro que había en aquel entonces existía en favor del marido. Y él, repito, tenía derecho bien a en-tregar la cosa materialmente o a otorgar una escritura de la misma, conforme lo hizo. Quizá se presentaría una situa-ción distinta si el marido voluntariamente no hubiera otor-gado una escritura; en otras palabras, si un acreedor, por existir una hipoteca o por algún otro motivo tratara de eje-cutar los bienes contra la voluntad del marido.

Coadyuva a esta interpretación el título de la ley, a saber: “Ley para definir el H-omestead (Hogar Seguro) y para exen-tarlo de una venta forzosa.”

Otras cuestiones que cooperan en esta interpretación del estatuto son las siguientes:

La propiedad enajenada puede que valga menos de $500, y entonces el demandado que tratara de vender la totalidad de su finca privativa podría permanecer en posesión dé la misma indefinidamente.

Sin embargo, no hay que profundizar demasiado en el asunto a no ser para considerar los hechos en sí del caso. Por la propiedad se pagó algo así como $1,600 y es de pre-sumirse, como cosa corriente, que no valía más, sin excluir el derecho de hogar seguro; y que todo el que participó en la transacción creyó probablemente que hubo una enajenación completa de la finca. Luego no parece justo que la esposa, con posterioridad a la muerte de su marido, obtenga otros' $500 por la finca.

El derecho de homestead, de acuerdo con la ley, es una finca {estate). La palabra ha sido tomada de fuentes esta-dounidenses. Transcurrida una tenencia vitalicia, frecuente-mente una persona tiene la reversión de la propiedad. Tal reversión pnede considerarse como una “finca.” Ignal su-cede con un contmg&nt remainder y con otras limitaciones. El derecho a esta “finca” de hogar seguro no se ejercita activamente hasta que surge la ocasión para ello. De ordi-nario es una exención contra los acreedores. El decir que el adquirente de una propiedad estableció en ella su hogar seguro, es un petitio prmcipii. El hogar seguro es el rema-nente de un derecho de propiedad. No existe en un inmueble que ha sido enajenado por el acto del único dueño.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramos Hermanos, Inc., etc., acusada y apelante.
    Núm. 7746.

    Sometido: Julio 24, 1939.

      Resuelto: Noviembre 24, 1939.
    .T. M. Sánchez Fernández y Dubón & Ochoteco, abogados de la ape-lante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En julio 6 de 1938 y en la Corte Municipal de Bayamón el Inspector de Pesas y Medidas Tulio D. Rivera formuló denuncia contra la mercantil Ramos Hermanos, Inc., por exhibir y ofrecer para la venta un número de bollos ele pan faltos de peso.

Aparece-que el caso fné llevado en apelación a la Corte de Distrito de Bayamón. La vista del recurso tuvo lugar el 21 de marzo de 1939. La demandada se declaró inocente. Se procedió a la vista del mismo, discutiéndose por ambas partes nna moción de nonsuit. La corte se reservó su fallo y dictó sentencia el 23 de marzo de 1939.

El primer señalamiento de error lee así:

"Que la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Bayamón, Puerto Pico, dictó sentencia contra la demandada apelante, care-ciendo de jurisdicción para ello e infringiendo las disposiciones del inciso 4 del Artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico, ya que, diebo fallo fué pronunciado cuando babía trans-currido un término mayor de veinticuatro boras, a partir de la fecha en que quedó sometido el proceso para resolución definitiva.

El artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal dice:

“Si después de oída la denuncia, el acusado alegare su inocencia, el juez procederá en la siguiente forma:
“2. *******
“3. ****** *
“4. El juez de paz tomará entonces en consideración la prueba aducida y dictará su fallo dentro de las veinticuatro boras siguientes. Tanto la celebración del juicio como el acto de dictar sentencia se harán en presencia del acusado; Disponiéndose, que podrá el acusado ser dispensado de este requisito en aquellos delitos que por su natu-raleza no impliquen una mente perversa o depravación moral (mala prohibit a) en diebo acusado, cuando fuere representado por abogado y éste se hallare presente en ambos momentos. Si el fallo fuere favorable al acusado, absolviéndolo del cargo que se le imputa, será puesto en libertad inmediatamente. Si del fallo resultare que el acusado es culpable, el acusado podrá apelar en el término del tercer día ante la corte de distrito.
“5. El juez de paz remitirá el sumario dentro del quinto día al tribunal de distrito el cual dentro de los diez días de su recibo seña-lará día para la celebración del juicio, citando al Fiscal y al acusado. En el acto del juicio se podrán aducir nnevas pruebas o reproducir aquélla que el juez de paz hubiere admitido o rehusado. El tribunal decidirá definitivamente sobre la admisión de tales pruebas y des-pués de practicadas y oír a las partes, dictará dentro del segundo día fallo definitivo, condenatorio o absolutorio, ordenando la liber-tad del acusado si estuviere preso, en caso de un fallo absolutorio.”

La acusada y apelante alega que tiene derecho a su. ab-solución de acuerdo con el apartado 4 del artículo antes mencionado; que la corte inferior carecía de jurisdicción de acuerdo con el estatuto y los fundamentos expuestos por este tribunal en el caso de El Pueblo v. Acosta, 40 D.P.R. 471. Es evidente que tanto la apelante como el fiscal están en un error. Era éste un procedimiento que se ajustaba a lo prescrito en el apartado 5 y no al apartado 4 del artículo 29. De acuerdo con dicho artículo al juez se le conceden dos días para emitir su fallo y el juez Ponsa Pares cumplió con lo preceptuado. El caso se vió el 21 de marzo de 1939 y se dictó sentencia el 23 del mismo mes.

• No sólo es esto cierto sino que da la coincidencia que los hechos en el caso de El Pueblo v. Cardona, 36 D.P.R. 618 son idénticos, y llamamos la atención al hecho de que tanto el apelante como el fiscal cometieron el mismo error de tratar de aplicar el apartado 4 en vez del 5 de dicho artículo 29.

No existe el primer señalamiento de error.

La apelante, sin embargo, imputa otros errores en relación con la prueba. Discute los señalamientos segundo, tercero y cuarto conjuntamente. Los hechos discutidos por ella son substanciahnente los siguientes: que el supuesto vendedor llevaba bollos de pan con la marca de Ramos Hermanos, Inc., pero que no había prueba tendente a demostrar que el vendedor fuera un agente de Ramos Hermanos o que realmente el pan proviniera del establecimiento de Ramos Hermanos. El vendedor declaró que algunas veces él le compraba a uno y otras a otro, incluso a Ramos Hermanos. Bajo estas circunstancias somos de opinión que no se probó la acusación. Según entendemos, el fiscal estuvo conforme en la vista.

El quinto señalamiento de error no merece ser conside-rado.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse a la acusada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Cuthbert Charlton Douglas, etc., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1055.

    Sometido: Noviembre 6, 1939.

      Resuelto: Noviembre 24, 1939.

      Fiddler, Córdova & McConnell, y Jorge M. Morales, abogados del re-currente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Por la Resolución Conjunta Núm. 28, de abril 26, 1927 (pág. 319), se autorizó al Comisionado del Interior para que vendiera a Francisco Pagán 390 metros cuadrados de terreno pertenecientes al Pueblo de Puerto Rico, situados en la ciudad de Mayagüez, por el precio de tasación que se hiciera en el momento de la venta, por la Tesorería de Puerto Eico y por el Comisionado del Interior. En mayo, 1939, el Co-misionado del Interior traspasó la propiedad a Cuthbert Charlton Douglas, como fiduciario de los herederos de Francisco Pagán, por la suma de $975 pagada en efectivo por Douglas. El registrador de la propiedad se negó a. efectuar la inscripción: porque la escritura complementaria, sobre constitución de fideicomiso no establecía mandato al-guno por persona alguna (fideicomitente) a virtud del cual se le trasmitían bienes al supuesto fiduciario, para que dis-pusiera de ellos conforme lo ordenase el fideicomitente, según lo prescrito por el artículo 834 del Código Civil (edición de 1930); y porque la enajenación a un fiduciario privaba a los-herederos de Pagán de su derecho a adquirir el título de la. finca y a disponer de la misma en la forma que estimasen conveniente.

De conformidad con las disposiciones del artículo 834 supra:

“El fideicomiso es un mandato irrevocable a virtud del cual se trasmiten determinados bienes a una persona, llamada fiduciario, para que disponga de ellos conforme lo ordene la que los trasmite, llamada fideicomitente, a beneficio de este mismo o de un tercera llamado fideicomisario. ’ ’

En la escritura de constitución de fideicomiso Douglas hizo constar que había recibido de The National City Bank of New York la suma de $975, y que en consideración a ella se constituía en fiduciario para beneficio de las personas que en la escritura se designaban como herederos de Francisco Pagán, con poder para invertir dicha suma en propiedad mueble o inmueble, vender la propiedad así adquirida en los precios y condiciones que estime convenientes, terminar el fideicomiso bien devolviendo la cantidad en fideicomiso a los beneficiarios o traspasando a éstos la propiedad en fidei-comiso, o satisfaciendo deudas de los beneficiarios hasta el importe total del valor del fideicomiso o de la propiedad. Ei fideicomiso terminaría cuando el fiduciario entregara a los beneficiarios la cantidad sobre la cnal se constituía el fidei-comiso o la propiedad o propiedades adquiridas con dicba cantidad en fideicomiso, o cuando se satisficiera cualquier obligación de los beneficiarios hasta la cantidad en fideico-miso.

La constitución de fideicomiso no caía dentro de la letra de la definición estatutaria. Empero esa definición no ex-cluye necesariamente una declaración de fideicomiso cuando el fideicomitente y fideicomisario son una sola persona. De-claraciones de esa índole son muy frecuentes en otras juris-dicciones y consideradas generalmente como permisibles y propias. 1 Bogert 4; 26 R.C.L. 1182, sec. 19; American Law Institute, 1 Restatement of the Law of Trusts 64, sec. 17; Morsman v. Commission of Internal Revenue, 90 F. (2d) 18.

No podemos creer que el artículo 834 del Código Civil, interpretado razonablemente a la luz de otras disposiciones en pari materia, exija que se establezca una regla distinta en esta isla.

El artículo 871 del Código Civil provee:

“Los bienes inmuebles transferidos por fideicomiso serán inscri-tos en el registro a nombre del fiduciario, como en el caso de cual-quiera otra trasmisión de dominio; y se inscribirán como graváme-nes sobre los bienes aquellas disposiciones del fideicomiso por las cuales se limite la facultad del fiduciario para enajenarlos o gra-varlos. ’ ’

Dados los términos y condiciones contenidos en la escri-tura de constitución de fideicomiso y sin otros datos en que basar una opinión, no podemos convenir con el registrador en que una inscripción a nombre del fiduciario privaría a los herederos de Pagan de cualquier derecho que pudieran tener a adquirir un título absoluto del solar en cuestión y a dis-poner del mismo más tarde en la forma que estimasen con-veniente.

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscrip-ción solicitada.


author: El Juez Asociado Señc® De Jesús

text:
    Los Esposos Pantaleón González y Josefa Roig de González, demandantes y apelantes, v. United States Casualty Co., demandada y apelada.
    Núm. 7783.

    Sometido: Noviembre 8, 1939.

      Resuelto: Noviembre 27, 1939.

      F. Fernández Cuyar, abogado de los apelantes; R. Castro Fernández y José López Baralt, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señc® De Jesús

emitió la opinión del tribunal,

Los demandantes obtuvieron una sentencia contra P. E. Dairy, Inc., por la cantidad de $2,500, en resarcimiento de los daños qne sufrieron por la muerte de su hijo Marino González Eoig acaecida en la carretera que de Eío Piedras conduce a Carolina, el día 22 de enero de 1932, al chocar un automóvil con un autocamión propiedad de la citada compa-ñía. Una vez firme la sentencia, solicitaron y obtuvieron los demandantes la correspondiente orden de ejecución, que fue devuelta sin cumplimentar por hallarse la compañía bajo administración judicial.

El autocamión que causó la muerte del hijo de los de-mandantes se hallaba asegurado por una póliza en vigor el día del accidente y expedida por la U. S. Casualty Co.

Para cobrar la referida sentencia a la U. S. Casualty Co., que en lo sucesivo llamaremos “la aseguradora”, interpu-sieron los demandantes este pleito. Se opuso la aseguradora demandada a las pretensiones de los demandantes, alegando que la asegurada no había cumplido con las estipulaciones pertinentes de la póliza, a saber:

Apartado 3. La Compañía defenderá a nombre y a beneficio del asegurado, todas las reclamaciones o pleitos ’ civiles por daños y por los cuales sea responsable legalmente el asegurado y pagará dentro de los límites de esta póliza, cualquier sentencia rendida contra dicho asegurado por tales daños, así como también las costas que la Corte imponga, intereses en su parte proporcional de cualquier sentencia, computados hasta la fecha del pago u ofrecimiento por parte de la Compañía y cualquier otro gasto incurrido con el consentimiento es-crito de la Compañía, y proveerá además al asegurado con el re-embolso por gastos ocasionados en proveer primera cura médica en caso de un accidente.
“Condición C. Al ocurrir un accidente cobijado por esta póliza, el asegurado dará inmediatamente aviso escrito a la Compañía con la mayor información posible. Si surgiere alguna reclamación como consecuencia de algún accidente el asegurado enviará inmediatamente a la Compañía toda la información, el emplazamiento o cualquier otro proceso relacionado tan pronto como le baya sido entregado. El asegurado no asumirá ninguna responsabilidad ni hará ningún gasto que no sea para la atención quirúrgica inmediata en caso de accidente, ni transará ninguna reclamación con excepción de que sea por cuenta propia, ni intervendrá en negociaciones para el arreglo ni en proce-dimientos legales a menos que no sea requerido por la Compañía, y se compromete en ayudar por cuenta de la Compañía a obtener in-formación y evidencia y a suministrar testigos, y cooperará con la Compañía (con excepción de forma pecuniaria) en todas las cues-tiones que la Compañía crea necesario en cualquier investigación, defensa o apelación bajo esta póliza.
“Condición D. En caso de quiebra o insolvencia del Asegurado, la Compañía no será relevada del pago de cualquier indemnización cubierta en esta póliza, que tuviere que ser pagada por tal quiebra o insolvencia. Si, por tal quiebra o insolvencia, cualquier ejecución en contra del Asegurado fuera devuelta sin satisfacer en cualquier acción de algún lisiado o por cualquier persona que reclamare por o a beneficio del lesionado, entonces la acción podrá ser tramitada por el lesionado o por cualquier otra persona en contra de la Com-pañía dentro de las condiciones de esta póliza por la cantidad de la sentencia pero nunca excediendo de la suma asegurada por esta póliza.
“Condición H. Ninguna alteración en las condiciones, términos o límites de esta póliza será válida sin la firma de un oficial ejecutivo de la Compañía. Si la condición de esta póliza con respecto al tiempo o límite de tiempo para avisos estuviere en conflicto con la Ley del país que tenga jurisdicción en la materia, tal provisión esta-tutaria reemplazará la provisión o condición de esta póliza.”

Después del correspondiente juicio, la corte inferior, por el mérito de las alegaciones y la prueba, desestimó la de-manda contra la aseguradora, fundándose en que de acuerdo con la evidencia, la asegurada no había cumplido con su obligación de notificar a la aseguradora inmediatamente después de tener conocimiento del pleito, enviándole la ci-tación y copia de la demanda, impidiendo así que la asegu-radora, por medio de sus abogados, asumiese la defensa y tramitación del pleito.

Contra esta segunda sentencia, es decir, la que desestimó la demanda contra la aseguradora, los demandantes interpu-sieron este recurso de apelación.

Que la negligencia de la asegurada fue la causa próxima del accidente, es cuestión no controvertida en este recurso y aceptada por la apelada, quedando circunscrito el recurso a las siguientes cuestiones: ¿Cumplió la asegurada “sustancialmente”, como alegan los demandantes (demanda, párrafo 7), con las condiciones del contrato de seguro, de tal forma que la aseguradora no puede repudiar su cumplimiento? ¿Probaron los demandantes que P. E. Dairy, Inc. estaba insolvente al devolverse sin cumplimentar la orden de ejecución 1

La aseguradora acepta que la asegurada le notificó opor-tunamente el accidente y que envió a su empleado, Sr. Heriot, a practicar la correspondiente investigación (declaración de Simonpietri, exposición del caso, pág. 27).

Declaró el Sr. Noa, la persona que diligenció el empla-zamiento entregando copia de la demanda y del emplaza-miento al Lie. Luis Toro Cabañas en su carácter de Secre-tario de la P. E. Dairy, Inc., que dicho Sr. Toro Cabañas, en presencia del testigo,,llamó por teléfono al Sr. Simonpietri, agente de la aseguradora, y le notificó haber recibido el emplazamiento y copia de la demanda, requiriéndole a la vez que mandase a buscar dichos documentos porque su mensajero no se hallaba en aquellos momentos en la oficina. Aseguró el Sr. Noa que él no pudo ver ni oír, naturalmente, a la persona que hablaba por teléfono con Toro Cabañas. Sólo oyó las palabras que pronunció este último. (Exposi-ción del caso, pág. 20.) Se estipuló que el Lie. Fernández Cuyar, abogado de los demandantes y que a la sazón se hallaba en la oficina de Toro Cabañas al diligenciarse el emplazamiento y verificarse la alegada llamada telefónica, declararía lo mismo que el testigo Noa.

Tanto el Sr. Heriot como Simonpietri negaron haber recibido el mensaje de Toro Cabañas, asegurando que la primera noticia que tuvieron de la interposición del pleito contra la asegurada fué al recibir, el 5 de abril de 1933, la carta de fecha 3 del mismo mes y suscrita por el Lie. Carlos J. Torres (exhibit 4 de los demandantes), que literalmente dice así:

“Por la póliza Núm. PRRA3001, Uds. tenían cubierto el autoca-mión marca Day-Elder, chassis Núm. 3130, motor Núm. 16-C-13982, propiedad de la Puerto Rico Dairy, Inc., contra accidentes.
“Esta corporación desde 22 de diciembre de 1932 está bajo sin-dicatura y al tomar posesión los señores síndicos de la propiedad y documentos de la misma se encuentran que contra ella se sigue una acción interpuesta por los esposos Pantaleón González y Josefa Roig de González por daños y perjuicios, civil 17581, ante la Corte do Distrito de San Juan, en la que entre otras cosas solicitan se les indemnice con el pago de $10,000 por el hecho de que esta guagua mató a un joveneito llamado Marino González Roig. Como en estos casos Uds. acostumbran utilizar los servicios de sus propios aboga-dos, espero nos den las instrucciones que estimen pertinentes a no ser que Uds. crean que yo puedo continuar la tramitación del mismo por estar mejor relacionado e informado en cuanto a los particulares ■ envueltos.
“Esperando sus avisos sobre el particular, quedo de Uds., atento amigo y s. s. . . .”

En el exhibit 4 de los demandantes que acabamos de transcribir, el Lie.' Carlos Torres no hace mención alguna de la conversación telefónica que alegaron los demandantes sos-tuvo Toro Cabañas con Simonpietri. No obstante haber declarado el Sr. Carlos J. Torres que estaba presente cuando fue emplazado Toro Cabañas y que oyó la conversación tele-fónica entre Toro y Simonpietri, y constarle que fue Simon-pietri quien contestó por la aseguradora (exposición del caso, pág. 14), la carta de 22 de abril de 1933, suscrita también por el Lie. Carlos Torres y dirigida a la aseguradora (exhibit 6, demandantes), tiende a demostrar que él se enteró por Toro Cabañas de la llamada telefónica después de recibir de la aseguradora la carta de 20 de abril de 1933 (exhibit 5, demandantes), en la que ésta alegaba que la asegurada no había cumplido con la obligación de notificarle la inter-posición del pleito y enviarle los. documentos ■ pertinentes. La carta del Sr. Torres {exhibit 6), dice: ^

“Me refiero a sn comunicación de 20 de abril de 1933. -
“Hablando con el compañero Toro Cabañas, con-relación al con-tenido de ella, me indica que inmediatamente de ocurrido el accidente dió aviso a Uds. y asimismo les notificó que se había presentado una demanda de daños y perjuicios contra la compañía.
“Así las cosas, Uds. pueden tomar la determinación que gusten.
' /‘Deseo llamarles la atención de que el caso-es uno del cual la compañía con muy poca atención podría salir, divinamente bien, ya que no hay responsabilidad de ninguna especie por parte de los empleados de la compañía, no habiendo sido siquiera el truck de la compañía el que matara el joven a que se refiere la demanda en solicitud de daños y perjuicios.
“Deseo indicarles además, para su propio gobierno, que la P. B. Dairy, Ine. está bajo sindicatura y que difícilmente podrán hacer efectiva una sentencia contra la corporación en este estado y asu-miendo la actitud que asuman, probablementne se verán envueltos en otro pleito por el hecho de no intervenir en uno que sería muy fácil resolverlo satisfactoriamente.”

Otra carta del 11 de marzo de 1935 (demandantes, exhibit 8) en la que el Lie. Carlos J. Torres notifica a la asegura-dora haberse dictado sentencia contra la asegurada por $2,500, en su último párrafo dice:

Como mis representados siguen en la creencia de que la cláusula en que Uds. se amparan para- evadir la responsabilidad del pago de la sentencia en este caso es una de las que necesariamente tendrá que ser anulada por la corte el día que esta acción .sea promovida, hemos querido tenerles al corriente de todas nuestras actuaciones para que luego no puedan alegar ignorancia de los hechos acaecidos.”

La corte sentenciadora, apreciando la declaración 'de Noa en el sentido de que no pudo oír ni ver la persona que contestó a Toro Cabañas por teléfono, la' del Lie. Caílos Torres, que no .armoniza con su propia carta, y la prueba negativa de Simonpietri y Heriot asegurando no haber .reci-bido, ni tener conocimiento de tal comunicación telefónica, dió ' crédito a los testigos de la '’aségúrádóf á, demandada, y al resolver así él conflicto no podemos sostener que cometiera :.v' o .. ■ r.j .,£ , v • ; . .. c,-.,?.:1 manifiesto error ni que actuase movida por pasión, prejuicio o parcialidad. Por lo tanto tenemos que partir de la base, a los efectos de este pleito, que la demandada aseguradora no recibió aviso de la institución del mismo contra la ase-gurada basta el 5 de abril de 1933 que llegó a su poder la carta fechada dos días antes (demandantes, exhibit 4).

En su brillante alegato, la ilustrada representación de los demandantes honradamente expone:

“Los demandantes franca y honestamente aceptan que la regla general es al efecto de que la asegurada no puede recobrar de la aseguradora si ha dejado de cumplir con las condiciones esenciales de la póliza, y asimismo que si la asegurada no puede recobrar por este motivo, tampoco podría la tercera persona perjudicada.”
Ésa es en efecto la regla sostenida por la mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos. En la monografía más recientemente publicada por American Law Reports, en 106 A.L.R. 516, 532, se asegura que ésa es la regla de la mayoría y se expone así:
“La doctrina de la mayoría al efecto de que la persona perjudi-cada (the injured party), en ausencia de colusión entre asegurador y asegurado, ocupa la misma posición legal que el asegurado (stands in the shoes of the insured), en lo que respecta a defensas basadas en incumplimiento de condiciones subsiguientes al accidente, excepto cuando el efecto de haber dejado de cumplirlas el asegurado puede evitarse por su cumplimiento por la propia persona perjudicada (injured party), está sostenida por casi todos los casos decididos en el período cubierto por esta anotación. Al igual que en los casos citados en la anterior anotación en apoyo de la doctrina de la ma-yoría, algunos de los casos más recientes la asumen al aplicar a las defensas interpuestas por el asegurador en la acción seguida por el perjudicado los mismos principios (considerations) que hubieran sido aplicables si la acción hubiera sido interpuesta por el asegurado. En algunos casos la aplicación de estos principios ha dado por re-sultado una decisión en contra de la persona perjudicada-, en otros a Una decisión en favor dé ésta.”

Véase también el caso de Rondón v. Aetna Casualty & Surety Co., 46 D.P.R. 613, y especialmente la cita que se hace en la página 629 de la opinión del Juez señor Cardozo, emitida en el caso de Coleman v. New Amsterdam Casualty Co., 247 N. Y. 271.

Como se dijo en el caso de Rondón v. Aetna Casualty & Surety Co., supra,

“Tratar de interpretar el contrato celebrado en este caso en el sentido de que la póliza a virtud de la regla tercera del reglamento de 1924 no sólo responde al lesionado directamente, si que puede prescindirse al exigir esa responsabilidad de si el asegurado cum-plió o no con sus obligaciones para con el asegurador, sería bajo las circunstancias concurrentes, repetimos, claramente injusto para con el asegurador.” (Pág. 631).

Arguye la representación de los demandantes que admitiendo a los efectos del argumento que la aseguradora no hubiera sido notificada del litigio hasta el 3 de abril de 1933, no obstante, tuvo una amplia oportunidad de defenderse, enmendando la contestación ya radicada si así lo deseaba, y continuando el caso hasta su final determinación.

Olvidan los demandantes que la situación legal de la ase-guradora demandada al hacerse cargo del pleito después de radicada la contestación jurada (exhibit C de la demandada, exposición del caso, pág. 37), no era la misma que la que hubiera resultado iniciando ella los procedimientos. Las alegaciones principales de un pleito, o sea la demanda y la contestación, constituyen los cimientos sobre los cuales des-cansa la teoría de las partes y una vez radicadas estas ale-gaciones juradas, si bien son susceptibles de enmienda, difícil es variar con entero éxito la teoría de la causa de acción o defensa. Cuando la asegurada notificó a la asegu-radora la existencia del pleito, ya la asegurada había radi-cado su contestación jurada a virtud de cierto convenio con los demandantes para que se dejase sin efecto la rebeldía que le había sido anotada. )En caso de enmendar la aseguradora la contestación, como pretenden los demandantes que pudo haber hecho, las alegaciones contenidas en la contestación jurada original indudablemente hubieran sido admisibles para destruir cualquier materia nueva o de defensa que pudiera haber interpuesto la aseguradora en representación de la asegurada, incompatible en forma alguna con las ale-gaciones o defensas alegadas en la contestación jurada original. 1 Jones on Evidence (4a. ed.), pág. 513, y espe-cialmente la nota 18.

Tampoco ha tenido en este pleito la demandada asegura-dora la misma oportunidad de defenderse que hubiera tenido de haber intervenido desde su iniciación en el pleito contra la asegurada, pues si bien en el pleito que nos ocupa se pre-sentó toda la prueba relativa a la negligencia, en cambio el montante de los daños era ya cosa juzgada para la deman-dada aseguradora, pues este pleito no tiene por objeto reco-.brar los daños realmente sufridos por los demandantes sino el montante de una sentencia firme y ejecutoria. Véase la demanda de este caso, transcripción de autos página 1.

Por último, sostienen los demandantes que la asegu-radora concurrió al primer juicio por su agente Sr. Heriot y suministró todos los datos, fotografías, declaraciones juradas, etc., relacionados con el accidente, y que esta acti-tud de la demandada aseguradora cooperando con la ase-gurada en aquel pleito constituye una renuncia (waiver) a las estipulaciones de la póliza.

Esta aseveración parte de una premisa falsa. Es verdad que el Sr. Heriot compareció en el pleito seguido contra la asegurada P. R. Dairy, Inc., pero fué obedeciendo a una citación de la corte expedida a instancias de la Porto Rico Dairy, Inc., en la que se le ordenaba compareciese a declarar como testigo llevando consigo los indicados documentos. ■ Tal •conducta por parte del Sr. Heriot en manera alguna puede constituir un waiver o renuncia de los derechos de la ase-guradora estipulados • en la póliza, sobre todo después de haber expresado ella claramente por escrito su repudiación del contrato de seguro debido al incumplimiento de sus términos por parte de- la asegurada.

■ Bor las,. razones ■ expuestas, /procede, a nuestro juicio, confirmar en, todas sus. partes■ la sentencia apelada.