author: El Juez'Asociado Su. Stjlzbacher,

text:
    Polanco v. Franco.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 16.
    Resuelto en marzo 17, 1904.
    Daños y Perjuicios. — La desestimación do una demanda no es suficiente por sí sola para constituir una causa de acción en favor del demandado para recla-mar al demandante daños y perjuicios por el lícito ejercicio de una acción.
    Obligaciones — Contratos.—Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi-contratos y de los actos y omisiones ilícitas o en que intervenga culpa o negligencia.
    EXPOSICION DEL CASO.
    En el juicio seguido ante el Tribunal de Distrito de Are-cibo, entre partes, de la una, Doña Juana Polanco de la Eosa, como demandante, a la que ba representado ante esta Corte Suprema el Letrado Don José de Guzmán Benitez, y, de la otra, Don Ignacio Franco y Alonso, como demandado, bajo la representación y dirección del Letrado Don Antonio Alvarez Nava, sobre indemnización de perjuicios, cuyo juicio pende ante nos a virtud de- recurso de apelación interpuesto por Doña Juana Polanco de la Eosa, contra la sentencia dictada por el referido tribunal, que copiada literalmente dice así:

      “Sentencia número 4. En Arecibo a 31 de enero de 1903. Visto en juicio oral y público ante esta corte de distrito, el pleito declara-tivo de mayor cuantía, sobre indemnización de perjuicios, seguido' por el Letrado D. José de Guzmán Benitez, en representación de Doña Juana Polanco y de la Rosa, soltera, mayor de edad, y vecina de Manatí contra Don Ignacio Franco Alonso, comerciante, también de Manatí, y representado en autos por el Letrado D. Antonio Alvarez' Nava.
    “1. Resultando: que con fecba 16 dé junio último, el Letrado Don José de Guzmán Benitez, a voz y nombre de Doña Juana Polanco y de la Rosa, presentó, ante esta corte demanda contra- Don Ignacio Franco y Alonso,- ■ reclamándole indemnización de per juicios, • porque según exponía-la demandante, el Sr. Franco' Alonso demandó (#,) a' Doña Juana Polanco, :ante la corte -de los Estados Unidos, y él Juez' Holt, dictó una resolución-dirimiendq la-cuestión planteada por falta de excepciones, e impuso las costas al entonces demandante Franco.

      “2. Resultando: que según agregaba) la demanda de la Sra. Po-lanco, la demanda del Sr. Franco fué presentada en los momentos más críticos para Doña Juana Polanco, no sólo por el golpe .mortal que semejante petición asestaba a su crédito y buen nombre, sino también porque se veía obligada a defender sus intereses, seriamente amenazados, haciendo gastos que le era punto menos que imposible cubrir en aquellas circunstancias; que en tan angustiosa situación se vió obligada a abandonar la atención y el cultivo de sus tierras, y las plantaciones de café, y otros productos desmerecieron de tal suerte, que la maleza, los bejucos y la yerba que las cubrían y ahogaban daban a la finca el aspecto de tierras incultas, hasta tal punto que la cosecha del año pasado fué completamente perdida, y la del presente año puede considerarse lo mismo; y que esas contrariedades han oca-sionado serios perjuicios a Doña Juana Polanco, tanto por la falta de productos de la finca, como por el demérito que han sufrido y las estima en cantidad, que no baja de $1,500 y sube mucho más como se probaría oportunamente.
    “3. Resultando: que como fundamentos de derecho adujo la Sra. Polaneó los artículos 1089, 1092, 1093 y siguientés del Código Civil, relativos a la indemnización de daños y perjuicios, y además la Orden General, número 118, de 1899, en cuanto al pago de las costas del actual litigio; con los documentos que acompañó, presentó las escri-turas creditivas de sus condominios y un ejemplar, con su traducción en español, de la resolución adoptada en 27 de marzo último por la corte de los Estados Unidos, declarando sin lugar, por falta de excep-ciones o réplica, la demanda interpuesta por el Sr. Franco ante dicho tribunal e imponiéndole el pago de las costas, así como una nota" pri-vada, suscrita por D. José Eugenio Polanco, de los gastos irrogados a éste, o sea a Doña Juana Polanco, por su comparecencia ante la corte de los Estados Unidos, ascendentes a 538 (dollars) pesos, 70 centavos, oro americano, que se descomponen en 500 pesos al abogado Don José de Guzmán Benitez, según recibo acompañado también, y 38 pesos 70 centavos por viaje a San Juan.

      “é. Resultando: que conferido traslado al demandado, lo evacuó Don Ignacio Franco Alonso con la dirección del Letrado Alvarez (*) Nava, quien, entre otras cosas, expuso: que después, de presentar dicha demanda contra D. Nicanor Polanco y su hermana Doña Juana, el abogado representante de su cliente ante la Corte Federal no pre-sentó réplica y dejó aquella abandonada, lo que equivale a un, desisti-miento, y en tal virtud la corte declaró, la demanda dirimida, con-denando en las costas al demandante su^representado, lo cual no signi-fica el reconocimiento por el tribunal de la validez y eficacia d.e los contratos de referencia, ni la pérdida o renuncia, por su parte, del ejercicio de la acción que le compete para pedir la nulidad de los mismos, por ser simulados y haberse becbo en .su. perjuicio, y negó la reclamación de Doña Juana Polanco por estimarla improcedente, aduciendo como fundamentos de derecho los artículos 1089 y 1291 del Código Civil, referentes al origen y naturaleza de los contratos, los 1646 y 1656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativos a las sen-tencias de interdictos, en que expresamente se condena a parte deter-minada a pagar daños y perjuicios, y la Orden General de 20 de marzo de 1899, que habla de la simulación de contratos, y acompañó al escrito de contestación un pagaré de 1,000 pesos especiales, endo-sado a Franco Alonso, en 20 de febrero de 1898, por Manuel Correa y a su nombre por Everardo Cebollero.

      “5. Resultando: que abierto el juicio a pruéba, ambas partes pro-pusieron documental y testifical, y Doña Juana Polanco propuso, ade-más, prueba de peritos, toda la cual se declaró pertinente y fué prac-ticada, celebrándose el juicio oral con asistencia de los abogados Don José de Guzmán Benitez, a nombre de Doña Juana Polanco y D. Antonio Alvarez Nava, en representación de Don Ignacio Franco Alonso.
    ‘ ‘ 6. RestMando: que en la tramitación de este pleito se han obser-vado las formalidades legales. Siendo Ponente el Juez Presidente Don Felipe Cuchí Arnau.
    “1. Considerando: que de la prueba practicada en este juicio no aparece la existencia de perjuicios causados a Doña Juana Polanco, por el demandado Don Ignacio Franco Alonso, ni que, con motivo de la demanda que interpuso éste ante la córte de los Estados Unidos contra la citada Polanco, se hubiesen irrogado tales perjuicios ni en el crédito, ni en los bienes de la última.
    “2. Considerando: que aun en la hipótesis de que se hubiesen irrogado perjuicios a la Polanco por el simple hecho de haber sido demandada ante la corte de los Estados Unidos, en un pleito que no llegó a fallarse, pero que fué dirimido, por el desistimiento, a favor (*) de la Polanco, el demandante entonces Don Ignacio Franco Alonso, sólo vendría obligado a pagar a la Polanco las costas causadas con la demanda ante la corte de los Estados Unidos, que es a lo único que se le condenó.

      “3. Cconsiderando: que el artículo 1089 del Código Civil, según el cual las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y euasi-eon-tratos, y de los actos y omisiones ilícitas o en que intervenga cual-quier género de culpa o negligencia, demuestra evidentemente que Doña Juana Polanco no tiene acción para reclamar de Don Ignacio Franco, supuesta indemnización de perjuicios, por haber sido deman-dada'lícitamente ante la corte de los Estados Unidos sobre simula-ción dé contratos, pues lo contrario equivaldría a sostener que cada vez que el colitigante de un pleito ordinario obtuviere una resolución judicial a su favor, podría provocar un segundo pleito reclamando indemnización de perjuicios a su adversario.

      “é. Considerando: que por las razones expuestas, debe desesti-marse la demanda de Doña Juana Polanco, con las costas a su cargo.

      Visios los artículos 1089, 1090 y 1092 deb Código Civil, 371, 1646 y 1656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la regla 63 de la Orden General, No. 118, de 1899.

      “Fallamos: que debemos declarar y declaramos sin lugar la de-', manda interpuesta por Doña Juana Polanco y de la Posa, contra Don Ignacio Franco y Alonso, sobre indemnización de perjuicios, con las costas a la demandante. Así lo pronunciamos, mandamos y firma-mos: Felipe Cuchí, Otto Schoenrich, Enrique González Darder.”

      Rsultando: que notificada dicha sentencia a dicha Juana Polanco de la Rosa, interpuso contra ella recurso de apela-ción, que fue admitido, ■ ordenándose que se remitieran los autos a este tribunal, previa citación y emplazamiento de las partes por el término legal, y personadas éstas, se le dió la tramitación correspondiente, habiéndose señalado día para la vista, en la que los abogados de las respectivas partes ale-garon lo conducente a sus respectivas pretensiones.'
    Abogado del apelante: Sr. José de Guzmán Benitez.

    Abogado del apelado: -Sr. Alvarez Nava.

   El Juez'Asociado Su. Stjlzbacher,

después de exponer los hechos anteriores, emitió'la opinión del tribunal.(*)

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho.de la sentencia apelada. . .. ......

■ Vistos -las disposiciones legales que en la misma se ■ citan.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos'-la sén-: tencia que en treinta y tino de enero de mil novecientos tres dictó la Corte de Distrito de Arecibo, con las costas a cargo del apelante, y devuélvanse los autos con la certificación co-rrespondiente.

Jueces concurrentes: Sres Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández, Figureras y MacLeary.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Su. ITeRNÁNDez,

license: Public Domain

text:
    Pastor v. Luzunaris et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Huma-cao.
    No. 89.
    Resuelto en marzo 17, 1904.
    Tercería de Mejor Derecho.--i-Si de la prueba documental aportada a un juicio de tercería apareciere que el demandante carece de título en que fundar su demanda, ésta debe ser desestimada.
    Id. — Costas.—Declaradas las costas en una sentencia a favor de una parte, en un procedimiento sobre nulidad de actuaciones, y revocado ese pronuncia-miento por el Tribunai Supremo que ordenó se entendieran dichas costas sin especial condenación, la parte a cuyo favor se hiciera primeramente aquella declaración, no puede alegar la misma en concepto de crédito prefe-rente que pueda servir de título a una tercería de mejor derecho..
    Id. — Suspensión de la Vista — Indefensión.—Siendo la celebración del juicio y la de la vista, actos distintos del procedimiento, la denegación de la sus-pensión de la vista por enfermedad del letrado de una parte, no puede apare-jar indefensión si se hubiere practicado la prueba, ni puede alegarse tal indefensión cuando se hubiere dejado de practicar alguna prueba por negligencia de la misma parte que solicite la suspensión.
    EXPOSICION DEL CASO.
    En el juicio seguido en el Tribunal de Distrito de Huma-cao entre partes, de la una, D. Bamón Pastor Díaz, deman-dante, y de la otra, el Letrado D. Herminio Díaz Navarro y Doña Carolina Lnznnaris y Domínguez, demandados, sobre tercería de mejor derecho, cuyo juicio pende ante nos en (*) virtud de recurso de casación, hoy de apelación, interpuesto’ contra la sentencia recaída en el mismo, por la-parte deman-dante, la que ha representado y defendido en esta Corte Su-prema el Letrado D. Antonio Alvarez Nava, habiendo lle-vado la representación y defensa de las partes recurridas el Letrado D. Juan de Gruzmán Benitez.

      Resultando: que la expresada sentencia, copiada a la letra dice así:

      Sentencia. En la ciudad de Caguas a los 26 días del mes de mayo de 1902: Vistos los autos seguidos ante este tribunal, entre partes, de la una Don Ramón Pastor Díaz, demandante, dirigido y represen-tado por el Letrado Don Juan Hernández López, y de la otra el Le-trado Don Herminio Díaz Navarro y Doña Carolina Luzunaris Domín-guez, demandados, defendido el primero por sí propio, y la segunda, representada por el mismo Letrado Sr. Díaz Navarro, sobre tercería de mejor derecho.
    “1. Resultando: que en 20 de enero del corriente año, el Letrado Don Juan Hernández López, a nombre de Don Ramón Pastor Díaz, presentó demanda ante el tribunal contra el Letrado Don Herminio Díaz Navarro y Doña Carolina Luzunaris Domínguez, solicitando que el precio o importe de la casa que el Letrado Don Herminio Díaz Navarro le embargó a Doña Carolina Luzunaris, para el cobro de sus honorarios devengados en el pleito de divorcio que dicha señora siguió •contra su esposo Don Ramón Pastor Díaz, y la cual casa se había mandado poner en pública subasta, se mandara depositar hasta que recayera sentencia en esta tercería, y que en definitiva se declarara que su representado Don Ramón Pastor Díaz era acreedor preferente respecto del demandado Don Herminio Díaz Navarro, en la finca em-bargada por éste a Doña Carolina Luzunaris Domínguez, con los de-más pronunciamientos del caso e imposición de todas las costas a los demandados, y alegó como hechos, que el Letrado Don Herminio Díaz Navarro, a nombre de Doña Carolina Luzunaris Domínguez, •como menor de edad, asistida de su legítimo padre Don Manuel Luzu-maris, presentó demanda de divorcio ante este tribunal en 8 de agosto último contra Don Ramón Pastor Díaz, solicitando que en definitiva :se declarara con lugar el divorcio solicitado, disolviéndose el vínculo del matrimonio con los demás pronunciamientos del caso; que con-testada la demanda por la representación del Sr.(*) Díaz, propuestas las pruebas y llegada la celebración del juicio oral y público, el tribunal, de acuerdo con las pretensiones de carácter previo, deducidas en el acto del juicio por la parte demandada, dictó sentencia en 13 de noviembre último, declarando nulo todo lo actuado en dicho litigio, desde la omisión de la interTención y emplazamiento del Ministerio Fiscal, en su principio, con las costas de todo lo actuado a la parte demandante, reponiendo las cosas a su primitivo estado por si la parte actora usa de su derecho, con arreglo a procedimiento ■ que después de dictada esa sentencia y condena de costas contra la parte actora, el Letrado de ella Don Herminio Díaz Navarro presentó cuenta de sus honorarios devengados ascendentes a la suma de $2,000, para que fuese requerida a su pago su representada Doña Carolina Luzunaris Domín-guez apercibida de apremio si no lo verificaba; que no habiendo pagado Doña Carolina Luzunaris Domínguez a instancia de dicho letrado, se le embargó una casa sita en la Villa de G-uayama, calle Nueva, decretándose la venta en subasta pública, cuya subasta tendría lugar el 21 de enero del corriente año, habiéndose conferido comisión para celebrar dicha subasta al juzgado municipal de Guayama; que al mismo tiempo que esto se hacía, la representación de la parte actora, interpuso recurso de casación contra dicha sentencia, que fué admi-tido, elevándose los autos al Tribunal Supremo, en donde se encuen-tran pendientes de la tramitación del recurso; y que su representado es, pues, acreedor por costas de Doña Carolina Luzunaris Domínguez a virtud de la citada sentencia de esta corte de distrito.

      “2. Resultando: que conferido traslado de la demanda al Letrado Don Herminio Díaz Navarro y a Doña Carolina Luzunaris Domín-guez, contestaron la demanda solicitando se declarase sin lugar con costas al tercerista, exponiendo como hechos que iniciado por la Sra. Luzunaris juicio de divorcio contra su esposo el Sr. Pastor Díaz, pre-sentó éste al comenzar la celebración del juicio oral un incidente pre-vio de nulidad de actuaciones fundado en la falta de intervención en el litigio del Señor Fiscal; que ese incidente se declaró con lugar en sentencia de 13 de noviembre de 1901, condenándose en costas a la Sra. Luzunaris y por no estimar pertinente esa condena de costas, interpuso recurso de casación contra dicha sentencia, no habiéndose aun visto y por lo tanto resuelto dicho resurso; que antes de interponer ese recurso formuló en el mencionado juicio de divorcio reclamación contra Doña Carolina Luzunaris por 2,000 pesos de honorarios deven-gados en dicho (*) juicio, pidiendo que se le requiriese al pago en el término que se le señalase y que de no verificarlo se le embargasen bienes en cantidad bastante a cubrir aquella suma, dándole comisión bastante al juez municipal de Guayama para la práctica de aquellas diligencias, llevando el apremio hasta su terminación; que a esa peti-ción recayó providencia accediendo a su solicitud; que esa providen-cia fué notificada al representante legal del Sr. Pastor Díaz en el mencionado juicio de divorcio, habiéndola consentido y librado el oportuno mandamiento al señor juez municipal para su cumplimiento se requirió de pago sin éxito a la Sra. Luzunaris, que está judicial-mente depositada en la casa de su señora madre’ y fuera por tanto de la autoridad marital, embargándosele los bienes siguientes: una cama de matrimonio con su colchoneta y colchón de alambre, un juego de muebles para la sala con dos consolas de espejo, doce sillas, cuatro sillones, dos butacas y una mesa de sala con su mármol, un ropero de cedro, un tocador de bejuco negro, una cama de hierro de una plaza con su colchón de alambre, una mesa de cedro pequeña y una casa terrera de madera, techada de zinc, radicada en la calle Nueva de Quayama, colindante por la derecha entrando, con la calle de San Fernando, por la izquierda, con solar del Sr. Rodríguez La-fuente y por el fondo con casa de Don Juan Ignacio Capó, cuya casa fue adquirida por la Sra. Luzunaris antes de contraer matrimonio, o sea el 28 de julio de 1898, por compra a Don Celestino Domínguez en escritura otorgada ante el Notario Don José Mariano Capó; que ese embargo en cuanto a le referida casa, fué anotado preventivamente en el registro de la propiedad del partido al folio 137 vuelto del tomo 18 de Quayama. Tasáronse pericialmente con las formalidades que la ley prescribe, los bienes muebles en $245 y el inmueble en $1,700 que se señaló para el remate de los muebles el 20 de diciembre de 1901 y para el del inmueble el 21 de enero de 1902; que celebrada la subasta de los muebles no hubo postor y a petición del Letrado Sr. Díaz Navarro se adjudicaron al mismo .en parcial pago de su crédito por las dos terceras partes de su valoración o sea por $173.32 en auto de 10 de ene-ro de 1902; que el día y a la hora señalada para la celebración del re-mate del inmueble no hubo postor alguno y en el mismo acto compa-reció Don Francisco Bruno, apoderado del Sr. Díaz Navarro y ofreció a nombre de éste por la casa y todas sus dependencias las (*) dos terceras partes de su valoración o sean $1,133.33, por cuya suma, no. habiéndose mejorado ni presentado protesta alguna, se le adjudicó al Sr. Díaz Navarro el inmueble en pago a cuenta de su crédito y costas en providencia del 221 de enero de 1902; que a petición del Sr. Díaz Navarro, se mandó otorgar a favor del mismo, escritura a la. Sra. Luzunaris, y con autorización bastante del Tribunal de Distrito, de Iíumaeao, le otorgó dicha señora el 23 de enero de 1902 ante el Notario de Quayama Don José Mariano Capó, habiéndose inscrito en el registro de la propiedad al folio -138 del tomo 18 de Quayama, finca. número 950; que verificado el otorgamiento de esa escritura y ya inscrita en el registro de la propiedad por virtud de carta orden librada por el Tribunal de Distrito de Humacao con ocasión de la interposición de la tercería a qne contesta, .se requirió el 24 de enero de 1902 a Don Francisco Bruno como apoderado del Sr. Díaz Navarro para que consignase el precio de la casa rematada, contestando éste al requerimiento que en el acto de la subasta en virtud del derecho concedido por el artículo 1440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil había hecho a nombre del Sr. Díaz Navarro, proposiciones adjudi-cándose el inmueble a cuenta de principal y costas porque ejecutaba, de conformidad con lo prevenido en el artículo 1502 de la ley citada, siéndole por ello imposible consignar el precio de la subasta.
    “3. Resultando: que a instancia de las partes se abrió el juicio a prueba, no practicando el actor la que articuló aportando los de-mandados copia certificada del acta de matrimonio canónico celebrado el 7 de noviembre de 1898 entre Don Ramón Pastor Díaz Molinari y Doña Carolina Luzunaris Domínguez; copia del escrito que en 17 de noviembre de 1901 presentó el Letrado D. Herminio Díaz Navarro en el pleito que sobre divorcio sigue a nombre de Doña Carolina Luzunaris contra su esposo Don Ramón Pastor Díaz, interesando que el tribunal mandara requerir a Doña Carolina Luzunaris para que en el término de tres días le satisficiese la suma de $2,000 de hono-rarios devengados en el citado pleito, apercibida de apremio -y a la vez solicitaba que se diera comisión al Juez Municipal de Guayama para llevar a cabo hasta su terminación el apremio, embargando bienes, librando mandamientos al registrador de la propiedad que corresponda para la anotación de lo embargado si fuese inmueble y procediendo a su avalúo, venta en pública subasta, aprobación de remate, adjudicación (*) y demás que proceda hasta hacerle pago de la cantidad reclamada; copia de la providencia dictada por este tribunal el 23 de noviembre de 1901, accediendo al requerimiento de pago y a lo demás pedido por el susodicho Letrado Díaz Navarro en el escrito de fecha 17 del mismo mes y año; copia de la diligencia creditiva de haberse librado la carta-orden comisionando al Juez Municipal de Guayama para practicar el requerimiento de pago y el apremio contra la Sra. Luzunaris Domínguez; copia del requerimiento de pago efectuado el 25 de noviembre último a la Sra. Luzunaris, con la manifestación de ésta de ser cierta la deuda que le reclamaba su abogado defensor, el Sr. Díaz Navarro, y la de carecer de metálico para hacerla efectiva; copia de la .diligencia de embargo, efectuada el día 29 del citado noviembre, de la que consta que fueron embar-gados a la Sra. Luzunaris algunos bienes muebles y una casa terrera de madera, techada de zinc, radicada en la calle Nueva, de la Villa de Guayama, colindante por su derecha entrando con la calle de San Fernando, por la izquierda, con solar de la Sucesión Rodríguez La-fuente, y por el fondo, con casa de Don Juan Ignacio Capó; copia de la tasación de los bienes embargados de la que aparece que los muebles se valuaron en la cantidad de $245, y el inmueble en 1,700 pesos; copia del acta de remate de los bienes muebles verificado, sin que se presentare postor, el 21 de noviembre del año próximo pasado; copia del auto dictado en 10 de enero del corriente año por el Juez Municipal de Guayama adjudicando al Letrado Don Herminio Díaz Navarro en virtud de haberlo éste solicitado, en pago a cuenta de lo que se le adeuda, los bienes muebles embargados a Doña Carolina Luzunaris por las dos terceras partes del avalúo; copia del acta del remate de la casa embargada a dicha Sra. Luzunaris verificado el 21 de enero del presente año, por la cual, no habiéndose presentado ningún postor, pidió Don Francisco' Bruno, como apoderado del Ledo. Díaz Navarro, que se adjudicara a su principal la referida casa por las dos terceras partes de su tasación, o sea por la cantidad de $1,133.33; copia del auto dictado el 22 del mismo mes de enero, dictado por el Juez Municipal de Guayama Don Guillermo Alvarez, refrendado por su Secretario Don Benigno Capó, por el cual se ad-judicó al Letrado Don Herminio Díaz Navarro la casa rematada, a cuenta de principal y costas, por las dos terceras partes del justiprecio de la misma; copia del escrito formulado por el Ledo (*) Díaz Navarro en el pleito de divorcio que sigue a nombre de Doña Carolina Luzunaris contra su esposo Don Ramón Pastor Díaz, presentado al Tribunal de Distrito de Humaeao, interponiendo' recurso de casación por infracción de ley contra la sentencia por este Tribunal pronun-ciada en el incidente previo de nulidad de actuaciones promovido por la representación de Don Ramón Pastor Díaz; copia del escrito del Ledo. Díaz Navarro formulando ante el Supremo el recurso de casación anunciado, recurriendo de la sentencia solamente en cuanto a la con-dena de costas impuestas en totalidad a su parte; certificación de no haberse presentado en el referido pleito de divorcio por los Letrados Don Juan Hernández López y Don Rafael López Landrón minuta alguna de honorarios; de que en dichos autos no figura tasación de costas, y de que no consta que contra el provisto recaído al escrito sobre reclamación de honorarios se haya interpuesto recurso alguno, ni tampoco consta que se haya interpuesto tercería de mejor derecho por la representación del Sr. Pastor, y por último, certificación de haber sido declarado con lugar, con fecha 17 de mayo actual el recurso de casación por infracción de ley que en tiempo y forma interpuso la representación de Doña Carolina Luzunaris.
    “4. Resultando: que señalado el día 16 del mes en curso y hora de las 3 de la tarde para el juicio oral de este pleito, el mismo día presentó escrito el Letrado Don Manuel León a nombre de Don Ramón Pastor Díaz, pidiendo por encargo de su compañero Don Juan Her-nández López, la suspensión de la vista, por encontrarse enfermo dicho Letrado Sr. Hernández López, presentando para justificar dicha enfermedad, certificación expedida el día anterior en San Juan de Puerto Rico por el Doctor Don E. Saldaña, expresando que el Señor Hernández López se hallaba padeciendo de una colitis aguda, afec-ción que le impedía emprender viaje fuera de la capital, y por el Le-trado Don Herminio Díaz se presentó otro escrito solicitando que el tribunal declarara no haber lugar a la suspensión por haberla pedido fuera de tiempo.
    “5. Resultando: que estimándose fuera de tiempo la suspensión pedida por la representación de Don Ramón Pastor Díaz, por no haberse alegado la enfermedad dentro del término que determina el artículo 322 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su apartado 6°., se llevó a cabo la vista del pleito, con la asistencia sola del Letrado Don Herminio Díaz Navarro, quien solicitó en su informe que se de-clarase (*) sin lugar la demanda, con imposición de las costas al ter-cerista.
    ‘16. Resultando: que en la tramitación de este pleito se han obser-vado las prescripciones legales. Siendo ponente el Juez Don José Ramón Aponte en sustitución del Juez Don Juan N. Kearney.
    “1. Considerando: que si bien Doña Carolina Luzunaris fué con-denada en costas en' el incidente de nulidad establecido en el pleito que contra su esposo Don Ramón Pastor Díaz, siguió sobre divorcio, esa sentencia se encuentra en el Tribunal Supremo pendiente del re-curso de casación que contra ella estableciera, e ínterin no se declare sin lugar dicho recurso, se llenen las demás formalidades que esta-blece el Título II del Libro Primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y acredite el referido Pastor Díaz haber satisfecho las costas de su letrado defensor Sr. Hernández López, carece de acción contra la demandada para reclamarle cantidad alguna y' en este sentido no puede alegar preferencia al pago de un crédito completamente ilusorio.

      “2. Considerando: que por tales circunstancias, no baber aportado prueba alguna al procedimiento, ni asistido tampoco al acto de juicio, justificadas las excepciones de los demandados, debe declararse sin lugar la demanda y condenar al actor al pago de las costas por su manifiesta temeridad.

      “Vistos los artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuicia-miento Civil de pertinente aplicación.

      “Fallamos: que declarando sin lugar la demanda de tercería inter-puesta por Don Ramón Pastor Díaz, debemos absolver y absolvemos a los demandados Don Herminio Díaz Navarro y Doña Carolina Luzu-naris Domínguez, con las costas al actor. Así definitivamente juz-gando, -lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Salvador Fulladosa, Ulpiano Valdés, José R. Aponte.”

      Resultando: que contra esa sentencia interpuso la repre-sentación de Don Bamón Pastor Díaz recurso de casación por. quebrantamiento de forma y por infracción de ley, que le fue admitido; y elevados los autos a esta Corte Suprema, previa Citación y emplazamiento de las partes, se tramitó dicho re-curso como de apelación, a virtud de lo dispuesto por la ley de 12 de marzo del año próximo pasado, transformando el (*) Tribunal Supremo de Casación, en Corte Suprema de Apela-lación, habiendo evacuado las partes el trámite de instruc-ción, y señalándose día para la vista, que tuvo lugar con asis-tencia del letrado de la parte recurrente.
    Abogado del apelante: Sr. Alvarez Nava.

    Abogado de los apelados: 8r. Juan de Guzmán Benitez.

   El Juez Asociado Su. ITeRNÁNDez,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho de la sentencia aje-lada.

Resultando: que Don Bamón Pastor Díaz articuló opor-tunamente prueba documental, para cuya práctica se libró el correspondiente suplicatorio a esta Corte Suprema, sin que aparezca devuelto diligenciado al Tribunal de Huma-cao, habiendo solicitado, además, que fueran citados los de-mandados, Doña Carolina Luzunaris y D. Herminio Díaz Navarro, para que comparecieran a prestar declaración o con-fesión en el acto del juicio oral, bajo juramento indecisorio a tenor de las preguntas que serían formuladas oportunamente, citación que fué acordada por providencia de 6 de mayo de 1902, en que se señaló el día diez y seis del propio mes para la vista del juicio, librándose las correspondientes órdenes para dicha citación, sin que tales órdenes aparezcan cumpli-mentadas en autos.

Resultando: que por auto para mejor proveer, dispuso esta Corte se trajera copia de la resolución o.resoluciones de-finitivas recaídas al recurso de casación por infracción de ley contra la sentencia que dictó el Tribunal de Humacao, de 13 de noviembre de 1901, en el incidente sobre nulidad de actna-ciones al juicio de divorcio seguido por Doña Carolina Luzu-naris contra Don Ramón Pastor Díaz, y de esa certificación aparece que por sentencia de 22 de mayo de 1902, fué casada, en cuanto a las costas, la sentencia que dictó la Corte de Humacao en 13 de noviembre de 1901, ordenándose que todas las costas se entendieran sin especial condenación. (*)

Consider mido: que si bien Doña Carolina Luzunaris fué condenada al pago de las costas en la sentencia que dictó el Tribunal de Distrito de, Humacao, en 13 de noviembre de 1901, deelarándo con lugar el incidente de nulidad de actua-ciones promovido por Don Ramón Pastor Díaz, en juicio de divorcio que aquélla iniciara contra éste, tal sentencia fué casada por esta Corte Suprema, en la parte relativa a las costas, las que ordenó se entendieran en la forma ordinaria, o sin especial condena, y por tanto, no ba tenido fuerza ejecu-toria' respecto a ese extremo; careciendo, en su consecuencia, Pastor Díaz de título que justifique ser acreedor de Doña Carolina Luzunaris, en el concepto expresado, y que pueda servir de base para discutir si tiene derecho o nó a cobrar semejante acreencia del producto de los bienes de Doña Carolina Luzunaris, con preferencia a los honorarios que como defensor de dicha señora, devengara el Letrado Don Her-minio Díaz Navarro.

Considerando: que aunque el No. 6o. del artículo 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no era aplicable al denegar el Tribunal de Humacao la suspensión del juicio solicitada por la parte de Don Eamón Pastor Díaz, pues son cosas dis-tintas la celebración de un juicio, en que se practican pruebas,, y el acto de la vista, que se limita al informe de los letrados-ele las partes, la denegación de aquella suspensión en el caso de autos, sin que asistiera al acto la representación del de-mandante, no apareja indefensión para éste, pues todas las pruebas de los demandados habían sido practicadas con su citación, y si bien Pastor Díaz propuso pruebas documental y de confesión, la printer a dejó de practicarse por su culpa, por no haber devuelto diligenciado el suplicatorio dirigido para ese efecto a esta Corte Suprema, y respecto de las posi-ciones que debían absolver los demandados, como no fueron articuladas por escrito, no cabe afirmar si eran o no per-tinentes, y si la omisión de tal prueba podía o no producir indefensión, aparte de que cualquiera que hubiera sido su resultado,(*) nunca hubiera destruido la prueba documental obrante en autos, demostrativa de que el demandante carece de título que sirva de base a su demanda de tercería de mejor derecho.

Considerando: que según la Begla 63 de la Orden G-eneral, No. 118, serie de 1899, las costas se impondrán siempre a la parte cuyas pretensiones se hubiesen totalmente desestimado.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao en 26 de mayo de 1902, por la que se absuelve de la demanda a Don Herminio Díaz Navarro y Doña Carolina Luzunaris y Domínguez, con las costas al actor, a quien condenamos también en las costas del recurso; y devuélvanse los autos al referido tribunal con la certificación correspondiente.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Figueras, Sulzbacber y MacLeary.


author: El Juez PresidbNte Se. QuiñoNES,

text:
    Ex parte Berlanga.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 99.
    Resuelto en marzo 18, 1904.
    Doaunio — Título Escrito o Inscribible. — Aunque el artículo 395 de la Ley Hipotecaria sólo autoriza el expediente de dominio para los propietarios que carecieren de títulos de dominio escrito, esto debe entenderse de los que carezcan de títulos de dominio inscribible en el registro de la propiedad.
    Id.' — Documentos Privados. — Los propietarios que sólo pudieren presentar tí-tulos de dominio constantes en documentos privados, que no son suscep-tibles de ser inscritos en ninguna forma en el registro, por no reunir las condiciones legales, están virtualmente comprendidos en las disposiciones del artículo 395 de la Ley Hipotecaria y pueden inscribir sus bienes mediante la información que dicho artículo establece.
    Id. — Posesión para Adquirir el Dominio. — La posesión del proniovente por un período de dos años, sin que conste el tiempo de posesión, ni el título de su (*) causante, no es suficiente para adquirir por prescripción el dominio de los inmuebles.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los autos seguidos en el Tribunal del Distrito de Huma-cao a instancia de Don Rafael Berlanga y Hostos sobre acre-ditar el dominio de una finca rústica, pendientes ante nos a virtud del recurso de apelación, interpuesto por la repre-sentación del promovente, contra la sentencia dictada por el referido Tribunal de Distrito, que copiada a la letra dice así:

      “Sentencia. En la ciudad de Humacao a 25 de agosto de 1903, visto este expediente promovido por Don Rafael Berlanga Hostos, mayor de edad, casado y de esta vecindad, sobre declaratoria de domi-nio de varias fincas rústicas.
    “1. Resultando: que en 5 de enero último el Licenciado Don Juan F. Vías, en representación de Don Rafael Berlanga Hostos, presentó escrito a este tribunal solicitando que se declare a favor de su repre-sentado el dominio de una finca rústica sita en el barrió de Río Abajo de este término municipal, compuesta de 14 cuerdas de terreno llano, dedicadas a la siembra de palmas de coco y otros frutos menores, en colindancia por el Norte, con tierras de Don Juan José Sánchez, por el Sud, con terrenos del propio compareciente Sr. Berlanga, por el Este, con la zona marítima y por el Oeste, con terrenos de Don Juan Bertrán, cuya finca la adquirió por compra que de ella hizo a Doña Pilar Torres y Díaz, quien a su vez la adquirió por herencia de su padre, efectuándose el ameritado contrato de compraventa mediante documento privado que fué suscrito y autorizado el día 31 de diciem-bre último por ante el Notario Sr. Vías, y para justificar los hechos expuestos, presentó el referido documento privado, proponiendo que los testigos Don Augustin Pastrana y Don Juan José Sánchez, que aparecen firmando el documento, declaren a tenor de los mismos, de-biendo reconocer, a la presencia judicial, sus respectivas firmas.

      “2. Resultando: que por providencia de 5 de enero último se dió traslado de dicho escrito al Ministerio Fiscal, se mandó citar a Doña Pilar Torres y a los propietarios colindantes, se declararon pertinen-tes las pruebas propuestas y se ordenó convocar por medio de edic-tos, que se fijarían en los parajes públicos de esta ciudad, y se (*) in-sertarían en el periódico The Puerto Rico Sun, a las personas ignora-das a quienes pudiera perjudicar la inscripción de la finca, para que dentro de 60 días naturales comparecieran a alegar su derecho.
    “3. Resultando: que fueron citados los colindantes y la anterior dueña y declararon los testigos Don Augustin Pastrana y Don Juan José Sánchez, manifestando que les constaba que Don Rafael Ber-langa TIostos es dueño en pleno dominio de la finca referida, la cual adquirió por compra hecha a Doña Pilar Torres, mediante documento privado otorgado el 30 de diciembre del año pasado, reconociendo como .suyas las firmas puestas al pie del mismo, con sus nombres y apellidos
    “4. Resultando: que en el periódico La Democracia fueron publi-cados los edictos, y pasado este expediente al Ministerio Fiscal se opuso a su aprobación porque no existe en los autos certificación alguna del Tesorero de Puerto Rico, creditiva de que el promovente satis-faga la contribución del inmueble o de que el anterior dueño la satis-facía.

      “5. Resultando: que en la tramitación de este expediente se han ■observado las prescripciones legales. Siendo ponente el Sr. Juez Aso-ciado Don Charles E. Foote.

      “1. Considerando: que el artículo 395 de la Ley Hipotecaria esta-blece el expediente de dominio, no para los que no tengan título escrito bastante a los efectos del registro de la propiedad, como el que presenta el promovente, sino para los que carezcan de título escrito.

      “Fallamos: declarando no baber lugar a aprobar este expediente con la declaración de dominio solicitada. Así por esta nuestra sen-tencia definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firma-mos: Salvador Fulladosa, Ramón Quiñones, Charles E. Foote.”

      Resultando: que contra esta sentencia interpuso apelación la representación del promovente, y admitido el recurso libre-mente, y en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Supe-rioridad, con citación y emplazamiento de las partes, y que personado el apelante, y sustanciado en forma el recurso, se (*) señaló día para,la vista, con citación de las partes, a cuyo acto sólo asistió el Señor Fiscal de este Tribunal Supremo, que impugnó el recurso.
    Abogado del apelante: Sr. Vías.

    Abogado del Pueblo: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez PresidbNte Se. QuiñoNES,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho de la sentencia ape-lada.

Considerando: que si bien el artículo 395 de la Ley Hipo-tecaria de esta Isla sólo autoriza el expediente de dominio para los propietarios que carecieren de -título de dominio escrito, esto debe entenderse de los propietarios que carezcan de títulos de dominio inscribibles en el registro de la pro-piedad; y encontrándose en este caso los propietarios que sólo puedan presentar títulos de dominio constantes en docu-mentos privados que no son susceptibles de ser inscritos en ninguna forma en el registro, por no reunir las condiciones que para ello exige el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, es evidente que esos propietarios están virtualmente compren-didos en el artículo 395 de la citada ley, y debe permitírseles inscribir sns bienes mediante la información judicial que el mismo artículo establece.

Considerando: que esto no obstante, en el presente caso no es posible acceder a la declaratoria de dominio solicitada por el promovente Don Rafael Berlanga y Hostos, por no haberlo acreditado en ninguna forma, toda vez que sólo acre-dita estar en posesión de los terrenos que reclama como de su propiedad hace el espacio de dos años, que no es tiempo suficiente para adquirir por prescripción el dominio de los bienes inmuebles, y que tampoco ha acreditado en ninguna forma el tiempo de posesión que llevara su causante, ni ei título en virtud del cual lo hubiera adquirido a su vez de sus predecesores. (*)

Vistos los artículos citados de la Ley Hipotecaria y los del nuevo Código Civil aplicables al caso.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia apelada, en cuanto por ella se declara no haber lugar a aprobar este expediente con la declaración de dominio soli-citada, con las costas de esta segunda instancia a cargo del apelante.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Pigueras y Mac-Leary.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la vista de este caso.


author: El Jtjez Presidente Su. Quiñones,

text:
    Ayuntamiento de Manatí v. La Administración de Puerto Rico.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 10.
    Resuelto en marzo 18, 1904.
    Demanda Contencioso-Administrativa — Término para Establecerla. — El tér-mino para formalizar la demanda eontencioso-administrativa no puede exceder de treinta días y si no se formalizare dentro de ese término deberá declararse de oficio caducado el recurso.

      EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En el resurso contencioso-administrativo que ante nos pende en grado de apelación, entre la Administración General, representada por el Hon. Assistant Attorney General, Eon Emilio del Toro y el Ayuntamiento de Manatí, represen-tado por el Letrado Eon Juan E. Eamos, sobre revocación •del auto dictado por el Tribunal de Distrito de San Juan en veintiséis de junio de 1903, y recaído en pleito seguido por dicho ayuntamiento contra resolución del Tesorero de Puerto Eico, sobre revocación de una multa impuesta a Don Wen-ceslao Borda, por omisión de matrículas de ganado, cuyo auto copiado literalmente dice así: (*)
    “Puerto Rico, 26 de junio de 1903. Dada cuenta con estos autos contencioso-administrativos promovidos por el Ayuntamiento de Ma-natí contra resolución del Honorable Tesorero de Puerto Rico.

      “Resultando: que interpuesto el recurso en tiempo y forma por el Ledo. Don Juan Ramón Ramos, a nombre del expresado Ayunta-miento, en provisto de 30 de agosto de 1902, se dispuso reclamar el expediente administrativo, como se verificó el 10 de septiembre si-guiente.

      “Resultando: que remitidos a este tribunal, desde el 11 del propio mes, los expresados antecedentes, por el Honorable Attorney General, a quien, en la propia fecha, los remitiera el Tesorero, quedaron sin curso en la Secretaría, hasta que en 19 de marzo último, habiéndolos encontrado en ese estado, el nuevo Secretario que suscribe, dió cuenta con ellos al tribunal, que en provisto de 20 del mismo mes, mandó ponerlos de manifiesto al actor, por término de 20 días, para que for-malizase su demanda.

      “Resultando: que cumplida esa providencia el 27 del expresado mes de marzo, solicitó en seguida el Ledo. Ramos la traducción de los •escritos y constancias que aparecían redactados en el idioma inglés, la suspensión del término para formular su demanda y la entrega de los autos con ese objeto; a cuya solicitud recayó el provisto del propio día 27, accediendo a la traducción pedida, ordenando al intér-prete la verificase dentro de cuatro días y disponiendo que el término para formalizar la demanda principiara a correr luego que el intér-prete hubiere efectuado la traducción.

      “Resultando: que terminada ésta en 31 de marzo, dada cuenta con ella al tribunal en 6 de abril próximo pasado, y ordenado en pro-videncia del 7, se cumpliera la del 27 de marzo, en la parte que aun estaba pendiente, lo que se verificó el 13 de abril, poniendo de nuevo los autos de manifiesto al Licenciado Ramos, en 22 del propio mes, solicitó se le ampliase el término por todo el de la ley, y que se le entregasen los autos para formular la demanda, a cuya solicitud se accedió el día siguiente 22, prorrogándole el término a 10 días más, mandando entregarle los autos bajo resguardo, y encargando a la Secretaría recogerlos y dar cuenta al vencimiento del mencionado plazo.

      “Resultando: que hasta el 15 del corriente no se ha presentado (*) por el Licenciado Ramos el escrito que precede, formalizando la de-manda, aunque lleva la fecha del 15 de mayo. Yisto el artículo 40 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, y

      “Considerando: que el término para formalizar la demanda no puede exceder en ningún caso, de 30 días, y que si no se formalizare dentro de ese término, debe declararse de oficio caducado el recurso, según la terminante disposición del citado artículo 40.

      “Considerando: que habiendo disfrutado el Licenciado Ramos de todo ese término para formalizar su recurso, a contar desde el 13 de abril, en que de nuevo se le pusieron de manifiesto los autos, con la traducción, había transcurrido con exceso el 15 de corriente, cuando hizo la presentación de aquél. Se declara caducado el mencionado recurso y hecha saber esta resolución a las partes, devuélvase al Honorable Attorney General el expediente administrativo que remitió, con copia certificada de este auto. Así lo acordaron y firman los señores del tribunal. Certifico: Juan Morera Martínez, Frank H. Richmond, José Tous Soto, Luis Méndez Yaz.”

      Resultando: que notificado este auto a la representación del Ayuntamiento de Manatí, estableció recurso de reforma, interponiendo asimismo apelación, para el caso de entender el tribunal que no procedía el recurso de reposición o reforma solicitado, cuya Corte de Distrito, por provisto de diez y siete de julio siguiente, bajo el fundamento de que el auto recu-rrido era definitivo, por cuanto ponía término al pleito, impo-sibilitando su continuación, siendo por tanto apelable, y no reformable, por el tribunal que lo dictó, admitió el recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, y elevadas las actnaciones originales, previa citación y emplazamiento de las partes, compareció ante este tribunal la representa-ción del Ayuntamiento de Manatí, teniéndole por personado; y redactada la correspondiente nota, que se puso de mani-fiesto a las partes, con las actnaciones y el expediente guber-nativo, sin que hicieran alegación alguna, se señaló día para la vista, la que tuvo lugar el diez y seis de los corrientes, con (*) informe oral de la parte apelante y del Fiscal de esta Corte Suprema.
    Abogado del apelante: Sr. Juan B. Ramos.

    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Jtjez Presidente Su. Quiñones,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la resolución apelada.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos el auto dictado por el Tribunal de Distrito de San Juan, en veinte y seis de Junio de mil novecientos tres, con fias costas al re-currente.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueroa, Sulz-bacher y MacLeary.


author: El Jtjez Pbesidente Sb. Quiñones,

text:
    Ex parte Sojo.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 92.
    Resuelto en marzo 20, 1904.
    Dominio — Escrito Inicial Promoviendo la Información. — Aunque en el es-crito inicial de una información de dominio debe expresarse si el promo-vente carece o nó de título de dominio escrito, esto no obstante, admitido el escrito sin ese requisito, y sin objeción alguna del .tribunal' o del Fiscal, no procede, después de corridos todos los trámites legales, denegar la aproba-ción de la. información por la falta de dicho requisito, cuya subsanación ha debido decretar el tribunal oportunamente.' '. . . ■ . ....

      Id. — Posesión para Adqüdrii¿ el Dominio. — La posesión quieta y pacífica y sin interrupción, por un período mayor de veinte años, con buena fe y justo título, es suficiente para acreditar el dominio de los inmuebles a los efectos de su inscripción en el registro de la propiedad.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los autos seguidos en el Tritranal de Distrito de San Jnan por Don Mariano Pesquera, en representación de su esposa Doña María Ana Sojo y del Valle, sobre declarato-ria (*) de dominio de un solar radicado en el sitio de Mini-llas, del barrio de Santurce, de esta capital, pendientes ante nos a virtud de apelación establecida por el promovente contra la sentencia dictada por el referido Tribunal de Distrito, y que copiada a la letra dice así:
    “San Juan, P. R., junio 15 de 1903.

      “Resultando: que Don Mariano Pesquera, a nombre de su con-sorte Doña María Ana So jo, instó ante este tribunal expediente para justificar el dominio de un solar radicado en el barrio de Santurce, ■de San Juan, sitio denominado ‘Minillas,’ con una extensión de 821 metros 70 centímetros cuadrados, cuya finca adquirió por compra a Don José María Rosario, valiendo $500, sin expresar si carece o no de título escrito de dominio.

      “Resultando: que sustanciado este expediente, con citación del Piseal, se fian guardado en él las formalidades legales.

      “Considerando: que no pudiendo .acudir al medio supletorio que la Ley Hipotecaria concede para justificar el dominio, sino los propie-tarios que carecieren de título de dominio escrito, es menester demos-trar, a lo menos, alegar, esta circunstancia esencialísima para el éxito del expediente.

      “Visto el artículo 395 de la Ley Hipotecaria.
    “No fia lugar a declarar el dominio interesado.
    “Lo acordó y firma el tribunal. Certifico: Juan.Morera Martínez, Prank H. Ricbmond, José Tous Soto, Luis Méndez Vaz.”

      Resultando: que contra esta sentencia interpuso apela-ción Don Mariano Pesquera, que le fue admitida libremente y en ambos efectos, y elevados los autos a esta Superioridad, con citación y emplazamiento de las partes, y personada la apelante, se le dio al recurso la tramitación correspondiente, señalándose día para la vista, a cuyo acto asistieron el abo-gado defensor de la parte apelante y el Fiscal del Tribunal, que impugnó el recurso.
    Abogado del apelante: Sr. Cruz Castro.

    Abogado del Pueblo: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Jtjez Pbesidente Sb. Quiñones,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal. (*)

Aceptando los fundamentos de hecho de la sentencia ape-lada.

Resultando: además, que admitido el informativo pro-puesto con las citaciones que ordena la Ley, inclusa la del Fiscal del Distrito, declararon tres testigos, mayores de edad, propietarios y vecinos de la-localidad, que efectivamente les constaba y era cierto que Doña María Ana Sojo y del Valle había adquirido por compra a José María Rosario el solar, cuyo dominio se interesaba, el veinte y seis de julio de 1901, desde cuya fecha lo venía poseyendo quieta y pacíficamente y sin interrupción, y que del mismo modo era cierto que el' anterior dueño del solar, José María Rosario, lo había poseído con las mismas condiciones, por espacio de más de veinte años y lo había adquirido por herencia de su madre, Juana María Rosario.

Considerando: que si bien en el escrito inicial de las infor-maciones de esta clase, debe expresarse si el promovente ca-rece o no de título de dominio escrito, como condición' que requiere el artículo 395 de la Ley Hipotecaria, para que la parte promovente pueda acreditar en su caso, su derecho de dominio, en la forma que el mismo artículo establece; esto no obstante, habiendo sido admitido el escrito promoviendo el presente informativo sin aquel requisito y sin reparo al-guno, ni por parte del Tribunal, que pudo y debió en todo caso, rechazarlo de plano, ni por el Fiscal del Distrito, que fué citado a su debido tiempo, para la práctica de las pruebas, no procede hoy, sin gran perjuicio para la parte promovente, denegarse la aprobación de la información propuesta, des-pués de corridos todos los trámites legales del expediente, por la falta de un requisito cuya subsanación pudo el tribunal decretar oportunamente.

Considerando: por otra parte, que habiendo acreditado el promovente por declaraciones de tres testigos contestes, ma-yores de edad, propietarios y vecinos del lugar, que entre la actual poseedora Doña María Ana Sojo y. su causante, José (#) María Bosario, han poseído, el solar de que se trata, quieta y pacíficamente y sin interrupción por un espacio de tiempo mayor de veinte años, con buena fe y justos títulos, existe una prueba suficiente para dictar la declaratoria de dominio que interesa la parte promovente, a los efectos de su inscripción en el registro de la propiedad.

Vistos el artículo citado de la Ley Hipotecaria de esta Isla, la Orden Judicial de 4 de abril-de 1899 y los demás artí-culos aplicables del vigente Código Civil.

Fallamos: que debemos revocar y revocamos la sentencia apelada, declarando que corresponde a Doña María Ana Soje y del Valle el dominio del solar reseñado en el escrito de pro-moción de este informativo; disponiéndose, en su consecuen-cia, se le expida copia certificada de la presente resolución y de las demás constancias de los autos que pidiere para su inscripción en el registro de la propiedad.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras y Mac-Leary.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Pbesidestte Se. Quiñones,

text:
    Tibot v. El Registrador de la Propiedad.
    Recluso gobernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de San Joan.
    No. 1.
    Resuelto en marzo 20, 1904.
    Inscripciones — Traslado de los Antiguos a los Modernos Libros del Regis-tro. — Las solicitudes de traslado de inscripciones, de los antiguos a los modernos libros del registro, presentadas por mandatarios verbales, de-bían ser ratificadas por los interesados dentro del año concedido para las traslaciones, y vencido ese término, no puede llevarse a efecto la ratificación que se interese.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.

      Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por el (*) abogado Don Cruz Castro, a nombre de Don José Ra-món Tibot, contra negativa del registrador de la propiedad de esta capital a extender la nota de ratificación del traslado de un asiento de los antiguos a los modernos libros del registro.

      Resultando: que presentado escrito al registrador de la propiedad de esta ciudad, por Don José Ramón Tibot, en 12 de enero último, para que hiciera constar en e.l registro, ■ por medio de la oportuna nota marginal, la ratificación que pres-taba el exponente a la inscripción del traslado de los antiguos a los modernos libros del registro.de la propiedad ele una hipoteca por valor de 1,600 escudos, que le pertenecía sobre una estancia denominada “Aurora,” del término municipal de Bayamón, y cuyo traslado se había verificado a solicitud de Don Angel Fernández, como mandatario verbal del promo-vente, todo en cumplimiento, según se decía, de lo que dispo-nía, sobre el particular, la Real Orden de 18 de junio de 1895, denegó el registrador la anotación solicitada, por los funda-mentos que expresa la nota puesta al pie del escrito de refe-rencia, y que copiada a la letra dice así:
    “No admitida la extensión de la nota de ratificación solicitada en la precedente instancia, porque ni la Ley Hipotecaria, ni la Real Orden de 18 de junio de 1895, autoriza a los interesados para ratificar inscripciones hedías en el registro, limitándose dicha Real Orden, respecto al particular, a disponer que las solicitudes de traslados pre-sentadas por mandatarios verbales, sean ratificadas por los intere-sados dentro del año concedido para las traslaciones; no extendién-dose nota preventiva por no estar la operación solicitada, comprendida en la Ley y Reglamento Hipotecarios, ni en la Ley sobre recursos contra las resoluciones de los registradores. San Juan Bautista de Puerto Rico, enero 23 de 1904. El Registrador sustituto, Eduardo Acuña. ’ ’

      Resultando: que notificada dicha nota al promo vente Don José Bamón Tibot, pidió se elevara el documento a este Tribunal Supremo para la resolución correspondiente, por no estar conforme con-la negativa del registrador de la propie-dad, (*) y en su consecuencia, así lo verificó este funcionario con la oportuna comunicación, compareciendo después, por escrito, el abogado Don Cruz Castro, .a nombre del interesado Don José Bamón Tibot, pidiendo se revoque'dicha nota dene-gatoria y se declare procedente la ratificación solicitada.
    Abogado del recurrente: Sr. Cruz Castro,

   El Juez Pbesidestte Se. Quiñones,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Considerando: que la Beal Orden que se cita, en cuanto al particular a que se refiere el recurrente, lo que dispuso fué que las solicitudes de traslados, presentadas por mandatarios verbales, debían ser ratificadas por los interesados dentro del año concedido para las traslaciones, -y que habiendo trans-currido con exceso el término dentro del cual debió hacerse la ratificación, y habiéndose practicado el traslado de la hipo-teca a virtud de la solicitud presentada por Don Angel Fer-nández, como mandatario verbal del acreedor Don José Ba-món Tibot, no hay ya términos hábiles para llevar a efecto la ratificación que por éste se interesa.

Considerando: que tampoco es de aplicación al caso la Beal Orden, que también se cita, de 28 de noviembre de 1894.

Se confirma la nota denegatoria del registrador de la propiedad de esta ciudad, y con copia de la presente resolu-ción, devuélvansele los documentos presentados para su cono-cimiento y demás efectos.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Sulz-bacher y MacLeary.


author: El Juez Peesidente Se. Quiñones,

text:
    Martínez v. El Registrador de la Propiedad.
    RectjRso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Mayagüez.
    No. 4.
    Resuelto en marzo 25, 1904.
    Hipoteca — Pago Parcial y.Prórroga para Pagar el Resto. — Una escritura por la que se cancela en parte un crédito hipotecario y se conceden al deudor (*) nuevos plazos para pagar el resto, quedando subsistente y en toda su fuerza y vigor la primitiva hipoteca, constituye una . obligación perfectamente válida y eficaz e inscribible en el registro.
    Id. — Acreedores Posteriores. — La cancelación parcial de una primera hipoteca y la concesión de una prórroga para pagar el resto, 'quedando subsistente la hipoteca primitiva, es un contrato que, lejos de perjudicar, beneficia a los acreedores posteriores, que conservan la plentitud de sus derechos, sin per-juicio de los derechos preferentes del primer acreedor • para hacer efectivo 'el resto de su crédito a su vencimiento.
    Id. — Cancelación.—Si una hipoteca no apareciere cancelada en el registro de la propiedad debe estimarse vigente para todos los efectos legales.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.

      Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por el abogado Don Pascasio Fajardo y Cardona, a nombre de Don Rogelio'Martínez, contra negativa del Registrador de la Pro-piedad de Mayagüez, a inscribir una escritura de prórroga de un crédito hipotecario.

      Resultando: que por escritura otorgada en la ciudad de Mayagüez ante el notario de la misma Don Santiago R. Palmer, en 16 de febrero, de 1888, Don Pedro Acevedo y Rodrí-guez, acreedor hipotecario de Don Teodoro. Forestier, por la suma de cinco mil quinientos pesos moneda corriente en el comercio, en la fecha del contrato, declaró haber recibido del mismo, a cuenta de sn crédito, la snma de mil trescientos pesos, prorrogándole el resto de cnatro mil doscientos, por cuatro años más, a pagar mil doscientos en primero de marzo de 1889, y a razón de mil pesos en igual día de los años sucesivos de 1890,1891 y 1892, y quedando vigente y en toda su fuerza y vigor, la hipoteca constituida a favor del citado acreedor, por la escritura hipotecaria primitiva, y que presentada dicha escritura de prórroga al Registrado de la Propiedad de Mayagüez para su inscripción, le fué denegada- por el regis-trador, por los fundamentos de la nota puesta al pie de la misma, la que copiada a la letra dice así: (*)
    “No admitida la inscripción del precedente documento por el de-fecto insubsanable de contenerse en el mismo, una novación parcial del contrato primitivo que perjudica -derechos de tercero, y tomada en su lugar anotación preventiva por 120 días, al folio 151 vuelto del tomo 10 de Las Marías, finca número 113 triplicado, anotación letra A; con los defectos subsanables, además, de no expresarse las colindaneias de la finca, ni si es primera o posterior copia la que motiva esta nota. Mayagüez, 5 de febrero de 1904. El Registrador, Licenciado Juan Irizarry. Honorarios, $7.25; 1 y 7 Al. Hay un sello de rentas internas por valor de 50 centavos. ’ ’

      Resultando: que contra esta nota ha interpuesto en tiempo el ahogado Don Pascasio Fajardo, a nombre de Don Rogelio Martínez, como dueño, en parte, del crédito hipotecario de que se trata, el presente recurso gubernativo para que se revoque dicha nota y se ordene al registrador que inscriba la expresada escritura; habiendo comparecido también por escrito, ante este Tribunal Supremo, el Registrador de la Propiedad de Mayagüez, alegando las razones que estimó pertinentes en confirmación de su nota denegatoria.
    Abogado del recurrente: Sr. Fajardo.

   El Juez Peesidente Se. Quiñones,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Gonsiderando: que la escritura de que se trata, por la que se extingue en parte nn crédito hipotecario y se conceden al deudor nuevos plazos para pagar el resto, quedando subsis-tente en toda su fuerza y vigor la primitiva hipoteca, cons-tituye una obligación perfectamente válida y eficaz y por con-siguiente, inscribible en el registro de la propiedad, sin que de ello puedan resultar perjudicados los hipotecarios poste-riores, sino antes al contrario, favorecidos, toda vez que extin-guido en parte el crédito del primer acreedor hipotecario y anotada la cancelación parcial de dicho crédito en el regis-tro de la propiedad, de eso menos responde la finca hipote-cada, en beneficio para los hipotecarios posteriores,(*) los que, por otra parte, conservan la plenitud de sus derechos sin perjuicio, como es natural, de la preferencia que corres-ponde al primer acreedor hipotecario por el resto de su cré-dito para hacerlo efectivo a su vencimiento, atendida la prio-ridad de su hipoteca, puesto que no apareciendo cancelada en el registro de la propiedad, debía estimarse vigente para todos los efectos legales, sobre cuyo particular ninguno de los terceros interesados puede alegar ignorancia.

Considerando: por tanto, que no existe el defecto insub-sanable que impida la inscripción de la escritura, como con manifiesto error lo consigna el Eegistrador de la Propiedad de Mayagüez, en su nota.

Vistos los artículos 65 y 77 de la Ley Hipotecaria y 110 del reglamento y la sección 6a. de la ley votada por la Asam-blea Legislativa de esta Isla, sobre recursos contra las reso-luciones de los registradores de la propiedad.

Se revoca la nota puesta por el Eegistrador de la Pro-piedad de Mayagüez al pie de la escritura de que se trata en el presente recurso, y se declara que dicha escritura es ins-cribible, aunque con los defectos subsanables a que se refiere el registrador en su nota y que no han sido impugnados en el presente recurso; y se condena al Eegistrador de la Pro-piedad de Mayagüez al pago de los gastos ocasionados a la parte recurrente, hasta la suma de veinte dollars y a practi-car gratuitamente la inscripción de la expresada escritura,, devolviéndosele los documentos presentados, con copia de la presente resolución, para su conocimiento y demás efectos legales procedentes.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Sulz7 baclier y MacLeary.(*)


author: El Juez Pbesidente Sb. Quiñones,

text:
    Pasalacqua Hermanos y Ca. v. El Registrador de la Propiedad.
    Becurso gubernativo contra nota del Eegistrador de la Propiedad de Caguas.
    No. 2.
    Resuelto en marzo 25, 1904.
    Venta o Adjudicación de Bienes Hipotecados — Inscripción Previa. — Vendida o adjudicada una linea hipotecada, a virtud de procedimiento seguido por el acreedor hipotecario contra los herederos del deudor o del tercer poseedor, noes necesaria la inscripción previa de dicha finca a favor de éstos, para que pueda inscribirse la escritura de venta o el testimonio de adjudicación.
    Id. — Auto de Adjudicación — Título de Dominio. — Adjudicada un'a finca hipo-tecada y librado por el secretario de la corte de distrito un testimonio inser-tando el auto de adjudicación de los bienes, con los demás antecedentes necesarios para verificar la inscripción, constituye por sí solo un título de dominio perfectamente inscribible, y no procede denegar su inscripción pol-la falta del aela de adjudicación, a que se refiere el artículo 174 del Regla-mento Hipotecario, pues tal falta no desvirtúa el mérito de dicho auto.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.

      Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por el Letrado Don Antonio Sarmiento, a nombre de los Señores Pasalacqua Hermanos y Ca. del comercio de Coamo, contra negativa del Eegistrador de la Propiedad de Caguas a inscri-bir una certificación del auto de adjudicación de varias fincas rústicas, dictado en juicio seguido ante la Corte de Distrito de San Juan, por los referidos Pasalacqua Hermanos y Ca. contra la Sucesión de Don José S. Mandés y Cintrón.

      Resultando: que seguido procedimiento ejecutivo suma-rio, en el Tribunal de Distrito de San Juan, por la Sociedad Pasalacqua Hermanos y Ca. del comercio de Coamo, contra la Sucesión ele- D. José S. Mandés y Cintrón, compuesta de su viuda Doña María Ortiz Muñoz, domicilada en Cayey y de sus Rijos naturales reconocidos Don José Juan y Don José Alejandro Mandés, en cobro de un crédito hipotecario por (*) valor de $14,000, moneda americana, se sacaron a pú-blica subasta los bienes hipotecados, y como no se presen-tasen licitadores, se adjudicaron a los ejecutantes Pasalacqua Hermanos y Ca., por las dos terceras partes del precio que sirvió de tipo para la segunda subasta, disponiéndose se le expidiera testimonio del auto de adjudicación, con los demás antecedentes necesarios para su inscripción en el registro de la propiedad, como así lo verificó el secretario del tribunal; y que presentado dicho testimonio al registro para la inscripción de los bienes adjudicados a los ejecutantes Pasa-lacqua Hermanos y Ca., la denegó en parte el registrador por los motivos que expresa la nota puesta al pie del docu-mento presentado, la que copiada a la letra dice así:
    “No admitida la inscripción del precedente documento, y tomada en su lugar anotación preventiva, que surtirá su efecto durante 120 días, en cuanto a las fincas descritas bajo los números 1, 2, 3, 6, 7 y 8, con presencia de un escrito, a los folios 60 y 242 vueltos, 70, 75, 103, 171, y 176, de los tomos 3o. de Comerío, 2o. de Aguas Buenas, 5o. y 11°. de Comerío, 5o. de Aguas Buenas, y 6o. de Comerío, fincas números 64, 156, 194, 224 duplicado, 229, 230 y 269, anotaciones letras A y B, respectivamente, por el defecto de haberse seguido el procedimiento ejecutivo contra la Sucesión de Don.José S. Mandés.y Cintrón, en coblio de la hipoteca que se expresa en dicho documento, sin hallarse dichas fincas inscritas a nombre de la referida sucesión, y en cuanto a las fincas descritas con los números 4 y 5, al folio 47 del tomo 12 de Comerío, finca núm. 559, anotación letra A, por los defectos siguientes: dé no hallarse inscrita dicha finca a nombre de Don José S. Mandés y Cintrón, ni de ninguna otra persona; de no haberse inscrito la hipo-teca por la cual se adjudicó dicha finca a la Mercantil Pasalacqua Hermanos y Ca. en lo que respecta a la repetida finca y de haberse seguido el procedimiento ejecutivo en cobro de la expresada hipoteca contra la Sucesión de Don José S. Mandes y Cintrón, sin estar ins-crita la finca mencionada a nombre de la sucesión aludida, y al folio 197 del tomo 5o. de Aguas Buenas, finca número 237 anotación letra A, por los defectos (*) que siguen: que no obstante indicarse en el pro-cedente documento ser dicha finca la adjudicada,. por la cabida y colindancias que en el mismo se expresan, no es posible identificarla con la del número 237, indicada, ni con ninguna otra del registro; ni se ha inscrito, en cuanto a dicha finca, la hipoteca objeto de la referida ejecución y de haberse seguido el procedimiento ejecutivo de dicha hipoteca contra la Sucesión de Don José S. Mandés, no estando inscrita la repetida finca a nombre de la citada sucesión, adoleciendo, ade-más, el documento que precede, de no haberse insertado en el mismo él acta de adjudicación a que se refiere el artículo 164 del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria vigente. Oaguas, 15 de enero de 1904. El Registrador, S. Abella Bastón.”

      Resultando: que contra esta nota ha interpuesto el abo-gado Don Antonio Sarmiento, a nombre de Pasalacqua Her-manos y Ca., el presente recurso gubernativo para que se re-voque la negativa del registrador y se le ordene que prac-tique desde luego la inscripción de las fincas adjudicadas.
    Abogado de los recurrentes: Sr. Sarmiento.

   El Juez Pbesidente Sb. Quiñones,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Consider a/ndo: que si bien era doctrina y jurisprudencia constante de la Dirección General de los Eegistros de la Pro-piedad, sin más excepción que en los casos de la herencia yacente, que debían inscribirse a nombre de los herederos del deudor los bienes vendidos o adjudicados mediante procedi-miento judicial para pago de deudas, antes de hacerse la.ins-cripción a favor del comprador o del adjudicatario, esta doc-trina quedó modificada por la Eeal Orden de 22 de julio de 1896 dictada a instancia del Gobernador del Banco Hipote-cario de Madrid, y comunicada directamente a la Dirección General de los Eegistros de la Propiedad, por la que se dis-puso que en los-casos de venta o adjudicación de inmuebles hipotecados, a virtud de procedimiento ejecutivo, seguido a instancia del acreedor hipotecario contra los herederos del deudor, o del'tercer poseedor, no es precisa la previa inscrip-ción a favor de los mismos, para que pueda inscribirse la (*) escritura, que está inspirada en la recta inteligencia de los doctrina, que está inspirada en la recta inteligencia de los artículos 105 y 133, en armonía con el 20 de la Ley Hipote-caria de España, que se reproducen sustancialmente en la vigente en esta Isla, es de aplicación general, y por consi-guiente, debe tenerla en el presente caso, en que concurren todas las circunstancias que dicha orden determina.

Considerando: en cuanto al otro motivo en que se funda la negativa del registrador, o sea la falta del acta de adjudi-cación a que se refiere el artículo 174 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, que obrando inserto en el testimonio librado por el secretario del Tribunal de Distrito de San Juan, el auto de adjudicación de los bienes, con los demás antecedentes necesarios para verificar la inscripción, y siendo por sí solo un título de dominio perfectamente ins-cribible, no procede denegar la inscripción solicitada por la falta de una ritualidad que no desvirtúa en lo más mínimo el mérito del auto de adjudicación inserto en el testimonio pre-sentado.

Vistas las disposiciones legales citadas.

Se revoca la nota denegatoria puesta por el Registrador de la Propiedad de Caguas al pie del testimonio de que se trata, y se declara que, con excepción de las dos fincas des-critas con los números críatro y cinco, al folio cuarenta y siete del tomo-12 de Comerío, finca número 559 y al folio 197 del tomo 5o. de Aguas Buenas, finca número 237, a los que no se refiere el presente recurso, los demás deben inscribirse direc-tamente a favor de los Señores Pasalacqua Hermanos y Ca. sin necesidad de la inscripción previa a favor de los here-deros de Don José .S. Mandés y Cintrón; y con copia certifi-cada de la presente resolución, remítanse los documentos pre-sentados al Registrador de la Propiedad de Oaguas para su conocimiento y demás efectos.

Jueces concurrentes: .Sres. Hernández, Figueras, Sulz-bacber y MacLeary. (*)


author: El Juez Pkesidente Sb. Quiñones,

text:
    Soriano v. Ubarri.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 95.
    Resuelto en marzo 25, 1904.
    Defensa por Pobre. — Para que puedan dispensarse los beneficios de la defensa gratuita, después de presentada una demanda, es necesario que el actor justi-fique cumplidamente que ha venido al estado de pobreza después de haber entablado el pleito.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.

      Vistos estos autos seguidos en el Tribunal de Distrito de San Juan por Isaac Soriano, sobre defensa por pobre para litigar con Don Pablo Ubarri Iramategui, pendientes ante nos a virtud del recurso de apelación interpuesto por el promo-vente contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Dis-trito, la que copiada a la letra dice así:

      “Sentencia. En la ciudad de San Juan de Puerto Rico, a 29 de junio de 1903. Yisto en juicio oral y público este expediente de de-fensa por pobre promovido por Isaac Soriano, representado por el Letrado Don Luis Freyre Barbosa, para litigar con Don Pablo Ubarri Iramategui, representado también por el Letrado Don Hilario Cue-villas Hernández.

      “Resultando: que Isaac Soriano promovió demanda de pobreza para litigar con Don Pablo Ubarri por haberlo lanzado del terreno que ocupaba, únicos bienes que poseía, sentando como hechos: es natural y vecino de Santurce, donde siempre ha vivido, que es casado con Juana Cortijo de 70 años, y por su edad,'no tiene profesión ni oficio alguno, habitando én un bohío en el ‘Seboruco,’ Santurce, sin pagar alquiler, no poseyendo él ni su esposa e hijos bienes ni rentas de ninguna clase; siendo el derecho el artículo 14 de la ley, debiendo declararse pobre los que, graduados sus productos, no excede del doble jornal de un bracero en la localidad; y que habiendo sido (*) lanzado del terreno que ocupaba y lo único que poseía, ha Tenido al, estado de pobreza, después de entablado el pleito.

      “Resultando: que agregada la comunicación del Tesorero en su contestación de no constar en los archivos de su oficina se haya hecho pago alguno por cuenta de contribuciones ni directa ni indirectamente por Isaac Soriano, durante el último, ni el actual año fiscal, contestó Don Pablo Ubarri oponiéndose a la declaratoria, porque no hace mucho siguió pleito con él ante el juzgado municipal de San Francisco y allí se defendió como rico; que no sabe si después ha ocurrido algo que lo constituya en estado de pobreza y que Ubarri estará y pasará por el resultado de la prueba; dándose por contestada la demanda por el Sr. Fiscal, a instancia del actor.

      “Resultando: que abierto a prueba, de las del actor consta: 1, Cer-tificación del juez municipal de San Francisco que la demanda de Ubarri contra Soriano, por desahucio, tiene fecha 17 de junio de 1901; que el fallo del tribunal municipal es de 22 de agosto del propio año, y la sentencia del Tribunal de Distrito de San Juan es de 18 de sep-tiembre del mismo año, siendo la diligencia de lanzamiento, de 31 de octubre de 1901; 2, certificación del secretario de este tribunal, de que -la demanda de interdicto fué presentada ¿n 19 de junio de 1901; 3, declaran dos testigos que Soriano vivía del producto de 200 cuerdas y que había un bohío, cocos, leñas y demás cosas, dejando de percibir tales productos al ser lanzado de la finca en el desahucio promovido por Don Pablo Ubarri; que Soriano tiene 70 años y por eso no puede trabajar, no declarando sobre este último extremo uno de los testigos.

      “Resultando: de la.prueba del demandado Ubarri: 1, Certifica-ción del secretario del juzgado municipal de haber promovido Soriano insolvencia en el desahucio que le siguió aquél y sustanciado se dictó sentencia en 18 de julio del901, declarándola sin lugar con las costas, sin haber interpuesto recurso alguno Sóriano; que en el juicio de desa-hucio por Ubarri promovido consta una boleta de demanda fundada en ser empleado de Ubarri para cuidar una finca y que destituido del empleo se ha negado a desalojar el rancho en que vive y que por pre-cario le concedió 30 días para desocupar, siendo, además,(*) requerido por el juzgado, dictándose sentencia en 22 de agosto del referido año declarando con lugar la demanda, condenando a Isaac Soriano desaloje el bohío dentro de ocho días apercibido de lanzamiento, siendo apelada esa sentencia por el condenado, la que fné confirmada por el tribunal de distrito; 2, certificación del secretario de este tribunal de la sen-tencia mencionada en 18 de septiembre del tantas veces repetido año 1901, confirmando la apelada con las costas.

      “Resultando: que terminada la prueba, el defensor de Ubarri pide la nulidad del juicio por no haberse llenado en la demanda el requi-sito 3 del artículo 28, que declarada sin lugar por el tribunal por los fundamentos que en el acta'consta, protestó dicho defensor; y con-tinuado el juicio, las partes alegaron lo que estimaron convenientes. Siendo ponente el Juez Presidente Don Juan Morera Martínez.

      “Considerando: que examinada la prueba en conjunto, no consta acreditado deban concederse a Isaac Soriano los beneficios que la ley otorga a los que solicitan la defensa por pobre; y que siendo la recla-mación que intenta la derivada del lanzamiento del terreno que dice que ocupaba que de autos aparece fue por desahucio en el que solicitó ser defendido como pobre y sustanciado el incidente, se declaró sin lugar el concederle el beneficio de pobreza.

      “Considerando: que por ello en su tercer punto de derecho sentó que en ese caso se debe justificar, ha venido al estado de pobreza des-pués de entablado el pleito lo que dice concurre en Soriano y extremo no comprobado por no constar fuera dueño del terreno desocupado demostrándolo al tratarse de un desahucio.

      “Fallamos: que debemos declarar y declaramos sin lugar con las costas la demanda de pobreza promovida por Isaac Soriano y absolve-mos de ella a Don Pablo Ubarri.
    “Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Juan Morera Martínez, Prank H. Richmond, José Tous Soto.” (*)

      Resultando: que contra esta sentencia interpuso apelación la representación del demandante Isaac Soriano, la que le fué admitida libremente y .en ambos efectos, con citación y emplazamientos de las partes, y que personadas éstas ante este Tribunal Supremo y tramitado en forma el recurso, se señaló día para la vista, a cuyo -acto concurrieron los abogados defensores de las partes y el Fiscal de este tribunal, que se adhirió al recurso.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Freyre.

      Abogado del apelado: Sr. Texidor.

    Abogado del Pueblo: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez Pkesidente Sb. Quiñones,

después de exponer los becbos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho de la sentencia ape-lada.

Considerando: que si bien con arreglo al artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando el actor no haya solici-tado la defensa por pobre antes de presentar su demanda, si la pide después, no podrá otorgársele, si no justifica cumplida-mente que ha venido al estado de pobreza después de haber entablado el pleito; encontrándose precisamente en este caso el demandante Isaac Soriano, toda vez que de la prueba prac-ticada resulta que después de entablado el interdicto que tenía promovido contra Don Pablo Ubarri Iramategui, ha sido desa-huciado por éste y lanzado de la finca rústica que poseía, y con cuyos productos venía atendiendo' a su subsistencia y la de su familia, y apareciendo, además, justificado por las declaraciones de los testigos que declararon en el juicio oral, que no posee otros bienes, ni rentas, y que es un anciano mayor de 70 años, que no puede atender a su subsistencia con el pro-ducto de su trabajo personal, tiene perfecto derecho a que se le dispensen los beneficios de la defensa gratuita.

Vistos los artículos 13, 15 y 24 de la Ley de Enjuicia-miento Civil. (*)

Fallamos: que debemos revocar y revocamos la sentencia apelada, declarando al demandante Isaac Soriano pobre para litigar con Don Pablo Ubarri Iramategui, sin especial conde-nación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Pigueras y Mac-Leary.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la vista de este caso.


text:
    L. Planas y Martí v. Marcus Bernheimer Milling and Mercantile Co.
    Recurso de queja procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 6.
    Resuelto en marzo 26, 1904.
    Competencia — Juicio Verbal — Juicio Oral. — Las reclamaciones de cuantía superior a cuatrocientos dollars no pueden ventilarse en un juicio verbal, sino que deben ser resueltas en juicio oral y público, del que pueden conocer únicamente las cortes de distrito.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.

      Resultando: que interpuesta demanda en veinte y siete de julio del año próximo pasado, por el abogado. Don Wenceslao Boscli, a nombre de L. Planas y Martí, de este vecindario, ante el Juzgado Municipal de Distrito de la Catedral de esta ciudad contra Marcus Bernheimer Milling and Mercantile Company de la ciudad de St. Louis, Estado de Missouri, Esta-dos Unidos de América, para que le pagaran la cantidad de cuatrocientos dollars, importe de los perjuicios que les habían ocasionado por incumplimiento de un contrato de venta de doscientos sacos de harina, marca “Invariable” y doscien-tos sacos marca “Miramar” que debieron remitirle en el mes de majm anterior, señalado día para la celebración del juicio verbal, con citación de las partes para lo que se (*) dispuso se librara el correspondiente exhorto a la autoridad com-petente de la ciudad de St. Louis, compareció en este estado ante el Tribunal del Distrito de San Juan, el abogado Don José R. P. Savage, en representación de los demandados, con la solicitud de que se ordenara al Juez Municipal de Cate-dral se abstuviera de conocer en el asunto y remitiera las actuaciones, por estimar que era de la exclusiva competencia del referido tribunal de distrito y que acordado de confor-midad, por auto de cinco de octubre del mismo año, con pre-vención al demandante de qne acndiera ante el expresado tribunal a ejercer sn derecho, notificado aqnél del referido pro-visto, acudió entonces en qne ja ante este Tribunal Supremo, en solicitud de que se revocara diclio auto, y se devolvieran las actuaciones al juzgado municipal de Catedral para su tra-mitación y resolución, por estimar que era el único com-petente para conocer de la demanda, por no exceder del máxi-mum de que pueden conocer en asuntos civiles los juzg'ados municipales.

      Resultando: que conferida vista de la anterior solicitud al Fiscal de este Tribunal Supremo, la evacuó, oponiéndose y sosteniendo la competencia del Tribunal de Distrito de San Juan, y que señalado día para la vista, se verifico ésta cou asistencia del abogado defensor del recurrente y del Fiscal de este tribunal que ratificó verbalmente la opinión que había emitido por escrito.
    Abogado del recurrente: Sr. Bosch.

    Abogado del Pueblo: Sr. del Toro, Fiscal.

   OPINIÓN DEL TRIBUNAL.

Considerando: que si bien en la demanda establecida por L. Planas y Martí se reclaman sólo cuatrocientos dollars, por los conceptos que en la misma se expresan, es lo cierto que basada esa reclamación en la falta de cumplimiento de un contrato de venta de cuatrocientos sacos de harina, cuya cuan-tía excede visiblemente de los cuatrocientos dollars, que (*) es el máximum de que pueden conocer en lo civil los jueces municipales, esa reclamación no puede ventilarse en un juicio verbal, sino que debe ser resuelta en un juicio oral y público, para cuyo conocimiento sólo son competentes los tribunales de distrito.

Vistos los artículos 26''y 47 de la Orden General, No. 118, de 15 de agosto de 1899; 82 y 83 y la regla 3a. del 488 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que por analogía es aplicable al caso.

Se declara no haber lugar a la queja establecida por la representación de L. Planas y Martí contra el Tribunal de Distrito de San Juan, con las costas al promovente; y devuél-vanse al referido tribunal de distrito las actuaciones que ele-vara a este Tribunal Supremo, para que las sustancie y determine, con arreglo a derecho.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández, Pigueras, Sulzbacher y MacLeary.


author: El Juez Asociado Sb. HeRnández,

text:
    Palmer et al. v. El Pueblo de Puerto Rico.
    Apelación procedente' de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 40.
    Resuelto en marzo 30, 1904.
    Competencia en Asuntos Civiles — Incompetencia por Razón de la Materia.— Aunque las cuestiones de competencia no pueden promoverse de oficio en los asuntos civiles, si el juez se considerare incompetente por razón de la materia, podrá abstenerse de conocer, previa audiencia del Fiscal y previniendo a las partes que usen de su derecho ante quien corresponda.
    Id. — Disposiciones de Carácter Legislativo. — Los daños y perjuicios que se supongan irrogados por disposiciones de carácter legislativo, no pueden ser materia de reclamación ante los tribunales de justicia.
    Leyes de la Legislatura Insular — Nulidad de las Mismas. — Al poder Legis-lativo y no al judicial, corresponde reparar los perjuicios que sus disposi-ciones puedan ocasionar, y en todo caso, del Congreso de los Estados Unidos puede solicitarse la declaración de nulidad de cualquier ley de la Legislatura Insular, que se estime lesiva de derechos privados. (x)
    EXPOSICION DEL CASO.
    En el juicio promovido ante el Tribunal de Distrito de San Juan por el Letrado Bon Santiago B. Palmer, en repre-sentación de varios notarios de esta Isla, contra El Pueblo de Puerto Rico, sobre indemnización de perjuicios; juicio pendiente ante nos a virtud de recurso de apelación inter-puesto por la parte demandante contra anto, de dicto tribunal declarándose incompetente, por razón de la materia, para conocer de la demanda, habiendo llevado la representación y defensa de la parte apelante ante esta Corte Suprema, suce-sivamente los Letardos Don Santiago B. Palmer y Don Juan Hernández López, e impugnando aquel recurso el Ministe-rio Fiscal.

      Resultando: que en cinco de marzo del año próximo pa-sado, el Letrado Don Santiago B. Palmer, en representación de diez y siete notarios, como propietarios de oficios enaje-nados de la Corona de España, presentó demanda ante el Tribunal de Distrito de San Juan Gontra el Hon. Attorney General, en representación de El Pueblo de Puerto Rico, alegando que por leyes de la Asamblea Legislativa de treinta y uno de enero de mil novecientos uno y diez de febrero de mil nove-cientos dos, relativas al ejercicio del notariado, habían sido lesionados gravemente sus derechos, y suplicando, en su con-secuencia, fuera condenado El Pueblo de Puerto Rico a pa-garles por vía de indemnización de perjuicios, la suma de seiscientos diez mil cuatrocientos ochenta y ocho dollars en la proporción que dichos notarios expresan.

      Resultando: que oído el Hon. Attorney General, estimó que tratándose de actos realizados por la Asamblea Legisla-tiva de Puerto Rico, en el pleno ejercicio de sus poderes, es indudable que a esa misma Asamblea deben dirigirse los de-mandantes para que ella, con su propia autoridad, resuelva lo que conceptúe pertinente, siendo en su consecuencia incom-petente por razón de la materia la Corte de Distrito de .'San Juan. (*)

      Resultando: que el referido tribunal por auto de siete de abril siguiente, se declaró incompetente por razón de la mate-ria para conocer de la demanda, absteniéndose de su conoci-miento, y contra ese auto interpuso la representación de los demandantes recurso de'apelación que les fue admitido, ha-biendo sido elevados a esta Corte Suprema los autos, previa citación y emplazamiento de las partes, las que evacuaron oportunamente el trámite de instrucción, después de lo cual se señaló día para la vista, en cuyo acto informaron la repre-sentación de los notarios apelantes y el Ministerio Fiscal, cuanto estimaron conducente.
    Abogados de los apelantes: Sres. Palmer y Hernández López.

    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. HeRnández,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Considerando: que según el artículo 74 de la Ley de En-juiciamiento Civil, en ningún caso se promoverán de oficio las cuestiones de competencia en los asuntos civiles; pero el juez que se crea incompetente por razón de la materia, podrá abs-tenerse de conocer, oído el Ministerio Fiscal, previniendo a las partes que usen de su derecho ante quien corresponda.

Considerando: que el juicio promovido por los notarios demandantes se encamina a obtener una declaratoria de per-juicios que se suponen irrogados por disposiciones emanadas del Poder Legislativo, y que esa materia no cabe dentro de la jurisdicción de los tribunales de justicia, llámese ésta contenciosa ordinaria, o contenciosa administrativa, pues una y otra dimanan de la ley, y no hay ley alguna que otorgue semejante jurisdicción a dichos tribunales.

Considerando: que si los notarios recurrentes entienden que las leyes dictadas por la Asamblea Legislativa para el ejercicio del notariado son deficientes por lastimar derechos que suponen adquiridos al amparo de la legislación antes vigente, y no habérseles acordado la correspondiente indem-nización,^) la autoridad judicial no es la llamada a suplir tal deficiencia, sino el mismo Poder Legislativo que gira en esfera completamente independiente de la del Poder Judicial.

Considerando: que por la sección 31 de la Ley Orgánica de 12 de abril de 1900, se reserva el Congreso de los Estados Unidos la facultad de anular cualquier ley emanada de la Asamblea Legislativa de esta Isla, y que a dicho Congreso han podido dirigirse los peticionarios, para obtener, si fuere procedente, la nulidad de las leyes que estiman lesivas de sus derechos y generadoras de los perjuicios que hoy vienen re-clamando por la vía judicial.

Se confirma el auto de siete de abril del año próximo pa-sado, por el que el tribunal de San Juan se declaró incom-petente por razón de la materia para conocer del juicio de que se trata; y devuélvanse las actuaciones al referido tribunal con la certificación correspondiente.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Figueras, Sulzbacher y MacLeary.


author: El Juez Asociado Se. Sulzbachee,

text:
    The San Juan Light and Transit Co. v. Segura.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 9.
    Resuelto en marzo 30, 1904.
    Apelación — Desahucio.—En los juicios de desahucio no deberá admitirse re-curso de apelación, si el demandado no acreditare previamente haber satis-fecho las rentas vencidas del arrendamiento.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.

      Resultando: que en el juicio de desahucio seguido ante el Tribunal de Distrito de San Juan por la Sociedad “The San Juan Light and Transit Co.” contra Don Francisco Se-gura,^) aquel tribunal dictó sentencia declarando con lugar el desahucio, por los motivos alegados como fundamentos de la demanda, o sean la falta de pago de los arrendamientos con-venidos y el vencimiento del término del contrato.

      Resultando: que contra esta sentencia interpuso Don Francisco Segura recurso de apelación que le fue denegado por auto de diciembre del año próximo pasado, en atención a no haber acreditado que había satisfecho las rentas venci-das del arrendamiento, citándose en apoyo de tal denegatoria los artículos 1564 y 1581 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

      Resultando: que del expresado auto pidió reposición Don Francisco Segura, que le fué denegada por auto de 29 de diciembre citado.

      Resultando: que Don Francisco .Segura ha acudido en queja ante esta Corte Suprema por habérsele denegado el re-curso de apelación interpuesto, y señalado día para la vista, tuvo ésta lugar con la asistencia del letrado representante de Don Francisco Segura, sin que asistiera al acto la repre-sentación de “The San Juan Light and Transit Co.”
    Abogado del recurrente: Sr. Rosoli.

   El Juez Asociado Se. Sulzbachee,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Considerando: que ante el precepto terminante del artí-culo 1564 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no derogado por la Ley de la Asamblea Legislativa de 12 de marzo del año próximo pasado, transformando el Tribunal Supremo, de ca-sación, en Corte Suprema de Apelación, el Tribunal de Dis-trito de San Juan ha procedido con arreglo a derecho al dene-gar el recurso de apelación interpuesto por Don Francisco Segura, contra la sentencia de desahucio pronunciada.

Se declara no haber lugar al presente recurso de queja, con las costas a Don Francisco Segura; y comuniqúese esta resolución al Tribunal de Distrito de San Juan para los efec-tos procedentes. (*)

Jueces concurrentes: Sres Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández, Figueras y MacLeary.