author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Banco Comercial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Evarista Diez y González, Vda. de Fernández, José Antonio, Manuel, Evaristo y Benigno Claudio Fernández y Diez y José Moreda Cifuentes, demandados y apelantes los tres primeros.
    No. 4479.

    Visto: Junio 11, 1928.

      Resuelto: Junio 12, 1928.

      M. Tons Soto, abogado de los apelantes; Oscar Souffront, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En este) pleito fueron embargadas varias fincas para ase-guramiento de la sentencia que obtuviese el demandante. Los demandados prestaron fianza para que 'el embargo fuese levantado pero no fué aprobada por la corte inferior y contra esa resolución interpusieron apelación en 20 de diciembre de 1927.

También solicitaron los demandados que el embargo fuese limitado a algunas de las fincas embargadas, petición que fué negada por la corte y contra esa resolución también apelaron en 17 de enero de 1928.

Ahora nos pide la parte apelada que desestimemos esas apelacio7ies por resultar académicas por haber sido levantado totalmente el embargo de bienes en virtud de nueva fianza que han presentado con tal fin los demandados y que fué aprobada por la corte inferior el 27 de abril último, según acredita con certificación que nos presenta.

Habiendo presentado nueva fianza los demandados para el levantamiento del embargo; habiendo sido aprobada; y habiendo sido levantado totalmente el embargo que fué hecho en las fincas de los demandados, resulta en verdad académica la apelación sobre si la primera fianza para que el embargo fuese levantado debió ser aprobada, tanto más cuanto que la. presentación de la segunda fianza suficiente, parece ser un acto de reconocimiento de qne la anterior no lo era; y tam-bién es académica ahora la otra apelación, porque levantado en todas las fincas el embargo que fué hecho en ellas, no puede tener resultado práctico el que resolvamos si fué errónea la resolución que no accedió a la limitación del embargo.

Las apelaciones interpuestas deb’en ser desestimadas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldkey,

license: Public Domain

text:
    José Damián Domínguez y del Moral, menor de edad, representado por su padre José A. Domínguez, demandante y apelante, v. La Sucesión de Dolores Nadal Vda. de Gálvez, demandada y apelada.
    No. 4183.

    Visto: Mayo 26, 1927.

      Resuelto: Junio 13, 1928.

      Paseasio Fajardo Martínez, ahogado del apelante; Angel A. Váz-quez, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante demandó en cobro de pesos a Angel Rodríguez Earzana en su carácter de albacea de los bienes dejados por Dolores Nadal viuda de Gálvez a su fallecimiento, alegando que en el testamento otorgado por dicha señora nombró al-bacea, contador y partidor al demandado y le confirió plenos poderes para que en general y omnímodamente representase a su testamentaría judicial y extrajudicialmente: que la Corte de Distrito de Mayagüez expidió carta testamentaria como albacea, contador y partidor de dichos bienes a favor del demandado, quien aceptó el cargo y lo está desempeñando: que en virtud de ese testamento la sucesión de la expresada señora está compuesta por las personas que en la demanda se especifican: que la sucesión es en deber la cantidad que se reclama, por el concepto que se dice; y que esa sucesión debe ser condenada al pago y en su representación el albacea demandado.

El demandado alegó la excepción previa de que la deman-da no aducía beclios determinantes de causa de acción contra el, que fue declarada con lugar por la corte, la que dictó sentencia desestimando la demanda.

En el caso de Pérez, Administrador, contra Zeda, 35 D.P.R. 329, el administrador judicial de los bienes de una sucesión entabló demanda de reivindicación de bienes de la herencia después de haber sido hecha la declaratoria judicial de here-deros y este Tribunal Supremo declaró que dicho adminis-trador judicial no tenía capacidad legal para iniciar esa acción en nombre de los. herederos porque la ficción legal de ser el administrador judicial la continuación jurídica de la persona del difunto está limitada únicamente al período que media desde el fallecimiento hasta la declaración de herederos, pues después de esto su papel se contrae, como en las testa-mentarías a los actos de mera administración y a los que sean indispensables para llenar los deberes de su cargo-; y se citaron palabras del Sr. Manresa en sus Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil según las cuales como en los abintestatos nadie tiene personalidad jurídica para repre-sentar a la herencia, la ley se la confirió al administrador-judicial, pero que no concurriendo tal circunstancia en la tes-tamentaría puesto que consta desde luego quiénes son los herederos es justo y procedente dar a éstos intervención en todo lo que es de su interés, limitando la del administrador a los actos.de mera administración y a lo que sea indispensable para ella, y qu e así lo ha dispuesto la ley. En otra obra del Sr. Manresa sobre Comentarios al Código Civil, tomo 6, página 761, se cita la sentencia del Tribunal Supremo de España de 28 de abril de 1897 según la cual demandado nn albacea para pago de cierto crédito contra la testamentaría, propuso la excepción de falta de personalidad, que fné esti-mada y sostenida, por dicho tribunal porque el albacea, ni como tal albacea ni como contador tiene la facultad ni el deber de representar en juicio a la herencia.

Habiendo, pues, herederos nombrados en testamento en este caso, el albacea demandado carece de personalidad para representar a la herencia en este pleito, ya que ella está re-presentada por los mismos herederos, por lo que la demanda no aduce causa de acción en cuanto a él, a pesar de alegarse que le fueron concedidas facultades omnímodas para repre-sentar a la sucesión judicial y extrajudicialmente, entre cuyas facultades no puede nunca comprenderse una que limite a los herederos el derecho que les otorga la ley. La demanda no es enmendable.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Commercial Credit Company, tercerista y apelante, v. Herminio Soto Cardona y J. Chárriz & Co., S. en C., demandados y apelados.
    No. 4292.

    Visto: Noviembre 28, 1927.

      Resuelto: Junio 13, 1928.

      O. B. Frazer y B. Castro Fernández, abogados de la apelante; A. Beyes Delgado, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

J. Chárriz & Co. entabló demanda en una corte municipal contra Herminio Soto Cardona, y embargó un carro marea ‘‘Ford” como de la propiedad del demandado. La Commercial Credit Co. intervino alegando la propiedad del vehículo, y obtuvo sentencia contra. J. Chárriz & Co. ordenando la can-celación de una fianza que había sido prestada anteriormente con el fin de obtener la posesión de la propiedad embargada, y concediéndole las costas a la tercerista.

Soto Cardona fué designado como demandado en la de-manda radicada por la tercerista, y la declaración jurada sobre notificación por correo demuestra que copia, de esa demanda fué depositada en la oficina postal dentro de un sobre franqueado y dirigido' al dicho demandado original. Parece que los abogados de la tercerista admiten el hecho de que a él (Soto Cardona) se le hizo parte demandada y de que dejó de comparecer en el procedimiento de tercería.

J. Chárriz & Co. apeló de la sentencia dictada por el juez municipal y en la corte de distrito solicitó que se desestimase la acción por no tener jurisdicción la corte municipal. Por lo menos, la moción oral parece comenzar cual si fuera una moción de desestimación. Es algo confusa de principio a fin, y termina como si fuera una excepción previa por falta de jurisdicción ab initio de la corte municipal, y, por consi-guiente, de la corte de distrito. De todos modos, pone en tela de juicio la autoridad de la corte de distrito para pro-ceder a celebrar un juicio' de novo. Aparece, además, que la cuestión fué sometida por medio de alegatos en la corte inferior, pero estos alegatos no están ante nos y la sentencia apelada no aclara grandemente la cuestión en controversia.

La sentencia dictada por la corte de distrito es al efecto de que la sentencia anterior de la corte municipal era nula y' sin valor alguno, por carecer de jurisdicción.

J. Chárriz & Co. ahora solicita que desestimemos la ape-lación entablada por la Commercial Credit Co., debido a que Soto Cardona, el demandado en la acción original, no fue notificado del escrito de apelación.

La apelante insiste en que Soto Cardona no es una parte contraria, y cita en apoyo de esta indicación el caso de Bravo v. Martínez Hermanos. 31 D.P.R. 483.

El caso en que así se funda la apelante no es aplicable. .

La sección 11 de la “Ley para proveer el procedimiento en los casos de tercería sobre bienes muebles e inmuebles,’' etc., aprobada el 14 de marzo de 1907 (Compilación de los Estatutos de 1911, sección 5270) dispone, entre otras cosas,, que “serán siempre parte en el asunto las que lo fuesen en el que baya originado la tercería.” La sección 14 de la. misma ley ordena, entre otras cosas, y en orden inverso, que “En todo caso, en que no se trate de abandono de acción por' el demandante, o de rebeldía del demandado, el juez reser-vará su sentencia en la tercería basta que baya recaído sen-tencia en el asunto que motivó la tercería,” y, además que:

“En todos los casos en que el reclamante de una propiedad, bajó-las disposiciones de esta ley, dejare de probar su derecho a ella, se dictará fallo en contra de él y de «us fiadores, por el valor de la propiedad, con interés legal sobre el mismo desde la fecha de la fianza.
“Cuando dicho valor fuere mayor que la cantidad reclamada en la orden en cuya virtud se procedió al embargo de la propiedad, la indemnización se computará .sobre la cantidad reclamada en la orden.
“Dicho fallo se dictará a favor del litigante victorioso en el asunto donde se decretó la orden de embargo, o cualquiera otra que haya motivado la tercería. . .”

La apelante, como ya bemos demostrado, no niega que Soto Cardona fuera en realidad una parte en el procedimiento' de tercería, y, al oponerse a la moción para desestimar, ex-plica que el escrito de apelación no le fué notificado a Soto* Cardona porque él estaba en rebeldía.

Bajo las circunstancias, no podemos estar de acuerdo con el criterio de que Soto Cardona no era una parte contraria, dentro del significado de ese término según fué definido en el caso de Bravo v. Martínez Hermanos, supra, y casos allí citados.

La apelante además indica que J. CMrriz & Co., al apelar a la corte de distrito de la sentencia dictada a favor de la tercerista por la corte municipal, igualmente dejó de noti-ficarle tal escrito de apelación al demandado Soto Cardona. Con relación a este extremo, la apelante invoca la doctrina del caso de Rivera v. O’Ferral, 37 D.P.R 167, al efecto de que el dejar de notificar el escrito de apelación a un deman-dado en rebeldía priva de jurisdicción al tribunal de apela-ción. En caso de que se desestime el presente recurso por falta de jurisdicción, se nos pide que declaremos que la corte de distrito también carecía de jurisdicción para dictar la sentencia apelada.

La solicitud de tal decisión necesariamente asume que este tribunal tiene la facultad de considerar y determinar la validez de la sentencia de la corte inferior, a pesar de que carecemos de jurisdicción para conocer de este recurso. Pero •si esta corte tiene tal facultad, no obstante haber dejado la apelante de notificar a la parte contraria, entonces la corte de distrito no fue privada de su poder de determinar la validez de la sentencia, dictada por la corte municipal, por el mero hecho de que" igualmente se dejara de notificar el escrito de apelación a, una parte contraria.. Por otra parte, si la corte do distrito carecía, de jurisdicción para determinar la validez de la sentencia dictada por la corte municipal (por haber dejado el apelante d.e notificar a la parte contraria), entonces, por la misma razón, esta corte igualmente carece do autoridad para discutir la validez de la sentencia dictada por la corte de distrito. Por tanto, no necesitamos, por ahora, especular sobre los méritos de cualquiera de estos casos hipotéticos envueltos en el dilema.

Asume la apelante, además, aunque sin tratar de demos-trarlo, que Soto Cardona era una parte contraria tanto en la primera apelación como en la segunda. Como cuestión de lieclio, la posición ocupada, por este demandado en el presente recurso os muy distinta a la situación en que fue colocado por la apelación a la corte de distrito. La primera apela-ción la hizo un co-demandado en el procedimiento de tercería. El caso presentado era análogo al de Bravo v. Martínez Hermanos, supra. En lo que respecta, a los dos co-demandados en el procedimiento de tercería, al apelar uno de ellos de la sentencia dictada a favor de la tercerista, el otro no era una parte contraria, por las razones expuestas en el caso de Bravo. Sin embargo, aquí, al apelar la tercerista de una sen-tencia adversa dictada por la corte' de distrito, ambos de-mandados en el procedimiento de tercería eran partes con-trarias a la tercerista, por el motivo indicado en el caso de Rivera v. O’Ferral, supra, y las autoridades allí citadas.

Debe desestimarse la apelación.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


author: El Juez PRESIDENTE Señor del Tobo,

text:
    Francisco Larrazábal, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 719.

    Sometido: Abril 30, 1928.

      Resuelto: Junio 13, 1928.

      Eduardo López Tizol, abogado del recurrente; el registrador recu rrido compareció por escrito.
   El Juez PRESIDENTE Señor del Tobo,

emitió la op-inión del tribunal.

Presentada en el registro una escritura de venta judicial otorgada finalmente a virtud de ciertos pleitos en cobro de dinero seguidos por Francisco Larrazábal en una corte municipal contra Abelardo Hernández, el registrador la inscribió “en cuanto a la participación cpie pueda corresponder a Abelardo Hernández en los condominios de 10 cuerdas 87 céntimos y 8 cuerdas 16 céntimos que éste bubo por compra a Domingo Betancourt e Inocencia Mangual,” negando la inscripción “en cuanto a la participación, derecho, título e interés que en esos condominios pueda pertenecer a Juana Alejandrina Díaz, esposa que fué del Sr. Hernández, que no aparece vencida en ninguno de los procedimientos relacio-nados seguidos contra el señor Hernández, sin que tampoco se acredite el origen de la deuda ...” También anotó el registrador “el defecto- subsanable de no acreditarse la forma en que se hizo la citación del demandado.”

No conforme Larrazábal interpuso el presente recurso gubernativo.

En su alegato el registrador sostiene que del registro aparece “que al recurrente le fueron adjudicados dos condominios .en cierta finca que el demandado Abelardo Hernández había adquirido por compra uno estando casado con Juana Alejandrina Díaz y otro durante su matrimonio con. Carmen Díaz.”

Siendo esto así y no consignándose en las demandas el origen de la deuda para poder determinar si era o no- de cargo de alguna de las sociedades gananciales, la nota del regis-trador está! de acuerdo con los hechos y la ley.

Hernández pudo contraer las tres obligaciones objeto de las tres demandas siendo soltero y estando viudo o divorciado de su primera esposa. En tales casos debe intervenir la esposa misma o sus herederos si es que ha fallecido.

Es cierto que todos los bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio se presume gananciales, como alega el recurrente, y que siendo el marido el administrador de la dicha sociedad las acciones deben dirigirse contra él, pero también lo es que las deudas contraídas por el marido con anterio-ridad a la celebración del matrimonio o después de disuelto, no son de cargo de la sociedad de gananciales.

Esta Corte Suprema en el caso de Hernández Mena v. Registrador de Mayagüez, 22 D.P.R. 642, por medio de su Juez Asociado Sr. Aldrey, dijo: “El hecho de que una sen-tencia se dicte contra una persona estando casada no es suficiente para llegar a la conclusión de que la obligación que originó la condena fué contraída durante el matrimonio en algún caso en que ella podía¡ obligar a los bienes de la socie-dad de gananciales.”

■ Las sentencias, órdenes de ejecución y actas de subasta que se insertan en la escritura de venta judicial, sólo hablan del demandado Abelardo Hernández. Ni siquiera dicen que' sea casado, cuando del registro consta que lo fué dos veces, y que siendo casado fué que adquirió los bienes que se embar-garon y se adjudicaron al recurrente.

Existe también el defecto subsanable apuntado. Nada aparece en la escritura que demuestre que la corte municipal adquirió jurisdicción sobre la persona del demandado Hernández. No se sabe cómo se dictaron las sentencias, si a virtud de un juicio o si lo fueron en rebeldía. La cuestión no es nueva. En el caso de Vázquez v. El Regìstrador, 19 D.P.R. 1133, 1135, esta corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Wolf, se expresó así:

“Ya hemos resuelto en el caso de Carbonell vs. El Registrador, 16 D.P.R. 440, que cuando se obtiene una sentencia en rebeldía y la venta se verifica de conformidad con la misma, estará justificado el registrador al negar la inscripción de la escritura si no ha quedado' probada la forma en que se obtuvo la sentencia en rebeldía. En el caso de referencia la corte tuvo oportunidad de expresar que el no-tario pudo haber consignado lo omitido en la sentencia, o sea el modo como se obtuvo la rebeldía. Aunque el recurso que ahora consideramos no es un caso en el que conste que se ha dictado sen-tencia en rebeldía, no existe, sin embargo prueba alguna de cómo adquirió jurisdicción la corte municipal para dictar sentencia contra los demandados, ni contiene la escritura la copia de la sentencia, así como tampoco algo que demuestre que se ha celebrado un juicio o que los demandados se hayan sometido a la jurisdicción de la corte. No existen presunciones en favor de las sentencias de las cortes mu-nicipales por no ser éstas cortes de registro. Galpin vs. Page, 98 Wallace, 365, 366; Hahn vs. Kelly, 34 Gal. 391; 94 Am. Dec. 742; McDonald vs. Prescott, 90 Am. Dec. 517, 519. Cuando la sentencia se obtiene en una corte de jurisdicción limitada, y como en este caso, se trata de adquirir un título contra todo el mundo, la persona que solicite la inscripción de su título tendrá la obligación de probar no solamente la venta verificada en pública subasta, sino también la facultad que tenía el marshal para llevar a cabo dicha venta. Esa prueba, tratándose de una corte municipal no resulta de la mera presentación de la orden de ejecución, ni siquiera de la sentencia misma, sino que deberá probarse asimismo la jurisdicción que tenía la corte para dictar dicha sentencia. En otras palabras, en el caso concreto sometido a nuestra consideración debe probarse que la corte adquirió jurisdicción sobre las personas de los deman-dados.
“Por consiguiente, cuando el márshal otorga escritura de venta a un comprador, generalmente el notario debe incluir la sentencia en la escritura, mostrando además que la corte municipal tenía ju-risdicción para dictarla. Y no apareciendo de la referida escritura dicha jurisdicción, los hechos relativos a la misma deberán acredi-tarse mediante prueba de otra procedencia, quizás por la certifica-ción del secretario de la corte municipal.”

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. María Rosario Ruiz, acusada y apelante.
    No. 3551.

    Visto: Junio 13, 1928.

      Resuelto: Junio 15, 1928.

      A.. Ramírez Silva, abogado de la apelante; José E. Figueras, abo- . gado de El Pueblo-, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del’ tribunal.

La sección primera de la Ley No. 73 de 1919 regulando el trabajo de mujeres y niños* y protegiéndolos contra ocupa-ciones peligrosas, dispone que a ninguna mujer se le em-pleará o se le permitirá que trabaje en ninguna clase de ocupación lucrativa en el período comprendido entre las diez de la noche y las seis de1 la mañana; sección que no es apli-cable a las que trabajan como telefonistas, telegrafistas, ar-tistas o como enfermeras y sirvientas.

Por infracción ele ese precepto legal fue condenada la apelante porque siendo dueña de un taller de bordados empleó a dos mujeres en trabajos después de las diez de la noche mediante pago; y el primer motivo de error que alega para su recurso es por no haber sido sostenida por la corte inferior la moción de absolución que le hizo- por insuficiencia de la prueba del fiscal (nonsuit) por no haber probado que esas mujeres trabajaron por órdenes o mandatos de la ape--lante. De la prueba del fiscal resulta que trabajaban me-diante pago, lo que excluye la idea de que trabajaban por pura voluntariedad y no por órdenes o mandatos de la ape-lante; y de la prueba que presentó la denunciada en el juicio resulta que ella es la dueña del establecimiento y estaba en el taller con esas mujeres, lo que demuestra su consentimiento para ese trabajo.

El segundo motivo del" recurso es porque existía un caso de emergencia que justificaba el trabajo de esas mujeres toda vez que cierta mercancía consistente en pañuelos y bordados tenía que salir aquella nocbe de Mayagüez para ser embarcada en el vapor que saldría para los Estados Unidos al siguiente día, jueves. Sin embargo, ése no era un caso de emergencia porque esos artículos no son susceptibles de rápido deterioro o destrucción, ni se trataba de una necesidad apremiante de momento que no pudo ser evitada preparando la mercancía con anticipación. Emergencia es un suceso súbito o inesperado. Cent. Diet.

El último error alegado es por insuficiencia de la prueba para sostener la sentencia condenatoria.

Los testigos del fiscal declararon que vieron a esas mu-jeres trabajando a las 10:25 de la nocbe, mientras que los de la defensa manifestaron que el trabajo se terminó antes de las 10 de la nocbe y que las mujeres estaban esperando que llegaran a buscar la mercancía: pero ese conflicto de evi-dencia fué resuelto por la corte inferior en contra de la ape-lante sin que veamos motivo para declarar que cometiese error.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Celestino Iriarte, Jr., y Eduardo Iriarte, haciendo negocios bajo la denominación de Iriarte Hermanos, demandantes y apelados, v. Gerónimo Morales, demandado y apelante.
    No. 4262.

    Visto: Abril 24, 1928.

      Resuelto: Junio 15, 1928.

      Hartzell, Kelley & Hartzell y Rafael O. Hernández, abogados del apelante; Celestino Iriarte, Jr., abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión, del tribunal.

Esta apelación se ba interpuesto contra sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en 24 de agosto de 1926.

La demanda con que se inició este caso, alega sustancial-mente que Celestino Iriarte, Jr., y Eduardo Iriarte, que bacen negocios bajo el nombre de Iriarte Hermanos, en 7 de noviem-bre de 1925, eran dueños de un automóvil de carga marca Federal, y tablilla No. H-176, y cuyo automóvil en la feeba expresada venía baeia San Juan de Puerto Pico, por la carretera de Santurce a Bayamón; que un automóvil de carga, marca G-. M. C., licencia No. H-P 189, propio del demandado Gerónimo Morales, que venía por la misma carretera, en la misma dirección que el de los demandantes, y guiado por el chauffeur Juan R. Morales, en el servicio del demandado, por la negligencia y falta de cuidado de dicho chauffeur Juan R. Morales, al pasar por el lado del automóvil de carga de los demandantes, chocó con su rueda derecha trasera en la de-recha delantera del de los demandantes, y éste se fué al agua por el precipicio que hay en donde ocurrió- el choque, volcán-dose el automóvil de los demandantes, y sufriendo desper-fectos en el motor y otras partes, quedando inservible para el transporte y uso a que venía destinado-; que ese accidente se debió únicamente a la falta de cuidado del chauffeur Juan E. Morales, que al pasar se desvió innecesariamente a la de-recha, ocasionando el choque; y que los daños sufridos por los demandantes se estiman por ellos en $1,500.

El demandado contestó p-or medio de negación general de ios hechos.

En el juicio las partes presentaron prueba testifical, y documental. La prueba, en cuanto a cómo ocurrió el hecho, fue contradictoria. Los testigos de la parte demandante declararon que .el automóvil del demandado pidió paso, que le fué dado: y que al pasar aquél se desvió queriendo entonces tomar su sitio el demandado, cuyo camión chocó con el de los demandantes, que recibió el golpe en. la rueda delantera de la izquierda, y fué a caer al agua, fuera de la carretera, sufriendo la rotura del radiador, de la caja del crank, del cigüeñal, de la caja de la carga, y del bloque de los cilindros, por rajadura, y quedando perjudicado el magneto. Los testigos del demandado declararon en el sentido de que el automóvil de carga del demandado no tuvo choque alguno con el de los demandantes, y que este último se fué al agua cuando ya el del demandado le había pasado; que el peón del automóvil de los demandantes se había bajado de su sitio para recoger un paquetito, y luego montó otra vez, y tomó el guía del automóvil mientras el chauffeur examinaba el paquete. Declararon también que el automóvil de carga con la tablilla H-.176, era uno de la marca Mack, y no- un Federal. Reía-tamos, en extracto, las manifestaciones principales de los testigos. La prueba documental de los demandantes justified-que el automóvil de carga Gr. M. C. a que se refiere la demanda es propiedad de G-erónimo Morales, de Naranjito. Y la del demandado, que en ningún tiempo en el año fiscal 1925-1926 fia figurado inscrito a nombre de Iriarte Hermanos, o de alguno de los demandantes, un automóvil de carga Federal, y que las tablillas H-176 fueron dadas para un auto-móvil de carga Mack de 3% toneladas, a favor de Celestina Iriarte, Jr.

Se probó asimismo que el chauffeur Juan R. Morales, en el momento del accidente, se bailaba al servicio del deman-dado, y en desempeño de funciones del mismo servicio, y que el truck se dedicaba a transporte de mercancías, como em-presa.

La corte de distrito dictó sentencia condenando' al deman-dado a pagar a los demandantes, como indemnización, $1,500 y las costas. A la sentencia, y haciéndola parte de la misma, se acompaña opinión, en la que se estudian los extremos de hecho y de derecho necesarios; y en la que se hace constar que la corte ha resuelto el conflicto de la prueba en favor de los demandantes, a cuyos testigos ha. dado crédito. Se hace constar asimismo que es cierto que el automóvil de carga de los demandantes llevaba ilegalmente las tablillas H-176, que pertenecen a un automóvil de carga “Mack” propio de Celes-tino Iriarte; pero que ese hecho no impide el ejercicio de la acción por los demandantes; y se cita la jurisprudencia sen-tada en el caso Birmingham, Railway Light and Power Co. v. Aetna Accident and Liability Co., 184 Ala. 601, 64 So 44, citado en Huddy on Automobiles, en el sentido de que no importa que el automóvil estuviera o no, registrado o inscrito de acuerdo con las leyes del Estado, ya que en ese caso el dueño podría ser culpable de una violación de la ley, pero ese hecho no afecta al deber legal del demandado, de guiar su carro de forma que no ocasione negligentemente daños a personas y propiedad.

En lo que toca a cómo ocurrió el accidente o choque, y a los desperfectos que sufrió el automóvil Bj-176, no encon-tramos que la corte inferior haya cometido error alguno. Decidió la corte el conflicto de prueba, y dió crédito a la de los demandantes; y a menos que se nos demostrara un mani-fiesto error en ello, o la influencia de pasión, prejuicio o par-cialidad, no creemos deber modificar tal resolución del con-flicto de prueba.

En lo que se refiere al valor de los daños, creemos que la corte cometió manifiesto error. De la declaración del testigo Arcelay de la Rosa, páginas 60 a 74, no puede deducirse que -la repai'ación del automóvil de carga No. H-176 exija necesariamente un gasto de $1,500, y sí de $700 a $800, a menos que se quiera poner a un automóvil ya bastante usado un gran número de piezas nuevas. No encontramos justificación para declarar el montante del daño en $1,500 y sí sólo en la suma de $750. Si el camión, mediante la inversión de esa suma en piezas de repuesto, y en trabajo de reparación, queda en condiciones de prestar buen servicio, no puede el perjudicado exigir, ni obtener, otra cosa. En este sentido se fia declarado ya este tribunal.

En lo que toca a la cuestión presentada por la parte apelante con relación a. la propiedad del camión perjudicado por el choque, convenimos con la corte a quo, en que cualquiera que fuera la responsabilidad que al dueño de dicho camión cupiera por usar tablillas que no eran las propias del camión, ello se reduciría a una violación de ciertas leyes, pero ello no releva a, los conductores de carros y automóviles de guardar el debido cuidado y emplear la necesaria diligencia en la conducción de sus vehículos, evitando el causar daño a personas o propiedades.

Quedan así resueltos los señalamientos de error presentados por la parte apelante bajo los números primero, segundo y tercero. En cuanto al que se refiere a la imposición de las costas, la conducta del apelante y su negativa a reconocer que su camión, guiado por su empleado, causó el daño cuya reparación se reclama, le pone en la condición de litigante temerario, que lleva aparejado la imposición de las costas.

La sentencia apelada debe ser modificada en el sentido de imponer al demandado, como indemnización a la parte de-mandante, el pago a ésta de Setecientos cincuenta dólares, y confirmada en lo demás.


text:
    Juan Ortiz Pericchi, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 717.

    Sometido: Abril 9, 1928.

      Resuelto: Junio 15, 1928.

      Nazario & García Méndez, abogados del recurrente; el registrador recurrido, compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El registrador de la propiedad se negó a inscribir un documento que se suponía ser una ampliación de una hipoteca anterior, basada dicha prórroga en la teoría de qne el nuevo convenio en realidad era una novación del contrato original.

El artículo 144 de la Ley Hipotecaria y el 181 del Reglamento leen comn sigue:

“Artículo 144. Todo hecho o convenio entre las partes que pueda modificar o destruir la eficacia de una obligación hipotecarla anterior, como el pago, la compensación, la espera, el pacto o pro-mesa de no pedir, la novación del contrato primitivo y la transac-ción o compromiso no surtirá efecto contra tercero como no se haga constar en el Registro por medio de una inscripción nueva, de una cancelación total o parcial, o de una nota marginal, según los ca-sos.’ ’
“Artículo 181. Conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la ley, cuando el hecho o convenio entre las partes produzca nova-ción total o parcial del contrato inscrito, se extenderá una nueva inscripción y se cancelará la precedente. Cuando dé lugar a la re-solución e ineficacia del mismo contrato, en todo o en parte, se ex-tenderá una cancelación total o parcial; y cuando tenga por ob-jeto, bien llevar a efecto un contrato inscrito pendiente de condi-ciones suspensivas, o bien hacer constar el pago de parte de una deuda hipotecaria, se extenderá una nota marginal.”

Las partes comparecientes en la escritura ante nos son el deudor hipotecario original, a quien se une su esposa, y el acreedor hipotecarÜo original. El deudor manifiesta que es dueño de cuatro fincas rústicas pequeñas, A, B, C y D, las que describe, haciendo las indicaciones usuales en cuanto a. la procedencia y naturaleza del título; que por cierta escri-tura otorgada ante el notario Miguel A. García Méndez, en determinada fecha, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Germán, al folio 106 del tomo 69 de ese pueblo, el referido deudor hipotecario, con el fin de garantizar el pago de un préstamo de dos mil dólares y sus correspondientes intereses, otorgó a favor del segundo compareciente, como tal acreedor hipotecario, una hipoteca voluntaria sobre una finca rústica compuesta de 63 cuerdas con 75 céntimos, sita en el barrio de Hoconuco Alto de San Germájn; que el aludido préstamo de dos mil dólares se efectuó bajo una condición que no se expresaba en la hipoteca original, al efecto de que la escritura últimamente mencionada debía ser inscrita como una segunda hipoteca; que la escritura de hipoteca No. 215, otorgada anteriormente ante el notario y en la fecha referidos, se hizo debido a que el deudor hipotecario aseguró que la finca en cuestión sólo estaba efecta a una hipoteca anterior a favor del Banco Federal de Préstamos Agrícolas; que al presentarse la escritura de la segunda hipoteca alegada, para ser inscrita en el registro de la propiedad, resultó ser no una segunda, sino una tercera hipoteca, con motivo de la inscripción anterior de otro gravamen, en adición al del Banco Federal de Préstamos Agrícolas; y que con el fin de dar una garantía buena y suficiente para el préstamo de dos mil dólares arriba mencionado, dicho deudor había convenido en ampliar la hipo-teca otorgada ante el notario Miguel A. García Méndez en diciembre 26, 1927, “y por la presente hace extensiva dicha hipoteca a las fincas que se describen en esta escritura, de-biendo continuar las mismas con dicho gravamen, ínterin la obligación haya sido totalmente cancelada de acuerdo con las cláusulas de la escritura referida.”

El nuevo convenio contiene también las siguientes cláu-sulas :

Octavo: Es deseo del señor Ramón Ramos López que la presente ampliación de hipoteca que se hace sobre las fincas descritas en esta escritura, quede sujeta a todas y cada una de las cláusulas estipula-das en la primitiva escritura de hipoteca.
‘ ‘ Noveno: Además de las cláusulas establecidas en la escritura de hipoteca, y las cuales rigen sobre la presente escritura, es conve-nido también entre las partes que si el deudor después de pagar uno o más plazos de los que se estipularon quisiese aplicar el mismo o los mismos a cubrir la responsabilidad asignada a una o más de las fincas gravadas, podrá hacerlo siempre que a juicio del acree-dor quede bien y suficientemente garantizado en cuanto a capital, intereses y créditos adicionales el resto de la deuda a que responden las fincas restantes, según la distribución que de dicha responsabili-dad hipotecaria se hace más adelante:
“Décimo: Para los efectos de la Ley Hipotecaria, los compare-cientes ahora de común acuerdo reparten la responsabilidad hipóte-caria entre las fincas gravadas de la manera siguiente: la finca des-crita en la escritura de hipoteca la cual es de sesenta y tres cuerdas setenta y cinco céntimos responderá de novecientos dólares de capital, y de las otras cantidades que representan intereses legales, inte-reses moratorios, costas y honorarios de abogado, caso de reclama-ción judicial; la finca descrita en la presente escritura con la letra A, responderá de doscientos dólares de capital; la descrita letra B, de cuatrocientos dólares de capital; la descrita letra C, de doscientos dólares de capital y la descrita letra D, de trescientos dólares de capital.’ ’

Los artículos 1171 y 1172 del Código Civil, sección sexta, sub-título sobre novación, Capítulo IY, titulado “De la extin-ción de las obligaciones,” libro IV, título I, leen como sigue:

“Artículo 1171. Las obligaciones pueden modificarse:
“1. Variando su objeto o sus condiciones principales.
“2. Substituyendo la persona del deudor.
“3. Subrogando a un tercero en los derechos del acreedor.
“Artículo 1172. Para que una obligación quede extinguida por otra que la substituya, es preciso que así se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles.”

Los artículos 144 de la Ley Hipotecaria y 181 del Regla-mento, en que se funda el registrador, pueden ser interpre-tados conjuntamente y a la luz del espíritu y fin de la Ley Hipotecaria y su Reglamento. Ese espíritu y fin están clara-mente indicados en las disposiciones contenidas en el artículo 144, al efecto de que todo hecho o convenio de las clases allí enumeradas “no producirá efecto contra tercero,” como no se haga constar en el registro.

El caso de Ortiz v. El Registrador, 16 D.P.R. 720, no es aplicable. Los autos de dicho caso no contienen copia del documento que en el mismo se discute. De los alegatos se desprende claramente que allí no hubo cuestión de novación vel non. Esto se desprende razonablemente también del texto inglés de la opinión. Cualquier duda que allí pudiera haber deberá surgir del uso de la palabra “ampliación,” en la traducción española como equivalente de la palabra “increase” empleada en la opinión original en inglés.

Los letrados del recurrente en el presente caso nos ase-guran que en el caso últimamente citado se efectuó un nuevo préstamo después de haberse inscrito la hipoteca anterior, y que la novación en cuestión fué una tentativa para incluir el montante del nuevo préstamo como parte de la hipoteca principal ya existente, que debía ser garantizado por el gravamen anterior sobre el inmueble ya hipotecado, sin pretenderse aumentar la garantía ya dada por tal deuda original. Esta aserción es enteramente consistente con los alegatos en el caso anterior y con la opinión de esta corte publicada en 16 P.R.R. 684, donde se dijo:

“The deed purported to be an increase and novation of a mortgage executed on July 27, 1907.”

Resolver que un deudor hipotecario puede aumentar a su voluntad una primera hipoteca ya inscrita sin dar garantía adicional por tal aumento y sin tener en cuanta los derechos de acreedores hipotecarios subsiguientes, quienes con poste-rioridad pueden haber inscrito sus gravámenes, sería eviden-temente contrario tanto a la letra como al espíritu de la Ley Hipotecaria y su Reglamento. Incidentalmente la prátetica de prestar dinero en segundas o subsiguientes hipotecas para garantizar el préstamo, muy pronto estaría fuera de uso! Pero ni la nota recurrida en el presente caso ni el alegato del registrador en apoyo de la misma ofrecen explicación o sugestión de alguna manera concebible en que una reducción de la suma garantizada por una hipoteca inscrita o por cual-quier otro gravamen sobre determinado inmueble podría per-judicar los posteriores poseedores de derechos reales u otros terceros para cuya protección fué aprobada la Ley Hipóte^ caria y en cuyo beneficio fueron establecidos los registros de la propiedad.

El documento que ahora tenemos ante nuestra considera-ción no es una novación del contrato original, ya que,.no..ha, habido cambio del objeto o de las condiciones principales, ni substitución de la persona del deudor, ni subrogación de un tercero en los derechos del acreedor. Mucho menos hay prueba alguna de la intención de extinguir la obligación original con la substitución de una nueva, ni ninguna incompa-tibilidad aparente “de todo punto.”

En el presente caso no hubo modificación alguna, del con-venio original, fuera de la garantía adicional dada y la redis-tribución de la responsabilidad con el fin de cumplir los requi-sitos del artículo 119 de la Ley Hipotecaria. El montante de la deuda no fue ni aumentado ni reducido. En lo que se refiere a los asientos originales y a los derechos inscritos de terceros, el único efecto de tal modificación es la cancelación parcial y el pago del gravamen que pesaba sobre la propiedad cubierta por la primera hipoteca.

Si se hubiese efectuado un pago parcial de $1,100 en vez de ampliar el gravamen original con el fin de incluir otros inmuebles en garantía de dicha cantidad, relevando hasta ese límite el inmueble primeramente hipotecado, entonces no hu-biera habido duda alguna respecto al procedimiento adecuado que se debía seguir. Sin embargo1, para poder hacer cual-quier cambio necesario en el asiento original, el resultado es exactamente el mismo.

En tales casos el fin primordial de un nuevo asiento o de una nota marginal, según sea el caso, no es indicar la situación actual de la obligación personal garantizada por el contrato adicional. El fin es informar al público en general que el gravamen hipotecario sobre cierto inmueble ha sido reducido hasta el límite que indica determinada cantidad de dinero. A un tercero que interese hacer un negocio directa-mente con esa finca no le interesaría en absoluto si la suma en cuestión fue deducida de la deuda original, o si fue garan-tizada por la ampliación del gravamen original a otro u otros inmuebles. A cualquier persona que negocie con el acreedor hipotecario original le bastaría saber que la responsabilidad del inmueble originalmente hipotecado ha sido reducida y que el montante de tal reducción lia sido garantizado, substitu-yéndolo con otros inmuebles.

Siendo el resultado idéntico (en su relación y efecto sobre la. hipoteca original que motivó el asiento que será afectado por la ampliación del gravamen original y por la responsa-bilidad disminuida de la finca ya gravada) no había razón satisfactoria por la cual el resultado no debe indicarse, al igual que cuando se efectúa el pago, mediante nota marginal. Pero sea ello como fuere, la modificación en el presente caso, a lo sumo, equivale a la “resolución o ineficacia” parcial del contrato original. De ahí .se desprende que el hacer un asiento de una cancelación parcial sería tanto permisible como correcto por las disposiciones expresas del artículo 181 del Eeglamento.

Desde luego, el registrador estaba muy en lo cierto al negarse a inscribir el documento en cuestión como un gravamen sobre dos de las fincas dadas como garantía adicional, ninguna de las cuales consta inscrita a nombre del deudor hipotecario ni a nombre de persona alguna. En cuanto a este extremo la nota debe ser confirmada. En todos los demás extremos debe ser revocada.


text:
    Hamburger Brothers & Co., peticionaria, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandado.
    No. 619.

    Visto: Junio 4, 1928.

      Resuelto: Junio 18, 1928.

      F. Soto Oras, abogado del peticionario; James R. Beverly, Procu-rador General, R. A. Gómez y Felipe Janer, Sub-Procuradores, abogados de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Hamburger Brothers & Co. radicó en la Corte de Distrito de San Juan una demanda contra Luis F. Díaz Lienza, sobre cumplimiento de contrato y daños y perjuicios, reclamando por el primer concepto $1,304.50 e intereses, y por el segundo $550 e intereses . Emplazado el demandado, no compareció, y se anotó su rebeldía por el secretario. La parte deman-dante, en 4 de abril de 1928 solicitó del secretario de la corte de distrito la inclusión del caso en el calendario especial del viernes 13 de abril de 1928, para presentar la prueba, y el secretario se negó a tal inclusión porque no se acompañó a la petición un sello de rentas internas de $5, para señala-miento. La demandante acudió a la corte de distrito con moción para que se ordenara al secretario que incluyera el caso en la forma pedida, y sin necesidad de sello, por no ser requerido éste por la ley vigente. La corte después de oír los argumentos de la parte, dictó resolución denegatoria de la moción. Este es el motivo del presente procedimiento de certiorari, iniciado por petición de fecha 21 de mayo de 1928.

En la Ley No. 17 de 11 de marzo de 1915, se establecen los derechos que han de pagarse por diversas diligencias, trámites y actuaciones judiciales; y entre ellos el siguiente:

“Sección 2. ....
*******
“C. Por entrar una causa en el calendario, y señalarla para jui-cio. . . $5.00.”

En 1915 no existía otro calendario que el general, referido a todos los asuntos ante las cortes, cualquiera que fuera su condición, en contienda, o en rebeldía de una parte.

En 1917, la Legislatura de Puerto Rico pasó una ley, la No. 94, promulgada en 31 de marzo de 1919, por la que se crearon los calendarios especiales para la audiencia de mo-ciones y excepciones previas en los lunes de cada semana; y el para la audiencia en expedientes ex-parte, legales espe-ciales, contencioso-sumarios, y juicios en rebeldía, para los viernes de cada semana.

En la sección 1 de esta Ley No. 94, se prescribe clara y concretamente que a la solicitud para inclusión, en calendario especial, de mociones o excepciones, se adherirá por el soli-citante un sello de rentas internas de acuerdo con el arancel. Se bace, pues, referencia expresa a tal arancel, que induda-blemente rige en cuanto a esa clase de señalamientos.

La sección 2 de la misma ley, dice así:

“Sección 2. — El viernes de cada semana será dedicado por las cortes que de ellos tengan jurisdicción a la vista de los asuntos ex-parte, procedimientos legales especiales, procedimientos contenciosos sumarios y juicios en rebeldía, formándose el lunes inmediatamente precedente, el calendario de todos los casos de la naturaleza mencio-nada, la inclusión de los cuales se hubiere solicitado por las partes. Por orden de la corte, inserta en las minutas, podrán incluirse en el calendario otros casos, con posterioridad a dicho día.”

Como se ve los calendarios especiales son dos. Confirman este aserto los artículos o secciones 3 y 4 de la misma ley, que los diferencian, al establecer los términos en que deben ser resueltas las cuestiones sometidas; y más aún, la sección 6, que empieza con estas palabras:

“Sección 6. — Los diferentes calendarios mencionados en esta Ley, así como los calendarios generales, serán coleccionados'. ...”

Se establece la diferencia apuntada-, y la que existe entre los calendarios especiales y el general.

Si se aplica una regla de interpretación literal, no es dudoso que la ley no lia. dispuesto que en los casos compren-didos en la sección 2, se adhiera sello de rentas internas.

Si aplicamos la regla de interpretación lógica, es indu-dable que la ley que dispone que en las mociones y excepcio-nes se una un sello con arreglo al arancel, y no dispone la unión de tal sello en los casos del artículo o sección 2, ba excluido éstos de tal carga.

Es antigua regla la de que las leyes que establecen una exacción contributiva o de impuesto, no se pueden hacer extensivas, por analogía, a los casos que no se comprenden claramente en ellas.

No puede este tribunal decidir que en la ley haya un error, sino que ella expresa de una manera final y concreta la voluntad del legislador, y en este caso, si el legislador hu-biera querido que se impusiera el sello en los casos de la sección 2 lo hubiera expresado, como lo hizo con referencia a los casos de la sección 1.

En la contestación del Procurador General, a nombre del juez, se afirmó que existe el derecho de exigir el sello.

En la vista de este caso la misma parte, o sea la representación del juez suscitó la- cuestión de no ser éste un caso propio para certiorari. La cuestión no está presentada en debida forma. No vemos que la resolución de que se trata se halle comprendida en ninguno de los incisos del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. Y aún si fuera apelable, la resolución nuestra podría depender de la eficacia, rapidez y efectividad del remedio en apelación, como se ha dicho en el caso San Juan Racing & Sporting Club v. Foote, Juez, 31 D.P.R. 161. Es de hacer constar, una vez más, que el mero hecho de que la resolución no sea apelable, no determina la procedencia del auto de certiorari, ya que la parte que lo solicita debe demostrar una violación de las reglas que determinan la jurisdicción, o que son norma del procedimiento, y presentar un caso que requiera el ejer-cicio de la sana discreción del tribunal a que acude. Véanse a este propósito las decisiones de este tribunal en los casos Espada v. Sepúlveda, Juez, 20 D.P.R. 134, Polo v. Domínguez, 15 D.P.R. 609, Torres v. Gill, 17 D.P.R. 40, y Arguelles v. Rossy, 19 D.P.R. 1049, y Rubio v. Rodríguez, 25 D.P.R. 182. La doctrina en esos casos es la seguida y confirmada por este tribunal.

Como conclusión a lo expuesto, debe revocarse y anularse la resolución de la Corte de Distrito de San Juan de fecha 8 de mayo de 1928, objeto de este procedimiento.


text:
    Luis Rodríguez, Benito Sierra y Cirilo Avilés, peticionarios, v. Eduardo J. Saldaña, en su carácter de Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, demandado.
    No. 9.

    Resuelto: Junio 20, 1928.

      Bolívar Pagan, abogado de los peticionarios.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los párrafos 3o. y 4o. de la tercera tentativa que hacen los peticionarios para demostrar por qué este tribunal debe conocer del procedimiento de injunction propuesto,' leen como sigue:

“III. Que el 23 del corriente, mediante moción, los peticionarios insistieron en solicitar providencia exponiendo un nuevo motivo, que éstos estimaban y estiman suficiente, porque por similar motivo este Honorable Tribunal Supremo ba tomado jurisdicción original en numerosos casos citados y parecidos al presente.
“IV. Que el 24 del corriente este Honorable Tribunal Supremo, aceptando implícitamente los motivos expuestos por los peticiona-rios en la alegación XVI enmendada, dictó otra resolución decla-rando otra vez que no ha lugar al auto solicitado, exponiendo esta vez como fundamento el que este Tribunal carece de tiempo necesa-rio para oír a las partes debido al acumulado trabajo pendiente y en vísperas de vacaciones, y exponiendo también este Tribunal que no se ha demostrado que este Tribunal Supremo tenga jurisdicción original en la materia planteada.”

Nuestra resolución del 24 de mayo, de que ahora se que-jan los promoventes, se copia verbatim al margen.

La única razón adicional para invocar la jurisdicción original de esta Corte, aducida en el párrafo XVI de la petición según fné enmendada por medio de la moción anterior de los peticionarios, fné la indicación contenida en el inciso (d) de dicho párrafo, según qnedó enmendado, al efecto de que la presente controversia envuelve cuestiones de tal magnitud como la de la legalidad de las sesiones legislativas y H interpretación de la Carta Orgánica en lo relativo a las limitaciones impuestas sobre los poderes de la Legislatura.

La única autoridad citada por los peticionarios en apoyo de este nuevo fundamento para dirigirse a la Corte Suprema en vez de la corte de distrito, era y es el caso de Municipio de Quebradillas v. Secretario Ejecutivo, 27 D.P.R. 147.

Al denegar la moción anterior, esta corte hizo distinción del caso de Quebradillas, indicando que el mismo envolvía no solamente las cuestiones señaladas por los peticionarios en el presente recurso, sino también cuestiones referentes a. ciertos poderes del Jefe Ejecutivo. En dicho caso se hizo hincapié sobre el elemento de tiempo para demostrar que no había necesidad de hacer una determinación rápida y final de la controversia. Se hizo además la distinción die que dicho caso fué resuelto hace más de diez años, bajo condi-ciones muy distintas a las hoy existentes. Tal vez pudo haberse hecho mención de la cuestión sobre nombramientos hechos durante el receso de la Legislatura, cuestión que es-taba envuelta indirectamente y que fué discutida incidental-mente como un factor de mayor importancia práctica que el punto resuelto en relación con el pocket veto.

En la moción anterior, los promoventes citan otros casos, no como ahora alegan en apoyo de la razón adicional expuesta para invocar la intervención en primera instancia de esta corte, sino en relación con el primer fundamento expresado en el inciso (a) del párrafo XVI de la petición origina] y en el primer inciso de la enmienda propuesta, en que se exponen sin alteración o modificación alguna. Al resolver la moción anterior, se hizo una clara distinción de estos casos por fundamentos que no es necesario repetir aquí. La referencia que se hace en dicha resolución al caso de Todd v. Saldaña, 33 D.P.R». 704, y la situación peculiar con que se confrontaba este tribunal en aquel caso, simplemente se Mzo con el fin de poner de manifiesto lo poco sabio que sería asumir jurisdicción en un caso más o menos difícil y com-plicado que necesariamente sería sometido dentro de pocos días antes de comenzar el término de vacaciones ya fijado por la ley, y que no está sujeto a ser alterado a voluntad o conveniencia de este tribunal. El próximo párrafo de la resolución indica la imposibilidad práctica de decidir antes de noviembre las cuestiones que tratan de someter los peti-cionarios. El becbo de que otros muchos casos de igual o> mayor importancia ya habían sido sometidos y están pen-dientes de resolución o señalados para vista, fue mencionado de paso por el valor que esa indicación pudiera tener para dar más peso a nuestra decisión.

Entonces, los peticionarios, en su moción anterior, dejaron de citar, en apoyo de cualquier fundamento nuevo o adi-cional para acudir a esta Corte Suprema en primer término, numerosos' casos similares al presénte en que este tribunal ■había ejercido jurisdicción original. En verdad, no fué la intención de esta corte, tácitamente o en alguna otra forma, aceptar como suficiente cualquiera de las razones aducidas por los promoventes en la propuesta enmienda del párrafo XVI de la petición, todas las cuales, excepto la última, que es el único fundamento adicional que se sugiere, habían sido rechazadas definitivamente mediante nuestra resolución anterior, por ser inadecuadas. La segunda resolución, ''supra, no se basó en forma alguna en la carencia de tiempo para oír a los peticionarios, según ellos ahora alegan, sino más bien, incidental y parcialmente, en la imposibilidad práctica de llegar a una decisión final después de haber oído a todas las partes interesadas, antes de que el tribunal se declarase en receso.

Una de las razones, que es tal vez el motivo principal señalado en la solicitud original y recalcado en la moción posterior como fundamento para invocar la jurisdicción original de esta corte, es la demora a que estaría sujeta, la determinación final de la contienda en caso de que el deman-dado apelara de una resolución favorable a los peticionarios. Una obvia respuesta a esta indicación sería el hecho promi-nente de que dentro de todas las probabilidades humanas, y debido a circunstancias sobre las cuales esta corte no tiene dominio alguno, muy poco o nada ganarían los peticionarios en lo que a tiempo se refiere si ejerciéramos la jurisdicción original propuesta por ellos.

Es bueno añadir con relación a este extremo que al resolver la moción anterior pasamos por alto el hecho de que la demora que prevén los peticionarios se basa en la hipó-tesis de que se dicte sentencia favorable a ellos y de que el demandado apele de la misma. Sin embargo> los promo-ventes no se quejan ahora de ésta omisión, y una variación tan leve en el caso hipotético previsto no afecta la corrección de la conclusión a que ya se ha llegado. En nuestra resolu-ción anterior rehusamos asumir, como se suponía que lo hicieron entonces los peticionarios, que la corte de distrito declararía constitucional una ley inconstitucional. Tampoco podemos asumir, como lo hacen los peticionarios, que la ley que ellos atacan es inconstitucional, ni que el demandado apelaría de la sentencia dictada por la corte de distrito resol-viendo que tal ley es inconstitucional. De todos modos, el elemento de tiempo envuelto y lo deseable de obtener el bene-ficio de una decisión anterior por parte de una corte de dis-trito sobre cuestiones de esta naturaleza, permanecen incó-lumes, y podríamos agregar que los promoventes no ban indicado en momento alguno cómo el mero becbo de dejar de obtener una decisión final sobre la. constitucionalidad de la ley en cuestión antes de la fecba en que se supone empezará a. regir podría irrogar daños graves o irreparables a los peticionarios.

“Aunque las cortes de apelación generalmente están investidas de jurisdicción original en ciertos casos y tienen cierta jurisdicción auxiliar o incidental a sus poderes de apelación, la función principal de tales cortes es el ejercicio de revisión sobre los tribunales infe-riores y sobre la comisión de errores por éstos.” 15 C. J. 1025, párrafo 445.

Como punto de partida para una investigación ulterior, se llama la atención de los señores letrados al párrafo 112, página 1076 de 7 R.C.L., de donde, sin aprobar o desaprobar el texto, hacemos el siguiente extracto:

“Debe hacerse una distinción entre los recursos privilegiados de mandamus, quo warranto, certiorari, y otros similares, y los no pri-vilegiados que se designan con esos mismos nombres; en otras pa-labras, entre autos que se expiden para fines privilegiados — es decir, generalmente para fines publdci juris — y los que se expiden para proteger y hacer cumplir derechos meramente privados. A las cor-tes inferiores se les confiere autoridad para conocer de estos recursos como un incidente de su jurisdicción original general; a las cortes de apelación se les concede tal autoridad para darles jurisdicción. Los tribunales inferiores conocen de estos recursos con jurisdicción 'original ilimitada, ya que en los demás casos tienen jurisdicción original general. Las cortes de apelación no pueden tomar juris-dicción original en los demás casos, y la jurisdicción que estos re-cursos les confieren es esencialmente limitada. Las cortes inferiores conocen de estos recursos privilegiados como parte de su jurisdic-ción original, con autoridad de expedirlos en todo caso adecuado, mientras que un tribunal de apelación conoce de los recursos privi-legiados mediante jurisdicción privilegiada, con la facultad de ex-pedirlos únicamente en casos privilegiados adecuados. Cuando se invoca la jurisdicción original de un tribunal de apelación, debe pro-cederse mediante permiso de la misma corte, demostrándole prima facie que se trata de un caso adecuado para que la corte tome cono-cimiento de él.”

En la página 19, párrafo 1°., de 32 C. J., se dice que:

‘‘El recurso de injunction no es de por sí un recurso privile-giado, sino que a veces se bace uso de él para fines privilegiados, como por ejemplo, cuando se instituye a nombre del soberano o del estado para hacer efectiva su jurisdicción para impedir monopolios o estorbos públicos, o para evitar el abuso de los poderes concedi-dos a empresas de monopolio.”

En una nota que aparece al pie del texto últimamente citado, hallamos la siguiente manifestación:

“ (a) En Wisconsin, en virtud de una disposición constitucional, se ha resuelto que el injunction es un recurso quasi-privilegiado cuando surge una cuestión que hace que su uso sea adecuado. State v. Milwaukee, 102 Wis. 509, 78 N. W. 576; State v. Cwvnmgham, 81 Wis. 440, 51 N. W. 724, 15 L.R.A. 561; Atty. Gen. v. Earn Claire, 37 Wis. 400; Atty. Gen. v. Chicago, etc., B. Co., 35 Wis. 425.”

En ausencia de una disposición similar a la contenida en la constitución de Wisconsin, ya sea en la Carta Orgánica o en las leyes locales, confiriendo autoridad a este tribunal para conocer de los recursos de injunction, no necesitamos por ahora determinar si al interpretar una disposición cons-titucional parecida seguiríamos el precedente establecido por las cortes de Wisconsin.

En la moción que estamos considerando, los promoventes se refieren al segundo párrafo de la Orden G-eneral No. 118, de agosto de 1899, con relación a la reorganización y a las funciones de la Judicatura (Compilación de los Estatutos Eevisados de 1911, sección 6680), en el sentido de conferirle a la Corte Suprema jurisdicción original en todos los asuntos civiles y criminales. No hay argumento alguno en apoyo de la proposición así sometida por los peticionarios. Bajo esas circunstancias, bastará decir que el párrafo en cuestión debe ser interpretado en relación con otras disposiciones conté-sidas en la misma Orden Militar, y con arreglo a ciertos principios cardinales de hermenéutica.

No es necesario qne refutemos las manifestaciones del abogado de los peticionarios al efecto de que la “Ley para transformar la Corte Suprema de Puerto Rico en corte de apelación, aprobada el 12 de marzo de 1903,” (Compilación de los Estatutos Revisados de 1911, sección 1141) no limitó los poderes de la Corte Suprema tal como fue constituida por la Orden General No. 118, sufra, y reconocida por la primera carta orgánica. Sin embargo, lá ley de 1903 ofrece una indicación significativa por vía de interpretación legis-lativa contemporánea. La primera sección de dicha ley co-mienza diciendo “que el Tribunal Supremo de Puerto Rico constituirá de aquí en adelante un tribunal de apelación, y no un tribunal de casación.”

En 15 C. J. 687 se define una corte de casación, así:

"El tribunal más alto de Francia; llamado así por tener la facul-tad de anular (casser) los decretos de las cortes inferiores.”

Los peticionarios sostienen además que la .jurisdicción de esta corte en asuntos de la clase que ahora tenemos bajo nuestra, consideración ha sido fijada definitivamente por la “Ley para, definir los ‘injunctions,’ para determinar cuándo pueden librarse, y para derogar una ley autorizando los ‘injunctions,’ aprobada en 1 -de marzo de 1902, y todas las demás que se opongan a la presente.” (Compilación de los Estatutos Revisados, secciones 1354 a 1368.)

La sección 2 de esa ley dice así (bastardillas nuestras):

"La Corte Suprema, o cualquier juez de la misma, podrá, para hacer efectiva su jurisdicción, librar mandamientos de injicnction, bajo las reglas prescritas por la ley. y los jueces de las respectivas cortes de distrito podrán también librarlos en todos los casos en que tales mandamientos sean procedentes.”

No tenemos acceso a los casos de Barret v. Watts, 13 S. C. 441; Hutsonpiller v. Stover, 12 Gratt. (53 Va.) 579; y Kimbal v. Neal, 44 Vt. 567. En ninguno de los otros casos citados por los promoventes hallamos discusión alguna rela-tiva a la jurisdicción o poder de tribunales de apelación para expedir autos de injunction.

Debe declararse 'sin lugar la moción.

       RESOLUCION — San Juan, Puerto Rico, mayo 24, 1928. Por cuanto el 22 del corriente este Tribunal dictó una resolución declarando sin lugar el auto de injunction solicitado, por no estimar suficientes los motivos expresados por los peticionarios en el párrafo XVI de la petición para haberse acudido originalmente ante este Tribunal, y sin prejuzgar la cuestión de si los peticionarios tienen o no un interés directo en las cuestiones planteadas bastante para justificar la expe-dición del mandamiento que se interesa; *
      Por cuanto los peticionarios, por medio de una propuesta enmienda del pá-rrafo XVI de su petición, insisten en que este Tribunal provea lo necesario para la tramitación y discusión de las cuestiones planteadas en su fondo, en beneficio de la justicia, quedando redactado el referido párrafo XVI en su propuesta forma enmendada, como sigue:
      “XVI. — Que dichos peticionarios acuden originalmente ante este Honorable Tribunal Supremo con el presente remedio por las razones siguientes:
      “(a) Porque el demandado es un alto funcionario del Gobierno de Puerto Rico.
      “(6) Porque de aeudirse primeramente, en jurisdicción original, ante una corte de distrito para plantear las cuestiones envueltas en este recurso, el deman-dado, en caso de sentencia adversa, podría interponer apelación para ante este Tribunal Supremo, demorando de esta manera grandemente la sentencia final, evi-tando así la suspensión de la ley impugnada cuyos irreparables perjuicios desean evitar los peticionarios.

        “ (o) Que la propuesta ley de los señores Tous Soto y García Méndez, de ser ejecutada, constituye un grave perjuicio y peligro inminente para centenares de miles de ciudadanos obreros residentes en Puerto Rico que serían afectados, y por ello constituye este litigio un asunto de vital y trascendental interés público.

        “ (d) Que este litigio envuelve cuestión tan importante como la legalidad de sesiones de la Legislatura, y la interpretación de la vigente Ley Orgánica de Puerto'Rico en cuanto a la limitación constitucional de los poderes y facultades de la Asamblea Legislativa.”
      - Por cuanto los peticionarios ahora alegan que por idéntica razón a la- ale-gada. en el inciso (a) de dicha alegación XVI, este Tribunal ha tomado jurisdic-ción original en infinidad de casos, especialmente en los siguientes, donde esta Corte afirmó su doctrina declarando que puede tomar jurisdicción original en asuntos donde el demandado sea un alto funcionario del Gobierno de Puerto Rico: Zavala v. Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, 9 D.P.R. 211; Negrón, etc. v. El Superintendente de Elecciones, 11 D.P.R. 366; Lutz v. Post, 14 D.P.R. 860; Jiménez v. Reily, 30 D.P.R. 626; Pagán v. Towner, 35 D.P.R. 1; Partido Socialista v. Towner, 35 D.P.R. 187; Martínez Nadal et al. v. Saldaña, Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, 33 D.P.R. 721; Todd v. Saldaña, Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, 33 D.P.R. 704; y Martínez Nadal v. Saldaña, Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, el cual está, pendiente de sentencia ante esta Corte.
      Por cuanto los peticionarios ahora alegan además que la razón expuesta en el inciso (d) de la alegación XVI, por sí sola, sería suficiente para pedir la juris-dicción original de este Tribunal, a tenor de lo resuelto por esta Corte en el caso de Municipio de Quebradillas v. Secretario Ejecutivo, 27 D.P.R. 147.
      Por cuanto el caso últimamente mencionado que envolvía la determinación del' derecho del veto fué presentado el 25 de marzo de 1918, habiendo sido resuelto 'el -11 'de marzo' de 1919, en una época en que no existía la situación anormal y difícil indicada en el caso de Farinacci v. The Niagara Fire Insurance Co., resuelto el 25 de abril de 1928.
      Por cuanto- de los otros casos citados por los peticionarios, uno fué presen-tado ante' uno de los jueces asociados de este Tribunal en funciones de turno du-rante el período de vacaciones, y los demás, o eran asuntos electorales de natu-raleza -urgente, debido al elemento de tiempo envuelto, o iban dirigidos contra el "Jefe Ejecutivo de -la Isla o contra el antiguo Consejo Ejecutivo.
      Por cuanto en uno de los casos más recientes de los citados por los peticionarios, o sea, el de Todd v. Saldaña, visto el 30 de julio do 1924, y resuelto en agosto 2 del mismo año, momentos' antes de entrar en el período de vacaciones, osta Corte por mayoría, y a pesar de la naturaleza de las cuestiones envuelta» según se desprende de la opinión concurrente del Juez Asociado Sr. Aldrey y de la opinión disidente del Juez Asociado Sr. Franco Soto, se vió en la necesidad de confesar que en el tiempo de que había podido disponer para considerar la cuestión, no estaba preparada, bajo los hechos y la jurisprudencia que estuvieron a su alcance, para resolver la cuestión planteada.
      Por cuanto como consecuencia inevitable de las cuestiones subrayadas por los peticionarios en el inciso (d) del párrafo XVI, supra, y como resultado del tiempo necesario para oir a las partes, y para que quede en definitiva somotido-el caso a la consideración de este Tribunal en vísperas del próximo período de vacaciones fijado por la ley, y dado el gran número de casos ya sometidos y no resueltos, así como la larga lista de casos ya señalados para vista o los pendientes, de señalamiento, muchos de los cuales son de importancia y algunos de urgente resolución, es claro y evidente que no nos quedaría tiempo suficiente para el de-bido estudio y satisfactoria disposición de las cuestiones envueltas, antes del pró-ximo mes de noviembre.
      Por cuanto no podemos asumir como asumen los peticionarios que la corte de distrito resolvería el caso en contra de ellos, si es que tienen razón, y, por otro lado, mucho menos podemos asumir que una vez resuelta la controversia en contra de los peticionarios por una corte de distrito, semejante decisión sería errónea, y en todo caso, aceptando única y exclusivamente para los fines de esta resolución, que las cuestiones envueltas son tan difíciles y complicadas e importantes como creen los peticionarios, entonces nos parece preferible que, si la petición es ad-misible, sean resueltas en primer término por la corte de distrito, dándonos así el beneficio de la opinión de su juez y de un estudio más profundo y acabado de la jurisprudencia aplicable, por parte de los letrados. Y
      Por cuanto, por último, el auto de injunction solicitado no es en ayuda de la jurisdicción de apelación de esta Corte Suprema y los peticionarios no han demostrado que esta Corte tenga jurisdicción original en la materia.
      Por tanto, no ha lugar a la providencia solicitada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Tomasa Román, demandante y apelada, v. La Sucn. de Don Luis Domich,
    No. 4442.

    Visto: Junio 15, 1928.

      Resuelto: Junio 20, 1928.

      Buenaventura Esteres, abogado de la apelante; E. Martínez Aviles, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un pleito sobre reconocimiento de hijo natural. La demanda es suficiente. Alega no sólo un mo-tivo sino varios que dan lugar al reconocimiento. La con-testación niega los hechos en que el reconocimiento se basa y alega la defensa de “laches.” Fué el pleito a juicio y la corte lo decidió a favor de la parte demandante, emitiendo una relación del caso y opinión de la cual transcribimos lo que sigue:

“La vista de este caso tuvo lugar el día 21 de julio de 1927, con asistencia de las partes y sus respectivos abogados. Se presentó prueba documental y testifical. Y el caso quedó concluso para sen-tencia.
“Allá por el año 1906 y en un barrio de Camuy, Luis González Domich. y Tomasa Román, ambos en estado de soltería y sin impedi-mento para contraer matrimonio, entablaron relaciones íntimas de carácter marital. González era dueño de una finca. Tenía como agregado a Vicente Vélez; y éste vivía con su esposa y sus hijos en una modesta casa de paja ubicada en la misma finca. Por orden ex-presa de González, su referido agregado construyó personalmente una pequeña habitación anexa a la casa que vivía. A requerimiento de González, Tomasa Román fué a vivir a casa de Vélez ocupando la habitación así construida. González la visitaba con frecuencia y especialmente de noche quedándose a dormir con ella. Tuvieron re-laciones sexuales. Resultado de estas relaciones sexuales extramatri-moniales fué el que Tomasa quedara en estado de concepción. Así transcurrieron tres meses. Entonces González estuvo personalmente en casa de Luisa Herrera, quien había catorce años vivía en concu-binato con Maximino González, hermano de Luis, y obtuvo de la Herrera que le alquilara una habitación para llevar allí a Tomasa Román. Esta, a instancias de González, fué a alojarse y se alojó a casa de la Herrera. Allí continuó visitándola González Domich tanto de día como de noche, sin interrumpir sus relaciones marita-les. Ninguna otra persona vivía con ella. González Domich la en-viaba el diario para su alimentación. Así las cosas, el día 8 de no-viembre de 1907, Tomasa Román dió a luz un niño. En su parto-fué asistida por Monserrate Pérez, enviada a buscar al efecto por González Domich y a quien retribuyó o pagó el propio González en persona por la asistencia prestada a Tomasa, y la encargó cuidara o atendiera al niño hasta que la madre estuviera de alta. El niño fué inscrito en el' Registro Civil con el nombre de Avelino Román, hijo natural de Tomasa. González Domich siguió visitándoles, atendiendo a las necesidades de la madre y el niño; y encargó especialmente a Luisa Herrera que cristianase o bautizase al niño y al efecto ésta le sirvió de madrina al menor en su bautismo; y también le en-cargó que si algún día Tomasa se iba de la casa, se quedara con el niño que él le ayudaría a sostenerlo. Tiempo más tarde las relacio-nes entre González Domich y Tomasa Román tuvieron una crisis. Vino la ruptura. El niño se quedó al cuidado inmediato y en el hogar de Luisa Herrera. Era conocido con el nombre • de Ramón, y su diminutivo Moncho González. Luis González Domich le en-viaba trajes, zapatos, sombreros; lo visitaba, lo llamaba ‘hijo’, le bendecía, le acariciaba; y cuando fué por primera vez a la escuela le dijo que se anotara con su apellido, con el de González, y así lo hizo el menor y con ese nombre fué conocido en los colegios. Le alentaba para que aprovechase el tiempo estudiando, y le prometió enviarle a un colegio a hacer estudios superiores. Cuando quince años más tarde, en 1921, González Domich se enfermó y agravó el niño fué a verle todos los días; y cuando murió estuvo junto a su cadáver. Estos son los hechos probados por el demandante. La prueba de los demandados no los contradicen. Esta se reduce a establecer que González Domich era hombre que siempre vivió con su familia y a quien nunca se le conoció novia ni concubina.
“La evidencia ofrecida demuestra como hecho innegable que Luis González Domich sostuvo relaciones sexuales extramatrimonia-les con Tomasa Román y que las relaciones íntimas surgidas de tal estado de cosas continuaron así hasta la fecha del nacimiento del niño Avelino Román, generalmente conocido por Ramón Gonzá-lez, y aún después de la misma. Estamos convencidos de que Luis González Domich fué su padre. Esta conclusión se deduce de toda la prueba que fué presentada. Tomasa Román, madre de Ramón, vivió en casas donde expresamente la alojó Luis González Domich, y apenas existe duda alguna de que éste atendió a sus necesidades o contribuyó a su sostenimiento aún después del nacimiento de Ra-món; ni de que trató, privada y públicamente, a Ramón como su hijo, y le atendió en sus necesidades. Las declaraciones, francas y abiertas de los testigos del demandante, especialmente las de Luisa Herrera, Monserrate Pérez, Casiano Franqui y Manuel Herrera, por su forma de expresión y sus conductas en la silla de testigos, no dejan en el ánimo de la corte otra impresión que la firme de que Avelino Román, siempre conocido con el nombre de Ramón Gonzá-lez, es hijo de Luis González Domich habido en Tomasa Román cuando ambos eran solteros y en condición de casarse, tanto a la concepción como al nacimiento del mismo.
“Y si en esas circunstancias fué procreado y nació Avelino Ro-mán o Ramón González el día 8 de noviembre de 1907, la cuestión relativa a su reconocimiento se regula por las disposiciones del art. 189 del Cód. Civil Revisado entonces vigente, que prescribe, en parte, lo siguiente:
“ ‘El padre está obligado a reconocer al hijo ilegítimo en los ca-sos siguientes:
*******
“ ‘2. Cuando pública o privadamente le tenga por hijo suyo o le haya llamado tal en conversación o se ocupe de su educación y sostenimiento.
“ ‘3. Cuando la madre fué conocida viviendo en concubinato con el padre al tiempo del embarazo o nacimiento del hijo, o cuando éste haya nacido llevando sus padres relaciones amorosas.’
“Con arreglo a la prueba, puede decirse que Luis González Domich y Tomasa Román no vivieron en concubinato ni llevaron relaciones amorosas. El tenía un hogar propio independiente. Nada hay que demuestre que tenían la intención de casarse o estaban comprometidos para ello. Medina vs. Sucn. Bird, 30 D.P.R. 158; Busigó vs. Sucn. Tejera, 33 D.P.R. 505. El presente caso no cae, pues, dentro del inciso tercero del citado artículo 189. Pero sí puede afirmarse que, con arreglo a la prueba, Luis González Domich tuvo pública y privadamente por hijo al niño de que se trata, y el caso cae dentro de las disposiciones del segundo inciso.
“El aquí demandante nació en época en que actos aislados de reconocimiento, si fueron suficientemente probados, bastan para es-tablecer un estado legal. Mercado vs. Sucn. Mangual, 35 D.P.R. 422. La prueba de estos actos en el presente caso es convincente. Desde que Ramón nació, su padre se encargó de establecer ese es-tado legal, encomendando la atención del niño en sus primeros días a Monserrate Pérez, mientras la madre se restablecía; pidiendo y obteniendo de Luisa Herrera que lo bautizase y que se hiciese, final-mente, cargo del mismo; atendiendo sus necesidades mientras es-tuvo al cuidado de Luisa Herrera; diciéndole ‘hijo’ y llamando la atención de su parecido en presencia de Carmelo Vales; bendicién-dole y llamándole ‘hijo’ e incitándole a estudiar y ofreciéndole la oportunidad de asistir a colegios de enseñanza superior, en presen-cia de Casiano Franquí; repitiendo análogas escenas en presencia de Manuel Herrera; hasta hacerle conocer, además esa relación al propio demandante. Estos actos, más que aislados, casi constitu-yen una serie ininterrumpida de relaciones entre padre e hijo. Y si se prueba que el padre pública o privadamente ha tenido al hijo por suyo o lo ha llamado tal en conversación o se ha ocupado de su educación o sostenimiento, puede obtenerse la declaración del reconocimiento de hijo natural. Cruz vs. Quiñones, 31 D.P.R. 339. Este es el caso presente.
“Los demandados alegan como defensa especial que un pleito so-bre este mismo asunto íué entablado, abandonado y archivado, transcurriendo varios años sin que se hiciera gestiones para trami-tar dicho pleito. El pleito a que se hace referencia es el 6,700, so-bre filiación y partición de herencia, radicado a nombre del deman-dante por su madre el 20 de octubre de 1921, y tenido, a propia ini-ciativa y acción de la corte, por desistido el 15 de marzo de 1923, después de haber archivado los demandados una moción para elimi-nar que no fué señalada ni discutida ni resuelta. No aparece que se diera al demandante una oportunidad para comparecer y exponer causas por las cuales la corte debiera ordenar o' no el archivo del caso. Lo cierto es que este archivo fué decretado a espaldas del demandante. La nueva acción fué establecida el 18 de junio de 1926. Pero es que ‘los períodos, transcurridos los cuales el aban-dono o la negligencia en el ejercicio de las acciones, las destruye por completo, están expresamente fijados por el legislador en esta isla, y esos períodos y no otros son los que deben tomarse en cuenta por el tribunal sentenciador.’ Alcaide vs. Morales, 28 D.P.R. 278, 293. En el presente caso, de acuerdo con la ley, el término de pres-cripción no había transcurrido. Entre las dos acciones establecidas siempre a nombre del demandante, por su madre, pasaron tres años y tres meses. El demandante' era menor de edad al radicarse am-bas demandas; y el término para ejercitar su acción no había pres-crito. A la hora en que se redacta esta opinión continúa siendo un menor de edad el demandante. No vemos cómo puede ser aplica-ble la doctrina de Laches a este asunto para estimar que existe una negligencia por parte del demandante que es un menor que no puede comparecer personalmente en corte sino a través de quien sobre él ejerce la patria potestad, a fin de destruir en equidad su acción.”

No conforme la parte demandada, apeló para ante esta Corte Suprema señalando en su alegato tres errores.

Por el primero se sostiene que la corte erró al no archivar al mismo tiempo que dictó su sentencia una opinión escrita con los requisitos que exige la Ley No. 25 de 1925.

Examinada la relación del caso y opinión, una gran parte de la cual se deja transcrita-, a la luz de la ley invocada, se concluye que la dicha ley fué substancialmente cumplida. Aunque no en párrafos numerados y separados debidamente, es lo cierto que los hechos que el juez sentenciador estimó probados fueron por él consignados. Tampoco puede sos-tenerse que dejara de expresar los motivos que tuvo para decidir el caso a favor del demandante. Y cuando se cumple substancialmente con la expresada ley, ya esta corte ha deci-dido en varios casos que es bastante.

El segundo señalamiento de error es como sigue:

“2Q — La corte de distrito cometió manifiesto error y actuó con marcado prejuicio' en la apreciación de las pruebas en este caso: (a) al estimar que la prueba de la demandante es suficiente para sostener las alegaciones de su demanda y para establecer un caso de Reconocimiento de Hijo Natural; y (b) al declarar que la prueba -de los demandados no contradice a la de la demandante.”

Diez y siete páginas de su alegato dedica 1a, apelante a discutir este error. No tiene razón a nuestro juicio. No era necesario que se probara el concubinato alegado. Tam-poco las relaciones amorosas en el sentido que usualmente se les da, a saber: aquellas que preceden al matrimonio o a la promesa de matrimonio. Basta que se probara como se probó de modo robusto y convincente que Luis González Domieb, el causante de la sucesión demandada, tuvo rela-ciones sexuales con la demandante Tomasa Román, naciendo como consecuencia de ellas el niño Avelino Román, conocido por Ramón González, a quien el padre atendió, sostuvo y reconoció como bijo suyo en la forma que se expresa por el juez sentenciador.

Es cierto que se notan algunas contradicciones en la prueba, pero no de tal naturaleza que la desacrediten. Se hace mucho énfasis en el alegato y se insistió en el informe oral en la contradicción que se advierte en relación con la fecha del nacimiento del niño según la comadrona y según el registro civil.

Nos parece que sobre ese extremo se ha expresado con ingenuidad y como sucede generalmente cuando se adopta tal línea de conducta, con acierto, la parte apelada al con-testar a la, apelante, en su alegato, así:

“Se trata de impugnar la veracidad de la testigo Monserrate Pérez, porque dijo que el niño había nacido la víspera de la Mon-serrate por la madrugada. Según el compañero Esteves la Monse-rrate es el día 8 de septiembre. La partida de nacimiento de Ave-lino Román, presentada en evidencia dice que el niño nació el 8 de noviembre a las cinco de la tarde. El Juez acepta la certificación oficial y concluye que el niño nació el 8 de noviembre. Iíay dos meses de diferencia. Nos inclinamos a creer que Monserrate Pérez es la que está en lo cierto. Tomasa Román fue a inscribir el niño el día 31 de diciembre. De acuerdo con la ley ella estaba obligada a inscribirlo dentro de los 60 días. Si hubiera declarado al enear-gado del Registro que nació el 8 de septiembre Rubiera estado su-jeta a sufrir un castigo. Tal vez si ante ese temor, y como sucede con frecuencia, ella, Tomasa Román, falseó la verdad en cuanto a aquel extremo. Lo cierto es que ella no fué preguntada, y fué lla-mada como testigo de los demandados, sobre el particular y para que explicara la contradicción surgida al parecer,, entre su declaración ante el Encargado del Registro Civil de Camuy el 31 de diciembre de 1907 y la declaración de Monserrate Pérez.”

En cuanto a que el juez concluyera, erróneamente que no hubo prueba contradictoria por parte de la demandada, nos parece que el juez explica satisfactoriamente el alcance de su afirmación. . Si se estudia bien la prueba aportada por la demandada, se verá que en efecto no contradice de modo directo los liechos concretos afirmados por la prueba de la demandante. Expone en general que González Domieb era Lombre de buenas costumbres, que nunca se casó'y vivió siempre con su familia, sin que se le conociera novia o con-cubina, siendo de naturaleza enfermiza y retraída. El que así se le considerara, no destruye necesariamente el hecho de las relaciones sexuales, el del nacimiento del niño como resultado de ellas y el del reconocimiento.

El último error que se alega es el de no liaber la. corte apreciado a favor de la demandada su defensa de “laches.”

Lo dicho por el juez sentenciador en su opinión es sufi-ciente, pero aún en el caso de que sin haber transcurrido el término fijado por la ley para el ejercicio de la acción, pu-diera alegarse la defensa de “laches,” las circunstancias no revelarían en manera alguna un abuso de discreción por parte de la corte. Al contrario. La jurisprudencia sobre la ma-teria dice:

“No hay regla alguna artificial o absoluta respecto al período de tiempo o a las circunstancias que justifiquen la aplicación de la doctrina de demora {laches). La cuestión debe ser resuelta tomando en consideración todos los RecRos y circunstancias del caso en con-troversia. La demora es una cuestión de RecRo que debe . ser re-suelta ' por la prueba y cada caso generalmente debe determinarse por sí solo. En otras palabras, la cuestión es tal que descansa en la sana discreción de la corte.” 10 Cal. Jur. p. 526.

Por- virtud de todo lo expuesto, debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Aurelio R. Bauzá, demandante y apelante, v. Felipe Colón Medina, demandado y apelado.
    No. 4308.

    Visto: Abril 13, 1928.

      Resuelto: Junio 20, 1928.

      B. V. Pérez Marchand, abogado del apelante; F. Parra Capó y F. Parra Toro, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia en este caso el 2 de agosto de 1926 por la Corte de Distrito de Ponce declarando sin lugar la de-manda con imposición de costas, desembolsos y honorarios al demandante, éste apeló para ante la Corte Suprema. El 9 de diciembre siguiente la Corte Suprema desestimó el re-curso a instancias del apelado, comunicando su resolución el 19 del propio mes. El 24 de diciembre, 1926, el demandante archivó su memorándum de costas. La parte contraria alegó que dicho memorándum estaba fuera de ley y procedía su desestimación: “(a) porque la sentencia dictada recayó en agosto 2, 1926, y fue firme el 2 de septiembre, 1926; (b) porque si bien la parte demandante radicó un escrito de ape-lación contra dicha sentencia, no hizo éste efectivo su recurso y el demandado pidió su desestimación cuando ya habían transcurrido más de sesenta días de radicado el escrito de apelación, y (c) porque la sentencia era definitiva en octubre 2 en todo caso, y el artículo 339' del Código de Enjuiciamiento Civil vigente exige que el memorándum de costas se radique dentro de los diez días de la sentencia final y est© memorán-dum fue radicado en 24 de diciembre, 1926.” La corte señaló un día para oír a las partes y éstas convinieron en someter el caso por los méritos del memorándum y de la oposición. Finalmente la corte dictó una resolución razonada que ter-mina así:

“Por tanto la Corte desestima la oposición al memorándum de costas, techa por el demandante, y declara con lugar dicho memo-rándum de costas, desembolsos y honorarios de abogados, por enten-der que las partidas consignadas en el mismo son exactas, que los desembolsos hechos han sido necesarios, y no son excesivos los hono-rarios de abogado reclamados; costas, desembolsos u honorarios de abogado, que deben de ser satisfechos por el demandante al deman-dado. y ascendentes a la suma de setecientos siete dollars setenta y cinco centavos.”

Tres son los errores que señala el apelante:

Por el primero se sostiene que la corte erró al decidir que el memorándum se presentó en tiempo.

No tiene fundamento alguno. Es cierto que el memorán-dum no se presentó como exige la ley — artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó enmendado en 1917 —cleu.tro de los diez días siguientes al vencimiento del tér-mino para apelar, pero lo es también que habiendo sido ape-lada la sentencia se archivó dentro de los diez días siguientes a.l aviso oficial de la resolución del Tribunal Supremo deci-diendo el recurso, como la misma ley dispone.

El hecho de que la apelación se desestimara a gestión del apelado por haberla abandonado el apelante, no puede bene-ficiar a éste y perjudicar a aquél.

Una vez que el recurso se interpuso y formalizó quedaron suspendidos todos los procedimientos en relación con la sen-tencia con excepción de los que la misma ley expresa. Ar-tículos 296, 297 y 298 del Código de Enjuiciamiento Civil. La jurisdicción pasó a la Corte Suprema y la desestimación decretada como se decretó sin perjuicio de otra apelación, produjo el efecto de que 1a. sentencia apelada quedare firme. Artículo 304 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Por el segundo error se sostiene que la corte no estuvo acertada al resolver que no eran excesivos los setecientos dólares reclamados como honorarios de abogado en un pleito que envolvía sólo el cobro de 1250 dólares.

La parte apelada citando la. jurisprudencia establecida por esta corte en los casos de García v. Rodríguez, 27 D.P.R. 305, Nadal v. Miranda, 27 D.P.R. 323, Cortijo v. Rosario, 33 D.P.R. 431, Silva v. Carbonell, 35 D.P.R. 244, y Calderón v. Reyes, 31 D.P.R. 273, alega que una parte no puede celebrar el juicio de un caso fundada en una teoría y ganar su apela-ción por virtud de otra y en tal virtud que no habiendo la parte demandante impugnado los honorarios por excesivos en la corte de distrito, no puede hacerlo ahora en el Tribunal Supremo.

Realmente el demandante se limitó a pedir que la corte rechazara el memorándum por haberse presentado fuera de tiempo, pero la verdad es que la corte, que pudo hacerlo aunque no se levantara, por su propio acuerdo examinó y de-cidió la cuestión. Siendo ello así y tratándose como se trata no de un pleito cuyo juicio puede celebrarse escogiendo una de las varias teorías que pueden seguirse, obligando así al demandado a defenderse dentro de ella sin darle la opor-tunidad de presentar las defensas que hubiera podido aducir si se hubiera seguido otra, teoría, creemos que no es del todo aplicable la jurisprudencia invocada.

Ahora bien, ¿nos ha colocado la parte apelante en las mismas condiciones en que se encontraba la corte de distrito? De los autos sólo aparecen la demanda, la contestación y la sentencia. La demanda presenta un caso más complicado de lo que dice el apelante. No sólo se reclama el cumplimiento de un contrato que envuelve $1,250, si que también daños y perjuicios por valor de $600. Según la sentencia hubo juicio que se celebró durante los días 10 y 21 de mayo de 1926 y en el que-ambas partes, que estuvieron representadas por’-los abogados Pérez Marehand y Parra Capó, presentaron prueba testifical y documental. Quizá sea excesiva la suma reclamada y concedida, pero no estamos en condiciones de resolverlo con los elementos que tenemos ante nos.

Por el tercer error se sostiene que la corte debió haber reservado al demandante su derecho a impugnar el memorándum por razón de la cuantía. No estamos conformes. La ley concede a la parte vencida una oportunidad y esa oportunidad es la que debe aprovechar para plantear todas esas defensas.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    F. Gavilán & Cía., demandante y apelada, v. Viuda de Garriga e Hijos, Enrique Fernández, Angelina R. de Fernández, demandados, y Ricardo Diez, demandado y apelante.
    No. 4153.

    Visto: Junio 3, 1927.

      Resuelto: Junio 21, 1928.

      B. Arce Bollet y F. Zapater, abogados del apelante; V. Zayas. Bizarro, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal

Ricardo Diez, el apelante, suscribió un pagaré como fiador. De esto tanto la prueba aducida en el juicio como la opinión de la corte inferior no nos dejan lugar a dudas. Las dificultades que liemos tenido para hacer nuestras -conclu-siones se deben a que la prueba no siguió la demanda enmen-dada ; la sentencia no se ciñe ni a la demanda enmendada ni a la opinión de la corte, y no se copia correctamente el pagaré objeto de la controversia ni en la demanda enmendada ni en la opinión de la corte. Igualmente, el apelante' sostiene, y la apelada admite, que en la sentencia de la corte inferior se incluyó erróneamente a una persona que no es parte en el procedimiento, pero tal cosa no aparece en la sentencia. .El error se cometió en la opinión de la corte. No obstante, lá prueba demuestra que las partes entendieron debidamente las verdaderas controversias envueltas. Por tanto, en lo que al pagaré se refiere, debe considerarse que la demanda ha sido enmendada de conformidad con la prueba. El Pueblo v. Sucn. Valdés, 31 D.P.R. 223; Dragoni v. U. S. Fire Ins. Co., 36 D.P.R. 469; Dragoni v. U. S. Fire Ins. Co., 36 D.P.R. 483; D. Agüeros & Co. v. Navarrete, 37 D.P.R. 815; Ismert Hinke Milling Co. v. Muñoz, 37 D.P.R. 819.

F. Gavilán & Cía. era la tenedora de un pagaré de mil (dólares. Se hizo pagadero a la orden de F. Gavilán & Cía., y estaba suscrito por Viuda de Garriga e Hijos, Enrique Fernández, Enrique Fernández (sic), y Angelina R. de Fer-nández, como principales, y por Ricardo Diez, el apelante, como fiador. Por la forma del documento, Rabia dudas res-pecto a quién firmaba como fiador, en vista de que la palabra “fiador” aparecía antes de la firma de Ricardo Diez, pero según la prueba, resulta enteramente claro que Ricardo Diez era el fiador del pagaré, y un examen del pagaré mismo nos convence de esto.

La prueba tendió a demostrar que Viuda de Garriga e Hijos era una firma mercantil de Caguas; que la referida firma, según fiemos dicho, adeudaba a F. Gavilán & Co. la suma de $1,000; que para satisfacer dicfia deuda, la firma de Viuda de Garriga e Hijos, en unión de otras personas, inclu-yendo al apelante, firmó el pagaré objeto de este pleito; que dicfia firma deudora llegó a ser insolvente y vendió su negocio o efectos a Francisco Escoda; por lo menos éste declaró que era el sucesor de Viuda de Garriga e Hijos; que por virtud de la compra del activo, él le quedó debiendo dinero a dicfia mercantil, y que Angelina R. de Fernández vino donde él y le pidió que le pagara el 25 por ciento de la cantidad que la firma Viuda de Garriga e Hijos adeudaba a Ricardo Diez; que Escoda otorgó un pagaré a favor de Ricardo Diez por $250, el cual fué pagado a su vencimiento; que Ricardo Diez admitió en su propia declaración que él era un fiador, aunque trató de justificarse diciendo que era una especie de fiador. Cuando se le preguntó a Escoda por qué Ricardo Diez era un acreedor de la firma, contestó sin objeción alguna que Diez se quejaba de que le era muy duro aceptar $250 o sólo el 25 por ciento. Además, de toda la declaración se despren-día que Ricardo Diez estaba dispuesto a firmar la prórroga del pagaré bajo las mismas condiciones anteriores,'y qne sola-mente se negó a hacerlo así cuando se le pidió que compare-ciera ante un notario. Se presentó el pagaré en cuestión al Crédito y Aborro Ponceño, que es un banco de Ponce, siendo descontado por éste a favor de F. Gavilán & Cía., la deman-dante y apelada.

Un día,, mientras el banco estaba en posesión del pagaré, y antes de su vencimiento, Angelina R. de Fernández se pre-sentó en el banco y pagó la suma de $250 a cuenta del pagaré. Como resultado de este pago, la demandante, por lo 'menos desde su punto de vista, relevó a Angelina R. de Fernández de toda responsabilidad en el pagaré, considerando su obli-gación como mancomunada, y, por tanto, que sólo ella era responsable de la cuarta parte del montante del pagaré. Este no fué pagado a su vencimiento y el banco exigió de la ape-lada que lo pagara, lo cual se hizo, siendo entonces dicho pagaré entregado a la apelada, quien entabló la presente acción. Por su forma, la sentencia iba dirigida contra Viuda de Garriga e Hijos, Enrique Fernández y Ricardo í)iez, con una responsabilidad aparentemente mancomunada y solida-ria. No se hizo a Angelina R. de Fernández parte en el pleito, y no fué incluida en la sentencia. De la sentencia así dictada sólo apeló Ricardo Diez.

Sus esfuerzos principales en la corte inferior y en esta apelación han sido para demostrar que el pago efectuado por Angelina R. de Fernández al banco fué hecho en realidad a nombre de él, y que tal pago lo relevó de toda responsabilidad.

Las declaraciones de un número de testigos respetables, incluyendo el gerente del banco, tendieron a demostrar que Angelina R. de Fernández hizo el pago de $250 por su propia ciuénta. La corte tenía derecho a creer estas declaraciones, s pesar, de la supuesta prueba contradictoria ofrecida por los demandados. Decimos “supuesta prueba contradictoria” eii vista de que toda esta prueba aparecía en deposiciones a las cuales la demandantes se opuso, y no estamos del todo Convencidos de que sus objeciones no fueran sostenibles. Sin embargo, la corte admitió las deposiciones. Concediendo a éstas el valor probatorio debido, no vemos cómo la corte pudiera haber llegado a una conclusión distinta.

La deponente principal fué la misma Angelina R. de Fer-nández. Ella declara haber recibido un cheque de Ricardo Diez por $250, el cual hizo efectivo y pagó su producido al banco. Dice además que antes de ir al banco fué donde F. Gavilán & Cía. y les dijo que venía a nombre de Ricardo Diez, quien deseaba saldar su cuarta parte de la obligación, o algo a ese efecto. De acuerdo con la declaración de esta señora, F. Gavilán & Cía. dijeron que estaban, dispuesto a, aceptar la proposición, siempre que el banco a su vez la aceptara. D'e aquí en adelante, no hay prueba alguna en su narración de. que el banco aceptara tal cosa. Además, de acuerdo con esa declaración, el gerente del banco le dijo que probable-mente ella podía hacer con F. Gavilán & Cía. algún arreglo satisfactorio para prorrogar el pagaré. No hay prueba alguna de que posteriormente F. Gavilán ■& Cía. convinieran en relevar de responsabilidad a Ricardo Diez.

No sólo es extremadamente improbable que el banco o F. Gavilán & Cía. relevaran a un fiador en esa forma, sino que, según hemos indicado, la prueba, aun considerada con toda liberalidad, dejó de demostrar que se hiciera tal relevo. El peso de la prueba recaía sobre Ricardo Diez para demostrar que así se había hecho. Podemos decir de paso que Angelina R. de Fernández fué la única deponente que podía declarar respecto a este relevo verbal, y que su declaración fué con-tradicha de plano.

Al tiempo de la supuesta conversación de ella con F. Ga-vilán & Cía., esta firma no era la dueña ni tenedora del pagaré. El banco no podía haber relevado a Diez como fiador sin antes asumir la responsabilidad para con F. Gavilán & Cía. De esta ligera manifestación de Angelina R. de Fer-nández, según vemos de los autos, dependió la defensa principal de Ricardo Diez. Los Fernández eran marido y mujer y estaban más o menos relacionados con la firma insolvente. Estaban deseosos de relevar a Ricardo Diez de responsabi-lidad, porque según parece, él firmó para complacerlos.

Por sn forma la sentencia fné dictada contra todas las partes maneomunadamente. La apelada solicita que modifiquemos la sentencia para que comprenda primeramente a los deudores principales y luego a Diez solidariamente. Se alega que la corte sentenciadora en su opinión demostró que su intención fue bacer esto. Sin embargo, la apelada nada lúzo en la corte inferior tendente a corregir la sentencia y la sociedad demandante no fia apelado. ' Tal vez se cometió un error contra dicha firma pero generalmente en apelación solamente pueden corregirse los errores cometidos contra un apelante. Jackson v. Feather River Water Co., 14 Cal. 19; Rivera v. Brignoni, 17 D.P.R. 1204; Puig v. Sucn. Polanco, 16 D.P.R. 741. Consensus tollit errorem. La demanda enmendada en forma alguna estaba redactada bajo la teoría que ahora se alega, y es muy dudoso que se condujera el juicio en tal sentido.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.