text:
    M. Vidal Alvarez & Cía., demandante y apelante, v. José Rivera y su esposa Ulpiana Rivera, demandados y apelados.
    No. 5190.

    Sometido: Noviembre 14, 1930.

      Resuelto: Noviembre 21, 1930.

      lApez de Tord & Zayas Pizarra, abogados del apelante; los apelados no comparecieron.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal. .

El 11 de mayo de 1929, M. Vidal Alvarez «fe Co., una mercantil de Ponce, demandó - a José Rivera y su esposa Ulpiana Rivera, comerciante de Jayuya, en cobro de $9,131.88, y, por vía de aseguramiento de sentencia solicitó y obtuvo el embarg’o de bienes de los demandados. Luego pidió la venta de los bienes embargados susceptibles de deterioro, y la corte la decretó, vendiéndose en efecto por el marshal, en pública subasta, el 21 de septiembre de 1929, produciendo $770, que se depositaron en. poder del secretario de la corte de distrito.

El 20 de septiembre de 1929 se registró sentencia en el pleito, en rebeldía de los demandados, condenándose a éstos a pagar a los demandantes los $9,131.88, reclamados, con más intereses y costas.

Firme la sentencia, el 12 de noviembre de 1929 se pidió sn ejecución sobre los bienes embargados no vendidos y la entrega del producto de los vendidos. La corte dictó una orden que dice:

“Vista la moción que precede la corte la declara con lugar en cuanto ordenar, como se ordena al secretario de esta corte que expida un ehecJc a favor de la aquí demandante por el producido líquido de la subasta efectuada en este ca'so, que se encuentra depositado en la Secretaría de esta corte de distrito, de cuya cantidad o producido lí-quido, se debe de descontar o deducir la suma de $130.19, cantidad a que asciende lo que se adeuda a El Pueblo de Puerto Pico, en con-cepto. de contribuciones vencidas y no satisfechas por lo's demandados, •cantidad que fué embargada por el Colector de Rentas Internas de •Jayuya, P. R., pues los contribuyentes responden con todos sus bie-nes, INDISTINTAMENTE, al pago de la's contribuciones que les hayan ■sido impuestas, cualquiera que sea su clase por constituir un gravamen sobre los bienes, cualquiera que sea su poseedor, y son créditos preferentes sobre los bienes muebles e inmuebles del deudor, que no resulten especialmente afeeto's a otras responsabilidades preferentes, tales como las establecidas en el Artículo 1823 y No. 1 del 1824, del Código Civil Revisado, que "gozan de absoluta preferencia sobre todos los demás acreedores. Sucesión Romero vs. Willoughby, Tesorero de Puerto Rico, 10 D.P.R. pág. 71.
PoR tanto : Se ordena al Secretario de esta corte retenga'de la cantidad depositada en la Secretaría la suma de $130.19 que remitirá •al Colector de Rentas Internas de Jayujm, P. R., para el pago de las contribuciones adeudadas y se ordena asimismo que por el Secretario ■se expida la orden de ejecución que se interesa al marshal de la Corte de Distrito de Areeibo, P. R., para la ejecución de esta sen-' teneia sobre el resto de los bienes embargados, en este caso, los que deberá vender en pública subasta al mejor postor, y todo ello de acuerdo con la ley.”

Nó conforme la demandante apeló para ante este tribunal, señalando en su alegato' dos errores, así:

“1. La Corte de Distrito de Ponce cometió error al ordenar que del producto de la subasta de los bienes embargados por la aquí de-mandante, y depositado en la Secretaría de la corte, se entregaran. $130.19 al Pueblo de Puerto Rico, o al Colector de Renta's Internas-de Jayuya, ex parte, y sin notificar ni dar una oportunidad a opo-nerse a la aquí demandante, y sin justificar el derecho de preferencia por parte de dicha demandante, y sin aparecer que las referidas con-tribuciones correspondieran a los bienes subastados, que produjeron-el referido depósito.
“2. La Corte de Distrito de Ponce cometió error, al establecer una preferencia a favor de El Pueblo de Puerto Rico, para el pago-de contribuciones sobre propiedad personal, cuando tales bienes ha-bían sido vendidos a un tercero, de buena fe, y cualquier derecho o prelación que hubiera existido a favor del Pueblo de Puerto Rico, se había extinguido; errando, asimismo, al aplicar a este'caso la doc-trina sentada por la Corte Suprema de Puerto Rico, en el caso de Sucesión Romero v. Willoughby, Tesorero de Puerto Rico, 10 D.P.R. 71.”

La apelación fué notificada a los demandados en el pleito,, al Gobernador, al Attorney General y al Tesorero de Puerto Rico. Ninguno ha hecho la más leve gestión en el recurso.

Todo lo que se encuentra en los autos en relación con el cobro de la contribución, es una carta del Colector de Rentas-Internas de Jayuya, dirigida al secretario de la corte, que dice:

“Government of Porto Rico. Department of Finance. Office of Internal Revenue. Jayuya, Puerto Rico, September 24, 1929: Sr. Secretario Corte de Distrito: Señor: Me acaba de comunicar el Marshal del Distrito de Arecibo que ha remitido a usted el importe-producto de la subasta celebrada sobre los bienes embargados a José Rivera Aponte de ésta el día 21 de los corrientes: Debo informar a ITd. que el señor Rivera Aponte está adeudando contribuciones a “E-í Pueblo de Puerto Rico” en cantidad de $130.19, que espero se sirva retener antes de hacer entrega de este dinero a los interesados: Muy Atentamente (fdo.) Firma ilegible. Colector de Rentas Internas.”

No comprendemos cómo, con esa sola base, pudo la corte ordenar la retención de los. $130.19 de que se trata. La orden dice “cantidad que fué embargada por el Colector de Rentas Internas de Jayuya.” Los autos no justifican la conclusión.

Una carta de nn colector dirigida al secretario de la corte, no es el medio autorizado por la ley procesal para intervenir en un pleito y obtener una resolución como la apelada. Si El Pueblo de Puerto Pico tenía algún derecho que reclamar, debió formular su reclamación de acuerdo con la ley.

Es tan claro el error de procedimiento cometido, que la orden apelada cae por su base. La corte no tenía ante sí petición alguna válida del Pueblo y no estaba en tal virtud autorizada para ordenar lo que ordenó. No había llegado el momento de considerar y resolver si el Pueblo tenía o no un derecho'preferente al de la demandante sobre el producto de • la venta de los bienes embargados por ella, de acuerdo con’ la ley y la doctrina del caso de Sucesión Romero v. Willoughby, 10 D.P.R. 71, expuesta en opinión emitida por el Juez Presidente Quiñones, como sigue:

“No cabe, pue's, ninguna duda, ni nadie sostiene lo contrario en ■estos autos, que según el artículo 315 del Código Político y demás ■disposiciones legales citadas, la contribución impuesta sobre los bie-nes inmuebles del contribuyente' constituye un verdadero gravamen, una verdadera carga real que pesa sobre ellos cualquiera que sea su poseedor; pero no puede sostenerse otro tanto respecto de la contri-bución impuesta a la propiedad personal del contribuyente. Sobre •ésta, ni el artículo 315 del Código Político, ni ningún otro del mi'smo Código, le concede el carácter de gravamen o carga real sobre la pro-piedad inmueble del contribuyente, que permita a los colectores de Rentas perseguirlos después de haber salido de poder del deudor y pasado a la propiedad de un tercero; y siendo esto así, es claro que lo's agentes de rentas no pueden embargarlos para hacer efectiva so-bre ellos una responsabilidad que la ley no les impone, por el prin-cipio jurídico universalmente reconocido, de que la propiedad se re-puta libre mientras no conste que haya sido gravada por la ley o por algún otro tituló legítimo.
“La condición del Tesoro de Puerto Rico respecto a'la contribu-ción impuesta a la propiedad personal del contribuyente, queda, pues, reducida a la de un acreedor meramente personal, ’sin hipoteca ni derecho de retención alguno sobre los bienes inmuebles del deudor, que le permita perseguirlos después de salidos de su poder, para hacer efectivo sobre ellos el crédito de referencia, aunque ’sí con la preferencia que le concede el artículo 1825 del nuevo Código Civil, concordante con el 1924 del antiguo, sobre los bienes muebles e in-muebles del deudor que no resulten especialmente afectos a otras res-ponsabilidades preferentes, tale's como los establecidos sobre determi-nados bienes inmuebles-y derechos reales del deudor a que se refiere el numero Io. del artículo 1824 del mismo Código, y los comprendi-dos en el artículo anterior, o sea el 1823, sobre determinados bienes muebles del deudor, que gozan de absoluta preferencia sobre todos los demás acreedores.”

Debe revocarse la orden apelada y dictarse otra man-dando a entregar al demandante toda la suma depositada en poder dél Secretario, o sea $770.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Emilia Pérez Padrón, demandante y apelante, v. Edward Lutz y Oscar B. Frazer, demandados y apelados.
    No. 5199.

    Sometido: Noviembre 20, 1930.

      Resuelto: Noviembre 21, 1930.

      Jrl. Sancho Bonet, abogado de la apelante; O. B. Frazer t& Castro Fernández, abogados del apelado Frazer.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Emilia Pérez Padrón entabló pleito contra Edward Lutz y Oscar B. Frazer por daños y perjuicios provenientes del alegado qnebrantamiento de un contrato. Se alegaba que Frazer babía actuado como agente y apoderado de Lntz. La corte de distrito sostuvo la excepción previa de indebida acumulación de partes. La aetora enmendó su demanda y

eliminó a Frazer, quien entonces solicitó y obtuvo una sen-tencia por costas.

El único señalamiento es que la corte erró al sostener la moción de Frazer y al desestimar la acción en cuanto a él.

Para apoyar su contención, la apelante cita de Sutherland, Code Pleading Practice and Forms, lo siguiente:

“Así, pues, si un demandado exeepciona una demanda por inde-bida acumulación de partes demandadas, y se enmienda la demanda en el sentido de obviar la objeción, omitiendo al demandado que fué erróneamente incluido, una excepción previa posterior por haberse dejado de hacer parte a tal demandado omitido, no debe sostenerse.” Tomo 1, página 477.

En el caso de autos no se formuló ninguna “excepción previa posterior por haberse dejado1 de hacer parte a tal demandado omitido,” y la única autoridad invocada por la apelante no es aplicable.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez PresideNTe Señor del Tobo,

text:
    Luis Puig, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Ricardo A. Gómez, Juez, demandada.
    No. 735.

    Sometido: Noviembre 24, 1930.

      Resuelto: Noviembre 28, 1930.

      Pellón & Ayuso, abogados del peticionario; Angel A. Vázquez, abogado de los demandantes en el pleito principal.
   El Juez PresideNTe Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Envuelve este caso la interpretación de la sección 5 de la Ley No. 10 estableciendo juicios especiales en las cortes municipales de Puerto Rico, y para otros fines, aprobada el 29 de abril de 1921, que dice:

“Sección 5. — Contra la 'sentencia que se dicte por la corte municipal podrá apelarse para ante la corte de distrito correspondiente, dentro del décimo día de notificado el perjudicado. Interpuesta la apelación, dentro del quinto día el secretario deberá remitir los autos originales del caso, a dicha corte de distrito, la cual procederá a ce-lebrar el juicio de novo, ajustándose a los trámites de la presente, Sin sujeción tampoco a calendario.”

Interpuesta apelación por la parte demandada para ante la Corte de Distrito de San Juan, en el pleito seguido por Eugenio Méndez contra Luis Puig en la Corte Municipal de San Juan, de acuerdo con la indicada Ley No. 10 de 1921, por no exceder la reclamación de cien dólares, eleváronse los autos originales a la corte de apelación el mismo día que el recurso se interpuso, 2 de septiembre de 1930.

Veinte días después el demandante y apelado pidió a la corte de distrito que desestimara el recurso por haberse cele-brado la lectura del calendario el 19 de septiembre de 1930 sin que el demandado y apelante solicitara la inclusión del pleito en el mismo, infringiendo así el apartado (b) de la sección 3 de la ley para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes ¡municipales en pleitos civiles, de 1908, tal como quedó enmendada por la Ley No. 93 de 1919, que en lo pertinente diee:

“ (b) Si el apelante dejase de solicitar la inclusión del pleito en el calendario, el juez de distrito declarará desierto el recurso, impo-niéndole las costas; y el secretario remitirá inmediatamente la causa a la corte inferior para la ejecución de la sentencia apelada.”

La corte oyó a ambas partes, y, el 11 de octubre último-, resolvió la cuestión planteada en favor del demandante ape-lado. Parece conveniente transcribir lo que sigue de su resolución:

“E's verdad que esta apelación se ha entablado de acuerdo con la ley No. 10 de 1921, y se alega por el demandado apelante que siendo dicha ley una especial, no son aplicables los preceptos de la ley general para apelaciones contra sentencias de las cortes municipales; pero entiende esta corte que habiendo sido promulgada dicha ley No. 10 a lo’s fines de hacer más rápidos los procedimientos que ella aplica, al hablar dicha ley de la inclusión de dichas apelaciones en calenda-rio, debe referirse al primer calendario que se vea ante la corte. Así lo entendió esta corte al dictar su resolución en el caso No. 12928 do Francisco Larrazabal v. Rogelio D. León, con fecha 23 de agosto de 1930, declarando desierto el recurso de apelación establecido, en mo-ción para de'sestimar del apelado, con alegaciones análogas a las que discutimos en este caso.”

El demandado apelante presentó a la corte un ratonado escrito de reconsideración, que fue declarado sin lugar. En-tonces interpuso el presente recurso de certiorari. Tratan-' dose de una cuestión de procedimiento de verdadera impor-tancia, el auto fué expedido, señalándose la vista para el 24 de noviembre actual. Ambas partes comparecieron y fueron oídas por el tribunal.

A nuestro juicio es evidente el error cometido por la corte de distrito al aplicar al caso especial de la Ley No. 10 de 1921, las reglas de la ley general de apelaciones de las cortes municipales para ante las cortes de distrito, de 1906, en contra no ya del espíritu sino de la letra misma de la sección 5 de la dicha Ley No. 10 de 1921.

Y esta conclusión resulta aun más clara si se examina la sección 4 de la Ley No. 10 de 1921, que dice:

“Sección 4.- — -El juicio se celebrará, sin sujeción a calendario, a instancia del demandante, previa notificación al demandado, si éste hubiera comparecido, y la corte dictará la sentencia que corresponda, el mismo día de la celebración del juicio-, o al siguiente.”

Se ve, pues, que en atención a la brevedad y facilidad que el legislador quiso imprimir a las reclamaciones a que la ley so refiere, eliminó de modo expreso el trámite del calendario en ambas instancias, así en la corte de jurisdicción original, como en el tribunal de apelación. Y si la ley expresamente ordena que tanto el primer juicio como el segundo en apela-ción se celebren sin sujeción a calendario, ¿cómo va a deses-timarse la apelación porque el apelante no pidiera su inclu-sión en el calendario? El error cometido, como antes dijimos, es evidente.

Debe .anularse la resolución de la Corte de Distrito de Scm Juan, de 11 de octubre de 1930 y él caso devolverse a la dicha corte para que continúe tramitándose de acuerdo con la ley.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Ignacio Figueroa, peticionario, v. La Corte de Distrito de Guayama, Hon. Tulio Rodríguez, Juez, demandada.
    No. 727.

    Sometido: Noviembre 3, 1930.

      Resuelto: Noviembre 28, 1930.

      C. Domínguez Rubio, abogado del peticionario; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo.

   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Ignacio Figueroa solicitó de esta Corte Suprema la expe-dición de un auto de certiorari dirigido a la corte de Distrito de Guayama, porque a su juicio el procedimiento que se estaba siguiendo en la dicha corte para removerlo de su cargo de tutor de la menor Isabel Figueroa Bernier, no era el autorizado por la ley. El auto fué expedido y los procedi-mientos remitidos por la corte de distrito, celebrándose la vista con la sola asistencia del fiscal, el1 día 3, de noviembre en curso.

Se alega en la solicitud que el peticionario a su instancia fué nombrado por la corte de distrito tutor de su sobrina menor de edad Isabel Figueroa Bernier; que prestó fianza y archivó el juramento de ley; que el 5 de mayo último el fiscal del distrito, dentro del propio expediente de la tutela, presentó una solicitud en la cual hizo constar que a virtud de una investigación que practicara en una querella estable-cida contra el peticionario, resultaban motivos para su remo-ción del cargo de tutor, haciendo constar además que el tutor no había rendido informe o cuenta alguna de la tutela y observaba para con su pupila una conducta reprochable.

Entregada copia de la solicitud del fiscal el abogado del peticionario, éste alegó que el procedimiento seguido no se ajustaba a la ley, porque la remoción sólo se podía exigir en un pleito ordinario y no dentro de un expediente de juris-dicción voluntaria.

Celebrada la vista de la moción del peticionario,' la corte la declaró sin lug-ar y el peticionario acudió entonces en certiorari a este Tribunal Supremo.

Fija el Código Civil en su artículo 265 quiénes no pueden ser tutores y en el 266, con el anterior íntimamente enlazado, quiénes deben ser removidos de la tutela. El siguiente ar-tículo 267 dice:

“La corte de distrito no podrá declarar la incapacidad de los tutores, ni acordar su remoción, sin citarlos y oírlos, si se presen-taren. ’ ’

Invoca el peticionario la autoridad de Manresa, que al comentar el artículo 239 del antiguo' Código Civil equivalente al 267, dice:

“Origínase, pues, un verdadero juicio, cuyas partes 'son: de un lado, el que hubiese pedido la remoción o, advertido de que procedía, el consejo mismo; y de otro, el tutor o protutor acusado. A la ley de Enjuiciamiento civil corresponde ordenar el procedimiento que para ello haya de emplearse, y, sin duda, así se hará en la reforma, necesaria para ponerla en armonía con el Código. Mientras tanto el con'sejo señalará el término que prudencialmente estime necesario para oír al tutor, y dictará después su resolución motivada.” 2' Manresa, Código Civil Español, 265.

Como puede verse, el comentario de Manresa se refiere al consejo de familia que tenía entonces los poderes que hoy tienen las cortes de distrito, y habla de lo que correspondía ordenar a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Nada especialmente dispone nuestro vigente Código de Enjuiciamiento Civil sobre el caso y no vemos que exista razón alguna de peso para que la petición de remoción no pueda presentarse dentro del expediente mismo de la tutela. Al contrario, parece lo lógico que así sea.

Lo que la ley ordena es que no se podrá declarar la inca-pacidad de un tutor, ni acordar su remoción sin citarlo y oírlo, si se presentare. La citación y la audiencia, con prác-tica de prueba, pueden tener lugar con todas las garantías necesarias y a la vez con la rapidez que las circunstancias demanden, dentro del incidente que -se inicie por moción en el procedimiento sobre tutela. Tal nos parece el debido proceso de ley.

El propio comentarista — Manresa—citado por el peticio-nario, en el párrafo anterior al invocado, dice:

“Belaciónanse ambos artículos 'estrechamente, hasta el punto de completarse refiriéndose a un mismo acto. Por ellos 'se viene a mo-dificar, aunque sin menoscabo de la defensa del tutor y del buen pro-ceder del consejo de familia, lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento civil, según la cual (art. 1879), para decretar la separación de los tutores y curadores, e's indispensable oírlos y vencerlos en juicio, sin que pudieran ser removidos por acto de jurisdicción voluntaria.” 2 Manresa, Código Civil Español, página 264.

Debe amularse el auto expedido devolviéndose el caso a la dicha corte para que continúe tramitándolo de acuerdo con la ley.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Juan José Peña, peticionario y apelado, v. La Asamblea Municipal de Santa Isabel, demandada y apelante.
    No. 5069.

    Sometido: Noviembre 19, 1930.

      Resuelto: Noviembre 28, 1930.

      L. Tormos, abogado de la apelante; T. Bernardina de la Huerta, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El Secretario de la 'Corte de Distrito de G-uayama dio cuenta a dicha corte el 1 de julio de 1930 de haber recibido nuestra sentencia confirmando la, que aquella corte rindió en un recurso de certiorari establecido contra tina (asamblea municipal entre las partes de la presente apelación. Al día siguiente fné presentado nn memorándum de costas que con-tiene una partida de $1,000 para honorarios de abogado, y la parte contraria lo impugnó por haber sido presentado después del término de diez días concedido por la ley y por ser excesiva la cantidad solicitada para honorarios de abo-gado. En la audiencia concedida a las partes sjobre ése asunto fué presentada prueba y después recayó resolución aprobando el memorándum de costas; resolución que motiva esta apelación cuyos dos motivos se refieren a dichas dos cuestiones, pues el tercero es consecuencia de los dos ante-riores.

La Ley No. 15 de 19 de noviembre de 1917 dispone que cuando se hubiese apelado la sentencia la entrega al secretario del memorándum de costas se hará dentro de los diez días siguientes al en que se haya recibido en la corte sentenciadora en primera instancia aviso oficial de la resolu-ción dictada en apelación en última instancia. En los papeles que tenemos ante nosotros para resolver esta apelación no consta la fecha en que la certificación de nuestra sentencia confirmatoria fué recibida en la corte inferior y por esto no estamos en condiciones de declarar que cuando fué presen-tado el memorándum de costas en este caso estaba vencido el término de diez días concedido por la ley para tal fin.

Con respecto a ser excesiva la cantidad reclamada y aprobada para honorarios de abogado nos bastará decir que para la resolución de esa cuestión por la corte inferior le fueron presentados como uno de los elementos de prueba para que apreciase la labor del abogado los autos del recurso de certiorari en que se cobran; pero las constancias de esos autos no han sido traídas ante nosotros, y como no las conocemos estamos impedidos de declarar que la corte inferior, cometiera error al aprobar el memorándum de costas con la cantidad que contiene para honorarios de abogado.

La resolución apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asocíalo Seño» Aldbey,

text:
    José Cantellops, demandante y apelante, v. La Corte Municipal de San Juan, Sección Primera, y José Tous Soto, demandados y apelados.
    No. 5441.

    Sometido: Noviembre 24, 1930.

      Resuelto: Noviembre 28, 1930.

      Bolívar Pagan, abogado del apelante; J. Tous Soto°compareció por su propio derecho.
   El Juez Asocíalo Seño» Aldbey,

emitió la opinion fiel tribunal.

Se nos pide que desestimemos esta apelación, interpuesta contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan que anuló un auto de certiorari que bahía expedido.

En la solicitud para el auto de certiorari alegó el ape-lante bajo juramento de su abogado que fué demandado en juicio de desahucio por falta de pago de cánones de arren-damiento ; que la sentencia fué dictada inmediatamente' después de la primera, comparecencia, sin haberse señalado y oído el caso debidamente en segunda comparecencia y que mediante recurso ordinario de apelación el demandado se vería obligado a consignar los cánones de arrendamiento a pesar de haber negado que la casa objeto de la acción sea propiedad del demandante y a pesar de no tener obligación alguna de pagar tales cánones. La corte de distrito libró el auto interesado, reclamó los autos originales del juicio de desahucio y después de oír a las partes anuló el auto que había expedido.

De los autos que tuvo ante sí la corte de distrito para dictar la sentencia apelada, los que en copia certificada nos han sido traídos por el apelado, aparece no ser cierta la alegación de que en el juicio de desahucio se dictó sentencia “inmediatamente después de la primera comparecencia, sin haberse señalado y oído el caso debidamente en segunda comparecencia” sino por el contrario que al tener lugar la primera comparecencia de las partes para proponer pruebas y estando presentes las partes por sus abogados, la corte señaló otro día para la segunda comparecencia ordenada por la ley, por lo que resulta frívola la apelación interpuesta ya que la base de la petición de certiorari aparece destruida por las constancias de los autos en el juicio de desahucio. Ese es el único error de procedimiento alegado por el apelante y que hacía procedente la expedición del auto, pues la alega-ción de que no apeló la sentencia de la corte municipal porque hubiera tenido que consignar los cánones de arrendamiento que se alegan debidos a pesar de haber negado que su de-mandante sea dueño de la casa en cuestión, no es ni puede ser motivo para el recurso de certiorari, independientemente de que el apelante no negó en su contestación a la demanda que el apelado sea el dueño de la casa.

Por lo expuesto la apelación- debe ser desestimada por frívola.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    Sucesión de Enrique Delgado Ortega, compuesta de su viuda Gertrudis Gimenez Cruz, y sus hijas Aurora y Tula Delgado Giménez, demandante y apelante, v. Sucesión de Joaquín Villamil y Méndez, compuesta de su viuda Josefina Capetillo, y de sus hijos Joaquín, Josefina, Fernando, Federico y Rafael Villamil y Capetillo, demandada y apelada.
    No. 4699.

    Sometido: Diciembre 17, 1929.

      Resuelto: Noviembre 28, 1930.

      Luis Muñoz Morales, abogado de la apelante; José Martínez Dávila, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Enrique Delgado y su esposa G-ertrudis Jiménez com-praron tres solares en el año 1903 radicados en el barrio de Santurce de esta ciudad con las cabidas siguientes: uno con. una cuerda y un cuarto de terreno; otro de 25 metros y 80 centímetros de frente por 62 metros con- 70 centímetros de fondo; y el otro de 62 metros 70 centímetros de frente por igual medida por su fondo. En 23 de marzo de 1905 Delgado y su esposa vendieron por escrituras públicas los tres solares a Joaquín Villamil por las mismas cantidades en que los habían comprado, a saber, $175, $70 y $140, respectiva-mente, dando fe el notario que otorgó las escrituras de venta a favor de Villamil de que éste entregó en su presencia los precios de sus compras. En 1913 Villamil segregó una porción de terreno de uno de los solares y se la vendió a Nolaseo Escalera. En 1914 vendió Villamil los tres solares a Pedro Bolívar Alvarez por precio mayor del en que los había comprado, esto es, $250, $100 y $200, respectivamente, de quien los adquirió nuevamente en 1918 por las mismas cantidades en que se los había vendido.. En 1921, diez y seis años después de haber comprado Villamil a Delgado, aquél vendió tres solares del' mencionado en tercer lugar al Municipio de San Juan por precio total de $12,573.77. Ocho años después de esas ventas murió Enrique Delgado el 14 de febrero de 1929 y posteriormente vendió Villamil otros solares por la suma de $6,207.42. Desde 1911 basta 1916 ó 1917 Enrique Delgado fué tenedor de libros de la casa comer-cial de Villamil. Este pagó las contribuciones de esos solares después de sus compras y no consta que Delgado pagara todo o parte de las mismas.

Diez y nueve años después de las ventas becbas por Delgado y su esposa los herederos de aquél demandaron judi-cialmente a Joaquín Villamil, quien falleció antes de contestar esa demanda pero lo hicieron sus herederos. En esa demanda se alega que la compra hecha por Villamil fué simulada y motivada porque Villamil hizo creer a Delgado y a su esposa que esas fincas corrían peligro de perderse si continuaban a nombre de Delgado, ofreciéndole gestionar su venta mediante una comisión por lo que le fueron traspasados los títulos de esas propiedades sin mediar precio alguno, con el encargo de venderlas y con el entendido de que retuviera una partici-pación de una tercera parte en concepto de comisión o agencia. Alega también que Villamil ha vendido varios lotes de uno de los solares por precio que dice ser de $16,856.25, pero que encontramos ser mayor, apropiándose la totalidad de esa cantidad sin entregar a los demandantes las dos terceras partes. Como consecuencia de ésas y otras alegaciones soli-citaron sentencia que condenase a Villamil, ahora sus here-deros, a devolverles el resto del solar donde hizo las segrega-ciones y los otros dos solares, a pagarles las dos terceras partes de las ventas que hizo y a indemnizarles daños y" perjuicios por $10,000. Se opusieron los herederos, de Villa-mil a esas reclamaciones y celebrado el juicio recayó sentencia contraria a los demandantes, quienes han interpuesto esta apelación en la que no han comparecido los apelados.

Los dos primeros motivos alegados para sostener este recurso se refieren a las pruebas y están íntimamente relacionados, por lo- que pueden ser resueltos conjuntamente. Dicen así: Primero: La corte cometió error al declarar que las escrituras de compraventa de 23 de marzo de 1905 otorgadas ante el notario Tomás Mott por Enrique Delgado y Gertrudis Jiménez a favor de Joaquín Villamil no fueron simuladas. Segundo:' La corte cometió error al declarar que los documentos privados escritos de puño y letra de Villamil no son suficientes para destruir la presunción establecida por •las escrituras públicas y probar que las fincas en litigio habían sido traspasadas a Villamil en concepto de “trust” o fideicomiso.

No impugnan los apelantes la autenticidad de las escri-turas de venta de los esposos Delgado a favor de Villamil, pues lo que sostienen es que no obstante lo que en ellas se dice lo cierto es que esas ventas fueron simuladas y que han probado la simulación.

Para destruir los demandantes las ventas que contienen esas escrituras presentaron la declaración de la viuda de Enrique Delgado y dos documentos privados escritos por Villamil, pues sus otros testigos y documentos se refieren a otros extremos sin importancia para la resolución del pleito y de esta apélación.

Declaró la viuda de Delgado que su familia y la de Villa-mil tenían una estrecha amistad; que en 1905, a consecuencia de un derrame cerebral que tuvo su esposo, le propuso Villamil que le pasara los títulos de esos solares, lo que hizo por temor a los acreedores de Delgado, para cuando tomaran los terrenos mucho valor; que! le fueron traspasados los títulos y que el día antes de ser firmadas las escrituras le envió Villamil la carta que dice así:

“Mi estimada Tula: Además de la conveniencia de mandarme ■las escrituras, creo que no es menos la de que se haga un traspaso de las mismas. Me es igual, que éste se haga a favor mío o de alguna per'sona amiga de uds., pero le repito que es muy conveniente hacer el traspaso cuanto antes para que un enemigo de ustedes no vaya a enamorarse de esos solares. Yo le digo todo esto porque sé que hay quien quiere cobrar algo que al parecer le debe Enrique, y sería triste que por esta eau'sa no se pudiera sacar algún 'partido de los dichos solares.
“Anoche no le dije nada de esto porque no me pareció bien preo-cupar a Enrique, pero Ud. puede consultarlo con él en la forma que crea más conveniente; en este caso Ud. me dice por escrito y lo .antes posible, o si le parece bien venir a verse conmigo y yo le explicaré todo lo que hay.
“Si el tra'spaso se hace a favor mío, yo le daré a Ud. un docu-mento privado en el cual haré constar las participaciones que corres-ponden a ustedes comprometiéndome a entregarles la parte corres-pondiente al efectuar las ventas.
“Si le es posible contésteme en seguida para mandar a extender la's escrituras y llevárselas a firmar en seguida de modo que estos bienes queden asegurados.
“Nada más por el momento y sabe les aprecia su amigo, J. Vi-llamil. S/c marzo 22/905.”

Después de inscritas esas compras a favor de Villamil éste envió a la viuda de Delgado los siguientes documentos:

“Amiga Tula: Dispénseme que hasta hoy no le haya mandado la adjunta carta. Fué que no me habían entregado los documentos. Mande a su atto. am0, y S.S., Joaqn. Villamil. S/e abril 29/905.”
“San Juan, P. B., abril 29, 1905. Sres. Don E. Delgado y Ger-trudis Jiménez, Santurce. Muy e'stimados amigos míos: En los te-rrenos que actualmente poseo en Santurce, de este término municipal, declaro que reconozco a favor de Uds. la suma de doscientos se-senta y dos dólares los cuales les abonaré cuando dichos terrenos ha-yan sido vendidós. Es entendido que las contribuciones y demás gastos corren de cuenta de Uds. y míos. De Uds. muy atto. amigo y afmo. S. S., Joaquín Villamil.”

Nada declaró la viuda de Delgado respecto a que la venta se hizo para que Villamil vendiese los terrenos cobrando una comisión de una tercera parte.

Todo documento público tiene la presunción de ser cierto su contenido y para destruirla es necesaria una prueba tan robusta y tan clara que permita al juzgador resolver el con-dicto 'sin vacilaciones de ningún género pues en casos de dnda la declaración contenida en el documento público debe siempre prevalecer, según dijo este Tribunal en el caso de Hernández v. Fernández, 17 D.P.R. 102. Esta regla la ten-dremos por norma al decidir este litigio.

La declaración de la viuda de Delgado no niega que en la venta becba por ella y por su esposo a Villamil mediara precio ni que éste fuera entregado por el comprador en pre-sencia del notario, y se limita a decir que los títulos fueron traspasados a Villamil por la amistad existente entre la familia de ambos, para impedir las reclamaciones que pudie-ran bacer los acreedores de su marido y para esperar que los terrenos tuviesen mayor valor. Pero si eso fué así no se comprende cómo Delgado dejó transcurrir diez y siete años sin reclamar a Villamil que le devolviese los solares y que tampoco le reclamara el precio de las ventas que bizo, ascendentes a. una crecida cantidad de dinero, realizadas cuatro años después de baber dejado de ser empleado suyo como tenedor de libros. Además la declaración de esa señora no concuerda con la teoría de la demanda según la cual los terrenos fueron traspasados a Villamil para que los vendiera y cobrara una tercera parte del precio como comisión de-venta a cuya teoría es aplicable también la consideración antes consignada respecto a no baber redamado Delgado- sus participaciones en las ventas becbas por Villamil.

Lo único que bace surgir alguna duda .respecto a la1 verdad de las manifestaciones y actos de las partes en las escrituras de venta de 1905- es el documento privado en el que Villamil propone a la esposa de Delgado la conveniencia de bacer un traspaso de los solares a su favor o al de ctra persona antes de que sus enemigos se lanzasen contra ellos, pues basta ese momento parece que no se trataba de una verdadera venta, pero esas manifestaciones no son sufi-cientes para poder concluir de una manera inequívoca que tal proposición no fué modificada antes de firmarse las escri-turas contentivas por sus términos de verdaderas ventas.

Tampoco el otro documento privado demuestra con certeza por sus términos que Villamil reconoce en esos solares a Delgado y su esposa un condominio en ellos de dos terceras partes pues lo que dicen sus palabras es que les reconoce la suma de $262 que les abonará cuando los terrenos hayan sido vendidos, cantidad que no es exactamente el valor de las dos terceras partes de la compra que les hizo Villamil. El reconocimiento de una deuda en los solares por cantidad determinada, aunque aproximada a las dos terceras partes del valor por el cual fueron vendidos a Villamil, limita el derecho de Delgado a esa cantidad específica, y no puede considerarse como reconocimiento de un condominio por dos terceras partes porque llevaría consigo el de tener derecho Delgado a cualquiera cantidad mayor o menor en el valor de las dos terceras partes que en cualquier momento tengan los solares.. Esas palabras sólo pueden interpretarse, sin otra prueba, como el reconocimiento de una. deuda. Por otra parte en el expresado documento se dice que las contribuciones-y demás gastos serán de cuenta de Delgado y de Villamil, pero éste probó que él pagó las contribuciones y los demandantes no presentaron evidencia alguna de haber satisfecho parte de esas contribuciones ni cantidad alguna por gastos.

Quizás se trata efectivamente de una venta simulada para evitar que los acreedores de Delgado cobrasen sus créditos o tal vez las ventas fueron ciertas con el entendido, como dice la demanda, de que al ser vendidos los solares por Villamil éste cobrase una comisión de una tercera parte y entregase, el resto a Delgado, pero opinamos con el tribunal inferior que la prueba presentada por los demandantes no es tan robusta y tan clara que sin vacilación alguna, pueda decirse que las escrituras que se impugnan nó contienen una ver-dadera venta de Delgado y su esposa a Villamil, ni que éste les reconociera posteriormente el condominio que aquéllos alegan. Si en verdad ocurrió lo que dicen los demandantes, sufren ahora las consecuencias de haber tratado de burlar a sus acreedores.

Resueltos los dos primeros motivos del recurso en la manera expresada se hace innecesario decidir los otros dos referentes a los errores que se alega haber cometido el tribunal inferior al declarar que Villamil adquirió los solares con justo título y buena fe por lo que la acción que se ejercita está prescrita, y al declarar que existe también la prescrip-ción en cuanto a la reclamación de daños y perjuicios.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Hutchison y Texidor-disintieron.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Sucesión de Santos Collazo, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 824.

    Sometido: Noviembre 17, 1930.

      Resuelto: Noviembre 28, 1930.

      C. Domínguez Rubio, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En una escritura de compraventa de inmueble, otorgada en Barranquitas a 20 de octubre de 1924, ante el notario Miguel Guzmán Texidor, comparecieron Don Acisclo Collazo como vendedor, y Doña Leonarda López, “a nombre de la Sucesión de Santos Collazo,” sin que se baga relación o indicación de quiénes sean los miembros de tal sucesión de Santos Collazo.

Presentada la primera, copia de esa escritura en el Regis-tro de la Propiedad de Guayama, el registrador puso la siguiente nota:

“’Denegada por no expresarse en este documento el nombre o nom-bres de los adquirente's, tomándose anotación preventiva por el tér-mino que designa la ley, al folio 82 del tomo 13 de Barranquitas, finca número 628, anotación letra A. No soporta la finca gravamen alguno. Se practicó la denegación con los defectos subsanables de no. expresarse el estado civil del vendedor y no bailarse la venta acep-tada legalmente.”

Contra la nota se interpuso el presente recurso.

En el número 5 del artículo 9 de la Ley Hipotecaria vigente, se lee:

“5o. El nombre y apellidos de la per'sona, si fuere determinada, y no siéndolo, el nombre de la corporación, o el colectivo de los in-teresados a cuyo favor se hace la inscripción.”

El apartado noveno del artículo 63 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, dice:

“Los nombres que deban consignarse en la inscripción se expre-sarán según eon'ste del título, sin que sea permitido al registrador, ni aun con acuerdo de las partes, añadir ni quitar ninguno. Al nombre se añadirán la edad, el estado, la profesión y el domicilio. Las so-ciedades o establecimientos públicos se designarán con el nombre con que fueren eonocido’s, expresándose al mismo tiempo su domicilio, y además el de la persona que en su representación pida la inscripción, si no fuese una sociedad conocida únicamente por su razón.”

De acuerdo con el artículo 30 de la citada ley las inscrip-ciones que carezcan de las circunstancias comprendidas en, los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 del artículo- 9 son nulas. La que se produjera por este documento, lo sería, ya que el nombre del comprador se da en una forma tal que no puede, por el registro, conocerse quién sea la persona que adquiere 'derechos, o contrae obligaciones, y pueda trasmitir aquéllos o tener que cumplir éstas.

Es imposible establecer una regla matemática en lo que hace referencia a la distinción entre faltas insubsanables y faltas subsanables. Al discreto criterio del registrador se encomienda por nuestro sistema hipotecario la calificación, expresión del elemento de legalidad, que es una de las colum-nas del sistema. La que a primera vista, es insubsanable, puede, por razón de circunstancias que en el momento no se hallan ante el registrador, ser una falta o defecto subsanable. El funcionario tiene que atenerse a lo que ante él aparece, y fundado en la ley, juzgar y determinar si la falta es o no subsanable. Si, como ocurre en este caso, la inscripción producida por el documento sería nula, no puede, ni debe inscribir, y la falta o defecto que necesariamente estableciera; un acto nulo en el registro, cierra el paso a toda voluntad de inscribir, o pretender inscribir, ya que el acto afirmativo del registrador, y el hecho material de escribir en una o varias hojas del libro, no crearían una inscripción, en el sentido jurídico de la palabra.

Debe confirmarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió por entender que el defecto es subsanable.


text:
    Gabriel Palerm, demandante y apelado, v. Alfredo Vargas y Juan Pedrosa, demandados y apelante el segundo.
    No. 5350.

    Sometido: Diciembre 1, 1930.

      Resuelto: Diciembre 9, 1930.

      Celestino Triarte, abogado del apelante; P. Amado Rivera, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

El primer motivo que, para fundar su petición de deses-timación, ofrece el apelado, no es exacto, porque de récord resulta que la parte apelante tiene obtenidas varias prórro-gas, venciendo la última el 5 de diciembre de 1930.

En cuanto al segundo motivo, o sea que el apelante Pe-drosa no notificó esta apelación a su co-demandado Vargas, el apelante en su oposición sostiene que esto no era nece-sario, porque Vargas no contestó la demanda, ni se anotó su rebeldía. De la transcripción del récord aparece que Vargas formuló excepción previa, conjuntamente con Pedro-sa, y luego no contestó la demanda. Vargas es una parte interesada en el pleito, y la notificación de la apelación debió hacerse a tal interesado.

No es necesario resolver la cuestión de frivolidad, que se propone.

Debe desestimarse, y se desestima, la apelación,


text:
    Charles M. Axtmayer, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 826.

    Sometido: Noviembre 26, 1930.

      Resuelto: Diciembre 9, 1930.

      Pellón é Ayuso, abogados del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En el testamento de D. Francisco de Paula Acuña y Paniagua, vigente por fallecimiento del testador, bay una cláusula que dice así:

“Lega a doña Inés Caballer y Schallon la casa número treinta y uno de la calle de San Sebastián de esta ciudad, y seis mil dólares más a cuyo pago se aplicará mil dólares del crédito hipotecario a favor del otorgante, constituido por don Francisco A. Crescioni, so-bre un solar con casa en Miramar barrio de Santurce, si existiese dicho crédito a su fallecimiento.”

Don Francisco, Doña Isabelita y Doña Teresita, Acuña Aybar, como herederos testamentarios de Don Francisco Acuña y Paniagua, comparecieron ante el Notario Don Antonio Ayuso Valdivieso, en escritura otorgada en fecha primero de julio de 1930, y declararon tener recibidos de D. Charles M. Axtmayer, dos mil dollars por capital, con los intereses convenidos, que se hallaban garantizados en favor de D. Francisco de Paula Acuña y Paniagua, con hipoteca convenida y constituida por Doña Sosa Axtmayer con el asentimiento de su esposo Don Francisco Crescioni, que se hizo solidario de la deuda, sobre una finca urbana en Miramar, barrio de Santurce, término de San Juan de Puerto Eico, y cancelaron la hipoteca.

Presentada al registro de San Juan la primera copia de tal escritura para los fines de la cancelación, el registrador puso la siguiente nota: tifieación de defunción de Eduardo Acuña Aybar únicamente en cuanto a mil dollars, al folio 19, tomo 3, S. Sur, finca número 83, ins. 13a., y denegada la cancelación en cuanto a los restantes $1000, por ser de interpretación dudosa y vaga la cláusula octava del testamento, en que el causante asignó a Inés Caballer la suma de $1,000, a tomarse del crédito hipotecario que aquí se cancela, para completar su legado de $6000, porque en el caso de que dichos $1000 deban constituir una participación del derecho real hipotecario, asignada a la misma, es a ella a quien incumbe otorgar la cancelación en cuanto respecta a los mil dollars, y no a los herederos; y que en el caso de constituir una carga o aplicación del importe del crédito al cobrarse, tampoco pueden los herederos proceder a su cobro y cancelación, sin la inter-vención de la legataria, que en tal caso debería reputarse como una acreedora interesada en dicho producto, con arreglo a lo resuelto por el Hon. Tribunal Supremo de P. R. en el caso de Durán vs. Registrador, 40 D.P.R. 832. Se consigna además el defecto subsanable de no referirse en este documento el fallecimiento de Eduardo Acuña Aybar.”

“Hecha la cancelación a que se refiere este documento con vista del testamento del causante, y otros documentos entre ellos la eer-

Y contra ella se ha interpuesto el presente recurso.

Si se lee bien la cláusula testamentaria de que se trata, y se tiene en cuenta que el registrador debe proceder por el documento que se le presenta, y por las constancias de registro, encontramos que en la cláusula se refiere el testador a una hipoteca constituida por Don Francisco A. C'rescioni; y la que se cancela fue constituida por Doña Bosa Axtmayer, si bien la deuda que se garantiza es mancomunada y solidaria de la señora Axtmayer y su esposo el señor Crescioni. Es lo más seguro que a esa hipoteca se quiso referir el testador. Pero si el funcionario de cuya nota se recurre fué tan cauteloso al estudiar la cláusula testamentaria, pudo ver esta diferencia, que quizá no sea más que aparente.

A nuestro juicio la cláusula no es obscura, ni vaga. Crea un legado de cosa determinada, y uno de cantidad, e indica de donde se ha de extraer parte de esa cantidad. Si los herederos, para pagar los seis mii dollars utilizan fondos propios, sin esperar a que se pague el crédito hipotecario, el pago está bien hecho. Dar a legatario de cantidad el carácter de heredero o de legatario de crédito, no es acertado. Si el testador hubiera querido legar la parte del crédito, así lo hubiera expresado; no lo hizo, y el legado es de cantidad con nna insinuación a los herederos en cnanto a la fuente del pago. Tan es así, que no sería lógico pensar que si el crédito hipotecario no existiera a la muerte del testador, la legataria perdería los mil dollars, lo que sí ocurriría en el caso de que fuera legataria de crédito.

No corresponde al registrador proveer a la seguridad de los interesados en un legado. El Código Civil establece las obligaciones de los herederos en lo que toca al pago de lega-dos. La Ley Hipotecaria da a los legatarios la facilidad de las distintas anotaciones de legado. Derechos, obligaciones, garantías, nacen de esas dos leyes.

Debe revocarse la nota recurrida, ordenándose la cancela-ción.


text:
    W. J. Cox Company, Inc., demandante y apelada, v. Eusebio Sánchez, Gregorio Meléndez y Aniano Martínez, demandados y apelantes.
    No. 4993.

    Sometido: Febrero 14, 1930.

      Resuelto: Diciembre 9, 1930.

      G. Cruzado Silva, abogado de los apelantes; A. Diaz Viera, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso, la parte demandante alegó ser una corpora-ción de Puerto Rico; que los demandados suscribieron a su: favor varios pag’arés, que devengan interés, y que no le han pagado la suma de $779.93 que importan seis de esos docu-mentos y sus intereses basta la fecba de la demanda; y pidió se les condenara a pagarle tal suma y los intereses.

Los demandados formularon contestación, estableciendo como primera defensa la de falta de becbos para constituir causa de acción, y la negativa de todos y cada uno de los becbos alegados.

Se oyó el caso por la corte de distrito de San Juan, que dictó sentencia contra los demandados; y contra ella se ba presentado esta apelación.

En la “Relación del caso y opinión” de la corte leemos:

“Walter Cos & Co., vendió a Ensebio Sánchez un truck, con ga-rantía de G-regorio Meléndez y Aniano Martínez y se entregaron a la demandante 10 pagarés, a la orden de ésta, que aparecen suscritos por Eusebio Sánchez, Gregorio Meléndez y Aniano Martínez. El demandado Eusebio Sánchez satisfizo cuatro de dichos pagarés, que-dando a deber 6, que son los que se reclaman en la demanda, a saber:
“Núm. 5 Yence 1 de October 1925 por $129.67
í¡ <í 0 í< 1 ‘ November ‘ . por $130. 60
£ £ £ £ rj £ £ 1 ‘ ‘ December ‘ ‘ por $131. 54
£ £ “ 8 “ 1 “ January 1926 por $132.47
f f f f Cj £ £ 1 ‘ ‘ February ‘1 por $133. 40
££ ££ -|_0 1 ‘ ‘ March “ por $ 80. 60
Total_$738. 28
“En dichos pagarés los suscribientes se obligaron a pagar intereses al 9 anual desde su vencimiento y además a satisfacer las costas y desembolsos que el cobro ocasionare, incluso honorarios de abogado.
“Walter J. Cox declaró que es Vice-Presidente y Tesorero de Walter J. Cox & Co., que el truck se vendió a Eusebio Sánchez, siendo sus fiadores Gregorio Meléndez y Aniano Martínez, a quienes conoce, que aceptó de los demandados los pagarés y que los primeros 4 fueron satisfechos por partidas, después de haber concedido varias prórrogas a los demandados, y que el capital ni los intereses devengados de los 6 pagarés han sido satisfechos, a pesar de las gestiones practicadas con los demandados, adeudándose a la fecha de la presentación de la de-manda, en agosto 20, 1926, la suma de $779.93.
“En el acto del juicio el demandado Eusebio Sánchez manifestó que él no suscribió los documentos por no saber leer ni escribir, y que la venta del truck fué hecha a un tal Pepe Náter, alias El Isleño, y aunque el propio Walter J. Cox expresó que la venta del truck había sido recomendada por el abogado Andrés B. Crosas, quien le dijo que los pagarés estaban en forma, sin que afirmara categóricamente dicho Walter J. Cox que fueran suscritos en presencia suya, los referidos pagarés se entregaron por los demandados a la demandante, por con-ducto de Walter J. Cox en el curso de la negociación de la venta del truck a dicho demandado Eusebio Sánchez, quien admitió, no sólo que había recibido el truck, si que también la deuda y su falta de pago, quedando así demostrada la autenticidad de los pagarés.
“Véase Royal Bank of Canada vs. Buenahora et al., 36 D.P.R. 849.”

La apelante señala cuatro errores. El primero aparece formulado así:

“La Corte de Distrito de San Juan, P. R., erró al admitir en evi-dencia los seis pagarés que aparecen transcritos como prueba docu-mental de la demandante en la página 20 de la transcripción de la evidencia a pesar de la oposición formulada por los demandados en el acto de ofrecimiento de dicha prueba. ’ ’

Fúndase dicho señalamiento en que en la demanda no se alegó la entrega de los pagarés, alegación indispensable; y en que no se probó la autenticidad de los documentos.

En verdad que en la demanda no se hace la alegación de entrega de los pagarés. Pero los demandados, en el juicio, permitieron, sin objeción que se preguntase al testigo W. J. Cox acerca de ese extremo, y que él contestara las preguntas. Para la recta solución de este extremo, se aplica la doctrina de los casos P. Gandía y Co. v. Hernández, 36 D.P.R. 204, y Sucrs. de Villar Sánchez v. Cintrón, 35 D.P.R. 577.

No tiene la importancia qne quiere dársele el hecho de que solamente un testigo declarase acerca de los pagarés, si el juez dió crédito a su testimonio, como lo hizo en este caso, en que aparece que no sólo tuvo en cuenta la declaración de Cox, sino el conjunto de la prueba.

Se señala como error que la corte condenó a los demandados sin que se probara que W. J. Cox, Inc., sea una corporación debidamente constituida, y que los documentos se hallan suscritos a favor de persona distinta que la que ejercita la acción.

Es cierto que la mejor evidencia de la existencia de la. corporación es la certificación expedida por el funcionario correspondiente. Pero en este caso, si leemos la declaración de Walter J. Cox, encontramos que en el interrogatorio directo se le preguntó acerca de su relación con la compañía W. J. Cox Co., y cargo que en ella desempeñaba; y toda la declaración se relaciona lógicamente con la demanda, en la que aparece como demandante W. J. Cox Co., Inc. Esa prueba, y la serie de preguntas hechas a Walter J. Cox, no fué debidamenté objetada; y al juzgarse de la evidencia en conjunto, la corte sentenciadora procedió correctamente te-niéndola en cuenta.

Por análogos fundamentos entendemos que no se ha cometido el tercer error señalado. Y asimismo declaramos no existir el error que se señala bajo el número cuatro, que se ha formulado así:

“La Corte erró al hacer la apreciación de la prueba en conjunto y estimar a los demandados obligados a pagar a la demandante la suma a que los condena la sentencia, a pesar que la demanda no ex-pone causa de acción.”

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Francisco Arabía, demandante y apelado, v. Argimiro Lago, demandado y apelante.
    No. 4825.

    Sometido: Marzo 20, 1929.

      Resuelto: Diciembre 10, 1930.

      J. Valide juU Rodrígitez, abogado del apelante; M. García González, abogado del apelado.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn caso sobre daños y perjuicios reclamados con motivo de cierto accidente automovilístico. Resultó lesio-nada la señora Rafaela Santoni, esposa del demandante, quien “perdió el uso normal de su brazo derecho, quedando imposibilitada de rendir a la sociedad de gananciales la misma labor y utilidad que antes de sufrir el accidente.” La acción se ejercitó de acuerdo con la jurisprudencia esta-blecida en Vázquez v. Vaidês, 28 D.P.R. 467, y Vázquez v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., 35 D.P.R. 63.

Se alegó por el demandante que el choque se debió a la negligencia del demandado al darle alcance y pasarle el 23 de enero de 1927 en la carretera que conduce de Toa Alta a Bayamón. El demandado exeepcionó la demanda por ambigua y por falta de hechos. La excepción fue declarada sin lugar. Entonces contestó negando general y específica-mente todos y cada uno de los hechos de la demanda y ale-gando como defensa “que si hubo el choque a que se refiere la demanda, ocurrió exclusivamente por negligencia del de-mandante quien caminaba en los momentos del accidente a una velocidad mayor de cuarenta millas por hora, y por su izquierda, sin tocar ningún aparato de alarma.”

La contestación tiene fecha 2 de diciembre de 1927. El 23 de mayo de 1928 el demandado pidió permiso para radicar una contestación enmendada. Le fue concedido. La contes-tación enmendada niega general y específicamente los hechos de la demanda y como defensas especiales alega:

“Primera: Que si en el sitio, fecha y hora que se refieren en la demanda ocurrió un choque entre un automóvil Hudson, y un auto-móvil PACKARD, licencia No. 3333, dicho choque no ocurrió por negli-gencia o descuido del demandado ni pudo éste evitarlo.
“Segundo: Que si en el sitio, fecha y hora que se refieren en la demanda ocurrió un choque entre un automóvil Hudson y un auto-móvil PACKARD, licencia No. 3333. dicho choque ocurrió por la culpa, descuido, impericia y negligencia del demandante, quien pudo además evitar dicbo choque.
‘ ‘ TbrCera : Que si en el sitio, fecha y hora que se refieren en la de-manda ocurrió un choque entre un automóvil Hudson, y un automóvil Packard, licencia No. 3333, y si dicho choque ocurrió por negligencia o descuido del demandado, intervino también la negligencia contribu-toria del demandante, y de Eafaela Santoni, siendo ésta la causa del accidente. ’ ’

Trabada así la contienda fue el pleito a juicio, practi-cándose una larga prueba testifical, documental y pericial. El 18 de abril siguiente la corte dictó sentencia declarando con lugar la demanda y condenando al demandado a pagar al demandante $1,250, con más las costas y gastos del deman-dante en el pleito.

No conforme el demandado, apeló. Señala en su alegato siete errores. El primero se refiere • a la excepción. El segundo a haberse basado la corte en una teoría distinta a la de la demanda. Los cuatro siguientes guardan todos rela-ción con la apreciación de la prueba y el último se refiere a las costas.

Sostiene el demandado apelante que la demanda no es suficiente porque el demandante se limitó a alegar que era casado con Doña Rafaela Santoni y ello “sólo puede referirse a. un estado de hechos en el momento de formularse la alegación. ’

Eealmente la demanda hubiera sido más perfecta si hubiera alegado expresamente que el demandante era casado con Doña Rafaela Santoni en la fecha del accidente y al tiempo de interponerla, pero si se conecta el hecho primero con el segundo en que se dice que el demandante viajaba en com-pañía de su esposa, y con el cuarto, el quinto y el sexto, en los que se describe cómo iba la esposa y el golpe que recibiera y sus consecuencias, se verá que la alegación que se exige consta implícitamente.

Pero la cuestión carece por completo de importancia, ya que la prueba dejó perfectamente aclarado el extremo, sin objeción alguna por parte del demandado. Copiamos del récord:

“P. Sn esposa, ¿cómo se llama?
“R. Rafaela Santoni González.
“Demandado: La mejor prueba en cuanto al estado civil del de-mandante sería la partida de matrimonio.
“Juez: Si estuviera en issue sí.
“Demandado: Está en issue porque si no, no tendría causa de acción. Tiene que probar a juicio de esta parte para poder sostener la reclamación que es el esposo de la perjudicada Rafaela Santoni.
“Demandante: Para evitar discusiones innecesarias presento la partida de matrimonio de. Francisco Arabía Fradera con Rafaela San-toni, librada por el Encargado del Registro Civil de Utuado, matri-monio celebrado el 12 de diciembre de 1908.
“Demandado: No hay objeción.
“Juez: Admitida. Exhibit 1 del demandante.”

El segundo error tampoco existe a nuestro juicio. Toda la jurisprudencia que cita el apelante es buena. Si el juez hubiera fallado bajo una teoría distinta a la del demandante, alterando la causa de acción, no podría sostenerse su sentencia; pero aquí lo que parece que ocurrió fue una mera discrepancia en la exposición de los hechos declarados probados por el juez y los hechos alegados y probados por el demandante, fácilmente explicable.

Dijo el juez:

“. . . entre los kilómetros 29 y 30, cerca de la salida de Vega Alta, el demandado, que venía guiando su automóvil Packard No. 3333, en la misma dirección, al querer pasar lo hizo en forma tan poco cuidadosa que la parte derecha de su carro chocó con la parte trasera izquierda del carro del demandante, lanzándolo contra la cuneta y sobre el muro de la orilla derecha de la carretera ...” (Trans-cripción del Récord, páginas 11 y 12.)

T alegó el demandante:

“Que el demandado corría su automóvil con tal descuido y negli-gencia que al dar alcance y pasar al demandante, hizo una rápida maniobra a la derecha y permitió que su automóvil fuera a dar con el tapabocinas de la rueda posterior derecha un fuerte golpe al tapa-bocina de la rueda anterior izquierda del demandante, desviándolo y lanzándolo contra el muro de la orilla derecha de la carretera.” (Transcripción del Récord, páginas 1 y 2.)

Analizando la prueba, se encuentra en ella base para sostener lo alegado en la demanda. La única diferencia que se advierte entre lo alegado y probado por el demandante y lo declarado probado por el juez, consiste en que el juez dice que la parte derecha del carro del demandado chocó con la parte trasera izquierda del carro del demandante, cuando en la demanda se alegó y hay prueba en los autos para sos-tener que el demandado al pasar al demandante maniobró de tal modo que con el tapabocinas de la rueda posterior derecha de su carro dio un golpe al tapabocinas de la rueda anterior izquierda del carro del demandante, desviándolo y lanzán-dolo contra el muro.

Se trata de un detalle. La teoría fundamental es la misma: el choque ocurrido al pasar el demandado negligen-temente al demandante, chocando con él y lanzándolo contra el muro de la carretera, produciéndose como consecuencia el daño que sufriera en su cuerpo la esposa del demandante.

Los errores tercero, cuarto y quinto sostienen que el demandante no probó los actos específicos de negligencia que imputara al demandado, que tampoco probó que “el demandado al pasarle al demandante tocó o chocó a éste,” y que la corte erró al concluir que el choque se debió a la negligencia del demandado y no a la del demandante.

Si fuéramos a analizar la prueba a los efectos de exponer por escrito todo lo demostrado, tendríamos que alargar de modo extraordinario esta opinión sin beneficio alguno para la jurisprudencia.

El juez sentenciador razona bien sus conclusiones y bastará decir que con excepción del detalle a que nos refe-rimos al examinar el segundo señalamiento de error, dichas conclusiones están sostenidas por la evidencia. El choque ocurrió en verdad por querer pasar como pasó el demandado al demandante a gran velocidad y sin las debidas precaucio-nes.

En aquellos extremos en que la prueba es contradictoria, el conflicto fué resuelto por la corte expresamente en favor del demandante y no se ba demostrado pasión, prejuicio o parcialidad.

Sostiene el apelante en su sexto señalamiento que la corte erró al apreciar la prueba fijando la indemnización en $1,250.

Para basar su conclusión de la merma sufrida por la esposa del demandante en la capacidad funcional de su brazo derecho, en perjuicio de la sociedad de gananciales, la corte se basó no sólo en la prueba pericial del demandante, sí que también en la del demandado.

Quizá en la exposición de su criterio algo omitió el juez sentenciador. Quizá la prueba no fué todo lo detallada que debiera. Es muy difícil abarcarlo todo en estos casos. También lo es el fijar la cuantía de la indemnización de modo tal que aparezca la única exacta y procedente examinada desde todos los ángulos. Dada la gravedad de la lesión reci-bida y el efecto permanente que dejara, no nos parece exce-siva la suma fijada en este caso. El error no existe.

Tampoco existe el último de los errores señalados. Habida en cuenta la actitud asumida por el demandado en la defensa de su caso y los hechos probados en el juicio, su temeridad es evidente. La corte no abusó de su discreción al imponerle las costas.

Déb'e confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    Francisco Mújica Dueño, demandante y apelado, v. Casimiro Márquez Díaz y Fernando López, demandados y apelantes.
    No. 5079.

    Sometido: Abril 24, 1930.

      Resuelto: Diciembre 10, 1930.

      González Fagtmdo & González Jr., abogados de los apelantes; G. Gar-da de la Noceda, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Mújica demandó a Casimiro Márquez y a Fernando López en cobro de un mil dólares que se comprome-tieron a satisfacerle, haciendo constar su obligación en un pagaré, el primero como principal y el segundo como fiador solidario y principal pagador. La demanda contiene las alegaciones de ley y en ella se transcribe la obligación recla-mada.

Los demandados contestaron aceptando la existencia de la obligación pero alegando como defensa especial lo- que sigue:

“Que allá para el día 28 de agosto de 1926 el demandado Casimira Márquez como principal y Fernando López como fiador suscribieron y entregaron al demandante el pagaré que se inserta en el beeho se-gundo de esta demanda, y con posterioridad pero el mismo día, Casi-miro Márquez como principal suscribió y entregó a Francisco Mújica Dueño, el demandante, otro pagaré por la suma de $2,000.00 haciendo ambas cantidades un total de $3,000.00 y con fecha 15 de septiembre' de 1927 el demandante que tenía en su poder 140 quintales y 70 libras de tabaco en rama, propiedad de Casimiro Márquez, lo compró por el precio de $2,633.63 que abonó a cuenta de los dos pagarés antes refe-ridos quedando a deber el señor Márquez, la suma de $377 del- se-gundo pagaré.”

Trabada así la contienda, fue el pleito a juicio, practi-cando prueba ambas partes. La corte dictó sentencia con-denando a los demandados a pagar la suma de un mil dó-lares reclamada, pero debiendo el demandante abonar $533.63, remanente que resultó a favor del demandado Márquez de los $2,633.63, producto del tabaco que entregara al deman-dante, todo sin especial condena de costas.

No conformes los demandados interpusieron este recurso de apelación, señalando como error único el cometido a su juicio por la corte de distrito al aplicar indebidamente los ar-tículos 1140, 1141 y 1142 del Código Civil Eevisado.

La prueba demostró la existencia no sólo de los dos pagarés a que se refieren las alegaciones, si que también la de otro de mil dólares suscrito mancomunadamente por los demandados y por Avelino Márquez, pagado en parte, y la de una negociación de tabaco entre el demandado Márquez y e] demandante por valor de $2,633.63. La diferencia entre las partes surgió y subsiste sobre la aplicación de los $2,633.63 al pago de la deuda, becba constar, como se ba dicbo, en tres obligaciones separadas.

El pagaré por mil dólares que se cobra en la demanda aparece suscrito por ambos demandados: Márquez, principal; López, fiador solidario y principal pagador. Se firmó el 28 de agosto de 1926, para vencer el 30 de mayo de 1927. Inte-reses al doce por ciento anual.

El otro pagaré por mil dólares aparece suscrito por los demandados Márquez y López, y, además, por Avelino Már-quez, mancomunadamente. Se firmó el 1 de noviembre de 1926 para vencer el 15 de mayo de 1927. Intereses al doce por ciento anual. A la fecba del juicio estaba pagado en parte, sin que pueda determinarse con exactitud de la prueba lo que restaba por satisfacer.

Y el tercer pagaré, o sea el de dos mil dólares, aparece suscrito únicamente por el demandado Márquez. Se firmó ei 28 de agosto de 1926 para vencer el 30 de abril de 1927. Intereses al doce por ciento anual.

La liquidación del tabaco entregado por el demandado' Márquez al demandante consta en documento fechado el 15 de septiembre de 1927. Produjo $2,633.63 a favor del deman-dado Márquez.

Sobre los anteriores hechos no hay contienda. Apre-ciando la evidencia en relación con los hechos controvertidos, correctamente, a nuestro juicio, dijo el juez sentenciador:

“La prueba con respecto a la imputación de pago hecha por el deudor es un todo contradictoria pues si bien de los autos aparece una carta dirigida por el deudor al acreedor determinando la obli-gación a la cual debía aplicarse el pago, dicha carta es de fecha 8 de octubre posterior a la interposición de la demanda y en ella se hace constar que la obligación que se reclama en este pleito garantizada por Fernando López es la que venció primero, cuando esto no es cierto, según aparece de las propias obligaciones sin que aparezca demostrado tampoco a nuestra satisfacción que verbalmente hubiese determinado el deudor al acreedor la obligación u obligaciones a las cuales quería hacer la imputación de pago.”

En esas condiciones, concluyó el juez que no cabía aplicar el artículo 1140 del Código Civil que dice:

“Artículo 1140. El que tuviere varias deudas de una misma es-pecie en favor de un solo acreedor, podrá declarar al tiempo de hacer el pago, a cuál de ellas debe aplicarse.
‘ ‘ Si aceptare del acreedor un recibo en que se hiciese la aplicación del pago, no podrá reclamar contra ésta, a menos que hubiera me-diado causa que invalide el contrato.”

Estimó que el caso se regía por el párrafo primero del artículo 1142, que prescribe:

“Cuando no pueda imputarse el pago según las reglas anteriores, se estimará satisfecha la deuda más onerosa al deudor entre las que estén vencidas.”

Dilucidado esto, concluyó el juez que la obligación más onerosa era la de dos mil dólares “por su mayor cuantía y por su mayor pago de intereses.” Concluyó, además, que era preferente a las otras por haber vencido antes.

En cuanto a las obligaciones de mil dólares, concluyó que la más onerosa era la reclamada en este pleito porque estaba suscrita por Márquez solamente con la garantía de López, mientras que la otra la suscribía Márquez mancomunada-mente con dos personas más.

Y basándose en todo ello, dictó la sentencia que conocemos, aplicando los $2,633.63 al pago total de la obligación de dos mil e intereses y el resto a la de mil reclamada en este pleito.

Estamos enteramente conformes con la apreciación de la prueba por parte del juez sentenciador en cuanto a que no consta que el acreedor al tiempo de hacer el pago declarara a cuál de las obligaciones debía imputarse. No lo estamos en cuanto a la aplicabilidad del párrafo primero del artículo 1142.

Hemos examinado los pagarés, y eh todos el interés que se fija es el mismo. Las tres obligaciones estaban vencidas cuando se practicó la liquidación. Son de igual naturaleza la reclamada en este pleito y la invocada en la contestación, siendo Márquez principal deudor en ellas. La que surgió, de la prueba, es solamente mancomunadamente y no se puede fijar con precisión a cuánto alcanza. Debe descartarse.

Concretado el caso a las dos obligaciones de igual natu-raleza y gravamen, se rige por el segundo párrafo del citado artículo 1142 del Código Civil, que dice:

“Si éstas fueran de igual naturaleza y gravamen, el pago se im-putará a todas a prorrata.”

El deudor trató de probar que de acuerdo con la facultad que le confiere la ley, él dijo, al tiempo de hacer el pago, que la primera deuda que debía satisfacerse era la consignada en el pagaré que se reclama en este pleito, Al contrario, el acreedor trató de sostener que él dió recibo aplicando el dinero de Márquez a los otros dos pagarés, quedando en todo su vigor el reclamado aquí. Ni uno ni otro extremo se comprobaron satisfactoriamente y el caso quedó como si ni el deudor ni el acreedor hubieran fijado clara y firmemente, a tiempo, su línea de conducta a seguir. Interviene entonces el legislador y ordena que el pago se haga a prorrata.

La sentencia debe revocarse y ordenarse que la cantidad de $2,633.63 se aplique proporcionalmente al pago de la deuda de mil dólares reclamada en la demanda y sus intere-ses, y de la otra deuda de dos mil dólares del demandado Márquez al demcmdcmte Mújica y sus intereses. Cada parte pagará sus costas.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    La Ermita de Nuestra Señora del Rosario, demandante y apelada, v. Margarita Collazo, demandada y apelante.
    No. 5423.

    Sometido: Diciembre 2, 1930.

      Resuelto: Diciembre 10, 1930.

      A. Amoldo Sevilla, abogado de la apelante; José Sabater, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación lia sido interpuesta contra sentencia que declaró con lugar la demanda de desahucio establecida por ia parte apelada.

Muchas cuestiones han sido propuestas por -la apelante para que revoquemos la sentencia recurrida, una de las cuales es de tal naturaleza que de ser sostenida por nosotros pondría término definitivo al procedimiento de desahucio incoado. Yeámosla.

Alega la apelada en su demanda de desahucio que es dueña de una finca de dos cnerdas, que describe; que la apelante ocupa parte de ella, o sea nn solar de 207.40 metros cuadrados en el que se halla una casa, y que la apelante ocupa dicho solar sin título alguno, sin pagar canon o merced y sin querer desocuparlo a pesar de los requerimientos que con tal fin le han sido hechos, por lo que solicitó sentencia que ordenase el lanzamiento de la apelante. Esta se opuso a esa demanda por varios motivos, siendo uno de- ellos que ella es dueña de la casa que está enclavada en el mencionado solar sin que le pertenezca el terreno en que se halla por lo que existe un conflicto de títulos, y que no puede ser lanzada de la casa en este juicio de desahucio.

Hemos declarado repetidas veces que cuando el deman-dado alega algún título para la posesión, si esa alegación no está desnuda de toda prueba, no debe decretarse el des-ahucio, sino que las partes deben discutir en juicio ordinario cuál tiene el título legal a la finca. Del Valle v. Andréu, 11 D.P.R. 415; Mehrhof v. Rodríguez, 14 D.P.R. 67; Elsaburu v. Chaves, 15 D.P.R. 17; Torres v. Pérez, 18 D.P.R. 573; Andino v. Canales, 27 D.P.R. 281; Hernández Martinez v. Padilla, 35 D.P.R. 513.

La apelante tiene inscrita en el registro de la propiedad desde 1901 la posesión de esa casa, que construyó diez años antes. Las partes admiten y la corte inferior declaró pro-bado, que ella es dueña de la casa que está enclavada en el solar objeto del desahucio y por entender que no existe conflicto de títulos en este caso en cuanto a la tierra en que está edificada la casa dictó sentencia a favor de la apelada. No dispone más la sentencia pero la consecuencia legal de ella es que la apelante debe ser lanzada del solar si no lo desocupa en el término que concede la ley y también nece-sariamente de la casa pues de otro modo .no podría cumplirse la sentencia.

Sentado lo que precede tenemos que llegar a la conclusión de que siendo dueña la apelante de la casa que está encla-vada en el terreno de la apelada, según la sentencia, existe un conflicto de títulos entre las partes, pues aunque la casa es un accesorio del terreno, nuestro Código Civil reconoce al que fabrica en suelo ajeno el derecho de no ser privado de su propiedad sin la correspondiente indemnización si fabricó de buena fe, -cuestiones éstas que no pueden ser resueltas en un juicio sumario como el de desahucio.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando sin lugar la demanda, ,sm especial condena de costas.


text:
    In re, Francisco Cerdeira y Pedro F. Gotay, querellados apelantes.
    No. 3973.

    Sometido: Enero 14, 1930.

      Resuelto: Diciembre 10, 1930.

      José Iglesias la Cruz, abogado de los querellados; F. Soto Gras y B. Díaz Collazo, abogados del querellante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo.

   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Después de celebrado el juicio en un pleito en la Corte de Distrito de San Jnan y antes de que dictase sentencia en el mismo, Francisco Cerdeira hizo publicar en “La Correspon-dencia de Puerto Rico,” que circula en esta ciudad, un artículo referente a la prueba presentada en ese pleito. También Pedro F. Gotay publicó en ese tiempo otro artículo en el periódico “J’Accuse” sobre la misma materia. El demandante en el pleito presentó querellas contra ambos por desacato a la corte y ésta ordenó que Cerdeira y Gotay comparecieran' ante ella para mostrar causa por la cual no debieran ser condenados por desacato. En vista de esa orden ambos comparecieron ante la expresada corte la que después de oírlos les condenó por desacato, contra cuyas sentencias interpusieron respectivamente apelación, recursos que lian sido tramitados conjuntamente.

Los alegatos de los apelantes son iguales y aducen como primer motivo para sostener su recurso que la corte cometió! error manifiesto al no sobreseer su orden requiriéndoles para que comparecieran a mostrar causa por la cual no debieran ser condenados por desacato, porque los becbo's alegados en las querellas contra ellos presentadas no son constitutivos de desacato por referirse los artículos por que se les denunció a las pruebas del juicio y no a los procedimientos del mismo.

La Ley de Io. de marzo de 1902 definiendo el desacato, según quedó enmendada en 1906, sección 5560 de los Estatutos Revisados de 1911, en lo necesario ahora dice así:

“La Corte Suprema, las cortes de distrito y cualquier tribunal análogo o semejante, debidamente establecido en Puerto Rico, tendrán facultad para castigar por desacato a toda persona culpable de cual-quiera de los actos siguientes:
* # # # 4§¡ #
“5. La voluntaria publicación de cualquier informe falso o grose-ramente inexacto, de procedimientos judiciales; Disponiéndose, sin embargo, que la publicación de cualquier informe verdadero y justo de algún procedimiento judicial, no será penable como desacato.”

El juicio oral de un pleito o de una causa criminal es claramente un procedimiento judicial; y como en él se pre-senta la evidencia que las partes utilizan para probar sus respectivas alegaciones y ha de ser tenida en cuenta por la corte para su decisión, no tenemos duda de que tal evidencia forma parte de los procedimientos judiciales de la corte en cualquier pleito o causa, por lo que la publicación de un informe falso o groseramente inexacto referente a dicha evidencia es constitutiva del desacato previsto en el inciso S°. que hemos copiado, aunque no contenga palabras inju-riosas para la corte.

El segundo y último motivo alegado' por los apelantes es que las querellas presentadas contra ellos: no son suficientes porque se jura en las mismas por información y creencia que los apelantes son los autores de dichos artículos.

Ese motivo del recurso carece de mérito. Este tribunal resolvió en el caso de Del Toro v. La Corte Municipal, 16 D.P.R. 93, en el que se impugnó la acusación de desacato por no haber sido jurada por persona alguna, que tal requisito no es necesario en casos de desacato. Por consiguiente, menos puede serlo que el hecho expresado fuese jurado por información y creencia.

Las dos sentencias apelada^ deben ser'- confirmadas.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis R. Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 4172.

    Sometido: Noviembre 14, 1930.

      Resuelto: Diciembre 11, 1930

      Horton & Saliva, abogados del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Sólo está envuelta en este caso la suficiencia de la de-nuncia. Fue formulada por el policía insular Facundo Ortega y en lo pertinente dice:

“Que en 6 de enero de 1930, y en Mayagiiez, ... el referido acu-sado Luis R. Rodríguez, allí y entonces, ilegal, voluntaria y malicio-samente violó las disposiciones de la ley para reglamentar el uso de vehículos de motor en los caminos públicos de Puerto Rico, porque mientras manejaba el automóvil Pontiac No. P. 1265 que es un ve-hículo de motor propiedad de Rafael Suris de Mayagiiez, P. R. no tomó en cuenta el ancho, tráfico y uso del camino, mientras marchaba con dicho vehículo de motor por la carretera que conduce de Maya-giiez a Maricao que es un camino público, al llegar al sitio del acci-dente el auto Pontiac marchaba con dirección a Mayagiiez, estaba un carro de bueyes parado en su derecha en la carretera y en esos mo-mentos subía el auto Ford No. P. 262 propiedad de Juana Hernán-dez y guiado por Antonio Rivera, chófer 8653, el chófer Luis R. Ro-dríguez no redujo la velocidad del automóvil Pontiac P. 1265 se me-tió por entre el auto Ford y el carro de bueyes, dando lugar a cho-car con el automóvil Ford P. 262 ocasionándole los siguientes des-perfectos : eje delantero lado derecho doblado, chasis parte delantero doblado, guardalodo izquierdo delantero bollado, winsil roto, bomper delantero roto y el guía roto. Violando el acusado la Ley de auto-móviles No. 75 aprobada el 13 de abril de 1916 Art. 13 letra (a).”

Con esa denuncia como base y oída la prueba, la corte de distrito declaró al acusado culpable y le impuso veinte y cinco dólares de multa. No conforme, apeló para ante este tribunal, sosteniendo que la denuncia no imputa la infracción al artículo 13 de la ley de automóviles, por la cual fue castigado.

La denuncia pudo redactarse con mayor concisión y cla-ridad, pero tal como lo fuá, es suficiente, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia de esta corte sentada en el caso de El Pueblo v. Casanovas, 38 D.P.R. 219.

En la denuncia se imputa primero al acusado la infrac-ción siguiendo las palabras de la ley, esto es, porque “no tomó en cuenta el ancho, tráfico y uso del camino,” y luego se describe el hecho concreto ocurrido, demostrativo de las circunstancias que exigían, que el acusado redujera la velo-cidad del carro que guiaba, y el no haberla reducido.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


text:
    In re, Guillermo Ortiz Guzmán, querellado y apelado, v. Leopoldo Venegas, Alcalde de Coamo, opositor y apelante.
    No. 5234.

    Sometido: Diciembre 8, 1930.

      Resuelto: Diciembre 11, 1930.

      E. Ramos Antoniwi, abogado del apelante; Manuel A. Rivera y Leopoldo Tormos, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opiuión del tribunal.

Interpuesta apelación contra sentencia de la Corte de Distrito de Ponce dictada al conocer en apelación contra una resolución del Alcalde de Ooamo, éste solicitó varias pró-rrogas para preparar la transcripción de los autos para su apelación. Vigente una de esas prórrogas fué desestimada esa apelación por este tribunal y entonces el apelante no solicitó nuevas prórrogas.

Antes de ser desestimada esa apelación libramos un auto de eertiorari para revisar la orden de la corte inferior que ordenó el cumplimiento de su sentencia a pesar de la apela-ción que había sido interpuesta y reclamamos los autos originales en que se había dictado.

Al desestimar la apelación contra la sentencia en 31 de mayo último por entender que no existía el derecho de apelación en ese procedimiento anulamos también el auto de certiorari que habíamos expedido.

El apelante solicitó en 10 de junio que reconsideráramos esas dos resoluciones y accedimos a su petición en 31 de julio dejándola sin efecto, por lo que está ahora pendiente ante nosotros la apelación contra la sentencia y el auto de cer-tiorari, en cuyo estado se ha solicitado otra vez la desestima-ción de la apelación por el fundamento de no haber sido presen-tada en este tribunal la transcripción de los autos en el tiempo fijado por la ley. Antes de ser vista esta moción nos pidió el apelante que le concediéramos un nuevo término para presentar la transcripción de los autos alegando esos hechos y que por haber sido desestimada su apelación no solicitó otras prórrogas, pero que habiendo sido restablecida; usá-ramos de nuestra discreción para concederle el nuevo término que interesa; siendo otras de sus razones que los autos originales estaban en esta corte por virtud del auto de certiorari que libramos, de que hemos hecho mención.

El día en que fué presentada esa moción estaban en este tribunal los autos originales en que la apelación fué inter-puesta y el mismo día, 31 de octubre último, nuestro secre-tario los devolvió a la Corte de Distrito de Ponce a; solicitud del apelado. Nosotros concedimos el nuevo término intere-sado sin perjuicio de la moción de desestimación pendiente, cuya vista tuvo lugar el 8 del presente mes. En ese mismo día el apelante presentó en este tribunal su transcripción para la apelación.

En vista de los hechos expuestos, de que habiendo sido desestimada la apelación holgaba que el apelante pidiera nuevas prórrogas para tramitarla, y que si bien es cierto que debió solicitar de nosotros el nuevo término al ser resta-blecida su apelación en 31 de julio y que no haberlo hecho así no está justificado porque este tribunal comenzara sus vacaciones tres días después,' sin embargo, las circunstancias en este caso son de tal naturaleza, teniendo en cuenta también que los autos originales estuvieron aquí basta el 31 de octu-bre y que la transcripción de la apelación ba sido presentada el día que fue oída la moción de desestimación, dentro del nuevo término que concedimos al apelante, que no creemos que debemos desestimar la apelación por el motivo alegrado, por lo que debe declararse sin lugar la moción del apelado.


text:
    María Luisa Aviles Vda. de Beiso, demandante y apelada, v. Sucesores de Angel Suárez, representada por su socio gestor José Moreda; Alberto Moreda, Alvaro C. Cifuentes, José Moreda y José Irizarry Cruz, demandados y apelantes.
    No. 5498.

    Sometido: Diciembre 8, 1930.

      Resuelto: Diciembre 11, 1930.

      José Sábater, abogado de los apelantes; Nazario & García Méndez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del

tribunal.

La parte apelada solicita se desestime la apelación porque habiéndose establecido radicando el necesario escrito el día 6 de agosto de 1930, han transcurrido noventa días sin que se haya registrado ante este tribunal la apelación, que alega ha sido interpuesta, de mala fe, con el fin de dilatar los pro-cedimientos, y ser frívola; y porque han transcurrido más de treinta días sin que se haya radicado el legajo de sentencia;1 y porque la apelada no ha hecho gestión para que se apruebe la transcripción de la evidencia. Une a su moción una cer-tificación del secretario de la corte de distrito de Mayagüez, con referencia a la sentencia y su fecha, radicación del escrito de apelación, y de la transcripción de evidencia, y que la apelante no ha presentado moción alguna para que se señale fecha para la aprobación de la transcripción.

Se ha opuesto a esa petición la apelante, que alega en esencia que cuando se radicó la transcripción de evidencia, la corte de distrito señaló la fecha del 27 de octubre de 1930 para comparecencia de las partes, a los fines de la aprobación, y que a esa comparecencia no asistió la apelada; se señaló el día 24 de noviembre de 1930 para los mismos fines, sin que tampoco compareciera la apelada; y el abogado de la ape-lante presentó a la corte una moción por la que pidió se aprobara la transcripción, sin que la corte haya resuelto. Alega también que el término de 30 días para radicar el legajo de sentencia se cuenta desde aquél en que se aprueba la transcripción de la evidencia. Y presenta certificación del secretario de la corte de distrito, creditiva de esos extremos.

De la lectura de la regla 40 de este tribunal, aparece claramente que el término de treinta días para presentar la transcripción de los autos, se cuenta desde la fecha en que se apruebe por la corte inferior la exposición de hechos, exposición del caso o pliego de excepciones, si los hubiere, y en otro caso, desde la de radicación de la apelación. La regla es aplicable al caso en que se utilice el procedimiento sustituto de transcripción de la evidencia.

El término de noventa días de que se hace mérito en la regla 59 de este tribunal, es para, que, en nuestra discreción, desestimemos las apelaciones en el caso de que se nos pruebe satisfactoriamente que el recurso no se lia. entablado de buena fe, o no se ba proseguido con la debida diligencia. No existe tal prueba en este caso.

La alegación de que la apelación es frívola, no puede ser considerada por el tribunal, a menos que se presenten datos probatorios que la sostengan; y no los bay en este caso.

Debe declararse sin lugar la moción de la parte apelada.