author: El Juez Asociado SeñoR Travieso

text:
    Manuel Fernández Martínez, demandante y apelado, v. Manuel V. Domenech, sustituído por R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7401.

    Sometido: Marzo 18, 1938.

      Resuelto: Julio 30, 1938.

      How. Procurador General B. Fernández García (B. Gordovés Arana, Procurador General Auxiliar, en el alegato) y B. García Cintrón, Subprocurador, abogados del apelante; J. Pedro Miranda, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandante solicita que se dicte una sentencia a su favor ordenando al demandado en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, a reintegrarle las cantidades de $89.47, $111.07, $115.11, $129.98 y $101.51, que fueron pagadas por él bajo protesta en concepto de contribuciones sobre ingresos por los años 1928, 1929, 1930, 1931 y 1932, respectivamente, y además, que se le concedan los intereses sobre dichas can-tidades desde que fueron pagadas hasta su completo rein-tegro con más las costas.

El demandante había pagado voluntariamente por ese mismo concepto $52.52 en 1928, $22.43 en 1929, $13.32 en 1930, nada en 1931 y nada en 1932. Las contribuciones por deficiencias y recargos pagadas bajo protesta son, a juicio del demandante, nulas, arbitrarias e ilegales por haber sido impuestas caprichosamente por el demandado sin tener base para ello.

La corte inferior hace un resumen muy ajustado de la prueba. Dice así:

“El demandante Manuel Fernández Martínez declara en sustancia que hace 30 años se dedica al negocio de provisiones al por mayor y al detalle; su negocio principal consiste en surtir a los ventorrillos y tiene un capital invertido que no excede de $10,000; no lleva libros, tiene varias fincas también de su propiedad y calcula por todo un capital de 20 a $25,000 para el año 1928 y no más de $30,000 para o! año 1935. Bueno es que hagamos constar aquí que el año 1935 para nada figura en este pleito, puesto que la última contri-bución que se impugna es la correspondiente al año 1932. Declara por último el demandante que llevaba un diario y un libro de caja.
“ Francisco Freiría, comisionista establecido en la capital, declara que no sabe el capital del demandante; pero sí sabe el negocio a que se dedica, y que en esta clase de negocio y durante los cinco últimos años, el beneficio que se puede obtener fluctúa entre un 3 a un 4 por ciento, dadas las condiciones del mercado de Río Piedras, que es una plaza comercial muy competida. Para ilustrar su aserto, declara que con un capital de $50,000 con que gira, vende al año do 360 a $380,000.
“Manuel Martínez, comerciante mayorista, declara que con un capital de $40,000 vendió en el año 1929, $392,000, lo que da un ingreso bruto de un 5.60 por ciento; declara también que conoce el ramo del demandante y que vende a las tiendas del campo por arrobas y quintales.
“José Malgor Martínez, también comerciante, hace ventas al por mayor y al detalle; declara también en cuanto al estado del mercado de Río Piedras y a la competencia que existe en dicha plaza.
“Por parte del demandado declara Julio López Cruz que desde 1928 a, 1933 era inspector de income tax; que hizo las investigaciones en la casa del demandante, sita en Río Piedras; que éste tenía un negocio establecido de venta de provisiones al por mayor y al detalle; que tenía mucha existencia en su almacén, las que calculó hasta $16,000; que no llevaba libros, sino solamente apuntes y una libreta en que anotaba las cuentas; que sumó los apuntes y llegó a la con-clusión de que vendía de 8 a $10,000 mensuales, o sea $100,000 al año, más o menos; que estimó el beneficio bruto en un 10 por ciento para lo cual tomó como base casos similares y las notas que llevaba el demandante.
“Adolfo López Capó, inspector de income tax, liquidó las contri-buciones al demandante, lo que hizo de acuerdo con los datos sumi-nistrados, y que la contribución se impone sobre el ingreso.”

Basada en esa prueba, dictó sentencia ordenándole al. Tesorero que reajuste o rectifique la contribución impuesta al demandante por los años 1928-1932, inclusive, tomando como base el ingreso neto sobre un total de ventas de $50,000 y un beneficio bruto de 5 por ciento y que devuelva al doman-■dante aquella cantidad cobrada en exceso de este cálenlo. El Tesorero apeló. Señala cinco errores, a saber:

“1. La Corte de Distrito cometió error de derecho al declarar ■sin lugar la moción para eliminar- formulada por el demandado.
“2. La Corte de Distrito cometió error manifiesto en la aprecia--eión de la prueba al estimar y fijar en $50,000 anuales el volumen de ventas del demandante durante los años 1928 al 1932, inclusive, en su negocio de compra y venta de provisiones establecido en Río Piedras.
“3. La Corte de Distrito cometió error manifiesto en la aprecia-eión de la prueba al estimar y fijar el beneficio bruto obtenido por el demandante en su predicho negocio en cada uno de los años 1928 al 1932, inclusive, en la suma de $2,500, o sea en un 5 por ciento sobre $50,000.
“4. La sentencia de la Corte de Distrito ordenando al‘Tesorero de Puerto Rico reajustar o rectificar la contribución sobre ingresos impuesta al demandante por los años 1928 al 1932, inclusive, tomando -como base el ingreso neto sobre un total de ventas de $50,000 y un beneficio bruto de 5 por ciento, y devolver al contribuyente aquella cantidad cobrada en exceso de este cálculo, es contraria a las alega-ciones y a la prueba.
“5. La Corte de Distrito cometió error al declarar con lugar la demanda de este pleito y dictar sentencia a favor del demandante y en contra del demandado.”

El primero tiene qne ver con una moción presentada por el demandado en que solicitaba la eliminación de las frases “en su oportunidad” y “contribución que es nula, arbitraria e ilegal, por haber sido impuesta caprichosamente por el demandado sin tener base alguna para ello, ya que los beneficios que se alegan recibió el demandante en dicho año... son inciertos y nunca han sido obtenidos por el demandante” que aparecen en las cinco causas de acción ejercitadas por el demandante en su demanda. La corte inferior denegó .la eliminación solicitada por entender, en cuanto a la primera frase, que si bien constituía una conclusión de ■derecho, ningún perjuicio se causaba al demandado con dejarla subsistente, y en cuanto a la segunda, porque aunque en efecto era una conclusión- de derecho, estaba seguida de palabras que constituían el fundamento de tal conclusión.

A nuestro juicio no es necesario resolver si la corte debió haber declarado o no con lugar la moción eliminatoria pre-sentada por el demandado porque, aun asumiendo que al declararla sin lugar se equivocara, ello por sí solo no sería suficiente para causar la revocación de la sentencia según lo ha resuelto ya este tribunal en el caso de El Pueblo v. Sucesión Valdés, 31 D.P.R. 223, 229, donde se dijo:

"El error, de haber alguno, al declarar sin lugar la moción para eliminar y la excepción previa a la demanda, era de carácter técnico y no perjudicaba. La demanda apenas si puede recomendarse como modelo de buena alegación, pero en el actual estado del procedimiento no estamos dispuestos a hacer un análisis más o menos censurable de la laxitud en el estilo o de la falta de precisión en la elección de las palabras, ni como resultado de tal estricta interpretación revocar la sentencia dictada por la corte de distrito por razón de cualquier mero defecto técnico u omisión en la demanda.”

Los cuatro errores siguientes los discutiremos conjuntamente por referirse todos ellos a una misma cuestión.

El inciso (b) de la sección 14 de la “Ley de Contribu-ciones sobre Ingresos, de 1924,” que es la núm. 74 de 1925 (Leyes de ese año, pág. 401), dispone:

“ (b) El ingreso neto será computado sobre la base del período anual de contabilidad del contribuyente (año económico o año natural, según sea el caso) de acuerdo con el sistema de contabilidad usado regularmente por el contribuyente en sus libros; pero si él no llevare libros de contabilidad, o si el sistema usado no reñeja claramente su ingreso, la computación será hecha de acuerdo con el sistema que en opinión del Tesorero refleje claramente el ingreso. Si el período anual de contabilidad del contribuyente es otro que el de año econó-mico' según se define en la sección 3, o si el contribuyente no siguiera un período anual de contabilidad o no llevare libros, el ingreso neto-será computado a base del año natural.”

El Tesorero demandado estimó que los ingresos netos del demandante correspondientes a los años comprendidos entre 1928 y 1932, ambos inclusive, eran mayores de lo que él había declarado al rendir sus planillas de ingreso correspondientes a dichos años, y valiéndose de la facultad qne la sección arriba transcrita le confiere, y por el hecho de no llevar el demandante libros en sn negocio, le impuso uña contribución de acuerdo con el ingreso que calculó había tenido el deman-dante durante cada uno de dichos años. Así, en vez de $52.52 qne el demandante había declarado en 1928 le impuso una contribución de $141.99; y en vez de $22.43 que había declarado en 1929 le impuso $133.50; y en vez de $13.32 que había declarado en 1930 le impuso $128.43; y en 1931 y 1932 que el demandante no había declarado ingresos le impuso una contribución de $129.98 y $101.51, respectivamente. La diferencia entre la cantidad pagada voluntariamente por el demandante y la contribución impuesta por el demandado es lo que se reclama en esta demanda.

El sistema usado por el Tesorero a través de sus agentes p'ara calcular la contribución impuesta al demandante no refleja claramente el ingreso neto que obtuvo en su negocio durante cada uno de los años 1928 al 1932, inclusive.

El testigo López Cruz que hizo la investigación declara que es inspector de income tax; que antes de investigar el negocio del demandante se informó con amigos suyos del volumen de negocios qne hacía, de la clase de individuo que era el demandante y de la naturaleza del negocio que tenía en Río Piedras; que por la práctica que tenía calculó las existencias que había en el colmado en 10, 12 ó $16,000; que su investigación la hizo en el año 1933; que por los apuntes que el demandante conservaba, correspondientes al año 1933, calculó un volumen de ventas de 8 a $9,000 mensuales y de $100,000 al año; que calculó el beneficio bruto de acuerdo con su experiencia al determinar el de otras casas como la de Freiría & Co., que también se dedica al mismo ramo, estimándolo en un 10 por ciento; que los apuntes que el demandante le suministró sólo tenían la fecha del día y la cantidad de las ventas y que no le fueron suministrados inventarios; qne cálenlo las existencias que el demandante tenía por lo qne vió pero qne no tuvo ante sí ninguna factura.

Tanto el volumen de ventas como el por ciento de bene-ficio bruto que el testigo le calculó al demandante está, a nuestro modo de ver, basado en un sistema arbitrario y cáprichoso, y no puede, por ende, ser reflejo del ingreso neto sobre el cual se le impusieron al demandante las contribu-ciones de deficiencia que ahora reclama. El testigo López Cruz declara que sus cálculos están basados, entre otras cosas, en lo que amigos de él le informaron sobre la natu-raleza del negocio del demandante. El cálculo sobre exis-tencias está basado en lo que el testigo López Cruz vió el día que hizo la investigación, allá en el año 1933, y sería entrar en el terreno de las conjeturas el tratar de precisar lo que dicho testigo hubiera visto en el año 1928 o en el 1929 o en cualquier otro año de los sujetos a investigación. Declaró también que estuvo toda una mañana en el estableci-miento del demandante, y ello bastó para recoger la data en que más tárde fue basada la contribución por deficiencia impuesta al demandante.

No es ése “el sistema.. .que refleja claramente el ingreso” a que se refiere la sección 14 antes transcrita. Como se dijo en el caso de Loíza Sugar Co. v. Domenech, Tesorero, 44 D.P.R. 556, 562:

“ .... El gobierno no puede inventar ingresos a base de errores en la forma de llevar los libros el contribuyente porque la imposición y la determinación del ingreso neto tributable descansa en becbos ciertos y no en teorías, tecnicismos o entradas en libros de contabi-lidad.”

Y en el de In re Sheinman, 14 F. (2d) 323, donde se trataba de una ley exactamente igual a la nuestra:

“La fijación de la cantidad de ingreso neto tributable del con-tribuyente es la fijación de un beebo. De becbos reales y no de entradas en los libros es que surge el ingreso. Los libros de conta-bilidad no son otra cosa que evidencia. Ni son indispensables ni concluyentes. Doyle v. Mitchell, 247 U. S. 179, 38 S. Ct. 467, 62 L. Ed. 1054; Southern Pacific Railroad v. Muenter, 260 F. 837, 171 C.C.A. 563; Douglas v. Edwards (C.C.A.) 298 F. 229; Baldwin Locomotive Works v. McCoach, 221 F. 59, 136 C.C.A. 660.
“El método empleado por el Negociado de Ingresos en el caso de autos estaba basado en los libros de contabilidad de otras personas y no indica cuál era el ingreso real del quebrado durante los años on cuestión. No es tan determinante de los becbos como las entradas en los libros del quebrado lo serían, ni tampoco está apoyado por becbos extrínsecos presentados en evidencia. Lo que se bizo fué buscar lo que otros contribuyentes habían declarado como sus in-gresos netos o lo que el Negociado encontró que eran los ingresos de tales contribuyentes, y seleccionarse un promedio entre la pro-porción del ingreso declarado de tales otras personas y el volumen de ventas, y entonces bailar como un becbo que tal promedio repre-sentaba el ingreso actual del quebrado. Esto no era la fijación de un becbo sino simplemente la exposición de una teoría.”

En In re Harrington (D. C. Mo. 1924), 1 F. (2d) 749:

“Este es, desde luego, el propósito fundamental de la ley, que la ■contribución del contribuyente sea impuesta sobre su ingreso actual, y que éste no sea ni disminuido ni aumentado por métodos arbitrarios •o artificiales de computación. Como dice la ley, ‘el verdadero in-greso debe ser claramente reflejado,’ y para tal propósito los métodos -de contabilidad corrientes y antiguos empleados por el contribuyente, usados comúnmente y con ningún propósito ulterior, son deseables.”

Véase además Paul and Mertens, “The Law of Federal Income Taxation,” Vol. I, pág. 110, sección 5.07.

La contribución impuesta por el Tesorero en el caso de autos no está basada en ningún sistema sino más bien en el capricho y la arbitrariedad del'agente a cuyo cargo estuvo la investigación de las planillas de este demandante. De la prueba no aparece que se investigara si el demandante tenía relaciones con algún banco local y de tenerlas el importe de los depósitos que hacía y de las cantidades giradas, lo que hubiera dado una idea más exacta de la naturaleza e impor-tancia de su negocio. Tampoco se tomó como base el volu-men de ventas que hacían y beneficios que derivaban otros comerciantes de igual o parecida importancia en el comercio, sino de otros cnyo capital era muy superior al del deman-dante, lo qne necesariamente resulta en mayores rendimientos o'’beneficios. Tampoco declararon como testigos del deman-dado aquellas personas a quienes el testigo López Cruz se dirigió antes, de hacer la investigación para que le infor-maran en cuanto a la persona del demandado y a la natura-leza de su negocio. En vista de todo lo cual 'procede que se-confirme la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Osorio, acusado y apelante.
    Núm. 7115.

    Sometido: Julio 14, 1938.

      Resuelto: Julio 30, 1938.

      C. Iriarte, F. Fernández Cuyar y II. González Blanes, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliarr abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Bayamón dictó sentencia decla-rando al acusado Juan Osorio culpable del delito de infrac-ción al artículo 328 del Código Penal y condenándole a sufrir una pena de cuatro meses de cárcel y al pago de las costas. De dicha sentencia apeló el acusado para ante nosotros.

Al terminar el fiscal de someter la prueba que tenía, el acusado presentó una moción de nonsuit que fué declarada por la corte sin lugar, sometiendo éste entonces sn caso sin practicar prueba alguna. Como único error alega:

"Que el fallo de la corte inferior es contrario a la prueba siendo ésta insuficiente en derecho para establecer la culpabilidad del acusado. ’ ’

De la declaración del Dr.. Comas surge que con motivo de este accidente el niño José Dolores Ramos, de doce años de edad, resultó con "una fractura del fémur derecho en su tercio medio y otra fractura del fémur izquierdo en su tercio medio; o sea la fractura de ambos muslos.” Que le dió tratamiento por espacio de seis o siete semanas.

José Dolores Ramos declaró:

"Que venía el carro y yo creía que no iba a subir a la acera y me quedé sentado; cuando yo vi el carro que venía de allá, de la. calle Comerío, no me dió tiempo de pararme y el carro subió sobre la acera y tumbó un zoco, el zoco me cayó encima del muslo y la rueda del carro subió encima del zoco y me pilló las dos piernas y me las partió.”

Declaró también que el carro “venía a toda velocidad”' y que era guiado en aquel momento por el acusado, el guardia Juan Osorio.

El padre del niño, Lorenzo Ramos, declaró que “el carro venía ligero.”

En cuanto a la velocidad a que marchaba el automóvil, el récord no contiene más declaraciones que las dos que pre-ceden, y como dice el fiscal en su informe la del lesionado sería suficiente para' sostener la sentencia, según lo resolvió ya este tribunal en el caso de El Pueblo v. Carrión, 52 D.P.R. 453, donde se dijo:

"La conclusión del juez sentenciador se basó prácticamente sóh> en‘la declaración del denunciante. Aunque él era la parte perjudi-cada y su declaración debe ser cuidadosamente analizada por una corte sentenciadora, no estamos dispuestos a revocar la decisión de dicho tribunal en lo que a su credibilidad se refiere.”

En el caso de autos la declaración del lesionado fue corro-borada por la de su padre, y además, la credibilidad de ninguno de dichos testigos fue impugnada por el acusado.

Este cita en su alegato copiosa jurisprudencia para demostrar que su negligencia, de haber existido, no es la negligencia crasa de que habla el artículo 328 del Código Penal. Tomando en consideración la velocidad a que marchaba el vehículo y la forma en que ocurrió el accidente, hay base a nuestro juicio para sostener la sentencia recurrida.

Aunque algunos de los testigos ofrecidos por El Pueblo hicieron referencia a un ligero choque entre el carro que conducía el acusado y un “trocito” (un truck pequeño), este extremo no quedó establecido. Sí se demostró que el carro se subió a la acera, donde estaba, porque a ello tenía derecho, •el menor José Dolores Ramos, derribando, un zoco que cayó .sobre-los muslos del niño, causándole las contusiones a que se ha hecho ya referencia. Este hecho no aparece explicado en forma alguna ni por repreguntas a los testigos de El Pueblo ni por prueba directa del acusado. Y habiendo que-dado sin explicar ese hecho, hay base suficiente para inferir ■que la negligencia del acusado es aquélla que castiga el ar-tículo 328' del Código Penal.

En esas circunstancias es nuestro deber respetar y con-firmar la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


text:
    The National City Bank of New York, peticionario y apelado, Ex parte; María Trinidad Ramos y sus hijos, opositores y apelantes.
    Núm. 7511.

    Sometido: Mayo 10, 1938.

      Resuelto: Julio 30, 1938.

      Joaquín Vendrell, abogado de los apelantes; P. González Fagundo, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En el año 1909 don José Ramírez Mnñoz solicitó se decla-rase a su favor el dominio de una finca rústica. Cumplidas las formalidades legales y ordenada la inscripción solicitada, practicóse ésta en el Registro de la Propiedad de Caguas, al folio 206, Tomo 32 de Caguas, finca núm. 1589, inscripción I., describiéndose la finca así:

“Rústica: Predio de terreno en el barrio ‘Bairoa’ del Municipio de Caguas, compuesto de media cuerda de terreno, en lindes por el norte con Ramona Alambert; por el sur con Adolfo Flores, Francisco P. Chiqués, Leoncio Velázquez y Plácido González; por el este con Ignacio Piliche y el antiguo camino de los Núñez, y al oeste con la Sucesión de Víctor Fernández.”

Con posterioridad a la inscripción del dominio de dicha finca a favor de José Ramírez Muñoz, éste segregó y vendió cinco porciones de terreno, de 400, 167.58, 169.40, 262.68 y 596.75 metros cuadrados, respectivamente. Restando el área total de dichas cinco segregaciones, o sea 1,596.41 metros cuadrados, del área total de la finca principal, o sea de 1,965.20 metros cuadrados, que es el equivalente de media cuerda, quedó reducida la finca principal a 368.79 metros.

Dicha finca principal así reducida fue embargada y ven-dida en pública subasta para satisfacer una sentencia obte-nida por el National City Bank of New York en pleito sobre cobro de dinero contra la Sucesión de José Ramírez Muñoz. En las diligencias de embargo y subasta se hizo constar que la porción de terreno había quedado reducida a 465 metros cuadrados más o menos, con las edificaciones enclavadas en ella. Dicha porción de terreno y sus edificaciones fueron adjudicadas al Banco ejecutante por la suma de $6,000. El registrador inscribió la venta del terreno y denegó la ins-cripción en cuanto a los edificios por no hallarse éstos inscri-tos a nombre de los demandados ni de ninguna otra persona.

En 21 de julio de 1932 el National City Bank of New York radicó ante la Corte de Distrito de Humacao una petición en la que alega:

1. Que habiéndose practicado la mensura y deslinde de la finca principal, tal como aparece inscrita, dió una cabida de 3,582.41 metros cuadrados en lugar de 1,965.20 m. c., que es el equiva-lente de la media cuerda que aparece inscrita, resultando, por tanto, un exceso en su capacidad' de 1,617.21 m. c.

2. Que el remanente de la finca principal, descontados los 1,596.41 m. c. de las cinco segregaciones, resulta ser después de la nueva mensura, 1,986 metros cuadrados, dividido en tres porciones de 346, 435 y 1,205 metros cuadrados, respectivamente.

3. Que dichas tres porciones de terreno no colindan entre sí y por tanto no es posible su agrupación, por lo que el Banco peticio-nario carece de título escrito e inscribible en cuanto a la dife-rencia de 1,521 metros cuadrados.

El Banco pide que se declare justificado su dominio de 1,521 m. c., que unidos a los 465 m. c. que alega tener ya inscritos, hacen un total de 1,986 metros cuadrados, con sus edificaciones, y que se inscriba dicho dominio a su favor.

Hechas las citaciones de anteriores dueños, fiscal y per-sonas ignoradas, comparecieron los herederos de José Ra-mírez Muñoz y se opusieron a la petición del Banco, alegando:

1. Que la finca cuyo dominio se trata de justificar se encuentra ya inscrita.

2. Que lo único qne embargó el Banco fué lo que quedaba de la finca principal según el Registro, o sea 465 metros cuadrados.

3. Que se pretende justificar el dominio de una finca de 1,617.21 metros cuadrados, dividida en tres porciones con colindancias’ distintas al resto de la finca principal que se componía de 465 m. c.

4. Que el Banco no tiene ningún título válido y eficaz sobre las tres parcelas; y sólo tiene un supuesto derecho de dominio sobre 465 m. c. que obtuvo en la subasta y no sobre el resto de la finca.

Oída la prueba de una y otra parte, el juez sentenciador planteó así el problema jurídico:

“Toda la cuestión se reduce a resolver si al promovente se le adjudicaron 465 metros cuadrados y las edificaciones que embargó o si se le adjudicó la finca que era de la pertenencia de la Sucn. del Sr. Ramírez Muñoz en la forma como ella era al tiempo del embargo y todas las edificaciones que ella contenía.
“Sólo bay que resolver si la Sucesión del Sr. Ramírez Muñoz puede hacer la petición que hace el promovente, de no haber ocurrido la adjudicación. Todo parece indicar que de haber practicado la Sucn. Ramírez el deslinde hubiese tenido que hacer lo mismo que ahora pretende el promovente. La adjudicación de la finca al pro-movente llevó consigo el resultado de pasar al promovente todos los derechos que sobre la finca correspondían a la Sucn. y quedó así el promovente con los mismos derechos que tenía la Sucesión. El hecho que esa finca después de las segregaciones que sufriera, apare-ciera con una extensión limitada de 465 metros cuadrados más o menos, no es suficiente para resolver, que no es la misma finca que le pertenecía a la Sucn. Ramírez porque hay otras circunstancias de que las segregaciones se hacían de una supuesta extensión, que luego por el deslinde resultó ser mayor a la que aparece del Registro. Rotger v. Registrador, 28 D.P.R. 910.
“En el srrpuesto que el embargo y subasta y adjudicación se limitaran a la extensión que aparecía del Registro, y que no se incluyó el exceso de cabida de la finca, los opositores no han traído título, y descansan en la misma inscripción del Registro que sirvió para el embargo y adjudicación al promovente, y en esas condiciones no han traído el título para su oposición. Santos v. Colón, 27 D.P.R. 811.”

Y lo resolvió declarando sin lugar la oposición y con lugar la petición de dominio. Los opositores apelaron.

Hemos examinado cuidadosamente el pliego de excep-ciones y exposición del caso radicado por los apelantes. No aparece de la prueba qne exista nn solar de 465 metros-cuadrados que pueda ser identificado como la propiedad em-bargada por el mársbal y adjudicada al National City Bank. El registro demuestra' que el remanente de la finca es de 368.79 m. c. solamente. De la escritura de venta otorgada por el márshal consta que éste vendió y adjudicó al Banco un predio de terreno compuesto de 465 metros cuadrados, con las siguientes edificaciones: casa núm. 2 de la calle Acosta; casa núm. 6 de la misma calle; casa de maderas en la callejuela del Dr. Groyco. De dicha escritura y del plano de mensura, ofrecido en evidencia, aparece que dichas edificaciones están ubicadas en tres solares distintos y no colindantes entre sí, a saber: la casa núm. 2, en un solar de 346 metros cuadrados; la núm. 6, en un solar de 435 metros cuadrados; y la casa de la calle Groyco en un solar de 1,205 metros cuadrados, en el que existen además un rancho de madera con techo de tejas, otro rancho de madera techado de zinc y una casa de madera destinada a escuela. Las seis edificaciones mencionadas ocupan una extensión superficial que excede de 800 metros cuadrados, lo que cons-tituye prueba evidente de que el remanente de la finca principal no podía ser 465 m. c. como pretenden los apelantes.

No tenemos duda alguna de que lo que el márshal embargó y vendió y el Banco adquirió fue todo el terreno que quedaba a favor de José Ramírez Muñoz, después de deducir las cinco parcelas segregadas, y que estaba comprendido dentro de las colindancias de la finca principal que se hicieron constar en el registro, con sus edificaciones. Mediante, la escritura otorgada por el márshal, éste vendió, cedió y trasmitió al Banco todo el derecho, título e interés que José Ramírez Muñoz o sus herederos pudieran tener sobre las tres porciones de terreno cuyo dominio' se trata de acreditar, sea cual fuere su extensión superficial. El hecho de que al practicarse una nueva mensura de la finca original ésta resulte de mayor cabida que la que se hizo constar en el registro no puede en manera alguna afectar el título adquirido por el Banco a virtud de la venta judicial hecha por el márshal. Debemos resolver, por, lo tanto, que la oposición de los apelantes carece en absoluto de funda-mento legal y que no erró la corte inferior al desestimarla.

Si la información de dominio es o no es el remedio legal adecuado para hacer inscribir el exceso de cabida de una finca ya inscrita en el registro, a título de dominio, no es cuestión que debemos resolver en el presente recurso; pero creemos prudente llamar la atención de la parte pro-movente hacia los casos de Mattei v. Registrador y Pellón v. Registrador, ante, páginas 455 y 526, respectivamente.

Y no teniendo los apelantes título o interés alguno que justifique su intervención en este procedimiento, creemos innecesario discutir los errores que se alegan como base de este recurso.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


author: Eu Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Sucn. de Pedro Calderón, demandante y apelante, v. Luciano R. Fuertes y su esposa Luisa de la Haba, demandados; El Pueblo de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7162.

    Sometido: Febrero 2, 1938.

      Resuelto: Julio 30, 1938.

      H.' Torres'Sold, abogado de la apelante; Hon. Procurador General B. Fernández García (R. Cordovés Arana, Procurador General Auxiliar, en el alegato) y Patio Defending, Subprocurador, abo-gados del apelado; Gabriel de la I-Iaba, abogado de los demandados.

      Nota: Véase el prefacto.

   Eu Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del ' tribunal.

• Los demandados Luciano B. Fuertes y sn esposa consti-tuyeron hipoteca voluntaria en garantía de nn préstamo de $15,000 que les.hiciera el Sr. Pedro Gr. Calderón. La hipo-teca • se' hizo extensiva a nueve fincas rústicas, entre las cúáles'figura una denominada “Bo salía,” de 69.64 cuerdas, y .p.tra .de- 8 cuerdas.

En 18 dé marzo de 1932, las dos mencionadas fincas fueron vendidas a El Pueblo de Puerto Bico en virtud de subasta celebrada en- la Colecturía de Bentas Internas de Naguabo, P. R., en procedimiento de apremio para el cobro de contribuciones territoriales impuestas a las fincas hipo-tecadas y de la-suma de $1,378.80 adeudada por Fuertes por concepto de contribuciones sobre ingresos. Los certificados de venta fueron inscritos en cuanto a ambas fincas, a favor de El Pueblo de Puerto Rico, con sujeción al derecho de redención a favor de los anteriores dueños.

Vencida la hipoteca y habiendo fallecido el acreedor original, la Sucesión de Pedro Q-. Calderón radicó demanda para el cobro de su crédito hipotecario por la vía ordinaria, diri-giendo su acción contra Luciano R. Fuertes y su esposa Luisa de la Haba. En la súplica se pide entre otras cosas:

(a) Que para satisfacer las cantidades hipotecariamente garantizadas se vendan en pública subasta las nueve fincas hipotecadas.

(b) Que El Pueblo de Puerto Rico sea emplazado, de acuerdo con la Sección 5a. de la Ley núm. 14 de 24 de agosto de 1933, “por haberse adjudicado las fincas descritas bajo los números 1 y 2 en el párrafo tercero de esta demanda, y en cuyo precio fueron incluidas contribuciones sobre ingre-sos y recargos, posteriores a la constitución e inscripción de la hipoteca que ejecuta la demandante”; y que se ordene la cancelación de las inscripciones practicadas en el registro a favor de El Pueblo de Puerto Rico como adjudicatario de dichas dos fincas en la subasta de 18 de marzo de 1932.

El Pueblo de Puerto Rico formuló excepción previa a la demanda, basándola en cinco fundamentos, a saber:

1. Falta de jurisdicción de la Corte inferior para conocer de la acción en cuanto al Pueblo de Puerto Rico se refiere, por no haber éste otorgado su consentimiento para ser demandado.

2. Que existe otra acción pendiente entre las mismas partes.

3. Indebida acumulación de acciones.

4. Insuficiencia de los hechos alegados en la demanda para cons-tituir causa de acción contra el Pueblo de Puerto Rico.

5. Que la demanda es ambigua, ininteligible y dudosa.

Los demandados esposos Fuertes comparecieron y se allanaron a la demanda y se dictó sentencia en su contra el día 3 de diciembre de 1934. El día 10 del mismo mes, la corte inferior dictó sentencia declarando con lugar la excep-ción previa de falta de jurisdicción y desestimando la de-manda en cuanto a El Pueblo de Puerto Eico respecta,, sin especial condenación de costas. Apeló la Sucesión deman-dante, señalando como errores de la corte inferior el haber basado su sentencia en el becbo de que las dos fincas fueron adjudicadas al Pueblo de Puerto Eico antes de la aproba-ción de la Ley núm. 14 de 24 de agosto de 1933 (Leyes de 1933, Sesión Especial, pág. 77) y al resolver que la demanda no era enmendable.

La decisión que dictemos en este caso debe basarse necesaria y exclusivamente en las constancias de los autos que tuvo ante sí la corte inferior y que ban sido elevadas a este tribunal, y no en alegaciones de becbos nuevos presentados por primera vez en los alegatos sometidos a esta Corte Suprema.

Antes de considerar la cuestión jurisdiccional debemos examinar cuidadosamente las alegaciones de la demanda interpuesta por los apelantes, para determinar si la causa de acción que se trata de ejercitar en contra de El Pueblo de Puerto Eico es una para la cual éste lia otorgado su consentimiento para ser demandado.

Los demandantes alegan que con anterioridad a la fecba en que se radicó la demanda, dos de las nueve fincas hipo-tecadas habían sido vendidas en pública subasta para el cobro de contribuciones y adjudicadas a El Pueblo de Puerto Eico e inscritas a su nombre, “estando ambas parcelas sujetas al derecho de redención.” Alegan además, que dichas dos parcelas fueron vendidas para cobrar contribuciones territoriales y la suma de $1,378,80 por concepto de contri-buciones sobre ingresos adeudadas por los dueños de dichos inmuebles. . .

Tomando las anteriores alegaciones como base, resulta de ellas que,en la fecha en que, se interpuso la demanda El Pueblo de Puerto Eico era dueño por adjudicación de las dos parcelas de terreno. Su título estaba sujeto a la condición de revertir al antiguo dueño tan pronto como éste o el acreedor hipotecario redimiesen las propiedades me-diante el pago del montante de las contribuciones territo-riales por las cuales se había hecho la venta y adjudicación. Mientras no se efectúa la redención, El Pueblo de Puerto Pico es y debe ser considerado como único dueño de la pro-piedad que le ha sido adjudicada, sin que tenga que responder en manera alguna de los gravámenes hipotecarios exis-tentes sobre la finca, toda vez que las contribuciones sobre una propiedad, por tres años y la anualidad corriente constituyen un gravamen a favor de El Pueblo de Puerto Pico con preferencia sobre cualquiera otro gravamen existente sobre la misma propiedad. Sección 1, Ley núm. 14 de agosto 24, 1933- (Leyes de 1933, Sesión especial, pág. 77). Por lo tanto, no estando obligado El Pueblo de Puerto Picó a satisfacer los gravámenes que pudieran existir sobre la propiedad adjudicádale, el acreedor hipotecario que desee salvar su crédito, impidiendo que éste sea cancelado al ex-pirar el período de redención, está obligado necesariamente a redimir la finca mediante el pago al Tesoro público de la suma por la que se hizo la adjudicación, como condición previa para que pueda ejercitar sé la acción en contra del deudor hipotecario. La ley así lo reconoce al disponer que cuando el acreedor hipotecario se ve obligado a pagar las contribuciones que su deudor dejare de pagar o a redimir la finca cuando ésta hubiere sido vendida en procedimientos para el cobro de contribuciones, dicho acreedor podrá acu-mular a su crédito hipotecario el dinero que hubiere pagado para redimir la finca, y podrá recobrar ese dinero al mismo tipo de interés que devengue su crédito hipotecario. ' Véase: Artículo 348 Código Político, Estatutos Revisados 1911, see. 3014.

Mientras la propiedad ejecutada por El Pueblo de Puerto Rico y adjudicádale en pago de contribuciones permanece irredenta e inscrita a nombre del Pueblo, éste es el poseedor del título legal, libre de gravámenes. El dueño anterior y el acreedor Mpotecario sólo tienen un derecho de redención, o sea un “equitable title/’ para redimir la finca dentro del término de un año contado desde la fecha del certificado de adjudicación. Y el citado artículo 348 del Código Político dispone expresamente:

“ .. .y la propiedad así redimida quedará sujeta a todas las cargas y reclamaciones legales contra ella, que no fueren por contribuciones, en la misma amplitud y forma como si no se hubiere vendido dicha propiedad para el pago de contribuciones.”

La hipoteca que se trata de ejecutar por esta acción no puede ser ejecutada contra El Pueblo de Puerto Rico por haber éste adquirido las dos fincas a virtud de la ejecución de un gravamen que tenía preferencia sobre el crédito de los demandantes. Éstos no pueden ejecutar la hipoteca mientras no hayan redimido las fincas mediante el pago del montante de la adjudicación. La demanda no alega que tal redención se hubiere efectuado con anterioridad a la inter-posición de la demanda, y por el contrario alega que las fincas están sujetas al derecho de redención. Es cierto que se alega que los deudores hipotecarios solicitaron el aplaza-miento de las contribuciones territoriales; pero no se alega que tal aplazamiento haya sido concedido.

Los apelantes basan su alegado derecho a demandar a El Pueblo de Puerto Rico en las disposiciones de la Ley núm. 14 de 24 de agosto de 1933, (Leyes de 1933, Sesión Especial, pág. 77), que en lo pertinente dispone:

“Sección 1. — Por la presente se declaran gravámenes preferentes a toda otra carga o gravamen por contribuciones o por cualquier otro concepto, los créditos hipotecarios y los créditos refaccionarios, con excepción de las contribuciones sobre la propiedad gravada por tres años y la anualidad corriente.
“2. ........
“3. Se declara que esta Ley tendrá y tiene efecto retroactivo en cuanto a cargas y gravámenes por contribuciones adeudadas que no sean sobre la propiedad y a las cuales de acuerdo con las disposiciones de leyes anteriores a ésta se les hubiera dado el carácter de gravamen preferente.
“4. ........
“5. Las contribuciones impuestas por la ‘Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1924,’ y las cuotas de indemnizaciones a obreros, sus penalidades, recargos e intereses, serán cobrados por el Tesorero de Puerto Rico mediante el mismo procedimiento de apremio- esta-blecido por la ley para el cobro de contribuciones sobre la propiedad, pero el embargo que se practique sobre bienes inmuebles y derechos reales solamente tendrá preferencia desde la fecha de su inscripción en el registro y únicamente sobre gravámenes y cargos posteriores a dicha fecha. El registrador de la propiedad al recibir la notifica-ción del embargo tomará nota de la misma al margen o a continua-ción de las inscripciones de las fincas o derechos reales del contri-buyente. El Tesorero de Puerto Rico, por sí o por medio de sus empleados deberá acudir al Registro de la Propiedad procedente para anotar el correspondiente embargo sobre los bienes inmuebles o derechos reales que figuren a favor del deudor, tan pronto tal contribución haya sido impuesta; Disponiéndose, que si El Pueblo de Puerto Rico se adjudicare para el cobro de esta contribución y sus recargos una propiedad sujeta a un gravamen anterior, el dueño de tal gravamen podrá ejecutarlo contra dicha- propiedad haciendo a El Pueblo de Puerto Rico parte demandada en el procedimiento que se sigue, para lo cual El Pueblo de Puerto Rico otorga su con-sentimiento.”

Es indudable que si la venta y adjudicación hechas.a El Pueblo de Puerto Rico en 18 de marzo de 1932, en cuanto a las contribuciones sobre ingresos respecta, - se hubiesen hecho con posterioridad a la fecha en que empezó a regir la Ley núm. 14, supra, los demandantes tendrían un derecho claro e indiscutible, de acuerdo con la sección 5, supra, para ejecutar su hipoteca, haciendo a El Pueblo de Puerto Rico parte demandada en el procedimiento.

¿Erró la corte inferior al sostener como sostuvo que la Ley núm. 14 no podía tener efecto retroactivo, por no tratarse de “contribuciones adeudadas” y sí de contribuciones ya pagadas mediante venta y adjudicación de bienes del deudor, hechas con anterioridad a la aprobación de la Ley núm. 14, supra, y al amparo de la legislación anterior? (Sección 83, Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1924, Leyes de 1925, pág. ¿47.)

Opinamos que la corte de distrito interpretó correcta-mente el estatuto. La disposición de la Sección 5, supra, de que “si El Pueblo de Puerto Eico se adjudicare para el cobro de esta contribución y sus recargos una propiedad sujeta a un gravamen anterior, el dueño de tal gravamen podrá ejecutarlo contra dicha propiedad haciendo a El Pueblo de Puerto Eico parte demandada en el procedimiento que se sigue, para lo cual El Pueblo de Puerto Eico otorga su consentimiento, ” es de carácter prospectivo, como lo indica el uso del futuro imperfecto se adjudicare, en vez del preté-rito imperfecto se hubiera o se hubiese adjudicado.

La sección 3, supra, no hace aplicable retroactivamente las disposiciones de la sección 5 a un caso como el de autos, pues dispone claramente que “esta Ley tendrá efecto retro-activo en cuanto a cargas y gravámenes por contribuciones adeudadas que no sean sobre la propiedad,” o sea en cuanto a contribuciones que estuviesen adeudándose y pendientes de cobro en la fecha en que comenzó a regir la ley, pero no en cuanto a contribuciones sobre ingresos cobradas un año y ocho meses antes de comenzar a regir la ley que los ape-lantes pretenden aplicar retroactivamente.

Por las razones expuestas debemos resolver que la corte inferior no erró al declarar que El Pueblo de Puerto Eico no había dado su consentimiento para ser demandado en una causa de acción'como la que se trata de ejercitar en este casó y que por lo tanto carecía de jurisdicción sobre tal demandado.

La desestimación del primer error trae como consecuencia la del segundo. La demanda no era susceptible de enmien-das y no erró la corte al dictar sentencia sobre las alega-ciones.

Se confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


author: IÜl Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Sucesión de Vicente Rodríguez, peticionaria, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, demandada.
    Núm. 32.

    Sometido: Mayo 9, 1938.

      Resuelto: Noviembre 9, 1938.

      heopóldo Tormes García, abogado de la peticionaria; M. León Parra y Luis Negrón Fernández, abogados de la Comisión Industrial y del Fondo del Seguro del Estado, respectivamente; E. J. Fon-frías, abogado de los beneficiarios.
   IÜl Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de revisión interpuesto por la 'Sucesión de Vicente Rodríguez contra la resolución de la. •Comisión Industrial de Puerto Rico de febrero 4 último por ■virtud de la cual se decidió:

“Primero: que Santiago Guzmán era un obrero al servicio del ■patrono Sucesión Vicente Rodríguez para la fecha en que sufrió el ■accidente; Segundo: que Santiago Guzmán sufrió un accidente mien-tras trabajaba a jornal para el patrono Sucesión Vicente Rodríguez ■que le provino de un acto o función inherente a su trabajo y le oeurrió en el curso de éste y como consecuencia del mismo cuyo accidente es la causa que le privó de la vida, por lo cual tiene de-recho a toda la protección que provee la Ley 45 de abril 18 de 1935; Tercero: que el patrono Sucesión Vicente Rodríguez empleaba más de cuatro obreros para la fecha del accidente ocurrídole a Santiago G-uzmán y que no estaba asegurado en el Fondo del Seguro del Estado en violación de lo dispuesto por la Ley 45 de abril 18 de-1935, y por lo tanto dicbo patrono es responsable en este caso del accidente. ’

Pidió reconsideración la parte perjudicada y la Comisión la negó por resolución de febrero 15, 1938, y fué entonces que dicha parte, en tiempo y forma, estableció ante esta Corte Suprema el recurso que autoriza el artículo 11 de la Ley Núm. 45 de 1935, para proveer el bienestar de los habi-tantes .... Leyes de 1935, pág. 289.

El recurso se funda en nueve motivos. Por los einco-primeros se ataca la constitucionalidad de la ley en cuanto-a la creación de la Comisión Industrial y del Pondo del Se-guro del Estado, sosteniéndose, 1, que la Comisión no tuvo-jurisdicción para conocer de este asunto de naturaleza judicial por ser un organismo separado del Departamento de Justicia y establecido en contravención del artículo 37 de la Ley Orgánica; 2, que dicha Comisión se constituyó de hecho-para actuar como un nuevo Departamento Ejecutivo del Go-bierno Insular en contravención del mismo artículo 37 de la-. Ley Orgánica; 3, que el Pondo del Seguro del Estado y su Administrador creados de igual modo para funcionar inde-pendientemente del Departamento del Tesoro, lo fueron en-contra de la Carta Orgánica; 4, que la Ley Núm. 45 de 1935-creadora de la Comisión y del Pondo, tiende a privar de sus bienes a los. ciudadanos sin el debido proceso de ley, y 5, que dicha ley contiene una ilegal delegación de poderes.

La primera cuestión que surge al considerar estos motivos es la de si la peticionaria está o no impedida por sus propios actos de alegarlos.

Se dice en 71 C. J. 303, citando el caso de Battle Creek Coal and Coke Co. v. Martin, 290 S. W. 18, 155 Tenn. 34, que un patrono ‘ ‘ que se somete sin objeción a la jurisdicción de-la Comisión Industrial, renuncia a su derecho a insistir que el estatuto que pretende conferir tal jurisdicción invadía, sus derechos constitucionales.”

Sin embargo, habiéndose pnesto en tela de juicio la cons-titucionalidad de la ley y habiéndose presentado argumentos-demostrativos de un extenso estudio del problema, el interés público requiere que la situación se despeje lo antes posible a los efectos de la estabilidad de nuestras instituciones.

La resolución del asunto de que se trata envolvió en verdad por parte de la Comisión Industrial el estudio de alegaciones, la práctica de prueba y el peso de la misma y la aplicación de preceptos legales y jurisprudencia que re-quieren el ejercicio del poder que de acuerdo con nuestro sistema de gobierno reside en las cortes de justicia. De ahí que dicho organismo haya sido considerado como uno de na-turaleza cuasi judicial. Pero tal circunstancia, por sí sola,' no implica la anticonstitucionalidad de la Comisión porque si bien ello es así, la propia ley que la crea otorga un re-curso para ante las cortes de justicia reservando a éstas de tal modo la última palabra en el ejercicio del poder.

Sedentemente esta propia Corte Suprema en Montaner v. Comisión Industrial, 52 D.P.R. 924, 928, dijo:

“El legislador, como poder regulador de la organización por él creada para el funcionamiento y aplicación de la ley de compensa-ciones por accidentes del trabajo, creó la Comisión Industrial y la in-vistió de facultades cuasi judiciales y cuasi tutelares, para que fuera ella y no los tribunales de justicia ordinarios la encargada de diri-mir en primera instancia las contiendas que pudiesen surgir entre el Administrador, como funcionario ejecutivo, y los obreros lesio-nados o sus beneficiarios con respecto a la compensación a que éstos pudiesen tener derecho.”

Y poco antes, en Caraballo v. Comisión Industrial, 51 D.P.R. 161, 163, había dicho “que la Comisión Industrial es un cuerpo cuasi judicial con plena facultad para resolver todas las cuestiones de derecho y de hecho que sean lleva-das ante ella debidamente.”

El establecimiento de comisiones o juntas de esa natura-leza se ha impuesto por lo complicado e intenso de la vida, por la necesidad de la especialización y por la rapidez y uniformidad requeridas en la solución de las cuestiones que a ellas se encomiendan. Como se indica por William R. Schneider, a la página 60 del volumen primero de su obra sobre “The Law of Workmen’s Compensation”, su estable-cimiento no viola el precepto “constitucional que no se esta-blecerán otras cortes que las provistas por la constitución, ya que la junta no es una corte y se dan amplias facultades para la revisión por las cortes.”

La creación y el funcionamiento por años de organismos similares a nuestra Comisión Industrial en los estados y te-rritorios de la Unión, sin chocar con la Constitución, es tan patente, que no ha de ser nuestra isla una excepción, espe-cialmente cuando nuestra Ley Orgánica no contiene precepto alguno que a ello' se oponga. Al contrario, de su contexto general, de sus disposiciones especiales y de la interpreta-ción que la propia Corte Suprema de los Estados Unidos ha dado a la clase de gobierno establecido por el Congreso en la Isla, se ve que en sus principios fundamentales y orien-taciones es el mismo que rige en el continente.

En Puerto Rico v. Shell Co., 302 U. S. 253, 261, dijo hace unos meses la Corte Suprema de los Estados Unidos por medio del Juez Sutherland:

“El propósito de la Ley Foraker y del Acta Orgánica era dar a Puerto Rico entero poder local para que pudiera resolver por sí mismo, con una autonomía similar a la de los estados y territorios incorporados. Gromer v. Standard Dredging Co., 224 U. S. 362, 370; Porto Rico v. Rosaly y Castillo, supra, pág. 274. El efecto fue conferir a los territorios muchos de los atributos de cuasi soberanía poseídos por los estados, como por ejemplo inmunidad a ser deman-dados sin su consentimiento. Porto Rico v. Rosaly y Castillo, supra. A través de esos actos se erigió la estructura gubernamental típica-mente americana, que consiste de tres departamentos independientes —legislativo, ejecutivo y judicial. ‘Un cuerpo político’ — un estado— fué creado. 31 Stat. 79, sección 7, c. 191. El poder para imponer contribuciones, el poder para aprobar y ejecutar las leyes, y otros poderes característicos de un gobierno le fueron entregados. Y en lo que respecta a cuestiones locales, como ya hemos demostrado res-pecto a territorios continentales, se le confirieron poderes legislativos casi, si no tan amplios como los que ejercitan las legislaturas esta-duales. ’ ’

Parece oportuno citar también lo que sobre la materia se dice en Willoughby, Constitutional Law, pág. 705 de la edi-ción de 1930:

' ‘ Se notará que la doctrina que aquí se establece es con referencia a materias que envuelvan 'derechos públicos’. Por tanto un esta-tuto sería, sin duda, inconstitucional si tratara de poner en manos administrativas la determinación final de controversias entre perso-nas particulares. Sin embargo, como se verá más tarde, especial-mente en relación con la responsabilidad de los patronos y las leyes de compensación a obreros, pueden alterarse por medio de legisla-ción los derechos y responsabilidades reconocidos por la ley común, y aun pueden éstos abolirse siempre que se les sustituya por otros remedios o defensas administrativas adecuadas. El efecto de tal sustitución es, por supuesto, evitar la acción judicial en relación con clases de casos in iotum que, antes de tal legislación, podían ser vistos por las cortes, y facultar a las agencias administrativas para conceder tales remedios o imponer tales responsabilidades como se reconocen y se estipulan en las leyes.”

No es, pues, la Comisión Industrial de Puerto Rico un organismo anticonstitucional por el hecho de actuar en forma cuasi judicial sin ser una corte de justicia, y tuvo, a nuestro juicio, plena jurisdicción para resolver el asunto de que se trata.

Tampoco constituye la Comisión, a nuestro juicio, un Departamento Ejecutivo separado del Gobierno Insular, no siendo su creación contraria al artículo 37 de la Ley Orgá-nica. Igual puede decirse con respecto al Pondo del Seguro del Estado. A esas conclusiones llegamos tras un estudio detenido de la organización y funcionamiento de ambos.

“No se creará por la Asamblea Legislativa ningún de-partamento ejecutivo no provisto por esta Ley; pero la Asamblea Legislativa podrá consolidar departamentos, ó su-primir cualquier departamento, con el consentimiento del Presidente de los Estados Unidos”, ordena el párrafo se-gundo del artículo 37 de la Carta Orgánica. De suerte que si de la creación de un departamento independiente se tra-tara, tendría razón la recurrente, pero ya hemos dicho que, a nuestro juicio, no es así.

La Ley Núm. 45 de 1935 lo fue como lo expresa su título para promover el bienestar de los habitantes de Puerto Rico en lo que respecta a accidentes que causen la muerte o lesio-nes o enfermedades de los trabajadores en el curso de su empleo, y el poder de nuestra Legislatura para decretar esa dase de leyes fue enfáticamente reconocido en el párrafo diez del segundo artículo de la propia Carta Orgánica, en los si-guientes términos:

“Nada de lo contenido en esta Ley será interpretado en el sen-tido de limitar la facultad de la Asamblea Legislativa para decretar leyes para la protección de la vida, salud y seguridad de empleados y obreros.”

Usando de sus facultades nuestra Legislatura ha venido decretando leyes de compensaciones por accidentes del tra-bajo. Refiriéndonos a la Núm. 45 de 1935 que es la que se impugna, encontramos mencionado desde su primer artículo el Pondo del Seguro del Estado. En el tres se nombra la Comisión Industrial a la que se dice que el obrero o em-pleado podrá apelar de cierta clase de resoluciones del Ad-ministrador del Pondo del Estado.

Pija luego la ley las incapacidades y las compensaciones, etc., y organiza en su artículo sexto la “ oficina del Adminis-trador del Pondo del Estado que por la presente se crea, en el Departamento de Hacienda, y la cual tendrá a su cargo los siguientes deberes y funciones:”

Los especifica y seguidamente dispone: “Una Comisión que por la presente se crea, en el Departamento del Trabajo, se denominará ‘Comisión Industrial de Puerto Rico’ la que constará de tres comisionados, nombrados por el Ooberna-dor, con el consejo y consentimiento del Senado, . . ”

Y continúa la ley en forma detallada regulando el funcio-namiento de la Comisión y del Fondo. No hay duda alguna que les da la independencia de acción que toda buena orga-nización requiere a los fines de poder exigírsele la consi-guiente responsabilidad, pero los adscribe expresamente a dos de los Departamentos Ejecutivos del Gobierno Insular, al del Trabajo la Comisión y al de Hacienda el Fondo, de acuerdo con el propio campo de acción de cada uno, pudiendo ■encontrarse a través de los otros artículos de la ley las co-nexiones de dichos organismos con sus respectivos Departa-mentos.

El hecho de que tanto el Fondo como la Comisión pue-dan ejercitar con independencia las facultades que la ley les confiere, sin intervención del Tesorero ni del Comisionado del Trabajo, respectivamente, no los convierte en nuevos De-partamentos Ejecutivos del Gobierno.

Cuando se piensa en este motivo de la creación de nuevos departamentos ejecutivos a virtud de la organización de la Comisión y el Fondo para rendir el servicio de seguridad social que se les encomendara, a los efectos de impugnar la eonstitucionalidad de su organización, se comprende bien lo que dice Corpus Juris al comenzar a extraer la sustancia de la jurisprudencia sobre la eonstitucionalidad y validez de esta clase de estatutos. Es así:

“Como era de esperarse de la nueva, y un tanto revolucionaria, naturaleza de la legislación de compensación (a obreros), la consti-tucionalidad de los varios estatutos ha sido atacada por fundamentos tan numerosos como se han sugerido a la habilidad, y en ciertas ocasiones a la ingenuidad, del abogado. Se ha dicho en términos generales que la aprobación de leyes de compensación a obreros está dentro de los poderes legislativos del congreso y de los estados; y la prueba general establecida es que las leyes de compensación, para estar dentro de los límites de la constitución, no pueden ser arbi-trarias, irrazonables o fundamentalmente injustas u opresivas. Se ha aplicado la regla a las leyes de compensación a obreros, que no serán declaradas inconstitucionales a menos que no se haga apare-cer su invalidez más allá de una duda razonable, y se ha decidido que (esta regla) aplica a estas leyes con fuerza peculiar; las pre-sunciones están en favor de su validez, y el ‘onus probandi’ descansa! sobre la parte que ataca la constitncionalidad del estatuto, y la vio-lación a la constitución tiene que ser clara y sin lugar a dudas antes-de que la ley sea declarada inconstitucional; así pues, cuando la ley de compensaciones es susceptible de dos interpretaciones, por una' de las cuales sería inconstitucional y por la otra válida, se adoptará la interpretación que favorece su validez, y aun cuando el abogado* interprete erróneamente el estatuto, la corte no debe por esa razón» declararlo inconstitucional, si la ley, debidamente interpretada, es-constitucional.” 71 C. J. 251.

Para sostener el motivo cuarto o sea que la Ley Núnu 45 de 1935 es inconstitucional porque tiende a privar de sus bienes a los ciudadanos en general y a la recurrente en particular sin el debido proceso de ley, se invoca el ca-rácter compulsorio del estatuto, citándose sus artículos 8 a 10, 15, 18, 19, 23 a 25, 27 y 29, que se refieren al poder de la Comisión y el Pondo para interrogar testigos, celebrar convenios sobre cuantía de las compensaciones, resolver de-finitivamente conflictos entre obrero y administrador, deter-minar la compensación que debe pagar el patrono no asegu-rado a cobrarse por el Tesorero, multar al patrono que te-niendo más de cuatro’ obreros no se asegura, exigir informes sobre nóminas de salarios, tasación e imposición de cuotas e inversión de reservas del Pondo en bonos.

Estudiando esas disposiciones se encuentra que todas es-tán en armonía con el propósito del estatuto y son razona-blemente necesarias para rendir el servicio social encomen-dado al Pondo y a la Comisión de una manera eficiente, y que todas ofrecen a las partes envueltas las debidas garan-tías de un proceso de ley. Ninguna se ba demostrado que sea de tal modo arbitraria que viole los derechos constitu-cionales de los ciudadanos. Se limitan a establecer las bases propias para exigir de modo eficaz el cumplimiento de de-beres que el reconocimiento y disfrute cíe aquellos derechos llevan consigo en una sociedad debidamente constituida.

Y la Corte Suprema de los Estados Unidos en Mountain Timber Co. v. State of Washington, 243 U. S. 219, dijo sos-teniendo la validez de una ley de compensaciones compul-soria :

“La autoridad del estado para promulgar leyes razonablemente necesarias para la promoción de la salud, seguridad y bienestar general del pueblo, lleva consigo un amplio criterio y amplia discreción respecto a qué materias son de suficiente importancia general para someterlas a regulación y administración por el estado. (Citas.)
“ ‘El poder policíaco del estado es tan amplio y plenario como el poder para imponer contribuciones.’
“En Barbier v. Connolly, 113 U. S. 27, dijo la corte por voz de su juez asociado Sr. Field: ‘Ni la enmienda 14 — tan amplia y com-prensiva como es — ni ninguna otra enmienda, fué designada para intervenir con el poder del estado, algunas veces llamado poder policíaco (police power) para prescribir reglamentos para promover la salud, tranquilidad, moral, educación y el buen orden del Pueblo, y para legislar con el propósito de aumentar las industrias del estado, desarrollar sus recursos y añadir a su prosperidad .... la materia de compensación por accidentes casuales que resulten en la pérdida de vida o de capacidad para ganar dinero, es de suficiente impor-tancia pública para justificar que toda la materia de compensación se baga de interés público ...”

Tampoco es, por último, inconstitucional la ley por el quinto de los motivos alegados, ■ a saber, porque delega poder legislativo en la rama ejecutiva del gobierno, o sea, en el Fondo y la Comisión, en la materia especial de impo-sición de contribuciones permitiéndoles hacerlo a su arbitrio, sin uniformidad y basta en forma confiscatoria.

Ya demasiado lejos en sus calificaciones la recurrente. Nuestra ley sigue en ese punto precedentes bien establecidos. El Fondo del Estado sujeta su actuación a reglas y princi-pios que aplica de acuerdo con su investigación de los hechos y su actuación puede ser revisada por la Comisión y aun la decisión de ésta por la Corte Suprema. Montaner v. Comisión Industrial, 53 D.P.R. 183.

En la ya citada obra de Schneider sobre Compensaciones a Obreros, volumen 1, pág. 58, se dice:

“Las disposiciones de la ley que autorizan a las juntas del estado a imponer primas de seguro a los patronos cubiertos por la ley, que participan de la naturaleza de contribuciones indirectas, a cobrar las mismas y a depositarlas en un fondo de seguro del estado, del cual esas juntas pagan la compensación a obreros lesionados, o a sus dependientes, no violan la cláusula de ‘due process’ de la constitu-ción federal y estadual. ”

Y en State v. Hughes Electric Co., 199 N. W. 128, se de-cidió que:

“Al aprobar una ley de compensaciones a obreros la Legislatura puede abstenerse de clasificar los empleos y de determinar los riesgos que corren los trabajadores allí empleados, y de fijar la tarifa y pre-mio para el seguro, dejando tales detalles a una junta administra-tiva que actúe bajo un reglamento y dirección apropiados; y en el desempeño de sus funciones tal agencia administrativa debe seguir las reglas y dirección de la Legislatura, para darle validez a sus actos. ’ ’

Resolviéndose en Miller-Todd Coal Co. v. State Compensation Com’r., 175 S. E. 856 que:

“Somos de opinión que el hecho que específicamente se delegue al comisionado poder para clasificar, reclasificar y crear grupos o clases de industrias adicionales para hacer avalúos (Code 1931, 23-2-4) y para crear y mantener un fondo solvente (Code 1931, 23-2-5) jus-tificaba la promulgación de la regla de que se quejan. Y está bien establecido que no es siempre necesario que estatutos y ordenanzas tracen específicamente un curso de acción. Como se dice en una nota, 12 A.L.R. 1435, 1437, ‘algunas situaciones requieren que se delegue cierta discreción a funcionarios públicos, como por ejemplo, cuando es difícil o impracticable establecer una regla definitiva o com-prensiva, o la discreción se refiere a la administración de una regla del poder policíaco y es necesaria para proteger la moral, salud o seguridad públicas, y el bienestar general.”

Véase M. Taboada y Co. v. Rivera Martínez, 51 D.P.R. 253, 271.

Decidido que la ley es constitucional, procederemos a exa-minar y resolver los otros señalamientos de error en que se basa el recurso.

Sostiene la peticionaria que la Sucesión de Vicente Rodríguez no es una persona jurídica que pueda demandar y ser demandada, y que aunque lo fuera, no se ha demostrado quiénes la componen, ni que fuera el patrono del obrero fallecido, ni que empleara más de cuatro obreros, ni que Francisco Rodríguez Torres pueda con sus actuaciones obligarla. Imputa pasión, parcialidad y prejuicio a la Comisión al apreciar la evidencia.

El recurso en el que se levantan esas cuestiones se inter-puso por la. “Sucesión de Vicente Rodríguez” así: “Com-parece la peticionaria, supuesto patrono, Sucesión Vicente Rodríguez, por su abogado que suscribe y respetuosamente alega: ’ ’.

De suerte que la misma entidad que sostiene que no es una persona jurídica que pueda demandar y ser demandada, es la que interpone como tal el recurso, sin especificar quié-nes son las personas que la componen.

En tal virtud si se aplicara estrictamente su teoría, de-bería desestimarse el recurso por no haberse establecido por persona natural o jurídica con capacidad para comparecer ante los tribunales.

Esta corte, hablando por su Presidente Sr. Hernández, desde 1917 se expresó, en el caso de Arvelo et al. v. Banco, 25 D.P.R. 728, 736, como sigue:

“Los dor echos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Artículo 657 del" Código Civil de 1889. La sucesión se defiere por la voluntad del hombre manifestada en testamento, y, a falta de éste, por disposición de la ley. Artículo 658. Los herederos suceden al difunto por el solo hecho de su muerte en todos sus derechos y obligaciones. Artículos 661. Los artículos transcritos concuerdan con los 665, 666 y 669 del Código Civil Revisado.
“La sucesión como persona jurídica no existe en nuestro dere-cho. Cabe que una sucesión sea parte demandante o ’demandada; pero para ello es necesario que se particularice e individualice ex-presando los miembros que la componen. No es una entidad legal independiente de los herederos. Éstos son los que la determinan, y son los que deben aparecer como demandantes o demandados.
“Al resolver el caso de Dapena v. Sucesión Dominicci, 12 D.P.R. 66, dijo esta corte que cuando la demanda se dirige contra una su-cesión, debe expresarse el nombre de cada uno de los herederos o darse alguna razón que justifique la omisión del dicho requisito; y congruente con esa doctrina, al resolver el caso de Orcasitas v. El Registrador, 21 D.P.R. 553, se expresó en los términos siguientes: 'Estamos de acuerdo con el registrador en que si era necesaria la notificación o citación a la indicada sucesión, debió haberse hecho constar quiénes la componían, con el objeto' de que dicho registrador pudiera determinar si dicha notificación fue hecha en forma ade-cuada.’ ”

Siendo ello así es claro que en el título de los procedi-mientos y en la resolución final de la Comisión debieron con-signarse los nombres de los componentes de la Sucesión, pera creemos que mostrando como muestra el récord quiénes son los componentes de la Sucesión, el defecto no es fatal, pu-diendo la resolución ser corregida debidamente.

Hemos examinado dichos procedimientos y encontramos en efecto que su primer documento es una carta firmada por José Rodríguez dirigida al Presidente de la Comisión que comienza así:

“Señor: Con fecha 26 de julio del corriente año, 1935, el tra-bajador, Santiago Guzmán, vecino de Guayanilla y domiciliado en el barrio Consejo, de aquella jurisdicción, fué atrapado por un buey que formaba parte de una yunta que el trabajador uncía al yugo a fin de dar comienzo a la faena del día de labrar tierras de la Suce-sión Rodríguez, compuesta de los señores Manuel, Francisco y otros, vecinos de Guayanilla con fincas en el barrio Consejo de aquella ju-risdicción. ’ ’

Continúase en los otros documentos hablándose siempre de la Sucesión de Vicente Rodríguez, constando a la página once la' declaración jurada de Francisco Rodríguez, cuyos párrafos 1, 2, 3, 4, 9 y 10 dicen:

“Que soy uno de los miembros que componen la Sucn. Vicente Rodríguez.
“Que la Sucn. Vicente Rodríguez la compotíen once personas Ramadas Ramona Torres, Manuel Rodríguez, Antonio, Dolores, Consuelo, María, Carmen, Virginia, Cándida, Carlos y el que suscribe, todos de apellido Rodríguez.
“Que soy un arrendatario de ambas fincas situadas en el Bo. Consejo y Bo. Jagua do la municipalidad de Guayanilla, propiedad de la Sucn. antes mencionada,
“Que represento la Sucn. y me entiendo en todo lo concerniente a estas propiedades.
“Que debido a que soy uno de los miembros que componen la Sucesión no existe escritura alguna ni documento del arredamiento que se hace referencia, siendo un convenio verbal entre familia apro-bado por todos.
“Que en julio 26, 1935 sufrió el obrero Santiago Guzmán un ac-cidente mientras trataba de enyugar uno de los bueyes propiedad del que suscribe para trabajar en la parcela que le había concedido verbalmente, por dos años para cultivarla para su propio beneficio.”

Eso en la investigación preliminar. En el récord de la vista pública ante la Comisión se expresa, página 35 de los procedimientos, que comparece “el patrono Sucn. de Vicente Rodríguez en la persona del Sr. Francisco Rodríguez, acom-pañado de su abogado Lie. Leopoldo Tormes G-arcía, ofre-cendo el testimonio de . . Su defensa, según la expuso su abogado, consistió en que “ni el 26 de julio ni en ninguna otra fecba del año 1935 con anterioridad a ésa, la Sucesión de Vicente Rodríguez no era el patrono de Santiago Guz-mán y que Santiago Guzmán era un individuo que tenía un pedazo de terreno por tolerancia, que tenía arrendado Francisco Rodríguez de la Sucesión de Vicente Rodríguez, y que lo que ese terreno producía era para beneficio de Santiago Guzmán, sin que en ninguna forma interviniera para nada en ese pedazo de terreno la Sucesión'de Vicente Rodríguez ni Francisco Rodríguez.”

La parte contraria introdujo de igual modo su evidencia. Toda la practicada fue apreciada por la Comisión, que resolvió el conflicto existente entre la misma en contra de la recurrente. La hemos examinado y no creemos que pueda concluirse que sea de tal manera deficiente que al apreciarla en la forma en que lo hizo la Comisión cometiera un error de derecho que pudiera servir de base a la revisión solicitada. Artículo 11 de la Ley Núm. 45 de 1935, pág. 289.

Debe, <m tal virtud, declararse no haber lugar <a la revi-sión solicitada.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Emilio González Cuevas, peticionario y apelante, v. Asociación Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, el Auditor y el Tesorero de Puerto Rico, demandados y apelados.
    Núm. 7751.

    Sometido: Julio 5, 1938.

      Resuelto: Noviembre 9, 1938.

      B. Cuevas Zequeira, abogado del apelante; B. Martínez Nadal, Ce-lestino Iriarte, Bolívar Pagan, C. Buiz Nazario, F. Fernández Cuyar, H. González Blanes y Carlos U. Julia, abogados de la apelada; Hon. Procurador General B. Fernández García, abo-gado del Tesorero y del Auditor de Puerto Rico.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Emilio González Cuevas, profesor elemental de las escue-las públicas de Juncos, presentó en la Corte de Distrito de San Juan una petición de sentencia declaratoria alegando que ejerce su cargo a virtud de contrato durante el año es-colar 1937-38 con el Gobierno de Puerto Rico, mediante compensación de $85.50 mensuales; que la Legislatura Insular en mayo 15, 1937, decretó la Ley Núm. 150 que obliga a todos los funcionarios y empleados permanentes del Gobier-no, incluyendo maestros, a ingresar en la Asociación Fondo de Aborro y Préstamos del Gobierno Insular de Puerto Rico, lo qne implica el descuento de nn tres por ciento mensual de sus sueldos que se separa por el Auditor y se entrega al Tesoro de la Isla para constituir el fondo de aborros y préstamos de dicba Asociación, y que dicba ley es nula por estar en conflicto con el artículo 2 del Acta Orgánica ya que priva al peticionario de sus sueldos sin el debido procedi-miento de ley y menoscaba el valor de su contrato, siendo nula además porque infringe las secciones 25 y 34 de la pro-pia. Carta Orgánica ya que delega facultades legislativas en la Asociación y viola el principio de que no se puede aumen-tar o disminuir el sueldo de un funcionario después de su elección o nombramiento.

También sostiene el peticionario' que la ley de que se trata es nula por discriminatoria por cuanto establece dife-rencias en el goce de los beneficios según que los empleados aprueben o no el examen físico o el de cualquiera otra índole que el médico de la Asociación creyere conveniente exigir.

Figuran en la petición como demandados la Asociación y el Auditor y el Tesorero de Puerto Rico, quienes formularon excepciones previas y en su contestación sostuvieron la vá-lidez de la ley.

La petición fué declarada finalmente sin lugar en enero 19, 1938, y el peticionario apeló para ante esta Corte Su-prema. Archivados los autos se radicó por los apelados una moción de desestimación por causa de frivolidad que fúé discutida tan ampliamente por las partes por. escrito y oral-mente que el caso se dejó por ellas expresamente sometido para su decisión final en sus méritos.

Tras un estudio cuidadoso de todas las cuestiones envuel-tas, estamos convencidos de que la ley es constitucional. Aparte de las razones que se consignan en la opinión de los tres jueces de distrito que pronunciaron la sentencia, encuen-tra la misma firme sostén en las expuestas por la Corte Su-prema de New Jersey, en el caso de Allen v. Board of Education, (N. J.) 79 Atlantic Reporter 101, similar al presente, como sigue:

“En la corte de distrito de la ciudad de Passaic, la demandante, una maestra escolar, radicó una acción para recobrar la suma de $54.16 como salario que le adeudaba la demandada, la Junta de Edu-cación, por el mes de abril, 1910, que había vencido y del cual la demandante* había deducido y reservado la cantidad de $1.08, siendo 2% del sueldo, reclamando derecho a hacerlo por virtud del artículo 219. del suplemento a la ley escolar aprobada en mayo 7 de 1907. P.L. 1907, pág. 371. La verdadera controversia se refiere al derecho del demandado a hacer tal deducción.
“Aparece que las partes otorgaron un contrato por escrito el 27 de mayo de 1909, por el cual la demandante quedaba empleada como una maestra elemental en las escuelas públicas de la ciudad por un sueldo anual de $650 pagadero en doce idénticos plazos al final de cada mes y comenzó (la demandante) a ejercer sus funciones en 7 de septiembre de 1909. Después de argumentar ante esta corte, la Junta radicó moción para que se desestimara la apelación, porque la demandante no había hecho un esfuerzo para que el Superinten-dente Estadual de Escuelas Públicas o la Junta de Educación del Estado, pasaran sobre la controversia antes de comenzar el pleito, de acuerdo con la ley de 1903. La conclusión a que esta corte ha llegado en lo que concierne a la disposición de este caso en sus mé-ritos, hace innecesario el pasar sobre la moción de desestimación.
“El fondo de retiro de maestros fué creado por ley de 1896. P.L. 1896, pág. 58. Se aprobó una enmienda en 1899. P.L. 1899, pág. 75. . . . Por la ley enmendatoria de 1907 (P.L. 1907, pág. 374, see. 221, párr. 4) se aprobó una nueva sección que lee: ‘Toda persona que sea nombrada para cualquier puesto que se designe más adelante, en o después del primer día de enero, mil novecientos ocho, se hará un miembro del fondo por virtud de tal nombramiento.’
“Esta ley estaba en vigor cuando se otorgó el contrato entre la demandante y la demandada, y formó parte de tal contrato, y fué uno de los términos del empleo de la demandante. La creación de este fondo fué una importante medida pública, que bien puede considerarse como tendente a hacer el sistema escolar gratis creado por la ley a la vez más completo y efectivo haciendo el cargo de maestro deseable debido a las ventajas que del fondo se derivan. Fue un plan público diseñado con el propósito de mejorar una rama .del servicio. Se ofreció a personas que buscaban y deseaban una posición de maestro, quienes estaban en entera libertad, a su opción, de aceptar tales posiciones, sujetas a los términos del estatuto, o de rechazarlas. Si aceptaron, entonces los términos de la ley, por tal aceptación, les son obligatorios. Concluimos, por tanto, que la ley, fuera de alguna invalidez constitucional, vino a formar parte del 'Contrato celebrado entre las partes a esta acción, y autorizó la deduc-ción del por ciento que retuvo la junta escolar, y que la sentencia de nonsuit fué debidamente ordenada.
“Se levantan, sin embargo, objeciones constitucionales a la ley por la demandante: Primero, se dice que viola la primera sección del ‘Bill of Bights’ y priva a las personas de su propiedad sin el debido proceso de ley. La argumentación es al efecto que el proce-dimiento que establece la ley constituye el quitar la propiedad a una persona para dársela a otra, o, si el uso se considerase un uso público, .entonces se está quitando propiedad privada sin justa compensación. Este argumento pierde de vista el hecho de que, por los términos del contrato de empleo, de los que forman parte las disposiciones de la ley, el salario que debe pagarse es una cantidad neta, y no una can-tidad bruta, y por lo tanto no hubo, de hecho, una privación.
“A través de estos contratos (de servicio con los maestros) se establece un fondo disponible en casos de incapacidad y vejez, y de él emanan alicientes para un servicio largo y continuo, con la conse-cuente mayor experiencia y otras numerosas ventajas, que saltan a la vista de toda persona sensata, que abogan por la eficiencia y la cabalidad. ’ ’

Debe declararse, en tal virtud, el recurso sm bagar y con-firmarse la sentencia ¡apelada.

Los Jueces Asociados Señores Hutchison y De Jesús no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señoe De Jesús

text:
    Edelmiro Martínez Rivera, demandante y apelado, v. R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico y A. Sánchez Hidalgo, Colector de Rentas Internas de Corozal, Puerto Rico, demandados y apelantes.

      Núm. 7533.

    Resuelto: Noviembre 9, 1938.

      I-Ion. Procurador General B. Fernández García, Emilio de Áldreyx Procurador General Auxiliar y B. García Cintrón, Subprocurador, abogados de los apelantes; E. Martínez Rivera, pro se.

   El Juez Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelado, no satisfecho con nuestra sentencia de 14 de julio último ante, pág. 553), radicó el 10 de agosto siguiente una moción de reconsideración en que trata de demostrar que la citada sentencia es errónea. Del estudio que hemos hecho de la moción hemos podido advertir que toda ella está ins-pirada en el error que sufre el apelado al pretender aplicar al procedimiento de apremio prescrito en el Código Político para el embargo y venta de bienes de contribuyentes en co^bro de contribuciones atrasadas, ciertos principios peculiares del procedimiento sumario especial establecido por los ar-tículos 128 y siguientes de la Ley Hipotecaria y los concor-dantes del Reglamento para su ejecución.

Es verdad que conforme dispone la Ley Hipotecaria, den-tro del procedimiento sumario ejecutivo no pueden recla-marse más cantidades que las incluidas en y garantizadas por la hipoteca. Artículo 169 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria; Santos v. Crédito y Ahorro Ponceño, 41 D.P.R. 946; Martorell v. Crédito y Ahorro Ponceño, 42 D.P.R. 655; Vázquez Vda. de McCormick v. Gutiérrez, 52 D.P.R. 170, 180. En otras palabras, por el procedimiento eje-cutivo sólo puede cobrarse la deuda garantizada con el gravamen hipotecario a pesar de que el acreedor posea otros créditos comunes contra el deudor.

El procedimiento prescrito por el Código Político, por el contrario, no limita su eficacia al cobro de las cuatro últi-mas anualidades solamente, pudiendo dentro de dicho proce-dimiento cobrarse el montante de todas las contribuciones que legalmente adeuda el contribuyente. Así resulta del ar-tículo 335 del citado cuerpo legal según fué enmendado por la ley de 14 de marzo de 1907 (Leyes de ese año, pág. 362), que literalmente dice así:

“Art. 335. Si alguna persona descuidase o rehusare verificar el pago de sus contribuciones dentro del período establecido en el artículo 334 de este título, el colector, u otro agente debidamente autorizado por el Tesorero, procederá después de obtenido el consentimiento es-crito del Tesorero, al cobro de las mismas mediante embargo y venta de la propiedad de dicho deudor, en la forma que más adelante se prescribe.” (Bastardillas nuestras.)

Cuando el apelado en este caso compró a Anzalota la finca en cuestión, ésta adeudaba contribuciones al Tesoro. La ad-quirió, por consiguiente, sujeta al gravamen del Pueblo de Puerto Rico por las tres últimas anualidades y la corriente en aquella fecha. A partir de dicha fecha siguieron deven-gándose contribuciones que tampoco pagó el apelado, adeu-dando, en su consecuencia, no sólo las que ól asumió al ad-quirir el inmueble, que en ningún caso podrían exceder de cuatro anualidades, si que también las devengadas posterior-mente. Interpretando así la ley, y para evitar que los ad-quirentes del dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles fueran llamados a engaño por ignorancia de sus preceptos, exigía la antigua legislación notarial que al redac-tarse una escritura que afectare el dominio o algún derecho real sobre bienes inmuebles el notario autorizante consig-nase expresamente en el documento que había advertido a los otorgantes del derecho preferente o primer gravamen que la ley reconoce a favor del Estado por las contribuciones adeudadas sobre el inmueble. Más tarde, como en la actúa-lidad, fué relevado el notario de la obligación de consignar expresamente por escrito la advertencia, bastando con que verbalmente lo haga al igual qne las demás advertencias o reservas legales pertinentes. Véase la cita de Manresa que aparece en la opinión de este caso (ante, páginas 558 y 559).

Adeudando como adeuda el apelado las contribuciones que le cobra el colector y no estableciendo la ley ningún tér-mino de prescripción pa^’a el cobro de la contribución territorial, procede desestimar la reconsideración solicitada.

El Juez Presidente Señor Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Balbina Balbaño Vda. de Caso y José B. Caso, fiadores apelantes, v. Francisco P. Cintrón, demandante y apelado.
    Núm. 7803.

    Sometido: Julio 26, 1938.

      Resuelto: Noviembre 9, 1938.

      R. Rivera Zayas y J. Velilla, abogados de los apelantes; Harry M. Besosa, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En pleito seguido en la Corteje Distrito de San Juan por Francisco P. Cintrón contra Insular Industrial & Agricultural Exposition y Association, Inc., en cobro de dinero, los abora apelantes Balbina Balbaño viuda de Caso y Dr. José B. Caso prestaron fianza por la suma de $2,708.46 para le-vantar el embargo que en aseguramiento de sentencia se trabó sobre bienes de la demandada.

Dictada sentencia firme a favor del demandante, se expi-dió orden de ejecución contra la demandada, la que fue de-vuelta sin cumplimentar por el márshal, expresando en su diligenciamiento que la demandada carecía de bienes dentro del distrito judicial de San Juan sobre los cuales bacer efec-tiva la sentencia.

Se dictó entonces una orden de citación a los fiadores para que mostrasen causa por la cual no debían quedar obligados por la sentencia. Comparecieron éstos oponiéndose a las pretensiones del demandante por los siguientes motivos:

(a) Porque la orden disponiendo el embargo de bienes de la demandada y el mandamiento que se expidió al efecto son nulos ab initio por haber sido dictada la primera por un pretendido fun-cionario que carecía de autoridad y jurisdicción para dictarla, y porque dicho funcionario carecía de jurisdicción para aprobar como aprobó la fianza prestada por los fiadores apelantes para el levan-tamiento del embargo.

(b) Porque la citación para mostrar causa no se ajusta a las disposiciones del artículo 307 y siguientes del Código de Enjuicia-miento .Civil, por no hacerse en la misma una adecuada relación de la sentencia dictada.

(c) Porque no se han. cumplido las disposiciones de la ley para asegurar la efectividad de sentencias, aprobada en primero de marzo de 1902 según quedó enmendada por la Ley núm. 27 de 1916.

(d) Porque al dictarse sentencia por la Corte de Distrito y con-firmarse la misma por el Tribunal Supremo, a moción del deman-dante se expidió mandamiento de ejecución contra" la demandada y el 21 de febrero de 1938 lo devolvió el marshal de la Corte de Dis-trito, con diligencia negativa certificando que la demandada carecía de bienes dentro del distrito judicial de San Juan, y con posterioridad a dicha orden de ejecución la Corte de Distrito enmendó en dos ocasiones la sentencia dictada, habiéndose verificado la última en-mienda el día 13 de junio, sin que en ninguna ocasión posterior a dicha fecha se haya pretendido ejecutar la sentencia así enmendada en bienes de la demandada; y

(e) Porque la sentencia en este caso fué enmendada el 13 de ju-nio de 1938 y no era firme en la fecha en que se expidió la orden de citación a los fiadores para que mostrasen causa por la cual no de-bieran quedar obligados por la sentencia.

La corte oyó a las partes, presentándose por los apelan-tes prueba tendiente a demostrar que el Hon. Manuel Rodrí-guez Serra, que fué el juez que dictó la orden de embargo antedicha y aprobó la fianza para su levantamiento, fué nom-brado por el Gobernador de Puerto Rico para actuar como juez de la Corte de Distrito de San Juan durante su período de vacaciones y en sustitución de los jueces propietarios que a la sazón disfrutaban de sus vacaciones.

Considerada la prueba, la corte, con fecha 27 de junio último, dictó la siguiente sentencia:

“Por los fundamentos de su opinión unida a los autos de este caso, la corte dicta sentencia decretando la confiscación de la fianza prestada en este caso por los fiadores doña Balbina Balbaño Yda. de Caso y Dr. José B. Caso a favor del demandante Francisco P. Cintrón y ordena- se expida una orden de ejecución contra dichos fiadores por la cantidad de $1,825.98 más los intereses legales sobre esa suma a razón del 6% anual desde diciembre 26, 1935, hasta su completo pago. ’ ’

Fué contra esa sentencia que los fiadores interpusieron este recurso, cuya desestimación solicita el demandante por motivo de frivolidad.

En la opinión que sirvió de base a la sentencia de la corte inferior antes transcrita, se consideran las cansas de oposi-ción que alegaron los fiadores para no quedar obligados por la sentencia en cuestión.

(a) De la contestación que radicaron en esta corte los apelantes. oponiéndose a la moción de desestimación radicada por el demandante aparece claramente que el Hon.. Manuel Rodríguez Serra fué nombrado por el Gobernador de Puerto Rico para actuar como juez durante las vacaciones de la Corte de Distrito de San Juan en el año 1934, no resultando por tanto que dicho juez hubiese sido nombrado para sustituir alguno de los jueces propietarios para conocer de algún caso en que éste, por alguna razón, se hubiese inhibido, no siendo, por consiguiente, aplicable la jurisprudencia .establecida por la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito en el caso de Annoni v. Blas Nadal’s Heirs, 94 P. (2d) 513, como muy bien sostiene el juez de la corte inferior en su opinión. Su nombramiento fué legalmente hecho y sus actuaciones son válidas.

(b) Convenimos con el juez de la corte inferior en que el motivo de oposición marcado anteriormente bajo la letra b, alegado por los apelantes, es completamente frívolo, pues en la citación para mostrar causa y en su primer por cuanto explícitamente aparece el montante de la sentencia dictada contra la Insular Industrial & Agricultural Exposition Association, o sea $1,825.98 más intereses legales desde ■el 26 de diciembre de 1935.

(c) También carece de mérito la oposición de los apelantes establecida bajo la letra c de que antes se ha hecho referencia, al efecto de que la corte inferior no cumplió con las disposiciones de la ley para ásegurar la efectividad de •sentencias según fué enmendada por la ley número 27 de 1916 (pág. 79). No se especifica en qué consiste el incumplimiento de las disposiciones de dicha ley por parte de la •corte, pero de la opinión de la corte inferior aparece que en ■el acto de la vista los apelantes alegaron que no se había confiscado la fianza prestada por los fiadores antes de dic-tarse la orden de citación conforme dispone la sección 16 de la ley sobre aseguramiento de sentencias, según fue enmen-dada por la ley de 1916 antes citada. Sobre este particular bastaría citar lo que este tribunal expresó en el caso de Arbona v. H. C. Christianson & Co., 26 D.P.R. 284, 293, que dice así:

“Que la confiscación de la fianza se hizo.lo demuestra claramente la sentencia dictada contra los fiadores en 23 de Junio de 1917 obligándolos a pagar el montante de la fianza después de ha-berse expedido sin éxito favorable orden de ejecución contra la parte condenada por la sentencia. La ley fué cumplida sustancialmente y no importa que por modo expreso no se decretara la confiscación de la fianza que prácticamente fué confiscada.”

En el presente caso, y a mayor abundamiento, el juez de la corte inferior al dictar su sentencia subsanando la omisión antes aludida empieza por decretar la confiscación de la fianza. Por consiguiente, no existe el motivo de oposición alegado por los apelantes.

(d) De los autos aparece que la sentencia, después de dictada, fué enmendada en cuanto a ciertos errores clericales y que posteriormente y luego de dictada la primera orden de citación contra los fiadores, y antes de expedirse la segunda que motivó la sentencia apelada, la parte" demandante renunció a la cantidad de $200, que era parte de la sentencia dictada a su favor contra la demandada. Entendemos que siendo en beneficio de los fiadores y de la propia demandada la enmienda que se hizo en la sentencia al renunciar la demandante a la cantidad de $200, dicha enmienda no afectó en manera alguna el derecho de ejecución que pudiera tener el demandante a virtud del tiempo transcurrido desde que se notificó la sentencia original, sin que fuera necesario citar de nuevo a los fiadores para mostración de causa.

(e) Como dijimos al considerar el motivo de oposición d de los apelantes, la enmienda que se verificó en la sentencia no le quitaba el carácter de firme, y por consiguiente, al ex-pedirse la orden de citación contra los fiadores, se hizo opor-tunamente.

Considerados los cinco motivos alegados por los apelan-tes, preciso es llegar a la conclusión de qne carecen de fun-damento legal alguno, y por consiguiente el recurso mter-pnesto por los fiadores es completamente frivolo y procede desestimarlo por ese fundamento.

El Juez Presidente Señor Del Toro no intervino.