author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Capó, Demandante y Apelante, v. Piñeiro et al., Demandados y Apelados.
    No. 3124.

    Visto: Noviembre 13, 1924.

      Resuelto: Diciembre 22, 1924.
    Nulidad — Sentencia que Puede Anularse por Ataque Colateral. — Una senten-cia personal contra una mujer casada sobre un contrato que el estatuto no le da facullad para celebrarlo, es absolutamente nula y su nulidad puede ata-carse dondequiera que se presente la cuestión, cuando se alega y prueba que tal sentencia fué el resultado de una connivencia entre la demandante y la demandada y su esposo para perjudicar los derechos de la parte que pide la nulidad.
    SeNtencia de Gabriel Castejón, J. (G-uayama), declarando sin lu-gar la demanda, sin costas.

      Revocada y dictada otra en su lu-gar, con costas.

      C. Domínguez Rubio, abogado del apelante; A. Porrata Doria y T, Bernardini, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión' del tribunal.

En este caso se pide la nulidad de cierto procedimiento en cobro de dinero seguido por Sues, de Tomás Cano y Com-pañía contra Daría Alvarez, y como consecuencia, la nulidad de la venta que otorgó el mársbal a la demandante adjudi-cando en pago la finca que fué objeto de embargo y ejecu-ción, solicitándose además en este procedimiento que se declare que el único embargo que afecta a la mencionada finca es el que se trabara en el pleito seguido por el demandante-apelante contra Zenón Piñeiro, esposo de la otra demandada Daría Alvarez.

La demanda fné excepcionada por nno de los demanda-dos, Sues. de Tomás Cano y Compañía, pero ninguno'-de los demandados contestaron la demanda, por lo que el pleito se falló en rebeldía, si bien la corte inferior' en definitiva de-claró sin lugar la demanda sin especial condenación de costas.

El demandante, para sostener su petición, sustancial-mente, alega: que los demandados Zenón' Piñeiro y Daría Alvarez son esposo y esposa y que el día 9 de septiembre de 1913 demandó ante la corte de distrito de Guayama a Zenón Piñeiro en cobro de la suma de $1,168.76; que para asegurar la efectividad de la sentencia, embargó el 10 de septiembre de 1913 cierta finca urbana, verificándose la ano-tación del mismo en el registro de la propiedad; que en 15-de septiembre de 1913 la eo-demandada Sues, de Tomás Canoy Compañía dedujo demanda ante la Corte Municipal de Guayama en cobro de dinero, contra Daría Alvarez, en recla-mación de la suma de $134.94, embargando la misma finca como de la propiedad de la demandada, la que babía sido previamente embargada por el demandante; que a la fe-cha de la demanda que contra Daría Alvarez entablara lá mercantil codemandada, la citada Alvarez era casada- con Zenón Piñeiro, quien no fué becbo parte en el pleito; que Daría Alvarez de acuerdo con su esposo, no se defendió en el pleito que contra ella fué establecido, y por este medio se dictó sentencia en rebeldía contra la misma el 2 de octu-bre de 1913; que Zenón Piñeiro se defendió en el pleito, que contra él se presentó por el demandante-apelante, tratando por todos los medios de dilatar el procedimiento, mientras el iniciado contra su esposa no fué interrumpido por ella, ni tampoco él hizo diligencia alguna para hacerse parte en dicho pleito; que el 23 de octubre de 1913, por ser firme la sentencia dictada en el pleito contra Daría Alvarez, se libró orden de ejecución y la finca fué subastada, adjudi-candóse en pago de la deuda a la mercantil demandante, no sin antes dar aviso el demandante-apelante del primer embargo al marshal de la corte municipal; que dicho márshal procedió a otorgar la escritura de venta judicial en 19 de noviembre de 1923 sin que hiciera constar el aviso del primer embargo en los edictos anunciando la subasta ni en la escritura de venta; que en mayo 20, 1914, después de todos los incidentes promovidos en el pleito que el demandante-apelante había entablado contra-Zenón Piñeiro, se dictó sen-tencia por la cantidad reclamada y contra la misma Piñeiro estableció apelación, la que fue desestimada en junio 4, 1915, por no haberse perfeccionado el recurso; que no obstante la desestimación, no constaba antecedente alguno en los autos y el demandante vino a enterarse de la fecha de dicha desestimación al intentar el desistimiento en fecha reciente; que la sentencia en dicho caso no pudo ejecutarse porque debido a la subasta que se había verificado del inmueble embargado, los esposos Piñeiro-Alvarez carecían de otros bienes en que pudiera hacerse efectiva.

El apelante señala en su alegato diversos errores que comprende en dos partes, a saber:

“Primera parte: — 2. La corte erró al declarar en este caso que la acción seguida por Sues, de Tomás Cano & Co. S. en C. contra Daría Alvarez, por efectos' tomados a dicha mercantil para la cons-trucción de una casa, estando ella casada en esta fecha con Zenón Piñeiro, es una acción bien dirigida y la sentencia dictada podía ejecutarse sobre bienes gananciales.
“2. La corte erró al conceder validez al contrato de compraventa de efectos para fabricar una casa, adquiridos por la Daría Alvarez en la mercantil Sues, de Tomás Cano & Compañía, cuando ella era casada> y la citada mercantil lo sabía.
“3. La corte erró al considerar como propiedad privativa de Daría Alvarez la casa construida durante su matrimonio y sujeta a la ejecución de la sentencia dictada en su contra — aún en la hi-pótesis que ella hubiera podido ser demandada sola — a falta de prueba que demostrara que dicha propiedad era privativa y ella se ■encontraba dentro de la excepción de la regla general del art. 73 del Código de Enj. Civil.
' ‘ Segunda parte: — 4. La corte erró al declarar que el embargo practicado por el Sr. Capó carecía de valor y no podía sostenerse como creador de derechos preferentes al embargo trabado por Cano.
“5. La corte erró al declarar que' por el mero hecho de que Capó presentara otra acción, para hacer valer su derecho en la sen-tencia anterior, su embargo aún sin ejecutar en pleito primero ha-bía perdido su fuerza y validez.”

Estos varios errores, sin embargo, pueden reducirse a dos cuestiones: la primera parte se refiere a la nulidad del procedimiento seguido ante la corte municipal y la segunda a la prelación de los embargos trabados en la finca objeto de la venta judicial, y las mismas pueden considerarse con-juntamente.

La venta judicial se origina del segundo embargo que se practicó por Sues, de Tomás Cano y Compañía en su recla-mación contra Daría Alvarez. El apelante parece tener fija Iq idea de que obtenido y anotado en primer lugar su embargo, sobre la misma finca, esto era bastante para que prevaleciera en absoluto su derecho sobre el segundo embargo. No obstante, la mera anotación no da un derecho preferente. Ella solamente concede al acreedor la prelación sobre los créditos contraídos con' posterioridad a la anota-ción, según así se dispone en el art. 44 de la Ley' Hipoteca-ria y su concordante el 1824 del. Código Civil, inciso 59. Es-tos artículos dicen lo siguiente:.

“Art. 44. — El acreedor que obtenga anotación a su favor en los casos de los números 29, 3° y 49 del artículo 42, será preferido, en cuanto a los bienes anotados solamente, a los que tengan contra el mismo deudor otro crédito contraído con posterioridad a dicha ano-tación.”
“Art. 1824.— (Enmendado según la ley de 10 de marzo de 1910, pág. 126). Con relación a determinados bienes inmuebles y dere-chos reales del deudor, gozan de preferencia: ^
“5. Los créditos preventivamente anotados en el registro de la propiedad en virtud de mandamiento judicial, por embargo, secues-tros o ejecución de sentencias, sobre los bienes anotados, y sólo en cuanto a créditos posteriores.”

Comentando Galindo el artículo 44 de la Ley Hipotecaria en sn obra sobre la misma, tomo 2, págs. 479-480, entre-oirás cosas dice lo que sigue:

“En los efectos de la anotación hay que distinguir cuidadosa-mente los que le atribuye la L. H. y los que nacen del derecho civil. No se crea que por decir el artículo que el que obtenga ano-tación es preferido a los. acreedores posteriores, no lo es también a. los anteriores, si es mejor su derecho: el que le asista contra éstos,, permanece incólume, ni acrece ni decrece. Contra ellos usará de-las armas que le proporcionan las leyes civiles: contra los posterio-res, de las que por el artículo 44 le suministra la Hipotecaria.
“Si se estableciera otra regla, resultaría, como dice la Exposi-ción de motivos, que entre diversos acreedores en idéntico caso, se7 ría de mejor condición el más exigente, el que guardara menos con-sideraciones, el que- por mejores o peores medios adquiera noticias-más exactas del verdadero estado de la fortuna del deudor, o el que tuviera un procurador más diligente.
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“Si bien es llano que- la anotación sólo da preferencia al derecho-del acreedor anotante, contra los créditos adquiridos después de la-anotación, y que esta preferencia se entiende sólo sobre los bienes anotados y no sobre otros que tenga o pueda adquirir el deudor, no-lo es tanto resolver la preferencia que entre sí tengan los acreedo-res, cuando la anotación se convierta en inscripción en virtud de sentencia ejecutoria.
“Entre los casos que pudieran citarse, nos ceñiremos a los dos que con más frecuencia ocurren.
“1? — Un acreedor ejecuta al deudor y anota el embargo, y el procedimiento se paraliza; con posterioridad a la anotación, el deu-dor contrae otra deuda, y el nuevo acreedor ejecuta también y em-barga y anota y sigue el procedimiento hasta sentencia, adjudicám dosele la finca embargada. ¿ Conserva el primer acreedor los dere-chos adquiridos por la anotación?
“Opinamos que el anotante, primer acreedor, conserva todos los" derechos que le confirió la anotación y que hará valer ante los tribunales; pues si-bien el segundo acreedor adquirió e inscribió antes, la compra judicial se hizo ya con conocimiento de la responsa-bilidad a que estaba sujeta la finca.”

El presente caso se asemeja al de G-alindo en sentido dé que se ban establecido dos procedimientos y en orden suce-sivo se han practicado dos embargos sobre la misma finca, pero la cuestión dependería para resolverse de la valides del primer embargo, como lnego examinaremos, y de la pre-ferencia qne alegara el demandado- en virtud del segundo embargo.

El apelante sostiene, sin embargo, que la cuestión aún. así debatida no le parece tan importante y dirige toda su atención a que teniendo una sentencia a su favor contra la parte que realmente ba debido ser la demandada en el se-gundo pleito, su objeto principal es obtener la nulidad de este último procedimiento por no haber sido hecho parte en el mismo el esposo de la demandada. Este aspecto del caso-aparenta ser de verdadera importancia y parece serlo real-mente si se relaciona con la condición del inmueble embar-gado. De la prueba se desprende la fuerte presunción de-que se trata de un inmueble con carácter de bien ganancial y, recayendo en los demandados el peso de la prueba en ese-extremo, correspondía a ellos destruir tal presunción. Los demandados no contestaron la demanda, el juicio fué cele-brado en rebeldía, pero uno de los gestores de Sues, de To-más Cano y Compañía, Francisco Berreteaga, declaró como-testigo y si bien afirmó que Daría Alvarez tomaba maderas-para la casa y era la que hacía abonos, dijo también que la casa fué fabricada por los esposos Piñeiro-Alvarez y que el marido tenía cuenta con ellos. No existen más datos de la condición del inmueble, pues ni siquiera el registro de la propiedad arroja información alguna en tal sentido, pues los embargos verificados en ambos pleitos fueron denegados, por no aparecer la finca' inscrita a nombre de ninguno de los esposos. La doctrina que se expuso en el caso de Cor-tés v. Días, 31 D.P.R. 454, es pertinente a este caso. En él se dijo:

"Cuando el marido o la mujer están en posesión de los bienes, uno u otro sin ninguna prueba documental del título, o a virtud-de un título que por sí no es bastante para destruir la presunción de ser gananciales, el peso de la prueba recae siempre en quien. niega el estado ganancial de la propiedad p afirma el carácter pri-vativo de la misma. No es necesaria la prueba de la adquisición durante el matrimonio para establecer una base a fin de que pueda tener lugar la presunción legal de ser gananciales los bienes.”

Parece claro que si el inmueble perteneció a la sociedad conyugal de los esposos Piñeiro-Alvarez, la sentencia que se dictó por la corte municipal contra Daría Alvarez no podía Pacerse efectiva en la finca embargada por el mismo prin-cipio que se dejó establecido en el caso de Matheu v. Murillo et al., 25 D.P.R. 329-331. Si la finca es ganancial, no se puede aplicar al pago de una reclamación que se dirige so-lamente contra la esposa. El principio se funda en la misma ley. Para ello se necesitaba el concurso del marido, según dispone el artículo 54 del Código de Enjuiciamiento Civil que establece en tal sentido la regla general salvo las excep-ciones: de referirse la acción a bienes propios, acciones en-tre sí de esposo y esposa o cuando ésta vive separada de aquél, a causa de haber sido abandonada. De otro modo queda en pie la regia general de que el esposo es el repre-sentante nato de la sociedad de gananciales, artículo 159 del Código Civil Revisado; y únicamente él es quien tiene la representación de la sociedad conyugal para demandar o ser demandado, o en todo caso, su concurso es necesario en toda acción que afecte a la sociedad conyugal o sus bienes hayan de sujetarse a las responsabilidades del pleito. En la obra Mckay on Community Property, p. 440, se dice:

■ . "La ley sobre bienes gananciales no afrece sino pocas reglas especiales de alegaciones y práctica; en general mientras existe la sociedad conyugal, el marido es el único representante legal de los asuntos de la comunidad; las deudas de la sociedad conyugal son las suyas; los bienes están bajo su único control y dominio; él sólo representa los intereses de la comunidad como demandado; el interés de la esposa en los bienes comunes está durante el matrimo-nio representado por el esposo, y por el marido solamente. Los bienes conyugales no pueden ser vendidos en procedimientos judi-ciales ni hacerse una adjudicación que obligue a la comunidad, o que pueda procederse contra ella excepto en el caso en que el ma7 rido es una parte o está legalmente representado.”
“El Código de Enjuiciamiento Civil, secciones 578 y 579, que autorizan dictar sentencias contra una o varias partes, sólo son aplicables a las partes mancomunadamente responsables y no au-toriza el dictar sentencia contra la esposa solamente cuando ella es demandada y el marido es una parte necesaria.” McDonald v. Porsh, 136 Cal. 301 (68 Pac. 817.) .

Demostrado como queda que en el procedimiento seguido ante la Corte Municipal de G-uayama por Sucs. de Tomás Cano y Compañía v. Daría Alvarez, se necesitaba el concurso-del marido, o que en todo caso, la sentencia dictada no po-día ejecutarse en la finca embargada, la cuestión última para resolver sería si diebo procedimiento puede ser objeto de ataque colateral mediante la acción entablada por el de-mandante-apelante. Desde luego que si respecto al primer embargo practicado en el pleito del demandante contra Pi-ñeiro no hubiera dudas acerca de su vigencia y validez, la cuestión sería más fácil para resolver. Prima facie el prin-cipio de primero en tiempo, primero en derecho, decidiría el punto y la demandada Tomás Cano y Compañía tendría que soportar la primera carga o gravamen, redimirlo o dis-cutir en último término su derecho de preferencia. Santiago v. Capó, de junio 16, 1924, (pág. 358). Pero dudamos de la eficacia del primer embargo por haber transcurrido más de cinco años desde que se hizo firme la sentencia, y para cuyo-aseguramiento se decretó aquel embargo. No importa que la sentencia misma sirviera de base a una nueva acción me-diante la cual, por segunda vez, Piñeiro volvió a ser conde-nado a pagar la suma de $1,168.76. La nueva sentencia no podía darle validez a un embargo cuya caducidad, como-cuestión de procedimiento,- está dispuesta en la ley. Art. 243 del Código de Enjuiciamiento Civil. Dicho precepto-dice:

“Art. 243. — En todos los casos, excepto para cobro de dinero, podrá exigirse el cumplimiento de la sentencia o llevar a cabo su ■ejecución, después de un término de cinco años, a contar desde la fecba en que hubiere sido registrada mediante autorización de. la eorte a instancia de parte, o sentencia dada al efecto, en procedi-mientos adicionales.”

Este precepto no es aplicable a las sentencias para re-cobrar dinero. Está tomado de los estatutos de California de 1886, p. 704, y no de la enmienda más moderna que se hizo en el artículo 685 del Código Civil de Procedimiento y que permite su aplicación a las sentencias para el pago de dinero. Maun v. McAtee, 37 Cal. 13; Harrier v. Bassford, 145 Cal. 531 (78 Pac. 1038). Pero la caducidad de la ins-tancia no implicó en este caso la de la sentencia pues el apelante pudo fundarse en la misma para establecer la nueva acción y obtener, como así lo obtuvo, la segunda .sentencia por la cantidad especificada en la primera. El demandante es un acreedor por sentencia de Zenón Piñeiro, esposo de Daría Alvarez, y él tiene el interés legal necesa-rio para ejercitar a nombre y en lugar del deudor, todos los derechos y acciones correspondientes a éste, excepto en los que fuesen inherentes a su persona, ya que no existen más bienes que la finca embargada. Art. 1078 del Código Civil Revisado. Este artículo prescribe:

“Art. 1078. — Los acreedores después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el misnio fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pue-den también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho.”

Establecida la regla, parece que todavía es necesario aclarar si en este caso práctico es inherente o nó al deudor Piñeiro el derecho a pedir la nulidad del procedimiento se-guido en la corte municipal, por la omisión de no haberlo hecho parte en dicho procedimiento en concurrencia con su esposa. Scaevola, tomo 19 (ed. 1902), pág. 592, no dice nada concreto en ese particular, comentando el artículo lili del Código Civil antiguo, que es equivalente al 1078 antes citado, pero dice que la jurisprudencia francesa tiene adop-tadas' varias reglas que conciernen a dicha disposición legal, y entre ellas, la de que los acreedores de la mujer casada, que contratan sin autorización de su marido, pueden oponer en su nombre la nulidad del contrato. Las autoridades americanas en' este particular parecen estar en conflicto. Mientras se sostiene en muchos estados que el fallo contra una mujer casada se considera en ningún caso nulo, pero que cuando es erróneo, por fundarse en un contrato que no tiene autoridad para ello, puede dejarse sin efecto por ape-lación u otro método apropiado; en otros estados las cortes no han estado conforme con esa regla y han declarado que una sentencia personal contra una mujer casada sobre un contrato que el estatuto no le da facultad para celebrarlo, es absolutamente nulo y su nulidad puede .atacarse donde-quiera que se presente la cuestión. 13 R.C.L. 1456. Sin embargo, en aquellos estados en que no se sostiene esta úl-tima doctrina, las cortes se fundan para sostener la validez del fallo en la protección de terceros inocentes cuyos dere-chos igualmente respetables podían quedar comprometidos. Y este fundamento no parece existir en este caso. Sues, de Tomás Cano y Compañía tenían conocimiento que Daría Alvarez era la esposa de Zenón Piñeiro, deudor en el primer pleito; ellos conocían, según aparece de la prueba, la condición de. bien ganancial de la casa embargada y a ellos le afectaba de todos modos la presunción de gananciales de dicho inmueble; ellos conocieron también por la anotación de su segundo embargo cuando el primero estaba anotado y en todo su vigor que se trataba de la misma finca y que la sentencia que obtuvieran no podía ejecutarse en dicha finca, aplicando la doctrina del caso de Matheu v. Murillo et al., supra; y por último, la misma inacción de Daría Alvarez en el pleito ante la corte municipal, dejándose dictar un fallo en rebeldía, y por otro lado su esposo, sin acudir a la- defensa de su esposa, mostrándose muy diligente en el primer pleito, agotando todos los medios y recursos de de-fensa, todo induce a levantar ciertas sospechas de conniven-cia entre los esposos Piñeiro-Alvarez y Sues, de Tomás Cano y Compañía para perjudicar los derechos del deman-dante, quitándole la condición de inocentes a los últimos que intervinieron en el segundo pleito y que por el segundo embargo se hicieron dueños de la finca en virtud del remate y adjudicación de la misma.

Por todo lo expuesto, debe revocarse la sentencia de la corte inferior y dictarse otra declarando nula la escritura de venta judicial de 19 de noviembre de 1913 otorgada por el Márshal de la Corte Municipal de Guayama a favor de Sues, de Tomás Cano y Compañía, con costas a los deman-dados.


source: Caselaw Access Project

author: Bu Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    Dieppa, Recurrente, v. El Registrador de Aguadilla, Recurrido.
    No. 600.

    Sometido: Noviembre 3, 1924.

      Resuelto: Diciembre 22, 1924.
    Inscripción — Venta para Pago de Contribuciones — Certificado de Venta Ex-pedido por el Colector — Identificación de la Finca. — Estando la finca ins-crita a favor de "Eusebio Práxedes Serrano y Serrano,” no es inscribible un certificado expedido por el colector en procedimiento de subasta para cobro de contribuciones, según el cual el procedimiento se siguió contra la sucesión de "Práxedes Serrano.” La finca debía aparecer inscrita a nombre de la sucesión si una venta contra ésta se babía efectuado.
    Id. — Id.—Id.-—-Un certificado de venta para pago de contribuciones debe expresar que fuá hecha la notificación del embargo a que se refieren los artículos 336 y 342 del Código Político.
    Id. — Id.—Títulos Inscritos que no Pueden ser Recalifioados — Embargos.—El hecho de que hubiera sido inscrito un embargo anterior a la venta de la finca vendida para cobro de contribuciones, no impide que el registrador califique y deniegue la inscripción del certificado de venta cuando es defectuoso. El caso de Gerena v. Registrador, 26 D. P. R. 87, es aplicable a títulos ya ins-critos y un embargo no es un título dentro del espíritu de la Ley Hipotecaria.
    Td. — Id.—Certificados de Venta; Requisitos de la Lev Hipotecaria. — No fué la intención de la Legislatura que las ventas para pago de contribuciones po dían ser inscritas independientemente de las disposiciones de la Ley Hipote-caria. La idea de la Ley Hipotecaria es proteger a terceros y la interpre-tación casi universal dada a las ventas por falta de pago de contribuciones es que deben ajustarse a la Ley Hipotecaria para obtener una inscripción.

      Nota de William J. Santos, R. (Aguadilla), denegando inscripción de certificado de compra de bienes inmuebles.

      Confirmada.

    El recurrente compareció por escrito; el registrador no compareció.
   Bu Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El documento presentado para inscripción fué un certifi-cado de compra de bienes inmuebles. El colector de rentas internas de San Sebastián certificó que en una subasta pú-blica se adjudicó a José Dieppa Pérez por la suma de $8.26, una finca de 12% cuerdas y una casa en el barrio de Guatemala de San Sebastián, con las siguientes colindancias: (A continuación y en una columna aparece lo siguiente: N. Vidal Medina; S. Víctor P. Martínez; E. Víctor P. Martínez; O. Ramón Montalvo, ocupando cada uno una línea separada). Las letras N. É. S. O. probablemente tendían a indicar los puntos cardinales, pero no los indican con precisión. Des-pués, bajo el título de ‘‘contribuyente moroso” aparecen los nombres “Práxedes Serrano Sucesión”. El colector tam-bién certifica que la finca descrita parece formar parte de una de mayor cabida inscrita en el Registro de la Propie-dad de Aguadilla al folio 72, tomo 7, inscripción primera)' Al dorso del documento el Tesorero de Puerto Rico cer-tifica que la certificación del colector es copia literal de lo que aparece agregado al expediente de su razón.

Presentado este documento al Registrador de la Propie-dad de Aguadilla, fué denegada su inscripción por los si-guientes motivos:

“Denegada la inscripción del precedente documento que es el certificado de venta No. 713-1338, expedido por el Colector de Ren-tas Internas de San Sebastión, a don José Diepa y Pérez, con vista de otros documentos, al folio 157 vuelto del tomo 33 de San Sebas-tián, finca número 1856, anotación letra ‘A,’ y tomada en su.lu-gar anotación preventiva de dicba denegatoria, a favor de don José Diepa y Pérez, porque la finca de doce y media cuerdas con casa a que dicho documento- se refiere, aparece como compuesta de tré’Óe cuerdas más o menos, a favor de Eusebio Práxedes Serrano y Se-rrauo'; porque del certificado de venta se deduce que el procedi-miento-iniciado para pago de contribuciones, recargos y costas, lo fué y se siguió contra la Sucesión de Práxedes Serrano, sin. que pueda determinarse que éste sea el mismo Eusebio Práxedes Serrano a cuyo favor aparece la' finca; porque no se expresa quién o quiénes componen la Sucesión de Práxedes Serrano; no se acre-dita en forma alguna haberse cumplido los preceptos del artículo -336 del Código Político de Puerto Rico, notificando la orden de embargo al deudor o a cualquiera de sus familiares, o vecinos, según lo dispone dicho artículo; porque apareciendo del Registro una mención de hipoteca a favor de Don Víctor P. Martínez y González, no consta se haya dádo a dicho acreedor intervención alguna en el procedimiento tendente a darle oportunidad de satisfacer las con-tribuciones adeudadas, de acuerdo con el artículo 334 del mencio-nado Código Político, c para redimir la finca en el término que in-dica el artículo 348 del citado cuerpo legal; y por el fundamento, además, de no estar previamente inscrita esta finca a nombre de la Sucesión trasmitente, haciendo constar que la anotación preventiva se ha tomado por el término legal. Aguadilla, 17 de septiembre de 1924.”

Tal vez estuvo equivocado el registrador al decir que una descripción de 12% cuerdas no era equivalente a 13 cuerdas, a menos que el resto de la descripción fuera co-rrecto. Sin insistir demasiado por ahora, en que la indica-ción N.S.E.O. no es una descripción suficiente de los puntos cardinales, queda el hecho saliente de que la finca vendida para pago de contribuciones se suponía que fué segregada de una finca de mayor cabida perteneciente al alegado con-tribuyente moroso. Si fué de tal modo segregada, una o más de las colindancias eran necesariamente la finca del re-ferido contribuyente moroso Práxedes Serrano, y sin embargo ninguna de las colindancias' expresadas demostraban que él era un vecino. Tal vez si hubiera sido mejor que el .registrador hubiese denegado la inscripción por falta de la debida identificación de la finca. De aquí que la cantidad exacta del terreno era importante y no. debemos sentirnos dispuestos á revocar la calificación del registrador.

... El recurrente deja enteramente.de apreciar el -punto del Registrador al decir éste que la supuesta finca estaba ins-crita a nombre de Eusebio Práxedes Serrano y Serrano. T>e abí que una descripción con los nombres Práxedes Serrano era insuficiente. El registrador al hablar de esto no insistía en que la finca no aparecía a nombre de la sucesión Re Práxedes Serrano.

Asimismo tuvo razón el registrador al insistir en que la finca debía aparecer inscrita a nombre de la Sucesión si una venta contra tal Sucesión se había efectuado. Véase el caso de Rodríguez v. El Registrador de Areciho, (pág. 823).

' ■ El artículo 336 del Código Político citado por el regis-trador, es cierto que se refiere únicamente a bienes muebles, pero el artículo 342 de dicho Código requiere que se siga el mismo procedimiento en la venta de bienes inmuebles al que tiene lugar en la de bienes muebles. El 342 requiere que se haga la misma notificación al dueño que la exigida por el 346 y lo mismo el 334. Hubiera sido mejor si el registra-dor hubiera citado ambos artículos el 336 y el 342. Antes de que esta finca vendida pudiera ser inscrita debía apare-cer que la notificación al dueño requerida por el artículo 342 había sido hecha.

Tenemos asimismo cierta idea de que el registrador tiene razón al decir que debe hacerse una notificación de la venta -a los acreedores hipotecarios con derecho inscrito, pero no encontramos que se mencione este requisito en el artículo '334 del Código Político, citado por el registrador.

El recurrente al empezar su argumentación se queja de que el registrador infringió el principio de que una vez ad-mitido un título inscrito no podía ser rechazado después. •El recurrente con esto quiere decir, que el embargo anterior a la venta fué inscrito. Tal inscripción la exige el artículo ,340 del Código Político, pero tal embargo no es un título •dentro del espíritu de la Ley Hipotecaria y el caso de Ge- rena v. El Registrador de Humacao, 26 D.P.R. 87, no tiene aplicación.

El recurrente trató de descansar en parte su razona-miento en el certificado del Tesorero, en el párrafo 5 del artículo 102 de la Ley de Evidencia (Comp. see. 1470) y en la Ley de 1907, (Comp. see. 3013).

En lo que respecta a la certificación del Tesorero ésta no aumenta certeza a la validez o suficiencia de la venta. Me-ramente certifica sobre la condición de la inscripción.

El artículo 102 de la Ley de Evidencia, apartado 15, el cual presume que los deberes de un cargó fian sido cumpli-dos con regularidad no puede corregir una descripción de-fectuosa, ni en general agregar un verdadero eslabón a la cadena del .título. Este precepto de la Ley de Evidencia tiene una aplicación limitada que no discutiremos ahora, pero la Ley de Evidencia fue ideada principalmente para la celebración de los juicios. El artículo 102 empieza diciendo que una presunción como ésta es disputable. Cuando una persona está inscribiendo un título posesorio o aún uno ■de dominio, la inscripción se hace con las limitaciones que •son inherentes a dicho título. Cuando se inscribe una pro-piedad a nombre del marido o de la mujer, se presume que es ganancial y todo el mundo está obligado a saberlo. Cuando, sin embargo, una persona quiere inscribir un título perfecto, su inscripción debe denotar certeza. Las presun-ciones, por tanto, con tal fin generalmente no proceden.

La duda principal que hemos tenido, sin embargó, es por razón de la Ley de marzo 14, 1907, p. 342 (Comp. see. 3013). Esta prescribe lo siguiente: ¡

“Si el derecho de redención que más'adélante se dispone nb: se ejercita dentro del tiempo prescrito, dicho certificado, una vez 'ins-crito en el Registro de la Propiedad del distrito donde radique dicha propiedad," constituirá título absoluto de dicha propiedad' a., favor de dicho comprador, libre de toda hipoteca, carga o cualquier •otro gravamen. Dicho certificado será evidencia prima facie de los hechos relatados en el mismo en cualquier controversia, procedi-miento o pleito, que envuelva o concierna a los derechos del compra-dor, sus herederos o cesionarios, a la propiedad traspasada en virtud del mismo; y el comprador, sus herederos o cesionarios, pueden, al recibo de dicho certificado, hacer que sea debidamente inscrito por el Registrador de la Propiedad del distrito en que radicare dicha propiedad, mediante el pago de dos dollars como honorarios.”

¿Fué la intención de la Legislatura que cada venta por falta de pago de las contribuciones debía ser inscrita inde-pendientemente de las disposiciones de la Ley Hipotecaria y sin tener en cuenta la anterior inscripción de la finca ven-dida por contribuciones? La misma Ley Hipotecaria prescribe que sus disposiciones no serán derogadas por inferen-cia. Es cierto que con respecto a embargos fiemos decla-rado en el caso de Sobrinos de Villamil v. El Registrador de San Juan, Sección 2a, 32 D.P.R. 545, que la Legislatura en vista del lenguaje usado tuvo ciertamente la intención de que se fiiciera tal inscripción especial.' Los registradores de la propiedad fian estado inconformes con esta decisión, y no deben fiacerse excepciones excepto en casos claros. Nos .sentimos obligados a interpretar la ley en el sentido de que la Legislatura tuvo en cuenta la propiedad que ya estaba ins-crita en el registro y que la palabra “debidamente” indi-caba esa intención. Resolver otra cosa es permitir que la inscripción de una descripción de propiedad suficiénte para identificarla, fiecfia por un tasador, encuentre sitio en el re-gistro-y dé lugar a pleitos al verdadero dueño que puede fiaber pagado sus contribuciones sobre la propiedad como fué inscrita. Este es sólo uno de los muchos inconvenientes y posibles fraudes a que pudiera dar lugar una decisión dis-tinta. La idea de la Ley Hipotecaria es proteger a terce-ros y la interpretación casi universal dada a las ventas por falta de pago de contribuciones es que deben ajustarse a la Ley Hipotecaria para obtener una inscripción.

Debe confirmarse la nota del registrador.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Irving Bank-Columbia Trust Co., Recurrente, v. ERegistrador de Caguas, Recurrido.
    No. 607.

    Sometido: Diciembre 11, 1924.

      Resuelto: Diciembre 22, 1924.
    Refacción Agrícola. — Un contrato por virtud del cual una corporación bancaria presta a otra corporación azucarera, que no se dedica a la siembra de caños dulces sino a molerlas, cierta suma de dinero, no puede calificarse como de refacción agrícola de acuerdo con la Ley No. 37 de 1910, y por tanto no cometió error alguno el registrador que se negó a inscribirlo como tal en los libros a su cargo.
    Nota de L. Marqués, R. (Caguas), denegando inscripción de un contrato de préstamo refaccionario agrícola.

      Confirmada.

      J. H. Brown y G. Buiz Nazario, abogados del recurrente; el regis-trador compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.'

El 3 de octubre de 1924, en esta Ciudad de San Juan, P. R., la Caguas Sugar Co., Inc., y la Irving Bank Columbia Trust Co., otorgaron un contrato por virtud del cual la se-i gunda corporación prestó a la primera doscientos cincuenta mil dólares “para la refacción de las cañas de los colonos de dicha Caguas Sugar Co., Inc., y los gastos inherentes'a» la industria de elaboración de azúcar en su factoría ‘Central Defensa’ .... durante la próxima zafra de 1924-25.”

• En el contrato se consigna que la Caguas Sugar 'Co.Inc., es dueña de un derecho de arrendamiento por noventa-años constituido a favor de la Central Defensa Iñc. sobre una finca de catorce cuerdas situada en Caguas sobre la cual están enclavados los edificios, maquinarias y construcciones que constituyen la factoría para elaborar azúcar denominada Central Defensa. Y se consigna además que la Caguas Sugar Co., Inc., como parte de su' negocio de elaborar azú-car ha celebrado un gran número de contratos de refacción y molienda de cañas con agricultores propietarios por vir-tud de los cuales se comprometió a adelantar sumas de "dinero a dichos propietarios para el cultivo de sus tierras ga-rantizadas con los frutos a producir.

Se especifica en el contrato la manera de entregar el dinero prestado y se fija como'garantía de sn pago un “gravamen primero y preferente .... sobre todos los azúcares pertenecientes a dicha deudora, o que puedan pertenecerle, por concepto de beneficio industrial en la molienda de cañas de sus colonos.” Como garantía colateral la deudora traspasó a la acreedora “todas y cuantas acciones y dere-chos le correspondan o pudieren corresponderle en los con-tratos de refacción agrícola y molienda de cañas celebrados con sus colonos, y cede y transfiere asimismo .... el mon-tante de todos los anticipos hechos .... a favor de sus re-feridos colonos.”

La cláusula sexta del contrato dice textualmente: -

“Sexta. — Estipulan las partes, que este préstamo, o cualquier parte del mismo que en cualquier momento resulte entregada a la Caguas Sugar Co., Inc., en consideración a los fines y propósitos a que se destina, y con completa abstracción de la inversión real- que a dicho préstamo dé la Caguas Sugar Co., Inc., se conceptuará como un préstamo refaccionario agrícola, y gozará, desde la fecha de su entrega de todas las preferencias y privilegios que a los créditos re-faccionarios agrícolas atribuyen y conceden nuestras leyes y espe-cialmente la de diez de marzo de 1910 sobre contratos de refacción agrícola, siembra y molienda de cañas, con sus enmiendas posterio-res.”

El contrato se presentó para su anotación en el Registro de la Propiedad de Caguas y el registrador se negó, a ello* por no tratarse, a su juicio, de “un contrato de préstamo refaccionario agrícola de los definidos en la sección 1a de la Ley No. 37 de 10 de marzo de 1910.”

No conforme la acreedora interpuso el presente recurso gubernativo. Tanto la recurrente como el registrador han expuesto extensamente por escrito sus puntos de vista, pero no citan jurisprudencia alguna. La resolución a que lle-guemos dependerá del alcance que demos a la ley que am-bas partes están conformes en que es reguladora de este caso, a saber: la No. 37 de 1910, p. 122, Comp. sec. 52.

Dicha ley se titula sobre contratos de refacción agrícola y molienda de cañas y para otros fines.

Entiéndese por contrato de refacción agrícola, según la sección primera de la ley, “aquel mediante el cual una de las partes entrega y la otra recibe, con carácter devolutivo, determinadas cantidades en dinero efectivo o en especies, bien de una sola vez o en sucesivas ocasiones, para atender a la administración, sostenimiento, cultivo o mejoramiento de fincas rústicas, quedando afectos y gravados los frutos, de las mismas fincas al pago de las cantidades recibidas, con los intereses acordados.

“En el objeto del contrato podrá comprenderse la im-plantación y restauración de edificios y maquinarias, para usos agrícolas e industriales en relación con los cultivos, dentro del perímetro de la finca.

“Las partes, además podrán consignar en el contrato los pactos lícitos que estimen convenientes.” Las itálicas son nuestras. (Comp. see. 52.)

Según la sección segunda “el pago de las cantidades rer cibidas por el terrateniente será estipulado en dinero efec-tivo, o en la especie de frutos rendidos por la finca refaccio-nada, dentro del plazo señalado por los contratantes.” Las itálicas, nuestras.

Y se conocerá por contratos de molienda de cañas, se-gún la sección quinta del estatuto “los verificados entre las factorías e ingenios de azúcar y los llamados ‘colonos,’ pro-pietarios, poseedores, arrendatarios o subarrendatarios de fincas destinadas en todo o en parte al cultivo de cañas, para la venta o molienda de cañas y elaboración o venta de-azúcar. ’ ’

Se establece además en la ley cómo ban de otorgarse y registrarse dichos contratos y sus modificaciones y trasmi-siones y se fija la preferencia de que gozan los créditos a que se refieren.

Eepetidas veces llama el legislador al deudor, terrate-niente, y no hay duda alguna, leyendo la ley desde el prin- ' •cipio hasta el fin, qne estuvo fijo en sn mente el préstamo hecho a nna persona dedicada al cultivo de la tierra.

¿Es la deudora en este caso tal persona?

Es evidente que la negociación verificada guarda relación con el cultivo de la tierra y que finalmente el dinero pres-tado usado en la compra y sostenimiento de maquinarias, •en la construcción y conservación de edificios, en el pago de •empleados y trabajadores, en transporte, etc., lo sería para ■convertir la caña en azúcar y la caña es un producto de la tierra. Y es claro que habiendo sido la intención del legis-lador la de estimular la producción agrícola rodeando al dinero, cobarde de suyo, de la más completa garantía, a fin de que pudiera ser prestado, el contrato de que se trata cumple tal propósito. Pero aún siendo así y no obstante el criterio liberal que debe aplicarse a casos de esta naturaleza en que ambas partes de común acuerdo solicitan la inscrip-ción y la inscripción no prejuzgaría el derecho de terceros que en caso de conflicto tendría que ser resuelto por los tribunales, nos vemos obligados a sostener la nota recurrida.

No es un caso para el registrador, ni para esta corte, sino para la Legislatura. Dentro de los términos de la ley en vigor no cabe comprender los frutos industriales. Sería necesario adicionar la ley para que abarcara un contrato como el celebrado por la Irving Bank Columbia Trust Co., y eso sólo puede hacerlo la Legislatura.

La Cagua*s Sugar Co., Inc., no se dedica a la agricultura. No siembra cañas; las muele y con su jugo fabrica azúcar. Los contratos celebrados por la Caguas Sugar Co. Inc., sí ■que son contratos de refacción agrícola y dichos contratos fueron traspasados al acreedor. Sobre la inscripción de dichos contratos .en el registro no versa este recurso. Para .asegurar la parte que como fruto industrial corresponda al ■deudor, quizá pueda encontrar el acreedor algún otro me-dio en la ley, pero en manera alguna ese medio, mientras ■eh estatuto especial sobre la materia subsista en la forma ■en que está actualmente redactado, podrá ser el de calificar el contrato como de préstamo agrícola, y obtener sil inscrip-ción en el registro.

Debe confirmarse la nota recurrida.


text:
    American Colonial Bank of Porto Rico, Demandante y Apelado, v. Ramos et al., Demandados y Apelantes.
    No. 3399.

    Visto: Noviembre 12, 1924.

      Resuelto: Diciembre 23, 1924.
    Apelación — Radicación del Escrito Fuera, de Tiempo. — Para que el escrito de. apelación quede radieado con el secretario, (filed with the olerh), según ex-presa el original inglés del artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil,-debe entregársele en su oficina, donde la ley le exige guardar sus libros , y archivos y recibir y archivar documentos.
    Id. — Id.—Entrega de Documentos Fuera de la Oficina. — El entregar un docu-’ mentó al funcionario correspondiente en un lugar distinto de' la oficina donde se exige que sea radieado, no es suficiente aun cuando el funcionario lo endoso como radicado.
    Id. — Id.—Id.—Desestimación de Apelación.- — -Cuando un escrito de apelación se entrega en la noche del último día del término al secretario fuera de su oficina, como sucedió en este caso, procede la desestimación del recurso por no ha-berse interpuesto en tiempo y forma.
    Id. — Notificación por Correo de la Apelación a la Parte Contraria o. a "su Abogado. — Habiéndose depositado en el correo la notificación del escrito de apelación a la parte contraria o a su' abogado el día en que vencía el término para apelar, dicha notificación es válida de acuerdo con el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil, aunque el apelado no la recibiera hasta tres días después.
    Moción sobre desestimación de apelación.

      Con lugar.

      C. B. Buitrago, abogado de los apelantes; O. B. Fraser y B. Castro Fernández, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación del recurso interpuesto, I,, porque el escrito de apelación no se entregó en tiempo j forma al secretario, y 2, porque no se notificó en .tiempo a la parte contraria. ... . .

Ambas partes están conformes en los hechos relativos al primer motivo. La sentencia apelada se dictó el 10 de jin nio de 1924 y se notificó el 11 del propio mes. El término para apelar vencía, pues, el 11 de julio. A las diez de la noche de dicho once de julio, encontrándose el secretario dé-la corte qne dictó la sentencia en sn residencia privada, uno de los abogados de la parte apelante le entregó el escrito de apelación. A la mañana siguiente el secretario llevó el escrito a la corte.

La parte apelada sostiene qne si bien el escrito se en-tregó al secretario el once de jnlio, no habiéndose verificado^ la entrega en sn oficina, no snrte efecto legal. Cita en apoyo de sn contención varios casos resueltos por los tribu-nales, entre ellos dos por la Corte Suprema de California.

Los hechos en el primero de los casos de California cita--dos, son similares .a los de éste que consideramos. Se re-sumen así:

La oficina del Secretario de la Corte del Condado de Santa Clara se abre a las 9 de la mañana y se cierra a las 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde el abogado del apelante fué a la oficina del Secretario de dicha corte para radicar la fianza en apelación. Este era el último día que-la ley le concedía a ese efecto. Encontrando la oficina ce-! rrada fué al Club Social de la ciudad de San José donde en-contró a uno de los sub-secretarios. Le explicó las circuns-tancias, el sub-secretario recibió la fianza, la endosó corno-radicada en ese día y en esa fecha. A las 9:30 de la ma-ñana siguiente el abogado del apelado visitó la oficina del Secretario y no encontró constancias de haber sido radicada la necesaria fianza. Después el sub-secretario a quien se .le había entregado la fianza llegó a la oficina, entregó la fianza a otro sub-secretario quien la guardó en el correspondiente-sitio-y la radicó.

Y la corte dijo:

‘'Sin que sea de influencia la variada fraseología de los diferen-tes estatutos,, para la ley un documento cuya radicación ha de. sur-tir los efectos de un aviso, o afectar- derechos privados, queda radi-cado sólo cuando es depositado en manos del funcionario adecuadoen su oficina para dicho fin especial. No queremos decir con esto-que no haya muchos actos que un funcionario - ministerial pueda hacer fuera de las cuatro paredes de su oficina. Ni tampoco quere-mos que se nos entienda diciendo, como ya se ha dicho, que cuando una radicación u oferta de radicación adecuada ha sido hecha por una parte, ésta sufrirá por la negligencia del funcionario en el ■cumplimiento de su deber. Pero una oferta adecuada significa algo más que una mera presentación al funcionario. Significa una pre-sentación a él en el lugar adecuado y dentro del término adecuado. ■Cuando esto se ha hecho, nada más se requiere de la parte, y ésta no sufrirá en ninguno de sus derechos por la omisión del funciona-rio, a su vez, de cumplir con su deber. Como se dijo en el caso de Tregambo v. Comanche etc. Mining Co., 57 Cal. 501: ‘La radica-ción de un documento consiste en su presentación en la oficina adecuada, dejándolo allí, depositado con los documentos de dicha ■oficina.’ ” Hoyt v. Stark, 134 Cal. 180, (66 Pac. 223, 86 Am. St. Rep. 246.)

El otro caso es el de Edwards v. Grand, 121 Cal. 254 (53 Pac. 796). En él la corte reafirmó y aplicó la doctrina establecida en otros casos, así:

“Un documento es ‘radicado para su archivo cuando es deposi-tado en la oficina adecuada, en manos de la persona a cargo de la misma, con instrucciones de archivarlo. (Tregambo v. Comanche etc. Co., 57 Cal. 501). El ponerle un endoso expresando el hecho .y la fecha del depósito no es una parte esencial de la radicación. (Bishop v. Cook, 13 Barb. 325; Smith v. Biscailuz, '83 Cal. 344). El entregar un documento al funcionario adecuado en un sitio dis-tinto al de la oficina donde se requiere que sea radicado no es su-ficiente, aun cuando el funcionario lo endose como debidamente radicado. Schulte v. Minneapolis Bank, 34 Minn. 48. Véase, también, Estate of Sbarboro, 63 Cal. 5). La corte, por lo tanto sostuvo correctamente que la hipoteca fué otorgada e inscrita antes que la declaración de homestead fuera radicada para su archivo.”

En el volumen 25 de Corpus Juris existe abundantísima jurisprudencia sobre el particular. Creemos conveniente transcribir del texto la definición que da de filed que es la palabra usada en el original inglés del artículo 296 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil que determina cómo se inter-pone una apelación. Entregando usado en la edición caste-llana, no corresponde exactamente a filed. Dice:

“La palabra ‘radicado’ tiene una significación bien definida, queriendo decir entregado al funcionario apropiado y por éste re-cibido para ser arcbivado; entregado y puesto de becho bajo la custodia del funcionario designado por la ley, para ser por él con-servado como un documento permanente de su oficina; también significa ensartado en hilo, cordón o alambre; y algunas veces sig-nifica hecho, como en el caso de una declaración jurada. La pala-bra lleva consigo la idea de una conservación permanente de la' eosa así entregada y recibida, para que constituya parte de la do-cumentación pública, e incluye la idea de que el documento ha de .quedar en su orden correspondiente en el archivo de la oficina.” 25 C. J. 1124-25.

Interpretando la frase “filed with, the clerk,” — el artículo •296 mencionado usa “filing with the secretary,” — en una nota que aparece en la página 1126 del indicado tomo 25 de ■Corpus Juris, se consigna:

“Para que quede ‘radicado’ en poder del secretario, un docu-mento debe ser entregádole en su oficina, donde la ley le exige guar-dar sus libros y archivos y recibir y archivar documentos. Matter ■of Norton, 25 Mise. 48, 49; 53 N.Y.S. 924.”

En la obra “California Jurisprudence” la esencia de las decisiones de la Corte Suprema de dicho estado, algunas de 'las cuales dejamos citadas, se condensa así:

“Las reglas con respecto a la radicación de documentos general-mente son aplicables para determinar cuándo ha sido radicado un •escrito de apelación. Un documento queda radicado cuando es 'en-tregado en el lugar en donde ha de ser radicado, al funcionario co-rrespondiente, y recibido por éste para ser archivado. Si la radica-ción puede establecerse con prueba oral, la prueba debe demostrar la entrega real del documento al secretario o a uno de los subsecre-tarios, una entrega con el fin de su radicación, y una entrega en el lugar en que ha de ser radicado el documento. El entregar un do-cumento' al funcionario correspondiente en un lugar distinto de da oficina donde se exige que sea radicado no es suficiente aun cuando el funcionario lo endose como radicado. El mero hecho de dejar o depositar el escrito de apelación en la oficina del secretario des-pués de las horas de oficina cuando no hay nadie- en ella no consti-tuye una radicación legal en ese día. El secretario está justificado en negarse a radicar un escrito de apelación basta que se le paguen sus derechos, y un escrito enviádole por expreso no se considera ra-dicado en la fecha de su recibo cuando el secretario inmediatamente informa al abogado del apelante que no será radicado hasta no ha-berse pagado los derechos de su radicación.” 2 Cal. Jur. 826, 327.

Interpretando, pues, la ley vigente en Puerto Rico a la •luz de la jurisprudencia establecida, es necesario concluir que tiene razón el apelado. No sólo no se entregó al secre-tario en su oficina el escrito interponiendo el recurso, sino que se esperó basta las diez de la no.cbe. Bajo las circuns-tancias de este caso, la entrega sólo surtió sus efectos cuando al día siguiente el Secretario radicó el escrito en su oficina o sea el 12 de julio y ya entonces había vencido el término que fija la ley para apelar.

Cita el apelante el caso de Sampol v. Sucesión de Emilio Colón, 30 D.P.R. 500. De los hechos que sirven de base a la decisión de la corte, no consta dónde se recibió el escrito interponiendo el recurso por la persona a quien en repre-sentación del secretario se entregó el pliego certificado que lo contenía. Debemos presumir que lo fué en la propia ofi-cina del secretario.

Debiendo desestimarse el recurso por el primero de los fundamentos de la moción, se hace innecesario resolver el segundo. Sin embargo, como envuelve una cuestión de prác-tica constante, diremos que tiene razón el apelado al soste-ner que la notificación a la parte contraria o a su abogado debe hacerse dentro del término fijado por el estatuto, — ar-tículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil y jurispru-dencia sentada en Davez v. Schuerman, 93 Pac. 297, 7 Cal. App. 1 —, pero diremos también que si se acepta el hecho que se ha intentado probar por el apelante por medio de un affidavit, a saber, que la notificación se depositó en el correo el once de julio, la ley quedó cumplida entendiéndose hecha la notificación en tal día aunque el apelado’ la recibiera tres días después.

• Los casos que cita el apelado, a saber: Díaz v. Pastor, 29 D.P.R. 95; Patxot v. Nadal, 19 D.P.R. 370; Oronoz v. Montalvo, 20 D.P.R. 333; Delgado y. Hutchison, 20 D.P.R. 486, y Alvarez v. Sucesores de Fantauzzi, 27 D.P.R. 530, no son aplicables como sn mismo texto lo indica. Aqní se trata de nna notificación “a la parte contraria o a sn abogado” qne se rige por el artículo 322 del Código de Enjuiciamiento Civil qne dice:

"Art. 322. — En los casos de remisión por correo, la notificación o documentos deberán depositarse en la administración de correos, dirigidos a la persona a quien hubiere de intimarse, o hacerse la entrega, a su oficina o residencia pagándose el franqueo. La noti-ficación o la entrega de documentos queda cumplida al tiempo de hacerse el depósito en el correo, pero si dentro de determinado nú-mero de días después de hecho aquél, la parte contraria tuviere que ejercer un derecho o ejecutar un acto, el término dentro del cual hubiere de ejercerse el uno o ejecutarse el otro, se entenderá am-pliado un día por cada veinte y cinco millas que mediaren entre el lugar del depósito y el de la dirección; pero esta ampliación no deberá exceder de un término máximo de treinta días.”

A virtnd de todo lo expuesto, por el primero de sus fun-damentos, debe declararse con lugar la moción del apelado y en su consecuencia desestimarse el recurso.


author: En. Juez Asociado Señoe Peanco Soto,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Mejías, Acusado y Apelante.
    No. 2302.

    Visto: Diciembre 2, 1924.

      Resuelto: Diciembre 23, 1924.
    Asesinato — Instrucción Propiamente Denegada. — La corte rehusó transmitir al jurado la siguiente instrucción pedida por el acusado: “Si los señores del jurado tienen duda sobre el verdadero grado del delito, o sea si se trata de un asesinato en segundo grado o un homicidio voluntario, entonces esta duda. • debe resolverse en favor del acusado y declararlo culpable de homicidio volun-tario, y no de asesinato en segundo grado.” Se resolvió: que demostrando la evidencia un claro delito de asesinato y no un homicidio voluntario, el error no existe aun cuando la corte hubiera cometido el error de definir al jurado el delito de homicidio voluntario en ausencia de prueba de tal delito.
    Id. — Instrucción no Justificada pior la Evidencia. — Las instrucciones al jurado deben ser aplicables y limitadas a la evidencia aducida en el caso. Es un error dar instrucciones basadas en un estado de hechos en el cual no hay evidencia que lo soporte.
    Sentencia, de Enrique Lloredo,, J. (Arecibo), condenando al acusado por delito de asesinato en segundo grado.

      Confirmada.

      E. Miranda y J. A. Vargas, abogados del apelante; José E. Figue-ras, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   En. Juez Asociado Señoe Peanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación contra una sentencia de la corte inferior declarando culpable al acusado de un delito de ase-sinato en segundo grado y condenándole a Sufrir la pena de diez y nueve años de presidio con trabajos forzados.

El apelante señala como único motivo de error, haberse negado la ‘corte inferior a comunicar al jurado la siguiente instrucción:

“Si los señores del Jurado tienen duda sobre el verdadero grado ■del delito, o sea si se trata de un asesinato en segundo grado o un homicidio voluntario, entonces esta duda- debe resolverse en favor del acusado y declararlo culpable de homicidio voluntario, y no de asesinato en segundo grado.”

De un examen cuidadoso de la prueba se puede decir que la corte inferior estuvo justificada al negar dicha instrucción. No se desprende de la misma, directa ni indirectamente, que el delito cometido pudiera calificarse de homicidio. Los he-chos demuestran que el día a que se refiere la acusación, el acusado seguía detrás de la interfecta, quien era una niña de escuela y contaba unos 15 años de edad; que el acusado la llamaba con insistencia y ella no contestaba, continuando su marcha y entrando en la logia de Barcelonetá, donde per-seguida" por el acusado le hizo súbitamente un primer dis-paro que la derribó y ya en el suelo le repitió tres disparos más, haciendo blanco y causándole cuatro heridas cuya des-cripción es como sigue: una herida en la sien derecha, sin agujero de salida y con destrucción de la masa encefálica; otra en la región mastoide con penetración en la masa en-cefálica y sin agujero de salida; otra en la región subcla-vicular izquierda con penetración en el pulmón y la otra en la espalda, alojándose el proyectil en el hueso homóplato. Las dos primeras heridas fueron mortales por necesidad y el perito médico al verificar inmediatamente el examen de las mismas, dice: “Aún estaba el vestido encendido, porque parece que fué muy cerca.”

De otra parte la prueba del acusado consistió en la de-claración de un testigo que solamente refiere el incidente de haberse negado la interfecta a bailar en cierta casa que el dueño celebraba el cumpleaños de su hija, y que sabe por manifestaciones del acusado, que mantenían relaciones amorosas.

Esta prueba de defensa en nada altera la pfiúeba de cargo, que revela un claro asesinato.

El apelante, no obstante, sostiene que habiendo la corte inferior instruido al jurado lo que constituye el delito de homicidio voluntario, era lógico que diera la instrucción so-licitada. Sin embargó, la instrucción comunicada por ■ el juez inferior en tal sentido fué más bien un error, pues dicho juez no tuvo base alguna en la prueba para haber ins-truido al jurado lo que se entiende por homicidio voluntario.-

El punto en cuestión ya había sido resuelto en los casos de El Pueblo v. Lasalle, 18 D.P.R. 422, y El Pueblo v. Alméstico, 18 D.P.R. 321, en los cuales esta Corte Suprema, en el primer caso, dijo: “No constituye error el dejar el tribunal de instruir al jurado acerca de los preceptos lega-les que rigen el delito de asesinato en segundo grado, cuando la prueba demuestra únicamente la comisión de un delito de asesinato en primer grado;” y en el segundo: “No comete error el tribunal que en un caso de asesinato en primer grado no instruye al jurado respecto del delito de homici-dio, cuando no hay nada en la evidencia que pudiera justi-ficar el que el delito se rebajara a ese grado.”

En la obra de Blashfíeld sobre instrucciones al jurado, se dice:

‘‘Las instrucciones al jurado deben ser aplicables y limitadas a la- evidencia aducida en el caso. Es un error dar instrucciones ba-sadas en un estado de hechos- en el cual no hay evidencia que lo soporte.” Yol. 1, p. 194.

Habiéndose considerado el único error que fue apuntado y no apareciendo de los autos error alguno cometido, debe confirmarse la sentencia inferior.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ribera, Acusado y Apelante.
    No. 2325.

    Visto: Diciembre 12, 1924.

      Resuelto: Diciembre 24, 1924.
    Abuso be Confianza — Prueba Insuficiente. — Estableciendo meramente la prueba de cargo que la denunciante tenía una novilla a partir utilidades con el padre del acusado, que por encargo de aquél, éste la vendió en $30 y que la denun-ciante no recibió el importe de sus ganancias, es necesario concluir que tal prueba es insuficiente para sostener una sentencia por abuso de confianza.
    SENTENCIA de B. Díaz Cimbrón, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de abuso de confianza.

      Revocada y absuelto el acu-sado.

      Martínez Nadal y Tormes di Colón, abogados del apelante; José E. Eigueras, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación contra una sentencia condenando al acusado, por un delito de abuso de confianza, a sufrir la pena de sesenta días de cárcel.

En la denuncia se imputa el delito alegándose que el acu-sado “ilegal, voluntaria y maliciosamente, habiendo recibido la encomienda' de vender una novilla de ocho arrobas, en la, cual tenía una participación de gananciales el padre del acu-sado, Celestino Ribera, se apropió del producto total de la venta de dicha novilla, que montó a $30.00, sin rendir cuen-tas ni entregarle cantidad alguna a su dueño.”

El apelante sostiene que la denuncia en la forma redac-tada no contiene hechos constitutivos de un delito y que además la corte inferior cometió error al apreciar la prueba.

Estamos conformes con el apelante acerca de la vague-dad de la forma de la denuncia no estableciendo en térmi-nos claros y precisos la relación fiduciaria o de agencia en-tre eí acusado y la denunciante, pero no nos detendremos en la discusión de esta cuestión porque la prueba es insufi-ciente para declarar culpable al acusado. El Fiscal en el acto de la vista analizó la prueba y se pronunció en tal sen-tido' recomendando la revocación de la sentencia.

Basta decir que la prueba de cargo es tan confusa que en realidad infunde dudas y no se puede determinar cierta-mente la culpabilidad del acusado. Parece desprenderse que la novilla fue entregada al acusado por su padre, quien tenía participación en la misma, y no por la denunciante, para ser vendida, y si ocurrió así, correspondía rendir cuen-tas al primero del producto de la venta. La prueba tam-bién tiende a establecer que un hermano y un hijo de la de-nunciante intervinieron en la negociación de la venta y que el comprador entregó al hermano el precio, pero habiendo surgido en el momento una discusión - entre aquéllos y el acusado, el comprador volvió a tomar el dinero para entre-garlo al acusado y que luego vió que dicho acusado entregó dinero al hijo de la demandante sin que supiere el mon-tante de la cantidad.

Asimismo refiere Romualdo Vega, hijo de la denunciante, que quien hizo la venta fué su tío Alfonso Espada.

La prueba del acusado consistió en su propia declara-ción y la de un testigo y éstos corroboran la dél comprador.

Por lo expuesto, la sentencia inferior debe revocarse y dictarse otra absolviendo al acusado.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Rodríguez, Demandante y Apelado, v. Maymí et al., Demandados y Apelantes.
    No. 2912.
    Visto: Junio 8, 1923.

      Resuelto: Enero 19, 1925.
    Cobro de Dinero — Prueba de la Obligación — Causa de Acción. — Demostrándo-la prueba del demandado que el cheque cuyo importe se le reclama no le fué entregado por el acreedor en cuyo poder quedó a fin de entregarlo al secretario-de la corte de distrito para atender al pago de una suma igual que le había sido reclamada judicialmente como deuda con otro acreedor; que éste ni el’ secretario hicieron efectivo el cheque; y no habiendo el demandante refutado el testimonio del demandado en cuanto a no haber recibido consideración alguna por el pagaré suscrito a cambio del cheque, ni siquiera presentado éste debidamente cancelado, se declaró sin lugar la demanda por falta de causa de acción, y con lugar la contrademanda en que se redamaba el importe de los intereses que por valor del cheque llegó a pagar el demandado.
    Sentencia de Pablo Barga, J. (Humacao), en una acción en cobro de dinero, declarando con lugar la demanda y sin lugar la con-trademanda, con costas.

      Revocada,.

      R. Arce, abogado de los apelantes; L. Pereyó Quiñones y O. Triarte, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Vicente Rodríguez Ortiz obtuvo sentencia a su favor a virtud de un pagaré, el cual es como sigue:

“Pagaré a la orden de don Vicente Rodríguez Ortiz, dentro de un año contado desde el día primero del presente mes la cantidad de un mil dólares que me ha facilitado a préstamo, con más el inte-rés del diez por ciento anual, éstos pagaderos al final de cada mes natural; cantidad esa que me fué facilitada por mi acreedor señor Rodríguez Ortiz en un check librado por él a mi favor contra el American Colonial Bank, sucursal de Caguas, bajo su número 164 de esta misma fecha, y con ella he atendido al pago de una suma igual que me ha sido reclamada ante la Corte de Distrito de Hu-macao como deuda que antes tenía pendiente a favor de Luther R. Bostick, la cual fué rematada en pública subasta por dicha eorte y adjudicada por el Marshal de la misma a Juan Alejandro, por cuyo motivo remito hoy mismo ese check al Secretario de la dicha Corte-de Distrito para satisfacer tal deuda. Caso de tribunales me so-meto a los del domicilio del tenedor de este documento, y me obligo a pagarle las costas, gastos y honorarios de abogado. Caguas, Puerto-Rico, Agosto 10 de 1920. Rafael Maymí: su marca: Testigo: J. M. Sola.”

El secretario de la corte de distrito declaró que nunca recibió el cheque a que se refiere el pagaré como causa de la obligación de pagar. El demandado declaró que el cheque no fué en realidad entregado a él, sino que quedó en poder de Rodríguez, que es también un abogado, para ser entre-gado por éste al secretario; también que Luther R. Bostick con anterioridad a la fecha de su muerte, que tuvo lugar en Ashville, N. O., cedió y traspasó el pagaré original a H. J. Bostick; que se había hecho un requerimiento al deman-dado por y a nombre de dicho cesionario, por conducto de una persona cuyo nombre fué dado y que es bien conocida on los círculos locales de negocios, para el pago de tal pa-garé original, y que el demandante estaba bien informado sobre el particular antes de que la presente acción fuera es-tablecida.

Fué también presentada prueba documental tendente a acreditar un traspaso por el librado nombrado en el pagaré original, de todos sus bienes, muebles e inmuebles, usados o relacionados con la explotación y administración de cier-tas plantaciones de tabaco poseídas por dicho Bostick cerca de Gaguas, Puerto Rico.

También debemos de paso hacer mención del hecho de que el demandado al contestar la demanda presentó una contrademanda para el cobro de los intereses pagados por él al demandante antes de tener conocimiento de la cesión y traspaso a que se acaba de hacer referencia.

Aunque el demandante compareció personalmente en el acto del juicio, no fué a declarar como testigo, no ofreció el nheque cancelado, ni ninguna otra prueba para demostrar alguna causa que no fuera la promesa incumplida en depo-sitar el cheque con el secretario, o para refutar de algún modo la afirmación que hizo el demandado bajo juramento, de que él nunca recibió directa o indirectamente nada de valor como consideración del pagaré arriba citado en primer término.

La sentencia a-pelada debe ser revocada, j en su lugar esta corte debe dictar otra en favor del demandado por el importe de los intereses por él pagados al demandante,' y las costas, de acnerdo con la súplica de la contrademanda.


author: El Juez Asociado Señor Wole, El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Paniagua, Alonso y Flores, Peticionarios y Apelante el Primero, y El Pueblo de Puerto Rico, Opositos y Apelado.
    No. 2339.

    Visto: Noviembre 6, 1924.

      Resuelto: Enero 20, 1925.
    1. Cortes — Cortes-de Récord — Jurisdicción—Presunción de Jurisdicción. — En las cortes de récord la presunción de jurisdicción existe hasta que se de-muestre claramente lo contrario.
    2. Habeas Corpus — Revisión de Procedimientos de Desacato — Validez de la Orden que Motivó la Condena. — En ausencia de la demanda, prueba y sen-tencia en un pleito principal, precursor de los procedimientos de desacato, el Tribunal Supremo no puede expresar en un procedimiento de habeos corpus, si la orden cuya infracción motivó la condena por desacato se dictó sin juris-dicción.
    3. Habeas Corpus — Revisión de Procedimientos de Desacato — Requisito.—En un auto de habeas corpus no pueden ser revisados los procedimientos de desa-cato a menos que se demuestre que la corte carecía de jurisdicción sobre la persona ^o sobre la materia.
    4. Desacato — Mandamiento de Prisión — Suficiencia del Mismo. — Un manda-miento de prisión que contiene una orden de una corte competente en un procedimiento y muestra la^naturaleza del acto de desobediencia a esa orden, es bastante autoridad para el alcaide.
    5. Id. — Cumplimiento de Orden Judicial — Certiorari para Revisarla, Pen-diente de Apelación — Eiecto.—Dictada una orden en un pleito principal contra un demandado, el heeho de que presente un certiorari y éste esté pen-diente de resolución no releva al demandado de cumplir con la orden dictada.
    6. Id. — Desobediencia de Ordenes Judiciales — Corporaciones — -Personas que Pueden Castigarse. — Cuando una corporación banearia cobra indebidamente fondos que se deben a un síndico, o desobedece una orden, los funcionarios relacionados en el asunto pueden ser castigados por desacato en vez del banco.
    7. Desacato — Id.—Ordenado un baneo, por una corte, a pagar una cantidad in-debidamente cobrada, el heeho de que haya pagado parte de la misma no exime a una parte del desacato a que fué castigada por desobedecerla, si el déficit se debe al acto ilegal del peticionario.
    8. Id. — Persona ■ Contra la Cual Puede Librarse la Orden de Desacato.— Si una persona es el gerente de un banco y como tal hace un cobro que la corte ordena al banco consignar en el tribunal, aquélla es un funcionario del banco y especialmente la persona contra la cual una orden de desacato puede librarse.
    9. Habeas Ookpus — Jurisdicción, Procedimientos y Remedio— Cuestiones a Considerar. — Si el procedimiento por desacato es un desacato civil o criminal, es cuestión que no puede considerarse! generalmente en un procedimiento de habeas corpus; la distinción entre desacatos civiles y criminales no' es evidente en Puerto Pico.
    10. Prisión por Deuda — Orden Judicial Sobre Entrega de Dinero — Desobe-diencia y Castigo. — El requerir a un banco o a su gerente que entregue dinero que ba sido indebidamente cobrado y castigar la desobediencia, no es una prisión por deuda. ,
    reconsideración

      Resolución de marzo 31, 1925.
    1. Desacato — Libramiento de Orden Castigando el Desacato — Cortes de Ju-risdicción General — Presunción de Jurisdicción. — Cuando se libra una orden por una corte de jurisdicción general, castigando a una persona por desacato por su negativa a obedecer una orden dictada en un pleito men-cionado en dicha orden, surge la presunción de que la corte tiene jurisdicción sobre la materia objeto de la acción y que el pleito al eual se refiere la-negativa a obedecer estaba dentro de dicha jurisdicción.
    2. Habeas Corpus — Jurisdicción Procedimientos y Remedio — Apelación.—Los procedimientos de un recurso de certiorari sólo pueden servir para traer a la corte de apelación cuestiones que ya constan en autos y no pueden servir al peticionario para incorporar prueba en el procedimiento de habeas corpus.

    RbsoluoióN del Juez Asociado Hon. Garlos Franco Soto, declarando sin lugar el recurso de habeas corpus.

      Confirmada.

      Angel Arroyo Rivera, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante, en nna apelación contra nna resolución que declara sin lngar sn petición de habeas corpus, señala doce errores. La mayor parte de estos señalamientos de error directa o indirectamente atacan la jurisdicción de la Corte de Distrito de San Jnan para dictar la orden por virtud de la cual fue citado el peticionario por desacato, y por tanto debemos primero examinar la transcripción para ver si con-tiene prueba suficiente que demuestre que la corte de dis-trito carecía de tal jurisdicción. Como la Corte de Distrito de San Jnan es nna corte de récord, la presunción de jurisr dicción existe basta que se demuestre claramente lo con-trario.

La Corte de Distrito de San Juan, según muestra el dili-genciamiento, declaró culpable al apelante de un desacato por dejar de cumplir con una orden. No tenemos duda de que cuando una corte de distrito carece de jurisdicción so-bre una persona o de la materia en controversia, la persona declarada culpable de desacato puede obtener su libertad mediante un auto de habeas corpus.

El apelante, ante el Juez Franco Soto, a quien fue pre-sentada la solicitud de habeas corpus, ofreció como prueba los procedimientos de un recurso de certiorari que babía sido negado por este tribunal. La negativa del juez a oir prueba en cuanto a la admisibilidad de este récord fué no-minalmente que él podía tomar conocimiento judicial del mismo.

De la transcripción aparece que el Juez Asociado Sr. Franco entendió que el expediente de certiorari se ofrecía para fines . limitados y principalmente para demostrar que mientras está pendiente el auto de certiorari en esta corte la sentencia de la corte de distrito quedaba suspendida y las partes relevadas de su efecto obligatorio, o alguna pro-posición equivalente. El apelante en ningún momento ofre-ció dicho expediente de certiorari para demostrar el estado de los procedimientos en la corte de distrito. No hubo ofre-cimiento de probar la demanda, prueba y sentencia de la corte de distrito en el caso principal, precursor de los pro cedimientos de desacato.

El primer, señalamiento de error se refiere a la negativa del Juez Franco a admitir prueba en cuanto a la sentencia de la corte inferior. Aun cuando el juez estuviera equivo-cado al creer que podía tomar conocimiento del expediente de certiorari sin más prueba, no vemos cómo ese expediente de certiorari podría tender debidamente a demostrar los procedimientos en el pleito principal. El certiorari había sido denegado. Los autos certificados de la corte de dis-trito presuntivamente habían sido devtfeltos a la misma. El error del Juez Franco, si alguno cometió en este sentido, no perjudicaba. Esta no era la forma ordinaria, de ser per-misible, de probar cualquier estado del procedimiento en la Corte de Distrito de San Juan. Es verdad que el apelante también ofreció como prueba los procedimientos en el caso de desacato. El no ofreció, sin embargo, estos procedimien-tos para probar la naturaleza del pleito principal. No bay señalamiento de error, expresamente por este fundamento, y 'el mismo apelante expresa que la negativa del Juez Franco a admitir el-procedimiento de desacato era de menos impor-tancia que la negativa a admitir el expediente de certiorari. La negativa del Juez Franco a admitir los procedimientos de desacato se fundó en el liecbo de que lo que se trataba de probar estaba ya ante (la corte) por virtud del diligen-ciamiento. Además, el error, de baber alguno, no era per-judicial debido a la falta de un ofrecimiento suficiente.

No tenemos ante nuestra consideración en este caso ni la demanda, ni la prueba o sentencia en el pleito principal; Sin estos récords ante nos no podemos decir positivamente cuál fué la naturaleza exacta de la acción seguida en la corte de distrito. No podemos expresar, por tanto', que la orden que se supone fué infringida se dictó sin jurisdicción. Por el contrario, la jurisdicción debe ■ asumirse. Asumiendo ju-risdicción en dicba corte de distrito, el Juez Franco eviden-temente tuvo razón al resolver que en un procedimiento de habeas corpus no bay que investigar sobre la actitud asu-mida por la corte al castigar por desacato. La transcrip-ción ante nos no revela que el Juez Franco tuvo algo ante su consideración que demuestre que dicba corte de distrito carecía de jurisdicción.

Es evidente que debido a la falta de una base adecuada no estamos en condiciones de revisar la mayoría de los se-ñalamientos de error. La imposibilidad de revisar es apli-cable al segundo señalamiento de error. El Juez Franco re-solvió que en un auto de hateas corpus generalmente no pueden ser revisados los procedimientos de desacato. No tenemos duda alguna de la ley en este sentido. Ex parte Pesquera, 17 D.P.R. 736; Ex parte Le Hardy, 17 D.P.R. 1024; Ex parte Hollis, 59 Cal. 406, citado por el apelante. Para quedar comprendido el apelante dentro de la excepción tendría qne demostrar qne la Corte de Distrito de San Juan carecía de jurisdicción.

El tercer señalamiento de error ■ asume aparentemente que la jurisdicción de la Corte de Distrito de San Juan para castigar por desacato debe aparecer del mandamiento y con-testación al auto de habeas corpus. El mandamiento conte-nía una orden de una corte competente en un procedimiento. Indicaba más. Mostraba la naturaleza del acto de desobe-diencia a la orden de la corte. Era bastante autoridad para el alcaide.

En cuanto a los alegados derechos del Banco de San Juan a los cuales se refiere el cuarto señalamiento de error, no vemos cómo el mandamiento muestra por sí mismo si era o nó culpable de desacato el banco. El desacato depen-dería de la jurisdicción en el caso principal, cuya falta no ba sido demostrada. El apelante insiste en que el caso principal era de naturaleza legal y no de equidad y que los poderes de la Corte de Distrito de San Juan no eran “de equidad” pero éstos son hechos que no pueden ser resuel-tos sin los autos en el pleito principal. Si el último, por ejemplo, tenía por objeto reivindicar una finca y todas las conversiones de la misma, como el juez de la corte de dis-trito insinúa en su opinión, entonces cualquier actuación del apelante por la cual tales fondos convertidos fueron separa-dos de la custodia del síndico nombrado en el caso pueden ser recuperados por este último. El banco estaba ante la corte y el apelante era evidentemente su administrador. El becbo de que el certiorari momentáneamente suspendía el efecto de la sentencia, no' favorecía al banco. Estando pendiente la resolución del procedimiento de certiorari, el banco y sus funcionarios estaban obligados a respetar la sentencia, y tenía que asumirse que el síndico nombrado des-pués de la sentencia tenía facultad para conservar el fondo, fondos o propiedad convertida; Ninguna de estas cosas, como fué resuelto por el Juez Franco, podía considerarse por auto de habeas corpus, asumiendo, como debemos, la ju-risdicción de la corte de distrito.

El quinto señalamiento expresa que la corte no tenía ju-.risdicción sobre la persona del apelante. Los procedimien-tos, sin embargo, muestran que el apelante era el director del banco, el demandado en el pleito principal y que a dicho banco ordenó la corte pagar una cantidad específica, a lo cual se negó. El apelante comenta el hecho de que no apa-recía del diligenciamiento que él era el administrador o director del banco. Cualquier silencio en los autos ante nues-tra consideración militaría en contra del apelante, toda vez que no tenemos ningún entero conocimiento del alcance del pleito principal o de los procedimientos subsiguientes al mismo. La petición original, sin embargo, bajo la letra “C”- de sus razonamientos para la ilegalidad de la prisión del entonces peticionario alegaba que la orden impugnada .se dirigía únicamente a Bartolomé Paniagua, Gerente del Banco de San Juan. El resto de la petición trata de alegar la buena fe y otra justificación de dicho gerente. La petición enmendada hace manifestaciones semejantes, y lo mismo el alegato. Verdaderamente que el alegato en la página 5 ad-mite que Paniagua era el gerente y funcionario del banco» El Juez. Franco tenía derecho a asumir que el apelante no solamente era un funcionario del banco sino el gerente» Además, fué el apelante, sea cual fuera su capacidad, quien cobró el dinero. Si fué notificado como funcionario o agente del banco o como individuo particular, importa poco. El fué'notificado y al banco o sus directores se les ordenó que entregaran el dinero al síndico y no tenemos nada ante nues-tra consideración, si sirve la defensa, que demuestre que el peticionario formuló la debida queja de cualquier falta de notificación.

Se cita el caso de State ex rel. Boardman v. Ball, 31 Pac. 975. Estamos enteramente de acuerdo, al igual que en ese caso, en qne el apelante no quedó techo parte en el pleito principal, meramente porque se le notificara la citación. Se admite, sin embargo, que la orden para entregar los fondos al síndico fué notificada al apelante. Este último, según aparece, había sido el funcionario que cobró los dineros que el Juez Foote creyó debían ser devueltos al síndico. Si el apelante, suposición que no está excluida en los autos, no era parte en el pleito principal, se le llevó a los procedi-mientos directa y expresamente en relación con la entrega del dinero al síndico y al parecer como funcionario o de otro modo se negó a verificar el pago. Además, como he-mos dicho, él era el funcionario principal interesado en el cobro. En el caso de Boardman, supra, el presidente del banco no adoptó una posición adversa al síndico. El mera-mente se negó a traspasar la propiedad que estaba realmente en posesión del banco. Los fondos no vinieron a su pose-sión o no fueron cobrados como aquí post motam liten. El apelante era la principal persona interesada en el litigio. No encontramos una verdadera analogía en el'caso de Board-man. Mientras no estemos bien convencidos de lo contrario, nos sentiremos obligados a declarar que cuando una corpo-ración cobra indebidamente fondos que se deben a un sín-dico, o desobedece una orden, los funcionarios relacionados en el asunto pueden ser castigados en vez del banco. Véase en relación con esto a “Thompson on Corporations,” edición de 1894, tomo 5, see. 6450.

La presente inhabilidad del banco para cumplir con la orden de la corte no consta del diligenciamiento o del man-damiento. No aparece que el banco fuera insolvente ni si-quiera que lo fuera el apelante. Si se examina la orden de la corte de distrito en el incidente de desacato, se verá que la corte ordenó al banco consignar en la corte unos |800 in-debidamente cobrados. La alegación- de la actual incapaci-dad quizá aparece en dicha orden, pero no la incapacidad real. Si el apelante cobró ciertas sumas de dinero del banco bajo una reclamación de derecho y pagó otras ciertas su-mas para conservar la propiedad, de ahí no se infiere que el dinero satisfecho fué la cantidad exacta pagada o que el apelante o el banco no tiene otro dinero para substituir el dinero realmente cobrado. Nos inclinamos a convenir, sin. embargo, con el fiscal en que si el déficit se debió al acto ile-gal del apelante, este déficit no puede alegarse que exime al apelante del desacato. Esto resuelve el sexto señala-miento de error.

El séptimo señalamiento de error también se refiere a al-gunas de las cuestiones anteriormente discutidas. Hasta dónde era responsable el apelante por los actos del banco,, dependería de lo que había ocurrido en el pleito principal.. Somos de opinión, sin embargo, de que si el apelante era el gerente del banco y como tal funcionario hizo el cobro que la corte ordenó al banco consignar en el tribunal, el apelante es un funcionario del banco y especialmente la persona contra la cual una orden de desacato podría librarse.

Respecto a si el procedimiento contra el apelante por de-sacato es un desacato civil o criminal, es cuestión que no puede generalmente considerarse en un procedimiento de' habeas corpus. En el caso de Gompers v. Buck Stove, etc., Co., 221 U.S. 418, citado por el apelante para demostrar la diferencia que existe entre un desacato civil y uno criminal,, la revisión se hizo con motivo de un auto de certiorari. En el presente caso, de la indicación de la opinión del juez y de la forma del mandamiento, que es por un período defi-nido de 15 días, es evidente que la corte de distrito proce-día contra el apelante por un desacato estatutorio que por su naturaleza tal vez es criminal. En el caso de Gompers,. supra, se indica que la distinción entre un desacato civil y uno criminal no siempre es fácil, pero toda la cuestión en Puerto Rico está regulada por nuestros estatutos. La ley de marzo 8, 1906, estatutos de ese año, (p. 32) prescribe lo-siguiente:

“Sección 3. (146) Cuando se comete un desacato a la inme-diata presencia y vista de una Corte de Justicia, podrá imponerseen el acto el correspondiente- castigo por el Juez de la Corte o Juez Presidente de la misma. Cuando se acusa a una persona de desa-cato cometido fuera de la presencia de la Corte, no podrá declarár-sele convicta sin habérsele dado previamente oportunidad para com-parecer y defenderse del cargo. Siempre que alguna persona fuere multada o encarcelada por desacato a una Corte deberá firmarse por el Juez sentenciador una orden o mandamiento para dicha multa o prisión, consignándose en el mismo el acto' o actos constitutivos de dicho desacato, así como la fecha y lugar de su comisión y circuns-tancias de la misma, con especificación de la sentencia del Tribunal, sin lo cual dicha sentencia quedará enteramente nula y sin efecto.”

La sección 4 deroga el artículo 145 del Código Penal. El referido artículo 145 permitía un proceso por desacato como por un delito, pero la ley de 1906 dejó toda la facultad para castigar por desacato como tal expresa y exclusivamente en manos de la corte. La distinción entre desacatos civiles y criminales es por tanto aun menos evidente en Puerto Pico. Todo lo que la sección 3 requiere es que a la supuesta persona ofensora se le dé aviso y oportunidad para defenderse en la forma prescrita por la ley. Por tanto, el título del procedimiento no es de importancia en tanto el acusado pueda identificar el procedimiento. En el referido caso de Gompers sólo se insiste en que hubiera sido propio titular la causa Estados Unidos v. Samuel Gompers et al. o In Re Samuel Gompers et al., pero la decisión no dependía de la cuestión del título. El apelante aquí, como se dijo en ese caso, podía ver si el procedimiento se seguía “para un pleito privado o para un proceso público, o si el objeto era beneficiar al demandante o vindicar la autoridad dé la corte.” Se ordenó al banco traspasar ciertos fondos y fué la desobediencia de esta orden lo que se castigaba.

El décimo y undécimo señalamiento de error se refieren al becbo de que el síndico pudo haber recuperado el dinero cobrado mediante una acción. Sostenemos que aunque así pudiera recobrarse, no tenemos lo suficiente ante nuestra consideración para decir que la corte no podía llegar a los fondos mediante nna orden para mostrar cansa y entonces castigar la desobediencia.

Marzo 31, 1925.

El duodécimo señalamiento de error se refiere a nna ale-gada prisión por deuda. No consta que esta cuestión fuera levantada en el procedimiento de desacato y este privilegio constitucional debe ser debidamente levantado y puede ser renunciado. Incidentalmente podemos añadir que el reque-rir a un banco o a su gerente que entregue dinero que ba sido indebidamente cobrado y castigar-la desobediencia, no parece ser una prisión por deuda. El castigo no es por de-jar de pagar una suma debida por virtud de un contrato o ex contractu, sino por baber rehusado entregar al síndico el. cobro ilegal, una obligación ex delicto, lo que la corte inferior resolvió que sólo 'tiene derecho a cobrar el síndico.

Hasta el momento de redactar este párrafo habíamos asumido implícitamente que teníamos el debido certificado de la prueba aducida ante el Juez Franco. Alguna cuestión que surgió en la discusión en cuanto al objeto de los varios ofrecimientos del apelante durante la vista del auto nos hizo examinar los autos más detenidamente y encontramos que no hay ningún certificado de clase alguna del Juez Franco. Es evidente que el apelante no debió haber descan-sado en el taquígrafo solamente sino que si él quería hacer que su ofrecimiento se conociera debió haber solicitado del Juez Franco que hiciera adiciones o que hubiese certificado toda la prueba.

Como no consta ninguna infracción del procedimiento o falta de jurisdicción según aparece de la faz de los autos certificados a nosotros, debe confirmarse la resolución ape-lada.

RESOLUCIÓN SOBRE RECONSIDERACIÓN DE

El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Una moción de reconsideración trae ante nuestra consi-deración varias cuestiones que discutiremos brevemente.

No hay duda alguna de que para que un alcaide de cár-cel pueda justificar la detención de. una persona tiene el de-ber de demostrar que está en posesión de una orden dictada por una corte de competente jurisdicción. Por supuesto que no dijimos en nuestra opinión, como expresa el peticio-nario, que se presume que es legal la orden por virtud de la cual un alcaide retiene a una persona.. No surge seme-jante presunción. Lo que sí sostenemos es que cuando se libra una orden por una corte de jurisdicción general, cas-tigando a una persona por desacato por su negativa a obe-decer una orden expedida en un caso particular que se men-ciona en dicha orden, surge la presunción de que la corte tenía jurisdicción sobre la materia objeto de la acción y que el pleito al cual se refiere la negativa a obedecer estaba dentro de dicha jurisdicción. Art. 327 del Código de Enjui-ciamiento Criminal, Ex parte Blasco, 7 D.P.R. 469. De otro modo sería necesario en todo caso de habeas corpus mos-trar la citación, la naturaleza de la demanda y otros parti-culares por los cuales se confiere la jurisdicción. Este prin-cipio está resumido en cierto modo en el tomo 29 de Corpus Juris, p. 167, a saber:

“La presunción de la legalidad y regularidad de los procedi-mientos judiciales surge cuando una persona que se encuentra en-carcelada por virtud de una orden o mandamiento de ana corte, so-licita un remedio contra la misma mediante habeas corpus; pero tal presunción puede ser rebatida.”

Cuando un testigo se niega a contestar una pregunta y se le condena por desacato como en el caso Ex parte Hoar, 147 Cal. 132, debe demostrarse la facultad de la corte para obligar a que se dé la contestación particular; en otras pa-labras, su jurisdicción por el desacato. Ya hemos discutido que, dada la jurisdicción de la corte para nombrar un sín-dico y ordenar el pago a este último de dinero que ha sido cobrado indebidamente, el hecho de tal cobro indebido apa-recía suficientemente en la orden de encarcelación.

Las razones por las cuales discutimos algunos de los se-ñalamientos de error, no obstante la falta de una exposición del caso, aparecen suficientemente explicadas en nuestra opinión principal. Quizá si algo de ella era incidental (obi-ter). Esto no puede afectar .a la omisión del apelante en preparar la debida exposición del caso y hacer que se apruebe por el Juez Asociado Sr. Franco. No importa que en algún otro caso no se diera forma a las declaraciones de los testigos una vez que estén ante esta corte. El abogado está obligado a conocer el método de incorporar la prueba y hacerla formar parte de los autos.

En cuanto a la indicación que se hizo en la vista de que podría proceder un certiorari para traer a esta corte cosas, que de otro modo no están ante nuestra consideración y la referencia al caso de Ex parte Lange, 18 Wall. 163, tal cer-tiorari sólo podría servir al peticionario para traer a esta corte cuestiones que ya constan en autos y no podrían ser-virle para incorporar la prueba.

Para dar al peticionario una oportunidad de arreglar sus asuntos, el mandato se retendrá por tres días más.


author: El Juez Asociado Señor Flanco Soto,

text:
    Aguayo, Demandante y Apelado, v. Vázquez, Demandado, y Cotto, Interventor y Apelante.
    No. 3351.

    Visto: Diciembre 4, 1924.

      Resuelto: Enero 21, 1925.
    Embargo — Documento Privado sin Legalizar — Prueba del Dominio. — Si bien «f documento privado, reconocido legalmente, tiene el mismo valor que la escri-tura pública entre los que lo hayan suscrito y sus causahabientos, no puede-concedérsele valor y efieaeia alguna respecto de terceros, sin que se cumpla lo dispuesto por el artículo .1195 del Código Civil, y, como consecuencia, la presentación de un documento de esa clase para fundar una tercería de do-minio no es prueba suficiente, porque su eficacia nace de la fecha de esa presentación, posterior, por tanto, a la del embargo que se trata de destruir.
    Alegaciones Juradas — Hecho no Admitido. — No puede concluirse que un hecho-alegado bajo juramento ha sido admitido cuando el demandado al contestarlo específicamente, si bien alega no tenor información suficiente respecto de tal hecho, expresa que no lo acepta.
    SenteNcia de G. Casiejón, J .(Guayama) en una acción en cobro de dinero, declarando con lugar la demanda de intervención en cnanto a ciertos particulares, sin costas.

      Confirmada.

      J. J. Aponte, abogado del apelante; V. F. Rodríguez Ortiz, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Flanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación contra una sentencia de la Corte de Distrito de G-uayama declarando, en parte, sin lugar una demanda de intervención por la cual se solicitaba se dejara sin efecto cierto embargo trabado sobre una finca urbana, en la acción establecida por Carlos Aguayo contra Nicolás Vázquez Hernández, en cobro de dinero.

El fundamento de la corte inferior descansa en la insu-ficiencia de la prueba que produjo el demandante, toda vez •que basó su derecho a la propiedad en un documento privado mediante el cual el último demandado vendió al primero la ■casa embargada.

Un examen de la prueba demuestra que la corte inferior estuvo correcta en la aplicación de la doctrina sentada por esta Corte Suprema en el caso de Córdova et al. v. Suris et al., 19 D.P.R. 1180, y no darle validez al documento pri-vado en perjuicio del demandado Carlos Aguayo. Para ello, siendo este último tercero, el demandante ha debido presen-tar el documento revestido de cualquiera de las solemnida-des que prescribe el artículo 1195 del Código Civil Revisado para que tuviera la autenticidad que exige dicha disposición legal y así surtir sus correspondientes efectos.

Esta Corte Suprema en el caso de Córdova et al., supra, interpretó el artículo 1195 citado en armonía con su equiva-lente 1224 del Código Civil español, y en este punto hizo la siguiente declaración:

“Este artículo es equivalente al 1224 del Código Civil Español y el Tribunal Supremo de España, interpretándolo en sentencia de febrero 26, 1894, se ha expresado así:
“ ‘Si bien él documento privado, reconocido legalmente, tiene el mismo valor que la escritura pública entre los que lo hayan suscrito y sus causahabientes, no puede concedérsele valor y eficacia alguna respecto de terceros, sin que se cumpla lo dispuesto por el artículo 1227 del Código Civil, y, como consecuencia, la presentación de un documento de esa clase para fundar una tercería de dominio no es prueba suficiente, porque su eficacia nace de la fecha de esa presen? tación, posterior, por tanto, a la del título que se trata de combatir.
“Véase también los casos de Hernández v. Ortiz, 18 D.P.R. 1054; Coto v. Rafas et al., 18 D.P.R. 508.
“El embargo de la finca en litigio sólo podría ser destruido por un documento público o por otros fundamentos de nulidad que la ley reconoce, pero no por un documento privado otorgado por el deudor a los apelantes.”

El demandante sostiene, sin embargo, que las alegaciones de la demanda fueron admitidas en la contestación porque la demanda fué jurada y alega que las mismas no fueron negadas. Parte el apelante de que la simple manifestación que el demandado no tiene suficiente información respecto a determiiíado hecho, no constituye una formal negación y debe considerarse admitida. Sin embargo, la base de la ar-gumentación es errónea. Los hechos 5“ y 6- de la demanda en los que se alega el derecho a la propiedad de la finca em-bargada fueron específicamente negados y si bien en cuanto al primero el demandado Carlos Aguayo alega no tener in-formación suficiente, concluyó alegando que no lo acepta.

Por lo expuesto, la sentencia inferior debe confirmarse.