text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Villarrubia Santiago, acusado y apelante.
    Núm. 7376.

    Sometido: Febrero 14, 1939.

      Resuelto: Febrero 21, 1939.

      Eugenio Sánchez Ruiz, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Lamer, Fiscal Auxilicur, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El acusado apelante fué convicto y sentenciado a la pena de seis meses de cárcel por una infracción del artículo 7 de la Ley núm. 14 de julio 8 de 1936 (Leyes de 1936 (2) pág. 129), consistente en tener en su poder, sin declararlo por es-crito al Jefe de la Policía de Aguada, un revólver. Para sos-tener su recurso el apelante imputa al tribunal sentenciador la comisión de tres supuestos errores, los cuales discutiremos en el mismo orden en que han sido expuestos.

En el primer señalamiento se dice que fué error de la corte inferior el declarar sin lugar la moción atacando la constitucionalidad de la ley sobre registro de armas. Consiste la alegada inconstitucionalidad en que la citada ley con-tiene más de nn asunto, en violación del artículo 34 de la Ley Orgánica. La corte inferior procedió correctamente al deses-timar la moción. La “Ley para reglamentar la venta de ar-mas de fuego en Puerto Rico; ordenar la declaración de las mismas en cualquier forma que éstas fueren poseídas; pro-hibiendo la entrega de ellas a ciertas personas e imponiendo penas, y para otros fines,” no infringe en manera alguna el citado precepto de la Carta Orgánica. Los asuntos compren-didos en la ley son asuntos germanos, son en realidad uno solo, pues el propósito fundamental de la ley es reglamentar la venta, la entrega y la posesión de armas de fuego, impo-niendo penas a los infractores de sus disposiciones.

En el segundo señalamiento se imputa al tribunal inferior el alegado error de haber declarado sin lugar la moción de la defensa, hecha al finalizar la prueba del Pueblo, para que “en vista del estado de inconsciencia en que aparece encontrarse el acusado, se sirva ordenar que se ponga al mismo bajo observación porque parece que su estado mental no es el adecuado para estar expuesto a un proceso criminal.” No encontramos nada en el récord del caso que pueda justificar una opinión distinta a la de la corte inferior. Ésta tuvo una oportunidad que nosotros no tenemos de ver al acusado, de observar su conducta durante el juicio y de oírle declarar en su propia defensa. La declaración del acusado que aparece en la transcripción de evidencia revela que el declarante estaba en ese momento en el pleno uso de sus facultades mentales. No se cometió el error señalado.

El tercer señalamiento se refiere a la apreciación de la prueba que el apelante considera insuficiente para sostener la acusación.

De la prueba resulta que el revólver le fue ocupado al acusado, en su casa, el día 5 de octubre de 1937, en ocasión en que dicho acusado se hizo un disparo con esa misma arma con intención de suicidarse y encontrándose en estado de em-briaguez. El arma no estaba registrada según lo exige la ley. Admitió el acusado ser dueño del arma con que inten-tara suicidarse; y para defenderse del delito que se le im-putó alegó que el día 24 de junio de 1936, antes de comenzar a regir la ley sobre registro de armas, el acusado celebró una fiesta en su casa, y estando él allí en estado de embriaguez y con el revólver en sus manos, su hermano Moisés Villarru-bia le quitó el revólver y se lo escondió en un hueco en el techo de la cocina, sin decirle donde lo había escondido; que no registró el revólver porque creyó que se había perdido; y que el 5 de octubre de 1937, el día en que él pensó suici-darse, el revólver se cayó del sitio en donde lo había escon-dido su hermano y entonces él lo cogió y dos horas más tarde se hizo un disparo. El juez sentenciador rehusó dar crédito a esta defensa por creerla inverosímil, socorrida e interesada. Hemos estudiado la transcripción de evidencia y no encon-tramos en ella razón alguna que nos obligue a diferir de la opinión de la corte inferior. Debe confirmarse la sentencia recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Antonio Ayala López, demandante y apelante, v. Félix Matías, demandado y apelado.
    Núm. 7618.

    Sometido: Diciembre 16, 1938.

      Resuelto: Febrero 21, 1939.

      Oélpí & Oélpí, abogados del apelante; Oscar Souffront, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Ayala López instituyó este pleito en reclamación de los daños y perjuicios que alega liaber snfrido al ser arro-llado por el automóvil que guiaba el demandado, el 4 de ju-nio de 1935, por la carretera que de Cabo Rojo conduce a Mayagüez. Alega en su demanda que el demandado Félix Matías, en los momentos del accidente, manejaba su automó-vil de manera negligente y descuidada, a excesiva velocidad, sin tener en cuenta el ancho y tránsito del camino, siendo un sitio poblado, marchando por su izquierda y sin dar aviso al acercarse al demandante. Que la causa próxima del accidente sufrido por el demandante fue la negligencia del demandado antes descrita, que ha sufrido los daños personales, dolores físicos y sufrimientos y angustias mentales que describe en la demanda, y concluye con súplica de una sentencia que con-dene al demandado a pagarle la cantidad de $5,000 más cos-tas y honorarios de abogado.

Contestó el demandado negando específicamente las ale-gaciones esenciales de la demanda jurada y en oposición a la misma en síntesis alegó íque tanto el demandante como el demandado marchaban por su derecha en la misma dirección, llevando el demandado una velocidad moderada como de doce millas por hora; que desde mucho tiempo antes del deman-dado acercarse al demandante, tocó Max<m y siguió tocándolo repetidas veces, pero observando que el demandante no mi-raba hacia atrás, redujo la marcha de su automóvil cuando estaba como a diez yardas de distancia del demandante, to-cando el klaxon más fuertemente; que en ese momento el de-mandante trató de cruzar la carretera en dirección a su casa, ubicada a la izquierda de la misma, pero cuando ya había lle-gado al centro de la carretera, retrocedió, haciendo zigzags, en forma tal que vino a colocarse delante del automóvil, sin que el demandado pudiese evitar chocar con él y derribarlo; que el carro quedó parado en el mismo sitio en que chocara, sin haber arrollado al demandante, pnes ya el demandado había logrado detener toda la marcha del vehículo. Alega también el demandado qne la única causa del accidente fué la negligencia del propio demandante al abandonar el sitio seguro donde se hallaba para atravesar la carretera en dirección a su casa, sin prestar atención a los avisos del de-mandado, sin observar a ambos lados de la carretera en el momento en que se disponía a cruzarla, siendo aquélla una carretera de mucho tránsito, y sin que existiera allí ninguna calle ni camino que cruzase la carretera transversalmente, por lo que el demandado tenía su vía expedita. Niega los daños que alega haber sufrido el demandante, y como defensa especial reproduce lo que anteriormente había alegado en oposición a las alegaciones de la demanda.

Celebrado el juicio en septiembre de 1936 y luego de oír la prueba de ambas partes y llevar a cabo una inspección ocular, la corte inferior dictó sentencia desestimando la de-manda, sin especial condenación de costas. Contra esta sen-tencia se interpuso el presente recurso de apelación, en apoyo del cual el apelante, en el alegato que radicó el 29 de sep-tiembre de 1937, imputa a la corte sentenciadora un solo error, a saber:

"La Corte de Distrito de Mayagüez erró en la apreciación de la prueba al no creer la del demandante, demostrando tener pasión, prejuicio y parcialidad y cometiendo manifiesto error de apreciación al creer la prueba del demandado, la cual era increíble debido a que los hechos que se declararon probados en la relación del caso y opi-nión es imposible que sucedan de la manera en que los da la corte por probados."

La prueba es, en efecto, claramente contradictoria. La del demandante consistió en su declaración y en las de los testigos Emilio Carbonell, Ramón Silvestry, Fernando Ayala, y la del Dr. Lassisse, que se contrajo a describir las lesiones sufridas por el demandante.

Cada uno de ellos describe el accidente en la siguiente forma:

Declaración de Antonio Ayala Lopes: Venía de Cabo Boj o para sn casa, que queda a la izquierda con dirección a Mayagüez. Caminaba a pie por su izquierda, cuando súbi-tamente sintió un fuerte ruido detrás de él, y al volverse, fué arrollado por el automóvil. No oyó klaxon ni bocina, venía mirando hacia adelante y en ningún momento miró hacia atrás. Su casa está en la orilla de la carretera, aunque no llega hasta la brea. No hay cuneta por el lado del camino donde está su casa. Al ser arrollado por el automóvil, yenía andando por la orilla de la carretera fuera de la brea. No puede especificar qué parte del automóvil le dió, sólo puede asegurar que fué con la parte delantera.

Declaración de Emilio Cafbonell: Es vecino de Cabo Rojo y conoce al demandante y al demandado. El 4 de jimio de 1935 caminaba por la indicada carretera, por su derecha, en dirección a Mayagüez, y se dirigía a su casa, que radica en dicha carretera, cerca del sitio del accidente. Que como entre 3 y 3:30' de la tarde, vió que el automóvil del demandado venía por su derecha en la misma dirección, a mucha velocidad, lo que le obligó a tirarse a la cuneta para evitar ser arrollado. Siguió el testigo su marcha y observó, junto a la casa del demandante, una piedra ensangrentada. Le informaron que allí fué donde el automóvil del demandado había arrollado al demandante, comentando entonces el testigo que también iba a ser él víctima de dicho automóvil, y que para evitarlo tuvo que tirarse a la cuneta. Anteriormente había visto al de-mandante caminando por la izquierda, bien a la izquierda, por el paseo, llevando una bolsa en la mano, pero luego lo perdió de vista. Cuando llegó al sitio del accidente ya se habían llevado el herido y observó que el carro del deman-dado tenía una goma rota. Aquella tarde no llovía fuerte, pero estaba lloviznando.

Declaración de Ramón Silvestry: Es también vecino de Cabo Rojo y conoce al demandante y al demandado. Vió a éste guiando un automóvil en la carretera de Cabo Rojo a Mayagüez, como entre 3: 00 y 3: 30 de la tarde. Venían tres señores más en el carro. De ellos conoce a Jnan .Ramírez y a Matías Gíramela. Vió también al demandante que venía con unos líos en la mano, como a treinta metros del deman-dado, en dirección de Cabo Rojo a Mayagüez. En esos mo-mentos, declara el testigo, “venía ese señor, Félix Matías, venía guiando el carro, como dando zigzags, y este señor (señalando al demandante) venía por la izquierda; y al pa-sar este señor con el carro por el frente mío, yo quedé detrás del automóvil y a este señor le faltaban como dos pies para entrar para la casa, que bay allí una piedra grande, cuando le dió por detrás y lo tiró, quedando este señor debajo del carro, quedando la cabeza para allá y las piernas para Ma-yagüez.” (T. de E., pág. 23.) El carro venía como a cin-cuenta kilómetros por hora y en esos momentos llovía. No oyó que el demandado tocase bocina u otro aparato de alar-ma, pero observó que venía haciendo zigzags de izquierda a derecha. La goma explotó antes de chocar con la piedra. El testigo oyó la explosión. El automóvil se desvió' hacia la iz-quierda y no pudo tomar la derecha. El testigo también se echó a la cuneta. El demandado parece que venía distraído, hablando con don Juan Ramírez, mirando ocasionalmente para 'donde se hallaba don Juan, mientras hablaba con él. Un hijo del demandante lo sacó de debajo-del carro. El si-tio del accidente es un poblado y hay por allí mucho tránsito.

Ni el testigo ni Carbonell declararon en la corte municipal en relación con el accidente.

Declaración de Fernando Ayala: Este testigo se hallaba en su casa, que es la misma de su padre el demandante, al oír un ruido salió y vió a su padre arrollado por un carro. Procedió a sacarlo de debajo del automóvil auxiliado por el guardia Padilla.

Tal es la prueba del demandante en relación con la forma en que ocurriera el accidente. Los testigos Carbonell y Fer-nández Ayala no lo presenciaron. El demandante sólo pudo decirnos que venía por su izquierda, que oyó un ruido detrás de él y que al volverse fué arrollado por el automóvil, no ha-biendo oído antes klaxon, bocina u otro aparato de alarma.

Veamos ahora en qué consistió la prueba del demandado.

Declaración de Juan Ramírez: El día del accidente es-taba lloviendo. El testigo vió al demandante a .una distancia de seis a siete yardas. Caminaba por su derecha. El auto-móvil venía como a dos yardas de distancia de la cuneta. El abogado del demandante lo sometió al siguiente contrainte-rrogatorio :

“P. ¿En qué momento fué que usted observó que el Sr. Antonio Ayala López se desviaba, cuando estaba a seis o siete yardas lo vió, antes que doblase para cruzarla?
“R. Yo lo vi momentos antes' de cruzar la carretera.
“P. ¿Pero momentos antes, segundos o minutos?
“R. Pues más o menos antes, nosotros veníamos por la carretera y el cruzó.
“P. ¿Él venía andando o corriendo?
“R. No, venía andando.
“P. Y el carro, al enfrentarse con Antonio Ayala, ¿qué hizo?
“R. Pues él le metió los frenos, y cuando iba, como estaba res-baladiza la carretera, pasó.
“P. ¿Dónde fué a parar el carro?
“R. El carro quedó parado en el firme de la carretera.
“P. ¿Es verdad o no es verdad que él chocó con una piedra y que se le explotó una goma?
“R. Que yo sepa, no.” (T. de E., pág. 41.)

Según este testigo, el demandante se confundió y “se In-vino encima al carro.” Oyó que el demandado tocó klaxon. En el curso de su declaración dijo que el herido fué llevado al hospital en el carro del demandado, pero más tarde recti-ficó y declaró que le parecía que lo llevaron en otro auto-móvil.

Declaración de. Matías Graniela: Viajaba en el automóvil del demandado, el cual marchaba a doce o quince kilómetros por hora, a poca velocidad. El accidente ocurrió como a dos o tres yardas del margen izquierdo de la carretera. Vió al demandante como a diez o doce metros de distancia cami-nando por la derecha. Crnzó entonces hacia la izquierda, lle-gando a caminar dos o tres pasos en esa dirección, y al sen-tir el klaxon “se vino encima del carro.”

Declaración de Francisco Hernández: Antonio Ayala, ve-nía por la carretera, bajando la cuesta, y Félix Matías, el de-mandado, venía también. El demandado tocó el klaxon y el demandante cruzó la carretera hacia la izquierda. El deman-dado hizo todos los esfuerzos posibles por evitar el accidente. Ayala cayó frente al automóvil, como a dos o tres metros de su casa. Al automóvil se le reventó la goma izquierda de-lantera. No vió la piedra. Venía sentado en el asiento de-lantero, junto al demandado, que es su cuñado. Cuando el automóvil se hallaba como a dos o tres yardas del deman-dante, fué que éste cruzó y siguió caminando hacia la iz-quierda en dirección al automóvil.

Declaración del demandado Félix Matías: El día a que se refiere el caso viajaba con unos amigos “empleados de la misma hacienda donde yo trabajo, y al pasar por frente al hospital de Cabo Rojo vi al Sr. Antonio Ayala y al momento cruzó, y yo hice todo lo posible por evitar el accidente, pegué los frenos y tenía una goma floja y con el movimiento de los frenos la goma explotó, y cogió a Antonio Ayala y quedó frente a la casa.” El demandado y el demandante venían por la derecha. El demandado viajaba a quince o veinte ki-lómetros por hora y hace más de cuatro o cinco años que guía automóvil. El Ford del demandado es del año 1930. La goma explotó en cuanto aplicó los frenos. Vió a Ayala por primera vez como a seis u ocho yardas y tocó klaxon para prevenirlo. Cuando trató de cruzar estaba cerca del carro. El demandado luchó por evitar el accidente, pero Ayala seguía en dirección al carro que venía con una goma explotada y lo cogió. El automóvil se detuvo con la piedra grande al lado izquierdo de la carretera, frente a la casa de Ayala. Conoció que Ayala iba a cruzar, y tocó klaxon pero él siguió y el 'testigo trató de defenderlo echando hacia la iz-quierda. El carro no hizo ningún zigzag.

Refiriéndose a la atención que prestó al demandante, de-claró: “Se le puso una inyección y el practicante me dijo que no podía atenderlo, y me lo traje a Mayagüez y no había un médico que lo atendiera, y recurrí al Dr. Lassisse, y me pedían $25 y quedamos en $20, y se utilizó al practicante, y entonces estuvo en el hospital catorce días y yo siempre lo iba a ver, un día sí y otro no, y le llevaba algo; a veces ve-nía de trabajar y lo iba a ver.”

Tal fué la prueba del demandado, a la cual dió crédito el juez sentenciador.

' La inspección ocular no arroja gran luz en el asunto, pero es indudable que la prueba del demandante es muy débil, si se tiene en cuenta que su primer testigo, Carbonell, aunque declaró que el demandado venía a una gran velocidad, sin embargo, contrario a la versión del demandante, declaró tam-bién que venía por su derecha, tan cerca del margen de la carretera que tuvo que tirarse a la cuneta para no ser arro-llado. El otro testigo, Silvestry, por el contrario, declaró que el demandado venía dando zigzags y en uno de ellos se echó tanto a la izquierda que el testigo tuvo también que echarse a la cuneta, conforme dijo Carbonell que había hecho, para evitar ser arrollado por el automóvil del demandado. Es de notar que según la declaración del propio demandante no existe cuneta alguna en ese sitio al lado izquierdo de la ca-rretera, yendo de Cabo Rojo para Mayagüez, y rara coinci-dencia es que uno y otro testigos, en distintos momentos y sitios, hubiesen estado expuestos al mismo peligro, uno ca-minando por la derecha y el otro caminando por la izquierda de la carretera. El demandante no pudo dar luz alguna en este asunto, porque según declaró se dió cuenta de la proxi-midad del automóvil en el momento de ser arrollado por éste.

La prueba del demandado es más fuerte y más lógica que la del demandante. Claro es que no damos crédito a aquella parte de la misma que afirma que el automóvil del deman-dado marchaba a una velocidad de doce a quince kilómetros, porque es ésta una velocidad tan mínima que solamente se acostumbra en casos excepcionales, y en este caso no aparece de la evidencia que existiera razón alguna para que el auto-móvil del demandado marchase a tan pequeña velocidad.

La versión de algunos de los testigos del demandado es la que nos parece la más lógica: El demandante y el deman-dado marchaban por el margen derecho de la carretera, yendo de Cabo Rojo para Mayagüez. Al aproximarse el automóvil del demandado al demandante, éste tornó súbitamente hacia la izquierda con el fin de entrar a su casa. Cuando solamente había caminado dos pasos, el demandado tocó klaxon. Se confundió el demandante y en vez de permanecer en el sitio en que se hallaba, hizo lo que frecuentemente sucede, es de-cir, se confundió y trató de cruzar la carretera antes de que pudiese ser alcanzado por el automóvil. El demandado trató de desviar su carro para evitar arrollar al demandante, y en esa forma uno y otro fueron a parar al margen izquierdo de la carretera, donde finalmente ocurrió el accidente.

A nuestro juicio el juez de la corte inferior no cometió error en la apreciación de la prueba y dirimió el conflicto correctamente, sin que sea aplicable a este caso la doctrina de last clear chance, priesto que en ningún momento tuvo oportunidad el demandado de evitar el accidente, ya que éste ocurrió súbitamente al tratar el demandante de cruzar la carretera cuando ya estaba tan cerca del automóvil del demandado que era difícil para éste evitarlo.

Procede, por consiguiente, confirmar la sentencia apelada, modificándola sin embargo -em cuanto al pronunciamiento■ de costas, que deben concederse <al demandado de acuerdo con la ley qioe imperaba al tiempo de dictarse la sentencia, dis-positiva de que las costas deben concederse a la parte victo-riosa.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    María Luisa Torres, demandante y apelante, v. El Municipio de San Juan, P. R., hoy Capital de Puerto Rico, demandada y apelada.
    Núm. 7444.

    Sometido: Noviembre 29, 1938.

      Resuelto: Febrero 21, 1939.

      Carlos D. Vázquez, abogado de la apelante; J. Vallclejuli Rodríguez, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la-opinión del tribunal.

Doña María Luisa Torres presentó el 27 de marzo de 1930 una demanda conteniendo tres causas de acción contra El Municipio de San Juan, hoy Capital de Puerto Rico, en la que sustancialmente alegó: que es dueña de un solar en la sección norte de Santurce; que en enero de 1928 la deman-dada, sin permiso de la demandante y contra su voluntad, penetró en la referida finca, hizo una zanja y colocó en ella una tubería y registros para el desagüe del pozo séptico de la escuela Julián E. Blanco, ocupando dicha tubería una extensión de terreno de" 31.53 metros cuadrados, valorados en $600; que ha requerido de la demandada que levante dicho alcantarillado y se ha negado a ello; que la demandante tiene fabricadas en dicha finca varias casas alquiladas, rentando no menos de $150 mensuales; que debido al mal olor que des-pide el respiradero construido se ha visto privada de alquilar sus propiedades, dejando de percibir rentas por valor de $2,000; y que la demandada ha venido usando los terrenos que ocupa el alcantarillado por espacio de cinco años y nueve meses sin pagar nada a pesar de haber sido requerido, y dicho uso tiene un valor justo y razonable dé $2,070.

Contestó la demandada negando las alegaciones de la demanda y estableciendo como defensa que las tres causas de acción habían prescrito y que la propiedad en litigio era un callejón de su propiedad dedicado al servicio de la comu-nidad por más de treinta años, sin que hubiera sido moles-tada ni interrumpida en su posesión ni en las obras en él realizadas, tales como alcantarillado, y servicios de luz y agua.

•La corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la demanda por entender que la preponderancia de la prueba favorece a la demandada y además por no haber presentado la parte actora evidencia clara y convincente- de un título de dominio ni haber identificado debidamente los terrenos.

De dicha sentencia apela la demandante, señalando tres errores en la apreciación que hiciera la corte inferior de la evidencia.

Alega la apelante en primer término que la corte inferior cometió error al sostener que la demandante no probó su alegado dominio sobre los terrenos en disputa, ni identificó los mismos con la debida claridad.

Analizando la evidencia por ella aportada, cita la ape-lante una certificación del Eegistrador de la Propiedad de San Juan acreditativa de que adquirió el solar en el año 1916, un plano demostrativo de que la tubería atraviesa sus terre-nos y la declaración de uno de sus testigos describiendo los terrenos.

Se alega en la demanda que en las fechas mencionadas ’ en la misma, doña María Luisa Torres era dueña de dos predios colindantes, cada uno de ellos de 11.42 m. de frente, y uno de 131.31 m. de fondo y el otro de 70 m. de fondo. El área del primero es de 1,499.56 m. cuadrados, del segundo 799.40 m. cuadrados; y la suma de ambos 2,298.96 m. cua-drados. Del Registro aparece una sola finca de 11.42 m. de frente por 200.31 m. de fondo, y una superficie total de 2,287.50 m. cuadrados. De manera que de su propia prueba aparece teniendo 11.46 m. menos que los que alega en su demanda.

De la certificación aparece también que de dicba finca hizo su dueña las siguientes segregaciones: 90 m. cuadra-dos vendidos a Rafael Arcelay, 1,499.50 a favor de María Luisa Torres, 131.88 vendidos a José María Rosario, y 84.78 vendidos a Carmen López. No aparecen en la certificación los linderos de dichas segregaciones, y tampoco aparece en el Registro la descripción de los 492.74 m. cuadrados de que se compone la parte restante de la finca principal.

La corte inferior entendió que el título escrito de la demandante no demostraba que el callejón le perteneciera, considerando que la parte restante de su finca, después de hacerse las segregaciones, no resultaba descrita en el regis-tro. En cuanto al plano preparado por el ingeniero de la demandante, entendió que demostraba que ella sólo colindaba con el callejón en una parte del trayecto de éste. Más cré-dito le mereció el plano presentado por el ingeniero de la demandada, el que fué preparado en el año 1927 cuando no había aún surgido esta acción. En el mismo aparece demos-trada la existencia del callejón.

En cuanto al testigo José Pujols, parece que no fué mere-cedor del mayor crédito posible por el tribunal sentenciador, considerando su relación de concubino de la demandante, o sea parte interesada.

Entre las razones que tuvo la corte de distrito para llegar a la conclusión de que la preponderancia de la prueba está a favor de la demandada, aparece el hecho de que al adquirir la demandante la primera mitad de'la finca en el año 1916, y la segunda en el 1919, ya existía el llamado Callejón Bayola. La corte consideró probado que desde 1899 dicho callejón está dedicado al servicio de la comunidad; que para los años 1915 al 1917 la demandada extendió al mismo el servicio de alcantarillado y acueducto e invirtió una fuerte suma en repa-rar su superficie, y que poco antes extendió el servicio de luz eléctrica al mismo.

Para llegar a esas conclusiones la corte se basó en el testimonio incontrovertido del ingeniero Julio Montilla, tes-tigo que le mereció entero crédito, quien por espacio de más de treinta años trabajó en las obras municipales. Dicho señor construyó el mencionado alcantarillado y reparó el callejón, y declaró también que por espacio de treinta y cinco años transitó por el callejón. Esta manifestación fué corro-borada por el testigo Trinidad Escalera, quien manifestó que para el 1899 ya se usaba como vía pública; y por Juan Mar-tínez, quien conoce el callejón desde que tiene uso de razón.

Es curioso notar que mientras se hicieron todos estos nombrados trabajos de utilidad pública, la demandante no dió ningún paso para impedirlo, si es que el municipio era un transgresor en su propiedad.

Decidiendo el verdadero título sobre la propiedad, dice la corte inferior:

“. . . Es cierto que el demandado no ha presentado título escrito alguno de los terrenos del callejón, pero está en posesión de los mis-mos desde el 1899, y es jurisprudencia establecida que la mera po-sesión puede producir el efecto de que por ella pueda llegarse a ad-quirir el dominio mediante el transcurso de cierto tiempo en las con-diciones fijadas por la ley, perjudicando al verdadero propietario y extinguiendo sus acciones reales. García v. De los Angeles, 13 D.P.R. 77; Teillard v. Teillard, 18 D.P.R. 562.
“Los hechos en el caso de Trujillo v. López, 45 D.P.R. 815, en que se funda la demandante, son distintos a los del presente. En dicho caso se trataba de una demanda de injunction para hacer cesar un estorbo público, sin que se reclamara derecho alguno al uso del terreno; y se resolvió que dicho terreno nunca había sido calle ni camino público, que no existía servidumbre establecida, y que era por mera tolerancia que desde .1908 su dueño había permitido el paso, siendo identificada debidamente la propiedad. El municipio nada reclamó en dicho caso, ni existía en el terreno obra alguna de utilidad pública.”

La doctrina sentada en Teillard v. Teillard, 18 D.P.R. 562, es la siguiente: “Desde lnego qne la mera posesión produce el efecto de que por ella llega a adquirirse el dominio, mediante el transcurso de cierto tiempo en las condiciones fijadas por la ley, perjudicando al verdadero propietario .y extinguiendo sus acciones reales, por lo que no podrá reivin-dicar lo que fué suyo y perdió por su abandono” (pág. 565). Y más adelante dice la misma opinión: “El que sólo tiene la posesión de una cosa inmueble o de un derecho real sobre ella, necesita para ganar el dominio por prescripción adqui-sitiva, que aquélla dure treinta años, pues transcurrido ese período de tiempo consiente la ley en que sin necesidad de justo título en la adquisición y aun sin buena fe se adquiere el dominio.”

Ésta fué la misma doctrina consignada en García v. De los Ángeles, 13 D.P.R. 77: “No puede confundirse la prescrip-ción como medio de adquirir el dominio con- la prescripción como medio de perderlo. Para lo primero, bastaba, con arre-glo al artículo 1957 del Código Civil antiguo, la posesión con buena fe y justo título, por el término de diez años entre presentes y 20 entre ausentes, mas para lo segundo, o sea para que se entendiera prescrita la acción, era necesario que hubieran transcurrido treinta años sin haberla ejercitado el dueño del inmueble, con arreglo al artículo 1963 del propio Código. ’ ’

La citada doctrina justifica la decisión de la corte inferior en asumir que la demandada tiene el mejor título, conside-rando que resolvió la preponderancia de la evidencia a favor de ésta.

Versa el segundo error .sobre la declaración de la corte inferior relativa a que el Municipio demandado está en la po-sesión de los terrenos desde el año 1899, y al decidir que dicho demandado adquirió el dominio de los terrenos por prescripción. ■ . , .

Alega la apelante que en el párrafo cuarto de las defen-sas especiales aducidas por la demandada no se alega con precisión a cuál de las tres cansas de acción ejercitadas se refiere la alegación de prescripción. No hay dnda qne la mencionada alegación se refiere a la primera cansa de acción, o sea qne la demandante es dueña de los terrenos compren-didos en el Callejón Bayola. Sólo basta nna simple lectura del párrafo para llegar a esa conclusión:

“Cuarto. — Alega la demandada que es dueña de la escuela Julián E. Blanco, situada en .Santurce, la que,hace muchos años está al servicio de la comunidad y el solar donde está ubicada dicha escuela es propiedad de la demandada y la tubería de la misma para el desagüe de su pozo séptico atraviesa propiedad de la demandada, por el Callejón Bayola, dedicada al servicio de la comunidad y como pro-piedad del Gobierno de la Capital por más de treinta años, sin que haya sido molestado ni interrumpido por acción alguna de persona alguna en la posesión de los terrenos del mencionado Callejón, por donde atraviesa la tubería de desagüe del mencionado pozo séptico de la escuela Julián E. Blanco, y además porque en dicho Callejón Bayola se ha construido un alcantarillado del Gobierno de la Capital y su replanteo definitivo y mientras se realizaban estas obras, hace ya mucho tiempo, nadie se opuso a la construcción de las mismas y no fué interrumpido el Gobierno de la Capital, entonces el extinto Municipio de San Juan, en la construcción de las mismas, habiendo establecido el Gobierno de la Capital, a través del mencionado Ca-llejón Bayola, también los tubos del acueducto, servicio de luz y al-cantarillado, como queda dicho; y si alguna acción tenía la deman-dante, o cualquiera otra persona, la misma ha prescrito por haber poseído ese Callejón el Gobierno de la Capital por más de treinta años consecutivamente y sin interrupción alguna, de acuerdo con los Artículos 1858, 1860 y 1864 del Código Civil Revisado de Puerto Rico. ’ ’

Insiste la apelante también en qne la demandada alegó la prescripción de la acción y no la del dominio, y qne resulta improcedente porque de la prueba de la demandada aparece que la servidumbre se estableció en enero de 1928 y la de-manda se radicó en marzo de 1930. Al apreciar la prueba, la corte inferior entendió probado que la servidumbre ya existía en 1899, y citó las declaraciones de los testigos que la indujeron a llegar a tal conclusión. Ya hicimos referen-cia a este particular al discutir el primer error. No obstante, es bueno aclarar que es imposible que la demandante abriera el callejón en el 1918, porque en ese año ella era dueña de solamente una mitad indivisa de la finca, y no fué basta el 1919 que adquirió el resto de la misma.

Se refiere el tercer error al dictamen de la corte en el sentido de que la demandante no se opuso a la construcción del alcantarillado y que por esa razón está impedida de negar la existencia de la servidumbre. Parece frívola esta alega-ción, pues la corte meramente dijo al analizar la prueba, que la demandante no se quejó a las autoridades municipales cuando se construyó el alcantarillado de desagüe en 1927. No aparece que el juez resolviera que estaba impedida de negar la servidumbre. La decisión de la corte inferior se basó principalmente en la insuficiencia de la prueba aducida por la demandante para establecer un título de dominio a su favor y no en la aplicación de la doctrina de estoppel.

El cuarto error versa sobre la actuación de la corte inferior al dictar sentencia desestimando la demanda, basándose en que se cometieron los errores anteriormente discutidos.

En toda acción reivindicatoría la parte demandante está obligada a probar la identidad de la cosa que reclama. Ruiz v. Pacheco, 8 D.P.R. 443; Rivera v. Pueblo, 16 D.P.R. 768; Díaz v. Pueblo, 17 D.P.R. 60; Pesquera v. Fernándes et al., 22 D.P.R. 53. La insuficiencia de la prueba de identificación aducida en el presente caso sería por sí sola razón bas-tante para la confirmación de la sentencia recurrida, la cual debe ser confirmada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Epifanio Rivera Soto, acusado y apelante.
    Núm. 7273.

    Sometido: Febrero 17, 1939.

      Resuelto: Febrero 21, 1939.

      El acusado compareció por escrito; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Jan&r, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo) apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de la Corte de Distrito de Guayama formuló acusación contra Epifanio Rivera Soto por infracción a la ley regulando la venta de armas de fuego, etc. (Ley núm. 14 de 1936 (2) pág. 129). Al describir el arma de fuego en la acusación, alegó innecesariamente (Pueblo v. Avilés Quiñones, ante pag. 272) que era un revólver cuyo cañón mide menos de quince pulgadas. Leída la acusación, el acusado no hizo reparos a la misma y alegó ser inocente. Se proce-dió a la celebración del juicio y por el mérito de la prueba la corte lo declaró culpable y le impuso la pena de seis me-ses de cárcel. Apeló el acusado para ante este tribunal y solicita la revocación de la sentencia, basado en el siguiente error que imputa a la corte sentenciadora:

"La Corte cometió error al dictar sentencia condenatoria contra el acusado teniendo como base una denuncia la cual, en la forma en que aparece redactada, es insuficiente para imputar y no imputa la comisión de delito alguno.”

La sección primera de la ley que se alega infringida (Leyes de 1936, (2) pág. 129), al definir el revólver comprendid.0 en sns disposiciones, prescribe qne es aquél cuyo cañón mida basta doce pulgadas de longitud.

El alegarse que la longitud del cañón es menor de quince pulgadas hace que la acusación sea ambigua, pues puede ser mayor de doce pulgadas y menor de quince, en cuyo caso la acusación no imputaría delito alguno. También podría ser menor de doce pulgadas, en cuyo caso sería necesariamente menor de quince, y entonces la acusación imputaría un delito y sería suficiente.

Por consiguiente, no procede contra la acusación, en la forma en.que está redactada, la excepción perentoria de no constituir delito público los hechos denunciados. El remedio del acusado, era al leerse la acusación, solicitar de la corte que ordenase que ésta fuese más específica. No lo' hizo y optó por entrar en juicio sin hacer reparos en la acusación, renunciando así {waiving) su derecho a que la acusación sea clara y libre de ambigüedad. -Como se dice en el syllabus del caso de El Pueblo v. Descartes, 51 D.P.R. 649:

Meras incertidumbres en las alegaciones de una acusación no pueden levantarse en-apelación cuando la acusación no ha sido ex-eepeionada en la corte inferior.”
Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y confir-mar la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Andrés de León, acusado y apelante.
    Núm. 7174.

    Sometido: Enero 9, 1939.

      Resuelto: Febrero 23, 1939.

      Beyes Delgado & Mareado y Pedro Santos Borges, abogados del ape-lante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abo-gados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Andrés de León fue convicto de infracción a la sección 2 de la Ley número 63, de 28 de abril de 1931 (Leyes de ese año, pág. 415), consistente en almacenar y tener para la venta ungüento mercurial adulterado. La Corte de Distrito de Arecibo lo condenó a pagar $25 de multa y las costas. En el recurso que contra dicha sentencia interpuso el acu-sado se imputa a la corte sentenciadora la comisión de un solo error, a saber:

“La sentencia declarando al acusado culpable del delito de in-fracción a la sección 2 de la Ley número 63 de abril 28 de 1931 es contraria a derecho y a la prueba. ’ ’

De la evidencia resulta que el día 14 de diciembre de 1936 los inspectores de alimentos y drogas José Rivera Mundo, Víctor Manuel Morales y Roberto Navarro Medina visitaron la farmacia del acusado en Arecibo y encontraron en una .gaveta rotulada “Ungüento Mercurial”, una eajita pequeña rotulada “Mercurial”, que contenía un ungüento o pomada que al ser analizado en el laboratorio del Departamento de Sanidad Insular se comprobó que sólo contenía 12.37 por ciento de mercurio metálico, a pesar de disponer la farmaco-pea de los Estados Unidos que el “ungüento mercurial diluido” (ungüento Hi&mrgyri Mite) debe contener no menos de 29 por ciento ni más de 31 por ciento de mercurio metálico.

Declaró el acusado que el ungüento que ocuparon en su farmacia los inspectores de alimentos y drogas no es nin-guno de los ungüentos mercuriales que describe la Farmaco-pea de los Estados Unidos, sino un “mercurial” que él ven-día para insecticida, para matar piojos y otros parásitos. Que además de ese “mercurial” tenía “ungüento mercurial doble”. Que rotuló el ungüento en cuestión “mercurial” porque contiene mercurio, y los mercuriales contienen mer-curio, se usan para matar parásitos, y es un nombre ya esta-blecido por el uso.

La sección 2 que se alega infringida prescribe:

‘'Sección 2. — Para los fines de esta Ley, todo artículo se consi-derará adulterado:
(a) En las drogas:
“ (1) Si se vende bajo un nombre reconocido por la Farmacopea de los Estados Unidos o el Formulario Nacional y difiere de la norma de fuerza, calidad o-pureza expresada en los ensayos que constan en esos dos formularios oficiales, en la época de la investigación; Dispo-niéndose, que ninguna droga descrita en ambos formularios se consi-derará adulterada si se expresa claramente otra norma en el rótulo, aunque ésta difiera de la oficial de aquellos dos formularios.
“(2) Si la fuerza o pureza es inferior o cae por debajo del standard o calidad provista para el artículo que se vende.

Afirma el acusado que la pomada en cuestión no estaba rotulada “ungüento mercurial”, sino “mercurial” solamente, y que por consiguiente no puede considerarse adulterada.

Lo único que omite diclio rótulo es la palabra “un-güento”, pero como declaró el perito químico, aunque en la caja no se diga que su contenido es ungüento mercurial, el hecho cierto es que se trata de una pomada, y siendo así no puede ser otra cosa que ungüento mercurial, y no expre-sándose tampoco en el rótulo la- cantidad de mercurio que contiene dicha pomada, no hay base para afirmar que el caso se halla comprendido entre aquella parte de la sección 2 que dice así:

“. . . . ninguna droga descrita en ambos formularios se conside-rará adulterada si se expresa claramente otra norma en el rótulo, aunque ésta difiera de la oficial de aquellos dos formularios.”

No expresando claramente el rótulo de la droga ocupada una norma distinta de la expresada por la Farmacopea de los Estados Unidos para la droga que en dicha obra se conoce con el nombre de “ungüento mercurial” y no conteniendo la droga ocupada la cantidad de mercurio metálico prescrita para el ungüento mercurial, ni expresándose la cantidad de mercurio que contiene, no cabe sostener que la corte inferior cometiera el error que se le imputa.

Procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor Del Tobo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eugenio Lafont, acusado y apelante.
    Núm. 7272.

    Sometido: Febrero 8, 1939.

      Resuelto: Febrero 25, 1939.

      B. Cuevas' Zequeira, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Au-x-iliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Eugenio Lafont Pacheco fué acusado ante la Corte Municipal de Fajardo como autor de un delito de portar armas prohibidas consistente en llevar sobre su persona en Fajardo en la noche del quince de febrero de 1936 un revólver.

Fué el caso en apelación a la Corte de Distrito de Huma-cao y celebrado de nuevo el juicio la corte declaró a Lafont culpable y le impuso un mes de cárcel. No conforme, apeló para ante este tribunal, señalando en su aleg’ato dos errores. Por el primero se sostiene que la prueba es insuficiente, por el segundo que la corte erró al no decretar el sobreseimiento nunc pro tune pedido por el acusado.

El primer error no existe. Hemos examinado la evidencia y es a nuestro juicio suficiente. La portación del revólver por parte del acusado quedó demostrada plenamente a virtud de las declaraciones de Claudio Rodríguez y Juan Becerril. Las contradicciones que existen entre dichos testimonios son perfectamente explicables sin que quede destruido el peso de los mismos.

Argumentando el segundo señalamiento de error dice eL apelante en su alegato:

“En cuanto al segundo error, para demostrar su existencia, te-nemos que hacer mención de varios hechos que explican correcta-mente la posición de la defensa ante este Hon. Tribunal.
“Allá para el día 1 de abril de 1937, y estando señalado ante-la Corte de Distrito de Humacao un caso contra el acusado por al-terar la paz, el Fiscal pidió la suspeneión de otros casos que exis-tían pendientes contra Eugenio Lafont, uno de ellos, el que motiva este recurso de apelación. El letrado que suscribe se opuso a la suspensión de los casos, y la Corte, entonces presidida por el Hon. Francisco González Fagundo, suspendió los casos hasta que el Fiscal estuviera en condiciones de citar a un testigo ausente. Así las cosas, y habiendo transcurrido más de ciento veinte días sin que se hiciera señalamiento alguno del caso de Euganio Lafont, éste presentó en 23 de agosto de 1937 una moción de sobreseimiento, que fué remitida oficialmente al Secretario de la Corte de Distrito de Humaeao para que se sirviera radicaría y notificar al señor Fiscal. La moción de referencia fué remitida con otra exactamente igual en otro caso que tenía pendiente el acusado. La Corte señaló la moción, y en repre-sentación del acusado, y por delegación del letrado que suscribe, com-pareció a someter por sus méritos las mociones pendientes, el Lie. Francisco González, Jr. La Corte, posteriormente, declaró sin lugar la moción, y no habiendo aparecido ni en la transcripción de la evi-dencia ni en el legajo de la sentencia lo relativo a las mociones de sobreseimiento, solicitamos de la Corte de Distrito de Iíumacao, en una moción debidamente jurada y exponiendo el historial del caso, se sirviera dictar nuno pro tuno el pronunciamiento que fuera pro-cedente sobre la moción de referencia, que se había extraviado o que el Secretario, por equivocación, dejó de radicar en este caso sobre portar armas, si bien la radicó en el otro caso sobre alterar la paz. La Corte, con fecha 31 de octubre de 1938 resolvió declarar sin lugar la solicitud de sobreseimiento nuno pro tunc. Y ahora alegamos que la Corte cometió error perjudicial al acusado al no resolver por sus méritos la cuestión que le había sido planteada en debida forma y a su debido tiempo y que sólo por descuido del Secretario dejó de ser considerada y resuelta en su oportunidad.
“Después de entablado el recurso de apelación, al notificarse al letrado que suscribe con copia del legajo de la sentencia, se ad-virtió que se habían omitido constancias relacionadas con la solicitud de sobreseimiento presentada por el acusado. Así las cosas, el acu-sado presentó una moción sobre corrección de autos en la que se ex-presaba lo siguiente:
“ ‘Que la transcripción en cuestión adolece del defecto de no ha-cer constar actos y manifestaciones de la Corte y excepciones ano-tadas con anterioridad a la fecha del juicio.’
“ ‘Que a los fines de poder establecer debidamente su defensa en el recurso de apelación entablado, el acusado necesita que se or-dene por la Corte que se adicione a la transcripción de evidencia las manifestaciones, providencias y resoluciones dictadas por el tribunal con anterioridad a la celebración del juicio, y, especialmente, las que fueron pronunciadas en ocasión de estar la Corte presidida por el Hon. Francisco González Fagundo.’
“Dicha moción fué declarada sin lugar, fundándose para ello la Corte en la información del taquígrafo, sin que el acusado hubiera tenido oportunidad de presentar evidencia que acreditara los extre-mos importantes de su moción.
“Ante situación semejante, y no habiéndose mencionado para nada en el legajo de la sentencia la moción que el acusado remitiera a la Corte solicitando el sobreseimiento y archivo del caso, el le-trado que suscribe radicó en la Corte de Distrito de Humacao la mo-ción de sobreseimiento nunc pro i me, declarada sin lugar en 31 de octubre de 1938 por resolución que consideramos errónea por cuanto lesiona derechos substanciales del acusado. Que la Corte tenía auto-ridad para conocer de la moción de referencia, es cosa bien clara de acuerdo con lo que dispone el apartado 8 del Art. 7 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, según el cual toda corte tiene poder para inspeccionar y corregir sus providencias y órdenes con el fin de ajustarlas a la ley y a la justicia.
“Por la evidencia que pondremos'a disposición de la Corte Su-prema aparece que el letrado que suscribe, en 23 de agosto de 1937 remitió al Secretario de la Corte de Distrito de Humacao dos mocio-nes, exactamente iguales, para ser radicadas en los casos números 12685 y 12698; que la discusión de la cuestión planteada fué seña-lada para el día 7 de septiembre de 1937, en cuya fecha compareció el Lie. Francisco González, Jr. y sometió por sus méritos las dos mociones en cuestión; que no existe constancia alguna en los autos del caso 12685, que es el que ahora pende ante esta Corte Suprema, ni de la moción ni de sus incidentes, y, por el contrario, existe una resolución de la Corte en el caso núm. 12698, que dice así:
“ ‘ResouucióN. — Por entender que la dilación en el señalamiento de este caso para juicio ha sido totalmente justificada por el trabajo de la corte en sus múltiples atenciones de naturaleza civil y penal, sin que este caso haya constituido una excepción en el desenvolvimiento del trabajo de esta corte, se declara sin lugar la moción sobre archivo y sobreseimiento del mismo, que permanecerá, como hasta ahora, listo para ser señalado en su oportunidad. — Humacao, P. R., a 21 de septiembre de 1937. — (Fdo.) R. Arjona Siaca, Juez de Distrito.’
“Entendemos que las circumstaneias todas de este caso justifi-caban que la Corte de Distrito de Humacao hubiera declarado con lugar la moción de sobreseimiento y archivo mine pro tune o la co-rrección de los autos de suerte que una resolución idéntica a la que hemos transcrito se hubiera pronunciado con carácter retroactivo a los efectos de que esta Corte Suprema pudiera determinar si pro-cedía el sobreseimiento y archivo originalmente solicitado.”

El fiscal sostiene que no existe en los autos base suficiente para la disensión del error. Y así es en efecto.

Todo lo que de los autos consta es que dictada la sen-tencia condenatoria en noviembre 16, 1937, el acusado apeló y habiendo optado para tramitar su recurso por medio de una transcripción de la evidencia por el taquígrafo, éste la preparó y entregó; que entonces, con fecha enero 11, 1938, se dirigió a la corte manifestándole que la transcripción ado-lecía del defecto de no hacer constar actos o manifestaciones de dicha corte y excepciones anotadas con anterioridad a la fecha del juicio, pidiéndole que ordenara su corrección; que señalado el catorce de enero para resolver- sobre la aproba-ción de la transcripción, compareció El Pueblo pero no el .acusado; que el secretario dió cuenta con la indicada moción de enero 11 y luego de oír al fiscal la corte ordenó al taquí-grafo que investigara en secretaría todo lo ocurrido en rela-ción con la causa y lo transcribiera; que en febrero primero siguiente el taquígrafo informó que nada había encontrado, y que en mayo 17 la corte declaró la moción del acusado sin lugar, remitiéndose copia de la resolución a su abogado en mayo 21, 1938.

Así las cosas el secretario certificó el legajo de la senten-cia y lo envió a esta corte en la que ambos documentos que-daron archivados desde junio 17, 1938.

Nada hizo el apelante. Se limitó a pedir prórrogas para la presentación de su alegato que radicó en noviembre 7, 1938, y a levantar en él la cuestión de la moción de sobre-seimiento nunc pro tune que dijo haber presentado en agosto 23, 1938, y haber sido declarada sin lugar en octubre 31 siguiente según demostraría por evidencia que pondría a disposición de la corte.

Pasaron los meses. En diciembre 8, 1938, se señaló la vista del recurso para febrero 8, 1939, y en este último día fué que el apelante pidió permiso para adicionar el récord con una declaración jurada de su abogado, con copias sim-ples de la moción de sobreseimiento mmc pro tune y de dos resoluciones de la corte de distrito y con las declaraciones juradas de los abogados Francisco González Fagundo y Francisco González, Jr., a los efectos de acreditar los hechos consignados en su alegato a los fines de basar el segundo señalamiento de error.

Bajo las circunstancias expuestas ¿pueden tomarse en consideración los documentos que ahora se presentan para adicionar el récord de la apelación establecida contra la sen-tencia dictada en noviembre 16, 1937? Veámoslo.

El problema que esa apelación envuelve sólo puede resolverse con lo que estuvo ante la corte sentenciadora en el momento de dictar la sentencia recurrida.

La corte certificó como correcto un récord que hablando por sí mismo dice que en el caso no se presentó moción de sobreseimiento alguna, todo ello después de haberse susci-tado la cuestión ante ella y de haberla investigado. La cer-tificación lleva fecha 17 de mayo de 1938 y contra ella no estableció el acusado recurso alguno.

Fué en esa oportunidad que el acusado debió insistir en la corrección del récord de su apelación sometiendo a la aprobación del juez sentenciador en debida forma la narra-ción de lo que según él había ocurrido y si el juez hubiera dejado de o se hubiera negado a aprobarla, acudiendo a esta Corte Suprema. Véanse: Sección 65 del Reglamento, 17 D.P.R. LXXV; Rosario v. Lalaite, 52 D.P.R. 238, 239, y Pueblo v. Rivera et al., 24 D.P.R. 848.

El acusado prefirió dirigirse nuevamente a la propia corte de distrito el 18 de octubre de 1938 o sea no sólo después de cinco meses de librada la certificación si que después de cua-tro meses de radicados los autos en esta Corte Suprema, pre-sentándole una moción de sobreseimiento mmc pro timo que la corte declaró sin lugar el 31 del propio mes, según expresa el propio acusado.

A nuestro juicio dictada como lo fué la orden denegato-ria del sobreseimiento después de sentencia, tiene el carácter de una providencia dictada después del fallo que afecta los derechos substanciales de la parte y era por tanto apelable de acuerdo con lo prescrito en el núm. 3 del art. 347 del Código de Enjuiciamiento Criminal, ed. 1935, pág. 344.

Si Rubiera el acusado establecido esa apelación, Rubiera tenido la oportunidad de traer a esta corte formando parte del récord de la misma la evidencia que Rubiera presentado ante la corte de distrito a los fines de demostrar que no obs-tante lo certificado por su juez en mayo de 1938 era lo cierto que a virtud de una investigación posterior se Rabia demos-trado el RecRo de la presentación de la moción de sobresei-miento a su debido tiempo. Pero el acusado no apeló y perdió esa segunda oportunidad.

¿ Cómo vamos en este estado del procedimiento con la pre-sentación a última Rora de los documentos indicados sin conocimiento siquiera del juez sentenciador, a resolver que es cierto algo que está en conflicto con el récord de la única apelación ante nosotros, especialmente cuando según se Race constar en uno de esos mismos documentos — la copia de la resolución de la moción de sobreseimiento nunc pro tuno — el juez insiste en que la primitiva moción no fue radicada?

La verdad legal ante esta corte en esta apelación es que no se presentó petición de sobreseimiento alguna en este caso y que el acusado entró a juicio renunciando su derecho a ser juzgado dentro del término de ciento veinte días contado a partir de la radicación de los autos en la corte de distrito, si es que lo tenía. Y en tal virtud no Ray base para discutir siquiera el segundo señalamiento de error.

Tampoco Ray base para resolver si el juez decidió bien o mal la moción de sobreseimiento nwnc pro tunc, porque se trata de algo que ocurrió con posterioridad a la sentencia y a la interposición del recurso ante nos, y porque aunque eso no obstante la cuestión pudiera ser considerada, no se Ra radicado el debido pliego, transcripción, exposición o narra-ción autorizados por la ley.

Por virtud, de todo lo expuesto debe declararse sin hogar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Teresa Umpierre y Ortiz de Zárate, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 1039.

    Sometido: Febrero 10, 1939.

      Resuelto: Febrero 25, 1939.

      Montilla, Riera <& Hernández, abogados de la recurrente; el registra-dor recurrido compareció por escrito; J. Suárez Z'engotita, como abogado del amicus curiae.

   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El siete de diciembre de 1938, doña Teresa Umpierre y Ortiz de Zarate pidió por escrito firmado ante notario al Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, que de acuerdo con la Ley núm. 12 de 1923, cancelara cierta anotación de embargo becba sobre una finca de su propie-dad a virtud de orden judicial dictada en noviembre 8, 1930.

El registrador negó la cancelación por medio de la siguiente nota:

“Denegada la cancelación solicitada en el precedente documento, por observarse que la referida anotación fue prorrogada por orden del Juez de la Corte Municipal de Río Piedras de fecha 6 de noviem-bre de 1934, ‘mientras el caso estuviere pendiente en dicha Corte’; y que no se ha demostrado que el mismo haya sido resuelto en defi-nitiva, de acuerdo con la Ley 19 de 1936; habiéndose tomado en su lugar anotación preventiva . . .

No conforme la Señora Umpierre recurrió para ante este tribunal.

La ley aplicable es la numero 12 aprobada en agosto 29, 1933, leyes de la sesión extraordinaria de ese año, pag. 37, que por su sección primera, letra b, dispone:

“Sección 1. — Los registradores de la propiedad a instancia es-crita de parte o de su representante, autenticada ante notario, pro-cederán a cancelar en el respectivo registro:
“(6) Las anotaciones de embargo, prohibiciones de enajenar, anotaciones de demanda y cualesquiera otras hechas en virtud de mandamiento judicial que tengan más de cuatro' (4) años de ano-tadas, si no hubieren sido prorrogadas por orden de la corte en que pendieren los casos, por justa causa . . .

Desde que se hizo la anotación — noviembre 8, 1930 — basta que se solicitó la cancelación — diciembre 7, 1938 — habían transcurrido no ya cuatro años si que más del doble.

Pero la anotación fué prorrogada en noviembre 6, 1934, o sea dos días antes de vencerse el término, y el registrador tiene por tanto aparentemente razón, ya que la ley ordena la cancelación de las anotaciones de embargo que tengan más de cuatro años si no hubieren sido prorrogadas por orden de la corte en que pendieren los casos.

Ahora bien, dados los términos en que la prórroga se con-cediera i puede considerarse válida?

Dichos términos fueron “mientras el caso estuviere pen-diente en dicha corte”, la Municipal de Río Piedras, y el resultado ha sido que un pleito en una corte municipal lleva más de ocho años sin resolverse y así podría continuar inde-finidamente.

¿Tuvo en mente el legislador esa clase de prórrogas? En manera alguna. Expresamente consignó en la ley que las prórrogas deberían concederse por justa causa.

“Fué la intención de nuestra Legislatura”, dijo esta corte por medio de su Juez Asociado Sr. Franco Soto en Llinás v. Registrador, 33 D.P.R. 925, 928, “extinguir por ministerio de la ley todas aquellas menciones y gravámenes comprendidos en las secciones citadas para que por el transcurso de los tér-minos especificados, queden borrados los defectos que en los títulos puedan existir en virtud de tales gravámenes, obede-ciendo sin duda al fundamento de la prescripción, encaminada a dar fijeza a la propiedad y evitar o poner fin a las cues-tiones litigiosas.”

Habiéndose además resuelto — Belaval v. Córdova, Juez de Distrito, et al., 21 D.P.R. 537, Guardian Assurance Co. v. López Acosta, Juez de Distrito, 24 D.P.R. 637, y Goffinet v. Polanco, 31 D.P.R. 210 — que las prórrogas indefinidas son nulas, y la aquí concedida cae claramente dentro de esa clasi-ficación.

Siendo nula la prórroga es como si no existiera, como si no se hubiera concedido, y puede prescindirse de ella.

Además, aunque así no fuera, tendría siempre que darse a la prórroga una. duración razonable, en armonía con el propósito de la ley, y no parece en razón dar a la prórroga una extensión mayor de cuatro años que es la del término fijado por la ley.

La única duda que surge es la de si el registrador tiene facultad para alterar el estado de hecho creado en el regis-tro y decidir por sí mismo como cuestión de derecho que tal estado no obstaculiza la cancelación por ser aparente y no real. Pero dado el espíritu y el propósito de la ley de que se trata y lo claro del principio envuelto la hemos desechado resolviendo la cuestión en pro de la facultad del registrador quien de acuerdo con nuestro sistema hipotecario es algo más que un funcionario meramente administrativo. Tiene, por ejemplo, facultad para examinar una sentencia judicial y negarse a darle efecto en el registro cuando a virtud de su propio juicio concluye que fué dictada por una corte sin jurisdicción sobre la persona o la materia.

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse al registra-dor que proceda a verificar la cancelación solicitada.


author: El Juez PkesideNte Señor Del Tobo

text:
    Ramón Parés Collazo, generalmente conocido por Ramón C. Parés, demandante y apelado, v. María Echandi, demandada y apelante.
    Núm. 7864.

    Sometido: Febrero 20, 1939.

      Resuelto: Febrero 25, 1939.

      Martínez Nudal ■& Julia, abogados de la apelante; Herminio Miranda y B. Díaz Collazo, abogados del apelado.
   El Juez PkesideNte Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Se pide la desestimación del recurso de apelación inter-puesto en este caso.

Se trata de un pleito sobre divorcio. La apelación se esta-bleció en agosto 13 de 1938 radicándose el récord en la secre-taría de esta corte en septiembre 17 siguiente. En septiem-bre 29 se concedió a la parte apelante basta octubre 29 para presentar su alegato, en octubre 31 basta noviembre 28, en noviembre 28 basta diciembre 28, en diciembre 27 basta enero 27, 1939, advirtiéndosele que no se le concederían más prórro-gas a menos que concurrieran circunstancias realmente meri-torias.

Así las cosas, en enero 27, 1939, la apelante por medio de su abogado volvió a solicitar otra prórroga de treinta días. La única circunstancia que se expuso fue la de baber regre-sado su abogado de los Estados finidos el día doce y baber estado desde entonces atendiendo personalmente diferentes casos en las cortes de la Isla y urgentes asuntos relacionados con su profesión.

En enero 28 la parte apelada presentó una moción para que se limitara a cinco días la prórroga. Y la corte, en febrero 2, 1939, concedió un plazo improrrogable de diez días contados a partir del 27 de enero, 1939.

Transcurrió el plazo sin que el alegato se archivara y la parte apelada solicitó en 7 de febrero de 1939 la desestima-ción del recurso por abandono y por ser frívolo.

Se señaló la vista de la moción para febrero 20, 1939, y en ese mismo día la apelante presentó su alegato, pidiendo en el acto de la vista a la corte que, en el ejercicio de su dis-creción, le permitiera continuar con su caso. La parte ape-lada compareció y se opuso.

La negligencia de la apelante es manifiesta. La dilación en el cumplimiento de su deber reglamentario de presentar su alegato, no tiene justificación. Sólo en el caso de una demostración cumplida de que su recurso es meritorio, esta-ría esta corte justificada para ejercitar su discreción en favor suyo. Y a ese respecto bemos examinado el alegato.

Señala cuatro errores. Los trés primeros carecen de mé-rito. Quizá lo tenga el cuarto por el que se imputa a la corte sentenciadora error en la apreciación de la prueba, pero no bay base en los autos para considerarlo ya que no obs-tante aparecer de ellos que el apelante solicitó la transcripción de la evidencia por el taquígrafo, que el juez ordenó a éste su preparación y que preparada la aprobó, es lo cierto que dicba transcripción no se ba elevado a esta Corte Suprema.

Siendo ello así, nos vemos obligados a declarar con lugar la moción y <en su consecuencia a desestimar el recurso.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    West India Oil Company (P. R.), peticionaria y apelada, v. Carlos M. de Castro, Administrador de la Capital de Puerto Rico, y Bolívar Pagán, Tesorero de la Misma, demandados y apelantes.
    Núm. 7631.

    Sometido: Abril 6, 1938.

      Resuelto: Febrero 25, 1939.

      J. Validejuli Rodríguez, abogado de los apelantes; James R. Beverley y José López Bamlt, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

El caso que tenemos ante nos no es enteramente nuevo para este tribunal. Un incidente preliminar en este mismo litigio fué considerado por nosotros en la apelación núm. 7312, según aparece de las opiniones publicadas a las pági-nas 273 y 290 del tomo 51 de las Decisiones de Puerto Bico. Por consiguiente, para una historia más completa del caso puede hacerse referencia a las anteriores opiniones.

Un resumen breve ele la situación es el siguiente:

La West India Oil Company (P. R.) radicó una petición de injunction para impedir el cobro por la ciudad de San Juan de ciertas contribuciones municipales impuestas a las bombas de gasolina locales, utilizadas por la demandante en la venta y distribución de gasolina directamente al consumi-dor. La peticionaria alegó en primer lugar que sólo era dueña de parte del número de las unidades sobre las cuales se le babía impuesto contribución; que estas unidades y su negocio de venta de gasolina ya estaban sujetos a las siguien-tes contribuciones insulares: -

(a) Contribución sobre la propiedad de todas y cada una de las bombas.

(b) Arbitrio de $200 trimestrales por el privilegio de dedi-carse al negocio de gasolina al por mayor.

(c) Un arbitrio de cinco a quince dólares trimestrales por el privilegio de dedicarse al negocio de gasolina al detall a través de sus varias estaciones donde están establecidas las diversas bombas de gasolina.

(el) Una contribución de siete centavos por cada galón de gasolina consumido, vendido o usado en Puerto Rico por la peticionaria; que en adición a las anteriores contribuciones la peticionaria tenía que pagar una patente al municipio por el privilegio de dedicarse a la venta de gasolina y aceite, la cual en el año 1935-36 ascendió a $631; que mediante las ordenanzas núm. 37 de enero 7, 1932, núm. 122 de febrero 6, 1933, núm. 130 de abril 3, 1933 y núm. 144 de junio 6, 1933, la ciudad de San Juan trató de imponer un arbitrio a cada una de estas bombas de gasolina, el importe del cual final-mente dependía de si la bomba estaba situada en propiedad privada o pública.

La peticionaria alegó entonces que el tesorero municipal trataba de cobrar la suma de $9,800, que cubría las contri-buciones vencidas a virtud de las ordenanzas anteriores du-rante los años 1932, 1933, 1934 y 1935; que además de la alegación de que parte de las bombas sobre las cuales se imponían estas contribuciones no pertenecían a la West India Oil Co., las contribuciones mismas eran inconstitucionales principalmente

“Porque las referidas bombas de gasolina son elementos necesarios del negocio de venta y distribución de gasolina, y los tributos im-puestos por dichas ordenanzas núms. 37, 122, 130 y 144 constituyen una doble tributación ilegal del mismo negocio, porque a la peticio-naria se le impone y cobra por el Gobierno Insular, además de la contribución sobre la propiedad, un arbitrio de doscientos dólares trimestrales .por su negocio de venta de gasolina, y además dicho go-bierno insular le impone y cobra a cada una de sus estaciones donde están establecidas las bombas mencionadas en el párrafo 2 de esta petición un arbitrio por trimestre para expendio de gasolina al de-talle.
“Porque además de constituir las contribuciones o arbitrios im-puestos por dichas ordenanzas núms. 37, 122, 130 y 144 una doble tributación (double taxation) ilegal en adición de las contribuciones y arbitrios ya impuestos y cobrados por el Gobierno Insular de Puerto Rico sobre dichas bombas y sobre el negocio en que las mismas se utilizan, las contribuciones o arbitrios impuestos por dichas ordenan-zas constituyen también una doble. tributación ilegal por lo que se refiere al Gobierno de la Capital de Puerto Rico, puesto que según alegado anteriormente, dicho Gobierno de la Capital de Puerto Rico ha impuesto a la peticionaria una contribución de patente municipal sobre su negocio de venta de gasolina.”

La peticionaria también levantó otras objeciones menores a la contribución, que no creemos necesario discutir.

La corte inferior expidió un injunction preliminar basada exclusivamente en la alegación de beebo relativa a la inexis-tencia de varias de las bombas de gasolina cargadas a la peti-cionaria. En apelación, este tribunal revocó la orden de mjtmction preliminar porque a su juicio la peticionaria debió haber pagado bajo protesta las contribuciones impuestas sobre aquellas bombas de que ella admitía ser dueña. El caso fue devuelto para ulteriores procedimientos y se halla ahora ante este tribunal una vez más luego de la corte inferior haber librado un injunction permanente.

La ciudad ha señalado tres errores en apelación.

En el primer señalamiento se alega qne la corte de distrito cometió error al expedir el injunction permanente basada en la misma petición qne fné considerada insuficiente por este Tribunal Supremo para librarse el injunction preliminar. Una lectura de la opinión del Juez Asociado Sr. Cordova Dávila en el incidente anterior basta para convencernos de que este tribunal no tuvo intención alguna de prejuzgar los méritos de la petición sino que meramente resolvió que para los fines del injunction preliminar el fundamento que babía servido de base a la expedición de tal remedio era insuficiente. En realidad, creimos que siendo el procedimiento de injunction uno en equidad, la peticionaria debió haberse colocado a sí misma en cuanto fuera posible, dentro de ese campo de acción y que basta que la West India Oil Company pagara las contribuciones sobre las bombas de que era dueña, no podía invocar la jurisdicción de una corte de equidad.

Es cierto que la opinión emitida en el caso anterior resol-vió que las ordenanzas municipales en cuestión imponían un arbitrio más bien que una contribución sobre la propiedad. Es cierto también que la opinión consideró la suficiencia de las alegaciones de la petición para establecer un caso de in-constitucionalidad, mas esta consideración fué meramente de naturaleza preliminar y discutida tan sólo para determinar si las objeciones constitucionales aparecían con suficiente cla-ridad de la petición misma. No bubo decisión sobre ninguna de las cuestiones constitucionales planteadas. Del siguiente párrafo de una de las opiniones de este tribunal en la apela-ción anterior puede verse que las anteriores conclusiones son correctas:

“En toda demanda es necesario alegar una causa de acción. En una solicitud de injunction, esta causa de acción debe ser completa-mente clara, sin dejar dudas en la mente judicial, cuando se alega la anticonstitueionalidad de una legislación y se persigue el propó-sito de impedir el cobro de un arbitrio o contribución. Y esta cla-ridad no surge en el presente caso. " Nada más lejos de nuestro ánimo que tratar de prejuzgar la cuestión planteada, que no ha sido re-suelta por la corte inferior. Como dijimos en nuestra opinión, el auto preliminar de injunction expedido se basó únicamente en ha-berse tratado de cobrar a la demandante una contribución impuesta sobre un número de bombas que no posee. Deseamos añadir que no existen en este caso circunstancias especiales para impedir el pago de la contribución y por esta razón creemos que debemos sostener nuestro fallo revocando la resolución apelada.” Véase la página 5 de la opinión del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila, en reconsidera-ción, en el recurso número 7312 (51 D.P.R. 292).

Por tanto, podemos decir que la contención de los apelan-tes al efecto de qne este tribunal ya ha resuelto que los hechos aducidos en la petición no constituyen una causa de acción, carece de fundamento. De suerte, pues, que el primer seña-lamiento no puede prevalecer.

El siguiente señalamiento lee así:

“Haber declarado que el remedio de la Ley Núm. 32 de 1933 es inadecuado por no disponer el pago de intereses sobre las cantidades pagadas bajo protesta.”

La cuestión legal presentada por este señalamiento ha sido resuelta de plano por este tribunal en el caso de Plaza Provision Company v. Benítez Castaño, 51 D.P.R. 657. En dicho caso resolvimos definitivamente que el remedio del pago bajo protesta provisto por la sección 32 (a) de la ley aplica-ble a este caso (Ley Núm. 99 de 1931) no era el adecuado, puesto que el mismo no proveía el pago de intereses sobre las contribuciones ilegalmente cobradas por un municipio.

El último error señalado ataca la resolución de la corte inferior al efecto de que las bombas de gasolina formaban un elemento esencial e indispensable del negocio de venta y distribución de gasolina. Una vez más el alegato de los apelantes se basa exclusivamente en parte de la opinión del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila, emitida en el caso tantas veces citado. En lo que a esta proposición se refiere y aunque este tribunal no tuvo intención de pasar finalmente sobre su suficiencia al tiempo de emitir su opinión anterior, podría decirse que descansamos algo en el hecho de que la peticionaria misma alegó originalmente que una de las razo-nes por las cuales las-ordenanzas eran inconstitucionales fue que liaeen un discrimen entre los traficantes que vendían gaso-lina a través de bombas y aquéllos que no utilizaban tales artefactos.

Abora estamos en mejor posición para resolver la cues-tión y convenimos con la corte inferior en que el uso por la peticionaria de bombas de gasolina para la venta al detall de gasolina y aceite directamente al consumidor es un ele-mento esencial de tal transacción. Irrespectivamente de lo que dijimos por vía de discusión en nuestra opinión anterior, creemos que la peticionaria no podría explotar con éxito boy en día su negocio de venta de gasolina al detall sin valerse de tales bombas.

Los apelantes no ban levantado cuestión alguna en torno a la aplicación correcta de la jurisprudencia citada por la corte inferior, y el examen de la misma nos ba convencido de que esas ordenanzas están en realidad sujetas, bien a la objeción constitucional de que violan el principio contrario a la doble imposición de contribución, o de que caen dentro de la regla de que un municipio no tiene facultad para impo-ner una contribución, como aquí, que puede considerarse que ba sido ya cubierta por la patente municipal o por una de las contribuciones insulares. Successors of Fantauzzi v. Municipal Assembly of Arroyo, 295 F. 803, 268 U. S. 699; Cami v. Central Victoria, Ltd., 268 U. S. 469 y Fajardo Development Co. v. Camacho, 35 D.P.R. 355.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: Ei Juez Asociado Señok Hutchison

text:
    Guillermo Silva, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada; y Ramón Montaner, Administrador del Fondo del Seguro del Estado y Compañía Azucarera del Camuy, Inc., recurridos.
    Núm. 163.

    Sometido: Febrero 13, 1939.

      Resuelto: Febrero 25, 1939.

      V. Brunet y Miguel A. Casiano, abogados del recurrente; M. León Parra, abogado de la demandada; Víctor A. Vidal González, abo-gado del Pondo del Estado; F. Susoni, Jr., abogado del patrono.
   Ei Juez Asociado Señok Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

La sección 6 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Leyes de 1935, (1) págs. 251, 277, 281) auto-riza .al Administrador del Pondo del Seguro del Estado a supervisar la investigación de las reclamaciones que se enta-blen contra dicho Pondo, mas dispone que-“no tendrá inge-rencia alguna ni autoridad sobre los miembros de la Comisión Industrial ni de aquellas personas nombradas como auxilia-res de dicha comisión para llevar a cabo los deberes enco-mendádosle a la misma.”

La sección 15 lee así:

“Artículo 15. — En el caso de que ocurriese un accidente a un obrero o empleado cuando trabajare para un patrono que en viola-ción de la ley no estuviere asegurado, el Administrador del Pondo del Estado determinará la compensación que proceda más los gastos en el caso y certificará su decisión al Tesorero de Puerto Rico, quien cobrará al patrono dicha compensación y gastos, y una y otros cons-tituirán un gravamen (lien) sobre toda la propiedad del patrono; Disponiéndose, que dicha compensación y gastos se declaran gravá-menes preferentes a toda otra carga o gravamen por contribuciones o por cualquier otro concepto, con excepción de los créditos hipote-carios y los créditos refaccionarios y de las contribuciones sobre la propiedad gravada por tres años y la anualidad corriente que pese sobre la propiedad del patrono al trabarse embargo en garantía de tal compensación y gastos; Disponiéndose, además, que la Comisión dará, tanto al patrono como al obrero o empleado, en el caso, opor-tunidad de ser oídos y defenderse, ajustándose en lo posible a las prácticas observadas en las cortes de distrito; Y disponiéndose, tam-bién, que, citadas las partes por el medio que la Comisión adopte, si éstas o cualquiera de ellas no concurriesen para ser oídas y de-fenderse, se entenderá que éstas renuncian a su derecho, y la Comi-sión podrá fallar el caso en rebeldía sin más demora.
“Si cualquier patrono que emplee cuatro (4) o más obreros o empleados dejare de asegurar el pago de compensaciones por acci-dentes del trabajo de acuerdo con esta Ley, cualquier obrero perju-dicado o sus beneficiarios pueden proceder contra tal patrono radi-cando una petición para compensaeión ante la Comisión Industrial, y, además, pueden ejercitar una acción contra el patrono por daños y perjuicios, lo mismo que si esta Ley ño fuera aplicable, y tendrán derecho en tal acción, sin prestar fianza, a embargar la propiedad del patrono por el montante que determinare la corte para asegurar el pago de la decisión que recayere, siempre que la corte estime que hay una justa causa de acción después del examen de la demanda, la cual deberá ser jurada. Tal embargo incluirá honorarios de abo-gado, que serán fijados por la corte, y el embargo se mantendrá hasta que el caso haya sido fallado y satisfecho el importe de la sentencia. Si como resultado de tal acción por daños y perjuicios recayere un -fallo contra el patrono, en exceso de la compensación fijada por esta Ley, la compensación fijada, si fuere pagada o si fuere garantizada con garantía aprobada por la corte, se deducirá del fallo.
“En tal procedimiento no constituirá defensa para el patrono que el obrero o empleado fué culpable de negligencia contributoria o que asumió el riesgo de la lesión o que la lesión fué causada por la negligencia de un contratista o subcontratista independiente, a menos que el contratista o subcontratista independiente se hubiere asegurado con arreglo a las disposiciones de esta ley.
“No será válido ningún contrato celebrado entre un patrono y un obrero o empleado que se proponga permitir el uso de cualquiera de estas defensas.”

Guillermo Silva era el padre de Miguel A. Silva, empleado fallecido de La Compañía Azucarera del Camuy, Inc. Él radicó ante la Comisión Industrial una solicitud de indemni-zación en la que alegaba que la querellada no estaba asegu-rada. La comisión solicitó del Administrador del Fondo del Seguro del Estado información en torno a si el patrono estaba asegurado. En 27 de octubre, 1938, el Administrador comu-nicó a la comisión lo siguiente :

El accidente fue informado por el patrono Soller Sugar Co., Inc.; con posterioridad a' este informe- se lia alegado que Miguel A. Silva trabajaba con La Compañía Azucarera del Camuy, Inc.; en los ar-chivos del Administrador figura una póliza de seguro a 'nombre de Soller Sugar Co., Inc., y/o La Compañía Azucarera del Camuy, Inc.; el Administrador tenía el caso bajo su consideración con el fin de determinar cuál es el verdadero patrono en el caso y de resultar que lo es La Compañía Azucarera del Camuy, Inc., si estaba o no asegu-rada a la fecha del accidente.

La comisión suspendió ulteriores procedimientos basta que el Administrador le informara del resultado de su inves-tigación. El peticionario solicitó se expidiera una citación en la forma provista por la sección 15 y que se señalara el caso para vista. La comisión concedió cinco días al Admi-nistrador para presentar un informe; y le notificó que de no radicarlo se señalaría el caso para vista.

El Administrador remitió a la comisión copia de su deci-sión fecbada el 9 de diciembre, 1938. En ésta se bacía cons-tar primeramente una decisión anterior fechada el 23 de septiembre, 1938, en que la compensación correspondiente a Guillermo Silva por la muerte de Miguel Silva — como em-pleado de Soller Sugar Co. y/o Compañía Azucarera del Camuy — se fijaba en la suma de $2,703.72. Entonces seguía diciendo que: Guillermo Silva, alegando que Miguel Silva había sido empleado de La Compañía Azucarera del Camuy, que no estaba asegurada, había solicitado se dejara en sus-penso la resolución de 23 de septiembre, 1938, en tanto se resolvía el status del patrono y se declarara que éste no es-taba asegurado. A esta solicitud sigue una orden de suspen-sión fechada el 22 de octubre. Entonces siguen conclusiones al efecto de que:

Soller Sugar Co., Inc., es una corporación con domicilio en Are-cibo y se dedica a la plantación de cañas y elaboración de azúcar; en 31 de agosto, 1935, dicba corporación rindió su declaración de jornales y sueldos para el año 1935-36 y posteriormente pagó la prima o cuota anual correspondiente; igual hizo para el año 1936-37; en junio 30, 1937, al presentar su declaración de sueldos y jornales para el año 1937-38, dicho estado contenía una nota que indicaba que en la póliza para el nuevo año debería figurar Soller Sugar Co., Inc., y/o Compañía Azucarera del Camuy; expresaba la intención de gastar durante el año 1937-38 la suma de dos mil dólares en la erección de edificios para la nueva planta azucarera en Camuy y quinientos dólares en la explanación para ferrocarriles; se pagaron las primas por concepto de jornales y sueldos de una y otra corpo-ración y por un error de la división de seguros se expidió una pó-liza en la misma forma que había sido rendido el informo de suel-dos y jornales, o sea “Soller Sugar Co., Inc. y/o Compañía Azuca-rera del Camuy”; Soller Sugar Co., Inc. y La Compañía Azuca-rera del Camuy son dos corporaciones distintas aunque tienen la misma junta de directores; Miguel A. Silva a la fecha en que ocu-rrió el accidente que le ocasionó la muerte era empleado de La Com-pañía Azucarera del Camuy; esta -corporación — habiendo presentado su informe de jornales .y. sueldos para el año 1937-38, aunque por error lo hizo conjuntamente con la otra corporación Soller Sugar Co. y pagado su cuota anual o prima completa para el referido año— estaba asegurada de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

Por éstas y otras razones sobre el status de Guillermo Silva como beneficiario y por las circunstancias en que Miguel Silva bailó la muerte, el Administrador nuevamente concedió la suma de $2,703.72 de compensación.

El 21 de diciembre, 1938, la Comisión Industrial resolvió que — después de la conclusión a que llegó el Administrador del Pondo del Seguro del Estado al efecto de que el patrono estaba asegurado — cualquier actuación ulterior de la Comi-sión sería superflua; y que — en ausencia de cualquier alega-ción al efecto de que la compensación concedida era inade-cuada en su cuantía — no incumbía a la comisión intervenir. Posteriormente la comisión declaró sin lugar una moción en que se solicitaba se reconsiderara su resolución.

En la teoría de que el patrono no babía estado asegurado, el peticionario trataba de recobrar tres mil dólares en vez de los $2,703.72 concedidos por el Administrador basado en conclusiones contrarias a la teoría del caso presentada por el peticionario. Independientemente de cualquier cuestión relativa a los méritos de la conclusión a que llegó el Admi-nistrador del Fondo del Seguro del Estado, al peticionario, a nuestro juicio, debió habérsele dado la oportunidad de ser oído y de presentar ante la comisión cualquier prueba o argu-mento que tuviera en apoyo de su reclamación, de confor-midad con las disposiciones de la sección 15 supra de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

Las dos res o Sudones de. la comisión deben ser revocadas y devolverse •el oaso para ulteriores procedimientos no inconsis-tentes con esta opinión.


author: El Jtjbz Asociado Señoe De Jesús

text:
      J. González & Co., S. en C., demandante y apelada, v. José Isabel Aponte, demandado apelante e Isidro Falcón Cuadrado, interventor y apelante.
    Núm. 7889.

    Sometido: Enero 9, 1939.

      Resuelto: Febrero 25, 1939.

      Luis Mendín, abogado de los apelantes; B. Arroyo Ríos, abogado de la apelada.
   El Jtjbz Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

J. González & Go., S. en O., estableció acción de desahucio en precario contra José Isabel Aponte. El día señalado para la primera comparecencia estuvieron presentes la deman-dante y el demandado Aponte, alegando este último que ocu-paba la finca en cuestión a virtud de contrato de arrenda-miento que había celebrado con su dueño, Isidro Falcón Cuadrado. Solicitó Falcón Cuadrado permiso para interve-nir y le fue concedido. Radicó su demanda de intervención, en la que alegó ser dueño de la finca objeto del pleito de desahucio. El día señalado para la segunda comparecencia el interventor y la demandante estipularon someter el caso por la prueba documental que ofrecieron en la primera com-parecencia. La corte aprobó la estipulación, quedando el caso sometido por alegatos.

El día 19 de agosto último se dictó sentencia por los méri-tos de la prueba. Prescindió la corte del interventor, y sin mencionar ni hacer pronunciamiento alguno contra éste, declaró con lugar la demanda, decretó el desahucio del de-mandado y lo condenó a desocupar la finca en el término de veinte días a partir de la fecha de la sentencia, imponién-dole además las costas, incluyendo la cantidad de $50 para honorarios del abogado de la demandante.

A pesar de que ningún pronunciamiento se hizo contra el interventor Isidro Falcón Cuadrado, el secretario notificó la sentencia tanto al demandado José Isabel Aponte como al interventor Isidro Falcón Cuadrado, por conducto este último de su abogado Lie. Luis Mendín Sabat.

En un mismo escrito apelaron de la sentencia el interventor y el demandado, y en la misma fecha el interventor soli-citó de la corte que fijase el montante de la fianza que debía prestar para perfeccionar la apelación. Prestó una fianza el interventor qne en lo pertinente dice así:

“PoR cuanto: En el presente caso fué dictada sentencia, decre-tando el desahucio del demandado de una finca rústica que se describe en la sentencia, dando a este demandado 20 días para abando-narla, e imponiendo a dicho demandado las costas en el procedimiento con inclusión de una suma de $50.00 estimados razonablemente para el pago de los abogados de los demandantes.
1 ‘"Por Cuanto: El interventor Isidro Falcón Cuadrado ha esta-blecido apelación para ante el Tribunal Supremo de Puerto Eico de dicha sentencia y la corte ha fijado a tal fin una fianza por la suma de seiscientos dólares para responder a la demandante de los daños y perjuicios que puedan irrogársele, caso de no prosperar la apela-ción ejercitada.
"Por tanto: Nosotros, Isidro Falcón Cuadrado, como principal, y Zenón Montañez y José Colón Bermúdez, como fiadores, libre y expontáneamente nos obligamos mancomunada y solidariamente, para responder de la suma de seiscientos dólares o cualquier parte de la misma que fuere necesario, para atender a los daños y perjuicios que puedan irrogarse al demandante J. González & Co., S. en C., en caso de confirmarse dicha sentencia.”

El demandado no prestó fianza.

El 5 de noviembre último el abogado Sr. Mendín, qne hasta entonces había representado al interventor solamente, radicó el alegato en apelación ante este tribunal a nombre de ambos apelantes, demandado e interventor.

El 22 del mismo mes la apeláda radicó una moción en la que solicita la desestimación del recurso de ambos apelantes, por los siguientes fundamentos:

(a) Porque el escrito de apelación de uno y otro ape-lante fue radicado fuera de término.

(b) Porque la fianza fué prestada por el interventor contra quien no se había hecho pronunciamiento alguno en la sentencia, y sin que la corte hubiera señalado previamente el montante de la misma.

(c) Porque el demandado José Isabel Aponte, contra quien se dictó la sentencia, no prestó fianza alguna para per-feccionar su apelación.

De los autos aparece que la sentencia, aunque dictada el 19 de agosto de 1938, fué notificada a las partes el 23 del mismo mes, y siendo el día 28 de agosto día festivo, el término para radicar el escrito'de apelación venció el 29 del mismo mes, o sea cinco días después de notificada la sentencia. Aparece de los autos una certificación expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de Humacao el 16 de diciembre último, en la que acredita que el escrito de apelación en este caso fué radicado el 29 de agosto de 1938 y notificado en igual fecba al abogado de la demandante. No existe, pues, el primer motivo alegado por la apelada, como fundamento de su moción de desestimación.

En la transcripción de autos no aparece orden alguna de la corte señalando el montante de la fianza. Acompañando su moción de desestimación la apelada presentó una certificación del Secretario de la Corte de Distrito de Humacao, expedida con fecba 30 de agosto último, que en lo pertinente dice así:

*1 CeRtifioo : Que de los autos del caso de este epígrafe, no apa-rece que la Corte en esta fecha haya señalado fianza para la apela-ción interpuesta por el demandado y el interventor de la sentencia dictada en 19 de agosto de 1938.”

Sin embargo, el mismo Secretario, con fecba 16 de diciem-bre de 1938, certifica también, entre otras cosas, lo siguiente:

‘1 CERTIFICO, también, que de los autos de este caso aparece un es-crito -de los apelantes, solicitando de la Corte se sirva fijar la fianza, que copiado en lo pertinente dice así: ‘Que notificado de la senten-cia dictada por este tribunal, y no estando conforme con la misma, tiene el propósito de apelar para ante la Hon. Corte Suprema de Puerto Rico. Que el interventor interesa de V. H. se sirva fijar el importe de la fianza para dicha apelación, teniendo en cuenta que el valor de la finca objeto de la acción, fué vendida en cien dólares.1 Cuyo escrito aparece radicado en esta Secretaría a mi cargo con fe-cha 29 de agosto de 1938, y dicha moción tiene al calce una orden que dice: ‘Como se pide, se fija una fianza de $600.00 para los efec-tos de ley. (Pdo.) R. Arjona. 8/29/38.’

“ Certifico, asimismo, que la fianza presentada aparece con nota de radicación con fecha 29 de agosto de 1938, la cual aparece apro-bada.”

Realmente no comprendemos la contradicción en que incu-rre el Secretario de la Corte de Distrito de Humacao en sus dos certificaciones.. De todos modos, debemos atenernos a la de fecha más reciente y aceptándola como cierta, tenemos que resolver que el montante de la fianza fue señalado por la corte, que se presentó oportunamente y que se le impar-tió la aprobación judicial. En lo que aparece esta última certificación del secretario en contradicción con los autos es en cuanto afirma que de ellos aparece un escrito de los ape-lantes solicitando de la corte la fijación de fianza. Lo que aparece de los autos a ese efecto es una moción del inter-ventor solamente, en la que manifestando su propósito de apelar para ante este tribunal, solicita de la corte se sirva fijar el montante de la fianza para perfeccionar su recurso de apelación.

No existe el segundo motivo de desestimación.

En cuanto al tercer motivo de desestimación, tampoco tiene razón la apelada. Como dijimos anteriormente, la sentencia fue dictada contra el demandado solamente, no habiéndose hecho ninguna clase de pronunciamiento contra el interventor; pero a pesar de ello, es innegable el interés que tiene el interventor en la sentencia dictada, a tal extremo que puede decirse que es él la verdadera parte por ella perjudicada. Siendo ello así, y habiendo él prestado oportunamente la fianza que exige la sección 12 de la Ley de Desahucio, procede denegar la desestimación de apelación en lo que al interventor respecta.

Estando los intereses del demandado y del interventor tan íntimamente relacionados, procede también denegar por ahora la desestimación del recurso interpuesto por el deman-dado.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alberto Resto, acusado y apelante.
    Núm. 7343.

    Sometido: Enero 20, 1939.

      Resuelto: Febrero 25, 1939.

      C. II. Julia, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Bayamón sentenció a Andrés Resto a extinguir cuatro años de presidio por un delito de homicidio voluntario cometido en la persona de Juan Bur-gos el 29 de enero de 1938, en la municipalidad de Guaynabo.

De la prueba resulta que en la fecha indicada se hallaban reunidos varios amigos en la casa de Marcela Feliciano, en el barrio Guaraguao de Guaynabo. Tocaban guitarra y can-taban. Alrededor de la media noche entró a la casa Juan Burgos con un puñal. Al entrar en la casa en esa forma, Cecilio Guerra, que también participaba de la fiesta, se aba-lanzó sobre él para quitarle el arma, con el único propósito de evitar que Burgos pudiese herir a alguien con ella. For-cejeaban los dos hombres, uno por quitarle el puñal y el otro por no entregarlo, sin que se dijesen palabras ofensi-vas o en alguna forma manifestasen intención de agredirse. Mientras así luchaban, el acusado, que también se hallaba en la reunión, hizo dos disparos de revólver contra Burgos, según unos' testigos antes de que éste fuese desarmado, según otro después de quitársele el puñal. Lo hirió primero por la espalda y luego en un brazo, dándose inmediatamente a la fuga, sin que le ocupasen el arma. Juan Burgos falleció pocos días después a consecuencia de las heridas recibidas.

La evidencia toda demuestra claramente que el interfecto, al entrar en la casa con el puñal en alto, no provocó ni ame-nazó ni se dirigió a nadie, y que toda su actuación consistió en evitar que Cecilio Guerra le quitase el arma. Un testigo del fiscal, a repreguntas insistentes de la defensa, declaró que Burgos pudo haber tomado licor, pero que no daba señales de estar ebrio. El acusado no presentó evidencia alguna, descansando su caso en la sometida por el fiscal.

El jurado trajo el veredicto de culpabilidad que motivó la sentencia, contra la cual interpuso el acusado este recurso de apelación.

En su alegato ante este tribunal el acusado imputa a la corte sentenciadora la comisión de dos errores, a saber:

“Primwo. — La corte inferior cometió error al instruir al jurado sobre el relato de la prueba.
“Segundo. — La corte inferior cometió error al negarse a dar al jurado las instrucciones especiales solicitadas sobre defensa propia, defensa de tercera persona, peligro real y peligro aparente.”

La relación de la prueba hecha por el juez al jurado y de la cual se queja el apelante, aparece en la página 30 de la .transcripción de evidencia, y en lo pertinente, copiada a la letra, dice así:

“Es la teoría del Fiscal en este caso cine allá por el 29 de enero de 1938 y en ocasión en que se celebraba en el barrio Guaraguao, de la municipalidad de Guaynabo, cierta fiesta o reunión, el'indivi-duo llamado Juan Burgos se presentó allí portando en su diestra un puñal; que una de las personas que estaban allí, llamada Cecilio Guerra, trató de despojar amistosamente a Burgos de esa arma; que sostuvieron una lucha por el arma durante cuya agitación el arma se quebró y partió; que entonces, cuando Burgos había sido despo-jado del arma que portaba, este acusado, Alberto Resto, de una ma-nera voluntaria hizo uso de un revólver y disparó contra Juan Bur-gos, etc.”

El resumen que de la prueba hizo el juez sentenciador no está en conflicto con la evidencia que tuvo ante sí el jurado. Es verdad que ninguno de los testigos usó la palabra “amis-tosamente” al describir la actitud de Cecilio Guerra y del interfecto cuando luchaban por la posesión del arma; pero es también cierto que todos están de acuerdo en que Cecilio Guerra y Burgos no reñían: era la misma lucha que pudo haberse establecido entre dos amigos para evitar el uno que el otro se comprometiese. A nuestro juicio, el juez, al usar el adverbio “amistosamente”, describió correctamente el estado de ánimo de los dos hombres que luchaban por la pose-sión del puñal.

Al discutir este señalamiento de error se queja el apelante de que el juez, al instruir al jurado, dijo que el acusado había disparado contra el interfecto después que éste había sido desarmado. En realidad de verdad un solo testigo declaró en ese sentido. Los demás afirmaron que los disparos, o por lo menos el primero de ellos, fué hecho mientras luchaban los dos hombres. Sin embargo, las únicas excepciones que tomó el acusado a las instrucciones de la corte fueron las siguientes:

“Tomamos excepción sobre la instrucción del relato de la prueba, y tomamos excepción a la negativa de la corte al no dar las instruc-ciones especiales solicitadas.”

Si el acusado hubiese sido más específico en su excepción al resumen que de la prueba hizo el juez, si él hubiese seña-lado el .error más específicamente, seguramente el juez hubiera rectificado su instrucción o por lo menos hubiese pre-venido al jurado contra un posible error en su resumen de la evidencia, instruyéndoles, como es recomendable en todo caso, que de haber alguna discrepancia en la apreciación que ellos hubieren hecho de la evidencia y el resumen de la misma que les hubiese transmitido la corte, debería prevalecer en todo caso la conclusión a que ellos hubiesen llegado, por ser la apreciación de la prueba incumbencia exclusiva del jurado y no de la corte. Además, el jurado oyó la declaración de todos los testigos y pudo darse cuenta de que todos, con excepción de uno de ellos, declararon que los disparos fue-ron hechos mientras luchaban los dos hombres. Pueblo v. Díaz, 19 D.P.R. 520. No creemos que esta manifestación inadvertida de la corte influyera en la mente de los jurados en perjuicio del acusado, aparte de que el hecho de que estu-vieran en lucha mientras se hicieron los disparos no debería afectar el resultado a que llegó el jurado, pues aun en ese caso el acusado no hubiera estado justificado en disparar contra el interfecto.

A nuestro juicio el primero de los errores señalados, de haber existido, no constituye error perjudicial que produzca la revocación de la sentencia apelada.

No aparece de los autos que el acusado solicitase instrucciones sobre legítima defensa; pero haciéndole justicia, tenemos que asumir que las solicitó, puesto que de no haber sido así, la defensa no hubiera tomado excepción por haberse negado la corte a transmitir las instrucciones especiales que manifestó haber solicitado. Partiendo ( de esta premisa, sin embargo, es ineludible la conclusión de que la corte tampoco cometió el segundo de los errores señalados, porque la evidencia no justifica instrucciones sobre legítima defensa. En ningún momento estuvo en peligro, real o aparente, la vida del acusado ni la de ninguna otra persona allí presente. El hecho de que un hombre armado de un puñal entre en nna casa donde están otros hombres reunidos, sin provocar ni amenazar a nadie, no justifica que se le quite la vida por el solo hecho de que uno de los allí reunidos luche con él para desarmarlo.

No existiendo tampoco el segundo y último de los errores señalados, procede desestimar el recurso y confirmar la sen-tencia apelada.