author: El Juez Asociado Señoe. Tbavieso,

text:
    The Texas Company (Puerto Rico), Inc., peticionaria y apelada, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 6851.

    Sometido: Mayo 27, 1936.

      Resuelto: Julio 24, 1936.

      JETon. Procurador General B. Fernández García (Benjamin J. Horton en el alegato) y B. Cordovés Amna, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; B. Castro Fernández y José López Baralt, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe. Tbavieso,

emitió la opinión del tribunal.

La peticionaria, The Texas Company (Puerto Pico), Inc., corporación que se dedica al negocio de compra y venta e importación y exportación de gasolina, formuló solicitud de injunction contra el Tesorero de Puerto Pico, alegando como hechos esenciales los siguientes:

Io. — Que de una investigación practicada por el Tesorero de Puerto Rico, con el fin de determinar las existencias de gasolina de la peticionaria en 24 de julio de 1931, fecha en que entró en vigor la Ley núm. 40 de 1931 (pág. 361), que fija en siete centavos por galón el impuesto sobre gasolina, resultó que por un error no intencional la peticionaria anotó 21,398 galones de gasolina como exportados, cuando en realidad habían sido vendidos localmente antes de entrar en vigor la nueva ley de 1931 y mientras regía la Ley mun. 12 de 3930 (pág. 159), que imponía seis centavos por galón.
2o. — Que los auditores del Gobierno erróneamente hicieron subir la cantidad a 24,491 galones, razón por la cual el Tesorero impuso y cobró a la peticionaria la suma de $1,469.46 en vez de $1,283.88, a que ascendería la contribución de seis centavos sobre los 21,398 galones erróneamente reportados.
3o. — Que la peticionaria tampoco incluyó en su inventario de julio 24, 1931, la cantidad de 155,827.52 galones que en la indicada fecha se encontraban en alta mar, y que fueron recibidos en San Juan uno o dos días después de haber empezado a regir la Ley núm. 40 de 1931, por cuyo motivo el Tesorero le im-puso la contribución de siete centavos por galón, haciendo un total de $10,907.93.
4o. — Que en 25 de enero de 1934, fecha en que terminó la investiga-ción de los auditores, el Tesorero exigió a la peticionaria el pago de las dos partidas de $1,469.46 y de $10,907.93, más $545.39 por recargos al 5% y $3,199.66 por intereses al 1% mensual hasta enero 24, 1934; que en 8 de febrero de 1934, la peticionaria entregó al Tesorero un cheque certificado por $1,283.88 en pago de la contribución de seis centavos por galón sobre los 21,398 galones no reportados y otro cheque certifi-cado por $10,907.89 en pago de la contribución de siete centavos por galón sobre 155,827 galones; y que en 12 de febrero de 1934 la peticionaria entregó al Tesorero otro cheque certi-ficado por $193.42 para cubrir la contribución sobre la dife-rencia en el número de galones fijados por una y otra parte, cubriendo .así la totalidad de los impuestos adeudados.
5o. — Que los tres cheques, por un total de $12,385.19 fueron cobrados por el Tesorero, y que por consiguiente la peticionaria no adeuda suma alguna por concepto de contribuciones sobre la gasolina; y que al recibir los referidos cheques, el Tesorero entregó a la peticionaria igual cantidad en sellos de rentas internas, los cuales fueron fijados a las facturas correspon-dientes, pero el Tesorero se negó a cancelar dichos sellos por no haber la peticionaria pagado el importe de los intereses y penalidades que le reclama el Tesorero demandado.
6o. — Que en febrero 8 de 1934, el Tesorero embargó 162,868 galones de gasolina y además toda la gasolina existente en los tanques de la peticionaria en San Juan, en cobro de las mismas con-tribuciones ya pagadas, más los recargos, intereses, multa admi-nistrativa y costas de embargo, por un total de $16,287.84.

Como segunda causa de acción se alega:

7o. — Que en enero 19, 1934, la peticionaria importó 1,243,705 galones de gasolina, a los que el Tesorero impuso la contribución de siete centavos por galón, la que fué pagada, con excepción de $19,349.88, cantidad que fué retenida por la peticionaria, como compensación por igual suma que el Tesorero debía re-integrar a la peticionaria por concepto de contribuciones pa-gadas por ésta sobre varias partidas de gasolina que fueron exportadas de Puerto Rico; que el Tesorero se negó a aprobar la compensación, y el 3 de febrero de 1934, sábado, devolvió a la peticionaria sus cheques por $16,647.26; que el 6 de febrero de 1934, que fué el primer día hábil después del tres, por haber estado cerrados los bancos el lunes día cinco, la peticionaria entregó al Tesorero un cheque certificado por $19,349.88, el que fué aceptado y cobrado. Que al recibir dicho cheque, el Tesorero entregó a la peticionaria sellos de rentas internas por el montante del cheque y partió dichos sellos en dos mitades, fijando y cancelando una mitad en las facturas originales y la otra mitad en el libro de facturas de la peti-cionaria; y que después de cancelar dichos sellos, el Tesorero devolvió a la peticionaria las facturas originales, alegando no podía aceptarlas por no haberse pagado la suma de $967.50 de recargos, más $90.30 de intereses.
8o. — Que a pesar de los pagos hechos por la peticionaria, el día 10 de febrero, 1934, el Tesorero demandado embargó diversas pro-piedades de la peticionaria en cobro de la suma de $19,349.88, que la peticionaria alega había sido ya pagada, más los re-cargos, intereses y costas, ascendiendo en total a $20,408.18.

Alega además la peticionaria, que habiéndose negado el Tesorero a recibir las • cinco facturas originales, en las que están adheridas una mitad de los sellos cancelados, la peti-cionaria, depositó dichas facturas en la secretaría de la corte de distrito, a la disposición del demandado.

El Tesorero notificó a la peticionaria que si dentro de los diez días siguientes al de la notificación no hacía efectivas las sumas reclamadas, el demandado procedería a vender en pú-blica subasta las propiedades embargadas.

Como fundamento de derecho, se alega en la solicitud que el embargo trabado por el Tesorero es ilegal y nulo por las siguientes razones:

A. — Porque se trata de cobrar contribuciones ya pagadas en su totalidad.
B. — Porque la Ley núm. 40 de 1931 no autoriza al Tesorero para embargar sumariamente en cobro de contribuciones sobre la gasblina, y menos por recargos, intereses, multas y costas.
C. — Porque ni la Ley núm. 12 de 1930, que enmendó la ley original núm. 52 de 1925 (pág. 297), ni esta última, autorizan al-Teso-rero a embargar sumariamente. De acuerdo con la Sección 5 de la ley original, el Tesorero sólo puede embargar la gaso-lina sobre la cual se debe la contribución, lo que no hizo en el presente caso, pues la gasolina que devengó el impuesto fué vendida antes de julio 24, 1931.
D. — Porque la incorporación por referencia que se hace por la Sec-ción 6 de la Ley núm. 52 de 1925 (pág. 297), de las dispo-siciones de los títulos 1, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Arbitrios (núm. 68) de 28 de julio de 1923 ( (1) pág. 443), según enmendada, y las disposiciones de la Ley núm. 40 de 1931 (pág. 361) que autorizan al Tesorero para cobrar el impuesto con sujeción a las disposiciones de la Ley de Rentas Internas, son ilegales, nulas e inconstitucionales por estar en abierta contradicción con el Artículo 34 de la Ley Orgánica de Puerto Rico.
E. — Porque ninguna de las leyes de impuestos sobre la gasolina auto-rizada imposición de recargos, intereses, multas y penalidades; y porque, aun cuando las disposiciones de la Ley de Arbitrios pudieran ser incorporadas por referencia a las leyes núms. 52 de 1925 y 40 de 1931, la Ley de Arbitrios en vigor en julio, 1931, no autorizaba tales imposiciones, no habiendo sido éstas autorizadas hasta agosto 6 de 1931, fecha en que empezó a regir la Ley de Arbitrios núm. 83 de 1931 (pág. 505), siendo por tal razón ilegales las imposiciones comprendidas en la primera causa de acción.
P. — Porque si se permite al Tesorero demandado vender los bienes embargados, los que tienen un valor mucho mayor del doble del importe de las cantidades reclamadas, el Tesorero cobraría dos veces la contribución por él reclamada, privando a la peti-cionaria de su propiedad sin el debido proceso de ley.

Se alega por último, que la propiedad embargada es nece-saria a la peticionaria para la continuación de sus negocios y el cumplimiento de sus contratos con otras personas; que la venta en subasta pública traería como consecuencia mul-tiplicidad de pleitos contra la peticionaria, la que sufriría daños irreparables; que la peticionaria carece de remedio legal adecuado y rápido para impedir la realización de los actos que el demandado amenaza realizar; que la Ley núm. 8 de 1927 (pág. 123), sobre pago de contribuciones bajo, pro-testa, es aplicable solamente al contribuyente que creyere que no debe pagar una contribución, pero no al que la paga, y que dicha ley no obliga a pagar bajo protesta por segunda vez la contribución impuesta al contribuyente; que dicha ley no dispone el pago bajo protesta de los recargos, intereses y penalidades y que si la peticionaria los pagara no podría recobrarlos por el procedimiento de la mencionada ley, ni por ningún otro procedimiento; y que aun cuando el Tesorero tuviera derecho a cobrar las cantidades que reclama, sólo podría hacerlo mediante un pleito ordinario.

Solicitó la peticionaria la expedición de nn auto de injunction definitivo por el que se ordene al Tesorero que se abs-tenga de cobrar las cantidades envueltas en este litigio y de vender en pública subasta los bienes embargados, y que du-rante la tramitación del pleito se expida un injunction preli-minar a los mismos efectos.

Expedida la orden para mostrar causa por la cual no deba concederse el injunction solicitado, la corte de distrito, des-pués de oír al demandado en oposición a la solicitud, decretó el injunction preliminar mediante prestación de fianza por dos mil dólares. Es contra esa resolución que el demandado ha interpuesto el presente recurso.

El señalamiento de errores formulado por el apelante en su alegato ante esta Corte Suprema, especifica1 nueve errores que se dice fueron cometidos por la corte inferior al dictar la orden de injunction contra el Tesorero de Puerto Rico. Dichos nueve alegados errores pueden condensarse así:

Io. — La Corte de Distrito erró al resolver que el Tesorero carecía de autoridad para imponer y cobrar intereses, recargos, penali-dades, multas administrativas y costas y menos aún para pro-ceder al cobro de los mismos mediante el procedimiento admi-nistrativo sumario de embargo y venta en pública subasta de la propiedad embargada.
2o. — La Corte de Distrito erró al asumir jurisdicción y al decretar la expedición del auto de injunction.
3o. — La Corte inferior erró al resolver que la peticionaria tenía de-recho a que se le compensara la suma de $19,349.88 que El Pueblo de Puerto Rico le adeudaba por concepto de impuestos cobrados sobre gasolina que había sido exportada.

Discutiremos los tres indicados errores en el.mismo orden en que los hemos expuesto:

La controversia entre las partes no se refiere en modo alguno a la legalidad o ilegalidad de los cobros hechos por el Tesorero a la peticionaria, por concepto de contribuciones sobre la gasolina importada o vendida en Puerto Rico. De los autos aparece que la peticionaria ha pagado o ha ofrecido pagar al Tesorero todas las cantidades exigidas por dicho funcionario, como contribuciones sobre diversas partidas de gasolina, pero que se negó a pagar las sumas reclamadas por el Tesorero por concepto de recargos, intereses, multas admi-nistrativas y costas impuestos como penalidades por no babeí efectuado a su debido tiempo el pago de las contribuciones, alegando que el Tesorero no está facultado por ley alguna para exigir tales pagos ni imponer tales penalidades.

Conviene para la resolución del problema jurídico que sé nos plantea, que bagamos una breve exposición del movi-miento de nuestra legislación sobre impuestos a la gasolina. Originalmente, el impuesto a la gasolina se hizo figurar entre las disposiciones de la Ley de Arbitrios. La Ley núm. 68 de julio 28,1923, titulada “Ley de Arbitrios de Puerto Pico”, Leyes de 1923, pág. 443, disponía:

“Sección 20. — Se impondrá, cobrará y pagará como impuesto de rentas internas por una sola vez sobre cada uno de los artículos siguientes:
“37. — Gasolina.—Sobre toda gasolina, que se fabrique, produzca, venda o consuma en Puerto Rico, un impuesto a razón de medio (%) centavo por galón.”

La única cláusula penal que aparece en dicba ley. es la Sección 38 de la misma que dispone que la persona que fal-tare al pago de los impuestos incurrirá en misdemeanor, pudiendo la mercancía sobre la que se dejare de pagar el im-puesto ser embargada y yendida en pública subasta para in-demnizar al Gobierno por las cantidades defraudadas. La Sección 88 de la misma ley autoriza al Tesorero para imponer y cobrar por procedimientos administrativos una multa que no exceda de $25 por cada infracción, disponiendo que si no se efectuare el pago de la multa el Tesorero podrá incoar procedimientos ante la corte correspondiente, por infracción de la ley. No fiemos encontrado disposición alguna en dicfia ley que autorice al Tesorero a imponer y cobrar recargos, in-tereses o costas, ni para cobrar éstos o las multas mediante embargo y venta de propiedades.

En 21 de julio de 1925, la Legislatura aprobó la Ley núm. 52 (Leyes de 1925, pág 297) por la que se derogó el inciso 37 de la Ley de Arbitrios de 1923, supra, y se autorizó la imposición y cobro de un impuesto de dos centavos por galón de gasolina que se consuma o venda en Puerto Rico, y la creación de un fondo para el asfaltado de las carreteras. La sección 5 de dicha ley declara culpable de misdemeanor a toda persona que faltare al pago del impuesto y autoriza al Teso-rero a embargar y vender en subasta pública toda gasolina sobre. la que no se hubiere pagado el impuesto, para responder de las cantidades defraudadas al Tesoro.

La Ley núm. 8 de mayo 11 de 1927 (leyes de 1927, pag. 421), enmendó la sección 1 de la Ley núm. 52 de 1925, para subir el impuesto' a cuatro centavos por galón; y la Ley núm. 12 de abril 21, 1930 (leyes de 1930, pág. 159) enmendó de nuevo dicha sección, la que quedó redactada así:

“Sección 1. — Se impondrá, cobrará y pagará como impuesto de Rentas Internas por una sola vez la suma de seis (6) centavos por cada galón de gasolina que se venda o consuma en Puerto Rico; Disponiéndose, que este impuesto tendrá el carácter de renta interna, y debe, por lo tanto, ser uniforme y general, tanto para el artículo que se produzca en el exterior y se traiga a Puerto Rico, como para el que se fabrique o se produzca en esta Isla, y tal impuesto será cobrado por el Tesorero de Puerto Rico mediante fijación y cancela-ción de sellos de rentas internas en los documentos que con ese objeto prescribiere. ’ ’

Esta última enmienda empezó a regir el Io. de julio de 1930.

En abril 24, 1931, se aprobó la Ley núm. 40 (leyes de 1931, pág.. 361) por la que se deroga la núm. 12 de 1930 y se dispone:

“Sección 1. — Por la presente Ley se impondrá, cobrará y pagará como impuesto de Rentas Internas por una sola vez la suma de siete (7) centavos por cada galón de gasolina que se introduzca, fabrique, venda o consuma, o que de otro modo se disponga para el consumo en Puerto Rico; y tal impuesto será cobrado por el Tesorero de Puerto Rico mediante fijación y cancelación de sellos de Rentas Internas, que eon ese objeto prescribiere; Disponiéndose, que los em-pleados federales de Aduanas podrán cooperar con el Tesorero do Puerto Rico para el cobro de dicha contribución; y disponiéndose, ■además, que este impuesto tendrá el carácter de renta interna y debe, por lo tanto, ser uniforme y general tanto para el artículo que se produzca en el exterior y se traiga a Puerto Rico, como para el que se fabrique o se produzca en esta Isla, y tal impuesto será cobrado por el Tesorero de Puerto Rico, con sujeción a las disposiciones de la Ley de Rentas Internas, tan pronto como la gasolina sea fabricada, producida o introducida en Puerto Rico, mediante la fijación y can-celación de sellos de Rentas Internas en los documentos que al efecto prescribiere el Tesorero.”

Esta ley, de acuerdo con el Reglamento de Tesorería, em-pezó a regir el día 24 de julio.de 1931.

■ En ninguna de las leyes que' hemos citado, aparece dispo-sición legal alguna que expresamente autorice al Tesorero de Puerto Rico para exigir y cobrar, por la vía sumaria de apremio, embargo y venta en pública subasta, ni en ninguna otra forma, recargos, intereses, multas y costas sobre las can-tidades que algún importador o vendedor de gasolina hu-biere dejado de pagar dentro del término fijado por la ley •o los reglamentos. El Tesorero apelante insiste, sin embargo, en que él está legalmente facultado para imponer y cobrar sumariamente todas esas penalidades a los contri-buyentes morosos, y cita como base de su-autoridad la sec-ción 1 de la Ley núm. 40, supra, que dispone que el impuesto sobre la gasolina tendrá el carácter de renta interna y además, que será cobrado por el Tesorero de Puerto Pico, con suje-ción a las disposiciones de la Ley de Rentas Internas. La ley a que se hace referencia en la citada sección 1 de la Ley 40 de 1931, es la núm. 85 de agosto 20 de 1925 (Leyes de 1925, pág. 585); y las secciones de dicha ley que se trata de incorporar a la Ley núm. 40, supra, por medio de tal refe-xencia, leen así:

“Sección 75. — El Tesorero de Puerto Rico queda por la presente autorizado para imponer y cobrar, mediante procedimientos adminis-trativos, a toda persona que dejare de observar cualesquiera de dichos reglamentos, y en los casos de infracciones menos grave de esta Ley,, nna multa que no exceda de veinte y cinco (25) dólares por cada infracción, o podrá, a su juicio, denunciar a dicha persona ante eí correspondiente tribunal por faltar a los reglamentos o por cometer-una infracción de la ley.
“Cuando el Tesorero de Puerto Rico impusiere una multa admi-, nistrativa según queda dispuesto anteriormente, y no se efectuare el. pago, dicho funcionario podrá incoar procedimientos de apremio-para hacer efectiva dicha multa.
“Sección 105. — Cuando alguna persona obligada por esta Ley1 al pago de los impuestos señalados en ella, no lo efectuare dentro; del tiempo fijado, el Tesorero de Puerto Rico o sus agentes, debida-mente autorizados por éste, quedan facultados para embargar y vender en pública subasta bienes del deudor, de acuerdo con el pro-cedimiento establecido en el Código Político, para hacer efectivas las contribuciones impuestas sobre la propiedad y no satisfechas, conce-diéndose al contribuyente derecho de redención en los mismos tér-minos y extensión dispuestos en dicho código.”

El Tesorero admite que las leyes que hemos citado- no le1 autorizaban a imponer y cobrar penalidades e intei~eses a la peticionaria, por no haber ésta pagado a su debido tiempo Ios-impuestos sobre la gasolina que importó dos días después del 24 de julio de 1931, fecha en que empezó a regir la Ley núm. 40' del mismo año; pero insiste en que la Sección 105-de la Ley de Kentas Internas, supra, que empezó a regir em octubre Io. de 1925, autoriza al Tesorero para cobrar los im-puestos por el mismo procedimiento que establecen los ar-tículos 335-352 del Código Político para hacer efectivas las-contribuciones sobre la propiedad.

Continúa arguyendo el apelante, que con anterioridad al 19 de enero de 1934, fecha en que la peticionaria importó-1,243,705 galones de gasolina, sobre los cuales debía pagar $87,059.35 de impuestos de 7 centavos por galón, la Ley núm. 40 de 1931 había sido ya suspendida por la Ley núm. 15 de-24 de agosto de 1933, ((2) pág*. 81), que empezó a regir el mismo día, la cual contiene las siguientes disposiciones:

“Sección 1. — En virtud de esta Ley se impone, se cobrará y se pagará por una vez solamente, una contribución de rentas internas en la suma de siete (7) centavos por cada galón de gasolina que se introduzca, fabrique, venda o consuma, o que de otro modo se dis-ponga de ella para el consumo en Puerto Rico; y dicha contribución será cobrada por el Tesorero de Puerto Rico adhiriendo y cancelando los sellos de rentas internas que él prescriba con tal objeto; Dispo-niéndose, que esta contribución tendrá el mismo carácter que tienen las contribuciones de rentas internas, y, por lo tanto, se aplicará de un modo uniforme y general tanto a la gasolina producida en países extranjeros que se traiga a Puerto Rico, como a la que se produzca en la Isla, y dicha contribución la cobrará el Tesorero de Puerto Rico sujeta a las disposiciones de la Ley de Rentas Internas tan pronto como se fabrique o se produzca o se introduzca la gasolina en Puerto Rico, adhiriendo y cancelando los sellos de rentas internas en aquellos documentos que el Tesorero determinare a tal objeto; . . .
“Sección 6. — Toda ley o parte de ley que se oponga a la presente, queda por ésta derogada, excepto las disposiciones . contenidas en la Ley No. 40 aprobada en 24 de abril de 1931, así como también las de la Resolución Conjunta No. 74 de 1931 según rigen en esta fecha que quedan en suspenso hasta el día 30 de junio de 1934 y en dicha fecha, dicha Ley No. 40 de 1931 y Resolución Conjunta No. 74 de 1931 según rigen en esta fecha quedarán en todo en vigor y restablecidas sus disposiciones tal y como si esta Ley no hubiera sido aprobada. ’ ’

Y alega el Tesorero, que en febrero de 1934, cuando la peticionaria pagó los impuestos a que se refieren las dos cau-sas de acción expuestas en la demanda, la Ley núm. 40 de 1931 estaba en suspenso, rigiendo en esa fecba la Ley núm. 15 de agosto 24, 1933; y que por la referencia que en su Sec-ción 1 se hace a la Ley de Rentas Internas, también regía ésta en la forma en que había sido enmendada hasta agosto 24 de 1933.

La Ley de Rentas Internas, núm. 85 de 1925 (pág. 585), fué enmendada por la Ley núm. 83 de mayo 6 de 1931. Las secciones pertinentes al caso de autos, en la forma en que quedaron enmendadas por la citada ley, leen así:

“Sección 37. — Los traficantes serán responsables del pago del impuesto sobre todos los artículos introducidos por ellos, bien fueran para' la venta, traspaso, uso o consumo, al introducirlos o al tomar posesión del artículo o artículos en Puerto Rico, o al traspasar los mismos a otro traficante o consumidor, después de haberlos introducido.
"Sección 38. — La persona que use o consuma el artículo tribu-table será responsable del pago del impuesto al introducir o poseer el artículo para uso o consumo en Puerto Rico, o al traspasar el mismo a otra persona, sea cual fuere su propósito.
“Sección 39. — Los impuestos que por esta Ley se prescriben sobre artículos tributables en Puerto Rico, bien sean para la venta, tras-paso, uso, consumo o introducción en Puerto Rico, se impondrán de acuerdo con las disposiciones de la sección 4 de esta Ley; sobre todos los artículos cuya venta, traspaso, uso, fabricación, consumo o introducción estén sujetos al pago de arbitrios bajo las disposiciones de la sección 16, y serán pagados por el traficante o por el que los use o consuma, al introducirlos o al tomar posesión del artículo o al traspasarlos, o al poseer el mismo, bien sea por traspaso o introduc-ción o por compra, donación o de otro modo, dentro de los diez (10) días siguientes a la introducción del artículo o de haberlo poseído o traspasado o al tomar posesión del mismo por traspaso, y de acuerdo con las reglas que el Tesorero por reglamento prescribiere; . . .
“Sección 50. — Cuando una persona obligada por esta Ley a pagar un arbitrio sobre artículos manufacturados, vendidos, traspasados, usados, consumidos o introducidos en Puerto Rico, no lo hiciere en el tiempo y en la forma establecida, además de ser culpable de un delito menos grave (misdemeanor) pagará en adición a dicha contribución, y como parte de ella, en concepto de penalidad, un cinco (5) por ciento de la cantidad adeudada e intereses a razón del 1 por ciento mensual, computables desde la fecha en que se vencieren los diez (10) días de término concedidos por la sección 39 de esta Ley, o según prescriba por reglamento el Tesorero de Puerto Rico.”

Y la sección 7 de la ley enmendatoria núm. 83 de 1931 (pág. 505), supra, lee así:

“Sección 7. — A partir de la fecha en que empiece a regir esta Ley las licencias y otras contribuciones adeudadas hasta esa fecha y que pudiera adeudar cualquier contribuyente a El Pueblo de Puerto Rico por virtud de las secciones de la ley enmendadas y las leyes derogadas, quedan subsistentes y el Tesorero de Puerto Rico facultado para su cobro en la misma forma provista en dichas leyes derogadas; Disponiéndose, que en el caso de artículos o efectos incluidos en esta Ley que hubieren sido introducidos en Puerto Rico con anterioridad a la aprobación de esta Ley, y que no hubieren sido declarados y liquidados por el Departamento de Hacienda para los efectos de la contribución, pagarán la misma de acuerdo con las disposiciones aquí contenidas y según las reglas y reglamentos que prescribiere al efecto el Tesorero de Puerto Rico."

Son estas dos últimas leyes, la núm. 15 de 24 de agosto, de 1933, en cuanto a lo sustantivo, y la Ley de Rentas In-ternas de 1925, según quedó enmendada por la Ley núm. 83 de mayo 16, 1931, en cuanto^ a lo- procesal, las que invoca el Tesorero para sostener su actuación en relación con el cobro de recargos, intereses, multas y costas sobre la gasolina im-portada en julio 26 de 1931 y también sobre la importada en enero 19 de 1934.

Para poder determinar cuál es la ley aplicable a los hechos que hemos relacionado, debemos fijar antes las fechas en que nació la obligación por parte de la corporación peticio-naria de pagar los impuestos reclamados por el Tesorero, sobre (¡a) la gasolina importada antes de julio 24, 1931; (6) la gasolina importada en julio 26 de 1931; y (c) la gasolina importada en enero 19 de 1934.

(a) La Ley aplicable a la gasolina importada antes de julio 24 de 1931, es la Ley núm. 12 de abril 21, 1930, que en-mendó las secciones 1 y 2 de la núm. 8 de mayo 11 de 1927, la que a su vez enmendó las secciones 1 y 3 de la Ley núm. 52 de 21 de julio de 1925, siendo esta última la que derogó el inciso 37 de la sección 20 de la Ley de Arbitrios de 28 de julio de 1923. Ninguna de dichas leyes autorizaba al Tesorero de Puerto Rico para imponer penalidades, tales como recargos, intereses, multas y costas, en el caso de que los impuestos no fueran pagados dentro del término fijado por la ley. La sección 4 de la Ley 52 de 21 de julio de 1925, es la que fija el momento en que se contrae la obligación de pagar el im-puesto. Dice así:

“Sección 4. — El impuesto que por esta ley se prescribe sobre la gasolina destinada a la venta o consumo en Puerto Rico, pesará sobre la misma al encontrarse en el mercado de Puerto Rico. Los trafi-cantes efectuarán el pago de los impuestos al vender la gasolina. .

De acuerdo con los términos de la sección 4, supra, la ga-solina importada antes de julio 24, 1931, quedó sujeta al im-puesto de seis (6) centavos por galón tan pronto como' se encontró en el mercado de Puerto Rico, o sea desde el mo-mento en que se importó con el propósito de consumirla o venderla en la Isla. Y si la compañía importadora dejó de pagar los impuestos dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se recibió la gasolina en Puerto Rico, según lo dispuesto por los reglamentos de la Tesorería, el Tesorero de Puerto Rico pudo, de acuerdo con la sección 5 de la misma ley, incoar contra la compañía importadora un proceso criminal por delito de misdemeanor y embargar, confiscar y vender para beneficio del gobierno toda la gasolina sobre la cual no se hubiere pagado el impuesto.

Después de estudiar cuidadosamente la Ley núm. 12 de abril 21 de 1930 y toda la legislación anterior a ella sobre la misma materia, debemos resolver que el Tesorero de Puerto Rico no estaba legalmente autorizado para imponer a la pe-ticionaria recargos, intereses, multas y costas por no haber pagado a tiempo los impuestos sobre los 24,491 galones de gasolina importados antes del 24 de julio de 1931 y mucho menos para proceder al cobro de tales penalidades por la vía sumaria de apremio, embargo' y venta en pública subasta de las propiedades de la peticionaria; y que tampoco estaba autorizado dicho funcionario para embargar, confiscar y vender sumariamente, aun cuando fuera en cobro de los impues-tos, otras propiedades que no fueran la misma partida de gasolina sobre la cual se hubiere dejado de pagar el impuesto.

(b) La gasolina (155,827.52 galones) recibida por la peticionaria en 26 de julio de 1931, en Puerto Rico, quedó desde esa fecha sujeta a las disposiciones de la Ley núm. 40 de abril 24 de 1931, la que empezó a regir el 24 de julio del mismo año-. La peticionaria así lo ha admitido al pagar los impuestos al tipo de siete centavos por galón fijado por dicha ley, la cual derogó expresamente la núm. 12 de abril 21, 1930.

La nueva Ley núm. 40 de 1931, introdujo la modificación de dar al impuesto el carácter de renta interna y de facultar al Tesorero’ para cobrarlo con sujeción a las disposiciones ■de la Ley de Lentas Internas, tan pronto como la gasolina sea introducida en Puerto Rico. Dicha Ley núm. 40' no^ con-tiene cláusula penal alguna, pero el Tesorero pretende derivar su autoridad para imponer las penalidades envueltas en este litigio, de la facultad que le confiere la sección 1 de la citada ley para cobrar el impuesto con sujeción a las disposiciones de la Ley de Rentas Internas.

Debemos, por lo tanto, resolver, primero, si la Ley de Rentas Internas (Ley núm. 85 de agosto 20, 1925, vigente en 26 de julio de 1931, fecha de la importación de la gasolina, autoriza al Tesorero para la imposición de penalidades, y, segundo, si esas penalidades pueden ser legalmente incorpo-radas a la Ley núm. 40 de 1931, por la simple referencia que a la Ley de Rentas Internas se hace en la sección 1 de dicha ley.

Las secciones 75 y 105 de la citada Ley de Rentas Internas sólo autorizan al Tesorero para imponer multas administra-tivas, no mayores de $25, por cada infracción de la ley o de los reglamentos, y para proceder al coloro de los impuestos mediante embargo y venta en pública subasta de bienes del deudor, de acuerdo con el procedimiento establecido por ios artículos 335-352 del Código Político. En ninguna de las leyes que hemos citado hemos podido encontrar autorización legal que justifique el embargo practicado y la venta que ha intentado llevar a efecto el Tesorero, para cobrar recargos, intereses y penalidades no provistas por la ley, y por conse-euencia tenemos que resolver que dicho embargo es contrario a ley y debe ser disuelto.

(c) La ley aplicable a la importación de gasolina (1,243,705 galones) hecha en enero 19, 1934, es la núm. 15 de 1933, que enmendó y suspendió la núm. 40 de 1931 y empezó a regir el 24 de agosto de 1933. La sección 1 de dicha ley, supra,, dispone qne el impuesto de la gasolina tendrá el carácter de renta interna, y qne dicha contribución la cobrará el Tesorero-de Puerto Rico sujeta a las disposiciones de la Ley de Rentas Internas tan pronto como se introduzca la gasolina en Puerto Rico. La Ley de Rentas Internas vigente a la fecha de la importación de esta partida de gasolina era la Ley núm. 85 de 1925, enmendada por la núm. 83 de 1931. Las secciones 39 y -50 de la Ley de Rentas Internas, según quedaron en-mendadas por la Ley núm. 83 de 1931 y la sección 7 de esta última ley, ubi supra, son invocadas por el Tesorero apelante como base de su alegada facultad legal para cobrar, no sóle las penalidades impuestas a la partida de gasolina importada en enero 19 de 1934, sino también, dándole efecto retroactive a las enmiendas, los recargos, intereses y penalidades impues-tos a las partidas que hemos discutido en la párrafos (a) y (b), supra.

No podemos aceptar ni sancionar la práctica que pretende seguir el Tesorero, de aplicar a omisiones incurridas o actos realizados durante la vigencia de las leyes núms. 12 de 1930 y 40 de 1931, penalidades provistas y autorizadas por leyes posteriores a dichos actos u omisiones, como lo es la Ley núm. 83 de 1931. Las disposiciones de la sección 50 de la Ley de Rentas Internas, enmendada por la Ley núm. 83 de 1931, supra, por ser de naturaleza penal no pueden ser aplicables retroactivamente ni por disposición legislativa expresa ni por interpretación judicial, por oponerse a ello la declaración de derechos de nuestra Carta Orgánica. En su consecuencia, resolvemos que los intereses, recargos y. costas impuestos sobre la partida de gasolina importada en julio 26 de 1931, son injustificados e ilegales y que la corte inferior procedió correctamente al expedir el auto de! injunction para impedir su cobro por la vía sumaria.

Tampoco es sostenible la multa de $100 impuesta por el Tesorero apelante sobre la partida de gasolina importada en julio 26, 1931. La sección 88 de la Ley de Arbitrios (núm. 68 de julio 28 de 1923), que autorizaba al Tesorero de Puerto Eieo para imponer multas administrativas, fue mantenida en toda su fuerza y vigor por disposición expresa de la sección 6 de la Ley núm. 52 de julio, 1925, que derogó el inciso 37 de la sección 20 de la Ley de Arbitrios y eliminó a la gasolina de la lista de artículos sujetos al pago de arbitrios. La Ley núm. 40 de 24 de abril de 1931, que según bemos resuelto' es la aplicable a dicha partida de gasolina importada el 26 de julio de 1931, es una ley completa sobre la materia de im-puestos a la gasolina y no contiene disposición alguna que autorice la imposición de penalidades. Su sección 3 deroga expresamente la Ley núm. 12 aprobada en abril 21 de 1930 y también cualquier otra ley o parte de ley que a ella se opu-siere. Y no contiene disposición alguna para incorporar a ella las cláusulas penales de las otras leyes de contribuciones o arbitrios, ni para dejar vigente, en cuanto a la falta de pago del impuesto sobre la gasolina, la citada sección 88 de la Ley ■de Arbitrios de 1923.

La jurisprudencia que liemos examinado sostiene como regla apoyada por el peso de las autoridades, que cuando se deroga un estatuto que impone penalidades a los contribuyentes morosos, dichas penalidades dejan de ser imponibles, y el derecho de recobrar penalidades impuestas con anterioridad a la derogación de la ley se pierde, a menos que ese derecho sea expresamente reservado por la ley derogatoria. Véanse: Western Union Tel. Co. v. Brown, 8 N. E. 171; y Dixon v. Jersey City, 37 N. J. Law, 39, 42 en que se sostuvo que la derogación del estatuto, después de haber sido impuesta una penalidad, equivale a una remisión de la pena y tiene el mismo efecto de un perdón, que levanta el castigo y extingue la culpabilidad. Véase también 39 C. J. 1484.

Veamos ahora si las penalidades impuestas por el Tesorero a la gasolina importada en enero 19, 1934, están autorizadas por la ley.

Las penalidades que el Tesorero ha impuesto a la peticio-naria, son las que autoriza la sección 50 de la Ley de Eentas Internas, según fné enmendada por la Ley núm. 83 de mayo 6, 1931, cuyas disposiciones se pretende incorporar a la Ley íiúin. 15 de 24 dec ag’osto de 1933, por virtud de la referencia que en sn sección 1 se Lace a la Ley de Rentas Internas, como la ley que deberá servir de norma al Tesorero para el cobro del impuesto.

Pasaremos por alto la cuestión de si la incorporación por referencia que se ba intentado hacer se ajusta a las prescrip-ciones del artículo 34 de la Ley Orgánica. Y, asumiendo que la incorporación se ha hecho correctamente, veamos si las disposiciones penales de la sección 50 de la Ley de Rentas Internas, supra, pueden en manera alguna ser aplicables al caso de autos.

La citada sección 50 dispone que cuando una persona obli-gada por esta Ley (la de Rentas Internas) apagar un arbitrio sobre artículos introducidos en Puerto Ribo, no - lo hiciere, se le impondrán las penalidades autorizadas por la misma sección. Es evidente, de acuerdo con la regla de hermenéu-tica legal que nos obliga a interpretar los estatutos de ca-rácter fiscal y especialmente los que imponen penalidades, en favor del contribuyente y en contra del Estado, que las penalidades que autoriza la sección 50 de la Ley de Rentas Internas sólo pueden ser impuestas a aquellas personas que estando obligadas a pagar arbitrios fijados por la misma Ley de Rentas Internas, dejaron de pagarlos.

¿Cuáles son los arbitrios fijados por la Ley de Rentas Internas, por falta de pago de los cuales puede una persona incurrir en las penalidades de la sección 50? La contestación la encontramos en la Sección 39 de la misma Ley de Rentas Internas, supra, que prescribe que los arbitrios se impon-drán y se cobrarán sobre todos los artículos cuya venta, con-sumo o introducción estén sujetos al pago de arbitrios bajo las disposiciones de la Sección 16 de la misma Ley de Rentas Internas. Hemos leído cuidadosamente la referida sección 16, y no hemos podido encontrar “la gasolina” entre los artículos sujetos al pago de arbitrios.

Si la Legislatura tuvo la intención de Racer extensivas las penalidades prescritas por la Sección 50 de la Ley de Rentas Internas, supra, al caso de falta de pago de impues-tos sobre la gasolina, pudo baber manifestado esa intención haciendo constar en la sección 1 de la Ley núm. 15 de-agosto 23 de 1933 que los impuestos serían cobrados con sujeción a la Ley de Rentas Internas y que la falta de pago sería castigada también de acuerdo con dicha ley. No lo hizo así el legislador y su silencio no puede ser suplido por una inter-pretación judicial, que no estaría justificada y que¡ resultaría forzada, vistas las limitaciones contenidas en la propia ley que por referencia se trata de incorporar a la Ley núm. 15, supra. Y con mayor facilidad aún se hubiera podido llevar a efecto el alegado propósito punitivo del legislador, mediante una simple enmienda a la sección 50 de la Ley de Rentas Internas, para hacer extensivas sus penalidades, no sólo a las personas que dejaren de pagar los arbitrios fijados por dicha ley en su sección 16, sino también a las que dejaren de pagar el impuesto sobre la gasolina.

No es función de este tribunal corregir las deficiencias que encuentre en la legislación sometida a su estudio e interpretación. Lo único que podemos hacer es señalar esas deficiencias, para que ellas sean corregidas por el Poder Legislativo. Y cuando la legislación es de carácter fiscal o penal y su. estudio deja serias dudas en el ánimo del juzgador, en cuanto a la intención de la Legislatura, es nuestro deber dar el beneficio de esas dudas al contribuyente. Por esos motivos, resolvemos que el Tesorero no está legalmente facultado para imponer las penalidades que ha impuesto y tratado de cobrar en el caso de autos. Véanse: Gould v. Gould, 245 U. S. 151; U. S. v. Field, 255 U. S. 257; U. S. v. Riggs, 203 U. S. 136; U. S. v. Merriam, 263 U. S. 179; Crooks v. Harrelson, 282 U. S. 55; First Trust & Saving Bank v. Smictanka, 268 Fed. 231; y Elliott v. Railroad Co., 99 U. S. 573, en el que la Corte Suprema Federal resolvió que las penalidades de los esta-tutos fiscales deben, ser impuestas expresamente y no por de-ducciones o por meras referencias a’ otras leyes.

Ha alegado el Tesorero apelante que la corte procedió erróneamente al. asumir jurisdicción y al decretar el injunction, primero, porque la peticionaria tenía un remedio legal adecuado para su protección, o sea pagar las cantidades reclamadas por el Tesorero bajo protesta, y segundo, porque la ley probibe la expedición de un auto de mjunctíon para impedir el cobro de contribuciones, excepto en casos excepcionales.

De los autos aparece que- la peticionaria compró sellos de rentas internas en cantidad suficiente para cubrir todas las sumas reclamadas por el Tesorero por concepto de impuestos a la gasolina; que adhirió dichos sellos a las facturas corres-pondientes, cancelando e inutilizando dichos sellos y entre-gando dichas facturas al Tesorero; y que en el caso en que el Tesorero se negó a aceptar las facturas, por haber rehu-sado la peticionaria pagar las penalidades que consideraba ilegales, la peticionaria depositó las facturas en la Secretaría de la corte a disposición del Tesorero. El G-obierno, pues, ha recibido e ingresado en el Tesoro, sin restricción alguna, me-diante la venta de sellos a la peticionaria, una cantidad igual a la suma total de los impuestos reclamados por el Tesorero de Puerto Rico sobre las tres partidas de gasolina envueltas en este litigio. No es un remedio adecuado en este caso el del pago bajo protesta, pues habiendo el Tesorero embargado propiedades de la peticionaria por el montante total de los impuestos que ya habían sido pagados y además por el im-porte de las penalidades en cuestión, la peticionaria se hubiera visto obligada, para detener la venta en pública su-basta, a pagar por segunda vez una cantidad igual a la que ya había invertido en sellos de rentas internas y a pagar además el importe de las penalidades.

Es cierto que la regla general es que las Cortes de Equidad no intervienen por medio de injunction para impedir el cobro de contribuciones, por la simple alegación de que dichas contribuciones son ilegales o violan algún precepto constitu-cional. Esta Corte Suprema ba reconocido y aplicado esa doctrina en numerosas decisiones, que por ser harto conocidas creemos innecesario citar. Pero no es menos cierto que las Cortes de Equidad conceden el remedio de injunction para impedir el cobro de contribuciones, cuando aparece clara-mente que la contribución es ilegal y que el contribuyente no tiene un remedio adecuado en ley o, que permitir el cobro de la contribución le causaría daños irreparables o resultaría en una multiplicidad de pleitos. Los tribunales federales han concedido injunctions en numerosos casos para impedir el cobro de contribuciones, a pesar de la prohibición expresa de los estatutos federales (Rev. Stat., sec. 3224, U.S.C.A., Título 26, sec. 154), cuando las circunstancias del caso son extraordinarias y suficientes para justificar la intervención de la equidad, evitando' daños irreparables o una multiplici-dad de pleitos. Véanse: Raymond v. Chicago Traction Co., 207 U. S. 20; Dodge v. Brady, 240 U. S. 122, 126; Hill v. Wallace, 259 U.S. 65; Hopkins v. Southern Cal. Tel. Co., 275 U. S. 399; Standard Nut Margarine Co. v. Rose, 49 Fed. (2) 85; Long v. Rasmussen, 281 Fed. 236; Miller v. Standard Nut Margarine Co., 284 U. S. 498; Acklin v. People’s Savings Assn., 293 Fed. 393.

Esta Corte Suprema ha seguido la doctrina establecida por la jurisprudencia federal y ha sostenido el poder que tienen nuestros tribunales, en casos extraordinarios, para proteger a los ciudadanos contra las imposiciones arbitrarias o ilegales de los agentes fiscales del Gobierno. Véanse: González v. Gromer, 16 D.P.R. 1; Durlach Brothers v. Domenech, 47 D.P.R. 654.

El caso de autos presentaba circunstancias y hechos tan extraordinarios, que es nuestra opinión que la corte usó de-bidamente su discreción al dictar el auto de injunction. El contribuyente pagó al Tesoro la cantidad exacta que se le reclamaba en concepto de impuestos, negándose solamente a pagar lo que se le reclamaba en concepto de penalidades que el Tesorero no estaba autorizado a'imponer. Extrali-mitóse el Tesorero al embargar sumariamente y tratar de vender en pública subasta propiedades suficientes para cubrir el importe de contribuciones ya pagadas en sellos de Rentas Internas, más el importe de las penalidades. El remedio legal de pago bajo protesta resultaba, dentro de las circunstancias del caso, claramente inadecuado, toda vez que el contribu-yente se hubiese visto obligado a pagar por segunda vez el importe de los impuestos y a iniciar dos pleitos, uno para recobrar el importe de los sellos cancelados y otro para re-cobrar el importe de las penalidades ilegalmente impuestas. La continuación del embargo y la venta en pública subasta de las propiedades que eran necesarias para el negocio de la peticionaria, sin duda alguna habían de causar a ésta daños irreparables.

Creemos que se debe confirmar y se confirma la resolución, apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Señor Del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Encarnacíon Aboy Vda. de Cintrón y Epifanio Fernandez Campos, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 973.

    Sometido: Marzo 5, 1936.

      Resuelto: Julio 24, 1936.

      H. Torres Sola, abogado de los recurrentes; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez PresideNte Señor Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en julio 15, 1935, doña Encarnación Aboy viuda de Cintrón vendió a don Epifanio Fernández Campos una finca urbana situada en la sección norte del barrio de Santurce de esta Capital de cinco mil quinientos veinte y ocbo metros cuadrados, que a su vez babía adquirido de “Tbe Female Academy of the Sacred Heart” sujeta a la siguiente condición:

“Es condición esencial y resolutoria de que el comprador se com-promete y obliga perpetuamente, por sí y por sus sucesores en la propiedad del terreno permutado y vendido, de no verificar (sic) en el mismo sino una o más casas, propia y adecuada cada una, para resi-dencia o vivienda de una sola familia, y de ninguna manera edificará ranchones de alquiler, o edificios para tiendas o que puedan servir para establecimiento público o para otro fin cualquiera que no sea el expresado de residir o vivir una familia; y es entendido y convenido entre los contratantes que el becho por sí solo de que el comprador o adquirente o sus sucesores en sus derechos de propiedad intenten edificar o edifiquen en los terrenos permutados y vendidos, un edificio que no sea para residencia de una familia o modifique el ya cons-truido, para un objeto distinto, o reforme su parte interior para un fin contrario o diferente del expresamente pactado, constituirá causa bastante para que, ipso facto, quede, desde luego rescindido el con-trato, volviendo las cosas al ser y estado que tenían antes de cele-brado y recobrando la corporación permutante y vendedora, la pro-piedad de los terrenos permutados y vendidos sin más obligación que la de devolver el precio recibido, más una indemnización de veinte centavos, por metro cuadrado, del terreno recibido por vía de permuta, si no quisiera deshacer o rescindir ésta, lo cual queda a su libre elec-ción; más una indemnización del valor de lo que hubiere edificado en el terreno recobrado, regulada por dos peritos nombrados uno por cada parte y un tercero elegido por ellos mismos en caso de discordia. ’ ’

Poco después, en octubre 1, 1935, la Congregación de las Madres del Sagrado Corazón de Jesús en Puerto Rico su-cesora de The Female Academy of the Sacred Heart, también por escritura pública, consintió en que la finca de que se trata quedara libre de la condición en los siguientes términos:

“La ‘Congregación de las Madres del Sagrado Corazón de Jesús en Puerto Rico,’ por medio de su Presidenta Reverenda Madre Rosa Bolívar, con autoridad suficiente al efecto, declara: Que consiente en que la finca descrita en el hecho primero de esta escritura, que fué adquirida por doña Encarnación Aboy viuda de Cintrón, según el título que aparece a continuación de su respectiva descripción, quede libre de las restricciones sobre construcción a que se ha hecho referencia según la cláusula transcrita en el párrafo cuarto de la parte expositiva de esta escritura, al efecto de que ella o los sucesores en título de dicho inmueble puedan construir, en la finca, edificios en la forma que les convenga, extendiéndose este consentimiento y renuncia a lo ya edificado en el mencionado terreno, dejando abso-lutamente sin efecto la condición resolutoria que fué impuesta, como se deja dicho, a dos de las parcelas que pasaron a formar parte de aquel inmueble a causa de su agrupación, dejando libre la misma finca de toda o cualquiera otra restricción que pudiera emanar de aquel convenio, y para que de ello se tome razón en el Registro de la Propiedad. ’ ’

Presentados los documentos en el registro, causaron la siguiente nota:

“Denegada la cancelación de las condiciones resolutorias que se solicita en el precedente documento, con vista de otros, por aparecer del Registro que de las tres parcelas originarias número 110, 111 y 296 sujetas a dicha condición y de las cuales procede la finca del Señor Epifanio Fernández Campos, se han segregado diversas par-celas inscritas a favor de terceras personas sin el concurso de las cuales se pretende cancelar las referidas condiciones, ...”

No conformes los interesados interpusieron contra la nota el presente recurso gubernativo pidiendo su revocación, y tienen razón a nuestro juicio.

La cláusula de que se trata establece una condición reso-, lutoria para ser exigida por la primitiva vendedora cum-pliendo a su vez lo que en la propia cláusula se estipuló, a saber: devolución del dinero recibido más una indemnización de veinte centavos por metro cuadrado del terreno entrega-dole por vía de permuta si no quisiere deshacer ésta, más «otra indemnización por el valor de lo edificado en el terreno recobrado.

Cuál sea el derecho que puedan tener entre sí o con res-pecto a la primitiva vendedora las personas que compraron «otras parcelas procedentes de los terrenos vendidos bajo la indicada condición en un caso como éste — si es que alguno tuvieren — no es cuestión que incumba-dilucidar ni menos resolver al registrador, sino a los tribunales de justicia, si el «conflicto surge.

En tal virtud, debe revocarse la nota recurrida y orde-narse al registrador que inscriba el documento¡ de que se trata sin perjuicio de los derechos que puedan tener las otras personas que compraron otras parcelas procedentes del te-rreno vendido bajo la indicada condición.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor "Wole,

text:
    Santos Góñez, en representación de su hija menor Esther Góñez, demandante y apelada, v. Armando, Antonio, Julio, María, Virginia, Mercedes, Aurora y Angela Palmieri, demandados y apelantes.
    Núm. 6840.

    Sometido: Noviembre 15, 1935.

      Resuelto: Julio 24, 1936.

      Leopoldo Tornes García, abogado de los apelantes; Cayetano Cóll Cuchí, Cayetano Coll Cuchí, Jr., y Luciano Colón, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor "Wole,

emitió la opinión del tribunal;.

Ante la Corte de Distrito de Ponce se inició un pleito in-titulado “Santos Góñez, en representación de su bija menor Esther G-óñez” y estas palabras también figuraban en el cuerpo de la demanda. El pleito era uno de filiación y Ios-demandados excepcionaron la demanda, fundados en que Sam-tos Góñez no tenía causa de acción. La excepción fué de-clarada sin lugar. El caso fué a juicio y se dictó sentencia en favor de la demandante.

El primer error señalado se basa en la actuación de la corte al declarar sin lugar la excepción previa. El argumento es que Santos Góñez no tenía causa de acción y que el pleito debió haberse instruido a nombre de su hija. Sin embargo, como el litigio fué entablado por Santos Góñez en representación de su hija y esto se desprende claramente de la demanda, no vacilamos en resolver que la verdadera parte interesada lo era Esther Góñez y que la madre compareció solamente en representación de ella. Artículo 153 del Código Civil (edición de 1930), y véase el título del caso de Colón v. Sucesión Tristani, 44 D.P.R. 171; véase también Abarca Sanfeliz v. Bank of Nova Scotia, 46 D.P.R. 931, en que el suscribiente disintió.

Durante el juicio Santos Góñez ocupó la silla de los testigos para hablar de sus relaciones con Alfredo Palmieri, padre putativo de Esther Góñez. Basados en la sección 3 de la ley de marzo 10, 1904 (leyes de ese año, pág. 131), los demandados se opusieron a su testimonio. La sección específica en que se fundaron los demandados lee así:

“En las demandas por o en contra de los albaeeas testamentarios, administradores o tutores, en las cuales pueda dictarse sentencia a favor o en contra de ellos como tales, ninguna de las partes podrá declarar contra la otra en lo referente a transacciones con, o relaciones hechas por el testador, intestado o pupilo, a menos que fuere llamado a declarar por la parte contraria; y las prescripciones de esta sec-ción se aplicarán a todas las demandas por o en contra de los here-deros y representantes legales de un finado, que se suscitaren de trans-acciones habidas con éste.”

Lá Corte de Distrito de Ponce desestimó la objeción fun-dándose en que Santos Góñez no era la verdadera parte inte-resada y por ende no estaba sujeta a la prohibición de la ley. Éste era el fundamento del segundo señalamiento de error. Creemos que es suficientemente claro que Santos Góñez no era la parte verdaderamente interesada. Esta Corte también ha sostenido la admisibilidad de testimonio bajo estas cir-cunstancias. Colón v. Sucesión Tristani, 45 D.P.R. 227.

La apelada también sostiene que la relación o tran-sacción a que la ley se refiere no sería aplicable a la persona de una madre en un pleito de filiación. El suscribiente se' inclina a creer que la sección es tan amplia que podría prohi-birse a Santos Góñez que declarara si ella estuviese tratando de establecer un status para sí. Sin embargo, la mayoría de la corte en el caso de Tristani, supra, sugirió lo contrario.

El tercer error señalado es que la corte no debió haber llegado a la conclusión de que Santos Góñez y Alfredo Pal-mieri vivían en concubinato por espacio de varios años y especialmente al tiempo de la concepción de la niña. De la prueba aducida en este caso la corte tuvo derecho a creer casi sin duda alguna que Alfredo Palmieri y Santos Góñez tuvieron relaciones carnales entre sí durante los años 1917 a 1921, de no tenerlas un poco antes. La demandante ofreció prueba tendente a demostrar que sostuvieron tales relaciones en el barrio de “Juan González”, cerca de Adjuntas. Que en el año 1918 Alfredo Palmieri fue nombrado administrador de la Central Pellejas y se llevó allí a Santos Góñez, le puso una casa y que allí sostenían relaciones maritales.

Los demandados presentaron pi’ueba relativamente fuerte tendente a demostrar que mientras residió en la Central, Santos Góñez estuvo empleada como sirvienta. Ella negó esto y dijo que estaba dispuesta a servirle a todo el mundo al igual que, según sugirió el letrado, cualquier mujer casada puede a veces hacerlo. La corte tuvo derecho a creer, y probablemente creyó, que surgió un estado de concubinato entre Alfredo Palmieri y Santos Góñez, mientras ambos re-sidían en la Central. Empero, aunque la demanda era un poco ambigua a este respecto, de la evidencia se desprendía muy claramente que Esther Góñez, la hija de Santos, no fué concebida ni nació en la Central.

Allá para el año 1919, Alfredo Palmieri regresó al barrio de ‘ ‘ Juan González ’ ’ cerca de Adjuntas. Allí, según la prueba tiende a demostrar, le puso una casa a Santos Góñez, donde ésta vivía con su hermana y cuñado. Es con respecto a su residencia en “Juan González” que surge el conflicto principal en la prueba. Santos Góñez dice, o admite, que Alfredo Palmieri vivía, en parte, por lo menos, con sus hermanos en Adjuntas, a unos dos kilómetros de distancia. Pero ella asevera que él la visitaba todas las noches. El cuñado de ella ocupó la silla de los testigos y manifestó que Alfredo Palmieri dormía ocasionalmente en la casa todas las sema-nas. Él la sostenía y la visitaba frecuentemente, según se desprende de la prueba. Santos también declaró que Esther Góñez era la hija de ella y de Palmieri, y que ella nunca había tenido relaciones sexuales con ningún otro hombre. Durante el tiempo que medió entre los años 1919 y 1921, Palmieri se fué a los Estados Unidos y regresó a Adjuntas o residía allí en el año 1921. Falleció en diciembre de dicho año y Esther Góñez nació en enero de 1922.

El testimonio de Santos Góñez mientras ocupaba la silla testifical fué muy poco satisfactorio en lo relativo a fechas. Repetidamente habló de los años “1928” y “1929” cuando ella necesariamente tuvo que querer decir 1918 y 1919 respectiva-mente. El juez mismo la interrogó y hasta cierto punto aclaró la cuestión, aunque a él no le fué posible hacerla iden-tificar los años con precisión.

También buho alguna prueba tendente a demostrar que uno y otro de los hermanos de Alfredo Palmieri había con-tribuido al sostenimiento de la niña durante algún tiempo después del nacimiento de ella, aunque esto fué negado.

Fuera del conflicto general en la prueba, uno de los fun-damentos principales para atacar las conclusiones de la corte inferior es que no se demostró claramente que Alfredo Pal-mieri y Santos Góñez vivían en concubinato al tiempo de la concepción de Esther Góñez o nueve meses antes de su naci-miento. La corte así concluyó y no nos consideramos en posición de revocar el fallo.

A la conclusión que sí llegamos, o lo que resolvemos, según sea el caso, es que del testimonio pudo haberse dedu-cido un estado de concubinato, mientras él y ella residían en la Central, es decir, que existía un estado de concubinato antes de que ambos regresaran a Adjuntas. Resolvemos, por tanto, que dados los antecedentes, cuando Palmieri puso una casa a Santos Góñez cerca de Adjuntas, continuaba la rela-ción de concubinato ya establecida.

Por tanto, no es necesario que discutamos la contención de los apelantes de que la corte no tenía derecho a fundarse en el caso de .Tristani, 44 D.P.R. 1.71. Nuestra decisión no depende de dicho caso; tampoco dependió del mismo el razo-namiento de la corte inferior.

La mayoría del tribunal no encuentra abuso de discreción en la concesión de costas, mas el juez que suscribe cree que no deben imponerse por los siguientes motivos:

Los demandados aparentemente componían una sucesión que, según es probable, se vió precisada a defenderse de la adquisición de un status. En opinión del infrascrito, ellos no estaban necesariamente obligados a investigar la certeza de la reclamación. No se trata de un caso, según de ordina-rio ocurre, en que al demandado contra quien se alega una obligación, se le pone o se le puede poner fácilmente en po-sesión de los becbos. En realidad, el pleito tendría que ra-dicarse ora los demandados se opusieran o no a la reclama-ción. El status no podía transigirse fuera de la corte. Na-turalmente, si los demandados están informados de los becbos, la situación varía. Al suscribiente le parece que en un caso de esta naturaleza la temeridad debe aparecer más clara-mente.

Además, la cuestión relativa a la continuación de un estado de concubinato una vez iniciado, fué una consideración que no babía sido establecida antes por la jurisprudencia de este tribunal.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: 3Sl Juez Asociado Señoe Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gerardo Agosto Agosto, acusado y apelante.
    Núm. 5708.

    Sometido: Junio 8, 1936.

      Resuelto: Julio 24, 1936.

      Fiddler, Córdova y McGonnel, y José G. González, abogados del ape-lante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   3Sl Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Agosto fué convicto de infringir el artículo 328 del Código Penal a virtud de una acusación que lee en parte como sigue:

“El Fiscal formula acusación contra Manuel Román, Gerardo Agosto Agosto, Gregorio Muñoz, Rodrigo Pedraza y Enrique Alejandro por infracción al artículo 328 del Código Penal (felony), co-metido de la manera siguiente:
“El, día 6 de enero de 1933, en jurisdicción de Caguas del Dis-trito Judicial de Humacao, P. R. en ocasión en que por la Carretera Central que conduce de San Juan a Humaeao caminaba el automóvil No. P-317, manejado por Manuel Román, al mismo tiempo que una locomotora No. 13, conducida por los acusados Gerardo Agosto Agosto»,. Gregorio Muñoz y Rodrigo Pedraza, como maquinista, conductor y fogonero, respectivamente, de dicha locomotora, encargados allí y entonces de los movimientos y dirección de la misma, cruzaba el paso» a nivel que intercepta dicha carretera, y en el momento en que al mismo se acercaba el automóvil guiado por el acusado Manuel Román, actuando como guardabarreras en dicho paso a nivel en ese momento» el acusado Enrique Alejandro; todos y cada uno de los acusados, allí y entonces, ilegalmente, por descuido, negligencia e imprudencia temeraria en el manejo y dirección, tanto de la locomotora como del automóvil antes mencionados, a saber: el acusado Manuel Román corriendo el automóvil que manejaba a una velocidad excesiva, sin. tocar claxon, ni bocina, ni aparato de alarma de clase alguna, y sin tomar las precauciones necesarias para cerciorarse si se acercaba alguna locomotora al intentar cruzar dicho paso a nivel; el acusado» Gerardo Agosto Agosto, encargado como maquinista de los movi-mientos y dirección en general de la susodicha locomotora No. 13, sin tocar o hacer que se tocara pito, ni campana, ni se diera aviso de clase alguna de la aproximación de dicha locomotora al cruce del paso a nivel, y sin cerciorarse de si se acercaba o no a dicho sitio vehículo alguno; el acusado Gregorio Muñoz, como conductor de la referida máquina o locomotora, sin tocar pito, ni campana, ni dar o hacer que se diera aviso de clase alguna al acercarse la locomotora al precitado paso a nivel, ni cerciorarse de la aproximación a tal sitio de vehículo alguno; el acusado Rodrigo Pedraza, como fogonero de dicha locomotora, también sin tocar pito, ni campana, ni dar © hacer que se diera aviso en forma alguna, y sin cerciorarse a sí mismo de la aproximación a dicho paso a nivel de vehículo alguno; y por último, el acusado Enrique Alejandro, guardabarreras en dicho paso a nivel, sin hacer señales o dar aviso en forma alguna oportunamente, ni a la citada locomotora, de la aproximación del automóvil manejado por Manuel Román, ni a éste de la aproximación de la locomotora indicada, sin que pusiera barrera de clase alguna a través de dicho-paso a nivel para detener o evitar la aproximación al mismo de cualquier vehículo en tránsito por dicha carretera, y en particular del que era manejado por el acusado Manuel Román; y así actuando todos y cada uno de los acusados, allí y entonces, por negligencia, descuido e imprudencia temeraria en el ejercicio de los actos antes referidos, dejaron que la locomotora No. 13 y el automóvil No. P-31T mencionados chocaran entre sí, como resultado de cuyo choque la pasajera Amelia Zoya de Díaz, que viajaba en el automóvil citado, sufrió lesiones graves que le ocasionaron la muerte allí y entonces.”

Román solicitó y obtuvo un juicio separado. Al ser lla-mado el presente caso para juicio el mismo fué archivado en cuanto a Pedraza, con el allanamiento del fiscal de distrito. Muñoz y Alejandro fueron absueltos.

La versión inglesa del artículo 328, según fué enmendada en 1916 (leyes de ese año, pág. 105) dispone que: "Every engineer,.... or other person having charge wholly or in part of any locomotive or automobile,.... who ‘through gross negligence or carelessness, suffers or causes the same to collide with another’ locomotive or automobile, ‘or with any other object or thing whereby the death of a human being1 is produced, is punishable by imprisonment in the penitentiary for a maximum term of five years.’ ” En la versión española las palabras “through gross negligence or carelessness’’ aparecen como ‘‘por imprudencia temeraria o des-cuido. ’ ’

El juez de distrito instruyó al jurado del siguiente modo:

"El artículo 328 del Código Penal, que es el que .se alega infrin-gido, establece dos formas o modalidades de cometerlo, a saber: una por imprudencia temeraria, y otra, por descuido. Ambas modali-dades envuelven negligencia.
"Negligencia es la voluntaria infracción de un deber en que una persona se encuentra con respecto a otra en determinadas circuns-tancias que implican una imprudencia temeraria o descuido, y se presume que existe esa imprudencia temeraria o descuido cuando una persona que guía uno de estos vehículos, un automóvil o un ferro-carril, lo hace dejando'de observar los preceptos que la ley le impone para impedir daño a un semejante.
"Toda persona que maneja un vehículo de motor, o una locomo-tora, deberá hacerlo con la debida prudencia y circunspección, de-biendo impedir en cualquier momento por el ejercicio de esa pru-dencia y circunspección, oportunamente ejercitadas, cualquier daño a cualquier semejante. Y el legislador ha dispuesto que toda persona que transite por un camino público en Puerto Rico, conduciendo un vehículo de motor, no tiene más derecho que cualquiera a transitar por ese camino público y en esa situación la persona que maneja el vehículo de motor está obligada a la observancia de todas las precauciones necesarias para evitar el daño que a ese respecto la ley le impone con sus semejantes.
“En estos casos nunca interviene la malicia, ni siquiera la vo-luntad ; el delito se completa con • la inobservancia de un deber, o sea, por imprudencia temeraria o descuido en el ejercicio de cualquier acto legal, como lo es el que una persona permita que por su negli-gencia y descuido una locomotora pueda chocar con un automóvil, o cualquier objeto o cosa, y como consecuencia de ese choque resulte la muerte o el daño de una tercera persona.”

Aquí la corte instruyó al jurado en substancia y efecto que cualquier descuido u omisión de deber, ora los mismos equivalieran a un descuido craso o no, bastaría para justificar un veredicto condenatorio. La instrucción a ese respecto in-ducía a error y era perjudicial.

La corte también instruyó al jurado en parte como sigue:

“La ley en Puerto Rico que regula la marcha de ferrocarriles a través de los caminos públicos de Puerto Rico, dice:
“Toda compañía de ferrocarriles de servicio público viene obli-gada a establecer y conservar cadenas, barreras u otros medios ade-cuados de protección, en todos los pasos a nivel de las carreteras públicas insulares y demás cruces públicos.
“Con sujeción a reglas de la Comisión de Servicio Público, todos los ferrocarriles de servicio público, deberán cercar o en otra forma defender o proteger de manera adecuada sus vías, a fin de evitar la entrada de animales a las mismas; deberán mantener su material rodante, vías y equipo en buenas condiciones y adecuados para la seguridad de sus pasajeros, empleados y del público en general; deberán usarse silbatos y campanas, de que deberán estar provistas las locomotoras, al aproximarse a curvas, túneles y los sitios donde crucen caminos o calles, cuando quiera que fuere necesario para advertir la proximidad de tales locomotoras.
“Y por la ley de 1917 se establece el precepto legal de que, cuando se tratare de una compañía de ferrocarril, ésta deberá cons-truir y conservar cadenas, portones u otros aparatos adecuados de protección, en todos los cruces a nivel de las carreteras públicas in-sulares y en los demás cruces públicos que la Oomisión designare y, con sujeción a las reglas, reglamentos y órdenes de la comisión, deberá cercar o de otra manera adecuada guardar o proteger sus vías, en aquellos sitios que la Comisión designare, de modo que los animales no puedan entrar en ellas; deberá instalar en sus locomotoras cam-panas y silbatos que deberán usarse al acercarse a curvas, túneles y a los cruces de caminos o calles y siempre que fuere necesario como advertencia de la aproximación de dichas locomotoras y trenes, los que reducirán la velocidad al mínimum en los cruces de calles.
“Es un deber que impone la legislación actual sobre la materia a las compañías de servicio público, y por tanto impuesto a las per-sonas empleadas en dichas compañías a cargo del funcionamiento inmediato de dichos ferrocarriles, locomotoras, trenes o vagones, el de usar campanas y silbatos para dar advertencia de la aproxima-ción de dichos trenes, vagones o locomotoras, al acercarse a curvas, túneles y a los cruces de caminos o calles, y además, siempre que fuere necesario. Ésta es una obligación impuesta en beneficio de la seguridad pública.”

Las compañías de servicio público, según son definidas por la Ley (núm. 70) de Servicio Público de 1917 (leyes de ese año, pág. 433, tomo II), en tanto en cuanto la definición estatutaria de las mismas nos concierne, son:

“. . . las personas naturales o jurídicas que se dediquen en Puerto Rico a cualesquiera de los fines o negocios siguientes:
“(a) Transporte de personas o carga utilizando en todo o en parte las vías marítimas, fluviales o terrestres.”

Los ferrocarriles a que se hace referencia en el inciso (q) del artículo 3 de la Ley de Servicio Público, son, desde luego, porteadores públicos. En el presente caso nada hay que demuestre que la United Porto Rico Sugar Company, dueña de la locomotora en cuestión, fuera un porteador público o “una compañía de servicio público”. Sea ello como fuere, ni el maquinista ni ninguno de los otros acusados era. res-ponsable de que la United Porto Rico Sugar Company dejara de construir y conservar cadenas o portones “u otros aparatos adecuados de protección” en el cruce a nivel en cuestión. Esto, a nuestro modo de ver, debió haberse indicado clara-mente al jurado.

No liemos pasado por alto el hecho de que en. lo que a Agosto se refería, este estatuto no le imponía ningún otro deber o nn deber mayor que el ya impuesto por los principios-generales de la ley de negligencia aplicables a casos de esta índole. Podría también admitirse, y se admite, que el juez no tuvo la intención de decir al jurado que Agosto era res-ponsable de otra cosa que no fuera de su deber de tocar el pito y la campana. Sin embargo, más de una vez salió a relucir en la prueba de cargo el hecho de que al momento del accidente no había cadenas en el paso a nivel porque los ganchos en un poste de hierro qué anteriormente se utilizaban para sostener las cadenas se habían caído y que el uso de ca-denas se había reanudado después de ocurrido el accidente. El juez de distrito también mencionó este hecho mientras, hacía un resumen del testimonio en sus instrucciones al ju-rado. No estamos en posición de decir que la instrucción relativa a los deberes impuestos a porteadores públicos por la Ley de Servicio Público no fuera, en la forma dada, un error perjudicial.

Un error más serio fué cometido al instruir al jurado' sobre la relación causal entre la supuesta negligencia o descuido de Agosto y la colisión. El juez dijo:

“Se ha aducido por la defensa la teoría de la inocencia absoluta, de los acusados porque ellos no fueron culpables ni de imprudencia,, ni de negligencia, ni de descuido en el funcionamiento do la loco-motora, ya que ellos cumplieron con todos los requisitos que la ley imponía al cruzar con la locomotora por ese sitio: tocaron silbato,, tocaron la campana, y que, además, había una persona, el guarda-barreras, que dió aviso a los que venían por esa carretera antes de aproximarse la locomotora.
“La teoría de la defensa es que la causa única de la muerte de la señora que resultó muerta en este accidente se debió exclusivamente a la negligencia del ‘chauffeur’ que guiaba el automóvil en que ella venía. De manera que no se ha alégado que existiera negligencia contributiva, sino la negligencia absoluta de otra persona, como con-secuencia de la cual ocurrió el accidente.
“Es bueno que se fijen también los señores del jurado que la defensa no imputa negligencia a la persona que resultó muerta, sim> la negligencia ele una tercera persona que no resultó muerta, es decir, del ‘ chauffeur ’ del automóvil en el cual venía esa persona.
“Si los señores del jurado llegan a la conclusión de que los acu-sados fueron negligentes y descuidados o temerarios en el momento de ocurrir el accidente, aun cuando los señores del jurado lleguen también a la conclusión de que el ‘chauffeur’ que guiaba el auto-móvil en el momento del accidente fué también negligente, la circuns-tancia de la negligencia de ese ‘chauffeur’ no exime en forma alguna de responsabilidad penal a los acusados, siempre que los señores del jurado entiendan que ellos fueron también negligentes. La negli-gencia contributoria de una tercera persona no los exime de respon-sabilidad penal cuando los acusados fueron también negligentes; en caso de que a esa conclusión llegaren los señores del jurado.
“Deben recordar los señores del jurado que Amelia Zoya, la persona que resultó muerta, no estaba encargada de los movimientos del automóvil, sino un ‘chauffeur’ de nombre Manuel Román, según reza la acusación.
“La negligencia es la característica de estas dos circunstancias: de la falta de prudencia y de la falta de circunspección. Una persona que ejerce un acto sin la debida prudencia, sin circunspección, puede decirse que ha sido una persona negligente, una persona descuidada, una persona poco solícita de sus deberes y que, debido a ese descuido, a esa imprudencia, a esa negligencia, fué que ocasionó el daño a una tercera persona.
“Constituye descuido o negligencia, el dejar de observar para la protección de los intereses de otra persona, aquel grado de cuidado, de protección y vigilancia que justamente requieren las circunstancias y por consecuencia de lo cual otra persona sufre algún daño.
“Si los señores del jurado llegan a la conclusión de que la única causa del accidente fué la negligencia del ‘chauffeur’ que guiaba el automóvil, y de que los acusados en nada incumplieron con sus de-beres, ni cometieron acto alguno de negligencia conectado con este accidente, los señores del jurado no pueden declarar culpables a estos acusados de delito alguno. Solamente podrían declararlos culpables si los señores jurados entendieren, fuera de duda razonable, y llegaren a la conclusión como un hecho probado, que fueron negligentes y no cumplieron con los deberes que la ley les imponía para proteger la vida ajena en una situación como los hechos demuestran en este caso.”

A este respecto el juez una vez más asumió y dejó al jurado en libertad para actuar sobre la asunción de que prueba de descuido que no equivalga a descuido craso, o de que prueba de negligencia no equivalente a negligencia crasa, bastaba para justificar un veredicto condenatorio. Empero, el hecho saliente es que esta parte de la instrucción pasó por alto la cuestión de causa próxima. Este fue un punto primordial. La negligencia o descuido del acusado en un caso de esta naturaleza no sólo han de .ser negligencia o descuido crasos sino que deben ser la causa próxima o por lo menos una causa próxima del choque. 29 C. J. 1154, sec. 141; Dunville v. State, 123 N. E. 689; People v. Barnes, 148 N. W. 400; Copeland v. State, 285 S. W. 565; Goodman v. Commonwealth, 151 S. C. 168; State v. Luster, 182 S. C. 429; Osteen v. Atlantic Coast Line R. Co., 112 S. E. 352.

La opinión de este tribunal en el caso de Pueblo v. Francis, 19 D.P.R. 692 (seguido en el caso reciente de Pueblo v. Pagán, 49 D.P.R. 436), e interpretado acertadamente en su totalidad a la luz de los hechos que la corte tenía ante si en aquel entonces, no milita fuertemente contra el criterio aquí ex-presado.

La acusación parece asumir que pueden haber dos o más causas próximas, y existen algunos casos que sostienen este criterio. Véanse: State v. Luster, 182 S. E. 427; y 29 C. J. 1078, sec. 54. No nos detendremos ahora para discutir este aspecto de la cuestión.

No hemos pasado por alto el peligro de dar en el curso de un juicio por jurado instrucciones relativas a la doctrina moderna de causa próxima o lo que en un tratado reciente se ha calificado como el “mito” de la causa próxima. Em-pero, si las cortes de distrito recuerdan que la cuestión de causa próxima es principalmente una de hecho y siempre una de sentido común, ellas pueden evitar el riesgo de hacer una exposición elaborada.

Hubo prueba tendente a demostrar que el guardabarrera se situó en el cruce aproximadamente al mismo tiempo que la locomotora y que con el fin de evitar ser cogido y despachu-rrado entre el automóvil y la locomotora antes de que pudiera desenvolver la bandera, tuvo que brincar o correr del sitio en que se preparaba para bacer la señales acostumbradas. Si el jurado creyó este testimonio quizá hubiera concluido, teniendo las debidas instrucciones, que la causa próxima del choque lo fué el haber dejado el guardabarrera de dar un aviso adecuado y oportuno, no obstante cualquier negligencia o descuido por parte del maquinista. El hecho de que el guardabarrera fuera absuelto no significa necesariamente que el jurado estuviera convencido de que él estaba exento de toda responsabilidad. Hubo testimonio que tendía a probar que él era un anciano, mal retribuido, que mientras se hallaba en el debido cumplimiento de sus deberes poco antes del juicio había sido arrollado y seriamente lesionado por un autocamión, que no había sanado completamente de sus le-siones al tiempo del juicio, y que había sido sustituido por otro guardabarrera. Estas circunstancias sin duda alguna apelaron fuertemente a la simpatía del jurado. Por otra parte, si el jurado no creyó el testimonio de varios pasajeros' que iban en el automóvil Buick (muchos de los cuales ya habían radicado pleitos de daños y perjuicios) sobre la negli-gencia del guardabarrera, entonces no existía razón alguna por la cual el jurado debió haber dado mucha importancia a la aseveración de estos mismos testigos de que no oyeron que se tocara pito o campana, ante el testimonio de por lo menos dos testigos oculares aparentemente desinteresados, al efecto de que el maquinista sí tocó pito y campana.

Además, si el jurado creyó cierto testimonio tendente a demostrar que el guardabarrera se hallaba en su sitio con suficiente antelación al momento del accidente, haciendo se-ñales con una bandera roja al conductor del vehículo para que se detuviera, y con una blanca al maquinista para que continuara, entonces el jurado pudo haber concluido, si se le hubiesen dado las instrucciones debidas, que la causa pró-xima del choque lo fué que el conductor del vehículo negligen-temente dejó de observar y obedecer la señal de peligro.

El accidente tuvo lugar en las afueras de Caguas, en un paso a nivel de una carretera de mucho tránsito, vía principal entre San Juan y Ponce. Teniendo las instrucciones debidas, el jurado tal vez Rubiera llegado a la conclusión de que el haber dejado la United Porto Rico Sugar Company de repo-ner los ganchos rotos y de colocar y mantener cadenas o ■alguna otra barrera adecuada, o un guardabarrera más digno de confianza, en el paso a nivel, fué la causa próxima del choque, no obstante la negligencia crasa o el descuido del maquinista o guardabarrera, o de ambos.

El efecto acumulativo de los errores cometidos por el juez de distrito en sus instrucciones al jurado es demasiado serio para que se le- pase por alto. La regia de que errores en las instrucciones dadas al .jurado no serán notados en apelación cuando no se tomen excepciones y el juez en su consecuencia se ha visto privado de la oportunidad de corregir sus errores, no es de aplicación a un caso de esta naturaleza. Nuestra única duda surge respecto a si el caso debe ser devuelto o si debe absolverse al acusado. Toda vez que puede haber lugar a divergencia de criterio en torno a si el acusado debe ser sometido a un nuevo juicio, nos inclinamos a dejar esta cuestión al sano criterio y al sentido de justicia del fiscal de distrito. Habiendo decidido seguir este curso, nos abstendremos de continuar discutiendo la prueba.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor HtjtchisoN,

text:
    Antonio Rullán Vélez, peticionario y apelante, v. Cristino R. Colón, Juez de la Corte Municipal de Mayagüez, demandado y apelado.
    Núm. 7240.

    Sometido: Febrero 27, 1936.

      Resuelto: Julio 28, 1936.

      Enrique Báez García, abogado del apelante; Oscar Souffront, abo-gado del apelado y del demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor HtjtchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Bullan apela de una sentencia por la cual la Corte de Distrito de Mayagüez anuló nn auto de certiorari librado con el fin de revisar una orden dictada por el juez: de una corte municipal en procedimiento de embargo. Del legajo de sentencia copiamos la siguiente “Diligencia y notificación de embargo” suscrita por el marshal de la corte municipal :

1 ‘ Diligencia y notificación de embargo. — Yof José Cintron, Márshár de la Corte Municipal de Mayagüez, P. R., Certifico : Que en virtud de una orden de embargo para asegurar la efectividad de sentenciá por la suma de trescientos veinte dólares setenta y tres centavos-de principal, que se reclaman en la demanda, más $100 para intereses y costas, que me ba sido dirigida por la Hon. Corte Municipal de Mayagüez, Puerto Rico, con fecha 20 de noviembre de 1935, en efc caso arriba indicado, procedí a embargar y embargué, como de la propiedad de los demandados, según acuse de bienes hecho por el Lie. Oscar Souffiront, abogado de la parte demandante, los siguientes-bienes: — 10 quintales café verde. — 22 almudes de café en uva. — Toda la cosecha de café pendiente de recolección que produzca la finca que? más adelante se describe. — rústica:—Hacienda cafetal denominada. ‘teresa’ dedicada a café, plátanos, maleza, pasto y árboles frutales,, sita en el barrio Indiera Fríos, de Maricao, con una cabida de 115 cuerdas, colindante por el norte con terrenos hoy de Arturo Rodríguez, los de Benito Poueymirou antes, hoy Sepulveda y los de la sucesión-de Pedro Gil, antes, hoy de los hijos de Antonio Benvenutti; al sudi con los de Antonio Benvenutti antes, hoy de G. Llinás & Cía. y lo» de Juan Inés Arvelo antes, hoy de Francisco Laracuenta; al este-con terrenos de Arturo Rodríguez, con los de la Hacienda ‘Delfina*' de G. Llinás & Cía. y los de Juan Inés Arvelo antes, hoy de Francisco Laracuenta y los de G. Llinás & Cía. y por el oeste con los de la Sucesión de Juan Ferrer, antes y hoy con G. Llinás & Co. y .Domingo Piovanetti. Contiene varios establecimientos. — Y por la presente se notifica a ustedes, demandados, Antonio Rufián Yélez y la Sucesión de Pedro Ruiz Ruperto, compuesta de su viuda, Tomasa Ithier y sus hijos legítimos, Miguel Angel Ruiz Ithier y Alejandrina Ruiz Ithier, emancipados, y los menores de edad, representados por su madre con patria potestad sobre dichos menores, María, Tomasa, Pedro, Margara, Andrés Ruiz e Ithier, del embargo trabado y se les advierte de que no podrán vender, ceder, gravar ni en forma alguna disponer de los bienes embargados sin una orden de la Corte Municipal de Mayagüez, P. R. — Nombré depositario de los bienes embar-gados a don Juan Cerda, a quien hice entrega de los mismos. — ■ Mayagüez, P. R., a noviembre 21 de 1935. — (Fdo.) José Cintrón, Márshal.”

La orden que el juez de distrito resolvió estaba autorizada por el inciso (h) de la sección 2 de la “Ley para asegurar la efectividad de sentencias”, aprobada el-Io. de marzo de 1902 (véase Código de Enjuiciamiento Civil, Edición de 1933, pág. 96) lee como sigue:

“Vista la moción presentada en el presente caso por la deman-dante, la corte por la presente la declara con lugar y nombra depo-sitario de la cosecha de café y otros frutos recolectados y pendientes de recolección de la finca propiedad de los demandados, denominada hacienda ‘Teresa’ sita en el barrio Indiera Fríos, del término municipal de Maricao, con una cabida de 115 cuerdas, dedicada a café, plátanos, maleza, pastos y frutos menores, conteniendo varios estable-cimientos y colindante. ... a don Francisco Mattei Antonmattei, mayor de edad, casado, comerciante y vecino de Yauco, P. R., el cual deberá prestar una fianza con fiadores responsables por la suma de CUATROCIENTOS dólares para responder al fiel cumplimiento de los deberes de su cargo como tal depositario y aceptar el mismo, hecho lo cual el secretario de esta corte deberá expedir a favor de dicho don Francisco Mattei Antonmattei, carta de administración para que proceda a recolectar la cosecha de café y otros frutos pendientes en dicha finca antes relacionada, pudiendo dicho depositario hacer uso de los establecimientos, maquinaria, gláciles y enseres de dicha finca para la recolección, elaboración y preparación del café, ‘sin per-juicio de la intervención y reclamación que en defensa de sus inte-reses quisiera hacer el demandado de acuerdo con la ley.’ — Mayagüez, P. R., a 23 de noviembre de 1935. — (fdo.) Cristino R. Colón, Juez Corte Municipal.”

De conformidad con los términos expresos del artículo 263 del Código Civil (Edición 1930), “los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras estuvieren unidos a la tierra o formaren parte integrante de un inmuble”, son bienes in-muebles.

Los artículos 9, 10 en parte, 11 y 12 de la Ley para Ase-gurar la Efectividad de Sentencias leen así:

“Artículo 9. — El embargo y prohibición de enajenar inmuebles se efectuarán anotándolos en el registro de la propiedad y notificán-dolos al demandado, con la prevención de que no podrá enajenar los bienes embargados sino en pública subasta, con citación del deman-dante, quedando el precio consignado a disposición del tribunal, ni enajenar en ningún caso los bienes en que baya recaído la prohibi-ción. La enajenación de dichos bienes realizada en contravención a lo dispuesto en este artículo se reputará fraudulenta para todos los efectos civiles y penales, y las personas responsables del fraude serán castigadas además como culpables de desacato (desobediencia).
“Artículo 10. — La prohibición de enajenar bienes muebles y el embargo de los mismos se practicarán depositando los bienes de que se trate en poder del tribunal o de la persona designada por éste, bajo la responsabilidad del demandante. . .
“Artículo 11.' — Las disposiciones de la sección precedente son apli-cables a los frutos que produzcan los bienes embargados o cuya enajenación se haya prohibido, si el embargo o prohibición fuere extensivo a dichos frutos.
“Artículo 12.- — No obstante lo dispuesto en la sección 9, el de-mandado será privado de la custodia y administración de los bienes inmuebles embargados, o cuya enajenación se le hubiera prohibido, si él o la persona encargada de dichos bienes los abandonaren, des-cuidaren la administración de los mismos o realizaren actos con relación, a ellos que hagan a éstos desmerecer notablemente de valor, siempre que tales hechos se prueben a satisfacción del tribunal. Cuando ocurriere el caso mencionado se designará al actor, o la persona que éste propusiese bajo su responsabilidad, como depositario .administrador de los bienes, prestándose por dicho demandante fianza suficiente o ampliándose la primeramente constituida, si fuere insu-ficiente, a juicio del tribunal, a fin de responder del depósito y administración. ’ ’

El inciso (h) del artículo 2 de la referida ley dispone que: “(h) En lo no previsto en las regias precedentes, el Tribunal discrecional y equitativamente adoptará las medidas proce-dentes para asegurar la efectividad de la sentencia.” Las “regias precedentes” cubren la cuestión de embargos y me-didas de naturaleza prohibitiva. Una obligación monetaria es uno de los casos provistos por dichas “regias preceden-tes.” Cuando se trata de tal obligación “el aseguramiento consistirá en el embargo de bienes bastantes del deudor para responder de la suma reclamada.” De todos modos, á menos que se admita que las cortes municipales pueden designar depositarios (receiver) para bienes inmuebles con el fin de que cultiven el terreno y recojan los frutos, sin¡ necesidad de invocar el inciso (h) en apoyo de esa autoridad, muy bien podría dudarse de si la legislatura tuvo la intención con tal inciso de conferirles la facultad de designar semejantes de-positarios, excepto en la forma provista por el artículo 12, supra. Estas son, sin embargo, cuestiones que no es nece-sario resolver definitivamente por ahora.

Café sin recolectar no puede ser embargado como propiedad mueble, ni puede el márshal de una corte, luego de tratar de trabar un embargo sobre café como propiedad mueble, entregar la posesión del mismo a un depositario por él designado. Aún si el márshal hubiera seguido el procedimiento prescrito por la sección 9, supra, para el embargo de propiedad inmueble, él no hubiera podido designar un depositario para recolectar la cosecha. Véase Rodríguez v. Corte de Distrito de San Juan, 31 D.P.R. 694. Los frutos a que se hace referencia en el artículo 11, supra, son no sólo los producidos por el terreno que ha sido embargado, sino también aquéllos que de por sí han sido embargados como parte del terreno que los produjo.

Según el inciso (h), la facultad allí conferida ha de ejercitarse con discreción y de acuerdo con la equidad. Bajo la práctica de equidad las reglas que gobiernan- la designación de depositarios están demasiado bien establecidas y son por de más conocidas para que se les exponga aquí de nuevo.

La sección 14 de la Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencia lee:

“Todas las pretensiones que se dedujeren por cualquiera de las partes en el curso del juicio en relación al aseguramiento de sentencia, se sustanciarán en .pieza separada, dándose traslado a la parte con-traria, con citación para una comparecencia ante cualquiera de los jueces, en la cual se propondrán y practicarán las pruebas que cada una de las partes propusiere y fueren pertinentes, resolviéndose acto seguido por el tribunal la cuestión propuesta, sin que en ningún caso tales cuestiones sean obstáculos para la continuación del pleito principal. Entre la citación y la comparecencia de estos juicios verbales no mediará un término mayor de cinco días, y no se suspenderá la celebración de los mismos por ningún motivo. Toda resolución del tribunal será ejecutoria desde luego, pudiendo consignarse por la parte perjudicada la oportuna protesta, a los efectos del recurso que la Ley de Procedimientos le conceda contra la sentencia definitiva.”

El letrado de la demandante suscribió y radicó en la corte municipal un escrito que lee así:

“A la Honorable Corte:
“Comparece abora la demandante representada por su abogado, Lie. Oscar Souftfront, y respetuosamente expone y solicita:
“Primero: Que en este caso y en virtud de orden de esta Hon. Corte se expidió por el secretario de la misma mandamiento de embargo dirigido al márshal de la Corte Municipal de Mayagüez, habiendo la demandante señalado a dicho márshal para ser embargados como propiedad de dichos demandados arriba mencionados, la cosecha de café y otros frutos de la finca rústica ‘Hacienda cafetal denominada “Teresa” ’, dedicada a café, plátanos, malezas y pastos, sita en el barrio de Indiera Fríos, del término municipal de Maricao, con una cabida de ciento quince cueRdas, y colinda al norte con Arturo Rodríguez, Benito Poueymirou, antes, hoy Sepúlveda, y los de la sucesión de Pedro Gil; al sud con los de don Antonio Benvenutti, hoy de G. Llinás & Co.; al este con Arturo Rodríguez y por el oeste con los de la sucesión de Juan Ferrer, hoy de Domingo Piovanetti. Contiene varios establecimientos, siendo dicha finca de la propiedad de los demandados, habiendo sido embargada dicha cosecha de café por dicho funcionario.
“Segundo; — Que el márshal de esta corte a solicitud de la parte demandante nombró depositario provisional de dicha cosecha de café así embargada a don Juan Cerda, mayor de edad, agricultor, y vecino <lel barrio Indiera Fríos, del término municipal de Maricao, Puerto Bico.
“Tercero: — Que dichos frutos correrían el riesgo de perderse en parte o en su totalidad en detrimento de la demandante como de los demandados, a menos que por esta Hon. Corte se proceda a nombrar un depositario de dichos café y frutos, así embargados, los cuales estima dicha demandante que deben tener un valor como de CUATRO-CIENTOS DÓLARES.
“Por lo que la demandante a esta Hon. Corte propone para el nombramiento de depositario de dicha cosecha de café y frutos a don Francisco Mattei Antonmattei, mayor de edad, casado, comerciante y vecino de Yaueo, P. R.”

Admitiendo tan sólo para los fines de la argumentación que una corte municipal tiene autoridad bajo el inciso (h), supra, o bajo alguna otra ley, para designar un depositario <en circunstancias distintas a las mencionadas en la sección 12, supra, y admitiendo además, (sin necesidad aparente para «ello) que la relación hecha en el párrafo anterior hubiese justicado tal designación luego de haberse notificado a los demandados y de dárseles la oportunidad de ser oídos, el lecho de que se hubiera designado un depositario sin noti-ficarse a la parte contraria, sin vista u oportunidad para ser oída, bastaba para que se revocara la orden de que se quejan los peticionarios en el recurso de certiorari.

Los apelados en su alegato solicitan se desestime el recurso: porque el escrito de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por .la corte de distrito no fué notificada a ciertos demandados que en la corte municipal no se unieron al codemandado Rufián al acudir a la corte de distrito en solicitud de un auto de certiorari; porque el presente recurso no es uno de los provistos por los incisos 1 y del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil; porque si se incluye el presente recurso en el inciso tercero del artículo 295 entonces el escrito de apelación debió haberse radicado dentro de diez días contados a partir de la fecha <en que se archivó la notificación de la resolución apelada; porque el único señalamiento de error del apelante es dema-siado general.

El señalamiento despojado de toda fraseología superfina., es que la corte de distrito cometió error al resolver que los procedimientos en la corte municipal fueron correctos y ajusr tados a derecho y al anular el auto de certiorari. El señala-miento quizá pudo ser más específico,' pero el defecto no es de tal naturaleza que exija la revocación al suscitarse la cuestión por primera vez en el alegato de los apelados.

El presente recurso no cae dentro del inciso tercero del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. Cae dentro del párrafo primero de dicho artículo. Véase León v. Brusi, 21 D.P.R. 445, y Vega v. Hernández, 21 D.P.R. 533.

Los apelados no nos citan autoridad alguna en apoyo de su contención de que el apelante Rullán debió haber notificado su escrito de apelación a sus codemandados en la corte municipal que no fueron partes en el procedimiento de certiorari. En ausencia de autoridad o argumento, no estamos preparados para decir que el haber dejado Rullán de notificar el escrito de apelación a sus codemandados en la corte municipal equivalga a un defecto jurisdiccional.

Debe revocarse la resolución de la corte de distrito. La orden de la corte municipal, en tanto en cuanto se refiere a la designación de un depositario para el café no recolec-tado, debe quedar sin efecto y devolverse el jcaso para ulte<-riores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.