author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Mattei, Demandante y Apelante, v. Díaz et al., Demandados y Apelados.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre tercería de dominio e injunction.

    No. 1534.
    Resuelto en junio 4, 1917.
    Tercero — Prueba—Documentos Privados — Otros Elementos de Prueba. — El artículo 1195 del Código Civil es de estricta aplicación cuando no hay más prueba de un acto o contrato que el documento privado, pero ese artículo no se opone a que mediante un documento de aquella clase unido a otros ele-mentos de prueba, se estime probado en perjuicio de tercero, el acto o contrato a que se refiere.
    Abogados del apelante: Sres. José y Manuel Tous Soto.

    Abogado de los apelados: Sr. Francisco Parra Capó.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Mattei Eodríguez presentó una demanda de tercería y obtuvo una orden de injunction preliminar por la cual se sus-pendía la venta en ejecución de sentencia de dos casas em-bargadas como de la propiedad de Francisco Moreno, en una acción en cobro de dinero establecida contra Moreno por Joaquín Díaz.

La prueba presentada fue amplia y no contradicha al ob-jeto de probar que Moreno había obligado primeramente estas casas en unión de otras al pago de un documento o pagaré otorgado a favor de Juan Semidey, cuñado de Mattei, por el importe del precio de venta de cierto lote de tabaco perte-neciente a Mattei y vendido a nombre de éste por Semidey a Moreno; que posteriormente, después de seguida una ac-ción por Semidey, Moreno sustituyó esta obligación por la venta con pacto de retro de las dos casas objeto de esta acción a favor de Mattei hasta tanto el vendedor pagara al com-prador dentro de nn período de tiempo determinado, el precio de la venta del tabaco, y que al vencimiento del período así fijado, Moreno hizo venta absoluta por escrito a favor de Mattei.

Tanto la venta con pacto de retracto como la venta ab-soluta que fué otorgada finalmente, eran documentos privados, pero indiscutiblemente auténticos, no habiendo nada que en manera alguna indique que haya habido fraude, simulación o mala fe, siendo otorgado uno de dichos documentos hace varios meses y el otro algunos días antes del embargo.

El tercerista trató también de probar que el primitivo demandante tenía completo conocimiento de la venta, pero Díaz negó este hecho en su declaración y el juez sentencia-dor, sin considerar en absoluto como parece el hecho de que los documentos en cuestión fueron firmemente corroborados por otras pruebas, resolvió que no se hizo constar de modo su-ficiente el verdadero conocimiento de la venta por parte de Díaz y dictó sentencia desestimando la demanda de tercería y disolviendo el injunction.

La corte sentenciadora se basó al dictar esta sentencia, en el caso de Córdova et al v. Surís et al., 19 D. P. R. 1180, y en el artículo 1195 del Código Civil, él cual prescribe lo siguiente:

‘'Artículo 1195. — La fecha de un documento privado no se con-tará respecto a terceros, sino desde el día en que hubiese sido incorpo-rado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcio-nario público por razón de su oficio. ’ ’

La conclusión a que llegó la corte de distrito sólo puede ser explicada por la teoría de que la corte sentenciadora no conocía la doctrina establecida en el caso de Longpré et al v. Wolff, 23 D. P. R. 27, en el cual se estableció la diferencia del caso de Córdova y esta corte dijo:

“Opinamos que el artículo 1195 del Código Civil es de estricta aplicación cuando no hay más prueba de un acto o contrato que el documento privado, pero ese artículo no se opone .a que mediante un documento de aquella clase unido a otros elementos de juicio, se estime probado en perjuicio de tercero el acto o contrato a que se refiere, según sentencia del Tribunal Supremo de España de 18 de-febrero de 1898, Jur. Civ. tomo 83, p. 408.”

Véase también el caso de Torres v. Pons, 24 D. P. R. 462.

Debe revocarse la sentencia apelada, declarándose con lugar la demanda de tercería y haciéndose permanente el injunction.

Revocada la sentencia apelada y declarada con lugar la demanda, haciéndose permanente el injunction preliminar expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: Ei> Juez Asociado Se. del Todo, JUEZ ASOCIADO SR. WOLP. JUEZ PRESIDENTE SR. HERNANDEZ,

license: Public Domain

text:
    Sucesión Criado, Demandante y Apelante, v. Martínez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre reivindicación de bienes inmuebles, daños y perjuicios y nulidad de adjudicaciones.
    No. 1459.
    Resuelto en junio 5, 1917.
    Albaceas — Deudas Hereditarias: Su Pago — Bienes de Menores — Herederos Necesarios — Autorización Judicial. — Cuando existen herederos necesarios menores de edad, los albaceas nombrados por el testador con facultades para el pago de sus deudas, no pueden adjudicar bienes inmuebles con tal objeto sin la intervención de los dichos herederos y sin la obtención de la autorización judicial previa que la ley exige piara la venta de bienes de menores.
    Id. — Prescripción.—La prescripción a que se refiere el artículo 1268 del Código Civil, no es aplicable al caso anterior cuando el albaCea prescinde de los herederos y de la autorización judicial.
    Recursos Gubernativos — Jurisprudencia.—Una resolución dictada en un recurso gubernativo, no establece jurisprudencia y por tanto el tribunal no está obligado a seguirla.
    Abogados de la apelante: Sres. Vicente Zayas Pizarro y Nemesio R. Canales.

   Los hechos están expresados en la opinión.

Abogados de los apelados: Sres. José y Manuel Tons Soto.

Ei> Juez Asociado Se. del Todo,

emitió la opinión del tribunal.

En el año de 1903 falleció don Miguel Criado y Blas, bajo testamento, dejando herederos necesarios y bienes de for-tuna. La cláusula duodécima de su testamento, dice así:

“Nombra sus albaceas testamentarios, contadores, partidores y «omisarios a su hermano Don Manuel Antonio Criado, principalmente por lo que respecta a los bienes de España y a Don Pedro José Alvarado, vecino de Barros, barrio de Bauta, en Puerto Rico y a Doña Rosa Rodríguez vecina de Juana Díaz, barrio de Hato Puerco Arriba, a los tres juntos e insoliclum, facultándoles para incautarse de sus bienes, liquidar cuentas, fijar saldos, representar a la testamentaría en juicio y fuera de él, retirar y constituir depósitos, imposiciones y .saldos de cuentas corrientes, vender bienes si necesario fuere para atenciones de su misma testamentaría y practicar todas las operaciones de ésta extrajudicialmente, pues prohíbe en absoluto toda interven-ción judicial que no sea estrictamente indispensable, con prórroga del término legal del albaceazgo por un año más si lo necesitaran.”

El 6 ele abril de 1905, uno ele los albaceas, Pedro José Ai-varado, actuando como tal, por sí solo, sin la intervención de los herederos 'necesarios, que eran entonces menores de edad, ni autorización judicial, adjudicó a los demandados en pago •de cierta deuda que contrajo en vida con ellos el testador, -cuatro fincas rústicas por la suma de $5,261.08.

Los demandantes alegan que el albaeea no tenía autori-dad para hacer dicha adjudicación en tales condiciones. Los demandados sostienen que la tenía. La corte olió la razón a los demandados, y los demandantes entonces interpusieron ■el presente recurso de apelación.

Aceptando que por virtud de la cláusula transcrita, el tes-tador hubiera autorizado a sus albaceas para adjudicar bie-nes en pago de deudas, esto no obstante opinamos que al cumplir su encargo, no pudieron dichos albaceas prescindir de los herederos necesarios, que eran entonces los únicos dueños de los bienes, y que siendo menores de edad los here-deros, la adjudicación no pudo realizarse válidamente sin la intervención de los tribunales.

Cuando murió el testador y cuando se adjudicaron los bienes, regía en esta Isla él Código Civil revisado, que en su artículo 875 dispone que “los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les baya conferido el testador,, y no sean contrarias a las leyes.”

El testador no autorizó a sus albaceas expresamente para prescindir de sus herederos necesarios, pero se alega que habiendo sido autorizados en general para vender bienes sin referencia a los herederos, tenían plenas facultades para ac-tuar como ló hizo uno de ellos en este caso, por sí solos. Sos-tenemos que si se interpreta de ese modo, como se ha inter-pretado por los demandados y por la corte sentenciadora, la cláusula testamentaria que dejamos transcrita, entonces la facultad conferida ai albacea resultaría contraria a las leyes y no tendría por tanto validez.

Mientras la herencia permanece yacente por haberse abs-tenido de aceptarla los llamados por la ley, se supone exis-tente la personalidad del difunto. -(Sent, del T. S. de Esp. de 5 de junio de 1861.) Esa regla aplicada en toda su inte-gridad a todos los casos, es la que produce, a nuestro juicio, la diversidad de opiniones con respecto a las facultades de los albaceas en herencias no yacentes, sino aceptadas por los herederos. Se comprende que cuando no haya herederos, el albacea pueda actuar sin su intervención, pero cuando existen herederos que, según la ley, artículo 669 del Código Civil revisado, “suceden al difunto por el hecho solo de sn muerte, en todos sus derechos y obligaciones,” no puede pres-cindirse de ellos. Sostener que un testador pueda ordenar que después de su muerte una persona extraña a la herencia venda los bienes inmuebles de la misma sin la intervención de sus herederos necesarios, sean' éstos mayores o menores, de edad, sería destruir todo el sistema puesto en vigor por el Código Civil, especialmente por las disposiciones generales contenidas en sus artículos 664a al 669.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Es-paña “los albaceas contadores tienen el carácter de manda-tarios del testador y no de los herederos” (78 Jurisprudencia-. Civil, 26), debiendo acomodarse en el cumplimiento de stu encargo a las condiciones del mandato ‘ ‘ en todo lo que- no se» baile particularmente regulado” (100 Jurisprudencia Civil 391). Es así que la venta de bienes de menores se halla particularmente regulada por la ley, luego en un caso en que existan herederos menores de edad, el albacea aunque hu-biere sido expresamente autorizado por el testador para vender bienes inmuebles para pago de deudas, a los efectos de realizar válidamente esa operación, tendría que ajustarse a las reglas establecidas por la ley para la venta de bienes de menores.

Si estudiamos la legislación antigua, encontraremos por ejemplo que la ley 62, del título 18 de la partida 3, regula entre otros el caso de venta de bienes de un testador para el pago de sus deudas, habiendo el testador otorgado al al-bacea poder para vender. El procedimiento -fijado no es igual al establecido para la venta de bienes de menores por la ley 60, del mismo título y partida, y se resolvió que am-bas leyes podían armonizarse, cumpliendo el albacea cuando existían menores con los requisitos fijados por la ley para la venta de sus bienes. Véase: 1 Escriche, Diccionario de Le-gislación, pág. 395, segunda columna; y 3 Códigos Españoles Concordados y Anotados, 218 y 219. ¡

“Aun cuando dichos albaceas o testamentarios,” dijo ei Supremo de España en sentencia de 22 de- octubre de 185-7:, tengan el carácter de árbitros arbitradores y amigables com-ponedores, no pueden enajenar bienes de la testamentaría sin formalizar inventario, mucho menos habiendo - herederos necesarios y menores.” Y dijo además, “que los albaceás no pueden enajenar-lo que corresponde-a menores, sin que se Justifique la-necesidad: o utilidad, y sin que intervenga el guardador y precédanla autorización del juez, no pudiendo ■dispensarse ,dp estas-.formalidades por amplio que sea su mandato,” 2,,Jurisprudencia Civil 406, 407.

A nuestro juicio el artículo 875 del Código Civil revisado, igual al 901 del'.Código Civil antiguo, no varió esencialmente ■el concepto ,de la legislación anterior con respecto al cargo de albacea. Falcón'en una nota al artículo 901 del Código Civil Español,/en el tomo 3, página 284, de sus comentarios, dice: .>■ -.■

“Procede del artículo 902 del. referido Proyecto,” (el de 1882),. “conforme con 'la primera parte del artículo 728 del proyecto de 1851. En el fondo, la doctrina procede de la ley 32, título 9o. de la part. 6a.,-que a su vez la tomó de la ley 55, libro 31 del Digesto.”

Existe un terror en la cita de la Ley de Partidas. En vez del título noveno, debe ser el título diez que trata de los “executoribus ■ textam.” Véase: 4 Códigos españoles, 163.

Antes y añora se consideró y se considera al albacea como mandatario del testador y no de los ñerederos. Antes y ahora se estimó y se estima que es la voluntad del testador la que debe cumplirse. Pero antes tuvieron como tienen ahora esos principios la limitación de que lo que se ordene realizar o se realice por el testador y por el albacea no sea contrario a la ley. Por encima del individuo está la sociedad que re-gula sus acciones por medio de leyes decretadas por organis-mos especialmente creados para ello.

No están acordes los comentaristas españoles sobre la ma-teria. La opinión de Manresa parece inclinarse a la facultad del albacea para vender bienes, cuando ha sido autorizado por el testador, prescindiendo de los herederos. (6 Manresa, Código Civil, 752 y siguientes.) Galindo y Escosura sostie-nen tal teoría. - (2 Galindo y Escosura, Legislación Hipo-tecaria, 73 'y siguientes.) Y también Sánchez Román. (Sán-chtez Román, Derecho Civil, 1425.) Por el contrario Scaevola dice, con razón a nuestro juicio, que “si los padres por sí mismos no pueden proceder a la enajenación de bienes de sus hijos, que administran y usufructúan, mal podrán auto-rizar a otras personas como son los albaceas, a que vendan objetos de'la herencia en cuya trasmisión se halle interesado el hijo menor. La venta se verificará entonces, por tanto, con autorización judicial.” 15 Scaevola, Código Civil, 480.

Las resoluciones de la Dirección General de los Begistros también están en desacuerdo, pues mientras unas favorecen la teoría sustentada por los demandados y por la corte sen-tenciadora, otras sostienen el criterio de los apelantes. A nuestro juicio la argumentación de las últimas armoniza mejor todos los preceptos del código, ya que reconociendo las facultades del testador y del albacea, reconocen también los derechos de los herederos, mayores o menores de edad, apli-cando así íntegramente el pensamiento del legislador sobre la materia. Nos limitaremos a citar la de 30 de mayo de 1895. El primero de sus considerandos, dice así:

‘‘La escritura de venta presentada a inscripción en el registro se otorgó por un albacea que, si bien tenía facultad para vender por el testamento, prescindió de la intervención que para ello necesitaba legalmente del heredero forzoso que sucedía al causante, y que, según parece resultar del expediente, se hallaba además ausente, siendo por tales razones justificada la denegatoria de la inscripción, sin que fuera posible que se amparase el albacea en el precepto del artículo 901 del Código Civil sólo porque establece que los albaceas tendrán las facultades que les confiera el testador, pues el mismo precepto esta-blece la expresa limitación de que no han de oponerse a la ley, y reconociendo ésta en el heredero forzoso, por lo que respecta al caso discutido, un derecho anterior e independiente a todo testamento, cuanto en él se oponga, limite, contradiga o perjudique ese derecho una vez reconocido, no puede prevalecer igualmente sin su interven-ción, en la forma que según los casos se halla establecido.” 3 Juris-prudencia referente al Código Civil por Y. A. M. 161.

La resolución de esta Corte Suprema en el caso de Martinez v. Registrador, 15 D. P. R. 70, no establece jurisprudencia, ya que se dictó en un recurso gubernativo, y sometidos sus razonamientos a prueba en este caso, nos vemos obligados, por los motivos que hemos expuesto, a dejar de seguirlos.

Deseamos consignar por último que ha tenido una gran in-fluencia en la decisión que hemos adoptado la opinión emi-tida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Longpré v. Días, 237 U. S. 512, citada y aplicada por no-sotros en el de Del Rosario et al. v. Rucabado et al., 23 D. P. R. 473. Si bien los casos no son enteramente iguales, puede observarse sin dificultad alguna que examinados los hechos y la ley en este pleito a la luz de los principios establecidos por la Corte Suprema en el caso de Longpré, supra, no es posible llegar a otra conclusión que no sea a la de que el albacea Alvarado no pudo vender los bienes de ios menores demandantes sin cumplir los requisitos exigidos en general por la ley para la venta de bienes de menores.

En cuanto a la prescripción, basta invocar la doctrina es-tablecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el repetido caso de Longpré, supra, y por esta corte en los de Oliver et al., v. Oliver, 23 D. P. R. 181, y Sucesión Suro v. Prado et al., 21 D. P. R. 241, para concluir que no es aplicable a este pleito el plazo de cuatro años a que se refieren los de-mandados. La acción ejercitada no ha prescrito.

Por virtud de todo lo expuesto, procede la revocación de la sentencia apelada debiendo devolverse el caso a la corte de distrito de su origen para ulteriores procedimientos no in-consistentes con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada y de-vuelto el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsis-tentes con la, opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Hutchison,* habiendo firmado el primero “conforme con la sentencia.”

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey disintieron.

OPINION CONCURRENTE EMITIDA BOR EL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLP.

Estimo que no hace diferencia alguna que pueda estable-cerse en contra de un albacea, el que los menores sean o no herederos forzosos. La facultad dada al albacea, si es que alguna se le dió, para pagar deudas mediante determinados traspasos de bienes, está sujeta a los derechos de los herederos forzosos, y antes de que tal traspaso tenga lugar, los citados herederos forzosos, si su consentimiento no puede obtenerse, deben ser citados y oídos. Aunque creo que el status de los herederos nada importa, sin embargo, como en la inmensa mayoría de las herencias hay menores, la intención de la legislatura de establecer una excepción en favor de un ah bacea para permitirle enajenar bienes sin autorización, no está manifiesta.

Aun más, en esto caso el albacea fue sólo autorizado para vender la propiedad, si fuese necesario. Esta es una facultad muy distinta del poder para hacer una adjudicación de te-rrenos en pago de una deuda, según se intentó hacer en este caso. Los poderes deben ser interpretados estrictamente.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SR. HERNANDEZ,

CON LA QUE ESTÁ CONEORME EL JUEZ ASOCIADO SR. ALDREY. ’

La Sucesión de Miguel Criado y Blas, constituida por sus hijos naturales reconocidos Rosa, Aurora, María y Miguel Criado y Rodríguez, representados los dos últimos como me-nores de edad por su madre natural Rosa Rodríguez de la Torre, presentó demanda ante la Corte de Distrito de Ponce contra Angel y Manuel Martínez Caballero, con súplica de que se declarara nula cierta escritura de adjudicación en pago otorgada por Pedro José Alvarado como albacea testamen-tario de Miguel Criado y Blas a favor de los demandados, y nula también su inscripción en el registro, decretando que la sucesión demandante es la única dueña en absoluto domi-nio de las fincas adjudicadas y condenando a los demandados a que las restituyan a los demandantes y paguen a éstos la suma de $18,000 en concepto de indemnización de daños y perjuicios, con imposición a los demandados de costas, des-embolsos y honorarios de los abogados de los demandantes.

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 27 de julio de 1913 declarando sin lugar la demanda por estimar que no era nula la adjudicación en pago hecha por el albacea a favor de los demandados y por haber prescrito la acción ejerci-tada de acuerdo con el artículo 1268 del Código Civil, contra cuya sentencia interpuso la representación de la sucesión de-mandante recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Los hechos según resultan de la demanda y de la contes-tación, de las pruebas practicadas en el juicio y de las admi-siones de ambas partes consignadas en el escrito de expo-sición del caso, son los siguientes:

Io. Miguel Criado y Blas falleció en el año 1903 dejando como sucesores o herederos del mismo a cuatro hijos naturales reconocidos procreados en Sosa Rodríguez de la Torre, nom-brados Rosa, Aurora, María Manuela y Miguel, y nacidos respectivamente en los años de 1887, 1889, 1894 y 1897.

2o. Ocurrió el fallecimiento de Miguel Criado y Blas bajo testamento otorgado en Madrid, España, en 20 de septiembre de 1903, cuya cláusula duodécima que es la atinente al caso, dice literalmente así:

“Duodécima. — Nombra sus albaceas testamentarios, contadores-par-tidores y comisarios, a su hermano Don Manuel Antonio Criado, prin-cipalmente por lo que respecta a los bienes de España, y a Don Pedro José Alvarado, vecino de Barros, barrio de Bauta, de Puerto Rico, y a Doña Rosa Rodríguez, vecina de Juana Díaz, barrio de Hato Puerco Arriba, a los tres juntos e insolidum, facultándolos para incautarse de sus bienes, liquidar cuentas, fijar saldos, representar a la testa-mentaría en juicio y fuera de él, retirar y constituir depósitos, impo-siciones y saldos de cuentas corrientes, vender bienes si necesario fuere para, atenciones de su misma testamentaría y practicar todas las operaciones de ésta extrajudicialmente, pues prohíbe en absoluto toda intervención judicial que no sea estrictamente indispensable, con pró-rroga del término legal del albaceazgo por un año más si lo necesi-taran.”

Por escritura pública No. 76 otorgada en la villa de Juana Díaz a 6 de abril de 1905 ante el notario don Felipe Rodrí-guez, Pedro José Alvarado y Rivera en su calidad de albacea testamentario del finado Miguel Criado y Blas, según la cláu-sula testamentaria qne dejamos transcrita y qne también se inserta en dicha escritura, adjudicó a los demandados Angel y Manuel Martínez Caballero en pago de un crédito de $5,261.08, cuatro fincas rústicas del haber hereditario, las que. se describen en el mismo documento.

En la fecha de la adjudicación en pago de' qne se deja hecho mérito, 6 de abril de 1905, ninguno de los herederos de Miguel Criado y Blas, hoy demandantes, había llegado a la mayoría de edad y la escritura se otorgó sin intervención de dichos herederos, ni de la autoridad judicial.

Ambas partes, demandante y demandada, están conformes en que la única cuestión a resolver en el presente caso es la, de si un albacea que ha sido autorizado por. el testador para vender bienes si necesario fuese para atenciones de su testa-mentaría tiene facultad para adjudicar bienes inmuebles del mismo a un acreedor en pago de deuda sin otra formalidad que el mero otorgamiento de escritura, estando interesados en la herencia menores de edad, y si en su consecuencia es nula o no la escritura de adjudicación de que se trata.

Para mejor precisar los términos del judicial debate, pa-récenos que la cuestión a considerar y resolver es la de si un albacea autorizado para vender bienes del testador puede ha-cerlo sin intervención de los herederos interesados, pues si esa intervención en términos generales no es necesaria, innecesaria sería también la intervención judicial cuando haya herederos menores de edad.

El artículo 875 del Código Civil Revisado, marca la regla o norma que ha de servir para determinar en principio las facultades .de los albaceas, en los siguientes términos:

“Artículo 875. — Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les baya conferido el testador, y no sean contrarias a las leyes.”

Para el caso de que el anterior precepto no pueda tener aplicación, el artículo 876 establece cuáles hayan de ser las facultades de los albaceas:

“Artículo 876. — No habiendo el testador determinado especial-mente las facultades de los albaceas, tendrán las siguientes:
“ ‘1. Disponer y pagar los sufragios y el funeral del testador con arreglo-a lo dispuesto por él eíi el testamento; y en su defecto, según la costumbre del pueblo.
“2. Satisfacer los legados que consistan en metálico, con el cono-cimiento y beneplácito del heredero.
“3. Vigilar sobre la ejecución de todo lo demás ordenado en el testamento, y sostener, siendo justo, su validez en juicio y fuera de él.
“4. Tomar las precauciones necesarias para la conservación y ■custodia de los bienes, con intervención de los herederos presentes. ’ ’

Como adición y complemento del artículo 876, viene el 877:

“Artículo 877. — Si no hubiere en la herencia dinero bastante para el pago de funerales y legados, y los herederos no lo aprontaren de lo suyo, promoverán los albaceas la venta de los-bienes muebles; y no alcanzando éstos, la de los inmuebles, con intervención de los herederos.
“Si estuviere interesado en la herencia algún menor, ausente, corporación o establecimiento público, la venta de los bienes se hará con las formalidades prevenidas por las leyes para tales casos.”

Dicho artículo 877 es aplicable al caso a que se refiere el artículo 876, es decir, cuando los albaceas obran por mera auto-rización de la ley, pero no al caso previsto en el artículo 875, •o sea, cuando obran con facultades expresas del testador.

El precepto del artículo 875 es general y absoluto y no le afecta otra condición que la de que las facultades conferidas por el testador al albacea no sean contrarias a las leyes. No existe ley alguna que ordene que en la venta de bienes in-muebles que haga el albacea, facultado para ello por el tes-tador, deban intervenir los herederos, y por tanto la falta de ■esa intervención no es contraria a la ley.

Comentando Manresa el artículo 901 del Código Civil es-pañol, 875 del nuestro, se expresa en los siguientes términos;

“La voluntad del testador es ley preferente en la materia * * *
“El testador, al facultar la venta de bienes, así como puede determinar su objeto, puede también fijar su forma a los requisitos con que ha de llevarse a efecto; puede exigir subasta pública o que intervengan los herederos, o que medien otras formalidades; mas si faculta en absoluto para enajenar todos los bienes o una parte de ellos, sin añadir limitación alguna, el albaeea puede enajenar en la forma que crea más conveniente, sin que pueda exigirse la intervención de los herederos, ni el requisito de la subasta, ni otra formalidad alguna, cuando éstos sean voluntarios. El artículo 903 (877 del revisado) no es aplicable, porque en él venden en realidad los herederos con inter-vención del albaeea que no recibió facultades especiales del testador, mientras que los herederos son extraños al acto cuando el testador autoriza expresamente al albaeea para vender, sin limitar su autori-zación.” 6 Manresa, Código Civil, 752, 754 y 755.

Y no cabe deducir que según el ilustrado comentarista, cuando los herederos son forzosos- es necesaria su intervención en la venta, pues el mismo Manresa, tomo 6, página 756, dices

“No quebrantando la facultad ningún precepto de derecho escrito, es ley la voluntad del testador. Así lo establece la sentencia de 27 de enero de 1896, confirmando la doctrina del artículo 901 (875 del revisado). La facultad de vender para pago ele deudas, oto puede decirse contraria a las leyes por el solo hecho de existir herederos forzosos. Sólo después de pagadas las deudas se fija la legítima y la porción libre si resultase algún perjuicio a los herederos forzosos por haberse vendido los bienes por menos de su valor, podrían, como afirma el Sr. Eseosura en sus comentarios a la Ley Hipotecaria, rein-tegrarse con la parte libre, o en último término, reclamar contra los albaeeas o ejercitar las acciones que estimasen convenientes para la reparación del perjuicio.”

La sentencia del Tribunal Supremo de España de 27 de ■enero de 1896, citada por Manresa, establece que para de-terminar las facultades y, por tanto, la personalidad de los albaceas testamentarios, bay qne estar a la' voluntad del tes-tador.

Los señores Galindo y Escosura, ilustrados comentaristas-de la legislación hipotecaria, sostienen la misma doctrina en. los.' siguientes términos:

“¿Puede sostenerse que tal facultad (la de enajenar para pago de deudas que con tanta frecuencia se concede a los albaceas) es con-traria a las leyes?
“Si sólo bay herederos voluntarios, desde luego puede asegurarse que no, porque sólo lo son en virtud de la voluntad del testador, a, ]a que en absoluto han de estar sometidos. (Y. Resolución de 5 de noviembre, 1887, y 16 de septiembre 1890.)
“Si hay herederos forzosos, no es tan llano decirlo. La resolu-ción de 30 de mayo, 1893, del Ministerio de Ultramar, declara que no es inscribible la escritura otorgada por el albacea facultado para vender, si no ha intervenido el heredero; y se funda en que si bien el artículo 901 del Código Civil (875 del revisado) establece que los-albaceas tendrán todas las facultades que el testador les haya con-ferido, el mismo artículo consigna la limitación de que no sean eonr trarias a las leyes y lo es la de vender sin intervención del heredero-forzoso. Esta última afirmación no se prueba, puesto que no se dñc&-a qué precepto legal es contraria.
“Lo único alegable es que al hacer uso de tal facultad, puede el albacea perjudicarle en su legítima, no debida a la voluntad del tes-tador, sino a la ley, que no consiento se imponga sobre ella gravamen,, ni condición, ni sustitución de ninguna especie.
“Este argumento pierde su fuerza con sólo considerar que para, fijar la legítima, hay que atender al valor de los bienes que quedaron a la muerte del testador, con deducción de las deudas y cargas. (Arts.. 813 y 818.)
“Luego si la legítima es la porción que al heredero forzoso corres-ponde en la herencia después de deducidas las deudas, no puede soste-nerse que la facultad que el testador confiera al albacea para vender-fincas con que atender al pago de las deudas, sea un gravamen, ni condición, ni sustitución de ninguna especie impuestos sobre la le-gítima.
“Esta sólo da derecho a la porción en que consista; no a impedir que se enajenen bienes para pago de deudas, ni a que esto se haga sin su intervención, cuando el testador no ha querido, ni a que el pago se verifique en determinados bienes; y prueba de ello es qué los artículos 1056 y 1057, autorizan al testador, no sólo para hacer por sí mismo y en acto entre vivos y por última voluntad la parti-ción de sus bienes, y basta para disponer que se entregue en metálico la porción legítima a determinados hijos, sino para encomendar a cualquiera persona la simple facultad de hacer la partición, y los herederos habrán de estar y pasar por ella en tanto que no perjudique a las legítimas.
“Tal es nuestro modo de pensar, conforme en todo con la direc-ción de los Registros, que en el tercer Considerando de la resolución de 10 de mayo de 1890, sienta la doctrina de que- la facultad conce-dida a los albaceas de vender bienes para pago de deudas, no es con-traria a las leyes, haya o nó herederos forzosos.” Galindo y Esco-sura, Legislación Hipotecaria, Tomo 2°., páginas 73 a 75, edición de 1903.

Los artículos 813, 818,1056 y 1057, del Código Civil español citados por Galindo y Escosura son los 801, 806, 1023 y 1024 del código revisado.

En la resolución de 10 de mayo de 1890, la Dirección General de los Registros de España declaró que no era inscri-bible una escritura de venta de bienes inmuebles otorgada por un albacea o testamentario nombrado por el testador con las facultades necesarias para ejecutar su última voluntad, incluso para vender lo que fuere preciso con objeto de satis-facer las deudas del testador y practicar las operaciones de partición.

En ese recurso se sostuvo la improcedencia de la inscrip-ción por no baber intervenido los herederos del testador en la escritura de venta, y la Dirección General de los Regis-tros desestimó ese motivo y declaró que la venta no era ins-cribible ínterin no se acreditara que se verificó la venta para pago de deudas del testador, estableciendo como fundamentos de su resolución: que habiendo ocurrido el fallecimiento del testador * * * con posterioridad a- la vigencia del Có-digo Civil, los albaceas nombrados por aquél deben some-terse en el ejercicio del cargo a las prescripciones del Código, según se deduce de sus disposiciones transitorias; que el artí-cilio 901, antes citado, (875 del revisado) declara que los al-baceas tendrán todas las facultades que expresamente les baya conferido el testador y no sean contrarias a las leyes; que a la facultad conferida al albacea * * * de vender los bienes para pago de deudas, baya o no herederos forzosos, no debe ponérsele otro límite al uso de la misma que el que le baya puesto el testador; y que en el caso que ba dado origen al recurso no acredita el albacea, por más que lo asegure, que la venta se verifica para pago de deudas, circunstancia precisa para decidir si obra o no en el uso de la facultad que le fué conferida.

Como se ve, según la resolución de 10 de mayo de 1890 el ejercicio dé la facultad de vender bienes otorgada al albacea no tiene otra limitación que la que le baya puesto el testador, y por tanto cuando éste no exige que intervengan los here-deros en la venta la intervención no es necesaria, si bien el albacea debe acreditar que en el uso de aquella facultad se atemperó a la voluntad del testador.

De dicha resolución se aparta la posterior de 80 de mayo de 1895, que impugnan G-alindo y Escosura y que la parte apelante copia íntegra en su alegato escrito para sostener su contención. Esa resolución establece que está bien justi-ficada la denegatoria de la inscripción de la escritura de venta otorgada por un albacea que si bien tenía la facultad de vender por el testamento, prescindió de la intervención que para ello necesitaba legalmente del heredero forzoso que sucedía al cau-sante y que .según parece resultar del expediente, se hallaba además ausente, sin que fuere posible que se amparase el al-bacea en el precepto del artículo 901 del Código Civil, sólo porque establece que los albaceas tendrán las facultades que les confiera el testador, pues el mismo precepto establece la expresa limitación de -que no han de oponerse a la ley, y reco-nociendo ésta en el heredero forzoso, por lo que respecta al caso discutido, un derecho anterior e independiente a todo tes-tamento, cuanto en él se oponga, limite, contradiga o perju-dique ese derecho, una vez reconocido no puede prevalecer igualmente sin su intervención en la forma que según los casos se haya establecido.

Nos parecen atendibles las razones que aducen G-alindo y Escosura para impugnar la resolución de 30 de mayo de 1895, y prestamos nuestra adhesión a la anterior de 10 de mayo de 3890 por estar más conforme con la letra y espíritu de la ley y con la naturaleza del albaceazgo. Y robustece nuestra opinión el sabio catedrático español, Sánchez Román, quien en su obra de Derecho Civil se expresa así:

“Esta facultad de enajenar, concedida en términos absolutos, todos o parte de ios bienes sin determinar formas, requisitos, ni inter-venciones de otras personas, autoriza al albacea para enajenar en cual-quier forma y sin que sean precisos el conocimiento, beneplácito, ni intervención de los herederos, porque estos requisitos, a que se refieren los artículos novecientos dos y novecientos tres, corresponden al régi-men legal y subsidiario del albaceazgo en defecto del voluntario libremente establecido por el testador y regulado por el principio general del artículo 901, que proclama la supremacía de la voluntad del testador en punto a facultades de los albaceas, siempre que Jas que confiera a éstos no sean contrarias a las leyes, cuya medida consiste en que se repute que los albaceas puedan hacer todo lo que podría hacer el testador por sí mismo, si el testador les faculta expre-samente para ello, bajo un criterio de completa libertad y sin más. limitación que las prohibiciones legales.” 6 Sánchez Román, 1426.

Y no favorece Scaevola la teoría de la parte apelante. Los conceptos que de Scaevola se transcriben fueron emitidos como interpretación al 2o. apartado del artículo 903 del Código Civil español (877 del revisado) y como resolución a la cuestión planteada sobre la intervención que deban tener los padres en la venta hecha por los albaceas cuando representen a hijos menores de edad. 15 Scaevola, Código Civil, 480. En el caso a que se refiere Scaevola nosotros opinamos con él que es ne-cesaria la intervención judicial en la venta; pero como el mismo Scaevola, comentando el artículo 901 del Código Civil español (875 dél revisado), parece mostrar su conformidad con la resolución ele la Dirección General de los Eegistros de 30 de mayo, 1895, debemos añadir qne esa actitud no está con-forme con la que adopta al ocuparse de las formalidades qne han de llenar los albaceas para la venta judicial de bienes hereditarios cuando llegue el caso previsto en el artículo 903 del Código Civil español (877 del revisado) pues después de describir esas formalidades concluye expresándose en los si-guientes términos:

“Por último él mismo orden de colocación de los artículos 901, 902 y 903, y la amplitud de importancia que debe otorgarse siempre a toda manifestación del testador autorizan a afirmar que las reglas especiales enumeradas sobre venta de bienes hereditarios, no regirán cuando el albacea fué autorizado en testamento para vender bienes de la herencia. Ya la sentencia de 28 de junio de 1882, según diji-mos, dejó declarado que la Ley 62, Título XVIII, Partida 3a., si bien establece el principio de que las ventas que otorguen los alba-ceas hayan de ser en almoneda, porque non se pueda M facer engaño, esto solamente se entiende en los casos ordinarios de albaceazgo y no en los en que el testador autoriza a sus albaceas con facultades extraordinarias y prescribe el modo en que han de venderse sus bienes para el cumplimiento de su voluntad, única norma a que deben subordinarse sus actos.” 15 Scaevola, Código Civil, 487.

El albaceazgo constituye por su naturaleza un verdadero mandato a cuyas condiciones deben acomodarse los albaceas en todo lo que no se halle particularmente regulado, según sentencia del Tribunal Supremo de España de 24 de febrero de 1905, teniendo los albaceas el carácter de mandatarios del testador en cuanto atañe al cumplimiento de su cometido, según sentencia anterior del mismo tribunal de 17 de abril de 1900. La venta de bienes de menores, en la fecha en que se verificó la adjudicación de cuya nulidad se trata, o sea, en 6 de abril de 1905, se hallaba particularmente regulada por el artículo 229 del Código Civil' entonces vigente, cuando dicha venta se hacía por los padres, o por el artículo 282 dei mismo código si había de hacerse por el tutor; pero si la venta había de hacerse por albacea expresamente au-torizado por el testador para vender, no aparece en diclio •código precepto, algnno a que deba sujetarse el albacea, por más que cuando el testador no le baya conferido expresamente aquella facultad necesitará para la venta de la intervención •de los herederos y en su caso de la autorización del poder judicial. Nos referimos a los artículos 875, 876 y 877 que de-jamos transcritos. Las Leyes de Partidas y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España interpretando-esas leyes no son de aplicación al presente caso en cuanto se opongan a los preceptos del Código Civil que son los que deben regularlo.

Remontándonos a' doctrina de la Dirección General de los Registros de España anterior a la vigencia del Código 1 i vil encontramos que dicha dirección por resolución de 18 de oc-tubre de 1869 establece la doctrina de que si bien la ley 62, Título XVIII, partida 3a., ordena que la venta que_ hagan los albaceas sea en pública subasta, esa regla general no se ex-tiende a los casos en que la voluntad del testador haya po-dido disponer otra cosa, por ser ley en materia de testamentos, y diciéndose en la cláusula 7a. del otorgado por el Marqués de Algorfa que daba facultades a sus albaceas para proceder a la venta de los bienes que fuese necesaria para la división del caudal, así muebles como inmuebles, sin que autoridad ni persona alguna pudiera entrometerse en ello a pretexto de que-rer tomar cuentas u otro motivo, está fuera de toda duda qiie el albacea piído vender sin pública almoneda como lo com-prueba la sentencia de 17 de enero de 1866.

Obrando como obra el albacea en representación del tes-tador, cuando éste le faculta para vender bienes del mismo sin exigir la intervención de los herederos, no cabe exigir la intervención como requisito necesario para la venta. El al-bacea es una prolongación o continuación de la personalidad del testador y no es posible imponerle condiciones que el tes-tador no le impuso para ejecutar aquellos actos a que expre-samente le autorizó.

En el presente caso el testador Miguel Criado y Blas auto-rizó a sus albaceas, entre éstos a Pedro José Alvarado, para incautarse de sus bienes, liquidar cuentas, fijar saldos, re-presentar a la testamentaría en juicio y fuera de él, retirar y constituir depósitos, imposiciones y saldos de cuentas co-rrientes, vender bienes, si necesario fuere, para atenciones de su misma testamentaría y practicar todas las operaciones de ésta extrajudicialmente, prohibiendo en absoluto toda inter-vención judicial que no sea estrictamente indispensable.

El testador Miguel Criado y Blas, al facultar expresa-mente a sus albaceas para vender bienes si necesario fuere para atenciones de su testamentaría, no estableció excepción alguna entre bienes muebles, semovientes o inmuebles, y la necesidad de la venta quedaba a la apreciación de los albaceas, sin más restricción que la de que babía de hacerse para aten-ciones de su testamentaría. Y “por testamentaría, voz de-rivada de testamento,” como dicen los Sres. Manresa y Reus, “se entiende todo lo que se refiere a la ejecución de las últi-mas voluntades: así es que se da este nombre a la reunión de los albaceas testamentarios; al conjunto de documentos y demás papeles que son necesarios para dar cumplimiento a la. Voluntad del testador; a las diligencias y operaciones que extrajudicial y privadamente practican los ejecutores testa-mentarios o los mismos herederos para el inventario, avalúo, pago de deudas y legados, liquidación y división de la he-rencia, y para la ejecución de lo demás que haya ordenado el testador; y por último a las actuaciones judiciales que con este mismo objeto se promuevan alguna vez de oficio y otras veces a instancia de parte legítima.” Entre las .aten-ciones de la testamentaría de Miguel Criado y Blas estaba preferentemente comprendido el pago de las deudas, pues mientras éstas existieran no podía haber herencia. “La he-rencia,” dijo el Roy Sabio, “es la heredad, e los bienes, e los derechos de algún finado, sacando ende las debdas que debía e las cosas que y fallaren agenas. ’ ’

De todos modos para determinar la voluntad del testador Miguel .Criado y Blas respecto de las facultades de sus al-baceas, invocamos el artículo 683 del Código Civil, que dice así: “Toda disposición testamentaria deberá entenderse én el sentido literal de' sus palabras, a no ser que aparezca cla-ramente que fué otra la voluntad del testador. En caso de. duda se observará lo que parezca más conforme a la intención, del testador, según el tenor del mismo testamento,”

La extención .que damos a las facultades • expresamente conferidas por el testador a los albaceas.no destruye el sis-tema puesto en vigor por el Código Civil, especialmente por las disposiciones generales contenidas en sus artículos 664c& al 669. Esas disposiciones no están en contradicción con el concepto que bemos formado del albaceazgo voluntario esta-blecido por el testador y regulado por el artículo 875 del Código Civil. El precepto contenido, en el artículo 665 según el cual los derechos a. la sucesión de'una persona se transmiten desde el momento de su muerte, no obsta a que esos derechos se transmitan a los herederos co.n las cargas que los afectan y con las condiciones impuestas por el testador,, siempre que no perjudiquen la legítima de. los herederos forzosos. - La facultad de vender otorgada a ■ un ■ albacea no perju-dica por-sí. -la legítima de. los. herederos forzosos.

Ciertamente .que.-la parte demandante' alegó en la demanda qne-la suma pagada, a los demandados no era debida, que da adjudicación fué obtenida-mediante presentación .de un do cu mentó..falso que jamás fué suscrito ni otorgado por'el difunto Miguel Criado y Blas, y que las-'fincas adjudicadas en pago valían en.6-de abril de 1905, fecha.- de ,1a adjudicación,- por lo menos $10,0.00; pero- en el escrito de exposición del caso s-e hizo -constar que la demandante acepta-la-'conclusión : a que llegó la corte de Ponce en lo que respecta: a. la autenticidad dei documento que sirvió de base para la .adjudicación, y por tal razón ambas partes acordaron omitir en dicha exposición la prueba presentada por demandante y demandado.sobre aquel extremo incluyendo única y sustancialmente la aportada so-•bre la falta de facultad del albacea Pedro José Alvarado para adjudicar bienes de la sucesión demandante en pago de deU-flasj' siendo menores de edad los miembros de la sucesión, sin tener el debido permiso de la corte de distrito correspon-diente; y en su: alegato escrito, como dijimos al principio, la ■parte apelante limita :la" cuestión legal materia del recurso a consideraf'y résolver si la escritura de adjudicación de 6 de abril de 1905 es muía por la sola razón de no haber inter-venido en ella.los herederos menores de edad de Miguel Criado y Elas y dejáclose de cumplir los requisitos prevenidos por la ley para la enajenación de bienes inmuebles de menores, siendo ■por tanto ajena al judicial debate cualquier otra cuestión que pudiera derivarse de las alegaciones de la demanda.

La- adjudicación se hizo para el pago de una deuda legí-tima y debida por Miguel Criado y Blas, o sea, para cubrir urna atención de su testamentaría, y estando facultado expre-samente el albacea para vender con ese fin bienes del testador, la adjudicación fué legal, válida y eficaz en derecho por ha-berla llevado a cabo el albacea Pedro José Alvarado y Rivera dentro de los poderes que para ello le confirió el testador en la cláusula 12a. del testamento.

En el caso de Martínes v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, 15 D. P. R. 70, resuelto gubernativamente por esta corte en 8 de febrero de 1909, vino en apelación a esta Corte Suprema una nota del mencionado registrador que denegaba la inscripción de la escritura de 6 de abril de 1905, la misma ac-tualmente impugnada de nulidad, porque ‘ ‘Don Pedro José Ai-varado, en su carácter de albacea particular nombrado por el testador Don Miguel Criado Blas, había enajenado las fincas a Don Angel Martínez y Caballero y Don Manuel Martínez y Caballero en pago de deudas en la testamentaría del cau-sante Sr. Criado, sin que concurrieran en el acto del otorga-miento los herederos del mismo a prestar su consentimiento; ’ ’ y dicha nota fué1 revocada ordenándose la inscripción denegada porque las deudas contraídas por el testador deben pagarse siempre antes de reconocerse como existente la- herencia, y porque nó discutiéndose ni negándose por el Begistrador de la Propiedad de Caguas la existencia de la deuda ni que las fincas adjudicadas en pago hubieran pasado a la propiedad de los verdaderos acreedores que otorgan carta de pago por saldo de la deuda en cuestión, la enajenación así realisada sin la concurrencia de los herederos forzosos no contraría ningún precepto legal prohibitivo y por consiguiente la escritura pre-sentada al registro en tales condiciones debía inscribirse.

Aunque esa resolución, como pronunciada en un- recurso gubernativo sin las formalidades de un juicio, no constituye cosa juzgada sobre la cuestión que hoy se debate, no encon-tramos razón legal bastante para desautorizarla y por tanto sostenemos la misma doctrina en ella consignada, reforzada por las razones que dejamos expuestas.

También invoca la parte apelante en apoyo del recurso, como decisiva del caso, la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Longpré v. Días, 237 U. S. 512. En ese caso la adjudicación no fué hecha por un albacea facultado para vender, y por tanto la enaje-nación estaba sujeta a los requisitos y formalidades que la ley previene para la venta de los bienes de menores, cuando se haga por los padres o por el tutor.

Sostiene finalmente la parte apelante que la ley aplicable al caso es la de Procedimientos Legales Especiales, aprobada en marzo 9 de 1905, por haberse otorgado la escritura de ad-judicación en abril siguiente, e invoca para sostener la nu-lidad de la dicha escritura el artículo 25 de dicha ley, que dice así:

“Artículo 25. — Cuando todos o algunos de los herederos estén ausentes y no tengan representante legítimo en la jurisdicción del último domicilio de la persona finada, o lugar donde radiquen sus bienes, o cuando un heredero o legatario sea menor o esté incapaci-tado, será necesaria la administración judicial de los bienes del testador. ’ ’

Sin qne entremos a considerar si en un caso como el pre-sente en que el testador prohibió para el arreglo de su tes-tamentaría toda intervención judicial que no fuera estricta-mente indispensable es o no aplicable dicho artículo, opina-mos que aun en el supuesto afirmativo, ese artículo no deroga los preceptos de la sección 11a., Capítulo II, Título III, Libro III, del Código Civil, que lleva por epígrafe “De los albaceas o testamentarios,” máxime previniendo el artículo 49 de la expresada ley que “se cumplirá todo lo que hubiere dispuesto el testador sobre la administración de su caudal basta entre-garlo a sus herederos, ” y en el presente caso entre las dispo-siciones del testador figura la facultad concedida a los al-baceas de vender bienes si necesario fuere para atenciones de su testamentaría.

Habiendo llegado a la conclusión de que el albacea auto-rizado on términos absolutos para vender bienes del testador puede hacerlo sin la intervención de los herederos, sean éstos necesarios o voluntarios, mayores- o menores de edad, surge como' consecuencia -lógica la de’’ qne cuando hay menores de edad, como en el presente- caso; no-' es necesario que se llenen los requisitos y formalidades que la ley previene para cuando se vendan bienes inmuebles de menores por sus padres' o tu-tores. Quien vende es el albacea corno mandatario del tes-tador y no en representación de- los menores'.

Careciendo como carece de acción la parte demandante, huelga discutir la excepción de prescripción alegada' por, la parte demandada.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada.'


author: El Juez Asociado Sb. Hutchison,

text:
    Espinet, Demandante y Apelado, v. Alvarez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1543.
    Resuelto en junio 5, 1917.
    Créditos Mercantiles — Cesión de Créditos — Notificación al Deudor — Con-sentimiento del Deudor. — Cuando se establece una demanda para el cobro de varios créditos mercantiles cedidos al demandante, la.omisión en alegar la notificación formal de la cesión y el requerimientó previo por el deman-dante como cesionario, no es fatal para la demanda. El artículo 347 del Código de Comercio determina que tales créditos podrán ser .transferidos sin el consentimiento del deudor, y lo que en él se dispone en cuanto a la notificación es principalmente para protegerle eontra un doble pago.
    Id. — Capacidad para Litigar —• Ambigüedad Respecto al Carácter con que Litiga el Demandante. — Si bien la capacidad con que litiga un demandante debe ser alegada en el párrafo inicial de la demanda, cuando no existe más que un demandante y se alega en una de las varias causas de aeción debidamente acumuladas, que tal demandante es una sociedad mercantil, siendo ésta la única referencia a tal capacidad, sin que aparezca perjudicado en manera alguna el demandado por este motivo, no es un error que dé lugar a la revocación de la sentencia el que la corte sentenciadora haya deses-timado la excepción de que existe ambigüedad respecto a que si el deman-dante es una sociedad mercantil o un individuo particular quo hace negocios bajo su propio nombre.
    Id. — Prueba Documental — Incongruencia con la Demanda — Sorpresa o Per-juicio — Error no Perjudicial. — Guando el apelante meramente reproduce en su alegato el fundamento de su excepción oponiéndose a la admisión como prueba de ciertas escrituras presentadas para justificar la personalidad de un aereedor cedente que resulta ser una sociedad en liquidación, por ser dicha prueba, incongruente con la demanda en la que se alega que es una socie-dad mercantil establecida en cierta ciudad en la cual tiene establecimiento de comercio, tal incongruencia, sin alegarse sorpresa o perjuicio o cualquiera otra buena razón para que se revoque la sentencia, es inmaterial y el error, caso de existir, no es perjudicial.
    Id. — Cesión de Créditos — Presunción de Causa. — Aun cuando en este caso la prueba en cuanto a la compensación en la cesión del crédito no es muy satisfactoria, siendo ésta una cuestión de hecho que fué resuelta por la corte inferior y presumiéndose que existe consideración, mientras no se demuestra otra cosa, no habiendo el demandado presentado prueba de fraude, simulación o falta de causa, no existe error manifiesto que exija la revocación de la sentencia.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel A. Rivera.

    Abogado del apelado: Sri Manuel Tous Soto.

   Los beehos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sb. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal. .

La Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia contra el apelante basándose en nueve de las once distintas causas de acción alegadas en una sola demanda, las cuales consisten en una serie de pequeños créditos, que con una sola excepción Rabian sido cedidos al demandante.

Se alega que la corte de distrito cometió error:

“Io. Por haber declarado sin lugar una excepción previa a cada una de las causas de acción de que no aducían hechos suficientes para una buena causa de acción.
“2o Por haber declarado sin lugar una excepción a la 11a. causa de acción por ser la demanda ambigua.
“3o Por haber admitido dos escrituras para probar la personali-dad en la 9a. causa de acción.
“4o. Por haber declarado que hubo suficiente compensación en las ocho causas de acción en que se hizo cesión del crédito.
“5o. Errónea apreciación del artículo 1182 del Código Civil y 108 de la Ley de Evidencia.
“6o. Haber declarado con lugar la demanda en. las ocho primeras causas de acción, o sea las procedentes de créditos cedidos. ’ ’

El primer señalamiento de error se funda en el artículo 347 del Código de Comercio, el cual prescribe lo siguiente:

“Artículo 347. — Los créditos mercantiles no endosables ni al por-tador, se podrán transferir por el acreedor sin necesidad del consen-timiento del deudor, bastando poner en su conocimiento la trans-ferencia.
“El deudor quedará obligado para con el nuevo acreedor en virtud de la notificación, y desde que tenga lugar no se reputará pago legítimo sino el que hiciese a ésta.”

Se sugiere también que no existe alegación alguna en la demanda de haberse solicitado antes el pago de dichos cré-ditos por el demandante al demandado, pero no se cita nin-guna autoridad para sostener la proposición de que es nece-saria tal alegación, y no es de la incumbencia de este tribunal ni tiene éste tiempo disponible para adicionar el alegato del' apelante en ningún caso haciendo nna investigación por se-. parado de las cuestiones dudosas y técnicas sobre- las alega-ciones. Se alega en cada una de las causas de acción que se hacen por separado, que el demandado no ha satisfecho el saldo especificado que está vencido y se debe a los respectivos cedentes del demandante ni ninguna parte del mismo, y quedó, probado que los cedentes del demandante hicieron repetidos requerimientos y también que se dijo al demandado que los créditos iban a ser traspasados a Nadal Espinet. Se le noti-ficó además de dicho traspaso por el emplazamiento que le no-tificaron en el pleito establecido según parece el mismo día que el demandante adquirió los créditos, y no hay nada que indi-que que se hizo ningún pago a los anteriores dueños de nin-guno de los créditos objeto del litigio. El artículo 347, supra-determina expresamente que tales créditos podrán ser trans-feridos sin el consentimiento del deudor y lo que en él se dis-pone en cuanto a la notificación es principalmente con el fin de protegerlo contra un doble pago. En vista de las circunstan-cias nos vemos obligados a declarar que la omisión en alegar la notificación formal de la cesión hecha de los diferentes eré-' ditos y el requerimiento previo del demandante como cesio-nario no es fatal para la demanda.

La undécima causa de acción era una. cuenta contraída directamente con el demandante, que en dicha causa de acción' se alega que es una sociedad mercantil, y se dice que la su-puesta ambigüedad consiste en la duda que existe respecto a si el demandante es tal sociedad mercantil, o un individuo particular que hace negocios á su propio nombre. Induda-blemente que debió haber sido alegada en el párrafo inicial de la demanda la capacidad con que litiga el demandante, pero no hay alegación alguna respecto a dicha capacidad que no sea la que ha sido alegada en la undécima causa de acción,.y no existe más que un demandante y no se ha demostrado nin-gún perjuicio; por tanto no podemos resolver que la desesti-mación de la excepción previa por la corte sentenciadora es un error que da lugar a la revocación de la sentencia.

Los documentos de que se hace mención en el tercer seña-lamiento de error, la objeción formulada a su admisión, reso-lución de la corte y excepción tomada, aparecen transcritas en la exposición del caso como sigue:

“Escritura No. 68, sobre modificación y prórroga de un contrato social otorgado en 22 de mayo de 1912, ante el notario Don Rosendo Matienzo Cintrón, por Don José y Don Miguel Romaguera y Roura y Don Manuel González y Martínez, en la cual se expresa que existe en la'ciudad de Ponee, una sociedad mercantil denominada ‘José Romaguera & Ca.’ de la cual es socio gestor-administrador con el uso de la firma social, Don José Romaguera; socio comanditario Don Manuel González y apoderado general Don Miguel Romaguera, cuyo contrato social vencería el día 1 de julio de 1912, y por la presente escritura se prorroga por' cuatro años más los que vencerían el día 1 de julio de 1916.
“Escritura No. 19, otorgada en Ponee en 3 de marzo de 1913, ante el notario Don Nemesio R. Canales por los mismos señores José y Miguel Romaguera y Roura y Don Manuel González y Martínez, en la que después de hacer relación de la anterior escritura de pró-rroga y las que le precedieron para la formación de la sociedad, acuer-dan lo siguiente:
“ ‘Ia. Don José y Don Miguel Romaguera y Roura y Don Manuel González y Martínez, como únicos socios de la sociedad José Romaguera & Ca., la declaran totalmente disuelta y sin ningún valor ni efecto las escrituras Nos. 257, 240 y 168 de fechas 18 de julio de 1908, 1 de julio de 1910 y 22 de mayo de 1912, ante el Notario Don Rosendo Matienzo Cintrón respectivamente; y en su consecuencia todos los socios de común acuerdo declaran la sociedad ‘José Romaguera & Ca.’ en estado de liquidación de esta fecha.
“ ‘2a. Es convenido entre los socios en nombrar como nombran el compareciente Don José Romaguera liquidador de la sociedad José Romaguera & Ca., a quien trasmiten todas las facultades que por la ley corresponden a los liquidadores, debiendo procederse inmediata-mente a la realización de los bienes sociales para extinguir el pasivo y cubrir el capital aportado, de acuerdo con los preceptos del Código de Comercio, y sin ninguna intervención de los demás socios.’
“El demandado se opuso a la presentación de tales documentos porque con ellos se quiere probar el hecho primero de la novena causa de acción que dice:
“ ‘José Bomaguera & Ca. es una sociedad mercantil establecida ■en la ciudad de Ponce en la cual tiene establecimiento de comercio de fabricación y venta de licores. ’ ’
“Que la sociedad está disuelta y puesta en liquidación, y José Bomaguera nombrado liquidador de la misma a la fecha de la de-manda.
“La corte admite las escrituras porque entiende que la sociedad existe, siendo la liquidación un estado de la sociedad. El demandado toma excepción.”

Puesto que el apelante meramente reproduce en su alegato •el fundamento de su excepción en .forma más explícita sin citar ninguna autoridad en oposición a la resolución de la corte inferior, o alegar que hubo sorpresa o perjuicio, o cualquiera ■otra buena razón para que se revoque la sentencia por este .fundamento, opinamos que la incongruencia es inmaterial y «1 error cometido, si es que alguno se cometió, no perjudica.

El cuarto señalamiento de error se refiere a una cuestión ■de becbo que fué claramente resuelta por la corte inferior. Es verdad que la prueba en cuanto a este punto no es muy satisfactoria, pero en tales casos se presume que existe la causa mientras no se demuestre otra cosa, y el demandado es-taba en la obligación de probar que bubo fraude, simulación y. falta de causa que se alega en la contestación. El no pre-sentó prueba en absoluto, pero se fundó enteramente en ei examen de repreguntas con respecto al particular, y no vemos que exista un error tan manifiesto por parte del juez senten-ciador al pesar la prueba aducida que exija la revocación de la sentencia.

Y a nada conduciría que hiciéramos una consideración de-tenida de los razonamientos aducidos por el apelante en apoyo de los señalamientos 5o. y 66., de todo aquello que en cuanto a los mismos no baya sido ya considerado, bien directamente o por deducción y analogía en lo que ya hemos expresado.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada. ,.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Peesidente Se. Hernández,

text:
    González, Demandante y Apelante, v. Sucesión Canals, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre filiación.
    No. 1642.
    Resuelto en junio 5, 1917.
    Filiación •— Hijos Naturales — Reconocimiento de Paternidad Derivada de Violación, Estupro o Rapto. — Con arreglo al artículo 135 del Código Civil español, que rigió en Puerto Rico hasta julio 1, 1902, y el 468 del Código Penal a que alude, una acción sobre reconocimiento de paternidad derivada de actos-de violación, estupro o rapto, sin haber estado el demandante en la posesión continua del estado de hijo natural, y sin existir eserito indubitado de reco-nocimiento, exige como requisito indispensable una sentencia firme condena-toria, dictada en el procedimiento penal seguido por cualquiera de aquellos delitos.
    Id. — Id.—Falta de Causa de Acción — DaSos y Perjuicios por Violación. — De-acuerdo con la anterior doctrina, no puede prosperar una demanda de recono-cimiento de hijo natural sobre hechos ocurridos en el año 1893, en que no se-alega la existencia de eserito indubitado de reconocimiento, ni la posesión de estado de hijo natural, ni la sentencia firme condenatoria por delito de violación, estupro o rapto.
    Abogado del apelante: Sr. José Sabater.

    Abogado de la apelada: Sr. Antonio F. Castro.

   Los beelios están expresados en la opinión.

El Juez Peesidente Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con feclia 5 de septiembre de 1916 Juan Nepomuceno Gon-zález produjo demanda ante la Corte de Distrito de Maya-güez contra la Sucesión de Damián Canals representada por su viuda y dos hijos menores de edad, con súplica de que se le declare hijo natural reconocido de Damián Canals y como-tai con derecho a llevar su apellido y a percibir la porción hereditaria correspondiente, imponiendo a los demandados las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado.

Alega el demandante como hechos fundamentales de su acción los siguientes:

Que cuenta 21 años y meses de edad; que en el año de 1893 Damián Canals requería insistentemente de amores a Margarita González, madre del demandante, hasta que allá por el mes de junio de dicho año, Damián Canals, sin el consenti-miento de Margarita González y valiéndose de su poder, con engaño e intimidación, forzosamente la sacó de la casa de sus padres donde vivía y la trasladó a la de Canals, en una hacienda de café, con el propósito de gozar camalmente de ella, lo que consiguió y realizó; que desde esa época Canals vivió en con-cubinato y sostuvo relaciones maritales con ella, pública y no-toriamente, como marido y mujer; que a consecuencia de esas relaciones la González quedó embarazada y durante su emba-razo continuó viviendo en concubinato con Canals, quien reco-noció pública y privadamente que el fruto del embarazo era procreado por él y manifestó en varias ocasiones la intención de casarse con Margarita para legitimar el fruto que llevaba en su seno; que al tiempo de la concepción y nacimiento del hijo, Damián Canals y Margarita González eran solteros y po-dían casarse sin dispensación de clase alguna; que Damián Canals se ausentó de Puerto Rico a fines de febrero de 1894 cuando Margarita González se encontraba próxima a su alum-bramiento, el que sucedió en mayo de 1894; que Damián Canals se casó en Mallorca con Margarita Poujim, en cuyo ma-trimonio procreó dos hijos llamados Damián y Amador; y que Canals falleció en Mallorca por el año de 1904 dejando como únicos herederos a su viuda y a los dos hijos mencionados.

La.parte demandada a,l contestar la demanda negó los he-chos determinantes de la acción .y alegó además que das alega-ciones de la demanda no dan derecho al demandante para ejer-citar la acción de filiación.

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 20 de diciembre de 1916 por la que declara sin lugar la demanda y establece como razón de aquélla que con arreglo al Código Civil español vigente en la fecha en que los hechos tuvieron lu-gar, una acción sobre reconocimiento de paternidad derivada de acto de rapto o violación, sin haber estado el demandante en la posesión continua del estado de hijo natural, exige como requisito indispensable una sentencia firme dictada en causa por rapto o violación, lo cual no se ha alegado ni probado por el demandante.

Tiene razón la corte sentenciadora y con ella la parte ape-lada al sostener en su contestación que las alegaciones con-tenidas en la demanda no dan derecho al demandante para ejercitar la presente acción de filiación.

El artículo 135 del Código Civil español que rigió en Puerto Eico hasta Io. de julio de 1902 y que regula el caso sometido a nuestra decisión dice así:

“Artículo 135. — El padre está obligado a reconocer al hijo natural en los casos siguientes:
“1. Cuando exista escrito suyo indubitado en que expresamente reconozca su paternidad.
“2. Cuando el hijo se halle en la posesión continua del estado de hijo natural del padre demandado, justificada por actos directos del mismo padre' o de su familia.
“En los casos de violación, estupro o rapto, se estará a le dis-puesto en el Código Penal en cuanto al reconocimiento de la prole. ’ ’

El artículo 468 del Código Penal aludido contiene el si-guiente precepto:

“Artículo 468. — Los reos de violación, estupro o rapto, serán tam-bién condenados por vía de indemnización:
“ 1. A dotar a la ofendida, si fuere soltera o viuda;
“2. A emanciparla si estuviere en su servidumbre;
“3. A reconocer la prole, si la calidad de su origen no lo im-pidiere. ’ ’

Como se ve, el artículo 135 que dejamos transcrito sola-mente autoriza la acción de reconocimiento cuando el padre voluntariamente y mediante escrito suyo indubitado haya re-conocido expresamente su paternidad o cuando el hijo se halle en la posesión continua del estado de hijo natural. Ese artí-culo no establece una acción de reconocimiento de naturaleza civil con vida propia e independiente para los casos de viola-ción, estupro o rapto, sino que ordena que en esos casos se esté a lo dispuesto en el Código Penal entonces vigente res-pecto del reconocimiento de la prole. Y ya hemos visto lo que dispone dicho artículo, es decir, que los reos de violación, estupro o rapto, sean también condenados por vía de indem-nización al reconocimiento de la prole, si la calidad de su ori-gen no lo impidiere. Para obligar al reconocimiento es re-quisito indispensable que los reos sean condenados por viola-ción, estupro o rapto, lo cual sólo podía hacerse por sentencia en el procedimiento criminal estatuido al efecto. Es de notar que las causas por estupro, rapto o violación no podían ini-ciarse de oficio, pues para la persecución del delito dé estu-pro era necesaria instancia o querella de la parte agraviada, de sus padres, abuelos o tutor, y para proceder en las causas de violación y 'en las de rapto ejecutado con miras desho-nestas, era necesaria la denuncia de cualquiera dé las personas anteriormente expresadas, aunque no formalizaran instan-cia, extinguiéndose en todos esos casos la acción penal o la pena por perdón expreso o presunto dé la' parte ofendida. Artículo 467 del Código Penal antes vigente.

No plugo a la madre del demandante denunciar al presunto raptor o violador para que además de la sanción penal en que pildiéra haber "incurrido sede exigiera la responsabilidad civil del reconocimiento del hijo, y hoy no le queda a éste otro re-curso para llegar al fin apetecido que fundar su-demanda en un escrito indubitado.de reconocimiento o en-la posesión: del estado de hijo natural con arreglo . al ■ Código Civil español que antes regía.

La demanda no contiene alegación alguna de existencia de escrito indubitado de’reconocimiento, ni de posesión de estado de hijo natural, ni de sentencia firme condenatoria contra Da-mián Canals por cielito de violación o rapto de Margarita Gon-zález y por tanto la demanda no puede prosperar. '

. En apoyo de la anterior doctrina viene el ilustrado comen» tarista Sr. Manresa, al expresarse en los siguientes términos:

“Se estableció en la base quinta que no se admitirá investigación de la paternidad sino en los casos de delito o cuando exista escrito del padre en el que conste su voluntad indubitada de reconocer por suyo al hijo, deliberadamente expresada con ese fin, o cuando 'medie posesión de estado * * *
“No puede pues prosperar la demanda para obligar al padre al reconocimiento de un hijo natural, aunque sólo se limite a pedir alimentos, si no se funda en el reconocimiento expreso del padre hecho por escrito, en la posesión constante de estado de hijo' natural, o en sentencia firme recaída en causa por delito de violación, estupro o rapto.” 1 Manresa, Comentarios Cod. Civ. Español, 579.

No es de aplicación al recurso nuestra decisión en el caso de Guzmán v. Vidal, 19 D. P. R. 841, pues entonces se trataba de indemnización pecuniaria de daños y perjuicios por viola-ción, y abora se trata de reconocimiento de hijo natural.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Hutci-iisoN,

text:
    Fajardo Sugar Growers’ Association, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao denegando la inscripción de una escritura de arrendamiento.
    No. 314.
    Resuelto en junio 7, 1917.
    Arrendamiento — Mandatos—Denegatoria de Inscripción — Ratificación del Contrato por el Mandante — Comprador Posterior Conforme con el Con-trato. — Cuando presentada al registro para su inscripción una escritura de arrendamiento de finca rústica otorgada por un apoderado, el registrador deniega la inscripción y toma anotación preventiva que es luego cancelada, esta resolución del registrador no constituye un obstáculo para que se verifique después la inscripción denegada, aun cuando la finca se halle entonces inscrita a nombre de un comprador posterior, si el mandante ratifica y confirma el arrendamiento hecho y el comprador lo reconoce, acepta y está conforme con él.
    Id. — Terceros—Inscripción Posterior a Favor de otra Persona. — El artículo 17 de la Ley Hipotecaria que prohíbe la inscripción de títulos traslativos de dominio o que contenga gravamen, euando existe una inscripción posterior a favor de otra persona, no es aplicable si la persona en cuyo favor está hecha la inscripción, no es un tercero.
    Abogado de la recurrente: Sr. Luis Muñoz Morales.

    El registrador interino recurrido, Sr. Francisco Socorro, no compareció.
   Los lieclios están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. Hutci-iisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada ante el Notario Don Eugenio Benitez Castaño en marzo 31 de 1906, Doña Josefina y Doña Concepción Veve, dieron en arrendamiento a la corpo-ración The Esperanza Central Sugar Company, 854 cuerdas de terreno, adquiridas por herencia de su padre, e inscritas a nombre de ellas como coherederas.

Por escritura de partición, esta finca fué dividida en cinco porciones separadas, dos de las cuales fueron asignadas a Josefina y tres a Concepción, e inscritas debidamente en sus respectivos nombres.

En el año 1913, José S. Belaval, a nombre y como apode-rado de su esposa Doña Concepción Yeve, vendió las tres porciones mencionadas en último término a Horacio S. Be-laval quien las inscribió a su nombre:

En la escritura se hacía constar lo siguiente:

“Que sobre los expresados condominios y fincas relacionadas no pesan más cargas ni gravámenes, según declara el señor Belaval en .la representación que ostenta, que un contrato de arrendamiento a favor de ‘The Veve Sugar Company’ y de ‘The Esperanza Central Sugar Company’ respectivamente convenidos por escrituras otorga-das en esta ciudad y pueblo de Fajardo a ocho de abril de mil mu vecientos once y treinta y uno de marzo de mil novecientos seis, ante los Notarios Don Manuel F. Rossy y Don Eugenio Benitez Castaños, siendo el arrendamiento a favor de ‘The Yeve Sugar Company’ por término de diez años y canon de cuatro mil seiscientos dollars al año por lo que respecta a los condominios de Doña Concepción Veve, y el contrato a favor de ‘The Esperanza Central Sugar Co.’ por término de once años y canon de dos mil cuatrocientos dollars cada año, en cuanto a las tres fincas de la hacienda ‘Aurora’ perteneciente a la referida señora Veve de Belaval.”

En la inscripción hecha en el registro de cada una de estas porciones se hace constar que se hallaban afectas a nn con-trato de arrendamiento a favor de “The Esperanza Central Sug’ar Company” por el término de once años, según escri-tura otorgada en Fajardo a treinta y uno de marzo de 1906, ante el Notario Eugenio Benitez Castaño.

Este contrato de arrendamiento fue presentado en el re-gistro de la propiedad en unión de los siguientes documentos :.

“Solicitud dirigida al señor registrador de la propiedad expli-' cativa del estado actual de la finca objeto del arrendamiento cuya, inscripción se solicitaba.
“Testimonio de la escritura número 55, de 18 de julio,"1913, No-tario Eduardo Acuña, o sea la venta' a- favor de Horacio S. Belaval de las tres porciones correspondientes a Doña Concepción Veve. ■
.‘.‘Testimonio de la escritura número 177, de 9 de noviembre 1908, Notario M. Alberto Salicrup, o sea poder de Doña Concepción Veve a su esposo Don José S. Belaval.”

El registrador inscribió el arrendamiento en cuanto a las dos porciones pertenecientes a Doña Josefina Veve y denegó su inscripción en lo que respecta a las .otras tres porciones que anteriormente pertenecían a doña Concepción- Veve -y que ahora se encuentran inscritas a-nombre de .Horacio S.. Belaval, por las razones consignadas en su nota, a saber:

“Primen: porque la escritura número veinte y siete de fecha 31 de marzo de 1906 que comprende el mismo contrato de- arrenda-miento fué denegada su inscripción en este registro con fecha dos de mayo de 1906; al folio 66 del tomo 1 de Ceiba, y tomada en su lugar anotación preventiva por el término legal a favor de la corporación arrendataria ‘Tbe Esperanza Central Sugar Company’ eon respecto a la finca ‘Aurora’ de la que formaban parte las tres porciones -ob-jeto de esta denegación, por el defecto insubsanable de no acredi-tarse por José S. Belaval su carácter de apoderado; cuya denegación, que ha sido consentida por la corporación arrendataria, se encuentra cancelada con fecha 14 de abril de mil novecientos diez según nota al margen del asiento, no siendo por lo tanto hoy reiterable la dicha anotación conforme previenen las resoluciones de la Dirección de los Registros y del Notariado de 30 de mayo de 1878 y 13 de junio de 1890 y la doctrina establecida por nuestra Corte Suprema en los casos de Barreras v. El Registrador (15 D. P. R. 556 y 654), Cepeda v. El Registrador (16 D. P. R. 637) y Hernández v. El Registrador (14 D. P. R. 795 y 798); segundo: porque las- tres porciones de fincas resto de la denominada ‘Aurora,’ objeto de esta denegación, figuran actualmente, por virtud de la escritura número 55 de fecha 18 de julio de 1913, otorgada ante el Notario .Eduardo Acuña, ins-critas desde el 22 de noviembre de dicho año de 1913, a nombre de Horacio S. Belaval; y porque la escritura de arrendamiento que se deniega, es de fecha anterior a la que motivó la inscripción del do-minio de las fincas a favor de Horacio S. Belaval. Artículos 17 y 20 de la Ley Hipotecaria, resoluciones de la Dirección de los Registros de Io. de abril de 1887, 23 de mayo de.1890 y 29 de diciembre de 1892, y doctrina de nuestra Corte Suprema establecida en los casos de Esteves v. del Rio et al (7 D. P. R. 280), Fernández v. El Registrador (8 D. P. R. 460, y Ramírez v. El Registrador, 17 D. P. R. 289); tercero: porque si bien aparece de la escritura número 55 de fecha 18 de julio de 1913 ante el Notario Eduardo Acuña, que Horacio S. Belaval consintió la mención de un contrato de arrendamiento a favor de ‘The Esperanza Central Sugar Company,’ tal mención según, él registro se refiere a uno por un período de once años, sin que se men-cione en la inscripción a favor de Horacio S. Belaval la prórroga de ese mismo arrendamiento por cinco años más a voluntad de .la corporación arrendataria como se establece en la repetida escritura- de arrendamiento; cuarto: porque constituyendo' el contrato de arren-damiento por exceder de seis años, un verdadero derecho real me-diante el cual el dueño de la finca limita en perjuicio de tercero el libre ejercicio de una de las facultades de dominio, es indispensable para constituirlo por medio de apoderado, que éste se encuentre in-vestido de poder especial y expreso para ello. Artículo 1451 Código Civil Revisado y resoluciones de la Dirección de los Registros de 20 de mayo de 1879, 20 de noviembre de 1900 y 26 de octubre de 1904, y doctrina de nuestra Corte Suprema establecida en el caso de R. Fabián v. El Registrador (22 D. P. R. 801); poder especial y ex-preso dé que carecía José S. Belaval al otorgarse la escritura de arrendamiento mencionada el día 31 de marzo de 1906, según se demuestra por la escritura de poder de fecha 9 de noviembre de 1908, otorgada en Ponce ante el Notario M. Alberto Salicrup. ’ ’

Es verdad que el documento cuya inscripción ahora se de-niega es el mismo que fue denegado por el registrador en el año 1906, pero las. circunstancias que en la actualidad con-curren en su presentación son enteramente diferentes, como son asimismo distintas las cuestiones envueltas.

La escritura de arrendamiento se presenta ahora en unión de otros documentos que se alega son suficientes para vencer la objeción que hizo el registrador en el año 1906, y el poder por virtud del cual José S. Belaval vendió a Horacio S. Be-laval no es el mismo documento de acuerdo con el cual preten-dió él actuar al hacer el arrendamiento, sino un documento otorgado con posterioridad a la fecha de dicho arrendamiento que se alega contiene amplia facultad para arrendar y para ratificar y confirmar el arrendamiento ya hecho como en efecto se confirma en la escritura de venta en la que expresamente se hace constar la existencia del arrendamiento, cuya inscrip-ción se ha denegado.

El arrendatario no ataca la primitiva resolución del re-gistrador relativa a que Belaval en el año 1906 dejó de mos-trar su poder, ni sostiene que él estaba entonces autorizado para actuar, pero afirma que de acuerdo con el poder que fue posteriormente conferido, así como en la escritura de venta otorgada por él, ratificó y confirmó éste y el comprador reco-noció, aceptó y estuvo conforme con el contrato de arrenda-miento. De ser esto cierto, y el registrador no impugna la proposición mencionada en primer término, no podemos ver por qué ha de considerarse que la primitiva resolución del re-gistradór constituye un obstáculo para la inscripción que .ahora se solicita. Behn v. El Registrador, 21 D. P. R. 513.

En cuanto al segundo fundamento alegado por el regis-trador, será bastante con repetir lo que dijo este tribunal en el caso de Roig v. El Registrador, 17 D. P. R. 954.

“Es cierto que el artículo 17 de la Ley Hipotecaria prohíbe la inscripción de títulos traslativos de dominio o que contenga gravamen, cuando existe una inscripción posterior a favor de otra persona, pero como tal precepto no tiene otro propósito y alcance que la pro-tección de los terceros, que es el objetivo de la Ley Hipotecaria, si la persona en cuyo favor esté hecha la inscripción no es un tercero, no podrá aplicarse ese precepto legal.”

Puesto que tanto la escritura de venta hecha a favor de Horacio S. Belaval como su inscripción en el registro se re-fieren específicamente a la escritura pública de arrendamiento y la identifican completamente, el tercero de los fundamentos alegados por el registrador para su negativa a inscribir el arrendamiento se ve inmediatamente que es demasiado frí-volo para ser discutido formalmente.

Según lo que dejamos expuesto aparece suficientemente que la cuestión sugerida en el cuarto motivo que se alega como fundamento de la resolución que ha sido impugnada no está envuelta en este recurso, por la razón de que si el primitivo arrendamiento fuá ratificado y confirmado debidamente por la subsiguiente escritura de traspaso, no importa si el primi-tivo poder era o no suficiente.

La nota recurrida debe ser revocada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción solicitada.

. Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: EL JUEZ ASOCIADO SR. ALDREY JUEZ PRESIDENTE SR. HERNANDEZ. JUECES ASOCIADOS SEES. DEL TOEO Y HUTCHISON.

text:
    Alvarez et al., Recurrentes, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao denegando la inscripción en parte de una escritura de partición de herencia.
    No. 309.
    Resuelto en junio 8, 1917.
    SUMARIO DE LA OPINIÓN CONCURRENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SR. ALDREY, CON LA CUAL ESTÁ CONFORME EL JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.
    Partición de Herencia — Intereses Opuestos — Herederos Representantes de Otros Herederos — Tutor Heredero. — -La letra y la razón de la prohibición consignada en el artículo 230 del Código Civil para que el padre o la madre no puedan representar al hijo no emancipado, no es aplicable en una partición de bienes a los herederos que representan a otros herederos, porque entre éstos-no existe el interés opuesto que tuvo en cuenta el legislador, sino que por el contrario tienen un interés común; por lo que, el sólo heeho de que el tutor do unos menores sea también heredero, no es motivo para que se entienda que tiene interés opuesto a los mismos y por ello haya de denegarse la inscripción de la escritura partieional.
    SUMARIO DE LA OPINIÓN CONCURRENTE EMITIDA POR EL JUEZ PRESIDENTE SR. HERNÁNDEZ.
    partición de Herencia — Herederos Mayores y Menores de Edad — Inscripción de Adjudicaciones a los Menores de Edad — Impugnación por los Herede-ros Mayores de Edad — Incompatibilidad de Intereses- — -Inscripción de Adjudicaciones a los Mayores de Edad. — Inscritas en el registro de la pro-piedad las adjudicaciones hechas a herederos menores de edad en operaciones partieionales en que concurren también herederos mayores de edad, quedan las inscripciones al amparo de los tribunales de justicia y producen los efectos legales correspondientes mientras no se declare su nulidad en juicio mediante gestión de los mismos menores, sin que pueda negarse la inscripción de las adjudicaciones hechas a otros herederos mayores de edad por el fundamento-de incompatibilidad de intereses entre los menores y su tutor también heredero-
    Abogado de los recurrentes: Sr. Francisco González.

    El registrador interino recurrido, Sr. Francisco Socorro, compareció en nombre propio.
   Los hechos están expresados en las opiniones.

OPINIÓN EMITIDA POR

EL JUEZ ASOCIADO SR. ALDREY

CON LA CUAL. ESTÁ CONFORME EL JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.

Los herederos de José Joaqnín Alvarez practicaron extra-judicialmente las operaciones partieionales de los bienes de-jados por su causante a su fallecimiento. Los herederos menores de edad Eamón y Eafael Díaz Alvarez estuvieron representados en ellas por su tutor Isidro Alvarez Santiago, quien también es heredero, previa autorización que obtuvo de la Corte de Distrito de Humaeao para intervenir en la parti-ción. Después de ser presentadas a la corte de distrito para su aprobación y obtenida ésta fueron presentadas esas ope-raciones particionales en el Eegistro de la Propiedad de Iiu-macao donde se inscribieron las adjudicaciones hechas a los menores, y más tarde las de otros herederos, pero cuando pos-teriormente los herederos Eloy y Eugenio Alvarez Santiago pretendieron inscribir las adjudicaciones que en ellas se les habían hecho, el registrador les negó la inscripción fundándose en que adolecían del defecto insubsanable de haber estado re-presentados dichos menores por un tutor que siendo también heredero tenía interés opuesto al de los menores, porque exi-giendo el artículo 230 del Código Civil que cuando el padre o la madre tengan interés opuesto al de sus hijos no emanci-pados se les nombre a éstos un defensor para que los repre-sente en juicio y fuera de él, ha de entenderse que tal dispo-sición es aplicable también al tutor porque sería absurdo, dado lo terminante del precepto, que se concediera al tutor lo que se niega al padre, o a la madre, sin que pueda argüir se en este caso que el tutor estaba autorizado por la Corte de Dis-trito de Humaeao para representar a dichos menores en la par-tición de la herencia porque tal autorización está en pugna con el precepto del citado artículo, según la resolución de este Tribunal Supremo de 20 de julio de 1910, que es el caso de Sucesión Alvares v. El El Registrador de la Propiedad, 16 D. P. R. 602.

El solo hecho de que el tutor sea también heredero no es motivo a mi juicio para que se entienda que tiene interés opuesto al de los menores que representa y que por ello haya de denegarse la inscripción de la escritura particional. Es cierto que la resolución de este Tribunal Supremo citada por el registrador declara que na heredero no puede representar a otro heredero menor en las operaciones particionales de he-rencia porque tiene interés opuesto al de su pupilo, ya que naturalmente cada heredero procurará sacar el mayor bene-ficio posible en la partición, y que la resolución de la Direc-ción de los Registros de España de 20 de diciembre de 1883 hace igual declaración, aunque sin dar razones para ella. Pero si estudiamos la letra y la razón de la prohibición consignada en el artículo 230 del Código Civil' para el padre o la madre tendremos que concluir que no es aplicable a los herederos que representan a otros herederos porque entre éstos no existe el interés opuesto que tuvo en cuenta el legislador.

El cónyuge supérstite tiene claramente por declaración de la ley, un interés opuesto en la herencia del otro cónyuge al-de sus hijos menores de edad no emancipados, porque de-biendo deducirse sus gananciales de los bienes relictos para que se le adjudiquen en plena propiedad, mientras mayores sean, menor será el caudal divisible entre los herederos quie-nes por tanto, tienen interés común y opuesto ál del cónyuge sobreviviente por cuya razón, teniendo en cuenta el legislador que en esos casos el padre o la madre ora acreedor de la he-rencia y representante de los menores herederos y deudores, prohibió que los representaran. Esa oposición de intereses de acreedor y de deudor no existe entre co-herederos quienes por el contrario tienen un interés común, y no vemos que por analogía deba serles aplicable aquel precepto legal.

No creemos tampoco .que el heredero representante de otros herederos menores de edad tenga la posibilidad de sa-car el mayor beneficio posible en la partición porque valorados los bienes hereditarios por peritos o por los propios herederos cada uno de éstos recibirá necesariamente la participación de bienes proporcional a la porción que le corresponda de acuerdo con la ley.

La resolución apelo,da debe ser revocada y ordenarse la inscripción.

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SR. HERNANDEZ.

Estoy conforme con la opinión de esta Corte Suprema en el caso de Sucesión Alvarez v. El Registrador de la Propiedad, 16 D. P. R. 602, pero entiendo que la incompatibilidad de in-tereses entre los menores de edad Ramón y Rafael Díaz Alvarez y su tutor Isidro Alvarez Santiago en las operaciones divisorias de los bienes dejados por su causante José Joaquín Alvarez, no obsta en el presente caso, atendidas las circuns-tancias concurrentes, a que se verifique la inscripción de las adjudicaciones hechas a los herederos Eloy y Eugenio Alvarez Santiago, habiéndose inscrito anteriormente en el re-gistro las adjudicaciones hechas a los menores. •

Esas inscripciones han quedado al amparo de los tribu-nales de justicia, Rivera v. El Registrador, 14 D. P. R. 758, y por tanto deben producir los efectos legales correspondientes mientras no se declare su nulidad en el correspondiente juicio mediante gestión de los mismos menores, sin que los intere-sados mayores de edad puedan impugnar las operaciones par-ticionales por el fundamento de la incompatibilidad expresada, según el artículo 1269 del Código Civil, el cual establece que las personas capaces no podrán alegar la incapacidad de aque-llos con quienes contrataron. Las operaciones particionales de los bienes de un difunto realizadas por varios herederos no envuelven solamente un contrato sino varios contratos.

Inscritas como han sido en el registro las adjudicaciones hechas a los menores de que se trata, el acto del registrador denegando la inscripción de las adjudicaciones hechas a otros herederos mayores de edad sin más fundamento que la incompatibilidad consignada por el registrador en su nota, dejaría pendientes los derechos de los mayores de edad de que los menores pidan o no la nulidad de sus adjudicaciones y con-siguientemente la de su inscripción en el registro.

Comprendo que el registrador está en' el deber de proteger-los intereses de los menores negándose a inscribir adjudica-ciones hechas a los mismos por adolecer de un vicio que a ellos únicamente afecta, pero si tal vicio no afecta a los mayores de edad, y ann más, están incapacitados para alegarlo, la razón y la justicia aconsejan que se haga la inscripción relativa a los mayores, máxime cuando esa inscripción no ha de causar a éstos perjuicio ni estorbo en la defensa de los derechos que les asistan.

.No sostengo, que deban inscribirse operaciones particio-nales en casos como el presente, con relación a interesados ma-yóre§ de edad cuando no se han efectuado o han sido dene-gadas las inscripciones de las adjudicaciones hechas a los me-nores, pues entonces es de aplicarse nuestra decisión en el caso ya citado de Sucesión Alvares v. El Registrador de la Propiedad, pero cuando ya se ha hecho la inscripción de las adjudicaciones concernientes a los menores, opino que debe hacerse la inscripción de las adjudicaciones hechas a los ma-yores de edad.

Cuando las inscripciones hayan sido denegadas a los me-nores, éstos por medio de sus representantes legales se cui-darán de que se practiquen nuevas operaciones particionales o se ratifiquen las ya hechas, mientras que hecha la inscrip-ción de las adjudicaciones de los menores, los mayores inte-resados nada podrían hacer, por la razón ya expuesta, para la práctica de nuevas operaciones particionales o ratificación de las ya hechas.

Por las razones expuestas llego a la conclusión de que la nota recurrida debe ser revocada, ordenándose la inscrip-ción denegada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción de la escritura particional de que se trata.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso- ' piados Wolf y Aldrey.

Jueces disidentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchison.

OPINIÓN DISIDENTE DE LOS

JUECES ASOCIADOS SEES. DEL TOEO Y HUTCHISON.

A nuestro juicio es aplicable a este caso la jurisprudencia' establecida en el de la Sucesión Alvarez v. El Registrador de Caguas, 16 D. P. R. 602, y aplicándola no cabe llegar a otra conclusión que no sea la de la confirmación de la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Jiménez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por delito de perjurio.
    No. 1072.
    Resuelto en junio 8, 1917.
    Perjurio — Pregunta Perjudicial — Denuncia o Acusación no es Prueba ni Presunción de Culpabilidad.. — En juicio por perjurio con motivo de recu-sación electoral se permitió que el acusado contestase, contra la objeción de su abogado, la pregunta del Piseal sobre cuantas denuncias tenía por recu-saciones, a la que contestó que se le habían leído tres acusaciones. Se de-claró: que fué error perjudicial permitir esa pregunta porque una denuncia o una acusación no es prueba de culpabilidad ni presunción de culpabilidad y tendió a desacreditar al acusado ante el jurado para facilitar su condena.
    Abogado del apelante-: Sr, Celestino Iriarte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los beclios están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Eugenio Jiménez Cías fué acusado ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, de que en SO de junio de 1914 en esta ciudad de San Juan y en los días fijados para baeer las recusaciones de los electores que po-dían tomar parte en las elecciones generales que debían ce-lebrarse el 3 de noviembre del mismo año en esta isla, ilegal, voluntaria y maliciosamente y con intención de privar de su voto al elector capacitado Víctor Aguilar, compareció ante un notario público autorizado para tomar juramentos, y a sabiendas de que juraba una falsedad, después de prestar ju-i:amento de decir la verdad, afirmó, conociendo su falsedad y ser un liecfio esencial, que Víctor Aguilar, quien aparecía inscrito en el barrio quinto con la edad de veinte y odio años, de color moreno, estaba cumpliendo sentencia por delito grave en el presidio de esta ciudad y solicitó su eliminación dé la lista provisional de inscripciones, siendo verdad que Víctor Aguilar no lia cumplido ni lia estado recluido en el presidio por tal delito grave.

Dictada sentencia condenatoria por delito de perjurio contra el acusado e interpuesto por él el presente recurso de apela-ción, encontramos que entre los errores que alega como funda-mento para la revocación de dicha sentencia y la orden de la corte que le negó un nuevo juicio, expone que la corte inferior cometió error permitiendo que el fiscal hiciera al acusado ape-lante la siguiente pregunta: Cuántas denuncias tiene Ud. por recusaciones?” a pesar de la objeción que a ella hizo el abogado del apelante. Su contestación fué que se le habían leído tres acusaciones.

La declaración del acusado en el juicio se limitó a los mo-tivos que tuvo para recusar a Víctor Aguilar en vista de ciertas investigaciones que dijo había practicado, y al repre-guntarle el Fiscal lo hizo en la forma antés expresada y, a pesar de la objeción del abogado del acusado-, el juez permitió que la contestará.

Sostiene el apelante que tal pregunta se le hizo para des-acreditarlo ante el jurado presentándolo como un hombre men-tiroso e irrespetuoso con la ley y que el hecho de haber sido denunciado no puede ser presentado como prueba. Por su pafte sostiene el Fiscal de esta Corte Suprema en su alegato-que con esa pregunta, se tendía a demostrar el conocimiento del delito y la intención criminal por parte del acusado y que las cortes permiten esa prueba en casos similares para de-mostrar el motivo y plan del delito.

Si bien es cierto que hay excepciones a la regla general' de que cuando un hombre es llevado a un juicio por un delito debe ser convicto de él por prueba de que es culpable de tal delito solamente y que no debe permitirse prueba de otros delitos; sin embargo, en el caso presente no tenemos que con-siderar y resolver si la pregunta mencionada está comprendida o nó en la excepción que alega el Fiscal, porque refiriéndose a denuncias lieclias contra el apelante y no siendo una denuncia ni una acusación del Fiscal prueba alguna de culpabilidad, ni siquiera de presunción de culpabilidad, ya que toda persona se reputa inocente de un crimen mientras por sentencia no se declare lo contrario, era claramente inadmisible tal pre-gunta aun para probar lo que sostiene abora el Fiscal que tra-taba de probarse, y convenimos con el apelante en que no tuvo otro objeto que el de desacreditarlo ante el jurado para facilitar de ese modo su condena. Así lo declaramos también en el caso de El Pueblo v. Ramírez de Arellano, (pág. 263.)

Puesto que el caso ba de devolverse para que se celebre un nuevo juicio no es necesario resolver las otras cuestiones que se proponen.

La sentencia y resolución apeladas deben revocarse y con-cederse un nuevo juicio al apelante..

Revocada la sentencia apelada y ordenada la celebración de un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutcbison.