text:
    Ana Joaquina Emanuelli Jiménez, representada por su señora madre con patria potestad, Jesusa Jiménez Correa, peticionaria, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    No. 1064.

    Sometido: Enero 27, 1936.

      Resuelto: Abril 6, 1936.

      E. Torres Sola, abogado de la peticionaria; B. Cuevas Zequeira, abogado del Sr. Dávila en los pleitos números 21,860 y 21,861 en la corte inferior; Harry, B. Lienza, abogado de la Sra. Lienza Yda. de Emanuelli.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La menor Ana Joaquina Emanuelli representada por su madre con patria potestad, Jesusa Jiménez, pidió a esta corte que expidiera un auto de certiorari a los efectos de anular dos resoluciones de la Corte de Distrito de San Juan dic-tadas en cierto procedimiento ejecutivo hipotecario.

El auto fue expedido y contestado por el Juez Berga de la corte del distrito remitiendo los autos originales del caso No. 21961 seguido por Antonio Dávila contra Lillian Lienza viuda de Emanuelli et al., sobre ejecución de hipoteca y del pleito número 21860 instado por Ana Joaquina Emanuelli contra Antonio Dávila et al., sobre inexistencia de contrato.

El 27 de enero último se oyó a las partes interesadas. La peticionaria sostuvo su alegado derecho, Antonio Dávila solicitó la nulidad del auto de certiorari expedido y Lillian Lienza viuda de Emanuelli presentó un escrito explicando su posición en el asunto, quedando así el caso sometido defini-tivamente al tribunal.

Sostiene Dávila la improcedencia del auto porque las resoluciones impugnadas han sido apeladas, porque de acuer-do con el artículo 175 del Reglamento Hipotecario el cer-tiorari no es el remedio adecuado para revisar actuaciones judiciales en nn procedimiento sumario hipotecario, porque la peticionaria ha ejercitado ya el único derecho que le reco-noce la ley al iniciar el pleito sobre inexistencia de contrato y porque está impedida como heredera de aducir lo que no hubiera podido alegar su causante.

Existe en verdad una apelación interpuesta cuya desestimación tiene Dávila solicitada por no ser apelables las .resoluciones recurridas, y por constituir el recurso un ataque colateral al procedimiento ejecutivo sumario contrario a la letra y al espíritu de la Ley Hipotecaria. Bajo esas circunstancias y no siendo la existencia del recurso de apelación en propios casos un obstáculo insuperable para la interposición del certiorari, en el ejercicio de nuestra discreción seguiremos adelante. Y como el certiorari ha sido usado en esta jurisdicción en casos especiales para revisar actuaciones en procedimientos ejecutivos sumarios, no consideraremos tampoco como obstáculo infranqueable lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria ni la pendencia del pleito sobre inexistencia de contrato. Tampoco creemos que esté la peticionaria impedida. No estamos convencidos de que la cuestión que levanta no hubiera podido suscitarse por su causante.

Habiendo así dispuesto de las cuestiones previas aducidas, iremos al fondo del asunto. El pleito sobre inexistencia No. 21860, envuelve la hipoteca cuya ejecución se solicita en el caso No. 21961. El escrito inicial en este caso se presentó en noviembre 16, 1934. Al día siguiente se ordenó el requerimiento del deudor. Se libró el mandamiento el 20 y el 21 del propio noviembre fue cumplimentado por el márshal requiriendo personalmente a la menor Joaquina, a Jesusa Jiménez como madre con patria potestad sobre la misma y a Lillian Lienza viuda de Emanuelli por derecho propio y como administradora de la herencia.

Pasaron más de ocho meses y el 5 de agosto de 1935 el ejecutante Davila presentó una moción a la corte manifes-tando que ni en la escritura de hipoteca ni en los pagarés-garantizados, los deudores Joaquín Emanuelli y su esposa Lillian Lienza hicieron constar el precio en que tasaban la finca hipotecada para que sirviera de tipo a la subasta en caso de ejecución y que habiendo transcurrido los treinta días del requerimiento sin que la deuda se hubiera hecho efectiva y teniendo el ejecutante derecho a continuar la ejecución, procedía que la corte citara a los demandados para que con audiencia de todas las partes interesadas en el pleito se fijara el precio de tasación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley Hipotecaria tal como quedó enmen-dado por la Ley núm. 69 de mayo 2, 1931 (pág. 433).

Proveyó la corte de conformidad. Se avino la adminis-tradora judicial y se opuso la menor. Su oposición se basó en lo alegado en el pleito sobre inexistencia y en:

‘' Cuarto : Alega además la demandada compareciente que, aúnen la hipótesis de que se tratara de una hipoteca válidamente consti-tuida, esta Honorable Corte de Distrito carece de facultad, poder, autoridad y jurisdicción para proceder a, o intervenir en, el avalúo o tasación solicitado por el demandante, por cuanto la hipoteca en cuestión fué constituida con posterioridad a la vigencia del Artículo 127 de la Ley Hipotecaria y porque ésta y su Reglamento sólo auto-rizan el avalúo supletorio que aquí se ha solicitado en aquellos casos en que la hipoteca se hubiera inscrito con anterioridad a la vigencia, de la Ley Hipotecaria de 1893, por la que se dispuso la tasación a que se refiere el indicado Artículo 127 de la expresada ley.
“Quinto: Bajo igual hipótesis, alega la demandada que la tasa-ción que ahora se intenta es tardía y extemporánea porque, con-forme al Artículo 175 del Reglamento para la Ejecución de la Ley-Hipotecaria, las diligencias para el nombramiento de peritos se practicarán al verificarse el requerimiento de pago y el requerimiento de pago en este caso se efectuó en el mes de noviembre de 1934.
“Sexto: Alega asimismo la demandada compareciente que el procedimiento iniciado por el. demandante en este caso, tendente a obtener el avalúo, aun cuando el contrato de hipoteca fuera legal y eficaz, no está autorizado por la Ley Hipotecaria ni por el Reglamento para su Ejecución, toda vez que el avalúo supletorio, según el Artículo 175 del Reglamento, debía efectuarse mediante peritaje, en ausencia de acuerdo.”

El 3 de diciembre de 1935 la corte resolvió la cuestión en favor del ejecutante, decretando que las partes de común acuerdo fijaran el precio de tasación de la finca que sirva de base a la primera subasta y si así no lo hicieren dentro de los diez días de notificadas, procedería la corte a nombrar un perito con cargo al ejecutante para tasar la finca y con vista de su informe fijar el tipo para la primera subasta.

Pidió reconsideración la menor y la corte negó su moción por resolución de enero 3, 1936. Apeló la menor el 4 de enero y el 9 archivó en esta Corte Suprema su petición de certiorari.

A nuestro juicio tiene-razón la menor. Se trata de un procedimiento especial sumarísimo en el que se incluyó la previa tasación como una de sus características esenciales, según se hizo resaltar en la propia exposición de motivos de la ley dirigida a las Cortes Españolas por el Ministro de Ultramar Sr. Antonio Maura y Montaner, como sigue:

“. . . La previa tasación, la fijeza en la competencia judicial para las diligencias precisas, la supresión de todo pleito, un solo requeri-miento y la subasta inmediata, son las bases de la nueva legislación; suprímense juicios, excusiones, exhortos, mandamientos de embargo dt lo que está ya hipotecado, incidentes, subastas simultáneas y tantas otras barreras atravesadas en la senda del crédito territorial con noble ánimo, en las que sólo tropieza realmente la buena fe.” Ley Hipo-tecaria para las Provincias de Ultramar, Ed. 1893, p. 10.

La ley enmendatoria del artículo 127 de la Ley Hipote-caria continúa exigiendo la previa tasación. Es la núm. 69 de 1931, Leyes de ese año, p. 433. Dice:

"Artículo 1. — El artículo 127 de la Ley Hipotecaria vigente queda enmendado en la forma siguiente:
" ‘Artículo 127. — En la escritura de hipoteca se hará constar el precio en que tasan la finca los contratantes, para que sirva de tipo a la primera subasta que se debe celebrar, en el caso de que, vencido el plazo del préstamo, no conste en el registro de propiedad el pago de dicho préstamo.
“ ‘Si no produjere remate ni adjudicación la primera subasta, en la segunda que se celebrare servirán de tipo las dos terceras partes del precio en que hayan tasado la finca los contratantes, pero cuando esas dos terceras partes no excedieren de la cuantía de las responsa-bilidades preferentes, esa cuantía señalará el mínimo de las posturas admisibles.
“ ‘Si tampoco hubiere remate ni adjudicación en la segunda subasta, regirá como tipo en las otras subastas que pudieran cele-brarse el valor total a que ascienden los créditos preferentes.’
“Artículo 2. — Las disposiciones de la Ley de 9 de marzo de 1905, relativa a las sentencias y la manera de satisfacerlas, en cuanto se opongan a los preceptos del artículo 127 de la Ley Hipotecaria, según queda enmendado por el artículo anterior, y toda otra ley, o parte de ley, que esté en contradicción con la presente, quedan derogadas. ’ ’

Esa ley estaba en vigor cuando se constituyó la hipoteca de que se trata y es terminante. Como hemos dicho exige en la escritura de constitución de hipoteca la tasación del in-mueble hipotecado. Si no consta, no será por ello nulo el contrato, pero el acreedor no estará en condiciones de eje-cutar su crédito por la vía sumarísima que fija la propia Ley Hipotecaria completada por su Reglamento.

La distinción que en su resolución de diciembre 3, 1935, hace la corte entre hipotecas convenidas por las partes y las impuestas por la sola disposición del dueño del inmueble, es correcta, pero su conclusión de que el artículo 127 de la Ley Hipotecaria sólo se refiere a las primeras, no nos convence.

Cita en su apoyo la corte de distrito los comentaristas Morell y Sancho Tello que invocó el ejecutante en el me-morándum que le presentara así:

Cita de Morell:

“Pero como esa hipoteca se constituye sólo por el deudor, y no es necesaria ni posible la intervención ni la aceptación de los tene-dores de las obligaciones, ni la circulación de éstas ha de detenerse en cada caso en el examen y apreciación del valor de la garantía, resulta de hecho el mal que señala Aragonés: ha de juzgarse, se negocien o no los títulos en la Bolsa, por el estado financiero de la sociedad o particular que los emite, y no es raro que el valor nominal de cada obligación, aun siendo hipotecaria, sea distinto al valor real, superior o inferior a él según las circunstancias.”
“¿Y qué diremos respecto al valor de los inmuebles o derechos hipotecados ? Según el Art. 130, debe constar siempre en la escritura de hipoteca, para poder utilizar el procedimiento sumario, el valor en que los interesados tasan la finca para que sirva de tipo en la subasta que ha de celebrarse. ¿Es posible que interviniendo sola-mente el deudor, marque éste a su gusto el tipo de la subasta, o dé a las fincas el valor que quiera 1 ” 4 Morell, Legislación Hipotecaria, 259, 262.

Cita de Sancho Tello:

“Requiere la fijación del precio el acuerdo mutuo de acreedor e hipotecante y sólo, por consiguiente, por ese mismo mutuo acuerdo podrá alterarse haciéndolo constar en instrumento público, que habrá, de. ser presentado al Registro de la Propiedad para su toma de razón. ’ ’ Sancho-Tello, Redacción de Instrumentos Públicos, 886.

Como puede verse, los comentaristas no expresan opinión alguna específica y terminante sobre la cuestión. Ninguna otra autoridad se ha citado ni hemos podido encontrar noso-tros mismos.

La ley no distingue. Es cierto que dice que en la escri-tura se hará constar el precio en que tasan la finca los con-tratantes y que es en las hipotecas convenidas desde un principio entre partes que éstas pueden actuar conjuntamente desde un principio también, pero en las otorgadas por el dueño, para que tengan realidad en la práctica, la existencia de contratantes es también finalmente necesaria. El dueño grava su propiedad en garantía de instrumentos negociables y es cuando los negocia que el contrato surte todos sus efectos y en tal momento existen los contratantes de que habla el artículo 127 de la Ley Hipotecaria. Al resolverse a contratar, el adquirente del documento acepta la garantía conforme fué establecida por el deudor y surge el mutuo acuerdo.

Partiendo de la base de la aplicabilidad de la ley a este caso ¿pudo recurrirse a lo dispuesto en el artículo 175 del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria? Dice el reglamento:

“Los acreedores que tengan inscrito su derecho con anterioridad a la ley vigente podrán optar por este procedimiento sumario; mas cuando los títulos de sus créditos no expresen la conformidad del deudor con un precio determinado para la subasta, habrán de acre-ditar esta conformidad, consignada en documento público, o pedir el justiprecio, con arreglo a la ley de Enjuiciamiento Civil, para preparar el anuncio de la subasta; entendiéndose siempre aplicables las reglas de esta sección, que señalan el tipo mínimo para salva-guardar las responsabilidades preferentes. Las diligencias para el nombramiento de perito se practicarán al verificarse el requerimiento de pago y se entenderán con las mismas personas con quienes aquél deba formalizarse.”

Gomo puede verse, por los expresos términos de la dispo-sición se trata de un método fijado para las hipotecas cons-tituidas con anterioridad al mandato del legislador sobre la constancia en la escritura de la tasación. Y aquí la hipoteca se constituyó después.

Además, de ser aplicable el método, debió invocarse, también de acuerdo con sus términos, para seguirlo, al veri-ficarse el requerimiento y no luego como aquí se hizo.

Y no se diga que estamos en el caso del art. 36 del Código de Enjuiciamiento Civil, porque aquí si bien el acreedor a virtud de la deficiencia del documento constituyendo la hipo-teca no puede seguir el procedimiento sumarísimo, tiene a su alcance el ordinario que le otorga el propio Código de Enjuiciamiento Civil y que, dadas las circunstancias que con-curren, quizá sea en verdad el más justo y equitativo para todos los intereses envueltos.

Deben emularse las resoluciones de diciembre 3, 1935, y enero 3, 1936, y <declararse, no haber lugar a la moción del ejecutante de agosto 5,1935.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor HltohisoN,

license: Public Domain

text:
    Modesta Concepción Cosme, en su carácter de madre natural con patria potestad sobre sus hijos naturales menores reconocidos Alberto Padín Concepción y Joaquín y Carmen Padín Concepción, conocidos también por Joaquín y Carmen Concepción, demandantes y apelantes, v. Ruperto Márquez, en representación y como tutor de los menores Luis Vicente, Julio Alberto y Carmen María Quiñones Vázquez, demandados y apelados.
    No. 6972.

    Sometido: Marzo 27, 1936.

      Resuelto: Abril 14, 1936.

      A. Gasanova Prats, abogado de los apelantes; A. R. Barceló, Jr., abogado de los apelados.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor HltohisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Ciertos herederos menores de edad, que de aquí en ade-lante denominaremos como demandantes, iniciaron una acción para anular un procedimiento ejecutivo sumario y sobre otros extremos. La demanda alegaba tres causas de acción. Los demandados radicaron una contrademanda. La corte de dis-trito, después de un juicio sobre los méritos, desestimó la primera y tercera causas de acción y dictó sentencia en favor de los demandantes por la segunda causa de acción. También dictó sentencia a favor de los contrademandantes por su con-trademanda. La sentencia a favor de los demandantes sobre la segunda causa de acción declaró nulo y sin efecto legal el procedimiento ejecutivo sumario, incluyendo la escritura otorgada por el márshal en cumplimiento del mismo. La sentencia a favor de los contrademandantes fué por $8,000, importe del préstamo hipotecario, $533.28 por intereses hasta el 19 de mayo de 1933, fecha de la subasta, y $1,064.25 para cubrir ciertas reparaciones hechas en la propiedad hipote-cada, todo ello ascendente a $9,597.53. También revivió el gravamen hipotecario en garantía de esta suma. Disponía además que los demandantes, como contrademandados, podían retener de estos $9,597.53 la suma de $2,200 con el objeto de pagar otra hipoteca que pesaba sobre la misma propiedad. Los contrademandantes habían otorgado esta hipoteca para garantizar el pago de cierta suma de dinero tomada por ellos a préstamo al entrar en posesión de la finca bajo la escritura nula suscrita por el márshal después de la subasta.

La sentencia desestimatoria, la sentencia a favor de los demandantes sosteniendo su segunda causa de acción y la sentencia a favor de los contrademandantes sosteniendo su contrademanda, estaban todas comprendidas en un documento intitulado y mencionado en el cuerpo del mismo por el juez de distrito y por él firmado como “sentencia”. Si las partes integrantes de esta sentencia compuesta pueden ser califi-cadas de sentencias separadas e independientes o de partes separadas e independientes de nna sola sentencia, es cuestión que carece de importancia. La cuestión es si ciertos pronun-ciamientos o si ciertos grupos de pronunciamientos son en realidad independientes entre sí o separados e independientes.

El artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil (edi-ción de 1933) lee así (bastardillas nuestras):

“Una apelación se interpone entregando al secretario de la corte en que fué dictada o registrada la sentencia o providencia apelada, un escrito manifestando que se apela de ella, o de determinada parte de la misma, y presentando idéntica manifestación a la parte con-traria o a su abogado.”

Los demandantes apelaron de aquella parte de la sentencia que declara sin lugar la primera y tercera causas de acción de la demanda; de aquella parte que declara con lugar la contrademanda, condena a los demandantes como contrade-mandados a pagar a los contrademandantes la suma de $9,597.53 y declara que la hipoteca dada en garantía de parte de tal suma constituye un gravamen preferente sobre la pro-piedad descrita en la demanda; de aquella parte de la sen-tencia que deja de condenar a los demandados al pago de los intereses de la suma de $2,200; y de aquella parte de la sentencia que deja de condenar a los demandados al pago de las costas. Los demandados no apelaron de parte alguna de la sentencia. Transcurrido el término dentro del cual pu-dieron haber apelado los demandados, los demandantes soli-citaron se expidiera un auto de posesión. El presente es un recurso interpuesto contra la resolución negándose a expedir el auto.

La corte de distrito resolvió: que la sentencia es una que contiene obligaciones recíprocas entre las partes; que la obligación por parte de los demandados de devolver la finca hipotecada a los demandantes estaba subordinada al pago por los demandantes de las cantidades especificadas en la sentencia; que habiendo los demandantes apelado de aquella parte de la sentencia que les impone una obligación, no pueden los demandados ser compelidos a entregar la finca que fué objeto del pleito; que la apelación ha suspendido el proce-dimiento ante la corte de distrito. En apoyo de este criterio el juez de distrito citó: el artículo 1260 del Código Civil (edición de 1930); el artículo 297 del Código de Enjuiciamiento Civil; Fernández v. Pueblo, 15 D.P.R. 621; Buxó v. Buxó, 18 D.P.R. 190, y Rivera v. Martínez, 27 D.P.R. 475.

El artículo 1260 del Código Civil (edición de 1930) forma parte del capítulo que trata “De la nulidad de los contratos”. Dispone:

“Mientras uno de los contratantes no realice la devolución de aquello a que en virtud de la declaración de nulidad esté obligado, no puede el otro ser compelido a cumplir por su parte lo que le incumba.”

Los aquí demandantes “en virtud de la declaración de nulidad” no se vieron obligados a entregar nada a los de-mandados. Aún si la declaración de nulidad,, sin más, pu-diera considerarse en el sentido de que revivía la obligación hipotecaria, o si pudiera estimarse que esa obligación nunca quedó extinguida, de ello no se desprendería que los deman-dantes tuvieran obligación alguna de pagar el importe de la deuda hipotecaria como condición previa a la devolución inmediata de la finca hipotecada.

En Oliver v. Oliver, 23 D.P.R. 181, 189, citado por la parte apelada, este tribunal admitió, para los fines de aquella opinión solamente, “la primera proposición del apelado de que ‘una venta judicial es un contrato’.” Ese caso no sirve de autoridad para la contención de que una escritura nula de un márshal otorgada como punto final a un procedimiento ejecutivo sumario nulo, es un contrato. Aún si la escritura del márshal en el presente caso fuera un contrato, los de-mandantes no se hubieran visto precisados ni por virtud de lá declaración de su nulidad ni por virtud del decreto judicial declarando la nulidad de todo el procedimiento ejecutivo sumario-,.-a pagar a los adquirentes en la subasta nula el importe de su hipoteca,, o cualquier otro, en anticipación de otro procedimiento ejecutivo o de una acción en cobro de dinero.

El efecto de esa declaración judicial fue colocar a las partes en la misma posición en que habían estado con ante-rioridad a la iniciación del ejecutivo sumario. Muñoz v. Solá, 48 D.P.R. 787. Los demandantes continuaron siendo los. dueños de la finca y tenían derecho a la posesión inme-diata de la misma, sujeto solamente al gravamen de la hipo-teca revivido por la sentencia dictada en favor de los con-trademandantes en su contrademanda. Los demandados con-tinuaron siendo, como antes, los dueños de la hipoteca con el privilegio de ejecutar la misma o de instruir una acción en cobro del dinero que se les adeudaba, sin tener que iniciar un procedimiento ejecutivo. Ellos no tenían derecho a con-tinuar en posesión de la finca y la sentencia por una suma de dinero por ellos obtenida como resultado de su contra-demanda no les dió tal derecho. Los demandantes tenían tanto derecho a la posesión inmediata de la finca al ser firme la sentencia de nulidad, es decir al expirar el término dentro del cual los demandados pudieron haber apelado, como el que hubieran tenido si los contrademandantes nunca hubieran presentado una contrademanda o jamás hubiesen obtenido sentencia sobre la misma. La obligación de los demandados de entregar la posesión de la finca y la obligación de los de-mandantes de pagar la sentencia que les condenaba al pago de cierta suma de dinero no eran “recíprocas” en forma tal que hiciera el pago de la sentencia contra los demandantes una condición precedente a la toma de posesión por parte de éstos. Si no se hubiese entablado apelación alguna, los de-mandantes hubieran tenido derecho a la inmediata posesión, sujeto a la ejecución de la sentencia que les condenaba al pago de cierta suma de dinero. Una sentencia que condena al pago de determinada suma no confiere al acreedor que la obtuvo el derecho a entrar en posesión inmediata de los bienes del deudor por sentencia. Tampoco concede al acreedor por sentencia-que está en la' posesión 'ilegal de bienes pertene-cientes al deudor, derecho alguno a continuar en tal posesión mientras se tramita la ejecución. Esto nos lleva a la cuestión del efecto que pueda haber tenido la apelación de los deman-dantes en semejante situación.

El artículo 297 del Código de Enjuiciamiento Civil (edición de 1933) dice:

“Formalizada una apelación, producirá el efecto de suspender todo procedimiento en la corte inferior, respecto a la sentencia u orden apelada, o a las cuestiones comprendidas en ella, pero la corte, inferior podrá proseguir el pleito en lo que respecta a cualquier extremo del mismo no comprendido en la apelación. ’ ’

Este artículo debe interpretarse en armonía con la sección que inmediatamente le precede y que ha sido citada más arriba, y a la luz de casos ya resueltos sobre el efecto de una apelación interpuesta contra una parte específica de una sen-tencia cuando tal parte y alguna otra parte de la sentencia no son dependientes entre sí sino claramente separadas, dis-tintas e independientes. Interpretada en esa forma, “la sen-tencia . . . apelada” a que se hace referencia en el artículo 297, puede significar la sentencia total dictada por la corte de distrito cuando se ha interpuesto apelación contra tal sen-tencia en su integridad, o cuando las partes que constituyen tal sentencia están tan entrelazadas y son tan dependientes entre sí que deben ser consideradas como una unidad, no obstante haberse radicado un escrito de apelación que men-ciona solamente una parte específica de la misma. Por otra parte, puede significar la parte o partes específicas de una sentencia divisible dictada por la corte inferior cuando el alcance del recurso de apelación está limitado expresamente por tal escrito a aquella parte o partes, y tal parte o partes no son dependientes entre sí, sino evidentemente separadas, distintas e independientes. En tal caso estas partes sepa-radas, distintas e independientes se convierten, en efecto, en sentencias separadas, distintas e independientes y cuando se apela de una de ellas podría considerarse como “la sentencia . . . apelada,” dentro del significado del artículo 297, sin violentar en absoluto el espíritu o la letra de dicta sección. El criterio contrario sería subversivo de una regla bien esta-blecida. Esa regla tiene un doble aspecto. Este doble as-pecto fia sido expresado frecuentemente en forma de una regla general y de una excepción a la misma. Empero, con-forme se indica en un caso reciente, la denominada excepción fia llegado a estar tan bien establecida como la regla misma. Además, los dos aspectos de la regla fian sido mencionados como diferentes ramales de la misma regla. La forma y contexto de la regla carecen de importancia. La cuestión relativa a su aplicación y efecto surge de ordinario al pre-sentarse una moción para desestimar un recurso de apela-ción fundada en la teoría de que una parte que ha apelado de una sentencia indivisible y luego ha aceptado algunos beneficios de la misma o ha obtenido la ejecución de aquella parte de la sentencia que le favorece, ha abandonado o renun-ciado su derecho a apelar. El principio es el mismo, aunque el resultado varía de acuerdo con las circunstancias del caso específico. Nada hay tan peculiar a la naturaleza de una eontrademanda que justifique la aseveración de que en todos los casos en que por una parte se ha dictado sentencia en favor de los demandantes y por la otra en favor de los con-trademandantes, la apelación interpuesta por los primeros contra la sentencia que les perjudica tiene el efecto de un sv/persedeas con respecto a la sentencia que les favorece. Pueden surgir casos en que la sentencia dictada a favor de los demandantes y la dictada a favor de los démandados sean de tal naturaleza y tan relacionadas entre sí que resultaría impropio o imposible bajo las disposiciones del artículo 297 el permitir la ejecución de una de estas sentencias mientras estuviese pendiente de decisión un recurso de apelación inter-puesto contra otra. No es ése el caso de autos. La doctrina enunciada en los casos citados por el juez de distrito, consi-derada al amparo de los hechos existentes en cada caso, no está en conflicto con la regia uniforme existente en otras jurisdicciones, ni milita contra nna interpretación razonable del artículo 297 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Ambos ramales de la regla son expuestos en 3 Corpus Juris 685, 686, sección 569, como sigue:

"... Cuando todas las disposiciones de una sentencia están rela-cionadas entre sí y dependen las unas de las otras, un litigante no puede exigir el cumplimento de una parte de la sentencia y apelar de la otra. Mas sucede lo contrario cuando la sentencia es divisible y una apelación interpuesta contra parte de la misma no es inconsis-tente con el cumplimiento del resto de ella.”

En el mismo sentido se pronuncia 2 R.C.L. 61, 62, sección 44.

En Whalen v. Smith, 163 Cal. 360, 362, la corte dijo:

"Existen indudablemente apelaciones interpuestas contra parte de la sentencia en que tal parte está tan entrelazada y relacionada con el resto de la sentencia, o que depende tanto de la misma, que la apelación de parte de ella afecta las demás partes o envuelve la con-sideración de la sentencia en su totalidad y resultan en realidad una apelación de toda la sentencia, y si se ordena la revocación la misma se extenderá a la sentencia en su totalidad. En tales casos, la corte de apelación debe tener facultad para bacer cuanto la jus-ticia exige y extender su revocación basta el extremo necesario para cumplir tal fin. El código provee que un litigante puede apelar de determinada parte de una sentencia. (Código de Enjuiciamiento Civil, sección 940.) De ordinario tal apelación no afectaría las partes de la sentencia no apeladas y se desprendería lógicamente que tales partes no afectadas deben considerarse como firmes puesto que la sentencia es definitiva en cuanto a los hechos y derechos que determina. Las decisiones se pronuncian al efecto de que al enta-blarse tal apelación, cuando las partes de la sentencia no apeladas no están tan íntimamente entrelazadas con la parte apelada que la revocación de dicha parte exigiría la reconsideración del caso en su totalidad por parte de la corte inferior, el tribunal al establecerse semejante apelación parcial puede investigar tan sólo cuanto se refiere a la parte apelada. Así, pues, en el caso de Early v. Mannix, 15 Cal. 150, se dijo que un demandante en un procedimiento sobre detentación ilegal de bienes podía apelar de una resolución que le niega indemnización equivalente a tres veces el importe de los daños y perjuicios y que en el ínterin podía exigir el cumplimiento de la sentencia en cnanto a la restitución de la finca. En el caso de Pacific Mutual L. I. Co. v. Fisher, 106 Cal. 237 (39 Pac. 758), se dijo que la Corte Suprema no tiene facultad para revisar la parte no apelada de una sentencia. En el de Estate of Burdick, 112 Cal. 391 (44 Pac. 734), la corte inferior dictó un decreto a instancias del albacéa aprobando su cuenta final y ordenando la partición de la herencia. El apeló del decreto en su totalidad excepto de aquella parte que aprobaba sus cuentas finales. En apelación solicitó que se revisara la orden aprobando tales cuentas, mas la corte se negó a considerar la cuestión relativa a la exactitud de dichas cuentas, diciendo: ‘No debemos intervenir con ellas. El tratar de hacerlo así sería un pro-cedimiento arbitrario, sin autoridad para ello.' En Ricketson v. Richardson, 26 Cal. 154, había varios demandados y únicamente uno de ellos apeló. Se solicitó la revocación en cuanto a todos los de-mandados. El error consistía en la notificación irregular del empla-zamiento y afectaba sólo al apelante. Se negó la revocación en cuanto a los demás demandados, diciendo la corte que ella estaba obligada a presumir que no se había cometido error en cuanto a ellos, toda vez que no habían apelado. En Kelsey v. Western, 2 N. Y. 505, la corte se expresó así: ‘Ha quedado bien establecido que únicamente aquella parte de un decreto que ha sido apelada es traída ante la corte.de apelación para ser revisada.’ En Bush v. Mitchell, 28 Or. 92 (41 Pac. 155), la corte, refiriéndose a una apelación interpuesta contra parte de una sentencia, citó lo siguiente del caso de Shook v. Colohan, 12 Or. 243 (6 Pac. 503) : ‘La vista del caso de nuevo se limitaría a aquel punto que afecta la parte del decreto especificada en el escrito de apelación.’ En dicho Estado la corte superior tenía facultad para ver el caso de nuevo. Los siguientes casos reconocen y aplican el principio general de que la apelación interpuesta contra determinada parte específica e independiente de una sentencia no eleva las otras partes de la sentencia para ser revisadas por la corte superior y que la revocación de la parte de la sentencia apelada no afecta las partes que de ella no dependen y que las mismas subsis-tirán como determinaciones finales. Ikerd v. Postlewhaite, 34 La. Ann. 1235; Nelson v. Hubbard, 13 Ark. 253; Suett’s Appeal, 46 Conn. 38; Ervin v. Collier, 3 Mont. 189; Hess v. Winder, 34 Cal. 270; Sands v. Codwise, 4 Johns. (N.Y.) 602, (4 Am. Dec. 305); In re Davis, 149 N. Y. 548 (44 N. E. 185); Leavison v. Harris, 14 S. W. (Ky.) 343; Meadow etc. Co. v. Dodds, 6 Nev. 261; Robertson v. Bullions, 11 N. Y. 245; Moerchen v. Stoll, 48 Wis. 307 (4 N.W. 352).”

Véanse también: First National Bank v. Wakefield, 138 Cal. 561; In re Youngerman’ s Estate, 114 N. W. 7, 10; Augustin v. Farnsworth, 99 So. 868; Kittredge v. Grau, 103 So. 723; Planters’ Bank & Trust Co. v. Savant, 134 So. 394; Foster & Glassell Co. v. Harrison, 138 So. 99; Slaughter v. Texas Life Ins. Co., 211 S. W. 350; McCown v. Nicks, 284 S. W. 739; People’s Saving Bank & Trust Co. v. Howson, 286 S. W. 865; Luckel v. Barnsdall Oil Co., 74 S. W. (2d) 127 and Luglan v. Lenning, 239 N. W. 692.

Casi a la terminación de nn alegato adicional radicado nnas dos semanas después qne el original, los apelados co-mentan en la siguiente forma la apelación de los demandantes contra la sentencia desestimando la primera y tercera causas de acción de su demanda:

“Además, tenemos que considerar que la parte demandante-apelante ba apelado de aquella parte de la sentencia, en el caso de nulidad que declaraba sin lugar dos de sus causas de acción, entre ellas, una que pedía la nulidad del contrato de préstamo con garantía hipotecaria.' Por lo- cual podrá verse que si este Hon. Tribunal revoca la sentencia de la corte inferior y al revocar declara nulo el contrato de préstamo con hipoteca, entonces la nulidad del proce-dimiento ejecutivo y la nulidad de la subasta son consecuencias ine-vitables; pero la interpretación de los efectos de la nulidad entonces tiene que partir sobre el contrato de préstamo hipotecario en el cual caso es más específica y evidente la aplicabilidad del artículo 1260 imponiendo obligaciones recíprocas por las cuales vendrán los deman-dantes obligados a devolver a los demandados el importe del prés-tamo, según ahora vienen obligados a devolver dicho importe en calidad de precio en la compra de la finca, por virtud de la escritura de venta judicial.
“Después del estudio que precede no creemos que este Hon. Tribunal pueda estar en condiciones de darle posesión a los deman-dantes de la finca objeto del presente litigio sin antes ventilar las diversas faces que están envueltas en esta apelación, o por lo menos sin antes exigir de la parte demandante-apelante el pago correspon-diente al demandado-apelado como condición previa e imprescin-dible.”

Esta cuestión no fué discutida por el juez de distrito al resolver la moción de los demandantes solicitando se les pusiera en posesión, ni por los apelados en su alegato original. El juez de la corte inferior citó el artículo 1260 del Código Civil al resolver la moción de los demandantes. Sin embargo, él hizo esto en un esfuerzo tardío para establecer alguna rela-ción entre la sentencia dictada a favor de los demandantes sobre la nulidad del procedimiento ejecutivo y la sentencia por una suma de dinero pronunciada a favor de los contra-demandantes en su contrademanda. La cita no tenía que ver nada ni tenía relación con ninguna cuestión de interde-pendencia entre la primera y. segunda causas de acción de los demandantes.

Es cierto que si la hipoteca era nula e ineficaz, el procedi-miento ejecutivo sumario era igualmente nulo e ineficaz. Empero la cuestión relativa a la validez de la hipoteca misma va más lejos que cualquiera cuestión■ sobre la nulidad del procedimiento, ejecutivo. Ya a la raíz de la obligación mone-taria de los demandantes y no tiene conexión alguna con el fundamento por el cual el procedimiento ejecutivo fué de-clarado nulo y carente de efecto legal.

La teoría de la primera causa de acción fué que la desig-nación de un tutor era nula y que por ende el tutor no tenía facultad para otorgar la hipoteca. La teoría de la segunda causa de acción fué que el procedimiento ejecutivo sumario era nulo e ineficaz por falta de jurisdicción, porque el reque-rimiento de pago nunca había sido notificado a Modesta Concepción Cosme, madre y tutora natural de los menores, aquí demandantes. La teoría de la eontrademanda, si la entendemos, fué que el tutor había pagado una hipoteca válida preexistente con el producto de la supuesta hipoteca nula; que los demandantes, que habían recibido éste y otros beneficios, estaban impedidos de alegar la nulidad de la hipoteca que ahora estaba en controversia y debía hacérseles responsables del importe de la misma, no obstante su nulidad.

La íntima relación existente entre la primera causa de acción y la cansa de acción aducida en la contrademanda es bastante clara. Si el requerimiento de pago se hubiera noti-ficado a la madre y tutora natural de los aquí demandantes^ éstos no hubieran tenido la segunda causa de acción. Si, en tal caso, la corte de distrito hubiese decretado la nulidad del procedimiento ejecutivo debido a la nulidad de la hipoteca y hubiera al mismo tiempo dictado una sentencia por una suma de dinero en favor de los contrademandantes, entonces habría habido más peso en el argumento de que tales sen-tencias eran interdependientes y de que no se debía permitir a los demandantes que ejecutaran la sentencia dictada a su favor mientras se hallara pendiente un recurso de apelación, por ellos interpuesto contra la sentencia por una suma de dinero pronunciada a favor de los contrademandantes. Sin embargo, no es necesario que especulemos respecto a cuál habría sido el resultado de tal caso hipotético.

Aún si se considerara la demanda como una reclamación para que se devuelva el precio pagado por la propiedad adquirida por los contrademandantes en una subasta nulár subsiste el hecho de que los aquí demandantes nada reci-bieron en efectivo por la supuesta enajenación de su finca. El llamado precio de la compraventa fué meramente acre-ditado a la suma reclamada por los acreedores hipotecarios bajo su hipoteca. Después de revivirse la hipoteca y de restaurarse la misma a su estado original como gravamen preferente sobre la finca hipotecada, nada quedaba por de-volverse “por virtud de la declaración de nulidad”. Esto parece haber sido lo que entendió el juez de distrito ál momento de emitir su sentencia. En el curso de su relación, del caso y opinión dice (bastardillas nuestras): . .

“Todas las cantidades pagadas por Francisco Font Manzano con el importe del préstamo de $8,000, más la suma de $263.96 que parece también pertenecía a los menores por otro concepto, fueron desem-bolsos necesarios y beneficiosos para los menores, con excepción de la cantidad de $100 que se pagó a José Nieves Prieto por corretaje para la obtención del dinero de la hipoteca, por ser un servicio que debió prestar el tutor y administrador personalmente, pero como las cantidades satisfechas resultan en exceso de la suma de $8,000, aun descontando lo pagado por corretaje, la cantidad a devolver en este caso debe limitarse a la referida suma de $8,000, y los intereses devengados hasta la ejecución. En el procedimiento ejecutivo hipo-tecario establecido por Avelino Pérez Alvarez, se le pagó al acreedor ejecutante la suma de $6,342.11, de principal, intereses devengados y prima de seguro, más la suma de $125 por honorarios del abogado J. Pedro Miranda. Estos honorarios eran consecuencia del proce-dimiento, que los ejecutados estaban obligados a satisfacer. Resulta de la evidencia que el abogado Antonio R. Barceló Jr. fué el que representó a Francisco Font Manzano en el procedimiento de auto-rización judicial y ante quien se otorgaron las escrituras de cance-lación de la anterior hipoteca y constitución de la nueva o sea el préstamo de los $8,000, y la cantidad satisfecha por honorarios de $90.50 no parece excesiva, ni se impugna por esa causa. El desem-bolso era necesario, pues no se hubiera podido hacer el préstamo y pagar las deudas sin la autorización de la corte y otorgamiento de las escrituras. Los intereses pagados a Demetrio Latoni Pecunia es otro desembolso necesario dentro de la administración. El tutor pagó en total, por' concepto de contribuciones adeudadas por los menores de-mandantes, la suma de $1,266.35, incluyéndose en ello la cantidad de $679.81 que correspondía a la casa Rafael Cordero núm. 49, por contribuciones atrasadas de los años 1931-32 y 1932-33, en las que se cobró, por concepto de recargos, la cantidad de $45.21. Consi-deran los demandantes que no deben pagar los recargos, por no ser un gasto necesario. Los deudores por concepto de contribuciones eran los demandantes y si no pudieron pagarse en su oportunidad por falta de fondos o por cualquier otro motivo, siendo ellos res-ponsables del pago, se beneficiaron con el mismo, por otra parte no es ésta una acción contra Francisco Font Manzano para la devolu-ción de cantidades indebidamente satisfechas por él como tutor y administrador de los demandantes, quienes claramente aparece que se enriquecieron con el préstamo de $8,000 cuya suma fué invertida y deben devolver con sus intereses hasta el momento de la ejecución. Los demandados reclaman $9,000, que fué la suma por la que adqui-rieron la finca, pero sólo tienen derecho a los $8,000 del préstamo y $533.28 de intereses adeudados hasta la ejecución, no pudiendo car-garse nada por costas, gastos y honorarios de abogado de esa ejecu-ción, ni intereses desde entonces porque la finca pasó a sus manos indebidamente y de ella se han venido beneficiando. Pontón v. Sucrs. de Huertas y González, 46 D.P.R. 796.”

Puede haber campo para argumentación acerca de si una acción para establecer la nulidad de un procedimiento eje-cutivo sumario por falta de jurisdicción es una en equidad o si el pago en su totalidad de la suma reclamada por el acreedor hipotecario es una condición precedente a la conce-sión de un remedio en tal recurso. Quizá pueda demostrarse que algún principio de derecho o alguna regla de equidad exige el pago de una sentencia en dinero, obtenida por los demandados como eontrademandantes en tal litigio, como con-dición precedente a la concesión de una moción por los deman-dantes solicitando un auto de posesión al amparo de una sentencia que establece la nulidad del procedimiento ejecu-tivo sumario, no embargante la ausencia de cualquier dispo-sición en la sentencia a ese efecto y no obstante la ausencia de una súplica específica por parte de los contrademandantes de que se les conceda tal remedio. La sapiencia de estas sugestiones no es de por sí evidente. No iniciaremos por ahora una investigación independiente sobre sus méritos. La sentencia fue dictada el 11 de octubre de 1934. Los de-mandantes solicitaron un auto de posesión el 20 de noviembre del mismo ano. Su moción fue declarada sin lugar el 10 de enero de 1935. El caso fue visto en apelación en mayo del año pasado. Una nueva vista fue celebrada el 27 de marzo de 1936. La decisión final de la cuestión no debe ser demo-rada por más tiempo.

Si esta corte revocara la actuación de la corte de distrito al declarar sin lugar la primera causa de acción de los de-mandantes y resolviera que la hipoteca en sí era nula, tal resolución no afectaría en forma alguna la sentencia final dictada a favor de los demandantes sobre su segunda causa de acción. Podría suceder, conforme sugieren los apelados, que el procedimiento ejecutivo sumario fuera una nulidad absoluta. De llegarse a ese resultado (si se llegare) en este tribunal resultaría académico. Empero, si este tribunal re-solviera que el procedimiento ejecutivo sumario era nulo de toda nulidad, tal decisión no afectaría en manera alguna la sentencia dictada por la corte de distrito a favor de los de-mandantes sobre sn segunda causa de acción. El procedi-miento ejecutivo sumario ya es nulo e ineficaz por virtud de esa sentencia final. Ninguna sentencia de este tribunal po-dría hacerlo más nulo e ineficaz de lo que ya lo es. Cada una de las dos primeras causas de acción servía de motivo separado e independiente para solicitarse un remedio espe-cífico. La sentencia en favor de los demandantes, sobre su segunda causa de acción, fue una separada e independiente y no relacionada con la sentencia desestimatoria en forma tal que pudiera justificar a este tribunal en resolver que las dos eran en sustancia y efecto una sola sentencia y como tal una unidad. Es innecesario que prolonguemos indebidamente esta opinión haciendo una discusión separada de la relación que pudiera existir entre la tercera y las otras causas de acción, toda vez que los apelados aparentemente no confían en semejante relación.

La súplica de los demandantes fué tan amplia como el campo cubierto por sus tres causas de acción separadas y distintas. Sustancialmente solicitaban una sentencia: decla-rando nulo el nombramiento del tutor que otorgó la hipoteca; estableciendo la nulidad de la hipoteca otorgada por dicho tutor; decretando la nulidad del procedimiento sumario para la ejecución de dicha hipoteca, la nulidad de la venta judicial efectuada en el curso de dicho procedimiento, la nulidad de la escritura otorgada por el márshal como resultado de tal venta y la nulidad de la inscripción de tal escritura en ei registro de la propiedad; condenando a los demandados a pagar a los demandantes la suma de $906 por concepto de alquileres de la finca hipotecada durante cierto período de tiempo, con más los que se vayan devengando hasta la ter-minación del pleito, además de $2,200 de principal más los intereses que adeudaren a la fecha de la terminación del litigio (siendo los mismos el principal y los intereses de la hipoteca otorgada por los demandados mientras estaban en posesión de la finca de los demandantes a virtud de la escri- tura otorgada por el mársfial); poniendo a los demandantes en posesión de la finca descrita en su demanda y dictando cualquiera otra providencia compatible con las alegaciones de la demanda.

Debe revocarse la resolución apelada y en su Vagar este tribunal dictará sentencia ordenando que se ponga <a los de-mandantes en posesión de su finca de conformidad con la súplica de su demanda y según solicitan en la moción decla-rada sin Vagar por la corte de distrito.

Los Jueces Asociados Señores Wolf , y Córdova Dávila disintieron.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Félix Benítez Rexach y Fernando Caso, demandantes y apelantes, v. El Municipio de Bayamón, Del Valle & Co., Carlos F. del Valle, Director Gerente, y Guillermo Esteves, Comisionado del Interior, demandados todos y apelada Del Valle & Co.
    No. 7084.

    Sometido: Abril 13, 1936.

      Resuelto: Abril 15, 1936.

      G. Goll Cuchí y Guillermo Silva, abogados de los apelantes; Ismael Soldevila y Edelmiro Soldevíla, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes apelan de una resolución aprobando un memorándum de costas y alegan que la corte de distrito cometió error al conceder una partida de $500 por concepto de honorarios de abogado. Uno de los apelados solicita la desestimación del recurso por falta de nn señalamiento de errores suficiente, y además por frívolo. Los apelantes ten-drían poca razón para quejarse si se desestimara la apela-ción por el primer motivo solamente. Sin embargo, de un memorándum radicado se desprende que la contención principal de los apelantes parece ser que la cuantía concedida por concepto de honorarios es excesiva.

•' 'Hubo alguna prueba ante la corte de distrito que habría sostenido la concesión de una suma considerablemente menor de $500. Hubo otro testimonio ampliamente suficiente para sostener la concesión hecha. El memorándum de los ape-lantes radicado durante la vista de la moción para desestimar, así como su alegato original, dejan de convencernos de que la cantidad de $500 sea excesiva. El juez de distrito tiene discreción en materias de esta índole y no hubo abuso de tal discreción en el presente caso;

A maestro juicio, el recurso es claramente, frivolo y debe ser desestimado.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Eugenio Gómez, demandante y apelante, v. María del Consuelo Ardura Viuda de Joglar y el Municipio de Río Piedras, demandados y apelados.
    No. 6569.

    Sometido: Abril 17, 1935.

      Resuelto: Abril 17, 1936.

      Bpsosa <& Besosa, abogados del apelante; Raúl Benedictoabogado , de la apelada Sra. Viuda de Joglar. .
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Engenio Gómez era el dueño del usufructo de un solar en Río Piedras. Sobre este solar se construyeron tres casas y luego se erigió la que es objeto de controversia en este litigio. Gómez embarcó para España en 1912. Aunque tenía otras personas en quienes confiaba, dejó a Higinio Joglar entera-mente a cargo de la propiedad. Por razón que no nos coa-cierne, el Municipio de Río Piedras ordenó en el año 1913 la demolición de todos los edificios construidos en el solar. Esto fué comunicado a Gómez a España, y no se desprende con claridad qué fué exactamente lo que él hizo después, aunque mientras ocupaba la silla testifical declaró que auto-rizó a Joglar solamente a que presentara un simple juego de planos y a que colocara sobre el solar ciertos materiales de construcción. Joglar procedió, con dinero de su propio peculio, a fabricar una casa a un costo de unos $2,800. Ocupaba esta casa como si fuera suya o como si fuera de su propiedad. En noviembre de 1913 Gómez regresó a Puerto Rico. Según su testimonio, y de acuerdo con otra prueba, se desprende que impugnó el derecho de Joglar a hacer lo que había hecho o a levantar una casa tan costosa. Por el testimonio es imposible hablar más positivamente, pero Joglar y Gómez llegaron, bien a una conclusión definitiva, o a un statu quo mediante el cual Joglar continuó ocupando la propiedad. Gómez sostiene que Joglar ocupaba la propiedad como mandatario suyo. La demandada, viuda de Joglar, presentó prueba testifical tendente a demostrar que su esposo ocupaba el solar como de su propiedad. Dado el testimonio de Gómez, hay un conflicto aparente, mas no hallamos razón para dudar de las conclusiones a que llegó la corte inferior. Éstas fueron al efecto de que había un saldo pendiente de pago por parte de Joglar a Gómez, en pago del cual el pri-mero le dió al segundo unos $600, y que el usufructo del solar fué en efecto vendido a Joglar. El apelante hace algún hincapié en la diferencia existente entre el importe de la entrega y la suma adeudada, y trata de sostener que la entrega se refería a nna cuestión distinta. La corte llegó a la conclusión de que el usufructo fué transferido de Gómez a Joglar. Gómez trata de suscitar la que nos parece una proposición más Men curiosa, a saber, que Joglar bahía con-venido en pagarse a sí mismo la suma invertida en construir la casa con el supuesto arrendamiento de la casa en sí.

Joglar murió allá para el año 1929. Luego, en mayo de 1929, la señora Joglar obtuvo del Municipio de Río Piedras una escritura, no del usufructo, sino del terreno en sí.

Gómez es el demandante en este caso y también es el apelante. A pesar de los insistentes argumentos de sus letrados, no estamos convencidos de que quedaba algún derecho al solar o a la casa en favor de Gómez. La corte estuvo justificada en llegar a la conclusión de que Gómez, o traspasó directamente a Joglar, o mediante sus actuaciones' posteriores renunció todo derecho al usufructo del solar. Se desprendería que Gómez, en realidad, no sufrió verdadera pérdida. Desde luego, Joglar no fué formal en lo.que hizo, pero cualquiera que fuera su informalidad, ella fué condo-nada por Gómez. Joglar o su esposa ocuparon el solar sin ser molestados por espacio de 19 años, y hay suficiente prueba para indicar que el derecho de propiedad al mismo pasó de Gómez a Joglar.

Debe confirmarse la sentencia angelada.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso,

text:
    West India Oil Company, demandante y apelada, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    No. 6708.

    Sometido: Marzo 24, 1936.

      Resuelto: Abril 17, 1936.

      Hon. Procurador General B. Fernández García (Benjamín J. Ilorton en el alegato) y R. Cordovés Arana, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; R. Castro Fernández y José López Baralt, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión, del tribunal.

En 30 de septiembre de 1930, el Gobierno de Puerto Rico, por mediación de su Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, llevó a efecto una subasta pública para la adqui-sición de 899,925 galones de asfalto. La corporación West India Oil Company sometió una oferta para suministrar al Gobierno la cantidad' de asfalto requerida, por el precio de $0.0920 por cada galón entregado en los puertos de San Juan y Arecibo, y de $0.0895 por galón, si la entrega se hacía en uno de los otros puertos de la Isla.

Después de aceptada su oferta, la demandante entregó al Gobierno 871,538 galones de asfalto, por un precio que ascendió en total a $79,256.32.

En 30 de octubre de 1930, la demandante y apelada pagó al Gobierno de Puerto Rico el arbitrio de uno por ciento (1%) sobre el precio total del asfalto entregado, que le fue impuesto por el Tesorero de Puerto Rico de acuerdo con lo dispuesto por la sección 16, subdivisión 5, de la Ley núm. 85 de 1925 (pág. 585), tal como fue enmendada por la Ley núm. 17 de junio 3 de 1927 (pág. 459). Dispone la citada sección que toda persona que obtiene un contrato para suministro de materiales, celebrado por el Gobierno Insular o por una dé sus dependencias, debe pagar, en concepto de arbitrios, el uno por ciento del montante del contrato.

En 12 de abril de 1932, el Tesorero de Puerto Rico re-quirió a la corporación demandante para que pagase al Go-bierno la suma de $1,585.11, por concepto de contribuciones de 2 por ciento sobre el precio de venta del asfalto entregado al Gobierno, alegando que la imposición de dicbo arbitrio de 2 por ciento está autorizada por las disposiciones del artículo 62 de la ya citada Ley núm. 85 de 1925, enmendada por la núm. 17 de junio 3, 1927. La demandante pagó al Tesorero de Puerto Rico, bajo protesta, la suma de $1,585.11 por concepto de contribución de 2 por ciento sobre la venta del asfalto, más $398.04 por recargos e intereses sobre el importe de dicha contribución, más $150 importe de seis multas admi-nistrativas de $25 cada una, impuestas por el Tesorero como penalidad por no haberse verificado el pago de la contribu-ción antes del día 21 de abril de 1932.

La demandante apelada, por medio de esta acción, re-clama la devolución de las cantidades por ella pagadas bajo protesta, las que ascienden a un total de $2,133.15, alegando que la imposición y cobro de una contribución de 2 por ciento sobre el precio del asfalto vendido al Gobierno Insular, es ilegal, por tratarse de una venta de materiales para uso del mismo gobierno y además de un contrato celebrado con un Departamento del Gobierno Insular, para el suministro de materiales, y como tal expresamente gravado con un arbitrio de 1 por ciento bajo la sección 16, subdivisión 5, de la Ley rmm. 85 de 1925, enmendada por la Ley núm. 17 de junio 3 de 1927, y por lo tanto expresamente excluido de las dispo-siciones de la sección 62 de la misma ley.

Ambas partes han- aceptado como nn hecho, que en el precio fijado y cobrado por la demandante, por el asfalto entregado al Gobierno, no se incluyó cantidad alguna por concepto de contribución de 2 por ciento sobre el montante de la venta.

° El Tesorero de Puerto Rico sostiene la legalidad de los cobros hechos por él a la demandante, alegando que la sec-ción 16 de la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico, según quedó enmendada por la Ley núm. 17 de junio 3 de 1927, no impone contribución alguna a la venta, uso o consumo de asfalto en Puerto Rico; que el cobro a la demandante del impuesto de 2 por ciento sobre la venta de dicho asfalto no infringe las disposiciones de la sección 62 de la misma ley; que el arbitrio de 1 por ciento que fija el apartado 5, epí-grafe “Otros Arbitrios” de la sección 16 de la citada ley, se impone a la obtención por la demandante del contrato para suministrar asfalto al Gobierno, y no sobre la venta de dicho asfalto; y finalmente, que el pago del arbitrio de 1 por ciento no exime a la demandante del pago de la contri-bución de 2 por ciento sobre la venta del asfalto, porque la prohibición contenida en la sección 62 se refiere únicamente a la venta de artículos que no estén gravados en la sección • 16, y no incluye la venta de asfalto, la que no está sujeta a arbitrio por ninguna de las disposiciones de dicha sección 16.

De la sentencia dictada por la corte inferior ordenando la devolución de las cantidades reclamadas, el demandado ha apelado para ante esta corte.

Las disposiciones de la “Ley de Rentas Internas de Puerto Rico” (Ley núm. 85 de 1925, enmendada por la Ley núm. 17 de 1927) envueltas en esta controversia, textualmente leen así:

“Sección 16. — Se cobrará y pagará como impuesto de rentas in-ternas por una sola vez lo siguiente:
“Otros Arbitrios.
“5. Contratos. — Toda persona que obtenga contratos para el su-ministro de cualquier material, .... celebrados con un Departa-mento del Gobierno Insular ... o con cualquier organismo que dependa del Gobierno Insular, . . . deberá pagar, en concepto de arbitrios, el uno (1) por ciento del montante del contrato; . . .
“Sección 62. — Se impondrá y cobrará por una sola vez, sobre las ventas de cualesquiera artículos objeto de comercio, que no estén gravados en la Sección 16 de esta Ley, o exentos de contribución según lo dispuesto en la Sección 83 de la misma, al tiempo de veri-ficarse la venta en Puerto Rico, una contribución del dos (2) por ciento sobre el precio o valor de las ventas diarias, bien de contado, o bien a crédito de dichos artículos, la cual contribución deberá pagar al final de cada mes la persona que baya efectuado dichas ventas.”

El contrato celebrado por la West India Oil Company con el Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, que es nn organismo que depende del Gobierno Insular, es un con-trato de compraventa por el que la citada corporación se comprometió a entregar una cantidad de asfalto y el gobierno a pagar el precio estipulado por cada galón de asfalto que le fuera entregado. No tenemos duda de que dicho contrato cae de lleno dentro de las disposiciones de la Sección 16 (subdivisión 5) de la Ley de Rentas Internas, y que la cor-poración vendedora estaba obligada a pagar el arbitrio de 1 por ciento sobre el montante del contrato.

No podemos aceptar como válida la contención del Teso-rero apelante al efecto de que el arbitrio de 1 por ciento que impone dicha sección 16 es un tributo que se cobra por el privilegio de contratar con el Gobierno. El texto de dicha sección es tan claro, que no podemos interpretarlo en un sentido contrario a la evidente intención del legislador. El hecho de que el arbitrio se impone a “toda persona que obtenga contratos para el suministro de cualquier material” al gobierno, no es suficiente para sostener la contención del apelante, pues el efecto legal de las palabras que hemos colocado entre comillas es imponer un arbitrio al contrato de venta de materiales, y la obligación de pagarlo, al ven-dedor. ijQné es después de todo el vendedor, sino nna persona que lia obtenido un contrato para suministrar o en-tregar alguna cosa a otra persona?

Podríamos inclinarnos a aceptar la teoría del demandado, si el arbitrio provisto por la Sección 16 fuese una cantidad fija y uniforme, igual para todos los contratos de suministro al gobierno, sin tomar en consideración el precio de los ar-tículos o materiales objeto del contrato. La disposición legal que comentamos impone el arbitrio de 1 por ciento sobre el montante del contrato, o sea sobre el importe o valor de los materiales vendidos o suministrados al gobierno. Se trata indiscutiblemente de un arbitrio sobre la venta de materiales, entre los que está incluido el asfalto, que es un artículo objeto de comercio.

Sentada la premisa de que el uno por ciento (1%) pagado por la corporación demandante, es un arbitrio sobre la venta de materiales al Gobierno, de acuerdo con la sección 16, supra, tenemos que llegar a la conclusión de que el Tesorero de Puerto Rico no está legalmente autorizado para imponer a esa misma venta la contribución de 2 por ciento provista por la sección 62, supra, pues dicha sección dispone específica-mente que la contribución se impondrá y cobrará, por una sola vez, sobre las ventas de aquellos artículos objeto de 1 comercio, que no estén gravados en la sección 16 de la Ley.

Para sostener que el Tesorero de Puerto Rico está facultado para cobrar a la demandante ambos arbitrios, el 1 por ciento sobre el montante del contrato, de acuerdo con la sección 16, supra, y el 2 por ciento sobre el precio o valor de la venta det asfalto, de acuerdo con la sección 62, supra, tendríamos que admitir que la intención de la Legislatura fué la de imponer una doble contribución sobre la misma materia tributable, o sea sobre toda venta de materiales o H artículos de comercio, liecba por cualquier persona, cuando n el comprador es el Gobierno Insular o una de sus depen- H dencias. No podemos admitir que tal fuese la intención del | legislador, pues el lenguaje claro y preciso de las disposi- I dones legales que comentamos nos lleva a la conclnsión con-traria. Véase Pueblo v. Irizarry, 46 D.P.R. 898, 904.

En el alegato sometido por la parte apelada, encontramos autoridades suficientes para sostener nuestra opinión de que al exigir a la demandante el pago del 2 por ciento sobre el valor del asfalto, el Tesorero de Puerto Rico actuó sin auto-rización legal para ello.

TTna nota en 60 L.R.A. 366, que traducimos, lee así (bas-tardillas nuestras):

“En los casos en que se alega la doble contribución se presenta siempre la cuestión preliminar: ¿Es la contribución que se disputa realmente doble? Desde luego, si no lo es; si recae sobre diferentes materias, aunque sea uno mismo el contribuyente que deba pagarla; o, si recae sobre diferentes contribuyentes, aun cuando grave la misma propiedad; o si fuere impuesta por distintos gobiernos, en-tonces, no viola la regla constitucional de igualdad y uniformidad de la tributación . . .
“La contribución no es doble a menos que recaiga sobre la misma propiedad y dentro de una misma jurisdicción.’’

La interpretación que da el Tesorero de Puerto Rico a la Ley de Rentas Internas en el caso de autos es contraria a la regla que acabamos de transcribir, pues las dos contribu-ciones recaen sobre el mismo objeto, el precio o valor del asfalto vendido al gobierno; deben ser pagadas por el mismo contribuyente, la demandante; y son impuestas por uno solo y no por distintos gobiernos.

En el caso de El Pueblo v. Dávila, 47 D.P.R. 357, esta corte dijo:

“Es regla general que para que exista una doble tributación, ambas contribuciones deben ser de la misma naturaleza y recaer sobre una misma cosa ...”

Somos de opinión que la clara y evidente intención de la Legislatura ha sido imponer a las ventas de materiales hechas al gobierno una sola tributación de uno por ciento sobre el montante del contrato de venta, de acuerdo con la sección 16, subdivisión 5, de la Ley de Rentas Internas; y que el cobro del 2 por ciento provisto por la sección 62 de esa misma ley, sobre el montante de esa misma venta, es contrario a la ley.

Debe confirmarse la sentencia apelada, pero modificándola en el sentido de que la suma de¡ $2^.33.15 cuya devolución se ordena devengará intereses legales solamente desde, el día 19 de abril de 1933, fecha en que se radicó la demanda, de acuerdo', con lo dispuesto' por la Ley núm. 8 de 19 de abril de 1927.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    Hernand Behn, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 6587.

    Sometido: Abril 12, 1935.

      Resuelto: Abril 17, 1936.

      Jaime Sifre, Jr. y Horacio Franceschi, abogados del apelante; Hon. Procurador General B. Fernández Garcia y T. Torres Pérez, Sub-procurador (Benjamin J. Horton y M. Rodríguez Serra, en el alegato), abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Hernand Bebn inició este litigio para recobrar contribu-ciones pagadas bajo protesta. Apela de las siguientes par-tes de una sentencia dictada por la corte de distrito: de aque-lla parte de la sentencia que declaró sin lugar la demanda en lo correspondiente a una partida de $12,000, de salarios devengados por él de la Porto Pico Telephone Company; de aquella parte de la sentencia que declaró sin lugar la demanda en lo atinente a una partida de $23,073.40, no percibida por él como miembro de la sociedad Hernand & Sosthenes Behn; de la no concesión de intereses legales tanto en cuanto sobre las partidas que fueren reclamadas en la demanda y con-cedidas por la sentencia, como sobre las cantidades dene-gadas por la misma, de la partida de $2,868.49 que repre-senta intereses al 6 por ciento sobre la suma de $9,298.17, ale-gada deficiencia y calculada hasta octubre 30, 1930 y final-mente de la no concesión de costas y honorarios de abogado.

El primer señalamiento de error lee así:

“La corte inferior cometió error al declarar sin lugar la demanda en lo que respecta a la partida de $23,073'.40, que consideró recibida materialmente por el demandante como procedente de los beneficios que le correspondían en la sociedad Hernand & Sosthenes Behn, cometiendo también error de derecho al declarar que tales benefi-cios formaban parte de los ingresos del contribuyente.”

La partida de $23,073.40 representaba la mitad de una partida de $46,168.81, de ganancias no divididas, ninguna parte de la cual había sido materialmente recibida por uno u otro de los socios, o a ellos acreditada en los libros de Hernand & Sosthenes Behn. La suma total de $46,168.81 había sido llevada en dichos libros a pérdidas y ganancias. La cuestión es si la participación de un socio individual en tales ganancias debe considerarse como por él recibida en la' teoría de nn recibo implícito, conforme dispone el artículo. 90 del Reglamento, que lee en parte como sigue:

“Art. 90. — Ejemplo de recibo implícito. . . Los dividendos de-clarados sobre acciones están sujetos al pago de contribución cuando-los mismos se ponen ineondicionalmente a disposición del accionista. La participación a distribuir de las ganancias de un socio en una sociedad se considerará como recibida por él, aunque la misma nose baya distribuido.”

Desde luego, no bay duda alguna respecto al significado' del contexto que se acaba de citar. La cuestión gira en torno a la validez de aquella parte del artículo 90 que hace que la participación a distribuir de un socio particular en las ganancias no divididas de una sociedad sea tributable como ingresos del socio particular en la teoría de un recibo-implícito, no embargante el becbo de que en realidad el socio-no ha percibido parte alguna de tales 'ganancias. La solución de esta cuestión depende del estado de la ley en Puerto Rico y de las consiguientes limitaciones a los poderes del Tesorero-para redactar y promulgar reglamentos en relación con la misma.

En Morrill v. Jones, 106 U. S. 467, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo:

“El Secretario del Tesoro no puede con su reglamento alterar o-enmendar una ley de rentas. Todo lo que puede bacer es regular la manera de proceder para poner en vigor lo que el Congreso ha dispuesto. ’ ’

Véase también United States v. United Verde Copper Co., 196 U. S. 207.

La sección 68 de la Ley de Contribucione sobre Ingresos-(núm. 74) de 1924 (Leyes de 1925, págs. 401, 533) lee corno-sigue :

“El Tesorero queda autorizado para prescribir todas las reglasy reglamentos necesarios para la administración de esta Ley.

La parte de la sección 90, supra, que ahora está bajo-nuestra consideración se basa en el artículo 218 de la ley federal de contribuciones sobre ingresos, de 1924 y años ante-riores. Véase 26 U.S.C.A., sección 959, que lee en parte como sigue:

“Sección 218 (a). — Las personas particulares que bagan nego-cios en sociedad pagarán contribuciones sobre ingresos únicamente en su carácter particular. Al computar los ingresos netos de cada socio se incluirá la participación a distribuir, háyase distribuido o no, del ingreso neto de la sociedad para el año contributivo, o, si su ingreso neto para tal año contributivo se computa sobre la base de un período distinto a aquél que sirve de base para computar el in-greso neto de la sociedad, entonces se computará su participación a distribuir en los ingresos netos de la sociedad para cualquier pe-ríodo en que la sociedad tenga que rendir cuentas y que termine dentro del año contributivo que sirva de base a la ganancia neta del socio. ’ ’

La ley local de contribuciones sobre ingresos, de 1924, sigue en gran parte literal o substancialmente el lenguaje de su prototipo, la ley federal de 1924. Existen, sin embargo, ciertas omisiones y adaptaciones. La sección 218, supra, fué omitida. La razón es obvia. Sus disposiciones están plenamente en armonía con el concepto que de la sociedad prevalece en la mayoría de otras jurisdicciones de. los Esta-dos Unidos. Ellas estarían abiertamente en conflicto con el concepto que de la sociedad se tiene en Puerto Pico.

En Langstaff v. Lucas, 9 Fed. (2d) 691, confirmado en 13 Fed. (2d) 1022, la corte dijo:

“Desemejante a una corporación, una sociedad no es ante la ley ni ante la realidad una entidad separada y distinta a sus socios. Existe y actúa únicamente por mediación de sus miembros. No puede haber semejante cosa como el recibo o la tenencia de bienes por una sociedad, separada y distinta de sus miembros. Toda uti-lidad percibida por .una sociedad constituye propiedad de sus socios. ’ ’

Véanse también United States v. Coulby, 251 Fed. 982 (confirmado en 258 Fed. 27); 4 Paul & Mertens 2; Helvering v. Walbridge, 70 Fed. (2d) 683; Harris v. Commissioner of Internal Revenue, 39 Fed. (2d) 546.

En Puerto Rico, por otra parte, se reconoce a la sociedad en sí como una entidad legal separada, distinta e indepen-diente. Véanse Santiago Umpierre & Co. v. Wenar, 10 D.P.R. 532; Bozzo v. Bolívar, et al., 10 D.P.R. 34; Finlay v. Finlay Bros. & Waymouth Trading Co., 8 D.P.R. 389; Quintana Hnos. & Co. v. S. Ramírez & Co., 22 D.P.R. 761, 770; Puerto Rico v. Russell & Co., 288 U. S. 476; Pueblo v. Rivera Zayas, 29 D.P.R. 454.

A fin de adaptar la ley federal de contribuciones sobre in-gresos al concepto local de la sociedad como entidad legal separada y distinta, la legislatura insular bailó que era nece-sario modificar el texto de varias disposiciones de la ley federal.

La sección 220 de la ley federal al tiempo de la aproba-ción de la ley insular leía así:

“Si una corporación, cualquiera que fuere su constitución u or-ganización, se forma o usa con el fin de evadir la imposición de con-tribución adicional a sus accionistas valiéndose del medio de acumular sus ganancias y beneficios en vez de ser éstos divididos o distribuidos, se impondrá, cobrará y pagará por cada año contributivo sobre el ingreso neto de dicha corporación una contribución igual al 50% de dicho ingreso neto, en adición a la contribución impuesta por la sección 230,”

La sección 21 de la ley insular lee (bastardillas nuestras):

“Si una sociedad, o corporación, cualquiera que fuere su consti-tución u organización, se forma o usa con el fin de evadir la impo-sición de contribución adicional a sus socios o accionistas, valién-dose del medio de acumular sus ganancias y beneficios en vez de ser éstos divididos o distribuidos, se impondrá, cobrará, y pagará por cada año contributivo sobre el ingreso neto de dicha sociedad o cor-poración una contribución igual al 50 por ciento de dicho ingreso neto en adición a la contribución impuesta por la sección 28 de este título. ...”

El estatuto federal se refiere solamente a corporaciones y accionistas. La ley local coloca a las sociedades y a los socios prácticamente sobre la misma base que las corporaciones y los accionistas. El artículo 90 del Reglamento sienta una regla para los dividendos de las acciones en consonancia con la teoría del artículo 21 de la ley e inmediatamente trata de establecer una regla contraria que está abiertamente en con-flicto con la teoría de la sección 21 en lo relativo a las ganan-cias no divididas de las sociedades.

La sección 201 de la ley federal de contribuciones, tal cual regía en la época en que se aprobó la ley insular (véase 26 U.S.C.A., sec. 932), contenía la siguiente disposición:

“(a) El término ‘dividendo’, cuando se use en este capítulo, excepto en el párrafo 9, inciso (o-), de la sección 986, párrafo 4 del inciso (a) de la sección 1004, significará cualquier distribución hecha por una corporación a sus accionistas, bien sea en efectivo o en otra clase de propiedad, y procedente de sus beneficios o utilidades acumulados después de febrero 28, 1913. (&) Para los fines de este capítulo, toda distribución se hará de las utilidades o beneficios hasta donde alcancen, etc. ’ ’

La sección 4 de la ley insular de contribuciones sobre in-gresos, de 1924, lee así (bastardillas nuestras):

“El término ‘dividendo’ cuando se use en este título (excepto cuando se use en el párrafo (9) de la subdivisión (a) de la sección 32 y en el párrafo (4) de la subdivisión (a) de la sección 43, signi-ficará cualquiera distribución hecha por una corporación a sus ac-cionistas, bien sea en efectivo o en otra clase de propiedad, y pro-cedente de sus beneficios o utilidades, acumulados después de fe-brero 28 de 1913. Y el término ‘beneficios’ significará cualquier distribución hecha por ima sociedad a sus socios y partícipes proce-dente de sus utilidades obtenidas después de febrero 28 de 1913.”

De esta definición estatutaria de la palabra “beneficios” parece desprenderse con razonable claridad que antes que los beneficios de una sociedad puedan formar parte del ingreso bruto de un socio particular, tal cual el término ‘ingreso bruto” es definido por'la sección 15 de la ley insular de con-tribuciones sobre ingresos, de 1924, deben haberse distribuido los beneficios de la sociedad. Aquí la legislatura insular ha colocado una vez más a las sociedades en el mimo nivel que las corporaciones y ha establecido prácticamente la mi ama regia para la distribución de los beneficios de las sociedades que cuando se trata de los dividendos de acciones corporativas.

De conformidad con los términos de la sección 15 de la ley de contribuciones sobre ingresos, de 1924, el término “ ‘in-greso bruto’ incluye ganancias, beneficios e ingresos deriva-dos de” ciertas fuentes que se especifican y que incluyen los dividendos y beneficios de sociedades. Esa sección entonces provee (bastardillas nuestras):

“El montante de todos dichos ingresos será incluido en el ingreso bruto por el año contributivo en que sean recibidos por el contribu-yente, a menos que, bajo los sistemas de contabilidad permitidos por la subdivisión (5) de la sección 14, cualquiera de dichas cantidades deban ser consideradas como de un período distinto.”

Si se lee esta disposición en concomitancia con las otras disposiciones de la ley que ya fiemos considerado, parece bas-tante claro que las palabras “recibidos por el contribuyente”, indican la intención de imponer una contribución a los ingre-sos efectivamente recibidos, o por lo menos (en lo que a un socio particular se refiere), sobre la distribución en los bene-ficios de una sociedad, acreditados a la cuenta del socio particular o en cualquier otra forma designados e identificados como tal participación a distribuir en los libros de la socie-dad. En ninguna parte bailamos evidencia de que fuera la intención de la legislatura imponer contribución al ingreso hipotético de un socio individual derivado teóricamente de las ganancias no divididas de una sociedad, acudiendo al sistema de un recibo implícito. Véanse Bankers’ Trust Co. v. Bowers, 295 Fed. 89, 91; Walker v. Gulf & I. Ry. Co. of Texas, 269 Fed. 885; Maryland Casualty Co. v. United States, 251 U. S. 342; Safe Deposit & Trust Co. v. Miles, 273 Fed. 822, 824.

Para los fines de esta opinión puede admitirse que en lo que a dividendos de acciones corporativas se refiere, el ejem-plo de un recibo implícito provisto por el artículo 90, supra, está en consonancia con la letra y con el espíritu de la ley de contribuciones sobre ingresos, de 1924, y que, por tanto, no hay objeción al mismo. Podría aceptarse que un ejemplo similar sobre el recibo implícito de beneficios de una socie-dad por parte de un socio individual, tampoco hubiera estado sujeto a objeción. Empero, estamos convencidos de que el Tesorero de Puerto Eico se excedió en la autoridad conferí--dale por la sección 68 de la ley de contribuciones sobre in-gresos, de 1924, cuando trató en el artículo 90 de establecer la regla de que: “La participación a distribuir de las ganan-cias de un socio en una sociedad se considerará como recibida por él, aunque la misma no se baya distribuido.” De abí se infiere que la corte de distrito cometió error, tal cual se alega en el primer señalamiento.

El segundo señalamiento lee como sigue:

“La corte cometió error ele heebo al declarar expresamente que el apelante recibió dos sueldos, uno de $12,000 de la Porto Rico Telephone Company y otro de $10,000 de Behn Brothers, Inc., a pesar de que la prueba demostró que el apelante había cedido por con-venio a Behn Brothers, Inc. el sueldo que tenía asignado en la Porto Rico Telephone Co. y que Behn Brothers, Inc. declaró en su planilla como ingreso de ella; cometió error al sostener implícitamente que ambas partidas formaban parte de su ingreso, que no procedía la eliminación en la planilla individual del contribuyente decla suma de $10,000 por no haber sido materia de alegación en la demanda y al declarar que no se demostró que el salario menor estuviera in-cluido o confundido en el mayor.”

No podemos estar de acuerdo con este criterio. Los $12,000 devengados por el demandante como presidente de la Porto Rico Telephone Company fueron debidamente inclui-dos como parte de su ingreso, no obstante la cesión por él hecha de ellos a Behn Brothers, Inc. Véanse Paul & Mertens “Law of Federal Income Taxation”, Vol. 2, p. 25; Id. 29; 37, 39, 44; Black “On Federal Taxes” (4a. ed.) 54; Lucas v. Earl, 281 U. S. 111; Saenger v. Commissioner, 69 Fed. (2d) 631; Luce v. Burnet, 55 Fed. (2d) 751; Mitchel v. Bowers, 15 Fed. (2d) 287; Blumenthal v. Commissioner, 60 Fed. (2d) 715, Bishop v. Commissioner, 54 Fed. (2d) 298; Rossmoore v. Commissioner, 76 Fed. (2d) 520.

El demandante no fné relevado de sn obligación'de pagar la contribución sobre el sueldo recibido por él de la Porto Eico T.elepbone Company, meramente porque optó por no re-tenerlo o disfrutarlo. Backwill v. Commissioner, 77 Fed, (2d) 569. Desde luego, no bay duda alguna de que él debe pagar la contribución sobre el sueldo de $10,000 recibido por él de Bebn Brothers, Inc. La cesión del sueldo de $12,00© no afectó en forma alguna esta responsabilidad. La corte de distrito no cometió error al desestimar la demanda en lo que a la partida de $12,000 recibida de la Porto Eico Telephone Company se refería.

El tercer señalamiento lee:

“La corte inferior cometió error al no conceder intereses legales sobre todas las cantidades que el demandado debe devolver al de-mandante por concepto de contribuciones cobradas en exceso.”

La cuestión relativa a si debieron concederse intereses sobre las varias partidas recobradas por el demandante en la corte de distrito era una que caía dentro de la discreción de aquella corte. Loíza Sugar Co. v. Domenech, Tesorero, 44 D.P.R. 550.

Dehe’ revocarse aquella parte de la sentencia apelada que desestimó la demanda en cuanto a la devolución de las con-tribuciones impuestas contra la participación del demandante en los beneficios no divididos de la sociedad Hernand & Sos-thenes Behn, y pagadas bajo protesta por el demandante; en su lugar esta corte dictará sentencia en favor del demandante, ordenando al Tesorero de Puerto Rico que le devuelva' él im-porte de la contribución así impuesta y pagada bajo protesta, eliminando aquélla parte de la sentencia ajelada que ordena al Tesorero de Puerto Rico a reajustar y deducir de los in-gresos tributables de las planillas individuales del deman-dante las pérdidas habidas en la sociedad en los años 1925 y 1926, y confirmando la aludida sentencia de la corte de distrito en todos los demás respectos.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


text:
    Gombal Suárez, peticionario v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    No. 1052.

    Sometido: Noviembre 11, 1935.

      Resuelto: Abril 22, 1936.

      Edgar S. Belaval, abogado del peticionario; J. Giménez Aguayo, abogado del demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión, del tribunal.

Un demandante inició pleito ante una corte municipal para recobrar la suma de $25, como saldo insoluto de daños y per-juicios que se alegaba montaban a $50 y la mitad de los cuales ya había sido pagada por el demandado. Dicho pleito fue entablado al amparo de una Ley (núm. 10) intitulada “Ley estableciendo juicios especiales en las cortes municipales de Puerto Bico, y para otros fines”, aprobada el 21 de abril de 1921 (Leyes de ese año, pág. 113). La corte municipal, des-pués de celebrar un juicio sobre los méritos, desestimó la de-manda y el demandante apeló para ante la corte de distrito. La sección. 5 de la referida ley de 1921 lee así (Bastardillas nuestras.):

<! Contra la sentencia qne se dicte por la corte municipal podrá apelarse para ante la corte de distrito correspondiente, dentro del décimo día de notificado el perjudicado. Interpuesta la apelación dentro del quinto día el secretario deberá remitir los autos origina-les del caso, a dicha corte de distrito, la cual 'procederá a celebrar el juicio de novo, ajustándose a- los trámites de la presente, sin suje-ción tampoco a calendario.”

En el presente caso el demandante radicó su escrito de apelación el 7 de mayo de 1935. El mismo día el demandado solicitó el levantamiento del embargo. Su moción fué oída y el embargo levantado el 10 de abril. Los autos fueron ra-dicados en la corte de distrito el 16 de mayo. Dos días des-pués el apelado solicitó de la corte de distrito que desesti-mara la apelación, toda vez que no se Rabian elevado los autos dentro del período estatutario de cinco días. La corte de distrito Ralló que la demora se debió a la actuación del ape-lado al solicitar el levantamiento del embargo ante la corte municipal, y se negó a desestimar el recurso. También basó su negativa en parte en el RecRo de que los autos en apela-ción Rabian sido presentados antes de radicarse la moción parar desestimar. El apelado entonces solicitó y obtuvo un auto de certiorari.

La sección primera de la Ley (núm. 13) aprobada el 14 de noviembre de 1917 (leyes de ese año, Tomo II, pág. 225) lee como sigue:

“Artículo 1. — La sección la. de la ley para reglamentar las ape-laciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos civiles, aprobada en marzo 11 de 1908 queda por la presente enmendada, de modo que se lea como sigue:
‘Sección la. — Cuando una corte municipal hubiere dictado' sen-tencia en un asunto civil, resolviéndolo definitivamente, cualquiera de las partes que se creyere perjudicada, podrá interponer recurso de apelación para ante la corte de distrito del distrito judicial en que radicare la corte municipal. Se formalizará la apelación notificán-dola por escrito al secretario de la corte municipal, dentro de los diez días siguientes al en que se hubiere notificado la sentencia a la parte contra la cual se hubiere dictado, o a su abogado, y entregando igual notificación dentro del mismo término a la parte contraria o a su abogado.
‘Dentro de los veinte días siguientes a la radicación del aviso de apelación, la parte apelante radicará en la secretaría de la corte de distrito correspondiente una transcripción de todas y cada una de las alegaciones, mociones, órdenes, de la sentencia definitiva y del escrito de apelación, previa entrega de un ejemplar de dicha trans-cripción a la parte contraria, o a su abogado. La referida transcrip-ción será certificada por los -abogados de las partes, o por éstas, en cuanto a su exactitud, y dentro de cinco días de radicada dicha trans-cripción, la parte apelada podrá solicitar de la corte de distrito, y se ordenará por ésta, si así procediere, que se agregue al récord cual-quier alegación, documento, orden o escrito que, constando en el ré-cord de la corté municipal, se hubiere omitido y fuere necesario para la mejor resolución del caso.
“ ‘Si los abogados o las partes se negaren o no se pusieren de acuerdo para certificar dicha copia o récord, entonces lo hará el se-cretario de la corte municipal, a petición del apelante.
“ ‘Sí la transcripción no fuere radicada en la corte de distrito dentro del término prescrito, o de la prórroga que dicha corte hu-biere concedido al efecto, se desestimará la apelación.’ ”

■ Se ha resuelto que la disposición de que “Si la transcrip-ción no fuere radicada en la corte de distrito dentro del tér-mino prescrito, o de la prórroga que dicha corte hubiere con-cedido al efecto, se desestimará la apelación,” es imperativa. Guadalupe v. Berga, Juez de Distrito, 29 D.P.R. 296 y Blondet v. Flores, 35 D.P.R. 214. La cuestión es si esta disposición de la enmienda de 1917 es aplicable a un caso de esta natu-raleza.

' No podemos asumir con el peticionario que el efecto de la ' ley de 1921 es meramente acortar el termino de veinte días prescrito por la enmienda de 1917. La sección 5 de la ley de 1921 no es una enmienda a la ley de 1908, según ésta fue enmendada en 1917.

La enmienda de 1917 exige que el apelante, dentro de veinte días de presentado el escrito de apelación, radique en la oficina del secretario de la corte de distrito la transcripción de autos de la corte municipal, luego de entregar copia de tal transcripción a la parte contraria o a su abogado. El pá-rrafo final de la enmienda de 1917 especifica la falta de ar-chivar esta transcripción “dentro del término prescrito o de la prórroga que dicha corte hubiere concedido al efecto.” “El término prescrito” es el de veinte días fijado por la en-mienda de 1917. Los autos en apelación en el presente caso fueron radicados en la oficina del secretario de la corte de distrito enteramente dentro del período estatutario de veinte días, aunque desde luego no hubo transcripción. Ni la ley de 1921 ni la enmienda de 1917 exigen de un juez de distrito que desestime una apelación interpuesta de una corte, municipal en los casos comprendidos por la ley de 1921, al dejar el secretario de la corte municipal de “remitir los autos ori-ginales del caso dentro de los cinco días provistos por esta última ley.”

El fin claro de la ley de 1921 fué crear un sistema rápido de justicia substancial mediante la simplificación y libera-lización de las reglas ordinarias de procedimiento. El es-píritu de la ley exige que los casos que caigan dentro de su alcance sean resueltos prontamente en sus méritos, no sólo por las cortes municipales, sino mediante la celebración de un juicio rápido de novo ante la corte de distrito. Teniendo esto en mente, se releva a la parte apelante de la necesidad de preparar una transcripción de autos dentro de veinte días y en su lugar se exige al secretario de la corte municipal que eleve los autos originales dentro de cinco días. Esto no equi-valió meramente a acortar el término dentro del cual debía elevarse la trancripción a la corte de distrito. Ello equiva-lió a establecer un término enteramente nuevo y distinto, así como un método enteramente nuevo y diferente de transferir la causa de la corte municipal a la de distrito. Podría ad-mitirse que la ley no relevó al apelante de toda responsabili-dad al imponer al secretario de la corte municipal el deber de elevar lo autos a la corte de distrito dentro del término de cinco días. No hay, sin embargo, indicios de intención al-gima de privar al juez de distrito de toda discreción respecto a si un recurso debe ser desestimado o no meramente porque el secretario de la corte municipal baya dejado o rehusado transmitir los autos originales dentro del período estatuta-rio de cinco días. La disposición de que el juez de distrito debe desestimar una apelación, independientemente de las circunstancias, al dejar el apelante de elevar la transcripción de autos dentro de los veinte días fijados por la enmienda de 1917, es bastante drástica sin ampliarse la disposición en forma tal que se le exija que desestime una apelación inter-puesta a tenor de la ley de 1921, al dejar el secretario de la corte municipal de elevar los autos originales dentro de los cinco días prescritos por esta última ley.

• Con la ley de 1921 la Legislatura bizo que el procedimiento especial fuera tan simple que cualquier litigante inteligente pudiera sin riesgo alguno dirigir su propio caso. La efecti-vidad de tal legislación depende en gran parte de la forma en que el juez municipal y de distrito dirijan el curso de los pro-cedimientos. Debe dejarse mucho necesariamente al ejerci-cio de una sana discreción judicial. Evidentemente la Le-gislatura ha dejado mucho al ejercicio de tal discreción. No ha fijado límite a la discreción del juez de distrito sobre las desestimaciones de recursos. La corte de distrito actuó co-rrectamente, a nuestro juicio, al negarse a introducir en el procedimiento especial la regla inflexible establecida en el párrafo final de la enmienda de 1917. Ni un lego en la ma-teria ni un letrado tendrían razón alguna para creer, al leer la Ley de 1921, que un juez de distrito no podría negarse a desestimar un recurso en un caso meritorio. El resolver que él no tiene discreción a este respecto sería subversivo del es-píritu de la ley de 1921.

Nuestra conclusión es que un juez de distrito, no obstante la disposición obligatoria de la enmienda, puede ejercer una sana discreción al resolver una moción para desestimar un recurso interpuesto al amparo de la sección 5 de la ley de 1921, por dejarse de elevar los autos dentro del término de cinco días.

Podría admitirse que la corte de dfistrito cometió error al concluir que la demora se debió a la actuación del apelado al radicar una moción para levantar el embargo. El hecho de que se hubiera radicado tal moción en la corte municipal no fue una explicación o excusa satisfactorias para que el secretario dejara de elevar los autos a la corte de distrito. Ya hemos admitido, para los fines de esta opinión, que el dejar el secretario de hacer esto no relevó al apelante de toda responsabilidad. No se demuestra diligencia alguna por parte del apelante. El hecho de que se radicaran los autos antes de presentarse la moción para desestimar fue, sin embargo, respuesta suficiente a tal moción. Por lo menos, no hubo abuso de discreción por parte del juez de' distrito al así resolver. Santini v. Cuevas Zequeira, Ju.es de Distrito, 21 D.P.R. 431. Cuando la corte no tiene discreción, esta regla, desde luego, no sería aplicable. Guadalupe v. Berga, supra, y Blondet v. Flores, supra. Estos casos dejan de sostener el criterio de que la corte de distrito, en el ejercicio de una sana discreción, cuando tiene facultad para ejercer tal discreción, no puede decir que la radicación de los autos en apelación antes de presentarse una moción para desestimar el recurso es suficiente respuesta a tal moción.

Debe anularse el auto expedido.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro,

text:
    Eurípides Quiñones Coronado, peticionario y apelante, v. Daniel Coronado, como Alcalde, y Francisco Oms, como Secretario Auditor del Municipio de Maricao, Puerto Rico, demandados y apelados.
    No. 6753.

    Sometido: Febrero 11, 1936.

      Resuelto: Abril 23, 1936.

      Américo Seda, abogado del apelante; Hon. Procurador General B. Fernández García y Angel C. Calderón, Subprocurador, aboga-dos de los apelados.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de mandamus iniciado por un acreedor por razón de sueldos contra el Alcalde y el Secretario Auditor del Municipio de Maricao, a los efectos de que la corte ordene a los demandados la expedición de certificados de créditos por el montante de la deuda.

Expedido el auto, los demandados excepcionaron y contes-taron. La corte resolvió una de las excepciones formuladas, la de falta de Lechos, como sigue:

“Habiéndose levantado la cuestión de que la petición de mandamus no aduce hechos suficientes por no aparecer alegado que el re-currente es a su vez un acreedor y deudor del municipio de Maricao por concepto de patentes, arbitrios o contribuciones sobre la propie-dad y examinada la sección primera de la Ley No. 8 de 1931, por la presente se declara con lugar dicha excepción y se desestima la pe-tición sin especial condena en costas.” •

Apeló el peticionario y su apelación debe prosperar a nuestro juicio.

Si la ley aplicable fuera la sección 1 de la Ley núm. 8 de 1931, Leyes de 1931, p. 153, que dispone que “los munici-pios de Puerto Rico quedan por la presente autorizados a expedir certificados de crédito en pago de cuentas a acreedores que adeuden patentes, arbitrios o contribuciones sobre la propiedad,” la resolución apelada debería sostenerse.

Pero dos años más tarde la Legislatura enmendó la sec-ción 2 de la Ley núm. 8 de 1931, Leyes de 1933, p. 215, así: “Toda persona natural o jurídica que sea acreedora de cual-quier municipio, sin distinción de motivos, tendrá derecho a obtener del Auditor Municipal, y éste estará obligado a ex-pedir, con la aprobación del Alcalde, un certificado o certifi-cados de crédito cubriendo el total o parte de dicha acreen-cia. . .” (Ley núm. 15 de 1933).

Y ya esta Corte Suprema en el caso de Hidalgo v. Duprey, 48 D.P.R. 733, 737, ha resuelto que:

‘ ‘ Conviene aclarar que el artículo 2o. de la Ley No. 8 de 1931 concedía a toda persona jurídica que fuese deudora del Tesoro Insular por contribuciones, o de cualquier municipio por patentes, ar-bitrios u otros conceptos, y acreedora a la vez de dicho municipio, el derecho a obtener del Auditor Municipal, con la aprobación del al-calde, un certificado de crédito cuyo importe no fuera mayor que el importe total de la patente, arbitrio o contribución adeudada por dicha persona. La enmienda de 1933 no parece exigir esta mutua relación de acreedor y deudor, puesto que suprime las disposiciones que acabamos de citar, aun cuando las últimas palabras de dicho ar-tículo enmendado introducen cierta confusión, cuando dicen que estos certificados de crédito cancelarán en igual cantidad lo adeudado por el municipio a la persona a favor de quien se libre dicho certificado. La deuda no puede cancelarse a menos que haya sido pagada y el certificado de crédito no es otra cosa que un reconocimiento por es-crito de la obligación contraída por el municipio. Pero cualquiera que sea la interpretación que pueda dársele a este artículo, la ver-dad es que según ha sido enmendado, concede a todo acreedor de un municipio el derecho de obtener un certificado de crédito, cuando se ha cumplido con los requisitos exigidos por el referido artículo. . .”

Aunque no fué ése, de acuerdo con sus expresos términos, el fundamento de la resolución recurrida, invocan los apelados para sostenerla lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Municipal de 1928, Leyes de 1928, p. 401, a saber: Cuando nn municipio no tuviere fondos suficientes para pa-gar íntegramente los sueldos de sus funcionarios y emplea-dos, los fondos que tuviere disponibles se distribuirán entre dichos funcionarios y empleados en proporción a sus respec-tivos sueldos.”

La cuestión fné también considerada y quedó resuelta en el dicho caso de Hidalgo v. Duprey, supra, así:

“La sección 2a. de la Ley No. 8 de 1931, enmendada en 1933, no establece distinciones. Esta ley impone al Auditor Municipal el de-ber de expedir, con la aprobación del alcalde, un certificado o cer-tificados de crédito a toda persona natural o jurídica que sea acree-dora de cualquier municipio, sin distinción de motivos. No hay razón alguna para excluir a los empleados y funcionarios muni-cipales que sean acreedores de la municipalidad, de los efectos de esta disposición que cubre a todos los acreedores sin establecer ex-cepciones.” 48 D.P.R. 739.

Claro es que aunque los certificados por razón de sueldos se expidan al empleado, no se pagarán en dinero por el muni-cipio sino de acuerdo con lo dispuesto en la sección 85 de la Ley Municipal. El hecho de que la sección 3 de la Ley núm. 8 de 1931 tal como quedó enmendada en 1932, Leyes de 1932, p. 533, disponga que “estos certificados . . . podrán ser en-tregados al colector de rentas internas o al tesorero municipal en pago de contribuciones, patentes o arbitrios adeudados y serán recibidos como dinero” no es del todo contrario a lo dispuesto en la repetida sección 85 de la Ley Municipal, por-que si bien a virtud de la expedición del certificado cobra su sueldo el empleado con anterioridad a los otros cuando el mu-nicipio no tiene fondos para hacer efectivos todos los sueldos a su debido tiempo, el certificado sólo podrá usarse con ante-rioridad por todo su valor como dinero.para el pago de con-tribuciones, patentes y arbitrios.

No es que sostengamos que tal procedimiento no pueda quizá en algunos casos afectar la regla del prorrateo esta-blecida en la sección 85 de la Ley Municipal, pero aunque así fuera, debe darse efecto al precepto general contenido en la enmienda de 1933 que es la última expresión de la voluntad legislativa, especialmente habiendo en consideración que, como dijo el juez sentenciador en el caso de Hidalgo v. Duprey, supra, “la ley sobre expedición de certificados de cré-dito lia sido una ley de emergencia con el propósito de facili-tar a los empleados y acreedores municipales el que obtengan evidencia de sus respectivas acreencias a los efectos de ulte-riores operaciones por parte de ellos, haciendo así posible el’ funcionamiento de la maquinaria municipal en estos tiempos-de depresión mundial, depresión que se ha hecho- sentir hon-damente en Puerto Rico como consecuencia de los ciclones que devastaron la Isla en los años 1928 y 1932. . . ” 48 D.P.R. 738.

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la resolución apelada y el caso devolverse a la corte de distrito de su origen para ulteriores procedimientos de acuerdo con la ley.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso' no intervinieron.