author: El Juez Asociado Señor Hutohison,

text:
    Crespo, Demandante y Apelante, v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Demandada y Apelada.
    No. 3130.

    Visto: Enero 29, 1924.

      Resuelto: Diciembre 9, 1924.
    .Accidentes del Trabajo — Causa de Acción — Accidente Debido a Condiciones Atmosféricas. — Una demanda de indemnización por accidente del trabajo en la cual alega el obrero que a causa de haberse mojado con un aguacero que cayó mientras estaba sudando en el trabajo ha perdido casi totalmente la visión del ojo derecho habiéndole sobrevenido una parálisis que lo incapacita permanentemente para el trabajo, no aduce hechos suficientes, a menos que alegara qué la enfermedad contraída fué consecuencia del hecho de estar sudado al ocurrir el llamado accidente, o que por tal condición o por virtud de cualquiera otra el peligro que corría era mayor que el que hay para el público en general en la vecindad inmediata.
    SentenCIa de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), desestimando la de-manda, sin costas.

      Confirmada.

      B. Estoves, abogado del apelante; Hon. Attorney General y 8res. Guerra Mondragón <& Soldevila, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutohison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante en este caso alega lo siguiente:

“1. Que con fecha 9 de diciembre de 1922, mientras se ocupaba como bracero en la obra de construcción de una casa de la propie-dad del Ledo. José Luis R. Cancio, en San Sebastián, P. R., bajo las órdenes del maestro de obras Sr. José Torres, sufrió un accidénte del trabajo, ocurrido de la manera siguiente: " •
“Estando a las diez y pico de la mañana ligando concreto, por orden del maestro de obras, llegó a la fábrica un carro conduciendo' maderas, la cual le ordenaron descargar, y estando ocupado en esta labor de descargar la madera, sudado, le sorprendió un aguacero, sin que tuviera tiempo para escapar sin ser mojado. Al poco rato se sintió mareado y tuvo que retirarse a su casa y guardar cama, siendo asistido por el doctor Miguel Rodríguez Cancio, médico de la Comisión de Indemnizaciones- a Obreros, en San Sebastián.
“2. Que oportunamente se dió cuenta del accidente a la aquí demandada Comisión de Indemnizaciones a Obreros, la que registró-el caso bajo el número 28746, llenándose las formalidades y requi-sitos de ley.
“3. Que, en vista de que el lesionado continuaba cada vez peor, como resultado del accidente referido, avisó a la Comisión por con-ducto de don José Padró, informándole de la gravedad del caso y especialmente ‘que la vista del obrero corría peligro,’ urgiendo su traslado a 'San Juan; y que la Comisión demandada, en su sesión No. 742, de fecha 16 de marzo de 1923, resolvió lo siguiente:
“ ‘En el caso de Juan Abad Crespo, No. 28746, se da cuenta con un telegrama recibido de San Sebastián, firmado por un tal J. Padró, informando que la vista del enfermo corre peligro y urge su traslado a San Juan, y la Comisión después de haber oído el dic-tamen del facultativo, Dr. Díaz y después de haber estudiado dete-nidamente el expediente del caso, acuerda avisarle al obrero en-fermo que su caso no es de los protegidos por la Ley.’
“4. Que la anterior resolución le fué cpmunicada al obrero el 20 de marzo de 1923, por el secretario de la Comisión demandada.
“5. Alega, especialmente, el demandante: que la anterior reso-lución es errónea y contraria a la letra y al espíritu de la Ley sobre Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo; y que tal resolución lesiona y perjudica sus derechos de obrero. Y que, como resultado-de dicho accidente del trabajo, el demandante ha perdido casi total-mente la visión del ojo derecho y ha quedado con notables desper-fecciones en el rostro y una parálisis facial que le incapacita de un modo permanente para dedicarse a ninguna ocupación remunera-tiva. ’ ’

La corte inferior al declarar con lugar una excepción previa fundada en que la demanda no aduce Lechos suficien-tes para constituir una causa de acción, se expresó así:

“La enfermedad que padece el demandante, como consecuencia, del aguacero que lo mojó mientras trabajaba, no es un accidente del trabajo que-esté protegido por la Ley. El inciso primero del ar-tículo 2 de la Ley de Indemnizaciones por Accidentes del.Trabajo, según fué enmendada por la Ley No. 61, aprobada en 14 de julio de 1921, dice así:
“ ‘Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los obreros le-sionados o que se inutilicen o pierdan la vida por accidentes o en-fermedades que provengan de cualquier acto o función inherente a su trabajo o empleo y ocurran dentro del curso de éste, por conse-cuencia del mismo.’
“De acuerdo con la letra y el espíritu de la ley, las indemniza-ciones se conceden por accidentes que ocurran o enfermedades que se contraigan a consecuencia del trabajo o empleo, siendo absoluta-mente indispensable que el accidente o la enfermedad provengan de cualquier acto o función inherente al trabajo y ocurra dentro del curso de éste, por consecuencia del mismo. La enfermedad que pa-dece el apelante no provino de cualquier acto o función inherente a su trabajo ni por consecuencia del mismo. Verdaderamente que el demandante se ha inutilizado mientras desempeñaba una de las funciones inherentes a su trabajo, pero esa incapacidad no provino como consecuencia del trabajo ni es una causa inherente del 'mismo.
“El caso del demandante no cae dentro de aquellos previstos por la Ley y por tanto la demanda no puede prosperar.”

El demandante rehusó hacer enmiendas y pidió a la corte que dictara sentencia, que fué debidamente registrada.

Convenimos enteramente con el apelante en que la Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo debe ser in-terpretada liberalmente a la luz de sus propósitos benéficos; y puede admitirse además que si el demandante hubiera ale-gado que la enfermedad contraída fué consecuencia del he-cho de estar sudado al ocurrir el llamado accidente, o que por tal condición, o porque el sitio donde tenía que traba-jar y sus alrededores, o por virtud de cualquiera otra cir-cunstancia el peligro que corría era mayor que el que hay para el público en general en la vecindad inmediata, enton-,ces podría decirse que la demanda aduce hechos para cons-tituir una causa de acción.

Pero no hay nada que sugiera una relación de causa en-tre el hecho de que el demandante estuviera sudado al caer 'el aguacero y sus consecuencias. El accidente alegado como causa próxima de los perjuicios recibidos es el aguacero que repentinamente cayó. El mero hecho de que el demandante estuviere sudado al caer el aguacero no cambia para nada la situación de modo que pueda servir de base para estable-cer una excepción a la. regla general que excluye los acci-dentes que tienen lugar por las condiciones atmosféricas a las cuales todo el mundo está asimismo expuesto.

La corte inferior no podía presumir ni tomar conoci-miento judicial del hecho, si lo es, como ahora se alega en el alegato del apelante, que la condición de acaloramiento del demandante aumentó el peligro que había en exponerse a la lluvia. El juez de distrito pudo haber creído con igual o más razón que la condición física del demandante, como se describe en la demanda, especialmente si continuó su tra-bajo después del aguacero y si lo reanudó o nó de tal modo, tendería más bien a demostrar • una reacción, a aminorar más que a aumentar el peligro que existía y a evitar y no a favorecer los efectos desastrosos consiguientes.

La demanda demuestra que el demandante se encontraba trabajando en el pueblo en una casa-en vías de construcción, si no colindante con otras casas. En ella no hay nada que indique que los medios de guarecerse no estaban tan al al-cance del demandante como para cualquiera otra persona en la calle en esos momentos y expuesta a las mismas condi-ciones atmosféricas, igualmente ocupada o no.

Claramente que la demanda, sea cual fuere la liberalidad con que se interprete, no aduce hechos suficientes para cons-tituir una causa de acción.

La excepción previa formulada por la demandada fné suscrita por el Fiscal General y nna firma de abogados en ejercicio. El primer señalamiento de error que baee el ape-lante es como signe:

“La corte de distrito erró al declarar que los abogados Guerra & Soldevila están capacitados para actuar en representación de la Comisión demandada en este caso.”

No encontramos semejante declaración de la corte, ni ningún fundamento para ella en los autos. Pero aun cuando la cuestión hubiera sido levantada y resuelta en la corte , inferior, no encontramos ningún error que requiera la revoca-ción de la sentencia.

La contención se funda en ciertos artículos de la Ley de Compensaciones a Obreros y para los fines de este caso po-demos aceptar la proposición como ha sido enunciada por el apelante, a saber: “que la intención clara de la legisla-tura fue dejar esta labor a cargo del Departamento de Jus-ticia para evitar que El Pueblo utilizara los servicios de abogados, los cuales, justamente, tuviera luego que remu-nerar.”

El asunto, a lo sumo, parece ser uno en el cual los abo-gados de la apelada podrían estar interesados por referirse a la cuestión de compensación por servicios profesionales más que al derecho que como abogado tienen para compa-recer en la corte, a nombre de un cliente que puede o no ha-ber sido autorizado para nombrar un abogado particular. Pero sea esto como fuere, de aquí no se infiere que el esta-tuto- invocado constituya una limitación ál derecho de los abogados de la demandada a ejercer su profesión, o que la restricción envuelta, de existir alguna, es cosa que incumbe al demandante. Además, el error alegado, si lo hubo, no era perjudicial.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Honoré, Demandante y Apelado, v. Vargas, Demandado y Apelante.
    No. 3479.

    Visto: Noviembre 24, 1924.

      Resuelto: Diciembre 12, 1924.
    Apelación — Desahucio — Exposición del Caso — -Término para Radicar la Transcripción en Casos de Desahucio. — Si bien es cierto que el artículo-13 de la ley de desahucio dispone que interpuesta en forma la apelación los secretarios de las cortes y los taquígrafos en su caso, practicaran las dili-gencias que les incumbieren dentro del preciso término do cinco días, con-tados desde la fecha de la presentación del escrito de apelación, tal precepto se refiere únicamente a dichos funcionarios y no impone a los apelantes el deber de presentar su exposición del caso para su axielación dentro de dichos cinco días. Así, pues, existiendo en esta apelación una exposición del caso,, el término para presentar en este tribunal la transcripción de la apelación ha de contarse desde que la misma fué aprobada y- no desde que la apelación fué interpuesta, por lo que no procede desestimarla p>or el motivo expresado.
    Término paIia Radicar la Transcripción en Casos de Desahucio — Prórroga que no es Indefinida. — No puede reputarse como radicada fuera de tiempo una prórroga para presentar la- exposición del caso en pleito de desahucio pedida dentro de los diez días siguientes a la radicación del escrito de ape-lación; no puede concluirse que fué indefinida por-haberse concedido por-diez días contados desde que venciera el término legal.
    Mooión sobre desestimación de apelación.

      Sin, lugar.

      Alemañy é Ramírez, abogados del apelante; A.'A.- Vázquez, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se nos pide la desestimación de esta apelación porque no habiendo sido presentada en la corte inferior la exposi-ción del caso dentro de los cinco días siguientes a la inter-posición del recurso, la transcripción de la apelación ha sido-presentada en. este tribunal después de los treinta días si-guientes a la apelación. Para llegar a esta conclusión alega el apelante que de acuerdo con el artículo 13 de la ley de-desahucio (comp. see. 1639) el apelante debió presentar su exposición del caso en la corte inferior dentro del término-de cinco días contados desde la fecha de la presentación del escrito de apelación.

Esta apelación ha sido establecida en un juicio de desa-hucio cuyo procedimiento es rápido y especial hasta que la. apelación se interpone y se constituye fianza o se consigna. el precio adecuado, según los casos, pues de ahí en adelante la apelación se tramita de acuerdo con el Código de Enjui-ciamiento Civil, según dispone el articuló 14 de. dicha ley especial, aunque entendiéndose que tales apelaciones debe-rán tramitarse con toda preferencia; y si bien es cierto que su artículo 13 dispone que interpuesta en forma la apela-ción, los secretarios de las cortes y los taquígrafos en su caso, practicarán las diligencias que les incumbieren dentro del preciso término de cinco días, contados desde la fecha de la presentación del escrito de apelación, tal precepto se .refiere únicamente a dichos funcionarios y no impone a los apelantes el deber de presentar la exposición del caso para su apelación dentro de dichos cinco días, por lo que exis-tiendo en esta apelación una exposición del caso el término para presentar en este tribunal la transcripción de la ape-lación ha de contarse desde que la misma fué aprobada y no desde que la apelación fué interpuesta, por lo que no procede desestimarla por el motivo expresado.

También se alega para la desestimación que el apelante solicitó prórroga para presentar la exposición del caso des-pués de los cinco días siguientes a su apelación y que la corte inferior se la concedió indefinida.

Como la exposición del caso no tenía que ser presentada dentro de los cinco días siguientes a la apelación sino den-tro de diez días, de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil, la corte inferior estaba facultada para conceder la prórroga que se le pidió a los seis días de interpuesta la apelación; y no fué concedida indefinidamente, como se alega, pues la solicitud se hizo por diez días contados desde que venciera, el término legal, y como la prórroga fué conce-dida con vista de esa petición, los diez días de prórroga vencían a los diez días de expirado el término que por la ley tenía el apelante para presentar su exposición del caso, por lo que no fué indefinida.

La moción de desestimación debe ser negada.


text:
    Lizardi, Demandante y Apelado, v. Marrero, Demandado y Apelante.
    No. 3309.

    Visto: Noviembre 25, 1924.

      Resuelto: Diciembre 16, 1924.
    Desestimación de Apelación — Apelación—Ordenes Apelables Antes pero no Después de Sentencia. — Se desestimó el recurso en este caso por no ser ape-lable aunque haya sido dictada después de sentencia, una orden rehusando anular la resolución dictada en el curso del pleito para vender bienes fungí; bles embargados a fin de asegurar la efectividad de la sentencia. Siendo-apelable con la sentencia la orden de venta, cualquier motivo de nulidad de que adoleciera esta última debió alegarse en la apelación contra la sentencia, pero no después de ésta.
    -Id. — Ordenes que no Son Apelables. — Guando la sentencia u orden son apelables-por sí mismas, la apelación debe establecerse contra la sentencia o la orden, y no contra una orden subsiguiente rehusando anularlas.
    Mooión sobre desestimación de apelación.

      Desestimada la apelación,

      B. Arce, abogado del apelante; G. Travecier y A. L. López, abo-gados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En este pleito fué embargada cierta cantidad de tabaco en rama del demandado para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse a favor del demandante, quien solicitó de la corte inferior que ordenase la venta de dicho tabaco por ser fungible y así lo decretó el tribunal en 9 de agosto de 1921. Más tarde recayó sentencia final en el pleito contraria al demandado y habiendo sido confirmada en apelación por este Tribunal Supremo solicitó entonces el demandado de la corte inferior que anulase la orden que, dis-puso la venta del tabaco, petición que fué negada el 25 de febrero de 1924, contra cuya resolución se interpuso el pre-sente recurso de apelación cuya desestimación nos pide el apelado alegando que no es apelable.

Si bien el número tercero del artículo 295 del Código de-Enjuiciamiento Civil autoriza la apelación contra providen-cia especial dictada después de sentencia, la que motiva este recurso no tiene ese carácter, pues si bien ha sido dictada después de sentencia, sin embargo, la cuestión de si dicha venta era procedente o no, fué resuelta antes dé la senten-cia y por tanto la negativa de sil nulidad no resuelve nna cuestión no discutida en el pleito. Ayoroa v. Sucesión Méndez, 13 D.P.R. 286. Además, la resolución de 9 de agosto de 1921 era apelable con la sentencia final del pleito de acuerdo con el iiltimo párrafo de la sección 14 de la ley para asegurar la efectividad de las sentencias (Comp. see. 5246) por lo que cualquier motivo de nulidad de que adoleciera la orden de venta debió ser alegado en la apelación contra la sentencia final y no después de ésta, pues según dijimos en el caso de Hernaiz Targa y Ca. v. Vivas, 20 D.P.R. 109, como regla general, no son apelables las órdenes denegato-rias de otras anteriores apelables; y en ese caso transcri-' bimos del caso de Goyhinech v. Goyhinech, 80 Cal. 409 (22 Pac. 175), lo siguiente: “Cuando la sentencia u orden son apelables por sí mismas, la apelación debe establecerse contra la sentencia o la orden, y no contra una orden subsi-guiente rehusando anularlas.”

La apelación debe ser desestimada.


author: El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    Martínez, Demandante y Apelante, v. Sánchez y El Pueblo (Interventor), Demandados y Apelados.
    No. 3335.

    Visto: Noviembre 6, 1924.

      Resuelto: Diciembre 18, 1924.
    Desahucio — Apertura de Rebeldía — Ejercicio de la Abogacía por el Fiscal-Discreción Judicial. — Alegando poseer la finca a virtud de arrendamiento convenido con El Pueblo de Puerto Rico, el demandado en desálmelo en este caso .compareció representado por el fiscal del distrito para pedir la apertura de la rebeldía. Se resolvió: que la ley que prohíbe a los fiscales ejercer la abogacía no es un obstáculo para que el juez en uso de una sana discreción, que deberá ejercer de acuerdo con las circunstancias, permitiera al fiscal com-parecer en representación del demandado.
    Id. — Id.—Affidavit de Méritos; Suficiencia del Mismo. — En este caso el ape-lante se quejaba de que en la moción que dió origen a la apertura de la rebeldía no se alegaba "que el demandado haya hecho una relación completa y fiel de los hechos de su caso a su abogado.” Se resolvió: que el requisito esencial es que se haga una demostración satisfactoria en euanto a la exis-tencia de una defensa meritoria, ya sea revelado ese hecho por un affidavit de méritos formal, una contestación jurada, una moción jurada, o de- otro modo por la faz de los autos, de tal modo, que constituya fundamento ade-euado para el ejercicio de una sana discreción judicial. Debe darse alguna seguridad razonable. La forma en que se haga, si los datos fueren autén-ticos y el asunto oficial, no es importante,
    RESOLUCIÓN de B. Díaz Cintrón, J. (Ponee), declarando con lugar moción sobre apertura de rebeldía.

      Confirmada.

      B. Arjona Siaea, abogado del apelante; F. G. Pérez Álmiroty, abo-gado del apelado; Jone F. Figueras, Fiscal, abogado de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el demandante estableció una acción de desahucio alegando que el demandado estaba en posesión de cierta finca rústica precariamente, sin derecho alguno, sin pagar canon ni merced y contra la voluntad expresa del de-mandante; y apela de una resolución que'deja sin efecto una sentencia en rebeldía, a virtud de la moción presentada por el demandado la cual es como sigue:

"Comparece el demandado en este caso, Manuel Sánchez Extre-mera, por conducto del fiscal que suscribe y respetuosamente expone y alega como sigue:
"1. Que es el demandado en esta acción de desahucio, de la que fue emplazado el día 14 de febrero del corriente año, citándosele por la Hon. Corte para la primera comparecencia que había de ce-lebrarse el día 20 de febrero pasado.
"2. Que se trata en este caso de una acción de desahucio solici-tando que se desaloje de la finca que se describe en la demanda, y que alega el demandante Juan Martínez Domínguez ser el exclusivo dueño de la misma.
"3. Que el demandado compareciente está en posesión material de dicha finca en concepto de arrendatario de la misma, con contrato que tiene con el pueblo de Puerto Rico, quien según su mejor infor-mación y creencia es el legítimo dueño de la. misma.
"4. Que tan pronto fué notificado de la presente acción, remitió las diligencias entregando, digo entregándolas, al Hon. Comisionado del Interior de Puerto Rico, para que se estableciese la correspon-diente defensa en este caso, ya que el efecto de la sentencia iría contra los intereses del Pueblo de Puerto Rico.
"5. Que por tal motivo, el demandado ahora compareciente no estableció su defensa dentro del tiempo que le señalara esta Hon. Corte, por creer que el Pueblo de Puerto Rico comparecería dentro del término fijádole, a responder de las alegaciones de la demanda.
“6. Que el compareciente tiene vastos intereses en su concepto de arrendatario en la indicada finca, y tiene sus derechos en virtud del contrato de arrendamiento que tiene con el Pueblo de Puerto Rico, los que seriamente afectados en caso de que prosperara la ac-ción de desahucio establecida por el demandante.
“7. Que el demandado compareciente ha explicado detallada-mente a su abogado los hechos de este caso, y éste la ha informado que tiene una buena y justa defensa, y que el demandado así lo cree.
“PoR lo que a la Hon. Corte suplica se sirva abrir la rebeldía -en este caso, dejar sin efecto ni valor alguno la sentencia dictada en el mismo y señalar nuevamente una fecha para la comparecencia de ambas partes, a los efectos que en ley procedan.
“Ponce, Puerto Rico, 6 de marzo de 1924. — (F.)---Agustín' E: Font, Fiscal del Distrito.
“Yo, Manuel Sánchez Extremera, bajo juramento declaro que soy del mismo nombre y apellidos indicados, mayor de edad, casado y vecino de Adjuntas, Puerto Rico; que mi abogado me ha leído los hechos que constan en la precedente moción, y los mismos me constan de propio conocimiento, excepto lo alegado por información y creencia, que también creo cierto. — Ponce, P. R. 6 de marzo de 1924. — (Signado) Manuel Sánchez Extremera. — Testigo marca: (f) Manuel Clavell.
“Jurado y signado ante mí por Manuel Sánchez Extremera, mayor de edad, casado y vecino de Adjuntas, P. R., y el demandado en esta acción, a quien conozco personalmente hoy en Ponce, a 6 de marzo de 1924. — (f) F. Godoy, Sub-‘Secretario Corte Distrito. — No-tificado con copia, hoy día 7 de marzo de 1924. — (f) R. Arjon.a Siaea, Abog. del Dte. ”

El primer fundamento de oposición del demandante a que se declare con lugar esta moción en la corte inferior fué que la ley prohíbe al fiscal del distrito ejercer su profesión de abogado, y por tanto, que no puede comparecer aquí como abogado del demandado. El cumplir con la disposición legal en cuestión parece ser un asunto administrativo más que un deber impuesto al departamento judicial que tenga que «cumplirse por indicación de una parte en cualquier determi-nada controversia. Pero ann cuando se interprete el esta-tuto como una limitación al derecho que tiene un abogado de comparecer ante la corte, el juez que preside la corte probablemente tendría, y a falta de cita de autoridades en sentido contrario estamos obligados a declarar que tiene realmente cierta discreción que ha dé ejercitar de acuerdo con las circunstancias; y en el -presente caso, en vista de todo, dicha corte no incurrió en error al prescindir del pre-cepto estatutorio como fundamento para declarar sin lugar la moción para anular la sentencia en rebeldía.

Alega también el demandante en su alegato, que además-de los seis motivos referidos en su contramoción presentada en la corté inferior, también levantó la cuestión de que en la moción del demandado no se alegaba “que el demandado haya hecho una relación completa y fiel de los hechos de su-caso a su abogado.”

Nada encontramos en los autos, sin embargo, que sos-tenga esta alegación y la única autoridad citada en apoyo-de la misma, es el caso de Morgan v. McDonald, 70 Cal. 32 (11 Pac. 350).

Por otra parte, el abogado del apelado se conforma con decir que:

■ “La autoridad citada por la parte apelante, según es fácil com-probar, se refiere más bien a un caso, o mejor dicho, a aquellos ca-sos en que es el propio demandado y no una tercera persona.el que acude a un tribunal de justicia solicitando la apertura de una re-beldía que por su descuido o negligencia se dejó acusar, pero no a un caso en que, como en el presente, son los intereses de una ter-cera persona o entidad los que están en entredicho y amenazados a ser seriamente lesionados.”

La parte esencial de la decisión en el caso de Morgan v. McDonald, está contenida en el siguiente párrafo:

“Admitiendo que la demostración fué por lo demás suficiente, el affidavit de méritos no lo fué. No estaba de acuerdo con la re-gla sentada por esta corte en el caso de Bank in Nickerson v. California Raisin Co., 61 Cal. 268. Allí se sostuvo que el affidavit debe-acreditar que el demandado ba relatado completa y fielmente los beebos del caso a su abogado. La manifestación en este caso és que el demandado ba referido los beebos de su defensa a su abogado. Esta fué la declaración en el caso que acaba de citarse en el cual fué considerado defectuoso el affidavit. La regla de la corte some-tida en la vista de la moción en este caso, muestra los requisitos-eseneialés de la ley en cuanto a un affidavit de méritos. Sugerimos que sea observada.”

Es verdad que en el caso de Morgan v. McDonald, supra, un caso del Departamento, quedó trabada la controversia por virtud de la demanda y la 'contestación. Pero no pa-rece habérsele ocurrido a la corte, o a los abogados, que la contestación podría considerarse en sustitución del affidavit de méritos usual. La opinión nada dice respecto a qué he-chos fueron alegados en la contestación, o si el documento estaba o nó jurado, para no hacer mención de la cuestión de su suficiencia como defensa sobre los méritos. El caso, por tanto,' no es autoridad para la proposición de que un affidavit de méritos formal es el único modo o medio por el cual puede sostenerse una moción para dejar sin efecto una sentencia en rebeldía.

La opinión en el caso de Nickerson v. Raisin Co., supra, es aún más breve y puede citarse in extenso:

“Para haber estado justificada la corte en dejar sin efecto la rebeldía, era esencial un affidavit de méritos por parte del deman-dado. Tal affidavit debe acreditar que el demandado ba expuesto completa y fielmente los hechos del caso a su abogado, antes de que el consejo de éste pueda constituir una demostración prima facie de méritos a favor del demandado. Es evidente que una manifestación tal como la que aparece en el affidavit en el presente caso, de que el demandado £ha explicado completa y fielmente dicha defensa del demandado en esta acción’ a su abogado, no llena el requisito. Pu-diera ser que la defensa alegada fuera una puramente técnica, que no afectaba a los méritos de la controversia. La expresión usada en el affidavit no es equivalente a una declaración de que el deman-dado había referido completa y fielmente a su abogado todos los beebos del caso.
“Se confirma la orden y sentencia.”

Tal vez sería bastante con decir que en ninguno de estos casos se sostiene que la mera omisión de la palabra “fiel-mente” de la forma impresa, es fatal en un affidavit de mé-ritos. Pero la regla como boy prevalece en California lia sido expuesta concisamente en la obra Jurisprudencia de California, tomo 14, secciones 105 y 106, páginas 1056 y 1057, a saber:

“Si el affidavit ■ no contiene los becbos debe demostrar que la parte ba referido completa y fielmente los hechos del caso a su abo-gado, antes de que el consejo de éste pueda equivaler a una demos-tración prima facie de méritos. No es bastante con que un deman-dado diga que ha referido los hechos de su defensa o del caso com-pleta y fielmente. Pero al hacerse la demostración requerida no es necesario emplear ninguna forma particular de palabras; y cualesquiera defectos naturales deben ser considerados en relación con los documentos archivados o que acompañan a la solicitud.”
“Cuando es necesaria una demostración de méritos, la falta o insuficiencia de un affidavit de méritos no es fatal si se- demuestran méritos por alegaciones juradas que acompañan a la petición ya radicada. Así pues, una demanda jurada en tercería puede ser su-ficiente. Una contestación jurada que revela cuestiones esenciales, por ejemplo, negando alegaciones de la demanda, puede ser conside-rada y es un affidavit suficiente de méritos. Y lo mismo pasa con una contestación en que se alega el estatuto de prescripción. Una contestación jurada que alega una buena defensa, aunque' sea pre-sentada demasiado tarde para impedir tina rebeldía, si está todavía en el expediente en que se funda la moción, es un sustituto de,un affidavit de méritos. Así también lo es una propuesta contestación que acompaña a la solicitud en que se interesa el remedio. Y cuando en la notificación se hace referencia como uno de los documentos en el cual descansaría la moción, no es necesario que haya sido notifi-cada sino que es suficiente como affidavit de méritos si se presenta en la vista. En resumen, la radicación de tal contestación aún antes de ser exigida por una reciente enmienda a la sección 473, se consideraba como práctica que había de preferirse al affidavit de méritos ordinario. ’ ’

Véase también el tomo 15 R.C.L. p. 717, 718, secciones 167, 170; 1 Jurisprudencia de California, página 653, sección 3.

El requisito esencial es que se Raga nna demostración satisfactoria en cnanto a la existencia de nna defensa meri-toria, ya sea revelado ese Recto por nn affidavit de méritos formal, nna contestación jurada, una moción jurada, o de otro modo por la faz de los autos, de tal modo, que consti-tuya fundamento adecuado para el ejercicio de una sana dis-creción judicial. DeRe darse alguna seguridad razonaRle. La forma en que se Raga, si los datos fueren auténticos y el asunto oficial, no es importante.

La corte sentenciadora tiene amplia discreción en tales cuestiones y lo que equivale a una demostración suficiente Ra de depender Rasta cierto punto de las circunstancias en cada caso particular. En una acción reivindicatoría, por ejemplo, la demostración RecRa aquí con razón tal vez po-dría ser considerada como poco satisfactoria. Pero en un procedimiento de desaRucio, el mero RecRo de estar envuelta una cuestión de título, si la reclamación contraria está sos-tenida por cualquier prueRa y requiere, seria consideración es una buena defensa.

Aún en el presente caso, la demostración RecRa deja mu-cRo que desear y si se Rubiera negado la corte inferior a abrir la rebeldía, el demandado Rubiera tenido poca razón para quejarse. Por otra parte, sin embargo, el abogado del demandado es también el representante oficial del Pueblo de Puerto Rico quien el arrendatario dice que es el dueño de la finca en cuestión y arrendador del demandado. La moción suscrita por el' fiscal de distrito como abogado del demandado e.s de presumirse que fué redactada por él de conformidad con las instrucciones recibidas del .Departa-mento de Justicia. La corte tenía derecRo a suponer que los documentos trasmitidos por el demandado al Comisión nado del Interior llegaron a manos del fiscal por las vías ordinarias, regulares y oficiales, y que la alegación de do-minio a que se Rizo referencia en la moción no era frívola; dilatoria o enteramente insostenible, sino que sería debida-mente alegada como defensa y descansaría en cierta pruebja de título. Hubiera sido mejor práctica desde luego baber exigido una manifestación más definida en este sentido, a falta de una propuesta contestación jurada. Pero teniendo en cuenta la bien establecida regla de liberalidad en cuestio-nes de esta naturaleza, basta aquí aprobada y sancionada por esta corte, no encontramos un abuso de discreción tal, que justifique la revocación de la sentencia, y debe confir-marse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    González, Demandante y Apelado, v. Méndez, Demandado y Apelante.
    No. 3401.

    Visto: Noviembre 10, 1924.

      Resuélto: Diciembre 18, 1924.
    Desestimación de Apelación — Término para Radicar el Transcript — Derechos de los Apelados. — La omisión en obtener nna prórroga para presentar la transcripción de la evidencia no constituye una demora del taquígrafo. Es una omisión imputable al apelante. El taquígrafo a lo más y para los fines de una apelación es un mero agente del apelante. Los apelados tienen derechos . que no pueden depender de las omisiones de un taquígrafo y los litigios deben tener un fin. La muerte o incumplimiento de un taquígrafo podrían hacer fracasar a un apelante. ,
    Id. — Id.—Id.—En este caso en el curso de una prórroga concedida al taquígrafo para presentar la transcripción de la evidencia, y mucho tiempo después de transcurridos diez días de presentado el escrito de apelación, el apelante obtuvo una prórroga para presentar una exposición del caso, en substitución de la transcripción de la evidencia que, por otra parte, nunca se llegó a radicar. Se resolvió: que cuando un apelante elige el procedimiento provisto en la ley 27 de 1917, no puede, transcurrido el tiempo para ello, abandonarlo para acogerse al alternativo de la exposición del caso, por lo que, no habiéndose radicado los autos dentro de treinta días a contar del archivo del escrito de apelación, se desestimó el reeurso a petición del apelado.
    Moción sobre desestimación de apelación.

      Desestimada.

      A. García Bucos, abogado del apelante; B. Esteves, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal. ■

Cuando un apelante con el fin de incorporar la prueba se ácoge al medio autorizado por la Ley No. 27 de 1917 (p. 275), y a la Ley No. 81 de 1919 (p. 675), debe atenerse a las consecuencias. Mercado v. Sucesión de Ferreiro, 26 D.P.B. 492; Vieira y Ca. v. Reyes, 28 D.P.R. 80; Sanders Phillippi & Cía. Sucrs. S. en C. v. Rivera, 28 D.P.R. 957; Martínes v. Lopez, 31 D.P.R. 811; Pagán v. Pagán, 32 D.P.R. 640; Cruz v. Sucesión Jiménez, 30 D.P.R. 57; Cruz y. Sucesión Jiménez, 30 D.P.R. 853; Barceló v. Díaz, 28 D.P.R. 93.

Un apelante por estos actos no está relevado de ejercer vigilancia o de proseguir su apelación. Si está para vencer •el término en que han de presentarse las notas taquigráficas a la corte, el apelante debe cuidar de que dicho término seá prorrogado. El no puede confiar en el taquígrafo. La omi-sión en obtener una prórroga no constituye una demora del taquígrafo. Es una omisión imputable al apelante. El ta-quígrafo a lo más y para los fines de una apelación es un mero agente dél apelante. Cualquier otra interpretación por la cual, pueda protegerse un apelante debido a las omi-siones del taquígrafo tendería a convertir en anticonstitu-cionales las leyes de 1917 y 1919. Los apelados tienen de-rechos que no pueden depender de las omisiones de un ta-quígrafo. Los litigios deben tener un fin. Desde hace tiempo hemos previsto que la muerte o incumplimiento de un ta-quígrafo podrían hacer fracasar a mi apelante. Esto fué claramente tratado en el caso de Mercado v. Ferreiro, supra.

En este caso, después de concedidas varias prórrogas, el taquígrafo salió de Aguadilla para San Juan. Haciendo constar la imposibilidad de conseguirse al taquígrafo, el apelante en' el curso de una prórroga, en junio 12, 1924, presentó una moción a la corte de distrito en forma alter-nativa. Solicitó que se requiriera al taquígrafo ■ para pre-sentar la transcripción de la evidencia, o se permitiera al apelante substituir una exposición del caso por tales notas taquigráficas. La corte, en junio 12, 1924, concedió al ape-lante diez días para presentar la exposición del caso en vez de las notas taquigráficas.

En junio 16, 1924, compareció de nuevo el taquígrafo en la corte de Aguadilla y presentó una moción solicitando una .prórroga para presentar la transcripción de la evidencia. La corte, posiblemente sin siquiera darse cuenta de que era el mismo caso, concedió al taquígrafo diez días para pre-sentar la transcripción. Tenemos entonces un espectáculo bifurcado. El mismo apelante se proponía radicar una ex-posición del caso. El taquígrafo pretendía seguir con la preparación de la transcripción.

Aparece, sin embargo, que el apelante eligió radicar una exposición del caso. Esto no lo hizo él en 22 de junio, que era cuando vencía la prórroga concedida para presentar la exposición, ni siquiera en junio 26, cuando expiraba el tér-mino concedido al taquígrafo, sino que la archivó en junio 30, suponiendo que la 'corte tenía derecho a permitir la ra-dicación de la exposición del caso.

Convenimos con el apelado en que el día 30 de junio es-taba enteramente fuera del término y que la apelación debe ser desestimada por no haber sido radicada la transcripción de autos dentro de los treinta días desde que se dictó la sen-tencia. De acuerdo con la ley y la constante jurispruden-cia .de esta corte una exposición del caso debe presentarse dentro del término permitido por el Código, o de su pró-rroga. El taquígrafo nunca radicó una transcripción de la evidencia y aparentemente no obtuvo ninguna otra prórroga. Después del 30 de junio la exposición del caso seguía al procedimiento ordinario de oposición y enmienda con inter-vención de ambas partes.

Si pudiera suponerse que la exposición del caso fué pre-sentada en tiempo, o que el apelado por tomar parte en la discusión de la exposición estaba impedido, la apelación, sin embargo, debe ser desestimada.

En junio 12, 1924, la corte concedió una prórroga al ape-lante, con el fin de radicar una exposición del caso. Esta fué la primera tentativa hecha para presentar dicha expo-sición del caso. En otras palabras, varios meses después de interpuesta la apelación en marzo 7, 1924, el apelante pi-dió a la corte qne se le permitiera radicar tal exposición cuando este término está limitado por el Código a diez días. No se invocó la sección 140 del Código de Enjuiciamiento Civil aun suponiendo que la corte inferior tuviera facultad para proceder de acuerdo con la misma. Semejante moción no fué notificada al apelado. El apelante,- como liemos visto, presentó meramente una moción alternativa.

Su teoría según se- revela al parecer en su informe oral ante esta corte era que las leyes Nos. 27 y 81 eran enmien-das al Código de Enjuiciamiento Civil y por tanto que ha-biendo empezado eligiendo usar las notas taquigráficas fué posible retroceder a la exposición del caso o pliego de ex-cepciones autorizados por el Código de Enjuiciamiento Civil. Si las leyes de 1917 y 1919 tuvieran que considerarse como enmiendas al Código en este sentido serían plena-mente anticonstitucionales. En el caso de Rodríguez v. Puerto Rico R. L. & Power Co., 30 D.P.R. 931, y Rodríguez v. P. R. R. L. & Power Co., 32 D.P.R. 416, la contención fué que las leyes de 1917 y 1919 eran anticonstitucionales por constituir enmiendas. Esta corte resolvió que las leyes no eran enmiendas, sino un medio nuevo e independiente de in-corporar la prueba y por tanto quedaban fuera de la san-ción de la Ley Orgánica, sección 34, párrafos 9-y 10, que prohíbe la aprobación de leyes que no contengan una refe-rencia específica a la enmienda como tal en el título o parte principal de las leyes. De modo que cuando uno elige pro-ceder por medio de las notas taquigráficas no es un ramal o parte del modo original de incorporar la prueba mediante la exposición del caso o pliego de excepciones. El apelante hizo su elección de seguir el medio menos dificultoso y las notas taquigráficas nunca se completaron.

La exposición del caso en la cual insiste el apelante, fué radicada demasiado tarde. Las notas taquigráficas nunca se completaron y el apelado tiene derecho a que se desestime la apelación.

Ninguna de las partes citó nada de la anterior jurispru-dencia a esta corte, copiosa como'es. Parece imposible que los abogados no la bailaran. Por ejemplo, si se toma el vo-lumen 30 -de nuestras decisiones, en la página XLYI del mismo bay una referencia a la Ley No. 27 de 1917, indica-tiva de que se cita en el tomo en no menos de tres páginas del mismo (siete en inglés) en tres distintos casos. Asi-mismo el caso de Mercado v. Ferreiro, 26 D.P.R. 492, es el primero y principal caso sobre el particular, y la página 34 del tomo 30 demuestra que fue citado dos veces en el tomo. Mediante una referencia a la ley de la legislatura o a un caso principal, una vez conocido, los abogados deben poder encontrar y citar toda o la mayor parte de la juris-prudencia de esta corte.

Debe desestimarse la apelación.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acusado y Apelante.
    No. 2276.

    Visto: Mayo 27, 1924.

      Resuelto: Diciembre 19, 1924.
    Medicina, Cirugía, Obstetricia; Ejercicio Ilegal de — Prueba, — Una persona que prueba no haber sido un impostor o curandero, sino hombre do cierta ambieión y con interés en el estudio de la medicina, y que ejercía esta pro-fesión en 'Puerto Rico desde 1904, gozando de la confianza de clientes y ■ ■ compañeros y de la comunidad en que vivía, está comprendida entre las per-sonas autorizadas en el "disponiéndose” de la ley de marzo 9, 1911, y no puede ser castigada por ejercer ilegalmente la medicina en abril, mayo' y junio de 1928.
    ¡SeNtencia de T. Bryan, J. (Aguadilla), condenando al acusado por : delito de ejercer la medicina ilegalmente.

      Revocada.

      ,F. (Jervoni Gely, abogado del apelante; José E. Figueras, Fiscal, , abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

'.Enceste caso la acusación alega que durante los meses 'de. abril,-mayo y junio de 1923, el acusado, “voluntaria, ile-gal y maliciosamente, con intención de usurpar las funciones de los médicos autorizados en Puerto Rico, y a sabiendas, ejerce la profesión de médico-cirujano, añadiendo a su nom-bre las letras M.D. (Doctor en Medicina), anunciándose pú-blicamente como médico y prescribiendo para el uso de per-sonas, drogas y medicinas, sin que su nombre baya sido ins-crito en los archivos de la Junta de Médicos Examinadores de Puerto Rico, ni tampoco esté inscrito en el Registro de Médicos Cirujanos del Departamento de Sanidad de Puerto Rico.”

Al tratar el tercer señalamiento de error, o sea, que la sentencia es contraria a los becbos probados y a la ley, el Fiscal se expresa en los siguientes términos:

“Parece baber sido objeto de disensión en la corte inferior, á juzgar tanto de la prueba como del propio alegato del apelante, el hecho de si el acusado había ejercido la profesión de médico con más de cinco años de anterioridad al 1911, cosa que parece trató de probar el Fiscal, mientras el acusado trataba de probar que desde 1904 venía ejerciendo la profesión sin interrupción alguna, y pa-rece que tanto la corte inferior como el Fiscal y la defensa dieron suma importancia a dicha cuestión sin duda para determinar si la violación de ley estaba comprendida en la Ley No. 79 de 9 de marzo de 1911 (p. 260, sesión extraordinaria) o en la Ley No. 73 de 30 de julio de 1923 (p. 549.)
“A nuestro juicio, no tiene importancia esta distinción que se pretende hacer de ambas leyes porque en cualquiera de las dos cae de lleno la violación que por la presente denuncia se establece.
“La Ley No. 79 de 1911 establece la forma en que la Junta de Médicos Examinadores expedirá los certificados o licencias para el ejercicio de la medicina y cirugía en Puerto Rico, requiriendo dicha ley un examen a los médicos debidamente graduados como tales antes de- la expedición de dicho certificado; pero la misma ley tiene un ‘Disponiéndose1 al final que dice lo siguiente:
“ ‘que todos los médicos, osteópatas o cirujanos que posean certifi-cados expedidos por la actual Junta de Médicos Examinadores que-darán exentos de las.disposiciones de esta regla, y que todos los que hubieren ejercido en Puerto Rico cualquiera de estas profesiones por un período de cinco años con anterioridad a la aprobación de la pre-sente ley, podrán continuar en el ejercicio .de la misma sin que en nada les afecten las anteriores disposiciones.’
“El acusado-apelante admitió que ejercía la profesión de médico desde el año 1904, y, por tanto, que habiéndola ejercido con mucho más de cinco años de anticipación a la fecha en que fue aprobada dicha ley en 1911, estaba exento- del examen prescrito por la refe-rida ley, y, por tanto, podía ejercer la profesión.
“Pero es que el ‘disponiéndose’ que hemos citado anteriormente no puede' interpretarse en-la forma que- pretende el apelante porque si bien es cierto que dispone que todo el que hubiere ejercido en Puerto Rico la profesión de médico con cinco años de antelación estaba exento del examen requerido por la Junta de Médicos, es ne-cesario que se pruebe como condición sine qua non que el acusado era tal médico-cirujano, esto es, que había sido graduado de un co-legio o institución de medicina bien acreditada -u organizada legal-mente, según expresa la propia ley, para admitir a examen a los aspirantes al ejercicio de la profesión de- medicina; pero no es po-sible que se- pueda interpretar dicho ‘disponiéndose’ en el sentido de que cualquier persona que-, no siendo médico, por el hecho de que hubiese ejercido con cinco años de anterioridad a la ley de 1911, pueda ejercer la profesión de medicina ya que se necesita como re-quisito esencial el que sea un médico-cirujano graduado y con tí-tulo de una universidad acreditada.
“De otra suerte un zapatero, por ejemplo, que hubiese trabajado como curandero y hubiese recetado por espacio de cinco años con anterioridad a dicha ley, hubiese podido acreditar que era un mó-dico por el solo hecho de haber ejercido la medicina por espacio de cinco años,.y éste no puede.ser el propósito ni el fin que persigue la ley de 1911 que hemos citado anteriormente.
“En cuanto a la Ley de 1923, citaremos la sección de la misma ■ pertinente al presente caso, que es la siguiente:
“ ‘Toda persona que ejerciere la medicina o cirugía o cuales-quiera otros ramos de éstas, o la obstetricia en la Isla, contraria-mente a las disposiciones de esta Ley, por cada infracción de las mismas incurrirá en misdemeanor y convicta que fuere de ello, será castigada con una multa que no excederá de quinientos dólares ni bajará de cincuenta dólares o prisión en la cárcel por un término de treinta a noventa días o ambas penas a discreción del tribunal. Para los efectos de esta Ley se considerará que ejerce la profesión toda persona que a sus nombres añadiere las letras D. M. (Doctor en Medicina), o que públicamente se anunciare como médico o ci-rujano y que a sabiendas y con intención de usurpar las funciones de los médicos autorizados, prescribiere, formulare- u ordenare, para el uso de cualquier persona, alguna droga, medicina, agua, mejurje, .brevaje, mecanismo, aparato u otro medio fuere o nó material, para la cura, alivio o mitigación de cualquier dolencia o enfermedad moral o física o para la cura o alivio de cualquier herida, fractura o daño corporal u otra enfermedad, o que directa o indirectamente reciba remuneración por tales servicios.’
“No encontramos, pues, que se- baya cometido error alguno en la tramitación de este proceso, por cuya razón somos de opinión que procede la confirmación de la sentencia apelada.”

En tanto se trata de la interpretación de la Ley de 1911, el apelante se funda en lo que parece ser una opinión cui-dadosamente considerada y preparada por el Fiscal General ■de Puerto Eico en contestación a una petición d,el Goberna-dor. 3 Opiniones del Attorney General de Puerto Eico, págs. 465-468, de la cual citamos lo siguiente:

“Una persona que tiene una práctica establecida como médico o cirujano no está ipso facto exento del cumplimiento de la subsi-guiente legislación que le exige cumplir con ciertos requisitos razo-nables respecto a sus condiciones. Las leyes de medicina, sin embargo, c'on mucha frecuencia eximen de su cumplimiento a aquellos que han practicado en los estados por cierto período de tiempo con anterioridad a su aprobación, y tal disposición legal no es anticons-titucional por el fundamento de establecer privilegios; pero esta exención se ha resuelto que es aplicable solamente a aquellos cuya práctica anterior era legal.
“Ahora, surge la siguiente cuestión: ‘¿Qué efecto tienen sobre la ley de 1903 las palabras, “y que todos los que hubieren ejercido en Puerto Eico cualquiera de estas profesiones por un período de cinco años, con anterioridad a la aprobación de la presente ley, po-drán continuar en el ejercicio de la misma sin que en nada les afecten anteriores disposiciones,” ’ incorporadas en la ley de marzo 9, 1911?
“El artículo 3 de la ley aprobada en marzo 9, 1911, como fué enmendado, dispone que una persona que deseare ejercer la medi-cina o la cirugía o cualesquiera de sus ramas, o la obstetricia, etc., solicitará de la Junta un certificado o licencia para ello. También prescribe que el solicitante se someta a un examen por la Junta, presentación de diplomas, etc., y que después del examen si el can-didato resultare apto la Junta le- expedirá un certificado o licencia que le habilite para ejercer la medicina y cirugía o cualquiera de sus ramas. Este artículo prescribe además que todos los que hu-bieren ejercido en Puerto Rico cualquiera de estas profesiones por un período de cinco años con anterioridad a la aprobación de la presente ley, podrán continuar en el ejercicio de la misma sin que en nada les afecten las anteriores disposiciones.
“Después de una consideración muy cuidadosa del asunto y del deseo por mi parte de dar a este artículo una interpretación que esté en armonía y de acuerdo con la práctica hasta ahora seguida en Puerto Rico, de exigir a todos los solicitantes que sean examina-dos y obtengan una licencia o certificado de la Junta de Médicos Examinadores, siento llegar a la conclusión de que las palabras usadas son demasiado claras para admitir más de una interpreta-ción — y ésta,, es, que la Legislatura tuvo la intención de autorizar directamente a todas las personas que habían ejercido la medicina, cirugía, obstetricia, o cualquiera de las ramas de medicina, cirugía u obstetricia, por cinco años con anterioridad a la aprobación de •la ley de marzo 9, 1911, sin someterlas a un examen por la Junta de Médicos Examinadores y obtención de un certificado o licencia de dicha Junta.
“Por supuesto que es bien sabido que la Legislatura tiene el de-recho de regular la práctica de la medicina y cirugía y que está autorizada para hacerlo así expresamente, o que puede nombrar co-misionados, comités o juntas con tal fin. Ahora bien, ella nombró una junta para resolver sobre las condiciones de solicitantes al bjer-cicio de la medicina, cirugía, etc., y ésta fué la ley por varios años. En 1911 enmendó la ley con el fin de prescribir de modo inequívoco que cualquiera persona que ha ejercido la medicina, cirugía, etc., 'en Puerto Rico por un período de cinco años con anterioridad a la aprobación de la ley de 1911, tiene derecho a continuar en tal ejer-cicio.
“Esta enmienda contenida en la ley de 1911 presenta una con-dición muy anómala: Por ejemplo, aquí hay un hombre que por cinco años ha ejercido la medicina y la cirugía en violación de la ley contra la protesta de la Junta de Médicos Examinadores y la Legislatura, por la ley de marzo 9, 1911, autoriza a ese hombre a ■que continúe en el ejercicio de su profesión en Puerto Rico. Es la ley del país, sin embargo, y demasiado clara para ser discutida. ■El hombre sin una licencia de la Junta de Médicos Examinadores que alega este derecho bajo la ley de 1911, a menudo puede encon-trarse en una situación embarazosa. El no sabe cuándo puede qué-dar sujeto a las penalidades de la ley, y sometido a un arresto en cualquier momento por no tener ningún certificado o licencia de la Junta que acredite que ba estado en realidad ejerciendo su profe-sión en Puerto Rico por cinco años con anterioridad a la aprobación de la ley de 1911; la Junta no está autorizada para darle tal cer-tificado o licencia, y lo que baga lo bace a su riesgo de acuerdo con 'esta ley. ■ .
“Siento decir que me veo obligado a informar a usted, por tanto, que la Legislatura verificó un cambio muy esencial en la ley de 1903, con respecto a la autorización de personas al ejercicio de la medicina, cirugía, etc., en la Isla de Puerto Rico, por su ley de marzo 9, 1911, y que por virtud de la enmienda contenida en esta última ley cualquiera persona que ba ejercido la medicina, cirugía, o cualquiera de sus ramas por cinco años con anterioridad a la apro-bación de la ley de 1911, está autorizada a seguir ejerciendo tal profesión sin obtener un certificado o licencia de la Junta de Mé-dicos Examinadores, — o sea que la Junta no puede expedir un cer-tificado o licencia a tal solicitante, ni tiene él derecho a dicbo certi-ficado o licencia.”

Esta opinión se cita y transcribe con alguna extensión en el alegato del apelante' y difícilmente puede ser pasada por alto.

Aunque tal resolución, por supuesto, no es obligatoria para esta corte, fuera de la fuerza persuasiva de su lógica y de cualquier respeto debido al prestigio y reputación así como al cargo oficial de su autor, sin embargo, parece bas-tante recomendable por su faz y está suscrita por un dis-tinguido abogado de larga práctica y de reconocida fiabili-dad, cuyo juicio deliberado sobre una cuestión de interpre-tación estatutoria no puede ser eliminado por las solas afir-maciones contenidas en el alegato del Gobierno en este caso.

■ Además, dicfia opinión parece fiaber subsistido por más de diez años sin modificación o revocación por ninguno de ■los sucesivos jefes del Departamento a nombre del cual se emite.

Dentro de las circunstancias, no estamos dispuestos, ¿ iniciativa propia y afiora, a atacar la validez de una con-clusión a. la cual se fia llegado con tan manifiesta mala gana y aparentemente después de madura deliberación por el De-partamento de Justicia Insular.

T en cuanto a la Ley de 1923, será bastante con decir que una ley que define un delito y que ha sido aprobada en julio de 1923 para tener efecto en noviembre 1,' 1923, no puede ser invocada con éxito como reguladora de un delito que se alega en una acusación de fecha octubre 20, 1923, que fué cometido en abril, mayo y junio de ese año.

El juez sentenciador, sin embargo, parece haberse ba-sado en una enmienda del año 1919, Leyes de ese año, pág. 395, lo mismo que el Fiscal se funda en la Ley de 1923.

El disponiéndose en cuestión como fué enmendado en 1919, es como sigue:

“. . . . Disponiéndose, además, que todos los médicos, médicos osteópatas y cirujanos, que posean certificados expedidos por la actual Junta de Médicos Examinadores, quedarán exentos de las dis-posiciones de esta regla; y que todos los médicos debidamente au-' torizados que hubieren ejercido en Puerto Rico por un período de cinco años con anterioridad a la aprobación de la presente ley, po-drán continuar en el ejercicio de la profesión sin que en nada les afecten las anteriores disposiciones.”

Pero si el apelante fué expresamente autorizado por la Legislatura en el año 1911, estaba tan “debidamente auto-rizado” para ejercer la medicina como cualquier graduado de una universidad acreditada que se hubiere sometido a un examen por y recibido un certificado de la Junta de Mé-dicos Examinadores. Lo más que puede decirse de la en-mienda de 1919, es que tal vez podría ser interpretada en el sentido de exigir a un acusado en la posición en que está el apelante que pruebe un doble período de tiempo de prác-tica constante, o sea, cinco años con anterioridad al año 3911, y otros cinco años anteriores al 1919. Pero aún así, el acusado en este caso, puede ser que por casualidad más que por haberlo hecho expresamente, haya cumplido con ese requisito. Cualquiera duda que pudiera haber habido resr pecto a la suficiencia de la prueba en este sentido quedó disipada por las admisiones hedías por el mismo acusado en el examen de repreguntas del Fiscal al efecto de que en ciertos casos celebrados poco antes de la presentación de la acusación en éste, al probar el acusado su capacidad como perito, de la acusación había manifestado bajo juramento que estuvo ocupado en el ejercicio de su profesión en Puerto Rico por un período de 10 años.

Esta admisión también se cita por el juez sentenciádor en. una opinión emitida al dictar sentencia, como único fun-damento por el cual la prueba de la defensa fué rechazada. No solamente no hay ninguna incompatibilidad aparente en-tre esta admisión y la prueba de una práctica constante desde el año 1904 al 1911, sino que la explicación dada por el acusado es muy razonable y satisfactoria. Esto es, que para probar su capacidad como perito no estaba obligado a ‘determinar con absoluta certeza todo el período de tiempo •de su experiencia y que lo que tuvo presente era el segundo período de su práctica en el cual entró al continuar la prác-tica de su profesión en el año 1913 ó 1914, siguiente a su regreso a la Isla, después de una ausencia de dos años du-rante la cual había seguido estudios en la Universidad de Nebraska.

Si la declaración del acusado en su propio beneficio hu-biera sido la única prueba aducida en su defensa en el jui-cio, tal vez podríamos vacilar en revocar la sentencia ape-lada.

Pero cualquiera duda que pudiera surgir de tal discre-pancia, si lo es, queda disipada al momento por las declara-ciones de los testigos que al parecer son de reputación, y cuya credibilidad no ha sido tachada de algún modo me-diante repreguntas, o por prueba de refutación.

Uno de estos testigos es un hombre que sirvió primero como juez de paz y luego como Alcalde del pueblo donde el acusado ejerció, también sirvió después como Marshal de la corte municipal en un municipio limítrofe. Dice que el acu-sado era el médico de su familia y con frecuencia actuaba como médico titular durante la ausencia de ese funcionario y a completa satisfacción de las autoridades locales y del público en general.

Otro de estos testigos, un médico de 60 años de edad con más de 30 de experiencia en la fecha del juicio, hombre cuya reputación profesional no fué puesta en tela de juicio en la corte inferior, que conoció al acusado en el año 1904 y luego fué llamado en consulta por él en varias ocasiones, parece haber estado impresionado favorablemente con los conoci-mientos del acusado como clínico y de su práctica en general.

La prueba, en conjunto, indica que el acusado no era un simple curandero ni un impostor sin condiciones en abso-luto, durante los primeros años de su práctica, sino un hombre de cierta ambición y con verdadero interés en el estudio-de la medicina, que tenía una práctica establecida y gozaba de la confianza y estimación de su clientela, de sus compa-ñeros médicos y de la comunidad donde vivía. Antes del actual proceso nunca fué perturbado en la práctica de su elegida profesión a pesar del hecho de que ciertos miem-bros de la Junta de Médicos Examinadores conocían bien sus actividades. Apreciadas todas las cosas, él parece haber sido, aún antes de asistir a la Universidad, de Nebraska, lo-que Abraham Lincoln, si es cierta la tradición, podría haber llamado “un médico con bastantes conocimientos adquiridos por sí mismo.”

No es necesario, por tanto, resolver ahora, ni ha de enten-derse que resolvemos, que el juez sentenciador en un caso como éste no tiene discreción alguna al resolver la cuestión de qué es lo que constituye dentro del significado del “dis-poniéndose” de 1911 “ejercer en Puerto Pico cualquiera de las profesiones” allí enumeradas. Desde luego que un za-patero o un herrero que recomienda alguna receta favorita,. o diagnostica el caso de nn amigo enfermo y receta nn me-dicamento, con o sin remuneración por tales servicios, no estaría comprendido en el disponiéndose.

Debe revocarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Aldrey disintió.


author: El Juez Asociado Senos, Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Lugaró, Acusado y Apelante.
    No. 2326.

    Visto: Diciembre 16, 1924.

      Resuelto: Diciembre 19, 1924.
    Perjurio — -Alegaciones—Prueba-—-Juramento; Funcionario Autorizado para Tomarlo. — De acuerdo con los artículos 117 y 89 de los Códigos Penal y de Enjuiciamiento Criminal, cuando se imputa el delito de perjurio, el gobierno debe alegar y probar que el funcionario ante el cual se prestó el juramento tenía facultad para tomarlo.
    Id. — Gran Jurado — Juramento ante el Gran Jurado. — La sección 22 de la ley creando el Gran Jurado no confiere facultad a éste y especialmente no da ninguna a su presidente para tomar juramento. El Gran Jurado sólo está autorizado para examinar testigos bajo juramento, pero éste debe ser administrado por un funcionario a quien se confiere la facultad y que general-mente es el fiscal de distrito o tal vez el secretario de la corte-
    Sentencia de R. Díaz Cintrón, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de perjurio.

      Revocada y absuelto el acusado.

      D. Sepulveda, abogado del apelante; José F. Figueras, Fiscal, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Senos, Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 117 del Código Penal prescribe lo siguiente:.

“Artículo 117. — Toda persona- que, habiendo jurado testificar, declarar, deponer o certificar la verdad ante cualquier tribunal, fun-cionario o persona competente, en cualquiera de los casos en que la ley permitiere tomar tal juramento, declarare ser cierto cualquier hecho esencial, conociendo su falsedad, será culpable de perjurio. No se admitirá como defensa en ninguna causa por perjurio la cir-cunstancia' de haberse prestado o tomado el juramento en forma irregular. ’ ’

El artículo 89 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone lo siguiente:

"Artículo 89. — En una acusación por perjurio o por soborno para cometer el perjurio, bastará exponer la esencia del pleito o asunto con referencia al cual se cometió el delito y en qué tribunal y ante quién fué prestado el juramento que se denuncia como falso,y que el tribunal, o la persona ante quien el juramento fué prestado, tenía facultad para tomarlo, con alegaciones convenientes acerca de la falsedad del asunto en que el perjurio está indicado; pero la acu-sación no necesita expresar las alegaciones, antecedentes o procedi-mientos relacionados con el juramento, ni precisar la autorización o poder del tribunal o persona ante quien se cometió el perjurio.”

Con arreglo a estos dos artículos es evidente que el go-bierno debe alegar y probar que el funcionario que tomó el juramento • estaba debidamente autorizado para ello.

Aquí el presidente del gran jurado tomó el juramento al acusado cuando este último era un testigo en una investiga-ción de un supuesto homicidio. El único artículo que hace referencia al juramento de testigos ante el gran jurado, es el siguiente:

"Sección 22. — El Gran Jurado tendrá facultad para citar testi-gos y peritos y para examinarlos bajo juramento; para hacer ins-pecciones oculares y compeler la presentación de evidencia docu-mental o de cualquier otra clase, además de la ofrecida por el fiscal (1919, p. 309).

Este artículo no confiere facultad alguna al Gran Jurado y especialmente no da ninguna a su presidente para tomar juramento. El Gran Jurado sólo está autorizado para exa-minar testigos bajo juramento, pero éste debe ser adminis-trado por un funcionario a quien se confiere la facultad y que generalmente es el fiscal de distrito o tal vez el secre-tario de la corte.

Resulta que el Gran Jurado en este caso fué inducido a error debido a que bajo la práctica federal el presidente del Gran Jurado puede tomar juramento a testigos. Esta fa-cuitad, sin embargo, se confiere expresamente por el artículo 809 de los Estatutos Revisados de los Estados Unidos (U. S. Rev. Stat. (2nd. Ed.), page 151), y en Puerto Rico no existe ningún estatuto semejante.

Toda vez que el acusado fué declarado culpable de un delito de perjurio cometido ante una -persona que no estaba facultada para tomar juramentos, debe revocarse la senten-cia y absolverse al acusado.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Mendoza, Acusado y Apelante.
    No. 2321.

    Visto: Diciembre 11, 1924.

      Resuelto: Diciembre 19, 1924.
    Homicidio Voluntario — Prueba del Homicidio. — Se resolvió en este caso: que la prueba circunstancial aportada por dos testigos, quienes declararon que es-tando el acusado Mendoza en el ventorrillo de Higinio Bermúdez llegó a él al oscurecer Pedro Zambrana e invitó a Mendoza a que fuera con él a la playa del Pastillo de Juana Díaz y que ambos salieron para allí montados a caballo, sitio en el cual fué encontrado muerto Pedro Zambrana pocas boras después; y la prueba de corroboración consistente en las manifestaciones beclias por el acusado respecto a que en el sitio del Pastillo tuvo una lucha cuerpo a cuerpo con Zambrana en la que cayeron al suelo,, que en ella disparó dos tiros contra Zambrana (y otras que se consignan en -la opinión), son evidencia suficiente para justificar un veredicto de homicidio voluntario.
    Sentenoia de B. Díaz Cintron, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de homicidio voluntario.

      Confirmada.

      F. Parra y L. Tormos, abogados- del apelante; José E. Figueras, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado del delito de asesinato y la única cuestión suscitada en esta apelación contra la resolución que le negó un nuevo juicio y contra la sentencia que lo condenó por delito de homicidio voluntario como consecuencia de un veredicto del- jurado en tal sentido es, que no bay prueba de que el apelante hubiera podido tener encuentro alguno con el interfecto Pedro Zambrana fuera de la explicación que de los lieclios dió el acusado, y que de acuerdo con esa evi-dencia el jurado no podía rendir veredicto de culpabilidad por homicidio voluntario. En otras palabras, que no ha sido probado el corpus delicti por no haber evidencia directa ni circunstancial y sí sólo de confesión del apelante sin corroboración. En -consecuencia se hace necesario un examen-de la evidencia.

Que Pedro Zambrana murió a consecuencia de heridas de bala que recibió está probado con evidencia directa del médico que hizo su autopsia y del testigo Rafael Vargas que lo vió muerto, por lo que sólo resta examinar si fue el ape-lante quien le produjo las heridas que le causaron la muerte.

Si bien no hay prueba directa que relacione al acusado con la muerte de Pedro Zambrana sin embargo hay prueba circunstancial y de corroboración de las manifestaciones he-chas por el acusado suficiente para poder llegar a la conclu-sión de que fue Mendoza el que mató a Zambrana, pues dos testigos declararon que estando Mendoza en el ventorrillo de Higinio Bermúdez llegó a él al oscurecer Pedro Zam-brana e invitó a Mendoza a que fuera con él a la Playa del Pastillo de Juana Díaz y que ambos salieron para allí mon-tados a caballo, sitio en el cual fue encontrado muerto Pedro Zambrana pocas horas después; y las manifestaciones hechas por el acusado respecto a que en el sitio del Pastillo tuvo una lucha cuerpo a cuerpo con Zambrana en la que ca-yeron, al suelo, que en ella disparó dos tiros contra Zam-brana y que momentos después de esos sucesos estuvo en la casa de Juan Vargas a quien enseñó un revólver sin tapa que había quitado a Zambrana y que pidió a Rafael Vargas un caballo, diciéndole que el de él y de Zambrana estaban sueltos en la finca de que Vargas es mayordomo, están co-rroboradas por los hechos de que el sitio donde fué encon-trado mostraba señales de muchos resbalones por estar hú-medo a causa de la lluvia de aquella tarde, resbalones indi-cativos de una lucha; porque Zambrana tenía dos heridas de bala de revólver; porque el acusado entregó a la policía im revólver diciendo que era el de Zambrana; porque en el sitio donde estaba muerto Zambrana fné encontrada la tapa del revólver, y por el hecho de qne fueron encontrados sueltos-en la finca de que es mayordomo Vargas los caba-llos de Zambrana y de Mendoza, los que sus respectivos her-manos recogieron al día siguiente.

En vista de esa prueba circunstancial y de Corroboración no podemos declarar que el acusado fué relacionado con la muerte de Zambrana por sus solas manifestaciones, por lo que la negativa de nuevo juicio y la sentencia apelada deben ■ser confirmadas.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Lladó, Acusado y Apelante.
    No. 2310.

    Visto: Noviembre 28, 1924.

      Resuelto: Diciembre 19, 1924.
    Gran Jurado — Derechos del Acusado — Sorteo del Gran Jurado — Citación del Acusado pasa el Sorteo — Cuándo es Innecesaria. — Cuando el gran jurado hace la investigación de un delito sin sometérsele acusación de un fiscal y encuentra que hay méritos para acusar a determinada persona, puede ordenar como consecuencia de su investigación que el fiscal le presente acusación y endosarla como fundada, sin que dicho acusado haya) sido citado para el sorteo de los miembros del gran jurado que ha investigado su caso y sin que tal investigación tenga que ser sometida a otro gran jurado.
    Homicidio — Evidencia — Opiniones de los Testigos. — En este caso el acusado repreguntó a un testigo de cargo: O Si algún testigo antes que usted hubiera dicho que el acusado estaba en el camino de Mabelén y no en el callejón de la central, ¿usted estaría conforme con- esa opinión?” Se resolvió: que tal pregunta no era admisible.
    Id. — Perito en Armas de Fuego. — Un miembro del cuerpo de la policía que se ha ejercitado durante largo tiempo en el tiro al blanco con armas de fuego, está capacitado para declarar si un revólver ha sido disparado o nó recien-temente.
    Id. — Equimosis de la Piel — Perito Médicio. — Para probar que una persona pre-sentaba equimosis en la piel a raíz de una lucha cuerpo a cuerpo, el testigo competente es el médico.
    Id. — Instrucción sobre Duda Razonable. — Instruyendo sobre duda razonable la corto dijo: “La duda razonable es aquel estado de causa que luego de ha-berse comparado y considerado sobre todas las pruebas practicadas deja al jurado en aquella condición mental que les impide estar convencidos respecto a la verdad de la acusación.” Se resolvió: que quizá pudo ser mejor esa instrucción pero no puedo concluirse que motive la revocación de la sentencia y la celebración de un nuevo .juicio.

      Id. — Instrucción sobre Defensa Propia. — Cuando la corte instruye sobre la propia defensa y 'los requisitos que son necesarios para que exista, no os error el negar al acusado la siguiente instrucción: "Un ataque con arma mortífera levanta la presunción de -la intención de matar, lo que justifica a la persona atacada en el uso de un arma mortífera para defenderse.”
    Sentencia de Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito),, condenando al acusado por delito de homicidio voluntario.

      Con-firmada.

      B. Díaz Collazo, abogado del apelante; José E. Figueras, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Jaime Lladó fné acusado de un delito de asesinato y ha-biendo sido declarado culpable por un jurado de homicidio voluntario, ha establecido este recurso de apelación cuyo primer motivo es el de haber negado la corte inferior la peti-ción que le hizo para que sobreseyera su caso por el fun-damento de que no fue citado para la constitución del gran jurado que endosó la acusación contra él, por lo que quedó privado de poder hacer recusaciones contra todo el gran ju-rado o contra alguno de sus miembros.

La ley estableciendo el gran jurado en esta Isla, apro-bada por nuestra Asamblea Legislativa el 18 de junio de 1919 (p. 303), dispone en su sección CF que en cada término judicial la corte, siempre que fuere a su juicio necesario, ordenará la extracción por sorteo de 20 nombres de la lista ordinaria de jurados para que formen el gran jurado que ha de actuar durante el término: la sección 3* dice que el sor-teo del gran jurado se verificará por el secretario de la corte,, en sesión pública, con citación del fiscal y de los acusados cuyos casos hayan de someterse a la investigación del gran jurado, con cinco días de anticipación por lo menos a la fe-cha del sorteo: las secciones 4‘1 a la 10* conceden a los acu-sados citados el derecho de recusar a todos los jurados {panel) a determinados jurados: la sección 21 ordena al fiscal que presente al gran jurado todos los cargos por de-litos que sean de la competencia de éste, en forma de acu-sación del gran jurado: la sección 24 autoriza al gran ju-rado para investigar cualquier delito de sq competencia co-rrespondiente a la jurisdicción de la corte de distrito en que actúe, aunque el cargo no haya sido presentado por el fiscal: en la 25 se dice que si el gran jurado encontrare mo-tivos para acusar en cualquier caso, endosará la acusación presentada por el fiscal, y que si éste no hubiera presentado acusación el gran jurado le ordenará que la formule, y una vez formulada la endosará en la forma correspondiente: y en la sección 52 se dispone que la acusación será sobreseída por el tribunal mediante moción del acusado presentada al leérsele la acusación, entre otros casos, cuando no se hubiera sustanciado, endosado o presentado de acuerdo con las dis-posiciones de la ley.

El delito que se imputó al apelante fué cometido cuando estaba actuando el gran jurado, a cuyo conocimiento llegó el caso, y fué investigado por dicho cuerpo quien ordenó al fiscal-que le presentara acusación y la endosó como fundada. No fué, pues, investigado por el fiscal y por esto el apelante no fué citado para el sorteo del gran jurado, alegando ahora el apelante que sería injusto que en los casos en que el fiscal presenta las acusaciones al gran jurado los acusados tengan derecho a ser citados y a hacer recusaciones y que carezcan de tales derechos cuando es el gran jurado el que hace la investigación por sí mismo sin acusación del fiscal, y que para que no resulte esa injusticia el artículo 25 debe ser interpretado en el sentido de que cuando la investigación la hace el mismo gran jurado su resultado debe ser some-tido a otro gran jurado con citación previa del acusado.

No hay duda alguna de que, de acuerdo con los precep-tos legales que hemos mencionado, los acusados cuyos casos va a someter el fiscal al gran jurado deben ser citados para el sorteo del'mismo y que pueden hacer recusaciones, y que esos derechos no están reconocidos en la ley cuando la in-vestigación la hace el gran jurado, por la sencilla razón de que cuando se hace el sorteo no hay persona acusada que pueda ser citada. Quizá esa diversidad de derechos no es justa, pero nó viola derecho alguno constitucional de los -acusados y la legislatura pudo hacer esa distinción. Antes •de la ley del gran jurado las acusaciones se presentaban en los tribunales por la sola investigación y criterio del fiscal, .y al promulgarse dicha ley se concedió el derecho de recusa-ción del gran jurado solamente' a los acusados cuyos casos 'fueran presentados a dicho cuerpo-por el fiscal, mas no a aquellos cuyos casos eran investigados por el mismo gran jurado sin presentación de acusación por el fiscal, quedando así los últimos en la misma situación que estaba cualquier persona antes de esa ley, aunque con la diferencia de que su acusación era consecuencia de la investigación hecha por el gran jurado y del criterio de éste, en vez del criterio del fiscal. En cuanto a que la sección 25 (1919, p. 309) debe ser interpretada en el sentido de que cuando la investiga-ción la hace por sí mismo el gran jurado el resultado de ella debe someterse a otro gran jurado a fin de que el acu-sado pueda ser citado y hacer recusaciones, nos bastará de-cir que nosotros no estamos autorizados para agregar a la ley preceptos que ella no contiene, pues dicha sección es ter-minante al disponer que cuando no se hubiese presentado acusación por el fiscal el gran jurado ordenará a éste que la formule y la endosará, lo que impide que nosotros diga-mos que deba ser otro gran jurado. En resumen, cuando el gran jurado hace la investigación de un delito sin sometér-sele acusación de un fiscal y encuentra que hay méritos para ■ acusar a determinada persona, puede ordenar como conse-cuencia de su investigación que el fiscal le presente acusación y endosarla como fundada, sin que dicho acusado haya sido citado para el sorteo de los miembros del gran jurado que ha investigado su caso y sin que tal investigación tenga que ser sometida a otro gran jurado.

, Otro motivo del recurso se. funda en no haber permitido Xa corte inferior que un testigo del fiscal contestara cierta pregunta hecha por la defensa del acusado. Ese testigo de-claró repetidas veces que vió al acusado cuando iba con unas vacas en nn callejón de determinada central y no en el camino de Mabelén, y se le preguntó: “¿Si algún testigo antes qne usted hubiera dicho que el acusado estaba en el camino de Mabelén y no en el callejón de la central, usted estaría conforme con esa opinión?”

Es cierto que en el período de repreguntas a los testigos se permite gran amplitud con el ñn de conocer las condicio-nes del testigo en cuanto a su credibilidad, pero la repre-gunta que no fué permitida no tenía ese propósito sino el de que el testigo expresara su opinión respecto a lo que ha-bía declarado otro testigo y por tanto no era admisible, ni aún, como dice el apelante, para hacer resaltar ante el ju-rado que había una contradicción entre lo declarado por él y por otro testigo, pues es al jurado y no al testigo a quien corresponde considerar si existe tal contradicción y opinar sobre cuál es la verdad.

Se alega también que fué error permitir al testigo Miguel Martínez que declarase como perito en armas de fuego sin que se demostrara debidamente que estaba capacitado como tal perito, y también que no se le permitiera contestar cierta pregunta que se le hizo respecto a si el acusado pre-sentaba equimosis.

El interfecto Miguel Otero murió de un balazo que reci-bió en la cabeza, teniendo también otro en un muslo, y al serle practicada la autopsia le fué encontrado en un bolsillo del pantalón un revólver Smith con una cápsula disparada.

El testigo Miguel Martínez es el jefe de la policía del pueblo donde el crimen se cometió y declaró que el acusado le manifestó espontáneamente que estando pastando unas vacas en el callejón de Mabelén, perteneciente a la central San Vicente, llegó Miguel Otero a caballo y íuego volvió para atrás: que estando el acusado con la mano en el bol-sillo, donde tenía una pistola, Otero se tiró del caballo y lo cogió por detrás entablándose nna lucha en la que cayerop al suelo y que allí hizo uso de su pistola logrando asestarle un. balazo: que luego logró salir del sitio donde había caído, que era una zanja, y le hizo otro disparo, y que al hacer un tercer disparo la pistola no funcionó porque se le atravesó la bala: que entre él y Otero hubo con anteriori-dad ciertas palabras porque Otero no, quería que pastasen sus vacas por aquel sitio: y que el acusado le entregó la pistola que es de las ordinarias que vienen por correo, la que entregó al fiscal y reconoció en el juicio.

En el curso de su declaración dijo también ese testigo que es experto en balines: que examinó el revólver Smith y llegó a la conclusión de que no fué usado el día que fué herido Otero: que tiene trece años en la policía, ha hecho mucho ejercicio al blanco y ha estudiado armas: que des-pués de tirar al blanco con su revólver ha procedido a ver el efecto que ha producido en el arma y puede distinguir perfectamente cuándo el disparo de un arma es reciente y cuándo no lo es: que en los disparos recientes presenta olor a pólvora y si se le mete cualquier cosa, un pedazo de es-topa, sale impregnado de la pólvora y el revólver ,presenta más limpieza que si hubiera habido tiempo que no se dis-parara con él y que en cuestiones de pólvora no tiene expe-riencia y no sabe química. En estas últimas manifestacio-nes de ese testigo se funda el apelante para alegar que no estaba capacitado para declarar como perito.

Entendemos que en vista de todas las manifestaciones del testigo sobre su conocimiento de pistolas y de armas pa-recidas, él estaba capacitado para declarar como perito que el disparo que tenía el revólver Smith encontrado al inter-fecto no era reciente sino antiguo; pero, aunque así no fuera, importaba poco en este caso que fuera reciente o nó el disparo de ese revólver toda vez que. nadie ha declarado en el juicio que Otero hiciera disparo alguno contra al ape-lante.

También dicho testigo dijo en sn declaración qne el acu-sado estaba muy nervioso cuando lo detuvo: que tenía la camisa desgarrada, viéndosele la carne, que él le enseñaba y se la cogía y la apretaba, con cuyo motivo se coloreaba la piel, la que tenía simplemente irritada y que no le vio he-rida. A ese testigo se le hizo la siguiente repregunta que fué negada por la corte: “Usted ha visto muchos perso-nas a raíz de una pelea, en el curso de sus funciones como policía insular, usted ha intervenido en riñas, etc., y la ha podido apreciar: estas equimosis que tenía el acusado * * * ” Alega el apelante que esta repregunta era per-tinente' porque su propósito era demostrar al jurado que el testigo se contradecía porque había declarado que el acu-sado simplemente tenía irritada la piel y porque no reque-ría una contestación pericial. Si el acusado tenía o nó equi-mosis es cuestión que debía probarse por perito médico por ser la manera en que pudo ser contradicha la declaración del testigo en cuanto a si la piel estaba simplemente irri-tada o presentaba equimosis, pues el significado de esta pa-labra no es de conocimiento general de los testigos, y en efecto esa prueba de perito fué presentada por el acusado por lo que no existe el error que se atribuye a la corte.

Réstanos considerar el último error alegado y que hace referencia a las instrucciones que la corte dió al jurado y a otra propuesta por el acusado y que la corte negó.

La única instrucción que se ataca es la que fué dada sobre duda razonable, que dice así: “La duda razonable es aquel estado de causa que luego de haberse comparado y considerado sobre todas las pruebas practicadas deja al ju-rado en aquella condición mental que les impide estar con-vencidos respecto a la verdad de la acusación.” Quizá pudo ser mejor esa instrucción pero no podemos decir que motive -.la revocación de la sentencia y la celebración de un nuevo juicio.

La instrucción pedida por el acusado y que la corte negó es la siguiente: “Un ataque con arma mortífera levanta la presunción de la intención de matar, lo que justifica a la persona atacada en el uso de un arma mortífera para defen-derse.”

No fué error de la corte el negar esa instrucción porqué el juez instruyó ampliamente en ese respecto al jurado en cuanto a la propia defensa y a los requisitos que son necesa-rios para que exista.

La sentencia apelada debe ser confirmada.