text:
    Miguel A. Rosario Rosado, peticionario, v. Marvin Pagán Santiago, recurrido.

      Número: CC-2014-0815

      Resuelto: 3 de agosto de 2016

      Myriam E. Matos Bermúdez, abogada de la parte peticiona-ria; Husmail Figueroa Ríos, abogado la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera García

emitió la opinión del Tribunal.

La resolución de este caso requiere que analicemos las disposiciones de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987 (9 LPRA sec. 3201 et seq.), en el contexto de una modalidad contractual que se observa con frecuencia en Puerto Rico. Nos referi-mos al contrato que se efectúa para vender o ceder un ve-hículo de motor sobre el que recae un gravamen de venta condicional, sin que medie el consentimiento del acreedor financiero. El Tribunal de Apelaciones resolvió que este tipo de contrato era ilegal, fundamentándose en ciertas disposiciones de esa ley que tipifican como delito enajenar un vehículo de motor sin el consentimiento del acreedor financiero para defraudarlo. Adelantamos que, en el con-texto fáctico que atendemos, el foro apelativo intermedio incidió en su análisis por lo que revocamos la sentencia recurrida.

t—I

A continuación enunciamos los hechos pertinentes se-gún el Tribunal de Primera Instancia los determinó como probados en su sentencia.

El Sr. Miguel A. Rosario Rosado (peticionario) era el dueño de un vehículo de motor marca Pontiac del 2006 sujeto a un gravamen de venta condicional a favor de la entidad bancaria First Bank. El 19 de diciembre de 2009, cuando quedaban por satisfacerse 27 pagos, el peticionario y el Sr. Marvin Pagán Santiago (recurrido) suscribieron un contrato que titularon “Acuerdo de cesión de derechos y relevo de responsabilidad”. Mediante el referido docu-mento, el peticionario “cedió, vendió y traspasó todos sus derechos sobre el vehículo” y el recurrido se comprometió a asumir el pago de la deuda del préstamo sin incurrir en atrasos, entre otras obligaciones, hasta que fuera vendido a una tercera persona. Sin embargo, en agosto de 2010 First Bank informó al peticionario que había reposeído el vehículo y que el pago del préstamo reflejaba atrasos. Eventualmente, dicha entidad bancaria dispuso del auto-móvil y le notificó como deuda vencida la suma de $10,741.39.

En consecuencia, el peticionario presentó el 28 de octu-bre de 2010 una demanda sobre daños y perjuicios e in-cumplimiento de contrato en contra del recurrido. Soli-citó el resarcimiento de los daños que le había causado el incumplimiento contractual, así como el pago de la canti-dad que adeudaba a First Bank por el préstamo de auto. Luego de celebrar el juicio, el 8 de agosto de 2013 el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia y declaró “con lugar” la demanda. En vista de ello, determinó que las partes habían suscrito un contrato válido y que el recu-rrido incumplió con lo pactado. Consecuentemente, le or-denó a Pagán Santiago que le pagara al peticionario la suma de $10,741.39 que este último adeudaba a First Bank, más $1,500 por honorarios de abogado y los intere-ses legales correspondientes.

Inconforme con esa determinación, y luego de haber so-licitado reconsideración sin éxito, el recurrido presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones el 4 de abril de 2014. En su escrito puntualizó la comisión del error siguiente:

Erró el TPI al dictar Sentencia, sustentándose y fundamen-tándose en determinaciones de hechos basadas en prueba que no formó parte de la desglosada en el Informe de Conferencia Preliminar Entre Abogados sometidos con antelación al juicio, de los exhibits marcados y admitidos en la vista en su fondo del 15 de agosto de 2012. Todo lo anterior en crasa violación al debido proceso de ley y abusando de su discreción al motus propio [sic] solicitarle la misma a la abogada del demandante para su inclusión, y en crasa violación a las Reglas de Eviden-cia y las de Procedimiento Civil vigentes.

En específico, objetó que se admitiera en evidencia cierto documento expedido por First Bank que fue conside-rado por el foro primario para realizar sus determinaciones de hechos. Su contención era que ni de las alegaciones de la demanda ni de la prueba que se ponderó en el juicio surgía que existiera una deuda de $10,741.39.

Examinado el recurso, el foro apelativo intermedio emitió su Sentencia el 15 de agosto de 2014 y revocó el dictamen apelado. Empero, al hacerlo no justipreció el plantea-miento del recurrido referente a la prueba documental; es decir, no atendió los errores esgrimidos en el recurso de apelación. Contrario a la apreciación del Tribunal de Pri-mera Instancia, coligió que el contrato que suscribieron las partes era nulo por constituir dicho negocio un convenio ile-gal puesto que First Bank nunca consintió a que se enaje-nara el vehículo de motor. En su sentencia, hizo referencia a los incisos (7) y (8) del Art. 18 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, 9 LPRA sec. 3217(7) y (8) (Art. 18), que en síntesis, tipifican como conducta delictiva traspasar o vender un vehículo de motor sin el consentimiento del acreedor financiero y con el propósito de defraudarlo.

En desacuerdo con ese proceder, el peticionario presentó ante esta Curia el certiorari de título y señaló los errores siguientes:

Erró el TA al revocar la sentencia dictada por el TPI a base de la aplicación retroactiva de una ley que no estaba en vigencia a la fecha de los hechos.
Erró el TA al revocar la sentencia dictada por el TPI a base de la aplicación retroactiva de una ley, lo que violenta la garantía constitucional contra el menoscabo de las obligaciones contractuales.
Erró el TA al revocar la sentencia dictada por el TPI a base de la aplicación retroactiva de una ley, en contravención con lo dispuesto en el artículo.

El peticionario aduce que los errores planteados se refie-ren al inciso (8) del Art. 18, supra, precepto que se añadió a ese estatuto mediante la Ley Núm. 130-2010. A su vez, ar-guye que como el contrato se suscribió en el 2009, el Tribunal de Apelaciones estaba impedido de aplicar esa disposi-ción a los hechos de este caso. Por su parte, el recurrido sostiene que independientemente de que se hubiese incu-rrido en ese error, el inciso (7) del precitado Art. 18 estaba vigente al momento en que se suscribió el contrato y que el mismo también prohibía acuerdos de esa naturaleza.

El 12 de diciembre de 2014 expedimos el auto solicitado. Con el beneficio de los alegatos de ambas partes, procede-mos a exponer el marco legal pertinente al cuadro fáctico que nos ocupa.

I—I h-i

Esta controversia exige que revisitemos doctrinas bási-cas de nuestro derecho contractual y examinemos el al-cance del articulado de las disposiciones de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular. Procedemos con el análisis del derecho aplicable.

A. Ineficacia de los contratos y la causa ilícita

Existe un contrato cuando concurren el consenti-miento de los contratantes, un objeto cierto y una causa de la obligación que se establezca. Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3391. Una vez establecido un contrato válido, se convierte en ley entre las partes y que-dan obligadas a cumplir con lo pactado. Art. 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2994. Véanse: Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7 (2014); PRFS v. Promoexport, 187 DPR 42, 52 (2012). Es un axioma en nuestro derecho civil que los contratantes pueden estable-cer todas aquellas cláusulas que tengan por conveniente siempre y cuando no sean contrarias a la ley, a la moral o al orden público. Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3372. Esto está en concordancia con el Art. 4 del Código Civil que cataloga como nulos los actos que se ejecutan contra lo dispuesto en la ley. 31 LPRA sec. 4.

En algunas instancias, aun cuando aparenta exis-tir un vínculo contractual, se presentan situaciones que demuestran que el contrato que hasta ese momento se pre-sumía válido, en realidad, es ineficaz. Dependiendo de la circunstancia específica que provoca esa ineficacia, el con-trato podría adolecer de nulidad relativa o de nulidad ab-soluta o radical, también conocida como la nulidad ab initio. Véase O. Soler Bonnin, Obligaciones y contratos: manual para el estudio de la teoría general de las obliga-ciones y del contrato en el derecho civil puertorriqueño, San Juan, Ed. Situm, 2014, pág. 223. Este tipo de defecto —la nulidad absoluta— se caracteriza en que el contrato, siendo nulo, es inexistente en el orden jurídico y no produce ningún efecto. Véase Col. Int’l Sek P.R., Inc. v. Escribá, 135 DPR 647, 666 (1994).

Un ejemplo de este tipo de nulidad es cuando lo pactado por las partes o el acuerdo en sí mismo está expresamente prohibido por la ley. Luis Diez-Picazo nos explica que en estos casos el contrato, considerado como un todo, contra-viene una disposición de ley, por lo que la nulidad vendrá dada por el carácter de contrato prohibido. L. Diez-Picazo, Fundamentos del derecho civil patrimonial: introducción a la teoría del contrato, 6ta ed., [s. l.], Ed. Thomson Civitas, 2007, Vol. 1, pág. 282. En otras palabras, sencillamente no puede existir, pues choca con una prohibición legal que-dando fuera de los límites de la autonomía privada. Id. Esto, sin importar el tipo de contrato del que se trate y de la importancia que revista para las partes contratantes. Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448, 456 (2014).

Así también, un vínculo contractual puede resul-tar nulo ab initio si carece de alguno de los elementos necesarios para su constitución, entiéndase, el consentimiento, el objeto o la causa. Véase Soler Bonnin, op. cit., pág. 223. Aunque en estos casos el contrato también es inexistente, se diferencia de cuando es nulo por estar pro-hibido por ley. En el primer caso, el contrato es permitido por el ordenamiento jurídico, pero es ineficaz por la ausen-cia o defecto en uno de los requisitos que eran necesarios para que naciera a la vida jurídica.

Como ya mencionamos, entre los elementos esen-ciales de toda relación contractual se encuentra la causa. El Código Civil dispone categóricamente que “[l]os contra-tos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto al-guno”, y que es ilícita la causa “cuando se opone a las leyes o a la moral”. Art. 1227 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3432, Véase, también, Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 DPR 745 (2010). En Col. Int’l Sek P.R., Inc. v. Escribá, supra, reiteramos el significado de causa ilícita que habíamos adoptado en Dennis, Metro Invs. v. City Fed. Savs., 121 DPR 197, 217 (1998). Allí expresamos que hay dos tipos de causa ilícita: “la causa ilegal, que se opone a las leyes, y la causa inmoral, llamada también ‘causa torpe’, que se opone a la moral y las buenas costumbres”. (Énfasis suprimido).

Así, por ejemplo, en el precitado caso Col. Int’l Sek P.R., Inc. v. Escribá, supra, pautamos que la causa del contrato de corretaje que estaba en controversia en ese caso no era lícita porque era contraria a la Ley Núm. 139 de 14 de junio de 1980 que prohibía ejercer la profesión de corredor de bienes raíces sin la debida licencia, constituyendo dicha práctica un delito menos grave. Más recientemente, en Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, supra, pautamos que otro contrato de corretaje de préstamo tenía causa ilí-cita porque quien lo otorgó no tenía la licencia requerida por la Ley Núm. 214 de 14 de octubre de 1995 que regula el negocio de intermediación financiera.

Ahora bien, el Código Civil de Puerto Rico no pro-vee una definición general de la figura de la causa; más bien, nos refiere a lo que esta debe corresponder de acuerdo con el tipo contractual del que se trate. A esos efectos, el Art. 1226 señala que en los contratos onerosos se entiende por causa la prestación o promesa de una cosa o servicio. 31 LPRA see. 3431. Añade que en los remuneratorios, la causa corresponde al servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad. íd. Como nos comenta la profesora García Cardenas, "[1]a causa se ha equiparado, en muchas ocasiones, a la contestación de la interrogante, ¿por qué me obligué?”. M.E. García Cárdenas, Derecho de obligaciones y contratos, San Juan, MJ Editores, 2012, pág. 419.

La propia doctrina reconoce que la contestación a esa interrogante, es decir, la causa, es una figura problemá-tica, ya que su enfoque puede ser tanto objetivo como sub-jetivo, provocando diferencias conceptuales al respecto. Cuando consideramos la causa en su vertiente objetiva, la motivación interna que tuvieron los contratantes para efectuar el contrato tiene poca relevancia. García Cárde-nas, op. cit., pág. 419. Sin embargo, también se ha recono-cido que un negocio jurídico puede afectarse por la inten-ción específica de las partes cuando el móvil determinante del contrato atenta contra la ley. íd., pág. 420. De acuerdo con Diez-Picazo, el problema de la teoría objetiva es que no explica cómo un negocio típico, con una función económica y social típica, también puede quedar afectado por el pro-pósito o la intención de las partes. Diez-Picazo, op. cit., pág. 267. Este autor lo explica de la forma siguiente:

La función económico-social no actúa como causa. Lo único que puede ser, se piensa, causa del negocio es el intento o la voluntad de las partes de obtener esta función económico-social. Esto explica también que el intento práctico de las par-tes tenga en muchas ocasiones relevancia jurídica y que esta relevancia jurídica del intento práctico, del resultado empírico perseguido, no pueda encauzarse a través de la idea de la causa, entendida con arreglo a una concepción objetivista. Se hace, pues, necesario valorar las motivaciones, sobre todo las motivaciones comunes a ambas partes; y esta valoración sólo encuentra su adecuado cauce a través de la figura de la causa. Es la causa que permite tildar de nulo a un negocio inmoral o ilícito. (Énfasis suplido).

Por su parte, la profesora Soler Bonnin opina que una de las funciones que la doctrina le atribuye a la causa del contrato es servir de control social de la autonomía privada. Soler Bonnin, op. cit., pág. 184.

Lo mencionado anteriormente es cónsono con lo que ya desde Reyes v. Jusino, 116 DPR 275, 282 (1985), este Tribunal había establecido a los efectos de que el enfoque de la causa no puede limitarse a la vertiente objetiva, que visualiza solo el contenido de las contraprestaciones por-que “los motivos o móviles que indujeron a las partes a contratar son elementos extrajurídicos que en principio pueden ponderarse en la consideración de la ilicitud de la causa” cuando existan razones “poderosas” que lo justifiquen.

En consecuencia, es posible aplicar la idea de causa ilí-cita en los supuestos en que la ilicitud de un contrato pro-viene de la finalidad que las partes proponen alcanzar con él. Por ejemplo, cuando se realizan contratos en fraude de los derechos de un tercero, en daño a un tercero, o en fraude de acreedores o herederos, por mencionar algunas instancias. Véanse: Dennis, Metro Invs v. City Fed. Savs, supra, págs. 216-217; Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 185-186 (1985). Véanse, además: Soler Bonnin, op. cit., pág. 185; Díez-Picazo, op. cit., pág. 168. De manera que, según lo resume la profesora García Cárde-nas, como norma general, en nuestro ordenamiento rige la teoría objetiva de la causa pero cuando existan indicios de una presunta causa ilícita, procede evaluar las intenciones de las partes. García Cárdenas, op. cit., pág. 421.

Hay que destacar que la determinación sobre la existencia de la causa y su licitud son elementos que deben concurrir en el origen o la perfección del contrato. Soler Bonnin, op. cit., pág. 187. También, ha de tenerse en cuenta que la causa en un contrato se presume lícita. Claramente el Art. 1229 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3434, establece que “[a]unque la causa no se exprese en el con-trato, se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario”. Así, en Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, supra, pág. 185, señalamos que la ilici-tud de la causa es un problema jurídico que debe dirimirse por la prueba, que incumbe demostrar a quien lo invoque y cuya apreciación compete a los tribunales. Una vez se deter-mina la ilicitud de la causa, no resta más que declarar que el contrato es nulo e inexistente. Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, supra; Col. Int’l Sek P.R., Inc. v. Escribá, supra; Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, supra.

Cuando este tipo de nulidad ocurre, el Art. 1257 del Có-digo Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 3516, expresa lo que procede en caso de que la ilicitud constituya un delito o falta. Si el hecho constituye un delito o una falta común a ambos contratantes, estos carecen de cualquier tipo de ac-ción entre sí; si uno de los contratantes no tuvo culpa, po-drá reclamar lo que dio y no estará obligado a cumplir lo que prometió. íd. Diez-Picazo, al discutir el Art. 1.305 del Código Civil español —equivalente al Art. 1257, supra— nos explica lo siguiente:

El hecho de que el Art. 1.305 hable de delito impone la ne-cesaria calificación del supuesto de hecho dentro de las cate-gorías comprendidas en las leyes penales (v. gr: soborno, aso-ciación para delinquir, etc.). No se requiere que la calificación de los hechos como delito haya sido previamente realizada por la jurisdicción penal, ni que tal clasificación tenga valor de cosa juzgada para que el precepto civil pueda entrar en juego. La puesta en juego del Art. 1.305 puede ser llevada a cabo por los tribunales civiles aun a falta de actuaciones penales. (Én-fasis suplido). Diez-Picazo, op. cit, pág. 583.

Siendo así, nada impide que se pase juicio sobre la pre-sunta ilicitud de una causa contractual partiendo de dispo-siciones de la ley penal, aun cuando no haya mediado una denuncia o acusación al respecto.

B. Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular

La Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular se promulgó para establecer un registro e inventario de los ve-hículos de motor dentro de la jurisdicción de Puerto Rico y disponer mecanismos para la investigación de la proceden-cia y titularidad de los mismos. Véase Exposición de Moti-vos de la Ley Núm. 8 de 1987 (1987 Leyes de Puerto Rico 654). El propósito fue prevenir el crimen asociado a la acti-vidad ilícita de apropiaciones ilegales de vehículos de motor, especialmente los que estaban ligados a alguna obligación financiera. íd., págs. 654-655. La complejidad de ese tipo de operaciones, particularmente realizado por el crimen orga-nizado, hacía imprescindible facilitar al agente del orden público el investigar ese tipo de comercio ilegal. íd., pág. 655.

En su Art. 18, supra, esta legislación enumera ciertas instancias en las que se comete el delito de apropia-ción ilegal de un vehículo de motor. El Tribunal de Apela-ciones prestó énfasis a los incisos (7) y (8) del mismo, por lo que discutiremos ambos preceptos. De acuerdo con el inciso (7) del Art. 18, supra, se entenderá como “apropiación ile-gal” el que una persona

[v] enda, compre o en alguna forma enajene o adquiera el vehículo con la intención de defraudar a la compañía finan-ciera o al comprador subsiguiente y liberarse de la deuda o del cumplimiento de las obligaciones existentes o cuando desman-tele o permita que otra persona desmantele un vehículo que esté sujeto a un contrato de venta condicional, de arrenda-miento financiero, o a algún otro tipo de préstamo con garan-tía, sin el consentimiento escrito del vendedor condicional, del acreedor o de la institución financiera. (Énfasis suplido). 9 LPRA sec. 3217(7).

Esta disposición se añadió a ese estatuto mediante la Ley Núm. 149 de 4 de agosto de 1988. De la Exposición de Motivos de esa ley se infiere que el legislador quiso prote-ger el interés propietario y económico de las instituciones financieras sobre los vehículos que financian a través de distintos tipos de contratación. 1988 Leyes de Puerto Rico 685. La Asamblea Legislativa expresó que

[...] este interés queda frustrado cuando estos vehículos de motor son vendidos o traspasados a terceros adquirentes con la intención de defraudar a las compañías financieras o a los acreedores, sin el consentimiento de éstos y dejando de cumplir con el pago de la deuda o de las obligaciones existentes a cam-bio de sustanciales beneficios económicos dentro del trasiego ilegal de vehículos de motor. De esta forma, se menoscaba el interés propietario de los acreedores, se engaña a futuros ad-quirentes de dichos vehículos y se promueve la apropiación ilegal y otras actividades delictivas.
En lo que se refiere al desmantelamiento de un vehículo de motor sujeto a estos tipos de contratos, basta que el mismo se realice sin el consentimiento de la entidad financiera o acree-dor para penalizarlo, pues ello produce la desaparición del ve-hículo como objeto cierto materia del contrato. (Énfasis suplido). íd.

Así pues, el legislador expresó que esa medida tipificaba como delito las enajenaciones de vehículos que tuvieran el propósito de “defraudar” y librarse del pago de la deuda, esto, como una medida para “prevenir y evitar actividad ilícita”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 149, supra. En el Informe Conjunto del P. del S. 1431, que dio paso a la promulgación de esta ley, se especificó que esa enmienda proveería una protección adicional “contra aquellos actos ilegales perpetuados por personas inescrupulosas que pre-tendan burlar la buena fe de sus acreedores, al disponer, sin el previo consentimiento de éstos, de un vehículo de motor sujeto a alguna obligación contractual”. (Énfasis suplido).

Posteriormente, con la aprobación de la Ley 130-2010, se añadió el inciso (8) al Art. 18, supra, que dispone como sigue:

Toda persona que actuando, como intermediario, compre, re-ciba, venda o enajene un vehículo de motor, sujeto a un finan-ciamiento, con la intención de venderlo o cederlo, sin que me-die la anuencia por escrito del vendedor condicional, del acreedor o la entidad financiera que financió el vehículo de motor al comprador original, incurrirá en delito grave de ter-cer grado y se le impondrá una multa no menor de cinco mil dólares ($5,000.00). El tribunal podrá imponer la pena de res-titución, además de las penas aquí impuestas, a su discreción. 9 LPRA sec. 3217(8).

Mediante esta enmienda a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, el legislador pretende castigar a esa persona, también conocida como intermediario, corre-dor o “broker”, por las actuaciones que “promueve [n] un esquema de fraude en la compraventa de cuentas de finan-ciamiento para vehículos de motor”.

Pasemos a aplicar el derecho a los hechos de este caso.

HH i—i

Al examinar la sentencia apelada advertimos que el Tribunal de Apelaciones mencionó los incisos (7) y (8) del Art. 18, supra, en la discusión que desembocó en la declaración de nulidad del contrato. Esto, sin aclarar según cuál de estos preceptos específicamente arribó a esa conclusión, pues el dictamen judicial se limitó a enunciar que el acuerdo era nulo meramente porque no medió el consentimiento de First Bank, es decir, del acreedor financiero. En vista de lo anterior, es imperativo discutir los errores plan-teados por el peticionario, que específicamente se refieren al inciso (8) del Art. 18, supra, para luego determinar si también procedía decretar la nulidad del acuerdo según el mandato del inciso (7).

Como apuntamos, el peticionario presenta en su recurso tres errores que están íntimamente relacionados y, en esen-cia, lo que plantean es que el foro apelativo intermedio inci-dió al aplicar una ley retroactivamente como fundamento para declarar la nulidad de su contrato. En su discusión se refiere al inciso (8) del Art. 18, supra, que entró en vigor luego de su aprobación en 2010, fecha posterior a que se suscribiera el contrato en controversia en 2009. Al ponderar tal hecho, es forzoso concluir que le asiste la razón al peticionario. La Ley Núm. 130-2010, que añadió el inciso (8) a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, no contiene ninguna disposición en su texto que sugiera que su aplicación es retroactiva. Lo que era de esperarse, ya que se trata de una legislación de carácter penal que tipifica como apropiación ilegal conductas que hasta ese momento no es-taban catalogadas como tal y, siendo así, por prohibición constitucional, no podía aprobarse para que aplicara con ca-rácter retroactivo. Ante ello, no cabe discutir si se cum-plían los elementos de hecho necesarios para que se decla-rara la nulidad del contrato fundamentándose en las disposiciones de ese precepto. El Tribunal de Apelaciones erró en tomar en consideración el inciso (8) del Art. 18, supra, para analizar los hechos que dieron origen a esta controversia. Por otro lado, es necesario que pasemos a dis-cutir lo referente al inciso (7), que sí estaba vigente al mo-mento de los hechos acaecidos.

Según acotamos, el foro apelativo intermedio enfatizó que como el acreedor financiero no prestó su consenti-miento para que se otorgara el contrato, este automática-mente era ilegal y, por ende, nulo. En otras palabras, es-timó que la falta del consentimiento del acreedor le imprimió ipso facto un manto de ilegalidad al acuerdo. Basta hacer referencia a lo que el legislador expresó en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 149, supra, para concluir que el Tribunal de Apelaciones incidió en su apreciación. La Asamblea Legislativa señaló en cuanto al inciso (7) que

[...] esta tipificación no incluye aquellas transacciones de buena fe que cotidianamente llevan a cabo los consumidores para formalizar traspasos legítimos de los vehículos de motor que éstos adquieren aun cuando no siempre les sea posible obtener el traspaso y el consentimiento de la institución financiera. (Énfasis suplido).

Como vemos, el legislador no prohibió absolutamente este tipo de contrato cuando no contara el consentimiento del acreedor financiero, siempre y cuando las partes obra-sen de buena fe. Al ser así, no penalizó categóricamente que se celebrara ese tipo de acuerdo si estaba ausente el propósito de defraudar. Por lo tanto, el contrato de “cesión de derecho y relevo de responsabilidad” suscrito por el pe-ticionario y el recurrido no es uno que de por sí esté prohi-bido por la ley, en lo que respecta a este estatuto. Es decir, la mera ausencia de tal consentimiento no es suficiente para estimarlo como ilegal. Consecuentemente, un con-trato como el que está en controversia será enteramente válido entre las partes siempre y cuando no se perfeccione con el fin ilícito que la ley pretende evitar.

En su parte pertinente, el inciso (7) del Art. 18, supra, define como una apropiación ilegal cualquier tipo de con-tratación que involucre la enajenación de un vehículo su-jeto a algún gravamen por una obligación financiera si se realiza con el propósito de “defraudar a la compañía finan-ciera o al comprador subsiguiente y librarse de la deuda o del cumplimiento de las obligaciones existentes”. Como ya discutimos, la causa en los contratos responde a la pre-gunta de por qué se realizó el negocio jurídico y hemos validado la teoría subjetivista que promueve hurgar las verdaderas motivaciones e intenciones de las partes a los fines de evaluar la posible ilicitud de la causa contractual.

El contrato suscrito por el peticionario podría contener una causa ilícita si el propósito por el cual se efectuó figura dentro de las acciones y conductas proscritas por el legis-lador mediante la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular. Es decir, si se llevó a cabo para defraudar al acreedor financiero o comprador subsiguiente. Sin embargo, el expediente de este caso no nos permite realizar ese análisis, ya que sobre esto no se desfiló prueba ante el Tribunal de Primera Instancia y tampoco surge de las de-terminaciones de hechos realizadas por ese foro. Recorde-mos que la causa en los contratos va acompañada de una presunción de validez que únicamente puede derrotarse mediante prueba.

Así pues, resolvemos que el contrato en controversia no estaba prohibido por la Ley para la Protección de la Pro-piedad Vehicular, y tampoco se demostró que su causa fuese ilícita. En consecuencia, incidió el Tribunal de Apelaciones al revocar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia fundamentándose en que el convenio de las partes era nulo. En primer lugar, el hecho de que el acreedor financiero no prestara su consentimiento para que se efectuara el con-trato entre el peticionario y el recurrido, y en ausencia de una determinación de que la causa del contrato tenía el propósito de defraudar, no constituye fundamento para que se declare ilegal. La intención del legislador no fue excluir del tráfico jurídico las transacciones de buena fe que coti-dianamente llevan a cabo los consumidores. Segundo, no estamos en posición de evaluar si ese contrato, no prohibido por la ley, adolece de causa ilícita —lo que sí hubiese dado lugar a la nulidad— pues el foro primario no consideró prueba referente a esto.

> H—í

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la senten-cia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso a ese foro para que evalúe los errores que expuso el recurrido en su escrito de Apelación.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió con el resultado y expresó lo siguiente:

Concurro con el resultado por entender que el Tribunal de Apelaciones erró al aplicar de manera retroactiva las disposi-ciones del inciso (8) del Art. 18 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, 9 LPRA sec. 3217, para concluir que el contrato era nulo. En vista de ello, una exposición sobre la teoría general de los contratos y el concepto de causa contractual resulta superflua para la resolución de esta controversia.

       Véase Sentencia, Apéndice, pág. 13.

       “[Ajunque en los contratos de venta condicional el vendedor retiene un título formal de propiedad hasta que el bien se haya pagado en su totalidad, el comprador del bien es, en términos legales y prácticos, el dueño del mismo”. General Accident Ins. Co. v. E.L.A., 137 DPR 466, 473 esc. 2 (1994).

       Este documento no consta en el expediente, por lo que hacemos referencia a sus cláusulas conforme a las determinaciones de hechos formuladas por el Tribunal de Primera Instancia. Ninguna de las partes ha impugnado las determinaciones del foro primario relacionadas con el contenido de dicho acuerdo. Ante ello, el hecho de que no se haya incluido en el apéndice del recurso no nos impide pasar juicio sobre la controversia que atendemos.

       Entre estas obligaciones, el recurrido se comprometió a retener la posesión del vehículo hasta que lo vendiera y traspasara a una tercera persona, relevando al demandante de cualquier reclamación que surgiera por el uso y manejo del vehículo y del pago regular del préstamo. Es menester aclarar que no estamos justipreciando la validez o ineficacia de estas cláusulas, puesto que ese asunto no estuvo ante la consideración de los foros judiciales inferiores.

       Véase Demanda, Apéndice, pág. 31.

       Notificada a las partes el 15 de agosto de 2013.

       El Tribunal de Apelaciones, al realizar el recuento procesal del caso, consignó en su Sentencia lo siguiente: “[e]xpresó el Juzgador [de primera instancia] que ha-biendo el apelante inobservado las obligaciones que asumió el apelado, resultaba procedente que respondiera frente a la entidad financiera”. Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pág. 4, Apéndice, pág. 5. Dicha determinación es incorrecta puesto que el Tribunal de Primera Instancia no realizó tal señalamiento, sino que indicó en su dictamen que “la parte demandada viene obligadla] a pagar al demandante la can-tidad que éste le adeuda al acreedor financiero”. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, id., pág. 63. Debe quedar claro que la relación contractual entre el peti-cionario Rosario Rosado y el acreedor financiero con quien suscribió un contrato de venta condicional no está en controversia en este caso. Lo que se está dilucidando es la posible responsabilidad del recurrido frente al peticionario por virtud del contrato de venta de auto que estos suscribieron. Dicha imprecisión en la Sentencia del Tribunal de Apelaciones no debe crear confusión en cuanto a que el recurrido deba “responder” frente a la entidad financiera. Sin entrar a considerar ese asunto, que evidentemente no está ante nosotros, sabemos que el Código Civil de Puerto Rico señala en su Art. 1159 que “[l]a novación, que consiste en sustituirse un nuevo deu-dor en lugar del primitivo, puede hacerse sin conocimiento de éste, pero no sin el consentimiento del acreedor”. 31 LPRA sec. 3243.

       Apelación, Apéndice, pág. 25.

       Estas determinaciones de hechos leen como sigue:
      “7. Para agosto de 2010, el demandante fue notificado por el First Bank que el vehículo antes descrito se encontraba cuatro meses en atraso. Posteriormente se le notificó que el vehículo había sido ocupado o reposeído por el Banco.
      “8. Posteriormente el acreedor financiero dispuso del vehículo por la cantidad de $4,100 en el curso ordinario de este tipo de negocio. Luego de acreditar el valor realizado por el vehículo reposeído al balance adeudado, el demandante adeuda la deficiencia por la suma de $10,741.39 al First Bank, quien ha reclamado el pago”. Véase Sentencia, id., pág. 14.

       Véase id., pág. 2.

        Certiorari, pág. 5.

       Existen una variedad de razones por las que los contratos pueden resultar ineficaces, por lo que solo se discutirán las pertinentes a esta controversia. Al res-pecto, véase O. Soler Bonnin, Obligaciones y contratos: manual para el estudio de la teoría general de las obligaciones y del contrato en el derecho civil puertorriqueño, San Juan, Ed. Situm, 2014, pág. 223. Como bien señala la profesora García Cárde-nas, cada una de las razones de la ineficacia del contrato tiene una razón o causa diferente. M.E. García Cárdenas, Derecho de obligaciones y contratos, San Juan, MJ Editores, 2012, pág. 479.

        Col. Int’l Sek P.R., Inc. v. Escribá, 135 DPR 647, 665 (1994), citando a Luis Diez-Picazo,

       Así, por ejemplo, para el comentarista Manuel Medina De Lemus, la idea de la causa es una de las cuestiones más complejas de la doctrina civilista. A su juicio, no debe hablarse de la causa del contrato si no que deben distinguirse diversos tipos de contratos, cada uno con su causalidad específica. M. Medina De Lemus, Derecho civil: obligaciones y contratos, Madrid, Ed. Dilex, Vol. 1, T. 2, 2004, pág. 305.

       Díez-Picazo, op. cit., pág. 285.

       En Col, Int'l Sek P.R., Inc. v, Escribá, supra, pág. 665, citamos con aproba-ción a Diez-Picazo para exponer que cabe aplicar la idea de causa ilícita cuando un contrato es ilícito a causa de la finalidad propuesta por las partes. Véanse, también: Soler Bonnin, op. cit., pág. 185; Diez-Picazo, op, cit. pág. 283.

       Informe Conjunto del P. de. S. 1431 de 14 de abril de 1988.

       Íd., pág. 2.

       Exposición, de Motivos de la Ley 130-2010 (2010 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 840),

       La Constitución, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que “[n]o se aprobarán leyes ex post facto [...] Art. II, Sec. 12, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 364. En Estados Unidos y en Puerto Rico, la protección ha surgido para responder a dos objetivos. Primero, “se intenta garantizar que los ciudadanos tengan un aviso adecuado acerca de la conducta prohibida mediante leyes penales”. Segundo, “se intenta evitar una aplicación arbitraria y vengativa de los estatutos criminales”, L.E. Chiesa Aponte, Derecho penal sustantivo, [s. l.], Pubs. JTS, 2007, pág. 20.

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 149, supra, pág. 685.


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
      In re Juan C. Rodríguez López, querellado.

      Número: CP-2013-24

      Resuelto: 4 de agosto de 2016

      Karla Z. Pacheco Álvarez, Tatiana M. Grajales Toruella, subprocuradoras generales, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar; Pedro Malavet Vega, abo-gado del querellado; Juan Carlos Rodríguez Vega, pro se; Crisanta González Seda, comisionada especial.
   PER CURIAM:

HH

El Ledo. Juan C. Rodríguez López (licenciado Rodríguez López o querellado) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 26 de enero de 1999 y prestó juramento como notario el 23 de febrero de 2000. El 30 de noviembre de 2011, el Sr. Julio Martínez Madera (señor Martínez Madera o quejoso) presentó una queja contra el querellado. Los hechos que dieron inicio a esta acción disciplinaria son los siguientes.

El 8 de junio de 2009, el señor Martínez Madera sufrió una caída en el municipio de Salinas. Posteriormente, comenzó a sentir un dolor que atribuyó al accidente y acudió a ese municipio para obtener información sobre al-gún seguro que le ofreciera cubierta. Allí le indicaron que buscara representación legal para hacer la reclamación correspondiente. En vista de lo anterior, en abril del 2010 el quejoso se reunió con el Ledo. Juan Oscar Rodríguez López, hermano del querellado. Éste le requirió una copia de los expedientes médicos y fotos del área del accidente. No se suscribió un contrato, ni acordaron alguna cantidad o por ciento de honorarios.

Luego de esa primera reunión, el caso se le asignó al querellado, quien citó al quejoso a una entrevista. En ésta, le explicó al señor Martínez Madera que tenía disponible dos cursos de acción, ya que todavía restaban dos meses para que prescribiera la acción. Según la orientación brin-dada, el querellado podía hacer una reclamación extrajudicial a la Compañía de Seguros que representaba al muni-cipio o presentar una demanda en el Tribunal de Primera Instancia. El señor Martínez Madera autorizó al licen-ciado Rodríguez López a enviar la reclamación extrajudicial. Por otro lado, el querellado le solicitó nueva-mente los expedientes médicos y las fotos del lugar de los hechos.

Así las cosas, el 12 de mayo de 2010 el querellado envió una carta a Acosta Adjustment, Inc., compañía de ajusta-dores del municipio de Salinas. En la misma, informó que representaba al quejoso, relató los hechos del caso, así como los fundamentos que sostenían una reclamación judicial, y expresó que estaban “en la mejor disposición de aceptar la cantidad de $100,000 más la pérdida económica, si se comunica[ban] en los próximos 30 días y así llegar a un acuerdo extrajudicial”. A pesar de sugerir dicho acuerdo y concederle un término a la compañía, el quere-llado no dio seguimiento a la carta enviada, como tampoco se comunicó con su cliente. En consecuencia, el 6 de julio de 2010, el quejoso envió al licenciado Rodríguez López un correo electrónico, ya que no hablaba con él desde hacía 3 meses y no sabía nada de su caso. El querellado no con-testó dicho mensaje.

Posteriormente, el señor Martínez Madera continuó ha-ciendo gestiones y descubrió que Acosta Adjustment, Inc. denegó su reclamación extrajudicial en mayo de 2010. Una vez se lo informó al querellado, este último se comunicó con la Sra. Astrid Arbona, supervisora de Acosta Adjustment, Inc. El 27 de octubre de 2010, la señora Arbona envió una carta al querellado reiterando la denegatoria de la recla-mación extrajudicial y su archivo. A su vez, anejó la carta que envió la compañía el 20 de mayo de 2010 denegando la reclamación extrajudicial porque el querellado alegó que no la recibió.

Entonces, el querellado y su hermano se reunieron con el quejoso en una fecha cercana al 27 de octubre de 2010. Le informaron que tenían que contratar a un ingeniero para establecer la negligencia del municipio, lo cual podría tener un costo de dos mil a tres mil dólares. Le explicaron que procedía una reclamación de daños si lograban probar que el municipio incurrió en negligencia. El quejoso les in-dicó que iba a hablar con un ingeniero que él conocía para que fuera su perito.

Debido a que el querellado no se comunicó con su cliente por varios meses, en marzo del 2011 el señor Martínez Madera trató de obtener información de su caso por medio de Acosta Adjustment, Inc. Días después, recibió una lla-mada del hermano del querellado. Este le cuestionó que se comunicara con los ajustadores y le informó que no lo iban a representar en el caso. En respuesta, el quejoso le solicitó que renunciaran al caso para él buscar otro abogado. El querellado nunca renunció formalmente a la representa-ción legal del quejoso.

El 17 de octubre de 2011, el señor Martínez Madera en-vió una carta al querellado. Entre otras cosas, le indicó que no pudo contratar otra representación legal porque el que-rellado nunca renunció al caso y que unos abogados que consultó le informaron que su causa de acción estaba prescrita. Por lo tanto, le solicitó el pago de $100,000 dólares. Al no recibir respuesta del licenciado Rodríguez López, el señor Martínez Madera presentó la queja que dio inicio a este proceso disciplinario. Incluyó como anejos: (1) los apuntes del Ledo. Juan Oscar Rodríguez López durante la primera entrevista; (2) el proyecto de demanda; (3) la reclamación extrajudicial de 12 de mayo de 2010; (4) el correo electrónico enviado por el quejoso al querellado el 6 de julio de 2010; (5) las cartas enviadas por Acosta Adjustment, Inc. el 20 de mayo de 2010 y el 27 de octubre de 2010, y (6) la carta que el quejoso envió al querellado el 17 de octubre de 2011.

Por su parte, el licenciado Rodríguez López solicitó que se declarara “sin lugar” la queja presentada. Explicó que, luego de enviar la reclamación extrajudicial, él se comu-nicó con la señora Arbona porque le preocupaba no haber recibido alguna contestación. Luego de dialogar con ésta, recibió la carta de 27 de octubre de 2010 y se reunió con el quejoso. En esa reunión, el quejoso indicó a su hermano y a él que buscaría un perito. Además, los licenciados le solici-taron nuevamente que entregara la prueba médica y las fotos del área, lo cual alegó que nunca entregó. Señaló que después de esa reunión, que se realizó cerca del 27 de oc-tubre de 2010, no se comunicó con el quejoso hasta que recibió su carta de 17 de octubre de 2011. Por otro lado, indicó que son incorrectas las alegaciones del señor Martí-nez Madera en cuanto a que se trató de comunicar con él en varias ocasiones, ya que sólo envió dos comunicaciones: el correo electrónico de 6 de julio de 2010 y la carta de 17 de octubre de 2011. Incluyó como anejos los mismos docu-mentos que el quejoso y una declaración jurada de su her-mano, el Ledo. Juan Oscar Rodríguez López.

El 5 de junio de 2012 la Procuradora General rindió un informe. Determinó que hubo una contratación entre el quejoso y el querellado, pero que existían divergencias en-tre ellos que dependían de una adjudicación de credibilidad. En particular, sostuvo que se debía dilucidar cuáles fueron los acuerdos suscritos y si la comunicación entre ellos fue deficiente. A base de lo anterior, recomendó el archivo de la queja porque del expediente no surgía prueba clara, robusta y convincente que justificara comen-zar un proceso disciplinario. Sin embargo, recomendó en-fáticamente al licenciado Rodríguez López que, para evitar este tipo de situación en un futuro, redactara un contrato que especificara la gestión acordada.

Examinada la reacción del quejoso al informe, emiti-mos una resolución instruyendo a la Procuradora General a presentar la querella correspondiente y ésta así lo hizo. Los cargos en contra del querellado son los siguientes:

Cargo I
El licenciado Juan C. Rodríguez López incurrió en conducta que violenta los preceptos enunciados en los Cánones de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, y en específico en cuanto al Canon 18 al no ejercer la diligencia y competencia que se re-quiere en la defensa y protección de los intereses de su cliente en el asunto encomendado causando con ello la pérdida de la causa de acción que tenía su cliente disponible.
Cargo II
El licenciado Juan C. Rodríguez López incurrió en conducta constitutiva de violación al Canon 19 de Ética Profesional al no mantener informado de manera adecuada a su cliente de las gestiones realizadas en cuanto al asunto encomendado y el resultado de las mismas. También faltó al deber de informar clara y adecuadamente el término que tenía disponible el cliente para instar una reclamación judicial.
Cargo III
El licenciado Juan C. Rodríguez López violó las disposiciones del Canon 38 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX[,] C. 38, el cual requiere de todo abogado el esforzarse al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y la dignidad de su pro-fesión y no incurrir en conducta impropia o la apariencia de la misma. El asunto traído a la atención del Honorable Tribunal Supremo presenta una conducta indebida y/o apariencia de ésta por permitir que prescribiera la causa de acción que tenía su cliente mientras existía una relación abogado-cliente entre estos. Querella de la Procuradora General, pág. 2.

Luego de varios trámites, el licenciado Rodríguez López contestó la querella y negó los cargos imputados. Alegó que estuvo en comunicación con su cliente, a pesar de tratarse de un caso que aparentemente carecía de mérito. En apoyo de su contención, señaló que de los propios escritos del que-joso surgía que este tenía conocimiento de los trámites que se realizaban con relación a su caso. Además, informó que tomó medidas en su práctica para supervisar la comunica-ción con sus clientes y de esa manera evitar querellas erróneas.

Examinada la querella y la contestación del licenciado Rodríguez López, nombramos a la Hon. Crisanta González Seda, exjueza del Tribunal de Primera Instancia, como Co-misionada Especial para que recibiera la prueba y nos rin-diera un informe con las determinaciones de hechos y las recomendaciones que estimara pertinentes. En una vista celebrada el 10 de noviembre de 2015, la Leda. Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, presentó como testigo al quejoso, mientras que el querellado pre-sentó el testimonio de los Ledos. José Luis Rivera e Iván Horacio Ayala Cádiz, como evidencia de su buena reputación. Asimismo, declararon el querellado y su her-mano, el Ledo. Juan Oscar Rodríguez López.

En su informe, la Comisionada Especial concluyó que el querellado violó los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Sin embargo, en cuanto al úl-timo cargo determinó que “no hubo evidencia adicional [a las actuaciones que violaron los Cánones 18 y 19], clara, robusta y convincente, que de por sí demostrara que el que-rellado no se conduce de forma digna y honorable y que su conducta realmente afecta sus condiciones morales, como requiere el Canon 38, supra”. (Énfasis suprimido). Reco-mendó que, al imponer una sanción, este Tribunal conside-rara jurisprudencia en la cual se censuró enérgicamente a abogados que desatendieron órdenes de los tribunales y, como consecuencia, les archivaron los casos. Véanse: In re Rivera Nazario, 193 DPR 573 (2015); In re Santos Cruz, 193 DPR 224 (2015); In re Hernández González, 188 DPR 721 (2013).

Examinemos la normativa aplicable a este asunto.

I—1 h-i

Como es sabido, los miembros de la profesión legal en nuestra jurisdicción tienen que cumplir con las normas mínimas de conducta establecidas en el Código de Ética Profesional. In re Suárez Jiménez, 192 DPR 152, 159 (2014). En lo pertinente, el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, impone a los abogados el deber de “defender los intereses del cliente diligentemente, desple-gando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable”. Asimismo, le exige que rindan una labor idónea, competente y que se prepa-ren adecuadamente sin causar gastos o demoras irrazona-bles a su cliente o a la administración de la justicia. Por lo tanto, incurre en una violación al Canon 18 el abogado que actúa con displicencia, dejadez y desidia en el trámite de sus casos. In re Rivera Nazario, supra, pág. 583; In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485, 494 (2015); In re Suárez Jiménez, supra, pág. 160; In re Pietri Torres, 191 DPR 482, 488 (2014). También contraviene dicho canon cuando permite que expire el término prescriptivo o jurisdiccional de una acción. In re Pestaña Segovia, supra, págs. 494-495; In re Suárez Jiménez, supra, pág. 160; In re Pietri Torres, supra, pág. 488.

Por otro lado, el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que “[e]l abogado debe mante-ner a su cliente siempre informado de todo asunto impor-tante que suija en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. Dicha obligación incluye comunicarle las gestiones realizadas, así como el desarrollo de estas, con-sultarle los asuntos que estén fuera del ámbito discrecional del abogado y seguir sus instrucciones, siempre que estén dentro del marco ético. In re Rivera Nazario, supra, pág. 585.

En consecuencia, se viola el referido canon cuando “no se atienden los reclamos de información que el cliente solicita; no se le informa del resultado adverso de la gestión encargada; la acción se desestima o se archiva; no se mantiene al cliente al tanto del estado o la situación procesal del caso, o, simplemente, se le niega información del caso”. In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 752-753 (2014). Cabe mencionar que este deber es unidireccional, es decir, se le impone al abogado y no al cliente. In re Rivera Nazario, supra, pág. 585.

El Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, establece que los letrados deben “esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia”. En consecuencia, tienen que conducirse en forma digna y honorable, tanto en su vida privada como en su desempeño profesional. Se enten-derá que una conducta viola este canon cuando afecta las condiciones morales del abogado y hace que sea indigno de pertenecer a este foro. In re Suárez Jiménez, supra, pág. 164; In re Reyes Coreano, supra, pág. 758. “Esto significa que no se puede concluir que un abogado violó el Canon 38 por el simple hecho de violar otros cánones de ética profe-sional, sino por aquella conducta que es contraria a los valores principales de la profesión: la dignidad y el honor”. In re Reyes Coreano, supra, pág. 758. Véase, además, In re Suárez Jiménez, supra, pág. 164. Es decir, procede discipli-nar a un abogado por violar el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, cuando la conducta, de por sí, transgrede las obligaciones de ese canon. In re Villalba Ojeda, 193 DPR 966 (2015).

Por último, está firmemente establecido que las determinaciones de hechos emitidas por un Comisionado Especial merecen nuestra deferencia, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. In re Vera Vélez, 192 DPR 216, 228 (2015). Claro está, esta Curia puede adoptar, modificar o rechazar el informe rendido, Íd., págs. 228-229.

Apliquemos este marco legal a los hechos ante nuestra consideración.

1—I hH I—i

En los primeros dos cargos contra el licenciado Rodrí-guez López se alega que éste no cumplió con los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, supra, al no man-tener informado ni proteger diligente y competentemente los intereses de su cliente, causando así que este perdiera su causa de acción. Examinada la conducta del querellado entendemos, al igual que la Comisionada Especial, que éste fue diligente en las etapas preliminares de su inter-vención al orientar al quejoso y hacer la reclamación extrajudicial.

Sin embargo, luego de enviar la carta el 12 de mayo de 2010 y conceder treinta días a la compañía para que acep-tara la oferta, el licenciado Rodríguez López no dio segui-miento alguno al caso hasta el mes de octubre de 2010. Además, cabe aclarar que se comunicó en esa fecha con la compañía de ajustadores porque el quejoso le informó que habían denegado la oferta. Por lo tanto, no fue porque le preocupaba no haber recibido una respuesta, según alegó en su contestación a la queja. Tampoco se comunicó con su cliente durante ese término, a pesar de que el 6 de julio de 2010 el quejoso le envió un correo electrónico preguntando por el estatus de su caso.

Se le añade que después de conocer que la compañía de ajustadores archivó el caso, citó al quejoso para explicarle la necesidad de un perito y, una vez el señor Martínez Ma-dera le indicó que buscaría uno por su cuenta, no le advir-tió cuándo vencía el término prescriptivo de su acción. Así las cosas, el querellado aceptó en sus comparecencias que no supo más del quejoso hasta que recibió la carta de 17 de octubre de 2011 por parte de este último.

Se desprende del trámite anterior que el licenciado Ro-dríguez López no dio seguimiento alguno a la gestión enco-mendada, aun sabiendo que el término prescriptivo estaba transcurriendo y que su cliente podía perder su causa de acción, como en efecto ocurrió. El querellado, una vez vio que el señor Martínez Madera no informaba que consiguió un perito, no podía cruzarse de brazos y dejar que prescri-biera la acción. Por otro lado, si posteriormente determinó que el caso no tenía méritos, como alega en su contestación a la querella, debió comunicárselo al quejoso y renunciar al mismo. Lo anterior para que el señor Martínez Madera tuviera la opción de contratar otra representación legal antes de perder su causa de acción.

En cuanto a la comunicación entre el querellado y el señor Martínez Madera, la Comisionada Especial encontró probado que el quejoso intentó comunicarse por teléfono con el querellado y no recibió respuesta, excepto en dos ocasiones en el 2011. Además, las únicas comunicaciones escritas entre ambos fueron por parte del quejoso el 6 de julio de 2010 y el 17 de octubre de 2011, No hubo evidencia de llamadas, correos electrónicos o cartas enviadas por parte del querellado al quejoso en un intento de comuni-carse con él. En vista de lo anterior, concluimos que el licenciado Rodríguez López violó los Cánones 18 y 19 del Código de Etica Profesional, supra.

En cuanto al tercer cargo presentado por la Procuradora General, coincidimos con la Comisionada Especial y deter-minamos que el querellado no violó el Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra. No hay duda de que el quere-llado no fue diligente al atender el asunto que le fue enco-mendado y tampoco se comunicó con su cliente como es debido, razón por la cual procede sancionarlo por violar los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, supra. Sin embargo, según expuesto previamente, no procede sos-tener que se violó el Canon 38, supra, solo porque el le-trado contravino lo dispuesto en otros cánones de ética profesional. En consecuencia, al considerar la conducta en controversia entendemos que ésta, de por sí, no afectó las condiciones morales del licenciado Rodríguez López de ma-nera que lo hizo indigno de pertenecer al foro.

H—1 <

Resta determinar la sanción disciplinaria que nos co-rresponde imponer, evaluando lo siguiente: “el historial previo del licenciado; su reputación en la comunidad; si la conducta se realizó con ánimo de lucro; si aceptó los cargos imputados; su arrepentimiento, y cualquier otra considera-ción que se estime pertinente”. In re Toro González, 193 DPR 897 (2015).

Surge del informe rendido por la Comisionada Especial que el licenciado Rodríguez López presentó dos testigos de reputación, los licenciados José Luis Rivera e Iván Horacio Ayala Cádiz. Ésta concluyó que el querellado goza de una reputación profesional y personal excelente. Ade-más, no tiene querellas anteriores ni pendientes adiciona-les a esta, cumplió con todas las órdenes emitidas en el procedimiento y no le cobró honorarios al quejoso por las gestiones realizadas. En consideración a lo anterior, la Co-misionada Especial entendió que la conducta del quere-llado en este caso se trató de un hecho aislado y no un patrón de conducta. Sin embargo, cabe mencionar que el querellado no aceptó los cargos en su contra, a pesar de que tomó medidas en su oficina para supervisar más efi-cientemente la comunicación con sus clientes.

En vista de lo anterior, estimamos procedente censurar enérgicamente al licenciado Rodríguez López y apercibirle que, de incurrir en conducta impropia en el futuro, podrá ser sancionado de forma más severa, incluyendo la suspen-sión de laprofesión. Además, le advertimos que debe ce-ñirse estrictamente a los preceptos que rige el Código de Ética Profesional.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera García concurrió e hizo constar la expresión siguiente:

Concurro por entender que a la luz de los hechos de este caso procedía imponer una sanción de suspensión de tres me-ses de la práctica de la profesión de la abogacía, según resol-vimos en In re Morell Bergantiños, 195 DPR 759 (2016).

       El señor Martínez Madera indicó en su queja que el accidente ocurrió el 6 de junio de 2009. Sin embargo, surge del Informe de Incidente preparado por la Policía Municipal que el evento ocurrió el 8 de junio de 2009. Informe de Incidente, Contes-tación a la querella del licenciado Rodríguez López, Anejo 2.

       Al parecer, en algún momento notificó el accidente al municipio de Salinas pero no se precisó cuándo. Informe de la Comisionada Especial, pág. 6.

       El licenciado Rodríguez López le enseñó un proyecto de demanda y le explicó el contenido de la reclamación extrajudicial.

       Reclamación extrajudicial de 12 de mayo de 2010, Querella, Anejo III.

       El quejoso alegó que se comunicó con el licenciado Rodríguez López a prin-cipios del 2011 y que éste le indicó, entre otras cosas, que mientras continuara reci-biendo tratamiento médico por las consecuencias del accidente, su acción no prescribía. Informe de la Comisionada Especial, pág. 23,

       En su contestación, el quejoso alegó que en la primera entrevista entregó al querellado y a su hermano los documentos relacionados a su accidente. Además, indicó que no se reunió con los abogados cerca del 27 de octubre de 2010, sino que se comunicó con ellos telefónicamente en el 2011 y en esa conversación fue que se habló sobre la necesidad del perito.

       Informe de la Comisionada Especial, pág. 26.

       Otras conductas que este Tribunal ha reconocido que son contrarias al Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, son las siguientes: “(1) no com-parecer a los señalamientos del tribunal; (2) no contestar los interrogatorios someti-dos; (3) no informar a las partes sobre la presentación de un perito; (4) desatender o abandonar el caso; [...] y (6) cualquier tipo de acción negligente que pueda conllevar o resulte en la desestimación o el archivo del caso”. (Énfasis suprimido). In re Suárez Jiménez, 192 DPR 152, 160 (2014). Véase, además, In re Pietri Torres, 191 DPR 482, 488 (2014).

       Para fines ilustrativos, hemos determinado que un licenciado incurrió en una violación al Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, en los siguien-tes casos: In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 761 (2014) (determinamos que las actuaciones del licenciado atentaron contra el honor y la dignidad de la profesión porque (1) “negó representar al quejoso aun cuando había evidencia de un contrato de servicios profesionales y una factura que demostraba que había cobrado honora-rios de abogado”, (2) “siendo abogado del quejoso representó a otro cliente en contra de este con intereses adversos”, y (3) “durante todo el proceso disciplinario faltó a la verdad sobre los hechos ocurridos con el señor Delbrey Rivera y nunca aceptó sus actuaciones erróneas. Sus alegaciones, en todo momento, fueron inconsistentes, con-fusas y alejadas de la verdad”); In re Suárez Jiménez, supra, pág. 171 (determinamos que el licenciado violó el Canon 38, supra, por revelar un patrón de conducta que laceraba la buena imagen de la profesión); In re Vera Vélez, 192 DPR 216, 230 (2015) (encontramos una violación a ese canon porque transcurrieron quince años desde la otorgación de unas escrituras y todavía no estaban inscritas en el Registro de la Propiedad porque durante dicho término no se realizaron gestiones fructíferas y eficaces); In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485, 498 (2015) (concluimos que desaten-der los requerimientos de la Procuradora General, así como los de este Tribunal, es un conducta que en sí misma viola los Cánones 9, 36 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX).

       El Ledo. José Luis Rivera conoce al querellado desde hace 5 a 6 años. Opina que es conocedor del Derecho, minucioso y muy generoso al compartir sus experien-cias y conocimientos. Informe de la Comisionada Especial, pág. 12.

       El Ledo. Iván Horacio Ayala Cádiz declaró que el licenciado Rodríguez López fue su oficial jurídico mientras se desempeñaba como Juez Superior y lo conoce desde que nació. Opina que el desempeño del letrado es excelente. Informe de la Comisio-nada Especial, pág. 13.

       Véase In re Rivera Nazario, 193 DPR 573, 591 esc. 12 (2015).