author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Fajardo Sugar Company of Porto Rico, demandante y apelada, v. Josefina Rafaela Claudina, Celina María Luisa, Blanca y Albertina Raquel Porrata Doria y Veve, demandadas y apelantes.
    No. 4268.

    Visto: Enero 13, 1928.

      Resuelto: Febrero 20, 1928.
    1. Cumplimiento Específico — Contratos Cuto Cumplimiento Puede Decre-tarse (Enforceable) — Contratos Indubitables, Definidos o Ciertos — En General. — No puede decretarse el cumplimiento específico de un contrato a menos que sus términos sean definidos o por lo menos susceptibles de ser así interpretados.
    2. Cumplimiento Específico — Procedimientos y Remedios — De la Demanda— Alegación en Cuanto al Cumplimiento de las Obligaciones Impuestas por el Mismo. — En demanda sobre cumplimiento específico de contrato de refacción agrícola sobre siembra y entrega de cañas durante un término obli-gado de cuatro años la alegación al efecto de que, haciendo uso de tal de-recho de opción ha prorrogado el contrato por el término de dos años, y ha cumplido con todas las obligaciones impuéstales por el contrato, en ausen-cia de objeción o excepción, pueden interpretarse como una alegación sufi-cíente de qne los demandados fueron notificados debidamente por el deman-dante de su intención de prorrogar el contrato.

      3. Contratos — Interpretación y "Operation” — Lugar y Tiempo — Término de Duración — Intención de las Partes. — Aún cuando algunos do los pá-rrafos de un contrato de refacción agrícola, tomados separadamente, po-drían dar la idea de que las partes contrataron por un tiempo indefinido de cuatro a seis años, sin embargo, cuando el contrato en su totalidad es susceptible do ser interpretado como creando un término definido de cuatro años y una prórroga de dos, y las partes, por la frecuente repetición de la palabra prórroga, lian demostrado que ellos tuvieron una prórroga en mente, tal interpretación debe seguirse para dar efecto a todas las palabras del contrato.
    4. Contratos — Interpretación y "Operation” — Lugar y Tiempo — Término de Duración — Bn General. — Cuando un contrato de refacción agrícola liace referencia a una prórroga sin definir quién tiene derecho a ella, la duda, de acuerdo con el artículo 1256 del Código Civil, debe resolverse a favor de la mayor reciprocidad de intereses y cualquiera de las partes tiene derecho a dicha prórroga.
    RESOLUCIÓN de Pablo Berga, J. (San Juan), concediendo injunction preliminar solicitado.

      Confirmada.

      ■O. B. Frazer & B. Gastro Fernández, abogados de los apelantes; Jaime Sifre, Jr., Horacio Franceschi y Diego O. Madrero, aboga-dos de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Después de haberse convenido el traslado del pleito, la Corte de Distrito de San Juan dictó una orden de injunction prohibiendo a las tres demandadas qne entregaran cierta caña de azúcar a otra persona que no fuera la demandante. La teoría era que de acuerdo con cierto contrato que fue presentado a la corte, las demandadas estaban en la obliga-ción de entregar dicha caña exclusivamente a la deman-dante. Por su forma y contenido el escrito era un conve-nio corriente en Puerto Rico conocido con el nombre de contrato de refacción agrícola. En la demanda se alegaba que las demandadas no sólo convinieron en sembrar y en-tregar la caña de azúcar cultivada a la demandante durante el término de cuatro años a partir de la zafra de 1923, sino que, a opción de la demandante, dicho convenio era pro-rrogable por un término adicional de dos años.

Las demandadas y apelantes sostienen que el contrato escrito fue. redactado en tal forma que de acuerdo con’ los términos del mismo ellas no estaban obligadas a continuar sembrando' y entregando la caña cultivada a la demandante después de transcurridos los cuatro años convenidos origi-nalmente. Admiten necesariamente que se mencionó un tiempo adicional de dos años, pero sostienen que el contrato fué redactado en tal forma que no imponía a las demanda-das la obligación de entregar caña alguna a la apelada des-pués de transcurridos los cuatro años.

En la demanda se solicita el cumplimiento específico, y, por supuesto, convenimos con las apelantes en que no puede decretarse tal cumplimiento a menos que los términos del contrato sean definidos o por lo menos susceptibles de ser así interpretados.

En los alegatos y durante la vista, y bajo el supuesto de que la demandante tuviese derecho a insistir en la prórroga, se levantó y discutió la cuestión de si la demandante había notificado a las demandadas su intención de prorrogar el contrato.

El quinto párrafo do la demanda dice así:

‘ ‘ Que la demandante haciendo uso del derecho que se le concede, en el referido contrato ha prorrogado el mismo por el término de dos años a partir de la zafra de 1926, o sea por las zafras de 1927 y 1928, y que ha cumplido con todas las obligaciones impuéstales por dicho contrato y está dispuesta a cumplirlas en lo sucesivo.”

La contestación de las demandadas a la orden para mos-trar causa no negaba el párrafo 5 de la demanda, y en rea-lidad alegaba que las demandadas habían notificado a la demandante su intención de no continuar con el contrato. Hablando estrictamente, el párrafo 5 de la demanda po-dría tal 'vez interpretarse en el sentido de alegar una con-clusión de derecho, pero en ausencia de objeción o de ex-cepción alguna contra el mismo, podemos interpretar estas palabras como una alegación suficiente de que las deman-dadas fueron notificadas debidamente por la demandante de su intención de prorrogar el contrato.

En las investigaciones qne hemos hecho de este caso hemos hallado autoridades qne indican qne en ciertos casos ligeras actuaciones de una parte son suficientes para dar aviso a la otra. Por lo menos esto es cierto en muchos contratos en que existe el derecho de prórroga y no tene-mos duda en este caso de que las demandadas fueron noti-ficadas debidamente del • deseo de la demandante de conti-nuar el contrato. Además, nada hallamos en los autos que indique que la falta de notificación formara parte de la teoría de la corte inferior o que las demandadas descansa-ran en tal falta en la corte de distrito al contestar la orden para mostrar causa. Asumiendo que fuera necesaria la no-tificación, las demandadas siempre tendrían oportunidad, ora en la vista final o mediante moción, de levantar la cues-tión de que no fueron debidamente notificadas por la de-mandante de su intención de pedir que el contrato fuese prorrogado.

Entramos ahora a discutir los verdaderos méritos del caso. Lo más próximo a una definición relativa a la continuación de la siembra y entrega a la demandante de la caña cultivada, puede hallarse en la cláusula primera, en la cual se expone el convenio entre las partes. Lee como sigue:

“Las señoras Porrata Doria y Yeve, por voz de su apoderado general don Julio Ferrer y Torres, aquí compareciente, se comprome-ten a sembrar y cultivar en la finca descrita en el hecho segundo de la parte expositiva de esta escritura, por un término de no me-nos de cuatro años ni mayor de seis años o cosechos, a contar de la zafra de mil novecientos veinte y tres, un mínimum de cien cuerdas de cañas de azúcar para darles a moler anualmente a la factoría de The Fajardo Sugar Company of Porto Pico, en Fajardo; siendo entendido que todas las otras cañas que en cualquier año o cosechó, dentro de dicho término, se hubieren sembrado o se sembraren en la expresada finca, habrán también de ser molidas en la indicada factoría, bajo los mismos términos generales de este contrato.”

En virtud de un contrato anterior las apelantes igual-mente habían convenido en sembrar y entregar la caña cul-tivada por an período no menor de dos ni mayor de tres años. El cultivo y la entrega fueron en realidad de verdad hechos por tres años. Según la cláusula del convenio in-dica, como tal cultivo y entrega adicionales se hacían por mutuo consentimiento, el hecho de que anteriormente se continuara el contrato por un período adicional de un año no arroja luz alguna en la presente situación. A este res-pecto, de nada valen las actuaciones anteriores de las partes.

Las apelantes nos han citado un número de casos en •que las cortes han interpretado palabras como “at least'’ (por lo menos), Roberts v. Wilcock, 8 Watts & S. 464; '“not less than three years” (no menos de tres años), Millman v. Huntingdon, 68 Hun. 258; “not less than” (no menos de), Huston v. Harrington, 107 Pac. (Wash.) 874; Alters v. Ellis, 87 N. C. 207; “not exceeding” (que no exceda de), Campbell v. Jiménez, 7 Misc. (N.Y) 77; United Press Co. v. New York, Co., 164 N. Y. 406; “not more than” (no más de), Peacock v. Cummings, 46 Penn. State 434.

La tendencia de éstos y otros casos es, cuando no se arroja otra luz sobre el período de tiempo que tuvieron en mente las partes, interpretar expresiones de esta clase como nulas por ser indefinidas, u obligar a la parte contra quien .se invocan solamente durante el período mínimo. Cuando las partes han fijado un solo período de tiempo, en general se requiere que sea definido. Si la cláusula primera, supra, se hallase sola, tal vez vacilaríamos grandemente al confir-mar la resolución en este caso. Según dicha cláusula, las demandadas convenían en cultivar las fincas por un período no mayor de seis años, y no prometieron categóricamente cultivarlas por más de cuatro años.

Este es un contrato en que las apelantes convienen de-finidamente en sembrar y entregar la caña de azúcar cul-tivada por determinado precio, y para los fines de cultivo y entrega la apelada conviene en entregar en calidad de préstamo a las demandadas no más de $20,000 al año. Se-gún la cláusula 22 del contrato, es la Fajardo Sugar Co. la que conviene en entregar a las apelantes la suma de $20,000 durante cuatro años, y “caso de hacerse uso de la prórroga que en la misma se concede, por dos años más.” Las cláusulas 24, 25 y 26 contienen disposiciones similares con respecto a dicha prórroga. Leen como sigue:

“Vigésima cuarta. El montante del crédito refaccionario de veinte mil dollars que se concede para cada una de las zafras o co-sechos de mil novecientos veinte y tres a mil novecientos veinte y seis, ambas inclusive, y, caso de hacerse uso de la prórroga antes dicha, también para las zafras de mil novecientos veinte y siete y mil novecientos veinte y ocho, y sus intereses, habrán de ser liqui-dados y pagados al terminarse la molienda de cada una de dichas zafras o cosechos; pero si a la terminación de un cosecho cualquiera, después de hechos los abonos del producto de las cañas, resultase algún saldo a favor de The Fajardo Sugar Company of Porto Rico por ese cosecho, las señoras Porrata Doria y Veve podrán tras-pasarlo como primera partida al crédito refaccionario del cosecho subsiguiente, con excepción del cosecho de mil novecientos veinte y seis, o, caso de hacerse uso de la prórroga de dos años más ya citada, con el de mil novecientos veinte y ocho, que deberá ser completa-mente liquidado y pagado. De manera que el capital de este cré-dito y sus intereses, deberán ser completamente liquidados y paga-dos el día treinta de junio de mil novecientos veinte y seis, y, caso de hacerse uso de la citada prórroga de dos años a que se refiere este contrato, no más tarde del día treinta de junio de mil nove-cientos veinte y ocho, desde cuya fecha será exigible cualquier saldo que pudiera resultar a favor de The Fajardo Sugar Company of Porto Rico.
“Vigésima quinta. En garantía y seguridad del pago y devolu-ción del indicado crédito refaccionario y sus intereses, las señoras Porrata Doria, y Veve, representadas por su apoderado general, el compareciente señor Ferrer y Torres, afectan, desde ahora, las plan-taciones de cañas de que antes se habla en esta escritura y el azú-car que las mismas produzcan durante las zafras de mil novecientos veinte y tres a mil novecientos veinte y seis, ambas inclusive, y, caso de hacerse uso de la ya mencionada prórroga de dos años más, durante las zafras de mil novecientos veinte y siete y mil novecien-tos veinte y ocho, también; entendiéndose que todo el producto de las cañas que se produzcan en la finca descrita anteriormente y que' habrán de molerse en la factoría de The Fajardo Sugar Company of Porto Rico durante el término de este contrato y de la prórroga, en su caso, será destinada preferentemente al pago del indicado cré-dito refaccionario, aquí concedido y, a tal efecto, las señoras Po-rrata Doria y Veve, representadas en este acto por su apoderado general don Julio Ferrer y Torres, autorizan desde abora a The Fajardo Sugar Company of Porto Rico, para aplicar, desde luego, el. producto de las liquidaciones quincenales de sus cañas a la refe-rida cuenta refaccionaria, basta tanto que la misma sea totalmente satisfecha, y estos abonos devengarán, a su vez intereses a razón del ocho por ciento anual, que serán liquidados en las mismas fechas fijadas para la liquidación de los intereses de dicho préstamo refac-cionario, acordándose entre las partes, en la representación que os-tentan, que a los efectos de esta garantía se anote este contrato en el Registro de Contratos Agrícolas.
“Vigésima sexta. Como garantía supletoria y para responder de cualquier cantidad de dinero que en cualquier año o cosecho, durante el término de este contrato o de la prórroga en su caso, del contrato de siembra y molienda de cañas que por esta escritura se establece, quedaren adeudando las expresadas señoras Porrata Dq-ria y Veve a The Fajardo Sugar Company of Porto Rico, por no haber el producto de sus cañas alcanzado a cubrir el importe del crédito refaccionario y sus intereses de dicho año o cosecho, por lai presente, doña Celina-María Luisa Blanca, doña Josefína-Rafaeia-Claudina y doña Albertina-Raquel Porrata Doria y Veve, represen-tadas por su apoderado general don Julio Ferrer y Torres, hipotecan a favor de la expresada The Fajardo Sugar Company of Porto Rico, por una cantidad máxima de veinte■ mil dollars, la finca rústica des-crita en el hecho segundo de la parte expositiva de esta escritura, más una cantidad adicional de tres cientos dollars que se señala para costas, gastos y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial, cuya cantidad se entenderá también garantizada por esta hi-poteca que habrá de inscribirse en el Registro correspondiente.”

Aquí la balanza se inclinaría un poco a favor de las apelantes, pues parecería algo que ellas eran las que te-nían derecho a la prórroga. Podría darse peso a este punto de vista por el hecho de que la Ley de 1925 habla de con-tratos de refacción como si fueran de la naturaleza de una hipoteca, y así lo son hasta cierto punto.

Por otra parte, si retrocedemos a la cláusula primera, las apelantes son las que se comprometen a cultivar y a en-tregar. En todo el documento hay numerosas expresiones. que impiden que el contrato sea considerado solamente como uno de hipoteca o un préstamo con garantía.

La apelada dice que el contrato debe ser considerado como de compraventa. Cita casos para demostrar que las cortes han calificado como de compraventa contratos en que el comprador se obligaba a entregar materiales al vende-dor, quien a su vez- tenía que producir otros efectos. No hallamos que ninguno de estos casos sea aplicable, porque el dinero entregado a las apelantes en ningún sentido par-ticipa de la naturaleza de un depósito (bailment). No ha-llamos que nos sirvan de mucha ayuda la mayoría de los casos citados por las partes, y las apelantes previeron esta posibilidad durante la vista. El caso es principalmente uno de primera impresión.

Na. hemos indicado que si la cláusula primera se hallara sola, tendríamos serias dudas contra la apelada. Como una expresión que obligue a las apelantes por más de cuatro años, es algo vaga. Se debe exponer claramente el período total o posible de un contrato. Sin embargo, en las cláu-sulas 22, 24, 25 y 26 las partes hablan de los años adicio-nales mencionados como si se tratara de una prórroga. Los dos años adicionales mencionados en el párrafo primero son siempre mencionados posteriormente como “la citada pró-rroga.” Las partes claramente tuvieron en mente una pró-rroga de los cuatro años específicamente mencionados, so-bre los cuales no se levantó cuestión alguna. Sin embargo, nadie puede leer ese contrato y decir que la prórroga que-daba a la elección única de cualquiera de las partes, y ésta es una de las razones por las cuales podría contenderse, como lo hicieron las apelantes, que la prórroga no se hacía ni a favor de una ni de otra de las partes. No obstante, como se mencionó un convenio sobre una prórroga, esta-mos de acuerdo con la apelada al sostener que es aplicable aquella parte del artículo 1256 del Código Civil que dis-pone :

‘ ‘ Si -.el contrato fuere oneroso, la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses.”

Este artículo en su totalidad dice así:

“Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e inte-reses. Si el contrato fuere oneroso, la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses.
“Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo reca-yesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fué la intención o voluntad de los contratantes, el contrato será nulo.”

Algo sobre esta teoría de reciprocidad puede bailarse en Manresa al comentar sobre un arrendamiento en que era dudoso quién tenía el derecho a prorrogarlo. 10 Manresa 613, Edición de Reus, 1919.

El caso de Smitherman Cotton Mills v. Radleman Mfg. Co., 34 S. E. 446, también da peso a esta conclusión. Este era un caso de un contrato para entregar urdimbre durante un año, con privilegio de prorrogarlo por tres años. La corte resolvió que no fué la intención de las partes prorro-gar el contrato con el mero consentimiento mutuo de las partes, ya que podían haberlo hecho así sin hacer estipula-ción alguna; que si la intención hubiese sido que la pró-rroga se dejara a la elección de una de las partes, tal parte hubiese sido designada. La corte terminó diciendo que cual-quiera de las partes tenía derecho a prorrogar.

La política de las cortes es, siempre que sea razonable-mente posible, hacer que cada una de las palabras conteni-das en un documento tenga algún significado, o hacer que el lenguaje confuso sea inteligible. Citamos más particu-larmente los casos que envuelven el principio de mutuali-dad. American Sugar Refining Co. v. Newman Grocery Co., 284 Fed. 835; La Grange Grocery Co. v. Lamborn & Co., 283 Fed. 869; Senter v. Sentes, 101 S. E. 272; Ward v. McKinley, 191 Pac. 322. Una fuente de otras autoridades se bailará en 13 C. J. 539, pár. 506.

Nos sentimos obligados a darle vitalidad a la prórroga mencionada definidamente en el contrato. Ut res magis valeat quam pereab. Esta es nna máxima aplicada frecuen-temente a estatutos y testamentos, pero que es aplicable también a contratos, según lo demuestra el caso de Laing v. McGlung, 137 S. E. 744.

Los artículos 1251 y 1252 del Código Civil abarcan hasta cierto punto los principios de este caso.

Debe confirmarse la resolución apelada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe Wolf,

license: Public Domain

text:
    Banco de Ponce, demandante y apelado, v. Carmen Hernández, Vda. de Hatch, demandada y Miguel Huno, demandado y apelante.

      No. 4148.

    Visto: Enero 24, 1928.

      Resuelto: Febrero 20, 1928.
    1. Albeceas y Administradores — Acciones—Requisitos Previos a su Ejerci-cio — Presentación de la Reclamación al Administrador Judicial. — Nacía hay en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Legales Espe-ciales que haga necesario, imperativamente, que un acreedor presente su re-clamación al administrador judicial y éste la rechace antes de comenzar él pleito alguno basado cm una deuda del finado.
    2. Lugar del Juicio (Venue) — Cambio del Lugar del Juicio — Acción Ejerci-tada en un Distrito que no es el Correspondiente. — Cuando se demanda al administrador judicial de los bienes de un finado en un distrito que no es el correspondiente, si ól no solicita el traslado del pleito, se somete a la jurisdicción de la corte en que la acción se ejercitó.
    3. Lugar del Juicio — Acciones—De las Costas en General — Su Imposición al Administrador. — Cuando en acción contra el administrador judicial de los bienes de un finado ól comparece y, posteriormente a la radicación vo-luntaria de una demanda enmendada, no comparece nuis en el pleito y se dicta sentencia contra él en rebeldía, no procede imponer a dicho deman-dado el pago de honorarios de abogado como costas.
    Sentbnoia de la Coi'te de Distrito de Ponce, declarando con lugar la demanda con costas.

      MocUficada en parte y confirmada.

      O. B. Frazer, R. Castro Fernández y Carlos J. Torres, abogados del apelante; José Tons Soto y Fernando Za-pater, abogados del ape-lado.
   El Juez Asociado Señoe Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia en rebel-día contra Carmen Hernández, viuda y heredera de Hatch, y Miguel Hudo, administrador. Este último ha apelado.

Para justificar su alegación de que la demanda no constituye una causa de acción, el apelante sostiene que antes de comenzar el pleito basado en una deuda debe presentársele una reclamación al administrador judicial, y se funda para ello en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, los que dicen así:

“Artículo 60. Será deber de todo albacea o administrador satis-facer las deudas legítimas del finado dentro de un plazo razonable, con intervención de los herederos, o, en su defecto, de la corte de distrito.
“Artículo 61. Para ello publicará en periódico designado por el juez de la corte de distrito uu aviso a los acreedores para que le presenten sus reclamaciones con ios correspondientes comprobantes bajo juramento, en el lugar señalado en el aviso. Este se publicará una vez por semana durante dos meses consecutivos. Si el albacea o administrador dudase de la validez de alguna reclamación la re-chazará notificándolo así por escrito al reclamante. Al acreedor le quedará expedito su derecho para reclamarla-en el correspondiente-pleito contra la administración del caudal.”

El apelante sostiene que las palabras finales del artículo 61 presuponen una reclamación presentada al administrador y que no surge la causa de acción hasta que se presenta tal reclamación y el administrador la rechaza. Nada hay en estos artículos que haga necesario imperativamente que un acreedor presente su reclamación al administrador. Si el acreedor no lo hace así, corre el riesgo de que otros acree-dores tengan preferencia, según lo indica el artículo 62, como sigue:

“Si algún acreedor promoviere juicio por una deuda, cuya re-clamación no se hubiere presentado dentro de los seis meses de pu-blicado el aviso a los acreedores, no será responsable el albacea o-administrador, por los caudales o dinero que hubiere entregado a cuenta de legítimas reclamaciones, legados o hijuelas antes de in-tentarse la acción.”

El emplazamiento es suficiente notificación al administra-dor. Si la causa de acción surge solamente al presentarse y rechazarse la reclamación, entonces las causas de acción podrían demorarse indefinidamente.

En su segundo señalamiento de error, el apelante sostiene que debió demandársele en San Juan, donde él residía, y donde falleció el intestado. Un administrador puede ser demandado al igual que cualquier otra persona, y si la corte de distrito escogida no es la correspondiente, puede solicitarse el traslado del pleito. De lo contrario, el administrador se somete a la jurisdicción de la corte. Artículo 76 ot seq. del Código de Enjuiciamiento Civil.

El tercer señalamiento de error, en tanto en cuanto no es indefinido y frívolo, se refiere a la cuestión de las costas. El administrador compareció para atacar la jurisdicción de la corte. El apelado dice que tal ataque era frívolo y que, por consiguiente, la comparecencia del administrador era general, pero no se cita autoridad alguna. De todos modos, no hubo comparecencia después que el demandante radicó voluntariamente su demanda enmendada. Bajo estas circunstancias, creemos que el espíritu, si no la letra, del artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, debían relevar al administrador del pago de los honorarios de abogado. Copiamos la parte pertinente del mismo, como sigue:

"En todos los casos en que se hayan concedido a una parte las costas en una acción o procedimiento en la corte de distrito, dicha parte, a discreción de la corte de distrito, tendrá derecho a recibir de la parte vencida, una cantidad que represente el valor de los ser-vicios de su abogado o una parte de dicha cantidad; Disponiéndose, que nada de lo contenido en esta Sección, se entenderá que concede honorarios de abogado para ser incluidos en las costas que se impu-sieren a un demandado que no hubiere radicado su comparecencia en una acción o procedimiento.”

Bebe modificarse la sentencia apelada en él sentido de eximir del pago de honorarios de ahogado al administrador, y confirmarse en todo lo demás.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Banco de Ponce, demandante y apelado, v. Fulgencio Piñeiro, Jr., demandado y apelante.
    No. 4298.

    Visto: Febrero 17, 1928.

      Resuelto: Febrero 20, 1928.
    Letras y Pagarés — Acciones—De la Demanda — Posesión o Propiedad de j.a Obligación. — Una demanda en cobro de un pagaré no es insuficiente porque no alegue que el demandante poseo o es dueño del pagaré, euando dicha demanda alega que el demandado suscribió y entregó al demandante el pa-garé en cuestión.
    SENTENCIA de R. 11. Todd, Jr., J. (Ponce), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      L. Tormos, abogado del apelante; José Tons Soto y F. Zapater, abo-gados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fiué condenado a pagar al apelado la cantidad de $1,000 y sus intereses desde determinada fecha y la única cuestión que plantea en este recurso contra esa sentencia es que la corte inferior cometió error al desestimar la ex-cepción previa que alegó contra la demanda por no aducir ■hechos determinantes de causa de acción, por lo que la sen-tencia es contraria a derecho.

El apelado, Banco de Ponce, alegó en su demanda que el apelante suscribió y le entregó una obligación de pagarle dicha cantidad, que hizo constar en un pagaré suscrito por él, que se transcribe en la demanda; pero dice el apelante que la demanda no es suficiente porque no contiene .la- ale-gación esencial de que el banco poseía o era dueño de dicho pagaré. Tal alegación no era necesaria ni esencial en este caso ; diciendo la demanda que el demandado suscribió y le entregó el pagaré hay que suponer que continúa en su po-sesión. El caso de Fornaris v. Font, 35 D.P.R. 610, que el apelante cita en apoyo de sn proposición, no es aplicable al presente, .pues lo que en él se resolvió fué que no es proce-dente una sentencia por las alegaciones contra un deman-dado cuando éste niega la entrega del pagaré y la falta de pago, en cuyo caso incumbe al demandante p'robar que po-seía el pagaré.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Felipe B. Rivera, acusado y apelante.
    No. 3384.

    Visto: Febrero 7, 1928.

      Resuelto: Febrero 21, 1928.
    1. Jurados — Competencia de los Jurados, Recusaciones y Objeciones — Recu-saciones a un Sólo Jurado — En General. — -Cuando la recusación de jura-dos está establecida por estatuto, las reglas que por los tribunales se adop-ten en cuanto a la recusación sólo pueden ser eficaces si so ajustan al mismo estatuto.
    2. Jurados — Competencia de los Jurados, Recusaciones y Objeciones — Recu-saciones a un Sólo Jurado — Perentorias—Tiempo para Hacerlas — Antes del Juramento para Entender en la Causa. — Cuando aún no se ba recibido a los jurados el juramento para entender en la causa, el acusado tiene derecho a recusar perentoriamente a aquéllos y el privársele de él es motivo de revocación; sin que la circunstancia do que so manifieste por el juez que jurados no recusados en el box se entenderían admitidos, sea bas-tante a privar al acusado de tal derecho, y monos cuando las partes no han convenido expresamente en la opinión del juez.
    SenteNCRA de Luis Samalea, J. (Areeibo), condenando al acusado por delito de, destrucción fraudulenta de bienes asegurados en grado do tentativa.

      Revocada, y devuelto el caso.

      José R. Aponte y Buenaventura Esteres, abogados del apelante; José E. Eigueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Felipe B. Rivera fué acusado ante la Corte de Distrito de Areeibo de- haber voluntaria, ilegal, maliciosa y crimi-nalmente, aconsejado e inducido a Ramón Lamboy que pe-gara fuego a una casa de su propiedad, sita en Hatillo, con el propósito de destruirla y defraudar a la corporación Foenix Insurance Co., con la que dicha casa estaba asegu-rada

El caso filé visto por el tribunal del jurado, que rindió un veredicto declarando al acusado culpable de un delito de destrucción fraudulenta de bienes asegurados, en grado de tentativa. Y la corte impuso al acusado, en sentencia de 24 de junio de 1927, la pena de dos años de presidio de tra-bajos forzados, contra la que se interpuso la presente apela-ción.

El apelante Felipe B. Rivera señala cuatro errores.

Como primer error se presenta el siguiente:

“1. — La corte de distrito erró al negar al acusado el derecho a recusar perentoriamente a uno de los miembros del jurado, antes de habérsele tomado juramento de ley para juzgar el caso.”

Resulta de la transcripción taquigráfica que se extraje-ron de la urna los nombres de doce jurados, y que se hi-cieron por la defensa del acusado y por el fiscal las recu-saciones perentorias que se creyeron convenientes, en nú-mero de cinco; extrayéndose los nombres de otros cinco jurados, que como los primeros, prestaron juramento en cuanto a su capacidad; se hicieron otras dos recusaciones perentorias, y entonces el juez de la corte, dijo lo que sigue:

“Hon. Juez. — Se entiende que quedan aceptados los jurados que han quedado en el box. El Secretario procederá a extraer de la urna dos nombres más.”

Se extrajeron esos nombres; y al ofrecerse a las partes la recusación perentoria el abogado de la defensa dijo:

“Abogado Sr. Aponte. — ¿Me permitirá la corte hacer otra recu-sación perentoria en cuanto a los anteriores jurados?
“Hon. Juez. — Por eso la Corte advirtió a las partes que los caballeros anteriores que no habían sido recusados se entendían admi-tidos.
“Abogado Sr. Aponte. — -La Corte puede dar a las partes ocasión para recusar a cualquiera, antes de tomar el juramento definitivo. Ellos no han jurado todavía.
“Hon. Fiscal. — Me opongo, porque la constitución de este jurado la hemos llevado bajo la base de que los jurados que quedaban en el box sin ser recusados, quedaban aceptados por las partes'; y par-tiendo de esa base liiee mis recusaciones perentorias. Esta es la re-gia que se ba seguido hasta ahora, y no veo la razón para que se al-tere en este juicio.”

y en el mismo incidente el juez resolvió:

“Hon. Juez. — Habiéndose establecido por la Corte la regla de que los jurados admitidos por las partes, después de las recusacio-nes perentorias, se entenderían admitidos como miembros del Jurado en este caso, y no habiéndose -demostrado razón alguna para permi-tir que se haga en estos momentos una recusación perentoria de ju-rados que ya han sido admitidos por las partes para formar parte del Tribunal de hechos que ha de conocer de este caso, se deniega la solicitud del abogado del acusado.
“Abogado Sr. Aponte. — Tomo excepción porque los Jurados to-davía no han sido juramentados para entender en la causa y se le priva de un derecho al acusado.”

En cuanto a la recusación de jurados, es claro que, cuando está establecida en forma completa por el estatuto, las reglas que por los tribunales se adopten, sólo pueden ser eficaces si se ajustan al mismo estatuto. El nuestro, Código de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 221, dice:

“Art. 221. — La recusación deberá hacerse al presentarse el miem-bro del jurado, y antes de que se le tome juramento para entender en la causa, pero podrá el tribunal, si para ello hubiere razón, per-mitir que esto se haga después del juramento y antes de que el ju-rado se complete.”

Es evidente que el sentido de la ley no es el de restrin-gir fuertemente el derecho de recusación, que se relaciona con el de que el acusado sea sometido a un juicio imparcial y justo. Por eso no puede intrepretarse la frase “al pre-sentarse el miembro del jurado” en el sentido de que, en el mismo acto de la presentación ba de hacerse la recusa-ción, y más aún cuando se trata de la perentoria, a la que tiene que preceder la recusación motivada.

Las limitaciones que el artículo citado expresa son las que se refieren a que la recusación se haga antes de tomarse juramento al jurado para entender en la causa, y antes de que el jurado se complete.

En este caso la defensa del acusado había hecho, hasta el momento en que surgió el incidente antes apuntado, tres recusaciones perentorias, y disponía de otras tres. No ne-cesitaba pedir permiso para recusar, ya que no se había recibido a los jurados el juramento para entender de la causa. La circunstancia de que el juez hubiera dicho que se entendía que los jurados que habían quedado en el box estaban aceptados, no es bastante para privar a las partes de su derecho a recusar, máxime cuando ellas no convinie-ron expresamente en la opinión del juez.

El derecho del acusado a hacer la recusación que de-seaba, es claro, y el privársele de él es error revisable en apelación.

No es necesario considerar los otros errores señalados, ya que el que hemos estudiado basta para la revocación de la sentencia.

La sentencia apelada debe ser revocada y el caso de-vuelto para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Antonio Cosme demandante y apelante, v. Josefa Santi González, demandada y apelada.
    No. 4263.

    Visto: Noviembre 30, 1927.

      Resuelto: Febrero 21, 1928.
    Sentencia — Naturaleza y Requisitos (Essentials) en General — -Emplazamien-to o Notificación para Fundar en Ellos la Sentencia — Acciones Contra no Residentes — Acciones Personales. — Ejercitada acción personal contra nn no residente y decretado el embargo de sus bienes para asegurar la efectividad de la sentencia, hasta tanto no queda dicho embargo trabado en forma mediante su anotación en el registro y notificación al demandado y tal anotación aparezca de los autos, la corte no adquiero jurisdicción sobre la materia ni puede ordenar su citación por edictos y fundar en tal notificación su sentencia.
    Resoluoión de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), declarando con lugar moción interesando la nulidad de una sentencia dictada en rebeldía.

      Confirmada.

      R. Guillermety, abogado del apelante; Monserrat & Monserrat, abo-gados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Cosme demandó a Josefa Santi reclamándole quince mil dólares por los daños y perjuicios que sufriera a virtud del desprendimiento de un pedazo de pared de una casa de la demandada que cayó sobre la cabeza del deman-dante en momentos en que pasaba por la acera de la calle de la Tanca de esta ciudad de San Juan en que está situada dicha casa.

Archivada la demanda, se presentó una solicitud de ase-guramiento de sentencia. La corte, el 19 de mayo de 1926, decretó el aseguramiento previa fianza de tres mil dólares.

Aparece luego un mandamiento firmado por el márshal y fechado el 20 de mayo de 1926, dirigido al Registrador de la Propiedad de San Juan para embargar la casa No. 16 de la calle de la Tanca, seguido de una moción del de-mandante dirigida al márshal designando como bien de la demandada la indicada casa. Y consta un certificado del márshal que dice:

‘ ‘ Certifico: — Que en cumplimiento ele la presente orden de embargo en el caso Civil No. 1446 y de acuerdo con las instrucciones al Márshal por el Abogado del Demandante, Ledo. Rafael G-uiller-mety, procedí a enviar mandamiento al Registro de la Propiedad de San Juan, Puerto Rico, Sección .1, para que trabara el embargo en los libros de sn Registro de la finca urbana que se describe- en dicho mandamiento; copia del cual se adhiere a este diligenciamiento como complemento y parte del mismo en el presente caso, haciendo constar en 61 que la finca embargada responde solamente a la suma de Cinco Mil dollars ($5,000) por lo cual está tasada. (Firmado) Eduardo Urrutia, Márshal, por Eugenio B. Cx-ómez, Sub-Márshal. ’’

No consta de los autos lo que se hiciera en el registro.

Así las cosas, el demandante presentó a la corte una mo-ción exponiendo que no habiéndole sido posible emplazar personalmente a la demandada por residir en Duarea, Asturias, España, o sea, fuera de la Isla, procedía que la corte dispusiera su emplazamiento por medio de edictos. A la moción se acompañó una declaración jurada. La corte dictó . la orden qne se le pedía y el emplazamiento fné publicado en La Correspondencia de Puerto Rico, periódico qne se edita en esta capital.

El 7 de agosto de 1926 el demandante pidió qne se ano-tara la rebeldía de la demandada por no haber contestado dentro del término de ley.

Sin qne conste si se anotó o no la rebeldía, aparece otra moción del demandante pidiendo la inclusión del pleito en el calendario y seguidamente una sentencia dictada por la corte el 27 de agosto de 1926, condenando a la demandada a pagar ai demandante cuatro mil dólares.

El 21 de septiembre siguiente compareció la demandada por sus abogados y presentó una moción “con el solo y único objeto de pedir la nulidad de la sentencia.” A tal efecto alegó que la acción ejercitada era puramente personal y que la corte nunca adquirió jurisdicción sobre la persona de la demandada, porque jamás ésta fué emplazada debidamente.

K1 demandante se opuso. Quedó así trabada la contienda. Y la corte finalmente, el 12 de febrero de 1927, anuló su sen-tencia de 27 de agosto de 1926 y todos los procedimientos anteriores a la misma relativos a la citación por publicación de la demandada. Y esa resolución de la corte es la que motiva el presente recurso de apelación interpuesto por el demandante.

Que la acción ejercitada es personal y que la demandada residía fuera de la Isla, son hechos que no cabe discutir. Siendo ello así, es aplicable la jurisprudencia que dice:

“Es un principio bien establecido que en una acción personal, cuando el demandado resida fuera de la jurisdicción de las cortes insulares, la citación no puede hacerse por edictos; en estos casos la publicación de la citación no puede estimarse como notificación al demandado que reside fuera de la isla, para fundar en ella una sentencia dictada en una acción personal; la- notificación así hecha y el envío de una copia por correo según determina la ley, no da ju-risdicción a la corte.” Huete vs. Teillard, 17 D.P.R. 49.

Es cierto que existe la excepción establecida en el bien conocido caso de Pennoyer v. Neff, 95 U. S. 714, así:

“La sustitución del diligenciamiento por la publicación de edic-tos, o en cualquier otra forma que esté autorizada, es bastante para notificar a una persona que resida afuera, del objeto de los procedi-mientos establecidos, cuando ya la corte tiene jurisdicción sobre la materia objeto de la acción por virtud de embargo o algún acto se-mejante; pero cuando la acción se establece para determinar sus derechos personales y obligaciones, o sea, cuando es meramente una acción in personam, tal diligenciamiento hecho al demandado es ineficaz para todos los fines.”

Y es cierto además que la parte demandante intentó acogerse a la excepción, pero ¿logró hacerlo 1

Conocemos los becbos. La corte decretó el embargo, la parte demandante designó, por medio de su abogado, cierto bien inmueble como de la propiedad de la demandada y el márshal dirigió su mandamiento al registrador para que anotara el embargo sobre dicho bien inmueble, de acuerdo con la ley especial sobre la materia que dice: “El embargo y prohibición de enajenar inmuebles se efectuarán anotán-dolos en el registro y notificándolos al demandado . . See. 9, Ley para asegurar efectividad de sentencias. Comp. 1911, p. 885.

El embargo no puede, pues, entenderse trabado hasta, que quede anotado en el registro y notificado al demandado y como aquí no se demostró a la córte que el embargo or-denado había sido siquiera anotado en el registro, es claro que la corte no había adquirido jurisdicción sobre la mate-ria y no tenía base alguna para ordenar la citación de la demandada por medio de edictos.

Y no se diga que debe presumirse que una vez librado el mandamiento quedó cumplido. Una casa puede existir ins-crita a favor de algiüen en el registro, un demandante puede designar aquella casa como de la propiedad del demandado y pedirle al márshal que la embargue, y un márshal puede librar el correspondiente mandamiento para que sea ano-tado el embargo en el registro y, eso no obstante, cuando el mandamiento llegue al registro la verdad puede ser que la casa no esté inscrita a nombre del demandado. En tal caso la anotación sería imposible. Es necesario demostrar, pues, debidamente, que la orden decretando el embargo quedo cumplida, que el mandamiento surtió sus - efectos, que el embargo fue una realidad, antes de que la corte actúe para que pueda hacerlo de una manera, eficaz. De otro modo todo el edificio levantado, caerá, como cayó en este caso, por su base.

Habiendo llegado a la anterior conclusión, y siendo ella suficiente para sostener la resolución apelada, no es necesa-rio considerar las otras interesantes cuestiones que se dis-cuten en los alegatos de las partes.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la resolución apelada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey, JUEZ PRESIDENTE SU. DEL TORO.

text:
    Pedro Gandía Córdova, demandante y apelante, v. Juan D. Stubbe, demandado y apelado.
    No. 4283.

    Visto: Febrero 14, 1928.

      Resuelto: Febrero 21, 1928.
    1. Apelación y Error — Bécords y Procedimientos que no Están en Bécord— Envío, Badicación, Impresión y Servicio de Copias-Omisión de Servir Copia al Apelado — Desestimación del Beourso. — La omisión de entregar copia de la transcripción de la evidencia al apelado en el incidente sobre memorándum de costas no es perjudicial ni da motivo para desestimar cuando el apelado acepta que conoce dicha transcripción.
    2. Costas — Fijación o Tasación — Memorándum de Costas — Apelación—Bevi-sión — Cuestiones Presentadas para Bevisión en General — Cuantía de los Honorarios de Abogado. — El que en otros casos similares se hayan con-cedido determinadas cantidades iguales o menores como honorarios de abo-gado no es motivo para rebajar la cuantía por tales honorarios concedido en un caso; cada caso ha de regirse por las circunstancias concurrentes en él.

      3. Costas — Fijación o Tasación — Memorándum de Costas — Apelación—^Revi-sión — Cuestiones Discrecionales — Al Fijar la Cuantía de los Honora-rios. — Atendidas las circunstancias concurrentes en el caso de autos, se re-solvió que ellas justificaban la valoración de $2,000 fijada para honorarios de abogado por la corte inferior.
    4. Costas — Fijación o Tasación — Memorándum de Costas — Apelación—Bevi-sión — En General — Besolución Sobre Partidas por Desembolsos. — Tra-tándose de una partida en el memorándum de costas por derechos pagados al taquígrafo por la transcripción de la evidencia, cuando tal transcripción fuere o de otro modo hubiere sido necesaria — al apelado en dicho incidente sobre el memorándum de costas — para que la evidencia fuera examinada en la apelación entablada contra la sentencia principal, la aprobación de dicha .partida no constituye error.
    ResoluoiÓN de Pablo Berga, J. (San Juan), aprobando memorán-dum de costas.

      Confirmada.

      Juan B. Solo, abogado del apelante; Henry tí. Molina, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se ha interpuesto esta apelación por el demandante contra resolución de la corte inferior fijando la cuantía de las cos-tas que han de ser pagadas por él, y al comenzar la vista de la apelación se nos pidió por el apelado que la desesti-memos fundándose en que no le ha sido entregada por el apelante copia de la transcripción de la evidencia como dis-pone la Ley No. 81 de 26 de junio de 1919, página 677 de las de ese año.

Este pleito vino antes a este tribunal en apelación interpuesta por el demandado, ahora apelado, y entonces fue hecha por el taquígrafo una transcripción de la evidencia. Resuelta por nosotros esa apelación fue celebrado un nuevo juicio en el que la misma transcripción de la evidencia fué sometida a la corte para fallar el pleito, por lo que la falta de cumplimiento por el apelante alegada para solicitar la desestimación de la apelación no resulta perjudicial para el apelado, quien en la vista aceptó que conoce la transcripción de la evidencia, cumpliéndose así el objeto que la ley se propone con esa notificación, por cuyas circunstancias no desestimaremos la apelación.

Confirmada por nosotros en la segunda apelación la sentencia de la corte de distrito que declaró sin lugar la demanda, con costas, (34 D.P.R. 858), la parte victoriosa presentó el memorándum de ellas conteniendo las siguientes partidas: por honorarios del secretario, $5; por los del abogado, f10,000; por transcripción de la evidencia en la primera apelación, $175, y por sellos de rentas internas, $30; total, $10,210. Este memorándum, menos en la par-tida de $5, fué impugnado por el demandante y después de celebrada una vista de este asunto en la que fué presen-tada prueba, la corte inferior fijó en $2,000 los honorarios de abogado, y aprobando las. otras partidas determinó la cantidad de $2,210 como el montante total de las costas que deben ser pagadas, siendo ésta la resolución objeto de esta apelación, que lia sido limitada a la partida de honorarios de abogado y a la de $175 por transcripción de la evidencia, por lo que los motivos de error alegados se refieren a esas dos partidas, diciéndose en cuanto a la primera que la corte inferior cometió error al fijar én $2,000 los honorarios de abogado porque en otros pleitos relacionados con el presente, pero de más importancia se fijaron tales honorarios en cait-tidades inferiores a $1,000, cantidad ésta que el apelante*, entiende sería razonable en este caso.

El hecho de-que en otros casos similares se hayan conce-dido como honorarios de abogado cantidades de $1,000 ó> inferiores a ellas no es .por sí solo motivo para que necesa-riamente hayamos de rebajar la cuantía concedida por la corte inferior en este caso por honorarios de abogado pues, cada caso ha de regirse por las circunstancias concurrentes en él; y apareciendo de las pruebas que el pleito comenzó por una muy extensa demanda, que después fué enmendada, en la que se solicitó se decretase la nulidad de una escritura otorgada por las partes en este pleito el 24 de julio de 1916 como únicos socios de la mercantil Gandía & Stubbe, sobre devolución y liquidación de esa sociedad y distribución de su capital inventariado ascendente a $154,120.55, alegándose como motivos de la nulidad, entre otros, que por la con-fianza que tenía el demandante Gandía en Stubbe y en su tenedor de libros examinó superficialmente el inventario de la sociedad y la escritura: que de las 250 acciones de la so-ciedad Porto Eico Fertilizer Co. incluidas en el inventario como de Gandía y Stubbe, 60 de ellas, con un valor de-$6,000 son propiedad particular del demandante; que el balance dicho' fué alterado por simulaciones artificiosas del de-mandado en perjuicio del demandante: que con motivo de la disolución de la sociedad se consignaron como saldo de cuenta corriente $37,771.21, cuando debió ser de $66,983.98, lo que indujo a error al demandante para su conformidad a la partida de acreencias o deudas, que desconoce: que el demandado se prevalió de ese artificio para hacer figurar como pasivo deudas falsas por un total de $22,616.01, para cuyo pago se adjudicaron al demandado bienes de la socie-dad, perjudicando al demandante en $11,308: que se figuró como deuda a los bancos la cantidad de $154.88 cuando la sociedad tenía en ellos un haber de $6,685.21, que fueron después substraídos sin conocimiento del demandante, per-judicándole en $3,342.60: que en la escritura se hizo apare-cer que Gandía y Stubbe era deudora de $10,090.05 en la cuenta de dividendos de la Porto Rico Fertilizer Co. que controlaba el demandado, cuando por el contrario Gandía y Stubbe tenían un saldo a su favor de $10,104.40 por divi-dendos que le correspondían, habiendo sido defraudado de ese modo el demandante en $5,052.20: y que en el inventa-rio se hizo figurar el valor de la finca Tras Miramar, adju-dicada al demandado Stubbe en $1,000 cuando su valor es de $12,104.86, lo que perjudicó al demandante en $5,552.43. Otras alegaciones parecidas contiene la demanda pero las expuestas son suficientes para decidir esta apelación.

Como esa demanda fué jurada el demandado contestó es-pecíficamente, también bajo juramento, dichas alegaciones y alegó como defensa que la acción de nulidad que se ejercita en la demanda ha sido renunciada por el demandante por haber ejecutado actos que implican necesariamente la vo-luntad de renunciar a esa causa de nulidad, y alegó ciertos hechos a tal fin para demostrar la existencia de otro pleito del demandante para hacer cumplir los pactos de la escri-tura expresada.

En la primera vista del pleito éste fué fallado en contra del demandado: revocada la sentencia y celebrado otro 'jui-cio filé sostenida la expresada defensa y confirmada en ape-lación; y si bien es cierto que en ambos juicios el deman-dado no practicó prueba creemos que las imputaciones he-chas en la demanda de nulidad son de tal importancia y cuantía que justifican la valoración de $2,000 fijada para honorarios de abogado por la corte inferior.

En cuanto a la partida de $175 por derechos pagados al taquígrafo por la transcripción de la evidencia practicada en el primer juicio, si bien la corte inferior dijo equivocadamente en la resolución motivo de este recurso que no había sido impugnada por el demandante, de todos modos entendemos que era necesaria para el apelante porque aunque en la primera apelación fue revocada la sentencia por' no haber sido suspendido el juicio como había solicitado el demandado, si así no hubiera sido resuelto le era necesaria la transcripción para que la evidencia fuese examinada en la apelación, y porque el segundo juicio fue celebrado sometiéndose la prueba por esa transcripción. Finlay v. Fabián, 25 D.P.R. 48 y 52.

Por las razones expuestas la resolución apelada debe ser confirmada.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SU. DEL TORO.

No creo que los honorarios deban fijarse en dos mil dó-lares. El apelante indica como razonable la suma de mil, y tiene razón, a mi juicio.

Fundo mi criterio en un estudio de las circunstancias con-currentes. Ellas constan de los autos y de las decisiones de esta Corte reportadas en 34 D.P.R. 858 y 29 D.P.R. 676. Todo el estudio tuvo que hacerse, en verdad, en otros casos que fueron resueltos a favor de Gandía. Este pleito se de-cidió simplemente por la doctrina de elección de remedios. El abogado no asistió al primer juicio y no hubo que prac-ticar prueba en el segundo porque se aceptó como base la. del primero.

Bajo esas circunstancias, repito, no me parece razonable la suma de dos mil dólares.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Ramos, acusado y apelante.
    No. 3360.

    Visto: Enero 19, 1928.

      Resuelto: Febrero 23, 1928.
    Sanidad (Health) — Reglamentación y Ofensas — Infracción a los Reclamen-tos de Sanidad — Construcción o Reconstrucción sin Sujeción a los Planos Aprobados. — El construir una obra sin sujeción al plano levantado previamente y aprobado, constituye una infracción a la sección 2 del Bole-tín Administrativo No. 210.
    SENTENCIA de Domingo SejnUveda, J. (San Juan), condenando al acusado por delito de Infracción a la Ley de Sanidad (art. 2, Boletín Administrativo No. 210).

      Confirmada.

      Bubón <& Ooholeco, abogados del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José Pereira Leal formuló denuncia contra José Ramos, imputándole una infracción del artículo 2 del Boletín Admi-nistrativo No. 210, cometida como sigue: “Que en 29 de noviembre de 1927 y en . . . Bayamón ... el acusado . . . de una manera ilegal, voluntaria y maliciosamente, y con intención de burlar la Ley, tiene una casa de su propiedad . . . y le ha construido un garage, el cual no se ajusta a las dimensiones de los planos, que le fueron aprobados por el Departamento de Ingeniería Sanitaria, a pesar de baber sido advertido para que no lo hiciera, si no era de acuerdo con las dimensiones de dicho plano ...”

A virtud de apelación el juicio se celebró de nuevo en la corte de distrito, declarando ésta culpable al acusado e im-poniéndole una multa de cinco dólares.

No conforme aún el acusado apeló para ante este Tribunal Supremo. En su alegato levanta la siguiente única cuestión: La corte de distrito erró al resolver que la de-milicia le imputaba una infracción al artículo 2 del Boletín Administrativo No. 210.

Dicho artículo dice:

“Artículo 2. — Desde la aprobación de este Reglamento en ade-lante, no se podrá construir o reconstruir en la Isla de Puerto Rico edificio alguno, sin antes haberse presentado al Departamento de Sanidad un plano triplicado de dicha construcción. Aprobados los planos, una copia será archivada en la oficina del Ingeniero 'Sanita-rio, otra quedará en poder del oficial de ’Sanidad o su delegado co-rrespondiente y la tercera copia será propiedad del interesado quien la conservará en el edificio en construcción de modo que esté a dis-posición del Ingeniero del Departamento o de su representante, du-rante las horas de trabajo.
“El Departamento de Sanidad aprobará dichos planos, o en su caso hará las observaciones que resulten necesarias, de acuerdo con los reglamentos de sanidad vigentes, dentro de un plazo razonable. No se empezarán las obras sin la aprobación definitiva de dichos pla-nos. ’ ’

Y argumentando el error el apelante sostiene que como lo que se prohíbe es construir edificios sin que sus planos sean antes aprobados por el Departamento de Sanidad y aquí el plano del garage fue aprobado, el hecho de que des-pués la construcción se hiciera sin sujeción al plano, no constituye infracción alguna a la indicada sección.

No estamos conformes. La sección abarca algo más que someter el plano a la aprobación y obtenerla. Una de las copias del plano, la que pertenece al propietario, debe éste tenerla a disposición del ingeniero sanitario mientras se construye la obra, durante las horas de trabajo. No se trata de una mera formalidad. El plano se traza y se aprueba tal como se presenta o modificado, para ser cum-plido. Construir la obra sin sujeción al plano levantado previamente y aprobado, es lo mismo que construirla sin plano, y así el hecho imputado, o sea el no haberse sujetado en la construcción del garage a las dimensiones fijadas en el plano no obstante habérsele advertido, constituye la in-fracción perseguida y castigada.

Debe confirmarse la sentencia .recurrida.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Madison Fletcher, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 707.

    Sometido: Febrero 13, 1928.

      Resuelto: Febrero 24, 1928.
    Gravámenes — Gravámenes Existentes en el Registro — Cancelación—Men-ciones — Precio Aplazado de la Compraventa de Inmuebles. — La mención de derechos lluramente personales con respecto a pagos aplazados cuando éstos forman parte del precio de la venta de propiedad inmueble inscrita on el Registro, no siendo de las especificadas en la disposición final del inciso (a) de la sección 1 de la Ley No. 12 de 1923 según quedó enmen-dada por la No. 12 de 1924 (pág. 109), no procede su cancelación al am-paro del disponiéndose final de dicha ley.
    Nota de Pedro Gómez Lasserre, R. (Mayagüez), denegando cancela-ción de mención de precio aplazado.

      Confirmada.

      José Sabaíer, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El inciso (a) de la sección l* de la ley titulada “Ley re-gulando el procedimiento para la cancelación de gravámenes y .menciones de derechos y la extinción de ciertas inscrip-ciones y anotaciones por el lapso de tiempo, en el Registro de la Propiedad,” aprobada en 29 de agosto de 1923, según fué enmendado en 1924, Leyes de este año, página 109, lee como sigue:

“Las menciones de hipotecas o de precio aplazado de la compra-venta de inmuebles, ya consten en los antiguos y modernos libros del registro, si hubieren transcurrido más de veinte (20) años desde que se verificó la respectiva mención, cuando la parte interesada no hubiere solicitado lá inscripción del derecho mencionado dentro del plazo de un año siguiente al día 29 de agosto de 1923, o hubiere promovido, dentro de ese período, demanda en reclamación de su derecho, anotándola en el registro. Las menciones de censo no se cancelarán de los antiguos o modernos libros del registro cuando la parte interesada solicite la traslación del asiento o mención del de-reclio mencionado a los modernos libros del registro dentro del plazo de dos años a contar desde el día en que empiece a regir esta Ley o promueva dentro de ese período, demanda en reclamación de su derecho, anotándola en el registro; Disponiéndose, además, que dichos registradores de la propiedad a instancia escrita de parte o de su representante, autenticada ante notario, procederán a cancelar también en el respectivo registro cualesquiera otras menciones de derechos para pago de dinero, que no se refieran al precio aplazado de la compraventa de inmuebles, cuando no se fije plazo, o no se in-dique, en el título que motiva la mención que se constituye un gravamen sobre el inmueble, si hubieren transcurrido más de cinco años. ’ ’

La sección l* de la Ley de 1923, autoriza, entre otras co-sas, la cancelación en el registro de las materias enumera-das en el inciso (a), “a instancia escrita de parte o de su representante, autorizada ante notario.”

En el presente caso, el registrador de la propiedad se negó a cancelar la mención de cierto pago diferido o precio aplazado de la venta de un condominio, porque aparece del registro de la propiedad que el pago en cuestión debía ha-cerse dentro de un período de diez años a partir del l9 de diciembre de 1906, fecha de la escritura, y porque no han transcurrido aún veinte años desde la fecha de la inscrip-ción de referencia, la cual fué hecha el 31 de diciembre de 1909.

Tía solicitud de cancelación fué hecha en la forma ordi-naria de un requerimiento escrito firmado ante notario, y el registrador no tuvo ante sí la escritura de diciembre de 1906.

La Ley de 1923, según fué enmendada en 1924, y en cuanto es pertinente a cualquier cuestión aquí envuelta, au-toriza la cancelación en el registro, primero, del precio .apla-zado de la compraventa cuando hubieren transcurrido más de veinte años desde que se verificó la respectiva mención, y, segundo, de “cualesquiera otras menciones de derechos para pago de dinero, que no se refieran al precio aplazado de la compraventa de inmuebles, cuando no se fije plazo, o no se indique en el título que motiva la- mención que se cons-tituye tm gravamen sobre el inmueble, si hubieren transcu-rridos más de cinco años.”

Si el derecho del vendedor, de acuerdo con los términos de la escritura otorgada en diciembre de 1906, equivalía a un gravamen del vendedor sobre el inmueble enajenado, para garantizar el balance adeudado del precio de la venta, entonces la nota del registrador fué indudablemente correcta.

Si, como sostiene el recurrente, el derecho de dicho ven-dedor era puramente personal, entonces la mención del mismo en el registro de la propiedad queda evidentemente excluido de la clase de menciones especificadas en la dispo-sición final del inciso (a) según fue enmendado, ya que se refiere a pagos aplazados. El lenguaje de la Legislatura al limitar la autoridad conferida por la disposición final últi-mamente mencionada a la cancelación.de “cualesquiera otras menciones de derechos para pago de dinero, que no se refie-ran al precio aplazado de la compraventa de inmuebles,” es demasiado claro para necesitar interpretación. El hecho de que se dejara, bien inadvertidamente o por alguna otra causa, de incluir la mención de derechos puramente perso-nales con respecto a pagos aplazados cuando tales pagos forman parte del precio de la venta de propiedad inmueble inscrita en el registro de la propiedad, no puede ser suplido por legislación judicial.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: ®¡u Juez Asociado Señob Wolf,

text:
    Jesús María González Torres, demandante y apelante, v. Francisco Carrillo, demandado y apelado.
    No. 4107.

    Visto: Noviembre 29, 1927.

      Resuelto: Febrero 24, 1928.
    1. Corporaciones Municipales — Uso v Reglamentación be Sitios, Propiedades y Obras Públicas — Calles y Otros Caminos Públicos — Uso de las Ca-lles — Acciones por Daños Provenientes del Uso Negligente de las Ca-lles Como Caminos — Derechos t Obligaciones Mutuas al Acercarse a o Pasar Cruces. — Cuando uno trata, con su automóvil, de pasar en la mis-ma dirección j por la misma calle porque dobla un camión una esquina a la cual éste ha llegado primero que aquél y al colocarse frente al camión choca coa el parachoques (bumpers) delantero de éste, aquél no tiene dere-cho a ser indemnizado de los daños sufridos.

      & Apelación y Error — ^Revisión—Cuestiones de Hecho, Veredictos y Con-clusiones — Apreciación de las Pruebas. — Cuando los errores señalados se refieren a la apreciación de la prueba y no hay nada en los autos que de-muestro que dicha prueba fuera erróneamente apreciada, procede confirmar la sentencia apelada.
    Sentencia de B. López Antongiorgi, J. (Guayama), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      José I. Fernández Segwrra, abogado del apelante; Adolfo Porraia Doria, abogado del apelado.
   ®¡u Juez Asociado Señob Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Por la prueba presentada, la corte inferior tuvo derecho a creer, y creyó, que el camión del demandado estaba doblando una esquina hacia la derecha, cuando el automóvil del demandante trató de pasar en la misma dirección y por la misma calle por que doblaba el camión. La corte no -creyó las manifestaciones de.los testigos del demandante de ■que el camión marchaba a una velocidad excesiva, y que el proceder del conductor del mismo fuera la causa próxima del choque que sobrevino. Uno de los principales argumentos del demandante y apelante es que su automóvil fué chocado por el medio y en la parte trasera, y que, por consiguiente, es claro que fué el camión del demandado el que ocasionó los daños. No obstante, es fácilmente posible que ira automóvil se coloque frente a otro. En realidad de verdad, el chauffeur del demandado manifestó claramente que ■el automóvil del demandante chocó con el “bumper” delantero del camión. Esa es la idea que tenemos del accidente. El chauffeur del demandante trataba de pasar al mismo tiempo, habiendo el camión llegado primero.

El apelante señala la comisión de varios errores, pero todos se refieren a la apreciación de la prueba, la que no hallamos que fuera erróneamente apreciada.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor. Texidor no intervino.


author: Eu Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    The American National Association of The Red Cross, demandante y apelante, v. Eugenio Carlos de Hostos y su esposa Mignon McCormick de Hostos, demandados y apelados.
    No. 4049.

    Visto: Enero 31, 1928.

      Resuelto: Febrero 24, 1928.
    1. Corporaciones Municipales — Uso y Reglamentación de Sitios, Propiedades y Obras Públicas — Calles y Otros Caminos Públicos — Uso de las Ga-lles — Acciones por Daños Provenientes del Uso Negligente de las Ca-lles Como Caminos — Derechos y Obligaciones Mutuas al Acercarse a. o Pasar Cruces. — La obligación de los conductores do vehículos que se-acercan a un cruce do calles de tomar precauciones al acercarse a, o pasar dicho cruce, no es un deber únicamente de una parte sino mutuo.
    2. Corporaciones Municipales — Uso y Reglamentación de Sitios, Propiedades y Obras Públicas — Calles y Otros Caminos Públicos — Uso de las Ga-lles — Acciones por Daños Provenientes del Uso Negligente de las Ga-lles Como Caminos — Negligencia Contribuyente en General. — En Puerto Rico una persona no pnede disculparse de negligencia contributoria por «E mero hecho de creer que él va a llegar a un cruce primero que otra que-también se acerca a éste, especialmente cuando esa creencia está basada «a» la rapidez de su marcha.
    3. Corporaciones Municipales — Uso y Reglamentación de Sitios, Propiedades y Obras Públicas — Calles y Otros Caminos Públicos — Uso de las Ca-lles — Acciones por Daños Provenientes del Uso Negligente de las Ca-lles Como Caminos — Derechos y Obligaciones Mutuas al Acercarse a o Pasar Cruces. — El mero hecho de que un vehículo tenga derecho a pasar por un cruce de una calle antes que otro, no exime al conductor de aquél.’ del deber de ejercer el debido cuidado para evitar un choque en el cruce.
    Sentencia de Miguel Muñoz, J. (San Juan), declarando sin bugal-la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      Bubón é Ooholeoo, abogados del apelante; Fernando B. Fornari,s, abogado de los apelados.
   Eu Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El automóvil de la demandante venía del este por la calle Loíza. El automóvil de los demandados venía del sur por la Avenida de Diego. Hubo un choque y el automóvil de la demandante fue lanzado contra un poste en la esquina noroeste de la intersección de las dos calles, sufriendo ave-rías. La apelante entabló demanda fundada en negligencia y reclamaba la suma de $525. La Corte de Distrito de Sara Juan resolvió el litigio a favor de los demandados y el caso se halla ante nos en virtud de un recurso de apelación.

La corte inferior halló que la prueba era confusa y contradictoria. Los testigos de cada una de las partes decían que la otra guiaba a una velocidad vertiginosa e indebida. No obstante, la corte encontró por la prueba del propio chauffeur de la demandante que al acercarse al cruce de las calles no redujo su velocidad, y dijo que en su deposición la Sra. de Hostos había manifestado que dicho chauffeur aumentó la velocidad porque creyó que podía pasar. El chauffeur estaba bajo la impresión de que el accidente se debió al hecho .de que el otro automóvil no se paró siendo su deber hacerlo así. En su deposición la Sra. de Hostos, además, decía que el automóvil de la demandante venía como un rayo. A pesar de las diferencias existentes en la prueba, la corte creyó la deposición de la Sra. de Hostos.

La corte resolvió que ambos chauffeurs fueron negligen-tes porque ninguno de ellos al acercarse al cruce tomó las precauciones debidas. Entre otras cosas la corte dijo que el chauffeur de los demandados procedió erróneamente al doblar hacia la izquierda para evitar el choque. El doblar hacia la izquierda para evitar un accidente por sí solo difícilmente podría constituir negligencia, ya que sería un acto de emergencia. Lo que la corte probablemente quiso decidir fué que ambos chauffeurs debieron haber reducido la velocidad al acercarse al cruce. La corte resolvió que la obligación de tomar precauciones al pasar un cruce no era un deber impuesto únicamente a una de las partes, sino que era un deber mutuo.

La teoría del apelante fué que su chauffeur llegó al cruce primero y que por tanto tenía derecho a pasar antes que el otro. Tenemos idea, a juzgar por la prueba, de que en determinado momento antes del choque, si cada uno de los automóviles hubiese ido a la misma velocidad, el carro de los demandados hubiera llegado al cruce primero. Es cierto que no podría ser la ley en ningún sitio que cuando las partes tienen iguales derechos al acercarse a un cruce que ninguna de ellas, aumentando su velocidad, pueda obli-gar a la otra a pararse.

Sin embargo, la ley en Puerto Rico no es que por el he-cho de que una persona probablemente llegue a un cruce primero que otra, tenga el derecho de esperar que todo el mundo se pare; ni que no sería culpable de negligencia contributoria si bajo tales circunstancias trata de cruzar con rapidez.

Por el contrario, aun si una persona tiene claramente la vía franca, debe acercarse a un crude con cuidado y a cierto grado de velocidad, con suficiente lentitud para evitar un accidente. Si el chauffeur de la demandante hubiese ido a una velocidad moderada, entonces tal vez tendría razón en su contención, pero las conclusiones de la corte son ad-versas a la demandante sobre este punto. La jurispruden-cia aplicable puede hallarse comenzándose en 12 Corpus Juris, 960, y más especialmente para los casos recientes una nota en 37 A.L.R. 509 como suplemento a una anota-ción en 21 A.L.R. 988. Citamos el texto de la nota:

“El mero hecho de que un vehículo tenga el derecho a pasar por una calle o por el cruce de una carretera antes que otro, no exime al conductor del vehículo así favorecido, del deber de ejercer el de-bido cuidado para evitar un choque en el cruce.”

La sentencia apelada dehe confirmarse.


text:
    José A. Rexach, demandante y apelado, v. Félix Benítez Rexach y F. Benítez Rexach, Inc., demandados y apelantes.
    No. 4277.

    Visto: Enero 30, 1928.

      Resuelto: Febrero 24, 1928.
    1. Apelación y .Error — Alegatos—Término para su Radicación — Prórrogas —Estipulaciones de las Partes. — A la Corte Suprema, y no a los abo-gados mediante estipulación verbal, corresponde prorrogar el término fijado por sus Reglas para la radicación de los alegatos; las estipulaciones sobre dicho término deben hacerse por escrito y someterse a dicha corte para su aprobación.

      2. Apelación y Error — Alegatos—Omisión o Falta pe Radicarlo Dentro bel Término — Desestimación de Recurso. — Solicitada la desestimación de im recurso por falta de radicar el alegato en tiempo, si el apelante no pro-porciona a la corte motivos suficientes para que ésta pueda ejercitar su dis-creción, la moción de desestimación debe declararse con lugar y desestimarse el recurso.
    Moción sobre desestimación de apelación, interpuesta ésta contra re-solución de Domingo Sepiilveda, J. (San Juan), negándose a disolver embargo decretado sin fianza.

      Con lugar.

      Guerra- Mondragón & Soldevila, abogados de los apelantes; J. H. Brown y Clemente Ruiz, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Los autos de esta apelación quedaron definitivamente ra-dicados en la Secretaría de esta Corte Suprema el 27 de mayo de 1927. El 6 de junio siguiente se solicitó una pró-rroga de veinte días para presentar el alegato que fué con-cedida, quedando el término legal extendido basta el 27 de junio de 1927.

Así las cosas, el 23 de enero de 1928 o sea más de seis meses después de vencido el término, la parte apelada presentó una moción pidiendo la desestimación del recurso por no haberse presentado el alegato.

La parte apelante se opuso por medio de una moción jurada alegando que antes de vencer el término su abogado el Sr. Soldevila habló con el Sr. Ruiz Nazario, abogado de la apelada y entre ambos convinieron en que siendo el Sr. Guerra el abogado que tenía a su cargo la presentación del alegato del apelante y encontrándose sumamente ocupado en gestiones de carácter público y profesional, se tomaría algún tiempo más para preparar dicho alegato, estipulán-dose “que si la radicación del documento tardaba tiempo mayor que el que estimare razonable el abogado del ape-lado, éste no solicitaría la desestimación sin antes avisar tal propósito con razonable antelación,” lo que no hizo, siendo el primer aviso dado al abogado del apelante la presentación de la solicitud de desestimación. A la moción de oposición que se archivó el 30 de enero de 1928, se acompañó' él ale-gato del apelante en el recurso.

La parte apelada presentó una contestación jurada a la moción de oposición. En ella admitió que uno de sus abo-gados, Buiz Nazario, convino con otro de los abogados del apelante, Soldevila, en que el apelante se tomaría algunos días más, para radicar su alegato, pero negó que tal conve-nio fuera celebrado en atención a que el Sr. Guerra fuese el abogado que tenía a su cargo la preparación del alegato y estuviera ocupado en gestiones de carácter público y pro-fesional, así como también que estipulara que si la radica-ción tardaba tiempo mayor que el que estimare razonable, no pediría la desestimación del recurso sin antes avisar al apelante. Sostiene que el término que se fijó verbalmente se convino en que no fuera mayor de dos semanas. Ad-mite que el primer aviso dado lo fué por medio de la pre-sentación de la moción de desestimación, pero insiste en que no convino en dar tal aviso previo.

Ambas partes infonmaron oralmente en el acto de la vista sosteniendo sus respectivas posiciones y así quedó el caso sometido a nuestra consideración y resolución.

Lo ocurrido revela lo arriesgado que es la celebración de convenios verbales, especialmente la de aquellos que abarcan diferentes extremos. Dejando a un lado los casos de mala fe y tomando en consideración únicamente los de buena fe la experiencia demuestra lo difícil que es recor-dar todos los detalles.

Se trata de términos fijados por las reglas de la corte y es a la corte a la que corresponde prorrogarlos cuando se le muestran razones suficientes para ello. La estipulación no sólo debió haberse celebrado por escrito si que también debió haber sido sometida a la corte.

Vacilamos en la resolución que debemos adoptar porque la tendencia de este tribunal ha sido siempre la de hacer todo lo posible porque los recursos se decidan por sus mé-ritos, pero tampoco podemos olvidar que una buena admi-nístración de la justicia exige reglas de tramitación y que esas reglas se cumplan. De otro modo las partes confiando •en que al fin la corte siempre oiría su caso, prescindirían -del cumplimiento de las regias.

Si se tratara de la tardanza de dos, cuatro o seis sema-nas, quizá deberíamos ejercitar nuestra discreción en favor del apelante, pero se trata de más de seis meses y en ver-dad no nos sentimos justificados para tomar tal medida.

Además liemos leído el alegato del apelante para tener noaa idea de los méritos envueltos y a nuestro juicio no presenta una cuestión que a primera vista parezca ilegal .© injusta.

En primer lugar sólo contiene doce páginas en maquini-Ba y si bien envuelve cuestiones de hecho y de derecho in-teresantes y bien presentadas y estudiadas, sólo hay que 'volver la vista a la transcripción de los autos para cercio-rarse de que todas dichas cuestiones fueron levantadas y argumentadas ampliamente en la corte de distrito por los mismos abogados que defienden al demandado, en la apela-ción. Siendo ello así, no se concibe la necesidad ni aún de la primera prórroga solicitada el 6 de jimio, de 1927 para archivar el alegato.

Se trata simplemente de una medida provisional, dictada en el pleito. Se pidió por el demandante el aseguramiento de la sentencia sin fianza por aparecer la obligación de do-cumento auténtico y así lo decretó la corte. El demandado pidió la disolución del embargo especialmente porque se había decretado sin fianza. La cuestión se discutió amplia-mente y la corte sostuvo su resolución. El demandado en-tonces interpuso el presente recurso. En su alegato admite -que los documentos en que se basa la demandada son au-ténticos pero insiste en que la obligación que surge de ellos no era claramente exigible. También sostiene que el embargo trabado era nulo por haberlo sido sobre un muelle y propiedades de servicio público, y del Pueblo de Puerto JBico.

Siendo ésas las circunstancias concurrentes, es necesario--reconocer que la moción del apelado está bien fundada y que no habiendo el apelante proporcionado a la corte moti-vos suficientes para ejercitar su discreción, de acuerdo coié con la ley, las reglas y la constante jurisprudencia, la in-dicada moción debe ser declarada con lugar y en su viríné desestimarse el recurso.


author: El .Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    In re Eduardo Flores Colón, querellado.
    No. 20.

    Visto: Febrero 20, 1928.

      Resuelto: Febrero 24, 1928.
    Abogado y Cliente — La Profesión de Abogado — Suspensión o Separación— Causas que Dan Lugar a la Separación — Conducta Impropia para con el Cliente — Apropiación de Dineros Pertenecientes a Éste. — En los cargos de la querella de disbarment en este easo se imputó al querellado-la falsificación de una orden de una corto y la apropiación, para su propio-beneficio, de distintas cantidades provenientes de transacciones realizada» por él sin consentimiento del cliente. En la vista de la' querella el abogad® que lo representaba admitió la veracidad de los cargos y sólo se limitó sí pedir clemencia. Atendida la gravedad de la falsificación y la no presen-tación de excusa alguna que justificara la apropiación, se resolvió no habían razón alguna para mitigar la pena y se ordenó su eliminación del registro-de abogado retirándosele el privilegio do ejercer el notariado.
    PROCEDIMIENTO de DISBARMENT, incoado por el Fiscal del Supremo en representación ,del lion. Attorney General contra el abogado» Eduardo Flores Colón.

      h. formes, abogado del querellado; José E. Figueras, Fiscal del Supremo.
   El .Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Por virtud de las leyes de 1909 y 1910, el Procurador General de Puerto Rico ha instado un procedimiento de-disbarment contra Eduardo Flores Colón. En síntesis, los cargos son: primero, qne después que dicho Eduardo Mores Colón había entablado un pleito de filiación a nombre-de María Santiago, sin el consentimiento de ésta transigió-dicho pleito por la suma de $3,000, apropiándose la suma de $2,950 pagádale, y sin entregarle nada de ella a dicha María Santiago; segundo, que transigió otro pleito por unos cien dólares y nunca le entregó nada a sn cliente Ramona Pérez; tercero, que obtuvo la suma de $230 mediante la pu-blicación de una orden de la Corte de Distrito de Ponee au-torizando unos edictos, como si la misma hubiese sido cer-tificada por el secretario, cuando en realidad de verdad tal orden nunca había sido firmada por el juez ni certificada por el secretario.

Cuando se llamó la vista de este caso, el abogado de Eduardo Flores Colón se levantó y manifestó a este tribunal que él había investigado los cargos formulados y exa-minado los testigos, y se sentía obligado a confesar que las alegaciones de la petición eran ciertas. Igualmente dijo que estaba autorizado por su cliente para hacer tal confe-sión. Se limitó a pedirle clemencia a la corte. Manifestó además que, después de haberse comenzado este procedi-miento, a instancias de Eduardo Flores Colón, había entre-gado $900 a María Santiago.

Con respecto al tercer cargo, el abogado alegó que la falsedad de la publicación era inofensiva, ya que tenía que ser escudriñada y examinada por los funcionarios de la corte antes de que tuviera efecto. Sin embargo, potencial-mente la falsificación de ordenes de las cortes pueden pro-ducir los mayores daños, y probablemente ésta es la menos excusable de las faltas imputadas. Si los abogados no son leales a las cortes de las cuales son funcionarios, ponen seriamente en peligro la administración de justicia.

Con respecto a los otros dos cargos, si bien nos damos cuenta del hecho de que Eduardo Flores Colón fué impul-sado por la tentación, sin embargo, no nos ha presentado excusa alguna que justifique el haberse apropiado las dis-tintas cantidades para su propio beneficio. Al recordar que en cada uno de estos dos casos sus clientes eran mujeres, las faltas se agravan. Además, según el primer cargo la transacción se hizo claramente sin el consentimiento del cliente.

No vemos razón alguna para mitigar la pena en este caso. Nos sentimos obligados a ordenar la eliminación de Eduardo Flores Colón del registro de abogados e incluir en la sentencia mía orden para que se le retire el privilegio de ejercer el notariado en la isla de Puerto Rico.


text:
    Juan Hernández, peticionario y apelante, v. La Corte Municipal de Manatí, Hon. José Soto Soto, Juez, demandado y apelado.
    No. 4238.

    Visto: Febrero 28, 1928.

      Resuelto: Febrero 24, 1928.
    Certiorari — Naturaleza y Fundamentos — Resoluciones y Ordenes de Tribu-nales Inferiores — Procedimientos Relativos a la Ejecución de Sen-tencias. — Dictada y cumplimentada orden para el cumplimiento de una sen-tencia sin que ésta hubiere sido notificada a la parte perjudicada por ella, y por tanto, sin haber transcurrido el término para apelar, procede anular, mediante oertiorari, la orden de ejecución así dictada y las diligencias para su cumplimiento.
    ResoduCión de Luis Samalea, J. (Areeibo), anulando auto de cer-tiorari expedido.

      Revocada.

      V. Polanco de Jesús, abogado del peticionario-apelante; José Soto Solo, Juez Municipal, apelado y José E. Díaz, abogado del de-mandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia en una corte municipal condenando al demandado al pago de determinada cantidad de dinero fué librada orden para su cumplimiento y vendida una casa del demandado, quien entonces estableció recurso de certiorari ante la Corte de Distrito de Areeibo por el fundamento de que se babía procedido a cumplir esa sentencia sin que ésta le hubiera sido notificada, por lo que no babía transcurrido el término que tenía para apelarla.

Librado el auto interesado y oídas las partes, la corte de Distrito anuló el auto que babía expedido y contra esta resolución fué establecido, este recurso de apelación, que está autorizado por el inciso 1? del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil y los casos de The American Rail road Co. of P. R. v. Corte Municipal, 16 D.P.R. 239, y Agostini v. Corte Municipal, 33 D.P.R. 816.

El Código de Enjuiciamiento Civil que empezó a regir el primero de julio de 1904 dispuso en su artículo 239 que-la parte a cuyo favor se hubiere dictado una sentencia po-dría en cualquier tiempo, dentro de los cinco años de regis-trada, obtener una orden de ejecución para su cumplimiento: el artículo 295 que la apelación contra sentencia definitiva dictada por una corte de distrito en un pleito o procedi-miento especial comenzado en la corte que lo hubiere dic-tado se establecerá dentro de un mes después de haberse registrado la sentencia, y dentro de quince días después de registradas las que dictasen en apelación interpuesta contra resolución de una corte inferior: y el artículo 297 que formalizada una apelación producirá el efecto de suspender todo procedimiento en la corte inferior respecto a la sentencia u orden apelada.

Pocos meses después, en marzo de 1905, fué aprobada la ley sobre sentencias y manera de satisfacerlas, cuya sec-ción- tercera dispone que cuando el asunto se origine en una corte de distrito, si no se apelare del fallo definitivo dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se dicte la sentencia, el secretario expedirá la orden de ejecución en cualquier tiempo después de transcurrido dicho plazo, si así lo solicitara la persona a cuyo favor se hubiere dic-tado la sentencia; y que del mismo modo se expedirá la orden de ejecución en los juzgados municipales si no se hu-biere apelado la sentencia dentro de los diez días después de dictada. De modo que, de acuerdo con esa ley, la orden de ejecución de la sentencia no puede librarse una vez re-gistrada la sentencia, como disponía el artículo 239, sino después de pasar los términos concedidos por la ley para ser apelada, creando así la ley dos modos de quedar suspen-dida la ejecución de las sentencias, uno mientras transcu-rre el período dentro del cual pueden ser apeladas, y otro por la apelación interpuesta, según el artículo 297.

Eli 1908 fue aprobada otra ley para reglamentar las ape-laciones contra sentencias de las cortes municipales en plei-tos civiles, disponiendo su sección primera que la parte que se creyere perjudicada por una sentencia dictada por una corte municipal en asunto civil podrá apelar de ella para ante la corte de distrito en que radicare la corte municipal, dentro de diez días de dictada la sentencia; y por su sec-ción segunda que “la presentación de dicho escrito de ape-lación tendrá el efecto de suspender la ejecución de la sen-tencia.” Y en noviembre de 1917 fue enmendada esa sec-ción primera por la Ley No. 13 de ese año en el sentido de que la apelación contra sentencias de las cortes municipales se formalizará dentro de los diez días siguientes al en que se hubiere notificado la sentencia a la parte contra la cual se hubiere dictado, o a' su abogado, por lo que, actualmente, desde dicha notificación es que empieza a correr el término para establecer la apelación y no desde que la sentencia se dictó.

Como la sección tercera de la Ley de 1905 sobre senten-cias y manera de satisfacerlas, preceptiva de que la orden de ejecución contra las sentencias de las cortes municipales no será expedida hasta que transcurra el término concedido para interponer ese recurso no ha sido enmendada, subsiste la suspensión de ejecución de la sentencia durante el pe-ríodo de tiempo en que la sentencia puede ser apelada y además la suspensión producida por la interposición de la apelación, según la sección segunda de la Ley de 1909, aná-loga al artículo 297 del Código de Enjuiciamiento Civil, pre-ceptos éstos que no están en contradicción con dicha Ley de 1905 porque se refieren a situaciones diferentes, una pro-ducida por la voluntad de una parte con la interposición de la apelación, y otra por ministerio de la ley durante el período que tiene la parte perjudicada para interponer su apelación, y por esto no puede sostenerse que por subsistir , la sección segunda de la Ley de 1909 sobre apelaciones contra sentencias de las cortes municipales, según la cual .la in-terposición de la apelación produce el efecto de suspender la ejecución de la sentencia, sea éste el único medio por el cual la sentencia no puede cumplirse y que pueda llevarse a efecto su cumplimiento tan pronto es dictada, a pesar de que no haya transcurrido el término para apelar, ni que sea un caso omiso ya que la Legislatura ha establecido esas dos maneras de quedar suspendida la ejecución de la sentencia.

En vista de lo expuesto y toda vez que en este caso la sentencia fué cumplida sin ser notificada a la parte perjudi-cada por ella y sin que, por consiguiente, hubiera empezado a. correr el término de diez días que tenía para apelarla, debe revocarse la resolución apelada de la corte de distrito y dictarse otra declarando nula la orden de ejecución de sen-tencia que libró la Corte Municipal de Manatí, así como las diligencias para su cumplimiento

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Hutchison disin-tieron.


text:
    Melchior, Armstrong, Dessau Company of Delaware, Inc., demandante y apelante, v. Banco Comercial de Puerto Rico, Eduardo Giorgetti y Fernández Vangas y Central Bayaney, Francisco García García, Trustee, demandados y apelados.
    No. 3652.

    Visto: Febrero 14, 1928.

      Resuelto: Febrero 24, 1928.
    Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos Para Elevar la Causa-Causa de Error, Citación o Notificación — Escrito de Apelación — Falta de Notificación y Efecto. — Cuando en acción en cobro de una segunda hipoteca contra los adjudicatarios de una finca hipotecada se ha hecho parte al primitivo deudor hipotecario y al apelar el demandante la sentencia dic-tada en su contra deja de notificar el escrito de apelación a dicho primitivo deudor, teniendo éste interés en la resolución del caso en apelación es parte adversa en la misma, tal omisión da lugar a la desestimación del recurso y acordada ya ésta no ha lugar a reconsiderar y dejar sin efecto la reso-lución que desestimó aquél.
    Moción sobre reconsideración de sentencia presentada por el ape-lante.

      Sin lugar.

      Henry Q. Molina j Leopoldo Helm, abogados del apelante; Jaime Sifre, Jr., y Horacio Franeeschi, abogados del apelado Señor Giorgetti; Gabriel de la Haba, abogado del Banco Comercial, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Se nos pide que reconsideremos nuestra resolución en este caso por la que desestimamos la apelación interpuesta por la demandante (36 D.P.R. 91), y aunque esa solicitud ha sido presentada muchos meses después de su fecha le prestaremos atención en vista de las circunstancias concu-rrentes, ya que el apelante la ha presentado en seguida que la Corte de Circuito de Boston declaró que no procedía la apelación que interpuso contra ella.

Según resulta de estos autos la Central Bayanay de Are-cibo constituyó primera hipoteca sobre determinadas fincas suyas a favor del Banco Comercial de Puerto Rico para garantizarle el pago de $200,000, y posteriormente consti-tuyó segunda hipoteca sobre las mismas fincas para garan-tizar a Melchior, Armstrong & Dessau el pago de ciertos pagarés librados a su orden por una suma de $42,514.40.

El Banco Comercial de Puerto Rico demandó en juicio ordinario en la Corte de Distrito de Arecibo el pago de su crédito y dictada sentencia a su favor fué ejecutada me-diante venta judicial de las fincas hipotecadas, que fueron adjudicadas a dicho banco como único licitador en la su-basta, por cantidad de $125,000 más las contribuciones adeu-dadas por la central demandada, precio que no cubrió su acreencia. El banco vendió más tarde las fincas a don Eduardo Giorgetti quien constituyó hipoteca sobre ellas para responder de parte del precio de su compra.

En esa situación las cosas, Melchior, Armstrong Dessau Co. of Delaware, Inc., demandó al Banco Comercial de Puerto Rico y a don Eduardo Giorgetti alegando haberle sido endosados los pagarés hipotecarios librados por la Central Bayaney a favor de Melchior, Armstrong & Dessau, Inc., que no han sido pagados, y solicitando que para satisfacer-los sean vendidas las fincas hipotecadas.

A virtud de excepción de los demandados de existir de-fecto de partes demandadas la corte de distrito ordenó que el demandante hiciera parte demandada a la Central Ba-yaney y la demanda fue enmendada a ese solo efecto inser-tándole una alegación en la que se dijo que la Central Ba-yaney estaba declarada en quiebra, siendo su síndico don Francisco G-arcía, y solicitando que la Central Bayaney, el Banco Comercial de Puerto Rico y don Eduardo Giorgetti fueran condenados a pagar la cantidad reclamada por el demandante. No compareció en el pleito la Central Baya-ney ni su síndico y anotada su rebeldía se celebró el juicio, en el que el demandante enmendó la súplica de su demanda para solicitar sentencia contra el banco y contra Giorgetti. Esta enmienda se hizo sin alterar en nada el título del pleito, ni las alegaciones como aparecían después de re-suelta la excepción previa por la que se ordenó incluir como parte demandada a la Central Bayaney; es decir, que subs-tancialmente la súplica de la demanda era la misma que la de la demanda original.

La situación legal creada en el procedimiento por la re-solución de la excepción previa era la de que la Central Ba-yaney quedaba en tal procedimiento como una parte deman-dada con todos los derechos y los deberes que cualquiera otra parte. En estas condiciones, entendemos que no po-día la parte demandante dejar de notificar a la Central Ba-yaney al establecer su apelación, ya que dicha central era legalmente una parte directamente interesada en el procedi-miento.

Alega el apelante que ejercitando en su demanda la ac-ción de cobro de una deuda garantizada con hipoteca puede establecer su acción contra los poseedores actuales de las fincas hipotecadas sin tener que hacer parte en ella a la Central Bayaney que originalmente constituyó la hipoteca cuyo pago se reclama, porque la hipoteca es un derecho real que grava las fincas hipotecadas y que signe con ellas cualquiera que sea su poseedor; pero como de los autos aparece que las fincas fueron vendidas judicialmente para el pago de una hipoteca anterior a la del demandante y que el precio obtenido en la subasta no cubrió el importe de la primera hipoteca, entendemos que bajo tales circunstancias la Central Bayaney o su síndico tiene interés en este asunto y es una parte contraria en esta apelación, porque tratando el demandante de cobrar su hipoteca del Banco y del Sr. Giorgetti por el hecho de que en el pleito del Banco para cobrar su primera hipoteca no fué notificado de la subasta el segundo acreedor, demandante ahora, si por este motivo o por haber estado presente en la subasta, según se alega, el, representante del segundo acreedor hipotecario no han contraído el banco y G-iorgetti la obligación de pagar la segunda hipoteca después de vendidas las fincas por un primer acreedor hipotecario sin cubrir su crédito, entonces esa obligación de la Central Bayaney sólo puede ser reclamada a ella, por lo que está interesada en la resolución de esas cuestiones por este tribunal, siendo así una parte adversa en esta apelación por lo que debió ser notificada de ella.

Por lo expresado no ha lugar a reconsiderar y dejar sin efecto nuestra resolución desestimando esta apelación.