author: El Juez Asociado Senos Wolf,

text:
    Pedro Montalvo Colberg, asistido de su padre Manuel Montalvo Colberg, demandante y apelante, v. La Corporación “Empresa del Teatro Caborrojeño”, y sus directores de facto Autonio R. Cabassa, Julio P. Castro, Francisco Comas Ortiz y Enrique López Delgado, demandados y apelados.
    No. 3847.

    Visto: Marzo 16, 1926.

      Resuelto: Julio 18, 1926.
    1. Mandamus — Jurisdicción, Procedimientos y Remedio — Apelación—Revisión ' —Enmiendas, Pruebas Adicionales y Nueva Vista del Caso — Enmiendas que, en Apelación, se Consideran Como Hechas. — Alegándose en petición de mandamus que unos directores de corporación demandados nunca fueron legalmente elegidos y apareciendo de la prueba de éstos lo contrario, si la petición no se enmienda para conformarla a la prueba y la resolución de la corte es adversa al peticionario, tal petición no puede considerarse enmen-dada por la prueba en apelación.
    2. Mandamus — Materias y Objetos del Remedio — Actos y Procedimientos de Corporaciones Privadas e Individuos — Mítines de la Corporación o de los Directores — Mandamus para Compeler a Directores que Llamen un Mitin de éstos — 1 ‘ Hold-over Directors. ’ ’ — Cuando oficiales y directores d© uná corporación abandonan completamente la dirección de aquélla y tal abandono es inconsistente con la condición de oficiales que continúan desem-peñando sus cargos después do expirado el término, aquéllos no pueden ser obligados por mandamus a actuar y menos aún en ausencia de demostración de que, bajo esas circunstancias, tienen poder para actuar en la forma soli-citada.
    3. Mandamus — Naturaleza y Fundamentos en General — Existencia de un Remedio MAs Adecuado en Ley. — Teniendo el. querrellante en este caso, bajo las condiciones del mismo, un remedio adecuado, mediante solicitud, para que se nombrara un síndico, se resolvió no precedía expedir el mandamus solicitado.
    Sentencia de Charles TS. Fooie, J. (Mayagüez), declarando sin lu-gar la solicitud de mandamus, con costas.

      Confirmada.

      José Sabaíer, abogado del apelante; Alemañy & Ramírez, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Senos Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción de mandamus el objeto de la petición era hacer que ciertos demandados nombrados citaran a una reu-nión general de los directores de la corporación para ren-dir una cuenta de la administración y permitir al deman-dante como accionista examinar los libros de cierta corpo-xación. Como móvil de esta petición se alegó que la corpo-ración se organizó para poseer,y explotar un teatro, que lo poseyó y lo explotó y que últimamente se ha dejado que el teatro se arruine. La petición contiene la alegación de que varios de los demandados citados fungiendo ser oficia-les y directores de la compañía, estaban gobernando y diri-giendo la corporación, disponiendo de la propiedad como si hubieran sido oficiales y directores de la compañía debida-mente electos, cuando en realidad dichos demandados nunca han sido elegidos oficiales o directores de dicha corporación.

Hubo una contestación y una vista. La corte resolvió, creemos propiamente, que como los mismos querellantes ale-gan que los demandados nunca fueron legalmente elegidos la petición no demuestra que los demandados podían ser compelidos a realizar los actos solicitados; que ordenarles que los realicen sería conferir una nueva autoridad que es-taría en contra de las expresas prescripciones de la ley de mandamus.

En apelación el querellante dice que en el juicio se de-mostró por las manifestaciones de varios de los demanda-dos que ellos, o algunos de ellos, como seis u ocho años antes, habían sido debidamente electos oficiales o directores •de la compañía; que como una consecuencia ellos continuaron ■desempeñando sus cargos de directores u oficiales (hold ■over) con poder para citar la reunión. Esta no fue la teo-ría de la corte sentenciadora. El querellante no enmendó ■su petición.

Por consiguiente, en vista de una resolución adversa por la corte inferior, una petición no deberá ser conside-rada enmendada en apelación. La petición es la base de la cansa de acción del peticionario. Sus manifestaciones de récord son las contenidas en su propia petición y a menos que .en la corte inferior él tome alguna medida para cam-biar su alegación, queda sujeto a ella. Si la corte hubiera resuelto a su favor la petición bajo ciertas condiciones, po-dría considerarse enmendada en apelación. El Pueblo v. Valdés, 31 D.P.R. 223. Asimismo, cuando estamos conven-cidos de que el querellante tiene un caso meritorio de mandamus, podríamos en casos excepcionales devolver el caso para ulteriores procedimientos.

El apelante no nos satisface de que los demandados, o cualquiera de ellos, tiene poder actual para citar a la junta directiva, o de todos modos que ellos pueden ser compelidos a actuar. Seis u ocho años antes algunos de los demandados fueron electos como oficiales. Todos los que declararon dicen en efecto que ellos fueron elegidos por un año y desde la terminación del período no fian hecho absolutamente nada y de ninguna manera han tratado de dirigir los asuntos de la corporación. El tesorero, es cierto, declaró que recibía los ingresos.

El apelante cita ciertas autoridades para demostrar que los directores que continúan desempeñando sus cargos al expirar sus términos (hold-over directors) pueden realizar los actos de los directores regulares, pero no nos cita nada para demostrar que oficiales y directores que han abando-nado completamente la dirección siguen siendo tales direc-tores y que pueden ser obligados por mandamus para ac-tuar. Creemos que tal abandono es inconsistente con la-condición de oficiales que continúan desempeñando sus car-gos después de haber expirado sus términos.

El apelante no nos demuestra que estos demandados en particular tenían el poder actual para actuar bajo una su-puesta carta constitucional o estatuto de la compañía. No tenemos conocimiento de cuáles son las reglas de la corpo-ración. Se ha encontrado un anterior vicepresidente, un se-cretario, un tesorero y otros directores, pero no aparece bajo qué condiciones estos directores tienen derecho a ac-tuar. ' El mero hecho de que el tesorero recibió ciertas ren-tas y las retuvo, no establece por sí sólo una directiva cuyo término no ha expirado.

Además, estamos de acuerdo con la corte en que el querellante bajo estas' condiciones tiene un remedio más adecuado presentando una solicitud para que se nombre un síndico (receiver). Generalmente un mandamus será expedido solamente en un caso claro.

No vemos razón alguna para modificar la sentencia en cuanto a costas y la misma debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Serafín Alfaro y Ramón Calero, peticionarios y apelados, v. Asamblea Municipal de Isabela, demandado y apelante.
    No. 3778.

    Visto: Mayo 28, 1926.

      Resuelto: Julio 16, 1926.
    1. Certiorari- — Procedimientos y Resolución — Apelación—Desestimación del Recurso. — Un procedimiento de certiorari para anular acuerdos de una asam-blea municipal es un procedimiento especial, y autorizando el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil apelaciones contra sentencias dictadas por las cortes de distrito en pleitos o procedimientos especiales, no eabe desestimar apelación interpuesta contra sentencia dictada en dicho procedi-miento de oerliorm'i por el fundamento de que el remedio de apelación no existe en dicho procedimiento especial.
    2. Certiorari — Procedimientos y Resolución — De la Demanda, Petición o- So-licitud — Requisitos de las Mismas — Albsaciones de Hechos de los Cua-les Surja el Remedio Solicitado. — En las peticiones de certiorari que concede la Ley Municipal es necesario alegar hechos de los cuales, teniéndolos por ciertos, surja el remedio que se solicita, y en ausencia de ellos la corte no puede requerir las diligencias que motivaron los actos administrativos o legales impugnados, decidir si son o no nulos, ni obligar a la demandada a que se defienda" sin constar los hechos en que se basa la petición.
    3. Certiorari. — Procedimientos y Resolución. — De la Demanda, Petición o So-licitud — Requisitos de las Mismas — Alegaciones de Hechos de los Cua-les Surja el Remedio Solicitado — Omisión de Alegarlos, y Efecto.— Cuando en la petición de certiorari que concede la Ley Municipal no se alegan hechos de los cuales teniéndolos por ciertos surja el remedio que se solicita, ello será motivo bastante para no expedir el auto o para anularlo 1 cuando sobre ello se llame la atención a la corte.

      4. Certiorari — Procedimientos y Resolución — De la Demanda, Petición o So-licitud — Acumulación Indebida de Acciones. — Atendida la demanda de certiorari en este caso se resolvió: que la acción ejercitada por los peticio-narios como asambleístas para anular el acuerdo de la asamblea al declarar vacantes sus cargos, y la ejercitada como contribuyentes para declarar ilegal la aprobación del presupuesto municipal hecho después de haberse declarado los cargos de los peticionarios, no eran aeumulables.
    5. Certiorari — Naturaleza y Fundamentos — Defensas Contra el Remedio— Perjuicios que Causare la Expedición del Auto — Solicitud de Certiorari no Clara en sus Alegaciones. — En procedimiento' de certiorari ejercitado de acuerdo con la Eey Municipal, aún cuando el hecho de la expedición del auto iiucda causar graves perjuicios a los intereses públicos y originar entor-pecimientos a la administración no es motivo bastante para negar su libra-miento si el peticionario tiene un derecho claro a él, sin embargo, ello es una circunstancia a considerar cuando la solicitud no es clara en sus alega-ciones.
    SENTENCIA de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), declarando con lugar petición de certiorari y anulando acuerdos de la Asamblea Municipal de Isabela, con costas.

      Revocada, anulándose el auto ex-pedido, sin costas.

      Guerra Mondragón é Soldevila, abogados de la apelante; Leopoldo Feliú, abogado de los peticionarios y apelados.
   El Juez Asociado Señob Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La petición de certiorari cuya resolución motiva esta ape-lación fué presentada en la corte inferior el primero de julio de 1925 y fué resuelta por sentencia del 12 del mes siguiente siendo apelada el mismo día y a pesar de ser de 27 páginas la transcripción de la apelación no fué presentada en este Tribunal Supremo basta el-20 de octubre; y después de obte-nidas varias prórrogas por el apelante para presentar su alegato de apelación éste fué radicado cinco meses después, el 15 de marzo de 1926, haciendo nosotros dos días después el señalamiento de día para la vista de la apelación, y sus-pendida a petición de la apelante con la conformidad de la apelada, señalamos la vista nuevamente para el 28 de mayo de este año en cuyo día tuvo lugar. Hacemos constar estos datos para que se vea que si este caso ha tardado en resol-verse a pesar de estar en discusión la validez del presupuesto del municipio de Isabela para el año económico de 1925 a 1926 ha sido debido a las actuaciones de las partes, pues a pesar de haber sido apelada la sentencia en 12 de agosto de 1925 la vista de sn apelación no ha podido tener lugar hasta nueve meses después, en la época en que este tribunal está próximo a cerrar sus sesiones y agobiado de trabajo por el deseo que tenemos de resolver todos los casos pendientes de decisión.

Don Serafín Alfaro y don Eamón Calero comparecieron ante la Corte de Distrito de Aguadilla alegando ser miembros de la Asamblea Municipal de Isabela y contribuyentes de ese municipio y solicitaron que librase un auto de certiorari con el fin de que anulase dos acuerdos de dicha asamblea municipal, tomados ambos' en la sesión que celebró dicho cuerpo el 18 de junio de 1925, uno declarando vacante los cargos que los peticionarios ocupaban como asambleístas y otro, to-mado después del anterior, aprobando el presupuesto del ex-presado municipio que había de regir desde el primero de julio de 1925 hasta el 30 de junio de 1926, a pesar de haber vedado el alcalde el 15 de junio el mismo presupuesto apro-bado por la asamblea en 10 de junio anterior.

La sentencia recaída en este asunto fue favorable a los demandantes quienes al contestar el alegato de apelación de la demandada dicen en primer término que debemos desestimar la apelación porque no existe tal remedio en procedimientos especiales a menos que se confiera expresa o tácitamente; pero el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil autoriza apelaciones de sentencias dictadas por las cortes de distrito en pleitos o procedimientos especiales, y el presente es un procedimiento especial por lo que la apelación podía ser interpuesta y no la desestimaremos.

La asamblea municipal apelante alega seis motivos de error para sostener su recurso de los cuales los cinco prime-ros se alegan por no haber sido sostenidos por la corte'in-ferior los motivos que alegó ante ella para que anulara el auto que expidió, y el sexto por haber sido dictada sentencia declarando con lugar la petición de certiorari y anulando los acuerdos impugnados.

La apelante solicitó en lá corte inferior que el auto li-brado fuese anulado por los siguientes motivos, que como hemos dicho son los primeros de su apelación, a saber: Io., que la petición de certiorari no contiene hechos suficientes para constituir causa de acción; 2°., que la petición es im-precisa y ambigua; 3°., que se establecen en ella indebida-mente dos causas de acción, o se intentan establecer indebi-damente dos causas de acción; y 4°., que no procede el librar miento del auto de certiorari porque causaría graves perjui-cios a los intereses públicos de Isabela y originaría entor-pecimientos en la administración municipal de ese pueblo.

La Ley Municipal en su artículo 65 concede jurisdicción a las cortes de distrito a instancia de parte perjudicada para anular o revisar cualquier acto legislativo o administrativo de la asamblea municipal que lesione derechos constitucionales de los querellantes o sean contrarios a la: Ley Orgánica o a las leyes de Puerto Rico, mediante certiorari.

Los apelados, peticionarios en la corte inferior, alegaron en su solicitud los caracteres en que comparecían, según he-mos dicho, los nombres y apellidos de las siete personas que componen la asamblea municipal de Isabela; que dicha asam-blea en su sesión 'extraordinaria del 18 de junio de 1925, es-tando presentes todos sus miembros y por cuatro votos contra tres, ilegalmente, en violación manifiesta y abierta de la Ley Municipal vigente, asumiendo facultades que no tenía ni tiene, y usurpando poderes de que no estaba ni está inves-tida e invocando y fundándose en la sección 20 de la Ley Municipal, tomó el acuerdo de declarar y declaró vacantes los puestos de los peticionarios en dicha asamblea, de cuyo acuerdo protestaron en el mismo acto, y que debido a dicho acuerdo los peticionarios abandonaron la sesión saliendo del salón en que se celebraba; y que en la misma sesión, sin estar presentes los peticionarios y sí solamente los otros cinco ¡miembros de los siete que integran la asamblea ’municipal, ésta tomó el acuerdo de aprobar el presupuesto municipal de dicbo municipio para el año fis'cal de 1925 a 1926 contra el veto del alcalde que había vedado el que había sido apro-bado el 10 de junio de 1925, acuerdo que tomó por cuatro votos, y uno en contra, después de haber declarado vacantes los puestos de los peticionarios, por lo que es ilegal y nulo el mencionado acuerdo aprobatorio del presupuesto por ha-berse tomado en violación de la.Ley Municipal.

En toda demanda y también en las peticiones de certiorari, ya sea el clásico contra resoluciones judiciales ya el que concede la Ley Municipal contra actos legislativos o administrativos de las asambleas municipales es necesario que se aleguen hechos de los cuales, teniéndolos por ciertos, surja el remedio que se solicita y sin ellos no está autorizada la corte para requerir las diligencias que motivaron los actos legislativos o administrativos impugnados y decidir si son nulos o lió, ni para obligar a la demandada a que se defienda sin conocer los hechos en que se basa la petición de nulidad que se interesa, y si así no se hace será motivo bastante para no expedir el auto o para anularlo cuando sobre ello se llame la atención de la corte. En 11 C. J. pág. 184, sección 296, se sienta el mismo principio.

La petición en este caso para que se anule el acuerdo de-clarando vacantes los cargos de los peticionarios es fatal-mente defectuosa porque sólo contiene alegaciones de dere-cho, impropias en toda demanda o petición, sin exposición alguna de hechos pues se dice que la asamblea municipal tomó ese acuerdo ilegalmente, en violación de la ley y usurpando facultados que no tenía, pero sin relatar los hechos de los cuales pueda con su lectura llegar a la conclusión una corte de que siendo ciertos la asamblea obró fuera de sus facul-tades o contra la ley. Es más, según esa alegación el acuerdo se tomó fundándose la asamblea municipal en el artículo 20 de la ley que rige sus destinos, en el que se faculta a los miembros de dichas asambleas para declarar vacantes los puestos de los otros asambleístas que estuvieren ausentes del municipio sin causa justificada durante un período de sus se-siones, y como en la petición no se alega que tal ausencia no haya ocurrido, o- mejor dicho que los peticionarios han con-currido durante los períodos de sesiones, la petición es insu-ficiente por falta de esa alegación por no expresar hechos para el remedio que se solicita. La falta de hechos suficien-tes en la petición la hace también incierta porque no pone a la demandada en situación de saber de cuáles hechos ha de defenderse y sobre cuáles ha de versar la controversia.

También la demanda adolece del defecto de acumular indebidamente dos causas de acción: una es la ejercitada por los peticionarios como asambleístas para que se anule el acuerdo de la asamblea que declaró vacantes sus cargos; la otra, es la que ejercitan como contribuyentes para que se declare ilegal la aprobación del presupuesto contra el veto del alcalde, después de haber sido declarados vacantes los cargos de los peticionarios, por el voto de cuatro de los cinco miembros restantes, acciones que no son acumulables porque se ejercitan bajo distintos caracteres, una como asambleístas en reclamación de sus cargos, y otra como meros contribuyentes, independientemente del carácter anterior y porque se refieren a acuerdos distintos, aunque relacionados entre sí. En Spelling sobre Injunctions y otros remedios extraordinarios, segunda edición, tomo 2, páginas 1722 y 1723, sección 1993, se dice lo siguiente: “La objeción de haber sido acumuladas impropiamente más de una causa de acción en la misma petición procede en ésta como en otras peticiones o demandas, en propios casos. En consecuencia, se ha declarado que dos distintas órdenes o decretos finales de la corte de comisionados, una eátableciendo un camino y la otra concediendo una licencia para explotar un barco de pasajeros {ferry) no pueden llevarse a una corte de circuito por un auto de certiorari, aunque el barco era una parte del camino.”

Aunque el lieelio de que la expedición del auto de certiorari pueda causar graves perjuicios a los intereses públicos y originar entorpecimientos en la administración no es motivo bastante para negar su libramiento si el peticionario tiene un derecho claro a él, sin embargo es una circunstancia que debe tenerse en cuenta cuando la solicitud no es clara en sus alegaciones.

En vista de las conclusiones expuestas opinamos que fue error de la corte inferior el no acceder a la petición de la demandada para que anulase el auto que expidió sin entrar a considerar los méritos del caso, y por eso no tenemos que considerar el último motivo de error que alega el apelante fundado en que no debió declararse con lugar la petición de certiorari y anularse los mencionados acuerdos.

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando que la petición de certiorari no es suficiente para expedir el auto que se interesó y anulando el auto que fue expedido, sin especial condena de costas.


author: El Juez Peesidente Señoe del Tobo,

text:
    Lorenzo Dávila, demandante y apelante, v. Antonio Sotomayor y Gerónima Pizarro, demandados y apelante la segunda.
    No. 3723.

    Visto: Noviembre 6, 1925.

      Resuelto: Julio 19, 1926.
    3. Desahucio — Desahucio en Precario — Apelación—Resolución y Disposición del Caso — Revocación—Motivos Insuficientes para Revocar. — Ejercitada acción de desahucio contra unos cónyuges, si sólo se emplaza a la esposa, ya viuda, ésta comparece f la sentencia sólo se refiere a, ella, el hecho de no haberse eliminado de la acción el nombre del esposo no lleva consigo la revocación de la sentencia dictada.
    2. Desahucio — Desahucio en Precario — Cuestiones a Resolver — Título del Demandante — Nulidad del Mismo.. — La cuestión de si el título del deman-dante adolesce de nulidad que impida ejercitar los derechos que del mismo se dimanan, no puede resolverse en un juicio sumario y especial* como es e,l de desahucio, en que solamente se trata el derecho que para despedir al que ocupa la finca tiene el que por el momento aparece dueño y poseedor de ella. (León v. Alvarado, 24: 700, confirmado.)
    3.-Desahucio — Desahucio en Precario — Cuestiones a Resolver — Título del. Demandante — Nulidad del Mismo. — Adquirida una finca por compra en. pública subasta, celebrada cou motivo de ia ejecución de una hipoteca cons-tituida sobre dicha finea, dicho título no puede calificarse como inexistente porque exista una irregularidad en la publicación de los edictos anunciando la subasta; dicha irregularidad ni afecta al comprador de buena fe ni puede considerarse en una acción colateral como ésta — desahucio fundado en dicho título — para anular la subasta que originó la venta y adjudicación de la finca. (Trueba v. Martines, 33:461, ratificado.)
    4. Desahucio — Desahucio en Precario — Defensas—Derecho de ‘ ‘ Homestead ' ’ del Demandado en la Finca de que se Trata. — Guando ejecutada una hi-poteca sobre una finea, el adquiriente de ésta al ser vendida en pública su-basta inicia acción de desahucio contra los ejecutados para obtener posesión de aquélla, los demandados en dicha acción pueden alegar, como defensa, el derecho de homestead que tengan en la finea de que se trata.
    5. Hogar Seguro (Homestead) — Abandono, Denuncia (Waiver) o Confiscación o Pérdida (Forfeiture) — Constitución de Hipoteca Como Renuncia del Derecho de "Homestead.” — Por el mero hecho de constituirse una hipo-teca sobre una finca por sus dueños, no queda tácitamente renunciado el derecho de homestead que éstos tengan sobre dicha finca.
    6. Hogar Seguro (Homestead) — Abandono, Denuncia (Waiver) o Confiscación io Pérdida (Forfeiture) — Venta de la Finca en la que se Tiene el. Dere-cho de "Homestead” — Subasta en Ejecución Sumaria de Hipoteca So-bre Dicha Einca — Derecho de "Homestead” no Invocado en el Acto de la Venta. — Dentro de los hechos do este caso, se resolvió el derecho de homestead, reclamado no podía entenderse implícitamente renunciado por el hecho de que dicho derecho no fué invocado por el reclamante en el acto mismo de la venta en pública subasta celebrada con motivo de la ejecución de una hipoteca constituida sobre la finca- en que él tenía tal derecho.
    7. Hogar Seguro (Homestead) — Naturaleza, Adquisición y Extensión — Adqui-sición y Establecimiento- — Constitución del Derecho- — Terceros.—No exigiendo nuestra ley relativa al homestead que éste se constituya en deter-minada forma, no cabe exigir que tal derecho conste en escritura pública y deba- inscribirse en el registro para que pueda perjudicar- a tercero.
    8. Desahucio — Desahucio en Precario — Procedencia del Mismo — Casos en que el. Demandado Tiene un Derecho de "Homestead” Sobre la Finca de que se Trata — Beconiocimiento del Derecho Como Condición Previa para Decretar el Desahucio. — Cuando el adquiriente de una finca — vendida en pública subasta celebrada con motivo de la ejecución de una hipoteca constituida sobro dicha finca — inicia acción de desahucio contra los ejecu-tados, y de las alegaciones y de la prueba en dicha acción consta que los esposos que constituyeron la hipoteca tenían de antiguo constituido su hogar seguro en dicha finca y el jefe de familia — >la viuda — vive en ella con sus hijos menores, sólo cabe decretar el desahucio con lugar siempre que el dere-cho de homestead sea reconocido.
    Sentencia de B. Biaz Cintrón, J. (Ponce), declarando con lugar la demanda, sin costas.

      Modificada y confirmada.

      Vicente Zayas Bizarro, abogado de la apelante G-erónima Pizarro; Carlos Brunet del Talle y Erasio Arjona Siaca, abogados del apelado.
   El Juez Peesidente Señoe del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El 18 de febrero de 1925 Lorenzo Dávila entabló demanda de desahucio contra Antonio Sotomayor y Gerónima Pizarro. Alegó en ella ser dueño de una finca rústica poseída por los demandados sin pagar canon ni merced.

Sólo pudo emplazarse a la demandada señora Pizarro y no al demandado Sotomayor, por haber éste fallecido.

Contestó la demandada Pizarro negando los hechos de la demanda y alegando tres1 defensas especiales, a saber: que su esposo el codemandado Sotomayor había fallecido dejando herederos que no habían sido emplazados, careciendo por tanto la corte de jurisdicción sobre los mismos; que el título del demandante a la finca en cuestión era inexistente, y que la demandada y su esposo tenían constituido su hogar seguro en la casa enclavada en la finca de que se trata.

Fue el pleito a juicio. Se probó que los esposos Sotoma-yor-Pizarro constituyeron hipoteca sobre la finca para ga-rantizar el pago de cierta deuda; que ejecutada la hipoteca, se vendió la finca en pública subasta adquiriéndola el deman-dante Dávila; que no habiendo podido Dávila obtener que se le diera posesión de la finca en el pleito! sobre ejecución de hipoteca, inició éste de desahucio; que la demandada estaba en posesión de la finca y dentro de ella vivían también hijos de Alvarado, unos con la madre y otros en casa aparte; y que los edictos anunciando la venta de la finca hipotecada se publicaron en El Aguila de Puerto Rico en los números co-rrespondientes al 30 de julio, 6 y 11 de agosto de 1924, veri-ficándose la venta el 12 de agosto de 1924. El requerimiento de pago se hizo a los esposos deudores el 10 de junio de 1924. El 16 del propio mes de junio de 1924 falleció el esposo So-tomayor. Varios testigos declararon que la casa en que vi-vía la demandada tenía de construida más de treinta años y en ella vivieron siempre los esposos existiendo hijos mayores y menores del matrimonio, siendo la demandada el ¡jefe actual de la familia.

La Corte dictó sentencia “ ordenando que la demandada Gerónima Pizarro, dentro del término de veinte días, a con-tar desde que fuere firme esta sentencia, deje libre y expe-dita y a la libre disposición del demandante la finca objeto de este litigio, que más adelante se describirá, apercibida de lanzamiento si así no lo verificare.” Y no conforme la de-mandada interpuso este recurso de apelación señalando en su alegato cinco errores que luego agrupa en tres, a saber: falta de jurisdicción de la corte sobre Sotomayor y sus here-deros, inexistencia del título de Dávila, defensa de homestead.

El primer error no existe. Es cierto que la demanda se tituló contra Sotomayor y su esposa, pero es cierto también que sólo se emplazó a la esposa, ya viuda, por haber fallecido el esposo. La esposa compareció y alegó sus defensas. La sentencia sólo se refirió a la viuda. El nombre de Sotomayor debió ser eliminado para evitar confusiones, pero el que no lo fuera no lleva consigo la revocación de la. sentencia. En realidad se trata de un pleito de desahucio seguido únicamente contra Gerónima Pizarro.

Tampoco existe el segundo error. El demandante probó que había adquirido la finca de que se trata por compra en pública subasta. La subasta se decretó y se llevó a efecto con motivo de la ejecución de una hipoteca constituida sobre la dicha finca. Siendo ello así, no podía la demandada en el pleito de desahucio levantar la cuestión de nulidad, de acuerdo con lo decidido por esta Corte Suprema en el caso de León v. Alvarado, 24 D.P.R. 700, así:

"La cuestión de si el título del demandante adolece de nulidad que impida ejercitar los derechos que del mismo se dimanan, no puede resolverse en un juicio sumario y especial como es el de de-sahucio, en que solamente se trata el derecho que para despedir al que ocupa la finca tiene el que por el momento aparece dueño y po-seedor de ella.
“El beclio de que el demandado en un juicio de desabucio baya pedido la nulidad del pleito que produjo la venta y adjudicación al demandante de la finca objeto del desahucio, no es motivo para declarar que el demandante no tenga título suficiente para obtener sentencia favorable, porque mientras no se anule el juicio y la venta, su título es válido, seguirá siendo el dueño, y como tal con derecho a que el demandado desocupe la finca.”

No se trata de un título que abiertamente, sin necesidad de solicitar y obtener la nulidad en el juicio apropiado y ante la corte con jurisdicción para ello, pueda calificarse de ine-xistente. A lo sumo lo que reveló la prueba fué una irre-gularidad en la publicación de los edictos anunciando la su-basta, que no afectaba al comprador de buena fe, de confor-midad con la jurisprudencia establecida por esta Qorte Su-prema. “La infracción a que aluden los apelantes” — dijo esta corte en el caso de Trueba v. Martínez, 33 D.P.R. 461— “del art. 251 del Código de Enjuiciamiento Civil, en cuanto al anuncio de la subasta, es una mera irregularidad que no afecta al comprador de buena fe, y no puede considerarse en una acción colateral, como ocurre en este caso, para anular la subasta que originó la venta y adjudicación de la finca hipotecada. Henna v. Saurí y Subirá, 22 D.P.R. 836, y Solá v. Castro, 32 D.P.R. 804.”

Levántase por el tercer error una cuestión nueva en esta jurisdicción.

Desde el 20 de marzo de 1903 la Asamblea Legislativa de Puerto Rico decretó la “Ley para definir el 'Homestead’ (bo-gar seguro) y para exentarlo de una venta forzosa” y muy pocas veces se han suscitado cuestiones en relación con la misma. Parece que el pueblo durante tantos años no se ha dado cuenta de la existencia de la ley. No ha sido ese el caso en los estados y territorios de la Unión donde el esta-tuto, en forma igual, semejante o diferente, de antiguo existe y donde se han dictado miles de decisiones por los tribunales de justicia ora explicando el espíritu y el alcance de sus pre-ceptos, ya aclarando y resolviendo los múltiples problemas que su aplicación lia suscitado. Corpus Juris dedica más de doscientas cincuenta páginas de su tomo 29 a resumir los principios establecidos por la jurisprudencia sobre el particular. Copiamos de la obra citada:

“Por virtud de disposiciones constitucionales y estatutarias, el homestead (bogar seguro) está por la ley en muchos estados exento ■de responsabilidad por todas las deudas del dueño, excepto por aquellas que son expresamente excluidas del efecto de estas disposi-ciones. Estos preceptos no son declaratorios del derecho común, aunque originalmente ninguna propiedad inmueble podía ser tocada en ejecución para el pago de deudas. Se ha dicho que las leyes de homestead no se fundan en la equidad, sino que son promulgadas como una cuestión de política pública y en interés de la humanidad. La conservación del homestead se considera de más importancia que el pago de las deudas. El objeto de las disposiciones es proveer un hogar para cada ciudadano del estado, donde su familia pueda albergarse y vivir lejos del alcance de un desastre financiero, e in-culcar a los individuos aquellos sentimientos de independencia que son esenciales al mantenimiento de instituciones libres. El propó-sito de los preceptos de homestead es proteger también a la familia en su integridad, y no al individuo que por el momento es el jefe de la familia. Además, el estado está interesado en que un ciuda-dano no sea despojado de sus medios de vida y reducido a la indi-gencia.” 29 C. J. 782-3.

En Puerto Eico el derecho es de origen estatutorio. Las seis secciones de que consta la ley, dicen:

“Sección 1. — Que todo jefe de familia, que tenga familia, ten-drá derecho a una finca de homestead, hasta el valor de quinientos dollars ($500) en una estancia, plantación o predio de terreno y en los edificios contenidos en el mismo, que le pertenezca o que posea legalmente, en virtud de arrendamiento o en otra forma y estuviere ocupado por él o ella como su residencia; y dicho homestead y todo derecho o título sobre el mismo estará exento de embargo, sen-tencia, exacción o ejecución, excepción hecha de las contribuciones que adeudare, el valor de la venta (compra) de dicha propiedad o la responsabilidad incurrida por mejoras que se hicieren en la misma, y excepción hecha también de lo que más adelante se esta-blece ; Disponiéndose, que en caso de arrendamiento u otro con-trato análogo nada de lo contenido en esta ley se interpretará en el sentido de que se prohíba al dueño o propietario de dicha estancia,, plantación o predio de terreno, y de los edificios contenidos en el mismo, entrar de nuevo en posesión de dicha propiedad de acuerdo con lo estipulado en dicho contrato de arrendamiento o convenio, al faltarse al cumplimiento de las condiciones del mismo.
‘ ‘ Sección 2. — Que dicha esención continuará después de la muerte del jefe de familia, a beneficio del esposo o esposa superviviente, mientras el o ella continúe ocupando dicho homestead, y después de la muerte de ambos, esto es del esposo y de la esposa, a beneficio de-sús hijos, hasta que- el menor de éstos haya llegado a la edad de veinte y un años; en caso de que el esposo o la esposa abandonase su familia, la esención continuará en favor del cónyuge que ocupe la finca como residencia; y en caso de divorcio, el tribunal que lo conceda podrá disponer del homestead según la equidad del caso.
“Sección 3. — Que no será válida ninguna renuncia o traspaso de una finca así exentada, a menos que se consigne expresamente en la escritura de traspaso por dicho jefe de familia, su esposo o esposa,, si él o ella lo tuvieren, o a menos que se obtuviere o abandonare la posesión de acuerdo con la escritura de traspaso, o sin la orden de la corte de distrito disponiendo el traspaso del título de lá propie-dad, siempre que la exención se haga extensiva a un hijo o hijos.
“Sección 4. — Que no se hará venta alguna, por virtud de sen-tencia o ejecución, de ninguna estancia, plantación o predio de te-rreno, y de los edificios contenidos en el mismo, cuando se reclamare u ocupare dicha finca como homeslead, a menos que se obtenga por ella una suma mayor de quinientos dollars ($500). En caso que dicha estancia, plantación o predio de terreno y los edificios en el mismo, se vendieren por más de quinientos dollars, el excedente so-bre la suma últimamente citada, se pagará al acreedor y la suma de $500 se pagará al deudor, y estará libre de ejecución en virtud de sentencia o decreto por un período de treinta días; Disponién-dose, que esta sección no será de aplicación a ninguna venta que se haga para obligar al pago de contribuciones que adeude dicha propiedad, o a la deuda o gravamen incurrido para (por) la com-pra de la misma, o para las mejoras que en ella se hicieren, o cuando se hiciere dicha venta en virtud de traspaso en que se haga renun-cia de la exención que dispone la sección 3 de esta ley.
“Sección 5. — Que toda ley, o parte de ley, orden general y de-creto en conflicto con esta ley, queda por la presente derogada.
“Sección 6. — Que esta ley principiará a regir inmediatamente después de su aprobación.” Comp. Estatutos Revisados de Puerto Rico, págs. 230-31. '

Examinemos ahora las circunstancias peculiares de este caso concreto. Ya nos hemos referido a lo alegado en la demanda y al resultado de la prueba practicada en el juicio. Parece conveniente ahora transcribir lo que sigue de la sú-plica de la contestación a los efectos de conocer bien los tér-minos en que la demandada planteó el problema. Dice así:

“. . . .y declarando igualmente que tiene un derecho de Homestead sobre dicho inmueble, incluyendo casa y terreno hasta la suma de quinientos dólares, y que se nombre un perito para la tasación de dicho inmueble, y dado el caso de que tuviera un valor mayor al homestead, se le separe a dicha compareciente un lote de terreno juntamente con dicha casa que equivalga al valor de dichos $500.00 o en su defecto que la corte disponga lo que crea en equidad y jus-ticia en este caso, con los demás pronunciamientos de ley.”

En su alegato la parte apelada sostiene:

1. Que el derecho de homestead no es una defensa admi-sible en un caso de desahucio;

2. Que aún aceptando que lo sea, los hechos de este caso demuestran que el derecho fue renunciado al constituirse la hipoteca, y

3. Qué, en Puerto Rico, dada la existencia de la Ley Hi-potecaria y debiendo considerarse el homestead como un de-recho real, debe inscribirse en el registro de la propiedad.

Para sostener que no cabe alegar el derecho de homestead en un pleito de desahucio cita el apelado únicamente el caso de Lazar v. Caston et al., de la Corte Suprema de Mississippi, reportado en 7 So. 321.

Hemos estudiado la autoridad citada y a nuestro juicio no tiene el alcance que le atribuye el apelado. La opinión es muy corta y todo lo que dice en lo pertinente es:

“La segunda instrucción es errónea en cuanto asume que la exención de homestead puede ser conferida en una acción de reivin-dicación. Los homestead deben ser designados por los comisionados con vista de la propiedad y no por un jurado que sólo descansa en la prueba presentada.”

Parece conveniente Ixacer constar que si bien se trata aquí de un pleito de desahucio, es lo cierto que a él se recu-rrió innecesariamente. El conflicto surgió al darse posesión de la finca vehdida en el pleito sobre ejecución de hipoteca seguido por Angel Martínez Caballero contra los esposos So-tomayor-Pizarro. La orden de posesión pudo y debió ser li-brada dentro del pleito mismo, (Viejo & Rodrigues v. Caloca, 35 D.P.R. 469) sin necesidad de que el comprador tuviera que iniciar un nuevo pleito de desahucio.

La cuestión realmente dudosa es la de si a virtud de la hipoteca constituida sobre la finca en cuestión por sus dueños los dichos esposos Sotomayor-Pizarro, el derecho de 'homestead, que ahora invoca la viuda quedó tácitamente renunciado.

Cita la parte apelada varios casos en apoyo de la afirma-tiva y hace referencia al tomo 29 de Corpus Juris, página 954. Las citas sostienen en efecto su proposición pero en la página siguiente — 955—del propio tomo 29 de Corpus Juris encontramos, lo siguiente:

“Pero cuando los estatutos prescriben expresamente los métodos por los cuales puede despojarse a un deudor de sus derechos de homestead no puede haber renuncia tácita.”

Y en Puerto Pico la ley, como hemos visto, dice: “Que no será válida ninguna renuncia o traspaso de una finca así exentada, a menos que se consigne expresamente en la escri-tura de traspaso.” Las itálicas son nuestras. Y si se exige que la renuncia sea expresa en un traspaso, claro es que debe serlo en una hipoteca.

La prueba demuestra además que la deuda que se garan-tizó con la hipoteca provenía de efectos de comercio y hono-rarios, no del valor o parte del valor de la propiedad hipo-tecada o de la responsabilidad incurrida por mejoras que se hicieran a la misma que, con las contribuciones y las renun-cias expresas, son las únicas excepciones fijadas por la ley.

Otra circunstancia a considerar es la de si no ha-biendo pedido la demandada al venderse la finca que se reco-nociera el derecho de homestead, pnede reclamarlo ahora qne otra persona compró.

Los autos demuestran que el requerimiento de pago se hizo al esposo demandado en el pleito sobre ejecución de hi-poteca el 10 de junio de 3924 y que seis días después murió el requerido. Siguió el pleito adelante. Quedaba sólo la viuda. Y así se vendió la finca.

Y demuestran los autos además que el comprador aun-que es una persona distinta del acreedor hipotecario, tenía perfecto conocimiento de los hechos. Declarando en el jui-cio, se expresó así:

“El demandante Lorenzo J. Dávila declaró sustancialmente que adquirió dicha finca en subasta pública en procedimiento de Angel Martínez contra Antonio Sotomayor y su esposa Gerónima Pizarro, que los demandados se han negado a entregarle la posesión de la misma, por cuya razón ha tenido necesidad de recurrir al desahucio. Que conoció personalmente a don Antonio 'Sotomayor y conoce a su esposa doña Gerónima Pizarro desde hace muchos años, que los ha conocido siempre viviendo en la finca objeto de litigio, radicada en el barrio de Eío Canas Arriba de Juana Díaz, la cual finca conoce el declarante por tener su padre varias fincas colindantes con ella en el mismo barrio y haber visitado ese lugar en diferentes oca-siones.”

A virtud, de los anteriores hechos y de la jurisprudencia que a continuación citamos creemos que tampoco puede en-tenderse implícitamente renunciado el derecho de homestead por no haber sido invocado en el acto mismo de la venta:

“La omisión de un deudor de oponerse a una venta en ejecución de bienes de homestead no constituye una renuncia del derecho de homestead cuando no es necesario para preservar los derechos de homestead que el deudor alegue específicamente el derecho de homestead antes de la venta de la propiedad.” 29 C. J. 955.
“Al aplicar las reglas que gobiernan los derechos de los com-pradores de buena fe, o quizás bajo la doctrina de impedimento, o en ambas circunstancias, se ha resuelto que quien se convierte en comprador o acreedor hipotecario de bienes que tienen el carácter de homestead, en circunstancias que no le dan aviso efectivo ni in-terpretativo de tal carácter, adquiere libre de reclamación por de-recho de homestead. Pero los compradores y acreedores hipoteca-rios están obligados a hacer averiguación de aquellos hechos que razonablemente imeden llegar a conocer, y deben tomar conoci-miento de las condiciones que dan al homestead su carácter de tal. Así, un comprador o acreedor hipotecario de un homestead adquiere la propiedad gravada con los derechos de homestead que él tuviera conocimiento ya existían. El que recibe una hipoteca sobre bienes de homestead en violación de la ley no adquiere derecho alguno bajo tal instrumento.” 29 C. J. 917-18.

Resta sólo considerar la influencia que puede tener la Ley Hipotecaria a los efectos de exigirse que el derecho de homestead conste, en escritura pública y deba inscribirse en el registro para que pueda perjudicar a tercero.

Cita la parte apelada algunos casos de California que en nuestra opinión no son aplicables porque en dicho estado a partir de la vigencia del artículo 1264 de' su Código Civil, quedó ordenado expresamente que la constitución del homestead se hiciera en documento público y se inscribiera.

Conocemos la ley puertorriqueña. Es parecida a la an-tigua ley de California que luego fué enmendada y a la de otros estados. No. exige que el homestead se constituya en determinada forma y no creemos que lo que no exigió expre-samente el legislador pueda suplirse con las disposiciones de una ley anterior.

La Legislatura quiso introducir una institución nueva de-mostrando un espíritu liberal y las cortes no deben restringir su voluntad.

Más bien consideramos aplicable la siguiente jurispru-dencia resumida por Ruling Case Law así:

“En una mayoría de los estados la ocupación de determinado lugar por una familia es prueba presuntiva de su apropiación como homestead y constituye un aviso de ese hecho al mundo entero, siendo además la regla que la compra de un hogar con la intención de ocuparlo como un homestead, seguida de la ocupación real deñ-tro de un tiempo razonable, le imprime, ai initio, el carácter e in-violabilidad del homestead.” 13 R.C.L. 588.

Entendemos que exigir que el homestead conste en nn do-cumento otorgado con todas las formalidades requeridas por la Ley Notarial y que se inscriba en el registro de acuerdo con la Ley Hipotecaria, constituiría en la mayor parte de los casos — en los más justos en verdad- — la anulación del pro-pósito de la ley.

Por virtud de todo lo expuesto opinamos que constando como consta de las alegaciones y la prueba que los esposos Sotomayor-Pizarro tenían de antiguo constituido un hogar seguro en la finca de que se trata de desalojar a la' esposa. — que es hoy el jefe de familia — y a los hijos menores que en su compañía viven, sólo cabe decretar con lugar el desahucio siempre que el derecho de homestead sea reconocido, debiendo modificarse la sentencia en tal sentido y confirmarse así modificada.

Los Jueces Asociados Sres. Aldrey y Franco Soto disin-tieron.


author: El Juez Asociado Señoe, Ebanco Soto,

text:
    Virginia Cintrón, recurrente, v. El Registrador de Guayama, recurrido.
    No. 641.

    Sometido: Julio 15, 1926.

      Resuelto: Julio 20, 1926.
    1. Registradores — Sus Facultades — Calificación de Títulos — Títulos Expe-didos por la Autoridad Judicial. — La calificación del registrador, en cuanto a dichos títulos, alcanza a. si el juez era o no competente por razón de la materia, la naturaleza y efecto de la resolución, si ésta se dictó en el juicio correspondiente, si en él se observaron los trámites y preceptos esenciales para su validez y si el título contiene las circunstancias que requiere la Ley Hipotecaria para su inscripción.
    2. Diligencias (Process)- — Servicio (Service) — Publicación u Otra Notifica-ción — Moción Solicitando Servicio de Emplazamiento por la Publicación de Edictos — De la Declaración Jurada o Affidavit — Su Ausencia v Efecto. — En ausencia de declaración1 jurada o affidavit conteniendo los he-chos jurisdiccionales que den base a un tribunal para dictar orden al efecto de emplazar un demandado por edicto, la corte no adquiere jurisdicción so-bre éste.
    3. Ejecución — Venta—Traspaso al Comprador — Inscripción de la Escritura de Venta — Falta de Jurisdicción Sobre el Demandado en el Procedi-miento en que Aquélla se Otorgó — .Efecto.—Presentada a inscripción es-critura de venta judicial otorgada en procedimiento en qne la corte no ad-quirió jurisdicción sobre el demandado — por haber dieta-do orden disponiendo la notificación del emplazamiento por edictos sin jurisdicción — la sentencia, así como su ejecución, son nulas y dicha escritura no es inscribible.
    4. Diligencias (Proanss)- — Servicio (Service) — Publicación u Otra Notifica-ción — Orden Accediendo a la Publicación por Edictos — Cómo se Hará la Publicación.- — Tratándose de citación por edictos, una voz que se cumplo con el artículo 94 del Código de Enjuiciamiento Civil, el artículo 95 es. el que prescribe lo que dispondrá la orden para la publicación y las demás,for-malidades que deben llenarse.
    Nota de B. B. Pérez Mercado, R. (Guayama), denegando inscrip-ción de escritura de venta judicial.

      Confirmada.

      Adolfo Porrata Doria, abogado del recurrente; el recurrido compa-reció por escrito.
   El Juez Asociado Señoe, Ebanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El Registrador de Gruayama denegó la inscripción de cierta venta judicial por no considerar acreditado que la Corte Municipal de Gruayama adquiriera jurisdicción sobre la demandada antes de dictarse la sentencia ejecutada, ha-biendo tomado en su lugar anotación preventiva por el tér-mino legal a favor de la compradora Virginia Cintrón. El documento fue presentado nuevamente con una certificación complementaria expedida por el secretario de la corte municipal, solicitando entonces la interesada la conversión de la anotación preventiva en inscripción definitiva por considerar subsanado el defecto señalado por el registrador de la falta de jurisdicción.

El registrador, calificando de nuevo la venta eu relación con la certificación presentada, denegó la inscripción por los motivos que -hizo constar en la nota, que dice:

“DbNbgada la conversión de la anotaeióu preventiva de compra letra A a que se refiere la nota en tinta qne precede, por obser-varse qne los documentos complementarios qne se presentan para ello, o sea una certificación del Secretario de la Corte Municipal de Guayama, relativa a ciertos hechos en el procedimiento seguido en el mencionado caso, no acreditan satisfactoriamente que- la Corte Municipal de Guayara a adquiriera jurisdicción sobre la sociedad de-mandada antes de dictarse sentencia contra la misma, toda vez que la orden autorizando la notificación supletoria por medio de edictos, a juzgar por la moción del abogado de la demandante, en que se ampara, fué dictada sin jurisdicción, de acuerdo con el Art. 94 del Cód. de Enj. Civil, y porque aun aceptando que tal actuación estu-viera revestida de jurisdicción, en la publicación se omitió la co-pia de la demanda, cuya entrega forma parte de la notificación de acuerdo con el Art. 92 del propio cuerpo legal.”

Sostiene la recurrente en su alegato “que no está dentro de las facultades del registrador el juzgar la cantidad y calidad de la prueba ofrecida ante un tribunal; así como tampoco es él el llamado a atacar la validez de las actuaciones judiciales.”

La cuestión así literalmente planteada no parece que tenga una relación tan directa con los motivos o razones legales en que el registrador ha basado su nota, pues el registrador no aprecia prueba alguna que se baya aportado en el caso ni su nota es un ataque a la validez de las actuaciones existentes en el récord.

Las facultades de los registradores están definidas por el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, que prescribe:

“Art. 18. — Los Registradores calificarán bajo su responsabilidad la legalidad de las escrituras en cuya virtud se solicite la inscripr ción y la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de las mis-mas escrituras.
“Del mismo modo calificarán, bajo su responsabilidad y para el único efecto de admitir, suspender o negar su inscripción, todos los documentos expedidos por la autoridad judicial.
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Según el párrafo segundo, los registradores tienen facul-tad para calificar los documentos expedidos por la autoridad judicial y la jurisprúdencia de esta Corte Suprema ha de-clarado en diferentes decisiones hasta dónde alcanza tal fa-cultad en esos casos. Ella no se extiende a apreciar los fun-damentos de las sentencias y resoluciones judiciales, o sea,la justicia intrínseca de las mismas, ni apreciar si la prueba fué o nó suficiente, pero sn calificación alcanza a si el juez era competente por razón de la materia, la naturaleza y efecto de la resolución, si se dictó en el juicio correspondiente, si en él se observaron los trámites y preceptos esenciales para su validez y si contiene todas las circunstancias que según la Ley Hipotecaria son necesarias para que pueda practi-carse la inscripción. Suáres Migoya v. El Registrador de Guayama, resuelto en julio 14, 1926 (pág. 740) y casos en él citados.

Más concretamente el presente caso está comprendido dentro de la autoridad del caso de Menéndez v. Registrador, 34 D.P.R. 628-9, donde el registrador negando la jurisdic-ción de una corte municipal, entre otros motivos, por defec-tos resultantes del emplazamiento de los demandados cuyo servicio se hizo por edictos, esta corte finalmente dijo:

. Y si una corte municipal tenía o nó jurisdicción para dictar sentencia es, para los fines de la admisión en el registro o de la negativa del registrador a inscribir una escritura del marshal, una cuestión que ha de ser resuelta por el registrador en vista de los hechos debidamente certificados o de otro modo establecidos, pres-cindiendo de cualquier opinión que sostenga o conclusión a que llegue el secretario de tal corte, sin que se revele la prueba en la cual tal opinión o conclusión se funde.”

Examinando ahora los méritos de este recurso, podemos decir que el registrador tuvo razón al negar la conversión por el primer motivo consignado en su nota.

La certificación expedida por el secretario municipal con-tiene copia de la moción no jurada por la que se solicita el servicio del emplazamiento a los demandados por la publi-cación de edictos, de la orden accediendo a la solicitud y co-pia asimismo de dicho emplazamiento. En este documento se incluye al mismo, tiempo la notificación del embargo que fue trabado en un inmueble de la demandada.

La moción y orden mencionadas, literalmente leen así:

"Comparece el demandante por su abogado y expone:
"Que en el presente caso se desconocen los miembros que forman la sociedad demandada por lo que se le es imposible al demandante emplazar debidamente a los mismos o al Presidente o Secretario de dichos demandados.
"Por tanto, suplica a esta Corte que de acuerdo con la ley, or-dene se publiquen los correspondientes edictos notificando a los de-mandados de haber sido demandados y además de que una finca que se describe en la moción al Marshal ha sido embargada.”
1 ‘ OedeN. — Vista la moción que precede y la ley aplicable a la ma-teria la Corte ordena que se publiquen los correspondientes edictos informando a la demandada de que ha sido demandada ante esta Corte Municipal, y además ha sido embargada una casa de su pro-piedad, sita en el pueblo de Arroyo.”

El emplazamiento fué expedido y publicado y cierta pro-piedad de la demandada había sido embargada para conver-tir la acción en un procedimiento in rem, pero en lo que no aparece que se cumplió con ed estatuto fué en la manera cómo se obtuvo y ordenó el servicio de la notificación del empla-zamiento a la demandada por edictos. No bubo una decla-ración jurada o affidavit conteniendo los .hechos jurisdiccio-nales que dieran base a la corte para dictar la orden. El artículo 94 del Código de Enjuiciamiento Civil a ese respecto dice:

"Art. 94. — Cuando la persona que deba ser citada resida fuera de la isla, o se hubiere ausentado de ella, o si después de la debida diligencia no pudiere ser encontrada en la isla, o se ocultare para que no pueda hacérsele la citación, cuando se ignorare su domicilio o si fuere una corporación extranjera sin gerente o agente comercial, cajero o secretario en la isla, y así resultare comprobado a satisfac-ción de la corte o del juez de la misma por medio de declaración jurada y apareciese también de dicha declaración, o de la demanda jurada presentada, que existe motivo de acción contra el deman-dado que ha de ser citado, o que dicho demandado es parte necesa-ria o legítima en el pleito, la corte o el juez puede dictar una orden disponiendo que la citación se haga port la publicación de edictos.”

Como se ve, la ley claramente especifica los casos en que e] servicio del emplazamiento se puede hacer por edictos, exi-giéndose en todos ellos qne las circnnstancias tal como exis-tan se comprueben por una declaración jurada y que ade-más, de ésta o de la demanda jurada presentada, aparezca que existe una causa de acción contra el demandado que ha de ser citado o que dicho demandado es parte necesaria o legítima en el pleito.

“La existencia de cualquiera de las condiciones especificadas en el estatuto no es por sí solo suficiente. Debe aparecer además, bien por affidavit o por la demanda jurada ya radicada, que existe una causa de acción contra el demandado que se va a citar o que es una parte necesaria en el pleito.
“El diligenciamiento de un emplazamiento por edictos sin el co-rrespondiente affidavit para su publicación es nulo. El affidavit es necesario para dar jurisdicción a la corte que expide la orden. . . . .” Southerland, Code Pleading Practice and Forms, vol. 1, págs. 656-7.

.Parece evidente que en el procedimiento seguido en cobro de dinero y que tuvo por resultado la venta judicial del in-mueble que se trata de inscribir, la corte municipal no ad-quirió jurisdicción sobre la demandada porque la orden dis-poniendo la notificación del emplazamiento por edictos se dictó sin jurisdicción. La sentencia, por tanto, era nula, así como su ejecución.

En el segundo motivo de su nota el registrador alega que asumiendo que la publicación se hubiera hecho en debida forma, que copia de la demanda debió acompañarse al emplazamiento. Tratándose de la citación por edictos, una vez. que el demandante haya cumplido con lo que establece el artículo 94, el 95 es el que prescribe lo que dispondrá la orden para la publicación y las demás formalidades que deben llenarse.

Por todo lo expuesto,* debe confirmarse la nota recurrida„


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 2738

      Visto: Mayo 26, 1926.

      Resuelto: Julio 20, 1926.
    1. Bebidas Embriagantes — Delitos—Posesión de Tacores — Ljoor Sin Marcar. o Rotular. — A una persona particular no se le exige que marque el licor que posee.
    2. Bebidas Embriagantes — Procesos Criminales — De la Denuncia — Venta dtc Licores. — Alegación Insuficiente para Imputar la Agenta. — En denuncia por infracción a la Ley Nacional de Prohibición, la alegación de que el licor del acusado fué ocupado en los momentos en que so entregaba el mismo a otra persona es insuficiente para imputar el delito de venta de licores.
    3. Bebidas Embriagantes — Procesos Criminales — De la Denuncia — Requisitos de la Misma — Necesidad de que se Alegue Específica i-ente el Delito en Ella. — La presunción establecida por la sección 33, título II de la Ley Nacional de Prohibición es solamente una regla de evidencia, y no excusa de la necesidad de que se alegue específicamente el delito en la denuncia.
    SENTENCIA de Enrique Lloreclu, J. (Arecibo), condenando al acusado por una infracción al Título 11, sección 8 de la Ley de Prohibi-ción Nacional.

      Revocada- y absuelto el acusado.

      Antonio Reyes Delgado, abogado del apelante; José E. Eigueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia imputa a este acusado tener en sn posesión cierto número de botellas o envases conteniendo ron, qne es una bebida embriagante, etc., sin que dichas botellas o en-vases tuvieran adheridas etiquetas mostrando el nombre y dirección y el número de la licencia del remitente o poseedor y qne el licor fné ocupado en los momentos en qne se entre-gaba el mismo a G-ervasio Ortiz.

Por la forma en.que la denuncia está redactada, creimos más bien que el fundamento del delito era la falta de adherir ciertas etiquetas o de poseer licor sin tener dictas etiquetas adheridas. Ignoramos en este momento qué disposiciones de la Ley Nacional de Prohibición requieren; que se adhieran etiquetas, pero tenemos idea de que se debieron ale-gar hechos que hicieran constar claramente cómo y por qué era el deber del apelante adherir tales etiquetas. Regular-mente debe hacerse constar que el acusado es nn fabricante, o comerciante o persona que se dedica a algún negocio y que debe marcar o adherirle etiquetas al licor. Según entende-mos, a una persona particular no se le exige que marque el licor que posee.

Sin embargo, el fiscal de esta corte, aparentemente sostie ie que el delito imputado en esta denuncia es la venta de licores. La denuncia no alega tal hecho. Que el licor fué entregado a G-ervasio Ortiz es la única alegación hecha y a esa alegación le faltan varios de los requisitos de una venta. Una venta, hablando generalmente, es un contrato entre dos personas en virtud del cual se transfiere la propiedad de una cosa mediante el pago de cierto precio. La entrega no es un requisito indispensable para que una venta sea válida. Hallamos que la denuncia es enteramente defectuosa al imputar una venta. Fassolla v. U.S., 285 Fed. 378, citado por el fiscal, fue un caso en que se declaró culpable al acusado en virtud de una acusación con cuatro narraciones {counts), imputando específicamente ■ una venta ilegal. Que la venta pudo ser legal es una conclusión no negada por la denuncia.

Tal vez si se hubiese imputado el delito claramente la prueba hubiera sostenido la denuncia. El acusado, que era dueño de una fonda, tenía un empleado llamado Juan Gon-zález que vendió cierta cantidad de bebida embriagante a un cliente. Sin embargo, llamamos la atención al hecho de que la posesión por parte del empleado no es necesariamente la posesión del dueño.

La sección 33, título II, de la Ley Nacional de Prohibición dice así:

“Después de febrero 1 de 1920, la posesión de licores por cual-quier persona que no sea legalmente permitida por este título para tenerlos, será evidencia 'prima .facie de que dicho licor es tenido con el fin de venderlo, negociarlo, cangearlo, darlo, suministrarlo, o dis-poner de él de otra suerte, en violación de las disposiciones de este título. Toda persona a quien legalmente se permita bajo este tí-tulo tener licor, dará cuenta al Comisionado dentro de diez días después de la fecha en que entre en vigor la Enmienda 18 a la Constitución de los Estados Unidos, de la clase y cantidad de lico-res embriagantes que tenga en su poder. Pero no será ilegal que una persona posea licor en su domicilio particular, mientras ese do-micilio se ocupa y se usa por dicha persona como tal domicilio particular solamente y de ese licor no tendrá que darse cuenta, siempre que ese licor sea para ser usado solamente para el consumo personal del dueño del mismo y de su familia, que vive en dicho domi-cilio y de sus-huéspedes bona fide cuando estén de visita en su casa; y el peso de la prueba descansará sobre el poseedor en cualquier ac-ción que se relacione con dichos licores y él tendrá que probar que. dichos licores fueron legalmente adquiridos, poseídos y usados.”

Creemos que esta sección, en vista de que el peso de la prueba recae sobre el acusado, bace más imperativo que el acusado sepa que se le imputa una venta o una permuta, o de qué se le acusa, lista presunción es solamente una regia de evidencia y no excusa de la necesidad de que se alegue específicamente el delito.

La sentencia apelada debe ser revocada y absolverse al acusado.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel María Paz, acusado y apelante.
    No. 2799.

    Visto: Junio 15, 1926.

      Resuelto: Julio 20, 1926.
    Teatros y Espectáculos (Theaters and Shows) — Contribución ion Concepto de Licencia — Facultad de los Municipios para Imponerla — Limitación de la Facultad. — Estando la facultad de un municipio para imponer una con-tribución a un negocio, limitada a la Ley No. 26 de 19.14 (p. 181), aquél no puede decretar una contribución por cada espectáculo público en concepto de licencia que se aparte enteramente de diclia ley.
    SentenCia de Charles E. Foote, J. (Mayagiiez), por infracción a una ordenanza municipal.

      Revocada y absuelto el acusado.

      Benet <& Souffront, abogados del apelante; José E. Figneras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel María Paz fué denunciado porque dueño de un teatro en la ciudad de Mayagüez, celebraba espectáculos sin haberse provisto do un permiso ereditivo de haber pagado $2 por uoche, en contravención a cierta ordenanza municipal que así lo establecía.

La corte inferior en grado de apelación lo declaró culpable y le impuso un dollar de multa, consignando en la sen-tencia como fundamento “que el impuesto que cobra el mu-nicipio de Mayagüez al acusado para dar espectáculos pú-blicos en su teatro es una licencia, que puede imponer el mu-nicipio para regularizar los espectáculos públicos dentro de su demarcación territorial, para seguridad y beneficio del público (police power) teniendo el municipio necesidad de gastos de inspección, empleados para la imposición, cobro y efecto de dicha licencia, no estando en conflicto esta imposi-ción con la Ley de Rentas Internas, aprobada en 20 de agosto de 1925 por la Asamblea Legislativa de ‘Puerto Rico. ... ”

La ordenanza presentada y admitida en evidencia en la parte pertinente dice:

“ORDENANZA para fijar el tipo que por concepto de arbitrios debe eobrar el Municipio de Mayagüez, P. R., durante el año fiscal 1923-24 y subsiguientes.
“Por ottanto, el cobro de toda contribución, para que sea equi-tativo, debe ser regulado y sus cuotas impuestas de modo legal y públicamente intervenidas;
“Por tanto, ordénase por la Asamblea Municipal de Mayagüez, Puerto Rico.
“Sección 1. Imponer, como por la presente se impone para el año económico 1923-1924 y años subsiguientes a toda persona, firma, sociedad, corporación u otra forma cualquiera de organización co-mercial o industrial que explote o en lo sucesivo explotare entre los límites jurisdiccionales de la Ciudad y Municipio de Mayagüez, P. R. los siguientes arbitrios:
“Construcción y ocupación de la vía pública.
“DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
* * # ® ®
“4. Por cada licencia para espectáculos públicos en casas, tea-tros, cines, etc., con fines especulativos, entendiéndose como espec-táculos a los efectos de esta ordenanza cada tanda o exhibición de .película y variedades. . . . $2.00.
‘ ‘ Sección 2. — Penalidades.
“Toda infracción a la presente ordenanza por cualquier persona natural o jurídica que se negare a pagar cualquiera de los derechos a que la misma se contrae o que diere informes falsos a los emplea-dos municipales de su propio negocio o el de otras personas, ten-dentes a defraudar el Municipio de Mayagüez, en los derechos que legalmente le corresponden percibir; será penado con multa máxima •de cincuenta dollars o prisión subsidiaria en cárcel por un término no mayor de quince días.”

Sostiene el apelante que la corte inferior cometió mani-fiesto error de derecho al declarar que el impuesto o arbitrio que se trata de cobrar es una licencia que puede imponer el municipio, no estando en conflicto con la sección 99 de la Ley de Rentas Internas, aprobada en agosto 20, 1925 (p. 653).

Las secciones 16 (apartado 25) y 99 de la ley citada pres-criben lo siguiente:

“Sec. 16. — Se cobrará y pagará como impuesto de rentas inter-nas por una sola vez lo siguiente:
“25. lintract-a■ a Jos espectáculos públicos. — Toda persona a cargo de la explotación de un espectáculo público con fines de lucro pa-gará un impuesto de cinco (5) por ciento sobre el montante que produzca lo que se cobre como derecho a entrada a dicho espectáculo público.
“See. 99. — A partir del día en que esta Ley sea aprobada, nin-gún distrito municipal ni otra división administrativa de Puerto-Rico, podrá imponer o recaudar ningún impuesto ni arbitrio local sobre cualquier artículo sujeto a contribución bajo las disposiciones de esta Ley; Disponiéndose, que nada de lo prescrito en esta Ley se entenderá que derogue en todo ni en parte, la Ley No. 26 titu-lada, ‘Para autorizar a los municipios de la Isla de Puerto Rico a imponer y cobrar, en concepto de patentes, una contribución anual para cubrir las atenciones de su presupuesto, y para otros fines, aproba,da el 28 de marzo de 1914; Y disponiéndose, además, que cuando la imposición de una patente esté en conflicto con una con-tribución impuesta de acuerdo con la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico y ambas no puedan hacerse efectivas, se entenderá que la contribución impuesta por la Ley de Rentas Internas prevale-•cerá. ’ ’

El razonamiento del apelante se contrae a que dispo-niendo la sección 16 en su apartado 25 un impuesto de un cinco (5) por ciento sobro el montante que produzca lo que se cobre como derecho de entrada a los espectáculos públi-cos, tal impuesto no se puede decretar por ningún municipio en virtud de lo dispuesto por la sección 99. Esta última sec-ción indudablemente tuvo por objeto evitar un doble impuesto sobre cualquier artículo sujeto a contribución bajo las dis-posiciones de la misma ley. Por la forma en que aparece impuesto el ai’bitrio por la ordenanza, el municipio carecía de autoridad legislativa para hacerlo, porque disponiendo la misma sección 99 que la Ley No. 26 sobre patentes munici-pales, aprobada en marzo 28, 1914, quedaba en vigor, esta ley es la que especifica cómo debe imponerse y cobrarse la contribución sobre teatros, cinematógrafos y espectáculos pú-blicos, etc., comprendidos en el grupo “A” de la sección 2a. de dicha ley. Por la sección 3 se fija el montante del im-puesto tomando como base el volumen del negocio según se determina claramente por la sección 4. Así es que la con-tribución de $2 por cada espectáculo público en concepto de licencia, conforme prescribe la ordenanza, se aparta entera-mente de lo que se prescribe en la ley 26 de patentes de marzo 28, 1914.

En el caso de Fajardo Development Co. v. Camacho, Comisionado, 35 D.P.R. 358, interpretando la autoridad y forma en que los municipios pueden imponer contribución a un ne-gocio, dijimos lo siguiente: “.... es ley establecida que la facultad de un municipio para imponer una contribución a un negocio o a cualquier elemento del mismo está limitada a la Ley de 1914 y a su forma y que pueden fijarse otras con-tribuciones sobre las ocupaciones, únicamente si no están in-cluidas en la enumeración hecha en dicha Ley de 1914.”

Por lo expuesto, debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acusado.


author: El Juez Asociado Sbñob Fbanco Soto,

text:
    Rafael Nicot, demandante y apelante, v. La Comisión de Indemnizaciones a Obreros, demandada y apelada.
    No. 3741.

    Visto: Mayo 20, 1926.

      Resuelto: Julio 20, 1926.
    Patrono y Empleado — Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo— Naturaleza y Fundamentos de la .Responsabilidad del Patrono — Renun-cia a la Ley de Indemnizaciones — Renuncia por Transacción Entre el Patrono y Obrero — Efecto de la Transacción. — La Comisión, de Indem-ni¡ aciones a. Obreros sólo queda, impedida de actuar por la transacción que pueda realizar el obrero con su patrono cuando las lesiones sufridas por aquél hubieren sido causadas por el acto ilegal o negligencia criminal del patrono.
    Sentencia de B. Días Cintrón, J. (Ponce), desestimando el recnrso de certiorari interpuesto y anulando el auto expedido, sin costas.

      Confirmada.

      Leopoldo Tormes, abogado del apelante; Ron. Attorney General George G. Butte, C. Llauger Días y Emilio Aldrey, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Sbñob Fbanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación contra una sentencia de la corte inferior qne rehusó revisar cierta resolución de la- Comisión de Indemnizaciones a Obreros por la que concedía una com-pensación de $500 al obrero Ramón Rivera a consecuencia de una lesión de carácter permanente que recibió mientras tra-bajaba al servicio de su patrono Rafael Nicot.

Ramón Rivera al cortar nna mata de guineo se le vino encima y con el peso de la misma se le corrió el machete qne sostenía en la mano derecha y se produjo una herida que le. interesó los tendones flexores de los dedos medio, anular e índice. El obrero dirigió una solicitud a la Comisión para ser indemnizado pero mientras se le daba curso a su recla-mación presentó nn escrito pidiendo que se sobreseyera el procedimiento, fundándose en que su caso no está cubierto por la Ley sobre indemnizaciones a obreros y por haber re-cibido todo lo necesario de sn patrono durante toda su en-fermedad, reservándose, sin embargo, su derecho para ejer-citarlo ante la corte competente. En la misma fecha eu que aparece autorizado el escrito, el obrero autorizó un docu-mento de transacción en donde en consideración a la suma de $42.50 que recibía, a los gastos hechos por el patrono en su curación y otra suma de $43.50 que había recibido, renun-ciaba en absoluto a toda ley que pudiera favorecerle, reco-nociendo que las sumas recibidas compensaban satisfactoria-mente las pérdidas sufridas en virtud del accidente ocurrido.

La Comisión en mayo 20, 1924, celebró una vista del caso con asistencia de los abogados de las partes y después de haber examinado los testigos que intervinieron en la transac-ción, incluso al notario autorizante, dictó la siguiente reso-lución :

“El caso de Ramón Rivera, 19244 (pp), es traído a estudio y consideración de la Comisión, la que, por los fundamentos consigna-dos en la resolución acuerda declarar que se trata- de un caso de incapacidad parcial permanente y conceder al obrero lesionado, en adición a ios jornales perdidos a que tenga derecho, una indemniza-ción de quinientos (500) dólares. Liquídese el caso; páguense las cuentas razonables y comuniqúese a las partes y al Auditor. — -El Secretario Administrativo hará los libramientos de pago correspon-dientes. 1 ’

Y los fundamentos indicados dicen así:

“El patrono en este caso no tenía asegurados los obreros de acuerdo eon la ley a la fecha del accidente. Siendo el patrono res-ponsable de la indemnización y gastos del caso de acuerdo con la Ley, se le dió oportunidad de comparecer ante la Comisión en una vista pública, verificándose dicha vista en Ponce el día 20 de No-viembre de 1924, prestando las partes y sus respectivos testigos las declaraciones que se unen al expediente de este caso. La actitud del patrono asumiendo su carácter de tal corrobora las declaraciones prestadas en la referida vista. El patrono en este caso entró en una transacción con el obrero, dándole a éste $42.50 como indemnización por la lesión sufrida, más $35.00 de dietas. El obrero declaró, sin embargo, que si aceptó la referida transacción fué porque creía que de la Comisión no hubiera podido obtener mayor cantidad de dinero por la incapacidad a que ha quedado afecto a consecuencia del accidente. El obrero, por tanto, no conocía bien su derecho, no sa-bía la cantidad de dinero que, teniendo en cuenta la incapacidad que le lia resultado a causa del accidente, le correspondía de acuerdo con la Ley. En consecuencia, creemos que a pesar de la transacción verificada la Comisión debe resolver este caso indemnizando al obrero de acuerdo con la Ley. De la indemnización concedida al obrero en este caso debe rebajarse, desde luego, lo que recibió de su patrono por concepto de indemnización y de dietas. — Por tanto, teniendo en cuenta las cireuntancias del caso, cuales son la edad del obrero (24 años), el jornal que ganaba (55^ diarios) y la incapacidad parcial permanente a que queda afecto, acordamos conceder y por la pre-sente le concedemos una indemnización de $500.00, en adición a sus jornales perdidos. — El Secretario-Administrativo queda autorizado para hacer los libramientos de pago correspondientes. — No estando Rafael Nicot asegurado al Fondo de Indemnizaciones a Obreros para la fecha del accidente, se acuerda requerir, y por la presente se re-quiere, al Hon. Tesorero de Puerto Rico para que proceda al cobro de dicho patrono de la indemnización concedida en este caso, más los gastos del mismo, de acuerdo con el Artículo 20 de la Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo. — Comuniqúese a las partes.”

El apelante alega, en síntesis, que la corte inferior come-tió error al considerar que la Comisión de Indemnizaciones a Obreros puede actuar sobre un caso en el que el propio interesado desiste de su reclamación por baber sido compen-sado por su patrono, interviniendo dicho organismo en esa forma en la libre contratación entre ciudadanos, y violándose con ello la Ley Orgánica y la Constitución de los Estados Unidos.

El artículo 21 de la Ley No. 10 de Indemnizaciones a Obreros, aprobada en 25 de febrero, 1918, prescribe:

“Art. 21. — Nada de lo contenido en esta Ley se interpretará en el sentido de privar al obrero lesionado, o a sus herederos de acuerdo con esta Ley, en caso de muerte, de la renuncia de las disposiciones de esta Ley, en cualquier tiempo antes de recibir compensación en virtud de la misma, y a reclamar y obtener daños y perjuicios de su patrono, de acuerdo con las disposiciones de ley antes de entrar ésta en vigor, cuando las lesiones sufridas por dicho obrero hubieren sido causadas por acto ilegal o negligencia criminal de su patrono (wilful misconduct); Disponiéndose, que solamente en ese caso de renuncia, tendrá el obrero comprendido en esta Ley, o sus herederos de acuerdo con la misma, derecho a ejercitar la acción de daños y perjuicios contra el patrono.”

Esta última disposición parece indicar el único caso en que el obrero lesionado o sus herederos pueden ejercitar la acción de daños y perjuicios contra el patrono, o sea, cuando las lesiones sufridas por dicho obrero hubiesen sido causa-das por el acto ilegal o negligencia criminal de un patrono. En tal sentido la transacción que celebre un patrono con el obrero sólo es obligatoria entre ellos y se limita a la acción que bajo tal artículo hubiera tenido el obrero para acudir a las cortes. Por sus palabras la renuncia no puede tener otro alcance. De otro modo la transacción en nada obliga a la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, quien dentro de las circunstancias concurrentes en este caso tiene juris-dicción exclusiva para oir y resolver el caso en la forma que lo hizo.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia ape-lada.


author: Ei, Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Sobrinos de Ezquiaga, demandantes y apelantes, v. Andrés Otero Rivera, Baltazar Mendoza, Miguel Nogueras, Francisco Rodríguez y Luis Benet Colón, demandados y apelados.
    No. 3858.

    Visto: Junio 9, 1926.

      Resuelto: Julio 20, 1926.
    1. Prenda (Pledges) — Expropiación de la Cosa Dada en Prenda — Enajena-ción de la Prenda — Acción para Anular la Venta — Bienes Pignorados t Vendidos que Garantizaban Préstamo Anterior. — En este caso se inte-resó la nulidad de cierta pignoración y venta hecha de unos "bienes que so-alegaba habían sido, en parte, objeto de un préstamo agrícola anterior. Atendida la prueba se resolvió: que los bienes que constituían la garantía del préstamo agrícola no estaban comprendidos en los pignorados y vendidos.
    2. Apelación y Error — Revisión—Cuestiones de Hecho, Veredictos y Con-clusiones- — Conclusiones de la Corte Inferior Sobre la Prueba — Prueba Contradictoria. — Cuando la corte inferior después de apreciar una prueba contradictoria llega a nna conclnsión de hecho, resolviendo así el conflicto existente a favor de nna parte, si un examen de la- prueba en apelación lleva a esta corte a igual conclusión que la corte inferior, procede confirmar la sentencia alidada.

      Sentbncta ele Pablo Perga, J. (Guayama),- declarando con lugar la demanda en cuanto a su primera causa de acción, con costas, y sin lugar en cuanto a la segunda.

      Confirmada.

      Acuña & Janer, abogados del apelante; B. Fernández García, abo-gado de los apelados.
   Ei, Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Sobrinos de Ezquiaga demandó a Andrés Otero, Balta-zar Mendoza, Miguel Nogueras, Francisco Rodríguez y Luis Benet, al primero reclamándole la suma de $7,053 procedente de un préstamo agrícola, y a los demás para que se declare nula cierta pignoración y venta que les bizo Otero de los mismos bienes que habían sido objeto del préstamo agrícola y preferente el derecho de la demandante a cobrar aquella suma sobre dichos bienes.

En la demanda se alega sustancialmente que en marzo 11, 1921, la demandante hizo al demandado Andrés Otero, formalizándose ante el Juez Municipal de Cayey, un prés-tamo agrícola por la suma de $7,053, a vencer en julio 31, 1921, dando el último en garantía 400 quintales de tabaco en rama; que a la fecha de constituirse el préstamo, Otero sólo tenía como únicos bienes de su propiedad que garantizaban su solvencia, 1,000 quintales de tabaco del cosecho de 1921 en los cuales estaban comprendidos los 400 quintales que que-daron afectos a dicho préstamo; que la demandante realizó la operación confiando única y exclusivamente en la garantía de los 400 quintales de tabaco y en la seguridad que el de-mandado Otero los guardaría fielmente en depósito; que en abril 8, 1921, dicho demandado pignoró a favor de los otros demandados los referidos 1,000 quintales de tabaco para ga-rantizarles de una obligación con los mismos contraída por la suma de $24,640.98, a vencer el 30 de junio de 1921, per-mitiendo que los 1,000 quintales de tabaco pasaran a poder y posesión del demandado Francisco Rodríguez, como depo-sitario; que la demandante al tener conocimiento de la pig-noración, sugirió al demandado Otero a que le diera nueva garantía para asegurar el cobro de su crédito, o bien resti-tuyera los 400 quintales de tabaco a su poder para que con-tinuara como depositario del mismo, o de no hacer una cosa u otra, diera por vencida la obligación objeto del préstamo agrícola y satisficiera el crédito de $7,053, rehusando dicho demandado cumplir los requerimientos de la demandante por no tener otros bienes ni dinero para satisfacer el préstamo; que allá el 30 de junio de 1921, el demandado Otero vendió a los demás demandados los 1,000 quintales de tabaco, por no haber satisfecho Otero a su vencimiento el crédito de $24,640.98, pero sin hacerse dicha enajenación en pública su-basta, y que tanto al tiempo de la pignoración de los 1,000 quintales de tabaco como de su enajenación, todos y cada uno de los demandados sabían y tenían conocimiento positivo que en los 1,000 quintales de tabaco se encontraban los 400 quintales que garantizaban con preferencia a cualquier otro crédito, el crédito contraído por el demandado Otero a favor de la demandante.

En diciembre 10,1921, la demandante radicó una demanda complementaria en la que se relaciona el procedimiento se-guido ante la Corte Municipal de Cayey para el remate de los 400 quintales por haber vencido el préstamo agrícola que los garantizaba, alegándose que en marzo 16 de 1921 el már-shal de la corte municipal devolvió el mandamiento de eje-cución con la certificación de no haberlo podido cumplimentar por no encontrarse los efectos agrícolas en poder o depósito del demandado Andrés Otero.

A excepción del demandado Andrés Otero, los restantes demandados contestaron tanto la demanda original como la complementaria, negando específicamente que Andrés Otero no tuviese otros bienes ni más tabaco en rama además de los referidos 1,000 quintales dados en prenda, ni que en dichos 1,000 quintales de tabaco estuvieran comprendidos los 400 quintales pignorados a la demandante, alegando en contra-rio que Andrés Otero tenía otros bienes muebles e inmuebles a la fecba de constituirse el préstamo agrícola.

Establecieron además como defensas especiales que los demandados Baltazar Mendoza, Miguel Nogueras, Francisco Rodríguez y Luis Benet Colón hicieron en común al code-mandado Otero un préstamo refaccionario por $24,640.98 para atender a la siembra, cultivo y recolección de la cosecha de tabaco de 1920-1921 y que los 1,000 quintales de tabaco en rama pignorados y comprados posteriormente eran de la co-secha de 1921 y fueron cosechados con el dinero dado en préstamo refaccionario, y que por otro lado, la suma de $7,053 en garantía de la cual fue constituido el préstamo agrícola, no procede de dinero efectivo prestado por la demandante a Andrés Otero en marzo 11 de 1921, sino de efectos vendidos en 1920. por la demandante a la mercantil A. Otero y Her-manos, de la cual era socio gestor Andrés Otero.

Celebrado el juicio, la corte inferior condenó a Andrés Otero a pagar a la demandante la suma de $7,053 y declaró sin lugar la demanda absolviendo de ella a los, demás demandados. De este último pronunciamiento apeló la demandante y aunque en su alegato señala la comisión de nueve errores, a nuestro juicio la primera cuestión fundamental que debemos resolver, como previa a los diversos puntos legales que levanta la apelante, es una de hecho en sentido de si los 400 quintales de tabaco que constituyen la garantía del préstamo agrícola fueron comprendidos o nó en los 1,000 quintales que a su vez Otero pignoró y luego vendió a los demandados.

La corte inferior en su opinión resolviendo ese extremo, se expresa así:

“6. — Que el tabaco embargado y dejado en poder de Baltazar Mendoza era de- la propiedad particular de éste, no siendo el que dió en g'arantía Andrés Otero Rivera a favor de Sobrinos de Ezquiaga. Así lo certificó el Marshal Tomás Escalera en su diligenciamiento a la orden de embargo que se practicó a instancias de la demandante. Y si bien el testigo Luis Janer Landrón, abogado de la demandante, declaró en el juicio que Baltazar Mendoza le manifestó cuando se practicó el embargo que el tabaco era suyo porque Andrés Otero se lo había vendido y que habían tenido que incautarse de todos sus bienes y de la cosecha de 1921 porque le habían servido de fiadores en varias operaciones de préstamo realizadas con anterioridad, esta afirmación, única que existe para demostrar que el tabaco procedía de Andrés Otero, está controvertida por las declaraciones predomi-nantes del propio Baltazar Mendoza, de Francisco Rodríguez y del Marshal Tomás Escalera, y con las escrituras de pignoración y venta de los mil quintales de tabaco, de que estos quedaron en poder de Francisco Rodríguez, como depositario, aunque en el almacén y ran-chos de Andrés Otero, en Cidra, y después se los llevó a su almacén, de Las Vegas, en Cayey, y fué vendido, hallándose el tabaco pigno-rado por Andrés Otero a los demás demandados en pacas, mientras que el embargo en poder de Baltazar Mendoza, como de la propie-dad de éste, estaba en estibas. Y además, el propio Andrés Otero, declarando como testigo de la demandante, manifestó que los cuatro-cientos quintales de tabaco pignorados por virtud del préstamo agrí-cola estuvieron en su almacén hasta fines del contrato, pero que des-pués de una petición de quiebra que se presentó ante la Corte Federal contra A. Otero y Hermano, él los vendió en distintas parti-das o lotes.”

Puede notarse que la corte inferior llegó a una conclusión negativa después de apreciar la prueba contradictoria, resol-viendo el conflicto en favor de los demandados. T un exa-men por nuestra parte de 1a. evidencia nos lleva a igual con-clusión.

La demandante alegó como elemento esencial de su de-manda que “el demandado Andrés Otero sólo tenía como úni-cos bienes de su propiedad que garantizaban su solvencia, mil quintales de tabaco, entre los cuales estaban comprendi-dos los cuatrocientos quintales que garantizaban el préstamo bécbole por la demandante al demandado de $7,053.”

La, prueba estableció que la demandante liabía vendido abonos químicos a la mercantil A. Otero Hnos., de Cidra, para la siembra y cultivo de plantaciones de tabaco. Para el pago del precio la mercantil había suscrito y entregado a la demandante varios pagarés. Vencidas estas obligaciones la demandante gestionó el cobro y fue entonces que el de-mandado Andrés Otero se hizo cargo de la deuda y se con-vino que los pagarés montantes a $7,053 fueran substituidos por un préstamo agrícola. La operación había sido pro-puesta por mayor suma, pero después de examinar el estado financiero de Andrés Otero, según declara Manuel Mendía, gestor de la demandante, y de un examen de las plantaciones por un perito enviado por la demandante, el préstamo agrí-cola se limitó al montante de las obligaciones mencionadas.

El perito sólo examinó una de las plantaciones que cal-culó en más de los 400 quintales como base del préstamo agrí-cola. Rafael González, que fue el perito, en ese extremo dijo: “ . . . .le pregunté al Sr. Otero si tenía otro tabaco más y me dice ‘sí, yo tengo otra plantación más,’ yo le dije ‘yo creo que no es necesario verse porque esta plantación que tiene da más de la cantidad.’ ” También hubo prueba que Andrés Otero tenía además a la fecha del préstamo una finca de 314 cuerdas radicada en Cidra.

No encontramos, por consiguiente, ningún elemento en la prueba que demuestre que la corte inferior cometió error al concluir que los 400 quintales de tabaco que fueron objeto del préstamo agrícola no estaban comprendidos en los 1,000 quintales que fueron pignorados y posteriormente enajena-dos por Andrés Otero a los demás demandados.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia ape-lada.


author: El Juez Asociado Señob. FkaNco Soto,

text:
    Ramón Ortiz Quintana, demandante y apelado, v. Juan Bautista Dragoni, demandado y apelante.
    No. 3920.

    Visto: Junio 11, 1926.

      Resuelto: Julio 20, 1926.
    Cortes — Naturaleza, Extensión t Ejercicio de la .Jurisdicción en General— Jurisdicción Sobre la Materia de la Acción — Naturaleza de la Causa de Acción Ejercitada. — Versando una aeeión, ' independientemente de la ■cuantía de. los daños y perjuicios reclamados, sobre rescisión de un contrato ■por ralor de $5,000, y teniendo que resolver la sentencia tal extremo, tal oiremistíuu'iH es suficiente por sí sola para dar a mía. corte rio distrito juris-dicción para conocer de dicha acción.
    RESOLUCIÓN ele Angel Acosla Quintero, J. (Ponee), denegando mo-ción para que se dejara sin efecto sentencia dictada en el caso.

      Confirmada.

      F. B. Fornaría, abogado del apelante; Angel Fiol Negrón, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob. FkaNco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Ortiz Quintana inició este pleito solicitando la rescisión de cierto contrato de compraventa celebrado con el demandado Juan Bautista Dragón! y que se le condenara ai pago de la cantidad de $250 y costas. Se alegó en la de-manda que el demandado se obligó a comprarle una finca urbana en determinada fecha por precio de $5,000, pero estipulándose que si en la fecha designada alguna- de las partes contratantes quebrantare o le conviniere faltar al convenio, quedaba obligada a la otra parte al pago de una compensación fija de $250 y costas, incluso honorarios de abogado.

El demandado no contestó la demanda y después de ce-lebrado el juicio en la corte inferior declaró rescindido el contrato privado de promesa de venta y condenó fil deman-dado a pagar al demandante la suma de $250 como daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato, más las costas y honorarios de abogado.

El demandado solicitó, fundándose en el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, que se le eximiera de los efectos de la sentencia por haber sido dictada sin juris-dicción y por inadvertencia de la corte.

La corte inferior negó la solicitud y no conforme el de-mandado estableció este recurso.

El apelante sostiene la falta de jurisdicción en la corte inferior porque no existiendo causa de acción en cuanto a la rescisión del contrato, la demanda quedó limitada al co-bro de $250, suma que debía reclamarse ante la corte municipal por ser esta corte la que tiene jurisdicción por ra-zón de la cuantía.

Independientemente de la cuantía de los daños y per-juicios, no puede negarse que el pleito versaba sobre resci-sión de un contrato por valor de cinco mil dollars, y la sen-tencia tenía que resolver ese extremo, cualquiera que fuera su efecto, siendo, por'tanto, tal circunstancia suficiente por sí sola para dar jurisdicción a la corte de distrito.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la resolución ape-lada.