author: El Juez Asociado Señor Snydee,

text:
    Áureo Avellanet, demandante y apelado v. Porto Rican Express Co., demandada y apelante.
    Núm. 8923.

    Sometido: Diciembre 7, 1944.

      Resuelto: Marzo 16, 1945.

      llartzell, Kelley & llartzell, Rafael O. Fernández y A. Ramírez Silva, abogados de la apelante; Pascasio Faja/rclo Martínez y Rafael A. Saliva, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snydee,

emitió la opinión del tribunal.

En 1942 Áureo Avellane! radicó una querella contra la Porto Rican Express Co. en reclamación de $2,602.86 por salarios devengados y no pagados de conformidad con la Ley núm. 49, Leyes de Puerto Rico, 1935 ((2) pág. 539). La querella comprendía servicios prestados desde 1935 a 1938. En ella se alega que desde el 1935 al 1936 el querellante per-cibía un sueldo regular de $35 mensuales; que desde 1936 al 24 de octubre de 1938 percibía un sueldo regular de $44 - mensuales; que dicho sueldo debe considerarse como el pago de un día de trabajo de ocho horas; y que el querellante trabajó diariamente cinco horas extras, por lo que tenía derecho, de acuerdo con la Ley núm. 49, a que se le pagara el doble de lo que como sueldo regular venía pagándosele.

La corte municipal resolvió el caso a favor del querellante, y la demandada apeló para ante la corte de distrito. Dicha corte también resolvió el caso a favor del querellante, pero modificó la sentencia disponiendo que se pagara al tipo doble la novena hora y al tipo sencillo las restantes cuatro horas. El caso se encuentra ante nos al apelar la demandada la sen-tencia por $1,274, costas y $200 para honorarios de abogado.

I

En el primer error señalado alega la demandada que este pleito, radicado en 1942 por trabajo extra que se alega se debe de acuerdo con la Ley insular núm. 49, realizado desda 1935 a 1938, está prescrito a tenor con el artículo 1868 de nuestro Código Civil que establece la prescripción de un año. En apoyo de esta teoría, la demandada cita en primer término la Enciclopedia Jnrídica Española (Apén-dice 1926), pág. 448, al efecto de que la prescripción de nn año equivalente en el Código Español se aplica a ciertas clases de reclamaciones de salarios ante los Tribunales In-dustriales de España. La demandada también cita el caso de Divine v. Levy, 45 F. Supp. 49 (District Court, La. 1942), que resolvió que el término prescriptivo de un año de Louisiana que se encuentra en el artículo 3536 del Código de Louisiana por daños “provenientes de ofensas o cuasi ofensas” se aplica a una reclamación de daños líquidos bajo la Ley sobre Normas Razonables del Trabajo. Este caso y los similares son importantes para la administración de la Ley Federal, toda vez que el término prescriptivo en tales casos se determina de acuerdo con las disposiciones de las leyes- estatales. Muchos estados tienen períodos prescrip-tivos diferentes para la reclamación de derechos que surgen de daños, contratos, ofensas o leyes estatales o Federa-les. Ha surgido considerable controversia en cuanto a la clasificación bajo tales leyes estatales de los daños líquidos de acuerdo con la Ley sobre Normas Razonables del Trabajo. Algunas cortes han llegado a la misma conclusión restrictiva que la Corte de Distrito Federal de Louisiana. Otras han sido más liberales, incluyendo la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, que ha resuelto que el artículo 1868 de nuestro Código no es de aplicación a un pleito de daños líquidos de acuerdo con la Ley sobre Normas Razonables del Trabajo. (Pedro Pastrana et al. v. P. R. Coal Co., civil número 3806, resuelto el 25 de agosto de 1944; Manuel Martínez v. Bull Insular Line Inc., civil número 3803, resuelto el 19 de febrero de 1944). Pero las autorida-des españolas y Federales, si bien informativas, no predo-minan aquí. Este caso es por trabajo extra realizado de acuerdo con disposiciones específicas de nuestra propia ley, la núm. 49, y no bajo una ley española o bajo la Ley sobre Normas Eazonables del Trabajo. La naturaleza del derecho creado por la Ley núm. 49 — que a su vez señalará el período prescriptivo aplicable a él — es puramente una cuestión de ley local. Por tanto nos remitimos a la Ley núm. 49 con el propósito de examinarla.

La Ley núm. 49 dispone -un día de trabajo de ocho horas. Permite que se trabaje la novena hora, pero exige que se pague tiempo doble por la misma. Hemos resuelto que el trabajar después de la novena hora, si bien prohibido so pena de penalidad criminal, debe pagarse a tiempo sencillo. Pero la regla ha sido establecida claramente al efecto de que de adeudarse algo como tiempo sencillo después de la octava hora, depende del contrato de servicios; es decir, una persona que bajo un convenio privado entre las partes trabaje diariamente trece horas por un sueldo estipulado por día, por semana o por meses, ha recibido pago total bajo la Ley número 49 — que no es una ley de salario mínimo — excepción hecha de la paga adicional por la novena hora, la cual, bajo tales circunstancias, se paga a un tipo por hora calculado dividiendo la cantidad recibida por el número total de horas trabajadas para ganarla. Cardona v. Corte, 62 D.P.R. 61; Muñoz Colón v. Corte, 63 D.P.R. 236.

Por tanto es evidente que una reclamación por trabajo realizado después ■ de la novena hora por lo menos está basada en contrato. En su consecuencia, la contención de la demandada de que el presente caso es uno de daños o para hacer efectiva una penalidad y por ende está impedido (barred) a tenor con el artículo 1868 de nuestro Código Civil, debe ser rechazada en cuanto a dicha parte de la reclamación del querellante.

El querellante insiste que en el caso de Cardona caracte-rizamos la paga doble por la novena hora como una penali-dad Pero un examen cuidadoso del caso de Cardona revela que equiparamos la paga doble por la novena hora a una penalidad únicamente para el limitado propósito de cumplir con el requisito de que la responsabilidad prove-niente de penalidades debe ser expresamente impuesta por la Ley. Por el contrario, dijimos que (pág. 76) “Ciertamente no es una penalidad en el sentido tradi-cional de castigo por una ofensa contra el Estado”, y la comparamos con los daños líquidos bajo la Ley sobre Normas Razonables del Trabajo respecto de los cuales la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Overnight Motor Co. v. Missel, 316 U.S. 572, 583, ha dicho que “son compensación, no una penalidad o castigo de parte del Grobierno.” La Ley Insular número 49 no tiene disposición alguna para daños líquidos en caso de que no se pague a tiempo doble la novena hora; sólo dispone que se pague la novena hora a tiempo doble. De no ser una penalidad los daños líquidos, a fortiori no podría así caracterizarse la paga estatutaria por tiempo’ extra, por lo menos a los fines de invocar el período prescriptivo que se encuentra en el artículo 1868 del Código Civil. Nuestro razonamiento aquí es, por tanto»- consistente con el de algunas Cortes Federales, inclu-yendo la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, al negarse.a aplicar el artículo 1868 y estatutos simi-lares de prescripción a las reclamaciones por daños líquidos bajo la Ley sobre Normas Razonables del Trabajo.

La demandada también descansa en la prescripción de tres años que se encuentra en el artículo 1867 de nuestro Código. En 1927 Avellanet empezó a trabajar 'con la demandada como oficinista. Declaró que desde 1927 hasta octubre 24 de 1988 estuvo empleado exclusivamente en rela-ción con el recibo y despacho de carga local. Luego, según declaró, trabajó en otra carga, presumiblemente del comercio interestatal. Debido a estos hechos, afirma la demandada que la “naturaleza de los servicios” prestados por el quere-llante cambió en octubre de 1938; que a tenor con la doctrina establecida en Muñoz Colón v. Corte, supra, esto tuvo el efecto de terminar el contrato anterior de servicio; que como con-secuencia, el período prescriptivo de tres años provisto en el artículo 1867 para tales casos empezó a correr en octubre de 1938 en cuanto a todos los servicios prestados antes de dicha fecha; y que el presente caso, radicado en 1942, estaba por tanto impedido (barred).

No podemos convenir con esta contención. Para poder aplicarse esta doctrina, nos parece que por lo menos debe haber un cambio efectivo en la clase de trabajo realizado por el empleado. Aquí continúa haciendo exactamente el mismo trabajo que siempre había hecho: el trabajo de oficina necesario para recibir y despachar carga en una oficina local de una compañía de porteo. El querellante o su abogado aparentemente creyeron que hab'ía que relacionar su trabajo en el transporte interestatal para asegurar el cobro de acuerdo con la Ley sobre Normas Razonables del Trabajo en los casos que, como veremos, radicó por trabajo realizado después de octubre de 1938. Pero asumiendo que su testi-monio a este respecto fuese cierto, no podemos ver de qué manera el origen o el destino de la carga que él despachaba hacía que sus servicios como tal oficinista fueran diferentes. Nada hay en el récord que demuestre (a) bien que el trabajo de un oficinista en carga interestatal es diferente a las mis-mas funciónes realizadas en carga local, o (b) que las partes por sí mismas — sin Hacer referencia a la nueva Ley Federal — llegaron a un nuevo convenio contractual. Por tanto no podemos resolver que los servicios del querellante fueron de naturaleza diferente después de 1938. La corte inferior no cometió error al rechazar la defensa especial de prescripción.

II

La apelante invoca seguidamente la defensa de res judicata. En apoyo de la misma, presentó en evidencia en la corte inferior copias certificadas de una resolución y una sentencia de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, acreditativas de que Avellanet formaba parte de un grupo de querellantes que radicaron conjunta-mente dos querellas ante dicha corte contra la demandada, por salarios devengados y no pagados de acuerdo con la Ley sobre Normas Razonables del Trabajo, por trabajo realizado desde 1938 a la fecha de las querellas, y de que Avellanet estuvo conforme con una resolución dictada en 1940 desestimando el primer caso, “la que tendrá el efecto de res judicata a todos los fines legales,” después de habér-sele pagado $303.86 como saldo total del pleito,' y que se le pagó $300 en pago total de una sentencia dictada por con-sentimiento en 1942 en el segundo caso a favor del quere-llante y contra la demandada. Por tanto la demandada alega que el haber cobrado en 1940 y 1942 por los servicios rendidos desde 1938 y 1941 impide (bars) un pleito posterior en cobro de los servicios anteriores desde 1935 a 1938 en el mismo empleo.

Uno de los más importantes aspectos de la ley de res judicata es que un litigante no puede fraccionar su causa de acción. Si un querellante tiene una reclamación, en el pleito que radica, debe exponerla íntegramente y no parte de la misma. De no hacerlo así, no puede permitírsele luego que radique una nueva querella por el remanente de la misma re-clamación o causa de acción. Recientemente reiteramos esta doctrina en Pueblo v. Lugo Irizarry, ante pág. 554, donde dijimos que una causa de acción se funde en la sentencia dicta-da, y tal sentencia es concluyente — siempre y cuando que estén envueltas las mismas partes y la misma causa de acción — en cuanto a todos los puntos que pudieron haber sido, pero que no fueron, de hecho litigados y determinados.

Comentando la sección 62 el Bestatement, Judgments, dice que “Cuando una parte en un contrato indivisible ha dejado de cumplir dicho contrato dos o más veces, y la otra parte entabla una acción en su contra por uno o más de los incum-plimientos, la sentencia, ya sea a favor del demandante o del demandado, impide al demandante el instituir luego una acción por cualquier incumplimiento del contrato llevado a cabo por el demandado antes de iniciarse la acción. Todos los incumplimientos del contrato con anterioridad al inicio del pleito son considerados como una sola causa de acción.” (Bastardillas nuestras).

' Nadie disputa la existencia de esta doctrina o su aplica-ción a incumplimientos de contratos de servicios. Por tanto se admite en efecto que si hubo un pleito ante la Corte Federal por un contrato de servicios en 1942, el cobro en dicho pleito de los jornales contractuales para 1938-41 impediría {bar) un pleito posterior ante una corte insular por los jornales convenidos para 1935-38. Claramente serán partes de la misma causa de acción, y no podrán fraccionarse en dos pleitos.

Pero cuando nos remitimos al presente caso encontramos un problema un tanto más difícil. ¿Eran las reclamaciones de 1938-41 bajo la ley Federal y de 1935-38 bajo la ley insular partes de la misma causa de acción? La dificultad aquí estriba en que la causa o causas de acción no surgieron sola-mente del contrato de las partes. Más bien, fueron creadas por Leyes de la Legislatura Insular y del Congreso. Es cierto que debe existir el hecho relacionado con el empleo para que puedan tener aplicación los estatutos. Pero del contrato y su ejecución, por sí solos no surge derecho alguno. Los derechos fueron creados por el impacto de las dos leyes Insular y Federal en los hechos relacionados con el empleo. El querellante cobró en 1940 y en 1942, en los pleitos radi-cados, junto a otros empleados de la demandada, ante la Corte Federal por salarios devengados y no pagados a tenor con la Ley sobre Normas Razonables del Trabajo. No sólo emanó de la Ley Federal el derecho a percibir tales jornales y no únicamente del contrato de empleo, si que también la Corte Federal tenía jurisdicción sobre los pleitos sólo debido a las disposiciones expresas de dicha ley que permite que los pleitos, independientemente de la cantidad envuelta, sean radicados ante las Cortes de Distrito de los Estados Unidos, y que permite que un número de obreros se unan en el mismo pleito como querellantes (Título 29 U.S.C.A. see 216 (b). Los derechos del querellante bajo la Ley Insular número 49 emanan de una. fuente legislativa diferente, y son diferentes en naturaleza en cuanto al único punto aquí envuelto, paga extra. ¿Puede decirse, no obstante, que el derecho a lá paga extra en virtud de la Ley Insular número 49 era parte de la misma causa de acción sobre la cual ya se había dictado sentencia por la Corte Federal de conformidad con la Ley Federal para paga ordinaria y extra de acuerdo con la Ley sobre Normas Razonables del Trabajo, por razón de que los mismos hechos provenientes del empleo estén envueltos, tanto bajo el estatuto insular como el Federal? De ser con-testada dicha pregunta en la afirmativa, en verdad se torna formidable la contención de que el querellante ha violado la regla contra el fraccionamiento de la causa de acción.

Confrontamos con trepidación el torbellino creado por las cortes al tratar de definir lo que es una causa de acción. “El uso de dicho término en situaciones genéricas resulta inexacto cuando se hace necesario aplicarlo a casos espe-cíficos ”. En verdad, la Corte Suprema nos ha advertido, que “Una ‘causa de acción’ puede significar una cosa para cierto propósito y algo diferente para otro.” Con dicha advertencia en mente, pasemos a la cuestión precisa envuelta en el presente caso, que es la siguiente: ¿Opera la creación de un derecho por la ley Federal a base de ciertos hechos, de tal manera qne todos los otros derechos no Federales prove-nientes de los mismos hechos bajo la ley estatal, sean parte de la misma cansa de acción creada por el estatuto Federal? En nuestra búsqueda los casos que más se ase-mejan a esta cuestión, surgen en el campo de las patentes y de las marcas de fábrica. Si una persona tiene una marca de fábrica debidamente registrada bajo la Ley Federal de Marcas de Fábrica, las cortes Federales expresamente tienen jurisdicción sobre los pleitos que aleguen violación de la misma. Por otro lado, si no se trata de una marca de fábrica debidamente registrada bajo el estatuto Federal, el único remedio es un pleito por competencia desleal bajo el derecho común. Pero los “hechos que dan lugar a un pleito por violación de la Ley Federal y a otro por competencia desleal son sustaneialmente los mismos. • Ellos constituyen y hacen patente el acto ilegal de que uno se queja, la violación del derecho a uso exclusivo.” Armstrong Co. v. Nu-Enamel Corp., 305 U.S. 315. La Corte Suprema concluye por tanto, en el caso de Nu-Enamel Corp., que sólo está envuelta una causa de acción en el derecho Federal de marcas de fábrica y en el derecho no Federal de competencia desleal. En su consecuencia, la Corte resolvió que (pág. 324) “A menos que sea patentemente insustancial, la alegación del registro de acuerdo con la ley es suficiente para conferir jurisdicción en los méritos.” Y una resolución al efecto de que la marca de fábrica era inválida, no priva por ello a la corte de juris-dicción en cuanto a la competencia desleal. Por el contrario, (pág. 324-5) “Una vez obtenida debidamente, la jurisdicción sobre una causa de acción — la alegada violación de la marea, de fábrica — subsiste para que se puedan considerar todos Ios-fundamentos que la sostienen, incluyendo la competencia desleal con el producto de que se trata. ”

La corte continúa diciendo, a la pág. 325, que el caso de Hurn v. Oursler, 289 U.S. 238, el principal sobre esta mate-ria, “resolvió que cuando son diferentes las causas de ac-ción, la determinación de que la causa Federal no procede obligaría a desestimar todo el caso. Pero cuando sólo bay una causa de acción, no consideramos que la resolución en cuanto a la invalidez proporciona "base alguna para distinguir este caso del dé Oursler. El registro de ‘Nu-Enamel’ proporcionó un fundamento sustancial para la jurisdicción Federal. Esa jurisdicción debe continuar con el fin de determinar, sustancialmente sobre los mismos hechos, la •cuestión de competencia desleal.”

El caso de Oursler expone este principio de jurisdicción Federal a las págs. 245-6 como sigue: “Pero la doctrina no va tan lejos como para permitirle a una corte Federal asumir .jurisdicción de una causa de acción no Federal separada y •distinta debido a que se le incluya en la misma demanda con -una causa de acción Federal. La distinción a ser observada es entre un caso en que se aleguen dos distintos fundamentos en apoyo de una sola causa de acción, una sola de las cuales presenta una cuestión Federal, y un caso en que se aleguen dos causas de acción separadas y distintas una sola de las 'Cuales es Federal en su carácter. En la primera, cuando la ■cuestión Federal alegada no carece totalmente de sustancia, la corte Federal, aun cuando no se establezca el fundamento Federal, puede no obstante, retener y resolver el caso sobre el fundamento no Federal; en el último no puede hacer esto sobre la causa de acción no Federal. ... La regla apli-cable está expuesta, y se citan autoridades, en Baltimore S. S. Co. v. Phillips, 274 U.S. 316. ‘Una causa de acción no con-siste de hechos’, dijo allí esta Corte (pág. 321), ‘sino de la violación ilegal de un derecho demostrado por los hechos. El número y la variedad de los hechos alegados no establece nada más que una causa de acción en tanto en cuanto sus resultados, ya se les considere por separado o conjuntamente, sea la violación de sólo un derecho por un solo acto ilegal. . . “Ellos no constituyen la causa de acción, sino que señalan su existencia trayendo a la luz el acto ilegal” ’.

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“Con lo arriba expuesto no queremos decir que establez-camos una fórmula inflexible para determinar en todos los casos qué es lo que constituye una causa de acción. ‘Una “causa de acción” puede significar una cosa para cierto propósito y algo diferente para otro’, United States v. Memphis Oil Co., 288 U.S. 62; pero a los fines de determi-nar los lindes entre la jurisdicción estatal y la Federal, el significado debe quedar dentro de los límites indicados. Compárense B. & O. S. W. R. Co. v. Carroll, 280 U.S. 491, 494-5, y casos citados ”.

La cuestión por tanto parece ser si, en el lenguaje de los casos de Oursler y Nu-Enamel, las respectivas reclamacio-nes Federal (1938-42) y no Federal (1935-38) por salarios al querellante en este caso son meramente fundamentos dife-rentes en apoyo de la misma causa de acción, o si de hecho ellos envuelven diferentes derechos que justifiquen la desig-nación de causas de acción separadas. Pero, no importa lo interesante que pueda ser dicho problema, no tenemos que resolverlo en este caso específico. Asumimos, sin decidirlo, que los derechos que resultan de la Ley insular número 49 de los mismos hechos relacionados con el empleo posteriores a 1938 son parte de la misma causa de acción que los dere-chos resultantes de la Ley sobre Normas Razonables del Trabajo por empleo desde que entró en vigor en octubre de 1938 la Ley Federal. Pero, haciendo uso una vez más de una analogía suministrada en un caso de marcas de fábrica, Stark Bros. Co. v. Stark, 255 U.S. 50, encontramos qne cual-quier derecho no Federal bajo la Ley número 49 por trabajo anterior a 1938 no es parte de una causa de acción que resulta de la Ley sobre Normas Bazonables del Trabajo de 1938, aun cuando se trate del mismo empleo.

En el caso de Stark se radicó un pleito ante la Corte Federal, tanto por violación de una marca de fábrica, como por el derecho no Federal de competencia desleal proveniente de los mismos hechos.. La Corte Suprema resolvió que la Corte Federal no tenía jurisdicción para conceder daños por la competencia desleal que tuvo efecto antes de que se regis-trara la marca de fábrica bajo el estatuto Federal. El Juez Holmes, hablando por la Corte, dijo, a las págs. 51-2:

“La violación que se persigue es violación de una marca de fábrica registrada, no la violación de una marca de fábrica. Ese es el sig-nificado claro de las palabras arriba dichas y del alcance necesario de este pleito toda vez que ése es el alcance de la jurisdicción de la corte de distrito. A. Leschen & Sons Rope Co. v. Broderick & Bascom Rope Co., 201 U. S. 166, 172. Parece ser muy claro que el deman-dante tenía una causa de acción fuera del estatuto, pero eso había que determinarlo en otro sitio ya que el pleito era entre ciudadanos del mismo Estado. Sólo el estatuto le dió el derecho de recurrir a esta Corte de los Estados "Unidos. Al venir a reclamar sus derechos estatutarios, asumiremos a favor del demandante que puede recobrar por competencia desleal que era inseparable del acto ilegal estatu-tario, pero no puede retrotraerse y recobrar por daños anteriores a los derechos derivados de una fuente diferente. ”

La situación por tanto puede resumirse así: en ausencia de diversidad de ciudadanía, cuando se radica un pleito en la Corte Federal, como se hizo en este caso, alegando nn derecho creado por nn estatuto Federal que también confiere jurisdicción a las cortes Federales para ver los casos que alegan dicho derecho, un derecho no Federal, que no resulta de un estatuto Federal, puede incluirse en el referido pleito solamente si dicho derecho forma parte de la misma causa de acción. Y un derecho no Federal que surja con ante-rioridad a la aprobación de la ley Federal bajo la cual se basó el pleito original, no forma parte, de conformidad con el caso de Stark, de la misma causa de acción envuelta en el pleito Federal. Por tanto, si el querellante en este caso hubiera tratado de incluir en sus pleitos Federales, la recla-mación por los salarios de 1935-38 de acuerdo con la Ley insular número 49, la Corte Federal hubiera venido obligada a desestimar la misma por falta de jurisdicción.

Pero satisfechos ya de que (a) el derecho no Federal aquí es una causa de acción “diferente”, y de que (b) la corte Federal no hubiera tenido jurisdicción de la misma dentro del caso Federal fundado en el derecho Federal, forzoso es concluir que la doctrina contra el fraccionamiento de una causa de acción no ha sido infringida en este caso. Dicha doctrina “sólo es aplicable cuando la ley no ha puesto im-pedimento alguno para que él pueda obtener, en la acción que ha entablado, todo el remedio a que tiene derecho,” Taub v. McClelland-Colt Commission Co., 51 Pac. 168 (Colo.), citado con aprobación en Taylor v. Continental Supply Co., 16 F. (2d) 578, 581 (C.C.A. 8th, 1926). “La regla en cuanto al fraccionamiento de las causas de acción sólo se aplica a reclamaciones, ‘que entonces son recobrables’ en la primera acción.” United States v. Pan-American Petroleum Co., 55 F. (2d) 753, 782 (C.C.A. 9th, 1932). Cf. U. S. v. Calif. & Oregon Land Co., 192 U. S. 355; Baltimore S. S. Co. v. Phillips, 274 U.S. 316. Véase 1 Moore, supra, sección 204, pág. 147, escolio 19..

Nos damos cuenta de la contención que puede hacerse en un intento para evadir las autoridades que hemos citado. Es más o menos como sigue: el querellante tenía a su disposición en 1942 dos medios por los cuales pudo haber obtenido en un solo caso sus reclamaciones de salarios, tanto bajo la Ley insular como la Federal provenientes de los hechos relacio-nados con su empleo desde 1938 a 1942. El primer medio hubiera sido acumular todas sus reclamaciones bajo la Ley Federal y la insular, ora sean éstas causas de acción “dife-rentes” o no, en un pleito Federal basado en diversidad de ciudadanía. El segundo hubiera sido que el querellante reclamara sus salarios por el 1938-42 bajo la Ley sobre Nor-mas Razonables del Trabajo ante nna corte insular e incluir en ella su reclamación bajo la Ley insular número 49 corres-pondiente a 1935-38 surgentes de los mismos hechos rela-cionados con el empleo. El argumento sería que aquí es de aplicación la analogía de que uno no puede evadir la regla contra el fraccionamiento de una causa de acción recurriendo primeramente a una corte de jurisdicción limi-tada, en cuanto a la cuantía y tipo de acción, y luego entablar un pleito por el remanente de la reclamación, en una corte de jurisdicción general. Restatement, Judgments, sec. 62j, págs. 253-4. La teoría es que con ello la parte voluntaria-mente aminora su causa de acción.

Pero existen por lo menos dos diferencias entre dicha situación y el presente caso. Aquí tenemos una cuestión de distribución de jurisdicción entre cortes de diferentes sobe-ranías Además, nuestro caso envuelve derechos creados por distintos cuerpos legislativos, con disposiciones expre-sas para el cumplimiento de los mismos mediante procedi-mientos sumarios y especiales incluidos separadamente en cada estatuto.

El segundo inciso del Restatement, sec. 62k, pág. 255, aun-que no enteramente de aplicación aquí, ofrece otra situación análoga en la que se evade la regía que se encuentra en el 62j. Dice que, “la doctrina contra el fraccionamiento de una causa de acción, que normalmente impide que se obtengan dos sentencias cuando originalmente sólo había una causa de acción, no necesariamente impide a una persona agraviada de solicitar un remedio que, bajo las circunstancias, puede sólo aplicarse a parte de la materia. . . . cuando un deman-dante inicia una acción en un Estado en el cual las cortes tienen jurisdicción solamente con referencia a una porción de su causa de acción, éste no está impedido (barred) de ini-ciar una acción en la corte correspondiente en cuanto a la otra porción.” Véase también Tribby v. O’Neill, 39 App. D. C. 467 (1912).

¿Cuál es la analogía más cercana aquí- — el inciso 62k o el inciso 62j ? El derecho a reclamar en este caso por los salarios de 1935-38 surgió antes de que se aprobara la Ley sobre Normas Razonables del Trabajo. Esto requiere, como hemos visto, una resolución en cuanto a que la reclamación de 1935-38 bajo la Ley número 49, a los fines de la jurisdic-ción de cortes de diferentes soberanías, es una causa de acción diferente a la reclamación por los salarios de 1938-42 bajo la Ley sobre Normas Razonables del Trabajo. Y todas las autoridades que podrían invocarse contra el quere-llante, incluyendo el inciso 62k, sólo se aplican al intento de fraccionar la misma causa de acción. Esto es suficiente para decidir este punto contra la demandada.

Hay otra manera de abordar este panto, en parte de naturaleza procesal, que nos lleva al mismo resultado. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha llamado a dos derechos — uno, la violación de una marca de fábrica, que es Federal; el otro, competencia desleal, que no es Federal— la “misma causa de acción” para poder justificar el que se asuma jurisdicción por las cortes Federales no obstante la ausencia de diversidad de ciudadanía, en cuanto al derecho no Federal, resolviendo con ello en un pleito ambas contro-versias, nacidas de los mismos hechos. Pero cuando existen hechos como los nuestros y como aquellos del caso de Stark, la Corte Suprema dice que el derecho no Federal es una causa de acción “diferente”. Echando temporalmente a un lado la barrera de falta de jurisdicción, el hecho de que el derecho no Federal sea una causa de acción “diferente” arrastra consigo como corolario la proposición de que su inclusión con la reclamación Federal es permisiva, no man-datoria. Y en cuanto a inclusión permisiva, Scott, supra, dice, a la pág. 26, que un demandante “no vendrá obligado a acumular todas las reclamaciones que pueda tener contra el demandado. . . De acuerdo con ... los estatutos moder-nos el demandante puede incluir todas las reclamaciones que tenga contra el demandado. . Así se dispone en la número 18 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. Sin embargo, no viene obligado a incluir aún aquellas reclamacio-nes que surgieron de la misma transacción, siempre y cuando sean diferentes causas de acción.” (Bastardillas nuestras). Norwood v. McDonald, 52 N. E. (2d) 67 (Ohio, 1943). Cuando se elige no acumular la segunda reclamación, esto no impide {bar) por tanto un pleito posterior e independiente para ello.

Concluimos en que la política pública contra el fraccio-namiento de una causa de acción — poderosa como es — no impide la radicación de un pleito en las cortes insulares por una reclamación de salarios bajo la Ley insular número 49 que surge antes de la fecha en que se aprobó la Ley sobre Normas Razonables del Trabajo de acuerdo con la cual los derechos bajo la Ley local no hubieran podido hacerse efec-tivos con éxito en un caso radicado bajo la ley Federal en una corte Federal. Restringida a esta circunstancia, nues-tra decisión no abre una caja de Pandora de pleitos viejos. No se viola la política pública insular al permitir que el caso de autos continúe y sea resuelto en sns méritos. La corte de distrito no cometió error al rechazar la defensa especial de res judicata.

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En cnanto a los méritos, lamentamos encontrar qne una corte de distrito una vez más hizo caso omiso de nuestras opiniones en los casos de Cardona, Muñoz Colón y otros. El propio querellante alegó y probó que su convenio era por un sueldo mensual. Absolutamente nada hay en el récord que justifique una resolución al efecto de que se tuvo en mente que dicho sueldo cubriría únicamente trabajo por ocho horas. De acuerdo con la Ley según está hoy día redactada, el querellante por tanto recibió paga total excepto la doble paga por la novena hora. Usando las propias cifras del querellante, éste devengó como paga doble por la novena hora, desde noviembre de 1935 a noviembre de 1936, la suma de $32.30 y desde noviembre de 1936 a 24 de octubre de 1938, la suma de $79.78. Por tanto el importe total a que tenía derecho era $112.08.

Por lo que hemos dicho resulta obvio que la corte inferior cometió error al otorgar honorarios de abogado al querellante. La demandada estuvo justificada en oponerse a una re-clamación de $2,602.36 cuando de hecho sólo adeudaba $112.08.

La sentencia será modificada concediendo al querellante la suma de $112.08, sin honorarios de abogado. Así modi-ficada, se confirmará la sentencia.

       Esta sección provea que: "Prescriben por el transcurso do un año:

        í (^ # * * *
      La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia. y por las oVligaeiones derivadas do la culpa o negligencia do que se- trata en el articulo 1802 desde que lo supo el agraviado.”

        Cf. Keen v. Mid-Continent Petroleum, infra, escolio 20.

      Asumimos, sin decidirlo, que el artículo 1868 se aplica a un pleito para lia cor electiva una penalidad.

       Dicho artículo dispone quo "Por el transcurso de tres años prescri-ben ... las obligaciones siguientes:

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      "3. La de pagar a los menestrales, criados y jornaleros el importe de sua servicios, ....

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        1 ‘ K1 tiempo para la prescripción de las acciones a que se refieren los trea párrafos anteriores se contará desde que dejaron de prestarse los respectivos servicios. ” ‘

       Escasamente tenemos que añadir que la cuestión de si la diferencia en la clase do ■ carga que el querellante recibía y despachaba surtió algún efecto en cuanto a si la Ley Federal cubría o no su empleo, no está ante nos y no emitimos comentarios sobre la misma.

      E1 total pagado a todos los querellantes fué $6,208.79 en el primer caso y $4,900 en el segundo. (

      A este efecto véanse también Sucesión Rivera v. Lugo, 63 D.P.R. 14; Laloma v. Fernández, 61 D.P.R. 569; Encarnación v. Maeso, 48 D.P.R. 480; Cromwell v. County of Sac. 94 U.S. 351, 352; Méndez v. Bowie, 118 P. (2) 435, 441, (C.C.A. 1st. 1941); Restatement, Judgments, secciones 47, 62.

        Moore v. Illinois Cent. R. Co., 136 F. (2d) 412 (C.C.A. 5th., 1943); Dern v. Tanner, 96 F. (2d) 401 (C.C.A. 9th, 1938) ; Turner v. Gladys Belle Oil Co., 36 F. (2d) 671 (C.C.A. 5th, 1930); Arnold v. Masonic Country Club, 256 N.W. 472 (Mich., 1934). Aféase Baird v. United States, 96 U.S. 430; 5 Williston on Contracts, Rev. ed., sección 1292. Cf. Baltimore S.S. Co. v. Phillips, 274 U.S. 316, 319; United States v. Moser, 266 U.S. 236, 241; 64 A.L.R. 663; 127 A.L.R. 1081.

      E1 Título 28 U.S.C.A. sección 41 (8) dispone que el requisito de $3,000 no se aplicará a “pleitos y juoeedimiontos surgentes de una ley de los Estados Unidos regulando el comercio.'’ Y un pleito bajo la Ley sobre Normas Razo-nables del Trabajo es un pleito que surge de una ley de ios Estados Unidos regulando el comercio (Robertson v. Argus Hosiery Mills, 121 F. (2d) 285 (C.C.A. 6th, 1941).)
      Véase Rahl, The Glass Action Device and Employee Suits Under the Fair Labor Standards Act, 37 Ill. L. Rev. 119; Crockett, Jurisdiction of Employee Suits under the Fair Labor Standards Act, 39 Mich. L. Rev. 419.

      La Ley número 49 dispone la paga doble solamente por la novena hora después de un día de trabajo de oelio horas. Cardona v. Corte, supra. La Ley sobre Normas Razonables del Trabajo dispone el pago de tiempo y medio después de 40 horas semanales (Título 29 TJ.S.C.A. see. 207). Es obvio que bajo diferentes situaciones de hecho se devenga jornal extra bajo una ley pero no bajo la otra. Además, el estatuto Federal, pero no el insular, provee una can-tidad igual de daños líquidos por dejarse de pagar el jornal extra de con-formidad con la misma (Título 29 U.S.C.A. sec. 216).

      Ha sido una prolífiea fuente de controversia la determinación de lo que es la misma causa de acción a los fines de res judicata. Scott, Collateral Estoppel by Judgment, 56 Harv. L. Rev. 1, 22-26; Restatement, Judgments, Title D, What Constitutes the Same Cause of Action, pág. 239; Cf. Anotaciones en 64 A.L.R. 663, 127 A.L.R. 1081, en el campo de la ley de daños. Véase State Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Duel, 324 U.S. 154, resuelto el 12 de febrero de 1945.

      Si bien este lenguaje se empleó en Davis Warehouse Co. v. Bowles, 321 U. S. 144, 147, sobre un problema diferente, es de aplicación aquí con igual fuerza.

        United States v. Memphis Cotton Oil Co., 288 U.S. 62, 67-8; véase también Gully v. First Nat. Bank, 299 U.S. 109, 117.

      E1 abogado del querellante no cita ningún caso sobre la cuestión de res judicata. Los de la demandada se limitan a citar el caso de Laloma v. Fernández, 61 D.P.R. 569. Pero dicho caso sólo sostiene el obvio principio de que las mismas partes pueden litigar la misma causa de acción una sola vez. Y la verdadera cuestión aquí es si la reclamación de 1935-38 es parte de la misma causa de acción que la reclamación de 1938-42. Nos damos cuenta que nuestra decisión en este caso necesariamente tiene que basarse en la contesta-ción a una complicada cuestión de jurisdicción Federal, un campo casi esotérico en el quo ni profesamos ni poseemos la pericia que puede obtenerse, o aun aproximarse, solamente mediante el diario cumplimiento do los deberes de un juez Federal, y no por nuestra actuación esporádica en dicha capacidad (Título 48 U.S.C.A. seo. 863). Sin embargo, no vemos de qué manera podemos evadir el problema en este caso.

        Cf. la doctrina relacionada de que “cuando existe jurisdicción federal debido a que está envuelta una cuestión Federal, la corte puede adjudicar todas las cuestiones envueltas en el caso, ya sean Federales o no, aún cuando decida la cuestión federal contra el querellante o no llegue a decidirla. Generalmente se dice que la cuestión Federal, debe ser sustancial.” Scope of Federal Jurisdiction Obtained through Existence of a Federal Question, 40 Harv. L. Rev. 298; Water Service Co. v. Redding, 304 U.S. 252; Siler v. Louisville & Nashville R. R. Co., 213 U.S. 175; Levering & Garrigues Co. v. Morrin, 61 F. (2d) 115, 119, 120 (C.C.A. 2d, 1932); Municipality of Rio Piedras v. Serra, Garabis & Co., 65 F. (2d) 691, 701 (C.C.A. 1st, 1932).
      Para nuestros fines on Puerto Eico, también es importante indicar que se ha rechazado la contención de que todos los pleitos en todas las cortes en Puerto Eieo envuelven cuestiones Federales porque la autoridad para mantener tales pleitos emana, en análisis final, de una ley del Congreso, el Acta Orgánica. La.Corte Suprema dijo en Puerto Rico v. Russell & Co., 288 U.S. 476, 483: “. . . Creemos que aun cuando el peticionario derivó su autoridad para man-tener el pleito de la Ley del Congreso, iio surgió ésta bajo las leyes de. los Estados l nidos dentro del significado do los estatutos jurisdiccionales.
      . “El pleito so trajo on cobro de contribuciones impuestas bajo una Ley de Ja Legislatura do Puerto Rico, pero no para hacer efectivo un derecho creado por una ley de los Estados Unidos. De la faz de la demanda no apareee cuestión alguna de interpretación o de la ejecución de un estatuto Federal. Puede invocarse la jurisdicción Federal para vindicar un derecho o privilegio reclamado bajo un estatuto Federal. No puede invocarse cuando el derecho reclamado no es Federal, meramente porque el derecho del querellante a de-mandar se deriva de una ley Federal, o porque la propiedad envuelta-se obtuvo bajo un estatuto Federal. La naturaleza Federal del derecho a establecerse es decisiva — no la fuente de ia autoridad para establecerla. ...”
      Véase también Gully v. First National Bank, 299 U.S. 109, 114-16.

       Los problemas levantados por el baso de Hurn v. Oursler son exami-nados extensamente en Jurisdiction in Federal Courts over Non-Federal Claims when Joined with a Federal Question, 52 Yale L. J. 922; 1 Moore, Federal Practice, 155-65, 194-1 Suppd. pp. 266-70; Shulmnn and Jaegerman, Some Jurisdictional Limitations on Federal Procedure, 45 Yale L. J. 393; Scope of Federal Jurisdiction Obtained through Existence of a Federal Question, 40 Harv. L. Rev, 298; 45 Yale L. J. 1287; 33 Col. L. Rev. 296.

       Por tanto dejamos a un lado tales cuestiones como si las reclamaciones de salares bajo la T.ey número 4!) v Ley sobre Normas Razonables del Trabajo están inexincablemor.te entrelazadas, si la prueba necesaria para establecer la roeirmaeum no Federal es snstane.ialmoute 'idéntica a aquella necesaria para establecer la leelamooión Federal, o si evidencia adicional sustancial, no relé-venlo a la reclamación Federal, es necesaria pava la reclamación no Federal. Véanse las iluminadoras opiniones de la mayoría y disidente en Zalkind v. Scheinman, 139 F. (2d) 895 (C.C.A. 2d, 1943).

       El oaso do Stark no ha sido revocado por el de Oursler. 1 Moore, supra, 1944, pág. 267. Zalkind v. Scheinman, 139 F. (2d) 900-1, escolio 14, (C.C.A. 2d, 1943); Slaymaker Lock Co. v. Reese, 24 P. Supp. 69 (E. D. Pa., 1938). En verdad, el propio caso de Owrsler discute el de Stark, aparentemente con aprobación, a las págs. 241-2 del tomo 289 de U.S. Por tanto no nos incumbe decir, como lo hace el comentarista, 52 Yale L.J. 922, supra, a la pág. 926, que "Da mejor práctica parece ser inquirir si la prueba necesaria para esta-blecer los varios actos desleales es sustancialmente idéntica, y no resolver la cuestión jurisdiccional únicamente por el fundamento de si los actos ocurrieron artes o después del registro. ” La mejor exposición de las consideraciones opues-ta,-;, incluyendo el argumento de economía judicial a favor de un pleito en lugar de dos para resolver dos o más reclamaciones provenientes de una situación de hechos, a pesar de sus diferentes fuentes legislativas, se encuentran en las opiniones de la mayoría y disidentes en Zalkind v. Scheinman, 139 F. (2d) 895 (C.C.A. 2d, 1943) y Musher Foundation v. Alba Trading Co., 127 F. (2d) 9 (C.C.A 2d, 1942). Pero ésta es una cuestión de jurisdicción Eederal; por tanto debemos seguir la regla establecida por la Corte Suprema de los Estados Uni-dos en el caso de Stark.

       En otras palabras, diversas reclamaciones pueden acumularse cuando constituyen diferentes aspectos de una sola cansa de acción pero de ningún otro moao.

       Escasamente nos hubiéramos aventurado en ir tan lejos en nuestro razo-namiento si no nos hubiéramos sentido razonablemente seguros de que los dere-chos bajo la Ley sobre Normas Razonables del Trabajo, a los fines de este caso específico, emanan principalmente del estatuto y no de un contrato. Nos consta que el caso de Keen v. Mid-Continent Petroleum, 58 F. Supp. 915 (Dist. Ct., N. Iowa, 11 de enero de 1945), 13 L.W. 3373, con el fin de evadir el término pruscriptivo de seis meses de una ley do iowa sobre reclamaciones surgentes de conformidad con cualquier estatuto Eederal y permitir que se empleara un período piesoriptivo mayor para las reclamaciones basadas en contratos, resol-vió que ‘‘la responsabilidad bajo la Ley sobre Normas Razonables del Tra-bajo es fásica y esencialmente contractual en su naturaleza.” Compárese Loggins v. Steel Const. Co., 129 F. (2d) 118 (C.C.A. 5th, 1942). Pero esto sólo refuerza nuestra tesis de que las cortes rehúsan rendirse a la tiranía de un nombre, conveniente en su contexto, pero inadecuado en otra situación de hechos. Cf. Gobierno de la Capital v. Consejo Ejecutivo, 63 D.P.R. 434.

       Toda voz que la diversidad de ciudadanía — más la cuantía jurisdiccio-nal — y no la naturaleza de la controversia determina la jurisdicción bajo esta circunstancia, es innecesario que las reclamaciones se relacionen entre sí (Shulman and Jaegerman, supra, pág. 408; Armstrong Co. v. Nu-Enamel Corp., 305 U.S. 315, 325, escolio 0). También, aun cuando las reclamaciones no lleguen a $3,000 cada una, pueden agruparse para llegar a la cuantía jurisdiccional (B. & O. Southwestern R. R. Co. v. United States, 220 U. S. 94, 106; Kimel
        v. Mo. State Life Ins. Co., 71 F. (2d) 921, 924 (C.C.A. 10th, 1934); Yates v. Whyel Coke Co., 221 Fed. 603, 606 (C.O.A. 6th, 1915); Mass. Protective Ass’n v. Kittles, 2 F. (2d) 211 (C.C.A. 5th, 1924). Y aquí, cuando se suman conjunta-mente todas las reclamaciones Federales y no Federales, aparentemente pasan de $3,000. Toda vez que la demandada es una corporación extranjera y los quere-llantes son todos ciudadanos y residentes de Puerto Rico, existe el requisito de diversidad de ciudadanía.

       La teoría aquí sería que las cortes insulares tienen jurisdicción con-currente sobre reclamaciones bajo la Ley sobre Normas Razonables del Trabajo (Título 29 U.tí.C.A. see. 216 (b) ); y que la Regla 18(a) de muestras Reglas de Enjuiciamiento Civil — Artículo 104, Código de Enjuiciamiento Civil, de nues-tra ley anterior — permite la inclusión de la reclamación para 1935-38 de acuerdo con la Ley número 49. Dejamos a un lado las complicadas cuestiones de si una corte municipal tendría jurisdicción ilimitada sobre la reclamación bajo la Ley sobre Noimas Razonables del Trabajo (J. L. Wiewall & Co. v. Corte Municipal, 61 D.P.R. 456) y si es de aplicación el procedimiento sumario que se encuentra en la Ley número 10 de 1917 ( (II, pág. 217). Cf. Herd v. Pitcairn 324 U.S. 117, resuelto en 5 de febrero de 1945; Garrett v. Moore-McCormack Co., 317 U.S. 239).

      Si bien técnicamente la autoridad de ambas cortes, la Federal y la insular, emana de la misma soberanía, similares consideraciones motivaron al Congreso al proveer la jurisdicción de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico. (Título 48 U.tí.C.A. secciones 863, 864).

      Los hechos ele este caso no exigen que contestemos el problema de si el obtener sentencia en mi pleito bien ante una corte insular o ante la Federal por trabajo posterior a 1038, con respecto al cual la Ley número 49 y la Ley sobro Normas Razonables del Trabajo proveen el pago extra sobre bases dife-rentes y que contienen diferentes remedios para hacerlas cumplir, impide (bars)
        un pleno posterior en la otra corte solicitando remedio surgente de los mismos hechos rclacii nados con el empleo bajo el estatuto que no fué invocado en el primer caso. ¿Envolverían los hechos bajo dichas circunstancias la "misma” causa de acción a pesar del hecho de que existen las reclamaciones en virtud de leyes de diferentes euerpos legislativos y que proveen distintos remedios? Dejamos osa cuestión sin resolver. "No debe complicarse la decisión de un caso discutiendo cuestiones cuya determinación es innecesaria.” (The Republic of Mexico, et al. etc. v. Hoffman, 324 U.S. 30, resuelto en 15 de febrero de 1945). Cf. D. & L. Production Co. v. Cuniff, 180 S.W. (2d) 205 (Tex., 1944), en el que se resolvió que un pleiio ante una corte estatal bajo wi contrato privado de nereidos por jornales devengados después de 1938, impedía (barred) un pleito posterior aide una corte estatal reclamando tiempo extra bajo la Ley sobre Normas Razonables del Ib-abajo por el mismo empleo. Compárese el escolio 20.
      Notamos do paso que aquí están ausentes las dificultades resultantes de los casos do compensaciones a obreros donde bien un estatuto Federal o estatal, contrario a la Ley número 49 y a la Ley sobre Normas Razonables del Trabajo, expresamente dispone que los remedios para su cumplimiento en cortes de juris-dicciones diferentes, son mutuamente exclusivos. Davis v. Dept. of Labor, 317 U.S. 249; Magnolia Petroleum Co. v. Hunt, 320 U.S. 430.

      L& cuestión de si la inclusión do redamaciones Federales y no Fede-rales es siempre una cuestión de inclusión permisiva más bien que mandatoria en las cortes Federales — por ejemplo, en cuanto a reclamación por servicios prestados después de 1938 — no está ante nos y no la comentamos. Shulman y Jaogerman, supra, discuten la cuestión exclusivamente desde el punto de vista jurisdiccional. Al redactar una regla de procedimiento estatal la Legislatura o cualquier otra autoridad para ese fin sólo tiene que ver con el problema de si la acumulación de reclamaciones es conveniente. Pero las cortes Federales deben determinar primeramente si la corte tiene poder para adjudicar recla-maciones cuya acumulación se propone. En las cortes estatales (pág. 398), "Ja cuestión fundamental os hasta qué extremo puede un demandante ineluir en una acción reclamaciones basadas en hechos enteramente separados. Pero en las cortes Federales dicha cuestión ha sido considerada junto a otra, es decir, hasta qué extremo puede la corte considerar reclamaciones basadas en una ley no Federal, más bien que en una Federal, aun en relación con un solo grupo de hechos.” (Bastardillas nuestras).

      Pueblo v. Lugo Irizarry, resuelto en 13 de febrero de 1945, ante, pág. 554.

      Durante el primer período recibió $35 mensuales. Alegó que trabajó trece horas diarias durante los 365 días del año. Por tanto trabajó a razón de $.0885 por hora, y el pago de la novena hora }jor los 365 días a ese- tipo asciende a $32.30.
      El segundo período comprende .717 días, durante los cuales recibió $44 mensuales. A base de un día de trece horas, esto equivale a $.11127 por hora. V por tanto por la novena hora durante los 717 días a ese tipo, el querellante debe recibir $79.78.

      Lo que hemos expuesto hace innecesario que decidamos aquí si la corte de distrito podría en alguna ocasión conceder honorarios, de abogado en tales casos.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    H. I. Hettinger & Compañía, demandante y apelada, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 8798.

    Sometido: Febrero 10, 1944.

      Resuelto: Marzo 23, 1945.

      Eon. Procurador General Interino Jesús A. González (M. Rodríguez Ramos, Exprocurador General Interino, en el alegato) y J. Rivera Barreras, Procurador Auxiliar, abogados del apelante; H. S. McConnell, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En el caso de Porto Rico Iron Works, Inc. v. Buscaglia, 62 D.P.R. 868, interpretando el estatuto entonces vigente, decidimos que los contratistas de obras para las autoridades sobre bogares, tanto la insular como las municipales, no están exentos del pago de la contribución de 2 por ciento sobre el montante de la obra, impuesto por la sección 16, inciso 4, “Otros Arbitrios” de la Ley de Rentas Internas.

Reafirmamos ahora nuestra decisión en el referido caso de Porto Rico Iron Works, en cuanto al indicado extremo, pero haciendo constar que el Juez Asociado Sr. Snyder, - quien no intervino en dicha decisión, está conforme con el resultado mas no con el razonamiento de la misma.

Existe un factor adicional en el presente caso. La demandante alega qne está exenta del pago de la contribución local por virtud de una ley federal, (Sec. 5(e) Act of September 1, 1937, 42 U.S.C.A. 1405(e)) por razón de que su contrato fue celebrado con la autoridad federal de hogares y con la autoridad local.

No es necesario que decidamos esta cuestión, en vista de la manera en que este caso ha llegado ante nosotros y en vista también de la legislación insular aprobada posterior-mente, a la cual nos referiremos más adelante.

El caso ha venido ante nos por virtud de apelación inter-puesta por el Tesorero de Puerto Rico contra una sentencia dictada como consecuencia de una resolución declarando sin lugar la excepción previa de falta de causa de acción, inter-puesta por el Tesorero demandado. Por lo tanto, en vista de la generalidad de la alegación en cuanto a la existencia de un contrato con la Autoridad de Hogares de los Estados Unidos, no estamos en condiciones para poder determinar si el estatuto federal citado es realmente aplicable si los hechos del caso. Y siendo nuestro propósito devolver el caso a la corte inferior por otro motivo, nos abstendremos de resolver ahora esta cuestión.

Mientras este caso se encontraba pendiente de ser resuelto por este Tribunal, la legislatura insular aprobó la Ley núm. 105 de mayo 14 de 1944 (pág. 275), eximiendo a los contra-tistas que hayan celebrado contratos con la Autoridad de Hogares de Puerto Rico del pago de ciertas contribuciones y arbitrios y ordenando la devolución de los ya cobrados. La demandante reclama el beneficio de dicho estatuto. En el caso de Porto Rico Iron Works, supra, nos negamos a reconsiderar nuestra decisión basándonos en que la citada Ley núm. 105 empezó a regir en fecha posterior a la de nuestra sentencia y en que las cuestiones de hecho suscitadas no podían ser debidamente resueltas por un tribunal de ape-lación mediante moción de reconsideración.

Empero, el presente caso no ha sido aun resuelto y nos encontramos por lo tanto frente a la nueva legislación. Además, el presente caso nunca fue a juicio y lo correcto es que la corte de distrito tenga una oportunidad para resolver (a) en cuanto a los hechos probados ante ella y (b) en vista del nuevo estatuto, si la demandante está cubierta por el estatuto federal o por el reciente estatuto insular concediendo exenciones.

Por las razones expuestas revocaremos la sentencia recurrida y devolveremos el caso a la Corte de Distrito para procedimientos ulteriores no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Inocencio Rivera Santos, demandante y apelante, v. Carlos R. Rossi, demandado y apelado.
    Núm. 9025.

    Sometido: Noviembre 28, 1944.

      Resuelto: Marzo 23, 1945

      Virgilio Brunet, abogado del apelante; Miranda <& Miranda Esteve, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Carlos E. Eossi demandó en cobro de dinero a Juan Eivera Santos. Deseando asegurar la efectividad de la sentencia y habiendo observado que el demandado frecuen-temente guiaba un automóvil marca Studebaker, decidió cerciorarse antes de embargar si en efecto el automóvil per-tenecía al demandado. A ese fin preguntó a Francisco Aguirre, representante de los automóviles Studebaker, a quién pertenecía el vehículo que había visto guiado por Juan Eivera Santos. Luego de consultar sus archivos, Aguirre le informó que pertenecía a María Amelia Espada, manifestán-dole además equivocadamente que esa persona era la esposa del demandado. Con esta información Eossi se dispuso a embargar el automóvil y habiendo obtenido la correspon-diente orden, el sábado 18 de octubre de 1941, como a las doce del día, mientras Inocencio Eivera Santos, acompañado de su esposa María Amelia Espada, conducía el automóvil por la calle José C. Barbosa, de esta ciudad, el márshal le ordenó que detuviese la marcha del vehículo y lo abordó acompañado de un chófer que Eossi había puesto a su dispo-sición para que una vez trabado el embargo condujese el automóvil al sitio donde debía ser depositado. Al informar el márshal su propósito a Inocencio Eivera Santos, protestó éste, surgiendo una discusión entre ambos que duró alrededor de quince minutos, al cabo de los cuales Inocencio Eivera Santos suplicó al márshal le permitiera llegar en el automó-vil hasta la oficina de sn abogado en Hato Key, a lo cual accedió el márshal. Aconsejado allí por sn abogado, entregó el automóvil al márshal, quien condujo a Kivera Santos y a su esposa a la residencia de éstos, trayéndose el automóvil y depositándolo en el Garage Casino en San Juan sujeto al embargo. Aquella misma tarde Inocencio Rivera Santos vino donde Aguirre a manifestarle lo ocurrido, y éste a petición de aquél a las dos y media de la tarde le prestó un automóvil Studebaker para que lo usara libre de gastos mientras se arreglaba el asunto.

Al advertir Aguirre que había inducido a error a Rossi, lo llamó, y aclarado el asunto, el lunes 20 de octubre por la tarde la esposa de Inocencio Rivera Santos recibió el auto-móvil, siendo devuelto a Aguirre el que éste le había prestado a Rivera Santos.

El 17 de diciembre de 1941 Inocencio Rivera Santos ins-tituyó este pleito contra’ Rossi en reclamación de $8,200 que alegó era el montante de los daños que había sufrido con mo-tivo del embargo. Distribuyó esa cantidad en las siguientes partidas:

“(a) Por las torturas y angustias mentales y humillación sufridas, $5,000,
“ (b) Por los perjuicios a su reputación, 3,000,
“ (c) Por la privación'del uso, goce y disfrute de su auto-móvil, 200.”

Visto el caso en sus méritos, la corte desestimó las par-tidas (b) y (c), y en cuanto a la mareada con la letra (a) la redujo a cien dólares, y por esta suma y las costas dictó sentencia a favor del demandante. El demandado no apeló de la sentencia, estableciendo el demandante el presente re-curso.

Arguye el apelante que la corte erró al declarar que él no había presentado prueba tendente a demostrar los daños que alegó haber sufrido por la privación del uso del automóvil, y que debió compensarle por los dos días y medio que estuvo privado de su automóvil. Ciertamente el apelante y su esposa declararon que el día 18 de octubre, como a la una y media de la tarde, el demandante alquiló un automóvil para usarlo aquella tarde, y que en efecto lo usó, teniendo que pagar ocho dólares por el alquiler. Pero hemos visto que esa evidencia fué contradicha por el testigo Aguirre, resolviendo la corte el conflicto de la prueba a favor del apelado sin que se haya demostrado que al así hacerlo incurriese en manifiesto error o actuase movida por pasión, prejuicio o parcialidad.

Como el embargo fué trabado a las 12:05 del día y el marshal condujo al ¿pelante, primero a la oficina de su abogado en Hato Rey y luego a su residencia, al recibir a las dos y media de la tarde el automóvil que le prestó Aguirre y que lo devolvió el lunes siguiente, aceptando la conclusión de la corte al efecto de que el apelante no aquiló otro auto-móvil. no vemos qué daño pueda realmente haber sufrido pol-la privación del uso de su automóvil. La concesión de daños, como dijo la corte inferior, no es un castigo que se impone al que debe pagarlos, sino una compensación al que los ha sufrido, y por consiguiente debe éste probar su existencia para que le puedan ser concedidos. No existe el error que por este motivo señala el apelante.

Otro error que se imputa a la corte inferior es el no haber concedido daños al apelante por la pérdida de su reputación. En apoyo de su tesis el apelante arguye que su esposa declaró que al trabarse la discusión entre el marshal que quería embargar el automóvil y el apelante que lo resistía, el público se reía y mofaba de él, y que alguien del público le gritó, “Eso te pasa por embrollón.” Argulle además que él declaró que las ventas de neveras que acos-tumbraba hacer como agente vendedor de la International General Electric Co. of P. E. se redujeron considerable-mente; que esa reducción fue causada por el estado de ánimo en que quedó con motivo del incidente del embargo, y por haberse enterado del incidente el público de San Juan. El apelante en verdad presentó prueba al efecto de que en los meses siguientes al embargo sus ventas fueron menores que las que había realizado hasta el 18 de octubre de 1941, pero no probó que esa reducción en sus ventas fuese la con-secuencia necesaria del embargo. Por el contrario, el 7 de diciembre de 1941 los Estados Unidos entraron en la actual guerra, y como consecuencia del estado de guerra bajaron las ventas, especialmente en los efectos eléctricos y de refri-geración, conforme declaró Rossi, quien por muchos años viene dedicándose a la venta de efectos eléctricos, incluyendo neveras.

Por último, se queja el apelante de que la corte inferior sólo le concedió la cantidad de cien dólares por la humillación, torturas y angustias mentales sufridas por él con motivo del embargo.

. ■ El demandado no apeló de la sentencia. En cuanto a él, por haberla consentido, la condena de cien dólares por las angustias mentales que alega haber sufrido el demandante no puede ser eliminada ni reducida. Pero como el deman-dante apeló de la sentencia y sostiene que la cuantía de los daños debe ser aumentada, precisa establecer a los efectos de su apelación si de conformidad con el art. 1802 del Código Civil, que en esta jurisdicción rige la materia de daños por culpa y negligencia, procede concederlos por humillación y sufrimientos mentales, cuando éstos no vienen acompañados de daños físicos, como sucede en el presente caso.

El derecho a reclamar daños y perjuicios por humillación y sufrimientos mentales independientemente de la existencia de'daños físicos ha sido ya reconocido en esta jurisdicción. Mejias v. López, 51 D.P.R. 21, y Vélez v. General Motors etc. Corporation, 59 D.P.R. 584. Pero en ninguno de estos casos se discutió ampliamente la cuestión, y habiendo surgido dudas al efecto de si debe seguirse esa doctrina o limitarse a aquellos casos en que los daños morales surgen como conse-cuencia de daños físicos, hemos creído conveniente hacer un estudio más amplio de la doctrina a fin de que si subsiste en esta jurisdicción, descanse sobre más sólidas bases.

El artículo 1802 usa un lenguaje muy amplio al tratar sobre la materia de daños y perjuicios. Dice así:

“El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”

Bajo este artículo, tomando como punto de partida un dictum en el caso de Zalduondo v. Sánchez, 15 D.P.R. 231, 236, resuelto en 1909, y continuando en una larga serie de casos, entre otros los de Díaz v. The San Juan Lt. & T. Co., 17 D.P.R. 69, Maldonado v. The Puerto Rico Drug Co., 31 D.P.R. 747, Orta v. P. R. Railway, Lt. & P. Co., 36 D.P.R. 743, Jorge v. Umpierre, 49 D.P.R. 78, Castro v. González, 58 D.P.R. 368, Reyes v. Aponte, 60 D.P.R. 890, y Díaz v. Cancel, 61 D.P.R. 888, 897, este Tribunal ha venido conee-diendo daños morales en casos en que han sido reclamados conjuntamente, con daños físicos.

El artículo 1802, fuente de la. acción de daños y perjuicios por culpa o negligencia en esta jurisdicción, Méndez v. Serracante, 53 D.P.R. 849, 852, no establece diferencia alguna entre daños físicos y daños morales. Se infiere de sus términos, y así lo sostienen la jurisprudencia y los tratadistas, que para ser compensable, el daño debe ser la consecuencia natural de la culpa o negligencia de la persona de quien se reclame o de aquéllas por quienes ésta deba responder. Código Civil, art. 1803. .En los casos en que hemos compensado el sufrimiento mental en los cuales han concurrido daños físicos, el daño moral ha sido una consecuencia natural del daño físico, y siendo éste último a su vez la consecuencia natural de la culpa o negligencia del demandado o de las personas por quienes él deba responder, la compensación por los sufrimientos y angustias mentales en esos casos no es otra cosa que la lógica aplicación del principio general de derecho incorporado en el art. 1802L Pero, ¿es acaso nece-sario que los sufrimientos y angustias mentales estén subor-dinados a la existencia de un daño físico? Si el daño moral realmente ha existido y es la consecuencia natural del acto culposo o negligente del demandado, o como se dice en la ley común, la culpa o negligencia del demandado es la causa próxima del daño, ¿qué razón lógica, qué principio de justi-cia puede oponerse para negar su compensación? ¿Acaso una humillación como la sufrida por el demandante en este caso no es más importante que muchos daños físicos por lós cuales corrientemente y sin dificultad alguna se concede compensación? Y si el artículo 1802 no distingue entre el daño moral y el dañó físico a los efectos de la indemnización, ¿por qué hemos nosotros de establecer distinciones?

Refiriéndose a las circunstancias que deben concurrir para que el daño sea compensable, dice Manresa;

“En cuanto a la determinación del daño, es preciso que éste sea cierto y que no provenga del cumplimiento de las obligaciones, o de actos u omisiones del mismo perjudicado; y respecto a la demostra-ción de la existencia de la culpa o de la negligencia, no bastan para su apreciación meras indicaciones o presunciones inadmisibles para la debida constancia de ellas, sino que deben ser comprobadas de tal modo que no quepa lugar a duda sobre las mismas y sobre su corre-lación con el daño causado, pues para que puedan constituir fuentes de obligación es preciso que medie entre ellas y el mal producido la relación de causa a efecto.” Comentarios al Código Civil Español (cuarta edición, 1931), tomo XII, pág. 545.

Bajo la ley común, por regla general, cuando los daños morales no van acompañados de daños físicos, no se concede compensación. La teoría parece ser que el “impacto” físico ofrece la garantía deseada de que el daño moral sea genuino. Los defensores de esta doctrina la justifican (1) en razones de orden público, es decir, que el orden público la requiere a manera de dogma legal porque de lo contrario se abriría la puerta a una multitud de litigios en casos en que el daño moral podría ser simulado o en que descansase en mera conjetura y especulación, y (2) en que la compensación no puede estimarse en dinero.

A estos argumentos podríamos replicar que las cortes no deben negar reparación por daños realmente sufridos sim-plemente para evitar que haya un aumento de pleitos. Tam-poco deben negar nn remedio a quien en justicia lo merece sencillamente porque pueda presentarse un número de recla-maciones fraudulentas. Las reclamaciones fraudulentas se dan en todas las ramas del derecho y es el deber de las cortes distinguir las reclamaciones legítimas de las falsas. La cuestión se reduciría a un problema de evidencia. Si la existencia del acto torticero, que se alega produjo el daño moral, se prueba satisfactoriamente y es de tal naturaleza que razonablemente debió causar el daño moral, queda ex-cluida de ese modo la posibilidad del fraude y la simulación, y no hay motivo para negar la reparación. Concedemos que los daños morales como los del presente caso no son susceptibles de una exacta compensación, pero la misma razón podría aducirse cuando se reclaman daños físicos y a la vez daños morales. 21 Corn. L. Q. 169; Sedgwick on Damages (novena edición, 1920), vol. 1, pág. 72, sec. 46; Herbert F. Goodrich, Emotional Disturbance as Legal Damage, 20 Mich. L. Rev. 497, 512-513.

Como toda teoría legal que en la práctica no responde a su propósito de hacer cumplida justicia, la doctrina del “im-pacto” ha tenido que relajarse a tal extremo que las cortes han declarado la existencia del impacto en contactos tan ’insignificantes con la persona perjudicada, que en realidad el impacto no ha jugado parte alguna como causa del daño. A este efecto, Proseer cita como ejemplos de impactos insig-nificantes un pequeño golpe, una ligera sacudida de un carruaje, la caída de polvo en un ojo, y la inhalación de humo, y menciona el caso de un circo en Georgia (Christy Bros. Circus v. Turnage (Ga. 1928), 144 S. E. 680) que redujo al absurdo la doctrina al sostener que hubo el nece-sario impacto al evacuar el caballo del demandado en la falda de la demandante. Proseer on Torts, págs. 214, 215.

Una pequeña mayoría de las cortes que va ganando terreno ha repudiado el requerimiento del impacto y consi-derado las consecuencias físicas del mismo o las circunstan-eias del accidente como suficiente garantía de que el daño moral es genuino. Obra citada, pág. 215. El mismo autor (págs. 215-216) dice:

“Necesariamente debe haber algún requisito de prueba satisfac-toria, y por lo menos en ausencia de conocimiento de que el deman-dante sea de una susceptibilidad extraordinaria, no debe concederse compensación por daños morales cuando ningún individuo normal hu-biera sido afectado bajo las circunstancias. Pero en términos gene-rales parece claro que las cortes que. niegan todo remedio en tales cásos están peleando una acción de retaguardia.”

Al mismo efecto, dice el Juez Magruder al final de su artículo, Mental and Emotional Disturbance in the Law of Torts, 19 Harv. L. Rev. 1033, 1067:

“Resumiendo, es de justicia decir que las cortes ya han dado extensa protección a los sentimientos y emociones. Han demostrado una notable adaptabilidad a la técnica de dar reparación a las más serias perturbaciones de este importante interés de. la personalidad. Ya no es ni siquiera aproximadamente cierto que la Ley no pretende dar reparación por angustias y sufrimientos mentales ‘ cuando el acto ilegal causa solamente daños de esa naturaleza’. Si una constante uniformidad no puede todavía claramente advertirse en los casos re-sueltos, esto sólo indica que la ley sobre esta materia está en un proceso de desarrollo.”

Apartándose de la doctrina del impacto, este Tribunal, en los casos de Mejías v. López, supra, y Véles v. General Motors etc. Corporation, supra, concedió indemnización por daños morales sin que hubiese existido impacto físico. En el primero de ellos la demandada había vendido un radio a la demandante bajo contrato de venta condicional. La com-pradora llegó a satisfacer ciertos plazos, pero dejó de pagar los restantes. TJn agente de la vendedora penetró en la casa de la demandante, y sin que existiera procedimiento judicial alguno, contra la voluntad de la demandante y en presencia de varios vecinos y de otras personas que se reunieron en el sitio, se apoderó del radio para entregarlo a la demandada. La demandante reclamó daños por los sufrimientos y angus-tias mentales que le fueron causados por- el acto ilegal del agente de la demandada al apoderarse del radio en las circunstancias en que lo liizo. Revocando este Tribunal la sentencia que declaró sin lugar la demanda a base de una excepción previa, en lo pertinente dijo (págs. 26, 27) :

“El fundamento de la acción ejercitada consiste en el acto culpable que se atribuye a la parte demandada al penetrar a la fuerza en el hogar de la demandante y realizar allí los actos que se le im-putan que causaron a la demandante la inquietud, angustia moral y postración nerviosa valuadas por ella en tres mil dólares.
“El que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado, ordena el artículo 1802 del Código Civil, ed. 1930, siendo exigible esa obli-gación, según el artículo siguiente, 1803, del propio cuerpo legal, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas per-sonas de quienes se debe responder.”

En el de Vélez v. General Motors etc. Corporation, supra, el demandante y su esposa compraron a la demandada Are-cibo M.otors un automóvil mediante contrato de venta condi-cional que posteriormente fué cedido a la otra demandada General Motors Acceptance Corporation. Estando vencidos y sin pagar dos plazos del precio de venta, la demandada General Motors Acceptance Corporation, sin mediar orden judicial y contra la voluntad del demandante, se incautó del automóvil y lo depositó con la Arecibo Motors. Posterior-mente ésta demandó al demandante y a su esposa en cobro del precio de venta, y embargó, juntamente con el automóvil vendido, otros bienes inmuebles que no pertenecían a los demandantes. Los dueños del automóvil reclamaron varias partidas de daños y perjuicios, entre ellas una ascendente a mil dólares por la humillación sufrida por ellos con motivo de la incautación .ilegal del automóvil. A base de una ex-cepción previa, la corte de distrito desestimó la demanda, rechazando por improcedentes algunas de las partidas de daños materiales, quedando reducida a la cantidad de $355 la reclamación de tales daños, y en cnanto a la partida por sufrimientos mentales, también la rechazó por entender que no era recobrable. Como la cuantía reclamable, según la corte de distrito, quedó reducida a la cantidad de $355, declaró con lugar la excepción previa por no alcanzar dicha cuantía a la necesaria para conferirle jurisdicción. Al revo-car la sentencia, luego de convenir con la corte inferior en que los daños materiales alegados no procedían, dijo este Tribunal (pág. 589):

“En lo que no estamos conformes con la corte sentenciadora :js en que ;no están sujetos a compensación ... los sufrimientos mora-les que ocasionara el acto torticero que se le imputa a la General Motors Acceptance Corporation.’ Y esta falta de conformidad nos lleva a la conclusión de que la corte erró al no dar al demandante oportunidad para enmendar su demanda, ya que sin necesidad de alterar el iralor de los daños fijados-por él mismo, podría enmendar su alegación le modo tal que presentara un caso propio para ser re-suelto originalmente por la corte de distrito.
“Si se observa la forma en que está redactada la última partida de mil dólares, se verá que cubre todos los hechos alegados, y por tanto el de la incautación del automóvil sin el debido procedimiento de ley.
“Siendo ello así, aunque el pleito se reduzca como debe reducirse al alegado acto torticero de la incautación del automóvil, sin alterar la teoría de la demanda, puede ésta enmendarse limitando la recla-mación de daños por sufrimientos morales a los que ocasionara, si es que algunos ocasionó, el indicado acto.
“En cuanto a que la reclamación por daños y perjuicios por su-frimientos morales cabe en casos de esta naturaleza cuando concurren las circunstancias básicas necesarias para ello, quedó decidido por esta propia corte en el caso de Mejías v. López, 51 D.P.R. 21, 26. . .”

El principio legal incorporado en el art. 1802 de nuestro Código Civil es el mismo que en el de Luisiana aparece bajo el número 2315, el cual en lo pertinente dice:

“Cualquier acto del hombre que cause daño a otro, obliga a aquél por cuya culpa se causó, a repararlo.”

Bajo este- artículo, se conceden en Luisiana daños por la humillación y mortificación causadas con motivo de embar-gos ilegalmente trabados. En el caso de M. L. Byrne & Co. v. L. H. Gardner & Co. (1881), 33 La. Ann. 6, se concedieron daños sustanciales por la humillación y vejamen que sufrió la demandante al verse competida a soportar por espacio de dos-semanas la presencia en su establecimiento de un repre-sentante del sheriff para vigilar las operaciones comerciales que se hacían. Sostienen el mismo principio General Motors Acceptance Corporation v. Sneed (La. 1928), 119 So. 417; General Motors Acceptance Corporation v. Sneed (La. 1929), 121 So. 254, 256, y Williams v. Hill, Harris & Co. (La. 1939), 190 Só. 157. En este último caso se dijo a la pág. 160:

“Cuando el acreedor que lia embargado actúa sin malicia y con causa probable, solamente pueden recobrarse los daños realmente su-fridos. Estos comprenden no sólo la pérdida pecuniaria y gastos incurridos, tales como honorarios de abogado y costas, si que tam-bién la mortificación, molestia y vejamen causados al demandado en el procedimiento de embargo. M. L. Byrne & Co. v. L. H. Gardner & Co., 33 La. Ann. 6.”

Por último, en el caso de Malczewski v. New Orleans Ry. & Light Co. (La. 1924), 101 So. 213, 35 A.L.R. 553, se con-cedieron daños por la humillación que sufrió la demandante por el lenguaje grosero y equívoco que usó el agente de la demandada al no permitirle estacionar su automóvil en un sitio (parking place) que la demandada dedicaba a ese efecto.

Luisiana no es la única jurisdicción donde bajo un pre-cepto legal sustancialmente igual al nuestro se conceden daños por sufrimientos mentales independientemente de que existan daños físicos. En Francia, por ejemplo, se conceden. A ese efecto se dice en el Tratado Práctico de Derecho Civil Francés por Planiól-Ripert (traducción al español de Mario Díaz Cruz), tomo 6, pág. 763, see. 550:

“Los Tribunales han concedido el abono de daños y perjuicios en razón de daños pecuniarios y morales o solamente morales, en los si-guientes casos:
“(i) a los padres cuyo hijo menor fué retenido por un tercero que se negó a devolverlo;
“(c) a los padres de alumnos a quienes e'1 profesor explicó ma-terias obscenas o antirreligiosas;
“ (d) a la persona que recibió una carta injuriosa, si bien sin publicidad;
“ (e) a la que, en contra, de su voluntad, se hizo objeto de una suscripción pública;
“ (/) a la familia de una persona fallecida, por habérsele practi-cado la autopsia en el hospital sin asentimiento de aquélla;
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“Y ello no quiere decir que los Tribunales acceden al abono de daños y perjuicios en razón de cualquier perjuicio moral sufrido; precisamente en materia de. perjuicios morales es donde hallamos gran número de sentencias absolutorias por considerar muy pequeño el daño. Pero, siempre que un derecho ha sido violado injustamente, aun cuando no exista otro perjuicio que. las molestias o las inquietudes que re-sultan de esa violación, la víctima tiene el derecho de obtener la afirmación del mismo y la sentencia condenatoria, aun cuando sólo sea por las costas del juicio a título de daños y perjuicios; y aún, ya que las costas no comprenden todos los gastos irrogados, una suma que cubra la totalidad de éstos.” (Bastardillas nuestras.)

En Argentina la Corte Suprema Federal y la mayoría de las cortes, basándose en el art. 1078 del Código Civil, limitan la concesión del daño moral a algunos casos de actos torticeros cuando el acto torticero es criminal. De otro lado, la mayor parte de los tratadistas de aquel país asumen una posición más liberal, y basándose en la disposición del Có-digo que trata en general de la responsabilidad por actos torticeros, art. 1109, opinan que bajo este artículo debe con-cederse reparación por el daño causado a cualquier interés humano, sin limitarlo a aquellos casos en que exista interés pecuniario solamente. Esta última posición lentamente ha ido ganando terreno, y ha influido en la redacción de proyec-tos para un nuevo Código Civil. Véase 43 Col. L. Eev. 219 et seq. Si en Argentina no existiere el art. 1078, probable-mente sus tribunales- no hubieran limitado la reparación del daño moral a casos en que éste es consecuencia de un delito.

Por último, en España, aplicando el art. 1902 se han concedido daños morales, pero hasta la fecha, que sepamos, el Tribuna] Supremo de la nación no ha resuelto un caso concediendo o negando daños morales que no se relacionen con el honor, sentimientos de familia, etc. Véase F. Cle-mente de Diego, Instituciones de Derecho Civil Español, tomo 2, págs. 311, 312. Manresa, en sus Comentarios al Có-digo Civil Español (cuarta edición, 1931), tomo XII, a las págs. 549, 550, trata con alguna extensión esta materia, y entre otras cosas dice lo siguiente:

“¿Son resarcibles los daños morales? La opinión, que podemos llamar clásica, rechazaba el resarcimiento del daño moral, fundándose no sólo en la omisión que del mismo hizo el Código de Napoleón y los en él inspirados, sino además en la imposibilidad de hallar equiva-lencia entre el daño moral y la reparación pecuniaria. Pero hoy se ha abierto camino la teoría contraria, y se suele equiparar el daño moral al patrimonial, pues refluyendo el primero sobre el patrimonio del ofendido y siendo de más graves consecuencias que el segundo, resulta injusto negarle la posibilidad de la reparación. Muchos có-digos modernos, como el austríaco (art. 1325), el alemán (art. 847) y el suizo (art. 54) han consagrado ya legislativamente esta doctrina de la reparabilid'ad del daño moral; y en los países en que el código no la admite o no la regula, va estableciéndola la jurisprudencia. Así ba sucedido en Italia y en nuestra misma patria.
* * # # *
“Esta doctrina, altamente plausible por el sentido progresivo que la inspira y que no contraría el texto del art. 1902, dada la amplitud con que está redactado, lia sido confirmada con posterioridad por las sentencias de 14 de diciembre de 1917 y 7 de noviembre de 1939.”

En verdad no vemos razón alguna para limitar la conce-sión de daños morales a aquellos casos en que sólo están envueltos el honor, los sentimientos de familia, etc., y no con-cederlos en casos como el presente, donde por las circuns-tancias del mismo es claro que una persona de susceptibilidad normal necesariamente tiene que sufrir angustias mentales tan fuertes o quizás más intensas que en muchos casos en que se trate de una publicación injuriosa.

■ No dudamos que una persona de susceptibilidad normal al embargársele ilegalmente su automóvil en la calle en las condiciones en que se trabó el embargo en el presente caso, necesariamente tuvo que sufrir angustias y humillación, espe-cialmente si se tiene en cuenta que el embargo ilegal fué trabado mientras el demandante iba acompañado de su esposa por una de las calles más concurridas de San Juan en momentos en que más público transitaba por allí, por ser la hora en que las personas que trabajan en San Juan retor-nan a sus residencias.

El juez de la corte inferior concedió cien dólares por esta partida de daños, basándose en el caso de Anisman v. Nagle (La. 1933), 148 So. 885. En ese caso se solicitaban $2,100 en concepto de daños por angustias mentales, pérdida de tiempo y honorarios de abogado como consecuencia de un embargo ilegal. El embargo se había trabado por la canti-dad de $750 que era adeudada a la señora Nagle por una agencia del gobierno. Parece claro que la humillación que debió sufrir la señora Nagle, contra la cual se trabó el embargo, no es comparable con la que sufrió el apelante en el presente caso, pues el embargo que se trabó contra dicha señora no pudo tener la publicidad que tuvo el del apelante en el presente caso, ni concurrieron en aquél las circunstan-cias deprimentes que tuvieron lugar en éste.

Considerando las circunstancias concurrentes, y habida cuenta de la actitud del apelado tratando de aminorar los daños del demandante devolviéndole su automóvil tan pronto se enteró del error a que había sido inducido, somos de opi-nión que la partida de daños por este concepto debe ser aumentada solamente a la cantidad de trescientos dólares, que estimamos razonable. Con esta modificación, debe con-firmarse la sentencia.

        (1) Según declaró Inocencio Rivera Santos, el automóvil le fué prestado por Aguirre al día siguiente, y tuvo que alquilar uno durante la tarde del sábado, pero la corte dió crédito a Aguirre y declaró probado que Rivera Santos sólo estuvo privado de automóvil durante dos horas y media.

      (2)Véase la nota núm. 1, pág. 720.

      (3)Los profesores de la Universidad de Barcelona, Blas Pérez González y Joi-ó Alguer. refiriéndose al art. 1902 del Código Civil español, igual al 1302 del nuestro, lien dicho que el principio general de dicho aitículo no es sino la consagración genera] del famoso principio de derecho alierum non laecíere, porque al sancionar el daño con la consecuencia de la obligación de indemnizar, está proclamando implícitamente el artículo que no se debe dañar a otro, Bnnceeerus-Kipp-Wolff, Tratado de Derecho Civil, traducido del alemán por los mencio-nados profesores, con estudios de comparación y adaptación a la legislación y jurisprudencia españolas, tomo 2, pág. 630.

      (4)En el caso de López v. American Railroad Co. of P. R. 50 D.P.R. 1, 31, se dijo por este Tribunal:
      “Xo hay duda de que ’.a angustia mental puede ser tenida en cuenta como elemento de daño cuando es una consecuencia directa y necesaria de la lesión física. [Cita.] Algunos tribunales sostienen que es difícil, si no impost le establecer una línea divisoria, entre sufrimientos físicos y sufrimientos mentales. ... En este caso no es necesario que esta corte fije la regla a seguir, porque la corte inferior ha concedido $300 de indemnización que no son excesivos de acuerdo con la prueba practicada aun cuando queden descar-tados los sufrimientos mentales.”

        Sin (lucia estas manifestaciones fueron liechas inadvertidamente, pues se trataba de un caso en que se reclamaban daños físicos y también daños mora-les. Ida íegla a seguir no tenía que ser fijada porque independientemente de loa obiter diota de los casos de Zalduondo v. Sánchez, supra y Dias v. The San Juan Lt. & T. Co., supra, este Tribunal ya la había fijado definitiva-mente en el caso de Maldonado v. The Porto Rico Drug Co., supra, ratificado en Orta v. P. R. Railway, Lt. & Power Co., supra, y Jorge v. Umpierre, supra, pag. 100.

      (5) Compárese el requisito de que el daño no provenga de actos u omisiones del mismo ner-judieado, eon la doctrina de negligencia contribuyente que hemos adoptado de la ley común, al efecto de que si la negligencia del demandante es en todo o en parte la causa próxima del daño, el demandante no tiene derecho a indemnización.

      (5a)Esta doctrina surgió como consecuencia de una mala interpretación del dictwm de Lord Wensleydale en el caso de Lynch v. Knight, 9 H. L. Cas. 577, 598 (1861). Sedgwick on Damages (novena edición, 1920), vol. 1, pág. 51.

      (6)Es cierto que en .Francia las indemnizaciones .que se conceden por daños n orales por lo general son pequeñas. Esa circunstancia, sin embargo, no afecta al deroelio sustantivo. La cuantía do la indemnización que fijan los tribunales depende por regla general de la costumbre del país, la cual evoluciona al venir en contacto con otras costumbres más prácticas predominantes en otros países civilizados. ■ Un Puerto Rico, por ejemplo, las indemnizaciones por daños y per-juicios derivados de culpa o negligencia concedidas en las dos o tres primeras décadas del pire sente siglo resultan hasta cierto punto injustas por insuficientes cuando se comparan con las que se han venido concediendo durante los últimos veinte años. El cambio se debe a la influencia de nuestras relaciones sociales y comerciales con los Estados Unidos y a la que sus instituciones políticas y jurídicas ejercen en este país.

      (7) El art. 1078 del Código Civil argentino dice:
      ‘1 Si el hecho fuese un delito del derecho criminal, la obligación que de él nace no sólo comprende la indemnización de pérdidas e intereses, sino tam-bién del agravio moral que el delito hubiese hecho sufrir a la persona, moles-tándole en su seguridad personal, o en el goce de sus bienes, o hiriendo sus afecciones legítimas.”

      (8)El artículo 1109 del Código Civil argentino prescribe:

        11 Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasional un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. ...”


text:
    Mayagüez Sugar Company, Inc., demandante y apelante, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8918.

    Sometido: Diciembre 19, 1944.

      Resuelto: Marzo 23, 1945.

      J. J. Ortiz Alibrán, abogado de la apelante; Son. Procurador General Interino Jems A. González y Carmen B. Hernández, Procu-radora Auxiliar, abogados del apelado; James R. Beverley, R. Castro Fernández y José López Baralt, como amici curiae.

   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

A los efectos de imponer la contribución sobre la propie-dad de la demandante para el año contributivo 1938-1939, el Tesorero de Puerto Rico valoró los edificios y maquinaria para fabricar azúcar en la cantidad de $303,400. Recurrió la demandante para ante la Junta de Revisión e Igualamiento, la cual redujo esa valoración a la cantidad de $296,000. Alegando la demandante que el valor en el mercado de los edificios y maquinaria el 15 de enero de 1938 era $150,250, pagó bajo protesta la contribución que de conformidad con la decisión'de la Junta liquidó el Tesorero, y oportunamente instituyó este pleito en la corte de distrito para que le fuese devuelta la cantidad de $3,367.56 que alegó le fué ilegalmente cobrada, más los recargos correspondientes e intereses lega-les desde la fecha de la interposición de la demanda. La corte de distrito, luego de oír el caso en sus méritos, deses-timó la demanda con costas a la demandante, fundándose en que presumiéndose correcta la tasación que hizo la Junta, no deberá ser alterada por los tribunales a menos que el contri-buyente demuestre que por ser tan excesiva resulta opresiva o injusta, y cita en apoyo de su conclusión, entre otros, el caso de Saurí & Subirá v. Hill, Tesorero Auxiliar, 26 D.P.R. 609.

No sabemos cuál fué el método que usó la Junta para computar el valor en el mercado de los edificios y maquinaria de la demandante. Sí sabemos que el tasador que empleó el Tesorero para valorar la propiedad tasó los edificios y maquinaria en $374,124; que el Tesorero, de su propia iniciativa, redujo esa valoración a $303,400, y que la Junta redujo esta última a $296,000, sin que aparezca del récord el método empleado para esta reducción.

En el acto del juicio Eduardo Saldaña, ingeniero tasador de centrales en el Departamento de Hacienda desde el año 1937, declaró que tasó la propiedad en cuestión, y detallada-mente explicó el método que siguió para fijar en $374,124 el valor en el mercado de los edificios y maquinaria de la de-mandante. El método puede exponerse así:

Se practica un inventario de la maquinaria, e incluye en él el valor físico del edificio que la cubre. Para valorar cada, aparato o máquina, determina cuál sería su costo de repro-ducción. Fijado éste, averigua en qué año se instaló el apa-rato o máquina, determinando así su edad a la fecha de la valoración; determina la vida del aparato o máquina, y su valor en desuso {scrap value), y restando éste del costo de reproducción, encuentra el valor depreciable. Determina si el aparato debe ser depreciado por ser inadecuado (obsolescent), y del valor depreciable toma el treinta por-eiento, que es el por ciento de valor que según las tablas que él usa es el aplicable en este caso. A esto le suma el por ciento de gastos generales {overhead), que estima en doce por ciento del costo de reproducción sin rebajarle la depreciación. Y a todo esto adiciona lo, que él denomina el .factor de vida {enlivening factor), el cual computa deduciendo de los bene-ficios netos que ha producido la central durante el año 1940-41, las contribuciones pagadas, las reservas para reposición de activo y un interés sobre la inversión, y capitalizando el remanente a los efectos de la industria azucarera al treinta y cinco por ciento.

Como dice él juez de la corte inferior, la jurisprudencia tanto de Puerto Rico como de los Estados Unidos por regla general sostiene que la valoración que hagan la Junta o los funcionarios encargados de la tasación de la propiedad se presume correcta, y al contribuyente que la impugna incumbe demostrar con evidencia persuasiva que la tasación es tan excesiva que resulta injusta y eonfiseatoria, y probar a la corte cuál es el valor razonable de la propiedad en el mercado. The Ensenada Estates, Inc. v. Hill, 24 D.P.R. 491; Viera v. Domenech, Tes., 53 D.P.R. 327; Riera v. Buscaglia, Tes., 58 D.P.R. 762; General Electric Co. v. City of Erie (Pa. 1933), 168 Atl. 534; 3 Cooley, The Law of Taxation (cuarta edición, 1924), págs. 2298-2299.

Es innecesario determinar si el método usado por el tasador fue adecuado, a menos que se demuestre con evidencia persuasiva que la valuación que finalmente declaró la Junta fuera tan excesiva que resultase injusta o confiscatoria. Ya hemos visto que el ingeniero tasador valoró esta propiedad originalmente en $374,124, que el Tesorero de su propia iniciativa la redujo a $303,400, y que, por último, la Junta, cuyos miembros se presumen expertos en materia de tasación de propiedad, la redujo a $296,000, estableciéndose así una diferencia de $78,124 entre la tasación original del ingeniero Saldaña y la fijada por la Junta. El valor de $150,250 que la demandante da a los edificios y maquinaria es a nuestro juicio claramente erróneo, toda vez que al computarlo no se consideraron ciertos elementos de valor que todo comprador toma en cuenta para determinar el precio que deba, pagar, tales como el beneficio que producen (Monografías, L.R.A. 1916 C, pág. 529; 95 A.L.R. 442), sitio donde están localizados, el negocio que puedan controlar, conveniencias de transportación y la calidad del terreno. Saurí & Subirá v. Hill, Tesorero Auxiliar, supra, págs. 616-617; General Electric Co. v. City of Erie, supra; Assessors of Quincy v. Boston Consol. Gas Co. (Mass. 1941), 34 N. E. (2d) 623. Para llegar a la cantidad de $150,250, la demandante solamente consideró el costo original menos la depreciación. El resultado no puede ser en manera alguna el valor de la propiedad en el mercado, sino el costo depreciado. No puede argüirse que la propiedad no tiene un valor en el mercado por el hecho de que no haya quien actualmente interese com-prarla, pues al hablar de valor en el mercado lo que tomamos en cuenta es nn comprador hipotético en un mercado hipoté-tico. General Electric Co. v. City of Erie, supra, pág. 536.

Toda vez que la demandante no presentó a la corte inferior una computación que reflejase razonablemente el valor en el mercado de esa propiedad, es decir, lo que hubiera es-tado dispuesto a pagar por ella una persona que hubiese querido comprarla, considerando su situación, su condición y los beneficios que podía obtener de dicha fábrica, debemos concluir que la corte inferior no erró al desestimar la de-manda.

Procede la confirmación de la sentencia apelada.