text:
    Ramón Vélez Pérez, peticionario, v. La Corte de Distrito de Ponce, Hon. Roberto H. Todd, Jr., Juez, demandada.
    No. 889.

    Sometido: Marzo 6, 1933.

      Resuelto: Julio 11, 1933.

      B. Hernández Matos, abogado del peticionario; E. Barrios Antonini, abogado de la demandada en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Vélez radicó en la Corte Municipal de Ponce una demanda contra Antonia Negrón viuda de Arabía, en reclama-ción de cuatrocientos dólares por daños y perjuicios. Con-testó la demandada y señalado día para el juicio el deman-dante presentó una moción que en parte dice:

‘ ‘ segundo : Que sea cual fuere .el resultado del juicio en este caso, la parte perjudicada apelaría para ante la Corte de Distrito de Ponce. — TERCERO: Que en estas condiciones y para ganar tiempo el demandante desea que se dicte sentencia en su contra.”

Y la corte dictó la siguiente

“sentencia.- — -Llamado este caso para juicio, comparecieron las partes, presentando el demandante una moción, debido al becbo de que cualquiera que fuera el resultado de este litigio, la parte per-judicada apelaría para ante la Corte de Distrito de Ponce, por lo que diebo demandante quiere ganar tiempo solicitando se dicte sen-tencia en su contra. POR tanto: Vistas las alegaciones de este caso y la demanda y la contestación, la corte declara con lugar dicba mo-ción y en su consecuencia declara sin lugar la demanda presentada en dicho caso, todo ello sin especial condenación en costas. — Ponce, P. R., a 25 de noviembre de 1932. — (Fdo.) F. H. Usera. — Juez Municipal. ’7

Apeló en efecto el demandante para ante la corte de dis-trito y en ella la demandada pidió que la apelación fuera deses-timada “porque habiéndose dictado la sentencia apelada en contra del demandante a su propia petición, la sentencia se convirtió en firme inmediatamente que fue dictada, sin que procediera ni proceda el recurso de apelación.” Y la corte de distrito desestimó por tal motivo la apelación.

El demandante y apelante recurrió entonces en certiorari para ante este tribunal, alegando que la corte de distrito le había privado de un derecho que le otorgaba la ley. En su alegato cita jurisprudencia y sostiene que toda ella demuestra que las verdaderas sentencias por consentimiento son las dictadas a virtud de un acuerdo entre todas las partes en el litigio y que aquí no existió tal acuerdo. Insiste en que lo hecho por él no puede interpretarse en el sentido de que es-tuvo conforme en que el pleito se resolviera en contra suya, siendo su único propósito ganar tiempo, apelando en seguida para ante la corte de distrito.

Aun cuando la parte demandada compareció al acto de la vista del recurso y se le autorizó para presentar un memo-rándum de autoridades en apoyo de su contención, no lo hizo, de suerte que no hemos tenido el beneficio de un verdadero debate.

No hay duda de que el demandante manifestó en su moción que deseaba que se dictara sentencia en su contra y que la-sentencia fué dictada en contra suya. Tampoco la hay de que manifestó que hacía tal petición para ganar tiempo y apelar.

¿Pudo el demandante prescindir a su antojo de la corte municipal y fijar él mismo el alcance que debía tener la sen-tencia que se dictara? En manera alguna, a nuestro juicio. La Legislatura ha establecido las cortes municipales para que ante ellas se decidan las controversias que asignó a su jurisdicción. Reclamó el demandante cuatrocientos dólares, negó que los debiera la demandada y la contienda trabada tenía que decidirse por la corte municipal por el mérito de las alegaciones y el de las pruebas en su caso.

Hablando por sus propios términos la sentencia dictada declara sin lugar la demanda a instancias del propio deman-dante. Surge de ella es cierto la condición a que quiso suje-tarla el demandante, esto es, la de que fuera apelable para ante la corte de distrito, pero como no tenía derecho a im-ponerla, no puede invocarla ahora en su favor.

Queda sólo una sentencia por consentimiento y es claro que no cabe que apele contra ella la parte que la consintió. La actuación de la Corte de Distrito de Ponee se ajustó a la ley y el auto de certiorari expedido debe emularse, devolvién-dose los procedimientos a la dicha corte de distrito.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Márquez Rosa y José Vázquez Acosta, acusados y apelantes.
    No. 4832.

    Sometido: Abril 26, 1933.

      Resuelto: Julio 11, 1933.

      F. Rodríguez Alverio y V. M. Fernández, abogados de los apelantes; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un proceso por mutilación. La acusación, en lo pertinente, dice:

“Los referidos Juan Márquez Rosa y José Vázquez Acosta el día 7 de junio de 1931, en la municipalidad de Las Piedras, dentro del Distrito Judicial de Humacao, P. R., ilegal, voluntaria y mali-ciosamente acometieron y agredieron al ser humano Rafael López de Victoria, Jr., infiriéndole golpes con un bate y un trozo de tabla sobre el ojo izquierdo, a consecuencia de cuyos golpes ha perdido to-talmente y de modo permanente la visión por su ojo izquierdo el referido Rafael López de Victoria, Jr. ”

Contestaron los acusados alegando ser inocentes y solici-taron juicio por jurado. El juicio se celebró el 24 de marzo de 1932 rindiendo el jurado un veredicto de culpabilidad. Seis días después dictó sentencia la corte condenando a cada uno de los acusados a sufrir la pena de dos años de presidio con trabajos forzados. No conformes interpusieron el pre-sente recurso de apelación.

La prueba de cargo consistió en las declaraciones del mu-tilado, del Doctor Bernabé, de nn policía y de nn testigo pre-sencial. Tiende a demostrar que los acusados realizaron el ■acto delictivo. La de descargo, en las declaraciones de tes-tigos qne se bailaban en el lugar del suceso. Trata de demos-trar que los acusados no agredieron al mutilado. El Jurado ■decidió el conflicto en contra de los acusados.

Para sostener el recurso se alegan dos errores. Por -el primero se impugnan las instrucciones de la corte al jurado por cinco motivos. Por el segundo se sostiene que el vere-dicto del jurado es contrario a derecho y a la prueba.

Antes de comenzar el estudio específico de las impugna-ciones parece conveniente recordar que la regla es que cuando el acusado advierte algo objecionable en las instrucciones de la corte al jurado, debe llamarle la atención dándole así la oportunidad de corregirlas. De otra suerte sólo en casos de que envuelvan cuestiones fundamentales se prestará atención ■en apelación a dichas impugnaciones.

El primer motivo de impugnación consiste en que las pa-labras “Si yo no he tenido culpa, ¿por qué me pega? si yo no he tenido culpa,” puestas por el juez en boca del mu-tilado, y lo que sigue de sus instrucciones, a saber: “el policía de servicio quien declaró haber advertido lo sucedido manifestó que vió a alguien que se puso frente al automóvil de López de Victoria y que al llegar al sitio donde ocurrieron los hechos vió allí a Juan Márquez Rosa; que Juan Márquez Rosa le dijo que no había pasado nada, que él no estaba agol-peado ni había agolpeado al señor Rafael López de Victoria,” no está sostenido por la evidencia e influyó grandemente en el ánimo del jurado en perjuicio del acusado.

La evidencia aportada por el Pueblo fué, en resumen, como sigue:

Rafael López de Victoria Jr. declaró: Que el 7 de junio de 1931 guiaba su automóvil de pasajeros y “llegando a Las Piedras, había un gran fuego ... en la casa de los Mulero y no podían pasar los autos, y di reversa ... y me aguanté.” El Policía Calderón le indicó qne podía pasar caminando rat poco ligero. Al hacerlo se atravesó un muchacho y por no-matarlo desvió su carro, y cuando estaba sobre el guía pen-sando en si había herido al muchacho se presentó el acusado “don Juan Márquez Posa. Me dió un cantazo por la espalda con un bate de jugar pelota . . . viré la cara con intenciones de tirarme y entonces volvió con el bate y me dió aquí . . . encima del ojo y me hundió esto. . . . Volvió y me tiró y cogió el guía y lo rompió y pasó a la parte delantera del carro y le tiró un golpe y bolló un guardalodo y se fué; . . . y entonces vino aquí este caballero, señalando al otro acu-sado Vázquez, con un canto de tabla ... y me tiró y me did aquí ... en el mismo ojo con el canto de tabla ...”

Dijo además que al desviar su carro parece qne chocó con una mesa de Márquez. Explica que fué al hospital donde le hicieron la primera cura. El Dr. Pressly lo atendió cuatro días. Vino a San Juan donde el Doctor Bernabé que le prestó sus servicios. Nada ve por el ojo izquierdo. Antes de la agresión veía.

El Doctor Bernabé, oculista, declaró que asistió a López de Victoria que ha perdido totalmente su visión por el ojo izquierdo y que esa pérdida pudo deberse a un golpe que pudo causar una hemorragia’ intercerebral y esa hemorragia ocasionar la atrofia del nervio óptico y la consecutiva, o que pudo producir un traumatismo sobre el ojo por la fractura de la órbita y hacer presión sobre el nervio viniendo la atrofia consecutiva.

El Policía Calderón estaba de servicio en Las Piedras. Se refiere al incendio y a haber autorizado el paso del auto-de López de Victoria recomendándole que lo hiciera ligero;. Salió López y “después que había pasado del fuego, de una esquina salió un señor, un tal Otilio, no recuerdo el apellidó,, no era ninguno de los acusados, y al verlo López trató de parar y se desvió ... el carro paró allí y estos dos señores vi que le dieron ... a los pasajeros del carro, no vi a quién . . . Márquez tenía el bate ... el palo José Vázquez . . -c López estaba sentado en el asiento del gnía . . . tenía nna herida sobre el ojo izquierdo . . lo llevé al hospital.”

A repreguntas de la defensa dijo que además de a Otilio, el carro de López arrolló al acusado Márquez cayendo éste al suelo presentando luego rasguños en una mano y en una pierna. Refiriéndose al acusado Vázquez manifestó que él mismo le había dicho que no le había dado el carro y que él nada le había hecho al chauffeur.

Por último Bartolomé Arroyo, uno de los que iba en el carro de López, declaró: “Pues cuando íbamos saliendo de Las Piedras, el policía Calderón nos mandó a detener a con-secuencia de un fuego que se estaba desarrollando en la tienda de los Mulero, y cuando el policía creyó conveniente, nos mandó a pasar, y el carro cuando fué a desarrollar, pues en ese mismo- momento salió un señor de dentro del fuego para cruzar la carretera y el chauffeur por no pisarlo aguantó el carro y siempre lo llegó a alcanzar con el carro, y en ese momento el carro desvió hacia la izquierda y le dió a este señor que estaba sentado en una mesa con un bate en la mano, y en ese mismo momento el señor cogió el bate y le zumbó el palo.” Señaló al acusado Márquez y refirién-dose a López continuó declarando: “Estaba todavía en el carro, y este señor (señalando a José Vázquez) cogió una tabla y le dió también dos o tres cantazos al señor Rafael López de Victoria.” Preguntado: “¿El señor López de Victoria o alguno de ustedes atacó a estos señores o algo?” Contestó: “No, señor, López de Victoria lo que dijo fué: ‘Yo no tengo culpa, por qué me dan tanto?’ ”

Las declaraciones son mucho más amplias. Lo que hemos hecho es un mero resumen, procurando transcribir la exacta expresión del testigo. Puede verse de ellas que las palabras pronunciadas por el mutilado, equivalen a las que le atribuye el juez sentenciador, y que lo ocurrido en cuanto al otro ex-tremo fué que el juez confundió los nombres de los acusados. Si en vez de referirse a Márquez lo hubiera hecho a Vázquez, se hubiera ajustado al dicho del policía. Y si se tiene en cuenta que en las propias instrucciones el Juez refiriéndose a Márquez dijo: f‘Parece que la mesa fué alcanzada por el automóvil al parar, al desviarse hacia la izquierda y Juan Márquez Eosa, o se cayó o fué alcanzado por el mismo auto-móvil;” que la teoría de la defensa de ambos acusados fué la de negar en absoluto que hubieran realizado agresión al-guna, y que no se llamó la atención a la corte en tiempo para que pudiera corregir la equivocación, deberá concluirse que no se trata de errores que puedan invocarse por primera vez en apelación y producir la revocación de la sentencia.

Además, el hecho de que López hubiera chocado con Márquez al tratar de evitar un accidente, no eximiría de res-ponsabilidad a Márquez por haber agredido en la forma en que lo hizo a López. Pudo explicar la agresión y alegarse como una circunstancia atenuante a los efectos de la imposi-ción de la pena, pero nunca servir de base para un veredicto absolutorio por parte del jurado.

El segundo motivo de impugnación se formula así:

“Dando instrucciones específicas al Jurado sobre el artículo 36 del Código Penal toda vez que la acusación no imputaba que los acu-sados ‘actuaron conjuntamente’ o bajo un ‘designio común’ y en ausencia de evidencia a ese extremo.”

Y el tercero, como sigue:

“Informando al Jurado que el veredicto a rendirse en este caso había de ajustarse a los siguientes principios: ‘Si los señores del jurado entienden y creen que el día 7 de junio de 1931, en la mu-nicipalidad de Las Piedras dentro del Distrito Judicial de Huma-cao, P. R. ilegal, voluntaria y maliciosamente, Juan Márquez Rosa y José Vázquez Acosta, actuando conjuntamente, acometieron y agre-dieron al ser humano Rafael López de Victoria, hijo, infiriéndole golpes con un bate y un trozo de tabla sobre el ojo izquierdo, a con-secuencia de cuyos golpes- ha perdido totalmente y de modo perma-nente la visión por su ojo izquierdo, el referido Rafael López de Victoria, hijo, entonces los señores del Jurado deben declarar a los acu-sados culpables de un delito de mutilación que es el delito que se les imputa en esta acusación,’ toda vez que esa instrucción no puede suplir la omisión fatal en la acusación de las palabras, actuando conjuntamente, cuando se trata de dos acusados (Joinder of Parties).”

Dijo el juez en sus instrucciones:

“La Corte le llama la atención a los señores del Jurado, Lacia el RecRo de que están aquí acusadas dos personas. Si bien es ver-dad que uno de ellos solicitó originalmente, según los autos, que el juicio se celebrara separadamente, es lo cierto que después renunció a esa separación y solicitó ser juzgado conjuntamente en el caso.
“Según el artículo 36 de nuestro Código Penal, todas las perso-nas complicadas en la comisión de un delito, ya cometieren jel acto constitutivo del delito directamente, o ayudaren o instigaren a co-meterlo, son principales o autores del delito cometido. Y cuando dos o más personas realizan juntos un acto criminal, unidos para realizarlo, ya sea mediante la física violencia de uno o de todos ellos, procediendo separada o colectivamente, cada individuo cuya volun-tad La contribuido a la realización del acto criminoso, ante los ojos de la ley es tan responsable por todas las consecuencias del acto rea-lizado, como si lo Rubiera realizado él solo.”

Sigue entonces lo transcrito en el tercer motivo de impug-nación. Y refiriéndose al delito imputado a los acusados antes Rabia dicho:

“Como ustedes Ran visto por la acusación que acabo de leer, el delito que se imputa a los acusados es uno de mutilación. Será reo del delito de mutilación, toda persona que de una manera ilegal, vo-luntaria y maliciosa, privare a algún ser Rumano de algún miembro de su cuerpo, o lo mutilare, desfigurare, o inutilizare, o le cortare, o le mutilare la lengua, o le sacare un ojo, o le sajare la nariz, una oreja o un labm. Éste es el testo casi literal, del artículo que en nuestro Código Penal define lo que es una mutilación.
“El Código Penal no requiere, para que el delito de mutilación se entienda cometido, que se pruebe una intención específica de mu-tilar, ya que toda persona responde de las consecuencias naturales de sus actos voluntarios y maliciosos. Tampoco necesita probarse que el perjudicado Raya sido privado de un miembro importante de su cuerpo, pues cuando se priva a un ser Rumano de cualquier miem-bro de su cuerpo, sea o no sea importante, existe la mutilación. Para hacer más clara la instrucción: si una persona resulta mutilada por otra, es necesario que exista primero un acometimiento y agre-sión; el acometimiento es el acto de intentar el golpe; la agresión es el acto ele realizar o de inferir el golpe sobre la persona acometida; esto es el acometimiento y agresión.
“Ahora bien, no se necesita que la persona que acometa y realiza la agresión contra otra, tenga la intención deliberada de privarle de nn miembro, o de mutilarle; si su agresión resulta en una mutila-ción es culpable de mutilación, aunque no haya tenido la intención de mutilar. Por ejemplo, un machetazo dado sobre un brazo, aunqiie no haya tenido quien lo dió la intención de cortar ese brazo, si a consecuencia de ese machetazo se desprendió el brazo del cuerpo, el delito cometido es una mutilación, porque se privó a un ser humano de un miembro de su cuerpo.”

No creemos que se cometiera error fundamental alguno. Al discutir el señalamiento* admiten los acusados que si en la acusación se Rubiera alegado que ellos “actuaron conjunta-mente” la instrucción sería correcta. No era necesario. La acusación es bastante para que de ella se desprenda que se acusa a Márquez y a Vázquez como coautores o principales del becbo, responsables por igual.

En nuestro actual sistema todas las personas complicadas en la comisión de un crimen (artículo 36 del Código Penal) y que directamente cometieren el acto constitutivo del delito, o no bailándose presentes, hubieren aconsejado su comisión o incitado a ella; y todas las personas que aconsejaren o inci-taren a menores de catorce años, lunáticos o idiotas a cometer algún crimen; o que, por medio de fraude, artificio, o violen-cia, ocasionaren la embriaguez de otra persona con el fin de hacerle cometer un crimen, son principales o autores en el crimen cometido. En él se califica de cómplices a los que en el sistema anterior se conocían como encubridores. El desig-nio común o la actuación conjunta que tiene en mente la de-fensa, sólo se exige para determinados delitos como el de conspiración.

Además, si los acusados entendían que la acusación no era suficientemente concreta al no expresar qué participación tomó cada uno de ellos en la comisión del delito, debieron solicitar un pliego de particulares o pedir que se hiciera más específica, y no lo hicieron. No se disenten ahora defectos en la acnsación sino errores en las instrncciones.

El enarto motivo de impugnación es el de que la corte no expresó al jurado qué significaban las palabras ilegal, voluntaria y maliciosamente. Se invocan para sostenerlo dos casos, uno de Texas y otro de Louisiana.

El de Texas es el de Bowers v. The State, 24 Tex. A. 542, 549, y en él se dijo:

“Para que constituya el delito de mutilación, el acto debe ha-berse realizado voluntaria e ilegalmente. Un acto voluntario es aquél que se comete con intención maligna, con malicia legal, sin motivo razonable para creer que el acto está dentro de ley y sin justifica-ción legal. Acto malicioso es uno cometido en aquel estado de la mente que demuestra un corazón que menosprecia los deberes socia-les y fatalmente inclinado hacia la maldad; un acto ilegal realizado intencionalmente sin justificación o excusa le'gal.
“En juicios por este delito debe explicarse al jurado el signifi-cado legal de las palabras ‘voluntaria’ y ‘maliciosamente’. ("Will-son’s Texas Crim. Laws, secciones 876 y 877.) Oreemos que en este caso se hizo esto substancial y suficientemente.”

Y el de Louisiana es el de State v. Cook, 72 La. Ann. 85, 88. Se pidió la trasmisión de cierta instrucción. La corte sentenciadora se negó a ello, trasmitiendo la que preparó ella misma sobre el particular. Y dijo la Corte Suprema:

“La Ley 17 de 1888 enmienda el artículo 794 de los Estatutos Revisados haciéndole que lea: ‘Toda persona que “voluntaria y ma-liciosamente,” y con un arma peligrosa . . . inflija cualquier herida que no equivalga a mutilación, ’ etc. La enmienda consiste en la adi-ción al estatuto original de las palabras ‘voluntaria y maliciosa-mente.’ La acusación en su segundo cargo imputa claramente una herida que no equivale a mutilación, de conformidad con la fraseo-logía de la enmienda. Es por ende bastante claro que la instruc-ción dada al jurado fué pertinente y propia.
“La cuestión sobre la cual de acuerdo con la ley el juez estaba obligado a instruir al jurado fué el alcance y verdadero significado de la palabra maliciosamente .según ella se usa en la ley que sirvió de base a la acusación, y a esta cuestión correspondió la instrucción por él dada.
"Era su deber hacerlo así y no más. Creemos que la corte inferior se negó acertadamente a instruir al jurado que a menos que se pruebe tal malicia que haga que el delito sea asesinato (en caso de sobrevenir la muerte) el acusado no puede ser convicto; ya que ello con toda probabilidad hubiese sido una instrucción que bien po-dría inducir a error, toda vez que este cargo de la 'acusación ni la ley imputaron ningún asesinato, ni tentativa o intención de asesi-nar. Y se ha resuelto frecuentemente que un juez debe negarse a instruir sobre una proposición abstracta de derecho que no tenga re-lación alguna con el caso que se ventila, ora esa proposición sea co-rrecta o incorrecta. State vs. Riculfi and McClung, 35 An. 770; State vs. Garic, 35 An. 970; State vs. Hamilton, 35 An. 1043; State vs. Ford, 37 An. 443; State vs. Labuzan, 37 An. 489; State vs. Daly, 37 An. 576; State vs. Durr, 39 An. 751 (2 South. 546).”

No se nos ha citado precepto alguno' de ley vigente en Puerto Rico que haga imperativo por parte de la corte ex-plicar al jurado el alcance de las palabras que se indican. Los ahogados de los acusados no pidieron a la corte que lo hiciera al dar sus instrucciones. Escucharon éstas y nada indicaron sobre el particular cuando el juez terminó. Bajo esas circunstancias no puede imputarse luego en apelación la comisión de error capaz de producir la revocación de la sen-tencia.

A la página 12, sección octava, del volumen 1 de la obra de Blashfield sobre Instrucciones al Jurado, se dice:

"Cuando términos legales o técnicos o términos que no son de uso común y que tienen un significado especial son usados en las instrucciones al jurado, la corte debe explicar o definir tales términos.
"En algunos estados por estatuto se requiere a la corte el dar y someter las explicaciones y definiciones de términos legales que sean necesarias, y hay algunas decisiones que expresan que es indispensable que términos legales y técnicos deban ser definidos y explica-dos especialmente cuando se solicitan instrucciones a ese efecto; pero como regla general, el dejar la corte de definir términos legales o de dar tales definiciones, no es un error a menos que la parte intere-sada haya solicitado una instrucción al efecto sin que se dé tal ex-plicación o definición. Se ha resuelto repetidamente que el dejar de explicar en una instrucción palabras que tienen un significado técnico cuyo significado no es esencialmente diferente del que tienen en el uso común, no puede ser fundamento para la revocación de una sentencia. ’ ’

Y luego en la página 19, se eonelnye que:

“No es necesario y, por tanto, no constituye error, el dejar de definir palabras del estatuto cuando estas palabras son palabras in-glesas ordinaria y corrientemente y cuyas palabras son ordinaria y comúnmente entendidas por el pueblo en general.”

Aunque no puede negarse que aquí se trataba de palabras técnicas definidas por la misma ley — artículo 539 del Código Penal — es lo cierto que su significado lia llegado a ser tan conocido que bien puede sostenerse que son de conocimiento general.

El quinto y último motivo de impugnación a las instruc-ciones se formula así: No contienen “instrucciones específicas al jurado sobre el delito de acometimiento y agresión grave y simple tratándose de un caso en que los acusados eran dos personas distintas que no Rabian actuado conjuntamente y la defensa por ellos establecida no fue defensa propia sino una negación de los hechos.”

Dice el artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Criminal tal como quedó enmendado en 1913:

“Art. 286. — El jurado podrá declarar al acusado culpable de la comisión de cualquier delito necesariamente comprendido en el delito imputádole, o de tentativa de cometerlo.
“Bajo una acusación por el delito de mutilación, el jurado po-drá declarar culpable al acusado de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, o de acometimiento y agre-sión simple, siempre que se hubiere probado en el juicio que el agre-dido no ha quedado inutilizado en algún miembro importante de su cuerpo.”

Atendido el resultado de la prueba de cargo y de la de descargo, el juez estuvo justificado en limitar sus instruc-ciones al delito de mutilación. Si el Jurado creía la prueba de descargo, debía absolver a los acusados; si daba crédito a la de cargo, debía condenarlos como autores de un delito de mutilación. El acusado Márquez acometió y agredió a López sobre un ojo con nn bate y el otro acusado Vázquez lo acometió y agredió sobre el mismo ojo con un pedazo de tabla. López quedó mutilado perdiendo la visión por dicho ojo. No es posible asegurar cuál de los dos golpes la pro-dujo, pero sí que ambos pudieron separadamente producirla.

La situación hubiera sido distinta si Márquez hubiera agre-dido a López con la mano o en algún sitio diferente de su cuerpo y entonces Vázquez lo hubiera agredido con la tabla en el ojo, o si después de agredirlo Márquez en el ojo con el bate, Vázquez lo hubiera agredido con la mano o en algún otro sitio del cuerpo. El caso es semejante a dos personas que disparan sus armas de fuego contra otra a quien se hiere de muerte. Ambas serían igualmente responsables del homi-cidio perpetrado.

Por el segundo error se alega “que el veredicto ren-dido por el jurado es contrario a derecho y a la prueba.” Todo cuanto dejamos expuesto demuestra la suficiencia de la prueba de cargo para sostener la sentencia. El Jurado le •dió crédito. No así a la de descargo. Y como al resolver el conflicto no se ha demostrado que actuara influido por pasión, prejuicio o parcialidad o que cometiera algún error fundamental manifiesto, su veredicto, que sirvió de base a la sentencia condenatoria de la corte, debe quedar en pie.

Procede declarar sm lugar la apelación y confirmar la sentencia recurrida.


text:
    Carmelo Berríos Rivera, demandante y apelado, v. El Tesorero de Puerto Rico, Hon. Manuel V. Domenech, demandado y apelante.
    No. 6202.

    Sometido: Diciembre 20, 1932.

      Resuelto: Julio 11, 1933.

      Son. Procurador General Charles JS. Winter, Arturo Ortiz Toro, Procurador General Auxiliar y Virgilio Brunet, abogados del apelante; V. Polanco de Jesús, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de mandamus que viene por segunda vez a esta Corte Suprema. Interpuesto por Carmelo Berríos contra el Tesorero de Puerto Rico, fué fallado en contra suya por la corte de distrito. Recurrió Berríos, en certiorari, para ante esta Corte Suprema y obtuvo que la sentencia fuera re-vocada devolviéndose el caso a la corte de distrito a fin de que expidiera un auto condicional de mandamus y continuara la tramitación del mismo aplicando la ley tal como se inter-pretó en la opinión que sirvió de base a la sentencia de esta corte. Berríos v. Corte, 42 D.P.R. 160. Pidió reconsidera-ción el Tesorero y su moción fué denegada por los motivos que se consignaron en una opinión que complementa y fija mejor el alcance de la emitida primeramente. Berríos v. Corte, 42 D.P.R. 372. De nuevo en la corte de distrito el caso de mandamus fué fallado sobre las alegaciones en contra -del demandado y éste interpuso el presente recurso de apela-ción.

La corte de distrito entendió que el demandado no planteó cuestión nueva alguna y se sintió obligada a decidir el caso en la forma indicada. El demandado sostiene que levantó una cuestión jurisdiccional que no fué anteriormente levan-tada y pide que se revoque el fallo de la corte.

La opinión que esta corte emitiera para negar la recon-sideración de sn sentencia de abril 28, 1931, termina así:

“Puede que tenga razón el Superintendente en cuanto a que el' caso concreto de que se trata no era uno propio para concederse como se concedió por la Comisión la indemnización solicitada, pero lo-cierto es que la Comisión actuó, juzgó las pruebas y decidió. La ley establece los recursos apropiados para corregir el error en que pueda incurrir la Comisión. Y la ley debió ser obedecida y seguida por el Superintendente.
“Claro es que una sentencia dictada sin jurisdicción es una mera nulidad, pero aquí la Comisión tenía jurisdicción para actuar. Si juzgando mal las pruebas o interpretando indebidamente la ley, con-sideró como propio un caso impropio de/indemnización, es cuestión: que debe dilucidarse y resolverse en la forma indicada.
“Dándonos cuenta de la peculiaridad del caso y tratándose de‘ leyes e instituciones nuevas, fue que dictamos la resolución en la forma en que aparece, esto es, permitiendo una más amplia investi-gación, si el Tesorero se niega a cumplir el auto condicional que se' expida, todo ello, desde luego, dentro de las normas generales esta-blecidas, esto es, que las facultades del Superintendente, de acuerdo, con la ley no alcanzan a revisar para dejar sin efecto por sí mismo-las resoluciones de la Comisión Industrial en el caso de que a su. juicio no fueren dictadas de acuerdo con los Lechos y la ley.”

Y la nueva cuestión jurisdiccional levantada fné la de-que el asegurador en el caso, Fondo del Estado, no fué oído' por la Comisión Industrial en el procedimiento en que dictó-la resolución que se pretende ejecutar por medio del auto de-mandamus.

Tiene razón a nuestro juicio el apelante. La ley del caso es que “Dictada resolución por la Comisión Industrial en el ejercicio de sus facultades cuasi judiciales y firme porno haberse apelado, el Superintendente General de Seguros, por sí mismo, no puede dejar dicha resolución sin efecto, o prescindir de ella o declararla nula e ineficaz porque a su. juicio la comisión apreció mal los hechos y aplicó indebida-mente la ley.” Berríos v. Corte, 42 D.P.R. 160. Pero ella presupone que la resolución de la Comisión se hubiere dictado con jurisdicción. De otro modo constituiría, como se dijo al declarar sin lugar la reconsideración, una mera nulidad que no podría ejecutarse.

La Comisión tenía poder para juzgar y decidir el caso .de acuerdo con las alegaciones y las pruebas, pero no lo tenía para resolverlo sin dar una oportunidad de oír a las partes interesadas. Y si el asegurador es el Fondo del Estado, debe dársele la oportunidad de defenderse antes de que pueda ser condenado, lo mismo que a cualquier otro ase-gurador. “En sus funciones cuasi judiciales la Comisión Industrial representará únicamente el interés público.” Sec-ción 7, Ley No. 85 de 1928 (pág. 631) enmendada en 1929 (Ley No. 40, pág. 223). En tales casos debe considerarse como parte en el procedimiento el Negociado de Compensa-ciones a Obreros a que se refiere el apartado (c) de la sección de la ley sobre la materia que acabamos de citar. Es par-tiendo de la base de que se siga el procedimiento de tal modo que se explica la existencia en la ley del párrafo final de su sección 24 que citamos en la opinión de abril 28, 42 D.P.R. 167 y a virtud del cual dijimos que no habiendo pedido el Superintendente su revisión había quedado firme la resolu-ción de la Comisión Industrial.

La ley tal como queda interpretada por ésta y por las anteriores opiniones emitidas — 42 D.P.R. 160 y 372 — es que cuando la Comisión Industrial representando únicamente el interés público actúa para decidir sobre la indemnización que debe pagarse a un obrero a virtud de los hechos y la ley y dicho obrero está asegurado en el Fondo del Estado, no puede el Superintendente General de Seguros por sí mismo, como árbitro final, dejar sin efecto dicha resolución, pero en tal caso el Fondo del Estado debe ser reconocido y tratado como cualquier otro asegurador dándosele intervención en los pro-cedimientos y pudiendo establecer contra la resolución los recursos que a cualquier otro asegurador se otorguen.

Por virtud de todo lo expuesto, debe revocarse la sentencia recurrida devolviéndose el caso a la corte de distrito de su origen para que se dé al demandado oportunidad de probar los siguientes extremos:

“1. Que el Asegurador Fondo del Estado, representado por el Superintendente de Seguros no fué en ningún momento citado o no-tificado por la Comisión Industrial antes de proceder dicha Comi-sión Industrial a dictar resolución en el caso.
“2. Que la Comisión Industrial dictó su resolución del 2 de diciembre de 1929 en el ya expresado caso Núm. 20704 de Comisión Industrial basándose única y exclusivamente en el informe rendido por el patrono Municipio de Morovis dando cuenta del accidente su-frido por Carmelo Berrios Rivera, sin ofrecer oportunidad alguna al Asegurador Fondo del Estado para comparecer ante dicho organismo y formular las alegaciones que creyera justas y convenientes.”

Si los prueba, claro es que la resolución cuya ejecución se pide sería enteramente nula y que la petición de mandamus deberá en tal virtud declararse sin lugar.