author: El Juez Asociado Señok Wole,

text:
    Fernando Caso, demandante-apelado-apelante, v. El Municipio de Vega Baja, demandado-apelante-apelado.
    No. 4407.

    Sometido: Junio 24, 1929.

      Resuelto: Enero 22, 1930.

      L. Muñoz Morales, abogado del demandado-apelante; B. Rivera Zayas, abogado del demandante-apelado.
   El Juez Asociado Señok Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En 21 de abril de 1922 el municipio de Yega Baja pasó una ordenanza que posteriormente fué aprobada por el Con-sejo Ejecutivo de Puerto Pico, que comprendía, entre otras cosas, la construcción dé una casa alcaldía.

Se celebró una subasta y el postor victorioso fué el aquí demandante, Fernando Caso. Se redactó un convenio que seguía las líneas (generales de tales contratos en el sentido de que debían regirse por las condiciones puestas en vigor por el Departamento del Interior; que se baria la construc-ción bajo la superintendencia del Comisionado del Interior, y que la misma debía ser aprobada por dicho funcionario y por un representante del ejecutivo municipal. La casa alcaldía fué terminada, entregada por el contratista Sr. Caso y aceptada por el municipio y por el Comisionado del Interior en enero de 1925.

A dicho contratista se le había pagado en parte antes de presentar sus cuentas finales. Estas fueron aprobadas por el Comisionado del Interior y por el municipio de Vega Baja, con excepción de ciertas partidas ascendentes a $3,836.25 qne son objeto de esta apelación. La suma reclamada finalmente por Caso, a saber, $14,670.60, o sea, la diferencia entre la suma protestada y la cantidad que se alegaba adeudarse, fuá pagada en corte abierta y aceptada por el demandante como pago parcial.

El 2 de marzo de 1925 el alcalde de Vega Baja escribió una carta en la cual protestaba de ciertos precios y de cierto trabajo becbo por el contratista por no estar incluido dentro de los términos del contrato original. Estas objeciones caen bajo dos acápites: una por trabajo que excedía del 20 por ciento de los precios del contrato, y otra por trabajo extra no incluido en dicbo contrato. En ambos casos el alcalde sostenía que no se babía obtenido el consentimiento del muni-cipio de conformidad con los términos del contrato.

La Corte de Distrito de San Juan revisó todos los becbos y resolvió en efecto que el municipio, al aceptar provisional-mente el trabajo en septiembre de 1924, con su aceptación final en 1925, babía renunciado a todas las objeciones a las cuentas. El apelante presenta dos señalamientos de error. El primero de ellos dice así:

Cometió error al interpretar en la forma que interpretó la sec-ción 11 de la ordenanza aprobada por el municipio de Vega Baja en 11 de abril de 1922.”

Esa sección dice así:

“Que todas las mejoras públicas cuyo costo ha de ser pagado total o parcialmente del producto de este empréstito serán construi-das de acuerdo con lo’s planos y especificaciones aprobadas por el Consejo de Administración de Vega Baja, Puerto Rico, y por el Comisionado del Interior. Todos los contratos para las referidas obras serán hechos en representación y a nombre del Municipio de Vega Baja, Puerto Rico, por el Comisionado Municipal de Servicio Público, Policía y Prisione’s con la aprobación del Consejo de Ad-ministración y del Comisionado del Interior, el cual inspeccionará la construcción de dichas obras.”

En su argumentación de este señalamiento de error eí apelante en gran parte trata de la cuestión de los precios cargados por ciertos trabajos convenidos, precios para los cuales el contratista no obtuvo el consentimiento del muni-cipio, pero en ninguna parte del alegato nos demuestra el apelante que la corte inferior cometiera error en su inter-pretación del contrato. Por el contrario, la corte, conforme hemos dicho, basó su decisión en la cuestión de renuncia y no interpretó el contrato celebrado por las partes. Por tanto, el apelante, bajo este señalamiento de error no abarca la cuestión de precios en exceso de que el alcalde se había quejado. Nos referiremos nuevamente á este asunto después de resolver el segundo señalamiento de error.

Este dice así:

“Cometió error al interpretar y aplicar en la forma que inter-pretó la cláusula 27 del pliego de condiciones generales que forma parte del contrato entre el contratista demandante y el municipio demandado. ’ ’

La sección 27 lee como sigue:

“No se admitirá reclamación alguna por trabajos no previstos en el contrato a meno's que dichos trabajos hayan sido previamente or-denados por el Inspector con la aprobación del Comisionado de Ser-vicio Público y se haya llegado a un acuerdo entre el comisionado y el contratista acerca de los precios que han de regir en el pago de dichos trabajos adicionales y dichos precios hayan sido aprobados en debida forma.”

La teoría del apelante una vez más es que el contratista! hizo trabajo extra sin obtener el consentimiento del municipio para hacerlo.

El apelado contesta diciendo que el contratista no hizo trabajo extra a este respecto, sino que el trabajo hecho por él se tuvo en mente necesariamente al celebrarse el contrato. La naturaleza específica del trabajo a hacer era la inclusión de herrajes para puertas y ventanas y algo similar. Se arguye que las partes debieron haber tenido en mente que las puertas y ventanas debían requerir herrajes, y que por tanto, el contrato comprendía tal idea; y que las partes necesariamente previeron que el contratista pusiera los herrajes, y que el municipio se hubiera opuesto seriamente a que el contratista pusiera puertas y ventanas sin herrajes. No hallamos que la teoría del apelado sea errónea, pero a este respecto debe sostenerse la sentencia de la corte inferior, precisamente sobre la teoría en que ella se funda, a saber, la de que hubo renuncia.

Necesariamente, aun si estos herrajes deban considerarse como trabajo extra no incluido en el contrato, el municipio y sus funcionarios estaban obligados a saber que el trabajo se había hecho a pesar de que no estaba incluido en el contrato original, y cuando aceptaron la casa alcaldía con estos herrajes y otras cosas similares, renunciaron definitivamente a cualquier objeción al supuesto trabajo extra así hecho. Debe notarse, sin embargo, que el apelante una vez más en su señalamiento de error no cubre la actuación de la corte inferior, toda vez que esa corte basó su decisión en la cuestión de renuncia.

Volviendo ahora al primer señalamiento de error, pudiera ser que con el mismo el apelante tratara de levantar la cuestión de precios en exceso, para los cuales no se obtuvo el consentimiento del municipio. En su discusión del primer señalamiento de error el apelado no trata este punto, pero bajo el segundo señalamiento de error dice que el municipio, por mediación de su alcalde, solamente se opuso a ciertos precios en exceso y que había aceptado otro trabajo sin protesta alguna. En otras palabras, todo el trabajo fue hecho bajo la inspección del arquitecto público, Sr. Carmoega, y se obtuvo su consentimiento en cada caso en que había precios en exceso, según proveía la sección 11 de la ordenanza. Lo único que el contratista no hizo fue obtener formalmente, o, podríamos decir, técnicamente, el consentimiento del municipio.

Ni en la carta del alcalde ni en las investigaciones ni actuaciones del Comisionado del Interior hallamos indicación alguna de que dichos precios en exceso fueron extravagantes o que no debían pagarse. Este es nn caso claro en que debió pagársele al contratista y en que el municipio no debió haber presentado objeción alguna.

Sea ello como fuere, encontramos que el municipio en el curso de este trabajo hizo pagos parciales en que los precios habían sido alterados por el arquitecto y que también aceptó otro trabajo en que los precios fueron elevados sin hacer protesta alguna.

Convenimos con el apelante en que en un caso general en que el municipio ha aceptado el trabajo de un contratista, el municipio no estaría impedido de objetar precios que fueron en exceso de los convenidos en el contrato original. Empero, aquí todos los funcionarios públicos adoptaron una regla de conducta hacia el contratista, a virtud de la cual ellos están en equidad y en conciencia impedidos de oponerse a los cargos hechos.

A veces, cuando los señalamientos de error no son sufi-cientemente específicos, hemos entrado en los méritos del caso y ayudado al apelante si su caso es meritorio. En el pre-sente recurso de apelación, aun si tuviéramos duda de algunas de las consideraciones anteriores, nos sentiríamos obligados a confirmar la sentencia de la corte inferior, ya que ésta se basa en la cuestión de renuncia y el apelante no hace un seña-lamiento de error suficiente en relación con la supuesta re-nuncia.

No hemos pasado por alto,el hecho de que el apelado sostuvo en la corte inferior y ante este tribunal que el aumento en precios estaba cubierto por ciertas reglas del Departamento del Interior. El apelante replica a esto que aun bajo esas reglas el consentimiento del municipio era necesario, y, además, que tales reglas sólo comprenden modi-ficaciones y alteraciones y no aumentos en precios. Tal vez< en la práctica, las partes consideraron que aumentos en materiales o en el trabajo participaban de la naturaleza de alteraciones y modificaciones, pero, de todos modos, no liemos creído necesario basar nuestra confirmación en el fundamento sugerido por el apelado.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolf,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisca Acosta, acusada y apelante.
    No. 3902.

    Sometido: Diciembre 11, 1929.

      Resuelto: Enero 22, 1930.

      Juan B. García Méndez y E. González Mena, abogados de la apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nna acusación presentada ante nna corte municipal por el delito de acometimiento y agresión con circuns-tancias agravantes, toda! vez que en varios cargos se imputa a la acusada, una maestra de escuela, el baber pegado a un niño. Hallamos innecesario considerar la suficiencia de la prueba o el conflicto de la misma en vista de que la sentencia debe revocarse por otros motivos.

La vista del caso se celebró el 4 de octubre de 1928. No se dictó sentencia basta el 24 de noviembre de 1928. El artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal, según fué enmendado, dispone que:

“Si después de oída la denuncia, el acusado alegare su inocencia, el juez de paz procederá en la siguiente forma:
“5.- — ■ El juez de paz remitirá el sumario dentro del quinto día al tribunal de distrito, el cual dentro de los diez días de su recibo Se-ñalará día para la celebración del juicio, citando al Fiscal y al acu-sado. En el acto del juicio se podrán aducir nuevas pruebas o re-producir aquellas que el juez de paz hubiere admitido o rehusado. El tribunal decidirá definitivamente sobre la admisión de tales prue-bas y después de practicarlas y oír a las partes, dictará dentro del segundo día fallo definitivo, condenatorio o absolutorio, ordenando la libertad del acusado si estuviere preso, en caso de un fallo abso-lutorio.”

Aliora, es evidente que la intención de la Legislatura fué que las causas ventiladas ante las cortes municipales fuesen rápidas y, dada lá forma del estatuto y de la jurisprudencia de este tribunal en casos análogos, liemos llegado a la con-clusión de que la fraseología del artículo 29 es imperativa y de que en una apelación entablada contra sentencia de una corte municipal, la corte de distrito, en ausencia de fuerza mayor, está obligada a dictar sentencia dentro del segundo día de celebrada la vista.

En el caso de El Pueblo v. Cardona 36 D.P.R. 621, asu-miendo que la regla es imperativa notamos una excepción a 3 a misma, toda vez que la corte de distrito en presencia de las partes pospuso la fecha para dictar sentencia.

En el caso de El Pueblo v. Rodríguez, Alberty, resuelto en 21 dé mayo de 1929, se presentó una excepción perentoria y la corte fijó una fecha posterior para dictar sentencia y no se presentó objeción alguna (39 D.P.R. 599).

En cada uno de los casos anteriores, fuera de la pendencia de una excepción perentoria, el principio de concensus tollit 'errorem estaba más o menos envuelto. Nada similar ocurrió en este caso.

Una cuestión parecida fué presentada al Juez Presidente Sr. del Toro en el caso Ex parte Rafael Martines, etc., pro-cedimiento de habeas corpus. La conclusión a que llegó fué que las palabras del estatuto eran imperativas, al igual que lo eran en la mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos.

Hemos examinado los autos y no bailamos que las razones tenidas por la corte inferior para posponer la fecba de la sentencia fuesen suficientes o qne posiblemente pudieran cons-tituir fuerza mayor. Según bemos dicbo, el juicio fué cele-brado el 4 de octubre de 1928. El juez estuvo presente en la corte el día 5 del citado mes. Es cierto que posteriormente estuvo enfermo y que no pudo asistir a la corte, pero regresó a la misma el 15 de octubre. La sentencia no fué dictada basta el 24 de noviembre. No podemos resolver que otros deberes, como la insaculación del jurado, eran más impera-tivos que el resolver este caso según exige la ley.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse a la acusada.


author: El Juez Asociado SeñoR Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Alvarez Morión, acusado y apelante.
    No. 3855.

    Sometido: Diciembre 17, 1929.

      Resuelto: Enero 22, 1930.

      G. Iriarte, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en este caso que se suponía ser por abuso de confianza, imputaba suficientemente a José Alvarez Morión que en ocasión de actuar como Secretario de la Corte Municipal de San Juan y siendo su deber recibir depósitos hechos por personas acusadas de delito para garantizar su libertad pendente lite, se apropió la suma de cincuenta dólares depositada por R. García Crespo para garantizar su libertad provisional.

Quizás hubiere sido mejor haber dicho específicamente que R. García Crespo había sido acusado de un delito, pero este hecho es una inferencia que de la acusación en conjunto pudo hacer fácilmente el apelante, y hubiesen podido obte-nerse más detalles, al solicitarse un pliego de particulares.

El apelante también dice que la acusación es defectuosa, porque le imputa el haberse apropiado de los fondos en perjuicio de El Pueblo de Puerto Rico y de R. García Crespo. La alegación era una simple redundancia, ya que al acusado se le informaba suficientemente del - dinero en particular de que se apropió mientras era agente o funcionario de El Pueblo de Puerto Rico. Ora El Pueblo fuera defraudado, ya lo fuese Crespo, o ambos, o ninguno de ellos fuera finalmente defraudado, importa muy poco. La propiedad de dichos fondos no era el punto pertinente. Tampoco fué fatal la acumulación de las dos entidades. Tanto El Pueblo como Crespo tenían en realidad interés en el depósito efectuado, y en forma alguna pertenecía el dinero al acusado.

De ser erróneo, también era una mera redundancia decir que los fondos eran públicos. En verdad, tenían carácter público al ser depositados en una corte.

El ataque se ha dirigido contra la acusación, y hallamos que ésta es suficiente.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Balbina Balbaño Viuda de Caso, Fernando, Hilario, Arístides, Arminda, Eva, Blanca Petra, Balbina, Atia, Luz Divina, José y Roberto Caso y Balbaño, demandantes-apelados-apelantes, v. El Municipio de Vega Baja, demandado-apelante-apelado.
    No. 4577.

    Sometido: Junio 24, 1929

    Resuelto: Enero 22, 1930.

      L. Muñoz Morales, abogado del demandado-apelante; B. Bivera Zagas, abogado del demandante-apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal. Los demandantes entablaron pleito contra el Municipio de Vega Baja por cierto trabajo de alcantarillado. El deman-dado admitió la mayor parte de la reclamación, pero disputó dos partidas ascendentes a $891.66 y $224.86, respectiva-mente. La Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia a favor de los demandantes por ambas cantidades.

Al resistir la reclamación de $891.66, la teoría del municipio fué que éste era un cargo por agotamiento de aguas que era un incidente necesario del contrato entre las partes, y así ellas lo tuvieron en mente. Los autos revelan, sin embargo, que el contratista de quien derivan su reclamación los apelados fué requerido para que hiciera cierto trabajo con motivo de una emergencia imprevista ocasionada por determinados requisitos del Departamento de Sanidad.

Al igual que en Caso v. Municipio de Vega Baja, ante, página 465, el municipio alega que antes de procederse a hacer ol trabajo el municipio debió haber sido consultado. Creemos que en este caso el municipio tuvo cierta intervención, pero si la tuvo o no, su consentimiento era innecesario, porque el trabajo extra estaba cubierto por la. siguiente disposición del contrato celebrado por las partes:

“Cuando fuere preciso durante el curso de los trabajos hacer agotamientos que por las condiciones no sean de cuenta del contra-tista, tendrá éste la obligación de ejecutarlos, supliendo el trabajo por separado del contrato.”

Aun si esta cláusula no era suficiente, la cuestión quedaba cubierta por la siguiente disposición que formaba parte del contrato:

“Para todas lás obras que excedan del 20 por 100 por virtud de modificaciones o alteraciones del proyecto, el Burean de Obras Pú-blicas se reserva el derecho de hacer un convenio escrito con el con-tratista para hacer esas obras adicionales a precios convencionales, o de llevarlas a cabo por administración o de otra manera que juzgue más adecuada.”

De acuerdo con esta cláusula, no era imperativo que se obtuviera consentimiento ulterior alguno, asumiendo, como lo hacen los autos, que el trabajo fuera necesario. No se . hace objeción alguna a los precios cargados, y el arquitecto del Departamento del Interior los autorizó.

Nos referiremos ahora a la suma de $224.86. Debido a ciertos cambios en los planos qnedó en poder del contratista determinada tubería que era inservible tanto para él como para el municipio. A virtud de autorización del Departamento del Interior, esos materiales fueron vendidos a otro contratista con una pérdida neta de $224.86. No entraremos a considerar a quién llegaron a pertenecer estos materiales. Baste decir que el contratista obtuvo permiso para venderlos del arquitecto que inspeccionó la obra. El precio conseguido era el mejor obtenible, y, como de lo contrario el contratista y probablemente el municipio hubieran sufrido una pérdida, el municipio en equidad y en conciencia estaba obligado a i ecompensarlo.

Bebe confirmarle la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    The Texas Co. (Porto Rico) Inc., peticionaria y apelante, v. La Comisión de Indemnizaciones a Obreros, demandada y apelada.
    No. 4720.

    Sometido: Junio 19, 1929.

      Resuelto: Enero 23, 1930.

      O. B. Frazer y B. Castro Fernández, abogado's de la apelante; Iíon. Attorney General 'James R. Beverley y E. Aldrey, Sub-Proeurador, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nna apelación interpuesta contra sentencia de la corte de distrito de San Juan anulando un auto de certiorari. La peticionaria se quejaba allí de la actuación de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros al tratar a la peticionaria The Texas Co. como si fuera un patrono no asegurado, mientras que la peticionaria alegaba que los records de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros dejaban de demostrar que era tal patrono no asegurado, y que por el contrario revelaban que dicha Texas Co. en realidad estaba asegurada. La Comisión concedió compensación a un obrero. La peticionaria apelante no se quejó en la corte inferior ni en este tribunal de la concesión hecha por la Comi-sión, pero al acudir a las cortes se basó exclusivamente en su contención de que era un patrono asegurado. El resultado de tratar a la peticionaria como un patrono no asegurado la sometería, de acuerdo con el artículo 20 de la “Ley de In-demnizaciones por Accidentes del Trabajo,” Leyes de 1925, página 943, a un procedimiento especial instado por el Pro-curador General y, tal vez, a gastos adicionales. En la petición se alegaba que la actuación de la Comisión de In denmizaciones a Obreros era enteramente nula e ineficaz y que dicha Comisión carecía en absoluto de jurisdicción para hacer la aludida concesión. Se solicitó remedio al amparo del artículo 28 de la citada ley, tal como fué enmendado, o de conformidad con la ley general de certiorari.

La Corte de Distrito de San Juan, siguiendo una opinión anterior emitida por el Juez Sr. Llauger, al anular el auto de certiorari resolvió que procedían ciertos remedios contra las resoluciones de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, pero que no procedía, un certiorari para revisar la concesión hecha en este caso; que el remedio de certiorari autorizado por el artículo 28 de la ley no era aplicable y que la ley general de certiorari sólo permitía la revisión de actuaciones y procedimientos de las cortes (courts); que en Puerto Rico, el remedio de certiorari era puramente estatutorio y que no había autoridad alguna para la expedición de un certiorari en el caso de autos.

La apelante no sostiene en absoluto qne tenga derecho al remedio de certiorari bajo ninguna ley qne afecte las indemni-zaciones a obreros. Sn alegación snrge de nn proceso de exclusión. Asumiendo qne no existe ningún procedimiento especial de certiorari bajo la Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo, la peticionaria dice qne no podía apelar, toda vez qne no atacaba la compensación; qne la Comisión de Indemnizaciones a Obreros es nn organismo casi judicial cuyas decisiones deben ser revisábales mediante cer-tiorari cuando no procede la apelación.

La sección primera del estatuto que rige el derecho general de certiorari dice así:

“Sección 1. (Definición). — El auto de certiorari es un auto ex-pedido por un tribunal (court) superior a otro inferior, por el cual se exige del último la remisión al primero, de una copia certificada de las diligencias pendientes en el tribunal (court) inferior o los autos de alguna causa ya terminada, en aquello's casos en que el procedi-miento adoptado no esté de acuerdo con las prescripciones de la ley, y con objeto de terminar los procedimientos cuando el tribunal (court) inferior rehusare hacerlo fundado en bases erróneas.”

Es evidente, según resolvió la corte inferior, qne esta clase de autos es aplicable solamente para revisar las actua-ciones de las cortes.

La apelante invoca los poderes inherentes de las cortes, pero cuando la legislatura se ha expresado en la forma que lo ha hecho bajo la ley general de certiorari, no hallamos en la misma justificación alguna para revisar actuaciones de juntas creadas por esa legislatura. La apelada hace la si-guiente cita:

‘ ‘ Si una corte tiene jurisdicción de acuerdo con el derecho común, parecería que la autoridad para librar el auto en un caso adecuado es inherente. En la mayoría de los e’stados, sin embargo, la cons-titución o los estatutos expresamente o por necesaria inferencia, au-torizan a todas las cortes o a ciertas cortes a librar el auto. A menos que la autoridad sea inherente, o la jurisdicción 'sea expresa o im-plícitamente conferida por disposiciones constitucionales o estatu-torias, no hay autoridad alguna para expedir el auto.” 11 Corpus Juris, p. 139, par. 105.

Las cortes de Puerto Rico no son cortes de derecho común.

Además, la apelante no nos convence de que no procedía una apelación para revisar la decisión querellada, de acuerdo con la sección 9 de la ley de 1925, Leyes de ese año, página 930. Lee como sigue:

“Artículo 9. — Se concederá al obrero o a sus beneficiarios o here-dero's el recurso de apelación contra la decisión de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros para ante cualquier corte de distrito en aquellos casos de incapacidad parcial permanente, total permanente o de muerte. Asimismo el patrono puede apelar de cualquier de-cisión de la Comisión cuando la decisión de ésta fuere al efecto de que el accidente es uno por el cual se concede indemnización de acuerdo con esta Ley. ”

Parecería que en una apelación general se podría levantar la cuestión incidental.

De todos modos, si la junta carecía de jurisdicción, en-tonces la peticionaria debió tener otros medios de protección propia que no necesitamos sugerir.

Nada hallamos en las leyes de Puerto Rico que autorice H certiorari solicitado, y dehe confirmarse la sentencia ape-lada.

El Juez Asociado Señor Aldrey no intervino, y el Juez Asociado Sr. Hutchison está conforme con la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Ayala, acusado y apelante.
    No. 3968.

    Sometido: Enero 22, 1930.

      Resuelto: Enero 23, 1930.

      Arturo Aponte, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de E'1 Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Cuando la prueba tiende a demostrar que el acusado iba en un autocamión con una pistola debajo del muslo derecho, la corte está justificada al declarar, no por circunstancias sino como cuestión de prueba directa, que el acusado portaba dicha pistola. El caso de El Pueblo v. Ramos, 34 D.P.R. 476, es distinto. Un machete es un instrumento de uso corriente, independientemente de ser un arma, e incumbía al Pueblo en dicho caso demostrar que el acusado realmente portaba el machete. La posición en que la pistola fue hallada —tan cerca al cuerpo del acusado — estableció un caso prima facie que la prueba del acusado pudo haber destruido pero que no lo hizo. No hallamos que se cometiera error alguno y la sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchis-ON,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón García, acusado y apelante.
    No. 3998.

    Sometido: Enero 21, 1930.

      Resuelto: Enero 23, 1930.

      P. J. Miranda, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchis-ON,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón García fue convicto de una infracción a la Ley de Pesas y Medidas, y alega que la acusación no imputa delito alguno.

Los hechos alegados en la acusación revelan que faltaban dos libras en una venta de seis libras de café. La sección 15 de la Ley, según fué enmendada en 1917, leyes de ese año, tomo primero, páginas 205-207, dispone que:

“Ninguna persona dará, o permitirá que se dé, ningún peso o medida falto o incompleto en la compra, venta o traspaso de artículos, ■efectos o mercancías, y ninguna per'sona usará, o permitirá que se use, ninguna pesa o medida falsa en ninguna transacción industrial o comercial, como base para fijar el precio o pago en la compra, venta, traspa’so o transporte de cualesquiera artículos, efectos o mer-cancías. ’ ’

Esta sección fué nuevamente enmendada en 1921, leyes de ese año, páginas 179-181, en la siguiente forma:

“Ninguna persona dará, ni permitirá que se dé, ningún peso o medida falso o incompleto en la compra, venta, traspaso, o trans-porte de artículos, efectos o mercancías, o en la compra o venta de cualquier trabajo, tarea o servicio cuya remuneración deba ajustarse Sobre la base de peso, o sobre una base de medida que no sea la del tiempo; y ninguna persona usará ni permitirá que se use, ninguna pesa o medida falsa en cualquiera transacción industrial o comercial, como base para fijar el precio o pago en la compra, venta, traspasó o transporte de cualesquiera artículos, efectos o mercancías o en la compra o venta de cualquier trabajo, tarea, o servicio cuya, remune-ración deba ajustarse sobre la base de peso, o sobre una base de me-dida que no sea la del tiempo, ni tendrá ni permitirá que se tenga en su establecimiento comercial o industrial tal pesa o medida falsa.”

La objeción es que en la acusación no se menciona ninguna “compra o venta de cualquier trabajo, tarea o servicio cuya remuneración deba ajustarse sobre la base de peso, o sobre una base de medida que no sea la del tiempo.”

El efecto de la enmienda posterior fué meramente agregar otra modalidad o forma de cometerse el delito ya definido. La denuncia en el presente caso imputaba la comisión de un delito en la forma primeramente reseñada en la definición estatutoria, y era innecesario, para decir lo menos, imputar la comisión del delito en la forma alternativa posteriormente descrita, ni en ninguna de las otras modalidades especifi-cadas en el contexto.

Según indica el fiscal, el alegato del apelante no contiene señalamiento de errores, y esto sólo hubiese bastado para confirmar la sentencia o para desestimar la apelación sin entrar en los méritos del presente recurso.

Debe confirmarse 'la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Olegario Fuentes, demandante y apelado, v. Rafael Meléndez, demandado y apelante.
    No. 4647.

    Sometido: Abril 23, 1929.

      Resuelto: Enero 29, 1930.

      F. Navarro, abogado del apelante; L. Muñoz Morales, abogado del apelado.

       Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte ele Distrito de G-uayama demandó Olegario Fuentes a Rafael Meléndez, alegando haber dado en arrenda-miento, en 1911, a Angel Meléndez, por término de dos años, diez y media cuerdas de terreno, que son parte de una finca de mayor extensión, propia del demandandante y radicada en el término de Aibonito; y qne vencido el arrendamiento, Angel Meléndez, qne se bailaba enfermo, abandonó la finca, y entonces Rafael Meléndez se incantó de la misma, sin el consentimiento del demandante, y se encuentra en ella, negándose a desocuparla. Alegó también que el demandado ha percibido y hecho suyos los frutos, por valor de 700 dollars; y pidió en consecuencia con esas alegaciones.

En su contestación el demandado alegó que es cierto que el demandante era dueño de un predio de terreno en Aibonito; y que en 1912 segregó de ese predio las diez y media cuerdas que describe en la demanda, y se las vendió a Angel Meléndez, quien las poseyó como dueño hasta que enfermó y se incapa-citó entrando en el manicomio de San Juan, y el demandado, como hermano de Angel Meléndez se hizo cargo de la finca hasta que su hermano recobre la salud; negó la detentación de la finca; negó el título en el demandante; y alegó como defensa especial que éste había radicado, con anterioridad a este pleito, una demanda en la Corte Municipal de Cayey, contra Angel Meléndez, alegando haber vendido al deman-dado una finca de diez y media cuerdas en el barrio de Llorens, término de Aibonito, por contrato verbal, y por precio de $315, de los que el comprador pagó $80; y no había satisfecho el balance al vencimiento del plazo fijado, que era el de un año, ni al de la prórroga; y que el demandante se hallaba dispuesto a otorgar la escritura correspondiente, previo el pago del total del precio; y asimismo que el deman-dado se hallaba poseyendo la finca; que en la tramitación de dicho pleito, Rafael Meléndez fué nombrado defensor de su hermano Angel, y en contestación presentó la alegación de prescripción de la acción; y entonces Olegario Fuentes de-sistió de su demanda.

El caso fué a juicio; y en éste el demandante presentó como prueba el título escriturario de su finca de setenta cuerdas en el barrio del Llano, en Aibonito, inscrito en el registro de la propiedad; varios recibos de contribuciones; una certificación expedida por el Secretario ele la Corte Municipal de Cayey, de sentencia en un expediente civil con respecto a incapacidad de Ang’el Meléndez, en fecha 28 de junio de 1913, y en la que se declaró probado que el incapa-citado no tenía bienes.

Las partes convinieron en la identidad ele las fincas, como aparecen de las alegaciones.

En prueba testifical, declararon, por el demandante:

Olegario Fuentes, que en esencia dijo ser suya la finca, y haberla dado en arrendamiento por dos años a Angel Melén dez, y haberse tratado de que si a los dos años estaba Fuentes dispuesto a venderle a Meléndez, éste le compraría. Dijo también que cobró ochenta dollars importe del canon de arrendamiento de los dos años por adelantado: que en oca-sión anterior había acudido a los tribunales para pedir su finca, entendiéndose en esa gestión su hijo: que Angel Me-léndez se enfermó, y que en la finca se entró el demandado, quien la está cultivando y recogiendo sus frutos; que no ha vendido la finca, ni ha tenido intención de venderla, a Angel Meléndez, ni se lo ha dicho así a nadie.

Asunción Fuentes declaró en igual sentido; esto es, sos-teniendo que su padre, Olegario Fuentes, había arrendado las diez y media cuerdas a Angel Meléndez; negando la venta; y afirmando que Rafael Meléndez se halla en la finca, y la cultiva. Dijo que él y su padre han querido tomar posesión de la finca, pero no se lo ha permitido el demandado; que se han puesto demandas con ese fin, que el declarante no las leyó, dejando la forma a elección del abogado; que su padre nunca ha recibido otra cantidad que los ochenta pesos del arrendamiento; que a entenderse con los abogados para aquellas demandas fué sólo el testigo.

Afirmó también el arrendamiento y negó la venta el testigo Francisco Marrero; y lo mismo José Ferrán.

El demandado presentó como testigo a Nicolás Santini y Rafael Meléndez. Ellos su-stancialmente declararon que Habían estado presentes cuando Olegario Fuentes vendió a Angel Meléndez la finca de 10 cuerdas o 10y2 cuerdas en 108 dollars de los que recibió 80 y quedó el resto para escriturar v mensura y que se Hizo un recibo; y que la finca la tiene hoy Rafael Meléndez y la cultiva para ayudar a la familia y su hermano. Las declaraciones son muy largas, y un tanto confusas en cuanto al detalle.

Se trajo como prueba por el demandado una copia certi-ficada de una demanda a nombre de Olegario Fuentes contra Angel Meléndez, ante la Corte Municipal de Cayey, y en la que se alegó que Olegario Fuentes había vendido a Angel Meléndez una finca de diez y media cuerdas, en el barrio del Llano, término de Aibonito, en precio' de $315, del que había recibido a cuenta $80, y debía el resto, y que el demandante estaba dispuesto a otorgar la escritura. La demanda no está jurada, y es de fecha 22 de septiembre de 1925. En la certi-ficación se incluyen las copias de emplazamiento, diligencias de embargo, y una contestación, a nombre del demandado, alegando la prescripción; y de una moción de desistimiento del demandante, y la resolución de conformidad.

La corte de distrito dictó sentencia declarando con lugar la demanda, sin especial condena de costas. A esta sentencia se refiere la apelación ante, nosotros.

A nuestro juicio lo que la evidencia demuestra es que Rafael Meléndez carece en absoluto de título alguno a 3a propiedad, y quizá hasta a la posesión, de la finca reclamada. El no lo ha presentado; y es más, ni siquiera lo ha alegado.

La circunstancias de que se haya intentado y seguido hasta un cierto punto, un pleito por Olegario Fuentes contra Angel Meléndez, para que éste pagara al primero el precio de la finca que alegaba haberle vendido y de la cual deseaba otorgarle el título por escritura, no puede ser decisiva en este caso; esto, aparte de que nada se resolvió en aquel pleito, porque Fuentes desistió. Y ahora, habiendo el demandante probado prima facie su título, la presunción es la de conti-nuidad en ese estado, a menos que el demandado destruya tal presunción; y no lo ha hecho. La corte de distrito indu-dablemente creyó que la mera presentación de u¡na demanda de la que luego se desistió sin que se dictara resolución sobre los méritos, no era suficiente ; y al proceder así la corte inferior no cometió error alguno.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces, Presidente Señor del Toro, y Asociado Señor Hutchison, disintieron.


author: El Juez PResidente Señoe del ToRo,

text:
    Banco de Yabucoa, demandante y apelado, v. Eusebio Benítez y otros, demandados y apelantes.
    No. 5108.

    Sometido: Diciembre 16, 1929.

      Resuelto: Enero 29, 1930.

      E. .Buseaglia, abogado de los apelantes; González Fagundo & González Jr., abogados del apelado.
   El Juez PResidente Señoe del ToRo,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita en este caso la desestimación de la apelación por frívola. Al celebrarse la vista de la moción se conce-dieron' a la parte apelante tres días para presentar cierta certificación en la que parece fundaba su oposición. Ni dentro de los tres días ni después se presentó la certificación. No hay impugnación por escrito.

Tales como surgen de los autos, los hechos son: una demanda en cobro de dinero basada en un pagaré que en ella se transcribe-, suscrito por los demandados a favor del deman-dante, una contestación no jurada en la que -se niegan general y específicamente todos y cada uno de los hechos de la de-manda-, y se alega como defensa que la obligación cuyo pago se reclama fué novada por otra que se transcribe, y un juicio al que no comparecieron los demandados y en el que el banco demandante presentó como prueba el pagaré transcrito en la demanda y la declaración de su gerente Diego Luis Corretjer que reconoció el pagaré suscrito por los demandados y que dijo que estaba vencido desde junio 6, 1928, y no había sido pagado por los demandados, ni por ninguna otra persona.

Bajo tales circunstancias ¿qué otra sentencia podía dic-tarse que no fuera la que dictó la corte, esto es, declarando con lugar la demanda y ordenando el pago de la suma de tres mil dólares reclamada, intereses y costas?

La apelación es enter a/mente frívola y debe desestimarse por tal motivo.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Aurelio Vázquez, acusado y apelante.
    No. 3947

    Sometido: Enero 24, 1930.

      Resuelto: Enero 31, 1930.

      A. Reyes Delgado, abogado del apelante; R. A. Gómez, abogado ole El Piteólo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Aurelio y Eafael Vázquez fueron acusados a virtud de una denuncia por delito de acometimiento y agresión con circuns-tancias agravantes que imputaba los siguientes liechos:

“Que en 5 de mayo, 9 p.m. de 1929, y en el barrio Bartolo, del Distrito Judicial Municipal de Lares, que forma parte del Distrito Judicial de Aguadilla, Puerto Rico, allí y entonces, los referidos acusados, voluntaria, maliciosa y con el ánimo de causar grave daño corporal contra la persona de Francisco Muñiz, que es un sér humano, le acometieron y agredieron disparándole un tiro con una escopeta por la espalda, interesándole en la piel varias municiones, el acusado Rafael Vázquez fué el que disparó contra el denunciante y el otro acusado le acompañaba.”

Eafael Vázquez fué absuelto por la corte municipal. Aurelio Vázquez fué convicto en dos ocasiones, primero en •la corte municipal y luego, después de un juicio de nuevo, en la corte de distrito. En cuanto a él, la denuncia no imputa la comisión de delito alguno.

La sentencia apelada- debe ser revocada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Sbñob Hutchison,

text:
    Pedro D’Azizi, demandante y apelado, v. Enrique Alcaraz, demandado y apelante.
    No. 4966.

    Sometido: Enero 23, 1930.

      Resuelto: Enero 31, 1930.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; A. S. de Jesús, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Sbñob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Log artículos 1387 y 1389, en parte, y el artículo 1393' del Código Civil leen como signe:

“Artículo-1387.- — El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la Racen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen .de tal modo e'ste uso que de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido, o habría dado menos precio por ella; ...”
“Artículo 1389. — En los casos de los dos artículos anteriores, el comprador podrá optar entre de'sistir del contrato, abonándosele los gastos que pagó, o rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos ...”
“Artículo 1393. — Las acciones que emanan de lo dispuesto en los cinco artículos precedentes se extinguirán a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida.”

El demandado apela de una sentencia adversa en una acción entablada al amparo de los dos primeros artículos citados, solicitando una rebaja proporcional en el precio de la compra de una casa y su solar. Alega que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar una excepción previa de falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción; y al dictar una sentencia que no está sostenida por la prueba.

La contestación enmendada que se radicó un mes antes de la fecha en que se vió el caso va procedida de una excepción previa que especifica los dos fundamentos indicados en el señalamiento de errores. Nada hay que demuestre que se llamara la atención de la corte hacia este extremo en momento alguno antes de llamarse el caso para juicio, o que la excepción previa de falta de hechos suficientes para detei’-minar cansa de acción fuese declarada sin lugar. El récord taquigráfico dice que después que las partes anunciaron estar listas para juicio se discutió la excepción previa que la con-testación contiene, pero la tínica cuestión resuelta por la corte fué la de prescripción.

La contención del apelante respecto a falta de hechos suficientes para determinar causa de acción es que la demanda no especifica el uso a que se destinaba tanto la casa como ei solar, ni alega que los defectos en cuestión hacían la pro-piedad inservible para tal uso. En cuanto no aparecen por inferencia razonable de otras alegaciones, estos hechos omi-tidos fueron- suplidos por la prueba.

La escritura de enajenación fué otorgada en 5 de octubre de 1926. La demanda se radicó el 5 de abril de 1927.

En lo referente a la cuestión de prescripción, la resolu-ción de la corte inferior se basó en el artículo 388 del Código Político, que dispone que:

“El tiempo en que cualquier acto prescrito por la ley debe cum-plirse, se computará excluyendo el primer día e incluyendo el último, a menos que éste sea de fie'sta, en cuyo caso será también excluido.”

No hallamos conflicto alguno entre este artículo del Código Político y el 1393 del Código Civil que el apelante ha invocado en el sentido de que exige que el día de la entrega sea incluido al computarse el tiempo-. Fuera de cualquier cuestión de horas, a diferencia de los días, la regla que ex-cluye el primero e incluye el último día es meramente una de lógica y sentido común. Aun en ausencia de cualquier disposición legislativa que excluya el primer día, el incluirlo equivaldría a contar desde el día anterior, y no desde la entrega de la cosa vendida. Si el tiempo ha de medirse “desde la entrega de la cosa vendida,” en verdad, aquella parte del día de la entrega que haya precedido al momento de la entrega no puede ser contada. Tampoco aparecen de la faz de la demanda la hora de la entrega de la cosa vendida ni la hora de la radicación.

Carecen igualmente de mérito la contención de que la sentencia no está sostenida por la prueba.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado' Señor Aldrey,

text:
    Francisco Pagán Acosta, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 798.

    Sometido: Enero 22, 1930.

    Resuelto: Enero 31, 1930.
    El recurrente compareció por escrito; el registrador recurrido no compareció por escrito.
   El Juez Asociado' Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En la escritura de partición de los bienes relictos a su fallecimiento por Altagracia del Río Vargas correspondió a su bija María Josefa Simonetti y del Río como legítima la cantidad de $532.60 y se hizo cargo de pagar las siguientes deudas: A Francisca Simonetti, $37; a Margarita Sitíionetti, $40; a Juliana Vélez, por pagaré que firmó a su favor, $60; y el importe de los gastos calculados para la testamentaría, $75, sumando esas deudas y su haber hereditario la cantidad de $744.60, por cuyo montante le fueron adjudicadas varias fincas, una de las- cuales pertenece ahora por título de compra a Francisco Pagán Acosta a cuyo favor está inscrita en el registro de la propiedad.

Copia de esa escritura fué presentada por Pagán Acosta al Registrador de la Propiedad de San Germán en 5 de enero de 1930 con una solicitud que firmó ante notario en la que pidió que cancelase en sn registro las menciones de esas deudas, exponiendo para ello que fueron mencionadas en la inscripción hecha en 2 de abril de 1919, o sea, hace más de cinco años; que no se refieren a precio aplazado de la com-praventa de inmuebles; que no se fija en ellas plazo alguno de vencimiento ni se indica en el título que motivó las men-ciones que se constituye gravamen alguno sobre el inmueble de referencia; y que de las referidas menciones no se ha hecho reclamación alguna en el registro, conforme a lo que prevé la ley a los fines de reconocer la subsistencia de tal derecho.

A esa petición puso el registrador la siguiente nota:

■ “Denegada la cancelación solicitada de las menciones de pago de dinero, a que se refiere el documento que precede, con vista de otra escritura, porque no se trata en este caso de una simple mención de pago de dinero, pues según se evidencia del contexto de la escritura número 587 otorgada en Mayagüez a Io. de diciembre de 1905 ante el notario Mariano Riera Palmer, sobre partición de herencia entre lo's herederos de Altagracia del Río Vargas, en su página 8, al ha-cerse la adjudicación de bienes a la heredera María Josefa Simonetti y Ríos, ésta constituyó y aceptó una obligación pura, perfecta y exi-gible de pagar: a Francisca .Antonia Simonetti, $37; a Margarita Simonetti, $40; a Juliana Vélez, según pagaré que le firmó, $60, y el importe de los gastos calculados para la testamentaría, $75, adju-dicándosele entre otros bienes la finca rústica a homo de cal y can-tera que se describe en este documento. Ha sido pues, obligación ineludible de dicha heredera deudora o quienes su's derechos repre-sentaren, si querían liberar de dichas obligaciones de pago los bienes o finca rústica de referencia, Solicitar a los referidos acreedores y satisfacerles la's sumas a ellos debídasles, pues no puede imputarse a dichos acreedores causa, alguna que justifique la prescripción de sus derechos en cuanto a su acreencia y menos de aquél que tiene el pagaré otorgádole por la deudora sin fecha de vencimiento, a menos que ignorándole la existencia o el paradero de los mismos se hu-biera concurrido a la corte correspondiente a usar de los derechos que le conceden los artículos 1144, 1145, 3146 y 1148 del Código Civil y el 1130 y 1192 del citado texto legal por lo que no se puede con-venir en la pretensión del peticionario solicitando que se declaren prescritas dichas deudas al amparo de la ley No. 12 de 25 de junio de 1924, tomándose en ’su lugar anotación preventiva por el término de ciento veinte días ...”

No habiendo sido recogido ese documento por su presen-tante el registrador lo envió a este tribunal de acuerdo con la ley, donde Pag'án Acosta se ha limitado a reproducir las manifestaciones hechas en su petición sin que el registrador haya presentado alegato.

La lectura de la nota del registrador nos convence de que ha negado fundamentalmente las cancelaciones solicitadas porque entiende que para verificarlas es necesario que se justifique el pago de esas deudas, pues todos los artículos que cita se refieren al pago de lo debido o a su consignación.

Ese criterio del registrador es completamente erróneo-, pues independientemente del pago hay ciertas causas por las cuales procede la cancelación en el registro de determinadas constancias de él, pues como dijimos en el caso de Llinás v. Registrador, 33 D.P.R. 925 en relación eon la Ley No. 12 de 29 de agosto de 1923 regulando el procedimiento para la cancelación .de gravámenes y menciones de derechos y lá extinción de ciertas inscripciones y anotaciones por el lapso de tiempo, en el registro de la propiedad, cuyo apartado (a) fué enmendado por la ley de igual número de junio 25, 1924, el objeto de dicha ley fué extinguir por ministerio de ella todas aquellas menciones y gravámenes comprendidos en sus disposiciones para que por el transcurso de los términos especificados queden borrados los defectos que en los títulos puedan existir en virtud de tales gravámenes, obedeciendo sin duda al fundamento de la prescripción, encaminada a dar fijeza a la propiedad y evitar 0 poner fin a las cuestiones litigiosas. Así, pues, la cuestión en este caso no es si las deudas mencionadas han sido pagadas o consignadas sino si el recurrente está amparado en su petición por dicha ley, la que en su sección primera según quedó enmendado su apartado (a) dice así:

“Los registradores de la propiedad a instancia escrita de párte o de su representante, autorizada ante notario, procederán a cancelar en el respectivo registro:
“ (a) Las menciones de hipotecas o de precio aplazado de la compraventa de inmuebles, ya eon’sten en los antiguos y modernos libros del registro, si hubieren transcurrido más de veinte (20) años desde que se verificó la respectiva mención, cuando la parte intere-sada no hubiere solicitado la inscripción del derecho mencionado dentro del plazo de un año siguiente al día 29 de agosto de 1923, o hubiere promovido, dentro de ese período, demanda en reclamación de su derecho, anotándola en el registro. Las menciones de censo no se cancelarán de lo's antiguos o modernos libros del registro cuando la parte interesada solicite la traslación del asiento o mención del derecho mencionado a los modernos libros del registro dentro del plazo de dos años a contar desde el día en que empiece a regir esta Ley o promueva dentro de ese período, demanda en reclamación de su derecho, anotándola en el registro; Disponiéndose, además, que dichos registradores de la propiedad a instancia escrita de parte o ele su representante, autenticada ante notario, procederán a cancelar también en el respectivo registro cualesquiera otras menciones de de-rechos para pago de dinero, que no se refieran al precio aplazado de .la compraventa de inmueble's, cuando no se fije plazo, o no se indique en el título que motiva la mención que se constituye un gravamen sobre el inmueble, si hubieren transcurrido más de cinco años.”

Según el disponiéndose del apartado transcrito los regis-tradores cancelarán cualquier mención de derecho para el pago de dinero siempre que no se reñera al precio aplazado de la compraventa de inmuebles, cuando no se fije plazo o no se indique en el título que motiva la. mención que se cons-tituye un gravamen sobre el inmueble; y como resulta en este caso, según la escritura, que las deudas mencionadas no se refieren a precio aplazado de compraventa de inmuebles ni se constituye por ella, gravamen alguno sobre los inmuebles que adquirió María Josefa Simonetti y del Eío por herencia; y como además han transcurrido más de cinco años desde que las obligaciones de pago fueron mencionadas en el registro, deben ser canceladas tales menciones.

La negativa del registrador debe ser revocada y ordenarse las cancelaciones solicitadas.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Félix Berreteaga, demandante y apelante, v. Pizá Hnos., S. en C., demandada, y Mercedes Fernández Vda. de Suárez, interventora y apelada.
    No. 5201

    Sometido: Enero 27, 1930.

      Resuelto: Enero 31, 1930.

      T. Bernardmi de la Huerta, abogado del apelante; L. Muñoz Morales, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal. .

Al ser presentada la demanda en este caso se solicitó y se obtuvo el embargo de bienes de los demandados para asegurar la efectividad de la sentencia que contra ellos pu-diera dictarse. Registrada sentencia condenatoria én rebel-día y notificada a los demandados, algunos meses después se personó en el pleito una tercera persona y solicitó permiso para intervenir en él a fin de discutir la validez del embargo que se había trabado y el derecho preferente que la interven-tora alega tener a tales bienes; y la corte inferior, sin oír a las partes en el litigio, permitió la intervención solicitada y 3a demanda a tal fin presentada y concedió un término de diez días a las partes para alegar lo que a su derecho conviniese. Contra esta resolución interpuso el demandante el presente recurso de apelación cuya desestimación nos pide la tercerista por entender que no es apelable citando el caso de Espada v. Sepúlveda, 20 D.P.R. 138.

El caso citado no es de aplicación al presente porque habiéndose dictado en aquél antes del juicio la resolución permitiendo la intervención, nos negamos a revisarla en pro-cedimiento de certiorari porque la cuestión fué controvertida y porque podía ser revisada en apelación que se interpusiera} contra la sentencia que resolviera el pleito, mientras que en el presente caso la solicitud de intervención fue resuelta sin haber sido oídas las partes del litigio y, principalmente, porque se trata de una providencia especial dictada después de sentencia definitiva, que es apelable de acuerdo con el No. 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, ya que permite después de terminado el pleito por sentencia una reclamación que requiere otra sentencia, y casi seguramente una oposición de los otros litigantes, o por lo menos del de-mandante que obtuvo el embargo que es objeto de la, inter-vención.

La moción de desestimación debe ser negada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Texidor no inter-vinieron.


author: El Juez Asociado Señor Texidoe,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante v. Rafael Surís Fernández, acusado y apelante.
    No. 3993

    Sometido: Enero 15, 1930

    Resuelto: Enero 31, 1930.

      J. A. Suris, abogado del apelante; R. A. Gomes, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidoe,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia en este caso es como sigue:

“To, Anaeleto Soto, P. I. No. 636, vecino de Oabo Rojo, P. R., calle de Salvador Brau No. 57, mayor de edad, formulo denuncia contra Rafael Suris Fernández, eliofer No. 34184, res. en Maya-güez, P. R., por delito de viol, al art. 12 (a y b) de la ley de au-tomóviles de Puerto Rico, cometido de la manera siguiente:
“Que en mayo 4, 1929, a las 10.00 P.M. y en la calle Carbonell de la ciudad de Oabo Rojo, P. R., del Distrito Judicial Municipal de Cabo Rojo, que también forma parte del Distrito Judicial de Mayagüez, P. R., el referido acusado, Rafael Suris Fernández, chauffeur No. 34184, allí y entonces, a la terminación de la calle Carbonell, salida para Mayagüez, ilegal, voluntaria y maliciosamente violó la ley de automóviles de Puerto Rico, mientras guiaba el automóvil. ¡No. P-2693 propiedad de Fernando Suris, de Mayagüez, no ejerciendo el debido cuidado ni tomando las precauciones razonables para ga-rantizar la seguridad de vidas y propiedades al marchar por la men-cionada calle Carbonell con dirección a Mayagüez, en momentos que dicha calle se hallaba muy concurrida debido a la salida del cine si-tuado en la misma, no haciendo uso de los frenos para reducir la ve-locidad al acercarse a los viandantes qué marchaban en la misma dirección, dando lugar a que dicho vehículo chocase con el automóvil Ford No. 1212 que guiaba Francisco Figueroa, causándole desper-fectos y luego se fué sobre la persona del Sr. Esperanza Toro a quien arrolló tirándole al suelo, produciéndole varias contusiones en dis-tintas partes del cuerpo; siguiendo ku marcha aceleradamente sin detenerse a dar su nombre, dirección, número de placa, etc., ni re-portar el accidente a la estación de policía de esta localidad.”

Oído el caso en apelación por la corte de distrito de Maya-güez, ésta, por sentencia de 29 de Junio de 1929, condenó al acusado a la pena de $60 de multa, o un día de arresto por cada dollar que dejare de pagar. Contra esta sentencia se ha, interpuesto la presente apelación.

Los errores señalados son dos.' Refiérese el primero a la apreciación de la prueba; y se formula así:

“La Corte de Distrito de Mayagüez erró al condenar al acusado por el delito imputádole de inf. al art. 12, letras (a) y (b), de la ley de automóviles basado en la evidencia presente, que es insuficiente para probar la's alegaciones de la denuncia.”

Hemos leído la transcripción de la evidencia. Y de tal lectura resulta que la prueba fué más que bastante para justificar la sentencia. Bastaría la declaración del testigo de defensa Alfredo Font, para que la sentencia tuviera las garantías necesarias.

Hemos repetido en muchas decisiones que si hay prueba contradictoria, este Tribunal no revocará la conclusión que en cuanto a ella baga el inferior a menos que se nos demuestre que en ella influyeron la pasión, el prejuicio o la parcialidad, o que un grave y manifiesto error fué cometido. Nada de esto bay en el presente caso.

El segundo señalamiento de error es :

“La corte inferior erró al aumentarle la sentencia de $25:00 de multa que le impuso la corte municipal al acusado Rafael Suris a $60.00 de multa, demostrando prejuicio y pasión en aumentar la pena sin fundamento alguno que lo justificara, según la prueba que desfiló ante dicba corte.”

Declaramos que la corte de distrito tiene el derecho, en apelación, de cambiar y graduar la pena que la municipal había impuesto. Cuando se va a un juicio de novo, no puede esperarse que subsista necesariamente lo hecho en el tribunal a quo: la corte de distrito actúa libremente, y así también juzga y condena.

El acusado, por llevar su automóvil a velocidad cuando pasaba por un sitio en que había concurrencia de personas, por no tener precaución y por no usar el freno a tiempo, atropelló a un viandante. Estos hechos son en violación de la ley de automóviles; y no hace falta apasionarse o sentir prejuicio para imponer la pena que .impuso la corte de dis-trito, que fué una pena justa.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    Juan López, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandado.
    No. 685.

    Sometido: Diciembre 18, 1929.

      Resuelto: Enero 31, 1930.

      Bubón & Ochoteco, abogados del peticionario; G. González Silva, abogado de los demandados en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este Tribunal libró un auto de certiorari. En un procedimiento de habeas corpus, la Corte de Distrito de San Juan concedió la custodia de una niña a su padre natural y se la quitó a la madre. Esta apeló. El padre, aquí peticionario, solicitó que se le permitiera tener a la niña bajo su cuidado mientras estuviese pendiente la apelación. La Corte de Distrito de San Juan se negó a entregar al peticionario la niña, en vista de la naturaleza civil del procedimiento, resolviendo que tal procedimiento civil se regía por el artículo 297 del Código de Enjuiciamiento Civil, y citando el ca.so de Muñoz v. Montañez, 37 D.P.R. 318. De su faz, el caso citado parece resolver que se suspende la ejecución en todo caso de naturaleza civil, pero ése no era un caso de habeas corpus. El artículo 297 dispone:

“Formalizada una apelación, producirá el efecto de suspender iodo procedimiento en la corte inferior, respecto a la sentencia u orden apelada, o a las cuestiones comprendidas en ella, pero la corte inferior podrá proseguir el pleito en lo que respecta a cualquier ex-tremo del mismo no comprendido en la apelación.”

El artículo 50 del mismo código dispone:

“La palabra ‘acción’, tal como se emplea en este título, ba de entenderse, siempre qne sea necesario, en el sentido de aparejar un procedimiento especial de naturaleza civil. ’ ’

Por tanto, la cuestión a resolver en este caso es si un procedimiento de habeas corpus en qne se solicita la custodia de una niña está incluido en la palabra “acción” arriba definida.

Convenimos con el peticionario en qne el auto de hateas corpus, ora sea para obtener la posesión o custodia de un niño, o para poner en libertad a una persona encarcelada, acusada de delito, es esencial e históricamente un procedi-miento para obtener la libertad de la persona que está bajo custodia. Ordinariamente, o por lo general, la libertad de un niño está mejor garantida cuando se baila bajo el dominio de la persona que de acuerdo con la ley tiene derecho a la custodia. La misma idea de “libertad” está envuelta cuando el bienestar de un niño exige que sea puesto al cuidado de otra persona. Presuntivamente, la libertad de la niña en este caso queda mejor garantida .poniéndola donde la corte inferior dijo que debía estar. No bailamos motivo alguno para distinguir el auto para obtener la posesión de un niño de cualquier otro auto de hateas corpus. El Capítulo sobre Rateáis Corpus del Código de Enjuiciamiento Criminal no bace tal distinción.

Las apelaciones en procedimientos de hateas corpus están regidas por una ley aprobada en 1903. El Código de Enjuiciamiento Civil fue aprobado en 1904. Nada bailamos en esta ley general que demuestre la intención de derogar algo de lo contenido en la ley especial de 1903. Es un prin-cipio familiar que un estatuto especial no queda derogado a menos que no pueda permanecer junto a un estatuto general.

■ De conformidad con la ley de 1903, sólo ciertos casos específicos no son suspendidos. La sección 2 provee:

‘ ‘ Contra una orden definitiva excarcelando libremente a un preso o detenido bajo acusación criminal o mandando ponerle en libertad bajo fianza, podrá apelar'se en nombre del Pueblo de Puerto Rico o por el fiscal del distrito respectivo, o.por el Fiscal del Tribunal Supremo, o por el Fiscal General, o por el abogado defensor debida-mente autorizado por el Fiscal General. El recurso así interpuesto contra una orden mandando poner en libertad a un preso bajo fianza o reduciendo ésta, no producirá el efecto suspensivo.”

Sin embargo, nada bailamos en todo el cuerpo de la ley que demuestre intención alguna de suspender la ejecución de una sentencia cuando se pone en libertad a una persona encarcelada o cuando se obtiene la custodia de un niño. La sección 2 solamente pone énfasis en ciertos casos.

Convenimos igualmente con el peticionario en que cuando se decreta la “libertad” o cambio de custodia, la justicia exige que la sentencia de 1a. corte, que se presume correcta, sea puesta en ejecución.

El artículo 50 del Código de Enjuiciamiento Civil, como liemos visto, solamente incluiría un procedimiento especial dentro del significado de la palabra “acción,” “siempre que sea necesario.” Para los fines de un supersedeas no sólo no bailamos necesario incluir un procedimiento de habeas corpus dentro de las disposiciones del artículo 297 o dentro del campo de “acción,” sino que lo consideramos poco pru-dente e innecesario. Las reglas que gobiernan los proce-dimientos de habeas corpus ban sido puestas en el Código de Enjuiciamiento Criminal, lo que es un indicio -de que la Legislatura no los consideró tan especialmente civiles para1 que cayeran siempre dentro de la palabra “acción” descrita en el artículo 50.

Asumiendo que pudiera hacerse uso del recurso de apelación en este caso, no obstante, los hechos justifican el remedio más rápido de certiorari.

La resolución de noviembre 27, 1929, negándose a trans-ferir la custodia debe ser anulada y dejarse a la corte inferior en libertad de dictar cualquiera otra resolución no incompatible con esta opinión.


text:
    Orange Rice Milling Company, demandante y apelada, v. Angel Barasorda, demandado y apelante.
    No. 4657.

    Sometido: Mayo 3, 1929.

      Resuelto: Enero 31, 1930.

      O. B. Frazer y R. Castro- Fernández, abogado de la apelante; K. G. Molina, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata, en efecto, de una acción para recobrar el precio de mil sacos de arroz que la demandante Orange Rice Milling Company sostuvo vendió al demandado Barasorda en. junio 24, 1926. En la demanda se alegaba que el contrato surgió a virtud de una orden directa de la Spencer Sales Company, que era agente del demandado.

La corte declaró que la agencia fué suficientemente pro-bada, y, como dictó sentencia a favor de la demandante, nece-sariamente, que dicha Spencer Sales Company tenía la debida autoridad para hacer u ordenar el embarque de los citados mil sacos de arroz. El demandado Barasorda había negado la agencia de la Spencer Sales en general, y además, que hubiera recibido la determinada marca o calidad de arroz pedida por él.

Si se deja a un lado la cuestión .de la autoridad general por parte de la Spencer Sales Company, el caso gira especí-ficamente sobre la cuestión de si la entrega becha fué de mil sacos de arroz “good fancy blue rose.” De acuerdo con la apelada, el contrato estaba evidenciado por ciertos cablegra-mas cruzados entre las partes. La apelada, a nuestra manera de pensar, abandona, por lo menos hasta cierto punto, la suposición de una agencia general al decir:

“La única cuestión en este litigio es si Barasorda, como conse-cuencia de estos cables, estaba obligado a aceptar los 1,000 sacos de arroz que su agente Spencer compró a la demandante Orange Rice Milling Go. en 23 de junio, 1925.” (Debe ser 1926).

Como el demandado y apelante niega totalmente que exis-tiera la agencia y señala como error el que la corte resolviera que había tal agencia, prestaremos al asunto alguna conside-ración especial.

La corte inferior no analizó la prueba para de-mostrar la agencia o para definir los límites de la misma. Los autos no revelan ninguna carta específica o convenio oral mediante el cual la Spencer Sales Company se constituyera en agente general para comprar arroz para el demandado. La Spencer Sales Company era en realidad la razón social de un tal Sr. Spencer. Lo único en los autos que tiende a demostrar que existía una agencia general o algo semejante es la decla-ración o declaraciones del mismo Spencer. Fuera del princi-pio general de que una agencia no debe establecerse por la sola declaración del agente, los autos en su totalidad no demuestran que existiera esa agencia. Barasorda, al ocupar la silla tes-tifical, negó enfáticamente tal agencia. Suponer que Spencer pudiera ir a comprar arroz generalmente y hacer que Bara-sorda fuera responsable, parece enteramente absurdo. No podría imaginarse que Barasorda diera a nadie que no estu-viese enteramente subordinado a él el derecho general de comprar arroz, especialmente cuando, según se admitió en este caso, la remuneración de Spencer debería emanar de las personas que vendían el arroz. Claramente no fué la inten-ción de Barasorda que Spencer comprara cuando se le anto-jara, y no creemos que el mismo Spencer así lo alegaría. La supuesta agencia general sería nula por ser indefinida. Sus supuestos límites quedaron totalmente sin definir. A lo sumo era una agencia para comprar arroz como y según lo orde-nara Barasorda. .

Lo que en realidad sucedió fué que Spencer visitó la isla por lo menos en una ocasión, y sus relaciones con Barasorda llegaron a ser muy amistosas. Barasorda probablemente dijo que le compraría a Spencer o por mediación de éste. Empero, nada bay en la prueba que demuestre que Spencer fuera específicamente algo más que un corredor (b'roher) de arroz. El apelante sostiene que él le compraba a Spencer y que éste en forma alguna era su agente. Creemos, sin embargo, que la prueba demuestra que Barasorda de cuando en cuando utilizaba a Spencer como comprador suyo y que estaba tra-tando de hacerlo así al ordenar los mil sacos de arroz. Inci-dentalmente, nada bailarnos que autorice la manifestación de la apelada de que Spencer se convirtió en un agente para aceptar de los molinos un pedido entregado a Spencer por Barasorda. Tal pudo ser y posiblemente fué la creencia del propio Spencer, pero conforme bemos indicado, la prueba de esto surge del mismo Spencer. Por consiguiente, tenemos que acudir a los cablegramas para averiguar si existía un contrato entre las partes, yen qué consistía ese contrato.

En 23 de junio de 1926, Barasorda dirigió el siguiente cablegrama a Spencer:

‘ ‘ Telegraph quick best price on good fancy blue rose during July. ’ ’
(Traducción.) “Telegrafíe inmediatamente mejor precio para arroz good fancy hhoe rose durante julio.”

El mismo día Spencer contestó lo siguiente:

“Stocks fancy blue rose. This difficult to buy at present due to light offerings. Can probably buy $6%. Cannot buy for less than. How about lot #544 rice $6% cif. This cheap.”
' (Traducción.) “Existencias faney blue rose difíciles de comprar debido a pocas ofertas. Probablemente podamos comprar a $6%. No podemos comprar por menos. ¿Qué diría del lote No. 544 a $6% cif? Es barato.”

A este cablegrama, Barasorda contestó lo que sigue:

“Buy 1,000 pockets provided good fancy blue rose 6%^ equal quantity second half of June and first half month following.”
(Traducción.) “Compre mil sacos siempre que sean good faney blue rose, a para embarcar iguales cantidades segunda quin-cena de junio y primera quincena del siguiente mes.”

El 24 de junio, 1926, Spencer contestó como sigue:

“¥e cannot ship second half of June. Have bought 1,000 pockets RMA inspection certificate faney blue rose first half month July steamer Southseas. Can buy more same price, 1,000 pockets steamer Southseas. Telegraph answer quick immediate and necessary. Difficult to buy due to light offerings.”
(Traducción.) “No podemos mebarcar segunda quincena de ju-nio. Hemos comprado 1,000 sacos certificado inspección RMA fancy blue rose para primera quincena de julio, por vapor 'South Seas. Podemos comprar más al mismo precio, 1,000 sacos vapor South Seas. Telegrafíe pronto, contestación inmediata necesaria, difícil comprar debido a pocas ofertas.”

T el 25 de junio Barasorda telegrafió:

“There is more demand for better grades. "We think you had better telegraph us on extra faney blue rose.”
(Traducción.) “Existe más demanda por mejor calidad. Cree-mos ustedes deben telegrafiarnos sobre exira faney blue rose.”

Con excepción del segundo cablegrama, al cual corres-ponde la palabra “fancy”, transcribimos estos cablegramas tal como aparecen en el alegato de la apelada, toda vez que bay algunas disparidades en los autos y son un poco confusos. Aparece además que cuando la Spencer Sales Company recibió orden de comprar mil sacos de arroz good, fancy blue rose, llamó por teléfono a la Orange Bice Milling Company, y compró mil sacos de arroz ‘ ‘ certificado de inspección RMA fancy blue rose” al mismo precio fijado por Barasorda. La teoría de la apelada es que cuando Spencer telegrafió: “Hemos comprado mil sacos certificado de inspección RMA: fancy blue rose . . .” si el Sr. Barasorda no deseaba ese arroz debió haber telegrafiado más o menos en los siguientes términos:

“Cancel, will not accept RMA inspection certificate. My order was provided good fancy blue rose.”
(Traducción.) “Cancele, no aceptaré certificado de inspección RMA. Mi pedido decía siempre que sea good fancy blue rose.”

Tal deber por parte de Barasorda surgía solamente si un pedido anterior de él era tan amplio o indefinido que Spencer pudiera derivar alguna autoridad de la misma para pedir a nombre de Barasorda o vender a él los efectos que en realidad se despacharon. Sin embargo, hay algo que aparece en el alegato de la apelada, y es que Spencer sabía, o probable-mente sabía, que el artículo despachado no era lo que Bara-sorda y el comercio en Puerto Rico entendían por arro2i good fancy blue rose. Barasorda mantenía que él escribió tan pronto como le fué posible, a pesar de que no telegrafió, como se sugirió, y si bien creemos que no se lo impuso ningún deber, no tenemos duda alguna de su buena fe al tratar con Spencer. Evidentemente, él creyó que estaba ordenando una cosa muy específica al decir “good fancy blue rose,” y la tendencia general de la prueba se inclina a sostenerlo. En lo que atañe al deber de contestar, una cuestión parecida surgió en el caso de Freiría v. Cortés Hermanos & Co., 32 D.P.R. 127, y citamos de 10 R.C.L. 1150 al efecto de que en una conversación oral una persona puede a veces estar obligada a contestar, pero que no hay regla alguna de derecho que exija que una persona conteste correspondencia, o que sostenga que el mero silencio deba ser considerado como una admisión. Bajo los hechos de este caso, Barasorda estaría obligado a rechazar una oferta independiente hecha por Spencer sólo por la teoría de que Spencer fuera en realidad algo así como un agente general autorizado para actuar a nombre de Barasorda. Spencer ofreció a Barasorda mercan-cía que éste no deseaba bajo ningunas circunstancias. Indu-dablemente es un hecho, según demuestra la prueba, que en el negocio de arroz no bay tal cosa técnica como “good” fancy blue rose. Existe un arroz fancy blue rose, y otro extra fancy blue rose. No obstante, los peritos del demandado demostra-ron que “good” fancy blue rose era una variedad o clase .de arroz sólo ligeramente inferior al extra fancy blue rose, y así se entendía en Puerto Pico, y como liemos dicbo, los indicios son que Spencer así también entendió el asunto. Por tanto, el becbo final en el caso es que Barasorda pasó un pedido por arroz “good fancy blue rose”, y que Spencer le despachó arroz “fancy blue rose” que no era de la calidad del que Barasorda babía ordenado. Podemos agregar a lo anterior-mente dicbo la suposición de que el arroz fancy blue rose estuviera clasificado entre 60 y 70, y que el “extra fancy” estuviera clasificado entre 70 y 80. Entonces podríamos decir que lo que Barasorda ordenó fué algo próximo al 70, mientras que lo que Spencer embarcó fué algo próximo al 60.

No estamos muy seguros del efecto que produjo en la prueba la actuación de la corte al eliminar algunas de las defensas de Barasorda. Este proceder fué probablemente erróneo, pero fuéralo o no, Barasorda tenía derecho, al defen-derse de la reclamación de la Orange Eice Milling Company, a ofrecer testimonio o prueba tendiente a destruir la recla-mación. Incumbía a la demandante probar un contrato válido existente.

La corte dijo que la palabra “good” describía la condi-ción del arroz fancy blue rose más bien que una clase de arroz por sí misma, pero creemos que la prueba demuestra; lo contrario.

Igualmente, la prueba indica que el certificado ítMA era una clase distinta de arroz que caía dentro de la calidad “fancy blue rose”.

Bajo ninguna circunstancia, según revelaba la prueba, Barasorda ordenó o pudo haber usado o vendido ventajosa-mente el arroz que le fné despachado. En otras palabras, Barasorda no recibió lo que ordenó, y no snrgió impedimento (estoppel) contra él.

Por tanto, debe revocarse la sentencia apelada y decla-rarse sin lugar la demanda.


author: El Juez Asociado Señoe Texidoe,

text:
    Manuel Vázquez, demandante y apelante, v. Municipio de Arecibo, demandado y apelado.
    No. 4463.

    Sometido: Abril 10, 1929.

      Resuelto: Enero 31, 1930.

      R. Rivera Zayas, abogado del apelante; F. M. Cadilla y E. López abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Texidoe,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en este caso, alegó, esencialmente, que el municipio de Arecibo había puesto en subasta la construc-ción de cuatro kilómetros de carretera de los barrios Domin-guito y Esperanza, en el término municipal de Arecibo, y que el concejo otorgó la buena pro al demandante y autorizó al comisionado de servicio público para que formalizara y sus-cribiera con el demandante el necesario contrato, como lo hizo, siendo luego ratificado por el Comisionado del Interior de Puerto Rico; que el precio de la subasta fue de $9,551.40; que comenzada la obra, el demandante se vió obligado a veri-ficar ciertas alteraciones, en la construcción del camino, las que produjeron una elevación del costo original de un 20 por ciento, las que realizó el demandante a los mismos precios especificados en el contrato original, en el que se determinaba que las alteraciones que excedieran del 20 por ciento se veri-ficaran a base de precio convenido previamente con el comi-sionado de obras públicas; que agotado el 20. por ciento adicional, y por consecuencia de haber tenido que hacer una variante en el trazado del camino, el demandante incurrió en gastos extraordinarios e imprevistos y de acuerdo con el contrato se procedió por el municipio y el demandante a formular otro contrato adicional, en 8 de febrero de 1924, al que dió su aprobación el Comisionado del Interior, siendo el valor de este contrato $3,901.70; que el demandante ha gestionado del municipio de Arecibo el pago de los $3,901.70, y no ha logrado que se le pague.

El municipio demandado, en su contestación, negó que se hubiera adjudicado al demandante en subasta la construcción de los cuatro kilómetros de camino, y alegó que lo que se había hecho fué un contrato directo; alegó que las altera-ciernes que el demandante hizo en el camino fueron por su propio beneficio y para hacer economías en el proyecto, ne-gando que tuviera que incurrir en gastos extraordinarios y que para su pago hiciera contrato legal alguno con el muni-cipio ; alegó que el demandante entregó el camino a mediados de 1924, y liquidó las obras a principios de noviembre del mismo año, y después de pasar unos meses de la entrega reclamó el pago de un contrato adicional que nunca había sido radicado en la secretaría municipal, ni aprobado por el concejo de administración-municipal, y que era nulo, siendo el objeto de su reclamación obtener el pago de obras que nunca realizó, ni fueron reclamadas al entregar el camino; negó adeudar suma alguna al demandante; y mantuvo la excepción previa de falta de hechos, fundada en que no se especifican las obras adicionales, ni que fueran realizadas.

Fué oído el pleito por la corte, y presentada y practicada la prueba; y recayó sentencia declarando sin lugar la de-manda. Contra ella se ha interpuesto esta apelación por el demandante, quien en su alegato señala el siguiente error: •

“La corte erró al declarar sin lugar la demanda.”

La manera de señalar el error es demasiado general. Pero ello no ha de ser obstáculo para que estudiemos y decidamos los principales extremos de esta apelación.

Creemos y declaramos que la demanda en este caso no especifica extremos de toda importancia.

No se ha expresado en la demanda qué obras, alteraciones o cambios se hubieran de hacer por el demandante; por qué motivo tuvo que hacerlas, y si tuvieron el carácter de imprescindibles e inevitables;' si fueron previamente sometidas al comisionado de obras públicas, y aprobadas por él en la forma, que requieren la ley, los reglamentos, y el contrato.

No sé especifica y alega que esas obras de un valor superior a $500 fueran sometidas al trámite de una subasta; y en su caso, que se exentuaron de ese trámite y por qué razón.

¿Qué obras fueron ésas? ¿Qué alteraciones se impusieron al primitivo trazado? Sólo de una manera vaga aparece d© la prueba alguna indicación en cuanto a esos extremos. Un vecino por cuya finca babía de pasar el camino, se opuso a ello. Pero no se alega, ni se prueba qué gestión se hiciera para combatir esa oposición, ni en qué forma ella impusiera forzosamente un cambio cuyo costo alcanza a más de un 35 por ciento del presupuesto original. Esta cantidad es impor-tante ; lo sería, por pequeña que fuera, cualquier suma, cuando se trata de los bienes, del dinero, de una comunidad municipal. Los intereses de esas comunidades, son los del pueblo, los de los contribuyentes; y su empleo o inversión requieren un gran cuidado que se traduce en las exigenciales legales.

De cuáles fueran las obras, planos para su ejecución, etc., no aparece satisfactoria justificación. Es más: aparece claramente de la prueba practicada que la administración municipal de Arecibo no tuvo previo conocimiento de las alteraciones que se alegan hechas por el demandante. En la carta que al Comisionado de Obras Públicas de Arecibo dirige en fecha 5 de febrero de 1924 el aquí demandante y apelante (páginas 8 y 9, transcripción de la evidencia) se' lee lo que sigue:.

“Arecibo, P. R>. — Febrero 5 de 1924. — Comisionado de Obras Pú-blicas Municipal. — Ciudad.—Señor: Refiriéndome a la conversación-sostenida por Y. H. con respecto al aumento de obras ya ejecutadas en el tercer trozo Domingtjito-EspeRAnza y que oportunamente re-clamé por exceder del veinte por ciento de las cantidades unitarias-que figuran en el contrato, me permito someterle los precios unita-rios siguientes: 28 Metros Cúbicos de manipostería en seco a $6.00 ... $168.00; 521 Metros Cúbicos de piedra triturada cilindrada-, y recebada a $2.20 . . . $1,146.20; 3,450 Metros Cúbicos de excava-ciones en roca a $0.75 . . . $2,387.50; (total) $3,901.70. — Teniendoen cuenta las razones anteriormente expuestas de que estas obras exce-den al veinte por ciento y que deben ser tratadas de acuerdo como-lo estatuye el artículo 30 de las condiciones generales de obras pú-blicas unitarias, y que forman parte de este contrato así como tam-bién el artículo 26 de la instrucción a los licitadores, me permito-oportunamente se tome pronta acción en este asunto para que me sea satisfecho el importe de dicho trabajo. — Atentamente (firmado)-Manuel Vázquez, Contratista.”

El mismo interesado se refiere a obras ya ejecutadas, no por hacer-; y después de declarar ya ejecutadas las obras, somete los precios unitarios. No ha habido, en el caso de que tales obras se den por probadas, un previo acuerdo en cuanto a los precios, ni con el comisionado, ni con la asamblea, ni con representación alguna del municipio. Y, esta carta a que nos referimos, aparece, según la prueba, enviada a la asamblea municipal largo tiempo después del 5 de febrero de 1924.

En el apartado 27 de las instrucciones para los Imita-dores en aquella subasta (página 87 de la transcripción) se lee:

“27. — Teabajo NO Previsto en el Contrato. — No se admitirá reclamación alguna por trabajos no previstos en el contrato a menos que dichos trabajos hayan sido previamente ordenados por el Comi-sionado MuniCipal de obras públicas con la aprobación del Concejo de Administración, y se haya llegado a un acuerdo entre el Comisio-nado Municipal de Obras Públicas y el contratista acerca de los pre-cios que han de regir en el pago de dichos trabajos adicionales y dichos precios hayan sido aprobados en debida forma.”

No encontramos en la prueba nada que nos lleve a declarar como un hecho que el comisionado de obras públicas ordenara previamente otros trabajos (¿cuáles? nos preguntamos) con la aprobación del concejo de administración de la ciudad, ni de que antes de empezar la obra, cualquiera que fuere, se llegara a un acuerdo entre el comisionado y el contratista acerca de los precios que habían de regir; antes por el contrario, esos precios, cuando se dan, se refieren a trabajos ya ejecutados.

No estamos conformes con la contención del apelado de que las obras originalmente fueron adjudicadas por contrato directo. Hubo una subasta, a la que concurrió el apelante; se negó la adjudicación; y luego, se reconsideró la negativa, y se dió al alcalde, entonces comisionado de servicio público, policía y prisiones, autoridad para formalizar el contrato con Manuel Vázquez, como licitador concurrente a la subasta. Irregular quizá la decisión del concejo de administración; pero de todas formas, la base de la resolución fué la subasta, y el carácter con que concurría y contrataba Vázquez el de licitador en aquélla.

Negamos que el comisionado o alcalde tuviera autoridad alguna por sí, para convenir en el contrato adicional que se alega existió. Ni la Ley Municipal se la da, ni se la podía dar cuerpo municipal alguno, ni lo permitían las condiciones del contrato principal que rigen también para llegar al adicional, y que se citan en éste. La aprobación del Comisionado del Interior, no tiene eficacia alguna, ya que no bay funcionario del Poder Ejecutivo que pueda convalidar lo que es por sí ilegal y nulo. T si ese contrato era directo, y no aparecía en las condiciones de ley, el Comisionado del Interior no lo bizo válido por virtud de su firma. De la certificación expedida por el Secretario Municipal de Arecibo, aparece lo que sigue: •

“CERTIFICO: — Que según consta en el expediente incoado con motivo de las obras de constrncción del camino municipal de Domin-guito a Esperanza (tercer trozo), el contrato adicional que a conti-nuación se transcribe fué radicado en la Secretaría Municipal de Arecibo el día 23 de .diciembre de 1927. — El contrato adicional dice: Contrato adicional al contrato celebrado con don Manuel Vázquez, para las obras de construcción del camino de ‘Dominguito a Esperanza’ (tercer trozo) — Este contrato celebrado boy 8 de febrero de 1924, entre Rafael fían Millán, Comisionado de Servicio Público, Po-licía y Prisiones de la ciudad de Arecibo,-como primera parte; y Manuel Vázquez, rematista de las obras del camino Dominguito a Esperanza (tercer trozo), como segunda parte, Hace SabeR: — Que de acuerdo con el precio convenido con el Comisionado de Obras Pú-blicas y la ordenanza de 7 de febrero de 1924 aprobada por el Con-cejo de Administración, la cual se adiciona a este contrato, la se-gunda parte contratante suministrará y acopiará los materiales y proveerá la mano de obra necesaria para el siguiente trabajo, no previsto en el contrato principal:
28 metros cúbicos de mampostería en seco a $6.00— $168. 00
521 metros cúbicos de piedra triturada, cilindrada y recebada a $2.20_ 1,146. 20
3,450 metros cúbicos de excavaciones en roca a $0.75_ 2, 587. 50
$3, 901. 70
“Que todas las cláusulas especificadas en el contrato primitivo arriba mencionado son aceptadas por ambas partes y aplicables a este contrato; y que este contrato adicional queda sujeto a la apro-bación del Hon. Comisionado del Interior. — En testimonio de todo lo cual las partes contratantes firman de su puño y letra, al pie y separadamente en la -fecha arriba indicada, a los efectos legales. (Firmado) Raf. San Millán, Comisionado de Servicio Público, Po-licía Prisiones. — (Firmado) Manuel Vázquez, Contratista. — (Fir-mado) Restituto Blanco, Testigo. — (Firmado) Alberto Rivera, Tes-tigo. — (Aprobado) (Firmado) Guillermo Esteves. — Comisionado del Interior.”

Ese contrato que fué enviado a la Secretaría Municipal de Arecibo el 23 de diciembre de 1927 (así lo dice la certificación) no fué previamente aprobado por el concejo, y si lo hubiera sido, sería tan nulo como lo es ahora, porque la Ley Municipal había sido violada. El artículo 10’ de esta Ley Municipal prescribe que toda obra pública cuyo valor exceda de quinientos dollars se haga mediante subásta, en los munici-pios de primera clase, como lo es el de Arecibo.

Esta última consideración nos lleva a declarar que si se interpretara que el municipio de Arecibo quiso ratificar ese contrato, tal ratificación estaría fuera de sus facultades legales y hubiera así el municipio ido más allá de lo que la ley le permitía, siendo ese acto ultra vires.

El apelado cita varios casos importantísimos, entre ellos la decisión en Reams v. Cooley, 171 Cal. Rep. 150. La cita es muy larga para ser reproducida; y baste con declarar que la doctrina jurídica es perfectamente aplicable a este caso ante nosotros.

La declaración de que una subsecuente ratificación no puede convertir en válido un acto ilegal realizado en exceso de las facultades de una corporación municipal citada por el tratadista Dillon en su obra “Municipal Corporations,” es de derecho universal.

Cita el apelado los casos Porras v. Concejo de Administración, 37 D.P.R. 741, y Rivera Collazo v. Municipio de San Juan, 37 D.P.R. 486; y del primero un párrafo que nos sirve de norma y guía en el caso presente, en el que lee así:

“Adjudicado un contrato de suministro de tubos para un acueducto que proveía el depósito de éstos en determinado sitio, un contrato o convenio adicional para la transportación de dichos tubos a los si-tios del sistema de acueducto en que fueren necesarios, cayendo es-trictamente dentro del estatuto que exige una subasta, la no cele-bración de ésta hace nulo dicho convenio adicional.”

No incurrió la corte en el error que se señala.

Dele confirmarse, la sentencia apellada.


author: Eb Juez Pbesidente Señob del Toe-o,

text:
    Sucesión Cortijo y Andino, demandante y apelante, v. Tomás Cruz, conocido por Tomás Cortijo y Cruz, demandado y apelado.
    No. 5165.

    Sometido: Diciembre 20, 1929.

    Resuelto: Enero 31, 1930.

      Bubón & Ochoieco, abogados de la apelante; García Méndez & Gar-cía Méndez, abogados del apelado.
   Eb Juez Pbesidente Señob del Toe-o,

emitió la opinión del tribunal.

■Solicítase la desestimación de la apelación establecida en este caso porque se interpuso fuera de término y porque se está tramitando de una manera negligente.

La sentencia apelada se dictó el 15 y se notificó el 17 de abril de 1929. El escrito de apelación aparece radicado el 17 de mayo siguiente o sea en tiempo, pero la parte apelada sostiene que lo fué el 18 de mayo o sea después de vencido el término de un mes que para apelar concede el estatuto.

Para probar su afirmación, presenta la apelada una decla-ración jurada de José Otero, archivero de la corte, que tiende a demostrar que la corte cerró sus oficinas el 17 sin que se hubiera presentado el escrito; el documento creditivo de la compra del sello de rentas internas al escrito y necesario para su validez, verificada el 18 de mayo, y la declaración jurada del empleado que vendió el sello concordante con lo que aparece del documento.

La parte apelante se opuso a la moción. En cuanto al primer motivo alegó que no existe porque el escrito por su faz revela que la apelación se interpuso el 17 y no el 18 de mayo. Presentó además la declaración jurada de Josefina Naranjo, empleada de la Corte de Distrito, que tiene a su cargo la radicación de documentos, que asegura que el 17 de mayo a las 4:15 P. M. le fué entregado el escrito con su sello de rentas internas que adhirió y canceló; la declaración, jurada de José Molina que asegura que compró el sello de rentas en la colecturía de San Juan en la tarde del 17 de mayo y lo entregó esa misma tarde con el escrito en la Secretaría de la Corte, y varias certificaciones que tienden a demostrar que a fin de preparar con tiempo el cierre de las operaciones practicadas en el día, los sellos que se compran tarde en la colecturía se hacen figurar como comprados el día siguiente y que pudo ocurrir tal cosa con el sello adherido al escrito en este caso.

A virtud de lo expuesto se concluye que la preponderancia de la prueba sostiene lo que por su faz revela el escrito de apelación, a saber, que fué presentado el 17 de mayo y, por tanto, que la apelación se interpuso dentro del término de ley.

Examinado el otro motivo de desestimación, aunque en verdad parece algo imposible lo ocurrido antes de dictarse sentencia en que a virtud de prórrogas y más prórrogas para presentar el alegato que se prometió al juez, se dilató el pronunciamiento de la sentencia desde el 27 de enero de 1928 en que terminó la celebración del juicio basta el 15 de abril de 1929 en que se dictó la sentencia, y es algo que revela una dilación exagerada el que no se baya terminado aún la trans-cripción de la evidencia a los efectos de la apelación, como lo primero fue consentido por el juez que debía dictar la sentencia y lo segundo viene ocurriendo dentro de término prorrogado por la corte, no babiéndose demostrado mala fe por parte de la sucesión apelante o abuso de discreción por parte de la corte de distrito al prorrogar el término, no estamos en condiciones para adoptar tal medida.

A virtud de toda lo expuesto, la moción de desestimación debe ser' declarada sin lugar.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Enrique Espinosa, demandante y apelado, v. Porto Rico Telephone Company, demandada y apelante.
    No. 5095.

    Sometido: Noviembre 25, 1929.

      Resuelto: Enero 31, 1930.

      J. Sifre, Jr. y Diego O. Marrero, abogados de la apelante; V. Géigel, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del > tribunal.

Este caso se originó en la Corte Municipal de San Juan en reclamación de salarios descontados del sueldo del de-mandante por la demandada para el sostenimiento de una sociedad llamada “Fondo Benéfico y de Retiro.”

Dice el demandante en la alegación séptima de su demanda:

“Que, según su mejor información y creencia, la demandada ba descontado de la compensación o sueldo del demandante, desde el 1 de marzo de 1918, basta el 31 de diciembre de 1926, una suma aproximada de $400.00, para el referido fondo.”

T pide en la suplica:

“. . . suplica que, en su día, declare con lugar esta demanda y condene a la demandada a reembolsar al demandante la suma de $400.00 o la cantidad exacta que le hubiere descontado de su sueldo

La demandada contestó:

“En cuanto al becbo séptimo de la demanda, niega la deman-dada que al demandante le fuera descontada la suma de $400.00 para el referido Fondo Benéfico, y alega expresamente que la suma total a que ascienden los indicados descuentos es únicamente $265.00.”

Bajo esas alegaciones fué el pleito a juicio y la corte municipal lo falló en contra del demandante. Apeló éste para ante la corte del distrito y visto el caso de nuevo la corte dictó sentencia condenando a la demandada a pagarle $265. No conforme entonces la demandada apeló para ante este tribunal.

Así las cosas la parte apelada solicitó la desestimación del recurso por no estar autorizado por la ley. Ambas partes fueron oídas ampliamente sobre el particular.

La ley vigente en Puerto Bico es el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como quedó enmendado en 19051 y que, en lo pertinente, expresa:

“Artículo 295. — Podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones de las cortes de distrito en los casos siguientes:
1 {^
“29 — De una sentencia de una corte de distrito dictada en ape-lación interpuesta contra resolución de una corte inferior,- dentro de los 15 días después de registrada dicba sentencia, si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin comprender frutos e intereses excediera de $300.00.”

Y esta Corte Suprema interpretando el estatuto en el caso de Nadal v. American Railroad Co. of P. R., 19 D.P.R. 1080, 1082, por medio de su Juez Presidente Sr. Hernández, dijo:

“Examinado el texto de nuestro estatuto que dejamos transcrito, no cabe establecer como regla general y absoluta que para fijar la jurisdicción de esta corte en casos originados en las cortes muni-cipales debe atenderse siempre al valor de la reclamación, pues ha-brá casos en que deba atenderse a la cuantía de la sentencia. Las palabras de la ley deben interpretarse siempre con efecto, y si ad-mitiéramos que para determinar la viabilidad del recurso sólo de-bía atenderse a la cuantía de la reclamación, holgarían las palabras de la ley relativas a la cuantía de la sentencia.
“Para que podamos dar efecto a las palabras del estatuto debe-mos interpretarlo en el sentido de que al determinar la jurisdicción de esta Corte Suprema en casos de apelación contra sentencias de las cortes de distrito en casos procedentes de las cortes municipales, debe atenderse a la cuantía de la demanda o de la reclamación siem-pre que esa cuantía sea la materia a discutir en el recurso y a la cuantía de la sentencia cuando' la de ésta y no la de la demanda sea la materia del recurso.
“Con arreglo a la anterior doctrina, si Salvador Nadal hubiera interpuesto recurso de apelación contra la sentencia que pronunció la Corte de Distrito de Mayagüez, para que se le reconociera la in-demnización de $400 que había solicitado en la demanda, la juris-dicción de esta Corte Suprema se determinaría por la cuantía de la misma demanda, pero como él no interpuso recurso de apelación sino que fué interpuesto por la demandada The American Railroad Company of Porto Rico, para que se le relevara de la indemniza-ción de $280 a que estaba condenada por sentencia, procede deter-minar la jurisdicción de esta corte por la cuantía de la sentencia, cuya cuantía y no la de la demanda es la materia a discutir en el recurso. Tan es así que no habiéndose interpuesto por Salvador Nadal recurso de apelación, esta corte no podría acordarle indem-nización superior a la de $280 que se le reconoce por la sentencia apelada-. ’ ’

Este caso es aún más fuerte que el de Nadal, supra, porque aquí no sólo la sentencia es inferior a $300 y es la demandada la que apela, si que dada la forma en que el de-mandante planteó el debate y éste fué aceptado por la deman-dada y quedó luego fijado por la prueba sancionada en la sentencia, la verdadera cuantía envuelta en el litigio fué siempre inferior a trescientos dólares.

For virtud de lo expuesto es claro que esta corte no tiene jurisdicción para conocer de esta apelación en su fondo. La moción de la parte apelada debe declararse con lugar y en su consecuencia desestimarse -el recurso.