text:
    Luisa Ana María, Arturo Leopoldo, Marina Petra Luz y José Eulogio Vázquez por sí y como tutor este último de sus menores hermanos Jaime José, Luz y Estela Catalina Vázquez, demandantes y apelantes, v. Cipriano Santos Lanchas, demandado y apelado.
    No. 3490.

    Visto: Mayo 18, 1925.

      Resuelto: Agosto 1, 1925.
    Hipotecas — Ejecución be Hipotecas — Sentencia y su Ejecución — Nulidad de Ejecución — Reclamación que Excede la Hipoteca. — No procede anular una ejecución y venta efectuadas de acuerdo eon el procedimiento de la Ley Hipotecaria, aún cuando la redamación de la demandante exceda a la hipo-teca, si el requerimiento de la corte sigue no a la demanda sino a la escri-tura de hipoteca, la orden entregada al márshal y notificada está redactada sustaneiallmente en los mismos términos y aparece que, no obstante haberse vendido 3a propiedad por una cantidad mayor, la propiedad adjudicada fué vendida para cobrar una suma que no excedía la reclamación hipotecaria.
    SenteNcia de Charles JS. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), de-clarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Juan B. Soto y Sebastián García, abogados de los apelantes; José Martines Dávila, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tri-* bnnal.

La corte inferior se negó a anular una ejecución y venta efectuadas de acuerdo con el procedimiento ejecutivo suma-rio de la Ley Hipotecaria. La apelante trata de demostrar que los demandantes en ella solicitaron y obtuvieron una sentencia por una cantidad mayor a la permitida por la es-critura de hipoteca.

La escritura de hipoteca, después de hacer mención de la deuda principal, concedía hasta la suma de $1,150 para inte-reses, costas y desembolsos. En la súplica de la demanda en el procedimiento hipotecario se reclamaba la cantidad de $8,400, $315 por intereses hasta octubre 31 último, y las cos-tas, desembolsos y honorarios de abogado hasta la suma de $1,150. La apelante sostiene que el demandante estaba so-licitando la cantidad de $1,150 y $315 que harían que la re-clamación excediera de la deuda hipotecaria reclamada. La corte inferior opinó de otro modo.

Fijándonos hacia atrás, la suma por la cnal la propiedad fué vendida era $9,710. Detallada esta cantidad era $8,400 de principal, $1,150 de intereses, costas y desembolsos, y $160 para honorarios de peritos. Estos últimos $160 fueron para honorarios de peritos en un juicio anterior que ambas partes estipularon debía hacerse y no es cuestión de discu-sión en esta apelación. Aparece suficientemente, por tanto, que la propiedad adjudicada al acreedor hipotecario fué ven-dida para cobrar la suma de $8,400 de principal y $1,150 para otras partidas, todo lo cual no excedía de la reclama-ción hipotecaria. Hubo procedimientos intermediarios y de-moras para aumentar el total de los intereses y costas.

Aún cuando la reclamación de la demandante excedía a la hipoteca, el requerimiento de la corte no siguió a, la de-manda, pero sí a la escritura de hipoteca. La orden de no-viembre 11, 1916, después de la radicación de la demanda, era por $8,400 con intereses al 9 por ciento además de las costas, etc., hasta la suma de $1,150, repitiéndose práctica-mente el lenguaje de la escritura de hipoteca. La orden en-tregada al márshal y notificada estaba redactada substan-cialmente en los mismos términos.

Volviendo a la demanda, resulta, pues, que es solamente un poco ambigua. En la fecha de su radicación sólo se de-bían por intereses $315, de manera que la demandante re-clamaba esa suma específicamente y entonces se pedía la cantidad total permisible de $1,150. La demanda, sin embargo, es susceptible de leerse en el sentido de que en ella se reclama la suma de $315 y algo más que se debe al deman-dante hasta la cantidad total de $1,150, y así parece que fué entendido por la corte, el márshal y el postor en la su-basta.

. Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe. Wolf,

license: Public Domain

text:
    Liboria Esteban Zamorano y Cesario García Nieto, éste en representación y como padre con patria potestad sobre sus menores hijos Felipe, Julián, Laureana, Angela y María-Agustina García y Esteban, demandantes y apelados, v. Manuel Talavera, demandado y apelante.
    No. 3370.

    Vista: Febrero 13, 1925.

      Resuelto: Agosto 1, 1925.
    1. Arrendador y Arrendatario — Arrendamientos y Adelantos — Acciones — Demanda Suficiente. — En una demanda en cobro de arrendamientos de una casa en que la descripción de la propiedad demuestre que El Pueblo es el dueño del solar, no es necesario alegar que los demandantes tuvieran derecho a ocuparlo, a arrendar y a cobrar alquileres por la casa; la existencia de una alegación suficiente de que el demandado alquiló a los demandantes, que eran los dueños de la casa, es todo lo necesario.
    2. Arrendador y Arrendatario — Título del Arrendador y “Reversion” — ■ Estoppel del Arrendatario — Negación del Título del Arrendador. — Una persona que tiene la posesión o pertenencia (ownership) de cierto solai', puede arrendarlo a otra y cobrar el alquiler, y el inquilino, por lo general, no puede negar1 el título de su arrendador.
    3. Arrendador y Arrendatario — Arrendamientos y Adelantos — Acciones — Defensas — Presunción de Pago de Arrendamiento no Reclamado. — Re-clamándose un arrendamiento por trece meses anteriores a determinado mes, pero sin incluir tall mes, se pretendió que de tal hecho se dedujera el pago correspondiente al mes omitido y se invocó la presunción de pago de los meses reclamados debido al pago de dieho mes omitido. Be resolvió: que la presunción del párrafo 10 del artículo 102 de la Ley de Evidencia pre-supone un recibo, que no existe en el caso de autos, y que el hecho de no reclamar como debido un determinado mes no levanta presunción de clase alguna.
    4. Acciones — Acumulación—-División (Splitting), Consolidación y Separación —Renuncia de Parte de una Reclamación. — Una persona puede renunciar parte de su reclamación.
    5. Arrendador y Arrendatario — Título del Arrendador y 1 ‘ Reversion ’ ’ — Estoppel del Arrendatario — Negación del Título del Arrendador. — En esta acción — en cobro de arrendamientos de una casa enclavada en terrenos de El Pueblo de Puerto Rico — el arrendatario negó el título del arrendador fundándose en la Ley No. 53 de 1921 (p. 387). Se resolvió: que el arren-dador entró en posesión del terreno antes de la aprobación de dicha ley, y que impedido ol arrendatario de negar el título de aquél, su impedimento llevaría consigo, de ser necesario, la presunción de que se ocupaba el terreno con permiso de El Pueblo, especialmente cuando la prueba tiende a demos-trar que el arrendador estaba pagando contribuciones.
    6. Arrendador y Arrendatario — Arrendamientos y Adelantos — Acciones — Evidencia — Admisibilidad—Evidencia Tendente a Negar el Título del Arrendador. — En una acción para el eobro de arrendamientos de una casa, aún cuando el arrendatario niegue que baya celebrado contrato alguno de arrendamiento con el arrendador, no puede dieho arrendatario presentar prueba tendente a, negar el título del demandante a la casa en cuestión.

      SENTENCIA de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), de-clarando con lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      L. E. Bubón j 0. M. Wood, abogados del apelante; Adrián Agosto, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Habiéndose establecido una acción contra el demandado para el cobro de arrendamientos de cierta casa, alega éste haberse cometido error en la sentencia dictada a favor de la demandante porque la demanda no expresaba una causa de acción. La descripción de la propiedad demuestra que el Pueblo de Puerto Rico es el dueño del solar. Sin embargo, una persona que tiene la posesión, o pertenencia (■ownership) de cierto solar, puede arrendarlo a otra y cobrar el alquiler. Estamos muy familiarizados con la costumbre en Puerto Rico de ser dueños de casas en suelo ajeno. Si la falta de un título superior era suficiente para anular una reclamación por alquileres, los usufructuarios no podrían recobrar, ni los inquilinos tampoco de sus subarrendatarios. Existía una alegación suficiente en la demanda de que el demandado alquiló a los demandantes, que eran los dueños de la casa, y esto era todo lo necesario. Un inquilino por lo general no puede negar el título de su arrendador y este caso no presenta ninguna excepción.

El otro fundamento de excepción de que no existe causa de acción, es sorprendente en sumo grado. El demandante alega que el demandado estaba en posesión de la casa en octubre, 1922. Los demandantes probablemente por error reclamaban un arrendamiento de trece meses anteriores al mes de septiembre de 1922 pero no incluían ese mes. Debido a esta omisión el apelante quiere que deduzcamos el pago del arrendamiento correspondiente a dicho mes de septiembre y por tanto invoca la presunción de que los arrendamientos anteriores fueron satisfechos debido al pago que se hizo del último plazo. La presunción del párrafo 10 del artículo 102 de la Ley de Evidencia supone previamente un recibo que no existe en este caso. Para precisar, sin embargo, como los hechos de nna demanda cuando se atacan son admitidos, la presunción de pago, sería rebatida por la clara manifestación dé que los arrendamientos correspon-dientes a los meses anteriores se debían y estaban sin pagar. El hecho de no reclamar como debido un determinado mes no levanta presunción de ninguna clase.

En cuanto a la idea de que un demandante no puede dividir sus reclamaciones, se contesta diciendo que una persona puede renunciar una parte de su reclamación. Además, non constat que el demandado haya pagado el mes de septiembre y que los demandantes estuvieran litigando por la renta atrasada.

En todo este señalamiento de error y en algunos de los otros señalamientos el apelante insiste en que la posesión de los demandantes es ilegal. No sólo se supone que esta ilegalidad surge de la falta de título de los demandantes, sino también que tal posesión es ilegal porque hay una ley de la Legislatura que prohibe a cualquier persona entrar en posesión del terreno del Pueblo de Puerto Rico sin permiso. A esta contención se contesta suficientemente con decir que los demandantes ocuparon el terreno antes de que la ley fuera aprobada. El demandado estaría impedido de poder negar el título de su arrendador, y su impedimento llevaría consigo, de ser necesario, la presunción de que los demandantes estaban ocupando con permiso del Pueblo de Puerto Rico. La prueba tendió a acreditar que los demandantes estaban pagando contribuciones al Pueblo de Puerto Rico. Los demandantes una vez trataron de establecer una reclamación no sólo en cuanto a la casa sino también respecto al solar en el cual la casa estaba edificada. Aunque la reclamación del terreno quedó definitivamente resuelta por nuestra opinión en el caso de El Pueblo v. Zamorano, 28 D.P.R. 722, el arrendatario no es la debida persona para atacar la reclamación de los demandantes.

El segundo señalamiento de error se refiere a la suficien-cía de la prueba para demostrar que existía el arrenda-miento con el demandado. Hubo prueba suficiente para de-mostrar tal arrendamiento.

El tercer señalamiento de error bace referencia a la negativa de la corte inferior a aceptar cierta evidencia presentada tendente a impugnar el título a la casa. En cierta ocasión durante el juicio el demandado sostuvo que tenía derecho a atacar el título de los demandantes toda vez que él negó que hubiera celebrado un contrato con dichos demandantes. La corte muy acertadamente contestó que si no hubo ningún contrato de arrendamiento el demandado en manera alguna era responsable pero que él no podía negar el título.

El cuarto señalamiento de error ha sido tratado sufi-cientemente en nuestra discusión general y no es necesario que se le mencione especialmente.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob Wolf,

text:
    Félix R. Cancela, conocido por Félix Reina, demandante y apelante, v. Cipriana Pellot, como heredera de Epifania Duprey, conocida por Epifania Reina, demandada y apelada.
    No. 3558.

    Visto: Abril 3, 1925.

      Resuelto: Agosto 1, 1925.
    1. Sentencia. — Sentencia en Rebeldía — Apertura de Rebeldía — Excusas para Obtenerla — Negocios y Compromisos Profesionales Fuera del Domi-'Cilio del Oliente.. — Los negocios o compromisos profesionales de un abogado fuera del domicilio del cliente no son excusas para dejar de atender los asuntos de un cliente.
    2. Abogado y Oliente — Deberes y Responsabilidades del Abogado para con el Cliente — -Errores u Omisiones del Abogado. — Los errores u omisiones del abogado son imputables al cliente.
    3. Apelación y Error — Revisión—Discreción de la Oorte Inferior — Apertura de Rebeldía. — El abrir una rebeldía por virtud de las excusas frívolas del abogado del demandado constituye abuso de discreción.
    SENTENCIA de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), abriendo rebeldía.

      Re-vocada.

      García Méndez & García Méndez, abogados del apelante; B. Padró Pavés, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito fné comenzado en junio 13 de 1923. La corte denegó una de las mociones preliminares de la demandada pero concedió otra para mayor especificación o un pliego de particulares. En noviembre 7 de 1923 fué radicada una de-manda enmendada. El día 4 de diciembre de 1923 el de-mandante obtuvo sentencia en rebeldía. Se verá que fué necesaria una sentencia en rebeldía para que el abogado de la demandada actuara, y es evidente que él tuvo tiempo para actuar en aquella ocasión. El compareció y radicó una mo-ción en diciembre 27 de 1923 para que se anulara la senten-cia. La corte en enero 24 de 1924 abrió la rebeldía. La demandada entonces, en febrero 20 de 1924, presentó otra moción para un pliego de particulares. El demandante, cre-yendo que la demandada no estaba realmente defendiéndose, solicitó de la corte una sentencia en rebeldía. El caso fué discutido ampliamente por ambos abogados y en una reso-lución razonada dictada en agosto 2 de 1924 fué registrada una segunda sentencia en rebeldía. Como aparece después, la verdadera razón para la anotación de la sentencia en re-beldía por la corte fué que el demandante ya babía enmen-dado suficientemente su demanda en contestación a la pri-mera moción para un pliego de particulares. La demandada en agosto 27 de 1924 solicitó de nuevo la apertura de la re-beldía. Con la moción de apertura de rebeldía la deman-dada archivó un affidavit de méritos, una excepción previa y una contestación. La corte se negó a abrir la rebeldía evidentemente creyendo que la demandada debió haber con-testado en vez de reproducir su moción para un pliego de particulares. La corte fué de opinión de que su discreción debía ejercitarse en contra de la demandada. Dicha orden era de fecha septiembre 23 de 1924. Contra la sentencia en rebeldía la demandada no interpuso apelación, pero apeló de la resolución de septiembre 23 de 1924. La apelación fué desestimada en noviembre 18 de 1924. En 26 de noviembre de 1924 el demandante estableció procedimientos en ejecu-ción de sentencia.

Entonces la demandada en diciembre 16 de. 1924 presentó otra moción de apertura de rebeldía. Esta moción fue con-cedida por la corte y es contra la resolución de enero 13 de 1925, abriendo la rebeldía, que el demandante apeló. Esta resolución es como sigue:

“La demandada en el presente caso ba presentado una moción que está debidamente jurada, acompañada de affidavits de méritos, interesando de la corte deje sin efecto la sentencia en rebeldía re-gistrada en este pleito, abriéndose la rebeldía que ba sido anotada y ordenando que se radique el escrito de. contestación enmendado pre-sentado por la demandada.
“De dieba naoción fué notificada la parte contraria y habiendo sido discutida en corto abierta con la asistencia de ambas partes li-tigantes, la corte- declaró el caso concluso para la resolución que fuera procedente, reservándose dictarla en una de sus próximas se-siones.
“Se trata en este caso del cobro de cierta cantidad de dinero. Alega el demandante que el día 28 de diciembre de 1910 satisfizo a la sociedad industrial denominada Yelardo y Gómez, la suma de $84.41 y en distintas ocasiones que no recuerda, pero en el mismo año 1910, satisfizo a dieba sociedad otras cantidades que en junto hacen un total de $305.31, suma que la causante doña Epifania Du-prey, conocida por doña Epifania Reina, adeudaba a la citada so-ciedad industrial por concepto de reparaciones hechas en la casa re-sidencia de dicha causante, cuyo importe total se comprometió ésta a pagar al demandante, con intereses al tipo del doce por ciento anual, a más tardar el día 31 de diciembre de 1913.
“En la contestación enmendada presentada por la demandada se hace una negación general y específica de los hechos tercero y cuarto de la demanda; alegándose como defensas especiales, esencialmente, que el demandante era el encargado de gestiones de cobro de dinero de la causante Epifania Duprey, conocida por Epifania Reina; que dicha causante nunca tomó a préstamo a Félix R. Cancela cantidad alguna de dinero ni ordenó a éste que pagara por ella a ninguna otra persona.
“Es mejor práctica permitir a las partes que se defiendan y resolver las cuestiones oyéndolas, que no la de sostener sentencias en rebeldía, cuando aparece que el descuido en cumplir la Ley de Pro-cedimientos ba sido excusable, como en este caso y no debido al de-seo de entorpecer y demorar la cuestión litigiosa. Rubio vs.. Mayagüez Auto Garage, Inc., 20 D.P.R. 244.
“La corte entiende que debe darse una oportunidad a la deman-dada para que se defienda, pues tanto del escrito de demanda como de la contestación aparece que tiene una buena causa de defensa.
“Bn el affidavit de méritos suscrito por el abogado de- la deman-dada, que se acompaña a la expresada moción, se bace constar que al presentar dicbo abogado el bill de particulares en este caso, pe-saba sobre él un fuerte trabajo profesional que lo tenía permanen-temente fuera del lugar dé su domicilio; que tuvo la impresión, al presentar el referido bill de particulares, que babía acompañado con-juntamente una moción solicitando de la corte dejara en suspenso el término para introducir las alegaciones de la demandada basta tanto se resolviera el bill de referencia; y que una participación en las cuestiones políticas le bizo creer que las relaciones cordiales existentes entre los abogados de las partes no daría lugar a una so-licitud de anotación de rebeldía y sentencia, por lo que no trató este caso con el celo y diligencia que ba tratado siempre todos los pleitos que lleva con otros compañeros.
“Si bien es cierto que el abogado ele la demandada ba sido ne-gligente, la corté entiende que tal negligencia es excusable por cuanto no ba sido el deseo de la demandada demorar la cuestión en litigio.
“PoR tanto, la corte, haciendo uso de las facultades discreciona-les que le concede el art. 140 del Cód. de Enj. Civil, en bien de la justicia, resuelve dejar sin efecto ni valor alguno la sentencia en re-beldía registrada en este caso por el secretario, abriendo la rebeldía que ba sido anotada y dando por presentada la contestación enmen-dada radicada por la parte demandada; debiendo continuar los pro-cedimientos de acuerdo con la ley.
“Aguadilla, P. R., a 13 de enero de 1925. (fdo.) Tomás Bryan, Juez Corte Distrito. Certifico: A. Méndez Liciaga, Secretario. ’ ’

A pesar de la condición de la ley y del hecho de que el abogado de la demandada sabía que el demandante ya había obtenido una sentencia en rebeldía, él expresa que confiaba en que el demandante no lo haría así. En otras palabras, mientras el abogado de la demandada, se ocupaba en otras obligaciones fuera de su domicilio y presentó una moción para un pliego de particulares, lo que evidentemente era una mera excusa, el abogado del demandante, movido por un espíritu de compañerismo, estaba obligado a esperar y lo mismo su cliente. Estamos satisfechos de que en cual-quier momento desde la apertura de la sentencia en rebeldía en enero 24 de 1924 basta que se dictó la segunda sentencia en rebeldía en agosto 2, 1924, la demandada pudo haber ob-tenido permiso para contestar, especialmente si tal contesta-ción hubiera sido ofrecida. La demanda no era bajo jura-mento. La contestación verdadera, aunque tiene defensas especiales, en su esencia es una mera negativa.

Frecuentemente hemos resuelto que los negocios o com-promisos profesionales fuera del domicilio del cliente no son excusas para dejar de atender a los negocios de un cliente. Si las alegadas ocupaciones profesionales permiten a un abo-gado hacer tentativas de alegaciones en vez de realmente contestar, entonces los abogados muy ocupados pueden de-morar los casos indefinidamente. Nos vemos obligados a du-dar si el abogado estuvo demasiado ocupado por unos seis meses para poder prestar la debida atención a este caso, es-pecialmente habiendo sido bastante activo el abogado de la demandada en cualquier dificultad en que se encontró.

La jurisprudencia es clara de que los errores u omisiones del abogado son imputables al cliente. Véase la nota al caso de Citizens’ National Bank of Sisseton, 27 L.R.A. (N.S.) 858. Por supuesto que generalmente las cortes no intervendrán para revisar un acto de discreción al abrir una rebeldía. Las cortes de apelación están un poco más dispuestas a abrir una rebeldía en apelación, que a revocar la actuación cuando la misma corte inferior ha abierto la rebeldía. Sin embargo, en todos los casos reportados que hemos revisado en los cuales la rebeldía fue abierta, ya en la corte inferior, o en la corte de apelación, la actuación del abogado o su cliente era mucho más excusable. El caso es uno extraordinario y fuera de todo precedente. La corte se había negado una vez a ejercitar su discreción. Contra esa resolución hubo una apelación sin éxito. El abrir la rebeldía por virtud de las excusas frívolas del abogado de la demandada era nn abuso de discreción. No bubo ninguna verdadera excusa para el abogado no bacer alegaciones antes, como todas y cada una de las actuaciones del abogado mostraron. Un demandante tiene ciertos derechos y no de-ben hacerse dependér del capricho y voluntad arbitraria del abogado de un demandado. Dudamos si algún caso repor-tado puede encontrarse en el cual el abogado de un deman-dado podía esperar indulgencia bajo tales circunstancias. Idaho tiene un estatuto que permite a una corte abrir una rebeldía dentro de cierto término debido a la negligencia del abogado si él paga las costas y queda sujeto a una multa no mayor de $100, pero este estatuto es una de las excepcio-nes que indica cuál es la ley. Sentimos la situación de la demandada pero si ella tiene una defensa válida, probable-mente tiene una acción contra su abogado por su negligencia.

No estamos impresionados con las excusas del abogado en este caso. Creemos que son enteramente frívolas. Ellas son imputables al cliente y la resolución abriendo la rebeldía debe ser revocada.


author: El Juez PbesideNte Señor del Toro,

text:
    Cándida Guadalupe, demandante y apelante, v. Micaela González Cruz, demandada y apelada.
    No. 3543.

    Visto: Abril 29, 1925.

      Resuelto: Agosto 1, 1925.
    1. Hijos Naturales — Reconocimiento—Acción—Prescripción. — Atendida la prueba presentada en el caso de autos en relaeión eon la edad de la deman-dante, re resolvió que la corte erró al considerar la acción prescrita.
    2. Hijos Naturales — Reconocimiento — Acción.— Prueba Suficiente. — Una prueba que conecta al presunto padre con la bija, de modo continuo, desde di nacimiento de ésta basta la muerte de aquél es suficiente para establecer el nacimiento, reconocimiento y disfrute continuo del estado de hijo natural reconocida.
    Sentencia de M. Rodriguez Serva, J. (Segundo Distrito, San Juan), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Revocada, decla-rándose con lugar la demanda, sin costas.

      Campillo & Campillo, abogados de la apelante; Jacinto Texidor, abogado de la apelada.
   El Juez PbesideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Cándida Guadalupe inició este pleito el 10 de noviembre de 1921 contra Micaela González Cruz en solicitud de una sentencia que legalizara su “status” de- hija natural reco-nocida de Manuel Santa. Este falleció el 25 de noviembre de 1920 y su viuda, la demandada, fué declarada su única y universal heredera el 14 de enero de 1921. ' En la demanda se alega que Manuel Santa y Mariana Guadalupe sostuvie-ron relaciones amorosas por más de cinco años á partir del 1901, naciendo como resultado de ellas, en Eío Piedras, la demandante. Se exponen los hechos necesarios determinan-tes del reconocimiento de ésta por su padre y del disfrute continuo de la demandante del estado de hija natural reco-nocida de Santa.

Contestó la demandada y fué el pleito a juicio dictán-dose sentencia contraria a la demandante el 23 de febrero de 1924.

De la opinión emitida por el juez de distrito para fun-dar su sentencia, copiamos lo que sigue:

“En el acto del juicio se practicó prueba documental y testifical por ambas partes consistentes, por la demandante, en la resolución de esta corte, declarando a la demandada heredera abintestato de Manuel Santa sin perjuicio de tercero de mejor derecho; la certifi-cación del encargado del Registro Civil de Río Piedras, expresando, que examinados todos los libros de la sección de nacimientos de su eargo, no aparece en ellos la inscripción de Cándida Guadalupe, hija natural de Mariana Guadalupe; otra certificación expedida por el presbítero don Aurelio Marrero de la inscripción del bautismo de una niña nombrada Cándida que se dice nació el día 3 de enero de 1901, verificándose el bautismo al año siguiente, en mayo, y expre-sando que la niña bautizada es hija natural de Mariana Guadalupe. Por parte de la demandada se presentó una certificación expedida por el Comisionado de Beneficencia encargado del Registro Civil de Río Piedras del acta de ■ matrimonio de Cándida Guadalupe con Modesto Vidal, que tuvo lugar el 25 de octubre de 1919 ante el Mi-nistro Bautista, Alfred Story; en este documento se expresa que Cándida Guadalupe tenía entonces veinte años de edad.
‘ ‘ Con relación al beeho esencial de la edad de la demandante en el momento de iniciarse ésta acción, tenemos pues, además de los tres últimos documentos mencionados, las declaraciones siguientes: de Mariana Guadalupe, madre de Cándida. Dijo haber vivido con Santa durante veinte y tres años, pero no precisó cuándo empezó tal unión. Tampoco pudo explicar los años que vivió con Santa, estando él soltero o casado. Tomasa Peñalver dijo que asistió como comadrona a Mariana Guadalupe quien tuvo una hija. Santa soli-citó sus servicios y pagó los honorarios; que el alumbramiento ocu-rrió cuando aún imperaba el gobierno español en Puerto Rico, pero no indicó fecha precisa.
“En cuanto a las demás alegaciones esenciales de la demanda consideramos probado únicamente que Santa tuvo relaciones íntimas con Mariana Guadalupe muchos años antes de morir (23 años según Mariana); que la facilitaba algunos medios para sostenerse; que mostraba algún afecto y protección a la hija de Mariana a quien en alguna ocasión llamó hija; que ésta visitaba la madre de Santa; que al contraer la demandante matrimonio, Santa indicó a Teodoro Pagán que deseaba hacer una casa a su hija.
“Estos hechos por sí solos no bastan para demostrar satisfacto-riamente la posesión continua del estado de hija natural del padre demandado según el artículo 135 del Código Civil Español vigente, en la fecha que se dice ocurrió el nacimiento.
“Por otra parte, la demandada alega que según el artículo 137 del mismo Código Civil Español, la acción para el reconocimiento de los hijos naturales sólo puede ejercerse en vida de los presuntos padres, salvo el caso del fallecimiento del padre o madre durante la menor edad del hijo, en cuyo caso éste podrá deducir la acción antes de que transcurran los primeros 4 años de su mayor edad. La prueba sobre ese extremo es contradictoria, como hemos visto; pues, si bien la certificación parroquial del bautizo indica que había nacido el 3 de enero de 1901 y no en 1902, como dice la demanda, no puede tomarse aquélla como prueba prima facie del nacimiento; la propia interesada al contraer matrimonio en 25 de octubre de 1919, aparece con veinte años de edad, circunstancia ésta que debió ella haber declarado bajo juramento en la solicitud para contraer matrimonio; de acuerdo.con la ley.
“De otra parte, la comadrona que nos habla de que la niña na-cida en la ocasión en que Manuel Santa solicitó sus servicios, vino al mundo cuando aún regía la soberanía de la Isla, esto es, en o antes del 1898, ante tal desacuerdo hemos de llegar a la conclusión de que la demandante no ha demostrado cuál es su edad. Y no bay que olvidar que, al contraer matrimonio, aún vivía su padre, y, que si en esa fecba, 25 de octubre de 1919, era menor, quedó emancipada, y, según el artículo 310 del Código Civil vigente, como tal menor emancipada por razón del matrimonio, pudo comparecer en las Cortes de Distrito, representando sus derechos en todos los casos, con la sola limitación expresada en el párrafo segundo del ar-tículo 309.
“Pudo, pues, la demandante, mientras vivió su padre baber ejer-citado la acción que hoy ejercita. No lo hizo sino hasta noviembre de 1921 y ya su acción había prescrito.”

No conforme la demandante apeló señalando en su ale-gato la comisión de cinco errores que envuelven estas dos cuestiones: ¿Está la acción ejercitada prescrita? Si no lo está, ¿probó la demandante que es bija natural reconocida de Manuel Santa y que disfrutó continuamente de tal es-tado ?

Examinemos la primera. No pudo presentarse la mejor prueba de la edad de la demandante porque su nacimiento no se inscribió en el registro civil. Se aportó la partida del registro de su bautismo. En ella el sacerdote hizo constar el nacimiento de la demandante como ocurrido el 3 de enero de 1901. El bautismo se celebró el 4 de mayo de 1902. La madre aseguró que su hija nació el 1901. Tomasa Peña, la comadrona, declaró en forma tal que es difícil tomar su declaración como base para llegar a una conclusión exacta. Dice que el nacimiento dataría de 21 años a la fecha del juicio; luego, que ocurrió cuando la soberanía española; después, que no se acuerda si para el ciclón de San Ciriaco regía el gobierno español o el americano y que creía que los americanos estaban aquí hacía 13 ó'12 años a la fecha del juicio. La parte demandada introdujo coma prueba el acta de matrimonio de la demandante celebrada en octubre de 1919 en la que se’ ñja su edad en veinte años.

A nuestro juicio la declaración de la comadrona en cuanta al particular de la edad de la demandante debería descar-tarse enteramente. No puede basarse conclusión alguna se-gura en un testimonio tan contradictorio en sí mismo. La certificación de matrimonio sólo contiene lo expresado por el ministro.' Es de presumirse que el dato se tomara de la propia declaración de la contrayente. Aceptando que fuera cierto, la edad de la demandante tendría que fijarse en 22 años a la fecha de la interposición de la demanda. De acuerdo con la declaración de la madre y lo consignado por el sacerdote en el acta de bautismo, la demandante no ha-bría cumplido veinte y un años a la fecha en que inició su pleito. La declaración de la madre podría estimarse quizá como interesada, mas no así la apreciación del sacerdote. La niña fué llevada a su presencia el 4 de mayo de 1902. De esto parece no haber duda, y desde entonces, cuando no existía motivo alguno de interés, se consignó la apreciación de un hombre inteligente, basada en la personal .observación y lógicamente en datos ofrecidos por personas que podían proporcionarlos, que la demandante tenía un año y meses de edad. En un último análisis de la prueba parece justo dar el mayor crédito al dato contenido en la partida de bautismo* Siendo ello así, no habiendo la demandante llegado a la ma{ yor edad a la fecha en que entabló la demanda, la prescrip7 ción no existe. ' ■ ■ ,

Pero aún dando entero crédito a la partida de matrimo-nio, no ya a la partida de. matrimonio, sino a da declara* ción de la comadrona en lo más desfavorable a la demand dante, tendría que reconocerse que la demandante .-había, na-cido alrededor de 1898 y que cuando interpuso, la demanda tendría de 23 a 25 años de edad y cuando comenzó a regir la enmienda del 1911 al artículo 194 del Código- Civil ¡ten-dría de 13 a 15 años. Siendo ello así, la ley aplicable de acuerdo con la 4o- de las Disposiciones transitorias del Cqí> digo Civil, sería el artículo 194 de dicho Código,, tal cpmo fué enmendado en 1911, y como por dicha enmienda se es-tablece que la acción para el reconocimiento podrá ejer-citarse en vida de los presuntos padres, o' un año 'después de su muerte, y como no había transcurrido un.qño después de la muerte del presunto -padre cuando la acción fué ejer-citada en este caso, erró la corte al considerar la acción prescrita.

Descartada la prescripción, queda sólo una cuestión de prueba. La ley que debe aplicarse es el Código Civil anterior al revisado, artículo 135. Conocemos el juicio de la corte. ' Después de un estudio cuidadoso de la evidencia, opinamos que también erró al apreciar la prueba. Va más lejos que lo que la corte de distrito expresa. Conecta al padre con la bija desde el nacimiento de ésta de modo continuo hasta la muerte del padre, y hay una declaración de gran importancia a la que la dicha corte no reconoció todo su mérito. Nos referimos a la declaración de Teodoro Pagán quien dijo que poco antes de morir Santa, ante su propia esposa la demandada, le encomendó la compra de un solar para fabricar una casita a su hija la demandante. Además aparece que cuando la demandante iba a contraer matrimonio, el novio habló con Santa y que éste se refería a él como a su yerno. La prueba es clara también con respecto al hecho de que la demandante era recibida desde niña por la madre de Santa como la hija de éste y como tal tratada y estimada.

El nacimiento, el reconocimiento y el disfrute continuo del estado de hija natural reconocida quedaron así suficien-temente demostrados.

Bebe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra de-clarando la demanda con lugar, sin especial condenación de costas.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Aldrey, disintieron.


author: El Juez Asociado Señor FraNco Soto,

text:
    Bartolomé Paniagua, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, Hon. Charles E. Foote, Juez, demandado.
    No. 485.

    Visto: Mayo 18, 1925.

      Resuelto: Agosto 1, 1925.
    Desacato — Poder para Castigar y Procedimientos para Ello — Incumplimiento de-Orden Dictada en Exce.so de Jurisdicción. — Decretada una sindicatura ■ después de sentencia (receivership after judgment) en un pleito cuyo único objeto era reivindicar una propiedad’ inmueble, se trató por -la sindicatura de intervenir con obligaciones o créditos que provenían del precio aplazado de ventas realizadas por el demandado a otras personas después del aviso liti-gioso. Se resolvió: que toda vez que las relaciones derivadas de tales ventas realizadas no tenían relación alguna con el issue del pleito, la corte inferior carecía de jurisdicción para extender su orden, al cobro por el síndieo de tales créditos.
    CERTIORARI para revisar orden de Charles E. Eoote, J. (Primer Dis-trito, San Juan), sobre restitución a una sindicatura de ciertas cantidades, la que dió origen a un procedimiento de desacato, y órdenes subsiguientes para mostrar causa y condenando al peti-cionario en dicho procedimiento.

      Anuladas las órdenes.

      Angel Arroyo, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señor FraNco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Bartolomé Paniagua, como director del Banco de San Juan, fue condenado a sufrir la pena de quince días de cár-cel por no cumplir cierta orden de la corte inferior en el in-cidente sobre el nombramiento de síndico que tuvo lugar en el pleito principal iniciado por Bernabé Sabalier contra Santiago Iglesias y el Banco de San Juan, pidiendo la nulidad de la venta de la finca “Melilla”, disponiéndose por aquella orden que el Banco de San Juan hiciera entrega al síndico de todas las sumas recaudadas por concepto de obligaciones, créditos, rentas y alquileres de toda clase, adeudados por otras personas que estaban en posesión de solares de la finca principal objeto del litigio.

La corte inferior había dictado sentencia declarando con lugar la demanda, la que fué revocada por esta Corte Su-prema en junio 19, 1925 (34.D.P.R. 352), y poco después de establecida por los demandados apelación contra la senten-cia inferior se decretó el nombramiento de síndico y se nom-bró para desempeñar el cargo a Constantino Fernández con el fin de custodiar dicha finca con todos los edificios y me-joras, mientras durase la apelación y además “para que la conserve cobrando todos los alquileres, plazos, créditos y obligaciones de todas clases que adeuden las personas que estén en posesión de cualquier parte de la finca, bien -sea por compra o arrendamiento del Banco de San Juan, o por cualquier otra persona, y para que pague laj3 contribucio-nes, etc.”

Con objeto de revisar la actuación de la corte inferior sobre el nombramiento de síndico, se presentó entonces un recurso de certiorari por el Banco de San Juan ante nos. El auto se expidió, pero finalmente se anuló porque la prueba que oyó la corte inferior no pudo ser considerada por no haberse incorporado al récord y porque existiendo algunas dudas por no conocerse los hechos jurisdiccionales del inci-dente tuvieron que resolverse en favor de la discreción de la corte inferior, pero se resolvió también que había otro recurso, o sea, el de apelación contra la orden dictada des-pués de sentencia. El Banco ele Ban Juan v. La Corte de Distrito de Ban Juan, 32 D.P.R. 392-5.

Se desprende, pues, que la cuestión de jurisdicción o de si hubo exceso de tal facultad en el juez inferior por extender su orden a cosas o derechos no discutidos ni planteados entre las partes principales en el litigio, no fué levantada entonces ni fué resuelta en el caso de El Banco de. San Juan, supra.

Después de esta última decisión, en abril 3, 1924, se dictó una resolución ordenando al Banco de San Juan restituir a la sindicatura el montante de las cantidades que percibió desde mayo 23, 1923, a julio 31, 1923, por concepto de obli-gaciones, y créditos, pagados al banco por las personas en posesión de solares en la finca “Melilla.”

El Banco de San Juan no dió cumplimiento a dicha or-den, por lo que el síndico inició primeramente un procedi-miento por desacato contra la corporación demandada y luego contra sus directores, lo que dió por resultado haber declarado la corte inferior culpable de desacato al peticio-nario y dando origen a la presente petición de certiorari para que revisemos la orden de 3 de abril de 1924 y órde-nes subsiguientes.

El único objeto de la demanda establecida por Sabalier contra Iglesias y el Banco de San Juan era la reivindicación de cierta propiedad inmueble conocida por finca “Melilla.” La demanda se anotó preventivamente en el Registro de la Propiedad de acnerdo con el artículo 91 del Código de En-juiciamiento Civil. No bay duda que esta anotación asegu-raba el derecho al demandante para recuperar la finca contra cualquier comprador del todo o parte de la finca pen-dente lite, ya que siendo la razón de la anotación de la de-manda la de asegurar la efectividad de la sentencia, ésta surtiría efecto legal contra los compradores del mismo modo que si ellos fueran parte en el litigio por estar representa-dos sus derechos por el vendedor demandado, o sea, el Banco de San Juan.

“El comprador pendente lite no es una parte necesaria porque su vendedor continúa como representante de sus intereses.” 17 R. C. L. 1031, see. 28, nota 17.
“Está bien establecido, con respecto a terrenos, que cuando existe un pleito pendiente sobre ellos, una persona que compra, pendente lite, bajo título derivado del demandado, está sujeta a los efectos de una orden de posesión si la misma es finalmente dictada en virtud de la sentencia en el pleito. Esta regla se aplica bien que la persona que adquiera un interés, lo baga como comprador, arrendata-rio o de otro modo. Más aún, se ba resuelto que todas las personas que entren en posesión de terrenos después de establecida una acción sobre los mismos, se presume que derivan su título del demandado y prima facie deben desalojarlos en virtud de la orden de posesión si el demandante obtiene sentencia favorable.” 17 R. C. L. 1032.

Si esto es así, ¿qué alcance puede tener la orden de abril 3, 1923, en cnanto se refiere a obligaciones y créditos que re-presenten el precio aplazado de ventas realizadas por el banco a terceras personas después del aviso litigioso?

Basta pensar que si la sindicatura tuvo por objeto la custodia y conservación de una finca en virtud de una sen-tencia en primera instancia en que se reconocía el dominio del demandante, no parece consistente con tal dominio y más bien aparecería con él incompatible tratar de interve-nir con obligaciones o créditos que provienen del precio apla-zado de ventas realizadas a sn vez por la demandada a otras personas. No encontramos explicación legal en la actitud del demandante toda vez que no teniendo ninguna relación con el issue del pleito las relaciones que se deriven de las ventas realizadas por el banco, la corte inferior carecía de jurisdicción para extender su orden al cobro por el síndico de tales créditos. Tal vez la única explicación que parece-ría plausible era proteger a los compradores por el riesgo que corrían con la reclamación del demandante, pero se verá, sin embargo, que ellos estaban protegidos por el artículo 1405 del Código Civil para suspender el pago dél precio o plazos pendientes o pedir su afianzamiento, pero ésta era una cues-tión en la que no tenía que inmiscuirse el demandante por ser del interés exclusivo de aquellas personas y el Banco y si no hicieron dichas personas uso de la protección que les daba la ley, ellas eran las que tenían que correr el riesgo de las consecuencias de sus propios actos.

Asumiendo, por otro lado, que la corte inferior admitiera implícitamente, como quizá pudiera inferirse de su resolu-ción sosteniendo el desacato, que las obligaciones o créditos de referencia procedían, de ventas realizadas por el Banco antes de iniciarse el pleito o de anotarse la demanda, si bien a los contratos originales se les dió la forma de arrenda-miento, entonces la situación seguramente sería más favorable al peticionario.

A los adquirentes.no se les podía considerar comprado-res pendente lite y como corolario ni la sentencia ni su in-cidente la sindicatura podían surtir efecto legal para ellos a menos que se les hubiera hecho parte en los procedimien-tos.

La verdadera doctrina legal en cuanto a esa clase de compradores ya su título tenga el carácter “legal” o el “equitativo,” está bien resumida en los siguientes comen-tarios :

“Mientras no haya un pleito pendiente no puede existir un com-prador pendente lite, y una persona cuyos intereses han sido adqui-ridos antes de comenzarse la acción contra su vendedor no estará sujeta a sus resultancias. Esto es igualmente cierto donde el esta-tuto exige la anotación de un aviso como comienzo del lis pendens, y los derechos adquiridos antes de tal anotación no son afectados. Las personas cuyos intereses fueron adquiridos antes de comenzarse la acción deben ser hechas partes en la misma si es que han de ser afectadas por su resultado, y un interés adquirido antes del pleito por una tercera persona puede ser traspasado después de su comienzo, libre del resultado del litigio si el que traspasa no es parte en el mismo. Y no es siempre necesario para la aplicación de esta regla que el interés existente al comienzo del pleito esté revestido del tí-tulo legal, pues se ha resuelto frecuentemente que la pendencia de un pleito en que está envuelto el título legal de una propiedad no afectará al tenedor de un derecho equitativo anteriormente adqui-rido de modo de impedir su investidura con el título legal.” 17 E. C. L. páginas 1028-1029.

La corte inferior no tuvo, por consiguiente, jurisdicción para dictar la orden de abril 3, 1924, y las subsiguientes de mayo 12, 1924, para mostrar causa, y de junio 26, 1924, que declara culpable de desacato al peticionario por no cumplir las órdenes arriba citadas, por lo cual se declaran nulas y sin ningún efecto legal.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: ■El Juez Asociado Señor FraNco Soto,

text:
    Enrique Hernández Acosta, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, Hon. Charles E. Foote, Juez, demandado.
    No. 487.

    Visto: Mayo 26, 1925.

      Resuelto: Agosto 1, 1925.
    1. Embargos — Reclamaciones bor Terceras Personas — Tercerías—Fundamento de las Mismas. — Las tercerías se fundan, o en el dominio de los tienes em-bargados o en el derecho del tercero a ser reintegrado en su crédito con pre-ferencia al del acreedor de la acción principal.
    2. Embargos — Reclamaciones bor Terceras Personas — Tercerías — Reclama-ción Ineficaz. — Si al formularse demanda de tercería — para qíie se declare que el producto de una subasta pertenece exclusivamente al tercerista por - tener preferencia legal a cobrar su crédito antes que el ejecutante — ya la subasta se ha celebrado y los bienes se han adjudicado en pago y entregado a dicho ejecutante, la reclamación del tercerista carece de finalidad práctica.
    CertioRARI para revisar resolución de Charles F. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando con lugar excepción previa de falta de causa de acción y sin lugar demanda de tercería.

      Ame-lado el mito expedido.

      , B. Gaslro Fernández, abogado del peticionario; Adrián Agosto, abo-gado de la parte interventora.
   ■El Juez Asociado Señor FraNco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Bodríguez Trelles Hermanos demandó en cobro de dinero a Alberto Gibbs. Para asegurar la efectividad de la sentencia se embargaron bienes muebles de la propiedad del demandado.

Más tarde, Enrique Hernández Acosta acogiéndose a la ■ley sobre tercerías de bienes muebles, aprobada en marzo 14, 1907, según quedó enmendada en marzo 12, 1908, estatu-tos de 1911, p. 889, formuló demanda para que se declarase que el producto de la subasta le pertenece exclusivamente por tener preferencia legal a cobrar su crédito antes que el perteneciente a Bodríguez Trelles Hermanos.

La demanda de tercería fue excepcionada por falta de causa de acción y la corte inferior sostuvo la excepción en su resolución, como sigue:

“Hemos estudiado detenidamente la excepción previa de falta de causa de acción formulada contra la demanda y encontramos que ella está muy bien fundada. El procedimiento de tercería no es el adecuado para dilucidar la preferencia de créditos sobre propiedad que ha sido embargada y vendida en ejecución de sentencia por uno de los acreedores. El propósito de la Lejr creando dicho procedi-miento, es el de proteger al dueño de una propiedad que hubiera sido embargada como perteneciente a otra persona. En el mismo sólo ha de ventilarse si el derecho a la propiedad embargada corresponde al que la reclama como tercerista, o al demandado en la acción principal. Para cualquier otra controversia sobre dichos bienes deberá seguirse la vía ordinaria.”

Y con el objeto ele que revisemos la resolución de la corte inferior, alegándose que se quebrantó el procedimiento al poner término al pleito por el motivo que se desestimó la demanda, se lia recurrido á esta petición de certiorari.

Las tercerías se fundan, o en el dominio de los bienes embargados al deudor, o en el derecho del tercero a ser reintegrado de su crédito con preferencia al del acreedor de la acción principal.

En cnanto a las primeras existen dos procedimientos es-peciales, nno para bienes muebles, ley de marzo 14, 1907, sufra, y otro que se autoriza en la misma ley para inmue-bles: Sección 16 (a) insertada por la ley de marzo 12, 1908, Comp. 1911, p. 891. Y respecto a las segundas, la ley no prescribe un procedimiento especial para tramitarlas, pero la jurisprudencia más de una vez ha reconocido el derecho a ser ejercitadas. En el caso de Herederos de Garriga v. O’Meara & Cía., 28 D.P.R. 360, que versa sobre una terce-ría de mejor derecho, se planteó la cuestión y allí el ape-lante tratando de limitar la aplicación de los artículos 1823 y 1827 del Código Civil Revisado a casos de quiebra y ex-cluirla a los de embargo, la corte se expresó así:

“Creemos que en efecto la mente del legislador estuvo fija al dictar las reglas que contiene el Código Civil con respecto a la con-currencia y prelación de créditos, en los procedimientos de quita y espera y en los de concurso de acreedores. Es incuestionable que la jurisdicción exclusiva en materia de quiebras reside boy en la Corte Federal. Pero no obstante ser ello así, es lo cierto que tam-bién que muchos de los preceptos del Código Civil contenidos en el título 17 del libro 49 constituyen reglas de derecho de observancia general aplicables a casos como el presente en que sin tratarse de una quiebra, sur je un conflicto entre dos ciudadanos con respecto a su mejor derecho a hacer efectivos sus créditos en determinados bienes de un deudor común.”

Como cuestión de hecho diremos que en este caso que nos ocupa, se tramitó la tercería como si se discutiera por el peticionario el dominio de los bienes embargados. Se prestó el juramento y se entregó una fianza al marshal para obtener la posesión de dichos bienes, lo que no se obtuvo, y al formularse la demanda ya la subasta se había celebrado y los bienes se habían adjudicado y entregado al ejecutante. De este modo el pago se había así realizado a Rodríguez Trelles Hermanos y quedó terminada la ejecución de la sen-tencia que se había dictado a su favor.

Si realmente el peticionario Hernández Acosta tuviera mejor derecho que el ejecutante en el pleito principal para cobrar con preferencia su crédito, lo había perdido en pena a su morosidad, porque no siguió el procedimiento adecuado, ya interviniendo de acuerdo con lo que estatuye en general el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil, o estable-ciendo una acción ordinaria oportunamente, o sea, antes de realizarse el pago al acreedor ejecutante, pues el pago debe entenderse hecho cuando se haya recibido el importe de la sentencia o .hasta donde alcancen los bienes vendidos, y en el caso de adjudicación de bienes en pago, cuando se ha he-_ cho la entrega de los mismos. Y habiendo ocurrido esto último en este caso, la reclamación del peticionario carecía de todos modos de finalidad práctica.

Por todo lo expuesto, debe anularse el auto.


author: Por la corte: JUEZ ASOCIADO' SR. ALDREY.

text:
    Pedro Juan Barbosa, Eduardo López Tizol, Eduardo E. Alvarez, Juan González Díaz, Celestino López Pérez, José Martínez Dávila, Rafael Pietrantoni, Antonio Ribot, José S. Belaval, demandantes y apelantes, v. Eduardo Acuña Aibar, José Ramírez Santibáñez, Alfredo Gámbaro, Vicente Alcaraz, Francisco Velázquez, Juan Sierra, Leandro López de la Rosa, José G. Torres, hoy Juan Pedrosa, Enrique Adsuar, demandados y apelados.
    No. 2970.

    Visto: Marzo 27, 1925.

      Resuelto: Agosto 1, 1925.
    Apelación y Eeror — Revisión—Discreción de la Corte Inferior — Condena de Costas. — Atendidas las circunstancias concurrentes en el caso de autos, se resolvió, que no había justificación alguna para la condena de costas, y debía revocarse la sentencia a ese respeeto.
    Sentenoia de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), desestimando la demanda, con costas.

      Revocada en'cuanto a la condena de costas, habiendo sido el pronunciamiento de costas el objeto único de la apelación.

      Eduardo López Tizol, Leopoldo Feliú j José Martínez Dávila, abo-gados de los apelantes; Rafael Rivera Zayas, Juan de G-uzmccn Benitez j Celestino Triarte, Jr., abogados de los apelados.
   Por la corte:

Por cuanto este es un procedimiento establecido de acuer-do con la ley sobre impugnación de elecciones, aprobada en marzo 7, 1906, para impugnar la elección de ciertos candi-datos municipales de la ciudad de San Juan que fueron elec-tos en las elecciones generales que tuvieron lugar el 2 de no-viembre de 1920;

Por cuaNto el pleito se inició en marzo 19, 1921; la transcripción del récord por los demandantes-apelantes se radicó en esta corte en octubre 27, 1923, y la vista de la ape-lación, después de varias suspensiones solicitadas de común acuerdo por las partes, no se celebró basta el 27 de marzo de 1925, en cuya fecha la cuestión para decidir en cuanto a sus méritos carecía de finalidad práctica, pues ya en 4 de noviembre de 1925 se habían celebr'ado nuevas elecciones, ce-sando en sus cargos por elección de otros los funcionarios contra quienes se ha presentado la demanda de impugna-ción y según fué así reconocido por las partes en el acto de la vista;

Por cuanto la vista del caso se llevó, sin embargo, ade-lante por dichas partes por lo que se refiere únicamente al pronunciamiento de costas, las que fueron impuestas a los demandantes, discutiéndose en su consecuencia algunas de las cuestiones fundamentales que se relacionan con los mé-ritos de la sentencia con el ’ fin de que determináramos si hubo o no temeridad al preparar y sostener los apelantes su demanda y base para la corte inferior para imponer o nó dichas costas;

Por cuanto la cuestión principal resuelta, y a ella se li-mitaron las partes en sus informes orales, se basó principal-mente en ciertas papeletas que los electores depositaron en las urnas electorales y siguiéndose las reglas generales dé la jurisprudencia en casos de esta clase para ser admisibles en evidencia se ha de demostrar como cuestión preparatoria que han sido guardadas y custodiadas de acuerdo con el es-tatuto y que se identifiquen como las verdaderas papeletas depositadas en las urnas, los demandantes ofrecieron y prac-ticaron prueba testifical la que a su vez fue contradicha con prueba testifical y pericial de los demandados, dirimiendo el conflicto la corte inferior en el sentido de declarar que las papeletas habían sido alteradas (tampered with) negando su admisión en evidencia;

Pon cuaNto si bien los apelantes han tratado de estable-cer una diferencia entre la admisibilidad de las papeletas en evidencia (competency) y su peso probatorio, en sentido de que bastaba demostrar que las mismas habían sido guarda-das y custodiadas de acuerdo con el estatuto para ser admi-sibles refiriéndose cualquier otra impugnación a su peso pro-batorio, es lo cierto que los mismos apelantes admiten que en su prueba así como en la ofrecida y practicada por los apelados se fué mucho más lejos, determinándose el valor probatorio de tal evidencia, por lo que dichos apelantes no pueden quejarse de que la corte inferior al rechazar las pa-peletas electorales llegara a la conclusión para ello de que habían sido alteradas;

Pos cuanto en este caso no estamos enteramente exentos de duda en cuanto a si el perito Mr. Osborn demostró sufi-cientemente la falsificación de las papeletas presentadas y la opinión de la corte sentenciadora deja en duda el hecho de si la corte no descansó siquiera en parte en la opinión de dicho perito, estando inclinados, sin embargo, a respetar la opinión de la corte con respecto a la falsedad de las papele-tas presentadas y no hubiéramos revocado la sentencia por razón de ese fundamento;

Por cuanto por otra parte, se nos hace completamente imposible, con esta duda en nuestra mente, y habiendo sido necesaria la demostración de un perito, ver la temeridad de los demandantes;

Por cuanto quizás si ésta hubiera sido una acción enta-blada .por el Partido Republicano y la falsedad de las pape-letas se hubiera demostrado, entonces puede que el Partido Republicano fuera responsable por los actos de sus agentes debidamente autorizados, si tal agencia fuera demostrada;

Pon ouaNto éste es, sin embargo, un pleito establecido por Pedro Juan Barbosa y otros y no se demostró que ellos fueran los agentes autorizados del Partido Republicano en el manejo de las papeletas y no hubo prueba de que ellos tu-vieran intervención alguna en los supuestos fraudes o falsi-ficaciones, o conocimiento de ellos;

PoR tanto, no encontrando justificación para la condena de costas, la sentencia clebe ser revocada y se revoca a ese respecto.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, disintió.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO' SR. ALDREY.

La mayoría de este tribunal revocó la sentencia de la corte inferior en este pleito en cuanto impuso las costas a los demandantes por las razones que expresó en la siguiente manera:

“Por Cuanto en este caso no estamos enteramente exentos de duda en cuanto a si el perito Mr. Osborn demostró suficientemente la falsificación de las papeletas presentadas y la opinión de la corte sentenciadora deja en duda el hecho de si la corte no descansó si-quiera en parte en la opinión de dicho perito, estando inclinados, sin embargo, a respetar la opinión de la corte con respecto a la fal-sedad de las papeletas presentadas y no hubiéramos revocado la sen-tencia por razón de ese fundamento;
“Por Cuanto por otra parte, se nos hace completamente impo-sible, con esta duda en nuestra mente, y habiendo sido necesaria la demostración de un perito, ver la temeridad de los demandantes;
“Por Cuanto, quizás si ésta hubiera sido una acción entablada por el Partido Republicano y la falsedad de las papeletas se hu-biera demostrado, entonces puede que el Partido Republicano fuera responsable por los actos de sus agentes debidamente autorizados, si tal agencia fuera demostrada;
“Por Cuanto, éste es, sin embargo, un pleito establecido por Pedro Juan Barbosa'y otros y no se demostró que ellos fueran los agen-tes autorizados del Partido Republicano en el manejo de las papele-tas y no bubo prueba de que ellos tuvieran intervención alguna en los supuestos fraudes o falsificación, o conocimiento de ellos;
Por tanto, no encontrando justificación para la condena de cos-tas, la sentencia debe ser revocada y se revoca a ese respecto.”

He disentido de esa resolución porque estando en duda la mayoría del tribunal sobre si el perito Sr. Osborn demos-tró suficientemente la falsificación de las papeletas electora-les presentadas como prueba por los demandantes, debió res-petar la condena en costas beaba por la corte inferior ya que no tiene la certeza -de que el perito no probó la falsifi-cación, con mayor motivo cuanto que declara que por ese fundamento no hubiera revocado la sentencia. Además, el becbo de ser necesaria la intervención de un perito para comprobar una falsificación no es motivo para no ver teme-ridad en la parte que presenta el documento que se declara falsificado; y sentada la regla de la mayoría en este ex-tremo no será posible que se considere temeraria a una parte que funde su derecho en documentos que son declarados fal-sificados.

En cuanto al otro fundamento de la revocación, ya se considere el principal o el único, diré que tampoco es motivo para revocar la condena de costas el becbo de que la aqción no ba sido establecida por el Partido Republicano sino por personas que no se ba demostrado que fueran los agentes autorizados del Partido Republicano en el manejo de las pa-peletas y que no bubo prueba de que los demandantes tu-vieran intervención alguna en los supuestos fraudes o fal-sificaciones o conocimiento de ellos, porque la falsificación o fraude no es supuesta sino declarada por sentencia, cuyo particular dice la mayoría lo hubiera confirmado, y porque el becbo de que la acción no baya sido establecida por el Par-tido Republicano sino por algunos de sus miembros no me parece motivo para revocar la condena en costas porque ann cnando el pleito fné establecido por algunas personas y no por el Partido Eepublicano, éste, sin embargo, hubiera sido el beneficiado con el éxito del pleito más bien que las perso-nas afiliadas a ese partido que lo establecieron. Creo que nadie dudará de que ganándolo los demandantes el benefi-cio del pleito era para el Partido Eepublicano más bien que para las personas que lo iniciaron porque el Partido Eepu-blicano conseguía la administración municipal de San Juan, sin que fuera' de importancia las personas que habían de representar a ese partido, por lo que si para conseguir ese fin en beneficio del Partido Eepublicano los demandantes presentaron papeletas electorales que han sido declaradas falsificadas, entiendo que estuvieron bien condenados en las costas aunque el Partido Eepublicano, como tal, no fuera el demandante y aunque no se haya probado quién o quiénes falsificaron dichas papeletas ni que los demandantes tuvie-ron conocimiento de tal falsificación porque si esas papele-tas no hubieran sido declaradas falsificadas el Partido Ee-publicano y los demandantes hubieran conseguido el resul-tado beneficioso que esperaban de esa prueba.

Pero independiente de esas cuestiones entiendo que aun teniendo razón la mayoría en los motivos de su resolución no debió revocar la condena de costas porque hay otros mo-tivos que la sostienen, pues al no admitir la corte inferior como prueba las expresadas papeletas presentadas por los demandantes y al declarar que habían sido alteradas (tampered with), después de consignar que aunque no se cum-plió estrictamente con la ley usando para cerrar los sacos en que se guardaban las papeletas cerraduras de seguridad con dos llaves, una de las cuales la guardara el Superinten-dente de Elecciones y la otra el presidente de la junta local de elecciones, habiéndose usado candados patente Sargeant, entendía que se había dado cumplimiento substancial a la ley; y después de decir que la envoltura del paquete que contenía las papeletas tenía el papel roto por uno de sus extremos, desde la esquina hasta el centro donde se encon-traba el cordón que lo amarra y que el lacrado que tenía carecía dé sello o marca distintiva, declaró que no daba cré-dito a la .declaración del Inspector Republicano Rodríguez, testigo de los demandantes: que no declararon-el secretario y el recusador republicano pero sí los del Partido Unionista quienes habían declarado con firmeza, y que aparte de la declaración del Sr. Osborn hay las razones que él dió, las demostraciones que hizo y el examen cuidadoso que verificó la corte de las papeletas discutidas, lo cual enlazado con toda la evidencia del caso llevó a la corte inferior a la con-clusión que antes hemos dicho.

Como se ve la corte inferior fundó su sentencia, entre otras cosas, en no haber creído al Inspector Rodríguez, tes-tigo de los demandantes: en que éstos no presentaron al secretario y al recusador republicano: en haber dado cré-dito a los testigos de los demandados y en'el examen cuida-doso que por sí hizo de las papeletas, y siendo esto así la condena de costas era procedente por carencia de prueba de los demandantes, independientemente de que no se pro-bara que ellos falsificaron las papeletas ni que tuvieron co-nocimiento de tal hecho, a pesar de lo cual es revocada la sentencia no obstante haber declarado repetidas veces este tribunal que no procede revocar una sentencia cuando está sostenida por algún fundamento y a pesar de que la ley deja a la discreción de la corte sentenciadora el apreciar la temeridad de los litigantes para la imposición de las costas y que en muchas ocasiones hemos dicho que no iremos contra el ejercicio de esa discreción por la corte inferior a me-nos que se nos demuestre un claro abuso de esa facultad dis-crecional, lo que no aparece justificado en la resolución de que disiento.