author: El Juez Peesideute Se. IíeeNÁNdez,

text:
    Candal, Demandante y Apelado, v. Pierluisi et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponee en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2069.
    Resuelto en junio 11, 1920.
    Cobro de Créditos Declarados por Sentencia — Prescripción de Acciones. — Los artículos 239 y 243 del Código de Enjuiciamiento Civil no son de aplicación a un caso en que no se trata de obtener una ejecución de sentencia en el pleito en que se dictó, sino en otro establecido para obtener el pago de un crédito declarado anteriormente por sentencia. En otras palabras: cuando el aeree-dor por sentencia acude al pleito ordinario para reclamar el pago del importe de la misma, el término para la prescripción no es el de cinco años a que se refiere el artículo 239 ya citado.
    Id. — Alegación de Existencia de Sentencia — JuiasDiocióN.—Cuando en una de-manda jurada se alega la existencia de una sentencia que se inserta literal-mente y en la contestación no se niega en forma específica la jurisdicción de la corte que la dictó, la presunción es que dicha corte la tenía, a no ser que la sentencia insertada demuestre lo contrario.
    Los techos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. L. Torres Grant,, Tomás Torres y L. Llorens.

    Abogado del apelado: vSV. J. F. Fernández Coronas

   El Juez Peesideute Se. IíeeNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un pleito promovido ante la Corte de Dis-trito de Ponce por Joaquín Candal Fernández contra los es-posos Simón Pierlnisi y G-ran y Gloria María Vázquez y Mar-tínez en cobro de un crédito declarado por sentencia.

En la demanda jurada y presentada en 23 de diciembre de 1918 alega el demandante que el demandado Simón Pier-luisi le está adeudando la suma de $2,400 como un débito de record, a virtud de sentencia que dictó la Corte de Distrito de Ponce en 22 de julio de 1904, cuya sentencia se inserta en la demanda; que asimismo está adeudando el demandado Pier-luisi al demandante los intereses de la referida suma a razón del 1 por ciento mensual desde que la sentencia fué dictada; que los intereses calculados basta el 22 de noviembre de 1918, o sea durante 162 meses, importan la suma de $4,128; que capital e intereses que en conjunto dan un total de $6,528 no han sido satisfechos por el deudor ni por ninguna otra persona en su nombre, al demandante ni a ninguna otra persona; que la deuda fué contraída por Pierlnisi antes de su matrimonio con su actual esposa la demandada Gloria María Vázquez, entre los cuales existe actualmente una sociedad legal de gananciales; que el demandado no tiene capital pro-pio de clase alguna con que pagar en todo ni en parte el capital e intereses que se le reclaman, y que la sociedad de gananciales habida entre ambos demandados cuenta con bie-nes más que suficientes para pagar subsidiariamente los $6,528 que se reclaman más los intereses que se sigan de-vengando, sin perjuicio de las atenciones que enumera el ar-tículo 1323 del Código Civil, figurando entre dichos bienes gananciales dos predios rústicos, uno en el término municipal de Adjuntas con cabida de 322 cuerdas, denominado “Porvenir,” y el otro denominado “Gloria,” en el término municipal de Ponce, barrio “Guaraguaos,” con cabida de 30 cuerdas 50 céntimos. ^

La .demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia en favor del demandante y en contra del demandado Simón Pierluisi por la suma de $6,528 más los intereses que que se devenguen del capital adeudado desde el 22 de no-viembre de 1918 hasta su efectivo y total pago, y que se im-pongan todas las costas del pleito al demandado Pierluisi, con inclusión de los honorarios del abogado del demandante, disponiendo además que como quiera que el cónyuge deudor no tiene capital propio para satisfacer dicha suma y demás responsabilidades, se satisfaga todo ello por la sociedad de gananciales habida entre ambos cónyuges demandados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1325 del Código Civil Revisado.

A la anterior demanda opusieron los demandados como excepciones previas las de que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción y la de que la acción ejercitada ha prescrito por haber expirado el tér-mino de cinco años que establece el artículo 239 del Código de Enjuiciamiento Civil en relación con el 243 del mismo, por fundarse la demanda según sus alegaciones en una sentencia dictada en 1904, cuya ejecución o cumplimiento está prescrito; y habiendo presentado el demandante moción para que se eliminara-el párrafo de las excepciones previas en que se funda la excepción de prescripción por ser impertinente en razón a que no se trata de la ejecución de sentencia dentro del mismo procedimiento en que fué dictada, la corte por orden de 14 de febrero de 1919 declaró con lugar la moción eliminatoria y sin lugar las excepciones previas alegadas contra la demanda.

Los demandados contestaron entonces y el demandado admitió que el 22 de julio de 1904 se dictó sentencia en su contra por la suma de $2,400 pero en oposición alega que no fué citado para la vista de este pleito o sea el juicio, ni se le anotó rebeldía alguna ni se le' dió oportunidad para ser oido en su defensa, alegando además que uno de los pagarés por 1,000 pesos provinciales en que se fundó la demanda estaba prescrito al tiempo de ser ésta radicada, de acuerdo con el artículo 950 del Código de Comercio. Niega que esté adeudando intereses de clase alguna por el capital principal o por algún otro y que puedan cobrarse a razón del doce, por ciento anual, y niega también las demás alegaciones de la demanda, alegando en contrario que -no debe actualmente can-tidad alguna por haber sido satisfecha la misma por minis-terio de la ley de acuerdo con los artículos 239 y 243 del Código de Enjuiciamiento Civil; que suscribió ciertos pa-garés siendo casado, pero al tiempo de suscribirlos y actual-mente es dueño de bienes privativos y siempre ha sido sol-vente, con bienes suficientes para satisfacer cualquiera deuda en que incurra, habiendo adquirido además bienes durante su matrimonio con Gloria María Vázquez; y que ésta no fué parte en el procedimiento cuya sentencia es objeto del pre-sente pleito.

El demandante solicitó que se dictara sentencia sobre las alegaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132, parte primera, del Código de Enjuiciamiento Civil, por tra-tarse de una demanda jurada que no ha sido contestada sino' de una manera general y no en la forma específica que or-dena el artículo 110, párrafo 2°., de dicho código. Y la corte, por sentencia de 7 de mayo de 1919, declaró con lugar en todas sus partes la moción y dictó sentencia sobre las alega-ciones condenando a los demandados a satisfacer al deman-dante la suma de $6,528 más los intereses que se devenguen del capital adeudado, o sean $2,400 desde el 22 de noviembre de 1918, hasta cuya fecha han sido calculados, y en adelante hasta su efectivo y total pago, condenándose además a los demandados al pag’o de todas las costas, desembolsos y ho-norarios del abogado del demandante, y disponiéndose que si el cónyuge deudor Pierluisi y Grau no tuviere capital pro-pio para satisfacer esta deuda y demás responsabilidades, se satisfaga todo ello por la sociedad de gananciales habida entre ambos cónyuges demandados de acuerdo con lo dis-puesto en el artículo 1325 del Código Civil Revisado.

Contra la anterior sentencia interpusieron los demanda-dos recurso de apelación para ante esta Corte Suprema y los motivos que alegan para solicitar la revocación de dicha sentencia pueden sintetizarse en dos, a saber: 1°., error co-metido por la corte al declarar sin' lugar la excepción pre-via relativa a la prescripción, y 2°., error al declarar con lugar la moción sobre sentencia por las alegaciones, pues no se alegaron en la demanda hechos determinantes de la juris-dicción de la corte de Ponce para dictar la sentencia ele 22 de julio de 1904, ni a falta de dicha alegación tampoco se alegó- que fuera dictada en forma debida según previene el artículo 126 del Código de Enjuiciamiento Civil.

El primer error no existe porque los artículos 239 y 243 del Código de Enjuiciamiento Civil que el apelante invoca para sostener la prescripción no son aplicables al presente caso, en'que no se trata de obtener una ejecución de sentencia en el procedimiento en que se dictó, sino que se ha iniciado otro procedimiento o juicio para obtener que los demandados paguen al demandante un crédito declarado por sentencia en juicio seguido contra el demandado Simón Pierluisi. Vázquez v. Martínez et al., 17 D. P. R. 1134.

Aunque no es lo usual en el cobro de obligaciones recono-cidas por sentencia el recurrir al procedimiento seguido por el demandante, el hecho de que existan trámites marcados en la ley para la ejecución de las sentencias no impide que se recurra a la vía ordinaria para exigir el cumplimiento de dichas obligaciones. Tettamansi et al. v. Zeno, 24 D. P. R. 775. Y cuando se acude a la vía ordinaria, el término para la prescripción no es el de cinco años a qne se refiere el ar-tículo 239 ya citado.

El segundo error alegado por el apelante tampoco existe.

La sentencia de que deriva su acción el demandante y que fué alegada como hecho fundamental determinante de la acción, según se inserta en la demanda dice como sigue:

“En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, P. R. — Joaquín Candal Fernández v. Simón Pierluisi y. Grau. — Civil No. 19. — Cobro de dinero. — Sentencia.—Hoy día 22 de julio de 1904 se-ñalado para la vista de este pleito, comparece el demandante Joaquín Candal Fernández por medio de su abogado don José F. Fernández solicitando se dicte sentencia contra el demandado por su rebeldía. La corte ordena que se anote sentencia en contra del demandado por la suma de $2,400, intereses al 1 por ciento mensual desde el vencimiento de las respectivas obligaciones basta el total pago, y las costas ascendentes a # * '* librándose orden de ejecución contra los bienes del demandado para hacer efectiva esta sentencia.— Attest, Genaro Yidal, Secret. Dist. Court. — Conforme, José Tons Soto, Dist. Court Judge.— * l#. Dicha sentencia es firme por no haber sido apelada. — Firmado, Felipe Colón, Secretario Corte Dis-trito Ponce.”

El artículo 126 del Código de Enjuiciamiento Civil dice así:

“Art. 126. — Al alegar la existencia de una sentencia o resolu-ción de una corte, funcionario o junta judicial, no será preciso ci-tar los hechos que determinan su jurisdicción, pero podrá consig-narse que dicha sentencia o resolución fué dictada en forma debida. Si tal alegación fuere impugnada, la parte que dedujo aquella de-berá probar en el juicio los hechos constitutivos de la jurisdicción.”

El precepto transcrito no se refiere al caso de que se in-serte literalmente en la alegación la sentencia o resolución recaída, pues cuando se inserta, como en el presente caso, surge la presunción de que la corte que la dictó actuó con jurisdicción y siguió el procedimiento establecido por la ley, a no ser que de ella aparezca prima facie lo contrario, lo que no sucede con la sentencia de que se trata.

Por supuesto que dicha presunción podía ser impugnada por el demandado; y como la demanda era jurada la impug-nación debía hacerse en forma específica, alegando hechos que determinaran la falta de jurisdicción de la corte.

La alegación de la demanda en que se insertó la sentencia de 22 de julio de 1904 fué contestada por los demandados en los siguientes términos:

“Admite el demandado Simón Pierluisi y G-rau que el 22 de' julio de 1904 se dictó sentencia en su contra por la suma de $2,400; pero en oposición alega que no fué citado para la vista de este pleito o sea el juicio, ni se le anotó rebeldía alguna, ni se le dió oportuni-dad para ser oído en_su defensa.”

Esa contestación no_ envuelve una negación -específica por parte del demandado de la jurisdicción de la corte que dictó la sentencia de 22 de julio de 1904, pues aún admitiendo como ciertos los hechos en ella consignados no surgiría como con-secuencia la falta de jurisdicción de la corte. El demandado pudo no haber sido citado para la vista del pleito o del juicio en que se dictó dicha sentencia, pudo dejar de anotarse la rebeldía del mismo, pudo no dársele oportunidad para ser oido en el juicio; y sin embargo de todo ello, pudo ser dic-tada la sentencia con jurisdicción por parte de la corte. La única alegación pertinente a la falta de jurisdicción de la corte era la de no haber sido citado o emplazado el deman-dado o la de no caber dentro de los límites de su jurisdicción la materia del juicio.

Cuando se interpone una demanda jurada, la negativa por el demandado de las alegaciones del demandante debe ser es-pecífica según el No. 2o. del artículo 110 del Código de En-juiciamiento Civil, y según el artículo 132 toda alegación esen-cial ele la demanda no impugnada en la contestación se ten-drá por cierta para los efectos de la acción. Siendo esencial la negación relativa a la sentencia pronunciada contra Pier-luisi, pues en ella descansa la acción ejercitada, de tal modo que eliminada no podría prosperar la reclamación, y no ha-biendo sido denegada en forma específica la jurisdicción de la corte que la pronunció, subsiste la presunción de que dicba corte actuó con jurisdicción sobre la persona del demandado y sobre la materia del juicio.

NI demandado incumbía, si entendía que dicba sentencia era nula por falta de jurisdicción de la corte, alegar espe-cíficamente los liecbos determinantes de esa falta de juris-dicción para que el demandante estuviera obligado a pro-bar en el juicio lo contrario mediante los heclios constitu-tivos de dicba jurisdicción. No lo hizo así, y por tanto la corte estuvo ajustada a derecho al declarar con lugar la mo-ción sobre sentencia por las alegaciones.

Es de confirmarse la sentencia apelada. .

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Audrey,

license: Public Domain

text:
    Méndez, Demandante y Apelado, v. Baldassari, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre indemnización.
    No. 2218.
    Resuelto en junio 14, 1920.
    Negligencia — Daños y Perjuicios — Automóvil Particular — Conductor.—El he-cho de que el dueño de un automóvil privado emplee a un “conductor” en lugar de un “chauffeur” para que le meneje su vehículo mediante pago no lo hace responsable de la negligencia de dicho conductor cuando el dueño no vá en el vehículo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. 8abater.

    Abogados del apelado: Sres. Benet y Souffront.

   El Juez Asociado Se. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante es dueño de un automóvil privado que maneja él mismo pero en algunas ocasiones ocupa para que se lo maneje 'a una persona que tiene licencia de conductor y a quien paga esos servicios eventuales. En ocasión en que el apelante no iba en su automóvil y estando manejado por ese conductor, por negligencia de éste ocurrió un choque con otro automóvil del apelado y por los daños que sufrió el automó-vil del apelado fué condenado el apelante, fundándose la corte sentenciadora en que incurrió en negligencia per se permi-tiendo que su vehículo fuera manejado por persona que no tenía licencia de chauffeur, fundamento que el apelante es-tima erróneo y por lo que pide 'que lo absolvamos de la de-manda.

Hemos examinado con detenimiento la Ley de Automó-viles No. 75 de 13 de abril de 1916 y no encontramos pre-cepto alguno que imponga al dueño de un automóvil el deber de ocupar necesariamente a un chauffeur para manejar su vehículo ni prohibición de que sea un conductor. Según dijimos en el caso de Arenas v. Enright, 26 D. P. R. 742, “pue-den manejar vehículos de motor todas aquellas personas que posean licencias de chauffeur o de conductor, siendo entera-mente iguales los requisitos personales que la ley exige para obtener la licencia de conductor o de chauffeur e iguales tam-bién los derechos que tienen que pagar al Tesoro Público.” La única diferencia que encontramos en la ley entre un conductor y un chauffeur es que éste cobra por sus servicios, ya que al definir en su artículo Io. -la palabra “chauffeur” dice que es “toda persona a quien se‘pagare por manejar un vehículo de motor,” mientras que conductor es “cualquier persona que, no siendo un chauffeur, maneje vehículo de motor.” Tanto el conductor como el chauffeur están autori-zados para manejar vehículos de motor pero se llama chauffeur al que cobra por prestar ese servicio. Por consiguiente, el dueño de un automóvil puede ocupar para que lo maneje a un conductor o a un chauffeur porque ambos están auto-rizados legalmente para manejar vehículos de motor; apre-ciación que tiene confirmación en el artículo 17 preceptivo de que el dueño de cualquier vehículo de motor será respon-sable ele los daños causados por la negligencia del conductor o chauffeur mientras dielio dueño estuviere en el vehículo; precepto que impone responsabilidad al dueño de un vehículo de motor por los daños causados por la negligencia de su conductor o chauffeur solamente cuando ocurrieron estando el dueño en el vehículo, por lo que en este caso no tiene res-ponsabilidad alguna el apelante toda vez quq no estaba en su automóvil cuando ocurrieron los daños que se le ordena pagar; y que al establecer responsabilidad en ese caso, táci-tamente acepta nuestra doctrina de que el dueño de un ve-hículo de motor que no esté destinado a un negocio o em-presa no es responsable de los daños causados por la negli-gencia de su chauffeur, consignada en los casos de Vélez v. Llavina, 18 D. P. R. 656; Alicea v. Aboy, 23 D. P. R. 108, y Truyol y Cía. v. West India Oil Co., 26 D. P. R. 361.

Es cierto que el artículo 5, apartado K, dispone que “nin-guna persona permitirá que un vehículo de motor de su pro-piedad o que esté bajo su gobierno sea manejado por persona que no esté legalmente autorizada para hacerlo o en contravención a las disposiciones de esta ley, y ninguna persona tomará a su servicio a un chauffeur, sin antes cercio-rarse de que posee una licencia adecuada,” pero este pre-cepto no puede servir de fundamento para una sentencia con-denatoria en este caso porque el apelante empleó para ma-nejar su automóvil, que es un vehículo de motor, a persona que estaba legalmente autorizada para hacerlo pues tenía licencia de conductor, y no podemos decir que el apelante haya contravenido la ley en otro particular. En cuanto al último extremo de ese precepto es verdad que dispone que el dueño de un vehículo de motor no tomará a su servicio a un chauffeur para manejarlo sin antes cerciorarse de que posee una licencia adecuada, pero siendo iguales, según he-mos dicho, los requisitos exigidos por la ley para conceder las licencias de conductor o de chauffeur no creemos que tenga el alcance de que cuando se paga a una persona por mane-jar un vehículo de motor haya de emplearse necesariamente a una que tenga licencia de chauffeur y que no pueda alqui-lar, los servicios de un conductor cuando uno y otro están au-torizados para manejar vehículos de motor.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser revocada y absolverse al demandado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el i demandado de la demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. del Tiobo,

text:
    Sidney, Demandante y Apelado, v. Serrano, Demandado y Apelante
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce, en pleito sobre desahucio en precario.
    No. 2194.
    Resuelto en junio 14, 1920.
    Desahucio- — Conflicto de Títulos. — El desahucio no es el juicio apropiado para dirimir conflictos de títulos a la propiedad de los inmuebles.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. G. Brunet.

    Abogados del apelado: Sres. Lopes de Tord, y Zayas Bizarro.

   El Juez Asociado Se. del Tiobo,

emitió la opinión del tribunal.

John Sidney Durkin, alegando ser dueño de una finca rús-tica de quince cuerdas, situada en Barros, entabló demanda de desahucio en precario contra Francisco Serrano. Este contestó oponiéndose y alegando que posee la finca pero no en precario, sino en concepto de dueño. Fue el pleito a jui-cio. Se practicaron las pruebas de ambas partes y la corte falló finalmente decretando el desahucio solicitado. El de-mandado apeló entonces para ante este tribunal.

El demandante probó en el acto de la vista que había comprado la finca a Aristela Rodríguez, en 1919. Dicha finca fné rematada para el pago de contribuciones, adquiriéndola El Puerto de Puerto Rico en 1910. El expediente se dirigió contra Ambrosio Rodríguez, padre de Aristela, y Aristela luego redimió la finca.

Prima, facie el demandante demostró un título perfecto al dominio de la finca en cuestión. Pero el demandado pre-sentó a su vez prueba tendente a demostrar que'desde hacía más de treinta años poseía la finca en concepto de dueño. Surgió entonces un verdadero conflicto de títulos que no cabe resolver dentro de los trámites del juicio de desahucio, según la constante y repetida jurisprudencia de este tribunal.

Se sostiene que el propio Serrano trató de redimir la finca. Quizás esta circunstancia pueda apreciarse en contra suya, pero a nuestro juicio no le impide alegar su condición de dueño.

Sostiene la corte sentenciadora que mientras no se anule la venta hecha al demandante Durkin, éste tiene derecho al desahucio solicitado contra el demandado, y cita en apoyo de su criterio los casos de León v. Alvarado, 24 D. P. R. 700, y Ortiz v. Aguayo, 26 D. P. R. 735.

No estamos conformes. Los casos invocados son distin-tos. En el de León hubo un pleito previo entre las mismas partes, adjudicándose al demandante una casa propiedad del demandado. Subsiguientemente se estableció el desahucio para desalojar de la casa al demandado. El demandado alegó en el juicio de desahucio que había solicitado la nulidad del primitivo juicio y esta corte decidió que eso no era motivo para obstaculizar la marcha del desahucio, pues mientras la nulidad no se obtuviera, el demandante seguía siendo dueño y como tal tenía derecho a que el demandado desocupara la casa. En este caso que resolvemos no hubo juicio ordinario previo. Tina persona que está en posesión de una finca y que sostiene y aporta evidencia tendente a probar que lo está en concepto de dueño, es demandada en desahucio. No im-porta que el demandante presente un título prima facie bueno. También el demandado presenta otro título prima facie bueno. La cuestión es que surge un conflicto de títulos por vez pri-mera ante la corte y que no es el pleito de desahucio el pro-pio para dirimirlo.

Tampoco es aplicable el otro caso citado, o sea el de Ortiz v. Aguayo, supra, en el que en armonía con la otra deci-sión se establece la doctrina de que “el recurso extraordi-nario de injunction no es el adecuado para suspender el pro-cedimiento de desahucio so pretexto de estar pendiente una acción que afecta a la validez del título del demandante en el desahucio.”

Por las razones expuestas debe revocarse la sentencia apelada, y en su lugar dictarse otra desestimando la de-manda, sin perjuicio de que la parte demandante ejercite el derecho de que se crea asistida en el pleito ordinario que corresponda.

Revocada la sentencia y desestimada la de-manda sin perjuicio de que él demandante ejercite el derecho de que se crea asistido en el pleito ordinario que corresponda.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. "Wolf no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Padilla, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ghiayama en causa por infracción al Reglamento de Sanidad No. 30.
    No. 1537.
    Resuelto en junio 17, 1920.
    Salud Pública- — Delito Contra la — Prueba Pericial. — Cuando una harina de trigo destinada a hacer pan para la venta al pueblo está llena de gusanos y gorgojos y los sacos que la contienen se encuentran perforados pudiendo obser-varse a la simple vista las excretas de los gusanos, una persona de inteligen-cia común puede declarar -sobre tales hechos y la corte concluir a virtud de su declaración que la liarina se encontraba por lo menos sucia, a los electos del artículo 16 del Reglamento de Sanidad No. 30, sin que sea indispensable en tal caso el análisis del artículo por perito químico.
    Cortes — Jurisdicción en Materia Criminal. — Una denuncia en que se alega que el hecho delictivo ocurrió “en Arroyo, P. R.,” del distrito judicial municipal de Arroyo,” es suficiente para determinar la jurisdicción de la Corte de Dis-trito de • Guayama para conocer de ella en grado de apelación.
    Sentencia Defectuosa — Enmienda en la Corte de Apelación. — Siempre que el error cometido no sea perjudicial al acusado, puede enmendarse una senten-cia por la corte de apelación.
    Los hechos (están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. J. J. Aponte.

    Ahogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal. ■

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia, base del proceso, copiada a la letra en lo pertinente, dice así:

“Que en octubre 7 de 1918 y en Arroyo, P. R»., del Distrito Judicial Municipal de Arroyo, le decomisé al referido José D. Padilla, dueño de una panadería una partida de liarina de trigo de 77 sacos de a 100 libras cada uno, habiéndole dejado aviso al referido Padilla de no usar de aquella harina para elaborar pan porque a mi juicio, como Inspector de Alimentos y Drogas, aquella harina es-taba contaminada, pero que iba a enviar una muestra al Labora-torio Químico para estar seguro del estado de pureza de la misma y a pesar de tal aviso y luego de haber recibido el informe del Director del Laboratorio de que la harina en cuestión era impropia para el consumo, y cuando el Inspector de Sanidad de Arroyo, José Espada Marrero, fué a notificar al referido Padilla del resultado del análisis de su harina, éste le contestó que había dispuesto de la harina. Más tarde el denunciante se trasladó a Arroyo, en octubre 29 de 1918 para notificar al Padilla y ver qué había hecho con la harina, éste le dijo que había mezclado la harina con harina de buena calidad y había hecho pan con ella, y como esto es una in-fracción del Reglamento d'e Sanidad No. 30, que reglamenta las pa-naderías, procedimientos de panificación y venta de pan en Puerto Rico especialmente en su artículo 16, denuncio los hechos a V. H. a los fines que estime oportunos.”

Y la ley infringida es como signe:

“No'se venderá ni ofrecerá o expondrá en venta en Puerto Rico ningún producto confeccionado con harina, si está agrio o amargo; o si es elaborado con una harina agria, sucia o malsana, o si está adicionado con sales, minerales u otros ingredientes, o si su condi-ción es tal que cuando se use como alimento sea nocivo o afecte seriamente a la salud.” .Artículo 16 d'el Reglamento de Sanidad No. 30.

Juzgado y condenado el acusado por la Corte Municipal de Arroyo, P. R., apeló para ante la Corte de Distrito de Gruayama. Celebrado el juicio de nuevo, fué también conde-nado' y recurrió entonces para ante este tribunal.

1. Sostiene el apelante que la denuncia es insuficiente por-que de ella no se desprende la jurisdicción. de la Corte. de Distrito de Gruayama. Esta cuestión fué levantada en la corte de distrito y resuelta por ella, con razón a nuestro jui-cio, en el sentido de que apareciendo de la faz de la denuncia que el hecho denunciado ocurrió “en Arroyo, P. R., del Dis-trito Judicial Municipal de Arroyo,” y teniendo la corte de distrito conocimiento judicial de que el Distrito Judicial Municipal de Arroyo forma parte del Distrito Judicial de Grua-yama, P. R., de la propia faz de la denuncia- constaba su jurisdicción.

2. Alegó el apelante que su causa debió ser sobreseída por haber transcurrido más de 120 días entibe la fecha de su ra-dicación y la de la celebración del juicio. Este extremo fué objeto de prueba. El secretario de la corte municipal sos-tuvo que envió los autos a la de distrito el doce de febrero de 1919. El secretario' de la corte de distrito dijo que lo que podía asegurar era que de acuerdo con la carátula del expediente, la radicación de los autos en la corte de distrito se verificó el 20 de febrero de 1919, y que, de acuerdo con el libro de minutas, el 18 de marzo de 1919 la vista de la causa que había sido señalada para ese día se pospuso, con la conformidad del abogado del acusado, para el próximo término. El juicio se celebró finalmente el 18 de junio de .1919. Siendo esas las circunstancias que concurren, no puede sostenerse eon éxito que la corte de distrito errara al deses-timar, como desestimó, la moción del acusado.

' 3. Sostiene el. apelante que debió ser absuelto por falta ¡ de prueba. Hemos examinado cuidadosamente la evidencia y si bien convenimos en que pudo ser más robustaj eso no obstante contiene, a nuestro juicio, elementos bastantes para sostener la sentencia condenatoria dictada.

Para probar que la harina estaba descompuesta se intentó presentar el informe del químico del laboratorio insular. El acusado se opuso basándose en que no era la mejor prueba, debiendo el fiscal traer a declarar al químico en persona, a fin de poder ser repreguntado por la defensa. La corte sos-tuvo-la oposición. Y se alega que no habiéndose presentado la declaración pericial, quedó la acusación desprovista de todo elemento probatorio eficaz sobre el extremo esencial del estado en que se encontraba la harina.

No estamos conformes. El mal estado de la harina pudo ser. como lo fué en este caso, tan evidente, que cualquier persona de inteligencia común esté en condiciones de prestar una declaración válida sobre el mismo.

Hijo ol inspector Fermín Bran declarando en el juicio:

‘‘ Que entró acompañado del inspector de sanidad Francisco Picón, Jr., y que después de inspeccionar la panadería fué a la habitación donde tenía la harina almacenada y se encontró con una estiba de 77 sacos que estaban perforados por los gusanos y se veían unos agujeritos, estaban perforados los sacos y por ahí se veían las ex-cretas de los gusanos y se podían sacar donde estaban metidas las larvas. Hice abrir un saco a presencia del maestro encargado de la panadería y otro empleado, un jovencito que había allí, extraje un poco de harina, extendí en un papel, puse una superficie lisa y les enseñé cómo brotaban los gusanos y gorgojos de esa harina. SI maestro me dijo que esa harina no la usaban ellos, que la tenían re-tirada;-pero yo había tomado café por la mañana en el pueblo y encontrado el pan malo. Entonces le enseñé la harina a ellos, vieron los gusanos y le dije que iba a coger una muestra, como realmente lo hice y les dije que ellos no podían disponer de esa harina para hacer pan, que se -lo avisaran a Padilla y que no la devolvieran ni lá tocaran hasta que yo no les diera informes del resultado del aná-lisis.”

Y el testigo Picón, se expresó como sigue:

“Que ese día fueron a inspeccionar la panadería de Padilla, pa-saron al departamento de harina y allí encontraron una harina que se examinó en presencia del declarante; que la harina tenía gusanos; que vio los gusanos; que se mandó a apear un saco; que había una estiba de 77 sacos; que Brau mandó a bajar un saco y lo abrieron y le encontraron gusanos; que cuando encontró que la harina estaba mala dijo que no la usaran; que él tomaba una muestra y la iba a mandar al laboratorio, que él estaba seguro de que estaba mala, pero que iba a mandar la muestra para asegurarse más, que la de-jaba decomisada allí hasta que le avisaran el resultado del labora-torio; que eso pasó en presencia del testigo.”

Se argumenta, además, para 'sostener que la prueba no es bastante, que el acusado nunca fue notificado y que no hay prueba de que fabricara pan con la harina a sabiendas de que estaba en malas condiciones.

Se trata de un establecimiento instalado para vender al público. El acusado es el dueño de ese establecimiento. La inspección se hizo dentro de él y a presencia y con la inter-vención de los empleados del acusado. Y el inspector Brau declaró lo que sigue:

“Yo fui a Arroyo; tuve noticias de que habían dispuesto de la harina y antes de hacer una denuncia quería verme personalmente con el Sr. Padilla, y le dije qqe cómo era posible que hubieran dis-puesto de aquella harina que yo había dejado decomisada, sin espe-rar el informe del laboratorio y además del aviso que le había dejado que era mala para pan; me dijo que era poca harina, que unos sacos estaban malos y otros no y que cogió y la mezcló con harina buena.”

Vuelto a preguntar por el abogado defensor, contesta:

“Preguntado si sabe si él dispuso de la harina de ese saco que es-taba malo contesta que dispuso de todos los sacos, que le dijo que había dispuesto de toda la harina, que no sabe si dispuso d'e ese o no, lo supone; que dispuso de.los 77 sacos que fue la partida deco-misada por él. Preguntado si es una suposición suya, contesta: Que eran 77 sacos y como no entregó ninguno, que há debido dejar-los separados. Preguntado si él le indicó o le manifestó que babía dispuesto del saco que el testigo abrió y resultó mala la harina, con-testa: No señor, me dijo que babía dispuesto de toda la harina.”'

La admisión del propio acusado y el hecho de que los gusanos y gorgojos de la harina hablaban por sí mismos, demuestran que el acusado convirtió en pan la harina a sa-biendas por lo menos de que estaba sucia, cometiendo así un acto en contra de la comunidad que no debe ser dejado sin castigo. Para que la infracción se cometa, no es nece-sario que el dueño de la panadería sea advertido. Lo que se necesita es que elabore pan con harina sucia, agria o mal-sana. Y dadas las circunstancias que concurren en este caso, el acusado, independientemente de la actuación del inspector de sanidad, al elaborar el pan con la harina de que se trata, necesariamente tenía que .saber que lo hacía con una harina impropia para el consumo y la salud del pueblo.

4. Alega, por último, el apelante, que la sentencia es de-fectuosa porque no expresa con claridad el delito por el cual castiga al acusado.

La sentencia dice así:

“Practicada la prueba testifical, la corte, por el resultado de la misma, dicta sentencia declarando al acusado José D. Padilla culpable del delito de infracción al artículo 30 de la Ley de Sanidad e imponiéndole veinte y cinco dólares de multa, o en su defecto un día por cada dollar que dejare de satisfacer, con las costas.”

El mismo apelante reconoce que la corte sufrió un error al expresar: “Artículo 30 de la Ley ele Sanidad,” en vez de Reglamento de Sanidad No. 30. Y esa es la verdad. Se trata de un mero error que pudo ser corregido por la corte de distrito y que puede ser corregido ahora por el Tribunal Supremo.

El apelante invoca los casos de El Pueblo v. Campos, 17 D. P. R. 1190, y El Pueblo v. Alvarez, 21 D. P. R. 86. El último de dichos casos contiene un estudio amplio y complelo sobre la materia y es siguiendo precisamente su doctrina que opinamos que en este caso puede y debe corregirse el error cometido por la corte de distrito, ya que dicho error no perjudicó en modo alguno al acusado y leyendo la denun-cia y analizando la prueba se encuentran en ellas ciatos bas-tantes para fijar con toda claridad y exactitud cuál fné la verdadera resolución de la corte.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que debe de-clararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia re-currida, corregida en la forma indicada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Tobo,

text:
    Sucesión Rivera et al., Demandantes y Apelantes, v. Sucesión Salas et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre reivindicación.
    No. 2202.
    Resuelto en junio 17, 1920.
    JURISDICCIÓN DE LAS CORTES DE DISTRITO — REIVINDICACIÓN-NULIDAD.-Versando como versa el pleito sobre reivindicación de una finca cuyo valor excede- de qui-nientos dólares, la jurisdicción de la corte de distrito es evidente, sin que en nada afeete a esa jurisdicción el. hecho de que la finca llegara a poder de la parte demandada a virtud de dos pleitos, la cuantía de cada uno de los cuales era inferior a quinientos dólares, y el de que se alegue la nulidad de lo actuado en dichos dos pleitos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. L. Mercader y E. Marín.

    Abogado de los demandados: Sr. F. B. Flores.

   El Juez Asociado Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en el presente caso de una demanda de reivindi-cación. Se sostiene que a virtud de ciertos pleitos iniciados en la Corte Municipal de Utuado, se embargó y vendió una finca rústica, cuyo valor excede de $500 según todas las tran-sacciones realizadas en relación con la misma, perteneciente a los demandantes. El hecho séptimo de la demanda dice así:

“Que los embargos mencionados y los emplazamientos o citación de los demandados, fueron practicados y diligenciados por Pedro de Jesús Vega, sub-marshal de la corte de distrito, no habiéndose em-plazado a los menores miembros de la sucesión de Pedro Rivera Maldonado, en forma legal alguna; ni tampoco fueron hechas partes demandadas María Clara y Eufemia Rivera Sánchez, miembros de dicha sucesión y eondueñas de los bienes que se embargaban; y que el marshal de la corte municipal de Utuado al efectuar la ejecución de las sentencias recaídas ilegalmente en los procedimientos referi-dos, no anunció el remate de los bienes mediante edictos o en cual-quier otra forma en cuanto a la segunda acción por 461 dólares cin-cuenta centavos, sino que procedió a vender y vendió los bienes englobados, conjuntamente, en un solo acto o remate; y alegan los demandantes, que los procedimientos aludidos desde su principio hasta su fin, se verificaron sin tener la corte de Utuado jurisdic-ción en la materia de la acción ni en forma alguna, en contraven-ción a las leyes de procedimientos al caso aplicables.”

Los demandados contestaron en debida forma. Sostuvie-ron la validez de los procedimientos y de las transacciones a virtud ele los cuales llegó la finca finalmente a su posesión que disfrutaban en concepto de dueños, quieta, no interrum-pida y pacíficamente.

Fué el pleito a juicio. Se practicaron pruebas. Y la corte de distrito dictó una sentencia que copiada a la letra, en lo pertinente, dice así:

“En este momento después de haber' declarado el Secretario de la Corte Municipal de Utuado y vistas las alegaciones de la de-manda y oída la prueba documental aportada por medio del Secre-tario de la Corte Municipal de Utuado, referente a los dos pleitos seguidos por Enrique Blanco Salas contra Sucesión de Pedro Rivera Maldonado demandantes y demandados respectivamente, en am-bas causas en cobro de $461.50 y $341 respectivamente, y siendo la nulidad de las actuaciones de dichos pleitos lo que constituye la causa de acción ejercitada, y atendiendo a que no pueden acumularse dos asuntos de cuantía inferior a la que pueda conocer esta corte y sobre los cuales y cada uno en particular tiene jurisdicción exclu-siva la Corte Municipal de Utuado según la ley sobre reorganiza-ción judicial de 1904; la corte se declara sin jurisdicción para co-nocer de este caso.”

No conforme los demandantes apelaron para ante esta Corte Suprema. En tiempo presentaron su alegato. Los demandados y apelados no presentaron alegato ni compa-recieron al acto de la vista del recurso.

; A nuestro juicio el error de la corte sentenciadora es manifiesto. Se trata de la reivindicación de una finca cuyo valor excede de $500 ejercitada la acción contra las personas que están en posesión de la finca. El hecho de que la repe-tida finca llegara a poder de los demandados a virtud de dos pleitos seguidos contra los demandantes en cobro de pesos, la cuantía de cada uno de los cuáles era inferior a $500, y el de que se alegue la nulidad de lo actuado en dichos pleitos, no es lo que determina la jurisdicción de la corte, sino la reivindicación de la finca. Aquí la nulidad no es la que produce la acción. De existir, el derecho de los demandantes al dominio de la finca es anterior e indepeu diente de la nulidad de los procedimientos. Véase el caso de Oliver et al. v. Oliver, 23 D. P. R. 181-202, y los en él citados.

Debe revocarse la sentencia recurrida y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada, devolviendo el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    González, Demandante y Apelante, v. Ponce Railway & Light Co., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2185.
    Resuelto en junio 17, 1920.
    Peheba ContbadiotoRia — Negligencia—"Last Oleab Chance." — La teoría co-nocida por “the last elear chance,” o sea quien tuvo la última oportunidad de evitar el accidente, no es aplicable a un caso como el presente en que según la apreciación de las pruebas hecha por la corte inferior, la que no aparece haber procedido con pasión, prejuicio o manifiesto error al dirimir el conflicto de la evidencia, no fué el motorista del carro eléctrico en que viajaba el apelante al recibir el daño, sino el conductor del truclc quien tuvo la última oportunidad de evitar el choque que ocasionó el daño.
    Los liechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. H. y L. Tormes.

    Abogado de la apelada: Sr. J. Tous Soto.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente caso se originó en la Corte de Distrito de Ponce mediante demanda qne el demandante José Braulio González interpuso contra la demandada “Ponce Railway & Light Company,” en reclamación de $5,000 por daños y perjuicios qne le fueron cansados con motivo del choque ha-bido entre un carro eléctrico de la demandada y un truck de carga, recibiendo el demandante un fuerte golpe qne según alega lo ha dejado inútil del brazo izquierdo.

Aleg'a el demandante qne el carro eléctrico de la deman-dada, del cual era pasajero, y el truck de carga, el día 4 de octubre de 1918, iban en la misma dirección desde la ciudad de Ponce hacia la Playa y por no haber detenido o reducido el motorista la marcha del carro que guiaba, teniendo como tuvo oportunidad para hacerlo, ocurrió el choque entre am-bos vehículos, recibiendo el demandante un fuerte golpe en el brazo izquierdo que lo ha dejado inútil de dicho brazo, sin haber mediado culpa o negligencia alguna por su parte.

La demandada al contestar la demanda entre otras alega-ciones hizo la de que el accidente se debió única y exclusiva-mente a la negligencia del conductor del truck que marchaba muy próximo a la vía sin necesidad alguna y que al darle señal con la campana el motorista para que dejara la vía franca, se retiró, introduciendo en la retirada la parte posterior del truck dentro del radio de acción del carro eléctrico y chocando con el flanco .izquierdo de éste, sin que le fuera posible al motorista evitar el choque por más que caminaba a pequeña velocidad.

Celebrado el juicio, en el que declararon los testigos de ambas partes, la corte dictó sentencia en 16 de diciembre de 1919 declarando sin lugar la demanda sin especial condena-ción de costas, y de esa sentencia apeló el demandante.

En la opinión que sirve de fundamento a dicha sentencia encontramos las .siguientes conclusiones de hecho:

“La corte, después de haber apreciado debidamente toda la evi-dencia presentada en el caso con un criterio racional y con el me-jor deseo de hacer justicia, declara haberse probado satisfactoria-mente que el choque ocurrido no fué debido a la negligencia de la demandada, Ponce Railway and Light Company ni de sus agen-tes o empleados, sino que dicho choque tuvo como causa inmediata y determinante la negligencia del conductor del truck. Aparece claramente de la prueba que ambos vehículos iban en la misma dirección; que el truck corría paralelamente a la vía del trolley me-diando poco espacio entre uno y otro carro, y que al desviar el truck para alejarse del carro eléctrico, al apartar su cabeza de la vía, introdujo su cola en la vía del trolley, dando con ello lugar al accidente que motiva este pleito.”

La parte apelante alega como motivos del recurso que la corte cometió error al declarar que el accidente que motiva el pleito se debió a la negligencia del conductor del truck que caminaba paralelamente a la vía del trolley, y que tam-bién cometió error en la apreciación de la prueba al decla-rar como declaró sin lugar la demanda.

Para sostener el primer error se acoge el apelante a la teoría conocida en inglés por the last clear chance, o sea, quién tuvo la última oportunidad de evitar el accidente; pero sin gran esfuerzo de inteligencia fácilmente se comprende que esa teoría fio es aplicable a la demandada, pues no fué el motorista del carro eléctrico de la demandada sino el conductor del truck de carga quien tuvo la oportunidad de evi-tar el accidente, según apreciación de las pruebas hecha por la corte sentenciadora. El choque reconoció por causa el desvío del truck de carga por su conductor en las condicio-nes en que lo verificó, invadiendo el radio de acción del carro eléctrico y chocando con éste.

Hemos examinado las pruebas aportadas al juicio por ambas partes,, y cualquier conflicto que en ellas pudiera ha-ber ha sido resuelto en favor de la demandada, sin que se nos haya demostrado que el juez actuara con pasión, prejui-cio, parcialidad o manifiesto error.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tonió parte en la resolu-ción de este caso.


text:
    Aponte et al., Demandantes y Apelantes, v. Garzot et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre nulidad y reivindicación, de finca.
    No. 2021.
    Resuelto en junio 17, 1920.
    Reivindicación — Causa de Acción — Inexistencia de Venta por ser Simulada — Los herederos de una persona a favor de la cual se traspasó simuladamente y sin que mediara precio el dominio de una Anea de cuya posesión no se des-prendió el vendedoT, y cuya finca fué luego vendida en licitación pública para pago de contribuciones, no tienen causa de acción para demandar del compra-dor en subasta la reivindicación del inmueble bajo el fundamento de ser nula la venta por defectos en el trámite de la subasta.
    Id. — Documento Privado — Admisiones de una Parte en su Contra. — En el pre-sente caso se resolvió que de acuerdo con los números 2 y 4 del artículo 35 de la ley de evidencia era admisible como prueba el documento privado por el cual la persona a cuyo favor se traspasó la finca reconoció al día siguiente del traspaso que éste fué simulado y sin que mediara preeio y que si tal ma-nifestación no era suficiente en derecho, trasmitía de nuevo la finca a su ver-dadero dueño el vendedor.
    Id. — Notificación por Oorkeo — Residencia del Abogado. — Actuando interina-mente como Registrador'de la Propiedad de Oaguas el ahogado de los deman-dantes en el presente caso y no pudiendo ausentarse de la población sin per-miso del juez de distrito, estuvo bien dirigida la notificación que por correo le hicieran a Oaguas los demandados participándole la fecha en que habría de tomarse en Humacao la deposición de testigo; y no cometió error la corte al admitir tal deposición como evidencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. J. R. F. Savage y F. Vázquez.

    Abogado de los apelados: Sr. A. Aponte, Jr.

   El Juez Asociado Se. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una apelación de los demandantes en este pleito contra la sentencia que declaró sin lugar la demanda de reivindicación de una finca nombrada ‘‘Fortuna, ’ ’ del pueblo de Naguabo, con sus frutos producidos y podido producir.

Según escritura pública de 22 de enero de 1885, Alejandro Viader Soler vendió a Petrona Geigel varias fincas, entre ellas una nombrada “Fortuna” radicada en el pueblo de Naguabo, todas por precio de 65,900 pesos que el vendedor confesó haber recibido de la ^compradora antes del otorga-miento de la escritura. El mismo día Petrona Geigel con-firió a Alejandro Yiacler Soler poder amplio y general para que la representase y administrase dichas fincas. En el año 1889 la finca “Fortuna” fué vendida en pública subasta por el Ayuntamiento de Naguabo por débito de contribuciones y la adjudicó a Juan Garzot a quien pertenece desde entonces.

Petrona Geigel murió el 20 de febrero de 1902 dejando como heredera a su única hija Clemencia Dávila, quien a su. vez falleció el 26 de julio de 1916.

Veinte y siete años después de la venta a Garzot en la subasta de la finca “Fortuna” y un año después de la muerte de Clemencia Dávila, los apelantes, herederos de ésta, de-mandaron al comprador Garzot, a la hermana y coheredera Aurora Aponte, lieredera testamentaria de su madre en los dos tercios de libre disposición y de mejoras así como de su sexta parte en el tercio de legítima y a Francisco Simonet, .viudo de Clemencia Dávila, alegando que el procedimiento de apremio para el pago de contribuciones seguido por el Ayuntamiento de Naguabo que produjo la venta en subasta a G-arzot de la finca “Fortuna” es nulo y que debe devolver dicha finca a los herederos de Clemencia Dávila con más los frutos que lia producido y que lia podido producir desde que entró en posesión de ella.

Se opusieron todos los demandados a las reclamaciones que hacen los demandantes y los herederos demandados Aurora Aponte y Francisco Simonet, alegaron como materia de defensa, que los descendientes de Petrona Geigel no tie-nen título alguno a dicha finca porque su abuela nunca fué dueña de ella por ser simulada y sin mediar causa la venta que le hizo Alejandro Viader Soler y sin que Yiader se des-prendiera de su propiedad, hechos que han reconocido los demandantes, los que están imposibilitados de negar la simu-lación de dicho traspaso por haber inducido a todo el mundo a creer en esa simulación con sus hechos, sus actos y su conducta y que Petrona Geigel nunca tuvo la posesión de tal finca. '- Alegan también estos demandados que los demandan-tes Joaquín y José Aponte no tienen interés alguno en la herencia de su madre Clemencia Dávila, careciendo de causa de acción por haber cedido todas sus acciones y derechos en dicha herencia a favor de Francisco Simonet, y que Petrona Geigel, Clemencia Dávila y sus hijos han reconocido siempre a Garzot como dueño de la finca y se hallan impedidos do negarle ese derecho.

El otro demandado Juan Garzot alegó como materia nueva de defensa que cuando compró la finca “Fortuna”, Petrona Geigel ratificó dicha venta; que la acción de los demandantes ha prescrito conforme a lo dispuesto en los artículos 1268 y 1858 del Código Civil de Puerto Pico, equivalentes a los 1301 y 1957 del Código Civil Español; que desde hace más de veinte v siete años está en la posesión quieta, pacífica y sin interrupción, de manera pública y notoria en concepto de dueño, con buena fé y justo título, actos todos conocidos y sancionados por Petrona Geigel y por su bija Clemencia i)á-, vila quienes lo lian reconocido siempre como único y abso-luto dueño.

Para probar Aurora Aponte y Francisco Simonet sus ale-gaciones presentaron un documento privado firmado por Pe-trona Geigel el 23 de enero de 1885 en el que, para evitar . perjuicio en todo tiempo a Alejandro Viader Soler, hace constar que el día anterior dicho Viader le traspasó en venta" por escritura pública varias fincas y acciones por valor de $65,900 moneda comercial que confesó haber recibido antes del otorgamiento; que toda vez que la compra fuá hecha por complacer a Viader y sin que mediara ningún precio cierto y verdadero, siendo en todo simulada dicha escritura de com-pra venta, .le otorgó acto seguido ante el mismo notario un poder general para que a su antojo pudiera disponer libre-mente de sus bienes como verdadero y legítimo dueño de ellos, pero que si tal formalidad no fuera bastante en dere-cho para proteger a Viader, cedía, renunciaba y traspasaba en su favor todos los derechos y acciones que pudiera ella tener o corresponderle en dichos bienes jurando y protes-tando que nunca demandaría contra él y que siempre lo reconocería como único y absoluto dueño de los citados bie-nes, comprometiéndose a otorgarle escritura pública de tras-paso tan pronto se lo exija y obligándose a estar y pasar por lo consignado en el documento privado.

Según otros particulares de la evidencia, Petrona Geigel era una mujer pobre que «vivió muchos años como recogida en la casa de Alejandro Viader Soler atendiendo al cuidado de sus hijos.

También presentaron dichos demandados como prueba la deposición que al comenzar el pleito prestó Aurora Aponte en la que bajo juramento declaró que la firma del anterior documento privado es de su abuela Petrona Geigel, que ésta no tenía bienes en 1885, qne ese documento lo conocían su madre, la testigo y sus hermanos por lo qne reprobó la de-manda y advirtió a los demandantes qne no fueran a la corte con este pleito. En cnanto al último particular de la mate-ria nueva de defensa referente a que los demandantes y sus antecesores habían reconocido a Garzot como dueño de la finca no se presentó prueba alguna.

En vista de los hechos expuestos, la primera cuestión que surge es si los demandantes pueden ejercitar la acción de reivindicación que han establecido en este pleito.

Uno de los requisitos necesarios para-poder ejercitar con éxito la acción reivindicatoría es que el que reclama la cosa sea dueño de ella y si bien en este caso se otorgó un título de compra de la finca en litigio a favor de la abuela de los demandantes ella reconoció en otro documento otorgado al día siguiente no solo que tal compra fué simulada y sin causa ni precio, sino, además, que si tal manifestación no fuera suficiente en derecho trasmitía de nuevo dicha finca a su vendedor a quien consideraba único dueño de la misma, por lo que es claro que siendo nula dicha venta por carecer de causa para el contrato y a mayor abundamiento trasmitida por Petrona G-eigel a Alejandro Viader la finca en cuestión, no siendo dueña de ella dicha señora por las razones expre-sadas sus descendientes no han adquirido por herencia título alguno de propiedad sobre la finca “Fortuna” y no pueden por tanto ejercitar la acción reivindicatoría ni, por consi-guiente, pueden atacar el título que el demandado Garzot tenga a tal propiedad. Estando por virtud de ese documento imposibilitada Petrona Geigel de negar la simulación del contrato y de alegar título de dueña a la finca, los herederos de su hija y heredera, también se hallan en la misma impo-sibilidad que estaba su causante y carecen de acción para alegar derechos dominicales.

Cuando los demandados Aurora Aponte y Francisco Si-monet alegaron la defensa mencionada los demandantes pi-dieron qne friera eliminada y la negativa de la corte inferior a esa pretensión se alega ahora como uno de los errores que sirven de fundamento a este recurso de apelación; pero que era pertinente y que la corte no cometió tal error lo demues-tra la importancia que tal cuestión tenía en este pleito con respecto a la capacidad de los demandantes para pedir la reivindicación en concepto de dueños.

También se opusieron los demandantes a que se admitiera en el juicio como prueba el documento privado que suscribió su abuela el 23 de enero de 1885 a que hemos hecho refe-rencia y la deposición prestada por Aurora Aponte.

Ya hemos dicho que el documento privado contenía una buena defensa de Aurora Aponte y de Francisco Simonet contra los demandantes por lo que era admisible aun siendo documento privado, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Evidencia, números 2 y 4, según los cuales puede presen-tarse en juicio evidencia del acto, declaración o admisión de una parte, como evidencia contra ella, y el acto realizado o declaración hecha por un difunto contra su interés, respecto de sus bienes.

Con respecto a la deposición de Aurora Aponte resulta que el 8 de marzo de 1917 el abogado de los demandados cursó en Iiumacao por correo una notificación a Caguas dirigida a Fernando Vázquez, abogado de los demandantes, participándole que el día 13 siguiente, de ocho a nueve de su mañana, sería tomada dicha deposición en Humacao en el domicilio de Aurora Aponte. No concurrió el abogado de los demandantes a la toma de esa deposición quien en 24 de julio siguiente manifestó a la corte que hasta entonces no había tenido noticia de esa diligencia y pidió que se anulara la deposición tomada o se le permitiera hacer repreguntas a la testigo. Con la moción presentó su declaración escrita y jurada en la que manifiesta que en la fecha indicada era Registrador interino de Caguas, que del 6 al 13 de marzo estuvo en San Juan tomando parte en unas oposiciones, que no ha recibido pliego alguno con la notificación expresada y que tenía su bufete en Humacao a donde se trasladaba al-gunas veces con permiso del juez. Dos empleados del Re-gistro de Caguas juraron también en julio 24 que del 8 al 13 de marzo no recogieron en el apartado pliego alguno del abogado de los demandados dirigido al abogado Vázquez.

Los demandados presentaron varias contra declaraciones juradas según las cuales la notificación dicha fué puesta en el correo el día 8 de marzo dirigida al abogado de los de-mandantes y que éste tenía su oficina en Caguas desde algún tiempo antes.

La corte inferior negó la petición de los demandantes quienes por esos mismos motivos se ojnisieron a la admisión de dicha deposición y, además, por ser impertinente, extremo. el último que ya hemos considerado antes.

No creemos que hubo error en la corte sentenciadora al admitir como prueba esa deposición, porque estando encar-gado el abogado Vázquez del Registro de la Propiedad de Caguas cuando la notificación se le envió por correo, aquél era el sitio donde debía enviársele toda vez que no podía abandonar la localidad sin autorización del juez, por lo que sólo eventualmente y con ese requisito podía trasladarse a Iíumacao.

Por todo lo expuesto creemos que la sentencia que declara sin lugar la demanda debe ser confirmada.

Confirmada la- sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado del Toro.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison no inter-vinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Se. Hernández,

text:
    La O, Demandante y Apelada, v. Rodríguez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre injunction.

    No. 2239.
    Resuelto en junio 21, 1920.
    Injunction para Recobrar la Posesión — Deslinde y Mensura. — El hecho de que el dueño de una finca rústica no se oponga a la práctica de mensura y deslinde de una propiedad colindante con la suya no le priva de su derecho a acudir al remedio de mjwnction que provee la ley de marzo 13, 1913, al ob-jeto de recobrar cualquier porción de terreno de que se le hubiera desposeído sin su consentimiento como consecuencia de la mensura y deslinde, el cual no da ni quita derechos y deja intactas las cuestiones de posesión y propiedad, pues su único fin es aclarar y fijar la división y limites de las fincas, evitar que se confundan o desaparezcan los antiguos linderos y prevenir los pleitos que de tal confusión pudieran originarse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    . Abogado del apelante: Sr. B. Sánchez Montalvo.

    Abog’ado de la apelada: Sr. J. F. Fernández Coronas.

   El Juez Presidente Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn caso de injunction promovido ante la Corte de Distrito de Ponce por Bernarda La O contra José Rodríguez de acnerdo con la Ley No. 43 aprobada en 13 de marzo de 1913, para que se la restituya en la posesión de cierta parcela de terreno que describe en la demanda, ale-gando como hechos determinantes de su acción que es dueña de una finca de once cnerdas veinte y cinco céntimos radicada en el barrio de “Guaraguao” del término municipal de Ponce, colindante por el norte con tiernas del demandado José Ro-dríguez, y que éste personalmente y auxiliado por otras per-sonas por orden del mismo, había destruido puntos y linde-ros, y se introdujo en ella privando a la demandante por actos violentos y fraudulentos de la posesión de una faja de terreno como de 50 céntimos de cuerda, por la parte norte en eolindancia con Rodríguez, aprovechándose también del café producido por dicha faja de terreno, calculable en quin-tal y medio con valor de $15, cuyos lieclios tuvieron lugar desde el día 28 de septiembre al 4 de octubre de 1917.

El demandado negó en su contestación los hechos funda-mentales de la demanda y alegó que en el mes de ag’osto de 1917 hizo mensurar y levantar un plano por perito agrimen-sor, previa citación de todos los colindantes, entre éstos la demandante, de una finca de'cuarenta cuerdas de su propie-dad, habiendo procedido dicho agrimensor acompañado de los peones necesarios a poner estacones en la línea divisoria de la finca medida, a la vista y sin protesta alguna por parte de los colindantes, hecho lo cual y considerándose dueño de todo el terreno encerrado en el perímetro marcado por el agrimensor, empezó a cosechar el café y los demás frutos que habían dentro de ese terreno.

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 4 de diciembre de 1917 declarando con lugar la demanda, con costas a cargo del demandado, y en la opinión que sirve de funda-mento a dicha sentencia estima que se ha probado especial-mente que la demandante Bernarda La O dentro de los cua-tro meses anteriores a la presentación de la demanda y con motivo de una mensura hecha por agrimensor, fué privada por el demandado de la posesión de la faja de terreno como de 50 céntimos de cuerda que reclama, por actos fraudulentos o contra la voluntad y protestas de la .demandante al verifi-carse la mensura del terreno y cuando se la desposeía de la parte que le correspondía.

El demandado apeló de la anterior sentencia y alega como motivo del recurso que la corte cometió error al aplicar la Ley No. 43 de 13 de marzo ele 1913 a un caso como el pre-sente en que con conocimiento y consentimiento de la de-mandante el demandado ocupó el terreno de que se trata.

El recurso propiamente se funda en que la corte cometió error en la apreciación de las pruebas al estimar que el de-mandado ocupó contra la voluntad de la demandante la faja de terreno de que se trata.

Hemos examinado las pruebas aportadas al juicio por ambas partes y ellas no demuestran el error cometido.

No bay cuestión alguna sobre la posesión en que estaba la demandante de la parcela de terreno que se describe en la demanda, pues el demandado admitió en el acto del juicio que la demandante tuvo esa posesión hasta que se practi-caron los actos de mensura y deslinde de su finca de cuarenta cuerdas con citación de los colindantes.

También nos sentimos inclinados a admitir que tales ac-tos de mensura y deslinde se practicaron sin oposición ' abierta, franca y decidida por parte de la demandante.

Lo que no se ha probado es que la demandante estuviera conforme en ceder al demandado la parcela de terreno que basta entonces había poseído y que quedó encerrada dentro del perímetro del terreno mensurado y deslindado. Esa con-formidad no era efecto necesario de la prestada para la men-sura y deslinde, por más que -acaso así lo creyera el deman-dado. El deslinde, como tiene declarado el Tribunal Supremo de España en sentencia de 3 de julio de 1884, no da ni quita derechos; deja intactas las cuestiones de posesión y propie-dad y sólo sirve para el fin a que se dirige, esto es, para aclarar y fijar la división y límites de las heredades, evitar que se confundan o desaparezcan los antiguos linderos y prevenir los pleitos que de tal confusión-pudieran originarse en lo sucesivo. Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, por Don José Ma. Manresa y Navarro, tercera edición, tomo 6°., página 515.

De todos modos la demandante niega que estuviera con-forme con la cesión y aunque esa negativa estuviera en con-tradicción con los testigos del demandado, lo que no aparece claramente, la corte resolvió el conflicto en favor de la de-mandante y no encontramos motivo bastante para ir contra su resolución.

La Ley No. 43 de marzo 13, 1913, que regula el presente caso, interpretada en el caso de Mattei v. Badillo, 21 D. P. R. 171, La sido rectamente aplicada.

Es de confirmarse la sentencia apelada. „

Confirmada la■ sentencia apelada.

Jneces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


text:
    Rodríguez, Demandante y Apelante, v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre indemnización.
    No. 2165.
    Resuelto en junio 22, 1920.
    Apelación — Comisión de Indemnizaciones a Obreros — Resoluciones Inapela-bles. — De acuerdo con la sección 9 de la Ley No. 10 de 1918, no es apelable una resolución de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros decidiendo que el reclamante no tiene derecho a indemnización por no depender exclusivamente de su hijo víctima del accidente.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: \8res. L. Tormes y H. Tormes.

    Abogado de la apelada: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Está envuelta en este caso la interpretación del párrafo primero de la sección novena de la Ley No. 10 de 1918.

Juana María Bodríguez y Buíz se dirigió a la Comisión de Indemnizaciones a Obreros creada por la sección 6 de la citada Ley No. 10 de 1918, reclamando la indemnización co-rrespondiente a virtud de la muerte de su Lijo Baudilio Gi-ner y Bodríguez, acaecida el 22 de enero de 1919, mientras trabajaba como empleado de la central “Bufina.” Baudilio, al ecbar un saco de polvo de bagazo en un conductor, fué cogido por una rueda del mismo y recibió heridas de tal gravedad que le produjeron la muerte casi instantánea.

La Comisión consideró el caso y dictó la siguiente reso-lución :

“Vista la última investigación hecha por el investigador y re-sultando que los padres del lesionado no dependían exclusivamente de lo que él ganaba para su sostenimiento, procede denegarse la solicitud.”

María Rodríguez apeló entonces para ante la corte de distrito archivando una demanda en la que se narraron to-dos los hechos e incidentes del caso. Contestó la Comisión por medio del Fiscal. Se practicó la prueba y la corte de distrito dictó sentencia finalmente declarando sin lugar la demanda de apelación.

No conforme la demandada se dirigió a esta Corte Su-prema elevando una transcripción completa de los autos.

Las partes han tratado en sus alegatos todas las cues-tiones envueltas pero a nuestro juicio solo es posible estu-diar y resolver la relativa a si la resolución de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros era o no apelable de acuerdo con el estatuto.

La ley especial aplicable dice así:

“Sólo se concederá apelación de la decisión de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros para ante la corte de distrito del dis-trito en donde ocurrió el accidente al reclamante, cuando la Comi-sión haya decidido que no ha ocurrido ningún accidente para el cual se provea indemnización por esta ley.” Párrafo primero del ar-tículo 9 de la Ley No. 10 de 1918.

La Comisión no decidió aquí que no hubiera ocurrido un accidente para el cual proveyera indemnización la ley, sino que basándose en la investigación practicada decidió que la reclamante no dependía exclusivamente de su hijo y por tanto que no tenía derecho a la indemnización.

Estudiando la ley se observa que hay casos expresamente exceptuados. La sección 4 de la misma comienza así:

“No son accidentes del trabajo y no darán, por consiguiente, de-recho a indemnización * * y señala cuatro.

Tal vez con el pensamiento fijo en esa se.cción redactó el legislador el párrafo primero de la sección 9 que dejamos transcrito. De todos modos no podemos forzar la letra de la ley, como sería necesario forzarla, para comprender den-tro tie ella el caso del apelante, aunque creyéramos que se trataba de una reclamación justa. Ya esta misma Corte Suprema, estudiando la Ley No. 19 de 1916, proveyendo para la indemnización a los obreros que resultaren lesionados, etc., que al fijar el derecho de apelación de las resoluciones de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, lo hacía esencial-mente en los mismos términos, e interpretando el párrafo que se refería al derecho de apelación reconocido al patrono, dijo:

“Contra las resoluciones dictadas en las condiciones expuestas no otorga el artículo S3 recurso de apelación, y tampoco pueden estimarse comprendidas entre las que son susceptibles de apelación de acuerdo con el párrafo 8o. del artículo 12 de la ley, cuyo artículo, como ya hemos dicho, se refiere a patrono al cual se hubiera im-puesto cuota de acuerdo con las disposiciones de la ley.
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“Estimamos como consecuencia de lo expuesto que la resolución de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros de 18 de febrero de 1918 no está comprendida en el párrafo 8 del artículo 12 de la Ley de Indemnizaciones a Obreros y que, por tanto, no cabe contra ella recurso de apelación. Y como el recurso de apelación no es un derecho constitucional sino un privilegio estatutorio, sean cuales fue-ren las consecuencias de la negativa de dicho recurso en relación con los perjuicios que puedan irrogarse a la parte apelante, nunca estaríamos autorizados para otorgarle un derecho que la ley no le. otorga función del poder legislativo y no de las cortes de justicia.” Carrero et al, v. Diez y Pérez. 27 D. P. R. 474.

Habiendo en consideración todo lo expuesto, no es posi-ble llegar a otra conclusión que no sea la de confirmar la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y HutcMson.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


text:
    Velázquez Rosado, Demandante Apelante v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de 'la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 2166.
    Resuelto en junio 24, 1920,
    por los fundamentos del caso No. 2165, Rodríguez v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, de junio 22, 1920, (pág. 639).
    Abogados del apelante: Sres. Herminia y Leopoldo Tomes.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Díaz et al., Peticionarios y Apelados, v. Díaz, Opositor Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en pleito sobre administración judicial de una comu-nidad.
    No. 2093.
    Resuelto en junio 24, 1920.
    Abogado y Cliente — Actuaciones del Cliente — Estoppel.—Por muy censurable que sea la conducta de nn juez llamando a su despacho a las partes com-ponentes de una comunidad de bienes, sin citación de sus ahogados, para ter-minar una administración judicial pendiente y activar la división inmediata de los bienes, no será revocada en apelación una orden nombrando contador partidor de tales bienes, cuando dieba orden fné resultado del mutuo conve-nio de las partes, el apelante entre ellas. El mero hecho de que no se tu-vieran en cuenta los derechos de los abogados no puede eximir a un cliente de responsabilidad por sus propios actos, sobre todo, no habiendo demostrado que la orden por él consentida le cansara verdadero perjuicio.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. C. Ramos.

      Abogado de los apelados: Sr. T. Bernardini.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Enriqueta Díaz y Anes de Calimano; María Hortensia Díaz y Molinari, por sí y como representante legal de sus menores hijos Hortensia, Nieves y Antonia de Arguelles y Díaz, María Esperanza Díaz y Molinari; Domingo W. Palés y Anes y Juan Carlos McCormick y Hartmann, en y con anterioridad al día 22 de mayo de 1915 eran condueños de tres fincas rústicas conocidas por “Hacienda Merced,” “Río Jueyes” y “Yacas,” en la siguiente proporción:

Enriqueta Díaz, María Hortensia Díaz, los hijos de esta última y María Esperanza Díaz, a cada una dos novenas partes.

Domingo W. Palés un tercio de una novena parte y a sus hijos Luisa María, Mercedes, Lucila, Enrique 3r Jesús María Palés, cada uno un séptimo de dos terceras de una novena parte y Juan Carlos McCormick dos séptimas de las dos terceras de una novena parte.

Rufina Molinari Sánchez, usufructuaria de estas fincas, como viuda de Ignacio Díaz Joglar, falleció en julio 3 de 1914, y habiéndose negado su esposo sobreviviente, el señor Cividanes a hacer entrega de dichas propiedades, los con-dueños arriba descritos en mayo 22 de 1915 solicitaron y obtuvieron el nombramiento de un administrador judicial que tomó posesión de las fincas en cuestión.

En septiembre 22 de 1916 la sucesión de Carlos McCormick adquirió la participación de Enriqueta Díaz en sustitución de dicha Enriqueta Díaz y la del referido Juan Carlos McCormick.

Posteriormente, Ramón Pastor Díaz, apelante en este caso, adquirió las dos novenas partes pertenecientes a los menores hijos de Hortensia Díaz a quienes asimismo sustituyó.

La participación de la sucesión de J. C. McCormick fue traspasada a A. Hartmann & Co. en marzo 9 de 1918, ha-ciéndose igual sustitución.

En febrero 13 de 1918 Hartmann & Co. adquirió también la participación de María Hortensia Díaz, sustituyendo de este modo a esta última.

En marzo 9 de 1918 María Esperanza Díaz permutó su participación en la hacienda “Mercedes” por la de A. Hart-mann & Co. en la de “Yacas” y “Bío Jueyes,” y en 13 de dicho mes Domingo W. Palés cambió su participación en la finca “Mercedes” por la de A. Hartmann & Co. en la de “Vacas” y “Bío Jueyes.” Y A. Hartmann & Co. vendió también a María Esperanza Díaz la participación adquirida por ellos de Hortensia Díaz en “Yacas” y Bío Jueyes.”

En mayo 25 de 1918 falleció el administrador judicial y los distintos condueños con la sola excepción de Bamón Pastor Díaz, apelante en este caso, solicitaron y obtuvieron el nombramiento de un administrador interino.

En enero 7 de 1919 A. Hartmann & Co. solicitaron el nombramiento de un administrador en propiedad.

Al día siguiente Bamón Pastor' Díaz, por medio de su abogado, compareció y alegó los varios cambios que habían ocurrido en el dominio durante el curso de la administración que dió por resultado dos comunidades distintas, a saber: la hacienda “Mercedes” y las otras dos propiedades arriba descritas; indicó que ya no existían razones que obligaran a las partes interesadas a solicitar el nombramiento de una administración judicial y sugirió que estas comunidades de-bían regirse por las reglas y principios establecidos por el Código Civil para tales casos; que no debía designarse nin-gún administrador judicial en propiedad y que la adminis-tración interina debía terminar; o, de otro modo, en el caso de continuar la administración judicial que dicho Bamón Pastor Díaz fuese nombrado administrador en propiedad, estando él conforme con prestar sus servicios sin recompensa o sueldo, en prestar cualquier fianza que pudiera exigírsele y liquidar dicha administración dentro del tiempo más corto posible.

Esta moción estaba jurada por Bamón Pastor Díaz, quien manifestó en ella que la había leído y que había sido redac-tada de acuerdo con las instrucciones que él dió a su abogado.

En la misma fecha el referido Ramón Pastor Díaz, por medio de su abogado y en relación con la cuestión de] nom-bramiento de un administrador judicial en propiedad, mani-festó en otra moción que el administrador interino, propuesto por Hartmann & Cía. y María Esperanza Díaz para que fuera nombrado administrador en propiedad no podía ser elegido por los motivos siguientes: (a) porque no había adminis-trado los bienes confiados a su custodia como un entendido cuidadoso padre de familia; (b) porque no había cumplido durante su administración con los deberes inherentes a su cargo; (c) porque no era competente para dicho cargo y ha-bía fracasado generalmente en la administración de sus pro-pios bienes; (el) porque era un enemigo personal del con-dómine Ramón Pastor Díaz, y (e) porque allá por el día 31 de julio de 1918 el propuesto administrador presentó o hizo presentar una denuncia imputándole al referido Ramón Pastor Díaz el cielito de hurto, habiendo éste sido absuelto.

En abril 21 de 1919 los varios condueños celebraron una reunión en el despacho del juez de distrito de acuerdo con su convocatoria. El juez entonces, después de manifestar que el objeto de la reunión era cambiar impresiones en cuanto a la comunidad de bienes, sugirió que la administración hacía demasiado de tiempo que estaba pendiente y no había mo-tivo alguno para que continuara si los condueños estaban dispuestos a terminar dicha administración; que la ley esta-blecía el procedimiento para el nombramiento de un conta-dor partidor de los bienes a solicitucf del administrador des-pués do ser liquidados los bienes que se encontraban bajo administración; que las cuentas presentadas por el adminis-trador demostraban tal liquidación de los bienes y que no existían deudas y por consiguiente debía procederse a la división y partición de la herencia. El juez preguntó enton-ces si los que estaban presentes se encontraban dispuestos a que se hiciera la división o si preferían que continuara la administración. Las siguientes son las constancias de lo que ocurrió entonces:

“MoOormigk: Con respecto a la participación que yo repre-sento, señor Juez, que se refiere sólo a la hacienda Merced por haber hecho permutas con otros de los condueños, ya tenemos transado con el otro condueño en la hacienda Merced, Pastor Díaz, y se puede decir que todo está amistosamente arreglado, pendiente nada más que de una pequeña diferencia en la transacción, que si se quiere resolver aquí mismo me permito nombrarle árbitro.
“Juez: Yo quiero saber si Uds. están dispuestos a esa división, de todos los bienes de la comunidad.
“Pastob Díaz: Hoy se puede decir que la comunidad de bienes está dividida en dos comunidades, la que pertenece al Sr. Harry McCormick y la mía, eso ya está terminado amistosamente, hemos convenido la división y solamente depende de la liquidación de las cañas, liquidación del ganado, boyada, carros y demás. Ahora falta en cuanto a la de doña- María Esperanza y yo, y el señor Palés. En cuanto respecta a mi yo estoy decidido a que se divida inmedia-tamente; es todo lo que puedo decir.
“ISOLINDA DÍAZ: Yo lo misino.
“Juez: Entonces todas las partes están conformes en que se proceda a la división de la herencia. (A Pastor Díaz) : ¿En la divi-sión de Yd. y del señor McCormick hay algo o se trata aquí de dividir bienes en los cuales también tienen participación los demás condueños ?
“Pastor Díaz: No, señor, en cuanto respecta a la hacienda Mer-ced, no, los demás condueños no tienen participación, eso es del Sr. McCormick y yo solamente.
“Juez: ¿Pero eso está dentro de la administración?
“Pastor: Dentro de la administración judicial, el Sr. Palés es el administrador judicial.
“DomiNGO Palés: Ellos han hecho un convenio que están para firmar, separando las dos parcelas que corresponden al señor Pastor, solamente está pendiente la tasación de los bueyes y otras tonterías, pero en lo principal, la división del terreno, están ya de acuerdo.
“Pastor Díaz: Queda por dividir las cañas y productos de las cañas, hacer la liquidación de las cañas que se están moliendo ac-tualmente en la central Machete, falta por dividir algunos edificios, bueyes, caballos, calesas y nada más; algunos bienes muebles; en cuanto a terrenos amistosamente Reinos ya dividido el señor McCormick y yo en casa de A. Hartmann y Cía.
“Juez: ¿El Sr. McCormick tiene algún interés en las demás partes de los bienes de la administración que no están incluidos en la hacienda Merced?
“McCormick: En el momento presente, nada,.
“Juez: La, corte librará una orden requiriendo al administrador para que solicite de la corte, el nombramiento de un contador par-tidor, a los efectos de dividir los bienes de la administración no comprendidos en la hacienda Merced o sea los bienes sobre los que han transado los señores Pastor Díaz y McCormick. Ahora yo de-searía que los condueños me indicasen a una persona a quien ellos estimen que pueda desempeñar el cargo de contador partidor para dividir esa herencia. El señor Pastor Díaz puede indicar.
“PastoR Díaz: En los momentos no puedo indicarle a nadie.
“Juez.- El señor Domingo Palés.
“Palés: Yo, al señor Calimano.
“Juez: La señora Isolina Díaz.
“Isolina Díaz: También.
• “Juez: Los señores Palés e Isolina Díaz proponen a la corte como contador partidor al señor Fernando Calimano; el Sr. Pastor Díaz se reserva el derecho hasta mañana de indicar a la corte el nombre de la persona que él propondría como contador partidor.
“Juez: En el día de hoy y estando reunidos en el despacho del juez los copartícipes en la comunidad de bienes, todos anunciando a la corte estar dispuestos a que se proceda a la partición de la he-rencia, solicitando la división de la misma y apareciendo de las cuentas de la administración que ésta se encuentra en estado lí-quido y por consiguiente lista para ser dividida la corte ordena al administrador judicial interino, Sr. Domingo Palés, proceda den-tro del término de tres días a solicitar de la corte el nombramiento de un contador partidor a los efectos de que proceda a la división y partición de estos bienes pertenecientes a la administración judicial. ¿Estarían Yds. dispuestos a aceptar que se dividiese en tan-tos lotes como herederos hay?
“Pastor Díaz: Sí, señor, estoy de acuerdo con eso.
“Juez: ¿De acuerdo con la tasación hecha ya?
“Pastor Díaz: Que se tasen nuevamente porque el precio ese está muy alto. Hoy no vale una yunta $200, uno que lo necesitara podría pagar $200 y hasta $200 y pico pero en el mercado no valen actualmente $200 una yunta de bueyes, de modo que haciendo una nueva tasación y adjudicándole partes iguales entre los herederos.’’

Consta además en los autos la siguiente orden:

“En el día de hoy y estando reunidos en el despacho del juez los copartícipes en la comunidad de bienes todos anunciando a la corte estar dispuestos para que se proceda a la partición de la he-rencia solicitando la división de la misma y apareciendo de las cuen-tas de la administración, que ésta se encuentra en estado líquido y por consiguiente lista para ser dividida, la Corte ordena al admi-nistrador judicial interino, Sr. Domingo "W. Palés, proceda dentro del término de tres días, 'a solicitar de la corte el nombramiento de un contador partidor, a los efectos de que proceda a la división y partición de estos bienes pertenecientes a la administración judicial.”

En abril 22 el administrador interino solicitó el nombra-miento de un contador partidor con el objeto de proceder a la partición y división de los bienes bajo administración judicial. La corte entonces dictó la siguiente orden:

“Por cuanto se ha presentado ante esta corte una petición del administrador judicial interino solicitando se nombre un contador partidor con el objeto de dividir y terminar la administración pen-diente ante esta Corte. — Por cuanto las partes han manifestado a la corte que piden se proceda a la división y adjudicación de los bienes entregando a cada uno lo que en ley le pertenezca, habiendo sometido a. la corte los condueños de siete novenas partes el nombre de don Fernando Oalimano, persona que merece la consideración de la corte por su honradez e inteligencia. Por cuanto al condueño, Sr. .Pastor Díaz le fué concedido un plazo y éste ha espirado sin que haya sometido nombre de persona alguna para ese cargo te-niendo el conocimiento de que los demás conduélaos habían propuesto al señor Calimano, la corte, por tanto, nombra a don Fernando Ca-limano contador partidor de los bienes pertenecientes a la comuni-dad de bienes, debiendo dicho contador partidor ser puesto en po-sesión de todos los bienes pertenecientes a la administración, que-dando autorizado para ejercer cualquier derecho que como tal con-tador partidor la ley le conceda, efectuar tasaciones, oir informes de peritos, etc., etc., disponiéndose que habiéndose anunciado a esta Corte existir una transacción entre los condueños, Sr. Pastor Díaz y Mr. Harry McCormick, se aceptará tal transacción tal cual ha sido convenido por las,partes. Dicho contador partidor deberá pre-sentar sn informe dentro del término de sesenta días a contar desde la fecha en que preste el juramento de su cargo, a menos que la corte por causa justificada le conceda una prórroga. Notifíquese a las partes para su debido conocimiento.”

En julio 11 de 1919, Ramón Pastor Díaz, por conducto de su abogado, presentó a la corte una solicitud para que se anularan y dejaran sin ningún valor estas dos órdenes y nula y sin ningún valor también la actuación del contador partidor nombrado.

La moción alega en substancia que el juez sentenciador había reunido en su desliadlo a los diferentes copartícipes en la comunidad sin asistencia de sus abogados; que el abo-gado del peticionario nunca fué notificado de la orden dis-poniendo que el administrador interino solicitase el nombra-miento de un contador para la división y partición de los bienes en comunidad sino que precisamente lo había averi-guado al reunir y poner en orden en la. oficina del secretario los varios documentos que constituyen los autos del presente caso; que dicha orden no fué nunca registrada en las minu-tas de la corte o en algún otro registro; que no se recibió notificación alguna de la moción de dicho administrador in-terino pidiendo el nombramiento de tal contador partidor y que de eso tuvo conocimiento asimismo en la forma indicada; que el abogado no había recibido notificación alguna de la orden de fecha abril 24 de 1919 nombrando un contador partidor ni de que tal contador partidor había entrado en funciones como tal hasta que en junio 30 de 1919 su cliente fué notificado personalmente de que en julio 3 de 1919 el refeiido contador procedería a dividir dichos bienes; que la orden nombrando a dicho contador tampoco fué registrada o anotada en las minutas de la corte u otro libro registro; y que el abogado había aconsejado a su cliente, Pastor Díaz Molinari, que no reconociera la autoridad de dicho contador partidor y no asistiera a la reunión convocada por él por carecer de .jurisdicción la corte de distrito para hacer el nom-bramiento para el fin indicado. Se hizo también mención de la anterior sugestión de que las comunidades debían re-girse por las disposiciones del Código Civil, que no debía nombrarse un administrador en propiedad y que la admi-nistración interina debía terminarse; manifestó además el abogado que el record taquigráfico de la reunión informal en el despacho del juez de los copartícipes sin la asistencia de abogados demuestra que. su cliente nunca estuvo conforme en que se hiciera la partición por un contador partidor como si se tratara de una herencia o sucesión, habiendo manifes-tado dicho cliente simplemente que estaba conforme “en que se dividieran inmediatamente” todos los bienes de la comu-nidad, sin renunciar a que dicha división se .efectuara como tiene que efectuarse la división de toda comunidad con su-jeción a los principios legales dispuestos para talos casos por nuestro Código Civil. ' Alegaba además la moción que habiéndose cometido los errores apuntados se había dis-puesto de la propiedad de Pastor Díaz sin el debido pro-ceso de ley, no habiéndole dado la corte antes oportunidad de ser oido por su representación legal antes de disponer el nombramiento del contador partidor quien ya había dis-puesto de su propiedad, dividiendo la misma sin autoridad o competencia para ello.

La anterior moción fué desestimada por orden de 21 de julio de 1919, y.de esa orden apeló Pastor Díaz, cüya repre-sentación en el señalamiento de errores prácticamente dis-cute las mismas cuestiones levantadas en la moción.

No creemos necesario discutir en sus pormenores todas las cuestiones que de tal modo han sido promovidas.

La actitud asumida por el juez sentenciador al convocar a las mismas partes interesadas a su despacho sin notificar a sus abogados ha sido duramente criticada en el alegato del apelante! En tanto en cuanto se trata solamente de la mera cuestión de procedimiento, tal conducta envuelve un completo menosprecio de los derechos y privilegios de un abogado de record, y lo menos que puede decirse es que no merece nuestra aprobación. Pero no se trata en este caso tanto del hecho de haberse herido los sentimientos y sensi-bilidad y justa indignación del abogado como del derecho que de acuerdo con la ley tiene el apelante Pastor Díaz para insistir en que se revisen los procedimientos en los cuales tan activamente tuvo participación.

“Un cliente puede en cualquier estado del caso transigir o de-sistir su acción o pleito aún cuando su abogado se oponga. Siendo revocable la autoridad que tiene un abogado, cuando convenga a su cliente dicho abogado no puede oponerse a ninguna acción que dicho cliente pretenda tomar. El no adquiere ningún verdadero de-recho en el asunto que pueda quedar afectado por el desistimiento del pleito.” 6 C. J. 643.
“Por lo general un litigante puede disponer en cuanto a una acción que tiene pendiente y en la cual es parte demandante, según su criterio e inteligencia se lo aconseje, y si un demandante se re-suelve transigir o no seguir una acción sin el consentimiento de su abogado él tiene perfecto derecho a hacer esto y la acción debe ser desestimada a virtud de su moción. Esta regla, según parece, no es sino justicia natural que confiere a un individuo su indiscutible derecho a dirigir sus propios asuntos de acuerdo con su criterio de qué es lo que más conviene a sus intereses particulares. Una parte no puede ser responsable por mayores costas, honorarios de abo-gado y otros gastos incidentales a la continuación del pleito contra su expresa voluntad y deseo.” Idem, nota, 13, donde se cita el caso de Williams v. Miles, 89 N. W. 455.

El artículo 409 del Código Civil prescribe lo siguiente:

“La división de la cosa común podrá hacerse por los interesados o por árbitros o amigables componedores nombrados a voluntad de los partícipes.
“En el caso de verificarse por árbitros o amigables componedores deberán formar partes proporcionales al derecho de cada uno, evi-tando en cuanto sea posible los suplementos a metálico.”

El artículo 413 prescribe que “serán aplicables a la división entre los partícipes en la comunidad las reglas con-cernientes a la división de la herencia.”

Por regla general cada parte puede someterse a arbítrale en cualquier momento antes de que se baya hecho una ad-judicación. Pero “el peso decisivo de las autoridades es que cuando la sumisión se convierte en regia de la corte no puede ser revocada sin permiso de la corte.” -5 O. J. 54.

Y “cuando las partes en un pleito en equidad después de trabada la contienda y pendiente de pasar esta a un ár-bitro, presentan un convenio para someter la controversia a la resolución final de árbitros y por virtud de tal convenio la corte, a solicitud de las partes, deja sin efecto el nom-bramiento del árbitro, el convenio de referencia virtualmente queda convertido en regla de la corte y no puede ser revo-cado.” Tdem.t nota 26 (a) donde se cita White’s App. 108 Pa., 478.

Otra regla general bien conocida es la siguiente:

“Cuando una parte solicita que se dicte o registre una senten-cia, decreto u orden, o es responsable por cualquier error de la misma, dicha parte está impedida de alegar en apelación o recurso de error que dicha sentencia es errónea. El que solicita y obtiene un remedio no puede apelar de la resolución que se le concede por la razón de que el efecto es distinto de lo que esperaba.” 4 C. J. 716.
“Cuando una parte deliberadamente consiente en el juicio que se registre una orden o resolución o se dicte una sentencia o adopte cualquier procedimiento incidental al juicio y tal resolución, ^acción o procedimiento no constituye error fundamental, dicha parte está impedida de alegar que se haya cometido error en ellos, en la corte de apelación, especialmente cuando los errores no eran perjudiciales.” Idem 717.

Es cierto como ha sugerido el abogado del apelante y como nosotros ya hemos indicado, que por lo general es el abogado y no el cliente quien renuncia a las cuestiones que surjan durante el curso del juicio; y de ser las cuestiones ale-gadas relativas armeros incidentes que solo afectan a la forma de llevar los procedimientos, o si cualquier ventaja indebida fué tomada por el apelante, o si todo el conocimiento que él tenía de la situación y de la actitud que deliberadamente asu-mió no fueron por sí tan claros, o si se hubiera demostrado algún verdadero perjuicio, podríamos inclinarnos a adoptar un criterio distinto respecto a la cuestión. Pero los hechos arriba referidos demuestran que el objeto de la reunión cele-brada en el despacho del juez sentenciador así como el fin principal del convenio que allí se llevó a efecto era termi-nar la administración pendiente procediéndose a la división inmediata de los bienes envueltos en ella; y que el método adoptado era para todos los fines y propósitos prácticos que se nombrara árbitro o amigable componedor con el fin de llevar a cabo ese convenio. La forma en que dicho árbitro fué elegido, el nombre por el cual fué designado, la circuns-tancia de que su informe había de ser sometido a la corte para su aprobación final y el hecho adicional de que el pro-cedimiento así adoptado se ajustó más o menos al prescrito, para la división de una herencia y la liquidación de una ad-ministración judicial no son cuestiones de importancia vital excepto en cuanto dieron por resultado que la sumisión vir-tualmente se convirtiera en una regla de la corte y por tanto era irrevocable.

La acción del juez sentenciador en tomar la iniciativa sin notificar a los abogados y sugerir el hecho de que a tocio el asunto se le diera este trámite, por irregular e improcedente que fuera, fué gustosamente aceptada y seguida por el ape-lante. Los acontecimientos subsiguientes, incluyendo el in-forme del contador partidor, pueden haber puesto de mani-fiesto la improcedencia de tal actuación pero el mero hecho de que no se tuvieran en cuenta los derechos de los aboga-dos no puede eximir a un cliente de toda responsabilidad por sus propios actos.

El apelante se había opuesto tenazmente a que continuara la administración judicial e insistió asiduamente en que se procediera inmediatamente a la división de los bienes. En cuanto a esto, por lo menos, el resultado práctico de la acción tomada por la corte estuvo en general, de acuerdo con sus deseos. Ni puede tampoco restringirse su consentimiento de lo que se hizo a los estrechos límites sugeridos por el abo-gado. No es necesario repetir aquí lo que consta del record taquigráfico supra jsara demostrar que el apelante de un modo tácito, sino expreso, consintió en todo lo que se hizo v que lo hizo así, sabiéndolo.

Los procedimientos anteriores a éste caso han estado va-rias veces ante esta corte y estamos enteramente de acuerdo en lo que parece ser la opinión de todas las partes intere-sadas, incluyendo la del juez sentenciador, de que era de desearse fervientemente que se llegase a alguna conclusión en el asunto.

Se sugirió en la vista que debía desestimarse la apelación sin entrar en sus méritos, y tal vez eso hubiera procedido por la autoridad del caso Ex-parte Boerman y Marrero, resuelto en febrero 20, 1920, (pág. 83) y A. Hartman & Cía. v. Cividanes de enero 29, 1920, (pág. 32). Pero en vista de las circunstancias especiales envueltas y de la insistencia con que se llamó la atención de este tribunal al aspecto general de los procedimientos habidos en la corte inferior y por cuanto la desestimación de la apelación sería en efecto equivalente a una confirmación, hemos preferido examinar los autos con algún cuidado para determinar si el apelante mismo, a dife-rencia de su abogado, tiene o no verdadero motivo de queja.

La orden apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución d.e este caso.