author: El Juez Asociado Señor (Jóebova

text:
    José Antonio Vázquez, menor de edad, representado y asistido por su madre con patria potestad Áurea Vázquez, demandante y apelado, v. José de Jesús, demandado y apelante.
    Núm. 9161.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Marzo 29, 1946.

      José A. Varona Pacheco., abogado del apelante; V. M. Sánchez Fer-nández, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor (Jóebova

emitió la opinión del tribunal.

De una sentencia declarando al menor demandante hijo natural del demandado, y condenando a éste a pasar a aquél $12.50 al mes por concepto de alimentos, apela el demandado.

Sostiene el apelante que la corte erró al declarar sin lugar su moción sobre nulidad de emplazamiento. No hubo error, ya que el apelante radicó su contestación a la demanda conjuntamente con su moción impugnando el emplázamiento, renunciando así a cualquier defecto en éste.

Sostiene además el apelante que erró la corte inferior al estimar la prueba suficiente para establecer la filiación, y al dar crédito a la prueba del demandante sobre este extremo.

Los testigos del demandante fueron su madre, su abuela materna y una tía de su madre.

La madre declara que conoció al demandado, nn quinca-llero, en la parada 15 de Santurce, que poco después de cono-cerlo tuvo relaciones carnales con él, el 26 de junio de 1943-, y que luego el demandado iba todos los días, por espacio de cinco meses, a la casa donde ella trabajaba, y allí se quedaba, “él iba, dormía conmigo y después se iba para donde le daba la gana”,.que ¡ella quedó embarazada y él la llevó a casa de la madre de ella, donde ya antes, al comenzar sus relaciones, había ido una vez con ella de visita, la dejó, allí, y no volvió más, ni se ocupó del niño al nacer éste el 19 de marzo de 1944, a pesar de que se le mandó a avisar unas cuantas ve-ces. Nunca fué el demandante a visitar al niño, pero ?‘él lo ha visto y lo ha cogido en sus brazos y ha ido a la casa de una amiga mía para verlo” y le ha dado dinero a la testigo en tres ocasiones, $5 en junio cinco del 1944, $5 el 20 de junio y $3 en septiembre del 1944, para los alimentos del niño.

La abuela materna corrobora la declaración de la madre en lo que respecta a las dos visitas que hizo el demandado a la casa ele aquélla en compañía de ésta, una el 24 de junio de 1943, la segunda a los cinco meses del embarazo, cuando dejó a la madre allí. Dice que nunca más fué el demandado a su casa “y no lo veí más,” a pesar-de que fué a Santurce a bus-carlo, “lo buscaba para hablar con él y no lo veí”. Pero añade que después de nacido el niño “a los cuarenta días yo le llevé el niño,” sin decirnos nada de lo que ocurrió en esa ocasión. Más tarde se.le pregunta si volvió a ver al deman-dado después de la segunda visita de éste a su casa y contesta •“No, señor, yo lo busqué y no me vi con él.”

La tía materna sabe que el demandado y la madre del demandante “llevaron amistad”, porque la testigo trabajaba en la casa contigua a aquélla en que trabajaba la madre, que esa amistad duró unos cinco meses, y que durante ese tiempo el demandado venía a buscar a la madre del demandante a la casa donde ésta trabajaba, todas las noches, esperando el demandado en el portón, y que salían así juntos todas las noches, sin saber la testigo donde iban: “A las siete en punto estaba esperándola' a ella en el portón de la casa . . . Yo los veía salir del portón de la casa hacia afuera.” Nos dice que luego el demandado no se ocupó más de la madre, que no le ayudó en el alumbramiento, y que “no le ha dado nunca nada, ni ha visto el niño. ’ ’

Las tres testigos del demandante admiten que la madre de éste tiene otro hijo, fruto de relaciones con otro hombre en época anterior a sus relaciones con el demandado.

El demandado admite que una noche conoció a la madre del demandante en la parada 15 de Santuree, y tuvo contacto carnal con ella en esa ocasión, pero niega siquiera haberla visto después. Dice que se enteró del embarazo y “de este asunto” cuando recibió una carta de un licenciado de Baya-món.

La corte inferior, después de hacer una breve exposición del testimonio de cada uno de los testigos, se limitó a expresar que “ha llegado a la conclusión de que en realidad el hijo habido en ese concubinato es del demandado”’y a base ele esa conclusión procedió a declarar al demandante hijo natural reconocido del demandado y a condenar a éste al pago de alimentos.

Dándole entero crédito a la prueba del demandante, como aparentemente hizo la corte inferior, tenemos que esta prueba no estableció que la madre del demandante viviera en concu-binato con el demandado. Según nos describe la propia ma-dre sus relaciones con el demandado, éste iba al cuarto de servicio de la casa donde ella trabajaba, tenía relaciones car-nales con ella, y entonces “se iba para donde le daba la gana.1” Ya hemos resuelto quo relaciones de ésta índole distan mucho del concubinato, concepto que en su esencia comprende la relación entre un hombre y una mujer que hacen vida de esposos sin serlo. Colón v. Tristani, 44 D.P.R. 171, 45 D.P.R. 227; Gerena v. Suau, 36 D.P.R. 170.

El error de la corte inferior al determinar que la madre del demandante vivía en concubinato con el demandado con-lleva la revocación de la sentencia, ya que no existe prueba de ninguno de los extremos que de acuerdo con el artículo 125 del Código Civil (Ed. de 1930) son necesarios para establecer la paternidad natural. Véase Ortiz v. Dragoni, 59 D.P.R. 14. Como dijimos en Colón v. Tristani, 45 D.P.R. 227, 238, 239,

“La prueba'no debe limitarse y concretarse a descubrir quién fue el progenitor. Este no es más que un elemento probatorio que debe tomarse en cuenta en unión do otros ac-tos, para establecer la condición de hijo natural. No hemos equiparado las relaciones de un hombre con su querida al estado de concubinato. . Si así fuera, habríamos basado sim-plemente nuestra sentencia en las conclusiones de la corte inferior que declara probado que Josefa Colón fue la querida de Alberto J. Tristani, sin necesidad de ninguna argumenta-ción. Nos habría bastado con decir que establecida la rela-ción que considera probada la corte a quo, quedaba también ■establecida la condición de hijo natural del niño Alberto Colón. Por el contrario hemos dicho y creemos haberlo hecho con toda claridad, que esta prueba, robustecida y corroborada por otros actos del padre, puede ser suficiente para que se obtenga ,y recaiga una declaración de hijo natural”.

En el caso citado hubo prueba de distintos actos del padre demostrativos de que tenía al niño por su hijo, o sea, de que éste estaba en la posesión del estado de hijo natural. Lo que so resolvió en Colón v. Tristani, supra, fué que, existiendo prueba de la paternidad, puede establecerse la posesión de estado de hijo, natural con evidencia de actos aislados que en otras circunstancias no serían suficientes para ello.

En el caso de autos no aparece que el demandado en mo~ ■ mentó alguno haya tenido o considerado al demandante como •.su hijo. Es cierto que la madre declara que en tres ocasiones el demandado.le envió dinero para los alimentos del deman-dante, pero las otras-dos testigos del demandante nos dicen que el demandado nunca se ha ocupado del demandante para nada, ni le lia ayudado.' La prueba del propio demandante, por lo tanto, se encarga de establecer que en ningún momento le ha tenido el demandado por hijo suyo. Así lo debe haber entendido la corte inferior, al basar su sentencia exclusiva-mente en la existencia del concubinato.

Debe revocarse la sentencia apelada y en su lugar dictarse otra declarando sin lugar la demanda.

       La regla 126 de las Reglas de Enjuiciamiento Civil no es de aplicación, por tratarse aquí de un procedimiento de alimentos, el cual no se rige por dichas reglas. (Véase la regla 81.)


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Izquierdo Rivera, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo.
    Núms. 11,195 y 11,196.

    Sometidos: Febrero 13, 1946.

      Resueltos: Abril 5, 1946.

      José Y Cray, Jr., abogado del apelante; IIonv Procurador General, E. Campos del Toro, Luis Negrón Fernández, Procurador General Auxiliar y J. Rivera Barreras, Fiscal Interino del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue acusado de los delitos de poseer un revól-ver sin registrar y de portarlo ilegalmente.

En el acto de la vista compareció El Pueblo representado por su Fiscal sin que lo hiciera el acusado ni su abogado. Interrogado el Márshal por el Juez de la corte inferior si el acusado había sido debida y personalmente citado para estos juicios, contestó el Márshal en la afirmativa, manifes-tando además que existía constancia de que el acusado fue debidamente citado. Entonces, la corte, oídas las manifes-taciones del Márshal, ordenó que los juicios siguieran ade-lante en ausencia del acusado, y celebrados éstos, dictó sen-tencia declarándolo culpable de la comisión de ambos delitos, condenándolo a dos meses de cárcel .por cada uno.

El acusado apelante alega que la corte inferior erró (1) “al declarar por la sola manifestación del Márshal, que el acusado había sido debidamente citado; y. (2) al condenar al acusado en ambos casos sin el debido procedimiento legal, negándole la protección igual de las leyes que garantizan' la constitución y la Ley Orgánica al dar por un hecho probado que el acusado había sido citado personalmente por el Márshal sin que se presentara en evidencia la citación debidamente diligenciada por el referido funcionario para acreditar que el acusado fué en efecto debida y legalmente citado para juicio en estos dos casos.”

Argumentando su primer señalamiento sostiene el ape-lante que la corte inferior erró porque aceptó por la sola manifestación del Márshal que el acusado había sido bebida-mente citado, manifestación que no fué hecha bajo juramento; y porque en ningún momento el Fiscal del distrito para probar que el acusado fuera legalmente citado sentó en la silla de los testigos al Márshal para acreditar tal extremo y que tampoco el Fiscal solicitó, ni la corte ordenó, que se uniera a los autos de- los casos la cédula de citación debidamente diligenciada por el Márshal para dejar comprobado que el acusado fuera citado. Invoca en apoyo de su contención la decisión dictada por este Tribunal en el caso del Pueblo v. Texidor, 52 D.P.R. 681, en el cual por voz del,Juez Asociado Sr. Wolf, se dijo:

“La única duda que hemos abrigado ha sido si la aserción con-tenida en la sentencia reflejaba con certeza el hecho de que el már-shal había citado al acusado, mas nos sentimos obligados a resolver que esta aseveración no demostró que se hubiera hecho una notifica-ción en debida forma. Cuando se expide una citación el marshal debe hacer el diligenciamiento de que ha notificado al acusado perso-nalmente. El apelante alega que solamente los fiadores fueron noti-ficados y los autos revelan que éstos fueron notificados y presentaron al acusado a la corte para que se le dictara sentencia. Ante tal situación incumbe al Pueblo excluir cualquier duda que pudiera haber respecto a si el acusado fué o no citado debidamente. Si el acusado hubiera comparecido a juicio voluntariamente o mediante citación, cualquier duda respecto a la citación o su suficiencia hu-biese sido renunciada.
“El acusado también radicó una moción de reconsideración que la corte declaró sin lugar.”

Hemos hecho un estudio detenido de los autos de estos ca-sos y no encontramos que el acusado negara ante la corte inferior, ni ante este Tribunal en su alegato, que Mera debida y personalmente citado a juicio. Toda su contención se li-mita a sostener que la prueba no acreditó que fuera debida-mente citado. En otras palabras, no alega la falta de cita-ción y sí la insuficiencia o falta de prueba para acreditar tal extremo. No vemos, ni comprendemos, qué materialidad po-dría tener en estos casos la insuficiencia o falta de prueba para establecer la debida y legal citación- del acusado, cuando él no niega que fuera citado personalmente, y por el contra-rio, su silencio en cuanto a este particular conlleva la admi-sión implícita de su citación. En esto es que se diferencian estos casos con el del Pueblo v. Texidor, supra. En este úl-timo caso, según consta de sus autos, aparece que el acusado radicó ante el tribunal inferior una moción de reconsidera-ción alegando “que en ningún momento fué notificado de la vista oral del juicio en la Corte de Distrito de San Juan que se celebró el día 15 de mayo de 1936”, y solicitaba se le diera una oportunidad para presentar su defensa. Se declaró no haber lugar a la moción de reconsideración y, en su eonse-cuencia, se privó al acusado de traer prueba para sostener su aseveración. Bajo estas circunstancias y, además, por aparecer de los autos del caso que solamente fueron citados los fiadores y no el acusado para el referido juicio, fue que este Tribunal resolvió, que al Pueblo incumbía excluir cual-quier duda que pudiera haber.respecto a si el acusado fue o no citado debidamente. Jístas no son las circunstancias que median en los casos que ocupan nuestra atención, ya que el acusado no ha negado que fuera citado debidamente, ni ha levantado esta cuestión mediante moción de reconsideración, ni en forma alguna, y no habiéndolo alegado, ha renunciado a cualquier error existente en el procedimiento. No existe el primer error alegado.

Para sostener el segundo señalamiento de error, el apelante reproduce los mismos argumentos aducidos .al dis-cutir el primero y, además, alega que aun cuando el acusado hubiera sido citado debidamente para juicio, no procedía su celebración sin él o su abogado estar presente, y que en au-sencia de ambos la corte debió.nombrarle abogado para que lo representara en la vista del juicio de conformidad con las enmiendas 5ta. y 6ta. de la Constitución Federal, y de los Artículos 2, pár. 2 de nuestra Bey Orgánica, y 141 del Código de Enjuiciamiento Criminal. En apoyo de su tesis cita los casos de John A. Johnson, petitioner, v. Fred C. Zerbst, Warden, 304 U. S. 458, y Ex parte Hernández Laureano, 54 D.P.R. 416, 420.

. Cierto es que la Constitución y la Ley Orgánica conceden a un acusado de la comisión de algún delito el derecho cons-titucional a ser representado por abogado, y que sin el pre-vio cumplimiento de este mandato los tribunales carecen de jurisdicción para privar a un acusado de su vida o libertad 5 pero - este derecho es renunciable y así lo reconoció este Tribunal por voz de su Juez Presidente Sr. del Toro en el caso de El Pueblo v. Ortiz, 57 D.P.R. 469, 472, al decir:

“La Constitución y la Ley Orgánica reconocen un derecho al acu-sado. Ese derecho es renunciable, como se reconoce en los propios casos que cita el apelante. Si el acusado deja de comparecer a sa-biendas de que puede ser juzgado en su ausencia, ¿qué otra interpre-tación puede darse a su conducta que la de una renuncia a estar presente, a carearse con los testigos de cargo y a que se le nombre para que lo deñenda un abogado? Ninguna otra, a nuestro juicio, salvo la de que la incompareeencia sea involuntaria o debida a fuerza ' mayor, situaciones en las que puede dirigirse luego a la corte pidién-dole que deje sin efecto la sentencia y ordene la celebración de un nuevo juicio, estando en el poder de la corte acceder si se convence de la verdad de lo alegado. Tampoco fué, pues, cometido el primer error señalado.”

Tampoco se cometió el segundo error alegado.

El acusado dejó de comparecer a juicio en estos casos a sabiendas de que podía ser juzgado en su ausencia y, por lo tanto, renunció a sus derechos constitucionales a estar asis-tido de abogado, y no habiendo alegado justa causa de su incompareeencia para la concesión de un nuevo juicio, pro-cede confirmar las sentencias apeladas.


author: El Juez Asociado . Beños, Todd, Je.,

text:
    Luis M. Grana y Esteban Vargas, demandantes y apelantes, v. Luis Fernando Coll, demandado y apelado.
    Núm. 9178.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Abril 5, 1946.

      Heriberto Torres Sola y Rafael B. Pérnz Mercado, abogados de los apelantes; Cayetano Coll Cuchí, Cayetano Cpll Pujols y Víctor A. Coll, abogados del apelado.
   El Juez Asociado . Beños, Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Se alega en la demanda en este caso que los apelantes, Luis M. Grana y Esteban Vargas, compraron dos parcelas de terreno do seis y diez cuerdas, respectivamente, segrega-das de una finca de 20 cuerdas de Alberto S. Dunlop radicada en el Bo. Sábana Llana, de Río Piedras, y q'ue la compra se hizo por mediación del demandado, Luis Fernando Coll, quien era el representante legal del Sr. Dunlop para hacer el nego-cio ; que una de las parcelas se valoró en $8,000 y la otra en $9,000 y que el pago se hizo en dinero de curso legal a petición del démandado, quien hizo creer a los demandantes que siendo el Sr. Dunlop extranjero tendría dificultad en cambiar los che-ques que a su favor habían extendido los demandantes; que el demandado indicó a los demandantes que para economizar en el pago de los derechos de documentación, honorarios del abogado o inscripciones en el registro se proponía hacer figu-rar en las escrituras-como precio de cada venta el de $6,000; que el mismo día que los demandantes entregaron al deman-dado los $8,000 y $9,000, comparecieron ante el Lie. Gabriel de la Haba para el otorgamiento y firma de las correspon-dientes escrituras portando el demandado los $17,000 que constituían, según el demandado, el precio de las dos parcelas; que al hacer el pago al Sr. Dunlop, el demandado, en vez de entregarle lo:; $17',000 le entregó $6,000 por cada una de las parcelas compradas por los demandantes y los restantes $5,000 se los entregó como pago de la parcela de cuatro cuer-das sobrante en la segregación de la finca la cual el deman-dado, en otra escritura otorgada el mismo día, compró para si Los demandantes alegan que la transacción en cnanto a las cuatro cnerdas constituye un fideicomiso constructivo y solicitaron se ordenara al demandado a otorgar y traspasar el título de dicha parcela de cuatro cuerdas a su favor.

El demandado con su contestación radicó una moción sobre desestimación de la demanda porque los hechos alegados no eran suficientes para constituir una causa de acción a favor de los demandantes.

La Corte de Distrito de San Juan declaró con lugar dicha moción y concedió a los demandantes diez días para enmendar la demanda pero habiendo alegado éstos que no les era-po-sible hacerlo, solicitaron se dictara sentencia y contra la dic-tada establecieron el presente ‘ recurso en el que sostienen que la corte inferior erró al desestimar la demanda y resolver que de los hechos relatados en la misma no aparece que los demandantes tengan causa de acción contra el'' demandado.

No se cometió el error imputado. Si, como se alega en la demanda, el convenio celebrado por los demandantes con el demandado fué para comprar, no la totalidad de la finca, sino dos parcelas que habían de ser segregadas, como lo fueron, por el precio de $17,000; y si además los demandantes alegan que estuvieron conformes en que en las escrituras se hiciera, constar que el precio de cada parcela era el de $6,000 y ad-quirieron las dos parcelasy, por último, si de las alégaciones de la demanda no se infiere que el demandado fuera agente de los demandantes - ni que existiera relación fiduciaria de clase alguna entre ellos, no erró la corte al resolver que de dichas alegaciones no surge la existencia de un fideicomiso constructivo en este caso. Los demandantes obtuvieron por su dinero lo que les había ofrecido el demandado, a nombre del dueño. El hecho de que el demandado adquiriera para sí la tercera parcela de la finca cón parte del dinero pagado por los demandantes si a alguien defraudó, fué al dueño Sr. Dunlop, a menos que éste hubiera autorizado al demandado a hacer la transacción en la forma en que la hizo. De no-haberlo estado, entonces el demandado,' de' acuerdo con el ar-tículo 1611 del Código Civil, estaría obligado, no para con los demandantes sino para con el Sr. Dunlop, ya que dicho ar-tículo dispone que el mandatario está obligado “a abonar al mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato,” aun cuando lo recibido no se debiera al mandante.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Adolfo J. de Arrastia y María Octavia Rosado, demandantes y apelantes, v. Jacobo Quiles Vélez, demandado y apelado.
    Núm. 9302.

    Sometido: Marzo 21, 1946.

      Resuelto: Abril 8, 1946.

      Francisco Vizcarrondo Morell, abogado de los apelantes; Buenaven-ticrn Estove, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal. La presente es una acción de desahucio radicada por un matrimonio contra el dem'andado, alegando éste que está en posesión de la finca en cuestión en virtud de un arrenda-miento por vinco años que aún no ña expirado. En el juicio en los méritos, los demandantes- alegaron (pie (1) el arren-damiento se obtuvo mediante amenazas y violencia, y (2) e! arrendamiento era nulo por haberse otorgado por la esposa únicamente y no por el esposo, quien es el administrador de la sociedad- conyugal.

.Por la prueba la corte de distrito resolvió que el arren-damiento fuó otorgado voluntariamente por la esposa: Nada encontramos en el récord que justifique que intervengamos con ese fallo.

Sin embargo, apoyándose en Colón v. Santiago, 64 D.P.R. 312; Sucesión Pedroza v. Martínez, 64 D.P.R. 5, y P. R. Leaf Tobacco Co. v. Colón, 50 D.P.R. 303, la corte inferior resolvió que la cuestión en cuanto a la validez del arrendamiento otor-gado por la esposa era seria y sustancial, y que por tanto debería determinarse en una acción ordinaria y no en el pro-cedimiento sumario de desahucio. Los demandantes apela-ron de la sentencia de la corte de distrito declarando sin lugar la demanda por ese fundamento.

Cierto es que la escritura por la cual esta propiedad se adquirió decía que se adquiría por la esposa. Pero el artículo 130.1 del Código Civil dispone que “Los bienes adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos” pertenecen a la: sociedad conyugal. Aquí la escritura'de compra manifestaba afirmativamente que en aquella época la esposa estaba casada con el codemandante. Y el demandado no presentó prueba en contrario.

El artículo 1301 contiene el requisito adicional de (pie tales bienes deben adquirirse “a costa del caudal común”. Pír? embargo, no se necesitaba prueba específica sobre este punto, ya que nada bay en el récord que destruya la presunción del artículo 1307 del Código Civil al efecto de que “Se re-putan gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer.” Véase Consolidated Broadcasting Corporation v. Conesa, ante, pág. 792.

Al decidir que la controversia en cuanto a la vali-dez del-arrendamiento no podía resolverse en una acción de desahucio, la corte de distrito pasó por alto la naturaleza de esta controversia. Los casos en que descansó envolvían -controversias en cuanto al-título. Pero como hemos visto 'aquí no se levantó ninguna seria cuestión en cuanto al título. Por el contrario, los demandantes establecieron su título a la propiedad en controversia. En su consecuencia, el único punto que resta en el caso — la validez del arrendamiento so-bre el .cual el demandado basó su derecho a la posesión — po-•día propiamente decidirse en una acción de desahucio. Como dijimos en Abarca v. Cordero, 60 D.P.R. 519, 527, “Nuestros •casos sostienen que un conflicto serio sobre la cuestión del título es un impedimento para up. pleito de desahucio. Pero ■aquí no hay disputa en cuanto al título. . . . La controversia •en este caso gira alrededor del derecho a la posesión, basado •en un alegado arrendamiento por término fijo. Aun cuando existiera un conflicto serio en la prueba en relación a la exis-tencia [o validez] de tal arrendamiento, el pleito de desahucio es el remedio adecuado para resolver tal controversia. Esto ■es así porque la cuestión a decidirse en un pleito de desahucio es precisamente el derecho a la posesión. Maceira v. Pietri et al., 30 D.P.R. 587.” (Corchetes nuestros).

El caso será devuelto para un nuevo juicio, en el cual la ■corte inferior deberá determinar si hay hechos o circunstan-cias que excluyan este caso de la regla general de que el es-poso, como administrador de la sociedad de gananciales, era la persona llamada a arrendar tal propiedad a un tercero. Véanse los artículos 1312 y 91 del Código Civil.

La sentencia de la corte de distrito será revocada y el caso devuelto para ulteriores procedimientos no inconsisten-tes con esta opinión.

      E1 abogado del demandado se limitó a preguntarle a la esposa en ,eí¡ cont.rainterrog'atovio si no había adquirido la propiedad antes de casarse. Si; contestación de que no se acordaba la focha en que so casó uo afecta ol puwt< aquí envuelto.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    San Patricio Corporation, demandante y apelada, v. Roberto Colón, demandado y apelante. San Patricio Corporation, demandante y apelada, v. Roberto Colón y su esposa Ana María Romeu, demandados y apelantes.
    Núms. 9190 y 9191.

    Sometidos: Febrero 12, 1946.

      Resueltos: Abril 11, 1946.

      Román Díaz Collazo, abogado de los apelantes; E. T. Fiddler, José G. González, Jorge Mf Morales, Tomás I. Nido, Ramón Luis Neva-res y Mariano Canales Delgado, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Harold T. Sewall vendió a San Patricio Corporation'una parcela de terreno en la cual la compradora se obligó a le-vantar una urbanización sujeta a ciertas restricciones con-signadas en la escritura. Por el mismo documento Sewall constituyó, a favor de la parcela vendida, una servidumbre perpetua de paso de carretera a través de la finca de donde la parcela fue segregada. No se especificaron las dimensio-nes de la faja de terreno sobre la cual bahía de construirse la carretera, poro .en la escritura se hizo referencia, en cuanto a estos datos, a un plano de urbanización de San Patricio Corporation levantado el 12 de agosto de 1940 por los agrimen-sores Galib y Ramírez Alberty, el cual se bizo formar parte de la escritura de compraventa.

Al construir la carretera se le dio un ancho de 30 pies, es decir, 20 pies de-camino afirmado y 5 -pies a cada lado en toda su extensión, para paseosiv drenaje. El largo de la carretera fue de 1,070 pies, el necesario para dar salida a los vecinos de la urbanización al camino denominado San Patri-ció, que a su vez conecta eon la carretera insular man. 2. La construcción de la carretera fue costeada por Sewall y San Patricio Corporation y a ese efecto depositaron en el Chase National Bank en San Juan la cantidad de $4,000 que fue llagada al contratista al ser aceptada la obra por Sewall y San Patricio Corporation.

Después do construida la carretera, Sewall vendió el rema-nente de la linca principal, o sea el predio sirviente, a Roberto Colón y a su esposa Ana María Román. Colón entró en pose-sión del predio sirviente el 14 de diciembre de 1942, y un año más tarde tiró una cerca de alambre a cada lado de la parte afirmada de la carretera, en toda su longitud,- redu-ciendo así su an di o a 20 pies y. privándola de la parte dedi-cada a paseos y drenaje. -.Requerido por San Patricio Corporation para quo removiese las cercas, rehusó hacerlo, y el 29 de marzo" de 1944 la Corporación radicó en la corte inferior, contra 6i y su esposa, la acción civil mini. ’R-442. Soli-citó la demandante una sentencia declarando quo la servi-dumbre constituida por Sewall es ele 30 pies de ancho y que la demandante tiene derecho al uso de la misma; que con motivo de la privación parcial del uso de, la servidumbre, la demandante sufrió daños y perjuicios en la cantidad de $5,000; que se dicte un injunction■ preliminar primero y per- , petuo después • ordenando a los demandados, sus agentes y empleados remover dichas cercas y que se abstengan en lo sucesivo de impedir a la demandante el uso cabal de sir servi-dumbre.

Matando pendiente este caso, San Patricio Corporation, el 4 de mayo de 1944 radicó en la misma corte la acción núm. 54i contra .Roberto Colón. Alegó como causa de acción que la referida carretera construida sobre el predio sirviQirte fue obstruida por Colón cavando dos zanjas a través de la carretera en dos sitios distintos; qne a tal extremo hizo difícil y peligroso el tránsito por ella, qne algnnos comerciantes se negaron a entregar las compras de los residentes de la ur-banización en sns domicilios; qne las zanjas fueron abiertas contra la expresa voluntad de la demandante y que ese acto "de los demandados le cansó perjuicios irreparables qne no pueden calcularse en dinero. Termina la demanda con sú-plica de que se expida un auto preliminar de injunction or-denando al demandado que proceda a rellenar las zanjas o cangilones antes descritos; que en su día se dicte un injunction permanente para que el demandado se abstenga en el futuro de abrir nuevas zanjas y de entorpecer a la demandante y sus causahabientes en el cabal uso y disfrute de dicha ca-rretera, debiendo condenarlos al pago de las costas y hono-rarios de abogado, y que se conceda, además, a la demandante, cualquier otro remedio compatible con las alegaciones.

El juicio de ambos casos fué consolidado, dictándose sen-tencia en cada uno expidiendo los injunctions solicitados, y condenando al demandado al pago de las costas en ambos casos y de honorarios de abogado por la cantidad de $300 en el caso núm. 442 y $200 en el núm. 541. Contra estas senten-cias se interpuso apelación. Y a' los efectos de esta opinión, consolidaremos también los dos recursos.

La primera cuestión que levantan los apelantes es.que la corte erró al desestimar sus objeciones a la demanda en el pleito núm. 442. Alegaron los apelantes en sus objeciones: (a) que la demanda es ambigua; (6) que comprende multi-plicidad de acciones; y (c) que no aduce hechos constitutivos do causa de acción.

Al discutir estas cuestiones los apelantes ponen gran énfasis en el hecho de que los demandantes apelados no dieron un nombre específico a la acción ejercitada, limitándose a denominarla “acción civil”. El nombre que se dé a la acción o el hecho de no dársele denominación alguna, no afecta la causa de acción que se pretenda ejercitar. Reglas de Enjuiciamiento Civil 81(b). Si como en el presenta ctso? la demanda alega qne la demandante es dneña de la parcela de terreno qne describe en la demanda; qne a favor de esta parcela y sobre nn predio perteneciente a los demandados.se ha constituido nna servidumbre de paso de carretera y qne los demandados están impidiendo a la demandante el uso de la servidumbre, no bay duda alguna que un derecho de la demandante ha sido invadido por los demandados, y para proteger ese derecho, la ley concede un remedio. El reme-dio que la demandante solicita, conforme resulta de las alega-ciones y súplica de la demanda, es que se declare la existen-cia de la servidumbre, y en su consecuencia se dicte un acto preliminar de injunction y en su día uno permanente, orde-nando a los demandados y a sus agentes a remover o destruir las cercas que impiden el paso por la carretera construida en la faja de terreno sobre la cual se constituyó la servidum-bre.

No vemos que en la demanda exista ambigüedad al-guna y la circunstancia de que los hechos alegados en la misma puedan dar margen a distintos remedios a favor de los demandantes, no implica que la demanda sea ambigua ni ale-gue multiplicidad de acciones.

Aunque la demandante no ha dado nombre alguno a la acción establecida en el caso núm. 442 (corteinferior), los hechos alegados constituyen la. acción confesoria de servidumbre, y la única forma de proteger el uso de la misma, es ordenando al invasor de ese derecho que remueva el obstáculo y se abstenga en lo sucesivo de menoscabar el derecho de la demandante. Llámese orden, llámese injunction, lo que en todo caso hace la corte es ordenar la remoción del obstáculo y tomar las medidas necesarias para impedir la repetición de cualquier menoscabo del derecho de servidumbre. No erró, pues, la corte inferior al declarar sin lugar las ob-jeciones interpuestas por los demandados en el caso núm. 442

En uno y otro caso los apelantes admitieron la exis-tencia de la servidumbre, pero sostienen que el ancho de la misma es de 20 pies y no de 30 pies, como se alega por la de-mandante, y que siendo ello así al cercar las dos fajas de te-rreno de 5 pies de ancho, no se invadió derecho alguno de la demandante.

En verdad la escritura de compraventa a favor de la Cor-poración no expresa el ancho de la servidumbre, pero se re-fiere al plano de urbanización anteriormente mencionado para, la determinación de la faja de terreno afectada i)or la servidumbre. Este plano no fué presentado en evidencia por ninguna de las partes, pero el testigo de la demandante Manuel Rivera Ferrer declaró, sin oposición alguna de los de-mandados, que en el plano aparecían las dimensiones de la servidumbre como de 30 pies de-ancho por 1,070 pies de largo. Siendo ello así, al tirar los demandados las cercas en cues-tión, obstaculizaron a la demandante en el uso de la servi-dumbre. También menoscabaron ese derecho al abrir las dos zanjas o cangilones sobre el firme de la carretera. .Por con-siguiente, no erró la corte sentenciadora al decretar el injunction en ambos casos. Tampoco erró al condenar a los demandados apelantes al pago de honorarios de abogado, pues su temeridad al impedir el uso de la servidumbre, de cuya existencia tenían perfecto conocimiento, es manifiesta, sin qne la circunstancia de quo la demandante no pudiera probar ei montante de los daños sufridos impida la condona de h mío ru-nos de abogado. Mercado v. American Railroad Co., 61 D.P.R. 228 y Ramos v. García, 62 D.P.R. 411.

Procede, por lo expuesto, la confirmación de las sentencias.

      En la demanda se alegó que el demandado cavó tres zanjas, pero en el acio del juicio se enmendó la demanda, consignándose que sólo dos zanjas fueron cavadas por el demandado.

      E1 artículo 481 del Código Civil (Ed. 1930), en lo pertinente, prescribe:

        ‘1 El. dueño del predio sirviente no podrá menoscabar de modo alguno el uso» de la servidumbre constituida. ’ ’


author: El Juez Asociado Señor Córdov'a

text:
    Ramón Sánchez Viñas, peticionario, v. Corte de Distrito de Aguadilla, Hon. Arcilio Alvarado, Juez, demandada; Olga García Zaragoza, interventora.

      Núm. 1637.

    Sometido: Abril 10, 1946.

      Resuelto: Abril 11, 1946.

      E. Rúes García, abogado del peticionario; Rafael Soltero Peralta, abogado de la interventora, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Córdov'a

emitió la opinión del tribunal.

Jfepedimos auto de certiorari para revisar la orden de la Gorfe de Distrito de Aguadilla que denegó la moción del padre de una menor interesando se prohibiese a la madre de la menor se llevara a ésta de Puerto Pico.

De los autos resulta que la madre de la menor obtuvo ¡Remienda de divorcio contra el padre, por abandono, dispo-niendo la sentencia que el padre podría llevarse la menor con-¡sigo todos los domingos. Algunos años después, enterado el padre quo la madre se proponía contraer segundas nup-cias j ausentarse de Puerto Pico con su esposo y con la me-nor, solicitó de la corte de distrito, en moción radicada en el easo de divorcio, prohibiera a la madre llevarse a la menor de Puerto Pico, a base de que ello impediría que el padre hiciera uso del derecho que la sentencia le confería de tener a su hija consigo todos los domingos.

El día de la vista la madre admitió que había contraído segundas nupcias y se proponía ausentarse de Puerto Eico con su hija. No se presentó prueba. La corte declaró sin lugar la moción, a base de que ni se alegó ni se probó que el ausentarse de Puerto 'Rico con su madre perjudicaría en algo a la menor, o que el quedarse en Puerto Rico la menor le beneficiaría en algo. Lijo la corte inferior, entre otras cosas:

“. . . Se solicita de la Corte como mera cuestión de derecho que por el efecto de la forma en que está dictada la sentencia, y por el efecto de la estipulación que se hizo parte de la sentencia a virtud de la cual se concebía al padre el derecho a ver a su hija los domingos y a llevarla consigo así como en otros días según antes se ha expli-cado, que esta Corte le ordene a la madre que se abstenga de llevarse consigo fuera de Puerto Rico a la menor .... Prácticamente esto sería un injunction. Si fuera un injunction lo que se le trajera a la Corte, el deber primordial de la Corte sería considerar el balance de los efectos de su sentencia y dictar o no el auto según resultare más conveniente y más justo y según sé causaren menos daños con el auto de injunction que se dictare. . . . Cree la Corte que sería claramente injusto el que como una mera cuestión de derecho, sin una demostración de conveniencia para la menor, se dicte esta orden que se le pide ... La Corte repite que estaría abierta a conceder lo solicitado siempre que se le alegase y se le probase que eso es nece-sario al mejor bienestar y conveniencia de la menor; cuando se le demostrase eso a la Corte entonces la Corte lo concedería, pero como ' una mera cuestión de derecho cree la Corte que debe declarar sin lugar y declara sin lugar la moción del demandado en este caso.’.’

Actuó correctamente la corte inferior. La sentencia de div»rcio no prohíbe a la demandante se lleve a su hija de Puerto Rico. Esa prohibición se ha pedido ahora por pri-mera vez. Prohibir a la madre llevarse a su hija de Puerto Rico, cuando la madre necesita ausentarse de Puerto Rico por tiempo indefinido, podría muy bien afectar de manera decisiva el bienestar y el futuro de la menor. No es algo que deba resolverse a base de los intereses o deseos del padre, ya que éste no goza de la patria potestad. Es algo que sólo debe resolverse a base del bienestar de la menor. No habiéndose demostrado que la permanencecia de la menor en Puerto Eico sea necesaria, ni aun conveniente, al bien-estar de-la menor es improcedente el prohibir a la madre se lleve la menor consigo al ausentarse de Puerto Eico.

Debe anidarse el auto expedido.


author: El Juez Asociado Señor Tiodd, Jr.,

text:
    Juan B. Vergara, peticionario y apelante, v. Las Monjas Racing Corporation, querellada y apelada.

      Núm. 9306.

    Sometido: Abril 9, 1946.

      Resuelto: Abril 22, 1946.

      Diego O. Marrero, abogado del apelante; Gabriel de la Haba, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Tiodd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Juan B. Vergara fué nombrado por la Comisión Hípica Insular,' Juez Auxiliar de Salidas de los hipódromos »de Puerto Eico. Por haber dejado de prestar servicios el Juez de Salidas de la corporación demandada, nombrado también por la Comisión Hípica pero a propuesta de la corporación siendo su sueldo pagado por ésta, el apelante actuó como Juez de Salidas en- las carreras celebradas el 15 de agosto de 1945. Alegando que la corporación demandada se había negado a pagarle la suma de $61.18 importe de los emolu- - mentos por los servicios prestados solicitó de la corte inferior dictara un auto de mandamus ordenando se le pagara dicha suma y de la sentencia desestimando su petición inter-puso el presente recurso.

El artículo 121 del Reglamento de la Comisión Hípica, que es el que crea el cargo de Juez Auxiliar de Salidas, dis-pone que, entre otras, tendrá la obligación de “sustituir al Juez de Salidas en los casos de ausencia o enfermedad,” El sueldo del Juez Auxiliar es pagado por la Comisión Hípica y en su nombramiento no interviene la corporación deman- ■ dada.

Nada hay en la Ley Hípica o su Reglamento que imponga a la corporación demandada el deber de pagar al apelante el sueldo que corresponde al J~uez de Salidas por haber ac-tuado en sustitución de este. El apelante sólo cumplió con uno de los deberes de su cargo, a sabor, sustituir al Juez de Salidas en un caso de ausencia. Esa sustitución no impuso a la corporación demandada el deber de pagarle el sueldo fijado al Juez de Salidas.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

      E1 artículo 6 de la Ley Hípica de Puerto Rico (Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico de 1941, pág. 492) dispone, en parte quo "el nombra-miento para el cargo de Juez de Salidas se hará (por la Comisión) a propuesta de la persona natural o jurídica explotadora del hipódromo para el cual haya de nombrarse y su sueldo será fijado por la Comisión Hípica Insular y pagado por dicha persona natural o jurídica explotadora del hipódromo en que actúe dicho funcionario. ’1 (Materia entre paréntesis nuestra.)


author: El Juez Asociado Señojr De Jesús

text:
    Martín Colón Fornés, demandante y apelante, v. Rexford Guy Tugwell, Gobernador de Puerto Rico, et al., demandados y apelados.
    Núm. 9254.

    Sometido: Marzo 13, 1946.

      Resuelto: Abril 24, 1946.

      Bauza & Bauza, abogados del apelante; lion. Procurador General E. Campos del Toro y J. Rivera Barreras, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señojr De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante radicó en la corte inferior una solicitud inte-resando un auto de mandamus que ordene al Jefe de la Poli-cía Insular que consulto con la Comisión de la Policía Insular sobre recomendación al Gobernador de un ascenso del peti-cionario de sargento a jefe de distrito de la Policía Insular y que ordene al Gobernador que, recibida dicha recomenda-ción, a sn vez recomiende y envíe al Senado el referido nom-bramiento a favor del peticionario. La solicitud de manda-damus está predicada en los siguientes hechos: que el de-maridante ingresó en el Cuerpo de la Policía Insular el 2-1 do octubre de 1931 y es sargento desde el 1ro. de julio de 1942; que el 24 de mayo de 1943 solicitó, sin éxito alguno, del entonces Jefe de la Policía Insular Sr. L. Ramírez Brau, su ascenso a jefe de distrito; que el 1ro. de marzo de 1945 hizo igual solicitud al entonces Jefe de la Policía Insular Si’., Joshua Hellinger y envió copia de la misma a la Comisión de la Policía Insular y al Gobernador de Puerto Rico, no ha-biéndose verificado el ascenso; que de acuerdo con el regla-mento de la Policía Insular y las leyes a] efecto, los sargen-tos son ascendidos a jefes de distrito por la recomendación hecha por el Gobernador al Senado Insular, previa la reco-mendación a su vez del Jefe de la Policía Insular al Gober-nador, después de haberse asesorado el primero con la Comi-sión de la Policía Insular; que la recomendación para ascen-sos se hace tomando en cuenta la antigüedad del candidato a jefe de distrito, su preparación académica y su récord de ser-vicios en el Cuerpo de la Policía Insular; que recientemente el peticionario fué postergado al ascenderse, con preferencia' a él, a ciertos sargentos cuyos nombres expresa, a jefes de distrito, quienes, según el peticionario, reunían condiciones inferiores a las suyas; que el recomendar el Jefe de la Poli-cía — después de asesorarse con la Comisión — para ascensos de sargento a jefe de distrito, y el acto del Gobernador de enviar al Senado el nombramiento de jefe de distrito de la persona así recomendada, es un deber ministerial de dichos funcionarios, pero que en el caso de que tal deber fuese dis-crecional, los demandados abusaron de su discreción ai hacer los ascensos antes mencionados con postergación del peticio-nario; que el demandante es graduado de alta escuela y tiene, además, los créditos académicos que expresa en la soli-citud.

La corte inferior expedió el auto alternativo y finalmente desestimó la petición fundándose en dos de las defensas ale-gadas por los demandados, a saber: (1) porque no se trata en este caso de un deber ministerial y (2) porque no aparece de la faz de la solicitud que se haya requerido al demandada Rexford G. Tugwell para que ascienda al peticionario de sar-gento a jefe de distrito.

En la solicitud se alega que el supuesto deber es ministerial, pero de la sección 23 de la “Ley Disponiendo la Organización, Reglamentación y Gobierno de la Policía Insular de Puerto Rico”, según fué enmendada por la Ley núm. 36 de 4 de mayo de 1933 (Leyes de 1932-33, pág. 269), surge claramente que no se trata en este caso de un deber ministerial. Dicha sección, en lo pertinente, dice así:

> ‘ ‘ Sección 23. — Será' deber de la Comisión de la Policía Insular: “(1) Actuar como Junta Reclutadora y Examinadora para resolver todas las solicitudes de alistamiento en la Policía Insular, y examinar a los individuos del cuerpo para determinar sus aptitudes físicas y para asceúsos, recomendando al Gobernador de Puerto Rico, después de haberse asesorado con el jefe de la policía, aquellos miem-bros de la Policía Insular que, a su juicio merezcan ser ascendidos.” (Bastardillas nuestras).

Si sólo serán ascendidos aquellos miembros de la Policía Insular que a juicio de la Comisión merezcan el ascenso, no cabe duda que se trata de una facultad discrecional, sin que quepa interpretación administrativa en contrario, pues ésta en ningún caso puede enmendar o derogar las disposiciones de la ley, ni debe tenerse en cuenta cuando ésta es clara, como sucede en el presente caso. Louisville & N. R. Co. v. U. S., 282 U. S. 740 (1931) y United States v. Cerecedo Hermanos y Compañía, 209 U. S. 337 (1908). Finalmente, el hecho de que se hayan nombrado jefes de distrito que a juicio del peticionario reúnen condiciones inferiores a las suyas, no implica que haya habido abuso de discreción, si los nom-brados tienen la capacidad legal suficiente para desempeñar el puesto para el cual han sido ascendidos, pues de otro modo no existiría discreción por parte de la Comisión.

La conclusión a que acabamos de llegar hace innecesario considerar si erró o no la corte a quo al desestimar la peti-ción de mandamus por el fundamento adicional de no haberse hecho requerimiento alguno al Gobernador y a la Comisión de la Policía Insular con anterioridad a la radicación de la solicitud de mandamus.

Procede, por lo expuesto, confirmar la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro de Jesús, acusado y apelante.
    Núms. 10927 y 10928.

    Sometidos: Febrero 8, 1946.

      Resueltos: Abril 24, 1946.

      A. L. López y Federico F. Virella, abogados del apelante; lion. Pro-curador General E. Campos del Toro, Luis Negrón Fernández, Procurador General Auxiliar y J. Rivera Barreras, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Estos dos casos fueron vistos conjuntamente en'la corte inferior y sometidos a esta Corte en la misma forma y por tanto los resolveremos en una sola opinión. Los hechos son los siguientes;

El apelante fné convicto por la Corte de Distrito de Cu-guas, en apelación de la corte municipal, de dos delitos de acometimiento y agresión grave por haber inferido varías heridas graves con una cuchilla de unas ocho pulgadas de largo a Julio y a Francisco Torres. En estos recursos alega que la corte inferior erró, en ambos casos, al declarar sin lu-gar una moción sobre exposición anterior por haber sido ab-suelto de un delito- de motín en relación con los mismos hechos,, al declarar sin lugar una moción'sobre cosa juzgada que in-terpuso, al resolver que las heridas inferidas eran de carác-ter grave, al declarar al acusado culpable de acuerdo con la. prueba y por último, que la corte actuó movida por pasión,, prejuicio y parcialidad.

En cuanto al primer señalamiento sostiene el apelante que estuvo expuesto anteriormente por los mismos hechos debido a que fué denunciado, ante la Corte Municipal de Oaguas, conjuntamente con otras personas, del delito de motín y todos fueron absueltos y arguye que el delito de acometimiento y agresión está necesariamente comprendido en el dé motín.

No se cometió el error señalado. Resolvimos en el caso de Pueblo v. Vázquez, 9 D.P.R. 544, citando del sumario,.que . una misma persona puede tomar parte en un motín, y cometer, durante él, el delito de acometimiento y agresión, sin hallarse el último comprendido en el primero. ” Y en el de Pueblo v. Noel, 29 D.P.R. 634, se sostuvo la misma regia y se resolvió que “Cuando la agresión no fué el acto provocador de la alteración de la paz, lo que distingue este caso del de El Pueblo v. Veve, 24 D.P.R. 486, sino que mientras ocurría ésta por medio de conducta tumultuosa y amenazas de herir a A, la acusada agredió a B, el hecho de ser absuelta la acusada por la agresión a B no impide que se la denuncie por alteración de la paz pública, pues se trata de distintos delitos cometi-dos en el mismo momento.”

La prueba en los casos de autos demuestra que el acusad© llegó al sitio donde otras personas estaban peleando y ai ver que un hermano suyo había sido herido acometió y agredió a-Jos Torres con una cuchilla, curva de unas ocho pulgadas ■de largo. No fué la intervención dehacusado la causa del ale-gado motín sino que, si éste ocurrió fué con anterioridad a la intervención del apelante. Bajo estas circunstancias, los de-Etos de acometimiento y agresión fueron completamente in-dependientes del motín.

Aun cuando ni de los autos ni de la transcripción •de evidencia aparece que el apelante planteara ante la corte inferior la defensa de cosa juzgada, motivo del segundo se-ñalamiento, al igual que en el caso de Pueblo v. Lugo, 64 B.P.B. 554, la consideraremos. En dicho caso dijimos que no teníamos que resolver, por no estar envuelta en el mismo, í£la cuestión de si la alegación de cosa juzgada podría inter-ponerse con éxito en cuanto a un punió de hecho ya litigado en un caso anterior cuando el segundo caso contra el mismo acusado envuelve un alegado delito de diferente naturaleza bajo una ley distinta.” (Bastardillas nuestras.)

Nos confrontamos con la misma situación en estos casos, lia-única prueba presentada ante la corte inferior- — en cuanto a la defensa de exposición anterior — fué la denuncia y la sentencia en el caso de motín. No podemos determinar por dicha prueba cuáles fueron los hechos probados en el caso de motín que dieron lugar a la sentencia absolutoria. El ape-lante pudo haber sido absuelto en dicho caso porque la corte consideró que no intervino en.el mismo o porque en rea-Edad no se probó que hubo la alteración de la paz pública, que es uno de los elementos esenciales del delito, o por cual-quier otra deficiencia de la prueba.

La situación que presentan estos casos se asemeja a la de los casos de conspiración en que se ha resuelto que cuando la absolución en una acusación por el delito de conspiración pudo haber estado basada en el hecho de no haberse conven-cido al jurado de que el acusado conspiró con otros, y tal absolución no envolvía necesariamente el hecho de que el acu-sado no cometió los actos ilegales (overt acts) base de la acas ación por conspiración, el veredicto no constituye, bajo la doctrina de res judioata, un impedimento a una acusación posterior contra el mismo acusado por un delito sustantivo basada en los mismos actos ilegales, U. S. v. Carlisi (1940, D. C.) 32 F. Supp. 479; U. S. v. Halbrook (1941 D. C.) 36 F. Supp. 345; Fall v. United States (1931) 60 App. D. C. 124, 49 F.2d 506 (Cert. den. 283 U. S. 867).

Asimismo se ba resuelto que una absolución en un proceso por un delito sustantivo no impide, bajo la teoría de res judioata, una acusación, posterior por una conspiración que incluye tal delito sustantivo como uno de los elementos, cuando la absolución pudo haberse basado en un hecho no ne-cesariamente inconsistente con la culpabilidad del acusado de la conspiración. Woodman v. United States (1929 C.C.A. 5th) 30 F.2d 482 (Cert. den. 279 U. S. 855); State v. Erwin (1941) 120 P.2d 285.

Como dijimos en el caso de Pueblo v. Lugo, supra, citando de 2 Freeman on Judgments, . . la sentencia anterior es concluyente solamente en cuanto a aquellas materias que de hecho se suscitaron y verdaderamente o por necesidad se adjudicaron. . .” El fundamento de esta regla es que para que la doctrina de res judioata pueda ser aplicable en un caso criminal tiene que demostrarse que los hechos en controversia fueron resueltos en el proceso anterior. People v. Cygan (1924) 229 Mich. 172, 200 N. W. 967. A este efecto se sos-tuvo en el caso de Jay v. State (1916), 15 Ala. App. 255, 73 So. 137, que, para sostener la alegación de res judicata, cuando del récord no aparece si ciertos hechos materiales fue-ron presentados y determinados en el caso anterior, podría admitirse prueba adicional para demostrar que dichos hechos fueron presentados y litigados.

La conclusión a que llegamos en el caso de Pueblo v. Lugo, supra, al aplicar la doctrina de res judioata fue pre-cisamente porque resolvimos que, de acuerdo con la natura-leza del delito imputado, la negativa de la paternidad por Lugo tuvo-necesariamente que haber sido planteada, litigada y resuelta en el caso anterior. Los casos de autos no caen bajo dicha regla y no podemos, por tanto, resolverlos a base del caso de Pueblo v. Lugo, como pretende el apelante.

Los demás señalamientos carecen de méritos. Se probó que la herida recibida por Julio Torres en la cabeza que le ocasionó la fractura del cráneo era de carácter grave y no hay duda de que el arma usada por el acusado, una cuchilla de ocho pulgadas de largo es un arma mortífera. Nada encontramos en el récord que justifique la imputación de que la corte actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad.

Deben confirmarse las sentencias apeladas.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro de Jesús Torres, acusado y apelante.
    Núm. 10929.

    Sometido: Febrero 8, 1946.

      Besuelto: Abril 24, 1946.

      Antonio L. López y Federico E. Virella, abogados del apelante; Hon. Procurador General E. Campos del Toro, L. Negrón Fernández, Procurador General Auxiliar y J. Rivera Barreras, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fue denunciado ante la Corte Municipal de Caguas por el delito de portar armas. ■ Alega la denuncia, en síntesis, que el día 6 de enero de 1943, a las cinco de la tarde, en el Barrio Anón, de Caguas, el acusado portaba sobre su persona con fines de ofensa y defensa, una cuchilla hecha de una daga, de alrededor de ocho pulgadas de largo, en forma curva, de las usadas para cortar arroz en el campo, cabo de madera, la cual es un arma mortífera non la que el acusado causó grave daño corporal a Julio Torres, arma que portaba el acusado sin que se encontrara en la práctica, o se dispu-siera a practicar, deporte, arte u oficio alguno.

Puó hallado culpable en la corte municipal y no conforme con el fallo apeló para ante la corte de distrito, donde se cele-bró el juicio de novo, y, al ser convicto, estableció el presente recurso en el que alega que el tribunal inferior erró al resolver que el arma que el acusado portaba era una de las que con-templa la ley prohibiendo su portación o conducción; al resolver que el acusado era culpable de acuerdo con la denuncia y con la prueba; al declarar culpable al acusado porque habiéndose ocupado el arma la misma no fue identificada ni la misma fue ofrecida como prueba, y porque la corte inferior actuó movida por prejuicio, pasión y parcialidad.

El artículo primero de la Ley prohibiendo la portación de armas, de 1924 (pág. 115), dice que “Toda persona que ilegalmente portare o condujere, cualquier arma o instrumento con el cual pueda causarse daño corporal, incurrirá en pena de prisión de un mes a seis meses.” El inciso primero del artículo quinto'de la misma ley, al hablar de los casos en que la misma no será aplicable, lee así:

• “Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables — 1. A la por-tación de los útiles, herramientas e instriimentos de las artes, pro-fesiones, oficios y ocupaciones o deportes cuando se portaren con motivo u ocasión de los mismos.”

Arguye el apelante que un cuchillo de cortar arroz no es unsf-de las armas que contempla .el estatuto. No tiene razón.

En el caso de Pueblo v. González, 40 D.P.R. 71, se resolvió, citando del sumario, que “En proceso por portal un arma ■ — •machete-—cuando la prueba tiende a demostrar que el acu-sado en el momento mismo en que se le ocupó como en los que fue a casa de un tercero y luchó con él, estaba fuera de su finca, el machete es un arma prohibida en el sentido de la ley.” Y en la opinión se dijo a la página 73:

“Seguramente que a nadie se le ocurrirá formular una denuncia contra un labrador que pacíficamente con sus instrumentos de la-branza cruce o camine por una vía pública en el curso habitual y ordinario de su trabajo, pero cuando el labrador porta el instrumento para fines de ofensa o defensa, el instrumento es un arma en el sentido de la ley, y como no lo protege el hecho de encontrarse dentro de su casa o finca, su responsabilidad es evidente.”

En dicho caso se distinguió el de Pueblo v. Segarra, 36 D.P.R. 116, en el cual se resolvió que el uso ilegal de un machete dentro de su finca cuando lo portaba en cumplimiento de sus quehaceres ordinarios no constituía el delito de por-tarlo ilegalmente.

Asimismo en el caso de Pueblo v. Ríos, 41 D.P.R. 764, resolvimos que “Un ‘cuchillo de cocina’, según la forma en que se porte, os una de las armas o instrumentos con los cuales puede causarse daño corporal, cuya portación prohibe la ley. ’ ’

En el de autos la prueba demuestra que los hechos ocu-rrieron en un día do fiesta, - el 6 de enero; que el acusado no estaba trabajando sino que al llegar al sitio del suceso en un camino intervino en una riña y con una cuchilla “curva o curvia”, de unas ocho pulgadas de largo que portaba, hirió a Julio Torres; que dicha cuchilla era de las que se usan para cortar arroz y estaba hecha de un pedazo de mocho o daga. El hecho de que los testigos no especificaran con exac-titud el largo de la hoja de la cuchilla, no tratándose de un cortaplumas o navaja plegadiza, carece de importancia. Pueblo v. González, 36 D. P. R. 52.

No se cometieron los dos primeros errores señalados y tampoco el tercero pues, según hemos resuelto en varías ocasiones, no es requisito indispensable en procesos de esta' naturaleza que el arma sea presentada en evidencia si la corte queda convencida por la prueba de que en efecto el acusado la portaba ilegalmente. Pueblo v. Carrillo, 51 D.P.R. 385. El último señalamiento no ha sido argumentado por el apelante y no tenemos que considerarlo. Pueblo v. Soto, 40 D.P.R. 409.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova

text:
    Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, peticionaria, v. Corte de Distrito de Bayamón, Hon. Fernando Gallardo, Juez, demandada.
    Núms. 1640, 1641, 1642.

    Sometidos: Abril 17, 1946.

      Resueltos: Abril 24, 1946.

      Gabriel Guerra Mondragón, O. Domínguez Rubio, José Vila Ruvs x Antonio M. Bird, abogados do la peticionaria; E. Martínez Rivera?, Luis Blanco Lugo y F. Fornaris, Jr., abogados de los intervenie-res, demandantes en los pleitos principales.
   El Juez Asociado Señor Córdova

emitió la opinión del tribunal.

La peticionaria en los tres casos del epígrafe, demandada en tres casos de daños y perjuicios ante la corte recurrida, solicitó de las partes demandantes ciertas especificaciones,. algunas de las cuales fueron concedidas y otras denegadas en resolución de la corte inferior de enero 18 de 1946. Poste-riormente, señalado ya el caso para juicio, sometió la peti-cionaria interrogatorios a los demandantes, se opusieron éstos y celebrada la vista se declararon en su mayor parte sin lugar, en resolución del 12 de abril de 1946, por entender la corte que las preguntas ya habían sido rechazadas en la resolución sobre especificaciones de 18 de enero de 1946.

La peticionaria solicita expidamos auto de certiorari para revisar la resolución de la corte inferior denegando los inte-rrogatorios. Recalca la diferencia entre interrogatorios y -especificaciones y el error de la corte al confundir las dos cosas y al entender que, rechazada la solicitud sobre deter-minada especificación, ello resuelve que en un interrogatorio no puede hacerse una pregunta que abarque el mismo extremo. Pero es que, según aparece de la transcripción de la vista acompañada a las solicitudes de certiorari, la peticionaria compartió, sino causó, la confusión de la corte. No se le informó a la corte que en la vista del 12 de abril se trataba de algo distinto a lo que se resolvió en 18 de enero. Por el contrario, al preguntar la corte “¿Estas preguntas no se pidieron antes?”, sobrevino el siguiente diálogo:

“Demandada: Sí, señor Juez, y estamos dispuestos a discutirlas.
“La Corte: La Corte cree que'no impido discutirlas de nuevo. Ahora la Corte quiere decirle al compañero que la Corte no ha va-riado de criterio. T quiero preguntarle a su Señoría si las pregun-tas que le está haciendo ahora a la otra parte fueron ya objeto de un ■ruling de esta Corte.
"“Demandada: Hay algunas aquí que antes no fueron objeto de ruling alguno de la Corte.
“La Corte: ... la Corte no va a estar discutiendo la misma cuestión tres o cuatro veces.
“Demandada: ... el beebo de que bayan sido disentidas ante-riormente y do que fueran declaradas sin lugar algunas o todas das preguntas no impide el que se vuelvan a solicitar, que tenemos el derecho de solicitar el interrogatorio, aunque reconocemos que es amplia la discreción que tiene el tribunal en conceder o denegar los particulares que se solicitan por medio de un interrogatorio, aunque sean las mismas preguntas.
“La Corte: ... Lo que pasa es que la Corte tiene la creencia que cuando se discutió anteriormente este interrogatorio, la cuestión de su procedencia fue ampliamente discutida por las partes, y que la Corte declaró con lugar algunas de las preguntas y declaró sin lugar otras, y dió su ruling, y ese ruling del tribunal no ba variado. ....
“Demandada: Solicitamos la reconsideración de la resolución de Vuestro Honor.
“La, Corte: Sin lugar/’

De lo expuesto puede verse que la peticionaria no informó adecuadamente a la corte inferior de la naturaleza del asunto que deseaba plantear, y permitió que la corte creyera que se trataba sencillamente de la reproducción de una solicitud que ya se había declarado sin lugar, y resolviera a base de esa creencia. La solicitud de una reconsideración, pro forma, no ayudó en nada a la corte a enterarse de la verdadera preten-sión de la peticionaria.

De la transcripción que acompaña la peticionaria a su solicitud resulta que pidió a la corte inferior reconsiderara su resolución con el ñn de sentar las bases piara revisar la re-solución por certiorari. Su actuación en este sentido obedeció indudablemente a una apreciación errónea de la jurispruden-cia de este Tribunal respecto al recurso de certiorari. El que se solicite o no de la corte inferior reconsidere la resolu-ción que se interesa revisar mediante certiorari no es de por sí importante. Lo que es importante es que se brinde a la corte inferior una oportunidad adecuada de resolver la cues-tión que se desea plantear en el recurso de certiorari. Giménez v. Corte, 56 D.P.R. 236; González v. Corte, 54 D.P.R. 489; National City Bank of New York v. Corte, 45 D.P.R. 777; Las Monjas Racing Corp. v. Corte, 40 D.P.R. 294. Si la corte ha tenido esa oportunidad,- huelga la moción de reconsideración. Si la corte no ha tenido esa oportunidad, y la moción de re-consideración no se la brinda, nada se gana con hacerla.

En los casos de autos, resulta de las solicitudes y de los documentos que a ellas se acompañan que la corte recurrida no ha tenido una oportunidad adecuada de resolver la cuestión que la peticionaria desea plantear ante este tribunal. De las solicitudes no se desprenden hechos que justifiquen el que nos apartemos de la regla g’eneral de que, en tales circunstancias, no procede el certiorari. Deben por lo tanto declararse sin lugar las solicitudes de certiorari.

      Véase la Regla 33 de las de Enjuiciamiento Civil; 2 Moóre’s Federal Fraotice 2608 et seq.; y Stanley Co. v. American Telephone $ Telegraph Co., 5 E. Supp. 380, donde se enfatiza la diferencia entre especificaciones e interroga-torios, denegándose las especificaciones y permitiéndose interrogatorios que ver-saban sobre los mismos hechos.


text:
    Romana Pérez Hernández, conocida por Romana Torres Hernández, peticionaria y apelante; Ex Parte.
    Núm. 9225.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Abril 24, 1946.

      R. A. Arroyo Ríos, abogado de la apelante.
   El Juez Asociado Señor Córdova

emitió la opinión del tribunal.

Eomana Pérez apela de la resolución de una corte de dis-trito declarando sin lugar una información para perpetua memoria.

De la solicitud y de la prueba resulta que Romana Pérez es hija legítima de Luis Pérez, según consta en la inscripción de su nacimiento en el Registro, Civil. No obstante a la pe-ticionaria se le conoce por Romana Torres, porque a su padre se le conocía por Luis Torres. Romana tiene hijos, de sn matrimonio con Pablo Flecha, que aparecen inscritos con los apellidos Flecha Torres. Sus hijos están, o estaban al radi-carse la solicitud, en el ejército. La diferencia entre el ape-llido con que aparece inscrita la peticionaria y el apellido con que se le conoce, con el cual se casó, y con el cual aparecen inscritos sus hijos, ha ocasionado trastornos a la peticionaria, quien desconocía hasta poco antes de radicar su solicitud que estuviese inscrita en el Registro Civil con un apellido dis-tinto al que siempre ostentaron tanto sus padre y sus hijos, como ella.

La solicitud de la apelante pide que luego de practicada la prueba y oído el fiscal se apruebe la información y se ordene la enmienda de la inscripción del ■ nacimiento de la peticionaria, en el sentido de cambiar su apellido de Pérez a Torres. En el acto de la vista el abogado de la peticionaria solicitó que, si no procedía la enmienda se ordenara que en la inscripción del nacimiento se hiciera constar que a la peti-cionaria se le conocía por Torres.

Practicada la prueba, con intervención del fiscal, cuyo dic-tamen no aparece de los autos, pero cuya actitud durante la vista fue hostil a la pretensión de la peticionaria, la corte declaró sin lugar la información, porque “entendemos que se trata de una filiación, pues cambiar el apellido que lleva una persona, o sea, su verdadero, por otro, nos parece que no está autorizado por este procedimiento.”

Sostiene la apelante que la corte erró al estimar que no procede ordenar, o reconocer, el cambio de apellido de una persona, en una información ad perpetuam memoriam. ■

La finalidad del expediente ad perpetuam rei memoriam es el de perpetuar la memoria de un hecho, o sea, el acreditar solemnemente ese hecho, cuando existe el riesgo de que la prueba -del mismo pueda perderse, por la ausencia o muerte de los testigos o por otras razones. Los artículos 2001 al 2009 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para las Islas de Cuba y Puerto Rico, aprobada el 25- de septiembre de 1885, autorizan y reglamentan el procedimiento ad perpetuam, limitándolo a hechos que no perjudiquen a persona cierta y determinada. Dichos artículos aún están en vigor en Puerto Rico, por no estar en conflicto con las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil de 1904. Es bueno apuntar que tampoco están en conflicto con la Regla 27 de las Reglas de Enjuiciamiento Civil de septiembre 1 de 1943, que dispone un procedimiento para perpetuar testimonio en casos conten-ciosos, ya que la regia cubre un campo que está vedado a la información ad perpetuam, y ésta a su vez es aplicable a asuntos donde no quepa perjuicio a tercero, asuntos donde no procede la toma de deposiciones de que se ocupa la Regla 27, pudiendo más bien decirse que la Regla 27, procedente del sistema de derecho anglo-sajón, viene a complementar el procedimiento para perpetuar testimonio, de origen hispano, que ya regía en Puerto Rico.

De acuerdo con el artículo 2001- de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1885 la información ad perpetuam cabe para perpetuar cualquier hecho, con tal que no resulte perjuicio a una persona cierta y determinada. Si resulta o pudiera resultar perjuicio a alguna persona, no debe admitirse la información. Pero aunque se admita la información, si luego resulta que ésta perjudica a alguna persona carece de efecto en cuanto a ella la providencia aprobatoria.

En el caso de autos, la peticionaria pretende perpetuar el hecho de que a ella siempre se le ha conocido por Romana Torres. Ese hecho resulta elocuentemente de la prueba, particu-larmente de la declaración de la peticionaria. Del expediente no surge que ese hecho perjudique a persona alguna. Apa-rentemente la corte inferior' creyó que, de perpetuarse el testimonio de que a la peticionaria se le conoce por el apellido Torres, ello equivaldría a' determinar que su padre, Luis Pérez, también conocido por Torres, fue hijo natural de algún Torres, lo que vendría a establecer la filiación de Luis Pérez. No es así. Ni el uso de un apellido, ni la inscripción de ese apellido en el Registro Civil, establece la filiación natural. Es la filiación paterna, una vez establecida, la que da derecho al uso del apellido paterno por el hijo natural. T mal puede estimarse que en el caso de autos el uso por la peticionaria del apellido Torres, ni aun su inscripción en el registro con tal apellido, le afilie con algún Torres como abuelo paterno, por ser el apellido Torres tan corriente, y no aparecer, ni de los autos ni del registro civil el nombre de persona alguna que pueda reputarse abuelo paterno de la peticionaria.

No existe, pues, el obstáculo a la solicitud de la peticionaria que creyó encontrar la corte inferior, o sea, el que se pudiera perjudicar a alguna otra persona. Otro obstáculo que en-contró la corte es que en Puerto Rico no existí estatuto que .autorice el cambio de nombres o apellidos. Es verdad. Exis-tió una vez un procedimiento para el cambio de nombres y apellidos, el estatuido en los artículos 90 a 95, inclusive, del4 Reglamento para la Ejecución de la Ley de Registro Civil de Cuba y Puerto Rico, aprobado el 6 de noviembre de 1884, pero ese procedimiento quedó derogado, sino por efecto del. cambio de soberanía en 1898, por la Ley de Registro Civil de 1911 que derogó la anterior de 1884. Ni en la Ley de Registro Civil de 1911, ni en la Ley del Registro Demográfico de 1931 que vino a sustituirle, ni en ninguna otra ley, se autoriza procedimiento alguno para cambiar nombres o ape-llidos, en el registro civil de ayer o en el registro demográfico de hoy.

Dentro de los estrechos límites de la información ad perpeiuam no cabe ana orden disponiendo' el cambio de nn nombre o apellido. Todo lo que cabe es una providencia que disponga se perpetúe el testimonio. Así lo estatuye el artículo 2006 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1885, que reza así:

“Art. 2006. Pidiendo el Promotor fiscal que se apruebe la in-formación, y bailándolo procedente el Juez, dictará auto aprobándola cuanto ha lugar en derecho, y mandando, si se refiere a hechos de reconocida importancia, que se protocolice en los registros del ac-tuario si éste fuere también Notario y no siéndolo, en los de otro que resida en el pueblo cabeza del partido, a elección de la parte inte-resada, habiendo más de uno.
‘ ‘ Si los hechos a que se haya referido la información no fueran de reconocida importancia, el Juez mandará que se archive en el oficio del actuario.”

Sabemos que, como indica la corte inferior en su resolu-ción, en Puerto Pico se ba venido utilizando la información ad perpetuam para llevar a cabo cambios de nombres. La existencia de esa práctica es precisamente lo que nos ba lle-vado a bacer un estudio minucioso en busca de su justificación en nuestra legislación y nuestra historia. . No hemos podido encontrar base adecuada para la práctica, y carecemos de facultad para sancionarla, £n vista de que está en conflicto cpn la legislación en que pretende ampararse, a saber, las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil que acaba-mos de copiar, y carece de apoyo alguno en los preceptos de la Ley del Registro Demográfico. A la Legislatura incumbe actuar para corregir lo que entendemos es un defecto en nuestra legislación. Debe existir un procedimiento sencillo para autorizar o reconocer el cambio de nombres y apellidos en casos adecuados, como existe en los estados de la Unión americana, y como existía en Puerto Rico bajo la soberanía española. En este respecto, nuestra legislación parece haber retrocedido del siglo diecinueve para acá.

Aunque la corte estimó, correctamente que no procedía ordenar el cambio del apellido de la peticionaria en el Registro Demográfico, erró al declarar sin lugar la información ad perpetuam, o sea, al negarse a ordenar se perpetuara el testimonio de la peticionaria de acuerdo con el artículo 2006 que cabamos de copiar.

Podría objetarse que de nada sirve perpetuar el testimo-nio en cuanto al nombre de la peticionaria, si no se puede cambiar el nombre en el registro. A eso tenemos dos contes-taciones. En primer lugar, la finalidad de la información ad perpetuam es sencillamente perpetuar el testimonio. No es pertinente considerar el uso que babrá de darse en el futuro al testimonio perpetuado excepto a los finieos fines de determinar si ha de perjudicar a alguna otra persona. Pro-cede por lo tanto la aprobación de la información en este caso aunque no pueda darse paso ulterior alguno en el Re-gistro Demográfico. Ahora bien, entendemos que la peticio-naria puede hacer uso práctico de la providencia aprobatoria de la información. Constituye tal providencia, a nuestro juicio, uno de- . Jos documentos en que consten los actos jurídicos que de algún modo modifiquen el estado civil o la condición de la persona inscrita,.. . .”, los cuales, según la sección 21 de la Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico (Leyes de 1931, pág. 229), a peMción de parte interesada, “. . .serán archivados en el Departamento de Sanidad en Un archivo especial, haciendo referencia al certificado de na-cimiento a que correspondan. ” Si bien el hecho de que a una persona se le conozca por un nombre distinto a aquél con que consta inscrita en el registro demográfico no modi-fica el “estado civil” de la persona, creemos que puede de-cirse que afecta o modifica “la condición de la persona dentro del significado de la sección 21 de la Ley de Registro-Demográfico. Normalmente, el concepto de la condición de-rma persona es sinónimo con el concepto de su estado civil. Pero la Legislatura en la sección 21 Labia del “estado eÍYÜ o la condición de la persona”, lo que indica que al usar fe palabra “condición” se refiere a algo que no es precisamente-el “estado civil”, razón por la cual estimamos justificada una interpretación liberal del concepto “condición”, que abar-que el nombre de la persona, como una de las circunstancias que pueden afectar o modificar esa condición, particularmente si tenemos en cuenta que ese nombre es uno de los datos de mayor importancia que constan en el registro demográfica.

Por los fundamentos expuestos debe revocarse la res&faí-ción apelada y en su lugar dictarse otra aprobando la infor-mación ad perpetuam y consignando que del testimonio pres-tado por la peticionaria Romana Pérez en dicha información? y de los certificados de nacimiento y de matrimonio que obrara en autos, resulta que a Romana Pérez siempre se le ha vo-ri o cido por Romana Torres.

       El procedimiento que prescribe la Eegla 27 es el de la toma de deposi-ciones con audiencia de ambas partes. Véase 5 Wigmore, Evidence, 3ra. Ed'. 73. El apartado (o) de la regla dispone que ésta "no limita la facultad que tienen las cortes para conocer de las acciones para perpetuar testimonios”. Pero las ‘1 acciones para perpetuar testimonios ’ ’ de que habla la regla son también acciones contenciosas, a saber, los pleitos en equidad para perpetuar testimonio. 2 Moore’s Federal Practice under fhe New Fules 2540; 1 Pomeroy, Equity Jurisprudence, 5th Ed. 358; Arizona v. California, 292 U.S. 341, 78 L. Ed. 1298.

       Véase Sucesión Vázquez v. Registrador, 40 D.P.R. 893.

      Véase la sentencia del Tribunal- Supremo de España de 27 de junio de 1864 (9 J.O. 545), que dice que la información ad perpetuam no procede para acreditar la mujer la entrega de su dote al marido.

         Sucesión Vázquez v. Registrador, 40 D.P.R. 893; Sentencias del Tribunal Supremo’ de España de 27 de junio de 1864 (9 J.C. 545) y 30 de diciembre de 1914 (131 J.C. 1093).

       Véase la Gaceta de Madrid de 17 de noviembre, 1884.

      De acuerdo con el reglamento citado, el cambio de nombre sólo lo podía ordenar el Bey de España, a propuesta del Ministerio de Ultramar, luego de practicados los 'trámites judiciales en Puerto Bico.

      La ley de Begistro Civil de 1911 (Leyes de 1911, pág. 197), si bien no disponía un procedimiento para el cambio de nombre, en su artículo 18 incluía, entre los actos que podrían anotarse al margen de la inscripción de naci-miento, el cambio de nombre y de apellido. La Ley de Begistro Demográfico no contiene una disposición igual o equivalente.

       Aunque la Eegla 81 (Z>) de las de Enjuiciamiento Civil no es aplicable a una información ad perpetuam, el principio que expresa, de que un error en la súplica del remedio no es óbice para que se conceda el remedio apropiado, es de estricta aplicación.

      Las informaciones ad perpetuam siempre se han utilizado para acreditar hechos en los registros públicos, siempre que de esos hechos no resulte perjuicio a tercero. Véanse las Eesolueiones de la Dirección General de los Eegistros de España de 30 de diciembre de 1914 (Anuario de 1914, pág. 234) y 12 de enero de 1917 (Anuario-de 1917, pág. 131).

       Véase 2 Escrielie, Diccionario de Legislación y .Jurisprudencia 471, spze define la condición de una persona así: “La calidad del nacimiento o estad® citó Los hombres, como de noble, plebeyo, libre, siervo, etc., .en virtud do la euail tienen estos diferentes derechos y obligaciones. En este sentido so entiende fe palabra condición en el axioma de jurisprudencia de que cada uno se supone1 conocer la condición de la persona con quien contrata, esto es, si es meuai-v o mayor, natural o extranjero, mujer casada, soltera o viuda.”


author: El Juez Asociado Señor Cóbdova

text:
    Mercedes Cabanillas, demandante, contrademandada y apelante, v. José R. Gelpí, demandado, contrademandante y apelado.
    Núm. 9215.

    Sometido: Febrero 15, 1946.

      Resuelto: Abril 24, 1946.

      José Sabater, abogado de la apelante,- José Rosario Gelpí, pro se y Pedro Baigés Gómez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Cóbdova

emitió la .opinión del tribunal.

La apelante radicó demanda de negatoria de servidum-bre de paso. El apelado contestó alegando título a la servi-dumbre por uso inmemorial desde mucho antes del 1889. La prueba demostró que ya en el 1870 los causantes del ape-lado venían usando la servidumbre, y que el apelado y sus causantes la han venido usando desde entonces. La corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, deter-minando que el apelado tiene título a la servidumbre por uso inmemorial, y condenando a la apelante al pago de $800 por concepto de honorarios de abogado.

Arguye la apelante que la corte erró al determinar que el apelado tiene título a la servidumbre por uso inmemorial,, y al ■condenarla al pago de honorarios de abogado.

La regia general, establecida en el artículo 475 del Código Civil (Ed. de 1930); es qne la servidumbre de paso no puede adquirirse por prescripción. Miner v. Irizarry, 52 D.P.R. 206; Nadal v. Muratti, 34 D.P.R. 251; Villodas v. Hartman & Co., 28 D.P.R. 787; Díaz v. Vázquez, 19 D.P.R. 1155; Cividanes v. Amorós Hermanos, 8 D.P.R. 589. Comoquiera que antes del año 1889, fecba en que vino a regir el Código Civil, podía adquirirse título a una servidumbre de paso por uso inmemorial, al amparo de la ley entonces vigente, o sea la Ley 15, título 31 de la Partida Tercera de las Leyes de Partida, la regla general que acabamos de reiterar no es aplicable a casos de uso inmemorial anterior al año 1889. Stella v. Blasini, 61 D.P.R. 372; Cabanillas v. Gelpí, 61 D.P.R. 298; Nido & Cía. v. Albir Alicea, 27 D.P.R. 34.

La apelante arguye que para que el uso inmemoriaLpueda servir de título a una servidumbre de paso, es preciso estable-cer que ya en el año 1889, al entrar en vigor el Código Civil, se babía consolidado el derecho de servidumbre por prescripción inmemorial. Si así fuera, no bay duda de que la prueba del apelado es insuficiente para establecer el uso inmemorial, ya ■que el uso probado data solamente del año 1870, y esa época ciertamente no era inmemorial en el año 1889.

La contención de la apelante, sin embargo, está rebatida por los preceptos claros del artículo 1839 del Código Civil (Ed. de 1930) que reza así:

“La prescripción comenzada antes de la publicación de este có-digo se regirá por las leyes anteriores del mismo; pero si, desde que fuere puesto en observancia, transcurriese todo el tiempo en él exi-gido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo. ’ ’

No era necesario, pues, que el apelado demostrara que tenía ya título a la servidumbre en el 1889 por uso inmemorial. Bastaba establecer que el uso de la servidumbre comenzó antes de regir el Código en el 1889, para que, de acuerdo con el artículo y¡ue acabamos de copiar, fuera aplicable al caso la ley vigente antes del Código. Así lo resolvimos tácitamente en Stella v. Blasini, supra, donde no se planteó ni discutió el punto que suscita la apelante, pero se resolvió que estable-cido el uso de una servidumbre de paso desde el año 1868 hasta una fecha posterior al 1937 se adquirió título prescrip-tivo a la servidumbre al amparo de la legislación vigente antes de regir el Código Civil. ■ Así se ha resuelto también por el Tribunal Supremo de España, interpretando el artículo 1939 del Código Español, igual al 1839 del nuestro, en.su sentencia de 7 de enero de 1920 (149 J. C. 36), que en lo pertinente dice:

. “Aun en el supuesto de que la prescripción hubiese tan sólo principiado y no terminado durante la legislación anterior, tampoco podrían prosperar las alegaciones del recurrente, porque a tenor deL artículo 1,939 del Código Civil, la prescripción comenzada antes de su publicación se regirá por las leyes anteriores al mismo; y siendo indudable que en el caso de auto'í había comenzado' con anterioridad, .necesario es concluir afirmando que la Sala, al aplicar la legislación antigua para resolver la cuestión relativa a la prescripción de las servidumbres obró acertadamente, debiendo, en su consecuencia, de-sestimarse la infracción de la disposición transitoria Ia. del Código y de la ley 15, tit. XXXI, Partida 3a., citadas en el primer motivo del recurso.”

En el caso de autos el apelado probó terminantemente que sus causantes comenzaron a usar la servidumbre de paso desde mucho antes del 1889. La prescripción así comenzada se rige, de acuerdo con el artículo 1839 del Código Civil, por la ley 15, título 31 de la Partida Tercera. Aplicando esa ley, que dis-pone que la servidumbre de paso puede adquirirse por uso inmemorial, tenemos que el apelado ha probado, en el juicio celebrado en el año 1944, que ya la servidumbre venía usán-dose en el año 1870, presentando el testimonio de varios an-cianos cuya memoria alcanza hasta esa época y que no pueden recordar cuando comenzó el uso. Quedó así establecido el uso inmemorial, según, lo define la ley citada, a saber, . .tanto tiempo que non se puedan acordar los homes, quanto ha que Li. lo comenzaron a usar.” No erró por lo tanto la corte al resolver que el apelado tiene título prescriptivo a la servidum-bre de paso.

Convenimos con la apelante, sin embargo, en que erró la corte al estimar temeraria a la apelante y como consecuencia imponerle el pago de los honorarios del abogado del apelado. Como hemos visto, el caso gira en torno de una cuestión de derecho que no había sido expresamente resuelta en Puerto Rico, y en relación-con la cual no hemos encontrado ni precedentes ni comentarios fuera de Puerto Pico con excepción de la sentencia del Tribunal Supremo de España de 7 de enero de 1920. No debe estimarse temeraria a la apelante por haber actuado a base de una apreciación de esa cuestión de derecho que ahora resulta errónea.

Debe modificarse la sentencia apelada en el sentido de eliminar de la misma la disposición condenando a la apelante al pago de honorarios de abogado, y así modificada, confir-marse.

      Ya resolvimos en Cabanillas v. Gelpí, 61 D.P.R. 298 que la contestación planteaba una defensa suficiente.


author: El Juez Presideute Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Evaristo Velázquez Muñiz, acusado y apelante.
    Núm. 11329.

    Sometido: Marzo 13, 1946.

      Resuelto: Abril 25, 1946.

      García Méndez & García Méndez, abogados del apelante; Hon. Pro-curador General E. Campos del Toro, Luis Negrón Fernández, Primer Procurador General Auxiliar y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presideute Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El día 28 de enero de 1941, se radicaron en la Corte de Distrito de Aguadilla dos acusaciones contra el apelante en este caso. Una, por el delito de ataque para, cometer asesi-nato, y la otra, por el delito de portar armas prohibidas. Se dió lectura a ambas acusaciones en 17 de febrero de 1941, haciendo el acusado alegación de no culpable en cuanto a la primera, y en cuanto a la segunda, solicitó y la corte concedió, un plazo para contestarla, lo que hizo en 22 de mayo del mismo año, alegando ser inocente, y pidió que ambas causas se vieran conjuntamente. La corte accedió a esta; última petición.

En 3 de octubre de 1943, el acusado compareció ante la corte inferior solicitando mediante moción el archivo y sobre-seimiento de ambas causas por haber transcurrido más de 120 días desde su radicación sin haberse celebrado juicio. Oídas las partes, la corte ordenó el archivo y sobreseimiento del caso de ataque para cometer asesinato, pero no así en cuanto a la acusación por portar armas, que dejó en pie por entender la corte que la dilación en la celebración del juicio se debía a que el acusado había solicitado que se viera conjuntamente con el caso principal o sea el “felony”. En la misma fecha el fiscal presentó nueva acusación en el caso de ataque para cometer asesinato.

En' 18 de julio de 1945, la corté inferior, a nueva petición del acusado, ordenó el archivo y sobreseimiento del caso de ataque para cometer asesinato. , Esta vez el fiscal no pudo reproducir la acusación por estar prescrito el delito, ya que habían transcurrido más de 3 años a contar desde la fecha de su comisión. Así las cosas, la corte inferior, citó al acusado para que compareciera el día 26 de septiembre de 1945 para el juicio del caso de portar armas.

El acusado, quien en ningún momento había solicitado suspensión alguna de la vista del caso, presentó el día 25 de septiembre de 1945 una moción solicitando, el archivo y sobre-seimiento del mismo por no haberse celebrado el juicio dentro de los 120 días que prescribe el inciso 2 del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal. El. día señalado para el juicio, la corte declaró sin lugar la moción de archivo y sobreseimiento por los-fundamentos del caso de Lugo v. Corte, 55 D.P.R. 373, y procedió a la vista del caso en su fondo, declarando culpable al acusado del delito de portar armas e imponiéndole un mes de cárcel.

El acusado interpuso el presente recurso, señalando la comisión de dos errores, de los cuales consideraremos sola-mente el primero por ser éste suficiente para justificar la revocación de la sentencia.

Alega el acusado que la corte inferior erró al declarar sin lugar la moción de archivo y sobreseimiento porque su petición de que el caso de portar armas se señalara conjuntamente para juicio con el principal, o sea, el de ataque para cometer asesinato, no conllevaba expresa o implícitamente la renuncia de su derecho a un juicio rápido, ni a ningún término de prescripción que pudiera favorecerle en ambos casos. No aparece de los autos de este caso moción de suspensión alguna interpuesta por el acusado, ni justificación para la' demora en la celebración del juicio, el cual fué señalado por primera vez para su vista el 26 de septiembre de 1945, o sea, alrededor de 5 años después de presentada la acusación. Tiene razón el apelante. En el caso de mandamus de Pedro Berríos Cruz v. Corte de Distrito de Caguas, resuelto en 14 de noviembre de 1945, el Juez Asociado Sr. de Jesús, actuando en funciones de turno, ordenó el archivo y sobreseimiento del caso, diciendo:

‘”E1 heclio de que al leerse la acusación el acusado pidiera que el «saso de portar armas se viese conjuntamente con el de atentado a la wHa, no implica que él renunciara al derecho a un juicio rápido eu asabos casos. El tenía derecho a esperar que el juicio por atentado a La vida se celebrase dentro del término prescrito por el artículo 448 ■siel Código de Enjuiciamiento Criminal.”

No es de aplicación al presente caso el de Lugo v. Corte, D.P.R. 373, invocado por el fiscal, ya que las circunstan-cias que mediaron en uno y otro caso son diferentes. En el caso de Lugo hubo renuncia implícita al derecho de juicio rápido. Al acusado se le ofreció un juicio rápido señalando & vista del caso para una fecha dentro del término de 120 ■.días, pero él renunció a ese derecho cuando solicitó se sus-pendiera el juicio en el caso de portar armas para celebrarse conjuntamente con el de atentado a la vida. En el caso de autos no hubo tal renuncia.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la senten-■\-m recurrida y se absuelve libremente al acusado.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Anastasio Nieves Rodríguez, acusado y apelante.
    Núm. 11357.

    Sometido: Abril 10, 1946.

      Resuelto: Abril 25, 1946.

      José Rafael Gelpí y Baltasar Quiñones Elias, abogados del apelante; L/uis Negrón Fernández, Procurador General Interino y J.. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné acusado y convicto de un delito de abuso de confianza. Alega como único fundamento de este recurso que la acusación radicada .contra él no aduce liecbos constitu-tivos de delito público y que la corte a quo erró al no decre-tarlo así.

La acusación en cuanto és pertinente, dice así:

"El referido acusado, . . . ilegal, voluntaria, maliciosa y fraudu-lentamente, en ocasión de desempeñar el cargo de agente vendedor de Guillermo J. Kearney, se apropió, usándola en su propio beneficio y para fines ajenos al legítimo desempeño de su cargo como tal vende-dor, de la sxmia.de tres mil novecientos veinte dólares que en repre-sentación de Guillermo J. Kearney recibió en pago de la venta de 870 quiñi al es de azúcar, propiedad de dicho Guillermo J. Kearney, defraudando de esta manera al referido G-uillermo J. Koarney, en la suma ya. indicada de tres mil novecientos veinte dólares.” (Bastar-dillas nuestras.)

El delito imputádole al apelante aparece descrito en el Código Penal, así:

"§445. — Abuso de confianza, definición: — Constituye abuso de con-fianza la fraudulenta sustracción o malversación de bienes, por una persona a quien habían sido confiados.”

Arguye el apelante que la acusación es insuficiente para imputar un delito de abuso de confianza, toda vez que en la misma no se alega el elemento esencial de dicho delito o sea “que los dineros que se alega indebidamente usados fueron encomendados (entrusted) al acusado.” Oita en apoyo de su contención la decisión de este Tribunal en El Pueblo v. Saavedra, 42 D.P.R. 365.

En el citado caso se alegó que- el acusado actuaba como agente y depositario do cierta suma perteneciente a los espo-sos Saavedra; que las obligaciones del acusado eran deposi-tar, guardar y desembolsar dicho dinero por orden y bajo la dirección de dichos esposos; y, por último, que el acusado se apropió parte del dinero para su propio beneficio. La sen-tencia fue revocada. El Tribunal llegó a la conclusión de que la acusación era insuficiente, “pues no dice quién depositó el dinero en su poder, si fueron los expresados consortes u otra persona, pues aunque dice que el dinero pertenecía a ese matrimonio no expresa que tales consortes se lo entregaron para tenerlo a su disposición o quién se lo entregó para te-nerlo a la orden de esos consortes. La relación de confianza entre una persona y el acusado debe aparecer claramente de ■ la acusación. Debe expresarse quién puso el dinero en manos del acusado.” Vemos, pues, que la razón fundamental que tuvo la corte para considerar la acusación insuficiente fue que de ella no aparecía claramente la persona que babía puesto su confianza en el acusado.

La jurisprudencia sostiene que el elemento esencial y ca-racterístico del delito de abuso de confianza es que los bienes bayan llegado a poder de la persona que se los apropia por la confianza que otra persona puso en ella, por lo que tal re-lación de confianza debe aparecer claramente en la acusación, aunque no es necesario que sus detalles sean expuestos. 9 E.C.L. 1288. La alegación que se bizo en el caso de Saavedra de que éste “actuaba como agente depositario” de cierta suma, no era suficiente para establecer una relación fiduciaria entre Saavedra y otra persona que pudiera haberle confiado el dinero; y no era incompatible con el becbo de que Saave-dra se constituyera él mismo en depositario del dinero para entregarlo más tarde a un tercero.

La acusación en el caso de autos cumple a nuestro juicio con los requisitos esenciales del estatuto y se ajusta a la regla aplicada en el caso de Saavedra. Alega, en primer término, que el acusado desempeñaba el cargo de agente vendedor del señor Kearney. Esta es a nuestro juicio una alegación su-ficiente de la existencia de una relación fiduciaria entre Kear-ney, como principal, y el acusado, como agente vendedor de Kearney para la venta de azúcar. Alega, en segundo término, que encontrándose en el desempeño de dicho cargo de agente vendedor, el acusado se apropió de la suma de $3,920, la cual había recibido en pago del precio de venta de 870 quintales de azúcar, propiedad de Kearney. De esas alegaciones se desprende claramente que fué Kearney quien puso su con-fianza en el acusado cuando le entregó el azúcar para que lo vendiese y le entregase el precio de la venta cuando lo re-cibiera del comprador.

La acusación impugnada es suficiente para informar al acusado de la naturaleza del delito imputádole.

La sentencia debe ser confirmada.