author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Brenda Gil Enseñat, demandante y recurrida, v. Orlando Marini Román, demandado y peticionario.

      Número: CC-2003-773

      Resuelto: 18 de abril de 2006

      Ariel O. Caro Pérez y Arnaldo Castro Callejg, abogados de la parte peticionaria; Francisco J. Rivera Alvarez y Marisel Peña Senati, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal

Los hechos del presente caso, sobre los cuales no existe controversia, evidencian que el 2 de mayo de 1995 Brenda Haydeé Gil Enseñat y Orlando Marini Román otorgaron capitulaciones matrimoniales, mediante la Escritura Pú-blica Núm. 47 ante el notario público Edwin S. Miranda Hernández; ello con el propósito de establecer que su ma-trimonio se regiría por la total separación de bienes. Al momento del referido otorgamiento, Marini Román con-taba con treinta y ocho años de edad. Por su parte, Gil Enseñat era menor de edad —contaba con diecinueve años— y no estaba emancipada.!)

La madre de Gil Enseñat, Alma I. Enseñat Planell —quien tenía la custodia sobre ella y compartía la patria potestad con el padre de la referida menor— compareció al antes mencionado otorgamiento y firmó la escritura pú-blica sobre capitulaciones.!) No obstante, el padre de Gil Enseñat, Fernando A. Gil Guerra, no compareció al refe-rido otorgamiento, aun cuando, repetimos, también ejercía la patria potestad sobre la menor.!)

Cuatro días más tarde, el 6 de mayo de 1995, Gil Ense-ñat y Marini Román contrajeron nupcias, acto al cual con-currieron los dos progenitores de la menor. () Aproximada-mente cuatro años más tarde, la pareja presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Subsección de Distrito, Sala de Aguadilla, una petición de divorcio por la causal de consentimiento mutuo. Mediante Sentencia de 24 de marzo de 1999, el referido foro primario declaró roto y disuelto el vínculo matrimonial existente entre las partes por la referida causal. Además de hacer constar que durante el matrimonio no se procrearon hijos, el tribunal de instancia determinó que las partes no tenían bienes gananciales, ya que habían otorgado capitulaciones matrimoniales previo a su boda.()

Posteriormente, el 31 de octubre de 2002 Gil Enseñat presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, una demanda, sobre sentencia decla-ratoria y división de bienes, para impugnar la validez de las antes mencionadas capitulaciones matrimoniales. Alegó, en síntesis, que las capitulaciones matrimoniales eran radicalmente nulas, ya que, conforme al Art. 1270 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3554, era necesario que am-bos padres con patria potestad comparecieran a su otorga-miento; argumentó que, al no mediar el consentimiento de su padre, las capitulaciones eran inválidas, por lo cual se constituyó durante el matrimonio una Sociedad Legal de Gananciales, cuyos bienes aún no habían sido divididos. En virtud de lo anterior, Gil Enseñat solicitó que se reco-nociera la existencia de una Sociedad Legal de Ganancia-les mientras existió el matrimonio y que se ordenara la división de la alegada comunidad.

Marini Román presentó ante el foro primario una mo-ción de sentencia sumaria a su favor en la que alegó, en síntesis, que la demanda estaba prescrita. A esos efectos, argumentó que la incomparecencia del padre de Gil Ense-ñat constituyó un evento que no viciaba de nulidad radical las capitulaciones matrimoniales, sino que meramente las hacía anulables. Señaló que eran meramente anulables las capitulaciones de un menor en las que no concurrieran sus representantes legales y que el documento tenía validez hasta que no fuera impugnado. Cónsono con ello, señaló que por ser meramente anulables las capitulaciones, cual-quier acción de impugnación tenía que presentarse, con-forme al Art. 1253 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3512,() dentro del término de cuatro años desde que Gil Enseñat advino a la mayoría de edad. Puesto que Gil Enseñat había presentado la demanda fuera del antes mencionado tér-mino, alegó que la causa de acción estaba prescrita.

Gil Enseñat presentó una moción de sentencia sumaria a su favor. Señaló, nuevamente, que la incomparecencia de su padre producía la nulidad radical de las capitulaciones. Conforme a ello, alegó que si no se cumplía con el requisito de la concurrencia de ambos padres con patria potestad, no había consentimiento, por lo cual el contrato no existía. A esos efectos, argumentó que ya que las capitulaciones eran radicalmente nulas, no existía un término para impugnarlas.

Luego de varios trámites e incidentes procesales, el tribunal de primera instancia emitió una sentencia sumaria a favor de Marini Román. Concluyó que el consentimiento dado por la madre de Gil Enseñat era suficiente para com-pletar la capacidad de la menor. Al fundamentar su deter-minación, el referido foro prestó especial atención al hecho de que los padres estaban separados por sentencia de divorcio y sólo la madre ostentaba la custodia de la menor.

El tribunal de instancia resolvió, además, que por ser las capitulaciones matrimoniales un contrato celebrado en-tre aquellos que han decidido unirse en matrimonio, le aplicaban las normas generales de los contratos estableci-das en el Código Civil. En virtud de lo anterior, señaló que los contratos otorgados por menores no emancipados —pero que tienen discernimiento— son contratos existen-tes, aunque estén viciados y se hallen expuestos durante cuatro años a la acción de anulabilidad o de impugnación. Así pues, concluyó que conforme lo dispone el Art. 1253, ante, dicho término de cuatro años comenzó a transcurrir desde que Gil Enseñat alcanzó la mayoría de edad. Ex-presó que un contrato otorgado por un menor de edad que tenga edad suficiente como para tener uso de razón y ca-pacidad para discernir no es nulo, sino meramente anulable.

A tales efectos, determinó que las capitulaciones aquí en controversia eran meramente anulables, cuyo término para impugnación era de tan sólo cuatro años. Entendió el referido foro que, como Gil Enseñat tenía diecinueve años al contraer matrimonio, tenía la suficiente capacidad para discernir y comprender la naturaleza de sus actos al mo-mento en que suscribió la escritura de capitulaciones matrimoniales. Señaló que al ser anulables las capitulacio-nes, Gil Enseñat tenía cuatro años a partir de su mayoría de edad —es decir, desde el 6 de marzo de 1997— para impugnar, lo cual no hizo. Por último, determinó que ya que las partes se divorciaron por mutuo acuerdo y Gil En-señat no cuestionó entonces las capitulaciones, ésta no po-día ir contra sus propios actos. En virtud de lo anterior, declaró “con lugar” la moción de sentencia sumaria presen-tada por la parte demandada y, en consecuencia, desestimó con peijuicio la demanda.

Inconforme con tal determinación, Gil Enseñat acudió, mediante un recurso de apelación, al entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. Alegó, en síntesis, que erró el foro primario al determinar que eran válidas las capitulacio-nes, ya que faltó el consentimiento de su padre. Argumentó que había errado el foro de instancia al aplicar la norma de los contratos celebrados por los menores para determinar la validez de las capitulaciones matrimoniales en este caso; al resolver que las normas generales establecidas en el Có-digo Civil sobre los contratos aplicaban a las capitulaciones matrimoniales, en contravención a la disposición legal es-pecífica sobre las capitulaciones matrimoniales; al resolver que una menor de diecinueve años tenía la suficiente capa-cidad para discernir y comprender la naturaleza del con-trato de capitulaciones matrimoniales, y al resolver que las capitulaciones matrimoniales eran anulables y que la me-nor otorgante tenía cuatro años a partir de su mayoría de edad para impugnarlas.

Tras varios trámites procesales, y luego de celebrar una vista oral, el foro apelativo intermedio dictó sentencia re-vocatoria de la emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Resolvió que la incomparecencia de un padre con patria potestad en el otorgamiento de las capitulacio-nes de su hija de diecinueve años, anulaba radicalmente el acto jurídico. Conforme a lo anterior, concluyó que era in-válido el contrato sobre las capitulaciones matrimoniales entre las partes, por lo cual sus relaciones económicas se rigieron por el régimen ganancial. En virtud de lo anterior, devolvió el caso al foro primario para la división de la co-munidad de bienes existente entre las partes.

Insatisfecho con tal determinación, el 30 de septiembre de 2003 Marini Román acudió —vía certiorari— a este Tribunal. Adujo que incidió el foro apelativo intermedio al

... concluir que la incomparecencia del padre con patria potes-tad compartida por decreto judicial en la escritura de capitu-laciones matrimoniales de su hija de 19 años de edad produce nulidad radical del negocio jurídico.
... no concluir que la incomparecencia del padre con patria potestad compartida por decreto judicial en la escritura de ca-pitulaciones matrimoniales de su hija de 19 años de edad sólo anulaba el negocio jurídico.
... no concluir que la recurrida ratificó el negocio jurídico cuando advino a la mayoridad.
... no concluir que la demanda estaba prescrita por haber ex-pirado el plazo de la acción de anulabilidad de la recurrida. Petición de certiorari, págs. 5-6.

Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia de ambas partes y estando en posición de resolverlo, pro-cedemos a hacerlo. Confirmamos', veamos por qué.

I

Por estar íntimamente relacionados entre sí, analiza-mos y discutimos los señalamientos de error en conjunto. De entrada, nos corresponde determinar cuál es el tipo de ineficacia que produce la incomparecencia de una de las personas designadas y autorizadas por el Art. 1270 de nuestro Código Civil, ante, al otorgamiento de las capitu-laciones matrimoniales de un menor de edad. Es decir, de-bemos resolver si unas capitulaciones matrimoniales otor-gadas por un menor de edad, sin la concurrencia y firma de uno de sus padres con patria potestad, son radicalmente nulas o meramente anulables.

Como es sabido, nuestro ordenamiento jurídico permite que las personas que desean casarse seleccionen el régimen económico que habrá de regir su futuro matrimonio. En virtud de lo anterior, este Tribunal ha señalado que “los futuros cónyuges pueden pactar en capitulaciones matrimoniales el régimen económico que entiendan procedente y conveniente”. Maldonado v. Cruz, 161 D.P.R. 1, 15 (2004). Véanse, además: Domínguez Maldo nado v. E.L.A., 137 D.P.R. 954, 959 (1995); Vilariño Martínez v. Registrador, 88 D.P.R. 288, 292 (1963).

A esos efectos, el Art. 1267 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3551, establece que “[l]os que se unan en matrimonio podrán otorgar sus capitulaciones antes de celebrarlo, estipulando las condiciones de la sociedad conyugal relativa a los bienes presentes y futuros ...”. De igual forma, el referido artículo de ley establece que a falta de capitulaciones, o cuando éstas sean nulas o insuficientes, los cónyuges se casan bajo el régimen supletorio de la sociedad de gananciales. Maldonado v. Cruz, ante; Vilariño Martínez v. Registrador, ante, pág. 292.

Es preciso señalar que a pesar de que las antes mencionadas capitulaciones “constituyen un contrato sujeto al régimen de libertad que impera en nuestro sistema de contratación, la autonomía de la voluntad de las partes no es absoluta”. Ab Intestato Saldaña Candelario, 126 D.P.R. 640, 643 (1990). Véanse, además: Maldonado v. Cruz, ante; Domínguez v. E.L.A., ante, págs. 959-960; Umpierre v. Torres Díaz, 114 D.P.R. 449, 459 (1983); Vilariño Martínez v. Registrador, ante, pág. 293. En virtud de lo anterior, los otorgantes de las capitulaciones no pueden estipular nada que sea contrario a las leyes o a las buenas costumbres, “ni depresivo de la autoridad que respectiva mente corresponda en la familia a los futuros cónyuges”. Art. 1268 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3552.

En lo que respecta a las formas y solemnidades que nuestro ordenamiento jurídico exige para este tipo de contrato, el Art. 1273 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3557, establece, en lo aquí pertinente, que “[l]as capitulaciones matrimoniales y las modificaciones que se hagan en ellas habrán de constar en escritura pública, otorgada antes de la celebración del matrimonio”. Al respecto, este Tribunal ha señalado que la validez del contrato de capitulaciones depende de dos supuestos básicos: (1) que conste en escritura pública y (2) que hayan sido otorgadas antes de la celebración del matrimonio. Maldonado v. Cruz, ante. Es preciso destacar que los antes mencionados requisitos son supuestos generales que aplican al otorgamiento de todas las capitulaciones.

“En cuanto al primero de estos supuestos, se ha entendido que se trata de un requisito de forma ad solemnitatem del cual depende la existencia y validez misma de las capitulaciones”. Maldonado v. Cruz, ante, pág. 18, citando a J. Santos Briz, Derecho Civil: Teoría y Práctica, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, T. V, pág. 127. Así pues, las capitulaciones matrimoniales que no consten en escritura pública carecerán de validez y eficacia pues, según se ha entendido, estamos ante una condición para la existencia de la escritura y no ante un mero requisito de forma. Id., citando a J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1969, pág. 141.

Por otra parte, la exigencia de que las capitulaciones sean otorgadas antes de contraído el matrimonio es parte de una máxima que ha sido denominada como “la doctrina de inmutabilidad de las capitulaciones”. La referida doctrina surge en virtud de las disposiciones del antes mencionado Art. 1267 y las del Art. 1272 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3556, el cual establece que luego de celebrado un matrimonio “no se podrán alterar las capitulaciones otorgadas ...”. Maldonado v. Cruz, ante, pág. 18. Véanse: Domínguez Maldonado v. E.L.A., ante, pág. 961; Vilariño Martínez v. Registrador, ante, pág. 293. Véase, además, R. Ortega-Vélez, Compendio de Derecho de Familia, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. I, Sec. 6.2[3], pág. 256.

Este Tribunal ha reconocido que la antes mencionada doctrina —o prohibición de variar las capitulaciones— “ha caído en desuso y ha sido abolida en los más modernos códigos”. Umpierre v. Torres Díaz, ante, pág. 457. Véase, además, Domínguez Maldonado v. E.L.A, ante, pág. 962. No obstante lo anterior, hemos destacado que es nuestra Asamblea Legislativa a la que le corresponde modificar la referida situación. Puesto que —contrario a las nuevas tendencias en las jurisdicciones civilistas— nuestra Legislatura no ha tomado acción para acoger el principio de mutabilidad, esta prohibición continúa vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Domínguez Maldonado v. E.L.A, ante, pág. 963.

Con respecto a las capitulaciones matrimoniales, hemos establecido que son “de primordial importancia en el ámbito de la relación patrimonial del matrimonio, en la medida en que permite [n] regular los derechos de los esposos sobre sus bienes respectivos; los intereses de los hijos y de la familia; los intereses de los terceros que contratan con uno u otro de los esposos, y en definitiva, el interés social del matrimonio”. Maldonado v. Cruz, ante, págs. 15-16, citando & Domínguez Maldonado v. E.L.A., ante, pág. 960.

De tal magnitud es su importancia que nuestro Código Civil permite —con ciertos requisitos— que hasta los menores de edad que vayan a casarse puedan establecer capitulaciones matrimoniales. E. Meléndez, Lecciones de Derecho de Familia, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1976, págs. 202-203.

Atales efectos, el Art. 1270 del Código Civil, ante, específicamente faculta a los menores de edad a otorgar capitulaciones matrimoniales y establece los requisitos para la validez del referido otorgamiento. La referida disposición estatutaria establece que “[e]l menor, que con arreglo a la ley pueda casarse,() podrá también otorgar sus capitulaciones matrimoniales; pero únicamente serán válidas si a su otorgamiento concurren las personas designadas en la misma ley para dar el consentimiento al menor a fin de contraer matrimonio”. (Enfasis suplido.)

Resulta importante enfatizar que la referida disposición estatutaria dispone en su segundo párrafo que “[e]n el caso de que las capitulaciones fuesen nulas por carecer del concurso y firma de las personas referidas y de ser válido el matrimonio con arreglo a la ley, se entenderá que el menor lo ha contraído bajo el régimen de la sociedad de gananciales”. (Énfasis suplido.) Art. 1270 del Código Civil, ante.

Respecto a la disposición estatutaria antes mencionada, enfrentamos y contestamos dos interrogantes. Primero, de-bemos determinar quiénes son los sujetos llamados a con-currir al otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales efectuadas por un menor. De otra parte, es preciso estable-cer cuáles son las consecuencias de la incomparecencia de alguna de estas personas designadas en ley. Veamos.

Como señaláramos, conforme al referido Art. 1270 del Código Civil, ante, las personas llamadas a concurrir al otorgamiento de las capitulaciones de un menor son las mismas personas designadas por ley para brindar el consentimiento a los menores para contraer matrimonio. A tales efectos, el Art. 74 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 242, establece como norma general, en lo aquí pertinente, que “Mos menores de veintiún (21) años necesitan para contraer matrimonio el permiso de las personas que los tengan bajo su patria potestad o tutela ...”. Surge de lo anterior, que los padres con patria potestad sobre sus hijos son las personas llamadas por ley a consentir al matrimonio de éstos.

Como es sabido, “la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres respecto a la persona y los bienes de sus hijos menores de edad no emancipados”. Chévere v. Levis, 150 D.P.R. 525, 537 (2000). Véase Torres, Ex parte, 118 D.P.R. 469, 474 (1987). Esta “es una de las instituciones legales más importantes en relación [con] los menores”. Exposición de Motivos, Ley Núm. 99 de 2 de junio de 1976, Leyes de Puerto Rico, pág. 312. Esto es así ya que los padres con patria potestad tienen el derecho de tomar decisiones esenciales y primordiales en la vida de sus hijos menores de edad. Cónsono con lo anterior, este Tribunal ha señalado que son amplios los deberes y las facultades que el ejercicio de la patria potestad impone sobre los padres. Entre éstos se encuentra, como indicamos anteriormente, el de consentir al matrimonio de sus hijos menores de edad no emancipados. Torres, Ex parte, ante, págs. 474-475.

Anteriormente nuestro ordenamiento establecía que la patria potestad correspondía, en primer término, al padre y sólo recaía sobre la madre en caso de la muerte de éste o en casos excepcionales. López y otros v. Porrata y otros, 156 D.P.R. 503 (2002); Sánchez Cruz v. Torres Figueroa, 123 D.P.R. 418, 424 (1989). Véase además C.J. Irrizary Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual, 4ta ed., San Juan, edición de autor, 2002, pág. 553.

No obstante lo anterior, en 1976 la Asamblea Legisla-tiva aprobó varias leyes para dar a ambos padres iguales derechos y obligaciones sobre sus hijos menores de edad. Entre éstas se encuentra la Ley Núm. 99, ante. En especí-fico, esta pieza legislativa enmendó el Art. 152 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 591, para equiparar el derecho de ambos progenitores a la patria potestad de sus hijos. Sánchez Cruz v. Torres Figueroa, ante. De esta forma, la Legis-latura consideró que el bienestar del menor quedaba mu-cho más protegido si se requería el consentimiento de ambos padres para tomar decisiones importantes con rela-ción al menor. Esto evitaba que, por capricho de uno solo de los padres, pudiera perjudicarse el menor. Exposición de Motivos, Ley Núm. 99, ante, 1976 Leyes de Puerto Rico 313.

A raíz de lo anterior, el referido artículo de ley actualmente establece que, como norma general, la patria potestad sobre los hijos no emancipados recae conjuntamente sobre ambos padres. Chévere v. Levis, ante. Añade el referido artículo que, de forma excepcional, uno solo de los padres podrá ejercer la patria potestad: (1) cuando el otro haya muerto, se encuentre ausente o esté legalmente impedido, o (2) cuando sólo uno de éstos haya reconocido o adoptado al menor. íd.

De igual forma, en ese mismo año la Asamblea Legisla-tiva aprobó la Ley Núm. 100 de 2 de junio de 1976, para en-mendar el Art. 107 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 383;() ello con el propósito de que se eliminara todo lo relacionado a la culpabilidad de cualquiera de los cónyuges al momento de adjudicar la patria potestad y custodia, y que en su lugar se estableciera como norma el bienestar y los mejores inte-reses del menor. Chévere v. Levis, ante, pág. 538 esc. 7; Sánchez Cruz v. Torres Figueroa, ante, pág. 424; Torres, Ex parte, ante, págs. 477-478. Antes de la enmienda, en los casos de divorcio, se le adjudicaba la patria potestad al cón-yuge que resultara inocente.

En virtud de la referida enmienda, actualmente (incluso en casos de divorcio) este Tribunal ha determinado que ambos padres —como en el presente caso— pueden mantener la patria potestad sobre el menor, aun cuando la custodia sólo recaiga sobre uno de los cónyuges, siempre que corresponda a los mejores intereses del menor. Sánchez Cruz v. Torres Figueroa, ante, pág. 424; Torres, Ex parte, ante.

La aprobación de la Ley Núm. 1 de 27 de mayo de 1980 resulta de particular pertinencia a la controversia ante nuestra consideración. Por virtud de esta ley, la Asamblea Legislativa enmendó el antes mencionado Art. 152 del Có-digo Civil para establecer expresamente que “[t]odo hospital público o privado aceptará el consentimiento de cual-quiera de los padres con patria potestad sobre los hijos no emancipados en casos de tratamiento médico y operaciones de emergencia ordenadas por algún facultativo autori-zado”. Exposición de Motivos, Ley Núm. 1, ante, 1980 Le-yes de Puerto Rico 907. Al aprobar el referido estatuto, la Asamblea Legislativa expresamente estableció que ya que la patria potestad era compartida por ambos cónyuges, mientras se sostuviera el matrimonio y aún después del divorcio, resultaba deseable que se requiriera únicamente que uno de los padres tuviera que consentir a las interven-ciones médicas antes señaladas. Exposición de Motivos, Ley Núm. 1, ante.

En vista de lo anterior, no tenemos la menor duda de que si el legislador hubiese tenido la intención de establecer que, en casos como el que hoy nos ocupa, bas-tara con la comparecencia de uno sólo de los padres con patria potestad sobre un menor emancipado, así lo hubiese establecido como lo hizo en la antes mencionada situación. No lo hizo. Al no sufrir alteración alguna el Art. 1270, ante, permanece inalterado el requisito de que las personas que tienen que consentir al matrimonio, es decir, las personas con patria potestad sobre el menor, tengan que concurrir al otorgamiento de las capitulaciones.

En el presente caso, correspondía a ambos progenitores de Gil Enseñat —quienes compartían la patria potestad sobre ella— comparecer al otorgamiento de las capitulacio-nes matrimoniales de su hija. Ahora bien, lo anterior no dispone totalmente del caso ante nuestra consideración. Debemos determinar el tipo de nulidad que produce la au-sencia del padre de Gil Enseñat al referido acto, a saber, si las capitulaciones son nulas o meramente anulables.

II

Alega, en síntesis, el peticionario Marini Román que unas capitulaciones otorgadas por un menor, sin el con-curso de uno de sus padres con patria potestad, no son radicalmente nulas, sino meramente anulables. A su en-tender, la doctrina civilista española mayoritaria apoya la referida conclusión. No le asiste la razón.

Es preciso destacar que el Art. 1270 de nuestro Código Civil, ante, proviene del antiguo Art. 1.318 del Código Civil español, el cual disponía exactamente lo mismo.() Domínguez Maldonado v. E.L.A., ante, pág. 962.

El referido artículo español fue enmendado como parte de la reforma de leyes que regulan a las personas y la familia. En específico, fue en virtud de la Ley de 2 de mayo de 1975 que se abolió en España la inmutabilidad de las capitulaciones. Domínguez Maldonado v. E.L.A., ante, pág. 962; Umpierre v. Torres Díaz, ante, pág. 458. Véanse, a esos efectos: Santos Briz, op. cit., pág. 125; L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, Madrid, Ed. Tecnos, 1978, Vol. IV, pág 151; J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 9na ed., Madrid, Ed. Reus, 1976, T. V, Vol. I, pág. 305.

Como consecuencia de la aprobación de la Ley de 13 de mayo de 1981, el Art. 1.318 del Código Civil español fue enmendado y convertido en el Art. 1.329. Este artículo tiene la peculiaridad de que autoriza al menor de edad a otorgar capitulaciones matrimoniales en cualquier mo-mento y otorgarlas sin la comparecencia de persona al-guna, si únicamente se limita a pactar en éstas el régimen de separación o participación.!)

Acorde con las antes mencionadas enmiendas, la doc-trina civilista española más moderna entiende que, ante la incomparecencia de una de las personas designadas en ley para concurrir al otorgamiento de las capitulaciones matri-moniales, no se debe hablar de nulidad, sino de anulabilidad. M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1978, T. XVIII, Vol. 1, pág. 50. Véase, además, J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Bosch, 1985, T. IV, pág. 117.

Ahora bien, por considerar que en nuestro ordena-miento jurídico aún rige la doctrina de la inmutabilidad de las capitulaciones, haremos alusión únicamente a aquella doctrina que analiza el articulado español antes de apro-badas las mencionadas enmiendas.

A. Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico los menores no emancipados, como norma general, no tienen capacidad para contratar. Sin embargo, el Art. 1270 de nuestro Código Civil, ante, les permite otorgar capitulaciones matrimoniales. Manresa y Navarro, op. cit., pág. 162. Ciertamente, esta autorización de la Legislatura representa una excepción a la norma general antes mencionada. Art. 1215 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3402; Manresa y Navarro, op. cit., pág. 162. Véase, además, Albaladejo, op. cit., pág. 49 esc. 5.

Como bien expresa Castán Tobeñas, “[n]o puede el De-recho exigir para el otorgamiento de capitulaciones matri-moniales la capacidad plena del mayor de edad, puesto que pudiendo el menor [a partir de ciertas edades] contraer matrimonio, sería absurdo se le privara del derecho a regular la organización económica de la familia que va a crear”. Castán Tobeñas, op. cit, págs. 306-307.

No obstante lo anterior, se ha señalado que “para hacer la excepción menos violenta, [el legislador] ha creído con-veniente establecer un suplemento de capacidad, exigiendo para la validez de las capitulaciones del menor de edad la concurrencia de las personas mismas que han de dar su consentimiento para el matrimonio”. (Énfasis suplido.) Castán Tobeñas, op. cit., pág. 308. Véase, además, Puig Brutau, op. cit., 1967, T. IV, Vol. 1, pág. 402. En igual sen-tido, expresa Manresa y Navarro que “esa excepción no puede ser tan radical que consienta que los interesados menores de edad, por sí solos, estipulen las condiciones que a bien tengan en sus capitulaciones matrimoniales, se ha-gan mutuas donaciones, aun de bienes inmuebles, consti-tuyan hipotecas y realicen otros actos trascendentales e irrevocables”. Manresa y Navarro, op. cit., pág. 163. Indu-dablemente, eso “[s]ería fiarlo todo a la inexperiencia, apa-sionamiento y falta de reflexión de los jóvenes esposos, que más tarde no podrían ya enmendar los yerros cometidos”. Manresa y Navarro, op. cit., pág. 163.

Es en virtud de lo anterior que se requiere la comparecencia de ciertas personas designadas en ley para el otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales. Ahora bien, cuando concurren estas personas al otorgamiento de las capitulaciones, no lo hacen en concepto de parte, sino para completar la capacidad de los verdaderos otorgantes, los cuales son siempre los futuros esposos, aun cuando sean menores de edad. Albaladejo, op. cit., pág. 48. Véanse, además: Ortega-Vélez, op. cit., Sec. 6.2[8], págs. 263-264; J.L. Lacruz Berdejo y F.A. Sancho Rebudilla, Derecho de Familia, Barcelona, Librería Bosch, 1966, pág. 119. Es decir, los menores de edad son los otorgantes en el referido contrato. Albadalejo, op. cit.; M. Peña Bernaldo de Quirós, Notas a la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 1955, 9 An. Der. Civ. 310 (1956).

Esto es, en lugar de intervenir los padres con patria potestad “solamente representando a los menores, contratando por ellos y para ellos, intervienen, asisten o concurren con los mismos menores, completando su personalidad, y así, atendiendo a los deseos de los futuros esposos, les dan la forma más conveniente y adecuada, salvando con su experiencia los peligros que pudieran resultar”. Q.M. Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. XXI, pág. 208.

Puig Brutau señala que la capitulación es un acto personalísimo, aunque no lo declara expresamente ningún precepto, porque “ello se deduce del hecho de concederse al menor capacidad para otorgar por sí los capítulos, excluyendo la sustitución por el representante legal, y en general de la naturaleza familiar de estos pactos y su accesoriedad al matrimonio”. Puig Brutau, op. cit., pág. 400. Véase Manresa y Navarro, op. cit., pág. 163.

Nos señala Puig Brutau que las capitulaciones otorgadas por los menores de edad tienen dos característi-cas particulares, a saber, “pueden prestar el consenti-miento los menores aunque no estén emancipados ... es decir, contratan ellos mismos y no por medio de sus repre-sentantes legales; y el complemento de su capacidad lo ob-tienen con la asistencia, no de estos representantes, sino de las indicadas personas”. Puig Brutau, op. cit., pág. 402.

Ahora bien, y como mencionamos anteriormente, el Art. 1270 de nuestro Código Civil, ante, dispone que únicamente serán válidas las capitulaciones matrimoniales de un menor de edad si a su otorgamiento concurren las personas designadas en la misma ley para dar el consentimiento al menor para contraer matrimonio. A su vez, dis-pone que “[e]n el caso de que las capitulaciones fuesen nulas por carecer del concurso y firma de las personas referidas y de ser válido el matrimonio con arreglo a la ley, se entenderá que el menor lo ha contraído bajo el régimen de la sociedad de gananciales”. (Énfasis suplido.)

Por lo tanto, si no se cumple con el anterior requisito, del concurso y firma de las personas referidas, somos del criterio que las capitulaciones matrimoniales son nulas. Véanse, a esos efectos: Castán Tobeñas, op. cit., pág. 231; Manresa y Navarro, op. cit., pág. 169; F. Puig Peña, Tratado de Derecho Civil Español, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1953, T. II, Vol. I, págs. 259-260; Scaevola, op. cit., pág. 212.

Es decir, “[c]omo inmediata consecuencia, el me-nor de edad que otorga sus capitulaciones matrimoniales sin la asistencia de las personas a que se refiere [el Art. 1270, ante, aun cuando después contraiga matrimonio con consentimiento de esas personas,] cae bajo el imperio de la última parte de este artículo, su matrimonio es válido, sus capitulaciones fueron nulas”. (Énfasis suplido.) Manresa y Navarro, op. cit., pág. 170.

El requisito de la concurrencia de las antes mencionadas personas es esencial, ya que “es el único que, como especial, exige el Código para la validez de las capitulaciones matrimoniales de un menor, y como en ellas pueden otorgarse verdaderos actos de enajenación o gravamen, aun de bienes inmuebles, no deja de ser una excep-ción importante en las reglas generales de la contratación”. Manresa y Navarro, op. cit, pág. 165. Acorde con lo anterior —según expresa Manresa y Navarro— si “las personas a quienes corresponde no concurrieron ni firmaron en las capitulaciones matrimoniales, éstas no tienen fuerza alguna. La ley supone que nada se ha pactado, y el matri-monio se entiende contraído bajo el régimen de la sociedad de gananciales”. (Énfasis suplido.) Manresa y Navarro, op. cit, pág. 171.

Por lo tanto, el referido contrato es “inexistente, cuya inexistencia es consecuencia natural de la nulidad del acto; no se trata de una pura formalidad exigida por la ley, se trata de un requisito esencial sin el cual, no media verdadero consentimiento”. Manresa y Navarro, op. cit, pág. 173. Véase, además, Scaevola, op. cit., pág. 212.

Sobre este particular se ha pronunciado, de igual forma, el Tribunal Supremo de España. S. de 1 de julio de 1995, Núm. 6208, LXII (Vol. III) Repertorio de Jurisprudencia 8607. El referido Foro ha establecido que la falta del con-curso de las personas designadas por la ley para dar el consentimiento al menor a fin de contraer matrimonio, de-termina la “nulidad absoluta”, la “inexistencia” de las ca-pitulaciones matrimoniales que los cónyuges intentaron llevar a cabo. Peña Bernaldo de Quirós, ante, págs. 305-306. Véanse, además: Santos Briz, op. cit., pág. 127; F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid, Eds. Pirámide, 1976, T. 1, pág. 131; L. Diez-Picazo, Estudios sobre la Jurisprudencia Civil, Madrid, Ed. Tecnos, 1969, Vol. II, pág. 339.

El peticionario entiende —al igual que lo hizo el foro primario— que al presente caso aplican las normas gene-rales de los contratos con respecto a los vicios de consenti-miento por razón de minoridad. Ello con el claro propósito de que establezcamos que un vicio en el consentimiento en un contrato por minoridad —conforme a las circunstancias particulares del presente caso— hace que el contrato sea meramente anulable, con un término de impugnación de cuatro años desde que el menor de edad llega a la mayoridad. No nos convence.

Como vimos, a través del Art. 1270, ante, el legislador específicamente estableció, para las capitulaciones matrimoniales otorgadas por menores, una excepción a la norma general de los contratos; esto es, el legislador estableció el requisito de la concurrencia al acto de unas personas en específico, sin las cuales el documento jurídico no tendría validez.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, resolvemos que no fueron válidas las capitulaciones otorgadas en el presente caso, ya que el padre de Gil Enseñat no prestó su consentimiento a éstas. Conforme a lo anterior, por ser las capitulaciones radicalmente nulas, éstas nunca tuvieron vida jurídica. En consecuencia, nunca existió un término para impugnar su validez. Por ser esto así, la acción presentada por Gil Enseñat no está prescrita, ya que lo nulo nunca tuvo vida jurídica, por lo cual es posible en cualquier momento decretar la nulidad del contrato. Ello en virtud de que “en los casos de nulidad absoluta, la acción podrá interponerse por cualquier interesado y notoriamente por los acreedores de los cónyuges, quedando ex-cluida la confirmación o convalidación del negocio nulo, y asimismo, en principio, la prescripción de la acción”. Lacruz Berdejo, op. cit., pág. 129.

Puesto que no existió un contrato de capitulaciones matrimoniales, el matrimonio de Gil Enseñat y Marini Román se rigió por el régimen supletorio de la Sociedad Legal de Gananciales. Conforme a ello, aún subsiste una comunidad de bienes que tiene que ser dividida. ()

HH HH

Por los fundamentos antes expuestos, procede dictar sentencia confirmatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia, devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continua-ción de los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita.

      (1) Gil Enseñat nació el 6 de marzo de 1976 en Mayagüez, Puerto Rico.

      (2) En la escritura se estableció la comparecencia y el consentimiento de la madre de la forma siguiente:
      “QUINTO: La compareciente, doña Alma Ibelisa Enseñat Planell, madre con patria potestad y custodia sobre la menor contratante, Brenda Haydeé Gil Enseñat, com-parece en esta escritura a los únicos fines de dar su consentimiento expreso al otor-gamiento de la presente escritura por parte de su hija menor y manifiesta estar ple-namente de acuerdo con las capitulaciones aquí acordadas.” (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 73.

      (3) Es preciso señalar que el vínculo matrimonial que unía a los padres de Gil Enseñat quedó disuelto mediante una Sentencia de 26 de abril de 1982, dictada por el antiguo Tribunal Superior de Mayagüez, en un procedimiento por consentimiento mutuo. Por la referida sentencia, la custodia de Gil Enseñat y su hermano le fue adjudicada a su madre, mientras que la patria potestad sería compartida por ambos progenitores.

      (4) Posteriormente, el 6 de marzo de 1997 —estando casada— Gil Enseñat cum-plió 21 años.

      (5) La referida sentencia no fue apelada, por lo cual advino final y firme.

      (6) El Art. 1253 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3512, establece, en lo aquí pertinente, lo siguiente:
      “La acción de nulidad sólo durará cuatro (4) años.
      “Este tiempo empezará a correr:
      “... cuando se reñera a los contratos celebrados por los menores o incapacitados, desde que salieren de tutela.”

      (7) Como norma general en nuestro ordenamiento, los menores que pueden con-traer matrimonio —conforme al Art. 70 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 232— son aquellos varones mayores de 18 años y las mujeres de 16 años que cuenten con el correspondiente permiso. En el presente caso, no está en controversia que Gil Ense-ñat estaba capacitada para contraer matrimonio.

      (8) En específico, el Art. 107 (31 L.P.R.A. sec. 383) dispone, en lo aquí pertinente:
      “En todos los casos de divorcio los hijos menores serán puestos bajo el cuidado y la patria potestad del cónyuge que el Tribunal, en el ejercicio de su sana discreción, considere que los mejores intereses y bienestar del menor quedarán mejor servidos; pero el otro cónyuge tendrá derecho a continuar las relaciones de familia con sus hijos, en la manera y extensión que acuerde el Tribunal al dictar sentencia de divor-cio, según los casos.”

      (9) Es preciso destacar que el Código Civil español, a diferencia del nuestro, no fue modificado para establecer que la patria potestad sería compartida entre ambos cónyuges hasta que, conforme a la reforma de familia, fue enmendado. Es decir, específicamente los tratadistas jamás tuvieron ante sí la interrogante de cuál sería el tipo de ineficacia que produciría la ausencia de uno de los padres con patria potestad sobre un menor de edad, ya que conforme al ordenamiento jurídico español, sólo podía recurrir una persona al otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales otor-gadas por un menor de edad, a saber, si se trataba de hijos legítimos, tenía que concurrir al referido acto, en primer término, el padre; si éste faltaba o si se hallaba impedido, recurriría en orden sucesivo la madre, el abuelo paterno, el abuelo ma-terno, la abuela paterna o materna y, en su defecto, el consejo de familia.

      (10) Específicamente, el nuevo Art. 1.329 del código español dispone, en lo aquí pertinente, que “[e]l menor que con arreglo a la ley pueda casarse podrá otorgar capitulaciones matrimoniales antes o después de la boda, pero necesitará el concurso y consentimiento de sus padres o tutor, salvo que se limite a pactar el régimen de separación o participación”. Código Civil, 8va ed., Madrid, Ed. Civitas, 1984, pág. 309.

      (11) Vale la pena destacar que todo notario tiene la responsabilidad de cercio-rarse, en el otorgamiento de unas capitulaciones matrimoniales en el cual uno o ambos de los otorgantes es un menor de edad, de cuáles son las personas que osten-tan la patria potestad sobre ese menor. A tales efectos, el notario tiene que verificar si los padres comparten la patria potestad sobre el menor aun cuando estén divorciados. Si ese es el caso, y no están presentes ambos padres, entonces el notario no podrá efectuar la referida escritura, so pena de incurrir en una violación a sus deberes.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Re-bollo López.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Teodoro Aponte Nolasco y Gloria Colón Núñez, recurridos.

      Número: CC-2004-705

      Resuelto: 19 de abril de 2006

      Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general, abogado de la parte peticionaria; Alfredo Ortiz Rivera y Julio Eduardo Torres Ortiz, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso nos permite resolver si una determina-ción de no causa probable para acusar, fundamentada en una cuestión de estricto derecho, es revisable mediante el recurso de certiorari.

De contestar dicha interrogante afirmativamente, nos corresponde determinar si en el caso de autos hubo una demora injustificada en llevar a los imputados ante un ma-gistrado luego de haber sido arrestados. Veamos.

r-H

En noviembre de 2003 el Ministerio Público presentó denuncias contra el Sr. Teodoro Aponte Nolasco y la Sra. Gloria Colón Núñez (Aponte Nolasco y Colón Núñez) por infracciones al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controla-das de Puerto Rico.() El foro de instancia determinó causa probable para arresto en ausencia de los imputados. Las correspondientes órdenes de arresto fueron diligenciadas el 2 de diciembre de 2003 a las 4:00 a.m.

Después de diligenciados los arrestos, Aponte Nolasco y Colón Núñez fueron trasladados al Cuartel General de la Policía. Ese mismo día, a las 4:32 p.m., la defensa presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito.() A las 5:00 p.m., se celebró una vista para imponer fianza conforme a lo preceptuado en la Regla 22(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Tanto Aponte Nolasco como Colón Núñez estuvieron presentes en dicha vista. Ambos quedaron libres luego de pagar la fianza correspondiente.

Tras celebrarse la vista preliminar, el tribunal deter-minó que, a pesar de que la prueba demostró la probabili-dad de que los imputados cometieron los delitos, no existía causa para acusar. Ello en vista de que hubo una demora innecesaria en llevar a Aponte Nolasco y Colón Núñez ante un magistrado luego de haber sido arrestados.

Inconforme, el Ministerio Público acudió ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari para solicitar la revocación de la determinación tomada por el foro de instancia. El foro apelativo se negó a expedir el recurso. Razonó que el único vehículo procesal que tiene el Ministerio Público para cuestionar una determinación de no causa probable para acusar es la vista preliminar en alzada. Por ende, concluyó que no tenía jurisdicción para revisar la decisión del foro de instancia.

Todavía insatisfecho, el Ministerio Público comparece ante nos. Aduce que el Tribunal de Apelaciones erró al re-husarse a expedir el recurso de certiorari para revisar la determinación tomada por el foro de instancia en la vista preliminar. Sostiene, en esencia, que dicho recurso está disponible para revisar las determinaciones de inexisten-cia de causa probable para acusar fundamentadas en plan-teamientos de estricto derecho.

Expedimos el auto solicitado. Contando con el beneficio de las comparecencias de las partes, procedemos a resolver.

rH hH

A. Como norma general, una determinación de inexistencia de causa probable para acusar solamente es revisable por el Ministerio Público mediante el mecanismo procesal de la vista preliminar en alzada. Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 D.P.R. 28, 30 (1984). No obstante lo anterior, hemos expresado que cualquier determinación de no causa probable fundada en cuestiones de estricto derecho es revisable mediante el recurso de certiorari. íd.

En Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630 (1999), aclaramos el alcance de la referida norma. Allí establecimos que existen tres situaciones distintas en las cuales un magistrado puede concluir que no existe causa probable para acusar, a saber: (1) cuando la prueba desfilada durante la vista no estableció a satisfacción del juzgador la probabilidad de que el delito se haya cometido o la conexión del imputado con el delito; (2) cuando la prueba desfilada durante la vista estableció la probable comisión de un delito inferior o distinto al imputado, y (3) cuando, por razones estrictamente de derecho desvinculadas a la prueba presentada sobre la comisión del delito, se deter-mina que no hay causa probable.

Razonamos que en los primeros dos supuestos el único mecanismo que tiene disponible el Ministerio Público para revisar la determinación de no causa para acusar es la vista en alzada. No obstante, reconocimos que en el tercer supuesto el Ministerio Público podía revisar la referida determinación mediante el recurso de certiorari. Pueblo v. Colón Mendoza, supra, págs. 636-637. Es decir, establecimos que las determinaciones de inexistencia de causa probable son revisables mediante dicho recurso cuando están fundadas en cuestiones de estricto derecho, ajenas a la prueba desfilada durante la vista que tiende a establecer la comisión del delito. Véase, además, Pueblo v. Rivera Alicea, 150 D.P.R. 495 (2000).

De otra parte, debemos señalar que en estos casos el recurso de certiorari está disponible para corregir errores de derecho independientemente de la naturaleza procesal o sustantiva de éstos. Pueblo v. Colón Mendoza, supra, pág. 637. La referida norma aplica tanto a vistas para determinación de causa probable para arresto, como a vistas de causa probable para acusar. Por último, es necesario señalar que esta normativa permite revisar tanto las determinaciones de derecho realizadas en la vista original como las realizadas en la vista en alzada.

B. Conforme a la Regla 22(a) de Procedimiento Criminal, supra, una vez se hace un arresto, la persona arrestada debe ser traída ante un magistrado sin dilación innecesaria. En casos en que el arresto se produce sin una orden, el propósito principal de dicho requisito es permitirle al magistrado convalidar con prontitud la existencia de causa probable para arresto. De otra parte, cuando el arresto se produce tras haberse procurado una orden judicial para ello, el propósito principal de la norma es informar a los arrestados de los cargos que se han presentado en su contra y los derechos que les asisten, e im-ponerles una fianza como condición para su excar-celación. ()

En el caso del arresto sin una orden, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que la persona debe ser llevada ante un magistrado no más tarde de las cuarenta y ocho horas siguientes al arresto. County of Riverside v. McLaughlin, 500 U.S. 44 (1991). Cualquier demora en exceso de dicho término se presume injustificada. Claro está, dicha norma solamente tiene el efecto de establecer el tiempo máximo que puede pasar un arrestado sin comparecer a un magistrado. Por lo tanto, es posible que el transcurso de un lapso de tiempo menor pudiera contravenir la referida norma, particularmente en casos en que no existe justificación alguna para la dilación.

No debemos perder de perspectiva que la normativa es-tablecida en County of Riverside v. McLaughlin, supra, fue adoptada para responder a las necesidades particulares de la jurisdicción federal en donde las distancias de un lugar a otro pueden ser enormes. Sin embargo, en el caso de Puerto Rico, no vemos razón por la cual la conducción de un arrestado ante un magistrado debe tomar cuarenta y ocho horas.

Un vistazo al funcionamiento de nuestro sistema judicial avala dicha conclusión. Nuestra jurisdicción está divi-dida en trece regiones judiciales. Como bien es sabido, el proceso de presentación del arrestado ante un magistrado se lleva a cabo en las salas de investigaciones del país. Dos de las salas de mayor actividad, San Juan y Bayamón, es-tán abiertas de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. con personal y horario regular. Además, dichas salas permanecen abiertas en ho-rario extendido desde las 5:00 p.m. hasta la 1:00 a.m.

De otra parte, la Sala de Investigaciones de la Región Judicial de San Juan atiende en dicho horario extendido los asuntos de la Región Judicial de Carolina y Caguas. Igualmente, la Región Judicial de Ponce trabaja en horario extendido en días de semana hasta las 12:00 a.m.

Luego de dichas horas, al igual que en el resto de las regiones judiciales, se trabaja a base del sistema de turnos. Bajo dicho sistema, siempre existe un juez que está dispo-nible (“on call”) para atender cualquier asunto que amerite su atención. Además, siempre está de turno un fiscal, pues es el funcionario encargado de evaluar inicialmente la prueba que le presenta el agente para determinar si debe prepararse la denuncia y la boleta que se debe firmar como autorización para someter el caso. De hecho, el fiscal es el funcionario que debe hacer la gestión para informar al juez, a la hora que sea, que se procederá a someter un caso.

Como se desprende de lo anterior, no existe justificación alguna para que en Puerto Rico el Estado se demore cuarenta y ocho horas desde el momento cuando se produce el arresto hasta que el arrestado es presentado ante un magistrado. Las salas de investigaciones de mayor actividad en la isla están en entero funcionamiento durante dieciséis de las veinticuatro horas del día. Además, aun cuando la sala está “cerrada”, siempre hay un juez y un fiscal de tumo disponibles para atender cualquier caso que surja durante dicho horario. Resulta razonable concluir, por lo tanto, que, como norma general, no deben transcurrir más de varias horas desde que el fiscal le informa al juez del caso que interesa someter y el momento en que el magistrado finalmente celebra un proceso para dilucidar el referido asunto. Por ende, consideramos que, en atención a las circunstancias antes mencionadas, en nuestra jurisdicción no deben transcurrir más de treinta y seis horas entre el arresto de los imputados y su presentación ante un magistrado.

En fin, somos del criterio de que una vez una persona es arrestada, las autoridades deben presentarlo ante un ma-gistrado lo antes posible. Ello usualmente supone que el arrestado debe comparecer ante un tribunal inmediata-mente luego de ser completados los trámites administrati-vos incidentales al arresto.() En ausencia de circunstan-cias extraordinarias, dicho trámite no debe tomarle al Estado más de treinta y seis horas. Cualquier demora en exceso de este término se presume injustificada.

Sin embargo, debemos aclarar que dicha norma solamente tiene el efecto de establecer el tiempo máximo que puede pasar un arrestado sin comparecer a un magistrado antes de que se presuma injustificada la dilación. En virtud de esto, es posible que el transcurso de menos tiempo entre ambos eventos pudiera violar dicha normativa. Además, lo anterior no implica que toda dilación mayor de treinta y seis horas se considera incontrovertiblemente injustificada pues, en circunstancias excepcionales, el Estado podría justificar una dilación mayor.

Con este marco normativo en mente, pasemos a exami-nar los hechos particulares que tenemos ante nos.

I — I HH HH

En el presente caso, el Ministerio Público alega que la determinación de inexistencia de causa probable realizada por el foro de instancia es revisable mediante el recurso de certiorari, pues estuvo fundada en una cuestión de estricto derecho. Le asiste la razón.

Como expresamos anteriormente, hemos resuelto en reiteradas ocasiones que las determinaciones de no causa probable, basadas en cuestiones de derecho totalmente desvinculadas de la prueba desfilada en la vista, son revi-sables mediante el recurso de certiorari. Por el contrario, cuando la referida determinación está fundamentada en que la prueba presentada ante el magistrado no es sufi-cíente para establecer la probabilidad de comisión del de-lito o la conexión del imputado con el delito, el único vehí-culo que tiene a su haber el Ministerio Público para cuestionar dicho curso de acción es la vista en alzada.

Resulta obvio que en el caso de autos la determinación de inexistencia de causa probable para acusar se funda-mentó en una cuestión estrictamente de derecho, a saber: la demora innecesaria de las autoridades en llevar al arrestado ante un magistrado. De otra parte, el que en la resolución recurrida se haya expresado que “la prueba des-filada [en la vista] demostró, a nuestro juicio, la probabili-dad de que los imputados cometieran los delitos por los cuales fueron denunciados” (Apéndice, pág. 12), clara-mente refleja que la decisión del foro de instancia estuvo motivada por unas consideraciones estrictamente de dere-cho no relacionadas con la prueba vertida en la referida vista sobre la comisión del delito.

No debe caber duda, pues, de que tratándose de un planteamiento de estricto derecho, el Ministerio Público podía acudir ante el Tribunal de Apelaciones. Ello con el único fin de que se revisara si actuó correctamente el foro de instancia al determinar que no existía causa probable, ya que los imputados no fueron conducidos rápidamente ante un magistrado luego de su arresto.

Sólo nos resta ahora determinar si, evaluados los méri-tos del caso, el referido foro erró al actuar así. Tanto Aponte Nolasco como Colón Núñez fueron conducidos ante un magistrado aproximadamente trece horas luego de ser arrestados. El arresto se produjo a las cuatro de la madru-gada, y a las cinco de la tarde de ese mismo día fueron presentados ante el tribunal.

La defensa no nos ha presentado evidencia que avale su posición de que el tiempo transcurrido entre ambos even-tos fue mayor que el razonablemente necesario para com-pletar los trámites de rigor luego del arresto y posterior-mente llevar a los arrestados al foro de instancia para que se les informara de sus derechos y se les impusiera una fianza. En atención a que el tiempo transcurrido entre el arresto y la presentación de los arrestados ante el magis-trado fue menor de treinta y seis horas, no podemos presu-mir que la dilación fue irrazonable. Debemos concluir, pues, que, en ausencia de evidencia en contrario, la de-mora no fue injustificada.

En vista de esto, concluimos que erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que no existía causa probable para acusar en el presente caso.

> J — i

Por los fundamentos expuestos anteriormente, se revoca el dictamen del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Seor Rebollo López disintió con una opinión escrita. El Juez Asociado Seor Rivera Pérez disin-tió sin opinión escrita.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

Unas muy breves expresiones para dejar constancia de nuestra gran inconformidad con la actuación del Tribunal en el presente caso. Como es sabido, en su principal fun-ción de pautar el Derecho en nuestra jurisdicción, el Tribunal, de ordinario, debe limitarse a interpretar las leyes y los reglamentos vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Hay ocasiones en que por existir una “laguna” en la ley, el Tribunal se ve en la necesidad de incurrir, por decirlo así, en un acto de “legislación judicial”. De ser ello posible, el Tribunal debe abstenerse de hacerlo ya que esa función, bajo nuestro sistema republicano de gobierno, le corres-ponde a la Asamblea Legislativa.

Hoy, el Tribunal incurre en un grave acto de legislación judicial. Su actuación resulta aún más inexplicable cuando consideramos el hecho de que es innecesaria ya que, real-mente, no existe una “laguna” en las Reglas de Procedi-miento Criminal, respecto a la materia en controversia, que requiera acción correctiva de parte del Tribunal.

i — I

La Regla 22(a) de nuestras Reglas de Procedimiento Criminal,() establece:

(a) Comparecencia ante el magistrado. Un funcionario del orden público que hiciere un arresto autorizado por una orden de arresto deberá llevar a la persona arrestada sin demora innecesaria ante el magistrado disponible más cercano. Cual-quier persona que hiciere un arresto sin orden de arresto de-berá llevar a la persona arrestada sin demora innecesaria ante el magistrado disponible más cercano, y si la persona que hi-ciere el arresto sin orden de arresto fuere una persona particular, podrá entregar a la persona arrestada a cualquier fun-cionario del orden público, quien a su vez deberá llevar a la persona arrestada sin demora innecesaria ante un magis-trado, según se dispone en esta regla. Cuando se arrestare a una persona sin que se hubiere expedido orden de arresto y se le llevare ante un magistrado, se seguirá el procedimiento que disponen las Reglas 6 y 7, según corresponda. (Enfasis suplido.)

Como podemos notar, la frase clave y determinante en dicha disposición reglamentaria lo es “sin demora innecesaria”. ¿Cómo se determina si las autoridades cum-plieron con el referido mandato? La contestación es sor-prendentemente sencilla: de acuerdo con los hechos especí-ficos del caso y resolviendo los casos “caso a caso”.

Ante un señalamiento del acusado de que las autorida-des incumplieron con dicho mandato, ¿cómo se dilucida el asunto? La contestación es, igualmente, sencilla: el tribunal de instancia, en una vista señalada a esos efectos, y luego de que el acusado establezca el tiempo transcurrido desde que fue detenido hasta que fue conducido ante un magistrado, decidirá la cuestión planteada después de re-cibir la prueba que tenga a bien presentar el Ministerio Público sobre las razones, si algunas, para la alegada de-mora y la prueba de refutación que presente el acusado; todo ello a la luz de las disposiciones de la Regla 22(a) antes transcrita.

La citada disposición reglamentaria cumple cabalmente con lo resuelto por el Tribunal Supremo federal en Gerstein v. Pugh, 420 U.S. 103 (1975). En dicho caso el referido foro judicial resolvió que la Cuarta Enmienda de la Constitu-ción de Estados Unidos —disposición constitucional que aplica a Puerto Rico— requiere una “pronta determinación judicial” sobre causa probable como prerrequisito de un ex-tenso período de detención, producto de un arresto sin una orden judicial. En vista de que la citada Regla 22(a) re-quiere que el detenido sea llevado “sin demora innecesaria” ante un magistrado, resulta innecesario, en nuestra juris-dicción, el establecimiento de un período de tiempo máximo de detención, previo a que el detenido sea llevado ante el magistrado.

La Mayoría da la impresión de que incurre en este curso de acción —esto es, el de establecer un período máximo de treinta y seis horas— “obligado” por la decisión del Tribunal Supremo federal en County of Riverside v. McLauglin, 500 U.S. 44 (1991). Nada más lejos de la realidad. En County of Riverside v. McLaughlin, ante, pág. 56, el Supremo federal resumió su decisión y los efectos y conse-cuencias de ésta, al expresar:

Our task in this case is to articulate more clearly the boundaries of what is permissible under the Fourth Amendment. Although we hesitate to announce that the Constitution compels a specific time limit, it is important to provide some degree of certainty so that States and counties may establish procedures with confidence that they fall within constitutional bounds. Taking into account the competing interests articulated in Gerstein, we believe that a jurisdiction that provides judicial determinations of probable cause within 48 hours of arrest will, as a general matter, comply with the promptness requirement of Gerstein. For this reason, such jurisdictions will be immune from systemic challenges. (Enfasis suplido.)

En el antes mencionado caso County of Riverside v. McLaughlin, ante, se impugnó un estatuto estatal que per-mitía que personas arrestadas sin una orden judicial pu-dieran permanecer detenidas, antes de ser llevadas ante un magistrado, por un período de dos días; período que no incluía los fines de semana —sábados y domingos— y los días feriados, lo cual significaba, en palabras del Supremo federal, que una persona arrestada al final de la semana podía permanecer detenida, sin ser llevada ante un magis-trado, por períodos de cinco y hasta de siete días.

En nuestra jurisdicción, repetimos, ello no puede ocurrir ya que, conforme establece la antes citada Regla 22(a), el detenido debe ser llevado ante un magistrado sin demora o dilación innecesaria. Ello significa que, conforme se resol-vió en County of Riverside v. McLaughlin, ante, la citada Regla 22(a) de nuestras Reglas de Procedimiento Criminal cumple con el requisito de la Cuarta Enmienda de la Cons-titución federal, razón por la cual está “inmune” a ataques e impugnaciones constitucionales.

HH I — I

La mejor evidencia de la corrección de lo antes expre-sado consiste en que en la jurisdicción federal —en la cual la materia en controversia está reglamentada por la Regla 5(1)(A) de Procedimiento Criminal federales, Fed. Rules Cr. Proc. Rule 5(1)(A), 18 U.S.C.A.— no obstante el hecho de que el criterio (“test”) que reglamenta la situación es idéntico al nuestro, dicha regla federal permanece inalterada.

La citada Regla 5(1)(A) federal establece:

(1) Appearance Upon an Arrest.
(A) A person making an arrest within the United States must take the defendant without unnecessary delay before a magistrate judge, or before a state or local judicial officer as Rule 5(c) provides, unless a statute provides otherwise. (Enfa-sis suplido.)

Como podemos notar, repetimos, el criterio que estable-cen tanto la referida Regla 5(1)(A) federal como la citada Regla 22(a) nuestra, es idéntico. En consecuencia, ambas disposiciones, y jurisdicciones, están “inmunes” a ataques e impugnaciones constitucionales similares al que fue objeto el estatuto estatal en el caso County of Riverside v. McLaughlin, ante.

1 — 1 H-i 1 — 1

Lo verdaderamente triste de toda esta situación es que, en primer lugar, la norma hoy pautada por el Tribunal, esto es, el período máximo de treinta y seis horas estable-cido, realmente no resuelve nada, ya que resulta mera-mente directivo, en vista de todas las excepciones que, res-pecto a éste, establece el Tribunal en la opinión emitida.

En segundo lugar, el establecimiento de este período máximo de treinta y seis horas tendrá consecuencias nefas-tas para las personas que sean arrestadas. Antes de la opi-nión emitida en el presente caso, las autoridades policíacas sabían que tenían que llevar al detenido ante un magis-trado “sin demora innecesaria”. Hoy son conscientes del hecho de que el Tribunal les ha concedido un “período de gracia” de hasta, posiblemente, treinta y seis horas. El per-juicio que causará esta nueva norma es inimaginable.

Por último, la norma hoy innecesariamente establecida no resulta ni tan siquiera en beneficio de una mejor admi-nistración de la justicia. Todos y cada uno de los casos ten-drán que ser resueltos, al amparo de dicha norma, con-forme a sus hechos específicos y particulares, y los tribunales de instancia estarán obligados, como actual-mente se hace, a resolver la cuestión “caso a caso”.

      (1) 24 L.P.R.A. sec. 2401.

      (2) El propósito del referido recurso fue cuestionar la legalidad de la detención de Aponte Nolasco y Colón Núñez, ya que habían transcurrido más de doce horas desde su arresto sin que se les hubiera llevado ante un magistrado.

      (3) Debemos señalar que, en el caso del arresto sin una orden, la exigencia de llevar al arrestado al magistrado sin dilación innecesaria es de raigambre constitucional. Véase Gerstein v. Pugh, 420 U.S. 103 (1975). No obstante, en el caso de los arrestos con una orden, la referida exigencia es puramente de carácter estatutario. Véase, en general, a E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1993, Vol. III, Sec. 21.5, págs. 36-38.

      (4) Dichos trámites incluyen, entre otros, el “ficheo”, la toma de huellas digitales y la toma de fotografías del arrestado.

      (1) 34 L.P.R.A. Ap. II.


author: per curiam:

text:
    María T. Malavé Serrano, demandante y recurrida, v. Oriental Bank & Trust, demandado y peticionario.

      Número: CC-2004-573

      Resuelto: 20 de abril de 2006

      José J. Santiago Meléndez, Pedro Pumarada Surillo y Carlos A. Padilla Vélez, abogados de la parte peticionaria; Samuel J. Figueroa González, abogado de la parte recurrida.
   per curiam:

Se nos solicita la revocación de una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Mediante la sen-tencia recurrida, el foro intermedio apelativo modificó la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia y luego confirmó. Concluyó que no procedía el pago de la me-sada por despido injustificado reclamado por la querellante de autos. Sostuvo que ésta no había sido objeto de un des-pido, como alegó, sino que había renunciado voluntaria-mente a su empleo. Redujo, además, la partida concedida por el foro primario en concepto de salarios devengados y no satisfechos. No obstante, coincidió con el foro primario al determinar que la querellante de autos no podía ser con-siderada como “administrador” para ser exenta de las dis-posiciones de la Ley de Horas y Días de Trabajo por no concurrir todos los requisitos dispuestos en el Reglamento Núm. 13 de la Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico (Reglamento Núm. 13).() De otra parte, confirmó la deter-minación del Tribunal de Primera Instancia respecto a la procedencia de intereses legales sobre las partidas conce-didas en concepto de horas extras. Veamos los hechos que originan el presente recurso.

I

Oriental Bank & Trust (Oriental) es una institución bancaria que ofrece una variedad de productos financieros a la ciudadanía, como préstamos hipotecarios de tipo con-vencional, veteranos y F.H.A.

La señora María Teresa Malavé Serrano trabajó para Oriental desde el 9 de noviembre de 1992 como Oficial de Mercadeo hasta el 3 de agosto de 2001. Como parte de sus responsabilidades en ese puesto, la señora Malavé Serrano se encargaba de vender hipotecas e instrumentos de inversión. Su salario inicial en el referido puesto era de mil dólares mensuales, además de comisiones pagaderas a base de los préstamos que vendiera. Un año y medio des-pués de trabajar para Oriental, el título del puesto cambió a Ejecutivo de Cuentas (Account Executive) y luego a Eje-cutivo de Cuentas Hipotecarias (Mortgage Account Executive). Sus funciones en este puesto consistían en vender los diferentes productos hipotecarios de Oriental. En-tre las tareas que realizaba estaban hacer llamadas para ofrecer los servicios en general de Oriental, atender los clientes que acudían al banco (de los cuales el 80% eran walk-ins), entrevistarlos para conocer sus necesidades, identificar los productos que se le podían ofrecer, verificar cuál de los productos se ajustaba al presupuesto del cliente potencial, solicitar la documentación necesaria, evaluar las deudas del cliente, tramitar estudios de título e informes de crédito y otras funciones dirigidas a procesar un préstamo.

El título de su puesto como Mortgage Account Executive fue cambiado a Senior Mortgage Advisor. A pesar del cam-bio de nombre, sus funciones continuaron siendo las mis-mas, tanto bajo el puesto Mortgage Account Executive como bajo el puesto Senior Mortgage Advisor. Para 1994, el sis-tema de pago de comisiones en Oriental también cambió. Bajo este nuevo esquema, los días quince de cada mes Oriental depositaba en la cuenta de la señora Malavé Serrano la cantidad de mil quinientos dólares en concepto de lo que el banco llamaba draw o adelanto. Según surge del expediente ante nos, el exceso en producción de esos mil quinientos dólares se iba acumulando para pagarse cada seis meses.()

El 3 de agosto de 2001, la señora Malavé Serrano re-nunció a su trabajo por, alegadamente, no haber recibido durante el año 2001 el exceso de comisiones. Alegó que su situación económica y familiar se vio afectada por la merma en sus ingresos, ya que no existía una relación justa y proporcionada entre el sistema de pago de Oriental y las responsabilidades asignadas.

El 5 de febrero de 2002, la señora Malavé Serrano pre-sentó una reclamación judicial contra Oriental. La quere-lla se instó bajo el procedimiento especial sumario que dis-pone la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1967, según enmendada (Ley Núm. 2).() Reclamó la suma de $187,237.40 en concepto de horas extras trabajadas y no pagadas, más una cantidad igual como penalidad; $16,989.15 en concepto de vacaciones, más una cantidad igual como penalidad; $9,600 en concepto de indemniza-ción por despido constructivo e injustificado; $400 en con-cepto de bono de navidad, más una cantidad igual como penalidad, y $37,000 en concepto de salarios dejados de devengar, más una cantidad igual como penalidad. Entre otras cosas, sostuvo que en varias ocasiones, sin razón al-guna, Oriental le redujo su salario a quinientos dólares mensuales. ()

Oriental contestó oportunamente la referida querella, negando las alegaciones principales de la demanda. Res-pecto al pago de horas extras, alegó afirmativamente que la querellante de autos era una empleada exenta del pago de horas extras, en conformidad con las disposiciones de la Ley de Horas y Días de Trabajo,() Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico() (Ley de Salario Mínimo), y el Fair Labor Standards Act.() Sostuvo que la reclamación estaba total o parcialmente prescrita y que la señora Malavé Serrano no fue despedida de su empleo por Oriental, sino que renunció a su empleo voluntariamente/)

El 13 de agosto de 2002, Oriental presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una Solicitud de Desestima-ción Parcial/) En síntesis, solicitó la desestimación de las partidas reclamadas en la querella en concepto de salarios devengados previo al 3 de agosto de 1998 por estar prescritas/) La señora Malavé Serrano se allanó.

El 6 de febrero de 2002, Oriental presentó ante el foro primario una Solicitud de Sentencia Sumaria. Solicitó la desestimación de las reclamaciones por horas extras y va-caciones, ya que, según alegó, la querellante de autos no tenía derecho a tales beneficios por ser una empleada exenta bajo la Ley de Horas y Días de Trabajo y bajo la Ley de Salario Mínimo. La señora Malavé Serrano presentó una Réplica a Solicitud de Sentencia Sumaria y Moción de Sentencia Sumaria a Favor de Querellante.()

El 29 de mayo de 2003, el foro primario dictó sentencia sumaria en la que declaró “con lugar” la querella incoada.() Tras analizar las funciones realizadas por la señora Malavé Serrano a la luz de la definición del término “administrador” provista en el Reglamento Núm. 13, con-cluyó que ésta no podía ser considerada como administra-dora, a los efectos de estar exenta de los beneficios consi-derados en la referida legislación protectora. Entendió que las tareas de la querellante de autos no estaban relaciona-das con la preparación de normas sobre la dirección de los negocios de Oriental ni con sus operaciones generales. Añadió que el margen para el juicio propio y de adjudica-ción de casos era muy poco y que el ejercicio de la discre-ción era aun menor, pues otros aprobaban las normas para cualificar y la querellante no podía eximir de esos requisi-tos a los solicitantes. Puntualizó que “[l]a llamada discre-ción del empleado, en términos prácticos, se materializaba en una fórmula de ‘te aprobarán el préstamo si cumples con todos los requisitos dispuestos en la reglamentación de Oriental’ ”.() Concluyó que la querellante se vio forzada a renunciar debido a las actuaciones de su patrono, lo que constituye despido injustificado.() Ordenó el pago de $142,209.60 en concepto de horas extras; $26,000 en con-cepto de salarios dejados de percibir; $9,158.40 en concepto de vacaciones, y $10,917.41 en concepto de mesada e inte-reses legales al 5.25%. Impuso, además, el pago de costas, gastos y honorarios de abogado. Copia de su notificación a las partes fue archivada en autos el 11 de agosto de 2003.

Inconforme, Oriental acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. El 15 de abril de 2004, el foro intermedio apelativo emitió una sentencia para mo-dificar la sentencia dictada por el foro primario. Específi-camente, revocó la concesión de $10,917.41 en concepto de mesada por despido injustificado y redujo el monto de sa-larios dejados de percibir a $4,000, más la penalidad correspondiente. Así modificada, confirmó la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia en todos los aspectos.

Ambas partes solicitaron al foro intermedio apelativo la reconsideración de su dictamen. Denegadas ambas solici-tudes, Oriental acudió ante nos mediante un recurso de certiorari y señaló los errores siguientes:

Err[ó] el foro apelativ[o, a]l confirmar que la demandante no reunía los requisitos para considerarse “administradora” y [,} por ende, estar exenta de las leyes laborales.
Err[ó] el foro apelativ[o, a]l confirmar la imposición a Oriental del pago de determinadas sumas por concepto de horas extras y vacaciones, sin que se hubiese celebrado un juicio plenario y sin que la demandante presentara su prueba.
Err[ó\ el foro apelativ[o, d\l confirmar que procede la imposi-ción de intereses “post sentencia” al 5.25%. Solicitud de certio-rari, págs. 12-13.

Examinadas las comparecencias de las partes y los autos del presente caso, nos encontramos en posición de resolver.

II

A. Nos corresponde determinar si actuó correctamente el foro intermedio apelativo al confirmar la determinación del foro primario, de que la señora Malavé Serrano no re-unía los requisitos para ser considerada como un “administrador”. Veamos.

La Ley de Horas y Días de Trabajo establece la jornada de trabajo de los empleados a quienes les aplica y el derecho al cobro de horas extras por el trabajo realizado en exceso de dicha jornada diaria. No obstante, por mandato legislativo expreso, esta ley no incluye a los ejecuti-vos, administradores ni profesionales, según estos térmi-nos han sido definidos por la Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico (Junta de Salario Mínimo).()

Asimismo, la Ley de Salario Mínimo dispone ex-presamente que sus disposiciones no aplicarán a los “ ‘administradores’, ‘ejecutivos’ y ‘profesionales’, según dichos términos son definidos mediante el Reglamento Número 13 de la Junta de Salario Mínimo 29 L.P.R.A. sec. 250f(b).

En conformidad con la referida disposición, la Junta de Salario Mínimo promulgó el Reglamento Núm. 13 (Reglalmento Núm. 4267, 4ta edición, 1990). Este cuerpo reglamentario se estableció con el propósito de definir los referidos términos “administrador”, “ejecutivo” y “profesional”. El Art. Ill del referido Reglamento, entonces vigente, definía el término administrador como

[c]ualquier empleado que reúna los siguientes requisitos:
(a) que desempee trabajos de oficina o trabajos fuera de ofi-cina que no sean de naturaleza manual, estando el trabajo directamente relacionado con las normas de la dirección de la empresa o con las operaciones generales del negocio del pa-trono o de los clientes del patrono; y
(b) que usual y regularmente ejerza discreción y juicio in-dependiente; y
(c) 1- que regular y directamente ayude al dueo de la em-presa, o a una persona empleada en la capacidad de adminis-trador o de ejecutivo, según estos términos se definen en el presente reglamento; o
2- que realice, solamente bajo supervisión general, tra-bajo de carcter técnico o especializado que requiera entrena-miento, experiencia o conocimientos especiales; o
3- que ejecute, solamente bajo supervisión general, en-comiendas y tareas especiales; y
(d) que no dedique más del 20, o en el caso de un empleado de un establecimiento de comercio al detal o de servicio, que no dedique hasta el 40 de las horas trabajadas en una semana de trabaj[o a] actividades que no estén directa o estrecha-mente relacionadas con el desempeo del trabajo descrito los Incisos (a), (b) y (c) de este Artículo III; y
(e) que reciba por sus servicios una compensación fija o a base de por ciento u honorarios, equivalente a un sueldo se-manal no menor de doscientos dólares ($200), excluyendo ali-mentos, vivienda u otros servicios.
(f) también significa cualquier empleado cuyo trabajo cum-pla con los requisitos dispuestos en los incisos (a) y (b) de este Artículo III y reciba por sus servicios una compensación fija, o a base de por ciento u honorarios, equivalente a un salario semanal no menor de doscientos noventa y cinco dólares ($295), excluyendo alimentos, vivienda u otros servicios. Re-glamento Núm. 13, supra, págs. 2.-3.

Hemos resuelto que la determinación de si un empleado es o no un “administrador” dependerá de la concurrencia de todos los requisitos enumerados en la referida disposición reglamentaria^) La exclusión de un empleado de los beneficios reconocidos en la legislación laboral debe ser clara y debe interpretarse restrictivamente.() Al hacer dicha determinación, debemos analizar las funciones que efectivamente realiza cada empleado y no el título del puesto que ocupa. ()

Del mismo modo, al evaluar si un empleado es o no un “administrador”, según lo define el referido cuerpo reglamentario, es necesario que éste realice un trabajo de una importancia sustancial para la dirección del negocio.() Hemos resuelto que la discreción y el juicio independiente a los que se refiere el Reglamento Núm. 13 debe ser real y sustancial sobre asuntos consecuentes.()

Al evaluar el expediente ante nos, resulta forzoso con-cluir que la señora Malavé Serrano no puede ser conside-rada como un “administrador”. La señora Malavé Serrano atendía los clientes que llegaban a Oriental y les orientaba sobre las diferentes alternativas de préstamos hipotecarios que ofrecía el banco. Además, completaba el expediente del potencial cliente con la documentación necesaria, evaluaba sus deudas y realizaba otras funciones dirigidas a procesar el préstamo (como tramitar estudios de título e informes de crédito). La decisión de si un cliente cualificaba o no para determinado producto se hacía a base de las políticas esta-blecidas por Oriental, las leyes que regulan la banca y la información provista por el cliente. Es decir, como correc-tamente puntualizó el foro primario en su Sentencia, la señora Malavé Serrano no tenía autoridad ni discreción para no seguir la política y las guías del banco, por lo que la aprobación de un préstamo hipotecario quedaba princi-palmente en manos de la institución financiera en cuestión. A la luz de lo anterior, la señora Malavé incumple con el primer requisito del Reglamento para cualificarla como “administrador”. El trabajo realizado por la señora Malavé Serrano no era de importancia sustancial para la dirección de Oriental. La señora Malavé Serrano tampoco reúne el segundo requisito para ser considerada una admi-nistradora; esto es, no ejercía discreción y juicio indepen-diente real y sustancial sobre asuntos de consecuencia para el banco. La aquí peticionaria, Oriental, arguye que la señora Malavé Serrano satisface este requisito porque te-nía potestad para determinar si un cliente cualificaba o no para un préstamo, y que no era una mera “procesadora de datos”. Arguye que era ella quien se relacionaba con los realtors y desarrolladores con el propósito de que le gene-raran negocios a Oriental, y como resultado de ello, obte-ner ingresos. Sostiene que una vez ante el cliente, ella re-copilaba toda su información personal y financiera, analizaba sus necesidades y, conforme a ello, le ofrecía aquel producto financiero que se ajustara a su realidad económica. Sostiene que era ella quien determinaba cuál producto le convenía al cliente entre la gama de productos de Oriental, por lo que ejercía discreción y juicio indepen-diente real y sustancial.() No compartimos su criterio.

Aunque la señora Malavé Serrano evaluaba la información del potencial cliente y podía determinar de entre los productos disponibles en Oriental, cuál era el que mejor se ajustaba a su realidad, no podía cambiar ni flexibilizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad financiera para la aprobación final del préstamo. Es decir, ésta no tenía discreción alguna para aprobar el préstamo si el cliente no cumplía con los requisitos establecidos por Oriental a esos fines. Como correctamente puntualizó el foro primario, “[l]a llamada discreción del empleado, en términos prácticos, se materializaba en una fórmula de ‘te aprobarán el préstamo si cumples con todos los requisitos dispuestos en la reglamentación de Oriental’ ”.() Adviértase que la discreción y el juicio independiente que se exige debe ser real y sustancial sobre asuntos de consecuencia para la empresa. Además, el hecho de que un trabajador realice alguna labor menor de tipo discrecional no lo convierte automáticamente en un “administrador”.()

Las funciones realizadas por la señora Malavé Serrano no quedan enmarcadas en los requisitos reglamentarios para ser considerada “administradora”. Concluimos que la señora Malavé Serrano no cumplía con todos los requisitos reglamentarios para ser considerada como “administra-dor”, por lo que actuó correctamente el foro intermedio apelativo al confirmar lo que resolvió sobre esos extremos el Tribunal de Primera Instancia.

B. Oriental arguye que la sentencia sumaria dictada por el foro primario era improcedente pues, aún conclu-yendo que la señora Malavé Serrano no era una empleada exenta para fines de las leyes laborales, ésta estaba obli-gada a desfilar prueba admisible en evidencia y establecer la procedencia de sus reclamos de salario. Veamos.

La sentencia sumaria es el mecanismo procesal que confiere discreción al juzgador para dictar sentencia sin necesidad de celebrar una vista para mostrar evidencia. El tribunal, en el ejercicio de su discreción, puede dictarla sobre la totalidad de una reclamación o sobre cualquier controversia contenida en ella, cuando de los documentos admisibles en evidencia que se acompañan con la solicitud o que obran en el expediente del tribunal surge que no existe una legítima disputa de hechos que tenga que ser dirimida en vista para mostrar evidencia y que sólo resta aplicar el derecho/)

En nuestro ordenamiento jurídico existe una clara política pública judicial de que los casos se ventilen en los méritos por nuestro interés de que todo litigante tenga su día en corte/) Por ello, el mecanismo de sentencia sumaria sólo se debe utilizar cuando quien promueve ha establecido su derecho con claridad y ha quedado demostrado que la otra parte no tiene derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte discernible de la prueba/)

En los casos en que se reclama el pago de horas extras, hemos expresado que el peso de la prueba lo tiene el empleado demandante o querellante. Es éste quien tiene el deber de probar, mediante preponderancia de la prueba, no sólo que realizó una labor en exceso de la jornada ordinaria, sino también el número de horas extras trabajadas/)

En el presente caso, Oriental solicitó la desestimación de las reclamaciones hechas por la señora Malavé Serrano por horas extras y vacaciones por ser una empleada exenta, excluida de las disposiciones de la Ley de Horas y Días de Trabajo y de la Ley de Salario Mínimo. La señora Malavé Serrano presentó la correspondiente réplica y una moción de sentencia sumaria a su favor. Posteriormente, el foro primario dictó sentencia sumaria a favor de la señora Malavé Serrano y resolvió finalmente todas las reclamacio-nes instadas por ésta en su Querella.

Arguye Oriental que el foro primario abusó de su discre-ción al resolver sumariamente todas las reclamaciones por-que lo que se le había planteado en la solicitud de senten-cia sumaria era la controversia relativa a si Malavé Serrano era una empleada exenta o no. Sostiene que, de entender que no era una empleada exenta, procedía cele-brar una vista para mostrar evidencia para que Malavé presentara la prueba que sostuviera sus alegaciones, y se le reconociera el derecho a Oriental a defenderse y a pre-sentar prueba a su favor. ()

Adviértase que en su réplica a la solicitud de sentencia sumaria presentada por Oriental, la señora Malavé Serrano no sólo expresó las razones por las que no podía ser considerada administradora, sino que, además, expuso las razones por las que procedía dictar sentencia sumaria a su favor en todas las partidas reclamadas. En específico, sos-tuvo que la cantidad de horas trabajadas por ella surgía de un documento titulado Payroll Source Information. En conformidad con la nota al calce núm. 5 de la solicitud de sentencia sumaria presentada por la señora Malavé Serrano, dicho documento fue anejado a la referida solicitud/)

Al dictar sentencia sumaria a favor de la señora Malavé Serrano, el Tribunal de Primera Instancia formuló unas determinaciones de hecho respecto a la cantidad de horas trabajadas por ésta, en conformidad con la información que surgía del referido documento Payroll Source of Information.() Más aún, en la nota al calce núm. 4 de su Sentencia, el foro primario puntualizó que “[n]o existe con-troversia alguna sobre las horas trabajadas por la querellante. La única controversia es si la querellante es administrador, conforme lo define el Reglamento 13”.()

El empleado tiene el peso de la prueba para demostrar, no sólo que realizó una labor en exceso de la jornada ordinaria, sino que también tiene que establecer el número de horas extras trabajadas.!) El Tribunal de Primera Instancia entendió que la señora Malavé Serrano cumplió con dicho requisito de evidencia y estableció su reclamación mediante preponderancia de la prueba. Por ello, correspondía a Oriental controvertir si la prueba ofrecida era razonable.!)

Oriental no se opuso a la referida solicitud de sentencia sumaria. Un estudio cuidadoso del expediente ante nos de-muestra que tampoco acompañó, como parte de su recurso de certiorari, copia del documento titulado Payroll Source of Information. Como antes indicamos, el referido docu-mento permitió que el foro primario hiciera una determi-nación de la cantidad de horas trabajadas por la señora Malavé Serrano y determinara que no existía controversia material y esencial de hechos al respecto. Por ello, no ha-bremos de intervenir con lo actuado por el Tribunal de Pri-mera Instancia. Tampoco podemos concluir que el referido foro abusó de su discreción al resolver el caso por la vía sumaria. Se trata de una determinación cobijada por la presunción de corrección de los procedimientos, que no fue rebatida por Oriental.

C. Finalmente, Oriental arguye que erró el foro inter-medio apelativo al confirmar la imposición de intereses post sentencia en casos como el presente. En apoyo de su posición, sostiene que las leyes laborales imponen al pa-trono que adeude salarios el pago de una suma equivalente en concepto de penalidad. Afirma que cuando se ordena el pago de horas extras y vacaciones no procede la imposición de intereses, ya que el legislador determinó taxativamente cuál era la medida de daños en estos casos y no incluyó los intereses. Cita en apoyo de su argumento lo resuelto por este Foro en Pan American v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 413 (1972. No le asiste la razón.

Sabido es que la Regla 44.3 de Procedimiento Civil() regula lo concerniente a la fijación de interés legal, tanto post sentencia como por temeridad. El interés post sentencia se refiere al tipo de interés que se impone a favor de la parte victoriosa en todas las sentencias que ordenen el pago de dinero. Este interés se computa sobre la cuantía de la sentencia, incluso las costas y los honorarios de abogado, y se fija desde la fecha en que dicte la sentencia hasta que se satisface.() Su imposición es mandatoria a toda parte perdidosa sin distinción alguna.()

En Pan American v. Tribunal Superior, supra, resolvimos que en casos al amparo de la Ley de Horas y Días de Trabajo, donde se reclama el pago de horas extras, no procede la imposición de intereses pre sentencia, ya que la indemnización concedida por dicha legislación es mucho más onerosa al imponer el pago adicional de una suma igual a la adeudada en concepto de penalidad. Nada expresamos allí con relación a los intereses post sentencia.

En el presente caso, el foro primario actuó correcta-mente al ordenar la imposición de intereses posteriores a la sentencia que ordenó el pago del dinero adeudado. No existe prohibición alguna en las Reglas de Procedimiento Civil o en alguna ley que impida la imposición de intereses post sentencia en casos de reclamaciones de salarios en concepto de horas extras. Avalar la posición de Oriental equivaldría a que la parte perdidosa dilate innecesaria-mente el cumplimiento de la sentencia, sin que tenga, por ello, consecuencia alguna.

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia recurrida emitida por el Tribunal de Apelaciones.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton no intervino. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita.

      (1) Reglamento Núm. 4267, 4ta rev., 1990.

      (2) Cabe destacar que el adelanto en comisión se determinaba de acuerdo con cada oficial, por lo que cada oficial podía tener un draw diferente.

      (3) 32 L.P.R.A. secs. 3118-3132.

      (4) Querella, Apéndice del recurso de certiorari, págs. 40-43.

      (5)Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948 (29 L.P.R.A. secs. 271-288).

      (6) Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998 (29 L.P.R.A. sec. 250 et seq.) (Ley Núm. 180).

      (7) 29 U.S.C.A. sec. 201 et seq.

      (8) Contestación a la querella, Apéndice del recurso de certiorari, págs. 44-46.

      (9) Íd., pág. 52.

      (10) Sostuvo que la querellante había cesado en su trabajo el 3 de agosto de 2001, y que en virtud de la Ley Núm. 180, supra, las reclamaciones de salarios solamente pueden retrotraerse a los últimos tres años anteriores a la fecha de la cesantía. 29 L.P.R.A. sec. 250j(a).

      (11) Apéndice del recurso de certiorari, págs. 115-320.

      (12) Íd., págs. 322-343.

      (13) Íd., pág. 334.

      (14) Íd., pág. 343.

      (15) 29 L.P.R.A. sec. 288(1). Véase, además, Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 D.P.R. 420, 426 (1999).

      (16) Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., supra, pág. 428, citando a Almodovar v. Margo Farms del Caribe, Inc., 148 D.P.R. 103 (1999), y Medina Vega v. Unión Obreros Cervecería, 86 D.P.R. 642 (1962).

      (17) Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., supra. Véase, además, López Santos v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 325 (1970).

      (18) Íd.

      (19) R. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la legislación protectora del trabajo en el derecho laboral puertorriqueño, ed. rev., San Juan, Ed. Ramallo Bros., 2005, págs. 34-38.

      (20) Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., supra.

      (21) Alegato de la parte peticionaria, págs. 8-14.

      (22) Apéndice del recurso de certiorari, pág. 334.

      (23) Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., supra.

      (24) Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Véanse, además: García v. Darex P.R., Inc., 148 D.P.R. 364, 382 (1999); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563 (1997).

      (25) Véanse, entre otros: Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 D.P.R. 115 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986).

      (26) Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716 (1994).

      (27) Rosario v. A. de T., 97 D.P.R. 324 (1969); Sierra v. Eastern Sugar Associates, 71 D.P.R. 888 (1950).

      (28) Alegato de la parte peticionaria, págs. 18-25.

      (29) Apéndice del recurso de certiorari, pág. 117.

      (30) Véase pág. 5 de la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del recurso de certiorari, pág. 326.

      (31) Íd., pág. 338 n. 4.

      (32) Rosario v. A. de T., supra; Sierra v. Easter Sugar Associates, supra.

      (33) Véase Sierra v. Eastern Sugar Associates, supra.

      (34) 32 L.P.R.A. Ap. III.

      (35) Gutiérrez v. A.A.A., 167 D.P.R. 126 (2006); Zequeira v. C.R.U.V., 95 D.P.R. 738 (1968).

      (36) Gutiérrez v. A.A.A., supra, pág. 6, citando a Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 D.P.R. 467 (1982). Véase P.R. & Ame. Ins. Co. v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 621 (1962).