author: El Juez ■ Asociado ■ Su. del Tobo,

text:
    González, Demandante y Apelado, v. Malgor, Luiña & Co., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2294.
    Resuelto en febrero 14, 1921.
    Daños - y Perjuicios — Negligencia—Negligencia Contributors. — En una de-manda establecida para recobrar daños y perjuicios por negligencia, no es necesario alegar que el demandante está libre de culpa o negligencia. La negligencia eontributoria del demandante es una defensa que incumbe alegar y probar al demandado.
    Id. — Id.—Ghauefeur—Cuidado al Elegirlo. — Una demanda reclamando los da-ños y perjuicios causados por el chauffeur del demandado al chocar negli-gentemente contra el automóvil del demandante, no es defectuosa porque deje de alegar que el demandado no empleó toda la diligencia de un buen padre de familia al elegir el chauffeur. En el caso de que tal alegación tu-viera alguna fuerza, sería al demandado a quien competería establecerla y probarla.
    Id. — Id.—Corte de Distrito — Corte Municipal — Jurisdicción—Apelación.—In-terpuesta demanda reclamando una suma menor de quinientos dólares en la corte municipal y dictada sentencia sobre las alegaciones, la corte de dis-trito, apelada dieha sentencia para ante ella, adquiere jurisdicción no sólo para decidir la cuestión de derecho resuelta por la corte inferior, sino para ver y juzgar la totalidad del caso, de acuerdo con la ley.
    Id. — Id.—Sentencia que Concede Más de lo Pedido. — En el presente caso pi-dióse en la demanda la suma de $141.84 a que ascendía el costo de los daños causados al automóvil del demandante. La prueba fué escasa y vaga en tal extremo. Eso no obstante, la corte concedió $150. Se resolvió: que la sentencia no debió conceder más de lo pedido.
    Id. — Id.—Sentencia Ajustada a la Prueba. — Habiendo demostrado la prueba que el demandante obtenía con su automóvil dedicado al negocio de transporte, un beneficio de $10 diarios y que como consecuencia del choque sufrido es-tuvo impedido de continuar el negocio durante treinta días, es preciso con-cluir que una sentencia concediendo $300 está justificada por la evidencia.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. F. Ramírez de Arellano, Chas. Hartséll y C. TJrrutia.

      Abogado del apelado: Sr. E: Campillo.

   El Juez ■ Asociado ■ Su. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Rosendo González demandó en la Corte Municipal de San Juan a Malgor, Luiña & Co. en cobro de $441.84 por daños y perjuicios. La corte municipal falló el caso en contra del demandante al declarar con lugar una excepción de falta de causa de acción interpuesta por los demandados. .Se dictó sentencia. El demandante recurrió de ella .para ante la corte de distrito y celebrado allí un juicio, la corte resolvió el pleito en favor del demandante y los demandados entonces apela-ron para ante este Tribunal Supremo, señalando en su ale-gato la comisión de tres errores.

1. Sostienen los demandados que la demanda no aduce una buena causa de acción, (a) porque no alega que el de-mandante hubiera observado el debido cuidado y circunspec-ción; (b) porque no detalla los daños sufridos, y (o) por-que no alega que al escoger su chauffeur los demandados no obraron, como un buen padre de familia.

Se trata de una reclamación de daños y perjuicios oca-sionados al demandante por un truck de carg’a de'los de-mandados, manejado negligentemente por el chauffeur de los mismos, que chocó con un auto del demandante.

Para sostener que es ■ necesaria la alegación de que en casos de esta naturaleza el demandante debe consignar en su demanda que.está libre de culpa o negligencia, citan los apelantes el casó de Días v. The San Juan Light & Transit Co., 17 D. P. R. 69.

Ciertamente que leído el resumen del caso-invocado, pa-rece que sostiene lá contención de los apelantes, pero dicho caso en tal extremo fue aclarado por el de Rosado v. Ponce Railway and Light Company, 20 D. P. R. 564, 584. Y de acuerdo con la jurisprudencia establecida “la -negligencia contributoria del demandante es una defensa que incumbe alegar y probar al demandado.” ■ . -

En cuanto- al detalle de los' daños, estimamos que la' de-manda es Suficiente.' En ella se alega con toda claridad el choque y se consigna que a virtud de él el auto del deman-dante quedó destrozado ascendiendo los desperfectos a $141.84 y que no podría ser explotado por espacio de treinta" días dejando en tal virtud de ganar el demandante trescientos dólares, a razón de diez dólares diarios que le venía produ-ciendo. No consta que los demandados pidieran que el de-mandante alegara detalladamente en qué consistían los des-perfectos. Véase el caso de Torres v. Ramírez, 22 D. P. R. 450, 452.

Y en lo que respecta a la falta de alegación en la demanda de que los demandados dejaron de obrar como un buen padre de familia al escoger su empleado el chauffeur, diremos que en el caso de que tal alegación pudiera tener alguna fuerza, también constituiría una defensa que correspondería alegar y probar al demandado. Véase el caso de Truyol & Compañía v. West India Oil Company, 26 D. P. R. 361, 369.

2. Alega la parte apelante que la corte de distrito actuó sin jurisdicción. La cuantía de la reclamación no llega a quinientos dólares. Esto es cierto, pero como la corte de distrito no conoció originalmente del pleito, sino que el asunto se presentó en la corte municipal y fué en apelación a la corte de distrito, la-jurisdicción de ésta es clara.

La apelante admite que eso es así, pero sostiene que tenía derecho a un juicio en la corte municipal, a otro, de novo, en la corte de distrito, y a una apelación en el Supremo, y que como el pleito en la corte municipal se falló al resolver una excepción y por tanto sin celebración de juicio, con el procedimiento seguido se le privó de su derecho a un juicio en la dicha corte municipal.

No estamos conformes. La sentencia dictada en la corte municipal puso fin a la controversia ante ella suscitada. Si no hubiera sido apelada, dicha sentencia, al igual que si hu-biera sido dictada después de la celebración de un juicio, Ixubiera decidido en definitiva los derechos de las partes. Fue apelada, y la corte de distrito adquirió plena jurisdicción sobre la totalidad del caso. Declaró sin lugar la excepción y entró en la celebración del juicio y dictó la sentencia que ha sido recurrida para ante este Tribunal Supremo.

¿De qué pueden quejarse válidamente los apelantes? Si la cuantía de la reclamación hubiera sido mayor, solo la corte de distrito hubiera intervénido en el juicio. La alegación de los apelantes está, pues, desprovista de todo fundamento.

3. El tercero y último señalamiento de error está desig-nado así en el alegato de los apelantes: “La corte erró al fijar la cantidad de indemnización.”

Se demostró por la prueba que el auto del demandante quedó como dicen los testigos “desbaratado” a consecuencia del choque. “Se le rompió la rueda de atrás derecha, la goma, se le dobló el guarda lodo de atrás y de alante, se le rompió el radiador, la capota destrozada, el winshil se rom-pió, una goma de alante y el tubo también, y una bolladura en la caja,” expresa un testigo. El propio testigo declara que las reparaciones costaron ciento cincuenta dólares y otro que ciento y pico. La prueba es, pues, escasa y vaga sobre el costo exacto de las reparaciones. La corte fijó la suma de ciento cincuenta dólares, pero como en la demanda sólo se reclama por este concepto la de $141.84, creemos que la sentencia no debió conceder más de lo pedido.

En cuanto al otro extremo de la reclamación, se demos-tró que el auto del demandante estaba destinado al trans-porte de pasajeros en San Juan y que trabajaba diariamente obteniendo de veinte y cinco a quince pesos diarios y un pro-medio de beneficio de diez dólares diarios, habiendo estado impedido de ser explotado durante un término de treinta días. Existió, pues, base en la evidencia para que la corte ordenara el pago de la suma de trescientos dólares reclamada en tal concepto.

No existe señalamiento de error en cuanto a la aprecia-ción de la prueba por parte de la corte como demostrativa de la negligencia de los demandados. Esto no obstante he-mos examinado dicha prueba y a nuestro juicio sostiene la sentencia en tal extremo.

Por virtud de todo lo expuesto debe - confirmarse la sen-tencia recurrida pero modificándola en cuanto a la cuantía de la indemnización que debe fijarse en $441.84 en vez de $450.

Confirmada la sentencia apelada, pero redu-cida su cuantía a $441.84 en vez de $450, de indemnización.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

license: Public Domain

text:
    Gandía, Peticionario y Apelado, v. El Pueblo, Opositor y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en recurso de habeas corpus.

    No. 1571.
    Resuelto en febrero 14, 1921.
    Habeas Corpus — Causa Probable para el Arresto — Perjurio.—Cuando la persona arrestada por delito de perjurio alega en una petición de habeos corpus que no existe causa razonable o probable para su prisión, tiene el fiscal que presentar al juez que oye la petición alguna prueba de que la declaración falsa es esencial en el procedimiento en que se prestó, pues si no lo baee así no puede el juez estimar que se ba cometido el delito de perjurio, y por consiguiente que bay causa razonable para la prisión del acusado. La simple alegación de que la declaración falsa era esencial, no es suficiente para establecer la causa probable.
    Los hechos están expresados en la opinión. .
    Abogados del apelante: Sres. R. Días Collazo y José E. Figueras, Fiscales.

    Abogado del apelado: Sr. José de Guzmán Benitez.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Candía Córdova presentó en la Corte de .Distrito de San Juan, Sección Primera, nna solicitud de hateas cor ■pus alegando que había sido detenido por orden del fiscal del mismo distrito por el delito de perjurio sin que exista causa probable para su detención por lo que pidió se orde-nara su excarcelación.

Oído el peticionario y el fiscal la corte ordenó la libertad del detenido y contra esa resolución interpuso el fiscal de distrito el presente recurso de apelación en el que alega que la corte inferior resolvió erróneamente la petición del apelado porque probó causa probable para la detención y porque indebidamente admitió prueba al peticionario.

Para probar el fiscal a la corte inferior que tenía causa probable para la detención de Gandía presentó la siguiente evidencia:

Primera. La denuncia que ante él juró el abogado Caye-tano Coll y Cuchí, que dice así:

“El que suscribe, abogado, presenta ante Yd. a su consideración los hechos relatados a continuación constitutivos del delito de perjurio previsto y penado en nuestro Código Penal, solicitando la correspon-diente investigación del asunto.
“En un pleito seguido ante la Sección Primera de la Corte de Distrito, Pedro Gandía, después de haber prestado juramento en debida forma, maliciosamente y a sabiendas declaró falsamente en la siguiente forma:
“¿Y como es que Yd. era dueño de esas 60 acciones que dice ahí la escritura de liquidación, a título de qué era Yd. dueño de esas 60 acciones? — Al incorporarse la Compañía en junio del 13 se incorporó con 60 acciones a nombre de Stubbe, 60 mías, 3 de Federico Stubbe y 2 de Héctor Cestero según el acta de incorporación.
“¿Eso fué al incorporarse? — Sí señor.
“¿En qué fecha Yd. dice que se verificó esa incorporación? — El 18 de junio de 1913.
“¿Y dice Yd. que en esa incorporación Yd. tenía 60 acciones? — Sí señor.
“¿Cómo las tenía Yd. esas 60 acciones? — Que había contribuido con ellas a la incorporación de la Compañía.
“¿Pero cómo las adquirió Yd? — Pagándolas.
“¿Yd. firmó como incorporador el certificado de incorporación?— Sí señor.
1 ‘¿Ante qué notario? — Ante el Ledo. Coll Cuchí.
“¿Quién más firmó eon Vd? — Los demás incorporadores.
“¿Quiénes eran? — Jobann D. Stubbe, Federico Stubbe y Héctor Cestero.
# '# <# '# <¥> *
“¿El Sr. Gandía recuerda cómo se formó la Porto Rico Fertilizer Company en la cual él era Presidente? — -Se formó con un capital en acciones de 12,500 pesos.
“No le pregunto eso. ¿No recuerda que se formó por virtud de un convenio firmado entre Gandía & Stubbe y una sociedad americana que se llama Virginia Carolina Chemical Company? — Sí señor.
“¿Recuerda quién firmó ese convenio por Gandía & Stubbe? — No recuerdo si lo firmé yo.
“¿Recuerda los términos de ese convenio? — No los recuerdo.
“Vamos a ver si hacemos memoria. ¿Recuerda el Sr. Gandía si se convino que Gandía & Stubbe tomaría 500?
# ' i# * ■# # #
“¿Recuerda el Sr. Gandía si él personalmente como socio gestor de Gandía & Stubbe convino con la Virginia Carolina Chemical Company en organizar una Compañía con 25,000 dollars en acciones para vender abonos, de los cuales necesariamente Gandía & Stubbe tendrían 12,500 dollars en acciones?
# # '# efc ■# #
“¿Recuerda el Sr. Gandía eso' o no? — Lo recuerdo.
“¿Fué así? — Sí señor, pero se dividieron las acciones para cada uno.
“¿Se pusieron acciones a nombre de cada uno? — Se pusieron no, se tomaron a nombre de cada uno.
‘ ‘ ¿ Quién las pagó ? — Nosotros.
“¿Quiénes son nosotros? — Los que las tomaron.
“¿Pero quiénes son? — Johann D. Stubbe.
■ “¿ Johann D. Stubbe pagó cuántas? — 60.
“¿Cuánto pagó por ellas? — 6,000 dollars.
“¿En qué? — Supongo que en dinero.
“¿Vd. como Presidente de la Compañía sabe o no sabe en qué pagó el Sr. Stubbe sus 60 acciones? — Yo me refiero a las cláusulas de incorporación.
“Yo me refiero a la pregunta que le hago. ¿Las 60 acciones de Stubbe Vd. sabe en qué las pagó? — Las pagó en dinero.
“¿Las pagaría no, Vd. sabe o no sabe en qué las pagó? — Yo no sé en qué las pagó.
“¿Las 60 acciones de Yd. en que las pagó? — Con dinero.
“¿Ese dinero lo tenía Yd. en dónde; lo tenía Yd. en el banco?— No recuerdo dónde lo tenía.
tenía en un ropero de su casa? — Supongo que lo tendría allí.
“¿Yd. no se acuerda que también en ese convenio se estipuló que esos 12,500 pesos se pagarían con una finca propiedad de Candía & Stubbe y era donde se iba a edificar' la fábrica de la compañía de abonos; no recuerda que también dice eso el convenio? — No recuerdo que diga eso.
# * # * # # *
“La falsedad de esta declaración consiste en que la Porto Rico Fertilizer Company fué una Corporación que se organizó con arreglo a un convenio firmado entre la Yirginia Carolina Cbemical Company, de Richmond, Yirginia, y la mercantil ‘Gandía & Stubbe,’ cuyo con-venio fué firmado personalmente y negociado en todas sus partes por el dicho Pedro Gandía y en virtud del cual convenio se organizaría una corporación cuyo nombre sería Porto Rico Fertilizer Company y cuyo capital consistiría en ($25,000) veinte y cinco mil dollars dividido en acciones de a cien dollars ($100) cada una; que ese capital sería suscrito la mitad por la Yirginia Carolina Chemical Company y la otra mitad por la mercantil ‘ Gandía & Stubbe; ’ que la mitad correspondiente a la Yirginia Carolina Chemical Company se pagaría en efectivo por dicha Compañía, y que la otra mitad correspondiente a ‘Gandía & Stubbe’ se pagaría en el precio de un solar que era pro-piedad de dicha mercantil situado en Miramar, San Juan, P. R., dándosele a dicho solar un valor de doce mil quienientos dollars ($12,500;) que siendo la propiedad de las acciones de la Porto Rico Fertilizer Company dividida de esta manera entre una sociedad regular colectiva bajo las leyes de Puerto Rico y una corporación, era indispensable que las acciones figurasen a nombre de personas natu-rales que pudieran ocupar los puestos oficiales de la corporación que iba a formarse, a cuyo fin se convino en poner (60) sesenta acciones a nombre de Johann D. Stubbe, (60) sesenta acciones a nombre de Pedro Gandía, (3) tres acciones a nombre de Federico Stubbe y (2) dos acciones a nombre de Héctor Cestero; cuyas acciones a pesar de estar a nombre de estas distintas personas eran sin embargo propiedad de la firma ‘ Gandía & Stubbe; ’ y para dar participación a la Yirginia Carolina Chemical Company en la Junta de Directores se distribu-yeron sus acciones en la siguiente forma: Ciento veinte y dos acciones (122) a nombre de Yirginia Carolina Chemical Compnay, una acción (1) a Charles G-. Wilson, una (1) acción a P. C. Hoffman y una (1) acción a H. W. Wallace.
“A pesar de que el citado Pedro Gandía sabía y le constaba que las acciones que estaban a su nombre fueron puestas en tal forma por virtud de este convenio y que no eran de su propiedad, ni tenía de-recho alguno sobre ellas, maliciosa y criminalmente, con intención de que su declaración influyera en la decisión del pleito número 9463 seguido en la Sección Primera de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan declaró en la forma antedicha.
“Para comprobar esta relación someto a vuestra consideración las siguientes pruebas:
“1. Contrato firmado por el Sr. Gandía y la Virginia Carolina Chemical Company sobre organización de la Porto Rico Fertilizer Company.
“2. Libros con sus entradas originales de la Porto Rico Fertilizer Company.
“3. Cuentas en los libros de la mercantil ‘Gandía & Stubbe’ re-ferentes a la organización de la Porto Rico Fertilizer Company y al: solar vendídole en Miramar, así como las cuentas de dividendos de' la Porto Rico Fertilizer Company en dichos libros.
“4. Declaración de Cay. Coll Cuchí, J. D. Stubbe, Federico Stubbe, Héctor Cestero, S. D. Crenshaw, Charles G. Wilson, Virginia Carolina Chemical Company, P. C. Hoffman y II. W. Wallace.
“Estas últimas cinco, personas son residentes de Richmond, Virginia, pero sus deposiciones pueden ser tomadas por orden de la corte; y si esa Fiscalía lo interesa pueden obtenerse sus declaraciones juradas sobre estos hechos ante un oficial cualquiera de cualquier corte de record de la ciudad de Richmond, Virginia.
“San Juan, P. R., marzo 7, 1920. — Cayetano Coll Cuchí.”

Segunda. Las notas taquigráficas en que consta la decla-ración que prestó Pedro Gandía Córdova en los autos No. 6493, segunda pieza, páginas 17, 18 y 19, que aunque no se han hecho formar parte de la transcripción que tenemos ante nosotros aparece copiada en el escrito de denuncia, según expresa el juez que resolvió la petición en la opinión que con tal motivo escribió.

Tercera. Dos asientos obrantes al folio 271 del libro No. 10 de la mercantil Gandía & Stubbe que literalmente dicen así:

“ACCIONES DE THE PORTO RICO FERTILIZER COMPANY.
“Importe de (125) ciento veinticinco acciones com-pradas a dicha compañía, según certificados exten-didos ayer_i_$12,500.00
“La fecha que ostenta este asiento es la de 18 de diciembre de 1913.
“Terrenos tras Miramar.
“Recibido con fecha anterior de la Porto Rico Fertilizer Company por importe de la venta de un solar situado en Tras Miramar, compuesto de 5,669.28 metros cuadrados, según escritura ante el notario don Cay. Coll Cuchí_$12,500.00”

Cuarta. La declaración de Arturo Trías quien testificó que los asientos anteriores fueron extendidos por él como tene-dor de libros de Gandía & Stubbe.

De la prueba anterior resulta que según los libros de contabilidad de la sociedad mercantil Gandía & Stubbe, de la que era socio Pedro Gandía Córdova, dicba mercantil ven-dió un solar a la corporación Porto Rico Fertilizer Company por precio de $12,500, cuya cantidad invirtió la expresada mercantil en la compra de 125 acciones de la corporación compradora del solar y que el apelado declaró posteriormente en el pleito de que se fia hecho mención que sesenta de esas acciones, que fueron extendidas a su nombre individual, son de su propiedad exclusiva por haberlas pagado con dinero suyo particular.

El juez de la corte inferior ordenó la excarcelación de Gandía fundándose principalmente en no habérsele demos-trado de que la declaración prestada por Gandía era esen-cial en el mencionado pleito. Para rebatir esta conclusión alega el fiscal apelante que en un procedimiento de habeas corpus no tiene que ir tan lejos como presentar prueba de que la declaración falsa es esencial y que aunque esto fuera necesario, de la lectura de los documentos por él presenta-dos diáfanamente se desprende la esencialidad o importancia del testimonio prestado por el peticionario y llama nuestra atención a la declaración jurada del denunciante, a la se-gunda pieza de los autos del pleito mencionado, especialmente a las páginas 17, 18 y 19, y a las manifestaciones que Rizo en la corte inferior al terminar su prueba según las cuales era la que estimaba necesaria para sostener la causa probable sin que fuera toda la que tenía.

Para que se entienda que se ha cometido un delito y para que por tanto pueda ordenarse la prisión de una persona es necesario que haya prueba de todos los requisitos que la ley exige para que el delito exista. Por ejemplo, concretándonos al caso presente, uno de los requisitos exigidos por el artículo 117 del Código Penal en el delito de perjurio es que la de-claración falsa jurada sea esencial en el asunto en que se presta, pues como dijo este Tribunal Supremo en el caso de El Pueblo v. Colón, 10 D. P. R. 210, no basta la declaración falsa-jurada de cualquier hecho sino que el hecho falso ju-rado ha de ser esencial o importante, no siendo suficiente una mera alegación de que tal hecho es esencial. Como con-secuencia de lo expuesto cuando la persona es privada de su libertad por el delito de perjurio y en una petición de habeas corpus alega que no existe causa razonable o probable para su prisión tiene el fiscal que presentar al juez que oye la petición alguna prueba de que la declaración falsa es esencial en el asunto en que se prestó pues si no lo hace así no puede el juez estimar que se ha cometido el delito de perjurio, que hay causa razonable para la prisión por el mismo, y ordenará la excarcelación.

Con respecto al extremo de la esencialidad de la declara-ción de G-andía no existe otra cosa en los autos que la ma.ni-festación del denunciante de que la prestó para que influyera en la decisión del pleito mencionado, lo que no es suficiente-de acuerdo con el caso citado por ser solamente la opinión o el juicio del que suscribió la denuncia, pues el fiscal no presentó prueba alguna sobre dicto particular toda vez que del expresado pleito sólo presentó la segunda pieza del mismo en cuanto a los folios 17, 18 y 19 del récord taquigráfico que contienen la declaración de Gandía, que fue copiada en la denuncia según manifiesta el juez sentenciador, y no tenemos ante nosotros ni el contenido ele esos folios ni la expresada pieza del pleito; y no habiéndose presentado todo el pleito en la corte inferior ni ésta ni nosotros conocemos la natura-leza del mismo para poder determinar que la declaración de Gandía era esencial o importante en él.

En vista de lo expuesto tenemos que concluir que no ha-biéndose presentado por el fiscal prueba alguna respecto a la esencialidad de la declaración prestada por Gandía ni pu-diendo deducirse de las otras pruebas que suministró el fiscal, la corte inferior no cometió error al estimar que no se le había presentado prueba de causa razonable de la comisión del delito de perjurio por Gandía ni al ordenar en conse-cuencia la excarcelación de éste.

Habiendo llegado nosotros a esta conclusión no es nece-sario considerar la otra cuestión propuesta por el apelante porque es subsidiaria de la que resolvemos ya que depende de que hubiéramos estimado que el fiscal había demostrado a la corte inferior que tuvo causa probable o razonable para la detención del apelado.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf j del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Colón, Ex parte, Peticionario y Apelante, y El Pueblo, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en procedimiento de habeas corpus.

    No. 1683.
    Resuelto en febrero 17, 1921.
    Habeas Corpus — Sentencia Dictada en Ausencia del Acusado — Cortes Mu-nicipales. — Tin acusado que ha sido puesto en prisión para cumplir senten-cia dictada por una corte municipal sin que se hallara presente en el acto del juicio ni en el del pronunciamiento de la sentencia, lo ha sido ilegalmente y puede obtener su libertad mediante el recurso • de Tiabeas corpus.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. A. Fiol Negrón.

    Ahogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Epifanio Colón, de Villalba, P. ít., presentó una solicitud de habeas corpus en la Corte de Distrito de Ponce, pidiendo que se 'le pusiera en libertad porque la prisión que sufría era ilegal, consistiendo la ilegalidad en que había sido con-denado por la Corte Municipal de Juana Díaz en virtud de un juicio celebrado en su ausencia.

Se expidió el auto. Se practicó prueba, y la corte de distrito finalmente desestimó la solicitud. El peticionario apeló entonces para ante este tribunal. El Fiscal del Supremo se adhirió al recurso.

De la prueba practicada resulta que Epifanio Colón fué condenado como autor de un delito de juegos prohibidos. La sentencia condenatoria, copiada en lo pertinente, dice así:

"En cuanto al acusado no compareciente Epifanio Colón, ha-biendo presentado el Policía Insular, Gustavo Alfaro una declaración jurada de que dicho acusado fué citado por él, se prosiguió la vista de la causa en cuanto a dicho acusado. Examinada la prueba de cargo, la corte lo declaró culpable del delito que se le imputa, y dictó sentencia contra él imponiéndole un mes de cárcel.”

Declarando bajo juramento el peticionario y contestando a preguntas del fiscal, se expresó así:

‘ ‘ Fiscal: P. ¿ Por qué usted no compareció a la Corte cuando lo citó el policía? — R. Estaba enfermo.
“P. ¿El policía lo citó? — R. Me citó ocho' días antes y estaba enfermo.
“P. Usted no avisó a la Corte que estaba enfermo? — R. Yo llevé el certificado del médico.
“P. ¿Después del juicio? — R. Después del juicio.
“P. ¿Usted no pidió que se transfiriera la fecba del juicio a la corte ? — R. Como yo no sabía nada de eso, me exigieron fiadores para hacer la apelación y yo puse los fiadores, pero no sé lo que pasó que ahora, después que estaba trabajando volvieron y me condujeron aquí. Yo con el certificado en el bolsillo. Se lo presenté al juez.
“P. ¿Pero usted nunca compareció a la corte a pedir que se transfiriera la celebración de su juicio» para otra fecha? — R. No, señor, si no me dijeron más nada.
“P. ¿Y cuando lo arrestaron usted no apeló? — R. Porque no me dejaron. x
“P. ¿Quién no lo dejó? — R. El marshal me echó por delante enseguida; no> me dejó ni atender a una venta que yo tenía.”

Es de sentirse que no se comprobara la forma en que el policía citó al acusado. Cuando se cita a una persona para que responda de un cargo, la ley requiere que se le notifique de ese cargo. Un simple aviso de un policía a un ciudadano para que comparezca en determinado día ante una corte de justicia, no sería en manera alguna suficiente para tramitar una causa criminal en ausencia de la persona así citada y dictar contra ella sentencia condenatoria. Yéase el artículo 24 del Código de Enjuiciamiento Criminal, Comp. 1911, pá-gina 1000.

Pero partiendo de la base de que el peticionario fue de-bidamente citado, aún así, opinamos que la sentencia dictada en su ausencia es enteramente nula.

Es cierto que el artículo 179 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone qne si se trata de nn misdemeanor podrá celebrarse el juicio sin qne se baile presente el acnsado, y qne el 311 del propio cnerpo legal prescribe qne la sentencia en nn caso de misdemeanor podrá pronunciarse en ansencia del acusado.

Pero tales artículos se refieren a las cortes de distrito en donde la cansa se inicia mediante acusación qne se lee al acnsado, de snerte qne cnando llega el trámite del jnicio y el del pronunciamiento de la sentencia, ya el acnsado ba sido notificado con copia de la acusación, ya conoce el cargo que se le baee y ya ba tenido oportunidad de formular las peticiones y alegaciones que autoriza la ley.

En la corte municipal el procedimiento es distinto. Se inicia la causa por una denuncia. Se cita al denunciado y generalmente el mismo día en que comparece se celebra el juicio, y el denunciado es condenado o absuelto. Por eso la ley, — artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal, tal como'quedó enmendado por la ley de 12 de marzo de 1903, página 43, y la de 12 de marzo de 1908, página 53, — expresa-mente dispone que “tanto la celebración del juicio como el acto de dictar sentencia se barán en presencia del acusado.” Se refiere el legislador al procedimiento en los juzgados de paz. que es el aplicable a las cortes municipales.

Parecida distinción existe en el Estado de California. Las secciones 1043 y 1193 del Código Penal de dicho Estado son iguales a los artículos 179 y 311 del nuestro que dejamos citados, y la sección 1434 que forma parte del título XI que trata de los procedimientos “in justices’ and police courts’f contiene la siguiente disposición: “el acusado debe bailarse personalmente presente antes de que pueda proseguirse el - juicio, ’ ’ similar a la contenida en el artículo 29 de nuestro código, aunque la del nuestro es más terminante y tiene mayor extensión.

Por virtud de lo expuesto debe revocarse la resolución recurrida y dictarse en su lugar otra decretando la libertad del peticionario.

Revocada la resolución recurrida y decretada la libertad del peticionario.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y HutcMson.


author: El Juez Asociado Sr. ^AtchisoN,

text:
    Polanco, Demandante y Apelado, v. Goffinet et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre nulidad de procedimiento ejecutivo hipo-tecario.
    No. 2193.
    Resuelto en febrero 25, 1921.
    Nulidad de Procedimiento Ejecutivo Hipotecario — Hipoteca Garantizando Crédito Refaccionario — Certeza, Exigibilidad y Cuantía Líquida del Cré-dito Hipotecario Reclamado. — Alegándose en el escrito inicial del procedi-miento sumario instado para ejecutar hipoteca constituida para garantizar un préstamo refaccionario que el saldo redamado había sido previamente liquidado de conformidad con el deudor, cuando tal hecho es un elemento esencial de la base en que descansa la institución y mantenimiento de la ac-eión, y habiéndose probado en el juicio declarativo instado por el ejecutado reclamando daños y perjuicios que tal alegación era falsa, el procedimiento ejecutivo es nulo y el ejecutante está obligado a indemnizar los daños y perjuicios que sufra el ejecutado como consecuencia del procedimiento.
    Id. — Daños y Perjuicios Causados al Deudor Indebidamente Ejecutado. — La pérdida sufrida por un deudor hipotecario ejecutado durante todo el tiempo que estuvo privado de la posesión de la finca es el resultado directo del he-cho injustificado y malicioso de acudir ilegalmente al procedimiento suma-rio ejecutivo, siendo al mismo tiempo un método razonable de estimar los daños y perjuicios causados.
    Id. — Partes Demandadas. — Cuando un acreedor ejecutante que es demandado por el deudor en redamación de daños y perjuicios con motivo de la ejecución, quiere traspasar su responsabilidad a los compradores de la propiedad eje-cutada, debe solicitar que éstos sean incluidos como demandados a fin de que pueda fijarse su responsabilidad después de ser oídos y vencidos.
    Los becbos están expresados en Ja opinión.
    Abogados del apelado: Sres. Sarmiento, Rodrigues Serra y Puig.

      Abogado de los apelantes: Sr. II. G. Molina.

   El Juez Asociado Sr. ^AtchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

En abril 11 y julio 17 de 1912, el demandante José Ja-cinto Nicolás Polanco convino con la “Central Santa Juana,” de Cagnas, en sembrar para ser entregadas a dicba central durante las zafras de 1913 a 1917 inclusives, 250 cnerdas de caña y para entregar en cada una de las zafras de 1914 y 1915, cien cuerdas. De acuerdo con la liquidación de cuen-tas, por virtud de un contrato sobre anticipos refaccionarios que también lleva feclia de abril 11, 1912, en marzo 17, 1914, Polanco ya había recibido de y debía a August y Constance G-offinet la suma de $15,725.55. En la escritura de fecha marzo 27, 1914, después de consignarse estos hechos, se pro-cede a abrir una nueva cuenta con un crédito adicional de $14,274.45, que forma un total de $30,000, para garantizar el pago del cual, con sus intereses al diez por ciento anual y un crédito adicional de $500 para costas, gastos y honorarios de abogado, el demandante Polanco constituyó a favor de sus referidos acreedores una tercera hipoteca sobre las fin-cas sembradas o que habían de sembrarse, como queda expre-sado y por el término y bajo las condiciones siguientes:

“(a) La cantidad de dinero restante de los treinta mil dollars, descontando los quince mil setecientos veinte y cinco dollars cincuenta y cinco centavos, o sean catorce mil doscientos setenta y cuatro dollars cuarenta y cinco centavos, quedan en poder de los acreedores hipote-carios Barones August y Constant Goffinet, para ir tomando a cuenta corriente el deudor señor Polanco ese dinero, con destino a las, plan-taciones, de cañas, en la forma que expresará. Todo- el azúcar que se obtenga de las cañas a moler en la actual zafra, se aplicará total-mente al reembolso de su cuenta, sin ninguna limitación, traspasán-dose el saldo que resulte al terminar la zafra corriente, como un ■anticipo aplicado' a la zafra próxima, de mil novecientos quince.
“(6) Como el señor Polanco está obligado a entregar todas las cañas de esta cosecha a la Central Santa Juana, los hermanos Barones August y Constant Goffinet convienen en facilitarle a dicbo señor Polanco, como ayuda o compesaeión un dollar por cada tonelada de caña de azúcar que entregue, liquidándosele el dinero a percibir pós-ese concepto, semanalmente; y el montante que se hubiere anticipad© con motivo del corte y arrimo para su molienda, durante la actual zafra, correrá en aumento del saldo de mil novecientos catorce, para su completo pago en el mil novecientos quince.
“ (c) Los hermanos Goffinet seguirán haciendo, con cargo a la cantidad convenida en este contrato de hipoteca, los anticipos nece-sarios para el corte y arrimo, siembra, cultivo y mejoramiento de las cañas desde mil novecientos quince en adelante, de acuerdo con los contratos que tiene celebrados y vigentes el señor Polanco con la Sociedad Anónima des Sucreries de Saint Jean, bajo la estimaclóm de cincuenta dollars por cuerda de plantilla, y veinte y cinco dollars por cuerda de tocón; pero siendo convenido y pactado que esos anti-cipos se servirán a medida que el señor Polanco vaya realizando sus trabajos agrícolas y a juicio del Director de la Central Santa Juana^ las plantaciones en cultivo justifiquen y garanticen la cantidad exi-gida, y cuando tenga lugar el corte y arrimo de las predichas eafias„ a los vagones para su conducción a las oficinas de molienda de la Central.
“ (d) El dinero que el señor Polanco esté adeudando con arreglo a la oportuna liquidación al finalizar la zafra de mil novecientos quince, por los anticipos ordinarios efectuados durante la misma, o sea lo que haya percibido para el cultivo de las cañas, lo. satisfará con todo el azúcar que las expresadas cañas produzcan en la zafra de mil novecientos quince, quedando los hermanos Goffinet, o quienes sus derechos y acciones representen en Puerto Rico, expresamente facultades, sin reserva alguna, para vender por cuenta del señor Po-lanco dicho producto azucarero; y el exceso eventual que entonces resulte vendrá en reembolso del saldo de mil novecientos catorce,, compuesto del traspaso y del dinero anticipado por el corte y arrime del mismo.
(e) El señor Polanco reembolsará en la misma forma los dineros debidos por esos mismos conceptos en las zafras subsiguientes; pero es entendido que indispensablemente, a más tardar el treinta y uno de julio de mil novecientos diez y siete, saldará totalmente a dichos acreedores señores hermanos Goffinet la integridad de su deuda, con más el interés convenido.
“ (/) Si durante cualquier zafra, las partes, puestas de acuerdo, resolvieron dejar algunas cañas plantadas, sin moler, por no tener la condición necesaria para la molienda, dichas cañas en ese caso se valorarán, y el importe estimado de los anticipos recibidos sobre dichas cañas por el señor Polanco, se traspasará al año siguiente, para re-embolsarlo durante la zafra en que se molieren dichas cañas.
“ (g) Si al terminar la zafra de mil novecientos quince, o la de mil novecientos diez y seis, o en cualquiera de ellas, el deudor señor Polanco no hubiese reembolsado el montante de los anticipos ordi-narios, o sea los causados por razón de siembra, cultivo, arrimo y corte, por esa circunstancia se entenderá vencida la presente obli-gación hipotecaria, pudiendo los acreedores hermanos Goffinet, por su representación ,en esta isla, ejercitar el cobro de su crédito total y a la ejecución de la hipoteca, por el procedimiento sumario que establece la Ley Hipotecaria y su Reglamento.”

En agosto 24, 1917, se establecieron mediante petición procedimientos sumarios para ejecutar esta hipoteca en los • que se alegaba entre otras cosas—

“Que el día primero de los corrientes, los demandantes ejecu-tantes .de conformidad con el ejecutado, liquidaron la cuenta de refacción garantizada por la hipoteca antes referida, resultando que en la citada fecha primero de los corrientes arrojaba un saldo a favor de los demandantes de diez y ocho mil doscientos ochenta y seis dollars cuarenta y seis centavos.”

En esta alegación también se ofrecía en la forma acos-tumbrada, indemnizar—

“Cuantos daños y perjuicios se irroguen al deudor o terceros interesados, por malicia o negligencia en la fiel exposición de los hechos relacionados.”

En agosto 27, 1917, solicitó Polanco que la corte dejara sin efecto la orden dictada el 24 de ese mes ordenando el pago de la suma que los acreedores hipotecarios alegaban se debía, apercibidos de ser vendida la finca hipotecada en pública .subasta caso de no verificarse el pago, por los si-guientes fundamentos:

“I. El escrito inicial del procedimiento hipotecario promovido por los hermanos August y Constant Goffinet, demandantes ejecu-tantes en este caso, no se ajusta a los requisitos señalados en el artículo 169 del Reglamento para la aplicación de la Ley Hipotecaria vigente en Puerto Rico.
‘ ‘ Primero: Porque no se acompaña el título del crédito reclamado.
“Segundo: Porque en el escrito inicial se omite señalar categóri-camente las cantidades ciertas cobradas en concepto de intereses o a cuenta del capital de la deuda.
‘ ‘ Tercero: Porque no consta en documento auténtico cuál sea el importe exacto líquido y exigible de la deuda.
“II. Alega además el demandado ejecutado, que en el referido escrito inicial los demandantes han expuesto falsa y maliciosamente en el párrafo tercero, que el día primero de los corrientes, ■ los de-mandantes de conformidad con el ejecutado liquidaron la cuenta de refacción garantizada por la hipoteca. Tal alegación de los deman-dantes es absolutamente falsa y sólo ha podido hacerse con ánimo de inducir a la corte a dictar la orden de requerimiento de pago, cuya reconsideración el demandado solicita.”

Los acreedores hipotecarios impugnaron esta moción por el fundamento, entre otros—

“Qiue el procedimiento ejecutivo hipotecario no puede suspen-derse sino por los motivos taxativamente mencionados en el artículo 175 del Reglamento de la Ley Hipotecaria.”

La razón que realmente informa la orden que niega la moción es la contenida en los siguientes párrafos: nizados y garantizados. La misma ley que le probibe al deudor suspender o entorpecer el procedimiento, le señala el camino de pro-teger sus intereses. Sólo respetando la integridad de este procedi-miento hipotecario, es como se realiza el espíritu de la Ley Hipo-tecaria que no es otro, sino el de afianzar y promover el crédito territorial, mediante la seguridad de la hipoteca y la expedita eje-cución de su pago. ’ ’ Banco Territorial y Agrícola v. Cuevas, 8 D. P. R. 566; 20 D. P. R. 194; 18 D. P. R. 274.

“Si esta corte reconsiderase el auto de requerimiento librado en este caso, y resolviese que por los motivos alegados por el ejecutado no debe despacharse ejecución, equivaldría a resolver que es nula la orden de requerimiento. Y el artículo 175 del Reglamento Hipote-cario que hemos transcrito, establece expresamente: ‘que todas las reclamaciones que versen sobre nulidad del título o de las actuaciones, se ventilarán en el juicio plenario que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento ejecutivo.’
“El deudor ejecutado no queda sin protección en virtud de este precepto. Sus intereses y los del acreedor están perfectamente armo-

La «rclen decretando la venta fné dictada el mismo día en que se dictó la orden que acabamos de citar o sea en octu-bre 2, 1917. La propiedad fué vendida en octubre 25 por la suma de $19,202. En el ínterin, o sea en 9 de octubre de 1917, estableció Polanco una acción para anular el proce-dimiento sumario a que hemos hecho referencia, para que se cancelasen todas las inscripciones que se hubieran hecho en el registro de la propiedad con motivo del mismo, y en reclamación de daños y perjuicios con costas, desembolsos y honorarios de abogado.

La teoría de la demanda presentada en este caso en tanto se trata de la nulidad del procedimiento ejecutivo se destaca suficientemente del cuarto y quinto párrafos de dicha alega-ción, los cuales son como sigue:

“IV. Que los demandados, si bien inscribieron en el registro de la propiedad el citado contrato de 27 de marzo de 1914, al folio 154 del tomo 16 de G-urabo inscripción 9a. finca 301 no han hecho constar por medio de nota marginal, ni por otro alguno, en el mismo registro, el haberse contraído por el demandante las obligaciones futuras con-signadas en este último contrato. Y así sin constar del registro de la propiedad la subsistencia y efectividad de la hipoteca constituida por el demandante, han promovido ante esta corte un procedimiento de ejecución de dicha hipoteca, de acuerdo con la ley y reglamento hipotecarios, sobre la referida finca de la propiedad del demandante, en cobro dé la suma de $18,286.46, sin antes haber procedido a una liquidación de cuentas de las operaciones de refacción ajustada a los contratos mencionados en los párrafos segundo y tercero de esta demanda.
“V. Que en el mencionado procedimiento ejecutivo hipotecario los demandados, ejecutantes, en su escrito inicial omitieron señalar categóricamente las cantidades ciertas cobradas al deudor, aquí de-mandante, en concepto de intereses o a cuenta del capital de la deuda. No acompañaron, como debían, al referido escrito inicial, el título del crédito reclamado. Tampoco presentaron con dicho escrito un docu-mento auténtico y fehaciente en que constase el importe exacto, lí-quido y exigible de la deuda. Y, además, alegaron falsamente, en el mismo escrito, que el día primero de agosto de 1917 los deman-dados, de conformidad con el ejecutado liquidaron la cuenta de refacción garantizada con la hipoteca. El demandante alega que dicha cuenta no ha sido liquidada de conformidad por ambas partes interesadas, sino que, por el contrario, los aquí demandados, ejecu-tantes hipotecarios, fijaron la suma de $18,286.46 como saldo a su favor, de una manera arbitraria y en violación de los contratos citados. ’ ’

Los hechos declarados probados y las conclusiones a que llegó el juez sentenciador son los expresados por él como signe:

“De las alegaciones de las partes y de la prueba practicada resulta, que el demandante Polanco constituyó una hipoteca, como obligación accesoria para responder del montante que pudiera quedar adeudando a los demandados por virtud de un contrato de anticipo sobre planta-ciones de cañas de azúcar que vencería el año mil novecientos dieci-siete, debiendo, en el plazo de cinco años porque se estableció dicho contrato, percibir los demandados como lo percibieron, el producto de la venta de todos los azúcares que produjeran las cañas del de-mandante. Yencido tal contrato, los demandados G-offinet sin liquidar previamente con el demandante la cuenta de refacción, y advertidos de la omisión de abono de cantidad que debieron acreditar al refac-cionado, así como el exceso de cargo en la partida de intereses, y de otras circunstancias que les hiciera notar el demandante, los referidos demandados instaron un procedimiento ejecutivo hipotecario contra el demandante Polanco por un saldo de dieciocho mil doscientos ochenta y seis dólares cuarenta y seis centavos, fijado por los de-mandados exclusivamente, quienes comparecieron ante la corte, ale-gando que la cuenta había sido liquidada de conformidad con el refaccionado, y en tal virtud obtuvieron de este tribunal, que descansó en las alegaciones contenidas en el escrito inicial del procedimiento ejecutivo hipotecario, la correspondiente orden de requerimiento diri-gida al deudor.
“Poco después de espedida la orden de requerimiento, el Juez propietario de esta corte, obtuvo una licencia de dos meses para tras-ladarse a los Estados Unidos, y fue nombrado para sustituirle, con carácter de interino, el Hon. Rafael Rivera Zayas, ante quien com-pareció Polanco, ejecutado y demandante en este caso, en solicitud de que se reconsiderase la orden de requerimiento de pago por haberse éMenido dicha orden en virtud de una exposición de hechos falsa y maliciosa; a cuya moción de reconsideración se opusieron los deman-dados, y entonces ejecutantes, alegando entre otros motivos de oposi-ción, que el ejecutado tenía abierto el camino que establece el artículo 175 del Reglamento Hipotecario para obtener, si fuere perjudicado, adecuada indemnización. La corte declaró sin lugar la moción de reconsideración y el juicio ejecutivo continuó por todos sus trámites, hasta venderse en pública subasta en veinticinco de octubre de mil novecientos diecisiete, la finca del demandante' objeto del procedi-miento hipotecario.
“De un examen cuidadoso de los hechos expuestos en armonía con la ley aplicable al caso, es de notarse que los demandados daffinet no podían legalmente iniciar para el cobro de su crédito el procedimiento sumario, pues no habiendo aceptado el deudor Po-lanco el saldo de dieciocho mil doscientos ochenta y seis dólares con cuarenta y seis centavos, claro está que faltaba la condición indispensable exigida por el artículo 169 del Reglamento Hipotecario. IT que no hubo tal liquidación ni tal conformidad, aparece no sólo por la declaración del demandante Polanco, sino por la del propio acoderado de los demandados, quien manifestó no haberse llegado a, un acuerdo en virtud de diferencias en el cómputo de los intereses y en la aplicación, del tanto por ciento al liquidar las cañas molidas en. la central, y con cuyo producto había de hacerse los reintegros a los demandados de acuerdo con los contratos de refacción. Geo. P. Plant Milling Company v. Navas, 22 D. P. R. 263.
“Cierto es que la corte pudo haberse negado a expedir el auto ■de requerimiento, pero el Juez, habiéndose alegado en el escrito inicial que la cuenta había sido liquidada de conformidad con el ejecutado, tenía derecho a descansar en esa aseveración.
“Las omisiones de que se ha hecho mención son bastantes a viciar de nulidad el procedimiento ejecutivo hipotecario de acuerdo eon la letra y el espíritu del artículo 128 de la Ley Hipotecaria era relación con el 169 de su reglamento.
"Conjuntamente con la acción sobre nulidad del procedimiento ejecutivo hipotecario, estableció el demandante una reclamación sobre daños y perjuicios, fundada sin duda en las disposiciones del mencionado artículo 169 de la Ley Hipotecaria que impone al ejecu-tante la obligación de cumplir determinados requisitos al iniciar el procedimiento y sujetando al acreedor hipotecario a indemniza?' cuantos daños y perjuicios irrogare al deudor o a terceros intere-sados por malicia o negligencia en la fiel exposición de los hechos y circunstancias que ha de apreciar el Juez para autorizar el procedi-miento y para continuarlo.
"Y los demandados consignaron en su escrito inicial la obliga-ción de indemnizar al deudor o a terceros interesados, por malieia. o negligencia en la fiel exposición de los hechos relacionados. JT no obstante esta protesta del acreedor hipotecario, es lo cierto que en el mencionado escrito se alegó falsamente que los acreedores eje-cutantes de conformidad con el ejecutado, liquidaron la cuenta de refacción garantizada por la hipoteca, cuya liquidación de acuerdo con el escrito inicial arroja un saldo a favor de los acreedores pol-la suma de dieciocho mil doscientos ochenta y seis dólares cuarenta y seis centavos. Y la corte sostiene ahora que los demandados en este litigio fueron negligentes porque la negligencia nace de la in-fracción de un deber que ellos tenían para con el demandante Po-lanco, el deber de observar estrictamente los requisitos indispensables que determinan los preceptos de la Ley Hipotecaria y dé su reglamento a que hemos hecho referencia. Y sostenemos asimismo que ha habido malicia por parte de los acreedores, señores Barones de Goffinet, no solamente en la manera infiel de exponer los hechos, y circunstancias que habría de apreciar la corte que concedió la orden de comenzar el procedimiento hipotecario, sino en la actitud por ellos asumida cuando el deudor hipotecario, ante el peligro de perder en un procedimiento sumario la posesión de six patrimonio, acudió solícito al tribunal en demanda de protección para sus inte-reses amenazados.
"Y en cuanto a este aspecto del litigio no hay otra prueba ante la corte que la del propio demandante, pues la parte demandada no introdujo evidencia alguna en refutación de la establecida por la parte actora, con la cual se ha tratado de establecer que el deman-dante Polanco ha sufrido con motivo de la desposesión de su finca, daños y perjuicios que se especifican de la manera siguiente:
Gastado en arado-$ 3,015.00
Gastado en semillero- 2,375.00
Producto del semillero_ 4,000.00
Gastado en construcción de nueve ranchos- 7,750.00
Frutos civiles debidos producir desde octubre 25 de 1917
a enero 25 de 1919, a $349.20 cada mes_ 5,238.00
Total_$22,078.00
De estos apartados encontramos exagerados aquéllos que tienden a calcular lo gastado en arados, semillero y producto de semillas, entendiendo la corte que procede de una manera equitativa al fijar la cuantía de las mismas en la mitad de la suma reclamada por el demandante, haciendo por tanto un montante de cuatro mil seiscientos ochenta y cinco dólares. La partida de siete mil setencientos cin-cuenta dólares importe de lo gastado en la construcción de nueve ranchos, debe ser desestimada porque estos ranchos debieron formar parte del fondo reclamado, y si el demandante ha de recobrar la posesión de dicho fondo, es natural que lo obtenga con las construc-ciones que dicha finca tenía al tiempo del remate. Y por lo que hace a la partida de cinco mil doscientos treinta y ocho dólares que se ha-fijado como montante de los arrendamientos debidos producir, entiende la corte que no debe alterarla porque la prueba en este respecto hai establecido ese hecho como una cosa concluyente, no sujeta a la apre-ciación de peritos sino de una manera categórica y firme, y no habién-dose controvertido dicha prueba, la corte debe aceptar el resultada de la misma como justa y razonable.”

Los acreedores hipotecarios interpusieron apelación de la sentencia dictada contra ellos y alegan que se han come-tido los siguientes errores:

“1. La corte erró al declarar (a) que los demandados ejecutaron la hipoteca ‘sin liquidar previamente con el demandante la cuenta de refacción,’ y que fijaron el saldo de la misma exclusivamente; (Z>) al declarar aparentemente que los demandados omitieron abonar can-tidades que debieron acreditar al refaccionado; (c) al declarar que había exceso en el cálculo de intereses, y (cü) al declarar que habían algunas otras circunstancias que les hiciera notar el demandante.
“2. La corte erró al declarar que los demandados Goffinet no podían legalmente cobrar su crédito por el procedimiento ejecutivo' hipotecario, porque el deudor Polanco no había aceptado el saldo-de-$18,286.46 que, según la corte, era ‘condición indispensable exigida por el artículo 169 del Reglamento Hipotecario.’
“3 . La corte erró al condenar a los demandados a pagar daños y perjuicios.
“4. La corte erró al fijar los daños y perjuicios en la suma de $9,923.
“5. La corte erró por no haber resuelto y ordenado que los com-pradores de la finca, Jacinto y Florencio Polanco, que la adquirieron con conocimientos de la nulidad alegada en esta demanda, debieron rendir cuenta al demandante de los beneficios netos producidos por la misma desde el día del remate, octubre 25, 1917, hasta la fecha de su reintegro y pagar el montante de los mismos al demandante, menos intereses a un tipo razonable sobre el precio de $19,202.
“6. La corte erró o cometió abuso de discreción, al condenar además a los demandados a pagar los honorarios de los abogados del demandante. ’ ’

Para los fines de esta opinión puede admitirse, aunque sin resolverse, que el derecho de los acreedores hipotecarios para exigir el pago de cualquier saldo debídoles y a ejecutar la hipoteca no dependía de la liquidación de cuentas entre Polanco y la Central Santa Juana por virtud del contrato de molienda. Solamente dos testigos, a saber, el demandante en su propio interés y el apoderado de los acreedores hipo-tecarios a nombre de la defensa, declararon respecto a la pretendida liquidación de la cuenta sobre anticipos refaccio-narios. Después de un examen cuidadoso de esta prueba no podemos decir que la corte inferior cometió manifiestamente un error al declarar que los procedimientos de ejecución de hipoteca fueron establecidos “sin liquidar previamente con el demandante la cuenta de refacción,” o que la cuestión rela-tiva al importe de los intereses que según admitió el testigo de los demandados se discutían era tan insignificante que está comprendida en el principio de de minimis non curat lex.

Dejando a un lado la escueta manifestación de que la hi-poteca “fué constituida para garantizar un préstamo refac-cionario de $30,000 hecho por los acreedores hipotecarios al deudor hipotecario, ” y la referencia a un saldo liquidado, la demanda de ejecución de hipoteca no contenía absolutamente nada que demostrara o la cantidad adelantada, si alguna se adelantó, cualquier crédito sobre dicha cantidad, cualquier saldo debido por ella o siquiera la existencia-de la cantidad misma. Siendo esto cierto, cualquier error que pueda exis-tir en los demás particulares mencionados en el primer seña-lamiento no parecería perjudicial si el lenguaje del juez sen-tenciador arriba expresado está sujeto a la interpretación que le dan los apelantes.

El razonamiento alegado en el segundo señalamiento trata de establecer una diferencia entre la certeza de la deuda a que se refiere el artículo 169 del Reglamento de la Ley Hipo-tecaria y su importe, y evitar así la aplicación de la doctrina anunciada en el caso de George P. Plant Milling Company v. Navas, 22 D. P. R. 273. Los apelantes dicen además que ni se" llamó la atención de la corte ni consideró en ese caso la cuestión de tal distinción, ni la de dejar sin efecto la venta a diferencia de la mera negativa a ordenarla. Se sugiere que sobre la cuestión de dejar sin efecto una venta en ejecu-ción de hipoteca “las irregularidades en el procedimiento original o en su notificación, que no eqidvalgan a defectos fatales de jurisdicción,” no pueden ser consideradas y que “no se establecerá acción por razón de ningún defecto o irre-gularidades que no invaliden él título del comprador,” y se cita el tomo 27 de Cye., página 1712. Se indica además, por vía de analogía, “que para que pueda él tener derecho a un injunction por el fundamento de que la reclamación del acree-dor hipotecario es excesiva, el deudor deberá haber ofrecido el pago de la suma que él reconoce deber o deberá hacer el ofrecimiento en su demanda de pagarla,” citándose el tomo 19 R. C. L. 618. El caso de Fleitas v. Richardson, 147 U. S. 538, se cita asimismo extensamente para demostrar que a los fines de la jurisdicción conferida por el Congreso a las Cortes de Circuito de los Estados Unidos cuando las partes son ciudadanos de diferentes Estados el procedimiento eje-cutivo que prevalece en Louisiana “es la acción civil inter partes.” No pretenderemos seguir al abogado de los ape-lantes en los pormenores de sn muy interesante e ingenioso razonamiento en estos particulares ni hemos tratado aquí de otra cosa que no sea indicar someramente la tendencia general de los mismos. Será bastante con decir que no hemos pasado por alto el razonamiento semejante fundado en los principios generales de la jurisprudencia española, la his-toria de la Ley Hipotecaria y la diferencia entre ellos como sustantivos y el procedimiento del reglamento de la Ley Hi-potecaria para su cumplimiento. Considerar y contestar a todo esto en detalle extendería demasiado esta opinión.

Ningún caso ya resuelto ni ninguna autoridad española que se relacione directamente con la cuestión nos han sido presentados. El caso que tenemos ante nos no es un proce-dimiento en equidad para impedir una venta por una suma en exceso de la verdadera deuda. Y las autoridades ameri-canas que tratan de ejecuciones de hipotecas en equidad en las que el deudor hipotecario tiene la oportunidad de defen-derse alegando cualquier fundamento justo y razonable antes de que se dicte la orden, y donde todas las partes inte-resadas tienen una oportunidad amplia de ser oídas después de la venta y antes de que la misma sea ratificada, o de otro modo en muchos casos puede redimir la propiedad aún des-pués, tienen únicamente poca o ninguna fuerza persuasiva en esta jurisdicción en un caso en que los acreedores hipote-carios han elegido, y a pesar de la oportuna objeción y ver-dadera protesta del deudor, insistido y negado a abandonar el procedimiento sumario de la Ley Hipotecaria. Hna sola excepción a esta regla general aparece en las Decisiones de Louisiana, la que parece sostener tanto la doctrina enunciada por esta corte en el caso de Plant Milling Company v. Navas, como la conclusión a que llegó el juez sentenciador en el presente caso.

En el caso de Plant Milling Company resolvimos en sus-tancia que de acuerdo con la letra y el espíritu de la Ley Hipotecaria antes de que pueda dictarse orden de ejecución deberá probarse la deuda de un modo indiscutible en alguna forma específica y auténtica, y que una cuenta jurada no suple este requisito.

En el caso de Day v. Fristoe, 7 Martin (serie anterior) 239, la Corte Suprema de Louisiana dijo bace más de cien años que “el privilegio de proceder por ejecución es un remedio concedido por la ley española en casos en que el demandante posee un título que implica una confesión de la sentencia.”

En el caso Wray v. Henry, resuelto en agosto de 1821, se Indicó lo siguiente:

“Un juez en cámara no puede juzgar una cuestión de becho, un asunto fuera de la corte, o sea la verdad o legitimidad de un endoso, o la firma de una parte bajo su autoridad (sous seing prive). Todos los beebos positivos en un caso como el presente deben quedar esta-blecidos ante él por actos auténticos. El negativo, o sea que el dinero no lia sido pagado, está ante él, necesitaba probarse por el juramento del acreedor aunque hablando en términos generales uno no esté obli-gado a probar una negación.
“Si la orden de embargo fué expedida impropiamente el deman-dado sólo tenía que probar esto para procurar que fuese anulada. No necesitaba entrar en los méritos del caso.”

Eu el caso de Ward v. Douglass, 22 La. Ann., página 463, se resolvió según expresa el sumario, que — ■

“Cuando las obligaciones hipotecarias han sido entregadas a fac-tores o comisionistas para garantizar adelantos hechos y materiales suministrados a un agricultor y se formula una cuenta y un balance que muestran el importe adeudado por el agricultor, el comisionista no puede acudir al procedimiento ejecutivo, para el cobro del saldo que se reclama como debido aún cuando exista una hipoteca en ga-rantía del saldo.
“En tal caso debe obligarse al factor a probar la certeza de su cuenta en oposición a lo que alegue el agricultor.”

Véanse también los casos de French v. The Mechanics and Traders Bank, 4 La. Ann. 152; Hoffman v. Steib, 22 La. Ann. 267; Van Raalte v. The Congregation of the Mission, 39 La. Ann. 617 y Bank of Leesville v. Wingate, 123 La. Rep. 387.

Tampoco podemos convenir con los apelantes en qne el procedimiento ejecutivo en Louisiana es más bien un proce-dimiento ex parte que el sumario de la Ley Hipotecaria. En esta Isla se permite al deudor presentar o prueba documen-tal “de un procedimiento criminal por falsedad del título hipotecario en cuya virtud se proceda, en qne se haya admi-tido querella o dictado auto de procesamiento,” o sino un certificado del registrador “expresivo de quedar cancelada la hipoteca en virtud de la cual se proceda, o copia autén-tica de la escritura pública de cancelación de la misma, con la nota de presentación en alguno de los registros en donde se haya de tomar razón de ella, otorgada por el autor o por sus causantes o cansaliabientes, acreditándose también docu-mentalmente el título de transmisión en su caso.” En el primer caso “subsistirá la suspensión hasta que termine la causa criminal, pudiéndose reanudar entonces el procedi-miento si no quedase declarada la falsedad. ’ ’ En el segundo caso, “el juez convocará a las partes a una comparecencia, debiendo mediar cuatro días desde la citación; oirá a las partes, admitirá los documentos que presenten, y acordará en forma de auto lo que estime procedente dentro de segundo día. ’ ’

Y en ambos efectos (bastardilla nuestra) “puede inter-ponerse apelación contra esta resolución para que se sus-penda y revise, cuando ordenare la suspensión de los proce-dimientos

Tal compensación que por estos inconvenientes otorga la Ley Hipotecaria al-deudor hipotecario se halla en el siguiente párrafo:

“Todas las demás reclamaciones que puedan formular, así el deudor como los terceros poseedores y los demás interesados, incluso las que versaren sobre nulidad del título o de las actuaciones, o sobre vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio plenario que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento ejecutivo.”

Los artículos 738, 739 y 740 del Código de Práctica de Louisiana prescriben lo siguiente:

“Artículo 738. — El deudor contra quien esta orden de ejecución Raya sido dictada puede obtener un injunction para suspender la venta si antes de la feeRa de la venta formula en la corte que expide la orden su oposición por escrito alegando algunas de las razones contenidas en el siguiente artículo y cuya veracidad deberá jurar.
“Artículo 739. — El deudor sólo puede suspender la venta de la cosa que de tal modo Ra sido incautada alegando algunas de las si-guientes razones:
“1. Que Ra pagado la deuda por la cual se le demanda.
“2. QUe Ra sido condonada por el acreedor.
‘ ‘ 3. Que Ra sido extinguida por transacción, novación o algún otro medio legal.
“4. Que se le Ra concedido tiempo para pagar la deuda aunque esta circunstancia no se mencione en el contrato.
“5. Que el acto que contiene el privilegio o hipoteca es falso.
“6. Que se obtuvo por fraude, violencia, temor o algún otro medio ilegal.
“7. Que tiene una cuenta liquidada que alegar en compensación a la deuda reclamada.
“8. Y finalmente que la acción para el cobro de la deuda está prescrita.
“Artículo 740. — Cuando el juez concede un injunction por virtud de la alegación bajo juramento de cualquiera de las razones mencio-nadas en el artículo anterior no exigirá fianza alguna del demandado sino que se pronunciará sumariamente sobre los méritos de su oposición si el demandante lo requiere como se explica más adelante.”

Además, según el criterio liberal adoptado por la Corte Suprema de ese Estado, el artículo 739 se limita en su apli-cación a casos que envuelven la expedición de un injunction sin fianza; pero cuando se presta fianza queda restringida la ejecución de mandamientos de embargo y venta por cau-sas que no sean sino las enumeradas en el referido artículo. Yéase el caso de Taft v. Donnes, 105 La. 699 y casos citados; también el caso de Hackmuller v. Figueroa, 125 La. 307.

Y es por virtud de estas y otras prescripciones del Có-digo de Louisiana interpretadas de tal modo por las cortes locales y por las cuales “la venta no puede tener lngar basta que el deudor baya recibido aviso y tenido la oportunidad de presentar objeciones” que la Corte Suprema de los Es-tados Unidos en el caso de Fleitas v. Richardson funda su conclusión de que “este procedimiento por tanto es una ac-ción civil inter partes, la cual cuando las partes son ciuda-danos de diferentes Estados queda comprendida dentro de la jurisdicción que ha sido conferida por el Congreso a la Corte de Circuito de los Estados Unidos.”

Además, la proposición como ba sido planteada por los apelantes de si la aceptación por el deudor del saldo que el acreedor alega está vencido es o no un requisito previo indispensable a la acción favorable de la corte en una de-manda de ejecución de hipoteca no es tan importante ni per-tinente como lo es la investigación de que otra prueba, de haber alguna, presentaron los acreedores hipotecarios con relación al hecho de la deuda y a su importe, a la suficiencia de la alegación respecto al saldo líquido, sin más alegación, y al efecto de la falsedad de tal alegación cuando se demues-tre que no es cierta después que la corte inferior había ac-tuado dando crédito a ella en el sentido de suplir un ele-mento indispensable en el fundamento de su orden. En re-lación con esto es conveniente expresar de paso que el abo-gado que ha argumentado y sometido el caso a nombre de los apelantes en esta corte no consta que haya representado a los acreedores hipotecarios en los procedimientos sumarios que dieron lugar a la presente controversia.

La hipoteca envuelta en el presente caso en unión de la certificación del registrador respecto a su inscripción y el hecho de que no existe ninguna cancelación parcial o en otra forma, sin duda hubiera sido suficiente para demostrar la existencia de una deuda hasta el importe de $15,725.55- que ya debía Polanco en la fecha del otorgamiento de tal escri-tura, más los intereses vencidos sobre esa suma, si las partes no hubieran manifestado su intención de incluir ésta como una partida en la cuenta corriente que existía. En cuanto al resto de los $30,000, cuya suma quedó en posesión de los acreedores hipotecarios para ser anticipada de cuando en cuando a petición del deudor hipotecario al tipo de cincuenta dólares por cuerda por caña de nueva plantación y veinti-cinco dólares por cuerda de los años subsiguientes, disponía, siempre que la condición y estado del cultivo de tal planta-ción a juicio del administrador de la central respondiera y garantizara debidamente la suma así exigida, no hay absolu-tamente nada ni en la hipoteca o en la demanda de ejecución con excepción solamente de la vaga y claramente inexacta referencia al préstamo de $30,000 de haber sido hecho y la alegación de un saldo liquidado de $18,286.46, que demuestre la existencia real de alguna deuda. T según la manifesta-ción del juez sentenciador resulta bastante claro que al li-brarse el mandamiento ordenando el pago del alegado saldo él se fundó en la afirmación solemne de los acreedores hipo-tecarios acerca de la liquidación previa de la cuenta.

Según los términos de la hipoteca es asimismo claro por lo menos en tanto se trata del futuro préstamo, si no lo es también- en verdad respecto a toda la deuda, que la intención de las partes era garantizar cualquier saldo que pudiera de-berse a los acreedores hipotecarios en cualquier fecha más bien que cualquier plazo individual o grupo particular de adelantos distintos y separados como fueron hechos u otras partidas cargadas en el debe de la cuenta corriente. Durrive v. Key, 20 La. Ann. 154; Pickersgill v. Brown, 7 La. Ann. 298. Y esto parece, fuera de toda duda razonable, haber sido la teoría de los acreedores hipotecarios en la petición para ejecutar la hipoteca.

“La Ley 27, título 13, Partida 5, conforme con los principios del derecho romano, que no pueden ser quebrantados sin confusión de la ciencia legislativa, estableció que en las obligaciones futuras la hipo-teca comenzase cuando la obligación se realizara; de modo que, si uno hipoteca sus bienes en seguridad de un préstamo que se le debía de hacer, y antes de entregarle la cantidad, la recibía de otro a quien hipotecaba igualmente la finca, éste era preferido, [jorque siendo el mutuo contrato real, se necesitaba la entrega de la cosa para que se considerase constituido; hasta entonces había una promesa de obli-gación, pero no una obligación perfecta y acabada, etc.” 3 Ga-lindo, 353.

“La estipulación de una hipoteca para garantizar un préstamo-que no ha sido hecho es una obligacióh basada en una condición po-testativa por parte del deudor. Las hipotecas convencionales de esa clase no rigen desde la fecha de su inscripción. No es el contrato mismo lo que forma el vinculum juris sino el cumplimiento de la condición. La hipoteca hubiera quedado ineficaz si el crédito no se hubiera usado, y sólo puede tener efecto- desde la fecha y por el im-porte del préstamo. 2 Troplong, Iíypotheque, Nos. 477-480.”' Meeker v. The Commissioners of the Clinton & Port Hudson R. R. Co., 2 La. Ann. 971.

Véase también el caso de Langfitt & Perry v. Ervin Brown, Administrator, 5 La. Ann. 231 and Morris v. Executors of Gain, 39 La. Ann. 712.

Galindo y Escosura lamentan el hecho de que los autores de la Ley Hipotecaria se separen de este principio al ordenar que “la hipoteca constituida para la seguridad de una obli-gación futura o sujeta a condiciones suspensivas inscritas, surtirá efecto, contra tercero, desde su inscripción, si la obli-gación llega a contraerse o la condición a cumplirse.” Ar-tículo 142 de la Ley Hipotecaria. Pero la modificación se refiere a la cuestión de la forma y alcance en que el cumpli-miento del contrato afectará a los derechos de terceros. La hipoteca aunque inscribible queda como antes incompleta y sólo surte efecto al cumplirse la condición suspensiva; por-tando, la consumación de tal modo efectuada se retrotrae in-mediatamente a la fecha del documento en cuanto a las par-tes y al asiento de la nota marginal a que se refiere el ar-tículo 143, a la fecha de la inscripción en tanto en cuanto se trata de derechos de terceros. Galindo y Escosura, volu-men y página supra. En pro de la brevedad hacemos refe-rencia aunque sin citarlos a los artículos 143 y 128 de la Ley Hipotecaria, 178 y 169 del Reglamento, y 1427 y 1465 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil.

Escriclie define el “juicio ejecutivo” como “un juicio su-mario en que no se trata de declarar derechos dudosos y controvertidos, sino sólo de llevar a efecto lo que ya está determinado por el juez o consta evidentemente de uno de aquellos títulos que por sí mismos hacen prueba plena y a que la ley da tanta fuerza como a la decisión judicial.”

En el caso de Arvelo v. Banco Territorial y Agrícola, 25 D. P. R. 728, en el cual se sigue la doctrina enunciada en el de Early v. Doe, 57 U. S. 609, 617, esta corte dijo:

“El procedimiento seguido por el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico; contra la Sucesión de Hilario Arvelo era un procedimiento sumario, especial y ex parte, y debieron observarse estrictamente las prescripciones de la Ley Hipotecaria y su reglamento.”

No necesitamos ahora resolver si como se ha insistido por el apelado de acuerdo con el artículo 1776 del Código Civil la inscripción en el registro de alguna prueba auténtica del cumplimiento de la condición potestativa es o no esencial para la validez de la hipoteca en cuanto a las partes en ella. Puede o no ser cierto que ni la relación detallada de las varias sumas realmente adelantadas con el debido crédito de todos los pagos hechos ni la alegación de un saldo liqui-dado, sin otra cosa, sea bastante para justificar la expedi-ción de la orden disponiendo el pago.

Más de lo necesario se ha dicho para demostrar que en el caso de autos la alegación respecto a la liquidación de la cuenta y el saldo que se convino era debido, siendo esa la única prueba en cuanto a la consumación del contrato de hipoteca o respecto a la existencia de cualquier deuda, era cuestión de importancia vital cualquiera que fuera la regia general que regule los casos que revelan alguna otra base adecuada para establecer el procedimiento.

Que con respecto a todas las demás cuestiones con excep-ción de la de estar pendiente procedimientos criminales por falsedad de la escritura de hipoteca o la verdadera cance-lación de esa obligación probada por la certificación del re-gistrador o por medio de copia auténtica de un documento público, el procedimiento sumario de la Ley Hipotecaria es puramente ex parte como se resolvió por esta corte en el caso de Arvelo et al. v. Banco, supra, parece ser demasiado claro para ser disentido.

No estamos dispuestos ahora por consiguiente a conside-rar detenidamente las sutiles distinciones que existen entre la palabra “corrección” o “certeza” de la deuda y su “im-porte”, ni entre las razones que hay para negar la expedición del auto requiriendo de pago al deudor y los fundamentos para anular los procedimientos después de la venta. El acreedor hipotecario que prefiere ejercitar su derecho a este remedio drástico, debe tener cuidado de cumplir con los re-quisitos prescritos que en cierto modo protegen al deudor hipotecario contra el abuso intencional o negligente de tal derecho; o de otro modo estar preparado para afrontar la obligación impuéstale por la ley y que por necesidad ha asu-mido expresamente en' la solicitud para la ejecución de la hipoteca, en el caso de no hacerse “una verdadera exposición de los hechos y de las circunstancias que el juez debe tomar en consideración al autorizar el establecimiento de los pro-cedimientos y seguir adelante con ellos.”

En el alegato de los apelantes el error alegado en • el quinto señalamiento se considera como comprendido en y suplementario al tercero por vía de argumento para sostener el mismo. La teoría de los apelantes en cuanto a este as-pecto del caso es en sustancia que de acuerdo con el artículo 169 del Reglamento, la causa de la presente acción estriba en la “malicia o negligencia al no hacer una fiel exposición de los hechos 7 las circunstancias que ha de apreciar el juez al autorizar el procedimiento y para continuarlo;” que la alegación del demandante en este caso en cuanto a la falta de una liquidación de común acuerdo implica que la suma reclamada excedía en los procedimientos de ejecución de hipoteca de lo que verdaderamente adeudaba a los deman-dados ; que cualesquiera daños y perjuicios que pudieran ha-bérsele ocasionado por virtud de esta falsa alegación en este sentido, sería la diferencia entre la suma así reclamada y el importe de la verdadera deuda con intereses, costas, gastos y quizás honorarios de abogado; que la sentencia debió ha-ber ordenado que las cosas quedaran en el mismo estado en que se encontraban (status quo); esto es, que dicha sentencia no solamente debía haber ordenado la devolución al deman-dante de su propiedad vendida en procedimiento de ejecu-ción de hipoteca sino que debió haber hecho un pronuncia-miento comprensivo de los frutos producidos por la finca desde la. fecha del remate; que si la conformidad en cuanto al montante de la deuda no es un requisito previo para po-der establecer procedimientos de ejecución de hipoteca, no ha habido ni negligencia ni malicia en la falsa alegación en cuanto a tal alegada conformidad y por consiguiente no existe causa de acción contra los demandados por daños y perjui-cios. En relación con esto, los apelantes citan el tomo 27 de Cyc., página 1472; Stevens v. Clay, 3 Pac. 43; Shears v. Traders Building Association, 52 S. E. 860; Las Vegas Railway Power Company v. T. R. Company de St. Louis, 126 Pac. 1009, y los artículos 436 y 457 del Código Civil para indicar que la doctrina de caveat emptor es de aplicación a ventas en ejecución de hipoteca; que los compradores en tales ventas son responsables y deben rendir cuenta de las rentas y beneficios y que la corte inferior debió haber orde-nado en este caso que se hubiera rendido tal cuenta.

Si los acreedores hipotecarios hubieran establecido de-manda de ejecución de hipoteca, de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil, el deudor hipotecario no solamente hu-' hiera tenido una oportunidad amplia para defender y pro-teger sus derechos, cualesquiera que fueran, en el procedí-miento, sino qne en el ■ curso ordinario del mismo hubiera quedado en posesión de la finca hipotecada por un período aproximadamente igual a aquél durante el cual él ha estado privado de su uso pendiente de la recuperación que trata de obtenerse en el presente caso. La pérdida sufrida du-rante la continuación de tal privación parece ser el resul-tado directo y natural del hecho injustificado y malicioso de acudir al procedimiento sumario de la Ley Hipotecaria y a la vez un método razonable de estimar los daños y prejuicios así causados. Es bastante para contestar a lo demás del argumento del tercer y quinto señalamientos, como han sido combinados por los apelantes, en todo aquello en que no haya sido considerado en nuestra discusión de otras cuestiones, supra, que si los apelantes deseaban traspasar su responsa-bilidad a los compradores en la venta en ejecución, entonces debieron haber solicitado que tales compradores hubieran sido hecho partes en la corte inferior para que después de oírseles debidamente su responsabilidad y su cuantía pu-diera fijarse. No solamente se hace demasiado tarde la su-gestión cuando se formula por primera vez en apelación, sino que el precio de venta que asciende a más del doble del im-porte de la sentencia dictada en este caso está aún en poder de los apelantes y el cumplimiento de tal sentencia sin per-juicio de cualquier reclamación que puedan tener para ser subrogados y reintegrados, no les puede ocasionar gran in-conveniente.

En el cuarto señalamiento se sugiere que las partidas re-ferentes a arados, preparación de semilleros y el producto de tales semilleros se incluyeron en el precio de la venta de la finca. Pero, como acabamos precisamente de indicar, el importe de la venta está en poder de los apelantes y o los compradores o los acreedores hipotecarios, no los deman-dantes, han obtenido los beneficios del dinero y trabajo in-vertidos. Además, los apelantes expresan que el demandante debía haber depositado en la corte el importe de su deuda como fué reclamada en los procedimientos de ejecución de hipoteca, evitando de este modo las pérdidas ocasionadas, y que sus hermanos estaban en condiciones de .poder prestarle el dinero necesario. Pero no consta que el demandante pudo hacer esto, y ciertamente sus hermanos no tenían ninguna obligación de anticipar dinero para este fin. La declaración del demandante sobre esta cuestión es que él tenía el dinero en la fecha en que se trató de hacer la liquidación de las cuentas y que en esa ocasión ofreció pagar en efectivo cual-quier cantidad que importara el verdadero saldo, pero que después de iniciarse los procedimientos sumarios, otros acree-dores hicieron presión y obligaron a que se transara otra cuenta pendiente, haciendo así imposible para él presentarse como postor en la venta de la finca hipotecada. Insiste tam-bién en que no hubo ninguna connivencia o convenio secreto entre él y sus hermanos que obtuvieron la buena pro de la finca y que él fué lanzado de la posesión por ellos después de tal adquisición. Los apelantes no citan ninguna autori-dad 'sobre esta cuestión que no sea el principio general de que-“no puede haber indemnización por pérdidas que pu-dieran haberse evitado mediante razonables esfuerzos por parte de la persona perjudicada.” La cita de este principio no está favorecida por los acreedores hipotecarios, quienes, con el'fin de aprovecharse del procedimiento sumario de la Ley Hipotecaria y de la incapacidad del deudor hipotecario según los preceptos terminantes de esa ley para poder im-pugnar la veracidad de las alegaciones jurisdiccionales han recurrido a la medida de tergiversar deliberadamente los hechos en la corte lo que equivalía a un fraude. Dentro de las circunstancias, no estamos fuertemente convencidos con la sugestión hecha de que debe aplicarse de un modo estricto el principio general en cuestión a los hechos de este caso en particular.

La alegación de que la compensación fijada por la corte inferior no corresponde a la pérdida o perjuicio se basa en la teoría ya expuesta y resuelta de que el demandante tiene un derecho de acción contra los compradores en la venta en ejecución de hipoteca para que se rinda una cuenta en cuanto a las rentas y ganancias. Ni puede inferirse de la mera po-sibilidad de una supuesta pérdida de dinero empleado en arado y en la preparación de los semilleros de tabaco por no cosecharse o no poder disponer de la semilla del tabaco al precio de venta en el mercado aún cuando el demandante había quedado en posesión de la finca, que los daños así es-timados son demasiado vagos y remotos para fundar en ellos la sentencia. La prueba en estos autos estableció un caso prima facie, teniendo los demandados la obligación de probar que el dinero de tal modo invertido en realidad no produjo ninguna ganancia o que no hubiera producido ninguna de no haber sido lanzado el demandante. T finalmente, la omisión del juez sentenciador en descontar contribuciones e intereses de hipotecas, incluyendo las de los apelantes que se dice hu-biera tenido que pagar el demandante, difícilmente puede con-siderarse como error, puesto que no hay nada que demuestre que los demandados u otras personas en realidad han pagado tales contribuciones e intereses, o que el demandante no que-dará obligado á tener luego que pagar ambas cosas.

La teoría de la demanda y de la corte inferior respecto a lo que constituye una medida adecuada de daños y per-juicios en un caso de esta naturaleza no ha sido impugnada en su aspecto general en el cuarto señalamiento; y en tanto la misma se refiere meramente a la suficiencia de la prueba para sostener las varias partidas que forman el importe total de la suma especificada en la sentencia, no encontramos que exista ningún error tan manifiesto en la fijación de tales sumas por el juez sentenciador que requiera modificación.

Ni tampoco podemos decir que consideradas todas las cosas, la corte inferior abusó de su discreción en cuanto a los honorarios de abogado como se sugiere en el sexto seña-lamiento de error.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Pbbisidente Se. Hernández,

text:
    Amy, Demandante y Apelado, v. Aponte et al., Demandados (Dalmau et al., Apelantes.)
    .Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en pleito sobre cobro de cantidad.
    No. 2215.
    Resuelto en febrero 25, 1921.
    Obligaciones del Causante — Alegación de Aceptación de Herencia — Defensa Cuya Alegación Incumbe al Demandado. — Cuando se trata de exigir a los herederos el cumplimiento de obligaciones de su causante no es necesario ale-gar en la demanda que los demandados aceptaron la herencia. La no acep-tación es una cuestión de defensa que incumbe alegar a los demandados em el caso de que les asista.
    Id. — Fianza—Partes Demandadas — Sociedad de Gananciales — Causa de Ac-ción Contra la Viuda. — Habiendo sido contraída la obligación por Rafael Palés en abril 29, 1918 para afianzar el pago de una obligación vencedera en julio 31 del mismo año y habiéndose radicado euatro meses después la de-manda dirigida, entre otras personas, contra Isolina Díaz alegándose que el fiador fué casado en segundas nupcias con esta última y que había dejado dos hijos procreados con ella, demandados también, es preciso concluir que la obligación fué contraída durante la sociedad de gananciales de Isolina Díaz y el fiador y que por tanto estuvo bien dirigida contra la viuda.
    Id. — Id. — Excepciones de Palta de Hechos e Indebida Acumulación de Partes. — Habiendo sido contraída la deuda por el causante cuando no existía sociedad de gananciales entre él y su primera esposa, sino entre él y su segunda esposa, cometió error la corte al desestimar las excepciones de falta de hechos y de indebida acumulación de partes interpuesta por la xirimera esposa en cuanto fué demandada por derecho propio.
    Id. — Id.—Prórroga sin Consentimiento del Piador. — 131 heeho de que el acree-dor aceptara el pago de partes de la deuda y demorara algunos meses la re-clamación judicial de la parte insoluta no prueba por sí sólo que el acreedor hubiera concedido prórroga al deudor sin conocimiento del fiador, no siendo, por tanto, de aplicación, bajo tales circunstancias, el artículo 1752 del Có-digo Civil.
    Los beehos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Tomás Benardini.

    Abogado del apelado: Sr. F. Cervoni Gely.

   El Juez Pbbisidente Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción ejercitada originariamente ante la Corte Municipal de Guayama, de que después conoció en grado de apelación y mediante juicio de novo ,1a corte del distrito del mismo nombre, sobre cobro de un pagaré.

El pagaré de que se trata dice así:

“Por $454.71 Cy. — Debo y pagaré a don Enrique Amy Rarnú o' a su orden, la cantidad de cuatrocientos cincuenta y cuatro dollars con setenta y dos centavos, importe de provisiones y efectivo tomados en su establecimiento a mi entera satisfacción, que me comprometo a pagar el día 31 de julio del corriente año, obligando al fiel cumpli-miento de este documento todos mis bienes habidos y por haber y renunciando al fuero de vecindad, domicilio y cuantas leyes pudieran favorecerme. — Guayama, P. R., 29 de abril de 1918. — (f) Antero Aponte. — Como fiador y principal pagador: Raf. Palés Díaz.”

La acción ha sido dirigida por Enrique Amy Rarnú, de-mandante, contra Antero Aponte, Elisa Dalmau por sí y como madre con patria potestad sobre su hijo menor, Jorge Rafael Palés Dalmau, e Isolina Díaz de Palés, por sí y como madre con patria potestad sobre sus menores hijos Carlos y Rafael Palés Díaz, demandados, y en la demanda, que ha sido jurada, su fecha 23 de noviembre de 1918, alega el de-mandante : que el demandado Antero Aponte tomó al deman-dante con fecha 29 de abril de 1918 en provisiones y en dinero, de su establecimiento, la suma de $454.72, por la que sus-cribió a su favor el pagaré transcrito, garantizando el pago como fiador solidario Rafael Palés Díaz; que al vencer el documento en 31 de julio de 1918, el demandado Antero Aponte pagó a cuenta del mismo la suma de $54.72, que-dando en descubierto la cantidad de $400; que Rafael Palés, fué casado en primeras nupcias con la demandada Elisa Dal-mau de la que tuvo un hijo que es el menor Jorge Rafael Palés Dalmau, y en segundas nupcias con la otra demandada Isolina Díaz de Palés, en la que procreó dos hijos que son los menores Carlos y Rafael Palés Díaz, quienes están bajo la patria potestad de sus respectivas madres, habiendo fa-llecido su padre Rafael Palés en la ciudad de G-uayama, sin que se exprese la fecha de su muerte, pero con anterioridad al vencimiento de la obligación; y que el demandante se ha dirigido a los demandados, sucesores de Rafael Palés, en requerimiento de pago sin resultado alguno.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia condenando a los demandados a pagar solidariamente al demandante la suma de $400 con los intereses desde la fecha de la demanda y las costas del litigio.

Los demandados, con excepción de Antero Aponte, opu-sieron a la demanda como excepciones previas, la insuficiencia de hechos determinantes de una causa de acción en cuanto a ellos y de indebida acumulación de partes demandadas, por el fundamento de que en la demanda no se alega que los de-mandados excepcionantes sean los únicos que componen la su-cesión de Rafael Palés ni que ellos recibieran bienes de su causante con o sin beneficio de inventario, apareciendo ade-más de la misma faz de la demanda que la obligación nacida de la fianza está extinguida y que ella no contiene alegación alguna en virtud de la cual la demandada Elisa Dalmau venga obligada por su propio derecho a responder de la fianza.

Las excepciones fueron desestimadas por orden de 28 de abril de 1919, concediéndose a las partes demandadas com-parecientes diez días para contestar la demanda, y al im-pugnarla en su contestación alegan como materia nueva, que Rafael Palés en la época de su fallecimiento y aún antes de su muerte carecía de toda clase de bienes, sin dejar herencia que hayan adido o que pudieran adir sus herederos y que los demandados no han recibido bienes de ninguna clase del difunto por vía de herencia.

Contra el demandado Antero Aponte se había dictado sentencia en la Corte Municipal de G-uayama el 22 de enero de 1919, condenándolo en rebeldía a pagar al demandante la suma de $400 reclamados en la demanda y las costas que se cansaran en el litigio, sin qne esa sentencia fuera apelada para ante la Corte de Distrito de Guayama.

Al celebrarse el juicio con asistencia de los otros deman-dados y del demandante, la demandada Isolina Díaz de Pa-lés solicitó se le eliminara de la demanda en el carácter de cónyuge viuda en que había sido demandada por no haber derecho ni causa alguna de acción contra ella bajo el expre-sado carácter, quedando como demandada solamente en el carácter de representante de sus menores hijos. Esa moción fué desestimada sin perjuicio de que Isolina Díaz pudiera alegar la misma razón para que se desestimara la demanda en contra de ella en el concepto de cónyuge viuda de Eafael Palés.

La parte demandante propuso pruebas. Los demandados no lo hicieron. Y la corte dictó sentencia en 18 de diciembre de 1919 condenando a los demandados como herederos y su-cesores de Eafael Palés a que abonen y paguen al deman-dante la suma de $400, resto del montante del pagaré, con más los intereses legales desde la interposición de la demanda, costas y desembolsos, de cuya sentencia apelaron para ante esta Corte Suprema.

Los ejes cardinales sobre que principalmente gira el re-curso de apelación son dos, a saber:

1º. Que la corte cometió error al desestimar las excep-ciones de que los hechos alegados en la demanda no deter-minan una causa de acción en contra de los demandados-ape-lantes por falta de alegación de que hubieran aceptado la herencia de Eafael Palés, con o sin beneficio de inventario, y de que Palés hubiera dejado bienes sobre los cuales pudiera recaer aceptación alguna expresa o presunta, por cuya misma razón, también erró la corte al desestimar la excepción de indebida acumulación de partes, pues solamente debió ser traído al juicio Antero Aponte.

2º. Que la corte también erró al pronunciar sentencia contra los demandados y especialmente contra las demandadas Elisa Dalm.au e Isolina Díaz a quienes bajo concepto alguno podría afectar la responsabilidad del fiador Rafael Palés por sí o en concepto de esposas de dicho Rafael Palés.

Los menores Jorge Rafael Palés Dalmau y Carlos y Rafael Palés Díaz como hijos de Rafael Palés, son herederos nece-sarios del mismo, y en tal concepto le sucedieron por el he-cho solo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones según los artículos 684 (a), 665 y 669, del Código Civil.

Indudablemente que si los herederos no aceptan o repu-dian la herencia de su causante no le suceden en todos sus derechos y obligaciones; pero de ese principio no puede de-rivarse la consecuencia de que el demandante que trata de exigir a los herederos las responsabilidades de, su causante, deba alegar en su demanda que ellos han aceptado la he-rencia.

Al demandante sólo incumbe alegar la condición de here-deros de los demandados, pues como sostiene un ilustrado comentarista del Código Civil, Robles Pozo:

“A partir del fallecimiento del causante, la sustitución de éste por heredero o causa-habiente es simultánea, sin que sea necesario la acep-tación, porque ésta se presupone siempre como consecuencia de la sucesión, equivaliendo la repudiación por el heredero: a la renuncia de un derecho que ya se tiene o se posee y de una representación ad-quirida que se abandona y se rechaza o se condiciona al aceptarla ostensiblemente con arreglo a las facultades concedidas por derecho. ’ ’

La no aceptación de la herencia es una excepción que favorece a los herederos para que se les exima del cumpli-miento de las obligaciones en que suceden al difunto por el solo hecho de su muerte, y como excepción es una cues-tión de defensa que corresponde alegar a los demandados. Dapena v. Sucesión Dominicci, 12 D. P. R. 66.

El Tribunal Supremo de España en dos de marzo de 1896, Jurisprudencia Civil, tomo 79, 414, al resolver un recurso de casación contra sentencia en que unos menores representa-dos por su madre fueron condenados al pago de dinero, en cuyo recurso se alegaba como motivo legal la infracción de los artículos 922 y 1005 del Código Civil Español, resolvió que ninguno de los artículos citados eran aplicables al caso porque los recurrentes condenados al pago de la deuda con-traída por su padre eran herederos necesarios del mismo y no se había indicado y tratado de probar que hubieran re-nunciado a la herencia ni siquiera que la hubieran adido con limitación alguna.

El presente caso es análogo al anterior y se rije por la misma doctrina que dejamos, expuesta.

La corte por tanto no cometió error al estimar que los hechos alegados en la demanda determinan una causa de acción. Esa "causa de acción existe contra los menores de-mandados por el hecho de ser sucesores de Rafael Palés y no ■ ser necesaria en la demanda alegación alguna de acep-tación de herencia según alegan los recurrentes.

También existe la misma causa de acción contra la viuda Isolina Díaz de Palés. La obligación de fianza fué contraída por Rafael Palés en 29 de abril de 1918 para garantir el pago de una deuda que había de vencer en 31 de julio del mismo año y próximamente cuatro meses después o sea en 23 de noviembre fué radicada la demanda en la cual se alega que Rafael Palés fué casado en segundas, nupcias con Iso-lina Díaz y que había dejado dos hijos procreados con ella. Siendo ello así, la obligación de fianza fué contraída por Rafael Palés durante la sociedad legal de gananciales con Isolina Díaz y esa obligación afectaba a dicha sociedad cuya liquidación no aparece haberse intentado. La acción de co-bro ha sido por tanto bien dirigida contra Isolina Díaz por propio derecho y contra los menores Carlos y Rafael Palés Díaz, pues era parte interesada en el pleito tanto en el con-cepto de heredera usufructuaria de su difunto esposo como en el concepto de partícipe de la sociedad de gananciales a la qne había de afectar el pago de la denda. Véanse nues-tras decisiones en los casos de Muñoz v. El Registrador de Humacao, 26 D. P. R. 779 y Miranda y. El Registrador de San Juan, 28 D. P. R. 394.

No sucede lo propio con la demandada Elisa Dalmau, pri-mera esposa qne fné de Rafael Palés, en cnanto lia sido de-mandada por derecho propio, pnes ella no tenía qne responder de la denda contraída por Palés cuando no existía entre ella y Palés sociedad legal de gananciales. La corte cometió error al desestimar en cnanto a Elisa Dalmau las excepcio-nes de falta de hechos determinantes de nna cansa de acción y de indebida acnmnlación de partes.

También alega la parte apelante qne la obligación de fianza ha sido extinguida con sujeción al artículo 1752 del Código Civil por haber concedido el acreedor al deudor prórroga para el pago sin el consentimiento del fiador; pero las razo-nes en que pudiera fundarse semejante alegación o sean la de haberse satisfecho por el deudor Antero Aponte al venci-miento de la obligación una parte de ella y el haberse demo-rado algunos meses la reclamación judicial de pago no jus-tifican la aplicación del precepto legal indicado toda vez que ellas.no muestran la existencia de prórroga alguna por el acreedor Amy al deudor Aponte.

La otra alegación que también se hace de pago de la deuda no se hizo en tiempo oportuno al contestar la demanda y no merece consideración.

Las consideraciones expuestas, teniendo en cuenta que sobre la autenticidad del pagaré y existencia de la deuda no existe duda alguna nos llevan a la conclusión de que la sen-tencia apelada se ajusta a derecho y a las pruebas menos en cuanto se refiere a Elisa Dalmau.

La cuestión única a resolver es la de obligación de pago por los demandados y esa es la que resolvemos. La relativa a bienes sobre los cuales deba ejecutarse la sentencia es ajena al presente recurso y no bay base para tratarla por falta de prueba de si Rafael Palés Díaz dejó o no bienes de fortuna. .

Es de confirmarse la sentencia apelada en cuanto afecta a la viuda Isolina Díaz y a los menores Jorge Rafael Palés Dalmau y Carlos y Rafael Palés Díaz y revocarse en cuanto se refiere a Elisa Dalmau, la cual debe ser absuelta de la demanda.

Confirmada la sentencia apelada, excepto en cuanto a la demandada Dalmau, la cuál se absuelve de la demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Defendini et al., Demandantes y Apelantes, v. Curet, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre desahucio.
    No. 2362.
    Resuelto en marzo 8, 1921.
    Desahucio — Prueba Necesaria. — Expresándose en la escritura de compra-venta de una casa que la vendedora la adquirió por herencia materna, no procede el desahucio de la finca contra una hermana de la vendedora si el deman-dante no prueba que ésta era la única dueña del inmueble al tiempo de la venta.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. J. J. Aponte.

    Abogado de la apelada: tSr. C. Domínguez Rubio.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los esposos Mateo Defendini y Amelia Ferrer deman-daron en juicio de desahucio por precario a María Curet para que desocupara una casa radicada en Guayama que •compraron a Juana Guillermo Curet, quien la había adqui-rielo por herencia de su madre Martina Curet según mani-festó en la escritura de venta. La demanda fné declarada sin lugar y los demandantes establecieron este recurso de apelación.

La demandada María Curet es hermana de la vendedora Juana G-uillermo Curet y de Pedro Irenes de igual apellido y los tres son hijos y herederos de Martina Curet, anterior dueña de la casa; y no habiendo probado los apelantes que su vendedora fuera única dueña de dicha casa por habérsele adjudicado en la herencia de su madre, carecen de acción para reclamar, como únicos dueños, que la desocupe la co-heredera María Curet.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.