text:
    Sosa, Demandante y Apelante, v. Cardona et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito para recobrar la posesión de bienes muebles.
    No. 2402.
    Resuelto en marzo 24, 1922.
    Título de Bienes Muebles Comprados en Plaza Pública — Prescripción Adqui-sitiva de Bienes que Habían Sido Hurtados. — Alegándose en la demanda que el artículo que se reclama como perteneciente al demandante le fué ocu-pado en virtud de causa criminal seguida contra su vendedor por hurto de dicho artículo, para que, dando por probado el hurto, el demandante tenga derecho a recobrarlo es necesario, de acuerdo con el artículo 466 del Código Civil, en relación con el inciso 2o. del artículo 85 del Código de Comercio, que pruebe que lo compró en almacén o tienda abierto al público.
    Id. — Alegaciones—-Admisión de Evidencia sobre Hechos no Alegados. — Apare-ciendo de la prueba del demandante que el artículo que reclama fué ocupado como hurtado y aunque el demandado hiciera una negación general solamente de los hechos de la demanda, la prueba de éste respecto a la sustracción y a la identificación del artículo no puede considerarse como prueba afirmativa de hechos no alegados por el demandado.
    Id. — Repreguntas—Credibilidad del Testigo — Parentesco del Testigo con la Parte que lo Presenta. — Con el propósito de afectar la credibilidad de un testigo, un demandado tiene derecho a interrogarlo en la repregunta sobre su parentesco con el demandante j a introducir como prueba una declaración jurada en la que el testigo había heeho anteriormente manifestaciones dis-tintas.
    Los hechos están expresados en la opinión.'
    Abogado del apelante: Sr. E. F. H. Dottin.

    Abogados de los apelados: Sres. Beichard é Beichard.

   El Juez Asociado Se. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda presentada en este caso en la Corte Municipal de Aguadilla por Víctor Sosa contra José Cardona Pi-quet y contra Alberto Gutiérrez alega sustancialmente que el demandante es comerciante en tabaco; que es dueño de vein-titrés rollos de tabaco hilado, valorados en $460, que forman parte de dos compras de ese artículo que hizo en Isabela el 15 de agosto y a mediados de noviembre de 1918 en plaza publica a Alberto Gutiérrez; que el 31 de diciembre de 1918 la policía, por orden de José Cardona Piquet, ocupó dichos veintitrés rollos de tabaco privando ilegalmente al deman-dante de su posesión y poniéndolos a disposición del deman-dado José Cardona Piquet quien a su vez los dejó en pose-sión del Fiscal del Distrito de Aguadilla para ser usados como prueba en causa criminal contra Alberto Gutiérrez por robo de cuarenta y cinco rollos de tabaco a José Cardona Pi-quet y que éste se niega a entregarle los veintitrés rollos de tabaco. Después de otras alegaciones que no necesitamos consignar pide a la corte declare que esos veintitrés rollos de tabaco pertenecen exclusivamente al demandante y ordene que le sean entregados con cierta cantidad de dinero por diferencia de precio, y que si no es posible la devolución por-que el demandado haya dispuesto de él que le abone $460 y las costas.

El demandado Alberto Gutiérrez no compareció en este pleito que fué seguido en su rebeldía pero José Cardona Pi-quet hizo una negación general y específica de todos los he-chos de la demanda.

La Corte de Distrito de Aguadilla conoció de este pleito en grado de apelación en un juicio de novo y dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, contra cuyo fallo interpuso el demandante este recurso de apelación.

La corte inferior llegó en su opinión escrita para fundar su sentencia a las siguientes conclusiones de hecho: “Que el demandado, José Cardona Piquet, en diciembre de 1918 dió cuenta a la policía de Isabela de que le habían hurtado unos rollos de tabaco hilado en su establecimiento. Que como resultado de la investigación de la policía fueron encontra-dos veintitrés rollos del dicho tabaco hilado en el estableci-miento del demandante, Víctor Sosa, en Río Piedras, de donde fueron trasladados y depositados en la fiscalía de esta corte a disposición del fiscal, como prueba en el caso que se sigue por El Pueblo de Puerto Rico contra Alberto Gutiérrez por el robo de dichos efectos. Que el demandante adquirió los dichos rollos de tabaco hilado de Alberto Gutiérrez, su cu-ñado, y no por compra en la plaza pública del pueblo de Isa-bela * * * Sigue la corte diciendo que se trata de una acción reivindicatoría de propiedad mueble, que no se dirige contra el tenedor o poseedor del artículo que se trata de reivindicar, que en este caso es el fiscal, y luego agrega: “Pero pasando por alto esta cuestión y analizando la prueba encontramos que el tabaco no fué identificado por el deman-dante ni por ninguno de sus testigos y, además, la veracidad de Alberto Gutiérrez, cuñado del demandante, fué impug-nada con una declaración jurada por ante el fiscal Rivera Layas * *

Alega el apelante como primer motivo para que revoque-mos la sentencia apelada que la corte inferior cometió ma-nifiesto error al apreciar la prueba, y se funda en que des-pués de haber declarado probado que “como resultado de la investigación de la policía fueron encontrados veintitrés ro-llos del dicho tabaco hilado en el establecimiento del deman-dante * * * ” declara también la corte que “el tabaco no fné identificado por el demandante ni por ninguno de los testigos” en lo que el apelante encuentra nna gran contra-dicción.

No bay duda de que el tabaco que estaba en poder del fiscal al celebrarse el juicio en este pleito quedó identificado como el mismo que fué ocupado al demandante, pero la con-tradicción en que incurrió la corte inferior en este extremo no es demostración de que cometiera error manifiesto en la' apreciación de la prueba pues el examen que bemos becbo de la que se presentó en el juicio nos convence de que las conclusiones dél juez son acertadas.

El segundo motivo del recurso dice así:

“La corte inferior cometió manifiesto error en la interpretación y aplicación de la ley del caso y la jurisprudencia pertinente al mismo.”

Si bien la corte inferior declaró sin lugar la demanda porque entendió que la acción no estaba dirigida contra el poseedor, que estimó ser el fiscal, y porque el demandante no acreditó el dominio del tabaco, pues la declaración de Alberto Gutiérrez, quien dice que se lo vendió, fué impug-nada, sin embargo en este recurso se sostiene que el deman-dante tiene derecho a recobrar el tabaco que reclama de acuerdo con el artículo 466 del Código Civil, aunque baya sido sustraído a Cardona, porque lo compró en plaza pú-blica. En la demanda se alegó, como bemos dicho, que fué ocupado en la causa criminal que se sigue a Alberto Gu-tiérrez por robo de tabaco Miado a José Cardona Piquet y también que el demandante lo compró en plaza pública.

El artículo citado dice así:

“Artículo 466. — La posesión de los bienes muebles adquiridos de buena fe equivale al título. Sin embargo, el que hubiese perdido una cosa mueble o hubiese sido privado de ella ilegalmente, podrá reivindicarla de quien la posea.
“Si el poseedor de la cosa mueble perdida o sustraída la hubiese adquirido de buena fe en venta pública, no podrá el propietario obtener la restitución sin reembolsar el precio dado por ella.
“En cuanto a las cosas adquiridas en la bolsa, feria o mercado, o de un comerciante legalmente establecido y dedicado habitualmente al tráfico de objetos análogos, se estará a lo que dispone el Código de Comercio.”

El artículo del Código de Comercio a que se refiere el anterior precepto es como sigue:

“Artículo 85. — La compra de mercaderías en almacenes o tien-das abiertos al público, causará prescripción de derecho a favor del comprador respecto de las mercaderías adquiridas, quedando a salvo en su caso los derechos del propietario de los objetos vendidos para ejercitar las acciones civiles o criminales que puedan corresponderle contra el que los vendiere indebidamente.
“Para los efectos de esta prescripción, se reputarán almacenes o tiendas abiertos al público:
“Io. Los que establezcan los comerciantes inscriptos.
“2o. Los que establezcan los comerciantes no inscriptos, siempre que los almacenes o tiendas permanezcan abiertos al público por es-pacio de ocho días consecutivos, o se hayan anunciado por medio de rótulos, muestras o títulos en el local mismo, o por avisos repar-tidos al público o insertos en los diarios de la localidad.”

En vista de las disposiciones citadas y toda vez que Car-dona declaró que le habían sido sustraídos treinta y cuatro rollos de tabaco hilado de su establecimiento, sobre cuyo ex-tremo nada en contrario aparece en la prueba ni se dice en este recurso, y cuyo testimonio pudo ser creído por la corte sin necesidad de que fuera corroborado, y habiendo sido iden-tificado el tabaco ocupado a Sosa como parte del sustraído a Cardona, para que el demandante, suponiendo cierto el robo, tuviera derecho a recobrar la posesión de los veintitrés rollos de tabaco hilado que reclama, tenía que haber pro-bado que los adquirió de buena fe en venta pública o que los había adquirido en bolsa, feria o mercado o de un comer-ciante legalmente establecido y dedicado habitualmente al tráfico de objetos análogos. Su alegación es que los com-pro en plaza pública a Alberto Gutiérrez qne dice ser comer-ciante en tabaco, pero no probó qne Gutiérrez tenga almacén o tienda abierta al público y por el contrario lo qne resulta es que Gutiérrez recibía de noche en el paso a nivel del ferro-carril el tabaco que ha resultado ser sustraído a Cardona y que lo enviaba por ferrocarril a Río Piedras a su cuñado Sosa a quien dice se los vendía. Por consiguiente, no in-fringió la corte inferior dichos preceptos y los aplicó‘correc-tamente al negar la reclamación del demandante.

En el tercer motivo del recurso se alega que la corte co-metió manifiesto error al permitir, a pesar de la oposición del demandante apelante, que el demandado apelado presen-tara prueba afirmativa para establecer hechos que no se ale-garon en su contestación a la demanda.

Los testigos Rafael Rivera Zayas, Alfredo Colón Ceba-dos y José Cardona Piquet, que presentó el demandado y que habían declarado como testigos del demandante, se limi-taron los dos primeros a repetir lo que habían declarado cuando fueron presentados por el demandante, aunque inci-dentalmente dijeron que el tabaco ocupado a Sosa fué reco-nocido como el mismo hurtado a Cardona; en cuanto a éste, su declaración versó sobre el hurto que se le había hecho y sobre identificación de los rollos ocupados a Sosa como parte de los que le habían robado.

Puesto que en la demanda se alegó que los rollos ocupa-dos al demandante y comprados a Alberto Gutiérrez iban a ser usados como prueba en la causa criminal que. contra el vendedor se seguía por robo de tabaco a José Cardona Pi-quet, no podemos declarar que el demandado presentó evi-dencia de hechos afirmativos que no había alegado en su contestación pues su objeto era contradecir la prueba del de-mandante demostrando que el artículo que reclama como de su propiedad había sido robado al demandado Cardona.

Además, esa prueba’no podía perjudicar al demandante porque estando acusado su vendedor de robo del artículo que le vendió no probó que lo babía comprado en alguna de las formas que. no le hacían perder su propiedad.

El cuarto y último motivo del recurso dice así: La corte inferior cometió manifiesto error y obró con pasión y pre-juicio al permitir, a pesar de la oposición del demandante, que el demandado apelado interrogara al testigo Alberto Gu-tiérrez, en las repreguntas sobre extremos que no habían sido objeto del examen directo; y que dicho testigo declarara so-bre hechos, constitutivos de defensa afirmativa no alegados en la contestación sin que el demandado .apelado hiciera suyo el testigo; permitiendo asimismo que el citado deman-dado apelado presentara parte de su prueba fuera de lugar y tiempo y antes de que el demandante apelante terminara la presentación de la suya.

Declarando Alfredo Gutiérrez, testigo del demandante, a preguntas de éste contestó que en 15 de agosto de 1918 le vendió en su casa tabaco hilado a Víctor Sosa y también posteriormente en fecha que no recordaba. A repreguntas del demandado contestó que es cuñado del demandante; y habiendo contestado a otras repreguntas que los rollos de tabaco vendidos a Víctor Sosa los había adquirido de los corredores Isabel González, Maximino de Jesús, López Cor-dero y Gregorio Villanueva le repreguntó el demandado si bajo juramento no había hecho manifestaciones distintas a esas y habiendo contestado que no, le fué leída una decla-ración por él prestada ante el fiscal según la cual el 15 de diciembre de 1918 compró a Antonio Avilés o Meléndez vein-ticuatro rollos de tabaco hilado en cuatro partidas que su vendedor le entregó en cuatro noches distintas en el paso a nivel de la vía, que queda directamente detrás de la casa de José Cardona, tabaco que vendió a Víctor Sosa y a José Gutiérrez de Eío Piedras, cuñado y hermano del declarante. Después de la lectura de esa declaración manifestó Gutiérrez que era cierta esa declaración menos en qne había comprado el tabaco detrás de la casa de José Cardona.

Esas repreguntas en cuanto al parentesco y lo que babía declarado ante el fiscal fueron impugnadas por el deman-dante y abora se alega que fué error el admitirlas.

La parte, demandada tenía derecho a interrogar al tes-tigo en repreguntas sobre su parentesco con el demandante, y no lo hizo para que se prescindiera de su declaración sino para que sabiendo la corte dicho parentesco pudiera apre-ciar la credibilidad de dicho testigo. De acuerdo con el ar-tículo 21 de la Ley de Evidencia la presunción de que el tes-tigo dice la verdad puede ser rechazada, entre otros casos, por evidencia que afecte a su veracidad o móviles, y el pa-rentesco puede, según las circunstancias, destruir la vera-cidad de un testigo.

En cuanto a la declaración que prestó ante el fiscal era admisible en evidencia porque tenía por objeto desacreditar al testigo, por ser evidencia contradictoria a su declaración en el juicio. Artículo 21 citado.

La declaración leída a Gutiérrez aparece prestada bajo juramento ante el fiscal y si bien es cierto que no consta el lugar y fecha en que se prestó, esto no es bastante para que no pueda ser tenida en consideración toda vez que Gutiérrez admitió que era cierta, menos en el extremo antes consig-nado.

No habiendo cometido la corte sentenciadora los errores que se alegan la sentencia apelada debe ser confirmada. . .•

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro, y Aso-ciados Wolf y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

license: Public Domain

text:
    Matanzo, Demandante y Apelado, v. Vizcarrondo, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Primer Distrito, en pleito sobre injv/nction para recobrar la posesión de propiedad inmueble.
    No. 2562.
    Resuelto en marzo 27, 1922.

      Injunction para Recobrar la Posesión — Descripción del Terreno de que Ha Sido Desposeído el Demandante — Causa de Acción. — Para que las alega-ciones de una demanda de interdicto para recobrar la posesión sean suficien-tes para determinar una causa de acción, es necesario que describan la por-ción de terreno de que ha sido desposeído el demandante por el demandado,. de modo que pueda dictarse una sentencia de acuerdo con ella y ?ue pueda ser, cumplida por el oficial ejecutivo de la corte. Sin tal especificación no-podría saber dicho funcionario la poreión de terreno cuya posesión debe res-tituir al demandante.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. P. Amado Rivera,.
    Abogado del apelado: <Sr. J. Martines Dávila.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en este caso de una demanda de interdicto para recobrar la posesión en la que se alega por el demandante que es dueño de cierta finca que describe y cuya posesión tiene, en la que el demandado ésta fabricando una casa sin su consentimiento y autorización por lo que solicita del tribunal que ordene al demandado que la destruya y que en lo sucesivo se abstenga de perturbar al demandante en su posesión.

Alega el demandado en este recurso de apelación contra la sentencia que lo condenó que la corte erró al declarar sin lugar la excepción previa que opuso contra la demanda de no aducir becbos determinantes de causa de acción porque no describe la porción de terreno de la finca que el deman-dado está ocupando con la casa que construye de modo que en caso de ejecución de la sentencia que se pide pueda ser identificada sin dificultad alguna.

Para que las alegaciones de una demanda de interdicto para recobrar la posesión sean suficientes para determinar una causa de acción es necesario que describa la porción de terreno de que ba sido desposeído por el demandado, de modo que pueda dictarse una sentencia de acuerdo con ella y que pueda ser cumplida por el oficial ejecutivo de la corte. Sin tal especificación no podría saber dicho funcionario la por-ción de terreno cuya posesión debe restituir al demandante. Del Valle v. Rivera, 23 D. P. R. 634; Mejia v. Suárez, 27 D. P. R. 317. Tal alegación es también necesaria para que el demandado sepa de qué tiene que defenderse, pues si bien por ser en este caso pequeña la finca y por alegarse que el terreno lo ocupa el demandado con la casa que estaba fabri-cando pudiera saber el demandado la porción de terreno a que se refiere el demandante, sin embargo la regla debe ser la misma que si se tratara de una finca de gran extensión y de actos que no sean los de fabricar una casa.

En consecuencia de lo expuesto y toda vez que la demanda no describe la porción de terreno ocupada por el demandado, entendemos que al no sostener la corte inferior la excepción previa alegada por el demandado cometió error y que debe ser revocada la sentencia apelada para ulteriores procedi-mientos.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro, y Aso-ciados Wolf y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Concepción, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Areeibo en cansa por mutilación. Moción sobre corrección de autos.
    No. 1909.
    Resuelto en marzo 28, 1922.
    Instrucciones y Denegación de Instrucciones al Jurado no Excepgbonadas— Exposición del Caso en Materia Criminal — No es motivo para ordenar que no se incluyan en el pliego de exposición del caso las instrucciones de la corte al jurado así como la denegación de las propuestas por el acusado, el hecho de que no íueran exeepcionadas oportunamente, pues aunque no lo hubieran sido pueden ser examinadas por el Tribunal Supremo para conside-rar si cometió la corte error fundamental al dar y negar instrucciones.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. R. Aponte.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Para tramitar el apelante el presente recurso presentó en la corte inferior una exposición del caso que fué aprobada por el juez sentenciador, pero eliminando de ella las instruc-ciones dadas al jurado y la denegación de las propuestas por el abogado del acusado porque no fueron exeepcionadas, y por esto dichas instrncciones no figuran en la transcripción de los autos que remitió el secretario. El apelante nos pidió que ordenásemos al secretario que remitiera dichas instruc-ciones, de acuerdo con el artículo 356 del Código de Enjuicia-miento Criminal, según quedó enmendado en Ley de 7 de marzo de 1908, y así lo decretamos, habiendo enviado dicho secretario un pliego con las instrucciones, haciendo constar que así están consignadas en el pliego de exposición del caso presentado por el acusado y que fueron eliminadas por orden de la corte, sin que dichas instrucciones orales hayan sido puestas por escrito ni firmadas por el juez. En vista de todo esto se nos pide ahora que ordenemos al secretario de la corte inferior remita dichas instrucciones debidamente au-tenticadas por el juez, a quien .se hará extensiva la orden.

Para que podamos tomar en consideración las instruc-ciones dadas por el juez al jurado es necesario que aquél las Raya certificado. El Pueblo v. Coll, 18 D. P. R. 361; El Pueblo v. Laporte, 19 D. P. R. 45; El Pueblo v. Ortiz, 19 D. P. R. 305. Dispone la regla 76 de nuestro Beglamento que si se nos pide que se agreguen a los autos las instrucciones da-das al jurado en el tribunal inferior se denegará dicba soli-citud a menos que el apelante pruebe que antes de la trans-misión de los autos a este tribunal lia tratado de conseguir que las instrucciones fuesen puestas por escrito, y firmadas por el juez, y que su petición en tal sentido ba sido denegada por razones improcedentes.

Según declaración jurada del abogado del apelante obtuvo del taquígrafo del tribunal copia certificada de las instruc-ciones dadas por el juez al jurado escritas en maquinilla y las incluyó en el pliego de exposición del caso, pero fueron eliminadas de él y no certificadas por el fundamento de no baber sido excepcionadas. Esta razón era improcedente para eliminar de la exposición del caso las instrucciones dadas al jurado, pues aunque no bayan sido excepcionadas pueden ser examinadas por nosotros para considerar si en ellas cometió la corte algún error fundamental. El Pueblo v. Fernández, 14 D. P. R. 630; El Pueblo v. Barrios, 23 D. P. R. 831; El Pueblo v. López, 24 D. P. R. 437; El Pueblo v. Hernández, 25 D. P. R. 660; El Pueblo v. Ramírez de Arellano, 25 D. P. R. 263; El Pueblo v. Figueroa, 26 D. P. R. 754.

Estando amparado el apelante por la regla citada debe librarse orden al secretario para que remita a este tribunal las instrucciones dadas por el juez al jurado, certificadas por el juez, y también las que fueron pedidas y denegadas.

Declarada con lugar la moción.

Jueces concurrentés: Sres. Presidente del Toro, y Aso-ciados "Wolf y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Nicolás Hernández & Co., Demandante y Apelada, v. Standard Milling Company o Houston Rice Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2446.
    Resuelto en marzo 30, 1922.

      Estoppel — Comisionista.—En el presente caso la corporación demandada, ‘ ‘ Standard Milling Company, había nombrado a la mercantil demandante agente suya y le enviaba sus artículos bajo el nombre de “Houston Rice Company.” Apelada la sentencia que condenó a la demandada a pagar a la demandante el importe de comisiones devengadas por venta de arroces de la “Houston Rice Company,” se resolvió: que demostrando la prueba que la demandada , indujo a creer con sus actos a la demandante que era con ella y no con la “Houston Rice Company” con quien realizaba sus negociaciones, está impe-dida de negar su responsabilidad y por tanto queda obligada al pago.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. L. Muños Morales y L. Villaronga.

    Abogado de la apelada: \Sr. J. G. Torres.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El día 18 de septiembre de 1914 fné organizada en Texas nna corporación con el nombre de “Houston Hice Company.” Con anterioridad a esta fecba, sin embargo, la “Standard Milling Company,” de Texas, demandada en este caso, babía nombrado a la mercantil demandante agente suya y le en-viaron sns artículos bajo el nombre de “Houston Hice Company.” En otras palabras, antes del día 18 de septiembre de 1914, la “Standard Milling Company” bacía negocios en Puerto Eico con el nombre de “Houston Eice Company.” Hay prueba abundante de esto; también de que los pagos de la demandante se hacían a la “Standard Milling Company,” y que los agentes u oficiales de la “Standard Milling Company” con quienes la demandante se entendió primeramente siguie-ron siendo los agentes y oficiales con los cuales trató la de-mandante en las fechas de las transacciones comprendidas en este pleito. No es tan importante, pero la prueba de-muestra qne las cuentas de la “Houston Rice Company” se llevaban en su mayor parte, si no todas, en los libros de la “Standard Milling Company,” y que se escribieron cartas a la mercantil demandante en el papel timbrado de la “Standard Milling Company,” respecto a negocios de la alegada “Houston Rice Company,” y otros detalles semejantes de me-nos importancia, pero todas eran cosas que tendían a confir-mar la creencia original de la mercantil demandante de que estaba haciendo negocio con la “Standard Milling Company.” El socio gestor de la demandante declaró que nunca tuvo co-nocimiento o aviso de la existencia de una corporación lla-mada “Houston Rice Company” basta la radicación de la contestación de la demandada y las circunstancias todas jus-tifican su veracidad. Hay una parte muy importante de la prueba, o sea, la carta escrita en abril 10 de 1915, al parecer por la “Standard Milling Company” en da cual se hace un arreglo con la mercantil demandante, encontrándose entonces el socio gestor en la oficina de la demandada en Texas. Dicho socio gestor declaró que frecuentemente estaba en las ofi-cinas de la “Standard Milling Company,” y en efecto que sus negociaciones fueron con los mismos oficiales con quienes él siempre trató. Los oficiales de las dos compañías eran prác-ticamente los mismos. Otras cosas se escribieron o hicieron a nombre de la “Standard Milling Company” después de la fecha de la incorporación. Hay asimismo prueba tendente a demostrar que si bien la “Houston Rice Company” tiene las mismas oficinas que la “Standard Milling Company” no existen signos exteriores que lo indiquen.

La teoría de la demandante, que fué corroborada entera-mente, es que la “Standard Milling Company” creyó conve-niente vender su arroz bajo varias razones sociales, cosa que era convenida por sus agentes y por tanto que la mer-cantil demandante dirigía o siguió dirigiendo sus comunica-ciones a la “Houston Rice Company.” Hay prueba tendente a demostrar que los molinos de las dos compañías están si-tuados en los mismos sitios, si es que no son idénticos. Existe prueba de que el arroz con el cuál comercian las dos com-pañías es el mismo.

La corte inferior declaró probado que las dos corpora-ciones eran idénticas y probablemente tiene razón. Véase el caso de Alonso Riera y Cía. v. Luis Campillo, (página 297), 7 R. C. L. 27; pero fundamos nuestra confirmación en motivos algo distintos. Existe una corporación llamada “Houston Rice Company” pero no se ba demostrado que la demandante baya tenido ningunas negociaciones con ella. La demanda alega que la demandada bizo negocios bajo el nom-bre de “Houston Rice Company” y encontramos que esto es cierto. Todas las negociaciones de la mercantil demandante fueron con los oficiales y agentes de la “Standard Milling Company” y no bay prueba de que jamás se avisara a la de-mandante, o se le hiciera saber que existía la corporación “Houston Rice Company.” Además, la “Standard Milling Company,” por la conducta de sus oficiales y agentes no puede negar que ella continuó negociando con la mercantil demandante. Se bizo creer a esta firma que negociaba con la “Standard Milling Company” y pudo muy bien haberse ne-gado a hacer negociaciones con la “Houston Rice Company, Inc.,” que era una mercantil más pequeña y posiblemente de menos responsabilidad.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Peesidente Se. del Toro,

text:
    Dumont, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama denegatoria de inscripción de una información de dominio.
    No. 510.
    Resuelto en marzo 30, 1922.
    Informaciones de Dominio — Prescripción Ordinaria — Computación del Tér-mino- — En la computación del tiempo necesario para la prescripción ordina-ria del dominio, el promovente de la información puede completar el término de posesión requerido uniendo al suyo no sólo el de su inmediato causante, sino el de todas las personas de quienes trae causa.
    Id. — Inscripción del Dominio Estando Inscrita la Posesión. — La persona que tiene inscrita la posesión de un inmueble no está obligada a seguir el procedimiento fijado por la ley para convertir la inscripción posesoria en inscripción de dominio, sino que si antes reúne los datos necesarios, puede iniciar un expediente para acreditar su derecho dominical e inscribirlo en el registro.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. F. Navarro Ortiz.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Peesidente Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Guayama una resolución de la corte del distrito declarando justificado a favor de José Dumont López el do-minio de tres fincas rústicas, el registrador se negó a ins-cribirlo por los siguientes motivos:

“Denegada la inscripción del precedente documento en cuanto a la finca marcada con la letra A por el defecto de que resultando del mismo documento- que el promovente José Dumont López adqui-rió el inmueble el día diez de mayo de mil novecientos veinte por compra a los esposos Miguel Guzmán Texidor y María P. Serrant quienes a su vez lo hubieron el quince de mayo de mil novecientos diez y ocho por compra a Pedro Martínez Acevedo, no resulta haber transcurrido el término de diez años fijado para la prescripción ad-quisitiva del dominio (artículo 1858 del Código Civil), y si bien apa-rece que se relacionan la forma y tiempo en que adquirieron los an-teriores dueños el inmueble referido, no es admisible la extensión que aparece haberse dado a la disposición del artículo 1861 del mismo código para la computación del tiempo para la prescripción por re-ferirse este precepto legal al tiempo de posesión del causante del pro-movente y no al tiempo de posesión de los causantes del causante del peticionario. Y en cuanto a las fincas marcadas con las letras B y C por el defecto de que estando éstas inscritas, según el registro, a nombre del peticionario José Dumont López, en virtud de título po-sesorio cuya fecha de inscripción es la de. ocho de abril de mil nove-cientos diez y nueve, y debiendo, desde esa fecha, empezar a correr el término de la prescripción conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Hipotecaria, no resulta que haya transcurrido el tér-mino de diez años fijado por el citado artículo 1858 del Código Civil para adquirir el dominio por prescripción.”

1. Sostiene el registrador que a los efectos de fijar el período de diez años necesario para adquirir por prescrip-ción con buena fe y justo título, no es posible ir más allá del inmediato causante del promovente y se basa en los tér-minos en que aparece redactado el artículo 1861 del Código Civil. Dicho artículo es igual al 1960 del Código Civil an-tiguo y dice en lo pertinente así:

“Art. 1861. — En la computación del tiempo necesario para la prescripción se observarán las reglas siguientes:
“1. El poseedor actual puede completar el tiempo necesario para la prescripción, uniendo al suyo el de su causante.
£ < 2 •* * ’« ’»

A nuestro juicio la cuestión es tan clara que se ha asu-mido sin discutirlo que la ley permite sumar a la suya la posesión en concepto de dueño de todas las personas de quie-nes trae causa el actual poseedor, a los fines de completar el término de la prescripción. Si el legislador hubiera que-rido circunscribir los efectos del número primero del ar-tículo 1861 dél Código Civil a la persona de quien adquirió directamente la finca el poseedor actual, en vez de decir “uniendo al suyo el de su causante,” hubiera dicho, por ejem-plo, ‘ ‘uniendo al suyo el de su inmediato causante. ” Si A po-see una finca en concepto de dueño y la vende a B, y si B la sigue poseyendo en tal concepto y la vende a C, no sólo B es causante de C, si que también lo es A. Véanse la sen-tencia del Tribunal Supremo de España de 21 de diciembre de 1880, 44 J. C. 564, y las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico en los casos de Cruzado v. Lópes Ballester, 26 D. P. R. 163, y Mestre v. Michelena, decidido el 7 de marzo actual, (pág. 148).

En la jurisprudencia americana la cuestión es clara. “Para que pueda perfeccionarse el título mediante la pose-sión adversa, tal posesión debe ser continua por todo el tér-mino fijado por el estatuto de prescripciones (limitations),’ ’ dice Corpus Juris, vol. 2, pág. 80, y explica ampliamente el principio. Luego expresa:

“No se deduce de nada de lo que basta aquí hemos dicho que sea necesaria la posesión continua por determinada persona para la ad-quisición de título mediante posesión adversa. Por el contrario, es una regla de aplicación casi universal que si hay un nexo entre los tenedores sucesivos que han estado en posesión continua adversa al título legítimo, los sucesivos términos de tenencia pueden ser unidos o anexados entre sí para componer el término de posesión adversa prescrito por el estatuto en contra de tal título.” 2 O. J. 82-83.

Las citas que sostienen el texto proceden de muchos Es-tados, encontrándose entre ellos el de Luisiana. Véase Mouliere v. Coco et al., 41 S. 113; Calvet v. Martin, 29 D. P. R. 644.

2. La cuestión envuelta en el segundo motivo de la nota se resuelve aplicando los principios consignados en el caso de Collazo v. Registrador de Guayama, 26 D. P. R. 478. Por el hecho de haber una persona tramitado un expediente po-sesorio e inscrito por tal medio su posesión en concepto de dueño en el registro, no está impedida de tramitar después un expediente de dominio. Si dicha persona adquiere los datos necesarios para probar que el dominio le pertenece, no está obligada a aguardar que transcurra el término que fija la Ley Hipotecaria para que pueda convertirse en inscrip-ción de dominio la de posesión previamente verificada.

Debe revocarse la nota recurrida.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Morales, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa por seducción.
    No. 1894.
    Resuelto en marzo 30, 1922.
    Seducción — Corroboración del Testimonio de la Seducida — Prueba Insufi-ciente. — Al objeto de corroborar el testimonio de la sedueida como exige el artículo 250 del Código de-Enjuiciamiento Criminal enmendado en 1909, en cuanto a la realización del acto carnal, es insuficiente la declaración del padre de aquélla que en cuanto a tal extremo solamente expresó 1 ‘ * * *. No me hizo manifestación alguna por qué dejaba de ir a mi casa; yo lo requerí a él para que contrajera matrimonio por eso que había, hecho en mi casa y lo llevé a casa a las nueve de la noche y a las nueve de la noche dijo: voy a buscar al juez; y el caso fué que al otro día abandonó la escuela. * * * ’ ’

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. J. Alemañy Sosa, U. Miranda y M. Tous Soto.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante funda su recurso de apelación contra la sen-tencia que lo condenó por delito de seducción en que el vere-dicto de culpabilidad reridido por el jurado no está soste-nido por la prueba por no haber sido corroborada la decla-ración de la perjudicada en cuanto a que existiera promesa de matrimonio ni en cuanto a que haya tenido contacto carnal con el apelante.

La perjudicada Emilia de Jesús declaró en el juicio que el acusado Oscar Morales era su novio y que tuvo contacto carnal con ella el 20 de mayo de 1921 debido a las promesas de matrimonio que le había hecho antes de dicho acto y que le repitió en ese día para que accediera a sus deseos.

El _ artículo 250 del Código de Enjuiciamiento Criminal, según quedó enmendado en 1909, dispone que en casos de seducción la declaración de la mujer deberá ser corroborada y la prueba corroborante de esos dos extremos de la decla-ración consistió únicamente en el testimonio de su padre Arturo de Jesús quien declaró que el acusado le pidió en ma-trimonio a su hija Emilia y le ofreció casarse con ella por lo que le permitió la entrada en la casa como novio de su hija a quien visitó casi todas las noches hasta el 16 de junio de 1921 en que no volvió; y dijo además “No me hizo ma-nifestación alguna por qué dejaba de ir a mi casa; yo lo requerí a él para que contrajera matrimonio por eso que había hecho en mi casa, y lo llevé a la casa a las nueve de la noche, y a las nueve de la noche dijo: voy a buscar al juez; y el caso fué que al otro día abandonó la escuela. Eso fué el 16 de junio * * *

Si bien esa declaración es corroboración bastante de que con anterioridad al 20 de mayo de 1921, en cuya fecha se imputa al acusado la seducción, el apelante había hecho ofer-tas de casarse con Emilia de Jesús, no corrobora el otro ex-tremo de la declaración de la perjudicada relativo a que el acusado tuviera contacto carnal con ella. El Pueblo v. López, 24 D. P. R. 439.

En ese caso también dijimos que en el delito de seduc-ción hay dos elementos que son igualmente importantes: la seducción y la promesa de matrimonio, y que debe haber prueba que tienda a corroborar cada uno de dichos elemen-tos, citando varios casos resueltos en ese sentido; y en el de El Pueblo v. Rosario, 25 D. P. R. 725, tratamos esa cues-tión extensamente llegando a la misma conclusión. Eecien-temente, el 17 de este mes y año, en el caso de El Pueblo v. Francisco de Jesús, por violación, hemos aplicado igual regla de corroboración.

Por falta de corroboración de la declaración de la mujer ofendida, en el extremo indicado, el veredicto del jurado no está justificado por las pruebas y en consecuencia debe ser revocada la sentencia condenatoria apelada y absuelto el acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro, y Aso-ciados Wolf y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Lecompte, et al., Acusados y Apelantes.
    Apelacióet procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por libelo infamatorio.
    No. 1770.
    Resuelto en marzo 30, 1922.
    Apelación — -Alegato—Señalamiento de Errores. — La sentencia de la corte inferior se presume que es correcta, y el apelante está en el deber, y no el Tribunal Supremo, de descubrir y establecer por medio de alegato la existencia de cualquier error más o menos técnico que pudiera constituir un posible fun-damento de revocación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. A. Nazario Lugo.

    Abogado del apelado: vSr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los acusados apelan de una sentencia que los declara culpables de un delito de libelo, por la cual fueron conde-nados al pago de cincuenta dólares de multa cada uno. Los autos contienen un pliego de excepciones pero no' hay ale-gato ni señalamientos de error. El pliego de excepciones sugiere varias cuestiones interesantes, que más bien son du-dosas y algo técnicas las cnales podrían tal vez haber sido consideradas en sus pormenores por nn hábil abogado, des-.pnés de sn debida investigación. Hemos examinado los autos basta donde ha sido necesario para estar satisfechos de qne no se ha cometido ninguna injusticia sustancial.

Como repetidas veces hemos indicado, la sentencia de la corte inferior se presume que es correcta, y el apelante está en el deber, y no este tribunal, de descubrir y establecer la existencia de cualquier error • más o menos técnico que pu-diera constituir un posible fundamento de revocación.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la'sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro, y Aso-ciados Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en cansa por infracción de una ordenanza municipal.
    No. 1865.
    Resuelto en marzo 30, 1922.
    Automóviles — Velocidad—Obdenanza Municipal Irrazonable. — Una ordenanza municipal que fija como límite máximo de velocidad para los automóviles que transiten en la zona urbana "una velocidad que no exceda del paso natural de una persona," sin referencia alguna a las condiciones del tráfico u otras res-tricciones es irrazonable.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. S. León Lugo.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Ventura Eodríguez establece apelación contra una sen-tencia qne lo declara culpable de infringir una ordenanza aprobada por el municipio de Juana Díaz, que fija como límite máximo de velocidad para los automóviles dentro de la zona urbana una velocidad que no exceda “del paso natural de una persona.” Asumiendo en favor de la validez de la or-denanza y a los fines de la discusión solamente que con esto se quiere decir “el paso ordinario de un viandante,” refi-riéndonos al caso de El Pueblo v. Nochera, 23 D. P. R. 605, tal reglamentación podría considerarse razonable si estuviera limitada a los cruces de las calles o al doblar las esquinas. Podemos agregar de paso, sin embargo, que la cuestión pro-movida y resuelta en el caso de Nochera no envolvía la razo-nabilidad del tipo de velocidad como tal, sino la suficiencia o-insuficiencia por razón de la incertidumbre de la norma de comparación por la cual la mayor velocidad había de deter-minarse. En este caso la cuestión es si una pequeña villa cruzada por un camino insular, sin referencia alguna a las esquinas o cruces de las calles u otras limitaciones, puede ordenar qué ningún automóvil dentro de la zona urbana irá más ligero que como iría ordinariamente un viandante.

“A falta de una prohibición expresa o implícita decretada por la Legislatura, una municipalidad puede aprobar ordenanzas que fijen dentro de límites razonables la velocidad a que pueden ir los vehícu-los de motor dentro de su demarcación, y está dentro de las atribu-ciones de un Concejo Municipal el prescribir diferentes grados de velocidad para los automóviles en las distintas partes de la ciudad de acuerdo con el ancho de las calles, el uso de las mismas, y la den-sidad de la población. Una ordenanza de un municipio que limita la velocidad de los automóviles a diez millas por hora, se ha resuelto que no es irrazonable, y lo mismo en el caso de una ordenanza que fija la mayor velocidad en siete millas por hora, especialmente cuando este límite de velocidad es aplicable solamente a aquellas partes de una ciudad donde hay edificaciones. Las cortes también han soste-nido como razonables las ordenanzas de una ciudad que limitan la velocidad de automóviles a seis millas por hora en calles de ciudades entre cruces, y a cuatro millas por hora en los cruces.” 2 R. G. L., página 1178, sec. 12.

Dado el tamaño del pueblo, las condiciones envueltas en los negocios y tráfico, la longitud de su calle principal, los cruces que relativamente son cortos en número y poco usa-dos y el paso natural de un viandante en nuestra latitud, materias de las cuales en su aspecto general debemos tomar conocimiento judicial, apenas si sería procedente ir más allá de lo que sugiere el texto legal arriba citado, como debido límite de velocidad.

Dentro de las circunstancias, la ordenanza por su faz debe ser considerada como irrazonable y por tanto la con-dena basada en su infracción no puede subsistir.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Wolf y Aldrey.


text:
    Alonso Riera y Compañía, Inc., Promovente, v. Luis Campillo, Juez de la Corte de Distrito, y Alonso Riera, Demandados.
    Solicitud para que se expida un auto inhibitorio contra el Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Dis-trito.
    No. 24.
    Resuelto en marzo 31, 1922.
    Auto Inhibitorio — Alegaciones — Partes. — No constando de la moción pi-diendo auto inhibitorio para que la corte inferior se abstenga de continuar un procedimiento de injunction que alega el peticionario le perjudica, que éste es parte en tal procedimiento ni siquiera que llamó la,atención de la corte inferior hacia las supuestas irregularidades de que se queja, la expe-dición del auto debe denegarse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la promovente: Sres. Texidor y de la Haba.

    Los demandados no comparecieron.
   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Ert septiembre de 1921, Javier Alonso Riera estableció procedimientos de injunction contra Herminio Madera, Jaime Pizá, Benito Alonso, M. Riera Palmer y Leopoldo Santiago Carmona, alegando en substancia qne en mayo 16, 1914, Javier Alonso Riera constituyó una sociedad mercantil con los demandados Herminio Madera, Manuel Alvarez y Enrique Alonso Riera, bajo la razón social de “Alonso Riera & Com-pañía,” para dedicarse a la compra-venta de tabaco en rama y demás negocios del ramo; que en abril 17, 1915, Javier Alonso y Enrique Alonso vendieron sus respectivos haberes y participaciones a los otros consocios Manuel Alvarez y Herminio Madera, estipulando la continuación de dicha so-ciedad y qne se continuara usando por los referidos Alvarez y Madera el nombre o razón, social Alonso Riera Cía. por todo el tiempo porque fué constituida tal sociedad según la escritura de marzo 16, 1914, y usando tal nombre en las pró-rrogas que de dicha sociedad se hicieran; que en marzo 17 y diciembre 1, 1917, respectivamente, fué prorrogado dicho término hasta diciembre 1, 1922; que la autorización así con-ferida no tenía eficacia ni validez legal alguna toda vez qne está en contravención abierta con lo dispuesto en el artículo 126 del Código de Comercio; que posteriormente Manuel Alvarez vendió todo su haber y participación en la sociedad a Herminio Madera, lo que de hecho disolvió la referida so-ciedad de Alonso Riera & Cía., quedando como único y ex-clusivo dueño del negocio con cargo de todo su activo y pa-sivo; que no obstante esta disolución el demandado Madera continuó usando y proyectó continuar usando en el futuro como razón social el nombre de Alonso Riera & Cía. violando así el convenio celebrado con el demandante Javier Alonso y su hermano Enrique, asumiendo la eficacia y validez legal de este convenio que fué negado, y también lo dispuesto en la legislación mercantil vigente toda vez que no puede usarse una razón social colectiva que indique una sociedad debida-mente constituida donde no existe de hecho y de derecho tal sociedad; que el aso del referido nombre es motivo de con-fusión entre los clientes de Javier Alonso, algunos de los cuales dirigían equivocadamente su correspondencia al esta-blecimiento de Madera; que en la correspondencia dirigida al peticionario por equivocación de la administración de co-rreos ban venido incluidas cartas, las que ban sido retenidas y contestadas por el referido Madera con la idea de esta-blecer relaciones comerciales con los clientés de dicbo Javier Alonso; que dicbo Madera babía venido y usaba maliciosa-mente sobres y circulares con sólo los apellidos Alonso Riera, lo que tenía exclusivamente por objeto el aumentar la con-fusión entre el establecimiento de Madera y el de Javier Alonso a los efectos de apropiarse maliciosamente de parte de la clientela de Javier Alonso; que dicbo Madera con fecba reciente ba formado otra sociedad bajo la razón social de Madera Hermanos para dedicarse al mismo negocio de com-pra-venta de tabaco en rama, que dicbo Madera era el principal socio gestor de dicba sociedad y que la referida socie-dad babía sido constituida con la idea de competir y hacerle daño a la supuesta sociedad de Alonso Riera & Cía. con el objeto de perjudicar el buen nombre de Alonso Riera, ilegal-mente incluido en la actualidad en la razón social Alonso Riera & Cía.; que Javier Alonso era uno de los mayores com-petidores de dicho Madera en el negocio de compra-venta de tabaco en rama y babía venido dedicándose por mucho tiempo y se dedicaba entonces al referido negocio bajo su propio nombre de Javier Alonso Riera con el cual es gene-ralmente conocido por todos sus clientes y el público en general, gozando dicbo nombre de gran crédito en esta isla y en el extranjero desde mucho antes de la fundación de la sociedad de Alonso Riera & Cía.; que el propósito del de-mandado Madera de continuar su negocio bajo la llamada razón social de Alonso Riera & Cía. no es otro que el de controlar las actuaciones de la supuesta sociedad de Alonso Riera & Cía. con el fin de desacreditar dicbo nombre, ocasio-nando de esta manera gran daño al buen nombre, reputación e intereses de uno de sus mayores competidores, el referido Javier Alonso; que con el fin de poner término a este estado de confusión y de competencia maliciosa, el referido Javier Alonso en julio, 1921, había radicado en la corte de distrito una demanda de injunction perpetuo en contra del deman-dado Madera, para impedir el uso ilegal por dicho deman-dado Madera de los apellidos Alonso Riera en la supuesta entidad mercantil de Alonso Riera & Cía., o en ninguna otra forma, el cual injunction estaba pendiente de trámites en la actualidad; que pendiente aún dicho procedimiento de injunction el demandado Madera con el fin de burlar la reso-lución que en su día se dictase de acuerdo con la súplica de la demanda, consiguió maliciosamente que los demandados Mariano Riera Palmer y Benito Alonso, así como los demás co-demandados entraran a formar parte como incorporadores de una corporación de acuerdo y con sujeción a las leyes de Puerto Rico bajo el nombre de Alonso Riera & Cía., Inc., cuyo propósito había realizado recientemente habiéndose ex-pedido por la Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico, a ins-tancias de dichos incorporadores, el correspondiente certifi-cado de incorporación; que el objeto principal de la refe-rida corporación es idéntico al de la extinta sociedad de Alonso Riera & Cía., o sea, la compra-venta de tabaco en rama y demás negocios del ramo; que los referidos Mariano Riera Palmer y Benito Alonso no se dedicaban ni se habían dedi-cado nunca a este negocio, ejerciendo el primero su profe-sión de abogado en la ciudad de Mayagüez, ignorándose por el peticionario la ocupación exacta del segundo; que dichos demandados Riera Palmer y Alonso han sido hecho figurar por el demandado Herminio Madera como incorporadores de la corporación de referencia, sólo y exclusivamente para poder hacer uso de sus apellidos en el nombré de la dicha nueva corporación, violando así los derechos del demandante y con gran perjuicio de sus intereses; que el referido Madera siguiendo el plan concebido ba becho publicar anuncios en la prensa y enviado circulares a sus clientes dando aviso de la referida incorporación; que en los anuncios de la prensa se publicaron los nombres de los incorporadores de la nueva corporación, que son: Jaime Pizá, Benito Alonso, M. Riera Palmer y Leopoldo Santiago Carmona, sin que figure o esté conectado en forma alguna el referido Herminio Madera; que todo esto viene a aumentar la confusión reinante al aña-dir aparentemente una nueva entidad, además de las exis-tentes, en la que debían de figurar los apellidos de Alonso Riera, y todo ello en violación abierta de los derechos de dicbo Javier Alonso y con gran perjuicio de sus intereses, los que sufrirían grandes e irreparables daños.

En la súplica de la demanda se pedía que se decretara por la corte un auto de injunction perpetuo ordenando a los demandados, sus agentes y empleados se abstuvieran total-mente de usar los apellidos “Alonso Riera” como parte del nombre de la corporación “Alonso Riera & Cía., Ine.,” así como en sus cartas, sobres y circulares, o en ninguna otra forma, ya directa o indirectamente, que pudiera dar lugar a confundir el establecimiento que tiene Javier Alonso bajo su propio nombre con el de la nueva corporación, y mientras se oía y resolvía, decretar un injumction preliminar en los términos antes expuestos.

A esta petición se acompañó una declaración jurada de Manuel Alonso, quien manifestó que Herminio Madera se había acercado al declarante en la calle y le había manifes-tado que necesitaba alguna persona de apellido Alonso para una corporación que intentaba establecer, preguntando si al declarante le gustaría figurar como uno de los incorpora-dores, a lo que el declarante contestó que no deseaba formar parte de ninguna corporación en la cual tuviera él solamente un interés nominal y no real.

Otro affidavit acreditaba la publicación en septiembre 6 por orden de los Sres. “Alonso Riera & Cía.” de nna notñ ficación de qne el Secretario Ejecutivo Rabia espedido un certificado de incorporación de la corporación “Alonso Riera & Cía;,” la que se dedicaría al negocio de venta de tabaco en rama, y a la fabricación de tabacos y cigarrillos.

Otro affidavit acredita una publicación semejante becba en septiembre. 10.

Habiendo sido llamado a declarar como testigo del peti-cionario el Sr. Mariano Riera Palmer, y por razón de alegar estár imposibilitado para comparecer a la vista, presentó un affidavit en el que se incluyen las siguientes manifesta-ciones: ■

“Que hace a^gún tiempo se personó en mi oficina notarial don Alfonso V,aides, ofreciéndome en nombre de don Herminio Madera, a quien no conozco, unas acciones para fundar una corporación ta-bacalera, las cuales acciones tenían un valor de cien dólares. Al ma-nifestarle que me era imposible tomar dichas acciones por carecer de dinero en el momento, me informó dicho señor Yaldés que tales acciones podían ser pagadas tan cómodamente- como yo quisiera, y que si era cierto que la industria tabacalera se encontraba afectada por una crisis, en el futuro dichas acciones habrían de adquirir gran valor con el consiguiente incremento del negocio. Que por tratarse de un buen .amigo mío como lo es el señor Yaldés, quien vino en re-presentación según me dijo, del señor Madera, no tuve inconveniente alguno en tomarle cinco acciones con la condición de que habían de ser pagadas cuando y como me fuera posible, a lo cual accedió el señor Yaldés, preguntándome entonces si yo tendría inconveniente alguno en que mi apellido figurase en el nombre de la corporación y yo como tal incorporador, a lo cual no hice objeción alguna. Algún tiempo más tarde el señor Yaldés acompañado del notario don Juan Alemañy Sosa, me trajo las cláusulas de incorporación de la corporación deno-minada ‘Alonso Riera & Oía., Inc.’ las cuales cláusulas firmé de acuerdo con lo convenido. Lo declarado es la verdad con todo lo relacionado con el asunto indicado sin que haya omitido detalle al-guno. Que estoy ajeno en absoluto de los móviles que indujeron al señor Yaldés y al señor Madera a ofrecerme las acciones indicadas, así como el de utilizar mi apellido para constituir el nombre de dicha corporación y de hacerme figurar como incorporador de la misma.”

La declaración jurada de Javier Alonso trata de todos los particulares qne contiene la petición arriba descrita ade-más de otros detalles históricos interesantes, cuya enumera-ción se omite aquí en pro de la brevedad.

La contestación formulada por todos los demandados en los procedimientos de injunction alega la'falta de jurisdic-ción en equidad por razón de existir un remedio adecuado en la ley, o sea, una acción para anular el contrato descrito en la petición; - e insisten en que en vista del carácter man-datorio de la orden que se solicita la orden preliminar sería improcedente; porque el peticionario no tenía derecho a pedir un injunction preliminar por virtud de.la autorización conferida a Madera para usar el nombre de Alonso .Riera & Cía., por hallarse impedido por sus propios actos hasta tanto sea obtenida una declaración de nulidad del convenio a que antes se ha hecho referencia y una declaración legal de diso-lución de la sociedad Alonso Riera & Cía.; que no aparecie-ron los daños irreparables; que el procedimiento se basaba en un contrato, el cual, según lá alegación de la misma de-manda no tenía eficacia ni validez legal; que de la faz de la demanda y de los affidavits del demandado aparecía que Ma-dera había usado el nombre de Alonso Riera &' Cía. mucho antes de que lo hiciera el peticionario y que el peticionario quería establecer una competencia maliciosa en contra de Madera; que los affidavits del demandado mostraban un saldo de conveniencia en favor del demandado y demanda-dos; y que el negocio de una corporación o sociedad mer-cantil no debía ser restringido o anulado por meros especu-lativos o posibles perjuicios.

Un affidavit suscrito por Herminio Madera contiene el siguiente párrafo (bastardilla nuestra):

‘‘Que el suscribiente considerándose con derecho al uso del nombre Alonso Riera & Cía. y para ampliar sus negocios e incorporate a este negocio el de la mercantil Alonso Hiera & Gia., ha sido uno de los promotores de una corporación llamada Alonso Riera & Cía., Inc., cuya corporación ha sido aceptada por el Secretario Ejecutivo de Puerto Rico.”

La corte de distrito libró una orden preliminar de injunc'tion contra la cual los demandados Pizá y Santiago Carmona interpusieron apelación.

La corporación ha solicitado la expedición de un auto inhibitorio para impedir cualquier acción ulterior en los pro-cedimientos de injunction y solicita además que sea anulada la orden disponiendo el libramiento del auto preliminar de injunction.

Alega la petición además de que están pendientes los procedimientos de injunctionf entre otras cosas, que en dichos procedimientos fueron emplazados personalmente los demandados que en el título del caso se nombran, y tal em-plazamiento se les hizo en sus propios nombres y no en re-presentación de ninguna otra personalidad, y menos aún en la de Alonso Eiera &- Cía., Inc., pues ellos no tenían tal re-presentación y porque esa corporación no aparece como de-mandada ; que el juez de distrito, después de oir a las partes, dictó una orden restrictiva que se copia íntegramente en la petición, cuya parte principal es como sigue:

“La corte decreta el injunction preliminar y en su consecuencia ordena que mientras se resuelve este caso los demandados, sus agentes y empleados se abstendrán totalmente de usar los apellidos de Alonso Riera como parte del nombre de la corporación ‘Alonso Riera & Cía., Inc.’ así como en sus cartas, sobres y circulares o en ninguna otra forma, ya directa o indirectamente, que pueda dar lugar a confundir el establecimiento que bajo su propio nombre tiene establecido en esta ciudad el demandante con el de la nueva corporación.”

Las demás alegaciones son como siguen:

“Séptimo: Que la referida resolución, suspende los negocios y tráfico de la corporación ‘Alonso Riera y Compañía, Incorporada’ que por virtud de la misma, no puede usar su nombre, ni realizar ne-gocios, a pesar de hallarse legalmente incorporada en la Secretaría de Puerto Rico, y de no haberse seguido contra ella proceso legal al-guno para hacerla cesar en sus negocios.
" Octavo: Que de acuerdo con la ley estableciendo el auto de injunction, no puede concederse un injunction para suspender los ne-gocios generales u ordinarios de una corporación, a menos que medie notificación a los oficiales o administrador de la misma; lo que no se ha hecho en el caso que motiva esta petición. (Sección 9, Ley 8 de Marzo de 1906.)
■ "Noveno: Que en el aludido pleito número 259, no ha sido parte esta corporación; ni ha sido oída, ni se la ha citado para que exponga y alegue; y no obstante todo esto, se ha dictado la resolución que más arriba queda transcrita y que la imposibilita para sus negocios.
“Décimo: Que la peticionaria carece de remedio adecuado y efi-ciente, en ley, para ir contra esa resolución, dado que no es parte en el pleito en que aquella recayó; y que cualquier remedio que en ley utilizara, en el caso de que lo hubiera, sería tardío, y quedaría la corporación sin poder efectuar negocios mientras se sustanciara, el pleito.
“Undécimo: Que la suspensión de los negocios de esta corpora-ción, que de tal resolución se deriva forzosamente, causa a la corpo-ración un perjuicio gravísimo, cuya estimación en dinero no puede hacerse previamente. Y que la referida resolución anula el derecho legal de esta peticionaria' a ejercer el comercio libremente.
“Duodécimo: Que la resolución de que se viene tratando ha sido dictada sin que la corte y el juez tengan jurisdicción sobre la corpo-ración peticionaria, que no se halla ante dichas corte y juez en pro-cedimiento alguno de ley o de equidad.”

En tanto consideramos el estatuto que prohíbe el libra-miento de “un injunction para suspender los negocios gene-rales y corrientes de una corporación” sin la debida notifi-cación, no aparece de la faz de las alegaciones, o del man-damiento, que la corte de distrito intentó librar, o en reali-dad libró, tal mandamiento. Si la peticionaria fuera una verdadera corporación bona fide organizada de buena fe y no como mero subterfugio o comouflage para ocultar y elu-dir la responsabilidad por la multitud de actos dudosos que se imputan a su causante, si no en nombre, Alonso Riera & Cía., entonces es difícil comprender como puede perjudi-car a tal corporación que es tercera de buena fe la orden restrictiva librada por la corte de distrito. De todos modos parece que sería una contestación suficiente a la solicitud de auto inhibitorio decir que si la corporación nuevamente organizada tiene cualesquiera derechos en equidad que indi-rectamente han sido infringidos o perjudicados por la orden restrictiva, pudo y debió hacerse primero una solicitud inte-resando un remedio y exponiendo los hechos al juez senten-ciador que libró la orden de injunction. Entonces podría haberse interpuesto una apelación contra una sentencia ad-versa en este particular, si alguna' hubo. La ley que auto-riza los autos inhibitorios prescribe expresamente “que no podrá pedirse ningún auto inhibitorio para impedir cual-quier resolución de tribunales inferiores que fuera revisable por medio de apelación.” A fortiori la solicitud debe ser denegada cuando el peticionario no ha sido hecho parte en los procedimientos de que se queja y ni siquiera ha llamado la atención de la corte sentenciadora a las supuestas irregu-laridades, privando así al juez sentenciador de la oportuni-dad a que tiene derecho para corregir las mismas.

“La doctrina, sin embargo, de que una 'corporación es una enti-dad legal que existe por separado e independiente de las personas que la componen, es una mera ficción introducida por motivos de conveniencia y para servir a los fines de la justicia. Esta ficción no puede alegarse basta un límite y propósito que no esté dentro de su razón y política, y se ba resuelto que en un caso adecuado y en pro de los fines de la justicia, una corporación y la persona o personas que son dueños de todas sus acciones y activo, serán consideradas como idén-ticas. Así pues, cuando una corporación procede en ley o cuando alega un título a una propiedad, o el título a la propiedad está envuelto, la corporación se considera como una persona separada y distinta de sus accionistas o de cualquiera o de todos ellos; pero cuando pro-cede en equidad para alegar derechos que por su naturaleza son de equidad, o solicita un remedio basado en reglas o principios de equi-dad, una corte de equidad no olvidará que los accionistas son los .ver-¿Laderos y esenciales beneficiarios para recobrar, y si los accionistas no tienen derecho en equidad, ni equitativamente están justificados en obtener el remedio que tratan de hacer valer por la corporación en beneficio suyo, no se permitirá recobrar a la corporación. Ade-más, la existencia corporativa como entidad distinta de sus miembros puede ser pasada por alto con el fin de contrarrestar el propósito frau-dulento de los accionistas en su organización.” ' 7 R. C. L., página 27, see. 4.

Debe desestimarse la solicitud y negarse el auto soli-citado.

Desestimada la solicitud y denegado el auto.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado í3b. Wolí’,

text:
    Loíza Sugar Company, Demandante y Apelada v. Calderón et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre confesoria de servidum-bre (injunction.)

    No. 2512.
    Resuelto en marzo 31, 1922.
    Servidumbre de Paso — Levantamiento de Vía Porrea — -Tolerancia del Dueño.— Aunque el arrendatario, autorizado por los términos del arrendamiento, hu-biera autorizado a la demandante para pasar sus trenes por la Anea arren-dada, el dueño, terminado el arrendamiento, no puede ser obligado a soportar la servidumbre, pues no habiéndose obligado a tolerarla su derecho a levan-tar las vías está protegido por el artículo 446 del Código Civil, sobre todo no habiendo demostrado la demandante la existencia de' algún daño actual o futuro.

      Id. — Id.—Injunction—Descripción de la Dinca. — En una demanda de injunction para que se prohíba a los demandados el levantamiento de vías de la deman-dante, debe describirse suficientemente la finca objeto de la servidumbre; y no cumple con tal requisito la mera alegación de que los demandados son dueños de 180 cuerdas de terreno en el barrio * * * del munieipio de * * *.
    Id. — Id.—Causa de Acción — -Alegación Necesaria. — No determina hechos bas-tantes para constituir causa de una acción sobre levantamiento de vías una demanda en la cual si bien se alega que los dueños consintieron la colocación de las vías férreas no se alega ningún hecho por el cual estuvieran éstos im-pedidos de retirar su consentimiento. Sea cual fuere el perjuicio que pueda causarse a una persona no puede ésta intervenir en el debido ejercicio de un derecho por parte de otro sin probar que ella misma tiene algún derecho.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. J. O. Torres, A. R. Bar-celo 7 M. Benitez .Flores.

    Abogados de la apelada: tS'res. E. Acuña, j J. Texidor.

   El Juez Asociado í3b. Wolí’,

emitió la opinión del tribunal.

Se dictó nna orden de injunction contra los demandados prohibiéndoles qnitar de sn finca el paso ferroviario de la demandante, que es una central azucarera, alegando esta' última un derecho igual o semejante al de una servidumbre. La condición física de este caso sólo se diferencia de los he-chos revelados en el de Torres v. Plazuela Sugar Company, 24 D. P. R. 479, en que en este caso la demandante reclama un derecho por virtud de un contrato que el dueño de la finca en cuestión celebró con su arrendatario por el cual fué auto-rizado el segundo en la siguiente forma:

“Queda asimismo el arrendatario señor Sosa Oliva ampliamente apoderado y autorizado por los actuales dueños de la finca para que, durante el período de su arrendamiento, conceda o niegue el paso •por aquellas líneas férreas u otras vías de comunicación establecidas o que se trate de establecer, oponiéndose o no a procedimientos de expropiación forzosa.” •

La demandante no presentó prueba tendente a establecer-la existencia de un contrato con dicho arrendatario. Por el contrario la prueba de la celebración de un contrato para permitir a la demandante penetrar en la finca era de fecha anterior a la posesión de dicho arrendatario. El caso queda .pues comprendido en todos sus aspectos en el de Torres v. Plazuela, supra.

Aún cuando el arrendatario hubiera celebrado un con-trato, quedaba limitado al término de su arrendamiento el cual se demostró que había vencido, y como en el caso de Torres v. Plazuela; supra, es aplicable el artículo 446 del Código Civil, el cual prescribe lo siguiente:

“Artículo 446.' — Los actos meramente tolerados y los ejecutados clandestinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa, o con violencia, no afectan a la posesión.”

Convenimos con los apelantes en que para que se decrete un injunction debe probarse un caso robusto; pero no es necesario hacer citas de autoridades pues no vemos que se haya probado un caso en favor de la apelada, la que, como sucede con mucha frecuencia no ha presentado alegato. No encontramos justificación alguna para este pleito.

Asimismo convenimos con los apelantes en que en la de-manda do injunction debió haberse descrito la finca y no era bastante con decir que los demandados eran los dueños de 180 cuerdas de terreno en el barrio de Cañó vanas, del Mu-nicipio de Loíza. No estamos muy seguros en vista de los autos de si este defecto fue o no subsanado en el juicio.

También tienen razón los apelantes al insistir en que no se demostró claramente la existencia de ningún daño real o futuro para la demandante. Por el contrario, la prueba ten-, olió a mostrar que la demandante raras veces utilizaba la vía férrea en cuestión y que, tenía otros medios de comuni-cación en la vecindad, aunque quizás más costosos.

Estamos asimismo de acuerdo con los apelantes en que la demanda no determinaba una causa de acción, pues si bien expresaba que los dueños habían consentido en la colocación de la vía de ella nada aparecía por lo cual estuvieran impe-didos los demandados de poder retirar tal consentimiento de conformidad con el artículo 446, supra. Sea cual fuere el perjuicio que pueda causarse a una persona no puede ésta intervenir en el debido ejercicio de un derecho por parte de otro sin probar que ella misma tiene algún derecho. Los apelantes alegan otros defectos de la demanda que no discu-tiremos.

Habiendo llegado a esta conclusión no consideraremos la alegada falta de una fianza o un juramento, o la supuesta actuación de la corte inferior al librar la orden sin fianza. La demandante estaba tan desprovista de una causa de ac-ción, que debe revocarse la sentencia y desestimarse la de-manda, con costas y honorarios de abogado, no habiéndose justificado razón alguna para molestar a los demandados con este pleito.

Revocada la resolución apelada y se desestima ■ la demanda, condenando a la, demandante al pago de las costas y honorarios de abo-gado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    Coira et al., Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas negándose a transferir la inscripción de una finca a distinta circunscripción territorial.
    No. 505.
    Resuelto en marzo 31, 1922.
    Herederos — Personalidad—Inscripción.—Las personas que invocando su carác-ter de herederos otorgan una escritura pública para solicitar algún asiento en relación con bienes de su causante en el registro, deben acreditar su con-dición de tales, bien en la misma escritura o por medio de otro documento independiente.
    Id. — Finca Inscrita en Distrito a que no Pertenece — Circunscripción Territorial.' — Un acta de deslinde de cierta parte de los límites de dos muni-cipios presentada al registrador con una escritura otorgada al objeto de tras-ladar, la inscripción de una finca de un registro a otro, sin nada que conecte el deslinde con la finca de que se trata excepto el simple dicho de los otor-gantes, no es suficiente. Copias de Escrituras — Requisitos que Deben Contener — Signo, Firma t Se-llo del Notario. — Be la copia de una escritura presentada al registro, debe aparecer claramente quo el original fué firmado, signado j sellado por el no-tario autorizante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. V. Polanco de Jesús.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Los hermanos Guadalupe, Tomasa, José María, Josefa y María Coira comparecieron ante notario y otorgaron una escritura publica en la que manifestaron que en unión de sus hermanas Francisca, Providencia y Antonia eran los úni-cos y universales herederos de José María Coira, fallecido en San Juan en 1911, según resultaba de cierto documento de la Corte de Distrito de Arecibo de 10 de febrero de 1913 ; que José María Coira era dueño de una finca rústica que figuraba como situada en el barrio de Collores de Barros y por tanto inscrita en el Registro de la Propiedad de Caguas cuando lo cierto era que a virtud de un deslinde de los lími-tes de los municipios de Barros y Ciales la dicha finca es-taba situada en el barrio de Pozas del último pueblo, de-biendo por tanto inscribirse en el Registro de la Propiedad de Arecibo. Por todo lo cual consignaron en el mismo docu-mento su deseo de que la finca sé inscribiera en Arecibo y su petición al Registrador de la Propiedad de Caguas para que extendiera la certificación literal necesaria a tal efecto.

Presentada la escritura indicada acompañada de una co-pia del acta de deslinde a que se refería, el registrador de Caguas se negó a inscribirla, 1, porque los que comparecían llamándose herederos, no acreditaban su carácter de tales ni concurrían todos, 2, porque del acta de deslinde no se po-día llegar a una conclusión clara sobre cuáles eran las líneas divisorias de Barros y Ciales, y 3, porque de la copia de la escritura presentada no se desprendía que el notario fir-mara, signara y sellara el original, citando el caso de Delannoy v. Registrador de Guayama, 26 D. P. R. 555.

Contra la nota del registrador recurrieron los hermanos Coira para ante este Tribunal Supremo y es su recurso el que estamos considerando y resolviendo.

1. La finca de que se trata figura aún inscrita en el Ee-gistro de Caguas a nombre de José María Coira. Los here-deros no han inscrito su derecho. Ante el registrador sólo estaba un documento por medio del cual varias personas ex-ponían que ellas en unión de otras eran los herederos de Coira por haberlo así declarado la corte competente. La declaración de la corte ni se transcribió en la escritura ni se presentó al registrador. Bajo esas circunstancias estuvo justificado dicho funcionario al negarse a inscribir el docu-mento.

2. Hemos leído el acta de deslinde. Es un documento largo y confuso. De antiguo existían dificultades. En 1834 se practicó un deslinde, pero las dificultades siguieron. En 1842 se llevó a efecto otro, pero parece que la cuestión no quedó resuelta en definitiva. En 1887 tuvo lugar el que se' invoca por los recurrentes. Se refiere al parecer a una parte de la línea divisoria. Sólo consta de él la práctica del des-linde y los incidentes ocurridos y manifestaciones hechas con motivo del mismo. Nada hay que conecte el deslinde con la finca de que se trata excepto la afirmación de los re-currentes en la escritura. Siendo ello así, creemos que está también justificado el segundo motivo de la nota.

3. La escritura original termina así, según la copia ex-pedida por el notario y presentada en el registro: “(Fir-mados) Guadalupe Coira. Tomasa Coira. Josefa Coira. María Coira. José Ma. Coira. José Monserrate Arroyo. Buenaventura Santiago. (Previo mi signo) Y. Polanco de Jesús. Cancelado un sello de E. I. de $1.00.” Eesulta con bastante claridad que el notario firmó y signó el documento original. El requisito del sello es el que falta.

Sostienen los recurrentes que haciéndose constar qne se fijó y canceló un sello de rentas internas, debe deducirse que se fijó el sello del notario, pues con él se verifica la cance-lación. La existencia de la firma, signo y sello del notario no debe dejarse a deducciones. El tercer motivo, en cuanto a la falta del.sello, está, pues, bien fundado.

Por virtud de todo lo expuesto, procede la confirmación de la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    The New York & Porto Rico Steamship Company, Demandante y Apelada, v. Porto Rico Fruit Union, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2488.
    Resuelto en abril 3, 1922.
    Teanspobte Marítimo — Pago del Flete — Freight Collect. — El dueño de un bu-. que tiene derecho a cobrar del embarcador el importe del flete de mercade-rías aun cuando éstas hubieran sido aceptadas por la compañía naviera bajo condición de “freight collect’’ o sea para ser cobrado el flete al consigna-tario al ser entregadas las mercaderías.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. O. M. Wood, Soto Gras & Siaca.

    Abogado de la apelada: Sr. J. Sifre, Jr.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En enero de 1920 se embarcaron en el vapor Coamo de la corporación demandante, en el puerto de San Juan, P. R., con destino al ele Nueva York, N. Y., dos partidas de cajas de toronjas, una de 2496 y otra de 40.

En los conocimientos figuraba como embarcadora la cor-poración demandada y como' consignatarios P. Ruhlman & Co., de Nueva York, N. Y., y en ellos se consignaron las pa-labras “Freight Collectque quieren decir que el importe del flete debía cobrarse en el punto de su destino.

Las toronjas se entregaron a los consignatarios y la cor-poración demandante trató de cobrar de ellos el valor del flete ascendente a $1,268 sin conseguirlo por haberse decla-rado en quiebra dichos consignatarios. Entonces la deman-dante solicitó ele la demandada el pago y habiéndose negado, estableció la presente acción en la que obtuvo una sentencia favorable.

La demandada apeló de esa sentencia, alegando la comi-sión de dos errores, a saber:

1. El cometido al declararse que la demandada era res-ponsable no obstante haber sido aceptado el embarque por cuenta de P. Ruhlman & Co., de acuerdo con la carta de ga-rantía dada por dicha firma, y
2. El cometido al declararse a la demandada responsable no obstante haberse demostrado que actuó como un mero 'agente expedidor (forwarding agent) por cuenta de The Isa-bela G-rove Company y la Sucesión Winthrop, dueñas de las toronjas.

Examinemos el primer error. Se presentó como prueba una carta escrita en inglés que dice así:

“Febight GUARANTEE, New York, Oct. 20, 1919. — The New York & Porto Rico Steamship Co., 11 Broadway, New York City.- — Gentlemen: — We request that you instruct your agents to accept shipments of fruits from the following shippers consigned to us direct, freight payable at New York, and we hereby agree to pay all freight and charges on such shipments made during the season of 1919-1920 to-, whether delivered in whole or in part, sound or unsound. —Yours truly, P. Ruhlman & Co.- — Signature. Ports of Shipment. All Porto Rican Ports. — Names of Shippers, All Shippers consigning ns.”

La demandante acepta que de acnerdo con la carta qne antecede y con los propios conocimientos, ella podía cobrar los fletes, como intentó hacerlo, de los consignatarios, pero sostiene que de acnerdo con los términos del contrato cele-brado y con la jurisprudencia también podía cobrar dichos fletes de la demandada, y tiene razón, a nuestro juicio.

En una de las muchas cláusulas impresas de los conoci-mientos se consigna que el embarcador y el consignatario son mancomunada y solidariamente responsables del pago del flete, pero prescindiendo de esta cláusula impresa y to-mando sólo en consideración las palabras especialmente con-signadas en el contrato, freight collect, y la carta de garan-tía, aún así estimamos que el derecho del dueño del buque a cobrar el flete del embarcador, es claro.

Muchos casos han sido citados en los alegatos. Nos re-feriremos al de Wooster v. Tarr, reportado en el tomo 85, pá-gina 707 de las American Decisions, que trata con amplitud y seguridad la cuestión. Procede de Massachusetts y la opi-nión está escrita por el Chief Justice Bigelow. Dice así:

“La cuestión levantada en este caso, es muy extensamente discutida en el de Blanchard v. Page 8 Gray, 281, 286, 290-295. Allí se dijo que es la doctrina establecida que un conocimiento es un simple contrato escrito entre un embarcador de artículos y el dueño del barco; conviniendo el último en transportar los artículos, y el pri-mero en pagar l'a compensación estipulada cuando el servicio sea prestado. Sobre la corrección de esta manifestación no puede haber duda alguna. El embarcador o consignador, ya sea o no el dueño de los artículos embarcados, es la parte con quien el dueño o capi-tán lleva a cabo el' contrato de flete. Es aquél quien hace el depó-sito de los artículos que van a ser transportados, y, como depositante, es responsable por la compensación que ha de pagarse por el trans-porte. El dictum del Juez Bayley en el caso de Moorsom v. Kymer, 2 Maule & S. 318, posteriormente repetido por Lord Tenterden en el de Drew v. Bird, Moody & M. 156, de que en ausencia de un con-trato expreso por el embarcador de pagar el flete, cuando de acuerdo con el conocimiento los artículos ban de ser entregados previo pago del flete por el consignatario, no puede reclamarse al embarcador el precio del transporte, ba sido claramente repudiado y no puede ser considerado como una expresión correcta de la ley; Sanders v. Van Zeller, 4 Q. B. 260, 284; Maclachlan on Shipping, 426.
, “Se sostiene por parte de los demandados que la omisión del capitán de cobrar el flete a los consignatarios de la carga o a sus cesionarios, bajo las circunstancias expresadas, fué un quebranta-miento de la buena fe bacía los embarcadores, que produce el efecto de un impedimento contra él y los demás dueños del buque, cuyo agente era, para reclamar el importe del flete a los demandados. Pero no bay hechos en qué fundar una alegación de mala fe contra' el capitán. El no actuó contrariamente a su contrato ni consisten-temente con su deber bacía los embarcadores. Es cierto que él dejó de bacer efectivo su gravamen sobre la carga en garantía del flete, al entregarla sin insistir en el pago del mismo por. los consignatarios. Esto no fué violación alguna de ninguna obligación que él hubiera asumido bacia los demandados como embarcadores de la carga. Un capitán no está obligado a su perjuicio a obligar a los consignatarios al pago del flete. La cláusula usual en los conocimientos al efecto de que l'a carga ba de ser entregada a la persona designada, o sus cesionarios, ‘pagando él o ellos el flete,’ es insertada solamente como un reconocimiento o aserción del derecho del capitán de retener los artículos transportados basta que su gravamen es satisfecho mediante pago del flete, pero ella no impone obligación alguna sobre él de insistir en el pago antes de entregar la carga. Si él cree conveniente renunciar a su derecho de gravamen y entregar los artículos sin que medie pago del flete, su derecho subsiste de recurrir al embarcador en demanda de ls compensación: Shepard v. De Bernales, 13 East, 565; Domett v. Beckford, 5 Barn & Adol. 521, 525; Christy v. Row, 1 Taunt, 300.” Wooster v. Tarr, 85 Am. Dec. 708-709.

El segundo error tampoco se ha cometido, a nuestro jui-cio. Es cierto que se demostró que la demandada no era la dueña de las toronjas transportadas, pero fué con la deman-dada con quien contrató directamente la demandante, sin ex-presarse en el contrato que la demandada actuaba como agente y en nombre de otras personas, según aparece de los cono-cimientos.

Se alegó por la demandada que la demandante sabía que ella no era la dueña de las frutas y que simplemente actuaba como un agente expedidor (forwarding agent), pero al pre-sentarse la prueba, el propio manager de la corporación de-mandada, S. A. Davidson, declaró:

“A. La Compañía de vapores tiene o tenía en aquella fecha co-nocimiento de la relación en que actuaba la demandada en este caso, Porto Rico Fruit Union? — T. Sí, señor.
“A. Las cajas en que vienen estas frutas tienen alguna seña en su exterior que denote a quién pertenecen? — T. Sí, señor.
“(Bte.) A. Cuando esa fruta iba a embarcarse quién se encargó de arreglar todos los detalles del embarque, l'a Porto Rico Fruit Union? — T. Sí, señor.
“A. ¿Fué la que firmó el conocimiento? ¿Quién aparece en el conocimiento como consignatario, la Porto Rico Fruit Union? — T. La Porto Rico Fruit Union.
“A. Luego entonces quién contrató con la New York & Porto Rico Steamship Company, la Porto Rico Fruit Union? — T. La Isabela Grove por medio de su agente la Porto Rico Fruit Union.
“A. Testigo, cuando ustedes hicieron el contrato, según usted actuando como agente, se hizo saber a la New- York & Porto Rico Steamship Company que actuaba como tal agente de la Isabela Grove ? ■ — T. Hasta en ese momento no.
“A. De modo que cuando ese contrato se hizo en ese momento usted no informó a la New York que estaba actuando como agente de la Isabela Grove? — T. En ese momento no.”

Se ve, pues, que cualquiera que hubiera sido la fuerza que hubiera podido tener la alegación de la demandada, siem-pre resultaría que no se presentó la prueba satisfactoria ne-cesaria.

Por virtud de todo lo expuesto, debe confirmarse la sen-tencia recurrida.

'Sin lugar el recurso y confirmada la senten-cia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en causa por infracción a la Ley de Ar-bitrios.
    No. 1889.
    Resuelto en abril 4, 1922.
    Arbitrios — Alambiques—Facultad de Denunciar. — La seeeión 88 de la Ley de Arbitrios de 1902 no impide que cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión del delito formule la denuncia. La facultad de denunciar las violaciones de dicha ley no es exclusiva del Tesorero de Puerto Bico.
    Los Pechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. D. G. Quiñones.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué dos veces declarado culpable, primero en la corte municipal y más tarde, después de un juicio de novo, en la corte de distrito, a 'virtud de una denuncia, la cual es como sigue:

“Yo, Enrique Rivera, Sargento Policía Insular, vecino de San-turce, calle de Carretera, número 212, mayor d'e edad años, for-mulo denuncia contra Esteban Rodríguez por el delito de'infracción a la sección- 61 de la Ley de Arbitrios, cometido de la manera si-guiente: Que en mayo 26 de 1921, hora 3 p. m. y en el sub-barrio del Seboruco de Santurce del' Distrito Judicial Municipal de San Juan, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., el acusado antes indicado voluntaria, maliciosa, e ilegalmente, tenía en su poder y bajo su custodia dos alambiques clandestinos des-tinados a la destilación de alcohol sin estar éstos inscritos en la ofi-cina del Tesoro Insular. Hecho contrario a la ley. Adjunto le acompaño las partes de alambiques que fueron ocupadas compuestas de dos serpentinas, un recipiente de lata en forma de embudo, dos tubos de goma, dos latas que hacía de condensadora y dos tubos de hierro galvanizado que hacía de respiradores, las demás partes de los alambiques no fueron ocupadas por haberlas traspuesto el acu-sado al darse cuenta de la policía. Siendo testigos: José Cedeño', P. I. No. 281, Otilio Encarnación, P. I. No. 444.”

Los siguientes son los errores que han sido alegados:

“I. La corte cometió error al declarar sin lugar la excepción pe-rentoria de que la acusación no había sido presentada por el Teso-rero de Puerto Eico.
“II. La corte cometió error al declarar culpable al acusado del delito de infracción a l'a sección 61 de la Ley número 55 de junio 15, 1919, conocida por ‘Ley de Arbitrios.’
“III.- La corte cometió error al estimar que la denuncia aducía hecho constitutivo del delitó de infracción a la sección 61 de la Ley. número 55, de junio 15, 1919.”

En lo que respecta al primer señalamiento de error, será suficiente con hacer referencia a los siguientes casos: El Pueblo v. Campos, 17 D. P. R. 1190; El Pueblo v. Morales, 24 D. P. R. 147, y El Pueblo v. Miranda,, 29 D. P. R. 71. El apelante mismo llama la atención al caso citado en último término, pero disiente de la teoría en él sustentada sin tener una razón muy clara al parecer para tal disentimiento como no sea la circunstancia de haberse basado la decisión prin-cipalmente en otro fundamento distinto y más técnico.

El razonamiento bajo el segundo señalamiento ele error, es que no hubo prueba documental acerca del hecho de que el alambique no estaba inscrito en la Tesorería. Esta omi-sión dice el apelante “constituye un error tan aparente y es una cuestión de evidencia tan elemental, que no se nece-sita citar autoridades.” Con el debido respeto a la opinión del abogado tan confiadamente expresada, nos inclinamos de-cididamente al criterio contrario; pero a falta de una ex-posición del caso, o pliego de excepciones, la cuestión no es de importancia vital.

El tercer señalamiento se funda en lo que aparece escrito al pie de la denuncia, donde se dice que ciertas partes de los dos alambiques se presentan como prueba, no habiéndose ocupado las partes que faltan, sean las que fueren, por ha-berlas traspuesto el acusado al darse cuenta de la policía. En la denuncia se imputa al acusado el hecho de haber te-nido en su poder dos alambiques sin haberlos inscrito en la Tesorería. La denuncia, por tanto, imputa la comisión de un delito. El hecho así expresado pudiera ser cierto y pudo probarse sin ocuparse ninguna parte de uno u otro alam-bique. Si la denuncia hubiera dicho que ni una sola pieza de cualquiera de los alambiques pudo encontrarse, esa decla-ración no hubiera sido necesariamente incompatible' con la alegación de que el acusado, en cierta fecha, tenía los dos alambiques en su poder. La posesión en la fecha alegada pudo probarse por testigos oculares, o mediante otra prueba aliunde, no obstante el hecho de no haberse encontrado u ocupado nada por la policía. Como hemos dicho, la prueba no se encuentra ante nos. El tercer señalamiento se dirige a la suficiencia de la denuncia, la cual, por su faz, es clara-mente suficiente, y el razonamiento descansa en una supuesta falta de prueba, sin que exista para ella base alguna en los autos.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    González et al., Demandantes y Apelantes, v. Hernández, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, en pleito sobre nulidad y reivindica-ción. Moción solicitando la desestimación del recurso.
    No. 2684.
    Resuelto en abril 4, 1922.
    Desestimación de Apelación — Notificación de la Apelación. — No proeede desestimar una apelación por el fundamento de no haber sitio notificada del establecimiento del recurso una de las partes demandadas, cuando los autos no muestran que tal parte, por ser realmente interesada en la contienda, po-dría ser afectada por una sentencia revocatoria.
    Los hechos están- expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. A. Marín Marión.

    Abogado del apelado: Sr '. L. Méndez Vas.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes apelaron una resolución que anuló y dejó sin efecto un embargo que a su instancia fué decretado y trabado en bienes de sus demandados Agustín Hernández, Mena y Juana Lliteras García. - La apelación fué notificada al abogado de éstos, quienes nos piden que la desestimemos por no haber sido notificada también al Tesorero de Puerto Eico, que es otro de los demandados a quien, según se dice, puede perjudicar la resolución que dictemos por virtud de la, apelación.

Según resulta de los papeles que tenemos ante nosotros la demanda original no fué establecida contra el Tesorero de Puerto Eico y fué por virtud de una resolución de excep-ciones previas a la demanda que los demandantes lo inclu-yeron en su demanda enmendada, pero no teniendo esa de-manda ante nosotros no podemos apreciar el interés que pueda tener el Tesorero de Puerto Eico en que no se trabe embargo en los bienes de los otros demandados, ni tampoco de otra manera se nos demuestra que pueda perjudicarle la resolución que dictemos, si es revocatoria. La apelación sólo tiene que ser notificada a la parte a quien pueda afectar nues-tra resolución. Candelas v. Ramírez, 20 D. P. R. 34; Galafar v. Sucesión Morales, 22 D. P. R. 491; Aponte v. Freiría, 19 D. P. R. 1167.

Sin lugar la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro, y Aso-ciados Wolf y Hutchison.