author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Genaro Cautiño Insúa, peticionario y apelado, Ex Parte. Sucesión de Doña Isabel Llera Vda. de Rucabado, Graciela Pérez Torres de Meléndez, Angel Luis Pérez representado por su madre Julia Nazario, Concepción Pérez Vázquez y Marta Virgen Pérez Alicea, opositores y apelantes.
    Núm. 7176.

    Sometido: Abril 8, 1937.

      Resuelto: Mayo 4, 1937.

      P. Amado Rivera, M. Rodriguez Albprty, F. Beiró Rovira, Pedro E. Anglade y C. Domínguez Rubio, abogados de los apelantes; To-más Bernardini de la Huerta, abogado del administrador judicial; Tomás Bernardini Palés, abogado de Julia, conocida por Julí, Luis Adalberto y María Virginia Pérez Vázquez, representados por su madre Rosa Vázquez Vega; Mericia Pérez Vega, represen-tada por su madre Viviana y Felisa Pérez Vázquez; y Miguel Marcos Morales, abogado del Crédito y Ahorro Ponceño.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

José Pérez Llera falleció en el pueblo de Cayey el día 5 de mayo de 1932, siendo soltero. Le sobrevivieron su ma-dre, doña Isabel Llera, y sus descendientes Graciela, Con-cepción, Luisa, conocida por Josefa, Horacio, Julia, Luis Adalberto, María Virginia, Mericia y Marta Virgen, decla-rados sus hijos naturales reconocidos por la Corte de Dis-trito de Guayama.

Entre otros documentos del finado apareció, después de su muerte, una carta dirigida a Genaro Cautiño Insúa, que transcrita literalmente dice así:

“Cayey 4 Mayo, 1930. — Sr. D. Genaro Cautiño, Guayama. — Mi más querido compadre: Quisiera estar tranquilo y poderle explicar todo cuanto me pasa pero debido a mis nervios no puedo hacerlo.— Siendo Y. el único ser en quién tengo todas mis esperanzas y mi con-fianza quiero antes de morir dejarle encargado a mis hijos y todos mis bienes para que Y. busque la manera de dejarlos amparados que no se haga nada sin su consentimiento pues conozco bien su buen corazón y sé seguro Y. no hará nada que no sea mi voluntad. — Para la venta de los tabacos hablé con D. Antonio Long y D. Félix Aros-tegui que estoy seguro ambos le ayudarán y se saldrá lo mejor' posible lo que sobre con casas, fincas, ganado y demás repártaselos a mis hijos pero no entregándoselos a ellos sino proporcionándoles una renta para que vivan y nunca puedan derrocharlo. Además de eso el dinero que en su poder tengo quiero me lo reparta en la forma si-guiente son poco más o menos $70,000. — Para Luisa $25,000, para Yuli $15,000. Para Adalberto $10,000, para María Yirginia $10,000, y para Mericia $10,000. Esto es además de lo que yo tengo o pueda tener. Adalberto le entregará todos los libros si los tabacos se ven-den de $20 para abajo creo no se necesiten — $4,000 p. la liquidación de los rafaccionados.- — -Cualquier duda que tenga consúltele a Anito pero jamás confíe en él pues no tiene gratitud a pesar de todo quiero después que todo se liquide quiero dejarle cuatro o quinientos dollars no por él sino por sus hijos para que compren una casita. — A estos individuos que le nombro quiero me les dé $500 a cada uno y son los siguientes: Julián Hamos, Josefina Nieves esta muchacha es de Toa Alta, Luis Brau, Sandiego Torres, Frut-o López, Pepe Delvalle. Elisa Malavé además de los $500 a esta última me le traspasa a nom-bre de ella un terreno que el padre me tiene hipotecado y a Dña. César la señora de don Taño me le da $100.- — A Y. le extrañará la determinación que he tomado pero me es imposible seguir viviendo en una vida donde no se ve mas que la desvergüenza y el pillage a cada momento me acuerdo de Y. y le compadezco por verse obligado a seguir luchando con tanto bandido. A su comadre y a Bibina mientras procedan con vergüenza ayúdelas de lo que hay. — Si a mi se me ha olvidado alguna cosa la dejo a su criterio pues donde quiera que me encuentre daré por bien todo lo que Y. haga.- — Reciba el abrazo más sincero de su compadre que jamás lo olvidará. — Firmado: Pepe. P. D. Enrique Mendoza me tiene hipotecado un solar pásele la escritura de dicho solar a mi ahijada que es hija de él que yo se lo regalo. — Dado caso que tenga inconveniente en la venta de los ta-bacos bable con Don Félix para que le explique bien el principio de las cosas todo me lia pasado devido al estado de nervios en que me puso Mr. G-ans desde su principio. — Procure "V. ir con D. Félix hablar con Mr. Malla si viene a Puerto Rico.- — Vale.”

Estimando el destinatario de dicha carta que se trataba del testamento ológrafo del cansante, promovió en la Corte de Distrito de Gnayama el expediente núm. 9832, sobre pro-tocolización del testamento ológrafo de José Pérez Llera, en el que recayó resolución el día 20 de mayo de 1932 decla-rando comprobada su identidad, y ordenando su protocoliza-ción en la notaría del abogado don Tomás Bernardina, de la Huerta.

Por escritura pública de 31 de mayo de 1932 Genaro Cau-tiño Insúa aceptó el cargo de albacea testamentario, y por resolución de 2 de junio del mismo año, la Corte de Distrito de Guayama ordenó que se le expidieran las correspondientes cartas testamentarias.

En 25 de octubre de 1932 Cautiño, en su carácter de al-bacea, con intervención de la corte, practicó un inventario de los bienes relictos, que arrojó un activo de $317,777.03 y un pasivo de $139,441.30.

La moción que ña sido origen del presente recurso es una sobre nombramiento de contador-partidor, radicada en la Corte de Distrito de Guayama el día 4 de septiembre de 1934 por Graciela Pérez Torres de Meléndez, Angel Luis Pérez, representado por su madre Julia Nazario, Concepción Pérez Vázquez, Marta Virgen Pérez Alicea y Sucn. de Isabel Llera Vda. de Rucabado. En dicha moción se alega la muerte de José Pérez Llera y se transcribe literalmente la carta dirigida a Genaro Cautiño Insúa, supra; se hacen ciertas observaciones cuyo propósito parece ser el de im-pugnar dicha carta como el testamento ológrafo del causante, a saber: primero, que firmó “Pepe” y no su nombre com-pleto ; segundo, que pretirió el causante a su señora madre, doña Isabel Llera Vda. de Rucabado; tercero, que no men-ciona los nombres de sus Mjos y qne los priva de sn herencia en pleno dominio, y cuarto, qne no establece el nombramiento -de albacea ni de contador-partidor; qne a pesar de esta úl-'tima objeción, G-enaro Cantiño aceptó el cargo de albacea, se hizo expedir cartas testamentarias, y procedió a la prác-tica de nn inventario, con intervención de la corte, pero sin •qne frieran citados ni los bijos del cansante ni sns respec-tivas madres; qne el 25 de octubre de 1932 se radicó el in-ventario, qne arroja nn balance neto de $178,335.73 y en el ■qne existe nn capítulo de acreedores, qne se relacionan, y nn crédito vencido de la sociedad José González & Co., •S. en C., (de la cual es socio gestor Genaro Cautiño Insúa) ■a favor de José Pérez Llera ascendente a $60,000, que con .intereses vencidos sube a $70,000, cuando la cantidad que se-;gun el testamento tenía Genaro Cautiño de José Pérez Llera •ascendía a $70,000, y no habla de intereses; que Horacio Pérez Vázquez, uno de los hijos así reconocidos, falleció, compareciendo a su nombre sn heredero Angel Luis Pérez, qne es su hijo; que entre las deudas del finado figura una pignoraticia con el Crédito y Ahorro Ponceño que ascendía en agosto de 1932 a $140,349 y en 31 de julio, 1934, a -$68,130.58; que a la fecha de la solicitud estaba pendiente de resolución por la corte de distrito una reclamación de El Pueblo de Puerto Rico por contribuciones adeudadas hasta .julio 29, 1933, ascendente a $10,633.46, solicitando que se or-denara el pago o concediera permiso para embargar; que según el inventario producido, las contribuciones adeudadas ;a la fecha en que se radicó, ascendían a $4,216-67, por lo que ■existe una diferencia de $6,000 contra el caudal; que no han :sido provistas las mociones de Concepción Pérez Vázquez, María Encarnación Vázquez y Graciela Pérez Meléndez, hijas naturales reconocidas del causante, solicitando pensiones ali-menticias, por lo que nada reciben del administrador, mien-tras que “Rosa Vázquez Vega, a nombre de sus hijos me-nores Julia, Adalberto y María Virginia, solicitó un aumento de pensión de $50 a $60 mensuales”, y le fué concedido por orden de 28 de agosto de 1933; qne la referida moción soli-citando aumento de pensión “fue notificada tan sólo al abo-gado del administrador Sr. Bernardini de la Huerta, y tiene todas las características de haber sido dictada por aquél”; que a Bibina y Luisa Vega se le han hecho también pagos sin orden de la corte; que las personas que reciben esos pagos son insolventes y sus derechos en la herencia aún no han sido determinados; que la cantidad de $80,000, más o menos, que adeuda la sociedad José González y Co., S. en C., no ha sido pagada al fondo de la administración no obstante estar vencida; y que de haberse pagado hubiera sido posible saldar lo adeudado al Crédito y Ahorro Ponceño, ascendente en julio 31, 1934, a $68,130.58; que en la hipótesis de que los $70,000 de que habla el testador hubiese que repartirlos como él dispuso en el testamento, la diferencia de $7,788.65 (teic) pudo y debió haberse pagado por la sociedad mencio-nada para aplicarlo al pago de las contribuciones que deven-gan intereses al tipo del 12 por ciento anual; que el 3 de abril, 1934, Concepción Pérez Vázquez radicó una petición sobre nombramiento de contador-partidor que fue declarada sin lugar, según ya se ha dicho, y que fué impugnada por el administrador a través de su abogado don Tomás Bernar-dini de la Huerta y por el abogado Tomás Bernardini Palés, en representación de los herederos Luisa, Yuli, Luis Adal-berto, María Virginia y Mericia Pérez, hijos naturales re-conocidos del finado, que son los que reciben $60.00 men-suales.

Se alega también expresamente que tardará mucho la administración en pagar las deudas debido a que los bienes no producen rentas; que sólo un número de acreedores, que se relacionan, han cobrado sus acreencias; que la dilación de la partición de bienes ha traído como consecuencia la radi-cación de varios pleitos que aparejan gastos a la adminis-tración; que el hecho de que el finado manifestara que los $70,000 que existían en poder del Sr. Cautiño fuesen repar-tidos en la forma dispuesta en el testamento, no es óbice al nombramiento de nn contador-partidor, pnes los derechos de los acreedores son preferentes a los de los herederos. Por último, se ilustra por medio de ejemplos una alegación hi-potética al efecto de qne ora se considere “el fallecimiento del Sr. Pérez Llera bajo testamento o en lo qne atañe a sn señora madre como si hubiese fallecido ab intestato, acepta-remos únicamente a los efectos de esta solicitud, que el ar-tículo 768 del Código Civil vigente es aplicable a la distri-bución de la herencia del mismo.”

Termina la solicitud con súplica de que se nombre un contador-partidor en vista de los hechos expuestos, del ar-tículo 67 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales y del caso de Labarthe et al. v. Newman, 23 D.P.R. 689, 692.

Se opuso el administrador a tal nombramiento basán-dose :

Primero: En que la herencia se encuentra en un proceso de ad-ministración, “estando en la actualidad el administrador cumpliendo órdenes sobre ventas de bienes para pago a los acreedores, y en arre-glos de proceder a satisfacer las deudas que, según el inventario, apa-recen contra el caudal.”
Segundo: En que el nombramiento de un contador-partidor equi-valdría a partir la herencia sin satisfacer antes a los acreedores a quienes reserva la ley el derecho a oponerse hasta tanto no se les pague o afiance el importe de sus créditos, residiendo la facultad de solicitar tal nombramiento exclusivamente en la persona del ad-ministrador judicial. Distingue el caso de Labarthe v. Newman, 23 D.P.R. 692.

Tercero: En que el testador le confirió amplia facultad en el testa-mento para dividir la herencia invistiéndole así con el carácter de contador-partidor.

Se celebró una vista. El 20 de marzo de 1935 dictó la corte resolución declarando sin lugar la petición sobre nom-bramiento de partidor-contador, y los perjudicados por esa resolución han apelado. Señalan como único error de la corte inferior el “no declarar con lugar la moción sobre nombramiento de contador-partidor, haciendo descansar su resolución, no en hechos probados y demostrativos de que no procedía en ley o en disposiciones legales tal nombramiento, .•sino en conjeturas, apreciaciones sin hechos que la sostengan, ;y en una errónea apreciación de ciertas palabras del testa-dor.”

Sería prolijo resumir la prueba documental y testifical presentada. La transcripción de la evidencia solamente, consta de 399 páginas. A pesar de lo voluminoso del récord, ni los abogados de los apelantes ni el del apelado han com-parecido a la vista del recurso ante esta corte. El último no radicó alegato y el de los primeros es muy deficiente.

TJn estudio muy cuidadoso de toda la evidencia aportada nos ha convencido de que la resolución de la corte de distrito es errónea. Quizás su marcado deseo de respetar en lo posi-ble la voluntad del finado en cuanto a la distribución de los $70,000 en poder de la sociedad Sucesores de José González & Cía., S. en O., le indujo a error. En parte, dice así dicha opinión:'

“En nuestra resolución de fecha 23 .de noviembre de 1933, dijimos lo siguiente:
“ ‘Es de conocimiento general que, debido a la depresión mun-dial en el campo de los negocios, el valor de la propiedad tanto mue-ble como inmueble, ha desmerecido grandemente y de ahí que actual-mente sea muy difícil el obtener en venta un precio justo y equitativo por los bienes que se desean realizar. Y siendo así, se hace muy difícil y casi imposible el asegurar que, vendidos en un momento dado los bienes de la herencia, éstos pudieran producir una cantidad su-ficiente para cubrir debidamente las deudas de la herencia, así como los gastos de la administración.’
“La situación en este respecto no ha variado grandemente en la actualidad....
“Se insiste grandemente por los peticionarios en su moción en el crédito que adeuda a la administración la sociedad Sucesores de José González & Cía., S. en C., alegándose que dichas sumas deben ser pagadas y traídas a la administración. Pero si examinamos el testa-mento del causante, veremos que en el inismo se hace constar que:
“ ‘ .... el dinero que en su poder tengo quiero me lo reparta en la forma siguiente son poco más o menos $70,000. — Para Luisa $25,000, para Yulí $15,000, para Adalberto $10,000, para María Virginia $10,000 y para Merieia $10,000, esto es además de lo que yo "tenga o pueda tener .... ’
“Disposición testamentaria que, a nuestro entender, debe ser cumplida, y para el pago de las deudas y atenciones de la adminis-tración debe reeurrirse primeramente a la venta de los demás bienes de la herencia y únicamente en el caso de que éstos fue-ran insuficientes para el pago de las mismas, disponer entonces de las cantidades que existen en poder de la Sociedad Suers, do José González & Cía., S. en C., ya que éstas ban sido designadas por el testador para un fin determinado, como es, el pago a los herederos que en dicha disposición se especifican.”

Ha dicho Manresa que preferente es el derecho de los acreedores al de los herederos, y que primero es pagar que heredar. Entre las deudas importantes contra el caudal hereditario existe la del Crédito y Ahorro Ponceño, la cual ascendía en 31 de julio, de 1934 a |68,130.58. Hasta tanto no se satisfaga el total de ésa y otras deudas a que no hemos hecho mención, los herederos no tienen ningún derecho preferente a parte alguna de la herencia. Tienen, sin embargo, ■derecho a dividirla, según lo disponen los artículos 1005 y 1006 de nuestro Código Civil siempre que queden salvaguardados, mediante pago o afianzamiento, los derechos de los acreedores en la forma prevista por el artículo 1035 del mismo ■código.

Deseando varios de los herederos separarse de la comunidad, y existiendo, de acuerdo con el inventario sometido por el albacea y administrador, un crédito ascendente el 25 de octubre de 1932 a $70,706-65 contra Sucesores de José González & Cía., S. en C., ¿está justificado aguardar mejores tiempos para realizar a mayor precio otras propiedades, cuando no es necesario aguardar y menos aún sacrificarlas ahora? La misma corte inferior abriga grandes dudas de que “vendidos en un momento dado los bienes de la herencia éstos pudieran producir una cantidad suficiente para cubrir debidamente las deudas de la herencia, así como los gastos de la administración.” Esto lo dijo en noviembre de 1933; en marzo de 1935 se vio forzada a repetirlo. Y sería entrar en el terreno de las especulaciones el tratar de predecir si dentro de algunos años por venir ña de verse precisada a hacer igual o parecida afirmación.

Mientras tanto,- so color de respetar una disposición testa-mentaria que dentro de las circunstancias de este caso no es necesario respetar porque hay acreedores con créditos ven-cidos y sin cobrar, varios de los herederos son obligados a permanecer, contra su expresa voluntad, en un estado de in-división, a que, según hemos visto, no están obligados por la ley. Existe otra circunstancia. Mientras varios de los hijos naturales reconocidos están recibiendo anticipos men-suales, otros con iguales derechos no reciben nada a pesar de haberlo solicitado.

Los fundamentos de oposición aducidos por el administra-dor contra la presente solicitud, no pueden, a nuestro juicio, considerarse suficientes a impedir el nombramiento de un contador-partidor. Refiriéndonos al primero, en sus manos está exigir el pago a Sucrs. de José González Cía., S. en C., de la suma que adeuda al caudal; es un crédito vencido y realizable, que bastaría para atender al pago de la deuda al Crédito y Ahorro Ponceño. Y mientras eso es así, nos dice en su moción de oposición que es improcedente el nombra-miento de un contador porque está “en la actualidad el ad-ministrador cumpliendo órdenes sobre venta de bienes para pago a los acreedores, y en arreglos de proceder a satisfacer las deudas que según el inventario, aparecen contra el caudal. Es decir, el administrador está haciendo aquello que la corte y él mismo creen improcedente y perjudicial a los in-tereses de los herederos.

Si la venta de esos bienes se está efectuando a los precios ridículos que según el testimonio del Sr. Cautiño prevalecen hoy, entonces escasamente cubriría el importe de esos bienes las deudas contra el caudal- Sería, pues, necesario recurrir a lo adeudado por Sucrs. de José González & Oía., S. en O., para satisfacer la legítima de la madre del cansante y de todos sns hijos. No podría cumplirse la voluntad del finado.

En cnanto al segundo fundamento, dispone el artículo 67 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales que “cuando el albacea o administrador.... hubiese satisfecho o tuviese en su poder bienes bastantes para satisfacer las deudas y gastos de la administración, deberá pedir ...-. el nombramiento de un contador-partidor....” De donde se- desprende claramente que si el administrador tuviere en su poder bienes bastantes para.pagar, como en este caso, pueden los herederos solicitar el nombramiento de un contador-partidor (Labarthe v. Newman, 23 D.P.R. 689, 692, perfectamente aplicable) aun cuando estén-pendientes de pago todas las deudas contra el caudal. Ello no equivaldría, como sostiene el administrador, a partir la herencia sin satisfacer antes los créditos de los acreedores.

Además, los solicitantes presentaron en evidencia el con-sentimiento a la partición, de aproximadamente diez acreedo-res. Ni el Crédito y Ahorro Ponceño, ni el Gobierno de Puerto Rico, los dos acreedores más fuertes, han compare-cido a oponerse al nombramiento de un contador-partidor, a pesar del derecho que les confiere el artículo 1035 del Código Civil. ¿Por qué invocar entonces, en contra de la solicitud, derechos que corresponde ejercitar a los acreedores, y que no han creído ellos prudente ejercitar? •

Las instrucciones que el finado dió al Sr. Cautiño, hablando ahora del tercer fundamento de oposición, sobre la división de su herencia, están limitadas a los $70,000 importe de la deuda de Sucrs. de José González & Cía., S. en C., y no a'toda la herencia. No nos parece que esto equivale a investirle del cargo de contador-partidor.

Para que pueda cumplirse sin más dilación la voluntad del testador, debe revocarse la resolución apelada y devol-verse el caso a la corte de donde procede, con instrucciones de declarar con lugar la solicitud de los apelantes y proceder al nombramiento de un contador-partidor, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia aplicables, debiendo recaer él nom-bramiento en persona gibe no tenga interés alguno en la he-rencia y gue no sea ni acreedor ni deudor del caudal heredi-tario.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Asociación Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 996.

    Sometido: Abril 20, 1937.

      Resuelto: Mayo 5, 1937.

      B. Martínez Nadal j G. S. Julia, abogados de la recurrente; el re-gistrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Ramonita Soltero Peralta, mayor de-edad, soltera y ve-cina de Río Piedras, adquirió por compra a Elena Peralta y López una. finca rústica sita en el término municipal de Sa-bana Grande, y en 24 de junio de 1936 la hipotecó a la Aso-ciación recurrente en garantía de un préstamo hipotecario. El préstamo fué garantizado también con hipoteca sobre una finca urbana propiedad de la prestataria y radicada en el mu-nicipio de Río Piedras.

En la escritura por la cual la señorita Soltero adquirió-la finca rústica y constituyó la hipoteca, la adquirente hizo-constar expresamente que ha adquirido dicho inmueble para fines puramente de negocios y gue por lo tanto no ha consti-tuido ni piensa constituir en él futuro su hogar seguro (home stead) sobre •dicha finca, y que por esta condición especial, a los efectos de la concesión de este préstamo, y en conside-ración del mismo, por la presente renuncia a favor de la acreedora cualquier derecho o privilegio •de Hogar Seguro (homestead) que pudieran conferirle las leyes actuales sobre la materia mientras esté insoluta la deuda.

Presentada dicha escritura al registrador recurrido, para su inscripción, negóse éste a inscribirla en cuanto a la renun-cia del derecho de Hogar Seguro, exponiendo sus razones en la siguiente nota:

“Inscrito el precedente documento en cuanto a la venta e hipoteca de la finca de 38.04 cuerdas sita en el barrio Santana de Sabana Grande, al folio 66 vuelto del tomo 39 de .Sabana Grande, finca, 1368 e inscripción segunda, denegándose en cuanto al derecho de renuncia de Hogar Seguro por ser dicho derecho irrenunciable de acuerdo con la ley mira. 87 de fecha 13 de mayo de 1936 (Leyes de 1935 (1) pág. 461), y tomando en su lugar anotación preventiva por el término de 120 días que marea la ley a favor del acreedor hipotecario de su ex-presado derecho.”

La asociación recurrente solicita la revocación de la nota recurrida y que se ordene la cancelación del defecto consig-nado por el registrador en la inscripción de la escritura de venta e hipoteca.

El recurrido solicita la desestimación del recurso por haber sido éste interpuesto después de haber expirado el término de veinte días contado desde la fecha en que el presentante del documento fué notificado de la nota denegatoria recurrida. Del récord aparece que la notificación al presentante se hizo el día 13 de enero de 1937, y que el presente recurso fué in-terpuesto el día 28 de abril de 1937.

La sección 3 de la ley de 1 de marzo de 1902, Estatutos Revisados (1911) see. 2182, lee así:

“Si el interesado recogiere el documento, podrá presentarlo al tribunal dentro de los veinte días siguientes a la notificación de ]a ne-gativa que debió hacerle el registrador y se decidirá el recurso según dice la sección 2 de esta ley.”

El término de veinte días fijado por. el estatuto es juris-diccional y por lo tanto este tribunal carece de facultad para conocer de un recurso que como el presente ba sido inter-puesto después de baber expirado dicho término. La nota recurrida quedó consentida por el transcurso del término legal. Véanse: Hernández v. Registrador, 14 D.P.R. 795; Barreras v. Registrador, 15 D.P.R. 556; Porrata v. Registrador, 26 D.P.R. 298.

Por las razones expuestas se desestima el recurso.


text:
    Josefa Ríos Viuda de Noya, demandante y apelada, v. The National City Bank of New York, demandada y apelante.
    Núm. 6950.

    Sometido: Mayo 22, 1936.

      Resuelto: Mayo 5, 1937.

      .Fiddler, Górdova & McConnell, abogados de la apelante; B. Cuevas Zequeira, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, cliente correntista del banco demandado, en 31 de enero de 1934 expidió dos cheques a cargo de la sucursal de dicho banco en Santurce, que leen así:

“Núm. 3. Santurce, P. R., Enero 31, 1934. — The National City Bank of New York, Santurce Branch. — Pay to the order of Porto Rico Railway Co. — $424 100/100 Cuatro veinte y cuatro.U. S. Dollars.
('Firmado) Josefa Bios Y da. N\oya.”
“Núm. 4. Santurce, P. R., Enero 31, 1934. — The National City Banli of New York, Santurce Branch. — Pay to the order of Porto Rico Gas & Co. — $256 100/000 Dos cincuenta y seis .... IT. S. Dollars.
(Firmado) Josefa Bios Yda. Noya.”'

Ambos cheques fueron depositados en el Boyal Bank of Canada, en San Juan, y presentados por éste, a través del “Clearing House”, al National City Bank, para su cobro. Y en 10 de febrero de'1934, el banco demandado devolvió los dos cheques al Boyal Bank of Canada por la alegada razón de que la libradora “No tiene fondos suficientes.”

La demandante alega que en la fecha en que sus dos che-ques fueron devueltos por el banco demandado, su cuenta corriente con dicho banco arrojaba un saldo a su favor por la suma de $85.86, que era más que suficiente para atender al pago de sus dos libranzas; que el acto negligente e injus-tificado del banco demandado ha ocasionado a la demandante graves perjuicios en su crédito, buen nombre y reputación; y se reclama como -indemnización la suma de $10,000.

El demandado negó que los cheques en cuestión hubieran sido expedidos, respectivamente, por cuatro dólares veinte y cuatro centavos ($4.24) ypor dos dólares cincuenta y seis centavos ($2.56), y alegó que dichos cheques fueron expedidos en forma tal que se prestaban a la interpretación razonable de que las sumas por las cuales se giraban eran de cuatrocien-tos veinte y cuatro dólares ($424) y Doscientos cincuenta y seis dólares ($256), respectivamente; que el demandado asi lo entendió de buena fe, y que no teniendo la demandante-fondos suficientes para cubrir dictas sumas, el banco se vio-obligado a devolver los cheques por insuficiencia de fondos.

Condenado al pago de una indemnización de $2,000 más-las costas, sin incluir honorarios de abogado, el demandado-apeló.

El apelante señala como errores cometidos por la corte-sentenciadora el de no haber resuelto que los daños sufridos-por la demandante se debieron a su propia negligencia; y el. de haber incurrido en manifiesto error y actuado con parcia-lidad, pasión y prejuicio al apreciar la evidencia.

La mera lectura de los cheques revela una patenteambigüedad o discrepancia entre las palabras y los númerosusados por la libradora. Las palabras cuatro veinte y cuatroU. S. Dollars, en el lenguaje usual y corriente de Puerto Pico, no significan ni son equivalentes a $424; y las palabras Dos cincuenta y seis ü. 8. Dollars no pueden ser interpretadascorno expresivas de la cantidad de $256. De acuerdo con el. uso y modo de expresión corrientes en el idioma inglés, lasfrases “Pour twenty-four U. S. Dollars” y “Two fifty-six IT. S. Dollars” podrían ser interpretadas, respectivamente,, como expresivas de las sumas $424 y $256, pues la supresión, de la palabra “hundred”, ciento, es muy frenuente entre los que se expresan en el idioma inglés, lo cual no sucede éntrelos de habla española.

En previsión de que esas discrepancias entre las palabras y. los números pudieren ocurrir, el legislador ha dispuesto la regla que deberá aplicarse y a la cual debe ajustarse el pa-gador de un documento negociable al descubrirse tales discre-pancias. El artículo 18, inciso 1, de la Ley Uniforme de-Instrumentos Negociables, aprobada en 22 de abril, 1930, le-yes de ese año, pág. 181, dispone:

“Artículo 18. — Cuando la redacción de un documento fuere ambi-gua o hubiere omisiones en el mismo, se aplicarán las siguientes re-glas de interpretación:
“1. Cuando la cantidad que hubiere de pagarse se expresare en palabras y números y hubiere discrepancia entre unas y otros, la cantidad indicada en palabras será la que deberá pagarse; pero si las palabras fueren ambiguas o dudosas podrá recurrirse a los nú-meros para fijar la cantidad;”

De acuerdo con la regla que establece el precepto legal transcrito, era deber del banco demandado, al descubrir que la libradora no tenía fondos suficientes para cubrir las sumas de $424 y $256, expresadas en números, recurrir a las palabras usadas por la libradora para expresar la cantidad por la que había librado cada uno de dichos cheques. % Cum-plió el Banco demandado esa obligación? Examinemos la prueba.

Miguel Angel Polanco, tenedor de libros y testigo del banco demandado, declaró que fué él quien recibió los dos cheques por conducto del “Clearing” del Rowal Bank of Canada; que al ver las cantidades, fijándose en los números, vió que los cheques decían “cuatrocientos veinticuatro dóla-res” y “doscientos cincuenta y seis dólares”, respectiva-mente, y que al examinar el balance y ver que no había fondos suficientes, los devolvió por esa razón; que los cheques presentados por el “Clearing House” vienen acompañados de un volante, en el que se hacen constar los cheques y la cantidad; que él no se fijó en el volante para determinar las cantidades por las que figuraban los cheques de la deman-dante, porque no es necesario fijarse en el volante para en-dosar el cheque. Y contestando a las repreguntas del abogado de la demandante dijo:

“P. ¿Cómo dice ese cheque en letras, testigo?
“R. Dice cuatro veinte y cuatro.
“F. ¿Y cuatro veinticuatro qué quiere decir?
“R. Cuatro dólares 24 centavos.
“P. ¿Y si el cheque que tiene ahora en su manos quiere decir cuatro dólares 24 centavos, por qué, entonces, marcó que no tenía fondos suficientes?
“E. Le dije que al fijarme en los números decía 424.
“P. ¿Por qué no se fijó en la cantidad que está escrita en letras?
“E. Bueno, fué por el mucho volumen de trabajo que hubiera ese día en el Banco, como había inspectores que tenían de Nueva York, el “clearing” vino nn poco tarde; se estaba apurando para que se pagaran los cheques y al fijarme en la cantidad y en el número de-volví el cheque.”

Contestó en igual forma en cuanto al cheque por $2.56, y continuó declarando: que la costumbre del banco, cuando existe discrepancia entre los números y las palabras, es de-volver el cheque al banco que lo ha presentado al cobro, ha-ciendo constar en el volante ■“ Cantidades no coinciden”; que no se hizo eso en este caso debido al volumen de trabajo; que el mismo día en que se devolvieron los cheques al Royal Bank of Canada, éste expidió avisos de débito por cada uno de los dos cheques, por $4.24 y $2.56, respectivamente. Y al ser examinado de nuevo por el abogado del banco, el testigo reafirmó su interpretación de las cantidades expresadas en letras, en el siguiente diálogo:

“P. El mismo Exhibit Núm. 1 del demandante se lo muestro otra vez. En la cantidad aquí escrita en letras, ¿usted dice que dice cua-tro veinticuatro dólares?
“E. Sí, Señor.
“P. ¿Me hace el favor de decirme qué entiende usted por cuatro veinticuatro dólares ?
E. Cuatro dólares, veinticuatro.
“P. ¿Usted no tendría ninguna duda en ningún cheque que se presente aquí diciendo 424 dólares sobre si eran 424 dólares?
“E. Me dice cuatrocientos.
“Abogado: Nada más, Sr. Juez.”

A nuestro juicio, la evidencia establece claramente la ne-gligencia de los empleados del demandado como- causa pró-xima del daño causado a la demandante, lista expidió dos cheques para pagar sus cuentas, una por $4.24 por servicios .de corriente eléctrica, y otra por $2.56 por suministro de gas fluido. Las compañías a favor de las cuales se expidie-ron los cheques los aceptaron en pago de sns respectivas cuentas, y por esas mismas sumas los depositaron al cobro. Para el cobro de $4.24 y $2.56 el Royal Bank, por conducto del “Clearing House”, presentó ambos cheques al banco li-brado. El empleado encargado de cercionarse de si la persona que libró los cheques tenía fondos suficientes para pagar las cantidades expresadas en números, pudo evitar el daño con sólo fijarse en las cantidades expresadas en letras, las que seguramente hubieran sido interpretadas por él en la misma forma en que lo fueron al serle exhibidos los cheques en el acto del juicio. Y si después de ese examen le hubiese que-dado aún alguna duda en cuanto a la intención de la libradora, esa duda pudo haberla resuelto examinando el volante del “Clearing House”, en el que constaba la cantidad exacta para cuyo pago se presentaban una y otra libranza. Y por último, si al descubrir la. discrepancia, el empleado del banco no se creyó "autorizado para pagar los cheques, pudo evitar el daño a la demandante requiriéndola para que aclarase la duda o devolviendo los cheques al banco que los presentó al cobro notificándole, de acuerdo con la práctica del banco de-mandado, que las cantidades no coincidían. Nada de eso hizo el empleado del demandado.

El hecho de que la demandante, por error, descuido o ne-gligencia redactase los cheques en la forma en que éstos fue-ron presentados no exime de responsabilidad al banco librado si éste, mediante el ejercicio del cuidado y diligencia a que sus clientes tienen derecho, pudo evitar y no evitó el daño. La evidencia aducida en este caso demuestra claramente que los empleados del banco demandado actuaron negligente-mente, al devolver los cheques de la demandante, por la razón de no tener ésta fondos suficientes, sin recurrir a los medios de comprobación que tenían a su alcance y que eran suficientes para explicar la obvia discrepancia entre las palabras y los números en ambos cheques.

Las relaciones entre un banco y sus clientes correntistas son de naturaleza contractual. Al" aceptar un depósito en cuenta corriente, el banco contrae la obligación de honrar, pa-gándolos al ser presentados al cobro, los cheques expedidos por el correntista hasta el límite del balance a sn favor en los libros del banco. T si así no lo hiciere, el banco incurre en responsabilidad. Véanse: Third National Bank v. Ober, 178 Fed. 678; Atlanta National Bank v. Davis, 96 Georgia 334, 51 A.S.R. 139; Patterson v. Marine National Bank, 130 Pa. 419, 18 Atl. 632; Stevens v. Market Street Title & T. Co., 65 Pa. Super. Ct. 288, 4 A.L.R. 955; y Woody v. National Bank, 194 N. C. 549, 140 S. E. 150.

El incumplimiento de esa obligación se debió a la negli-gencia y falta de cuidado de los empleados del Banco deman-dado y éste debe reparar el daño causado a su'cliente.

De la prueba practicada aparece que el banco demandado, al darse cuenta del error cometido por sus empleados, hizo cuanto estuvo a su alcance para mitigar en lo posible el perjuicio que pudiera sufrir la demandante, notificando al Boyal Bank of Canada y a las Compañías a favor de las cuales se expidieron los cheques y explicándoles lo ocurrido.

No estamos convencidos de que el crédito y buen nombre de la demandante hayan sido seriamente afectados, y opi-namos que la suma de dos mil dólares concedida por la corte inferior es excesiva.

Por las razones expuestas se modifica la sentencia apelada en el sentido de reducir a doscientos cincu,enta dólares ($250) el importe, de la mdemmmción que el 'demandado deberá pa-gar a la demandante, y así modificada se confirma.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió por estimar que debe revocarse la sentencia en su totalidad y declararse sin lugar la demanda.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Pedro Marcial y Carlos Fausto, de apellidos Franceschi Antongiorgi, demandantes y apelados, v. José Claudio Elena, demandado y apelante.
    Núm. 7241.

    Sometido: Diciembre 1, 1936.

    Resuelto: Mayo 7, 1937.

      Enrique Báez García, ahogado del apelante; Luis López de Victoria, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandado, dueño de una finca de 111 cuerdas, en la que radica la casa objeto de la presente acción de desahucioen precario, constituyó hipoteca a favor de Juan Ortiz Pe-richi. Éste ejecutó sumariamente dicha hipoteca y en 18 de julio de 1933 le fué adjudicada la finca por el marshal de la Corte de Distrito de Ponce. Más tarde, en 31 de enero de 1934, la vendió a los aquí demandantes, quienes piden el lan-zamiento del demandado.

El demandado negó todos los hechos expuestos en la de-manda e interpuso vafiias defensas, que la corte inferior sintetizó así:

“Que en los límites de la finca que los demandantes alegan que les pertenece hay encerradas tierras pertenecientes al demandado y que, por no haberse deslindado las mismas, éstas han sido usurpadas por los demandantes.
“Que como los demandantes ocupan terrenos del demandado y no pagan canon o merced alguna por ocupar los mismos, lo que ellos dejan de pagar al demandado debe imputarse como el canon o merced que paga el demandado a los demandantes por ocupar la casa en li-tigio.
“Que la casa en litigio constituye el hogar seguro del demandado y que no debe decretarse el desahucio sin la consignación previa de la suma de $500. .

La corte de distrito dictó sentencia por la que declaró con lugar la demanda sin especial condenación de costas. Apeló el demandado, imputándole a la corte sentenciadora los siguientes errores:

“1. Al declarar con lugar la moción de nonstvít e inmediatamente dar permiso a los demandantes para ampliar su prueba, estando en pie la orden de nonsuit.
“2. Al declarar sin lug’ar la segunda moción de nonsuit.
“3. Al no declarar que entre las 111 cuerdas que los demandantes describieron en su demanda bay tierras pertenecientes al demandado José Claudio.
“4. Al no declarar que los demandantes detentan tierras del de-mandado y que esto equivale a una compensación por el uso que de la casa bace el demandado, siendo mutuas las detentaciones.
“fi. Al declarar sin lugar la defensa de bogar seguro levantada por el demandado.”

Los dos primeros errores pueden ser discutidos conjuntamente.

Aparece del récord que sometido el caso por los deman-dantes, el demandado formuló una moción de nonsuit, fun-dándose en que la casa objeto del pleito no había sido des-crita en forma tal que pudiera ser identificada por el marshal en el caso de recaer sentencia favorable a los deman-dantes, en apoyo de lo cual citó el caso de Sucm v. Pol, 44 D.P.R. 500. El juez manifestó que “técnicamente la corte cree que realmente la declaración del demandante no ha des-crito suficientemente la casa, de acuerdo con el caso, que se cita por el demandado, de Sucm v. Pol.” Los demandantes entonces, y antes de que la Corte resolviera la moción de nonsuit, solicitaron permiso para ampliar su prueba en el sentido de describir la casa. El demandado se opuso a la concesión de ese permiso, y la corte resolvió finalmente la cuestión así:

“Juez. — Es cuestión de discreción dé la corte_ Se declara con lugar la moción de nonsuit y con lugar la moción de los deman-dantes para que se les permita ampliar la prueba de su caso.”

En vista de esa resolución declaró nuevamente Pedro Marcial Franceschi, que ya lo había hecho anteriormente como único testigo de los demandantes. Reproducida la moción de nonsuit, basándose en los mismos fundamentos, fue declarada in lugar, y el demandado procedió a presen-tar su caso.

El artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil, equi-valente al 581 de California, dispone:

■“Art. 192. — Se podrá desistir de una demanda, o declararse aban-donada, en los casos siguientes:
“1. ..
“2. ..
“3. ..
“4. ...
“5. Por la corte, a moción del demandado, cuando en el juicio no presentare el demandante prueba suficiente para fundar sobre ésta una sentencia. El desistimiento mencionado en IQS' dos pri-meros párrafos se efectúa mediante la debida anotación en el libro de registro del secretario. Hecho esto se dictará sentencia de con-formidad.”

Veamos la interpretación que las cortes de California ban dado al estatuto de dicbo estado.

“Uno de los objetos principales de la moción de nonsuit es seña-lar a la corte y al abogado contrario las omisiones y defectos espe-cíficos en la prueba del caso del demandante; y esto con el propósito, en cuanto al demandante, de que éste pueda suplir, si le fuere po-sible, las deficiencias específicas en su prueba. (Citas.) Cuando el demandante en este caso, después de habérsele llamado la atención sobre el particular, ofreció hacer eso, era el deber de la corte permi-tirle que supliera la evidencia que faltaba; y fué un error negar ese privilegio al demandante y después de tal negativa declarar con lugar la moción de nonsuit. Low v. Warden, 70 Cal. 19, 11 Pac. 350.” Sferlazzo v. Oliphant, 24 Cal. A. 81, 140 Pac. 289.
“La moción de nonsuit debe especificar los fundamentos sobre que se basa, para dar así una oportunidad a la parte adversa para que pueda subsanar aquellos defectos que fueren subsanables.” Véanse: Daley v. Russ, 86 Cal. 114; Estate of Higgins, 156 Cal. 257, 260; Christenson Lbr. Co. v. Buckley, 17 Cal. A. 37; Williamson v. Williamson, 41 Cal. A. 721; Lally v. Kuster, 48 Cal. A. 355.

La ley deja la concesión del permiso para corregir erro-res o suplir deficiencias en la prueba a la discreción de la corte., Así lo sostiene la jurisprudencia siguiente: Gar- diner v. Schmaelzle, 47 Cal. 588; Abbey Homestead Assn. v. Willard, 48 Cal. 614; Clavey v. Lord, 87 Cal. 413; Tuller v. Arnold, 98 Cal. 522; San Pedro Lumber Co. v. Schroeter, 156 Cal. 158; Fee v. McPhee Co., 31 Cal. App. 295.

Convenimos en qne la resolución de la corte inferior no se ajustó a la mejor práctica, pues si en el ejercicio de su discreción creyó el tribunal que era justo permitir a los demandantes ampliar su prueba para identificar mejor la casa objeto del desahucio, debió conceder el permiso soli-citado antes de declarar con lugar la moción de nonsuit. ¿Qué necesidad hubo de decretar el nonsuit, si inmediata-mente había de quedar sin efecto la orden al abrirse el caso para ampliación de la prueba del demandante? Lo más procedente hubiera sido conceder el permiso solicitado por el demandante y declarar sin lugar la moción de nonsuit. Oreemos, sin embargo, que el error es puramente técnico y que en nada ha podido perjudicar al apelante. El deman-dante formuló su petición a tiempo y no debe ser perjudicado ahora por un error en el que no tuvo participación. Véase: Estate of Higgins, supra.

El examen del récord revela que la prueba adicional ofre-cida por el demandante dejó claramente identificada la casa en cuestión. No cometió error el tribunal a quo al decla-rarlo así.

Examinada toda la prueba de ambas partes, no surge de ella conflicto alguno en cuanto al título de la casa cuya posesión reclamaran los demandantes. Estos probaron su título presentando la escritura otorgada por el márshal y los demás documentos necesarios para que la finca fuera inscrita como lo fué a nombre de dichos demandantes. No surge de la prueba del demandado un título *a su favor sobre el predio que reclama como suyo. Apreciándola en todo su valor, la prueba sólo demuestra que Claudio es dueño de ciertas tierras al oeste de' la finca de los demandantes, pero no precisa cuáles son ésas. La prueba del demandado es claramente insuficiente para destruir la acción posesoria de los demandantes. No cometió la corte inferior el tercer error señalado. Véanse: Lafontaine et al. v. Lafontaine y Pérez, 30 D.P.R. 194; Marrero v. Plumey, 35 D.P.R. 1015.

El cuarto error señalado debe seguir igual suerte que el tercero, por las mismas razones, y porque aun asumiendo-que los demandantes estuviesen detentando tierras del de-mandado, la teoría del apelante resultaría siempre insoste-nible. La prueba no revela el más leve indicio de un cuasi contrato, y menos aún de un contrato entre demandado y de-mandantes que pueda dar origen a la relación recíproca de acreedor y deudor, indispensable a la compensación.

A nuestro juicio la corte inferior erró al declarar sin lugar la defensa de bogar seguro interpuesta por el demandado.

De la prueba practicada aparece que durante la penden-cia y tramitación del procedimiento ejecutivo sumario se-guido por Juan Ortiz Pericbi contra José Claudio Elena., éste vendió la finca biptecada a Pedro Claudio Cruz, por es-critura de 15 de julio de 1933, la que fué inscrita en el re-gistro de la propiedad; que al ser presentada para su ins-cripción la escritura de venta judicial de 18 de julio de 1933, otorgada por el mársbal a favor del ejecutante Juan Ortiz Pericbi, el registrador se negó a inscribirla por el funda-mento de que el procedimiento se babía seguido contra José Claudio Elena, el aquí demandado, y no contra Pedro Claudio Cruz, dueño según el registro de la finca hipotecada, la que adquirió sin que en el registro apareciera anotación alguna de embargo o de aviso de acción pendiente; y que la referida escritura fué inscrita posteriormente de acuerde con la resolución dictada por el Tribunal Supremo en el caso de Ortiz v. Registrador, 45 D.P.R. 791. También aparece probado que el demandado José Claudio Elena ba con-tinuado en posesión de la casa objeto del desahucio, después de haberla vendido a su hijo Pedro Claudio Cruz y después de la venta y adjudicación de la finca. Entre la prueba do-cumental presentada no figura la escritura de venta otor-gada por José Claudio Elena a favor de Pedro Claudio Cruz. Y no se ha aducido por los demandantes prueba alguna que tienda a establecer el beebo de que el vendedor renunciara expresamente su derecho de hogar seguro.

La “Ley para definir el homestead (hogar seguro) y para exentarlo de una venta forzosa”, aprobada en 12 de marzo de 1903 (Comp. 1000 et seq.), vigente en la fecha en que los demandantes adquirieron la finca por compra a Ortiz Perichi, es la ley aplicable para fijar los derechos de las par-tes litigantes. Dicha ley provee:

“Artículo 3. — Que no será válida ninguna renuncia o traspaso de una finca así exentada a menos que se consigne expresamente en la escritura de traspaso por dicho jefe de familia, su esposo o esposa, si él o ella lo tuvieren, o a menos que se obtuviere o abandonare la posesión de acuerdo con la escritura de traspaso, o sin la orden de la corte de distrito disponiendo el traspaso del título de la propiedad, siempre que la exención se haga extensiva a un hijo o hijos.”

Interpretando el artículo arriba transcrito, en el caso de Pagán v. Padín Tirado, 45 D.P.R. 174, esta Corte Suprema, por voz de su Juez Asociado Sr. Córdova Dávila, se expresó así:

“El artículo tercero de la ley para definir el homestead u hogar seguro y para exentarlo de una venta forzosa dice que no será válida ninguna renuncia o traspaso de una finca así exentada, a menos que se consigne expresamente en la escritura de traspaso por dicho jefe de familia, etc. En inglés se usa la palabra ‘conveyance’ y se dice que la renuncia al ‘homestead’ no será válida a menos que no lo disponga expresamente ‘the instrument of conveyance.’ Las pala-bras-de la ley revelan claramente su propósito. Cuando se transmite Tina propiedad no se entiende renunciado por el dueño su derecho al hogar seguro, a menos que se renuncie expresamente este derecho en el documento de transmisión.... La palabra ‘conveyance’ que usa el texto inglés equivale a trasmisión por escrito de propiédad o título a propiedad inmueble de una persona a otra.”

En Veve v. Keith, 49 D.P.R. 185, esta Corte Suprema resolvió que el derecho a reclamar el homestead surge desde el momento en que se decreta la venta de la finca en ejecu-ción de sentencia.

En la decisión del recurso gubernativo mím. 982, de Martilde Rodriguez v. Registrador, de la Propiedad de Mayagüez, (ante, pág. 372), esta Corte Suprema se expresó así:

“El hecho de que el hogar seguro sea irrenunciable no significa qne una vez creado y en- existencia, no pueda, cuando sea en beneficio de la persona poseedora de tal derecho, ser vendido, permutado o estar sujeto a otros posibles incidentes del dominio.”

Y a continuación, a manera de dictum, añadimos:

“Cuando una persona tiene el dominio absoluto de una propie-dad y la vendej teniendo con ello la intención de enajenar o de dis-poner de su título o interés, completos, el derecho de hogar seguro necesariamente se amalgama {merges) en el derecho mayor de do-minio. In pra&sentía majoris cessat potentía minoris.”

Debemos hacer constar, para evitar que se pueda dar al referido dictum mayor alcance que el que tuvimos en mente, que lo que quisimos decir fue que el dueño de un derecho de hogar seguro puede venderlo, permutarlo o gra-varlo, siempre que lo haga constar expresamente en ia escri-tura o instrumento correspondiente; y que el derecho de ,homestead se transmite también al comprador de un inmue-ble, cuando el vendedor por los términos del contrato vende, cede y traspasa todo su título e interés sobre el inmueble y entrega la posesión física del mismo al comprador, sin hacer expresa reserva de su derecho de hogar seguro.

No habiendo probado los demandantes que el demandado-José Claudio Elena renunciara expresamente el derecho dé homestedd sobre la casa objeto del desahucio, y resultando probado que dicho demandado continuó y está aún en pose-sión de la finca, debemos resolver de acuerdo con la juris-prudencia citada que dicho demandado tiene un derecho de hogar seguro sobre la casa en cuestión y.que su derecho a re-clamarlo surgió desde el momento en que se ordenó la venta de la finca como consecuencia de la ejecución de la hipoteca a favor de Juan Ortiz Perichi. Ese derecho no puede ser anulado por el traspaso de la propiedad hecho por Juan Ortiz PericM a favor de los demandantes. Cuando éstos compraron la finca, el demandado, antiguo dueño de la misma, se encontraba ocupando la casa con su familia, fie-olio que no podían ignorar los demandantes y que era por sí solo suficiente para darles aviso y obligarles a indagar si el demandado ocupaba la propiedad en concepto de arren-datario o como dueño del derecfio de homestead.

En el caso de Arzuaga v. Ramírez, 50 D.P.R. 106, esta Corte Suprema resolvió que es prematura una acción de desahucio cuando ésta se entabla sin que el demandante baya pagado o consignado previamente en corte el importe del fiogar seguro reclamado. De acuerdo con dicfia decisión deberíamos revocar la sentencia apelada por haberse interpuesto prematuramente la demanda. Empero, el apelante no solicita la revocación y solamente suplica que se modifique la sentencia de la corte de distrito, resolviendo que el demandado apelante tiene un derecfio de fiogar seguro sobre la casa en cuestión o que se le entregue la cantidad de $500 como condición previa al lanzamiento.

Considerando que la súplica del demandado apelante es compatible con la decisión en el caso de Arzuaga v. Ramírez, supra, y que es aceptable porque con ella se pone fin a la controversia entre las partes, se modifica la sentencia ape-lada en el sentido de reconocer que el demandado apelante tiene un derecfio de fiogar seguro sobre la casa que él y su familia ocupan en la finca de los demandantes, y decretando el desahucio solicitado previo pago por los demandantes al demandado de la suma de quinientos dólares, en satisfac-ción y pago de su derecfio de homestead. Y así modificada se confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor "Wolf está conforme con la sen-tencia.

El Juez Presidente señor del Toro no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Alvarado, acusado y apelante.
    Núm. 6466.

    Sometido: Mayo 4, 1937.

      Resuelto: Mayo 7, 1937.

      González Fagundo é González, Jr., abogados del apelante; B. A. Gó-mez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El acusado apelante fue convicto de un delito de portar sobre su persona un arma prohibida y condenado a la pena de tres meses de cárcel y las costas. T alega como funda-mento del presente recurso que la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Humacao es contraria a la prueba pre-sentada.

Hemos examinado detenidamente la prueba aducida por el fiscal y por la defensa, y de toda ella resultan probados los hechos siguientes:

El acusado era empleado como guardia o celador de la Benitez Sugar Company y portaba sobre su persona una pistola que le había sido entregada por su patrono. En el día de autos, el policía Antonio Rivera Santiago, en momen-tos en que hacía su recorrido hacia la playa, en Puerto Real de Vieques, como a las ocho de la noche, sintió varios dis-paros, se dirigió al sitio de donde procedían y encontró al acusado debajo de una palma, disparando. El policía aga-rró al acusado por la espalda y logró desarmarle y arres-tarle. Como consecuencia de los disparos hechos por el acusado, el individuo Mateo Corsino resultó herido en una pierna y en nn dedo. Los Lechos ocurrieron en nn camino de la Central Esperanza, por donde transita el público y junto al cnal existe nn caserío. La finca donde ocurrieron los hechos no pertenece a la Benitez Sugar Company, pa-trono del acusado; y el camino a que se ha hecho referen-cia no era el que necesariamente tenía que utilizar el acu-sado para ir a o venir de la propiedad de su patrono, ni para cumplir sus deberes como guardia o celador de las propiedades de la Benitez Sugar Company.

El testigo Mateo Corsino declaró que fuá contra él que el acusado hizo ocho disparos, de los cuales dos tuvieron efecto, causándole heridas; que había habido disgustos entre él y el acusado por motivo de las huelgas; y que el acusado no reside en el Barrio Esperanza, donde ocurrieron los hechos, y sí en el barrio de Playa Grande.

La prueba de la defensa tendió a demostrar que el acu-sado había sido agredido por la espalda en momentos en que estando montado en su caballo encendía un cigarrillo, y que se había visto obligado a hacer uso de la pistola para defenderse de la agresión; que el acusado tenía que pasar por ese camino para ir a la Florida, que es una propiedad de la Benitez Sugar Company.

El policía Rivera declaró que el acusado fue agredido cuando estaba ya arrestado, después de haber hecho los dis-paros; y que cuando él vió al acusado esa noche el acusado no tenía heridas ni le manifestó nada tampoco.

El caso de El Pueblo v. Bosch, 43 D.P.R. 741, invocado por el apelante, no es aplicable al caso de autos. El acu-sado en dicho caso, Bosch, celador de una central, fué arres-tado y se le ocupó el arma en momentos en que salió de la propiedad de su patrono y penetró en la vía pública, para pasar a otra parte de la finca e impedir que se robasen la yerba perteneciente a su patrono. La corte resolvió que por el solo hecho de haber penetrado en la vía pública, el acu-sado no había dejado de ser celador.

En el caso de autos el acusado se encontraba fuera de la finca de su patrono y en un sitio por donde no tenía que-pasar para el cumplimiento de sns deberes de celador. Tam-poco estaba el acusado en el momento de ser arrestado cum-pliendo deberes de su cargo, pues según su propia declara-ción él se detuvo en un cafetín para comprar cigarrillos y pedir dos tomas de ron, una para él y otra para un muchacho-que le acompañaba.

La prueba es a nuestro juicio suficiente para sostener la-acusación. Debe confirmarse la sentencia 'apelada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila

text:
    D. Vélez Gotay & Co., S. en C., demandante, tercerista y apelante, v. Julia Franceschi Antongiorgi, en su carácter de madre con patria potestad sobre sus menores hijos no emancipados Aníbal, Ferdinand, Rolando, Hermes, Néstor y Diego Vélez Franceschi; Julio Franceschi Antongiorgi, por derecho propio y Diego Vélez Gotay demandados en tercería y apelados.
    Núm. 7154.

    Sometido: Abril 21, 1937.

      Resuelto: Mayo 7, 1937.

      Baúl Matos, abogado de la apelante; Fernando Zapater, abogado del: Sr. Vélez Gotay, apelado; Inicien Long champs, abogado de los. Sres. Franceschi y Vélez Franceschi, apelados.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila

emitió la opinión.' del tribunal.

Julia Franceschi Antongiorgi por sí y como madre con patria potestad de sus hijos menores de edad inició una ac-ción en reclamación de alimentos contra su antiguo esposo* y padre de sus hijos Diego Vélez Gotay, solicitando una can-tidad mensual de $150. Para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiese recaer en dicho pleito, se embargaron todas las existencias de una farmacia en Yauco, como pro-piedad de Diego Yélez Gotay. Una vez trabado el embargo sobre los bienes referidos, la firma D. Vélez Gotay & Co., S. en C., promovió demanda de tercería contra los demandan-tes en el pleito sobre reclamación de alimentos.

La tercerista apelante formuló su reclamación alegando ser una sociedad mercantil en comandita, constituida de acuerdo con el Código de Comercio de Puerto Rico, con do-micilio en Yauco, y haber estado en posesión, como tínica dueña en pleno dominio, de los bienes embargados, a los cuales se fijó un valor de $1,000.

Los demandados en tercería negaron la existencia de la sociedad en comandita D. Vélez Gotay & Co., S. en C., y el valor de los bienes fijados por la demandante, y alegaron en contrario que su valor fluctuaba entre $2,000 y $2,500. Ne-garon además que la tercerista estuviese en posesión de los referidos bienes, afirmando que para esa fecha Diego Vélez Gotay era el único dueño de la farmacia.

La corte inferior, basándose en las razones expuestas en su opinión, declara “en el caso número 9318 (sobre ali-mentos), con lugar la demanda y condena al demandado a pasar a la demandante la suma de $25 mensuales, y a sumi-nistrarle medicinas gratis para sus hijos menores de edad al serles prescritas por un médico, más las costas; y en el caso número 9347 (sobre tercería), la corte declara sin lu-gar la demanda del tercerista Diego Vélez Gotay & Co.,. S. en C., por considerar la corte que los bienes embargados son de la exclusiva propiedad del demandado Diego Vélez Gotay, imponiéndose las costas a dicho demandante.”

De la sentencia pronunciada en este último caso apeló' D. Vélez Gotay & Co., S. en C., alegando que la corte inferior erró al resolver que no existe la sociedad D. Vélez Gotay & Co., S. en C., al imponer las costas a Diego Vélez Gotay, y al pronunciar una sentencia contraria a la prueba.

Según declara la corte inferior, y según consta de la prueba, al hacerse la división de la sociedad de gananciales que existía entre el demandado Diego Yélez Gotay y la de-mandante Julia Francesclii Antongiorgi, al demandado se le adjudicaron entre otros bienes las existencias, muebles y enseres de una farmacia adquirida durante el matrimonio, valorados en $2,000. Tres días después el demandado Diego Yélez Gotay, en unión de su hermano Silvio Yélez Gotay, constituye una sociedad mercantil en comandita, a la que aporta el primero, valorándolas en $500, las existencias de la farmacia, que antes fueron valoradas en $2,000. ■ Silvio Yélez Gotay, aparece aportando, como comanditario, la can-tidad de $1,000 en metálico. Sobre este extremo la corte inferior se expresa así:

“A pesar de esto, la farmacia del demandado Diego Yélez Gotay que siempre llevó su nombré, continuó con el mismo nombre; no se sacó patente insular o municipal a nombre de la sociedad y la prueba demuestra además que el socio comanditario Silvio Yélez Gotay, her-mano del demandado, que ocupa el cargo de Colector de Rentas In-ternas de Guániea, a pesar de tener una modesta cuenta corriente en el Crédito y Ahorro Ponceño de Yauco, aparece que aportó los $1,000 en billetes. La prueba, en conjunto, en relación con la constitución y existencia de la sociedad ‘Diego Vélez Gotay & Co., S. en C.’, de-muestra que en realidad no existe tal sociedad, sino que el verda-dero dueño de la farmacia Yélez Gotay es el demandado.”

No creemos que haya estado desacertado en sus conclu-siones el tribunal inferior. Silvio Vélez Gotay es un mo-desto empleado que tiene una cuenta en el Crédito y Ahorro Ponceño de Yauco y que aparece aportando $1,000 en bille-tes, sin explicar de dónde los ha sacado. Este señor, en al-gunas ocasiones, ha tomado pequeños cantidades prestadas, a pesar de disponer de esta suma en metálico.

El vínculo matrimonial existente entre el Sr. Yélez Go-tay y la Sra. Julia Franceschi había quedado disuelto. El esposo divorciado podía estar sujeto a una reclamación de alimentos. En estas condiciones, inmediatamente después de haberse dividido la sociedad de gananciales, aparece cons-tituyendo una sociedad y al hacerlo valora en $500 una pro-piedad que tres días antes había sido apreciada en la canti-dad de $2,000. Además de la declaración de Silvio Vélez Gotay, apreciada, a nuestro juicio, con bastante acierto por la corte inferior, hay otros detalles en la prueba que tienden a demostrar que nunca fueron satisfechos los $1,000 que apa-recen aportados a la alegada sociedad por el llamado socio comanditario.

La corte inferior, apreciando la prueba consideró que la demandante tercerista no había probado sus alegaciones y que la farmacia continúa siendo de la propiedad del esposo divorciado Diego Vélez Gotay.

En cuanto a las costas, creemos que debemos respetar el pronunciamiento de la corte inferior en el ejercicio de sus facultades discrecionales.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señob del Toko

text:
    Emigdio Osvaldo Sellés Roldán y Pedro Villafañe Cuevas, demandantes y apelados, v. Santos Buxo, demandado y apelante.
    Núm. 7126.

    Sometido: Abril 2, 1937.

      Resuelto: Mayo 7, 1937.

      González Fagtmdo & González, Jr., abogados del apelante; Bwrset & Pérez Pimentel, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señob del Toko

emitió la opinión del tribunal.

De los antos aparece qne en octubre 6, 1932, se radicó en la Secretaría de la Corte de Distrito de Humacao una de-manda por Emigdio Osvaldo Sellés Roldán y Pedro Villa-fañe Cuevas contra Santos Buxó sobre extinción de-hipoteca; que emplazado el demandado excepcionó la demanda por no aducir hechos suficientes para determinar una causa de ac-ción, siendo su excepción declarada sin lugar; que el deman-dado contestó negando todas y cada una de las alegaciones de la demanda, y que la corte en abril 13, 1934, dictó la si-guiente sentencia:

“Hoy día 13 de abril de 1934, previo señalamiento en calendario general de este caso para su vista, compareció el demandado repre-sentado por su abogado Francisco González F'agundo, no habiendo comparecido los demandantes ni abogado que los representara, a pe-sar de haber sido llamados por el márshal y apareciendo de los autos haber sido notificados. El letrado del demandado solicita de la Corte que tenga a los demandados por desistidos de esta demanda, y la corte accede a la solicitud del demandado, y en su virtud dicta sen-tencia teniendo a los demandantes por desistidos de esta acción, con imposición de las costas a los referidos demandantes. ’ ’

Siguen la notificación de la sentencia y una moción para que la misma se deje sin efecto que fue declarada con lugar en mayo 22, 1934. No conforme el demandado, apeló para ante este tribunal. Tal el legajo de la sentencia certificado por los abogados de las partes en agosto 15, 1935.

La transcripción de la evidencia contiene la practicada a virtud de la moción solicitando que la sentencia se dejara sin efecto, a saber: declaración de Yillafañe por los deman-dantes y de Mariano Acevedo por el demandado; los autos en el caso civil núm. 17415, Santos Buxó Jr. v. Emigdio Osvaldo Sellés, et al. y las declaraciones juradas de F. de la Torre y J. Ramírez Santibáñez.

En su alegato la parte demandada y apelante sostiene que la corte de distrito abusó de su discreción al dejar sin efecto la sentencia que había dictado en el caso.

Argumenta que la evidencia aportada no demuestra que ■concurra ninguna de las circunstancias que fija el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil para eximir a una parte de los efectos de la sentencia y además que no se de-* .mostró prima facie que los demandantes tuvieran una buena •causa de acción sino más bien lo contrario.

La resolución apelada babla por sí misma. Dice:

“Vista la moción presentada por la parte demandante, en la que :se solicita de esta Corte se deje sin efecto la sentencia dictada en la cual se tuvo por desistido a dichos demandantes, a moción de la parte demandada, por haber dejado de comparecer al juicio en su fondo, el que se había señalado por esta Corte para el día 13 de abril de 1934, y se solicita además se reinstale el caso para seguirse los procedimientos; y vista y estudiada además la evidencia ofrecida, tanto documental como testifical, por ambas partes, la Corte es de opinión, que en bien de la justicia y a tenor de las disposiciones del ■artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil vigente, debe de-clararse con lugar dicha solicitud, y por la presente esta corte en uso ■de su poder discrecional, y vistos los casos de Gutiérrez et al. v. Foix, 23 D.P.R. 73; Merino v. City of N. Y. Fire Ins. Co., 35 D.P.R. 451; Merino v. Globe R. Fire Ins. Co., 33 D.P.R. 421; y el de Cosme v. García, 35 D.P.R. 1008, deja sin efecto la sentencia dictada con fecha 13 de abril de 1934, en la cual se tuvo por desistido a los de-mandantes por no haber comparecido en dicho día al juicio y reins-tala el caso, para ser visto nuevamente, como si tal sentencia no hu-biese sido dictada.”

A nuestro juicio no cabe concluir que la corte de distrito abusara de su discreción al dejar sin efecto su sentencia.

De acuerdo con las regias que rigen en las cortes de dis-trito de la Isla, para cada término se prepara un calendario de los pleitos listos para juicio, celebrándose dos lecturas del mismo que se fijan para determinadas fechas notificán-dose a los abogados para que puedan pedir el señalamiento de sus casos en ellas.

Parece que en la Corte de Distrito de Humacao no se si-gue esa práctica, sino la del llamado calendario permanente de acuerdo con la cual los señalamientos se hacen por la corte sin que sea necesario que medie solicitud de las partes, a quienes se notifica del día de la vista una vez señalado.

De la declaración de Mariano Acevedo, secretario de la Corte de Distrito de Humacao, aparece que la lectura del calendario que contenía este caso no se notificó a los abo-gados por medio de la prensa y que becbo de oficio el se-ñalamiento envió una notificación al abogado de la Torre, sin que fuera él el que la llevara al correo ni puede declarar sobre el extremo de si se depositó realmente en el mismo. Los demandantes personalmente no sabían del señalamiento. Y sus abogados Francisco de la Torre y José Ramírez San-tibáñez afirman en sus declaraciones juradas que jamás fueron notificados.

En el caso de Arce v. American, Railroad Co., 38 D.P.R. 254, esta corte resolvió, copiando del resumen, que:

“Cuando un caso se señala para juicio de un modo informal— sin la debida lectura del calendario al comenzar el término durante' el cual se señaló — y a lo sumo se baee un registro dudoso del seña-lamiento, debe dejarse sin efecto, incondicionalmente, una sentencia dictada en rebeldía; el imponer las costas al demandado en tales cir-cunstancias es un abuso de discreción.”

• Y aquí en verdad todo parece indicar que ni las partes ni sus abogados tenían conocimiento de que su caso había sido señalado para la vista. No se explica de otro modo su falta de comparecencia, ya que se trata de una reclamación de relativa importancia en la que ban demostrado tener un gran interés.

El caso cae, pues, dentro de la letra y el espíritu de la ley contenida en el citado artículo 140 del Código de Enjui-ciamiento Civil que expresamente autoriza a la corte para “eximir a alguna persona o a sus representantes legales, de los efectos de una sentencia, orden u otro procedimiento que se hubiese dictado contra ella, por causa de equivoca-ción, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia .... ” facultad cuyo ejercicio en forma liberal, tendente a asegu-rar que los pleitos se resuelven por sus méritos, lia sido con-sagrada por la jurisprudencia.

En cuanto a que resulte de la evidencia que los deman-dantes no tienen una buena causa de acción, lo poco que dice el apelante en relación con su aserto en su alegato no nos convence.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la re-solución recurrida.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo Calderón, acusado y apelante.
    Núm. 6487.

    Sometido: Mayo 6, 1937.

      Resuelto: Mayo 7, 1937.

      José C. Aponte, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Pablo Calderón fué acusado de un delito de portar una pistola, arma prohibida. Alegó que era inocente. Llamada la causa para juicio el 16 de noviembre último, ambas partes presentaron su evidencia consistente en declaraciones de testigos.

Examinando esas declaraciones se advierte en seguida qure varios de los testigos de cargo evadían expresar lo que en realidad sabían en cuanto se llegaba al punto concreto de la portación del arma, de tal modo que dos fueron procesados por desacato por perjurio. Sin embargo hubo uno, Leopoldo Valentín, que de modo terminante dijo que el acusado portaba la pistola.

Los testigos de descargo manifestaron que no vieron que el acusado tuviera arma alguna. La corte creyó al testigo Valentín y condenó al acusado. Éste apeló y señala un solo error en su alegato, a saber, que la sentencia es contraria a los hechos, a la prueba y a la ley. Al argumentarlo lo que hace es analizar la evidencia alrededor de la portación del arma por parte del acusado. Refiriéndose al testigo Valentín, expresa:

“El único testigo que a nuestro juicio trata de sostener la acusa-ción es el referido Leopoldo Valentín quien declara que lo que el acusado portaba era una pistola sin dar más detalles sobre la misma, mientras que el testigo Juan Delgado al principio de su declaración no dice si era revólver o pistola terminando por declarar que el acusado no tenía armas de clase alguna.
“Además deseamos apuntar el hecho de que si el acusado se había ■ despedido la noche de autos de la casa de Carrasquillo para irse para la suya, es ilógico creer que portaba el arma de que se le acusa y que con ella allí y entonces disparase. Siendo ello así es aplicable a este caso el resto de la doctrina sentada en el referido caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Cartagena, 37 D.P.R. 281 donde esta Hon. Corte sostuvo que:
“ 'No obstante ser contradictoria la prueba sobre la portación del arma por el acusado y haber sido el conflicto resuelto en contra de éste por la Corte sentenciadora, si las declaraciones de cargo son inverosímiles y las de descargo lógicas y completas, puede y debe la Corte de apelación revocar la sentencia recurrida.’ ”

Son hechos que surgen claros de la evidencia tanto de cargo como de descargo que con motivo de presentarse un grupo de personas a llevar una música a la casa donde estaba el acusado, hubo un disgusto con éste y que se hizo un disparo de arma de fuego. Las vacilaciones surgen cuando se trata de concretar el hecho de quién hizo el disparo, de quién portaba el arma ilegalmente que es en realidad de verdad el delito que se imputa.

El caso de El Pueblo v. Cartagena, supra, presentó una situación distinta. Aquí al contrario, la lógica está en favor de la versión que pone en manos de Calderón la pistola. La conclusión de la corte está plenamente justificada tanto por la declaración positiva de un testigo, que es bastante por sí sola, cuanto por todas las circunstancias concurrentes que pone de manifiesto la prueba.

Debe declararse sm lugar el recurso y confirmarse la sentencia la/pélada.


author: El Jtjbz Asociado Señor Wole

text:
    Maniscalco & Nuccio, demandante y apelada, v. Manuel V. Domenech (sustituído en apelación por Rafael Sancho Bonet), Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 6881.

    Sometido: Abril 29, 1936.

      Resuelto: Mayo 7, 1937.

      Hon. Procurador General B. Fernández García y R. Gordovés Arana, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; J. J. Ortiz Alibrán, abogado de la apelada.
   El Jtjbz Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

La apelada Maniscalco & Nnccio era una sociedad mer-cantil de Mayagüez que se dedicaba al negocio de compra-venta de frutas citrosas, principalmente chinas. Como no radicó voluntariamente declaración sobre ingresos, el Téso-rero de Puerto Rico, luego de practicar una investigación, preparó declaraciones para los años 1927, 1928 y 1929, en las cuales, para el año contributivo comprendido entre agosto 1. 1926, y julio 31, 1927, halló un beneficio de $6,648.07, para el año que terminó en 1928, de $7,252.44, y para el año 1929, de $7,252.44. Para el año que finalizó en julio, 1928, la Junta de Revisión e Igualamiento determinó que hubo pér-didas, y que la sociedad no tenía que pagar contribuciones, mas confirmó las impuestas por el Tesorero para los otros dos años ascendentes a $360.05 y $685.71, respectivamente. La firma pagó las contribuciones bajo protesta y entabló demanda contra el Tesorero para obtener su devolución. La Corte de Distrito de San Juan sostuvo las contribuciones para el año 1926-27, mas ordenó la devolución de $723.88 para el año 1928-29. El Pueblo de Puerto Rico apeló.

La corte resolvió que la apelada no hizo negocios ni recibió beneficios durante el año 1928-29, y que por tanto no estaba obligada a pagar contribución alguna. Debe notarse que el Tesorero practicó la investigación de conformidad con la sección 70 de la Ley núm. 74 de 1925 (págs. 401, 535), y fijó la suma que debía pagarse, aplicando un sistema de promedios tomado de los ingresos recibidos entre agosto de 1929 y abril de 1930. El apelante en su primer señalamiento de error se queja de que para destruir esta conclusión la corte inferior sólo tuvo en cuenta la declaración de un solo testigo, Felipe Maniscalco, uno de los socios, quien declaró que la sociedad había sufrido pérdidas durante dicho año.

El apelante dice:

(a) Porque no se demostró que el procedimiento seguido por el demandado fuese erróneo, arbitrario e ilegal y por tanto, no teniendo la demandante libros, el sistema que usó el Tesorero era primá facie válido de acuerdo con las secciones 14 y 70 de la Ley 74 de 1925, no siendo suficiente para destruir dicha validez la declaración de uno de los socios de la demandante en cuanto a que tuvo pérdidas que él calculó (de memoria) en cinco o seis mil pesos. Precisamente la Sección 14 establece que si el contribuyente no llevare libros de contabilidad, o si el sistema usado no reflejare claramente su ingreso, la computación será hecha de acuerdo con el sistema que en opinión del Tesorero refleje claramente el ingreso. Si el cálculo de memoria del contribuyente pudiera usarse como base para computar la con-tribución sobraría esta disposición de la sección 14 de la Ley 74 y estarían de más las declaraciones de oficio.
(b) No habiendo sido controvertida la presunción de validez de que goza la declaración hecha de oficio por el Tesorero, fijando a la demandante un ingreso neto montante a $7,252.44 en el período con-tributivo de 1928-1929, la corte venía obligada a fallar de acuerdo con la presunción, según dispone el artículo 100 de la Ley de Evi-dencia vigente (Artículo 462 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933).”

Podemos ver que lo que el Tesorero consideró como la contribución presentó un caso prima facie, pero no levantó ninguna presunción en favor del Pueblo a no ser la enástente en un caso prima facie. Aun si existe una presunción, la otra parte tiene derecho a controvertirla. Surgió la cuestión relativa a la veracidad de la declaración de Maniscalco, mas la corte tenía derecho a creerla. Desarrollaremos este punto un poco más al discutir el segundo señalamiento de error.

Éste lee así: “La sentencia de la corte de distrito declarando con lugar la demanda en cuanto a la segunda causa de acción en ella ejercitada, es contraria a las alegaciones y a la prueba practicada.”

La primera contención del Pueblo a este respecto es que hubo un cambio de teoría o una incongruencia en la corte de distrito. Es posiblemente cierto que la apelada fuera a juicio, según sostiene el apelante, con la idea de probar que tuvo pérdidas en el negocio de embarque de frutas exclusiva-mente. El caso fué complicado por lo que el ciclón de 1928 causó a la apelada, y se demostró que ésta hizo muy poco o ningún negocio en 1928-29. La corte halló primordial-mente, y convenimos con ella, qne de conformidad con la prueba de la apelada Maniscalco & Nuccio-, ésta no hizo ne-gocios en 1928-29, y que tampoco recibió beneficios. Esto de por sí tendería a resolver el caso, y por ende la alegada incongruencia puede considerarse sin importancia. Mas con-sideremos la supuesta incongruencia.

El contexto de la demanda lee:

“Alega además la demandante que se ocupa en la compraventa de frutas citrosas del país, y principalmente chinas, y con preferencia se dedica al embarque y exportación de estas frutas a la ciudad de New York; y que allá por el mes de septiembre de 1928, azotó a Puerto Rico un ciclón que devastó las siembras de frutas y castigó de tal manera a las que pudieron salvarse, que llegaban en muy malas condiciones al mercado de New York, originándose pérdidas en las transacciones, no estando obligada la demandante por ese hecho, a pagar ninguna contribución sobre ingresos en el año 1929, y por tanto habiendo sido cobrada indebidamente por el demandado la con-tribución pagada ascendente a $723.88 que es lo que se reclama en esta segunda causa de acción.”

Durante el juicio Maniscalco- declaró que el negocio de la sociedad se paralizó en 1.928 — 29, y que prácticamente no hubo transacciones. Igualmente continuó diciendo que el almacén en que la firma guardaba su maquinaria para empacar las frutas, y los libros, etc., fue destruido junto con otros mate-riales allí almacenados. No es enteramente claro que la corte descansara en las pérdidas sufridas debido a la destrucción del almacén, para que se decida que a Maniscalco & Nuccio no se les exigió que pagaran contribuciones por el año 1928-29. La prueba es enteramente consistente con la conclusión de que la firma demandante no recibió beneficios durante dicho año, y que independientemente de ello sufrió pérdidas en su almacén, etc. En tal caso, la incongruencia, de haberla, sería insignificante.

Sin embargo, no se hizo objeción alguna en la corte inferior y se renunció a la incongruencia, o la demanda podía considerarse como enmendada de conformidad con el caso de Pueblo v. Sucesión Valdés, 31 D.P.R. 223, y con los otros que le han seguido.

Podría haber alguna duda respecto a la suficiencia de la prueba para demostrar daños substanciales al almacén, mas no sería suficiente para que revocáramos la conclusión de la corte inferior.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo Delerme, acusado y apelante.
    Núm. 6235.

    Sometido: Marzo 30, 1937.

      Resuelto: Mayo 7, 1937.

      L. Serbia Córdova y P. Pérez Pimentel, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una apelación interpuesta contra una sentencia condenatoria por el delito de portar un arma prohibida. El único señalamiento de error es en efecto que el apelante, tanto sobre los hechos como en derecho, fué indebidamente declarado culpable del referido delito. El apelante está en lo cierto al sostener que sólo hubo un testigo, Alvarado, que prestó declaración directa tendente a condenarle y que éste se contradijo a sí mismo. Alvarado declaró que el acusado hizo un disparo de pistola, pero luego dice que no lo había visto disparar. Si uno se encuentra cerca de una persona puede darse cuenta por la detonación de que esa persona ha hecho un disparo. Además, como sugiere el fiscal, el testigo pudo haber estado tratando de proteger a un amigo. El apelante no niega que hubiese disparos, pero insiste en que nadie pudo saber quién los hizo. La situación física y la evidencia circunstancial tendieron a demostrar que Alvarado y el apelante estaban presentes en el lugar donde se hicieron los disparos. Entonces la corte podría llegar a la conclusión de que no fué Alvarado el que disparó y por eliminación que fué el acusado el que lo hizo. Momentos antes de dictar sen-tencia, la corte dijo que, considerando las declaraciones de los testigos en sus diferentes modalidades de expresión, había llegado al convencimiento de que el acusado cometió el delito imputádole.

Existe otro punto. La prueba tendió a demostrar que el acusado se encontraba en la escena del tiroteo y pudo haber hecho el disparo. Él no se conformó con negar simplemente que hubiese disparado. Tanto él como otros testigos trataron de establecer una coartada, que de ser cierta, le hubiese situado en un lugar distinto al en que ocurrieron los hechos. La corte evidentemente no le dió crédito a este testimonio y su presentación y la tentativa de obtener una absolución por virtud del mismo pudo y puede que haya sido considerada por la corte sentenciadora como una circunstancia en su contra. Si la corte estaba claramente convencida de que la evidencia fué fabricada, pudo aun haberla considerado como una admisión implícita de su culpabilidad. Nota al caso de State v. Danelly, 107 S. E. 149 en 14. Am. Law Rep. Ann. 1420, et seq.

Todas estas consideraciones sostienen la sentencia de la corte inferior, la cual debe por lo tanto ser confirmada.


author: El Juez Asociado SeítoR Wole

text:
    Benita Pereira, demandante y apelada, v. Santiago Ayuso, demandado y apelante.
    Núm. 6887.

    Sometido: Marzo 17, 1936.

      Resuelto: Mayo 19, 1937.

      Enrique Igaravídez, abogado del apelante; A. Rivas Rosario, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado SeítoR Wole

emitió la opinión, del tribnnal.

Éste era nn pleito para anillar nna escritura de compraventa otorgada por Benita Pereira a favor de Santiago Aynso, y para que se cancelara la inscripción de la misma en el registro de la propiedad. A su demanda intitulada “Inexistencia de contrato de venta, nulidad de escritura y cancelación de inscripción en el registro de la propiedad, etc.” la demandante se enfrentó con una excepción previa. En la apelación interpuesta contra la sentencia dictada en favor de la demandante se señala como error el haberse declarado sin lugar la excepción previa. La médula de las objeciones del apelante consiste en la alegación de que la demanda deja de admitir en forma alguna que la demandante otorgara la escritura de enajenación, o de aducir los motivos que justifiquen un recurso sobre inexistencia de contrato. En el párrafo 10 de la demanda la demandante admite la existencia de la inscripción de una escritura que se supone haber sido otorgada por ella y en el párrafo 11 alega hechos que tienden fuertemente a negar que ella otorgara la escritura o jamás prestara su consentimiento a un contrato de venta, y aún más. El título del recurso en sí ayudaría a servir de guía al demandado. Quizá esto destruye suficientemente el ataque que se hace a la demanda. También tenemos una duda respecto a si el señalamiento es suficiente. Una excepción previa sólo necesita alegar que la demanda deja de aducir una causa de acción, pero el señalamiento debe ser más explícito.

Sin embargo, la demanda de todos modos bastaría para la cancelación de un contrato de venta y la cancelación incidental de la escritura y su inscripción. No hallamos incon-gruencia en el juicio, mas tal defensa hubiera sido más apropiada.

En cuanto a los méritos del juicio, la teoría de la corte fue que toda vez que la demandante era una anciana de más de noventa años de edad, el demandado debió haberle explicado cuidadosamente la naturaleza íntegra de la transac-ción. La corte resolvió, en efecto, que debido a su decrepitud y a su mentalidad insuficiente, a ella nunca se le dió a entender que enajenaba su propiedad; que no se probó sufi-cientemente la causa y que los testigos del demandado a veces se contradijeron a sí mismos y a veces entre sí. La escri-tura se suponía haberse otorgado en la notaría de Antonio Ayuso y en relación con el testimonio de este último la corte dijo: “Antes de continuar el análisis de esta prueba, que-remos hacer constar que no tenemos duda alguna de que las cosas sucedieron en la forma que el notario ha explicado en su testimonio. . .” La corte, a nuestro juicio, se refería más especialmente a lo sucedido con el otorgamiento de la escritura, pues el juez procede a exonerar de responsabilidad al notario por haberla autenticado.

Parece conveniente revisar la prueba. Benita Pereira, la demandante, fue la primera que ocupó la silla de los testigos. Ella declaró que tenía más de noventa años de edad, y que era dueña de una casa en Santurce. Que conoció al deman-dado porque tenía dificultades en el cobro de las rentas a sus inquilinos y éste le fue recomendado por un amigo. Que ella le entregó la escritura de la casa y que más tarde él le manifestó que tenían que ir a San Juan; que fueron a una oficina donde había varios hombres, entre los que, ella creía, estaban el juez y el fiscal; que ella nunca supo de qué se trataba ni lo que él hizo y que nunca fué su intención vender la casa por habérsela dejado la hija de ella; que no sabe leer ni escribir; que nunca firmó nada ni autorizó a nadie para que firmara en su nombre; que el demandado a veces le daba medios pesos y pesetas y ocasionalmente pesos; que un mes después de su última visita a San Juan, el demandado la mudó de la casa de ella a una casa de él; que ella creyó que hacía eso para reparar la casa de ella; que él cobraba las rentas de la casa de ella y de ese dinero pagaba los alimentos suministrádosle. En la repregunta manifestó que no recordaba en qué se la trajo a San Juan; que no recuerda el número de personas que había allí; y que se le dejó sola en una parte de la habitación mientras los demás se fueron a otra parte; que fué llevada allí en un automóvil que ella creía pertenecía al demandado; que el demandado la man-tuvo durante varios meses en 1932 y que ella compraba su comida con el dinero que él le daba a ella.

El siguiente testigo de la demandante lo fué Rafael Rosado, quien dijo que tiene una tienda y que ha conocido a la demandante por espacio de doce años; que él cree que la casa de ella vale unos $800 y que ella ha comprado la mar de cosas de él y gastaba como $1.50 por semana en su esta-blecimiento, suma que ella le pagaba regularmente . los sábados; y que ella dejó de comprarle en julio de 1932.

Antonia Pereira declaró que tenía 45 años de edad; que era sobrina de la demandante y que sabe que la demandante tiene o tenía una casa; que con frecuencia iba a visitarla; que la demandante se mudó en época posterior a julio de 1932; que en julio, 1932, la demandante le había dicho: “Toña, encontré un señor que me iba a comprar la casa y administrarla y alquilarla;” que la demandante le dijo que el nombre de este señor era Santiago Ayuso; que ella le dijo a la demandante que tuviera cuidado; que más tarde fué a ver al demandado y éste le dijo: “Ella es una señora anciana y algunos no le pagan, y yo voy a borrarle el nombre de la muerta y ponerla en la viva”. Que él le dijo que iba a hacer esto con respecto al agua y las contribuciones; que la demandante se mudó durante el mes de julio, y los testigos la hallaron en una pequeña habitación donde ella le dijo a la testigo que el demandado iba a arreglar la casa; que la testigo más tarde habló con el demandado y lé preguntó por qué había mudado a su tía de su casa, y éste le dijo que su tía disgustaba con los inquilinos; que su tía se trasladó nuevamente a su casa como unos cinco meses antes del juicio;. que el demandado ha destruido la palizada y el balcón que la casa tenía porque iba a construir en dicho solar.

Esto resume más o menos la prueba de la demandante.

El demandado mismo ocupó la silla de los' testigos y manifestó ampliamente cómo se le pidió que interviniera en los asuntos de Benita Pereira; que ella vivía en la casa objeto de la escritura, tenía inquilinos, pero que no podía llevarse ni con ellos ni con su propia familia; que transcu-rrido algún tiempo él la mudó a una de las casas de él y que más tarde alquiló una pequeña habitación para ella; y que finalmente, sin consultarle a él, ella se había mudado nuevamente a su propia casa, donde vivía en el momento en que se celebraba el juicio. De ninguna parte de la prueba aducida en el caso se desprende claramente cuánto recibía el demandado por concepto de rentas de los inquilinos que había en la casa de la demandante, en caso de que recibiera algo.

Ineidentalmente, podría decirse, que la corte fué del cri-terio que Santiago Ayuso recibió, o debe imputársele el haber recibido, rentas de dichos inquilinos. La contención principal del demandado fué que había anticipado innumerables cantidades pequeñas a la demandante de tiempo en tiempo, pero que raras veces excedían, sin embargo, más de $2 por semana, y que él había pagado por ciertas cosas necesarias para ella en distintos establecimientos. Para la época del juicio el demandado sólo pudo presentar unas pocas cuentas y declaró que otras habían sido destruidas por el ciclón.

La dificultad que encontramos con toda esta prueba, podríamos decir de paso, es que el período durante el cual él estuvo exclusivamente a cargo de los asuntos de ella fué corto, es decir, desde fines de 1931 a junio o julio de 1932. El demandado dejó de hacer constar claramente que había pagado, a nombre de Benita Pereira, algo semejante a $300 que era el precio especificado en la escritura. Él pudo haber pagado una o dos sumas adicionales relativamente pequeñas para otros fines que no hemos mencionado.

El notario Antonio Ayuso declaró como testigo. Su decla-ración fué corroborada en ciertos puntos por su socio pro-fesional Daniel Pellón, Jr.; por los testigos instrumentales y por la persona que firmó la escritura a nombre de la deman-dante, puesto que ella no sabía leer ni escribir. Él dijo más o menos que recuerda la escritura en cuestión; que el deman-dado en este caso no tiene parentesco con él; y que el inci-dente relativo al otorgamiento de la escritura ocurrió así:

“Un día se presentó Santiago en la oficina y me dijo que babía una viejita que él babía estado ayudando, que le debía un dinero que le babía dado en provisiones, y a veces medio peso, setenta y cinco centavos y un peso, y que él quería cobrarle a la viejita esos chavos. ' Pasaron unos cuantos días y me dijo: 'La viejita me quiere pagar a mí; tiene un lío ahí con la familia,’ y se presentó un día. No recuerdo si vino primero uno y otro después. Allí estaba Mario Yissepó. Yo ya tenía preparada o preparé la escritura; no recuerdo la cantidad de dinero que se había anticipado a la vieja, me dijeron que unos trescientos pesos, porque me dijo que hacía tiempo le babía ayudado. Vino entonces doña Benita Pereira con Santiago Ayuso. . .
“P. — ¿Vinieron los dos?
“R. — Sí, señor, y un testigo, un tal Coto, que creo conocía a la vieja, y estaba don Mario allí, y la vieja relató allí una historia, que tenía una sobrina o un familiar que de ninguna manera quería que esa finca se la heredara la sobrina, o la tía o una hermana, no recuerdo bien la historia, y que el único familiar de ella era Santiago y que era el que la atendía y la mantenía a ella; que quien no le daba nada a ése no le dejaba nada; que la casita se la quería dar a Santiago Ayuso, que él la venía manteniendo, que era el que se ocu-paba de ella, y que no quería cuentas más que con Santiago Ayuso; entonces llamé a don Mario Vissepó, y celebraron las cosas esas de la vieja, que decía unas cosas del espiritismo, entonces llamé a don Mario de testigo, y entonces él le preguntó: ‘Vieja, ¿qué quiere Ud?’ Y dice: ‘Yo lo que quiero es pasarle la casa a Santiago Ayuso, que es quien me ha venido manteniendo. Éste es la familia mía. La otra familia no se ocupa de mí, y quiero pagarle.’ Entonces le pregunté qué cantidad más o menos. Ella no sabía decir la cantidad de dinero. Le pregunté ¿serán cuatrocientos pesos, serán trescientos pesos? Entonces me dijo: ‘Una cosa así.’ Entonces le pregunté: ¿Cuánto más o menos?’ (para calcular el dinero que le había dado, porque Santiago tampoco sabía exactamente la cantidad de dinero), entonces se. fijó la cantidad de trescientos pesos. Creo que es lo que dice la escritura.. No estoy seguro.
“P. — ¿En qué forma se otorgó?
“R. — Yo le expliqué muy bien a la viejita la clase de transacción que se iba a hacer, por lo mismo que no sabía leer ni escribir; no solamente le leí eso sino que le expliqué: ‘Esta casita Ud. se la va a pasar al señor Ayuso,’ y me dice: ‘Muy bien, muy bien.’ ‘Mire que la casa va a ser de hoy en adelante de él, no suya,’ y me dice: ‘Sí, señor. Yo lo que quiero es que la sobrina no se quede con ella, que me insulta y me ha querido pegar.’ ”

Bajo estas circunstancias, el problema no ha sido fácil. Sin embargo, conforme hemos visto, la corte concluyó que debido a su mentalidad insuficiente, la demandante nunca prestó consentimiento a la venta, y que si asintió, ella no obstante no entendió la naturaleza de la transacción. Aunque no hay prueba directa que tienda a demostrar que Benita Pereira tenía menos mentalidad que la acostumbrada en una persona de su edad, sin embargo, la corte podía verla y- oírla y tomar en consideración los testigos de ambas partes para llegar a su conclusión. El apelante mismo llama nuestra atención al supuesto testimonio vacilante de ella. Todo lo que hubiera pudo ser apreciado por la corte como tendente a demostrar decrepitud. Más especialmente cuando una persona de 93 ó 94 años está envuelta, cierta decrepitud es más frecuentemente la regla que la excepción y el testimonio tendió a sostener la regla. Por tanto, no creemos que en el análisis final podamos revocar la conclusión a que llegó el juez sentenciador.

La corte también creyó que no se demostró suficiente causa. Bajo ciertas circunstancias, la falta de una causa suficiente en casos similares al presente, basta para anular la venta, mas toda vez que se descansa en la ausencia de consentimiento, la cuestión relativa a la causa no es tan importante y no es necesario que discutamos más este punto.

Hemos considerado directa o indirectamente los otros señalamientos de •error y la sentencia debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Travieso.no intervino.