author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Barceló & Cía., S. en C., demandante y apelada, v. Rafael Sancho Bonet, sustituído por Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 9289.
    Sometido: Noviembre 13, 1946.

      Resuelto: Marzo 31, 1947.

      Ron. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández (E. Campos del Toro, ex Procurador General, en el alegato) y J. B. Fer-nández Badillo, Procurador General Auxiliar, abogados del ape-lante; Félix Ochoteco, Jr. y Luis E. Bubón, abogados de la ape-lada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal. .

Dos son las cuestiones envueltas en este recurso, a saber, Ira., si la bebida alcohólica producida y vendida por la apelada es nn “espíritu” de acuerdo con la definición conte-nida en la sección 2(b) de la Ley número 1 aprobada el 12 de marzo de 1934 (pág. 137) y reenactada por la número 1 de 29 de junio de 1935 ((2) pág. 3), o sea, la Ley de Bebi-das de Puerto Pico, y como tal sujeta al pago del arbitrio provisto por la sección 3(c) de la misma ley, y 2da., si las botellas y canecas utilizadas por la apelada para envasar su producto están sujetas al pago del arbitrio provisto en la sección 4 de dicha ley. Suscintamente expuestos los hechos son los siguientes:.

Barceló & Cía., S. en C., se dedica a la industria de rec-tificar y fabricar bebidas alcohólicas para el uso y consumo de seres humanos y obtuvo la correspondiente licencia de rec-tificador de acuerdo con la Ley de Bebidas de Puerto Pico, dedicando toda su producción para la venta para lo cual la envasaba en botellas o canecas de cristal. Entre agosto 1 de 1934 y julio 15 de 1935 la apelada declaró al Tesorero de Puerto Rico tener fabricados y listos para la venta 512,374 litros de una bebida alcohólica conocida bajo el nombro de ron producida mediante el procedimiento de mezclar agua con alcohol destilado, puesta a envejecer dicha mezcla en envases adecuados y luego agregándosele espíritus alcohólicos más antiguos o vinos para mejorar el producto. Sobre estos 512,374 litros de bebidas alcohólicas la apelada pagó bajo protesta arbitrios ascendentes a $102,376.80 a razón de veinte centavos por cada litro o fracción de litro, los cuales le exi-gió el apelante de acuerdo con la sección 3(c) de la Ley de Bebidas. Son estos arbitrios cuya devolución solicita la ape-lada en la primera causa de acción de su demanda. En la segunda se reclama la devolución de $7,773.54 pagados tam-bién bajo protesta como arbitrios impuestos por el apelante, bajo la sección 4 de la misma ley, sobre las botellas o cane-cas introducidas en Puerto Rico por la apelada y en las cua-les envasó para la venta su producto.

La corte inferior declaró con lugar la demanda en ambos causas de acción y el Tesorero apeló.

Veamos la primera cuestión. La sección 3(c) de la Ley de Bebidas, dispone, en lo pertinente, que:

‘ ‘ Se impondrá, cobrará y pagará sobre las siguientes bebidas pro-ducidas, importadas o traídas a Puerto Rico, un impuesto de: . . , (e) ... veinte (20) centavos por cada litro de espíritus, y un im-puesto igual por cualquier cantidad o fracción de la misma ...”

En la sección 2(b) de la misma ley se define la palabra “espíritu” en esta forma:

“La palabra ‘espíritu’ significa cualquier bebida que contenga alcohol obtenido por destilación mezclada con agua potable y otras substancias en solución, incluyendo brandy, ron, whisky, cordiales y ginebra.” (Bastardillas nuestras.)

La corte inferior consideró que, de acuerdo con la prueba presentada, se habían probado los siguientes hechos:

“La prueba no contradicha de la demandante demuestra que pagó al demandado, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, un arbitrio de 20$ por cada litro o fracción de litro de los 512,374 litros de la bebida alcohólica a que se refiere la demanda que -fué producida por la demandante mezclando agua con alcohol adquirido de la Puerto Rico Distilling Company, a 190 grados prueba con excepción de 51,500 litros, a los cuales le había agregado también vino. De acuerdo con esa prueba el producto de la demandánte era, en cuanto a 460,874 litros, alcohol diluido con agua para rebajar su fuerza alcohólica de 190 grados prueba, como se adquiría de la des-tilería, a 95 grados prueba, que. era como se ponía a la venta del público, y en cuanto a los otros 51,500 litros, alcohol diluido también con agua en la misma forma del anterior; pero con vino agregado además, y así diluido y mezclado con vino, puesto a la venta del público. Demostró también dicha prueba que el arbitrio de 25$ por cada litro o fracción de litro correspondiente al alcohol utilizado por la demandante en la elaboración y producción de los 512,374 litros de la bebida alcohólica antes referida, fué pagado por dicha deman-dante como parte de su precio de compra del referido alcohol, al adquirirlo a 190 grados prueba de la destilería de la Puerto Rico Distilling Company en Areeibo, Puerto Rico. Por la prueba de la demandante y las aceptaciones contenidas en la contestación del de-mandado, quedó demostrado que la bellida alcohólica a que se refiere la demanda, fué vendida por la demandante envasada en botellas o canecas introducidas por ella vacías de fuera de Puerto Rico, nin-guna de cuyas botellas fueron fabricadas en la Isla; demostrán-dose también que debido a la naturaleza líquida de la referida bebida alcohólica, tenía necesariamente que ser envasada para poder reali-zarse su venta; que el envase de la bebida lo realizaba la demandante en su fábrica de Areeibo, pasando los envases directamente con la bebida alcohólica contenida en los mismos, a poder del comprador del producto, siendo el envase en Puerto Rico de dicha bebida, uno de los pasos o elementos usuales, necesarios e imprescindibles del ne-gocio e industria de rectificación y tráfico de bebidas alcohólicas a que estaba dedicada la demandante.”

Y a base de estos hechos y después de citar las secciones 3(c) y 2(b), supra, resolvió que “una mezcla de alcohol ob-tenido por destilación con agua potable solamente no es un ‘espíritu’, dentro de la definición contenida en la Ley, sino simplemente alcohol diluido, alcohol rebajado a un grado de prueba más bajo mediante la adición de agua sin que por ello deje de ser alcohol.” Resolvió, además, que de acuerdo con la declaración del perito Angel M. Pesquera y las defi-niciones que dan los diccionarios “ron” es el producto de una destilación y que siendo la bebida producida por la de-mandante una “mezcla de alcohol con agua potable es sim-plemente alcohol diluido y una mezcla de alcohol con agua y vino es alcohol diluido con vino, mezcla ésta última que de acuerdo con ... la sección 2(e) () de la misma Ley de Bebidas, es también ‘alcohol’.” Como consecuencia decidió que la bebida producida por la demandante no es un “espí-ritu” y por tanto no estaba sujeta como tal al arbitrio pro-visto en la sección 3(c), supra. Resolvió, por último, la corte inferior que de ser dicha bebida un “ espirite ” el arbitrio sería ilegal por constituir una doble tributación ya que so-bre el alcohol original utilizado se había pagado un arbitrio; que de imponérsele otro arbitrio a la bebida producida con dicho alcohol al ser mezclado con agua o con agua y vino, convertiría la contribución en confiseatoria.

La sección 2 de la Ley de Bebidas en sus distintas sub-divisiones contiene una serie de definiciones de varias pa-labras usadas en la ley, pero -limita dichas definiciones diciendo que “En la interpretación de esta Ley, a menos que su contexto indique lo contrario ” dichas palabras significan lo que en dichas subdivisiones se especifica. (Bastardillas nuestras.) La corte inferior, a nuestro juicio, hizo caso omiso de esta regla de interpretación al limitar la definición de la palabra “ron” a lo declarado por el perito Pesquera y a las definiciones contenidas en diccionarios al efecto de que el ron únicamente es el producto de una destilación y que siendo la bebida producida por la apelada el resultado de una mezcla de alcohol con agua y con vino, dicha bebida es simplemente alcohol diluido. No tomó en consideración ni mencionó la corte sentenciadora las subdivisiones (/) y (g) de la sección 2 que disponen lo siguiente:

“ (/) La palabra 'destilador’ significa toda persona que elabore espíritus destilados, o que, por cualquier procedimiento de destila-ción separe espíritus, ya sean puros o impuros, de cualquier subs-tancia, fermentada o no; o que, estando en posesión de o mediante el uso de un alambique, baga, prepare o esté en posesión de alguna substancia propia para la destilación.
“ (g) La palabra ‘rectificador’ significa toda persona que recti-fique o redestile espíritus destilados por un procedimiento que no sea el que originalmente se usa, y continúa la destilación de cualquier substancia fermentada mediante el uso de bocoyes tapados o cañerías basta que su fabricación se complete, y toda persona que sin rectificar o redestilar espíritus destilados, colore, filtre, clarifique, refine o for-tifique los mismos mezclando dichos espíritus u otro licor con alguna substancia que no sea agua, o que mezclare, colorare, fortificare, carbonatare, o compusiere licores bajo el nombre de whisky, ginebra, brandy, ron, cordial, amargo, espíritu o ‘ponches’ o que compusiere-cualquier otra bebida espirituosa bajo cualquier otro nombre, excepto vino.”

La apelada tenía una licencia de rectificador y es un he-cho admitido que se dedicaba a la industria de rectificar y fabricar bebidas alcohólicas para el consumo humano. Den-tro del significado de la palabra rectificador dado en la sub-división {g) — muy distinto al do la palabra destilador d» la subdivisión (/) — está incluido el de “toda persona que sin rectificar o redestilar espíritus destilados . . . compusiere licores bajo el nombre de whisky, ginebra, brandy, ron, cordial, amargo, espíritu o ‘ponches’ ...” De manera que, independientemente del hecho de que el ron está incluido en-tre los “espíritus” mencionados en la sección 2(b), n© se limita el alcance del significado de la palabra “ron” a aqué-llos que puedan dar un perito o los diccionarios en cuanto a que dicha bebida es el producto de una destilación, sino que del contexto de la misma Ley de Bebidas, en su sección 2(g), dicha palabra “ron” también significa un licor compuesto por un rectificador bajo el nombre de ron, aun cuando dicho licor no haya sido el resultado de una destilación. Y en el caso de autos la apelada compuso un licor bajo el nombre de ■“Don Palo Viejo” y bajo dicho nombre lo declaró el ape-lante y lo puso a la venta en el mercado. () (Bastardillas nuestras.)

En ningún momento la apelada declaró al Tesorero de Puerto Rico ni al público consumidor, que su producto fuera alcohol diluido con agua o con vino y no puede ahora eludir el pago del arbitrio correspondiente habiéndose beneficiado de la venta de su producto bajo el nombre de “Ron Palo Viejo.” En United States v. J. D. Her Brewing Co., 121 Fed. 41, se resolvió que: “ ... Al poner el demandante en sus botellas el rótulo M. D. Iler’s Rochester Tonic’ hizo -constar prominentemente en el envase que su tónieo era de carácter tónico o medicinal. La ley no requiere que se enu-meren en el envase los ingredientes o la fórmula del tónico. Se supone que el demandante se ha ceñido a la ley, que pro-hibía a riesgo de fuerte penalidad el embarque o el levanta-miento de sus licores fermentados, bajo cualquier otro nom-bre que no fuera el correspondiente para designar su clase y calidad. El demandante conocía los ingredientes y cali-dades de sus productos, y con conocimiento de esto, y con el conocimiento ulterior de que la ley exigía a riesgo de una' fuerte penalidad, que se marearan o se rotularan sus paque-tes con el ‘nombre correspondiente’ de sus productos, de-liberadamente eligió llamar y rotular este producto como ‘Tónico Rochester’ y lo lanzó al mercado como tal, obteniendo una excelente venta para dicho producto en la forma indi-cada. Habiendo disfrutado de todos los beneficios de la venta como un tónico, ya es muy tarde para que le llame-mos por cualquier otro nombre a los fines de evitar la con-tribución. Tanto la ley como la moral impiden se conceda tal reclamación. Nos sentimos constreñidos a aceptar el nombre con que el propio demandante bautizó su producto bajo las más serias sanciones y de esa manera absolverlo de una intención deliberada para perpetrar un fraude hacia el público e infringir las leyes penales de los Estados Unidos.”

La sección 21 de la Ley de Bebidas exige que “Toda bo-tella u otro envase conteniendo bebidas alcohólicas o pro-ductos medicinales, de cualquier clase o naturaleza que fue-ren, manufacturados en Puerto Rico o importados o traídos a Puerto Rico, llevarán fija una etiqueta en la cual se haga constar específica y distintamente el contenido alcohólico por volumen de dichas preparaciones. Las preparaciones produ-cidas o fabricadas en Puerto Rico serán rotuladas antes de sa-carse de la fábrica, almacén o depósito y a las que se importa-ren o trajeren a Puerto Rico se les pondrá la etiqueta antes de sacarse de la aduana, ‘express’, o del poder de los dueños o agentes de los barcos en que se trajeren a Puerto Rico,” y la sección 55 hace un delito el rotular falsa o incorrecta-mente el contenido de alcohol de cualquier bebida. Si, como aparece de la prueba, el alcohol original usado tenía 190 grados prueba y en la bebida producida por la apelada dicho alcohol fue rebajado a 95 grados prueba y declarado y ven-dido como ron, debemos aceptar el nombre que la apelada le dió a su producto y no aceptar que fuera su intención perpetrar un fraude al público ofreciéndole y vendiéndole algo distinto de 3o que en efecto declaró al apelante y ven-dió al público.

Pero es que no sólo a virtud de la sección 2{y), supra, la bebida producida por la apelada debe considerarse como ron, sino que de acuerdo con la sección 2(b), supra, el ron es una de las bebidas que por contener alcohol es un espí-ritu, dentro de la especificación allí establecida.

Los casos citados por la corte inferior() para sostener lo contrario no son aplicables a los hechos del de autos. Se interpretó en ellos disposiciones de distintas leyes de rentas internas federales que prohibían, bajo pena de confiscación, que se hiciera un camino en el contenido de un receptáculo conteniendo espíritus destilados después de habérsele adhe-rido los sellos de rentas internas correspondientes al arbitvio ya satisfecho por dichas bebidas y se resolvió que el haberse agregado agua o caramelo a un producto que ya había pa-gado los tributos no constituía una violación que justificara la confiscación. La cuestión envuelta en el presente caso precisamente es si procedía o no el pago de los arbitrios co-rrespondientes a la bebida producida por la apelada con el nombre de ron y no si satisfechos dichos arbitrios procedía cobrarle otros o confiscarle el producto por haberle agregado al mismo agua o caramelo.

El caso de Puerto Rico Distilling Co. v. Tesorero de P. R., 32 D.P.R. 576, tampoco es aplicable a los hechos del pre-sente. Existía en aquél la circunstancia de que, tanto por el Reglamento Federal de la Prohibición como por ley insular, se eximía del pago de tributos al alcohol desnaturalizado usado en las artes, industrias o como combustible y que por tanto no podía imponérsele un arbitrio a un sustituto de la gasolina fabricada con alcohol desnaturalizado.

Somos de opinión que la bebida alcohólica producida por la apelada, aun cuando técnicamente pueda considerarse como alcohol diluido con agua o con vino, constituía un espíritu ya que la apelada bajo el nombre de ron lo compuso, declaró y vendió y porque siendo ron-está incluido expresamente en la sección 2(b), supra. Hemos resuelto que alcohol diluido con agua y puesto a envejecer se transforma en ron y que “Transformado el alcohol puro en otro artículo, éste y no e) alcohol primitivo constituía la sustancia sobre la cual pe-saba el impuesto ...” P. R. Distilling Co. v. Hill, Tesorero, 26 D.P.R. 526, 32.

Siendo el ron un artículo distinto del alcohol original usado en su producción, el arbitrio impuesto al ron no cons-tituye una doble contribución. Monllor & Boscio, Sucrs. v. Sancho Bonet, Tes., 61 D.P.R. 67, confirmado en 136 F.2d 114. Erró, pues, la corte inferior al declarar con lugar la primera causa de acción.

Veamos la segunda cuestión planteada por el apelante cuando alega que la corte sentenciadora erró al soste-‘ ner que la sección 4 de la Ley de Bebidas, que impone un arbitrio sobre envases, sólo es aplicable cuando son introducidos en Puerto Rico, si los mismos contienen bebidas de las mencionadas en la ley pero no si son introducidos vacíos.

La sección 4, en parte, dice así:

“Sobre todo envase introducido o manufacturado en Puerto Rico que contuviere bebidas alcohólicas y productos similares conocidos bajo cualquier nombre, y espíritus y alcohol, siempre y cuando que él contenido de los mismos esté sujeto a un impuesto prescrito por esta Ley, se pagará la siguiente contribución: . . .” (Se especifican). (Bastardillas nuestras.)

La sección 2 (n) define la palabra envase como “cualquier botella, vasija, jarro, damajuana, o cualquier otro recep-táculo que contuviere bebidas de las mencionadas en esta Ley.”

La corte inferior resolvió que “como el arbitrio se im-pone sobre el envase por razón del mero hecho de contener bebidas alcohólicas tributables, dicho arbitrio, en lo que con-cierne al envase de Puerto Rico de bebidas alcohólicas tributables, es un arbitrio por el acto de envasar bebidas alco-hólicas tributables (citas). Y como la Ley impone a la de-mandante una contribución de licencia para dedicarse al ne-gocio o industria de rectificador y de traficante al por mayor en bebidas alcohólicas, contribución ésta que pagó la deman-dante, un arbitrio adicional a dicha demandante por el acto de envasar en Puerto Rico bebidas alcohólicas tributables, aunque esté calculado o estimado a base del número y capa-cidad de los receptáculos utilizados para envasar dichas be-bidas alcohólicas, siendo como es, ese acto de envasar uno de las pasos o elementos usuales, imprescindibles e inheren-tes del negocio o industria de fabricación o rectificación y tráfico o venta de bebidas alcohólicas tributables en Puerto Rico, es ilegal. (Citas.)”

Citó, además, la corte inferior el caso de Monllor & Boscio, Sucrs. v. Tesorero, 49 D.P.R. 576, en el cual esta Corte, refiriéndose a esta misma sección 4 de la Ley de Bebidas de 1934, reenactada por la Ley número 1 de 1935, dijo:

“De acuerdo con esas leyes, el Tesorero impuso y trató de cobrar mediante embargo el impuesto que autorizan sobre los envases de la demandante. ¿Pudo hacerlo? Si lo dispuesto por ellas estuviera en vigor, la cuestión sería dudosa, pero el 30 de julio de 1935 el propio legislador decretó por el segundo disponiéndose de la sección 69 de la Ley núm'. 38 de ese año (pág. 485) lo que sigue:
“ ‘ . . . Y disponiéndose, además, que en lo que se refiere a la sección 4 de la Ley No. 1 de 12 de marzo de 1934 y por la Ley No. 1 de 29 de junio de 1935, por la presente se determina que el Tesorero de Puerto Rico se abstendrá de cobrar cualquier impuesto o impuestos que conforme a lo que provee dicha Sección estuvieren pendientes de imposición y cobro.’ ” (Bastardillas nuestras.)

y resolvió desestimar por frívolo el recurso contra la sen-tencia dictada por la corte inferior declarando con lugar un injunction para impedir la imposición y cobro del arbitrio provisto en la sección 4.

En el caso de Monllor & Boscio, supra, solamente expu-simos dudas en cuanto a la validez de lo dispuesto en la sección 4, supra, pero debemos resolver ahora si la corte inferior erró al llegar a la conclusión por los fundamentos que expuso, de que dicho arbitrio es ilegal.

Ya hemos visto que la Legislatura determinó en la Ley número 38 de 1935 que el Tesorero se abstendrá de cobrar cualquiera de los impuestos pendientes de imposición y co-bro a virtud de la sección 4, supra. Ignoramos los motivos que tuvo para hacerlo, pero lo hizo y ahora, en la nueva ley, se eliminó por completo el arbitrio sobre los envases pro-visto en la sección 4, supra.

Sostiene el apelante que los arbitrios impuestos por la sección 4, supra, son por el uso de los envases que se utilicen para embotellar bebidas tributables y que la clasificación hecha por la Legislatura en cuanto a dichos en-vases es válida tomando en consideración el fin para el cual son usados.

Arguye a su vez la apelada que habiendo pagado una li-cencia como rectificador y otra como traficante al por mayor > además teniendo que pagar el arbitrio sobre las bebidas alcohólicas y no pudiendo ser éstas vendidas si no están de-bidamente envasadas, la imposición de un arbitrio adicional a los envases constituye una nueva contribución sobre 1a- pro-piedad, es decir, sobre las bebidas; que dicho arbitrio se im-pone y se cobra por el acto de envasar licores; que la clasi-ficación es irrazonable y por cualquiera de estas interpreta-ciones el arbitrio es ilegal.

Somos de opinión que la sección 4 imponía el arbitrio correspondiente a los envases introducidos o manufactura-dos en Puerto Rico al ser usados para envasar bebidas alco-hólicas, productos similares conocidos bajo cualquier nombre, espíritus y alcohol, siempre y cuando que dichos productos estén sujetos a un arbitrio. El fin perseguido, o sea, la in-tención legislativa, fué gravar los envases que contuvieran bebidas alcohólicas aun cuando pasaran al comprador con •el producto.

Es un hecho admitido que la sección 4 no impone arbitrio alguno al envase como tal, es decir, mientras está vacío. Es al envase introducido o manufacturado en Puerto Rico, “que contuviere bebidas alcohólicas . . . siempre y cuando que el contenido. . . esté sujeto a un impuesto prescrito por esta ley ...” que se impone el tributo. Tenemos, por lo tanto, •que la Legislatura ha hecho a los fines contributivos una clasificación especial de estos envases cuando contengan be-bidas tributables, a distinción de los demás envases que pa-san con el producto a poder del comprador ya que estos' úl-timos están exentos del pago de arbitrios de acuerdo con el inciso 11 del artículo 83 de la Ley núm. 85 de 1925, enmen-dada por la Ley número 83 de 1931, o sea, la Ley de Arbi-trios, que, en lo pertinente, dice:

“ . . . Disponiéndose, además, que el impuesto establecido por las secciones 62 y 16 a de esta Ley no gravará: ... 11. La venta, uso o consumo de artículos importados o fabricados en el país que se utilicen como envases o en la presentación o preparación de pro-ductos destinados para la venta o para la exportación, siempre que los citados artículos pasen con el producto a poder del comprador.”

La clasificación hecha por la Legislatura se basa en el uso especial a que se dedican los envases y es por dicho uso que se impone el arbitrio. & Es razonable esta clasificación? Con-sideramos que lo es.

El artículo 2, sección 1, de la Carta Orgánica provee que “No se pondrá en vigor en Puerto Rico ninguna ley que pri-vare a una persona de . . . propiedad sin el debido procedi-miento de ley, o que negare a una persona de dicha isla la protección igual de las leyes,” fraseología ésta similar a la contenida en la .Enmienda Catorce de la Constitución Federal e interpretándola en el caso de San Juan Trading Co. v. Sancho, Tesorero, 114 F.2d 969, 971, se dijo que “Esta cláusula, como la Enmienda'Catorce a la Constitución de los Estados Unidos, en ninguna forma limita el poder de la Legislatura de Puerto Rico para clasificar los objetos de legislación o las personas afectadas por ella en tal forma que sujete a diferentes clases a diferentes tipos contributi-vos. (Citas.) Empero, tal clasificación tiene que estar ra-zonablemente relacionada con el objeto de la legislación y debe estar basada en alguna distinción que pueda racional e imparcialrnente constituir la razón para la diferencia en la contribución.”

Al confirmar nuestra decisión en el caso de Rivera v. Corte, 62 D.P.R. 513, en el cual discutimos ampliamente esta cuestión, la Corte de Circuito en Rivera v. Buscaglia, 146 F.2d 461 (1944), se expresó en esta forma, a la página 465:

... Si bien se ha reconocido con frecuencia que una clasifi-cación estatutaria puede ser tan denigrante y carecer de base racional de manera tal que esté en pugna con las garantías constitucionales, son muy pocos los casos y ocurren esporádicamente en que se haya anulado una ley por este fundamento. En el campo contributivo, más que en cualquier otro campo, ‘las legislaturas gozan de la mayor libertad para clasificar. Toda .vez que, los legisladores necesaria-mente están familiarizados con las condiciones locales, cosa que no ocurre con esta Corte, la presunción de eonstitucionalidad sólo puede ser vencida por la más clara demostración de que, una clasificación discrimina hostil y opresivamente contra personas y clases especí-ficas.’ Madden v. Kentucky, 1940, 309 U.S. 83, 88, 60 S. Ct. 406, 408, 84 L. Ed. 590, 125 A.L.R. 1383.”

En el caso de Lindsley v. Natural Carbonic Gas Co., 220 U.S. 61, 78, se expresaron en forma completa las reglas es-tablecidas por la Corte Suprema de Estados Unidos para determinar si una ley es contraria a la cláusula constitucio-nal sobre igual protección de las leyes y aun cuando las ci-tamos en el caso de Pueblo v. Avilés, 54 D.P.R. 272, 281, es conveniente citarlas de nuevo. Dicen así:

“1. La cláusula sobre igual protección de las leyes contenida en la enmienda déeimocuarta no priva a los Estados de la facultad de establecer clasificaciones en la adopción de leyes- de orden público (:public policy), sino que por el contrario permite el ejercicio de una amplia discreción en ese sentido impidiendo las clasificaciones sola-mente cuando se han hecho sin una base razonable y por consiguiente resultan puramente arbitrarias.
“2. Una clasificación que, descanse en una base razonable no infringe esta cláusula constitucional simplemente porque no se haya hecho con una precisión matemática o porque en la práctica resulte en alguna desigualdad (inequality).
“3. Cuando se impugna la clasificación, si puede, concebirse cual-quier estado de hechos que la justifique, se presumirá que tal estado de hechos exjstió en la fecha de la aprobación de la ley.
“4. El que impugne la clasificación contenida en una ley tiene el peso de la prueba para demostrar que. no descansa sobre una base razonable y que es esencialmente arbitraria.”

¿Qué discrimen “hostil y opresivo” ha sufrido la apelada como consecuencia de la clasificación hecha por la legislatura imponiendo un arbitrio a los envases usados para los fines especificados en la sección 4, supra? Ninguno a nuestro jui-cio. El arbitrio tenían que pagarlo todos los que se dedica-ban al mismo negocio que la apelada en toda la Isla de Puerto Rico y era igual para todos. Correspondía a la apelada de-mostrar que la clasificación no descansa sobre una base ra-zonable y que es esencialmente arbitraria y no lo ha hecho, pues “si puede concebirse cualquier estado de hechos que la justifique, se presumirá que tal estado de hechos existió en la fecha de la aprobación de la ley.” Y en el caso específico ante nos podemos concebir que la intención legislativa al ha-cer la clasificación de los envases conteniendo bebidas alco-hólicas trihutables que eran vendidos con el producto al com-prador, diferenciándolos así de los demás envases exentos de tributación, lo fué precisamente por contener esa clase de bebidas aun cuando como consecuencia se hiciera más cos-toso el precio de venta de dichas bebidas. Como dijo el Juez Stone en su opinión disidente en el caso de Colgate v. Harvey, 296 U. S. 404, 438 (revocado por el caso de Madden v. Kentucky, supra, de manera que hoy prevalece el criterio expuesto por el Juez Stone en su disenso): “Si aparece o puede razonablemente ■ asumirse que (la clasificación) es con el propósito de promover un fin público permisible, no puede ser condenada porque una clase debe negar una contribución que otra no paga.” Y el fin público permisible que puede razonablemente asumirse que tuvo en mente el legislador promover fue el de hacer más gravosa la adquisición de be-bidas alcohólicas como producto no necesario ni indispensable para el bienestar general de la comunidad sino más bien perjudicial en su consumo excesivo.

No constituye el arbitrio atacado, como sostiene la apelada, una contribución adicional a la propiedad y asumiendo que lo fuera ese hecho en sí no lo haría ilegal pues como dijimos en Pueblo v. Garzot, 24 D.P.R. 231, 236, “ . . . el mero hecho de que una contribución sea doble no afecta a su validez, a menos que funcione de un modo desigual sobre la misma clase o clases de la comunidad. (Cita.) La cuestión de si debe haber o no una doble contribución generalmente es una cuestión que pertenece a la discreción de la Legislatura misma.” Aun cuando asumiéramos que el arbitrio es sobre la propiedad — y ya hemos dicho que es por el uso de los envases — el mismo recayó por igual sobre to-dos los que estaban en las mismas condiciones que la apelada.

Pregunta la apelada que “ . . . aun aceptando que pu-dieran escogerse los envases conteniendo* licores tributables como una clase separada, bajo qué regla podría sostenerse el discrimen extraordinario de imponer el arbitrio cada ves que se use el envase, si ninguno de los otros artículos ven-didos, Usados o consumidos en Puerto Rico, pagan arbitrios más que una sola vez?” (Bastardillas de la apelada.) La contestación es que ni la sección 4, ni ninguna otra de la ley, dispone que los arbitrios deben ser impuestos y cobra-dos más de una vez. Además, que ese hecho no surge en el presente caso ya que a la apelada en ningún momento se le cobró dos veces por el uso de sus envases y su causa de acción no está basada en tal situación de hechos.

Consideramos qne los casos citados por la corte inferior y por la apelada no son aplicables a los hechos del presente y que no necesitamos distinguirlos específicamente.

Debe revocarse la sentencia apelada y- dictarse otra de-clarando sin lugar la demanda en sus dos causas de acción, con costas.

      (1) Esta sección dispone:
      “Las palabras 'bebida alcohólica’ o 'bebida’ incluyen las cuatro varie-dades do licores antes definidas (alcohol, espíritu, vino y cerveza) y cualquier líquido o sólido patentizado o no que contuviere alcohol, espíritu, vino o cerveza capaz do ser consumido por un ser humano. Cualquier líquido o sólido que contuviere más de una de las cuatro variedades antes definidas será consi-derado como correspondiente a aquella variedad que tuviere mayor grado da alcohol de acuerdo con el orden en'que han sido anteriormente definidas, excepto lo dispuesto en la sub-seceión (o).”

      (2)E1 socio gestor de la apelada declaró: "P. ¿Cómo rotulaban las botellas y canecas que contenía ese licor? B. Bon Palo Viejo.” (T. E., pág. 13.) Y más adelante dijo que habían declarado el producto al Tesorero de Puerto Bico .como ron. (T.E., pág. 19.)

        (3)United States v. Thirty-Two Barrels of Distilled Spirits, 5 Fed. 188; United States v. One Package of Distilled Spirits, 88 Fed. 856; Three Packages of Distilled Spirits, 14 Fed. 569; United States v. Graf Distilling Co., 208 U.S. 198, 52 L. Ed. 452; United States v. Bardenheier, 49 Fed. 846.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo Vargas Badillo, acusado y apelante.
    Núm. 11664.
    Sometido: Marzo 12, 1947.

      Resuelto: Abril 1, 1947.

      R. Rivera Zayas y G. Rivera Cestero, abogados del apelante; JJon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández, y •/. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado; Miguel Guerra-Mondragón, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, y Benjamín y Alvaro Ortiz, abogados de la Sociedad de Periodistas de Puerto Rico, como amici curiae.

   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la ojiinión del tribunal.

En septiembre 10 de 1946 el Jnez Areilio Alvarado, del Tribunal de Distrito de San Juan, decretó el arresto de Pablo Vargas Badillo, Director del periódico “El Mundo”, y señaló el 17 del mismo mes para que el acusado compareciese a mostrar causas por las cuales no debiera ser condenado por desacato. No conforme con las razones aducidas por el acu-sado, el mismo Juez Alvarado le declaró culpable de un de-sacato criminal y le condenó a pagar un dólar de multa o a sufrir un día de cárcel. El acusado interpuso el presente recurso. Los hechos que motivaron este proceso son como sigue:

El fiscal formuló ante la Corte Municipal de San Juan dos acusaciones contra el comerciante Basilio Carrasquillo y su dependiente Alberto Carrasquillo, la primera por haber vendido una libra de arroz en diez centavos, cuando el pre-cio legal era el de nueve centavos, y la segunda por haber vendido una lata de salsa de tomate en once centavos, cuando el precio legal era el de ocho centavos. La Corte Municipal declaró culpables a ambos acusados y condenó a Basilio Ca-rrasquillo, alegado dueño del establecimiento, a jiagar una multa de cien dólares y a sufrir tres meses de cárcel y a Alberto Carrasquillo, el dependiente que hizo las ventas, a setenta y cinco dólares de multa, en cada caso. Vistos am-bos casos en apelación ante el Tribunal de Distrito, presidido por el Juez Alvarado, éste declaró con lugar la moción de la defensa para la absolución perentoria de Basilio Carras-quillo y absolvió a dicho 'acusado.

En la edición de “El Mundo” correspondiente al 7 de septiembre de 1946, apareció la siguiente noticia de redac-ción:

“Absuelto AyeR un ComeRCiante en la Capital. — Había sido condenado por Corte Municipal.- — -Detalles del caso. — -El Juez Arcilio Alvarado, del Tribunal del Distrito, absolvió ayer libremente al co-merciante Basilio Carrasquillo Quiñones, a quien se le imputaron dos violaciones a la ley de precios. — El fiscal auxiliar Domingo Can-delario había acusado a Carrasquillo Quiñones conjuntamente con Alberto Carrasquillo de haber vendido una libra de arroz en diez centavos, cuando su precio legal es de nueve, y una lata de salsa de tomate en once centavos, cuando su precio legal es de ocho centavos. Vistos los dos casos en la Corte Municipal de San Juan, ante el Juez Victoriano Fernández, és.te condenó a los dos acusados, a Basilio Ca-rrasquillo Quiñones a pagar cien dólares de multa y cumplir tres me-ses de cárcel y a Alberto Carrasquillo a pagar setenta y cinco dólares de multa en cada caso. El Ledo. Gustavo Marrero Ledesma apeló los dos casos del primero, -Basilio Carrasquillo Quiñones, para el Tribunal del Distrito. Oída la prueba en los casos, el juez Alvarado declaró inocente al comerciante acusado ‘porque tenía dudas sobre si en realidad éste era el dueño del negocio donde se alega se hicieron estas compras y porque tampoco estaba seguro de si en el momento de dichas compras él estaba allí presente.’ ■”

En la. edición del mismo periódico correspondiente al 10 de septiembre de 1946, apareció nn editorial titulado “Un Precedente Peligroso”, en el cual se comenta el caso del co-merciante Carrasquillo y se hace constar por segunda vez que el Juez Alvarado lo absolvió basándose en que “tenía dudas sobre si en realidad éste era el dueño del negocio donde se alega se hicieron estas compras y porque tampoco está seguro de si, en el momento de dichas compras, él' es-taba allí presente.” Continúa el editorial diciendo, en sín-tesis, que la decisión del Juez Alvarado crea el precedente de que “para ser convicto de agiotismo, al dueño de un ne-gocio debe probársele que él estaba presente al hacerse la transacción”; que si ese criterio perdurase, el control de precios se haría muy difícil; que la referida sentencia deja un salidero por el cual los agiotistas podrían maniobrar li-bremente; y que existe jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo que a juicio del editorialista impide las absolucio-nes por el motivo de ausencia del establecimiento. Después de citar párrafos de la opinión emitida por este Tribunal, por voz del Juez Asociado Sr. Snyder, en el caso de El Pueblo v. Díaz Rivera, 62 D.P.R. 136, continúa el'editorial invi-tando al Juez Alvarado a revisar dicha opinión, y termina con estas palabras:

“Constándonos, como nos consta, el empeño con que el Juez Ai-varado pone en vigor la ley de precios, es indudable que él ha de ver clara nuestra intención de ayudar, humildemente, a impedir que surjan salideros por los cuales puedan escaparse los que especulan eon la necesidad pública. Está mny lejos de nnestra intención esta-blecer-pautas legales; pero nuestro buen deseo de contribuir a acabar con el mercado negro nos anima a bacer estas consideraciones que esperamos sean vistas con la misma voluntad.”

Irritado, sin duda alguna, por el editorial más que por la noticia de redacción publicada tres días antes, el Juez Alvarado procedió sumariamente contra el Director de “El Mundo”, haciendo constar en la orden expedida el mismo día 10 de septiembre- de 1946 que “la información de ‘El Mundo’ de fecha 7 de septiembre de 1946 en lo rela-tivo a los fundamentos que tuvo la corte para absolver al acusado Basilio Carrasquillo Quiñones son falsos y constitu-yen una información falsa respecto a rm procedimiento judicial, lo cual tiende a desmerecer el prestigio del Tribunal, minando así la administración de justicia, y en los comenta-rios editoriales publicados en el mismo periódico de fecha 10 de septiembre de 1946, basados en dicha información falsa, se hace aparecer al tribunal como contraviniendo jurispru-dencia del Tribunal Supremo de Puerto Pico y creando sali-deros para los agiotistas librarse de responsabilidad criminal.” Considerando que el contenido de ambas publicaciones era constitutivo, prima facie, de un desacata al Tribunal por él presidido, el Juez Alvarado decretó el arresto del director del periódico ofensor.

En el acto de la vista celebrada ante este Tribunal infor-maron oralmente, además del abogado del apelante, los re-presentantes ‘de la Unión Americana de Libertades Civiles y de la Sociedad de Periodistas de Puerto Eico, como amici curiae. En extensos y luminosos alegatos, los distinguidos representantes del acusado y de las mencionadas entidades, levantan numerosas cuestiones legales, muchas de las cuales no hemos de discutir por considerarlo innecesario para la de-cisión del caso.

Procederemos primero a examinar la Ley bajo la cual se instituyó este proceso por desacato.

La Ley de 1 de marzo de 1902, “Definiendo el Delito de Desacato y disponiendo la Pena correspondiente”, enmendada por la Ley de 8 de marzo de 1906 e incorporada al Código Penal vigente, artículo 145, dispone en su sección 1 que las cortes de distrito tendrán facultad para castigar por desacato a toda persona culpable, entre otros, de los actos siguientes:

“5. Publicación Inexacta. La voluntaria publicación de cualquier informe falso o groseramente inexacto, de procedimientos judiciales; Disponiéndose, sin embargo, que la publicación de cualquier informe verdadero y justo de algún procedimiento judicial, no será penable como desacato.” (Bastardillas nuestras.)

La querella formulada por el Juez Alvarado contra el apelante, se basa, según ya liemos visto, en que “la infor-mación de ‘El Mundo’ de fecha 7 de septiembre de 1946 en lo relativo a los fundamentos que tuvo la corte para ab-solver al acusado Basilio Oarrasquillo Quiñones son falsos y constituyen una información falsa respecto a un procedi-miento judicial, etc.” Prescindiremos por ahora de las ale-gaciones de la querella referentes al editorial del 10 de sep-tiembre, toda vez que el juez sentenciador hizo constar, antes de que se practicase la prueba, que el proceso no se con-tinuaría en forma alguna en cuanto a lo expuesto en dicho editorial, “pero sí se continuará este proceso por la infor-mación contenida en la edición de septiembre 7, en tanto en cuanto se imputa a dicha información ser falsa.”

Asumiendo, sin resolverlo, que la noticia publicada el 7 de septiembre pueda y deba ser considerada como “la vo-luntaria publicación de un informe falso o groseramente in-exacto” del procedimiento seguido contra Basilio Oarras-quillo Quiñones, la primera cuestión que debemos considerar y resolver es: ¿Está facultada la corte de distrito para cas-tigar como desacato la publicación de un informe falso o in-exacto de un procedimiento judicial que ya había terminado por una sentencia absolutoria contra la cua) no cabía in-terponer recurso alguno? Examinemos la jurisprudencia.

El caso de People of Virgin, Islands v. Brodhurst, 148 F.2d 636, decidido por la Corte de Circuito de Apelaciones del Tercer Circuito, envolvía nna situación idéntica a la del presente caso. Ante la‘Corte de Distrito de las Islas Vír-genes, sin la intervención de nn jurado, se celebró la vista del caso por asesinato contra un individuo de la raza blanca acusado de haber dado muerte a otro de la raza negra. El acusado fué absuelto por el Juez Moore, perteneciente a la raza de color. Cuatro o cinco días después de dictada la sentencia absolutoria, el periódico “The St. Croix Avis” publicó un artículo editorial en el que se comentaba en los términos más violentos e insultantes el procedimiento judicial seguido ante la corte de distrito y que había terminado con la absolución del acusado. Para que podamos darnos-cuenta de la naturaleza de lo escrito, copiaremos estos cor-tos párrafos:

‘ ‘ Cuando el pueblo salió de la sala de la Corte el miércoles pasado después de, haber oído la decisión del caso de Harry Beatty por el Juez Moore, hubo gritos de protesta e indignación. ‘¿Qué es lo que nos queda?’ decían. ‘Aun la justicia está c'ontra nosotros.’ ‘Nos-otros somos las masas de esta isla, pero somos pisoteados por los ta-lones de los Hitleristas y el soborno y la injusticia vencen a la' razón.’ . . .
“ ‘Aquí en St. Croix la consigna es Justicia contra Pobreza.’ ”

Basándose en las disposiciones del Código de St. Croix,, las cuales son idénticas a las del nuestro, el Juez Moore pro-cedió sumariamente contra Brodhurst, editor del periódico, por un delito de desacato y le condenó a la pena de diez días, de cárcel.

Después de decidir que el estatuto de St. Croix autoriza el castigo sumario, tanto por el desacato cometido en la in-mediata presencia de la corte como por el cometido fuera de su presencia, la corte de Circuito procedió a considerar y resolver la cuestión fundamental levantada por el apelante, o sea, si el Código de St. Croix es, en tanto en cuanto au-toriza ese castigo sumario, inconsistente con la libertad de palabra y de prensa garantizada por el Acta Orgánica contra las restricciones qne pudieran ser impuestas por legis-lación insular.

El Código de St. Croix empezó a regir el 1 de agosto de 1920. El Acta Orgánica, vigente desde el 22 de junio de 1936 dispone por su Sección 18 que “las leyes de los Esta-dos Unidos aplicables a las Islas Vírgenes en la fecha de la aprobación de esta Ley, y todas las leyes y ordenanzas locales en vigor en dicha fecha en las Islas Vírgenes, no in-consistentes con esta Ley, continuarán teniendo vigor y efecto”. La Sección 34 de la Ley Orgánica de Islas Vírgenes, contentiva de la Declaración de Derechos de los habitantes de dichas Islas, dispone que “No se aprobará ninguna ley restringiendo la libertad de la palabra o de la prensa . . . . ”

Al revocar la sentencia recurrida, la Corte de Circuito se expresó así:

“Por la sentencia que acabamos de citar, la Ley Orgánica garan-tiza a los habitantes de ías islas, en e1 mismo lenguaje de la En-mienda Primera a la Constitución de los Estados Unidos, igual liber-tad de palabra y de la prensa que la garantizada a los habitantes de los Estados Unidos por las Enmiendas Primera y Décimócuarta. La interpretación que se ha dado a esas enmiendas es, por lo tanto, determinativa en cuanto q la interpretación y efecto del lenguaje de la Ley Orgánica.
“La facultad extraordinaria de una corte para imponer un cas-tigo sumario por desacatos criminales de su autoridad está basada en la necesidad de actuar rápida y adecuadamente en contra de una conducta que obstruya el procedimiento de la corte y le impida des-empeñar sus funciones judiciales. Fué por razón de la importancia •de colocar a la rama judicial del gobierno en condiciones para poder •desempeñar sin impedimentos sus altas funciones constitucionales, que las salvaguardias ordinariamente, aplicadas en casos criminales no son •exigidas en esta situación. (Citas.) Aun cuando va dirigida pri-mariamente hacia conducta obstructiva en la presencia del juez, la fa-cultad se extendió muy pronto para incluir desacatos constructivos cometidos fuera de la presencia de la Corte, pero que tuvieron, sin embargo, el efecto de obstruir sus procedimientos o de menoscabar su autoridad.
“* ####**
“El uso de la facultad de castigar por desacato en. caso de publi-caciones que, solamente contienen una crítica difamatoria de la corte o del juez ha sido muy criticado en Inglaterra. En este país está en abierto conflicto con la garantía constitucional del derecho de hablar y escribir libremente para criticar la conducta de los funcio-narios públicos, lo mismo los jueces que los otros. Porque esas ga-rantías no son sino una expresión de la creencia de los fundadores de nuestra nación de que la conservación de la libertad para criticar los actos de los funcionarios públicos es esencial para mantener el control democrático sobre los procedimientos del gobierno.” (Bas-tardillas nuestras.) (Pag. 643.)

La Corte de Circuito llegó a la conclusión de que las dis-posiciones del Código de St. Croix (Título IV, Cap. 4, Sec-ción 35-3) bajo las cuales se instituyó el procedimiento contra Brodhurst y en las que se definen como desacatos cri-minales solamente aquellas publicaciones que son difamato-rias y tienden a desacreditar injustamente al tribunal o al-guno de sus miembros, no sobrevivieron después de la intro-ducción a las Islas Vírgenes, a través de la Sección 34 de la Ley Orgánica, de las garantías constitucionales de libertad de palabra y prensa libre y quedaron derogadas por virtud de la Sección 18 de la misma Ley Orgánica. La opinión que estamos comentando termina así:

"Finalmente, debe hacerse constar que la actuación de la corte de distrito no puede ser sostenida bajo la teoría de que como cuestión de hecho la publicación obstruyó sus procedimientos y quedó sujeta al poder inherente de la corte para castigar por desacato. La razón es que el juicio de Beatty, el procedimiento judicial que la publicación criticaba, había terminado con la absolución de Beatty cinco días antes de que el artículo apareciera y es obvio que el procedimiento no pudo ser obstruido por la publicación.” (Pág. 644.) (Bastar-dillas nuestras.)

La Corte Suprema Federal en fecha reciente (1941), des-pués de un cuidadoso estudio de los antecedentes históricos de la facultad para castigar por desacato y de la limitación de esa facultad por el derecho constitucional de libertad de palabra y de la prensa, estableció la regla que a nuestro juicio es aplicable para la decisión del caso que estamos con-siderando. En el caso de Bridges v. California, 314 U. S. 252, 86 L. Ed. 192, los periodistas apelantes fueron conde-nados a pagar una multa por un alegado desacato consistente en baber publicado ciertos comentarios sobre un litigio aún pendiente ante la Corte Superior de Los Angeles. La corte sentenciadora basó su sentencia en el alegado poder inhe-rente de las cortes de justicia para castigar como desacato “publicaciones hechas fuera de la sala de la Corte, si las mismas tienden a obstruir la imparcial y ordenada adminis-tración.de justicia en un caso pendiente.” Se alegó en apoyo de la sentencia recurrida, que aun cuando el castigo impuesto “constituye una restricción de la libertad de expresión, el interés público en esa libertad fue correctamente subordinado al interés público en la imparcialidad y dignidad de los tribunales.”

La cuestión sometida a la decisión de la Corte Suprema no era una cuestión balad!. Siendo la libertad de expresión y la imparcialidad de los juicios dos de las más preciadas conquistas del derecho humano, no era tarea fácil la de de-cidir cuál de las dos debía prevalecer y cuál debía ser su-bordinada a la otra. Las sentencias condenatorias fueron revocadas, expresándose el tribunal así:

“Esta no es, sin embargo, solamente una controversia entre un estado y la nación, como lo sería si se nos llamase para intervenir en una de esas complicadas situaciones en las que cada uno alega ser el depositario de un determinado poder soberano. Es cierto que la facultad aquí en controversia fué ejercitada por el juez de un estado. Pero al decidir si el abarcador mandato constitucional contra cualquier ley 'restringiendo la libertad de palabra o de la prensa’, lo prohíbe o no, estamos necesariamente midiendo una facultad de todas las cortes americanas, las estatales y las federales, incluyendo esta Corte. (Pág. 260.)
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“Nos damos cuenta de que mientras algunos estados, por estatuto o por decisión judicial, han repudiado expresamente la facultad de los jueces para castigar como desacato ciertas publicaciones, basá.n-dose en la mera tendencia de las mismas a obstruir la ordenada administración de la justicia en un caso pendiente, otros estados han autorizado el ejercicio de tal facultad. (Citas.) Pero la facultad de los estados en este campo no ha sido puesta a prueba ante esta Corte desde hace más de un siglo. No fué hasta el 1925, en el caso de Gitlow v. New York, supra, 268 U.S. 652, que esta Corte reco-noció en la Enmienda Catorce la aplicación a los estados de las mismas normas de libertad de expresión que de acuerdo con la Enmienda Primera son aplicables al gobierno federal. T ésta es la primera vez desde 1925 que se nos ha llamado para determinar la eonstitucionalidad del ejercicio por un estado de la facultad para castigar por desacato en una situación como la presente. Ahora que tenemos ese caso ante nosotros, no podemos permitir que la mera existencia de otras decisiones estatales no sometidas a prueba sirva para destruir el significado constitucional histórico de la libertad de palabra y de la prensa.” (Págs. 267-8.)

El editorial publicado en The Lo<s Angeles Times, des-pués de un vigoroso ataque contra dos miembros de una unión obrera, convictos de haber agredido a obreros no unio-nados, terminaba diciendo: “El juez A. A. Scott cometerá una seria equivocación si concede la libertad bajo palabra a S. y a H. Esta comunidad necesita el ejemplo de su asig-nación al molino de yute.” El editorial fué publicado al-rededor de un mes antes de la fecha señalada por el Juez Scott para resolver la solicitud para una sentencia probato-ria. La publicación fué castigada como desacato,, según la corte sentenciadora por su “tendencia inherente”,' y de acuerdo con la Corte Suprema de California por su “ten-dencia razonable”, a intervenir en la ordenada administra-ción de justicia en una acción pendiente de consideración ante una corte. Después de exponer y discutir los hechos, la Corte Suprema Federal continuó diciendo:

“Por estas razones estamos convencidos de que las sentencias recurridas constituyen una restricción de la libertad de expresión, que no pueda ser considerada como insignificante. Si pueden ser justificadas en alguna forma, deberá ser en términos de algún mal substantivo y serio que ellas tratan de. evitar. El mal substantivo que aquí se ha tratado de evitar ha sido descrito de varias maneras en la corte inferior. Parece ser doble: falta de respeto a la judi-catura; y desordenada e injusta administración de justicia. La asun-ción de que el respeto a la judicatura puede ganarse escudando a los jueces en contra de la crítica pública, es una apreciación errónea del carácter de. la opinión pública americana. Porque es un privi-legio americano muy apreciado el de poder uno expresar su pensa-miento, aunque no sea siempre con perfecto buen gusto, en cuanto a todas las instituciones públicas. Y un silencio forzado, aun cuando sea limitado, solamente a nombre de la protección de la dignidad de la corte, probablemente engendraría resentimiento, sospecha, y des-precio, mucho mayor que el respeto que pudiera producir.
“El otro mal temido, la desordenada e injusta administración de la justicia, está más plausiblemente asociado con la restricción de publicaciones que afecten a litigios pendientes. La misma palabra ‘juicio’ {trial) connota decisiones en cuanto a la evidencia y argu-mentos debidamente presentados en corte abierta. Los juicios legales no son como las elecciones, para ser ganados por medio de mítines, por la radio o en los periódicos. Pero no podemos comenzar asu-miendo que publicaciones como las envueltas en este caso realmente amenazan cambiar la naturaleza de los juicios legales, y que para preservar la imparcialidad judicial es necesario que los jueces tengan la facultad de castigar por desacato para poder así cerrar todos los canales de pública expresión en todo aquello que esté relacionado con casos pendientes.” (Págs. 270-71.)

Una minoría, los Jueces Frankfurter, Stone, Roberts y Byrnes, opinaron que las publicaciones eran y debían ser castigadas como un desacato al tribunal inferior. De la opi-nión disidente, escrita por el Juez Frankfurter copiamos lo siguiente:

•“El comentario, no importa lo franco que sea, es una cosa. La intimidación con respecto a cuestiones específicas todavía pendientes judicialmente, es otra cosa. . . . Una publicación que tiende a darle una lección al Juez, ... o a desacreditarle, o a influir en su con-ducta en el futuro, no justificaría el ejercicio de la facultad para castigar por desacato. . . . Debe referirse a una cuestión bajo consi-deración y constituir una amenaza para una decisión imparcial. Para obstruir 1a- justicia no es necesario que la publicación tenga éxito. Como en el caso de otras ofensas, el estado debe tener el poder de proscribir las tentativas que fracasan, para evitar el peligro de las tentativas que puedan tener éxito. El propósito, no causará daño el repetirlo, no es el proteger a la corte como uña entidad mística o a los jueces como individuos o como sacerdotes consagrados, sepa-rados de la comunidad y libres de la crítica a la cual en una demo-cracia todos los demás servidores públicos están expuestos. El pro-pósito es proteger a los litigantes y al público contra el pernicioso peligro de un tribunal que no sea libre o esté coaccionado. La facul-tad debe ser invocada solamente cuando el proceso adjudicatorio pueda'ser impedido u obstaculizado en el cumplimiento de su deber, tranquila y desinteresadamente y libre de temor, sobre, la base de lo que ba sido sometido en corte. La creencia de que las desiciones son dictadas así, es la fuente, de la confianza sobre la cual en defini-tiva descansa la justicia.” (Págs. 291-2.)

La opinión de la Corte Suprema es unánime en cuanto a que las cortes están facultadas, Men sea dé acuerdo con la doctrina del poder inherente o por disposición Legislativa, para castigar como desacato la puMicación de cualquier in-forme que tienda a intimidar, a obstaculizar o a influir sobre las cortes en la debida, administración de justicia en asuntos pendientes. También fue unánime la opinión en cuanto a que las cortes carecen de esa facultad cuando la publicación, no importa cuán falsa o libelosa pueda ser, se refiere a un procedimiento judicial ya terminado. La diferencia de opi-nión surgió en cuanto.a si la publicación de The Los Angeles Times, referente a un asunto pendiente de decisión, tendía a influir en o a obstaculizar la administración de justicia.

En Pennehamp et al. v. Florida, 328 U.S. 331, el editor del Miami Herald solicitó la revisión de la sentencia por desacato que le fuera impuesta por la Corte de Circuito de Florida y que fué confirmada por la Corte Suprema del es-tado. En dos editoriales y en una caricatura publicados en dicho periódico se hacía una crítica muy severa de ciertas de-cisiones previamente dictadas por la corte inferior, por considerarlas demasiado favorables a los criminales y a las casas de juego. Dos de los casos en cuestión habían sido sobreseídos. En el tercero, que era un caso de viola-ción, la acusación había sido desestimada por defectos téc-nicos, pero se había presentado una nueva acusación y el caso estaba aún pendiente. En la citación por desacato se alegaba que las publicaciones se reflejaban sobre e impug-naban la integridad de la corte, tendían a crear una falta de confianza en la corte, voluntariamente suprimían y ocultaban la verdad, y tendían a obstruir la justa e imparcial adjudi-cación en casos pendientes.

La sentencia de la Corte Suprema.de Florida fue revo-cada por el voto unánime de la Corte Suprema Federal. De la opinión del Tribunal, emitida por el Juez Eeed, copiamos lo que sigue:

“Bridges v. California fija límites razonablemete bien mareados a la facultad de las cortes para castigar a los periódicos y a otros por comentarios o críticas sobre litigios pendientes. El caso ha colo-cado el ordenado funcionamiento de las cortes como el requisito pri-mario y dominante en la administración de justicia. Este esencial derecho de las cortes a estar libres de intimidación y coerción es, según sostuvimos, consonante con un reconocimiento de que la libertad de la prensa debe ser permitida en la mayor amplitud que sea compatible con la supremacía del orden. Un determinante teórico del límite para una discusión abierta fué adoptado de la experiencia con otros ajustes del conflicto entre la libertad de expresión y el mantenimiento del orden. Ese determinante es la regla del peligro claro y presente. La mala consecuencia del comentario debe ser ‘extremadamente seria y el grado de inminencia extremadamente alto para que las expre-siones puedan ser castigadas.’ (Pág. 334.)
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“La Constitución ha conferido a esta Corte la autoridad final para determinar el significado y la aplicación de aquellas palabras de dicho instrumento que. requieren interpretación para la decisión de controversias judiciales. Con esa responsabilidad, estamos obli-gados a examinar por nosotros mismos las manifestaciones en cues-tión y las circunstancias bajo las cuales fueron hechas para deter-minar si ellas envuelven o no una amenaza de peligro claro y presente para la imparcialidad y el buen orden de las cortes o si son de tal naturaleza que están protegidas por los principios de la Enmienda Primera, en la forma adoptada por la Cláusula del Debido Proceso de, la Enmienda Catorce. Cuando la corte más alta de un estado ha dictado su decisión sobre una de esas controversias, nosotros damos la más respetuosa atención a sus razonamientos y conclusiones, pero su autoridad no es final. Si fuera de otro' modo, las limitaciones constitucionales de libre expresión en la Nación variarían en cada estado.
“Aun cuando hubo una división de la Corte en el caso de Bridges, en cuanto a si algunas de las expresiones públicas en los comentarios editoriales traspasaban los límites de una prensa libre y en cuanto a la fraseología de la regla, hubo el reconocimiento unánime que el poder de California para castigar por desacato estaba limitado por la interpretación de esta Corte en cuanto al alcance de la protección concedida por la Enmienda Primera. (Págs. 335-6.)
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‘ ‘ ¿ Qué es lo que significa un peligro claro y presente para -una recta administración de justicia? Ninguna definición podría dar una contestación. Ciertamente, esta crítica de las inclinaciones de los jueces o de sus actuaciones en estos procedimientos en que no inter-viene un jurado, no podría afectar directamente tal administración. Esta crítica de sus actuaciones no podría afectar su capacidad para decidir las cuestiones pendientes. Aquí solamente hay una crítica de actuaciones judiciales ya realizadas, aun cuando los casos estaban todavía pendientes de otras cuestiones o podrían ser revividos para ser vistos de nuevo. Para esas injurias, cuando las manifestaciones son difamatorias, un juez tiene el mismo remedio de daños y per-juicios que tienen los otros servidores públicos.” (Págs. 348-9.)

Examinados los hechos del presente caso, tales y como aparecen de la transcripción de evidencia en el caso contra Carrasquillo, ellos demuestran que el informe publicado el 7 de septiembre no es falso, ni tampoco inexacto hasta el punto de merecer el calificativo de ser “grossly vnexaGt”. El récord demuestra que si en alguna inexactitud incurrió el redactor de la noticia, ella fué inducida por la falta de cla-ridad o de precisión en la resolución de la moción de non-suit. Veamos lo que aparece del récord. Al terminar la presentación de la prueba de cargo, el abogado del acusado dijo:

“Nonsuit. — Creemos que no se ha probado que el Sr. Basilio Carrasquillo sea el dueño, ni se ha probado que él, conjuntamente eon el hermano, haya vendido a sobreprecio.
“Juez: Con lugar la moción de ‘nonsuit'. Entiende la corto que no se ha conectado en forma satisfactoria al acusado.”

Si se tiené en cuenta que con anterioridad a la moción de nonsuit el fiscal y la defensa discutieron m extenso la cues-tión legal sobre si el fiscal estaba obligado a probar la in-tervención personal del dueño del establecimiento en la venta ilegal para justificar su convicción, sin que el juez dictara resolución alguna expresiva de su opinión, preciso es con-cluir que el periodista redactor de la noticia estuvo justifi-cado al creer y así publicarlo que la absolución de' Carras-quillo se había basado en los dos fundamentos de la moción para su absolución perentoria, o sea (a) que no se probó.que fuera el dueño y (b) que tampoco se probó su intervención en la venta ilegal realizada por su empleado. Aun cuando el juez no estaba técnicamente obligado a ser más explícito, en vista del interés público en tales casos en. aquella fecha y de las tremendas consecuencias de una decisión en el sen-tido de que el dueño, no presente en la venta, no es culpable, hubiera sido mejor para el interés público si el juez se hu-biese cuidado de ser más explícito en su decisión. De todos modos, al periodista, cuya misión es informar a sus lectores sobre cuestiones de público interés, no se le puede exigir que posea la facultad de adivinar lo que el juez sentenciador tuvo en mente, pero no expresó, al dictar su decisión. Si el juez, al resolver la moción, hubiese dicho: “Con lugar. No se ha probado que el acusado sea el dueño del estableci-miento,” el error en que incurrió el periodista se hubiera , evitado. No fué hasta después de publicado el editorial que el juez sentenciador, en la citación por desacato, reveló por vez primera que la absolución se había basado únicamente en la insuficiencia de la prueba de que el acusado era el dueño del negocio.

Aplicando a los hechos de este caso la regla sentada por la jurisprudencia que hemos comentado, no encontramos en la noticia publicada nada que pueda ser considerado como un peligro claro e inminente para la recta e imparcial ad-ministración de la justicia.

Resolvemos, además, que aun cuando la referida noticia no se ajustase a la verdad y envolviese una crítica injusta del Juez Alvarado, la corte inferior carecía de autoridad para dictar la sentencia recurrida, toda vez que la publicación se hizo cuando ya el procedimiento contra el comerciante Ca-rrasquillo babía terminado definitivamente por sentencia ab-solutoria. Además, la facultad para castigar como desacato la publicación de un informe sobre un procedimiento legal concedida a nuestras cortes por la sección 145 del Código Penal, supra, es nula e inconstitucional en cuanto a procedi-mientos judiciales ya terminados, por ser incompatible con la Declaración de Derechos, Artículo 2 de la Ley Orgánica de Puerto Rico, que garantiza la libertad de la palabra y de la prensa, y por estar en pugna con la regla sentada por la Corte Suprema Federal en los casos citados en esta opinión.

Esta Corte estará siempre dispuesta a castigar severa-mente como desacato el abuso de la ■ libertad de expresión, cuando su propósito sea el de intimidar a los jueces o el de obstruir de un modo claro y substancial los procedimientos judiciales en asuntos pendientes ante los tribunales. La li-bertad de la prensa es esencial para la existencia del sis-tema de gobierno democrático. La historia nos ha demos-trado hasta la saciedad que las dictaduras y la prensa libre no pueden coexistir. Pero la libertad de palabra y de la prensa no es una libertad absoluta, porque “en una demo-cracia ninguna institución, ya sea gubernamental o privada, puede tener poder absoluto;” y “la libertad lleva consigo responsabilidad aun para la prensa; libertad de prensa no es una libertad de responsabilidad por su ejercicio.” (Opi-nión concurrente del Juez Frankfurter en Pennekamp v. Florida, supra, (págs. 355-6)). Pero para que una publica-ción pueda ser castigada por desacato, como dice el Juez Rutledge en su opinión concurrente en el caso de Pennekamp (pág. 372) “no basta con qne la sensibilidad del juez baya sido afectada o qne en alguna forma se le baya hecho ob-jeto de burla. Después de todo debe recordarse que son los jueces los que aplican la ley de desacato, y que el ofensor es el que les criticó.”

No creemos necesario entrar a considerar y resolver si las cortes de Puerto Rico tienen la facultad inherente para castigar por desacato o si meramente tienen la que para ese fin les confiere la Ley vigente, pues aun cuando resolviéramos que nuestros tribunales están investidos de facultad inherente, esa facultad nunca podría hacerse extensiva para castigar como desacato la publicación de un informe, por falso o difamatorio que pueda ser, si el mismo se refiere a un procedimiento judicial ya terminado.

La decisión en Pueblo v. Lastra Chárriez, 50 D.P.R. 118, resuelto en 1936, en cuanto sostiene que tanto por disposi-ción del estatuto como de acuerdo con la doctrina del poder inherente, las cortes pueden castigar como desacato la publi-cación de cualquier informe falso o claramente inexacto so-bre cualquier procedimiento judicial, aun cuando éste haya terminado, está en conflicto con las decisiones de la Corte Suprema Federal en los casos de Bridges y Pemtekamp y debe considerarse como revocada.

La sentencia recurrida debe ser revocada y absuelto el acusado.