author: El Juez Pbesideette Señor del Tobo,

text:
    La Sucesión de Ramón Garrastazú y Pabón, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, Recurrido.
    No. 662.
    Sometido: Enero 10, 1927.

      Resuelto: Enero 24, 1927.
    1. Descendencia y Distribución — Personas con Derecho y sus Participacio-nes Respectivas — Herederos y Parientes Próximos1 — Derecho Heredi-tario y Participación en los Bienes del Causante — Su Inscripción — En General. — Los herederos de un finado pueden inscribir su derecho hereditario con fijación de la extensión del mismo sobre las fincas ya inscritas a favor de su causante en el registro.
    2. Descendencia y Distribución — Personas con Derecho y sus Participacio-nes Respectivas — Herederos y Parientes Próximos1 — Derecho Heredi-tario y Participación en los Bienes del Causante — Su Inscripción- — -En General. — La preterición de un heredero forzoso en línea recta nacido des-pués de otorgado el testamento y antes de la muerte del testador, anula la institución de herederos, pero si al heredero preterido se le reconoce por los herederos instituidos en el testamento los derechos que la ley le otorga y to-dos juntos solicitan que se inscriban sus derechos hereditarios sobre los bie-nes del testador ya inscritos en el Registro, procede dicha inscripción.
    Nota de Luis Capó Matres, R. (San Germán), negando inscripción de derecho hereditario de los peticionarios con fijación de la ex-tensión del mismo.

      Revocada.

      Nazario <& García Méndez, abogados del recurrente; El Registrador compareció por escrito.
   El Juez Pbesideette Señor del Tobo,

emitió la opinión del ' tribunal.

Ramón G-arrastazú murió en Cabo Rojo, P. R., en 1923, bajo el testamento abierto que otorgara ante notario público en 1914. Ño dejó ascendientes, ni descendientes legítimos, ni cónyuge viudo. Sólo hijos naturales reconocidos. Y dis-puso de sus bienes así: “En atención a que sus tres hijos naturales reconocidos nombrados Arturo, Francisco Solano y Ramón Garrastazú y Arroyo .... han estado constante-mente a su lado ayudándole en sus labores del campo, cui-dándolo y atendiéndolo durante su enfermedad, es su vo-luntad hacer uso del derecho que la ley le confiere en la parte de que puede disponer libremente, a cuyo efecto lega a sus dichos tres hijos naturales reconocidos .... las dos terceras partes del capital líquido que resulte de su perte-nencia al fin de sus días, ordenando que sus dichas dos ter-ceras partes se le adjudiquen sin otra limitación que las impuestas por la ley.”

En el resto de sus bienes, o sea en la tercera parte de los mismos, instituyó herederos a todos sus hijos naturales que nombra y reconoce en número de trece. Después de otor-gado el testamento y antes de morir el testador tuvo éste dos hijos más que obtuvieron su reconocimiento mediante sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez.

Así las cosas, doce de los hijos instituidos herederos en el testamento y los dos reconocidos por sentencia compare-cieron como la Sucesión de Ramón Garrastazú, por medio de su abogado, ante el registrador de la propiedad y, ale-gando y probando que el hijo que faltaba murió en la mi-noridad antes de morir el padre, sin dejar descendencia, y acompañando el testamento y otros documentos, le pidieron que inscribiera a su favor dos fincas que constaban inscri-tas a nombre de su causante en el registro, en las propor-ciones indicadas, a saber: dos terceras partes, por legado, a favor de Arturo, Francisco Solano y Ramón Garrastazú y Arroyo y la tercera restante, por herencia, a favor de to-dos los hijos naturales reconocidos componentes de la su-cesión.

El registrador negó la inscripción solicitada porque a sn juicio sólo procedería después de verificadas las operacio-nes divisorias correspondientes. Apuntó además el defecto subsanable de no expresarse en la demanda sobre filiación quiénes eran los componentes de la Sucesión G-arrastazú. Y además sostuvo en su alegato que la institución de here-deros era nula por haber sido preteridos dos hijos natura-les reconocidos.

Contra la negativa del registrador se interpuso el pre-sente recurso gubernativo.

El propio registrador reconoce tanto en su nota como en su alegato que hubiera procedido la simple inscripción del derecho hereditario de los peticionarios, pero estima que eso no fué lo que ellos solicitaron. Sostiene que se pidió algo dividido, adjudicado, que sólo podía inscribirse después de practicada la partición de la herencia de acuerdo con la ley.

A nuestro juicio erró en su apreciación el registrador y por tanto es insostenible la conclusión a que llegara.

En el caso de Sucesión Dávila v. Registrador de Caguas, 15 D.P.R. 669, 672, esta corte por medio de su Juez Asociado Sr. Figueras se expresó así:

“Ahora bien; para inscribir el derecho hereditario basta con presentar el documento auténtico en que tal derecho conste, siempre que se reúnan estas dos circunstancias; primera, que los bienes he-reditarios consten inscritos a favor del causante, como sucede en el presente caso, y segunda, que haya un solo heredero o varios que soliciten la inscripción proindiviso. De modo que sólo puede exi-girse la escritura de inventario, división y adjudicación cuando lo que pretenden los herederos es que se inscriba la participación de los bienes relictos, mas no cuando partiendo del hecho de la proin-división, sólo quieren conste en el registro su derecho hereditario con respecto a fincas inscritas, a nombre de su causante.”

Y parece conveniente citar además el caso de Capó v. Fernández, 27 D.P.R. 715, 725, en el que se dijo:

“Por virtud de la partición es adjudicada a cada heredero la parte que le corresponde y esa parte desde entonces constituye' un bien particular suyo, pero no es necesaria la partición para que el heredero adquiera, y reclame en el caso de que se niegue por otra persona su derecho, su parte proporcional en' todos y cada uno de los bienes de la herencia, parte proporcional que puede fijar el mismo testador, dentro de ciertos límites, o que fija con toda claridad la ley cuando no existe testamento. La partición es necesaria cuando se reclaman bienes aislados, deslindados, separados, proce-dentes de una herencia pero adjudicados ya a determinado heredero. El título de heredero es bastante cuando lo que se pide es que se reconozca al demandante en los bienes de la herencia el derecho que la misma ley le asigna.”

En un hecho admitido por el registrador y conforme a la ley que existiendo sólo hijos naturales reconocidos, como en este caso, el testador podía disponer como dispuso libre-mente de las dos terceras partes de sus bienes, quedando como legítima de sus herederos la tercera parte restante.

Los legatarios y los herederos no han pedido que se ins-criba a su favor determinadas porciones aisladas, separa-das, formando nuevas unidades, de los'bienes de la heren-cia. Simplemente han llevado al registro el testamento completado por la sentencia de la corte en el caso de filia-ción y han pedido que se inscriban sus derechos sobre las fincas inscritas a favor de su causante en la forma que re-sulta de dichos documentos. No hay división, no hay par-tición propiamente dicha. A virtud de la inscripción en la forma solicitada el causante quedará sustituido en el regis-tro por sus herederos y legatarios en la forma dispuesta por él mismo para después de su muerte. Esto es todo. La indivisión de la herencia continúa. Pero el hecho de la muerte del causante y de quiénes son sus herederos y lega-tarios y en qué extensión queda registrado en cuanto a los bienes inscritos.

Examinemos ahora la cuestión de preterición.

Dice el artículo 802 del Código Civil Revisado, en lo per-tinente :

“La preterición de alguno o de todos los herederos forzosos en línea recta, sea que vivan al otorgarse el testamento o sea que naz-can después de muerto el testador, anulará la institución de here-deros; pero valdrán las mandas y mejoras cuando no sean inofi-ciosas. ’ ’

Como pnede verse, el precepto legal que antecede hace mención expresa de los herederos nacidos al otorgarse el testamento o después de la muerte del testador y en este caso los hijos naturales reconocidos no instituidos herede-ros nacieron después de otorgado el testamento y antes de la muerte del testador. Además, aunque se estimara que el artículo se refería a todos los herederos, que es la interpre-tación más racional, como se reconoció a los preteridos su derecho íntegro a la herencia, es de entera aplicación lo resuelto por la Dirección General de los Registros de Es-paña en 20 de mayo de 1898, interpretando el artículo 814 del Código Civil antiguo, igual al 802 del revisado, aplicado a un caso semejante a éste, así:

“Considerando que el motivo alegado por el Registrador para denegar la inscripción de la partición de bienes por muerte de doña Casilda Sánchez Solórzano se funda en que la institución de here-deros hecha en el testamento que esta señora otorgó en unión de su marido, es nula, con arreglo al art. 814 del Código Civil, por haber sido preteridos sus dos hijos D. Luis y D. Leopoldo Canosa, que na-cieron con posterioridad al otorgamiento de aquél:
“Considerando que, según lo dispuesto en el citado artículo, para que la preterición de alguno o de todos los herederos forzosos en lí-nea recta anule la institución, es preciso que aquéllos vivan al otor-garse el testamento, o que nazcan después de la muerte del testador:
“Considerando que habiendo nacido D. Luis y D. Leopoldo Ca-nosa después que su madre otorgara el testamento, y naturalmente, antes del fallecimiento de ésta, no se les puede considerar preteri-dos en el sentido que a esta palabra da la citada disposición del Có-digo, ni en el gramatical:
“Considerando que, aun en la hipótesis de que prevaleciera el sentido que- a las palabras del- expresado art. 814 atribuye el Regis-tractor, la verdad es que las operaciones divisorias se han practicado partiendo, no de la validez de la institución hereditaria, sino de la nulidad de la misma, toda vez que los supuestos hijos preteridos, .lejos de haber sido excluidos de la sucesión han concurrido al otor-gamiento de aquellas operaciones, debidamente representados por su defensor, en unión de los herederos expresamente instituidos, reco-nociéndoseles los mismos derechos que a éstos y respetándose los le-gados hechos por la testadora, conforme a lo dispuesto en el mismo art. 814.”

El defecto subsanable apuntado tampoco existe. De ia copia de la demanda en el caso de filiación consta que se alegó quiénes eran las personas que formaban la sucesión de Ramón G-arrastazú.

Debe revocarse la, nota recurrida y ordenarse la inscrip-ción solicitada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señok Wole,

license: Public Domain

text:
    R. Muñiz de León, demandante y apelante, v. Ventura Cortés, demandado y apelado.
    No. 3813.
    Visto: Marzo 9, 1926.

      Resuelto: Enero 25, 1927.
    1. Testigos — Del Examen — Modo de Tomar el Testimonio — Memoria del Tes-tigo — Refrescar la Memoria — Memorándums o Escritos que Pueden Utilizarse para Ello — Declaraciones de los Testigos Prestadas en Jui-cios Anteriores. — Considerándose las notas taquigráficas de un juicio anterior como tomadas bajo la dirección del testigo, a éste le es permitido re-frescar su memoria con dichas notas, cualquiera que sea el tiempo transcu-rrido entre la fecha de la ocurrencia do los hechos a que se contrae y la fecha en que tales notas se tomaron si la declaración prestada en el mo-mento del primer juicio — en que se tenía la mente fresca -de los aconteci-mientos que habían ocurrido — íué la verdad de los hechos.
    2. Juicio — Recepción de Evidencia — Objeciones, Mociones para Eliminar y Exepciones — Objeciones—Renuncia (Wavoer) del Derecho. — Surge una renuncia cuando, sin objeción alguna, un testigo usa para refrescar su me-moria la declaración prestada en un juicio anterior.
    3. Apelación y error — Revisión—Errores no Perjudiciales — Deber del que Alega Error Demostrarlo. — No hay error ni perjuicio cuando una corte rehúsa permitir que un testigo diga lo que un vendedor en perspectiva dijo cuando so lo manifestó que el comprador en perspectiva había retirado su oferta de compra, no habiendo demostrado el apelante que tal manifesta-ción estuviera fuera de la regla de que un litigante puede fortalecer su caso con su propia declaración.
    Esta es una acción sobre cumplimiento de contrato y da-ños y perjuicios. La teoría del demandante en sn demanda enmendada, — en contraposición a la expuesta en sn demanda original en la cual se reclamaba el importe de nna fianza qne se alegaba fné ofrecida por el demandado a favor de nn tercero a qnien el demandante había vendídole nn estableci-miento mercantil, — fné qne el demandado babía convenido en comprarle las existencias de nná tienda para ser traspa-sadas a nn tercero, es decir, qne el demandado compraba para beneficio de otro. La teoría del demandado fné que él nunca había hecho oferta de compra sino qne había conve-nido en garantizar a dicho tercero por $3,000 si la madre política de éste garantizaba por nna suma igual, y qne al ésta negarse a ello, él retiró su oferta de garantía.
    SbnteNcia de Enrique Lloredo,, J. (Arecibo), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada,.

      Juan■ B. Soto, abogado del apelante'; Félix Sanioni, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señok Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael San Millón, qnien fné testigo en el juicio anterior de este caso, al ser presentado como tal no recordó los hechos, o más bien las conversaciones sobre qne él había declarado anteriormente. Se le permitió refrescar sn memoria mediante la lectura de las notas taquigráficas del primer juicio. Después declaró en el examen directo como sigue: “Ahora después que he leído las notas taquigráficas que se me han mostrado, yo recuerdo,” y procedió a relatar de una supuesta admisión del demandante. En la repregunta el testigo dijo que de su lectura él deducía lo que había declarado anteriormente. Se le preguntó en efecto si ahora recordaba lo que había sucedido o si era porque había leído el récord. Contestó en una forma ambigua. A •preguntas de la corte dijo otra vez que ■ él deducía lo que acababa de decir de lo que había leído. Repetidas veces dijo que él deducía la verdad de lo que había leído; que si no hubiera leído el récord le hubiera sido difícil expresar lo que había sucedido. Se le preguntó qué quería decir con la palabra “deducir” y contestó: “Llegar a la conclusión a que hemos llegado. Yo ^deduzco después de leer eso (el récord, taquigráfico) que lo ocurrido allí fué eso.” El ape-lado sugiere que el testigo también dijo: “Indudablemente que una declaración que prestó en aquel momento, que tenía mi mente fresca de los acontecimientos que habían ocurrido fué la verdad de los hechos.” El demandante y apelante entonces pidió que se eliminara la declaración del testigo y la corte negó la moción, a lo cual el demandante tomó excep-ción, señalándolo ahora como error.

El caso de Putnam v. United States, 162 U. S. 686 es la base principal del apelante. Después de refrescar la memo-ria de un testigo debió ser su memoria la que hablaba, se-gún resolvió la corte en aquel entonces; así como también que el memorándum presentado debió haber sido práctica-mente contemporáneo con los hechos, siendo cuatro meses demasiado tiempo. En el presente caso el récord taquigrá-fico fué preparado aún más de cuatro meses después de ocu-rridos los hechos o de celebrarse las conversaciones sobre que el testigo declaraba. Si el caso citado es aplicable no hay duda alguna que ambas contenciones son correctas.

El apelado en contestación a este señalamiento de error, cita el artículo 154 de la Ley de Evidencia, como sigue:

“Art. 154. — A un testigo le es permitido refrescar la memoria respecto a un hecho, con cualquiera cosa que hubiere escrito él mismo o bajo su. dirección, al tiempo de ocurrir el hecho, o inmediatamente después, o en cualquiera época en que lo tenía presente en la me-moria y sabía que estaba correctamente consignado en el escrito. Pero en este caso, deberá exhibirse el escrito, pudiendo la parte con-traria examinarlo, repreguntar al testigo acerca de él, si así lo de-seare, y leerlo al tribunal o jurado. Así también podrá un testigo declarar con referencia a dicho escrito, aún cuando no recordare los hechos en cuestión, pero tal evidencia deberá admitirse con cautela.”

Excepto que el lenguaje sólo se refiere a un memorán-dum hecho por un testigo o bajo su dirección y no textual-mente a testimonio anterior, nuestra ley escrita es una con-testación directa a las contenciones del apelante. California, y Puerto Rico siguiendo a dicho estado, ha cambiado la regla del derecho común envuelta en la cita de la Corte Su-prema de los Estados Unidos.

El apelante, un poco tarde, nos parece, también pone en tela de juicio si la prueba en un juicio anterior puede ser usada para refrescar la memoria de un testigo. No parece que en el juicio la moción de eliminación fuera basada en este fundamento. La objeción si es válida, pudo haber sido hecha oportunamente .cuando el supuesto memorándum fué primeramente presentado y por consiguiente hubo una re-nuncia.

No obstante, en California se ha resuelto que las notas taquigráficas de un juicio anterior deben considerarse que se toman “bajo la dirección del testigo.” People v. McFarlane, 138 Cal. 481, 488; People v. Durrant, 116 Cal. 179, 213. Como nuestra Ley de Evidencia fué tomada de California y la interpretación dada por sus cortes encuentra nuestra aprobación, seguiremos las decisiones de aquel es-tado.

El tercer señalamiento se refiere a la negativa de la corte a admitir ciertas supuestas “declaraciones en beneficio propio,” (self-serving testimony). La1 teoría del demandante fué que el demandado' había convenido en comprar las existencias de una tienda para ser traspasadas a Suárez. En otras palabras, que el demandado compraba para beneficio de otro. La teoría del demandado fué que él meramente había convenido en hacerse responsable por $3,000 si la madre política de Suárez se hacía responsable por una suma similar y que cuando ella se negó él también retiró su oferta. Suárez, como testigo del demandante había declarado que Cortés, el demandado, le había dicho a Muñiz que él retiraba su oferta. Entonces, cuando el testigo se preparaba para declarar lo que había dicho Muñiz en con-testación, el demandado se opuso y su objeción fué sostenida.

El apelado llama nuestra atención al caso de Hausman v. Hausling, 78 Cal. 283, 286 (20 Pac. 570), en el cual se re-solvió que a un litigante no se le permitía fortalecer su caso con sus propias manifestaciones, bien sean escritas o verbales. Los casos corrientes en que se excluyen declara-ciones de esta clase, surgen generalmente en ausencia de una de las partes. La teoría era que Muñiz con su silen-cio parecía haber consentido a las manifestaciones de Cortés de retirar su oferta; pero según los hechos que tene-mos a la vista, no podemos ver que tal silencio significara algo parecido a un abandono por parte de Muñiz de su ale-gación de que Cortés había convenido en comprar para Suárez. Además, la defensa no era que Cortés había retirado su oferta de compra, sino que nunca había hecho tal oferta. El informe de lo que Muñiz pudiera haber dicho no tiende ni a probar la reclamación de Muñiz ni a dejar de probar la defensa de Cortés, y la declaración parecería caer dentro de la regla sentada por el caso de California.

Sin embargo, si tuviéramos mayores dudas y se nos mos-traran casos en que tal prueba fuera admisible, todavía nos sentiríamos obligados a sostener la actuación de la corte. El demandante entonces debió haber dicho a la corte lo que se proponía demostrar con la declaración del testigo, de modo que hubiera una oportunidad de juzgar la admisibili-dad de la declaración propuesta. Se tomó excepción, sin poner a la corte en una situación apropiada. No encontra-mos que haya habido error o perjuicio. Para demostrar la teoría de la falta de perjuicio, se permitió posteriormente que el testigo declarara que Muñiz protestó por la razón de que él le había entregado el establecimiento al testigo. De modo que ni en los autos ni en el alegato del apelante apa-rece indicación o teoría alguna que demuestre que hubo per-juicio contra el demandante.

El segundo y cuarto señalamientos ele error pueden ser considerados conjuntamente. Se refieren a la prueba y su apreciación por la corte. Este es uno de los muchos casos en que si la corte hubiera, resuelto el caso a favor del de-mandante, quizás no hubiéramos podido declarar que come-tió error. En la vista anterior de este caso indicamos algo sobre este particular. Hubo bastante prueba tendente a demostrar que Cortés convino en comprar el establecimiento para Suárez, y que Muñiz entregó el establecimiento a Suá-rez en virtud de las promesas hechas por Cortés. También hubo prueba tendente a demostrar que se practicó un in-ventario de las existencias, que Cortés estuvo presente, y que tenía conocimiento de todo lo concerniente al inventario. Hubo por lo menos tres testigos, incluyendo dos de las par-tes principales, que declararon que Cortés convino en com-prar los efectos de Muñiz para Suárez, y que Muñiz permi-tió que Suárez los tomara debido a las promesas de Cortés. Por otra parte, Cortés niega todas estas manifestaciones, y su declaración corroborada por las de otros testigos, fué creída por la corte. Esta estimó que la actitud actual del demandante era totalmente inconsistente con la actitud asu-mida por él al radicar su demanda original, y que tenía en-tero conocimiento de la naturaleza de dicha demanda original, o sea, que Cortés convino en servirle de fiador a Suarez. Esta relación de hechos fué traída a luz por las decla-raciones de San Millán, Marshal de la corte, y por Miranda, el abogado en el pleito original. Generalmente, y en particular de sus declaraciones, la corte estimó que Cortés nunca había convenido en comprar los efectos para Suárez. ■ La corte también sugirió que probablemente fuera el artículo 440 del Código de Comercio el que hizo cambiar al deman-dante de actitud, ya que de acuerdo con dicho artículo se exige que el contrato de fianza conste por escrito.

Durante la presentación de la evidencia, y especialmente cuando Suárez estaba declarando, se le preguntó qué benefi-cios derivaría Cortés al efectuarse la venta a Suárez. Evi-dentemente ningunos. Desde luego, si se indujo a Muñiz a liacer entrega a Suárez debido a las promesas de Cortés, la falta de beneficio a éste apenas tendría importancia. Sin embargo, tal falta de beneficio era también una cuestión que debió ser apreciada por la corte. Hay alguna probabilidad de que Cortés dió algunos pasos para ayudar a Suárez, a quien él también había ayudado antes, pero en vista de las conclusiones a que llegó la corte, no hallamos lo suficiente en los autos que nos haga llegar a una conclusión distinta, por lo que la sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado SeñoR Flanco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Moll Ferrer, acusado y apelante.
    No. 2748.
    Visto: Noviembre 10, 1926.

      Resuelto: Enero 26, 1927.
    1. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Partes con Derecho a Presentar Errores — Partes que no Pueden Alegarlos — Erro-res Cometidos a Invitación del Propio Apelante. — Aun cuando la admi-sión de cierta prueba fuera error, si dicho error se cómete a invitación del propio acusado, éste no puede quejarse de aquél.
    2. Derecho Penal — Juicio—Recepción de Pruebas — Presentación Después que las Partes han Terminado — Discreción Judicial. — Las cortes tienen discreción para permitir a un fiscal ofrecer prueba una vez terminado el período de dicho funcionario para presentar la suya.
    Sentencia de B. Días Cintrón, J. (Ponee), condenando al acusado por delito de homicidio voluntario.

      Confirmada.

      Felipe Colón, José B. Gelpí, Leopoldo Formes, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Flanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Moll Ferrer fné declarado convicto de nn delito de homicidio voluntario y la corte inferior le impuso tres años de presidio.

Apeló y señala en sn alegato como primer error que no aparece de la acusación la firma del presidente del gran ju-rado, endosando la acusación. Sin embargo, de la misma acusación puede leerse a su dorso, pasando desapercibido al acusado, lo siguiente:

“No. 500 — Corte de Distrito de Ponee, Puerto Rico — El Pueblo de Puerto Rico vs. Juan Moll Ferrer — Asesinato en Segundo Grado. —Adjuntas—Indictment—E] Gran Jurado, después de pesar la evi-dencia en este caso, declara la presente — Acusación Fundada — Ponee, P. R. — Julio 31/924 — (fdo.) Rafael Mejia — Presidente—Radicado Julio 31, A. D., 1924. (fdo.) E. Gotay Purcell, Secretario.— (fdo!) Agustín E. Font, Fiscal de Distrito.”

Se alega como segundo error haberse admitido la declaración escrita prestada por el testigo Luis Barriera ante el Juez Municipal de Adjuntas “como prueba de impugnación cuando ya babía terminado el período del Fiscal para presentar su prueba y por ser todo ello improcedente en ese sentido.”

En relación con dicha declaración, las partes, con apro-bación de la corte, hicieron la siguiente estipulación:

“El abogado defensor del acusado Sr. Gelpí y el Fiscal del Dis-trito estipulan y convienen que se presente una declaración prestada por Luis Barriera ante el Juez Municipal de Adjuntas en 19 de julio 1924, aceptando que lo que consta en esa declaración sería lo que diría Luis Barriera en caso de venir aquí a declarar hoy ante la Corte; pero la defensa aceptando esta evidencia como si fuera la producida verbalmente por el testigo, hace la objeción de que no constituye prueba de impugnación y por tanto se opone a ella.
“Juez: La Corte aprueba la estipulación hecha por las partes.”

De una parte la corte inferior tenía discreción para per-mitir al fiscal ofrecer, después del momento a que se refiere el acusado, dicha prueba, y de otra, asumiendo que se tra-taba de un error, éste se hubiera cometido a invitación del mismo acusado, a quien tampoco hubiera sido perjudicial toda vez que la declaración escrita de Barriera, aunque se tratare de una prueba de rebuttal al testigo Augusto Ríos de la defensa o del mismo acusado, tendía- más bien a ser favorable a éste, ya que en ella se describe el delito como un homicidio voluntario, cuando en la acusación original se había calificado de asesinato en segundo grado.

Los dos últimos errores tratan de la apreciación de la prueba. La hemos examinado cuidadosamente y ella sos-tiene el veredicto del jurado, debiendo confirmarse la senten-cia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Julio G. Conesa, demandante y apelante, v. The Niagara Fire Insurance Co., demandada y apelada.
    No. 3954.
    Visto: Noviembre 17, 1926.

      Resuelto: Enero 26, 1927.
    1. Seguros — Pérdida de Derechos Bajo una Póliza por Quebrantamiento de Garantía, Estipulación o Condición Subsiguiente — Cuestiones Relativas a la Propiedad o Interes Asegurado — Cambios o Modificaciones en el Destino o Uso de la Propiedad — Por el Arrendatario r Efecto. — Una infracción, por rm arrendatario, de la cláusula — en póliza de seguro — rela-tiva a qué cambios o modificaciones en el destino o uso del edificio asegu-rado no dará derecho a indemnización, equivale a una infracción por parte del asegurado aún cuando el cambio o modificación en el destino o uso de la cosa asegurada se haya heeho sin su conocimiento y consentimiento.
    2. Seguros — Del Contrato en General — Naturaleza, Requisitos1 y Validez— Validez del Contrato — Cláusulas que Impiden el Derecho de Recla-mar Ante los Tribunales. — Una cláusula — en póliza de seguro — que no impide al asegurado recurrir a los tribunales a reclamar las pérdidas sufri-das, sino que su violación por el asegurado hace ineficaz su reclamación, no cabe sostenerla como ineficaz y nula bajo el artículo 175 de la Ley No. 66 de 1921 (p. 649).
    SENTENCIA de 11. 'Díaz Gintrón, J. (Ponee), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      Antonio SnMveres, abogado del apelante; B. V. Pérez Marchand, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es nna acción para recobrar la snma de $1,500 pro-cedente de un contrato de seguro contra incendio de cierta casa propiedad del demandante.

La demandada en mayo 12, 1923, expidió a favor del demandante y por el término de nn año nna póliza de tipo “standard,” conteniendo entre otras condiciones la si-guiente :

“Art. 7. — Si, en el curso del contrato, sobrevienen una o varias de las modificaciones consignadas en el presente artículo, el asegu-rado no tendrá derecho a ninguna indemnización sobre los objetos que hayan sufrido estas modificaciones, a no ser que, anteriormente al siniestro, haya obtenido el consentimiento escrito para dichos cam-bios, consignado en la póliza por la Compañía o por sus represen-tantes apoderados.
“(a) Cambios o modificaciones en el comercio o en la industria ejercitados en los edificios asegurados o que contengan los objetos asegurados,- cambios o modificaciones cualesquiera de destino o de utilización de dichos edificios o de sus condiciones especiales, pu-diendo aumentar los peligros de incendio.”

Era también condición de la póliza que la casa asegu-rada se destinara a “vivienda.”

En Junio 12, 1923, la casa asegurada fue destruida to-talmente por un incendio, estando arrendada a Fernando Malpiea. Lá noche del incendio se encontró en la casa en que se habían almacenado ciertos artículos de comercio con-sistentes en cajas de cigarrillos, dulces, y cajas de fósforos. Esto último pareció estar en abundancia, pues al día si-guiente del siniestro se sintió una ligera explosión, renován-dose el incendio a causa sin duda de la acumulación de ese artículo en algún sitio de la casa.

El demandante declaró que al otro día del incendio fué a ver su casa y con sorpresa para él pudo encontrar allí de los artículos mencionados. Reconoció que su casa había sido destinada a uso distinto no cubierto por la póliza, pero hizo mucho énfasis en sus manifestaciones de que tal cosa se había hecho por el inquilino sin su conocimiento. Este es el punto principal en que se apoya el apelante para sos-tener que no puede perjudicarle la disposición del- artículo 7 de la póliza y hacer ineficaz su reclamación. Se ha con-siderado, sin embargo, que el hecho que se falte a una con-dición como la que establece el artículo 7 y que el prohibido uso se baga sin el conocimiento o consentimiento del asegu-rado, imputándose el acto a un tercero en posesión del in-mueble, bace nula la póliza lo mismo que si el cambio o la modificación del uso o destino del edificio se hubiera hecho por el mismo asegurado.

El caso de Edwards v. Farmer’s Mut. Ins. Assoc. (128 Ga. 353, 57 S. E. 707), reportado en 12 L.R.A. (N .S.) 484,, que sostiene esta teoría, contiene una nota muy importante sobre el efecto del incumplimiento por un arrendatario de condiciones así estipuladas en las pólizas de seguro contra incendio, en la que se-citan las autoridades y se resume la doctrina, diciéndose:

“Cuando una disposición de una póliza de seguro, declarando que la misma será nula si no se cumple con ciertas condiciones, es redactada en lenguaje claro y preciso, las autoridades están casi uná-nimemente de acuerdo con la decisión antes citada en el sentido de que la infracción de cualquiera de tales condiciones por un arren-datario del asegurado equivale a una infracción por el asegurado mismo. Siguiendo esa doctrina en el caso de Liverpool & L. & G. Ins. Co. v. Gunther, 116 U. S. 113, 29 L. ed. 575, 6 Sup. Ct. Rep. 306, Revocando 20 Blatchf. 362, 85 Fed. 846, en el cual.la póliza en cuestión estipulaba que sería nula si el asegurado mantenía o usaba en la propiedad asegurada ciertos artículos, siendo esta dis-posición incondicional e ilimitada, se resolvió que una infracción por parte de cualquier persona que el asegurado permitiera que ocu-para la propiedad equivalía a una infracción por parte del asegu-rado mismo.
“Y en el caso de Kelly v. Worcester Mut. F. Ins. Co., 97 Mass. 284, en el cual la póliza sobre la cual se pedía indemnización dispo-nía que sería nula si la propiedad asegurada era ocupada o utilizada para fines ilegales, disposición que terminaba ahí y que no contenía palabras restrictivas, se resolvió que la póliza fué anulada por ha-ber el arrendatario del asegurado almacenado barriles de bebidas embriagantes en el edificio con intención de venderlas en violación de la ley. La corte dijo que este uso del edificio para un fin ilegal por parte del arrendatario, aun si el dueño no tenía conocimiento de ello, anulaba la póliza de acuerdo con sus propios términos, el objeto manifiesto de la cual era definir ciertos riesgos que los asegu-radores no querían asumir sin tener en cuánta si tales riesgos sur-gían o existían del acto, o con conocimiento del'asegurado.
< Í } *

Insiste por otro lado el apelante que en todo caso el artículo 7 de la póliza no tendría valor alguno porque impide al asegurado reclamar el importe de la pérdida sufrida en contravención de lo que dispone el artículo 175 de la Ley No. 66 de julio 16, 1921 (p. 523),. titulada “Ley proveyendo lo necesario para la incorporación de las compañías de seguros, etc.” Dicho artículo dice:

“Será ilegal toda cláusula en un contrato de seguro que impida al asegurado el derecho de reclamar en los tribunales de justicia, en cualquier momento después de ocurrido el accidente contra el cual se hizo el seguro, el importe de cualquier pérdida sufrida y que hu-biere sido objeto de dicho seguro. El tribunal determinará no sólo la responsabilidad de la compañía, sino también el alcance de la pérdida. ’ ’

La ley del contrato entre asegurador y asegurado es la póliza que contiene las cláusulas o condiciones que determi-narán sus mutuos derechos y obligaciones. El artículo 7 de la póliza es una cláusula de responsabilidad continua sin derecho a ser variada por el asegurado a menos que se obtuviera el consentimiento escrito de la apelada. Los tér-minos de la cláusula son claros, expresos y fué aceptada por el apelante. Ella no le impedía recurrir a los tribunales a reclamar las pérdidas sufridas. Su violación en la forma que expresan los hechos subsiguientes a la fecha del con-trato es la que ha hecho ineficaz tal reclamación. Si el ape-lante se hubiera mantenido dentro de las condiciones que establecía la póliza, seguramente que no hubiera tenido ne-cesidad de entablar este pleito.

Por todo lo cuál, debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eleuterio Rivera, acusado y apelante.
    No. 2963.
    Visto: Diciembre 23, 1926.

      Resuelto: Enero 28, 1927.
    1. Acometimiento y Agresión — Responsabilidad Criminal — De los Delitos— Intención Criminal — Consecuencias no Intentadas al Cometerse el Acto — Comisión de Delito Distinto al que se Intentó Cometer. — Cuando un acusado, al intentar cometer una agresión, que resulta frustrada contra uno, la realiza contra otro, el hecho de que no fuera la intención realizar la acción agresiva contra éste, sino contra aquél, no lo exime de responsa-bilidad por el hecho distinto que en último término consumó.
    2. Acometimiento y Agresión — Responsabilidad Criminal — Proceso y Castigo Apelación — Resolución y Disposición del Caso — Modificación de la Sen-tencia Apelada. — En proceso por acometimiento y agresión grave cuando hay carencia de prueba respecto a la condición de varón adnlto del acusado, procede modificar la sentencia apelada declarando culpable al acusado de acometimiento y agresión simple.
    SeNtencia de-Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), condenando al acu-sado por delito de acometimiento y agresión grave.

      Modificada j así modificada confirmada.

      José de J. Tizol y Pedro Mirmda, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado. .
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribnnal.

Se trata de nn delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes. La corte inferior impuso al acu-sado noventa días de cárcel'.

Se alega como error que la corte inferior no tuvo en cuenta al dictar sentencia que no fuú la intención del acu-sado agredir a la persona que resultó lesionada.

Aparece de la prueba que el acusado estaba tomando nn .refresco en cierto cafetín, llegando en esos momentos dos mujeres y a quienes invitó para que tomaran algo. Es-tas rechazaron la invitación, cruzándose entre ellos ciertas frases que dieron lugar a la intervención del marido de una de ellas y quien al preguntar “qué pasa,” el acusado lanzó nn vaso sobre el grupo hiriendo en la frente a la esposa.

Parece que el acusado sostiene que no siendo su intención realizar la agresión contra la perjudicada y sí contra su esposo, el acusado no es responsable del becbo dis-tinto que en último término fue consumado. Sin embargo, de conformidad con el artículo 51 del Código Penal, no im-portaba que el acusado al intentar cometer la agresión que resultó frustrada contra el marido, la realizara contra su esposa, para que sufra la pena impuesta por la ley al delito realizado. Dicbo artículo 51 dice así:-

'‘La persona que al intentar cometer un delito frustrado, reali-zaré otro distinto, de mayor o menor gravedad, no estará exenta por razón de los dos últimos artículos, de sufrir la pena impuesta por la ley al delito realizado.”

Sostiene además el apelante que no se probó en este caso la condición de varón adulto del acusado, que es un requisito esencial en el delito que es objeto de la acusación. El fiscal está conforme con esa falta de demostración citando el caso de El Pueblo v. Ortis, 29 D.P.R. 746, pero alega al mismo tiempo que si bay carencia de prueba en ese extremo es de aplicación el de El Pueblo v. Peralta, 31 D. P.R. 951, donde no existiendo tal prueba se modificó la sentencia declarándose culpable al acusado de acometimiento y agresión simple. Estamos conformes. La sentencia en éste caso debe modificarse en el sentido indicado, imponiéndose al acusado una multa de cincuenta dólares.

El Juez Asociado Señor Hutcbison no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe Hutchison',

text:
    Jacinto Suárez Migoya, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, (sección primera), recurrido.
    No. 666.
    Sometido: Enero 21, 1927.

      Resuelto: Enero 28, 1927.
    Hipotecas — Registro e Inscripción — Hipoteca Sobre Casa Enclavada en Suelo Ajeno — Requisitos Previos a la Inscripción — Previa Inscripción de¡ la Casa a Nombre del Dueño Independientemente de la Inscripción del Dueño del Solar. — Para inscribirse hipoteca sobre una casa construida en solar ajeno es necesario la previa inscripción de aquélla a nombre del dueño, evidenciada por un asiento separado e independiente del del dueño del solar en el registro. La mera mención de la existencia de la casa y de la cesión del solar en asiento practicado al inscribirse el título de dieho solar — en- el que está enclavada la casa — a nombre del dueño de éste no equivale a una . inscripción de la casa o del usufructo del solar en cuestión a nombre del dueño de aquélla-.
    Nota de A. Malar et, R. (Sección 1», San Juan), denegando inscrip-ción de tina hipoteca sobre- una casa no inscrita a favor de los deudores y enclavada en solar ajeno.

      Confirmada.

      Heriberto Torres Sola, abogado del recurrente; El Registrador com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison',

emitió la opinión del tribunal.

Al inscribirse cierto solar a nombre del municipio de Trujillo Alto, se hizo mención del hecho de que Domingo Díaz, previo consentimiento y permiso del municipio, había construido en dicho solar una casa. Posteriormente se de-negó la inscripción de una hipoteca sobre la referida casa, por el fundamento de que -ésta no estaba inscrita a nombre del deudor, según lo exige el artículo 20 de la Ley Hipote-caria.

No necesitamos poner en duda la contención del apelante de que la casa fabricada por el deudor hipotecario es acce-soria al usufructo concedido por el municipio e inscribible al cumplirse con las formalidades prescritas por la ley. Pero no podemos convenir que la mera mención de la exis-tencia de una casa y de la cesión hecha por el municipio en el asiento practicado al inscribirse el título del solar a nombre de dicho municipio, sea equivalente a una inscrip-ción formal de la casa o del usufructo en cuestión a nombre de otra persona.

Lo que el artículo 20 dispone y exige como condición previa a la inscripción de una enajenación o gravamen de una casa así construida es la inscripción - previa de la pro-piedad en cuestión a nombre del dueño, evidenciada por un asiento separado e independiente en el registro de la pro-piedad.

La mera mención en el asiento hecho al inscribirse una. escritura a nombre del dueño del terreno no es una inscrip-ción del título de nn edificio enclavado en dicho terreno, construido por y perteneciente a otra persona, ni es tam-poco una inscripción del título de tal dueño al usufructo. Martín et al. v. Registrador, 22 D.P.R. 149; Santos v. Registrador, 27 D.P.R. 852; Rodríguez et al. v. Registrador, 30 D.P.R. 497.

La nota recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor, Audrey,

text:
    María del Carmen Morales, demandante y apelante v. Esperanza Cruz Vélez, demandada y apelada.
    No. 3989.
    Visto: Enero 11, 1927.

      Resuelto: Enero 28, 1927.
    1. Costas — Fijación—Memorandum de Costas' — Presentación t Radicación— Radicación Prematura — En General. — La presentación de nn memorán-dum de costas dentro de los diez días siguientes al aviso oficial de la sen-tencia del Supremo en la corte sentenciadora en primera instancia no ha-biéndose ordenado la suspensión de su ejecución por. el Supremo, no es pre-matura.
    2. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que nu Están en Récord— Cuestiones Presentadas1 para Revisión — Revisión Limitada por el Propio Récord — Omisiones que Impiden Considerar las Cuestiones Lavantadas. —Cuando de los autos en apelación — en incidente sobre memorándum de cos-tas — sólo aparece éste, el escrito de impugnación y el acta de la vista del in-cidente de la que sólo aparece el ofrecimiento y admisión de una certificación creditiva de haber sido apelada la sentencia del Supremo, no cabe resolver si la cantidad fijada por la corte inferior como honorarios es excesiva.
    Resolución de Charles E. Foote, J. (Mayagüez), aprobando memo-rándum de costas.

      Confirmada.

      J. H. Brown y Clemente Ruiz Nazario, abogados de la apelante; José Sabater, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor, Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Confirmada por nosotros la sentencia dictada en este caso por la Corte de Distrito de Mayagüez que declaró sin lugar la demanda y comunicada oficialmente nuestra reso-lución a la corte inferior, dentro de los diez días siguientes a su recibo presentó la parte victoriosa su memorándum de costas en el que figura una partida de $10,000 por bono-rarios de su abogado. Se opuso la otra parte a que el me-morándum fuese aprobado por ser prematuro por no baber vencido el término que tenía para apelar de nuestro fallo para ante la Corte de Distrito de Boston, presentando des-pués certificación de baber interpuesto esa apelación y de baber constituido fianza de $300 para responder de las cos-tas de esa apelación, pero la corte de distrito aprobó dicbo memorándum aunque reduciendo a $3,000 la cantidad que debe ser pagada por honorarios de abogado.

Apelada esa resolución por la demandante alega como primer motivo de error la cuestión de que el memorándum de costas es prematuro.

La Ley No. 15 de 19 de noviembre de 1917, que enmienda el artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, dispone lo siguiente:

“Las costas se- reclamarán por la parte a la cual Rayan sido con-cedidas, entregando al secretario de la Corte en que se Rubiere dic-tado sentencia en primera instancia un memorándum de dieRas cos-tas, de los desembolsos necesariamente RecRos por el reclamante en el pleito y del montante de los Ronorarios de su letrado, la veraci-dad del cual memorándum deberá ser jurada por la parte o su abo-gado; y la entrega de dicbo memorándum se Rará dentro de los diez días siguientes al en que Raya vencido el término para apelar de la 'sentencia dictada en el caso de que no se Rubiere apelado; si se Rubiere apelado, la entrega se Rará dentro de los diez días siguien-tes al en que se Raya recibido en la corte sentenciadora en primera instancia aviso oficial de la resolución en apelación en última ins-tancia. ’ ’

En vista de ese precepto sostiene la apelante que como nuestros fallos pueden ser apelados en determinados casos a la Corte de Circuito de Boston, ésta es la última instancia en los pleitos, por lo que mientras no transcurra el término para establecer ese recurso basta que se reciba en la corte de distrito la sentencia dictada en apelación por el tribunal de Boston no puede presentarse el memorándum de costas.

Antes de la ley de 1917 citada había que presentar el memorándum de costas dentro de diez días de dictada su sentencia final por la corte de distrito, pero en vista de que resultaba inútil la presentación y aprobación del memorán-dum de costas cuando la sentencia era revocada en apela-ción, fue aprobada la ley citada para que no fuese presen-tado hasta haber transcurrido el término de apelación contra la sentencia de la corte de distrito y en caso de que fuese apelada hasta que se recibiese en la corte sentencia-dora en primera instancia aviso oficial de la resolución dic-tada en apelación en última instancia. Y la última instan-cia es esta Corte Suprema porque los procedimientos que trataba de regular nuestra Legislatura eran los de las cor-tes insulares, pues carece de facultad para regular las ape-laciones concedidas por leyes del Congreso de los Estados Unidos: porque a pesar de que se establezca apelación de nuestros fallos para ante la Corte de Circuito de Boston nuestras sentencias pueden ser cumplidas si no se obtiene de nosotros al interponerse la apelación o después una or-den de suspensión (supersedeas) mediante 'prestación de-fianza para garantizar los daños y perjuicios que tal sus-pensión pueda causar en caso de que la sentencia fuese con-firmada,- y porque no siendo apelables todas nuestras sen-tencias en asuntos civiles y pudiendo ser establecida si se presenta declaración jurada de que la cuantía del pleito es superior a $5,000 aunque ella no aparezca del pleito mismo, quedaría indeterminado en muchos casos si el asunto es apelable o no e incierto también el tiempo dentro del cual había de presentarse el memorándum de costas. Por lo ex-puesto entendemos que dicho memorándum debe ser pre-sentado' dentro de los diez días siguientes al aviso oficial de nuestra sentencia a la corte sentenciadora en primera instancia y que debe ser tramitado y ejecutado como parte de la sentencia mientras la ejecución de ella no sea suspen-dida por nosotros. En este caso, si bien ha sido apelada nuestra sentencia no hemos ordenado la suspensión de la ejecución de la sentencia (supersedeas) y por tanto no fué prematura la presentación del memorándum de costas.

El otro motivo de la apelación es por ser excesiva la cantidad de $3,000 fijada por la corte inferior como honorarios de abogado.

Quizá la cantidad concedida por honorarios de abogado sea excesiva pero como en los autos de esta apelación sólo encontramos el memorándum de costas, el escrito de la parte contraria impugnándolo y el acta de la vista de ese incidente de la que aparece solamente el ofrecimiento y ad-misión de una certificación creditiva de haber sido apelada nuestra sentencia presentándose una fianza de $300 para responder de las costas, no estamos en condiciones de declarar que dicha cantidad es excesiva porque no conocemos por estos autos la demanda y la contestación para poder apre-ciar la cuantía del pleito, si versaba solamente sobre cues-tiones de hecho o si envolvía cuestiones de derecho importantes o difíciles; ni sabemos las sesiones que ocupó la celebración del juicio, todo lo que la corte apelada pudo cono-cer por el pleito mismo donde se cobran los honorarios y tener en cuenta para la fijación dé la cantidad, según hemos declarado en el caso de Bertrán v. Carrasquillo, 29 D.P.R. 563; Nicot v. Valdecilla, 29 D.P.R. 519; González v. Collazo, 25 D.P.R. 157; Torres v. Irizarry, 19 D.P.R. 361; Ramírez v. American Railroad Co., 28 D.P.R. 181, y Quintero et al. v. Morales, 20 D.P.R. 303.

La resolución apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Ulises Pabón, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 664.
    Sometido: Enero 11, 1927.

      Resuelto: Enero 28, 1927.
    Embargos — Mandamiento de Embargo — Anotación de Embargo — Denegación de Anotación — Falta de Jurisdicción para Decretarlo — Embargo Decre-tado en Exceso de la Cuantía Jurisdiccional. — Decretado embargo por una corte municipal por $475 de principal más $75 para intereses y costas, no cate denegar su anotación cuando la demanda que motiva el embargo sólo reclama el pago del principal y los intereses legales sobre dicha suma en ella solicitados desde la interposición no son debidos al presentarse aquélla-.
    Nota de Pedro Gómez Lasserre, R. (Mayagüez), denegando anotación de embargo decretado por una corte municipal.

      Revocada.

      Renet <& Souffront, abogados del recurrente; El Registrador no com-pareció.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En el Registro de la Propiedad de San G-érmán se pre-sentó un mandamiento de embargo decretado por una corte municipal por $475 de principal más $75 para intereses y costas para asegurar la efectividad de la sentencia que se dictase en el pleito, pero el registrador se negó a anotar el embargo por entender que la corte municipal carece de ju-risdicción para decretarlo por exceder el embargo de $500 e hizo constar como defecto subsanable el no insertarse ni acompañarse por separado el documento que originó el embargo. Notificada la parte interesada de esa negativa el 8 de diciembre, presentó al día siguiente otra vez el manda-miento de embargo con una copia certificada de la demanda, de la que aparece que en ella se reclama el pago de $475, sus intereses legales desde su interposición y las costas, mas el registrador se negó el mismo día a convertir la ano-tación preventiva que babía tomado del embargo en ano-tación definitiva de él porque a su juicio la demanda con-firma, más bien que rechaza, la existencia del defecto insub-sanable que antes babía consignado, por lo que dos días después de la última negativa se radicó este recurso guber-nativo.

La sección 4 de la ley 10 de marzo de 1904 para reorga-nizar el sistema judicial (Gomp. 1148) dispone que los jue-ces municipales tendrán jurisdicción en todos los asuntos civiles que se promuevan en su distrito basta la cantidad de $500, intereses inclusives; y si alguna duda podía baber respecto a si parte de los $75 embargados para intereses y costas pudiera aumentar la cuantía realmente reclamada en la corte municipal a más de $500 por ser la suma total de la deuda e intereses lo que determina la jurisdicción de las cortes municipales, tal duda desaparece con la lectura de la demanda que motivó la orden de embargo en la que sólo se reclamó en ella el pago de $475, pues si bien se solicitaron también los intereses legales de esa cantidad desde la inter-posición de la demanda tales intereses no eran debidos al tiempo de ser ella presentada, por lo que la cantidad de $475 es la que debe regular la jurisdicción de la corte municipal para conocer del pleito y para expedir la orden de embargo, sin que el becbo de que se expidiera el embargo para asegurar más de $500 la prive de la jurisdicción que tiene en el asunto.

La demanda presentada al registrador también corrige el defecto subsanable consignado por él y por tanto la ano-tación preventiva que tomó por su negativa de anotación del embargo debió convertirla en anotación definitiva del mismo y así debe hacerlo.


author: El Juez Asociado Señou Aldkey,

text:
    W. I. Cox Co. Inc., peticionario, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. Gabriel Castejón, Juez, y Jesús Amaral, demandados.
    No. 548.
    Visto: Enero 10, 1927.

      Resuelto: Enero 28, 1927.
    Cortes — Cortes de Jurisdicción Originad General — Cortes de Distrito — Ape-lación de las Cortes Municipales — Desestimación, Retiro t Abandono— Motivos Insuficientes para Desestimar.. — Apelada sentencia de una corte municipal a la de distrito e incluido el! pleito en el calendario, el hecho de no haberse solicitado el señalamiento de dicho pleito para juicio no es mo-tivo para declarar desierto el recurso de apelación.
    Certiorari para revisar resolución de Gabriel Caslejón, J. (Huma-cao), declarando desierto recurso de apelación interpuesto para ante la corte de distrito en caso procedente de la corte municipal.

      Anulada la resolución y devuelto el caso.

      B. Castro Fernández, abogado del peticionario; González Fagundo <& González Jr., abogados de la parte contraria.
   El Juez Asociado Señou Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

W. J. Cox & Co., Inc., estableció nna apelación contra sentencia de la Corte Municipal de Humacao para ante la. corte 'de aquel distrito e liizo que la apelación fuese incluida en el calendario de dicba corte. Posteriormente el apelado pidió a la corte de distrito que la apelación fuese desesti-mada porque el apelante no solicitó señalamiento de día para el juicio cuando fué leído el calendario y la corte, con la oposición del apelante, desestimó la apelación por entender que el apelante tenía no sólo el deber de hacer que su ape-lación fuese incluida en el calendario sino también el de so-licitar el señalamiento para juicio pues aunque este último requisito no está expreso en la ley el espíritu de ella lo re-quiere para la brevedad en las apelaciones contra las sen-tencias de las cortes municipales. Contra esa resolución se interpuso este recurso de certiorari.

La Ley JMo. 93 para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales, promulgada en 31 de marzo de 1919 (1917 (2) 17, Apéndice) y que es la pertinente en la materia, dice así en su sección 3!l, letra (b): “Si el apelante dejase de solicitar la inclusión del pleito en el ca-lendario, el juez de distrito declarará desierto el recurso, imponiéndole las costas; y el secretario remitirá inmediata-mente la causa a la corte inferior para la ejecución de la sentencia apelada.

Esta disposición legal es.clara en sus palabras y dispone que el juez de distrito declare desierto el recurso cuando el apelante dejase de incluir su pleito en el calendario por lo que de acuerdo con el artículo 13 del Código Civil no puede menospreciarse su letra para atender a su espíritu, y mu-cho menos para poner en la ley palabras o conceptos que no tiene, como en este caso en que disponiéndose en la ley que se declare desierto el recurso solamente cuando el ape-lante no solicita la inclusión del pleito en el calendario, la corte inferior lo declaró desierto por otro motivo distinto, iio expresado en la ley. Ni tampoco era ése el espíritu de la ley toda vez que incluido el pleito en el calendario estaba conseguida la rapidez en el procedimiento por cuanto cual-quiera de las partes podía solicitar el señalamiento de día para juicio.

Por los motivos expresados la resolución recurrida debe ser anulada y devolverse el caso para ulteriores procedi-mientos no incompatibles con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    P. Gandía & Compañía, demandante y apelante, v. Javier Hernández, demandado y apelado.
    No. 4029.
    Visto: Enero 25, 1927.

      Resuelto: Enero 31, 1927.
    1. Apelación y Error — Resolución y Disposición del Caso — Revocación—De-sestimación de Acción por Ealta de I-Iechos Suficientes sin Oportuni-dad para Enmendar. — La desestimación de una demanda por no aducir he-chos suficientes para constituir una causa de acción, sin darse al deman-dante una oportunidad para enmendarla, ’ después de dictada resolución sos-teniendo una excepción previa con posterioridad a un juicio sobre los mé- ' ritos y después que la omisión en cuestión ha sido subsanada por la prueba aducida en el juicio, constituye un error que lleva consigo la revocación.
    2. Alegaciones — Defectos y Objeciones, Renuncia (Waiver) y Subsanación por Veredicto o Sentencia — Defectos u Omisiones Subsanados por la Contestación o las Pruebas — Suficiencia de la Demanda — En General. — La omisión de alegar la entrega de unos pagarés queda subsanada (owed) por la presentación e introducción en evidencia de tales pagarés, y después de un juicio sobro los méritos, al demandante debe dársele una oportunidad para enmendar o de lo contrario debe, considerarse que la de-manda había sido enmendada para conformarla a la prueba.
    Sentencia de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando la de-manda con lugar en parte y sin lugar en cuanto a la reclama-ción de la cantidad adeudada por virtud de 'unos pagarés. Be-vocada en lo que respecta a la parte de la acción que fué deses-timada.

      Juan B. Soto y José Iglesias, abogados de la apelante; José Buiz de Val, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante entabló demanda en cobro de dos paga-res y de una suma adicional por concepto de mercancías vendidas y entregadas al demandado.

La apelante dice que la corte inferior declaró sin lugar una excepción previa a la- demanda antes de radicarse la contestación del demandado. El alegato no hace referencia a ninguna página de los autos en que pueda encontrarse tal resolución de la corte, y un examen superficial de la trans-cripción de la evidencia arroja poca luz adicional sobre lo que realmente ocurrió en cuanto a este particular. Aparece que la excepción previa fue radicada en agosto de 1924, y la contestación en abril de 1925. El juicio no se celebró hasta octubre 30 de 1925. Por tanto, el demandado tuvo amplia oportunidad para insistir en que se le resolviera su excepción antes del juicio, y tendría poco motivo para que-jarse si en realidad la corte dejó de resolver la cuestión le-vantada por excepción previa antes de la celebración del juicio del caso. Bajo las circunstancias, y según vemos este caso, este hecho resulta de poca importancia.

El demandado no compareció el día del juicio ante la corte de distrito, ni tampoco ha comparecido por alegato o personalmente en la vista celebrada ante esta corte.

Después de celebrarse el juicio en su fondo, en el cual los pagarés en cuestión fueron presentados por el socio gestor de la demandante, pagarés que fueron debidamente identificados y admitidos como prueba, el juez de distrito sostuvo la excepción previa por no alegarse la entrega de los pagarés, declaró sin lugar la demanda en cuanto a la reclamación de la cantidad adeudada por virtud de dichos pagarés y dictó sentencia a favor de la demandante por el pequeño saldo adeudado en concepto de mercancías.

De la opinión dictada como parte de tal sentencia, hace-mos, el siguiente extracto:

“. ... Si el demandante, sin embargo, hubiese alegado además que era el tenedor de los documentos la alegacion.de la entrega no hubiese- sido indispensable porque la ley presume la entrega en esos casos, a menos que se pueda destruir tal presunción, pero ya esto sería materia de evidencia.
“ ‘El tenedor de una cuenta o pagaré no tiene que probar la en-trega ; ni la ley presumirá la entrega a menos que algo se baga cons-tar que contrarreste tal presunción. ' Si el acreedor de un pagaré lo tiene en su posesión, ese becho se considera prima facie como prueba de que ba sido entregado.’ 3 R.C.L., 859.”

Evidentemente, la corte inferior pasó por alto el becho de que la omisión en cuestión había sido subsanada por la prueba. Aparece igualmente claro que si se hubiese decla-rado con lugar la demanda por el fundamento citado, en cualquier tiempo antes del juicio o aún durante el juicio, la demanda pudo haber sido enmendada con un sólo rasgo de la pluma, obteniendo permiso de la corte. Haya sido o no revocada una resolución formal declarando con lugar la ex-cepción previa por la decisión final de la corte, estamos per-suadidos, tomando todas las circunstancias en consideración, que se debió haber considerado que la demanda había sido enmendada para conformarla a la prueba aducida en el juicio, o de lo contrario, por lo menos, a la demandante se le debió haber dado oportunidad para así enmendarla.

La sentencia apelada debe ser revocada en lo que res-pecta a la desestimación de parte de la acción, y modificada de acuerdo con la súplica de la demanda en cuanto a la can-tidad a recobrar, y así modificada se confirma.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Jesús Ma. Rossy, demandante y apelado, v. Rafael del Valle Zeno, demandado y apelante.
    No. 3849.
    Visto: Enero 17, 1927.

      Resultado: Febrero 2, 1927.
    ARRENDADOR Y ARRENDATARIO-ACCIÓN PARA VOLVER A ENTRAR EN, Y BEOOBRAR Posesión el Arrendador — -Desahucio — Apelación — Becord — Prepara-ción y Presentación del Transcript de la Evidencia o Exposición del Cas-o- — Término para Ello — Ley que Besula. — La seeeión 13 de la Ley de Desahucio (Comp. 1637) no rige para regular la presentación de la transcripción de la evidencia a los efectos de la apelación en acciones de desahucio. Es el precepto general contenido en la Ley No. 27 de 1917 (2.), p. 275, el que regula la materia.

      Moción para eliminar de los autos el transcript de la evidencia.

      No ha lugar a eliminar..

      Manuel Rodríguez Berra, abogado del apelante; Acuña ■& Janer y Luis Llorens Torres, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La apelación en este caso qne babía sido desestimada por resolución de 15 de febrero de 1926, quedó reinstalada por la de 12 de enero, 1927 dictada en virtud de cierto procedi-miento de mandamus seguido' en la Corte de Circuito de Ape-laciones del Primer Circuito.

Así las cosas, la parte apelada archivó una moción soli-citando que se eliminara de los autos la transcripción de la evidencia. Sobre los méritos de dicha moción se oyó a am-bas partes el 17 de enero último.

La moción eliminatoria» se funda en que habiéndose inter-puesto la apelación el 4 de enero de 1926 y habiéndose dis-puesto por la corte sentenciadora el 5 de enero que el taquí-grafo preparara la transcripción de la evidencia, el término que el taquígrafo tenía para actuar de acuerdo con la sección 13 de la Ley de Desahucio, quedó vencido el 9 de dicho mes. Por tanto, sostiene la parte apelada, cuando el 18 de enero de 1926 la parte apelante pidió y obtuvo que se concediera al taquígrafo una prórroga de treinta días para radicar la transcripción, solicitó algo a que no tenía derecho y la corte concedió algo que no tenía facultad de conceder.

Los autos demuestran que el escrito de apelación se ar-chivó el 4 de enero de 1926. Al día siguiente la parte ape-lante radicó una moción manifestando que deseaba utilizar la transcripción de la evidencia de acuerdo con las secciones 1 y 2 de la Ley No. 27 de 1917 a cuyo'efecto pedía a la corte que ordenara al taquígrafo que procediera a extender la trans-cripción. T la corte, el propio día, ordenó en efecto al ta-quígrafo que procediera “a extender la transcripción de la evidencia con arreglo a la sección primera de la Ley No. 27 de 27 de noviembre de 1917.”

El 18 de enero de 1926 el apelante solicitó nna prórroga de treinta días qne fné concedida. El 23 de febrero otra de treinta días qne también fné concedida. El 13 de marzo otra de treinta días qne fné concedida de igual modo. El 13 de abril otra de treinta días qne fné acordada. El 14 de mayo otra de treinta días qne fné concedida y dentro de la cual se archivó la transcripción qne finalmente aprobó el juez sen-tenciador el 31 de agosto de 1926.

Toda la cuestión a estudiar y a resolver gira sobre si el caso está o no regulado exclusivamente por la sección 13 de la Ley de Desahucio o si es o no aplicable la Ley No. 27 de 1917.

La sección 13 de la Ley de Desahucio copiada a la letra dice:

“Interpuesta en forma la apelación, los secretarios de las cortes y los taquígrafos en su caso, practicarán las diligencias que les in-cumbieren dentro del preciso término de cinco días, contados desde la fecha de la presentación del escrito de apelación.”

La ley de qne forma parte fné aprobada en 1905. En aquel entonces el medio existente para preparar las apela-ciones al Supremo era el de las.exposiciones del caso,'copias certificadas por los abogados o el secretario del legajo de la sentencia, de la relación de pruebas, o del pliego de excep-ciones preparados de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil de 1904 y con los precedentes americanos.

El nuevo medio de las transcripciones taquigráficas como un documento completo para ser sometido a la aprobación del juez sentenciador y constituir una vez aprobado el récord de la apelación, no se puso en vigor hasta el 1917. En el caso de Rodrigues v. P. R. Ry., Light and Power Company, 30 D.P.R. 931, 933, esta corte dijo: “Nuestro examen de la Ley No. 27 nos convence de que era un medio nuevo e independiente de incorporar la evidencia.”

Ambas reglas, la de la ley de desahucio de 1905 y la do la ley No. 27 de 1917 se refieren, pues, a situaciones distin-tas, obedecen a criterios - diferentes, no requieren del taquí - grafo la misma actuación.

Por la sección 13 el Legislador, en armonía con el espí-ritu de rapidez que inspira la ley de desahucio toda, im-puso a los secretarios y taquígrafos en los casos en que se interpusiera en forma la apelación, el deber de practicar las diligencias que les incumbieren en el preciso término de cinco días contados desde la fecha de la presentación del escrito de apelación.

No se necesita gestión de parte ni orden alguna de la Corte. Es un deber impuesto directamente a los indicados funcionarios. El precepto está actualmente en todo -su vigor y debe ser acatado y cumplido fielmente.

¿Cuál es ese deber en lo que se refiere al taquígrafo? Sin duda alguna convertir sus signos en palabras legibles de modo corriente y poner la transcripción a disposición del apelante para que éste prepare la exposición del caso. Su trabajo era la base para la exposición. El legislador tuvo en mente la existencia de la exposición como algo posterior necesario dentro del sistema procesal civil puesto en prác-tica por él mismo el año anterior. Así se desprende clara-mente de la sección 14 de la propia ley de desahucio que dice:

"Las apelaciones se tramitarán de acuerdo con el Código de En-juiciamiento Civil, no pudiendo exigirse en ningún caso más copias que las expresamente prevenidas en diebo código: entendiéndose que tales apelaciones deberán tramitarse con toda preferencia.”

Y si andando el tiempo el legislador ideó y puso en vigor otro método de archivar los autos en la corte de apela-ción para regir concurrentemente con el antiguo, a elección del apelante, en todos los casos civiles, ¿ a qué otra conclu-sión puede llegarse que no sea a la que llegaron de consuno la parte apelante y la corte sentenciadora en este caso a saber: que era aplicable el nuevo método a los casos de desa-hucio, lo mismo que el antiguo?

Creemos que la situación quedó perfectamente aclarada desde la decisión de esta corte en el caso de Curbello v, Rodríguez, 32 D.P.R. 460, en la que después de transcribir las secciones 13 y 14 de la ley de desahucio, la corte se expresó así:

“Según esa ley una vez establecida la apelación dentro de cinco días contados desde la fecha de la sentencia y de consignado el pre-cio adeudado o prestada fianza en los otros casos dentro de dichos cinco días, las apelaciones se tramitarán de acuerdo con el Código de, Enjuiciamiento Civil, por lo que las reglas de éste referentes a tramitación de apelaciones son aplicables a las. apelaciones estable-cidas en juicios de desahucio y por esto el término del apelante para preparar su exposición del caso era de 10 días prorrogables, haciendo aplicación del artículo 299 de dicho código según quedó enmendado por la Ley No. 81 de junio 26 de 1919, pues la sección 13 de la ley de desahucio no puede ser interpretada, como pretende la parte ape-lada e hizo la corte inferior, en el sentido de que sólo concede 5 días precisos e improrrogables para presentar la exposición del caso por el hecho de que disponga que los secretarios de las cortes y el taquí-grafo en su caso practicarán las diligencias que les incumbieren dentro del preciso término de cinco días contados desde la apela-ción. Tal precepto es solamente directivo para dichos funcionarios y no regida ni fija el término para presentar la exposición del caso ni la transcripción de la evidencia hecha por el taquígrafo cuando se opta por ella de acuerdo con la Ley No. 27 de 27 de noviembre 1917, para tramitar la apelación. Por consiguiente ese motivo ale-gado para la desestimación de la apelación no es procedente.”

Se sostiene por la parte apelada que si bien la decisión citada constituye jurisprudencia en cuanto a las exposicio-nes del caso, es un mero obiter dictum en cuanto a las trans-cripciones preparadas por el taquígrafo, ya que el caso ver-saba sobre las primeras y no sobre las segundas. Y en apoyo de su contención alega además que cuando esta corte resolvió la misma cuestión más tarde en el caso de Honoré v. Vargas, 33 D.P.R. 836 no hizo referencia a las transcrip-ciones taquigráficas.

La jurisprudencia establecida en el caso de Honoré, supra, dice:

“Como la exposición del caso no tenía que ser presentada den-tro de los cinco días siguientes a la apelación sino dentro de diez días, de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil, la corte inferior estaba facultada para conceder la prórroga que se le pidió a los seis días de interpuesta la apelación.”

Es cierto que en los casos de Curbello y Honoré no se trataba de transcripciones taquigráficas sino de exposiciones del caso, pero el razonamiento es el mismo.

Si la sección 13 no regía para regular el término en que debían presentarse las exposiciones del caso y solicitarse las prórrogas, sino que regía el precepto general regulador de la presentación de las exposiciones del caso en todos los pleitos y asuntos civiles en apelación, claro es que tampoco rige la sección 13 para regular la presentación de las trans-cripciones taquigráficas que sustituyen las exposiciones del caso, sino el precepto general regulador de la presentación de dichas transcripciones contenido en la Ley No. 27 de 1917.

T siendo como es esto así, la prórroga solicitada en 18 de enero lo fué en tiempo porque no habiéndose fijado plazo al taquígrafo en la orden de la corte de 5 de enero, el tér-mino era de veinte días, de acuerdo con lo expresamente prescrito en la sección 2 de la repetida Ley No. 27 de 1917.

El otro caso citado por la parte apelada No. 3806, Aurora, Sociedad Agrícola, v. Barroso, 34 D.P.R. 965 y 967 resuelto per curiam si bien apoya su criterio, no es decisivo porque el recurso no fué desestimado, constituyendo la cir-cunstancia de haberse solicitado la prórroga dentro del tér-mino de cinco días que fija la sección 13 de la ley de desa-hucio y haberse entendido que por la orden de la corte con-cediendo la prórroga el dicho término de cinco quedó pro-rrogado a veinte, fué una circunstancia favorable más que llevó a la corte a la conclusión indicada.

Besumiendo, pues, diremos que el criterio de esta corte quedó expresado en las citadas decisiones de Curbello y Honoré y que ese criterio es también aplicable a las trans-cripciones taquigráficas preparadas de acuerdo con la Ley No. 27 de 1917, por tratarse de situaciones jurídicas ente-ramente iguales.

Con respecto a la elección de la parte interesada en este caso, no liay duda alguna. Consta de modo expreso de los autos.

A virtud de todo lo expuesto, debe declararse no haber lugar a eliminar de los autos la transcripción taquigráfica.


text:
    Ursula, Octavia, Amalia, Sofía, Antonia, Luis Antonio, Felipe Pieraldi y Cedeño, Rafael Cátala Rodríguez, Monserrate Capas, Alice Delgado, Benjamín Fermosa, y Juan M. Galletti, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, Recurrido.
    No. 658.
    Sometido: Noviembre 2, 1926.

      Resuelto: Febrero 3, 1927.
    Ejecución — Venta—Traspaso ai, Comprador — Registro e Inscripción — Defec-tos Subsanables — Bienes Hereditarios Adjudicados en Pago de- Deudas— Sujeción de Aquellos a Condiciones Impuestas a Herederos o Legatarios bor el Testador. — No gstando el derecho de un acreedor — a quien en proce-dimiento en cobro de deuda contra una administración judicial do una he-rencia se le adjudican bienes de dicha herencia en pago de su deuda — 'imi-tado por disposición alguna del testador impuesta a los herederos o legata-rios, la inscripción de la venta judicial de adjudicación en pago no está su-jeta a defecto subsanable alguno de no haberse acreditado el cumplimiento de una condición impuesta por el testador a dichos herederos o legatarios.
    Nota de Litis Capó Matres, R. (San Germán), denegando subsana-ción de defecto en escritura de venta judicial.

      Revocada orde-nándose la snbsanación solicitada.

      José Tous Soto, abogado del recurrente; El Registrador recurrido, no compareció.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Emilio Totti en un pleito que siguió contra Bertiia M. Pieraldi como heredera y administradora judicial de la herencia de Felipe Pieraldi, subastó y adquirió por adjudi-cación en pago de su reclamación, nn condominio de la mi-tad de cierta finca rústica denominada “Mogotes.”

El causante Pieraldi había fallecido bajo testamento de-jando en usufructo todos sus bienes a su bija adoptiva Berthá M. Pieraldi, a quien pasarían en pleno dominio en caso de que llegara a tener hijos.

Según se desprende del récord y del alegato de los re-currentes, al presentarse la escritura de venta judicial a favor de Totti, el registrador exigió la inscripción previa del condominio que fue objeto del remate, a nombre de los herederos de Pieraldi, inscribiendo entonces la venta judicial con el defecto subsanable de no haberse acreditado el cumplimiento de la condición, quedando limitado de este modo el derecho del comprador. De este defecto no se re-currió al hacerse dicha inscripción, pero más luego sé pre-sentó al registro dicha escritura de venta judicial con el fin de subsanar tal defecto, pero el registrador denegó lo soli-citado mediante la nota que dice:

“Denegada la subsanación del defecto consignado en la inscrip-ción 4* de la finca No. 599, al folio 132 del tomo 12 del ayunta-miento de Yauco, denominada hacienda ‘Mogotes’. ... en cuanto a lo que se refiere a la. condición resolutoria, porque al presente exis-ten los motivos en que aquel defecto descansa y está basado. Des-pués de la consignación de tal defecto, no ha habido ni se ha presen-tado a este Registro documento alguno que invaliden o hagan in-existente dicho defecto, que vive aún dentro de- la naturaleza y causa que lo motivó, pues su estado jurídico es el mismo desde su consig-nación. La venta judicial que se llevó a efecto de un condominio de. la finca en cuestión no ha borrado ni puede hacer desaparecer tal defecto, pues ella arrastró o llevó consigo el mismo, que tiene sú verbo u origen en el título en que se consignó tal condición re-solutoria. Las ventas, enajenaciones o cualquier otra operación que se haya hecho de dicha finca hasta el presente, en nada afectan el estado ni causa de dicho defecto. Si la condición resolutoria ha sido o no cumplida, es materia que incumbe probar a los interesados que tienen interés en que tal defecto se subsane, pero tal cosa no puede obtenerse mediante una solicitud suscrita como .la que se acompañó y también motiva la nota denegatoria, en que ni siquiera se hace parte de la misma a la interesada en dicha condición resolu-toria, la legataria Bertha María Pieraldi. parte interesada en la misma, . . . .”

Después de esta nota fué retirado el documento y se pre-sentó nuevamente una segunda solicitud con igual objeto, acompañada de una certificación de la sentencia dictada por la corte de Distrito de Ponce, nombrándose a Bertba N. Pie-raldi administradora judicial de la herencia de su causante Felipe Pieraldi. El registrador denegó por segunda vez la subsanación del defecto referido por los mismos fundamen-tos de sú nota precedente, y por haberse además consentido.

El procedimiento seguido por Totti contra la administra-ción judicial de la herencia de Felipe Pieraldi fué en cobro de deudas causadas por el último y la adjudicación del con-dominio en la finca “Mogotes” se hizo para el pago de las mismas. Totti, por consiguiente, era un acreedor de la he-rencia de Pieraldi y su derecho adjudicándole bienes de la misma para saldar su deuda, no podía estar limitado por la disposición testamentaria que el testador hiciera a favor de su hija adoptiva, a quien legaba todos sus bienes en usu-fructo y el pleno dominio una vez que tuviera prole. El principio es bien conocido. Primero es pagar que heredar. Preferente es el derecho de los acreedores al de los herede-ros. “Aun enfrente de legitimarios, el artículo 818 (equi-valente al 806 del Código Civil Revisado) preceptúa que antes de fijar la porción forzosa, se deduzca del caudal heredi-tario el importe de las deudas.” Manresa, tomo 7, pág. 759, 3ra. ed. Y en relación con los legatarios, en el mismo tomo, página 488, se dice además:

“Es ésta una consecuencia lógica y natural del principio de que nadie puede disponer gratuitamente de sus bienes cuando tiene denu-das que los absorben o perjudica con sus actos a un tercero. Los acreedores, si no se les paga, reciben daño; los legatarios sólo de-jan de obtener una ganancia; aquéllos realizaron en beneficio del causante alguna prestación que exige su equivalente; estos nada hicieron ni nada entregaron por su parte; su título es puramente lucrativo. De aquí que ante los intereses de los acreedores, el valor de los bienes repartidos en legados por el causante representa un ac-tivo de la sucesión, cuyo activo puede ser absorbido en su bene-ficio.”

El defecto de que se quejan los recurrentes, por otra parte, no existe legalmente y estos en todo tiempo han po-dido pedir que se subsane.

La nota del registrador de octubre 8, 1926, debe ser re-vocada y ordenarse la subsanación de lo solicitado.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto, DEL JUEZ ASOCIADO SE. WOLE.

text:
    Andrés Quintana Reyes, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.
    No. 633.
    Sometido: Abril 13, 1926.

      Resuelto: Febrero 3, 1927.
    3. Récords — Su Cancelación — Inscripciones en el Registro de la Propiedad— Derechos Inscritos o Anotados con Posterioridad a Una Anotación de Embargo — Denegatoria de Cancelación. — Ordenada- cancelación de un tras-paso hecho durante la anotación de un embargo, aún cuando la resolución judicial ordenando .tal cancelación se presente al registro surtiendo aún sus efectos un derecho anotado con posterioridad a dicho traspaso, no es motivo para denegar la cancelación ordenada.
    2. Récords — Su Cancelación — Inscripciones en el Registro De La Propiedad— Derechos Inscritos o Anotados con Posterioridad a Una Anotación de Embargo — Efecto de la Cancelación Ordenada. — Quedando un traspaso he-cho durante la anotación de un embargo sujeto a los efectos de dicha ano-tación y obtenida la cancelación de dicho traspaso en virtud del procedimiento que establece el-artículo 71 de la Ley Hipotecaria ello ipso ju/re lleva con-sigo la cancelación del derecho anotado o inscrito con posterioridad a dicho traspaso.
    Nota de Miguel Plcmellas, R., (Ponce), denegando cancelación de inscripción de traspaso hecho con posterioridad a una anotación de embargo.

      Revocada, ordenándose la cancelación.

      El Recurrente compareció por escrito; El Registrador compareció por escrito también.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción en cobro de dinero establecida por An-drés Quintana Beyes contra Buenaventura Fuster, se em-bargó, anotándose en el registro, la participación de un treinta por ciento que el demandado tenía sobre cierta finca rústica.

La corte dictó sentencia a favor del demandante, ella se ejecutó y en el acto de la subasta se adjudicó dicha partici-pación al acreedor.

Posterior al embargo el demandado vendió el condomi-nio embargado a Emilia Mollá, inscribiéndose este traspaso en el registro. Entonces el demandante, Paciendo uso del artículo 71 de la Ley Hipotecaria, acudió a la corte y ob-tuvo la cancelación de tal inscripción. Mas luego al presen-tarse el mandamiento de la corte al registro, el registrador denegó la cancelación, expresando en la nota lo siguiente:

“Denegada la cancelación de este documento por aparecer del Registro anotado por 120 días a favor de Don Lucas Marrero un derecho de arrendamiento desde el día primero del corriente año, al folio 156 vto. del tomo 10 de Yillalba, finca 32 duplicado, anota-ción D, y no resultar de este mandamiento de cancelación que haya sido notificado dicho arrendatario a los efectos del apartado 3 del art. 71 de la Ley Hipotecaria, tomándose anotación por 120 días de acuerdo con la ley, al folio 158 vto. del tomo 10 de Yillalba, finca número 32 duplicado, anotación letra E. Ponce, P. R., 4 de febrero de 1926.” ,,

En su alegato el registrador sostiene en síntesis el derecho primario de Marrero por haberse presentado la escritura de arrendamiento con anterioridad al mandamiento ordenando la cancelación de la inscripción de dominio a nombre de Emilia Mollá y porque sus funciones no le permiten cancelar una inscripción por manifestaciones de una sola parte en otro contrato que contradice el primero.

La autoridad de G-alindo y Escosura a que alude el re-gistrador no es para tenerse en cuenta porque el comenta-rio de esos tratadistas se refiere al artículo 71 de la Ley Hipotecaria española que empezó a regir en las Antillas en mayo 1, 1880, y que más-tarde fue modificado en la Ley Hi-potecaria que se promulgó para Puerto Rico en julio 14, 1893, y la cita que hace de Morell más bien le es adversa, porque precisamente trata de la modificación que se hizo" en la ley de Ultramar ampliando el artículo 71 y terminando de este modo la discusión en cuanto a la necesidad en que se encontraba un acreedor obligándosele a ir- al juicio ordi-.nario para concelar el traspaso que durante la anotación -del embargo hiciera el deudor a terceras personas.

Así, pues* aunque la resolución de la corte inferior orde-nando la cancelación se presentó al registro dentro de los 320 días que duraban los efectos de la anotación a favor de Marrero, ello no podía tener consecuencias legales en cuanto .a Quintana porque Marrero no tenía más derechos que los que se derivasen del título de Mollá, o sea, de su compra a “Fuster,” quedando sujeto dicho traspaso a los efectos de la primitiva anotación de embargo que se había hecho en el pleito seguido contra Fuster por el recurrente. De manera que habiendo obtenido el último la cancelación de aquel tras-paso, en virtud del procedimiento que establece el artículo 71 de la Ley Hipotecaria, ello ipso jure llevaba consigo la •cancelación de la anotación a favor de Marrero, quien por el registro tenía conocimiento implícito (constructive notice) •de los derechos de Quintana. Y el efecto de tal conoci-miento legal parece evidente porque sería injusto que una vez que Quintana obtuvo la cancelación del traspaso del do-' minio que hizo el deudor a Mollá, después de haber el pri-mero anotado su embargo, que se obligara al acreedor a empezar de nuevo cada vez que las terceras personas a quie-nes el deudor había hecho la enajenación, constituyeran a su vez un gravamen sobre el inmueble o hicieran un nuevo traspaso del mismo. Esto no tendría solución de continui-dad o crearía una situación indefinida, lo cual queda evi-tado mediante las disposiciones del artículo 71.

Por todo lo cuál, debe revocarse la nota del registrador y ordenarse la cancelación.

OPINIÓN ■ CONCURRENTE

DEL JUEZ ASOCIADO SE. WOLE.

Las razones adicionales que tengo para que se revoque ■la nota recurrida, son las siguientes:

Un arrendamiento que no cumple con las disposiciones de la Ley Hipotecaria no cae en absoluto dentro de las dis-posiciones de la misma. Si los otorgantes hacen un arren-damiento por menos de seis años, como en el presente caso, y no convienen en su inscripción, diclia escritura no tiene carácter inscribible. No es meramente vnn documento defec-tuoso. Suponiendo, por ejemplo, que el arrendador nunca intentó convenir en la inscripción, ¿puede la mera voluntad del arrendatario presentando una escritura no inscribible frustrar los derechos de otras personas? Una anotación preventiva de un arrendamiento que no cumple con la Ley Hipotecaria no puede dar a una parte ningún derecho in pais que de lo contrario no hubiese tenido. Si una parte desea un derecho inscribible independientemente de un de-recho in pais, tal derecho inscribible no puede surgir antes de hacerse inscribible la escritura. El efecto de una ano-tación preventiva en un caso como éste a lo sumo podría únicamente advertir a terceros del supuesto derecho del arrendatario. No siendo un arrendamiento inscribible, la anotación preventiva no era efectiva para impedir la cance-lación. Las disposiciones de la Ley Hipotecaria con res-pecto a qué arrendamientos pueden inscribirse son imperati-vas y terceros no son afectados in pais por la casualidad de aparecer una anotación preventiva en el registro.

Es cierto que los otorgantes en el arrendamiento poste-riormente presentaron una escritura, o la escritura, en que convenían en la inscripción. Sin embargo, dicho arrenda-miento solamente tenía carácter inscribible en cuanto a ter-cero desde el momento de su presentación en el registro. La anotación preventiva no podía servir park darle efecto con una fecha anterior a su presentación. Si antes la cues-tión era dudosa, la presentación material al registro debió haber disipado las dudas. Se trata, pues, de una escritura de arrendamiento inscribible presentada cierto día cuando con anterioridad a dicho día el registrador tenía en su po-der una orden de cancelación.

El registrador dice que se debió notificar a Marrero de la cancelación. El apelante alega con algún fundamento que él- no podía adivinar la existencia del arrendamiento. Y si algunos derechos surgieron a favor del arrendatario des-pués de tomarse anotación preventiva,, ya era demasiado tarde. Sin embargo, la anotación preventiva no tenía mayor efecto que si Marrero hubiese escrito a Quintana de-ciéndole que Emilia Mollá le había cedido la finca en arren-damiento por menos de seis años.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Natividad, María Inés, Anselmo Arceno, Vicenta, Carmen y Carlos Muñoz Gómez, demandantes y apelantes, v. Petrona Chandri y su esposo Gerardo Martí, demandados y apelados.
    No. 3851.
    Visto: Marzo 23, 1926.

      Resuelto: Febrero 3, 1927.
    1. Reivindicación — Alegaciones y Evidencia — De la Contestación — Alegación ' de la Venta Hecha por los Demandantes de la Finca — Identidad de las Fincas. — Aún enando en la contestación se omita alegar expresamente que la finca que los demandados sostienen que su causante compró a los demandantes es la misma que éstos tratan de reivindicar en el pleito, si del conjunto de las alegaciones se desprende que así es, ello es suficiente.
    2. Reivindicación — Alegaciones y Evidencia — Dei la Evidencia — Admisibilidad de la Misma — Títulos de las Partes Litigantes — Títulos Sujetos a Re-gistro y NO' Inscritos. — Cuando los demandados, oponen al de los deman-dantes un título de compraventa de la finca que tratan de reivindicar otorgado por éstos como vendedores, dichos demandantes no pueden objetar la admisión de dicho título en evidencia -porque no se haya tomado razón del mismo en el registro.
    3. Reivindicación — Alegaciones y Evidencia — De la Evidencia — Título de las Partes Litigantes — En General. — Opuesto al de los demandantes nn título de compraventa- de la finca objeto de la acción reivindicatoría, aquéllos no pueden objetar su admisión! alegando estar otorgado por personas distintas de las envueltas en el litigio cuando los vendedores en dicho título son los mismos demandantes en la acción y el demandado que opuso el título es persona que trae causa del comprador en el mismo.

      4.. Reivindicación — Juicio, Sentencia, Cumplimiento de la Sentencia y Revi-sión — Costas de la Acción — Temeridad.-—La temeridad de unos demandan-tes al reivindicar la finca que habían vendido con anterioridad es tal que exige la condena de eostas.
    Sentencia de Pablo Berga, J. (Hnmaeao), declarando sin lugar de-manda de reivindicación, con costas.

      Confirmada.

      C. B. Buitrago, abogado de las apelantes; V. F. Rodríguez Oriiz, abogado de las apeladas.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción establecida para reivindicar una finca rústica situada en San Lorenzo. Los demandantes, to-dos hermanos germanos, alegan que son dueños de la mitad de la finca a título de herencia materna y de seis octavas partes de la otra mitad a título de herencia paterna. Los demandados alegan que los propios demandantes vendieron a Felipe Chandri sus participaciones en cierta finca que des-criben; que el derecho de los demandantes quedó juzgado en determinado pleito iniciado por una hermana paterna y un nieto del padre de los mismos, en que éstos figuraron como partes demandadas por no haberse querido asociar a los demandantes, y que en todo caso el derecho de los de-mandantes había prescrito porque los demandados estaban en posesión de la finca desde hacía más de diez años por ha-berlos dejado encargados de ella su comprador Sr. Chandri que se ausentó para España.

Fué el pleito a juicio y la corte lo falló en contra de los demandantes imponiéndoles las costas. No conformes, in-terpusieron esta apelación alegando tres errores que estu-diaremos en la forma en que han sido señalados.

Primer error: “Estimar que la finca que se describe en la demanda y la que se describe en la contestación son una misma.”

Sostienen los apelantes que en la contestación no se alegó que la finca que se dijo que Chandri había adquirido de los demandantes fuera la misma que la reclamada por los demandantes, y que por lo tanto no tuvo base el juez sen-tenciador para concluir como concluyó, que se había pro-bado la identidad de ambas fincas.

La compra de una finca por Felipe Chandri a los deman-dantes se alegó en verdad en la contestación como la pri-mera defensa sin consignar de modo expreso que era la misma reclamada en este pleito por los demandantes. Pero si la defensa primera se enlaza con la tercera, o sea la de prescripción, se verá qne la identidad se alega.

En cnanto al resaltado de la prueba sobre tal extremo, es tan evidente qne los apelantes no se detienen a exami-narlo en su alegato. La identidad snrge no sólo de la prneba documental y testifical si qne de las mismas descripciones de la finca contenidas en la demanda y en la contestación. Sólo se nota nna diferencia en la cabida qne la prneba tes-tifical explica satisfactoriamente.

Segundo error: “Admitir en evidencia copia de la escritura número 3 de 11 de enero de 1906 otorgada ante el notario don Abelardo Cajas Machado.”

La objeción a la admisión del documento se formuló así:

“Por no estar identificada la finca y estar otorgada entre partes distintas a las qne están envueltas en este pleito, así como por no estar inscritas en el registro de la pro-piedad. ’ ’

Ya liemos dicho qne la identidad quedó demostrada. También demostró la prueba que no se trataba de partes distintas. Los vendedores en la escritura son exactamente los mismos demandantes en este pleito, y el comprador es Felipe Chandri. La circunstancia de que en la contestación alegaron los demandados que estaban en posesión por ha-berlos dejado encargados de la finca su dueño Felipe Chan-dri al ausentarse para España y que en el acto del juicio la demandada Petrona Chandri declarara que estaba en pose-sión como dueña por haber heredado la, finca de su padre Felipe Chandri sin haberse probado que Felipe Chandri muriera y qué Petrona fuerá su hija y única heredera, no sostiene la contención de que se trata de partes diferentes. Bien como heredera, ya como encargada, Petrona Chandri traía causa de Felipe Chandri y el título de Felipe Chandri fué el opuesto por los demandados al de los demandantes.

Es cierto que los demandantes probaron que tenían ins-crito su derecho en el registro, posesorio primero, dominical después, y que la escritura de venta de que se trata no estaba registrada, y lo es también que el artículo 389 de la Ley Hipotecaria dispone:

“Desde que empiece a regir esta ley no se admitirá en los Jua-gados y Tribunales ordinarios y especiales, en los Consejos y en las oficinas del Gobierno, ningún documento o escritura de que no se haya tomado razón en el Registro por el cual se constituyeren, tras-mitieren, reconocieren, modificaren o extinguieren derechos sujetos a inscripción, según la misma ley, si el objeto de la presentación fuese hacer efectivo en perjuicio de tercero el derecho que debió ser ins-crito.”

Pero tal prescripción legal se aplica únicamente cuando “el objeto de la presentación fuere bacer efectivo en per-juicio de tercero el derecho que debió ser' inscrito” y aquí no se trata de terceros. Fueron los mismos demandantes los que otorgaron el documento.

Además de las objeciones formuladas en el momento de la admisión se alega abora por primera vez en el Supremo que la escritura es nula porque las firmas de algunos de los otorgantes que no sabían hacerlo no se hicieron constar de acuerdo con la ley.

Aceptando a los fines de la discusión que la escritura fuera nula como documento público y que no pudiera admi-tirse como tal por sí sola en el registro siempre hubiera sido admisible en evidencia ante la corte como documento privado.

Tercer error: “Estimar temeraria la conducta de los demandantes hasta el extremo de condenarlos al pago de costas.”

Tampoco existe. Si como declaró probado la corte sen-tenciadora los demandantes habían vendido la misma finca que reclamaron como suya en el pleito, no puede darse un caso más claro de temeridad que exija la condena de costas.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.