author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    Central Pasto Viejo, Inc., demandante y apelada, v. Arturo Aponte Jr., y Rosalía R. Fuentes de Aponte, demandadados y apelantes.
    No. 3560.

    Visto: Mayo 10, 1925.

      Resuelto: Julio 28, 1925.
    1. Apelación y Error — Presentación y Reserva en la Corte Inferior de los Fundamentos de Revisión — Objeciones y Mociones, y Resoluciones Sobre las Mismas — Objeciones a las Negativas (Denials) Contenidas en la Contestación. — La objeción do que la negativa contenida en la contestación a determinada alegación de la demanda no es específica es tardía cuando se levanta por vez primera en apelación.
    2. Evidencia — Presunción—Continuación de I-Iecbos Existentes — Posesión de la Finca Arrendada por el Arrendador. — Los arrendatarios que compran una finca arrendada y subsiguientemente la venden obteniendo un nuevo arren-damiento del comprador generalmente no estipulan que continuarán en la posesión de la finca a menosi que se encontraran en el momento en posesión real de la misma, y la posesión así establecida se presume continúa, al menos durante la vigencia del nuevo arrendamiento, hasta qne se demuestre lo contrario.
    SENTENCIA de Pablo Berga, J. (Ilumacao), declarando con lugar la demanda en cuanto al demandado Arturo Aponte, con costas.

      Confirmada.

      Arturo Aponte, Jr., abogado de los apelantes; F. González Fagundo y Henry G. Molina, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso después de expresar hechos para determinar el estado legal de las partes, y el derecho de propiedad de la demandante de cierta propiedad inmue-ble que se describe, continúa en estos términos:

“3. Que la demandante’ adquirió dicha finca por compra a los aquí demandados mediante escritura pública No. 83, otorgada en Humacao, ante el notario don Carlos Traveeier, el día 24 de julio de 1920, en la que se acordó y estipuló lo siguiente, a saber:
“Segundo,: Las partes hacen constar que antes de adquirir los esposos Aponte la finca que ahora venden a la Central Pasto Viejo Incorporada, ellos la tenían en arrendamiento por un término que habría de vencer en treinta de septiembre de 1922, pagando como canon del arrendamiento quinientos dollars al año, pagaderos por anualidades vencidas a contar desde el primero de julio corriente, en cuyo día se entenderá que comenzó el arrendamiento.”
”4. Que en virtud de dicho convenio de arrendamiento los de-mandados quedaron obligados a satisfacer el canon de arrendamiento estipulado por el año que venció en 30 de junio de 1922, o sean $500.00, así como por el trimestre desde el 1ro. de julio hasta el 30 de septiembre de 1922, ascendente a $125.00 por haber ocupado la finca arrendada durante todo dicho término.
”5. Que los demandados no han pagado a la demandante, ni en todo ni en parte dicha suma de $625.00.”

Una excepción previa por falta de hechos suficientes para constituir una cansa de acción fné declarada sin lugar y los demandados en una contestación enmendada alegan:

“1. Que aceptan los hechos contenidos en los párrafos primero, segundo y tercero de la demanda.
“2. Que niegan el párrafo cuarto de dicha demanda..”

En el juicio el demandante probó que no se verificó el pago y dió por terminada su prueba.

Los demandados preguntaban si cierto hecho que no es material a ninguna cuestión envuelta en esta apelación, se admitiría y al darse una contestación afirmativa del abogado de la demandante el caso fue sometido.

El apelante dice ahora que:

“l5 El tribunal inferior erró al desestimar la excepción previa.
“2? La sentencia apelada es contraria a derecho y a la prueba.”

El caso de Central Vannina v. López, 259 Fed. 198, citado por el apelante en apoyo de su primer señalamiento de error no establece en términos expresos por lo menos la proposi-ción de que un requerimiento anterior es un requisito previo indispensable a la radicación de una demanda en cobro de plazos de alquileres no pagados y a falta de un razonamiento o más citas de autoridades no estamos preparados abora para extender la doctrina del caso de Vanilina a fin de que comprenda la contención del apelante en este caso.

El segundo señalamiento es en parte quizás algo más serio.

Nos inclinamos a convenir con el apelante en que, en tanto se trata de la 4? alegación de la demanda, una obje-ción de que la negativa contenida en la contestación no es específica se hace demasiado tarde al figurar por primera vez en apelación. Pero de ello no se infiere que la sentencia debe ser revocada.

La veracidad de los becbos expresados en el tercer párrafo de la demanda se admite expresamente en la contestación. Aun la negativa específica de una mera conclusión legal no neutraliza la fiierza y efecto de esa conclusión si es correcta. Los arrendatarios .que compran la finca arrendada y subsiguientemente la venden, obteniendo un nuevo arrendamiento de su comprador no estipulan generalmente con el nuevo dueño que ellos “continuarán en posesión” de la finca así vendida y sub-arrendada a menos que tales vendedores y arrendatarios se encontraran' en el momento en posesión real de la propiedad. Y la posesión así establecida se presume que continúa por lo menos durante la vigencia del nuevo arrendamiento, a menos y basta que lo contrario se demuestre. Artículo 102 de la Ley de Evidencia, Estatutos Compilados, sección 1470; Fulladosa v. Castro, 27 D.P.R. 702.

No existe nada en el alegato del apelante que refute la aparentemente plausible sugestión de la apelada de que bajo el contrato referido en la 3* alegación de la demanda, los arrendatarios estarían obligados por el canon de arrenda-miento estipulado ya continuaran en posesión o abandona-ran la finca arrendada.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Sucn. de Arturo Díaz Varcárcel, compuesta de los hijos de su primer matrimonio nombrados María-Luisa, Manuela, Arturo y Enrique Díaz Curbelo; y de la viuda de su segundo matrimonio, Doña Amparo Gilestra y de los hijos habidos en el mismo nombrados Alberto-Arturo, y Angel-Luis Díaz Gilestra, demandante y apelante, v. Sucn. de Acisclo Díaz Varcárcel, compuesta de su viuda Doña Providencia Janer, sus hermanos legítimos Gumersindo y Josefa Díaz Varcárcel y su sobrino Guillermo Escudero; y contra Octavio García Salgado, demandados y apelados.
    No. 3513.

    Visto: Marzo 13, 1925.

      Resuelto: Julio 28, 1925.
    Apelación y Error — Revisión—Confirmación be la Sentencia Apelada — Ex-posición del Caso Defectuosa. — Cuando 'la exposición del caso presentada por el apelante al Supremo no contiene, para ser considerados por éste, todos los elementos probatorios que el juez inferior apreció para dictar su sen-tencia, procede confirmar la misma.. ('Bao parte Brae y MI Piteblo, 28: 367. confirmado.)
    SENTENCIA de M. Rodríguez Serva, J. (Segundo Distrito, San Juan), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      R. Martínez Alvarez y J. P. Miranda abogados de la apelante; Manuel Benitez Flores, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes establecieron esta acción para que se declarase rescindida una escritura de venta de dos fincas por haber sido otorgada en fraude de los demandantes acreedo-res del vendedor y habiéndose dictado sentencia declarando sin lugar la demanda establecieron esta apelación en la que nos han presentado una exposición del caso aprobada por la corte inferior.

La parte apelada nos llama la atención en su alegato a que la exposición del caso que ha de servirnos para resolver la apelación no contiene toda la prueba que se presentó en el juicio y que por esto no estamos en condiciones de revo-ca.r la sentencia de la corte inferior como pretenden los ape-lantes.

Hemos examinado detenidamente la exposición del caso y encontramos qne efectivamente falta la prueba documental que las partes presentaron en el juicio y que sirvió de fun-damento al juez de la corte inferior para dictar la senten-cia apelada, pues la corte se refiere en la opinión, que fun-damenta su fallo a una certificación del registro de la pro-piedad, a cierta cláusula de un testamento y a unas diligen-cias sobre administración judicial cuyos documentos no co-nocemos y que no constan en la exposición del caso, aunque de ella resulta que fueron presentados como prueba. Tam-bién los apelantes dicen en su alegato que presentaron como prueba suya partidas de defunción, de nacimiento, de matri-monio, un testamento, cuatro pagarés y la escritura de venta que trata de rescindirse, sin que tales documentos liayan sido transcritos en la exposición del caso ni aun siquiera un resumen de lo pertinente de ellos, sobre todo en cuanto a la escritura y al testamento. En iguales condiciones se hallan los demás documentos presentados por los demanda-dos.

En vista de lo expuesto y recordando que en el caso de Ex parte Brac y El Pueblo, 28 D.P.R. 367, dijimos que no podemos ir contra la apreciación que de la prueba haya he-cho la corte inferior cuando en la transcripción del récord acompañada a la misma no se elevan, debidamente certifica-dos, los documentos de prueba aportados al juicio, debemos confirmar la sentencia apelada.


text:
    Ramona Guerrero Guerra, demandante y apelada, v. Sucn. de José Ignacio Vilá y Rodríguez, compuesta de Narciso, Pablo, Vicenta, Dámaso, Juan, Martín, Ramona Vilá y Martínez; de Miguel, Dámaso, Fernando, José y Ana Vilá y Guerrero; de sus nietos Monserrate, Herminia, Carmelo, Pura, Francisco y Reymundo Vilá y Polanco; y también contra Pedro Vicenty y Simidey, demandados y apelantes.
    No. 3483.

    Visto: Marzo 10, 1925.

      Resuelto: Julio 28, 1925.
    1. Testamentos — Requisitos y Validez — Error, Influencia Indebida, y Fraude ■ — Manifestaciones del Testador Respecto al Carácter de los Bienes.— El heclio de que un testador manifieste en su testamento que los bienes que tiene son de su propiedad privativa, aun cuando no lo sean, no es motivo para declarar inválido dicho testamento.
    2. Testamentos — Requisitos y Validez — Error, Influencia Indebida, y Fraude • — Omisión del Nombre de un Cónyuge. — La omisión del nombre de la esposa en un testamento hecho por el marido, no invalida dicho testamento.
    3. Marido y Mujer — Bienes Privativos del Marido — Bienes Adquiridos por Permuta. — La readquisición de bienes por un cónyuge durante el matrimonio en permuta con otros bienes privativos de dicho cónyuge tienen el concepto de bienes privativos del mismo.
    4. Marido y Mujer — Bienes de la Sociedad Conyugal — Bienes Adquiridos Du-rante el .Matrimonio — Presunción de Ganancial Destruída. — El carácter ganancial aparente de una fincar — adquirida durante el matrimonio — desapa-rece cuando se prueba que pertenece privativamente a un cónyuge por haberla adquirido en permuta con otros bienes suyos.
    SentenCia de Angel Acosta, J. (Mayagüez), declarando con lugar la demanda con costas.

      Revocada, declarándose sin lugar la de-manda.

      Alfredo Arnaldo, abogado de los apelantes; Pascasio Fajardo Mar-tínez, abogado- de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Mayagüez dictó sentencia en este pleito declarando nulo el testamento otorgado por don José Ignacio Vila Rodríguez ante notario público el 21 de marzo de 1923 y anulando y dejando sin efecto legal todo lo ac-tuado en el expediente sobre testamentaría de dicho señor, con imposición de las costas a los demandados.

Contra esa sentencia interpusieron los demandados el presente recurso de apelación en el que alegan varios moti-vos para que la revoquemos, siendo uno de ellos que la corte inferior cometió error al desestimar la excepción previa que adujeron contra la demanda por no aducir hechos determi-nantes de causa de acción, motivo que pasamos a considerar.

La demandante es la viuda de don José Ignacio Fila Rodríguez y estableció el pleito contra sus hijos habidos en su matrimonio con don José Ignacio Vila Rodríguez y contra los hijos del anterior matrimonio de su esposo alegando como primera causa de acción que estando casada con Vila compraron una finca de 96 cuerdas 54 céntimos cuya descrip-ción hace, con dinero de la sociedad conyugal, y también al-gunos muebles y semovientes, y que su esposo falsa y mali-ciosamente, con el fin de perjudicarla, consignó en su testa-mento otorgado poco tiempo antes de morir que las propie-dades dichas eran de su exclusiva pertenencia y dispuso de ellas en favor de sus herederos, que son los hijos de sus dos matrimonios, en perjuicio de los derechos de la demandante como condueña, y que no reconoció en su testamento el de-recho usufructuario que como heredera concede la ley al cónyuge supérstite. ' En una segunda causa de acción alego además que el albacea nombrado en el testamento comenzó un procedimiento de testamentaría en el que solicitó y ob-tuvo de la corte que le expidieran cartas testamentarias y que priva a la demandante del derecho que como condueña tiene en los mencionados bienes. Y como tercera causa de acción alegó además de los anteriores hechos que el albacea y los herederos están recolectando los frutos de la finca.

Por esas alegaciones pidió a la corte que declarase nulo» él expresado testamento así como lo actuado en el expediente de testamentaría y que nombrase un síndico que se incau-tase de los bienes mientras se tramitaba el pleito. Tales son en resumen las alegaciones de la demanda.

Aunque son tres las causas de acción alegadas por la de-mandante, en realidad son dos solamente porque la tercera se refiere a una medida provisional que se solicitó para tener efecto mientras el pleito se tramitaba, habiendo sido nom-brado un síndico, por lo que consideraremos la excepción; en cuanto a las dos primeras causas de acción, o sea, si por haber manifestado don José Ignacio Vila Rodríguez en sa testamento que la finca de 96 cuerdas 54 céntimos es priva-tiva suya, cuando según la demandante es ganancial, y por no haber nombrado a su viuda como heredera en la cuota usufructuaria que le confiere la ley, dicho testamento es in-válido y nulas las diligencias judiciales promovidas por el albacea nombrado en dicho testamento, que la demandante dice ser nulo.

El testamento es. el acto por el que una persona dis-pone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte, según dice el artículo 675 del Código Civil, por lo que lo esencial en todo testamento es que contenga una disposición de los bienes para después de la muerte y si la contiene, como sucede en este caso, no puede dejar de ser testamento ni es inválido, porque contenga manifestaciones respecto al carácter de los bienes, por lo que el hecho de haber manifestado el testador que los bienes que tiene son de su propiedad privada, aunque no sea cierto, no quita el testamento su carácter de tal porque esa manifestación no es esencial en el testamento y por consiguiente aun siendo cierto que dicha finca pertenece a la sociedad de gananciales esto no es motivo para declarar inválido el testamento y por tanto la demandante no tiene causa de acción por ese hecho.

Tampoco tiene causa de acción porque el testador omitiere el nombre de la esposa en su testamento siendo heredera en la cuota usufructuaria que le confiere la ley porque el Código Civil declara en su artículo 802, párrafo segundo, que la preterición del viudo o viuda en un testamento no anula la institución de herederos pero el preterido conservará los derechos que le concede el código.

Si, pues, el testamento no es inválido por ninguno de los motivos aducidos, tampoco existe la segunda causa de acción por haber actuado el albacea en virtud de ún nombramiento hecho en testamento que la demandante dijo ser nulo pero que es válido.

Aquí podríamos terminar esta opinión y declarar sin lugar la demanda y también el nombramiento de síndico lieclio en el pleito como consecuencia de la demanda, pero como por la resolución errónea de la corte inferior las par-tes fueron a juicio y presentaron la prueba y como por ha-ber estimado la corte inferior que la finca en cuestión es bien ganancial pudiera la viuda suscitar otro pleito sobre ese extremo, creemos conveniente considerar también esa cuestión que se trata en los otros motivos del recurso.

Resulta de la prueba que don José Ignacio Yila aportó a su segundo matrimonio 11 pedazos de tierra que le fueron adjudicados en la testamentaría de su primera esposa por lo que son privativos suyos, y que siendo viudo compró dos fincas, una de 83 cuerdas 54 céntimos y otra de 13 cuerdas: que después de su segundo matrimonio otorgó escritura pú-blica el 25 de marzo de 1912 en la que intervino su segunda esposa y en la que haciendo constar las fechas y las escritu-ras públicas de adquisición de estas dos fincas y que enton-ces era viudo, las agrupó formando una sola finca de 96 cuerdas 54 céntimos, que es la misma que motiva este pleito, y por el mismo documento la vendió a Juan Yicenty Ramos con el .consentimiento innecesario de la esposa por ser las dos fincas agrupadas bienes privativos del marido por ha-berlas comprado antes de su segundo matrimonio. Un año después, el 12 de abril de 1913, compró Yila la misma finca a Ramos y el mismo día y ante el mismo notario, don José Ignacio Vila vendió a Pablo Deogracias Yila Martínez los otros pedazos de tierra que le fueron adjudicados en la tes-tamentaría de su primera consorte. Y resulta también que Juan Yicenty Ramos, único testigo presentado en el juicio, declaró que era compadre de José Ignacio Yila y le llevaba todos sus negocios: que el 25 de marzo de 1912 José Ignacio Yila convino con su hijo Pablo Yila Martínez en venderle la finca de 96 cuerdas 54 céntimos cuya escritura se puso a nombre del declarante porque así lo quiso Pablo Vila por-que Ramos había entregado $1,000 y para que después le pasara el título: que al otorgarse esa escritura don José Ignacio Vila dijo que no la entregaría hasta que recogiera la cosecha y que nunca la entregó porque siendo un hombre de dinero y viejo no quería meterse en la otra finca y enton-ces el testigo convenció a Pablo Vila Martínez de que cogiera la otra finca porque era más barata y porque su anciano padre se quedaría en la finca de 96 cuerdas 54 céntimos que es-taba más cerca del camino, y habiendo aceptado Pablo Vila esa proposición se otorgaron el 12 de abril de 1913 dos escri-turas, una por la cual el testigo devolvió por medio de venta la finca que aparecía comprando el año anterior y otra por la que Pablo Vila compró a José Ignacio Vila la otra finca.

La prueba documental y la testifical nos convence de que José Ignacio Vila vendió la finca de 96 cuerdas 54 céntimos a su hijo Pablo Vila Martínez aunque el título fué puesto a nombre de Juan Vicente Ramos y que la adquisición que de ella hizo Vila después, siendo casado, fué en permuta con otros bienes propios suyos que le correspondieron en la tes-tamentaría de su primera esposa, por lo que esa adquisición hecha durante el matrimonio, aunque aparece ser compra fué en realidad una readquisición en permuta con otros bie-nes suyos por lo que tiene el concepto de bien privativo se-gún el art. 1314, párrafo 3-, del Código Civil por haber sido adquirida en permuta con otros bienes propios del marido, pues si bien por aparecer del título que fué comprada du-rante el matrimonio ha de reputarse como bien ganancial mientras no se pruebe que pertenece privativamente a uno de los cónyuges, como dice el art. 1322 del Código Civil, sin embargo, el carácter de ganancial aparente de esa finca des-aparece por haberse probado que pertenece privativamente al marido por haberla adquirido en permuta con otros bie-nes suyos.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando sin lugar la demanda dejando sin efecto la orden de 23 de enero de 1924 nombrando un síndico.


author: El J ujsz Asociado Señor Aldrey,

text:
    Societé Anonyme des Sucreries de Saint Jean, representada por su Director René Stordeur, tercerista y apelada, v. Rafael Dávila Carrión y Jaime Cucurella Rodeja y su esposa Luisa Dávila Carrión, demandados y apelante el primero.
    No. 3508.

    Visto: Junio 16, 1925.

      Resuelto: Julio 28, 1925.
    .3. Embakso — Diligenciamiento (Beiwrn)- — Certificado—Derecho a Controver-tirlo. — El certificado de diligenciamiento de una orden decretando un embargo puede ser controvertido con prueba demostrativa de que no se hizo embargo alguno en determinada íeeha.
    2. Embargo — Práctica de Embargo, Gravamen (Lien), Custodia y Disposición de los Bienes — Práctica de Embargo de Bienes Muebles — Suficiencia.— Cuando al practicar un embargo de bienes muebles un márshal no se incauta de ellos de modo que pueda llevárselos o entregarlos en depósito a otra persona ni nombre depositario alguno, su actuación no constituye un embargo.
    3. Apelación y Error — Resolución y Disposición del Caso — Modificación-Pronunciamiento Sobre Costas. — No procede modificar una sentencia en el sentido de imponer las eostas al apelante si la parte apelada no ha apelado - de esa parte de la sentencia.
    SeNteNoia de Pablo Berya, J. (Humacao), declarando con lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      González Fagundo (& González, Jr., abogados del -apelante; Henry G. Molina, abogado de la apelada.
   El J ujsz Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito seguido por Ricardo Dávila Carrión contra Jaime Cucurella y su esposa Luisa Dávila Carrión en cobro de pesos fué decretado el aseguramiento de la sentencia, cuya orden aparece fué diligenciada el 5 de julio de 1921 en la siguiente manera: ‘ ‘ Certifico que recibí la presente or-den de embargo el día 5 de julio de 1921 a las 2 de la tarde, cumplimentada el mismo día recibida a las 3 a. m. y según moción del demandante Ricardo Dávila embargué como bie-nes del demandado Jaime Cucurella Rodeja y su esposa Luisa Dávila Carrión, los siguientes: 66 sacos de azúcar depositados en la Central Santa Juana, de Caguas, y según manifestaciones de don Prudencio Wittermans que el deman-dado debe como refacción a la referida central $897.83 sin Intereses: y también debe $165 sin intereses; los retoños qne .hay en dicha finca: 12 cuerdas más o menos de plantilla de «cañas dulces: y una plantación de cañas de tocón, como de 44 cuerdas más o menos, cultivada esta plantación, como la anterior en una finca rústica propiedad de doña Emilia Casanova, y radicada en el barrio de Bairoa del término municipal de Caguas, P. R. Caguas, 5 de julio de 1921. Rafael Mas, Márshal. Por Alejandro Lizardi, Segundo Sub-marshal del distrito de Humacao, P. R.”

Eí 10 de octubre del mismo año el márshal del distrito se incautó en la Central Santa Juana de 66 sacos de azúcar lo que hizo con la protesta del representante de la central y a los pocos días la Societé Anonyme des Sucreries de Saint Jean, que continuaremos llamando Central Santa Juana, pre-sentó un escrito al márshal manifestándole que los 66 sacos die azúcar embargados el 10 de octubre de 1921 son de su propiedad, e iniciando así su tercería contra las partes en -el «tro pleito alegando en su demanda como fundamento de ella qne la tercerista había comprado esos sacos de azúcar el 30 de julio del mismo año a Jaime Cucurella.

Celebrado el juicio recayó sentencia a favor de la terce-rista, sin especial condena de costas, y en la apelación que contra ella estableció Ricardo Dávila Carrión alega como motivo de su recurso que la corte inferior cometió los si-guientes errores: P, permitir que la demandante presentara prueba testifical para demostrar la forma en que se practicó -el embargo; 2o, declarar que el embargo se hizo el 10 de oc-tubre de 1921 y no el 5 de julio de ese año; y 39, declarar que el azúcar embargado era de la propiedad de la deman-dante y que en 10 de octubre de 1921 Cucurella y Dávila no tenían azúcar ninguna en la central.

Los tres motivos de error demuestran por sí mismos que la cuestión principal entre las partes es si el embargo fué hecho el 5 de julio o el 10 de octubre de 1921, siendo esto así porque la central alega que compró el 30 de julio de ese año los azúcares de Cucurella y por tanto si no hubo embargo el 5 de julio tales azúcares eran propiedad del terce-rista desde el 30 de ese mes y la sentencia apelada debe ser sostenida.

El certificado hecho el 5 de julio por un submárshal del diligenciamiento de la orden decretando el embarga de bienes de Jaime Cucurella es prueba prima facie solamente de la verdad de lo consignado en él por lo que podrá ser controvertida con otras pruebas demostrativas de que no se hizo embargo alguno y por tanto no es sostenible el primer error alegado.

La manifestación hecha por el submárshal que cumplió la orden de aseguramiento de sentencia de que embargó 66 sacos de azúcar de Jaime Cucurella depositados en la Central Santa Juana no demuestra por sí misma que depositara esos sacos de azúcar en poder de la central sino más bien que embargó azúcar que estaba depositada allí y sin incau-tarse de ella por lo que no puede sostenerse que el 5 de ju-lio se hizo el embargo de esos bienes ya que el funcionarla que lo practicó no retuvo la inmediata posesión de los bie-nes que embargó ni los depositó en otra persona. Oronoz v. Alvarez, 23 D.P.R. 536. Pero la duda que esas palabras pudieran suscitar desaparecen con la declaración que prestó el submárshal de no haber estado en el almacén donde se guardaba el azúcar ni haber nombrado depositario a persona alguna porque el demandante no le indicó la persona que debía ser designada depositarla, aunque también dijo haber nombrado depositario al Sr. Wittermans, director de la central, depósito que éste niega haber sido hecho en su poder,, por lo que no habiéndose incautado el submárshal de deter-minados sacos de azúcar como de la propiedad de Cucurella de tal modo que pudiera llevárselos o entregarlos en depó-sito a otra persona y no habiendo nombrado depositario alguno, llegamos a la conclusión de que lo actuado el 5 de julio por el submárshal no constituye un embargo que pu-siera determinados bienes en su poder y que él los deposi-tara en la central. En consecuencia el verdadero embargo no tuvo lugar hasta el 10 de octubre en qne el márshal se-incantó efectivamente de 66 sacos de azúcar de los qne ha-bía en la central y qne no eran del demandado Cncnrella porque desde el 30 de julio habían sido comprados por la central como abono a una cuenta de refacción qne tenía con la sociedad de Ricardo Dávila Carrión y Jaime Cncnrella, qne en los libros de la central aparecía a nombre de Jaime Cncnrella por ser éste quien se entendía con la central.

En cnanto a la pretensión de la parte apelada de qne modifiquemos la sentencia en el sentido de imponer las costas al demandado Dávila, nos bastará decir qne ella no apeló la sentencia en esa parte qne cree perjudicarle.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    Onofre Menéndez Torres, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 610.

    Sometido: Marzo 2, 1925.

      Resuelto: Julio 30, 1925.
    1. Recursos Gubernativos — Notas del Registrador — Alcance y Extensión de las Mismas — Nota Posterior. — Inscrito un documento haciéndose constar ciertos defectos subsanables y denegada posteriormente la subsanaeión de éstos, el Registrador viene obligado por el alcance y extensión de su nota original y no puede exigir, en la nota posterior, nada más en demostración que lo exigido al inscribirse el documento original.
    2. Ejecución — Venta—Traspaso al Comprador — Inscripción de la Escritura de Venta Otorgada bob. el MArshal — Jurisdicción de la Corte para Dic-tar Sentencia. — A los fines de admitir o denegar nna escritura del márshal de una corte municipal, la cuestión de si la corte tenía o nó jurisdicción para dictar sentencia ha de ser resuelta por el registrador en vista de los hechos certificados o establecidos, prescindiendo de la opinión que sostenga o conclusión a que llegue el secretario de tal corte, sin que se revele la prueba en la cual tal opinión o conclusión se funde.
    Nota de Pérez Mercado, R. (Guayama), denegando subsanaeión de defectos subsanables que se hicieron constar al inscribir escritura de venta judicial.

      Confirmada.

      C. Domínguez Rubio, abogado del recurrente; el registrador compa-reció por escrito.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El Registrador de la Propiedad de Guayama inscribió una escritura otorgada por el marshal de la Corte Municipal de Cayey traspasando una finca embargada después de registrada una sentencia en dicha corte y vendida en eje-cución,—

“haciéndose constar el defecto subsanable de no acreditarse en la escritura si los demandados doña Rosa Colón Pacheco y don Be-nigno y don Enrique Domínguez fueron citados y emplazados en esa demanda ni en qué forma se verificó dicha citación a los efectos de los arts. 89, 92, 93, 94, 95 y 96 del Código de Enjuiciamiento Civil, no constando por tanto si dichos demandados se sometieron a la ju-risdicción de la Corte Municipal de Cayey según los arts. 75 y 76 del citado texto legal.”

Este principio fué ratificado en el caso de Vázquez v. El Registrador, 19 D.P.R. 1133.

Onofre Menéndez Torres, actual dueño de la finca, pre-tende ahora subsanar los defectos en cuestión presentando una certificación expedida por el secretario de la corte municipal en la cual (refiriéndose a los autos del pleito que terminó con la venta en ejecución arriba expresada), dice lo siguiente:

“(a) Que aparecen del mismo, citados, notificados y emplazados • de la demanda, los demandados arriba nombrados, o sean doña Rosa Colón y sus hijos Benigno y Enrique Domínguez.
“(i) La demandada doña Rosa Colón fué emplazada personal-mente en Cayey, por medio de un emplazamiento que se libró y aparece diligenciado y los otros dos demandados lo fueron por me-dio de edicto que se publicó en el periódico El Boletín Mercantil que se indicó por la parte demandante, en atención a haberse ale-gado en solicitud jurada que se encontraban ausentes de la Isla, se-ignoraba su paradero a la fecha de la demanda.”

La nota del registrador en tanto es pertinente a cual-quier cuestión levantada en este recurso, es como sigue:

“Denegada la subsanaeión que se solicita, por no acreditar sa-tisfactoriamente, la certificación que se acompaña, que la Corte Municipal de Cayey, adquiriera jurisdicción sobre los demandados Rosa Colón, Benigno y Enrique Domínguez, toda vez que no aparece de la misma la fecba en que fué notificada la primera, ni las fechas en que fueron publicados los edictos para notificar a los últimos, ni se acompaña la sentencia de la corte a los efectos de determinar si dicha jurisdicción se adquirió por el transcurso del tiempo o por so-metimiento de dichos demandados y en cuanto a los dos últimos de-mandados, además, por no acreditarse eñ forma alguna, ni aparecer del Registro, que se trabara embargo sobre sus bienes con anteriori-dad a la citación por edictos, a los efectos de convertir la acción personal de cobro de pesos, que fué la ejercitada en el caso, en ac-ción real (in rem), toda vez que según el mismo Registro y en la inscripción que precede a aquella en que se consignó el defecto que se pretende subsanar, aparece que dichos demandados eran vecinos de New York, y según aparece de la misma certificación mencionada, la notificación por edictos fué motivada por una alegación jurada de que los mismos se encontraban ausentes de la Isla ignorándose su paradero, o en su defecto, acreditar con la sentencia dictada o algún otro documento de récord que dichos demandados se sometie-ron de alguna otra manera a la jurisdicción del tribunal.”

Que la certificación es tan vulnerable en su forma como carente de los detalles señalados por el registrador, es por sí evidente; pero limitaremos nuestra discusión a las cues-tiones referidas en la nota excepto en tanto pueda ser nece-sario para la resolución de las cuestiones levantadas por el recurrente.

Convenimos enteramente con el recurrente en que el registrador está obligado por el alcance y extensión de la nota original y que no puede exigir abora nada más en demostración que lo exigido al inscribirse la escritura del mársbal.'

Pero no podemos adoptar la rigurosa interpretación que se da a esa nota por la parte recurrente ni convenir con el criterio de que el becbo de la citación o emplazamiento se ba establecido, y la forma o manera en la cual la misma se efectuó lo revela la escueta manifestación de la conclusión a que llegó el secretario, basada en su examen o recuerdo de los autos, al efecto de que los demandados fueron empla-zados o citados, uno personalmente de acuerdo con ún lla-mado diligenciamiento y otros por edictos.

El único objeto posible de cualquier demostración en este sentido era probar al registrador que la corte municipal te-nía jurisdicción sobre las personas de los demandados y cual-quier cosa que no sea un motivo adecuado que pudiera ser-vir de base a tal conclusión no equivale a. una prueba de la citación o emplazamiento y de la forma o manera en la cual se cumplió con tal diligenciamiento.

Que esta corte así entendió el carácter y efecto general de la nota anterior aparece razonablemente claro de la opi-nión emitida al tratarse de la anterior apelación. Aunque la verdadera cuestión que está ahora ante nuestra considera-ción no fue entonces levantada específicamente ni discutida expresamente, resulta, sin embargo, bastante claro que esta corte consideró la calificación del registrador como que in-cluía en una forma general la omisión de probar que la corte municipal había adquirido jurisdicción sobre las perso-nas de los demandados.

Si el criterio así sustentado del asunto, antes y ahora es correcto, entonces la objeción de que la citación no mostraba el hecho de haberse trabado un embargo con anterioridad a la citación por edictos no estaba más excluida que lo que pu-diera estar la cuestión de una notificación personal válida del emplazamiento, si el registrador hubiera preferido insis-tir en este punto, o en la falta de cualquier otro elemento esencial de una notificación personal. Y mucho menos es-taba obligado el registrador en el presente caso por la omi-sión del registrador en uno u otro de los casos de Carbonell, 16 D.P.R. 438, y 17 D.P.R. 148, o en alguna otra controversia anterior, a levantar la misma cuestión.

Claramente que si la notificación, ya fuera personal o in-directa (constructive) no se hizo antes de dictarse la sen-tencia, entonces la corte carecía de jurisdicción. Y si una corte municipal tenía o nó jurisdicción para dictar sentencia es, para los fines de la admisión en el registro o de la nega-tiva del registrador a inscribir una escritura del marshal, una cuestión que lia de ser resuelta por el registrador en vista de los hechos debidamente certificados o de otro modo establecidos, prescindiendo de cualquier opinión que sostenga o conclusión a que llegue el secretario de tal corte, sin que se revele la prueba en la cual tal opinión o conclusión se funde.

La nota recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Fernando Torres, acusado y apelante.
    No. 2563.

    Visto: Junio 26, 1925.

      Resuelto: Julio 30, 1925.
    1. Abuso de Confianza — Acusación Suficiente — Descripción de la Agencia o Pideioomiso. — Considerada la acusación en el' caso de autos se resolvió que en ella se describía suficientemente 3a agencia o fideicomiso, la posesión legal por el acusado de dinero perteneciente a El Pueblo y una malversación suficiente.
    2. Abuso de Confianza — Acusación Suficiente — Pecha en que se Entró en Posesión del Dinero Malversado. — Aún cuando una acusación sea vaga y nada exprese en cuanto a la fecha exacta en que el aeusado entró en posesión del dinero que se alega malversó, tal acusación es suficiente en cuanto a que fué en feeha anterior a la malversación, especialmente a falta de una alegación de prescripción.
    3. “Indictment” y Acusación — Requisitos y Suficiencia de la Acusación— Designación del Sitio en que se Cometió el Delito Imputado. — Una acu-sación en que se describen los actos imputados al aeusado como ocurridos dentro de determinado distrito judicial que se expresa, es suficiente para conferir jurisdicción a dicho tribunal.
    SENTENCIA de M. Rodríguez Serra, J. (Segundo Distrito, San Juan), condenando al acusado por delito de abuso de confianza.

      Con-firmada.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante, en su alegato adicional, expresa que la parte esencial de la acusación está contenida en las siguientes pa-labras :

“Que en o por la fecha ya indicada (septiembre de 1920) dicho acusado, Femando Torres, en el distrito judicial de San Juan, Puerto Rico, ilegal y fraudulentamente sustrajo y aplicó en su pro-pio beneficio la suma de $300.00, cuyo dinero pertenecía a El Pueblo de Puerto Rico, y habiendo sido cobrada por el acusado de la corporación Behn Brothers, Inc., bajo la autoridad que le había sido conferida por el tesorero de dicha Junta.”

Las palabras hubieran podido ser seleccionadas más cui-dadosamente, pero ellas muestran, en un modo que ningún hombre de inteligencia hubiera dejado de entender, que el acusado había cobrado una suma de dinero de los hermanos Behn por virtud de la autoridad conferídale por El Pueblo de Puerto-Rico-: La naturaleza de esta autoridad había sido descrita previamente en la acusación. Por tanto, no tene-mos duda alguna de que la agencia o fideicomiso fué des-crito suficientemente. Asimismo que allá para el día 20 de septiembre el acusado se encontraba en la posesión legal de dinero perteneciente al Pueblo de Puerto Rico cobrado por él.

Sentadas las premisas de la agencia y la posesión legal como existentes en cierta fecha, sólo queda la cuestión de si en la acusación se ha descrito una malversación suficiente. Aquí creemos que las palabras para describir tal malversa-ción fueron expresadas poco hábilmente, pero no tenemos ninguna duda de que ellas notificaron suficientemente al acu-sado de que a él se le imputaba el hecho de haber aplicado en su propio beneficio dinero perteneciente al Pueblo de Puerto Rico. Las palabras son “sustrajo” y “aplicó en su propio beneficio.” Habiéndosele dicho al acusado que se le imputó el hecho de estar en posesión de dinero perteneciente al Pueblo de Puerto Rico, la acusación también le dice que lo aplicó en su propio beneficio. La palabra “sustrajo,” aun-que generalmente significa tomar de otra persona, puede fá-cilmente, en el lenguaje familiar, ser entendida en el sentido de que significa tomar en cualquier forma. “En su propio beneficio” son palabras de carácter muy informativo. Por tanto, creemos que es innecesario el disentir las semejanzas o diferencias entre el caso de Kent (10 D.P.R. 343) y el de Page (116 Cal. 386), annqne nos inclinamos a sostener el primero.

También asumiremos el riesgo de resolver que aun cuando una acusación sea vaga o nada expresa en cuanto a la fecha exacta en la cual ql acusado entró en posesión del dinero, tal acusación es suficiente en cuanto a que era en una fecha anterior a la malversación, como se desprende de la última parte de la acusación, especialmente a falta de una alegación de prescripción.

Creemos que la corte inferior explicó cuidadosamente al jurado la diferencia entre el delito de hurto y el de abuso de confianza y convenimos con el fiscal en que las instruc-ciones deben ser consideradas en su totalidad.

El tercero y quinto señalamientos de error están trata-dos en la discusión anterior.

El cuarto señalamiento se refiere a la jurisdicción por razón de la acusación. En ella se alegaba que los actos fueron cometidos dentro del distrito judicial de San Juan sin determinar el sitio en particular en el distrito. Sin embargo, todo lo que la ley requería era que se describiesen los actos como ocurridos dentro del distrito judicial.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez PbesideNte Señob del Tobo,

text:
    Manuel Blázquez Acosta, demandante y apelante, v. Luis Hernáiz Veronne, José S. Alegría Santos, Celestina Gallardo Veronne, Enrique Fernández Pacheco y Eva Gallardo Veronne, demandados y apelados.
    No. 3537.

    Visto: Abril 2, 1925.

      Resuelto: Julio 30, 1925.
    Costas — Naturaleza, Fundamentos y Extensión del Derecho en General— Estipulación en Contratos en Cuanto al Pago de Costas y Honorarios. —Cuando en un contrato se fija una cantidad para el pago de costas y honorarios en caso de reclamación judicial, la corte dehe imponer en su sen-tencia dichas costas y honorarios. La clase de procedimiento seguido, no es importante, a menos que así se hiciere constar; lo' importante es que el acreedor se haya visto obligado a! recurrir a la vía judicial.
    SENTENCIA de Pablo Berga, J. (Segundo Distrito, San Juan), decla-rando con lugar la demanda, sin costas.

      Modificado el pronun-ciamiento relativo a costas, imponiendo éstas a los demandados.

      Torres & Valldejuli, abogados del apelante; B. Bivera Zayas y Félix Ochoteco Jr., abogados de los apelados.
   El Juez PbesideNte Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión esencial a resolver en este caso es la de si las costas y honorarios de abogado deben imponerse necesa-riamente a los demandados de acuerdo con el contrato exis-tente entre las partes, *o si la corte sentenciadora tenía o nó discreción para imponerlas.

El pleito se inició para cobrar cierto plazo vencido de una deuda garantizada con hipoteca sobre varias fincas. Al constituirse la hipoteca se garantizó además de la deuda cierta suma adicional “para costas y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial. ’ ’ El demandante no siguió el proce-dimiento hipotecario para el cobro del plazo vencido sino que escogió el procedimiento ordinario. Se opusieron los deman-dados alegando que no podía cobrarse el plazo porque la obligación total no estaba vencida, basándose en cierta cláu-sula del contrato. Fué el pleito a juicio y la corte dictó sentencia en contra de los demandados, sin especial condena-ción de costas. Apelaron los demandados y su apelación fué desestimada. Apeló también el demandante en cuanto al pronunciamiento de costas y su apelación es la que esta-mos considerando.

Para sostener que la corte erró al dejar de imponer las costas, invoca el apelante la jurisprudencia establecida en el caso de Cintrón y Aboy v. Solá, 22 D.P.R. 262, y los apelados contestan que “desde el momento en que el demandante renunció el procedimiento ejecutivo para acogerse al ordina-rio del Código de Enjuiciamiento Civil, renunció los términos de la hipoteca en lo que a imposición de costas se refiere, pasando a ser dichas costas y honorarios discrecionales para así ser impuestos por el Juez que vió el asunto.”

En el citado caso de Cintrón y Aboy v. Solá, esta Corte por medio de su Juez Presidente Sr. Hernández, dijo:

“Por lo que toca a la condena de costas, gastos y honorarios de abogado no es materia que en el presente caso pueda regularse por los preceptos del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por le-yes de marzo l9 de 1905, y 12 de marzo de 1908, pues debe regirse por la ley del contrato consignada en el pagaré, según el cual el deudor solidario Marcelino Sola se obligó a satisfacer las costas y gastos que el cobro de la deuda ocasionara, con inclusión de los ho-norarios del abogado de que el acreedor se valiera en su reclama-ción.” 22 D.P.R. 272.

Los anteriores principios son enteramente aplicables. En el contrato no se estableció que se pagarían las costas si al recurrir a la vía judicial el acreedor seguía tal o cual pro-cedimiento. Se acordó una cantidad para costas en caso de reclamación judicial. La mente de las partes estuvo fija en el hecho de que para el cobro de la deuda fuera necesario recurrir a los tribunales y para tal caso general se obligaron los deudores a pagar las costas que causaran al acreedor desde el momento que estuvieron dispuestos a garantizar como garantizaron con hipoteca una suma determinada para ello. Claro es que las costas y honorarios que deben satis-facerse son aquellos que se hayan realmente causado y que se acrediten en debida forma, dentro de la cantidad especi-ficada.

Véase también el caso de Roig Commercial Bank v. Sucesión de E. Lugo Viñas, 34 D.P.R. 418.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse con lugar el recurso establecido y modificarse el pronunciamiento rela-tivo a costas de la sentencia apelada de manera que lea como sigue: “con costas a los demandados.”


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    William A. McEvoy, demandante y apelante, v. Mariano Daniel Antonio Nadal Lugo, representado por su madre Ramona Lugo, y ésta además personalmente, demandados y apelados.
    No. 3628.

    Visto: Junio 24, 1925.

      Resuelto: Julio 30, 1925.
    Costas — Naturaleza, Fundamentos y Extensión del Derecho en General— Desistimiento de la Acción por el Demandante. — Si bien las cortes «fe distrito carecen de discreción en cuanto a la imposición de costas cuando, el demandante desiste de su acción, la tienen sin embargo para comprender o no en 'las costas los honorarios de abogado y para graduar su cuantía.
    SENTENCIA de Angel Acosta, J. (Mayagüez), teniendo al demandante-por desistido de su acción, y condenándole al pago de costas.

      Confirmada, modificándola.

      Alemañy & Ramírez, abogados del apelante; Angel A. Vázquez, abo-gado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver en este caso es la de si cuando-un demandante desiste de su acción antes del juicio, la corte-tiene o nó facultad para eximirlo del pago de las costas cau-sadas a la parte -contraria, o al menos del pago de los hono-rarios del abogado de la dicha parte contraria.

El pleito se inició por Abelardo González en cobro de pesos, alegándose que González era el apoderado de W. A, McEvoy. Se enmendó la demanda en el sentido de hacer figurar a W. A. McEvoy, representado por su apoderado González como demandante. Volvió a enmendarse por esti-pulación de las partes compareciendo solo el acreedor W. A. McEvoy. Por último y debido a las dudas que levantóen la mente del abogado del demandante la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en el caso de J. Ochoa y Hermano v. José González Clemente y Co., 29 D.P.R. 1015, solicitó el demandante que se le tuviera por desistido sin costas y sin perjuicio del derecho del acreedor a radicar de-nuevo personalmente su acción. La corte accedió, dictando-sentencia el 5 de febrero de 1925. Notificado de ella el de-mandado, pidió a la corte qne enmendara sn sentencia con-denando en costas al demandante, y la corte también acce-dió dictando la nueva sentencia de 27 de febrero de 1925, qne ha sido objeto de esta apelación.

El art. 192 del Código de Enjuiciamiento Civil, en lo per-tinente, dice:

"Art. 192. Se podrá desistir de una demanda, o declararse aban-donada en los casos siguientes:
"1. Por el mismo demandante en cualquier tiempo antes del jui-cio, previo pago de costas; * * * ”

En el caso de Candal v. Vargas, 29 D.P.R., 648, se resol-vió que "la concesión de costas y honorarios de abogados es materia de discreción judicial exclusivamente, aun en pro-cedimientos especiales como la impugnación de elecciones.” El caso anterior se basó en el de Zorrilla v. Orestes, 28 D.P.R. 746 en el que se hizo un estudio de la ley de 1908 so-bre costas (Comp. 5371) y de la No. 38 de 1917 (1917(1) p. 207) sobre la misma materia, comparándolas con las pres-cripciones del Código de Enjuiciamiento Civil de 1904, que guardan relación con ellas, concluyéndose que la Legislatura procuró “hacer la cuestión de costas y honorarios práctica-mente lo que había sido en las cortes locales con anteriori-dad al año 1904.”. Se concluyó además que “el artículo 328 del Código de Enjuiciamiento Civil quedó derogado y las costas como cuestión de derecho (as of course) no exis-ten en Puerto Rico.”

No obstante lo amplio de esa jurisprudencia, entendemos que está en vigor la disposición del art. 192 del Código de Enjuiciamiento Civil que dejamos transcrita. La mente del tribunal estuvo fija en pleitos o procedimientos decididos a virtud de sus méritos o en los que hubo contienda. En cuanto al desistimiento, es una condición que impone la ley que puede y debe subsistir.

Ahora bien, atendidos la letra y el espíritu de las nuevas' leyes sobre la materia, creemos que si bien la corte de dis-trito carece de discreción en el caso de que se trata en cuanto a la imposición de las costas, la tiene para compren-dej o nó en ellas los honorarios de abogado y para graduar su cuantía.

Juzgando las circunstancias que concurren en el caso concreto sometido a nuestra consideración, creemos que la parte demandante no ha sido temeraria y que lia querido ajustarse a la jurisprudencia establecida para ejercitar su acción en debida forma. Tiempo habrá en el nuevo pleito que entable, de juzgar acerca de la justicia o injusticia de su reclamación. Siendo ello así y habiendo en considera-ción el propio juicio de la Corte de Distrito revelado por su primera sentencia, se modifica el pronunciamiento apelado de modo que lea como sigue: “y condenando a dicho deman-dante al pago de las costas, sin comprender en ellas honora-rios de abogado,” y así modificada, debe confirmarse la sen-tencia recurrida.


text:
    Enrique Matta, demandante y apelado, v. La Junta Insular de Elecciones, demandada y apelante.
    No. 3606.

    Visto: Mayo 27, 1925.

      Resuelto: Julio 30, 1925.
    1. Mandamus — Jurisdicción, Procedimientos t Remedio — Petición—Omisión de un Hecho Esencial — Subsanación por Contestación. — Faltando ©n una petición de mandamus un. hecho esencial y expresándose éste en la contesta-ción, si se prosigue a juicio y se dicta sentencia a favor del demandante, ■la omisión en la petición se considera subsanada por la contestación.
    2. Mandamus — Jurisdicción, Procedimientos y Remedio — Petición—Suficien-cia de la Misma. — -Examinada la petición de mandamus en el caso de autos se resolvió: que a falta de solicitud para mayor especificación dicha petición era suficiente.
    3. Mandamus — Naturaleza y Fundamentos en General — Requerimiento Pre-vio — Mandamus para Compeler el Recuento de Votos. — El derecho a soli-citar un recuento de ios votos de determinado municipio corresponde y lo tiene un miembro de la Junta Insular de Elecciones y no el peticionario en un mandamus presentado para obligar a dicha junta que verifique dicho recuento.
    4. Elecciones — Impugnación—Carácter del Remedio — Certiorari.—-El remedio por certiorari concedido por el artículo 89 de la Ley Electoral como quedó enmendado por ley de 1924 (p. 35) no es exclusivo; cualquier otro auto que llene el objeto de una petición sirve igualmente como el certiorari.

      5. MandaMus — Materias y Objeto del Remedio — Actos y Procedimientos de Funcionarios Públicos, Juntas (Boards) y Municipios — Cuestiones Electorales. — El mandamus es el remedio adecuado para obligar a la Junta Insular de Elecciones a verificar el recuento de votos de un municipio; y eí contar, a petición de cualquiera de sus miembros, el número de personas que votaron en un colegio electoral así como el recontar las papeletas en cualquiera de los colegios electorales, es un deber ministerial de dielia junta.
    6. Mandamus — Materias y Objeto del -Remedio — Actos y Procedimientos de Funcionarios Públicos, Juntas (Bom-ds) y Municipios — Cuestiones Electorales. — Si la petición para que se baga el recuento de los votos de un municipio se bace en tiempo por un miembro de la Junta Insular de Elecciones y ésta se niega a verificarlo, las cortes pueden, por mandamus, compeler a dicha junta a verificarlo.
    SbnteNcia de Charles E. Voote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando con lugar solicitud de mandamus, sin costas.

      Con-firmada.

      Hon. Attorney General, B. H. Todd Jr., y C. Llauger Díaz, aboga-dos de la apelante; Bolívar Pagan, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Junta Insular de Elecciones, la que, como veremos, es un organismo permanente, se reunió para considerar y re-visar las elecciones de 1924. En diciembre 2, 1924, la refe-rida junta procedió a hacer mi recuento de los votos emiti-dos en el municipio de Fajardo, y ni en esa fecha ni inme-diatamente después hubo ninguna objeción, solicitud o recu-sación formulada en cnanto a los resultados en dicho' muni-cipio. La objeción o petición, sin embargo, se hizo en diciembre 29, 1924 cuando la Junta Insular había completado un escrutinio y recuento para toda la Isla pero antes de que la junta hubiera hecho su informe al Gobernador como lo exige la ley. Como la junta se negó a hacer el recuento o escrutinio de los votos de dicha municipalidad los peticio-narios presentaron una solicitud para que se librara un auto de mandamus. La Corte de Distrito de San Juan oyó la petición y la prueba y ordenó en efecto a la Junta Insular de Elecciones que hiciera un recuento de votos emitidos en dicha municipalidad. Puede decirse que algunas de las prin-cipales cuestiones levantadas en esta apelación, en tanto son meritorias, se fundan en la teoría de qne las objeciones de-bieron haberse becbo en diciembre 2 y qne las que se hicie-ron en diciembre 29 eran tardías.

El primer señalamiento de error apenas si es meritorio. En él se ataca la suficiencia de la petición para mostrar un debido requerimiento a la Junta Insular para hacer un recuento. La misma contestación de la Junta Insular de Elecciones muestra que se hicieron objeciones formalmente en diciembre 29 por un miembro de la Junta que estaba autorizado. La alegada tardanza de la objeción se trata en otro señalamiento de error. En Domínguez v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., 19 D.P.R. 1101, resolvimos que cuando un demandante prosigue a un juicio y se dicta sentencia a su favor, si falta en la demanda una alegación esencial que se expresa en la contestación las omisiones de dicha demanda se consideran subsanadas por la referida contestación. Esta doctrina fué ratificada en el caso de Viñas v. Gandía & Co. et al., 25 D.P.R. 218.

Sostenemos que a falta de una solicitud para mayor especificación una petición es suficiente si describe un error en el recuento de un municipio y alega “que un miembro de dicha Junta Insular de Elecciones, antes de terminarse y después de comenzar los trabajos de dicha junta en relación con la práctica del escrutinio de dicho precinto, y en relación con dichas elecciones, y en sesión abierta y formal de dicha junta, hizo la petición de que se contaran el número de personas que votaron en los distintos colegios de dicho precinto cuyas referidas contradicciones acumuladas exeeceden de cien, y que dicha junta se negó a contar dicho número de personas según fué solicitado por dicho miembro; y que además dicha junta se negó, a pesar del requerimiento hecho a la misma en sesión abierta y formal por un miembro de la misma, a recontar todas las papeletas de los respectivos colegios electorales de dicho precinto cuyas contradicciones mencionadas exceden de cien y pueden alterar y afectar el resultado de la elección en relación con dichos ■candidatos. ’ ’

Además, si no era demasiado tarde hacer una objeción en diciembre 29, entonces, como de la prneba apareció claramente qne la objeción se hizo en esa fecha, el caso caería dentro del artículo 142 del Código de Enjuiciamiento Civil que prescribe que la corte no tomará en cuenta algún error o defecto en las alegaciones o procedimientos que no afecten a lo esencial de los derechos de las partes.

Al disentir el primer señalamiento de error insistió tam-bién el apelante en que no constaba que los peticionarios ha-bían hecho el debido requerimiento a la junta, pero el ape-lado contestó muy bien diciendo que el derecho a hacer ob-jeción lo tiene un miembro de la junta y que el Sr. Bolívar Pagán representaba suficientemente al peticionario.

El segundo señalamiento de error alega que el mandamus no procede toda vez que el peticionario tenía un remedio adecuado en la ley. La teoría es principalmente que el artículo 89 de la Ley Electoral como quedó finalmente enmendado en el año 1924 confiere un remedio exclusivo por certiorari. La parte pertinente de dicho artículo es como sigue:

“Y disponiéndose, además, que el resultado del escrutinio de unas elecciones, según se declarare por la Junta Insular de Elecciones, será definitivo, a menos que fuere impugnado por certiorari u otro procedimiento legal autorizado, que se interponga dentro de quince días después de la fecha de la publicación del resultado de ese es-crutinio ante una corte de competente jurisdicción, y por la pre-sente se autoriza en esos casos el procedimiento de certiorari en la corte de distrito de San Juan.” Leyes de 1924, págs. 35, 37.

Estamos satisfechos de nuestro análisis de las autorida-des citadas por la apelante, que cuando las cortes dicen que el mandamus no procede por existir otro remedio suficiente, dichas cortes están hablando de un remedio especial estatu-torio, por ejemplo, como el que existía anteriormente en Puerto Rico, por el cual se prescribía una impugnación. No existe ahora ningún remedio especial en Puerto Rico excepto el que se confiere por el artículo 89, supra. Este artículo autoriza un procedimiento por certiorari u otro procedimiento legal. De ahí que cualquier otro auto que llenara el objeto de una petición sirve igualmente como el certiorari. La ju-risdicción especial conferida a la Corte de Distrito de San Juan es en adición a cualquier otro remedio que una parte agraviada pudiera tener en alguna otra parte de la Isla. En el caso de El Pueblo v. Oms, (pág. 455), resolvimos que cuando un fraude electoral se cometía en alguna parte de la Isla el remedio adecuado estaba a la disposición de la persona agraviada y que cuando se cometía fuera de San Juan la persona pex-judicada tenía el remedio adicional de estable-cer un recurso de certiorari en San Juan.

Para demostrar que el mandamus es el remedio adecuado y que el deber que trata de hacerse cumplir aquí era uno ministerial, adoptamos el razonamiento de la corte inferior, a saber:

“Nuestra Legislatura al aprobar la enmienda a la Sección 89 de la Ley Electoral (véase Ley No. 1 de 1924), y en la que autoriza el procedimiento de certiorari para revisar los actos de la Junta Insular de Elecciones, no ha dispuesto que éste sea el único procedi-miento que pueda utilizarse; lo contrario surge claramente de las propias palabras de la ley, que dice así:
‘. ■ ■ ■ El resultado de escrutinio de unas elecciones, según se declarase por la Junta Insular de Elecciones y publicase por el Su-perintendente General de Elecciones será definitivo, a menos que fuere impugnado por certiorari u otro procedimiento legal autori-zado. ’
“Es deber ministerial de la junta, de acuerdo con la mencionada sección 89 de la Ley Electoral, el contar, a petición de cualquier miembro, el número de personas que votaron en un colegio electoral, según resulte de las listas de votantes, cambiando la entrada en su hoja de cotejo de manera que corresponda con el resultado de-dicho escrutinio. Deberá asimismo recontar las papeletas en cual-quier colegio electoral en que hubiese contradicción en las entradas. de una hoja de cotejo (ya sea en la forma en que fué trasmitida por la junta de colegio, o según se hubiere corregido por la Junta Insular de Elecciones), entre el número de personas que votaron, según resulta de las listas de votantes y el número de papeletas encontradas en la urna del colegio electoral al cual corresponde la hoja de co-tejo, o entre el número de papeletas distribuidas, según consta en el sumario de dicha hoja de cotejo, si esa diferencia es suficiente por sí sola, o en combinación con otra diferencia referente al voto para un mismo candidato, para afectar el resultado de la elección.”

Que el auto de mandamus es el remedio adecuado para obligar a las Juntas a verificar el recuento de votos, a falta de otra autoridad especial, aparecería de las siguientes au-toridades seleccionadas en parte de una larga lista de citas en las páginas 8 y 9 del alegato del apelado: Ley de Mandamus, sección 2, Estatutos Revisados, 1329; Brewster v. Sherman, 195 Mass. 222; 18 R.C.L. 275, et seq.; 38 Corpus Juris, 719 et seq.

En el tercer señalamiento de error la apelante discute más o menos las mismas cuestiones que liemos considerado en el segundo señalamiento de error. Anticipándonos un poco, quizás, diríamos que si las objeciones se hicieron opor-tunamente la Junta Insular de Elecciones no estaba functus officio por su informe al gobernador; que el auto perento-rio de mandamus no pone necesariamente a los peticionarios en el cargo sino meramente ordena a la Junta hacer lo que dejó de hacer antes, o sea, verificar un recuento de los votos.

El cuarto señalamiento de error es el siguiente:

“La corte erró al dictar su sentencia, porque la misma confiere nueva autoridad a la Junta Insular de Elecciones, contra lo expre-samente provisto en la Ley de Mandamus.”

Convenimos enteramente con la apelante en que cuando una junta ha terminado su trabajo y hecho un informe como requiere la ley y. no recaía en ella ningún deber de hacer un recuento durante el tiempo en que estuvo constituida, que el ínándamús no puede conferir a dicha junta una nueva au-toridad. También somos de opinión de que a pesar del he-cho de que la Junta Insular de Elecciones es un organismo permanente si presentó su informe al Gobernador sin que se hiciera ninguna objeción, que el mandamus no procedería y si la corte tenía discreción el auto de mandamus no debía expedirse. La cuestión en este caso es si por virtud de la objeción de un miembro de la junta dicha junta tenía que cumplir un deber ministerial haciendo el recuento de los votos del municipio de Fajardo. El artículo 1 de la Ley Electoral enmendado prescribe entre otros particulares lo siguiente:

“Se establece una junta permanente de elecciones que se com-pondrá de un Superintendente General de Elecciones, como presi-dente, quien será designado por el Gobernador, con el consejo y con-sentimiento del Senado de Puerto Rico, y de dos personas represen-tando los dos partidos políticos principales de la Isla según más ade-lante se1 definen en la presente, y de un substituto de cada uno de dichos miembros, que serán nombrados por el Gobernador a propuesta de los organismos directivos centrales de dichos partidos.” Leyes de 1924, pág. 3.

Por un razonamiento general estamos satisfechos de que la Junta Insular de Elecciones, si la objeción no se hizo de-masiado tarde, tenía un deber que cumplir que no lo hizo. Particularmente aplicable es la cita hecha por la corte inferior del caso de Rosenthal v. State (50 Kan. 129, 32 P. 129, 19 L.R.A. 157), a saber:

“Cuando una junta de escrutinio o elecciones (canvassing board) ilegalmente no considera o se niega a considerar documentos electo-rales que son válidos por su forma, como regla general, las cortes pueden, por mandamus, compeler a la junta a considerarlos y de-clarar el resultado según aparezca de la faz de dichos informes; y si el recuento o escrutinio ha sido ilegal o erróneamente hecho y la junta se ha declarado en receso ‘sine die/ esta corte puede obligarlos a reunirse de nuevo y a hacer un informe correcto de todos los doeu-mehtos que estuvieron ante ella en el momento de verificar el primer escrutinio.”

Aparecería que la junta dictó cierta clase de resolución al efecto de que las objeciones autorizadas por la Ley Electoral se harían al tiempo de contarse los votos de determi-nado municipio. Si tal resolución se hizo por la junta, es-tamos convencidos de que no estaba autorizada por la ley y no tenía la fuerza de ley. El artículo 89 concede el dere-cho a un miembro de la junta a hacer una objeción o peti-ción. El término no está limitado cuando la junta está en sesión activa y antes de hacer sus informes al Gobernador. En las leyes de 1923, pág. 560, el artículo 12 de la Ley de Elecciones parece estar enmendado para autorizar a la Junta Insular de Elecciones a aprobar reglas y reglamentos para llevar a efecto las disposiciones de la Ley Electoral, pero dichas reglas y reglamentos, para que tengan fuerza de ley, deben ser aprobados por el Gobernador y promulgados por el Secretario Ejecutivo de Puerto Rico.

No insistimos de un modo muy particular en lo siguiente, pero aparecería que el señor Bolívar Pagán que presentó la objeción y solicitó un recuento, estaba bajo la impresión de que -él tenía que esperar hasta que .se terminara el cómputo de toda la Isla, antes de poder solicitar el recuento del municipio de Fajardo. La prueba indica en cierto modo que el Sr. Bolívar Pagán tuvo esta idea debido a la actuación de la junta al formularse la objeción al cómputo de San- Juan, aunque convenimos con la apelante en que la junta no hizo tal resolución formal.

El quinto señalamiento de error carece de una especificación clara y nos hemos anticipado hasta cierto punto.

El sexto, séptimo y octavo señalamientos también se re-fieren .a cuestiones de hecho que fueron suficientemente dis-cutidas y resueltas por la corte inferior o por nosotros mis-mos y en las cuales no encontramos ningún error.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. David Luis Philip, acusado y apelante.
    No. 2537.

    Visto: Julio 20, 1925.

      Resuelto: Julio 31, 1925.
    1. Homicidio — Evidencia—Admisibilidad en General — Delitos Intimamente Relacionados — Caso de Asesinato. — Si varios delitos están íntimamente rela-cionados entre sí y prueba de uno de ellos no puede presentarse sin mos-trarlos todos, la evidencia de uno o de todos es admisible contra el acusado en un juicio por cualquiera de los delitos cometidos.
    2. Homicidio — Evidencia — -Peso y Suficiencia — Hechos que Justifican la Existencia de Deliberación y Premeditación. — Atendidas las circunstancias de este caso, sei resolvió: que la manera como el acusado, realizó los hechos es suficiente para demostrar que existe la premeditación y deliberación.
    SENTENCIA de Pablo Berga, J. (Humacao), condenando al acusado a sufrir la pena capital por delito de asesinato en primer grado.

      Confirmada.

      Borinquen Marrero Ríos, abogado del acusado; José P. Pignoras, abogado de Pl Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Un jurado declaró culpable al acusado David Luis Philip de uñ delito de asesinato en primer grado y la corte inferior dictó sentencia condenándole a sufrir la pena capital.

En su alegato sosteniendo el recurso, el apelante apunta la comisión de los siguientes errores, a saber:

“1. Permitir que los testigos Benedicta López, Eva Mojica, Eosa González y Gregorio García declararan sobre los delitos cometidos por este acusado con posterioridad al de doña Canuta Zenón, ya que por todos estos delitos estaba procesando a este acusado, y permi-tir tales declaraciones era prejuzgar al acusado de dichos delitos y porque tales declaraciones influían en el ánimo del jurado en per-juicio del acusado.
“2. Permitir a la testigo Eva Mojica desnudarse el hombro iz-quierdo y mostrar al jurado las cicatrices de las heridas que le pro-dujo este acusado, por ser ese un delito de mutilación por el cual se estaba procesando a este acusado, distinto al que se estaba venti-lando, y por influir esta demostración en el ánimo del jurado, tam-bién en perjuicio del acusado.
“3. Denegar la moción de nuevo juicio.”

Los motivos señalados en los dos primeros errores tienen nn mismo fundamento, por lo qne serán considerados con-juntamente.

La corte inferior al negar la moción solicitando la celebración de un nuevo juicio y refiriéndose a los motivos de error alegados, resume la prueba en esta forma:

1 ‘ Según resulta de la prueba, inmediatamente después de la agre-sión por el acusado a Canuta Zenón Dávila, y de arrastrar a ésta por los cabellos, acometió y agredió con la misma boj a de sable o espadín que portaba, a Eugenia Cancel, una bija de Canuta; a un niño bijo de Eugenia; a Eva Mojica; a Felipa Neri Martínez, a quien dió muerte, y a Tomás Sánchez, esposo de Felipa, todo lo cual sucedió ‘entre minutos,’ según dice la testigo Benedicta López; y que entonces el acusado entró en su habitación, se puso la chaqueta, pues estaba en mangas de camisa, y salió, cerrando la puerta con un candado y en el camino encontró al policía llamón Ortiz, a quien dijo que' hacía tiempo que lo estaban molestando y que si encontraba al Catalán y a Treviño, los que no estaban en la casa, los hubiera matado también. De la prueba aparece que Catalán era el marido de Eugenia Cancel y Treviño otro de los vecinos del sitio.”

Toda la evidencia tiende a demostrar, por consiguiente, que si bien el acusado realizó con el mismo instrumento y pocos instantes después además del hecho que se le imputa en la acusación, la muerte de otra personá y el haber he-rido a otras más, estos últimos hechos, aunque distintos al primero, todos ellos aparecen, sin embargo, tan íntimamente relacionados por razón del momento inmediato en que fue-ron cometidos por el acusado, que no pueden dejarse de con-siderar como un todo por pertenecer a la misma transacción o parte del res gestae. Esta cuestión fué claramente re-suelta por esta Corte Suprema en el caso de El Pueblo v. Souffront, 30 D.P.R. 106, en cuyo caso este tribunal, por voz del Juez Presidente Sr. del Toro, dijo lo siguiente:

“2. El hecho concreto imputado al acusado consiste en haber acometido y agredido a Pedro A. Eeinosa con el propósito de asesi-narlo infiriéndole una herida de carácter grave en la región lumbar izquierda. Al declarar ciertos testigos refirieron que mientras tal becbo ocurría, intervino otra persona en pro de Reinosa y entonces el acusado birió también a esa otra persona que murió a consecuen-cia de las heridas. El acusado por su abogado se opuso a que se per-mitiera declarar sobre tales hechos y la corte desestimó su oposición, tomando excepción el acusado a la regla de la corte. Sin citar, si no recordamos mal, ley o jurisprudencia aplicables, insistió el acu-sado en el acto de la vista de este recurso en que la corte' había errado al proceder de tal modo.
“El becbo de herir a la otra persona era distinto, pero estaba tan enlazado con el que se persigue en esta causa que bien pudiera considerársele como parte de la res gestae. Véase 22 C.J. 443, 454 y siguientes. La otra persona intervino en favor de Reinosa. Se-gún el propio Reinosa cuando él gritó acudió la otra persona y dijo: ‘No atropelles al anciano, al viejo Reinosa, y entonces pare'ce ser que le dió una estocada al otro, dice, “toma, tú que eres joven.” ’ Se acusaba a Souffront de haber acometido y agredido con intención de asesinar y era pertinente probar todas las circunstancias adecua-das que rodearon el becbo a fin de poder penetrar con más seguri-dad en el estado mental del acusado.”

Igual doctrina está sostenida en parecidos términos en la obra de Underhill on Criminal Evidence, página 157, pá-rrafo 88, diciéndose así:

“Si varios delitos están relacionados o unidos entre sí, o enlaza-dos de tal modo que forman una transacción criminal indivisible, y no puede .presentarse completa prueba testifical, ya sea directa o circunstancial de cualquiera de ellos sin mostrar los otros, la evi-dencia de uno o todos ellos es admisible contra un acusado en un juicio por cualquier ofensa que es en sí un detalle de toda la tran-sacción criminal.”

Aunque el tercer y último error que se refiere a haber negado la corte inferior la moción de un nuevo juicio descansa en los puntos ya discutidos, se alega además que no hubo deliberación, requisito esencial en el asesinato en primer grado, y que, por tanto, el veredicto fué contrario a las pruebas.

Volviendo sobre los hechos resulta de ellos que Canuta Zenón Dávila, interfecta, salía una mañana temprano de su cuarto, que era parte de una casa dividida en habitaciones

separadas para familias, con nn cacharro en la mano y ca-minaba por nn callejón para salir a la calle en momentos en que fné agredida por el acnsado con nna hoja de sable, recibiendo tres heridas, dos de tres pulgadas cada nna en la parte posterior de la cabeza, en la región occipital, y la otra en el frontal, que fracturaron el cráneo y penetraron en la masa encefálica, falleciendo pocos días después a consecuen-cia de dichas heridas. El testigo Gregorio García, vió cuando el acusado descargaba el arma sobre la mujer indefensa y quiso huir pero el acusado la tenía agarrada y tan pronto caía y trataba de levantarse “le daba y de nuevo iba al suelo.” Eva Mojica declaró que “vió a Canuta bañada en sangre y al acusado arrastrándola por el pelo, teniendo un machete en la mano, en alto, y con la izquierda la empuñaba por el pelo y la arrastraba.” Asimismo aparece de esas declaraciones que no bien dejó el acusado a Canuta Zenón fatalmente herida, fué entonces que acometió a otras perso-nas que encontraba a su paso, matando a una y otras reci-biendo graves heridas. Ningún testigo dice en verdad cómo se inició la agresión, pero si “para que exista el delito de asesinato en primer grado basta, de acuerdo con nuestros estatutos, entre otros casos, con que voluntaria, deliberada y premeditadamente se haya causado una muerte ilegal,” tales requisitos aparecen de los hechos y circunstancias con-currentes en este caso. El Pueblo v. Ortiz et al., 18 D.P.R. 833. En dicho caso se declaró además: “la deliberación y premeditación dependen de las circunstancias del caso, y el hecho de apuntar y disparar un arma de fuego contra una persona y matarla, es bastante para que exista la premedi-tación y deliberación, sin que obste a ello la rapidez con que el acto se haya realizado.” Y en el caso de autos la ma-nera como el acusado realizó los hechos es suficiente para que exista la premeditación y deliberación toda vez que dicho acusado sin causa justificada y sin que se demostrara provocación alguna por parte de la víctima, no sólo privó ilegalmente de la vida a Canuta Zenón, sino que agredió a otras personas qne intervinieron o se encontraban a su paso en el acto de cometer el hecho de autos, causando a su vez la muerte de una de ellas, y porque además hay la circuns-tancia de que el propio acusado, al ser arrestado, manifestó que si hubiera encontrado a Catalán y Treviño, dos indivi-duos más que eran sus vecinos, que también les hubiera ma-tado. Todas las circunstancias fueron apreciadas por el ju-rado, quien parece que pudo penetrar en la intención y móvil del acusado al ejecutar el delito del cual fue propiamente convicto.

Por todo lo expuesto deben confirmarse la resolución de-negatoria de nuevo juicio de abril 9, 1925, y la sentencia de abril 13, 1925


text:
    Manuel Colón Luna, demandante y apelado, v. Miguel Batis Olivera y su esposa Ana María Rodríguez Ramos, demandados y apelantes.
    No. 3609.

    Visto: Junio 11, 1925.

      Resuelto: Julio 31, 1925.
    Vendedor y Comprador — Interpretación y Efecto del Contrato — Venta por Precio Alzado — Obligación del Vendedor. — Vendida una finca por precio alzado, y consignándose en el contrato, lai cabida y linderos de la misma, el vendedor viene obligado a dar al comprador todo lo que se comprende dentro de las eolindancias de dicha finca.
    SENTENCIA de R. Díaz Ontrón, J. (Ponee), declarando con lugar demanda de reivindicación, con costas.

      Confirmada.

      Francisco Parra Capó, abogado de- los apelantes; López de Tord & Zayas Pizarro, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Miguel Batis Olivera tramitó un expediente de dominio que fué inscrito en el registro de una finca de 75 cuerdas de terreno que dijo haber comprado en dos porciones, una de 50 cuerdas a Manuel Ferrando y otra de 25 a Sandalio Rivera. Vendió esa finca a Manuel Colón Luna por precio de $3,750 diciéndose en la escritura que tenía 75 cuerdas, ad-quiridas en la forma dicha y describiéndola' por sus colin-dancias. Al tomar posesión el comprador Colón resultó que la finca que se le entregaba sólo tenía 65 cuerdas y que un pedazo que al oeste de ella había hasta la colindancia del título que no entregó el vendedor completaba las 75 cuerdas de la finca por lo que presentó demanda contra su vendedor en reclamación de las diez cuerdas no entregadas y habiendo recaído sentencia condenatoria el demandado interpuso esta apelación en la que alega como motivo de su recurso que la corte inferior cometió error al dar una interpretación abso-luta al artículo 1374 del Código Civil y al no considerar la preponderancia de la evidencia a favor del demandado.

Dispone el artículo 1374 del Código Civil lo siguiente:

“Artículo 1374. — En la venta de un inmueble, hecha por precio alzado y no a razón de un tanto por unidad de medida o número, no tendrá lugar el aumento o disminución del mismo, aunque re-sulte mayor o menor cabida o número de los expresados en el con-trato.
“Esto mismo tendrá lugar cuando sean dos o más fincas las ven-didas por un solo precio; pero si además de expresarse los linderos, indispensables en toda enajenación de inmuebles, se designaren en el contrato su cabida o número, el vendedor estará obligado a en-tregar todo lo que se comprenda dentro de los mismos linderos, aun cuando exceda de la cabida o número expresados en el contrato; y si no pudiere, sufrirá una disminución en el precio proporcional a lo que falte de cabida o número, a no ser que el contrato quede anulado por no conformarse el comprador con que se deje de en-tregar lo que se estipuló.”

De acuerdo con ese precepto legal, habiéndose vendido la finca por un precio alzado y no a razón de un tanto por uni-dad de medida o -número, habiéndose consignado en el con-trato que la finca tiene 75 cuerdas y habiéndose hecho cons-tar sus colindaneias, el demandado está obligado a dar al demandante todo lo que se comprende dentro de sus linderos y por consiguiente debe entregar las diez cuerdas que está poseyendo y que se le reclaman porque están comprendidas dentro de los linderos de la finca que vendió al demandante, las que completan las 75 del título que otorgó a su com-prador.

Para que no sea aplicado ese precepto legal alega el de-mandado apelante que si bien la finca tuvo liace unos treinta años 75 cuerdas cuando era de Paula Colón, ésta vendió a otra persona diez cuerdas y el resto llegó a manos de San-dalio Rivera con la misma cabida de 75 cuerdas y con la des-cripción que antes tenía, y que en 1914 compró 25 cuerdas a Sandalio Rivera, quien el mismo año vendió 50 a Manuel Ferrando a quien las compró el demandado y que como la finca no fue medida fué tramitado el expediente de dominio por esas dos adquisiciones con la descripción antigua de las 75 cuerdas habiendo comprado después pero antes de vender al demandante las diez cuerdas que se le reclaman, y que según la escritura él solo vendió al demandante lo que com-pró a Ferrando y a Rivera que aun cuando aparecen ser las 75 cuerdas no lo son y que el comprador sabía que las diez cuerdas que compró después no eran parte de la venta, hecho negado por el comprador.

En vista de la sentencia entendemos que la corte decidió el conflicto de la evidencia en el último extremo citado en favor del demandante, justificadamente porque según en la escritura se hizo constar que el vendedor se reservaba cier-tas cosas debió decirse que las diez cuerdas comprendidas dentro de las colindancias de la finca no formaban parte de ella.

Hemos examinado la evidencia y llegamos a la conclusión de que su preponderancia está a favor del demandante pues según las colindancias de la finca vendida las diez cuerdas reclamadas están dentro de ellas y porqué para que no es-tuviesen comprendidas dentro de ellas la venta hecha al ape-lante debió colindar con el vendedor y no con las personas que el título dice. Si es cierto que lo comprado por el de-mandado a Ferrando y Rivera como 75 cuerdas sólo tenía 65 cuerdas porque antes habían sido segregadas diez cuer-das, las consecuencias de ese error no puede sufrirlas el de-mandante, a quien el demandado le vendió 75 dentro de ciertas colindancias por nn precio alzado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Señoe. Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Encarnación Torres, acusado y apelante.
    No. 2400.

    Visto: Junio 19, 1925.

      Resuelto: Agosto 1, 1925.
    1. Homicidio — Evidencia—Peso y Suficiencia de la Prueba — Culpabilidad del Acusado — Suficiencia de la Prueba Circunstancial — Asesinato.—Cuando a un hombre, que duerme solo con su esposa, se le encuentra acostado en su cama, él herido, con su esposa muerta a su lado, y suya es la única oportu-nidad razonable para matar, a falta de algo que demuestre que la herida fué causada por un tercero, éstas son circunstancias que tienden a probar su culpabilidad.
    2. Homicidio — Evidencia—Presunciones y Peso, de la Prueba — Presunción de Malicia — Asesinato.—Cuando las circunstancias indican la muerte de un ser humano por otro, se presume la malicia.
    3. Homicidio — Evidencia—Presunciones y Peso de la Prueba — Prueba de Pre-meditación — Asesinato en Secundo Grado.- — En un proceso por asesinato en segundo grado no es necesario probar la premeditación.
    4. Derecho Penal — Juicro—Facultad de la Corte y del Jurado en General— Facultad para Ordenar un Veredicto de Absolución Perentoria.. — Si al cerrar el caso el Ministerio público, la prueba tiende a demostrar un delito inferior al imputado en la acusación, el acusado no tiene derecho a una absolución perentoria. 5. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Errores no Perjudicia-les — Eliminación de Pruebas. — .Cordura del Acusado. — Contestando un tes-tigo a la pregunta de si el acusado estuvo alguna vez loco, contestó que había estado obsesado por seis meses. La corte eliminó la contestación a petición fiscal. Se resolvió: que a falta de cualquier ofrecimiento por parte del acu-sado en demostrar su actuación o conducta durante dichos seis meses, el error, si lo hubo, no era perjudicial.
    6. Derecho Penal — Evidencia—Evidencia df, Opinión — Testigo Corriente. — No constituye error el eliminar la opinión dada por un testigo corriente en cuanto» a la locura de un acusado, cuando no se ha establecido base suficiente para preguntarle su opinión sobre la cordura de dicho acusado.
    7. Derecho Penal — Juicio—Objeciones a la Prueba, Mociones para Eliminar y Excepciones — Objeciones a Preguntas Hipotéticas. — Deseando un acu-sado hacer preguntas hipotéticas a un perito, empezó así: “En la vista de este caso, doctor, se admitió por la corte evidencia .... en este caso se han sentado los siguientes hechos que han sido admitidos.” Se resol-vió: que no siendo hipotéticas dichas preguntas, la corte estuvo justificada al sostener las objeciones hechas por el fiscal! a las mismas.

      8. Derecho Penal — Admisiones, Declaraciones t "Hearsay” — Alegación de Docura Gomo Admisión del Acto de Matar. — En- un proceso por asesinato, da alegación de locura hecha por el acusado no es una admisión del acto de matar.
    SENTENCIA de B. Díaz Cintrón, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de asesinato en segundo grado.

      Confirmada.

      B. Arjona Siaca, abogado del apelante,- José E. Figueras, abogado de El Puello, apelado.
   El Juez Asociado Señoe. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este fué un proceso por el delito de asesinato en segundo grado. El acusado y su esposa vivían en dos pequeñas ha-bitaciones en los suburbios de Ponce. Sus dos hijos dor-mían en una habitación mientras que el acusado y su es-posa dormían en otra. La casa donde el acusado vivía te-nía varios inquilinos y las habitaciones en su parte principal estaban separadas unas de otras por divisiones hechas de sacos. Dos de los testigos de la acusación eran vecinos cuyas habitaciones estaban de tal modo separadas. Una ma-ñana de mayo de 1923 el hijo del acusado, alarmado por la condición en que encontró a sus padres, llamó a su tío, y otros vecinos llegaron. Encontraron a la esposa del acu-sado, Gloria Rivera, muerta con dos heridas, cualquiera de las cuales era mortal. El acusado estaba acostado en el mismo catre con ella, con un cuchillo clavado en el pecho y quejándose. Los testigos manifestaron que no oyeron ni un sonido en la noche del suceso. El juez y el jurado hicie-ron una inspección ocular del sitio. Esta fué la prueba principal de la acusación, y al terminar el acusado solicitó su absolución perentoria.

La teoría del acusado en su primer señalamiento de error es que no se demostró la malicia ni la premeditación. Tam-bién que no hubo prueba que directamente conectara al acu-sado con la muerte de Gloria Rivera. Resolveremos la cues-tión de evidencia primero.

Cuando un hombre que duerme solo con su esposa en nna habitación redeado de vecinos que pneden oír el más simple sonido se le encuentra acostado en el catre con nn cuchi Un clavado en sn pecho y. su esposa muerta a su lado con heridas producidas por un cuchillo, y la situación de las habitaciones es tal que los vecinos pudieron haber oído el más ligero sonido de una contienda o altercado, ésta era prueba circunstancial de la cual un jurado tenía derecho a inferir un asesinato en segundo grado, si no en primero. Las circunstancias no indicaban ninguna conclusión razona-ble que no fuera la de que el acusado había dado muerte a su esposa. Suya fué la única oportunidad razonable para haber dado muerte a Gloria Rivera.

Cuando a un hombre se le encuentra acostado en su cama con su esposa muerta a su lado, aun cuando él mismo esté herido, ésta es una circunstancia que unida a las otras prue-bas de la acusación tiende a probar la culpabilidad en el hombre, especialmente a falta de algo que demuestre que la he-rida fué causada por una tercera persona.

Cuando las circunstancias indican la muerte de un ser humano por otro, se presume la malicia.

En el asesinato en segundo grado no es necesario probar la deliberación. El texto inglés del art. 201 del Código Penal es más claro que el castellano y prescribe lo siguiente :

‘ ‘ See. 201. — All murder which is perpetrated by means of poison, lying in wait, torture, or by any other kind of wilful, deliberate and premeditated killing, or which is committed in the perpetration or attempt to perpetrate arson, rape, robbery, burglary or mayhem, is murder of the first degree, and all other kinds of murders are of the second degree.”

En vista de este artículo es evidente que sólo el asesinato en primer- grado requiere la prueba de la deliberación a no ser que fuera cometido al perpetrarse un crimen.

Al cerrar el caso la acusación si la prueba tiende a demostrar cualquier delito inferior al imputado en la acusación, el acusado no tiene derecho a una absolución peren-toria. Si él elige dar por terminado el caso, podría solici-tar nna instrucción de que no barbo ninguna prueba del de-lito principal imputado en este caso de asesinato en segundo grado.

Josefa Torres, hermana del acusado, declaró que él dormía anormalmente; que se levantaba dormido y andaba por la casa y cogía cosas e iba donde la señora y decía: “toma, abí te dan;” que eso lo decía dormido. La teoría de la defensa era en parte la insanidad. La testigo, después de declarar un poco más tendente a demostrar estados ocasionales de sonambulismo en el acusado, contestando a la pregunta de si el acusado estuvo alguna vez loco, dijo que estuvo obsesado por seis meses. El gobierno solicitó la eliminación de esta contestación y la corte ordenó que fuera eliminada. El acusado no hizo ninguna otra tentativa por demostrar los actos o características del acusado durante estos seis meses.

La teoría de la corte probablemente fue que a un testigo indocto no debe permitírsele declarar sobre la insanidad, pero la corte no fundó su negativa en este motivo y no existe nada en los autos que demuestre el verdadero fundamento de la negativa. El acusado no preguntó más al testigo con respecto a las manifestaciones o actuación del. acusado du-rante los supuestos seis meses, ni tampoco varió las pregun-tas a fin de hacer revelar el verdadero conocimiento del tes-tigo. El fiscal trata de argumentar que el jurado oyó la contestación, y aunque esto hasta cierto punto puede ser cierto, siempre puede haber jurados de conciencia que exclu-yan de su mente prueba que la corte dice que no debe con-siderar. El fundamento principal que existe para la actua-ción de la corte es que la pregunta y contestación en sí no tendían a demostrar tal insanidad que hiciera a la persona irresponsable de un delito. Una persona puede tener una idea insistente o estar obsesado y sin embargo ser perfec-tamente responsable de un delito. A falta de cualquier ofre-cimiento por parte del acusado en demostrar su actuación o conducta durante dichos seis meses, el error, si lo hubo, no era perjudicial.

El capitán de la policía de Ponce estuvo con y cerca del acusado por varias horas después del delito y tuvo oportunidades para observarlo. La declaración del testigo, sin embargo, fue que el acusado se negó absolutamente a hablar por varias horas y entonces finalmente, al preguntársele dónde estaba su esposa, dijo que se encontraba en su casa. Al testigo se le preguntó entonces en vista de su observación, cuál era su opinión de la locura del acusado. La contestación fué eliminada. No encontramos ningún error, pues no se estableció ninguna base suficiente para preguntar a un testigo corriente o a un perito su opinión sobre la cor» dura del acusado.

Un testigo perito del acusado estaba declarando. El acusado deseaba hacer preguntas hipotéticas ■y empezó en esta forma: “En la vista de este caso, doctor, se admitió por la corte evidencia. En este caso se han sentado los siguientes hechos que han sido admitidos.” A cada una de estas preguntas el fiscal formuló la objeción formal de que no eran en forma hipotética. La corte sos-tuvo la objeción del fiscal y estuvo justificada en proceder así. Además, el acusado no trató de variar la forma de su pregunta para ajustarla a la forma de las preguntas hipo-téticas. Esta forma general es: “Si se probaran los si-guientes hechos, ¿cuál sería su opinión?” Y entonces el mismo interrogante resume los hechos, pero las preguntas anteriores técnicamente no se hicieron bien y la segunda asume que ciertos hechos habían sido admitidos. A este tes-tigo, además, se le permitió expresar sus impresiones gene-rales en cuanto a la condición mental del acusado, en vista de los hechos que se le refirieron.

El quinto señalamiento de error se refiere a la negativa de la corte a permitir otra pregunta hipotética, pero la corte estuvo justificada al decir que no se había estable-cido la debida base, además de permitir declarar al testigo con. cierta extensión en cnanto al efecto del sonambulismo.

El sexto señalamiento de error se refiere a la suficien-cia de la prueba. Después que toda la prueba del gobierno había sido presentada el caso era mucho más fuerte que nunca. El acusado pasó a declarar. El mismo demostró ser un individuo normal entonces y si el jurado no creyó la prueba de insanidad, tenía derecho a creer que el acusado era una persona muy perversa y responsable de la muerte de su esposa. El jurado trajo un veredicto de homicidio vo-luntario, y la corte condenó al acusado a siete años de pre-sidio. El Dr. Yordán Pasarell, perito del gobierno que tuyo innumerables oportunidades de observar al acusado, declaró que no notó la más leve señal de locura. En verdad, dijo, que hasta el momento del juicio no supo que el acusado sos-tenía que estaba loco el día de realizar el acto.

En varias partes de su informe el fiscal asume que la alegación de locura es una admisión del acto de matar. Tal admisión en manera alguna se infiere. Un hombre acusado de asesinato puede defenderse por el doble fundamento de que él no dió muerte al interfecto y que estaba loco enton-ces. En favor de un loco podría fácilmente demostrarse que no solamente él estaba loco sino que alguna otra persona realizó la muerte, o que el acusado no podía posible-mente haber perpetrado el crimen.

El apelante argumentó incidentalmente también que las instrucciones en este caso debieron referirse al delito de asesinato o a una absolución, y que no hubo realmente ver-dadero motivo para dar instrucciones en cuanto al homici-dio. Nos inclinamos a convenir con el apelante, aunque él no señala como error ninguna parte de las instrucciones de la corte, y por supuesto él estuvo perfectamente conforme con que la corte diera instrucciones respecto al delito de homicidio voluntario. Hubo prueba en todo el caso tendente a acreditar que el acusado tenía celos de su esposa, y el ju-rado probablemente creyó que el acusado ocasionó la muerte en nn momento de súbita pasión, y esto tenían ellos derecho a hacerlo de acnerdo con las instrucciones de la corte que no fueron impugnadas por el acusado.

No encontramos ningún error 'perjudicial y debe confir-marse la sentencia apelada.


text:
    A. Alvarez & Hno., demandantes y apelados, v. Isidoro Mitchel, demandado y apelante.
    No. 3526.

    Visto: Abril 17, 1925.

      Resuelto: Agosto 1, 1925.
    1. Evidencia — Prueba Oral o Extrínseca que Aeecta a los Escritos — Con-tratos de Ventas Condicionales — Prueba en Cuanto al Precio de la Venta. — Expresando nn contrato da venta condicional que determinada can-tidad procede de la venta de nn truck y no que ella fuera el precio de la venta, la introducción de prueba del precio de la venta no tiende a variar los términos del contrato.
    2. Apelación y Error — Revisión—Errores no Perjudiciales — Nombramiento de Arbitros. — Existiendo una cuenta complicada, la corte tiene discreción, en ausencia de seria objeción a ello, para nombrar un contable o árbitro, y el hecho que la corte exprese mal la forma en la cual el supuesto árbitro ha sido nombrado es un error no perjudicial.
    SENTENCIA de M. Rodríguez Serra, J. (Segundo Distrito, San Juan), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      M. Cruz Horta y Sebastián García, abogados del apelante; F. Soto Gras, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El primer señalamiento de error trata de una cuestión de evidencia. El apelante expresa que los demandantes introdujeron prueba tendente a variar los términos de un contrato por escrito. Sin discutir las excepciones a esta regla muy debatida, aparece suficientemente que no había tal variación. La contención específica es que en una venta condicional de un automóvil el precio fue fijado en la suma de 12,317.64, mientras que en el juicio a los demandantes se les permitió probar que el precio de venta, era $2,817.64, y que-la suma de $500 fue pagada de contado. El documento en cuestión meramente expresa' que esa cantidad de $2,317.64 procede de la venta condicional de un truck. En otras pa-labras, que $2,317.64 se debían con motivo de la venta y no que el precio de la venta se fijó en esa cantidad. Y no consta tampoco que el apelante formulara la debida objeción.

Puede existir alguna duda en cuanto a si el demandado consintió en que se hiciera el nombramiento de un llamado árbitro en el caso y quizás la corte no estuvo justificada en manifestar que existió ese consentimiento. Creemos, sin embargo, que no había ninguna seria objeción y como existía una cuenta complicada la corte tenía discreción para nombrar un contable o árbitro. Artículo 205 del Código de Enjuiciamiento Civil. Era un error que no perjudicaba a lo sumo el que la corte expresara mal la forma en la cual el supuesto árbitro había sido nombrado.

La siguiente objeción es que la corte permitió que el pe-rito fuera interrogado por el abogado y negó el mismo pri-vilegio al abogado del demandado. Las páginas a las cua-les el apelante se refiere no revelan tal estado de hechos y los apelados dicen que los autos no lo revelan. No encon-tramos justificada esta objeción en los autos.

El cuarto señalamiento de error se refiere a la aprecia-ción de la prueba, y el apelante no nos convence de que la corte incurriera en error.

• El quinto señalamiento de error expresa que la corte co-metió error en su sentencia y al no dictar resolución en cuanto a la contrademanda. La contrademanda alegaba la misma materia que la defensa. El apelante no argumenta seriamente esta cuestión. Por tanto, no vemos razón alguna para discutirla.

Otras cuestiones que se mencionan en el alegato no fue-ron debidamente señaladas y no merecen ulterior mención.

Debe confirmarse la sentencia.