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author: per curiam:

license: Public Domain

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      In re Orlando A. Piñeiro Vega.

      Números: TS-11,911, AB-2010-248

      Resueltos: 25 de febrero de 2013

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Orlando A. Piñeiro Vega, pro se.

   per curiam:

En esta ocasión debemos ordenar la suspensión indefinida de un miembro de la profesión de la abogacía y la notaría porque no cumplió con las horas crédito de educación jurídica continua exigidas por el Reglamento promulgado a esos efectos y por obviar los múltiples requerimientos de este Tribunal. A continuación los antecedentes fácticos que originan nuestra determinación.

I

TS-11,911

El 16 de enero de 1997, Orlando A. Piñeiro Vega (señor Piñeiro Vega o licenciado) fue admitido al ejercicio de la profesión de la abogacía. En iguales términos, el 13 de enero de 1999, el señor Piñeiro Vega prestó juramento para ejercer el notariado.

Al cabo de varios años, el 4 de marzo de 2011, la Directora Ejecutiva del Programa de Educación Jurídica Continua (Programa), Leda. Yanis Blanco Santiago (Directora), notificó a este Foro que el señor Piñeiro Vega había incumplido con el requisito bienal de tomar veinticuatro horas crédito de educación jurídica continua, según lo exigen los Reglamentos del Programa de Educación Jurídica Continua, infra, para los periodos de 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2008, y de 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010. La Directora detalló que el licenciado nunca acudió ante el Programa para responder por su incumplimiento, a pesar de haber sido notificado al respecto y haber sido citado a una vista informal o a comparecer por escrito.

Examinado el informe de la Directora, el 12 de abril de 2011, le concedimos al señor Piñeiro Vega un término de veinte días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la profesión de la abogacía por no haber cumplido con los requisitos reglamentarios de educación jurídica continua ni responder a los requerimientos que le hizo el Programa. En aquella ocasión se le apercibió al licenciado que su incumplimiento con nuestra Resolución conllevaría suspenderlo automáticamente del ejercicio de la abogacía.

El 4 de mayo de 2011, el señor Piñeiro Vega respondió a nuestra Resolución. Indicó que se proponía cumplir con los créditos de educación jurídica continua que tenía pendientes por satisfacer. En atención a su moción, el 20 de junio de 2011, esta Curia le concedió al licenciado un periodo de sesenta días para que presentara ante nos una certificación expedida por el Programa que constatara su cumplimiento con los créditos de educación jurídica continua que le fueron requeridos. Una vez más, se apercibió al señor Piñeiro Vega que su incumplimiento con los términos de nuestra Resolución desembocaría en la imposición de sanciones disciplinarias.

A pesar de nuestro apercibimiento, el licenciado no cumplió con nuestra exigencia. Ante ello, el 14 de diciembre de 2011 volvimos a ordenar al señor Piñeiro Vega que, dentro de un término de diez días, nos informara respecto a las gestiones que había realizado para cumplir con nuestra Resolución de 20 de junio de 2011. No obstante, el licenciado incumplió nuevamente con nuestros requerimientos. Por ello, el 10 de febrero de 2012, le concedimos un término final de treinta días para que acreditara si había satisfecho los créditos requeridos para ejercer la profesión. De igual forma, le advertimos al señor Piñeiro Vega incumplir con nuestra orden acarrearía su suspensión automática de la abogacía.

Así las cosas, el 2 de marzo de 2012, el señor Piñeiro Vega presentó un escrito titulado “Moción informativa y solicitud de término”. En éste, el licenciado argüyó que por causa de sus esfuerzos para rectificar unas deficiencias notariales que quedaron manifestadas por una querella ética instada en su contra, se vio forzado a reducir su gestión laboral, viéndose inhabilitado de costear los cursos de educación jurídica continua que se le exigieron. Ante ello, solicitó un término de diez días para presentar evidencia respecto a su matrícula en los cursos indicados. Esta Curia denegó su petición el 29 de junio de 2011.

A pesar de lo anterior, el señor Piñeiro Vega no respondió oportunamente a nuestro requerimiento. Consecuentemente, el 26 de octubre de 2012 emitimos una última Resolución mediante la cual le ordenamos al licenciado, dentro de un término final e improrrogable de veinte días, a que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido inmediatamente de la práctica de la abogacía. No fue sino hasta el 20 de noviembre de 2012, más allá del término de veinte días provisto por este Tribunal, que el señor Piñeiro sometió una “Moción en cumplimiento de orden”. En ésta, el licenciado indicó que había tomado trece créditos de educación jurídica continua atribuibles al periodo de enero de 2007 a diciembre de 2008, quedando pendiente once créditos para dicho término, al igual que veinticuatro créditos no satisfechos correspondientes al periodo de enero de 2009 a diciembre de 2010. Respecto a esos treinta y cinco créditos aún sin tomar, el licenciado indicó que se había matriculado en doce créditos de educación jurídica continua con el fin de satisfacer algunos de ellos. Nada dijo sobre sus esfuerzos para cumplir con los restantes veintitrés créditos que aún no han sido completados. A su vez, no proveyó evidencia que sustentara sus alegaciones respecto a los cursos que ya había satisfecho y aquellos en los cuales se había matriculado.

II

AB-2010-248

Por otra parte, el 17 de septiembre de 2010, el Sr. Iván I. Toledo Colón (quejoso o señor Toledo Colón) presentó ante nos una queja ética en contra del licenciado. En términos sucintos, el quejoso arguye que el señor Piñeiro Vega omitió cancelar un pagaré extraviado, el cual estaba garantizado por una hipoteca que gravaba una propiedad que se le vendió al quejoso mediante una escritura pública preparada y autorizada por el licenciado. Según el quejoso, el licenciado cobró seis mil dólares para inscribir en el Registro de la Propiedad (Registro) la escritura de compraventa antes señalada y para cancelar el pagaré extraviado. Sin embargo, éste nunca hizo alguna gestión para cumplir con las labores a las cuales se obligó en la propia escritura pública que preparó, causando que el quejoso tuviese que pagar de su peculio todos los gastos relacionados con la presentación de la escritura. Igualmente, el señor Toledo Colón responsabiliza al licenciado por el archivo de una demanda que se presentó a instancias del quejoso para cancelar el pagaré extraviado. Ello, pues, presuntamente el licenciado nunca publicó los edictos requeridos para determinados emplazamientos.

Como resultado de la presentación de la queja, el 30 de septiembre de 2010, este Tribunal le notificó al licenciado sobre su existencia y le requirió una contestación dentro del plazo dispuesto para ello por la Regla 14 de nuestro Reglamento. El 18 de octubre de 2010, el licenciado contestó la queja: admitió las imputaciones alegadas en su contra y señaló que había iniciado los trámites necesarios para mitigar los daños causados al señor Toledo Colón. Así las cosas, el 20 de octubre 2010 referimos la queja a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Inspección de Notarías, la Leda. Lourdes Quintana Lloréns (licenciada Quintana Lloréns), para que la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) completase las investigaciones pertinentes y sometiese un informe con sus hallazgos ante este Tribunal.

Luego de varios trámites interlocutorios, el 7 de octubre de 2011, la licenciada Quintana Lloréns acudió ante este Foro para solicitar que ordenásemos al señor Piñeiro Vega entregar ciertos documentos que ODIN le requirió el 20 de mayo de 2011, pero que nunca entregó, y a que compareciese y cooperase con ODIN para que ésta pudiera inspeccionar su obra notarial. A esos efectos, el 25 de octubre de 2011, le concedimos al licenciado un término de cinco días para que cumpliese con los requerimientos de ODIN y para que nos expresara las razones por las cuales no debía ser disciplinado profesionalmente debido a su falta de cumplimiento con los pedidos de ésta. El 10 de noviembre de 2011, el abogado alegó en su respuesta a nuestra Resolución que había cumplido con las exigencias de ODIN.

Contando con los documentos sometidos por el señor Piñeiro Vega, el 9 de febrero de 2012, ODIN presentó ante este Tribunal su informe respecto a la queja notarial que nos ocupa. El referido informe señala que en la autorización de la escritura de compraventa objeto de la queja, el licenciado: (1) violó la fe pública notarial al aseverar falsamente en la escritura de compraventa que presentaría ese mismo día en el Registro una declaratoria de herederos que pronunciaba al vendedor de la propiedad como el único heredero de la persona que, en aquel momento, aparecía como la titular registral; (2) omitió consignar en la escritura y expresar a los comparecientes ciertas advertencias de rigor, incluso la insuficiencia del título reclamado por el vendedor y la falta de tracto sucesivo, hasta tanto se presentara en el Registro la Declaratoria de Herederos que lo reconocía como titular, al igual que la advertencia al comprador sobre su derecho a adquirir la propiedad libre de cargas y gravámenes, y de exigir que se cancelara un pagaré extraviado que estaba garantizado por una hipoteca que afectaba la propiedad; (3) cobró seis mil dólares en concepto de honorarios de abogado con el fin de gestionar la cancelación del pagaré extraviado y la presentación de la escritura de compraventa en el Registro, quedando pendiente hasta la fecha aspectos medulares de tales labores; (4) acordó con el comprador a que éste pagase los doscientos veinte dólares requeridos para comprar los comprobantes exigidos para la referida inscripción, prometiendo rembolsar tales gastos en un futuro, quedando aún insatisfecho el referido pago. Más aún, el quejoso se vio obligado a presentar en el Registro la escritura de compraventa, la cual posteriormente fue notificada al notario por falta de tracto sucesivo ya que éste aún no había presentado la instancia registral que acredita que el vendedor era el heredero del título de la propiedad; (5) instó una demanda de cancelación de pagaré extraviado ante el Tribunal de Primera Instancia, la cual se archivó por la falta de diligencia del abogado en publicar los edictos necesarios para ciertos emplazamientos, y (6) desatendió en repetidas ocasiones los requerimientos de ODIN para que entregase ciertos documentos imprescindibles para la investigación.

Como resultado de estos señalamientos, los cuales el licenciado aceptó, ODIN indica que la conducta del señor Piñeiro Vega constituye una violación a los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, al igual que al Art. 2 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, 4 LPRA see. 2002, conocida como la “Ley Notarial de Puerto Rico”. Luego de examinar el informe de ODIN, el 30 de marzo de 2012, este Foro le concedió al licenciado un término de veinte días para que se expresara respecto al mismo. Igualmente, se le apercibió al señor Piñeiro Vega que su incumplimiento con lo ordenado conllevaría severas sanciones disciplinarias, incluso la suspensión indefinida de la profesión.

Una vez más, el licenciado incumplió con nuestro mandato. Ante ello, el 12 de julio de 2012, le concedimos un término adicional de veinte días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido indefinidamente de la notaría. Nuevamente, reiteramos en nuestra Resolución que, en el término provisto, el licenciado se debía expresar respecto al informe de ODIN y continuar atendiendo sus requerimientos relacionados con la subsanación de los errores señalados. A su vez, le solicitamos a ODIN que, dentro de un término de veinte días, nos presentara un informe sobre las gestiones realizadas por el notario.

El 3 de agosto de 2012, ODIN presentó ante este Tribunal una moción en cumplimiento de nuestra Resolución. En ella, la licenciada Quintana Lloréns señaló que el notario no había encuadernado varios protocolos de instrumentos públicos correspondientes al 2000, y para el periodo desde el 2002 hasta el 2012. Además, nos indicó que el licenciado adeuda los índices Notariales Mensuales de los siguientes meses: octubre de 2004, enero de 2005, abril y diciembre de 2008, y los índices desde enero de 2009 hasta jimio de 2012. El señor Piñeiro Vega tampoco ha presentado los Informes de Actividad Notarial Anual desde el 2004 hasta el 2011. Asimismo, su obra notarial sufre de una deuda arancelaria debido a múltiples sellos que aún no han sido cancelados. Por último, la ODIN reseñó que el notario trasladó sus protocolos notariales desde su antigua oficina hasta su casa, sin someter ante ODIN un petitorio a esos efectos y sin actualizar dicha información en el Registro Unico de Abogados (RUA).

En respuesta a la moción de ODIN, emitimos una última Resolución el 26 de octubre de 2012. En ésta, detallamos que el licenciado no cumplió con nuestros requerimientos emitidos el 30 de marzo de 2012 y el 12 de julio del mismo año. Igualmente, le concedimos al señor Piñeiro Vega un término final e improrrogable de veinte días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido inmediatamente de la notaría. También, le ordenamos que dentro del referido término, proveyese una respuesta al informe de ODIN de 9 de febrero de 2012, al igual que a la moción de ODIN de 3 de agosto de 2012.

El 27 de noviembre de 2012, el licenciado presentó una moción titulada “Moción en cumplimiento de orden”. En ésta, el notario admite los señalamientos de ODIN. Además, el licenciado alega que ha encuadernado todos sus protocolos notariales y prometió que el 13 de diciembre de 2012 inscribiría sus índices notariales anuales y mensuales. Respecto a la queja que obra en su contra, el licenciado alega que no ha cumplido con la presentación de la instancia registral que constata el derecho hereditario del vendedor de la propiedad en controversia ya que el Departamento de Hacienda aún no le ha provisto el relevo correspondiente a la planilla de caudal relicto exigida por nuestro ordenamiento. Con relación al traslado de su obra notarial desde su oficina hasta su residencia sin la autorización de ODIN y sin la debida actualización del RUA, el notario asevera que sólo tuvo la obra notarial en su casa con el único propósito de comparecer a ODIN para su inspección. El licenciado añade que pidió llevar su obra notarial a ODIN porque su oficina notarial no tenía servicio de aire acondicionado.

Por último, el notario asevera que ODIN ya ha aprobado sus Protocolos correspondientes al 2000 y hasta el 2005, con excepción del 2001, año en el cual no efectuó obra notarial. Sin embargo, no ha presentado evidencia que atestigüe lo anterior. Más aún, nada dice el licenciado referente a la subsanación de la deuda arancelaria que pesa en su contra.

III

A. Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua

De acuerdo con nuestro poder inherente para reglamentar la profesión jurídica en Puerto Rico, el 30 de junio de 1998 aprobamos el Reglamento de Educación Jurídica Continua (1998) (Reglamento de 1998). Regla 1 del Reglamento de 1998 (4 LPRA Ap. XVII-D). El referido reglamento fue aprobado para establecer un programa de educación jurídica continua de carácter obligatorio, el cual aliente y contribuya al mejoramiento profesional de nuestros abogados, facultando así la adquisición, el desarrollo y la actualización de sus conocimientos y destrezas jurídicas, y capacitándolos para el ejercicio de la profesión dentro de los más altos niveles de calidad y competencia. íd. Véase In re Aprobación Prog. Educ. Jur, infra, pág. 564.

Como componente medular del programa instaurado, la Regla 6 del Reglamento de 1998, supra, establece que todo abogado activo y admitido a ejercer la práctica de la profesión en Puerto Rico está obligado a tomar, como mínimo, veinticuatro horas crédito de educación jurídica continua en un periodo de dos años. De esas veinticuatro horas crédito, al menos cuatro deben ser dedicadas a cursos de ética profesional. íd. En aquellos casos en que un abogado también ejerza el notariado, éste deberá tomar seis horas crédito en cursos relacionados con el derecho notarial. Id.

Por otra parte, en abril 8 de 2005, este Tribunal aprobó el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, In re Aprobación Regl. Prog. Educ. Jur., 164 DPR 555 (2005) (Reglamento de 2005). Éste se promulgó de acuerdo con el poder que posee la Junta de Educación Jurídica Continua (Junta) —creada al amparo de la Regla 8 del Reglamento de 1998, supra— para desarrollar, administrar y velar por el fiel cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de 1998. Regla 3 del Reglamento de 2005, supra, págs. 557-558.

Al igual que el Reglamento de 1998, el Reglamento de 2005 aplica a todo abogado admitido a ejercer la práctica de la abogacía y la notaría en Puerto Rico que se mantenga activo en el ejercicio de la profesión. Regla 4(A)(1) del Reglamento de 2005, supra, pág. 558. Por esto, la Regla 28(A) del Reglamento de 2005, supra, pág. 587, recalca la exigencia de que todo abogado cumpla con los requisitos mínimos de horas crédito de educación jurídica continua, según lo ordena la Regla 6 del Reglamento de 1998, supra.

Más aún, el Reglamento de 2005 impone al abogado la obligación de presentar ante la Junta un informe de cumplimiento tan pronto haya completado las veinticuatro horas crédito correspondientes a determinado periodo bienal, dentro de un término no mayor de treinta días posterior a la terminación de dicho periodo. Un abogado podrá presentar su informe luego del referido término, sólo si paga una cuota de cincuenta dólares y provee una explicación de las razones por las cuales no cumplió a tiempo con el requisito indicado. Regla 30 del Reglamento de 2005, supra, pág. 588.

Cuando el abogado incumpla con la presentación del informe señalado, la Junta le notificará un Aviso de Incumplimiento. Regla 29 del Reglamento de 2005, supra, pág. 588; Regla 9(a) del Reglamento de 1998, supra. Igualmente, la Junta citará por escrito al abogado, incluirá en la citación el propósito de la vista, el periodo de incumplimiento por el cual debe responder, al igual que la fecha y el lugar de la vista. Regla 31(A) y (B) del Reglamento de 2005, supra, pág. 589; Regla 8(d)(2) y Regla 9(c) del Reglamento de 1998, supra. Si el abogado no comparece a la vista señalada, la Junta deberá referir el asunto a este Tribunal. Regla 32(C) del Reglamento de 2005, supra, pág. 589.

En el pasado, este Tribunal ha disciplinado profesionalmente a aquel abogado que ha desatendido los requerimientos de la Junta e incumplido con las horas crédito de educación jurídica continua. In re Grau Collazo, 185 DPR 938 (2012). Véanse, también: In re Ramírez Ferrer, 183 DPR 382 (2011); Galarza Rodríguez, Ex parte, 183 DPR 228 (2011). Si luego de proveerle un término al abogado para que muestre causa por la cual no debe ser suspendido de la profesión éste incumple con nuestro mandato, pro-cede que el abogado sea sancionado con la suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. íd.

La readmisión de un abogado posterior a una suspensión indefinida por su incumplimiento con estos requisitos quedará condicionada a que éste, en el término de un año, subsane el incumplimiento por el cual fue suspendido y tome los cursos correspondientes al término de su suspensión. Regla 10 del Reglamento de 1998, supra. En su moción para solicitar su reinstalación a la profesión, el abogado deberá hacer constar, de manera precisa, la forma en que cumplió con el requisito de educación jurídica continua pendiente por subsanar. Id.

B. El incumplimiento de un abogado con los requerimientos de este tribunal.

El Canon 9 del Código de Ética Profesional dis-pone que “ [e]l abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. 4 LPRA Ap. EX. Al interpretar la referida norma ética, he-mos señalado, en numerosas ocasiones, que un abogado incumple con este precepto cuando ignora los requerimientos de este Tribunal. In re Buono Colón, 187 DPR 379, pág. 5, citando a, In re Arroyo Rivera, 182 DPR 732, 735 (2011); In re Fiel Martínez, 180 DPR 426, 430-431 (2010). Véanse, también: In re Rosario Martínez, 184 DPR 494, 498 (2012); In re Feliciano Jiménez, 176 DPR 234 (2009).

En In re García Ortiz fuimos enfáticos en reiterar que “los abogados deben la más estricta observancia a las órdenes judiciales, más aún cuando se trata de procedimientos disciplinarios [...]”. íd., 187 DPR 507, 524 (2012), citando a In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 34-35 (2011). Incluso, hemos pautado que este deber no se limita a los requerimientos emitidos por este Foro, sino que también se extiende a las exigencias que le imponga cualquier otro foro al que el abogado se encuentre obligado a comparecer. In re García Ortiz, supra, pág. 20, citando a In re García Baliñas, 167 DPR 125 (2006). A esos efectos, hemos sido diáfanos en consignar que los requerimientos de ODIN exigen igual respeto. In re Montes Díaz, 184 DPR 90, 94 (2011).

Cuando un abogado incumple con nuestros requerimientos —o aquellos emitidos por ODIN— e ignora el apercibimiento de sanciones disciplinarias, hemos sido consecuentes en suspenderlo indefinidamente de la práctica legal. In re Marqués Latorre, 186 DPR 412 (2012), citando a In re Rojas Rojas, 185 DPR 405, 407 (2012); In re Morales Rodríguez, 179 DPR 766, 770 (2010). Véanse, también: In re Montes Díaz, supra; In re Arroyo Rivera, supra, págs. 735-736; In re Reyes, Rovira, 139 DPR 42 (1995). Lo anterior se debe a que hemos interpretado que este proceder revela una “actitud de indiferencia y menosprecio a la autoridad del Tribunal Supremo”, merecedora de la suspensión indefinida. In re Feliciano Jiménez, supra, pág. 234, citando a In re Pagán Ayala, 130 DPR 678, 683 (1992).

Ante la alta frecuencia de incumplimientos de esta naturaleza, le reiteramos una vez más a los profesionales del Derecho que

[...] “[ejste tribunal no flaqueará en suspender a los togados que demuestren un reiterado incumplimiento con los términos finales y perentorios impuestos para cumplir con nuestras órdenes. El hecho de que esta Curia esté en disposición de conceder prórrogas para lograr el cumplimiento con nuestras órdenes, en aras de corregir deficiencias al ejercicio de la profesión legal, no impide nuestra función disciplinaria. Tampoco exonera al letrado de las consecuencias de las violaciones éticas én que incurra ante este Foro. (Énfasis nuestro y corchetes en el original). In re García Ortiz, supra, pág. 528, citando a In re Asencio Márquez, 183 DPR 659, 664 (2011).

IV

La suspensión indefinida de la práctica de la abogacía y la notaría que hoy ordenamos encuentra su justificación en dos deberes de trascendental importancia para la profesión legal: (1) el cumplimiento de las horas crédito de educación jurídica continua exigidas por nuestros Reglamentos, y (2) el acatamiento oportuno de los múltiples requerimientos de este Tribunal, al igual que aquellos expedidos por cualquier otro foro al cual un abogado viene llamado a comparecer. En el caso de marras, el incumplimiento de ambos deberes encuentra su génesis en dos expedientes íntimamente relacionados entre sí. Aprovechando esta coyuntura para consolidarlos, procedemos a explicar las razones que sostienen nuestra determinación.

A. En primer lugar, el licenciado Piñeiro Vega ha desatendido su obligación de obtener ciertos créditos de educación jurídica continua conducentes a su desarrollo y capacitación profesional. Como articulamos anteriormente, la Regla 6 del Reglamento de Educación Jurídica Continua de 1998, supra, al igual que la Regla 28 del Reglamento de 2005, supra, exigen que un abogado cumpla con veinticuatro horas crédito de educación jurídica continua cada dos años. En el caso de marras, el señor Piñeiro ha incumplido con dos periodos bienales de educación jurídica continua, a saber: desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2008, y desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010.

Su incumplimiento es precedido por una actitud indiferente y en menosprecio de los requerimientos impuestos por el Programa de Educación Jurídica Continua y por esta Curia. Cuando la Directora del Programa expidió el Aviso de Incumplimiento al licenciado Piñeiro Vega, citándolo a una vista para que rindiera cuentas respecto a las razones por las cuales había incumplido con su obligación reglamentaria, el licenciado ignoró la citación informada, viéndose la Junta del Programa en la obligación de referir su caso ante nos.

Ante el referido que nos hizo el Programa, fuimos prontos en otorgarle un término al licenciado para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la profesión. Este respondió a nuestra imposición solicitándonos tiempo para cumplir con los requisitos de educación jurídica continua. De acuerdo con su petición, le extendimos un término de sesenta días para que cumpliese con lo exigido. Diez meses después de cumplido dicho término sin que esta Curia recibiese una respuesta del licenciado, y luego de dos Resoluciones adicionales en las cuales le exigimos al licenciado que certificara a este Foro si había cumplido con los cursos de educación jurídica continua pendientes por satisfacer, las cuales el señor Piñeiro Vega nunca contestó, éste compareció ante nos para solicitar un periodo adicional para certificar su cumplimiento con las horas créditos pendientes por aprobar.

A pesar de haberle denegado esta solicitud, el licenciado nunca contestó. Por ello expedimos una cuarta y última Resolución, en la cual le otorgamos veinte días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido indefinidamente de la abogacía. Cuando finalmente contestó nuestro requerimiento, el licenciado presentó una moción en la cual arguye —sin ofrecer evidencia alguna en favor de su alegación— que ha satisfecho trece de las cuarenta y ocho horas crédito pendientes por satisfacer.

Tomando como cierta su alegación, aún le restan por tomar treinta y cinco horas créditos de educación jurídica continua. De esas treinta y cinco horas créditos aún incompletas, el licenciado alega haberse matriculado en doce créditos de educación jurídica continua. Aun dando entera fe y crédito a su aseveración —la cual no ha evidenciado con las hojas de matrícula correspondientes a cada curso— encontramos que el licenciado todavía no ha satisfecho veintitrés horas crédito de las cuarenta y ocho horas crédito por las cuales originalmente fue referido ante nos, a pesar de que ha gozado de casi dos años para cumplir con ellas.

Luego de ofrecerle múltiples oportunidades al licenciado para que rectifique su omisión, nuestra paciencia se ha agotado. Ante el incumplimiento del letrado con las horas crédito de educación jurídica continua antes indicadas, nos vemos obligados a suspenderlo indefinidamente del ejercicio de la abogacía hasta tanto cumpla con las exigencias de educación jurídica continua aún pendientes por satisfacer para los periodos bienales en mora. Según lo exige la Regla 10 del Reglamento de 1998, supra, el licenciado no podrá ser readmitido al ejercicio de la abogacía a no ser que, en su moción para solicitar la reinstalación a la profesión evidencie fehacientemente la forma en que cumplió con los requisitos de educación jurídica continua aún insatisfechos.

Aprovechamos ésta coyuntura para recordarle a la clase togada que la educación jurídica continua, como exigencia que emana de nuestro poder para reglamentar la profesión legal, existe para asegurar que nuestros letrados adquieran, desarrollen y actualicen sus destrezas jurídicas. Esta imposición persigue que nuestros abogados y notarios ejerzan su oficio dentro de unos márgenes de competencia y calidad, garantizando así que nuestra ciudadanía pueda participar de nuestro sistema de justicia asistidos por profesionales del Derecho que sean diestros y aptos en su labor legal. Incumplir con tal exigencia, no sólo le falta el respeto a este Tribunal y a su facultad inherente de velar por la disciplina y capacidad de los profesionales del Derecho, sino que atenta contra la seguridad de nuestra ciudadanía en su interés por obtener servicios legales competentes que le garanticen un acceso adecuado a la justicia.

B. En segundo plano, el licenciado Piñeiro Vega ha violentado el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, el cual exige que un abogado observe para con este Tribunal una conducta que se caracterice por el mayor respeto, mediante el cumplimiento oportuno de los requerimientos que le imponemos.

Como bien hemos detallado, el señor Piñeiro Vega ha manifestado gran menosprecio a las Resoluciones de este Tribunal y a los requerimientos del Programa al no comparecer oportunamente a las exigencias que le han impuesto ambos foros y al no cumplir cabalmente con los mandatos que le hemos dirigido. Esta actitud carente de diligencia no se ha circunscrito a los requerimientos de este Foro y del Programa. Más bien, el licenciado ha procedido con descuido en su rectificación de las deficiencias notariales que emanan de la queja presentada por el señor Toledo Colón. Como bien se deduce del trasfondo fáctico antes esbozado, el licenciado ha ignorado, en repetidas ocasiones, nuestros reclamos para que conteste los informes de ODIN y ha fallado en responder oportunamente a los requerimientos de ésta.

En su última comparecencia ante nos “contestando” el último informe de ODIN, el licenciado nada dice sobre la deuda arancelaria que pesa en su contra. Además, el letrado admite que aún no ha cumplido con la entrega de los índices mensuales e informes anuales que le fueron solicitados, no ha presentado la instancia registral que inscribe el derecho hereditario del individuo que le vendió la propiedad en controversia al quejoso, y no acompaña evidencia de la encuademación de sus protocolos notariales.

Esta contestación insuficiente, unida a las múltiples ocasiones en las cuales este Tribunal le ha ordenado al señor Piñeiro Vega que conteste los requerimientos del Programa y de ODIN sin éxito alguno, constituyen una falta de respeto a esta Curia que violenta el Canon 9, supra. Sin lugar a dudas, hemos sido condescendientes y hemos conferido múltiples oportunidades para que el letrado cumpla con la rectificación de los señalamientos notariales que presentó ODIN.

Según indicamos anteriormente, la reinstalación al ejercicio de la abogacía del señor Piñeiro Vega queda sujeta a que cumpla con las horas crédito de educación jurídica continua que están en mora. Debido a que el ejercicio de la notaría está supeditado a que el señor Piñeiro Vega esté autorizado a ejercer la profesión de la abogacía (Art. 8 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV), éste no podrá ejercer el notariado hasta tanto sea reinstalado en la práctica de la abogacía como abogado y hasta tanto demuestre a este Tribunal que ha subsanado cabalmente —de su propio peculio— todas las deficiencias notariales señaladas por ODIN. Además, una vez presente una moción de reinstalación constatando el cumplimiento de todo lo reque rido en esta Opinión, habremos de determinar cuál será el curso a tomar en la adjudicación de la queja que aún pesa en su contra.

V

Por los fundamentos antes expuestos, suspendemos indefinidamente al señor Piñeiro Vega de la práctica de la abogacía y la notaría hasta tanto cumpla con las exigencias pautadas en esta Opinión y someta una moción de reinstalación que así lo constate.

El señor Piñeiro Vega deberá notificar a sus clientes que, por motivo de la suspensión aquí ordenada, no podrá continuar con su representación legal. Ante ello, deberá devolver a éstos los expedientes de los casos pendientes y los honorarios recibidos por trabajos no realizados. Asimismo, informará de su suspensión a cualquier Sala del Tribunal General de Justicia o a cualquier foro administrativo ante el cual tenga un caso pendiente.

El señor Piñeiro Vega tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal, en el término de treinta días, que cumplió con lo antes señalado. El cumplimiento con estos deberes también deberá ser notificado al Procurador General. Se ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute inmediatamente la obra y el sello notarial del señor Piñeiro Vega. Previo a ser reinstalado en la práctica de la notaría, éste deberá evidenciar que ha subsanado, de su propio peculio, todas las deficiencias notariales que ODIN ha señalado en sus informes ante este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       El licenciado alega que ya ha presentado nuevamente una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia para cancelar el pagaré extraviado. Esta información fue corroborada por la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) en su informe de 9 de febrero de 20Í2.

       A la fecha, el notario aún no ha presentado esta instancia registral.

       La ODIN reconoce que el abogado ha instado este pleito nuevamente como resultado de la queja presentada en su contra.

       El notario no autorizó instrumentos públicos en el 2001.


author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

text:
    Hiram Ignacio Pérez Soto, peticionario, v. Cantera Pérez, Inc., José Reinaldo Cordero Soto, Enid Teresa Pérez Soto, Arleen Marie Valeiras Pérez, Marisel Annette Valeiras Pérez y María Antonia Rodríguez Lebrón, recurridos.

      Número: CC-2011-737

      Resuelto: 27 de febrero de 2013

      Héctor M. Collazo Maldonado, del bufete Collazo & Collazo, abogado de la parte peticionaria; Patricia Cordero Alcaraz, Guillermo J. Ramos Luiña, Enrique Alcaraz Micheli, Volgina Rodríguez Calderón, Rafael A. García López y Luis E. Laguna Mimoso, abogados de la parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar el alcance de la Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones en aquellos casos en los que la notificación a las partes de un recurso apelativo se hace mediante un servicio de correo postal privado. Debemos resolver si el matasellos provisto por la oficina postal privada es equivalente al del United States Postal Service (USPS) para propósitos de hacer constar la notificación oportuna del escrito de apelación.

I

El 14 de agosto de 2007, Hiram Pérez Soto presentó una demanda de partición de herencia ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao. Luego de varios trámites procesales y mediante una moción presentada el 15 de noviembre de 2010, el peticionario solicitó desistir sin perjuicio de algunas de las causas de acción contenidas en la demanda. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia parcial enmendada en la que desestimó con perjuicio estas mismas reclamaciones. Además, impuso a Pérez Soto diez mil dólares como honorarios de abogado más las costas y gastos del pleito.

Dicha sentencia parcial enmendada fue dictada el 2 de mayo de 2011. A partir de esta fecha, comenzó a transcurrir el término jurisdiccional de treinta días para apelar, que venció el 1 de junio de 2011, según la Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El 27 de mayo de 2011, dentro del término jurisdiccional de treinta días, Pérez Soto presentó un recurso de apelación ante el foro intermedio. Las notificaciones del recurso se hicieron esa misma tarde, depositándolas en un comercio llamado Postal Solutions, dedicado al servicio postal privado.

Posteriormente, dos de los codemandados solicitaron la desestimación de la apelación. Adujeron que la notificación del recurso fue tardía ya que el matasellos del servicio postal federal tenía la fecha del 2 de junio de 2011, es decir, un día después de la fecha en que vencía el término de treinta días para recurrir en apelación. Señalaron que Postal Solutions no es una entidad equivalente al servicio postal federal y que el sello del comercio privado, indicando la fecha de 28 de mayo de 2011, no goza de la misma validez que el del USPS. Por último, alegaron que Pérez Soto no demostró justa causa para la dilación y, por eso, no quedaba exento del término de cumplimiento estricto.

El Tribunal de Apelaciones dictó sentencia el 24 de junio de 2011 declarándose sin jurisdicción para atender el recurso. Resolvió que las notificaciones a las partes se habían hecho fuera del término establecido y que el peticionario, hasta el día en que se emitió dicha sentencia, no había demostrado justa causa para la tardanza. El foro apelativo concluyó que “si una parte descansa en terceros para descargar su responsabilidad de notificar un escrito de apelación debe asumir las consecuencias de los errores del tercero en quien delega”.

Pérez Soto solicitó reconsideración y acompañó su moción con prueba documental mediante la cual intentó pro-bar: (1) que envió las notificaciones a las partes de forma oportuna; (2) que Postal Solutions es un “commercial mail receiving agency” (CMRA) debidamente autorizado por el USPS para realizar servicios análogos a los del servicio postal y (3) que había mostrado diligencia durante el manejo del caso, por lo cual, de haber habido alguna dilación en el trámite de las notificaciones, ésta no podía atribuirse a negligencia de su parte.

Entre los documentos presentados incluyó dos declaraciones juradas. La primera fue prestada por el propio peticionario, quien afirmó que en la tarde del 27 de mayo de 2011, día en que presentó la apelación, visitó Postal Solutions con el propósito de notificar a las partes sobre la presentación del recurso apelativo por medio de correo certificado con acuse de recibo. Alegó que depositó los documentos en el correo privado y realizó el pago correspondiente. Declaró que al día siguiente regresó a la tienda para buscar el recibo de pago sellado por Postal Solutions así como copia de los recibos de envío mediante correo certificado, los cuales también habían sido sellados por la tienda. Ambos sellos tenían fecha del 28 de mayo de 2011. Pérez Soto alegó que, mediante correo electrónico acompañado con copia digital de los recibos, avisó a su abogado del envío de las correspondientes notificaciones y que fue por esa razón que éste presentó una Moción Informativa para certificar al Tribunal de Apelaciones haber cumpiído con este requisito. Por último, el peticionario afirmó haber utilizado en numerosas ocasiones el servicio de Postal Solutions para manejar sus asuntos profesionales como abogado y contador público autorizado.

La segunda declaración jurada contiene el testimonio de José Medina Bulerín, dueño de Postal Solutions. Este alegó que su negocio está debidamente autorizado por el USPS para operar como servicio postal y tiene autorización para fijar su sello en los documentos que se le entregan, “evidenciando que recibió un documento de un cliente con el propósito de que se tramitara bajo el sistema de U.S. Postal Service Certified Mail Receipt. Es equivalente y con la misma autoridad oficial como si fuera el sello de U.S. Postal Service Certified Mail Receipt”. Pérez Soto también incluyó una carta de 11 de julio de 2011, suscrita por el gerente de la Oficina del USPS en San Juan, Puerto Rico, en la cual confirma que Postal Solutions cuenta con las certificaciones necesarias para operar como un CMRA, descrito como un “private post office, únder current US Postal Service rules and regulations” y que, como tal, puede recibir correos certificados y que la fecha sellada en éstos es tan válida como si se adquiriera el servicio de cualquier oficina del USPS.

El foro intermedio descartó todos los planteamientos del peticionario, sosteniendo su determinación inicial. Inconforme, Pérez Soto recurrió ante nosotros. En su petición de presentó los señalamientos de error siguientes:

1. Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al desestimar el escrito de apelación Caso Núm. KLAN201100720 por no haberse notificado dentro del término de 30 días de cumplimiento estricto. Esto, a pesar de que el peticionario notificó dentro del término jurisdiccional de 30 días conforme lo dispuesto por la Regla 13 B 2 y 3 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones utilizando un correo privado certificado por el US Postal Service.

2. El Honorable Tribunal de Apelaciones abusó de su discreción al desestimar el recurso de apelación interpuesto por el peticionario, Hiram Pérez Soto, ya que este presentó justa causa para la alegada dilación [...]

Sometido el caso ante nuestra consideración, pasamos a resolver.

II

En nuestro sistema judicial, el derecho a apelar es un derecho estatutario y no constitucional, por lo que le compete a la Asamblea Legislativa determinar si las partes tendrán derecho a invocar la jurisdicción apelativa de los tribunales. Lina vez se reconoce tal derecho, al amparo del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Tribunal Supremo tiene la responsabilidad de diseñar e implantar un sistema de normas que fomente la más sana y efectiva administración de la justicia, tanto en la jurisdicción original como en la apelativa. Esta facultad se reitera en la Ley de la Judicatura de 2003, según enmendada, que dispone que corresponde a este foro el poder para diseñar las reglas que aseguren el “acceso fácil, económico y efectivo” al foro apelativo. A estos fines, aprobamos el Reglamento del Tribunal de Apelaciones que, junto a otras reglas y leyes, regula el trámite y perfeccionamiento de los recursos apelativos. La existencia de un conjunto de normas que regulan la práctica apelativa puertorriqueña implica, en esencia, que aunque haya derecho a apelar, las normas sobre el perfeccionamiento de los recursos apelativos deben ser observadas rigurosamente y su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de las partes o sus abogados.

Entre los requisitos para perfeccionar el recurso apelativo se encuentran la presentación oportuna del recurso en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones y su notificación a las partes. Ambos inciden en la jurisdicción del tribunal. Puesto que la jurisdicción es la autoridad que tienen los foros judiciales para atender controversias con efecto vinculante para las partes, el incumplimiento con estos requisitos impide que el Tribunal de Apelaciones pueda atender la controversia que se le presenta. La ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada por las partes ni por el propio tribunal. Por eso hemos reiterado que los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que tienen el deber de velar por que los recursos se perfeccionen de forma que les sea posible atenderlos. Cónsono con esta doctrina, el incumplimiento con la presentación o la notificación a las partes acarrea la desestimación del recurso apelativo.

Por no estar en controversia que el peticionario presentó de forma oportuna su escrito de apelación, pasamos a analizar lo referente a la notificación del recurso. Este requisito ha sido incorporado a la práctica legal con el interés de salvaguardar el debido proceso de ley de las partes que podrían verse afectadas por la presentación de un recurso apelativo. Como establecimos anteriormente, la falta de notificación a una de las partes priva de jurisdicción al tribunal para atender el recurso en los méritos.

La Regla 13(B) del Tribunal de Apelaciones dis-pone, en lo pertinente:

(B) Notificación a las partes.—

(1) Cuándo se hará. La parte apelante notificará el recurso apelativo y los apéndices dentro del término dispuesto para la presentación del recurso, siendo éste un término de estricto cumplimiento.

(2) Cómo se hará.— La parte apelante notificará el recurso de apelación debidamente sellado con la fecha y hora de su presentación mediante correo certificado o servicio de entrega por empresa privada con acuse de recibo [...]

(3) Constancia de la notificación.— Se considerará que la fecha de la notificación a las partes es la que conste del certificado postal como la fecha de su depósito en el correo.

Si la notificación se efectúa por correo ordinario, la fecha del depósito en el correo se considerará como la fecha de la notificación a las partes.

Se considerará que la fecha de la notificación a las partes es la que conste del documento expedido por la empresa privada que demuestre la fecha en que ésta recibió el documento para ser entregado a su destinatario.

El propio Reglamento señala que los requisitos de notificación “deberán interpretarse de forma que se reduzcan al mínimo las desestimaciones de los recursos. Por causa debidamente justificada, deberá el Tribunal de Apelaciones proveer oportunidad razonable para la corrección de defectos de forma o de notificación que no afecten los derechos de las partes”.

De los comentarios a la Regla 13 en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones y los análisis jurisprudenciales que de ella hemos realizado, colegimos que esta regla tiene como objetivo que exista constancia de que se realizó la notificación a las partes de modo tal que se eviten controversias y litigios secundarios en torno al cumplimiento del requisito de notificación. No obstante, también hemos señalado que el cumplimiento con este requisito se refiere únicamente a que la notificación sea realizada dentro del término provisto por la regla y no depende del mecanismo que se utilice para notificar.

En el caso de autos, Pérez Soto alega que erró el Tribunal de Apelaciones en su apreciación de la Regla 13 antes transcrita, ya que cumplió con el requisito de notificar el recurso de apelación dentro del término de treinta días dispuesto en el Reglamento. El peticionario señala que las notificaciones fueron debidamente selladas con la fecha de su presentación, el 28 de mayo de 2011. En ese momento faltaban cuatro días para que venciera el término de presentación del recurso apelativo.

Haciendo referencia a las Reglas 13(B)(2) y 13(B)(3), Pérez Soto argumenta que el que las notificaciones fueran selladas por Postal Solutions no vicia el proceso de notificación a las partes, ya que la propia regla menciona la posibilidad de que se envíen los documentos “mediante correo certificado o servicio de entrega por empresa privada por acuse de recibo”. Fundamenta su razonamiento en que Postal Solutions es una “empresa privada” incluida de forma expresa entre los mecanismos de notificación autorizados en dicha regla. Por ende, aduce que la fecha que selló Postal Solutions en los sobres, 28 de mayo de 2011, es la que debe considerarse como la fecha de notificación a las partes.

Sin embargo, los codemandados entienden que el “servicio de entrega por empresa privada” al que alude la Regla 13 se refiere al que prestan aquellas empresas que realizan un servicio análogo al del USPS. Es decir, empresas que reciban y entreguen el correo, expidiendo las constancias correspondientes para acreditar el cumplimiento con los servicios requeridos del servicio postal. Aducen que compañías como Fed Ex, Island Wide y United Parcel Service of America (UPS) cumplen con esta definición, mientras que Postal Solutions es un mero intermediario entre el emisor de la correspondencia y su destino final. Concluyen que el matasellos de Postal Solutions no tiene validez alguna y, como el matasellos del USPS lleva fecha de 2 de junio de 2011, el recurso fue notificado fuera del término dispuesto en la Regla 13.

Así las cosas, la solución de la controversia de autos nos requiere que analicemos el significado de la frase “empresa privada” a los fines de decidir qué validez tiene el matasellos de un comercio postal privado vis a vis la que tendría el matasellos del USPS. En ausencia de mayores expresiones en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones o en la jurisprudencia antes mencionada, entendemos necesario remitirnos a la norma general de interpretación del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, junto a las disposiciones de la Regla 12.1 y del Artículo 4.004 de la Ley de la Judicatura antes citadas. Específicamente, la norma general de interpretación del Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone que las reglas allí contenidas

[...] se interpretarán de modo que propicien un sistema de justicia que provea acceso para atender los reclamos de la ciudadanía, que sea sensible a la realidad particular de los distintos componentes de nuestra sociedad, y que informe a la ciudadanía sobre sus derechos y responsabilidades [...]

Con el interés de que los casos se vean en los méritos, constantemente hemos rechazado una aplicación e interpretación restrictiva de este tipo de Reglamento. Utilizando estos principios como criterios rectores, pasamos a resolver.

El peticionario presentó la evidencia documental necesaria para probar que Postal Solutions está debidamente autorizado y certificado por el USPS para llevar a cabo servicios análogos a los que éste presta. No sólo presentó una declaración jurada del dueño de la tienda, sino que también hizo las gestiones necesarias para que el propio USPS certificara que Postal Solutions cuenta con los permisos necesarios para operar como un correo privado según las normas del servicio postal federal. Acreditada la autoridad de Postal Solutions para operar como una oficina de correo privada, sólo nos queda reconocer la validez del matasellos provisto por el comercio por ser éste equivalente al de cualquier otro mecanismo indicado en la Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Consecuentemente, concluimos que la notificación a las partes de la presentación del recurso apelativo se realizó el 28 de mayo de 2011, es decir, dentro del término de treinta días.

La interpretación que hoy hacemos de la Regla 13 reconoce la importancia que negocios similares a Postal Solutions han ido cobrando en el funcionamiento del sistema postal. A eso responde la concesión de facultades similares a esta clase de comercio por parte del USPS. La proliferación de estos servicios autorizados por la entidad federal evidencia que son frecuentados por ciudadanas y ciudadanos a quienes les beneficia la flexibilidad y accesibilidad que ofrecen, ya sea por la cercanía o porque brindan servicios de correspondencia en un horario más amplio que el del USPS u otras empresas. Aplicar a esta realidad una interpretación restrictiva de la Regla 13 del Tribunal de Apelaciones implicaría penalizar a las partes y a los abogados cuyos recursos y circunstancias les impidan realizar las gestiones necesarias para visitar una oficina de correo tradicional.

Por lo tanto, resolvemos que, aun cuando Postal Solutions no preste un servicio idéntico al que realizan el USPS y otros comercios dedicados al correo privado, la función que desempeña, como correo autorizado y certificado por el USPS, lo ubica dentro del alcance de la frase “empresa privada” utilizada en la Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Concluimos que la notificación a las partes fue oportuna y adecuada. Puesto que el recurso había sido debidamente perfeccionado, no procedía la desestimación por falta de jurisdicción.

III

Debemos señalar que, aunque optara por una interpretación distinta de su reglamento, el Tribunal de Apelaciones no debió haber desestimado este recurso apelativo por falta de notificación a las partes sin dar al peticionario la oportunidad de mostrar causa por la cual no procedía ese curso de acción. Ante un término de cumplimiento estricto, como el dispuesto en la Regla 13 del Tribunal de Apelaciones, hemos dicho que “el tribunal no está atado al automatismo que conlleva un requisito jurisdiccional, por lo que puede ‘proveer justicia según lo ameritan las circunstancias’ y extender el término”. Se trata, pues, de un término susceptible a ser prorrogado en aquellos casos en que se demuestre justa causa.

La evidencia presentada por Pérez Soto bastó para demostrar de forma razonable que fue diligente y que el alegado incumplimiento con el término de notificación no fue provocado por negligencia alguna de su parte. Aunque es cierto que Pérez Soto no alegó que tuvo justa causa para incumplir con el término de cumplimiento estricto, no estaba obligado a hacerlo expresamente pues su alegación en todo momento fue que, en efecto, había cumplido. Los escritos que presentó después de la apelación no tuvieron el objetivo de excusar el incumplimiento con los términos mencionados sino de acreditar la validez del matasellos de Postal Solutions. Creemos que el peticionario actuó de buena fe al confiar que Postal Solutions era una empresa autorizada, como finalmente lo acreditó, y que la presentación de la prueba documental que así lo establece sería suficiente para convencer al Tribunal de Apelaciones. Siendo así, la ausencia de una expresión específica reconociendo su tardanza y aduciendo justa causa no puede causar la desestimación del recurso. Además, hemos expresado en numerosas ocasiones que no podemos impartir justicia sustancial requiriendo a las partes que presenten sus alegaciones utilizando palabras sacramentales.

No podemos obviar que la desestimación es un remedio drástico que debe utilizarse con conciencia de su efecto sobre la parte. Tampoco debió pasar por alto el Tribunal de Apelaciones que en este caso no existe una ausencia de jurisdicción prima facie sino que existía una controversia genuina sobre el alcance de una disposición del Reglamentó del Tribunal de Apelaciones y su efecto en el cumplimiento con los requisitos necesarios para perfeccionar el recurso apelativo. Por lo tanto, hubiera sido deseable que se concediera al peticionario la oportunidad de presentar su posición ante la posible desestimación del recurso.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, dejamos sin efecto la sentencia del Tribunal de Apelaciones mediante la cual éste se declaró sin jurisdicción y devolvemos el caso a ese foro para que continúe con los procedimientos.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión.

       Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B (Reglamento del Tribunal de Apelaciones).

       En el transcurso del pleito, el peticionario presentó dos mociones de desistimiento contra la codemandada Cantera Pérez, Inc. En la primera, solicitó desistir con perjuicio de una acción sobre nulidad de redención de acciones. En la segunda moción, solicitó desistir sin perjuicio de una acción derivativa. Ambas mociones fueron acogidas por el Tribunal de Primera Instancia como desistimientos con perjuicio. Es de esta determinación que recurrió el peticionario ante el Tribunal de Apelaciones.

       4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13.

       En la apelación, Pérez Soto certificó haber enviado copia fiel y exacta del escrito a los abogados de las demás partes.

       Las mociones de desestimación fueron presentadas por los codemandados José Reinaldo Cordero Soto y Enid Teresa Pérez Soto. Adujeron que la notificación del recurso fue tardía, ya que el sobre tenía dos matasellos. Uno de ellos era de Postal Solutions con fecha de 28 de mayo de 2011 y el otro del USPS de 2 de junio de 2011. Estos fundamentaron su posición en que la fecha válida era la del matasellos del USPS y que la notificación se recibió un día después de la fecha en que vencía el término de treinta días para recurrir en apelación, a saber, el 2 de junio de 2011.

       Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pág. 5, Apéndice, pág. 10.

       Pérez Soto aduce que, como acudió a Postal Solutions en la tarde del 27 de mayo, no fue hasta el día después que pudo recoger los recibos y, por tal razón, la fecha que aparece en los sobres es la del 28 de mayo. Así consta en la copia del recibo del pago realizado con la tarjeta VISA débito del peticionario, con fecha del 27 de mayo de 2011 a las 17:41 (5:41 p. m.), por $238.10.

       Esta Moción Informativa se presentó el 1 de junio de 2011.

       (Énfasis suprimido). Apéndice, pág. 67.

       En esa carta se afirmó que Postal Solutions puede “receive certified mail with stamp seal Postal Solutions with the purchase date and as such the stamped date from the office is valid as the client or customer purchase this service directly to any USPS location [sic]”. (Énfasis nuestro). Apéndice, pág. 87.

       Petición de certiorari, pág. 7.

        Reyes v. Delgado, 81 DPR 937, 942-943 (1960).

       Art. V, Const. PR, LPRA, Tomo 1.

       Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, según enmendada. Véanse los Artículos 2.002 y 4.004 (4 LPRA sec. 24c y 4 LPRA sec. 24w, respectivamente).

        In re Aprobación Reglamento T.A., 162 DPR 444 (2004).

       Véanse: Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281 (2011); García Ramis v. Serrallés, 171 DPR 250 (2007); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998).

       La notificación a las partes es esencial para que el foro apelativo pueda asumir jurisdicción, pero el término para llevarla a cabo es un requisito de cumplimiento estricto, según la Regla 13(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004 (4 LPRA Ap. XXII-B).

        Insular Feed Corp. v. Díaz, 99 DPR 145, 149 (1970).

        Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839 (1980).

        Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522, 530 (1988).

       Regla 83(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.

        Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 457 (2003); Velázquez v. Adm. de Terrenos, 153 DPR 548 (2001).

       (Énfasis suplido). 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13(B).

       Regla 12.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRAAp. XII-B. Cabe señalar que el Artículo 4.004 de la Ley de la Judicatura de 2003 (4 LPRA see. 24w), establece:

        “El reglamento interno del Tribunal de Apelaciones contendrá, sin limitarse a ello, reglas dirigidas a reducir al mínimo el número de recursos desestimados por defectos de forma o de notificación, reglas que provean oportunidad razonable para la corrección de defectos de forma o de notificación que no afecten los derechos de las partes, y reglas que permitan la comparecencia efectiva de apelantes por derecho propio y en forma pauperis”.

        Drog. Central v. Diamond Pharm. Serv. Inc., 150 DPR 62 (2000).

       “[L]o importante es que el escrito fuese notificado a la otra parte dentro del plazo reglamentario independientemente del método que se utilice para ello”. (Enfasis suprimido). Rodríguez v. Sucn. Martínez, 151 DPR 906, 912 (2000). Véanse, además: S.L.G. v. Mun. de Guaynabo, 154 DPR 98, 106 (2001); Drog. Central v. Diamond Pharm. Serv. Inc., supra.

       Regla 13(B)(2) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

       Véase el esc. 24.

       Regla 2 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.

        Rodríguez v. Sucn. Martínez, supra.

        Lugo v. Suárez, 165 DPR 729, 738 (2005).

       para eximir a una parte de observar un término de cumplimiento estricto, se requiere que la parte demuestre, con explicaciones concretas y fundamentadas, que en efecto existe justa causa para la dilación y que detalle al tribunal las bases razonables para la dilación. Véanse: S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Lugo v. Suárez, supra; Arriaga v. F.S.E., supra.


text:
      In re Ubaldo Lugo Cruz, querellado.

      Número: AB-2010-0164

      Resuelto: 28 de febrero de 2013

      Aida M. Meléndez Nieves, querellante.
   per curiam:

Nuevamente nos vemos obligados a suspender a un miembro de la profesión jurídica por incumplir con los requerimientos de este Tribunal como parte de un procedimiento disciplinario instado en su contra. Por los fundamentos esbozados á continuación, se ordena la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Ubaldo Lugo Cruz del ejercicio de la abogacía y la notaría.

I

El Ledo. Ubaldo Lugo Cruz fue admitido al ejercicio de la abogacía el 16 de diciembre de 1971 y juramentó como notario el 26 de abril de 1972.

El 7 de octubre de 2009, la Sra. Aida M. Meléndez Nieves presentó una queja en su contra ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados. En la misma, solicitó que se investigara el comportamiento del licenciado por presuntamente constituir conducta antiética y denigratoria de la profesión legal. Además, solicitó que se le obligara a cumplir con una sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia y confirmada por el Tribunal de Apelaciones. La sentencia en cuestión es producto del pleito Banco Popular de Puerto Rico v. Pedro Juan Montano Rosario, et al., Civil Núm. KICD02-3966, sobre cobro de dinero, ejecución de prenda y ejecución de hipoteca.

Mediante dicha sentencia se condenó al licenciado Lugo Cruz y a su fiadora, el Colegio de Abogados de Puerto Rico, a realizar, por su cuenta y cargo, todas las gestiones de naturaleza legal y notarial conducentes a la inscripción de una propiedad en el Registro de la Propiedad libre de car-gas y gravámenes y a pagar ciertas cantidades por sufrimientos y angustias mentales y honorarios de abogados a favor de las partes demandadas en dicho caso. La quejosa era una de ellas.

La Comisión de Etica refirió la queja a la Secretaría de este Tribunal. Así las cosas, el 12 de agosto de 2010 la Subsecretaría notificó al letrado la queja mediante carta certificada. Le indicó que debía presentar su contestación dentro del término de diez días, a partir del recibo de la comunicación. Sin embargo, esta fue devuelta por el servicio postal por no haber sido reclamada. El 20 de septiembre de 2010 la Subsecretaría le envió una segunda notificación mediante carta certificada con acuse de recibo. Del expediente surge que esta comunicación fue recibida por el licenciado el 21 de septiembre de 2010.

Como el licenciado no presentó su contestación a la queja, el 31 de octubre de 2012 este Tribunal emitió una Resolución concediéndole un término final de cinco días para que hiciera lo propio. En la Resolución se le apercibió que su incumplimiento con la misma podría conllevar sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión. Esta Resolución se notificó personalmente al licenciado el 26 de noviembre de 2012 mediante un Alguacil de este Tribunal. No obstante, aún el licenciado Lugo Cruz no ha contestado.

II

Reiteradamente hemos dicho que todo abogado tiene la obligación de responder oportunamente a los requerimientos de este Tribunal. In re Buono Colón, 187 DPR 379 (2012). Máxime, cuando se trata de un proceso disciplinario sobre su conducta profesional. In re Marqués Latorre, 186 DPR 412 (2012).

Recordemos que el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, exige de todos los abogados el mayor de los respetos hacia los tribunales. Por lo tanto, todo letrado debe responder con diligencia a los requerimientos y órdenes emitidas por este Tribunal. In re Martínez Class, 184 DPR Ap. (2012).

Sin embargo, continuamente nos vemos obligados a suspender a abogados que muestran indiferencia y menosprecio a nuestros requerimientos. In re Buono Colón, supra. Esto, a pesar de que enfáticamente hemos dicho que ante el incumplimiento con el deber de responder nuestros requerimientos y la ignorancia a los apercibimientos de sanciones disciplinarias, procede la suspensión inmediata del ejercicio de la profesión. In re López de Victoria Picornell, 184 DPR Ap. (2012).

III

Precisamente, el licenciado Lugo Cruz ha ignorado nuestros requerimientos. Todavía hoy no ha contestado nuestra Resolución de 31 de octubre de 2012 aun bajo apercibimiento de que la falta de cumplimiento conlleva sanciones tan severas como la suspensión del ejercicio de la profesión.

En vista de lo anterior, se suspende inmediata e indefinidamente al Ledo. Ubaldo Lugo Cruz del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se ordena la paralización de la Queja Núm. AB-2010-164 y la incautación de su obra y sello notarial. Estos últimos deberán entregarse a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe. Además, el licenciado deberá notificar a sus clientes que por motivo de la suspensión no puede continuar con su representación legal, y devolverá a estos los expedientes de cualquier caso pendiente y los honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, informará su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente. Estas gestiones deberán certificarse a este Tribunal dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta opinión y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Damaris Massanet Rodríguez, querellada.

      Número: CP-2012-0004

      Resuelto: 28 de febrero de 2013

      Carmen A. Riera Cintrón, procuradora general auxiliar.
   per curiam:

Una vez más nos corresponde atender una situación en la que una abogada querellada asume una conducta de extrema desidia e indiferencia, en detrimento del buen cauce que debe seguir todo proceso éticodisciplinario. Por lo tanto, sin necesidad de entrar a considerar los méritos de la querella que se presentó contra la Leda. Damaris Massanet Rodríguez, la suspendemos inmediata e indefinidamente de la práctica de la abogacía y la notaría. Esto, toda vez que sus actuaciones durante el proceso disciplinario fueron contrarias a lo que prescriben los Cánones 9 y 12 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

I

La licenciada Massanet Rodríguez (la querellada) fue admitida al ejercicio de la abogacía el 26 de enero de 2007 y al ejercicio de la notaría el 14 de julio de 2008. En lo pertinente a esta querella, la letrada asumió la representación legal del Sr. Nieves Pérez Ortiz (señor Pérez Ortiz o el quejoso) en una acción sobre daños y perjuicios que este presentó en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, contra el Sr. Angel Ortiz Dávila y su esposa, la Cooperativa de Seguros Múltiples y Caribbean Airport Facilities, Inc. (Ángel M. Ortiz Dávila y otros, Caso Núm. FDP2008-0172). Expongamos el tracto procesal que siguió esa reclamación por ser pertinente a las imputaciones éticas que se formularon contra la letrada.

En noviembre de 2008, el foro de instancia dictó una sentencia parcial que desestimó la demanda en cuanto a Caribbean Airport Facilities h/n/c Hertz y la Cooperativa de Seguros Múltiples.. De esta forma, el pleito continuó contra el resto de los codemandados. No obstante, transcurrió el tiempo sin que la parte demandante realizara trámite alguno en el caso. Por esa razón, el 23 de julio de 2009 el Tribunal de Primera Instancia dictó una orden conforme a la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil de 1979 (32 LPRA ant. Ap. III), instruyendo a las partes a que justificaran su inacción en el pleito. En respuesta, la licenciada Massanet Rodríguez presentó en agosto de ese año una moción en la que informó que, debido a ciertas complicaciones, no había podido atender con premura sus gestiones profesionales y, además, que el señor Pérez Ortiz interesaba desistir del pleito por razones personales. En vista de ello, el 31 de agosto de 2009 el foro de instancia dictó sentencia, decretando el desistimiento de la demanda sin perjuicio.

Ahora bien, según surge del expediente, durante el 2010 la querellada fue contratada por el Bufete Morales-Morales. Durante ese tiempo, el quejoso suscribió un contrato sobre honorarios profesionales en el que esta firmó como representante del mencionado bufete. En ese documento se acordaron los detalles en cuanto a cómo procederían respecto a la reclamación de daños y peijuicios que previamente se había incoado.

Así pues, el 23 de agosto de 2010 la querellada, en representación del quejoso, presentó una nueva demanda en la que figuraron como codemandados el Sr. Ángel Ortiz Dávila y su esposa, la Cooperativa de Seguros Múltiples como aseguradora de este y Daimler Chrysler Services Caribbean S.A. (Nieves Pérez Ortiz y otros v. Ángel M. Ortiz Dávila y otros, Caso Núm. FDP2010-0291). Ante ello, la Cooperativa de Seguros Múltiples alegó que la reclamación en su contra era cosa juzgada y solicitó la desestimación sobre ese fundamento. Así, el 2 de febrero de 2011 el Tribunal desestimó con perjuicio la demanda contra dicha entidad. Ese mismo día, desestimó también con perjuicio la causa de acción que pendía contra el Sr. Ángel Ortiz, por cuanto no se le emplazó dentro del término estatutario. Por iguales fundamentos, pero sin perjuicio, desestimó la demanda en cuanto al codemandado Daimler Chrysler.

Más adelante, el 18 de febrero de 2011, la letrada presentó ante el Tribunal de Primera Instancia un escrito titulado “Moción de renuncia de representación legal”. Allí informó que había cesado sus labores en el Bufete Morales-Morales y solicitó 30 días para que otro abogado asumiera la representación legal de su cliente (el quejoso). Por no cumplir con los requisitos para ello, el TPI no aceptó dicha renuncia. De esta forma, transcurrió el término para solicitar una reconsideración y apelar esas sentencias sin que ningún recurso se instara, por lo que ambas advinieron finales y firmes.

Ante lo ocurrido, el señor Pérez Ortiz presentó una queja ante este Tribunal en mayo de 2011 y solicitó, entre otras cosas, que investigáramos la conducta desempeñada por la licenciada Massanet Rodríguez. En su queja expuso que se comunicó con la querellada en múltiples ocasiones para conocer el estado procesal de su caso, pero que sus esfuerzos resultaron infructuosos. Indicó que ante cierta información contradictoria que esta le ofreció, acudió personalmente al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, donde se le informó que su acción se había archivado con perjuicio.

Así las cosas, en jtrnio de 2011 le notificamos la queja a la abogada quien, tras solicitar una prórroga, compareció y contestó las alegaciones del quejoso. Subsiguientemente, el 10 de agosto de 2007 referimos la queja a la Oficina del Procurador General. En cumplimiento con nuestra orden, la Procuradora General Auxiliar requirió al Ledo. Jaime Morales-Morales, del Bufete Morales-Morales, que remitiera ciertos documentos. Tras la correspondiente investigación, el 10 de noviembre de 2011 recibimos el Informe del Procurador General, el cual también se le notificó a la querellada a dos direcciones postales: una en Puerto Rico y otra en Houston, Texas. La notificación que se envió a la dirección de Puerto Rico fue recibida, según consta en el formulario del Servicio Postal, sin embargo, la otra fue devuelta por el correo. Una vez examinamos el Informe, concedimos a las partes un término de 20 días mediante Resolución de 29 de noviembre de 2011 para que se expresaran en tomo a este. La licenciada Massanet Rodríguez no cumplió con lo ordenado por este Tribunal.

Ante ese marco fáctico, el 24 de febrero de 2012 instruimos a la Oficina del Procurador General que presentara una querella contra la licenciada Massanet Rodríguez. En consecuencia, el 15 de marzo de 2012 se presentó la querella, donde se adujo que la letrada violó los Cánones 18, 19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Al día siguiente, el 16 de marzo, conforme a la Regla 14(f) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, la Secretaria de este Tribunal expidió un mandamiento, ordenándole a la abogada que contestara la querella en el término de 15 días.

En varias ocasiones los alguaciles de este Tribunal intentaron diligenciar el referido mandamiento, y los esfuerzos resultaron infructuosos. En cuanto al tortuoso procedimiento de cumplir ese cometido, destacamos que el 20 de abril de 2012 el Alguacil de este Tribunal informó mediante una misiva que durante marzo se había comunicado vía telefónica con la querellada, quien le indicó que se encontraba en la ciudad de Houston, Texas, y que regresaría a Puerto Rico en tres semanas. En esa comunicación también señaló que el 20 de abril se volvió a comunicar con ella y que en esa ocasión la querellada le proveyó una dirección postal de Estados Unidos donde podía recibir el documento. Posteriormente, el 4 de diciembre de 2012, el Alguacil nuevamente informó que durante los meses de septiembre y octubre se había comunicado con la licenciada Massanet, pero que esta no mostró interés en cooperar en el proceso pendiente ante esta Curia. Finalmente, puntualizó que el 29 de noviembre de ese año visitaron la residencia de los padres de la letrada y que allí la contactaron vía telefónica. En esa comunicación la letrada informó a los alguaciles que no regresaría a Puerto Rico y les suministró un correo electrónico al cual podían enviar el documento, así como su nuevo número telefónico. Mencionamos, además, que durante ese proceso la querellada informó que supuestamente se encontraba fuera de Puerto Rico porque estaba recibiendo un tratamiento médico. Empero, debemos destacar que el expediente esta huérfano de evidencia alguna que acredite esas aseveraciones.

En consideración a estos antecedentes fácticos, procedemos a enunciar los fundamentos que atienden el comportamiento de la querellada y la sanción que procede.

II

Reiteradamente hemos señalado que incumplir con los deberes que imponen la ley y el ordenamiento ético acarrea la imposición de sanciones disciplinarias. In re Asencio Márquez, 183 DPR 659, 664 (2011). Esto cobra mayor significado cuando dichas faltas se cometen durante la consecución de un proceso disciplinario contra un miembro de la profesión togada. In re Buono Colón, 187 DPR 379 (2012); In re Borges Lebrón, 179 DPR Ap. (2010). Sabido es que la función de todo abogado requiere que este atienda con “diligencia y escrupulosidad” las órdenes que emita este Tribunal, y esa obligación se hace más patente cuando dichas órdenes se refieren a procedimientos sobre su conducta profesional. In re Montes Díaz, 184 DPR 90, 93 (2011). Sin embargo, esta Curia se ha enfrentado constantemente a situaciones en las que un sinnúmero de abogados incumplen con las órdenes de este Tribunal y de los organismos encargados de investigar las posibles violaciones a las normas que rigen nuestra profesión. In re Arroyo Rivera, 182 DPR 732, 736 (2011). Tal conducta es altamente reprochable, pues es de suma importancia que los abogados sean diligentes en las gestiones que les competen realizar mientras se dilucida un proceso disciplinario en su contra. Desatender las órdenes atinentes a ese proceso es un asunto de suma seriedad, que puede acarrear la suspensión inmediata de la profesión. In re Rodríguez Salas, 181 DPR 579 (2011). Nos hemos referido a los postulados de los Cánones 9 y 12 del Código de Etica Profesional, supra, para atender este tipo de situaciones. Veamos.

Por su parte, el Canon 9, supra, dispone sin ambages que todo abogado “debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Hemos enunciado que cuando los abogados no cumplen con las órdenes de este Tribunal demuestran menosprecio hacia nuestra autoridad, infringiendo de ese modo las disposiciones de ese precepto. In re Fidalgo Córdova, 183 DPR 217 (2011). En cuanto a los procesos disciplinarios, esto se traduce en que todo miembro de la profesión tiene el ineludible deber de responder diligente y oportunamente los requerimientos y las órdenes que le emita este Tribunal. In re García Ortiz, 187 DPR 507 (2013); In re Fidalgo Córdova, supra. Por lo tanto, actuar con indiferencia, despreocupación y falta de cooperación es incompatible con la norma ética antes citada. Id.

Al interpretar el Canon 9, supra, hemos puntualizado que la naturaleza de la función de abogado requiere que este emplee estricta atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal o de cualquier foro al que se encuentre obligado a comparecer, incluyendo la Oficina del Procurador General. Ya hemos dicho que todo abogado admitido a la profesión tiene el deber ineludible de contestar los requerimientos del Procurador General. In re García Ortiz, supra; In re Fidalgo Córdova, supra. Es por eso que desatender los apercibimientos y las órdenes constituye un agravio a la autoridad del Tribunal de tal envergadura que constituye causa suficiente para la imposición de sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión inmediata. In re Rodríguez Salas, supra.

En síntesis, al interpretar el Canon 9, supra, hemos apuntado que los abogados están obligados a responder con premura y diligencia a los requerimientos relacionados con quejas por su conducta profesional. Así, por ejemplo, he-mos sostenido que constituye una falta de respeto hacia los procedimientos del tribunal la indebida, irrazonable e inexcusable tardanza de un abogado en formular su contestación a una querella. In re Vargas Soto, 146 DPR 55 (1998). Valga aclarar que la referida obligación es independiente a los méritos de la queja presentada. In re Martínez Miranda, 160 DPR 263 (2003).

En ese sentido, recientemente expresamos que

[e]ste Tribunal no flaqueará en suspender a los togados que demuestren un reiterado incumplimiento con los términos finales y perentorios impuestos para cumplir con nuestras órdenes. El hecho de que esta Curia esté en disposición de conceder prórrogas para lograr el cumplimiento con nuestras órdenes, en aras de corregir deficiencias al ejercicio de la profesión legal, no impide nuestra función disciplinaria. Tampoco exonera al letrado de las consecuencias de las violaciones éticas en que incurra ante nuestro Foro. Bajo ningún concepto este Tribunal está vedado de auscultar si procede la suspensión de un miembro de nuestra profesión ante un trámite que demuestra un cúmulo de acciones dirigidas a dilatar y entorpecer los procedimientos en contravención al Canon 9, supra. In re Asencio Márquez, supra, págs. 664—665.

Por otro lado, el Canon 12, supra, dispone que “[e]s deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas”. Como vemos, este precepto también intima que los abogados presten atención minuciosa, sean diligentes y cumplan con las órdenes del tribunal. Hemos enfatizado que ese deber cobra mayor envergadura cuando se trata de órdenes dictadas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. In re Cuevas Velázquez, 174 DPR 433, 441 (2008). En ese sentido también hemos enunciado que el incumplimiento con los requerimientos de la Oficina del Procurador General es igualmente reprochable y acarrea las mismas sanciones que desatender las órdenes de este Tribunal. In re Lassalle Pérez, 153 DPR 368 (2001). Así pues, un abogado actúa en contravención al Canon 12, supra, si no responde a las resoluciones del Tribunal Supremo ni comparece para responder a una queja que se ha presentado en su contra. In re Rodríguez Bigas, 172 DPR 345 (2007).

Como vemos, un abogado que no contesta los requerimientos de este Tribunal demuestra dejadez, indiferencia y falta de diligencia, y consecuentemente, no respeta los postulados contenidos en los Cánones 9 y 12, supra. “Desatender nuestras órdenes en el curso de un procedimiento disciplinario, revela una gran fisura del buen carácter que debe exhibir todo miembro de la profesión legal. Implica indisciplina, desobediencia, displicencia, falta de respeto y contumacia hacia las autoridades, particularmente hacia este Foro”. (Enfasis nuestro).

III

El expediente de la querella que atendemos refleja un patrón de desidia y desinterés por parte de la licenciada Massanet Rodríguez en cuanto al proceso disciplinario que se inició en su contra. En sus inicios, la querellada compareció a contestar las alegaciones que el señor Pérez Ortiz formuló en su queja. Sin embargo, esta no reaccionó al Informe del Procurador General en el término provisto ni contestó la querella que posteriormente se presentó, a pesar de que se le notificó a su dirección postal. Una vez presentada la querella, el Alguacil de este Tribunal intentó durante varios meses diligenciar el mandamiento que le ordenaba comparecer a contestar la querella. Durante ese proceso, fue notable la indiferencia de la abogada hacia los esfuerzos que hizo este Tribunal para notificarle sobre los cargos éticos que se le imputaron. La licenciada Massanet Rodríguez ofreció información incongruente en varias ocasiones en cuanto a la fecha en que comparecería. Luego, suministró una dirección postal de la ciudad de Houston para que le enviáramos el mandamiento. Esa dirección fue la misma a la que anteriormente se le notificó el Informe del Procurador General, notificación que el servicio postal devolvió. Tras varios intentos para diligenciar el mandamiento, la abogada informó al Alguacil de este Tribunal que no regresaría a Puerto Rico y proveyó una dirección de correo electrónico y un número de teléfono. No hizo ninguna otra gestión afirmativa para responder a nuestros requerimientos.

Como se puede apreciar, las constantes actitudes y el comportamiento de la licenciada Massanet Rodríguez, evadiendo los esfuerzos que por varios meses realizaron los funcionarios de este Tribunal para poderle notificar la querella y diligenciar el mandamiento que le ordenaba contestarla, constituyen una falta de respeto reprochable a la autoridad de esta Curia. La indebida, irrazonable e inexcusable tardanza de un abogado en formular su contestación a una querella es una falta de respeto que no debe tolerarse. In re García Ortiz, supra.

Es inaceptable que, sin causa justificada, un letrado se niegue a comparecer ante un procedimiento en el cual se le imputan severas faltas éticas. Esa actitud caracteriza un absoluto menosprecio a lo dispuesto por los Cánones 9 y 12 del Código de Etica Profesional, supra, y a esta Institución. In re Moreno Franco, 166 DPR 787 (2006). La licenciada Massanet Rodríguez debió mostrar un interés genuino en cuanto a este asunto, pues una querella por faltas éticas no se debe atender livianamente. Todo lo contrario; el desarrollo de la normativa ética exige que los miembros de la profesión respondan prontamente a cualquier requerimiento relacionado con un proceso disciplinario.

Si bien es cierto que en primera instancia la letrada informó que, debido a ciertas condiciones de salud, debía permanecer fuera de Puerto Rico, ello no excusa su actitud de proveer información incongruente a los fundonarios de este Tribunal y de no cooperar en este proceso. Recordemos, además, que dichas alegaciones carecen de prueba, pues la licenciada tampoco proveyó evidencia alguna dirigida a demostrar que, en efecto, alguna situación de salud le impedía cumplir con sus deberes profesionales. Aun en el caso de que fueran ciertas, recientemente expresamos que el hecho de que el estado de salud sea delicado, no excusa el incumplimiento con las obligaciones impuestas a todo abogado que ejerce la profesión. In re Grau Collazo, 185 DPR 938 (2012).

IV

Por los fundamentos que anteceden, concluimos que la licenciada Massanet Rodríguez infringió los Cánones 9 y 12 del Código de Etica Profesional, supra, al provocar dilaciones injustificadas en el presente proceso disciplinario. La conducta que desplegó la letrada constituye una afrenta a las normas éticas que rigen a todo abogado. Por ello, la suspendemos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría.

En vista de lo anterior, le imponemos el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos y de informar oportunamente de su suspensión indefinida a los foros judiciales y administrativos de Puerto Rico. Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta Opinión per curiam y Sentencia. Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial de la licenciada Massanet Rodríguez y entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       El 8 de marzo 2011 el TPI emitió orden para que, en el término de 20 días, la letrada cumpliera con las disposiciones de la Regla 19 para la Administración del Tribunal de Primera Instancia, 4 LPRAAp. II-B, y con el Canon 20 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, disposiciones atinentes al procedimiento de renuncia de representación legal.

        In re Escalona Colón, 149 DPR 900, 901 (1999).