author: El Juez Pbesideutb Señob Del Tobo,

text:
    Manuel Sosa López, peticionario y apelante, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. C. Llauger Díaz, demandada y apelada.
    No. 6514.

    Sometido: Diciembre 1, 1933.

      Resuelto: Marzo 8, 1934.

      B. Martínez Nadal y TS. Martínez Rivera, abogados del apelante; J. Henri Brown, C. Ruiz Nazario, G. B. González y G. Benitez Gautier, abogados de la demandante en el pleito principal.
   El Juez Pbesideutb Señob Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento de injunction seguido en la Corte de Distrito de San Juan por la Eneglotaria Medicine Co. contra Manuel Sosa López, la corte rehusó expedir el auto preliminar solicitado. Apeló la demandante para ante este Tribunal Supremo que revocó la resolución recurrida. 38 D.P.R. 604. La opinión de esta corte fué emitida por el Juez Aso-ciado Sr. Wolf y en ella se estudian cuidadosamente todas las cuestiones envueltas. Dos de sus párrafos, uno que apa-rece a la página 614 y otro, el último, a la página 619, dicen:

“Además, estamos convencidos por la prueba de la demandante, por los procedimientos en la Corte Federal, por los procedimientos en la Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico, y significativamente tam-bién por la declaración y la conducta del demandado en la silla testifical, que el demandado se propuso deliberadamente imitar el producto de la demandante. Los procedimientos habidos en la Corte Federal demuestran que el rótulo original del demandado era en-tonces mucho más parecido al usado por la demandante, y de ahí que tuvieran lugar en dicha corte los procedimientos de injunction y de desacato. Esos procedimientos en la Corte Federal son prueba robusta de la intención del demandado de imitar el producto de la demandante. No importa que el demandado entrara en esta compe-tencia por haber sido o no aconsejado que tenía derecho a hacerlo así. El letrado que representa actualmente al demandado y ape-lado, según él mismo indicó, no lo representó en las primeras etapas de la competencia.
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“Nos sentimos obligados, por tanto, a resolver que el demandado es culpable de competencia ilegal en el comercio, y que la 'deman-dante tiene derecho a un injunction preliminar más o menos sujeto a la discreción de la corte, en la forma de la orden de entredicho ori-ginalmente dictada en. este caso. Debe revocarse la resolución ape-lada, librarse un auto de injunction preliminar contra el deman-dado mediante la prestación de una fianza adecuada que deberá ser fijada por la corte inferior, y devolverse el caso para ulteriores pro-cedimientos no incompatibles con esta opinión. ’ ’

Volvió el caso a la corte de distrito de su origen que de-cretó entonces el injunction preliminar solicitado mediante la prestación de una fianza de seis mil dólares. La fianza se prestó y el 16 de agosto de 3928 quedó diligenciado el man-damiento en la persona del demandado.

El 13 de diciembre siguiente la demandante pidió que el pleito se incluyera en el calendario y se señalara para juicio y en enero 5, 1929, el demandado solicitó la suspensión de la vista que se había señalado para el 10. Volvió la deman-dante a pedir el señalamiento del juicio varias veces. La primera se suspendió por ser festivo el día que se había se-ñalado, la segunda por estipulación de ambas partes, la ter-cera a petición del abogado del demandado, la cuarta también a petición del abogado del demandado, la quinta por estipu-lación de los abogados de ambas partes debido a encontrarse ausente el demandado. Siguen dos peticiones de inclusión en el calendario hechas por el abogado del demandado sir-que conste lo que se resolviera sobre ellas. Así las cosas, tuvo lugar un cambio de abogado de la parte demandada en enero 19, 1933. El secretario de la corte en enero 27, 1933, notificó a los abogados de las partes que se había se-ñalado el juicio para febrero 13 siguiente. En febrero 4, 1933, el demandado por su nuevo abogado radicó una con-testación a la demanda y dos días después una contestación complementaria. No consta por qué no se celebró el juicio el 13 de febrero. Volvió a señalarse para el 8 de marzo si-guiente, sin que se celebrara no constando por qué. En abril 6 la demandante pidió que se dejara sin efecto el nuevo se-ñalamiento hasta que se vieran y resolvieran ciertas cues-tiones previas de derecho por ella suscitadas. Se opuso el demandado. La corte oyó a los abogados sobre dichas cues-tiones resolviéndolas finalmente en favor de la demandante en mayo 15, 1933. Archivó el demandado sn contestación enmendada en mayo 24. En ese mismo día la demandante pidió qne se dictara sentencia sobre las alegaciones, petición qne fné declarada sin lngar en junio siguiente.

En tal estado el procedimiento fné qne se presentó por el demandado la moción pidiendo a la corte qne ordenara a la demandante la prestación de nna fianza adicional por cin-cuenta mil dólares. Oyó la corte a ambas partes, pesó la prneba qne aportaron y decidió en jnnio 20, 1933, no haber lngar a la ampliación solicitada.

Solicitó reconsideración el demandado. Le fné negada y entonces acudió por medio de este procedimiento de certio-rari al Jnez Asociado de esta Corte Suprema, Sr. Córdova Dávila qne se encontraba en funciones de turno.

Expidió el jnez el auto, y oídas las partes interesadas, lo anuló por resolución de octubre 7 ultimo de la qne apeló el peticionario para ante el tribunal en pleno.

Estamos de acuerdo con el peticionario apelante en qne la fianza en casos de injunction es alg*o esencial y de verdadera trascendencia. Fuera de las excepciones qne la misma ley señala, debe exigirse por el jnez como condición precedente al diligenciado del auto. Ley sobre injunction de 1906. Código de Enjuiciamiento Civil, pág. 276, Ed. 1933.

También estamos de acuerdo con el peticionario apelante en que cuando se demuestra de modo evidente que la fianza prestada no es bastante, debe aumentarse a fin de que se cumpla el verdadero propósito de la ley que es la garantía del pago de los perjuicios que pueda causarse al demandado con la expedición del auto. ^

En lo que no estamos conformes con el peticionario es en que esta corte deba ordenar a la corte de distrito que a su vez ordene la prestación de la nueva fianza que el peticionario solicita.

La apreciación de los probables perjuicios a compensar y en su consecuencia la fijación de la cuantía de la fianza, corresponde a la sana discreción de la corte sentenciadora, y tendría que demostrarse un claro abuso de esa discreción para que esta corte pudiera intervenir.

Tal demostración no se ba becbo en forma alguna a nues-tro juicio. La corte oyó a las partes, apreció la prueba, pudo tomar y quizá tomó en consideración la anteriormente apor-tada que llevó a la Corte Suprema a decidir que procedía la expedición del injunction preliminar, y resolvió que las fian-zas de mil y seis mil dólares ya prestadas eran aún suficien-tes. No estaba obligada a aceptar que los perjuicios que pudieran causarse al demandado fueran los alegados por éste. Pudo someter sus manifestaciones al crisol de su juicio y aun apreciarlas con cautela atendido el resultado de lo ya ocu-rrido en el pleito.

Se ba argumentado mucbo por el peticionario sobre la dilación del litigio imputándola a la parte demandante y pre-sentándola como una circunstancia más que exige el aumento de la fianza. De abí que rápidamente nos refiriéramos a los señalamientos del juicio. De acuerdo con los autos si al-guien resulta culpable de la dilación no es la demandante sino en verdad la propia parte demandada, o sea el peticionario apelante.

Parece conveniente citar lo que sigue de la decisión de la Corte Supremade Washington en el caso de Swope v. City of Seattle, 76 Pac. 517. Es así:

“Con vista de la prueba presentada por los demandantes que ciertamente era suficiente, el juez ante quien se presentó la solicitud expidió el interdicto prohibitorio provisional arriba mencionado, y fijó la fianza que debían prestar los demandantes en una suma que consideró adecuada y razonable de acuerdo con las circunstancias. Que el auto de. injunction es un remedio adecuado en casos de esta naturaleza ba sido resuelto uniformemente por esta corte. Véase Brown v. Seattle, 5 Wash. 35, 31 Pac. 313, 32 Pac. 214, 18 L.R.A. 161; Olson v. Seattle, 30 Wash. 687, 71 Pac. 201, y casos citados. En Brown v. Seattle, supra, esta corte después de considerar cui-dadosamente la disposición constitucional arriba citada, y las deci-siones de otras cortes basadas en disposiciones similares, expuso la doctrina.'de que el dueño de terrenos contiguos a una calle puede obtener indemnización de la ciudad por cualesquiera daños y perjui-cios sufridos por tales terrenos debido a cualquier alteración material de la nivelación de la calle o por cualquier destrucción ocasio-nada al acceso que el dueño del terreno adyacente tenía a la calle, cuando los daños así ocasionados exceden de los beneficios recibidos al nivelarse la calle o al hacerse cualquier otra mejora y que cuando la nivelación que se intenta bacer de la calle deprecia seriamente el valor de las propiedades adyacentes, puede impedirse que se baga tal nivelación hasta que se determinen los daños y perjuicios y basta que se baga la compensación o se deposite en corte su importe. Y la regla allí establecida, según se dijo en Olson v. Seattle, 30 Wash. 687, 71 Pac. 201, ‘ha sido seguida en la práctica desde entonces.’ Véase, también, State Ex rel Smith v. Superior Court, 26 Wash. 278, 66 Pac. 385, en que se discutió elaboradamente la cuestión que abora tenemos bajo nuestra consideración. Mas aunque es claro que el dueño de terrenos contiguos a una calle puede mediante injimction impedir que un municipio ocasione daños a la misma sin que antes pague por ello la debida compensación alterando materialmente la nivelación de la calle frente a dicha propiedad, es igualmente claro que la persona que invoque el remedio de injunction y solicite un injunction o un interdicto prohibitorio pendente lite debe dar cum-plimiento al estatuto que exige la prestación de una fianza a favor de 1a. parte contraria. Ballinger’s Codes & St. 5438. Cuando un estatuto exige la prestación de una fianza como condición precedente a la expedición de un injunction o interdicto prohibitorio, la corte no tiene facultad para hacer caso omiso de tal estatuto y eximir al peticionario de la prestación de la fianza. 2 High on Injunctions (3a. ed.) 1620; 1 Spelling on Injunctions, etc. (2a. ed.) 935. Véase también, Keeler v. White, 10 Wash. 420, 38 Pac. 1134; Cherry & Parkers v. Western, etc., Co., 11 Wash. 586, 40 Pac. 136. Pero cuando se demuestra que la fianza prestada con el objeto de obtener un injunction preliminar es insuficiente, puede exigirse en un caso .adecuado una nueva fianza como condición precedente para conti-nuar tal recurso de injunction hasta juicio. 2 High on Injunctions (3a. ed.) 1626; 1 Spelling on Injunctions (2a. ed.) 941. Sin embargo, no debe ordenarse la prestación de una nueva fianza en tales •casos a menos que se pruebe que existen buenas razones para demos-trar por qué la ñanza ya prestada es insuficiente. En recursos de injunction y en interdictos prohibitorios la legislatura ha impuesto al juez o a la corte que autoriza la orden del deber de fijar la cuan-tía de la fianza (Ballinger’s Codes & St. 5438) mas ésta es una dis-creción legal y no una discreción arbitraria y de conformidad con el lenguaje usado por la Corte Suprema de Louisiana, ‘en caso de que haya un abuso o se cometa una injusticia exigiéndose requisitos irrazonables y opresivos, no vacilaremos en conceder el remedio.’ Bell v. Riggs, 37 La. Ann. 813.
“Por ende la única cuestión a determinarse en el presente caso es si la Corte Superior, con' la prueba aducida por los demandados Stanley & Co., estaba justificada, en ejercicio de la discreción con-ferídale por la ley, para ordenar a las demandadas que prestaran una nueva fianza y para anular y dejar sin efecto la fianza origi-nalmente exigida por la corte y prestada por los demandantes. Asu-miendo que las alegaciones de la demanda son ciertas, se desprende claramente que la ciudad por mediación de sus agentes y empleados ocasionaba considerables daños y perjuicios a la propiedad de los demandantes, en contravención directa con una de las disposiciones claras y terminantes de la constitución. Y, apareciendo que el de-recho de los demandantes era claro y que el mismo estaba siendo ilegalmente invadido por los demandados, la corte, en ausencia de un estatuto que exija la prestación de una fianza, hubiese estado plenamente justificada para expedir el interdicto prohibitorio sin que los demandantes tuvieran necesidad de prestar fianza alguna.
Yista la prueba presentada nos sentimos obligados a llegar a la con-clusión de que el distinguido juez de la corte inferior no estuvo jus-tificado para exigir de los demandantes que prestaran la nueva fianza especificada en su orden, ni para dejar sin efecto la fianza anterior-mente prestada por los demandantes, en cumplimiento de la orden anterior de la corte.”

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse no haber Vagar al recurso y confirmarse la resolución apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Sucesión de José Faustino Gorbea, compuesta de sus hijos Laura, Angeles, Concepción y Josefina y sus nietos Leticia, Jorge y María Esther Gorbea y Montero, la última representada por su madre con patria potestad Josefina Montero, demandante y apelada, v. Josefa Portilla, Inocencio Martínez y la Sucesión de José Severo Gorbea, demandadas y apelante la primera.
    No. 5705.

    Sometido: Diciembre 15, 1932.

      Resuelto: Marzo 8, 1934.

      L. Toro Cabañas, abogado de la apelante; Angel A.'Yázqnez, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

5 La demandada Josefa Portilla apela de una sentencia qne declara a los demandantes dueños de un condominio de % parte en determinada casa, qne anula nn expediente poseso-rio en cnanto al condominio de los demandantes y las subsi-guientes ventas e inscripciones a favor de la demandada y de su padre y qne la condena a pagar determinada cantidad en concepto de rentas y productos del condominio de- los de-mandantes, así como al pago de las costas.

El primer motivo alegado para esta apelación es qne la corte inferior erró al no desestimar la quinta y ultima demanda enmendada porque se ban modificado en ella de tal modo los becbos alegados originalmente que puede decirse que es un nuevo pleito. Ese alegado error no existe porque el becbo de que en la demanda original reclamasen los demandantes 2/6 partes indivisas de la casa objeto del pleito y qne en la quinta demanda enmendada se diga qne ese condominio es de 216 milésimas del inmueble no es una variación que origine una nueva causa de acción.

El segundo error se hace consistir en que la corte no declaró que la quinta demanda enmendada no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción. Esa deficiencia se hace consistir en que reclamando los demandantes como herederos de diversos causantes, no se alega en cuanto a algunas de las diferentes generaciones de herederos si lo fueron por sucesión testada o intestada y si la herencia fue aceptada. Todo lo que la apelante echa de menos en esa demanda es materia de prueba, pues a los apelados les hastaha alegar el hecho último, o sea, que son los herederos de las personas que mencionan. La alegación de que la demanda no alega la fecha en que murió el padre de la demandada no es correcta porque tal fecha aparece de la alegación octava de la demanda. T también es suficiente la demanda a pesar de que el padre de la demandada compró de quien en el Registro aparecía como dueño porque se alega que hizo la compra sabiendo que su vendedor no era el dueño de la finca.

El tercer motivo se funda en errónea apreciación de la prueba, la que según la apelante es demostrativa de que los demandantes no probaron su caso. Para resolverlo tendremos que consignar los hechos fundamentales que resultan de la prueba presentada en el juicio.

La casa alta No. 23, antes No. 25, de la calle del Santo Cristo esquina a la de San Francisco, llamada ahora Salvador Brau, en esta ciudad, era propiedad de Juan José Gor-bea desde antes de 1845, pues el 15 de febrero de ese año sus herederos y los de su hermano José Ramón Gorbea otorgaron escritura ante notario en la que haciendo constar que aunque la expresada casa fué adjudicada a los padres de ambas su-cesiones como herencia de su común madre Magdalena Gar-cía, habían ellos convenido en documento privado que la casa fuese únicamente de Juan José Gorbea mediante cierta can-tidad de dinero que pagó a su hermano, por lo que los here-deros de José Ramón Gorbea reconocieron que los herederos de Juan José Gorbea eran los únicos dueños de ese inmueble. Los herederos del dueño Juan José Gorbea fueron nueve hijos, quienes en el mismo año 1845 constituyeron hipoteca sobre esa casa por 3,000 pesos a favor de la Eeal Hacienda para garantizar al hermano Manuel en el empleo de inter-ventor de la aduana de Guayanilla para el cual fué nombrado; hipoteca que en junio del año 1870 fué ampliada a 8,000 escudos españoles para garantizar al mismo hermano como contador de rentas y aduana de Ponce. En octubre del mismo año ampliaron la hipoteca en la misma casa por la cantidad de 10,000 escudos españoles para garantizar a ese hermano como contador de rentas y aduana de Mayagüez. Esa hipoteca y sus ampliaciones fueron inscritas en el anti-guo Eegistro. Muchos de los hijos de Juan José Gorbea murieron solteros y sin sucesión, heredándoles sus otros her-manos. Uno de esos hijos fué José Faustino Gorbea, que ha fallecido, padre de algunos de los demandantes y abuelo de dos de ellos. Otra hermana era Dominga Gorbea, que falle-ció con testamento en el que después de manifestar que era soltera y sin descendencia legítima o ilegítima y que por sus bienes le corresponde una parte en la casa a que venimos re-firiéndonos, instituyó por único heredero suyo a José Severo Gorbea, expósito, a quien desde su infancia había tenido a su calor. Este José Severo Gorbea promovió en enero de 1893 un expediente posesorio de esa casa a su solo nombre como heredada de su madre Dominga Gorbea, y habiendo sido aprobado fué inscrita la finca a su favor sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Al ser inscrito ese expediente posesorio se mencionaron la fianza hipotecaria que sobre ella pesaba y sus ampliaciones. Después de esa inscripción, fue-ron trasladadas en 1894 al nuevo registro la fianza hipote-caria y sus ampliaciones a que hemos hecho referencia, ma-nifestándose en sus inscripciones 3 a., 4 a. y 5 a. que habían sido constituidas por los hermanos Gorbea, consignando los nombres de ellos, entre los que figuran José Faustino Gorbea y Dominga Gorbea. Estando subsistentes en el Eegistro las inscripciones de esos gravámenes, hechas a instancia del Go- misionado de la Hacienda Pública, vendió José Severo Gor-bea la casa como único dueño a Cesáreo Portilla el 22 de fe-brero de 1895, habiéndole manifestado antes los demandantes que no comprara la casa porque no era solamente de José Severo Gorbea pues ellos tenían una parte en ella por he-rencia de su padre José Faustino Gorbea. Muerto Cesáreo Portilla fué inscrita la casa en 1897 a nombre de su hija y heredera Josefa Portilla y posteriormente, en 1899, fué can-celada la fianza hipotecaria y sus ampliaciones. Después de esos hechos fué anotada en el Registro de la Propiedad en 1899 una demanda de los ahora demandantes contra José Severo Gorbea y Josefa Portilla sobre el derecho que alegan tener como condueñas sobre la finca y sobre nulidad del ex-pediente posesorio; pleito que terminó, según' admitió la demandada en su contestación a la quinta demanda enmen-dada, por sentencia de 1909 que declaró sin lugar la demanda como consecuencia de una alegación de falta de prueba por los demandantes {nonsuit). Desestimada el 20 de abril de 1921 la apelación interpuesta contra esa sentencia fué radi-cada al día siguiente la demanda original de este pleito.

Los hechos relacionados demuestran que la corte inferior no erró al apreciar que los demandantes probaron su caso pues por ellos se llega a la conclusión de que Juan José Gor-bea era dueño de toda-la casa desde el año 1845, la que he-redaron sus hijos, uno de los cuales era José Faustino Gor-bea, cuya participación heredaron a su vez cuatro hijas de-mandantes y los dos nietos que también demandan en repre-sentación de su padre Manuel Gorbea, y de que José Severo Gorbea, que instituyó el expediente posesorio a su nombre, sólo tenía en la casa la parte- que correspondía a Dominga Gorbea como heredera de Juan José Gorbea, que fué lo que por testamento ella transmitió a su hijo de crianza José Se-vero Gorbea.

El cuarto motivo de apelación se funda en no haber declarado con lugar la corte inferior la defensa alegada en la contestación a la demanda de estar prescrito tanto el dominio como la acción ejercitada por los demandantes, de acnerdo con los artículos 1858 y 1864 del Código Civil.

La prescripción de las acciones reales sobre los bienes in-muebles es de treinta años según el artículo 1864 del Código Civil, pero puede ser interrumpida por su ejercicio ante los tribunales como dispone el artículo 1874 del mismo código; interrupción que produce el resultado de que el término de prescripción empiece a contarse de nuevo cuando cesa la in-terrupción, según hemos declarado en el caso de De Jesús v. De Jesús, 37 D.P.R. 152. Por consiguiente, habiendo sido radicado el pleito primero a los seis años del posesorio y habiendo durado la interrupción que produjo hasta el 30 de abril de 1921 en que fue desestimada la apelación que se in-terpuso contra la sentencia en él dictada, cuando al día si-guiente fué radicado el presente pleito no había prescrito la acción de los demandantes.

Como según el mismo artículo 1864 la prescripción de treinta años de esa acción es sin perjuicio de lo establecido para la adquisición del dominio o derechos reales por pres-cripción, veamos si al ser interpuesto el presente pleito había prescrito el dominio de la casa a favor de la demandada Josefa Portilla.

Desde luego, no existe en este caso la prescripción adqui-sitiva extraordinaria de treinta años para la que no se re-quiere justo título ni buena fe, porque tal prescripción quedó interrumpida civilmente en 1921 de acuerdo con el artículo 1846 del mismo código al ser presentada la demanda inicial de este pleito, ya que el primer pleito de 1899 dejó de pro-ducir interrupción por haber sido absuelta de la demanda la poseedora Josefa Portilla, por disponerlo así el artículo 1847 del mismo texto legal. Por consiguiente, tendremos que ver si existe la prescripción ordinaria adquisitiva del dominio con justo título y buena fe por diez años entre presentes y veinte entre ausentes, que expresa el artículo 1858 del Código Civil.

Como no se ha alegado ni se ha probado que los deman-dantes hayan estado ausentes de esta Isla desde 1893, fecha de la inscripción del expediente posesorio en el registro, el término para adquirir la demandada el dominio en este caso por prescripción es de diez años con buena fe y justo título. Ese tiempo, y más de veinte años, había transcurrido al ser comenzado el presente pleito, pues aunque el primer pleito de 1899 fué radicado antes de transcurrir diez años desde la inscripción del expediente posesorio en 1893, esa interrupción de la prescripción adquisitiva del dominio hay que conside-rarla no hecha y deja de producir interrupción de acuerdo con el artículo 1847, número tercero, del mismo texto, porque la poseedora Josefa Portilla fué absuelta de la primera de-manda.

La demandada apelante tenía un justo título para ad-quirir porque heredó la casa que había comprado su padre y esos títulos eran aparentemente válidos. ¿Tuvieron ella y su padre buena fe al adquirir la casa? Veámoslo.

De la prueba testifical aparece que dos de los demandan-tes manifestaron personalmente a Cesáreo Portilla cuando trataba de comprar la casa que no hiciera esa adquisición porque no era solamente de José Severo Gorbea. En la ins-cripción primera de la casa hecha por virtud del expediente posesorio se mencionó una hipoteca que fué ampliada dos veces, constituida en el año 1845. En esa mención no se con-signaron el nombre o los nombres de la persona o personas que otorgaron esos documentos. ■ Sin embargo, en la inscrip-ción segunda verificada por haber vendido la casa José Se-vero Gorbea con pacto de retro en 1894, que luego redimió, aparece tener 43 años de edad, por lo que era muy posible que en 1845 la casa no fuera de José Severo Gorbea pues entonces no tenía edad para poder gravarla. En verdad él nació en 1844. Pero, independiente de lo expuesto, resultaba del Registro que la hipoteca de 1845 y sus ampliaciones fue-ron trasladadas de los libros de la antigua Anotaduría o Con-taduría de Hipotecas a los del nuevo Registro, a instancia de un comisionado de la Hacienda Pública, produciendo las inscripciones tercera, cuarta y quinta, en las que aparece que la hipoteca de 1845 y sus ampliaciones fueron constituidas por varios hermanos Gorbea, entre ellos José Faustino Gor-bea y Dominga Gorbea. Posteriormente a esas inscripciones compró Cesáreo Portilla la casa que hoy pertenece por he-rencia a su hija Josefa Portilla.

Los hechos expuestos demuestran que tanto Cesáreo Por-tilla eomo Josefa Portilla no adquirieron la casa de buena fe dado que sabían por el registro que en 1845 era propiedad de los hermanos Gorbea, pues la hipotecaron, y, por tanto, que José Severo Gorbea no era el único dueño de ella como manifestó en el expediente posesorio que fué inscrito.

El siguiente y último motivo de error es por la imposi-ción de las costas. En vista de los hechos relatados no ve-mos que la corte abusara del poder discrecional que tiene para imponerlas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez. Asociado Señor. Aldrey,

text:
    Miguel J. Arsuaga, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 915.

    Sometido: Febrero 20, 1934.

      Resuelto: Marzo 8, 1984.

      R. Ointrón Lastra, abogado del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez. Asociado Señor. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En nn procedimiento seguido en la Corte de Distrito de San Juan recayó sentencia condenando al pago de cierta can-tidad de dinero y se libró mandamiento al Marshal de la, Corte de Distrito de Humacao para que en cumplimiento de esa sentencia vendiese una finca radicada en Caguas, hipo-tecada para garantía de la deuda. Ese marshal vendió dicha finca en subasta, la adjudicó al acreedor y le otorgó la co-rrespondiente escritura de venta.

El Registrador de la Propiedad de Oaguas se negó a ins-cribir esa venta “por observarse que la acción entablada y que motivó la venta en pública subasta es una acción real en cobro de crédito hipotecario en el que se solicitó específi-camente el embargo y venta de la finca, habiéndose entablado la acción en la Corte de Distrito de San Juan, que no es la corte de distrito donde radica la finca, por lo que carecía dicha corte de jurisdicción de acuerdo con lo prescrito en el párrafo 3o. del artículo 75 del Código de Enjuiciamiento ■Civil”.

De la escritura de venta que fué presentada al registro para inscripción y que tenemos ante nosotros aparece que la sentencia condenatoria fué dictada en juicio ordinario en co-bro de crédito hipotecario, pues se emplazó a los demanda-des, se anotó su rebeldía, se celebró un juicio y se dictó sen-tencia por el resultado de la prueba que se presentó. No se trata pues de un procedimiento ejecutivo hipotecario en el que por disposición expresa del artículo 170 del reglamento hipotecario será juez competente el del lugar en que radi-quen los bienes hipotecados sin que se admita sumisión en •contrario.

El fundamento del registrador de que tratándose de un juicio para el cobro de una hipoteca tiene que seguirse el pleito necesariamente en el distrito donde radica la finca' de acuerdo con el No. 3o. del artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil no es sostenible, pues en el caso de Jiménez v. Corte, 45 D.P.R. 921, hemos declarado, según aparece de su sumario, lo siguiente:

“El procedimiento ordinario en cobro de una deuda garantizada con hipoteca se rige por las reglas generales aplicables al mismo. Así, si establecido el pleito en un distrito distinto del en que la finca radica se emplaza al demandado y éste no pide que el juicio se vea en el distrito correspondiente, queda sometido, y la corte adquiere jurisdicción para decidir el litigio.”

La nota recurrida debe ser revocada y ordenarse la ins-cripción.


author: El Juez Asociado Señor Hutchisow,

text:
    Pablo Matos Morán, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 911.

    Sometido: Enero 22, 1934.

      Resuelto: Marzo 8, 1934.

      José Sabater} abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Hutchisow,

emitió la opinión- del. tribunal.

La.escritura otorgada por el márshal, de cierta propiedad vendida en un procedimiento ejecutivo sumario, fué inscrita por el registrador de la propiedad sujeta a un defecto sub-sanable consistente: primero, en que ni el requerimiento personal de pago hecho al deudor hipotecario, ni el requerimiento de pago hecho por edictos a los herederos desconocidos de la difunta esposa del deudor hipotecario, habían sido copiados en la escritura del márshal o presentados con ésta en el re-gistro de la propiedad; y segundo, en que los nombres de los herederos desconocidos no aparecían en la escritura del márshal.

Evidentemente sería imposible para un acreedor hipotecario especificar los verdaderos nombres de los herederos desconocidos y la doctrina del caso de Orcasitas v. Registrador de la Propiedad de Caguas, 21 D.P.R. 553, en que se basa el registrador, cuya resolución dió origen al presente recurso, no es aplicable a los hechos del presente caso.

El registrador tenía derecho a saber si el procedimiento prescrito por la Ley Hipotecaria había sido seguido estrictamente, tanto en la citación por edictos como en el requerimiento personal de pago. Véase Federal Land Bank of Baltimore v. El Registrador de la Propiedad de Mayagües, ante p. 279.

La resolución apelada debe ser revocada en lo atinente al supuesto defecto subsanable de omitir los nombres de los herederos desconocidos, y confirmada en lo que respecta al defecto subsanable de no presentarse en el registro de la propiedad copia auténtica de la orden decretando el reque-rimiento personal de pago, ni de la orden autorizando la ci-tación por edictos de los herederos desconocidos.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    South Porto Rico Sugar Co. of Porto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 916.

    Sometido: Marzo 1, 1934.

      Resuelto: Marzo 8, 1934.

      Miguel A. Qcvrcía Méndez, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Un registrador de la propiedad se negó a inscribir un convenio descrito por las partes como contrato privado de compraventa de cañas. La razón que adujo fué que la escritura de poder presentádale por el agente y apoderado del vendedor no autorizaba expresamente el otorgamiento de un contrato de refacción agrícola. La facultad de tomar dinero a préstamo y obligar al principal con el pago del mismo fué conferida de manera tan amplia y expresa, por la escritura de poder que no deja lugar a dudas sobre este extremo Mencionamos este aspecto del caso solamente para explicar que es innecesario discutirlo aquí y, por ende, que puede descartarse desde su iniciación. El artículo 1604 del Código Civil (Edición de 1930) dispone que:

“Artículo 1604. — El mandato concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración.
“Para transigir, enajenar, hipotecar o. ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso.
“La 'facultad de transigir no autoriza para comprometer en ár-bitros o amigables componedores.”

La autorización conferida al agvente y apoderado com-prendía la facultad de vender las cañas en cuestión, ora se les considere como bienes muebles o inmuebles. Debe admi-tirse, sin embargo, que el contrato descrito como contrato privado de compraventa de cañas era en realidad mucho más que eso. Era también un contrato de molienda de caña. Tuvo por mira y sentó la base para el otorgamiento de un contrato de refacción agrícola. Este supuesto contrato de refacción debía otorgarse como parte del convenio original. Las cañas en cuestión eran las que estaban en estado de cre-cimiento en la finca a la fecba de celebrarse el contrato, o sea, en diciembre 27, 1933, así como las que habrían de cul-tivarse en ella hasta fines de la 'zafra de 1935. De confor-midad con los términos expresos del contrato la compradora adquiría un interés en las cañas a partir de la fecha del con-venio, con todos los derechos y privilegios conferidos por la ley que rige la materia. El contrato también contenía la siguiente cláusula:

“Las partes convienen en-que la Central se reserve el derecho de prorrogar este contrato si el colono con la entrega de sus cañas, no cubriese su cuenta por anticipos e intereses, en cuyo caso los re-toños y toda otra' plantación quedan afectos al pago de la deuda por todo el término que fuere necesario hasta dejar saldado dicho déficit. El colono conviene por la presente en prorrogarlo, decla-rando que se ha tenido en cuenta esta opción al establecer los tér-minos y condiciones de este contrato.”

La escritura de poder no termina con el establecimiento de una agencia general. Otorga al agente y apoderado au-torización expresa para vender tanto los bienes muebles como los inmuebles ya pertenecientes a su principal o que éste ad-quiera en el futuro. Le da facultad expresa para hipotecar cualesquiera bienes inmuebles o derechos reales de su man-dante. El gravamen refaccionario constituido para garanti-zar el cumplimiento de un contrato de refacción agrícola es una especie de hipoteca. Resolver lo contrario o resolver que caña de azúcar o cosechas en estado de crecimiento o que pudieran cultivarse en la finca, o contratos de refacción agrí-cola, deben especificarse eo nomini en una escritura de poder, a fin de otorgar al agente o apoderado autorización para hi-potecar tales cañas o cosechas, sería llevar la regla de es-tricta hermenéutica más allá de los límites exigidos por el artículo 1604, supra, interpretado razonablemente. Ni el caso de Baquero v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, 22 D.P.R. 24, ni los casos allí citados ni ninguno de los casos en que se basa el registrador, han ido tan lejos como desea él que vayamos en el presente recurso.

Debe revocarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Mutual Rice Co., Inc., demandante y apelante, v. Miguel Truyol, demandado y apelado.
    No. 5459.

    Sometido: Enero 24, 1934.

      Resuelto: Marzo 9, 1934.

      Besosa & Besosa, abogados de la apelante; T. Berncvrdiwi de la Huerta, abogado del apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En 1917 (Leyes de 1917 (II) pág. 275) la Legislatura otorgó a todo apelante, a su opción, un método alternativo •de apelación. Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933, p. 286. Autorizó el uso de la transcripción del récord taquigráfico, la que debía ser preparada por el taquígrafo de la corte y entregada al secretario. También dispuso que el juez señalaría un día para, luego de ser notificadas, oír a las partes antes de aprobar la transcripción, y que: “El día fijado para su aprobación, el juez la examinará y cuidará de •que la misma sea una copia exacta, verdadera y justa de los procedimientos que tuvieron lugar durante el juicio, de las declaraciones ofrecidas y tomadas, de las pruebas ofrecidas y practicadas, actos y manifestaciones de la corte, así como de todas las objeciones y excepciones de los letrados y de la materia a que las mismas se refieren.”

En el presente caso el juez de distrito, a instancias del apelado, eliminó de los autos copia de la transcripción cer-tificada por el taquígrafo, así:

“Gonzalo Aran y Soler, taquígrafo de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Guayama, P. R.,
“Certifica: Que lo que antecede es una copia fiel y exacta de las notas taquigráficas tomadas por mí el día de la vista de este caso, así como de todas las declaraciones ofrecidas, de las pruebas practicadas, de todas las resoluciones, actos y manifestaciones de la Corte, así como de todas las objeciones y excepciones de los aboga-dos de las partes y cuestiones que con las mismas se relacionan.
“Certifico además: Que la transcripción que antecede ha sido preparada por un taquígrafo empleado por el Ledo. Harry P. Be-sosa, y que dicha transcripción siendo cotejada por mí es una copia fiel y correcta de lo sucedido durante el juicio del presente caso; que en el día de hoy he entregado el original de esta transcripción •de evidencia al Sr. Secretario de la Corte de Distrito de Gua-yama, P. R., para su radicación, y que también he entregado copias personalmente, una al Ledo. Harry F. Besosa, abogado de la deman-dante, y otra al Ledo. Tomás Bernardini de la Huerta, abogado de la demandada.”

Puede admitirse que una transcripción preparada por un empleado del abogado de la parte apelante debe ser exami-nada más detenidamente por el juez de distrito que una pre-parada por el taquígrafo de la corte. Empero, es el juez de distrito, no el taquígrafo, quien de conformidad con los tér-minos del estatuto, debe determinar si la transcripción es o no correcta y certificar su corrección. El juez puede creer que debe tener mayor confianza en una transcripción prepa-rada por el taquígrafo de la corte que en una preparada por el taquígrafo del letrado del apelante, comparada con sus notas por el taquígrafo de la corte y certificadas por él como correctas; pero esto, sin más, no puede justificar la negativa a considerar una transcripción que el taquígrafo de la corte fia certificado como correcta, que según el recuerdo que tiene el juez de lo ocurrido en el juicio es correcta y que la parte apelada no fia alegado que es incompleta o inexacta en algún detalle. El taquígrafo de la corte siempre puede utilizarse como testigo en caso de que baya duda o disputa. Una trans-cripción que lia comparado cuidadosamente con las notas ta-quigráficas tomadas por él durante el juicio y que ha certi-ficado como correcta pumple substancialmente con el requisito estatutario y no debe ser eliminada del récord meramente por no haber sido mecanografiada por él. Si al ser examinada se halla que la transcripción es incorrecta, el juez, desde luego, no está más obligado a aprobarla de lo que estaría & aprobar una transcripción defectuosa preparada realmente por el taquígrafo de la corte. La cuestión importante no es quién es el mecanógrafo sino si la transcripción contiene la verdad de lo ocurrido.

La resolución apelada debe ser revocada y devolverse él caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Leopoldo José Eulogio Vázquez Prada y López, demandante y apelante, v. Lorenzo Martinó y González, demandado y apelado.
    No. 6613.

    Sometido: Marzo 5, 1934.

      resuelto: Marzo 9, 1934.
    El apelante compareció por escrito. Bubón & Oohoteoo, aboga-dos del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nna apelación establecida contra sentencia dictada por nna corte de distrito en nn caso procedente de nna corte municipal en el qne la parte apelada solicita la desestimación del recurso porque .habiéndose notificado al apelante la sentencia recurrida el 8 de enero de 1934, no ra-dicó su escrito de apelación basta el 6 de febrero siguiente, o sea cuando ya había vencido el término de quince días que la ley concede para establecer el recurso de apelación de tales casos.

Se acompaña a la moción una certificación expedida por el secretario de la corte de distrito que en lo pertinente dice:

“Que el 8 de enero de 1934, recayó sentencia en el caso de epígrafe, y en esta Corte de Distrito del Distrito Judicial de Bayamón, P. R., por virtud de la cual también se declaró sin lugar dicha demanda en-mendada, y cuya sentencia le fue notificada al demandante en igual fecha 8 de enero de 1934, habiendo radicado escrito de apelación contra el ameritado fallo, el tantas veces citado demandante, y en la Secretaría de este Tribunal el 6 de febrero de 1934.”

Tratándose como se trata de una sentencia dictada por una corte de distrito en apelación, no hay duda alguna que el término para apelar es el de quince días. Artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, No. 2, Ed. 1933, p. 138.

Así lo admite el apelante, pero sostiene, oponiéndose a la desestimación, que cuando interpuso su recurso no había transcurrido el término, ya que éste comienza a contarse a partir del archivo de la notificación con los autos y ni de la moción ni de la certificación acompañada a la misma consta cuándo se verificó el archivo, siendo lo cierto que tal archivo no se había verificado.

Tiene razón el apelante. La cuestión en contro-versia se resolvió en el caso de Delgado v. Márquez Díaz, 37 D.P.R. 135, 136, como sigue:

“El 13 de abril último la parte apelada solicitó la desestimación del recurso por haberse interpuesto fuera del término de ley. Se opuso la parte apelante alegando que el término para apelar no ha vencido porque no se han radicado con los autos las notificaciones de las resoluciones apeladas y es a partir de dichas radicaciones que el término se cuenta. El 9 de mayo ambas partes fueron oídas sobre la moción.
“La cuestión envuelta en este caso ha sido debatida en varias oca-siones en el seno del tribunal. Véase Cruz et al. v. Sucesión Jiménez, 32 D.P.R. 833, y opinión concurrente del Juez Asociado Sr. 'Wolf, a la página 840.
“Luego, en el caso de Del Rosario v. Allende, 33 D.P.R. 770, emitiendo la opinión de la corte el propio Juez Asociado Sr. Wolf, se decidió:
“ ‘Que la mera adición a los autos de una certificación fechada pero sin firmar por el secretario, creditiva de que el día que ex-presa la fecha fué enviada una copia de la. notificación de la senten-cia a la parte perjudicada por ésta, no constituye la debida radica-ción de la notificación de la sentencia que de cuerdo con el artículo 2 de la Ley de 1911 sirve de base para limitar el término de ape-lación. ’ , ■
“¿Pueden sustituir las constancias del secretario que dejamos transcritas, al archivo de la notificación con los autos? No es po-sible. La ley es terminante. Dice que el secretario comunicará la sentencia apelable a la parte por medio de ‘una notificación escrita informándole que la sentencia ha sido dictada, o de la resolución de la corte, y una copia de esa notificación será archivada con los autos, y el término para establecer el recurso de apelación, empe-zará a correr desde la fecha del archivo de dicha notificación con los autos. ’
“No se concibe que no se cumpla por los funcionarios a ello lla-mados un precepto de ley tan preciso y de tanta trascendencia para las partes. Éstas, por medio de sus abogados, deben vigilar su debido cumplimiento, ya que como se dijo en la opinión concurrente al casó de Cruz et al. v. Sucesión Jiménez, supra, ‘El principio de una limitación al derecho de apelar se interpreta estrictamente a favor del apelante,’ 3 C. J. p. 1059, y siguientes donde se citan casos de California y de Louisiana.”

Véase además el caso de Bianchi v. Bianchi, 45 D.P.R. 751 en el que se citó y aplicó la doctrina del caso de Delgado, supra.

En su informe oral sostuvo el apelado que debía presu-mirse que el secretario había cumplido con su deber. Sin embargo, levantada como ba sido la cuestión por el apelante y solicitada la desestimación por el mero transcurso del tér-mino fijado por la ley para apelar, la parte que así lo solicita debe proporcionar a la corte la base exacta para resolver la cuestión que le planteara. La certificación acompañada a la moción es insuficiente. No basta que exprese cuándo se no-tificó la sentencia a la parte perdidosa. Es necesario que diga cuándo se archivó la notificación con los ¿utos, porque es a partir de la fecha del archivo que comienza a correr el término para apelar.

No ha lugar a la desestimación solicitada.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Marzo 21, 1934

El 9 de marzo en curso se declaró no haber lugar a des-estimar la apelación interpuesta en este caso por no haber acreditado la parte apelada que así lo solicitó la fecha en que se archivara con los autos la notificación de la sentencia a la parte apelante, fecha a partir de la cual comienza a correr el término para la apelación de acuerdo con la ley.

La parte apelada presenta ahora una “moción de reconsideración” acompañada de una certificación del Secretario de la corte de distrito que contiene el dato que faltaba. Como este caso se ha repetido varias veces, parece conveniente recordar que es procedente la reconsideración cuando el razonamiento seguido para dictar la orden o sentencia de que se trate fuere erróneo o cuando los hechos del caso tales como consten de autos en el momento de dictarse la orden o sentencia no hubieren sido debidamente apreciados, pero no a virtud de nuevos elementos que se aporten después, como aquí sucede.

Los hechos que estaban ante esta corte el 9 de marzo no fueron indebidamente apreciados y la ley y la jurispruden-cia s.e aplicaron rectamente. No cabe reconsiderar, sino re-afirmar. Lo que procede es que la parte apelada presente una nueva moción de desestimación acompañada de la nueva prueba que ha obtenido, moción que se tramitará de acuerdo con la ley y las regias de la corte y será resuelta en su opor-tunidad por sus propios méritos.

No ha lugar a la reconsideración solicitada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Davila,

text:
    El Tesorero de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Banco Comercial de Puerto Rico, demandado y apelado; Cipriano Manrique, peticionario interventor y apelante.
    No. 6168.

    Sometido: Marzo 15, 1933.

      Resuelto: Marzo 9, 1934.

      E. Rincón Plumey, abogado del apelante; F. Ochoteco, abogado del apelado; Son. Procurador General Benjamin J. Horton (Charles E. Winter en el alegato) y R. Cordovés Arana, 8ubprocurador, abogados de El Pueblo, apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Córdova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

Cipriano Manrique inició una acción en cobro de dinero contra Eliseo Diez en la Corte de Distrito de San Juan, y para asegurar la efectividad de la sentencia, embargó la suma de $4,500 que babía depositado el referido Eliseo Diez el día 3 de octubre de 1931 en la sucursal del Banco Comercial de Puerto Pico en Cayey, a la orden de Andrés Roselló, quien no aceptó el depósito constituido a su favor. Estando el banco bajo administración judicial para la fecha en que se practicó el embargo, se apercibió al síndico del mismo para que retuviera en su poder la cantidad mencionada a fin de asegurar'a dicho demandante la efectividad de la sentencia que trataba de obtener.

Al depositar esta suma, Eliseo Diez obtuvo un certificado de depósito librado por el Banco Comercial de Puerto Rico, que copiado literalmente dice así:

“Banco Comercial de Puerto Rico. — Cayey, P. R. — octubre 8 de 1931. — $4,500.00.—No. 1816. — Eliseo Diez ha depositado en este Banco Cuatro Mil Quinientos Dollars — a la orden de Andrés Roselló, pa-gaderos en moneda corriente, previa devolución del presente res-guardo debidamente endosado. — G. J. Collazo, Interventor. — P. Fer-nández Colón, Subgerente. — Certificado de depósito no sujeto a che-ques. ’ ’

Con fecha 15 de abril de 1932 el aquí interventor radicó nna moción solicitando que la Corte de Distrito de San Juan ordenara al síndico de dicha institución bancaria que proce-diera a entregar la suma de $2,432.34 al márshal de este tribunal, a fin de que el citado funcionario la retuviera en su poder como consecuencia del embargo trabado por vía de aseguramiento de efectividad de sentencia en el caso seguido por Cipriano Manrique como demandante contra Eliseo Diez como demandado, siendo dicha suma parte de la cantidad acreditada en el referido certificado.

Con posterioridad el interventor radicó una moción com-plementaria donde hizo constar que por vía de ejecución de sentencia en el caso seguido contra Eliseo Diez como deman-dado, se había sacado a pública subasta y adjudicado al in-terventor el certificado de depósito librado por el Banco Co-mercial de Puerto Rico a favor de Andrés Ros ello. Solicitó nuevamente el interventor que se ordenara por el tribunal al síndico del banco el inmediato pago del importe del referido certificado de depósito.

El síndico del Banco Comercial de Puerto Rico se opuso a las pretensiones del interventor, alegando que un certifi-cado de depósito no constituía un crédito preferente o “trust fund”, y que debían desestimarse las mociones presentadas por el interventor, por ser el mismo un mero acreedor común.

La Corte de Distrito de San Juan declaró sin lugar las mociones referidas y el interventor Cipriano Manrique in-terpuso recurso de apelación. Alega el apelante que la corte erró al aplicar indebidamente leyes bancarias de los Estados Unidos, prescindiendo de nuestra legislación, y al declarar, con vista del certificado de depósito, que el mismo no consti-tuía un depósito propiamente dicho, no teniendo otro alcance que el de un simple pagaré que sólo establece la relación de deudor y acreedor. Entiende el apelante que la decisión de la corte inferior está en contra de la sección 33 de la Ley de Bancos de Puerto Rico, del artículo 306 del Código de Co-mercio y de los artículos 1667 y demás concordantes del Có-digo Civil.

De acuerdo con nuestro Código Civil se constituye el depósito desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla. El depositario está obligado a guardar la cosa y restituirla cuando le sea pedida, y no /puede servirse de la misma sin permiso expreso del depositante. Cuando el depositario tiene permiso para servirse o usar de la cosa depositada, el contrato pierde el concepto de depósito y se convierte en préstamo o comodato.

Claramente se ve que el depósito tiene una finalidad, que es la custodia de la cosa entregada y su devolución al depo-sitante. Apunta Manresa, citando a Portier, que para dis-tinguir este contrato de depósito de los demás reales es pre-ciso ver ante todo la finalidad perseguida por las partes al contratar. No bay depósito cuando el fin principal no ha sido confiar a la parte la custodia y conservación de la cosa y por el contrario existirá este contrato cuando el fin primordial de la entrega sea la guarda de la cosa.

El ilustre comentarista español llama la atención hacia la diferencia que existe entre la representación característica del mandato y la simple custodia de las cosas, nota distin-tiva del depósito, expresando que los autores y la jurispru-dencia a veces han solido confundir dichos contratos. La realidad, según Manresa, ofrece muchos casos de confusión si no se aplica la regla de interpretación apuntada por Portier.

Glosando el mismo comentarista los artículos 1767 y 1768 del código español, equivalentes a los artículos 1667 y 1668 de nuestro Código Civil, edición de 1930, se expresa así:

“En cuanto a los efectos del consentimiento del depositante para que el depositario pueda servirse de la cosa, muy poco tenemos que manifestar para dejar esclarecido dicho extremo; pues diciendo el texto legal que tal consentimiento implica la pérdida del carácter de depósito en la relación contractual, adquiriendo, según los casos, la naturaleza de un comodato o de un préstamo, parece que no baya más que decir, sino que ocurrirá lo primero cuando el depósito se hubiere becbo de cosas no fungibles; y tendrá lugar la segunda mo-dalidad apuntada, cuando de cosas fungibles se trata. Abora bien, ¿no es depósito de cosas fungibles, sujetas a peso, número o medida, el que se constituye en los Bancos? ¿No lo es el dinero que se en-trega, no en caja cerrada, sino a la mano, y sin otro requisito que el de su recuento? ¿Estarán, en su virtud, comprendidos estos depó-sitos en la prescripción del art. 1768, cambiando su naturaleza jurí-dica, para convertirse en un préstamo mutuo ? ” 11 Manresa, 662, 663.

Recuerda Manresa que el artículo 1768 es copia literal del artículo 1671 del proyecto de código de 1851, y reproduce el comentario de García Goyena sobre este artículo y el anterior, que dice así:

“Desterramos, pues, el depósito irregular; cortamos la cuestión -de si el depósito de cosas fungibles becbo a peso, número o medida, -envuelve tácitamente el permiso de usar de ellas; si en el permiso presunto o expreso es además necesario usar de él para que el de-pósito se convierta en mutuo, y cortamos la diferencia entre el per-miso expreso al tiempo del contrato, y el expreso posterior. En suma, el permiso ba de ser expreso, y en tal caso es préstamo en las cosas fungibles y comodato én las que no lo son.”

De modo que de acuerdo con el Sr. García Goyena, para que el depósito de cosa fungible cambie su naturaleza jurí-dica y se convierta en préstamo, es necesario el consenti-miento expreso del depositante para servirse o bacer uso de la cosa. Es de notarse que ambos contratos, el préstamo y •el depósito de cosa fungible, llamado irregular, tienen de co-mún su carácter real, la trasmisión del dominio, y la resti-tución de la cosa en otra equivalente. Así lo bace notar Man-resa, quien, basado en la interpretación de García Goyena, lamenta que se bayan eliminado del código los depósitos irre-gulares o de cosas fungibles. El comentarista español ad-mite la trasmisión del dominio en el depósito de cosas fungibles.

El Código de Comercio no habla de consentimiento ex-preso, sino de asentimiento. El artículo 227 de dicho código dice así:

"Siempre que, con asentimiento del depositante, dispusiere el. depositario de las cosas que fueren objeto de depósito, ya para sí o sus negocios, ya para operaciones que aquél le encomendare, cesa-rán los derechos y obligaciones propios del depositante o depositario, y se observarán las reglas y disposiciones aplicables al préstamo mer-cantil, a la comisión y al contrato que en substitución del depósito hubieren celebrado.”

El artículo 228 del mismo código dispone que “los depó-sitos verificados en los bancos, y en las corporaciones o in-dividuos que tengan almacenes de depósitos, se regirán, en primer lugar, por los preceptos de las leyes de bancos y de-almacenes de depósito, respectivamente, en segundo por las prescripciones de este código, y últimamente, por las reglas del derecho común que sean aplicables a todos los depósitos.”'

Estudiadas conjuntamente las disposiciones del Código-Civil que hablan de consentimiento expreso y las del Código-de Comercio que hablan simplemente de asentimiento, surge-a la mente la pregunta formulada por Manresa con respecto-a los depósitos de dinero en una institución bancaria. Sa-bido es que el dinero que se entrega a un banco, cuando no tiene el carácter de un depósito especial que pueda ser iden-tificado, se confunde con el fondo general de dicho banco. Este depósito así confundido no puede devolverse en la misma moneda; su restitución se lleva a cabo en otra equivalente-de la misma especie y calidad. El dinero no deja de ser una cosa fungible, aun cuando el uso no implica su destrucción.. El uso del dinero consiste en gastarlo, en disponer del mismo,, en invertirlo, todo lo cual implica su verdadero consumo, me-diante actos de enajenación. El consumo, cuando la cosa se-destruye por el uso, se llama natural, y civil cuando se trata de un consumo ficticio, como el uso del dinero. La persona que deposita dinero en un banco asiente al uso del mismo-cuando no se trata de un depósito especial o de carácter es-pecífico. Este asentimiento no podrá llamarse técnicamente' nn asentimiento expreso; pero es evidente y palpable y no deja Ingar a dudas con respecto a la intención del deposi-tante. Las cantidades así entregadas pasan a formar parte del fondo general que el banco necesariamente utiliza en sus transacciones, ejercitando actos de dominio sobre la totalidad de dicho fondo. En el curso ordinario de sus operaciones el banco mantiene sus fondos en continuo movimiento. Esto lo saben las personas que llevan allí su dinero, y si quieren evitar que el banco actúe como dueño deben expresar su in-tención por medio de un depósito especial o de carácter es-pecífico.

Estos principios, que se ajustan a las disposiciones del Código de Comercio y que responden a una necesidad y con-veniencia en las transacciones con las instituciones bancarias, han sido firmemente establecidos por la jurisprudencia ame-ricana. De acuerdo con numerosas decisiones el dinero que generalmente se deposita en un banco pasa al dominio del mismo, estableciéndose la relación de acreedor y deudor en-tre el banco y su cliente. Una vez entregado al banco el dinero deja de pertenecer al principal, convirtiéndose en el dinero del banquero, el cual está obligado a devolver su equi-valente, pagando una suma similar a la depositada, cuando así se demande. El dinero colocado bajo la custodia de un banquero es, para todas las intenciones y propósitos, el dinero del banquero, quien puede hacer con él lo que le plazca. No es culpable el banquero de quebrantar la confianza en él depositada por el hecho de hacer uso del dinero; no es res-ponsable al principal si lo pone en peligro y se embarca en operaciones peligrosas; no está obligado a conservarlo como la propiedad del principal, pero es responsable por su mon-tante, ya que al recibir el dinero se ha obligado a devolver al principal, cuando se lo demande, una suma equivalente a la que fue colocada en sus manos. Siendo ésta la relativa situación de banquero y cliente, el primero no es un agente sino nn deudor. Lord Chancellor Cottenham, en Foley v. Hill, 2 H. L. Cas. 578.

Hay que distinguir, sin.embargo, entre depósitos generales y depósitos especiales. Es en los primeros que el dominio de la cosa se trasmite al banco. En los depósitos es-peciales el dominio se conserva en el depositante. Cuando se deposita dinero u otra propiedad en un banco para que se restituya la misma moneda y la misma propiedad, el de-pósito se llama especial. Un caso típico de depósito especial es aquél en que el dinero se entrega al banco en una caja o saco, en el entendido, expreso o implícito, de que debe resti-tuirse la misma cosa y no su equivalente. Hay casos, sin embargo, en que tal depósito puede existir cuando el deber del depositario es conservar, no los mismos billetes y la misma moneda, sino una suma equivalente que debe conser-varse intacta para el uso del depositante. La jurisprudencia moderna se manifiesta decididamente en favor de esta doc-trina. La vieja regla que requiere una identificación del fondo específico ha sido modificada de tal modo que hoy el dinero especialmente depositado puede devolverse en una suma equivalente a la cantidad depositada, sin que sea abso-lutamente necesaria la conservación de la misma moneda o billetes para establecer la identidad. Woodhouse v. Crandall, 197 Ill. 104, 64 N. E. 292, 58 L.R.A. 385; Genesee Wesleyan Seminary, v. U. S. Fidelity & Guaranty Co., 247 N. Y. 52, 159 N. E. 720, 56 A.L.R. 964 n; Carlson v. Kies, 75 Wash. 171; Fogg v. Tyler, (Me.) 82 Atl. 1008; Shopert v. Indiana, 41 Ind. App. 474; Covey v. Cannon (Ark.), 149 8. W. 514; Massey v. Fisher, 62 Fed. 958; Schumacher v. Harriet, 52 Fed. (2d) 817; Bishop v. Mahoney, 73 N. W. 6.

El depósito general debe hacerse efectivo cuando se de-mande el pago. A veces es muy difícil distinguir un depó-sito general de un depósito especial. La dificultad estriba en determinar cuál fué la intención de las partes. Los depósi-tos, sin embargo, se estiman generales a no ser que se haya convenido lo contrario. El hecho de que las partes hayan intentado que el dinero depositado siga el curso ordinario de las operaciones bancarias es un elemento a considerar para determinar la naturaleza del depósito.

Técnicamente existe alguna diferencia entre un depósito especial y un depósito específico. La realidad es que surten el mismo efecto, que se conserva el título en el depositante, y que puede ser recuperado como un depósito in trust. Mitcbie, en la página 638, tomo quinto, de su obra “ Banks and Banking”, dice, refiriéndose a este depósito específico:

“Un depósito en un banco para un propósito específico o particular algunas veces se denomina depósito específico. Se ba dicho que un depósito para un propósito específico no es ni general ni to-talmente especial, sino que participa de la naturaleza de un depósito especial en el sentido de que el título permanece en el depositante y no se trasmite al banco. La consecuencia es que el dinero, si no se aplica bien, o si se aplica mal, puede ser recobrado como un de-pósito in trust.”

Cuando la institución bancaria asume la obligación de destinar el fondo al propósito intentado, no puede haber tras-misión de título, ya que el banco carece de autoridad para disponer del fondo. La trasmisión del título es la trasmisión del dominio, y si el banco queda obligado a dedicar el dinero al propósito especificado por el depositante, es claro que no tiene siquiera un dominio limitado sobre la suma depositada.

Entiende el interventor que es éste un depósito que de acuerdo con la ley debe ser preferido y satisfecho por el síndico del Banco Comercial. Con respecto a prioridad, la clasificación del depósito en general o especial depende del contrato resultante del mutuo entendido e intención de las partes, o de circunstancias bastantes para crear una relación de depósito. Mitchie, “Banks & Banking”, tomo 3, pág. 257.

Como hemos visto el certificado de depósito expedido por el banco no se aparta de lo ordinario. De acuerdo con la ju-risprudencia un certificado de depósito es un reconocimiento que por escrito hace un banco de haber recibido una suma de dinero en depósito, con la promesa de pagarla al depositante o a su orden, o a alguna otra persona o a su orden, creándose desde este momento la relación de deudor y acreedor entre el banco y el depositante. Maryland Finance Corporation v. People’s Bank, 128 S. E, 295; Mitchie, “Banks and Banking”, tomo 5 pág. 598.

Yarios son los casos que Remos consultado durante el tiempo que Remos dedicado al estudio de este asunto. Es general el principio de que un certificado de depósito crea una relación de deudor y acreedor entre el banco y el depositante. No cabe sostener otro criterio en ausencia de prueba en contrario. No Remos encontrado un caso que mantenga una doctrina opuesta. En apoyo, sin embargo, de que el dinero depositado por Eliseo Diez en el Banco. Comercial constituye un fondo específico, se citan los casos de Prewett v. First Nat. Bank of Hagerman, 262 Pac. 1057; Russell v. Bank of Nampa, 169 Pac. 180; Powder Valley State Bank v. Hudleson, 144 Pac. 494; Iowa Mutual Liability Ins. Co. v. De la Hunt, 196, N. W. 17; Carlson v. Kies, 47 L.R.A. (N. S.) 317; Hitt Fire Works Co. v. Scandinavian American Bank, 195 Pac. 13; Piano Manufacturing Co. v. Auld, 86 Am. St. Rep. 769; State v. Grills, 85 Atl. 281; People v. City Bank of Rochester, 96 N. Y. 32; Anderson v. People’s Bank, 112 Cal. 598. Hemos estudiado estos casos con cuidadosa atención, y ninguno de ellos, en nuestro sentir, sostiene una conclusión semejante. En algunos no Rubo controversia con respecto al carácter del depósito ni se decidió ninguna cuestión sobre preferencia de crédito. En todos la prueba fué abundante. Discutiremos aquellos en que parece haberse puesto cierto énfasis para sostener la teoría del depósito específico.

La cuestión debatida en el caso de Prewett v. First Nat. Bank of Hagerman, resuelto por la Corte Suprema de Idaho, fué una de prescripción. Henry Plosac compró a M. M. Prewett en venta pública diez y nueve cabezas de ganado. Para garantizar la obligación contraída, Hosac hipotecó el mismo ganado. La venta fué escriturada por C. W. Stringfield, entonces cajero del banco demandado, First National Bank. El pagaré y la hipoteca fueron preparados por él, ejecutados a su ruego y depositados en el banco hasta junio o julio de 1921. En marzo de 1920, el demandante endosó el pagaré a favor de J. W. Miller, volviendo a .adquirirlo en 1921 y per-maneciendo desde entonces en posesión del mismo.

Hosac vendió después doce cabezas de ganado, diez de las cuales pertenecían al ganado hipotecado. Hosac dió conoci-miento al demandante de que el dinero recibido por el ganado -cubierto por la hipoteca, ascendente a $555.50, había sido de-positado en el banco para el mencionado Prewett. Un che-que, representando el producto total de la venta, fué endo-sado por Hosac y entregado al banco con instrucciones de aplicar los $555.50 al pago del pagaré otorgado a favor de Prewett. Hosac explicó al banco que los $555.50 eran el pro-ducto de la venta del ganado cubierto por la hipoteca. El cajero Stringfield colocó el dinero en la cuenta de Hosac, es-perando que éste le diera a Prewett un cheque por dicho im-porte. En marzo 15 de 1920, el banco cambió de personal. Stringfield se retiró como cajero, y un señor llamado H. O. Frazier ocupó su posición. Stringfield hizo saber al nuevo cajero y al nuevo presidente del banco que el dinero recibido como producto del ganado cubierto por la hipoteca a favor de Prewett, depositado entonces a nombre de Hosac, perte-necía a Prewett, y que el banco no tenía derecho a disponer del mismo. El nuevo cajero, Frazier, aplicó no obstante esta suma de $555.50 al pago de una obligación contraída por Ho-sac a favor del banco. Prewett inició una acción para reco-brar los $555.50 depositados en el banco. El jurado rindió un veredicto en favor del demandante.

La cuestión envuelta en el caso citado en nada se rela-ciona con el carácter del depósito. El demandado alegó que la acción había prescrito y la corte inferior desestimó esta defensa. La Corte de Apelación sostuvo que bajo las dispo-siciones de la ley, cuando se promueve una acción en cobro de dinero o propiedad depositados en poder de un banco o banquero, la prescripción no comienza a correr hasta que se demande el pago por el depositante. Sostuvo también la corte que estas disposiciones se aplican lo mismo a depósitos especiales que a depósitos generales, y luego, girando fuera de la esfera de la cuestión debatida, añade que cuando el dinero se deposita en un banco para ser pagado a una tercera persona, tal depósito es un depósito especial. A raíz de esta conclusión se citan los casos de Russell v. Bank of Nampa, supra, y Powder Valley State Bank v. Hudleson, supra. Convenimos que cuando se deposita dinero con un propósito determinado a favor de una tercera persona, el depósito tiene el mismo carácter de un -depósito específico. Confirman esta teoría los dos casos citados por la Corte Suprema de Idaho.

En el caso de Russell v. Bank of Nampa, supra, se dice que cuando una parte que es deudora de un banco deposita en el mismo como garantía pagarés pertenecientes a dicha persona, y autoriza que se cobren y se aplique una porción de los productos al pago de su deuda, pero instruye que no se deposite el balance en el banco, sino que se entregue a una tercera persona, tal depósito es especial y no general, aunque el cajero, en contra de las instrucciones recibidas, de-posite el balance en el banco. No puede ofrecerse un ejem-plo más claro de un depósito específico.

En el caso de Powder Valley State Bank v. Hudleson, supra, la prueba demostró claramente cuál fué la intención de las partes. Es innecesario relatar detalladamente los he-chos en este caso que son bastante extensos. El banco ejer-citó una acción para cobrar una obligación suscrita a su favor por los demandados. Estos alegaron el pago de dicha obli-gación y contrademandaron, reclamando $1,000 que el banco recibió y aplicó al pago de una obligación contraída a su favor por la firma Metzler-Hegsted Lumber Company. . Según la prueba producida, se instruyó al banco que cuando reci-biera ciertp dinero lo destinara a pagar un cheque expedido a favor de los demandados, y el banco, lejos de hacerlo así, desobedeciendo las instrucciones específicas que se le dieron, aplicó el dinero al pago de la obligación que había suscrito la referida firma, en vez de liacer efectivo el cheque de los demandados. Aquí la intención de las partes es manifiesta en cuanto al carácter específico de las instrucciones recibidas por el banco, a juzgar por el veredicto del jurado que apre-ció la prueba y resolvió el caso a favor de los demandados.

En el caso de Carlson v. Kies, supra, resuelto por la Corte Suprema de Washington, los hechos son los siguientes: Pred Olson era administrador de la herencia de Carl Peter Johnson y apoderado de los herederos Johanna Paulina Carlson y Nora Danielson. Como tal apoderado obtuvo posesión de la suma de $3,070.60 perteneciente a dichos herederos. Uno de ellos residía en Suecia y el otro en Nueva York. De-seando retener el dinero hasta que los herederos le devol-vieran los documentos que les fueran enviados, acusando re-cibo, colocó el dinero en el banco y obtuvo un recibo escrito a su ruego y firmado por el cajero, que decía así: “Vancouver, Wash., Dec. 14, 1910. Received of Pred Olson three thousand seventy & 60/100 dollars, to be held until receipts are received from heirs. Then same to be forwarded by bank draft. Gr. W. Daniels, 'Cashier. $3,070.60.” El dinero fué mezclado con los fondos del banco, el cual cerró sus puertas cinco días después de recibirlos. El examinador se hizo cargo de los asuntos del banco hasta que se nombró un síndico. Pocos días después, el señor Olson recibió los recibos, los presentó al banco y demandó pago, que le fué negado. El eajerc admitió que él sabía que el dinero pertenecía a los herederos de Johnson. El caso fué juzgado por la corte. En adición a los hechos expuestos, la corte declaró que el dinero evidenciado por el recibo había sido colocado en el banco para su custodia (safe-heeping) pendiente del recibo de los here-deros, debiendo entonces ser enviado a dichos herederos por letras del banco; que el banco mezcló el dinero con sus fon-dos y que con anterioridad al comienzo de la causa el síndico se negó a cumplir con la demanda de pago. El Sr. Olson testificó que le dijo al cajero que deseaba dejar el dinero en el banco para su custodia, pendiente de los recibos de los he-rederos, cuando él compraría las letras para remitirlas a los mismos. El cajero admitió que expidió y entregó el recibo a ruego del Sr. Olson. Dijo, además, que al mismo tiempo libró un certificado de depósito, que permaneció en el banco y que fue ofrecido al Sr. Olson después que el examinador se había hecho cargo de los negocios del banco. Olson de-claró que nada se dijo acerca de un certificado de depósito al tiempo de ser depositado el dinero en el banco, pero que fué ofrecido a él en cambio del recibo después que el exami-nador había asumido el control.

No es necesario hacer grandes esfuerzos de imaginación para, llegar a la conclusión de que en este caso se depositó el dinero en el banco para que lo tuviese en custodia hasta que se recibiesen los recibos de los herederos, a quienes de-bía trasmitirse la suma depositada mediante letras del banco. El depósito es específico. La corte llegó a esta conclusión en virtud de la prueba producida. Comoquiera que se ha dado alguna importancia a lo dicho por la corte en este caso, vamos a permitirnos copiar a continuación sus propias palabras:

f‘TJn depósito en un banco es general o especial. Cuando se hace un depósito general, se acredita a la cuenta del depositante Sujeto a su cheque, o evidenciado por un certificado pagadero en demanda o a plazos. El título al depósito en tales casos pasa al banco, que viene a ser el deudor del depositante. Por otra parte, cuando un banco acepta un depósito especial se convierte en depositario y re-tiene el dinero sujeto al depósito. El recibo mismo produce evi-dencia fuerte, si no concluyente, de un depósito especial. Demuestra que el dinero se colocó en el banco para un propósito especial. For-tificado por la evidencia del depositante y las circunstancias admi-tidas aquí, es obvio que ambas partes en la transacción intentaron hacer un depósito especial y no uno general. Consecuentemente se concluye que el banco retuvo el dinero, no como un deudor general, sino en una capacidad fiduciaria.”

Yernos que la corte califica de general un depósito evi-denciado por un certificado pagadero a su entrega o a pla-zos, y vemos también que se basa en la evidencia aportada para llegar a la conclusión de que el depósito era especial. Dieé la corte que el recibo es ma evidencia fuerte de un de-pósito especial, pero es claro que no se refiere a un certifi-cado dé depósito como el expedido por el Banco Comercial, •que és un instrumento negociable, pagadero a la orden de la persona a cuyo favor se expidió. La corte se refiere a un recibo corriente, como el expedido por el cajero del Banco ■Comercial de Vancouver, y a la prueba que se ofreció para •demostrar que las partes intentaron constituir un depósito especial y no general.

En el párrafo que sigue al que anteriormente fiemos trans-crito, dice la misma corte:

“Un depósito no es especial a menos que así lo haga el deposi-tante, o que se realice en una capacidad particular. En el uso de los depósitos realizados con el fin de que sean aplicados a un pro-pósito particular el Banco actúa como mandatario del depositante, y si deja de aplicar el fondo en absoluto o lo aplica erróneamente, puede ser recobrado como un depósito in trust. Este principio fué reconocido por esta corte en el caso de Blake, donde se dijo: ‘Si el fondo se hubiese entregado al banco, no como'un depósito general, sino para un propósito particular, hubiese sido un depósito en el primer caso (trust fund) y el título no habría pasado al banco; pero aun entonces no hubiera podido ser recobrado sin demostrarse que había ido a parar a poder del síndico’.”

En el caso de Piano Manufacturing Co. v. Auld, supra, el banco gestionó y obtuvo el cobro de un pagaré que le fué entregado por el demandante para este propósito poco antes de cerrar sus puertas. Se reclamó la suma de $879 a que ascendía la obligación al síndico del banco, quien se negó a pagarla. También recibió el banco otras obligaciones para gestionar su cobro, pertenecientes a otras personas. Guando el síndico tomó posesión de los fondos del banco sólo fiabía en metálico la cantidad de $2,185.37. Las propiedades del banco, incluyendo dinero, pagarés y otros efectos, ascendían en el momento de cerrar sus puertas a $25,000. Las respon-sabilidades contraídas a $45,000. La corte declaró en este caso que conforme a una regla invariable, dinero depositado por un cliente general del banco, o cobrado para él en un pagaré con el entendido de que el mismo pasará a su cuenta, sujeto a su cheque, pertenece totalmente al banco, creándose la relación de deudor y acreedor. Cita aquí la corte una dis-tinción hecha por Mr. Thompson, con la cual estamos comple-tamente de acuerdo,- y es que cuando el que remite la obli-g-ación para ser cobrada no tiene una cuenta general en el banco, no puede razonablemente asumirse que el depósito es general. Naturalmente, cuando el banco asume la responsa-bilidad de cobrar una obligación, lo hace con un propósito específico, y tiene el deber de devolver ese dinero a la per•sona dueña de la obligación, una vez cobrado. Sin embargo, si esta persona tiene una cuenta corriente en el banco y pide que se cobre la obligación en el entendido de que el dinero vaya al fondo general, indudablemente que entonces se esta-blece la relación de deudor y acreedor y que el depósito es general. Cuando una institución bancaria se encarga de ha-cer efectiva una obligación a favor de otra persona, se con-vierte en mandataria de ésta, a menos que la cantidad co-brada pase a la cuenta general de dicha persona. Aunque en nuestro caso se trata de una cuestión muy distinta, ni si-quiera puede aducirse a favor del depósito específico el ar-gumento de que Elíseo Diez no tenía cuenta en el banco, por absoluta carencia de prueba sobre este extremo, y en todo caso porque es la parte que alega la preferencia, basada en un depósito específico, la llamada a probarlo,- rebatiendo la presunción prevalenciente, mientras no se demuestre lo con-trario, de que el depósito es 'general.

En el caso de People v. California Safe Deposit & Trust Co., 137 Pac. lili, resuelto por la Corte de Apelaciones de California, Tercer Distrito, se expidió un certificado de de-pósito idéntico al que fué expedido por el Banco Comercial de Puerto Rico. Aquí como allí se constituyó el depósito para ser satisfecho a la orden de la persona a cuyo favor se expidió el certificado. Este caso fué sometido a la Corte Suprema de California en pleno, en moción de reconsidera-ción, y esta reconsideración fué denegada. Según la prueba aportada en dicho caso, la firma depositante Aitken & Aitken, hizo saber al banco qne deseaba qne el dinero fnese enviado a Mrs. Emma J. White, en la cindad de Tacoma. Se sngirió por los empleados del banco nn certificado de depósito. Uno de los miembros de dicha firma expidió nn cheqne contra el banco sobre fondos qne en el mismo tenía, y entregó dicho cheqne a nn empleado del referido banco, recibiendo en cam-bio, como se le había sugerido, nn certificado de depósito pa-gadero a la orden de Mrs. Emma J. White. La Corte de California no consideró este depósito de carácter especial con derecho a preferencia sobre los demás acreedores. El cer-tificado expedido en este caso dice así:

“Uptown Branch, California Safe Deposit & Trust Company, 1740 Fillmore Street, South of Sutter. San Francisco, California, Oct. 29. 1907. No. 585. Por la presente certificamos que Aitken & Aitken han depositado en el Safe Deposit & Trust Company, de San Francisco, California, la suma de ochocientos cuarenta y siete dólares cincuenta centavos ($847.50). Pagadero a la orden de Mrs. Emma J. White en moneda legal de los Estados Unidos, previa de-volución del presente certificado debidamente endosado. — (Firmado) S. H. Patterson, Contador. — G. Chevassus, Subgerente. — No sujeto a cheques. — Certificado de depósito*. — Pagadero sin interés. — Pagadero solamente mediante el San Francisco Clearing House.”

La Corte de California disente la cuestión planteada en una laboriosa opinión y dice que el apelante cita dos casos qne favorecen su contención: el caso de People v. City Bank of Rochester, supra, y Stoller v. Coates, 88 Mo. 516. En el caso de Nueva York, la firma Hartwell, Hough & Co. tenía fondos en el City Bank of Rochester. Bicha firma expidió nn cheque contra su propia cuenta, qne entregó al Banco para qne aplicara su importe al pago de nn pagaré contra dicha firma qne había sido descontado por el banco. Recibió el banco él cheqne, lo marcó como pagado en noviembre 3 de 1882, y al mismo tiempo hizo una entrada en sus libros al efecto de qne el pagaré había sido pagado en la misma fecha. Idéntica operación se llevó a cabo con otro pagaré qne el banco babía descontado y que fué satisfecho por otro cheque de la misma firma. Sin embargo, cuando se realizaron estas operaciones el banco se había desprendido de los pagarés, sin el consentimiento de la firma, la cual los pagó suponiendo que dichos documentos estaban en posesión del banco. Cla-ramente se ve que en este caso el depósito se hizo para un propósito específico, y que el banco retiró una suma de la cuenta de la firma y la dedicó al pago de las obligaciones, reconociéndolo así por escrito. Después de realizadas estas operaciones el banco fué declarado insolvente y el síndico se negó a pagar las obligaciones que ya había anotado como pagadas en sus libros. La corte de Nueva York, resolviendo esta cuestión, se expresó en estos términos:

“Los cheques del peticionario constituían fondos en poder del banco y así fueron considerados por todas las partes. Estos cheques se entregaron al banco con la instrucción específica de aplicarlos al pago de los pagarés. Estas instrucciones fueron aceptadas por el funcionario del banco y los cheques deducidos de aquel fondo. Desde este momento el banco quedó obligado a conservar el dinero y apli-carlo a dicho propósito, y no a ningún otro, o en caso de no hacerlo así, a devolverlo al peticionario. Con respecto a este dinero, el banco era un depositario y no un dueño.”

Se sostuvo en este oaso que los pagarés debían ser satis-fechos de los fondos en poder del síndico. “Aquí”, dice la Corte de California, “hubo un convenio claro en virtud del cual el banco debía aplicar el producto de los cheques a un propósito específico. En el presente caso no existe tal con-venio. ’ ’

Veamos ahora los hechos en el caso de Stoller v. Coates, supra, tales y como los refiere la Corte de California, Un Sr. Earnest, de Colorado, consignó a la demandante, una firma conocida con el nombre de Stoller & Hill, de Kapsas City, diez carros cargados de ganado para ser vendidos por su cuenta. Se instruyó a Stoller & Hill.que depositaran el producto de la venta en el Exchange Bank de Colorado, a cré-dito del consignador. El producto bruto ascendió a $3,769.75, cantidad acreditada en nna le'tra. Stoller & Hill llevaron la letra al Masting Bank con el propósito de cumplir con las instrucciones recibidas. El producto neto debido al consig-nador montaba a una cantidad algo menor que el importe de la letra. Stoller & Hill depositaron la letra a su propio cré-dito e inmediatamente expidieron, un cheque por el producto neto para ser trasmitido al consignador en Colorado. Al entregar el cheque suplicaron al banco que depositara- su importe en el Exchange Bank of Denver, en Colorado, a cré-dito del Sr. Earnest, el consignador. El Masting Bank con-vino en hacerlo así. Este banco se declaró insolvente antes de que el dinero fuese pagado, y se sostuvo que se había cons-tituido un depósito especial. La corte dijo:

“Cuando Stoller & Hill expidieron su cheque por $3,757.56 contra el Masting Bank y le entregaron dicho cheque pagadero a dicho banco o endosado a su favor, ellos depositaron un fondo específico en poder del banco. Se informó al Banco suficientemente de que el Sr. Earnest era el dueño (ultimate oivner) o beneficiario. ’ -El banco convino en trasmitir este fondo al Exchange Bank de Denver, que lo recibiría para el uso del Sr. Earnest.”

Comentando estos hechos dice la Corte de California:

“No solamente hubo en este caso un depósito de dinero en el momento de expedir el cheque, sino también un convenio del banco de trasmitir el fondo. Ninguno de estos elementos aparece en el presente caso'.”

Es verdad que la Corte de California pone énfasis en el hecho de que Aitken & Aitken retirara de su cuenta en el banco una suma para adquirir un certificado de depósito ex-pedido a favor de la Sra. White y en que los fondos del banco no fueron aumentados, pero no es menos cierto que la corte termina su opinión con estas palabras:

“Fué quizás innecesario que Aitken acudiera a la viciosa e inútil ceremonia de recibir el importe de su cheque y devolverlo inmedia-tamente al Banco para darle el carácter de depósito (trust) al fondo, y convertir al banco en el agente de Mrs. White para la trasmisión del dinero. Ellos, es decir, Aitken & Aitken, han debido claramente encomendar al Banco la responsabilidad de remitir el dinero: como se hizo en el caso de Missouri, para que constituyera un fondo es-pecífico en sus manos.”

Las palabras de la corte demuestran que si la prueba hu-biese demostrado que se encomendó al banco la gestión de trasmitir el fondo a la Sra. White, la corte habría declarado el depósito específico, dándole preferencia como tal, sin pa-rar mientes en el hecho de que Aitken & Aitken retirara una suma de su cuenta para adquirir el certificado, y en que no fuesen aumentados los fondos del banco. La distinción es importante. Cuando se deposita dinero en el banco, no para que lo retenga en su poder, sino para trasmitirlo a una ter-cera persona, el depósito es específico. Al asumir la insti-tución bancaria la responsabilidad de trasmitir el dinero, acepta una encomienda que no puede evadir y actúa como un mandatario encargado de llevar a cabo una gestión espe-cífica. En el presente caso el Banco Comercial de Puerto Rico no quedó obligado a nada, como no fuera a realizar la operación ordinaria de pagar, al presentársele el certificado de depósito por la persona a cuyo favor se expidió o por cualquier endosatario.

- En los casos de Missouri y California hubo prueba para demostrar la intención de las partes. En el de Missouri, el banco se comprometió a cumplir con las instrucciones que recibiera de trasmitir el fondo al Exchange Bank of Denver. En el de California se ofreció prueba para demostrar que el dinero iba a ser enviado a Mrs. White en Tacoma. La corte, sin embargo, no creyó probado que el banco se comprome-tiera a trasmitir el dinero y, a pesar de la prueba practi-cada, declaró que no se. había constituido un depósito espe-cífico. En el caso nuestro hay completa ausencia de prueba; es decir, no se produjo otra evidencia que el propio certifi-cado de depósito. Con excepción de este certificado, no existe en los aulos elemento alguno de prueba que pueda orientar-nos. con respecto a cuál fué la intención de las partes. Se trata de un depósito corriente que debe seguir el curso acos-tumbrado de las operaciones ordinarias que se realizan en los bancos. No difiere este documento del modelo que utili-zan las instituciones bancarias al expedir un certificado de depósito a solicitud del depositante.

En resumen, sostenemos que un certificado de depósito aisladamente considerado, lleva consigo la presunción de un depósito general. Si se quiere probar un depósito específico, debe rebatirse la presunción general mediante prueba de la intención de las partes. Como dice la Corte de California en el caso citado, algo más que la intención de una parte al depositar es necesario. Debe.demostrarse que concurre la intención de ambas partes, ya expresa o tácitamente. Y como dice la Corte Suprema de Wyoming en el caso de Gray v. Elliot, 53 A.L.R. 554, resuelto en 1927, circunstancias especiales deben existir con el fin de liacer el depósito especial en vez de general, y, puesto que la igualdad es equidad (equality is equity), las cortes fian sido cuidadosas en limitar el número de circunstancias que crean un depósito especial en vez de general.

Cuando se define un certificado de depósito no se bace dis-tinción alguna por los tribunales de justicia ni por los trata-distas. No se establece por el mero certificado una relación fiduciaria. La regla general es que. el certificado de depósito crea una relación de deudor y acreedor entre el depositante y el banco. En nuestro caso no se fia presentado prueba para rebatir esta presunción, si se exceptúa el propio certificado que por sí solo es evidencia de un depósito general. En to-dos los casos citados en apoyo de la teoría de un depósito específico, sometidos a nuestra consideración, se produjo prueba abundante. Esos casos, estudiados detalladamente, penetrando en el fondo de las cuestiones debatidas y de la prueba practicada, confirman las conclusiones que aquí esta-blecemos, sin tener ante nuestra consideración otra prueba sobre la intención de las partes que el certificado de depó-sito expedido por el Banco Comercial.

Copiamos para concluir lo que dice la Corte de Apelacio-nes de California, en el caso anteriormente citado, refirién-dose a la prueba producida en relación con el certificado de-depósito :

“Si pudiera razonablemente deducirse del testimonio de Mr: Aitken, a pesar del hecho de que el certificado de depósito rebate fuertemente la idea de una relación fiduciaria (trust relation), que su intención fué crear tal relación (trust) y que loi que él dijo e hizo fué así entendido por el banco, o debe presumirse que así en-tendió lo que se dijo e hizo, nosotros creemos que las reglas de la ley nos obligarían a aceptar tal entendido de las partes. Pero noso-tros no hemos podido descubrir'en nada de lo dicho o hecho por Mr. Aitken en dicha ocasión que él. tuviera derecho a asumir que los-funeionarios del banco entendieron que las relaciones de Mrs. White con el banco fuesen otras que las creadas por el certificado de depó-sito. El certificado de depósito no tiene ninguna de las señales de un depósito especial de dinero que el banco no tenga derecho a mez-clar con sus fondos o tratarlo como si fuera suyo. En su faz, crea la relación de deudor y acreedor entre el banco y Mrs. White. Aitken & Aitken fueron sus agentes en dicho asunto, consintiendo a su nom-bre que la transacción tomara esta forma, y nosotros creemos que el certificado es muy significativo, si no concluyente, en el sentido de demostrar cuál fué el entendido entre las partes.
“Mr. Morse dice que tales certificados son solamente reconoci-mientos por parte del banco de que ha recibido de ciertas personas ciertas sumas de dinero. En su forma estos certificados son subs-tancialmente simples recibos del banco, en forma negociable, por una suma de dinero, y son únicamente evidencia de la deuda, igual que un libro del banco. 1 Morse on Banks 297. Dichos certificados-no crean relaciones de trusts entre el depositante y el banco, sino simplemente la de deudor y acreedor.”

En el tomo 5°., página 607, de su obra “Banks and Banking,” dice Mitchie:

“Cuando un certificado de depósito expresa que el depositante-ha colocado cierta suma de dinero en el banco, pagadera en moneda corriente al devolverse el certificado propiamente endosado, tal de-pósito es un depósito general, y si el banco se declara insolvente, el depositante queda relegado a la posición de un acreedor general so-lamente. ' ’

De acuerdo con nuestro derecho civil, el dinero depositado regularmente en un banco, que en la jurisprudencia ameri-cana' se denomina depósito general, no puede entenderse legal ni jurídicamente como la constitución de un depósito. En el curso corriente de las operaciones comerciales, la persona que ordinariamente deposita dinero en un banco asiente al uso del mismo por parte de dicho banco. Cuando el depositario tiene permiso para servirse o usar de la cosa depositada, el contrato pierde el concepto de depósito y se convierte en préstamo o comodato. El depósito irregular o de cosas fun-gióles que tiene su origen en el derecho civil es muy pare-cido, por no decir idéntico, al depósito general de que habla ■ la jurisprudencia americana. En ambos existe el consenti-miento del uso y en ambos se trasmite el dominio, convirtién-dose el contrato en préstamo. Afirma García G-oyena y ad-mite Manresa que el depósito irregular ha quedado descar-tado, y conviene recordar que el contrato adquiere el carác-ter de préstamo cuando se permite expresamente el uso de la cosa, según el Código Civil, o cuando se presta el asenti-miento, según el Código ,de Comercio. Sin embargo, cuando se advierte la intención de constituir un depósito especial, es lógico que prevalezca el criterio de las partes y quedé estable-cida la relación jurídica de depositante y depositario. Cuando las partes consignan el propósito de constituir un depósito, el contrato no cesa de ser tal, aunque en cierto modo se aleje de los principios ordinarios que lo regulan, y hayan enten-dido que el depositario, en vez de restituir las idénticas mo-nedas recibidas, puede hacerlo de otras de la misma calidad. Esta es la tendencia moderna de la jurisprudencia americana, 5 que no es incompatible, a nuestro juicio, con nuestro derecho civil. Los bancos existentes en Puerto Rico se han organi-zado' y. funcionan dentro del sistema bancario de los Estados Unidos. En materia de depósito estas instituciones se rigen por principios generales que más bien tienen el carácter de •universales, ya que no se diferencian esencialmente de los principios adoptados en otros países.

Aplicando juiciosamente estos principios al caso sometido a nuestra consideración, entendemos que no se lia probado que se trata de un depósito clásico dentro del derecho civil o de un depósito específico dentro de la jurisprudencia ame-ricana, y que debe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Aldrey disintieron.


text:
    Santini Fertilizer Co., demandante y apelada, v. Albert E. Lee & Son y José Moisés Colón, demandados y apelantes.
    No. 6599.

    Sometido: Marzo 5, 1934.

      Resuelto: Marzo 9, 1934.

      Carlos J. Torres, abogado de los apelantes; B. Buseaglia, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación la interpuso el demandado en este pleito porque en un memorándum de costas presentado por el de-mandante aprobó la corte inferior una partida de $500 para honorarios de abogado. Se nos pide que la desestimemos ' por frívola.

La demanda sólo tiene una causa de acción, aunque en la .súplica se solicitan varios remedios. La sentencia declaró con lugar la demanda pero negó uno de los remedios intere-sados, sin especial condena de costas. El demandante apeló por no haber sido concedido dicho remedio ni las costas. Nuestra sentencia confirmó la apelada menos en el particular de las costas, las que impuso al demandado. Cuando a su tiempo presentó el demandante su memorándum de costas consignó en él una partida de $1,500 para honorarios de abo-gado, la que la corte inferior fijó en $500.

Los motivos alegados para esta apelación son los siguientes:

“Primero. — El tribunal sentenciador cometió error al interpre-tar el decreto de costas dado por este Iíon. Tribunal Supremo, en el sentido de incluir todas las causadas en el pleito, sin limitar la imposición a las originadas por la primera causa de acción o nu-lidad de juicio ejecutivo.
“Segundo. — Cometió, asimismo, error el tribunal sentenciador al no distinguir, según fue solicitado por la parte demandada-apelante, entre costas causadas por la primera causa de acción y las origina-das por el ejercicio de la segunda causa de acción, resuelta a favor de la demandada-apelante.
“Tercero. — Cometió error el mismo tribunal sentenciador al in-cluir en su tasación honorarios de abogado siendo así que no se probó que éstos hubieran sido pagados por Santini Fertilizer Co., o los hu-biera prometido pagar o cediere a su abogado los que se les conce-dieran como razonables, como tampoco se hizo prueba del montante convenido y realmente pagado por tal concepto a su abogado, por dicha demandante-apelada.
“Cuarto.' — -Erró también el tribunal sentenciador al no tener en consideración para tasar los honorarios de abogado' la cuantía li-tigiosa y el pequeño grado de temeridad de la parte condenada al pago de las costas.
“Quinto. — Por último incurrió en error el tribunal sentenciador al no apreciar el grado alto de temeridad de la Santini Fertilizer Co. y la forma en que presentó las acciones acumuladas en la de-manda. ’ ’

Entendemos que son frívolos los motivos en que se funda esta apelación, pues en la demanda" no se aleg’an separada-mente dos causas de acción, y como a pesar de no haber sido concedido por el tribunal inferior ni por este Tribunal Supremo uno de los remedios interesados impusimos, sin embargo, las costas al demandado, no interpretó mal nuestra sentencia la corte inferior al estimar que debía pagar todas las costas causadas en el pleito.

El segundo motivo del recurso se alega sobre la base de que el primero sea sostenido, por lo que carece de- funda-mento.

El tercero también es fútil porque para que el deman-dante pueda cobrar los honorarios de abogado como parte de las costas no tenía que probar que se los había pagado, o que le hubiera prometido pagárselos, o que cediera a su abogado lo que se le concediera por ese concepto.

El cuarto y el quinto motivos tampoco son sostenibles porque la reducción a una tercera parte de la cantidad soli-citada para honorarios de abogado demuestra que la corte inferior tuvo en cuenta las circunstancias del pleito al fijar la cantidad que debe ser pagada por honorarios de abogado.

La apelación debe ser desestimada.