author: Kl Juez .Asociado Señor .De Jesús

text:
    Felipe Hernández Ortiz, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Bayamón, recurrido.
    Núm. 1210.
    Sometido: Mayo 28, 1947.

      Resuelto: Junio 16, 1947.

      Luis Vizcarrondo, abogado del recurrente.; el registrador recurrido compareció por escrito.
   Kl Juez .Asociado Señor .De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Juan Irizarri Cuadra, dueño de la finca 292 registrada al folio 83 del tomo 7 de Guaynabo, compuesta de 7.27 cuerdas, la hipotecó a Felipe Hernández Ortiz, el recurrente, en ga-rantía de $4-46.70.() Después de constituida esta hipoteca, Irrizarri, por escritura de 25 de diciembre de 192C, segregó de la finca 2.77 cuerdas (pie vendió a Guillermo Solís, casado con Leandra Hernández. La nueva finca se inscribió con el níim. 310 al folio 161 del tomo 7 de Guaynabo, inscripción primera, el 21 de marzo de 1928. Siendo ya exigible el cré-dito hipotecario, Felipe Hernández Ortiz, en septiembre de 1928, instó procedimiento ejecutivo en la Corte de Dis-trito de San Juan contra. Juan Irizarri Cuadra, dueño del remanente de la finca 292 y contra Guillermo Solís y Lean-dra Hernández, como dueños de la finca 310. De conformi-dad con el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, el 25 de marzo de 1928 se presentó en el Registro de la' Propie-dad una copia de la demanda siendo anotado el aviso de lis pendens, .en cnanto a las dos fincas, el 29 de junio de 1928. Guillermo Solis y su esposa vendieron, el 18 de julio de 1928, la finca 310 a Agustín Parson Cruz, casado con Eusebia Ar-móstica Burgado.

El 14 de julio de 1928, estando pendiente el procedimiento ejecutivo, Felipe Hernández Ortiz cedió el crédito hipoteca-rio a Ramón Luis Soldevilla, siendo inscrita la cesión en el Registro de la Propiedad. A o obstante haber cedido su cré-dito, aparece de los autos que Felipe Hernández Ortiz com-pareció a la subasta en el procedimiento ejecutivo, siéndole adjudicadas las,dos fincas en pago del crédito hipotecario el 4 de octubre de 1928.

En procedimiento de apremio para pagar contribuciones la finca 310 fué adjudicada a Abelardo Martínez Morales, se-gún certificado de 24 de noviembre de 1937, inscrito el 24 de diciembre siguiente, al folio 163 del tomo 7 de Guaynabo, ins-cripción tercera.

A pesar ele haberse adjudicado la finca 310 a Felipe Her-nández Ortiz en el procedimiento ejecutivo, al margen de la inscripción tercera aparece una nota en la que se consigna (pie, en septiembre de 1940, () la finca fue redimida por Ra-món Luis Soldevilla, como acreedor hipotecario. Sin embargo. la hipoteca que por su procedencia gravaba la finca 310 fué cancelada en cuanto a Hernández Ortiz y a su cesio-nario Soldevilla, según nota marginal de 24 de marzo de 1939, por haber transcurrido el plazo para la redención de dicha finca. He suerte que cuando Ramón Luis Soldevilla la rodi-mió en septiembre de 1940, ya su condición de acreedor hipo-tecario hacía más de un año que había sido cancelada en el Registro.

Con estas constancias en el Registro, el 3 de julio do 1946 —dieciocho años después de terminado el procedimiento eje-cutivo — Felipe Hernández Ortiz solicitó y obtuvo de la Corte de Distrito de San Juan una orden requiriendo a Agustín Parson y a su esposa, como adquirentes pendente lite, para que procedieran a liberar la finca 310 en el improrrogable plazo de diez días, a partir del siguiente a la notificación de dicha orden, bajo apercibimiento de que transcurrido dicho término sin cumplir lo ordenado, se mandaría a cancelar la inscripción de su título en el Registro de la Propiedad. Ha-biendo expirado el término sin que hubieran liberado la finca, el 30 de julio de 1946 se expidió mandamiento al Registrador de la Propiedad de Bayamón para que cancelase la referida inscripción. Presentado el mandamiento en el Registro, fué denegada la cancelación, extendiéndose la nota recurrida, basada en siete motivos los cuales, al radicar su alegato el Registrador, redujo a cinco, pidiendo que se consideraran abandonados los numerados 1 y 4.

Procederemos a discutir conjuntamente los dos primeros motivos. El primer motivo de la nota consta de dos partes:

(a) En que el aviso de demanda que se anota con arreglo al artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, no es la anotación preventiva a que se refiere el artículo 42 de la Ley Hipotecaria() y por consiguiente, no debe aplicarse en relación con tal aviso de demanda el procedimiento esta-Mecido por el artículo 71 de la citada ley;() y (b) que la finca 310 cuya segunda incripción se ordenó cancelar por dicho mandamiento, fué segregada de la finca principal el 21 ele marzo ele 1928, mientras que el aviso de demanda fué ano-tado el 29 de junio del mismo año, o sea, tres meses después ele practicada la segregación, por cuya razón la anotación del aviso no puede afectar la porción segregada.

'El segundo motivo de denegación es el siguiente: sona de quien adquirió posteriormente Agustín Parson Cruz, por lo que ni Guillermo Solís ni Agustín Parson Cruz fueron adquirentes pendente lite.”

“Porque el artículo 71 de. la Ley Hipotecaria se refiere a enaje-naciones hechas durante la pendencia de un litigio, y asumiendo que la liberación que solicitó Felipe Hernández Ortiz lo hubiera sido con respecto a la hipoteca por $446.70 constituida a su favor por Juan Irizarry Cuadra por la inscripción primera de la finca 292 al folio 83 del tomo 7 de Ouaynabo, que es la finca de donde fué segregada la número 310 sobre que se ordena la cancelación, resulta que el proce-dimiento ejecutivo en virtud del cual dicha finca número 310 segre-gada le fué adjudicada a Felipe Hernández Ortiz en venta en pública subasta se inició ni septiembre de 1928, mientras que la segregación y venta de la parcela sobre que se interesa la cancelación se había inscrito ya desde el 21 de marzo de 1928 a virtud de la escritura número 200 otorgada en Río Piedras el 25 de diciembre de 1926 ante el notario José Ruiz de Val, siendo así que cuando el procedimiento ejecutivo se inició ya hacían aproximadamente dos años que la par-cela se había segregado y vendido a Guillermo Solís, que fué la per-

Argumentando, en apoyo de la primera parte del primer motivo de su nota, el recurrido empieza por establecer dife-rencias entre la anotación preventiva de demanda de que trata el artículo 42 de la Ley Hipotecaria y la anotación de aviso de lis pendens, con arreglo al artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil. No dudamos que existen ciertas diferencias entre ellos, más bien de forma que. de fondo; pero no debemos perder de vista la condición esencial que tienen en común: que una y otro dan aviso de la pendencia del pleito a cualquiera que adquiera el dominio o cualquier dere-cho real sobre la finca en litigio, colocándolo en la posición de un adquirente pendente lite. Si la anotación de demanda bajo el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil ha de ser de alguna utilidad, es necesario que haya un procedimiento para hacer efectivo el derecho que surge de la misma. No existe ese procedimiento- en la ley, pero cuando no existe un procedimiento para hacer efectivo un derecho, el artículo 36 del Código do Enjuiciamiento Civil confiere a los tribunales la facultad para adoptar cualquiera que sea adecuado y esté en armonía con el espíritu del Código. Y como el procedi-miento provisto en el artículo 71 de la Ley Hipotecaria, a los efectos de hacer efectiva la anotación bajo el artículo 42 de dicha ley, es un remedio adecuado para hacer efectivo el aviso de lis pendens extendido con arreglo al artículo 91 del Código do Enjuiciamiento Civil, y se halla en armonía con el espíritu de dicho Código, no erró la Corte de Distrito de San Juan al aplicarlo a este caso en el procedimiento de li-beración. ()

Arguye el recurrido que el procedimiento adecuado está 'provisto en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria. Pero ese artículo, al igual que su concordante el 175 del Reglamento, () contemplan el caso en que los bienes lian pasado a manos de un tercer poseedor antes de la celebración de la subasta como lo indica el artículo 128 de la Ley Hipotecaria. Es verdad que Parson adquirió la finca 310 antes de la subasta, pero la aplicación del artículo 129 de la Ley, como lo indica el artículo' 175 del Reglamento, sólo tiene lugar cuando lo pide el tercer poseedor, acreditando la inscripción de su título, y en ningúi? momento Parson solicitó que se entendieran con él las dili-gencias a que se refiere el artículo 129. ()

No está acertado el Registrador cuando dice en su alegato (pie la anotación de lis pendens con arreglo al artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, es sencillamente una-inno-vación “indicada a proveer un medio de aviso rápido y su-mario basta que el interesado, si lo desea, pueda practicar ■ su anotación preventiva con las formalidades que señala la ley.” No vemos dónde encontró el recurrido esa limitación al artículo 91, el cual, en lo pertinente, prescribe: “. . . Sólo desde el día de la presentación del aviso para ser anotado se considerará que. el comprador o la persona que adquiera un gravamen sobre la propiedad litigiosa, tiene conocimiento, para los efectos legales, de la acción pendiente contra las par-tes designadas por sus nombres verdaderos.”

La segunda parte del primer motivo de denegación carece en absoluto de mérito. ¿Cómo os posible que un adquirente, después de anotado un aviso de lis pendens, pueda estar exento de sus efectos legales por el mero hedió de quecuando se segregó la finca y la adquirió su predecesor en título, todavía no se hubiera iniciado el procedimiento ejecutivo que dió lugar a la anotación? Al segrogarse la parcela de 2.27 cuerdas que pasó a ser la finca 310, dicha finca continuó afecta por su procedencia a la hipoteca constituida so-bro la finca principal. Artículo 123 de la Ley Hipotecaria. Por esa razón, al instituirse el procedimiento ejecutivo, fueron demandados Juan Irizarry Cuadra como dueño del remanente de la finca principal y Guillermo Solis y su esposa, entonces dueños de la porción segregada. ' Se siguieron contra ellos las diligencias prescritas en el artículo 128 de la Ley Hipotecaria y se anotó el aviso de demanda. Parece claro que al adquirir Parson la finca 310 después de iniciado el procedimiento ejecutivo contra su causante y de anotarse la demanda en el Registro, lo hizo con conocimiento del pleito. No habiendo solicitado, de conformidad con el art. 175 del Reglamento,,que se entendieran con’él las diligencias posteriores como subrogado en el lugar del causante, es ele aplicación, por analogía, el procedimiento provisto en el artículo 7.1 de la Ley Hipotecaria.

Después de discutido el primer motivo de la nota, el se-gundo no requiere extensa consideración. El Registrador parece olvidarse de que la hipoteca es indivisible, que al pa-sar a otra persona el título de una parte de la finca, el gravamen sigue sobre la porción segregada; que al instituir el procedimiento se hizo figurar como demandado a Guillermo Solís, quien no podía ser adquirente pendente lite, puesto que él había adquirido antes del pleito; y que habiendo adquirido Parson la finca 310 después de instituido el procedimiento y anotado el aviso de demanda, era éste un adquirente pendente lite, sin que tenga pertinencia alguna el hecho de que la finca 310 se hubiera segregado antes de instituirse el procedimiento ejecutivo.

El tercer motivo de denegación es el siguiente:

‘ ‘ Porque la nota de aviso de demanda en que fundó el recurrente su procedimiento de liberación fué practicada el 29 de junio de 1929 () y prescribió cuatro años más tarde según lo dispuesto en el inciso B de la Ley número 12 de 29 de agosto de 1923, según fué enmendada por la número 12 de 25 de junio de 1924, y subsiguien-temente enmendada en 9 de julio de 1936 cuando pasó a formar parte del artículo 388 A de la Ley Hipotecaria, por lo que dicho aviso de demanda carecía de eficacia legal para establecerse a virtud del mismo un procedimiento de liberación catorce años después de haber caducado.”

El artículo 388 A do la Ley Hipotecaria, en su apartado (b),(°) autoriza a los registradores de la propiedad, a ins-tancia de parte, autenticada ante notario, a cancelar en el registro, las anotaciones de demanda que tengan más de cua-tro años de anotadas, si no hubieren sido prorrogadas por orden de la porte en que pendieren los casos, por justa causa. Pero se observará que dicho precepto legal no dispone que esa anotación caduque a los cuatro años de anotada. Simple-mente autoriza al perjudicado por ella, a solicitar su cancela-ción cuando concurran las circunstancias antes expresadas. No es éste el caso do la anotación preventiva practicada al denegarse una inscripción cuya vigencia fija expresamente la ley en 120 días, expirados los cuales, la anotación, aunque no haya sido cancelada, se considera que ha caducado, a menos que se haya recurrido de la misma, en cuyo caso se suspende el término hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso. Por consiguiente, no estando cancelada la anotación de de-manda cuando tuvo lugar el procedimiento de liberación, la validez de dicho procedimiento no fue afectada por el mero hecho de que hubieran transcurrido dieciocho años desde que se extendió la anotación.

El cuarto motivo de denegación dice así:

“Porque por la inscripción tercera de la finca .número 310 prac-ticada el 20 de diciembre de 1937 al folio 163 del tomo 7 de G-uaynabo se registró a favor de Abelardo Martínez Morales la adjudicación de dicha parcela que le fue hecha en procedimiento de apremio sobre venta de bienes por contribuciones adeudadas, según certificado do venta de 24 de noviembre del mismo año, y si bien al margen de dicha inscripción tercera hay una nota donde se dice que la finca fue redimida por Ramón Luis Soldevilla como acreedor hipotecario en septiembre de 1940, inscribiéndose la redención en 9 de octubre del mismo año, tal nota de redención carece de eficacia legal toda vez que, según otra nota de fecha anterior, o sea de 24 de marzo de 1939 la referida hipoteca que por su procedencia gravaba dicha finca 310 a favor de Ramón Luis Soldevilla como cesionario del crédito de Felipe Hernández Ortiz fué cancelada, en cuanto a dicho Felipe Hernández Ortiz y a su cesionario Ramón Luis Soldevilla, por haber transcurrido el plazo para la redención de la finca, resul-tando así que la nota de redención puesta año y medio más tarde no podía tener el efecto de producir una redención válida ya que la misma se había hecho por un acreedor cesionario cuyo crédito había sido cancelado en el Registro; y siendo ello así resulta estar en toda su vigencia la inscripción tercera de adjudicación de dicha finca número- 310 a favor de Abelardo Martínez Morales, máxime cuando no aparece que dicho titular haya sido notificado de la soli-citud de cancelación de acuerdo con lo prescrito en el artículo 71 de la Ley Hipotecaria.”

Este motivo de denegación es insostenible. Está basado' en la apreciación que liace el recurrido de la legalidad de asien-tos extendidos en el registro por un predecesor. Tratando de la extensión y limitación de la facultad de calificar, dice Mordí:

“Extensión y límites con relación a los documentos presentados.- — • En general puede afirmarse que el Registrador tiene atribuciones para calificar toda clase de documentos en cuanto hayan de inscribirse pero nunca para apreciar la legalidad de los que hayan sido ya regis-trados, fundándose en su supuesta nulidad para negarse a inscribir. Los asientos extendidos ya en el Registro, han de estimarse válidos en sí y en cuanto al acto inscrito, sean los que fueren los vicios que se observen después, hasta tanto que los Tribunales declaren su nu-lidad, no pudiendo ser anulados ni discutidos por el Registrador ni por sus superiores jerárquicos.” Morell, Comentarios a la Legisla-ción Hipotecaria, t. 2, págs. 243-4 (ed. 1917). (Segundas bastardi-llas nuestras.)

En el mismo sentido se lia expresado este Tribunal en los siguientes casos: Blanco et al. v. El Registrador de caguas, 27 D.P.R. 961; Gerena v. El Registrador de Humacao, 26 D.P.R. 87; Rodrigues v. El Registrador de Mayagúes, 26 D.P.R. 73 y Sucesión Blanco v. El Registrador de la Propiedad, 16 D.P.R. 67 y Lópes v. Registrador, 58 D.P.R. 1.

El recurrido invoca el caso intimamente citado como si en efecto sostuviera que un registrador puede pasar sobre la legalidad de asientos extendidos por un predecesor; pero una lectura cuidadosa de dicho caso demuestra que está en armonía con la regla expuesta en los otros casos citados en esta opinión.

El quinto y último motivo de denegación, es el siguiente :

“Porque el procedimiento de liberación se ha establecido a virtud de la adjudicación hecha el 4 de octubre de 1928 a favor de Felipe Hernández Ortiz en el caso civil número 6414 sobre ejecución de hipoteca seguido en la Corte de Distrito de San Juan contra Juan Irizarry Cuadra y otros, y de acuerdo con lo resuelto por el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico el 28 de enero de 1947 en el recurso gubernativo número 1197 instado por Felipe Hernández Ortiz contra el Registrador de la Propiedad que suscribe, cuando la finca le fué adjudicada al promovente en aquel caso, en unión de la número 310, ya dicho promovente (que es la misma persona interesada en esta cancelación) le había cedido su crédito a Ramón Luis Sol-devilla, por lo que carecía de autoridad para asistir a la subasta y hacerse adjudicar la finca a virtud de un crédito que ya no le per-tenecía.”

El motivo que acabamos de transcribir fué resuelto por este Tribunal a favor del Registrador en el recurso núm. 1197, seguido por este recurrente contra el aquí recurrido, en re-lación con la misma finca objeto del presente recurso. Hernández v. Registrador, 66 D.P.R. 863, 867. Dijimos entonces:

“No erró, pues, el registrador en el primer motivo expuesto en su nota denegatoria y tampoco en los motivos segundo y tercero ya que, si de la inscripción tercera de la finca en el registro aparece que el recurrente, acreedor ejecutante, había cedido a un tercero su crédito tres meses antes de efectuarse la subasta, el cesionario se había subrogado en todos los derechos del cedente de acuerdo con el artículo 152 de la Ley Hipotecaria y el recurrente no tenía derecho a ejecutar el crédito que había cedido.”

Por el atilinto motivo se confirma la nota recurrida.( )

      (pPe los autos no aparece la fecha en que se constituyó la hipoteca, pero fácilmente se concluye que fué antes del 25 de diciembre de 1926.

      (-)iSFóteso que el certificado do venta en el procedimiento de apremio so ex-tendió el 24 de noviembre de 1937, por lo que, al redimirse la finca on septiembre do 1940, liabía transcurrido más de un año do haberse expedido el certificado de venta.

      (3)B1 artículo 42 de la Ley Hipotecaria prescribe:
      “Podrán pedir anotación preventiva do sus respectivos derechos en el Re-gistro público correspondiente:
      “1. El que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles o la cons-titución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real.
      íi2 * * * * * * * *>>

      (4)E1 art. Ti, cu lo pertinente, prescribe:
      “Hi los bienes inmuebles o derechos reales anotados preventivamente, a tenor del articulo 42, números 2 y 3, fuesen adjudicados al demandante en virtud de sentencia recaída en el pleito, o llegase el caso de anunciarlos en públiea subasta,, se notificará la adjudicación o el anuncio al que durante el litigio hubiese ad-quirido talos bienes o derechos.
      “'Dicha notificación deberá practicarse a instancias del actor, dictada qua sea la sentencia firme, de adjudicación o antes de verificarse el remate en el procedimiento de apremio ....
      “Hecha la notificación a que se refiero el párrafo anterior, podrá el notifi-cado librar los bienes de que se trate, pagando la cantidad consignada en la anoi ación para principal y costas, sin que se entienda obligado a satisfacer por este último concepto mayor suma que la consignada en la anotación. Si no lo hiciere en el término do diez días, so procederá a cancelar en el Registro la inscripción de su dominio, así como cualquiera otra que Se hubiera extendido después de la anotación, a cuyo efecto, y a instancia del rematante o del adju-dicatario, se despachará el oportuno mandamiento al Registrador de la pro-piedad.’'

      (5)En relación con esto motivo el recurrido discute ampliamente el caso de Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269, tratando do demostrar quo la doctrina do eso caso es errónea. No siendo enteramente aplicable (lidio caso, toda voz que allí no liubo anotación do lis pendens, no lo discutimos aquí porque sería innecesario a los efectos do esta opinión.

      (")Ai-t. 129 do la Ley Hipotecaria:
      ‘ ‘ Si antes de que el acreedor llaga efectivo su derocho sobro la finca hipo-tecada. pasare ésta a manos do un tercer poseedor,- se entenderá, directamente con éste todas las diligencias prevenidas en el artículo anterior, como subrogado en la personalidad del deudor.”
      Art. 175 del"*Reglamento de la Ley Hipotecaria. (Ultimo párrafo):
      1 ‘ Si durante la sustanciación del expediente pasare la finca o alguna de las fincas hipotecadas a manos de otro poseedor, éste, acreditando la inscripción do su título, podrá pedir que se lo exhiban los autos en la Secretaría, y el juez ¡o acordará, sin paralizar el curso del expediento, entendiéndose con él las diligen-cias ulteriores, como subrogado en el lugar del causante.”

      (7)En una nota al xiltimo párrafo del art. 175 del Reglamento, dice Morellen su obra Legislación Hipotecaria de Ultramar, pág. 189:

        “Si el poseedor no lo solicita, no se entienden ya con él las diligencias, y aunque parezca injusto, no lo es, pues el que adquiere la finca o fincas durante el procedimiento, ni debe ignorar Jos gravámenes que las afectan, ni extrañarse do lo que resulte de las diligencias judiciales.” (Bastardillas nuestras.)

      (8)De conformidad con una certificación, expodida por el propio Registrador, con íeelia 26 tie junio de 1940 y la cual aparece unida a los autos, el aviso de demanda fué anotado el 29 do junio de 1928 y no en junio do 1929, como equi-vocadamente se consignó en la nota.
      (")Artículo 388 A, apartado (ó):
      "Los Registradores de la propiedad, a instancia de parte, autenticada ante notario procederán a cancelar en el respectivo Registro:
      "(ó) Las anotaciones de embargo, prohibiciones de enajenar, anotaciones de demanda y cualesquiera otras hechas en virtud de mandamiento judicial que tengan más de cuatro (4) años de anotadas, si no hubieren sido prorrogadas por orden de la corte en que pendieren los casos, por justa causa. Si al entrar en vigor esta Ley hubiere transcurrido en totalidad dicho término o sólo restare del mismo un (1) año o menos, la parte interesada en la anotación tendrá qn (1) año desde la vigencia de esta Ley para obtener de la corto competente la prórroga do la anotación.” (Bastardillas nuestras.)

      (10)Nos liemos visto precisados a discutir los cuatro motivos anteriores' ante la probabilidad de que, subsanado el defecto de la subasta, pudieren suscitarse en este caso las mismas cuestiones aquí discutidas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado ¡Señor Todd, Jn.,

license: Public Domain

text:
    Ramón Luis Carro Umpierre, representado por su padre con patria potestad, Felipe Carro, demandante y apelado, v. Carlos R. Matos, en su carácter de Secretario Registrador del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de la Universidad de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 9425.
    Sometido: Mayo 9, 1947.

      Resuelto: Junio 16, 1947.

      James E. Curry y Arnaldo P. Cabrera, abogados del apelante; Enrique Bácz Garda, abogado del apelado.
   El Juez Asociado ¡Señor Todd, Jn.,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Mayagüez declaró con lugar la petición de mandamus en esto caso y en su consecuencia or-denó al demandado en su carácter de Secretario Registrador del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de la Univer-sidad de Puerto Pico que procediera a matricular al peticio-nario como estudiante regular de dicho Colegio. () El de-mandado apeló. Los hechos, sucintamente expuestos, son los siguientes:

Namón Luis Carro Umpierre se graduó y obtuvo su diploma de escuela superior con un índice académico inferior al requerido por el reglamento aprobado por la extinta Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, pero que aún está en vigor, para admitir estudiantes a dicha Universidad. Fun-dándose en dicho motivo el demandado, en su carácter do Secretario Registrador del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas denegó la admisión del peticionario como estu-diante en dicho Colegio. Presentó entonces el peticionario el presente recurso de mandamus con el resultado antes ex-puesto. La corte inferior sintetizó el problema envuelto diciendo que “Lia, única cuestión a resolver por la corte se reduce a decidir si la Universidad de Puerto Rico tiene au-toridad para exigir un índice académico para ingresar en dicho centro educativo superior al índice académico que el Departamento de Instrucción requiere de los alumnos para expedirles diploma de escuela superior” y, basándose en el artículo 17 de la Carta Orgánica, () resolvió que dicho ar-tículo faculta al Comisionado de Instrucción para dirigir la instrucción pública en toda la isla y preparar todos los cur-sos de estudios y que por tanto “. . . cualquier reglamenta-ción contraria a las normas aprobadas por el Comisionado de Instrucción debe entenderse anticonstitucional,” pues “Si se permitiera a la Junta de Síndicos de la Universidad do Puerto Rico exigir mayores requisitos para ingresar en dicho centro que los exigidos indirectamente por el Departamento de Instrucción, sería tanto como reconocer en la Junta de •Síndicos poder bastante para anular las facultadas orgáni-cas del Comisionado de Instrucción de Puerto Rico.” (Bas-tardillas nuestras.)

El nervio de la cuestión en este caso consiste precisamente en el hecho de que; aceptando, sin resolverlo, que la frase “Instrucción pública”, usada en el artículo 17 ele nuestra Oarta Orgánica, cuya “dirección” se pone en manos del Co-misionado de Instrucción, incluya, además de la instrucción elemental y de escuela superior, también la instrucción uni-versitaria, nada bay en las alegaciones ni en la prueba que tienda a demostrar o demuestre, que el Comisionado de Ins-trucción baya afirmativamente establecido cuáles son los re-quisitos mínimos para que un estudiante pueda -ingresar en la Universidad de Puerto Rico. Si algo ba becbo el Comi-sionado “indirectamente” (usando la palabra de la corte inferior) es aprobar, como Presidente de la extinta Junta deN Síndicos y de la actual Junta Superior de Enseñanza, los requisitos establecidos por la primera de estas Juntas.

Pero es que no tenemos que entrar a considerar el pro-blema en la forma que lo planteó el peticionario y resolvió la corte inferior, precisamente por el hecbo de que' el Comisio-nado de Instrucción es el que podría, si creyera que la Junta universitaria babía asumido facultades que no le correspon-den, aprobar la reglamentación que a su juicio procediera aplicar a la Universidad y de no ser aceptada por dicha en-tidad, la cuestión podría ser entonces planteada ante los tribunales. En otras palabras, nos limitamos a resolver que el peticionario, como estudiante potencial de la Universidad de Puerto Rico, no es el llamado a poner en tola de juicio la legalidad del reglamento universitario por supuesta violación de la Carta Orgánica en cuanto a la facultad que le concede el artículo 17 al Comisionado de Instrucción para dirigir la instrucción pública en Puerto Rico, en ausencia de alegación en su petición de que dicha reglamentación ha sido repudiada por el Comisionado de Instrucción al establecer otra en con-flicto con la misma. El hecho de "que al peticionario se le otorgara un diploma de escuela superior por el Departamento de Instrucción no equivale a establecer, “indirectamente,” los requisitos para su ingreso en la Universidad como resolvió la corte inferior. La concesión de dicho diploma sólo acre-dita que el peticionario aprobó cierto curso de escuela superior pero puede no ser per se suficiente para autorizarlo a seguir estudios universitarios, bien sea por reglamentación de la Universidad o del propio Comisionado de Instrucción. Carece de méritos la afirmación de que graduar a un estu-diante de escuela superior con índice inferior al requerido para ingresar en la Universidad “resulta un acto inútil, una pérdida de tiempo por el estudiante y un gasto de dinero per-dido por El Pueblo,” ya que la sola exposición de esos hechos demuestra su flaqueza. El estudiar en una escuela superior nunca es un acto inútil ni pérdida de tiempo y el Gobierno está obligado a sufragar', dentro de ciertos límites, dichos gastos. Lo que sí se ha resuelto varias veces es que una universidad no forma parte del sistema de escuelas públicas de] estado, () empero no estamos adelantando opinión alguna en cuanto a ■si el concepto de' “instrucción pública” usado en el artículo 17, supra, incluye o no la instrucción universitaria.

No apareciendo de las alegaciones contenidas en la peti-ción <|ue el demandado como Secretario Registrador del Co-legio de Agricultura y Artes Mecánicas de la. Universidad de Puerto Rico esté obligado por ley a cumplir el acto de ma-tricular al peticionario y apareciendo por el contrario que se limitó a dar cumplimiento a los reglamentos vigentes dé dicha institución, a nuestro juicio la petición no aduce hechos constitutivos de una causa de acción y en su consecuencia la sentencia será revocada y desestimada la petición.

      C)Igual decision rindió en los casos que son objeto de los recursos números 942(3, 9427 y 944ü y los cuales serán resueltos a virtud’ del presente.

      (2) Dicho artículo dispone que:
      "El Comisionado de Instrucción dirigirá la instrucción pública en toda la Isla; todo desembolso propuesto por cuenta de la misma deberá ser aprobado por él, y preparará todos los cursos de estudio, con sujeción a la desaprobación del Gobernador si ésto deseare intervenir. Preparará reglamentos para la selec-ción de maestros, y los nombramientos de maestros por las juntas escolares es-tarán sujetos a su aprobación, y desempeñará los demás deberes no incompa-sibles con esta Ley, que se le asignaren por ley.”

        (3)Regents of University v. Board of Education, 20 Okla. 809, 95 P. 429; In re Opinion of the Justices, 102 N.E. 464; Pollitt v. Lewis, 269 Ky. 680, 108 S.W. 2d 671.


author: El Jvisz Asociado Seño» MaReero

text:
    Autoridad de Tierras de Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Utuado, recurrido.
    Núm. 1208.
    Sometido: Mayo 8, 1947.

      Resuelto: Junio 16, 1947.

      Antomo Riera, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Jvisz Asociado Seño» MaReero

emitió la opinión del tribunal.

En 24 de marzo de 1947 la Autoridad de Tierras de Puerto Rico presentó en el Registro de la Projnedad de Utuado una solicitud de cancelación de arrendamiento suscrita por su abogado ante un notario público. El registrador denegó la cancelación interesada fundándose en lo dispuesto por el ar-tículo 79 de la Ley Hipotecaria, según fué enmendado por la. Ley número 20 de 7 de julio de 1923 ((1) pág. 213), por no solicitarse la cancelación ,en escritura pública. Sostiene ahora la recurrente que procede la cancelación solicitada, toda vez que dicha ley enmendatoria no está en vigor porque el artículo 79 de la Ley Hipotecaria fué nuevamente enmen-dado por la Ley número 18 de 9 de julio de 1936 (Ses. Ext., pág. 145) y por no contener dicho artículo, según ha quedado últimamente enmendado, precepto alguno que haga indispensable o necesaria la escritura pública requerida por la en-mienda de 1923 ya citada.

El artículo 79 de la Ley Hipotecaria, según fué enmendado en 1923, proveía taxativamente que la cancelación podía pedirse y debía ordenarse cuando se extinguía por com-pleto el derecho inscrito, pero que en cuanto a los contratos de arrendamiento o subarrendamiento, tres meses después de vencido el término de los mismos, si no constaban en el regis-tro prorrogados, o tres meses después de vencida la prórroga inscrita, quedaría extinguido el derecho inscrito y se proce-dería por el registrador a su cancelación, a solicitud del arren-dador, arrendatario o subarrendatario o propietario del in-mueble que apareciera con su derecho inscrito en el registro, consignada en escritura pública. Eso artículo, según fue en-mendado por la Ley de 1936, supra, no contiene el requisito de la escritura pública, ya que el Disponiéndose que aparecía en la Ley de 1923 fue expresamente eliminado. La enmienda de 1936, desde luego, es la última expresión del legislador y ella, por supuesto, es la que prevalece, no teniendo eficacia ah guna al presente la introducida en 1923.

Al i entras regía el artículo 79 según fué enmendado en 1923 este Tribunal tuvo oportunidad de interpretar el mismo y resolvió que los artículos 79 y 82 de la Ley Hipotecaria, según fueron enmendados, debían ser interpretados conjun-tamente a la luz del claro propósito legislativo y que el ar-tículo posterior no era necesariamente incompatible con el Disponiéndose adicionado a la sección anterior. Berio v. Registrador, 35 D.P.R. 434, 439. En la actualidad tenemos que expresarnos en igual sentido, no obstante la enmienda de 1936, y nuestro criterio aún es que los artículos 79 y 82 de la Ley Hipotecaria pueden y deben ser interpretados con-juntamente.

Expuesto lo anterior, entremos directamente en la discu-sión del punto que está ante nos. El artículo 79 autoriza la cancelación total de un derecho inscrito cuando éste se ex-tingue por completo y dispone en cuanto a los arrendamien-tos y subarrendamientos que si éstos tuviesen pacto o condi-ción de prórroga, debidamente mencionados en el registro, ellos no serán cancelados hasta que expire el término de la misma. Nada dice ese artículo respecto a la forma en que deberá solicitarse la cancelación. No obstante, el artículo 136 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria autoriza que se solicite la cancelación mediante la propia es-critura en cuya virtud se ha hecho la inscripción. También, que una nueva escritura de cancelación sólo será necesaria cuando extinguida la obligación por la voluntad de los inte-resados deba acreditarse esta circunstancia para cancelar la inscripción. Así pues, si la cancelación del arrendamiento se hubiera solicitado mediante la misma escritura de arrenda-miento o a virtud de nueva escritura pública, el derecho a la cancelación sería palmario.

Empero, conforme hemos indicado, aquí la cancelación se solicita a virtud de declaración jurada suscrita ante no-tario por el abogado de la recurrente. Esta, dicho sea de paso, adquirió la finca objeto del arrendamiento en 25 de oc-tubre de 1943, o sea más de tres años antes de la fecha en que solicitó la cancelación del contrato de arrendamiento y cuando ya éste había expirado. No hay controversia alguna respecto a su derecho a solicitar la cancelación.

El artículo 82 de la Ley Hipotecaria provee en su párrafo primero que las inscripciones hechas a virtud de escritura pública no se cancelarán sino por providencia ejecutoria o por otra escritura o documento auténtico en el cual exprese su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiese hecho la inscripción. Ya hemos indicado que dicha cancelación pudo solicitarse a virtud de la propia escri-tura de arrendamiento, una vez demostrado que el término del mismo había expirado, o a virtud de nueva escritura pú-blica. Sin embargo, el propio artículo 82, según fué enmen-dado por la Ley número 22 de 7 de julio de 1923 (pág. 219), continúa diciendo en su segundo párrafo que no obstante lo dispuesto en el primero, las inscripciones a que el mismo se refiere pueden cancelarse sin los requisitos expresados, cuando quede extinguido el derecho inscrito o así .resulte de la misma escritura inscrita. í) En el presente recurso el contrato ele arrendamiento se otorgó por un término do diez años quo empezaría a contarse desde el primero de julio de 1933 y terminaría en 30 de junio de 194-3. En su inscripción nece-sariamente tenía que expresarse la fecha de la expiración del arrendamiento (Artículo 68 del Reglamento), de forma que del propio registro aparecía que cuando se solicitó la cance-lación ya el derecho de arrendamiento se había extinguido por transcurso del tiempo. Artículo 132, inciso segundo del Reglamento. Nada hay en los autos que demuestre que dicho contrato fuera prorrogado, ni ha sido ése el motivo por el cual el registrador ha denegado la inscripción. Bajo esas circunstancias, el registrador recurrido tenía que saber que a la fecha en que se le presentó por la querellante la solicitud de cancelación del arrendamiento ya éste había expirado. Si de la escritura inscrita y de la propia inscripción surgía que el derecho so había extinguido, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 82 no era indispensable la presentación de la escritura de arrendamiento o la de otra escritura pú-blica suscrita por las partes. La cancelación podía verifi-carse según los propios términos del referido artículo, sin los requisitos expresados/ Siendo ello así, ella podía solicitarse mediante declaración jurada presentada al registrador por la actual dueña de la finca.

Bebe revocarse la nota recurrida y efectuarse la cance-lación.

      O El artículo 82 de la Ley Hipotecaria de España es muy parecido al nues-tro, pero no contiene el segundo párrafo que acabamos de exponer. A este res-pecto Morell en sus Comentarios a la Legislación Hipotecaria, 3917, Tomo 3ro.. página 511, se expresa así:
      "Los artículos 77 al 85 de aquellas leyes (refiriéndose a las do Cuba y Puerto Eieo) son iguales a los nuestros, con una variante que hace más completo y acertado el artículo 82. Después del primer párrafo de este artículo, se añade: 'No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las inscripciones o anotaciones a que el mismo se refiere, podrán cancelarse sin los requisitos expresados, cuando quede extinguido el derecho inscrito por declaración de la ley, o resulto así de la misma escritura inscrita.’ ”


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Juan Mari Ramos, demandante y apelante, v. Antonio Vicéns Ríos, demandado y apelado.
    Núm. 9415.
    Sometido: Mayo 1, 1947.

      Resuelto: Junio 18, 1947.

      Jose Sabaler y José O. Sabaler, abogados del apelante; Ilon. Procu-rador General Luis Ne'grón Fernández j J. Rivera Barreras, Pro-curador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 21 de enero de 194G el Administrador General de Su-ministros, haciendo uso de las facultades que le confiere la Ley núm. 228 de 12 de mayo de 1942 ((1) pág. 1269) dictó la orden administrativa núm. 65.

Uno de los fines perseguidos por la orden administrativa, según se expresó en la misma, es “adquirir por venta volun-tariá el café del país en existencias, para poder establecer una distribución equitativa entre la población civil y evitar así, . . . prácticas indeseables especulativas y de acapara-miento que propenden a elevar innecesariamente el costo de vida. ’ ’

Como un medio de lograr este propósito, la referida orden administrativa otorgó un subsidio de $5 por quintal de café producido en Puerto Rico a aquellos productores que lo ven-diesen a la Administración General de Suministros, por el precio autorizado por la Oficina de Administración do Pre-cios. Dicho precio debería pagarse a través do Cafeteros de Puerto Rico quien, a su vez, recibiría el café comprado, ac-tuando como delegado de la Administración General de Su-ministros.

Ei apelante, traficante en café, establecido en Mayagiiez, radicó en la Corte de aquel Distrito, un pleito de injunction solicitando que se prohibiese al Administrador dar cumpli-miento a la orden administrativa. Alegó, entre otras cosas, que dicha orden concede a Cafeteros de Puerto Rico un pri-vilegio en perjuicio del demandante y destruye su negocio de café, ya que lo será imposible conseguir ese producto dc-bido al subsidio ofrecido por el Administrador a los que lo venden a la Administración General de Suministros. Hace otras alegaciones que es innecesario exponer en detalle, dada la conclusión a que hemos de llegar en este caso.

El demandado alegó en oposición a la petición de injunction que la corte carecía de jurisdicción sobre la materia: (a) porque la Ley núm. 228 prescribe un procedimiento ad-ministrativo que el demandante no siguió en este caso; (5) porque la Ley núm. 1 de 1946 ((1) pág. 3) prohíbe la expedi-ción de injunctions para impedir el cumplimiento de cualquier actuación de un funcionario público, autorizada por ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, a menos que se hubiere determinado por sentencia final, firme, inapelable e irrevi-sable, que dicha actuación autorizada por ley es inconstitu-cional o inválida; y (c) porque se trata de un pleito contra El Pueblo de Puerto Rico, para instituir el cual el soberano no ha prestado su consentimiento.

Fundándose en las referidas leyes, la corte desestimó la petición de injunction. Su sentencia se ajusta a derecho. Es regla bien establecida que cuando una ley prescribe un remedio administrativo, no puede recurrir se a los tribunales de justicia sin antes agotar dicho remedio. En el presenté caso el apelante hizo caso omiso del remedio admi-nistrativo y solicitó tin injunction en contravención al ar-tículo 12(d) ele la'Ley núm. 228 que expresamente priva de jurisdicción- a los tribunales para considerar la validez de cualquier regla u orden o escala de precios o para suspender, restringir o impedir por medio de un injunction, o para revo-car en todo o en parte cualquier disposición de la referida ley autorizando la promulgación de tales reglas u órdenes o para expedir un auto de injunction para detener la vigencia o apli-cación de cualquiera de dichas disposiciones. Pero aun pres-cindiendo de las claras disposiciones de la Ley núm. 228, en el presente caso nos encontramos con que al dictar el Admi-nistrador la orden Administrativa núm. 65, actuó dentro de las facultades que le confiere la citada Ley núm. 228.() Siendo ello así, el injunction solicitado por el apelante está claramente comprendido en las prohibiciones de la sección 4, inciso 3 de la Ley núm. 1 de 1946, dispositiva de que no podrá otorgarse un injunction ni una orden de entredicho para impedir el cumplimiento de cualquier actuación de un funcionario público autorizada por ley de la Asamblea Le-gislativa de Puerto Rico, a menos que se hubiere determi-nado por sentencia final, firme, inapelable e irrevisable, que dicha actuación autorizada por ley es inconstitucional o in-válida. Las Monjas Racing Corp. v. Comisión Hípica, ante, pág. 45.

Procede la confirmación de la sentencia.

      OEl artículo 3, inciso d de la Ley núm. 228 de 12 de mayo de 1942, autoriza al Administrador General de Suministros a conceder subsidios a los productores domésticos en los términos y condiciones que él estime lian de conseguir los fines perseguidos por diclia ley.


author: El Juez Asociado Señor SNyder

text:
    Vardaman C. Wilcox y Octavio Ismael Dávila, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1198.
    Sometido: Noviembre 4, 1946.

      Resuelto: Junio 18, 1947.

      Heriberto Torres Sola, abogado de los recurrentes; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor SNyder

emitió la opinión del tribunal.

Elias B. Wilcox y su esposa, Yardaman C. Wilcox, adqui-rieron de William F. Lippitt 23 parcelas de terreno en pago de un préstamo hipotecario. Cada iiarcela estaba compuesta de uno o más solares. La parcela “J” consistía de seis so-lares, uno de los cuales era el número 82, aquí envuelto. La escritura de traspaso, a la cual so unió una copia del plano de urbanización de las 23 parcelas, se inscribió a favor de Wilcox y su esposa.

Los esposos Wilcox, como dueños de estas parcelas, con-vinieron en un plan para disponer de los solares, según el cual ellos los venderían, por un precio estipulado, a aquellas personas que los poseyeran como arrendatarias y hubieran edificado sobre los mismos. Este plan se continuó hasta el fallecimiento de Elias B. Wilcox, ocurrido el 27 de octubre de 1942.

A Wilcox le sobrevivieron su esposa y dos hijas, Adah Louise y Mary Winifred. En su testamento él designó a sus dos hijas como sus imieas y universales herederas. Mary Winifred falleció en California en julio 28, 1943, sobreviviéh-dola dos hijos, Brian Arthur y Mary Winifred O’Neill Wilcox.

La herencia de Wilcox pasó a su esposa supérstite y a sus dos hijas en la proporción cíe una mitad para la primera y una cuarta parte para cada una de las dos hijas. Brian Arthur y Mary Winifred O’Neill, hijos de Mary Winifred Wilcox, fueron declarados únicos herederos de ésta, habiendo el esposo de ella renunciado, todos sus derechos a favor de los mismos. Parece que no se hizo partición de herencia al-guna hasta el momento en que se trasmitió el solar aquí en-vuelto a Octavio Ismael Dávila y esposa.

Ante la Corte de Distrito de San Juan se instó un proce- ' dimiento de administración judicial en relación con los bienes que Mary Winifred Wilcox dejara en Puerto Rico y Yardaman C. Wilcox fue nombrada administradora. Esta última radicó luego una solicitud interesando autorización judicial para otorgar escrituras de compraventa a nombre de los menores Brian Arthur y Mary Winifred O’Neill en relación con cier-tos solares — entre ellos el núm 82 aquí envuelto — en cuanto a la participación de una cuarta parte que los menores tenían en dichos solares, y para cancelar una hipoteca constituida a favor de Elias B. Wilcox y esposa para garantizar el precio aplazado de la compraventa de un solar que Elias B. Wilcox había vendido, también en cuanto a la participación de la cuarta parte de los menores en dicha hipoteca.

La solicitud alegaba el plan de Wilcox para vender los solares; que desde la fecha en que Wilcox adquirió los sola-res hasta el día en que murió, él y su esposa habían vendido 17 solares, que habían sido inscritos en el Registro; que con posterioridad a la muerte de Wilcox, la esposa supérstite y sus dos hijas Adah Louise y Mary Winifred aceptaron los contratos de compraventa celebrados por su padre y convi-nieron proseguir con el plan de venta mencionado en cuanto a los solares restantes.

La petición alegaba asimismo que había once solares que Wilcox había convenido vender a los arrendatarios que ha-bían edificado sobre ellos; que éstos habían acordado adqui-rir de Wilcox dichos solares; que las escrituras de compra-venta de los mismos están pendientes de ser otorgadas; y que uno de los solares lo es el número 82 aquí envuelto.

La solicitud también alegó que el precio de venta de los treinta y cinco solares en ella reseñados fueron fijados por Wilcox y su esposa; que dichos solares se trasmitieron por herencia a Mary Winifred y a Adah Louise Wilcox sujetos a la obligación de Wilcox de venderlos por ese precio, obligación que se trasmitió a Brian Arthur y Mary Winifred O’Neill Wilcox en cuanto a la participación de una cuarta parte he-redada por ellos de su señora madre Mary Winifred Wilcox; que ios precios así fijados eran razonables y habían sido aceptados por la esposa supérstite, Wardaman O. Wilcox, en cuanto a su participación de una mitad en los bienes ganan-ciales, y por Adah Louise en cuanto a su participación de una cuarta parte; que en la liquidación de la contribución de herencia de Elias B. Wilcox el' Tesorero Insular retasó dichos solares y esos precios excedían la tasación oficial de los so-lares para los fines de la contribución de herencia; y que el otorgamiento de las escrituras de compraventa en cuanto a la participación de una cuarta parte que los menores tienen en dichos solares es necesaria, útil y beneficiosa a los inte-reses de los menores.

La corte resolvió que las alegaciones de la petición habían quedado establecidas y ordenó a la administradora que otor-gara escrituras de compraventa de los solares 1 al 35 en lo que concernía a la participación de una cuarta parte indivisa que en dichos solares correspondía a Mary Winifred Wilcox a favor de las personas mencionadas en la petición que hu-bieran edificado sobre los mismos, o a quienes representen sus derechos, previo el pago por los adquirentes de las can-tidades que adeuden como saldo o como precio de los solares, y para el caso de que alguna de estas personas desistiera de ello o no interesara adquirirlos, la orden autorizó a la admi-nistradora judicial para vender los solares en pública subasta por un precio no menor del consignado en la petición. La orden judicial expresa que el solar núm. 82 había sido ven-dido por Wilcox a Angel Elias por el convenido precio de $300. el cual había sido pagado en su totalidad.

De conformidad con esta autorización judicial, la admi-nistradora otorgó escritura de compraventa del solar núm. 82 a favor de Dávila y su esposa, .quienes, como luego se verá, son los causahabientes de Elias. El registrador se negó a inscribirla. Su primer fundamento para ello fué que para la segregación del solar núm. 82, los recurrentes no han ob-tenido la aprobación de la Junta de Planificación, Urbaniza-ción y Bonificación.

La contención original del recurrido fué al efecto de que al llevar a cabo Wilcox y su esposa la lotificación con anterioridad a la vigencia de la Ley de Planificación, Urbani-zación y Notificación, ellos agruparon con otros el solar núm. 82, aquí vendido a Dávila, para formar una finca separada; que el solar núm. 82 se segrega ahora de nuevo; y que como esa segregación se ljeva a cabo ya vigente la Ley mencionada, la aprobación de la segregación por la Junta es un requisito previo para la inscripción.

Más tarde, por estipulación, el registrador aceptó que el solar núm. 82 nunca formó parte del grupo de solares expre-sados en su alegato; que dicho solar núm. 82 forma parte de otra parcela de terreno integrada por ese y cuatro solares más, con un área de 1128.90 metros cuadrados; que esta par-cela de terreno es parte de la finca núm. 4,521, inscrita al folio 37 vuelto del Tomo 154 de Santurce Norte; y que el solar núm. 82 no aparece que haya sido agrupado a ninguna otra propiedad o que esté inscrito como una finca separada.

El solar núm. 82 se identifica como el número 2 en el primer Por Cuanto de la orden dictada por la corte de dis-trito en los procedimientos do autorización judicial. Tam-bién se le identifica en el quinto Por Cuanto como que fué vendido a Angel Elias por precio de $300, y que el mismo ya había sido pagado totalmente. El solar número 82 se describe en la escritura de compraventa a favor de Dávila de igual modo que en la orden de la corte. La escritura expresa que el solar núm. 82 es uno de un grupo descrito bajo el núm. 10 en otra escritura de junio 5, 1943, inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 154 de Santurce Norte, al folio 37 vuelto, finca número 4521, inscripción 17. Y el solar núm. 82 aparece en el plano de urbanización levantado en 1925, el cual se unió a la escritura de traspaso a Wilcox y esposa y se inscribió con la misma.

Es cierto que el solar núm. 82 forma parte de una parcela de terreno constituida por ese y por cuatro solares más. Pero el solar núm. 82 sin duda alguna aparece en el plano de urbanización original, que fué inscrito junto con la escritura original de traspaso a Elias B. Wilcox y esposa, como unidad', independiente; sobre el mismo se construyó una edificación antes de la fecha en que empezó a regir la Ley de Planifica-ción ; y los traspasos posteriores de éste consideran el solar 82 como una unidad separada bajo el plan original de urbani-zación- En síntesis, la lotificación que dió vida al solar 82 se hizo mucho antes de la fecha de la vigencia de la ley, sin que esté llevándose a cabo por vez primera mediante la es-critura otorgada a favor de Dávila, cuya inscripción ahora se interesa. En tales circunstancias, Dávila no necesitaba obtener la aprobación de la Junta antes de que su escritura pudiera inscribirse. Matos v. Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación, 66 D.P.R. 439. El primer fundamento del registrador, por tanto, no puede sostenerse.

El segundo fundamento del registrador se contrae sólo a su negativa a inscribir la escritura de traspaso a Dávila en tanto en cuanto por ella se transmite la participación de una cuarta parte que en el solar número 82 pertenece a los menores Brian Arthur y Mary Winifred O’Neill Wilcox.

El registrador admite que al conceder autorización para vender dicha participación, la orden de la .corte expresa que Wilcox y su esposa habían convenido en vender varios solares,, incluyendo el número 82. Pero él argumenta que los docu-mentos complementarios presentádosle demuestran que esto no fue así y que, por el contrario, la venta del solar 82 de hecho tuvo lugar luego de haber fallecido Wilcox y su hija Mary Winifred, a la que sobrevivieron sus dos hijos menores Brian Arthur y Mary Winifred O’Neill; que la venta del solar núm. 82 se hizo, por tanto, por una sucesión de la cual, estos menores eran parte; y que, por consiguiente, la corte de distrito carecía de autoridad para ordenar la venta de la participación de una cuarta parte perteneciente a los menores en el solar número 82, a no ser mediante subasta pública de conformidad con el artículo 579 del Código de Enjuiciamiento Civil o el artículo 159 del Código Civil, caso en el cual debía darse cumplimiento a los artículos 614 al 616 del Código de Enjuiciamiento Civil. En apoyo de su criterio, el recurrido cita los casos de Burset v. Registrador, 49 D.P.R. 49 y Aponte v. Registrador, 56 D.P.R. 834.

Ei problema fundamental aquí envuelto es, por tanto, determinar si los documentos complementarios contradicen las conclusiones de la corte respecto a que Elias B. Wilcox y esposa, o luego de haber aquél fallecido, su esposa supérstite y sus dos bijas; habían convenido en vender el solar núm. 82 a Angel Elias por $300. En uno n otro caso, los causaha-bientes de Wilcox (su esposa y sus dos hijas) y los de Mary Winifred Wilcox (sus dos hijos menores) estaban obligados por el convenio y, por ende, obligados a ejecutar la escritura de compraventa. En lo que concierne a los menores aquí en-vueltos, el único requisito adicional bajo las circunstancias era la autorización judicial, que fue concedida en este caso, para otorgar la escritura. Véanse Ex parte Sotomayor, 24 D.P.R. 185; Avilés v. Registrador, 19 D.P.R. 365; Monrozeau v. Amador, 40 D.P.R. 132; Menéndez v. Registrador, 13 D.P.R. 191; Maya Pérez v. Registrador, ante, pág. 358. Mas si, contrario a las conclusiones de la corte, no hubo tal convenio previo, y el convenio y venta de conformidad con el mismo se hicieron por la Sucesión de la cual los menores eran partes, la contención del registrador en cuanto a ser aplicables al caso los artículos 614 al 616 del Código de Enjuiciamiento Civil parecería ser correcta.

Los documentos complementarios en que descansa el re-gistrador son (1) una escritura do marzo 31, 1943, por la cual Bamón Fernández y su esposa vendieron y traspasaron a Angel Elias y esposa una casa “enclavada en solar de la Sucesión de E. B. Wilcox”; (2) una escritura de mayo 15, 1944, por la cual Angel Elias y esposa vendieron a Santiago .Boldán la misma casa “enclavada en solar de la Sucesión de E. B. Wilcox”; (3) una escritura de abril 9, 1945 a virtud de la cual Boldán vendió al recurrente Dávila la casa, “en solar comprado a la Sucesión de E. B. Wilcox, hoy pertene-ciente al compareciente señor Roldán, pendiente de escri-turarse.”

Pero se hace necesario examinar estos documentos com-plementarios con mayor detenimiento. La declaración arriba indicada, en cuanto al dominio se refiere, contenida en la úl-tima escritura, aparece de la descripción de la propiedad. Sin embargo, en la exposición que en dicha escritura se hace res-pecto al título al solar, la escritura dice: “El solar en que enclava dicha casa fue comprado a la Sucesión Wilcox por don Angel Elias y doña Beatriz Peña, anteriores dueños de la casa aquí descrita, y por documento de fecha dos de abril de 1945 (mil novecientos cuarenta y cinco) cedieron todos sus derechos sobre el solar indicado al compareciente señor Rol-dán, actual dueño de los mismos.” Y cuando la escritura expresa lo que de hecho en ella se transfiere, la misma pro-vee que “Don Santiago Roldán vende y Don Octavio Ismael Dávila Rodríguez compra la casa descrita, juntamente con todos los derechos sobre el solar indicado ...”

Por tanto parece ser claro que Roldán no adquirió el solar número 82 de la sucesión de Wilcox. Más bien estamos con-vencidos, como lo estuvo la corte de distrito, de que hubo un convenio para la compra del solar número 82 entre Elias y Wilcox o los causahabientos de éste antes de la fecha en que surgió el interés de los menores en el solar, y que Elias hizo un traspaso suficiente de sus derechos a Roldán y Roldán a Dávila. Toda vez que la sucesión de la cual los menores eran parte venía obligada por el previo acuerdo de sus cau-santes a traspasar el solar por el precio convenido, Dávila tenía derecho al otorgamiento de la escritura, aquí envuelta traspasándole el solar número 82 según fué autorizado por la orden de la corte.

Además, distamos de estar convencidos de que el registrador tuviera derecho en este caso a impugnar la validez de la orden de-la corte. Cuando la “corte de distrito ha die-taclo una resolución final, el registrador debe tenerla por bien y suficiente si la corte tenía jurisdicción y el procedimiento seguido fué el marcado por la ley.” Herrero v. Registrador, 63 D.P.R. 709, 712; Valiente v. Registrador, 63 D.P.R. 149; Santos v. Registrador, 64 D.P.R. 801. Si bien el registrador sostiene que no necesita acatar la orden de la corte por no haberse seguido el procedimiento prescrito por los artículos 614 al 616 del Código de Enjuiciamiento Civil, esos artículos, en vez del procedimiento seguido en este caso, se aplican tan sólo si aceptamos la versión que de los hechos hace el registrador más bien que como los halló probados la corte de distrito. El registrador no puede sustituir su cri-terio sobre los hechos por el de la corte de distrito y entonces basar su argumento en cuanto -a cuál procedimiento deberá seguirse en un caso determinado sobre los hechos tal como 61 los concibe más bien que como fueron adjudicados por la corte de distrito.

Notamos que el registrador también sostiene que el solar debe primero inscribirse a nombre de Boldán para que la escritura de compraventa a favor de Dávila pueda ser luego inscrita. Artículo 20, Ley Hipotecaria. Mas lo que se vendió a Elias fué sólo el derecho a un traspaso. Él pagó el precio de compra, pero nunca obtuvo una escritura por razón del fallecimiento de Mary Winifred y de los posteriores procedimientos judiciales en relación con su muerte. Boldán asimismo adquirió el derecho a una escritura, pero no obtuvo ésta. La primera escritura del solar 82 fue, por tanto, la aquí envuelta, la que fué otorgada a favor de Dávila, quien era el sucesor de sus causantes en el derecho de éstos a la escritura. La escritura a favor de Dávila por consiguiente pudo ser propiamente inscrita a su nombre sin la previa inscripción a nombre de Boldán.

La noca del registrador será revocada y se le ordenará a éste que inscríba la escritura aquí envuelta sin defecto alguno.


author: El Juez Asociado Señor Marrero

text:
    Ismael, Graciela H., Luz María y José Rafael Gómez, demandantes y apelados, v. Tomás y Esther Collazo Verdejo, Jesús María Gómez, y los menores José Rafael, Helen y Thomas Rivera Gómez, representados por su padre con patria potestad, Tomás Rivera, demandados y apelantes los dos primeros.
    Núm. 9407.
    Abril 9, 1947.

      Resuelto: Junio 19, 1947.

      Adrián Agosto, abogado de los apelantes; Harry B. Lienza, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

Por la Ley núm. 53'ele 11 de julio de 1921 (pág. 387) según fné enmendada por la núm. 60 de 30 de abril de 1928 (pág*. 467) so creó la Comisión de Hogares Seguros y se ordenó al Comisionado del Interior de Puerto Rico cine construyera en cualquier municipio de esta Isla y en terrenos de El Pueblo do Puerto Rico casas con el fin de suministrar viviendas adecuadas a artesanos, obreros y otros trabajadores, a un costo razonable. Dichas casas serán alquiladas, adminis-tradas y vendidas de acuerdo con las Reglas y Reglamentos no incompatibles con esa ley adoptados por la Comisión creada, y arrendadas por un canon bajo. Transcurrido cierto número de años el arrendatario adquirirá en propiedad la casa y solar arrendados. Dispone además dicha, ley que los solares y las construcciones levantadas no serán nunca ob-jeto de embargo o hipoteca y que sólo podrán venderse o arrendarse de acuerdo con las disposiciones de ella. Provee igualmente que no podrán arrendarse esas propiedades a ninguna persona que' no fuere ciudadana de los Estados "Uni-dos, ienga entradas en exceso de $1,500 al año o tenga otra propiedad en Puerto Rico o en cualquiera otra parte cuyo valor exceda de $300. Asimismo,- que el Procurador General, a solicitud del Comisionado del Interior podrá desahuciar al arrendatario en caso de que cualquiera de las condiciones es-pecificadas por la ley no sea observada y que toda persona que a sabiendas alquile o arriende para beneficio pecuniario cualquier vivienda construida en terrenos pertenecientes a El Pueblo de Puerto Rico será culpable de delito menos grave.

Á virtud de la Resolución Conjunta número 47 de 15 de mayo do 1933 (pág. 743) se creó la División de Hogares. Se-guros en el Departamento del Trabajo de Puerto Rico y las facultades originalmente otorgadas por la Ley 53 do .1921, supra, al Comisionado del Interior fueron transferidas al Co-j misionado del Trabajo de Puerto Rico. Véanse también las Leyes núm. 250 de 15 de mayo de 1938 (pág. 492) y núm. 144 de 13 de mayo de 1943 (pág. 445).

líe conformidad con la Lejr núm. 53 de 1921 a que antes nos hemos referido ampliamente, en 29 de marzo de .1928 Regino Gómez Leandry en representación de sns seis 3iijos menores de edad celebró un contrato de arrendamiento con derecho a propiedad en relación con un solar situado en el Barrio Obrero, de Santurce, y cinco días más tarde adquirió de doña Juana Capó, por escritura pública, una casa enclar vada en el mismo. En 20 de agosto de 1941 María Dolores Gómez de Rivera, una de las hijas de'Regino Gómez Leandry, falleció en la ciudad de Nueva York, dejando tres hijos me-nores de edad, llamados José Rafael, Helen y Thomas Rivera. En procedimiento seguido ante la Corte de Distrito de San Juan estos tres niños fueron declarados únicos y universales herederos de su señora madre y mediante la correspondiente solicitud de autorización judicial la-misma corte autorizó la venta en pública subasta de la participación de los menores en la referida casa y solar. Celebrada ésta la buena pro co-rrespondió a Tomás Collazo Verdejo, uno de los aquí deman-dados. Posteriormente, o sea en 6 de febrero de 1942, Jesús María Gómez,, otro de los hijos de Regino Gómez Leandry, por escritura pública vendió su condominio al citado Tomás Collazo Verdejo.

Con fecha 7 de septiembre de 1944 Ismael, Graciela H., Luz María y José Rafael Gómez, o sea los cuatro hijos res-tantes de Regino Gómez Leandry acudieron ante la extinta Corte de Distrito de San Juan con una demanda solicitando la nulidad de las escrituras a virtud de las cuales se traspa-saron a Tomás Collazo Verdejo los condominios pertenecien-tes a los tres hijos de María Dolores Gómez de Rivera y a Jesús María Gómez, basándose' principalmente en que dichos traspasos habían sido hechos sin que Collazo Verdejo cum-pliera con los requisitos exigidos por la Comisión de Hoga-res Seguros bajo la Ley de 1921 y con los Reglamentos a virtud de ella aprobados. Solicitaron asimismo que mediante consignación en la Secretaría de dicha, corte de distrito de las sumas en que los referidos condominios fueron vendidos se les traspasaran y cedieran los mismos a ellos.

En la demanda figuraban como demandados ol adquirente original Tomás Collazo Verdejo, la hermana de éste, Esther Collazo Verdejo, a quien Tomás le había cedido por escritura pública los dos condominios por 6.1 adquiridos, así como Jesús María Gómez y los menores José Rafael, Helen y Thomas Rivera Gómez por haberse negado estos últimos a unirse como demandantes.

En su contestación los demandados admitieron ciertos he-chos, negaron otros y como defensas especiales alegaron, en-tre otras cosas, que los demandantes no son dueños ni tienen ningún derecho, interés o participación en el inmueble objeto del pleito; y que la acción, de proceder, ha debido ser esta-blecida por El Pueblo de Puerto Rico y no por los aquí de-mandantes.

Trabada así la contienda, fue el pleito a juicio y la corte inferior dictó sentencia declarando nula la adjudicación hecha a favor de Tomás Collazo Verdejo de la participación corres-pondiente a los tres hijos de María Dolores Gómez de Rivera; declarando .nulo y sin ningún valor el traspaso hecho a favor del referido Collazo Verdejo por Jesús María Gómez; y de-clarando asimismo nulo y sin valor alguno el traspaso hecho por Tomás Collazo Verdejo a su hermana Esther Collazo Verdejo. Condenó también a los demandados al pago de las costas, incluyendo $75 para honorarios de abogado. Contra la sentencia así dictada los demandados han apelado para ante este Tribunal y en su alegato sostienen que la corte inferior cometió error al declarar con lugar la demanda, toda vez que los demandantes no tienen capacidad para demandar, teniéndola tan sólo El Pueblo de Puerto Rico; al dictar sen-tencia a favor de los demandantes, ya que si ellos vendieron sus participaciones, mientras no se rescinda la escritura' de compraventa son los adquirentes y no ellos quienes continúan siendo dueños de la propiedad en cuestión; y al no resolver que el título de Esther Collazo Verdejo fue tácitamente apro-bado por la Comisión de Hogares Seguros del Departamento del Trabajo.

Es incuestionable que de conformidad con los términos de la ley creadora de la Comisión de Hogares Seguros cualesquiera traspasos de las casas, solares y granjas por ella cedidos tienen que tener su aprobación. La prueba en este caso no revela que los liecbos en favor de Tomás Collazo Verdejo y por éste a su hermana Esther Collazo Verdejo fueran en forma alguna ratificados por dicha Comisión. Empero, no es necesario que resolvamos si a virtud de la carencia de esa aprobación de los traspasos por la Comisión los mismos resultan ser nulos o no. El error inicial señalado por los apelantes es, conforme se ha visto, que los demandantes carecen de capacidad para demandar. Si se examina la demanda y la súplica de ella se verá que la misma está dirigida a anular los traspasos hechos a favor de Collazo Verdejo y a lograr que las participaciones de éste o de su hermana Esther sean transferidas a los demandantes. La demanda, podría decirse, es una de nulidad y retracto. Si interpretamos ésta como una de nulidad, no vemos en verdad qué derecho pueden tener los demandantes a solicitar que se anulen los traspasos hechos a Collazo Verdejo. La situación en ese caso resultaría ser idéntica a aquélla que surgiría si A, B, y G fueran dueños en común pro indiviso de un inmueble y G traspasara a un tercero su participación, resultando nulo e írrito tal traspaso por cualquier motivo. No podría concebirse que Ay B, debido a la nulidad del traspaso hecho por G, tuvieran derecho a atacar el mismo y a insistir en que la participación de G les fuera adjudicada, previa consignación del valor de esa participación. Tal ataque o alegación de nulidad podrían hacerlos el propio C, o en su defecto sus causahabientes, pero nunca personas extrañas, como resultarían serlo A y B. , Igual situación surge aquí con los demandantes. Ellos nada tienen que ver con la supuesta nulidad de los traspasos hechos a Collazo Verdejo. Desde luego, además de la impugnación de los propios cedentes y sus causahabientes, los traspasos podrían ser atacados por la propia Comisión de Hogares Seguros. Véanse artículos 6(c) e (i) y 21 de ]a Ley 58 de 1921.

Diremos a fortiori que no estamos olvidando, por supuesto, que de conformidad con la escritura número 17, otorgada en 25 de marzo de 1943, los aquí demandantes, quienes para esa feclia ya eran todos mayores de edad, vendieron sus respec-tivas participaciones a Milagros y Eduardo Gómez Martínez, hijos del propio Kegino Gómez Leandry en un segundo ma-trimonio. Dicha escritura fue admitida en evidencia y no creemos que pudieran variarse los términos de la misma con el testimonio de Gómez Leandry en la forma en que éste se desarrolló. El hecho do que dicha escritura pudiera resul-tar nula al no haberse aprobado por la Comisión de Hogares Seguros no desempeña papel de importancia, ya, que la misma debe considerarse válida y eficaz hasta tanto ella sea decla-rada nula por un tribunal de jurisdicción competente o hasta que ios otorgantes la dejen sin efecto. Así pues, si los aquí demandantes habían vendido sus participaciones on la pro-piedad ellos no tenían interés alguno en la misma y en su consecuencia por este motivo adicional carecían también de personalidad para demandar.

Si interpretamos la demanda como una a virtud de la cual los demandantes desean, en su carácter de copartícipes, retraer los condominios vendidos a Collazo Verdejo, necesariamente tenemos que resolver que cualquier derecho quo ellos pudieran tener en ese sentido prescribió años antes de entablar su demanda. Decimos esto tomando especialmente en consideración que la demanda en este caso fue radicada tres años 7 meses y 20 días después de haberse efectuado la adjudicación de la participación de los herederos de María Dolores Gómez de Rivera y 2 años 7 meses un día después de haberse suscrito la escritura a virtud de la cual Jesús María Gómez traspasó su participación a Tomás Collazo Verdejo. ' Según el artículo 1414 del Código Civil el retracto legal deberá ejercitarse dentro de nueve días contados desde la inscripción en el registro, y en sn defecto, desde que el re-trayente hubiera tenido conocimiento de la venta. En este caso no hubo prueba específica de la fecha en que los deman-dantes tuvieron conocimiento de la adjudicación y venta a Collazo Verdejo, aunque de la transcripción sí se desprende que Regino Gómez Leandry, padre de los demandantes, supo de la adjudicación a Collazo Verdejo, 3 ó 4 meses después de hciberse ésta efectuado.

Debe revocarse la sentencia dictada por la corte inferior y declararse sin lugar la demanda, con costas.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    José, Manuel y Amalia Vías Torrijos, componentes de la Sucesión de Juan F. Vías, peticionarios, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado.
    Núms. 113, 114.
    Sometidos: Junio 3, 1947.

      Resueltos: Junio 23, 1947.

      J. J. Ortiz Alibrán, abogado de los componentes de la sucesión de Juan F. Vías; 1Ion. Procurador General Lilis Negrón Fernández y Edgar S. Belaval, abogado especial ésto del Departamento de Justicia, abogados ambos del Tesorero de Puerto Rico.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El Tesorero de Puerto Rico notificó unas deficiencias a José, Manuel y Amalia Vías Torrijos, componentes de la Su-cesión Juan P. Vías, en relación con las contribuciones sobre ingresos correspondientes a los años 1938 al 1942, alegando que dichas personas, de acuerdo con la sección 2(a) (3) de la Ley núm. 74 del 6 de agosto de 1925 (pág. 401), según en-mendada, constituyen una sociedad o empresa común con fines de lucro. Denegada la reconsideración solicitada recurren los contribuyentes ante el Tribunal de Contribuciones. Des-pués de celebrada la vista correspondiente dicho tribunal re-solvió que el pago de las deficiencias correspondientes a los años 1938, 1939 y .1940 no procedía pero sí parcialmente las de los años 1941. y 1942. Expedimos los autos de certiorari en estos dos casos, a petición de los contribuyentes y del Te-sorero, para revisar la resolución recaída. Resolveremos los dos casos conjuntamente.

Los peticionarios, en el caso número 113, heredaron de su padre en el año 1938, una finca rústica, una casa sita en la calle Cruz número 21 y un condominio consistente de la mitad de la casa que lleva el número 42 en la calle Salvador Brau, ambas de San Juan. El Tribunal de Contribuciones en su opinión hizo constar que consideraba probado que: “... no satisfechos con las condiciones ruinosas en que se encontraba la casa ubicada en la calle Cruz 21, así como tampoco con las rentas que de ella percibían, procedieron a derrumbar el edi-íicio do dos pisos que allí existía a la fecha de la muerte de su padre y a la fecha de la partición de bienes, y a edificar, en su' lugar, un edificio nuevo y de cuatro pisos. Para ello tomaron la suma de $24,000 de su madre a cambio de una pen-sión vitalicia, y además las cantidades de $15,000, $13,000 y $750 del Banco Popular de Puerto Rico. Consiguieron un ingeniero-contratista para que les hiciera un plano de la obra y les diera las especificaciones de la misma. El contrato original que firmaron oh relación con ese trabajo fue por la suma de $37,000 y por trabajos adicionales por el monto de $11,900. Tienen un apoderado para que a nombre y en re-presentación de todos ellos alquile los locales que hay en dicho edificio, contrate y pague las reparaciones y otros gastos relacionados con el mismo, y envíe mensualmente a cada uno de los apelantes la participación que de una tercera parte la pertenece del producido neto de las rentas de dicho edificio.

“A ellos les fue también adjudicado, en la partición que de ios bienes de su padre se hiciera en 11 de mayo de 1938, en común y pro indiviso, un condominio de una mitad en el edificio y solar de la calle ¡Salvador Brau 42, en San Juan. Posteriormente, y sin que se nos dijera en qué fecha, los ape-lantes compraron el otro condominio de una mitad que er. dicho edificio tenía su tío. Esa compra la efectuaron con dinero de su propio peculio, con el propósito de evitar posi-bles dificultades que pudieran surgir con tres hijos legítimos y una ahijada qiie tenía el mencionado tío. Después de dicha compra, continuaron dividiéndose el producido neto de las rentas totales del edificio en la misma proporción anterior de una tercera parte para cada uno.”

El articulo 2(a)(3) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, según rigió hasta el 31 de diciembre de 1939, dispo-nía que:

<:E1 término ‘sociedad’ incluirá Jas sociedades civiles, mercantiles, industriales, agrícolas, pro Lesiónales o de cualquiera otra índole y las asociaciones de todas clases.”

Fuó enmendado por la Ley núm. 31 de 12 de abril de 1941 (pág. 479), en vigor desde el primero de enero de 1940, para leer así:

“El término ‘sociedad’ incluirá las sociedades civiles, mercantiles, industriales, agrícolas, profesionales o de cualquiera otra índole, conste o no su constitución en escritura pública o documento privado e incluirá, además, cuando dos o más personas bajo un nombre común o no se dediquen a una empresa común (joint ventures), con fines de lucro.

¿Surge de los Lochos expuestos por el tribunal inferior la existencia de una empresa común que obligue a los peticiona-rios a pagar la contribución sobre ingresos que a esas enti-dades le impone la ley? El Tribunal de Contribuciones falló en contra de los recurrentes en lo que concierne a las dos ca-sas sitas en San Juan, las cuales entendió las poseían en una empresa común con fines do lucro para los años 1941 y 1942. En cnanto a los años anteriores resolvió que no existía taJ empresa común de acuerdo con los términos de la ley antes de ser enmendada en el año 1941.

El criterio para determinar la existencia de una empresa común quedó establecido en Puig v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 734, donde se dijo, a la pág. 739:

“Está bien establecido que la mera comunidad de bienes no cons-tituye una empresa común para fines de lucro. Chisholm v. Gilmer, 81 F.2d 120 (C.C.A. 4th, 1936) y Bowmaster v. Carrol, 23 F.2d 825 (C.C.A. 8th, 1928). ' Para que la constituya es preciso que sin for-marse una verdadera sociedad, los dueños de los condominios los aporten para dedicarse, con fines de lucro, a una determinada opera-' ción; 'que participen todos en las pérdidas y ganancias; que baya-entre ellos la relación fiduciaria que existe entre los socios, de suerte que cada uno sea mandatario de los demás en lo que respecta a cual-quier gestión comprendida dentro del ámbito de la empresa común, teniendo así cada uno voz y voto en su administración, si bien pueden convenir que uno o más de ellos asuman la gestión del negocio en representación de los demás, tal y como sucede con las sociedades (Citas.) ”

El presente caso, en lo que a la casa ele la calle Cruz 21 respecta, es similar al de Buscaglia v. Tribunal de Contribuciones, certiorari 73, resuelto por opinión Per Curiam el 12 de abril de 1946, donde se dijo que “esos Ixeclios sólo demuestran que los contribuyentes heredaron un solar en el que estaban enclavadas unas casas en ruinas, las cuales destruyeron, y en su lugar construyeron un nueva edificación, la cual poseen en comunidad. Estos hechos^) sin más, no establecen una empresa común con fines de lucro. .

El Tribunal de Contribuciones distingue el caso de Buscaglia v. Tribunal de Contribuciones, supra, del de autos por el hecho de que en aquél el edificio fué construido con fondos de la sucesión, y en el de autos con fondos del propio peculio de los miembros de la sucesión. Al hacer esta distinción dicho tribunal no cita autoridad alguna. A nuestro juicio la procedencia de los fondos no es determinativa de si la rela-ción existente entre los individuos es una de mera comunidad de bienes o de empresa común, como tampoco lo sería para determinar si es la de una sociedad. La norma es la que es-tablece el caso de Puig v. Tribunal, supra, al efecto de que exista entre los participantes la relación fiduciaria que existe entre los socios de suerte que cada' uno sea mandatario de los demás en lo que respecta a cualquier gestión comprendida dentro del ámbito de la empresa común, teniendo así cada uno voz y voto en su administración, si bien pueden convenir que uno o más de ellos asuman la gestión del negocio en repre-sentación de los demás, tal y como sucede con las sociedades. Es más, los hechos en el caso de Puig demuestran que Cris-tóbal Puig y G-abriel Abraham adquirieron por compra, en común pro indiviso, dos casas en San Juan y luego las arren-daron a una sociedad pero que “la gestión de cada uno de ellos se reducía a percibir el aprovechamiento de su propie-dad, o sea el canon de arrendamiento de sus respectivos con-dominios ...” Es do presumirse que al comprar dielias ca-sas, Puig y Abraliam, lo hicieron con su propio peculio, pero ese hecho, en sí, no fue determinativo de que al arrendar sus condominios y percibir sus rentas ellos establecieran una em-presa común con fines de lucro,

En lo que respecta al condominio que los peticionarios compraron a su tío, en la casa sita en Salvador Brau 42, la evidencia tampoco revela la existencia de una empresa común, ya que ellos se limitaron a consolidar el dominio total del inmueble de suerte que, en vez de poseer la mitad vinieron a ser dueños de la totalidad del mismo, y no se ha demostrado que esta operación alteró en lo más mínimo las relaciones existentes entre ellos.

Siendo errónea la conclusión a que llegó el Tribunal de Contribuciones en cuanto a la existencia de una empresa co-mún con fines de lucro entre los peticionarios para los años 1941 y 1942, en el caso número 113 procede la revocación de la resolución recurrida. En el caso número lié procede su confirmación ya que dicho tribunal resolvió que para los años 1938, 1939 y 1940 no existía tal empresa común de acuerdó con las leyes vigentes para dichos años.

El Juez Asociado Sr. Marrero está conforme con el re-sultado.

      OLa nueva edificación, según se admite en los alegatos, es una casa de apartamientos, de los cuales los comuneros perciben rentas.


author: El Juez Asociado Señoii De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Charles Tilo, alias Franmachú, acusado y apelante.
    Núm. 11725.
    Sometido: Junio 3, 1947.

      Resuelto: Junio 24, 1947.

      Vicente Palés Malos, abogado del apelante; Ron. Procurador General Luis Pfcgrón Fernández y Joaquín Correa Suárez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de 141 Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoii De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En la noche del 6 de enero de 1945 Osear' Cintrón se ha-llaba en nn bar que poseía el acusado en Mayagüez. Cintrón había puesto a funcionar la vellonera que había en el estable-cimiento, en momentos en que el acusado suministraba cierta información al policía David Jiménez, relacionada ,eon una in-vestigación que éste practicaba. Como el ruido que producía la vellonera molestaba al acusado y al policía, Cintrón fné requerido por ellos para que no tocase la vellonera. Mani-festó éste al acusado qne tendría que devolverle los diez centavos que había echado en la vellonera y aquél le olió entonces una peseta. Esta actitud del acusado no bastó para aquietar a Cintrón, quien se subió a una mesa y empezó a molestarlo,, dando lugar' a una discusión entre ellos. Llegó un momento en que Cintrón bajó de la mesa y le dió una bofetada al acu-sado, Inmediatamente se trabó una ludia cuerpo a cuerpo entre ellos. Antes de que el policía pudiese intervenir,- el acusado, quien portaba un revólver oculto entre sus ropas, .hizo.un disparo, como resultado del cual Cintrón recibió una herida en la región parietal derecha, cayendo al suelo. Ei acusado inmediatamente entregó el arma al policía. El he-rido fue conducido al hospital donde lo asistió el Dr. Arrarás hasta su fallecimiento el 2 do febrero siguiente.

El’ Dr. Arrarás practicó la autopsia y aseguró que la muerte había ocurrido a consecuencia de una meningitis pro-ducida por la irritación que causó en la masa encefálica la compresión que le hacía el hueso fracturado. Declaró que la herida no era mortal por necesidad; que al observar en el paciente síntomas de meningitis y luego de consultar .con otro médico, aconsejó a Cintrón, quien estaba en su conocimiento, que para evitar la compresión precisaba operarlo y le advir-tió que era la única oportunidad de salvarle la vida, contes-tando el paciente que él prefería morirse a someterse a la operación.

La única variación sustancial entre la evidencia del fiscal y la del apelante consiste en que, según la de éste, al irse a las manos el interfecto y el acusado, el primero agarró el re-vólver que portaba el segundo y en la lucha del uno por apo-derarse del arma y el otro por impedirlo, salió el tiro.

- El jurado dirimió el conflicto de la prueba en contra del acusado trayendo un veredicto de homicidio voluntario, pero recomendó clemencia en la imposición de la pena. Oportu-namente el acusado solicitó un nuevo juicio y siéndole dene-gado se dictó sentencia de dos años de presidio con trabajos forzados. Contra la sentencia y contra la negativa a conceder' el nuevo juicio se interpuso el presente recurso.

El primero de los errores señalados consiste en .haberse negado la corte a instruir al jurado que trajera un veredicto de absolución -perentoria. Este señalamiento de error está predicado en que no siendo la lierida mortal por necesidad y habiendo el herido rehusado operarse, la causa de la muerte no puede imputarse a la herida, sino a la enfer-medad que sobrevino por no haberse llevado a cabo la ope-ración.

La cuestión planteada por la defensa nos conduce a de-terminar si el haber rehusado el herido someterse a la ope-ración releva al acusado de responsabilidad por el delito im-putádole. El principio legal envuelto en este caso no es nuevo en esta jurisdicción. En los casos de Pueblo v. Rodrigues, 39 D.P.R. 929 y Pueblo v. Nieves, 40 D.P.R. 384, en que los acusados fueron convictos de homicidio, se resolvió que cuando la muerte sigue a la herida sin que intervenga otra causa independiente calculada para producir la níuerte a no ser la lesión ilegalmente producida por el acusado, toda evidencia ofrecida para demostrar falta de adecuado trata-miento al interfecto, debe ser excluida.

Esta jurisprudencia bastaría para despachar el señala-miento de error que nos ocupa; pero posteriormente, en el caso de Pueblo v. Pérez, 61 D.P.R. 470, a pesar de citarse con aprobación los dos casos anteriores, se consignó un obiter dictum, que hace incierta la posición de este Tribunal sobre esta materia y para desvanecer la duda, es imperativo dar a la cuestión alguna consideración adicional. En el caso de Pérez, supra, el apelante íué sentenciado por un delito de mutilación consistente en haber agredido a Asunción Morales con un foete, infiriéndole un golpe sobre el ojo izquierdo, como consecuencia de lo cual el agredido quedó privado de la visión del ojo. El único error que se señaló consistió en haberse transmitido una instrucción, eii la cual se decía, entre otras cosas, “que si una persona le da una herida a otra y esa persona herida no recibe el tratamiento médico adecuado o no se somete al tratamiento médico adecuado, eso no exime de responsabilidad criminal al que infirió la herida.”

Este Tribunal, después de decidir que “no estamos en condiciones para poder resolver si la instrucción es correcta o errónea, por no conocer la prueba que desfiló ante la corte y que necesariamente hubo de servir a ésta de base para formular sus instrucciones,” posteriormente, en el curso de la opinión, dijo:

“Si el acusado presentó evidencia tendiente a demostrar que la causa sola y próxima de la pérdida de la visión del ojo izquierdo, sufrida por- Morales, fué la negativa o resistencia de éste a someterse a un tratamiento médico, en ese caso tendríamos que resolver que la instrucción fué perjudicial a los derechos del acusado, pues si ese testimonio fué presentado y el jurado le dió crédito, el acusado pudo ser declarado culpable de acometimiento y agresión grave y no de mu-tilación. ’ ’

La negativa o resistencia a someterse a tratamiento mó-dico no pudo ser la sola y próxima causa de la pérdida de la visión. Esto es así porque si el acto ilegal del acusado fué lo que requirió el tratamiento, ésa fué la causa mediata y la falta del mismo la causa inmediata de la pérdida de la visión. En otras palabras, la falta de tratamiento médico nunca puede ser la sola causa próxima, cuando lo que da motivo al mismo es la lesión, que de no haberse inferido, no hubiera habido necesidad de tal tratamiento. La lesión ilegalmente inferida por el acusado fué en todo tiempo un factor que con-tribuyó a la pérdida de la visión y por esa razón el acusado era responsable en aquel caso del delito de mutilación, a pe-sar de que el lesionado hubiera rehusado someterse a un tra-tamiento médico. Focht, Jr., Proximate Cause in Homicide, (1938) 12 So. Calf. L. Rev. .17, 35; State v. Brinkley, 193 S. W.2d 49 (Mo. 1946); Tucker v. Commonwealth, 199 S. W.2d 631 (Ky. 1947).

La cuestión suscitada por el apelante, hace muchos años viene ocupando la atención de los tribunales y de los trata-distas de Derecho Penal. Kelley v. The State, 53 Ind. 311 (1876); Causal Relation Between Defendant's Unlawful Act and the Death, (1933) 31 Mich. L. Rev. 659; Clark & Marshal, Law of Crimes, (2d. ed. 1905) 322; 1 Wharton, Criminal Law, (12a. ed. 1935) 265, nota 19; Notes (1908) 22 L.R.A. (N. S.) 841-845.() En Inglaterra existe una larga serie de casos que tratan de esta materia y todos los que hemos encon-trado () invariablemente sostienen que si la herida inferida es una causa próxima de la muerte, el hecho de que el herido rehusare o fuere negligente en procurar su curación, no exime al acusado de responsabilidad por el delito. Entre los casos ingleses se halla el de Reg v. Holland, (1843) 2 Moody & R., (Engl.) 357, que aparece extractado en una nota en 1 Wharton Criminal Law, supra, pág. 265, en los siguientes términos:

“ .... El occiso había sido severamente herido con un instru-mento de hierro en uno de sus dedos y había rehusado que se lo am-putaran y quince días después le sobrevino tétano y el dedo fué en-tonces amputado, pero ya era tarde y el tétano finalmente le produjo la muerte. El cirujano expresó la opinión que una amputación antes de la fecha en que se le hizo le hubiera salvado la vida. El juez Maulé resolvió que el que infiere una herida que finalmente causa la muerte, es culpable de asesinato aunque se le hubiera podido salvar la vida si el interfecto no hubiera rehusado el remedio."

La razón de la regla la expone la Corte Suprema de Mas-sachussetts, por voz del Juez Presidente Bigelow, en Commonwealth v. Hackett, 84 Mass. 136 (1861):

“Una doctrina distinta tendería a dar inmunidad al crimen y a privar a la vida humana de una protección saludable y esencial. Entre las contradictorias teorías de los médicos y la incertidumbre natural en el tratamiento de enfermedades y lesiones, sería fácil en muchos casos de homicidio hacer surgir una duda en cuanto a la causa inmediata de la muerte, y de ese modo abrir una ancha brecha por la cual las personas culpables de los más graves crímenes podrían escapar de conviccción y castigo."

No existiendo el primero de los errores señalados, pasemos a considerar el segundo. Éste consiste en haberse denegado la solicitud de mistrial presentada por la defensa. La solicitud de mistrial se basó en que uno de los señores del Jurado, .Pablo Eamos, no oía bien y por consiguiente estaba incapacitado para servir como tal. La defensa, a pesar de haber examinado al jurado Sr. Eamos en cuanto a su capaci-dad para servir como tal, no lo recusó ni motivada ni peren-toriamente, como pudo haberlo hecho si en efecto entendía (pie estaba físicamente incapacitado.() En distintas ocasio-nes durante el curso del juicio, el abogado defensor le pre-guntó si oía bien y el-Jurado siempre contestó afirmativa-mente, sin que de sus respuestas pudiese advertirse defecto alguno de audición. Es verdad que cuando el acusado ocupó la silla testifical y dijo llamarse “Charles Tilo, conocido por Fernando Franmachú,” el abogado defensor, dirigiéndose al Jurado en cuestión, le preguntó: “¿Usted oye bien, don Pablo'?” Y el Jurado le contestó: “Sí, Feliú.” El hecho de que el señor Jurado no entendiese bien el apodo dol acusado no demuestra que fuera sordo. En la conversación corriente a veces no se capia una palabra, especialmente los nombres, y se pide su repetición. Por ese solo hecho no hemos de pen-sar que la persona que no oyó es sorda. Además, el abogado defensor lo examinó sobre su capacidad para servir como jurado. Desde ese momento sospechó que él no oía bien. Sin embargo, no lo recusó entonces, motivada ni perentoria-mente, ni tuvo a bien presentar la moción sobre mistrial, sino hasta después que se había practicado toda la prueba, inclusive la de refutación.

No erró la corte sentenciadora al denegar la solicitud de mistrial presentada por la defensa.

El tercero y cuarto señalamientos de error se refieren, respectivamente, a la negativa de conceder un nuevo juicio y a que el veredicto es contrario a la prueba. La mo- ] ción de nuevo juicio se fundó en los dos primeros errores que acabamos de discutir. Y en lo que respecta a que el Veredicto es contrario a la prueba, ya liemos, dicho que ésta.fue contradictoria y que el jurado dirimió el conflicto en contra del acusado, y no aparece que al así hacerlo hubiera actuado movido por pasión, prejuicio o parcialidad o incurriera en error manifiesto en la apreciación de la prueba.

Procede la confirmación de la sentencia.

      OBI Biscal invoca un caso de Tejas en su alegato, al cual no 'nacemos referencia porque, si bien aplica la misma doctrina, está basado en un esta' tuto de dicho Estado y no en los principios generales de la Ley Común.

      (2)Mikell, Gases on Criminal Law (3ra. ed. 1933), 144 et seq.

      (3)En el interrogatorio lieclio por la defensa :i este Jurado para probar su capacidad para servir como tal, aparece lo siguiente:
      “Ib — ¿Ud. se llama? E. — Pablo Eamos. I?. — ¿Que odad tiene? E. — Bueno, teng'o sesenta y nuevo años. P. — ¿Sesenta y nueve, don Pablo? ¿No oye bien? R. — Yo si. P. — ¿Por qué para contestar usted liaee un g-esto como si no oyera bien? La cuestión es si usted oye bien. E. — Sí, oigo bien. P. — ¿Ud. tiene el oído bien? E. — Bueno a mohientos siento que se me tapa. P. — Eso debe ser cerilla. Pero ordinariamente ¿oye bien como usted y yo estamos hablando, Don Phblo? E. — Sí, señor. P. — ¿De dónde es usted, Don Pablo? E. — De Mon-toso. P. — ¿De allá de Marieao? E. — No, do aquí de Mayagüez. P. — ¿Entonces no colinda con Marieao? E. — No. Montoso de Mayagüez. Hay Montoso de Marieao y Montoso do Mayagüez. Eso es de Mayagüez. ”