author: El Juez Asociado Señor Hutchisok,

text:
    Martín O. de la Rosa, peticionario, v. Blanton Winship, Gobernador de Puerto Rico, y E. Garrido Morales, Comisionado de Sanidad, demandados.
    No. 296.
    Sometido: Julio 20, 1934.

      Resuelto: Julio 26, 1934.

      Guerra Mondragón & Soldevila, abogados del peticionario; Ilon. Procurador General Benjamin J. Horton y T. Torres Pérez, Sub-procurador, abogados de los demandados.

       Nota: Vista sobre procedencia del recurso.

   El Juez Asociado Señor Hutchisok,

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario, en sn primera cansa de acción, ataca la facultad del Gobernador para reducir nna partida en un proyecto de presnpnesto en armonía con la antoridad conferídale por el artícnlo 34 de la Carta Orgánica. La parte pertinente de dicho artícnlo lee en inglés y en español como signe:

‘ ‘. . . If any bill presented to the governor contains several items of appropriation of money, he may object to one or more of such items, or any part or parts, portion or portions thereof, while approving of the other portion of the bill. In such case he shall append to the bill, at the time of signing it, a statement of the items, parts or portions thereof to which he objects, and the appropriation so objected to shall not take effect.”
“. . . Si cualquier proyecto de ley presentado al Gobernador contuviere varias partidas de dinero, podrá él hacer objeciones a una o más de dichas partidas, o a cualquiera parte o partes, porción o porciones de las mismas, no obstante aprobar la otra porción del proyecto. En tal caso él agregará al proyecto de ley, en el momento de firmarlo, una relación de las partidas, partes o porciones de ellas a las que se opone, y la asignación objeto de esos reparos no tendrá validez. ’ ’

El peticionario 110 pone en tela de juicio el significado de la versión española, pero sostiene que se trata de una mala traducción. La contención es que la palabra “thereof” se refiere al “proyecto de ley” mencionado en la primera parte de la oración, no a las “partidas” mencionadas posterior-mente en dos ocasiones en la misma oración y en el texto inmediatamente anterior a la palabra “thereof”. De ahí que el peticionario insista en que la versión española “por-ciones de las mismas” sea enmendada en el sentido que lea “porciones del mismo (el proyecto).” En apoyo de este cri-terio no se cita ninguna regla de interpretación gramatical. Cuando el significado de las palabras usadas en nn estatuto es enteramente claro, debe dársele efecto a tal significado, aún bajo la regla de estricta hermenéutica que, al estar en-vuelta la concesión de una facultad, es aplicable solamente en caso de duda sobre cuál fue la intención de la legislatura. Cuando el Congreso dijo que el Gobernador “podrá él hacer objeciones a una o más de dichas .partidas, o a cualquiera parte o partes, porción o porciones de las mismas,” quiso decir, a nuestro juicio, que “podrá él hacer objeciones a una o más de dichas partidas, o a cualquiera parte o partes, por-ción o porciones” de tales partidas.

No es necesario que discutamos los casos en que se funda el peticionario. Una comparación del párrafo arriba citado de nuestra Ley Orgánica con las varias disposiciones consti-tucionales envueltas en dichos casos bastará para distinguir-las. En ninguno de dichos casos la corte interpretaba dis-posiciones constitucionales que por su claro contexto autori-zaban que se hicieran objeciones a cualquiera parte o porción de una partida, así como también la desaprobación de la par-tida. Para los fines de esta opinión puede libremente admi-tirse que la concesión de autoridad para desaprobar cual-quiera partida o partidas, sin más, no puede ser ampliada mediante interpretación en el sentido de incluir la facultad de desaprobar cualquiera parte o porción de tal partida o par-tidas. Ese es el nervio de cuanto ha sido resuelto por la ma-yoría, o por todos, de los casos en que se basa el peticionario. De algunas de las opiniones más efusivas puede deducirse que ciertas cortes, quizá, hubiesen dudado de la sapiencia de una disposición tal como la que el Congreso creyó prudente incluir en nuestra Carta Orgánica. En ninguno de los casos cita-dos por el peticionario hallamos nada que milite contra la conclusión a que llegamos nosotros respecto al significado de tal disposición.

• En una nota al caso de Commonwealth ex rel. Elkin v. Barnett, 55 L.R.A. 882, página 883, puede hallarse una lista de las varias disposiciones constitucionales en los distintos estados. En la página 885 se expone el resultado en la si-guiente forma:

“De lo anterior se verá que en Alabama, Arkansas, Louisiana, Colorado, Maryland, Montana, Nebraska, Pennsylvania y South Dakota el gobernador tiene facultad para vedar ‘cualquier partida o partidas.’ En Minnesota, New Jersey, New York, Texas y Utah tiene facultad para vedar ‘una o más de tales partidas.’ En Missouri, California y Washington tiene facultad para vedar ‘una o más par-tidas.’ En North Dakota puede vedar ‘cualquier partida o par-tidas, o parte o partes de cualquier proyecto de asignaciones.’ En Illinois el proyecto debe constar ‘en distintas partidas y secciones,’ y provee que el gobernador puede objetarlas en caso de que no apruebe ‘una o más de las partidas o secciones.’ En West Virginia puede vedar ‘cualquier partida o asignación en él contenida.’ En Kentucky puede vedar ‘cualquier parte o partes’ ‘que comprendan distintas partidas.’ En Mississippi puede objetar ‘partes de cual-quier proyecto de asignaciones.’ ”
“Una interpretación estricta de las disposiciones arriba anunciadas parecería indicar,” dice el editor de la nota, “que, excepto en los estados de North Dakota y Mississippi, la fa-cultad del gobernador se limita a eliminar ‘una partida.’ ” No es necesario que vayamos tan lejos. Aun en el caso de North Dakota, podría admitirse que el contexto de la dispo-sición constitucional deja lugar a duda y está sujeto a in-terpretación. La fraseología de nuestra Ley Orgánica es mucho más explícita. El Congreso se daba cuenta de la fra-seología estereotipada de las constituciones estaduales y de la' interpretación dada a las mismas por las cortes de los es-tados. En vez de seguir cualquiera de estos precedentes, eli-gió establecer una innovación inequívoca y al elegir las pala-bras dejó muy poco a la imaginación.

Como apéndice al caso Peebly v. Childers, tal cual ha sido publicado en el Tomo II, Libro I, de su obra “Casos sobre Gobierno Constitucional” por Edwin F. Albertsworth, aparece un extracto tomado de una revista, publicado por Alison Reppy, intitulado “Facultad del Ejecutivo para Re-ducir una Partida en un Proyecto de Asignaciones,” 4 Tex. Law Rev., 182, page. 204, 205 y 206, del cual hacemos la si-guiente cita:

“Las cortes han aducido varias razones por las cuales el poder para reducir una partida de un proyecto de asignaciones no debe ser conferido al Gobernador. Así, pues, por ejemplo, se ha indicado que el conferir tal facultad, convertiría el poder del veto poseído por el Gobernador en un poder creativo; violaría la doctrina de la separa-ción de poderes y permitiría al Ejecutivo determinar la suma que ha de asignarse, limitada tan sólo por el máximum fijado por la legis-latura. . . . Esta objeción no es seria y podría contestarse diciendo que no habrá infracción alguna, toda vez que el Gobernador, al vedar un proyecto actúa como parte de la maquinaria legislativa. Otra objeción es que peligraría la libertad ciudadana. . . . Mas estas obje-ciones parecen ser más aparentes que reales. ... El verdadero pro-blema es si como cuestión de sana política gubernamental debe con-cedérsele al Gobernador la facultad de reducir una partida en un proyecto de asignaciones. Fuera de disposiciones constitucionales, el suscribiente sostiene que no hay regla de derecho que rija la solu-ción de este problema; que se trata más bien de una cuestión de ciencia gubernamental. Para llegar a esta decisión, la verdadera cuestión en controversia será: ¿ Qué clase de disposición funcionaría mejor, la que limita el poder del veto a partidas específicas, o la que se extiende a partidas?”

Podríamos atacar por otros fundamentos lo correcto del argumento que admite que la eliminación de una partida es meramente legislación destructiva, y no “creativa,” y al mismo tiempo insiste en que el reducir el importe de una par-tida es “legislación creativa;” mas, sin embargo, sea ello como fuere, no tenemos mayor duda respecto a la facultad del Congreso para conferir al Gobernador de Puerto Rico la autoridad para vedar en parte una partida, que la que tene-mqs respecto a qué se intentó con la disposición de que “po-drá él hacer objeciones a una o más de dichas partidas, o a cualquier parte o partes, porción o porciones de las mismas.”

El peticionario alega substancialmente, como segunda causa de acción, que está dentro del Servicio Civil Clasificado; que su cargo cae dentro de las disposiciones de la sección 6 de la Ley número 87 de 1931 (pág. 535); que en el presu-puesto de 1934-35 la Legislatura asignó como sueldo para diclio cargo la suma de $3,325; que el Gobernador, en conni-vencia con el codemandado, E. Garrido Morales, redujo este sueldo a $2,400; que esta rebaja ha colocado el sueldo del peticionario casi a la altura del sueldo del Jefe de la División de Plomería, que asciende a $2,280; y que equivale a la abo-lición arbitraria del cargo del peticionario, y es por ende nula, en exceso de la autoridad ejecutiva, contraria a la Ley del Servicio Civil y carece de todo valor y efecto por las ra-zones siguientes:

“(a) Porque el Gobernador de Puerto Rico carece de autoridad para reducir el sueldo de vuestro peticionario;
“(6) Porque aun teniendo dicha autoridad no puede ni debe usarla sino dentro de la mejor buena fe, respetando los derechos adquiridos por el peticionario a virtud de la Ley de Servicio Civil;
(c) Porque la reducción del sueldo de vuestro peticionario es tal y tan excesiva que equivale a la abolición del cargo, y el cargo no fué abolido por la Legislatura de Puerto Rico;
“ (d) Porque la reducción del sueldo de vuestro peticionario ha colocado dicha plaza a la altura de las que ocupan el inspector de plomería y otros empleados subalternos, no facultativos, del Departa-mento, y, por tanto, no puede esperarse la eficiencia necesaria en el desempeño del mismo.
“ (e) Porque la mencionada reducción del sueldo ele vuestro peti-cionario no se debe a plan alguno de economía, ni mucho menos a mejorar la eficiencia del servicio, sino, simple, llana y escuetamente, al plan de castigar, humillar y mortificar a vuestro peticionario, provocando asimismo su renuncia del cargo que ocupa.”

A esto sigue una alegación, por información y creencia, al efecto de que el proceder del Gobernador se debió entera-mente a un plan preconcebido del susodicho E. Garrido Morales de eliminar de su departamento a todos los funciona-rios y empleados que pertenezcan al partido político del pe-ticionario, conforme se ha hecho en numerosos casos recien-tes — plan preconcebido que indujo a adoptar al Gobernador, y que éste secundó, en el caso de autos, bien por acción con-nivente directa o por dejación pasiva, confiando en el consejo e indicaciones del referido E. Garrido Morales.

En apoyo de esta segunda cansa de acción, el peticionario cita de nna opinión emitida por el Juez Asociado Sr. Peckliam que aparece publicada en 123 N. Y. 173, 25 N. E. 274, en que este juez indica el fin de las leyes de servicio civil, los males que se intentaron remediar, y ciertas diferencias existentes entre el antiguo sistema y el moderno en materia de nombra-mientos para los cargos y el desempeño de éstos. La única autoridad adicional citada es De Merritt v. Weldon, 154 Cal. 545. La doctrina de dicho caso está comprendida en el suma-rio, en la siguiente forma:

“De conformidad con las disposiciones del artículo 855 de la Ley General de Corporaciones Municipales, la Junta de Síndicos de la ciudad de Ukiah, corporación municipal de sexta clase, tiene el de-recho absoluto a fijar la remuneración del alguacil en la suma que creyere prudente, libre de revisión o supervisión por parte de las cortes, sujeto a la limitación de que no puede disponer efectivamente que no habrá compensación alguna, ni destruir prácticamente el cargo fijando la remuneración en una suma tan baja que ninguna persona desempeñaría los deberes del mismo por la compensación así fijada. Tal disposición por parte de los síndicos estaría en con-flicto con la ley de la legislatura y sería, por ende, nula.
‘ ‘ Cuando un estatuto estadual exige de un cuerpo municipal legis-lativo que fije la remuneración de un funcionario municipal, la cuestión relativa a qué es una compensación razonable se dirige a él solamente y no a las cortes, y no importa lo mucho que una corte pueda estar en desacuerdo con la conclusión del cuerpo legislativo al efecto de que la suma designada es razonable, ella no puede inter-venir en ausencia de fraude o mala fe. Las cortes se niegan a consi-derar motivos legislativos excepto cuando éstos se desprenden de la faz de las actuaciones o pueden inferirse de su aplicación y efecto, considerados a la luz de aquellos asuntos de que puede tomarse cono-cimiento judicial.
“Tan sólo para el cumplimiento de tales deberes como los im-puestos al alguacil por el artículo 880 de la Ley General de Corpo-raciones Municipales, las cortes no pueden resolver que una compen-sación de diez dólares al mes, fijada por una ordenanza de la Junta de Síndicos de la ciudad de Ukiah, que tiene unos 1,800 habitantes, sea tan inadecuada que equivalga a la destrucción del cargo de alguacil, por no haber persona competente que desempeñe los deberes del mismo por tal sueldo.”

El peticionario es director médico residente de un hospital de enfermedades contagiosas y médico visitante del Lepro-comio Insular. Quizá podría haber alguna dificultad para hallar un médico de su experiencia y de su nivel {standing) profesional que 'aceptara el nombramiento para el cargo en cuestión por un sueldo de $2,400. Sin embargo, no podemos asumir con el peticionario que no podría hallarse un hombre competente.

Bebe declararse sin lugar la petición.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe HutchisoN,

license: Public Domain

text:
    Leslie A. Mac Leod, Auditor de Puerto Rico, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Carlos Llauger Díaz, demandada.
    No. 963.
    Sometido: Abril 23, 1934.

      Resuelto: Julio 26, 1934.

      Hon. Procurador General Benjamin J. Horton y T. Torres Pérez, Sub-procurador, abogados del peticionario; L. Tirado Géigel, abogado de las peticionarias en el procedimiento de mandamus que motivó el certiorari, como amicus curiae.

   El Juez Asociado Señoe HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento de mandamus la Corte de Distrito de San Juan ordenó a la Junta de Retiro qiie dispusiera el pago de ciertas deducciones beclias de los sueldos de algunos empleados" desde el primero de julio de 1932 por resolución de dicha junta adoptada el 13 de julio del mismo año y que además dispusiera que los sueldos de los ameritados emplea-dos, tal cual los fija la ley, fuesen pagados en su totalidad a medida que los mismos se fueran devengando de acuerdo con la ley. La Junta de Retiro preparó una nómina especial y trasmitió la misma con un certificado de la Comisión de Ser-vicio Civil, y, con copia del auto de mandamus, al Contador de Puerto Rico. Este se negó a pagar la nómina. Se le ordenó que compareciera ante la corte de distrito y mostrara causa por la cual no debía condenársele por desacato. El compareció y contestó. Su contestación contenía numerosas admisiones, negativas y defensas especiales, incluyendo no tener la intención de desacatar la orden de la corte, la nega-tiva de haber cometido el desacato y la expresión de estar dispuesto a obedecer cualquier orden que se dictara en una acción o procedimiento en que la corte hubiese adquirido ju-risdicción sobre su persona. La Junta de Retiro había hecho cuanto la corte de distrito le había ordenado que hiciera. La corte de distrito nunca había ordenado al contador que hi-ciera nada, con anterioridad a la expedición de su orden para mostrar causa por la cual no debía castigársele por desacato. Al contador no se le había hecho parte en el procedimiento de mandamus. El no había desobedecido ninguna orden de la corte. No obstante, la corte de distrito le concedió tres días para que diera cumplimiento al decreto de aquel tribunal, pagando los sueldos de los peticionarios en el procedi-miento de mandamus, conforme se disponía en el auto. Al mismo tiempo la corte anunció que dejaría en suspenso su decisión final en el procedimiento de desacato durante los tres días de gracia. Las únicas autoridades citadas por el juez de distrito en apoyo de su actuación son: In Re Reese, 107 Fed. 942; Garrigan v. United States, 163 Fed. 16; State v. District Court, 109 Pac. 434; y 5 Bancroft’s Code Practice and Remedies, 5250, sección 4002.

Siguiendo la pauta trazada por la última de las citas arriba enunciadas bailamos lo siguiente:

“ .... Si la notificación es insuficiente, como cuando se entrega copia en vez del original del auto a la parte demandada, la desobe-diencia a la orden de la corte no debe castigarse como desacato. Y una persona que no sea parte en el procedimiento de mandamus no es castigable ordinariamente por violar la orden de la corte. Sin embargo, no es necesario que una persona baya sido hecha parte en un procedimiento de mandamus o notificada del auto a fin de que se le declare culpable de desacato por una violación del mismo. Así, pues, puede imponérsele castigo por desacato por su conducta al obstruir el debido curso de la ley teniendo conocimiento del auto.”

A nuestro juicio, debe seguirse la regia general, salvo en casos muy excepcionales. “Una persona que no sea parte en el procedimiento de mandamus no es castigable ordinaria-mente por violar la orden de la corte.” El presente caso pa-rece caer dentro de la regia, más bien que dentro de la excep-ción. Un procedimiento de mandamus contra el Contador hubiese sido tan simple y tan rápido como una solicitud para que se expidiera una orden para mostrar causa, y mucho más corriente. El contador tenía tanto derecho a que se le diese la oportunidad de ser oído como la Junta de Retiro. A él de-bió dársele su día en corte.

La resolución debe ser amulada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Narciso Gómez, acusado y apelante.
    No. 4886.
    Sometido: Febrero 14, 1934.

      Resuelto: Julio 26, 1934.

      R. Martínez Nadal y F. Navarro Ortiz, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.

       Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Durante doce años Narciso Gómez formó parte de la fuerza policíaca de Santo Domingo, donde ascendió basta el grado de capitán, y en varios cargos se le encomendaron deberes de considerable importancia y responsabilidad. Luego, des-pués de variada experiencia en los negocios, que terminaron en quiebra, vino a Puerto Rico y empezó una nueva vida como contrabandista de licores. Declara él que se dedicaba a este negocio con alguna discreción y todo respeto a la autoridad. Fué juzgado dos veces por el delito de asesinato, convicto finalmente de bomicidio y sentenciado a tres años de pre-sidio.

Natividad Rodríguez era una mujer indigente con una niña en los brazos cuando Narciso Gómez la conoció y constituyó para ella un bogar, en que vivieron juntos. Luego puso una de las niñas de ella en una institución conocida por Robinson School, donde recibiría instrucción adecuada y los beneficios de una educación. Una sirvienta declara que en cierta ocasión en que Gómez se preparaba para salir de la casa por varios días hubo algo como un disgusto doméstico. Des-pués que Gómez se fué de viaje, Natita también salió de la casa y regresó más tarde, el mismo día, acompañada de Osear Morales, un soldado, quien permaneció allí desde el lunes hasta el miércoles por la noche. En el ínterin Natita le dijo a la sirvienta que lavara en la casa la ropa de Oscar. Natita pa-rece haber conocido a Morales antes que a Gómez, más nada hay que demuestre que después de ser la concubina de Gómez hubiese continuado o reanudado sus relaciones con Morales con anterioridad a la visita de tres días que él le hizo.

El lunes siguiente a la visita de tres días de Morales, Gó-mez se llevó a Natita, a la sirvienta y a las dos niñitas de paseo a Humacao y Naguabo. Regresaron entre ocho y nueve de la noche y se detuvieron en la parte posterior de la casa, donde sacaron del automóvil un número de maletas y paque-tes y los pusieron en el balcón de la parte de atrás de la casa. En dicho balcón también había otro bulto que al ser tomado y examinado por la sirvienta se halló que contenía ropa sucia de Morales. Gómez preguntó respecto al conte-nido del aludido bulto pero recibió una respuesta evasiva y no insistió en una contestación categórica. En cambio dió la vuelta hasta llegar a la puerta delantera, por la que entró y pasó por el interior de la casa a fin de abrir la puerta tra-sera por dentro. Entonces volvió hacia el frente de la casa, donde había dejado la llave en la cerradura de la puerta de entrada. Más o menos en este momento el chauffeur vió a un hombre parado detrás del automóvil. Cuando este hombre vió que el chauffeur salía de la puerta trasera, abandonó la posición que ocupaba detrás del carro y se situó frente a la casa. Hubo algo en la actitud o conducta de este hombre que hizo que el chauffeur diera marcha al automóvil y le si-quiera hasta un punto cercano a la esquina del frente de la casa, donde detuvo el carro. Mientras se hallaba allí oyó voces dentro de la casa, pero no pndo entender lo que se decía debido al ruido producido por el motor. Luego oyó el ruido producido por una lucha que fue seguida por un número de detonaciones, la primera de las cuales rompió el cristal de la puerta del frente. El chauffeur y el automóvil habían sido contratados únicamente para hacer el viaje. Al oír el primer disparo, el chauffeur se agachó en el asiento del automóvil hasta que terminaron los disparos, corrió entonces hacia su casa, informó del incidente a su esposa y regresó más tarde a la escena de los disparos, donde declaró ante el juez municipal y ante un cabo de la Policía Insular que habían llegado y practicaban la investigación.

Gómez dice que mientras sacaba la llave de la puerta de enfrente oyó pasos detrás de él, se viró y se halló frente a frente con Morales, quien le dijo en tono imperativo que de-seaba hablarle; que el testigo le contestó “¿Qué quiere us-ted?”; que Morales empezó a decirle algo que él no enten-día y debido al tono poco respetuoso en que se expresaba, el declarante le dijo algo y luego se volvió para entrar a la casa; que Morales le siguió y cuando él oyó que éste penetraba en la sala, el testigo se viró nuevamente y antes de que él pu-diera hablar, Morales, que ya se encontraba dentro de la casa a unos dos pies de distancia del umbral, le dió el primer golpe; que el testigo cayó contra la victrola y al recobrar el equilibrio y tratar de devolver el golpe, su puño chocó con un objeto duro; que el declarante no sabía si se trataba de algo que Morales tenía en la mano o de alguna otra cosa; que Morales se adelantó hacia el testigo con el propósito de aga-rrarle y el testigo se volvió, penetró en una habitación conti-gua, cogió una pistola que había en una mesita junto a la puerta y entonces disparó; que se trataba de una pistola automática que continuaba disparando mientras hubiera balas en el peine, a menos que se aflojara el gatillo, cosa que el testigo no hizo por el estado en que se encontraba.

Dolores Rodríguez, la sirvienta, declaró que mientras ella sacaba el último de los paquetes del balcón trasero de la casa oyó una detonación; que ella soltó el paquete, penetró en la casa y vió a Grómez y Morales empuñados a la entrada de la casa; que cayeron para adentro, Morales debajo y Grómez encima; que Grómez entonces se levantó, sacó su pistola e bizo un número de disparos contra el cuerpo exánime de Morales, quien no levantó más del suelo; que Morales estaba tendido con los pies hacia la puerta.

Rafael Nadal, quien vivía al lado opuesto de la calle, que oyó los disparos y que inmediatamente fue a ver lo ocurrido, declaró que vió a Gómez sentado en una butaca con un chi-chón en la frente; que el cristal de la puerta de enfrente estaba roto; que la puerta estaba entrejunta; que durante la tarde del mismo día el cristal estaba intacto; y que los disparos se habían hecho sucesivamente.

El cabo de la policía que llegó a la escena del suceso en unión del juez municipal poco después de los disparos, de-claró que Gómez tenía una contusión en la frente; que .el cristal en la puerta de enfrente estaba roto y que ciertos des-conchados en la balaustrada de concreto del balcón de enfrente aparecían haber sido hechos por balas.

Las heridas que presentaba el cuerpo de Morales fueron todas de balas que penetraron por el frente y algunas le atra-vesaron el cuerpo totalmente. La espalda de la chaqueta que Morales usaba en el momento en que se hicieron los disparos estaba perforada por tres sitios. La declaración de la sir-vienta respecto al intervalo que había mediado entre el primer disparo y los siguientes está contradicha por el testimo-nio del chauffeur, así como por el de Nadal.

Un médico que examinó a Gómez poco después de los dis-paros, halló que en adición al golpe en la frente, presentaba una contusión fuerte en la espalda y una rasgadura cerca de las articulaciones de la mano derecha. Declaró además que Gómez era un hombre como de sesenta años, que padecía de nefritis crónica, así como de un endurecimiento general de las arterias; y que un golpe lo suficientemente violento para haber producido el chichón que tenía en la frente hubiese bas-tado para tirarle al suelo o hacia atrás contra un mueble.

Los autos están plagados de persistentes sugestiones e insinuaciones de que Natividad Rodríguez era o había sido una prostituta. El fiscal trajo a la luz durante la repregunta que Gómez había dejado una esposa y familia en Santo Domingo. Su declaración demuestra, sin embargo, que había regresado a Santo Domingo en varias ocasiones luego de venir a Puerto Rico y nada hay que demuestre que su es-posa y familia en Santo Domingo no fueran atendidas. Gó-mez también admitió durante la repregunta que había sido acusado en dos ocasiones ante la Corte Federal por supues-tas infracciones a la Ley Volstead. Dijo que había sido ab-suelto del primer delito y que en el segundo caso había sido sentenciado a pagar una multa de $350 y las costas. Hubo mucha más prueba respecto a estas cuestiones que sobre la muerte misma. Estos distintos aspectos del caso pueden ha-berse combinado para prejuzgar al acusado ante los ojos del jurado pero ninguno de ellos — ni todos ellos — le privaron de su derecho a la defensa propia. La casa que construyó y regaló a su concubina continuaba siendo la casa en que vivía como jefe y cabeza de la misma. Era su hogar y su castillo, no obstante el hecho de que el título legal de la misma había pasado a Natividad Rodríguez. Tenía perfecto derecho a or-denarle a Morales que saliera de la casa y a lanzarle de la misma a la fuerza, si ello era necesario.

El hecho de que Natividad Rodríguez tuviera el título legal de la casa y solar, en unión al hecho de las relaciones establecidas entre Natividad Rodríguez y Morales durante la ausencia reciente de Gómez, tomados en conexión con las circunstancias inmediatamente anteriores a la solicitud de una entrevista, arrojan alguna luz sobre el testimonio de Gó-mez respecto a la actitud agresiva de Morales. La declara-ción de Gómez sobre lo ocurrido en el interior de la casa, de ser cierta, establece un caso claro de legítima defensa. Su testimonio es contradicho únicamente por el de la sirvienta. Su declaración es negativa y anulada por el lieclio signifi-cativo de qne no se hallaron agujeros de bala ni señas que pudieran haber sido producidas por las mismas en el suelo o en algún otro sitio dentro de la habitación. El número y la naturaleza de las heridas recibidas por Morales práctica-mente eliminan la posibilidad de cualquier teoría de que des-pués de recibirlas, él pudiera haber dado el golpe que pro-dujo las contusiones a Gómez. Si eliminamos el testimonio de la sirvienta, la declaración de Gómez es enteramente consis-tente con todos los otros hechos y circunstancias del caso.

Podría admitirse que Gómez tuviera mal carácter. Po-dría admitirse que la prueba no excluye la teoría de homici-dio como una posibilidad razonable; podría aun admitirse que la teoría de homicidio es tan plausible y probable como la teoría de defensa propia, pero ello no basta para sostener un veredicto y una sentencia' condenatoria. El artículo 236 del Código de Enjuiciamiento Criminal lee así:

"En todo proceso criminal, se considera inocente al acusado mientras no se pruebe lo contrario, y en caso de existir duda razo-nable o fundada acerca de su culpabilidad, se le absolverá.”

A menos que esa disposición estatutaria se haya conver-tido o se convierta en letra muerta que merezca más ser violada que cumplida, entonces la sentencia apelada debe ser revocada y archivarse la causa.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Aldrey disintieron.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Virgilio Ayala Rivera, demandante y apelante, v. Maryland Casualty Company y Peter B. Pulman, demandados y apelados.
    No. 6324.
    Sometido: Junio 8, 1934.

      Resuelto: Julio 26, 1934.

      Isaías M. Crespo, abogado del apelante; Juan B. Soto, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Virgilio Ayala Rivera, demandante y apelante en este caso, estableció demanda en la Corte de Distrito de San Juan contra Maryland Casualty Co. y Peter B. Pulman, alegando que es practicante y que como tal estaba empleado por la Central BocacMca; que la demandada Maryland Casualty Co. era la aseguradora de los obreros de dicha central y que va-liéndose de esa posición y por medio del otro demandado, Peter B. Pulman, recomendó y exigió de la Central Boca-chica la destitución o cesantía del demandante, aduciendo para ello que dicho demandante había suturado mal los ten-dones de una mano al lesionado Antonio Mercado, quien quedó incapacitado parcial y permanentemente de la referida mano; que el demandante se había dedicado a tratar ciertos casos y una vez infectados, los enviaba a Ponce para ser tratados por el médico; que por causa del demandante se había gas-tado suero antitetánico excesivamente y había habido que pagar una indemnización de $743.43 por la incapacidad par-cial del obrero antes aludido.

Alega el demandante, además, que dichas manifestaciones son falsas y fueron la causa de su cesantía en dicho empleo, y que por razón de esa cesantía y en virtud de la actitud de . los demandados, ha sufrido daños y perjuicios que estima en la suma de $14,630, que reclama, con las costas.

Declarada sin lugar la demanda y establecido recurso de apelación contra la sentencia dictada, pasaremos a resolver especialmente los tres primeros errores atribuidos a la corte inferior, porque son los únicos que el demandante se sirve discutir extensamente en su interesante alegato, y porque los demás carecen de importancia y es innecesario prestarles una detenida consideración. Se alega en primer término que la corte inferior erró al declarar válido el juramento a la con-testación.

Dispone el artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil que el juramento de las alegaciones se hará por declaración suscrita y jurada de la parte, a menos que se hallare ausente del distrito en que residiere su abogado, o por cualquiera otra causa estuviere imposibilitada de verificarlo, o cuando los hechos sean conocidos de su abogado u otra persona que los jurare. Cuando la alegación sea jurada por el abogado o cualquiera otra persona y no por las partes, deberá consignarse en la declaración suscrita y jurada la razón por la cual no lo hace una de las partes.

En este caso es el abogado quien presta el juramento, ha-ciendo constar que lo hace por encontrarse los demandados ausentes del distrito donde reside el referido abogado. No aparece de los .autos que el demandante interpusiera objeción alguna al juramento ni antes ni después de celebrado el jui-cio por la corté inferior. La prueba aportada no autoriza la conclusión de que el juramento no baya sido prestado de acuerdo con las disposiciones de la ley; pero aunque fuera defectuoso, el demandante estaría impedido de plantear esta cuestión en apelación. En el caso de Rivera v. Central Pasto Viejo, 43 D.P.R. 714, dijo esta corte: “Es innecesario pro-ceder a discutir los defectos de que adolece el juramento y las admisiones contenidas en la contestación. Eeconocemos que se trata de una contestación defectuosa y de un juramento también defectuoso. Pero el demandante no solicitó senten-cia sobre las alegaciones y está impedido para plantear esta cuestión en apelación.”

De la obra “California Jurisprudence”, tomo 21, página 221, extractamos lo que sigue:

“Las objeciones a la falta de juramento de una demanda deben interponerse antes de la contestación o cuando la misma se radica, y si el demandado contesta o las partes proceden a juicio sin obje-ción, el defecto se considera renunciado y no puede ser suscitado en apelación. Igual ocurre con la falta de juramento en la contestación del demandado, que se considera renunciada si las partes celebran el juicio sin una objeción previa de parte del demandante. Tal objeción no puede ser levantada después que se inicia el pleito en los méritos ni puede por primera vez ser suscitada en apelación, luego de haberse celebrado juicio.”

El error apuntado debe ser desestimado.

Se alega en segundo término que la corte inferior erró fundamentalmente al apreciar la prueba. A juicio del apelante quedó satisfactoriamente probado que Pulman es un funcionario de la demandada, Maryland Casualty Co., y que instruyó, ordenó y exigió a la Central Bocacbica que se-parara de empleo y sueldo al referido apelante, actuando ma-liciosamente y sólo por sospechas infundadas de que el re-ferido apelante babía lesionado los intereses de la Maryland Casualty Co. Estas sospechas infundadas, según el deman-dante, fueron originadas por el Dr. Grelpí, actuando como un empleado y con el interés de defender los supuestos derechos de la demandada Maryland Casualty Co.

'Una de las cuestiones debatidas en este caso es la que se relaciona con el nombramiento de cirujano menor para la Central Bocachica. De acuerdo con la ley los dueños de cen-trales deben sostener durante la zafra un botiquín y un mé-dico o cirujano menor que permanecerá en la Central durante las horas de trabajo para acudir con urgencia a los acciden-tes desgraciados que ocurriesen. Los demandados alegan que el nombramiento de este practicante para la referida central lo hace la Maryland Casualty Co.; el demandante parece sostener que es la Central Bocachica la que designa al prac-ticante. La Maryland Casualty Co. es la aseguradora de los obreros de dicha factoría a los efectos de garantizar el pago de indemnizaciones por accidentes del trabajo.

De la prueba aportada se deduce que el practicante o ci-rujano menor disfrutaba de un sueldo de $90 mensuales, $50 de los cuales satisfacía la Maryland Casualty Co. y $40 la central. El auditor de la factoría, Sr. Luis Betancourt, de-clara que la Maryland Casualty Co. es quien hace el nom-bramiento y da instrucciones con respecto a lo que la persona nombrada tiene que hacer. El practicante, según el testigo, es un empleado de la Maryland Casualty Co. El Dr. Pulman, encargado de la dirección y administración del de-partamento médico de la Maryland Casualty Co. en Puerto Rico, declara que fue la American Casualty Có. quien hizo el nombramiento del demandante, Virgilio Ayala, sobre la base de un servicio satisfactorio. Afirma el testigo que la com-pañía aseguradora es la que tiene a su cargo el nombramiento del practicante.

La prueba demuestra que la Central Bocachica ha pres-tado su consentimiento para que la Maryland Casualty Co. designe el practicante que ha de tratar a los trabajadores asegurados por dicha corporación que sufran lesiones durante las lloras de trabajo. La demandada satisface a este em-pleado más de la mitad del salario mensual de que disfruta. Si la Maryland Casualty Co. es quien designa al referido empleado, nadie puede discutirle su derecho a prescindir de sus servicios al vencerse el término por el cual fueron arren-dados tales servicios. Si como parece deducirse de la prueba, se trata de un nombramiento por meses, la demandada no ba violado ningún contrato ni incurrido en responsabilidad al notificar al demandante oportunamente la fecba en que babía de cesar en su empleo. Se alega, sin embargo, que en virtud de las manifestaciones becbas a la Central Bocacbica por la demandada a través de sus empleados, el demandante no solamente se ba visto privado de la colocación que desem-peñaba, sino que también ba sufrido daños y perjuicios, por-que su reputación ba quedado lesionada con motivo de las acusaciones de que ba sido objeto.

El auditor de la factoría, Sr. Betancourt, declara que el Sr. Braegger, representante en Puerto Rico de la Maryland Casualty Co., y el Dr. Pulman se personaron en su oficina y le dieron instrucciones verbales para retirar de sus servicios al practicante. Estos señores le dijeron: “Nosotros venimos a tratar el asunto del practicante. No estamos con-tentos con sus servicios y no queremos seguirlo utilizando.” El auditor les contestó que era una medida muy drástica pro-ceder inmediatamente; que debía notificarse al empleado, por lo menos con un mes de anticipación, de acuerdo con la ley, diciénclole entonces el Dr. Pulman: “Bueno, para tener efecto el día último del mes siguiente.” El Sr. Betancourt manifestó, que estando ausente su principal, exigía que se le expresase un motivo para tomar esta medida, “puesto quo nosotros (significando la Central) no teníamos ninguno.” El Dr. Pulman babló de ciertos casos mal tratados que le ha-bían costado a la compañía algún dinero, especialmente uno que le costó alrededor de $800, cuyo nombre no recordaban ni el testigo ni el Dr. Pulman. Prometió éste escribir al Sr. Betancourt, lo que hizo al día siguiente, dirigiéndole una carta que dice así:

“29 de julio de 1931.
“Sr. L. Betancourt, Auditor,
Central Bocaebica, Ponce, P. R.
“Estimado Sr. Betancourt:
“He informado al Dr. Gelpí que Ud. hablaría con él próxima-mente en relación con el asunto del practicante.
“El nombre del obrero a que hice referencia ayer es Antonio Mercado, accidente: ‘Herida de la muñeca grave, lacerada, 24 de febrero de 1931.’ Reclamación terminada en julio, con pérdida del 90% del movimiento de la mano. El costo de la compensación sola-mente asciende a más de $800.
Atentamente,
(Fdo.) Peter B. Pulman.”

Manifiesta el Sr. Betancourt que comunicó a su principal, •o sea al administrador de la Central, las instrucciones ver-bales que había recibido del Sr. Braegger y del Dr. Pulman, y que por orden del administrador trasmitió verbalmente al Sr. Ayala las instrucciones recibidas.

Es claro que la Maryland Casualty Co., aseguradora de los obreros lesionados por accidentes del trabajo, tiene que estar interesada en asegurar una inmediata y eficiente asis-tencia a los obreros lesionados y en la selección de un buen personal para proteger sus intereses. En este respecto el interés de la demandada es muy superior al de la Central Bo~ «achica, la cual desde el punto de vista de la responsabilidad material no tiene que preocuparse acerca del tratamiento a que se someta al paciente. No puede discutírsele a la de-mandada el derecho de encomendar este trabajo a una persona que merezca su confianza. En estas condiciones las pa-labras de los representantes de la compañía aseguradora, ma-nifestando que no querían seguir utilizando los servicios del •demandante, y su respuesta al requerimiento del Sr. Betan-court para que expresasen los motivos que les inducían a to-mar tal actitud, constituyen una comunicación privilegiada que no puede dar origen a una causa de acción en favor del empleado cuyos servicios no se quieren utilizar. Se arguye que el obrero Antonio Mercado no fue asistido por el deman-dante y que la corporación demandada tomó como base una información errónea para privarle del cargo que desempe-ñaba. Aparte de que no se ba demostrado que la Maryland Casualty Company actuara de mala fe, las palabras vertidas por los Sres. Braegger y Pulman a requerimiento de la Central Bocacbica no pueden tener el alcance que les atribuye la parte demandante. Esas palabras fueron pronunciadas en una conversación de carácter íntimo por representantes de la compañía aseguradora interesados en que el tratamiento médico que reciben los pacientes se preste a su satisfacción.

En el caso de Melcher v. Beeler, 110 Pac. 181, dice la Corte Suprema de Colorado:

“Según, dijimos sustancialmente en el último caso citado, una comunicación becba tona fide sobre cualquier asunto en que la parte que bace la comunicación tenga interés, o con referencia a la cual tenga un deber, es privilegiada, si es hecha a una persona que tiene un interés o deber correspondiente, aunque contenga materia incri-minatoria que, sin tal privilegio, sería calumniosa y procesable; y esto es así aunque el deber no sea legal, sino solamente moral o social de imperfecta aplicación. Mas la persona a quien se dirige tal pregunta no puede abusar de su privilegio al contestarla. Si a sabiendas hace cualquier imputación falsa contra la persona respecto a quien se le pregunta, no puede alegar inmunidad, toda vez que en respuesta a una pregunta no está en el deber de decir una mentira. Odgers sobre Libelo y Calumnia, pág. 198. Si el testimonio relativo a la cuestión de si una comunicación es o no privilegiada está en conflicto, la cuestión relativa a su naturaleza a este respecto sería una de derecho a resolver por la corte. Por otra parte, de surgir cualquier controversia sobre si la misma es o no privilegiada, tal controversia sería una de hecho a determinar por el jurado de con-formidad con las instrucciones apropiadas. 18 Ency. 1050; Townsend sobre Libelo y Calumnia, párrafos 287, 288. Mas, aunque una comu-nicación sea privilegiada, la cuestión de buena fe, creencia en la veracidad de las aseveraciones hechas, y la existencia de malicia real, es una que debe ser resuelta por el jurado cuando, de acuerdo con las cuestiones y testimonio prestados, la misma está en controversia, y al demandante incumbe establecer los hechos que hacen procesable una comunicación privilegiada. (Denver P. W. Co. v. Holloway, 34 Colo. 432, 83 Pac. 131, 3 L.R.A. (N. S.) 696, 114 Am. St. Rep. 171); pero la falsedad de las aseveraciones contenidas en una comu-nicación privilegiada no es de por sí suficiente para suscitar la infe-rencia de que las mismas fueron hechas maliciosamente. Fowles v. Bowen, 30 N. Y. 20; Ritchie v. Arnold, 79 Ill. App. 406.”

Véase también 17 R.C.L. 357 y 359, y 36 C. J. 1246.

En el presente caso el interés de la parte que suministró la información es manifiesto. Esta información fué comuni-cada a una parte que la solicitó y que tiene también cierto interés en el asunto. No estaba obligada la compañía ase-guradora a seguir utilizando los servicios del demandante como cirujano menor si no era éste su deseo. Cuando la de-mandada hizo saber su decisión a un empleado de la factoría, se le requirió para que expresase los motivos que la inducían a no seguir utilizando los servicios del demandante. Fué en-tonces que la demandada, por conducto de sus representantes, respondió, explicando sus razones, al requerimiento de la Central. El Dr. Pulman tuvo noticias por el Dr. Grelpí, mé-dico también de la compañía, de que Antonio Mercado había sido asistido por el demandante. El Dr. Gelpí declara que obtuvo esta información del propio paciente Antonio Mercado, quien niega haber hecho las manifestaciones que se le atribuyen. Declaran también varios testigos del demandante que Antonio Mercado no fué asistido por Virgilio Ayala. No hay base, sin embargo, para sostener que el Dr. Pulman actuara de mala fe. No surge de la prueba que produjera la información, solicitada por la Central Bocachica, movido por malicia o por cualquier otro motivo tendente a perjudi-car en su reputación al demandante. Sí se advierte el deseo de asegurar un buen servicio y proteger los intereses de la compañía aseguradora.

El demandante ofreció también como prueba una carta que le fué enviada por el Sr. Pulman, representante de la demandada, en contestación a otra que le escribiera el propio Virgilio Ayala. La referida carta dice así:

“Agosto 24, 1931.
“Sr. Virgilio Ayala Rivera, Practicante,
Central Boca Chica, Ponce, P. R.
Estimado señor:
“Acuso recibo de su carta de agosto 7 de cuyo contenido he tomado buena nota. He demorado contestar a la misma, debido a que deseaba darle al Dr. Gelpí el beneficio de conocer los informes dados por Ud. respecto a Antonio Mercado, y no me fué posible obtener el informe de él hasta ahora.
“En mi mente no había duda alguna de que era necesario efectuar un cambio en Bocachica, pues nada había que resaltara más que el hecho de que estábamos usando una cantidad excesiva de drogas, especialmente sueros, para el tratamiento de los lesionados en la Central. El costo de éstos había sido pasado por alto por mí hasta fines, del año fiscal; y después de hacer una revisión de los mismos, no he podido dejar de llegar a la conclusión de que ha habido mala administración en la aplicación de las drogas en la Central. El costo del suero antitetánico solamente en la Central Bocachica para los lesionados que se hallaban bajo tratamiento en la Central, era tres veces' mayor que el costo de los sueros usados en la Central Coloso, donde fueron atendidos muchos más lesionados.
.. “Lamento no estar en condiciones de modificar mi decisión, toda vez que lo hago por economía y en beneficio del servicio.
Atentamente suyo,
(Fdo.) Peter B. Pulman.”

Hemos leído cuidadosamente la carta que antecede, y no creemos que el contenido de la misma baga surgir una causa de acción en favor del demandante. La referida carta fué escrita en contestación a una que escribiera al Hr. Pulman el propio demandante Sr. Virgilio Ayala. En el citado caso de Melcher v. Beeler, dice la Corte Suprema de Colorado:

“Manifestaciones difamatorias provocadas o procuradas por un demandante o una persona actuando a su nombre, no apoyarán una acción por libelo. En tales circunstancias la parte que alega que ha sido injuriada por una carta contestación a una súplica relacionada con él, ha provocado la comisión de un agravio y no será oída para decir que ha sido injuriada."

El tercer motivo de error se basa en que el juez de la corte inferior, Hon. Carlos Llauger, es padre de la esposa de don Sabino Yaldés, quien a su vez es el claim manager eri Puerto Rico de la demandada Maryland Casualty Co. y jefe inmediato del codemandado Dr. Peter B. Pulman. Entiende el demandante que el Hon. Juez Llauger ha debido inhibirse de acuerdo con el artículo 23 del Código de Enjuiciamiento Civil, que dispone que un juez deberá inhibirse de actuar en todo pleito o procedimiento judicial en que tuviere parentesco de consanguinidad o afinidad con cualquiera de las partes dentro del cuarto grado, o con el abogado de cualquiera de las partes dentro del segundo grado. La demandada alega que la representación que ostenta el Sr. Yaldés no establece relación alguna de consanguinidad o afinidad entre ella y el juez, y que por lo tanto éste no estaba obligado a inhibirse. Es posible que la inhibición del juez, en ciertas circunstancias, cuando sus relaciones con el representante de una entidad que es parte en un litigio equivalga a las que determina el Código de Enjuiciamiento Civil como causa de inhibición, resulte un paso acertado; pero como no puede haber parentesco de consanguinidad o afinidad con una persona jurídica, estrictamente hablando, dentro de las disposiciones de la ley, no puede decirse que el juez esté obligado a inhibirse. Hay que tener en cuenta, además, que el demandante en ningún momento solicitó la inhibición del Juez Llauger y que esta cuestión se suscita por primera vez en este recurso de apelación. Es verdad que el demandante alega que desconocía las relaciones existentes entre el Sr. Yaldés y el Juez, y si eso es así, es claro que no pudo suscitar la cuestión oportunamente; pero no puede negarse que si se permitiera que una objeción de esta naturaleza pudiese interponerse por primera vez en apelación, la parte que así actuara quedaría colocada en una posición muy ventajosa, porque podría aprovecharse del fallo en caso de serle favorable y establecer su objeción en caso de serle adverso. Opinamos, sin embargo, que de acuerdo con las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil el Juez no estaba obligado a inhibirse en el presente caso.

Los errores cuarto, quinto, sexto y séptimo se refieren a eliminaciones de cierta parte del testimonio de los testigos Euclides Schmidt y Virgilio Ayala, que carecen de impor-tancia y deben ser desestimados.

Los errores octavo y noveno se basan en haber impedido la corte que los testigos Gelpí y Pulman contestaran cierta pregunta. Estos errores carecen también de importancia y deben ser desestimados.

El décimo error no merece ser tenido en consideración: se alega que la corte erró al considerar con seriedad la de-claración del Dr. Gelpí.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Herminio Dávila y Gabriel Matos, acusados y apelantes.
    No. 5327.
    Sometido: Junio 12, 1934.

      Resuelto: Julio 26, 1934.

      J. Validejuli Rodríguez abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Herminio Dávila y G-abriel Matos fueron juzgados en ape-lación por la Corte de Distrito de San Juan y declarados cul-pables de infringir una ordenanza municipal de Río Grande, que se designa con el nombre de ordenanza No. 6. Se alega que los acusados, en 11 de mayo de 1933, voluntaria y mali-ciosamente sacrificaron en el matadero del municipio de dicbo pueblo, que es un matadero público, ganado cuyo peso es de 186 libras, dejando de pagar el impuesto como arbitrio de 1 centavo por cada libra de carne sacrificada en el referido matadero en la fecha antes indicada.

Alegaron los acusados ante la corte inferior que los hechos denunciados no constituyen delito público, porque la orde-nanza antes citada es ilegal y nula por los siguientes funda-mentos :

1. Porque es un arbitrio o derecho sobre la venta de carne fresca, que está exenta de tributación.

2. Porque la Asamblea Municipal de Río Grande no tiene autoridad para imponer el arbitrio que señala dicha orde-nanza, toda vez que el mismo ha sido prohibido por la Legis-latura de Puerto Rico.

3. Porque la tributación impuesta es confiscatoria, e in-justa e ilegal porque al imponerse sobre el negocio de venta de carne fresca no sólo hace que el negocio no produzca ga-nancias, sino que produzca pérdidas y priva a los acusados de su propiedad sin el debido proceso de ley.

4. Porque el impuesto es una doble contribución y la carne fresca es un producto alimenticio que está exento de tributo de acuerdo con la sección 83 de la Ley No. 83 de 6 de mayo de 1931.

Se aceptó por la defensa que los acusados dejaron de pagar el arbitrio o tributo que dispone la ordenanza municipal, por entender que se imponía una doble tributación y además porque el impuesto de la ordenanza No. 6 es ilegal, toda vez que la resolución conjunta No. 66, de 1931 (pág. 1043), y la sección 83 de la Ley No. 83 del mismo año (pág. 515) prohíben expresamente la imposición de dicho arbitrio o tributo.

La corte inferior en una cuidadosa opinión declaró sin lugar la excepción perentoria formulada por los acusados, quienes apelaron de la sentencia declarándolos culpables e imponiéndoles una penalidad.

Se alega que la Corte de Distrito de San Juan erró al declarar que los municipios de la isla tienen facultades para imponer contribución o arbitrios sobre la venta de carne fresca de ganado sacrificada en la Isla de Puerto Pico.

Resolviendo la cuestión planteada se expresó así el tribunal a quo:

“Como se not'a, los motivos de nulidad que alegan los acusados son derivaciones o ampliaciones los unos de los otros. En cuanto a la prohibición de la Asamblea Municipal para imponer un arbitrio sobre la venta de carne fresca, un somero estudio de la ley sobre la materia nos convencerá de que no tienen razón los acusados. La sección 3 de la Resolución Conjunta No. 66 de 1931 (Leyes de dicho año, página 1043), prohíbe la imposición de contribución alguna sobre la matanza de ganado u otros animales, o sobre la venta de carnes de ganado sacrificado en la isla, pero no prohibía ni impedía el que los munici-pios impusieran arbitrios por el uso de mataderos o propiedades per-tenecientes al municipio, para la venta de carnes. Esta ley se aprobó en mayo 12 de 1931; y la vigencia dé la misma habría de tener efecto 90 días después de su aprobación; pero 3 días después de aprobada, esto es, en mayo 15 de 1931, se aprobó también la ley No. 98 para enmendar la ley municipal (Leyes de 1931, página 595), y también para tener efecto 90 días después de aprobada. Esta última ley dis-pone en su sección 12, enmendatoria del inciso f del artículo 46 de la Ley Municipal) ‘que los municipios tendrán autoridad para imponer arbitrios entre otras cosas, sobre la matanza de ganado en mataderos públicos o privados, siempre que no exceda el arbitrio de 30 centavos la arroba de carne de ganado vacuno.’ Como esta ley es posterior en su aprobación a la Resolución Conjunta No. 66, y sus preceptos son contrarios a los de aquélla, derogó, si bien implícitamente, la pro-hibición para la imposición de arbitrios sobre la carne fresca, y quedó así plenamente confirmada la autoridad de las asambleas municipales para imponer el arbitrio sobre matanza de ganado.”

De acuerdo con la ordenanza No. 6, que es la que se dice infringida, todo el que sacrifique ganado en la jurisdicción de ítío Grande, debe obtener una licencia, previo pago de la suma de $5, según se especifica en la letra o del artículo 2°. de la referida ordenanza. En la letra b del mismo artículo se exige además el requisito de prestar una fianza para responder en cualquier momento del pago del impuesto sobre carnes y en la sección 3a. se impone un arbitrio de 1 centavo por cada libra de carne sacrificada en el matadero municipal o en cualquier matadero autorizado para tal fin. Entienden los acusados que esta ordenanza es irrazonable, y que ade-más viola la resolución conjunta antes mencionada, aprobada en 12 de mayo de 1931, y la referida sección 83 de la Ley 83, aprobada seis días antes, o sea en 6 de mayo del año men-cionado.

Abora bien, el artículo 46 de la ley municipal aprobada en 1928 (Ley No. 53, pág. 335) y enmendada por la Ley No. 98 de mayo 15, 1931 (pág. 595), dice en qué consistirán los ingresos municipales, y en el inciso / de dicbo artículo 46 se dispone expresamente que “queda reservado para los municipios y no podrá ser impuesto para fines insulares, cual-quier arbitrio, licencia o contribución de otra clase, que de-cretare la Asamblea Municipal correspondiente, sobre: . . .■ (10) Matanza de ganado en mataderos públicos o privados, que no exceda de treinta (30) centavos la arroba de carne de ganado vacuno y de cincuenta (50) centavos por cada cerdo, cabro o carnero.”

Esta ley fué aprobada tres días después de haberse adop-tado por la Asamblea Legislativa la Resolución Conjunta No. 66, que en su artículo tercero resuelve “prohibir, como por la presente se prohíbe, la imposición de contribución al-guna sobre la matanza de ganado u otros animales, o sobre la venta de carnes de ganado sacrificado en la isla de Puerto Rico, disponiéndose, sin embargo, que nada de lo aquí dis-puesto impedirá el que los municipios de Puerco Rico impon-gan el pago de arbitrio o cuota por el uso de los mataderos municipales y de los puestos pertenecientes a los municipios para la venta de carne.”

El artículo 83 de la ley para proveer rentas para el Pueblo de Puerto Rico, etc., enmendado por la Ley No. 83 de 1931, dispone entre otras cosas que el impuesto establecido por las secciones 62 y 16 a de dicha ley de rentas no gravará la venta de comestibles y productos alimenticios.

De modo que la Legislatura, en el mes de mayo de 1931 y con algunos días de diferencia, prohibió la imposición de contribución sobre la matanza de ganado y reservó a los mu-nicipios la facultad de imponer tributación sobre la matanza de ganado en mataderos públicos o privados. Estas dispo-siciones son incompatibles y no pudiendo subsistir a un mismo tiempo tiene necesariamente que prevalecer la última expre-sión de la voluntad de la Asamblea Legislativa. Y no hay duda de que la Legislatura expresó su voluntad de una ma-nera clara y terminante en las enmiendas introducidas a la ley municipal en 15 de mayo del año referido, autorizando a los municipios para imponer tributo sobre la matanza de ganado.

Es un principio firmemente establecido que la derogación de una ley puede ser expresa o tácita. Así lo sostiene decididamente la jurisprudencia y así lo dice a mayor abundamiento el artículo 6 de nuestro Código Civil. Es ex-presa la derogación cuando se declara literalmente por una ley posterior; es tácita cuando la nueva ley contiene pre-ceptos que son contrarios o irreconciliables con los de la ley anterior. Es verdad que las derogaciones tácitas no son fa-vorecidas (American Trading Co. v. Monserrat, 18 D.P.R. 273; Portela v. Registrador, 22 D.P.R. 86); pero cuando la ley posterior contiene preceptos que son contrarios o irre-conciliables con los de la anterior, entonces necesariamente se produce la derogación de la ley anteriormente en vigor. Pérez v. Sucn. Collado, 19 D.P.R. 1061. La Resolución Con-junta aprobada en 6 de mayo de 1931, en la parte que pro-híbe la imposición de tributo alguno por los municipios a la matanza de ganado, no puede coexistir con una ley aprobada por el mismo cuerpo legislativo nueve dias después autori-zando a los municipios a imponer dicho tributo. A mayor abundamiento, la enmienda a la Ley Municipal aprobada en 15 de mayo de 1931 dispone que “toda ley o parte de ley que se oponga a la presente queda por ésta derogada.” Exis-tiendo una incompatibilidad manifiesta entre ambas disposi-ciones, es evidente que el inciso / del artículo 46 de la Ley Municipal, enmendado en 1931, derogó la sección 3a. de la Resolución Conjunta No. 66, aprobada en 6 de mayo del mismo año, en cuanto se refiere a la matanza de ganado u otros animales.

Se alega en segundo término que la corte inferior erró por haber declarado que no es una doble tributación la impuesta por las ordenanzas 6 y 12 del pueblo de Río Grande.

Arguyen los apelantes que las ordenanzas 6 y 12, apro-badas por la municipalidad de Río Grande, imponen una triple tributación. La Ordenanza No. 6 impone el pago de una li-cencia para sacrificar ganado en Río Grande. Por esta li-cencia deben pagarse $5. También se impone un arbitrio de 1 centavo por cada libra de carne sacrificada en el matadero municipal o en cualquier matadero autorizado para tal fin. La Ordenanza No. 12, bajo el encabezamiento “Uso Mata-dero ’ ’, establece un arbitrio de $1 por cada cabeza de ganado' vacuno para el expendio público que se sacrifique y además 50 centavos por cada cerdo, carnero o cabro para el mismo fin. Este arbitrio, como se ve, se impone por el uso del ma-tadero. No bay doble tributación. En la primera ordenanza el arbitrio se cobra por el uso del matadero municipal. Éste no es una contribución sino una renta que el municipio tiene derecho a cobrar por el uso de lo que es suyo. Es claro que la persona que utiliza el matadero contrae la obligación de pagar el importe de dicho uso para los fines indicados. La municipalidad ejercita el mismo derecho que asiste a un ciu-dadano privado, derivando un beneficio del uso de su propie-dad por una tercera persona. Conviene aclarar que a los apelantes no se les acusa de haber infringido la Ordenanza No. 12, relacionada con el uso del matadero, sino la Orde-nanza No. 6, por no haber satisfecho el arbitrio que se fija a cada libra de carne sacrificada.

Es regla general que para que exista una doble tributa-ción, ambas contribuciones deben ser de la misma naturaleza y recaer sobre una misma cosa, lo que no ocurre en el presente caso. Entienden los apelantes que la Ordenanza No. 6, ais-ladamente considerada, impone una doble contribución. En esta ordenanza se exige un derecho de $5 “por cada licen-cia de abastecedor que se expedirá por tiempo indefinido y que se considerará vencida si el abastecedor dejare de sa-crificar ganado para el expendio público durante noventa días consecutivos.” A renglón seguido y en la sección 3a. de dicha ordenanza “se impone un arbitrio de 1 centavo por cada libra de carne sacrificada.” Como se ve el derecho de $5 se impone para poder sacrificar ganado por tiempo inde-finido, mediante la licencia correspondiente, y el arbitrio de 1 centavo se fija por cada libra de carne sacrificada. De modo que en el primer caso se paga un derecho por obtener permiso para sacrificar y en el segundo se satisface un arbi-trio por la carne que se haya sacrificado. La ordenanza es válida. No impone tributo alguno por la venta de carne; el arbitrio de 1 centavo reza exclusivamente con la carne sacri-ficada. Por muchas simpatías que nos inspire el argumento de que siendo la carne nn artículo de primera necesidad debe estar al alcance de las clases pobres, y no sujeta a ciertas tributaciones, la verdad es qne leyendo'e interpretando la or-denanza, no puede llegarse a la conclusión de qué impone una doble tributación.

En cuanto a la fianza en metálico, no menor de un dólar ni mayor de $50 que debe prestarse para responder en cual-quier momento al pago del impuesto sobre carnes establecido en la ordenanza, no puede considerarse tampoco como la im-posición de una tributación sobre el mismo negocio, sino como una garantía al municipio para asegurarle el pago de los ar-bitrios impuestos.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Señok Gókdova Dávila,

text:
    Juan Zalduondo Veve et als., peticionarios y apelados, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, recurrido y apelante.
    No. 6724.
    Sometido: Junio 28, 1934.

      Resuelto: Julio 28, 1934.

      Hon. Procurador General Benjamin J. Horton y B. Cordones Arana, Subprocurador, abogados del apelante; E. Campos del Toro, abo-gado de los apelados.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señok Gókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 16 de marzo de 1930 falleció en Fajardo doña Josefina Yeve y Díaz, dejando ciertos bienes consistentes en va-rias fincas radicadas en los pueblos de Ceiba, Fajardo y Lu-quillo. José Vahara onde, administrador judicial de los bie-nes referidos, satisfizo al Tesoro Insular las contribuciones adeudadas al fallecimiento de la Sra. Veve y Díaz, correspon-dientes a los años 1928-29 y 1929-30, y además las corres-pondientes al año económico 1930-31.

En 18 de noviembre de 1933 los herederos en unión del administrador judicial, notificaron al Tesorero de. Puerto Rico la muerte de dicha señora, presentaron los recibos creditivos de haber sido pagada la contribución territorial hasta el año 1931, y solicitaron la liquidación de la contribución de heren-cia, que ofrecieron pagar, y la expedición del recibo corres-pondiente.

Negóse el Tesorero demandado a satisfacer los deseos de los peticionarios, fundando su negativa en que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 99 de 1925 (pág. 791), titulada “Ley para modificar y ampliar la contribución sobre transmisión de bienes por herencia, y para otros fines”, dichos peticionarios tienen el deber de acompañar el último recibo de la contribución territorial, creditivo de haberse pa-gado las contribuciones adeudadas hasta el año 1933-34.

Basándose en esos hechos y en que la negativa del Te-sorero impide a los peticionarios pagar la contribución de herencia e inscribir sus bienes en el registro de la propiedad,, y en que es de urgente necesidad la inscripción para poder-los hipotecar y obtener los fondos necesarios a fin de hacer efectivo el pago de las contribuciones sobre la propiedad correspondiente a los años 1931-32, 1932-33 y 1933-34, los referidos peticionarios solicitaron de la Corte de Distrito de Humacao que por medio de un auto de mandamus ordenara al Tesorero que expidiera el recibo correspondiente a la con-tribución de herencia que ofrecieron pagar los interesados.

Oídas las partes, la corte inferior declaró con lugar la so-licitud de mandamus y ordenó al tesorero que procediese a liquidar el importe a satisfacer por concepto de contribución de herencia, recibiendo dicho importe en pago de la contribu-ción y expidiendo el recibo correspondiente.

De esta sentencia apeló el Tesorero, atribuyendo a la Corte sentenciadora tres errores que pueden condensarse en uno solo. Se alega que la corte de distrito erró al declarar insu-ficientes las razones aducidas por el apelante oponiéndose a la expedición de un auto de mandamus y al resolver que la Ley No. 99, de agosto 29 de 1925, únicamente exige el pago por los herederos de las contribuciones que pesan sobre los bienes relictos a la fecha de la muerte del causante.

La única cuestión a resolver en este caso ha sido abiertamente planteada por las alegaciones y la argumentación escrita de las partes interesadas. Los demandantes mantienen el criterio de que únicamente están obligados a pagar las contribuciones adeudadas al tiempo de ocurrir la defunción del causante; el demandado opina que deben pagarse todas las contribuciones adeudadas al tiempo de hacerse la notificación.

La corte sentenciadora entiende que de acuerdo con el ar-tículo 5 de la Ley No. 99 de 1925 es absolutamente claro que las contribuciones a pagar son únicamente las adeudadas én la fecha de la muerte del causante, las cuales' deben ser satis-fechas por entero antes de expedir el Tesorero el recibo co-rrespondiente por la contribución de herencia. La corte inferior subraya y da énfasis a las palabras de la ley dispo-niendo que se trasmita al Tesorero un recibo de contribucio-nes en prueba de que se há pagado por entero sobre dichos bienes la contribución sobre la propiedad impuesta por este título.

El demandado apelante arguye que en ninguna parte de la ley se dice que las contribuciones que deban satisfacerse sean las que se adeudan a la fecha- de la muerte del causante y sos-tiene que con la notificación de defunción debe acompañarse el último recibo de la contribución impuesta sobre los bienes relictos, es decir, el recibo que acredite que se ha pagado por entero la contribución sobre la propiedad impuesta por el tí-tulo noveno del Código Político, que comprende el capítulo primero, que se refiere a contribuciones sobre la propiedad. El artículo 5 de la Ley No. 99 de 1925 es una copia literal del artículo 372 del Código Político. Por eso dice la ley que se trasmitirá un recibo de contribución en prueba de que se ha pagado por entero sobre dichos bienes la contribución im-puesta por este título. Las palabras “este título” se refie-ren al título noveno del Código Político, que en su capítulo primero trata de la contribución sobre la propiedad, en el se-gundo de arbitrios, y en el tercero de la contribución sobre herencia. Esas palabras no pueden referirse a la Ley No. 99 que consta de diez y seis artículos y no contiene división al-guna en títulos o capítulos.

La contribución sobre la propiedad, materia de que trata el capítulo primero del título onceno del Código Político, se impone sobre los bienes muebles e inmuebles existentes en cada uno de los municipios de la isla a nombre de su dueño el día 15 de enero de cada año y a base de años fiscales que comienzan el día primero de julio de un año natural y ter-minan el día 30 de junio del siguiente año natural. Las con-tribuciones así impuestas serán pagaderas semestralmente por adelantado los días primeros de julio y enero de cada año. La contribución impuesta por el corriente año económico y por los tres años económicos anteriores constituye un gravamen preferente a cualesquiera otros gravámenes que pesen sobre la propiedad. Esta contribución constituye una carga real superior a cualquier otra. No ocurre así con los gravá-menes anteriores, y por esta razón arguye el demandado ape-lante que el Tesoro Insular no quedaría suficientemente ga-rantido si no se exigiese el pago de las contribuciones adeu-dadas en el momento de notificarse la defunción.

Copiamos a continuación el artículo 5 de la referida Ley que sirvió de base a la corte inferior para pronunciar su sen-tencia y cuya interpretación bá sido ampliamente discutida por las partes desde sus respectivos puntos de vista:

“Será deber de todo administrador, albacea o fideicomisario, o de cualquiera de ellos que actúe en Puerto Rico, y de cualquier subadmi-nistrador, agente o persona autorizada legalmente para administrar los bienes o cualquiera parte de ellos en Puerto Rico, trasmitir al Tesorero de Puerto Rico, sesenta días después del fallecimiento de la persona a quien representen, una notificación jurada de dicbo fa-llecimiento, haciendo constar claramente en ella el nombre y residen-cia del referido difunto; la fecha del fallecimiento; si muere intes-tado, y, en caso contrario, el nombre del notario en cuyo protocolo radique el testamento; y tan exactamente como sea posible, el mon-tante, valor, descripción y situación de los bienes del difunto; los nombres y grados de parentesco de los herederos, mandatarios y le-gatarios, y la parte proporcional y descripción de los -bienes que a cada uno correspondan; los nombres de todos los administradores, albaeeas o fideicomisarios de los bienes de dicho difunto, y con dicha notificación se trasmitirá adjunto un recibo de contribución, en prueba de que se ha pagado por entero sobre dichos bienes la contribución sobre la propiedad impuesta por este título. Y cualquier administra-dor, albacea o fideicomisario que deje de suministrar al Tesorero dicha notificación, dentro del plazo aquí especificado, será considerado culpable de un delito menos grave, y si resultare convicto de él, in-currirá personalmente en multa de cien (100) a1 mil (1,000) dólares.”

El artículo anteriormente transcrito dispone la transmi-sión al Tesorero de un recibo donde se acredite que se fia pagado por entero la contribución. La ley protege al Pueblo de Puerto Rico con el propósito evidente de ofrecerle las necesarias garantías para que sns derechos a cobrar la con-tribución en toda su integridad no puedan ser afectados. El artículo 11 de la Ley No. 99 impone al Tesorero la obligación de expedir recibos especiales por triplicado al pagarse la con-tribución de herencia. El artículo 12 dice:

“Ningún tribunal 'aprobará la división o distribución de los bienes de ningún fallecido, ni permitirá la liquidación final de las cuentas de ningún albacea, 'administrador, fideicomisario o persona que ad-ministre cualesquiera1 bienes, a menos de haberse presentado y ex-hiban el recibo o los recibos especiales,, según lo dispuesto en el ar-tículo 11 de esta Ley; y ningún .notario expedirá, autorizará o certi-ficará instrumento alguno de sentencia, división o distribución, enaje-nación o hipoteca de bienes, a menos de haberse presentado dicho recibo o recibos, expedidos por el Tesorero; y ningún registrador ins-cribirá en ningún registro a su cargo, instrumento alguno ni fallo, sentencia o auto judicial autorizado, dictado o emitido en relación con l’a división, distribución o entrega de dichos bienes, a menos de ha-berse presentado el recibo o recibos expedidos por el Tesorero ...”

A tenor de lo que dice este artículo, queda prohibida la aprobación de la división o distribución de los bienes y la liquidación de las cuentas de albaceazgo y administración, mientras no se exhiban los recibos a que se refiere el artículo 11; pero una vez expedidos estos recibos, las partes pueden obtener la aprobación de las operaciones mencionadas. Los mismos herederos así lo confiesan, cuando dicen que necesi-tan los recibos para inscribir los bienes a su nombre a fin de poderlos hipotecar. El propósito de la ley no puede ser autorizar operaciones que obstaculicen o impidan que El Pueblo de Puerto Rico pueda sujetar toda la propiedad al pago de las contribuciones, sin tener que limitarse a cobrar las que correspondan al corriente año económico y a los tres años económicos transcurridos con anterioridad como pudiese ocurrir en caso de que mediasen terceras personas..

En el presente caso el administrador del caudal heredi-tario y los propios herederos han permanecido más de tres años y medio, cerca de cuatro años, en completa inactividad,, sin dirigirse al Tesorero de Puerto Eico para notificarle la defunción de la señora Yeve y Díaz y cumplir con las demás disposiciones de la ley. Esta notificación lia debido hacerse sesenta días después de ocurrido el fallecimiento. La viola-ción de la ley por parte de los interesados no puede relevarles del deber de pagar todas las contribuciones. El propósito de la ley es asegurar el pago de dichas contribuciones antes de que se distribuyan los bienes entre los herederos y se inscri-ban a su nombre y puedan disponer de los mismos en perjuicio de los intereses del Pueblo de Puerto Eico. El hecho de que se haya fijado un plazo para notificar al Tesorero y que este mandato legislativo haya quedado incumplido no autoriza a los herederos para dar al traste con el propósito de la ley, asegurándose el medio de inscribir los bienes a su nombre, sin haber exhibido un recibo del pago de las contribuciones, según lo dispone expresamente la ley. El Tesorero no está obligado a reconocer por escrito que se ha cubierto toda la contribución de herencia mientras no se le exhiba un recibo de haberse pagado por completo todas las contribuciones.

El artículo 332 del Código Político pone de relieve el es-píritu que anima a nuestra Asamblea Legislativa en lo que respecta al cobro de las contribuciones que pesan sobre los bienes de una persona que ha fallecido. Este artículo dispone que “ningún albacea ni administrador de los bienes de un fallecido dividirá o distribuirá dichos bienes, hasta después que todas las contribuciones vencidas hayan sido satisfechas, y ningún registrador inscribirá ningún documento de adju-dicación o participación de la propiedad de ningún fallecido por la cual no hayan sido satisfechas las contribuciones co-rrespondientes. ’ ’

La Ley No. 20, aprobada en 27 de abril de 1933 (Leyes de 1932-1933, pág. 233), agrega un artículo a la Ley No. 99, de-nominado artículo 5 a, que dice así:

“En el caso de que los herederos, mandatarios y legatarios carecie-ran de dinero en efectivo para pagar las contribuciones sobre la pro-piedad de propiedades trasmitidas en herencia y para pagar la contri-bución de herencia impuesta por esta Ley, el Tesorero de Puerto Rico queda autorizado para permitir al albacea, administrador o fideicomisa-rio que venda la parte de los bienes relictos que fuere necesariamente indispensable a fin de allegar fondos suficientes para el pago de las referidas contribuciones y el registrador de l'a propiedad queda auto-rizado, en estos casos, a inscribir los documentos que al efecto se li-bren. ’ ’

El artículo que antecede es una prueba evidente de que nuestra Legislatura parte de la base de que, mientras no se pague la contribución de herencia y las contribuciones sobre la propiedad, no puede disponerse de los bienes hereditarios. Y es claro que si el propósito de la ley es impedir que se traspasen estos bienes sin haberse satisfecho previamente la contribución, no debe colocarse a los herederos en condicio-nes de realizar lo que la misma ley trata de evitar.

La corte inferior, en su opinión, cita la sanción penal contenida en el artículo 5, en virtud de la cual si el adminis-trador, albacea o fideicomisario dejase de suministrar al Te-sorero la notificación, incurrirá en misdemeanor, así como las disposiciones del artículo 9 de la propia ley, al efecto de que de no pagarse la contribución de herencia que se imponga dentro de un año contado desde la fecha del fallecimiento del causante, se cargarán y cobrarán intereses sobre ella al tipo del 10 por ciento. No vemos la relación que pueda tener esta penalidad con el alcance y extensión de la disposición de la ley requiriendo prueba de que se ha pagado por entero la contribución sobre la propiedad. Estas penalidades no ami-noran ni extienden la obligación de pagar que siempre sub-siste en toda su integridad.

Además, el auto de mandamus debe ser expedido por la Corte en el ejercicio de una sana discreción. Es un remedio que se concede para reparar agravios inferidos en violación de la ley, no para estimular que se violen sus preceptos. A pesar de su carácter rígido y severo, no puede decirse que este procedimiento sea completamente ajeno a los principios de equidad. No debe invocar este remedio ex-traordinario quien ha violado la misma ley bajo cuyos pre-ceptos pretende ampararse. No es de esperarse que una corte de justicia expida un auto de mandamus para proteger los derechos de una parte qne no lia cumplido con los debe-res que le ban sido impuestos, con perjuicio de los derechos del Pueblo de Puerto Pico. Maisonave v. Domenech, Tesorero, 45 D.P.R. 247.

Ahora bien, hemos visto que la enmienda de 1933 autoriza al Tesorero para permitir al albacea, administrador o fideicomisario la venta de parte de los bienes relictos qne fuere necesariamente indispensable a fin de allegar fondos suficientes para el pago de las contribuciones sobre la propiedad. Con este único y exclusivo fin puede permitirse la venta. Se ofrece, mediante esta disposición, a los herederos y al Tesoro Insular un medio de ponerse de acuerdo, obviar dificultades y facilitar el pago de las contribuciones, aunque se hayan originado con anterioridad a la aprobación de la ley.

Los peticionarios alegan que tienen urgente necesidad de hipotecar los bienes para levantar fondos necesarios a fin de pagar al propio Tesorero de Puerto Pico las contribuciones adeudadas, así como otras deudas relacionadas con la parti-ción de bienes. Siendo ello así, no debe haber dificultad para llegar a un acuerdo que garantice los derechos del Pueblo de Puerto Pico y facilite a los peticionarios los medios de obtener los fondos que necesiten para realizar su propósito. Los hechos alegados demuestran que no hay desacuerdo entre las partes. Los peticionarios desean pagar y el demandado desea hacer efectivos los créditos del Tesoro Insular. Üni-camenté hace falta que surja una fórmula conciliadora que armonice ambos intereses, y facilite la realización del obje-tivo perseguido por una y otra parte, que es el pago de las cantidades que se adeudan al Tesoro Insular.

Deloe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra en su lugar desestimando la solicitud, sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.