author: La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez Juez Asociado Señor Estrella Martínez,

text:
    Zoraida Velázquez Ortiz, recurrida, v. Gobierno Municipal de Humacao, peticionario.

      Número: CC-2014-0242

      Resuelto: 17 de marzo de 2017

      Pedro E. Ortiz Álvarez, de Pedro Ortiz Álvarez, LLC, Jorge Martínez Luciano y Jesús Antonio Rodríguez Urbano, abo-gados de la parte peticionaria; Carlos Mondriguez Torres, de Mondriguez & Mondriguez, abogado de la parte recurrida.
   La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia que hoy atendemos nos permite determi-nar a partir de qué momento comienza a transcurrir el tér-mino prescriptivo para presentar una demanda de hostiga-miento sexual por ambiente hostil al amparo de la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo. Asimismo, nos permite contestar si un empleado transitorio que presenta una queja administrativa puede reclamar por represalias cuando el patrono posteriormente no renueva su contrato de trabajo.

Por las razones que exponemos a continuación, resolve-mos que en las reclamaciones de hostigamiento sexual por ambiente hostil, el término prescriptivo comienza a correr a partir de la fecha cuando ocurre el último acto de hosti-gamiento, siempre que no hayan circunstancias de coac-ción o intimidación que impidan el ejercicio de la acción. En cuanto a la segunda controversia, concluimos que la Ley de Represalias cobija, dentro de su definición de “em-pleado”, a los empleados transitorios. Veamos.

t-H

En abril de 2008, la Sra. Zoraida Velázquez Ortiz (recu-rrida) empezó a trabajar como enfermera con un contrato transitorio en el Asilo Simonet, adscrito al Municipio Autó-nomo de Humacao (Municipio). A partir del 21 de abril de 2009, luego de agotar su licencia por maternidad, la recu-rrida comenzó a ser objeto de un presunto patrón de hosti-gamiento sexual por parte de otra enfermera, la Sra. María Hernández Paulino. Según alegó, este patrón de hostiga-miento consistió en comentarios y conducta de índole sexual.

A pesar de haberle expresado que dicha conducta era in-deseada y pedirle que cesara, la señora Hernández Paulino continuó exhibiéndola. Por esta razón, la recurrida fue a hablar con su supervisora, la Sra. Antonia Morales Concep-ción, pero ésta no se encontraba en el momento. No obs-tante, le contó lo que sucedía a la secretaria de la señora Morales Concepción, quien le dijo que lo informaría a su supervisora. Esta última nunca contactó a la recurrida. En vista de que los actos de hostigamiento continuaron, el 23 de junio de 2009 la recurrida acudió a la oficina de la señora Morales Concepción, le indicó lo que estaba pasando y le solicitó que reuniera a la señora Hernández Paulino para resolver la situación.

La señora Morales Concepción le dijo que la reunión no podría llevarse a cabo, pues ella se iba de vacaciones. Ante la insistencia de la recurrida, le sugirió que hablara direc-tamente con la señora Hernández Paulino. Así, unas horas más tarde, la recurrida increpó a la señora Hernández Pau-lino, lo que desembocó en una confrontación física entre ambas. Al día siguiente la recurrida presentó una querella en la Policía y una queja en el Departamento de Recursos Humanos del Municipio, luego de lo cual la señora Hernán-dez Paulino y la recurrida fueron asignadas a turnos distintos.

El 30 de junio de 2009 expiró el contrato de la recurrida. El Municipio le renovó el contrato hasta el 15 de agosto de 2009 y, luego de eso, no lo volvió a renovar. En consecuen-cia, el 24 de junio de 2010 la recurrida presentó una de-manda por hostigamiento sexual y represalias en contra de la señora Hernández Paulino, la señora Morales Concep-ción y el Municipio. En cuanto a este último, alegó que sabía de los actos de hostigamiento sexual y que incumplió su deber de proveer un ambiente de trabajo seguro. Asi-mismo, sostuvo que la no renovación de su contrato fue en represalia por haber presentado la queja de hostigamiento sexual.

Tras varios incidentes procesales, el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia sumaria parcial a favor de la señora Hernández Paulino. Determinó que el plazo pres-criptivo de una reclamación de hostigamiento sexual es 1 año, por lo que la acción contra la señora Hernández Pau-lino estaba prescrita. Ello, pues según lo admitió la propia recurrida, luego del incidente del 23 de jimio de 2009 no hubo ningún otro acto de hostigamiento ni contacto alguno con la señora Hernández Paulino. Habiéndose presentado la demanda el 24 de junio de 2010, a 366 días desde la fecha cuando cesó todo contacto entre las partes, la reclamación estaba prescrita. Esta decisión advino final y firme.

Por este mismo fundamento, el Municipio solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor. Por otro lado, en lo referente a la causa de acción por represalias, alegó que no había controversia en cuanto a que la recurrida era una empleada transitoria sin derecho a permanencia en el puesto, por lo cual la no renovación de su contrato no cons-tituyó un despido. Asimismo, adujo que después del inci-dente del 23 de junio de 2009 le había extendido el contrato a la recurrida hasta el 15 de agosto de 2009, que la última evaluación reflejó un desempeño menos satisfactorio y que otras enfermeras con contratos transitorios también fueron cesanteadas.

La recurrida se opuso y argumentó que el término pres-criptivo de la reclamación de hostigamiento sexual no po-día calcularse desde el altercado del 23 de junio de 2009. Ello, pues aunque desde entonces no volvió a tener más contacto con la señora Hernández Paulino, continuó el am-biente hostil debido a que el Municipio no llevó a cabo ac-ciones afirmativas para evitar el hostigamiento. Por otra parte, en cuanto a la causa de acción por represalias, pre-sentó prueba documental para controvertir las alegaciones del Municipio. A pesar de ello, el Tribunal de Primera Ins-tancia declaró "con lugar” la moción de sentencia sumaria y desestimó la demanda en su totalidad.

En desacuerdo, la recurrida acudió al Tribunal de Apelaciones. Dicho foro revocó la sentencia al concluir que el foro primario erró al disponer sumariamente del caso, ya que varios de los hechos materiales estaban en controversia. En específico, concluyó que el ambiente hostil pudo haber continuado después que terminaron los actos de hostigamiento. En cuanto a la no renovación del contrato, resolvió que la prueba documental sometida por el Munici-pio era insuficiente para despejar las dudas sobre posibles represalias. Por lo tanto, procedía que el Tribunal de Pri-mera Instancia diera curso al trámite ordinario para aclarar estos asuntos.

Inconforme, el Municipio recurrió a este Tribunal y, en síntesis, alegó que el tribunal intermedio erró al determi-nar que la causa de acción de hostigamiento sexual no es-taba prescrita, así como al resolver que la recurrida había planteado una reclamación viable por represalias. Tras evaluar las controversias, decidimos expedir el recurso. Con el beneficio de los alegatos de ambas partes, procede-mos a resolver.

I — (

A. La sentencia sumaria

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal para disponer de ciertos casos sin necesidad de llegar a la etapa de juicio. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Al no haber controversia sustancial y real sobre hechos materiales, solo falta aplicar el derecho pertinente a la controversia. Cuando se habla de hechos materiales nos referimos a aquellos que pueden determinar el resul-tado de la reclamación, en conformidad con el derecho sus-tantivo aplicable. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis de Puerto Rico, 2010, pág. 276. Así pues, el pro-pósito de la sentencia sumaria es facilitar la pronta, justa y económica solución de los casos que no presenten contro-versias genuinas de hechos materiales. Luan Invest Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000).

La parte que solicita que se dicte sentencia suma-ria tiene que establecer su derecho con claridad y demostrar que los hechos materiales se encuentran incontrovertidos. Por otro lado, la parte que se opone tiene que contestar de forma específica y detallada para colocar al juzgador en po-sición de concluir que persisten dudas acerca de los hechos esenciales de la causa de acción. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213 y 215.

Al tomar una determinación, el tribunal debe analizar la prueba documental que acompaña la solicitud de sentencia sumaria, así como los documentos incluidos en la moción en oposición y aquellos que se encuentran en el expediente. Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007). Por eso, hemos dicho que no es acon-sejable utilizar el mecanismo de sentencia sumaria cuando existe controversia respecto a elementos subjetivos, de in-tención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor de credibilidad sea esencial y esté en disputa. No obs-tante, aun en tales casos hemos validado su uso cuando de la prueba documental surge claramente que no hay contro-versia sobre los hechos materiales. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.

B. La causa de acción por hostigamiento sexual

Con la aprobación de la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 (Ley Núm. 17-1988), 29 LPRA see. 155 et seq., se estableció como política pública la erradicación de todo vestigio de conducta constitutiva de hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., 156 DPR 651, 661 (2002). Esta ley im-puso al patrono privado y público el deber de mantener el centro de trabajo libre de hostigamiento sexual e intimidación. 29 LPRA sec. 155h. Para lograr su cometido, la Ley Núm. 17-1988 creó una causa de acción a favor del empleado que haya sido víctima de hostigamiento sexual, de forma que

[u]n patrono será responsable por los actos de hostigamiento sexual entre empleados en el lugar de trabajo si el patrono o sus agentes o sus supervisores sabían o debían estar entera-dos de dicha conducta, a menos que el patrono pruebe que tomó una acción inmediata y apropiada para corregir la situación. 29 LPRA sec. 155e.

Así, hemos reconocido dos modalidades de hosti-gamiento sexual: el hostigamiento quid pro quo y el hosti-gamiento sexual por ambiente hostil. Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 DPR 117 (1990). Sobre esta última modalidad, que es la pertinente a la controversia de autos, hemos dicho que

[...] envuelve conducta de naturaleza sexual por parte del hostigador la cual interfiere irrazonablemente con el desem-peño del empleado en su trabajo o es lo suficientemente severa y ofensiva como para crearle al empleado que es víctima de la misma, un ambiente de trabajo que resulte intimidante, hostil y ofensivo. S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., supra, pág. 662.

Al considerar la modalidad de hostigamiento sexual por ambiente hostil, debemos tener presente que ésta se compone de actos de naturaleza sexual que suceden den-tro de un periodo de tiempo y que crean un ambiente inti-midante y aprehensivo para la víctima. In re Robles Sana- bria, 151 DPR 483, 500 (2000). Esta modalidad se caracteriza por la multiplicidad de los actos de índole sexual, los cuales crean en conjunto un ambiente abusivo y hostil, puesto que cada acto aislado podría no ser lo suficien-temente severo como para dar lugar a una causa de acción. Id.; Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., supra, pág. 132.

Por otra parte, en cuanto a la reclamación por hostigamiento sexual, el Art. 14 de la Ley Núm. 17-1988 (29 LPRA sec. 155m) establece el término prescriptivo de 1 año para presentarla. Este artículo también dispone que “[e]l término prescriptivo en acciones por hostigamiento sexual en el empleo debe comenzar a decursar [sic] cuando se terminan las circunstancias que podrían entorpecer el ejer-cicio de la acción”. íd.

Anteriormente, al tratar de precisar cuándo comienza a transcurrir dicho término, algunos Jueces de este Tribunal compararon los daños causados por el hostigamiento sexual en la modalidad de ambiente hostil con los llamados “daños continuados”. Véase Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, 170 DPR 205, 219 (2007) (Sentencia) (Opinión de conformidad de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez). Los daños continuados son

[los] producidos por uno o más actos culposos o negligentes imputables al actor, coetáneos o no, que resultan en consecuen-cias lesivas ininterrumpidas, sostenidas, duraderas],] sin inte-rrupción, unidas entre sí, las cuales al ser conocidas hacen tam-bién que se conozca —por ser previsible— el carácter continuado e ininterrumpido de sus efectos, convirtiéndose en ese momento en un daño cierto compuesto por elementos de daño actual (aquel que ya ha acaecido), y de daño futuro previ-sible y por tanto cierto. (Énfasis suprimido). H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 1986, Vol. II, Cap. X, pág. 648. Véase Rivera Ruiz et al. v. Mun. de Ponce et al., 196 DPR 412 (2016).

Como se ve, los daños continuados presentan tres ras-gos distintivos: (1) uno o varios actos culposos o negligen-tes imputables al mismo actor, (2) los cuales ocasionan da-ños que se manifiestan ininterrumpidamente y (3) que, en conjunto, conforman un proceso perjudicial progresivo de carácter unitario. J.L. Lacruz Berdejo, Elementos de Dere-cho Civil II: derecho de obligaciones, 3ra ed., Barcelona, José María Bosch Editor, 1995, Vol. 2, pág. 518.

En vista de estas características, los daños continuados configuran una sola causa de acción que incluye todas las consecuencias lesivas ininterrumpidas ocasionadas por los actos culposos o negligentes. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 167 (2007). Así, la doctrina sos-tiene que no es hasta la producción del resultado definitivo o cuando se verifica el fin de la conducta ilícita, que co-mienza a correr el término prescriptivo para reclamar por estos daños. Véanse: I. Sierra Gil de la Cuesta, Comen-tario del Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2000, T. 9, pág. 554; F. Reglero Campos en: M. Albaladejo, Comenta-rios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1994, T. XXV, Vol. 2, pág. 458; Lacruz Berdejo, op. cit., pág. 518.

En ese contexto, recientemente en Rivera Ruiz et al. v. Mun. de Ponce et al., supra, aclaramos la confusión doctrinal que existía en nuestro ordenamiento legal con respecto al comienzo del término prescriptivo en un caso de daños continuados. A esos efectos, resolvimos que dicho tér-mino empieza a transcurrir "cuando se verifiquen los últi-mos actos u omisiones o se produzca el resultado definitivo, lo que sea posterior”. (Énfasis suprimido). íd., pág. 428.

Examinado lo anterior, concluimos que el hostiga-miento sexual por ambiente hostil constituye una modali-dad de daños continuados. Recordemos que el ambiente hostil se compone de varios actos aislados de índole sexual relacionados entre sí por una causa común, que configuran en conjunto un patrón de hostigamiento y producen los da-ños ininterrumpidos que dan lugar a la causa de acción una vez se verifica el último de los actos.

Así, por ejemplo, el profesor Irizarry Yunqué ha dicho que,

[e]n cuanto a la distinción entre daños continuos o continua-dos y daños sucesivos, a mi juicio, cuando se crea un ambiente hostil en el empleo mediante hostigamiento sexual que cons-tituye, a su vez, un patrón de conducta continua, se crea en el empleado o empleada la aprensión de que en cualquier mo-mento puede ser objeto de esa conducta ofensiva. Ello crea, a su vez, un daño continuo. No me parece que cada acto de hos-tigamiento deba considerarse como un acto aislado y que, por tanto, surja una causa de acción separada con cada acto de hostigamiento. El ambiente hostil se crea mediante la repeti-ción de los actos de hostigamiento. C.J. Irizarry Yunqué, Res-ponsabilidad civil extracontractual, 7ma ed., Colombia, Pana-mericana Formas e Impresos, 2009, pág. 505.

En forma similar, en el contexto de una causa de acción sobre daños y perjuicios por actos de violencia doméstica, este Tribunal determinó que

[...] los actos de maltrato físico, emocional y sicológico compo-nen un cuadro de daños que, unidos, van encadenándose para producir el efecto neto del maltrato y así, en dicha circunstan-cia, el último daño acaecido forma parte de ese ciclo de mal-trato y genera la causa de acción por éste y por los actos de maltrato anteriores componentes del referido patrón de violencia. En dichos casos, para determinar que la reclama-ción no está prescrita, el acto generador de la causa de acción tiene que haber ocurrido dentro del año que precedió la radi-cación de la demanda. (Énfasis suprimido). Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 192 (2002).

Tomando en cuenta lo anterior, resolvemos que el término prescriptivo de una acción de hostigamiento sexual por ambiente hostil comienza a transcurrir luego del último acto de hostigamiento, es decir, cuando cesa la con-ducta ilícita que creó el ambiente hostil y originó la reclamación Esto es así siempre y cuando no existan circunstancias constitutivas de coacción o intimidación que interfieran con el ejercicio de la causa de acción. En tales casos, el término no empieza a correr hasta que cesan dichas circunstancias y se tiene la oportunidad de ejercer la acción. 29 LPRA sec. 155m.

Además de ser congruente con el referido artículo de la Ley Núm. 17-1988, con nuestra jurisprudencia y con la doc-trina sobre los daños continuados, fijar el comienzo del tér-mino prescriptivo a partir del último acto de hostigamiento permite establecer un punto preciso para el inicio de dicho término, lo que evita que el hostigador pueda plantear a su favor la defensa de prescripción mientras perdura su con-ducta antijurídica Asimismo, se promueve la certeza al momento de determinar el comienzo del plazo prescriptivo y la estabilidad en las relaciones jurídicas.

C. La causa de acción por represalias

La Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991 (Ley Núm. 115-1991), 29 LPRA see. 194 et seq., se aprobó con el propósito de proteger a los trabajadores contra posi-bles represalias por parte de los patronos, motivadas por el ofrecimiento de algún testimonio o alguna información ante ciertos foros. Cordero Jiménez v. UPR, 188 DPR 129, 136 (2013). En específico, su Art. 2(a), según enmendado, dispuso que:

Ningún patrono podrá despedir, amenazar o discriminar contra un empleado con relación a los términos, condiciones, compensación, ubicación, beneficios o privilegios del empleo porque el empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o por escrito, cualquier testimonio, expresión o información ante un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico, así como el testimonio, expresión o información que ofrezca o intente ofrecer, en los procedimientos internos establecidos de la empresa, o ante cualquier empleado o representante en una posición de autoridad, cuando dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan divulgación de informa-ción privilegiada establecida por ley. 29 LPRA sec. 194a.

Para compeler a su cumplimiento, la Ley Núm. 115-1991 creó una causa de acción a favor de los empleados. Al considerar cuáles empleados están cobija-dos, debemos primero atender a la definición que la propia ley provee. El Art. 1 define “empleado” como “cualquier persona que preste servicios a cambio de salarios, o cual-quier tipo de remuneración, mediante contrato oral, es-crito, explícito o implícito”. 29 LPRA see. 194.

Tratándose de una definición amplia, que pudiera dar lugar a interpretaciones disímiles, conviene acudir al his-torial legislativo y escudriñar la intención del legislador. Al hacerlo, encontramos que el Informe de las Comisiones de lo Jurídico y de Trabajo y Asuntos del Veterano y Recur-sos Humanos del Senado —Comisiones a cargo del estudio de la medida— aclaró categóricamente que la ley protege a toda clase de empleado, con independencia de su clasificación. Cordero Jiménez v. UPR, supra, pág. 143; Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra, pág. 164. El Informe expresa que:

El Proyecto va dirigido a proteger a cualquier empleado sin distinción de puesto o empresa de manera que el mismo será de aplicación contra todo tipo de patrono. La medida logra este propósito ampliando las definiciones de “empleado”, “patrono” y “persona”. El Proyecto propuesto defiende intereses de polí-tica pública importantes como la protección de los derechos de los trabajadores y la facultad investigativa de la Rama Legislativa. Informe de las Comisiones de lo Jurídico y de Tra-bajo y Asuntos del Veterano, y Recursos Humanos sobre el P. del S. 987, lima Asamblea Legislativa, 5ta Sesión Ordinaria, 22 de jimio de 1991, pág. 5.

Asimismo, el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en un memorando presentado ante la Comisión de lo Jurídico, indicó que:

Bajo el esquema remedial del P. del S. 987 se ofrecerá una protección mucho más amplia que bajo la Ley Núm. 80. Nótese que, entre otras cosas, el proyecto protegerá a todo tipo de empleado (y no sólo a aquellos contratados sin tiempo determi-nado)-, brindará protección contra actos de despido, amenaza o discrimen; y protegerá al empleado aunque la información que ofrezca o intente ofrecer no esté relacionada con el negocio de su patrono. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido). Memorando de la Oficina del Secretario del Departa-mento del Trabajo y Recursos Humanos sobre el P. del S. 987, 18 de marzo de 1991, págs. 2-3.

Por otra parte, en cuanto al esquema probatorio, la propia Ley Núm. 115-1991, en su Art. 2(c), dispuso las dos vías que tienen los empleados para establecer una causa de acción por represalias. En la primera, el em-pleado debe valerse de evidencia directa o circunstancial para probar una violación de la ley. En la segunda, el em-pleado puede establecer un caso prima facie de represalias demostrando que participó en una actividad protegida y que fue subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado. 29 LPRA sec. 194a(c). Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 445-446 (2012); Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 393 (2011).

Con respecto al primer requisito, este Tribunal ha dicho que cuando un empleado municipal ofrece testimonio o in-formación ante un foro administrativo municipal, éste par-ticipa de una actividad protegida. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra, págs. 164-165. El segundo re-quisito requiere que se demuestre que el patrono tomó una acción adversa y que existe un nexo causal entre dicha acción y el ejercicio de la actividad protegida. Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 DPR 499, 511 (1997).

Esta relación de causalidad puede establecerse me-diante un criterio de proximidad temporal. Esto es, se puede configurar un caso prima facie de represalias esta-bleciendo que la acción adversa ocurrió al “poco tiempo” del empleado haber participado en la actividad protegida. Rivera Menéndez v. Action Service, supra, pág. 446. No obs-tante, en aquellos casos en que la proximidad temporal no sea el factor más adecuado para establecer una relación de causalidad, el empleado puede recurrir a cualquier otra evidencia que obre en el expediente y que tienda a demos-trar la existencia de un nexo causal. Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 400.

III

En este caso las partes no disputan que el último acto de hostigamiento sexual ocurrió antes del 23 de junio de 2009. Asimismo, es un hecho incontrovertido que la recurrida presentó su demanda el 24 de junio de 2010, es decir, 366 días después de la fecha cuando cesó todo contacto entre la señora Hernández Paulino y la recurrida No obstante, ésta alega que su reclamación por hostigamiento sexual no está prescrita porque el Municipio no llevó a cabo acto afir-mativo alguno para evitar el hostigamiento. Por lo tanto, sostiene que, al estar aprensiva a que se repitieran otros actos de hostigamiento, el término prescriptivo para instar la reclamación al amparo de la Ley Núm. 17-1988 no em-pezó a transcurrir sino hasta el 15 de agosto de 2009, cuando su contrato transitorio no fue renovado.

Sin embargo, este argumento es contrario a lo que esta-blece la propia Ley Núm. 17-1988. Esta ley establece cla-ramente en su Art. 3 que el hostigamiento sexual por am-biente hostil consiste de “cualquier [...] conducta verbal o física de naturaleza sexual [...] [c]uando esa conducta tiene el efecto o propósito de interferir de manera irrazonable con el desempeño del trabajo de esa persona o cuando crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo”. (Énfasis suplido). 29 LPRA sec. 155b. Es decir, siendo este patrón de conducta lo que crea el ambiente hostil y genera la causa de acción, es el último acto de hostigamiento lo que hace que comience el término prescriptivo para instar la reclamación. La inacción del patrono para corregir la situación se tomará en cuenta a la hora de establecer su responsabilidad y los daños por los que deberá responder. Sin embargo, ello no suspende el inicio del término pres-criptivo, siempre y cuando la víctima no esté sujeta a cir-cunstancias de coacción o intimidación que interfieran con el libre ejercicio de la acción.

En este caso la recurrida no adujo en ningún momento la existencia de este tipo de circunstancias; tampoco sur-gen de la extensa evidencia documental que obra en autos. Por el contrario, consta en la prueba documental que des-pués del incidente del 23 de junio de 2009 la recurrida y la señora Hernández Paulino fueron separadas en turnos de trabajo distintos y no hubo más contacto o comunicación entre éstas. Por eso, habiendo ocurrido el último acto de hostigamiento sexual antes del 23 de junio de 2009, la causa de acción de la recurrida está prescrita.

Por su parte, el Municipio alega que la recurrida no tiene una reclamación viable de represalias pues, al ser una empleada transitoria, no fue despedida. Asimismo, ar-guye que como ésta no tenía expectativa de permanencia en el empleo, la no renovación del contrato no constituyó una acción adversa. La consecuencia de este argumento sería que los empleados transitorios, por la naturaleza de su puesto, no tendrían derecho a reclamar represalias bajo la Ley Núm. 115-1991. Luego de examinar el historial le-gislativo de la Ley Núm. 115-1991 y la política pública que la inspiró, no albergamos duda de que la contención del Municipio es errada.

Como vimos, la Ley Núm. 115-1991 define “em-pleado”, en términos amplios, como cualquier persona que presta servicios a cambio de salarios o de cualquier tipo de remuneración, mediante contrato escrito o verbal. 29 LPRA see. 194. Asimismo, el historial legislativo es claro al establecer que la ley va dirigida a proteger a “cualquier empleado sin distinción de puesto”, y a “todo tipo de em-pleado (y no sólo a aquellos contratados sin tiempo deter-minado) [...] ”. Ello, pues los intereses de política pública que la ley busca adelantar son de la más alta jerarquía: la protección de los derechos de los trabajadores. La inten-ción del legislador fue que la Ley Núm. 115-1991 cobijara a los empleados transitorios, de manera que éstos puedan participar en actividades protegidas sin temor a que su contrato no sea renovado.

Resuelto lo anterior, queda claro que la no renovación de un contrato transitorio podría ser una acción adversa que active un caso prima facie de represalias si el demandante logra establecer un nexo causal entre su participación en una actividad protegida y la subsiguiente acción adversa. En cuanto a esto, el Tribunal de Primera Instancia, a pesar de haber determinado que la recurrida no fue despedida —y que, por lo tanto, no estableció el elemento de haber sufrido una acción adversa — , concluyó que de todos modos no existía un nexo causal. Al resolver así, declaró incontro-vertidos varios hechos.

En particular, el foro primario determinó que, luego del incidente del 23 de junio de 2009 y de que la recurrida presentara la queja, el Municipio renovó su contrato hasta el 15 de agosto de 2009, lo cual evidencia la falta de proxi-midad temporal entre ambos sucesos. De igual forma, de-claró como un hecho incontrovertido que a otras enferme-ras contratadas al mismo tiempo tampoco se les renovó el contrato, hechos de los que dedujo la ausencia de un ánimo discriminatorio. En consecuencia, dictó sentencia sumaria y desestimó la demanda.

Sin embargo, el hecho de que a la recurrida se le reno-vara el contrato luego de haber presentado la queja no basta, sin ulterior consideración, para concluir que no existe un nexo causal. Debe tomarse en cuenta que esa renovación fue por un mes y medio, mientras que las ante-riores habían sido por periodos de seis meses. También es pertinente considerar que entre la fecha cuando la recu-rrida se quejó en el Departamento de Recursos Humanos y la fecha cuando fue cesanteada, transcurrió poco menos de dos meses. Estas consideraciones no son concluyentes en cuanto a determinar si hay o no un nexo causal. Sin embargo, tampoco debieron descartarse sin más, como hizo el Tribunal de Primera Instancia.

Asimismo, la recurrida pudo establecer que varios de los hechos en los cuales se basó el foro primario para dictar sentencia sumaria están en controversia. Así, por ejemplo, en su oposición a la moción de sentencia sumaria presentó prueba documental de la cual surge que, contrario a lo aducido por el Municipio, a la mayoría de las enfermeras contratadas contemporáneamente con ella se les extendió el contrato con posterioridad al 15 de agosto de 2009. Por su parte, el Municipio alegó que en la última evaluación que se le realizó a la recurrida, ésta obtuvo una peor cali-ficación en comparación con evaluaciones previas, lo cual justificaba que no se le renovara el contrato. Sin embargo, de esta misma evaluación surge que ante la pregunta de si emplearía nuevamente a la recurrida, el evaluador con-testó que sí.

Por estas razones, el Tribunal de Primera Instancia erró al dictar sentencia sumaria y desestimar la reclamación por represalias. Ante hechos en controversia que pudieran ser relevantes para establecer un nexo causal, el foro pri-mario debió dar curso al trámite ordinario y permitir que se presentara la prueba que fuera pertinente, en conformi-dad con el esquema probatorio de la Ley Núm, 115-1991. En vista de que esto no sucedió, procede devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que se dilucide lo re-lacionado con la causa de acción por represalias.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se revoca aquella parte de la sentencia del Tribunal de Apelaciones que resol- vió que la reclamación de hostigamiento sexual por am-biente hostil al amparo de la Ley Núm. 17-1988 no está prescrita. En lo referente a la causa de acción por represa-lias al amparo de la Ley Núm. 115-1991, se confirma la sentencia recurrida y se envía el caso al Tribunal de Pri-mera Instancia para que sigan los procedimientos.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco hizo constar la siguiente expresión, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Estrella Martínez:

Considero que la Mayoría de este Tribunal diluye el propó-sito de la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 (29 LPRA see. 155 et seq.), así como su jurisprudencia interpretativa, al limi-tar la existencia de “un ambiente de trabajo intimidante, hos-til u ofensivo” a un último acto de naturaleza sexual para pro-pósitos de prescripción. Esto, pues no toma en consideración las circunstancias que pueden permear en el ambiente de tra-bajo para un empleado tras ese último contacto verbal o físico con el hostigador, especialmente cuando la acción tomada por el patrono para corregir la situación de hostigamiento sexual entre empleados en el lugar de trabajo no necesariamente ha sido inmediata y apropiada como exige la legislación. 29 LPRA sec. 155e.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió mía Opinión de conformidad y disidente en parte, a la cual se une la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco.

Opinión de conformidad y disidente en parte emitida por el

Juez Asociado Señor Estrella Martínez,

a la cual se une la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco.

Por considerar que hoy este Tribunal diluye el propósito de la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo al limitar la existencia de “un ambiente hostil u ofensivo” a un último acto de naturaleza sexual para fines de prescripción, res-petuosamente disiento.

Por otra parte, estoy conforme con la determinación de la Mayoría de este Tribunal en cuanto a que un empleado transitorio está protegido por la Ley Núm. 115-1991, cono-cida como Ley de Represalias, 29 LPRA see. 194 et seq. Ahora bien, según adelantado, considero que el hostiga-miento sexual por ambiente hostil de trabajo es una moda-lidad de daños continuados, porque éstos constituyen va-rios actos aislados de índole sexual, los cuales crean en conjunto un ambiente abusivo y hostil. Por lo tanto, el tér-mino prescriptivo de un (1) año para instar una demanda por hostigamiento sexual comienza a transcurrir cuando se terminan las circunstancias que podrían entorpecer la eje-cución de la acción, siempre y cuando no existan situacio-nes de coacción o intimidación que impidan el ejercicio de tal causa de acción, en cuyo caso, el término prescriptivo comienza a transcurrir cuando cesan estas condiciones y se tiene la oportunidad de ejercer la acción. Véase 29 LPRA sec. 155m.

Precisamente, por esas realidades, opino que en el caso ante nuestra consideración, la causa de acción por hostiga-miento sexual en la modalidad de ambiente hostil no está prescrita.

I

Las incidencias en el caso están correctamente consig-nadas en la Opinión Mayoritaria de este Tribunal. En con-secuencia, me limito a resaltar algunos sucesos relevantes.

Los hechos se originan cuando la Sra. Zoraida Veláz-quez Ortiz (señora Velázquez Ortiz) regresó a laborar, luego de una licencia de maternidad, como enfermera por contrato transitorio en el Asilo Simonet del Municipio Au-tónomo de Humacao (Municipio). Ésta sostiene que fue ob-jeto de un patrón de hostigamiento sexual por parte de una compañera de trabajo, la Sra. María Hernández Paulino (señora Hernández Paulino). Alega que le requirió a la se-ñora Hernández Paulino que cesara la conducta hostiga-dora y, al no tener éxito, acudió a su supervisora. Sin embargo, esta última nunca contactó a las empleadas. Finalmente, el 23 de junio de 2009, la señora Velázquez Ortiz y la señora Hernández Paulino tuvieron un altercado físico y verbal por las alegadas actuaciones hostigadoras. Al día siguiente, la señora Velázquez Ortiz presentó una querella ante la Policía y una queja ante el Departamento de Recursos Humanos del Municipio. Aunque la semana siguiente se le renovó el contrato —el cual expiró el 30 de junio de 2009 — , subsiguientemente no se le renovó, por lo que el 15 de agosto de 2009 cesó en sus funciones.

Así las cosas, el 24 de junio de 2010 la señora Velázquez Ortiz entabló una demanda por hostigamiento sexual y re-presalias contra el Municipio, la señora Hernández Pau-lino y otros. En lo que nos concierne, el Municipio solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor. Para ello, ar-gumentó que la acción estaba prescrita y que no procedía un reclamo por represalias, ya que la señora Velázquez Ortiz era una empleada transitoria.

Por su parte, y en cuanto a la acción por hostigamiento sexual, la señora Velázquez Ortiz se opuso e indicó que la acción no estaba prescrita. Sostuvo que el punto de partida para computar el término prescriptivo comenzó con su des-pido el 15 de agosto de 2009. Específicamente, señaló que “[n]o se puede concluir que el patrón de hostigamiento cesó con el día de los hechos de agresión entre la demandante y codemandada Hernández Paulino, es decir[,] el 23 de junio de 2009”. Argumentó que el hostigamiento sexual en su modalidad de ambiente hostil “no se experimenta sólo con la cercanía física al hostigador y/o solamente en la incomodi-dad próxima de su entorno laboral”, pues “[m]ientras per-dure la relación laboral, subsisten los efectos del hostiga-miento en su estado anímico y emocional y la ansiedad producto del ambiente intimidante y hostil del lugar de tra-bajo al cual debe día a día regresar”, por lo que “el hecho de que la hostigadora no volviera a tener otro contacto físico con su víctima no finalizó de forma automática el ambiente hostil al cual estaba sujeta la demandante [...] ”. Así, la señora Velázquez Ortiz expuso que “[n]o se puede pasar por alto que la demandante vio sus condiciones de empleo afec-tadas de modo tan significativo e irrazonable que el tener que pensar en coincidir con su hostigadora aunque fuera sólo en los cambios de turno o sólo ver el vehículo de Her-nández en el estacionamiento de empleados, la ponía a tem-blar y a llorar” e indicó que “su estado anímico [...] perduró intacto hasta el último día que permaneció trabajando para el Municipio de Humacao, principalmente porque éste no tomó medida alguna para impedirlo o poner fin al mismo” Así, sostiene que el término prescriptivo comenzó con su despido. El Municipio no expuso ni controvirtió sobre este particular, sino que se limitó a reiterar que el último acto ocurrió antes del altercado entre las dos empleadas.

Sopesadas las posturas de las partes, el Tribunal de Pri-mera Instancia procedió a desestimar la demanda en su totalidad. Al así proceder, avaló la postura del Municipio en cuanto a que no procedía una reclamación por represa-lias, dado que la señora Velázquez Ortiz era una empleada transitoria y que la causa de acción por hostigamiento sexual estaba prescrita, debido a que el último acto ocurrió el 23 de junio de 2009.

En desacuerdo, la señora Velázquez Ortiz acudió al Tribunal de Apelaciones, el cual revocó el dictamen del foro primario por entender que varios de los hechos esenciales estaban en controversia.

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La Mayoría de este Tribunal acertadamente expone la norma jurídica que debe imperar, en tomo a que la Ley Núm. 115-1991 aplica a cualquier tipo de empleado. No obstante, aunque reconoce el deber de los patronos de man-tener un centro de trabajo libre de hostigamiento sexual e intimidación, premia la falta de acción inmediata y apro-piada que se le exige a éstos para corregir la situación, al concluir que la acción presentada contra el Municipio está prescrita. Véase 29 LPRA secs. 155e, 155h. El patrono está obligado a tomar aquellas medidas necesarias para preve-nir, prohibir y erradicar el hostigamiento sexual en el empleo. Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 643, 652 (1994). Es decir, hoy la Mayoría de este Tribunal avala la falta de medidas del patrono con relación a su empleada tras una conducta de hostigamiento sexual en su modalidad de ambiente hostil. A mi juicio, este proceder ignora los efectos de este tipo de hostigamiento que reper-cute e interfiere irrazonablemente en el desempeño de un empleado en su trabajo, creando un ambiente intimidante, hostil y ofensivo. Véase S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., 156 DPR 651, 662 (2002). Tan es así, que puede amilanar al empleado a permanecer o a acudir a sus labo-res y entorpecer sus funciones y progreso en el empleo.

En el caso de hostigamiento sexual por ambiente hostil, hemos sido enfáticos al establecer que este tipo de hostiga-miento se produce cuando la conducta sexual tiene el efecto de interferir irrazonablemente con el desempeño del empleado en su trabajo o crear en éste un ambiente inti-midante, hostil u ofensivo. Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 DPR 117, 131-132 (1990). Véanse, además: Rosa Maisonet v. ASEM, 192 DPR 368, 381 (2015); Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 472 (2007); S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., supra, pág. 662. Este tipo de conducta puede afectar el funcionamiento y la efectividad de la víctima en el empleo, desalentar al em-pleado a permanecer en éste y dificultarle el progreso en su carrera. Véanse: 29 LPRA sec. 155b(c); S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., supra; In re Robles Sanabria, 151 DPR 483, 492 (2000).

En este sentido, pesa en mí el que la señora Velázquez Ortiz expresó en su oposición a la solicitud de sentencia sumaria que el ambiente hostil no culminó con el hecho de no tener contacto con la otra empleada. Por el contrario, ésta particularizó que temblaba y lloraba con solo pensar que podía encontrarse con la señora Hernández Paulino en el cambio de tumo o con tan solo reconocer que estaba presente en el área de trabajo. De hecho, conforme a la de-posición de la señora Velázquez Ortiz, surge que este temor se materializó cuando coincidió con la señora Hernández Paulino un día de trabajo en el mismo turno; la señora Ve-lázquez Ortiz tuvo que irse del lugar de trabajo.

No puedo ignorar que la responsabilidad de mantener un ambiente de trabajo libre de hostigamiento sexual le corresponde al Municipio. Por lo tanto, es éste quien de-berá responder si incurre en una omisión e inacción hacia tal deber. Ciertamente, de las reclamaciones que obran en el expediente surge que mientras la señora Velázquez Ortiz continuó laborando, estuvo expuesta al patrón de con-ducta de hostigamiento sexual por ambiente hostil que in-formó a su patrono. Nada impedía la ocurrencia de los actos que dieron lugar a su reclamación. En una ocasión anterior, estas consideraciones dieron lugar a las expresio-nes emitidas por la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez en su Opinión de conformidad en Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, 170 DPR 205 (2007), donde resaltó que:

Una vez la recurrida no regresó a su trabajo, cesó de estar expuesta al acto que le producía, de acuerdo con su alegación, los daños por los que reclamaba. Es decir, al no estar en su empleo ella no estaba expuesta a un ambiente hostil. Siendo imposible entonces la ocurrencia de nuevos actos de natura-leza hostigante, el punto de partida para el cómputo de la prescripción es el día que cesó de acudir a su empleo, por ser ése el momento en que finalizó la alegada conducta prohibida. (Énfasis suplido). Id., pág. 220.

Asimismo, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta, en su Opinión disidente en Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, supra, destacó lo siguiente:

[E]l ambiente hostil no se experimenta sólo con la cercanía física al hostigador y en la incomodidad próxima del entorno laboral. Mientras perdure la relación laboral, la ausencia física de la perjudicada de su lugar de trabajo no suprime los efectos del hostigamiento en su estado anímico y emocional ni altera la ansiedad producto del ambiente intimidante y hostil del lugar de trabajo al cual debe regresar. El ambiente hostil creado por el patrón de conducta hostigante no está delimitado por un espa-cio físico determinado, sino que se encuentra también en un estado mental y emocional de humillación e intimidación que trasciende el lugar de trabajo. (Énfasis suplido). íd., pág. 232.

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En el caso de autos, es al Municipio a quien el estatuto le impone la obligación de evitar el alegado hostigamiento sexual, responsabilidad que estuvo vigente hasta el 15 de agosto de 2009, cuando el contrato de trabajo de la señora Velázquez Ortiz no fue renovado. A mi juicio, y conforme a las alegaciones no controvertidas, es a partir de esa fecha que comienza el periodo prescriptivo de la reclamación contra el Municipio, pues está cimentada en su deber como patrono.

En consecuencia, considero que la causa de acción contra el Municipio no está prescrita, lo que me impide respal-dar íntegramente el dictamen de la Mayoría de este Tribunal. En su lugar, confirmaría la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvería el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procesos atendiendo las reclamaciones por hostigamiento sexual en la modalidad de ambiente hostil y la de represalias insta-das contra el Municipio.

       Tiempo después, la recurrida desistió de su reclamación contra la señora Morales Concepción.

       Esta ley es conocida como Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo.

       El Art. 1 de la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 (Ley Núm. 17-1988) dispone:

        “Esta Asamblea Legislativa resuelve y declara como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que el hostigamiento sexual en el empleo es una forma de discrimen por razón de sexo y como tal constituye una práctica ilegal e indeseable que atenta contra el principio constitucional establecido de que la dignidad del ser humano es inviolable. Es la intención de esta Asamblea Legislativa prohibir el hos-tigamiento sexual en el empleo, imponer responsabilidades y fijar penalidades”. 29 LPRA see. 155.

       “El [Tribunal Supremo español] ha dicho que es consolidada doctrina juris-prudencial la que refiere el comienzo del cómputo de la prescripción en este tipo de casos cuando se trata de daños continuados [...] a aquel en que se produce el resul-tado definitivo”. L, Diez-Picazo y Ponce de León, La prescripción extintiva en el Có-digo Civil y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 2da ed., Pamplona, Ed. Thompson-Civitas, 2007, pág. 263. Véase, también, J. Puig Brutau, Caducidad, pres-cripción extintiva y usucapión, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1996, pág. 79.

       Véanse: Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, 170 DPR 205 (2007) (Sentencia); Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149 (2007); Nazario v. E.L.A., 159 DPR 799 (2003) (Sentencia); Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181 (2002); Sánchez et al. v. A.E.E., 142 DPR 880 (1997) (Sentencia); Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560 (1996); Seda v. Miranda Hnos. & Co., 88 DPR 355 (1963); Arcelay v. Sánchez, 77 DPR 824 (1955); Capella v. Carreras, 57 DPR 258 (1940). Véanse, además: J.J. Álvarez González, Responsabilidad civil extracontrac-tual, 77 Rev. Jur. UPR 603, 617-619 (2008); J.J. Álvarez González, Responsabilidad civil extracontractual, 72 Rev. Jur. UPR 615, 638-642 (2003).

       Por supuesto, la víctima tendrá derecho a reclamar una indemnización no solo por los daños que sufrió mientras perduró el hostigamiento sexual, sino también por los que haya sufrido después del último acto como consecuencia del hostigamiento.

       Por eso, por ejemplo, si la víctima no demanda dentro del año pero posterior-mente ocurre un nuevo acto que forma parte del mismo patrón de hostigamiento, ésta puede demandar dentro del año a partir de ese nuevo acto y reclamar una indemni-zación que incluya los daños causados por los actos anteriores de hostigamiento.

       Esta ley también es conocida como Ley contra el Despido Injusto o Represa-lias a Todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un Foro Legislativo, Administra-tivo o Judicial.

       La ley dispone un término prescriptivo de 3 años a partir de la acción ad-versa constitutiva de represalia.

       Ello, pues “[e]l medio más eficaz y universal para descubrir el verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones son dudosas, es considerar la razón y espíritu de ella, o la causa o motivos que indujeron al poder legislativo a dictarla”. 31 LPRA sec. 19.

       El resto del Art. 2(e), el cual completa el esquema probatorio, dispone que “[u]na vez establecido lo anterior, el patrono deberá alegar y fundamentar una razón legítima y no discriminatoria para el despido. De alegar y fundamentar el patrono dicha razón, el empleado deberá demostrar que la razón alegada por el patrono era un mero pretexto para el despido”. 29 LPRA sec. 194a(c).

       Aunque del expediente no surge claramente que el 23 de junio de 2009 haya sucedido un acto de naturaleza sexual propiamente —sino una confrontación físi-ca — , el Tribunal de Primera Instancia computó el comienzo del plazo prescriptivo a partir de esa fecha y ello no fue objeto de señalamiento u objeción por las partes. Sin embargo, lo anterior no hace diferencia alguna en cuanto al resultado, pues de haber ocurrido el último acto de hostigamiento sexual en una fecha anterior, de todos mo-dos la causa de acción está prescrita.

       Informe de las Comisiones de lo Jurídico y de Trabajo y Asuntos del Vete-rano y Recursos Humanos sobre el P. del S. 987, de 22 de junio de 1991, pág. 5.

       Memorando de la Oficina del Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos sobre el P. del S. 987, de 18 de marzo de 1991, pág. 2.

       Además, conviene recordar que, como hemos establecido, las leyes laborales “deben ser interpretadas liberalmente, resolviendo toda duda a favor del obrero, para así cumplir con sus propósitos eminentemente sociales y reparadores”. Cordero

        Jiménez v. UPR, supra, pág. 139. Véase Jiménez, Hernández v. General Inst., Inc., 170 DPR 14, 64 (2007).

       Conviene aclarar que lo resuelto en esta Opinión en torno a la aplicación de la Ley Núm. 115-1991 es solo con respecto a los empleados transitorios por ser ésta la categoría de empleados que tenemos antenuestra consideración.

       Oposición a solicitud de sentencia sumaria y solicitud se dicte sentencia sumaria parcial, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 282.

       Id.

       Id., pág. 283.

       Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 245-246.a

       Como mínimo, una Mayoría de este Tribunal no debió reducir el cómputo al cese del acto aislado de hostigamiento sexual, porque con ello ignora que el criterio rector es el cese del ambiente hostil que se creó con esa conducta, que no solo de-pende necesariamente de éste para fines de la responsabilidad del patrono.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Ricardo J. González Porrata-Doria, querellado.

      Número: AD-2014-6

      Resuelto; 17 de marzo de 2017

      Juan E. Taboas Santiago, abogado del querellado; Cristina Guerra Cáceres, directora, y Eric J. Salas López, asesor legal, de la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de los Tribunales; Carmen Ana Pesante Martínez, de la Unidad Especializada en Investigaciones de la Oficina de Administración de los Tribunales; Aída N. Molinary de la Cruz, presidenta de la Comisión de Disci-plina Judicial, en informe.
   per curiam:

Hoy evaluamos una querella presentada contra un Juez Superior por intervenir indebidamente con una potencial testigo durante la investigación de una queja ética. Procede evaluar también la conducta de ese juez al contactar personalmente a la abogada de su exesposa —es-tando pendientes ciertas controversias judiciales entre am-bos— con el propósito de indisponerla en su contra.

Por las razones que exponemos a continuación, resolve-mos que el juez incurrió en conducta antiética, violatoria de los Cánones 7, 13 y 23 de Ética Judicial, infra. En con-formidad con los principios y las normas que rigen la ética judicial en nuestro ordenamiento, así como la política ins-titucional contra cualquier conducta que pueda lacerar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, orde-namos su destitución inmediata.

HH

El juez Ricardo J. González Porrata-Doria juramentó como Juez Municipal en enero de 1996 y comenzó a ejercer el cargo en la ciudad de San Germán. Posteriormente se le extendió un nombramiento como Juez Superior y fue tras-ladado al Centro Judicial de Arecibo en el 2000. Para ese entonces, la Sra. Olga I. Miranda Maisonet comenzó a tra-bajar como su secretaria jurídica, puesto que siguió ocu-pando una vez el juez González Porrata-Doria fue reasig-nado al Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Ciales. En el 2006 el juez González Porrata-Doria regresó al Centro Judicial de Arecibo y, tiempo después, reclutó nuevamente a la señora Miranda Maisonet. Cabe añadir que entre el juez, su entonces esposa —la Sra. María del Mar Vázquez Martínez— y la señora Miranda Maisonet y su esposo llegó a entablarse una relación de amistad.

En el 2012, el juez González Porrata-Doria y la señora Vázquez Martínez se divorciaron, lo que generó varias con-troversias relacionadas con la división de los bienes adqui-ridos durante el matrimonio. Como consecuencia, la señora Vázquez Martínez presentó una demanda sobre cobro de dinero y daños y perjuicios contra el juez González Porrata-Doria. Debido a la álgida situación postdivorcio, el juez y su exesposa cesaron toda relación y se comunicaban a través de la señora Miranda Maisonet, quien transmitía a uno y a otro los mensajes relacionados con las incidencias del pleito. Esta situación produjo incomodidad a la señora Miranda Maisonet, por lo que habló con ambos y les pidió que dejaran de usarla como mensajera.

En junio de 2013, la señora Vázquez Martínez presentó una queja ética contra el juez González Porrata-Doria. En-tre otras alegaciones, sostuvo que el juez llamó a su abo-gada, la Leda. Lisdaira Serrano Martínez, y le indicó que su dienta estaba “loca” y que hablaba mal de ella. Además, le pidió que no le contara a la señora Vázquez Martínez acerca de la llamada y que lo mantuviera confidencial. Este inci-dente fue corroborado posteriormente por el juez González Porrata-Doria.

Una vez le notificaron la queja, el juez le comentó a la señora Miranda Maisonet que la señora Vázquez Martínez había presentado una querella infundada en su contra. Le dijo que si la citaban como testigo durante la investigación, tenía que decir que la señora Vázquez Martínez la hostigaba con llamadas constantes a la oficina. La señora Miranda Maisonet, incómoda con la solicitud, le indicó que no era cierto que la señora Vázquez Miranda la hostigara. En particular, testificó ante la Comisión de Disciplina Judicial lo siguiente:

“P ¿Algo más que el juez le haya dicho en ese instante?
R Este, entonces pues ... Y a ti te van a llamar, y a ti te van a llamar.’Y yo dije, ‘juez’, ahí yo me puse ansiosa. Porque yo dije: ‘Juez, a mí no [...] me involucren en sus asuntos personales, yo se los vengo diciendo.’ Y entonces él viene y me dice: ‘Eso es Mary, ahí, que te metió ella. Y tú vas a tener que decir que ella te llama, que ella te hostiga, que ella te acosa.’ Y yo le dije: Yo no voy a decir eso porque eso no es lo que está sucediendo. Yo les dije a ambos que no quería que me utilizaran.’Y entonces él me dice, ‘no, pero tú tienes que decir ... [’] volvió y me lo repitió. ‘Tú tienes que decir que te llama, que te hostiga, que te acosa, este que a mí me llama,’ que para insultarlo. Informe de la Comi-sión, pág. 8,

Luego de ese incidente, la señora Miranda Maisonet sa-lió de la oficina y dialogó con el Sr. Luis A. Espinosa Millet, alguacil supervisor del Área de Menores en ese momento. Le comentó que el juez quería que ella dijera algo que no era cierto con respecto a una situación entre él y su esposa. En respuesta, el alguacil Espinosa Millet le sugirió que se lo informara al Juez Administrador y la señora Miranda Maisonet le expresó que lo había pensado, pero que no que-ría hacerle daño al juez.

Posteriormente, la señora Miranda Maisonet regresó a la oficina y le dio conocimiento de lo sucedido al Sr. Israel Serrano Rodríguez, alguacil auxiliar asignado a la sala del juez González Porrata-Doria para el momento de los hechos. Según el señor Serrano Rodríguez, la señora Miranda Maisonet le manifestó que el juez la estaba hosti-gando y presionando para que le sirviera de testigo en un caso. Éste la notó “ansiosa, preocupada y nerviosa” mien-tras le relataba lo sucedido.

Esa misma tarde, una vez el juez González Porrata-Doria salió de sala, insistió nuevamente y la señora Miranda Maisonet le indicó que no quería hablar del asunto. Al día siguiente la señora Miranda Maisonet no se pre-sentó a trabajar, pues estaba muy ansiosa. Cuando se re-incorporó al próximo día, el juez la buscó de nuevo, se sentó frente a su escritorio y le repitió lo que debía declarar. Se-ñaló lo siguiente:

“R [...] el miércoles cuando yo voy a trabajar él vuelve y llega con la misma actitud de que yo tenía que decir eso. Entonces él insiste en que ... él me insistía de que, ‘pero es que tú me has dicho a mí que tú no querías que María del Mar te llamara’. Y yo, una cosa es que no quiero que me utilicen, [y] otra es que ella me esté hostigando, acosando y molestando, esa no es la realidad.
P ¿Qué le dijo?
R Yo tengo que, que ... yo tengo que decir que ... que yo le había dicho a él, que yo le decía que Mary me hostigaba, me acosaba, que me molestaba, [y] yo le dije que en ningún momento yo le había dicho eso a él. Tero tú no quieres que ella ... pero tú me dijiste a mí que tú no quieres que ella te llame.’ Y yo le dije, ‘no, pero una cosa es eso a que me hostigue. Y no es que no me llame, es que no me utilicen para estar de mandado’ ”. Informe de la Comisión, pág. 10.

Sintiéndose disgustada por lo que estaba pasando, la se-ñora Miranda Maisonet fue a ver al Juez Administrador del Centro Judicial de Arecibo, Hon. Nelson J. Canabal Pérez. Le indicó que se sentía hostigada por el juez González Po-rrata-Doria, pues “le estaba requiriendo insistentemente que, si era entrevistada al respecto, ofreciera unas versiones de los incidentes que no eran ciertas”. Informe de la Comi-sión, pág. 4. Después de escucharla, el Juez Administrador, como medida cautelar, la reubicó en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Manatí. Además, refirió el asunto a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT).

La OAT realizó la investigación de rigor y evaluó tanto la queja de la señora Vázquez Martínez como el referido del juez administrador Canabal Pérez, luego de lo cual sometió un Informe recomendándole a la Comisión de Disciplina Judicial (Comisión) la presentación de una querella. Así, en conformidad con nuestro esquema procesal disciplinario, un Comisionado evaluó el Informe y determinó la existencia de causa probable para creer que el juez González Porrata-Doria infringió los Cánones 7, 13 y 23 de Ética Judicial, 4 LPRAAp. IV-B.

En vista de lo anterior, la OAT presentó una querella y formuló los cargos siguientes: (1) violación al Canon 7 de Ética Judicial, supra, por intervenir indebidamente con la señora Miranda Maisonet, en su carácter de testigo poten-cial en el proceso disciplinario en su contra; (2) violación al Canon 13 de Ética Judicial, supra, por no actuar con la debida circunspección, consideración y respeto hacia la se-ñora Miranda Maisonet, insistiendo contumazmente en lo que debía decir en la investigación a pesar de que ésta se negaba a declarar lo solicitado, y (3) violación al Canon 23 de Ética Judicial, supra, por contactar, pendiente un pleito en su contra, a la abogada de su exesposa e informarle, “a modo de ‘cortesía’, que su dienta ‘estaba loca’, que recibía ayuda psiquiátrica, y que hablaba mal de ella”. Informe de la Comisión, págs. 2-3.

Después de celebrar la vista en su fondo, la Comisión rindió un informe final y concluyó que el juez González Porrata-Doria cometió las faltas éticas imputadas, por lo que recomendó como sanción una censura enérgica. So-metido el caso ante nuestra consideración, resolvemos.

I — I HH

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico confiere autoridad a este Tribunal para condu-cir los procesos disciplinarios contra las juezas y los jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones. Art. V, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Para llevar a cabo esta función, aprobamos los Cánones de Etica Judicial de Puerto Rico, que contienen las normas mínimas de conducta que deben seguir los miembros de la Judicatura para proteger la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. In re Sierra Enriquez, 185 DPR 830, 850 (2012). Véase, también, R.L. Vigo, Ética y responsabi-lidad judicial, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, pág. 31.

Surge de su Preámbulo que las normas conteni-das en los Cánones de Ética Judicial aplican tanto al des-empeño de las funciones judiciales como a la conducta extrajudicial o privada de las juezas y los jueces. In re Berrios Jiménez, 180 DPR 474 (2010); A.S. Andruet et al., Ética judicial: visión latinoamericana, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación: Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, 2012, pág. 208. Por eso, al juramentar al cargo, las juezas y los jueces aceptan ciertas restricciones que, “si bien no les privan de los derechos que poseen como miembros de nuestra sociedad, representan sacrificios en su vida pública y privada [...] ”. (Énfasis suprimido). In re Hernández Torres, 167 DPR 823, 839-840 (2006). Este es-tándar de conducta más alto se impone como condición para asegurar el respeto, el honor y la legitimidad de su ministerio. In re Claverol Siaca, 175 DPR 177, 188 (2009). Ello, pues son las juezas y los jueces los encargados, en última instancia, de dictaminar qué derechos o deberes co-bijan u obligan a la ciudadanía.

En lo pertinente, el Canon 7 de Ética Judicial, supra, advierte cuál es el comportamiento esperado de las juezas y los jueces en los procesos disciplinarios. In re Cla-verol Siaca, supra, pág. 191. Así, dispone que éstas y éstos cooperarán con el proceso y no intervendrán indebidamente con los testigos, la prueba documental o cualquier otro as-pecto del procedimiento. El propósito es proteger la integri-dad del trámite disciplinario, por lo que se prohíbe tajante-mente incitar a un testigo a alterar su testimonio o promover un testimonio falso. In re Claverol Siaca, supra, pág. 191; In re Vargas Soto, 146 DPR 55 (1998).

Por su parte, el Canon 13 de Ética Judicial, supra, preceptúa el deber de tratar con respeto y cordialidad a todas las empleadas y los empleados, al funcionariado de la Rama Judicial y a todas las personas que comparecen a las salas de justicia. In re Claverol Siaca, supra, pág. 189. Este deber es consustancial con el respeto a la dignidad del ser humano y aplica tanto en el ejercicio de las funciones judiciales como en el contexto de la vida privada. En particular, el Canon 13 expresa, en lo pertinente, que

[l]as juezas y los jueces tratarán con consideración y respeto a los abogados y las abogadas.
También tratarán con consideración y respeto a testigos, ju-rados, funcionarías o funcionarios del tribunal y a toda persona que comparezca ante el tribunal.

Finalmente, el Canon 23 de Ética Judicial, supra, establece una norma general de conducta que debe guiar el comportamiento de las juezas y los jueces cuando están fuera del estrado:

Las juezas y los jueces se comportarán públicamente de ma-nera que sus actuaciones no provoquen dudas sobre su capa-cidad para adjudicar imparcialmente las controversias judiciales!,] no deshonren el cargo judicial y no interfieran con el cabal desempeño de sus funciones judiciales.

Este canon exige de las y los miembros de la Judicatura la más estricta adhesión a los principios éticos en el ma-nejo de sus asuntos personales y extrajudiciales, de forma que enaltezcan la integridad de su cargo y garanticen la independencia judicial y la imparcialidad de la función adjudicativa. In re Aprobación Cánones Ética 2005, 164 DPR 403, 408 (2005); S. Steidel Figueroa, La regulación de las actividades extrajudiciales de los jueces en Puerto Rico y en Estados Unidos, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dirección General de la Coordinación de Compi-lación y Sistematización de Tesis, 2007, págs. 22-23. A tono con lo anterior, conviene resaltar que la conducta privada que esté reñida con los principios éticos tiene el potencial de menoscabar significativamente la administración de la justicia y la confianza necesaria para sostener los pilares democráticos de nuestra sociedad. In re Acevedo Hernández, 194 DPR 344, 360 (2015); In re Cancio González, 190 DPR 290, 297 (2014).

I — I H-i hH

Para resolver esta querella, consideraremos en conjunto los dos primeros cargos que se le imputan al juez González Porrata-Doria. Esto es, intervenir con el testimonio poten-cial de su secretaria, la señora Miranda Maisonet, en un procedimiento ético en su contra y no tratarla con la con-sideración o el respeto adecuados.

Como vimos, la relación laboral entre el juez González Porrata-Doria y la señora Miranda Maisonet comenzó en el año 2000. Producto de dicha relación se creó una amistad entre el juez y su exesposa con la señora Miranda Maisonet y su esposo. Esa amistad propició que, luego de que el juez y la señora Vázquez Martínez se divorciaran, éstos utiliza-ran a la señora Miranda Maisonet como mensajera en el proceso postdivorcio. Esta situación le provocó incomodi-dad y preocupación a la señora Miranda Maisonet, quien así se lo dejó saber al juez y a su exesposa.

Sin embargo, tras ser notificado de que su exesposa le había presentado una queja ética, el juez González Porra-ta-Doria acudió inmediatamente a la señora Miranda Mai-sonet para indicarle cómo tenía que testificar. Específica-mente, le dijo que declarara que la señora Vázquez Martínez la hostigaba y la acosaba. Aun cuando la señora Miranda Maisonet le aclaró que eso no era cierto y le pidió que no la involucrara en sus asuntos personales, el quere-llado insistió. Esto provocó que la señora Miranda Maiso-net acudiera al Juez Administrador en busca de ayuda. .

Esta conducta viola el Canon 7 de Etica Judicial, supra, el cual proscribe expresamente que las juezas y los jueces intervengan de forma indebida con los testigos en un pro-ceso disciplinario. Al respecto, el juez González Porrata-Doria adujo que su intención no fue intervenir con el testi-monio ni forzar a que la señora Miranda Maisonet mintiera. Por el contrario, sostuvo que él estaba bajo la impresión de que su secretaria se sentía hostigada por las llamadas de su exesposa y que así lo había manifestado cuando pidió que no la utilizaran como mensajera.

Sin embargo, su apreciación de lo sucedido no justifica que, luego de que la señora Miranda Maisonet le aclarara la situación, el juez González Porrata-Doria insistiera, de forma obstinada, en que ella declarara de forma contraria a lo que le había manifestado. Cabe destacar que la señora Miranda Maisonet le dejé saber al juez González Porrata-Doria, sin ambages, su posición de no declarar algo que consideraba falso. Así, aun presumiendo que inicialmente el juez estuviera bajo la impresión de que su solicitud era legítima, una vez la señora Miranda Maisonet le manifestó que no podía decir lo que el juez le indicaba por ser falso, debió desistir y no hablar más del asunto.

Por lo tanto, al insistir que declarara de una forma dis-tinta a como ella se sentía, el juez González Porrata-Doria intervino indebidamente con una potencial testigo en un proceso disciplinario, usando su autoridad como juez y como supervisor directo de la señora Miranda Maisonet para influenciar su testimonio. Esta actuación lacera la in-tegridad de los procesos disciplinarios y choca frontal-mente con el mandato que impone el Canon 7 de Ética Judicial, supra, a las y los miembros de la Judicatura, a saber, cooperar con esos procesos y no intervenir indebida-mente con los testigos.

Asimismo, esta conducta infringió el Canon 13 de Ética Judicial, supra, que requiere que las juezas y los jueces observen un trato respetuoso y considerado en todo momento. Al presionar a la señora Miranda Maisonet para que mintiera para su beneficio, el querellado promovió un ambiente de trabajo hostil que la afectó emocionalmente y que provocó que fuera trasladada a otro tribunal y luego ingresada en el Hospital Panamericano. La relación de amistad que había es irrelevante en este contexto. La se-ñora Miranda Maisonet era una empleada de la Rama Judicial a quien el juez González Porrata-Doria debió tratar con respeto y consideración. En lugar de incomodarla y presionarla, su deber, como supervisor y como juez, era procurar un ambiente sano de trabajo que no afectara las funciones judiciales y administrativas que ambos debían prestar.

El último cargo que se le imputó fue infringir el Canon 23 de Ética Judicial, supra, al contactar personalmente a la abogada de su exesposa estando pendiente un caso entre ambos. Aunque el juez reconoció que fue una impruden-cia llamar a la licenciada Serrano Martínez para decirle "a modo de cortesía” que su dienta “estaba loca” y que ha-blaba mal de ella, trató de justificarlo diciendo que “la lla-mada se la hizo a una abogada que no es una persona desvalida y que pudo haber cortado con la sola acción de decir [...] que no le interesaba conversar nada con él”. Me-morando de derecho, págs. 12-13.

Esta justificación no solo es improcedente, sino que de-muestra una total ausencia de circunspección del juez. El referido Canon 23 obliga a las y los miembros de la Judi-catura a conducir los asuntos de su vida privada de forma tal que no deshonren la legitimidad del cargo ni creen du-das sobre su capacidad para adjudicar imparcialmente. Tras examinar el expediente de la querella tenemos que concluir que, al hacer esta llamada, el juez González Po-rrata-Doria trató de intervenir de forma indebida con la relación abogada-clienta, promoviendo diferencias entre su exesposa y su representante legal.

Asimismo, al decirle que mantuviera la conversación confidencial, el juez pretendió que la licenciada Serrano Martínez faltara al deber de lealtad y a la obligación ética de mantener informada a su dienta. Además, constituyó un abuso de autoridad, pues generó la preocupación en la licenciada Serrano Martínez de que, si cumplía con su de-ber ético, el juez González Porrata-Doria tomaría represa-lias contra ella, puesto que muchas veces ésta postulaba en el mismo centro judicial donde él laboraba. Transcripción de vista evidenciaría, págs. 49-50.

En atención a todo lo anterior, concluimos, al igual que lo hizo la Comisión, que el juez González Porrata-Doria violó los Cánones 7, 13 y 23 de Ética Judicial, supra. No obstante, la Comisión recomienda que limitemos la sanción disciplinaria a una censura enérgica. No estamos de acuerdo. Los hechos de este caso ameritan una sanción más severa. Si bien las determinaciones de la Comisión merecen nuestra deferencia, "ello no supone una abdica-ción de este Tribunal para aplicar la acción disciplinaria que estime adecuada [...] ”. In re Acevedo Hernández, supra, pág. 364. Véase In re Sierra Enriquez, supra, pág. 853.

Las faltas que el juez González Porrata-Doria cometió son serias y de una gravedad inaceptable para el cargo de Juez Superior. Éste intervino indebidamente con una po-tencial testigo en un procedimiento en su contra, así como con la relación de confianza que existía entre su exesposa y su abogada, utilizando las prerrogativas de su cargo. Ade-más, promovió un ambiente laboral tenso y hostil que, se-gún alegó la señora Miranda Maisonet, afectó su desem-peño y salud emocional. Esta conducta atentó contra la integridad de los procesos disciplinarios, la imparcialidad en la función adjudicativa y la dignidad de una empleada del tribunal. El juez González Porrata-Doria debió saber que la honorabilidad del cargo se engrandece o se despres-tigia según las actuaciones en la vida privada, pues éstas tienen la capacidad de influir sobre la legitimidad del sis-tema de justicia.

Más ahora que nunca, la sociedad espera una Judica-tura que sea representativa de los más altos estándares de honradez, rectitud y justicia. En momentos en que la Rama Judicial trabaja por fomentar el acceso a los procesos judi-ciales y una mayor transparencia, las juezas y los jueces tenemos el deber de actuar en conformidad con ese obje-tivo, ayudando con nuestro ejemplo a fortalecer la con-fianza en la cual se basa la legitimidad de nuestra institución. Por eso, este Tribunal será justo pero estricto a la hora de velar por el fiel cumplimiento de las normas éticas contenidas en los Cánones de Etica Judicial.

Por lo tanto, incumpliríamos con nuestro deber de pro-teger nuestro sistema de justicia si permitimos que este juez continúe representando a la Rama Judicial cuando su conducta no solamente mancilla la imagen de la Judica-tura, sino que también demuestra un claro abuso de poder y un menosprecio a la verdad. Asimismo, descuidamos la integridad y legitimidad de la Rama Judicial manteniendo en la Judicatura a un juez que manipuló a una potencial testigo en un proceso disciplinario en su contra. Dicha falta, en conjunto con las otras, evidencia que éste no res-peta ni reconoce la importancia de su cargo. Ante estas circunstancias, resulta insostenible depositar nuestra con-fianza y la del Pueblo en esta persona.

Por consiguiente, tomando en cuenta las violaciones éti-cas cometidas, los efectos que tuvo su conducta y que no es la primera vez que este Tribunal lo disciplina ordena-mos la destitución inmediata del juez González Porrata-Doria. Esta medida es la más proporcional a su conducta insensata e imprudente, reñida con los principios y las nor-mas que gobiernan la función judicial.

IV

Por las razones expuestas, concluimos que el juez Gon-zález Porrata-Doria violó los Cánones 7, 13 y 23 de Etica Judicial, supra. Así, ordenamos su destitución inmediata.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no intervino.

       Antes de que el juez González Porrata-Doria la reclutara nuevamente, la señora Miranda Maisonet trabajaba en la Sala Municipal de Ciales.

       Las otras alegaciones fueron sobre presunta conducta constitutiva de favori-tismo o parcialidad del juez Ricardo J. González Porrata-Doria hacia ciertas perso-nas que podían participar en el pleito que la Sra. María del Mar Vázquez Martínez había presentado en su contra. Sin embargo, ni la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) ni el Comisionado de Disciplina Judicial que posteriormente estu-dió el caso encontraron prueba alguna que sugiriera que el juez hubiera actuado de forma parcializada. Por consiguiente, no se presentaron cargos a base de dichas alegaciones.

       El querellado obtuvo el número de teléfono de la licenciada Serrano Martínez a través de un alguacil del tribunal.

       Informe de la Comisión, págs. 4 y 9.

       Semanas después, la señora Miranda Maisonet recibió una llamada anónima en la que una mujer le dijo que lo que estaba haciendo le traería consecuencias. Ella lo interpretó como una amenaza y se puso muy nerviosa, y tuvo que ser ingresada en el Hospital Panamericano.

       Una Comisionada emitió un voto particular concurrente en parte y disidente en parte. En específico, aunque entendió que el juez González Porrata-Doria infrin-gió el Canon 23 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, al contactar a la licenciada Serrano Martínez determinó que no quedó probada una violación de los Cánones 7 y 13 de Ética Judicial, 4 LPRAAp. IV-B, pues “[a]l insistirle [el juez González Porrata-Doria] que tenía que decir que la Sra. Vázquez Martínez la hostigaba cabe la posi-bilidad [...] que le estuviera transmitiendo su particular conclusión sobre la situación y no un claro propósito de intervenir de manera impropia en la investigación”. Voto disidente y concurrente de la comisionada Lourdes V. Velázquez Cajigas, pág. 2.

       Máxime, cuando el juez González Porrata-Doria tenía representación legal en el caso pendiente.

       En el 2002 suspendimos al juez González Porrata-Doria de empleo y sueldo por un período de tres meses. Véase In re Hon. González Porrata-Doria, 158 DPR 150 (2002).


text:
      In re Benancio Santana Rabell.

      Número: AB-2013-0506

      Resuelto: 17 de marzo de 2017

      Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, y Daphne M. Cordero Guilloty, procuradora general auxiliar; Manuel E. Avila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe.
   RESOLUCIÓN

Luego de evaluar el Informe realizado por la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y ante el incumplimiento del Ledo. Benancio Santana Rabell con las órdenes de este Tribunal, se le suspende inmediata e indefinidamente del ejercicio de la notaría y se ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute el sello y la obra notariales bajo la custodia del licenciado Santana Rabell y que los entregue al Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, director de la ODIN, para la correspondiente investigación e informe.

Asimismo, se refiere nuevamente este asunto a la atención de la Oficina del Procurador General para que, dentro de sus facultades investigativas, emita el informe correspondiente en torno a la existencia de firmas de partes no comparecien-tes a la Escritura Núm. 12 y las violaciones que ello impli-caría a la luz de la Ley Notarial, el Reglamento Notarial y los cánones del Código de Etica Profesional.

Por otro lado, se le ordena al licenciado Santana Rabell que, en el término de treinta días a partir de la notificación de esta Resolución, certifique a este Tribunal el reembolso total al promovente de los honorarios facturados por traba-jos no completados, así como que acredite la entrega de los documentos que mantiene al presente bajo su custodia. No-tifíquese personalmente.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo