author: El Juez Asociado Señob. Texidor, JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO,

text:
    Jorge Sarria, demandante y apelado, v. V. Alvarez & Co., demandada y apelante; Jorge Sarria, demandante y apelante, v. V. Alvarez & Co., demandada y apelada.
    Nos. 3985 y 4233.

    Vistos: Junio 8, 1927 y abril 23, 1928 y junio 21, 1928, respectivamente.

      Resueltos: Diciembre 13, 1928.

      E. López Tizol, abogado del apelante-apelado; Besosa & Besosa, abogados de la apelada-apelante.
   El Juez Asociado Señob. Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de dos apelaciones sobre una misma sentencia. El demandante reclamó de la demandada la suma de $2,636.80 como principal e intereses de cierta alegada deuda, intereses a partir de la fecha de la interposición de la demanda y las costas del juicio. La demandada negó la reclamación y a su vez contrademandó reclamando del demandante $621.28, intereses y costas. La corte dictó sentencia condenando a la demandada a pagar al demandante $1,778.72 y los inte-reses legales a partir de la fecha de la interposición de la demanda, sin especial condenación de costas, explicando que dicha suma era la resultante de dos años de sueldo a razón de cien dólares mensuales o sean $2,400 que la demandada debía al demandante, menos $621.28 que el demandante a su vez debía a la demandada.

El demandante y la demandada apelaron de la parte de la sentencia que les perjudicaba, tramjitándose sus apela-ciones separadamente y celebrándose las vistas de los re-cursos en distintas fechas. Eso no obstante, estudiaremos las cuestiones suscitadas en una sola opinión.

En la demanda se alegó, en resumen, que por escritura pública de 5 de abril de 1922, la demandada, una sociedad de la cual era socio gestor Victoriano Alvarez, arrendó los servicios del demandante nombrándole su apoderado para representar a la sociedad en cuantos contratos, actos y nego-cios pudiera la misma intervenir, asignándole por honorarios como tal apoderado la suma de cien dólares mensuales; que el demandante prestó sus servicios como tal apoderado a la demandada desde su nombramiento hasta el 5 de abril de 1924 en que cesó en su cargo; que la demandada no ha pagado al demandante el sueldo devengado que asciende, en junto, a $2,400 con más $236.80 de intereses a la fecha de la interposición de la demanda.

Contestó la demandada alegando, en resumen, que la es-critura de 5 de abril de 1922 fué otorgada, que arrendó los servicios del demandante como empleado, y que luego lo nombró su apoderado, pero que no es cierto que conviniera con él en pagarle cien pesos mensuales solamente como apoderado; que el salario de cien pesos mensuales asignado al demandante, lo fue por sus servicios como empleado general; que el demandante no prestó servicios como apo-derado desde el 5 de abril, 1922, basta el 5 de abril, 1924, y sí como empleado; que pagó al demandante $2,600 por concepto de sus sueldos a razón de cien dólares mensuales como empleado desde febrero 1, 1922, basta mayo 31, 1924, y que no es cierto que deba al demandante la suma que le reclama, siendo la verdad que pagó al demandante todo lo que le debía por todos conceptos.

Como defensa especial y reconvención alegó la deman-dada, en resumen, que más o menos el 31 de enero, 1922, la demandada contrató al demandante como empleado general de su comercio con un sueldo mensual de cien dólares que le sería abonado a fin de cada año y contra el cual el de-mandante podría ir tomando sumas parciales; que allá por abril, 1922, el socio gestor de la demandada Victoriano Alvarez, tuvo que ausentarse de Puerto Eico para hacer! compras en los Estados Unidos y en 5 de abril, 1922, otorgó poder a favor de sus empleados Eduardo Alvarez y Jorge Sarria, para que durante la ausencia del gestor pudieran representar a la sociedad; que el demandante Sarria nunca aceptó el poder; que Alvarez, socio gestor, estuvo ausente menos de un mes; que de acuerdo con el contrato de arren-damiento de servicios celebrado, el demandante tomó en diferentes partidas que se cargó a su cuenta desde febrero 1°., 1922 basta diciembre 31, 1922, la suma de $1,377.03, abo-nándose él mismo la suma de $1,100 por once meses de ser-vicios a razón de cien dólares mensuales, quedando a deber $277.03; que de acuerdo con el mismo contrato de arrenda-miento de servicios, tomó diferentes partidas que él mismo se cargó a su cuenta desde enero 1°., 1923, hasta diciembre 31, 1923, formando un total de $1,433.68, abonándose él mismo $1,200 por salarios de doce meses y quedando a deber $233.68; que igual sucedió hasta el 31 de marzo, 1924, en que cesó como empleado de- la demandada, ésta encontró que había dejado de cargarse dos partidas de $23.77 y $24.15, formando todo un total de $621.28 que el demandante adeuda a la demandada y que ni él ni ninguna otra persona le han pagado no obstante las gestiones que ha hecho para su cobro.

El demandante contestó la eontrademanda alegando, en resumen, que no exponía hechos suficientes en oposición ni como causa de acción y negando los hechos expuestos en la misma. Como defensas especiales, que el 31 de enero, 1922, fué empleado como tenedor de libros y corresponsal por la demandada con un sueldo mensual de cien dólares en dicho año y de ciento veinticinco en los sucesivos, que le sería abonado al final de cada año pudiendo tomar cantidades par-ciales a cuenta; que en dicho cargo cesó el 31 de marzo, 1924; que al cesar, su cuenta de sueldos como corresponsal y tenedor de libros fué saldada de conformidad “pues si es verdad que quedó un saldo en contra de este demandante, el mismo fué saldado por la demandada como una bonificación”, y que el sueldo que tenía como apoderado era separado y se le asignó en la escritura de 5 de abril de 1922.

Fué el pleito a juicio. La prueba del demandante con-sistió :

Io. En la escritura de mandato de abril 5, 1922. Se' otorgó ante el notario Crespo Jr. Compareció Victoriano Alvarez y como socio gestor de V. Alvarez & Co., otorgó poder mercantil a favor de Jorge Sarria y Eduardo Alvarez, “para que mancomunada y solidariamente represente a la sociedad en todos los asuntos a que la misma se dedica.” Contiene facnltades detalladas y al final nn párrafo que dice : “Así lo otorga, antes haciendo constar que el Sr. Sarria devengará por honorarios la suma de cien dólares mensuales, por sus servicios como tal apoderado”;

2o. Otra escritura por virtud de la cual se revocó el poder a Eduardo Alvarez, y

3o. Declaración del demandante. Dijo, en resumen, que su ocupación era la de tenedor de libros; que como tal y corresponsal entró en relaciones con la demandada el Io. de febrero, 1922, ganando cien pesos mensuales el primer año y ciento veinticinco el segundo; que con posterioridad fué nombrado apoderado de la casa con un salario de cien dó-lares mensuales; que su trabajo se aumentó con el nombra-miento de apoderado; que no le han pagado sus sueldos de apoderado.

Contestando a la demandada: que sus funciones eran llevar la contabilidad y la correspondencia; que nada tenía que ver con la mercancía; que no extendía cheques; que no hacía pagos. Beatifica y dice: “Ahora recuerdo que a los pocos días de entrar el gestor se dirigió a los bancos auto-rizando mi firma para los cheques”; que autorizó cheques antes de habérsele otorgado el poder; que le pagaron su sueldo de cien pesos durante el primer año, no el de ciento veinticinco durante el segundo; que no tiene constancia escrita referente a su sueldo, que eso no se acostumbra en el comercio; que el primer año él mismo se abonó su sueldo, el segundo porque se trajeron los libros a San Juan; que él hacía los balances de números cada treinta días, recor-dando haberlos hecho hasta noviembre 1923; que hacía los abonos de sueldos en los libros bajo la inspección del gestor; que no se abonó la cantidad que dice se le debe “porque precisamente en 1922 al practicarse el balance final en el momento de hacer todos los abonos de sueldos de empleados, como las operaciones se hacían estando el gestor presente, en el momento de yo tratar de hacer los abonos de mi sueldo de apoderado él me dijo que el balance no babía sido sufi-cientemente grande y que dejara el abono de ese sueldo para el año siguiente. Yo protesté porque eso era en contra de mis intereses y me dijo que eso era legal porque al año siguiente lo tendría; que él quería que el balance de ese año apareciera lo suficientemente bueno, y si sacaba $900 más que tenía que sacar por mi sueldo de apoderado rebaja en $900 el balance, y yo protesté, pero él insistió dándome a entender que me amenazaba con despedirme de la casa si no lo complacía, y ante esa perspectiva de perder la coloca-ción yo accedí a sus deseos;” que es cuñado de Marcelino Pórtela, comanditario de la casa; que'bacía absolutamente todo como apoderado; que antes del poder no bacía lo mismo, salvo que el gestor le mandara a bacer algo; que como apoderado bacía empréstitos, libraba, endosaba, acep-taba letras de cambio, vendía mercancía, cobraba, bacía facturas; recogía mercancías de la aduana, firmaba conoci-mientos de embarque, extraía dinero de los bancos y lo de-positaba; que cesó como apoderado el 5 de abril, 1924, que pidió cinco días de licencia porque se fué de la casa el 31 de marzo; que bacía gestiones para cobrar directamente con el gestor; que nunca le escribió.

Esa fué toda la prueba del demandante. La demandada comenzó llamando a declarar otra vez al demandante quien reconoció como suyas las firmas de varios cheques y docu-mentos que se le presentaron. Se le pidió que reconociera cierto documento en maquinilla con una nota manuscrita. Primero dijo'que no podía reconocerlo. Cuando se le llamó la atención a la parte manuscrita, ocurrió lo que sigue:

“A. — Haga el favor de ver Si Ud. conoce esa letra. — T.—No la conozco. — Dte.—Nosotros solicitamos de la corte que indique al tes-tigo que puede leer el documento y contestar después. — Juez.—El tes-tigo puede tomar todo el tiempo que necesite para leer el papel y entonces contestar. — T.—Se parece a mi letra, pero como no está fir-mado. — A.—Ud. no recuerda baber escrito eso? — T.—No tiene fecba ni firma. — A.—Ud. podría afirmar' que no lo ba escrito ? — T.—No sé. Si viera mi firma 'sí. — A.—Pero el contenido de esa carta TJd. no re-cuerda haberlo escrito ? — T.—No recuerdo. Si viera la fecha ... — A. — Pero por los detalles de la carta Ud. no puede recordar el in-cidente —Dte.—Que se limite a preguntar si conoce la letra o no.— Juez. — En cuanto al contenido del documento la corte no admite nin-guna pregunta porque el documento no está como prueba todavía.— Ddo. — To no he presentado el documento. Si él reconoce esa letra como la suya. — T.—Es que no está firmado. Yo no puedo recono-cer sin mi firma.— (Ddo.) Abog. — No le pregunto sobre su firma; le pregunto si reconoce la letra como suya. — Juez.—El testigo está obligado a contestar la pregunta que se le hace. Si no es su letra Ud. debe declarar en ese sentido, si no recuerda lo puede decir, y si no está seguro de si es su letra o no también. — T.—Yo contesté oue no puedo precisar si es la mía; se parece a la mía, pero como no tiene firma yo no puedo garantizar sin mi firma. Se parece a mi letra.”

Luego identificó ciertos vales de mercaderías como fir-mados por él y reconoció su letra en el libro diario de la casa hasta diciembre 31, 1923, página 69 basta 271. En-tonces se ofreció el libro como prueba como el libro diario de A. Alvarez y Go. y ocurrió lo que sigue:

“A. — Busque la página 202 de ese Diario. Aparece algún asien-to en esa página referente a abonos de Jorge Sarria? — -T.—Sí, señor. —A.—Qué cantidad aparece abonada? — T.—$1,100.00.—A.—Por qué concepto? — T.—No dice el concepto. Dice: ‘Abonamos por 11 me-ses de sueldo.’ — A.—De quién es esa letra? — T.—De un servidor. Eso está íntimamente relacionado con mi declaración cuando la oposición del ge'stor? — Yo traté de abonarme y él se opuso.”

Finalmente el testigo fué interrogado por el juez y .por su propio abogado, terminando su declaración así:

”J. — El sueldo que tenía como tenedor de libros cuál era? — T.— $100.00 el primer año y $125.00 el segundo. — J.—Ud. tenía un suel-do de $100.00 mensuales? — T.—Sí, señor. — J.—Y Ud. lo cobró? — T.— Tomando cantidades parciales. — J.—Y el sueldo de apoderado era?-— T. — Otros $100.00. — J.—Qué?—T.—En igual forma; se me ofrecieron $1,200.00 al año para tomarlos en cantidades parciales. Si necesitaba 8 o 10 peso's semanales los tomaba y los cargaba, esperando a fin de año, y ahí fué el disgusto con el Sr. Victoriano cuando llegó el mo-mento de abonar el sueldo. — J.—Al ser nombrado Ud. apoderado con-tinuó en sus otras funciones en la casa? — T.—Sí, señor, tenedor de libros y corresponsal. — J.—Continuó siéndolo a la vez? — T.—Sí, se-ñor. — (Dte-.) Abog. — Entonces cuántos sueldos tenía Ud. en la casa? —T.—Dos.—A.—Uno de cuánto? — T.—Uno de $100 el 1922 y $125 en 1923 por corresponsal y tenedor de libros. Después necesitaron un apoderado y me nombraron en unión del hermano Eduardo Alvarez, interesado en la casa. Ése no ganaba sueldo, el que ganaba ela yo.”

Después del demandante £ué llamado a declarar por la demandada el notario Crespo. El demandante se opuso a que declarara sobre las circunstancias en que el poder se liabía otorgado. La corte permitió la declaración, el deman-dante tomó excepción y el testigo dijo: “Ese poder se otorgó el día antes de embarcar Victoriano Alvarez para Estados Unidos a hacer compras. El vino a mi oficina y me dió instrucciones de que hiciera ese poder.” Luego de-claró que era también el abogado de la casa; que después de otorgado el poder se radicó por la casa una demanda en Dorado y hubo un pleito contra la casa, habiéndose entendido con Eduardo Alvarez. Siguió declarando, sin que el deman-dante se opusiera, que las instrucciones que le dió Alvarez son las que constan en la escritura, que el Sr. Sarria ganaría cien dólares por su trabajo, que las facultades que tiene el poder son las que ejercía Sarria en 1a. casa. Luego a repre-guntas del demandante contestó:

“T. — Según lo que yo veía el Sr. Sarria era el tenedor de libros, cobraba dinero y daba recibos, y llevaba el dinero al Banco. Eso es lo que yo veía hacerle antes del poder y luego también.
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“A Ud. dice que ‘si le confirieron el poder fué en virtud de que se embarcaba? — T.—Se embarcaba el representante de la casa.
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A. — Cómo es que si el Sr. Sarria realizaba todas esas series de íaeultades que se le dan en el poder antes de otorgarse el poder, por qué se le otorgó el poder entonces ? — T.—Porque no tenía personali-dad para representar la casa. Si estando embarcado Victoriano Alvarez surgía un pleito, ¿quién iba a representar la casa'?”

Llamado a declarar .el gestor Victoriano Alvarez, dijo, ■en resumen: que por recomendación del comanditario Pór-tela empleó a Sarria, que en abril tuvo que embarcarse y habiendo algunas cuentas retrasadas dijo: "Voy a darle un poder a ustedes dos para que si yo me embarco tengan poder para embargar; “entonces yo fui donde el Ledo. Crespo y le dije: ‘Vamos a hacerle un poder para que em-barguen. Eduardo Alvarez tiene $30 de sueldo y el 5 por ciento, y a Jorge Sarria se le van a pagar $100 por todos sus trabajos. Cuando se revocó el otro poder tuve que em-barcarme otra vez a comprar, y como el otro muchacho se había ido de la casa tuve que retirarle el poder porque no iba a dejar un individuo con un poder fuera de la casa, y entonces fue cuando él se quedó como apoderado. Estando yo ausente tuvieron que demandar a Amelio Miranda y quien vino a presentar la demanda fué Eduardo, y yo le dije a Eduardo: ‘¿Por qué Jorge no hace uso del poder?’ y él me dijo: . . ; que al entrar Sarria al servicio de la casa no se le asignó sueldo; que convino luego con él cuando le dió el poder en que ganaría cien dólares mensuales como empleado general de la casa; no ofreció pagarle ciento veinticinco el segundo año; que las obligaciones de Sarria eran: “Hacer todo que se le mandara. Como él era el que llevaba la contabilidad de la casa, hacía los cheques, hacía todos los trabajos; por ejemplo, los conocimientos los fir-maban todos los empleados y despachaban facturas. Lo único que no podían era embargar porque no tenían poder.”; antes del poder tenía facultades para firmar cheques; des-pués del poder continuó haciendo lo mismo que anterior-mente; lee un asiento del libro Diario que dice: “Gastos Generales a Varios. — A Eduardo Alvarez, le abonamos 12 meses de sueldo a $30.00, $360.00. — Manuel Rodríguez, le abonamos 12 meses de sueldo, a $40.00, $480.00. — Aurelio Rodríguez, le abonamos 12 meses de sueldo, a $35.00.— Jorge Sarria, le abonamos 11 meses de sueldo a $100,00, $1,100.”; que no es cierto lo que dijo Sarria acerca de que se opusiera al abono del sueldo como apoderado; que lo que ganaba Sarria eran cien pesos por todo; que jamás le amenazó; que el día que se fué arregló la cuenta y dijo que quedaba a deber un pico y que cuando se estableciera en Santurce lo iría mandando poco a poco; que Sarria nada le reclamó personalmente; que el primer requerimiento fué la carta de su abogado sobre el pleito; que los balances los bacía Sarria; que vió a éste escribir por dos años y conoce su letra y reconoce como suya la letra de cierto documento Ique le entregó Emilio E-odríguez, apoderado de Pórtela y que es el mismo sobre el cual se preguntó a Sarria. Se introdujo como prueba el documento. Se opuso el demandante, y la corte dijo:

“Juez. — Éste es un documento que la corte entiende que ba sido cortado; se ve que no es un corte natural del papel. La corte lo va a admitir condicionalmente a reserva de estudiar la cuestión en cuanto a la mutilación y resolverá oportunamente si lo va a admitir o no.”

Que Sarria no se quejó del sueldo que ganaba. A repre-guntas del demandante: que Sarria entró a servir en febrero del 22 y el poder se otorgó en abril siguiente; que los libros se trajeron a San Juan por razón de un fuego; que cuando se practicó el balance Sarria no le habló de su sueldo como apoderado, “él no habló nunca nada de eso, ni en la mente de él estaba eso. El sabía que él ganaba $100.” Insiste en lo mismo a preguntas del juez y termina así:

“J. — Cómo se le pagaba el sueldo? — T.—Lo iba tomando parcial-mente como él quería. Él llevaba también la caja y él mismo esta-ba autorizado para coger 'su sueldo y él mismo lo cogía y lo abonaba. Él podía hacer un cheque y decir: ‘éste es-mi sueldo.’ Yo voy a explicar lo que sucedió. Este señor vino a San Juan y se estableció con el cuñado; el cuñado le dió una comandita de $1,000.00, que él mismo le dió el cheque, se estableció en Santurce y parece que el negocio le fué mal, el cuñado parece que no le dió ayuda. Si no hubiera sucedido eso no me hubiera demandado.”

El otro dependiente, Eduardo Alvarez, a qnien también se le otorgó poder, declaró, en resnmen, como signe: qne sns obligaciones eran trabajar en la casa, entrando a las seis de la mañana y saliendo a las seis de la tarde; qne atendía al almacén y viajaba por la isla comprando y vendiendo; qne conoce a Sarria qne fné empleado a principios del 22; qne a Sarria le dieron poder, qne sns obligaciones antes y despnés del poder eran las mismas; qne Sarria le indicó qne lo poco qne ganaba escasamente le daba para sostenerse; que le dijo qne ganaba cien pesos; que una sola vez se presentó un caso de tener qne ir ante una corte y fné él qnien fné porque Sarria no quiso ir, dieiéndole “qne por lo qne él ganaba no quería asumir responsabilidades”; qne Sarria nunca se le quejó de que no le hubieran pagado como apode-íado de la firma; que es hermano de Victoriano Alvarez; que era interesado en la firma; que hoy no lo es.

El siguiente testigo fué Emilio Rodríguez, tenedor de libros de la casa Sucesores de José Martínez, de San Juan, a quien se encomendaron los libros de la demandada al traerlos a esta ciudad. Examina el mayor y dice que el úl-timo asiento de su página 189 es el de $1,200 que se refiere al sueldo que Sarria tenía en la firma; el año anterior se le había abonado la misma cantidad; que el asiento corres-ponde al del Diario que dice: “por 12 meses de sueldo a $100 mensuales”; que Sucesores de José Martínez y Pórtela eran comanditarios de la demandada; que él es apoderado de Pórtela; que conoce a Sarria, personalmente, y lo ha visto escribir y conoce su letra. Se le presenta el exhibit 8 y dijo:

“T- — E'ste papel me fné entregado juntamente con dos cartas más de mi poderdante Marcelino Pórtela a raíz de una carta que yo Je escribí dándole cuenta de que el Sr. Sarria había demandado a V. Alvarez & Co. y yo realmente no estaba bien enterado de lo que ha-bía sobre el asunto que él reclamaba $100.00 más, y entonces Marcelino me escribió contestando ...”

Se opuso el demandante. Siguió declarando el testigo que el documento estaba exactamente en el mismo estado en que lo recibió por correo acompañado de una carta de Pór-tela. El demandado trató de introducir la carta también como prueba y tuvo lugar un incidente que terminó así:

“Juez. — El objeto de presentar esa carta es de probar o estable-cer en qué forma el testigo vino a tener en su posesión la carta esa que él ha identificado como del Sr. Sarria. 'Solamente con ese ob-jeto? — Ddo.—Nada más. — Juez.—La corte solamente podría admitir esa carta a ese fin. — Dte.—Nosotros admitimos que la recibió del Sr. Pórtela. Que el Exhibit 8 declara el testigo que lo recibió del Sr. Pórtela y nosotros no negamos que lo haya recibido del Sr. Pórtela. —Ddo.—Y que lo recibió después de octubre 30 de 1924? — Dte.— Lo acepto.”

Repite el testigo que no tiene duda alguna de que la letra del documento es de Sarria. El documento en cuestión que ya había sido admitido por la corte en las condiciones que conocemos, dice:

“Como verás por el balance de número mi cuenta aparece de-biendo además $285.96 en febrero 28, 1923, y creo conveniente expli-carte la causa. — Pues bien: Un mes de sueldo que dejó de abonarme Victoriano, para que ‘Ga’stos Generales’ no apareciera muy cargada en balance; o sea: $100.00 que se dejaron de llevar a mi haber. Y $185.96 restantes, que corresponden a varios anticipos que me hizo Victoriano cuando vino a Areeibo para facilitarme los medios del traslado desde San Juan, y para los gastos preliminares al llegar a Areeibo. Quiere decir que lo único que yo estoy debiendo, es $185.96, que estoy haciendo todo lo posible en economías por sal-darlo, lo cual espero poder hacer lo más pronto posible. — Te hago todas estas aclaraciones porque no quiero que te pudieras imaginar que fueran gastos excesivos de mi parte; pues tú sabes que yo sé te-ner control en todos mis actos.”

Sigue el testigo declarando con respecto al saldo deudor que arrojan los libros contra Sarria, a los efectos de probar la contrademanda.

Declaró, por último, por la demandada, el testigo Manuel Rodríguez, empleado de la demandada desde su fundación; conoce a Sarria; que las obligaciones de Sarria antes y despnés del poder fueron las mismas; que comentó con él varias veces la cuestión de sueldos y que Sarria se lamentaba de qué ganaba casi igual que el testigo; que nunca le dijo que ganara más de cien dólares mensuales. Refiriéndose a cierto incidente ocurrido según él por la mañana en una esquina del salón de la corte, expresó:

“T. — El Si\ Sarria me dijo que yo era un servil de V. Álvarez & Co.; que mi hermano se encontraba actualmente empleado en la casa de Vila & Co. siendo uno de los socios el Sr. Marcelino Pór-tela que era comanditario de la casa de V. Álvarez & Co., y en tono de amenaza me dijo que escribiría para que dejasen cesante a mi her-mano en dicha casa si yo declaraba en contra de él, y yo le dije que yo venía 'solamente a declarar la verdad del caso y que no estaría de parte del demandante ni del demandado sino que declararía la ver-dad.”

La prueba documental de la demandada consistió en sus libros de comercio, en la escritura de su constitución, en treinta y seis cheques expedidos a favor de diferentes per-sonas y firmados “Y. Alvarez & Co. por J. Sarria”, de los cuales cuatro corresponden a febrero, 1922, siete a mayo, 1922, y cinco a principios de abril, 1922, antes del día 5, en el exhibit 8 anteriormente transcrito, en otra carta a Pórtela enviándole un cheque y un balance firmado; “V. Alvarez & Co., por Jorge Sarria” que tiene al pie una nota personal firmada: “Jorge”, y en el balance de números correspondiente a diciembre 31, 1922.

Como prueba de rebuttal declaró otra vez el demandante, en resumen, así: que no es cierto lo que dijo el testigo Manuel Rodríguez que él le había dicho; que él no trajo los libros de la casa a San Juan, que los trajo el gestor: que el balance de 3923 lo hizo a.sus espaldas, en San Juan, Emilio Rodríguez; que desempeñó el puesto de apoderado porque le ofrecieron cien pesos por el cargo; que se los ofreció Victoriano Alvarez; que si no,'no hubiera asumido nuevas responsabilidades gratuitamente. Con respecto a lo dicho por Eduardo Alvarez de haberse negado a presentar la de-manda contra Aurelio Miranda de Dorado, contestó:

“T. — No, señor, él quería que yo presentara la demanda de embargo y como yo tenía otras cosas que hacer y él era perezoso le exigí que fuera él, y además que yo tenía entendido que un apode-rado no estaba facultado por la ley para presentar demandas de embargo. 5 ’

Su declaración terminó así:

“Ote. — A.—Aquí se ha dicho por los testigos, y especialmente por el Sr. Victoriano Alvarez, que Ud. es en deber determinada canti-dad a la firma V. Alvarez & Co. que Ud. demanda. Ud. debe a elsa casa alguna cantidad de dinero? — T.—No, señor. — A.—Por algún con-cepto debe Ud. algo? — T.—Por ningún concepto. — A.—Por qué dice usted que no debe nada? — T.—Realmente no debo nada. — A.—Liqui-daron Uds. todas sus cuentas al terminar? — T.—Como es costumbre en el comercio, el gestor me dijo: (si queda un balance en contra tuya se te abonará’, pero como ellos tenían los libros yo no puedo preci-sar. — Ddo.—A.—Ud. tiene alguna con'stancia por escrito del ofreci-miento que le hizo el Sr. gestor Victoriano Alvarez sobre que le daba un sueldo de $100 mensuales como apoderado? — T.—Como apoderado no. — Juez.—Ud. declaró hace un momento que al retirarse Ud. de la casa el gestor señor Alvarez le hizo unas manifestaciones en cuanto al balance, en cuanto a lo que aparecía. Repítame eso. — T.—Vo le pregunté ¿y ese dinero de mi sueldo del cargo de apoderado? y dijo: Eso se arreglará cuando vayamo's a San Juan. Si algún saldo queda en contra o a favor tuyo se arreglará.”

Tal fué, en extracto, la prueba practicada durante el juicio. Conocemos la sentencia dictada por la corte.

El juez de distrito, en su opinión y en la sentencia, estimó que la escritura de poder era clara en cuanto a la fijación de sueldo para Sarria como apoderado y sobre esa base decidió el caso, en cuanto a este extremo.

Declaramos que, si bien toda la prueba que en el juicio se admitió tendente a desvirtuar o cambiar los términos de la escritura de podér, era inadmisible, la decisión, de acuerdo con la escritura de poder, es correcta, y no hay en ella los errores que por la parte demandada y apelante se señalan.

Precisa tener en cnenta el artículo 25 de la Ley de Evi-dencia, importantísimo en este caso. El texto legal es este:

“Artículo 25. Cuando las condiciones de un convenio se .hayan consignado por las partes en un documento, se considerará que con-tiene éste todas dichas condiciones, por lo que no cabrá entre las par-tes y su's representantes o sucesores en interés, evidencia alguna de las condiciones del convenio, fuera de lo contenido en el documento, excepto en los siguientes casos:
“1. Cuando una equivocación o imperfección en el documento fuere alegado en el litigio.
“2. Cuando la validez del convenio constituyere el hecho con-trovertido.
“Pero este artículo no excluye otra evidencia de circunstancias bajo las cuales fuere hecho el convenio, o con las cuales 'se relacio-nare, según lo definido en el artículo veinte y ocho o para explicar una ambigüedad extrínseca, o probar ilegalidad o fraude. La pala-bra ‘convenio’ incluye escrituras y testamentos, así como contratos entre las partes.”

Nótase en este pleito que no se ha hecho alegación alguna de error o imperfección en el documento, ni se ha suscitado la cuestión de validez o nulidad del convenio, ni hay ambi-güedad externa o extrínseca, ni aparece la alegación de ilegalidad o fraude. T nótase asimismo que la ley ha com-prendido en la palabra “convenio” no sólo el verdadero contrato, sino también los actos jurídicos, como el testamento.

El artículo de que tratamos, encarna el principio de la regla del “parol evidence,” regla que más que de puro propósito procesal, es de fundamental principio de respeto a la convención escrita.

En este caso, en la escritura de poder o mandato aparecen las frases que antes se han copiado:

“Así lo otorga, ajates haciendo constar que el Sr. Sarria deven-gará por honorario's la suma de cien dólares mensuales, por sus ser-vicios como tal apoderado.”

Los conceptos son perfectamente claros; y por ellos la mercantil otorgante, expresando los servicios que ha de prestar el apoderado, se obliga a remunerarlos, en nna can-tidad mensual, cierta y determinada.

Esta declaración techa por la mercantil otorgante del poder, tiene, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 1186 del Código Civil, una fuerza obligatoria entre ella y Sarria al aceptar éste el mandato; y esa misma fuerza, con la importantísima de hacerla una presunción concluyente, se la da el número 2o. del artículo 101 de la Ley de Evidencia. En este artículo 101 que acabamos de citar, existe una regla de suma importancia para la prueba en el caso y para la decisión. El número 3o. dice'así:

“Siempre que una de las partes hubiere, por su propia declara-ción, acto u omisión, inducido intencional o deliberadamente a otra de las partes, a creer en la verdad de una cosa y obrar en esa creen-cia, no se podrá en ningún litigio a que diera lugar dicha declara-ción, acto u omisión, permitir a aquélla que la refute.”

Y si la demandada hizo la declaración que antes se copia, y el demandante actuó de acuerdo con ella, no hay para la primera, posibilidad legal de refutar su declaración, que causó u originó un estado de derecho entre ella y Sarria.

Base fundamental del artículo 25, de la Ley de Evidencia, es la presunción de que en el convenio consignado en un docu-mento se han incluido, se han fundido todos los propósitos y todas las negociaciones previas, y que las partes han dado cuerpo en ese documento a todo cuanto quisieron y preten-dieron al poner en contacto sus voluntades. Y sobre esa base se estableció la regla de que lo consignado en el con-venio escrito es la verdad, y toda la verdad; regla que como se ve en el artículo y en la copiosísima jurisprudencia en la materia, tiene sus naturales y ligeras excepciones. Pero, en general, se prohibe la admisión de prueba para variar, en-mendar o contradecir lo que una vez fue escrito por acuerdo de las partes, en los casos de acción fundada en aquel docu-mento, y entre las mismas partes que lo suscribieron, o sus causahabientes. Véase, a este propósito Chamberlayne’s Modern Evidence, tomo 5, pág. 4906, y siguientes concor-dantes.

Esta regla se baila en vigor en Puerto Rico, según se ha declarado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Veve v. Sánchez, 236 U. S. Reports, 234, donde se dijo:

"La í'egla prohibiendo que por evidencia oral se varíen los con-tratos escritos no se halla confinada a la ley común, y efetaba en vigor en Puerto Rico cuando se hizo este contrato.”

Y en el caso Cabrera v. American Colonial Bank, 214 U. S. Reports, 224, la misma corte dijo así:

"Las disposiciones del Código Civil español vigente en Puerto Rico hasta 1902, en el sentido de que las obligaciones de un contrato deben ser cumplidas de acuerdo con 'sus términos, y de que no se puede presentar prueba para variarlas, son prácticamente iguales a los principios de la ley común, y están sujetas a análogas bien conoci-das excepciones.”

En este caso tenemos un contrato de mandato, que puede ser aceptado por el mandatario tácitamente, y por actos posteriores a la concesión de representación y facultades que hizo el mandante, de acuerdo con el artículo 1612 del Código Civil, ya que no puede concebirse que los actos de ejecución del mandato sean de otra clase que posteriores a éste. El man-dato de que se trata se halla expresamente retribuido; y la retribución no se ha hecho, en la realidad práctica.

La sentencia dictada en el caso, de acuerdo con estos prin-cipios, se ajusta a la ley, y a la prueba admisible, y aceptable en este pleito.

En cuanto a la sentencia sobre la reconvención, es evi-dente que el juez de distrito no dió crédito a la prueba que sobre ella presentó el demandante reconvenido; y no hay nada que nos induzca a creer que en ello hubo grave error, ni error alguno, ni que el juez procediera influido por pasión, prejuicio o parcialidad. No encontramos que en este parti-cnlar se liayan cometido los errores imputados por el de-mandante y apelante.

Por las razones apuntadas debe confirmarse, en su tota-lidad, la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. del Toro, y Asociado Sr. Hutchison, disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO,

CON LA CUAL ESTÁ CONFORME EL JUEZ ASOCIADO SR. HUTCHISON.

A los efectos de no alargar innecesariamente esta opinión, acepto los hechos tales como aparecen expuestos en la opinión de la mayoría que antecede.

El artículo 25 de la Ley de Evidencia, dice así:

“Art. 25. Cuando las condiciones de un convenio se hayan con-signado por las partes en un documento, se considerará que com tiene éste todas dichas condiciones, por lo que no cabrá entre las partes y sus representantes o sucesores en interés, evidencia alguna de las condiciones del convenio, fuera de lo contenido en el docu-mento, excepto en los siguientes casos:
“1. Cuando una equivocación o imperfección en el documento fuere alegado en el litigio.
“2. Cuando la validez del convenio constituyere el hecho contro-vertido.
“Pero este artículo no excluye otra evidencia de circunstancias bajo las cuales fuere hecho el convenio, o por las cuales se relacio-nare, según lo definido en el artículo veinte y ocho, o para expli-car una ambigüedad extrínseca, o probar ilegalidad o fraude. La palabra ‘convenio’ incluye escrituras y testamentos, así como con-tratos entre las partes.”

Y el 28, lee como sigue:

“Artículo 28. Para la debida interpretación de un documento, las circunstancias bajo las cuales fuese otorgado, inclusa la situa-ción del objeto a que se eontrayere, así como la de las partes, po-drán también demostrarse, a fin de que el juez se coloque en la si-tuación de las personas cuyo lenguaje estuviere llamado a inter-pretar. ’ ’

La referencia del texto inglés del artículo 25 no es al artículo 28, sino al 34 que dice:

"Art. 34. La evidencia deberá corresponder a las alegaciones esenciales, y ser pertinentes a la cuestión que se ventila. Queda, sin embargo, a arbitrio del tribunal, permitir la investigación de un Lecho accesorio siempre que éste estuviere directamente relacio-nado con la cuestión en controversia, y fuere necesario para su de-bida determinación o afectase la credibilidad de un testigo.”

Como puede verse, esos preceptos guardan estrecha rela-ción con los artículos 1248 y 1249 del Código Civil, a saber:

"Artículo 1248. Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sen-tido literal de sus cláusulas.
"Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.
"Artículo 1249. Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato.”

Podrían citarse cientos de decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de la de España, de las Supremas de los Estados de la Unión y de las Cortes Federales, y admi-rables pasajes de comentaristas antiguos y modernos, inter-pretando el principio.

Corpus Juris al exponer la regia general, se expresa así:

"La regla sobre la admisibilidad de prueba oral es aplicable ge-neralmente en los contratos, respecto a los cuales se ha establecido que en ausencia de fraude o error, prueba oral o extrínseca no es ad-misible para variar, ampliar, modificar o contradecir los términos o disposiciones de un documento escrito, mostrándose la intención de las partes, o que su verdadero convenio sobre la cuestión era dis-tinto al expresado en el documento, pues cuando las partes delibe-radamente han hecho constar lo convenido por escrito en términos tales que impongan una obligación legal sin incertidumbre alguna, respecto al objeto o alcance de lo convenido, se presume que todas las negociaciones y convenios anteriores relativos a tal cuestión se han confundido en el contrato escrito, e igualmente se presume que el convenio entre las partes y el alcance del mismo se ha hecho cons-tar por escrito. Sin embargo, la regla va aún más lejos, y se ha establecido que cuando el documento carece de ambigüedad y es susceptible de una interpretación clara y sensible no se debe admi-tir prueba oral o extrínseca para explicar su significado o para de-terminar la interpretación que debe darse al documento.” 22 C. J. pág. 1098.

Sigue tratando la cuestión extensamente, y al llegar a las excepciones de la regla, dice:

“Quizás no hay regla de derecho o de evidencia que sea más flexible o que esté sujeta a mayor número de excepciones que la re-gla que impide que se ofrezca prueba oral para explicar o variar los documentos escritos. Se ha dicho que con el enorme número de excepciones existentes ha surgido mucha confusión, de suerte que el verdadero límite que debe fijarse a las excepciones depende no so-lamente de los hechos peculiares de cada caso, sino hasta cierto punto del sentir de los miembros de la corte. Sin embargo, podría decirse generalmente que las cortes han tratado de adaptar sus re-soluciones en una u- otra forma, a fin de hacer justicia en todos los casos. El resultado es que si bien las decisiones son relativamente uniformes respecto a las limitaciones y excepciones a la regla, cuando surge la cuestión de si un caso que presenta determinada relación de hechos cae dentro de la regla general, o fuera de ella, con motivo de las limitaciones o excepciones conocidas, o si está den-tro de la regla debido a una de las numerosas limitaciones y excep-ciones a esas limitaciones y excepciones, las autoridades en muchos casos están en un verdadero conflicto.” 22 C. J. pág. 1144. (Itá-licas nuestras.)

Expuesto lo que antecede, examinemos los hechos del caso tales como aparecen en la primera parte de la opinión de la mayoría.

No hay duda alguna que el gestor de la mercantil deman-dada acudió ante un notario y otorgó un documento público confiriendo poder al demandante Sarria para representar a la demandada y que al final del documento, aparece lo que sigue:

“Así lo otorga antes haciendo constar que el Sr. Sarria deven-gará por honorarios la suma de cien dólares mensuales por sus ser-vicios como tal apoderado.”

Aunque la redacción no es del todo correcta, sin embargo, cualquier persona de inteligencia común deduciría de la lectura del documento que se nombró apoderado a Sarria fijando como compensación por sus servicios como tal la suma de cien dólares mensuales.

Basándose en esa escritura y en baber prestado los ser-vicios a que la misma se refiere, entabló el demandante este pleito.

¿Qué hizo el demandado? En su contestación aceptó el otorgamiento del poder, pero alegó que no era cierto que Rubiera convenido con Sarria en pagarle sueldo alg*uno como apoderado, explicando que Sarria era su empleado y que como tal ganaba y le fué totalmente satisfecho su sueldo de cien dólares mensuales.

¿Es suficiente la contestación? A nuestro juicio lo es, aunque reconocemos que Rubiera sido mejor práctica alegar expresamente que Rubo una equivocación al consignarse en el poder que el sueldo de Sarria lo era por sus servicios como apoderado, cuando en verdad se fijaba como una com-pensación por todos los servicios que venía prestando y prestara en lo sucesivo a la mercantil.

Es cierto que hay jurisprudencia que dice que “para que pueda admitirse evidencia oral para demostrar una equivo-cación en un documento escrito, la existencia de tal equivo-cación debe alegarse y la alegación probarse”, (22 C. J. 1228), pero también existe la que establece que “el principio a virtud del cual se admite evidencia oral para variar la consideración expresada en un documento escrito no descansa sobre la base del fraude, accidente o equivocación, y por lo tanto no es necesario para preparar la base para la admisión de tal evidencia, que la contestación contenga ninguna alega-ción sobre el particular” (22 O. J. 1161).

El primer caso que se cita para sostener la última nota es el de Cabrera v. American Colonial Bank, 214 U. S. 224, procedente de Tuerto Rico. Al margen de la opinión se transcriben los artículos 25, 28, 111, No. 2, 102, No. 38, y 107 dé nuestra Ley de Evidencia y el artículo 1186 de nuestro Código Civil, y en él, entre otras cosas, se resolvió lo que sigue:

“Las disposiciones del Código Civil Español vigente en Puerto Rico basta 1902 al efecto de que las obligaciones de un contrato de-ben ser cumplidas de conformidad con sus términos, y de que no se puede presentar prueba para variarlas, son- prácticamente igua-les a los principios del derecho común, e igualmente están sujetas a las bien conocidas excepciones.” 214 U. S., 224.

Si se examina el artículo 25 de la ley de Evidencia se verá que expresamente se refiere a las condiciones de un convenio consignadas por las partes en un documento. Aquí el poder fué otorgado exclusivamente por el gestor. El de-mandante no estuvo presente. No se trata, pues, de un con-trato en que ambas partes comparecen y deliberadamente pactan y su pacto queda grabado en la escritura por ellos rati-ficada y firmada. Para convertir el acto del gestor en contrato bay que ponerlo en relación con Sarria y siendo ello así, i como sería posible establecer la relación, sin la ayuda de la evi-dencia oral? Tan no lo era que el propio demandante al presentar su prueba compareció como testigo y comenzó de-clarando sobre sus relaciones como empleado de la casa, sobre su sueldo como tal, sobre sus deberes, sobre su nombramiento de apoderado, sobre el aumento de su trabajo después del poder, aunque reconoce que desde el primer momento que entró en la firma sirvió como apoderado. Durante todo el interrogatorio directo la única referencia que bay a la escri-tura, es ésta: “¿Ese poder fué por algún documento? Sí, señor.” Y del conocimiento que tenía el demandante del documento babla este incidente. Al declarar el demandante por última vez y pedirle su abogado que explicara lo diebo por el testigo Eduardo Alvarez sobre el pleito del Dorado, contestó:

“T. — No, señor, él quería que yo presentara la demanda de embargo y como yo tenía otras cosas que hacer y él era perezoso le exigí que fuera él, y además que yo tenía entendido que un apo-derado no estaba facultado por la ley para presentar demandas de embargo. ’ ’

Sin embargo, si Rubiera simplemente leído la escritura de poder, Rubiera encontrado que su cláusula quinta decía lo que sigue:

“Quinta. — Apremiar amistosamente al pag'o de los deudores de la sociedad, convenir modo y formas de pago, formalizar recibos y cartas de pago, o para hacer la correspondiente reclamación en los tribunales de justicia competente.”

Siendo esto así, teniendo necesariamente que recurrirse a la prueba oral para establecer el contrato y tratándose simplemente de explicar la consideración del mismo que no fué otra según la demandada que la de ser Sarria su em-pleado con un sueldo de cien dólares al mes y la de ponerlo en condiciones de representar debidamente a la casa durante la ausencia del gestor realizando todos los deberes que venía cumpliendo y pudiendo especialmente en caso necesario re-presentar en los tribunales a la firma, y que, según Sarria, fué el sueldo separado de cien dólares, es necesario concluir que tal prueba, no obstante la deficiencia que puede adver-tirse en la contestación, fué debidamente aportada y admi-tida y debe tenerse en cuenta para la decisión del litigio. Parece conveniente transcribir las propias palabras del de-mandante contestando a preguntas de su abogado. Son así:

“Dte. — Abog.—¿Qué razón le indujo a Ud. a desempeñar ese puesto? — T.—Que me ofrecieron $100.00 por el cargo. — A.—¿Quién se lo ofreció a Ud? — T.—El gestor Victoriano Alvarez. — A.—¿Si a Ud. no le hubieran ofrecido ese sueldo Ud. hubiera desempeñado el cargo de apoderado? — T.—No, señor, porque yo ganaba $100.00 mensuales de tenedor de libros y corresponsal y no me iba a echar nuevas responsabilidades gratuitamente. ’ ’

Examinada la prueba, surge tan claro de ella que sólo de un sueldo por todos sus servicios disfrutaba el demandante, que no nos detendremos aliora en un análisis minucioso. La lógica y completa declaración del gestor, las terminantes afirmaciones de los otros empleados de la casa, los libros de ésta llevados por el propio demandante basta noviembre der 1923, lo dicbo por él al retirarse de la casa sobre abono de sn saldo deudor por bonificación y sobre todo la nota qne escribiera a sn cuñado el comanditario Pórtela, hablan de modo tan elocuente, que las explicaciones que en contrario trata de ofrecer el demandante no resisten su peso. Esa prueba explica la escritura. La escritura fué una verdad, una verdad el poder, una verdad el sueldo, pero el sueldo no se fijó solamente en consideración a los servicios que pres-tara el demandante a la casa como apoderado, sino para compensar todos sus servicios.

Aún bay mas. En el caso de que no pudiera admitirse la prueba explicativa de lo consignado en la escritura, es necesario reconocer que el demandante vendría obligado a probar para reclamar con éxito el sueldo fijado en la misma que él babía usado del poder y a nuestro juicio todo lo que la prueba demuestra es que la única vez que realmente se le requirió para que usara del poder, se negó a ello.

Es lo cierto que el trabajo encomendado al demandante en la casa era propio de un apoderado, pero también lo es que él lo hizo desde el principio, como lo demuestran los vales y los cheques aportados como prueba y las declaraciones de los testigos, sin necesidad del poder. Sin éste, hubiera continuado del mismo modo y, en tal virtud, nunca estaría justificada su reclamación fundada en la escritura.

La sentencia declarando la demanda con lugar debe, a virtud de todo lo expuesto, revocarse.

También debe revocarse a nuestro juicio la reconvención. Fué en lo que dijo verdad, según nuestro criterio, el deman-dante. El saldo deudor se le abonaría como una bonificación. Esa es la práctica general y eso parecía lo justo. Creemos que es cierto que los libros arrojan como debida la suma reclamada, pero creemos que es cierto también que se pro-metió condonarla. De no haberse iniciado este pleito, jamás se- Habría establecido reclamación alguna contra el deman-dante.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Felipe Segarra Serra, demandante y apelado, v. Ana María Manescau, y Mercedes Figueroa Sánchez, demandados y apelantes.
    No. 4367.

    Visto: Mayo 1, 1928.

      Resuelto: Diciembre 14, 1928.

      Leopoldo Tormos, abogado de las apelantes; Miguel Bahamonde, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la. opinión del tribunal.

Felipe Segarra demandó en la Corte de Distrito de Ponee a Ana María Manescau y a Mercedes Figueroa en cobro de obligaciones ascendentes en junto a la suma de $864.34. En la demanda se alegan separadamente tres causas de acción, así:

1. — “1.—.
“2. — Que con fecha 19 de diciembre de 1925, y para vencer el día 19 de junio de 1926, las demandadas suscribieron ante el Nota-rio don Francisco R. Cortés una obligación por la suma de $118.00, mancomunada y solidariamente, comprometiéndose a pagar a razón del doce por ciento anual como intereses y las costas y honorarios de abogado que devengara el cobró de esta obligación.
“Que la citada obligación de $118.00 y sus interefees ascendentes a $15.34 no han sido satisfechos a pesar de las diversas gestiones he-chas al efecto, adeudando las demandadas por esta obligación la suma de $133.34.
2. — "1. — .
“2. — Que con fecha 29 de junio de 1926, la's demandadas suscri-bieron mancomunada y solidariamente a favor del demandante una obligación por la suma de $500, comprometiéndose a pagar intereses a razón del doce por ciento anual en caso de mora y las costas, gas-tos y honorarios de abogado en que incurriere el demandante para el cobro de esta obligación.
“Que la obligación antes mencionada venció, se requirió de pago a las demandadas y é'stas no lo efectuaron cuya obligación con sus intereses asciende a la suma de $513.00.
3. — “1.—.
“2. — Que con fecha 29 de octubre y para vencer el 29 de diciem-bre las demandadas suscribieron otro pagaré, mancomunada y solida-riamente por la suma de $200, comprometiéndose al pago del doce por ciento anual de intereses en caso de mora y a satisfacer las cos-tas y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial.
“Que la citada obligación está vencida, fueron requeridas las de-mandadas de pago y se han negado a hacerlo, manifestando carecer de metálico para ello.”

Las demandadas formularon excepciones previas que fueron declaradas sin lugar. Contestó la demandada Ma-nescau reproduciendo su excepción de que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción y alegando ciertos hechos como fundamento de oposición.

La demandada Figueroa no formuló contestación pero asistió al juicio representada por el mismo ahogado que la demandada Manescau. Se practicó prueba testifical y docu-mental y finalmente la corte dictó sentencia declarando la demanda con lugar.

La prueba practicada no forma parte de los autos. Sólo consta que fué apreciada por la corte sentenciadora, así:

“Por la apreciación que ha hecho la corte de toda la prueba pre-sentada en este caso, considera que el demandante ha probado debi-damente todo's los hechos alegados en la demanda, o sea que las de-mandadas suscribieron tres obligaciones mancomunada y solidariamen-te, comprometiéndose a pagar al demandante las sumas de $118, $500 y $200, más los intereses al 12%. anual, cuyas obligaciones ven-deron en las fecha's que antes se ba beebo constar y no ban sido satisfechas por las demandadas a pesar de haber sido requeridas para ello por el demandante; y que la prueba presentada por la's deman-dadas se refiere a otras negociaciones que existían entre las partes, independientemente de las obligaciones; y, asimismo que no se ha probado a satisfacción de la corte que el demandante cobrara a las demandadas intereses en exceso del 12% anual.”

No conformes con la sentencia las demandadas apelaron de ella para ante este tribunal. Sostienen que la corte de distrito erró al desestimar la excepción previa y en tal virtud que la sentencia apelada es contraria a derecho. .Alegan que la demanda es insuficiente porque si bien expresa que las demandadas suscribieron los pagarés de que se trata, no dice que los entregaron al demandante. Invocan en apoyo de su contención las decisiones de esta Corte Suprema en los casos de Bennett v. Boschetti, 31 D.P.R. 856, Schlüter & Co. v. González, 34 D.P.R. 303, Fornaris v. Font, 35 D.P.R. 610.

A nuestro juicio debió prosperar la excepción, ya que la entrega de los pagarés no fué alegada. Bastará citar lo resuelto por esta corte en uno de los casos invocados. Es así:

“El artículo 80 de la Ley de Evidencia (Comp. 1911, sec. 1448) dice:
“‘Art. 80. — El otorgamiento de un documento consiste en suscri-birlo y entregarlo con o sin la fijación de un sello.'
“El estatuto parece claro. No basta suscribir el documento, es además esencial su entrega. La razón de la ley es que por la en-trega 'se consuma el contrato, o sea, por la tradición del documento.
“Es un elemento esencial en todo contrato escrito que sea entre-gado por la parte que se obliga, a alguien que tiene derecho a tener-lo; siendo la entrega la prueba del consentimiento del que la da, y ol recibo del que la obtiene, esto da por consumado el contrato. Y así por regla general un pagaré, como cualquier otro documento, no tiene ningún principio legal o existencia válida como tal hasta que ha sido entregado de acuerdo 'con el objeto o intención de las partes. 3 R.C.L. 859. Véase el caso de Bennett vs. Boschetti, 31 D.P.R,. 856.” Schlüter & Co. vs. González, 34 D.P.R. 303, 304.

En sn alegato la parte apelada sostiene que:

“Este caso se distingue del de Schlüter vs. González, supra, en que, en el presente la parte demandada admitió en su contestación que adeuda al demandante las sumas reclamadas, quedando por lo tanto subsanado el defecto señalado, en caso que existiera. Y además, el caso que nos ocupa, fue resuelto por sus méritos, y la demandada tuvo amplia oportunidad, bajo su negativa general, resultando, pue's, qüé la' falta de dicha alegación en nada ha perjudicado a las deman-dadas-apelantes, ya que la existencia de dicha alegación, en nada hu-biera hecho variar el resultado del pleito. Por los motivos aquí ex-puestos,' resulta aparente que el recurso interpuesto es frívolo y dilatorio. ’ ’

Luego cita jurisprudencia respecto a subsanación de de-fectos por virtud de las alegaciones de la parte contraria.

Una de las demandadas no contestó. Nada, pues, puede sostenerse que admitiera. Hemos examinado la contestación de la otra demandada y a nuestro juicio no puede concluirse que admita la existencia de las tres causas de acción de tal manera que pueda entenderse corregido el defecto fundamental de que adolece la demanda.

No puede aceptarse la teoría de la parte apelada acerca de que la demandada estuviera obligada a probar en el juicio la no entrega de los pagarés. Es al demandante al que incumbe la prueba de la existencia de la obligación que reclama.

Aunque no era necesario, bemos transcrito la declaración de hechos probados de la corte sentenciadora porque tam-poco de ella constan hechos suficientes para basar la senten-cia pronunciada. No se declara probada la entrega de los pagarés. Sólo se dice que las demandadas los suscribieron. Y ello no es bastante, según lo resuelto en los casos ya citados.

Debe declararse, con lugar él recurso y dictarse sentencia desestimando la demanda por no aducir hechos Suficientes • para determinar una causa de acción.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Alfredo Campos, demandante y apelado v. Great American Ins. Co., demandada y apelante.
    No. 4019.

    Visto: Junio 14, 1927.

      Resuelto: Diciembre 14, 1928.

      J. Tous Soto y R. V. Pérez Marchand, abogados de la apelante; F. Parra Capó y Leopoldo Tormes, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Este es uno de los casos a que se hace referencia en el de Farinacci v. Niagara Fire Insurance Co., 38 D.P.R. 81.

Dictada que fue sentencia a favor del demandante en una acción sobre una póliza de seguro, la demandada radicó una moción de nuevo juicio. La moción se basaba en los funda-mentos mencionados en los incisos 5 y 6 del artículo 221 del Código de Enjuiciamiento Civil. En estos fundamentos se exponían las razones que había para hacer la solicitud, y estaban acompañados de un aviso en que se hacían constar los documentos en que la demandada se proponía descansar, según demuestra el siguiente extracto;

“(a) Porque la prueba aducida por el demandante en este cafeo es insuficiente para justificar la sentencia recaída en el mismo.
“(b) Porque durante se tramitaba el juicio la Corte sentencia-dora cometió un error de derecho, al cual opuso excepción la parte solicitante.
“Fundamos nuestra solicitud de que es insuficiente la prueba para justificar la sentencia en que la Corte da por probado como hecho puramente ca’sual el incendio que destruyó el establecimiento del demandante, cuando toda la evidencia demuestra que el fuego fué originado por la combustión de explosivos y líquidos inflamables, cuya presencia en aquel sitio no pudo justificar el demandante.
“Porque la sentencia da por explicado satisfactoriamente lo de la gasolina y otros inflamables en la tienda del demandante por las declaraciones del capitán de la Policía In'sular del Distrito, cuando en realidad de verdad fué este testigo quien mejor demostró que la presencia de aquellos combustibles en aquel sitio y en aquellas cir-cunstancias no tenían justificada explicación.
“Porque la sentencia da por probado que la gasolina encontrada en el local del demandante inmediatamente después del incendio be justificaba por el hecho de que en un establecimiento contiguo de un señor Ubides se guardaba gasolina para el uso de su automóvil, cuando la prueba demuestra que el señor Ubides no declaró seme-jante cosa; y media la circunstancia de que según aparece del ré-cord, lo's abogados de las partes convinieron y estipularon, en momen-tos en que la demandada quería citar al referido señor Ubides como su propio testigo, que dicho comerciante no tenía necesidad de com-parecer porque el demandante aceptaba que si volviese a declarar como testigo declararía que él (Ubides) ‘no inventarió gasolina cuan-do hizo su reclamación de otras compañías aseguradoras en relación ccn este mismo incendio,’
“Fundamos nuestra alegación, o segundo motivo de nuevo juicio, de que se cometió un error de derecho al que la parte solicitante tomó debida excepción, en que habiendo la demandada interpuesto la defensa especial de ‘ineendiarismo’ o falta de buena fe, contra la re--elamación del demandante, la Corte omitió toda relación a esta de-fensa y en su sentencia da por probado que el siniestro ocurrió en circunstancias que no dejan lugar a sospechas.
“Porque la sentencia da por probado que el demandante cumplió con los términos y exigencias de su contrato de seguro, y que espe-cialmente hizo y remitió a la demandada el “Statement of Loss” y “Proof of Claims” que son de rigor en la reclamación de un seguro,, cuando la prueba demuestra todo lo contrario, esto' es, que si el de-mandante en algo faltó Ostensiblemente para con la demandada, fué precisamente en este extremo, por lo que pretendió a última hora en corte abierta justificar el incumplimiento de aquella parte de su contrato.
“Sostendremos los extremos precedentes con una exposición del caso, con las minutas de la Corte y con los autos y legajos del pleito."

Durante la vista de la moción de nuevo juicio la deman-dada presentó la transcripción taquigráfica del récord, que había sido- preparada y certificada para ser usada en la apelación interpuesta contra la sentencia, y ocurrió el si-guiente incidente:

“Demandante: Solícito se de'sestime la moción interesando se le conceda un nuevo juicio: en este momento solicito permiso para re-producir la moción de oposición presentada.-
“Juez: El punto legal que cree la Corte que debe dilucidarse previamente por la parte, es si a los efectos de una moción de nue-vo juicio, las enmiendas hechas al Código de Enjuiciamiento Civil que se refieren a apelaciones, o sea que 'se puede utilizar la transcrip-ción de las notas taquigráficas indistintamente que una exposición del caso preparada por la parte son de aplicación a los artículos 216 y subsiguientes que se refieren a mociones de nuevo juicio, e's decir, si una parte puede utilizar indistintamente en una moción de nuevo juicio la transcripción de la evidencia o la exposición del caso, se-gún especifican dichos artículos: ésa es una cuestión que tiene que presentar la parte que la propone, que es el licenciado Pérez Mar-chand: la Corte cree que debe demostrar que puede hacerse por media de una transcripción de las notas taquigráficas este procedimien-to de nuevo juicio.
“Las partes discuten la moción.
“Juez: La Corte declara sin lugar la moción previa y se funda para ello en que, de acuerdo con el artículo 222 del Código de En-juiciamiento Civil, cuando la moción de nuevo juicio se funda en cualquiera de los apartados cuatro, cinco o seis del artículo 221, puede fundar'se en los autos, legajo del pleito o en las minutas de la Corte, etc., y según la sección 2a. de la Ley 27 de 1917, después que el Juez ha certificado la fidelidad y corrección' de las notas ta-quigráficas, después que se ha aprobado, ésta constituirá y formará parte del legajo de la sentencia como si fuera el pliego de excepcio-nes o exposición del caso. La Corte entiende que de acuerdo con e'sto; una moción de nuevo juicio puede basarse en el legajo de la Sentencia, y aquí constituye parte del legajo de la sentencia la trans-cripción de las notas taquigráficas ya aprobadas y certificadas por el Juez, según aparece en este caso, por el Juez que entendió en el ■caso, Sr. Díaz Cintrón: La Corte cree que puede conocer de la moción de nuevo juicio.
*‘Demandante: Tomamos excepción.”

La resolución apelada dice así:

“Vistos los artículos 222. 223 y 224 del Código de Enjuiciamiento Civil; la jurisprudencia en los casos de Quiñones v. Ana María Sugar Company, 23 D.P.R. 351; Silva v. Salamanca, 14 D.P.R. 543; Taylor v. Bell, 128 Cal. 306; Santiago v. Santiago, 28 D.P.R. 960; Swift v. Occidental Min. & Petroleum Company, 141 Cal. 161; y examinado el récord taquigráfico o transcripción de la evidencia en este caso, la Corte es de opinión que debe declarar, y por la pre-sente declara, sin lugar, la moción de nuevo juicio presentada por la demandada en este caso.

El sexto y último señalamiento de error lee como sigue:

“La corte sentenciadora cometió error al declarar sin lugar la moción de nuevo juicio en este ca'so por los fundamentos de su reso-lución de 24 de julio de 1926.”

En el caso de Silva v. Salamanca, 14 D.P.R. 543, en la exposición del caso se dejaban de especificar los particulares, según los cuales la evidencia era insuficiente, y esta corte resolvió que la mera relación de nuevo en términos generales de lo que ya se liabía consignado en la moción de nuevo juicio, no era suficiente. Sin embargo, el caso de Quiñones v. Ana María Sugar Co., supra, sostiene que la exposición del caso puede ser enmendada a este respecto.

Lo que se resolvió en el caso de Santiago v. Santiago, supra, en lo pertinente a cualquier cuestión envuelta en el presente, fue que:

“Una sentencia'no es forzosamente errónea por el hecho de que al declarar con lugar la demanda por considerar probadas las ale-gaciones de la misma, deje de hacer referencia, y no la haga tam-poco la opinión, a la materia nueva alegada en la contestación, pues al fallar a favor del demandante, tácitamente declara que los deman-dados no probaron los hechos alegados en la materia nueva de la contestación. ’ ’

La apelación en el caso últimamente mencionado había sido interpuesta directamente contra la sentencia. Por el presente no es necesario determinar basta qné punto la doc-trina de ese caso es aplicable en la apelación entablada contra una resolución declarando sin lugar una moción de nuevo juicio. En lo que de tal doctrina nos concierne en el pre-sente recurso, de ser acaso aplicable, la conclusión sería que la sentencia dictada por el juez inferior, independientemente de las conclusiones en que se basó, dispuso de la controversia relativa al supuesto origen incendiario del siniestro. De ahí no se desprendería, desde luego, que la prueba a este respecto es suficiente para sostener tal sentencia.

Evidentemente la corte infeiior al declarar sin lugar la moción de nuevo juicio, examinó la transcripción taquigrá-fica solamente en lo que era necesario para cerciorarse del hecho de que no contenía especificación de los particulares según los cuales se alegaba que la prueba era insuficiente para sostener la sentencia. Según ya se ha demostrado, la corte anteriormente había declarado sin lugar la objeción del demandante sobre el uso de la transcripción taquigráfica en lugar de la exposición del caso. Pero el demandante no atacó el documento así ofrecido por no contener especifica-ción alguna respecto a la insuficiencia de la prueba. Si se hubiese levantado tal objeción y ella hubiese sido sostenida por la corte, entonces la demandada hubiese tenido la opor-tunidad y el derecho de enmendarla. Quiñones v. Ana María Sugar Company, supra. El demandante, para cuyo beneficio se intentó principalmente el requisito estatutorio de tal especificación, renunció su derecho de exigir el cumpli-miento de ese requisito al dejar de presentar una objeción oportunamente. The Hibernia Savings and Loan Society v. Moore, 68 Cal. 156. Para los fines de esta opinión puede admitirse que la corte inferior motu proprio puede llamar la atención en cualquier momento a los defectos que haya en la exposición del caso, o en ciertas circunstancias, de-clarar con lugar una moción de nnevo juicio sin tomar en consideración una exposición defectuosa. Pero en el pre-sente caso, después de discutirse ampliamente y de resolverse todas las objeciones interpuestas por el demandante, la moción de nuevo juicio no debió haberse declarado sin lugar por fundamentos técnicos, sin considerar en absoluto los méritos del caso y sin previo aviso de cualquier objeción técnica u oportunidad de enmendar.

Generalmente quizá, bajo tales circunstancias, preferi-ríamos devolver el caso con el fin de permitir que el juez sentenciador resuelva en primer lugar las cuestiones más fundamentales envueltas. Pero en este caso el juicio fué celebrado y la- sentencia dictada por un juez de distrito, y la moción de nuevo juicio fué resuelta por otro juez. Según está constituida la corte de distinto en la actualidad, no estaría en mejor situación que esta corte para resolver sobre la suficiencia de la prueba para sostener la sentencia. Con-sideraremos la prueba, sin embargo, solamente en tanto en cuanto es necesaria para resolver la cuestión principal levan-tada por la moción y sin anticipar el resultado final a que pueda llegarse después de celebrado el nuevo juicio. Pero antes de entrar en este aspecto más amplio del caso, sólo es necesario discutir una de las proposiciones de menor importancia sometidas por el apelante y esto únicamente en vista de su íntima relación con la cuestión principal en-vuelta en el litigio.

Lo que el juez sentenciador tenía en mente al mencionar la declaración del capitán Martínez Chapel fué la muy franca revelación hecha por este testigo durante el examen de repreguntas. Esta manifestación se refiere no solamente a la declaración de Martínez sino también a la declaración de otros testigos. La declaración de Martínez y la de otros testigos así relacionada son una e inseparable y conjunta-mente forman la base de la conclusión en cuestión.

Esta dice así:

“4. La existencia de materia inflamable en el lugar del incen-dio quedó explicada satisfactoriamente por la declaración del capitán de la policía Sr. Martínez Chapel y otras declaraciones que tienden a justificar que el señor Ubides o Sucesores de Federico Font, comer-ciantes establecidos contiguos al señor Campos, tenían en su alma-cén uña gran cantidad de gas, y que el Señor Ubides tenía allí ga-solina que usaba para sus automóviles, quedando probado, además, que los artículos contenidos tanto en el ranchón del edificio del es-tablecimiento del señor Campos que pertenecían al señor Ubides, como los que estaban en el propio establecimiento del señor Campos, quedaron en completo desorden.”

El mero hecho, caso de ser un hecho, de que Ubides al presentar su reclamación a otras compañías de seguros no incluyera g’asolina en su inventario, no es concluyente res-pecto a si había o no g’asolina en el patio de la casa durante la noche del siniestro. Lo que el letrado del demandante durante el curso del juicio admitió con el fin de ahorrar tiempo, copiando de la transcripción taquigráfica, fue que si se llamaba a Ubides a declarar como testigo del demandado (itálicas nuestras), “declararía bajo juramento, que al en-viar su inventario en reclamación de póliza a las compañías aseguradoras, por mediación del mismo ajustador señor Has-trup, que intervino en este caso, estableció bajo juramento que él no llevaba entre los' efectos de su surtido, latas de gasolina.”

El juez sentenciador, desde luego, no podía asumir, es-tando Ubides ausente, que éste declararía, al estar presente, otra cosa que lo abarcado por la admisión cuidadosamente redactada, hecha por el letrado del demandante. De todos modos, el juez sentenciador no estaba obligado a aceptar como cierta la aseveración que se admitía, Ubides haría al ser llamado como' testigo, sino que estaba en libertad de apreciar tal manifestación en relación con los hechos estar Mecidos por otra prueba y a la luz de las circunstancias que rodeaban el caso, incluyendo el interés pecuniario que estaba envuelto al tiempo de hacer el inventario.

Si toda la prueba a que hace referencia el juez senten-ciador era o no suficiente para explicar la situación descrita por los testigos de la demandada y para así compensar lo que el juez sentenciador aparentemente admite sería por otra parte una demostración satisfactoria del origen incen-diario del siniestro, es cuestión enteramente distinta.

Campos estaba establecido en un edificio situado frente a la Plaza del Mercado por el norte, y a la calle de León por el este, en la ciudad de Ponce. Tenía cuatro puertas por el frente de la plaza, y por la parte posterior daba a un patio. El establecimiento de Ubides, quien bacía negocios bajo la razón social de Sucesores de Font, estaba situado en la calle de León, y por la parte de atrás daba al mismo patio. En el patio babía tres ranchones o almacenes, uuo de los cuales pertenecía a Ubides. Campos tenía un ranchón en la parte posterior de su establecimiento, que se extendía hacia el patio. Una o más de las puertas traseras daban a este ranchón, el que se usaba como oficina.

La prueba del demandante tendió a demostrar que el in-cendio se' originó en el patio y que se propagó con la brisa en dirección norte y noroeste hacia el establecimiento de Campos. Sin embargo, esta prueba no excluye muy defini-damente la posibilidad de que el incendio pudiera haberse originado en el ranchón perteneciente a Campos. Donde el incendio castigaba más era en el patio, y la mayor parte del trabajo de extinción del incendio fué dirigida a ese sitio. Se hicieron cuatro conexiones con la. cañería del acueducto y tres mangueras vertían el agua en el patio. Se usaron dos bombas de alta presión. Una de éstas fué instalada en la azotea del establecimiento de Ubides y la otra frente al es-tablecimiento de Campos.

Después del incendio se halló en el patio un montón de latas conteniendo gas, y tal vez unas pocas conteniendo gaso-lina. Otras latas que fueron identificadas más definidamente como de gasolina fueron halladas en el frente del estableci-miento de Campos. Las latas mencionadas últimamente, habían sido abiertas con nn instrumento punzante. Una de ellas aún contenía una pequeña cantidad de gasolina, y otra, gasolina y agua.

La teoría del demandante fue que las latas halladas en el establecimiento de Campos habían sido llevadas allí por el agua que se usó para extinguir el incendio en el patio. Un cálculo hecho a la ligera por el capitán Martínez indica que había unas 200 latas en el montón que quedó después del incendio donde anteriormente había estado el almacén de Ubides. El capitán Martínez admite que puede que hubiera gasolina en alguna de las latas porque, según explica él, no hizo un inventario de lo que allí había. Sin embargo, está seguro que la mayor parte de lo que allí había era gas. Había un número de latas diseminadas por el patio, algunas de las cuales habían explotado.

Los testigos del demandante se refieren en términos gene-rales a la gasolina o gas que se halló en el patio. Uno de estos testigos dice que supo que algunas de las latas conte-nían gasolina por habérselo preguntado a Ubides y a otros. Posteriormente este testigo, a indicación del letrado del de-mandante, agrega que algunas de las latas estaban pintadas de rojo. Le haber alguna otra prueba al efecto de que Ubides tuviera gasolina en existencia para usarla en su automóvil o para cualquier otro fin, ello ha escapado a nues-tra atención. Tampoco tenemos el beneficio de alguna refe-rencia del letrado de la apelada sobre la página del récord a este respecto.

También hubo alguna prueba del demandante tendente a establecer el hecho de que la corriente de agua de una bomba de alta presión lanzada sobre una lata de gasolina o gas la arrastrará hasta que la lata se pone en contacto con algún obstáculo, y que la hará “volar” una distancia de cien metros o más. El capitán que estaba a cargo del trabajo 3 a noche del siniestro también explica que a veces durante un incendio el agua misma se convierte en gasolina y coge fuego, las latas vacías se vuelven a llenar y las latas sin abrir “ruedan” debido a que la presión es muy grande.

Por otra parte, la prueba de la demandada indica que antes de darse la voz de alarma ocurrió una explosión en el establecimiento de Campos, que una de las vidrieras de en-frente fué destruida y que una pareja de muías que estaba parada frente a aquel sitio recibió algunas heridas causadas por fragmentos de cristal al volar éstos por el aire; que cuando se atacó el incendio por la vidriera que se había roto, una lata de material inflamable que estaba cerca de la vidriera empezó a arder; que el incendio no fué extinguido prontamente, sino que se propagó al echarle agua; que canti-dades de gasolina ardiendo o de otro líquido combustible salían flotando del establecimiento a través de la acera, sobre la superficie del agua, y les quemó las botas a los bomberos; que la calle estaba “inundada” de gasolina en presencia de una gran multitud de personas; que dos de las latas de gasolina recogidas en el frente del edificio fueron halladas entre una vidriera y un mostrador; que muy de mañana al siguiente día del siniestro se halló un número de frisas baratas, o pedazos de material barato de frisa y una especie de tela que se usa para proteger del polvos los trajes, impregnados de gasolina o gas, en el frente del establéci-miento, cerca de la pared, debajo de los aparadores y de la mercancía que de ellos había caído. En uno de los aparadores de la parte de abajo se hallaron otras frisas, torcidas a lo largo y saturadas de gasolina o gas, puestas extremo con extremo, con otros pedazos de la misma tela o paños para el polvo y medias también saturados de gasolina o gas.

La teoría de que gasolina y latas de gasolina pudieron ser lanzadas dentro del establecimiento de Campos mientras se efectuaba el trabajo- de extinción del incendio en el patio, puede ser suficiente para explicar la presencia de material inflamable en el establecimiento de Campos. Ello no explica la explosión violenta que se dice ocurrió en el establecimiento de Campos antes de darse la alarma de fuego. Tampoco explica la presencia de material inflamable colocado siste-máticamente detrás de la mercancía qne estaba en los apa-radores de la tienda de Campos. Nada hay qne demuestre qne la parte de abajo de ninguna de las puertas qne daban al patio estaba al nivel o prácticamente al nivel del patio. Tampoco hay nada qne indique que ninguna de estas puertas estuviera abierta en momento alguno antes de ser consu-midas o parcialmente destruidas por el incendio. Otra, prueba del demandante tendió a demostrar que una de estas puertas, que solamente había sido destruida parcialmente,, estaba más chamuscada por fuera que por dentro. De suerte que en una forma y hasta el límite indicado, probó demasiado. Tomando todo en consideración, la teoría del demandante y la de la corte sentenciadora dista mucho de ser una explicación satisfactoria de las condiciones que se describen como existentes hacia el frente del establecimiento de Campos en el momento en que los bomberos combatieron el incendio desde ese punto, aparentemente unos minutos después de haberse instalado una manguera en la azotea del establecimiento de Ubides, así como otros aparatos en la parte posterior del edificio.

En un nuevo juicio la corte de distrito, desde luego, está en libertad de apreciar la declaración del policía respecto al hecho de la explosión y de la hora en que ocurrió la misma, la del detective sobre lo que encontró a la mañana siguiente al siniestro y la relación de los hechos y condiciones exis-tentes a la entrada y frente del establecimiento, según la Lacen los bomberos y otros testigos del demandado. El juea sentenciador, sin embargo, no dudó de la veracidad de nin-guna de estas declaraciones. Por el contrario, y para los fines de su relación del caso y conclusión, aparentemente las aceptó como ciertas. Tampoco, según aparecen de la fas clef récord taquigráfico, hallamos motivo satisfactorio alguno' para atacarlas. Tomándolas- según son, conforme estamos obligados a hacerlo bajo estas circunstancias, dejan muy: poco o ningún lugar a dudas respecto al origen incendiario del siniestro. Se desprende, desde luego, que la prueba en conjunto no es adecuada para sostener la sentencia y que la moción de nuevo juicio debió haberse declarado con lugar.

Otra cuestión que quizá es más seria ha sido levan-tada por la moción en .que se solicita la desestimación del presente recurso. La teoría de esta moción es que una de las solicitudes de prórroga para radicar en la corte inferior la exposición del caso en apoyo de la moción de nuevo juicio, había sido radicada después de expirada la prórroga anterior. La solicitud presentada tardíamente demuestra de su propia faz que el letrado de la demandada estaba bajo la impresión de que la prórroga anterior no había vencido, sino que estaba próxima a vencer. La súplica de que se conce-diera un tiempo adicional, al igual que otras mociones, estaba basada en la aseveración de que el letrado del demandante había notificado a los de la demandada que se propondrían ciertas enmiendas a la exposición del caso que estaba pen-diente, razón por la cual la exposición no podía quedar ter-minada hasta que se determinara la forma definitiva en que debía redactarse la misma. Si se hubiese interpuesto en la corte inferior cualquier objeción basada en el fundamento que ahora se sugiere, la demandada por lo- menos hubiese tenido la oportunidad de solicitar algún remedio de acuerdo con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. La cuestión que ahora trata de levantar el apelado es demasiado tardía al ser presentada por primera vez en apelación.

En el caso de Schieffery v. Tapia, 68 Cal. 184, el apelado insistía en que el -mismo aviso de intención no había sido radicado oportunamente. Los tres primeros párrafos de la opinión leen así:

"La apelación de la sentencia no fué interpuesta oportunamente y por tanto debe ser desestimada.
“Se alega que el aviso de intención de presentar una moción de nuevo juicio no fué notificado ni radicado a tiempo. Los autos de-muestran que la debida notificación de la exposición del caso en la moción de nuevo juicio fué admitida por el letrado del demandado y que esta exposición del ca'so fué admitida y aprobada por la corte, ‘estando presentes ambas partes por medio de sus abogados.’ En la cxpos’eión del caso no aparece nada que demuestre que el letrado de la demandada presentara objeción alguna respecto a la notifica-ción del aviso de intención al darse por notificado o re'specto de la exposición o en cuanto a la aprobación de la exposición del caso, y en tales circunstancias debe resolverse que se renunció a cualquier defecto en la notificación. Véanse los casos de Hobbs v. Duff, 43 Cal. 486; Gray v. Nunan, 63 Cal. 220; Hibernia Soc. v. Moore, 68 Cal. 156.
“Por tanto, debe denegarse la moción para desestimar la apela-ción de la orden declarando sin lugar la moción de nuevo juicio.”

En el caso de Simpson v. Budd, 91 Cal. 488, 491, la corte dijo:

“Es indudablemente cierto, según esta corte ba decidido con fre-cuencia, que el derecho a solicitar un nuevo juicio es estatutorío y que a menos que se den los pasos prescritos, dentro del tiempo fijado, tal derecho no ’existe, contra una parte que se ciñe al e'statuto e in-siste en que se cumpla estrictamente cada disposición de la ley re-lativa a la cuestión y que se ha intentado en.su beneficio; pero nun-ca se ha resuelto que' tales disposiciones no pueden 'ser renunciadas por la parte que de lo contrario tendría derecho a reclamar su be--néfie’o. Por el contrario, se ha asumido en muchos casos, de no ha-berse resuelto directamente, que el término para notificar una mo-ción dé nuevo juicio, así como para dar cualquier otro paso en rela-ción con la misma, puede ser renunciado o prorrogado mediante con-sentimiento. Hobbs v. Duff, 43 Cal. 485; Brichman v. Ross, 67 Cal. 602; Patrick v. Morse, 64 Cal. 462; Gray v. Nunan, 63 Cal. 220; Shieffery v. Tapia, 68 Cal. 184; Curtis v. Superior Court, 70 Cal. 390.”

Se declara sin lugar la moción de desestimación, se revoca la resolución apelada y se ordena un nuevo juicio.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


text:
    Asamblea Municipal de Santa Isabel, querellante y apelada, v. Manuel Néstor Rodríguez, querellado y apelante.
    No. 4607.

    Visto: Julio 9, 1928.

      Resuelto: Diciembre 14, 1928.

      R. Martínez Nadal y Leopoldo 'formes, abogados del querellado; Non. Attorney General Interino, J. López Acosta, j Miguel Guerra, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión dél tribunal.

El artículo 29 de la Ley Municipal, según fué enmendado en 1925, lee en parte como sigue:

“La Asamblea Municipal podrá establecer acusación contra el al-calde por las causas que se expresan en esta Ley, mediante un pro-cedimiento público de impugnación (impeachment), en el que se in-vestigarán lo's hechos y se tomará cuenta de ellos, así como de los fundamentos de derecho en pro y en contra de la acusación, dando oportunidad al Alcalde para comparecer, presentar sus pruebas y defenderse en persona y por medio de abogado, pudiendo la Asam-blea Municipal citar, obligar a comparecer, juramentar y tomar de-claración a los testigos de cargo y descargo que haya en el caso, así como castigar ’a- cualquier per'sona o personas-por desacato 'cometido contra su autoridad o dignidad; Entendiéndose, que, cuando después de celebrada dicha vista pública, la Asamblea Municipal, por el voto de las dos terceras partes del número total de miembros que la in-tegran de acuerdo con el artículo 16 de esta Ley, declarase probados todos los heeho's o alguno de los hechos que se imputen al Alcalde, los autos del caso serán elevados, dentro de los dos días siguientes al acuerdo de la Asamblea, al Gobernador de Puerto Rico, quien, den-tro de un término de 20 días, podrá resolver si debe o no ser desti-tuido el Alcalde, notificando su resolución a éste y a la Asamblea Municipal. Si transcurridos los 20 días concedidos al Gobernador para resolver, éste no hubiere actuado, la Asamblea entonces, por el voto de lás dos terceras partes del número total de miembros que la integran de acuerdo con el artículo 16, resolverá definitivamente, exonerando o destituyendo el Alcalde.
“La resolución que dictare el Gobernador o la de la Asamblea, en su caso, se notificará inmediatamente al Alcalde quien si se creyere perjudicado, podrá, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación, apelar de dicha resolución para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ah que se remitirá sin pérdida de tiempo, el expediente, y quien deberá revisar el procedimiento, considerando, no 'solo las cuestiones de derecho que vayan envueltas es tal apela-ción, sino que también los hechos y el peso y alcance de la eviden-cia. ’ ’

En el presente caso José Manuel Santiago, representán-dose a sí mismo como Presidente de la Asamblea Municipal de Santa Isabel, envió al Gobernador de Puerto Rico lo que se supone ser un procedimiento instituido y llevado a deter-minación final y veredicto por la asamblea municipal de con-formidad con el artículo arriba mencionado.

En abril 27, 1928, el Secretario Ejecutivo, por orden del Gobernador, refirió ol asunto al Procurador General para que esto funcionario emitiera su opinión respecto a la lega-lidad del procedimiento de impugnación, y, en caso de que tal procedimiento fuese válido, para que liiciese su recomen-dación respecto a las medidas que se deberían seguir.

Hacemos el siguiente extracto de una carta dirigida al Gobernador de Puerto Rico por un Procurador General in-terino, con fecha Io. de mayo del corriente año.

“El primer punto a considerar es el status legal de los miembros de la Asamblea Municipal de Santa Isabel que intervinieron en este procedimiento de impugnación. La Asamblea Municipal de Santa Isabel originalmente estaba constituida por nueve miembro's, o sea, por José Santiago Rivera, José Inocencio Colón, Miguel Rivera, Julio Zayas, Tomás Santiago Maldonado, Tomás Santiago Rodríguez, Vidal Moreno, Enrique Rodríguez y Francisco Álvarez Santiago. De és-tos, cinco renunciaron y en, su lugar fueron nombrados nuevos miem-bros. La asamblea municipal a'sí reorganizada se dividió nuevamente en dos facciones, y cinco de los asambleístas, actuando como una ma-yoría, procedieron a declarar vacantes los puestos de dos miembros pertenecientes a la otra facción, y nombraron dos nueva's personas en su lugar, lo que bacía un total de siete miembros. Uno de éstos, no estando de acuerdo con sus compañeros, abandonó esta facción y se unió al otro bando, lo que bacía que la Asamblea Municipal de Santa Isabel tuviera seis miembro's a 'un lado, con José Manuel Santiago a su cabeza, y tres miembros al otro lado, bajo la dirección de José E. Colón.
“Varios procedimientos judiciales fueron iniciados por cada fac-ción contra la otra, y finalmente el alcalde presentó un recurso de injunction a nombre del municipio de Santa Isabel contra los seis miembro's de la asamblea municipal que estaban bajo la dirección de José Manuel Santiago, recurso de injunction que fué resuelto por el Juez Ángel Acosta Quintero, quien actuaba interinamente como Juez de Distrito de Guayama, sosteniendo la legalidad de los actos ejecutados por los seis miembro's de la asamblea municipal bajo la dirección de José Manuel Santiago.
“Estos seis miembros, que constituían una mayoría de la Asam-blea Municipal de Santa Isabel, procedieron a celebrar una sesión, y después de cumplir con la's disposiciones de la ley declararon va-cantes los puestos de los tres miembros pertenecientes al otro bando, y para los puestos así vacantes tres nuevas' personas fueron nom-bradas.
“En estas circunstancias y teniendo la Asamblea Municipal de Santa Isabel los nueve miembros fijados por la ley, se instituyó un procedimiento de impugnación contra el Alcalde de Santa Isabel. El procedimiento de impugnación fué celebrado de conformidad con la Ley Municipal, y la prueba aducida, prima facie sostenía los cargos presentados contra el alcalde.
“El artículo 29 de la Ley Municipal dispone lo siguiente:
“‘El alcalde podrá ser juzgado y separado de su cargo por las cau'sas que se establecen más adelante, por el Gobernador de Puerto Rico, teniendo el derecho de apelar de la resolución que dicte el go-bernador para ante la corte de distrito competente, la cual deberá revisar los hechos, y resolver en definitiva si hubo o no justa causa para la destitución . . .
‘“En caso de vacante del cargo de alcalde por cualquier circuns-tancia, la asamblea municipal procederá a nombrar un sustituto me-diante el voto de las dos tereera's partes, por lo menos, de los miem-bros que constituyen dicha asamblea,'y cuando no fuere posible ob-tenerse esta votación por cualquier causa, entonces dicho sustituto será nombrado por el Gobernador de Puerto Rico, . . . ’
“La situación en Santa Isabel ha llegado a su límite y deben to-marse medidás drásticas para proteger los intereses del púbhco y las finanzas de la comunidad. Una investigación practicada demuestra que la administración municipal es un completo fracaso, que los ser-vicios públicos han sido abandonados y que existe un completo es-tado de corrupción y un menosprecio absoluto hacia lo's derechos del ciudadano. Los autos del caso demuestran prima facie que la asam-blea municipal tiene autoridad para actuar, e independientemente de la decisión que las cortes puedan emitir al considerar cualquier re-curso de apelación que pueda entablarse, mi opinión es ,que se hace absolutamente necesario e indispensable que se tome alguna medida inmediata para proteger los intereses de la comunidad y los derechos de los vecinos de Santa Isabel.
“Respetuosamente me permito hacer las siguientes recomenda-ciones :
“1. Que la decisión en el procedimiento de impugnación in-coado por la Asamblea Municipal de Santa Isabel sea sostenida.
“2. Que siendo sus actuaciones pnma facie legales, de conformi-dad con el artículo 29 de la Ley Municipal el Alcalde de Santa Isabel sea destituido por Vuestro Honor y que la Asamblea Municipal de Santa Isabel designe un sustituto, y que si dos terceras parte's de los miembros que la constituyen no pueden ponerse de acuerdo sobre el candidato que se debe designar, que dicho sustituto sea nombrado por el Gobernador de Puerto Rico.
“3. Que Se requiera del Contador de Puerto Rico que haga una investigación sobre las condiciones económicas del municipio de Santa Isabel y que paralice el pago de aquellas transacciones efectuadas por los funcionarios actuales, que no estén de acuerdo con las dis-posiciones de la ley.”

Al recibo de esta comurLicación, el Gobernador de Puerto Eico estuvo de acuerdo con la opinión emitida por el Pro-curador General interino y resolvió que la destitución del alcalde estaba justificada. El alcalde ba apelado de tal de-cisión para ante esta corte.

El artículo 29 de la Ley Municipal, según ba sido citado por el Procurador General, parece baber sido tomado de las Leyes de 1924, antes de la enmienda de 1925, supra.

La decisión de la Corte de Distrito de Guayama a que bace referencia el Procurador General interino fue emitida después de celebrarse la vista de una solicitud para que se espidiera un injunction preliminar. Esta decisión se basaba principalmente en el fundamento de que el auto de injunction no era el remedio adecuado, y que fué confirmada por esta corte únicamente sobre ese extremo. (La Asamblea Municipal de Santa Isabel v. Santiago et al., 38 D.P.R. 658.)

Los cinco miembros que procedieron a declarar vacantes los cargos de dos miembros de la facción contraria y a elegir sus sucesores, lo que bacía un total de siete, tomaron tal medida en una sesión extraordinaria convocada por dichos cinco miembros. El asambleísta que posteriormente se pasó a la facción contraria formaba parte de los cinco citados. Si la actuación de los cinco miembros al declarar vacantes y al cubrirlas no estaba autorizada por la ley, entonces los seis miembros, ya que sólo cuatro de ellos eran miembros debidamente calificados, y no constituyendo quorum cuatro miembros, no tenían poder para declarar, crear o cubrir otras vacantes.

El reglamento de la asamblea municipal ordena que las convocatorias para las sesiones extraordinarias de la asam-blea municipal deben especificar los asuntos a tratar y que sólo se tratará en tales sesiones extraordinarias de los asun-tos incluidos en la convocatoria. Véase también el artículo 17 de la Ley Municipal, Leyes de 1925, pág. 697, y el caso de El Pueblo v. Oliveras, 33 D.P.R. 743.

La Corte de Distrito de'Guayama en el recurso de injunc tion arriba mencionado bailó que la convocatoria qne abora estamos considerando especificaba, entre otras cosas, la con-veniencia de declarar vacantes los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Asamblea Mnnicipal de Santa Isabel, “bacer nuevos nombramientos para cubrirlos,” y en caso de declarar tales cargos vacantes, designar nuevos miembros. El Secretario-anditor del municipio certifica que los únicos asuntos mencionados en la convocatoria fueron: primero, la conveniencia de declarar vacantes los puestos de presidente y vicepresidente de la asamblea municipal; segundo, en el caso de que se resolviera la vacante de dichos cargos, bacer nuevos nombramientos para cubrirlos; y tercero, ordenar una investigación de las actuaciones del director escolar y tesorero municipal sobre el cumplimiento de su deber. En una carta dirigida al Contador de Puerto Rico por el secre-tario-auditor municipal, éste también dice que durante las boras de la tarde de dicbo día, según noticias que él tenía, José Manuel Santiago y otras personas desconocidas para el secretario-auditor, penetraron en la oficina de éste y forzando cierto armario que contenía los libros de actas de la asam-blea municipal, así como otra documentación de dicba asam-blea, se los llevaron consigo y continúan reteniendo en su poder dichos documentos, haciendo uso indebido de los mismos; que en una vista que tuvo lugar en la Corte de Distrito de G-uayama el día 28 de marzo, José Manuel Santiago se desprendió de uno de los documentos sustraídos, o sea, de una citación que había sido diligenciada por el jefe de distrito de la policía, Guillermo Soldevila, para citar a los asambleístas que no concurrieron a la sesión del Io. de marzo; que dicbo documento había sido alterado, agregán-dosele las palabras “para cubrir vacantes” y “para con-siderar renuncias de miembros”; que el Sr. Soldevila era la persona que mejor podía testificar sobre los extremos que contenía la convocatoria para la sesión celebrada el día pri-mero de marzo; y que además el suscribiente tenía en su poder documentos qne acreditaban el contenido de tal con-vocatoria, suscrita por cinco de los asambleístas municipales, mencionando sus nombres.

La inserción extremadamente ruda de las palabras “para ■cubrir vacantes,” rompe la lalación lógica del pensamiento e índica qne ba. habido nna interpolación. Hasta ese ex-tremo da peso a la aseveración del secretario-auditor. Pero, para los fines de la argumentación, puede admitirse que la sesión extraordinaria fué convocada con el fin de cubrir va-cantes en el seno de la asamblea. Aun tal convocatoria difícilmente podría ser interpretada como un aviso a los asam-bleístas de que las vacantes así mencionadas iban a ser declaradas durante la sesión extraordinaria en caso de que ellos dejaran de comparecer al ser citados por algún fun-cionario.

El juez de distrito halló que “se ordenó el arresto y comparecencia de los asambleístas Miguel Rivera y Mauricio Ánés por haberse negado a firmar la convocatoria y no com-parecer y al diligenciar dicha orden de arresto se negaron a comparecer, por ser su propósito no asistir a dicha asamblea, por lo que fueron declarados vacantes sus cargos y eom-probádose que el concejal Sr. Miguel Rivera se encontraba ■en su establecimiento mercantil y el otro concejal Sr. Mauricio Anés en el cafetín del Sr. Fortunato Blanco, según así resulta de la propia evidencia del peticionario.”

El secretario-auditor municipal insistió en que la orden de arresto fué diligenciada, en lo que a Miguel Rivera y Mauricio Anés se refería, en el sentido de que ellos no fueron hallados, que estos caballeros nunca fueron en realidad de verdad arrestados ni se les dió la oportunidad de ser oídos, y que ni siquiera se formularon cargos contra ellos. Aquí también podría admitirse, sin resolverlo, que Anés y Rivera fueron hallados por el jefe de la policía y rehusaron la invi-tación más o menos urgente que les hacía para que asistieran a. la sesión. No se alega que ellos fueran arrestados por el jefe de la policía, que fuesen llevados ante la asamblea, o que tuvieran conocimiento de la acción que iba a tomar la asamblea.

El artículo 19 de la Ley Municipal, Leyes de Puerto Rico de 1925, pág. 699, dice así (bastardillas nuestras):

“Si cualquier sesión de la asamblea municipal no pudiere cele-brarse por falta de quorum, los miembros presentes podrán compeler a los ausentes a que comparezcan, ordenando por escrito a cualquier marshal de cualquier corte insular o jefe de policía que los arreste y conduzca al 'salón de sesiones, salvo en caso de imposibilidad física comprobada satisfactoriamente. Si a pesar del arresto, persistiere el miembro en ausentarse, se declarará vacante su puesto.”

Si puede declararse o no' vacante el cargo de cualquier asambleísta ausente sin haberse arrestado a la persona y sin habérsele obligado a comparecer, y sin habérsele dado opor-tunidad de ser oída sobre la cuestión de su imposibilidad física, o de atacar el diligenciamiento de la orden de arresto, o el informe verbal del funcionario cuyo deber era efectuar tal arresto, es cuestión distinta que no es necesario resolver por ahora.

La falta de quorum es una condición precedente al ejer-cicio del poder aquí conferido a la asamblea municipal. Tal condición no existía en el presente caso. Según hemos de-mostrado, la acción de la asamblea municipal que ahora está bajo nuestra consideración fué tomada por una mayoría de i,odos los miembros y por tanto no surgió cuestión alguna respecto a la falta de quorum. Si una mayoría del número total de asambleístas puede obligar la comparecencia de miembros ausentes, o declarar vacante el cargo de cualquier asambleísta que no esté presente al dejar tal miembro de asistir a una sola sesión extraordinaria, tal poder debe deri-varse de alguna fuente distinta a la disposición legislativa en que se descansa en el presente caso.

Por tanto, nos sentimos obligados a resolver que la ac-tuación de la Asamblea Municipal de Santa Isabel al declarar vacantes los cargos de Miguel Rivera y Mauricio Anés y al tratar de cubrir las supuestas vacantes así declaradas, al igual que todos los pasos dados posteriormente, que culmi-naron en la supuesta impugnación y destitución del Alcalde Manuel Néstor Rodríguez, eran ultra vires y nulos.

La resolución apelada debe ser revocada.