text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Echavarry et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan,

      , Sección Segunda, en causa por delito contra la justicia pública.
    No. 1438.
    Resuelto en enero 19, 1920.
    Excepción Perentoria por Duplicidad. — Cuando durante el juicio'se formula excepción perentoria a la acusación, fundada en que ésta imputa más de un delito, dicha excepción, por no ser de carácter privilegiado, sino de forma, se presenta demasiado tarde.
    AousacióN Suficiente — Alegación — Delito Contra la Justicia Pública.— Cuando en la acusación so imputa una serie de actos íntimamente relaciona-dos que conducen a la comisión de un delito principal, (en este caso contra la justicia pública) aunque alguno de esos actos pudiera aisladamente cons-tituir un delito, no por eso puede sostenerse que en la acusación se imputa más de un delito.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Miguel Guerra, y José de Jesús Tizol.

    Abogado del apelado: Srt José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el acusado fue declarado culpable de un de-lito contra la justicia pública. Durante el juicio formuló una excepción perentoria alegando que en la acusación se impu-taba más de un delito. La corte declaró sin lugar la refe-rida excepción perentoria.

En el caso de El Pueblo v. París, 25 D. P. R. 111, después de citar los artículos 144, 145, 146 y 152 del Código de Enjuiciamiento Criminal este tribunal indicó que Ja excep-ción perentoria debe formularse el día en que se da lectura a la acusación o en cualquier otro momento fijado por la corte y que la acción tomada por la corte al declarar sin lugar una excepción perentoria podía sostenerse por el fun-damento de ser muy tardía la objeción. Después de Haber discutido las cuestiones y citar autoridades, sostuvimos que no era razonable que la corte tuviera que considerar seme-jantes cuestiones en forma tan sumaria y dijimos:

“Si el abogado tiene que liacer una verdadera objeción a la acu-sación, especialmente si es formal o técnica, no deberá hacerla como de sorpresa en el juicio. .Estaremos dispuestos a hacer caso omiso de una excepción perentoria de tál modo presentada sobre cualquiera cuestión, como dicha excepción no sea de la clase que hemos llamado privilegiada.”

También dijimos en la página 115:

“No queremos dar a entender que en manera alguna deba el acusado quedar limitado estrictamente al formular objeciones a la acusación. Si solicita permiso para ello antes del juicio, y especial-mente si no ba estado representado por abogado en el acto de la lectura de la acusación, la corte deberá ser enteramente liberal, pero deseamos insistir en el punto de que una objeción de naturaleza formal formulada a la acusación en el día del juicio se presenta demasiado tarde. Él tiempo para hacer alegaciones ha pasado, como también el de formular objeciones, a menos que éstas sean de carácter pri-vilegiado. La corte debe oir y resolver una excepción perentoria (demurrer) antes del día del juicio y los abogados tienen" derecho a insistir en este punto.”

En relación con este punto es de aplicación el caso de United States v. Gooding, 12 Wheaton, 477,

Todo lo que simplemente sea de carácter formal queda de tal modo renunciado si no ha sido presentado con per-miso de la corte. ¿Es la excepción perentoria por duplici-dad puramente de forma? Las autoridades tienen un criterio distinto respecto de este punto, pero sostenemos que una ob-jeción por duplicidad no debe hacerse en la forma de excep-ción perentoria en el momento del j'riicio porque el acusado tiene otros medios de protección a su alcance. El puede, si es que la acusación realmente deja duda acerca del cargo de que deba defenderse, exigir que el fiscal elija el delito basado en el cual el gobierno trata de que se dicte un fallo condenatorio, o solicitar alguna instrucción de la corte. En esta forma, o tal vez en otras, el acusado puede protegerse, pero no tiene derecho a que la acusación sea sobreseída y demorar el juicio por el fundamento de duplicidad si tal ob-jeción no se formula a su debido tiempo.

Pero concediendo al apelante el beneficio de la duda res-pecto a si la corte permitió la excepción perentoria y el go-bierno no hizo debida objeción, no encontramos que la acu-sación realmente impute más de un delito. Pasamos a trans-cribirla.

“El fiscal formula acusación contra Antonio Echavarry, José Echavarry, Eamón Echavarry, José F. Morales, Víctor Espino y Bernardo Marrero por un delito contra la justicia pública, misdemeanor, cometido de la manera siguiente:
“Allá el día 21 de junio cíe 1918, en la jurisdicción de Loíza, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, Antonio Echava-rry solicitó licencia de su jefe para retirarse del servicio ese día bajo la 'alegación de hallarse indispuesto, y, puesto de acuerdo con sus hermanos José y Eamón Echavarry, con Victor Espino y Bernardo Marrero, convinieron con José F. Morales de una manera ilegal, vo-luntaria y maliciosa arrestar a don José Sánchez, propietario, co-merciante, residente en el barrio Hato Puerco de Loíza con el objeto de obtener una recompensa por su libertad y, al efecto, simulando que al José F. Morales lo llevaban detenido, subieron a la casa comer-cial del citado don José Sánchez, en la que se presentaron con el carácter de policías y detectives de la policía insular todos y cada uno de ellos, y bajo el pretexto de que viera el José Sánchez si cono-cía al José Morales, lograron que aquel saliera de la casa y una vez fuera de ella lo arrestaron sin autoridad para ello, sin que existiera denuncia, sin que hubiera cometido delito alguno, y valiéndose de un automóvil, contra su voluntad' y a pesar de sus protestas lo con-dujeron a San Juan, y como durante el camino se negara a pagar o dar alguna recompensa para su libertad, fué conducido al cuartel de la policía de Puerta de Tierra bajo una acusación de que se tra-taba de un conspirador y de cuyo cuartel fué trasladado al de San Juan, donde pasó la noche en calidad de detenido hasta el día si-guiente en que fué puesto en libertad a virtud de la investigación que hicieron las autoridades superiores.
“Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Eico. Luis Campillo. — Fiscal del Distrito.”

Se alega específicamente en la acusación que el delito es uno contra la justicia pública y por tanto que el gobierno podía mediante la debida objeción en el juicio quedar limi-tado a probar tal delito.

Pero de todos modos, los lieehos de la acusación no cons-tituyen sino una sola transacción. Es verdad que en ella existen algunas otras palabras que indican una conspiración o tentativa de extorsión, pero el delito realmente imputado os el que determina el artículo 135 del Código Penal, el cual es como sigue:

“Todo funcionario público o persona pretendiendo serlo, que por pretexto de algún proceso u otra causa legítima, arrestare alguna persona o la detuviere contra su voluntad, o que confiscare o embar-gare bienes, o desposeyere alguna persona de terreno o bienes sin formación del correspondiente proceso, o sin autoridad legítima para ello, será reo de misdemeanor.”

En este caso el acusado se unió a otros para sacar al denunciante de su casa, someterlo a distintos medios de pre-sión e intimidación, todo esto so pretexto de que el acusado y sus asociados eran funcionarios públicos. La simulación era sola y única y existió en cada uno de los actos realizados por el acusado para llevar a cabo su propósito dañoso y todo fue ejecutado en una serie de actos íntimamente relacionados. En las notas al caso de Ben v. State, 58 Am. Dec. 242 se hace cita del principio en la siguiente forma:

“Cuando varios actos ejecutados por la misma persona no son sino pasos sucesivos en el curso de un propósito criminal y que cons-tituyen en conjunto un solo delito, aunque cada uno de ellos reali-zados aisladamente podrían constituir un delito, dichos actos todos pueden ser imputados en un solo cargo;” citándose autoridades. Yéase también Bouvier, Duplicidad, Tomo Io. 626.

También se objetó durante la vista, que en la acusación no se expresaba que el acusado y sus asociados eran funcio-narios públicos, o que so hicieron pasar como tales. En dicha acusación aparece suficientemente que antes de que el arresto se hiciera y fuera apresado el denunciante, los acu-sados se presentaron como policías y detectives y actuaron en todos los momentos como si tuvieran autoridad para veri-ficar el arresto.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Terrasa, Acusado y Apelante.
    ApblacxÓN interpuesta contra sentencia de la Corté de Dis-trito de Arecibo por infracción al artículo 553 del Código Penal.
    No. 1421.
    Resuelto en enero 19, 1920.
    Cierre de Establecimientos Comerciales e Industriales — Interpretación de la Ley. — Limitándose el artículo 553 dol Código Penal a fijar la hora desde la cual deberán permanecer cerrados los establecimientos comerciales e industria-les, es preciso concluir que no prohíbe ni pena el acto de abrir un comerciante su establecimiento a las dos de la mañana del día siguiente cuando éste no es de los que requiero la ley que permanezcan cerrados todo el día, por no constituir esto infracción de la ley, pues si el legislador hubiera querido fijar la hora a que habían de abrirse, lo hubiera dicho claramente como lo hizo al fijar la hora del cierre.
    Id.' — Días Naturales. — Cuando la ley habla de días en términos generales, o se refiero a ellos, el legislador tiene en su mente los días naturales que compren-den veinte y cuatro horas contadas desde las doce de la noche.
    Id. — Delito.—Para que una persona pueda ser castigada como infractora de una ley penal es necesario que el acto o la omisión que se castigue aparezca clara-mente establecido en la ley. El texto de la ley no debe forzarse mediante, interpretación al efecto de que quede comprendido en él ningún delito que la Legislatura no haya tenido claramente presente.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Ulpiano Crespo, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Terrasa & Palón, representada por Gabriel Terrasa, fné denunciada en la Corte Municipal de Arecibo por infringir el artículo 553 del Código Penal imputándosele que a las dos de la mañana del día 19 de marzo de 1919 abrieron la tienda de provisiones al detall que tienen en la plaza del meñcado de diclia población y dieron principio a sus transacciones co-merciales.

Conociendo la Corte de Distrito de Arecibo de esa de-nuncia en grado de apelación dictó sentencia condenando a Gabriel Terrasa al pago de una multa, contra cuyo fallo in-terpuso el perjudicado el presente recurso de apelación.

Alegó Terrasa en la corte inferior su inocencia y sostiene en este recurso que la denuncia no le imputa delito alguno y que debemos dictar sentencia absolutoria porque si bien el artículo 553 del Código Penal, según quedó enmendado en el año 1917, dispone que los establecimientos mercantiles e industriales permanezcan cerrados al público desde las seis de la tarde en los días laborables, nada bay en él que determine a qué hora podrán ser abiertos y comenzar sus transac-ciones y que no prohibe ni castiga el hecho que' se le imputa en la denuncia.

El precepto legal en cuestión se encuentra en la página 273 de las leyes de 1917, tomo II, y dice así:

“Artículo 553.- — Los domingos durante todo el día; los días de fiesta legales desde las 12 a. m., excepto el Labor Day, o sea el primer lunes del mes de septiembre, y el día 4 de julio, que permanece-rán cerrados todo el día; todos los sábados desde las 9 p-. m.; todos ■ los días laborables desde las 6 p. m., y los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de cada año desde las 10 p. m., permanecerán cerrados al público y una ñora después de cerrados no se permitirá ninguna clase de trabajo para los empleados, en los establecimientos comer-ciales e industriales, con excepción de los designados a continuación. * « #

Como se vé el legislador se limitó a disponer que durante ciertos días permanecieran cerrados durante todos ellos los establecimientos comerciales e industriales que no exceptúa; que en otros de fiesta legal se cerrarán a determinadas horas; y que los días laborables permanezcan cerrados desde las seis de la tarde, excepto ciertos días que cerrarán a hora posterior. Nada hay en esa ley que diga a qué hora del día siguiente podrán ser abiertos dichos establecimientos y co-menzar sus operaciones comerciales o industriales. El día a que se refiere la denuncia era laborable.

Como la ley se limitó a fijar la hora desde la cual debían permanecer cerrados los establecimientos industriales y mer-cantiles tenemos que concluir que no prohibe ni pena el que se abran a las dos de la mañana del .día siguiente, como hizo el apelante, por lo qne no podemos declarar qne el acto rea-lizado por él constituya infracción de esa ley. Si el legis-lador hubiera querido fijar la bora a qne habían de abrirse esos establecimientos lo hubiera dicho claramente, como lo hizo al fijar la hora del cierre. Nosotros no estamos facul-tados para agregarle palabras a la ley. En los casos de City of Clinton v. Crusendorf, 45 N. W. Rep. 407 y de Bennet v. Pulaski, 47 L. R. A. 280, las ordenanzas específicamente fija-ron las horas a qne debían ser cerrados ciertos salones y la en que podrían ser abiertos al día siguiente. El caso de El Pueblo v. García & García, 22 D. P. R. 820, tiene alguna relación con el presente pues, estudiando la ley qne orde-naba el cierre de los establecimientos en los días laborables a las seis de la tarde y lo^ sábados a las diez de la noche dijimos que de acuerdo con ella todo hombre está libre para trabajar y contratar trabajo por diez y nueve horas en todos y cada uno de los días, con excepción del domingo, y por veintidós horas el sábado.

Por otra parte cuando la ley habla de días en términos generales o se refiere a ellos'el legislador tiene en su mente los días naturales que comprenden veinte y cuatro horas con-tadas desde la doce de la noche. Código Civil, artículo 8.

Por último, para que una persona pueda ser castigada como infractora de una ley penal es necesario que el acto o la omisión que se castigue aparezca claramente establecido ■en la ley, porque no debe quedar convicto un hombre por un delito que no esté claramente’ definido y castigado por las' leyes y jamás debe forzarse el texto de la ley mediante in-terpretación al efecto de que quede comprendido en él nin-gún delito que la Legislatura no haya tenido claramente pre-sente. Lange v. El Pueblo, 24 D. P. R. 856.

En vista de la conclusión a que llegamos respecto a que el acto realizado por el apelante no está prohibido ni cas-tigado en. el artículo 553 citado es innecesario que tratemos las otras cuestiones que ha suscitado en esta apelación.

La sentencia apelada debe ser revocada y absuelto el ape-lante.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Miranda, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto pontra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas denegando la inscripción de una escritura de compraventa.
    No. 453.
    Resuelto en enero 20, 1920.
    Inscripción Previa a Nombre del Vendedor — Usufructo de Solares Munici-pales. — Para que el comprador de una casa enclavada en solar de un mu-nicipio pueda inscribir su título es necesario, de acuerdo con el artículo 20 'de la Ley Hipotecaria, que conste previamente inscrito en el registro el tí-tulo del vendedor en cuanto a la casa así como al usufructo del solar.
    Los hechos están -expresados en la opinión.
    ■ Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El Registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez Lasserre, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública No. 548 de cinco de noviembre de 1919, Paula Miranda manifestó ser viuda de Antonio Pe-rales González; que el Municipio de Oaguas le dió en usu-fructo desde el año 1910 un solar de su propiedad, que describe en la escritura; que sobre el solar edificó una casa y que la vende a Eleuterio Pomales.

Presentada esa escritura en el Registro de la Propiedad de Caguas con la certificación de defunción de Antonio Pe-rales González ocurrida eíi. 1892 el registrador se negó a inscribirla- fundándose en que el solar donde enclava la casa no se llalla inscrito a nombre del Municipio de Caguas ni tampoco la (‘asa a favor de la vendedora.

Interpuesto recurso gubernativo por Paula Miranda contra la negativa del registrador alega en su apoyo que ha-biéndosele presentado al registrador los documentos necesa-rios e indispensables para practicar a favor del Municipio la inscripción del solar y sucesivamente por medio de dicha escritura haber verificado la inscripción previa de la casa a nombre de la recurrente, denegó la inscripción.

Como la escritura presentada al registrador es el título de adquisición de la compradora de la casa para que pudiera ser inscrita era necesario qtio previamente la vendedora tu-viera inscrito su título de propiedad de la casa y de usu-fructo del solar, según el artículo 20 de la Ley Hipotecaria. El título de venta otorgado por una persona a favor de otra no es el que requiere la ley 'para hacer la inscripción previa a favor de tal persona.

La nota recurrida debe ser confirmada.

.Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    The American Colonial Bank, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas denegando la anotación de un contrato de préstamo refaccionario.
    No. 439.
    Resuelto en enero 22, 1920.
    Término para Interponer el Recurso Gubernativo’ — -Interrupción del Tér-mino. — Cuando presentado un documento en el registro se deniega la anota-ción o inscripción solicitada, la presentación del mismo documento acompa-fiado de otros que tienden a subsanar los defectos apuntados, hecha dentro del término de veinte días que concede la ley para recurrir de la resolución del registrador, surte el efecto de interrumpir dicho término, el cual, en el caso-de que el registrador ratifique su calificación anterior por medio de nueva nota, se seguirá contando a partír de la notificación de ésta.
    Bienes Gananciales — Obligaciones Personales Contraídas por el Esposo— Consentimiento Expreso de la Esposa. — Las obligaciones que personalmente contraiga el marido no constituyen gravamen alguno sobre los bienes de la sociedad de gananciales, por lo que no es necesario el consentimiento expreso de la esposa para que el marido pueda contraerías.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Rafael Arce.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez Lasserre, no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de 24 de julio de 1919 la corpora-ción The American Colonial Bank of Porto Pico y la so-ciedad civil Bamírez y González, constituida por sus socios Cándido Ramírez Muñoz y Ramón González Nieves, el pri-mero casado con María Morell Santana y el segundo de es-tado viudo, celebraron un contrato en virtud del cual el Banco se obligó a abrir a dicha sociedad un crédito refaccionario por la suma de $3,500, a cuyo pago afectaba la sociedad en favor del Banco una plantación de caña de azúcar de cien cnerdas, levantada en una finca rústica de mayor cabida de-nominada “San José”, con superficie de ciento cincuenta cuer-das o sesenta y un hectáreas, diecinueve áreas y sesenta y ocho centiáreas de terreno, situada en el barrio Quebrada de San Lorenzo, que la sociedad Ramírez & González poseía en concepto de arrendamiento por término de cinco años en virtud de contrato concertado con los cónyuges Sebastián Aponte y Oarmen López a contar desde el Io. de agosto de 1916, por escritura pública de 24 de julio del mismo año.

Presentada la escritura de préstamo refaccionario al Re gistrador de la Propiedad de Caguas para su anotación en el Registro de Contratos Agrícolas, el registrador denegó la anotación por medio de nota, fecha 12 de septiembre de 19,19, que dice así:

“Denegada la anotación del documento que precede que es la escritura No. 101 otorgada en Gaguas el 24 de julio de 1919 ante el Notario Rafael Arce Rollet y extendida en su lugar anotación preven-tiva durante 120 días a favor de la sociedad civil Ramírez y González, por las razones siguientes: Ia. Porque no se ha justificado el carácter de arrendataria ni la extensión del derecho de arrendamiento que ostenta y tiene la mencionada sociedad sobre la finca que es objeto del contrato de refacción, requisito necesario para la calificación del mencionado título y su anotación en el registro. Y si bien se pre-sentó con tal fin la escritura No. 142 otorgada en igual ciudad y ante el mismo notario el 24 de julio de 1916, dicha escritura es nula por no dar fe el notario autorizaiite de todo el contenido de la misma concretándose a darla del conocimiento y circunstancias personales de los otorgantes, falta que hace que las firmas de éstos y la de los tes-tigos1 que figuran al pie de dicho instrumento, están como si no hu-bieran sido puestas y carecen .de eficacia alguna legal, de lo que resulta la nulidad de aquél. 24 D. P. R. 891. Sec. 17 y 20 de la Ley Notarial. 2a. Porque apareciendo de la cláusula 7a. del ameritado documento que los Sres. Ramírez Muñoz y González Nieves se cons-tituyen mancomunada y solidariamente, y a título de garantía cola-teral, en deudores del citado banco prestamista, para que éste pueda hacer efectivo sus derechos por el montante de los 3,500 dólares del préstamo y sus intereses, contra lps bienes de dichos señores o contra los de cualquiera de ellos singularmente, tal garantía obliga a título oneroso los bienes gananciales que tenga o pueda tener la sociedad conyugal de dicho Ramírez Muñoz con su esposa María Morell Santana sin el consentimiento expreso de ésta, ya que el mismo no consta del título que se anota, por lo cual dicho convenio es nulo de acuerdo con la ley. Artículos 159 y 1328 del Código Civil.”

A. continuación extendió el registrador en la misma fecha la siguiente nota adicional:

“Se hace constar, que la anotación a que se refiere la precedente nota, se practica con el defecto subsanable de aparecer equivocada en dicho documento la equivalencia de la cabida de la finca al sis-tema métrico decimal, pues hecha la reducción en este registro re-sultó ser de 58 hectáreas, 95 áreas y 58 centiáreas. ”

Airbus notas, la principal y la adicional, fueron notifica-das al presentante del documento en 18 de septiembre de 1919; y el Banco, cinco días después, o sea en 23 de septiem-bre, volvió a presentar al registro la misma escritura de refacción agrícola de 24 de julio de 1919 con dos documentos más, a saber, testimonio de la escritura de arrendamiento celebrada en 24 de julio de 1916 por Sebastián Aponte y su esposa con Bamón González Nieves y Cándido Ramírez Mu-ñoz, y testimonio de la escritura de sociedad constituida por González Nieves y Ramírez Muñoz bajo la denominación de Ramírez y González, cuyos documentos fueron acompañados .a un escrito en que el banco solicitaba del registrador que •practicara las siguientes operaciones en el registro:

“I. Rectificar previamente el error en que ha incurrido al consig-nar on la nota denegatoria de anotación-' del contrato de préstamo refaccionario reseñado bajo la letra (c) ‘que ha ¿xtendido en su lugar anotación preventiva durante 120 días a favor de la sociedad civil Ramírez y González’ puesto que esa anotación debe tomarse a favor del banco acreedor para surtir sus efectos legales a cargo de la sociedad civil prestataria. ,
“II. Convertir en anotación definitiva la preventiva que ha to-mado con referencia al aludido contrato de préstamo refaccionario, actuando así por mérito de la escritura de constitución de sociedad civil, indicada con la letra (5), y que se somete a su consideración; ya que ese documento subsana satisfactoriamente la falta que Ud. señala en el título (contrato de préstamo) de no haberse justificado el carácter de arrendataria ni la extensión del derecho de arrenda-miento que ostenta y tiene la mencionada sociedad sobre la finca que es objeto "del contrato de refacción.” ■

El registrador denegó las pretensiones del banco por nota de 8 de octubre de 1919 notificada a la parte en la misma fecha, cuya nota reza así:

“No practicada la conversión de,1a anotación preventiva a que se refiere la nota que precede, y que se solicita a virtud de la escri-tura No. 192 de 2 de octubre de 1916 ante el Notario Rafael Arce Rollet, y de un escrito de éste como abogado del banco interesado, porque por dicha escritura sólo queda subsanado el primer defecto que en dicha nota se consignó, quedando subsistente el segundo de-fecto en la misma relacionado respecto al cual ningún nuevo docu-mento se aporta, limitándose el. referido abogado a expresar en dicho escrito nuevas opiniones y''argumentos que no bastan para mo-dificar la mencionada nota denegatoria en el segundo defecto aludido; y no se ha extendido anotación preventiva porque éstas no son rei-terables. Asimismo se hace constar que por nota al margen de la susodicha anotación se expresó que ésta se tomaba también a favor del American Colonial Bank of Porto Rico durante el término legal.”

El banco, diez días después, o sea en 18 de octubre de 1919 radicó en este tribunal alegato escrito en unión de to-dos los documentos antes presentados en el registro de la propiedad, con súplica de que se revoque la nota del Regis-trador de la Propiedad de Oaguas de 8 de octubre y se or-dene la anotación del préstamo refaccionario en el registro sin clefect-o alguno.

El registrador radicó escrito en 28 de octubre- en que so-licita que se desestime el recurso por haber sido consentida la primera nota de 12 de septiembre de 1919, en atención a no haberse subsanado el segundo defecto que impidió la ano-tación.

Examinemos ante todo como cuestión previa si procede la desestimación del recurso según pretende el registrador recurrido.

La nota de 12 de septiembre de 1919 no ha sido consen-tida por The American Colonial Bank of Porto Eico en nin-guno de sus fundamentos, p.ues la notificación de ella se hizo en 18'de septiembre y cinco días después, o sea en 23 de sep-tiembre, el banco, cuando aun podía recurrir contra ella, pi-dió se convirtiera hp anotación preventiva en definitiva in-terrumpiéndose así el término de veinte días que para ape-lar otorga la Sección Ia. de la Ley de 1°. de marzo de 1902 sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad.

El Registrador de Caguas pudo acceder o no a la peti-ción del banco y en el primer caso hubiera holgado el re-curso. Pero como denegó tal pretensión por nota de 8 de octubre de 1919 notificada en su fecha, se reanudó en ese mismo día el término para la interposición del recurso que como hemos dicho había sido interrumpido en 23 de sep-tiembre.

Tenemos pues que habían transcurrido cinco días desde la notificación de la nota de 12 de septiembre de 1919 hecha en 18 de septiembre, hasta que se pidió en 23 de septiembre la conversión de la anotación preventiva en definitiva, y diez días más desde que en 8 de octubre de 1919 fue notificada la nota de la misma fecha, denegatoria de dicha conversión, hasta la formalización del recurso en 18 de octubre, total quince días, cuyo tiempo es inferior al ele veinte días que la ley señala para que hubiera quedado consentida la nota de 12 de septiembre de 1919.

lista corte, pues, tiene jurisdicción para considerar en su fondo la nota de 12 de septiembre de 1919.

Y no cabe invocar en contrario la jurisprudencia de esta Corte Suprema en anteriores decisiones y sostenida en el caso de Bfelm contra El [Registrador de la Propiedad, 21 D. P. R. 513, de que cuando se presenta al registro de la pro-piedad un documento para la inscripción y es denegada sin que la parte recurra contra dicha nota dentro del término legal se entiende que la consiente, pero si dicha parte pre-senta de nuevo el documento acompañado de otros que a su juicio subsanan los defectos señalados por el registrador y éste insiste en su negativa, la parto interesada podrá re-currir para ante esta Corte Suprema, limitándose el recurso a discutir si los defectos señalados en la primera nota con-sentida fueron o no debidamente subsanados.

En el caso supra, había sido consentida la nota del regis-trador cuando el documento fué nuevamente presentado para su inscripción en el registro y esa circunstancia no concurre en el presente caso en que aun no había vencido el término señalado por la ley para la interposición del recurso cuando se pidió la conversión de la anotación preventiva en de-finitiva.

Examinemos el recurso en su fondo, o sea, si la nota de 12 de septiembre de 1919 se sostiene por el segundo de sus motivos ya que el registrador en la nota de 8 de octubre reconoce que el defecto que impidió la anotación del contrato do crédito refaccionario fue subsanado y sólo quedó subsis-tente el segundo defecto, haciendo constar además que la ano-tación preventiva se tomó también a favor de The American Colonial Bank of Porto Pico.'

La cláusula 7a. de la escritura de refacción a que se re-fiere el registrador en su nota de 12 de septiembre de 1919, textualmente dice así:

“Séptima. — Los comparecientes don Cándido Ramírez Muñoz y don Ramón González Nieves, particularmente se constituyen abora, mancomunada y solidariamente, y a título de una garantía colateral en deudores del American Colonial Bank of Porto Rico, por el mon-tante de los tres Mío QUINIENTOS DOLLARS de este préstamo y de todos los- intereses que se devenguen sobre el mismo, basta su com-pleto reintegro al banco acreedor, al tipo del nueve por ciento anual; al efecto de que si por cualquier circunstancia, en caso de incumpli-miento de este contrato, no conviniere, al referido banco deducir reclamación judicial en cobro de su crédito contra la Sociedad ‘Ra-mírez’y González,’ pueda hacer efectivos sus derechos directamente contra los bienes de los indicados don Gandido Ramírez Muñoz y don Ramón González Nieves, o contra los de cualquiera de ellos sin-gularmente, por todo el importe del préstamo y sus intereses o por la parte del mismo que no hubiere satisfecho la sociedad prestataria. ’ ’

Semejante cláusula, como demuestra su texto, no entraña gravamen alguno sobre los bienes que puedan pertenecer a la sociedad de gananciales de los consortes Cándido Ramírez Muñoz y María Morell Santana. El registrador infringió claramente por aplicación indebida los artículos 159 y 1328 del Código Civil.

La equivocación que pueda haberse cometido al verificar la reducción al sistema métrico decimal de las cuerdas de terreno de la finca principal ya anteriormente inscrita en el registro, de que forman parte las plantaciones de caña, nada tiene que ver con la cabida de dichas plantaciones.

Es de revocarse la nota del Registrador de la Propiedad de Caguas de 8 de octubre de 1919 en la parte en que ha sido, recurrida, y ordenarse la anotación de la escritura de crédito refaccionario de 24 de julio de 1919, sin defecto alguno.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ano-tación solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó conforme con la senten-cia y con la parte de la opinión que sostiene la no existencia de los defectos apuntados por el registrador.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. A. Hartman & Cía. y La Comisión de Riego, Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, contra acuerdo de la Comisión de Riego.
    No. 2037.
    Resuelto en enero 26, 1920.
    Riego — -Presunción de Certeza de las Tasaciones — Prueba Insuficiente.— La presunción contenida en la sección 10a. de la Ley No. 128 de agosto 8, 1913, de que las tasaciones hechas por la Comisión del Riego al formar el distrito definitivo del riego serían consideradas prima facie como verídicas y correctas, no puede ser destruida con la declaración de un testigo que se limita a exponer una opinión suya sin que se conozca la capacidad con que la hace.
    • Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Howard L. Kern, Attorney General, Salvador Mestre y R. H. Todd, Jr.

    Abogado de los apelados: Sr. Tomás Bernardini.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

De acuerdo con una ley especial El Pueblo de Puerto Rico, representado por su Procurador G-eneral, estableció aute la Sección Ia. de la Corte de Distrito de San Juan apelación contra A. Hartman y Cía. y contra la Comisión de Riego por una concesión de agua que la última hizo a dicha socie-dad por estimar el apelante que la concesión hecha era ex-cesiva. La apelación fue vista y fallada habiendo decidido la expresada corte el caso que tratamos en contra de la ape-lación de El Pueblo de Puerto Rico quien entonces interpuso el presente recurso de apelación para ante este Tribunal Supremo.

Al contestar A. Hartman y Cía. el alegato escrito que en apoyo de su recurso nos presentó el apelante, alegó en primer término que la apelación debía ser desestimada por va-rios motivos.

(.Jomo por el juicio que hemos formado de este caso.ten-dremos que confirmar la sentencia apelada, preferimos resolver la apelación por sus méritos y prescindir de la petición de desestimación toda vez que no resultaría perjuicio para la apelada A. Hartman y Cía., y con mayor razón cuanto que la petición de sobreseimiento no ha sido hecha de acuerdo con la regla 62 de las de este Tribunal Supremo, en moción anterior a la vista de la apelación. Examinaremos, sin embargo, el motivo en que se ataca nuestra jurisdicción para conocer de esta apelación que se funda en que la corte inferior carecía de ella para conocer del caso porque El Pueblo de Puerto Rico estableció la apelación después de los noventa días que con tal objeto concede la sección décima de la Ley No. 128, de 8 de agosto de 1913, por haberla ra-dicado en la corte inferior el 26 de septiembre de 1917, cuando había transcurrido dicho plazo contado desde el 31 de julio de 1917 en que quedó constituido el distrito permanente de riego y cuya apelación fué notificada a A. Hartman y Com-pañía el 18 de octubre de 1917, según manifiesta el apelado en su alegato. En la exposición del caso se consigna también que el distrito permanente de regadío quedó constituido el 31 de julio de 1917.

Ni para el 26 de septiembre, ni para el 18 do octubre, ambos de 1917, habían transcurrido noventa días contados desde el 31 de julio de 1917 y por tanto habiendo sido esta-blecida la apelación ante la corte inferior dentro del término legal adquirió jurisdicción para resolverla y la tenemos noso-tros para decidir este recurso.

Alegó la parte apelante en su escrito presentado en la corte inferior interponiendo apelación contra' la resolución de la Comisión de Eiego y contra A. Hartman y Cía. que ésta era dueña de una concesión de agua que fue dada en primer término a don Juan Vives de la Sosa por el Gobierno Español en 1851 para regar parte de una finca de 487.81 cuer-das, concesión que fue cedida en 1908 por A. Hartman y Cía. a El, Pueblo de Puerto Eico cuando estaba en estudio el sis-tema de riego y que se incluyó por la Comisión de Eiego en el distrito provisional dándole crédito para recibir 885 acres pies de agua por año para regar 221.25 acres libres de con-tribución de agua; que al fijar la Comisión de Eiego el dis-trito' permanente aumentó el crédito que había concedido a esa sociedad a 1,020.48 acres pies para regar libre de contri-bución de agua 255.12 acres, aumento que no estima justo ni equitativo por la razón de que el agua que utilizaba A. Hartman y Cía. por la concesión que tenía se medía en la toma del canal en el mismo río mientras que ahora el agua se en. trega por el servicio del riego sobre los mismos terrenos, dando esto por resultado que dicha sociedad no tenga que in-currir en gastos para la reparación del canal (“orno tampoco en pérdidas de agua por la filtración y evaporación en el mismo, hecho que ha debido tomar en consideración la Co-misión de Eiego, y que entiende que el valor que se dió a la concesión al quedar terminado el distrito provisional fué el justo y equitativo.

Para sostener esa alegación el apelante presentó en la corte inferior como única prueba la declaración de James JE. Giles quien testificó que conoce la hacienda u Reunión ” ra-dicada en el barrio de Jobos, de Guavama, perteneciente a A. Hartman y (fia. quien tenía una concesión para riego que le fué cedida a 1(11 Pueblo de Puerto Pico; que 807 cuerdas de esa finca fueron incluidas en el distrito permanente del riego; que la Comisión del Eiego reconoció a A. Hartman y (fia. crédito para regar 289 cuerdas con 70 centésimas; que para el distrito provisional le fué reconocido crédito para regar 163 cuerdas; que considera que el valor que se fijó para el distrito provisional es el justo y razonable porque esta agua se entrega ahora dentro de la finca y antes era medida en la toma del canal lo qxie trae por consecuencia que no se pierda agua por filtración o evaporación entre el río y la finca y, además, el agua que ha de distribuir el sistema del riego será uniformemente distribuida, lo que reporta beneficio a A. Hartman y Cía. porque antes recibía mucha agua cuando estaba lloviendo y poca cuando no llovía, y que considera que el único crédito que le debe ser reconocido es el de 163 acres, o sea el que le fué reconocido al quedar constituido el dis-trito provisional. ' *

La vista de la apelación se celebró en la corte inferior sin la asistencia de A. Hartman y Oía.

Dejando a un lado la diferencia que existe entre la decla-ración de este testigo y lo manifestado en el escrito inter-poniendo la apelación ante la corte inferior en cuanto al nú-mero de acres que forman la hacienda “Reunión”, en cuanto al número de cuerdas cuyo regadío se le concedió y también en cuanto a la cantidad de acres pies dé agua que le fueron dados por el distrito provisional y luego por el permanente, llegamos de todos modos a la conclusión de que la corte a qyio no cometió error al dictar su sentencia en este caso por-que la declaración del testigo que fué presentado para justi-ficar la apelación no prueba el hecho en que se basa de que la concesión que hizo la Comisión del Riego al formar el dis-frito .definitivo del riego fné excesiva, pues dicho testigo se limita a sostener una opinión' suya, sin qne conozcamos la capacidad en qne la hace y sin expresar los ciatos en qne se funda para ella, pues el solo hecho de qne el apelado reci-biera antes el agua en el canal del río y ahora en su finca no es por si solo bastante para poder declarar que la canti-dad de agua que podía evaporarse y filtrarse en dicho canal justifique la rebaja que pide el apelante. Según la sección 10 de la ley antes citada £<en la determinación de los terre-nos qne hayan ele incluirse en el distrito permanente de re-gadío y del valor de los derechos o concesiones de agua cedi-dos en conexión con el mismo, y de la base para el cómputo de créditos sobre las medidas a cuenta de dicho valor, la ta-sación de la mencionada Comisión del Niego será considerada prima facie verídica j correcta”; presunción que no ha des-truido el apelante con la declaración de su testigo porque la creencia que ha expresado no desvirtúa la justicia del crédito concedido al apelado ni demuestra que haya otra base mejor, más exacta y más justa que la que tuvo en cuenta la Comisión del Niego.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Jtjez Asociado Sr. Audrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. González, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Histrito de Ponce, en causa seguida por adulteración de leche.
    No. 1456.
    Resuelto en enero 26, 1920.
    Prueba — Apreciación de la Prueba. — Cuando existe conflicto en la prueba y el juez la resuelve en contra del acusado, el tribunal de apelación no interven-drá con dicha decisión, a menos que se alegue que fné debida, a pasión pre-juicio o parcialidad o que existió error manifiesto.

      Prueba — Discrepancia Entre la Acusación y la Prueba — Leche Adulterada.— ]STo existe discrepancia entre la acusación y la prueba por el hecho de alegarse en aquélla que el acusado tiene a la venta leche adulterada y aparecer de ésta que la vende, pues alegándose que es dueño del depósito y que tiene a la venta leche adulterada, implícitamente se alega que la vende, hecho que puede ser probado porque para eso se alega que la tiene en el depósito.
    Los hechos están expresadlos en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Leopoldo Tormes.

    Ahogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Jtjez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal

El apelante fné acusado de, ofrecer en venta como pura leche adulterada y habiendo sido condenado apeló de la sen-tencia.

Es un hecho no controvertido que la leche estaba adulte-rada pero sostiene el apelante que el juez erró en la apre-ciación de la prueba en cuanto a si la tenía en venta.

Según dos testigos presentados por la acusación, el acu-sado estaba en el depósito que tiene destinado a la venta de leche llenando media botella de leche que había en un balde para la venta cuando llegó el inspector de alimentos y le dijo que no la vendiera porque iba a inspeccionarla y se la hizo vaciar en un balde. Los testigos de la defensa declaran que en el puesto de leche del apelante había solamente media bo-tella de leche que una hija suya compró en otro puesto para usarla en la casa.

Con la sentencia condenatoria decidió la corte inferior el conflicto de esa evidencia en contra del acusado y como no se alega que esa decisión fuera debida a pasión, prejuicio o parcialidad, ni tampoco existe manifiesto error, no podemos sostener el recurso por ese fundamento.

El otro motivo de error que se alega es que la sentencia es contraria a derecho porque la prueba de la acusación tiende a justificar que el apelante vendía la leche que resultó adul-terada, mientras que la acusación imputó que ofrecía en venta la leche, por lo que existe discrepancia entre la acusación y la prueba.

Aparte de que no es exacto que los testigos presentados por el fiscal dijeran que el apelante estaba vendiendo la leche sino que estaba llenando media botella con la leche que tenía en un balde en su depósito, para la venta, de todos modos, • admitiendo que se probó que vendía la leche adulterada cuando la acusación le imputó que la tenía a la venta, no vemos que exista discrepancia entre una y otra porque es indudable que si se alega que es dueño del depósito y que tiene a la venta leche adulterada, implícitamente se dice que la vendía y puede ser probado este hecho porque para eso se alega que la tiene en el depósito.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. HutchisoN,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Walsh, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de'Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa sobre infracción a la Ley de Pesas y Medidas.
    No. 1396.
    Resuelto en enero 27, 1920.
    Pesas y Medidas — "Envoltura” — Venta de Jamones sin Peso Neto Rotu-lado. — La envoltura con que generalmente el empacador embarca los jamo-nes y los vende al detallista no constituye un "envase” dentro del signifi-cado de la sección 17 de la Ley de Pesas y Medidas, por lo que no consti-tuye delito público el vender jamones sin estar marcado en la envoltura de los mismos el peso neto del contenido de cada uno.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Charles Hartsell y F. Rami-ros de Arellano.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Se acusó a William Walsb por nn delito de infracción a la sección 17 de la Ley de Pesas y Medidas por la venta de una partida de unos 250 jamones, sin haber marcado en el exterior de los envases o envolturas de dichos jamones el peso neto del contenido de cada uno de ellos.

La corte declaró sin lugar una excepción perentoria for-mulada a la acusación por no aducir dicha acusación hechos suficientes para constituir un delito público y habiendo admi-tido el acusado los hechos imputados en la misma, fué decla-rado culpable y condenado a pagar una multa.

La sección 17 de la ley en cuestión prescribe: “Que a partir del primero de febrero de 1914, todo artículo, efecto o mer-cancía que sea objeto de tráfico industrial o comercial en cajas, paquetes, atados o envases, llevará marcado claramente en la parte exterior de dichas cajas, paquetes, atados o en-vases, el peso neto o cantidad contenida en los mismos, y será ileg’al vender cualquiera de esos artículos, artefactos o mercancías cuando no estuvieren marcados de ese modo.”

La cuestión a resolver es si las “envolturas” que menciona la acusación como sinónimas de “envases” están comprendi-das en la prohibición fijada .por el estatuto.

El apelante ha sometido a la consideración de esta corte? la resolución del jefe de la oficina de química del Departa-mento de Agricultura de los Estados Unidos, que interpreta la Ley Federal do Alimentos y Drogas, las opiniones de los Fiscales Generales de algunos Estados y decisiones de varias cortes de Estado. Las opiniones administrativas se basan en manifestaciones hechas por cartas o alegatos preparados' por los empacadores o sus abogados, y en los casos citados se presentó prueba para acreditar los métodos puestos en prác-tica y los fines que se persiguen al empaquetar carnes, así como ciertas costumbres del comercio.

Se alega en apoyo de la acusación que en el presente caso no existe prueba que demuestre cuál es la clase de los “en-vases o envolturas” qne aqní se discuten. Si el fiscal se bu biera limitado al texto de la ley sin agregar nada más, ésta alegación podría tener alguna fuerza.

Parece razonablemente claro que las palabras “o envoi turas” fueron intercaladas después de la palabra “envases” con el fin de prever una posible 'incongruencia eñ la prueba. Habiéndose empleado en la acusación las palabras “envases o envolturas” en forma disyuntiva, no puede ahora ser o"do el gobierno para insistir en el hecho de que el acusado debió haber probado en la corte inferior que los jamones se ven-dieron en “envolturas”, como cosa distinta de “envases”. Con esta objeción, que es puramente .técnica, no se hace la más remota indicación de que las “envolturas” a que se refiere la acusación no son idénticas a las “envolturas” en aquellos casos en que se ha establecido una diferencia entre envolturas y envases. Dentro de las circunstancias de este caso estamos dispuestos a conceder al acusado el beneficio de la duda y asumir quo el fiscal empleó este supuesto sinónimo a la luz de los casos ya resueltos en el sentido de que comprenden y determinan el carácter de las bien conocidas cubiertas rese-ñadas- en dichas decisiones y en cuyas envolturas por lo general se encuentran los jamones en poder del detallista.

En el caso de State of New York v. Armour & Co., 162 N. Y. Supplement 621, la corte resolvió que “un envase es una envoltura”, opinando que “lo que constituye la cubierta de la tocineta cae de lleno dentro de la definición de envol-tura”. Pero en el mismo párrafo, e inmediatamente antes de esta conclusión y como verdadera base de la misma, la sección 17-c del estatuto de New York de tal modo interpretada, ha sido copiada al pie de la letra, a saber:

“Un envase, según se usa en este artículo, de acuerdo con la sección 15 de la misma, incluye cualquier cartón, caja, jaula, barril * * * envoltorio o paquete.”

Desde luego que si nuestra Legislatura hubiera hecho men-ción específica do la palabra “envolturas” además de las pa-labras “cajas, paquetes, atados o envases”, enumeradas en la ley mencionada, en primer término, el caso de New York, en el cual tanto se lia insistido por el fiscal, merecería dete-nida consideración.

En el caso de Nebraska v. Swift & Co., 120 N. W. 1127, frecuentemente citado en 'otras jurisdicciones, el tribunal se expresó en los siguientes términos:

“Parece que la corte de distrito no encontrando ninguna con-tradicción en la prueba, fué de opinión de que los jamones y toei-neta envueltos en la forma que revela este caso no constituyen “pa-quetes” dentro de la significación dada a esa palabra en el estatuto; que el propósito de la ley indica que fué la intención aplicar la palabra paquete a aquellos artículos de alimentación que se colocan en tamaños o cantidades artificialmente determinados para que pase cada uno sin pesarse o medirse como que contiene determinado peso o cantidad; y que como el jamón y tocineta envueltos según apa-rece en este caso son de tamaño natural más bien que artificial, va-riando necesariamente en peso y cantidad y que nunca se venden como si tuvieran un peso o cantidad fijos, no son paquetes dentro de la significación dol estatuto.”
-* * # # i «- # «
“Debe admitirse que la palabra “paquete” por lo menos es un término vago y sujeto a varias interpretaciones. Es bien sabido que muchos artículos de alimentación se empaquetan, atan o colo-can juntos, en tamaños determinados por el fabricante con el objeto de que pasen en el comercio de mano en mano como si tuvieran un peso determinado. Por ejemplo, la mantequilla colocada en forma de adobe representa tener un peso de una libra cada uno; las fresas empaquetadas en cajas se supone que contienen un litro cada caja; el té y el café puestos en cajas de cartón que pasen como si tuvieran el peso de una libra cada uno; y así sucesivamente con una gran variedad de alimentos. Estos son estrictamente paquetes dentro del significado de la. ley. Se les empaqueta o coloca juntos, colecciona y prepara en forma y tamaño conveniente para pasar en el comercio de mano en mano. No sucede así con un jamón o un pedazo de tocineta. Sus formas, tamaños y pesos quedan determinados por procesos naturales, así como el tamaño, peso y condición del animal que ha sido sacrificado; cosas que no están dentro del control del empacador. No se reúnen o ponen juntos, ni se sabe que jamás hayan sido vendidos como si tuvieran un tamaño, cantidad o peso determinados. Por estas razones parece claro que la corte senten-ciadora procedió correctamente al resolver que no fue la intención que el término ambiguo “paquete” se aplicara a un jamón o a un pedazo de toeineta, respecto a los cuales jamás ha existido ninguna costumbre de que pasen en el comercio como si tuvieran determinado peso o cantidad.”

Basados en el mismo principio nos vemos obligados a resolver que la envoltura con que generalmente el empacador embarca los jamones y los vende al detallista no constituye un “envase” dentro del significado de la sección 17 de la Ley ■de Pesas y Medidas.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se.. Audrey,

text:
    A. Hartman y Cía., Demandante y Apelada, v. Cividanes, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en un pleito de desahucio.
    Moción de reconsideración.
    No. 2158.
    Resuelto en enero 29, 1920.
    Resoluciones Inapelables — Reconsideración de Sentencia — Apelación.—Una resolución que niega la reconsideración de una sentencia, es inapelable. En los casos en que la ley concede el recurso de apelación contra una sentencia la apelación debe interponerse contra ésta y no contra la resolución que se niega a reconsiderarla.
    Jurisdicción del Tribunal Supremo — Desahucio—Apelación.—El Tribunal Supremo carece de jurisdicción para conocer de una apelación de sentencia dic-tada en un caso de desahucio iniciado en una corte municipal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Muñoz Morales.

      Abogado de la apelada: Sr. A. Martines Dávila.

   El Juez Asociado Se.. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Conociendo la Corte de Distrito de Guayama en grado de apelación de nn juicio de desahucio establecido por A. Hartman y Cía. contra don Manuel üividanes, dictó sentencia de-clarándolo con lugar. Pidió el demandado a la corte inferior que reconsiderase su sentencia y habiendo sido desestimada esa moción en 24 de julio de 1919 interpuso recurso de ape-lación en 29 del mismo julio contra la resolución que se negó a reconsiderar la sentencia. Ahora el apelado nos pide que desestimemos esa apelación.

Cuando la ley concede el recurso de apelación contra una sentencia, la apelación debe interponerse contra ella y no contra la resolución que se niega a reconsiderarla. Además, en el caso presento la ley no concede recurso de apelación contra la sentencia que dictó la corte de distrito en el juicio de desahucio en grado de apelación pues la sección 10 de la ley de 9 de marzo de 1905 estableciendo el procedimiento para el desahucio dispone que en dichos juicios no se conce-derá en ningún caso más de una apelación que se establecerá para ante la corte de distrito de las sentencias dictadas por las cortes municipales, y para ¿inte la Corte Suprema de las dictadas en primera instancia por las cortes de distrito, dis-posición que según dijimos en el caso de Tilén v. Mena, 24 D. P. R. 817, tiene por objeto, según aparece de su faz, regular las apelaciones y nada dispone para ninguna apelación como no sea contra la sentencia. El razonamiento expuesto por nosotros en el caso de Mora v. Rosalí, 18 D. P. R. 173, citado en los de Ocasio v. Enrique Monllor y Cía. y de Herrera v. Herederos de Otero, 18 D. P. R. 444 y 446, en que nos negamos a considerar un certiorari establecido contra la ne-gativa de concesión de un nuevo juicio solicitado después de dictarse sentencia en un caso que no era apelable para ante este Tribunal Supremo porque por ese medio se podría llegar a la revocación de una sentencia que mediante recurso de ape-lación contra ella no podría ser revocada por falta de juris-dicción, es aplicable también al caso presente.

Careciendo pn.es de jurisdicción para conocer de la apela-ción interpuesta por don Manuel Oividanes contra la resolu-ción de 24 de julio de 1919 que negó la reconsideración de la sentencia dictada en este caso, debemos desestimar la apelación.

Desestimada la, apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-mados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    Pereira, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-' dor de la Propiedad de Caguas denegando la subsanación de un defecto. , ' *

      No. 450.

    Resuelto en enero 30, 1920.
    Expediente Posesorio — Affidavit—Contribuciones Pagadas por el Anterior Dueño. — Para subsanar el defecto señalado por el registrador consistente en no haberse dado conocimiento de la iniciación del expediente posesorio a) anterior dueño de la finca o a sus herederos en un caso en que aparecían pa-gadas las contribuciones por el anterior dueño, el promovente presentó al registro un affidavit suscrito por éste admitiendo la venta y el previo cono-cimiento de la iniciación del expediente. Recurrida la nota por la cual se ■denegó la subsanación del defecto anteriormente apuntado, se resolvió: que el procedimiento empleado por el recurrente no es el apropiado, pues el affidavit es principalmente para fines de la corte y sólo puede usarse para otros fines 'cuando la ley expresamente lo permita.
    •Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Rafael Arce.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez Lasserre, no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte Municipal de' Caguas, Juan Pereira "Velez, casado con Carmen Muñoz Villafañe, promovió información en 25 de agosto de 1919 para acreditar la posesión de nna finca rústica de 16 cuerdas de terreno radicada en el barrio de Beatriz de aquel término municipal, cuya finca habían ad-quirido ambos consortes en el año Í917 de Blas Rivera Rosado y María Jurado por título de compraventa.

Al escrito inicial de la información fue acompañada una certificación del Tesorero áe Puerto Rico, su fecha 15 de agosto de 1919, expresiva de que en el reparto de contribu-ciones del municipio dé Caguas, año económico de 1919-20. aparecía como contribuyente Blas Rivera Rosado por una propiedad radicada en el ■barrio Beatriz de dicho municipio, con cabida de 16 cuerdas de terreno, valorada en $290 y un bohío en $20.

Admitida y tramitada la información ofrecida, la Corte Municipal de C ’aguas dictó resolución final en 2 de octubre de 1919 mandando se inscriba en el registro el derecho de posesión de la finca de que se trata a favor de Juan Pereira Yélez,.sin perjuicio de tercero de mejor derecho, y el regis-trador denegó la inscripción por áiedio de nota de octubre 8, 1919, que dice así:

“Denegada la inscripción del documento que precede y extendida en su lugar anotación preventiva durante el término de 120 días a favor de Juan Pereira Yélez por la razón siguiente: porque de la cei’tifieaeión del Tesorero de Puerto Rico expedida en 15 de agosto de 1919, consta que paga la contribución a título de dueño por la finca descrita en dicho documento, Blas Rivera Rosado, persona dis-tinta del promovente Juan Pereira Yélez, y porque éste no dió cum-plimiento al apartado 2o. de la regla 4a. del artículo 391 de la Ley Hipotecaria dando conocimiento a aquel o a sus herederos de la tra-mitación del expediente a fin de que manifestara si tenía algo que oponer a su inscripción.”

Fué presentado nuevamente' al registro el expediente po-sesorio para que se convirtiera en inscripción definitiva la anotación preventiva extendida en el registro, con un affidavit en el que Blas Rivera- Rosado declara ante el Juez de Paz de Aguas Buenas que vendió a Juan Pereira Yélez el predio de terreno objeto de la información, que aparecía amillarado a su nombre en el reparto de contribuciones sobre la pro-piedad del año fiscal de 1919-20; que el expediente había sido promovido por Juan Pereira Vélez con conocimiento del de-clarante, puestos ambos de acuerdo para que la finca pudiera ser inscrita, y que lejos de tener que hacer oposición a la tra-mitación de dicho expediente está conforme con que se ins-criba sin dificultad alguna en el registro de la propiedad.

El registrador denegó la conversión solicitada por medio de nota de 11 de noviembre de 1919, del tenor siguiente:

“Denegada la conversión en inscripción definitiva de la anota-ción preventiva a que se refiere la nota anterior, por no haber sido subsanado el defecto que la motivó, toda vez que el affidavit No. 460 suscrito en Aguas Buenas por Blas Rivera Rosado el día 8 de no-viembre actual ante el Juez de Paz de dicho pueblo, es insuficiente por las razones que siguen.- porque determinando los artículos 391 y 392 de la Ley Hipotecaria el procedimiento a que han de ajustarse las informaciones posesorias de que trata el artículo 390 del citado cuerpo legal, no es dable al interesado o a su abogado recurrir a procedimientos extraños a dicha ley, como se hace en este caso, de-clarando por medio die dicho affidavit la persona de quien procede el inmueble, cuando la citación de la misma debió haber sido orde-nada por la corto municipal que conoció del expediente, para que oyendo a dicha persona si tenía algo que oponer a su inscripción, la ordenara de novo, una vez subsanado el defecto que motivó su de-negación; y además, porque la presentación de un affidavit no es la manera adecuada de subsanar un defecto existente en un docu-mento público, según lo tiene declarado repetidas veces la Hon. Corte Suprema de Puerto Rico.”

La anterior nota ha sido recurrida para ante esta Oorto Suprema y a ella, por tanto, hemos de contraernos para la consideración del recurso, por ser jurisprudencia-ya estable-cida en repetidas decisiones por esta Corte Suprema que cuando se presenta al registro de la propiedad un documento para la inscripción y es denegada sin que la parte recurra contra la denegatoria dentro del término legal se entiende que la consiente, pero si la parte presenta de nuevo el documento acompañado de otros que a su juicio subsanan los defectos se-ñalados por el registrador y éste insiste en' su negativa, la parte interesada podrá recurrir para ante esta Corte Su-prema, limitándose el recurso a discutir si los defectos seña-lados en la primera nota consentida fueron o no debidamente subsanados. Behn v. El Registrador de la Propiedad, 21 D. P. R. 513.

Entendemos que el defecto apuntado por el registrador en su nota de 8 de octubre de 1919 no fué debidamente subsa-nado pues el procedimiento empleado por el recurrente para subsanar la falta de certificación sobre reparto de contribu-ciones no es el apropiado. Este Tribunal tiene resuelto que el affidavit es principalmente para fines de la corte, pudiendo usarse para otros objetos cuando la ley expresamente lo per-mite. Sucesores de Andrea & Cía., S. en C. v. El Registrador de la Propiedad, 20 D. P. R. 421, y Delgado v. El Registrador de Caguas, 22 D. P. R. 125.

No existe precepto legal alguno que permita el affidavit para suplir en un expediente posesorio la falta de cumpli-miento de la regla 4ª. del artículo 391 de la .Ley Hipotecaria.

Por las razones expuestas es de confirmarse la nota re-currida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y HutcMson.


author: , El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Guerra, Demandante y Apelado, v. Finlay, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de -honorarios pro-fesionales.
    No. 2174.
    Resuelto en febrero 5, 1920.
    Apelación — Desestimación de — Notificación—Muerte del Apelante — Abogado y Cliente. — Una moción uara desestimar un recurso de apelación debe notifi.-earse a la parte contraria o a su abogado. Cuando fallece, el apelante, la notificación liceha al que fuó su abogado, no es suficiente. La muerte del cliente pone término al poder que había conferido a su abogado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Juan B. Soto.

    Abogados del apelado: Sres. Guerra Mondragón y Soldé-vila.

   , El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Miguel Guerra demandó en la Corte de Distrito de San Juan a Josefina Finlay, en cobro de honorarios y obtuvo una sentencia favorable. La demandada apeló y habiendo trans-currido el tiempo fijado por la ley sin que radicara la trans-cripción de los autos en esta Corte Suprema, Guerra, como demandante y apelado, solicitó la desestimación del recurso, notificando su moción a Juan B. Soto, abogado de Josefina Finlay. Juan B. Soto, en un escrito jurado, dirigido a esta Corte Suprema, expuso que Josefina Finlay había fallecido después de interpuesto el recurso, hecho por el cual había cesado su representación, no teniendo por tanto, autoridad para aceptar la notificación que se le hacía. Con esos ante-cedentes, se celebró la vista de la moción de desestimación con la sola comparecencia del abogado de la parte apelada.

El artículo 1634 del Código Civil dice:

“El mandato se acaba: 1. Por revocación. . 2. Por la-renuncia del mandatario. 3. Por muerte, interdición, quiebra o insolvencia del mandante, o del mandatario.”
“La muerte del cliente,” expresa Corpus Jury, “o, en el caso de una corporación o sociedad, su disolución, hace cesar el poder del agobado, y a éste ni se le requiere ni está autorizado para hacer nada más. Así, después de la muerte del cliente, el abogado no puede admitir una equivo-cación previa, remitir parte de un. veredicto o revivir un pleito pendiente a nombre de los herederos o representantes perso-nales sin la autoridad de ellos. 6 C. J. 675,” y casos litados.

De acuerdo con la ley y la jurisprudencia tiene razón el abogado Juan B. Soto y en tal virtud, no habiendo sido no-tificada la moción de desestimación a la parte Contraria, no se ba dado a ésta la oportunidad de defenderse y en su con-secuencia no cabe la desestimación del recurso.

Con respecto al procedimiento que debe seguirse en casos de esta naturaleza, véanse la opinión de esta corte en el caso de Oliver et al. v. Andino et al., 21 D. P. R. 530, y las ór-denes dictadas en dicbo caso en mayo 19, 1914; abril 30, mayo 6 y mayo 20, 1915, y. enero 10 y marzo 23, 1916, y 3 O. J. 1020 y siguientes!

Sin lugar la des estimación'del recurso.

Jueces concurrentes: Sr.es. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Manrique, Demandante y Apelante, v. Mangual et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre cobro de dinero, etc.
    No. 2087.
    Resuelto en febrero 10, 1920.
    Obligaciones — Novación—Alegaciones.-—Cuando en sustitución de una obliga-ción vencida se contrae otra por un nuevo. término bajo condiciones que la alteran sustaneialmente la obligación primitiva queda extinguida por nova-ción, y es prematura y no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción una demanda presentada con anterioridad al vencimiento do la nueva obligación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El apelante compareció en nombre propio.
    Abogado de los apelados: Sr. F. González Fagundo. ■
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un recurso de apelación interpuesto por el de-mandante Cipriano Manrique Gil contra la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Humacao en 24 de junio de 1919 de-clarando sin lugar la demanda por el fundamento de que no aduce hechos suficientes para determinar la causa de acción que se ejercita.

Alega el demandante en su demanda, archivada en Io. de marzo de 1918, que en 14 de noviembre de 1916 el deman-dado Julio Mangual suscribió y entregó al demandante un pagaré a la orden de éste por la suma de $1,418.48 a vencer en 81 de mayo de 1917, con interés del 1 por ciento mensual, valor recibido procedente del precio de abonos vendidos a dicho demandado, cuyo pagaré se transcribe en la demanda; que Julio Mangual compró a crédito al demandante imple-mentos agrícolas por valor de $68.70 que también se obligó a satisfacerle en 31 de mayo de 1917, con igual interés del 1 por ciento mensual; que ni Julio Mangual ni otra persona en su nombre han satisfecho las expresadas sumas total o parcialmente; que el demandante practicó infinidad de ges-tiones para obtener que Mangual le pagara la suma de $1,487.18 a que ascendían las dos cantidades que se dejan expresadas, así como el montante de sus intereses; que allá por ('1 día 28 de diciembre del año 1917 Prudencio Euguí, otro de los demandados, se obligó a pagar al demandante por cuenta del demandado Mangual y con abono a la suma de $1,487.18 y sus intereses la cantidad de $1,200 en dos pla-zos, el primero de ellos a vencer en 30 de jimio de 1918 y el segundo en 30 de junio de 1919, siendo cada plazo de $600, habiéndose comprometido Euguí a garantizar esos pagos en las indicadas fechas con pagarés suscritos por él y su code-mandado Mangual a favor y orden del demandante; que el codemandado Antonio Beyes allá por el día 28 de diciembre de 1917 se obligó a satisfacer al demandante en 30 de junio de 1918 la cantidad de $100 que "había de abonarse al pago que Mangual debió satisfacer en 31 de mayo de 1917, habién-dose comprometido a garantizar el pago de esos $100 con un pagaré que suscribiría a favor y orden del demandante; que [jara solventar la totalidad de la deuda con el montante de sus intereses, el demandado Mangual en 28 de diciembre de 1917 se obligó a satisfacer al demandante la cantidad de $515.52 cuyo pago había de garantizar con nn pagaré que sus- • evibiría a favor y orden del demandante; que las obligaciones contraídas por los demandados Euguí, Reyes y Mangual lo fueron conjuntamente por dichos demandados y con el objeto de extinguir la obligación del demandado Mangual de $1.487.18, habiéndose practicado una liquidación de los inte-reses hastg las fechas de los respectivos pagos, a los efectos de conocer el remanente que había de solventar Mangual; y que los tres demandados se obligaron a otorgar y entregar al demandante en 3 de enero de 1918 los cuatro pagarés que habían de garantizar sus obligaciones, sin que lo hubieran hecho a pesar de haber sido requeridos varias veces para que prestaran esas garantías.

La demanda contiene otras alegaciones que fueron elimi-nadas por orden de la corte de 31 de julio de 1918, y concluye con la súplica de que se dicte sentencia condenando a los demandados a pagar al demandante los $1,487.18 adeudados por Mangual y sus intereses convenidos hasta la fecha del pago, con costas, gastos y honorarios del abogado del deman-dante.

A la anterior demanda opusieron los demandados Julio Mangual y Prudencio Euguí la excepción de que no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, y esa excepción fué declarada con lugar por la corte, declarándose -también sin lugar la demanda, con costas al demandante, por sentencia de 24 de junio de 1919, según hemos ya indicado.

La corte inferior estima que las primitivas obligaciones de deber del demandado Julio Mangual a favor del deman dante Cipriano Manrique se extinguieron por novación y que las sustituías aun no se han vencido.

El apelante alega que la corte inferior cometió error tanto al declarar extinguidas por novación las primitivas obliga-ciones de Mangual como al estimar prematura la acción por no haber vencido las nuevas obligaciones cuyo importe se reclama en la demanda-, y sostiene que por el convenio de diciembre 28, 1917 únicamente se prorrogó el \mncimiento de las primitivas obligaciones, se adicionaron al capital los in-tereses devengados y se afianzó el pago de nna parte de dichas obligaciones, por lo cual lejos de haberse extinguido és-tas, quedaron subsistentes y aun subsisten incólumes e inso-lutas, no obstante las modificaciones introducidas.

No estamos conformes con la argumentación del afielante Manrique, pues él mismo alega en su demanda -que las obli-gaciones contraídas por los demandados en 28 de diciembre de 1917 lo fueron con el objeto de extinguir la obligación pri-mitiva del demandado Julio Mangual y el demandante ejer-cita su acción de cobro contra los tres demandados al amparo de los convenios de 28 de diciembre ele 1917, al pretender que no sólo sea condenado Mangual si no también Euguí y Beyes al pago de la cantidad reclamada.

La primitiva obligación de 14 de noviembre de 1916 que había de vencer on 31 de mayo de 1917 quedó extinguida no solamente por consentimiento expreso de las partes si no por sustitución de la persona del deudor con arreglo a los artículos 1124, 1171 y 1172 del Código Civil. Los codeman-dados Euguí y Beyes no fueron meros garantizadores de la obligación primitiva de Mangual dejando ésta subsistente, si no que en unión de Mangual contrajeron nuevas obligaciones de deber, variando las condiciones de la primera. Pero aun en el supuesto de que no se hubiera extinguido la obligación primitiva de Mangual que había de vencer en 31 de mayo de 1917, el plazo para el pago fue prorrogado- en virtud de las convenciones posteriores hasta 30 de junio de 1918 y 30 de junio de 1919; y como la demanda fué radicada en Io. de marzo de 1918 la obligación de pago no estaba vencida en esa fecha y por tanto no podía exigirse su cumplimiento con arreglo al artículo 1092 del Código Civil preceptivo de que las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día cierto sólo serán exigibles cuando el día llegue.

T no cabe invocar como invoca el apelante en su defensa el artículo 1096 del código citado, según el cual perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo cuando después de contraída la obligación resultase insolvente, salvo que garan-tice la deuda, o cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviese comprometido.

Las alegaciones de la demanda en que se funda el ape-lante para sostener que Mangual quedó insolvente después de contraídas las posteriores obligaciones de 28 de diciembre de 1917 fueron eliminadas por orden de la corte de 31 de julio de 1918 y no tienen valor alguno a los efectos de su argumentación, máxime cuando no se ha levantado ante esta corte la improcedencia de la eliminación; y por lo que atañe al hecho de no haberse otorgado por los deudores Mangual, Euguí y Reyes las garantías a que estuvieron comprometidos en virtud de las -convenciones de 28 de diciembre de 1917 o sean los pagarés expresivos de las obligaciones por ellos con-traídas, esos pagarés no pueden estimarse legalmente como garantía, si no como prueba de las obligaciones contraídas que existieron independientemente de los pagarés, con arre-glo al artículo 1221 del Código Civil.

Precisamente el demandante lia ejercitado su acción contra los tres demandados bajo la teoría de que los tres que-daron obligados en virtud de las convenciones de 28 de diciembre de 1917 y está impedido de sostener la ineficacia de esas obligaciones al amparo de los preceptos contenidos en el artículo 1096 del Código Civil.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Toeo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Hernández, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en cansa por infracción a la Ley de Pesas y Medidas.
    No. 1448.
    Resuelto en febrero 10, 1920.
    Pesas y Medidas — Tolerancia por Defecto en el Peso del Pan. — De acuerdo con la Circular No. 55, de abril 23, 1917, promulgada por ol Negociado de Pesas y Medidas, la tolerancia por defecto para bollos de pan de 150 gramos es de 12% gramos para un bollo aislado y de 8 como promedio en el caso de pesarse varios bollos. Refiriéndose la denuncia en el presente caso a 31 bollos, la tolerancia concedida es la de 8 y no la de 12% gramos, y en tal virtud la denuncia contiene lieelios suficientes determinantes de la infracción ' que se imputó y por la cual fué castigado el acusado.
    Los lie olios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Llorens Torres.

    Abogado del apelado: 8r. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

Q-abriel Hernández fué denunciado como autor de una infracción a .la sección 15 de la Ley de Pesas y Medidas, cometida como sigue:

‘ ‘ Que en febrero 5, 1918,-, el acusado, Gabriel Hernández, dueño de una panadería en Vega Alta, ilegal, voluntaria y maliciosamente elaboró pan, y vendió al comerciante Raimundo Hernández de Toa Baja, 33 bollos del referido pan, mareando cada bollo con un peso de 150 gramos, teniendo cada bollo un promedio de 10 gramos de menos, defecto mayor que la tolerancia establecida por la ley.”

El acusado alegó que la denuncia no contenía hechos su-ficientes para constituir la infracción que se le imputaba, y la corte de distrito declaró sin lugar la excepción.

Sostiene el apelante que la ley “permite vender pan mar-cado con el peso que quiera el fabricante, con tal de que en el mismo bollo se consigne o exprese el precio proporcional. Por tanto, para cometer dicho delito, es necesario que junto al peso marcado en el bollo se exprese un precio que no corresponda en proporción al precio marcado.” No estamos conformes con la conclusión. Es cierto que la denuncia no dice si se lijó o no el precio proporcional, pero claramente imputa al acusado el hecho de haber marcado bollos de pan como pesando 150 gramos cuando la realidad era que pesa-ban 140, y es la falta de peso lo que constituye lo más esen-cial de la infracción. Véanse las secciones 2 y 3 de la Ley No. 13 de 1917.

Y sostiene además el apelante que la falta de peso de los bollos de pan de que se trata estaba comprendida dentro de la tolerancia fijada por el Negociado de Pesas y Medidas en uso de las facultades que le confiere la ley. Dicha tole-rancia para un caso como el del acusado, o sea para bollos de 150 gramos, según la circular No. 55, de 23 de abril de 1917, era de doce gramos y medio para un bollo aislado y de ocho como promedio en el caso de pesarse varios bollos. La denuncia no se refiere a un bollo aislado, sino a treinta y uno, y siendo ello así, la tolerancia aplicable no es la de 12J/Ó, sino la de 8.

Por virtud de lo expuesto es necesario concluir que la excepción fue debidamente declarada, sin lugar por la corte de distrito.

Fue el caso a juicio y en él declararon tres testigos, dos presentados por el fiscal y uno por la defensa. Uno de los testigos del fiscal, el inspector que formuló la denuncia, dijo que creía que se había pesado todo el pan que había en la tienda y que se encontró que.el promedio de menos que co-rrespondía a cada bollo era el de diez gramos. Otro de los tes tigos del fiscal, el comerciante en cuya tienda se ocuparon los panes, y el testigo de la defensa, dicen que había en el esta-blecimiento como cien bollos y que sólo se tomaron para ob-tener el promedio los más defectuosos.

La prueba, por tanto, fué contradictoria en cuanto al nú-mero de bollos de pan (pie se había pesado y la contradic-ción en ese extremo importante, fué decidida por el tribunal sentenciador en contra del acusado. No habiéndose demos-trade que el juez actuara movido por pasión, prejuicio o par-cialidad, o que cometiera un manifiesto error, debe su conclu-sión prevalecer. T partiendo de la base de que se pesaron todos los bollos, queda probada la infracción imputada al acusado. No cabe, por tanto, revocar la sentencia por virtud de la cual se le condenó al pago de cinco dólares o a sufrir un día de cárcel por cada dollar que dejara de satisfacer.

Confirmada la sentencia apelada.

. Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Jones, Obispo de la Iglesia Católica de Puerto Rico, Demandante y Apelado, v. Torrellas y Texidor, Demandados y Apelante El Segundo.
    . Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre reconocimiento de cen-sos y cobro de réditos.
    No. 2002.
    Resuelto en febrero 12, 1920.
    Censos — Escritura Pública — Reconocimiento de Censos. — Ni la legislación an-tigua requería ni la vigente exige como requisito indispensable para la exis-tencia de un censo, que constara su reconocimiento en escritura pública, siendo en tal virtud aplicable para determinar dicha existencia el principio de dere-cho que dice que “de cualquier modo que parezca que una persona quiso obli-garse, queda obligada.”
    Id. -— Parte Demandante — Capacidad para Demandar — Obispo Católico. — El Obispo de la Iglesia Católiea Apostólica Romana en Puerto Rico, es jefe y representante de dicha Iglesia, con todos los poderes y facultades nece-sarios para el gobierno de la misma, y por tanto con capacidad para deman-dar en su nombre el reconocimiento de censos a ella pertenecientes y para ges-tionar el cobro de sus réditos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. E. Campillo y J. Martínez Dávila.

    Abogado del apelado: Sr. E. Acuña.. ■

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Versa este caso sobre el reconocimiento ele censos y cobro de sus réditos. La acción fue establecida por Monseñor Jones, Obispo de la Iglesia Católica de Puerto Eico, y 1 se dirigió contra los actuales dueños y poseedores de. la casa No. 7 de la calle del Cristo, de la ciudad de San Juan, P. E. La demanda fué excepcionada y la excepción declarada sin lugar. Visto el pleito, lo resolvió finalmente la corte de dis-trito en favor del demandante, limitando el cobro de los réditos a un período de cinco años, por estimar que habían prescrito los reclamados fuera dé ese término. Contra la sentencia dictada interpuso el demandado Alejandro Texidor el presente recurso de apelación. Analizaremos los errores señalados por el orden en que lo han sido.

1. Sostiene el apelante que el tribunal sentenciador erró al desestimar la excepción previa, ya que no constando en la demanda que los censos fueran constituidos o reconocidos por escritura pública, es necesario concluir que no aduce he-chos suficientes para establecer la acción que se ejercita.

En la demanda se alegó que en el año de 1841 mediante escritura que autorizó el escribano público Juan Basilio Nú-ñez, Manuel Gerónimo González vendió a Luis María Padial una casa de dos plantas situada en la calle de Santo Cristo de la ciudad de San Juan, por la suma de siete mil pesos de la moneda entonces circulante, de los cuales el comprador satisfizo al vendedor tres mil cuatrocientos setenta y cinco, reservando en su poder los tres mil quinientos veinte y cinco restantes que reportaba la finca a censo y tributo, correspon-dientes a varios señoríos, los que se obligó a reconocer el 'comprador Padial; que posteriormente Padial cumplió lo pro-metido y reconoció los siguientes censos, pagando- sus réditos mientras fué dueño de la casa: eran pesos de capellanía que sirvió el Pbro. Esteban de Castro; quinientos pesos perte-necientes á la Mesa Capitular; seiscientos veinte y cinco pesos del Seminario Conciliar y Cátedra de San Ildefonso; ciento cincuenta pesos del Hospital de Caridad de la Con-cepción; mii, cien pesos de Capellanía que sirvió el Pbro. Tomás de Castro; setecientos pesos de los Padres .Dominicos, y TREscientos cincuenta pesos de la Cofradía del .Rosario ¿ que la casa fue vendida y pasó por los diferentes dueños que se nombran hasta llegar a los actuales demandados quienes la adquirieron por compra a doña Josefa Bonilla París me-diante escritura pública otorgada el 7 de marzo de 1917; que en cada una de las ventas el adquirente ha deducido del precio respectivo el montante de los capitales a censo, con la sola excepción del asignado a los Padres Dominicos, cuyo señorío pasó al Estado Español, a virtud de las leyes des-vinculadoras; que los propietarios de la casa pagaron los réditos de los censos hasta las fechas que se expresan, ne-gándose a satisfacerlos la vendedora de los actuales dueños y éstos, no obstante las reiteradas gestiones de cobro por parte del demandante, y que los réditos devengados y no satisfechos ascienden a mil sesenta pesos de moneda de cuño español que era Ja circulante en la isla en el año de 1841.

No se dice, pues, en la demanda, de una manera expresa, que los gravámenes fueran reconocidos por Paclial en escri-tura pública. Sostiene el apelante que la ley vigente en aquel entonces lo exigía, pero no la cita, El apelado niega la exis-tencia do tal ley y reta al apelante a que la muestre. Nada hizo el apelante, ni nada hemos podido encontrar nosotros por nosotros mismos. Siendo ello así, y examinando los hechos alegados en la demanda a la luz del antiguo principio legal según el (pie “de cualquier modo que parezca que una persona quizo obligarse, queda obligada,” opinamos que no co-metió error la corte de distrito al desestimar la excepción del demandado.

2. El segundo error señalado se refiere al cometido por la corte a juicio del apelante al no haber desestimado la demanda por falta de personalidad del demandante.

Ya dijimos que la demanda se interpuso por Monseñor Jones, en su carácter de Obispo de la Iglesia Católica de Puerto Rico, y ahora añadiremos que en ella se expresó ade-más que el demandante “está investido de todas las facul-fades y poderes necesarios para el gobierno de la misma y entre ellos el de demandar el reconocimiento y declaración de derechos en favor de las entidades y establecimientos de la di ella Iglesia Católica de Puerto Eico que funcionan bajo la dirección de su Obispo, cual son entre otros la Mesa Capi-tular del Cabildo Catedral, el Seminario Conciliar, el Hospital de la Concepción, la Arcliicofradía del Rosario y la Colecturía de Capellanías vacantes.” En el acto de la vista se presentó prueba testifical de cpie el demandante es el actual Obispo de la Iglesia Católica de Puerto Rico.

Esta cuestión lia sido estudiada y resuelta por esta Corte Suprema en contra del apelante. En el caso de Jones, Obispo Católico de Puerto Rico v. El Registrador de la Propiedad, el tribunal se expresó así:

“La representación de la Iglesia Católica Apostólica Romana en Puerto Rico, incumbía a su Obispo durante la dominación Española, y el Tratado de París celebrado entre los Estados Unidos y España no hizo innovación alguna sobre el particular, sino que por el con-trario ha reconocido a la Iglesia sus derechos, aunque sin establecer' preferencias en relación con otras religiones. Aún más, después de haber sido aprobada en 10 de marzo de 1904 la ley confiriendo juris-dicción original a este Tribunal Supremo para conocer sobre ciertas propiedades reclamadas por la Iglesia Católica Romana de Puerto Rico, y resolver acerca de las mismas, fueron promovidos diversos-pleitos por el Obispo Católico Apostólico Romano de Puerto Rico en representación de su Iglesia, reclamando la propiedad de la Ca-tedral, del Seminario Conciliar, de varias Iglesias Parroquiales, de Conventos y censos que pertenecieron a comunidades religiosas, de que se había incautado la Real Hacienda, y en todos esos pleitos fué admitida la representación del Obispo Católico Romano ¿te Puerto-Rico, siendo de notar que uno de esos pleitos o sea el relativo a la Iglesia de Ponce, fué decidido ejecutoriamente a favor del Obispo-Católico de Puerto Rico por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que otros dos terminaron por medio de transacción a vir-tud de la resolución conjunta aprobada en 16 de septiembre de-1908, en cuya transacción intervinieron representantes de los Esta-dos Unidos, de El Pueblo de Puerto Rico y de la Iglesia Católica Apostólica Romana de Puerto Rico, a la que representaba su Obispo,.' sin que la representación de éste fuera impugnada por los demás.
“Entendemos, pues, que los capitales a censo a favor del Semi-nario Conciliar, de la Fábrica de Catedral, de Capellanías vacantes, de la Mesa Capitular y del Hospital de Caridad, pertenecen a la Iglesia Católica Apostólica Romana de Puerto Rico; y por tanto, su representante legal, que es el Obispo, cuya representación es indis-cutible, ha podido cancelarlos, siendo eñcaz tal cancelación y por tanto, inscribible en el registro.” 17 D. P. R. 224, 227.

Véanse también el caso de Jones, Obispo Católico v. El Registrador, 18 D. P. R. 126, y los en él citados.

3. El tercer error que señala el apelante es el cometido •a su juicio por la corte al fijar la cuantía de los censos y al determinar las personas a favor de quienes se constitu-yeron. Sostiene que los únicos censos que según la prueba presentada constaban en la antigua Anotaduría de Hipote-cas eran el de cien pesos de Capellanía de don Esteban de (■astro, el de quinientos de la Mesa Capitular, el de seis-oieNtos veiNte y cinco de los Padres Dominicos, el de trescien-tos cincuenta de la Cofradía del Bosario y el de mil ocho-cientos sesenta del Ledo. Sirgado, y que habiéndose cance-lado el del Ledo. Sirgado, y extinguido el de los Padres Do-minicos, sólo quedaban los restantes, cuya validez actual en todo caso dependería de que sus dueños los hubieran trasla-dado, lo quo no hicieron, a los libros del moderno registro de la propiedad.

El apelante se apoya en una parte de la prueba. En efecto de la certificación del Anotaclor de Hipotecas unida a la es-critura de 1841, consta lo que él dice. Pero se presentó ade-más el expediente sobre reconocimiento y expedición de pó-liza a instancia de Padial que obraba en el Archivo de la Notaría Eclesiástica, en el cual aparece otra certificación del Anotador "de Hipotecas que contiene los gravámenes censua-les especificados en la demanda.

Tampoco tiene razón el apelante en la segunda parte de su señalamiento de error. Según el registro en las inscrip-ciones de las varias ventas que de la finca en cuestión se llevaron a efecto, consta que los contratantes fijaban el pr'e-ció y que el comprador reservaba sin pagar una parte del mismo: la correspondiente al capital de los censos. Y este Tribunal Supremo resolviendo un recurso gubernativo en. que estaba envuelta la cancelación de estos mismos censos, dijo:

“En. el presente caso, como aparece suficientemente de los lieclios anteriormente relacionados, el asiento, cuya cancelación se pide, no fué ni tomado directamente de los antiguos libros ni hecho por el registrador a su propia iniciativa sino que fué el resultado del deli-berado, solemne y mutuo reconocimiento de dicho censo por parte de vendedores y compradores en los varios documentos que forman la cadena de títulos empezando por la escritura de 1871 y termi-nando con la de marzo de 1917, el comprador en cada caso, inclusive la dueña actual, se reservó una suma de dinero, que se dedujo del precio de venta, a fin de cubrir el gravamen pendiente que re-presenta el consabido censo.” Texidor v. Registrador de San Juan, 25 D. P. R., 878, 881.

4. Los otros errores señalados se refieren a los cometidos por la corto de distrito, según el apelante, al admitir como prueba cierta escritura y, la declaración del testigo Luis Ro-dríguez. y al no eliminar la evidencia ofrecida en relación con los réditos.

A. La escritura de que se trata fué una otorgada el 24 de mayo de 1882, ante el Notario Guerra por don Félix Benet Rivera y doña Monserrate Cabrera, haciendo constar en de-talle los censos que pesaban sobre la casa No. 7 de la calle del Cristo.' Lidia escritura no se inscribió en el registro y en esta circunstancia basó su oposición la parte demandada.

Si existió error, no lleva consigo la revocación de la sen-tencia apelada porque no perjudicó a los demandados. Pres-cindiendo de dicha escritura, la sentencia se sostiene por la otorgada por Padial en 1841, por el subsiguiente reconoci-miento detallado hecho por él mismo y por los reconocimien-tos directos de los compradores, inclusos los demandados, al reservar en su poder parte del precio representativo de los capitales a censo impuestos sobre la propiedad que adqui-rieron.

B. Sostiene el apelante que “el cobro de un censo se jus-tifica por la constancia o resguardo que dé el censatario al censualista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1519 de nuestro Código Civil vigente”, y que la corte erró al ad-mitir evidencia testifical en este caso para probar tal extremo. Para concluir que no tiene razón el apelante, basta leer el precepto de ley invocado que dice así:

“El censualista al tiempo de entregar el recibo de cualquier pen-sión, puede obligar al censatario a que le dé un resguardo en que conste haber hecho él. pago.”

Como expresa el apelado en sd alegato, el precepto trans-crito “establece una facultad meramente potestativa en el censualista, que no implica concepto alguno de exclusivismo en orden a acreditar el pago de las pensiones de los censos.”

C. Tampoco cometió la corte error alguno al negarse a eliminar la parte de la declaración del testigo Luis Rodríguez que se refería al cobro de los réditos de los censos. Este tes-tigo desde el año 1915 era Secretario del Tribunal de Cuen-tas del Obispado y como tal estaba capacitado para declarar que se había gestionado, .sin resultado, el cobro a los de-mandados de los réditos que se reclamaron en el pleito.

Por virtud de todo lo expuesto opinamos que debe confir-marse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.