author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. del Valle, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción al artículo 328 del Código Penal.
    No. 2058.
    Resuelto en junio 28, 1923.
    Delitos contra la Salud y Seguridad Públicas — Choque a Causa de Negli-gencia del Conductor — Acusación Suficiente. — Uua acusación por viola-ción del artículo 328, enmendado en 1916, del Código Penal, en la que so alega que el choque se debió al descuido del acusado, es suficiente. Dicho artículo establece dos formas de cometer el delito, a saber, una por impru-dencia temeraria y otra por descuido, y cualquiera de ellas que se impute es bastante.
    Id. — Transcripción—Prueba-, Omitida en la Transcripción. — Cuando la prueba practicada no forma parte de los autos, el Tribunal Supremo no está en condiciones de considerar errores imputados a la corte inferior al hacer el resumen de la prueba.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Rincón & Viscarrondo.

    Abogado del apelado: 'Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se imputó a Andrés del Valle la comisión del siguiente becbo, como constitutivo del delito previsto y castigado en el artículo 328 del Código Penal:

“El referido Andrés del Valle el día 16 de abril A. D., 1922, y en el distrito de Humacao, o sea en la municipalidad de Fajardo, que forma parte del distrito judicial de Humacao, P. R., de una ma-nera ilegal, mientras manejaba el automóvil No. 1808, lo hizo con tal impericia, negligencia y descuido que lo dejó chocar con la ye-gua que montaban Ricardo Figueroa y Dolores Sabat, producién-dole al primero la dislocación anterior del hombro izquierdo, frac-tura de los huesos nasales, fractura compuesta conminuta del tercio inferior de la pierna izquierda, fractura de la fíbula izquierda y con-tusiones en el ojo izquierdo, en la cabeza y en el pecho, y a la se-gunda, o sea Dolores Sabat, contusiones en el hombro izquierdo.”

El acusado fue juzgado por un Jurado y declarado culpable. La corte le impuso diez meses de cárcel. Apeló ale-gando que la acusación no imputa el delito por el cual fue castigado y que la corte instruyó al Jurado erróneamente.

Argumentando el primer error, sostiene el apelante que la acusación es fatalmente defectuosa porque no expresa que el hecho se cometiera por imprudencia temeraria.

La ley — artículo 328 del Código Penal, tal como quedó enmendado en 1916, Ley No. 51— dice, en lo pertinente, así: “Todo conductor, * '* * de cualquier * * * auto-móvil * * * que, por imprudencia temeraria o descuido, lo dejare o hiciere chocar * * * ” Y la denuncia, como hemos visto, expresa que el acusado al manejar el automóvil “lo hizo con tal impericia, negligencia y descuido que lo dejó chocar * * * ” Las itálicas son nuestras.

Sin duda el fiscal al redactar la acusación no tuvo a la vista la enmienda de 1916. La fraseología que usa es la de la ley antigua, pero eso no obstante, consignándose en la acu sación que el choque se debió al descuido del conductor, es suficiente, porque el artículo enmendado establece dos for-mas de comisión del delito, a saber, una por imprudencia te-meraria y otra por descuido y cualquiera de ellas que se impute es bastante.

Con respecto al segundo error, dice el apelante:

“En la página 16 del récord, al exponer la corte la prueba de descargo al jurado, refiriéndose al testigo Félix Orta, les dijo, que el testigo había manifestado primero que iba en el asiento delantero del carro y luego dijo que en una silla de atrás, con lo cual quiso decir al jurado que el testigo se había contradicho, y entendemos que tal proceder de una corte instruyendo al jurado, lo induce no sólo a” crear certeza moral de falsedad sobre el contenido de la declaración del testigo sino que previene su ánimo contra todo el resto de la prueba. ’ ’

No forma parte de los autos la prueba practicada. Siendo ello así, no hay base para resolver el error que se señala. Si el testigo declaró del modo indicado por el juez, ningún error cometió éste. El acusado no puede quejarse de que el juez dijera la verdad. La forma empleada no puede soste-nerse que fuera calculada para dañar al acusado. Las ius tracciones se transcriben íntegras y de ellas aparece que el juez Mzo un resumen de toda la prueba practicada, así de la de cargo como de la de descargo.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Sin lugar el recurso y confirmada la senten-cia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr". Wolf no intervino en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asiociado Sr. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Pérez et al., Peticionarios y Apelantes, v. Alvarez, Opositora y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre administración judicial.
    No. 2831.
    Resuelto en junio 28, 1923.
    Administración Judicial de Herencias; Cuándo Procede. — Cuando la viuda que resiste la administración judicial bajo el fundamento de que los bie-nes relictos le pertenecen exclusivamente por haberlos adquirido, parte por herencia y el resto por compra con peculio propio estando casada con el causante, no prueba esta última circunstancia aunque pruebe la adquisición de parte a título de herencia, procede decretar la administración judicial solicitada por herederos capacitados para pedirla.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. L. Mercader.

    Abogados de la apelada: Sres. Largé & Zeno.

   El Juez Asiociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Eleuterio Pérez Núñez y su esposa Teresa Castro Zeno presentaron en el tribunal inferior una petición jurada para que nombrara un administrador judicial en la que alegaron que Manuel Pérez Castro, padre legítimo (sic) de los peti-cionarios, murió sin testamento en 1921, estando casado con Josefa Alvarez, sin que en dicho matrimonio tuvieran hijos; que el interés de los peticionarios es ser ellos sus únicos he-rederos con la viuda, ésta en cuanto a la cuota usufructuaria; que el difunto dejó bienes consistentes en una finca rústica con casas y en dos fincas urbanas, que se describen, y que desde entonces la viuda viene percibiendo todas las rentas de esos bienes, sin que les haya entregado participación al-guna de ellos.

La viuda Josefa Alvarez presentó una oposición jurada a esa petición y, aunque niega que el difunto fuera padre le-gítimo de los peticionarios, admitió que éstos y ella por su cuota usufructuaria son los únicos herederos pero negó que el difunto dejara los bienes a que se refiere la solicitud pues la finca rústica que se describe en primer término le perte-nece exclusivamente por haber adquirido una parte de ella en anterior matrimonio y la otra parte estando casada con Manuel Pérez Castro, pero con dinero de su propiedad, y que las dos fincas urbanas las adquirió una mitad por heren-cia y la otra mitad por compra con peculio propio.

Por lo expuesto se ve que la controversia entre las partes versa sobre si el difunto dejó o no bienes sujetos a partición entre los herederos.

El día que estaba señalado para oir a las partes sobre esta oposición la viuda fué la única que presentó prueba con respecto a los bienes, resultando de ella documentalmente que heredó de su madre la mitad pro indivisa de las fincas ur-banas descritas en segundo y tercer término en la petición y que las otras dos mitades las compró estando casada con Manuel Pérez Castro. En cuanto a la finca rústica quiso presentar prueba testifical para probar que es de su exclu-siva propiedad pero no le fué permitida.

Con tales alegaciones y pruebas el tribunal inferior se negó a nombrar el administrador judicial solicitado por los peticionarios, contra cuya resolución se interpuso por éstos el presente recurso de apelación.

El objeto del nombramiento de nn administrador de los bienes de nn finado es incantarse de los bienes de éste y conservarlos para ser distribuidos entre sns herederos y, por tanto, si no ba dejado bienes, entonces, no procede tal nombramiento porque'no bay bienes que administrar, según declaramos en el caso de Ex parte Vega, 28 D. P. R. 389. Por esto uno de los requisitos exigidos por el artículo 23 de la Ley de procedimientos legales especiales para que proceda tal nombramiento es que en la petición solicitándolo se ale-gue que la persona finada dejó bienes sujetos a partición, con expresión de la cuantía de éstos y naturaleza, de dichos bienes. Pero aunque esto se alegue, si se hace oposición a dicho nombramiento porque la persona finada no dejó bie-nes sujetos a partición por no pertenecerles y no estar su-jetos a partición los que se relacionan en la petición y esto se prueba claramente con documentos, entonces, se estará en el caso de no haber bienes que administrar y no será proce-dente el nombramiento de administrador. El caso de Martínez v. Crosas, 26 D. P. R. 228, tiene alguna relación con el presente pue.s en él se ordenó la devolución de ciertos bienes por haberse demostrado claramente que no pertenecían al finado.

Si bien en este caso se ha probado claramente con docu-mentos fehacientes que la mitad de dos casas fué adquirida por la viuda por título de herencia, y por tanto que esas mi-tades no pertenecen al finado y no están sujetas a partición; en cambio las otras dos mitades de ellas adquiridas durante el matrimonio aparecen ser bienes gananciales, lo mismo que la mitad de -la finca rústica descrita en primer término de la relación de bienes hecha por los peticionarios, pues no sola-mente ha dejado de presentarse por la opositora prueba de que le pertenezca exclusivamente sino que en su escrito de oposición reconoce que una mitad de esa finca la adquirió estando casada Con Manuel Pérez Castro, aunque dice que fué con dinero propio suyo. Por consiguiente, prima facie resulta que hay bienes gananciales en los que el difunto tiene alguna participación por lo que es procedente que se nombre un administrador judicial para ellos, sin que sen obstáculo el hecho de que se pueda pedir el nombramiento de un contador partidor de acuerdo con el artículo 1026 del Código Civil, según hemos declarado en el caso de Cabanillas v. Torrents, resuelto el día 12 de este mes, (p. 42). En el caso de Martínez v. Martínez, 26 D. P. R. 159, dijimos “eL hecho de que un heredero esté en posesión de los bienes, y niegue los derechos de los otros herederos, es justamente un caso propio para el nombramiento de un administrador judicial sujeto al control de la corte.”

La resolución apelada debe ser revocada con instrucción de que se haga el nombramiento de administrador judicial.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Hutchison y Franco Soto.

El 'Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Martínez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por falsa representación e impostura en grado de tentativa.
    No. 1798.
    Resuelto en junio 29, 1923.
    Falsa Representación ■— Simulaciones Falsas o Fraudulentas. — Para que exista el delito de falsa representación en grado de tentativa no es preciso que la falsa o fraudulenta simulación se haga a la persona que de haberse consumado el delito habría resultado defraudada.
    Id. — Apelación—Exposición del Caso — Documentos Omitidos en la Exposi-ción del Caso. — Si en los autos no se transcribe un documento presentado por el acusado, quien alega ser errónea la resolución negando la admisión del mismo, o no consta en los autos una descripción tal que permita deducir la pertinencia y valor probatorio del documento, el Tribunal Supremo no puede decidir si el error existe o no.

      Id. — Sentencia o Presunción de Intención. — Una sentencia condenatoria no puede revocarse por virtud de la teoría de que si hubiera estado el acusado representado por abogado en la corte inferior, algunos heehos, además del mero absurdo 'de los medios empleados, podrían haberse desarrollado ten-dentes a destruir la presunción legal de que un hombre intenta hacer lo que en realidad hace.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. V. P. Martines y L. Janer Landrón.

    Abogado del apelado: Er. José E. Figueras, Fiscal:

   El Juez Asociado Sb. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el apelante fue declarado culpable de un de-lito de falsa representación e impostura en grado de tenta-tiva.

El primer señalamiento se refiere a la desestimación' por la corte inferior de una moción de sobreseimiento hecha por el acusado y basada en la supuesta irregularidad habida durante la investigación que hizo el Gran Jurado con ante-rioridad a la presentación de la acusación.

Como indicó la corte inferior en su resolución, la moción no estaba jurada ni 'acompañada de affidavits, y no se hizo tampoco ningún esfuerzo por probar las manifestaciones en ella contenidas. Sin embargo, la corte de distrito se impuso la molestia de examinar el- récord taquigráfico de los proce-dimientos y de emitir una opinión por escrito en la .que se discuten y resuelven las varias cuestiones levantadas por el acusado, con citas de autoridades. En el alegato del ape-lante simplemente se nos hace referencia sin otra argumen-tación, a las razones aducidas en la moción, y ni el error, de haberse cometido alguno por el juez sentenciador, ni nin-gún perjuicio como consecuencia del mismo, es tan mani-fiesto que justifique el tener que hacerse ahora una investi-gación o discusión independiente de las cuestiones técnicas envueltas.

El segundo señalamiento es que la corte inferior inCu-rrió en. error al desestimar una excepción perentoria for-mulada a la acusación fundada.en la falta de hechos sufi-cientes para constituir un delito. Los hechos imputados son los siguientes:

“El referido Víctor P. Martínez, con intención de defraudar a ■ don Eduardo Méndez la cantidad de cinco mil dollars (5,000), con fecha doce de agosto de 1917, en Aguadilla, P. B., que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, endosó a la orden dex American Colonial Bank, de San Juan, para que esta institución lo cobrara y acreditara al acusado en cuenta corriente, un check No. 22568, expedido en Aguadilla por don Eduardo Méndez, con fecha 22 de junio de 1914, a favor del acusado y contra el Banco Co-mercial de Puerto Bico, Aguadilla Branch, por la cantidad de cinco mil dollars, cuyo cheek endosó como válido y exigible, a sabiendas de que no lo era, por haberle sido satisfecha la cantidad para cuyo pago fué expedido, por medio de una carta orden contra el Banco Co-mercial de Puerto Bico, Aguadilla Branch, librada con posterioridad pero en la misma fecha de la expedición del check, y en virtud de estas falsas y fraudulentas simulaciones, obtuvo el acusado que el American Colonial Bank procediera a cobrar dicho check del Banco Comercial de Puerto Bico, Aguadilla Branch, depositario de fondos' de D. Eduardo Méndez, no habiéndose realizado el cobro por haber este Banco notificado al librador del check, quien protestó contra la validez y exigibilidad del mismo.”

La teoría del apelante es que las falsas representaciones en cuestión no podían haber engañado a Méndez, la preten-dida víctima, quien sabía que el cheque había sido pagado, porque él lo había pagado. La contestación del fiscal, des-pués de hacer una reseña de la prueba, más bien que de los hechos imputados, es que, a no ser por la falta de fondos suficientes para cubrir su importe, circunstancia que no se menciona en la acusación, Méndez hubiera tenido conoci-miento de las falsas simulaciones después de haberse verifi-cado el pago. El argumento del apelante asume, desde luego, que las falsas representaciones deben hacerse a la persona defraudada, mientras que el del fiscal, a la vez, sin hacer argumentación o cita de autoridades, envuelve clara-mente la hipótesis contraria.

Nuestro estatuto, sin embargo, se refiere a “toda persona que a sabiendas e intencionalmente, valiéndose de falsas y fraudulentas simulaciones, defraudare dinero o bienes a otra persona.” Claramente que no dice que la falsa o frau-dulenta- simulación debe hacerse a la persona defraudada, y el peso decidido de las autoridades parece sostener la pro-posición de que, de acuerdo con tal disposición, no es nece-sario, para sostener una condena que tal representación sea hecha de ese modo. Commonwealth of Ky. v. Johnson, L. R. A. 1916, D. 267, nota y casos citados.

Los señalamientos 14 y 15, se refieren a la exclusión de cierta prueba documental ofrecida por el acusado.

Aquí también no se discute la cuestión en absoluto en el alegato del gobierno y el apelante en su alegato, sin hacer argumentación o siquiera alguna referencia a la página, o a cualquier determinada parte de los autos, descansa simple-mente en las razones que fueron aducidas al dictarse la re-solución.

En un llamado pliego de excepciones encontramos lo si-guiente :

“12. Al presentar el acusado como evidencia, la copia debida-mente autorizada de la escritura No. 134 de carta de pago y cancela-ción total, otorgada en 13 de agosto de 1919, ante el Notario Arturo Reichard del Valle por Antonio Segardía y Torrens como Adminis-trador Judicial (de facto) de los bienes de Víctor Martínez y Mar-tínez, ‘del crédito hipotecario de que se hace mención en el contrato de promesa de venta tantas veces repetido e inscrito en el Regis-tro de la Propiedad a favor de este acusado Víctor P. Martínez y González,’ para destruir los cargos hechos por el Pueblo y el denun-ciante, de la supuesta intención criminal y de que no tenía el de-nunciante escritura con que probar aquellas entregas de dinero. El Pueblo se opuso a su admisión, la corte sostuvo la oposición, y el acusado tomó excepción por las razones antes expuestas.
“13. Al presentar el acusado una certificación del registrador de la propiedad de este distrito, Joaquín Martínez Cintrón de fe-brero B de 1921, creditiva de estar trasladada la anterior escritura de carta de pago y cancelación total y que con fecba anterior estaba inscrito el crédito hipotecario a favor del acusado en el registro de la propiedad de este distrito y que dicha inscripción fué hecha en el tiempo que se ha tramitado esta causa por el representante de El Pueblo, Ledo. Acosta y Acosta, El Pueblo se opuso, la Corte sos-tuvo dicha oposición y el acusado tomó excepción por los motivos que las anteriores.”

A falta de los documentos excluidos o de alguna idea más definida de su contenido, pertinencia y valor probatorio, o de los fundamentos por los cuales la objeción a ellos fué he-día y sostenida por la corte, que no sea la que puede verse de la cita anterior, no podemos decir que la corte inferior co-metió error al negarse a admitir la prueba.

Diez y ocho de los veintiún señalamientos contenidos en el alegato fueron prácticamente abandonados por el abog’ado del acusado en la vista. Las tres cuestiones sometidas en el informe oral como dignas de consideración, y una extra, 3ra han sido resueltas. Las otras no requieren seria considera-ción.

El “Pliego de Excepciones” expresa que al ofrecerse el check No. 22568, “propiedad del acusado,” el cual se men-ciona en la acusación, el acusado se opuso, porque el mismo “no había sido traído mediante un procedimiento de ley, porque había sido de antemano reclamado y negado (su entrega) por la corte, no había sido debidamente autenti-cado, y porque la propiedad del acusado no podía aducirse en su contra.” Se hizo oposición a otro documento, porque no había sido debidamente autenticado y demostraba que el acusado era “copropietario.” A la carta orden mencionada en la acusación se hizo, objeción por el fundamento de que era en propio beneficio del denunciante Méndez, no tenía re-lación con el check y no estaba debidamente autenticada. Se hizo oposición a otro cheque por no tener fuerza proba-toria contra el acusado, sino contra el banco, no tener rela-ción con el cheque No. 22568 y no estar debidamente auten-ticado.

Expresa también el apelante en su alegato, que en fe-brero de 1918.1a Corte de Distrito de San Juan sobreseyó una acusación sin ordenar la radicación de una nueva; que una sentencia condenatoria dictada en la misma corte á vir-tud de una acusación posterior, fué revocada por esta Corte Suprema en julio de 1919, sin ordenarse un nuevo juicio; que en abril de 1920, en el procedimiento de certiorari No. 280, de Martínez v. Crosas, esta corte anuló otra acusación sin ordenar la presentación de una nueva, y que en julio del mismo año fué sobreseída otra acusación por esta corte. To-das estas cuestiones se alegan insistentemente como consti-cutivas de haber estado el acusado expuesto anteriormente (,former jeopardy). Aparte de cualquiera cosa que pudiera decirse con relación a la forma en que fué presentado este aspecto del caso en la corte inferior, la contención que ahora se hace pasa enteramente por alto toda cuestión relativa al tiempo en que está en peligro el acusado {jeopardy), a los elementos necesarios de la doctrina y al efecto de una renun-cia o impedimento. Otra idea persistente que según parece surge de una confusión igualmente irremediable en la in-terpretación de las disposiciones estatutorias relativas a los delitos de felony y misdemeanor y al castigo de las tenta-tivas para cometer delitos, es que está prescrita la acción. También contiene el alegato una larga disertación sobre la cuestión de título a cheques y otros documentos negociables y a los respectivos derechos del acusado y el denunciante de acuerdo con el Código Civil y el Código de Comercio, con copiosa cita de autoridades, incluyendo la Corte Suprema de Yiena y la Casa Inglesa de los Lores.

Hemos hecho referencia a estas cuestiones meramente por vía de ilustración y de introducción a lo que sigue.

La sorprendente facilidad con que este acusado parece acumular obligaciones legales y morales, a veces quizás el resultado inesperado aunque lógico de algún concepto tergi-versado del derecho de defensa propia, y la incapacidad abso-luta para afrontar las situaciones así creadas, puede ser bas-tante para justificar algunas palabras en conclusión, que ordi-nariamente estarían fuera de lugar en una opinión judicial.

El apelante aparentemente llevó su propio caso ante la corte inferior y preparó el alegato en apelación, aunque un compañero compareció a la vista e hizo lo más que pudo do un mal caso en el estado en que lo encontró. Hemos tenido ocasión basta abora de advertir al apelante la improcedencia de tal procedimiento, pero la indicación parece haber co-rrido la suerte que tan frecuentemente corre el consejo bien intencionado pero no solicitado.

Por otra parte, es enteramente concebible que un vere-dicto diferente podría haberse obtenido o si no, por lo me-nos alguna Cuestión meritoria pudo haberse reservado en los autos y presentado para ser considerada en apelación En este sentido el caso es típico de una situación cuya fre-cuente repetición en toda la historia del' litigio en el cual ha sido parte el apelante no se ha escapado a nuestra atención. Las penalidades incurridas, de considerarse únicamente desde este punto de vista, han sido fuertes; pero hasta aquí, lo mismo que ahora, la víctima de sus propias mal inclinadas actividades no ha sido susceptible de ayuda judicial.

El presente caso varía de'las acciones civiles arriba men-cionadas, sin embargo, en que no se ha ocasionado a otros ninguna verdadera pérdida o grave daño; y puede ser que la experiencia, que abarca un período de seis años, ya ad-quirida del presente procedimiento, sea bastante para disuadir la repetición del delito sin la humillación adicional de un término de cárcel. Consideradas todas estas cosas, no parece sino razonable hacer mención de estas cuestiones por el valor que puedan tener en vista de la posibilidad de que el apelante pudiera desear acudir a la gracia ejecutiva.

Por supuesto que no podemos revocar una sentencia por virtud de la teoría de que si hubiera estado el acusado re-presentado por abogado en la corte inferior, algunos he-chos, además del mero absurdo de los medios empleados, podrían haberse desarrollado tendentes a destruir la pre-sunción legal de que un hombre intenta hacer lo que en rea-lidad hace.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Franco Soto no in-tervinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. FraNoo Soto,

text:
    Cubano, Demandante y Apelante, v. Jiménez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan Segundo Distrito, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2858.
    Resuelto en junio 29, 1923.
    Sentencia Dfjada sin Efecto — Discreción Judicial; Abuso de Notificacio-nes — Negligencia del Abogado. — Constituye abuso de discreción el dejar sin efecto una sentencia y abrir nuevamente el caso, a petición de un deman-dado que trató de probar defensas meritorias y meramente trató de justifi-car su no comparecencia a juicio porque el señalamiento no le fué notificado ni tampoco el de la lectura del calendario. Cintrón v. SI Zenit, 28 D. P. R. 687. Los abogados deben mantener de un modo constante su atención en los asuntos que tienen en curso ante las cortes, pues es un deber que les imponen sus funciones de abogados, ya que no es estatutoria la notificación de la lectura del calendario y fecha de los señalamientos, y una omisión on tal sentido por un abogado implica prima facie la falta de una debida diligencia en el cuidado que exige una ordinaria prudencia.
    Paños y Perjuicios — Negligencia Combinada de Varias Personas. — Si una persona sufre un daño como consecuencia inmediata de la negligencia de otras dos, y el daño no hubiera ocurrido por la negligencia de una de ellas solamente, ambas son responsables a la persona perjudicada. Y esto es así con respecto a daños a la propiedad lo mismo que a un daño que se ocasiona a una persona. La regla está bien establecida de que cuando un daño es . el resultado de la negligencia combinada de varias personas, tales personas son responsables solidaria y maneomunadamente a la persona perjudicada y puede establecerse una acción contra uno o todos los que ocasionan dicho daño. Cruz et al. v. Frau, 31 D. P. R. 92.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. E. Campillo y M. Tous Soto.

    Abogados de los apelados: Sres. C. Triarte, Jr., y J. Ruis de Val.

   El Juez Asociado Sr. FraNoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se dictó sentencia exonerando de responsa-bilidad al demandado Rosendo Alejandro y condenando al otro demadado Jesús Jiménez Yalcárcel a pagar al deman-dante la cantidad de $500 como indemnización de daños y perjuicios, a consecuencia de un accidente ocurrido por el choque de las guaguas de los demandados, ocasionando a su vez desperfectos en la guagua del demandante. En la de-manda, sin embargo, se alegaba la negligencia combinada de los demandados.

El juicio fué celebrado sin la asistencia del demandado Jesús Jiménez Varcárcel, y fundándose en que el señala-miento del caso no le fué notificado por el secretario de la corte así como tampoco el señalamiento hecho por el juez inferior para la lectura del calendario, ni por el abogado, de la parte contraria, y en varios affidavits que tienden a jus-tificar la buena defensa que tiene contra la demanda, dicho demandado Yalcárcel solicitó de la corte inferior dejar sin efecto la sentencia dictada en el presente caso con fecha 26 de junio, 1922, y que el caso se abriera de nuevo para la prác-tica de pruebas.

A la moción presentada la corte inferior dictó resolución dejando sin efecto la sentencia de 26 de junio, 1922, en cuanto afecta al demandado Jesús Jiménez Yalcárcel y abriendo de nuevo el caso en cuanto a este demandado.

Contra esa resolución se lia establecido esta apelación, alegando el apelante, entre otras razones, la insuficiencia de la moción para disculpar al demandado de su falta de asis-tencia al juicio.

La cuestión levantada no se suscita por primera vez ante esta Corte Suprema y sus precedentes favorecen al apelante.

En el caso de Cintrón v. El Zenit, 28 D. P. R. 687, se ale-gaba como causa de error la de liaber ocurrido un terremoto que destruyó el edificio de la corte, alegando el apelante que dicha corte celebró el juicio sin haberse asegurado de que la demandada estuviera advertida y avisada del señala-, miento hecho mediante la correspondiente notificación, y no obstante la corte dijo:

“El señalamiento de día para la celebración del juicio no debía ser notificado a las partes y tampoco debía ser notificada a la deman-dada en su caso la orden denegatoria de eliminación puesto que no le era perjudicial. Se presume concluyentemente que las partes se en-cuentran ante la corte y las únicas excepciones que deben tenerse en cuenta en cuanto a la notificación son las establecidas por las leyes de marzo 9, 1911 y marzo 11, 1915. Guardian Assurance Co., Ltd. v. López Acosta, Juez de Distrito, 24 D. P. R. 637.”

La misma doctrina se sostiene en el caso de Santalís v. El Zenit, 28 D. P. R. 695, y en los casos de Glos v. Gleason, 70 N. E. 1045, y Davis v. Peck et al., 55 Pac. 192.

Si la ley no exige una notificación para hacer saber a las partes o a sus abogados la lectura del calendario, no puede invocarse en ningún caso como excusa legal la mera igno-rancia por el abogado del día del señalamiento para el jui-cio. Los abogados deben mantener de un modo constante su atención en los asuntos que tienen en curso ante las cor-tes, pues es un deber que les imponen sus funciones de abo-gados, ya que no es estatutoria la notificación de la lectura del calendario y fecha de los señalamientos, y una omisión en tal sentido por un abogado implica prima facie la falta de una debida diligencia en el cuidado que exige una ordi-naria prudencia.

No obstante, si bien se tiende a discutir los méritos del caso en los affidavits que se acompañaron a la moción del apelado, y sin que prejuzguemos cuestión alguna que pueda afectar el asunto en su fondo, nos encontramos que la ten-dencia de la jurisprudencia ha sido declarar in solidum la responsabilidad de los varios demandados en casos simila-lares.

“En nna acción por un daño que se alega haberse cansado por-abandono de un deber por parte del demandado, no constituye de-fensa el aleg'ar que otra persona tenía también un deber semejante. Ni es tampoco ninguna defensa el sostener que el acto n omisión im-putado no fue la única y exclusiva causa del daño. Si el acto del demandado fué eficaz en el mismo momento de ocurrir el daño será él responsable por el mismo, aunque concurriera y contribuyera al resultado perjudicial el acto de una tercera persona, o accidente inevitable. Expresado en otra forma, si una persona sufre un daño como consecuencia inmediata de la negligencia de otras dos, y el daño no hubiera ocurrido por la negligencia de una de ellas sola-mente, ambas son responsables a la persona perjudicada. Y esto es así con respecto a daños a la propiedad lo mismo que a un daño que se ocasiona a una persona. La regla está bien establecida de que cuando un daño es el resultado de la negligencia combinada de va-rias personas, tales personas son responsables solidaria y mancomu-nadamente a la persona perjudicada y puede establecerse una acción contra uno o todos los que ocasionan dicho daño.” 20 R. C. L. págs. 102-103.

En el caso de Cruz et al. v. Frau, resuelto en julio 27, 1922, 31 D. P. R. 92 ya se había establecido la misma doc-trina, y en aquella ocasión se dijo:

“La defensa del demandado esencialmente descansa en imputar al otro automóvil toda la responsabilidad del suceso pero tal vez, en interés del demandado, hubiera sido mejor haberse obtenido la identificación del otro automóvil que resulta desconocido. No obs-tante, la conclusión más favorable a que podíamos llegar es que el demandado había de compartir su responsabilidad con el otro auto-móvil y que ambos habían sido la causa próxima del accidente.”

Además, el apelado en su alegato solamente se limita a hacer mención del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, pero no nos hace cita alguna en que pudiera apoyar la resolución anterior.

Por lo ■ expuesto y la jurisprudencia aplicable, la corte inferior se excedió en su discreción al dictar su resolución dejando sin efecto su sentencia, por lo que debe revocarse dicha resolución de fecha 11 de agosto de 1922.

Revocada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

text:
    Robert, Demandante y Apelado, v. Junta de Farmacia de Puerto Rico, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en procedimiento de mandamus.

      No. 2782.
    Resuelto en junio 29, 1923.
    Licencias de Farmacéuticos — Mandamus para Obtener Licencia de Farma-céutico — Causa de Acción. — Una persona a la cual no se le llegó a extender lieeneia de farmacéutico en época alguna, como demuestra la prueba en este caso, aunque pruebe que reúne todos los demás requisitos a que se refiere la sección 9 de la Ley número 15 de 1921, no puede obtener tal licencia al amparo de dicha sección.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Hon. Attorney General y Sres. R. H. Todd, Jr., M. A. Muñoz y J. E. Figueras, Fiscal.

    Abogado del apelado: Sr. José de Guzmán Benitez.

   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una petición de mandamus en apelación, pro-movida a nombre de Rafael Robert para que se ordene a la Junta de Farmacia de Puerto Eico a reconocer el derecho del peticionario a continuar ejerciendo la profesión de far-macia y a entregar a dicho peticionario su licencia de far-macéutico para que pueda ejercer libremente dicha profe-sión.

La petición se funda en que el peticionario presentó a la Junta de Farmacia, en octubre de 1913, una solicitud acom-pañada con un diploma de maestro graduado de inglés, in-teresando ser admitido a examen con el fin de obtener un título o licencia para ejercer la profesión de farmacia; que el peticionario se examinó de todas las asignaturas regla-mentarias y fué aprobado, -pagando los derechos para ob-tener su licencia, la cual le fué expedida, aunque no llegó a serle entregada por cansas independientes a la voluntad de la junta y del peticionario; que expedida la licencia, el peticionario fué avisado por la junta para recogerla, cuando ocurrieron los inesperados sucesos-que motivaron el proce-samiento y remoción de algunos de -los miembros que com-ponían dicha junta, lo que motivó la ocupación por el fiscai de todos los documentos de la oficina, siendo esto la causa de que el peticionario no llegase a recoger su licencia que se hallaba entre los papeles de la junta; que después el go-bierno substituyó con otras personas los miembros salien-tes de la junta y entonces el peticionario acudió a la misma reclamándole fuese entregada su licencia y aquélla resolvió en enero de 1916, no solamente negando la petición de que se le entregara la licencia, sino también anulando los exá-menes que el. peticionario había aprobado, fundándose para todo ello en que el compareciente, al matricularse para sus exámenes de farmacia, no había cumplido con el requisito exigido por la ley al acreditar su instrucción con un diploma de alta escuela, sino que se había limitado a acreditarla Con un diploma de maestro graduado de inglés; y que con pos-terioridad a dicha resolución la Legislatura de Puerto Eico votó la Ley número 15 de 19 de mayo de 1921, y amparán-dose en lo dispuesto en la sección 9 de dicha ley, toda Arez que el peticionario lia ejercido consecutivamente por más de seis años la profesión y no tuvo absolutamente ninguna intervención en los lieclios que motivaron el procesamiento y separación de algunos de los miembros de la Junta de Farmacia en el año’1913, acudió a dicha junta para que, de acuerdo con dicho precepto y en vista de encontrarse den-tro de las condiciones exigidas por la ley, se le reconociese’ el derecho a ejercer su profesión de farmacéutico y se le en-tregara su licencia, y la junta, en 20 de julio de 1921, negó dicha solicitud fundándose en que no ve razón alguna por la cual pueda derogar el acuerdo tomado en 1916.

Expedido el auto en forma alternativa o condicional, la demandada formuló contestación en la que se expone como primera alegación “que del auto condicional expedido no aparece que se hayan alegado ante la corte hechos suficien-tes a determinar una causa de acción contra la Junta de Farmacia demandada”, y negándose además, y de un modo específico, las alegaciones contenidas en el auto.

Celebrada la vista, la corte inferior dictó en enero 23, Í922, un auto perentorio “ordenando a la Junta de Farma-cia de Puerto Rico que inmediatamente proceda a recono-cer a favor de Rafael Robert el derecho a ejercer y a con-tinuar ejerciendo la profesión de farmacia, y, a tal -efecto, a entregarle la correspondiente licencia de farmacéutico.” De esta resolución se estableció el presente recurso y el apelante, si bien señaló varios errores, solamente conside-ramos esenciales a los fines de esta apelación:

Io. Indebida aplicación de la Ley No. 15 de 19 de mayo de 1921, autorizando la creación de una Junta de Farmacia, etc. y para otros fines; y-

2°. Errónea apreciación de los hechos.

Aparece de la prueba que el peticionario Rafael Robert solicitó a la Junta de Farmacia, allá en 1913, la matrícula para sufrir los exámenes reglamentarios de la profesión de farmacia y obtener la licencia para, sn ejercicio legal en Puerto Rico. La matrícula se llevó a cabo llenando los requi-sitos 1, 2 y 3 de la sección 7 de la ley de 8 de marzo de 1906, autorizando la organización de una Junta de Farmacia, se-gún fué enmendada por la Ley de 10 de marzo de 1910, Cuya sección en su totalidad dice:

- “En la primera quincena de octubre, la Junta de Farmacia for-malizará las matrículas de todos los alumnos, presentando éstos al efecto:
“(1) Una solicitud pidiendo ser matriculados;
“(2) Documento que acredite su identidad;
“(3) Certificación de conducta;
“(4) Diploma o documento con que se acredite haber aprobado las asignaturas del curso científico o literario, de una alta escuela de la isla o de una acreditada institución igual o análoga, ya de los Estados Unidos, ya del extranjero, a satisfacción de la junta.’'"

El 4o. requisito no se cumplió debidamente, porque' a la solicitud solamente se acompañaba un diploma de maestro graduado de inglés, que no es equivalente al diploma de alta escuela. Esto fué una deficiencia, y no obstante, la Junta de Farmacia admitió al peticionario a examen, quien luego fué aprobado en todas las asignaturas reglamentarias de la profesión de farmacia, incluso el examen de práctica. Si fuéramos a considerar la deficiencia anotada en cuanto a la presentación del diploma de maestro graduado de inglés, a la luz de lo que de un modo preceptivo exige el párrafo 4o. de la sección 7a., supra, nuestra conclusión sería que la Junta de Farmacia al admitir, aprobar y expedir una licen-cia en tales condiciones, procedió ultra vires, siendo de apli-cación en tal sentido la doctrina que se tiene sentada por esta Corte Suprema en los casos de Monclova v. Junta de Farmacia, 24, D. P. R. 46; Vives v. Junta de Farmacia, 24 D. P. R. 669, y El Pueblo v. López, 28 D. P. R. 377, y espe-cialmente la declaración de este último en donde se sostiene la falta de discreción de la Junta de Farmacia para califi-ficar la equivalencia de un diploma, diciendo que las pala-bras “a satisfacción de la Junta” se refieren solamente al certificado de haberse obtenido un diploma de alta escuela en los Estados Unidos n otra parte.

Pero después de aquellos casos parece que se trató de crear una situación enteramente nueva con motivo de la aprobación por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de la Ley número 15 de 19 de mayo de 1921, autorizando la creación de una Junta de Farmacia y para otros fines. Esta Ley, sin duda, fué puesta en vigor, entre otros fines, para solucionar o convalidar la condición de aquellos íarmaceú ticos que siendo inocentes en relación con ciertos sucesos que dieron lugar a la persecución • criminal de determinados miembros de la Junta de Farmacia, obtuvieron sus diplomas sin haber llenado previamente los requisitos prescritos por la ley en aquella fecha. En tal sentido se legisló por la sección 9 de la reciente ley, lo que sigue:

“Toda persona a cuyo favor se haya espedido una licencia de Farmacéutico sin haber llenado previamente los requisitos prescritos por la Ley, y haya ejercido consecutivamente por un período no menor de tres años, tendrá derecho a ejercer o a continuar ejer-ciendo la profesión de farmacia, siempre que dicha persona no' haya sido convicta de fraude con el propósito de obtener la expedición de la licencia. ’ ’'

Esta sección dispone: 1°., La expedición de una licencia de farmacéutico, sin haberse llenado previamente los requi-sitos prescritos por la ley; 2°., haber ejercido la profesión consecutivamente por un período no menor de tres años; y, 3o., no haber sido convicto de fraude con el propósito de obte-ner la expedición de la licencia.

Por estipulación de -las partes (pág. 37 del récord) se ad-mitió que el peticionario en septiembre de 1914 había apro-bado todas las asignaturas de la profesión de farmacia, in-cluso el examen práctico. Se demostró además que después de estos exámenes la Junta de Farmacia fué renovada en la mayor parte de sus miembros, y el nuevo secretario, a nom-bre de la misma, comunicó al peticionario diversos acuerdos, en cartas que literalmente copiadas, dicen:

“San Juan, P. R., 4 de agosto de 1915. — Señor:—Tengo el honor de acusarle recibo de su carta de fecha 27 de julio próximo pasado, en la cual manifiesta Ud. haber satisfecho desde hace algún tiempo los derechos correspondientes para la expedición de su licencia de far-macéutico, sin que hasta la fecha la haya recibido. En contestación, puedo informarle que esos derechos satisfechos por Ud. se encuen-tran en poder de esta Junta, pero el asunto de su licencia no puede ser resuelto todavía hasta que no se conozca el fallo de la Hon. Corte de Distrito de San Juan en relación con los asuntos de la anterior Junta de Farmacia.”
“San Juan, P. R., 24 de diciembre de 1915. — Señor:—Su carta de fecha 11 del que'cursa, solicitando el envío de su licencia-de Farmacéutico, fué sometida a la consideración de esta junta, en su sesión del 21 del actual, la cual acordó que se pidieran a Ud. todos los diplomas, certificados, etc., de instrucción que posee y que fue-ron presentados por Ud. al hacer su matrícula de examen. Una vez remitidos los citados documentos, la junta procederá a su revisión, informando a Ud. a su debido tiempo del resultado de la misma.”
“San Juan, P. R., 18 de enero de 1916. — Señor:—Tengo el honor de acusarle recibo de su carta de fecha 6 del que cursa, y de varios diplomas y certificados de instrucción que fueron presentados por Ud. a la anterior Junta de Farmacia para ser matriculado. Con dichos documentos y certificados dio cuenta esta Secretaría en la se-sión celebrada por la junta el día 14 del que cursa, la cual, des-pués de considerarlos detenidamente resolvió no admitirlos por creer que no son ellos suficientes para ser tomados como equivalen-tes al diploma de Alta Escuela que determina el inciso 4 de la sección 7a. de la Ley de Farmacia, tal y como quedó enmendada por una ley de 10 de marzo de 1910. Por tanto, siguiendo el acuerdo de esta junta, tomado en sesión de 21 de diciembre próximo pa-sado, se declara nula la matrícula condicional de Ud. hecha por la anterior junta en octubre de 1913, y sin lugar todos sus exámenes de farmacia, no pudiendo Ud. dedicarse al ejercicio de dicha profe-sión en esta isla. En poder del Sr. R. L. Daubón, Tesorero de esta junta, se encuentra el dinero que hace tiempo envió usted para la expedición de la licencia de Farmacéutico, y a él podrá Ud. diri-girse, cuando lo tenga por conveniente, en solicitud de dicba can-tidad. — Muy atentamente, J. P. Serra, Secretario de la Junta de Farmacia. — Sr. Rafael Robert, Guaynabo, P. R. — P. D. Le devuelvo en paquete por separado los diplomas y certificados remitidos por Ud. — Yale.”
“San Juan, P. R., julio 20, 1921. — Sr, Rafael Robert, Farmacia !La Fé,’ Santurce, P. R. — Señor:—Por orden del Sr. Secretario.de la Junta de Farmacia, y de acuerdo con la petición hecha en su carta de fecha 7 de los corrientes, tengo el gusto de informarle que en sesión del día 16, celebrada por esta junta, se dió cuenta con su dicha carta y después de argumentada, fue acuerdo de este board, rati-ficar lo contenido en la carta dirigida a Ud. en enero 18 de 1916, toda vez que esta junta no ve razón alguna por la cual pueda derogar el acuerdo tomado en aquella fecha. — Atentamente. T. Yera Yiera, Clerk, Board of Examiners.”

De toda la documentación transcrita se desprende clara-mente que el motivo fundamental de la negativa de la Junta-de Farmacia a reconocer al peticionario a seguir ejerciendo-la profesión y entregarle la licencia que alegaba que había sido expedida por la misma junta con anterioridad a su for-mación por nuevos miembros, descansaba siempre en que el peticionario había acompañado a su solicitud de exámenes un diploma de maestro graduado de inglés que dicha junta calificó de deficiente por no ser equivalente al diploma de-alta escuela y no cumplir con el párrafo 4o. de la sección 7a.. de la ley anterior.

De manera que tomando como base los acuerdos de la Junta de Farmacia tal como estaba constituida en los años 1913-1914, y en los Cuales no se reconoce la expedición de-título o licencia a favor del peticionario para ejercer su pro-fesión, claramente no resulta aplicable al presente caso la sección 9 de la Ley núm. 15 supra, aprobada en o antes del 6 de mayo de 1921, fecha en que fue recibida por el Goberna-dor de Puerto Rico, quien no la devolvió a la Cámara de su origen antes del 19 de mayo, por lo cual fué convertida en ley y entró en vigor el 17 de agosto de 1921.

Pero examinando además los méritos del caso, si bien la prueba demuestra que desde 1914 basta 1921 él peticiona-rio ha venido ejerciendo sin interrupción la profesión de far-macia, no así resulta probado el punto esencial relativo a la expedición de la licencia al peticionario. Este es uno de los requisitos que exige para su aplicación la sección 9 antes ci-tada. Parecería lógico asumir, Conforme al curso natural -de las cosas, que después de matriculado un alumno, sufrir y pasar sus exámenes, que se le expidiera la correspondiente licencia que autorizara el ejercicio legal de su profesión. Sin embargo, este es uno de los extremos más fuertemente combatido por el apelante. La prueba del peticionario ten-dió a demostrar que la 'licencia fué extendida, pero que se ad-mite que no fué entregada por estar pendiente de ser co-piada en el libro de facsímiles. T así como no se cumplió ese requisito, tampoco aparece del libro de actas de la Junta de Farmacia la constancia de haberse extendido la licencia ni menos fué encontrada entre los documentos o archivo de que se incautó el fiscal en ocasión de la c'ausa criminal que se inició contra determinados miembros de dicha junta con mo-tivo de fraudes que ocurrieron- en la expedición de ciertas licencias autorizando el ejercicio de la profesión a otras per-sonas. Es verdad que lo que referimos es prueba más bien de carácter circumstancial, pero si a ella se añade el testi-monio negativo del testigo Ramón L. Daubón, uno de los miembros de aquella junta, y que ninguna conexión tuvo con los hechos delictivos, tenemos que convenir que la prueba es fuerte y vigorosa en el sentido de la inexistencia de tal licen-cia y, en cuanto a este punto, la parte substancial y perti-nente de la declaración del testigo Ramón Daubón dice:

. “P. ¿Una vez matriculado y pasado los exámenes recuerda algo -que se expidiera o que se acordara expedir, o se tomase un acuerdo de librar alguna licencia o título a favor del señor Robert? — R. No ;señor.
“P. ¿La Junta de Farmacia acordó en alguna ocasión expedir algún título de farmacéutico al señor Robert? — R. No, señor.
“P. ¿Recuerda si la Junta de Farmacia o algunos miembros de la junta, firmaron título o licencia alguna a favor del señor Robert? —R. Yo no sé.
“P. ¿Ha firmado de su puño y letra algún título a favor del señor Robert? — R. No señor.
“P. ¿.Cuántos eran los miembros de la Junta?. — R. Cinco, Pedro Julia, presidente, José J. Monelova, secretario, tesorero yo, Cal-derón y Ramírez.
“P. ¿De modo que de estos cinco era Ud. el tesorero? — R. Sí, señor.
“P. ¿De todos modos tenía que firmar ese título de haberse ex-pedido? — R. Sí, señor.
“P. ¿Ud. dice que no lo firmó? — No, señor. •
“P. Nada más.”

No tenemos duda acerca de las palabras del testigo Dau-bón. El era miembro de la Junta de Farmacia e inocente de toda complicación en los fraudes denunciados. Su testi-monio no podía tener la menor sospecha en oposición a aque-llos otros miembros de la junta que fueron perseguidos y acusados por comerciar Con la expedición de licencias. Sus testimonios por sí sospechosos carecían además de toda cre-dibilidad ante el silencio del libro de actas en ese respecto y de no haberse encontrado tal documento en el archivo de dicha junta y del cual se incautó la policía y el fiscal a los fines de la causa criminal que se inició contra ellos. Nuestra con-clusión es que nunca existió tal licencia, y siendo ello así tampoco resulta de aplicación a este caso la sección 9 de la Ley núm. 15, supra.

Por lo expuesto, la sentencia de la corte inferior debe revocarse y declararse sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas.

Revocada la sentencia apelada sin costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    Delia, Demandante y Apelada, v. Juez Municipal de Aguadilla y Silva, Demandados y Apelante el Segundo.
    '■Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en recurso de certiorari.

    No. 2966.
    Resuelto en julio 5, 1923.
    Apelación — Traslado—Desistimiento.—Apelada la resolución de una corte municipal decretando, a petición de la demandada, el traslado del pleito, el ape-lante desistió del recurso j la corte de distrito dictó resolución teniendo por desistido al demandante "de la continuación del pleito." Se resolvió: que • tal resolución no podía referirse al pleito principal, que no estaba ante la corte de distrito, sino a la única controversia que ante la misma pendía, o sea, a la cuestión del traslado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. R. Padró Pares, V. M. Fernández y M. Tons Soto.

    Abogado de la apelada: Sr. A. García Ducós.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Se nos ha pedido' la desestimación de esta apelación, pero examinados los motivos de tal solicitud llegamos a la con-clusión de' que no son procedentes y por esto consideraremos la apelación por sus méritos.

Pedro Silva demandó en Cobro de pesos a Victoria Delia ante la Corte Municipal de Vega Baja. La demandada excepción ó la demanda y pidió el traslado del pleito para la Corte Municipal de Aguadilla, lugar de su domicilio. El traslado fué decretado pero el demandante apeló de esta resolución para ante la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción Primera, donde posteriormente solicitó se le tuviera por desistido de la continuación del caso, y la Corte de Dis-trito de San Juan, Sección Primera, tomando en considera-ción dicha solicitud, tuvo al demandante por desistido de la continuación del pleito. Posteriormente el demandante acudió a la Corte Municipal de Vega Baja exponiendo que había desistido de su apelación.,contra la orden de traslado 7 pidió que se ordenara la remisión de las diligencias del pleito a la Corte Municipal de Aguadilla, lo qne se decretó y cumplió. Cuando en ésta se disentía la excepción previa opuesta a la demanda, alegó la demandada qne el pleito ha-bía terminado por haber desistido de él el demandante ante la- Corte de Distrito de San Juan, y habiendo • resuelto esta cuestión la Corte Municipal en contra de la demandada, y -también la excepción previa, acudió a la Corte de Distrito de Aguadilla solicitando expidiera un auto de certiorari contra dicha Corte Municipal y, librado, fué resuelto a favor de la demandada, dando por terminado el pleito. Contra esta resolución interpuso el demandante este recurso de ape-lación.

La única cuestión que tenía ante sí la Corte de Dis-trito de San Juan, Sección Primera, en este pleito era la de si procedía o no el traslado del mismo de la Corte Municipal de Vega Baja a la Corte Municipal de Aguadilla, y por tanto el desistimiento del caso ante ella por el ape-lante no podía referirse a otro caso que a su apelación contra la orden que decretó el traslado, por lo que aun cuando la resolución de la corte de distrito dice que tiene por desistido al demandante de la continuación del pleito, no puede referirse a otro pleito que al que ante ella es-taba pendiente, o sea, a la cuestión de traslado, y por esto no podemos sostener que tuvo por desistido al demandante de su pleito o causa de acción contra la demandada y que el pleito terminó. Esta es la única interpretación lógica y ra-zonable de esa resolución. Una interpretación contraria nos llevaría a declarar que la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, había actuado sin jurisdicción al tener por desistido al demandante de su pleito, que por su cuantía co-rrespondía conocer y resolver a la corte municipal, y cuando sólo le estaba sometida una cuestión de traslado.

La sentencia apelada debe ser revocada j declararse sin lugar el auto de certiorari expedido por la Corte de Distrito de Aguadilla en este pleito.

Revocada la, sentencia apelada y anulado el auto de certiorari.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    The Royal Bank of Canada, Demandante y Apelado, v. Porto Rico Citrus Fruit Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de pagaré.
    No. 2521.
    Resuelto en julio 12, 1923.
    Obligaciones — Principal—Agente.—Cu principal no es responsable por virtud de un pagaré en el cual se ha suscrito su nombre por una persona como agente, pero que no tiene autorización ya real o aparente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de la apelante: Sres. O. M. Wood y Soto Gras & Siaca.

    Abogados del apelado: Sres. Chas. Hartsell y F. Ramí-rez de Arellano.

   El Juez Asociado Sb. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción sobre cobro de un pagaré suscrito “P. B. Citrus Fruit Company, J. M. Kohn, Mgr.,” la corte de dis-trito dictó sentencia a favor del demandante fundada en los siguientes hechos probados:

“Celebrado el juicio y practicada la prueba, la corte ha llegado a la conclusión de que Mr. J. M. Kohn, era el Manager de The Porto Rico Citrus Fruit Company, y como tal estaba autorizado para en nombre de la Corporación que representaba, cobrar, vender, librar cheques, etc., y si bien 'alega no estaba autorizado de una manera expresa para firmar pagarés a nombre de la corporación de la que era él Administrador en Puerto Rico, tampoco le había sido prohi-bido, y si podía obligar a la corporación con el libramiento de che-ques, no vemos la razón por qué no podía hacerlo por medio de pa-garés.
“Mr. Strayer, a fayor de quien fué firmado el pagaré, era un cliente de la demandada, y por esta razón fué que Mr. Kohn no tuvo inconveniente en firmarle el pagaré, como manager de la corpora-ción demandada y entregárselo al Sr. Strayer, y así nos dice Mr. Kohn en su declaración, que al ir a pagarle al Sr. Strayer la can-tidad que la demandada le adeudaba a virtud de ciertas operacio-nes que habían existido con la demandada, le preguntó al Sr. Strayer si ya había recogido el pagaré, y que al contestarle Mr. Strayer que sí, y que el pagaré se le había traspapelado, aceptó esta explicación como buena y le pagó lo que la casa demandada le adeudaba.
“De esta prueba relacionada con el resto, se ve que Mr. Kohn se consideraba con poderes bastantes para el libramiento del pagaré y sabía que al firmarlo había obligado a la casa de la cual era manager. ’ ’

En el juicio declaró Kohn que era “manager” de la “Ba-yamón Fruit Plantation”; que como tal manager tomaba bajo su control el desenvolvimiento de las frutas de la com-pañía ; que era manager de la finca; que sus deberes y pode-res consistían en tomar nota del desenvolvimiento de la finca y atender al embarque de las frutas, que no tenía facultades para suscribir pagarés obligando a la compañía; que le dijo a Strayer que no estaba autorizado para firman, pero Strayer insistió en que él podía firmar y se lo pidió como favor personal; que el testigo no sabía exactamente por qué Strayer quería que él firmase; que Strayer vino una mañana con mucha prisa; que la compañía le debía cierta cantidad de dinero; que el testigo le dijo que no podía tomar ninguna determinación de primer momento; que Strayer dijo al tes-tigo que le diera su pagaré y él arreglaría lo demás; que el pagaré era por la cantidad que entonces debía la compa-ñía; que al pagarse la cantidad el testigo pidió la devolu-ción del pagaré; que Strayer dijo al testigo que el pagaré estaba ya vencido y había sido pagado, preguntando al tes-tigo que para qué' quería el pagaré y manifestó que él, Strayer, no lo había podido encontrar en su escritorio; que el testigo estaba autorizado para comprar efectos para la compañía y ésta mandaba el dinero para pagarlos; muchas veces el testigo depositaba el dinero a su nombre y expedía cheques por cuenta personal; que en algunas ocasiones el testigo firmó cheques a nombre de la compañía y tenía fa-cultades para ello, pero no para firmar pagarés; que la compañía mandaba el dinero al testigo quien lo ponía en el banco y entonces1 expedía los cheques; que muchas veces cuando no tenía dinero la compañía, el testigo usaba su propio dinero; que los $4,000 y pico de pesos pagados a Strayer (en pago total de la cuenta de la compañía, y des-pués de vencido el pagaré) incluían los $1,700 importe del pagaré; que la compañía recibió los efectos representados por el pagaré, pero no fueron comprados con el pagaré; que esta no fué la única ocasión en que el testigo había sus-crito un pagaré por cuenta de la compañía; que cuando la compañía necesitaba que se firmase un pagaré le daba al testigo un poder especial.

Willis C. Spaulding, secretario y tesorero de la com-pañía demandada, declaró en sustancia que nadie estaba au-torizado para firmar pagarés a nombre de la “Porto Rico Citrus Fruit Company” sin la autorización expresa de la junta directiva en cada caso; que Kohn era el administra-dor' y superintendente de la plantación de la compañía en Puerto Rico; que él nunca había sido autorizado para sus-cribir pagarés a nombre de la compañía con anterioridad al día 10 de octubre de 1918; que. Kohn nunca fué autorizado por la compañía para firmar el pagaré transcrito en la de-manda a nombre de la compañía; que la compañía jamás había ratificado o aceptado la firma de Kohn en ese pagaré como obligatoria para ella; que al testigo nunca se le pidió que ratificara la firma de Kohn en. dicho pagaré de modo que pudiera obligarse a la compañía; que al testigo nunca se le dijo que aceptara o negara la validez de dicho pagaré por te-ner la firma de Kohn; que el “Boyal Bank of’Canada” nunca había tenido ninguna conversación o. correspondencia con el testigo o la compañía demandada en este asunto, con excep-ción de que cuando el testigo estuvo en Puerto Bico a prin-cipios del año 1918, el manager del banco preguntó al testigo si la compañía iba a pagar el pagaré, manifestando él que dicho pagaré había sido pasado a ellos como colateral; que el testigo contestó que el pagaré había sido satisfecho, una vez y la compañía ciertamente se negaría a pagarlo de nuevo; que esta Conversación fué con el Sr. Alien, el manager del banco; que los deberes del administrador de la “Porto Bico Citrus Fruit Company” en Puerto Bico eran administrar y atender al desenvolvimiento de esta plantación y a la-producción de frutas de la compañía a lo que se de-dica, o en otras palabras, a las obligaciones generales de un administrador de finca; que de acuerdo con los regla-mentos ninguna persona o personas están autorizadas para firmar pagarés u otros documentos que obliguen a la com-pañía menos como está autorizado por la Junta Directiva que regula cada caso; que esta facultad la tiene única y exclusivamente de acuerdo con los reglamentos la Junta Directiva; que allá para el día 26 de octubre, 1916, el testigo era secretario y tesorero y estaba a cargo de la oficina principal de la compañía demandada; que el testigo no tuvo ningún conocimiento de haberse suscrito el pagaré de $1773.18 a favor de Strayer de fecha abril 26, 1916, para cubrir el precio de mercancías compradas a Strayer y entre-gadas a la compañía demandada, ni del pago subsiguiente de esa cantidad, sino que luego fué informado de que el manager había dado tal pagaré y lo había pagado; que hasta entonces Kohn no había suscrito pagarés u otros do-cumentos para la compañía demandada en ninguna otra oca-sión. Interrogado si la compañía demandada alguna !vez había o no rechazado la firma de W. J. M. Kohn en pagarés n otros documentos para la compañía, contestó el testigo “No, ellos no han tomado acción en uno u otro sentido.” Interrogado si en este caso en particular la compañía de-mandada había usado o no los efectos Comprados a Strayer y cojnprendidos en este pagaré, contestó el testigo, “No tengo conocimiento de ello.”

La declaración de Fred Ií. Ferguson, presidente de la compañía, es más o menos en el mismo sentido, con excep-ción de que no había habido comunicación de ninguna clase entre él y el banco.

El pagaré fué suscrito en abril de 1916, y a vencer dos meses después de su fecha. La cuenta de Strayer fué pa-gada en julio por un cheque de $4640.67 contra el American Colonial Bank, el cual fué endosado por Strayer a la orden del “American Colonial Bank” como depósito a su cuenta.

No existe prueba que demuestre que algún funcionario de la compañía jamás hubiera tenido conocimiento de que el pagaré lo tenía el demandante como colateral, o siquiera de que el pagaré había sido suscrito con anterioridad a la fecha de la conversación habida entre Allen y Spaulding en el año 1918. Que el banco tuvo el pagaré por dos años o más después de su vencimiento sin comunicarse con los fun-cionarios u oficina principal o el agente local residente de la compañía es una circumstancia significativa.

Sobre este punto el abogado del banco expresa en su ale-gato que—

“Porto Rico Fruit Company sabía la existencia de ese pagaré hasta el extremo de que Willis M. Spaulding, secretario y teso-rero de la Porto Rico Citrus Fruit Company, en su declaración que obra en autos, refiere que el pagaré había sido pagado ya una vez por la compañía, y que no lo pagarían dos veces.
“Así lo manifestó el Sr. Spaulding al Sr. Alien, General Manager que era en aquel tiempo de The Royal Bank of Canada, y esta ma-nifestación fué la que determinó la presentación de esta acción.”

La mera manifestación lie cha por Spaulding de que el pagaré había sido satisfecho una vez, no implica necesaria-mente que él tuviera Conocimiento de la existencia del pa-garé antes de la fecha de esa conversación. El pudo ha-ber recibido su primera información en cuanto a esto de' Alien al mismo tiempo en que Alien le manifestó que el banco tenía el pagaré coiho colateral. Aún cuando así no fuera, él pudo haber tenido conocimiento de los hechos en cualquier tiempo durante los dos años que habían transcu-rrido después de vencido el pagaré.

La indicación de que el pagaré había sido pagado, unida a la negativa a verificar su pago y aducida como razón para tal negativa, considerada a la luz de todas las circuns-tancias, no constituía una ratificación de la actuación no au-torizada por parte del administrador de la finca. Interpre-tada literalmente y considerada como la exposición de una proposición legal técnica, la corrección absoluta de la con-clusión envuelta puede estar sujeta a duda. Tal vez si una contestación en que se alegue una defensa en el mismo len-guaje estaría sujeta a excepción previa. Pero no podemos admitir que tal error con respecto al efecto legal del pago hecho a Strayer, de ser un error, constituye un impedimento para poder alegar la ausencia total de alguna autorización por parte del administrador de la finca para firmar el pa-garé. Y si la regla general fuera de otro modo bien po-dríamos dudar en aplicarla en este caso en el cual el efecto sería privar a la demandada de tal defensa en una acción por un tercero que está en posesión del pagaré como ga-rantía colateral y establecida por virtud del mismo dos años después del vencimiento sin previa investigación o pesquisa con respecto a dicha autorización, o sin la oportuna noti-ficación a los funcionarios u oficina principal o al agente local residente de la compañía demandada sobre la existen-cia del derecho a reclamación del demandante.

Enumerar todo lo que la demandada pudo haber hecho, pero que no hizo, con el fin de diferenciar el presente caso de las autoridades citadas por el banco, no tendría ningún fin práctico. No encontramos ninguno de los elementos ne-cesarios para que el presente caso" quede comprendido en ninguna de las excepciones reconocidas a la regla general dé que un principal no es responsable por virtud de un pa-garé en el cual se ha suscrito su nombre por una persona que parece ser su agente, pero que no tiene autorización ya real o aparente.

La diferencia entre la facultad para expedir cheques a nombre de una corporación después de abierta una cuenta, y el acto de depositar dinero a nombre de la corporación por un empleado que en relación con- la administración de una finca está autorizado para comprar y pagar efectos y que luego expide cheques contra tal cuenta, y la facultad para otorgar pagarés a nombre de dicha corporación, es de-masiado clara para que requiera seria discusión. Las li-neas generales de separación entre las facultades y deberes de un administrador de una finca y los de un administrador general de una corporación son igualmente claras.

En, qué circunstancias un banco estaría justificado en asu-mir sin hacer una investigación que el “manager general,” o “manager general’’ residente de una corporación extran-jera tiene facultades para otorgar pagarés a nombre de tal corporación, es una cuestión que debe resolverse cuando surja.

. No encontramos en los autos base alguna para las Con-clusiones a que llegó la corte inferior, debiendo, por tanto, revocarse la sentencia.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Cruz, Demandante y Apelante, v. Soto Mayor et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 2501.
    Resuelto en julio 12, 1923.
    Daños y Perjuicios — Negligencia Directa — Negligencia Contributors — Trespasser. — Probado que el demandante sufrió daños como consecuencia de la negligencia próxima de los agentes de A y de la negligencia eontributoria del agente de B, dueño del truelc en que iba montado el demandante, éste puede recobrar de A, aunque hubiera sido intruso (trespasser) por no estar autori-zado para ir en el truelc de B.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. G. Jusino.

    Abogados de los apelados: Sres. M. Tous Soto y Oiler & Rodrigues.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Un truck o camión, propiedad de Juan Soto Mayor, fué volcado mientras trataba de pasar a un tren de carros de bueyes perteneciente a Domingo Luiña. El demandante que iba montado en el truck sufrió varias lesiones además de la fractura de una pierna como consecuencia del accidente y estableció demanda por daños ,y. perjuicios contra ambos Luiña y Soto Mayor.

La corte de distrito, después de celebrar un juicio sobre los méritos del caso declaró sin lugar la demanda con cos-tas a favor del demandado, fundada en los siguientes he-chos declarados probados:

“Que el demandante Enrique Cruz Rodríguez, allá el día 20 de febrero de 1920, después de terminado el trabajo para que había sido contratado, y que hizo en una finca de la propiedad del de-mandado Juan Soto Mayor, sin estar autorizado para ello, se montó en un truck del demandado que transportaba cañas a la Central Juanita; que una vez que hubo descargado dicho truck, el deman-dante volvió a montarse en él sin autorización del dueño o del chauf feur; que al regresar de la Central Juanita el truck, por negligen-cia del chouusffev/r que lo conducía y en momentos en que tenía que prestar toda su atención para ir bien pegado a su derecha, a fin de dejar suficiente paso a los carros de bueyes que venían por la misma carretera y en dirección contraria, se distrajo, lo que motivó que el truck se le fuera a la cuneta, volcando y cogiendo debajo del truck al demandante que venía sentado en el lado derecho del ca-rro y con las piernas colgando.
“Resulta que el demandante era un intruso, no estaba autori-zado para subir al truck, y por tanto no es aplicable a los deman-dados lo dispuesto en el artículo 1804 del Código Civil.”

Para los fines de esta opinión puede aceptarse que el demandante era un intruso (trespasser) al ir montado en el truck. Aunque la prueba es amplia para sostener una con-clusión contraria, existe algún conflicto en la misma sobre este punto y ningún error tan manifiesto que requiera la re-vocación de la sentencia.

Sin embargo, no podemos convenir con el flecho decla-rado probado por la corte de que el accidente fué debido a la negligencia del chauffeur si con esto- la corte quiso declarar probado que los carreteros que conducían los carros de bueyes estaban libres de culpa. Pero el juez sentenciador no dice que la negligencia del chauffeur fué la única y exclusiva Causa del accidente. Por otra parte no existe ninguna con-clusión directa sobre la cuestión de negligencia de los ca-rreteros; y el segundo párrafo de la opinión a que acaba-mos de hacer referencia parece proporcionar la clave a la teoría de la corte inferior en la declaración que hace de que porque el demandante era un intruso (trespasser) el artículo 1804 del Código Civil no es aplicable “a los demandados” en este caso. Considerando esta manifestación en relación con el flecho de no considerarse en absoluto la cuestión de negligencia por parte de los carreteros, la inferencia lógica es que habiendo llegado a la conclusión el juez de distrito de que el demandante era un tranagresor en el truck, asu-•mía. simplemente que este lieclio relevaba de toda responsa-bilidad a ambos demandados.

Un examen cuidadoso de toda la prueba sirve para ro-bustecer más esta conclusión. Los autos revelan por una clara preponderancia de prueba que la negligencia, de exis-tir alguna, por parte del chaioffeior, fué concurrente y contributors únicamente, y que la causa primaria y próxima del accidente fué la negligencia de uno o más de los carre-teros.

El artículo 22 de “La Ley de Conservación y Policía de Carreteras en la Isla de Puerto Rico”, etc., aprobada en marzo 10 de 1902, prescribe que “todo conductor de ca-rros tirados por bueyes deberá caminar siempre en frente de los bueyes cuando transita por caminos públicos.”

El chauffeur del truck liabía pasado sin dificultad alguna a los dos o tres primeros carros antes de que el accidente ocurriera. El carretero del tercero o cuarto carro estaba montado en el carro, o en la lanza del mismo, detrás de los bueyes. Al acercarse el camión él bineó al buey más próximo, según parece con el objeto de echarlo más a la derecha y dejar más espacio al camión. Esta actitud por parte del carretero hizo que el buey sacara su cuerpo fuera atravesándose en la carretera, y el chauffeu,r del truck, con el fin de evitar causarle daño al buey, se desvió hacia la de-recha, yendo a parar a la cuneta.

El capataz a cargo del tren de carros de bueyes declara que los carreteros iban todos a pie en frente de los bueyes y que el chauffeur no estaba prestando debida atención al ca-mino delante. Hay, quizás, alguna otra prueba en el mismo sentido, pero la segunda de las dos proposiciones envueltas es incompatible con el hecho de que el chauffeur del camión ya había pasado a dos o tres carros en un camino estrecho. La explicación lógica del accidente, en ausencia de una ver-dadera colisión (y los demandados insisten vigorosamente en que no hubo verdadera colisión), es la que dan práctica-mente todos los testigos oculares en, la forma en qne ha sido reseñado. Por lo menos, nno de estos testigos qne, se-gún parece, era nn márshal o alguacil de la corte de Baya-món, qne pasaba en el momento en asuntos oficiales, no tenía, al parecer, ningún interés en el asunto.

Ni la negligencia contributoria, de existir alguna, por parte del chauffeur, ni la mera circunstancia de haber sido el demandante un intruso en el truck, puede ser bastante para relevar al demandado Luiña de responsabilidad pol-la negligencia de sus empleados.

“Para qne una persona pueda quedar exenta de responsabili-dad por el fundamento de que la persona perjudicada es un trans-gresor (trespasser), el sitio donde ocurre el accidente debe perte-necer a' la persona de cuya negligencia se queja. 29 Oye. 443.

La Corte Suprema de Ohio, en el Caso de Cincinnati Street Ry. Co. v. Wright, 43 N. E. 688, 691, después de citar con alguna amplitud de una opinión emitida por el Juez Asociado, Sr. Field, en el caso de Little v. Hackett, 116 U. S. 366, se expresa en estos términos:

“Creemos que esto coloca la doctrina de negligencia contribu-toria sobre una base sólida. Para que pueda ella producir el efecto de anular xuia acción en cobro de daños y perjuicios, debe haber algún acto u omisión de la parte misma, o de alguien con respecto al cual se encontraba ella en la relación de principal o superior. 1 Shear & R. Neg. 66. El que dirige un vehículo privado en el cual otra persona puede ir montada sin el conocimiento del conductor, en manera alguna es un sirviente o agente del segundo. La relación de la persona que de tal modo va montada en el ve-hículo puede ser la de un transgresor (trespasser) con respecto al dueño de dicho vehículo, o hasta en cuanto al conductor pero ella no es en ningún sentido de la palabra el principal o superior de dicho conductor. Ni es tampoco el acto de tal naturaleza que de^ bido al mismo deba negarse a dicha persona un remedio por las le-siones sufridas debido a la negligencia de otra.
“En el presente caso el finado, aun cuando estuviera montado en el carro o vagón en la calle de Cincinnati sin el conocimiento del conductor, no infringió por ello ningún deber que tuviera para con la Compañía del Tranvía. Era una cuestión que le afectaba a él mismo por un lado y al dueño o conductor del vehículo por otra parte.. Si el segundo tenía algunos verdaderos motivos de queja o no, no era cosa que incumbía a la compañía de trenes. * * * La base de su responsabilidad es su misma conducta ilegal y en en tal caso hemos visto que el único medio de eludir la consecuen-cia de esta conducta ilegal es mediante algún acto contributivo ilegal u omisión por parte de la persona misma perjudicada, o de alguien con el cual se encontraba en relación'de principal o superior; y esa relación no se establece por el simple acto de subirse a un vehículo privado sin el conocimiento del conductor.”

Toda vez que el juez sentenciador no consideró en abso-luto, ni la cuestión de negligencia por parte de los carreteros o la cuantía de los daños, de existir algunos, que babían de ser pagados por Luiña, la mayoría de esta Corte es de opi-nión que el caso debe ser devuelto a la corte inferior para ul-teriores procedimientos. Aunque la necesidad para tomarse-tal acción no resulta aparente al juez que suscribe, la cues-tión está claramente dentro de la, discreción de la corte y una mera diferencia de opinión sobre este punto no .consti-tuye fundamento de disidencia.

En vista del serio conflicto en la prueba respecto a si el demandante era o no un transgresor en el truck, y la con-clusión a que llegó la corte inferior en favor del demandante en cuanto a la alegada negligencia del chauffeur, no creemos que el demandante debe ser' condenado en costas.

La sentencia apelada debe, por tanto, ser modificada en tanto afecta al demandado Sotomayor, a fin de que se ordene-que-cada parte pague sus costas, y así modificada, confir-mada; y en cuanto al demandado Luiña, revocada, debiendo-devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores proce-dimientos que no sean incompatibles con esta opinión.

Revocada en parte modificándose y confir-mada. en los demás particulares.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Franco Soto,

text:
    Borrero, Demandante y Apelante, v. Borrero, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre división de bienes en común.
    No. 2857.
    Resuelto en julio 12, 1923.
    Reivindicación — Doble Venta — Propiedad de la Oosa Objeto de Doble Venta. En el presente easo A, on el año 1915, compró todos sus derechos y accio-nes a la sucesión de B. En 1919 el demandante compró, en lo que se con-cierne a einco sextas partes, los mismos derechos y acciones a cinco de los seis herederos que componían la sucesión B. A inscribió la finca a su nom-bre en el Registro de la Propiedad mediante una información de dominio en 1917 y el demandante inscribió una sola de sus escrituras en 1919. Se resolvió: que tratándose de una dobleventa, es de aplicación el artículo 1376 del Código Civil según el cual es dueño el primero que inscribe.
    Id. — Relación del Caso y Opinión — Error que no Requiere Revocación. — La omisión de la corte en archivar una relación del easo y opinión al dictar sentencia, es un error que no motiva la revocación.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. G. Bnmet.

    Abogado de la apelada: Sr. D. Sepulveda.

   El Juez Asociado Se. Franco Soto,

emitió la opinión del .tribunal.

Juan Borrero interpuso demanda contra Germana Bo-rrero y sn esposo Balbino Torres de Rosillo, interesando reivindicar una porción indivisa de cinco sextas partes de una finca rústica de treinta y dos cuerdas, resto de otra finca de mayor cabida, inscrita a nombre de los herederos del causante, y en apoyo de dicha demanda, sustancial-mente se alega: Que por escrituras de 3 y 8 de julio de 1919, otorgadas ante el notario José Tons Soto, el deman-dante había comprado las porciones pertenecientes a cinco -de los seis herederos que constituían la sucesión del cau-saute, siendo el otro heredero que no vendió sn participa-ción la demandada Germana o Gerónima Borrero, quien, en unión de sn esposo Balbino Torres de Rosino, posee la to-talidad de dicha finca, habiéndose negado a reconocer el derecho del demandante; que contra la sucesión de Máximo Borrero no existían deudas y la finca tiene un valor de más de $500 y que los demandados se han apropiado de todos los frutos; que los demandados en combinación con Rito Maldonado y Toro .tramitaron un expediente de dominio sin la intervención de los herederos con derecho a ese terreno y en el cual ocultaron que la finca objeto del expediente era la misma que ya estaba inscrita en el registro de la propiedad a nombre del causante de esos herederos.

Los demandados contestaron la demanda admitiendo, en-tre otros hechos, la identidad de lá finca, pero reduciendo su cabida a veinte y dos cuerdas, alegando además, especial-mente: Que las escrituras de 3 y 8 de julio de 1919, otor-gadas ante el notario José Tous Soto, en que funda su acción el demandante, fueron falsas por ser el resultado de una conspiración fraudulenta entre el demandante y las perso-nas que comparecieron en la misma, sabiendo cada uno de ellos que todos los derechos y acciones que aparecen en dichas escrituras vendidos a Juan Borrero habían sido real y efectivamente vendidos con anterioridad a Rito Maldonado Toro, en el año 1915 por las mismas personas, quienes asi-mismo sabían que todos los mencionados derechos y accio-nes habían sido inscritos en el registro ele la propiedad a favor de Rito Maldonado y Toro en el año. 1915, y que pos-teriormente fueron traspasados a distintas personas hasta llegar a Balbino Torres de Rosino, por quien se alega el ca-cácter de tercero.

Celebrado el juicio de este caso la corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, por lo que el de-mandante estableció la presente apelación, señalándose por el apelante en su alegato la comisión de siete errores. Pero de estos errores solamente consideramos fundamentales el quinto y sexto, que también podemos reducir a uno solo, pues se refieren al valor probatorio de los títulos de una y otra parte, alegándose que la corte inferior cometió error ai dirimir el conflicto en favor de la demandada.

De un examen cuidadoso que fiemos fiecfio de la prueba se desprende que se trata de una doble venta de propiedad inmueble. Máximo Borrero era dueño de una finca de treinta y ocfio cuerdas que aparecía inscrita a'su nombre en el registro de la propiedad y que más luego quedó reducida su cabida, existiendo en este extremo disparidad entre las partes. La finca aparece, no obstante, a los efectos de la tasación, a nombre de Severo Borrero, uno de los herederos del causante. Se dejaron decaer las contribuciones y se re-mató por el Pueblo de Puerto Rico dicfia finca, adjudicán-dosela en pago de la contribución debida y no pagada. La finca si bien fué luego redimida por Severo Borrero, el de-recho de redención en cuanto concernía a los demás here-deros fué cedido y traspasado por estos a Rito Maldonado y Toro, quien, a su vez, había comprado al heredero Severo Borrero. Estas transacciones tuvieron lugar en el año 1915. En estas condiciones, Rito Maldonado y Toro promovió una información de dominio e inscribió en 1917 a su nombre dicha finca en el registro de la propiedad con una cabida de veintidós cuerdas. En 13 de mayo de 1917 Rito Maldonado Toro vendió la finca a Ramón Velázquez y Morales, la que se inscribió en el registro de la propiedad, y Velázquez, a su vez, en marzo_ 11 de 1918, la trasmitió al demandado Bal-bino Torres de Rosino, quien también inscribió su derecho en el registro de la propiedad. En estas condiciones, los mismos herederos que aparecen cediendo su derecho de re-dención en la finca, objeto de este pleito, a Rito Maldonado y Toro, ceden asimismo todos los derechos y acciones que tenían sobre la finca al demandante por escrituras 62 y 74, otorgadas ante el notario José Tous Soto en 3 y 8 de julio de 1919, inscribiéndose una de dichas escrituras en el registro de la propiedad.

Los hechos expuestos nos presentan la situación del pre-sente caso y su solución nos parece sencilla. Se trata pues de una doble venta de propiedad inmueble. Eito Maldonado y Toro en el año 1915, compró todos sus derechos y accio-nes a la sucesión de Máximo Borrero. En 1919, cuatro años después, el demandante compró, en lo que se concierne a cinco sextas partes, los mismos derechos y acciones a cinco de los seis herederos que componían la sucesión Borrero. Maldonado inscribió la finca a su nombre en el registro de la propiedad mediante una información de dominio en 1917 y Juan Borrero inscribió una sola de sus escrituras en 1919. La conclusión es que Rito Maldonado y Toro inscribió pri-mero, y el derecho aplicable a este caso es la disposición del artículo 1376 del Código Civil Revisado y la jurisprudencia de esta Corte Suprema sentada en los casos de Ramos v. Orcasitas, 14 D. P. R. 68, y King v. Fernández et al., 30 D. P. R. 592.

Toda la argumentación de la parte se dirige principal-mente a combatir el expediente de dominio que tramitó Maldonado para inscribir su derecho en el registro de la pro-piedad, pero la fuente de donde proviene el derecho de Maldonado nace del documento privado mediante el cual cinco de los seis herederos de Máximo Borrero cedieron su dere-cho de redención a Maldonado. La cuestión, pues, que se levanta es un conflicto de títulos, y el mismo apelante admite que: “sin ese documento privado donde aparece una doble venta los demandados no tenían fundamento legal alguno para combatir su título.” No se niega que el apelante atacó dicho documento como fraudulento, alegando que los herederos qae lo firmaron no sabían firmar y que se trató de imprimir a dicho documento cierta tinte de antigüedad como una rotura que el demandado estaba ansioso de hacer notar; pero, además de que la prueba física del documento original no la tenemos a la vista ni en la corte inferior se comprobó el aspecto frandnlento del documento, la corte inferior resolvió el conflicto de evidencia en ese extremo en favor de la demandada y no tenemos dato alguno que nos indique que dicha corte obró de otro modo que no fuera de una manera justa, sin pasión o prejuicio o error manifiesto al apreciar la prueba. Es cierto también que en la trami-tación del expediente de dominio, Rito Maldonado sola-mente citó en su carácter de anterior dueño al heredero Se-vero Borrero, pero el hecho de que la finca estuvo declarada a nombre de dicho heredero a los efectos de la contribución y de haberla redimido luego a su nombre parece que esto fué lo que inducía a creer que bastaría la citación única de tal heredero para cumplir con las formalidades de la ley en ese extremo. Pero de todos modos, esto no afectaría el derecho de los demandados, ya que el documento privado mediante el cual cedieron los herederos de Máximo Borrero el derecho de redención a Maldonado, les desprendió de todo derecho o interés en la finca, y el apelante solamente discute su derecho como un cesionario de los mismos here-deros y éstos no podían darle más de lo que tenían por el principio de que nemo dat qui non habet.

El otro error a que se refiere el apelante es de que la corte no estableció sus conclusiones de hecho y de derecho. Esto no es motivo de revocación. Esta corte en varios ca-sos se ha pronunciado en sentido contrario. Véanse los casos de Paganacci v. Lebrón, 24 D. P. R. 796, The France & New York Medicine Co. v. Reily et al., 31 D. P. R. 650, y Quiñones v. Vivoni, 20 D. P. R. 490.

Por las razones expuestas debe Confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó: “Conforme con la sentencia.”


text:
    The Borinquen Trading Corporation, Peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Demandada.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari dirigido a la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, Hon. Manuel Rodríguez Serra, Juez.
    No. 409.
    Resuelto en julio 12, 1923.
    Tercería de Bienes Muebles — Transcripción en Apelación de Sentencia en Tercería — Aprobación de la Transcripción de la Evidencia — Prueba Co-rrectamente Eliminada de la Transcripción. — Siendo el procedimiento de tercería de mejor derecho una nueva acción que exige investigación judicial independiente y separada de la acción principal, la prueba que se practique en ésta y que se pretende que surta sus efectos en el incidente de tercería, tiene que repetirse en la vista de este último; por lo que, evidencia que se introdujo en la acción principal pero no en la de tercería, no puede ser in-cluida en la transcripción preparada para perfeccionar una apelación enta-blada contra la sentencia que declaró con lugar la tercería.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la peticionaria; Sr. F. Soto Gras.

    Ahogado de la parte contraria: Sr. M. Benitez Flores.

   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En el caso en cobro de dinero iniciado por The Borinquen Trading Corporation v. Herederos desconocidos de Octavio García Salgado y otros, se embargó, para asegu-rar la efectividad de la sentencia, un automóvil “Cole” y como consecuencia de ese embargo se promovió, a nombre de Manuel Benitez Flores, demanda de tercería reclamando la propiedad del Carro embargado.

Uno y otro caso fueron juzgados el mismo día, en una misma sesión de la corte, practicándose primero la prueba concerniente al cobro de dinero y a continuación la del in-cidente de tercería. La corte inferior dictó sentencia de-clarando Con lugar las dos demandas, y contra la tercería se interpuso el recurso de apelación. En la preparación de este recurso la demandada y apelante, “The Borinquen Trading Corporation,” se acogió al procedimiento de la transcripción de la evidencia por el taquígrafo, la qne des-pués de ser aprobada por la corte, solicitó que se completara insertándose ciertos documentos que fueron presentados en evidencia al practicarse la prueba en la acción principal pero que, alegando partir de la base de no constituir dos acciones ni juicios distintos el de cobro de dinero y el de tercería, y ser el segundo accesorio e incidente del primero, dió por presentados y admitidos los documentos menciona-nados para ambos efectos.

La moción de la demandada fué denegada y la corte inferior se fundó en que:'

“No apareciendo de la transcripción de la evidencia que esos documentos fueren presentados y admitidos en el juicio sobre ter-cería, ni recordando el juez suscribiente si lo fueren o no, aunque está seguro de que constituyen parte de la prueba en el caso sobre cobro de dinero y en ellos hubo de fundar su sentencia, más apa-reciendo de la opinión de esta Corte que la prueba en el caso de la tercería se practicó el mismo día y a continuación de la vista del caso principal, lo cual está en contradicción con lo que el solicitante de la enmienda alega, que los juicios fueron celebrados simultá-neamente y las pruebas practicadas conjuntamente, la Corte opina que no está justificada la enmienda que se interesa, y por tanto niega la moción.”

Contra la resolución anterior se ha acudido ante nos me-diante el presente certiorari para que revisemos dicha re-solución y autoricemos la enmienda o corrección de la trans-cripción de la evidencia en la forma solicitada por el peti-cionario.

En apoyo de su petición el peticionario alega que en el incidente de tercería se refirieron, pesaron y discutieron los indicados documentos.

La aparente confusión en este caso parece que proviene de la relación que trata de establecer el peticionario entre una acción principal y un incidente de tercería. Este in-cidente no es nna intervención del tercero en la’ materia en litigio del caso principal para proteger sns derechos en el sentido del artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil, sino la introducción de una nueva cuestión litigiosa sepa-rada e independiente. De manera que el tercerista no ha intervenido en la acción en cobro de dinero para fijar sus derechos, sino que ha recurrido a una acción separada con-forme dispone la ley para proveer el procedimiento en ca-sos de tercería, etc., tal y como fué enmendada en mayo 12, 1908.'

En este estatuto es que se establece un procedimiento por separado para ventilar el derecho de un tercero por ra-zón de un embargo e implícitamente excluye el derecho a una intervención en el pleito principal. La razón de la ley es porque el tercerista, no teniendo interés en los méritos de dicha acción principal, o que en la misma sus derechos pudieran ser afectados, no había motivo para que dicho ter-cerista pueda considerarse como parte del mismo, pudiendo recurrir de modo independiente al procedimiento expresa-mente autorizado por la ley para ese fin.

“Aunque hay un gran número de autoridades que sostienen el criterio de que cuando el embargo está subordinado a la acción principal, un reclamante de propiedad embargada que no tiene interés alguno en la acción o cuyos derechos no serán afectados por su resolución, no tiene derecho a convertirse en parte en dicha acción o a intervenir en ella con el fin de alegar su título, pero debe acudir a los remedios de la ley común o a los substitutos del mismo en el estatuto, siendo la tendencia más general de la ley suministrar al reclamante un remedio más rápido por la usurpa-ción de sus derechos permitiéndole que intervenga, o intervenir en la acción en la cual el embargo fué librado, o recurrir a los procedimientos para probar y determinar el título de la propie-dad en disputa; * * * ” 9 C. J. 373.

La sección 11 de la ley para proveer el procedimiento en casos de tercería, supra, prescribe:

"Sec. 11. — Tan pronto como recibiere el secretario de la corte el juramento y la fianza, se lo notificará a todas las partes, quienes deberán comparecer a los diez días de notificadas, y si transcurrido dicho término, comparecieran las partes, la corte '.dispondrá que se formule por escrito la cuestión, procediéndose a su vista como en las demás causas, y serán siempre partes en el asunto las que lo fuesen en el que haya originado la tercería.
"Se establecerá la cuestión mediante una breve exposición de l,a naturaleza del derecho del reclamante al pretender reclamar como suyos y excluir de la orden de embargo los bienes en controversia y de la autoridad y derecho del demandado o demandados en dicho procedimiento al pretender someter los mismos bienes a la orden de embargo.” Leyes de 1908, pág. 49.

Tenemos, pues, un estatuto qne ordena que la cuestión a que da lugar la tercería se formule por escrito y se procedo entonces a su vista como en las demás causas, todo lo cual se dispone en tal forma por considerarse como una nueva acción que exige una investigación judicial independiente y, separada de la acción principal, y por tanto la prueba que se practique en la acción principal y que se pretende que surta sus efectos en el incidente de tercería, tiene que repe-tirse en la vista de este último. En este sentido así lo en-tendió la corte inferior, la que además, si bien consideró ambos casos en una sola opinión, en la misma, no obstante, separa la argumentación y establece una separación de los casos.

Por las razones expuestas se anula el auto de certiorari.

Anulado el auto expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.