text:
    Eurolease, Linda S. Miranda Ortiz et al., recurridos, v. Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, peticionaria.

      Número: CC-2013-855

      Resuelto: 29 de octubre de 2015

      Mildred Arroyo Figueroa, de Calderón & Arroyo Law Offices, abogada de la parte peticionaria; Ricardo R. Pérez Pietri y Luis E. Laguna Mimoso, de Practical Legal Solutions, PSC, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente caso nos corresponde resolver si, a raíz de nuestra determinación en S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 (2009), una institución que financió una póliza de seguro mediante un contrato de venta al por menor a plazos, puede solicitar la cancelación de esa pó-liza conforme a sus términos y condiciones, a pesar de que el contrato de financiamiento no sea parte de la póliza. Contestamos que sí.

í — I

El 21 de agosto de 2003, la Sra. Linda S. Miranda Ortiz (recurrida) suscribió un contrato de arrendamiento de ve-hículo con Eurolease. Por medio de ese contrato, la recu-rrida se comprometió a obtener a su costo un seguro contra toda pérdida. El 31 de agosto de 2004, la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico (Cooperativa) emitió la póliza PAP-1356026 (contrato o póliza de seguro) a favor de la recurrida para asegurar el vehículo arrendado con una cubierta full cover. La póliza tuvo un costo total de $1,115.

Por su parte, la recurrida solicitó un Contrato de venta al por menor a plazos (contrato de financiamiento) para el financiamiento de primas con el Banco Cooperativo de Puerto Rico (Banco). El contrato establece que la recurrida se obligó a pagar un pronto de $404 y seis plazos de $125.61 cada uno, para un total en concepto de primas de $1,115.00 y $42.66 por cargos del financiamiento. Cabe mencionar que este contrato de financiamiento de primas no se hizo formar parte de la póliza que nos ocupa.

Así, el contrato de seguro disponía que sería efectivo en la fecha en que la aseguradora recibiera el pronto de un mínimo de veinte por ciento (20%) de la prima total anual, lo cual ocurrió el 31 de agosto de 2004, con el pronto de $404. Luego de ese momento, y según lo establecido en el contrato de financiamiento, la recurrida estaba obligada a emitir los pagos mensuales a partir del 1 de octubre de 2004 hasta el 1 de marzo de 2005. El vencimiento de los pagos se produciría el día primero de cada mes y quince días después de esto aplicarían cargos por atraso.

La recurrida realizó el primer pago el 15 de octubre de 2004 por $131.89. El referido cheque incluía el pago men-sual de financiamiento para octubre y una penalidad por haberse realizado con atraso. Los siguientes tres plazos —noviembre 2004, diciembre 2004 y enero 2005— fueron pagados con un cheque por $389.39, el cual fue emitido el 12 de enero de 2005 y recibido por el Banco el 19 de enero de 2005. Al igual que el pago anterior, este cheque reflejó la cantidad acordada en el contrato en concepto de mensuali-dad, más una penalidad correspondiente a los atrasos. Con este pago, la cuenta de la recurrida quedo al corriente hasta enero de 2005.

Así las cosas, la recurrida no realizó el pago correspon-diente al 1 de febrero de 2005. Este incumplimiento pro-vocó que el Banco solicitara a la Cooperativa la cancelación de la póliza. Así pues, conforme al contrato de financia-miento, la falta de pago de cualquier término vencido por más de quince días conlleva la renuncia de la recurrida a la cubierta de la póliza y otorga al Banco el poder de cancelar la póliza y declararla vencida. De esta forma, el 22 de febrero de 2005, la Cooperativa notificó a la recurrida que su póliza sería cancelada el 5 de marzo de 2005 si el Banco no recibía el pago adeudado en los diez días subsiguientes a la notificación. No se recibió tal pago, por lo que se pro-cedió a cancelar la póliza.

Posteriormente, el 6 de junio de 2005, la recurrida su-frió un accidente en el vehículo arrendado. La Cooperativa denegó cubierta por ese accidente, alegando que la póliza había sido cancelada el 5 de marzo de 2005, más de tres meses antes del accidente.

Por su parte, Eurolease demandó a la recurrida, recla-mando $28,106.31 por la pérdida del vehículo. La recurrida contestó la demanda y, además, presentó una contra ter-cero en la que incluyó a la Cooperativa para que respon-diera como aseguradora del vehículo por la cantidad que le reclamaba Eurolease. Oportunamente la Cooperativa con-testó la demanda. En esencia, rechazó responsabilidad al-guna por los daños reclamados y adujo que la póliza no estaba vigente a la fecha del accidente porque fue cance-lada previamente por falta de pago.

Concluido el descubrimiento de prueba, tanto la Coope-rativa como la recurrida presentaron mociones de senten-cia sumaria. El foro de instancia ponderó las mociones pre-sentadas por ambas partes y dictó sentencia a favor de la recurrida el 5 de octubre de 2010.

Inconforme con el dictamen, el 5 de noviembre de 2010, la Cooperativa acudió ante el foro apelativo intermedio. En síntesis, alegó que el foro de instancia erró al resolver su-mariamente el caso cuando existían controversias de hecho y al interpretar incorrectamente el derecho. El 2 de febrero de 2011, la recurrida presentó su alegato en oposición. El Tribunal de Apelaciones dictó sentencia el 25 de junio de 2013, en la cual confirmó el dictamen del foro de instancia. En esencia, el tribunal apelativo intermedio entendió que la aseguradora estaba impedida de cancelar la póliza, pues si el contrato de financiamiento no se hace parte de la pó-liza, la falta de pago a una entidad que otorga el financia-miento de una póliza no puede ser equiparado a la falta de pago a la aseguradora como fundamento para la cancela-ción según establecido en la póliza.

El 17 de julio de 2013, la Cooperativa presentó una mo-ción de reconsideración, en la que adujo que el Tribunal de Apelaciones no había analizado la totalidad de los errores presentados. Además, alegó que el tribunal erró al aplicar —sin mayores consideraciones— la doctrina establecida en S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra, pues —a su en-tender— los hechos del referido caso eran muy diferentes a los hechos del caso de autos. El 6 de septiembre de 2013, la recurrida presentó un escrito en oposición a la moción de reconsideración. Sin embargo, previo a esto, el 29 de agosto de 2013, el Tribunal de Apelaciones había denegado la mo-ción de reconsideración, aunque se notificó posteriormente el 10 de septiembre de 2013.

Aún inconforme, el 10 de octubre de 2013, la Coopera-tiva acude ante esta Curia mediante un recurso de certiorari. En su escrito, plantea la siguiente serie de seña-lamientos de error.

1) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones en su análisis e interpretación del caso [S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra], y al confirmar la determinación del Tribunal de Pri-mera Instancia que declaró con lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la parte recurrida y declaró no ha lugar la solicitud de Sentencia Sumaria radicada por la peticionaria.
2) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones cuando dirimió la presente controversia, incurriendo en evidente contradicción con Riego Moreno v. Quiñones, et als., KLAN201200041, un caso anterior del mismo foro.
3) Incidió en error el Honorable Tribunal de Apelaciones, cuando equiparó la Póliza de Seguro Comercial de Impericia Médica o “claims made” considerada en [S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra], con la póliza de automóvil personal, objeto de análisis en el presente caso.
4) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al concluir que la cancelación efectuada por la aseguradora en [S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra], es igual a la solicitada por el Banco Cooperativo, en la presente situación de hechos.
5) Incidió en error de derecho el Honorable Tribunal de Apela-ciones, al no reconocer el derecho de cancelación que tiene el Banco Cooperativo, asegurado subrogado por medio del Con-trato de Venta al Por Menor.
6) Incurrió en error de derecho el Honorable Tribunal de Ape-laciones, cuando confirmó al Tribunal de Primera Instancia en su adjudicación de las Sentencias Sumarias presentadas por la parte peticionaria y la parte recurrida, sin que aplicara la doctrina establecida en Reyes Ayala v. Torres Amaral et al., 130 DPR 743 (1992).
7) En la alternativa, incidió en error de derecho el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar al Tribunal de Primera Instancia cuando declaró ha lugar la Moción de Sentencia Su-maria presentada por la parte demandada existiendo contro- versia genuina sustancial sobre hechos materiales. Certiorari civil, págs. 6-7.

El 28 de febrero de 2014 expedimos el recurso de certio-rari y el 24 de abril de 2014 concedimos a la parte recurrida un término para presentar su alegato. Luego de varios inci-dentes procesales, con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver la controversia.

1 — I HH

A pesar de que la Cooperativa ha reclamado la comisión de siete errores por parte del Tribunal de Apelaciones, la médula de su reclamación se circunscribe a que el Tribunal de Apelaciones hizo una interpretación errónea de nuestra jurisprudencia en S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra. A estos fines, y por entender que es la controversia que requiere nuestra intervención, procedemos a discutir el derecho aplicable de manera limitada a si una institución que financió una póliza de seguro mediante un contrato de venta al por menor a plazos, puede solicitar la cancelación de la póliza, a pesar de que el contrato de financiamiento no se haya hecho formar parte de la póliza. De antemano, respondemos en la afirmativa y, a su vez, aclaramos nuestra pasada jurisprudencia al respecto.

El Art. 1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico (Código de Seguros), 26 LPRA see. 102, define el contrato de seguro como aquel por “el cual una persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle un beneficio específico o determinable al producirse un suceso incierto previsto en el mismo”. En lo pertinente, el Art. 11.270 del Código de Seguros, 26 LPRA see. 1127, regula las formas de terminar un contrato de seguro. El propio artículo establece que:

(1) El asegurador no podrá cancelar un contrato de seguros después de haber estado en vigor por un período de sesenta (60) días o más, excepto por la falta de pago de prima y por aquellos fundamentos que se especifican en la póliza. Dispo-niéndose, que el asegurado podrá solicitar la cancelación del contrato de seguros de acuerdo con los términos especificados en la póliza.
A petición del asegurado el asegurador deberá especificar a aquél los fundamentos para la cancelación. El Comisionado mediante reglamentación determinará los seguros a los cuales aplicará este inciso y el procedimiento a seguir para la cance-lación de dichos seguros.
(2) En adición a este derecho y el procedimiento para la cancelación de un contrato de seguro, bien sea por el asegura-dor o por el asegurado, según se exprese en la póliza, el Comi-sionado podrá ordenar la inmediata cancelación de cualquiera póliza obtenida o efectuada en violación de este título, excepto cuando la póliza no fuere por sus términos cancelable por el asegurador y el asegurado no hubiere participado a sabiendas en dicha violación.

Como regla general, en el campo de los seguros las partes no tienen derecho a rescindir o cancelar el contrato, excepto que se le permita por un estatuto o que las partes así lo han estipulado o consentido expresamente en el contrato, o si una de las partes ha incumplido con el contrato.

En lo pertinente, el contrato de seguro en el caso de autos establece entre sus cláusulas y condiciones lo siguiente:

TERMINACIÓN
1. Cancelación
Esta póliza puede cancelarse, durante el periodo de vigencia de la misma, de la manera siguiente:
a. El asegurado nombrado en las Declaraciones podrá can-celarla del modo siguiente:
(1)[•••]
(2) dándonos una notificación escrita por adelantado de la fecha en la que entrará en vigor la cancelación.

En cuanto al efecto de la cancelación, hemos establecido que termina los derechos y las obligaciones de las partes a partir del momento en que es efectiva. Una vez cancelada la póliza, el asegurado no es responsable del pago de primas posteriores a la cancelación y el asegurador queda libre de toda responsabilidad por hechos que surjan después de ser efectiva la cancelación Cuando la cance-lación es a petición de la compañía aseguradora, para ser válida es requisito previo la devolución de las primas co-rrespondientes al período que a partir de la cancelación restarían hasta la fecha de expiración de la póliza

En Reyes Ayala v. Torres Amaral et al., 130 DPR 743 (1992), este Tribunal tuvo la oportunidad de atender la controversia en cuanto a si una institución financiera que accede a la solicitud de financiamiento de una póliza de seguro puede solicitar su cancelación ante el impago por parte del asegurado. En aquel entonces esta Curia estableció que esa determinación dependerá de los términos y condiciones que las partes han acordado en el contrato de financiamiento.

El mencionado caso es bastante similar al que hoy nos ocupa. En aquella ocasión, la asegurada había incumplido con el pago establecido en el contrato de financiamiento de la póliza. Esto motivó que la institución financiera solici-tara a la aseguradora que cancelara la póliza de seguro y, a su vez, advirtió a la asegurada que debía realizar los pagos adeudados para que la póliza fuera reinstalada. La asegu-rada realizó varios pagos posteriores, pero sin poner al día lo adeudado, por lo que la póliza no fue reinstalada. Poco tiempo después, la asegurada sufrió un accidente de auto-móvil y la aseguradora denegó la cubierta de seguro por haber sido previamente cancelada a solicitud de la institu-ción financiera.

Durante el pleito, la parte afectada en el accidente re-clamó a la compañía aseguradora, alegando que la cance-lación de la póliza de la otra parte había sido inoficiosa, pues al momento del accidente la compañía aseguradora no había devuelto las primas no devengadas. Este Tribunal atendió el asunto y determinó que cuando un asegurado cede —por medio del contrato de financiamiento— el dere-cho a cancelar la póliza de seguro a la institución finan-ciera, esa cancelación se hace como si hubiera sido hecha por el propio asegurado. Por ello, esta es efectiva inmedia-tamente se hace la solicitud, sin que sea un requisito pre-vio la devolución de las primas no devengadas. Así, al mo-mento de determinar si una institución financiera puede solicitar la cancelación de la póliza, lo determinante es el contenido del contrato de financiamiento y si el asegurado ha cedido el derecho de cancelación de la póliza a la insti-tución financiera.

No obstante, este Foro tuvo ante su consideración nue-vamente el asunto sobre la cancelación de pólizas a solici-tud de la institución financiera y sus consecuencias en S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra. En esa ocasión, un profesional de la salud había solicitado una póliza de seguro del tipo claims made para protegerse sobre recla-maciones en su contra por el periodo de tiempo compren-dido de 26 de enero de 2001 a 26 de enero de 2002. Sin embargo, esa póliza contenía ciertas condiciones particulares. Entre ellas, se establecía un periodo de exten-sión automático de sesenta días de cubierta posterior a la vigencia de la póliza para aquellas reclamaciones por ac-ciones u omisiones del galeno, siempre y cuando la razón de cancelación de la póliza no fuera la falta de pago a la aseguradora.

A los fines de poder costear la póliza, el médico solicitó el financiamiento de la póliza con una institución financiera y se obligó a realizar pagos mensuales a esa institución. En una ocasión, el galeno incumplió con su pago con la insti-tución financiera. Por ello, la institución solicitó la cance-lación de la póliza a la compañía aseguradora según esta-blecía el contrato de financiamiento. La cancelación de la póliza se hizo efectiva. A pesar de esto, el médico continuó haciendo pagos a la institución financiera y solicitó la reinstalación de la póliza a la compañía aseguradora. No obstante, por no suplir la documentación según le fue re-querida, la compañía aseguradora denegó su solicitud.

Así las cosas, durante el término de sesenta días dis-puesto en la póliza como extensión automática, el galeno notificó una reclamación en su contra y la aseguradora de-negó su cubierta. Esto pues, la compañía alegó que la falta de pago por parte del médico a la institución financiera dejaba sin efecto la extensión automática de la cubierta.

En esa ocasión determinamos que la extensión automática de la póliza estaba condicionada a la falta de pago a la compañía de seguros, no así a la institución financiera. La pretensión de la compañía aseguradora era que el contrato de financiamiento modificó la póliza para equiparar la falta de pago a la institución financiera, a la falta de pago a la compañía de seguros. No obstante, establecimos que para que un contrato de financiamiento pueda modificar una póliza de seguro, este tiene que formar parte de la póliza de seguro.

HH I — I HH

En el caso de autos, la recurrida suscribió un contrato de seguro con la Cooperativa para asegurar un vehículo que le fue arrendado por Eurolease. Para poder sufragar el costo de la póliza de seguro, la recurrida —a su vez— sus-cribió un contrato de venta al por menor a plazos con el Banco. Ese contrato establece en su contenido que la recu-rrida cedió el derecho a que el Banco se subrogase en su posición a los fines de cancelar la póliza de seguro y de-clarar la deuda total vencida si incumplía con su obliga-ción de realizar el pago mensual por más de quince días de vencido.

En repetidas ocasiones la recurrida incumplió con el pago mensual, según establecido en el contrato de financiamiento. Así las cosas, en enero de 2005 la recu-rrida puso al día su cuenta con el Banco. Sin embargo, tan pronto como el próximo mes, febrero de 2005, la recurrida incumplió nuevamente con su obligación de realizar el pago. Por ello, el Banco decidió ejercer su derecho de su-brogación conforme al contrato otorgado con la recurrida y solicitó a la Cooperativa la cancelación de la póliza. No obstante, previo a cancelar la póliza se le notificó por es-crito sobre la solicitud del Banco y se le informó que para evitar la cancelación tenía que pagar el balance adeudado. A pesar de lo anterior, la recurrida no realizó el pago, por lo que su póliza quedó cancelada el 5 de marzo de 2005.

El 6 de junio de 2005, la recurrida sufrió un accidente en el vehículo arrendado. Eurolease demandó a la recu-rrida, para reclamar la pérdida del vehículo y esta, a su vez, reclamó a la Cooperativa por ser la aseguradora. Por su parte, la Cooperativa denegó cubierta por ese acci-dente, pues la póliza había sido cancelada previamente.

Distinto a la determinación del foro de instancia, pos-teriormente confirmada por el Tribunal de Apelaciones, la cancelación de la póliza no se realizó como una a inicia-tiva de la compañía aseguradora por falta de pago, sino una a solicitud del asegurado a través de la entidad que ofreció el financiamiento. Esto pues, conforme el contrato de financiamiento, la recurrida le confirió el derecho de subrogación al Banco al momento de contratar el finan-ciamiento, si incumplía con sus obligaciones de pago.

Contrario a la situación de hechos de S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra, en el que se pretendía modificar los términos y las condiciones de la póliza a raíz del incum-plimiento de pago a la institución financiera, en nuestro caso no se modificó de forma alguna la póliza de seguro, sino que el Banco asumió la posición de la recurrida y ejer-ció su derecho de cancelación de la póliza. Tal solicitud se hizo bajo los mismos términos y condiciones que la póliza le confería a la recurrida. Es decir, el contrato de financia-miento no tuvo el efecto de modificar la póliza, sino que cedió los derechos del asegurado de la misma manera en que estos fueron establecidos en el contrato de seguro. Por ello, no era necesario que el contrato de financiamiento se hiciera formar parte de la póliza, pues esta no modificaba de forma alguna sus términos y condiciones.

Entiéndase que en S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, supra, este Tribunal determinó que para que un contrato de financiamiento pueda alterar o modificar los términos y las condiciones de una póliza de seguro, se requiere que el contrato de financiamiento forme parte de la póliza. No habiendo modificación alguna en cuanto a los términos y condiciones, sino un acto de subrogación de parte, no se requiere tal acción.

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Senten-cia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el presente caso al Tribunal de Primera Instancia para que resuelva conforme con lo aquí expuesto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta, la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez concurrieron con el resultado sin opi-nión escrita.

       Apéndice de la Petición de certiorari civil, pág. 169.

        Casanova v. P.R.-Amer. Ins. Co., 106 DPR 689, 694 (1978).

       Apéndice del certiorari civil, págs. 150.

        Casanova v. P.R.-Amer. Ins. Co., 106 DPR 689, 695 (1978).

      6) Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. S.L.G., 158 DPR 714, 722 (2003). Véase, además, Casanova v. P.R.-Amer. Ins. Co., supra.

        Casanova v. P.R.-Amer. Ins. Co., supra.


source: Caselaw Access Project

author: (Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez,

license: Public Domain

text:
    Moisés Ibarra González, peticionario, v. Departamento de Corrección y Rehabilitación, recurrido.

      Número: CC-2015-339

      Resuelto: 3 de noviembre de 2015

      Iris Yaritza Rosario Nieves, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogada de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

A la moción de reconsideración, “no ha lugar”.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rivera García emitió un Voto particular de conformidad, al cual se unió el Juez Asociado Señor Martínez Torres. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un Voto particular disidente, al cual se unió la Jueza Presidenta Señora Fiol Matta. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez proveería “ha lugar” e hizo constar las siguientes expresiones, a las cua-les se unió la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez:

Por entender que el Manual para la clasificación de confi-nados establece un proceso orientado a la rehabilitación del convicto, declararía “ha lugar” el recurso de reconsideración presentado. Indudablemente, este proceso de clasificación as-pira a ubicar al confinado en el nivel de custodia menos res-trictivo posible en atención al comportamiento de éste durante el término de su reclusión. Criterios subjetivos exógenos, tal y como las particularidades que resultaron en su sentencia, no deben incidir en lo que supone ser una evaluación objetiva de su comportamiento dentro de la institución penal. En el pa-sado, al afirmar que la conducta nociva remota de un confi-nado debe ceder ante un comportamiento reciente satisfacto-rio, hemos afianzado nuestro compromiso con el mandato constitucional de propender “el tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”. Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 440. Véase, además, López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012).

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto de conformidad emitido por el Juez Asociado Señor Rivera García, al que se unió el Juez Asociado Señor Martínez Torres.

En nuestra función revisora, debemos ser muy cautelo-sos al revisar las determinaciones que toma el Departa-mento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (De-partamento de Corrección) con relación al nivel de custodia de los confinados. Por un lado, no podemos pretender ne-garle la flexibilidad que necesita ese departamento de la Rama Ejecutiva para administrar el complejo sistema car-celario de la Isla y, en particular, el nivel de custodia que se asigna a cada reo. Por otro lado, tenemos el deber de cer-ciorarnos de que se cumpla el mandato constitucional de rehabilitación que establece el Art. VI, Sec. 19 de la Cons-titución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1.

En esa encomienda debemos tener presente que las de-terminaciones del Departamento de Corrección están re-vestidas de una presunción de corrección y que no debemos sustituir nuestro criterio por el de la agencia. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013). Cimentándonos en esa norma de deferencia y en los fundamentos que de-tallo a continuación, estoy conforme con la Resolución del Tribunal que antecede y declara “sin lugar” la moción de reconsideración presentada por la parte peticionaria.

El peticionario, Sr. Moisés Ibarra González, cumple una sentencia de reclusión en una institución penal del Depar-tamento de Corrección desde 2003 por los delitos de Asesi-nato en segundo grado e infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico. Al recurrente se le declaró delincuente habitual y se le separó permanentemente de la sociedad, con-forme lo permitía el derogado Código Penal de 1974 (33 LPRA ant. see. 3001 et seq.).

Surge del expediente ante nuestra consideración que, en un caso anterior ante el Tribunal de Apelaciones (KLRA201300969), el peticionario solicitó la revisión de una Resolución emitida por el Departamento de Corrección el 17 de julio de 2013, donde se ratificó su nivel de custodia en máxima. En ese momento, el tribunal apelativo inter-medio dictó una Sentencia el 28 de febrero de 2014, en la que revocó la resolución recurrida y ordenó al Departa-mento de Corrección que realizara una nueva evaluación de custodia que no estuviera limitada a la reincidencia habitual y que considerara el resultado negativo de la prueba de detección de sustancias controladas.

Luego de diversos trámites, el 23 de julio de 2014, el Comité de Clasificación y Tratamiento adscrito al Departa-mento de Corrección realizó una evaluación de custodia al recurrente, en cumplimiento con lo ordenado en la senten-cia en el caso KLRA201300969. La mencionada evaluación dio paso a una Resolución Administrativa, donde se ratificó el nivel de custodia máxima. Como parte de sus conclusio-nes, el Comité manifestó:

El miembro de la población [correccional] fue sentenciado por el Honorable Tribunal a Separación Permanente de la Sociedad. [...] Por la naturaleza de los delitos cometidos de carácter extremo y violento (Asesinato en Segundo Grado y Ley de Armas). Ha cumplido 11 años, 9 meses y 16 días lo que consideramos no es tiempo razonable en relación a la senten-cia impuesta. Restan 18 años para ser elegible a la Junta de Libertad Bajo Palabra. En el periodo evaluado ha rehusado asistir a entrevistas con su Técnico Sociopenal demostrando no tener interés ni compromiso con su proceso de rehabilitación. Por lo que es necesario mantenerlo en custodia para seguir observando sus ajustes con máximas restricciones físicas y así garantizar la seguridad institucional y pública.
El Comité de Clasificación y Tratamiento en consideración de la necesidad de observar ajustes institucionales del confi-nado por un período más prolongado, acordó lo siguiente: Se ratifica custodia máxima. (Enfasis suplido). Anejo XI de la Pe-tición de certiorari, pág. 76.

No conforme con la determinación del Comité, el peticio-nario apeló ante la Oficina de Clasificación de Confinados del Nivel Central y alegó que el Departamento de Correc-ción no cumplió con lo dispuesto en la sentencia en el caso KLRA201300969, pues no se le reclasificó a custodia mediana; no se consideró el resultado negativo a sustan-cias controladas, y no se le devolvió el trabajo, a pesar de haber “plaza disponible”. Además, adujo que dicho Comité lo penalizaba al justificar la custodia máxima porque él no tenía compromiso con su rehabilitación por no acudir a las entrevistas de rutina con la técnico sociopenal. En ese sen-tido, aseveró que ningún reglamento de Corrección impone tal requisito, por lo que era ilegal que se le impusiera esa “carga adicional”.

Luego, el 15 de septiembre de 2014, y notificada el 10 de octubre del mismo año, la Supervisora de la Oficina de Cla-sificación de Confinados de Nivel Central denegó la apelación.

Inconforme, el 7 de noviembre de 2014, el peticionario presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones mediante el cual impugnó su evaluación de custodia máxima. En esencia, alegó que la decisión fue ar-bitraria, caprichosa y contraria al principio constitucional de rehabilitación del confinado, pues se basó exclusiva-mente en la extensión de la sentencia y la gravedad de los delitos. El Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia el 2 marzo de 2015 mediante la cual confirmó la decisión administrativa.

El 1 de mayo de 2015, el peticionario presentó la peti-ción de certiorari de epígrafe. En ella, repitió en sustancia los mismos argumentos que esbozó ante el tribunal apela-tivo intermedio. El 8 de julio de 2015, la Sala Segunda de Despacho compuesta por la Juez Asociada Señora Rodrí-guez Rodríguez y los Jueces Asociados Señores Kolthoff Caraballo y Estrella Martínez notificó una Resolución en la que declaró “no ha lugar” la Petición de Certiorari presen-tada por el peticionario, aunque la primera hubiese expedido. El 10 de julio de 2015, el peticionario solicitó reconsideración. Hoy, el Pleno del Tribunal mediante Reso-lución declara “sin lugar” la moción de reconsideración.

Al analizar si expedimos el recurso, este servidor tomó en consideración la norma reiterada de “ ‘que las decisio-nes de los foros administrativos están revestidas de una presunción de regularidad y corrección. Las conclusiones de estas agencias merecen gran deferencia por parte de los tribunales, por lo que debemos ser cuidadosos al intervenir con las determinaciones administrativas’ González Segarra et al. v. CFSE, supra, pág. 276, citando a Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 1033, 1041 (2012), y a Acarón et al. v. D.R.N.A., 186 DPR 564 (2012). Véase, también, See. 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la Ley de Procedi-miento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA see. 2175.

Como hemos expresado en infinidad de ocasiones, la de-ferencia antes aludida tiene su fundamento en la experien-cia y en el conocimiento especializado que poseen las agen-cias acerca de los asuntos que se les encomiendan. González Segarra et al. v. CFSE, supra; Hernández, Álva- rez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006). Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio rector que debe guiar a los tribunales es la razonabilidad en la actuación de la agencia. Id. De esa forma, los tribunales analizamos las determinaciones de hechos de los organis-mos administrativos amparados en esa deferencia y razonabilidad. González Segarra et al. v. CFSE, supra.

Cónsono con lo anterior, es norma reiterada que no de-bemos intervenir o alterar las determinaciones de hechos de un organismo administrativo si surge del expediente administrativo considerado en su totalidad que existe evi-dencia sustancial que sostiene dichas determinaciones. González Segarra et al. v. CFSE, supra.

La revisión judicial de las decisiones administrativas se debe limitar a determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); Fuertes y otros v. A.R.Pe., 134 DPR 947, 953 (1993).

Así, pues, la deferencia cederá únicamente: (1) cuando no está basada en evidencia sustancial; (2) cuando el orga-nismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley, y (3) cuando ha mediado una actuación irrazonable o ilegal. González Segarra et al. v. CFSE, supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005).

En este caso, surge del Informe que emitió el Comité de Clasificación y Tratamiento que el peticionario se negó a asistir a las entrevistas con su técnico sociopenal, demos-trando así no tener interés ni compromiso con su proceso de rehabilitación. Sin lugar a dudas, un confinado que se niega a asistir a las entrevistas con su técnico se autoli-mita y coloca trabas en su proceso de rehabilitación. Como norma general, durante ese proceso de entrevistas el oficial encargado puede hacer diversas preguntas al confinado que pueden guiar al Comité de Clasificación y Tratamiento al momento de auscultar qué nivel de custodia debe de tener un confinado. Por esa razón, la Parte IV, Núm. 9 del Manual para Crear y Definir Funciones del Comité de Cla-sificación y Tratamiento en las Instituciones Correcciona-les, Reglamento Núm. 7334 de 10 de abril de 2007 (Regla-mento 7334), pág. 5, establece que las responsabilidades del técnico de servicio sociopenal son:

a. Orientar y ofrecer servicios a los confinados dependiendo de las necesidades que éstos presenten.
b. Proveer al Comité de Clasificación y Tratamiento un resu-men del delito actual del confinado, su situación social, histo-rial delictivo y fecha de excarcelación.
c. Proveer al Comité la puntuación obtenida en el formulario de Clasificación de Custodia.
d. Recomendar al Comité un plan institucional para cada con-finado sentenciado. (Énfasis suplido).

Si el confinado rehúsa reunirse con el técnico sociopenal, es imposible que este último tenga todas las herramientas de juicio para recomendar al Comité un plan institucional, según lo exige la disposición reglamentaria antes citada. Me parece que este fundamento, que fue utilizado por el Comité de Clasificación y Tratamiento en la Resolución Administra-tiva, es suficiente para denegar el cambio de custodia. Al momento de dilucidar si un recluso es merecedor de un nivel de custodia menos restrictivo, es vital que la agencia cuente con todos los elementos de juicio, no solo con aquellos que surgen del formulario de clasificación de custodia.

Según el fundamento antes mencionado, me parece que es innecesario entrar a discutir la sabiduría o corrección de las modificaciones discrecionales que contiene el Regla-mento 7334 o cómo fueron aplicadas a este caso, ya que ello constituye obiter dictum. Ortiz Chévere et al. v. Srio. Hacienda, 186 DPR 951 (2012); Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219 (2001).

De acuerdo con las consideraciones expresadas, estoy conforme con la Resolución que emite la mayoría de este Tribunal en la que declara “sin lugar” la moción de recon-sideración presentada por la parte peticionaria. No se de-mostró que el ente administrativo abusara de su discre-ción, por lo que procede sostener su dictamen.

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez,

al cual se une la Jueza Presi-denta Señora Fiol Matta.

A pesar de que un confinado obtenga en su evaluación de reclasificación de custodia una puntuación objetiva in-dicativa de un nivel de custodia menor, las normas regla-mentarias del Departamento de Corrección y Rehabilita-ción (Departamento) fomentan que sus funcionarios ejerzan un nivel de discreción con criterios altamente sub-jetivos y arbitrarios que tienen el potencial de revocar la puntuación obtenida por el confinado, a través de sus estu-dios, buena conducta, ausencia de querellas y otros facto-res objetivos. Resulta altamente preocupante la aplicación de criterios discrecionales tan subjetivos y arbitrarios como, por ejemplo, “tener aspecto delgado o frágil” o “ser homosexual”, entre otros, para perpetuar la práctica de mantener en custodia máxima a confinados que han de-mostrado —con factores objetivos— que son merecedores de un nivel de custodia menor. Además, las medidas dis-crecionales reproducen criterios contenidos en los factores objetivos para acomodaticiamente darle un peso despro-porcional a criterios ajenos a la conducta del confinado. Ello, contrario a nuestra jurisprudencia y al mandato cons-titucional y legislativo de rehabilitación.

En el caso ante nos, procedía revocar la determinación del Departamento al ratificar la custodia máxima del Sr. Moisés Ibarra González (señor Ibarra González o peticiona-rio), a pesar de que en su evaluación de reclasificación de custodia recibió una puntuación objetiva indicativa de un nivel de custodia inferior. Las modificaciones discrecionales utilizadas por el Departamento tuvieron el efecto de lesio-nar el derecho fundamental del peticionario a una rehabili-tación, así como imponer un peso arbitrario, caprichoso y excesivo a las características de la conducta por la cual fue sentenciado. Ello, en contraposición con el propósito de las reclasificaciones de custodia, que tienen como objetivo dar más peso a la conducta institucional del confinado.

Como situación agravante que requería nuestra inter-vención, en este Voto Particular Disidente podremos cons-tatar que la realidad particular del peticionario es el mo-dus operandi del Estado en lo que a reclasificaciones de custodia se refiere, al punto de que su propio perito lo ha denunciado en el caso Morales Feliciano, infra.

En el descargo de nuestra responsabilidad, hubiese ex-pedido el recurso con el fin de revocar la determinación del Departamento. Ello por entender que es arbitraria, no se basó en evidencia sustancial y es contraria a Derecho.

Expuesta la controversia, procedo a exponer los antece-dentes fácticos y procesales que la suscitaron.

HH

En el 2003, el señor Ibarra González fue sentenciado y clasificado en un nivel de custodia máxima. Han transcu-rrido más de doce años desde esa fecha y, semestre tras semestre, el señor Ibarra González arroja una puntación objetiva equivalente a un nivel de custodia inferior. Sin embargo, el Departamento se ampara en los criterios sub-jetivos contenidos en las modificaciones discrecionales para aumentar su nivel de custodia. Con ese proceder, se neutraliza todo esfuerzo de rehabilitación ejercido por el peticionario, entre los que se encuentra que: (1) se ha inte-grado a los estudios ofrecidos; (2) se encuentra trabajando en el área de mantenimiento interior desde junio de 2005, devengando compensación, y (3) del informe de evaluación surge que no tiene querellas disciplinarias.

El 17 de julio de 2013, el Comité de Clasificación y Tra-tamiento del Departamento de Corrección (Comité) realizó otra vez una evaluación de custodia al peticionario. Como resultado, se ratificó el nivel de custodia máxima, a pesar de que el señor Ibarra González obtuvo una puntuación total de custodia de 5, correspondiente a un nivel inferior. Luego de los trámites administrativos correspondientes, el peticionario recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. Me-diante Sentencia de 29 de febrero de 2014, el foro interme-dio revocó la resolución recurrida y ordenó al Departa-mento realizar una nueva evaluación de reclasificación que no se limitara a considerar que el señor Ibarra González era reincidente habitual y que, a su vez, tomara en consi-deración el resultado negativo de la prueba de detección de sustancias controladas. Entendió el foro apelativo que, a base de la evidencia sustancial y de lo resuelto por este Tribunal en López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012), no podía sostener la determinación de mantener al peticionario en custodia máxima, ya que la evaluación apuntaba a una clasificación de custodia mínima.

A solicitud del peticionario, el 13 de junio de 2014, el tribunal apelativo emitió una resolución mediante la cual ordenó a la Secretaría remitir al Departamento el man-dato, conforme a la Sentencia dictada el 29 de febrero de 2014. Finalmente, y según lo ordenado por el Tribunal de Apelaciones, el 23 de julio de 2014, el Comité realizó una nueva evaluación de custodia al peticionario. Ese mismo día, mediante Resolución de Hecho y Derecho, el Comité volvió a ratificar la custodia máxima del señor Ibarra González. Ello, a pesar de que una vez más obtuvo una puntuación total de custodia de 5.

Inconforme, el 6 de agosto de 2014, el peticionario recu-rrió en apelación ante la Oficina de Clasificación de Confi-nados de Nivel Central. Allí, alegó que el Comité no había cumplido con lo ordenado por el tribunal apelativo. El 15 de septiembre de 2014, dicha Oficina denegó la apelación y, en lo pertinente, expuso:

La naturaleza de los delitos es de extrema gravedad y la senten-cia dictada es en Grado de Reincidencia Habitual. La pena para el delito de reincidencia constituye un agravante de responsabili-dad penal en consideración a la conducta previa antisocial que ha manifestado la persona [...] Tomamos conocimiento [de] que no ha sido objeto de querellas o acciones disciplinarias. (Énfasis suplido). Anejo VIII, págs. 45-48.

El 7 de noviembre de 2014, el señor Ibarra González recurrió nuevamente ante el Tribunal de Apelaciones me-diante recurso de revisión. Alegó que la determinación del Departamento era arbitraria, caprichosa y que atentaba contra el principio constitucional de rehabilitación, toda vez que se basó en la reincidencia habitual como agravante y en la gravedad de los delitos. Oportunamente, compare-ció la Oficina de la Procuradora General.

Un Panel distinto al que emitió la Sentencia de 29 de febrero de 2014, notificó una Sentencia el 2 de marzo de 2015. En ésta, concluyó que el Departamento, en el ejerci-cio de su discreción, utilizó los criterios de gravedad y rein-cidencia habitual para sostener el nivel de custodia máxima. Ello, a pesar de reconocer que la puntuación total de la evaluación ubicaría al peticionario en un nivel de custodia menor. Además, entendió que la determinación del Departamento se basó en evidencia sustancial que surge del expediente administrativo, por lo que confirmó la resolución recurrida. El 5 de marzo de 2015, el peticionario solicitó una oportuna reconsideración y esta fue denegada el 7 de abril de 2015.

De la anterior determinación, el 1 de mayo de 2015, el señor Ibarra González recurrió ante este Tribunal me-diante recurso de certiorari. No obstante, mediante Reso-lución emitida el 5 de junio de 2015, se declaró “no ha lugar”. Inconforme, el 10 de julio de 2015, el peticionario solicitó reconsideración de esa determinación.

Por los fundamentos expuestos a continuación, opino que el Tribunal de Apelaciones estaba llamado a revocar la determinación del Departamento. Ello, porque entiendo que este ha abusado de su discreción al reiteradamente confirmar la custodia máxima del señor Ibarra González, aun cuando existe evidencia sustancial que apunta que es merecedor de una custodia menos restrictiva.

HH I — I

Con el propósito de fundamentar las razones que me llevan a disentir, expongo el marco estatutario y jurispru-dencial aplicable. Veamos.

Sabido es que nuestro derecho administrativo reconoce que los dictámenes de los organismos administrativos me-recen la mayor deferencia judicial. OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012); The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011); Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 (2006). La razón de ello es que esos procesos están cobijados por una presunción de regularidad y corrección. Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra, pág. 1002; Vélez v. ARPe., supra, pág. 693. Ahora bien, la revisión judicial requiere determinar si la actuación de la agencia es arbi-traria, ilegal o irrazonable. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 119 (2003). En ese sentido, las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos. Véase 3 LPRA see. 2175. Véanse, además: OCS v. Universal, supra, pág. 178; The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, pág. 822.

En repetidas ocasiones hemos expresado que la deferen-cia que merecen las agencias en las aplicaciones e interpre-taciones de las leyes y los reglamentos que administran cede cuando no se fundamente en evidencia sustancial, cuando la agencia se equivoque en la aplicación de una ley o cuando la actuación sea arbitraria, irrazonable o ilegal. OCS v. Universal, supra, pág. 179; The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, pág. 822.

I — I hH I — 1

La Sec. 19 del Art. VI de la Constitución de Puerto Rico establece que “[s]erá política pública del Estado Libre Aso-ciado [...] reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, den-tro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”. Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 440. En reconocimiento a este mandato constitucional, la Asam-blea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley de Mandato Constitucional de Rehabilitación, Ley Núm. 377-2004, con el fin de que el sistema correccional ejecutara “programas de rehabilitación [...] que impacten a toda la población sen-tenciada [...]”. (Énfasis suplido). El historial legislativo de dicho estatuto demuestra que la reincidencia habitual no se consideró como una limitación para que un confinado se beneficiara del sistema de rehabilitación, incluyendo la clasificación de custodia. López Borges v. Adm. Corrección, supra, pág. 607.

Más tarde, con la aprobación del Plan de Reorganiza-ción del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, Plan 2-2011 de 21 de noviembre de 2011 (Plan de Reorganización), se derogó expresamente la Ley Núm. 377-2004. No obstante, dicho Plan mantuvo como objetivo principal implantar un procedimiento facilitador a la imposi-ción de custodias, así como establecer programas de rehabilitación moral y social con el fin de fomentar la rein-corporación de los confinados a la sociedad. Por eso, el Plan de Reorganización reitera el deber del Departamento de realizar una “[cjlasificación adecuada y revisión continua de la clientela, conforme a los ajustes y cambios de ésta”.

En lo pertinente, dispone que “[l]a población correccio-nal será sometida a evaluaciones periódicas con el propó-sito de conocer y analizar su situación social, física, emo-cional y mental, historial delictivo e identificar sus capacidades, intereses, motivaciones, controles y limitacio-nes, a los fines de clasificarlos y determinar el plan de ac-ción a tomar en cada caso, en armonía con los principios de tratamiento individualizado y seguridad pública enmarca-dos en los propósitos de este Plan”. Se establece, además, que en cuanto a la población de custodia máxima, dichas evaluaciones se realizarán cada seis meses. Así, mien-tras más restrictivo el nivel de custodia, mayor la frecuen-cia de las evaluaciones, de modo que se analice si la con-ducta del confinado merece una reducción de custodia. López Borges v. Adm. Corrección, supra, pág. 609.

El Manual para Crear y Definir Funciones del Comité de Clasificación y Tratamiento en las Instituciones Correc-cionales, Reglamento Núm. 7334 de 10 de abril de 2007 (Manual del Comité) se aprobó para crear el Comité y brindarle a dicho organismo la facultad de evaluar a los confinados. Para realizar esta encomienda, el Comité uti-liza el Manual para la Clasificación de Confinados, Regla-mento Núm. 8281 de 30 de noviembre de 2012 (Manual de Clasificación).

El Manual de Clasificación enfatiza que el proceso de clasificación de custodia tiene que ubicar al confinado en el programa y nivel de custodia menos restrictivo posible La See. 7 del Manual establece lo relativo al proceso de reclasificación y resalta que el mismo “se parece a la eva-luación inicial de custodia, pero recalca aún más en la con-ducta institucional como reflejo del comportamiento real del confinado durante su reclusión” Esto es así porque si solo se evaluara la conducta por la que resultó confinado, o se le diera mayor importancia a las características de la sentencia, no tendría sentido la revisión periódica del nivel de custodia, ya que el resultado siempre sería el mismo. López Borges v. Adm. Corrección, supra, págs. 609-610. Lo que es más, surge expresamente de la referida sección que, “[e]s importante que los confinados que cumplan senten-cias prolongadas tengan la oportunidad de obtener una re-ducción en niveles de custodia mediante el cumplimiento con los requisitos de la institución”.

Cónsono con lo anterior, en Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 352 (2005), este Tribunal advirtió que

[l]a determinación administrativa relativa al nivel de custodia asignado a un confinado requiere que se realice un balance de intereses adecuado. Por una parte, estará el interés público de lograr la rehabilitación del confinado, así como mantener la seguridad institucional y general del resto de la población penal; de la otra, estará el interés particular del confinado de permanecer en un determinado nivel de custodia. Además, al momento de determinarse la procedencia de un cambio en el nivel de custodia, deberá considerarse una serie de factores subjetivos y objetivos, para cuya atención se requiere la peri-cia de la Administración de Corrección.

Para llevar a cabo la reevaluación de custodia de los confinados sentenciados, se utiliza el Formulario de Recla-sificación de Custodia (Formulario). En éste, se le asigna una puntuación a unos factores objetivos y a otros subjetivos. A base de la puntuación total, el Departamento recomienda un nivel de custodia, a saber: máxima, me-diana, mínima o mínima/comunidad.

Los criterios objetivos que se evalúan son ocho: (1) la gravedad de los cargos o sentencias actuales; (2) el histo-rial de delitos graves previos; (3) el historial de fuga; (4) el número de acciones disciplinarias; (5) previas acciones dis-ciplinarias serias; (6) sentencias anteriores por delitos graves; (7) participación en programas, y (8) la edad.

Por otra parte, el Formulario provee para que se anali-cen ciertas consideraciones especiales de manejo, unas mo-dificaciones no discrecionales y unas modificaciones discrecionales. Estas últimas, para asignar un nivel de cus-todia más alto o más bajo al que indica el Manual para la Clasificación, conforme a los criterios objetivos.

Enfatizamos, primeramente, en las consideraciones es-peciales de manejo. En lo pertinente a la controversia ante nuestra consideración, destacamos la custodia protectiva. Conforme a las instrucciones del Manual para la Clasificación, “[un] confinado requiere custodia protec-tiva para garantizar su seguridad y bienestar; por ejemplo, el confinado fue o es en la actualidad miembro del personal de justicia criminal, un testigo, un informante reconocido o un homosexual, o tiene enemigos conocidos en la institu-ción, aspecto delgado o frágil, una barrera de idioma irremediable o ha sido acusado de delito(s) [sic] atroz(ces) o notorio(s)”. Sección III(B) del Apéndice K.

Las modificaciones no discrecionales son dos: (1) depor-tación, y (2) tiempo para cualificar para libertad bajo palabra. En cuanto a la primera, si el confinado tiene, o probablemente tendrá, una orden de deportación, se de-berá destinar a una institución donde el nivel de custodia no sea menor de mediana. Por su parte, si al confinado le restan más de quince años para cualificar para libertad bajo palabra, deberá ser designado a una institución de seguridad mediana.

En cuanto a las modificaciones discrecionales para un nivel de custodia más alto, señalamos las siguientes, por tener especial pertinencia al caso de autos:

Gravedad del delito: La puntuación subestima la gravedad del delito. El personal debe documentar las características del de-lito que aparecen en la declaración de los hechos que se están utilizando como fundamento para la decisión de la modificación. Los confinados cuyas circunstancias del delito y sus conse-cuencias hayan creado una situación de tensión en la comuni-dad, revistiéndose el caso de notoriedad pública y la comuni-dad se siente amenazada con su presencia.
Que el Tribunal haya sentenciado al confinado a cumplir sen-tencia mediante Reincidencia Agravada.
Grados de Reincidencia: Se podrán considerar aquellos confi-nados que han sido sentenciados con Reincidencia Agravada o Habitual por un Tribunal. También podrán incluirse los Decla-rados Delincuentes Habituales y Separados Permanente-mente de la Sociedad.
La pena para el delito en grado de reincidencia constituye un agravante de responsabilidad penal en consideración con la conducta previa antisocial que ha manifestado la persona. Esta medida [garantiza] la protección de la sociedad y la pre-vención de la delincuencia mientras produce la rehabilitación moral y social del confinado. (Enfasis suprimido). Anejo I de la Petición de certiorari, págs. 14-15.

Con relación a lo anterior, en Cruz v. Administración, supra, págs. 358-359, este Tribunal entendió que la grave-dad del delito no puede ser el único factor para ratificar la custodia de un confinado. Por su parte, en López Borges v. Adm. Corrección, supra, págs. 613-616, se determinó que el criterio de reincidencia habitual fue eliminado de nues-tro ordenamiento, por lo que los confinados que a su vez sean reincidentes habituales, no están excluidos del pro-ceso de reclasificación y, por ende, no se les puede privar de su derecho constitucional a la rehabilitación.

Por su parte, en cuanto a las modificaciones discrecio-nales para un nivel de custodia más bajo, destacamos la siguiente:

Conducta Excelente: El confinado ha demostrado un historial excelente de conducta institucional que justifica que se le co-loque en un nivel de custodia más bajo.
Que su comportamiento observable evidencie que ha ganado sentido de responsabilidad, que ha habido crecimiento personal, que ha demostrado interés por los programas de trata-miento y ha sacado provecho de éstos y se ha trazado unas metas reales claramente definidas para reintegrarse a la co-munidad como ciudadano útil.
Que del historial y de la evaluación ponderada del caso, se desprenda que el confinado no representa amenaza para la población correccional, empleados del Sistema o para la comunidad.
Que luego de un análisis ponderado se perfile como buen can-didato para recibir tratamiento en programas de comunidad y participar en actividades en la misma.
Que por lo menos en un año previo a su consideración para cambio de custodia, el confinado no haya sido declarado in-curso en una vista administrativa por la comisión de una ofensa Nivel I o Nivel II conforme se establecen estas en el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios para Confinados y Participantes de Programas de Desvío y Comunitarios.
Que su historial social y delictivo no revele un riesgo de fuga, más allá del que representa todo confinado.
Que el confinado acepte y observe las normas institucionales. Sección III(E), Anejo K.

A. En octubre de 2013, según ordenado por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico, en Morales Feliciano et al. v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Civil Núm. 79-4 (PJB-LM), el perito del Estado, James Austin, sometió el informe intitulado Commonweath of Puerto Rico Administration of Corrections Implementation and Validation of the Inmate Classification System (Informe Pericial). En el mismo, resumió el estado del sistema de clasificación de custodia del Departamento para ese entonces y concluyó, primeramente, que la ausencia de suficiente personal que atienda el procedimiento de clasifi-cación, así como la falta de un sistema automatizado, afecta directamente la clasificación errónea de custodia

En cuanto al proceso de clasificación, determinó que, con excepción de los confinados de máxima custodia, se es-taba clasificando a los confinados en los niveles de custodia apropiados. (“[T]he current classification system (with the exception of the maximum custody inmates as discussed below) is assigning inmates to appropriate custody levels”). Específicamente, estableció:

For the reclassification system, there is an inappropriate use of over-rides as staff are using the severity of the offense as a reason to increase the custody level from medium to maximum. This is being used for inmates with a lengthy sentence (99 years or more) and/or when the nature of the crime is so severe or violent in nature that all factors associated with the inmate’s prior and institutional conduct are insufficient to assign the inmate maximum custody.
This excessive use of the over-ride is also contributing to an excessive number of maximum custody inmates, which exceeds the number of maximum security beds.

Finalmente, el perito concluyó que el uso de las modifi-caciones discrecionales (“over-rides”) en las evaluaciones de confinados con sentencias de 99 años o más, es excesivo. Por ende, recomendó añadir una modificación no discrecio-nal (“mandatory over-ride”) que permita que confinados con sentencias de 99 años o más que tengan puntuaciones equivalentes a custodia mediana o mínima, sean asignados a custodia mediana luego de haber estado en custodia máxima por cinco años.

Al amparo de lo anterior, expongo mi discernimiento en torno a la controversia de epígrafe.

IV

Mediante Sentencia de 28 de febrero de 2014, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del Comité de ratificar la custodia máxima del peticionario y ordenó al Departamento a “realizar una nueva evaluación de recla-sificación que no esté limitada a la reincidencia habitual, y que considere el resultado negativo de la prueba de detec-ción de sustancias controladas”. No obstante lo anterior, el 23 de julio de 2014, el Comité volvió a ratificar la custo-dia máxima del peticionario utilizando nuevamente las modificaciones discrecionales para aumentar su custodia. La determinación del Comité descansó en lo siguiente: (1) medida de tratamiento; (2) naturaleza de los delitos de ca-rácter extremo y violento; (3) sentenciado a separación per-manente; (4) tiempo cumplido no es razonable en relación con la sentencia; (5) tiempo que resta para ser elegido a la Junta de Libertad Bajo Palabra, y (6) que el peticionario no había demostrado interés en su proceso de rehabilitación.

Como mencioné en el acápite II, la modificación discre-cional para aumentar el nivel de custodia basado en la gravedad del delito solo se debe utilizar cuando la puntua-ción de la evaluación subestima la gravedad del delito; cuando las circunstancias del delito cometido hayan creado una situación de tensión; cuando la comunidad se siente amenazada con la presencia del confinado, o cuando el con-finado haya sido sentenciado por reincidencia agravada. No existe evidencia sustancial en el expediente que justifi-que modificar discrecionalmente la custodia del peticiona-rio utilizando como fundamento la gravedad del delito. Pri-meramente, si bien es cierto que el delito de asesinato en segundo grado es clasificado como de severidad extrema, los delitos relacionados con la Ley de Armas del 2000 (25 LPRA see. 455 et seq.), por los que fue sentenciado el señor Ibarra González, son clasificados como de severidad alta y moderada Por ende, considero que el criterio de grave-dad del delito no solo se utilizó como factor objetivo en la evaluación del señor Ibarra González, sino que también se utilizó, de manera arbitraria, como criterio subjetivo para denegarle a éste una custodia menos restrictiva. Tal razo-namiento no obviaría la cruda realidad expuesta por el propio perito del Departamento, quien, luego de su análi-sis, concluyó que el uso de modificaciones discrecionales para aumentar los niveles de custodia a los confinados sen-tenciados a 99 años o más —como es el caso del peticiona-rio— es excesivo.

Además, estoy en desacuerdo con que el Comité haya modificado discrecionalmente el nivel de custodia que ob-jetivamente le corresponde al peticionario, fundamentán-dose en que fue sentenciado a la separación permanente de la sociedad, por ser reincidente habitual en virtud del Art. 62 del derogado Código Penal de 1974. Según la normativa jurisprudencial expuesta, es forzoso concluir que a pesar de que la Ley Núm. 377-2004 fue derogada por el Plan de Reorganización, éste conservó la política pública que se ha-bía declarado en aquella, a los fines de que nuestro sistema correccional propicie la rehabilitación de todos los confina-dos, sin excluir a los reincidentes habituales. De igual forma, la omisión del Comité de justificar las referidas mo-dificaciones discrecionales a través de documentación es-crita, reportes disciplinarios o informes de querellas es, sin más, una violación a su propia reglamentación

Lo anterior me lleva a concluir que la asignación del señor Ibarra González a una custodia protectiva también fue un proceder arbitrario e irrazonable del Comité. No surge del expediente evidencia sustancial que justifique que el peticionario debe ser asignado a una custodia pro-tectiva, conforme a las instrucciones del Manual de Clasi-ficación en torno a dicha medida administrativa. Tampoco el Comité justificó tal determinación. No obstante, aun si existiera dicha evidencia, el peticionario demostró que existen instituciones correccionales de custodia mediana y mínima que albergan confinados de custodia protectiva.

Por otro lado, es preciso señalar que el tiempo cumplido con relación a la sentencia no forma parte de las modifica-ciones discrecionales para aumentar custodia. Opino que utilizar discrecionalmente tal hecho como fundamento para aumentar la custodia, descansa indirectamente en la gravedad del delito, por lo que creó una carga excesiva a un factor que bastaba con ser evaluado mediante la escala objetiva.

No debemos obviar lo que sí surge diáfanamente del ex-pediente, a saber: que el señor Ibarra González “cursó hasta el noveno grado; se ha integrado a los estudios ofre-cidos; y su trabajo académico se califica de regular. Además, estaba asignado a trabajar en el área de mantenimiento interior desde junio de 2005 devengando compensación, sin derecho a bonificación. Por último, surge del Informe que no tiene querellas disciplinarias”. Lo que es más, de un exa-men de las evaluaciones de reclasificación de custodia en el expediente se desprende que el peticionario ha obtenido una puntuación total de custodia de cinco, que lo coloca en un nivel de custodia inferior, si no fuese porque dicho nivel fue aumentado a través de las modificaciones discrecionales.

Ante esa realidad, este Tribunal debió expedir el recurso para revisar y revocar el dictamen emitido por el Departa-mento y expresarnos sobre la arbitrariedad y utilización desproporcional de las modificaciones discrecionales para aumentar el nivel de custodia. Prueba de ello es el caso ante nuestra consideración, en el cual a pesar de haberse demostrado que el señor Ibarra González es acreedor de un nivel de custodia menor en virtud de unos criterios objeti-vos, constantemente se le ha denegado dicha reducción. Ello, porque a pesar de que el proceso de reclasificación debe recalcar “la conducta institucional como reflejo del comportamiento real del confinado”, la evaluación para la reclasificación de custodia del señor Ibarra González que resultó en la determinación aquí recurrida contempla, como modificaciones discrecionales, las características re-lacionadas con la conducta por la cual fue sentenciado, más omite considerar su conducta institucional. Ciertamente, dicha actuación no promueve el mandato constitucional que le impone al Departamento el deber de fomentar la rehabilitación del peticionario.

Por ende, entiendo que la deferencia que de ordinario se le concede a las agencias administrativas debió ceder en el caso de autos. Sin duda, éste ameritaba nuestra interven-ción ya que: (1) la determinación del Departamento no se basó en evidencia sustancial que surge del expediente; (2) el Departamento erró en la aplicación de sus propios regla-mentos; (3) la constante ratificación de custodia máxima es, sin duda, arbitraria e irrazonable, y (4) dicha ratifica-ción de custodia lesiona el derecho constitucional a la re-habilitación del peticionario.

V

Conforme con los fundamentos que anteceden, expediría el recurso de certiorari con el fin de revocar el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones y, a su vez, revocar la determinación del Departamento en torno a la ratifica-ción de custodia máxima del señor Ibarra González.

       Nótese que en dicha ocasión, el Tribunal de Apelaciones apercibió al Depar-tamento de Corrección y Rehabilitación (Departamento) a que “realizarla] un análi-sis de balance de intereses entre la política pública de lograr la rehabilitación del confinado, así como mantener la seguridad institucional, y por otro lado, el interés particular del confinado de permanecer en un determinado nivel de custodia”. Ade-más, ordenó al Departamento a “considerar en su determinación la ‘Escala de Recla-sificación de Custodia (Casos Sentenciados)’, la cual arroja una PUNTUACION TOTAL DE CUSTODIA categorizada como mínima, según su propio reglamento; es decir, la evaluación del señor Ibarra González demuestra ser acreedor de un nivel de custodia menos restrictivo”. Anejo IV de la Petición de certiorari, pág. 30.

       El Tribunal de Apelaciones señaló que, en su determinación, el Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección (Comité) entendió que el tiempo cumplido por el peticionario no guardaba proporción con el término de la sentencia y con la severidad de los delitos, y que para garantizar la seguridad insti-tucional y pública, era necesario ratificar la custodia máxima. Asimismo, puntualizó que el Comité había determinado que al señor Ibarra González le aplicaba la consi-deración especial de “custodia protectiva”. Lo anterior, a pesar de reconocer que “aunque la mencionada consideración especial no es un factor de modificación, sí es un asunto de administración que puede afectar la vivienda del confinado o requerir supervisión especial”. Anejo I de la Petición de certiorari, pág. 17.

       Para una discusión adicional sobre el tema, véase L. Rodríguez Rivera, Re-visión judicial y el derecho administrativo: Análisis crítico de la norma de deferencia judicial y comentario sobre su aplicación en el derecho ambiental, 69 Rev. Jur. UPR 1153 (2000).

       Art. 3 de la Ley Núm. 377-2004 (4 LPRA see. 1611).

      B) Art. 2 del Plan de Reorganización, 3 LPRA Ap. XVIII.

       íd., Art. 5(a).

        C) íd., Art. 10.

       íd., Art. 10(b).

       Nótese que el Reglamento 7334 estaba vigente a la fecha en que se emitió la Resolución impugnada (23 de julio de 2014). No obstante, fue sustituido por el Manual para Crear y Definir Funciones del Comité de Clasificación y Tratamiento en las Instituciones Correccionales, Reglamento Núm. 8523, vigente desde el 25 de oc-tubre de 2014.

       Véase Manual para la Clasificación de Confinados (Manual para la Clasifi-cación), Perspectiva General, Introducción, pág. 1; Exposición de Políticas, inciso 1, pág. 2; Clasificación: Responsabilidades, Objetivos y Principios Básicos, See. 2(II)(A)(2), pág. 16.

       íd., Objetivos de la Reclasificación de Custodia, Sec. 7(11), pág. 48.

       íd.

       íd., Apéndice K.

       Nótese que el Manual para la Clasificación expresamente dispone que los confinados que obtengan una puntuación de 7 o más en los primeros 3 renglones de esta sección, serán colocados en custodia máxima, sin tomar en consideración los demás criterios. Por ende, los renglones 4 al 8 se utilizan para otorgar una puntua-ción de custodia a un confinado que no es identificado inmediatamente como un riesgo de custodia máxima. Una vez se le asigna una puntuación a estos renglones, si la puntuación total es de 5 o menos, se recomienda un nivel de custodia mínima, y si es de 5 o menos, pero el confiando tiene una orden de detención o arresto, se reco-mienda un nivel de custodia mediana. Véase Sec. II, Apéndice K del Manual para la Clasificación.

       Con relación a las modificaciones discrecionales para un nivel de custodia más alto, el Manual para la Clasificación establece que deben estar basadas en “do-cumentación escrita, proveniente de reportes disciplinarios, informes de querellas, informes del libro de novedades, documento del expediente criminal o social y cual-quier otra información o documentos que evidencia ajustes o comportamiento del confinado contrario a las normas y seguridad institucional”. Apéndice K, Sec. III(D).

       Las consideraciones especiales de manejo son asuntos de administración, en términos de vivienda o supervisión especial. No son factores para modificaciones. Véase Apéndice K, Sec. III(B) del Manual para la Clasificación.

       Las modificaciones no discrecionales son “requisitos obligatorios de necesi-dad de vivienda especial”. (Énfasis suplido). Manual de Clasificación, Apéndice K, Sec. III(C).

       Véase Anejo XII de la Petición de certiorari, págs. 83-102.

       En específico, señaló que en ese momento, el Departamento de Corrección solo contaba con un supervisor y cuatro técnicos sociopenales, que en el 2012 revisa-ron 43,000 evaluaciones de clasificación. Véase Anejo XII de la Petición de certiorari, pág. 84.

       íd., pág. 85.

       íd., págs. 99-100.

       íd„ pág. 101.

       Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 28 de febrero de 2014 en el caso KLRA2013-00969, pág. 21.

       Véase Manual para la Clasificación, Apéndices E y K.

       Manual para la Clasificación, Apéndice K, Sec. III(D).

       Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 28 de febrero de 2014 en el caso KLRA2013-00969, pág. 19.