author: El Juez Asociado Se. Wole

text:
    Calzada, Demandante y Apelado, v. Pagán, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en causa sobre otorgamiento de escritura, en-trega de fincas y otros extremos.
    No. 1268.
    Resuelto en julio 24, 1915.
    Mensura — CoNyENio de las Partes Sobre sus Efectos — Fraude.—En este easo las partes convinieron en que se hiciera la mensura de cierta finca, y que una vez practicada la misma y el deslinde y aclaradas las cuestiones deba-tidas en el juicio, la corte ordenara al demandado que entregara al deman-dante la mitad de la finca, dictándose resolución de conformidad con lo estipulado. Hecha la mensura y alegado por el demandado que ésta no fue sometida en forma a la consideración de la corte, se resolvió que bajo las circunstancias del caso la mensura había sido presentada a la corte y que, no existiendo fraude u otro elemento semejante, el demandado quedaba obli-gado por ella.
    Id. — ■ Apelación — 'Deber del Apelante — Confirmación de la Sentencia.— Cuando un documento de mensura forma parte de los áutos de un caso y es indispensable a los efectos de la apelación, es el deber del apelante liaeer que este tribunal se encuentre en la misma situación con respecto a los hechos que aquella en que se encontraba la corte inferior al dictar su sentencia, y, si dejare de hacerlo, debe confirmarse la sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogado del apelado: Sr. José G. Torres.

   El Juez Asociado Se. Wole

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el demandado vendió al demandante la mitad de nna finca qne según se alegó estaba compuesta de unas noventa cnerdas, con sujeción a ciertas deducciones y a un convenio referente a su mensura y deslinde, hechos todos que expondremos más adelante con mayores detalles. En la de-manda presentada en este caso se alegaba qne el demandado dejó de cumplir con los términos del contrato el cual en su esencia tenía por objeto qne se otorgara escritura de la finca tan pronto como la misma fuera mensurada.

De un análisis de las alegaciones no aparece que exista ninguna cuestión importante entre las partes. Sea como fuere el caso, en 2 de mayo de 1913 y durante el curso de este pleito las partes convinieron en que se hiciera una mensura de la finca por el ingeniero Antolín Nin y que una vez practicada la mensura y deslinde y aclaradas las cuestiones debatidas en este pleito, la corte debía ordenar al demandado que entre-gara al demandante la mitad de la finca respecto a la cual se hizo el convenio. La corte dictó una resolución de con-formidad con los términos de la estipulación.

El ingeniero presentó su mensura y la corte sin ninguna otra diligencia, dictó sentencia el día 12 de septiembre de 1913. Este Tribunal Supremo revocó esa sentencia por no haberse oído a las partes y se devolvió el caso para ulteriores procedimientos que no fueran incompatibles con la opinión de este tribunal. Calzada v. Pagan, 20 D. P. R., 462.

El caso fué nuevamente señalado para juicio ■ en la corte inferior celebrándose la vista en 10 de septiembre en la cual después de baber sido examinados los testigos de ambas par-tes además del ingeniero que practicó la mensura, se . dictó sentencia en' favor del demandante.

No existe en ninguna parte de la exposición del caso copia •o extracto de la mensura beeba por el ingeniero. Sostiene el apelante, según entendemos su alegación, que dicha mensu-ra jamás fué ofrecida como prueba en la vista que tuvo lugar en septiembre 10, 1914, y que como la referida mensura era el documento esencial del caso, que la corte inferior no tenía derecho a dictar sentencia a favor del demandante. Dicho apelante también sostuvo durante la vista ante este tribunal que hubo un nuevo juicio completo en la corte inferior.

Si se examina la sentencia y opinión de este Tribunal en el caso de Calzada v. Pagán, supra, se verá que esta corte no ordenó la celebración de un nuevo juicio sino que creyó que serían necesarios otros procedimientos y quizás consi-derar otras pruebas. También fué de parecer de que la men-sura del ingeniero ya había sido sometida a la consideración de la corte.

Consta asimismo de la exposición del caso que al declarar el ingeniero Antolín Nin hace referencia a la mensura como si se encontrara ya ante la corte. La sentencia de la corte expresa que el demandado debe aceptar la mensura hecha en el plano del ingeniero, lo cual demuestra que la corte estimó que el plano había sido sometido a su consideración. No tenemos duda de que las partes formularon sus informes en la corte inferior fundados en la teoría de que la mensura había sido admitida en los autos. La resolución de mayo 2, 1913, a la vez nos convence de que era la intención de las par-tes que la mensura fuera radicada en la corte. Estas consi-deraciones son suficientes para convencernos de que la men-sura fué debidamente presentada a la corte inferior en la primera vista y que vino a ser un documento del caso.

Viniendo a ser dicha mensura un documento del caso era el deber del apelante hacer que este tribunal se encontrara en la misma situación con respecto a los hechos que aquella en que se encontraba la corte inferior al dictar su sentencia. El ha dejado de hacer esto y si es un documento indispensable la mensura, debe confirmarse la sentencia.

¿Hay algún otro motivo para revocar la sentencia, aun admitiendo que la mensura está ante este tribunal? Parte de su contenido por lo menos puede conocerse por las declara-ciones de los testigos, siendo los hechos del caso sustancial-mente los siguientes:

José Pagán Carrasquillo vendió a José Calzada la mitad de una finca que se alegó estaba compuesta de unas 90 cuer-das de terreno según la descripción que se hace en la escritura que Pagán obtuvo de Frank Antonsanti y su esposa. Se convino por las partes en que se entregaría a Calzada la mitad de la finca que está más cerca de la colindancia de Ramón Rola, hoy Francisco Calzada, descontando las cuerdas que están en posesión de un tal Alejo Matos y que Pagán haría escritura de la finca tan pronto como fuere mensurada. Como hemos visto, las partes convinieron en el juicio en hacer una mensura. Cuando vino a hacerse la mensura el ingeniero encontró que la finca según la descripción de sus linderos se componía solamente de 76.65 cuerdas, según lo cual después de descontada las cuerdas pertenecientes.a Alejo Matos daría derecho al demandante a 33.78 cuerdas. El apelante alegó' que el ingeniero debió haber incluido otra determinada por-ción. El ingeniero declaró que al hacer la mensura y llegar a cierto punto Pagán insistió en que la colindancia iba en determinada dirección, pero -que la descripción que aparecía en una mensura hecha por Ramón Rola indicaba una direc-ción diferente. Pagán presentó prueba tendente a acreditar que la finca fué inscrita con una cabida de 90 cuerdas más o menos en el año de 1902, y siempre había sido traspasada con esa cabida, pero según declaró la corte inferior no hubo prueba de haberse hecho alguna mensura anteriormente o de que las colindancias como se indican en la mensura ele Eola no eran correctas.

Convenimos con la corte inferior que era deber de Pagán hacer la mensura. En vez de hacerla se sometió a la men-sura que había de ser hecha por Nin y no existiendo algo que demuestre fraude u otro elemento, semejante quedaba él obli-gado por ella.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó “conforme con la sentencia. ’ ’


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Wolf,

license: Public Domain

text:
    Julio Godreau Co., Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Eecurso gubernativo contra nota del Eegistrador de la Pro-piedad de Guayama denegando la inscripción de una escritura de compraventa.
    No. 215.
    Resuelto en julio 24, 1915.
    INscripcióN de Títulos — Deber del Registrador — Artículos de la Let en que se Basa — Presunción.—Cuando el registrador deniega alguna inscripción o anotación es su deber hacer constar claramente los verdaderos motivos de su negativa, citando los artículos de la ley en que se basa, y no dejar al recu-rrente que los presuma.
    Corporaciones del País — Directores de la Corporación — Emisión de Acciones de Capital por Menos de su Valor Nominal. — Cualquiera que sea la verda-dera significación del artículo 18 de la Ley de marzo 11, 1911, por él no se prohíbe expresamente a los directores de una corporación la emisión de ac-ciones de capital por menos de su valor nominal.
    Id. — Emisión de Acciones — Inscripción—Nulidad.—Cuando un documento de la naturaleza del del caso de autos se presenta al registrador no está éste obli-gado a denegar la inscripción, a menos que sea nulo por su propia faz.
    Inscripción de Títulos — Contratos—Requisitos Esenciales del Contrato— Rescisión del Contrato. — Cuando el contrato contiene todos los requisitos esenciales del artículo 1228 del Código Civil, o sea el consentimiento de las partes contratantes, objeto cierto y causa, el registrador no debe negar 1a. inscripción por el hecho de que pueda ser rescindible.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del- recurrente: Sr. José C. Ramos.

    El registrador recurrido, Sr. Felipe Cuchí Arnan, compa-reció en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso gubernativo interpuesto contra, la negativa del Registrador de la Propiedad de Guayama a inscribir una escritura, de compraventa por la cual Julio Godreau Lanausse vendió a “Julio Godreau Co.,” una cor-poración del país, ciertas parcelas de terreno por el precio expresado de $39,000, y recibió- como equivalente de dicho precio noventa y tres acciones del capital autorizado de la corporación de valor nominal de $1,000 cada una. La nota del registrador es la siguiente:

“Denegada la inscripción de este documento porque el contrato de compraventa que en él se comprende está prohibido a las corpo-raciones organizadas en esta isla, bajo la ley de 9 de marzo de 1911, toda vez que Don Guillermo Godreau Manatou, tesorero de la cor-poración Julio Godreau Co., adquiere a nombre de ésta terrenos valuados en $39,000, por 93 acciones de mil dólares cada una como liarte del capital autorizado de la corporación; haciéndose constar también el defecto subsanable de no acreditarse la representación de Don Guillermo Godreau para comparecer a nombre de dicha cor-poración. Guayama, diciembre catorce de mil novecientos catorce. El Registrador, Felipe Cuchí Arnau.”

La forma de esta negativa es por sí defectuosa puesto que el-registrador no citó al presentante del- documento ningún artículo determinado de la ley de marzo 9, 1911, ni podía descubrirse por el lenguaje usado el fundamento esencial de su negativa. Fué algo difícil para el recurrente presumir las razones en que se fundaba el registrador y consideró varias .cuestiones, además .de la que realmente aparece en-vuelta en este caso. Subsiguientemente radicó el registrador sn alegato y abora conocemos sus razones, pero el caso hu-biera sido mejor presentado por el recurrente si el registrador le hubiera informado de cuáles eran los verdaderos motivos de sn negativa como lo exige la ley.

El registrador basa en resumen su negativa en la razón de que los directores de una corporación no tienen derecho a vender sus acciones por menos de sn valor' nominal y se funda, al parecer, en el artículo 18 de la ley de marzo 11, 1911, y en la ley general sobre corporaciones. El artículo a que se ha hecho referencia prescribe lo siguiente:

"Artículo 18. Ingreso del capital social. — Salvo en la forma pres-crita por este artículo, no> se considerará como pago de parte alguna del capital social de una corporación organizada bajo esta ley sino el que se efectúe en dinero. Toda corporación organizada según esta ley podrá comprar las propiedades que necesitare para sus negocios o acciones en el capital de cualquiera otra corporación o corpora-ciones que sea dueña de propiedades necesarias para sus operaciones, pudiendo emitir acciones en pago de ellas basta la ascendencia del valor de dichas compras; las acciones así emitidas constituirán capital ingresado íntegramente, y estarán exentas de todo nuevo llama-miento, ni se hallará el tenedor de ellas sujeto a nuevo' pago, con arreglo a las prescripciones de esta ley; y a no mediar fraude en la operación, se tendrá por concluyente la apreciación de los direc-tores respecto al valor de las propiedades compradas. En todos los estados e informes de la corporación que se publicaren o archivaren, estas acciones se liarán constar de conformidad con los hechos y no como emitidas por dinero pagado a la corporación.”

Cualquiera que sea la verdadera significación de este artí-culo, por él no se prohíbe expresamente la venta de acciones ele capital por menos de su valor nominal, pero' el registrador sostiene que el permitir a una corporación hacer esta venta sería admitir el hecho de que los directores de una corporación tienen poder para fijar el precio de las acciones de la cor-poración que representan en menos de su valor nominal contra lo dispuesto en sus cláusulas de incorporación y el estatuto de Puerto Rico; y cita el tomo 10 de Cyc., página 461, y el caso de Warne v. Meyer, 38 Fed., 191, con el fin de probar que los directores de ¡una corporación no- tienen derecho a emitir acciones por menos de su valor nominal y que un con-trato con tal objeto es nulo.

Sea esto como fuere, no consta lo más mínimo de la faz de la escritura que sugiera la idea de que el contrato, cual-quiera que sea su verdadera naturaleza, es enteramente nulo. Las personas con derecho a quejarse son los acreedores o accionistas y ellos tienen su remedio bajo la ley. T las auto-ridades demuestran que generalmente las cortes negarán su protección si no han sufrido perjuicio los demandantes.

Todas éstas son cuestiones que ha de considerar una corte. El registrador no .está obligado a denegar la inscripción de una escritura de esta clase a menos que sea nula por su propia faz. El contrato contiene todos los requisitos esen-ciales del artículo 1228 del Código Civil, o sea el consenti-miento de las partes contratantes, objeto cierto y causa. El registrador no está en la obligación de negar la inscripción porque el contrato tal vez pueda ser rescindióle. Debe revo-carse la nota recurrida.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf

text:
    Berdeil, Demandante y Apelado, v. El Municipio de Adjuntas, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa sobre cobro de dinero.

      No. 1291.

    Resuelto en julio 24, 1915.
    Contratos — Causa—Presunción.—De acuerdo eon el artículo 1244 del Código Civil se presume que existe causa en todo contrato.
    Id. — Presunción de Causa — Demanda.—En una demanda en que se alega un contrato, aunque imperfectamente, la causa del mismo se presume cuando existe alegación de que el demandado admitió la deuda.

      Id. — Reconocimiento de la Deuda — Conclusión Legal — Alegaciones de la Demanda. — No es una conclusión legál el expresar en una demanda que el demandado en forma solemne reconoció la deuda.
    Id. — Cesión de la Deuda — Conclusión Legal. — Generalmente no es una conclu-sión de ley el decir que una deuda lia sido cedida.
    Sentencia en Rebeldía — Relación Defectuosa de la Causa de Acción — Re-vocación de la Sentencia. — Cuando se ha registrado sentencia en rebeldía, la mera relación defectuosa de un elemento de la causa de acción del deman-dante no constituye un fundamento de revocación, pues si en verdad es defectuosa la falta de alegación más específica quedó subsanada por la sentencia.
    Id. — Cobro de Dinero. — El secretario de una corte tiene derecho para dictar sen-tencia en una acción sobre cobro de cantidad de acuerdo con el artículo 191 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Id. — Cobro de Dinero — Intereses.—Es vaga una sentencia en una acción sobre cobro de dinero registrada por el secretario en rebeldía que no especifica la fecha desde cuándo deban empezar a contarse los intereses, pero ese defecto no- puede afectar al demandado, pues corresponde al demandante radicar su demanda de modo terminante en cuanto al particular, y cuando solicita la ejecución él no puede recobrar más de la suma claramente alegada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Francisco Parra Capó.

    Ahogado del apelado: Sr. Luis L. Yorclán Dávila.

   El Juez Asociado Sr. Wolf

emitió la opinión del tribunal.

En este caso, se dictó una sentencia en rebeldía por el Secretario de la Corte de Distrito de Ponce por no haber formulado su contestación el demandado después de haber sido declaradas sin lugar sus excepciones previas. El ape-lante alega que la demanda no expresa una causa de acción puesto (1) que no alega la causa, o el origen del contrato ale-gado, (2) que la obligación del demandado se alega, si así puede considerarse, como una conclusión legal, (3) que no es suficiente con expresar que una persona hizo cesión de un crédito, sino que deben exponerse los hechos relativos a la cesión, y (4) que la demanda no determina que la deuda, esté vencida. La demanda enmendada es sustancialmente como sigue:

I.
“Que con fecha nueve de febrero del año mil novecientos tres, el Municipio, de Adjuntas ahora demandado en documento público y solemne, reconoció adeudar a Don Santiago López, la cantidad de seiscientos dólares, cincuenta y siete centavos, y a Don José L. Sobá la suma de doscientos novena dólares, procedentes ambas cantidades de obligaciones del Tesoro Municipal de Adjuntas pendientes de pago en dicha fecha.
II.
“Que Don Santiago López y Don José L. Sobá, cedieron a Don José Berdiel y Corvera, sus respectivos créditos que tenían pen-diente contra dicho Municipio de Adjuntas, ahora demandado, siendo el crédito cedido por Don Santiago López, el mismo que le corres-pondía ascendente a seiscientos dólares cincuenta y siete centavos y el cedido por Don José L. Sobá al citado Don José Berdiel y Cor-vera el que también tenía reconocido, montante a doscientos noventa dólares, sumando ambas cantidades cedidas la cantidad de ochocien-tos noventa dólares, cincuenta y siete centavos.
III.
“Qúe al cederse esos créditos por Don Santiago López y Don José L. Sobá al mencionado Don José Berdiel y Corvera se dió conocimiento de dicha cesión al Municipio de Adjuntas aquí deman-dado; y el citado municipio demandado al aprobar la transferencia de los referidos créditos de seiscientos dólares, cincuenta y siete centavos y doscientos noventa dólares, a favor de Don José Berdiel y Corvera, reconoció a éste como su acreedor directo por ambas par-tidas que totalizan la cantidad de ochocientos noventa dólares cin-cuenta y siete centavos.
IV.
“Que por escritura pública otorgada en esta ciudad de Ponce, P. R., el día veinte de noviembre de mil novecientos ocho, bajo el número sesenta y siete ante el Notario Don Carlos F. Chardón, el mencionado Don José Berdiel y Corvera, cedió a favor del deman-dante Don Miguel Berdiel y Feliciano la totalidad del crédito contra el Municipio de Adjuntas de que se hace referencia en los hechos precedentes, ascendente a ochocientos noventa dólares, cincuenta y siete centavos, y los intereses devengados y que se devenguen hasta el completo pago.
V.
“Que no obstante haberse acordado por el municipio demandado consignar en presupuesto la deuda en cuestión, que ahora se reclama, y a pesar de haberse practicado gestiones privadas para obtener el cobro de la cantidad adeudada ascendente a ochocientos noventa dólares y sus intereses, es lo cierto que hasta la fecha nada ha pagado el municipio deudor.
YI.
“Que teniendo como tiene el demandante una buena y legítima causa de acción, acude a esa Honorable Corte con la presente de-manda para h;acer efectivo su derecho, ya que esa Honorable Corte es la única competente.
“Por todo lo expuesto suplico a esa. Honorable Corte, se sirva admitir esta demanda, y en su día, previos los trámites legales dictar sentencia declarándola con lugar y condenando al Municipio de Ad-juntas, aquí demandado, al pago total de la. cantidad reclamada, o sea la suma de ochocientos noventa dólares, cincuenta y siete centavos, más los intereses legales de esa suma hasta el definitivo sol-vendo, imponiendo además a dicho municipio demandado las costas y desembolsos que se ocasionen por todos conceptos con motivo de esta acción, señalando como honorarios del abogado del demandante una cantidad razonable. L. Yordán Dávila, abogado del deman-dante. ”

El apelado no nos lia ayudado con la presentación de un alegato.

Con respecto a la primera cuestión se presume que existe causa en todo contrato. ‘Artículo 1244 del Códig’o Civil. El contrato ha sido admitido aunque se describe imperfecta-mente. Si la segunda proposición del apelante que discuti-remos más adelante no está bien fundada aparecería además que el municipio reconoció que debía la suma reclamada en cierto documento. La alegación quizás no es muy específica,, pero estamos de acuerdo con la alegación del apelado de-que cuando se ha registrado sentencia en rebeldía la mera rela-ción defectuosa de un elemento de la. causa de acción del demandante no constituye un fundamento de revocación. Alexander v. McDow, 108 Cal., 25. Si en realidad es defec-tuosa, la falta de alegación más específica quedó subsanada por la sentencia.

El apelante alega en su segunda proposición que el expre-sar que el municipio reconoció que debía es establecer una conclusión legal. Se dice algo más, o sea que el municipio reconoció la deuda en forma solemne. Creemos que estas son palabras corrientes que cualquier persona educada que no es abogado podía entender, y que si era necesaria una alegación más específica del contenido del documento, el de-mandado pudo haberla obtenido en la corte inferior.

En cuanto a la tercera cuestión creemos que es una expo-sición de hecho bien entendida decir que un crédito ha sido cedido, especialmente cuando la objeción ha sido formulada por primera vez después de dictada la sentencia.

También creemos que resulta claro de la alegación de la demanda y particularmente del párrafo quinto que la deuda está vencida.

Sostiene el apelante que el secretario no tenía derecho a registrar una sentencia en este caso y especialmente por una suma que no ha sido reclamada en la demanda. El derecho del secretario para dictar sentencia en una acción sobre cobro de cantidad es claro de acuerdo con el artículo 194, las resoluciones de este Tribunal y de California en cuyo Código existe un precepto parecido. R. H. Hoe & Co. v. The Puerto Rico Publishing Co., 10 D. P. R., 173; Hoffman v. Cuadrado, 19 P. R. R., 109; Shay v. Chicago Clock Company, 111 Cal., 549.

Convenimos con el apelante en que la sentencia es vaga al no especificar la fecha desde cuándo deben empezar a con-tarse los intereses, pero este defecto no puede afectar ál apelante. Era cuestión del demandante redactar su de-manda de modo más claro en cuanto al particular y cuando se solicite la ejecución él no puede recobrar más de la suma que claramente ha sido alegada. Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Gutiérrez et al., Demandantes y Apelantes, v. Foix et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en cansa sobre tercería de dominio.
    No. 1257.
    Resuelto en julio 27, 1915.
    Sentencia — Inefectividad de ía Sentencia — Interpretación de Estatutos— Precepto Reparador. — El precepto contenido en el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, que es idéntico al 473 del de California, os un precepto reparador y debe ser interpretado liberalmente con el íin de que se cumplan sus lines y promueva la justicia. Se cumple mejor resolviendo los casos por sus méritos sustanciales más bien que atendiendo estrictamente a las reglas técnicas de procedimiento.
    Id. — Ejercicio de la Discreción. — La discreción de la corte bajo la sección 140 del Código de Enjuiciamiento Civil debe siempre ser ejercitada de confor-midad con el espíritu de. la ley y de tal modo que más bien ayude que impida o destruya los fines de la justicia, considerando los meros tecnicismos como obstáculos que han de ser vencidos más que como principios a los cuales ha de darse efeeto en derogación del derecho sustancial.
    'Discreción Judicial — Comparecencia al Juicio. — Cuando la corte no ejercita o abusa de su discreción para juzgar las circunstancias que impidieron a un demandante comparecer al juicio, procede la revocación de la resolución ape-lada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Antonio J. Amadeo.

    Abogado de los apelados: Sr. Francisco González.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes y apelantes entablaron demanda de ter-cería de dominio en nna acción pendiente ante la Corte Municipal de Yabncoa entre .el demandado Foix en este caso como demandante y el abora demandado Macbicote, demandado también en la primera acción, alegando ser los dueños de cierta finca rústica qne fue embargada como propiedad de Macbicote y obtuvieron sentencia a su favor contra la cual interpuso Foix recurso de apelación para ante la Corte de Distrito de Hnmacao.

Señalado el día para la celebración del jnicio de novo en la corte de distrito, los demandantes, abora apelantes y ape-lados en la corte de distrito, dejaron de comparecer y la corte de distrito, a solicitud del abogado de foix dictó sentencia a favor de este último. Los demandantes y apelantes en- este caso después de haber apelado contra la dicha sentencia de-sistieron de la apelación y en vez de ello acudieron a la corte de distrito en solicitud de un remedio de acuerdo con el artí-culo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. En apoyo de esta moción se alegó, entre otras cosas, que siendo imposible al abogado de los demandantes y apelantes estar presente en la vista de novo ante la corte de distrito, había telegrafiado al abogado de Foix suplicándole pidiera la suspensión del juicio, habiendo recibido la contestación siguiente: “Envié moción pidiendo suspensión. Me allanaré.” Que enseguida también le fué enviada una estipulación para la suspensión de la vista hasta que se le enviara nuevo aviso al abogado de Foix.

La resolución de la corte respecto de la moción para que se dejara sin efecto la sentencia es como sigue:

“Los demandantes en este caso representados por su abogado-Antonio J. Amadeo, - comparecieron ante esta corte solicitando que en vista de un affidavit de méritos que a su moción acompañan y de lo previsto en el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil se dictara una orden dejando sin efecto la sentencia que este tribunal dictara en el caso arriba citado, con fecha 13 de marzo del co-rriente año.
“La corte señaló un día para la vista de esta moción y las partes, convinieron en someterla a la consideración del tribunal por medio-dé a-legatos escritos.
“De un examen de los autos resulta'que este fué un caso de ter-cería originado en la Corte Municipal de Yabucoa y que vino a esta corte en grado de apelación, no habiendo comparecido en el acto del juicio ante esta corte los demandantes ahora peticionarios. La corte, de acuerdo con la ley que regula las apelaciones de sentencias de las; cortes municipales, dictó una sentencia a favor de los demandados; por el abandono que de su acción hicieron los demandantes. Esta-, sentencia fué apelada para ante el Tribunal Supremo de Puerto Pico,, y una vez radicada en aquel tribunal la apelación de los demandantes,, éstos solicitaron se les diera por desistidos de diclia apelación, y el Tribunal Supremo con fecha 3 de junio de 1914, dictó una resolución dando a los demandantes por desistidos de la apelación, que enta-blaron contra la sentencia de esta corte de distrito.
“Así las cosas, comparecen ahora los demandantes solicitando de esta corte que deje sin efecto' la sentencia que dictara en 13 de marzo de 1914, y de la cual ellos apelaron para ante el Tribunal Supremo. La parte contraria, o sea los demandados en la acción original de tercería se oponen a que por esta corte se acceda a lo solicitado; y este tribunal, atendidas todas las circunstancias del caso, entiende que la ley y los hechos están en contra de la moción de los deman-dantes y que debe ser declarada sin lugar, toda vez que no puede darse al artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil una inter-pretación tan liberal y tan amplia, que permita modificar una sen-tencia después que ésta ha sido apelada y confirmada por el desisti-miento de los apelantes.
“Por las razones expuestas, la corte es de opinión que debe de-clarar y declara sin lugar la moción de los demandantes.”

La Corte de California en el caso de Melde v. Reynolds, 129 Cal., 308, al interpretar el artículo 473 del Código de California del cual ha sido tomado nuestro artículo 140, se ex-presó en los siguientes términos:

“Este es un precepto reparador y de acuerdo con las prescrip-ciones del artículo 4 del propio código el cual exige que sea liberal-mente interpretad.» con el fin de que se cumplan sus fines y promueva la justicia, se observa mejor resolviendo los casos por sus méritos sustanciales más bien que atendiendo estrictamente a las reglas téc-nicas de procedimiento. La discreción de la corte debe siempre ser ejercitada de conformidad con el espíritu de la ley y de tal modo que más bien ayude que impida o destruya los fines de la justicia, considerando los meros tecnicismos como obstáculos que han de ser vencidos más bien que como principios a los cuales ha de darse efecto en derogación del derecho sustancial. Roland v. Kreyenhagen, 18 Cal., 455; Bailey v. Taaffe, 29 Cal., 424; Watson v. San Francisco, etc., Railroad Co., 41 Cal., 17."

Véase también el caso de Nicoll v. Weldon, 130 Cal., 666.

En la primera apelación interpuesta por los demandantes y apelantes, a la cual hace referencia la corte de distrito, indudablemente que no había esperanza alguna y al notar su error los demandantes muy acertadamente desistieron de la misma recurriendo al único medio práctico que tuvieron a su alcance dentro del procedimiento de acuerdo con el artículo 140. T al proceder así no estaban impedidos de modo alguno con motivo de su error en haber apelado primeramente. La resolución no puede ser sostenida. '

La. teoría sustentada por la corte de ‘ ‘ que no puede darse al artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil una in-terpretación tan liberal y tan amplia, que permita modifi-car una sentencia después que ésta ha sido apelada y con-firmada por el desistimiento de los apelante?”, es errónea y contraria a los verdaderos propósitos del artículo 140 cla-ramente expuestos en la cita que dejamos hecha del caso de Melde v. Reynolds, supra.

La corte, al parecer, no ejercitó su discresión pará juz-gar las circunstancias que impidieron al demandante com-parecer al juicio, en cuyo caso procedería la revocación de la resolución apelada. Véase Mas et al., v. Borinquen Sugar Company, 18 D. P. R., 304. Y si la corte tuvo en cuenta las circunstancias indicadas, entonces debemos concluir que abu-só de su poder discrecional al apreciarlas, pues ellas demues-tran con tanta claridad que no puede llegarse a otra con-clusión razonable, que el demandante no tuvo la intención de dejar de comparecer y si de hecho no compareció fué porque entendió y pudo de' buena fe entender que el juicio se sus-pendería con la conformidad de la parte demandada, en cuyo caso procedería también la revocación de la resolución ape-lada.

Bajo cualquier aspecto que se considere la resolución d,e la corte de distrito, debe pues, revocarse, dictándose otra en su lugar dejando sin efecto la sentencia pronunciada y abrión-dosé de nuevo el pleito para ulteriores .procedimientos de acuerdo con la ley.

Revocada la resolución apelada, dejándose sin efecto la sentencia pronunciada y abriéndo-se de nuevo el juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sb. Hutchison-

text:
    Fajardo, Peticionario v. Soto Nussa, Juez de Distrito et al., Demandados.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari a los jueces de las Cortes de Distrito de Ag’uadilla y San Juan, Sección. 2a., en cansas por soborno.
    No. 148.
    Resuelto en julio 28, 1915.
    Traslado de Causas — Facultades del Legislador — Juicio por Jurado — Ley Común. — La legislatura de Puerto Rico al permitir un traslado del lugar del juicio en causas criminales no se ha excedido en su facultad o ejercitado una gran violencia entre el moderno juicio por jurado de la ley común, ya como esta existía en la feeha de la legislación en cuestión, o como se encontraba cuando fué introducida en América por las Colonias Británicas.
    Id. — -Juicio Justo e Imparcial — Jurado.—Cuando se pretende obtener el traslado del lugar del juicio por el fundamento de que un juicio justo e imparcial no puede ser obtenido en otra forma, no es un requisito previo indispensable el tratar de obtener un jurado.
    Id. — Affidavits en Apoyo de la Moción — Comparecencia de los Deponentes.— De acuerdo con el precepto del estatuto relativo a la admisión de pruebas cuando se presentan affidavits en apoyo de una moción de traslado, la corte puede, ya a iniciativa propia o a moción del acusado, hacer comparecer a los deponentes 'para examinarlos con respecto a su verdadero conocimiento de das cuestiones acerca de las cuales declararon o para ser repreguntados sobre el particular.
    Id. — Segundo Traslado del Juicio — Distrito Más Ccroano al en que se Ori-ginó el Caso. — Tanto el espíritu de la ley (art. 173 del Código de Enjuicia-miento Criminal) como los principios fundamentales en que descansan sus preceptos saludables en la forma enmendada en 1904, exigen que cualquiera corte de distrito que conceda un segundo traslado del lugar del juicio deberá ordenar que el caso sea enviado al distrito que tenga su sala de justicia más cercana, y de más fácil acceso al distrito en que se originó, a menos que se demuestre que a tal distrito se puede hacer alguna objeción, dqbiendo guiarse en todo caso por el mismo principio al elegir- cualquier otro distrito y dando siempre preferencia entre dos o mas lugares que puedan ser igualmente ele-gibles para el juicio 'al más cercano al distrito de jurisdicción original.
    Id. — Nuevo Juioio — Reglas Sobre Mociones de Nuevo Juicio. — Las reglas qu9 regulan las mociones de nuevo juicio fundadas por ejemplo en pruebas nueva-mente descubiertas, son aplicables por analogía y con igual fuerza a las mociones sobre traslado del lugar del juicio.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. Willis Sweet.

      Abogados de los demandados: Sres. Howard L. Kern, Attorney General de Puerto Pico, B. W. Perkins, Jr., Attorney General Au,xiliar y Jaime Sifre, Jr., Fiscal Especial de la Isla:
   El Juez Asociado Sb. Hutchison-

emitió la opinión del tribunal.

Los becbos de este caso aparecen clara y concisamente expresados en el alegato que lia sido presentado por los abo-gados del demandado, los cuales son como sigue:

“Estas causas tuvieron por origen tres acusaciones.de soborno que fueron formuladas por El Pueblo de Puerto Rico .contra Mateo Fa-jardo Cardona, en la Corte de Distrito de Mayagüez. Antes de en-trar en juicio en virtud de estas acusaciones, el ministerio público solicitó que las causas fueran trasladadas a cualquiera otro distrito judicial, por la razón de que El Pueblo de Puerto Rico no podía obtener un juicioi justo e imparcial en Mayagüez. Para probar este hecho se presentaron declaraciones juradas, y después de la debida argumentación de la moción, la corte decretó el traslado de las causas al distrito de Aguadilla. De acuerdo con esta orden el secretario de la Corte de Mayagüez remitió a la Corte de Aguadilla, una copia certificada de los récords de estas causas tal como habían ocurrido en Mayagüez.
“Antes del juicio en Aguadilla el ministerio público presentó otra moción solicitando que las causas fueran trasladadas a cualquier otro distrito, por la razón de que El Pueblo de Puerto Rico no podía obtener un juicio justo e imparcial en Aguadilla. En esta moción, nb obstante, se solicitaba que si la resolución era favorable, la orden decretando el traslado no debía ordenar la remisión de. las causas al distrito de Arecibo, puesto que un estado de cosas análogo al de Mayagüez y Aguadilla impediría que se celebrase un juicio justo e imparcial para El Pueblo en dicho distrito. Se presentaron decla-raciones juradas para sostener esta moción y se argumentó sobre esto. Después de la debida consideración la Corte de Aguadilla dictó una orden considerando la moción y decretando que las causas fuesen trasladadas a la Corte de Distrito de San Juan. ■ Se señaló la vista, de estas causas en San Juan para el 28 de junio y se citaron los tes-tigos. Mientras tanto, no obstante, con posterioridad al traslado de las causas desde Aguadilla a San Juan y la fecha que se fijó para el juicio en San Juan, la Corte Suprema expidió un auto de certiorari dirigido al ELon. Juez de la Corte de Distrito de Aguadilla, orde-nándole que remitiese a dicho tribunal el récord original en las causas contra Mateo Fajardo Cardona. Además, ,el día 26 de junio, de acuerdo con una enmienda en la solicitud para que se expidiese el auto, se expidió un auto de certiorari análogo dirigido al Hon. Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., ordenándole que remitiera los autos originales en las causas contra Mateo Fajardo Cardona. De acuerdo con estas órdenes, se suspendió el juicio y el auto fue cumplido por los respectivos jueces, elevando a esta corte el récord de los procedimientos en estas causas hasta la fecha.”

El peticionario sugiere la siguiente reseña de las cuestio-nes de derecho presentadas por él:

“Las cuestiones de derecho comprendidas en este caso son actual-mente como sigue:
“Da sección 8 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que todos los delitos deben ser juzgados en el distrito en que se haya cometido la ofensa.
“a. La sección 171 del mismo código dispone que las causas cri-minales pueden ser trasladadas a solicitud del fiscal del distrito.
“Lo que se efectuará; y'esto envuelve:
“b. La facultad de una legislatura territorial para promulgar una disposición de ley directamente en contraposición con la Consti-tución de los Estados Unidos.
“c. Si habiéndole conferido autoridad a la Legislatura de Puerto Rico, para legislar libremente, siempre que no promulgase leyes con-trarias a las leyes de los Estados Unidos, la legislatura local no se ha excedido en sus facultades constitucionales al legislar en materia de juicios por jurado, en cuanto que haya conferido al Fiscal de dis-trito la facultad de obtener un traslado al solicitarlo o acordar el que se le conceda tal traslado sobre su solicitud.
“d. Si la corte tiene facultad para decretar una orden de tras-lado sin requerir previamente al menos un esfuerzo para obtener un jurado.
“c. Si la corte, supuesto que esté autorizada para acordar un traslado puede elegir no solamente el distrito en que se ha de cele-brar la vista, sino también el juez que ha de conocer de la causa.
Si, en arreglo a la ley que regula el juicio por jurado, el juez en un Territorio de los Estados Unidos, en lo que tal cuerpo político se diferencia de un Estado de la Unión, puede decretar el traslado de una causa criminal fuera del distrito en que se cometió la ofensa que se alega, excepto al mostrarse causa fundada en repre-sen1 ación e interés del acusado, con arreglo a los más antiguos pre-ceptos de dicha ley. ’ ’

No es preciso discutir en todos sus detalles las subdivisio-nes “b’’, “c” y “f”. Si bien la proposición que de tal modo ha sido expresada presenta un campo fecundo tanto para hacer una investigación histórica como legal, el peticionario está satisfecho con citar el caso de People v. Powell, 87 Cal, 348, y el de Hyde v. United States, 225 U. S., 347.

Si se puede confiar en el sumario como guía, se ve que las únicas cuestiones que han sido consideradas en el último caso citado que pueden tener alguna relación con cualquier cuestión que esté comprendida en este caso son las siguientes:

“Puede haber una presencia sobreentendida en un Estado, dis-tinta de la'presencia personal por virtud de la cual un delito come-tido en otro Estado puede ser consumado y hacer que la persona que lo lleva a cabo sea castigada en aquel lugar.
“Al interpretar las leyes criminales las cortes no deben mostrar una solicitud demasiado grande hacia el acusado que le dé inmunidad por la dificultad que hay para declararlo culpable o descubrir su delito.
“Al determinarse el lugar del juicio no se comete opresión alguna porque se lleve a los conspiradores al lugar en que el acto ilegal fué cometido en vez de obligar a los perjudicados y a los testigos a ir al sitio en que se formó la conspiración.
“La extensión de nuestro país no ha llegado a ser demasiado grande para la eficaz administración de la justicia criminal.
“Cuando se comete un delito continuado en más de un distrito, la enmienda Sexta no impide la celebración de un juicio en cual-quiera de dichos distritos. Armour Packing Co. v. United States, 209 U. S., 56.
“Los actos manifiestos ejecutados en un distrito por una de las partes que habían conspirado en otro distrito en violación de la sec-ción 5440 de los Estatutos Revisados, confieren jurisdicción a la corte del distrito en que se ejecutan los actos manifiestos en lo que respecta a todos los conspiradores. Brown v. Elliot, p. 392, post.”

Hide v. United States, 225 U. S. 347.

La opinión del tribunal emitida por el juez Sr. McKenna sugiere además que debemos “ajustar las leyes y su aplicación a los actos de los hombres y no dejarnos llevar por la mera 'teoría de los libros’.” Y de nuevo al referirse a la "inmu-nidad contra el castigo” que podría resultar "si fuera adop-tada la regia que ha sido alegada” se dice “que la posibi-lidad de tal resultado rechaza la alegación y demuestra que someternos a ella sería aplicar demasiado las reglas técnicas y el rigor del razonamiento en la administración practica de la justicia criminal. ’ ’ Aun en la opinión disidente del juez, Sr. Holmes hallamos la admisión de que "es una de las des-gracias de la ley que las ideas lleguen a encerrarse en frases, y luego por mucho tiempo dejen de provocar más análisis.”' Tales frases no son sino indicios para mostrar la corriente general e irresistible de la opinión judicial moderna hacia la práctica administración de la justicia sustancial sin tener en cuenta los obstáculos técnicos, así en casos criminales como civiles.

Refiriéndose únicamente al otro caso que ha sido alegado dice el abogado: “No es posible dar nuevas razones, o robus-tecer. la lógica del argumento que presenta el caso del Estado v. Powell, en contra de la proposición de que se conceda un traslado en casos criminales.” Sin embargo, la corte que se hizo famosa por su decisión en aquel caso no ha estado apa-rentemente conforme en guiarse ya por las "razones o la lógica” del mismo. People v. Prather, 134 Cal., 386. El caso de Michigan en el que tanto se ha fundado el de State v. Powell no sostiene enteramente las conclusiones derivadas del mismo, como se ve de las mismas palabras citadas en el caso de Powell y como claramente indica la corte de Michigan en los casos subsiguientes de People v. Peterson, 52 N. W., 1039, y People v. Fuhrman, 61 N. W., 865; o en todo caso, y aun admitiendo que hay motivo para que exista diferencia de opinion en cuanto a este particular, entonces el caso de Kimball en tanto en cuanto sostiene la infortunada doctrina enunciada por la corte de California ha sido completamente desechado por las dos decisiones, subsiguientes de referencia.

La crítica adversa que ha motivado en otras jurisdiccio-nes la doctrina enunciada en el caso de State v. Powell aparece en los casos de Barry v. Truax, 65 L. R. A., 762; State v. Durfinger, 76 N. E., 291, y en el de State v. Holloway, 146 Pac., 1071. Véanse también Zinn v. District Court, 114 N. W., 472; Hewitt v. State, 30 Southern, 795; Commonwealth v. Davidson, 15 S. W., 53, y State v. Lewis, 7 L. R. A., nueva serie, 669, y nota. Pero no es necesario que consideremos extensamente los casos que se fundan en los preceptos pro-hibitivos específicos de las diferentes Constituciones de Es-tados a falta de alguna limitación específica análoga respecto de las facultades de la Legislatura Insular.

Y puesto que el peticionario no ha tratado de armonizar o distinguir los casos de Gromer v. Standard Dredging Co. 224 U. S., 362-370; Kent v. People of Porto Rico, 207 U. S., 113; Ponce v. Roman Catholic Church, 210 U. S., 296; Hawaii v. Mankinchi, 190 U. S., 197; Maxwell v. Dow, 176 U. S., 581; Dorr v. United States, 195 U. S., 138; Dowdell v. United States, 221 U. S., 325 y Díaz v. United States, 223 U. S., 442, todos los cuales han sido citados y discutidos en el aleg’ato presentado por el abogado de los demandados, no es preciso qué tratemos de hacer un análixis acabado ele dichos casos, ni de determinar con absoluta precisión hasta que punto puede ser aplicada la doctrina en ellos enunciada para regular este caso.

Debemos, sinembargo, observar de paso la siguiente in-dicación contenida en el alegato del peticionario.

“Aparecería quizás un tanto forzado el comparar el traslado de George Washington a Inglaterra o de Simón Bolívar a España para ser juzgado en las respectivas metrópolis cuando estos héroes se re-belaron contra su rey y que se fijó un precio sobre sus cabezas, al tras-lado de Mateo Fajardo de su distrito al de San Juan, para ser juz-gado aquí. Pero el principio es el mismo, si hemos de confesarlo; aun a nuestro pesar, hay que convenir que en cuanto a los hechos no hay tampoco gran diferencia sustancial.”

• Tal vez no existe diferencia en el fondo en el principio fundamental que está envuelto en uno u otro caso, pero de ello no se deduce necesariamente que tal principio sea de im-portancia igualmente vital, o que deba ser ciegamente ob-servado y extrictamente seguido en su pureza y vigor original en todas las circunstancias y en toda jurisdicción en que se observe, sin tener en cuenta el sentido común, grado de de-sarrollo cívico, condición política, intención legislativa, o las condiciones físicas geográficas. Notamos, por ejemplo, en la opinión disidente emitida en el caso de Hyde v. United States, en la cual insiste fuertemente el peticionario, la si-guiente indicación respecto a la influencia de la extensión territorial: (La bastardilla es nuestra).

“Claramente que el uso de esta ficción o forma de palabras no debe impulsarse a tal punto en la administración de la ley nacional que traspase el precepto de la Constitución relativo a que el juicio de las causas criminales tendrá lugar en el Estado y distrito en que los delitos hayan sido cometidos. Art. Ill, párrafo 2, Cl. 3. En-miendas, Art. VI. Con la extensión' del país de uno a otro océano este requisito es todavía de más importancia ahora que lo que fue hace cien años, y debe hacerse cumplir en su letra y espíritu si vamos a hacer que los inconvenientes imposibles se conviertan en graves daños. En el caso de conspiración el daño se reveía de modo cons-picuo. Todo acto ilegal ejecutado en ayuda de la misma desde luego que se atribuye a los conspiradores, y si eso quiere decir que la cons-piración se manifiesta como tal donde quiera que se ejecuta un acto ilegal podría quedar a elección del gobierno el acusar en cualquiera de veinte Estados en ninguno de los cuales habían estado los conspi-radores. Y como donde quiera que dos o más se hayan reunido para la comisión de un delito hay una conspiración, la oportunidad para opresión que así se presente es en verdad muy grande. Y todavía es mayor si se resolviera que el éxito del mismo no esfume {merge) la conspiración en el delito que se quiso realizar y que se llevó a cabo Creo que no es necesario tratar de opresiones que entiendo han sido puestas en práctica o sobre la historia constitucional tan notablemente presentada por el Sr. Worthington, para demostrar que este es uno de los males que nuestros antepasados quisieron evitar.”

Este razonamiento es adelantado y contestado en la opi-nión de la mayoría en la forma siguiente: (La bastardilla es nuestra)..

“Nos damos cuenta de la fuerza del temor de que el extender la jurisdicción en casos de conspiración atendiendo a los actos mani-fiestos puede conferir al gobierno un poder del cual puede abusarse, y no deseamos dejar de tener presente tal posibilidad. Pero bay consideraciones en sentido contrario. No es una opresión en la ley aceptar el lugar en que se pretende ejecutar un acto manifiesto como el sitio en que debe ser castigado y sacar mas bien a los conspira-dores de sus bogares que a las víctimas y testigos de la conspiración de los suyos. No debemos, mostrando una solicitud demasiado grande bacía el criminal, darle cierta clase de inmunidad contra el castigo por la dificultad que bay para declararlo culpable o descubrir su delito. Y esto puede resultar de adoptarse la regla que lia sido ale-gada. Déjesele encontrar con sus amigos en secreto y él tratará de hacerlo'; déjese oculto el lugar en lo que pueda ser, y él y ellos pueden cometer su delito en cualquier Eslado de la Umón y eludir el castigo en lodos. Y las suposiciones no son caprichosas como se explican en un caso que fué sometido junto con este. Brown v. Elliott, post, p. 392. . La posibilidad de tal resultado repele la alegación, y de-muestra que someternos a ella sería’ aplicar demasiado las reglas técnicas y el rigor del razonamiento en la administración práctica ■ de la justicia criminal. No vemos razón por la cual no pueda fijarse una presencia sobreentendida a los conspiradores, lo mismo que a los otros criminales; y ciertamente que no podemos estar conformes con la proposición de que no es adecuado que el Congreso' defina qué es lo que constituye el delito de conspiración, o cuándo babrá de consi-derarse completa y bacer con él lo mismo que con otros delitos que se comiezan en un sitio y continúan en otro. Ni creemos tampoco que la extensión de moestro país ha llegado a ser demasiado grande para la administración eficaz de 1a- justicia criminal.”

De igual manera el juez Brown, al disentir en el caso de State v. Lewis, supra, dice lo siguiente: (La bastardilla es nuestra.)

“Estoy de acuerdo con toda aquella parte de la opinión en que se sostiene el poder de la asamblea general para prescribir general-mente lo relativo al traslado de causas criminales a un condado con-liguo antes de presentarse la acusación o después de presentada. No conozco ningún precepto de nuestra Constitución Federal o de Estado que lo prohíba. Suponiendo que los jurados deben ser citados de la ‘vecindad,’ como-en la ley común, creo que un condado contiguo podría estar considerado como comprendido en la vecindad, pues eso es lo que significa el término • arinque en Inglaterra donde los conda-dos son muy grandes se ha resuelto que es un jurado del condado. Vacilaría en opinar que la legislatura tiene poder para decretar que una persona que comete un delito en Cherockee puede ser acusado y juzgado en Currituck.”

Con este criterio' acerca de la cuestión si tuviéramos que hacer una verdadera distinción respecto a los hechos, diríamos que es muy grande la distancia que separa el caso de Washington y de Bolívar del caso del peticionario, quien aparte de toda cuestión de época o civilización no está ame-nazado con ser llevado más allá de los mares, lejos de sus amigos, hogar y país natal, y que está protegido por la natu-raleza misma de la posibilidad de ser impulsado muy lejos en cualquier dirección dentro de los confines de esta isla, que en sí es una “estrecha faja de tierra circundada por el mar,” la más pequeña de las Grandes Antillas y poco más que una ‘vecindad,’ (visne or vicinage).

No creemos que la legislatura al permitir un traslado del lugar del juicio en los casos criminales se excediera en sus facultades, o ejerciera una gran violencia en el moderno juicio por jurado de la ley común, ya como éste existía en la fecha de la legislación en cuestión, o como se encontraba cuando fué introducido en América por las Colonias Británicas.

Los casos citados por el abogado del demandado, a. saber, los de Randle v. State, 28 S. W., 953; People v. Georger, 95 N. Y. Supp., 790; People v. Diamond, 72 N. Y. Supp., 179; People v. McLaughlin, 150 N. Y., 365, ninguno de los cuales parece estar en conflicto con el de People v. Powell, supra, indican que cuando se pretende obtener el traslado del lugar del juicio por el fundamento de que un juicio razonable e im-parcial no puede ser obtenido en otra forma, no es un requi-sito previo indispensable el tratar de obtener un jurado. El peticionario no cita ninguna autoridad en contrario y en vista de estas circunstancias y sin hacer en este momento ninguna investigación independiente, sostenemos que de acuerdo con nuestro estatuto y los hechos de este caso no se exige tal ten-tativa previa.

' Puesto que el peticionario no ha sugerido ninguna razón por la cual la corte de Aguadilla si tenía jurisdicción para ordenar el traslado a San Juan no podía también designar-la sección de la Corte de Distrito de Sail Juan a la que debían de ser enviados los autos, ni indicó tampoco en qué forma, o por quién podría ser resuelta debidamente esta cuestión si no se resolvía por la corte a quo, nos abstenemos de hacer una seria consideración acerca del particular que de tal modo ha sido presentado.

Bajo el título de “otros puntos envueltos,” el peticionario levanta dos cuestiones de procedimiento muy interesantes e importantes, a saber:

“Pero hay otros puntos envueltos. La cuestión de la suficiencia de los motivos alegados en que se basa la solicitud de traslado, su-poniendo que la corte resolviese que tiene facultad para acordar el traslado; el derecho de la corte para ordenar el traslado a San Juan, como se ha solicitado, lo que envolvería desconocimiento del precepto legal, el que requiere que el caso sea trasladado de esta corte a Ponce, como el próximo distrito inmediato a Mayagüez después de Aguadilla.
“ (1) El motivo en que se funda la solicitud de traslado, no puede decirse que tenga peso alguno en derecho. Y esto sea dicho sin que se entienda como una censura para el Fiscal. Pero es evidente que sin que se pruebe (test) y en forma legal, si es posible formar un jurado, o tener un juicio imparcial, la corte no puede anticipar el resultado.
“Play un hecho que es tan conocido de la corte, como cualquier otra circunstancia de la vida, y es el poco o ningún valor que puede darse a los affidavits o declaraciones juradas obtenidas aquí y allá por los funcionarios del Gobierno, y que no siendo otra cosa que manifestaciones de referencia, concebidas en términos generales, pue-den conseguirse en cualquier cuantía y sobre cualquier tema en todos los tiempos. No es esa la forma legal de probar (test) una cuestión legal de cualquier carácter que sea.
“En el caso citado de California se disente la suficiencia del ‘showing’ o comprobación que se requiere.
“No podemos citar autoridades para probar una negativa. Baste decir que jamás se intentó un traslado basado en semejante justifi-cación. No puede darse precedentes, porque no hay precedentes de semejante esfuerzo en materia de traslado.
“(2) El traslado de Mayagüez a Aguadilla fué acordado con arreglo a derecho, en lo que se refiere a la elección del distrito corres-pondiente; es decir, que de tener la corte de Mayagüez la facultad de acordar el traslado (facultad de la cual nosotros alegamos carecía dicha corte) el traslado se hizo al forum correspondiente. Y esto es así, porque la ley está inspirada en el antiguo derecho del acusado de ser juzgado en su vecindad, y nunca tan lejos de ella como pu-diera llevarlo el ministerio. Por lo tanto, si esta corte resolviera declarando tener facultad para acordar el traslado, y que se ha ofre-cido suficiente justificación para acordarlo, entonces el tribunal de-biera seguir la antigua práctica, basada sobre el derecho antiguo en cuanto al punto, y trasladar el caso a Ponce, al distrito próximo inmediato. j, Hasta dónde, pues, la práctica puede justificar, reco-mendar y reclamar la acción si es que la corte se cree autorizada para trasladar el caso, hasta qué punto nuestra súplica de que el mismo sea trasladado a Ponce debe apelar con inusitada fuerza a la justicia de esta Hon. Corte? * *

No consta que la primera de las dos cuestiones' así plan-teadas, en lo que respecta al elemento de. procedimiento en-vuelto, que es el único elemento con el cual tenemos que ver, hubiera sido presentada entera y completamente a la corte de distrito; y por tanto preferimos dejar la cuestión sin discu-tir. Debemos llamar la atención, sin embargo, al precepto del estatuto relativo a la admisión de pruebas y en vista del tenor y efecto general de los affidavits que aquí ban sido alegados, nos permitimos hacer la observación de que por lo menos muy bien pudo la corte haber llamado a los deponen-tes, ya por su propia iniciativa para examinarlos respecto a su verdadero conocimiento de las cuestiones acerca de las cuales declararon en el affidavit, o a moción del acusado para ser repreguntados sobre el particular.

Pasando a/la segunda de estas dos cuestiones, encontra-mos que el abogado de los demandados al discutir la proposi-ción de que “las cuestiones que se relacionan con la suficien-cia de la prueba para demostrar la necesidad de los traslados no han sido 'planteadas ante esta corte para su revisión en este procedimiento,” prescinde de la cuestión y hace sola-mente una simple referencia en la forma siguiente: “Y es por este principio que la resolución de la Corte de Aguadilla trasladando la causa a San Juan y no a otro distrito consti-tuye un ejercicio de discreción que no puede atacarse ahora.”

No podemos estar de acuerdo con el criterio que así ha sido sugerido, ni prestar nuestro consentimiento a una resolución tan sumaria de lo que a nuestro juicio ha venido a ser final-mente la cuestión esencial de este caso. Considerando ahora los autos de los procedimientos ante la Corté dé Aguadilla encontramos en ellos un alegato escrito de seis páginas pre-sentado por el abogado del gobierno sobre esta cuestión, y entre otras citas se hace la siguiente de Bishop.sobre proce-dimiento Criminal, tomo 1, página 53: “En algunos de los Estados el lugar del juicio solamente puede ser cambiado una sola vez de acuerdo con el estatuto; en otros Estados no existe dicha limitación.”

La cuestión ha sido expresada de modo enteramente dis-tinto en el tomo 12 de Cyc. página 250, a saber: “El esta-tuto a menudo prohibe que se cambie el lugar del juicio más de una vez, y por lo general cuando el estatuto nada prescribe respecto' a un segundo'traslado, se entenderá que se prohibe que pueda hacerse más de un traslado.”

Es cierto que el artículo 171 de nuestros estatutos dispone el traslado de una causa criminal por “la corte de distrito donde se halla pendiente”; pero este lenguaje está sujeto a interpretación a la luz de su contexto. El artículo 173 habla de objeciones al' distrito contiguo “suficiente para haber autorizado el traslado de dicho distrito si el caso se originó allí.” Y el artículo 176 determina expresamente que “el tritunal a que se traslada la cansa deberá proceder a la- sustan-ciación y sentencia de la misma como si se Midiere iniciado en dicho tribunal.” También prescribe que si fuere necesario traer a la vista las alegaciones originales u otros documentos ante diclio tribunal, deberá el tribunal de donde proceda la causa disponer la trasmisión de los mismos, y resulta comple-tamente claro que en el caso de un segundo traslado, este pre-cepto no sería de aplicación a la corte que verifica el traslado.

Además, es asimismo claro que la ley de 1902 era mucho más amplia y más comprensiva en sus términos que la ley actual, en cuya ley de 1902 se deja la cuestión de procedimiento, tanto en lo que respecta a la comprobación que ha de hacer el peticionario como el distrito a que debe enviarse el caso, completamente a la discreción de la corte de distrito; y si la enmienda de 1904 significa algo en absoluto, ella envuelve cier-tas limitaciones y restricciones a la discreción de la corte que no fueron expresadas en la ley anterior, o por lo menos tiende a regular o dirigir en cierto modo la forma en que ha de ser ejercitada dicha discreción. Así pues, el artículo 173 tal co-mo fué aprobado en 1902, prescribía simplemente que: “Si el tribunal se convenciere de que eran ciertas las manifesta-ciones del solicitante, deberá dictar una orden trasladando la causa a tribunal competente de algún distrito donde no exis-tiere el inconveniente indicado.” Según fué enmendado en 1904, ha quedado redactado ahora como sigue: (La bastardi-lla es nuestra.)

“Cuando se presente una solicitud bajo cualquiera de las. pres-cripciones de los dos artículos precedentes, el tribunal oirá las prue-bas y si las alegaciones de la solicitud se justificaren, el tribunal de distrito o municipal en su caso, dictará una orden trasladando la causa para juicio al distrito contiguo que tenga su sala de justicia más cercana y de más fácil acceso, a menos que se demuestre a satis-facción del tribunal que a tal distrito se puede hacer alguna objeción para admitirse el traslado de la causa por haberse iniciado en aquel distrito, en cuyo caso se ordenará el traslado de lá causa al distrito que el tribunal designare.”

Atendidas estas circunstancias, podría decirse con cierto grado de certeza, que tal como está hoy la ley no tiene por ob-jeto prescribir nn segundo traslado del lugar del juicio y que la Corte de Distrito de Aguadilla carecía enteramente de ju-risdicción para ordenar el traslado impugnado en este caso. Sin embargo, simplemente sugerimos este aspecto de la cues-tión aunque sin resolverla en este sentido. Claramente que tal doctrina por sana que sea en principio en ciertas condi-ciones imaginables podría resultar en un verdadero inconve-niente para el acusado; y de acuerdo con los términos del es-tatuto no podríamos, si quisiéramos, establecer una regia para el acusado y otra para el Estado. Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Y podemos añadir que es una regia mala la que es buena para uno y mala para otro.

“Las cortes no pueden ser demasiado cuidadosas especialmente en los juicios de los delitos más graves, concediendo a los acusados todos sus derechos y restringiendo al gobierno dentro de las limita-ciones prescritas en la ley. El Estado con su sabiduría y humanidad ha puesto x-estricciones que sirven de protección en los juicios de sus ciudadanos y les ha garantizado el goce de ciertos derechos y privi-legios, aun cuando se encuentren bajo el peso de graves acusaciones por infracción de sus leyes. Y al' comparecer ante sus mismas cortes por medio de su representante legal y solicitar la privación de la vida o libertad del ciudadano, no tiene derecho a más favor o considera-ción que la que tiene el más humilde ciudadano del país. Tal es su propia ley y no la cambiaría si pudiera. Rothschild v. The State, 7 Texas Court of Appeals Reports, 540.”

Creemos, sin embargo, que es una cuestión demasiado clara para ser discutida, que tanto el espíritu de la ley como los principios fundamentales en que descansan sus preceptos sa-ludables en su forma enmendada exigen que cualquier corte de distrito que conceda un segundo traslado del lugar del juicio, deberá ordenar que el caso sea enviado al distrito que tenga su sala de justicia más cercana y de más fácil acceso al distrito en que se originó, a menos que se demuestre que a tal' distrito se puede hacer alguna objeción; y debe guiarse en todo caso por el mismo principio al elegir cualquier otro dis-trito, dando siempre preferencia, entre dos o más lugares que puedan ser igualmente elegibles para el juicio, al más cercano al distrito de jurisdicción original.

Oreemos también que no deben estimularse las solicitudes para tales cambios subsiguientes, y en este caso concreto que el peticionario no debió haber alegado meramente que las condiciones que se decía existían en Aguadilla y Arecibo eran desconocidas del peticionario en la fecha en que se hizo el traslado de Mayagüez, sino que debió haber alegado también y probado a satisfacción de la corte, que no podía suponerse razonablemente que tales hechos pudieron existir, o que no pudieron ser comprobados por dicho solicitante en el ejercicio de la debida diligencia, con anterioridad a la fecha de dicha primera solicitud. En otras palabras, no vemos razón alguna por la cual las reglas que regulan las mociones de nuevo juicio fundadas en pruebas descubiertas nuevamente, por ejemplo, no deban ser aplicadas por analogía y con igual fuer-za a un caso de- esta clase.

No existe absolutamente nada en los autos que sugiera ninguna razón posible por la cual la corte de distrito de Agua-dilla envió éstos casos a la Corte de Distrito de Sari Juan en completa desatención de la formal protesta que con ante-rioridad a dicha resolución le hizo el acusado y de la seria petición por escrito de que los mismos debían ser trasla-dados a Ponee por ser el distrito próximo inmediato a Ma-yagüez ; de lo que se deduce según aparece ya de los autos de los procedimientos seguidos en la corte de distrito de Agua-dilla o de la contestación al mandamiento expedido en este caso, que la corte de distrito de Aguadilla no ejercitó de modo alguno la discreción legal que le confería la ley, o si la ha ejer-citado, entonces al ejercitarla no ha observado el procedimien-to prescrito por la ley en este particular.

Deben revocarse las diferentes órdenes que han sido im-pugnadas y devolverse el caso a la Corte de Distrito de Agua-dilla para ulteriores procedimientos que no sean incompatibles con esta opinión.

Con lugar la solicitud y emuladas las órdenes recurridas.

Jaeces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del Toeo

text:
    Laborde, Demandante y Apelante, v. Toro, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa sobre indemnización por incumplimiento de contrato.
    No. 1295.
    Resuelto en julio 28, 1915.
    Mandato — Aplicación de los Preceptos del Código Civil Revisado.. — En. este caso demandante y demandado celebraron un contrato que eonsta en una carta dirigida por el segundo al primero, así: "Por la presente autorizo a usted para que por los medios que tenga a su alcance gestione el cobro de diez y seis mil ciento cincuenta y tres dollars con cincuenta centavos importe de arriendo de un mil quinientas noventa y una sesenta y tres centavos cuerdas de terreno correspondiente a los meses del 1 de enero de 1913 al 31 de marzo del .presente año que tengo vencidos con el señor Bebn, receiver de la corpo-ración 'Borinquen Sugar Company.' Al nombrar a usted mi agente y repre-sentante con tal objeto le autorizo • también para que por su cuenta y riesgo utilice los servicios de abogado si fuere necesario, entendiendo que acepto en pago de mi crédito arriba expresado el cincuenta por ciento del mismo que recibiré de usted y para lo cual le autorizo a firmar y endosar con mi nombre el cheque que por dicha suma me sea entregado y concediéndole el beneficio de cualquier exceso que usted reciba de dicho tanto por ciento como comisión de sus gestiones. ’ ’ Se resolvió: que dicho contrato debe calificarse de man ■ dato y en tal virtud regularse por los preceptos del Código Civil Revisado sobre la materia.
    Id. — Revocación del Mandato — I-Iechos Aislados de su Ejercicio — Daños y Perjuicios. — De acuerdo con la ley vigente en Puerto Rico, el mandante tiene facultad para revocar, cuando le plazca, la comisión que confiera al manda-tario, y el solo hecho aislado del ejercicio de esa facultad, no puede servir de base para una reclamación de daños y perjuicios.
    Id. — Interpretación de los Mandatos — Términos, Pactos y Condiciones en Particular. — En la interpretación de los mandatos, deben tenerse en, cuenta, además de la ley, los términos, pactos y condiciones que en cada caso particular convengan las partes contratantes.

      Id. — Derechos t Obligaciones Entre el Mandante y el Mandatario — Dere-chos Adquiridos Mientras el Contrato Estuvo en Vigor- — Bevocaoión del Poder.- — Si de acuerdo con los términos del contrato celebrado, el man-datario, mientras el mandato está vigente, llega a adquirir los derechos que en el mismo se le reconocen, el mandante no puede destruir dichos derechos por medio de una tardía revocación del poder que confiriera.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. 'Eugenio Benitez Castaño.

    Abogados del apelado: Sres. Aponte & Aponte.

   El Juez Asociado Se. del Toeo

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación contra una sen-tencia de la Corte de Distrito de Humacao dictada sobre las alegaciones en un caso de indemnización por incumplimiento de contrato.

En la demanda se alegó, en resumen, que demandante y demandado, ambos vecinos de Humacao, celebraron un con-trato que, copiado a la letra, dice así:

“Humacao, P. R., abril 1°., ’14. — Señor dou Alejandro Laborde, Humacao, Puerto Rico. Muy señor mío y ar Por la presente auto-rizo a usted para que por los medios que tenga a su alcance gestione el cobro de diez y seis mil ciento cincuenta y tres dollars con cin-cuenta centavos importe de arriendo de un mil quinientas noventa y una sesenta y tres centavos cuerdas de terreno correspondiente a los meses del 1 de enero de 1913 al 31 de marzo del presente año que tengo vencidos con el señor Behn, receiver de la corporación Borin-quen Sugar Company. Al nombrar a usted mi agente y represen-tante con tal objeto le autorizo también para que por su cuenta ‘y . riesgo utilice los servicios de abogado si fuese necesario entendiendo que acepto en pago de mi crédito arriba expresado el cincuenta por ciento del mismo que recibiré do usted y para lo cual le autorizo a firmar y endosar con mi nombre el cheque que por dicha suma me sea entregado y concediéndole el beneficio de cualquier exceso que usted reciba de dicho tanto por ciento como comisión de sus gestiones. De usted atto. a. y S. S. (Firmado) José Toro Ríos.”

Que el demandante en cumplimiento de las obligaciones que contrajo, se trasladó varias veces a San Juan y gestionó activamente el cobro de la cantidad, y no pudiendo conse-guirlo por sí mismo, nombró para defender los intereses de los demandados a los abogados señores Guerra y Benítéz a quienes entreg’ó trescientos pesos en dinero efectivo como retainer fees y con quienes convino en partir el exceso que pudiera obtenerse después de cubierto el cincuenta por ciento del crédito que correspondía al demandado.

Que los abogados Meier on todas las gestiones que se describen y al fin obtuvieron que el tSpecial Master declarara la preferencia del crédito del demandado, aprobando la Corte Federal su informe y autorizando al Receiver a pagar el sesenta y cinco por ciento, siempre que se renunciara al treinta y cinco por ciento restante.

Que el demandante al fin estuvo conforme y, al tratar de cobrar el dicbo sesenta y cinco por ciento, el Receiver se negó a pagárselo por haber el demandado impugnado la representación del demandante y negado el contrato con e] mismo celebrado. Que el demandante, en cumplimiento del contrato celebrado con el demandado, realizó muchos viajes a la ciudad de San Juan, permaneciendo en ella durante largas estadías, desatendiendo sus otros negocios e incu-rriendo en gastos de consideración.

Por todo lo cual alegó el peticionario que había sufrido perjuicios por la suma de $8,076.75.

El demandado alegó dos excepciones previas, a saber: la de que la demanda era dudosa por cuanto en ella no se detallaban los conceptos y cuantía de los perjuicios sufridos, y la de que no aducía hechos suficientes para constituir una causa de acción.

La corte de distrito prescindió de considerar la primera de las excepciones y déclaró con lugar la segunda, desesti-mando, en su consecuencia, la demanda, con las costas al demandante. Registrada la sentencia el 8 de febrero de 1915, el demandante interpuso contra ella el presente recurso de apelación.

El asunto se debatió ampliamente ante este Tribunal Supremo y la primera cuestión que se suscitó y discutió fué la de la calificación que debía darse al contrato transcrito en la demanda, sosteniendo el demandante que dicho contrato entrañaba nn verdadero “Poiuer of Attorney coupled with an interest” y alegando el demandado que era un simple mandato que debía interpretarse aplicando las leyes vigentes en Puerto Eico sobre la materia.

En su opinión, la corte sentenciadora se expresa como sigue:

“Del contenido de dicho document.o aparece claramente, que José Toro Ríos, autorizaba a Laborde, para que llevara a cabo actos, que a no mediar la representación, habían de ser puestos en práctica por el propio demandado, elementos que integran un contrato de man-dato, cuyo resultado es la realización de actos jurídicos por cuenta ajena. Ahora bien, habida cuenta de la naturaleza del contrato ¿ puede éste ser menospreciado por- el demandado sin incurrir en res-ponsabilidad para con el demandante? La representación de éste afirma que no, toda vez que el mandato en cuestión, a más de no ser gratuito tiene una modalidad especial, por cuanto crea ciertos dere-chos en el mandatario, debiendo ser considerado como un contrato bilateral o poder especial con interés en la cosa objeto del mandato. (Power of attorney, coupled, with an interest.) A este respecto,, en-tendemos que el demandante no puede hacer una forzosa denomina-ción, extraña a nuestro derecho positivo, para calificar hechos que, atendida la forma de su desenvolvimiento, están perfectamente com-prendidos dentro del cuerpo legal que regula las relaciones de los individuos entre sí. (13 D. P. R., 369.)
“Tenemos pues, que el documento otorgado por José Toro Ríos a favor de Alejandro Laborde, es un mandato claro y concreto tal como lo define el artículo 1611 del Código Civil, debiendo por tanto esta materia regularse por dicho código, que en su artículo 1635, dice así:
“ ‘Art. 1635. — El mandante puede revocar el mandato a su vo-luntad, y compeler al mandatario a la devolución ■ del documento en que conste el mandato.’
“Si el contrato de Toro Ríos y Laborde es un mandato, y si el mandato, que es una representación que implica confianza, puede revocarse a voluntad del mandante ¿cómo puede el mandatario de-ducir acción contra aquél por la revocación que el estatuto deja a su arbitrio? Y aun cuando por el documento suscrito por Toro Ríos a favor de Laborde, pudiera considerarse que no era gratuito el man-dato, tal circunstancia no sería impedimento para la revocación, ya que el legislador al decir que el mandato es revocable a voluntad del mandante, no ha distinguido entre mandatos gratuitos y remune-rados, y ubi lex non dñstinguet distinguere non debemus.”

De suerte que el tribunal sentenciador entendió que tra-tándose de un contrato de' mandato y habiendo el mandante, ejercitando la facultad que la ley le concede, revocado la representación que había conferido al mandatario, carece éste en absoluto de acción para reclamar daños y perjuicios en relación con el contrato celebrado.

Aceptamos que el contrato de que se trata en este pleito, debe calificarse de mandato y en tal virtud regularse por los preceptos del Código Civil revisado sobre la materia, y, acep-tándolo, entendemos que la demanda aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción.

No negamos la facultad que de acuerdo con las leyes vigentes en Puerto Pico tiene el mandante para revocar, cuando le plazca, la comisión que confiera por medio del mandato. .Tal facultad le está reconocida expresamente por el art. 1635 del Código Civil y el solo hecho aislado de su ejercicio no puede servir de base para una reclamación de daños y perjuicios. Pero no puede desconocerse que el man-dato es un contrato que crea derechos y obligaciones entre ambas partes contratantes y que, además de la ley, es nece-sario tener en cuenta para interpretar cada caso particular que se preséntenlos términos, pactos y condiciones de dicho caso particular. Y en este que está sometido a nuestra consideración y resolución, no es posible negar que se reco-nocieron al mandatario ciertos derechos que si llegaron a adquirirse mientras el contrato estuvo en todo su vigor, no podrían luego destruirse con una tardía revocación del poder otorgado.

Si la demanda se basara, por ejemplo, en el hecho de que el mandante, sin causa, había revocado la comisión conferida al mandatario, y por ese solo hecho le había causado per-, juicios en su reputación, la demanda, de acuerdo con la ley. vigente en Puerto Rico, no aduciría hechos-.-bastantes pará determinar una.causa de acción. Pero la-demanda en este caso alega además de la celebración del contrato'' e'n los tér-minos que se hicieron constar en el mismo y que claramente implican una remuneración, que el' demandante • empezó a cumplir la comisión que le había conferido eí demandado; que dedicó su inteligencia y su tiempo y la inteligencia y el tiempo de otras personas al logro de los deseos del deman-dado; que viajó y gastó en el desempeño- de su cometido,, y que cuando sus gestiones se vieron coronadas por el éxito, el demandado le impidió recibir el fruto de su trabajo, pre-viamente pactado en el contrato. Bajo tales circunstancias, la misma ley reconoce el derecho del demandante.

Los arts. 1630 y 1631 del Código Civil revisado, dicen así:

“Art. 1630. — El mandante debe anticipar al mandatario, si éste lo pide, las cantidades necesarias para la ejecución del mandato.
“Si el mandatario las hubiere anticipado, debe reembolsarlas el mandante, aunque el negocio no haya salido bien, con tal que esté exento de culpa el mandatario.
“El reembolso comprenderá los intereses de la cantidad antici-pada, a contar' desde el día en que se hizo la anticipación.
“Art. 1631. — Debe también el mandante indemnizar al manda-tario de todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumpli-miento del mandato, sin culpa ni imprudencia del mismo mandatario.”

Comentando Manresa el artículo 1728 del Código Civil an-tiguo, igual al 1630 del'Código Civil revisado, se expresa como sigue:

“El artículo anterior tiene como materia la determinación de las obligaciones del mandante con relación a los terceros, y en éste se inicia la enumeración de las que tiene con su apoderado. Confír-mase con ello cuanto apuntamos al comentar el 1709, sobre el carác-ter bilateral del mandato en la mayoría de los casos. Porque si la esencia de la bilateralidad estriba en que cada una de las partes re-sulta obligada en virtud de la convención, derivando de ésta una acción personal y directa para compelerse mutuamente a su cumpli-miento, el texto legal objeto de este comentario demuestra cómo del mandato nacen obligaciones para el mandante, y a cuya estricta ob-servancia puede compelerle el apoderado ejercitando lo que los ro-manos llamaban la acción mandati contraria.
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“Corrobora la doctrina sustentada de que nacen del mandato' acciones recíprocas para ambas partes, el derecho que al mandatario asiste ejercitando la acción mandati contraria para reclamar, no solo el abono de los gastos hechos, sino también el de la remuneración convenida.
“Guarda silencio sobre ésto el art. 1728, y nada tampoco dicen los siguientes; más de ello no se puede inferir la carencia de aquel derecho en el mandatario, pues en el art. 1711 se establece la hipó-tesis de que el mandato .puede ser remunerado, y sienta en su se-gundo párrafo hasta la presunción de la retribución cuando el man-datario tiene por ocupación el desempeño de servicios a los que se refiere, el mandato. Por ser el contrato la ley de los contratantes y establecida por modo tan inconcuso la licitud de la estipulación del mandato retribuido, estimamos que la omisión entre las obligaciones del mandante de la remuneración debida, no atenúa ni merma en lo más mínimo el derecho que tiene el mandatario a exigir su cum-plimiento al mandante, en el supuesto de tratarse de un mandato a los que alcance la presunción del art. 1711.
“Demuéstrase con lo expuesto el carácter bilateral que en la mayoría inmensa de los casos tiene la relación jurídica que el man-dato implica. 11 Manresa, Código Civil Español, 539, 540.”

T glosando el mismo autor el artículo 1729 del Código Civil antiguo, igual al 1631 del revisado, expresa:

“No ha menester de explicación el fundamento jurídico de este texto legal, pues júntanse para justificarlo los principios de la equi-dad y del derecho. A la acción que el mandante tiene para reclamar del mandatario los daños y perjuicios que le ocasionara la inejecución del mandato, corresponde la que a favor de este último establece el art. 1729 para reclamar de aquél igual indemnización por los que le haya causado su cumplimiento. Ha querido con ello el legislador hacer en este punto recíprocas las acciones, tanto má,s cuanto que, tratándose, sobre todo, del mandato gratuito, hubiera sido inicuo no reconocer'este derecho en el mandatario, siendo la comisión conferida la causa de la pérdida y del daño. 11 Manresa, Código Civil Español, 545.”

Tal vez analizando la demanda se encuentre que no se lia redactado con toda la claridad y precisión que se requiere en un documento de tal naturaleza. Sin embargo, no queremos emitir opinión en cuanto a ese extremo, dejando a la Corte sentenciadora que lo resuelva libremente después de oídas ambas partes. El caso debe necesariamente volver a la corte de distrito y no queremos exponer ninguna doctrina que pue-da prejuzgar la decisión definitiva del mismo que deba dic-tarse después de hechas las alegaciones y practicadas las pruebas.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que aduciendo como aduce la demanda hechos suficientes para determinar una causa de acción, la sentencia que resolvió lo contrario debe revocarse, devolviéndose el pleito a la Corte de Distri-to de su origen para ulteriores procedimientos de acuerdo con la ley.

Revocada la sentencia apelada..

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Laborde, Demandante y Apelante, v. Ríos, Demandada y Apelada. Laborde, Demandante y Apelante, v. López, Demandado y Apelado. Laborde, Demandante y Apelante, v. Lorenzo, Demandado y Apelado.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de Humacao en causas sobre indemnización por incumplimiento de contrato.
    Nos. 1292, 1293 y 1294.
    Resueltos en julio 28, 1915.
    Resueltos por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 1295 de Labórele, demandante y apelante, v. Toro, demandado y apelado, página 92.
   Revocadas las sentencias apeladas.

Abogado del apelante: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

Abogados de los apelados: Sres. Aponte & Aponte y Juan B. Huyke.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, 'Aldrey y Hutchison.