author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Martínez, Peticionario, v. Soto Nussa, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Aguadilla en un paso sobre reconocimiento de hijos naturales.
    No. 140.
    Resuelto en marzo 4, 1915.
    Exposición del Caso — Pliego de Excepciones — Procedimiento para su Apro-bación. — Archivado un proyecto de exposición del caso o pliego de excepciones a los efectos de una apelación, es el deber de la corte, de acuerdo con el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó enmendado por la Ley No. 70 de 1911 (Leyes de 1911, págs. 238-39) señalar día para la comparecencia de las partes y dar a éstas la oportunidad de ser oídas, antes de que el caso quede definitivamente sometido a la resolución judicial.
    Id. — Notas del Taquígrafo. — El solo hecho de que la parte apelante no tuviera a la vista las notas del taquígrafo al preparar el proyecto de exposición del caso, no es bastante para que la corte deje do aprobarlo, pues lo esencial en un documento de esta naturaleza es que se ajuste a la verdad y el árbitro para fijar esa verdad no es el -taquígrafo sino el juez sentenciador.
    Id.- — Notas Tomadas por la Parte o por Otra Persona. — Aun cuando, gene-ralmente, en la inmensa mayoría de los casos, son las notas del taquí-grafo oficial las que sirven de base a las relaciones de prueba que se redactan a los efectos de las apelaciones, puede aprobarse una relación de hechos pre-parada de notas tomadas por la parte misma o por otra persona, siempre que se 'ajuste' exactamente a la verdad.
    Id. — Pliego de Excepciones — Notas del Taquígrafo — Documentos Oficiales— Discreción Judicial. — Las minutas que toma un taquígrafo en un juicio no son documentos oficiales y solamente "podrá hacérseles formar parte de las autos de una causa, incluyéndolas en la exposición del caso o pliego de excep-dones que firme y apruebe el juez. El uso de dichas notas no es una cuestión que envuelve un derecho absoluto sino que descansa en la'discreción del juez que aprueba el caso o exposición, y cuando se hace uso de ellas deberán ser condensadas y hacerse referencia a la prueba en forma narrativa.
    Los hechos están expresados en la' opinión.
    El peticionario compareció en nombre propio.'
    Abogado del demandado: Sr. Juan B. Boto.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El -presente es un recurso de certiorari interpuesto por "Víctor P. Martínez contra el Hon. Isidoro Soto Nussa, Juez de la Corte de Distrito de Aguadilla. La petición se archivó en la Secretaría del Tribunal Supremo el 12 de febrero úl-timo; se ordenó la expedición del auto el 15 de dicho mes y se celebró la vista del mismo el 24 de febrero, quedando desde entonces el asunto definitivamente sometido a nuestra consideración y resolución.

De lá solicitud y-de los autos originales en el pleito No. 1413, de Aguadilla, seguido por Cecilia Méndez, como madre representante legal de sus menores hijos nombrados Pedro Angel, y Laura María Méndez contra Víctor P. Martínez y •González, sobre reconocimiento de hijos naturales, remitidos a esta Corte Suprema por virtud del auto de certiorari, re-sulta :

Que dictada sentencia en el dicho pleito No. 1413, la parte demandada apeló de ella para ante este Tribunal Supremo el 27 de enero de 1915, y archivó, a los efectos de la apelación, el 4 de febrero de 1915, un documento titulado “Exposición del caso y pliego de excepciones” que contiene 34 páginas, correspondiendo 27 de ellas a la relación de las pruebas y 7 al pliego de excepciones.

El seis de febrero la parte demandante y apelada por medio de stí abogado Carlos Franco Soto presentó una mo-ción que copiada en lo pertinente dice así:

“Que le ba sido servida una copia del proyecto de exposición del caso presentado por el demandado en este caso.
“Que la única fuente oficial para redactar un proyecto de expo-sición con arreglo al artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado en marzo 9 de 1911, es el récord del taquígrafo, y dicho proyecto ha sido redactado por el demandado sin tener a la vista las notas del taquígrafo de la Corte de Aguadilla, no estando redac-tada dicha exposición en la forma que determina la disposición legal arriba citada.
“Que en consecuencia, no es posible proponer enmiendas por -ahora a la expresada exposición, porque la declaración de los testi-gos en su mayor parte están mutiladas, en unas partes, y en otras variado su sentido.
“Que asimismo resulta expuesta la prueba documental; las car-tas presentadas están extractadas de tal modo que no se entiende el sentido de las mismas, y tampoco se hace una relación de la prueba documental indubitada que se introdujo para llevar a efecto el cotejo de las cartas y probar su autenticidad.
“Por tanto, el demandante suplica:
“1. Que no se admita dicha exposición en la forma presentada hasta que no esté basada en las notas del récord taquigráfico.
“2. Que se le reserve a la demandante el derecho de hacer enmien-das una vez presentada dicha exposición en debida forma.
“3. Que las cartas que fueron introducidas como prueba por la parte demandante sean remitidas originales a la corte de apelación conforme al artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil citado, y que asimismo se remita original el documento que se admitió como indubitado para hacer el cotejo con las cartas referidas.”

El ocho de febrero la parte demandante y apelada pre-sentó otra moción acompañada de varios documentos. La moción, copiada en lo pertinente, dice así:

‘1 Que al efecto de' acreditar que el demandado al preparar el pro-yecto de exposición del caso, no ha tenido presente el récord del taquí-grafo, á pesar de haber tenido oportunidad para hacerlo, acompaño a la presente moción un affidavit 'del taquígrafo de esta honorable corte y copia de las cartas cruzadas entre dicho taquígrafo y el deman-dado, quedando justificado que el demandado de un modo deliberado y temerario, no quiso hacerse de dicho récord taquigráfico, y en este sentido la demandante presenta esta moción como una ampliación a la presentada en este caso el 6 del mes en curso, reiterando en su consecuencia lo solicitado en la anterior moción.”

Los documentos a que se refiere esa última moción tien-den a demostrar que Víctor P. Martínez pidió al taquígrafo de la Corte de Distrito de Aguadilla copia de sus notas, que el taquígrafo contestó manifestando que el récord constaba de 239 pliegos y valía $64.53; que Martínez manifestó enton-ces que él tenía notas exactas del juicio pero que eso no obs-tante pagaría por las del taquígrafo $30. El taquígrafo no accedió y Martínez alegó que no debía cobrarse por pliegos sino por palabras:' El taquígrafo manifestó que estaba con-, forme y contestó por último que, salvo error u- omisión, el récord constaba de 64,530 palabras.

Copias de ambas mociones y de los documentos acompa-ñados a las mismas se remitieron por correo al demandado y apelante.

Así las cosas, la Corte de Distrito de Aguadilla, el 8 de febrero de 1915, sin oir al demandado y apelante, dictó la resolución que a continuación se transcribe:

“A moción presentada por los abogados Carlos Franco Soto y Juan B. Soto, abogados de la demandante, sobre oposición a la admi-sión del pliego de exposición del caso y excepciones presentado por el demandado y-apelante Víctor P. Martínez y González; y
“Por CUANTO, de la certificación que obra en autos, librada .por el taquígrafo de esta corte, Enrique Contreras, aparece que ninguna de las partes litigantes ha solicitado de dicho taquígrafo copia simple ni autenticada por este funcionario del récord taquigráfico tomado en el juicio, arriba expresado, por lo cual ninguna de ellas ha obtenido dichas copias o certificaciones ni han podido servirse de" las mismas para ningún fin legal conectado con este procedimiento.
“Por Cuanto, el documento presentando por Víctor P. Martínez y González, como parte. demandada y apelante bajo la denomina-ción de ‘Exposición del caso y excepciones,’ no es un verdadero pliego formalizado como requiere la ley, por lo cual no puede ser tomado en consideración como tal pliego por no haber cumplido la parte con los requisitos del estatuto que regula la materia.
‘ ‘ Por Cuanto, el documento a que se alude es un pliego incorrecto, anómalo e informal si se le coteja con el récord oficial, redactado de un modo caprichoso o arbitrario, bajo los dictados, sin duda, de la memoria o de simples notas tomadas por la parte o de su orden o-en vista quizá del récord taquigráfico del juicio. anteriormente cele-brado de este mismo caso, cuyos datos carecen todos de valor y efi-cacia, puesto que la única fuente legítima de información creditiva de la legitimidad y corrección de los procedimientos habidos en el juicio y de la evidencia practicada no es otra sino la de las notas taquigráficas tomadas por el taquígrafo oficial de esta corte, las cua-les deben tenerse a la vista para la redacción de un verdadero y legí-timo pliego de exposición del caso y excepciones, aunque éste sea defectuoso o erróneo, según lo prevenido en el artículo ’214 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil no derogado.
“Pob cuanto, no pudiendo utilizarse como sustituto del pliego de referencia ni aun las notas taquigráficas tomadas en el juicio, menos aún ha podido formalizarse el pliego a expensas de la memoria ni en otros datos tomados por la parte o de su- orden o copiados de un récord taquigráfico anterior y distinto del presente. juicio, doctrina ésta implícitamente reconocida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en los casos de Pablo Arrieta y otro; El Pueblo v. Bruno; Sobrinos de Ezquiaga v. Munitiz; Molfulleda v. Ramos, y otras innu-merables decisiones.
“Por cuanto el artículo 299 de la ley enmendando los artícu-los 92, 123, 227 y 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, de 9 de marzo de 1911, preceptiva de que el pliego de exposición del caso y excepciones debe ser presentado dentro de los diez días siguientes al archivo de la apelación o su prórroga, la que no ha sido pedida en este caso, y determina la forma cómo debe ser redactado, por donde no llenando el documento presentado los requisitos legales, debe tenerse por no formalizado y como no presentado el referido pliego.
“Pos cuanto la parte demandada y apelante, Víctor P. Martí-nez y González, tuvo tiempo suficiente y amplia oportunidad para haber obtenido una copia certificada del récord taquigráfico de esté juicio y de haber redactado con sujeción 'a él un verdadero pliego de exposición del caso y excepciones, y al no' hacerlo así es obvio que ha incurrido en un caso de verdadera desidia y de negligencia inu-sitada e inexcusable que solo puede perjudicarle a'él por ser. la parte - realmente interesada en su adquisición y al no hacerlo así, es del mismo modo concluyente ‘que tal omisión implica un abandono o. renuncia voluntaria dél derecho que la ley le reconoce a presentar', dicho pliego.
“PoR cuanto el término para la presentación del mismo es im-prorrogable, no pudiendo la parte después de vencido éste presentar' un pliego correcto y formalmente redactado' de' acuerdo eon la ley,' puesto que los términos legales se establecen en’beneficio de las partes' interesadas y son materia de interés u orden público, debiendo la parte que no los utiliza en debida forma, o los utiliza mal, sufrir las consecuencias de sus propios actos de desidia y negligencia.
“Por Cuanto, si bien es cierto que la corte estaría autorizada para ejercer su discreción judicial siempre que se alegara una causa, legal verdadera y justa que justificara el ejercicio de sus facultades discrecionales, no es menos cierto que en este caso la corre se absten-dría de ejercitar su facultad discrecional teniendo en cuenta la negli-gencia inusitada e inexcusable de la parte demandada la cual pudiendo en tiempo haber obtenido una copia autenticada del récord taqui-gráfico para la formalización de su pliego de exposición del caso y excepciones, por su propia voluntad dejó de obtenerla como lo justi-fican el affidavit y cartas acompañadas y en razón, además, a que si la corte accediera a la pretensión de conceder un nuevo término, tal resolución vendría a fomentar la desidia y negligencia y hasta ■el abuso de las partes interesadas en detrimento del orden del proce-dimiento sancionando de este modo actos que deben ser reprimidos, y en consideración a que tal resolución sería contraria a la seriedad de los tribunales, a las reglas del Enjuiciamiento Civil y a los prin-cipios de una sana y verdadera justicia.
“Por ouANTO, no teniendo el documento presentado la conside-ración legal de un verdadero pliego de exposición del caso y excep-ciones, no puede ser tenido como presentado de un modo legal, no pudiendo tampoco por esta circunstancia fijarse fecha para la compa-recencia de las partes ante esta corte para su aprobación como exige el apartado 4o. del citado artículo 299, puesto que tal precepto para ser cumplido requiere la previa presentación de dicho pliego.
‘ ‘ Por CUANTO en apoyo de todo lo expuesto deben citarse en unión de las anteriores- los casos siguientes: 94 Cal., 33; 92 Cal., 60; 86 Cal., 594; 101 Cal., 429; 17 Cal., 122; 129 Cal.,' 279; 112 Cal., 292-295; 147 Cal., 376; 104 Cal., 208-211, citados en la obra Kerr’s Cyc. Codes of California (part 1), y en Pomeroy — Codes of California Annotated, Civil Procedure.
Por tanto, y en vista de todo lo expuesto, se resuelve tener por no presentado, el pliego de exposición del caso y excepciones que la ley requiere se presente, por no tener esta consideración el docu-mento presentado por la parte demandada y apelante, y decaído el derecho de ésta a presentar dicho pliego de exposición del caso y excepciones, cuya declaración se hace a los fines ulteriores del proce-dimiento, con las costas,-y que se notifique a las partes.”

El peticionario sostiene que el procedimiento seguido por la Corte de Distrito de Agnaclilla no está ajustado a la ley. Veamos lo que ésta dice:

El artículo 299 del Codigo de Enjuiciamiento Civil, tal como qnedó enmendado por la Ley No. 70 de 1911, Leyes de 1911, pág. 238, 239, dice así:

“Archivada que sea una apelación contra una sentencia de una corte de distrito, la parte apelante, dentro de los diez días siguien-tes a su archivo o de la prórroga que en su caso se le conceda por la corte, deberá presentar a ésta, entregando a la vez copia a la parte contraria, un pliego en el que hará constar las excepciones toma-das durante el curso del caso y una exposición de éste.
“En ese pliego se expondrán todos los antecedentes del litigio y pruebas practicadas o presentadas entonces. De la demanda, con-testación y demás alegaciones que forman parte del legajo de la sen-tencia, bastará que se haga referencia a ellos. Así las pruebas tes-tificales como las documentales se expondrán en forma narrativa, extractándose lo que esencialmente concierna al punto o puntos con-trovertidos y determinando además, en cuanto a la prueba documen-tal, los lugares, fechas y en su caso funcionarios que concurrieron en el otorgamiento.
“Cuando sea necesario para una correcta inteligencia y resolu-ción del asunto, que algún mapa, documento original o exhibit de cualquier clase, que no sea susceptible de reproducción por medio ■de copia, fotografía o de otro modo, sea presentado al examen e ins-pección de la Corte Suprema, se hará una descripción del mismo, y el secretario de la corte, a quo, después de autenticar dicho mapa •o documento original o exhibit, bajo su firma y sello de la corte, remi-tirá el mismo al secretario de la Corte Suprema, haciendo constar •que se ha hecho parte del récord del asunto.
“El pliego original así redactado, se archivará en la secretaría •de la corte con la constancia de haberse entregado por el abogado del apelante a los abogados de las partes apeladas, una' copia literal ■del mismo. Archivado dicho pliego en la secretaría de la corte, el ¡secretario dará el mismo día o al siguiente cuenta de ello al juez/ y éste fijará la fecha en que ante él deberán comparecer las partes para la aprobación de dicho pliego.
“Celebrada esa comparecencia, la corte, tomando en considera-ción las manifestaciones hechas por dichas paites, y las resultancias •del litigio, hará en el mencionado pliego las correcciones que estime oportunas y le impartirá su aprobación. Impartida ésta, certificará el juez al pie del pliego su contenido tal como lo liaya aprobado, y pasará en tal forma a formar parte del legajo de la sentencia.
“Constituirá el récord de una apelación, la certificación que librará el secretario del tribunal a quo o los abogados de las partes, del legajo de la sentencia y de la notificación de la apelación. Dicha certifi-cación deberá ser archivada en la secretaría de la Corte Suprema dentro de los treinta días siguientes al en que se haya aprobado el pliego de excepciones y exposición del caso, con la constancia de haberse .entregado a los abogados de las partes apeladas una copia literal de la misma, certificada por el abogado del apelante.”

El procedimiento que debió haberse seguido de acuerdo con la ley, fue el de haber señalado un día para la compa-recencia de las partes y en ese día, oyendo a las partes, des-pués de darles la oportunidad que la ley requiere, el caso hubiera quedado debida y finalmente sometido a la resolu-ción judicial.

El solo hecho de que la parte apelante no tuviera a la vista las notas taquigráficas al preparar el proyecto de expo-sición que presentara, no es bastante para dejar de apro-barlo. Lo esencial en un documento de tal naturaleza, es que se ajuste a la verdad, y el árbitro para fijar esa verdad no es el taquígrafo, sino el juez sentenciador.

Generalmente, en la inmensa mayoría de los casos, son las. notas del taquígrafo oficia], las que sirv.en de base a las relaciones de prueba que se redactan a los efectos de las ape-laciones, pero ésto no quiere decir que si se presenta una relación de hechos preparada por notas tomadas por la parte misma,, o por otra persona, ajustadas exactamente a la ver-dad, pueda dejarse de aprobarla por el solo fundamento de que no se tuvieron a la vista, al redactarla, las notas del taquígrafo.

Lice Oye., refiriéndose a esta materia:-

“Las minutas que toma un taquígrafo en un juicio no son docu-mentos oficiales y solamente podrá hacérseles formar parte de los autos de una-causa incluyéndolas, en,la exposición del caso o pliego de excepciones que.firme .y apruebe i §1-juez. ; El us'o. de dichas, notas hó-es una cuestión que envuelve un derecho absoluto sino que descansa en la discreción del juez que aprueba el caso o exposición y cuando se hace uso de ellas deberán ser condensadas y hacerse referencia a la prueba en forma narrativa.” 3 Cye. 57.

. El procedimiento seguido por la corte de distrito, al dic-tar de plano, sin oir a la parte interesada, una resolución de tanta importancia., para la misma, como la que dictó en este caso, nos parece enteramente erróneo y contrario.a aque-lla práctica de reposo y seguridad que debe siempre impe-rar en los tribunales de justicia.

Después de haberlo meditado bien, opinamos que debe-mos- ejercitar la facultad discrecional que la ley y la juris-prudencia nos reconocen y, dentro de este auto de certiorari, decretar la nulidad de la orden que dictó la Corte de Dis-trito de Aguadilla el 8 de febrero último, en el pleito civil No.- 1413, seguido por Cecilia Méndez como madre y repre-sentante legal de sus menores hijos nombrados Pedro Angel y Laura María Méndez contra Víctor P. Martínez y Gonzá-lez, sobre reconocimiento de hijos naturales, devolviendo los autos originales a la dicha corte para que continúe trami-tándolos ele acuerdo con la ley. ' • >

Declarada con lugar la solicitud de certiorari y anulada la orden de febrero 8, 1915.

Jueces concurrentes: -Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. del Tono,

license: Public Domain

text:
    Martin et al., Recurrentes, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad- de Arecibo denegando la inscripción de una finca urbana. . ,
    No. 217.
    Resuelto en marzo 4, 1915.
    Edificio Levantado en Suelo Propio — Inscripción en el Reoistro. — El edificio levantado en suelo propio pertenece al dueño del suelo, y, con arreglo al prin-cipio de que lo accesorio sigue a lo principal, no es necesaria la inscripción especial del edificio.
    Edificio Levantado en Suelo Ajeno — Inscripción en el Eegistro.. — Guando el edificio es construido en' suelo ajeno, tanto el terreno como el edificio son cosas principales para los efectos de la ley hipotecaria y requieren inscripción separada a favor de cada dueño.
    Id. — Consentimiento del Dueño del Suelo para la Edificación. — El hecho de que el dueño del suelo preste su consentimiento para la edificación no da a ésta el carácter de cosa accesoria, ni destruye el precepto del artículo 20 de la ley hipotecaria que requiere la inscripción previa del derecho a nombre del trasmitente para poder ser inscrito a nombre del comprador.
    Los hechos está,n expresados en da opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. A. F. Castro.

    El Registrador Sr. José Marcial López, compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

En 16 de enero de 1915 Juan N. Rodríguez vendió, por escritura pública, a los.esposos.Joseph Martin y Julia.Barbé, cierta finca rústica conteniendo una casa de maderas del país, techada de zinc, dando frente a la carretera y otra de made-ras techada de yaguas en mal estado. Entre las cláusulas del contrato hay una que, en lo pertinente, dice así: ‘ ‘ Corres-ponde esta finca al Sr. Rodríguez por haberla adquirido en la siguiente forma: la casa techada de zinc, que mide por su frente a la carretera siete varas y seis por su fondo, jpor haberla construido a sus expensás en el mes de agosto de'mil novecientos once * *

Presentada la escritura en el Registro de la Propiedad de Arecibo, el registrador, el 25 de enero de 1915, la inscri-bió “sólo en cuanto al terreno y casa de maderas techada de yaguas hoy reconstruida y techada de zinc, suspendiéndose la inscripción en cuanto a la otra casa también de maderas techada de zinc enclavada en el mismo terreno, por no' apa-recer inscrita a favor del vendedor Don Juan N. Rodríguez Pérez ni de otra persona alguna.”

No conformes los compradores con lá nota del registra-dor en cuanto por ella se suspendió la inscripción de la casa de que se lia hecho mérito, interpusieron dlr presente recurso gubernativo para ante este Tribunal Supremo, citando en apoyo de su • contención el artículo 61 del Reglamento de la Ley Hipotecaria y la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en el caso de A. Sánchez y Ca., S. en C., v. El Registrador, 16 D. P. R., 441, y por la Dirección General de los Registros y del Notariado de España en su resolución de 22 de agosto de 1863.

El registrador recurrido alegó en justificación de su nota que el precépto de ley y la jurisprudencia citados por los re-currentes no eran aplicables a este caso, ya que se refieren a la fabricación en suelo propio, y del registro constaba que la casa en cuestión no fué edificada por el dueño del terreno, sino por otra persona para ella misma, con autorización del dueño de la finca.

La historia de la casa, segiín el registro, es como signe: Fué edificada para sí mismo por Enrique Salas, con auto-rización del entonces dueño de la finca Carmelo Salas, y ven-dida luego, por su dueño a Juan N. Rodríguez y a Miguel E. Miró por la misma escritura por la que Carmelo Salas ven-dió la finca a los dichos Rodríguez y Miró. La escritura de venta de la finca y de la casa se llevó al registro para su inscripción y, en efecto, fué inscrita, pero solo en cuanto a la finca. En cuanto a la casa, el registrador suspendió la inscripción por no aparecer inscrita a favor del vendedor. La nota del registrador, que tiene fecha 13 de julio de 1912, fué consentida. Luego uno de los compradores de la finca y de la casa, Miguel E. Miró, vendió al otro comprador Juan N. Rodríguez, su participación en la finca y en la casa. Se llevó al registro la escritura y se repitió el mismo caso, a saber: se inscribió la venta del condominio en la finca y se suspendió la del condominio en la casa. La nota del regis-trador fué de igual modo consentida. Así las cosas, el dueño de la finca y de la casa, Juan N. Rodríguez, celebró con los esposos Martin el contrato a que se refiere-este recurso, ha-ciéndose constar en él, como dejamos expuesto, que la casa de que se trata fjié construida, a sus expensas por el vende-dor, contradiciendo así las constancias del registro demos-trativas de que la casa la adquirió el vendedor por compra.

Al-defender su nota, sostiene en su alegato el registrador, lo que sigue:

“Es evidente que el edificio levantado en suelo propio pertenece al dueño del suelo y que en este caso con arreglo al principio de que lo accesorio sigue a lo principal, no se requiere inscripción especial del edificio. (Por eso fué inscrita la casa techada de yaguas encla-vada en la misma finca que fué reconstruida después.)
. “Pero éste no es el caso presente. Aquí no hay nada accesorio, porque el suelo pertenecía a una persona y el edificio a otra, y por esa razón tanto el terreno como el edificio son cosas principales para los efectos de la Ley Hipotecaria, y requieren inscripción separada a favor de cada dueño.
“Ejemplo de ello son los solares que conceden gratuitamente los municipios para edificaciones, en que se inscriben aquéllos a favor de los municipios y las casas a favor de sus edificantes. La ley exime de la inscripción de los edificios tan sólo a los dueños del suelo en que se levantan, pero -no a los que edifican en terreno ajeno.
“Por ello, cuando Don Carmelo Salas del Talle, vendió la finca rústica No. 4581-y Don Enrique de iguales apellidos la casa techada de zinc a Don Juan N. Rodríguez Pérez y Don Miguel E. Miró, el registrador tuvo en cuenta el precepto del ar.tículo 20 de la Ley Hipo-tecaria que exige la inscripción previa a favor del trasmitente.
“El hecho de consignarse en la escritura por Don Carmelo Salas del Talle, que había presta,do su consentimiento para edificar la casa en áu terreno y que la casa formaba parte integrante de la finca, no desvirtúa, no destruye el precepto del artículo 20 de la ley, antes por el contrario, aclara y reconoce que la casa pertenecía a distinto dueño, y de aquí la necesidad legal de la inscripción previa a favor de éste para poder ser inscrita a favor del comprador.
“Además: los primeros compradores Don Juan N. Rodríguez Pé-rez y Don Miguel E. Miró Gubiana consintieron las notas de sus-pensión de inscripción de la casa, y tenía conocimiento el primero al vender la finca a los esposos Martín Barbé, que dicha casa no estaba registrada a su nombre.
“El registrador que suscribe no podía seguir otra conducta, sino suspender la inscripción de la casa por la razón antedicha de no estar registrada a nombre del vendedor, ya que anteriormente había sido suspendida la inscripción y aceptada la calificación por los primeros compradores. ’ ’

Las razones expuestas por el registrador son suficientes para sostener la nota recurrida. Debe declararse sin .lugar •el recurso.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-eiados Wolf, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Gallardo, Acusado y Apelante.
    ApelacioN procedente' de la Corte de Distrito de Guayama en causa por delito contra el derecho electoral (Inf.-del art. 162 del Código Penal).
    No. 761.
    Resuelto en marzo 8, 1915.
    Delito — Pena.—Nadie debe ser castigado a menos que su-delito esté estatuido."
    Delito Contha el Derecho Electoral — Acusación—Inscripción de Electo-res — Doble Inscripción.' — En el presente caso se imputó al acusado .el si-guiente hecho: “que ilegal, voluntaria y maliciosamente se hizo inscribir en el registro de eleetor.es del municipio de Guayama, a sabiendas de que no tenía derecho a-tal inscripción por estar previamente inscrito como elector •de dicho municipio,” y se resolvió: que aunque la doble inscripción está-prohibida por el artículo 16 de la ley electoral de 1906, no aparece penada ■sin embargo, y ciertamente no lo está por el artículo 162 del Código Penal.
    Los.'hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. 'Salvador Mestref Fiscal.

    El acusado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

. La única cuestión que aparece envuelta en este caso es la relativa a la suficiencia de la acusación, la cual es como sigue:

‘ ‘En el nombre y por la autoridad de ‘ El Pueblo de' Puerto Rico. ’ Estados Unidos de América. El Presidente de los Estados Unidos. ■‘El Pueblo de Puerto Rico’1 contra Francisco Gallardo. En la Corte' de Distrito de Guayama a 29 de septiembre de mil novecientos ca-torce. — No. 2327. — El Fiscal formula acusación contra Francisco Ga-llardo por un delito de infracción al artículo 162 del Código Penal, misdemeanor, cometido como sigue: El citado Francisco Gallardo, allá el día 9 de. julio de 1914, y en Guayama, que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, ilegal, voluntaria y maliciosa-, mente se hizo inscribir en el registro de electores del municipio de Guayama, a sabiendas de que no tenía derecho a tal inscripción por estar previamente inscrito como elector de dicho municipio. Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dig-nidad de ‘El Pueblo de Puerto Rico.’ S. Yivaldi Pacheco, Fiscal del Distrito. ’ ’

El artículo 162 del Código Penal enmendado por Ley de marzo 14, 1907, prescribe lo siguiente:

“Artículo 162. — Toda persona que voluntariamente se hiciere o-dejare inscribir en el registro de electores de cualquier municipio' de Puerto Rico , sabiendo que no tiene derecho a tal inscripción, o-que se inscribiere en nombre de otra persona, o bajo un nombre que-no fuere el suyo; o toda persona que indujere, ayudare o aconsejare a otra a inscribirse en el registro de electores en cualquier municipio' de Puerto Rico, sabiendo que dicha persona no está capacitada para, ello; o toda persona que, a sabiendas, intentare impedir a cualquiera otra debidamente capacitada como elector, que se inscriba en el corres-pondiente registro, será considerada como incursa en misdemeanor y convicta que fuere, se le condenará a pagar, una multa de cincuenta a quinientos dollars, o a cárcel por un término que no excederá de un año, o a ambas penas a arbitrio del tribunal. En los procesos-instruidos por cualquiera infracción de las disposiciones consignadas en este artículo, si se probare que el reo figura inscrito en el regis-tro de electores de cualquier, municipio, sin estar para ello capa-citado, deberá el tribunal ordenar que se anule dicha inscripción.”

Debe notarse que- el objeto del artículo es evitar que sea inscrita una persona que no reúna las condiciones necesa-rias de un elector. La primera parte de ‘dicho artículo se refiere a una persona que “no tiene derecho,” determinando en su parte final que la corte deberá ordenar que se anule la inscripción si la persona “no está capacitada.” La idea que tuvo presente la Legislatura era la condición y capaci-dad del elector. Esta idea se ve además de la enumeración parcial que se liace de los hechos punibles en el referido ar-tículo, o sea el inscribirse en nombre de otra persona o bajo un nombre que no fuere el suyo, etc.

Aunque la doble inscripción está prohibida por'el artículo 16 de la Ley Electoral de 1906, no aparecé penada, sin embargo, y ciertamente no lo está por el artículo 162 del Código Penal. Nadie debe ser castigado a no ser que se determine su,delito. El Pueblo v. Paratze, resuelto en febrero 1°., 1915. Debe revocarse la sentencia apelada.

Revocada la sentencia apelada, absolviéndose al acusado.

Jueces concurrentes: ■ Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rivera, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. González, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Bones, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. García, Acusado y Apelante.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de Guayama y de Ponce la última en causas por delito contra el dere-cho electoral. (Inf. del art. 162 del Código Penal). .
    Nos. 762, 763, 764 y 768.
    Resueltos en marzo 8, 1915.
    Resueltos por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 761, MI Mueblo v. Gallardo, (pág. 153).
    Abogado del Pueblo: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.,

      Los acusados uo comparecieron.
   Revocadas las sentencias apeladas, absolvién-dose a las acusados.

..Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no formó parte del tribunal en la .vista de estos casos, con excepción del No. 768, en el que concurrió.


author: El Juez Asociado Se.. Hutchison,

text:
    López, Demandante y Apelado, v. Meléndez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa sobre desahucio.
    No. 1233.
    Resuelto en marzo 9, 1915.
    Emplazamiento — Su Suficiencia — Apercibimiento al Demandado. — Aun cuando, generalmente, se exige que el emplazamiento o citación al demandado con-tenga el apercibimiento de lo que puede ocurrir si no comparece, es suficiente si cumple substaneialmente con el estatuto, proposición que esta sostenida por el gran peso de las autoridades en jurisdicciones donde existen preceptos semejantes al del artículo 142 del Código de Enjuiciamiento Civil. .
    Id. — Desahucio—Apercibimiento al Demandado. — En el presente caso el emplaza-miento, que fué servido con una copia de la demanda, contenía el apercibi-miento de que, en caso de no comparecer el demandado "se continuara el pleito por todos sus trámites sin más eitarlo ni oirlo basta dictarse la sen-'tencia que proceda," y habiéndose alegado que de acuerdo con la seeción 5 de la ley de desahucio debía contener el apercibimiento de que, en caso de no comparecer el demandado "se decretara el desahucio sin más citarlo ni oirlo,” se declaró que en dicho emplazamiento se cumple substancialmente y de un modo suficiente con las prescripciones de la ley en lo que respecta al apercibimiento contenido en la misma, y que el defecto técnico alegado no afecta a ningún'derecho sustancial .del demandado. . ,
    Interpretación de Lev — Lev de Desahucio. — La seceión 5 de la ley de desa-hucio sobre el apercibimiento supra, debe ser interpretada en relación con los demás preceptos de la referida ley y de un modo liberal. ■ ■
    Emplazamiento — Interés Público — Acto de . Mero Interés Particular. — El acto que ejecuta una persona al servir la citación o emplazamiento al deman-dadp, es uno de interés público por ser una medida necesaria en los proce-dimientos de una acción legal que puede afectar la regularidad y validez de dichos procedimientos, y, por tanto, no puede’ ser considerado como un acto "de mero interés particular” dentro de las prescripciones de la sección 4 de la ley sobre affidavits de marzo 12, 1908.

      'Id. — Diligenoiamiento—Juramentos—Jueces Municipales. — De acuerdo con la sección 2 de la ley de marzo 12, 1903, enmendada por ley de 1910, y la ley sobre affidavits de marzo 12, 1908, los jueces municipales tienen facultades para tomar juramentos en el diligenciamiento de una citación o emplazamiento al demandado.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante:‘Sr. Arturo Aponte, Jr., quien com-pareció por escrito.
    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Se.. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado, que fué demandante en la corte inferior, en su carácter de comprador en una venta judicial estableció' demanda de desahucio ante la Corte de Distrito de Humacao' contra el apelante, demandado en dicha corte, para recobrar-la posesión de .cierta finca rústica perteneciente anterior-mente a éste último.

La demanda concluye con la súplica siguiente:

“Por lo que a la honorable corte suplica se sirva dictar senten-cia declarando con lugar esta demanda de desahucio y en su conse-cuencia condene al demandado a desalojar el inmueble descrito en esta demanda, decretándose si no lo hiciere dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que fuere firme dicha sentencia, el lanza-miento del demandado, sus familiares, peones, agregados y demás empleados, así como de todas' aquellas personas que se encuentren en el inmueble por un derecho emanado del demandado Serafín Melendez, imponiendo a éste el pago de las costas y desembolsos qué se' causen al demandante con este litigio.”

El emplazamiento, declaración jurada de haber sido éste diligenciado y el juramento,,son como siguen:

“Por la presente se notifica a V. que se ha registrado en la ofi-cina del secretario de la Corte de Distrito de Humacao, la demanda del actor antes citado, en la cual solicita se dicte sentencia declarando con lugar la demanda de desahucio de la finca de 20 cuerdas de terreno del barrio de Mariana del término municipal de Naguabo que se describe en la alegación segunda de la demanda, y en su consecuencia se condene al demandado a desalojar dicho inmueble, decretándose si no lo hiciere dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que-fuere firme dicha sentencia el lanzamiento del demandado, sus fami-liares, peones, agregados y demás empleados, así como el de todas aquellas personas que se encuentren en el inmueble por derecho ema-nado del demandado Serafín Meléndez, imponiendo a éste el pago de las costas y desembolsos que se causen con este litigio al deman-dante, que representa el abogado Manuel Tous Soto, residente en la calle de la Carrera, en la ciudad de Humacao.
“Y se le notifica también que el ITon. Rafael Cuevas Zequiera, juez de esta corte, en orden de esta fecha, ha señalado la sesión que la corte de distrito celebre el día 26 de agosto de 1914, a los 9 de la mañana de dicho día, para la comparecencia de las partes en este pleito, en cuya sesión debe Y., el demandado antes mencionado, comparecer por sí o por medio de abogado, para exponer lo que a su derecho con-duzca, presentar sus alegaciones de derecho y de hecho contra la demanda y'formular toda la prueba que le convenga, apercibido que si no comparece en dicha sesión a formular sus alegaciones se con-tinuará el pleito por todos sus trámites sin más citarle ni oirle, hasta dictarse la sentencia que proceda. En testimonio de lo cual extiendo la presente bajo mi firma y el sello de la corte en la ciudad de Huma-cao, .el día 17 de Agosto de 1914. — Jesús L. Pereyó, Secretario de la Corte. ’ ’
■‘DiligenciamieNto. Yo, Luis Guzmán, juro solemnemente que soy mayor de 18 años, sé leer y escribir, no soy parte ni tengo inte-res personal en el pleito en que esta citación fué expedida, y conozco al demandado Serafín Meléndez. Que en el barrio de Mariana del término municipal de Naguabo entregué a dicho demandado en el día de hoy una copia de esta citación autorizada por el Secretario de la Corte de Distrito de Humacao, con copia de este juramento suscrito por mí y una copia de la demanda suscrita por el abogado M. Tous Soto. Agosto 22 de 1914. Luis Guzmán.”
“JuRAmento. Jurado y suscrito ante mí por Luis Guzmán, mayor de edad, agente judicial, vecino de Fajardo, y a quien conozco personalmente, en Fajardo, P. R., a 22 dé agosto de 1914. J. Penedo, .Juez Municipal.”

En 20 de octubre de 1914, se dictó la siguiente sentencia:

'“SENTENCIA. Ante esta corte compareció Esteban López Cruz, •por su abogado M. Tous Soto, estableciendo demanda de desahucio (Contra Serafín Meléndez, y como fundamento de su causa de acción ■ .alega ser dueño de un inmueble que adquirió por adjudicación.
“Alega asimismo el demandante, que el demandado Serafín Melendez, está en posesión del inmueble descrito contra la voluntad del demandante y sin pagar canon o merced.
“Señalado día para la primera comparecencia solamente el de-mandante compareció, y en el acto de la. segunda comparecencia se practicó la prueba del demandante encontrándose el demandado en rebeldía.
“De la evidencia practicada aparecen justificados los extremos esenciales de la demanda, por cuya razón la corte la declara con lugar.
“Por las razones expuestas la corte, es de opinión que la ley y los hechos están a favor del demandante y por tanto condena al de-mandado a desalojar la finca del demandante descrita en la demanda, en los términos que prescribe la vigente ley de desahucio. El deman-dado debe pagar las costas. Notifíquese a las partes de esta resolu-ción para su debido conocimiento. Dado en corte abierta en Huma-cao, P. R., hoy día 10 de octubre de 1914. R. Cuevas Zequeira, Juez de Distrito. Certifico: Jesús L. Pereyó.”

El apelante insiste en el hecho de ser defectuosa la cita-ción por no contener el apercibimiento que la ley exige, pues ■en el que realmente se hizo se expresaba que- en caso de no comparecer el demandado se continuaría el pleito por todos sus trámites sin más citarle ni oirle hasta dictarse “la sen-tencia que proceda,” no obstante disponer el estatuto que deberá apercibírsele de que si no comparece se “decretará •el desahucio” sin más citarle ni oirle; y alega además que la prueba del diligenciamiento de la citación es insuficiente por no estar autorizados los jueces municipales para tomar ■tales juramentos.

Las secciones 4 hasta la 8 inclusive y 16 de la Ley de Desa-hucio, son las siguientes:

‘1 Sección 4. — Se promoverá el juicio por medio de demanda redac-tada conforme a lo prescrito para el juicio ordinario en el código -de enjuiciamiento civil, y presentada aquélla se mandará convocar al .-actor y al demandado para una comparecencia que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes al en que se presente la reclama-ción.
“Sección 5. — Si no se encontrase el demandado en el lugar del .juicio o no tuviere en él su domicilio, se entenderá la citación con la persona que en cualquier forma estuviere encargada en su nombre del cuidado de la finca en diclio lugar. Al citarse al demandado se le apercibirá de que no compareciendo por sí - o por legítimo apo-derado, se decretará el desahucio sin más citarlo ni oirlo.
“Sección 6. — El día de la comparecencia se celebrará el juicio y en él expondrán por su orden las partes lo que a su derecho con-duzcan y formularán en el acto toda la prueba que les convenga, y admitida la que se estime pertinente, se practicará dentro de un plazo que no podrá en ningún caso exceder de diez días. Terminadas las pruebas, el juez o la corte en su caso dictará la sentencia 'dentro del término más breve posible, declarando haber o no haber lugar al desahucio. Disponiéndose que las excepciones previas y todas las que el demandado haya de alegar deberán aducirse al contestar-la demanda.
“Sección 7. — Las pruebas documentales de que haya de valerse el demandante y el demandado, respectivamente, deberán presentarse en el acto de la comparecencia prescrita en la sección 4.
“Sección 8. — Citado el demandado y entregada que sea la cita-ción diligenciada al secretario, éste incluirá inmediatamente el asunto en el calendario.”
“Sección 16. — La sentencia que declare con lugar la demanda de desahucio ordenará el lanzamiento del demandado dentro de los tér-minos siguientes, contados desde que dicha sentencia quede firme:. Quince días si se tratase de una casa destinada a .habitación o vivienda de familia. Veinte días en todos los .demás casos.”

La. sección 14 prescribe que las apelaciones se tramita-rán y resolverán de acuerdo con- el Código de Enjuiciamiento' Civil, disponiendo la sección 142 de dicho código, que:

“En cualquier estado de Un pleito, la corte tomará en cuenta-algún error o defecto en las alegaciones o procedimientos que no afecten a lo esencial de ios derechos de las partes, y no se revocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error o defecto.” .

Los incisos 4 y 5 de la sección 89 del código determinan-,, el primero, que en una acción originada de un contrato para' obtener dinero o el importé de daños y perjuicios solamente, se hará constar en la citación la prevención de que si no-compareciere el demandado el demandante obtendrá fallo por.la cantidad exigida en la demanda; y el segundo, que en las demás acciones el demandante solicitará de la corte le sea concedida la petición hedía en la demanda.

La sección 92 prescribe que se hará entrega de la copia de la demanda acompañada a la citación, con la certifica-ción del marshal, cuando éste la hiciere, o una declaración jurada, cuando se diligenciare por cualquiera otra persona. La sección 97 se expresa en iguales términos en lo que res-pecta a la prueba de haberse hecho la citación.

En apoyo de la alegación referente a que la citación no contiene el apercibimiento exigido por el estatuto, el ape-lante cita los casos de State v. Woodlief, 2 Cal. 241; Ward v. Ward, 59 Cal., 139, y Zapater v. Irizarry, 15 D. P. R., 538.

En el primero de los casos citados la citación no conte-nía al parecer ningún apercibimiento y era además fatalmente defectuosa. La opinión del tribunal, que es mi modelo de, sencillez, puede ser citada en toda su extensión:

“En este caso la citación es radicalmente defectuosa e insuficiente para que pueda basarse en ella una sentencia en rebeldía; y tan es así, .que el Fiscal general hace constar su repugnancia para solici-tar que se confirme la sentencia. En vista de estas circunstancias no es necesario considerar más el caso.”

En el caso de Ward v. Ward, la corte resolvió que el dili-geneiamiento de una citación en la que se hace constar el apercibimiento de que el demandante solicitará de la corte le sea concedida la petición hecha en la demanda en el caso de no comparecer el demandado en una acción sobre daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, constituía una desviación sustancial de la forma de citaciones que el código determina para las acciones que se originan por virtud de contratos.

En el caso de Zapater v. Irizarry que fué también una acción sobre daños y perjuicios por incumplimiento de con-trato, este tribunal se expresó en la- forma siguiente:

* La forma del emplazamiento en el presento caso se ajustó más bien a las disposiciones del párrafo 5o: que a las del pá-rrafo 4o.
“El artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil menciona los casos y la manera de obtener fallos si el demandado dejare de contestar a la demanda. El derecho que el apelado tenía a que se dictara sentencia a su favor con motivo de la rebeldía de los ape-lantes estaba basado en el párrafo Io. de dicho artículo, que dice lo siguiente:
“ ‘En un pleito que nazca de un contrato sobre pago de dinero ■o para obtener perjuicios solamente, si no se hubiere presentado la contestación .al secretario de la corte dentro del término señalado •en la citación, o de su prórroga, si se hubiese concedido; el secretario, ■a instancia del demandante, deberá hacer constar la rebeldía del de-mandado, y acto seguido anotará en el récord de la corte' la smiten-■cia para el pago de’ la cantidad especificada en la citación, con más las costas contra el demandado, o contra uno' o más de los varios de-mandados, en los casos previstos en el artículo 96.’
“Para obtener derecho a una acción en virtud del párrafo Io. del artículo 194, el demandante debe dar el aviso que exige el párrafo 4o. del artículo 89. El demandante en el presente caso se limita a notificar a los demandados que pediría un fallo de acuerdo con la demanda, mientras que la ley exige que en acciones que nazcan de tun contrato, aquella parte del emplazamiento que contiene la notifi-icaeión, exprese la suma por la cual el demandante pedirá un fallo a su favor si el demandado dejare de contestar a la demanda.’’

Estos casos son por consiguiente enteramente distintos en cnanto a sus hechos, del presente caso. .

' Generalmente se exige que en la diligencia se informe al demandado de lo que puede ocurrir si no comparece, como sucede en las acciones originadas de un contrato para obte-ner dinero solamente, en las que se- hará constar en la cita-ción que si no compareciere el demandado se dictará senten-cia contra él por una suma especificada, y en las demás accio-nes que en dicho caso el demandante solicitará de la corte que le sea concedida la petición que hubiese hecho en la de-manda. Siempre es suficiente con que se cumpla substan-cialmente con el estatuto. 32 Cyc., 438, y casos citados.

La proposición a que acabamos de referirnos de que todo lo que se exige es que se cumpla substancialmente con el estatuto está sostenida por el gran peso de las autoridades; y esto ocurre precisamente así y ha quedado establecido fuera de toda discusión en todas las jurisdicciones en las cuales se requiere la entrega de una copia de la demanda con la cita-ción y en cuyo caso lia sido entregada, y donde el código contiene preceptos semejantes a nuestro artículo 142 arriba citado. Bewick v. Muir, 83 Cal., 368; Clark v. Palmer, 90 Cal., 504; Behlow v. Shorb, 91 Cal., 141; People v. Dodge, 104 Cal., 487; Stanquist v. Hebbard, 122 Cal., 268; Harpold v. Doyle, 16 Idaho, 671; Snake River Valley Irrigation Dist. v. Stevens, 18 Idaho, 541; Sawyer v. Robertson, 11 Mont., 416; Schuttler v. King, 12 Mont., 149; Sweeney v. Schultes, 19 Nev., 53; Higgley v. Pollock, (Nev.), 27 Pac., 895; Burkhard v. Haycox, (Colo.), 35 Pac., 730; Stanley v. Rachofsky, 50 Or., 472.

El contenido y la forma de la citación no han sido deter-minados en detalle en la ley de desahucio. “Se mandará convocar al actor y al demandado para' una comparecencia. ’ ’ La sección 5, habla, sin embargo, de una citación y dispone que al citarse al demandado “se le apercibirá de que no com-pareciendo por sí o por legítimo apoderado, se decretará el desahucio sin más citarlo ni oirlo.” Esta sección deberá ser interpretada en relación con los demás preceptos de la misma, y de acuerdo con las autoridades citadas anterior-mente debe interpretarse en un sentido liberal. Nada se prescribe acerca de dicha sentencia en rebeldía en la forma en que la considera el párrafo 4 de la sección 89 y el inciso 1 de la sección 194 del código. Los procedimientos subsi-guientes se ajustan de modo más estricto a los expresados en el párrafo 2 de la última sección los cuales se basan en la prevención que prescribe el inciso 5 de la primera sección. “Se celebrará el juicio.” Terminadas las pruebas se dic-tará sentencia declarando “haber o no haber lugar al desa-hucio.” La sentencia que declare con lugar la demanda de desahucio “ordenará el lanzamiento del demandado dentro de -los términos siguientes, contados desde que dicha sen-tencia quede firme: quince días, si sé tratase de una casa destinada a habitación o vivienda de familia. Veinte días en todos los demás casos.”

Ni siquiera esta sentencia y orden pueden en realidad ser ejecutadas sin cumplirse las formalidades de los demás pro-cedimientos :

“Sección 17. — El lanzamiento -se verificará por el márslial pre-vio mandamiento de la corte en virtud de moción hecha a la misma o al juez en su despacho una vez transcurridos los términos de la pre-cedente sección.”

La citación envuelta en este caso contiene una relación completa de la súplica hecha en la demanda como también de la sentencia que se pidió a la corte que fuera dictada, y después de hacer referencia a una orden de igual fecha que la citación en la que se fija un día para la comparecencia preliminar de las partes, expresando dicha fecha y hora, se le advierte en ella al demandado lo siguiente: “en cuya sesión deberá V., el demandado antes mencionado, compa-recer por sí o por medio de abogado para exponer lo que a su derecho conduzca, presentar sus alegaciones de derecho y de hecho contra la demanda, y formular toda la prueba que le convenga, apercibido de' que si no comparece en dicha sesión a formular sus alegaciones, se continuará el pleito por todos sus trámites, sin más citarle ni oirle, hasta dictarse la sentencia que proceda.” Una copia de la demanda con la súplica tal como ha sido transcrita primeramente y fir-mada por el abogado del demandante junto con una copia de la declaración jurada de haberse practicado la citación, firmada por el declarante, fue a la vez entregada al deman-dado. No existe en todos los autos el más remoto indicio de que el demandado fué inducido a error en su perjuicio, o que tuvo alguna defensa que alegar, o que tendría cualquier defensa o sería otro el resultado si se anulara la citación, dejara sin efecto la sentencia dictada por la corte inferior y se ordenara que comenzara el procedimiento de nuevo con otra citación.

En el presente caso como en cualquier otro de desahucio, no puede haber sino una sola “sentencia que proceda” si es a favor del demandante y en contra del demandado. Este tenía entero conocimiento de cual sería la sentencia que se dictaría en caso de ser ésta adversa para él, primero, por los datos claros y concisos pero completos que le fueron suministrados por virtud de la citación, segundo, por la copia de la demanda que le fué entregada con dicha citación, y ter-cero, por la ley misma la cual se presume que debe conocer y que solo admite una sentencia a favor del demandante y en contra del demandado, la que clara y específicamente de-termina de modo preciso y en detalle cuál habrá de ser esa sentencia, lo que ordenará y cómo será ejecutada.

Por consiguiente, 'nos vemos obligados a declarar que en la citación de referencia se cumple sustancialmente y por tanto de modo suficiente con las prescripciones de la ley en lo que respecta al apercibimiento contenido en ella y que el defecto técnico alegado no afecta a ningún derecho sus-tancial del apelante, que fué el demandado ante la corte inferior.

Pasemos ahora a considerar el affidavit del diligencia-miento de la citación el cual se alega que es defectuoso. La sección 2 de la' ley autorizando a determinados funciona-rios para tomar juramentos, declaraciones juradas y afir-maciones en Puerto Eico, etc., aprobada en marzo 12, 1903, según fué enmendada en el año 1910, prescribe que:

“Artículo 2. — Todo juramento, declaración jurada o afirmación que sea necesaria o conveniente o que la ley. requiera,, podrá pres-tarse en Puerto Rico y expedirse una certificación al efecto, ante cualquier magistrado de la Corte Suprema, o ante cualquier juez de una Corte de distrito, o ante cualquier secretario de cualesquiera de las cortes antedichas, o ante cualquier juez de paz o municipal, o ante cualquier notario, o ante cualquier Comisionado de los Esta-dos Unidos para el Distrito de Puerto Rico * *

La sección 2 de la Ley de 1910, enmendatoria de la que acaba de citarse, deroga todas las leyes que se opusieren a la misma “con excepción de la ley sobre affidavits, apro-bada en 12 de marzo de 1908, que continuará en toda sn fuerza y vigor. ’ ’

La Ley de 1908 citada últimamente define en sn sección Ia. lo que es un affidavit, en la 3a. prescribe la forma de éstos en los diferentes casos, disponiendo en sn sección 4 de la ver-sión inglesa, lo que signe:

“Section 4. — All notaries, justices of the Supreme Court, judges of district courts and municipal courts, and justices of the peace, the Secretary of Porto Rico, and all other heads of the executive departments, may authorize all affidavits or declarations herein referred to in this laiv; notaries, however, may authorize such affidavits or declarations only when they have reference to fads, acts or contracts of a mere private nature.”

Esta sección facilita otro ejemplo de la lamentable fre-cuencia con que en nuestras leyes se dice una cosa en inglés y otra en español. La frase citada últimamente aparece redactada en el texto castellano, como signe:

“Pero solamente los notarios podrán autorizarlos cuando se refie-ran a lieebos, actos o contratos de mero interés particular.”

Las. secciones 5 basta la 8 inclusive disponen lo relativo a la forma en que serán llevados los registros, determinando los honorarios que ban de cobrarse, expresando además que serán nulos todos los affidavits que no bayan sido inscritos o incluidos en el índice, determinando en cambio la sección 9 que “no se entenderán comprendidas en esta ley las decla-raciones prestadas en procedimientos judiciales o guberna-tivos ante jueces o funcionarios de cualquiera clase, en asun-tos de su jurisdicción.”

■ Para sostener la proposición relativa a ser nulo el affidavit de diligenciamiento por haber sido prestado ante fun-cionario sin facultades para tomarlo, el apelante cita la sec-ción 4 de la ley de 1908, a la cual ya hemos hecho referen-cia, que prescribe en su texto castelláno que “solamente los notarios' podrán autorizar tales' affidavits o declaraciones cuando- se refieran a .hechos, actos o contratos de mero inte-rés particular.

Teniendo en cuenta la admisión que hace el apelante al concluir su alegato escrito, no vemos que sea necesario en-trar en detalles. Citamos de la última página de dicho ale-gato lo siguiente:

“La cuestión se concreta y limita, en nuestro sentir, a resolver si el acto ejecutado por Luís G-uzmán es de interés público o privado. Esa es la cuestión lisa y llana. Si aquel affidavit afectó a todo El Pueblo de Puerto Rico o a la comunidad de Fajardo, no hemos dicho' nada; pero si por el contrarío aquella* declaración solamente inte-’ resaba al demandante en el pleito para justificar que había empla-> zado al demandado, entonces nos encontramos; frente a un acto entera y completamente nulo, porque el juez municipal de Fajardo no era el que conocía dé aquel pleito.”

Creemos que el acto ejecutado por Luis G-uzmán “es uno-de interés público, puesto que era y es un incidente, una me-dida necesaria en los procedimientos de una acción legal y el público tiene interés en cada una de dichas acciones y en cada incidente de las mismas que afecte a la regularidad y validez de los procedimientos. Es un precedente que se-establece para norma de todo demandante. Es el aperci-bimiento que se hace a todo demandado de lo que es nece-; sario para hacerle comparecer ante la corte. Es un acto que ordinaria y debidamente se ejecuta- en la mayoría de los casos como deber oficial por un funcionario público y el cual de no ejecutarse en esta forma se permite por conveniencia de las partes que. se lleve a cabo por una persona particular que no tenga ningún interés solamente en ciertas condiciones, y con sujeción a las formalidades que han sido cuidadosa-mente prescritas; un acto cuya debida ejecución hasta en la ley común requería la participación y activa cooperación de dos personas; un acto que ha merecido la debida consi-deración de los legisladores de todos los países civilizados y respecto al cual se han publicado muchos tomos de decisiones judiciales. Es la piedra angular de la base en que desean-san todos los demás procedimientos subsiguientes en cada' acción que se establece y es por consiguiente una cuestión en la que el público colectiva e individualmente tiene un interés tan grande como puede tenerlo en cualquier asunto de práctica diaria o procedimiento civil que afecte de modo serio a los derechos de los hombres. No puede, por tanto, ser considerado como un acto “de mero interés particular.”

Además, la sección 2 de la Ley de 1903, tal como ha sido enmendada en 1910, resuelve de modo terminante este aspecto del caso. El texto de la referida sección como ha sido enmen-dada es demasiado claro e inequívoco para que pueda ser objeto de disensión alguna en lo que respecta a su signifi-cación y siendo la última expresión de la legislatura sobre la materia, deberá regir en -la interpretación de cualquier lenguaje dudoso que acerca de esta cuestión esté contenido en la Ley de 1908.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Plernández no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


text:
    Dumas, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Moción de prórroga del recurrente para presentar al Tribunal Supremo los documentos objetos del recurso.
    No. 222.
    Resuelto en marzo 10, 1915.
    Recursos Gubernativos — Término para la Presentación de Documentos al Tribunal Supremo. — Es improrrogable el término de veinte días que señala la sección 3 de la ley sobre recursos gubernativos para la presentación al Tribunal Supremo de los documentos cuya inscripción lia sido denegada.
    Los hechos están expresados en la resolución.

      Abogado del recurrente: Sr. Salvador Picornell.

   RESOLUCIÓN.

Por cuanto el señalamiento de veinte días que marca la sección 3 de la ley sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad, aprobada en marzo 1, 1902, para la presentación a esta Corte Suprema de los documentos cuya inscripción ba sido denegada, equivale a la fijación de término' para la interposición del recurso, no siendo en su vir-tud aquel término prorrogable.

Se desestima la pretensión del peticionario.

Desestimada la pretensión del recurrente.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Tqro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Bird, Demandante y Apelado, v. Sucesión López, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa sobre cobro de cantidad de dinero.
    Moción del apelado para que se desestime la apelación.
    No. -.
    Resuelto en marzo 12, 1915.
    Desestimación de Apelación — Regla 59 de Esta Corte. — El mero transcurso de noventa días especificado en la regla 59 de esta corte no es por sí solo suficiente para desestimar una apelación, sino que debe probarse por otras circunstancias especiales que la apelación no se ha proseguido con la debida diligencia.
    Exposición del Caso — Enmiendas a la Misma — Negligencia o Abandono. — No constituye por sí solo negligencia o abandono el hecho de que el apelante no haya incluido en la exposición del caso las enmiendas ordenadas por la corte, cuando ésta no ha fijado un término dentro del cual deba aquello hacerse.
    Id. — Término para Presentar Enmiendas. — Es una buena práctica de la corte, cuando ordena que se hagan enmiendas a la exposición del caso, el fijar un término para ello, ya por iniciativa propia o a solicitud del apelado, y cuando dichas enmiendas no se hacen dentro del referido término, surge entonces la presunción de negligencia.
    Los hechos están expresados en la- opinión.

      Abogado de la apelante: Sr. Arturo. Aponte, Jr.

    Abogados del apelado: Sres. Francisco> González y Juan de Guzmán Benitez.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una moción para desestimar una apelación. En 7 dev diciembre de 1914, la Corte de Distrito de Hnmacao ordenó que el apelante hiciera ciertas enmiendas en el pliego de exposición del caso, y que tan pronto fueran hechas se aprobaría dicho pliego. La orden fné notificada al apelante y el apelado acredita que en febrero 5, 1915, las referidas enmiendas no habían sido hechas. La sentencia fue dictada en dicho caso el día 7 de octubre, 1914, habiendo sido inter-puesta la apelación en noviembre 4, 1914.. La regla 59 de este tribunal, prescribe lo siguiente: '

, “Expirado el término de noventa días desde la fecha en que se presentare el escrito de apelación y no obstante las prórrogas con-cedidas por la corte inferior, el tribunal a discreción podrá desesti-mar una apelación que no haya sido' anteriormente registrada en este tribunal, mediante moción presentada al efecto, si se probare satisfactoriamente que el apelante no ha proseguido su apelación con la diligencia debida o de buena fe, o que tal apelación es frívola.”

En el caso de Belaval v. Todd, 21 D. P. R., 441, resuelto en noviembre 16, 1914, este tribunal indicó muy claramente que el mero vencimiento del término especificado en la regla no era razón suficiente para desestimar una apelación, sino que debe mostrarse por otras circunstancias especiales que la apelación no se ha proseguido con la debida diligencia. En el caso de Morfi v. The Fajardo Development Company, 19 D. P. R., 1202, la corte resolvió que la mera omisión en hacer enmiendas no constituía por sí negligencia o abandono. Indicamos en el caso de Vega et al. v. Rodriguez et al., 19 D. P. R., 1003, que fué un caso semejante: al presente, que la corte inferior debía fijar un término para la presentación de las enmiendas, declarándose que era insuficiente el simj-ple transcurso del término. Si la corte inferior dicta tal orden fijando nn término definido para que se presenten las enmiendas y no se hacen éstas dentro de dicho término enton-ces surgiría la presunción'de negligencia. Por consiguiente, la corte inferior ya por iniciativa propia o a solicitud del. apelado, deberá fijar un término definido para la presenta-ción de las enmiendas. No es nuestro propósito dar a enten-der que dicha fijación del término es un requisito previo indispensable para la desestimación de una apelación, pero a falta de éste deben presentarse otros hechos con el fin de mostrar que la demora no estaba justificada.

Debe desestimarse la moción.

Desestimada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Peesidente Se. IIeenández,

text:
    López, Recurrente, v. El Registrador de Aguadilla, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Aguadilla, sobre denegatoria de inscripción de una escritura de compraventa.
    No. 220.
    Resuelto en marzo 18, 1915.
    Resuelto en reconsideración en abril 26, 1915.
    Compraventa — Sucesión—Escritura de Ratificación de Venta Otorgada sin la Intervención de iun Heredero. — Siendo casado Juan Dionisio Iturrino y Rivera con Micaela Rivera y Ríos, vendió a Víctor Martínez y Martínez por documento privado, un predio de terreno perteneciente a la sociedad conyugal con varias casas en él enclavadas. Fallecidos los esposos Iturrino-Rivera, les sucedieron Camila Teresa de Jesús Iturrino, heredera de ambos y Blanca Teresa Arias y Rivera, heredera únicamente de la Micaela Rivera y Ríos, habida en su primer matrimonio. Fallecido Víctor Martínez 'y Mar-tínez le, sobrévivió, heredándole, Víctor Primo Martínez y González. Teniendo el carácter de gananciales el terreno y casa en cuestión eran Camila Teresa de Jesús Iturrino y Blanca Teresa Arias y Rivera las, llamadas como com-ponentes de las sucesiones de Dionisio Iturrino y de Micaela Rivera y Ríos, a otorgar la escritura de ratificación de venta de los prediehos bienes a favor de Víctor Primo Martínez y González, pues interviniendo sólo una de ellas, ambas sucesiones no estarían debidamente representadas en dicho acto.

      Id. — Escritora de Ratificación de Yenta Otorgada Sin la Intervención de todos los Herederos — Inscripción.—De acuerdo eon la anterior doctrina, procede con razón derecha un registrador que se niega a inscribir una escri-tura de ratificación de venta que no lia sido otorgada por todos los interesados en la cosa vendida.
    Id. — Autorización Judicial. — El' hecho de que una corte de distrito haya auto-rizado primero a la madre y luego al tutor de una de las herederas para que en representación de ésta otorgara la escritura de ratificación de venta no puede tener otro alcance legal que el que tales autorizaciones revelan, o sea el complemento de la capacidad de la menor heredera para el otorga-miento de la escritura en la parte que a ella interesa, sin negar el derecho que pueda asistir a cualquier otro interesado.
    RECONSIDERACIÓN DE RESOLUCION.
    Reconsideración de Resolución — Cuestiones Legales ya Resueltas — Debates Judiciales. — No cabe en mociones de reconsideración sustituir cuestiones legales ya resueltas negativamente por otras nuevas en busca de éxito favorable, pues así nunca tendrían término los debates judiciales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: 'Sr. Garlos Franco Soto.

    El Registrador Sr. Rafael Tirado Verrier compareció en nombre propio.
   El Juez Peesidente Se. IIeenández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública No. 113 de 7 de octubre de 1914 ante el Notario Alfredo Blasco Pagán, la menor Camila Teresa de Jesús Itnrrino y Rivera/ asistida de su esposo Félix López y Arcó y de su tutor Dionisio Mateo López y Arce, ratificó a favor de Víctor Primo Martínez y González como heredero éste de su difunto padre Víctor Martínez y Mar-tínez, contrato de venta de cuatro cnerdas de terreno con varias casas en ellas radicadas, que Juan Dionisio Itnrrino y River'a, padre de aquella menor, había hecho al Víctor Mar-tínez y Martínez por documento privado de Io. de marzo de 1912, en virtud del cual el comprador se obligó a entregar al vendedor el precio convenido de $3,000 con el interés del 12 por ciento anual cuando el documento privado se elevara-a escritura pública en 30 de agosto del expresado año, cuyo término fué prorrogado después basta el mes de agosto de 1913.

Presentada en el Registro de la Propiedad de Agnadilla para su inscripción la escritura de que se deja lieclio mérito, el registrador la denegó por medio de nota que copiada a la letra dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento porque te-niendo según el registro, carácter de gananciales las fincas que por él se agrupan, como adquiridas por Don Juan Dionisio Iturrino y Rivera, constante en matrimonio con Doña Micaela Rivera y Ríos, fallecidos éstos, debe ser otorgada la escritura de ratificación de venta de que trata, por todos los interesados en la herencia de dichos consortes; y no aparecer del documento que haya consentido en dicha ratificación Doña Blanca Teresa Arias y Rivera habida en su primer matrimonio por Doña Micaela Rivera y Ríos, y por tanto here-dera de ésta; y tomada anotación preventiva que ordena la ley por el término, legal a favor de Don Víctor Primo Martínez y Gon-zález, al folio 79 del tomo 32 de San Sebastián, finca número 1811, anotación letra “A”; con el defecto subsanable, de no expresarse la equivalencia de la cabida de la finca agrupada, al sistema métrico decimal; practicándose dicha anotación, con vista de una copia cer-tificada de la escritura de testamento del Señor Iturrino y Rivera, número noventa y seis, otorgada en la ciudad de San Juan de Puerto Rico con fecha cuatro de julio de mil novecientos doce ante el Nota-rio Don José E. Benedicto; de otra de testamento de la Señora Rivera y Ríos número trescientos nueve, otorgada en el pueblo de San Sebas-tián con fecha trece de noviembre de mil novecientos dos ante el Notario Don Juan Mercader y Rodríguez; de cinco certificaciones expedidas por el secretario de la corte de distrito de esta ciudad Don Telesforo Cabán con fecha cuatro, diez y nueve de mayo, veinte y tres de junio, ocho de agosto de mil novecientos catorce, y quince de enero del corriente año, sobre autorización judicial, sus amplia-ciones y transferencias y nombramiento del tutor; del.acta de matri-monio del Señor Iturrino y Rivera y de la Señora Rivera y Ríos; de las partidas de defunción del Señor Iturrino y Rivera y de la Señora Rivera y Ríos; del recibo de contribución de herencia de esta última y de un escrito. Aguadilla, 11 de febrero de 1915. El Registrador. Rafael Tirado Verrier.”

Esa nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto por el tutor de la menor, Dionisio Mateo López Arce.

De' la escritura de 7 de octubre, 1914, y de los documen-tos mencionados en la nota recurrida resultan los siguientes beclios:

Primero. Que estando casado Juan Dionisio Iturrino y Eivera con Micaela Eivera y Eíos vendió a Víctor Martí-nez y Martínez por documento privado de Io. de marzo de 1912 el predio de terreno con varias casas de que se deja hecho mérito.

Segundo. Que Víctor Martínez y Martínez falleció en ag’osto de 1912 dejando como heredero a su hijo Víctor Primo Martínez y González, y Juan Dionisio Iturrino y Eivera falleció en octubre, 1913, sobreviviéndole su esposa Micaela Eivera y Eíos y la hija de ambos Camila Teresa de Jesús Iturrino y Eivera, sin que hubiera llegado a elevarse a escri-tura pública la venta convenida en documento privado ni a satisfacerse el precio convenido.

Tercero. Que la Corte de Distrito de Aguadilla por reso-lución de Io de mayo de 1914 otorgó a la viuda Micaela Eivera y Eíos la correspondiente autorización judicial para que a nombre de su hija Camila Teresa de Jesús Iturrino y Eivera, ratificara a favor de Víctor P. Martínez y González la venta de que se deja hecho mérito, recibiendo el precio convenido de $3,000, el cual había de ingresar en el Banco Comercial de Aguadilla ínterin se practicaban las operaciones' del caudal hereditario, relicto al fallecimiento de Juan Dionisio Iturrino.

Cuarto. Que habiendo fallecido Micaela Eivera y Eíos bajo testamento en el cual nombraba por únicas y univer-sales herederas a sus hijas Blanca Teresa Arias y Eivera habida en su primer matrimonio con Gervasio Arias y Fer-nández, y a Camila Teresa de Jesús Iturrino y Eivera habida en su segundo matrimonio con Iturrino sin que hubiera hecho uso de la autorización judicial concedida por resolución de Io. de mayo de 1914, la Corte de Distrito de Aguadilla por resolución de 11 de agosto de 1914 concedió autorización a Dionisio Mateo López y Arce, tutor de Camila Teresa de Jesús, para que a nombre de ésta otorgara a favor de Víctor P. Martínez y González la escritura pública de compra-venta del terreno y casas a que se refiere el documento pri-vado de Io. de marzo de 1912, recibiendo dicbo tutor los $3,000 precio de la venta, los cuales ingresaría en la sucursal del Banco Comercial en Aguadilla para darles la inversión orde-nada en la escritura de operaciones divisorias del caudal relicto por Juan Dionisio Iturrino aprobadas definitivamente por la expresada corte.

Los hechos expuestos nos llevan a la conclusión legal de que el Registrador de la Propiedad de Aguadilla procedió con razón derecha al denegar la inscripción solicitada.

No se discute en el presente recurso si el terreno y casa de que se trata merecen o nó el concepto de gananciales adqui-ridos por Juan Dionisio Iturrino durante su matrimonio con Micaela Rivera y Ríos. El registrador les ha'dado esa cali-ficación, y ésta no ha sido impugnada por la parte recurrente.

La cuestión legal a resolver es si siendo dicho terreno y casa bienes gananciales, ha debido intervenir en la escritura de ratificación de venta de 7 de octubre de 1914, Blanca Teresa Arias y Rivera, según sostiene el registrador en la nota recurrida, contra la opinión de la parte- recurrente fundada en las resoluciones de la Corte de Distrito de Aguadilla de Io. de mayo y 11 de agosto de. 1914, y en el hecho consignado en la segunda de dichas resoluciones de que al solicitar el tutor Dionisio Mateo López y Arce la autorización para otor-gar a nombre de la menor Camila Teresa de Jesús la escri-tura pública de venta, interesó además que los $1,853.27 adju-dicados a Micaela Rivera Ríos del precio de la venta fueran depositados a la disposición de los herederos o causahabien-tes de la Micaela de acuerdo con las operaciones divisorias del haber mortuorio de Juan Dionisio Iturrino y Rivera que se acompañaron a dicha solicitud.

Estamos conformes con el registrador.

Siendo gananciales el terreno y casas en cuestión, los consortes Juan Dionisio Iturrino y Micaela Rivera y Ríos eran los llamados a otorgar a favor de Víctor P. Martínez y Gronzález la escritura de venta. Muerto Iturrino, debían otorgar ese documento la viuda Micaela Eivera y la hija Camila Teresa de Jesús Iturrino, la primera como partí-cipe en la sociedad de gananciales, y ambas como componenr tes de la sucesión de Iturrino. Muerta la viuda, los llamados a suceder a ésta en sus derechos y ■ por tanto a intervenir en la escritura, son sus hijas Blanca Teresa Arias y Rivera y Camila Teresa de Jesús Iturrino, nombradas herederas por la misma en su testamento. Si sólo interviniera una de ellas, la sucesión no estaría debidamente representada.

No importan al caso las resoluciones dictadas por la Corte de Distrito de Aguadilla autorizando primero a la madre y luego al tutor para que en representación de Camila Teresa de Jesús Iturrino otorgaran la escritura de venta, ni que en las operaciones divisorias de Juan Dionisio Iturrino deja-ran de incluirse el terreno y casas de que se trata y fuera adjudicado únicamente a los partícipes el precio de $3,000. Las resoluciones expresadas no pueden tener otro alcance legal que el que ellas mismas revelan, o sea el complemento de la capacidad de la menor Camila Teresa de Jesús Iturrino para el otorgamiento de la escritura de que ■ se trata en la parte que a ella interesa, sin negar el derecho que pueda asistir a cualquier otra heredera. La adjudicación de parte del precio del terreno y casas a la viuda Micaela Rivera, en cantidad de $1,853.27, muestra claramente que no sola-mente la hija del segando matrimonio, sino también la del • primero, son partes interesadas en el otorgamiento de la escritura de venta del terreno y casas, de cuya venta procede aquella cantidad.

Es de' confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.

IíabiéNdose presentado con posterioridad lina moción de reconsideración de sentencia el Tribunal dictó la siguiente resolución:

Por cuanto la resolución de esta Corte Suprema de 18 de marzo último de que se pide reconsideración se funda en el heclio consignado en la nota recurrida de ser bienes gananciales los terrenos y casas a que se refiere la escritura cuya inscripción fué denegada por el Registrador de Agua-dilla.

Por cuanto la calificación de bienes gananciales no fué impugnada por el recurrente en su alegato escrito al soli-citar la revocación de la expresada nota como así se hizo constar en la opinión en que se apoya la resolución de 18. de marzo, bajo las siguientes palabras:

“No se discute en el presente recurso si el terreno y casas de que se trata merecen o no el concepto de gananciales adquiridos: por Juan Dionisio Iturrino durante su matrimonio con Micaela Rivera y Ríos. El registrador les ha dado esa calificación, y ésta no> ha sido impugnada por la parte recurrente.”

Por cuanto en la moción de reconsideración se impugna hoy la calificación antedicha llamándola error capitalísimo cometido por el registrado^, y se presenta prueba tendente a sostener la impugnación.

Por cuanto no cabe en mociones de reconsideración sus-tituir cuestiones legales ya resueltas negativamente por otras nuevas en busca de éxito favorable, pues así nunca tendrían término los debates judiciales.

Se desestima la moción de reconsideración de 14 de abril corriente.

Denegada la reconsideración.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Pérez, Promovente y Apelante, v. Pérez et al., Opositores y Apelados.
    ApelaoiÓN procedente de ,1a Corte de Distrito de Mayagüez en nn caso sobre declaración de dominio.
    Moción de los opositores y apelados para qne se desestime la apelación.
    No. --.
    Resuelto en marzo 24, 1915.
    Exposición del Caso. — Pliego de Excepciones — Deber del Secretario. — La Ley No. 70 de 1911 enmendando el artículo 299 del Código de Enjuicia-miento Civil, impone claramente al secretario del tribunal donde se archive una exposición del caso o un pliego de excepciones, el deber de dar cuenta ' icon él, el mismo día o al siguiente, y sin esperar gestión alguna de las partes, ■al juez que ha de impartirle su aprobación a fin de que fije la fecha de la com-parecencia de las partes a ese objeto.
    Desestimación de Apelación — Regla 59 de la Corte Suprema. — El solo trans-curso de los 90 días fijados en la regla 59 para poder solicitar la desestima-ción del recurso de apelación, no es bastante para que así se acuerde, sino que es necesario además que se demuestre que la apelación es frívola o que no se ha procedido con la debida diligencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los opositores y apelados:. Sr. José Benet.

    El promovente-apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada nos ha pedido que desestimemos la ape-lación que la parte contraria ha interpuesto en este caso aduciendo como fundamento de su moción que desde el 22 de agosto' último, en cuya fecha la parte apelante radicó en la Secretaría de la Corte de Distrito de Mayagüez la rela-ción del caso, no ha hecho gestión alguna para formalizar su apelación; y de una certificación librada por el secre-tario de dicho tribunal, acompañada con la moción de deses-timación, resulta que la parte apelante presentó en la fecha indicada, dentro de la prórroga qne se le había concedido, la relación del caso en el pleito, la cual se encuentra pendiente de aprobación por no haber hecho el apelante gestión alguna para qne fuera remitida al Hon. Juez Hutchison, que enten-dió en el juicio de dicho pleito, para ser aprobada.

La ley número 70 de 1911 enmendando el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil impone claramente al secretario del tribunal donde se archiva una exposición del caso o relación de hechos o un pliego de excepciones el deber de dar cuenta con él, el mismo día o al siguiente, al juez que ha de impartirle su aprobación a fin de que fije la fecha de la comparecencia de la partes con ese objeto, por lo que el secretario debió cumplirlo en este caso sin esperar gestión de las partes.

En cuanto al motivo alegado en la moción como funda-mento para la desestimación pretendida, ya hemos resuelto antes de ahora en varios casos al interpretar la regla 59 de las de esta Corte Suprema, Vega et al. v. Rodríguez et al., 19 D. P. R., 1003, 1004; Belaval v. Todd, Alcalde de San Juan, 21 D. P. R., 441, que el sólo transcurso de los noventa días en ella fijados para poder solicitarse la desestimación del recurso de apelación no es bastante para que nosotros la acordemos, sino que es necesario además que se nos demues-tre que la apelación es frívola o que no se ha proseguido con la debida diligencia, lo que no se ha hecho en este caso y por tanto la moción de desestimación debe ser desestimada.

Desestimada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


text:
    Manríque, Peticionario y Apelante, v. Diez, Juez Municipal, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hninacao en un caso sobre certiorari.

    No. 1236.
    Resuelto en marzo 25, 1915.
    Certiorari — Cuándo Procede. — Sólo puede ejercitarse el recurso extraordinaria de certiorari cuando el de apelación no facilita un remedio rápido y eficaz.
    Id. — -ANOTACIÓN DE REBELDÍA DESPUÉS DEL JUICIO.— DEFECTOS DE PROCEDI-MIENTO. — La acción de una corte al ordenar la anotación de una rebeldía después de celebrado el juicio y antes de dictar sentencia, en vez de hacerlo con anterioridad al mismo, constituye una mera informalidad y no un defecto de procedimiento que pueda dar derecho a que se invoque la ley de certiorari.

    Arrendamiento — Oblioaciones Mancomunada y Solidariamente. — Presun-ción. — Alegado en este caso que la obligación de que se trata era mancomu-nada y no solidaria y que la sentencia debió haberse dictado contra cada uno de los arrendatarios por la mitad de la suma reclamada de conformidad con los artículos 1004 y 1005 del Código Civil, se resolvió: (1), que aún supo-niendo que el principio consignado en los artículos citados fuera de aplicación a los arrendamientos, la cuestión sería substancial y no de procedimiento; (2), que la misma no- fué promovida en la corte a guo, ni en ella se solicitó la modificación de la sentencia; y (3), que habiéndose dictado la sentencia, la presunción, si fuera necesario, es de que la obligación era solidaria y no mancomunada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. G. Buitrago.

    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La apelación interpuesta en este caso es frívola. Rafael Ramos Acosta y Julia Santana Giménez obtuvieron en la Corte Municipal de Caguas una sentencia contra sus arren-datarios Cipriano Manrique y Marcelino A. Sola, por la suma de $180. El término para'apelar a la. Corte de Distrito de Llumacao venció sin que ninguno de los demandados inter-pusiera apelación. Posteriormente el demandado Cipriano Manrique presentó a la Corte de Distrito de Humacao una solicitud de certiorari contra la Corte Municipal de Caguas. Celebrada la vista de dicho auto la corte anuló debidamente el mismo. Los únicos fundamentos que había para su expe-dición fueron que la corte municipal. había procedido inde-bidamente al juicio sin haber dictado previamente sentencia en rebeldía contra el demandado Marcelino A. Sola, que se le citó sin que compareciera, y que la corte municipal impro-piamente ordenó que fuera anotada la rebeldía después de celebrado el juicio y antes de dictarse sentencia.

Ambos demandados fueron notificados de las diligencias. La corte municipal señaló día para la celebración del juicio, oyó las pruebas, quedó el caso sometido a su consideración y estando pendiente su resolución anotó la rebeldía del de-mandado Marcelino A. Solá. La corte de distrito expresó correctamente que la acción de la corte municipal al anotar la rebeldía después de celebrado el juicio en vez de hacerlo con anterioridad al mismo era una mera informalidad que no lesionaba a los derechos del peticionario que compareció ante el tribunal inferior y que pudo muy bien haber inter-puesto apelación. Convenimos además con el juez de dis-trito en que sólo puede ejercitarse el recurso de certiorari cuando la apelación no facilita un remedio rápido y adecuado. Aramburu v. Górdova, 17 D. P. R., 948.

De igual modo opinamos que la acción tomada por la corte municipal constituyó meramente una informalidad y no un defecto del procedimiento que pueda dar derecho a que se invoque la ley de certiorari.

Podría uno estar en duda de qué perjuicio posible podía alegar el apelante. Sostiene éste que la obligación era man-comunada y no solidaria y que la sentencia debió haberse dictado contra cada uno de los arrendatarios por la mitad de la suma de conformidad con los artículos 1104 y 1105 del Código Civil. En primer lugar, suponiendo que el prin-cipio consignado en estos artículos es de aplicación al arren-damiento, ésta es una cuestión substancial y no de procedi-miento. En segundo lugar de los autos aparece que esta cuestión no fué promovida en la corte municipal por el peti-cionario ni se ha hecho ningún esfuerzo con el fin de que fuera modificada dicha sentencia. En tercer lugar, habién-dose dictado la sentencia surgiría la presunción de que la la obligación era solidaria y no mancomunada y de que así quedó demostrado por la prueba.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Sucesión Rodríguez et al., Demandantes y Apelados, v. Alfaro, Juez Municipal, Demandado y Apelado, y Wantzelius, Oliver & Co. et al., Interventores y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito- de Ponce en ■ un recurso sobre certiorari.

    No. 1162.
    Resuelto en marzo 25, 1915.
    Certiorari — Suficiencia o Insuficiencia de la Demanda — Sentencia—Juris-dicción. — El recurso de certiorari no es el remedio adecuado para decidir si una demanda es suficiente para sostener una sentencia condenatoria y para anular ésta por insuficiencia de aquélla, a menos que esté envuelta una cues-tión de jurisdicción.
    Id. — Apelación—Recurso Ordinario. — El auto de certiorari es un recurso extra-ordinario que no puede utilizarse cuando por apelación se puede corregir el error, a no ser que las circunstancias sean tales que de seguirse el recurso ordinario resultara un completo o parcial fracaso de la justicia.
    Id. — Suficiencia- o Insuficiencia de la Demanda — Apelación.—Lá suficiencia o insuficiencia de la demanda para sostener una sentencia condenatoria es cuestión revisable en apelación y no por certiorari.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los interventores-apelantes -.Sres. Manuel A. Rivera y Rafael R. Rivera Zayas.

    Los apelados no comparecieron.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió, la opinión del tribunal.

En la Corte Municipal de Coamo se siguen varios pleitos entablados por distintas personas contra la Sucesión de G-u-mer sindo Rodríguez' y en trámites de ejecución de las sern tencias en ellos dictadas, uno de los demandados como com-ponente de esa Sucesión, Ramón Rodríguez Camacho, soli-citó del Tribunal de Distrito de Ponce que expidiera un auto de certiorari dirigido al Juez Municipal de Coamo para que, con suspensión de los procedimientos de ejecución remitiera dichos pleitos a fin de ser revisados y que en definitiva anu-lase las sentencias y los procedimientos habidos en ellos a. partir desde la notificación de las demandas al peticionario^ petición que 'fué concedida y en su virtud se expidió el auto, se reclamaron los pleitos y fué suspendido el remate de bie7 nes anunciado para cumplir la sentencia.

Al celebrarse la vista del auto en el Tribunal de Distrito» de Ponce, éste concedió a los demandantes en los pleitos, que intervinieran y la apelación interpuesta por estos interven-tores contra la sentencia que anuló las sentencias del Juez Municipal de Coamo y los procedimientos desde la anota-ción de rebeldía, en adelante, es lo que motiva el presente recurso de apelación en el que sólo han comparecido los. interventores apelantes.

La petición de certiorari se basó sustancialmente en que siendo el peticionario mayor de veinte años y menor de veintey uno no fué provisto de un defensor judicial y en que lá> demanda era defectuosa y no aducía hechos que determinad sen causa de acción, según la opinión de su abogado. ' i

De las demandas iniciales de los procedimientos en- el-Juzgado Municipal de Coamo no aparece que Ramón Rodrív guez Camacho sea menor de edad y si bien en una moción' para que se anularan las sentencias alegó ser menor de edad' y presentó como prueba una partida sacramental de bau-tismo, que fué contradicha por los demandantes con una¡ escritura notarial otorgada por Ramón Rodríguez Camacho, en la que expresa ser mayor de edad, tanto la corte muni-j cipal como luego la de distrito al resolver el certiorari lie-) garon a la conclusión de que no había probado ser un menor> de edad y como tal conclusión no es objeto de este recurso, prescindiremos de su consideración.

El. verdadero motivo en que los apelantes fundan este recurso de apelación es el de que el Tribunal de Distrito de Ponce erró al decretar la nulidad de las sentencias. dic-tadas en los .pleitos, por el fundamento de que las dema'ndas no aducían hechos determinantes de causa de acción. Este fué el único motivo que tuvo el tribunal apelado para dictar la sentencia que motiva este recurso.

¿Es el auto de certiorari el recurso adecuado para deci-dir si una demanda es suficiente para sostener una sentencia condenatoria y para anular ésta por insuficiencia de aquélla? Tal es la cuestión fundamental envuelta en este caso.

La materia de certiorari ha sido objeto de muchas deci-siones de este tribunal y en repetidas ocasiones ha resuelto que dicho auto es un recurso extraordinario que no puede utilizarse cuando por apelación se puede corregir el error, a menos que las circunstancias sean tales que de seguirse el recurso ordinario resultara un completo o parcial fracaso de la justicia.

En cuanto a la cuestión plantada en este recurso, en el caso de Arribas v. Corte de Distrito, 9 D. P. R., 486 fué deci-dido expresamente que la suficiencia o insuficiencia de una demanda para sostener una sentencia condenatoria es cues-tión revisable en apelación y no por certiorari; principio que implícitamente se ha declarado también en los casos de Axtmayer v. Aldrey, 14 D. P. R., 643; Mora v. Foote, 16 D. P. R., 19; Hernández v. La Corte de Distrito, 17 D. P. R., 524, y López v. Córdova Dávila, 18 D. P. R., 1.

El único fundamento en que se apoyó el tribunal a quo para entrar en la consideración de la suficiencia de la de-manda fué la doctrina establecida en VI “Ene. of Pleading and Practice, 45, que no es aplicable a este caso porque no dice que una sentencia en rebeldía cuando la demanda no • contiene todas las alegaciones necesarias para constituir causa ele acción es revisable por certiorari, sino que lo es por apelación.

De acuerdo pues con la ley y nuestras resoluciones no solamente no es revisable por medio de certiorari la sufi-ciencia de una demanda, si no envuelve una cuestión de juris-dicción, lo que no ocurre en este caso, sino que además el peti-cionario no podía utilizar ese recurso extraordinario porque las sentencias del Juez Municipal de Coamo eran apelables para ante el Tribunal de Distrito de Ponce.

Por las razones expuestas el tribunal inferior erró al declarar con lugar la solicitud de certiorari y decretar la nulidad de las sentencias a que aquélla se refiere y la sen-tencia apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada y declarada sin lugar la solicitud de certiorari.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Plernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutcbison.