author: El Jijez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Antonio Pagán Silva, demandante apelante, v. Josefa Padín Tirado y José Cardona, demandados apelados.
    No. 6139.

    Sometido: Mayo 23, 1933.

      Resuelto: Mayo 31, 1933.

      Isaías M. Crespo, abogado del apelante; A. Reyes Delgado, abogado de los apelados.
   El Jijez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción de desahucio en precario incoada por Antonio Pagán Silva contra Josefa Padín Tirado y José Car-dona. Alega el demandante que los demandados le adeuda-ban cierta cantidad de dinero para el cobro de la cual inter-puso acción ante la Corte Municipal de Arecibo, que resolvió la misma a favor del demandante y para ejecutar dicha sen-tencia se sacó a pública subasta una finca urbana pertene-ciente a los demandados, que le fué adjudicada al demandante y que los demandados se niegan a desalojar a pesar de no pagar canon o merced alguna al demandante por su ocupa-ción.

Aceptaron los demandados todas las alegaciones de la de-manda y alegaron como defensa especial tener constituido su hogar seguro en la finca de referencia, al cual no han renun-ciado. Los demandados han aceptado el otorgamiento de un pagaré a favor del demandante por la cantidad de $55. Al dorso de este documento la deudora principal, Josefa Padín Tirado, esposa del otro demandado José Cardona, eon el consentimiento de éste, dió en garantía la finca urbana de sn propiedad, que luego se adjudicó al de-mandante y que es objeto de la presente acción de desahucio. Esta finca se valoró en $400, comprometiéndose su dueña a no enajenarla ni gravarla mientras estuviera vigente la obli-gación contraída. La Corte de Distrito de Arecibo dictó sen-tencia declarando con lugar el desahucio condicionalmente, y condenando a los demandados al desalojo de la finca mencio-nada, siempre que el demandante reconozca el derecho de ho-gar seguro que en dicha casa tienen los demandados. Apeló el demandante de esta sentencia, atribuyendo a la corte el error de reconocer un'derecho de hogar seguro a favor de los demandados, quienes, a juicio del demandante, renunciaron el derecho de “homestead” a favor del mismo al consignar tal renuncia de modo expreso en el pagaré suscrito por ambos y al estipular en la garantía otorgada bajo juramento que la casa objeto del litigio respondería de la deuda, obligándose a no enajenarla ni gravarla en tanto estuviese en vigor la obli-gación contraída.

En el pagaré, suscrito ante notario por los deman-dados, éstos declaran que renuncian los derechos y beneficios que les conceden el artículo 249 del Código de Enjuiciamiento Civil y los relacionados con el hogar seguro (homestead) así como los de notificación y demás leyes que puedan favorecer-les. Esta declaración aparece hecha separadamente por cada uno de los esposos demandados.

El artículo tercero de la ley para definir el “homestead” u hogar seguro y para- exentarlo de una venta forzosa dice que no será válida ninguna renuncia o traspaso de una finca así exentada, a menos que se consigne expresamente en la es-critura de traspaso por dicho jefe de familia, etc. En inglés se usa la palabra “conveyance” y se dice que la renuncia al “homestead” no será válida a menos que no lo disponga ex-presamente “the instrument of conveyance”. Las palabras de la ley revelan claramente su propósito. Cuando se trans-mite una propiedad no se entiende renunciado por el dueño su derecho al hogar seguro, a menos que se renuncie expre-samente este derecho en el.documento de transmisión. No se dice que este documento deba ser una escritura pública otor-gada ante notario. Es verdad que los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o ex-tinción de derechos reales o bienes inmuebles deberán constar en documento público, pero la falta de este documento no afecta la validez del contrato, puesto que las partes pueden compelerse recíprocamente a cumplir confia formalidad'de la escritura, cuando han intervenido todos los requisitos necesa-rios para la validez del contrato que es obligatorio entre las partes. La palabra “conveyance” que usa el texto inglés equivale a trasmisión por escrito de propiedad o título a pro-piedad inmueble de una persona a otra. El hecho de que no se considere válida ninguna renuncia o traspaso a menos qu@ se haga constar expresamente en el documento de traspaso, no quiere decir que no pueda consignarse esta renuncia por escrito, cuando no se trate del otorgamiento de un documento de traspaso. Cuando realmente se esté realizando un acto de trasmisión, la ley requiere una renuncia expresa en el docu-mento donde se consigne dicha trasmisión para que se consi-dere abandonado el derecho de hogar seguro; pero cuando no se trate de un traspaso, si se consigna por escrito expresa-mente esta renuncia, los propósitos del estatuto han quedado cumplidos y debe acatarse y respetarse lo convenido por las partes.

En el presente caso el demandante facilitó a los de-mandados una cantidad en calidad de préstamo. Se otorgó un pagaré ante notario y en este documento ambos deman-dados hicieron constar que renunciaban a los derechos rela-cionados con el hogar seguro (homestead). Es posible que el demandante no hubiese facilitado su‘ dinero si no se le hu-biese ofrecido la garantía de la casa, con la renuncia expresa de los derechos de hogar seguro. Los demandados están im-pedidos de alegar y sostener que no han renunciado esos de-rechos, después de haberlo consignado así expresamente en un documento que está reconocido por ellos y autenticado por un notario. En el acto del juicio- el demandante hizo saber a la corte que ofreció a los demandados una propiedad de menor valor para que constituyeran su' hogar seguro. La corte inferior dice en su opinión que éste es un reconocimiento implícito del demandante del derecho de los demandados. No lo entendemos así nosotros. Los demandados renunciaron a su derecho de hogar seguro en un pagaré a cuyo dorso apa-rece descrita la finca dada en garantía del préstamo por la demandada Josefa Padín Tirado. El hecho de que el deman-dante haya ofrecido a los demandados una propiedad de me-nor valor para que constituyan su hogar no implica, a nues-tro juicio, una renuncia a su derecho de obtener el inmueble que sirvió de garantía al préstamo, sin quedar obligado a re-conocer en dicho inmueble a los demandados el derecho de hogar seguro que reclama.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra en su lugar condenando a los demandados al desalojo de la finca que se describe en la demanda, sin especial condenación de costas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Cóbdova Dávila,

license: Public Domain

text:
    Juan Mari Ramos, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 892.

    Sometido: Mayo 25, 1933.

      Resuelto: Mayo 31, 1933.
   El Juez Asociado Señor Cóbdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Mari fiamos presentó en el Registro de la Propie-dad de San Germán nna escritura otorgada ante el notario Angel Arroyo Rivera, interesando, entre otras cosas, que por nota marginal se Raga constar la actual descripción de una parcela de terreno de la cual, según la escritura, se lia techo un segregación. También se interesa la rectificación de co-lindancias de otra parcela de una cuerda, descrita en el hecho séptimo de la escritura.

El Registrador se negó a inscribir este documento por un número de razones que se exponen en la nota recurrida; pero el recurrente únicamente se querella de que se negase a des-cribir en una nota marginal la parcela principal después de hecha la segregación, y la modificación de colindancias de la otra parcela de una cuerda anteriormente mencionada.

En lo que se refiere a la cuestión planteada por el recu-rrente, dice así la nota recurrida:

“En cuanto a la solicitud de consignar por notas marginales en el Registro la descripción del resto de la parcela de 1.8333 cuerda, así como la Rectificación de colindancias y descripción exacta de la otra parcela de una cuerda, a que se refiere el hecho séptimo- de este documento, nio se toma razón alguna, toda vez que en la Ley Hi-potecaria, en su Reglamento, jurisprudencia, o en comentarios de tra-tadista alguno de derecho hipotecario no se autoriza a hacer descrip-ciones de fincas por notas marginales, pues en el caso de describirse algún resto de una finca o consignarse diferencias en las colindancias y anexidades de otra, para conocimiento público en el Registro, sólo se hace en el momento de traerse al mismo algún otro título posterior que comprenda alguna contratación sobre los indicados actuales in-muebles, o de otra forma, por virtud de acta pública otorgada por el propio dueño, lo cual motivaría una nueva inscripción, y por su con-secuencia los derechos de inscripción serían mayores.”

Alega el Registrador recurrido que cuando se lleva a cabo una segregación, se pone al margen de la finca principal una simple referencia de la porción segregada con su número de cuerdas y citación del tomo y folio donde queda inscrita como finca aparte, pero que en dicha nota marginal no se describe el resto de la finca, porque esta descripción debe hacerse en el cuerpo de la misma y no en una nota. De la última parte de la nota del Registrador parece deducirse que en caso de referirse a algún resto de una finca o consignarse diferencias en las colindancias de otra, habría que levantar un acta acla-ratoria, que motivaría una nueva inscripción. No parece ra-zonable que se haga incurrir a la parte interesada en nuevos gastos para realizar un acto que resulta redundante. La finca está inscrita, y el hecho de que se haya realizado una segre-gación no debe ser motivo de una nueva inscripción del in-mueble cuando se desea describir en la forma en que ha que-dado, prescindiendo de la parte segregada. Es claro que es necesario que se inscriba en sitio aparte la porción que se segrega, que pasa a formar una nueva finca; pero la finca principal, estando ya inscrita, no debe ser objeto de una nueva inscripción. La descripción al margen de la finca no ocasiona perjuicio alguno ni origina inconveniencias en los libros del Registro, y sirve más bien de nota aclaratoria, y simplifica y facilita la información con respecto a las colin-dancias actuales del inmueble. En la inserción de estas no-tas marginales el Registrador actúa a solicitud de parte y no vemos razón alguna que justifique la negativa del Registra-dor cuando se solicita la inserción de la nota marginal previo pago de los derechos correspondientes.

Debe revocarse la.nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila,

text:
    The United Porto Rican Bank, demandante y apelante, v. Irene Carattini Vda. de Mendoza, Fernando, Hipólito, Irene y Ofelia Mendoza et als., demandados y apelados.
    No. 6251.

    Sometido: Mayo 29, 1933.

      Resuelto: Mayo 31, 1933.
   El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Tlie United Porto Rican Bank promovió demanda contra Irene Oarattini viuda de Mendoza, Fernando, Hipólito, Irene y Ofelia Mendoza et ais., ante la Corte de Distrito de Gua-yama, en cobro de pesos, y para asegurar la efectividad de la sentencia embargó ciento setenta y dos bueyes pertenecien-tes a los demandados. El Banco de Ponce, en ejecución de una hipoteca constituida a su favor sobre doscientos bueyes propiedad de los demandados, requirió al márshal de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Guayama, Puerto Rico, para que procediese a incautarse del ganado embargado, por entender que el mismo estaba incluido dentro de la hipoteca. Se incautó el márshal de ciento cincuenta y dos de los bue-yes embargados y la demandante, The United Porto Rican Bank, solicitó de la Corte de Distrito de Guayama una orden para que el márshal mostrara causa por la cual no había de devolver los bueyes mencionados, pidiendo que al mismo tiempo se suspendiera la subasta que había sido previamente anunciada por el márshal para la venta de dichos bueyes. Dictó la corte la orden de entredicho y más tarde la dejó sin efecto declarando sin lugar la solicitud de injunction presen-tada por la demandante. Interpuso The United Porto Rican Bank recurso de apelación contra la resolución de la corte y ahora comparecen el Banco de Ponce y el márshal, Pablo Léctora, solicitando que se desestime el recurso interpuesto, entre otras razones, porque el escrito de apelación no fué no-tificado a los demandados en el pleito, doña Irene Oarattini viuda de Mendoza, Fernando, Hipólito, Irene y Ofelia Mendoza, quienes como partes pueden ser afectados por el resul-tado de esta controversia. The United Porto Rican Bank alega que los demandados no tienen interés alguno en este incidente, en que se trata de un conflicto de derecho entre dos acreedores, y sobre todo de una cuestión del procedimiento a seguir para dilucidar tal conflicto.

No hay duda alguna de que los demandados son legítimos dueños de los bueyes objeto de esta controversia suscitada entre la demandante y el Banco de Ponce. La demandante sostiene que el mársbal carecía de autoridad para apoderarse de los bueyes, que estaban en poder de un depositario en vir-tud del embargo, y niega que el Banco de Ponce tenga hipo-teca alguna sobre los bueyes embargados. Por el contrario el Banco de Ponce alega que se trata de los mismos bueyes hipotecados y que el marshal actuó dentro de sus atribucio-nes. A nuestro juicio los demandados como dueños legítimos de los bueyes son partes interesadas, sin que pueda decirse que no han de resultar afectados por la resolución que se dicte en este caso. Si realmente estos bueyes han sido hipo-tecados al Banco de Ponce, los demandados tienen derecho a que se les descuente de su obligación el importe de los mis-mos, una vez aplicado' al pago de la deuda, y a que se les releve desde esa fecha del pago de intereses por la suma así satisfecha. Tanto The United Porto Rican Bank como el Banco de Ponce pretenden aplicar estos bueyes al pago de ciertas obligaciones que se alega han sido contraídas a su favor por el causante de los demandados. Mientras éstos sean dueños legítimos de los referidos bienes, cualquier paso que se inicie por la vía judicial para privarles del dominio de los mismos tiene que afectarles directamente. Es verdad que en este caso se trata de una contienda entre dos acree-dores sobre los bienes de los demandados, pero esto no quiere decir que para dirimir esta contienda se prescinda de los le-gítimos dueños, para los cuales quizá no sea lo mismo una solución que otra, es decir, que los bueyes continúen embar-gados o que sean aplicados por el Banco de Ponce al pago de su alegado crédito hipotecario.

Opinamos que ha debido notificarse el recurso interpuesto a las partes demandadas y que la apelación debe desestimarse por no haberse cumplido con él requisito de notificar a todas las partes.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Congress Cigar Company, demandante y apelante, v. Lorenzo Cabrera López, conocido por Tito Cabrera, y Tito Augusto Cabrera, conocido por Tuto Cabrera, demandados y apelados.
    No. 5361.

    Sometido: Febrero 12, 1932.

      Resuelto: Mayo 31, 1933.

      II. .Buscaglia, abogado de la apelante; L. Llorens Torres, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El único motivo alegado para esta apelación es que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la demanda por no aducir hechos determinantes de causa de acción.

La demanda que motiva esta apelación fué interpuesta por Congress Cigar Co. en 1929 contra Lorenzo Cabrera López y contra Tito Augusto Cabrera con el fin de que se declaren nulos ciertos actos y contratos y para ello alega que en 1926 prestó cierta cantidad de dinero a Lorenzo Cabrera López para refacción agrícola de una finca rústica de sesenta cuer-das de terreno cuya descripción hace, que manifestó ser de su propiedad: que al año siguiente lo demandó para cobro de ese préstamo y le embargó dicha finca pero el embargo no pudo ser anotado en el registro de la propiedad por estar la finca inscrita a nombre de otra persona: qne en 1924 se otorgó escritura pública en la qne Tito A. Cabrera aparece comprando esa finca a los qne fueron dueños de ella y tam-bién compró nna porción de la misma qne había sido segre-gada: qne en 1925 promovió información judicial para obte-ner título de dominio de dicha finca, el qne fné declarado a su favor: qne antes de 1924 Lorenzo Cabrera López era dueño de esa finca y signe siéndolo' en la actualidad, y qne tanto el expediente de dominio como esos contratos son nulos e inexis-tentes por carecer de cansa y ser el resultado de nna confa-bulación para perjudicar al demandante.

Cuando tuvieron lugar los actos y contratos cuya decla-ración de nulidad se interesa por el apelante, éste no tenía acreencia alguna contra Lorenzo Cabrera López ni intervino en dichos actos y contratos por lo que cualquier vicio que pue-dan tener, incluso, la carencia de causa para ellos, en nada pueden afectar a la apelante, ni pudieron ser otorgados para defraudar a una persona que entonces no era acreedora de Lorenzo Cabrera López. Por esto la demanda no aduce causa de acción en favor de la apelante y debe ser confirmada la sentencia que deolaró sin lugar la demanda.

El Juez Asociado Señor Córdova Lávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Aldbey,

text:
    Banco Popular de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Drug Co. of Puerto Rico, demandada y apelada, y Juan F. Vías Ochoteco, opositor y apelante.
    No. 6128.

    Sometido: Mayo 16, 1933.

      Resuelto: Junio 2, 1933.

      ’ L. Muñoz Morales, abogado del apelante;- L. Feliú, abogado de la apelada Drug Co. of P. R.
   El Juez Asociado Señor Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en 1929, don Juan F. Vías Ocboteco cedió en arrendamiento una casa de su propiedad a Drug Co. of Porto Rico para oficinas, almacenaje e inquili-nato, por término de cinco años y canon mensual de $460, que después fue rebajado a $400, temporalmente según el arren-dador. Estando vigente ese contrato, dos años antes de su vencimiento, en enero de 1932, el Banco Popular de Puerto Rico demandó a Drug Co. of, Porto Rico en cobro de dinero, le embargó sus bienes y la corte nombró un síndico para que los administrase. En 2 de febrero de 1932 el síndico solicitó de la corte que lo autorizara para rescindir dicbo contrato de arrendamiento y para entregar la casa al arrendador por ser perjudicial ese contrato a los bienes que le fueron entrega-dos en administración porque podía encontrarse otra casa por menos precio de arrendamiento. La corte oyó al arrendador respecto de esa moción y practicadas las pruebas que fueron admitidas dictó resolución el 19 de febrero de 1932 conce-diendo autorización al síndico para rescindir el expresado contrato y para entregar la casa a su dueño- tan pronto sea desocupada, y para que mientras tanto satisficiese los arren-damientos vencidos a razón de $400 mensuales. De esa re-solución apeló el arrendador el 3 de marzo de 1932. Siete días después se tuvo al banco por desistido de su pleito y se dió por terminada la sindicatura, devolviendo los bienes a la Drug Co. of Porto Rico, según puede verse en De Jesús v. Corte, 43 D.P.R. 433.

El apelante nos presentó su alegato escrito interesando la revocación de la resolución recurrida y la Drug Co. of Porto Rico lo contestó oponiéndose a él y solicitando que desesti-memos esta apelación por no haber sido notificada a ella como parte contraria y por ser académica por no constar en estos autos que el síndico haya rescindido el contrato de arrenda-miento. Al final de su alegato interesa la desestimación fun-dada en que no es apelable la resolución contra la cual se recurre.

No era necesario que la apelación se notificase a Drug Co. of Porto Rico porque ella no intervino en ese in-cidente del pleito sino el dueño de la casa y el síndico, quien como tal solicitó la rescisión; ni podía intervenir porque los bienes no estaban en su poder. Tampoco es académica la apelación porque el motivo de ella no es si el síndico ha res-cindido el contrato y devuelto la casa a su dueño sino si la corte cometió error al autorizar al síndico- .a rescindir dicho contrato. Y es apelable de acuerdo con el artículo 295, No. 1, del Código de Enjuiciamiento Civil porque ese incidente del pleito es un procedimiento especial en el que se ha resuelto definitivamente por la corte inferior que el contrato del ape-lante debe ser rescindido, poniendo así término a los derechos que de acuerdo con él- tiene el arrendador y a las obligaciones del arrendatario. Por consiguiente, la apelación no debe ser desestimada.

El síndico es un representante de la corte que lo nom-bró y la corte puede autorizarlo para que deje de pagar, como tal síndico, determinadas cantidades debidas por la Drug Co. of Porto Rico y para dejar de pagar los cánones de arrenda-miento de determinada finca, si resulta ventajoso para la ad-ministración de los bienes que fian sido puestos en sus manos; pero la corte no tiene facultad para decretar la rescisión de un contrato válidamente celebrado sin esistir algunas de las causas que para la rescisión de los contratos especifica el Có-digo Civil en su artículo 1243, edición de 1930. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los casos de Quincy etc. Railroad Co. v. Humphreys, 145 U. S. 82, y en el de Southern Express Co. v. Western N.C.R. Co., 99 U. S. 191, citado en el de Central Trust Co. of New York v. Marietta & North Georgia R. Co., 16 L.R.A. 90, declaró que las cortes pueden relevar a un síndico del pago del canon de arrendamienlo cuando así resulta conveniente para los bienes que están, en administración, pero no declaró que las cortes podían rescin-dir los contratos válidamente celebrados. En el primero de esos casos se dijo, citando otra resolución, que un síndico de-riva su autoridad de la corte y no de acto algmno de las par-tes a cuya sugestión o por cuyo consentimiento es nombrado; y que el mayor efecto de ese nombramiento es tener la pro-piedad desde ese momento a su cuidado como oficial de la corte para beneficio de la parte que finalmente tenga derecho a ella, mas im para modificar el título o aun el derecho de posesión. En High on Receivers, cuarta edición, págs. 321 y 326, se dice que un síndico no está obligado a pagar las ren-tas de las fincas que una compañía tiene en arrendamiento; y que si bien un síndico no está obligado en forma alguna por los contratos o pactos celebrados por las personas de cuyos bienes tiene la administración, es igualmente cierto que cuando se ba celebrado un contrato entre el dueño de esos bienes y un tercero, el síndico nombrado posteriormente no puede rea-lizar acto alguno que menoscabe las obligaciones del contrato. En el caso de Chemical Bank v. Hartford Deposit Co., 156 Ill. 522, que fué confirmado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos con el mismo epígrafe en 161 U. S. 1, dicho banco tomó en arrendamiento de Hartford Deposit Company un edificio para sus oficinas y antes de vencer dicho contrato el síndico notificó a Hartford Deposit Company su decisión de terminar ese contrato en lo que a él como síndico se re-fería, y la corte declaró que esa acción de parte del síndico no tenía efecto sobre el arrendamiento con respecto a su va-lidez o fuerza obligatoria entre el arrendador y el arrenda-tario Chemical National Bank; que existía un contrato es-crito vigente entre esas partes que fijaba sus obligaciones y determinaba sus derechos y responsabilidades; y que el sín-dico no estaba investido con poder para realizar acto alguno que menoscabase las obligaciones del contrato.

En el presente caso no solicitó el síndico ni la corte de-cretó que aquél no pagase los cánones de arrendamiento por no ser conveniente a la administración de los bienes, lo que hubiera podido hacerse, sino que lo que interesó y la corte decretó fué que rescindiese un contrato válidamente celebrado. Esto no podía hacerse, según hemos visto.

La resolución apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando sin lugar la petición del síndico de 2 de febrero de 1932.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Peesidente Señoe del Tobo,

text:
    Tomasa Carrillo Vda. de Quiñones y Carlos Ramón Quiñones, demandantes y apelados, v. Juan R. y Diego Zalduondo Veve, demandados y apelantes.
    No. 6345.

    Sometido: Mayo 29, 1933.

      Resuelto: Junio 2, 1933.

      B. Garda Gintrón, abogado de los apelantes; González Fagundo & González Jr., abogados de los apelados.
   El Juez Peesidente Señoe del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes pidieron a la Corte de Distrito de Hu-macao que decretara la división material de tres fincas rus-ticas que poseen en común con los demandados. Su demanda está jurada. Los demandados contestaron negando general-mente los hechos alegados en la demanda y aduciendo como defensa especial que los demandantes les habían cedido en arrendamiento las fincas de que se trata conviniendo en que no se procedería a la división de las mismas hasta que ter-minara el contrato.

Fué el pleito a juicio. Presentaron los demandantes como prueba una certificación del Registro de la Propiedad de Hu-macao y varias escrituras públicas creditivas de que los con-dominios en las fincas a que se refiere la demanda les perte-necen, y estipularon con los demandados en corte abierta que el demandante Carlos Ramón Quiñones es un menor emanci-pado y que la cuantía del pleito excede de $500, con lo que dieron por terminada su prueba.

Los demandados presentaron una moción de nonsuit. Ale-garon que el juramento de la demanda era nulo por haberlo prestado el abogado y no la parte, exponiendo por razón única que la parte residía fuera de la localidad y no podía de mo-mento trasladarse a la misma, y que siendo ello así los de-mandantes venían obligados a probar y no probaron su ale-gación de requerimiento a los demandados para hacer la división y la negativa de éstos.

Antes de.qne la corte resolviera la moción, los demandan-tes le pidieron permiso — y la corte, con la oposición de los demandados, se lo concedió — para presentar prueba sobre el extremo indicado. Declaró entonces doña Tomasa Carrillo qne era la madre del otro demandante, que conocía a los de-mandados condueños y que los babía requerido para dividir las fincas a que se refiere la demanda y ellos se habían ne-gado.

Los demandados no presentaron prueba y la corte dictó sentencia declarando la demanda con lug’ar. No conformes, apelaron para ante esta corte el 8 de febrero último. El 27 de abril siguiente los apelados pidieron la desestimación del recurso, por frívolo. Su moción fué declarada sin lugar por no haber colocado a esta corte en condiciones de resolverla. El 19 de mayo último solicitaron de nuevo la desestimación por igual motivo, acompañando copia certificada del “pliego de exposición del caso” preparado por los propios apelantes y que pende de aprobación en la corte de distrito.

Aunque el pliego no ha sido aún aprobado, como fué preparado por los apelantes pueden los apelados valerse de él para solicitar la desestimación del recurso que implica la confirmación de la sentencia recurrida. No pueden quejarse los apelantes de que tomemos por base para juzgar su caso, la que ellos mismos prepararon. Tampoco es necesario espe-rar la actuación de la corte, porque lo que piden los apelados es la confirmación de su fallo. Y debe adoptarse este proce-dimiento porque si en verdad se trata de un recurso frívolo, interpuesto con el mero propósito de dilatar la ejecución de una sentencia justa, debe facilitarse en todo lo posible la ac-tuación de los apelados para obtener su desestimación.

Que la apelación es frívola, salta a la vista. La de-manda es suficiente. Los hechos en ella alegados se probaron en el juicio. Sobre la única defensa alegada por los deman-dados no se presentó por éstos ni hubo prueba.

Ningún copropietario está obligado a permanecer en la co-munidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, prescribe el artículo 334 del Código Civil, ed. 1930.

Y aquí los demandantes ejercitaron ese derecho y lo hicie-ron adaptándose a las reglas que para la división fija el pro-pio Código Civil. Esas reglas fueron seguidas en la senten-cia que dictó la corte, que, en parte, es como sigue:

“. . . decreta la división de las tres fincas que más adelante se describen y que son objeto de este litigio, en lotes que se adjudicarán a cada uno de los partícipes, debiendo adjudicársele a cada uñó de ellos una porción de terreno en cada finca equivalente al número de cuerdas que a cada condueño coresponda en las referidas fincas, cuya división se practicará por tres árbitros, nombrados uno por cada parte y un tercero que será nombrado por la Corte; debiendo las partes, una v'ez firme esta sentencia, someter los nombres de los que deban ser nombrados, juntamente con el que ba de nombrar la Corte, de acuerdo con los términos de esta sentencia.”

La moción de desestimación debe ser declarada con lugar.


author: El Juez Presidente Señor del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Joaquín Morales Orama, acusado y apelante.
    No. 4929.

    Sometido: Marzo 17, 1933.

      Resuelto: Junio 2, 1933.

      Celestino Iriarte y F. Fernández Cuyar, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este caso se originó a virtud de acusación presentada por el Fiscal del Distrito de San Juan, mediante información del G-ran Jurado, imputando a Joaquín Morales Orama, Sargento de la Policía Insular, nn delito de asesinato, corno-signe : . allá por el 16 de marzo de 1930, en Toa Alta. ... de una manera ilegal, voluntaria, con malicia preme-ditada y expresa y firme y deliberado propósito de matar,, y demostrando tener un corazón pervertido y maligno, dió muerte ilegal al ser lrumano Antonio Vázquez Mojica, al cual le acometió y agredió con un revólver, infiriéndole va-rias heridas de bala, de carácter grave, y a consecuencia de dichas heridas recibidas falleció el mencionado Antonio Váz-quez Mojica, el día 16 de marzo de 1930, en Toa Alta, y que tales heridas fueron inferidas por el acusado Joaquín Morales Orama, al hoy interfecto Antonio Vázquez 'Mojica, con la intención de matarlo, ...” i

Celebrado el juicio ante un jurado, éste rindió su vere-dicto declarando al acusado culpable de un delito de homici-dio voluntario y la corte dictó sentencia condenándolo a su-frir la pena de cinco años de presidio con trabajos forzados. No conforme, apeló, señalando en su alegato la comisión de siete errores.

Sostiene por el primero que la corte sentenciadora erró al negar su segunda moción de traslado, aceptando la devolución del caso por la Corte de Distrito de Bayamón, a la cual lo había trasladado.

Como hemos dicho, la acusación se presentó en la Corte de Distrito de San Juan. Ante esa corte compareció el acu-sado y pidió que su causa se trasladara a la del distrito de Bayamón que acababa de crearse, porque los testig’os resi-dían en pueblos comprendidos dentro del territorio de la nueva corte. Se allanó el Fiscal del Distrito de San Juan y la corte decretó el traslado.

Así las cosas, radicada la causa en la Corte de Distrito de Bayamón, compareció ante ella su fiscal y le pidió que se declarara sin jurisdicción para conocer de la causa y la devolviera a la corte de distrito de su origen. Resolvió la corte de conformidad, exponiendo sus razones en la opinión que sigue que constituye en sí misma el mejor argumento que pudiéramos ofrecer en pro de la no existencia del error. Dice:

“El art. 8 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone lo que sigue:
“ ‘La jurisdicción correspondiente a los delitos radica en la corte del distrito del respectivo distrito judicial dentro del cual se come-tieren. ’
*******
“La regla general es que todo delito debe ser juzgado en el dis-trito que se cometiere, y la excepción es cuando la ley confiere expre-samente jurisdicción a una corte para conocer de delitos cometidos fuera de su territorio. Pueblo v. Ruiz, 19 D.P.R. 94, 96.
“Esta teoría de Puerto Rico es la misma de los tratadistas norte-americanos. En 16 C. J. 185, pár. 260 se lee:
“ ‘Generally speaking, it is a fundamental rule of criminal procedure tbat one who commits a crime is answerable therefor only in the jurisdiction where the crime is committed, and in all criminal prosecutions, in the absence of statutory provision to the contrary, the venue must be laid in the county or district of the offense, and must be proved as laid.’
“La sección 1 de la Ley 57 de 1930, creando la Corte de Distrito de Bayamón, dispone: . ■ ■ -h
“ ‘. . . que la Corte de Distrito de San Juan, tal y como está constituida en la actualidad, tendrá jurisdicción para seguir cono-ciendo de toda . . . causa . . . criminal . . . que esté pendiente en la actualidad ante dicha Corte de Distrito de San Juan proveniente de cualquiera de los municipios que por la presente ley pasan a for-mar la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Bayamón.’
“Por razón de estas disposiciones estatutorias, la Corte de Distrito de San Juan tendrá jurisdicción para seguir conociendo de toda causa criminal pendiente el 29 de julio de 1930 en aquella corte y prove-niente de un municipio que ahora forma parte de esta nueva Corte de Distrito.
“En 16 C. J. 197, pár. 296 se lee:
“ ‘Where the territory in which a crime has been committed is created into a new county by the subdivision of the old county or otherwise, the courts of the new county have exclusive jurisdiction, unless the jurisdiction of the courts of the old county is continued by the statute.’
‘En el caso Pueblo v. Andrades, 35 D.P.R. 441 se llama la aten-ción a la anterior cita y en el resumen del caso se condensa así la doctrina:
“ ‘Cuando la demarcación territorial dentro de la cual se comete un delito se incluye dentro de los límites territoriales de otro distrito nuevamente creado, la corte de este distrito tiene jurisdicción exclu-siva del delito a menos que la jurisdicción de la corte del viejo dis-trito no se continúe por el estatuto que reorganizó dichos distritos.’
“La Ley No. 57 de 1930 dispone que la Corte de Distrito de San Juan tendrá jurisdicción sobre los casos criminales pendientes ante ella al aprobarse la misma. La ley, pues, dispuso que dicha corte continuará conservando su jurisdicción para conocer de aquellos asun-tos. No la reservó a la nuev'a^ corte, ni a ninguna otra distinta de aquélla.
“Jurisdicción es la potestad de que se hallan investidos los jueces para administrar justicia, y tal potestad ha de emanar directa e in-mediatamente de la ley. Ex parte Bou, 7 D.P.R. 132. La corte ha de tener jurisdicción sobre el delito y sobre la persona del acusado. Ex parte Thomas, 12 D.P.R. 367. Para que exista jurisdicción debe concurrir, entre otros elementos, el que la corte haya sido autorizada para conocer del asunto que se le somete. Ex parte Le Hardy, 17 D.P.R. 1024.
“La Corte de Distrito de Bayamón no ha sido investida de juris-dicción, para conocer de este caso, de manera directa e inmediata por la ley, sino, por el contrario, la de San Juan. La Corte de Bayamón no ha sido autorizada para conocer de este asunto. Lo fué la de San Juan por manera expresa de la ley.
“No existe, pues, duda alguna, de que la regla general provista en el art. 8 del Código de Enjuiciamiento Criminal de que la juris-dicción correspondiente a los delitos radica en la corte del distrito donde el delito se cometió tiene su excepción y es cuando la ley con-fiere expresamente la jurisdicción a otra corte; y que la Corte de Distrito de San Juan conservó por disposición expresa de la ley su jurisdicción en todas las causas criminales ante ella pendientes el 29 de julio de 1930, al crearse la corte y el territorio judicial del dis-trito de Bayamón.
“La teoría de que el acusado tiene derecho a ser juzgado por sus convecinos, no es un derecho constitucional. La Enmienda Sexta a la Constitución de los Estados Unidos, no rige en Puerto Rico. People v. Tapia y People v. Muratti, 245 U. S. 639; People v. Balzac, 258 U. S. 298. Y la Ley Jones no contiene ninguna cláusula dispo-sitiva en tal sentido. ' Nuestra Carta Orgánica garantiza en su see. 2 el derecho del acusado a un juicio rápido y público, pero nada ex-presamente dice en cnanto al jurado ni al distrito. Estudiando esa Carta se dijo que el puertorriqueño no puede insistir en el derecho a juicio por jurado, salvo que sus propios representantes en su Legisla-tura se sirvan concedérselo. People v. Balzac, supra.
“En Puerto Rico el juicio por jurado es un privilegio estatutorio. Siguiendo el estatuto, que no es otro que el Código de Enjuiciamiento Criminal, nos encontramos que el art. 178 dispone que las cuestiones de hecho en casos de delitos graves . . . habrán de ser juzgadas por el jurado, cuando el acusado lo pidiere; y el art. 184 dice que un jurado es un cuerpo de hombres elegidos de entre los habitantes de determinado distrito y revestido de poder para conocer como juez en cuestiones de hecho.
“Nada hay en la ley que indique que un acusado que cometió un acto delictivo dentro de la jurisdicción de una corte tenga que ser juzgado por sus convecinos, sino por los hombres de determinado distrito, o sea, por aquéllos del distrito judicial - en que el delito se cometió. La ley garantiza al acusado un juicio en el distrito donde el delito fué cometido y ante jueces de hechos elegidos de entre los habitantes de ese mismo distrito, es decir, de habitantes del lugar de la comisión del delito.
“Si el acusado lo está por haber cometido un delito en Toa Alta, asunto sobre el cual la Corte de San Juan mantiene jurisdicción ex-presa a tenor de la ley porque el delito se cometió dentro de su te-ritorio y el caso estaba pendiente ante ella el 29 de julio de 1930, los hombres llamados a juzgar los hechos son aquéllos del lugar donde el acto delictivo se cometió.
“La cuestión de celebrar los juicios criminales en el distrito co-rrespondiente es una de orden público que afecta en primer término-ai estado, a la comunidad en general. El distrito corespondiente para la celebración de un -juicio es aquél que la ley señala, y no se puede variar a no ser en los casos específicos que la ley autoriza. El art. 171 del Código de Enj. Criminal determina esos casos.
“En el presente caso el acusado pidió el traslado del mismo a esta Corte y le fué concedido porque ‘dentro de su jurisdicción fué cometido el delito que se le imputa.’ Esa actitud del acusado, pres-tando una sumisión, nada significa. Ello no afecta a la cuestión ju-risdiccional. En Pueblo v. Paz, 12 D.P.R. 100, 104, se ha dicho que:
“ ‘El artículo 89 del Código de Enjuiciamiento Criminal termi-nantemente expresa que la jurisdicción correspondiente a los delitos, radica en la corte de distrito del respectivo distrito judicial dentro del cual se cometieren.’
“ ‘Es regla general que en materias criminales no puede prorro-garse la jurisdicción de una corte incompetente y por eso nuestro Có-digo de Enjuiciamiento Criminal no reconoce ni autoriza la sumisión de las partes a determinada corte de jurisdicción y el fundamento es seguramente, el que en lo criminal la jurisdicción se ba estable-cido, no sólo atendiendo al interés de los ofensores y de los ofendi-dos, sino también al de la sociedad.
* * * * * * *
“ ‘En materia civil las partes contendientes son las únicas intere-sadas y pueden, sin inconveniente alguno, pactar esa sumisión y contra ese pacto lícito, autorizado y que a nadie perjudica, nadie puede mostrarse querelloso, pero en materia criminal los intereses atendi-bles son distintos, y no puede aplicarse en ella el principio de la su-misión. ’
“Esa doctrina concuerda con la de los tribunales de la nación. En 16 C. J. 176, pár. 231, se dice-,
“ ‘Jurisdiction to take cognizance of an offense or to render a particular judgment cannot be conferred upon a court by the consent of accused, either express or inferential; where it has none by statute, as by failure to object, as jurisdiction of the subject matter must be conferred bjr law; but where a court has jurisdiction of the subject matter, jurisdiction of the person of defendant may be conferred by consent or waiver; and a statute may authorize a court to try a criminal case by consent of parties.’
“Razonamientos generales que deben tomarse en cuenta aparecen en Ex parte Thomas, 12 D.P.R. 370; Fajardo v. Soto, 23 D.P.R. 77; Pueblo v. Nogueras, 23 D.P.R. 332; Pueblo v. Rivera, 30 D.P.R. 563, 564.
“ ‘Cuando los procedimientos seguidos en una corte disponiendo un cambio de lugar (venue) para el juicio son tan irregulares que los hacen enteramente nulos, la corte a donde ha sido trasladado el caso no adquiere jurisdicción, y la cuestión puede ser levantada en cual-quier tiempo en el curso de los procedimientos en aquella corte.’ 16 C. J. 221, pár. 339.
“La orden que motiva esta resolución es enteramente nula. Monta a tanto cómo investir a esta Corte de una nueva jurisdicción.- Los tribunales no legislan. Y cualquier sumisión o conformidad del acu-sado con esa orden, no tiene más alcance que el de la sumisión a un acto nulo per se. No se trata de un derecho constitucional que quizá el acusado podría renunciar, sino de investir a un tribunal de una. jurisdicción que no le ha dado la ley; y de despojarse otro tribunal de la jurisdicción que la ley le confirió expresamente. En Puerto Rico la ley no contempla esta clase de fundamentos para traslado de una causa criminal de un sitio a otro.
“ ‘La jurisdicción para juzgar y castigar un delito no puede ser adquirida en otra forma que en el modo prescrito por la ley, y si no es adquirida así cualquier sentencia es nula.’ 16 C. J. 176.
“Para que un traslado sea legal debe estar autorizado por la ley. La orden disponiendo el traslado de esta causa de San Juan a Ba-yamón, se basa en fundamentos erróneos. Las razones expresadas en la orden no son suficientes. Es contraria a la Ley 57 de 1930. T esta Corte no tiene más que hacer sino trasladar nuevamente el caso a la Corte de Distrito de San Juan.
“En el caso Pueblo v. Díaz, 18 D.P.R. 912, 919, refiriéndose a una orden del Juez de Guayama disponiendo el traslado de cierta causa a Ponce, se decidió lo siguiente:
“ ‘La orden dictada por él el día 4 de mayo de 1911, fué nula y el juez no tenía más que hacer sino trasladar nuevamente el caso a la Corte de Distrito de Guayama como así lo hizo debida y prontamente, de acuerdo con la ley.’ ”

La Corte de Distrito de San Juan estuvo enteramente justificada al negar la segunda moción de traslado que se le presentara al radicarse la causa nuevamente en ella.

El segundo señalamiento se formula así: “La Corte erró al permitir que Miguel G-andía, amigo y compa-ñero del interfecto, actuara como jurado, a pesar de la re-cusación motivada de la defensa.”

Hemos estudiado cuidadosamente tanto los argumentos del apelante y del fiscal como los liecRos del caso y a nues-tro juicio habiendo manifestado el jurado que su inclina-ción favorable al interfecto por el conocimiento previo que de él tenía y por la lectura de lo que publicó la prensa so-bre el suceso no lo habían llevado a formar una opinión de-finitiva y que daría su veredicto de acuerdo con la prueba que se practicara, la corte actuó correctamente al negar su recusación. Tampoco consta que el acusado agotara sus recusaciones perentorias. El Pueblo v. Cortés, 42 D.P.R. 923, 925.

Por el tercer señalamiento se sostiene que “la corte erró en sus instrucciones al jurado, en lo que respecta a defensa propia.” Argumentándolo dice el apelante en su alegato: >]

“La teoría principal de la defensa en este caso fué la de la de-fensa propia.
“Hablando sobre ésta, el Juez, en sus instrucciones, dijo al Ju-rado lo siguiente:
“ ‘Para justificar un homicidio, en que se alegue la propia de-fensa, es necesario no sólo creer sino tener motios fundados para creer que al matar al agresor se hallaba el agredido en inminente o inme-diato peligro de muerte o de grave daño personal. Las circunstan-cias deberán ser de tal naturaleza que lleven al ánimo de una persona de moderada prudencia el convencimiento de que se hallaba en peli-gro de muerte o de grave daño personal. Fundado temor no signi-fica el temor de un cobarde sino el temor de una persona de moderado valor. ’
“Insistiendo en esta misma teoría, más adelante se expresó así:
“ ‘Pero esta creencia o temor no debe ser la de un cobarde sino lá de una persona de moderado v'alor, de espíritu sereno.’
“De estas instrucciones resulta palmariamente que el Juez, cons-ciente o inconscientemente, presentó al acusado a los ojos del jurado como un cobarde, o cuando menos, dejó entrever a los jueces de hecho que había llegado a la conclusión de que el acusado quitó la vida a su subalterno por pura cobardía.”

No estamos conformes. La ley sobre la materia, el ar-tículo 210 del Código Penal, expresa:

“Artículo 210. La mera sospecha de la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en los números 2 y 3 del anterior artículo, para impedir los cuales puede legalmente cometerse el homicidio, no bastará para justificarlo; sino que las circunstancias que concurran deberán ser suficientes para excitar el temor de una persona razo-nable y será preciso que el matador obre sólo bajo la influencia de dicho temor.”

Es cierto que la ley no dice textualmente “el temor de un cobarde”, ni “persona de moderado valor”, sino que las circunstancias que concurran deberán ser suficientes para excitar el temor de una persona razonable, pero es la ver-dad que una persona razonable en tal caso lo es una de moderado valor, no aquella que pueda ser calificada de co-barde. El tipo de persona que tuvo en mente el legislador fue el normal y presentar ese tipo y no otra cosa es el efecto de la instrucción de la corte.

Además, no fué sólo en el párrafo transcrito en el que la corte transmitió su instrucción. Dos párrafos más la com-pletan y leyéndolos se concluye que la corte informó al Ju-rado clara y acertadamente sobre el particular.

El cuarto señalamiento es el de que erró la corte al no admitir en evidencia las amenazas de muerte que se intentaron probar por el testigo Eugenio Santoni.

Al comenzar a declarar el testigo, aparece de la transcrip-ción que ocurrió lo siguiente:

“Fiscal: Si mal no recuerdo, la defensa, cuando presentaba la teoría de su caso al Jurado le dijo que el acusado desconocía esas amenazas. — Martínez Nadal: Sí. — Fiscal: ¿Que las desconocía?— Martínez Nadal: Sí, señor.”

El fiscal se opuso y la corte resolvió:

“No demostrándose que el acusado tuviera conocimiento de las manifestaciones del interfecto ni que éstas fueran notificadas; ni existiendo evidencia o alegación de defensa pi’opia, de acto hostil de la víctima contra el acusado, y no siendo dudosa o equívoca la evi-dencia del Fiscal de quién fuera el agresor, ni que las manifestacio-nes formen parte de la transacción, se sostiene la objeción del Fiscal.”

Para sostener su señalamiento, invoca el apelante la ju-risprudencia tal como se resume en 30 C. J. 191 y 241, en parte de los párrafos 419 y 477, a saber:

“It has also been held that where the evidence of the killing is wholly circumstantial, threats of, deceased even if unknown to defendant are admissible in evidence as tending to show the inherent probabilities of the transaction irrespective of any question of self-defense. ’ ’
* ¡ft # # # # #
“Thus in case the evidence leaves it doubtful as to whether or not deceased was the aggressor in the difficulty in which the killing oc-eured as claimed by defendant, evidence of threats of deceased against defendant, even though not communicated to him, tends to show deceased’s animus toward defendant and bears on the probability of his having been the aggressor, and hence is admissible for this purpose.”

Pero en el propio párrafo 419 de la página 191 del tomo 30 de Corpus Juris, se resume antes la regla general y otras de las excepciones, así:

“De ordinario en ausencia de actos tendentes a realizar el delito, las amenazas por parte del occiso contra el acusado, o las amenazas de naturaleza -general son inadmisibles. Mas las amenazas hechas por el interfecto contra el acusado son admisibles como parte del res gestae cuando fueron hechas al tiempo de realizarse el acto que ellas se suponen caracterizar y que armonizan con éste en tal forma que constituyen una transacción, siempre que tales amenazas se refieran al acusado. Es inmaterial si las amenazas fueron comunicadas al acusado o si ellas fueron hechas en serio o no, o si el occiso hizo, aque-llo que justificó en el acusado la razonable creencia de que el finado tenía la intención de llevar a cabo las amenazas. Tales amenazas tam-bién sirv'en de explicación al dicho del acusado, según demuestra la acusación, de que él tendría que dar muerte al interfecto.”

Y antes de lo citado por el apelante se dice en el párrafo 477 de la página 241 del tomo 30 de Corpus Juris:

“Se ha establecido como regla general que las amenazas hechas por un interfecto contra el acusado no son admisibles como prueba a menos que ellas fueran comunicadas al acusado antes de la muerte, mas existen importantes modificaciones a esta regla.”

Y después:

y prueba de amenazas no comunicadas también es admisi-ble al ser acompañada por prueba de amenazas que han sido comu-nicadas al acusado, toda vez que tal prueba corrobora las amenazas comunicadas y tiende a establecer lá realidad del peligro en que el acusado se creía estar al momento de dar muerte a la víctima. Prueba de amenazas no comunicadas hechas por el interfecto poco antes de su muerte, en unión de actos y de conducta que indiquen la intención de llevar a cabo las amenazas, puede ser admisible como parte del res gestae. Aunque se ha dicho en términos generales que al presen-tarse la acusación de defensa propia las amenazas hechas por el in-terfecto son admisibles, ora hubiesen sido comunicadas o no, otras autoridades sostienen que son inadmisibles al no ser pertinentes a los fines o bajo las condiciones que acabamos de enunciar.”

Aplicando esa jurisprudencia a los hechos de este caso se concluye que la regia general es la aplicable porque los hechos no demuestran la existencia de ninguna de las ex-cepciones y por tanto que no erró la corte al negar la prác-tica de la evidencia que propuso el acusado.

Cuando el incidente ocurrió ya se había practicado la prueba de cargo, que, tal como la resume el juez sentenciador en sus instrucciones al jurado, es como sigue:

‘1 El Fiscal estima que se trata de un caso de asesinato en segundo grado y la evidencia presentada por él, que consiste en las declara-ciones del Dr. Blas C. Herrero, Dr. Manuel López del Valle, José Díaz González, Ramón Estrada, Nemesio Guardiola, Juan Hernán-dez Jr., y Juan R. Molina, ha tendido a demostrar que allá en la noche del 15 al 16 de marzo del 1930, en Toa Alta, P. R., estando el hoy interfecto Antonio Vázquez Mojica, P. I., de servicio en una de las calles de dicho pueblo, el Sargento Joaquín Morales Orama (el acusado) que era su Jefe inmediato, se acercó al guardia, éste le sa-ludó, y le dijo: ‘sin novedad’; que el sargento Morales dijo al po-licía Vázquez: ‘véngase conmigo’ y ambos siguieron por la calle de la carretera hacia Corozal, por donde está el cementerio; que pocos momentos después se oyeron dos disparos y las palabras ‘Titilo, Ti-tilo, que me matan, bendito sea Dios’, viéndose cuando el guardia iba corriendo como hacia el cementerio, con las manos levantadas, y el sargento Morales que le hacía cuatro disparos; que el guardia se desplomó y cayó al suelo, estando vestido con guerrera y un sobretodo de invierno, y teniendo la macana colgada en la mano derecha; que entonces el sargento le levantó el capote y la guerrera al policía, le sacó un revólver y con él hizo cuatro disparos más hacia donde es-taba el cuerpo del policía; que Nemesio Guardiola (Titilo) que había salido de su casa desnudo cuando los dos primeros disparos, le dijo al sargento que no le tirara más y que vió criando éste colocó el re-vólver en el suelo, cerca de la mano derecha del guardia, pero luego lo recogió y se lo echó al bolsillo, diciéndole el sargento a Guardiola que tenía que ir a declarar porque él lo salv'aba; que Juan Her-nández Jr., que sintió también los disparos y se dirigió al sitio, dice que gritó al sargento que no fuera cobarde, que no lo matara en el suelo, y que atendió al policía, a quien le oyó quejar, y lo levantó, colocándolo en uno de sus muslos; que allí el acusado admitió que él había matado al policía; que entonces éste fué llevado en un automóvil, donde iba también el sargento, para el hospital, detenién-dose frente a la casa del Dr. Manuel López del Valle, quien se había levantado al oír los disparos, manifestando dicho Dr. que el policía estaba ya muerto, lo que pudo comprobar luego en el hospital y que presentaba seis heridas de bala; que el acusado entregó a Juan R. Molina dos revólveres, uno que tenía seis balas disparadas, que dijo que era el suyo y otro que tenía cuatro balas disparadas, que expresó era el del policía; que éste tenía puesta una guerrera y el sobre-todo abrochado, que se lo quitaron en la mesa de. operaciones del hospital, no encontrando el Dr. López del Valle que el interfecto tu-viera en las manos olor a pólvora; que el acusado le dijo que lo exa-minara, que lo examinó, y no tenía ninguna lesión; que al día si-guiente, como a las nueve de la mañana, el Dr. Blas C. Herrero prac-ticó la autopsia del cadáver del policía Vázquez Mojica y encontró que tenía en la espalda dos orificios de entrada de bala y dos de sa-lida, en los sitios que él mostró, siendo esas heridas leves, y que pre-sentaba además dos heridas de bala en el pecho, mortales por ne-cesidad, sin orificios de salida, que lesionaron distintos órganos vitales del cuerpo, tales como los pulmones, el corazón, la aorta, el esófago, el hígado, el bazo, y que le ocasionaron la muerte por hemorragia interna. ’ ’

El quinto señalamiento es que “la corte erró al negarse a admitir en evidencia cierta documentación del Cuartel General de la Policía relativa al interfecto, tendiente a de-mostrar el móvil que pudo haber tenido el interfecto para atacar al acusado.”

Lo que se trató de introducir en evidencia fué la inves-tigación que se practicó en el Cuartel General de la Policía Insular sobre ciertos cargos formulados por el acusado al interfecto por abandono de servicio y desobediencia de ór-denes.

La no admisión se imponía. Se trataba de declaracio-nes y documentos de un caso distinto al que se investigaba. El Pueblo tenía derecho a repreguntar a los testigos y si la investigación era admitida se le privaba de ese derecho.

Quizá sea conveniente agregar con respecto a éste y al anterior señalamiento, que no obstante las negativas de la corte, fué al jurado evidencia sobre las amenazas.

A la página 135 de la transcripción encuéntrase que el testigo Eugenio Santoni, declaró:

“Que otro día cuando él salía de su oficina se encontró con el guardia y que sin recordar la fecha sabe que fué como tres o cuatro días antes de leer en El Imparcial las noticias del suceso, habiendo hablado en esa ocasión con el guardia Vázquez, manifestándole éste que el sargento le había formulado unos cargos, que se verían aquel día y que de acuerdo con los cargos, él iba a perder su destino, y que su familia se quedaría sin pan, pero que bien poco más comería el sargento, porque si él salía mal y era necesario, estaba dispuesto a matarlo. Manifestó también que esas noticias no las comunicó al sargento porque no lo vio más.”

A la 137 que el testigo Mariano Velilla, dijo:

. que el guardia Vázquez habló con el testigo, ese día y en distintas ocasiones; que le dijo que si salía mal de los cargos, ma-taba al sargento.”

Y a la página 139 que el testigo Secundino Díaz, mani-festó : *

"... que conoce a Joaquín Morales Orama y conoció al guardia Antonio Vázquez Mojica y que para el 15 de marzo del año pasado, 1930, desempeñaba el cargo de Alcalde de Toa Alta, y estaba ese día en el pueblo, recordando haber hablado la noche antes a la del 15 de marzo con el guardia Vázquez Mojica, mientras él prestaba servicio esa noche, y que la conversación que tuvo con el guardia, fué la si-guiente : Que mientras él se retiraba a dormir cuando pasó cerca del policía, éste lo llamó y le dijo, ‘he visto al sargento cruzar por la calle, y si esta noche me viene a revistar le voy a entrar a tiros’; que él tenía un capote) y dentro del capote le mostró el revólver; que eso se lo dijo la noche antes de haber muerto el guardia.”

Existen otras constancias.

Por el sexto señalamiento se imputa pasión, prejuicio y parcialidad a la corte durante el curso del juicio. No existe. Al acusado se reconocieron todos los derechos que la ley le otorga y que sus hábiles ahogados invocaron hasta el límite. No puede quejarse en verdad. Tanto el veredicto del ju-rado — homicidio en vez de asesinato — como la pena que el juez le impuso — cinco años de presidio pudiendo imponerle diez — le fueron favorables.

El último señalamiento alega error en la instrucción de la corte sobre duda razonable. No esiste. La instrucción impugnada es como sigue:

“La culpabilidad del acusado debe probarse a satisfacción del ¡ju-rado, fuera de duda razonable, y en caso de que exista duda razona-ble se le debe absolver.
“Existe duda razonable cuando después de un cuidadoso examen, estudio y comparación de toda prueba, queda el ánimo del ¡jurado en tal situación de embarazo que no puede decir si tiene una firme con-vicción o certeza moral respecto a la verdad de la acusación que se formula contra el acusado. Esto no significa que deba destruirse toda duda posible, ni que la culpabilidad del acusado deba demos-trarse como una certeza matemática, sino que la evidencia debe pro-ducir aquella certeza moral que conv'ence y dirige la inteligencia y satisface la razón. No debe ser, pues, una duda especulativa o ima-ginaria. La duda que justifica la absolución no sólo debe ser razo-nable, sino que debe surgir de una serena e impareial consideración de toda la evidencia del caso, o de la falta de suficiente prueba en apoyo de la acusación.
“En los casos criminales, la ley presume que el acusado es ino-cente mientras no se pruebe lo contrario, de modo satisfactorio, y por evidencia competente, y es regla de ley que su culpabilidad debe ser completamente probada. Esta presunción de inocencia acompaña al acusado durante el juicio, y el jurado debe tenerla presente al deli-berar. ’ ’

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Davila,

text:
    Federal Land Bank of Baltimore, peticionaria, v. La Corte de Distrito de Aguadilla, Hon. Enrique S. Mestre, Juez, demandada.
    No. 891.

    Sometido: Abril 6, 1933.

      Resuelto: Junio 5, 1933.

      Arturo Beichard, Frank Martínez, 8. García Díaz y E. Campos del Toro, abogados de la peticionaria; Harry Besosa, Fiscal Federal, por los Estados Unidos; J. Fernández Diez, por la Junta de Su-plentes de la “Puerto Rico Hurricane Relief Commission.”

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Córdova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

The Federal Land Bank of Baltimore inició un procedi-miento de ejecución de hipoteca contra Julio Acevedo Bos-ques y su esposa Josefa Vera, para hacer efectivo un cré-dito de $1,000 con sus intereses al 5% por ciento anual. Para garantía de este préstamo los esposos Acevedo Vera hipo-tecaron una finca de su propiedad que más tarde fué gra-vada con una segunda hipoteca a favor de los Estados Unidos de América. El acreedor hipotecario incluyó a los Estados Unidos como demandado en el procedimiento y no-tificó al “Attorney General” de los Estados Unidos y al Fiscal Federal de Puerto Rico (United States District Attorney), quien compareció ante la corte inferior alegando que la misma carecía de jurisdicción y competencia en cuanto a los Estados Unidos y al crédito de que era dueño. La corte inferior declaró nulo el procedimiento seguido en cuanto a Estados Unidos alegando que ni la Ley Hipoteca-ria ni su reglamento autorizan que se haga parte deman-dada en un procedimiento para el cobro de un crédito hi-potecario a las personas interesadas en las responsabilida-des que se hubieren inscrito después del derecho del actor y que además la ley titulada “An Act to permit the United States to be made a party defendant in certain cases” no es de aplicación al presente caso. La corte inferior suspende toda acción tomada en relación con el crédito del peticiona-rio y declara que cesa en el ejercicio de su jurisdicción y competencia en cuanto a dicho peticionario y su crédito. En vista de esta resolución The Federal Land Bank solicitó de esta corte la expedición de un auto de certiorari para re-visar los procedimientos de la corte inferior.

La cuestión fundamental a resolver es si esta ley para permitir a Estados Unidos ser designado como parte demandada en ciertos casos rige en Puerto Rico con la misma amplitud y alcance que en los Estados del Continente. De acuerdo con nuestra Ley Hipotecaria, cuando existen res-ponsabilidades inscritas .con posterioridad al derecho del acreedor ejecutante, se notificará el auto de requerimiento de pago a las personas interesadas en dichas responsabili-dades. Esta notificación a los acreedores que inscribieron con posterioridad al ejecutante ofrece a los mismos la opor-tunidad de satisfacer el crédito, intereses y costas, antes del remate, y de intervenir en el avalúo y subasta de los bienes si así lo desean. Hecha esta notificación sigue su curso el procedimiento de apremio, sin hacerse otra alguna a los acreedores. 4 Morell, 58; 3 Barrachina, 163. No requiere la Ley Hipotecaria que se incluya como demandados a los acreedores posteriores. Basta cumplir con el requisito de la notificación.

En Estados Unidos continentales el acreedor posterior no es generalmente una parte necesaria para que la corte pueda dictar una sentencia obligatoria y definitiva en cuanto a las partes que intervinieron en el procedimiento; pero si este segundo acreedor no lia sido incluido como parte deman-dada, la sentencia dictada no le afecta ni impide que en el futuro ejercite cualquier derecho de redención que pueda tener. Este derecho de redención tiene su origen en las cortes de equidad. Surgió de la necesidad, para atenuar la severidad del derecho común, que permitía que el título de la propiedad pasase del deudor al acreedor hipotecario y que se consolidase en éste el dominio absoluto y definitivo cuando el primero faltase a las condiciones estipuladas en el contrato. Para extinguir este derecho de redención, cono-cido con el nombre de “equity of redemption”, es que el acreedor hipotecario acude al procedimiento de “foreclosure” contra el deudor hipotecario y cualquier otra parte con derecho a redimir. Para suavizar los rígidos preceptos del derecho común, acudieron las cortes inglesas al dere-cho romano, en cuyas fuentes bebieron los principios de equi-dad que ampararon los derechos del deudor hipotecario. Reconociendo esta contribución del derecho civil, dice la Corte Suprema de Illinois en el caso de Longwith v. Butler, 8 Ill. 37:

“La equidad, sin embargo, ba obtenido jurisdicción sobre el ob-jeto de la hipoteca, y, con un espíritu de humanidad y justicia, ha modificado esencialmente los principios de derecho común, y como han dicho algunos eminentes escritores, ha conseguido un noble triunfo sobre los tecnicismos. 4 Kent, 158; 2 Story, sec. 1014. To-dos los que tengan algún conocimiento del derecho romano conven-drán en que las doctrinas equitativas que ahora prevalecen umver-salmente con respecto a hipotecas, han sido derivadas de aquella fuente. El derecho civil, en éste como en muchos otros casos, ha sido el gran arsenal donde las cortes de equidad en Inglaterra se han equipado con las armas más eficientes para liberarse de las severidades del inflexible y riguroso derecho común.
* * * * * * *
“La falta de pago en la fecha estipulada no implicaba en el de-recho civil la pérdida de la cosa hipotecada o pignorada; pero el acreedor obtenía el derecho de reembolsarse, vendiendo, y ordinaria-mente podía Vender sin ninguna sanción judicial, después de notifi-car al deudor de su intención, tuviera 'o no autoridad expresa para la venta. 2 Story’s Eq., sec. 1009, y numerosas autoridades allí cita-das. En realidad, se acudía generalmente a las cortes en tales casos, cuando la venta de la propiedad, real o personal, no podía efectuarse, con el propósito de obtener un decreto, invistiendo al acreedor hipo-tecario con el dominio absoluto de dicha propiedad. 2 Story’s Eq., sec. 1024.”

Entre nosotros tanto el deudor hipotecario como los acreedores posteriores tienen oportunidad de satisfacer la cantidad reclamada hasta momentos antes de efectuarse el remate de los bienes hipotecados. Existen prácticamente para el deudor y acreedores posteriores las mismas garan-tías reconocidas por los principios de equidad. En el pre-sente caso Estados Unidos es un segundo acreedor hipoteca-rio. El Banco Federal utiliza para cobrar su crédito el pro-cedimiento sumario. Requerido de pago el deudor y noti-ficados los subsiguientes acreedores, la corte adquiere juris-dicción para cancelar los gravámenes posteriores, sin nece-sidad de ulteriores procedimientos, una vez efectuada la venta judicial. Esta ha sido la práctica invariablemente se-guida desde la implantación del sistema hipotecario. En este caso, sin embargo, se pide que se incluya como parte demandada a Estados Unidos, porque no de otro modo po-dría disponerse del gravamen posterior constituido a su favor, toda vez que se trata del poder soberano. Debido a la inmunidad de que goza la soberanía, ya se trate de Estados Unidos, un estado o territorio, ha sido imposible en el pasado cancelar gravámenes constituidos a favor del soberano, sin incluirlo como parte demandada, para lo cual era necesario obtener su consentimiento. El acreedor hipo-tecario podía demandar y obtener sin obstáculos la venta del inmueble hipotecado; pero el gravamen del estado per-manecía intacto como antes de iniciarse la acción. Christian v. Atlantic & N. C. Railroad, 133 U. S. 243. Para remediar esta dificultad se aprobó la ley que permite a los Estados Unidos ser designado como parte demandada bajo ciertas condiciones. Copiamos a continuación las razones expues-tas por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para recomendar favorablemente esta medida legislativa:

“Esta legislación ha sido recomendada durante un número de años por la Asociación Americana de Abogados por conducto de su co-mité de eliminación de gravámenes del gobierno sobre bienes raíces, por la Liga de Construcción Local de los Estados Unidos y la Aso-ciación de Préstamos, y por numerosas compañías de propiedad in-mueble, a fin de reparar la injusticia con que se-confrontan los au'ee-dores hipotecarios merced al presente estado de la ley, quienes bailan, cuando se hace necesario ejecutar sus hipotecas, que el Gobierno Federal ha anotado contra la propiedad un segundo gravamen por al-guna deuda contraída con los Estados Unidos por el dueño de la propiedad y para el pago de la cual el acreedor hipotecario no tiene obligación legal ni moral. Bajo tales circunstancias, el acreedor se Ve en un impasse-. Le es imposible hacer que se venda en pública subasta la finca, a causa de la nube sobre el título creada por el gravamen del gobierno. No puede remover el gravamen, pues no dis-pone del medio por virtud del cual pueda hacer parte en el procedi-miento ejecutivo a los Estados Unidos. Se le frustra, pues, su de-recho a ejecutar a menos que esté dispuesto a satisfacer el gravamen del gobierno, deuda de la cual él no es responsable, ya que es una persona a quien el gobierno jamás trataría de cobrar.”

Esta legislación fué objeto de prolongadas discusiones en las conferencias celebradas por los comités de ambas cáma-ras. Estas discusiones culminaron en la aprobación de un “bill” sustituto que fué más tarde convertido en ley sin enmiendas. El comité de la Cámara produjo un informe dando cuenta del acuerdo a que se llegó en el seno de las conferencias. Copiamos lo que dice este informe en relación con el artículo cuarto de la ley, tal y como fué definitiva-mente aprobado:

“La enmienda del Senado contiene una cláusula permitiendo a la corte suspender los procedimientos de venta, hasta la terminación de la próxima sesión del Congreso. Esto sin duda se propuso para permi-tir al Congreso asignar fondos a fin de que Estados Unidos, en caso de ser dueño de un segundo gravamen, pudiese hacer posturas al ve-rificarse la Venta para satisfacer gravámenes anteriores y proteger el suyo. En su lugar el 'bill’ sustituto dispone que Estados Unidos, en caso de poseer un segundo gravamen, tendrá un año para redimir. De este modo no hay necesidad de que la venta se posponga. En muchos Estados de la Unión existen en la actualidad leyes que per-miten a los poseedores de segundos gravámenes, así como a los due-ños en pleno dominio, un año para redimir, desde la fecha de la eje-cución y venta de la propiedad. Es verdad que en otros Estados no existe este derecho de redención. Sin embargo, la disposición nada agrega a las dificultades existentes en aquellos Estados que no con-ceden período alguno para redimir la propiedad, toda vez que bajo las condiciones actuales cuando las personas a cuyo favor existen gra-vámenes no pueden demandar a Estados Unidos, los derechos de Es-tados Unidos nunca son destruidos por el decreto dictado en el pro-cedimiento de ejecución.”

Para mayor claridad y comprensión vamos a permitirnos transcribir las secciones primera, tercera y cuarta de la ley en cuestión:

“See. Ia. Decrétase por el Senado y la Cámara de Representan-tes de los Estados Unidos, reunidos en Congreso: Que bajo las con-diciones aquí prescritas para la protección de los Estados Unidos, por la presente se otorga el consentimiento de los Estados Unidos a que se le haga parte en cualquier pleito que esté pendiente o se instituya en lo sucesivo en cualquier corte de distrito de los Estados Unidos, incluyendo las de los distritos de Alaska, Hawaii y Puerto Rico, y la Corte Suprema del Distrito de Columbia, y en cualquiera corte esta-dual que tenga jurisdicción sobre la materia, para la ejecución de una hipoteca u otro gravamen sobre un inmueble, a fin de obtener una sentencia que se relacione con cualquier hipoteca u otro gravamen que sobre los bienes puedan tener o alegar los Estados Unidos.
“Sec. 3a. Un litigio de tal naturaleza incoado contra los Estados Unidos en cualquier corte de Estado podrá ser trasladado por los Estados Unidos a la Corte del Distrito de los Estados Unidos en que esté pendiente el litigio. El traslado se efectuará del modo prescrito por la sección 29 del Código Judicial (título 28, sec. 72, Código de los Estados Unidos) : Disponiéndose, que la petición de traslado podrá ser radicada en cualquier momento antes de expirar el tér-mino de treinta días concedido por esta ley o por la corte a los Es-tados Unidos para contestar, y no se exigirá fianza alguna para el traslado. La corte para ante la cual se traslade el caso puede, antes de dictar sentencia, devolverlo a la corte del Estado si se desprendiere que no existe una verdadera contienda respecto a los derechos de los Estados Unidos, o cuando aparezca de los autos que todas las demás partes admiten las reclamaciones de los Estados Unidos.”
“See. 4». Excepto en tanto en cuanto aquí se dispusiere lo con-trario, una venta judicial efectuada en cumplimiento de una senten-cia dictada en tal litigio tendrá el mismo efecto respecto a la exone-ración de gravámenes y cargas en favor de Estados Unidos que el dispuesto sobre tales cuestiones por las leyes del Estado, Territorio o Distrito en que estuviere situado el terreno, disponiéndose que toda venta efectuada para el pago de un gravamen inferior al de los Es-tados Unidos se efectuará sujeta al gravamen de los Estados Unidos y sin que afecte a éste, a menos que los Estados Unidos por sus abo-gados, consienta en que la propiedad sea v'endida libre de su hipo-teca o carga y en que se divida el producto de acuerdo con los dere-chos de las partes; y disponiéndose además, que cuando se efectúa una venta para satisfacer un gravamen anterior al de los Estados Unidos, los Estados Unidos tendrán un año a partir de la venta para redimir la propiedad. En cualquier caso en que la suma adeudada a los Estados Unidos estuviere vencida, los Estados Unidos puede so-licitar, como un remedio afirmativo, la ejecución de su propio gravamen o hipoteca y en todo caso en que se vendan bienes para sa-tisfacer una primera hipoteca o un primer gravamen perteneciente a. los Estados Unidos, los Estados Unidos pueden ofrecer en la venta cualquier suma que no exceda del importe de su reclamación más los gastos de la venta, según ordene el jefe del departamento, negociado u otra agencia gubernamental a cargo de la administración de las leyes con respecto a las cuales surge la reclamación de los Estados Unidos.”

Es innecesario considerar el aspecto legal de esta cues-tión en Puerto Pico con anterioridad a la aprobación de esta ley. Ya hemos visto las razones que expone el Comité Judicial para recomendar esta legislación. Estados Unidos consiente en ser demandado en cualquiera de sus cortes de distrito, incluyendo Hawaii, Alaska y Puerto Rico. Este consentimiento para ser demandado en nuestra Isla, así como las disposiciones de la sección 4* de la ley, expresan claramente, sin dejar lugar a dudas, la voluntad del Con-greso de hacer extensiva a Puerto Rico la referida legisla-ción. Se alega, sin embargo, qne Estados Unidos lia con-sentido en ser demandado únicamente- en la Corte de Dis-trito Federal, con exclusión de las cortes insulares. Acep-tar esta interpretación equivale a declarar qne esta ley en vigor en Puerto Rico por la autoridad del Congreso, resulta prácticamente inaplicable por disposición del propio Con-greso. No se explica qne el Congreso extienda a Puerto Rico la mencionada legislación, sin ofrecerle los medios de Pacerla efectiva. El Banco Federal no puede demandar al deudor hipotecario Julio Acevedo Bosques en la Corte de Distrito de los Estados Unidos, porque esta corte carece de jurisdicción sobre las partes y sobre la cantidad que se re-clama, que no asciende a $3,000. Tiene necesariamente que acudir a una corte insular, cuyos pronunciamientos no al-canzan a Estados Unidos a menos que figure con su consen-timiento como parte demandada. La ley mencionada, se-gún el informe del Comité Judicial, se aprobó para corregir una injusticia. No cabe presumir que el Congreso tuviera la intención de aplicar el remedio sin limitaciones en el con-tinente, y con marcadas limitaciones en esta jurisdicción. Si existe algún fundamento que pueda servir de base a una interpretación restringida, confesamos que es éste un funda-mento que escapa a nuestra penetración. Nada gana Esta-dos Unidos si se interpreta la ley en sentido restrictivo y se sostiene que no puede ser designado como parte ciernan--dada en una corte insular. En cambio, si se resuelve lo contrario y se adopta una- interpretación razonable, que fa-cilite la aplicación de la ley y la realización de los fines para los cuales fué creada, Estados Unidos puede resultar benefi-ciado dadas las condiciones que la ley prescribe para su pro-tección, y al mismo tiempo se obtendrá la ventaja de resolver judicialmente el gravamen constituido a su favor en su carácter de acreedor hipotecario posterior.

Conviene hacer constar que Estados Unidos no tiene ne-cesidad de someterse a las cortes insulares si no es éste su deseo. La ley le concede el derecho de solicitar el traslado del caso a su propia corte, ana vez interpuesta la demanda en la corte local. No hay temor, por lo tanto, de qne sus derechos se ventilen en un tribunal que no sea de su agrado. Si el propósito del Congreso es corregir una injusticia, esta injusticia lo mismo puede manifestarse entre nosotros que en el continente. Si la ley rige en Puerto Rico, deben regir también los medios de hacerla efectiva, y a nuestro juicio si se prescinde de las cortes insulares no puede siempre con-seguirse su efectividad.

Alega el peticionario que-la frase “state court” incluye las cortes insulares. Estados Unidos consiente en ser de-mandado en sus cortes de distrito, incluyendo Alaska, Hawaii, Puerto Rico, la Corte Suprema del Distrito de Columbia y cualquier corte de estado que tenga jurisdicción sobre la ma-teria. Entiende el peticionario que al usar el Congreso la frase “state court” con jurisdicción sobre la materia, ha querido referirse a aquellas cortes que no sean cortes fede-rales en las comarcas mencionadas en la sección primera de la ley. No es razonable suponer que hablando el Congreso de las cortes federales, incluyendo la de Puerto Rico, Hawaii y Alaska, y a renglón seguido de las cortes estaduales, con jurisdicción sobre la materia, quisiera referirse únicamente a las cortes de los estados clásicos de la unión americana, ex-cluyendo a las cortes locales de Puerto Rico, Hawaii y Alaska.

La palabra “estado” puede referirse a un estado de la Unión americana dentro de la constitución y a una denomi-nación política debidamente organizada, no necesariamente como estado ni como territorio o distrito bajo el gobierno de los Estados Unidos.

Veamos lo que dice la Corte Suprema federal sobre esta interesante cuestión. De la opinión emitida por dicha corte en el caso de Talbott v. Silver Bow County, 139 U. S. 440, copiamos lo siguiente:

“En esta sección no se Race una referencia expresa a los Territo-rios; únicamente se menciona a los Estados. A juzgar por la letra de la ley, el argumento es corto y claro. El permiso del Congreso es esencial; no se concede permiso a los Territorios; por lo tanto, la contribución territorial no está autorizada y es nula. Cualquiera que pueda ser la letra de la ley, el argumento falla, porque la premisa menor no puede ser sostenida. ,¿Es posible que el Congreso baya querido conceder poderes a los estados para imponer contribuciones y mantener este poder alejado de los territorios? Alguna razón plausible debe sugerirse antes de que se le impute al Congreso la inten-ción de conceder a una jurisdicción independiente, como un estado, el poder de imponer contribuciones a una de sus propias dependen-cias, y al mismo tiempo mantener alejado un poder igual de una organización política como un territorio, que depende completamente del Congreso y está sujeto a su absoluto mandato y control. Ésta no es la lección corriente que la experiencia nos enseña. . .
“Además, aunque la palabra Estado se usa a menudo para distin-guirla de Territorio, sin embargo en su sentido público general, y como se usa algunas veces en los estatutos y los procedimientos del gobierno, tiene el significado más amplio de una comunidad política separada que incluye el Distrito de Columbia y los Territorios, así como aquellas comunidades políticas conocidas como Estados de la Unión. Tal uso de la palabra Estado ba sido reconocido en las de-cisiones de esta corte. Así, en el antiguo caso de Hepburn v. Ellzey, 2 Cranch, 445, 452, el Juez Presidente Marshall observó: ‘Se alega por el demandante que el Distrito de Columbia es una sociedad po-lítica separada; y que es, por lo tanto, un estado conforme a las de-finiciones de los escritores sobre ley general. Esto es verdad.’ En Metropolitan Railroad v. District of Columbia, 132 U. S. 1, 9, el Juez Bradley, hablando a nombre de la corte, declaró que ‘es indudable-mente cierto que el Distrito de Columbia es una comunidad política separada en cierto sentido, y que en ese sentido puede ser denominado un Estado.’ Y en el caso de Geofrey v. Riggs, 133 U. S. 258,268, se dió una interpretación similar al uso de la palabra Estado, y en una cláusula que parecía llevar en su faz un significado más reducido que el lenguaje usado en la sección 5219, supra. La cláusula figu-raba en un tratado entre Francia y los Estados Unidos, y decía así: ‘En todos los Estados de la Unión, cuyas leyes existentes lo permiten, en tanto en cuanto dichas leyes permanezcan en vigor, los ciudadanos franceses gozarán el derecho de poseer propiedad personal y real con el mismo título y de igual manera que los ciudadanos de los Estados Unidos.’ En presencia de este lenguaje, la palabra ‘Estado’ pare-cería referirse no a una comunidad política en general, sino a aque-llas comunidades particulares que componen los Estados de la Unión; sin embargo se sostuvo que incluía el Distrito de Columbia, en una opinión en qne el Juez Field se expresó así: ‘Este artículo no ha sido felizmente redactado. Deja en,duda lo que se significó por ‘Estados de la Unión.’ Ordinariamente se sostendría qne estas palabras se aplican a aquellas comunidades políticas que ejercen varios atributos de soberanía y que componen los Estados Unidos, para distinguirlas de las municipalidades organizadas conocidas como Territorios y el Distrito de Columbia. Y sin embargo comunidades separadas, con gobierno local e independiente, son a menudo descritas como Estados, aunque la extensión de su soberanía política esté limitada en sus re-laciones con un gobierno superior o con otros países. Halleck Int. Law, c. 3, párrafos 5, 6 y 7. El término es usado en la jurispru-dencia general y por los escritores sobre derecho público como signi-ficando sociedades políticas organizadas con un gobierno establecido. Dentro de esta definición el Distrito de Columbia, bajo el gobierno de los Estados Unidos, es tan Estado como cualquiera de aquellas comunidades políticas que componen los Estados Unidos.’ ”

Parafraseando a la Corte Suprema de los Estados Unidos bien podemos decir, como sugiere el peticionario, ¿es posible que el Congreso baya querido corregir esta injusticia en los Estados, manteniendo el remedio alejado de los Territorios? Alguna razón plausible debe sugerirse antes de atribuir tal intención al Congreso. No es ésta la lección ordinaria de la experiencia.

Por muchos esfuerzos que haga la imaginación no es po-sible encontrar una razón, y menos una razón plausible, que justifique la exclusión de las cortes insulares o territoriales. Estados Unidos consiente en ser demandado en procedi-mientos pendientes o que en el futuro se establezcan en las Cortes de Distrito de los Estados Unidos, incluyendo el dis-trito de Puerto Rico, y en cualquier “state court” que tenga jurisdicción sobre la materia. Puerto Rico es una entidad política soberana. Tiene su Gobernador, Legislatura, Poder Judicial, y en general todos los atributos de un organismo político independiente. Ha sido declarado territorio organi-zado y es un Estado de la Unión Americana en el sentido amplio de la palabra, que es a nuestro juicio el sentido en el cual se usó por el Congreso la palabra “state” al referirse a las cortes de estado con jurisdicción sobre la materia.

Ahora bien, el hecho d^e qne los Estados Unidos consienta en ser demandado no qniere decir qne sea obligatorio desig-narlo como parte en la acción qne se establezca para hacer efectivo el crédito hipotecario. Estados Unidos no es nna parte necesaria en los procedimientos incoados contra el deu-dor. El acreedor pnede designarlo como parte demandada o prescindir de sn intervención. Si opta por demandarlo en unión del deudor, acogiéndose a la ley federal, entonces debe entenderse qne el ejecutante elige para el cobro de su crédito el procedimiento ordinario, toda vez que la ley del Congreso concede a Estados Unidos sesenta días para excepcionar, con-testar o presentar cualquier otra alegación.

Entendemos que las cortes de distrito deben ajustarse a las disposiciones de la ley aprobada por el Congreso, acep-tando como parte demandada a los Estados Unidos cuando el acreedor hipotecario decida acogerse a la ley aprobada por el Congreso.

Debe anularse la resolución diotada por la Corte de Dis-trito de Aguadilla en 27 de enero de 1933 y devolverse el caso a dicha corte para procedimientos ulteriores no inconsisten-tes con los términos de esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Aldrey disintieron.


author: El Juez Asociado Señok Aldbey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Cabán, acusado y apelante. El Mismo, demandante y apelado, v. El Mismo, acusado y apelante.
    Nos. 4671, 4672.

    Sometidos: Marzo 9, 1932.

      Resueltos: Junio 6, 1933.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Cabán fue acusado por delito de atentado a la vida porque el día 20 de abril de 1930 ilegal, voluntaria y mali-ciosamente, con premeditación y propósito deliberado de dar muerte al ser humano Rosario Rodríguez la agredió con un revólver infiriéndole una herida de bala de carácter grave, con la intención de cometer asesinato. Por el mismo hecho fue acusado del delito de portar un revólver, que es un arma prohibida. Ambas acusaciones fueron presentadas el 16 de junio de dicho año, fueron leídas al acusado el 24 de junio y ese día aleg'ó su inocencia y solicitó que su causa por aten-tado a la vida fuese juzgada ante un jurado. Los juicios en las dos causas fueron señalados para el 29 de octubre de 1930. Al ser llamada para juicio la causa por atentado a la vida manifestaron laso partes estar preparadas para él, y antes de que se constituyese el jurado presentó moción el acusado so-licitando el sobreseimiento y archivo del proceso porque desde la fecha de la presentación de la acusación hasta el día seña-lado para el juicio habían transcurrido más de 120 días, sin causa justificada. Igual moción fué presentada en la otra causa por portación de arma prohibida, y para los efectos de esas mociones y de la prueba fueron acumulados ambos proce-sos a fin de que la que se presentase en la causa por atentado a la vida sirviese para la otra en cuanto a la portación de un revólver. El fiscal se opuso a las mociones de sobreseimiento y declaró bajo juramento como justificación de la demora en la celebración de esos juicios que desde dos días después de la presentación de las acusaciones el tribunal estuvo constan-temente ocupado en la celebración de un juicio contra un tal G-atell hasta el 4 ó 5 de julio: que las vacaciones del tribunal son en los meses de julio y agosto: que al reanudar la corte sus sesiones en primero de septiembre comenzaron las vistas de unas doscientas apelaciones en causas criminales que du-raron hasta el 6 de octubre: que los juicios por jurado co-menzaron el 8 de octubre, dándose preferencia a las causas de presos y las radicadas antes que las del acusado Pagán. La defensa del apelante no hizo pregunta alguna al fiscal ni presentó prueba suya y la corte desestimó las expresadas mo-ciones manifestando que el artículo 448 del Código de Enjui-ciamiento Criminal fué adoptado en 1904, hace más de vein-tiséis años, cuando los asuntos no eran tan numerosos como ahora: que desde el 24 de junio en que fueron leídas las acu-saciones en este caso hasta los primeros días de julio estuvo celebrando un juicio: que las vacaciones del tribunal son en julio y agosto: que en septiembre se vieron unas doscientas cincuenta apelaciones criminales y en octubre comenzó el tér-mino de jurados con cincuenta casos señalados. Comenzado el juicio y al terminar el fiscal la presentación de su prueba el acusado reprodujo su moción de sobreseimiento y solicitó que se tomase declaración al secretario de la corte, lo que fué negado por el tribunal. Terminados los juicios con senten-cías condenatorias interpuso el acusado estos recursos de ape-lación, en los que lia presentado un solo alegato para los dos recursos, por lo que los resolveremos conjuntamente.

Los dos primeros motivos de error alegados son comunes para las dos apelaciones: los tres siguientes se refieren úni-camente a la causa por atentado a la vida y el último es general y corolario de que se declaren con lugar los anteriores motivos de error. El primer motivo se funda en que el fiscal no demostró justa causa para que el juicio no se celebrara dentro de los 120 días: y el segundo en que no era tardía la reproducción durante el juicio de la moción de sobreseimiento y la petición de que declarase el secretario de la corte.

Eli el caso de El Pueblo v. Rodríguez, 39 D.P.R. 339, liemos declarado de acuerdo con el caso de El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 111 y los casos resueltos de conformidad con él, por los motivos en ellos expuestos, que una moción de so-breseimiento y archivo a tenor del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal por no haber tenido el acusado un juicio rápido se presenta demasiado tarde cuando se hace el día del juicio, después de haber anunciado ambas partes estar preparadas para él, y también aunqiie no haya dicho el acusado que estaba preparado para el juicio. Lo expuesto bastaría para declarar que la corte no cometió error al de-sestimar las mociones de sobreseimiento del acusado, pero como ése no fué el fundamento de la resolución de la corte sino que existió justa causa para no haber celebrado los jui-cios durante los 120 días y como el apelante sostiene que tal justa causa no existió, trataremos ese aspecto de la cuestión.

Dos argumentos aduce el apelante en apoyo de su primer motivo de error: que el haber estado ocupada la corte inferior en otros asuntos no es justa causa para no haber cele-brado su juicio dentro de los 120 días siguientes a la pre-sentación de la acusación: que estando constituida la corte inferior por tres jueces con dos fiscales, la declaración que prestó el fiscal se refiere a una de las salas de ese tribunal y nada dice de por qué los otros jueces no celebraron los jui-cios en estas causas.

En el caso de El Pueblo v. Nigaglioni, 28 D.P.R. 232, y El Pueblo v. Romero, 39 D.P.R. 557, ha declarado este tribunal que el haber estado ocupada la corte en asuntos cri-minales y civiles es justa causa para no haber- celebrado el juicio dentro de los 120 días siguientes a la presentación de la acusación y para no sobreseer la causa; cuestión que ha sido resuelta en igual sentido en el caso de Gerardino v. People of Porto Rico, 29 F. (2d) 517, en el que.se declaró que es justa causa para no haber celebrado un juicio dentro de 120 días y para no sobreseer una causa el que la corte haya estado ocupada activamente en la celebración de otros juicios.

Con respecto a que no se demostró por el fiscal qué ha-cían los otros jueces de la corte, nos bastará decir que no apa-reciendo que estos asuntos hayan estado ante los otros dos jueces o alguno de ellos, no era necesario que el fiscal demos-trase lo que hicieron durante ese tiempo tales jueces, pues las tres salas de la Corte de Distrito de San Juan funcionan independientemente según admite el apelante- en su alegato. Por lo expuesto no es sostenible el primer motivo de error.

Hemos dicho antes que las mociones de sobreseimiento de-ben ser presentadas antes del juicio por lo que es claro que se presentan demasiado tarde cuando el juicio ha comenzado y se ha practicado la prueba de alguna o de las dos partes. Además, esa moción ya había sido resuelta y declarada sin lugar por la corte, por lo que no erró al rechazarla. El Pueblo v. Romero, supra. Por igual razón no era admisible la declaración que se interesó del secretario de la corte, aparte de que el apelante tuvo oportunidad de presentar ese testigo después que declaró el fiscal, y no lo hizo. Así queda re-suelto el segundo motivo alegado.

Los tres motivos siguientes dicen así:

“3. El jurado erró en la apreciación de la prueba y ésta es insu-ficiente para sostener el veredicto.
“4. Las instrucciones de la corte al jurado fueron de tal manera erróneas, que indujeron a éste a traer un veredicto de culpabilidad.
“5. El v'eredicto del jurado es nulo y es nula también la sen-tencia.”

Esos tres motivos pueden ser tratados conjuntamente por-que todos descansan en la teoría de que no se lia probado que el apelante agrediera a Rosario Rodríguez con un revól-ver y la hiriera deliberadamente con el propósito de cometer asesinato, pues la prueba tendió a demostrar que la agresión y el disparo del revólver fueron contra César Rodríguez y que si Rosario resultó herida fue porque la bala se desvió y casualmente la lesionó.

El apelante cita en su apoyo sentencias relacionadas en notas de 30 C. J., pág. 25, párrafo 167 (h), para demostrar que cuando un acusado trata de asesinar a una persona y hiere a .otra, no puede ser condenado por asesinato o tenta-tiva de asesinato de la persona herida; pero el apelante pres-cinde de las citas de otras sentencias contrarias que se en-cuentran citadas en el mismo párrafo de la obra Corpus Ju-ris, según las cuales cuando un hombre dispara deliberada-mente contra una persona y hiere equivocadamente a úna tercera persona, el acusado puede ser convicto de ataque con intención de asesinar a la persona herida o de ataque con intención de matarla cuando ése es el delito imputado; sen-tencias que se basan en distintas teorías, siendo una de ellas la de que hay estatutos que por sus palabras no limitan la intención de matar a la persona atacada. Nuestro Código Penal dispone en el apartado 8 del artículo 39 que si el acto cometido iba dirigido a otra persona, se exigirá al autor la misma responsabilidad que si lo hubiera cometido contra dicha persona. De acuerdo con ese precepto y toda vez que el acto del apelante iba dirigido contra César Rodríguez se le puede exigir por la herida grave causada a Rosario Ro-dríguez la misma responsabilidad que por el atentado contra César Rodríguez. En el caso de El Pueblo v. Estrella, 42 D.P.R. 342, hemos confirmado la sentencia que condenó a Es-trella por haber disparado contra una persona y haber he-rido ocasionalmente a otra extraña a la cuestión; y dijimos que es doctrina antigua y constante en la ley y en la juris-prudencia que toda persona intenta las consecuencias natu-rales de sus actos; y que el que dispara un revólver contra una persona determinada y Mere a otra es responsable de delito, sea homicidio, sea lesión el resultado del disparo. En el caso Ex parte Caballero v. El Pueblo, 36 D.P.R. 67, fue arrestado Caballero por el cargo que se le hizo de haber ase-sinado a Saturnino Salgado. Aquél estaba maldiciendo la madre de Santiago Carrasquillo y diciendo que al primero que se le presentara lo iba a matar, y en efecto disparó su escopeta contra una persona que resultó ser Salgado; y en ese caso dijimos que da circunstancia de que Caballero quizá no intentara matar a Salgado sino a Carrasquillo, en nada influía en la calificación del delito y que es regla general que el que da muerte equivocadamente a un ser humano confun-diéndolo con otro a quien intentaba matar, es culpable o no culpable del delito de que se le acusa, al igual que si el hecho cometido lo hubiera sido en la persona de aquel a quien in-tentó darle muerte.

Por lo expuesto no existen los errores 3, 4 y 5 y en su consecuencia se hace innecesario resolver el sexto fundado en que debió no dictarse sentencia y debió sobreseerse el pro-ceso o concederse un nuevo juicio.

Las sentencias apeladas deben ser confirmadas.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.