author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Quiñones, Demandante y Apelante, v. Vivoni, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso sobre cobro de dinero.
    No. 1100.
    Resuelto primeramente en mayo 22, 1914.
    Resuelto en reconsideración en agosto 1, 1914.
    Piadores Solidarios — Extinción de la Fianza — Embargo de Bienes del Deudor por el Acreedor — Actos que no Perjudican al Acreedor. — Cuando, como en el caso de autos, el acreedor dirige primeramente su acción contra el deudor del pagaré y le embarga ciertas mercancías que se sacan a pública subasta por dos veces sin que ningún postor ofrezca nada por ellas, y entonces el acreedor se dirige contra el fiador solidario, y el fiador no prueba haber sido realmente perjudicado por tales actos del acreedor, la fianza no queda extin-guida, ni es aplicable el artículo 1753 . del Código Civil revisado.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Benet.

    Abogado del apelado: Sr. José de Diego.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado y apelado José Antonio Vivoni, solicitó la reconsideración de la sentencia dictada por esta -Corte Suprema en este caso el 22 de mayo de 1914, y a tal efecto, por medio de su abogado, presentó un extenso y bien escrito alegato que bemos leído y estudiado cuidadosamente.

No desconoció esta Corte Suprema en su opinión, emitida por el Juez Asociado Sr. Wolf para fundamentar la sentencia de 22 de mayo, la existencia de los artículos que invoca el demandado y apelado, a saber: el 1740 y el 1753 del Código Civil revisado. Pero, sin desconocerla, resolvió que no eran aplicables al presente caso. El 1740, porque el fiador nada pagó al acreedor, ni celebró tampoco con él transacción alguna y no tiene por tanto por qué subrogarse en los derechos del acreedor para con el deudor. Y el 1753, porque si bien apa-rece que el acreedor dirigió sn acción primeramente contra el dendor y le embargó ciertas mercancías, éstas se sacaron a pública subasta'por dos veces sin que ningún postor ofre-ciera nn solo centavo por ellas y entonces fné que el acreedor resolvió, en uso del derecho que le concedía el artículo lili del Código Civil revisado, dirigir como dirigió su acción en contra del fiador, y porque el fiador no demostró con prueba que pueda estimarse suficiente que hubiera sido realmente perjudicado por la acción del acreedor.

En nada han variado las circunstancias del caso y, en tal virtud, la moción pidiendo la reconsideración de la sentencia debe ser desestimada.

Denegada la reconsideración de la sentencia dictada en este caso en mayo 22, 1914.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la reso-lución de esta moción.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernandez,

license: Public Domain

text:
    Llull, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Aguadilla denegando la anotación de una pró-rroga de anotación preventiva dictada por la Corte de Distrito de Aguadilla en un procedimiento de asegura-miento de sentencia.
    No. 195.
    Resuelto en agosto 1, 1914.
    Calificación de Documentos — Recurso Gubernativo — Documentos no Presen-tados al Registrador. — Al resolver un recurso gubernativo este tribunal no puede tomar en consideración documentos que no fueron presentados al regis-trador.

      Id. — Resoluciones Judiciales — Prórroga de Anotación Decretada por una Corte para el Aseguramiento de una Sentencia.- — Decretada por un tribunal con jurisdicción para ello y en un procedimiento adecuado la prórroga de una anotación en el registro de la denegatoria a inscribir una escritura, para asegurar la efectividad de la sentencia que se dicte en un juicio pen-diente ante dicha corte, el registrador no tiene facultades para denegar la anotación de dicha resolución judicial por el fundamento de que el plazo de 120 días fijado por la ley sobre recursos contra las resoluciones de los regis-tradores de la propiedad, de marzo 1, 1902, en casos de denegación de ins-cripciones, no es prorrogable, ni tiene un tribunal la facultad discrecional de prorrogarlo.
    Los tedios están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. José de Diego.

    El Registrador Sr. Rafael Tirado Verrier compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Presidente Sr. Hernandez,

emitió la opinión del tribunal.

En el caso civil No. 4666 radicado en la Corte de Distrito de Mayagüez por Alejo Llull y Nebot, demandante, v. Balbina del Carmen Rodríguez y Pedro Perea Fajardo, demandados, sobre reconocimiento e inscripción de hipoteca, se expi-dió al Registrador ,de la Propiedad de .Aguadilla nn manda-miento que copiado a la letra dice así:

“Al Registrador de la Propiedad de Aguadilla.
“En el presente caso, con fecha seis del mes en curso, y a instan-cia del demandante, para asegurar la efectividad de la sentencia, el Hon. Juez especial de esta corte ha dictado la orden que dice:
“ ‘De acuerdo con lo solicitado, se decreta la prórroga de la ano-tación de hipoteca constante al folio 139, tomo 10 de Aguada, finca número 321, cuadruplicado, inscripción 11, en el Registro de la Pro-piedad de Aguadilla, teniendo vigor dicha prórroga hasta la decisión firme y ejecutoria de este pleito; y líbrese el oportuno mandamiento al registrador, a los efectos procedentes. Firmado: Salvador Mes-úre, juez especial de este distrito.’
“Y, cumpliendo lo dispuesto en la transcrita orden, expido a Yd. este mandamiento por duplicado, a fin de que se sirva Yd. practicar en el registro a su cargo la anotación que corresponda.
“Mayagüez, a 8 de junio de 1914.
“PASCASIO FAJARDO, Jr.,
“(Firmado) GeNaro Ai/hery, “Secretario.
“Subsecretario, Corte de Distrito.”

El registrador denegó la anotación ordenada por medio de nota qne transcribimos a continnación:

“Denegada la anotación de la prórroga a qne se refiere el prece-dente documento por no ser prorrogable, según'la ley sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad, apro-bada en primero de marzo de mil novecientos dos que lo estableció, el plazo de ciento veinte días fijado para las anotaciones preventivas en casos de denegación de inscripciones, anotaciones o cancelaciones, y no ser discrecional de los tribunales la facultad de prorrogar dicho término, no obstante lo dispuesto en la Sección “H” de la ley sobre efectividad de sentencias, aprobada en la misma fecha; y tomada anotación preventiva que ordena la ley por el término legal, a favor de Don Alejo Llull y Nebot, a los folios 175 y 231 vuelto del tomo 10 de Aguada, finca 321 quintuplicado y 508, anotaciones O y A respec-tivamente, con los defectos subsanables de no expresarse las circuns-tancias personales del demandante Sr. Llull y Nebot, ni de los deman-dados; habiéndose repetido la anotación preventiva por estar frac-cionada la finca sobre la que se tomó la anotación preventiva cuya prórroga se solicita. Aguadilla, junio 26 de 1914. El Registrador, Rafael Tirado Verrier.”

Esa nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto por Alejo Llull y Nebot.

Para sostener el recurso ha presentado también el recu-rrente, además del mandamiento con lá nota de que dejamos hecho mérito, copia certificada de la demanda que originó el mencionado' juicio expedida por el Secretario de la Corte do Distrito de Mayagüez en Io. de julio del corriente añoj pero no podemos tomarla en consideración para la resolución del recurso por la razón de que, como lo revela su fecha, el regis-trador no la tuvo en cuenta al denegar la anotación solicitada.

No es pertinente al caso la cuestión legal planteada por el registrador de si el plazo de 120 días fijado por la Ley de Io de marzo de 1902 sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad, para las anotaciones pre-ventivas en casos de denegación de inscripciones, anotaciones o cancelaciones es o nó prorrogable, y sólo examinaremos como cuestión previa si, tratándose como se trata de nna orden judicial por la que el Juez de la Corte de Distrito de Maya-güez decretó la prórroga de la anotación de hipoteca de que se trata para asegurar la efectividad de la sentencia en juicio ante él pendiente, estaba facultado el Registrador de Agua-dilla para denegar la anotación de la prórroga a que se refiere el mandamiento transcrito.

La Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencias, apro-bada en marzo Io. de 1902, cuyas secciones 3a. y 6a. fueron enmendadas por otra Ley de 12 de marzo de 1903, establece en su sección Ia.:

“Sección Ia. — Toda persona que demandare en juicio el cumpli-miento de una obligación podrá obtener una resolución del tribunal que conociere de la demanda, adoptando las medidas procedentes, según los casos, para asegurar la efectividad de la sentencia que baya de dictarse en el caso de prosperar la'acción ejercitada.”

Estatutos Revisados, 1902, p. 178.

La misma ley en su sección 2a. fija las reglas a que debe sujetarse el aseguramiento de la sentencia, y concluye así:

“ (h) En lo no previsto en las reglas precedentes, el tribunal dis-crecional y equitativamente adoptará las medidas procedentes para asegurar la efectividad de la sentencia.”

T la sección 3a. en la parte no enmendada prescribe lo si-guiente :

“Sección 3a. — Ningún aseguramiento de sentencia podrá decre-tarse sin la presentación de la correspondiente demanda y de la soli-citud de aseguramiento, con expresión de sus fundamentos de hecho y de derecho.”

La orden de aseguramiento de sentencia fué dictada en juicio pendiente ante la Corte de Distrito de Mayagüez para asegurar la efectividad de la sentencia que se dicte como resultado de dicho juicio, y según los preceptos transcritos el juez tenía jurisdicción para dictarla; y el registrador no puede denegarle su cumplimiento, pues la facultad que le reconoce el. artículo 18 de la Ley Hipotecaria para calificar todos los documentos expedidos por la autoridad judicial no se extiende a apreciar los fundamentos de las resoluciones judiciales o sea la justicia o injusticia intrínseca de las mis-mas, como ya dijimos al resolver en 3 de noviembre de 1911 el caso de Fernández v. El Registrador de la Propiedad, 17 D. P. R., 1061, doctrina ya consignada en resoluciones ante-riores y posteriores a la feolia indicada.

Si la orden de que se trata fué errónea no puede decidirlo el registrador, habiendo procedido como procedió el juez den-tro de los límites de su jurisdicción y en procedimiento ade-cuado.

Además, la misma ley para asegurar la efectividad de sen-tencias marca en su sección 14 el procedimiento que debe se-guirse para sustanciar todas las pretensiones que se dedu-jeren por cualquiera de las partes en el curso del juicio con relación al aseguramiento de sentencia, y la parte o partes interesadas podrán alegar su derecho ante la misma' corte que dictó la orden a que nos venimos refiriendo.

La parte recurrente advierte en su alegato que el recurso no se extiende a los defectos subsanables apuntados por el registrador en la nota recurrida, por la razón de que pueden ser remediados en cualquier tiempo.

Por los motivos expuestos es de revocarse la nota del Registrador de la Propiedad de Aguadilla en la parte en que ha sido recurrida y ordenarse a dicho registrador que veri-fique la anotación denegada.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Ex parte Santiago et al., Peticionarios y Apelados, y El Pueblo, Opositor y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un caso de autorización judicial para transar una acción de petición de herencia de hijos naturales.
    No. 1124.
    Resuelto en agosto 1, 1914.
    Transacción — Estado Civil de las Personas — Interpretación Restrictiva.— Como la autorización que concede el Código Civil para transar es general y amplísima, la limitación que contiene el artículo 1715 relativa al estado civil de las personas debe aplicarse en sentido restrictivo.
    Id. — Acción de Filiación y de Petición de Herencia — Menores de Edad— Autorización Judicial para Transar la Acción de Petición de Herencia.' — • Cuando, como en el caso de autos, varios menores demandantes ejercitan contra una menor demandada las acciones de filiación y de petición de herencia y ambas partes están conformes en transar la acción de petición de herencia y piden autorización judicial a la corte, por existir menores, para llevar a '•efecto dicha transacción, no comete error la corte al aprobarla, habiéndose justificado previamente su necesidad y conveniencia.
    Los hechos estáu expresados en ]a opinión.
    Ahogados de los apelados: Sres. José A. Poventud y José Tons Soto.

    Ahogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Ponce se siguen cuatro pleitos sobre filiación y petición de herencia, contra la menor Teresa Santiago y Oppenheimer y contra su legítima madre Isabel Oppenheimer Dalman. Uno de dichos pleitos se interpuso por Alfonso y Epifanio Colón; otro por los menores Bafaei Antonio, Ana Celia y José Teodoro Vázquez, representados por su madre natural Elena Vázquez; otro por el menor Flo-rencio María Colón, representado por .su madre natural Antonia Teresa Colón y Pérez, y otro por el menor Manuel Antonio Vega, representado por su madre natural Rosaura Vega Norat.

En cada uno de dichos cuatro pleitos la parte demandada alegó con respecto a la primera cansa de acción, o sea a la de-filiación, qne la demanda era insuficiente, y en cnanto á la segunda cansa de acción, o sea la de petición de herencia, pro-puso transacción. Cada una de las partes demandantes aceptó-la transacción propuesta, pero como en tres de los pleitos los demandantes son menores de edad y es también menor de edad en todos los dichos pleitos una de las demandadas,, fué necesario acudir a la corte de distrito competente en soli-citud de la autorización que ordena la ley. Acudieron en efecto-a la Corte de Distrito de Ponce la menor demandada Teresa Santiago Oppenheimer, representada por su legítima madre Isabel Oppenheimer, y Iqs menores demandantes, y repre-sentados también por sus respectivas madres pidieron que-los autorizara para transigir en la forma que veremos más adelante. El fiscal del distrito se opuso, y la corte, después de oir las pruebas ofrecidas, concedió la autorización solici-tada. Y contra la sentencia de la corte, interpuso el Fiscal del distrito el presente recurso de apelación.

De la solicitud aparece que el 15 de abril de 1913, falleció en Coamo Teodoro Santiago Rivera, bajo testamento ológrafo, protocolizado después debidamente, en el cual instituyó por sus únicas y universales herederas a su hija menor de edad Teresa Santiago Oppenheimer y a su consorte Isabel Oppenheimer Dalmau; que después del 15 de abril de 1913 se pre-sentaron en la Corte de Distrito de Ponce las demandas a que nos hemos referido, contra los herederos del Sr. Santiago; que en todas dichas demandas se alega que los demandantes son hijos naturales reconocidos del dicho Sr. Santiago y que como tales tenían derecho a participar. en su herencia, y que el Sr. Santiago dejó a su fallecimiento un capital líquido de $305,851.59, dél cual deducidos los gananciales correspon-dientes a la viuda, o sean $16,665.21, quedaban como heren-cia partible $289,186.38, y siendo la legítima rigurosa corres-pondiente a la única hija legítima $96,395.46 y siete el número de los hijos naturales que reclaman, correspondía a cada uno de éstos la suma de $13,770.78.

En la petición se incluyen las transacciones propnestas. En todas se estipula que la parte demandada consiente en que se dicte sentencia oportunamente en sn contra por la; suma de siete mil dollars para cada uno de los demandantes y se especifican los bienes con los cuales se liará efectiva dicha suma. Las siguientes cláusulas son comunes a las cuatro transacciones propuestas:

“IV. La entrega y adjudicación de tales bienes se efectuará den-tro de los tres meses siguientes a la fecha de la sentencia que se dicte, en cualquier sentido, sobre la primera causa de acción, o sea, acerca de la filiación o reconocimiento de la parte aetora.
“V. Esta oferta de transacción, y su aceptación en su caso, no surtirá efecto alguno, ni será eficaz, por tratarse de bienes y dere-chos de la menor codemandada, hasta que no se obtenga por los interesados la aprobación judicial de la misma, mediante la corres-pondiente petición de autorización judicial, con intervención del Fiscal, y sea firme la resolución concediéndola; ni será eficaz tam-poco si por cualquier motivo no llegare a'surtir efecto cualquiera de las transacciones propuestas, en igual sentido, en los pleitos entabla-dos ante esta misma corte por Rafael Antonio, Ana Celia, y José Teodoro Vázquez, Manuel Antonio Vega y Florencio María Colón, representados los cinco últimos menores por sus respectivas madres que les han reconocido, contra esta parte demandada, sobre las mis-mas materias y con respecto a la misma herencia.
“VI. Respecto de la primera causa de acción sobre filiación, ejer-citada en la demanda enmendada, no se propone transacción alguna, por tratarse ahí del estadb civil de la parte aetora, limitándose esta transacción a las consecuencias económicas que pueden nacer de la filiación reclamada, o sea, a la segunda causa de acción sobre peti-ción de herencia; quedando en feonsecueneia, dicha primera causa de acción sobre filiación, sujeta a lo que por la c'orrespondiente sen-tencia resuelva la Hon. Corte.”

En la solicitud se expresa, además, que las ofertas de transacción fueron aceptadas por los demandantes en los repe-tidos pleitos, se consignan todos los datos que la ley exige y se hacen las siguientes consideraciones:

“6. Que las transacciones propuestas son útiles y necesarias, a$í para la menor demandada como para los menores demandantes; para la primera, porque de prosperar las demandas en cuanto a la segunda causa de acción, que se transije, se reduciría su herencia en el im-porte íntegro del tercio de libre disposición o sean $96,395.46 mas o menos, al paso que mediante la transacción propuesta sólo tiene que sacrificar de dicha herencia la suma de $7,000 para cada uno de dichos demandantes o- sean para los 7 la cantidad de $49,000. Para los segundos, porque de no prosperar su demanda por cualquier cir-cunstancia, como deficiencia de evidencia u otra semejante, no perci-birían ni un solo centavo de la herencia de su pretendido padre natural, al par que mediante esta transacción, asegura cada uno la can-tidad de $7,000, aun en el caso de que el resultado del juicio les sea adverso.
“7. Que además dicha transacción es conveniente para todos los menores demandantes y demandada en los referidos pleitos, por evi-tar gastos cuantiosos y dilaciones perjudiciales y por poner término a este pleito en cuanto a la acción de petición de herencia y evitar pleitos ulteriores en cuanto a la administración del caudal heredi-tario, tasación del mismo y división entre los herederos.
“8. Que la suma de $7,000 que se adjudica a cada uno de los de-mandantes en pago de su posible y eventual haber hereditario es razo-nable, teniendo en cuenta la cuantía que podría eorrespenderles en caso de prosperar sus demandas, y la posibilidad de que éstas no prosperen, o de que prosperen después de cuantiosos gastos y de demoras de varios años, por razón de poder llevarse en apelación este caso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos en conside-ración a la cuantía envuelta en cada caso.’5

En sn sentencia apelada, la corte de distrito después de exponer los hechos necesarios, consigna y resuelve lo que sigue:

“POR CUANTO, la corte estima debidamente justificado que las transacciones propuestas y aceptadas en los mencionados casos, son útiles, necesarias y convenientes así para la menor demandada pro-ponente como para los menores demandantes y aceptando, por evi-tarse con ellas cuantiosos gastos y dilaciones perjudiciales y por poner término al pleito en cuanto a la acción de petición de herencia en cada caso, y evitar pleitos ulteriores en cuanto a la administración del caudal hereditario, tasación y división del mismo entre los inte-resados, y por estimar la corte razonable la suma ofrecida a, y acep-tada por, cada demandante, habiendo en consideración todas las cir-cunstancias de cada caso, según la petición presentada y la prueba practicada, así como por todos los demás motivos y razones que en la predicba petición se expresan, estimando la corte igualmente que el justiprecio de los bienes que se ofrece adjudicar a los menores deman-dantes en pago de sus posibles haberes hereditarios, es justo y razo-nable.
“Por CUANTO, el Hon. Fiscal del Distrito, en el acto de la vista de esta petición, formuló su oposición por entender que las tran-sacciones propuestas según en la petición se alegan, se refieren al estado civil de los menores interesados y sostuvo que, según el artículo 1715 del Código Civil Revisado, no puede haber transacción en tales casos, cuya oposición y objeción la corte desestima en todas sus partes porque las transacciones propuestas y aceptadas se refieren única-mente a las consecuencias económicas que puedan nacer de la filia-ción reclamada, a que se refiere la segunda causa de acción sobre petición de herencia ejercitada en los pleitos referidos, quedando expresamente la primera causa de acción sobre filiación, que es la única que trata del estado civil de los demandantes, sujeta a lo que la corte por la correspondiente sentencia resuelva, por lo que la corte estima que dichas transacciones son válidas y eficaces una vez impar-tida la aprobación judicial a las mismas'de acuerdo con el artículo 1712, párrafo 2°., del Código Civil Revisado. (Y. 12 Manresa, 114, 118 y 119.)
“Por tanto, la corte declarando con lugar la petición sobre auto-rización judicial para transigir presentada por las peticionarias, concede la autorización judicial para transigir solicitada, por las promo-ventes, por razón de utilidad y necesidad, y, en su consecuencia, aprueba en todas sus partes las mencionadas transacciones propues-tas y aceptadas en los pleitos pendientes (se nombran), y solamente en cuanto a la segunda causa de acción sobre petición de. herencia, y en los términos concebidos en dichas respectivas ofertas de tran-sación y acceptaciones de las mismas, según se exponen en la petición presentada; Disponiéndose que el dinero que obtengan los menores, demandantes como consecuencia de dichas transacciones, quedará a disposición de esta Hon. Corte, entregándose en la secretaría de la. misma, para ser invertido bajo las instrucciones y órdenes del tribunal, con la intervención del Fiscal del distrito, y respecto a los demás bienes serán puestos dichos menores, por medio de sus repre-sentantes legales, en posesión de los mismos, tan pronto sea firme esta resolución, y en los términos y fechas convenidos en las referidas transacciones. ’ ’

El articulo 1715 del Código Civil Revisado, dice:

“No se-puede transigir sobre el estado civil de las- personas, ni sobre las cuestiones matrimoniales, ni sobre alimentos futuros.”

Estamos conformes con el Fiscal apelante en que las dos acciones ejercitadas en los cuatro pleitos de referencia están tan íntimamente relacionadas, que difícilmente pueden sepa-rarse-la una de la otra. Esto no obstante, atendidas las cir-cunstancias concurrentes, opinamos que debe confirmarse la sentencia apelada.

En la obra “Texto y Comentarios al Código Civil Espa-ñol,” por la Redacción de la Revista de Derecho Internacio nal, con un resumen crítico de Pedregal, se dice, al exponer ciertas consideraciones generales sobre el contrato de trans-acción, lo que sigue:

“Aunque la transacción -ha sido siempre un medio fácil y expe-dito de dirimir las contiendas suscitadas entre particulares, nuestras antiguas leyes se habían preocupado muy poco de regular este con-trato y de darle la amplitud y desarrollo que su importancia requería; sólo una ley de Partidas se ocupaba de él expresamente, y alguna otra por incidencia. Sin embargo, en la práctica se suplió el silencio de la ley con algunas máximas dictadas por la jurisprudencia de los autores y tribunales, las cuales han sido recogidas por el'código que las ha incluido entre sus preceptos, regulando así una materia que carecía de disposiciones legales.”
“La importancia de la transacción es tan indiscutible como mani-fiesta es su utilidad. No sólo facilita la solución de las diferencias surgidas entre dos o más individuos, sino que les dignifica bajo dos -conceptos: Íes hace, en primer lugar, árbitros de la cuestión litigiosa, •depositando en sus manos todo el poderío del juez y personificando -en ellos la más alta de las funciones sociales, la administración de justicia; y, en segundo lugar, mueve a cada una de las partes a ceder algo de sus derechos, dando un ejemplo de laudable condescendencia. Y sobre todo esto resalta la, utilidad de la transacción, si se la con-sidera como medio de evitar los gastos que consigo lleva todo litigio y las enojosas molestias que son anejas a las cuestiones judiciales.”

Pedregal, Código Civil, p. 789.

Refiriéndose Sánchez Román al concepto del indicado con-trato, dice:

“Como fórmula de paz, que busca una decisión en la soberanía de la voluntad de los mismos interesados, puestos de acuerdo para resolver los puntos sobre que disienten en sus respectivas preten-siones, es altamente laudable y de un sentido práctico y conveniente, harto fuera de duda, realizándose por él, en actos concretos, el prin-cipio de la solidaridad humana y las corrientes de fraternidad y cor-dialidad entre los hombres.” 4 Sánchez Román. — Derecho Civil.— 2a. ed., 949.

Y refiriéndose ya directamente a la cuestión envuelta en este litigio, dice Manresa, en sn comentario del artículo 1814 del Código Civil Español, igual al 1715 de nuestro Código Revisado, lo que sigue:

“Pero entiéndase bien que esa prohibición debe interpretarse en sentido restrictivo, y entenderse limitada dan sólo a lo que dejamos indicado. Así es que algunos tratadistas estiman perfectamente válida la transacción sobre las consecuencias económicas o sobre el interés pecuniario que surgen o nacen del estado civil reclamado, como, por ejemplo, sobre los derechos que pudiera tener en la sucesión de su padre el hijo natural cuya declaración de tal demandase en juicio, en cuyo caso los hijos legítimos, que habrían de heredar en concurren-cia con él, conforme a lo dispuesto en el artículo 840, podrían transi-gir válidamente con él acerca de la cantidad que debiera percibir en tal concepto, en sustitución de los derechos legitimarios, que debie-ran eorresponderle por consecuencia de la declaración de dicha filia-ción.
* * # # ■# * . *
“La cuestión no se ha presentado a nuestros tribunales, pero sí ha recibido solución afirmativa por la jurisprudencia extranjera, que de este modo llenó un vacío de la ley.” 12 Manresa, Código Civil Español, 2a. ed., 116.

La autorización que concede el Código para transar, es general y amplísima, y, siendo ello así. la limitación que con-tiene el artículo 1715 débe aplicarse en sentido restrictivo, como sostiene Manresa.

Cuando del reconocimiento del hijo natural por parte del padre o de la madre no queda' constancia auténtica y feha-ciente, los herederes del padre o de la madre no pueden suplir la omisión por ellos mismos y es necesario que se acuda por los interesados a los tribunales. ¿Pero qué motivo justificado existe para oponerse a que los herederos ofrezcan entregar y en efecto entreguen a los demandantes determinados bienes materiales si con ello contribuyen a poner pronto término a pleitos que, por su naturaleza, son generalmente enojosos, y tampoco con ello en nada afectan al interés social y consi-guientemente al orden público ?

Nada abiertamente en contrario se ha resuelto por el Tribunal Supremo de España al interpretar el artículo 1814 del Código Civil, y los tribunales extranjeros, según Manresa, han decidido la cuestión en sentido afirmativo, esto es, en el de que es procedente la transacción. Siendo ello así y pare-ciéndonos que la transacción celebrada es realmente bene-ficiosa para ambas partes, opinamos que debe declararse sin lugar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Aldrey.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Hutchi-son no tomaron parte en la resolución de este caso.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rivera, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por abuso de confianza.
    No. 686.
    Resuelto en agosto 1, 1914.
    Abuso de Confianza — Agente para la Venta de Pan — Circunstancias del Con-trato — Insuficiencia de la Prueba. — En el presente easo se demostró que el acusado, un vendedor de pan, no era un agente asalariado del dueño del artículo, tendiendo además a demostrar la prueba que cuando se le entregaba el pan, adquiría sobre él inmediatamente la propiedad aunque no pagara en el acto su importe, y que la cantidad que al fin quedó adeudando, fué el saldo que resultó en contra suya en una larga cuenta corriente que llevaba con el 'dicho dueño. Se resolvió: que bajo tales circunstancias y no exis-tiendo nada en los autos que demostrara que el acusado había actuado con intención criminal, no podía concluirse que fuera culpable del delito de abuso de confianza que le imputó el fiscal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogados del acusado: Sres. Tormes & Giménez.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en este caso imputa a Avelino Rivera la comisión de un delito de abuso de confianza consistente en que el dicho Rivera por el mes de marzo de-' 1913, y en la ciu - dad de Ponce, voluntaria, ilegal y maliciosamente, siendo un agente de la mercantil de Ponce “ Aguilú, Masoller, Arias, Monllor, y Cía.,” recibió de éstos y en comisión de venta varias partidas de pan cuyo -importe debía entregar al final de mes, percibiendo entonces un diez por ciento de comisión sobre la venta, y el dicho acusado con intención criminal y 'fraudulentamente habiendo recibido varias partidas de pan por los meses de febrero y marzo de 1913, se apropió para usos propios el importe de dichas partidas, ascendente a la dantidad de $148.92.

El acusado hizo la alegación de no culpable y solicitó jui-cio por jurados. El juicio se celebró el 15 de diciembre de 1913. . El juez dió amplias y correctas instrucciones al jurado y éste rindió su veredicto declarando culpable al acusado. El 22 de diciembre de 1913 el acusado solicitó nuevo juicio que le f.ué negado por la corte, y el 15 de enero de 1914 la corte dictó sentencia condenando al acusado a la pena de un año de presidio. Contra esa sentencia interpuso el acusado el presente recurso de apelación cuya vista se celebró el 2 de junio último.

La prueba practicada se incluye en un pliego de excep-ciones y relación de hechos debidamente preparado y certi-fieado. La del Fiscal consistió en las declaraciones de Au-gusto Fournier, dependiente de la panadería “Aguilú, Maso-11er, Arias, Monllor y Cía.,” y de Baltasar Arias y Enrique Monllor, socios de dicho establecimiento. Además se presen-taron los libros en los que aparecía la cuenta del acusado. La parte pertinente de ellos se puso de manifiesto por medio de la declaración de Monllor.

Hemos, examinado cuidadosamente la prueba del Fiscal y a nuestro juicio no demuestra con la claridad y la seguri-dad debidas la comisión de un delito por parte del acusado.

El Fiscal sostiene que el acusado era un agente de la pana-dería “Aguilú, Masoiler, Arias, Monllor y Cía,” que reci-bía todos los días determinada cantidad de pan y que tenía la obligación de venderla y entregar su importe, percibiendo entonces el diez por ciento del mismo en pago de su trabajo.

Que el acusado no era un agente asalariado de los dueños de la panadería, está fuera de toda discusión. Que el acu-sado trabajaba por su cuenta también es evidente!. Solo queda por aclarar la forma en que el acusado pagaba el pan que recibía.

La consideración de este caso nos lleva a notar la inmensa ■diferencia que puede resultar para un hombre que se dedi-que al negocio de la venta de pan, de la forma en que veri-fique el contrato con el dueño del artículo. Si recibe una pe-queña suma en comisión para la venta y no entrega su im-porte, está expuesto a ser castigado con cárcel, o presidio si la suma es mayor de cincuenta pesos. Por el contrario si logra .que se le venda el artículo concediéndosele un plazo para pagar su importe, en el caso de que no pueda satisfa-cerlo, la acción que contra él podría ejercitarse sería la civil únicamente.

Hemos examinado cuidadosamente la prueba de cargo practicada y tenemos grandes dudas con respecto a la exacta forma en que se realizó el contrato en este caso. Los tres testigos que declararon, en el comienzo de sus declaraciones tendieron a establecer el hecho de la agencia del acusado, pero al entrar en detalles los dieron en tal forma que podría de ellos deducirse que las relaciones entre el acusado y la pana-dería se llevaban a efecto bajo una base distinta, esto, es, que cuando el artículo se entregaba al acusado, éste adquiría sobre él inmediatamente la propiedad aunque no pagara en el acto su importe, y que la cantidad que al fin quedó adeu-' dando el acusado a la panadería, fué el saldo que resultó en contra suya de una larga cuenta corriente que con la pana-dería llevaba.

Siendo esto así, surgiendo en la mente del juzgador a vir-tud del examen de la prueba tales dudas, no existiendo ade-más nada en los autos que demuestre que el acusado actuara con intención criminal, opinamos que la prueba del Fiscal no fue bastante y que debió en su consecuencia haberse ab-suelto al acusado.

Debe declararse con lugar el recurso establecido.

Revocada la sentencia y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Tobo,

text:
    Sobrinos de Ezquiaga, Peticionarios, v. Rossy, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari al Juez Especial de la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción Ia., en un caso sobre cobro de dinero y nombramiento de síndico.
    No. 130.
    Resuelto en agosto 1, 1914.
    Certiorari — Certificados de Síndico — Revisión de Orden Autorizando su Emi-sión con Preferencia a un Crédito Refaccionario Existente. — Por medio del recurso de certiorari puede revisarse una orden dictada por una corte autorizando a un síndico nombrado por dicha corte para que contraiga prés-tamos y emita certificados de síndico con preferencia a un crédito refaccionario contraído anteriormente.

      Síndicos — Certificados de Síndicos — Crédito Refaccionario — Jurisdicción de las Cortes de Distrito — Orden Autorizando a un Síndico para Contratar Préstamos y Emitir Certificados, Dándole Preferencia Sobre un Crédito Refaccionario Contraído Anteriormente. — En. este caso la Corte de Dis-trito de San Jnan, Seeeión Ia., había nombrado síndicos que se hicieran cargo de los bienes de la corporación Central Yannina, y habiendo pedido los sín-dicos para contratar nn préstamo de $12,000 con el fin de desyerbar las plan-taciones de caña, comprar abono, anticipar dinero a los colonos, atender a las plantaciones, pagar ciertas cantidades adeudadas por cañas entregadas y hacer frente a ciertas atenciones urgentísimas, la corte, no obstante la expresa oposición del acreedor refaccionario cuyo crédito quedaría postergado con la adopción de tal medida, autorizó la contratación de dicho préstamo y facultó la emisión de certificados de síndico pagaderos a más tardar el día 31 de marzo de 1915 con preferencia a cualquier otro crédito. Se resolvió, vista la expresa oposición del acreedor refaccionario y lo dispuesto en las secciones 4, 8 y 9 de la Ley sobre Contratos de Refacción Agrícola, de marzo 10, 1910, y los artículos 1824 y 1825 del Código Civil, que la corte inferior se extra-limitó en su jurisdicción al conceder la autorización indicada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los peticionarios: Sr. Eduardo Acuña.

    El lion. Jesús M. Eossy compareció personalmente.
    Ahogados de los síndicos: Sres. Alvarez Nava & Domín-guez.

   El Juez Asociado Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de certiorari interpuesto por la mercantil Sobrinos de Ezquiaga contra el Hon. Jesús M. Eossy, Juez Especial de la Corte de Distrito de San Jnan, sección Ia., con objeto de revisar los procedimientos seguidos en el caso de Sucesores de Abarca S. en C. v. Central Vannina, sobre cobro de dólares y nombramiento de síndico, pendiente en la dicha Corte de Distrito de San Jnan, Sección Ia.

Presentada la solicitud, esta Corte Suprema, antes- de ex-pedir el auto, fijó la audiencia del 29 de julio último a fin de que las partes interesadas informaran con la amplitud debida sobre si la cuestión envuelta en el asunto podía o nó decidirse dentro del procedimiento extraordinario de certiorari. En el día señalado comparecieron el peticionario y los síndicos nombrados en el dicho caso de Sucesores de Abarca S. en C. v. Central Vannina, por medio de sus abogados. Terminajos los informes, la corte resolvió expedir el auto y señalar la vista para el día siguiente 30 de julio de 1914, en cuya fecha volvieron a comparecer los peticionarios por su ahogado, los síndicos por el suyo y además el juez demandado Sr. Eossy en persona. Todos informaron ampliamente y el caso quedó sometido a nuestra consideración y resolución.

De los autos originales en el repetido pleito de Sucesores de Abarca S. en C. v. Central Vannina, que tenemos a la vista, resulta lo que sigue:

La Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., el 4 de mayo de 1914 dictó una orden nombrando a Abelardo de la Haba y a Eud Myohl, síndicos de la propiedad real y personal de la Central Vannina, Inc., autorizándolos “para continuar la ex-plotación de la factoría de la corporación demandada y para que administren y rijan dicha factoría y cualquiera otra empresa o negocio a que dicha corporación esté dedicada por virtud de arrendamientos, contratos, compromisos o en cualquier otra forma, como hasta la fecha hayan sido regidos y administrados en beneficio e interés de la citada Central Vannina; y en tal sentido conserven dicha propiedad en buena condición y estado de modo que sea segura y beneficiosamente usada; pretejan la referida propiedad y empleen la persona o personas necesarias a la consecución de los fines indicados y verifiquen los pagos y desembolsos que fueren procedentes.” Los síndicos nombrados otorgaron la fianza exigida, pres-taron juramento, tomaron posesión de la propiedad real y personal de la corporación azucarera demandada, y entraron de lleno en el ejercicio de sus funciones.

Después de realizados otrós actos que no hace al'caso in-vestigar, los síndicos, el 13 de julio de 1914, presentaron una petición a la’ corte de distrito para obtener préstamos de dinero por medio de certificados de síndicos, y a tal efecto ale-garon y suplicaron lo "que sigue:

“1°. Que vuestros síndicos ban becbo un cuidadoso y detenido examen del estado y condición de todas las plantaciones de la Central Vannina, asesorándose para ello del mayordomo de campo de dicha factoría; y tanto las de cañas propias como las de colonos, están actualmente en un estado de completo abandono y con bien defini-das señales de deterioro y futura merma en su rendimiento.
“2°. Que vuestros síndicos, tienen la absoluta convicción de que si no se procede inmediatamente y sin pérdida alguna de tiempo al acondicionamiento y < cuidado de dichas plantaciones, la próxima cosecha de 1915 será un completo fracaso, con manifiesta pérdida de la casi totalidad de la cosecha que ahora se calcula.
“3o. Que dichas plantaciones de cañas constituyen el único activo y garantía de los distintos acreedores de dicha corporación, inclu-yendo principalmente sus acreedores refaccionistas y otros más o me-nos privilegiados, con exclusión única de sus acreedores hipotecarios, de tal modo que si se permite la completa ruina de aquéllas, por falta de una oportuna e inmediata atención, vuestros síndicos no tendrían medio alguno de satisfacer ni un ínfimo tanto por ciento de las obli-gaciones pendientes contra dicha corporación, a la vez que sobreven-dría una pronta ejecución de todos los bienes que a aquélla corres-ponden.
“4o. Que a pesar de que como ya han manifestado, dichas plan-taciones constituyen la única fuente de ingresos de dicha compañía, vuestros síndicos se han visto en la inevitable necesidad en el momento más crítico, de suspender todo trabajo de cultivo y acondicionamiento de las mismas, por falta de efectivo para atender a dichos gastos; habiéndose negado las distintas entidades de quienes vuestros síndicos han solicitado préstamos para tal propósito, a verificarlos en otras condiciones que no sea bajo la garantía de esta corte y por medio de certificados de síndicos, por ella autorizados, con carácter de pre-ferentes sobre las demás obligaciones pendientes de dicha factoría, y para ser necesariamente reembolsados con el producto de los pri-meros ingresos y frutos elaborados en la próxima zafra de 1915.
“5o. Que la suma indispensable de momento para tales atenciones hasta que pueda determinarse mejor más adelante el total necesario, es de doce mil dollars, para dedicarse exclusivamente a apremiantes obligaciones y trabajos de cultivo.
“Por todo lo cual vuestros síndicos suplican'a la Hon. Corte se sirva dictar una orden autorizándoles, en las condiciones que estime procedentes, a negociar un empréstito preliminar de doce mil dollars, con intereses del 9 por ciento anual garantizados con certificados de síndicos, que constituirán un gravamen preferente y especial sobre los primeros ingresos de la corporación y los frutos que habrán de elaborarse en la próxima cosecha de 1915; y que serán considerados como crédito privilegiado a los efectos y para los fines que antes se mencionan. ’ ’

El 14 de julio de 1914 se celebró la vista de la petición de los síndicos, con asistencia de sn abogado y del de la mercan-til Sobrinos de Ezquiaga, dueña de un crédito refaccionario cuya preferencia quedaría afectada de declararse con lugar la solicitud de los síndicos. El acreedor refaccionario indi-cado se opuso y formuló su oposición por escrito en los si-guientes términos:

“Que consignan su más formal oposición a la petición de los sín-dicos consignada-'en moción del día 13 del corriente, y encaminada •a obtener en la corte autorización para levantar un empréstito pre-liminar de $12,000 con interés del 9 por ciento- garantizados con certificados de .síndicos, que constituirán un gravamen preferente y especial sobre los primeros ingresos de la corporación y los frutos que habrán de elaborarse en la próxima cosecha de 1915, basando vuestros peticionarios su oposición en las siguientes razones:
“Primera. Porque la expedición de certificados de síndicos que se solicita con carácter de gravamen preferente y especial sobre los frutos que se elaboren en la próxima zafra de 1915, contradice, se opone, y hace de todo punto ineficaz, la preferencia anteriormente reconocida al crédito de vuestros peticionarios, originado del con-trato de refacción agrícola que fué objeto de la escritura de 25 de agosto de 1913 ante el Notario Don Julio César González: cuyo con-trato es obligación de la actual sindicatura, en cuanto fué por esta 'última reconocido aceptado y cumplimentado parcialmente. Copia del mismo se une a continuación para que forme parte de la presente.
“Segunda. Porque la aludida preferencia que se interesa, para los dichos certificados de síndicos, es también opuesta y contradictoria a la que a los créditos de refacción agrícola anotados en el registra de contratos agrícolas, cual lo está el de vuestros peticionarios,- reco-noce la sección 4a. de la Ley de’10 de marzo de 1910; y a la preda-ción que a créditos de dicha índole, atribuyen los artículos 1824 y 1825 del Código Civil tal como fueron reformados por la antes indi-cada Ley de 1910; y en tal sentido los certificados de síndicos que se expidan, con la preferencia interesada, en su condición de poste-riores al de vuestros peticionarios, no podrán ser inscritos en el dicho registro de contratos agrícolas mientras esté vigente, como en la actualidad lo está, la anotación del crédito de vuestros peticionarios. ■
“Terfera. Porque la petición de los síndicos sobre expedición de certificados de síndicos,, se limita a señalar como fin o destino de los fondos que levante con dichos certificados, el atender a apremiantes obligaciones y trabajos de cultivos y tal vaguedad e indeterminación del destino que debe darse a los fondos levantados, es contraria a la jurisprudencia que rige en la materia, la que exige una detallada especificación de la suma necesitada y de los propósitos a que se destinan. 34 Cyc., 301. Meyer v. Johnston, 53 Ala., 237.
“Cuatro. Porque sólo en los casos de sindicatura de compañías de ferrocarriles, y en razón al carácter cuasi público de éstos, tienen las cortes autoridad y poder para expedir certificados de síndicos, que constituyan gravamen preferente a. cualquier otro anterior, sin que medie el consentimiento del primer acreedor; 34 Cyc., 298; y en el caso de autos no siendo la Central Yannina, una corporación de carácter cuasi público, la corte carece de jurisdicción y poder para autorizar la expedición de certificados preferentes, en la forma inte-resada por los síndicos.
“Quinta. Porque es doctrina igual mantenida por la jurispru-dencia que en casos cual el que nos ocupa, el interés de la corpora-ción y el de los acreedores preferentes se armoniza debidamente, expi-diendo certificados sin perjuicio de los créditos preferentes consti-tuidos en favor de personas que no prestan su consentimiento a tal expedición. Rutherfor v. Pennsylvania Midland R. Co., 178 Pa., 38.
“Bajo los fundamentos expuestos, vuestros peticionarios dejan consignada su oposición a la expedición de los certificados de sín-dicos interesada, y
“Suplican a la corte se sirva desestimar la petición de los síndi-cos a que queda hedía referencia.”

El 22 de julio de 1914, la corte de distrito resolvió la cues-tión suscitada por medio de una orden que, copiada a la letra, dice así:

“PoR Cuanto, Rud Myohl y Abelardo de la Haba, síndicos judi-ciales nombrados por esta corte en el caso arriba indicado, han archi-vado en esta secretaría una moción que fué discutida en cámara el día 14 de los corrientes con asistencia y audiencia del acreedor refac-cionario Sobrinos de Exquiaga, representado por su abogado Don Eduardo Acuña, solicitando autorización para obtener la suma de doce mil dollars ($12,000) mediante la expedición de certificados de ‘receivers,’ cuya suma es urgentemente necesaria para la conserva-ción de las plantaciones) pago de cañas entregadas ya a la central y compensación del personal de campo y oficinas, necesario para el desenvolvimiento de los negocios de dicha corporación, y a cuya solicitud se opuso dicho acreedor refaccionario, alegando que no se podía acordar el pago de ningún crédito con preferencia al suyo.
“Por CUANTO, de las manifestaciones de dichos síndicos, deriva-das del examen que han hecho de las plantaciones, resulta que éstas se encuentran en un lamentable estado de abandono, debido -a la carencia de recursos de la administración judicial para atenderlas y conservarlas en buen estado de cultivo.
“Por Cuanto, estas manifestaciones de los síndicos han sido en parte comprobadas por inspección personal del juez que suscribe esta orden, quien ha visto algunas de estas plantaciones y llegado al con-vencimiento de que si las cañas no son inmediatamente atendidas, no producirán beneficio alguno cuando se dé principio a la próxima zafra.
“Por Cuanto, existe en la actualidad un contrato de refacción otorgado por la Central Yannina a favor de Sobrinos de Ezquiaga, por una crecida suma de dinero como saldo de operaciones refaccio-narias anteriores, cuyo crédito refaccionario tiene como única y exclu-siva garantía el producto de dichas plantaciones de caña, y es de todo punto evidente, que si a estos cultivos no se les presta la debida y urgente atención, se perdería totalmente la cosecha y desaparecería por consiguiente la garantía de 'ese crédito con manifiesto perjuicio de dichos acreedores refaccionarios.
“Por cuanto, de la relación detallada de los gastos que los sín-dicos han presentado a esta corte, aparece que la antes dicha suma de doce mil dollars, es la cantidad estrictamente indispensable en este momento para las atenciones urgentes especificadas en dicha relación presentada a la corte por' los síndicos.
“Por Cuanto, dichos síndicos y aun el mismo juez de esta corte han verificado cuantas gestiones han sido necesarias para conseguir, por cualquier otro medio, del que aquí se adopta, los recursos sufi-cientes para los fines indicados, siendo inútiles estos esfuerzos, por-que tanto los bancos como los propios acreedores refaccionarios, han rehusado facilitar a esta administración judicial los recursos necesa-rios para cubrir estas perentorias atenciones.
“Por Cuanto, esta corte, en casos de esta índole, tiene faculta-des discrecionales bastantes para adoptar medidas extraordinarias convenientes y precisas para la protección y conservación de todas las. propiedades sujetas a la administración judicial, a fin de que ésta resulte práctica y provechosa, no sólo para las partes litigantes, sino para todas las personas cuyo interés en el éxito de esta adminis-tración, esté plenamente demostrado.
, “Por cuanto la corte, al adoptar esta resolución, no tiene el pro-pósito de perjudicar ni postergar el crédito que cualquier persona pueda tener en contra de la Central Yannina, ni mucho menos el del acreedor refaccionario,, cuya préferencia no queremos desconocer, sino que, por el contrario, es la sana intención de la corte, atender debidamente al cultivo de las plantaciones de cañas que actualmente existe, las cuales se encuentran en estado ruinoso por falta de los recursos pecuniarios suficientes con que atender a su limpieza y cui-dado, y cuyas plantaciones, convertidas más tarde en azúcar, cons-tituyen la única fuente de recursos con que la central cuenta para hacer frente a sus grandes responsabilidades, que no consisten solo en el pago del crédito refaccionario.
“Por cuanto, la corte autoriza la expedición de certificados de síndicos judiciales hasta cubrir la cantidad de doce mil dollars, y ordena que tales certificados sean autorizados con la firma oficial de los Señores Rud Myohl y Abelardo de la Haba, como tales síndicos judiciales nombrados por esta corte, en número total de seis, y por valor de dos mil dollars cada uno de dichos certificados, con el carác-ter de Ululas al portador, y cuyos certificados deberán ser pagados con preferencia a cualquier otro crédito, el día 31 de marzo de mil novecientos quince, o en cualquier otra fecha anterior en que los sín-dicos nombrados por esta corte tengan el dinero suficiente para su pago; y se ordena además que dicha suma de doce mil dollars, una vez obtenida por esta administración judicial, sea destinada al pago' de las siguientes atenciones:
(a) Limpieza y desyerbo de mil cuerdas de cañas, más o menos, destinadas a la zafra de 1915, que calculado al precio de cuatro dollars, por unidad resulta un total de_ $4, 000
(&) Compra de abono y su aplicación a plantaciones pro-pias de la central_ 2, 700
(o) Anticipos a colonos cuyas cañas, por falta de recursos se encuentran en lamentable estado de abandono; entendién-dose que la cantidad que a cada uno se entregue no debe exceder de dos dollars cincuenta centavos por cuerda, hasta un total de mil doscientas cuerdas aproximadamente_ 3, 000
Al frente. $9, 700
Del frente_,--$9, 700-
(d) Pago de diferencias no satisfechas aún a los colonos que a continuación se relacionan, por cañas entregadas a la Central Yannina durante el período de la administra-ción judicial:
Saturnino Fernández_$93. 00
José Solis Amy__i_ 16. 00
José Fuentes Gómez_124. 00
Delfín Cátala_ 2. 00
Juan Elias Cruz_ 8. 00
Nicasio Sosa_'_<_ 18. 00
Cristino Bravo_ 6. 00
Domingo Fuentes García_ 7. 00
Juan Gotay_105. 00
Luciana Cruz_ 2. 00
Gregorio Santana_ 2. 00
Justina Morales de León_j_ 9. 00
Gonzalo Díaz_ 1. 00
Marcelino Salazar_ 20. 00
Ramón Acosta López_ 5. 00
Jacinto Alamo_ 1. 00
Teodoro Amador_ 14. 00
Concepción Marín_!_1_■_ 10. 00
Francisco. Chiclana_ 8. 00
Hernáiz & Muriel_ 48. 00
Total_ 500
(e) Pago de atenciones urgentísimas como son el del per sonal de campo necesario para cultivos, inscripciones de ciertos contratos de molienda que carecen de ese requi-sito legal, y pago de peritos que se han utilizado y deben utilizarse más tarde, para la tasación de cañas de colo-nos que están en desacuerdo con la central_ 1, 800
Total_ $12, 000

Y dos días después, el 24 de julio de 1914, la mercantil Sobrinos de Ezquiaga acudió a esta Corte Suprema por medio de la solicitud de certiorari a que nos hemos referido y pidió a esta corte que revisara los procedimientos de la de dis-trito de San Juan en el indicado caso de Abarca y anulara la orden de 22 de julio de 1914, arriba transcrita:

“(A) Porque siendo la Central Yannina una corporación pri-vada, sin carácter público ni cuasi público alguno, la corte ha exce-dido su jurisdicción, autorizando la expedición de certificados de sín-dicos para ser pagados en la próxima zafra de los primeros fondos que realicen los síndicos, con preferencia al crédito de la peti-cionaria, que, por su condición de refaccionario, tiene, en cuanto a los frutos de la finca refaccionada, y hasta su total pago, preferen-cia especial y determinadamente reconocida por la ley sobre todo crédito posterior de cualquier naturaleza que fuese.
“(B) Porque la corte ha excedido su jurisdicción, autorizando la expedición de dichos certificados, en la forma y con el alcance dichos, no obstante la oposición de la peticionaria y sin salvar en forma ni modo alguno su interés privilegiado. .
“(O) Porque la corte ha excedido igualmente su jurisdicción, al disponer que los fondos producidos por dichos certificados, de carácter especialmente privilegiado y preferente, se destinen en su mayor parte, e inviertan especialmente en compra de abonos, anti-cipos a colonos, y pago de diferencias adeudadas en la zafra anterior a colonos do la corporación, asignando con ellos a dichas aten-ciones una marcada y efectiva prelación sobre el crédito de la peti-cionaria, y no obstante ser el fundamento único y básico de la expe-dición, de tales certificados,'la conservación y mantenimiento en cul-tivo de las plantaciones de caña.
“(D) Porque la orden de la co'rte es inconsistente con sus pro-pios fundamentos en cuanto reconociendo la preferencia y prelación del crédito de la peticionaria; y consignando su propósito de no per-judicar ni postergar dicho crédito, lo posterga y perjudica de hecho, al atribuir a los certificados dicho carácter preferente, sobre cual-quier otro crédito.
“(E) Porque el procedimiento tramitado en orden a dichos cer-tificados, es nulo de acuerdo con el artículo 4 del Código Civil, en cuanto viola abiertamente los artículos 1824 y 1825 del mismo cuerpo legal y las secciones 4a., 8a. y 9a. de la Ley sobre Contratos de Refac-ción Agrícola, de 10 de marzo de 1910.”

Expuesto lo que antecede, procederemos al estudio y reso-lución de la cuestión debatida.

Son hechos plenamente demostrados que la Central Van-nina es una corporación privada organizada bajo las leyes de Puerto Rico; que está en la actualidad bajo la adminis-tración de dos síndicos nombrados por una corte de justicia para continuar la explotación de su factoría azucarera y para conservar sn propiedad en buena condición de modo que sea segura y beneficiosamente usada; que los síndicos nombra-dos alegando el mal estado de las cañas de la central y de sus colonos, la carencia de metálico y la pérdida del cosecho si las siembras no se atendían debidamente a tiempo, pidie-ron a la corte que los autorizara a expedir certificados de síndicos por valor de doce mil pesos, que era la suma que de momento necesitaban, para ser cobrados con preferencia a cualquier otro crédito sobre los primeros ingresos de la cor-poración y los frutos que habrán de elaborarse en la próxima cosecha de 1915; que la petición fué tramitada con la inter-vención del único acreedor preferente cuyo crédito quedaría postergado de accederse a lo solicitado por los síndicos, y que no obstante la oposición de dicho acreedor privilegiado, la corte de distrito ordenó que los certificados se expidieran.

Una de las cláusulas del contrato celebrado entre el acree-dor .que se opuso a la petición de los Síndicos y la Central Yannina, cuyo contrato aparece debidamente inscrito en el Registro de Contratos Agrícolas del Registro de la Propie-dad de San Juan, desde el 1 de octubre de 1913, dice así:

“Primera. La Corporación Central Yannina representada por su Presidente Don Antonio Caubet y Pons, con la autorización del board de directores en concepto de dueña y arrendataria de las fincas descritas, afecta y grava los productos o frutos de las mismas que se obtengan de las cañas de cultivo y también de las que le correspon-dan en virtud de los contratos celebrados con los colonos, a favor de los Señores Sobrinos de Esquiaga, para responder con tales pro-ductos al pago del crédito de refacción agrícola por la suma de dos-cientos mil dollars que expresa el contrato inserto.”

Y las leyes al amparo de las cuales se celebró dicho con-trato y que están vigentes en la actualidad, son:

La sección 4 de la ley No. 37 de 1910, sobre contratos de refacción agrícola y molienda de cañas y para otros fines, que es como sigue:

“Sección 4. — El crédito de refacción agrícola, desde la fecha de su presentación en el registro que más adelante se establece, tendrá preferencia a los créditos posteriores de cualquiera otra naturaleza, excepción hecha de los créditos por contribuciones a favor de El Pueblo de Puerto Rico, según lo dispuesto en la ley, en cuanto a los frutos de la finca refaccionada, durante los años comprendidos en el contrato y siempre hasta que el acreedor sea completamente satisfecho del total importe de su crédito.
“En el caso de que el acreedor no hubiese sido íntegramente satis-fecho del crédito, durante el plazo del contrato, deberá concertar con el deudor el oportuno documento de prórroga, o promover la demanda a que atañe la sección 9, dentro de los seis meses subsi-guientes al vencimiento del contrato.”

Y los artículos 1824 y 1825 del Código Civil revisado que, tales como quedaron enmendados en 1910, Leyes de 1910, páginas 126 y 127, disponen:

“Artículo 1824. — Con relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor, gozan de preferencia:
“1. Los créditos a favor de El Pueblo de Puerto Rico, o de la correspondiente municipalidad, sobre los bienes de los contribuyen-tes, por el importe de las tres últimas anualidades, y la corriente no pagada, de las contribuciones qué graviten sobre ellos.
“2. Los créditos por refacción agrícola, en cuanto a los frutos de las fincas objeto de la refacción, según lo determinado en la ley especial sobre esta materia.
“3. Los créditos de los aseguradores, sobre los bienes asegura-dos, por los premios del seguro de dos años, y si fuere el seguro mutuo, por los dos últimos dividendos que se hubiesen repartido.
“4. Los créditos hipotecarios y los refaccionarios, anotados ,e inscritos en el registro de la propiedad, sobre los bienes hipoteca-dos o que hubiesen sido objeto de la refacción.
“5. Los créditos preventivamente anotados en el registro de la propiedad en virtud de mandamiento judicial, por embargos, secues-tros o ejecución de sentencias, sobre los bienes anotados, y sólo en cuanto a créditos posteriores.
“6. Los refaccionarios no anotados ni inscritos, sobre los inmue-bles a que la refacción se refiera, y sólo respecto a otros créditos dis-tintos de los expresados en los cuatro números anteriores.”
“Artículo 1825. — Con relación a los demás bienes muebles e in-muebles del deudor, gozan de preferencia:
“1. Los créditos a favor de El Pueblo de Puerto Rico y a la correspondiente municipalidad, por las contribuciones de las tres últimas antialidad.es vencidas, y la corriente no pagada, no compren-dida en el párrafo número 1 de la sección 1824.
“2. Los créditos por refacción agrícola, en cnanto a los frutos de las fincas objeto de la refacción, según lo determinado en la ley especial sobre esta materia.
“3. Los devengados:
‘ ‘ a. Por gastos de justicia y de administración del concurso en interés común de los acreedores, hechos con la debida autorización o aprobación.
“b. Por los funerales del deudor, según el uso del lugar, y tam-bién los de su mujer y los de sus hijos constituidos bajo su patria potestad, si no tuviesen bienes propios.
“o. Por gastos de la última enfermedad de las mismas personas, causados en el último año, contando hasta el día del fallecimiento.
“d. Por jornales y salarios de dependientes y criados domésticos, correspondientes al último año.
“e. Por anticipaciones hechas al deudor, para sí y su familia constituida bajo su autoridad, en comestibles, vestido o calzado, en el mismo período de tiempo.
Por pensiones alimenticias durante el juicio de concurso, a no ser que se funde en un título de mera liberalidad.
“4. Los créditos que sin privilegio especial consten:
“a. En escritura pública.
“b. Por sentencia firme, si hubiesen sido objeto de litigio.'
“Estos créditos tendrán preferencia entre sí por el orden de anti-güedad de las fechas de las escrituras y de las sentencias.”

La cuestión a resolver queda, pues, planteada en los si-guientes términos:

¿Puede una corte alterar las condiciones de un contrato celebrado voluntaria y válidamente al amparó de las leyes? ¿Lleva consigo la facilitad que- tienen las cortes para nom-brar síndicos en ciertos y determinados casos, la de tomar absoluto control sobre la propiedad de que se dé posesión a los síndicos de tal manera que pueda variar el orden en que dicha propiedad había sido anteriormente gravada por sus dueños?

Hemos estudiado cuidadosamente la ley y nada dispone sobre el particular. Hemos estudiado de igual modo la juris-prudencia y no encontramos que se haya ejercitado tal poder en casos iguales al que está sometido a nuestra decisión.

¿Qué garantía puede ofrecer a los ciudadanos de un país una ley que clara y terminantemente asegura el pago de un crédito en un orden determinado, si un juez puede después discrecionalmente alterar el contrato de tal modo que haga completamente ilusoria la seguridad pactada?

Reconocer tal poder eu la judicatura en ausencia de una disposición legislativa previa y clara, sería ir en contra de los principios fundamentales que informan nuestro sistema de gobierno.

Guando surge una situación difícil en los negocios de una corporación, cuando los en ella interesados tienen confianza en que aquella situación es transitoria y podría salvarse con un esfuerzo supremo, los mismos interesados generalmente por su propia voluntad postergan sus derechos en la espe-ranza de verlos reconocidos en toda su plenitud en el futuro. De ahí que se registren muchos casos en los cuales se ha recu-rrido al medio de la expedición de certificados de síndicos preferentes autorizada por el poder judicial, a fin de obtener ciertas sumas de dinero especialmente garantidas que per-mitan hacer frente ai conflicto. Pero no se ha recurrido, ni se comprende que se recurra, a tal medio, cuando los mismos interesados se oponen.

En el presente caso el único acreedor cuyo crédito prefe-rente quedaría postergado, se ha opuesto a la solicitud de los síndicos. Tanto éstos en su petición como la corte en su orden se refieren al hecho de que la medida solicitada y adop-tada tiende a proteger especialmente al acreedor refaccio-nario. Sin embargo, el acreedor refaccionario se ha opuesto expresamente a que se le proteja de tal modo, y nos parece que él está en mejores condiciones que nadie para solicitar o adoptar las medidas protectoras de sus propios intereses.

En el curso de su argumentación en el acto de la vista ante esta Corte Suprema, el representante legal del acreedor refaccionario manifestó que según el contrato tenía derecho a cobrar su crédito percibiendo tres pesos por cada saco de azúcar fabricado por la central y que había llegado a ofre-cer a los síndicos qne estaba dispuesto a disminuir su garan-tía "limitándola a percibir en vez de tres un peso por cada saco de azúcar, y que su ofrecimiento no había sido aceptado por los síndicos. La aspiración de los síndicos, era, pues, la de postergar en absoluto el crédito preferente del acree-dor refaccionario y al convertir la corte de distrito dicha aspiración en realidad por su orden de 22 de julio último, contra la expresa voluntad del acreedor, se extralimitó en sus poderes y realizó en tal virtud un acto enteramente nulo.

La jurisprudencia americana es abundante sobre la mate-ria, y por ella se ha establecido una distinción bien marcada entre los poderes de una corte cuando interviene en la admi-nistración de una corporación cuasi pública y cuando dirige, por medio de síndico, los negocios de una corporación privada.

En el caso de Hooper v. Central Trust Co. of New York, 29 L. R. A., 262, 263, la Corte de Apelaciones de Maryland, llegó a la siguiente conclusión:.

“Los gravámenes adquiridos sobre la propiedad de individuos o de corporaciones privadas, no pueden postergarse por medio de cer-tificados de síndicos.”

En el caso de Merriam v. Victory Min. Co. et al., 60 Pac., 997, la Corte Suprema de Oregon resolvió lo que sigue:

“El derecho de una corte que -nombra un síndico a una corpo-ración para dar prioridad al pago de deudas no aseguradas, sobre el gravamen de bonos garantizados con primera hipoteca, está res-tringido a los ací-eedores de ferrocarriles, que son negocios de inte-rés público, y no puede ejercitarse para dar tal preferencia a acree-dores no asegurados de una corporación ordinaria sobre gravámenes constituidos por contratos.”

En el caso de Farmer’s Loan & Trust Co. v. Grape Creek Coal Co., 50 Fed., 481, 483, se presentó a la Corte de Circuito, S. D. Illinois, una petición para que la corte autorizara la expedición de certificados de-síndicos que constituyeran nn gravamen preferente sobre la propiedad de cierta corpora-ción. La petición se bizo por el síndico de la corporación, debiendo los certificados que se expidieran no exceder de $24,000, y destinándose su importe al pago de $3,428.64 para contribuciones, $6,400 para cancelar otros certificados y el resto para continuar la explotación de las minas de la corpo-ración. El 75 por ciento de los tenedores de bonos se unió a la solicitud del síndico y el 25 por ciento restante se opuso. La corte de circuito consideró ampliamente la petición, citó la jurisprudencia aplicable y negó la autorización solicitada en los siguientes términos:

“Amplias como son las facultades de una corte de equidad, no autorizan al canciller para alterar la fuerza de obligaciones solemnes y destruir derechos adquiridos. En vez de postergar hipotecas y otros gravámenes existentes sobre la propiedad de una corporación privada y de personas naturales, es el deber de la corte protegerlos y hacerlos efectivos contra todas las cargas subsiguientes. Sería dañoso extender a todas las hipotecas, el poder que recientemente se ha ejercido sobre las hipotecas constituidas sobre ferrocarriles (algunas veces con libertad desmedida), habiendo en consideración su naturaleza peculiar. Este poder no existe, y la solicitud es dene-gada.”

En ese mismo caso, al referirse al lieclio de que cuando 'se trata de corporaciones ferroviarias se ha autorizado la expedición de certificados de síndicos preferentes, el Juez Gresham, se expresa,como sigue:

“En el ejercicio de esta jurisdicción excepcional y extraordinaria, que es de origen relativamente reciente, las cortes han dictado órde-nes declarando a los certificados de síndicos primeros gravámenes sobre la propiedad hipotecada. Sin embargo, ésto se ha hecho por razones que no son aplicables a hipotecas constituidas por corpora-ciones privadas. Una corporación de ferrocarriles es una institución cuasi pública que tiene el deber de explotar su vía como una vía pública. Si la compañía se encuentra en dificultades económicas e imposibilitada dé cumplir con su deber, las cortes durante la pen-deneia de procedimientos' para la venta del ferrocarril lo explotarán por medio de tm síndico y declararán los gastos relacionados con dicha explotación nn gravamen preferente. Esto se hace por razón del carácter especial de la propiedad. Generalmente está hipotecada para garantizar bonos y las personas que hacen inversiones en tales garantías saben que la hipoteca grava una propiedad que ya1 está afecta a un deber público. Las corporaciones privadas no tienen ningún deber para con el público y el que continúe su explotación no es un asunto de interés público. Solamente cuando se trate de hipotecas de ferrocarriles es que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha declarado válidas las órdenes que dan preferencia a los certificados de síndicos representativos de préstamos! ■ especiales y como ya hemos dicho solo por principios que no tienen aplicación a una hipoteca constituida por una corporación privada que no tiene ningún deber contraído para con el público. Fosdick v. Schall, 99 U. S., 235; Barton v. Barbour, 104 U. S., 126; Miltenberger v. Railroad Co., 106 U. S., 286, 1 Sup. Ct. Rep., 140; Union Trust Co. v. Railroad Co., 117 U. S., 434, 6 Sup. Ct. Rep., 809; Wood v. Trust Co., 128 U. S., 421, 9 Sup. Ct. Rep., 131; Kneeland v. Trust Co., 136 U. S., 89, 10 Sup. Ct. Rep., 950; Morgan’s, etc., Co. v. Texas Central Ry. Co., 137 U. S., 171, 11 Sup. Ct. Rep., 61.”

En el caso de Rutherford v. Pennsylvania Midland R. Co. et al., 35 Atl. Bep., 926, no obstante tratarse de un ferrocarril y de haberse solicitado la expedición de los certificados de sín-dicos por los tenedores de 491 bonos, siendo la emisión total de bonos de 510, y de haberse dictado la orden “sin perjuicio de los derechos de los tenedores de bonos que no han consen-tido y con permiso para que después pidan que sus bonos lo mismo que los de los tenedores que han consentido, estén suje-tos al gravamen preferente de los certificados de síndicos,” la Corte Suprema de Pennsylvania, al revisar los procedi-mientos dijo:

■ “Nuestra primera impresión fué que el ilustrado juez fué dema-siado legos al autorizar la emisión de los certificados del síndico para completar el ferrocarril no terminado; que el hacerlo así hubiera establecido un precedente peligroso, etc. Ordinariamente esto sería indudablemente así y no dudaríamos en expresar nuestra desapro-bación a tales procedimientos, pero al considerar más detenidamente los hechos y circunstancias especiales .y peculiares dé este caso, no estamos dispuestos a decir que él claramente cometió error y que los procedimientos debieran ser revocados. Nos inclinamos más a creer que el declarar con .lugar las pretensiones de los apelantes sería per-judicial a todas las partes interesadas. En cuestiones que descan-san tanto en la sana discreción de la corte sentenciadora como son los casos de esta naturaleza, nosotros no intervendremos al menos que apareciera que se lia cometido un abuso manifiesto de esa dis-creción. ’ ’

También la Corte Suprema de los Estados Unidos, aun tratándose de una compañía de ferrocarriles, procede con cautela y examina cuidadosamente el ñecño de si las partes -interesadas consintieron expresa o tácitamente la orden por virtud de la cual se autorizó la expedición de los certificados. Nos referimos al caso de Wallace v. Loomis, 97 U. S., 162, en el que la corte dijo:

‘ ‘ Los síndicos fueron autorizados por la orden nombrándolos, entre otras cosas, para reparar y explotar’ el ferrocarril y adquirir él material rodante necesario; y para estos fines, para obtener dinero a préstamo por la suma indicada en la orden y expedir los certificados de débito para ello; y la orden declaraba que tal préstamo habría de constituir un gravamen sobre la propiedad pagadero con prefe-rencia a los primeros bonos hipotecarios. Es indiscutible hoy día el poder de una corte de equidad para nombrar síndicos administra-dores de una propiedad como un ferrocarril, cuando la corte se hace cargo de ella como si se tratase de un fondo en depósito para el pago de gravámenes, y autorizar a tales síndicos para obtener el dinero necesario para la conservación y administración de la propiedad, y constituir gravamen sobre la misma para el pago de dicho préstamo, Tales actos constituyen parte de la jurisdicción que siempre ha ejer-cido la corte en virtud de la cual tiene el deber de proteger y conser-var los fondos que en concepto de depósito se le confíen. Es indu-dable que tal poder debe ejercitarse con gran cautela y si fuese posi-ble con el consentimiento y adquiescencia de las partes interesadas en los fondos. En el caso presente al parecer las partes mayormente interesadas consintieron expresamente dicha orden o no ofrecieron objeción alguna contra ella. El apelante alega que fué dictada sin notificación a los tenedores de segundos bonos hipotecarios. Pero propiamente Rabiando no puede alegarse ésto por razón de que los depositarios de la segunda hipoteca fueron partes en el pleito y fue-ron notificados de la solicitud y no se opusieron a que fuera conce-dida. Los tenedores de bonos estuvieron representados por sus depo-sitarios y hay que estimar que quedan obligados por sus actos por lo menos en cuanto se refiere al poder de la corte para actuar y dic-tar la orden y en cuanto los intereses de terceros que hayan actuado fundados en la misma puedan ser afectados. El apelante no pidió que se le hiciera parte en el pleito hasta varios meses después de haberse dictado la orden y cuando se hizo parte y presentó su con-testación y contrademanda pidió a la corte que continuara poseyendo la propiedad por medio de sus síndicos y que continuara dirigiéndo-los y gobernándolos en la administración, de la misma, sin indicar la más mínima objeción a los términos en que estaba concebida la orden, por la cual los síndicos existentes habían sido nombrados.”

T, por último, la misma Corte Suprema de los Estádos Unidos, dándose cuenta exacta de que la doctrina aplicada en casos de ferrocarriles se iba extendiendo demasiado y de que las cortes estaban ejercitando poderes que en realidad de'verdad no tenían, por medio del Juez Brewer, en el caso de Kneeland v. American Loan Co., 136 U. S., 89, 97, se expresó así:

“A estos hechos tenemos que decir en primer lugar que el nom-bramiento de un síndico no inviste a la corte de un poder absoluto sobre la propiedad, ni de una autoridad general para desnaturalizar gravámenes adquiridos por contrato. Por haber declarado esta corte en casos marcados y limitados que deudas no garantizadas tenían un derecho de prelaeión sobre deudas hipotecarias, parece haber nacido la idea que la corte que nombra un síndico adquiere el poder de dar preferencia a cualquier deuda de carácter general y no asegurada. Parece que se ha supuesto que una corte al nombrar un síndico puede legalmente gravar la propiedad hipotecada con el pago de cualquier deuda no garantizada. Es más, hemos sabido que algunas cortes han nombrado un síndico con la condición de que se pagasen todas las deudas no garantizadas con preferencia a los gravámenes hipote-carios que se trataban de cobrar. ¿ Puede concebirse algo que de una manera más radical destruya la santidad de las obligaciones con-traetuales ? El tenedor de una deuda hipotecaria sobre un ferrocarril tiene el mismo derecho a exigir y esperar de la corte que se respete la preferencia adquirida y contratada, que el tenedor de una hipo-teca sobre una finca o solar. Así pues cuando una corte nombra un síndico para un ferrocarril no tiene el derecho de imponer a esa sin-dicatura la condición de que se paguen deudas no garantizadas ex-cepto aquellas pocas que de acuerdo con la jurisprudencia de está corte se ha declarado que tienen por equidad preferencia. Nadie está obligado a vender a una compañía de ferrocarriles ni a trabajar para ella y todo el que ha negociado con una compañía cuya propiedad está hipotecada es de presumirse que lo ha hecho por la fé que tenía en su responsabilidad personal y no en la experanza de posponer pos-teriormente la preferencia de los gravámenes hipotecarios. Consti-tuye la excepción y no la regla el que la prioridad de esos gravámenes pueda ser pospuesta. Hacemos énfasis en la santidad de los gravá-menes contractuales porque parece existir la creencia creciente de que el juez en el ejercicio de sus facultades en equidad, tiene un poder discrecional sin límites para posponer gravámenes adquiridos.”

Por virtud de todo lo expuesto, procede que este Tribunal Supremo en el ejercicio de la jurisdicción que le confiere la “Ley para autorizar autos de certiorari” aprobada el 10 de marzo de 1904, Leyes de 1904, p. 173, anule la orden dic-tada el 22 de julio de 1914 por la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en el caso No. 7376, Sucesores de Abarca, S. en C., v. Central Vannina, sobre cobro de dinero y nombra-miento de síndico, autorizando la expedición de certificados de síndicos para ser cobrados con preferencia a créditos ante-riormente asegurados.

Concedida la solicitud y anulada la orden de la corte inferior de 22 de julio de 1914.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Bird, Demandante y Apelante, v. Roig et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao ' en un caso de acción rescisoria.
    No. 1151.
    Resuelto en agosto 1, 1914.
    Pagarés — Sentencia Dictada en Cobro de un Pagaré — Endoso del Mismo Después de Dictada Sentencia — Acción Bescisoria. — Cuando en un pleito en cobro de un pagaré el demandante obtiene sentencia a su favor la vitalidad del pagaré se esfuma en la sentencia y dicbo pagaré no puede ser transferido después de la sentencia a otra persona, y si lo es dicha transferencia no da al adquirente el título de acreedor por virtud del mismo para promover una acción rescisoria de contrato.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Jacinto Texidor.

    Ahogado de los apelados: Sr. Francisco González.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Don Modesto Bird y León, demandante' y apelante, esta-bleció una acción en la Corte de Distrito de Humacao de acuerdo con las prescripciones del párrafo 3o. del artículo 1258 del Código Civil para rescindir y anillar un contrato de compraventa de cierta finca hecho por el demandado Manuel Eoig Hernández a favor del demandado Manuel Méndez, cuya venta según se ha alegado se hizo en fraude del deman-dante como acreedor del vendedor.

Las alegaciones de la demanda que son pertinentes a la cuestión envuelta en esta apelación son sustáncialmente las siguientes: Que en julio 1 de 1912, el demandado Manuel Eoig Hernández firmó al demandante cierto pagaré que se expresa literalmente en la demanda; que en 23 de marzo de 1913, el demandante endosó dicho pagaré a Don Jacinto Texidor, cuyo endoso dice: “Pagúese a la orden de Don Jacinto Texi-dor valor recibido. Gruayama, marzo 23 de 1913-. M. Bird;” que habiéndose reclamado por Texidor el' importe de esta obligación sin hacerse efectiva se vió obligado a presentar ima demanda en cobro de] mismo contra el citado Roig y el ahora demandante, qne fné radicada en la Corte de Distrito ■de Glnayama en 25 de marzo, 1913, y no habiendo apelado el demandado Roig de la sentencia qne en sn rebeldía se había dictado contra él, cierta finca descrita en la demanda qne se había embargado en el referido pleito fné anunciada en subasta pública por el marshal de la Corte de Distrito de Humacao el día 7 de Agosto de 1913, habiendo hecho constar el márshal el anunciar en el edicto esta finca qne gravaba la misma una hipoteca por cuatro mil ($4,000) dólares en favor de Don Juan Yías Ochoteco sin qne comparecieran postores a la subasta, siendo el valor de la finca igual a la cuantía de la hipoteca; que en virtud de no poder Texidor cobrar el im-porte del .pagaré lo devolvió al demandante con un segundo endoso que dice: ‘‘Págase a la orden de M. Bird valor de-vuelto por dicho señor toda vez que no he podido cobrar el importe de esta obligación por no tener bienes el señor Roig. San Juan, P. R., agosto 8, 1913;” que con fecha doce de marzo de 1913, estando aun sin solventar en todo o en parte el pa-garé, el demandado Roig en fraude de su acreedor Texidor en aquélla época, vendió al otro demandado Méndez que sabía que Roig adeudaba esta obligación a dicho Texidor y Bird y que tenía noticias de éste crédito, una finca situada en el-barrio del “Mamey” de Juncos con una casa de vivienda por la suma de $6,216, cuya finca fué inscrita al folio 147 vuelto del tomo 16 de Juncos; que en esta venta se hizo constar que del precio de ella se pagarían a Don Ramón Rubial $1,176, a Santini y Compañía $1,268 y a Don Herminio Suárez $2,272; que por virtud de esta venta se pretirió a Texidor entonces y después a Bird en el cobro de su crédito, y quedó el code-mandado Roig Hernández insolvente y sin bienes sobre los cuales hacer,, efectiva una sentencia que recayera en el cobro del pagaré descrito en la demanda pues la finca que ya había sido embargada estaba embargada por una cantidad igual a su valor; que esta venta se hizo por virtud de escritura No. 37 otorgada en Humacao ante el Notario Francisco Con-zález Fagundo en 12 de marzo de 1913, y ambas partes sabían la existencia de la obligación en cnestión, la qne estaba sin saldar y qne la escritura se otorgó con el único fin de de-fraudar al tenedor del pagaré en el cobro del mismo; qne el demandado Boig carece de bienes con los que hacer efectiva la referida obligación y el demandante carece de medios lega-les con los cuales hacer efectiva su deuda a no ser esta acción rescisoria.

Los demandados formularon excepción previa a la de-manda por el fundamento de no aducir hechos suficientes para determinar una causa de acción, que fué declarada con lugar por la corte fundándose en primer término, en que la de-manda no mostraba que el demandante Bird fuera acreedor del demandado Boig, y en segundo lugar, que en ella no se expresaban hechos suficientes constitutivos de' fraude, dic-tando al efecto sentencia desestimando la demanda.

La corte inferior funda claramente su opinión en la bien conocida doctrina de la fusión de una cosa en otra {merger), declarando en efecto que habiendo-sido fundido el pagaré en la sentencia dictada en el pleito establecido por Texidor contra Boig, el demandante Bird nada adquirió por el mero en-doso de dicho pagaré después de dictada dicha sentencia y por tanto de la demanda no constaba que el demandante fuera acreedor del demandado Boig, requisito principal e indispensable para la rescisión de acuerdo con el artículo 1258 del código. Sin embargo, el juez de distrito en el curso de su opinión y por vía de argumentación hace alguna referencia á ciertos artículos del Código de Comercio con el objeto tam-bién de mostrar la ineficacia de tal endoso independiente-mente de la cuestión de. merger, dedicando el apelante la mayor parte de su alegato, a hacer una larga argumentación res-pecto a si la nota en cuestión es o nó un documento mercan-til. y por tanto, si la corte inferior cometió o nó error al fun-darse en las expresadas disposiciones del Código de Comer-cio en apoyo de la conclusión a que llegó. La resolución de esta cuestión no era necesaria en manera alguna para llegar a la conclusión a que llegó la corte sentenciadora, la que conm ya liemos indicado fundó su sentencia en otros fundamentos diferentes y más sólidos, por lo que podemos muy bien dejar esta cuestión sin resolver basta que surja la misma cuestión y sea presentada más ampliamente en algún caso en que esté envuelta de modo directo y necesario su resolución. Lo que abora dijéramos sobre el particular, sería meramente un diclm incidental (obitercUcta) como fueron las manifestaciones be-abas por la corte inferior.

La demanda no es completa y resulta contradictoria en cuanto a sus pormenores, siendo además vaga con respecto' a la causa de acción que se quiso en ella expresar. Cuales-quiera que sean los becbos en realidad, el caso debe prosperar o no en este tribunal por virtud del mismo principio en que se fundó la celebración del juicio ante la corte inferior. Esa teoría es que el demandante Bird demandó simplemente como tenedor de un pagaré que le endosó Texidor, después que la corte a instancia de éste último babía dictado sentencia acerca de dicbo pagaré. La corte inferior resolvió que el pagaré babía quedado fundido en la sentencia y que por el mero en-doso del mismq a Bird después de dictada dicba sentencia éste no podía quedar convertido, en acreedor de Boig, que libró el pagaré. Creemos que no puede baber discusión alguna acerca de esta proposición y no es de la incumbencia de este tribunal promover nuevas cuestiones de motu propio y desen-volver todas las demás teorías con respecto al caso que po-drían presentarse teniendo en cuenta las circunstancias que aparecen de los autos.

“Una reclamación o demanda que se hace judicialmente y que pasa a la sentencia definitiva se funde o confunde en la sentencia, pierde su vitalidad, no pudiendo hacerse luego uso de ella como causa de acción o contrademanda. Además, por regla general todas las cualidades peculiares de la reclamación quedan fundidas en la sen-tencia que entonces está al mismo nivel que todas las demás senten-cias. Y estas reglas son aplicables a toda clase de reclamaciones, incluyendo contratos, fianzas, pagarés, y de acuerdo con algunos casos, hasta a las reclamaciones que se basan en sentencias anteriores.”

23 Cyc., 1108.

También estamos de acuerdo con la corte inferior al sos-tener que las alegaciones relativas al fraude son insuficientes si bien este defecto, según sugirió el juez sentenciador pudo fácilmente haber quedado subsanado mediante enmienda si no fuera por el otro error más fundamental que ya liemos discutido.

No vemos en los autos que se baya cometido ningún error fundamental, debiendo confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada. .

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Ortiz, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán, denegando la cancelación en parte de una hipoteca que garantizaba pagarés a la orden.
    No. 184.
    Resuelto en agosto 1, 1914.
    Cancelación de Hipotecas — Pagarés a lá Orden Garantizados con Hipoteca-Destrucción DE UNO DE LOS PAGARÉS-PROCEDIMIENTO JUDICIAL PARA JUS-TIFICARLO. — De acuerdo con el artículo 82 de la Ley Hipotecaria, cuando se extravía un pagaré al portador garantizado por Mpoteca, y por analogía cuando el tenedor del mismo lo destruye por equivocación, es necesario pro-mover un expediente judicial ante una corte para justificar dichos actos y presentar copia certificada de la resolución al registrador de la propiedad para que pueda cancelarse la Mpoteca en cuanto garantiza el importe del pagaré extraviado o destruido.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Benito Forés.

    El Registrador Sr. Rafael B. Sama compareció por escrito eh hombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente presentó para su inscripción en el Registro de la Propiedad de San G-ermán una escritura en la cual entre otras cosas se expresaba que se cancelaba totalmente la hipo-teca establecida en aseguramiento de nueve pagarés pagade-ros a la orden, ocho de los cuales habían sido presentados al notario para su cancelación y fueron debidamente cancelados por éste, conteniendo dicha escritura la siguiente cláusula acla-ratoria en cuanto al pagaré del primer plazo, a saber:

“Haciéndose constar por acreedor y deudor que la causa de no exhibirse igualmente el pagaré correspondiente al primer plazo, es por haberse roto por el deudor bajo la ignorancia que tenía de la necesidad de conservarlo; pero asegurando haberse satisfecho en su totalidad.”

La nota puesta por el Registrador a la referida escritura es como .sigue:

“Hecha parcialmente la cancelación de hipoteca a que se .refiere este documento, por lo que respecta a la finca de 22 cuerdas y a los ocho últimos’ plazos, al folio 106 del tomo 34 del ayuntamiento de esta ciudad, finca número 1002, inscripción 3a.; y denegada la can-celación en cuanto al primer plazo por no acompañarse la declara-ción judicial'de quedar sin efecto el pagaré correspondiente al mismo, según previene el artículo 82 de la Ley Hipotecaria, tomándose en su lugar la anotación por ciento veinte días que determina la ley, en el propio asiento arriba citado. San Germán, abril 14, de 1914.”

El artículo 82 de la Ley Hipotecaria en parte dice lo si-guiente :

“Artículo 82. — Las inscripciones o anotaciones preventivas hechas en virtud de escritura pública, no se cancelarán sino por providencia ejecutaría contra la cual no se halle pendiente recurso de casación, o por otra escritura o documento auténtico en el cual exprese su con-sentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiese hecho la inscripción o anotación, o sus causa-habientes o represen-tantes legítimos. * * *.
“Las inscripciones hechas para responder-de cantidades repre-sentadas por títulos trasmisibles por endoso, se cancelarán presen-tándose la escritura otorgada por los que hayan cobrado los créditos, en la cual debe constar haberse inutilizado en el acto de su otorga-miento los títulos endosables, o solicitud firmada por dichos intere-sados y por el deudor, a la cual se acompañen, taladrados, los refe-ridos títulos. Si algunos de ellos se hubiesen extraviado, se presen-tará con la escritura o con la solicitud, testimonio de la declaración judicial de no tener efecto. El registrador deberá segurarse de la identidad de las firmas y de las personas que hubiesen hecho la soli-, citud.
“Las inscripciones hechas para responder de cantidades repre-sentadas por títulos al portador no podrán cancelarse cuando no pueda acreditarse en el registro la extinción de todas las obligaciones ase-guradas, sino presentándose testimonio de la. declaración judicial de quedar extinguidas dichas obligaciones. '* *

El objeto de la ley es demasiado simple para que exija explicación alguna y el lenguaje en que está redactado el artí-culo es también muy claro y explícito para que deba ser inter-pretado. Con el fin de que los instrumentos negociables pue-dan responder al objeto que con ellos se trata de alcanzar, los intereses de sus tenedores deberán estar debidamente prote-gidos. El comprador de un pagaré garantizado con hipoteca que está debidamente inscrita en el Registro debe estar seguro de que al proceder a la ejecución no encontrará que su hipo-teca ha sido cancelada en el registro y que su documento no tiene valor alguno debido a la’ conspiración de las partes en la transacción original o por algún otro, motivo. La ley con 'tal fin enumera específicamente los varios y distintos méto-dos por los cuales, y de acuerdo con las circunstancias pecu-liares del caso en particular, puede obtenerse en el registro la cancelación de tales gravámenes y por deducción, necesaria excluye todos los demás, al menos en lo que respecta a cual-quier caso que esté claramente comprendido en cualquiera de las diferentes clases que se determinan. Los instrumentos negociables deben presentarse para su cancelación al notario ante quien se otorga el documento en qué se cancela la hipo-teca, inutilizándose al propio tiempo o se presentarán al registrador acompañados de una petición firmada conjunta-mente por el deudor y los acreedores a quienes se haya satis-fecho el dinero, debiendo aparecer de su faz que ban sido can-celados, o de haberse extraviado, el documento notarial de cancelación o petición, según sea el caso, deberá acompañarse con la correspondiente copia de la declaración judicial de donde aparezca que el documento extraviado no tendrá más efecto o valor. Nada se expresa con respecto a cualquier facultad judicial o cuasi judicial que pueda tener el notario o el registrador para resolver esta cuestión a que hemos hecho referencia últimamente y el requisito de la copia certificada de la declaración judicial les priva tan eficazmente de seme-jante facultad como si en la ley existiera una prohibición ex-presa en este sentido.

El apelante insiste, sin embargo, en que el presente caso no está comprendido én las prescripciones del estatuto pues el documento en cuestión no había sido extraviado sino que fué destruido. Ese hecho, si lo es, sugiere meramente una distinción sin establecer una diferencia. Ubi eadem ratio ibi idem jus; et de similibus idem est judicium: Donde hay la misma razón existe la misma ley. El documento notarial, sin embargo, solamente prueba que los otorgantes hicieron una declaración solemne pero no determina la verdad o fal-sedad de tai declaración. Esta es una cuestión, como ya hemos sugerido, cuya resolución incumbe a los tribunales; el nota-rio ni tenía competencia para resolver la cuestión ni esta-blece conclusión alguna respecto a ella.

Debe confirmarse la nota puesta por el registrador.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del .Toro y Aldrey.