author: El Juez Asociado Señor HutchisoN

text:
    Lucas Nazario, peticionario y apelante, v. Blanton Winship, Gobernador de Puerto Rico, et als., demandados y apelados.
    Núm. 7862.

    Sometido: Noviembre 10, 1939.

      Resuelto: Mayo 23, 1940.

      Ramón S. Pesquera, abogado del apelante; Ilon. Procurador General George A. Malcolm (E. Campos del Toro, Ex-Procurador General Interino, en el alegato) y Emilio de Aldrey, Procurador General Auxiliar, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN

emitió la opinión del tribunal.

Lucas Nazario, taquígrafo de la Corte de Distrito de Bayamón, instó este recurso para determinar si ciertas dis-posiciones contenidas en una serie de presupuestos que redu-jeron el sueldo del peticionario eran constitucionales. El artículo 34 de la Carta Orgánica dispone en su párrafo 13 que: “Con excepción de aquellos casos en que se disponga lo contrario en esta ley, ninguna ley prorrogará el término de ningún funcionario público, ni aumentará o disminuirá su sueldo o emolumentos después de su elección o nombra-miento. . .”

La sección 2 de la “Ley para crear la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Bayamón, determinar sus funcio-narios y asignar los fondos necesarios para las atenciones de la misma”, aprobada el 28 de abril, 1930 (Leyes de ese año, págs. 415, 417) autorizó al Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado Insular, a nombrar por un período de cuatro años, y basta que sus sucesores fueran designados “los siguientes funcionarios para dicba corte’ ’:

“Un juez, con nn sueldo anual de_$5, 000
“Un fiscal de distrito con nn sueldo anual de— 3, 850
“Un taquígrafo para la Corte, con un sueldo anual de- 1, 452
“Un secretario con un sueldo anual de- 2,400
“Un márshal con un sueldo anual de- 2,400.”

La sección 3 autorizó el nombramiento de un taquígrafo por el juez de distrito, de otro taquígrafo por el fiscal, de un subsecretario archivero e intérprete por el secretario, de un primer submárshal y de un segundo submárshal y de un conserje por el márshal, todos ellos con los sueldos allí especificados. La sección 5 proveía:

“En la ley de presupuestos generales de gastos del Gobierno de Puerto Rico, se asignarán todos los años la suma de $21,375 para el pago de los funcionarios y empleados de dicha corte.”

La cuestión relativa a si el peticionario es un funcionario público dentro del significado del artículo 34, supra, depende, no de la forma en que se hizo su nombramiento ni del hecho de que él estuviera incluido entre los “funcionarios para dicha corte”, ni del “término”' por el cual se íe nombró, sino más bien de la naturaleza y carácter de los deberes a ser cumplidos por él como “taquígrafo para la corte”. Esos deberes no fueron especificados por la ley de 1930, sino por las secciones 3 a 6, inclusives, de la “Ley creando las plazas de taquígrafos-reporters de los tribunales de distrito, determinando sus deberes y fijando sus sueldos y compen-saciones,” aprobada el 10 de marzo de 1904 (Estatutos Revisados de 1911, secciones 1279-1282). Éstas leen así:

“Sección 3. — Dichos taquígrafos deberán tomar correctamente en taquigrafía todos los procedimientos orales que ocurran en dichos tribunales y las declaraciones tomadas en todos los casos que se vean ante dichos tribunales; mas las partes, con el consentimiento del juez, pueden renunciar al derecho de que dicho taquígrafo tome en taqui-grafía cualquiera de dichos procedimientos o declaraciones.
“Sección 4. — -El taquígrafo entregará los records y notas tomadas por él al secretario de la corte de distrito del distrito en que las notas fueron tomadas y celebrado el juicio.
“Sección 5. — Será deber del taquígrafo, al ser requerido por el Attorney General, el fiscal de distrito, o por cualquier persona parte en un pleito en que se hayan tomado notas taquigráficas, proporcio-nar copia escrita en máquina de los autos (records), o de cualquier parte de los mismos, por la cual tendrá derecho a recibir, además de su sueldo, diez centavos como honorario por cada cien palabras, que habrá de satisfacer la parte que solicite aquélla, cuya suma habrá de cargarse como costas de la causa a la. parte vencida en juicio; Dis-poniéndose, que cuando la referida copia sea requerida a nombre del Pueblo de Puerto Rico o por un acusado en una causa criminal, o su abogado, en los casos en que después de una convicción el acusado en una causa criminal pruebe al tribunal, por medio de una declaración jurada o por otro medio, que él no está en condiciones por razón de su pobreza de pagar por la referida copia, requerida como queda dicho, por él o por su abogado, el taquígrafo expedirá gratis tales copias. Y eu todos los casos civiles en que una persona parte en la acción presente una declaración jurada donde conste estar imposibi-litada para satisfacer las costas requeridas por la ley, dicha persona tendrá derecho a: los servicios gratuitos del taquígrafo del tribunal, en los mismos términos en que éste presta sus servicios a los pobres indigentes en las causas criminales y los derechos del taquígrafo se in-cluirán en las costas cuando fueren impuestas a la parte que pudiera pagarlas. Dicha copia del récord constituirá prima facie del acta del juicio y podrá usarse al hacerse cualquier moción para la celebración dé un nuevo juicio, revisión o apelación del mismo, en los casos en que el acta del tribunal sea necesaria.
“Sección 6. — Será deber del taquígrafo entregar dicha copia dentro de treinta días, a partir de la fecha en que ha sido solicitada, a menos que la corte prorrogue dicho plazo que nunca excederá de otros treinta días.”

El juez de distrito en su relación del caso y opinión,' cito con aprobación la opinión emitida por una Corte de Apela-ciones del Estado de Tejas en el caso de Robertson v. Ellis County, 84 S. W. 1097, 1098, así:

“. . . .La ley que autoriza el nombramiento de taquígrafos oficia-les dispone que éstos serán nombrados por los jueces de las cortes de distrito, y declara que serán funcionarios juramentados de la corte y que conservarán sus cargos a voluntad del tribunal, y además que el fin de tal nombramiento es preservar los autos (record) de todos los casos para información de la corte, del jurado y de las partes, y con tal fin, ‘será deber del taquígrafo oficial asistir a todas las sesiones del tribunal; tomar notas taquigráficas completas de la prueba oral en todo caso que se juzgue ante la corte, así como de todas las obje-ciones a la admisibilidad de evidencia, las resoluciones de la corte sobre las mismas y todas las excepciones a dichas resoluciones; pre-servar todas las notas oficiales tomadas en dicha corte para uso O' referencia futuros y suministrar a cualquier persona Una transcrip-ción de toda o parte de dicha evidencia o de cualesquiera otros proce-dimientos, previo pago a él de la correspondiente compensación,’ etc. i Confiere la ley al taquígrafo alguna función soberana de gobierno? Creemos que no. Existe una diferencia muy marcada entre funcio-nario público y empleado público. Conformé dijo el Juez Presidente Marshall, ‘Aunque un. funcionario es un empleado, de ello no se des-prende que todo empleado es nn funcionario. ’ El Sr. Mechera, en su obra sobre funcionarios públicos, dice: ‘La característica más impor-tante que distingue al funcionario del empleado es que la creación del cargo y la designación del funcionario envuelve la delegación al individuo de algunas de las funciones soberanas del Gobierno, a ser ejercitadas por él en beneficio del público; que parte de la soberanía del país, ya sea legislativa, ejecutiva o judicial está depositada en el funcionario en el entretanto, para ser ejercida en beneficio del pú-blico. A menos que los poderes conferidos sean de esta naturaleza, el individuo no es un funcionario público.’ Ahora bien, aunque el he-cho de que el cargo de taquígrafo se designa en la ley que lo crea como ‘funcionario’ y que ésta declara que la persona llamada a de-sempeñar sus deberes ‘será un funcionario juramentado de la corte, ofrece motivos para que se le considere como tal, sin embargo, se cree que el puesto no posee ninguna de las funciones soberanas del poder judicial del Gobierno de que forma parte, para que se le distinga de un mero empleado que desempeña una clase de servicio, bajo la auto-ridad pública, para ayuda y conveniencia de la corte y de las partes litigantes, y que no envuelve discreción o criterio judiciales. La crea-ción del cargo, conforme demuestra el contexto mismo de la ley, no se hizo con otro objeto que el de designar a una persona que tomara ■en taquigrafía la prueba oral ofrecida y los otros procedimientos que envolvieran las objeciones que se hicieran a la admisibilidad de la misma, las resoluciones de la corte y las excepciones a ellas, como sis-tema de preservar todo ello, tal cual surgían, sin demorar los juicios, y para que fuera transcrita y entregada a la corte y a las partes liti-gantes y las ayudara en la preparación rápida y eficaz de los autos, La transcripción de los procedimientos hecha por el taquígrafo no es obligatoria, sin embargo, para la corte, y puede ser adoptada o re-chazada a discreción del juez. Ninguno de los actos que el taquí-grafo está autorizado a realizar es independiente del dominio de otros, o se deposita en él como poder supremo a ser ejercitado como derecho o prerrogativa de un funcionario judicial. Llegamos a la conclusión de que si bien un taquígrafo, bajo el estatuto de este Estado, puede ser, en cierto sentido, un funcionario y el período de su nombramiento puede ser mayor de dos años, no obstante, entre los poderes conferidos al individuo que desempeña el cargo no está incluida aquella función soberana de gobierno que le haga caer dentro del significado de la pa-labra ‘funcionario’ tal cual la misma es usada en el artículo citado de la Constitución. -’ • • •

Véase también De la Vega v. Sancho Bonet, ante, pág. 753, y los casos en él citados.

El apelante se funda en los casos de De la Rosa v. Winship, 47 D.P.R. 330; Martínez v. Junta, 43 D.P.R. 413; Saurí & Subirá v. Sepúlveda, 25 D.P.R. 242; Coll v. Leake, 17 D.P.R. 857; Pueblo v. Foote, 48 D.P.R. 492; Samalea v. Winship, 51 D.P.R. 240; Durand v. Sancho Bonet, 50 D.P.R. 940; James v. Barry, 138 Ky. 656; State v. Porter, 57 Mo. 343; State v. Board of Com’rs. of Sierra County, 29 N. M. 209; Felk v. St. Louis, 250 Mo. 116; McGovern v. Mitchell (Conn.) 63 Atl. 433; United States v. Fisher, 109 U. S. 143; 33 C. J. 953; 46 C. J. 1020; 22 R. C. L. 533, y James v. Cammack, 129 S. W. 582.

En las autoridades anteriores no encontramos razón satisfactoria para revocar la sentencia de la corte de dis-trito.

En su alegato el apelante invoca, sin cita de autoridades, el párrafo 9 del artículo 34 de la Carta Orgánica. La cues-tión así planteada será discutida y resuelta en el caso de Ugarte v. Mac Leod, infra, en el que las partes citan autori-dades en pro y en contra.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison

license: Public Domain

text:
    Eduardo Ugarte, demandante y apelante, v. Leslie A. MacLeod y Rafael Sancho Bonet, en su carácter de Auditor y Tesorero de Puerto Rico, respectivamente, demandados y apelados.
    Núm. 8011.

    Sometido: Enero 23, 1940.

    Resuelto: Mayo 23, 1940.

      C. H. Julia, abogado del apelante; Son. Procurador General George A. Malcolm y Emilio de Aldrey, Procurador General Auxiliar, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

La sección 2 de la “Ley para crear dos plazas de taquígrafo para sala, adicionales, para la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, . . aprobada el 18 de abril de 1928 (leyes de ese año, pág. 129) lee así:

“Dichos empleados serán nombrados por los jueces de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, y disfrutarán de un haber anual de mil ochocientos (1,800) dólares cada uno.”

La cuestión fundamental aquí envuelta es si las disposi-ciones de leyes posteriores de presupuesto que redujeron los sueldos de estos dos taquígrafos son inconstitucionales por infringir el párrafo noveno del artículo 34 de la Carta Orgá-nica, que dispone:

“No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título; pero si algún asunto que no esté expresado en el título fuere incluido en cualquier ley, esa ley será nula solamente en aquella parte de ella que no haya sido expre-sada en el título.”

Existen dos líneas de casos. Ejemplos lo son Hailey v. Huston, 136 P. 212, citado por el apelante, y State v. Clausen, 138 P. 653, por los apelados. En State v. Clausen la Corte Suprema del Estado de Washington dijo:

“Si ]a Asamblea Legislativa puede, en una ley general de presu-puesto, aumentar o no el sueldo de un funcionario cuyo salario ba sido anteriormente fijado por una ley general, y, de poder hacerlo, si el título de la ley general de presupuesto de 1913 es suficiente de acuerdo con el artículo 2, incisos 19 y 37, de la Constitución del Estado, son las cuestiones a resolver. Estas cuestiones se confunden de tal modo que no trataremos de discutirlas separadamente, sino que consideraremos el caso en el orden en que naturalmente se presenta.
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“Si se considerara la ley de presupuesto como una ley enmenda-toria de la de 1890, la contención del querellado de que la misma viola el inciso 37, tendría algún mérito; y es en la teoría de que la ley de presupuesto es una ley enmendatoria de la anterior que los casos ci-tados por el Procurador General Auxiliar se fundan; mas este tribunal ba resuelto que ese inciso no es aplicable a una ley que es completa de por sí, aunque ella derogue implícitamente una ley anterior sobre la misma materia o se le considere como sustituta de una ley anterior sobre el mismo asunto. Esta fase de la ley ba sido dis-cutida tan ampliamente en el caso de Spokane Grain & Fuel Co. v. Lyttaker, 59 Wash. 76, 109 P. 316, que no trataremos de investigarla más ampliamente, sino que más bien procederemos a discutir la cues-tión de si el título de la ley (copiado ya en su totalidad) es suficiente para sostener la ley de presupuesto considerándola como una ley que deroga, o suspende por implicación la ley anterior.
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“A este respecto el querellado nos cita los siguientes casos: State v. Cutler, supra (34 Utah 99, 95 P. 1071); State v. Steele, 57 Tex. 200; State v. Cook, 57 Tex. 205; Hailey v. Huston (Idaho), 136 P. 212.
“El caso de Cutler es contrario a nuestra conclusión. En él la corte procedió en la teoría de que la ley de presupuesto era enmen-datoria de la original, y de que no era una ley completa sobre el mismo asunto. La corte admite:
“ 'Es cierto que resolvimos en el caso de Mill v. Brown, 31 Utah 473, 88 P. 609, 120 Am. St. Rep. 935, y en Marioneaux v. Cutler, 32 Utah 475, 91 P. 355, de conformidad con la gran mayoría de las autori-dacles, que esta disposición constitutional no es aplicable a leyes in-dependientes, y además que cuando existe un conflicto irreconciliable entre una ley posterior y una anterior, la posterior deroga implícita-mente la anterior.’
“El caso de Steele también sostiene la contención del querellado. Examinando el caso de Cook, vemos que él no toca el principio aquí envuelto. En el caso de Huston el sueldo del bibliotecario de la So-ciedad Histórica del Estado había sido fijado por una ley general. La Asamblea Legislativa en el año 1913 asignó una suma mayor m solido para sueldos. EJ título de la ley era en efecto, de no serlo en sus términos, tan amplio como el nuestro. El razonamiento de la corte fué el siguiente: ‘Por cierto no fué la intención que una en-mienda a un estatuto que fijara un sueldo pudiera ser intercalada en una ley general de presupuesto sin hacerse referencia al mismo en el título de la ley. El título de dicha ley de presupuesto no le da a ningún miembro de la Asamblea Legislativa ni a ninguna otra persona la menor idea de la intención de aumentar un sueldo. El ar-tículo de la Constitución que dispone que ninguna ley contendrá más de un asunto y aquellas cuestiones relacionadas con el mismo, y que tal asunto deberá ser expresado en su título, se adoptó con el fin de informar a los miembros de la Asamblea Legislativa, al igual que a los ciudadanos en general, del fin y objeto de la ley, y provee además que toda ley tendrá un solo título y no contendrá más de un asunto.’
“De lo ya dicho se verá que la noción que tenemos del sitio que la persona que trata de determinar el sueldo de un funcionario buscaría no está de acuerdo con la de la corte de Idaho. Dicha corte, al igual que las de Tejas y Utah, consideran la ley que hemos mencionado como enmendatoria más bien qué como una ley completa e inconsti-tucional. La corté no examina la jurisprudencia ni cita autoridades y, a nuestro juicio, la decisión no está sostenida por autoridad alguna ni por un sano juicio. ”

El párrafo 8 del artículo 34 de nuestra Carta Orgánica lee en parte así (bastardillas nuestras): “No se aprobará, ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título. . .” Prohibiciones simi-lares en las Constituciones de los Estados de "Washington y Idaho no parecen haber tenido semejante excepción. Una opinión disidente emitida en el caso de Clausen se basó de plano en el hecho de que el título de la ley de presupuesto no “incluía el asunto de cambio de sueldo de un funciona-rio ”, y no en la disposición constitucional de nuestro párrafo 9, supra. Véase también Spokane Grain & Fuel Co. v. Lyttaker, 59 Wash. 76, 109 P. 316, supra, considerado en el caso de Clausen, a fin de obviar la necesidad de entrar más dete-nidamente en la primera de las dos cuestiones allí presen-tadas. La disposición que prohíbe que se hagan enmiendas a las leyes refiriéndose simplemente a su título es substan-cialmente igual a la nuestra.

En 59 Corpus Juris 868-873, citado por los apelados, hallamos:

“Sección 454. — Cuando se aprueba dina ley como legislación original e independiente y ella es de por sí completa en tanto en cuanto se aplica al asunto propiamente comprendido por -su título, y no exige que uno se refiera a ningún otro estatuto para hacerla inteligi-ble y para determinar su significado y alcance, la misma no cae dentro del espíritu o campo de las disposiciones constitucionales que prohí-ben que se hagan enmiendas por referencia al título solamente y que requieren que los estatutos enmendados sean redactados y publicados de nuevo, tal cual han sido enmendados . . . Tales disposiciones se dirigen contra la práctica de enmendar o revisar leyes o de hacerles otras alteraciones que, sin tener a la vista la ley original, resultan ininteligibles, y se limitan a estatutos que son estrictamente enmen-datorios ....
“Sección 455. — Se ha resuelto uniformemente que las disposicio-nes constitucionales no fueron redactadas con el propósito de abolir el poder de la Asamblea Legislativa de aprobar leyes que enmiendan legislación preexistente tan sólo por inferencia, y si un estatuto o ley es de por sí completo e inteligible sin necesidad de que se haga referencia a otra legislación, no cae dentro de la prohibición de las disposiciones constitucionales por razón del hecho de que enmiendan tácitamente otros estatutos, y no es menester que tales estatutos sean redactados de nuevo y copiados en .su integridad, tal cual han sido modificados.
“Sección 456. — En apoyo de la regla antes enunciada se ha dicho que cualquier disposición legislativa nueva puede decirse que en algún sentido enmienda el sistema anterior de leyes, y que si fuera nece-sario que todos los estatutos anteriores que resultan modificados im-plícitamente por una nueva ley fueran reenactados y publicados de nuevo en su totalidad tal cual quedan modificados, entonces sería necesario publicar de nuevo gran parte de las leyes del Estado en toda sesión legislativa y partes de ellas varias veces, hasta que por la inmensidad del material resultara imposible entender cuál era la ley. Cualquiera otra interpretación que se diera a las disposiciones constitucionales resultaría en un mal mayor que el que se trató de corregir y haría prácticamente imposible legislar.”

Nuestra conclusión es que las disposiciones de las leyes posteriores de presupuesto general que redujeron el sueldo del peticionario no eran inconstitucionales.

Otras cuestiones suscitadas en el alegato del apelante no requieren seria consideración o han sido resueltas adversamente al apelante en los casos de De la Vega v. Sancho Bonet, Tesorero, ante pág. 753, y Nozario v. Winship, ante pág. 837.

Véase también Soto Zaragoza v. MacLeod et al., ante pág, 807.

Debe confirmarse la sentencia de la corte inferior.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Matilde Cardona, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Sres. M. León Parra, Presidente, y F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, demandada; y Ramón Montaner, Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurridos.
    Núm. 195.

    Sometido: Abril 8, 1940.

      Resuelto: Mayo 24, 1940.

      Negrón López <& Negrón López, abogados del recurrente; M. León Parra, abogado de la Comisión; Ilon. Procurador General George A. Malcolm, E. de Aldrey, Procurador General Auxiliar, y Víctor J. Vidal González y Guillermo Atiles Moréu, Asesores Legales los dos últimos del Fondo del Seguro del Estado, abogados del Admi-nistrador recurrido.

       Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Matilde Cardona interpuso el presente recurso de revi-sión alegando substancialmente que el obrero Luis Rodrí-guez Cardona falleció a consecuencia de un accidente del trabajo ocurrido en abril 30, 1939, habiendo resuelto el .Administrador del Fondo del Seguro del Estado que el acci-dente no era uno de los protegidos por la ley sobre la mate-ria, núm. 45 de 1935 ((1) pág. 251).

Que la recurrente apeló para ante la Comisión Industrial y la Comisión después de celebrada una vista en la que ambas partes practicaron prueba testifical confirmó la resolución del Administrador. Pidió reconsideración y le fué negada en febrero 21, 1940.

Que no está conforme porque los hechos del caso son que el obrero Rodríguez trabajaba como ayudante en un truck propiedad del patrono Cities Delivery Express guiado por el chófer Tomás Mas; que el truck esperaba su turno para cargar en la Central Mercedita y cuando llegó el chófer llamó a su ayudante con el nombre de “socio” y como no se presentara dió manigueta y prendió el truck, revolucionando la máquina hacia atrás atrapando a Rodríguez, ocasionándole la muerte.

Que las defensas del Administrador fueron, que el obrero ocupó una posición peligrosa al acostarse debajo del truck y que el obrero fué culpable de negligencia temeraria al con-travenir instrucciones de su patrono de no acostarse debajo de los trucks.

Que la evidencia practicada estableció el hecho del acci-dente que ambas partes aceptaron, sin que ningún testigo declarara que el obrero estuviera acostado debajo del truck, sin que ningún testigo lo viera antes del accidente ni supiera lo que hacía detrás del truck, habiéndose demostrado que el patrono nunca hizo advertencias a sus obreros.

Termina imputando a la Comisión específicamente los siguientes errores:

‘ ‘ 1. — Al no resolver que una vez probado el accidente, correspondía al Administrador del Fondo del Seguro del Estado probar afirmativa-mente los hechos que constituían su defensa.
“2. — Al aplicar erróneamente las teorías de evidencia circunstan-cial a la prueba de este caso. ■ ■ . .
"3. — Al declarar probados dos becbos que no intentó probar el -Administrador del Fondo del Seguro del Estado, y sobre los cuales no bubo prueba alguna, a saber: (a) que el obrero se quedó dormido debajo del truck, y (ó) que el obrero abandonó deliberadamente su trabajo para ir a dormir.
“4. — Al no resolver que' para existir la imprudencia temeraria era necesario que al obrero se le advirtiera el peligro que corría.
“5. — Al resolver que este caso no es compensable de acuerdo con la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935.”

Expedido el auto se señaló la vista para abril 8, 1940. En marzo 25 radicó su alegato la recurrente y en • abril 8 los recurridos. Sus abogados informaron oralmente el ocho y el 22 de abril replicó por escrito la recurrente.

Los becbos que declaró probados la Comisión y a virtud de los cuales confirmó la resolución del Administrador, fueron:

“La evidencia demuestra que Luis Rodríguez Cardona era un auxiliar o ayudante del truck que guiaba Tomás Mas Rivera allá para abril del año 1939 ... Demuestra claramente que ... Mas,... ordenó a su ayudante ... que no se fuera lejos del truck porque dentro de poco iban a cargar, y era el ayudante... quien tenía el deber de darle manigueta al truck mientras el chófer lo aceleraba para empe-zar a correr.
. . que Luis Rodríguez Cardona no estaba listo para trabajar en el momento en que se necesitó, porque cuando el chófer del truck lo llamó para que le diera manigueta para echar a correr el truck y empezar a cargar, ... no respondió. Tomás Mas Rivera llamó re-petidas veces y en alta voz . . . sin que éste contestara ... Pensó .. . que su ayudante estuviera en otro sitio chupando cañas. .. procedió a darle manigueta al carro, y como no podía atender a la vez al acelerador le puso a éste su pedazo de tabla que hiciera peso sobre el acelerador a fin de que cuando él le diera manigueta al truck la má-quina pudiera funcionar, lo que logró... Es cuando... le da reversa al truck que se oyeron los quejidos de una persona y fué entonces que Luis Rodríguez Cardona sale de debajo del truck y de detrás de Jas ruedas traseras del mismo, quejándose y haciendo contorsiones por haberle pasado las ruedas traseras del truck por encima del pe-chó. Ninguno de los testigos declaró haber visto a Luis Rodríguez durmiendo debajo del truck, pero ninguno de los testigos pudo declarar en cuanto a dónde se encontraba ... antes del accidente. Los testigos •vinieron a darse cuenta de que... estaba debajo del truck cuando salió de debajo de éste quejándose y haciendo contorsiones.
. . que Luis Rodríguez Cardona después que bizo los prepara-tivos que tuvo que hacer en el truck antes de que llegara el turno para . . . cargar, se fué y se acostó debajo del truck quedándose allí dormido. Las circunstancias y los hechos así lo demuestran, porque el chófer del truck llamó insistentemente y en alta voz a su ayudante ... y éste no respondió. Esto demuestra que ... 'se quedó dormido debajo del truck y no pudo oír las llamadas que le hacía Tomás Mas Rivera. La evidencia no asegura que el patrono hubiese dado instrucciones a los empleados de trucks de que no dur-mieran debajo de éstos, pero es razonable pensar que debajo de un truck no es un sitio seguro ni confortable para ningún ser humano dormir, y menos aun cuando ese truck está listo, o haciendo turno para cargar o descargar.
“. . . La muerte de Luis Rodríguez Cardona no fué ocasionada porque él se hubiera caído del truck, ni porque sufriera lesiones mien-tras hubiera estado dándole manigueta al truck, ni porque hubiera sido lesionado mientras hubiera tratado de subir al truck, ni porque hubiera sido lesionado por las ruedas traseras del truck al dar éste reversa y en cuyo momento hubiese estado detrás del truck dándole alguna señal o aviso al chófer mientras éste le estuviera dando re-versa al truck. En ninguna de estas circunstancias le ocurrió el acci-dente ... le ocurrió . . . por haberse quedado dormido debajo del truck. Su deber no era acostarse a dormir debajo del truck, ni des-cansar debajo del truck. Un testigo demostró que había otro sitio más adecuado para una persona descansar y protegerse del sol y de la lluvia mientras el truck estuviera parado.”

Y la evidencia practicada ante la Comisión fué así:

Efigenio Rivera, declaró que era chófer de un trucJc de la Cities Delivery Express y Tomás Mas de otro; que el obrero Rodríguez Cardona trabajaba de ayudante con Tomás Mas; que el 30 de abril llegó a la Central Mercedita y paró el carro “al compás del carro de” Mas, que ya estaba allí; que en el asiento del carro de Mas estaba acostado el ayu-dante y Mas “le dijo que preparara el carro que ya pronto iban a cargar; el muchacho se levantó a preparar el Irucli, la compuerta y demás, tendió la lona y mientras tanto Tomás se recostó en el asiento del truck . . . llaman a Tomás para aue venga a cargar y Tomás se baja y empieza a llamar al socio” Rodríguez Cardona; “al no contestar, como ellos tienen la costumbre de irse para los molinos a chupar caña, . . . Tomás fué a prender el truck ... no lo esperó, . . . le dió manigueta y en lo que llegó al acelerador, se apagó ¡h máquina y entonces cogió un pedazo de palo y se lo puso . . . le dió un poquito para atrás y dice él que sintió cuando el carro brincó, yo no vi al hombre acostado en ningún momento, pero entonces ese otro testigo dice que cuando corrió, cuando salió le dijo que parara, que lo pisó y fuimos allí y encontramos que el hombre se estaba revolcando.”

A las siguientes preguntas del Comisionado contestó:

.‘.‘P. — ¿Usted vio a Luis Rodríguez durmiendo debajo del truck! —R.—No, señor. — P.—Si usted ha dicho que durmió, ¿fué porque lo vio o le dijeron! — R.”—Porque se presumía, se dijo que estaba dur-miendo en el asiento del truck.”

José Pietri, chófer de un truck de la Sucesión Méndez, que también se encontraba allí, declaró que avisado Tomás Mas de que había llegado su turno “se fué para el truck . . . y llamó a un muchacho, los trucks estaban frente a frente y entonces él fué a darle manigueta y cuando le dió manigueta se le apagó . . . entonces consiguió un pedazo de palo y le bajó el acelerador y le dió manigueta otra vez, el truck se quedó revolucionando en lo que él daba la vuelta y se montó, pero había otro truck contiguo al de él que le impedía salir para alante, entonces echó hacia atrás y yo vi que así al lado del truck aquel muchacho hacía así, se movía todo ... yo creía en mi imaginación que se estaba haciendo, nosotros mismos los chóferes los gritamos para que se espanten los peones y yo creía que estaba bromeando con el mismo chófer, pero entonces vi que cayó para atrás y entonces yo corrí y le dije a Tomás: ‘mira, le pasaste por encima a ese muchacho\ y entonces él brincó y cuando fuimos donde el muchacho, lo habían pasado las dos ruedas por el pecho.”

A las siguientes preguntas del abogado del obrero con-testó :

“P. — Si un chófer se tarda en ir a coger su turno, ¿qué le pasa?— R. — Mandan a poner otro. — P.—¿Hay que hacerlo con rapidez?— R. — Sí, señor. — P.—T Tomás, ¿no tenía interés en llegar pronto?— R. — Si iba a entrar al turno tenía que hacerlo rápido, si tarda cinco minutos mandan a meter otro truck, porque la máquina de botar azú-car no puede esperar. — P.—¿Usted no sabe si él estaba durmiendo?— R. — No, señor, yo lo vi cuando hacía los movimientos. — P.—¿Usted no sabe si se iba a montar y se cayó? — R.—No, señor, nada de eso.— P. — ¿No sabe si iba pasando, resbaló y se cayó? — R.—Nada.”

Por último declaró el chófer Tomás Mas que “a la una y media de la tarde de ese día”, domingo, ya habían dado dos viajes, y su ayudante que se fue a almorzar, llegó y se acostó en el asiento de alante a dormir, “ya hacía como diez minutos que había llegado el muchacho y yo le dije que no se fuera lejos porque íbamos a cargar, ya que íbamos a entrar lo llamé y no lo encontré, yo lo llamaba socio, porque no sabía el nombre de él, lo llamé y lo llamé y no vino, como ellos se iban a chupar caña a los molinos y nosotros entonces ponía-mos los carros para cargar.” A la pregunta del Comisionado “¿Usted lo llegó a buscar debajo del trwclzf” contestó, “Yo lo llamé.” Continuó declarando: “No me respondió y bus-qué para los molinos y no lo vi . . . entonces le di manigueta al carro y se me apagó, entonces yo tengo un pedazo de ma-dera así y se lo puse al acelerador ... al darle manigueta el motor se revolucionó mucho, al lado estaba el carro de Román y yo le di para atrás al carro y al darle para atrás yo sentí como un grito, me apeé y fui para abajo y fui detrás del carro y vi al muchacho meneándose, me pareció que le había pasado algo y entonces le pregunté qué le pasaba y me dijo que las ruedas le pasaron por el estómago, y entonces lo mandamos en una guagua al pueblo.”

A las siguientes preguntas del Comisionado contestó:

“P. — ¿Usted sabe lo que él hacía detrás de la rueda del carro.?— R. — Yo no sé. — ¿Usted lo vió dormido? — R.—No, señor. — P.—¿No le dijo lo que él hacía debajo del truck? — R.—No, señor— . . . — P.— ¿El salió debajo del truck? — R.—Sí, señor, cuando yo lo vi, ya es-taba fuera del truck.— . . . — P.—¿Pueden los chóferes o los auxilia-res de esos trucks dormir debajo de esos trucks? — R.—Yo creo que no. —P.—¿Porque está prohibido por la corporación? — R.—No, señor.— P. — ¿Ellos le han dado algunas instrucciones de que no duerman de-bajo de los trucks? — R.—Nunca nos la han dado. — P.—¿Y después de esta desgracia? — R.—Después sí.”

A preguntas del abogado del Fondo del Estado contestó:

“P. — Cuando usted levantó del asiento al obrero, a su ayudante, y le dijo que ya iban a ponerse a preparar el carro, ¿usted vió para dónde cogió él? — R.—No lo vi, se me desapareció él, él estaba recos-tado del asiento y yo lo llamé, él hacía rato que había llegado y había preparado el carro. — P.—Cuando usted iba a mover el carro, ¿usted lo llamó?- — R.—Sí, señor.— . . . — P.—¿Y él no apareció? — R.—No apareció. ’ ’

Y a preguntas del abogado del obrero contestó:

“P. — ¿Por qué usted no esperó que llegara Luis para que le diera manigueta al carro? — R.—No podemos esperar, porque cuando piden un carro del almacén, hay que llegar seguido.”

De acuerdo con los términos expresos de la ley que lo autoriza — Num. 45 de 1935, pág. 251 — el recurso de revisión contra las órdenes o decisiones finales de la Comisión Industrial sólo “podrá concederse sobre cuestiones de derecho.’’ Amenguar v. Comisión Industrial, 49 D.P.R. 10; Aguila v. Juliá, 50 D.P.R. 625.

Como hemos podido ver al exponer el caso, para resol-verlo tendremos que revisar la apreciación de la prueba por parte de la Comisión a los efectos de concluir si el accidente puede o no calificarse como del trabajo y si o no el obrero estaba acostado y dormido debajo del truch de su patrono. Tratándose en tal virtud de cuestiones de hecho, sólo podre-mos intervenir con el fallo de la Comisión si encontráramos que no hubo prueba para sostenerlo o si al aplicar la ley para declarar probado el hecho o al hecho tal como se declaró pro-bado se hubiera cometido algún error substancial. Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 781, 785; Umpierre v. Comisión Industrial, 52 D.P.R. 765.

¿Probó la peticionaria nn caso prima facie de accidente del trabajo? Veámoslo.

Como se dijo en Montaner, Amor. v. Comisión Industrial, 53 D.P.R. 197, 199, “De acnerdo con el lenguaje claro del es-tatuto, tres son los requisitos que deben concurrir para que un accidente sea compensable. La lesión debe (a) ser el re-sultado de un acto o función inherente al empleo, (b) haber ocurrido en el curso del empleo, y (c) ser consecuencia del empleo. Si faltare uno de esos requisitos, el accidente no sería compensable.”

La ocurrencia del accidente que produjo la muerte del obrero en el día y sitio indicados por la recurrente, está admitida. Que el obrero trabajaba como ayudante del chófer del truck del patrono, también, y que su muerte ocurrió en horas laborables, en el momento en que el chófer llamaba al obrero para mover el truck y el truck se movía para tomar su carga, surge claro de la prueba.

A nuestro juicio ello es bastante para colocar el caso, prima facie, dentro de la Ley de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo de 1935.

Schneider en su obra “Workmen’s Compensation Law,” vol. II, pág. 1855, tópico 527, de la segunda edición, dice:

“Una persona encontrada muerta en un lugar donde se suponía que estuviera actuando en el curso de su empleo, se presumirá que ha sido muerta en el curso de su empleo.”

Para fundamentar el texto cita: Donlon v. Kips Bay Brewing & Malting Co., App. Div., 179 N.Y.S. 93, 5 W.C.L.J. 429, (1919); Flucker v. Carnegie Steel Co., Pa. (1919), 106 Atl. 192, 3 W.C.L.J. 780, 18 N.C.C.A. 1056; Saunders v. New England Collapsible Tube Co., Conn. (1920), 110 Atl. 538, 6 W.C.L.J. 271; Sparks Milling Co. v. Indus. Comm., Ill. (1920), 127 N.E. 737, 6 W.C.L.J. 299.

Se sostuvo' por el Administrador del Fondo que el caso no era compensable porque el obrero ocupó una posición peligrosa al acostarse debajo del truck y que el obrero contravino las instrucciones contrarias sobre ello dádasle por su patrono. Con respecto a las instrucciones, la defensa quedó descartada por la propia Comisión. No se presentó evidencia para sostenerla. En relación con la posición peligrosa, la Comisión no sólo declaró probado que el obrero se acostó debajo del truck si que se quedó allí dormido. ¿Le proporcionó la evidencia practicada alguna base legal para hacerlo1? De ¡cómo se conteste esta pregunta depende la decisión del recurso.

Al artículo 4, núm. 4, de la Ley Núm. 45 de 1935, pág. 273, prescribe:

“Artículo 4. — No son accidentes compensables del trabajo y no darán por consiguiente, derecho a compensación al obrero, empleado d a sus beneficiarios de acuerdo con esta Ley, los que ocurren en las siguientes circunstancias:
* . i* * . # « ® •
“4. Cuando la imprudencia temeraria del obrero o empleado haya sido la única causa de la lesión.”

Y en el citado caso de Umpierre v. Comisión, 52 D.P.R. 765, 768 y siguientes, esta corte por medio de su Juez Asa-ciado Sr. Travieso, se expresó así:

“Para que el acto del obrero pueda ser calificado como impruden-cia temeraria (wilful misconduct) y se le pueda negar la compensa-ción, es necesario probar que el obrero actuó en contravención de ór-denes expresas de su patrono y después de haber sido advertido del peligro que correría en la realización del acto prohibido. Así lo sostiene toda la jurisprudencia citada por el recurrente. Como ejem-plos citaremos los siguientes casos:
“ ‘Lesiones resultantes de actos realizados en directa hostilidad y como un reto a las órdenes positivas del patrono referentes a ins-trumentalidades, sitios o cosas con respecto a los cuales el empleado no tiene obligación alguna que cumplir, y con los cuales su empleo no está relacionado, no son compensables.’ (Itálicas nuestras.) Dickey v. Pittsburgh & L. E. R. Co., 297 Pa. 172, 146 Atl. 543.
“ ‘Si un empleado va a nn departamento que no es el suyo, y es lesionado mientras trata de realizar precipitadamente un trabajo que él está autorizado a hacer en su departamento, la lesión no ha sido recibida en el curso del empleo, cuando existe una regla conocida por el empleado qu,e restringe las actividades de los empleados a su propio departamento.’ (Itálicas nuestras.) Hyatt v. U. S. Rubber Reclaiming Co., 230 App. Div. (N. Y.) 743, 243 N. Y. Supp. 474.
“ ‘Un empleado que es lesionado en un departamento de la planta de su patrono, al cual, por razón del riesgo de que pudiera ser lesio-nado, se le había dicho positivcumente por sus siuperiores que no fuera, no fué lesionado en el curso de su empleo; especialmente cuando fué a ese departamento a hacer trabajos para su propia conveniencia y liara su beneficio pecuniario.’ (Itálicas nuestras.) Kasper v. Liberty Foundry Co., (1932) Mo. App. 54 S. W. 2d 1002.
“Los numerosos casos citados por el recurrente sostienen la doc-trina de que un empleado es culpable de imprudencia temeraria (wilful misconduct) y pierde su derecho a ser indemnizado, cuando después de haber sido advertido por su patrono del peligro que corre realiza el acto prohibido y asume el riesgo de ser lesionado. La im-prudencia temeraria es algo más que la negligencia; envuelve la idea de una conducta cuasi criminal o sea la deliberada intención de rea-lizar un acto prohibido con pleno conocimiento de sus probables con-secuencias. Véanse: Clark v. Los Angeles Country, 1 Cal. I. A. C.; Haffenayer v. United Keanograph Film Mfg. Co., 1 Cal. A. C. Dec. 620. El recurrente, al invocar esa doctrina como la applicable al caso de autos, dice en su alegato:
“ ‘La jurisprudencia ha llegado a sostener definitivamente en ca-sos de esta naturaleza, que un empleado que viola órdenes expresas de su patrono y que sean dadas para su protección, se sale ‘ ‘ del curso de su empleo,” y si resulta lesionado, dicha lesión no ha sido recibida “en el curso de su empleo” ni “por motivo de su empleo” que son requisitos esenciales para determinar responsabilidad.’ (Itálicas nuestras.)
“Sostiene además la jurisprudencia que el peso de la prueba, cuando se alega imprudencia temeraria, descansa sobre el demandado; que la defensa no queda debidamente probada cuando hay duda sobre la deliberada y temeraria exposición al peligro; y que cuando la lesión causa la muerte, la evidencia debe ser clara e inequívoca y de tal grado que establezca la defensa más allá de toda duda razonable, por el hecho de que los labios del obrero, sellados por la muerte, no pueden hacerse oír en su propia defensa. Véanse: Hedges v. City of Los Angeles, 1 Cal. I. A. C. Dec. 394; Honnold Vol. 1 pág. 568; Freid v. Smith Lumber Co., 2 Cal. I. A. C. Dec. 117.
“Somos de opinion que el patrono en el caso de autos no ha esta-blecido satisfactoriamente su defensa de imprudencia temeraria. Ya hemos hecho constar que la prueba aducida para establecer el hecho de que Villanueva había recibido órdenes expresas del patrono es insufi-ciente. No habiéndose presentado prueba clara e inequívoca de que el obrero fuera expresamente advertido del peligro, y considerando que dicho obrero se encontraba en el truck con el consentimiento del pa-trono, en funciones de su empleo de conducir piedra desde la cantera para entregarla en la obra, no estamos autorizados para presumir que el acto de tratar de pasar desde la piedra en que iba sentado al sitio junto al chófer fuera realizado por Villanueva con el propósito delibe-rado de violar las órdenes de su patrono y de asumir el riesgo de ser lesionado. Más lógica sería la presunción de que Villanueva tan sólo trataba de encontrar un asiento menos peligroso y más cómodo que el que su patrono le había asignado sobre la piedráT; No hubo error en la aplicación de la ley a los hechos que la comisión consideró probados. No erró la comisión al resolver que él accidente ocurrió en el curso del empleo del obrero y que el caso es compensable de acuerdo con la ley vigente. ’ ’

La propia Comisión recurrida admite que “ninguno de los testigos declaró haber visto a Luis Rodríguez Cardona dur-miendo debajo del truck.” Eso no obstante, concluye que es-taba acostado durmiendo debajo del truck porque tampoco “ninguno de los testigos pudo declarar en cuanto a dónde se encontraba” y porque llamado insistentemente y en alta voz, no respondió. Esto es, admite la Comisión que no hubo evi-dencia directa, pero sostiene que la hubo indirecta, del hecho esencial que declaró probado.

Repetidamente se ha resuelto que la evidencia circunstan-cial, indirecta o indieiaria es prueba suficiente y a veces de las más seguras, pero se ha agregado que es necesario que resulte incompatible con cualquiera hipótesis racional que pueda hacerse en relación con la inocencia del acusado. Y aquí en verdad la evidencia circunstancial es compatible con algunas otras hipótesis racionales aparte de la que consideró como única la Comisión. Pudo el obrero dejar de contestar por otros motivos, siendo algo que llama la atención el que si estaba acostado durmiendo debajo del truck, no desper-tara con el ruido de la máquina ni fuera visto por el chófer cuando bajó a darle manigueta. El obrero pudo haberse se-parado momentáneamente del truck, pudo responder y no ser oído por el chófer debido al ruido de la máquina y pudo ser cogido por ésta en el instante de llegar a ella, al ser movida precipitadamente por el chófer a los fines de no perder su turno en la carga del azúcar.

Siendo ello así, creemos que la conclusión a que llegara la Comisión con respecto al único hecho que podría ex-cluir este caso de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, carece de base legal. Si alguna duda existiera, debe resolverse en favor de la inclusión, dado el espíritu liberal en que la ley se inspira que tiende a no dejar sin protección al obrero o a los que de su trabajo dependían para su sostenimiento.

Debe revocarse la resolución recurrida y devolverse el caso a la Comisión para que fije la indemnización que proceda, de acuerdo con la ley.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Ramón Morales Solá, demandante y apelante, v. The Federal Land Bank of Baltimore, demandado y apelado.
    Núm. 7926.

    Sometido: Diciembre 20, 1939.

      Resuelto: Mayo 24, 1940.

      Federico Virella y Carlos D. 'Vázquez, abogados del apelante; Frank Martínez, Antonio It. Barceló y Sebastián Gdrcía Díaz, abogados del apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

. En 1926 el demandante llamón Morales Sola, sn esposa e hijos, residían en una casa ubicada en una finca de 34 cuerdas perteneciente- a ellos. El 15 de mayo de dicho año el deman-dante y su esposa hipotecaron la referida finca al Federal Land Bank of Baltimore para garantizar la suma de $2,200, intereses al 6%, etc. Esta suma no fué pagada a su venci-miento y el banco procedió a ejecutar la hipoteca. El caso fué posteriormente trasladado a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico y la propiedad fué allí vendida y adjudicada al banco en pago de su crédito, ascen-dente a $2,713. La subasta tuvo lugar el 18 de septiembre de 1936.

El presente litigio es en cobro de la suma de $500 que el demandante reclama en concepto de hogar seguro. El pleito fué iniciado el 11 de agosto de 1937 y la demanda enmendada presentada el 6 de julio de 1938. El pleito fué entablado en la Corte de Distrito de San Juan. Se adujeron varias de-fensas y el 2 de noviembre de 1938 la corte de distrito, luego de sostener xma excepción previa, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda.

El motivo principal de la sentencia fné que la acción para reclamar el derecho de hogar seguro había prescrito, de con-formidad con la sección 6 de la Ley núm. 87 de 1936 (Leyes de ese año, pág. 461, que lee:

“En caso de no formularse reclamación alguna ante el oficial en-cargado de verificar ]a subasta, la persona con derecho a la reclama-ción de homestead podrá dentro del término de sesenta (60) días, contados desde la fecha en que la subasta se celebró, entablar acción ordinaria correspondiente.”

En apelación el primer señalamiento de error lee como sigue:

“Primero. La Honorable Corte sentenciadora cometió error al aplicar a este caso las disposiciones de la Ley núm. 87 que empezó a regir el 13 de agosto de 1936, y al no resolver el mismo de acuerdo con la ley aprobada el 12 de marzo de 1903 que regía cuando se ce-lebró el contrato de hipoteca que culminó en la venta de la finca en la cual tenía el demandante constituido su hogar seguro. ’ ’

El fundamento principal de la parte apelante es, según hemos dicho, qu» el estatuto aplicable no es la ley de 1936 sino la de 1903. La de 1936 es la que rige hoy en día y fue la intención de la Asamblea Legislativa que ella se aplicara a todos aquellos casos en que una persona tuviera un derecho de hogar seguro. Necesariamente, la inmensa mayoría de los derechos de hogar seguro no han llegado al punto de ser ejecutados o reclamados, y esto era así en 1936. Por consiguiente, la ley de 1936 era en todos sus términos aplicable a la persona corriente que alegara tener un derecho de hogar seguro, y ello era así aunque la potencialidad del derecho ya existiera o fuera a crearse posteriormente.

El principio es bastante claro de que el término prescriptivo de una causa de acción puede ser modificado a voluntad de la Asamblea Legislativa, siempre que se conceda un término razonable para radicar el litigio. Rijos v. Folgueras, 16 D.P.R. 624, 628; Jesús v. Sucn. Pérez, 18 D.P.R. 403; Santiago v. Sucn. Matta, 19 D.P.R. 169; Terry v. Anderson, 95 U.S. 632. Más especialmente, el artículo 1839 del Código Civil (ed. de 1930) provee:

“La prescripción comenzada antes de la publicación de este código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si, desde que fuere puesto en observancia, transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes ante-riores se requiriese mayor lapso de tiempo.”

Sostuvimos este principio en el caso de Ortiz v. Sucn. Stella, 47 D.P.R. 117. Véanse también Kuinlam v. Meléndez, 6 D.P.R. (segunda edición) 231, y Terry v. Anderson, 95 U.S. 628, supra.

El segundo señalamiento de error lee así:

“Segundo. La corte a quo erró al resolver que la sección sexta de la ley sobre hogar seguro que comenzó a regir el 13 de agosto de 1936 establece un término fatal de sesenta días para el ejercicio de la ac-ción reclamando e] derecho de hogar seguro y cuyo término no está sujeto a las reglas relativas a la interrupción del término preserip-tivo.”

La ley de 1936 hizo varias cosas para proteger el derecho de hogar seguro, mas aparentemente abolió todo otro remedio, excepto la reclamación de $500 si la propiedad en cuestión se vendía por una suma en exceso de esa cantidad.

La ley de 1936 protegía el derecho de hogar seguro y prohibía toda renuncia o abandono del mismo. A su vez y ut finis sit litium la Asamblea Legislativa fijó el período dentro del cual debía entablarse el pleito.

Mas el apelante sostiene que el término prescriptivo fué interrumpido por reclamaciones extrajudiciales, conforme se alegaba en la demanda. El derecho de hogar seguro está sujeto a la voluntad de la Asamblea Legislativa y la limi-tación aquí puesta no varía por reclamaciones extra judicia-les, de haberse hecho éstas. Así hemos considerado el tér-mino de prescripción bajo el derecho de retracto y resuelto que tal derecho no podía ejercitarse una vez transcurrido el período fijado por el estatuto. Felici v. Ribas, 11 D.P.R. 539. El estatuto es una limitación al período concedido para ejercitar el remedio.

Hemos tenido un poco más de dificultad con la cuestión de si los sesenta días mencionados en la Ley núm. 87 eran un período fatal y si abolían totalmente la reclamación por la' suma de $500 que se hace en este recurso. La ley de 1936 es comprensiva en sus términos y deroga enteramente la de 1903. Su propósito fue cubrir todo el campo y en ella vemos la intención por parte de la Asamblea Legislativa de hacer que el reclamante del derecho de hogar seguro actúe con razonable prontitud. No estamos considerando ahora los ca-sos en que un apelante trata de suscitar la cuestión de que no fué debidamente notificado de la subasta, de los fraudes o de otras cuestiones que son materia de excepción.

Debe confirmarse la sentencia, apelada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Eugenia Montalvo, demandante y apelada, v. Zoilo Ferrero Acosta, Administrador Judicial de los bienes relictos al fallecimiento de Angel Ferrero Acosta, demandado y apelante.
    Núm. 8014.

    Sometido: Marzo 6, 1940.

      Resuelto: Mayo 24, 1940.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; Frank Torres, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La demandante reclama del Administrador Judicial de los bienes del difunto Angel Ferrero la suma de $339.50 prestados por ella a Ferrero mientras ambos vivían en con-cubinato. Alega que Ferrero le ofreció devolverle la suma prestádale tan pronto le pagasen su bono como soldado; que Ferrero se enfermó y murió sin pagarle dicha suma; y que el administrador demandado se ha negado a reconocer y pagar la deuda del finado.

El demandado, después de negar los hechos esenciales de la demanda interpuso las siguientes defensas:

(1) Que Ferrero dejó como herederos a sus hermanos Zoilo, Juan y Bemedio Ferrero y Acosta, quienes son partes necesarias en esta aee’ón y no han sido incluidos como demandados.
(2) Que el demandado Zoilo Ferrero fué nombrado administrador judicial interino y no ha sido aún nombrado en propiedad, y que como tal administrador interino no puede ser demandado en esta acción.
(3) Que la reclamación de la demandante es fraudulenta porque ésta trató de hacerse pasar por viuda de Angel Ferrero ante el Veterans’ Bureau de los Estados Unidos con el propósito de cobrar el bono que como soldado correspondía a Ferrero.

Fallado el pleito en su contra, apeló el demandado, ale-gando que la Oorte de Distrito de Ponee erró al declarar-que el administrador judicial interino podía ser demandado en esta acción; al declarar sin lugar la defensa de falta de jurisdicción por no estar ante la corte todas las partes nece-sarias en la acción; y al dictar una sentencia que no está sostenida por la evidencia.

Hemos examinado la evidencia presentada por ambas partes. La de la demandante, a la cual dio entero crédito la corte sentenciadora, es a nuestro juicio ampliamente suficiente para sostener las alegaciones de la demanda y justificar la sentencia recurrida. La del demandado estableció un conflicto, el cual fue resuelto en su contra por el tribunal inferior. Y no apareciendo que éste baya actuado con parcialidad o movido por la pasión o el prejuicio o que baya errado en la apreciación de la prueba, nos sentimos obligados a respetar su fallo.

Los dos primeros señalamientos pueden ser discutidos conjuntamente. Ni de las alegaciones ni de la prueba practicada aparece que con anterioridad a la fecba de radicación de la demanda se hiciera una declaración de herederos a favor de los alegados hermanos del difunto Ángel Ferrero. Mientras esa declaración no se baga, la representación jurídica de la persona del difunto intestado la tiene el administrador judicial. En Pérez, Administrador judicial, v. Zeda, 35 D.P.R. 329, al resolver esa misma cuestión, esta Corte Suprema se expresó así:

“Por una ficción de la ley el administrador es la continuación ju-rídica de la persona del difunto y de ahí es la autoridad de aquél para representarle en todos los pleitos que se promuevan contra la herencia o de ejercitar las acciones que procedan en pro de la misma. Pero esta continuación de la persona del causante está limitada úni-camente al período que media desde el fallecimiento hasta la decla-ración de herederos. Después de esto el papel del administrador se contrae, como en los juicios de testamentaría, a los actos de mera ad-ministración y a los que sean indispensables para llenar los deberes de su cargo.
* * «< * * * *
“En la demanda se alega que fallecido Vicente Irizarry se hizo la declaración de herederos en favor de sus hijos y aparece claro la falta de capacidad legal del administrador para iniciar esta ac-ción, ...”

Véanse: Manresa, Ley de Enjuiciamiento Civil, Tomo 4, pág. 496; artículo 51, Ley de Procedimientos Legales, Especiales (artículo 584, Código de Enjuiciamiento Civil, 1933), y Franceschi v. Corte, 45 D.P.R. 666, 674.

Es deber de todo administrador satisfacer las deudas legítimas del finado dentro de un plazo razonable, con intervención de los herederos, o, en su defecto, de la corte de distrito. El acreedor puede reclamar judicialmente el pago de su crédito, sin necesidad de presentar previamente una reclamación al administrador. Artículos 60- y 61, Ley de Procedimientos Legales Especiales; Banco de Ponce v. Hernández, Viuda de Hatch, 37 D.P.R. 756. La ley no establece distinción alguna entre el administrador permanente y el administrador interino. Tanto el uno como el otro tienen el deber de hacerse cargo de los bienes y efectos del finado. Y uno y otro — “todo administrador,” dice la ley — tienen el deber de satisfacer las deudas del finado.

En el presente caso, no habiéndose alegado ni probado que se hubiera hecho una declaración de herederos, debemos resolver que el demandante procedió correctamente al dirigir su acción contra el administrador judicial, y que los hermanos del difunto no eran partes necesarias en el pleito.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor de Jesús

text:
    Sucn. Pedro Giusti, Inc., demandante y apelada, v. Manuel V. Domenech, en su carácter de Tesorero de P. R., demandado y apelante.

      Núm. 8031.

    Sometido: Abril 26, 1940.

      Resuelto: Mayo 24, 1940.

      Hon. Procu/rador General George A. Malcolm (B. Fernández García; Ex-Pr o curador General, en el alegato) y M. Rodríguez Ramos, abo-gados del apelante; Mariano Acosta Velarde, abogado de la ape-lada.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Las planillas de contribuciones sobre ingresos que para el año natural que expiró el 31 de diciembre de 1929 pre-sentó la demandante, demostraron un ing’reso neto de $2,487.60. Practicada la correspondiente investigación, el 23 de mayo de 1931 el Tesorero notificó a la contribuyente ciertas deficiencias que elevaban el ingreso neto sujeto a contribución a la cantidad de $11,029.30. No conforme la contribuyente, recurrió en alzada para ante la Junta de Revi-sión e Igualamiento, y confirmada que fué la resolución del Tesorero, pagó la contribución bajo protesta e interpuso este pleito para recobrar la cantidad que en exceso de la pagada de conformidad con sus planillas le babía cobrado el deman-dado, alegando la contribuyente que la actuación del deman-dado al eliminar de sus deducciones ciertas partidas y reducir otras, era arbitraria e ilegal, y que por consiguiente la cantidad adicional eobrádale como resultado del aumento del ingreso neto había sido ilegalmente cobrada, por lo que pro-cedía sn devolución a la demandante.

La corte inferior sostuvo la resolución del Tesorero con-firmada por la Junta de Revisión e Igualamiento, con la sola excepción de la cantidad de $3,300 que había sido deducida de otra mayor que alegaba la demandante había pagado en concepto de salarios a sus directores María G. de G-iusti y Odette Giusti suma que dispuso la corte fuese deducida del ingreso neto, hecho lo cual debería liquidarse de nuevo la contribución y devolverse a la demandante la cantidad corres-pondiente. No apeló la demandante, pero habiendo inter-puesto este recurso el demandado, la única cuestión a resolver ahora es si la demandante apelada tiene derecho a deducir de su ingreso bruto la cantidad de $3,300.

En su contestación alegó el demandado que había hecho dicha rebaja por estimar que la suma reclamada por concepto de sueldo de sus oficiales era arbitraria, ilegal y excesiva. El demandado asume la posición de que la demandante es una corporación de familia (a family corporation), y que las cantidades así pagadas, aunque aparentemente en concepto de sueldos, en realidad fue una distribución de dividendos.

Parece haber impresionado fuertemente a la corte q quo la evidencia que con la tenaz oposición del demandado pre-sentó la demandante al efecto de que en las planillas indi-viduales de María y Odette Giusti, ellas habían declarado como ingresos los sueldos de $6,000 y $1,200 anuales recibi-dos de la demandante en el año 1929, y que dichas sumas fueron aceptadas y sobre ellas cobrada contribución por el Tesorero.

Resolviendo esta cuestión, dijo la corte sentenciadora:

“Estimo que la cantidad de $1,200 y de $6,000 para doña Odette Giusti y doña María G. de Giusti, respectivamente, no son irrazona-blemente exageradas. De acuerdo con esto ha debido concederse un crédito por sueldos ascendentes a $3,300 en la planilla de ingresos de la demandante.” (L. de S., pág. 19.)

Más adelante repitió la misma corte en el cnrso de su opinión:

“El hecho de que el demandante sea un familiar de la corporación (sic), como alega el demandado en su alegato, no quiere decir que sus directores y empleados no tengan derecho a un sueldo o compensa-ción razonable si realmente prestan servicios personales a la corpora-ción. No hay prueba alguna de que estas personas no presten servi-cios a la corporación. Por el contrario, el Sr. ’Giusti declaró en cuanto a los servicios que rinde (él). Debió el Tesorero haber traído prueba que sustuviera sv,s contenciones.” (Paréntesis y bastardillas nues-tros. )

Conviene consignar aquí que del récord no aparece la más insignificante evidencia tendente a demostrar qué clase de trabajo hacían, si es que alguno hacían para la corporación, la Sra. y la Srta. G-iusti. A pesar de esa absoluta ausencia de prueba, la corte sentenciadora llegó a la conclusión que aparece en el párrafo transcrito.

La cuestión suscitada en este recurso no es nueva en esta jurisdicción. Fué levantada de la misma manera en el caso de Sobrino de Izquierdo Inc. v. Sancho Bonet, Tesorero, ante, pág. 182. Se dijo entonces por este tribunal:

“ ‘El hecho de que el Sr. Trigo declarase en sus planillas indivi-duales las mismas cantidades que declaró la demandante haberle pa-gado, y el hecho de que el demandado recibiese del Sr. Trigo la con-tribución correspondiente a dichas cantidades, no impide al Tesorero rechazar en todo o en parte dichas sumas como dedueibles del ingreso bruto de la demandante. Esas circunstancias sólo indican que en verdad la demandante pagó al Sr. Trigo las cantidades en cuestión, Austin v. United States, 28 F. (2d) 677, de lo cual no abrigamos duda alguna, especialmente teniendo en cuenta que dado el interés que tiene el Sr. Trigo en la corporación demandante, bien podría decir parafraseando a Luis XIV, “la corporación soy yo.”
“ ‘Pero no es ésa la cuestión a resolver, pues aunque se presumen válidos los contratos infra vires celebrados por una Junta de Directo-res, sin embargo, en lo que a salario respecta, su fijación no es conclu-yente en cuanto al Gobierno, teniendo éste el derecho que le concede la ley de investigar y determinar si lo que se dice pagado por concepto de salario lo es en realidad, o si por el c’ontrario bajo ese disfraz se distribuyen beneficios. H. L. Trimyer & Co. v. Noel, 28 F. (2d) 781. No puede el Gobierno al determinar la contribución sobre ingresos de una corporación, bajo una ley que como la nuestra permite la deducción de salarios necesarios realmente pagados, inves-tigar y determinar si los salarios pagados a los oficiales de la corpo-ración están en relación con los servicios realmente prestados; pero sí puede el Gobierno atacar el pago bajo la teoría de que no es pago de salario, sino distribución de dividendos. United States v. Philadelphia Knitting Mills, 15 A.L.R. 1303.
‘Sentados estos principios, y sin perder de vista que la corpora-ción demandante tiene el peso de la prueba para demostrar que las cantidades que alega baber pagado como salarios formaban parte de sus gastos ordinarios y necesarios para el mantenimiento y operación del negocio, Botany Worsted Mills v. United States (278 U. S. 282), 73 L. ed. 282, procederemos a determinar si la evidencia de la deman-dante demuestra que las cantidades pagadas al Sr. Trigo y recha-zadas por la Junta de Revisión e Igualamiento no fueron distribución de beneficios y sí pago de salarios por servicios necesarios realmente prestados por el Sr. Trigo.’ ”

De acuerdo con la doctrina establecida en el caso citado, incumbía a la demandante y no al demandado probar que la partida deducida de los salarios formaba parte de sus gastos ordinarios y necesarios para el mantenimiento y ope-ración de su negocio, no siendo necesario, como equivocada-mente creyó la corte sentenciadora, que el Tesorero tuviese que traer prueba para sostener sus contenciones. Pero la apelada arguye que como la corte sentenciadora declaró pro-bado que los sueldos en cuestión no eran “irrazonablemente exagerados”, este tribunal tiene que aceptar esa conclusión como un hecho cierto a los efectos de este recurso. Si con esa conclusión significó la corte que el pago de dichos sala-.rios, en lo que a la parte rechazada respecta, no equivale a una distribución de dividendos, ¿qué evidencia tuvo ante sí que justificara tal conclusión?

Para que un tribunal de apelación esté obligado por la apreciación que de la prueba hiciere la corte sentenciadora, se requiere por lo menos que dicha corte haya tenido ante sí alguna evidencia que apreciar, pero cuando, como en el' presente caso, la ausencia de prueba sobre el' particular es absoluta, la conclusión a que pueda llegar la corte inferior considerando probado un becbo, carece de base y cae por su peso, y siendo ello así, el llegar a tal conclusión consti-tuye error manifiesto, no pudiendo ser aceptada por el tribunal de apelación.

Como incumbía a la demandante probar que las cantida-des que rechazó el demandado de la partida de sueldos fueron pagadas como compensación razonable por servicios real-mente prestados a la demandante, y en consecuencia que no era una distribución de dividendos, no habiéndolo probado, procede declarar con lugar el recurso, revocar la sentencia apelada y en su lugar dictar otra desestimando la. demanda, con costas a la demandante.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resultado.


author: El J ubz Asociado Señor Wole

text:
    Eduardo Ortiz Reyes y José Peña, personalmente y en representación del derecho e interés de otros en la misma clase, peticionarios, apelados y apelantes, v. Leslie A. MacLeod, Auditor de Puerto Rico, querellado, apelante y apelado.
    Núm. 7935.

    Sometido: Diciembre 14, 1939.

      Resuelto: Mayo 28, 1940.

      R. Martínez Nadal, Miguel A. García Méndez, Celestino Iria/rte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, abogados de los peticio-narios, apelados y apelantes; Ron. Procurador General George A. Malcolm {B. Fernández García, Ex-Procurador General, en el ale-gato) y E. Campos del Toro*, Procurador General Auxiliar y E. Córdova Díaz, Svibprocurador, abogados de el querellado, apelante y apelado.
   El J ubz Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

A nombre propio y de aquellas otras personas qne pudie - ran estar en condiciones similares, Eduardo Ortiz Reyes y José Peña presentaron demanda de injunction en solicitud de que se ordenara al Contador de Puerto Rico que se abs-tuviera de desaprobar, retener o interrumpir en forma alguna el pago de los sueldos de los peticionarios y de las personas por ellos representadas, todo ello de acuerdo con las dispo-siciones de la Ley núm. 324 de mayo 15, 1938 (leyes de ese año, pág. 593). Esa ley especificaba cierto número de per-sonas cuyos deberes se definían y cuyos sueldos se ordenába-se pagaran de conformidad con la misma. En apoyo de su proceder, la Asamblea Legislativa se basó, bien en su Reso-lución Conjunta de 1917, o específicamente designó y definió ciertos funcionarios que debían ser pagados. Esa ley tam-bién contiene el disponiéndose de que los empleados tempo-reros serán pagados de la partida “Imprevistos” del Senado y la Cámara. La ley de 1938, supra, era en realidad el presupuesto para el año fiscal 1938-1939.

El Contador, por mediación de la oficina del Fiscal General, contestó. En una estipulación suscrita por las partes se convino en todos los hechos del caso.

La Corte de Distrito de San Juan, mediante injunction, sostuvo la actuación de la Asamblea Legislativa en tanto en cuanto los deberes de los empleados allí especificados esta-ban definidos por la Ley General de Presupuesto o por cual-quiera otra ley o resolución anterior, mas se negó a aprobar ciertos otros empleados conocidos por “temporeros” cuyos ' sueldos no estaban especialmente especificados en el presu-' puesto, sino que eran fijados por los presidentes del Senado y la Cámara.

El Contador de Puerto Rico apeló de la sentencia dictada por la corte inferior en tanto en cuanto ésta declaró con lugar .el injunction. Las personas específicas cuyos sueldos no se ordenó se pagara, digamos así, también apelaron. Sus abogados obtuvieron un número de prórrogas para radicar su alegato, pero nunca lo presentaron. Creemos que debe constar claramente que, ora se sostenga o no la opinión de la corte de distrito, estos últimos apelantes no ban presentado un buen caso.

La controversia gira, según convinieron las partes, en torno a la interpretación que ba de dársele a los siguientes párrafos del artículo 34 de la Carta Orgánica:

“Ninguna ley será restablecida o enmendada ni se dará mayor alcance a sus disposiciones, ni se conferirán las facultades en ella con-tenidas, haciendo referencia a su título solamente, sino que toda la parte de ella que sea restablecida, enmendada, extendida o conferida será decretada nuevamente y publicada en su totalidad.
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“La Asamblea Legislativa prescribirá por ley el número, deberes y remuneración de los funcionarios y empleados de cada Cámara; y ningún pago con fondos del Tesoro por servicios a la Asamblea Le-gislativa, se hará ni se autorizará en modo alguno a favor de ninguna persona, a no ser un funcionario o empleado en servicio activo elegido o nombrado en cumplimiento de la ley.
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“El proyecto de presupuesto general no comprenderá nada más que asignaciones para los gastos ordinarios de los departamentos ejecu-tivo, legislativo y judicial, para el pago de intereses de la deuda pública y para escuelas públicas. Todas las demás asignaciones se consignarán en proyectos separados, abarcando cada uno una sola materia. ’ ’

El Contador parece sostener a veces que la Ley de Pre-supuesto General no puede considerarse como que tiene su origen en un proyecto, tal cual generalmente se usa la pala-bra “proyecto” en la Carta Orgánica. Ella no tiene que ser presentada dentro del término de cuarenta días y se bacen varias excepciones a su favor. El Contador, sin embargo, realmente admite que para ciertos fines la Ley de Presu-puesto General debe ser tenida como un proyecto, toda vez que tiene que ser considerada en comisión e informada a ■ambas cámaras. Un número de cortes ba resuelto que la Ley de Presupuesto General puede crear ciertos cargos o empleos, y que sería absurdo exigir que todo funcionario incidental del gobierno sea nombrado y sus deberes definidos en un proyecto separado.

Algunas de las disposiciones anteriores fian sido discuti-das recientemente en los casos de: De la Vega v. Sancho Bonet, ante, pág. 753; Soto Zaragoza v. MacLeod, ante, pag. 807; Nazario v. Winship, ante, pág. 837; y Ugarte v. MacLeod, ante, pág. 842.

Creemos que la contención principal gira en tomo al llamado párrafo 15 del Artículo 34 de la Carta Orgánica que copiaremos de nuevo:

“El proyecto de presupuesto general no comprenderá nada más que asignaciones para los gastos ordinarios de los departamentos eje-cutivo, legislativo y judicial, para el pago de intereses de la deuda pública y para escuelas públicas. Todas las demás asignaciones se consignarán en proyectos separados, abarcando cada uno una sola materia. ’ ’

No tenemos que hacer una relación estricta de estas varias disposiciones constitucionales. Ha sido muy bien hecha tanto en la opinión de la corte inferior como en el alegato del Contador. Algunos de los casos que sostienen el criterio de que el presupuesto puede crear cierto número de funcio-narios son los siguientes: Commonwealth ex rel. Greene v. Gregg, 161 Pa. 582, 29 Atl. 297; State v. Clausen, 139 P. 653, y Lewis v. Colgan, 47 P. 357.

Copiaremos' unos cuantos párrafos del caso de Greeno, supra:

"La única cuestión presentada es si la partida en el presupuesto general de 1893, que asigna cierta suma ‘para el pago de sueldo de un secretario en la oficina de los protonotarios de la Corte Suprema’ etc., es una orden válida al Contador General y al Tesorero del estado para que expidan y paguen libramientos para tal fin. La corte inferior resolvió que toda vez que la compensación del protonotario ha sido fijada por las leyes de febrero 22, 1821, y abril 2, 1868, y puesto que la presente ley no impone nuevos deberes, ello equivalía a una mera donación, que violaba los preceptos constitucionales. Empero, al así resolverlo, la corte inferior tuvo el cuidado de decir, que ‘no tenía duda de que la Asamblea Legislativa podía legalmente crear el cargo de secretario del protonotario de la Corte Suprema, y proveer su compensación mediante la fijación de un sueldo, al igual que por ley podía aumentar los honorarios o la remuneración del protonotario mismo, .pero que en uno u otro caso esto tenía que hacerse en una ley separada.’ La parte apelada también admite esta posición al argu-mentar el caso de autos. Por tanto, es cuestión no controvertida, que la Asamblea Legislativa podía hacer sustancialmente lo que hizo y la única cuestión a dirimir es si podía efectuarlo en la forma en que lo hizo. En general no se alegará que el poder legislativo es el único juez de la forma en que se redactarán sus leyes, y su facultad a ese respecto no se puede poner en tela de juicio a menos que exceda un claro precepto constitucional. La única disposición aquí invocada es el párrafo 15 del artículo 3: ‘El proyecto de presupuesto general no comprenderá nada más que asignaciones para los gastos ordinarios de los departamentos ejecutivo, legislativo y judicial del estado’, etc. La historia y móvil de ese párrafo son bien conocidos. Se dirigió contra la práctica poco encomiástica de incluir una medida de validez du-dosa por sus propios méritos en la ley de presupuesto general — inser-tándola, en términos legislativos, en forma de tirilla — para obligar a los miembros de los cuerpos legislativos a votar en su favor o para-lizar el engranaje gubernamental . . . Los proyectos de presupuesto general, por su naturaleza, de ordinario comprenden un número de partidas, todas las cuales no se refieren estrictamente a un solo asunto. Quedaron, por tanto, exentas del requisito del párrafo dos, y esta exención requirió el párrafo 15. El objeto de ambos es el mismo. ¿Cae la presente medida dentro del mal que se intentó obviar? Los casos citados por el apelante, que se extienden a través de un período de veinte años desde que se adoptó la Constitución, demuestran la interpretación legislativa de la materia; y podemos inferir lógica-mente que también denotan la interpretación del ejecutivo, toda vez que las varias leyes citadas fueron aprobadas por el Gobernador. Tal interpretación y práctica no son desde luego obligatorias para el poder judicial, que es la autoridad llamada a interpretar la Cons-titución en última instancia; pero como criterio de dos ramas coor-dinadas del Gobierno esas interpretaciones merecen respetuosa consi-deración y fuerza persuasiva si es que el asunto es dudoso. No puede asumirse que la Constitución tuvo por miras obligar al poder legisla-tivo aun a supervisar todos los detalles del Gobierno. Esas son fun-ciones propias de las ramas ejecutiva y judicial. El trabajo a rea-lizar y el personal de oficina necesario, son cuestiones de detalle, res-pecto a las cuales mucho por necesidad ba de dejarse al jefe de cada departamento. Está claramente dentro de los poderes de la Asam-blea Legislativa el tener el control general de los gastos de los fondos públicos, pero esto es así siempre que no se desembolsen ningunos fondos sin haberse hecho una asignación previa para tal fin. Al así tener el dominio de las erogaciones, el poder legislativo controla toda la materia con toda la amplitud que bajo la Constitución le exigen sus funciones. Al aprobar proyectos de presupuesto general, la Constitución limita el poder legislativo a los ‘gastos ordinarios de los departamentos ejecutivo, legislativo y judicial’, y algunas otras cuestiones que se enumeran, y toda asignación válida hecha en esta forma debe caer razonablemente dentro de la descripción de ‘gastos ordinarios’; pero sería de lo más absurdo que se aprobara un pro-yecto de ley separado cada vez que se necesitara un escribiente adi-cional en un departamento gubernamental. En lo que respecta a la partida específica que está bajo nuestra consideración se desprende que la misma fué aprobada para pagar parte del trabajo ordinario y corriente de los funcionarios especificados y que era por tanto para cubrir sus gastos ordinarios. Con ello el poder legislativo re-conoce que el protonotario no podía hacer por sí mismo todo el tra-bajo de su oficina y autoriza a este funcionario efectuar parte del mismo a expensas del Gobierno. Con tal reconocimiento y autoridad, se convierte en parte de los gastos ordinarios de su oficina, y el hecho de que su cargo sea parte del departamento judicial del estado es punto que no admite discusión. Conforme ya hemos dicho se admite plenamente que la Asamblea Legislativa tuvo amplios poderes para hacer sustancialmente lo que hizo, es decir, autorizar el nombramiento de un secretario en la oficina del protonotario y ordenar que su sueldo fuera pagado del tesoro público; y como el fin de tal nombramiento, y los deberes de la persona nombrada,, fueron garantizar el cumpli-miento del trabajo corriente y ordinario de esa oficina, somos de opi-nión que el poder legislativo podía constitucionalmente llevar a cabo tal cosa en la forma en que lo hizo, mediante la fijación de una par-tida en el proyecto de presupuesto general para el departamento judicial. ’ ’

Véanse State v. Clausen, supra, y Lewis v. Colgan, supra, citados por la corte inferior.

Casos que resuelven lo contrario son los siguientes: Sellers v. Frohmiller, 24 P. (2d) 666; Carr v. Frohmiller, 56 P. (2d) 644; State v. Eggers, 136 P. 100; Chicago Title & Trust Co. v. Schwartz, 171 N. E. 169; Bryan v. Menefee, 95 P. 471; Pueblo v. Corte de Distrito, 48 D.P.R 492; State v. Thompson, 289 S. W. 338, 340; State v. Smith, 75 S. W. (2d) 828.

En el caso de Pueblo v. Corte de Distrito, Hon. Charles E. Foote, Juez, 48 D.P.R. 492, este tribunal resolvió que el cargo de juez municipal at large no podía ser creado por la ley de presupuesto general. Lnego de discutir la ley de Pensilvania y de citar del caso de Commonwealth v. Barnett, 48 Atl. 976 (1901), este tribunal dijo:

“De acuerdo con estas disposiciones, que son idénticas a las que rigen en Puerto Rico, únicamente tienen cabida en la ley de presu-puesto general las asignaciones para gastos ordinarios de los depar-tamentos del gobierno, para el pago de intereses de la deuda pública y para escuelas públicas. Y es natural que así sea, para que no quede frustrado el propósito de la prohibición general y se obtengan los re-sultados que la misma persigue. Sin estas limitaciones, la ley de presupuesto podría ser la puerta por donde pasasen materias de le-gislación general que no tuvieron la oportunidad de ser amplia y abiertamente discutidas.
“En el presente caso, la disposición impugnada no se limita a fijar una asignación para cubrir un gasto ordinario de un departamento, del gobierno. Se va mucho más lejos, puesto que se crea un cargo de importancia, como lo es el de juez municipal general, diciéndose, además que deberá ser abogado y que podrá ser designado por el Procurador General para actuar en casos de inhabilitación, vacante y ausencia de un juez municipal. Es ésta una legislación de carácter general que no puede ser incluida en un bill de asignaciones. Constitutional Defense League v. Waters, 164 A. 613, 309 Pa. 545; State ex rel Davies v. Smith, 75 S. W. (2d) 828.”

En el caso de Foote, supra, bubo una asignación extraor-dinaria, que no fué becba para un cargo corriente. Nece-sariamente, conforme demuestra el caso de Greene, el pre-supuesto sólo puede incluir los “gastos ordinarios” del gobierno. Resolvemos que empleados cuyos puestos surgen en el curso ordinario del gobierno pueden ser creados por la ley general de presupuesto. Tales puestos, sin embargo, deben estar dentro de los “gastos ordinarios” de uno de los departamentos. Si en algún caso se demuestra que ciertos. empleados son innecesarios, el recurso de mandamus no pro-cede. El Pueblo no nos convence de que los empleados ape-lados fueran innecesarios y la sentencia a este respecto debe ser confirmada.

La otra apelación debe igualmente ser confirmada.


text:
    Manuel Torres, peticionario y apelante, v. Andrés A. Lugo, demandado y apelado.
    Núm. 8065.

    Sometido: Marzo 6, 1940.

      Resuelto: Mayo 28, 1940.

      F. Ochoteco, Jr., Luis E. Bubón y A. D. Marchand Paz, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Torres apela de una resolución adversa dictada en un procedimiento de bábeas corpus.

La teoría de la petición fue que un fallo condenatorio por el delito de acometimiento y agresión grave a virtud del cual el peticionario fué sentenciado a año y medio de cárcel era nulo por falta de jurisdicción, toda vez que la acusación no imputaba un delito de acometimiento y agresión con cir-cunstancias agravantes.

El castigo para el delito de acometimiento y agresión simple o para “acometimiento y agresión que no apareje cir-cunstancias agravantes, consistirá en multa que no bajará de un dólar ni excederá de cincuenta”. Código Penal (ed. 1937, pág. 155). “Todo acometimiento y agresión será con-siderado con circunstancias agravantes en los siguientes casos:

“1.- — Cuando se cometa en la persona de un funcionario legal en el cumplimiento de sus deberes, en caso de saberse o haberse hecho saber a la persona que cometiere el hecho, que la persona agredida era un funcionario en el desempeño de un deber oficial.’-’ (Código Penal, ed. 1937, pág. 155.)

La acusación en el presente caso pretendía imputar “un delito de acometimiento y agresión grave” cometido, según se alegaba, en la siguiente forma:

“El referido acusado Manuel Torres, el día primero de febrero de 1939, y en San Juan, Puerto Rico, que forma parte del Distrito Judicial Municipal de San Juan, allí y entonces, de una manera ilegal, voluntaria y maliciosamente, usando de violencia y con inten-ción de causar daño corporal, acometió y agredió con los puños y las manos a la persona de Marcelino Romany, a sabiendas de que dicho Marcelino Romany era y es juez de distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, quien se encontraba allí y en-tonces en el legítimo desempeño de sus funciones oficiales, y de los deberes de su cargo.”

La contención del apelante es que la acusación no le infor-maba que él tuviera conocimiento del hecho de que el juez de distrito, al tiempo de ser agredido, estuviera “en el des-empeño de un deber oficial”.

Conforme indica el Juez Asociado Sr. De Jesús, a quien se dirigió la petición original, la naturaleza del delito como “acometimiento y agresión grave” indica por lo menos al acusado qué delito se le intenta imputar. El Juez De Jesús también cita en apoyo de su conclusión en torno a la suficiencia de la acusación los siguientes casos: United States v. Nathan, 61 F. 936; United States v. Clark, 37 F. 106; Henry v. United States, 15 F. (2d) 624; Bell v. United States, 100 F. (2d) 474, 478; y Pueblo v. Avilés, 54 D.P.R. 272.

El apelante se funda en la siguiente jurisprudencia: Pueblo v. Marini, 22 D.P.R. 12; 4 Am. Jur. 178, sec. 98; 6 C. J. S. 969; People v. Tinnen, 49 Cal. App. 18, 192 Pac. 557; Kutler v. United States, 79 F. (2d) 440; People v. Schweichler, 16 Cal. App. 738, 117 P. 939; Pueblo v. Montanez, 31 D.P.R. 516, 518; People v. Wong Wang, 92 Cal. 277, 28 P. 270; y People v. Allison, 25 Cal. App. 746, 145 P. 539.

En Hagner v. United States, 285 U. S. 427, 431, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo:

“El rigor de las antiguas reglas de procedimiento criminal del derecho común ha cedido, en la práctica moderna, al principio general de que los defectos de forma que no resultan perjudiciales al acusado serán pasados por alto. La verdadera norma en cuanto a la sufi-ciencia de una acusación no es si la misma pudo ser más ciara y específica, sino si ella contiene los elementos del delito que se trata de imputar, ‘e informa suficientemente al acusado de lo que él debe prepararse a afrontar, y, para el caso de que se inicien cualesquiera otros procedimientos en su contra por un delito similar, si los autos demuestran con certeza hasta qué punto el acusado puede alegar una absolución o convicción anterior.’ Cochran and Sayre v. United States, 157 U. S. 286, 290; Rosen v. United States, 161 U. S. 29, 34.”

Véase también el caso de Pueblo v. Avilés, 54 D.P.R. 272, 277, y casos en él citados.

De conformidad con el artículo 71 del Código de Enjui-ciamiento Criminal (edición 1935)—

“La acusación debe contener:
“2. Una exposición de los actos constitutivos del delito, en len-guaje conciso y corriente, y redactada de tal modo que cualquier persona de inteligencia común pueda entenderla.”
Los artículos 82, en parte, y 83 leen así:
“Artículo 82. — La acusación es suficiente, si de ella se deduce:
“6. Que la acción u omisión considerada como delito está ex-puesta clara y distintamente en lenguaje corriente y conciso, sin repetición y de tal modo que facilite a cualquier persona de inteli-gencia común conocer lo que se quiere decir.
“7. Que la acción u omisión considerada como delito esté expre-sada con tal grado de claridad, que facilite al tribunal el pronunciar su sentencia como resultado de una convicción y conforme a derecho.
“Artículo 83. — Ninguna acusación es insuficiente, ni puede el juicio u otro procedimiento cualquiera que sobre ella se base ser afectado a causa de algún defecto o imperfección de forma, siempre que tal defecto o imperfección de forma no tienda en lo esencial a perjudicar los derechos del acusado.”

Por lo menos en el presente caso no puede decirse, con-forme se indicó en el caso de El Pueblo v. Marini, supra, que se dejó al acusado en dudas respecto a cuál de las distintas modalidades del delito de acometimiento grave se trataba de imputar. En la acusación se bacía constar de manera clara que el fiscal no solamente tenía la intención de imputarle la comisión de un delito de acometimiento y agresión grave, sino de acusarle de aquella modalidad específica de acometi-miento y agresión grave indicada en el inciso primero de la sección 6 de la ley, supra, mas no de ninguna otra de las diez distintas modalidades de acometimiento con circunstan-cias agravantes enumeradas en dicha sección.

Hay que admitir que éste es un caso dudoso. El contexto de la acusación es bastante deficiente. No obstante, no pode-mos creer que en lo esencial los derechos del acusado fueran perjudicados. Cualquier acusado “de inteligencia común” deduciría de la acusación, a nuestro juicio, que se le impu-taba el haber, a sabiendas, acometido y agredido a un juez de distrito mientras éste se hallaba en el desempeño de sus deberes oficiales, o — para expresar el mismo pensamiento en mayor número de palabras — de haber acometido y agredido a Marcelino Romany a sabiendas de que dicho Romany era para aquel entonces un juez de distrito y que en aquellos momentos estaba en el desempeño dé sus deberes oficiales. En su consecuencia, no podemos convenir con el apelante en que la acusación deja de imputar el delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.

Debe confirmarse la resolución apelada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Jtjez Asociado Señoe Hutchison1

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Pellicier Marchany, acusado y apelante.

      Núm. 8140.

    Sometido: Mayo 2, 1940.

      Resuelto: Mayo 28, 1940.

      Enrique Báes Carda, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Jtjez Asociado Señoe Hutchison1

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Pellicier Marcbany fue convicto de homicidio voluntario a virtud de una acusación en que se le imputaba el delito de asesinato.

El primer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al permitir al fiscal que le preguntara a un médico, que había descrito cierta herida, si el interfecto podía o no coger algún objeto. La única autoridad citada por el apelante a este respecto es 11 R.C.L. 564, párrafo 3. De la transcripción taquigráfica tomamos el siguiente extracto:

“Fiscal (P.) — ¿Con qué heridas que tenía el interfecto intervino usted como médico-cirujano?
“R. Este señor tenía seis heridas.
“P. La primera, ¿cómo era?
“R. Tenía una en el aspecto bolar del antebrazo.
“P. ¿En qué mano?
“R. Del antebrazo, de la muñeca y la mano izquierda.
“P. Explíquele al jurado cómo era esa herida.
“R. Quiere decir en la parte anterior de la mano y de la muñeca, del antebrazo.
“P. ¿De qué extensión era esa herida?
“R. Una herida larga y profunda, al extremo que le cortó la piel, tendones, vasos, huesos y pasó al otro lado.
“P. Con esa herida que le había pasado la mano al otro lado, ¿podía el interfecto coger algún objeto?
“R. Lie. Báez García: Me opongo a la pregunta.
“Hon. Fiscal: Él es el perito, Sr. Juez.
“Lie. Báez García: Pero se le pide una opinión al perito.
“Hon. Juez: Él es perito, si examinó la herida puede decir qué resultado produjo esa herida. Además, la defensa aceptó la capa-cidad del perito.
“Lie. Báez García: Nosotros hemos aceptado al perito para que declare sobre la naturaleza de las heridas, pero no para que conteste preguntas hipotéticas de si podía o no podía coger una cosa con esa mano.
“Hon. Juez: La corte sostiene la pregunta porque entiende que el perito examinando la herida puede decir el estado en que quedó la mano, el brazo y el antebrazo.
“Lie. Báez García: Tomamos excepción por el fundamento de que el perito puede declarar solamente sobre la naturaleza de las heridas y no sobre las condiciones de esa mano.
“Hon. Juez: (Al testigo) Conteste la pregunta.
“R. Después de la herida, no, señor, no podía hacer uso de ella.
“Lie. Báez García: Pedimos a la corte que excluya la contesta-ción del testigo por los mismos fundamentos de la oposición.
“Hon. Juez: Sin lugar.
“Lie. Báez García: Tomamos excepción por los mismos funda-mentos. ’ ’

No hallamos que se cometiera error en esto. Véanse Abbott, Criminal Trial Practice, 981, sección 529; 2 Warren on Homicide 670, sección 216, y Underhill’s Criminal Evidence, 454, sección 241. Sea ello como fuere — dados los hechos y circunstancias del presente caso — el error, de haberlo, no fué perjudicial.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito erró al declarar sin lugar la petición del acusado para que se permitiera a un testigo describir gráficamente ante el jurado la posición del acusado, el testigo, el camino y las diferentes casas durante el momento de los hechos.

El alcance y modo de conducir la repregunta es cuestión que cae en gran parte dentro de la discreción del juez sen-tenciador. Un acusado, desde luego, tiene derecho a impug-nar la credibilidad de un testigo de cargo y su derecho debe ser respetado. No puede restringirse en tal forma que se le impida descubrir la verdad. Tomando todo en conside-ración, no hallamos que en el presente caso hubiera tal abuso de discreción que exija se revoque la sentencia. El acusado, en el examen directo, declaró que había conocido a Manuel Ruiz por espacio de seis u ocho años y que durante los últi-mos seis meses Ruiz había vivido en la misma casa en que residían el acusado y su esposa. De la declaración del acu-sado en el examen de repregunta tomamos lo siguiente:

“R. Ese disgusto había sido porque una noche cuando las fiestas de la Monserrate en Hormigueros.. .
“Lie. Báez García: To me opongo a eso, porque eso es demasiado remoto.
“Hon. Juez: Sí, señor.
“Hon. Fiscal: Sí, está bien.”

Fuera de esto, nada hay que demuestre dónde Euiz tomaba sus comidas.

El juez de distrito, en el curso de sus instrucciones al jurado, dijo:

“El caso presente realmente es un caso raro porque en este caso se imputa a este acusado el delito más grave que se puede cometer en nuestro país definido en nuestros estatutos penales como el delito más grave, el delito mayor. Aquí se da el caso de que El Pueblo de Puerto Rico ba presentado un testigo presencial de los hechos y el acusado no ha traído ni un solo testigo en su defensa, excepto su propia declaración, sobre la cual instruiré a los señores del jurado más ade-lante. De modo que por las circunstancias especiales de este caso los señores del jurado deben consagrarle todo su interés y estudiar la evidencia que se les ha sometido con todo cuidado y hacer un análisis completo de las dos teorías.
“Si el acusado no hubiera declarado, entiende la corte que es un deber instruir a vosotros que nadie hubiera podido conocer el motiyo de esta tragedia. El motivo realmente no es necesario que El Pueblo de Puerto Rico lo pruebe, pero siempre al discutir los señores del jurado les satisface saber el porqué de las cosas que ocurren en nuestra sociedad. No es una obligación decir por qué fulano mató a zutano, pero siempre es una satisfacción espiritual del juzgador saber el motivo por el cual fulano le infirió tal daño a zutano o a zutanejo. En este caso después que el acusado ha declarado los señores del jurado ya tienen el motivo, si no en todo en parte. Estas dos personas, estas tres personas, porque la esposa también está acusada, estas.tres personas vivían juntas y hay que suponer que las personas que viven juntas, comiendo el pan y la sal, se deben querer y debe haber una familiaridad entre ellos, porque no se concibe que tres personas que viven bajo el mismo techo, comiendo el pan y la sal juntas, y yo creo que los señores del jurado sabrán que hay un proverbio árabe que determina que las personas que han comido el pan y la sal juntas no se odian nunca. Esas personas que comen y duermen juntas debe haber un algo entre ellas y realmente, salir así el esposo, el acusado, asesinando con premeditación, alevosía, ensaña-miento, malicia expresa y tácita al compañero, al vecino que duerme con él en la misma casa, hubiera sido una gran tortura mental para los juzgadores determinar los motivos de esta tragedia, como si el acusado hubiera actuado en absoluta penumbra. Pero el acusado ha declarado y el acusado se ha encargado de aclarar el motivo de esta tragedia, y el motivo es, que Manuel R/uiz vivía junto, en la misma casa del acusado, vino tarde, y el fiscal supone también que ha podido venir bajo la acción de unos palos, que era molesta su llegada a esas horas tardes en la noche, y que para los hombres de trabajo, los hombres del campo, les es una molestia perder su sueño, teniendo muchas veces que madrugar, el tener que levantarse para luego perder una hora u hora y media para luego conciliar el sueño. Había entre ellos algunas desavenencias que comenzaron la noche anterior; que el dueño de la casa le había cortado los hilos de la hamaca, diciéndole, podría decirse, que se largara de aquella casa en que había convivido con él.”

Se señala esto como error.

Si se hubiera convicto al acusado del delito de asesinato, la cuestión que aquí se presenta tal vez hubiera requerido la revocación de la sentencia. Toda vez que el acusado fue sentenciado por el delito de homicidio y, en su consecuencia, absuelto de asesinato, no estamos en condiciones de decir que el jurado fuera inducido a error o influido indebidamente por esa instrucción.

La contención final del apelante es que el juez de distrito erró al dejar de instruir al jurado sobre el valor de las manifestaciones exculpatorias contenidas en la declaración prestada por el acusado en el acto del juicio. A este respecto el apelante se funda en el caso de El Pueblo v. Sánchez, 55 D.P.R. 351, 369. En ausencia de una solicitud para que se diera una instrucción especial, no encontramos que se cometiera error que dé lugar a la revocación.

La sentencia apelada debe ser confirmada.