author: El Juez Asociado Se. del Toeo,

text:
    Quintana Hermanos & Co., Demandantes y Apelantes, v. S. Ramírez & Co. et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa sobre tercería de bienes muebles.
    No. 1263.
    Resuelto en julio 12, 1915.
    Registro Mercantil — Inscripción—Personalidad Jurídica — Tercero.—La ins-cripción no crea la personalidad jurídica, sino que determina la necesidad de su reconocimiento por un tercero.
    Sociedades Mercantiles — Comparecencia en Juicio — Terceros—Inscripción en el Registro Mercantil. — Como regla general, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, para que una sociedad mercantil en Puerto Rico pueda com-parecer en juicio y ■ hacer valer con éxito sus derechos contra terceros, es necesario que esté constituida por escritura pública y que la escritura apa-rezca inscrita en el registro mercantil, aun cuando la falta de inscripción no implica necesariamente que la sociedad no exista.
    Id. — Embargo—Embargo de Participación en la Sociedad — Estoppel—Regis-tro Mercantil. — Cuando un acreedor, basándose precisamente en la escri-tura social de una sociedad mercantil, embarga la participación de su deu-dor en la expresada sociedad, queda luego impedido (estopped) de negarse a reconocer su existencia, aun cuando no esté inserita en el registro mer-cantil.
    Sentencia — -Deber del Tribunal Supremo. — Según prescribe el artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como fué enmendado en 1906 (Leyes de 1906, púg. 65), en casos como el presente, no debe esta corte limitarse a revocar la resolución apelada, sino que debe dictar la sentencia que debió haber dictado el tribunal inferior.
    Interpretación de Ley — Derogación de Leyes — Código de Enjuiciamiento Civil — -Código de Comercio. — El artículo 246 del Código de Enjuiciamiento Civil que prescribe que podrán embargarse las acciones y participación en cualquier corporación o compañía, no deroga las disposiciones del 174 del Código de Comercio, pues ambos artículos pueden armonizarse sin dificultad.
    Sociedades Mercantiles — Acreedores de los Socios — Intromisión en el Seno de la Sociedad — Yida de la Sociedad. — El aereedor de un socio tenía antes-de la vigencia del Código de Enjuiciamiento Civil, como tiene ahora, medios legales para asegurar su crédito en la participación que pueda corresponder al socio en el capital de la compañía, pero ni antes autorizaba ni autoriza ahora la ley a un acreedor de un socio para, con el objeto de asegurar su crédito, introducirse en el seno de la sociedad, señalar él mismo, de acuerdo con el contrato 'social, la participación del socio, extraer bienes de la socie-dad, iguales en valor al de la indicada participación, y entregarlos en depó-sito a una persona distinta, pudiendo destruir así, prácticamente, la vida de la sociedad.
    Id. — Bienes del Capital Social — Deudas Basticulases de los Socios.- — Los bienes de todas clases que los socios aportan a una compañía mercantil para constituir su capital social, pasan a ser del dominio exclusivo de la com-pañía, sin que puedan destinarse a cubrir atenciones particulares de los - socios, mientras aquélla no se liquida y queden satisfechas sus obligaciones.
    Los heclios están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Garlos Travecier.

    Abogados de los apelados: Sres. Aponte & Aponte.

   El Juez Asociado Se. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso sobre tercería de bienes muebles. Los hechos 'ocurrieron del siguiente modo:

S. Bamírez y Cha., una sociedad mercantil con su oficina principa] en San Juan, P. B., embargó ciertas mercaderías a los efectos de asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse en cierto pleito que seguía contra Domingo Quintana Colón, en cobro de pesos. Practicado el embargo, la sociedad mercantil Quintana Hermanos y Cía., siguiendo el procedimiento especial marcado en la ley sobre tercerías (Leyes de 1907, pág. 308 y siguientes), reclamó como suyos los bienes embargados. La demanda de Quintana Hermanos y (ha., se formuló finalmente, en resumen, así:

1. Que la demandante es una sociedad mercantil consti-tuida por escritura pública inscrita en el Begistro Mercan-til de San Juan, teniendo su domicilio en el pueblo de Yabu-coa. 2. Que el 8 de julio de 1913 en cierto procedimiento seguido ante la Corte de Distrito de Humacao por S. Ramírez y Cía. et al. v. Domingo Quintana Colón y Carlos Benitez Santana, en cobro de dinero, el marshal de la corte em-bargó por designación ele la demandante como de la propie-dad de Domingo Quintana los bienes que se especifican. (Con-sisten en sacos de harina, azúcar, arroz, etc., etc.)'. 3. Que los bienes relacionados pertenecían en 9 de julio de' 1913 y pertenecen hoy a la mercantil demandante, hecho' que cono-cía la mercantil demandada. 4. Que la mercantil demandante no ha vendido dichos bienes a Domingo Quintana, ni a nin-guna otra persona. 5. Que los referidos bienes tienen un valor de $1,036.

La mercantil S. Ramírez y Cía., contestó la demanda, en resumen, así:

1. Niega todas y cada una de las alegaciones y hechos de la demanda. 2. Como materia nueva constitutiva de oposi-ción a la demanda, alega que Quintana Hermanos y Cía. es una sociedad mercantil cuya escritura de constitución no ha sido inscrita en el registro mercantil, de Puerto Rico, ni .lo estaba en el mes de julio de 1913. Y que la referida socie-dad no tiene capacidad para demandar ni para interponer el presente procedimiento de tercería.

Con tales alegaciones como base, se celebró el juicio el día 15 de mayo de 1914, comprobándose en el mismo que el embargo de que se trata fué practicado por el marshal a los efectos de cumplir cierta orden de aseguramiento de senten-cia, previa designación de bienes hecha por S. Ramírez y Cía. del siguiente modo:

“Distrito Judicial de Humacao. En la Corte de Distrito. S. Ramírez & Cía. v. Domingo Quintana Colón y Carlos Benítez Sanlana. Demandados. Cobro de dinero. Al Marshal del Distrito Judicial de Humacao, P. R. Señor: Los demandantes en este caso S. Ramí-rez & Cía., designan como bienes que deberá Yd. embargar para ase-gurar la efectividad de la sentencia que pueda recaer en el caso arriba titulado, existencias de la mercantil Quintana Hermanos & Co. S, en C. hasta el valor de mil dollars que es el haber social que tiene el de-mandado Domingo Quintana Colón en dicha mercantil. Humacao, P. R. Julio 8 de 1913. F. Ramírez de Arellano, por Aponte & Aponte, abogados de los demandados.”

La diligencia ele embargo es como sigue:

“Yo, Augusto Ortiz, Marshal de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Humacao, P. R. Certifico : Que recibí la anterior orden de aseguramiento para la efectividad de la sentencia que pueda recaer en el caso arriba titulado el día ocho de julio de 1913 y que cumpli-menté la misma el mismo día trasladándome a Yabucoa dond% tiene su domicilio el demandado Domingo Quintana Colón, y le notifiqué dicha orden entregándole y dejando en su poder copia fiel y exacta de ella y requiriéndole para que pagase a la sociedad demandante S. Ramírez y Compañía la cantidad de novecientos sesenta dollars setenta centavos ($960.70); y no habiendo pagado dicha cantidad ni prestado fianza, procedí por designación de la mercantil deman-dante S. Ramírez & Cía., a embargar por valor de mil dollars, que es el haber social de dicho demandado Domingo Quintana Colón en la mercantil Quintana Hermanos y Compañía S. en C., según consta de la escritura de constitución de sociedad otorgada en Humacao, digo en abril del corriente año ante el Notario de Humacao Francisco González Fagundo, existencias de la mercantil mencionada hasta cubrir dicha suma. Lo embargado se describe en la forma siguiente: 82 s/ harina ‘Minnesotta,’ $410; 8 id. azúcar central 2a., $65;-10 id. arroz canilla T. P. R. F. C., $40; 13 id. jamones 304, $52; 33 cajas de gas ‘Estrella’ y 9 id. id. ‘Castillo,’ $68; 22 id. de vino ‘Me-doc,'’ $70; 45 potes de una @ óxido de hierro, $135; 9 potes blanco zinc, $11.25; 8 tercios ron viejo 50 gs., $70; 1 id. vino cla-rete, $35; 2 romanas, $40; 8 cajas cigarrillos, $40; total $1,036.25. Dichos efectos los deposité en poder de los Sres. Méndez Hermanos y Co. por designación de los demandantes a los Sres. Méndez Her-manos y Compañía lé fueron entregados dichos artículos en perfecto estado y les advertí las responsabilidades que apareja el cargo de depositario de efectos embargados y que no los entregasen a nin-guna persona sin autorización judicial. Yabucoa, 9 de julio de 1913. Augusto Ortiz, marshal de distrito, por Rafael Más, sub-márshal. ”

La parte demandada, S., Ramírez & Cía., aceptó, en el acto del juicio, “que la razón ‘Quintana Hermanos y Cía.,’ es una sociedad mercantil en comandita,” probando la dicha demandada S. Ramírez y Cía., por medio de certificación expedida por el Registrador de la Propiedad de San Juan, que Quintana Hermanos y Cía., ni cuando estableció la de-manda, ni antes, ni después, figuraba inscrita en el registro mercantil.

Aceptando la verdad de tales becbos, la Corte de Distrito de Humacao, por sentencia de 3 dé julio de 1914, declaró sin lugar la demanda, basándose en que por no bailarse ins-crita en el registro mercantil la'sociedad demandante, care-cía de personalidad para interponerla.

Contra la indicada sentencia se apeló para ante esta Corte Suprema alegándose que la corte sentenciadora cometió dos errores fundamentales; a saber:

1. Al declarar que Quintana Hermanos'y Cía., carecía de personalidad para establecer la demanda de tercería, y

2. Al no dictar sentencia en favor del demandante, con infracción del artículo 174 del Código de Comercio. .

Procederemos al examen de ambos errores, que se refie-ren en verdad a las dos únicas cuestiones fundamentales en-vueltas en este caso.

La parte apelada sostiene en su alegato “que de acuerdo con los artículos 119 y 17 del Código de Comercio, es requi-sito indispensable para que una compañía de comercio pueda tener personalidad, que inscriba previamente en el registro mercantil la escritura de su constitución, y la sentencia del Tribunal Supremo de España de 8 de mayo de 1885 (57 Juris-prudencia Civil, 723), resuelve de plano el asunto, al tratar, precisamente, de una tercería interpuesta por una sociedad mercantil no inscrita en el registro.”

Los artículos del Código de Comercio invocados por el apelado, son así:

17. “La inscripción en el Begistro mercantil será potestativa para los comerciantes particulares, y obligatoria para las sociedades que se constituyan con arreglo a este Código o a las leyes especiales, y para los buques.”
119. “Toda compañía de comercio, antes de dar principio a sus operaciones, deberá bacer constar su constitución, pactos y condicio-nes, en escritura pública que se presentará para su inscripción en el registro mercantil, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.
“A las mismas formalidades quedarán sujetas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25, las escrituras adicionales que de cualquiera manera modifiquen o alteren el contrato primitivo de la compañía.
“Los socios no podrán bacer pactos reservados, sino que todos debe-rán constar en la escritura social.”

T la sentencia del Tribunal Supremo de España, también invocada por el apelado establece la siguiente doctrina:

“Que al estimar la sala sentenciadora la tercería interpuesta con motivo del embargo ejecutado, fundando su fallo en el artículo 296 del Código de Comercio, infringe los artículos del propio Código invocados en el recurso, y principalmente el 28 en su relación con el 22 y el 25, porque la sociedad tercerista no pudo tener existencia legal ni ampararse en la sanción del artículo citado para demandar derechos contra un tercero antes de estar inscrita en el registro general de la provincia la escritura social; y no habiéndose realizado este acto hasta el 20 de junio de 1882, mientras que el embargo por vir-tud de juicio ejecutivo se decretó el 10, se intentó el 12 sin resultado y se ejecutó al fin el 13 del citado mes, es evidente que la escritura social confeccionada en el tiempo intermedio de estas dos últimas fechas, anteriores a su registro, no pudo servir de obstáculo al embargo, ni invalidarlo después.”

A los efectos de fijar el alcance de la jurisprudencia y de los preceptos de ley invocados, es necesario analizar los lieclios que sirvieron de base a la sentencia del Tribunal Supremo de España de 8 de mayo de 1885 y estudiar los artículos 17 y 119 del Código de Comercio en relación con el 24 del propio cuerpo legal.

Por virtud de la sentencia de 8 de mayo de 1885 se revocó por el Tribunal Supremo español la dictada por la sala de lo civil de la Audiencia de la Habana el 6 de junio de 1884. Para penetrarse de las circunstancias que concurrieron en dicho caso, basta transcribir las. infracciones alegadas por el apelante en el recurso de casación declarado con lugar por el Supremo de España, a saber:

“Io. Los artículos 285 y 288 del Código de Comercio, por cuanto la sentencia recurrida da fuerza y vigor contra tercero al contrato de sociedad verificado por documento privado y con carácter partí-cular antes de la escritura de 12 de junio de 1882 por los Sres. Fer-nández .Gómez, Roldan y Presno, al efecto de hacer entrar en la masa o fondo social el capital perteneciente al primero de éstos, contra el que se había ya despachado (10 de junio) e intentado (12 del mismo mes) ejecución por 7,000 pesos:
“2o. Los artículos 22, 25 y 28 y sus concordantes del mismo Código de Comercio, por cuanto la sentencia recurrida da fuerza y vigor a la escritura de 12 de junio de 1882 para los efectos públicos y contra tercero antes de haber sido registrada, requisito que no se cum-plió hasta el 20 de julio, o sea siete días después de haber sido embar-gados los bienes de la quincallería de la calle de Cuba, como de pro-piedad de Don Angel Fernández Gómez.”

El artículo 24 del Código de Comercio, a que antes nos referimos, es como sigue:

“Las escrituras de sociedad no registradas surtirán efecto entre los socios que las otorguen; pero no perjudicarán a tercera persona, quien, sin embargo, podrá utilizarlas en lo favorable.”

En la obra “Códigos' de Comercio españoles y extran-jeros” escrita por los Señores Manzano, Bonilla y Miñana, en el tomo 2, pág. 49, se dice -que “la inscripción no crea la personalidad jurídica, sino que determina la necesidad de su reconocimiento por un tercero.” Y- en el mismo tomo, pág. 110, se consigna lo que sigue:

“Ya hemos dicho anteriormente que la compañía mercantil, en el sentido de persona colectiva, nace del contrato de sociedad mer-cantil; y más adelante ampliaremos esta materia, al tratar de las sociedades. Por ahora advertiremos que el mismo artículo 24 declara la validez de las escrituras sociales no inscritas, en Cuanto ordena que surtan efecto entre los socios que las otorguen. Yálido el con-trato, existirá jurídicamente la persona colectiva que de él resulta, y serán válidos también los actos, por ella celebrados.”

Galindo, comentando el artículo 2 de la Ley Hipotecaria, tomo 1, página 347, de su bien conocida obra sobre la mate-ria, se expresa así:

“Según el artículo 17 del Código de Comercio, es obligatoria la inscripción de las sociedades mercantiles en el registro mercantil; pero no está resuelto si la infracción de ese precepto es falta que im-pida se inscriban en el de la propiedad las escrituras de adquisición de bienes y las de enajenación de los mismos, verificada por una sociedad que no acredita haber cumplido tal requisito.
“Nos inclinamos a creer que tal falta no es de las comprendidas en el artículo 65 de la ley, y nos fundamos en que, si bien está pro-hibido a las sociedades dar principio a sus operaciones sin la previa inscripción en el registro mercantil, el artículo 24 del mismo Código declara que las escrituras de sociedad no registradas surten efecto, entre' los socios, pero no perjudicarán a tercero, quien, sin embargo, puede utilizarla en lo favorable.
“De donde rectamente se infiere que la condición de las sociedades, no inscritas en el registro mercantil, es ante el derecho desventajosa; pero tienen personalidad jurídica con relación a terceros, por lo cual será inscribible la escritura, ya sea de adquisición o ya de enajena-ción. ’ ’

Habiendo en consideración todo lo expuesto, es necesario concluir que, como regia general, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, para que una sociedad mercantil en Puerto Rico pueda comparecer en juicio y'hacer valer con éxito sus derechos contra terceros, es necesario que esté constituida por escritura pública y que l’a escritura aparezca inscrita en el registro mercantil, aun cuando la falta de inscripción no implica necesariamente que la sociedad no exista.

En el presente caso es un hecho evidente que la sociedad demandante se constituyó por escritura pública con ante-rioridad al embargo practicado a instancias de la demandada, pero lo es también el de que la escritura de su constitución no se inscribió en el registro mercantil. En tal virtud, apli-cando la regla general expuesta, procedería la confirmación de la sentencia apelada. Mas concurren también en este caso circunstancias especiales que el juzgador no puede omitir de considerar a los efectos de dictar el fallo que proceda en justicia.,

•No se trata aquí del embargo de bienes a- una persona determinada que son reclamados luego por otra entidad dis-tinta. Ramírez & Cía. no embargó bienes en poder de su deu-dor, sino que, basándose precisamente en la escritura social de Quintana Hermanos & Cía., S. en C., embargó la partici-pación de su deudor en la expresada sociedad, y está, por tanto, impedida (estoppel) de negarse abora a reconocer su existencia.

Ramírez & Cía. se aprovechó y pudo aprovecharse per-fectamente, de acuerdo con el artículo 24 del Código de Co-mercio, de la escritura social de Quintana Hermanos y Cía., S. en C., aun cuando no estuviera inscrita en el registro mer-cantil, a los efectos de fijar el montante de la participación de su deudor en dicha sociedad, pero Ramírez y Cía. no puede a la vez reconocer y destruir la existencia de Quintana Her-manos y Cía., S. en C., como veremos más adelante.

■ Habiéndose cometido por la corte de distrito el primero de los errores señalados, pasaremos al estudio del segundo, ya que, según prescribe el artículo 306 del Código de Enjui-ciamiento Civil, tal como fué enmendado en 1906, Leyes de 1906, página 65, en casos como el presente no debe esta corte limitarse a revocar la resolución apelada, sino que debe dic-tar la sentencia que debió haber dictado el tribunal inferior.

Sostiene la parte apelante que de acuerdo con el artículo 174 del Código de Comercio, la sociedad demandada no pudo embargar, en la forma'en que lo hizo, las existencias de Quin-tana Hermanos y Cía. en una suma igual al haber del socio Domingo Quintana para asegurar la efectividad de la sen-tencia que pudiera dictarse en un pleito que la dicha socie-dad demandada seguía contra el indicado Quintana.

T sostiene la parte apelada que aun cuando el artículo 174 del Código de Comercio pudiera interpretarse como pretende la parte apelante, tal artículo no tiene aplicación porque fué implícitamente derogado por el 246 del Código de Enjuicia-miento Civil.

Dicho artículo 246 prescribe que podrán embargarse “las acciones y participación en cualquier corporación o compa-ñía,” y a nuestro juicio no deroga las disposiciones del 174 del Código de Comercio. Opinamos, por el contrario, que ambos artículos pueden armonizarse sin dificultad.

Es indudable que tanto antes como abora el acreedor de nn socio de una compañía mercantil de cualquier clase que fuere, tenía y tiene medios legales para asegurar su crédito en la participación que pueda corresponder al socio en el capital de la compañía. Pero ni antes autorizaba ni auto-riza abora la ley a un acreedor de un socio para, con el objeto de asegurar su crédito, introducirse en el seno de la sociedad, señalar él mismo, de acuerdo con el contrato social, la participación del socio, extraer bienes de la sociedad igua-les en valor al de la indicada participación y entregarlos en depósito a una persona distinta, pudiendo destruir así, prácticamente, la vida de la sociedad.

La sociedad es una persona jurídica distinta de las per-sonas naturales de los socios que la forman. Tal persona jurídica tiene, de acuerdo con la ley, sus derechos y sus obli-gaciones y uno de esos derechos consiste en adquirir, poseer y disfrutar bienes materiales. Los bienes adquiridos por la sociedad a la sociedad pertenecen y no individualmente a ninguno de los socios. Los socios tienen un interés en el capital social, pero tal interés sigue el destino de la sociedad. Sólo cuando ésta se disuelva y liquide, es que los socios adqui-rirán individualmente para sí lo que les corresponda.

El Tribunal Supremo de España en un pleito precisamente sobre tercería seguido por William Henry Redding con Mateo Chomat, procedente de la Isla de Cuba, en sentencia de 12 de julio de 1883,132 Jurisprudencia Civil, 467, estableció la siguiente doctrina aplicable enteramente a este caso:

“Io. Que los bienes de todas clases que los socios aportan a una compañía mercantil para constituir su capital social pasan a ser del dominio exclusivo de la misma compañía sin que puedan destinarse a cubrir atenciones particulares de los socios mientras aquélla no se liquide y queden satisfechas sus obligaciones;
“2o. Que' según el artículo 296 del Código de Comercio, los acree-dores particulares de un socio no pueden extraer de la masa social, por virtud de sus créditos, los fondos que en ella tenía su deudor, y sólo les será permitido embargar la parte de intereses que puedan corresponder a éste en la liquidación de la sociedad, para percibirla en el tiempo en que el deudor podría hacerlo;
“Y 3o. Que la tercería de dominio es el recurso que autoriza la ley para que se alee y deje sin efecto el embargo de bienes que no pertenecen al ejecutado.”

Y la jurisprudencia de los tribunales america'nos se ex-presa en el mismo sentido. Véanse las siguientes citas:

“Todas las deudas de una sociedad deberán ser satisfechas con bienes de la sociedad antes de que ninguna porción de los mismos pueda ser aplicada al pago de las deudas particulares de los socios; y los acreedores de la sociedad tienen preferencia sobre, los acreedores de los socios individualmente en el pago de sus deudas con bienes de la sociedad o dinero de- la misma sin que sea necesario tener en cuenta la prioridad de los derechos adquiridos por embargo.” Whelan v. Shain, 115 Cal., 326.
“La cuestión fué presentada al Juez Sr. Story en un caso en el cual seguida una acción contra G. & G-., el depositario de los fondos contestó que era deudor de G-. & L., siendo uno de los demandados socio de ambas mercantiles. La corte al resolver respecto a la respon-sabilidad del depositario, hizo las siguientes observaciones: ‘Para que pueda declararse que el depositario es responsable en este caso, tiene que resolverse que los fondos de una sociedad pueden ser apli-cados al pago de las deudas contraídas por otra sociedad, por la mera prueba de que el deudor principal tiene interés en cada una de las sociedades.’ Si esto fuera correcto, tendría que deducirse que un acreedor particular de un socio tendrá mayores derechos en equidad y en ley que los que tiene el mismo socio. Indudablemente que la regla general es que la participación de cada socio en el fondo social es solamente la que queda después que han sido arregladas las cuen-tas de la sociedad; y a menos que resulte de estas cuentas que el socio es un acreedor de los fondos’, no tiene derecho a nada. Lo mismo sucede si la sociedad es insolvente. Lyndon v. Gorham, 1 Gall., 367. ’ ’ Sheedy v. Second National Bank, 62 Mo., 17; 21 Am. Rep., 410.
“La participación en los bienes de una sociedad que está sujeta al pago de las deudas particulares de cada socio, es aquella que cada uno tiene en dichos bienes en el estado en que se encuentren des-pués de arregladas las cuentas de la misma y de haber sido satisfe-chas las deudas de los acreedores de la sociedad. ’ ’ Winston v. Ewing, 1 Ala., 129: 34 Am. Dec., 768.

Por virtud de todo lo expuesto, debe revocarse la senten-cia apelada y en su lugar dictarse otra declarando con lugar la demanda y en su consecuencia decretando que los bienes embargados son de la propiedad de la demandante y orde-nando que se cancele el embargo trabado sobre ellos a ins-tancia de la sociedad demandada, reservando a ésta los dere-chos que puedan corresponderle de acuerdo con la ley, sin especial condenación de costas.

Revocada la sentencia apelada y declarada con lugar la demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison'..


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

license: Public Domain

text:
    Sánchez, Demandante y Apelado, v. Maymí, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en causa sobre cobro de dinero.
    No. 1266.
    Resuelto en julio 14, 1915.
    Apreciación de la Prueba — Prueba Contradictoria — Pasión, Prejuicio o Par-cialidad — Errores Manifiestos. — Cuando el único fundamento del recurso es el de que la prueba es insuficiente para sostener la sentencia apelada porque los testigos del demandante eran sus familiares y porque las decla-raciones de los que no lo son eran inverosímiles, y no se alega que el juez procedió en su resolución con pasión, prejuicio, parcialidad, o manifiesto error, la apreciación que de ella hizo debe sostenerse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Rossy.

    Abogado del apelado: Sr. E. B. Wilcox.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en este caso reclamó del demandado cierta cantidad que era en deberle en calidad de préstamo. El de-mandado negó la existencia de lá reclamación y .contrade-mandó para que el demandante le pagase cierta cantidad por servicios qne le había prestado.

Una y otra parte presentaron prueba testifical para soste-ner sus respectivas pretensiones y el juez inferior con vista de la evidencia aportada al juicio resolvió el conflicto de ella a favor del demandante, declarando con lugar la demanda y sin lugar la reconvención o contrademanda.

De esta sentencia apeló para ante nosotros el demandado quien únicamente funda sú recurso en que la prueba no es suficiente para sostenerla porque los testigos del demandante eran sus familiares y porque las declaraciones do los que no lo son eran inverosímiles.

El juez que oyó declarar a los testigos estaba en mejores condiciones para apreciar la credibilidad de los testigos que depusieron y no habiéndose alegado ni probado que proce-dió en su resolución con pasión, prejuicio, parcialidad o con manifiesto error, debemos sostener la apreciación que de ella hizo.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Aldbey,

text:
    Hernández Mena, Demandante y Apelante, v. Blanco et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito ele Mayagüez en causa sobre daños y perjuicios ocasionados por injunction.

    No. 1276.
    Resuelto en julio 14, 1915.
    Daños y Perjuicios — Injunction—Embargo de Orídito por Sentencia — Causa de Acción como Consecuencia de un Injunction. — Si un crédito por sen-tencia es embargado y al tiempo de ejecutar la subasta ésta es suspendida por virtud de una orden de injunction y el poseedor del crédito pierde los beneficios de esa cantidad y el importe del sello para anotar su embargo, no debido a 'la orden paralizando la subasta sino a la existencia de una recla-mación pendiente contra él, no puede declararse que existe causa de acción por daños y perjuicios causados como consecuencia del injunction.

    Demanda — Hechos Determinantes de Causa de Acción por Cantidad Insutt-ciente — Jurisdicción Original. — Cuando una demanda no aduce hechos de-terminantes de una causa "de acción sido en cuanto a cierta cantidad que no es suficiente para dar jurisdicción original a una corte de distrito, no comete ésta error alguno al declararse sin jurisdicción para conocer de la misma.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Ángel A. Vázquez.

    Los apelados no comparecieron.
   El Juez Asociado Sb. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en este caso de una demanda establecida por Agustín Hernández Mena contra Alejandrina Blanco Ramí-rez, Francisco Arán Cuascú, Blas Ramírez y Jaime Zapata en la que les cobra los perjuicios que alega haber sufrido porque cuando estaba ejecutando una sentencia que por cierta cantidad obtuvo contra la Sucesión de Inocencia Cuascú y estando anunciada la venta de bienes que para su pago había embargado, fué suspendido’el remate por una orden de injunction decretada mediante la fianza que prestaron Blas Ramí-rez y Jaime Zapata en pleito de tercería establecido por Alejandrina Blanco Ramírez y Francisco Arán.

Mientras subsistía la prohibición, José Benet Colón em-bargó ese crédito reconocido por sentencia y después de decla-rarse sin lugar la tercería y de dejarse sin efecto la orden de injunction, el demandante, alegando entre otras cosas que como consecuencia de la orden de injunction pudo Benet em-bargarle esa cantidad, reclama como perjuicios de la orden de injunction los siguientes:

“(a) Por efectivo pagado por sello de rentas internas para anotar el embargo trabado en 22 de octubre de 1912, en ejecución de la sentencia del caso No. 145 de la Corte Municipal de Mayagüez, en el registro de la propiedad- $4. 50 * .-
Al frente — :_ $4.50
Del frente_ $4. 50
(5) Por efectivo pagado al Administrador del perió-dico La Voz de la Palria, por la publicación del edicto anunciando en venta en subasta pública para el día 12 de noviembre de 1912', los bienes embargados en 22 de octubre de 1912, en el caso No. 145 de la Corte Municipal de Mayagüez_ 2. 00
(c) Por importe para pago de honorarios a Don José Sabater, como abogado de récord de Agustín Her-nández Mena en el caso No. 3852, origen de esta demanda- 300. 00
(d) Por efectivo al taquígrafo de la Corte de Distrito de Mayagüez por una copia del récord taquigráfico del caso No. 3852, con motivo del recurso ■ de ape-lación de la sentencia por los demandantes, para ante 3a Hon. Corte Suprema de Puerto’ Rico_ 8. 00
(e) Por importe de la sentencia del caso No. 145 de la Corte Municipal de Mayagüez embargado por José Benet Colón, intereses y, costas_ 562. 35
(/) Por importe de lo dejado de ganar con las antériores cantidades, de que se ha visto privado el deman-dante, sin justa causa_ 123.15
Suma total_$1, 000. 00 ’ ’

Los demandados exeepcionaron la demanda porque no aduce hechos suficientes para constituir causa de acción; por-que no aduce tampoco causa de acción en cuanto a los daños . especificados bajo las letras antes transcritas y porque la acción ha prescrito.

Después de oir a las partes dictó sentencia la corte de distrito declarando que carecía de jurisdicción para cono-cer de la demanda porque las únicas tres partidas, marca-das (&), (c) y (d) en las que existe causa de acción suman $310, cantidad que es insuficiente para conferirle jurisdicción por lo que ordenó el sobreseimiento y archivo del pleito. De esta sentencia apeló el demandante Agustín, Hernández Mena.

¿Es sostenible la sentencia apelada? Yeámoslo.

La acción que se ejercita es para cobrar los ¿años y per-' juicios que el demandante alega haber sufrido como conse-cuencia de una orden de injunction suspendiendo el remate de cierta finca cuya venta estaba anunciada para con su pro-ducto pagarle un crédito por sentencia, los intereses y las costas.

En la demanda se especifican los distintos conceptos por los que ha sufrido perjuicios y las cantidades que reclama por ellos las que suman mil pesos. De esas distintas parti-das ha declarado el juez inferior que existe causa de acción en cuanto a las determinadas con las letras (6), (c) y (d) que suman $310, pero no en cuanto a las otras por lo que tenemos que examinar si en cuanto a éstas existe o nó causa de acción.

La partida letra (a) por efectivo pagado por sellos de rentas para anotar el embargo de la finca objeto de ejecución en el registro, la consignada en la letra (e) por el importe del crédito por sentencia, intereses y costas embargado por Benet y la de la letra (/) por lo dejado de ganar en las can-tidades de que se ha visto privado el demandante, descan-san todas en el hecho de que si la subasta no se hubiera sus-pendido por la orden de injunction, no hubiera tenido opor-tunidad Benet Colón de embargarle el crédito por sentencia. Sin embargo, entendemos que si tal crédito fué embargado y el demandante ha perdido los beneficios de esa cantidad y el importe del sello para anotar su embargo, se debe, no a la orden paralizando la subasta; sino a que Benet Colón te-nía una reclamación pendiente contra el demandado sin la existencia de la cual el demandante no hubiera perdido esas cantidades a pesar de la orden dé injunction, por lo que no podemos declarar que ésta produjo esos perjuicios y por tan-to en cuanto a ellas no existe causa de acción por daños como consecuencia del injunction.

Como la demanda no aduce hechos determinantes de causa de acción sino en cuanto a $310, según declaró el juez inferior y como esta caiitidad no es suficiente para dar jurisdic-ción original a la oortp de distrito, no cometió ésta error al declararse sin jurisdicción para conocer de una demanda de acuerdo con la cual sólo hay derecho para obtener $310.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    Virella, Peticionario y Apelante, v. Carreras et al., como Miembros de la Junta de Médicos Examinadores, Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección 2a., en nn recurso sobre mandamus.

    No. 1322.
    Resuelto en julio 14, 1915.
    Medicina — Aspirantes al Ejercicio de la Medicina — Deber del Solicitante— Colegios o Instituciones Acreditados. — En una solicitud para ser admitido a examen ante la Junta de Médicos Examinadores, el solicitante debe pro-bar haberse graduado en un colegio o institución de medieina bien acredi-tado y organizado legalmente.
    Id. — Clasificación de Colegios Por la Asociación Módica Americana — Prueba' de Reputación. — El hecho de que la Asociación Médica Americana había dado cierta clasificación al colegio de donde procedía el aspirante, así como también el de haber sido admitidos por la junta local otros aspirantes pro-cedentes de colegios que figuraban en la misma clasificación, no le exime de la necesidad en que está de tener que demostrar el buen crédito de que goza su colegio, especialmente por haber sido hecha la clasificación del colegio del apelante por' la Asociación Médica Americana después de ser un aspi-rante el apelante y cuando ya la junta local había hecho investigaciones y estaba satisfecha de que el referido colegio no gozaba de buen crédito.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael López Landrón.

    Abogado del apelado: Sr. Jaime Sifre, Jr., Fiscal Especial. '

   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Junta de Médicos Examinadores se negó a admitir a examen a Rafael Virella y Vergne. Entre las prescripciones de la ley con las cuales está obligado a cumplir un aspirante, existe la siguiente:

“* # * Las solicitudes de dichos candidatos * * * se ha-rán por escrito acompañadas de comprobantes de haberse graduado el solicitante en un colegio o institución de medicina bien acreditado y organizado legalmente.”

El referido Bafael Virella y Yergne presentó una soli-citud de mandamus para que se requiera a la mencionada Junta de Médicos Examinadores a que admita a examen al' peticionario, alegando entre otras cosas, en el párrafo cuarto de su petición, que había hecho la debida solicitud como gra-duado de la Eastern University of Baltimore, universidad bien acreditada y organizada legalmente. Tanto ésta como otras alegaciones de la petición, quedaron sometidas a discusión por la contestación formulada por los apelados. De acuerdo con la ley y con su petición, el apelante tenía entre otras cosas la obligación de probar que la Eastern University of Baltimore era un colegio o institución bien acreditado. El peticionario dejó de hacer esto.

En cierta época del año 1913, la Junta de Médicos Exami-nadores resolvió que en lo sucesivo no admitiría candidatos a examen cuando los diplomas que presentaran procedieran de colegios o universidades clasificados con la letra “C” por la Asociación Médica! Americana. La referida Asociación Médica Americana clasificó los mejores colegios bajo la letra “A,” buenos con ciertas deficiencias bajo la letra “B,” y los de poco valor bajo la letra “C.” Los colegios o insti-tuciones clasificados bajo “0” no están reconocidos como bien acreditados por la Asociación Médica Americana, ni por la mayoria.de los Estados de la Unión. En la fecha en que el peticionario presentó su solicitud para examen la Eastern University no había sido clasificada en absoluto, ni siquiera bajo la letra “O.” Dicha universidad fué clasificada bajo la letra “C” por la Asociación Médica Americana en el año 1914, después de haber presentado su solicitud el peticionario.

El principal motivo ele queja del peticionario estaba ba-sado en el becbo de haber admitido la junta próximamente para la misma fecha a dos candidatos, o sea al Sr. Mestre Ca-parros y a la Señorita Piñero al examen, después de haberse negado primeramente a admitirlos por estar clasificados sus colegios bajo el apartado “C.” Parece que como dichos dos aspirantes presentaron sus solicitudes con anterioridad al acuerdo de la junta de no admitir aspirantes procedentes de instituciones clasificadas bajo la letra “C,” la Junta de Médicos Examinadores creyó que era injusto el no permitirles tomar sus exámenes, puesto que ya antes había admitido aspirantes a examen de otros colegios clasificados bajo “C.” El Fiscal expresa en sn alegato que la junta tenía otras razo-nes para admitir a estos dos candidatos, pero no encontra-mos prueba de esto en los autos.

En el caso del peticionario, sin embargo, en la fecha en que fué presentada su solicitud, la Junta de Médicos Exa-minadores pasó una resolución negándose a admitir al peti-cionario y a otros varios aspirantes, porque sus diplomas no venían de colegios clasificados por la Asociación Médica Americana. La comunicación específica que fué dirigida al peticionario era que la junta se negaba a aceptar su diploma por no considerar que el colegio de donde procedía dicho diploma estaba bien acreditado. La junta no se contentó con estos hechos, sino que se puso en comunicación con el Des-pacho de Asuntos Insulares para informarse acerca de la reputación de la Eastern University. Estamos convencidos de que según el informe que la junta tenía ante sí, el cual fué recibido del Despacho de Asuntos Insulares, dicha junta estaba enteramente justificada al considerar que el diploma del peticionario no procedía de un colegio bien acreditado. La idea del peticionario es la de que como los otros aspiran-tes cuyos colegios estaban clasificados bajo la letra “C” fue-ron admitidos a examen, de igual manera él debió haber sido admitido. Su colegio,' como hemos visto, no estaba clasifi-cado bajo “C” en la fecha de la presentación de su solicitud y la junta se convenció por sí misma, por informes indepen-dientes, de que la Eastern University of Baltimore no estaba bien reputada. No importa, por tanto, que los otros aspi-rantes procedentes de colegios cuyo crédito ha sido impug-nado fueran admitidos al examen. La junta podría haber estado justificada en negarse a admitir a los otros candi-datos teniendo en cuenta que el objeto principal es que los aspirantes vengan de colegios bien acreditados. El proceder de la junta en lo que respecta a otros aspirantes nada im-porta. El peticionario estaba en la obligación de probar a la junta el buen crédito de su colegio. No solamente dejó él de cumplir con esto, sino que la demandada presentó prueba positiva de que la Eastern University of Baltimore no estaba bien acreditada. No es necesario, por tanto,’ considerar la cuestión enérgicamt ."te discutida de si los deberes de la junta eran ministeriales' o discrecionales y cuáles serían los dere-chos del peticionario examinados bajo uno u otro aspecto.

Debe confirmarse la sentencia..

, Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Toro>

text:
    Pereyó, Peticionario, v. López et al., como Miembros de la Junta Examinadora de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Demandados.
    Solicitud para que se expida un auto de mandamus con-dicional dirigido a los demandados, ordenándoles que ad-mitan a examen al peticionario.
    No. 149.
    Resuelto en julio 14, 1915.
    Mandamus — Requisitos de la Solicitud. — Cuando en una solicitud de mandamus presentada al Tribunal Supremo, no se cumple con el requisito exigido por la sección 69 del Reglamento, relativo a que deben expresarse en la misma “las razones que hacen indispensable que el auto se expida originalmente por este Tribunal/'' puede esta corte desestimarla de plano.

      Abogados — Definición de Escriche. — Abogado en general es el que defiende causa o pleito suyo o ajeno demandando o respondiendo, pero, según el es-tado de nuestra legislación, es el profesor de jurisprudencia que' con título legítimo se dedica a defender en juicio, por escrito o de palabra, los inte-reses o causas de los litigantes.
    Jueces — Definición de Escriche — Id. de las Siete Partidas. — Juez es la persona revestida de la potestad de administrar justicia a los particulares, o sea de aplicar las leyes en los juicios .civiles o en los criminales o así en unos como en otros. “Los juzgadores han nombre de jueces, que quiere tanto deeir, como homes bonos que son puestos para mandar et facer dereeho. ’3 Abogado — Abogados en Ejercicio — Jurisprudencia Americana. — Los deberes or-dinarios de un abogado consisten en la representación de partes litigantes ante las cortes de justicia. La práctica de la abogacía abarca la prepara-ción de alegatos y otros documentos relacionados con las acciones y proce-dimientos especiales, así como la tramitación de tales acciones y procedi-mientos, a nombre de los clientes, ante los jueces y las cortes, y,, además, traspasos, preparación de documentos legales de todas clases, y, en general, toda asistencia a los clientes, y toda acción que se interponga a su nom-bre en autos relacionados con la ley. El abogado es también un funcionario de la corte, y, como tal, su buena fe .y sus honestas transacciones consti-tuyen un deber para con los tribunales ante los cuales ejerce su profesión. Abogacía — Ejercicio de la Abogacía — .Jueces—Punciones Distintas. — Las fun-ciones de un abogado en ejercicio y de un juez, son distintas. La judicatura y el foro tienen en verdad muchos puntos de contacto, pero constituyen cam-pos de acción diferentes. ■ La incompatibilidad del ejercicio de la abogacía con el desempeño de cargos judiciales, está declarada por la ley en Puerto Rico.
    Registrador de la Propiedad — -Aspirantes a Examen — Ejercicio de la Abo-gacía — Desempeño de Funciones Judiciales. — De acuerdo con los princi-pios enunciados, se resolvió en este caso que las palabras “abogado en ejer-cicio,” usadas en el último párrafo de la sección 1 de la Ley sobre Regis-tros de la Propiedad de 1904, tal como quedó enmendada en 1909, no incluye a un abogado que está desempeñando las funciones de juez municipal, a los efectos de contar el tiempo que dicho abogado desempeña fundones judiciales como empleado en el ejercicio de la abogacía.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario: Sres. Francisco González y Ce-lestino Triarte, Jr.

    Los demandados no comparecieron.
   El Juez Asociado Se. del Toro>

emitió la opinión del tribunal.

Tinis Pereyó Quiñones, por medio de sus abogados Celes-tino Iriarte, Jr., y Francisco González, archivó en la Secre-taría de esta Corte Suprema' el 12 de julio' actual una soli-citud para que se expida un auto condicional de mandamus dirigido a la Junta Examinadora de Aspirantes a Registra-dores de la Propiedad ordenándole que admita a examen al peticionario y de no admitirlo que comparezca ante esta Corte Suprema en el día y hora que al efecto se señale para expo-ner las razones que tenga para ello.

Alega el peticionario que el 29 de junio de 1906 fue admi-tido al ejercicio de su profesión de abogado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y la ejerció en efecto activamente ante la Corte de Distrito de Humacao basta el 6 de julio de 1908 en que fué nombrado juez municipal de dicha ciudad, desde cuya última fecha ha venido desempeñando las' fun-ciones del expresado cargo judicial para lo cual se requiere como condición precedente indispensable el ser abogado admi-tido a ejercer ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Y alega el peticionario además, que no obstante haber demostrado a la Junta Examinadora de Aspirantes a Regis-tradores, los anteriores hechos, dicha junta se ha negado a admitirlo a examen por el motivo de que, según la junta, el peticionario no ha probado haber ejercido su profesión de abogado por más de cinco años, como requiere la ley.

Antes de entrar en- el examen de la cuestión fundamental envuelta en este caso, diremos que en ninguna parte de la solicitud se cumple con el requisito exigido por la sección 69 del reglamento de este tribunal, 17 D. P. R., LXXYI, rela-tivo a que deben expresarse en la misma “las razones que hacen indispensable que el auto se expida originalmente por este tribunal.” La abogacía en general debe cumplir cui-dadosamente ese precepto encaminado a preservar en cuanto sea posible el carácter distintivo de esta corte como tribunal de apelación, carácter que le permite estudiar y resolver las cuestiones con más calma, después de haberse depurado y decidido por las cortes de distrito, y por consiguiente con mayor seguridad de acierto. La falta indicada sería bas-tante para desestimar de plano la solicitud. Sin embargo, como de los hechos alegados se desprende la urgencia del caso, ya que el plazo dentro del cual podría ser admitido a examen el peticionario está próximo a expirar, considerare-mos la solicitud en su fondo dictando la resolución que pro-ceda en justicia.

La sección 1 de la ley asignando sueldos a los registra-dores de la propiedad y para otros fines, aprobada en ÍO de marzo de 1904, tal como quedó enmendada en 1909, (Leyes de 1909, pág. 215), en su último párrafo dice así:

“Para ser nombrado registrador de la propiedad de cualquier registro de la propiedad de' Puerto Rico, se requiere: ser ciudadano del pueblo de Puerto Rico, mayor de. 25 años, abogado en ejercicio con más de cinco años de práctica en las cortes de distrito y Corte Suprema de Puerto Rico, y leer, escribir y Hablar correctamente el idioma español.’

La cuestión a considerar y a resolver consiste, pues, en la interpretación que deba darse a las palabras “abogado en ejercicio.”

El peticionario entiende que cuando un abogado desem-peña las funciones de juez, es un “abogado en ejercicio.” La Junta Examinadora resolvió la cuestión en sentido nega-tivo, de acuerdo con la ley, a nuestro juicio.

Escriclie, en su Diccionario razonado de Legislación y Ju-risprudencia, vol. 1, pág. 60, dice:

“Abogado. — Eu general es el que defiende causa o pleito suyo o ajeno, demandando o respondiendo; pero según el estado de nuestra legislación, es el profesor de jurisprudencia que con título legítimo se dedica a defender en juicio por escrito o de palabra los intereses o causas de los litigantes.
“Esta voz viene del adjetivo latino advocatus, que significa lla-mado, porque entre los romanos en los negocios que pedían conoci-miento de las leyes, llamaba cada cual en su socorro a los que Hacían un estudio particular del derecHo. También eran designados con los nombres de patronos y defensores, porque tomaban bajo.su protec-ción a las personas, encargándose de la defensa de sus intereses, de su Honor o de su vida; y al mismo tiempo se les daba alguna vez el título de oradores, cuando se les veía desplegar con calor toda la fuerza de la elocuencia perorando por sus clientes. Todas estas deno-minaciones convienen igualmente entre nosotros a los que ejercen la profesión de la abogacía, y se les da además por nuestras antiguas leyes la de voceros, porque usan de su oficio con voces y palabras.”

El mismo autor, en la misma obra, vol. 3, p. 431, expresa:

“Juez. — El que está revestido de la potestad de administrar jus-ticia á los particulares, o sea de aplicar las leyes en los juicios civi-les o criminales o así en unos como en otros. ‘Los juzgadores,’ dice la ley Ia., tít. 4°., Part. 3a., ‘han nombre de juoc-es, que quiere tanto decir, como homes bonos que son puestos para mandar et facer derecho.”

Como puede verse, las funciones de un abogado en ejer-cicio y ele un juez son distintas. En Puerto Rico se requiere que 'los jueces, con excepción de algunos que desempeñan cargos de poca importancia, sean abogados. Pero cuando un abogado es nombrado juez y comienza el desempeño de los deberes de su nuevo cargo, sale del Poro para entrar en la Judicatura. La Judicatura y el Poro tienen en verdad muchos puntos de contacto, pero' no puede negarse que son campos distintos. Es cierto que en ambas se estudia cons-tantemente la ley y que no se concibe que si el pensamiento del Legislador estuvo fijo en el hecho de que el cargo de regis-trador de la propiedad debía ser desempeñado por una persona no solo experta en el conocimiento de la ley, sino con suficiente práctica de ese conocimiento, se refiriera sólo a ios “abogados en ejercicio ante los tribunales” y omitiera a los abogados que componen esos mismos tribunales ante los diales se ejerce. Pero la ley es la ley, y tal como exista debe aplicarse por los tribunales.

En el derecho y en la tradición americanos, las palabras “practicing lawyer” y “practicing attorneytienen igual significado que en el derecho y en la tradición españoles las palabras “abogado en ejercicio.” Nos limitaremos a citar algo sobre la materia, tomándolo de la obra “Ruling Case Law” que se está editando en la actualidad por William M. McKinney y Burdett A. Rich:

“Los deberes ordinarios de un abogado consisten en la represen-tación de partes litigantes ante las cortes de justicia, y es con este propósito que se le expide una licencia, bajo la.autoridad del Estado. De acuerdo con la definición generalmente aceptada de la práctica de leyes en este país ésta abarca la preparación de alegatos y otros documentos relacionados con las acciones y procedimientos especiales,, así como la tramitación de tales acciones y procedimientos, a nom-bre de los clientes, ante los jueces y las cortes, y, además, traspasos,, preparación de documentos legales de todas clases, y, en general, toda asistencia a los clientes, y toda acción que se interponga a su nopibre en asuntos relacionados con la ley. Un abogado es una persona que se dedica a cualquiera de estos ramos de la práctica de la ley # * *. El abogado es también un funcionario de la corte, y, como tal, su buena fe y sus honestas transacciones constituyen un deber para con los tribunales ante los cuales ejerce su profesión. Su más alto deber es informar a la corte en cuanto a la ley y los hechos del caso, y ayudarla a impartir justicia y llegar a correctas conclusiones * * 2 Ruling Case Law, 938.

Si alguna duda pudiera existir todavía, diclia duda queda-ría desvanecida por completo al leer la ley prohibiendo al Fiscal de la Corte Suprema, Fiscales de las cortes de distrito y jueces municipales el ejercicio de la abogacía, aprobada el 9 de marzo de 1905, (Leyes de 1905, p. 191). La sección 1 de dicha ley, en lo pertinente, es como sigue:

“Que al Fiscal de la Corte Suprema, fiscales de las cortes de dis-trito y jueces municipales se les prohíbe por la presente ejercer la abogacía; * *

De suerte que el mismo Legislador que exige “el ejer-cicio de la abogacía” durante un determinado número de años para poder aspirar a ser nombrado registrador, prohíbe a los jueces municipales “el ejercicio de la abogacía.” La incompatibilidad entre una profesión y otra, está, pues, de-clarada por la ley, y la cuestión envuelta en este caso resuelta, en tal virtud por la misma de modo terminante en contra de las pretensiones del peticionario.

Su solicitud, en su consecuencia, debe ser desestimada.

Denegada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Alclrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Rodríguez, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo denegando la inscripción de una escri-tura sobre ratificación de venta.
    No. 240.
    Resuelto en julio 14, 1915.
    Sociedades Mercantiles — Vencimiento de Prórroga del 'Término Convenido— Disolución — Nuevo Contrato Social. — Con arreglo al artículo 221 del Có-digo de Comereio, el vencimiento de la prórroga del término del contrato social, es una de las causas por las cuales se disuelven totalmente las com-pañías mercantiles de cualquier clase que fueren, y cuando los socios quie-ren continuar en compañía, deberán celebrar un nuevo contrato sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se previene en el artículo 119 del mismo Código.
    Id. — Constitución, Pactos y Condiciones — Escritura Social — Inscripción en el Registro Mercantil. — De acuerdo con el artículo 119 del Código de Comercio, toda compañía de comereio antes de dar principio a sus opera-ciones, deberá hacer constar su constitución, pactos y condiciones en escri-tura pública que se presentará para su inscripción en el registro mercantil, conforme a lo dispuesto en el artículo 17, quedando sujetas a las mismas formalidades con arreglo, a lo dispuesto en el artículo 25, las escrituras adi-cionales que de cualquier manera modifiquen o alteren el contrato primi-tivo de la compañía, sin que los socios puedan hacer pactos reservados, pues todos deberán constar en la escritura social.
    Id. — Infracción del Artículo 223 del Código de Comercio — Contratos Cele- . BRADOS CON PERSONAS EXTRAÑAS A LA COMPAÑÍA — RESPONSABILIDAD DE LOS Socios. — La infracción de los artículos 119 y 223 del Código de Comercio no hace irresponsables a los encargados de la gestión social por los contra-tos celebrados con personas extrañas a la compañía, pues el artículo 120 del mismo Código preceptúa que los encargados de la gestión social que contravinieren a lo dispuesto en el artículo anterior (119), serán solida-riamente responsables para con las personas extrañas a la compañía con quienes hubieren contratado en nombre de la misma.
    Id. — Existencia Legal — Contratos—Terceros.—Conforme con el anterior pre-cepto, aun cuando una sociedad mercantil no haya tenido existencia legal, los actos y contratos que con tal carácter realicen los socios son eficaces contra los mismos en favor de los terceros con quienes han contratado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Manuel Paz Urdas.

    El Registrador recurrido Sr. Felipe Cuchí Arn.au compa-reció en nombre propio.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en la ciudad de TTtuado a 22 de marzo de 1915 por ante el Notario Eduardo Marín Marión, Ramiro Martínez y Santana, en su carácter de gestor do la sociedad mercantil R. Martínez & Co., ratificó la venta que por adjudicación en pago de deuda y por precio de $500 anteriormente recibidos, había hecho hacía algún tiempo a Manuel Rodríguez y Rodríguez de una finca rús-tica con cabida de 25 cuerdas de terreno, sita en el barrio de "Viví Arriba del término municipal de la referida ciudad. Jaime Sureda en su carácter de socio comanditario de la expresada sociedad concurrió al otorgamiento de la escritura con el único objeto, según se expresa, de prestar su asenti-miento y conformidad a la adjudicación hecha por el gestor Martínez, la cual consiente y ratifica.

Presentada en el Registro de la Propiedad de Arecibo copia de la escritura de referencia acompañada de la de cons-titución y prórroga de .la sociedad mercantil R. Martínez & Co. y de orden de la Corte de Distrito de los Estados Uni-dos para Puerto Rico, para cancelar cierta anotación relativa a la propiedad del quebrado Juan B. Frau y Frau y Com-pañía y permitir el registro de cualquier traspaso relativo á esa propiedad, el registrador denegó la inscripción por medio de nota que copiada a la letra dice así:

“Denegada inscripción de este documento por los motivos siguien-tes: Primero: que la mercantil R. Martínez y Compañía, en cuyo nombre comparece como gestor el socio Don Ramiro Martínez Santana, no existe, pues habiendo vencido el término de su constitución, prorrogado hasta el 31 de mayo de 1897, y sin nuevo contrato de prórroga o constitución, está prohibido a ningún socio comparecer a nombre de ella, artículo 223 del Código de Comercio. Segundo: y que ni aun como liquidador es lícito al antiguo gestor de una socie-dad extinguida, comparecer ante notario para hacer nuevas opera-ciones con un tercero sin que sirva para desvirtuar el carácter de aquélla la alegación de una supuesta deuda, cuya existencia, origen ni montante se comprueban, artículo 228 del citado Código de Comer-cio ; y siendo tales defectos insubsanables, de acuerdo con lo dispuesto en la sección 7a. de la ley de Io. de marzo de 1902, se tomó anotación preventiva por término de ciento veinte días, a los efectos legales, al folio 184 vuelto del tomo 47 de Utuado, finca número 1783, ano-tación letra A. Arecibo 10 de junio 1915, Felipe Cuchí, registrador.51

Esa nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto por el com-prador Manuel Rodríguez y Rodríguez.

De las escrituras de .constitución y prórroga de la socie-dad R. Martínez & -Oo. resulta que esa sociedad se constituyó en 20 de junio de 1891 para comenzar a girar desde el día Io. del mismo mes y por término de dos años a vencer en 31 de mayo'de 1893, siendo socio gestor de la misma Ramiro Martínez con uso de la firma social R. Martínez & Co., y socio comanditario Jaime Sureda, y que en 27 de mayo de 1893 Ramiro Martínez y Jaime Sureda prorrogaron el término del contrato social por cuatro años más a vencer el 31 de mayo de 1897.

Como se ve, la escritura cuya inscripción lia sido dene-gada fue otorgada por Ramiro Martínez y Santana como gestor de la sociedad mercantil R. Martínez y Compañía cuando ya había vencido la prórroga del término convenida entre los socios. Es esa una de las causas por las que se disuelven totalmente las compañías mercantiles de cualquier clase que sean, con arreglo al- artículo 221 del Código de Comercio.

No aparece que la mercantil expresada fuera prorrogada nuevamente, y para ese caso establece el artículo 223 del mismo Código que las compañías mercantiles no se entende-rán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios después que se hubiere cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía, celebrarán un nuevo contrato sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento, según se pre-viene en el artículo 119.

Dicho artículo 119 ordena que toda compañía de comer-cio antes de dar principio a sus operaciones deberá hacer • constar su constitución, pactos y condiciones en escritura pu-Mica que se presentará para su inscripción en el registro mercantil,‘conforme a lo dispuesto en el artículo 17, quedando sujetas a las mismas formalidades, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25, las escrituras adicionales que de cualquiera manera modifiqúen o alteren el contrato primitivo de la com-pañía, sin que los socios puedan hacer pactos reservados, pues todos deberán constar en la escritura social.

Al resolver en junio 13, 1912, el caso de San Miguel v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección 1ª., 18 D. P. R., 515, dijimos que la infracción de los artículos 119 y 223 del Código de Comercio no hace irresponsables a los encargados de la gestión social por los contratos cele-brados con personas extrañas a la compañía, pues el artículo 120 del mismo código preceptúa: que los encargados de la gestión social que contravinieren a lo dispuesto en el artículo anterior (119) serán solidariamente responsables para con las personas extrañas a la compañía con quienes hubieren contratado en nombre de la misma.

Y añadimos entonces y repetimos ahora que conforme con el anterior precepto resolvió él Tribunal Supremo de España en sentencia de 6 de diciembre de 1887 que aun cuando una sociedad mercantil no haya tenido existencia legal, los actos y contratos que con tal carácter realicen los socios son efi-caces contra los mismos en favor de los terceros con quienes han contratado.

Haciendo aplicación de la anterior doctrina, opinamos que la escritura de venta otorgada por Bamiro Martínez y Santana, como gestor de la sociedad mercantil B. Martínez & Compañía, a favor del recurrente Manuel Bodríguez y Bodrí-guez, es eficaz en favor de éste aunque dicha sociedad no tuviera existencia legal por haber vencido el término de su constitución y prórroga; y si no le. reconociéramos esa efi-cacia, la infracción de los preceptos del Código de Comercio favorecería a la sociedad B. Martínez & Compañía y perju-dicaría al tercero que contrató con ella.

El contrato de compraventa de que se trata es válido res-pecto del recurrente Manuel Rodríguez y Rodríguez, tercera persona extraña a la sociedad R. Martínez & Compañía.

Procede la revocación de la nota recurrida.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: En Juez PRESIDENTE Sr. HerNÁNdez,

text:
    Fabián, Peticionario, v. Rossy, Juez de Distrito et al., Demandados, y Finlay, Interventora.
    Solicitud para que se expida un mandamiento de certiorari a los Jueces de la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción 2a., y Tíumacao, en causa sobre divorcio.
    No. 149.
    Resuelto en julio 15, 1915.
    Conocimiento Judicial — Vacaciones de las Cortes de Distrito. — La Corte Su-prema puede tomar conocimiento judicial de los períodos de vacaciones de las Cortes de Distrito.
    Jueces de Distrito — Jueces de las Secciones Ia. y 2a. del Distrito de San . Juan — Sustitución Beglamentaria — Vacaciones.—La sustitución mutua de los jueces de las Secciones Ia. y 2a. de la Corte de Distrito de San Juan establecida por la sección 12 de la Ley aprobada en 8 de marzo de 1906, no comprende el caso en que uno de los jueees esté disfrutando de vaca-ciones, pues sólo se refiere a los casos en que uno de ellos esté enfermo o impedido de desempeñar sus funciones, por causas independientes de su volun-tad, y no bay ley alguna que establezca sustituciones reglamentarias para los casos en que un juez de distrito esté en vacaciones.
    Traslado de Causas — Jueces de Distrito — Jurisdicción.—No pudiendo uno de los jueees de las dos secciones de la Corte de Distrito de San Juan susti-tuir al otro, por no otorgarle .jurisdicción para ello la sección 12 de la Ley de 8 de marzo de 1906 sino en los casos que expresa, carece igualmente de * jurisdicción para ordenar el traslado a otra corte de distrito del caso que indebidamente ba sido sometido a su conocimiento.
    Id. — Incapacidad de un Juez para Actuar como Tal — Audiencia de las Bartes Acerca del Ca'mbio en el Lugar de la Vista. — Cuando de acuerdo con el artículo 23 del Código de Enjuiciamiento Civil un juez entienda que está incapacitado para actuar en un caso, conformo el artículo 84 del mismo Código, no puede ordenar un cambio en el lugar de la vista sin antes oir a las partes acerca del distrito a que quisieran verificar el traslado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados def peticionario: Sres. Bosch & Soto.

      Abogados de la interventora: Sres. Llorens & Canales.

    Los demandados no comparecieron.
   En Juez PRESIDENTE Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 17 de abril del corriente año 1915, Josefina Fin-lay radicó una demanda ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., ejercitando la acción de divorcio contra su legítimo esposo Rafael Fabián, y emplazado éste, veri-ficó su comparecencia proponiendo ciertas eliminaciones del escrito de demanda.

Por' orden de 19 de abril citado, la referida corte a moción jurada de la demandante dispuso que la niña Josefina, bija de los esposos Fabián-Finlay, quedara durante el pleito bajó-la guarda y cuidado de la demandante; pero en 5 de mayo-siguiente ambas partes presentaron a la corte una estipu-lación escrita que fué aprobada, en virtud de la cual la niña Josefina había de quedar depositada bajo el cuidado y cus-todia de las Reverendas Madres del Colegio del Sagrado Co-razón de esta ciudad, barrio de Martín Peña, y sujeta a las órdenes y mandatos de dicha corte, sin que ninguno de los cónyuges pudiera mientras tanto sacar del colegio a la menor, aunque conservarían con ella las relaciones de familia.

Fué presentada otra moción por Josefina Finlay en 22, de mayo para que el juez practicara una inspección personal del estado en que se encontraba la niña y de las condiciones-que la rodeaban con el fin de resolver por sí propio si debía pasar las vacaciones en el Colegio del Sagrado Corazón donde se encontraba o en compañía de su madre y abuela que vivían en Santurce, con las que tendría toda clase de atenciones y comodidades. No aparece que a esta moción se dictara reso-lución alguna.

En 9 de junio fué radicada otra moción de. Josefina Fin-lay dirigida a la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., con súplica de que ordenara que la niña Josefina Fabián Fin-lay pasara los dos meses de vacaciones .en la casa y bajo el cuidado de la demandante por el fundamento de que la salud de la niña requería su salida del Colegio. Esa moción no fue notificada al demandado.

En 11 de junio la propia demandante presentó una moción a la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., con súplica de que atendida la urgencia del caso por estar la niña Josefina Fabián Finlay padeciendo de una fuerte afección psí-quica que podía ocasionarle graves trastornos en su salud, según informe de peritos médicos que en forma de affidavit acompañaba, procediera dicha corte de acuerdo' con lo que dispone la ley referente a las dos secciones de la Corte de Dis-trito de San Juan aprobada en 1906, a señalar día y hora para celebrar la vista de la moción presentada a la sección Ia. de dicha corte el día 9 de junio. Tampoco esa moción ■dirigida a la sección 2a. fue notificada al demandado Eafael Fabián. La Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a, dictó ■en 14 de junio una orden que copiada a la letra dice así:

“Por CUANTO en este caso, pendiente en la sección primera de esta corte de distrito, se ha presentado por la demandante una moción debidamente jurada y basada en informes de expertos médicos bajo juramento, solicitando que la niña Josefina Fabián Finlay, que actual-mente se halla bajo la custodia de esta corte en el Colegio del Sagrado porazón de Jesús, en el barrio de Santurce de esta ciudad, sea tras-ladada a pasar las vacaciones de dicho colegio a la casa de la deman-dante, madre de. dicha niña, fundándose dicha moción en motivos de enfermedad que aquejan a la referida niña y en que su salud corre grave peligro;
“Por Cuanto los abogados de la demandante, de acuerdo con la' ley referente a las dos secciones de esta corte de distrito aprobada en 1906, han solicitado del juez de la sección segunda que se cele-bre en su presencia la vista de dicha moción, dada la perentoriedad de la misma;
“Por cuanto el juez de la sección segunda que suscribe, se con-sidera descalificado para actuar como juez en la vista de dicha mo-ción, por tener conocimiento personal del caso y tener opinión formada;
“Por Cuanto por los motivos indicados conviene a los fines de la justicia qne esta moción se discuta y resuelva un otra corte donde no existan los inconvenientes apuntados, y siendo la Corte de Iíuma-eao la más cercana a la de San Juan;
“Por TANTO, resuélvese por el juez de la sección segunda en esta corte, actuando como juez sustituto de la sección primera, que este caso sea trasladado inmediatamente a la Corte de Distrito • de Huma-cao, y en su consecuencia el secretario de esta corte de distrito remi-tirá los autos a la Honorable Corte de Humacao, de acuerdo con el artículo 85 del Código de Enjuiciamiento Civil, siendo las costas de dicho traslado por cuenta de la demandante.y solicitante.”

Los procedimientos relacionados lian dado lugar a que la representación de Rafael Fabián acudiera a esta Corte Suprema en 17 ele junio en solicitud de auto de certiorari dirigido a cualquiera de los Jueces de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., ílon. Jesús María Bossy, o de la Corte de Distrito de Humacao, Hon. Rafael Cuevas Zequeira, para la remisión de los autos originales del caso o de copias certificadas de ellos con el fin de que fueran revisados los procedimientos y en definitiva se declarara nula y sin nin-gún valor la orden de 14 de junio de 1915.

Fué expedido el auto de certiorari en 18 de junio contra el Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., Jesús > María Rossy, que fué el que dictó la orden cuya nulidad se pide, y como no pudiera elevar los autos por haberlos remi-tido a la Corte de Distrito de Humacao, se reclamaron al juez de esa corte, señalándose para la vista el día 25 de junio, cuyo acto tuvo lugar cou asistencia de los abogados de Rafael Fabián y Josefina Finlay.

La única cuestión legal a discutir y resolver es si el Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., tenía o nó jurisdicción para dictar la orden de cuya nulidad se trata.

La ley para dotar de dos jueces a la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, aprobada en 8 de marzo de 1906, ordena en su sección Ia. que dicha corte se compondrá de dos jueces y se dividirá en dos secciones que se denominarán see-clon Ia. y sección 2a., y después de fijar la jurisdicción de los jueces de una y otra sección y de consignar otros preceptos que no son atinentes al presente caso, estatuye en su sección 12a. “que los jueces de las secciones Ia. y 2a. podrán sustitu-irse mutuamente en casos de enfermedad de uno de ellos o en aquellos en que por cualquier otro motivo esté alguno impe-dido de desempeñar sus funciones.”

En la moción presentada a la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., el día 11 de junio de 1915 para que se cele-brara la vista de la moción dirigida al juez de la sección Ia. ■para que la niña Josefina Fabián Finlay fuera trasladada a la casa de su madre y pasara allí dos meses de vacaciones bajo el cuidado de la demandante, no se expresa que el juez de la sección Ia. esté enfermo ni se alega el motivo que le impida desempeñar sus funciones; pero como tenemos cono-cimiento judicial de que el período de vacaciones de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., comprende los meses de junio y julio, bien podemos estimar que la moción de que se trata fué presentada al juez de la sección 2a. por encon-trarse disfrutando de vacaciones el juez de la sección Ia.

Parécenos que la sustitución mutua de los jueces de las Secciones Ia. y 2a. de la Corte de Distrito de San Juan, esta-blecida por la sección 12a. de la ley citada no comprende el case en que uno de los jueces esté disfrutando de vacaciones.

Esa ley sólo se refiere a los casos en que uno de los jueces esté enfermo o impedido de desempeñar sus funciones, o lo que es lo mismo, a casos en que el juez por causas indepen-dientes de su voluntad no pueda actuar. Cuando deja de actuar para disfrutar de vacaciones usando del derecho que la ley le reconoce, no cabe la sustitución establecida por la sección 12a.

No bay ley alguna que establezca sustituciones reglamen-tarias para el caso en que un juez de distrito esté en vaca-ciones, y no bay motivo legal alguno especial para estable-cer esa sustitución tratándose de los jueces de las dos sec-ciones de la Corte de Distrito- de San Juan, cuando la ley expresamente no la establece.

El Juez Jesús María Eossy de la Sección 2a. de la Corte de Distrito de San Juan no podía sustituir al juez de la sec-ción Ia. en un caso como el presente, y si la sección 12a. de la Ley de 8 de marzo de 1906 no le otorgaba jurisdicción para ello, carecía igualmente de jurisdicción para trasladar el caso a la Corte de Distrito de Humacao.

Pero ni aún en la hipótesis de que fuera juez sustituto del de la sección Ia. por razón de las*vacaciones de que éste estaba disfrutando, tampoco hubiera tenido jurisdicción para trasladar el caso en la forma en que lo hizo a la Corte de Dis-trito de Plumacao.

El artículo 23 del Código de Enjuiciamiento Civil esta-blece que:

“Artículo 23. — Un juez no puede actuar como tal en ninguno de los casos que siguen:
“1. En un pleito o procedimiento en que sea parte o en que estu-viere interesado;
“2. Cuando estuviere ligado a alguna de las partes con paren-tesco de consanguinidad o afinidad dentro del tercer grado, com-putado según las disposiciones de la ley;
“3. Cuando hubiere sido abogado o consultor de cualquiera de las partes en el pleito o procedimiento. Pero este precepto no será aplicable a la formación de la lista de señalamientos ni a la regla-mentación del orden de los asuntos, ni a la traslación del pleito a otro distrito.”

No prescribe dicho artículo cuál sea el distrito a que deba trasladarse el pleito en los casos expresados. Ese silencio viene a suplirlo el artículo 84 del mismo Código que dice así:

“Artículo 84. — Si un pleito o procedimiento se iniciare o estu: viere pendiente ante una corte, y el juez de ésta estuviere incapacitado para actuar, o si por cualquier motivo la corte ordenare un cambio en el lugar de la vista, deberá aquel trasladarse a un tribunal con-venido por las partes mediante estipulación por escrito o celebrada ante la corte y consignada en sn libro de actas; y si no llegasen a ponerse de acuerdo, entonces se trasladará el asunto a la corte más cercana en que no exista el mismo inconveniente o la causa que ori-ginó el traslado, verificándose éste a otra corte de distrito.”

Si el Juez Eossy a quien no reconocemos la facultad de sustituir al de la Sección Ia. de la Corte de Distrito de San Juan sino en los casos a que se refiere la sección 12a. de la Ley de 8 de marzo de 1906, según queda explicado, se creía realmente sustituto legal dol mismo en virtud de dicha sección, y entendía que estaba incapacitado para actuar en el caso, debió oir a las partes acerca del lugar al que quisieran veri-ficar la traslación del caso, antes de ordenar el traslado a lá Corte de Distrito de Humacao. Lejos de hacerlo así, sin audiencia de las partes, dispuso el traslado infringiendo el •artículo que dejamos transcrito. Hablamos así en el su-puestoj que no admitimos, de que pudiera sustituir al juez de la Sección Ia y en ese concepto tuviera jurisdicción para conocer del caso.

El conocimiento del pleito no pudo pasar al Juez Eossy sin una resolución del juez que originariamenté conocía del mismo o bien por decreto del G-obernador, si llegaba el caso de cumplirse lo dispuesto en el artículo 21 del Código de En-juiciamiento Civil.

Por las razones expuestas procede declarar con lugar el presente recurso de certiorari y anular la orden que dictó el Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en 14 de junio del corriente año.

Declarada con lugar la solicitujd y anudada la resolución de M de junio, 1915. ■

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Fabián, Peticionario, v. Cuevas Zequeira, Juez de Distrito, et al., Demandados.
    Solicitud para que se expida un auto inhibitorio al Juez de la Corte de Distrito de Humacao y a Josefina Finlay, Nemesio E. Canales y Luis Llorens Torres, para que desis-tan y se abstengan de actuar en nuevos procedimientos en - el caso de Josefina Finlay v. Rafael Fabián, sobre divorcio.
    No. 14.
    Resuelto en julio 15, 1915.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el recurso de certiorari 149, Fabián v. Sossy, Juez de Distrito, et al., pág. 790.
    Abogados del peticionario: Sres. Bosch & Soto.

    Abogados de Josefina Finlay: tSres. Llorens & Canales.

    El Juez Hon. Rafael Cuevas Zequeira compareció por escrito.
   Ratificado él auto inhibitorio expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf-, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Aragón, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por infracción a la Ley de Sanidad.
    No. 840.
    Resuelto en julio 15, 1915.
    Infracción a los Reglamentos de Sanidad — Reglamento de Sanidad Número 2 — Lavado de Ropas — Disposiciones Permisivas. — En este caso se imputó al acusado el hecho de que “ilegal, maliciosa y voluntariamente infringía el artículo 13 del Reglamento 2 del Departamento de Sanidad, permitiendo el lavado de ropas sin las condiciones requeridas, a los vecinos de los ran-chones de su propiedad.” Dicho artículo 13, en lo aplicable, dice: “Queda permitido el lavado de ropas de los propios vecinos de la casa, que deberá hacerse en local especial con piso y paredes impermeables * * Se resolvió, de acuerdo con la jurisprudencia establecida en el caso de Fl Pueblo v. Paratze, 22 D. P. B., 38, que siendo Aleramente permisiva la dis-posición que contiene el precepto citado se castigó indebidamente al acu-sado por no constituir materia delictiva los becbos que se le imputan, ya que no están expresamente prohibidos y penados por la ley.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Scmdalio Torres Monge.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia, origen de esta causa, copiada a la letra, en lo pertinente, dice así:

“Yo, Secundino Fuentes, vecino de San Juan, calle de Arsenal, de 44 años, formulo denuncia contra José Aragón, por delito de infracción a la Ley de Sanidad, cometido de la manera siguiente: Que en 14 de febrero de 1914, y en San Juan del Distrito Judicial Municipal de San Juan, el acusado arriba mencionado ilegal, maliciosa y volun-tariamente, infringe el artículo 13 del Reglamento 2 del Departa-mento de Sanidad, permitiendo el lavado de ropas sin las condiciones requeridas, a los vecinos de los ranchones de su propiedad, sitos en Puerta de Tierra, calle de San Andrés, y marcados con los números 4, 6, 8 y 10.”

Celebrada la vista en la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., el acusado fué declarado culpable y condenado a pagar una multa de quince pesos y, en defecto de pago de la multa, a sufrir un día de cárcel por cada peso que dejare de satisfacer. El acusado apeló para ante este Tribunal Supremo y señaló en su alegato la comisión de tres errores, a saber: 1, que el reglamento sanitario que se supone infrin-gido y al cual dió validez la corte de distrito, es inconstitu-cional; 2, que la denuncia es de tal manera defectuosa, que no imputa infracción alguna al acusado, y 3, que la prueba ' demuestra que el acusaclo no es culpable.

Según la opinión que esta Corte Suprema ba formado de este caso, después de un estudio detenido del mismo, pro-cede la revocación de la sentencia apelada por un motivo fundamental distinto de los señalados por la parte apelante en su alegato. Siendo ello así, nos limitaremos a exponer el verdadero fundamento de nuestra sentencia y prescindi-remos de la consideración y resolución de los errores alega-dos por el apelante.

El artículo 13 del Beglamento de Sanidad número 2, sobre casas, de vecindad, redactado por la Junta Insular de Sani-dad, aprobado por el Consejo Ejecutivo el 11 de julio de 1912 y promulgado por el Gobernador el 13 de julio del mismo año, es como sigue:

“Bajo ningún concepto se permitirá en los patios o habitaciones de una casa de vecindad el ejercicio de ninguna industria u ocupa-ción que fuere peligrosa, o molesta para los demás vecinos, ni el esta-blecimiento de cuadras o caballerizas, ni cuidar aves de corral ni animales de otro género con excepción de gatos y de pájaros en jaula.
“Queda permitido el lavado de ropas de los propios vecinos de la casa, que deberá hacerse en local especial con piso y paredes imper-meables hasta una altura de dos metros, provisto de un pavimento con suficiente inclinación para su desagüe y de un sifón de piso en las poblaciones donde exista alcantarillado.
“En las poblaciones donde no haya alcantarillado y las condi-ciones del terreno lo permitan se hará el desagüe por medio de sumi-deros. A medida que se establezca servicio de alcantarillado en las poblaciones en donde hoy no existe, deberán cesar dichos sumideros y establecerse el desagüe en la forma provista en el apartado anterior; Disponiéndose, que estos sumideros serán cegados cuando a juicio del Director de Sanidad resulten perjudiciales a la salud pú-blica.”

Como puede verse, el artículo transcrito contiene tres pá-rrafos, el primero, prohibitivo; el segundo, que es el apli-cable a este caso, meramente permisivo.

El reglamento sanitario por cuya infracción ha sido cas-tigado el acusado, permite el lavado de ropas en las casas de vecindad bajo ciertas condiciones, pero no prohíbe de modo terminante y expreso dicho acto. Podría decirse que de los términos en que está redactado el reglamento, se infiere lógi-camente, sin esfuerzo alguno, la prohibición; pero tal infe-rencia no puede admitirse cuando se trata de imponer un cas-tigo a un ciudadano.

La cuestión no es nueva ante esta Corte. Tía sido clara-mente resuelta en el caso de El Pueblo v. Paratze, 22 D. P. R., 38. En dicho caso se imputó al acusado que había hecho tra-bajar un domingo en su barbería a dos oficiales contra la voluntad de éstos y se le castigó como infractor de una orde-nanza municipal, cuya sección Ia dice así:

“Todos los establecimientos comerciales o industriales cuyo cierre ordena el artículo 553 del Código Penal, enmendado por la ley No. 24 aprobada en 28 de marzo de 1914, podrán perman'ecer abiertos los domingos basta las 12 m., siempre que a las compras y -ventas y a las atenciones de cualquier clase y condición en los mismos durante dicho medio día, se dediquen exclusivamente los dueños de dichos establecimientos, los interesados directamente en los mismos y los representantes y apoderados en legal forma.”

Bajo tales circunstancias, esta Corte Suprema, revocó la sentencia apelada. En el curso de la opinión, emitida por el Juez Asociado Sr. Hutchison, se dijo:

“Examinada la denuncia, según ha sido redactada, no encontra-mos en ella materia delictiva. Delito es ‘un acto cometido u omitido en violación de alguna ley que lo prohibe u ordena.’ Ningún acto puede ser castigado como delito a no ser que esté a la vez prohibido y castigado por el estatuto. La sección de la ordenanza transcrita, la única de la cual tenemos conocimiento, no prohibe por sus términos ni castiga el acto imputado en la denuncia como tampoco ningún otro. Es puramente permisiva en cuanto a . su forma y no penal. No esta-blece ninguna ofensa. No define delito alguno.”

Habiendo en consideración todo lo expuesto, es necesario concluir que el acusado José Aragón fué indebidamente cas-tigado. 'Aceptando la verdad de los hechos que se le impu-tan, tales hechos no constituyen materia delictiva, por no estar expresamente prohibidos y penados por la ley.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Aragón, Acusado y Apelante. El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Aragón, Acusado y Apelante.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en cansas por infracción a la Ley de Sanidad.
    Nos. 842 y 843.
    Resueltos en julio 15, 1915.
    Resueltos por los fundamentos de la opinión emitida en el easo No. 840, El Pueblo v. Aragón, pág. 797.
    Abogado del apelante: Sr. Scmdalio Torres Monge.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Revocadas las sentencias apeladas y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    R. Fabián & Co., Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Eecubso ■ gubernativo contra nota del Eegistrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegando la ins-cripción de una escritura de arrendamiento.
    No. 236.
    Resuelto en julio 15, 1915.
    Arrendamiento — Actos de Administración — Poder Expreso. — Si bien el con-trato ele arrendamiento puede considerarse como un acto de administración, es necesario que el poder para administrar sea conferido.
    Id. — Arrendamiento por Más de Seis ASos — Inscripción en el Registro— Derecho Real — Gravamen.—El arrendamiento por más de seis años que da al arrendatario, después de inscrito en el registro, un derecho real contra el comprador, constituye una limitación de los derechos del arrendador, pero no un gravamen.
    Id. — Enajenación Parcial — Poder Expreso. — Cuando el arrendamiento es por más de seis años se considera como una enajenación parcial de la propiedad,, para lo cual es necesario poder expreso.

      Poderes — Interpretación Restrictiva. — Los poderes deben ser siempre inter-pretados restrictivamente. Véase Baguero et al. v. El Registrador, 22 D. P. R., 24.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la recurrente: Sres. Bosch & Soto.

    El registrador recurrido, Sr. José S. Belaval, compaíeció por medio de su sustituto Sr. Emigdio S. Ginorio.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Josefina Finlay confirió poder a su esposo Rafael Fabián para enajenar, y vender, gravar e hipotecar, ceder y per-mutar los bienes inmuebles y derechos reales que pertenez-can a la sociedad conyugal, así como para constituir toda clase de sociedades y para otorgar l&s cancelaciones totales y parciales de hipotecas que procedan, facultándolo y auto-rizándolo además para disponer en igual forma de los bienes muebles e inmuebles, créditos, derechos y acciones de toda especie que sean exclusivamente de la mandante y para can-celar las hipotecas que también le pertenezcan particular-mente. De conformidad, como se alega, con este poder, el referido Fabián hizo un contrato de arrendamiento por el término de seis años y tres meses de una finca urbana de la propiedad de su esposa, situada en San Juan, calle de San Justo. El Registrador de San Juan, Sección Ia., denegó la inscripción del contrato de arrendamiento por el fundamento de que en el poder, en realidad, no se conferían a dicho apo-derado facultades generales para arrendar, ni poder expreso para arrendar por más de seis años.

Los recurrentes alegan que la intención de conferir la facultad para arrendar puede deducirse de las palabras arriba empleadas. No podemos estar de acuerdo con esta alega-ción de los recurrentes. El acto que aquí se trató de ejecu-tar no es una, venta, gravamen, hipoteca, cesión o permuta. El contrato de arrendamiento puede, quizás, ser considerado como un acto de administración, pero ningún poder para ad-ministrar fué conferido a Rafael Fabián por su esposa. El arrendamiento por más de seis años, qne da al arrendatario, después de inscrito en el registro, nn derecho real contra el comprador, constituye una limitación de los derechos del arrendador, pero no un gravamen. Semejante arrendamiento lo considera la Dirección General de los Registros como una enajenación parcial de la propiedad, para lo cual es nece-sario un poder expreso. Resolución de noviembre' 20, 1900, confirmada por la de octubre 26, 1904. Resoluciones pare-cidas fueron dictadas en mayo 26, 1906, y mayo 29, 1907.

Este tribunal ha resuelto siempre que los poderes deben ser estrictamente interpretados. Baquero et al. v. El Registrador de San Juan, 22 D. P. R., 24, y casos citados. La nota debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.