author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Manuel Madera, demandante y apelante, v. Herminio Madera, Inc., Tetuán Tobacco Leaf, Inc. y Herminio Madera, demandados y apelados.
    No. 6407.

    Sometido: Enero 16, 1935.

      Besuelto: Diciembre 13, 1935.

      Bubón é Ochoteco y B. F. Sánchez Castaño, abogados del apelante; R. Rivera Zayas, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió ]a opinión del tribunal.

Manuel Madera como cesionario de José Madera instituyó este pleito para recobrar el importe en descubierto de un pa-garé (suscrito por Herminio Madera, Inc., Tetnán Tobacco Leaf, Inc. y Herminio Madera) y para ejecutar una hipoteca otorgada por la Tetuán Tobacco Leaf, Inc., para garantizar el pago del referido pagaré. Este último y la hipoteca esta-ban fechados el 16 de marzo, 1931. Surgieron como conse-cuencia de ciertas disposiciones contenidas en un contrato anterior fechado marzo 3, 1931. El principal, los intereses, y la fecha de vencimiento especificados en el pagaré corres-pondían con el principal, los intereses y fecha de vencimiento de una obligación similar asumida por Herminio Madera, Inc., Tetuán Tobacco Leaf, Inc., Herminio Madera, y otros, como partes en el contrato anterior. Ciertas porciones de este contrato fueron copiadas en la hipoteca como partes esenciales de la misma. El incumplimiento de ciertas obli-gaciones del contrato de hipoteca servía de base a una cláu-sula que hacía que todo el contrato se tuviera por vencido (iaccelerating clause) y que figuraba tanto en el cuerpo del pagaré como en el de la escritura de hipoteca. El incumpli-miento de obligaciones similares especificadas en el contrato anterior, servía de base a una cláusula similar en el mismo. El demandante alegó que los demandados habían dejado de cumplir un número de estas obligaciones. Los demandados contestaron que les había sido imposible cumplir esas obli-gaciones debido a que el demandante, como cesionario, y su cedente, acreedor original, habían dejado de entregar a Her-minio Madera, uno de los demandados, ciertas acciones, con-forme disponía el contrato de marzo 3, así:

“José Madera, Manuel Madera, y Herminio Madera, convienen mutuamente que al otorgar la hipoteca en el registro de la propie-dad a favor de José Madera, sobre el edificio conocido con el nombre de Tobacco Palace, sujeta a los términos de este contrato, y al ins-cribirse la aludida hipoteca sin defecto alguno, en la forma provista por esta cláusula, que José Madera y Manuel Madera entregarán a Herminio Madera, debidamente endosadas en blanco, las acciones que en la actualidad ellos puedan tener de la corporación Alonso Riera & Go., Inc.”

La corte de distrito resolvió que el demandante y su ce-dente habían dejado de endosar y entregar las acciones y declaró sin lugar la demanda.

La cuestión es si este caso cae dentro de la regla general establecida por el artículo 1058 del Código Civil (edición de 1930), o dentro de una excepción reconocida en el párrafo final que lee como sigue:

“En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su obli-gación, empieza la mora para el otro.”

Las partes que intervinieron en el contrato de marzo 3, lo fueron José Madera, Herminio Madera, Manuel Madera, Bautista Madera, Herminio Madera & Hno. (una sociedad), Alonso Riera & Co., Inc., Tetuán Tobacco Leaf Incorporated (conocida más tarde como Herminio Madera & Hno. Incorporated) y Herminio Madera, Inc. José Madera era miem-bro de la firma Herminio Madera & Hno. y accionista de Alonso Riera & Co., Inc. José y Manuel Madera habían ins-truido ciertas acciones ante las cortes insulares y ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos contra Herminio Ma-dera, Herminio Madera & Hno. y Alonso Riera & Co., Inc. Herminio Madera & Hno., Inc. “conocida ahora por Tetuán Tobacco Leaf, Inc.” también estaba envuelta en estas contro-versias. Bautista Madera y Manuel Madera también estaban envueltos “y/o interesados” en varios otros pleitos o proce-dimientos que se hallaban pendientes ante las mismas cortes contra José Madera. En enero, 1927, Alonso Riera & Co., Inc. adquirió 710 acciones, constituyendo las mismas todas las expedidas hasta aquel entonces por la Combate Tobacco Corporation. En abril, 1928, Bautista Madera, por virtud de un convenio celebrado con José, Herminio y Manuel Ma-dera (quienes para aquella época eran dueños y controlaban todas las acciones de la corporación Alonso Riera & Co., Inc.) adquirieron las 710 acciones. El propósito fijo de todas las partes que intervinieron en el contrato de marzo 3, 1931, fné poner fin a todas las reclamaciones, diferencias y controver-sias existentes.

El contrato contenía doce cláusulas.

En la primera de ellas, Herminio Madera y Alonso Hiera & Co., Inc., renunciaban todo derecho a las 710 acciones tras-pasadas a Bautista Madera en abril, 1928, y ratificaron dicho traspaso. Herminio Madera, por sí y en representación de Alonso Riera & Co., Inc., convino en devolver al secretario de la Combate Tobacco Corporation un certificado cancelado por 150 acciones de dicha corporación que había sido unido a un pleito iniciado por Alonso Riera & Co. contra la sucesión de Benigno Díaz y Alonso Riera & Co., Inc. Admitió que ni Benigno Díaz ni su sucesión jamás habían tenido derecho o interés alguno en el referido certificado o en las acciones de la Combate Tobacco Corporation. Se obligó a nombre propio y en la capacidad representativa que ostentaba (es decir, a nombre de Herminio Madera & Hno., Alonso Riera & Co., Inc., conocida más tarde por Herminio Madera & Hno. Inc., y Herminio Madera, Inc.) 'en obtener el desistimiento de un pleito o procedimiento de mcmdcmuis iniciado por Aurelio Prado contra la Combate Tobacco Corporation y otros, y conseguir de Aurelio Prado un reconocimiento de que nunca había tenido derecho o interés alguno en las acciones de la Combate Tobacco Corporation. Convino, a nombre propio y en su capacidad representativa, en obtener de Angel Prado un reconocimiento al efecto de que Prado nunca había tenido derecho o interés algunos en tales acciones. Convino igual-mente (a nombre propio y como miembro de la sociedad Her-minio Madera & Hno. y también en su capacidad represen-tativa antes dicha) en obtener que se desistiera de una acción o procedimiento entablado por Herminio Madera & Hno. contra José Madera, así como el desistimiento de otros pleitos pendientes en que José Madera y/o Bautista Madera, y/o Manuel Madera, y/o Combate Tobacco Corporation, eran de-mandados y/o estaban envueltos y/o interesados.

En la segunda cláusula José Madera, por y en considera-ción de la suma de $12,000 que sería pagada según más ade-lante se hacía constar en el mismo documento, renunciaba todos sus derechos e intereses en la casa de Alonso Riera & Co. Inc. y en la de Herminio Madera & Hno., con la condición de que tal renuncia no sería efectiva hasta que los $12,000 fueran pagados o hasta que el pago de dicha cantidad fuese garantizado mediante las garantías que para él fuesen acep-tables.

La tercera cláusula hacía mención del pago anterior de $2,000 en tabaco en rama y disponía el pago de los $10,000 restantes en oro (moneda de los Estados Unidos) el primero de' enero de 1936, con intereses al 8 por ciento, pagaderos men-sualmente por anticipado el primero de cada mes.

La cláusula cuarta se refería a una hipoteca sobre el edi-ficio conocido como Tobacco Palace, perteneciente a la Tetuán Tobacco Leaf, Inc. Disponía además que el edificio Tobacco Palace “no estaría sujeto a cargas o gravámenes de clase o naturaleza algunas por una suma en exceso deoisrotjeítta y dos mil dóláRbs ($52,000.00).” Herminio Madera se comprome-tía, a nombre propio y en su capacidad representativa, a re-ducir y cancelar en. el registro de la propiedad antes del 30 de agosto de 1931 “cualesquiera derechos o cargas hoy exis-tentes o que afecten el referido edificio Tobacco Palace en exceso de la aludida suma de $52,000.00.” Había una dis-posición sobre un método alternativo, como sustituto de la cancelación en el registro de la propiedad, referente a cierta hipoteca otorgada para garantizar pagarés o bonos ascen-dentes a unos $30,000, que debía ser reducida a $10,000.

En la cláusula quinta Herminio Madera, por sí y en su capacidad representativa, se obligaba a pagar todas las con-tribuciones sobre el edificio Tobacco Palace así como los in-tereses de cualquier hipoteca u otra obligación pendiente que afectare o gravare dicha propiedad, así como asegurar la misma contra incendio o terremoto por una suma que no ba-jará de $75,000.

En la cláusula séptima Herminio Madera, a nombre pro-pio y en sn capacidad representativa, convenía en obtener el otorgamiento de ciertos documentos y en pagar todos los gastos incluyendo los del registro de la propiedad.

En la cláusula novena Herminio Madera y José Madera convenían, al disolverse la firma Herminio Madera & Hno., en que Herminio Madera se haría cargo de todo el pasivo.

Por las cláusulas décima y undécima Herminio Madera, por sí y en su capacidad representativa, se obligaba a cam-biar el nombre de la corporación Herminio Madera & Hno., Inc. y en lo sucesivo a no usar las palabras “& Hno.”.

Las cláusulas sexta, octava y duodécima, leían así:

“Sexta: Tocias las partes aquí comparecientes convienen, como condición esencial de esta escritura, que al dejarse de pagar los in-tereses sobre los $10,000, o cualquier parte de los mismos, y/o al dejarse de cumplir con el pacto estipulado en el párrafo quinto anterior o cualquiera de ellos, y/o al dejar de cumplir, y/o cumplir cualesquiera de las obligaciones contraídas por medio de esta escri-tura por parte de Herminio Madera, y/o cualquiera de las diversas entidades, y/o corporaciones, en cuya representación Herminio Ma-dera comparece en la presente, el total de los $10,000 o la parte.de los mismos que esté pendiente de pago, se considerará vencida y exi-gible y el Sr. José Madera tendrá derecho a proceder a su cobro.”'
“ Octava: Queda convenido que al otorgarse e inscribirse sin de-fecto en el registro de la propiedad de San Juan, P. R. la escritura o hipoteca a que se hace referencia en el párrafo anterior, el Sr. José Madera dará los pasos necesarios para desistir de todos los pleitos y procedimientos que en la actualidad se hallan pendientes ante las cortes insulares o federales de Puerto Rico, en que José Ma-dera sea demandante o peticionario, y se conviene además en que al otorgarse e inscribirse sin defectos en el registro de la propiedad de San Juan, P. R. la escritura de hipoteca a que se alude en el pá-rrafo precedente, el Sr. Manuel Madera dará los pasos necesarios para desistir de todos los pleitos y procedimientos que se hallen en la actualidad pendientes ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en el caso de Manuel Madera v. Alonso Riera & Co., Inc., Herminio Madera & Hno., Inc., y Her-minio Madera, pleito en equidad No. 1578, procedimientos que serán desestimados; Herminio Madera a nombre propio y en la represen-tación que ostenta, comprometiéndose por sí en allanarse y avenirse a tales desistimientos, sin costas, y sin derecho a indemnización por daños y perjuicios de clase alguna.
“Que en consideración a los pactos y estipulaciones aquí conte-nidos y sujeto a los términos de este contrato, Herminio Madera, Herminio Madera & Hno., Tetuán Leaf Tobacco, Inc., conocida más tarde por Herminio Madera & Hno., Inc., Alonso Riera & Co., Inc., y Herminio Madera, Inc., definitivamente exoneran, liberan y eximen a José Madera, a Manuel Madera y a Bautista Madera, así como tam-bién a la Combate Tobacco Corportion, sus herederos, sucesores o ce-sionarios, de toda responsabilidad de la clase o índole que fuere, en derecho, en equidad o en cualquier otra forma, por razón de cual-quiera deuda, reclamación, pleito, causa de acción, indemnización o de cualquiera otra naturaleza, ya exigible, o que pueda surgir en el futuro en favor de cualquiera de ellos por razón o por virtud de cualquier o de todos los pleitos, litigios y procedimientos instituidos por cualquiera de ellos, contra cualquiera de ellos y en que ellos puedan estar envueltos o ser afectados en forma alguna, otorgando los referidos Herminio Madera, Herminio Madera & Hno., Tetuán Leaf Tobacco, Inc., conocida luego con el nombre de Herminio Ma-dera & Hno., Inc., Alonso Riera & Co., Inc., y Herminio Madera, Inc., aquí y por la presente al referido José Madera, Manuel Madera y Bautista Madera, así como a la Combate Tobacco Corporation, man-comunada y solidariamente, un recibo en pago total y finiquito de tales deudas, reclamaciones, pleitos, causas de acción, indemnizacio-nes o de cualquiera otra índole, incluyendo cualquier deuda o recla-mación. que en la actualidad pueda figurar en descubierto en los libros de contabilidad de los referidos Herminio Madera, Herminio Madera & Hno., Tetuán Leaf Tobacco, Inc., conocida más tarde por Herminio Madera & Hno., Inc., Alonso Riera & Co., Inc., y Herminio Madera Inc.
“José Madera, Manuel Madera, y Herminio Madera, convienen mutuamente que al inscribir la hipoteca en el registro de la propie-dad a favor de José Madera, sobre el edificio conocido con el nombre de Tobacco Palace, sujeta a los términos de este contrato, y al ins-cribirse la aludida hipoteca sin defecto alguno, en la forma provista por esta cláusula, que José Madera y Manuel Madera entregarán a Herminio Madera, debidamente endosadas en blanco, las acciones que en la actualidad ellos puedan tener de la corporación Alonso Riera & Co., Inc."
“Duodécima: Que la parte que faltare al cumplimiento de este contrato estará sujeta, a la pena y pagará a la otra parte la suma de $2,000 en concepto de daños y perjuicios líquidos; y entonces quedarán nulos los términos de este contrato.”

Si el contrato en el párrafo final de la cláusula octava es un pacto independiente entre los contratantes José y Manuel Madera y Herminio Madera, o es una condición suspensiva o resolutoria de otras obligaciones, asumidas en cualquier otro sitio por el último contratante, mancomunada o manco-munada y solidariamente, con otros de los contratantes, es cuestión que depende de la intención de las partes al tiempo de otorgar el contrato. Si fue la intención de los contra-tantes que la obligación de pagar el remanente de los $10,000 dependiera de que Manuel o José Madera endosaran en blanco y entregaran ciertos certificados de acciones a Herminio Ma-dera, o que tales endosos y entrega precederían a la obliga-ción de pagar las contribuciones e intereses y el seguro contra incendio y terremoto, en el contrato mismo habrá que hallar alguna prueba satisfactoria de tal intención. No la hallamos.

La obligación de pagar los intereses y las contribuciones y de asegurar la propiedad contra incendio y terremoto no está sujeta a condición alguna. De conformidad con los tér-minos expresos de la segunda cláusula, la renuncia por parte de José Madera de todos sus derechos e intereses en las fir-mas de Alonso Riera & Co., Inc., y de Herminio Madera & Hno., sería efectiva al pagarse los $12,000 o al prestarse las garantías que para él fueran aceptables, mas no al endosarse y entregársele los certificados de acciones. Los $12,000 de-bían ser pagados en la forma en que luego se proveía en el contrato mismo. El pacto posterior relativo a la entrega de acciones no hacía referencia alguna a la suma de $12,000 o a la forma en que la misma debía ser pagada. La tercera cláusula del contrato lee así:

“Tercera: Que los $12,000 a que se hace referencia en la cláu-sula anterior serán pagados a José Madera en la siguiente forma: $2,000.00 (dos mil dólakes) en tabaco en rama americano, que le ba sido entregado con anterioridad al otorgamiento de este contrato, y diez mil DÓLARES ($10,000.00) que le serán pagados en oro (mo-neda de los Estados Unidos) el primero de enero de 1936, suma que devengará intereses a razón del oelio por ciento anual, pagaderos mensualmente y por anticipado el día 1 de cada mes, en el Royal Bank of Canada, sucursal de San Juan, o en cualquier otro sitio en Puerto Rico que José Madera pueda designar.”

En verdad, esto no da indicio alguno de que fuera el pro-pósito hacer que el pago de los $10,000 en enero 1, 1936, de-pendiera de que se endosara y entregara un certificado de acciones. La obligación está tan exenta de condiciones como lo está la de pagar las contribuciones e intereses y la de tener el edificio Tobacco Palace asegurado, según se consigna en la cláusula quinta. El hacer que una u otra de estas obliga-ciones dependiera indefectiblemente del cumplimiento del pacto contenido en el párrafo final de la cláusula octava, hu-biera sido cuestión por demás simple. El dejarse de haber hecho esto, es significativo. Se hace aun más significativo en vista del propósito claro enunciado en el preámbulo, a saber:

”... resolver entre todas las partes aquí comparecientes todas y cualesquiera reclamaciones y/o diferencias existentes entre ellos y con el fin de resolver de una vez y para siempre tales reclamaciones y/o diferencias, y cualesquiera pleitos, acciones o procedimientos en derecho, en equidad o de alguna otra índole que en la actualidad se hallen pendientes ante las cortes insulares de Puerto Rico y/o de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, sobre, en relación, o concerniente a los derechos y/o intereses, y/o bienes de todos o cualquiera de los aquí comparecientes. . . ”

El objeto de “resolver de una vez y para siempre tales reclamaciones” sería destruido en gran parte al imputarse la intención de hacer que la obligación de pagar las contri-buciones e intereses o la obligación de pagar los $10,000 de-pendieran del cumplimiento o incumplimiento del pacto re-lativo al endoso y entrega de las acciones. La disposición contenida en la cláusula duodécima relativa al pago de $2,000 por la parte que faltare al cumplimiento como daños y per-juicios líquidos, está en armonía con-el fin claro de todas las partes envueltas, conforme el mismo fué expuesto en el preámbulo, y milita contra la noción de interdependencia existente entre el pacto relativo al endoso y la entrega de las acciones y la obligación de pagar en consonancia con los términos de la cláusula que bacía la obligación exigible (accelerating clause).

Hubo algún conflicto de prueba respecto al valor dé-las acciones. La del demandante tendió a demostrar que las mismas no tenían valor alguno. El demandado Herminio Madera declaró que las necesitaba a fin de poder disolver la corporación Alonso Eiera & Co., Inc. Sin embargo, él per-sonalmente poseía o controlaba el 80 por ciento de las ac-ciones de dicba corporación. Y no se ha ofrecido explicación alguna de por qué necesitaba él más de esta cantidad para poder efectuar la disolución. Sea ello como fuere, la cues-tión relativa al valor de las acciones no fué un punto primordial. No importa cuál pueda haber sido el valor de las ac-ciones, el certificado en poder de José Madera carecía prác-ticamente de valor después de haber renunciado todos sus derechos e intereses en la firma de Alonso Riera & Co., Inc., lo que se hacía efectivo al aceptar el pagaré y la hipoteca otorgada para garantizar el pago del mismo.

El testimonió en apoyo de la alegación de que a los demandados no les había sido posible pagar los intereses y las contribuciones ni cumplir ciertas otras obligaciones debido a que el demandante y su cedente habían dejado de endosar y entregar las acciones, no es muy convincente. El juez de distrito no llegó a conclusión alguna sobre esta cuestión. La verdadera cuestión en controversia fué si los demandados quedaron exonerados de sus obligaciones por haberse dejado de endosar y entregar las acciones. Técnicamente, la cuestión relativa a la relación causal entre el haberse dejado de endosar y entregar las acciones y la imposibilidad de los demandados de cumplir sus obligaciones no estaba envuelta. Decimos “técnicamente” porque desde el principio hasta el fin éste es nn caso técnico. Un motivo de mayor peso res-pecto a la supuesta razón que tenían los demandados para no poder cumplir sus obligaciones, pudo quizá haber apelado a la conciencia y a las simpatías de la corte inferior. Si es-tuviésemos convencidos de que en la corte de distrito se ha-bía hecho justicia substancial, no estaríamos dispuestos a acudir en ayuda del apelante para lograr la revocación de la sentencia por fundamentos técnicos.

La causa (consideration) principal, de no ser la única, para el convenio de pagar el remanente de $10,000, así como los intereses y las contribuciones y tener el edificio Tobacco Palace asegurado, fué la renuncia por parte de José Madera de todos sus derechos e intereses en la firma de Alonso Riera & Co., Inc., y en la de Herminio Madera & Hno. José Madera mediante tal renuncia se desprendió del título que tuviera de cualesquiera acciones en la corporación Alonso Riera & Co., Inc., y el endoso y entrega de cualquier certificado o certificados como evidencia adicional de tal desprendimiento hubiera sido una mera formalidad. El convenio de parte de José Madera relativo al endoso y entrega de las acciones fué, a lo sumo, una parte insignificante de la causa, y el dejar de endosar y entregar las acciones, fué tan sólo una falta parcial y material de la causa. Cualquier incumplimiento del contrato por parte de José y Manuel Madera o de cualquiera de ellos, pudo ser compensado en daños y perjuicios, aun sin existir la disposición de la cláusula duodécima relativa a daños líquidos por la suma de $2,000.

No hemos penetrado intensamente en este aspecto del caso. Como punto de partida para una investigación ulterior, véanse: 13 C. J. 567, et seq., secciones 538, 539 y 540, los párrafos “Partial Consideration” y “Entire Consideration”; “Restatement of the Law of Contracts”, adoptada y promulgada por el Instituto de Derecho Americano, sección 268 (inciso 2), 274 y 275; Southern Surety Co. v. MacMillan Co., 58 Fed. (2d) 541, 549; Teton Auto Co. v. Northwestern Pure Bred Sow Co., 49 Pac. (2d) 643; y casos citados; In vestors Utility Corp. v. Challacombe, 39 S. W. (2d) 175, 179; y Zambeth v. Commodores Land Co., 136 So. 644.

Nuestra conclusión es que el pacto de endosar en blanco y entregar los certificados de acciones y la obligación de pa-gar intereses y contribuciones y de tener el edificio Tobacco Palace asegurado, así como la obligación de pagar el saldo-de $10,000, no eran obligaciones mutuas dentro del significado del párrafo final del artículo 1053, supra.

Hasta aquí hemos asumido, para los fines de la argumentación, que tanto el pagaré como la hipoteca estaban sujetos a todos los términos y condiciones del contrato anterior y que los tres contratos eran sólo uno e inseparables. Conforme indicamos al principio esta acción fué iniciada tomando como base el pagaré y la hipoteca, y no el contrato anterior. Si estamos en lo cierto en la conclusión a que he-mos llegado, otras cuestiones suscitadas por el apelante en su alegato resultan académicas. En su consecuencia, nos referiremos ligeramente tan sólo a los primeros cuatro de los nueve errores señalados por el apelante. Estos leen así:

“Primer error: La corte erró al desestimar la demanda porque el demandante había faltado al cumplimiento de una de las condi-ciones contenidas en el convenio del 3 de marzo, 1931, que no era objeto de la demanda, ya que ésta se fundaba en un contrato de hipoteca otorgado entre personas distintas, el 16 de marzo, 1931.
“Segundo error: La corte erró al exonerar a los demandados del pago de la obligación fundándose en que el demandante Manuel Ma-dera y el dueño anterior del pagaré en litigio, José Madera, dejaran-de entregar al demandado, Herminio Madera, endosadas en blanco, las acciones que hubieran podido tener el 3 de marzo, 1931, en Ta corporación Aloaso Eiera & Co., Inc., cuando dicha obligación surgía de un convenio mutuamente acordado, separada e independientemente-entre dichos José y Manuel Madera con Herminio Madera exclusiva-mente, sin que dicha obligación tuviera relación alguna con la causa o consideración en cuya virtud se otorgó el pagaré objeto de la de-manda.
“Tercer error: La corte erró al considerar- como un solo contrato el convenio del 3 de marzo, 1931, y el contrato de hipoteca otorgado-el 16 de marzo, 1931.
“Cuarto error: La corte erró al exonerar a las demandadas Her--minio Madera, Inc., y Tetnán Tobacco Leaf, Inc., de toda responsa-bilidad, fundándose en que el demandante y José Madera, dejaron de entregar al demandado Herminio Madera, endosadas en blanco, las acciones que ellos hubieran tenido en la corporación Alonso Riera & Co., Inc., de acuerdo con el convenio del 3 de marzo, 1931, no siendo ésta una obligación mutua y correlativa entre ellas y éstos.”

El alegato de los apelados no discute estas cuestiones se-paradamente ni lo liaremos nosotros.

El pagaré era solidario. Era pagadero a José Madera o a su orden. Hasta ahí era una promesa incondicional de pago y es de presumirse que se tuvo la intención de que fuera un documento negociable. Empero contenía dos cláu-sulas que leen en parte así:

“ . . . Este pagaré lo otorgamos por valor recibido, y en consi-deración además a las estipulaciones de un convenio suscrito por nos-otros y otras personas, el tres de marzo, mil novecientos treintiuno ...
“Este pagaré está garantizado con una hipoteca constituida por la aquí otorgante Tetuán Tobacco Leaf, Incorporated, sobre la pro-piedad conocida bajo el nombre de Tobacco Palace Building ... y este pagaré lo suscribimos y entregamos, sujeto además a todas las condiciones estipuladas en la referida escritura de hipoteca.”

Si los otorgantes del pagaré hubieran tenido la inten-ción de recargarlo con cualesquiera condiciones contenidas en el contrato anterior, la forma más simple y natural de efectuar este resultado hubiese sido agregar a la cláusula relativa a la causa (consideration) las palabras “y sujeto a los términos y condiciones de ese contrato”; o quizá aun mejor pudieron haber dicho “sujeto a los términos y condi-ciones de ese contrato, copia del cual se acompaña. ’ ’ Cuando los otorgantes del pagaré desearon que el mismo estuviese sujeto a todas las condiciones de la hipoteca, no tuvieron dificultad alguna en hacer constar su deseo de manera ente-ramente clara. El contraste existente entre la fraseología de las dos cláusulas indica que la elección de palabras fue deliberada y que los redactores del pagaré entendían la diferencia que había entre una mera referencia describiendo la causa y una modificación de la promesa de pago, al liacei que el pago dependiera del cumplimiento de las obligaciones contenidas en otro contrato. La primera de las dos cláu-sulas no hacía que el pagaré estuviese sujeto a los términos y condiciones del contrato anterior. Véanse la sección 4 de la Ley de Instrumentos Negociables de Puerto Eico, de 1930 (artículo 356 del Código de Comercio, edición de 1932); 3 R. C. L. 883, sección 69; Id. 912, sección 102; Id. 918, sección 112; 33 A. L. R. 1174; 37 A. L. R. 655; 14 A. L. R. 1126; 61 A. L. R. 815; Voges v. Word, (Flo.) 123 So. 785; Ferring v. Berwey, 229 N. W. 46; Arrington v. Mercantile Protective Bureau, 24 S. W. (2d) 383; Shawano Finance Corporation v. Julius, 254 N. W. 355; People’s Bank v. Porter, 208 P. 200; King Cattle v. Joseph, 198 N. W. 798; Powell, etc. v. Greenleaf (Vermont) 162 Atl. 377; Pflueger v. Broadway Trust Co., 351 Ill. 170, 184 N. E. 318; Sturgis National Bank v. Harris Trust, etc., 184 N. E. 589; Gordon v. Colonial Trust Co., 167 Atl. 773; First National Bank of Hoquiam v. De Witt (Tenn.), 81 S. W. (2d) 396, 398; Hawley v. Bingham, 6 Oregon 76; Markey v. Corey, 66 N. W. 493; Mountjoy Parts Co. v. San Antonio National Bank, 12 S. W. (2d) 609; Taylor v. Curry (Mass.), 12 Am. Rep. 661; Dole v. Considene, 195 Ill. App. 311; National Bank of Newbury v. Wentworth, 218 Mass. 30, 105 N. E. 626; Culbreath v. Guiterman, 115 So. 303; Bank of Sherman v. Apperson, 4 Fed. 25; National Bank v. Badham (S. C.), 68 S. E. 536, 547; Strand Amusement Co. v. Fox, 87 So. 332; Tyler v. Whitney Central Trust & Savings Bank (La.), 102 So. 325; y Snelling State Bank v. Clasen (Minn.), 157 N. W. 643.

En la cláusula quinta, según hemos demostrado, Hermi-nio Madera actuaba “a nombre propio y en la capacidad en que comparecía en el contrato.” Las entidades representa-das por él lo eran Herminio Madera & Hno., Alonso Eiera & Co., Inc., Tetuán Tobacco Leaf, Inc., y Herminio Madera, Inc. Estas fueron las partes que, en unión de Herminio, Madera, asumieron las obligaciones enumeradas en la cláu-sula quinta. Si estas obligaciones dependían- del endoso en blanco y entrega de las acciones a que se hace referencia en el párrafo final de la cláusula octava, uno tendría natural-' mente que esperar que Herminio Madera compareciera no individualmente como única persona a cuyo favor existía la obligación, sino “a nombre propio y en la capacidad con que comparece en este contrato,” al igual que en la cláusula quinta. El hecho de que Herminio Madera compareciera por sí como contratante y no “a nombre propio y en la capacidad en que comparece en este contrato” según aparece en otra parte del mismo, puede ser o no la explicación lógica de dejar la Tetuán Tobacco Leaf, Inc., como deudora hipotecaria,' de hacer que la hipoteca estuviese sujeta al endoso y entrega de los certificados de acciones a Herminio Madera. De to-dos modos, la hipoteca al menos por sus' términos, no se hacía depender de tal endoso y entrega. Hasta este'punto, tomando el pagaré y la hipoteca conjuntamente como docu-mentos contemporáneos relativos al mismo asunto, muy bien podría argüirse que el deudor hipotecario y los otorgantes del pagaré (con la posible excepción de Herminio Madera) o no consideraron en absoluto el convenio relativo al endoso y entrega de las acciones, o de lo contrario lo interpretaron como un pacto independiente entre los obligados y Herminio Madera.

Las partes contratantes aparentemente tuvieron por mi-ras que la hipoteca sobre el edificio Tobacco Palace al ser otorgada estaría “sujeta a los términos de este contrato”. Esta estipulación de las partes contratantes de que la hipo-teca fuera así otorgada, no era de por sí ejecutoria. No-tenía el efecto de hacer que la hipoteca al ser otorgada es-tuviera sujeta a los términos del contrato si la hipoteca por otra parte no estaba sujeta al mismo. Era a lo sumo una promesa implícita de parte de Herminio Madera de que- la hipoteca sería otorgada en esa forma. El endoso' y entrega de las acciones, si el pacto ha de ser interpretada lit.erab mente, estaba condicionado en el otorgamiento e inscripción de una hipoteca que estaba sujeta a tal endoso y entrega. Admitamos qne tal endoso y entrega hubieran sido una con-dición precedente a la ejecución de una hipoteca otorgada en la forma provista por el contrato. Subsiste el hecho de que la hipoteca tal cual fue otorgada no estaba sujeta a los tér-minos del contrato. Éste, aun entre las partes contratantes, no hacía que la obligación contraída con tal hipoteca depen-diera del endoso y entrega de las acciones.

Los apelados en su alegato hacen mención del hecho de que un número de las cláusulas contenidas en el contrato anterior fueron necesariamente incluidas en la escritura de hi-poteca, pero dejan de demostrar que esto, sin más, hacía que •la hipoteca estuviera sujeta a otras disposiciones del contrato anterior que no habían sido igualmente incluidas. Posible-mente hubiera podido sacarse algo más a este punto de ha-berse discutido adecuadamente en el alegato. Toda vez que los apelados al igual que la corte inferior descansaron prin-cipalmente en la primera de las dos cláusulas contenidas en el pagaré, no es necesario que ahora especulemos respecto a cuál pudo haber sido el efecto de incluir ciertas disposi-ciones del contrato anterior en la hipotecá y el excluir otros del mismo, si en el contrató anterior el endoso y la entrega de las acciones se hubieran hecho una condición precedente al cumplimiento de otras obligaciones, como por ejemplo el pago de los $10,000, más intereses y contribuciones y la ob-tención de una póliza de seguro en la forma dispuesta en el contrato.

La corte de distrito se basó en las siguientes autoridades: Riera v. Macias Vda. de Riera, 42 D.P.R. 579; Sucesión Iglesias v. Bolivar, 11 D.P.R. 441; Pórtela v. Porto Rican American Tobacco Co., 4 D.P.R. 30 (segunda edición) y Palacios v. Arzuaga, 37 D.P.R. 289. Un examen de los hechos de dichos casos bastará para distinguirlos del presente.

La sentencia apelada debe ser revocada, y en su lugar esta corte dictará otra en favor del demandante.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Audrey,

license: Public Domain

text:
    José Llinás Morell, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 965.

    Sometido: Noviembre 4, 1935.

      Resuelto: Diciembre 13, 1935.

      L. López de Victoria, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Aparece de los libros del Registro de la Propiedad de San Germán que la escritura de venta de la finca ‘ ‘ Collado ’ ’ otorgada en Io de mayo de 1913 por José Salvador Amil. Negroni, abogado, como apoderado de su hermana María Eugenia Delfina de los mismos apellidos, soltera por divorcio, y por otros condueños, produjo en enero de 1916 la inscrip-ción 9a de la finca núm. 556 triplicado obrante al folio 22 del municipio de Maricao, en la cual se hizo constar el de-fecto subsanable de no haberse insertado en la escritura de venta ni acompañado a ella el poder otorgado por María Eugenia Delfina Amill Negroni a favor de su hermano José Salvador Amill Negroni, que según se dice en la escritura fué otorgado en Maricao el 6 de junio de 191.2 ante el notario Miguel Juan Llaneras.

Para subsanar ese defecto el actual dueño de la finca José Llinás Morell presentó escrito al registrador con fecha 9 de abril de 1935 en el que manifestó que después de haber sido otorgado en 1912 el expresado poder falleció el notario Miguel Juan Llaneras, siendo su protocolo remitido al archivo notarial del distrito de Mayagüez; y que ese archivo, en el que estaba la matriz de la referida escritura de poder, fué totalmente destruido por incendio el -12 de febrero de 1931; que ha tratado inútilmente de encontrar copia certificada de dicha escritura y también ha tratado de localizar a María Eugenia Delfina Amill Negroni para que ratifique la escri-tura de venta, lo que ha sido imposible por encontrarse ella ausente de esta isla sin conocerse su paradero. También en ese escrito se puso en conocimiento del registrador que en su oficina fué acreditado en forma auténtica el poder que en 1912 y ante el notario Miguel Juan Llaneras otorgó María Eugenia Delfina Amill Negroni a favor de su hermano José Salvador de iguales apellidos, según puede verse en la ins-cripción sexta de la finca núm. 553 duplicado a los folios 5 y 5 vuelto dél tomo 23 de Maricao. De certificación que te-nemos ante nosotros librada por el registrador de San Ger-mán aparece en efecto que la inscripción sexta de la finca núm. 553 duplicado a que antes se ha hecho referencia, fué motivada por la escritura de permuta que en 15 de abril de 1913 hicieron varias personas, entre ellas José Salvador Amill Negroni como apoderado de su hermana María Eugenia Delfina de los mismos apellidos, de cierta finca de su pro-piedad a cambio de un condominio en otra finca de Juan Amill y Amill; inscripción que fué practicada en 1918, y de ella resulta que se tuvo en cuenta el poder que en 6 de junio de 1912 otorgó María Eugenia Delfina Amill Negroni a favor de su hermano José Salvador Amill Negroni ante el notario Miguel Juan Llaneras.

El registrador se negó a tener por subsanado el defecto consignado con tal carácter en la inscripción novena de la finca núm. 556, y el dueño actual de la finca interpuso el pre-sente recurso.

El motivo que tuvo el registrador para su negativa puede sintetizarse así: que el contrato de permuta y el de venta son de distinta naturaleza por lo que no puede asegurarse que por dicho poder se confiriera facultad a José Salvador ■Amill Negroni para vender bienes de su poderdante María Eugeniá Delfina Amill Negroni por el hecho de haberse acre-ditado o calificado dicho poder a los fines de la permuta antes relacionada.

Nuestro Código Civil trata separadamente los contratos de compraventa y los de permuta, dedicando a los primeros el título IV, que comprende los artículos 1334 al 1427, edición de 1930, y dedica a las permutas el título V con los artículos 1428 al 1435. Según el artículo 1334, por el contrato de compraventa uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente. Según el 1428, la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra. La naturaleza de ambos es común en cuanto en los dos existe desprendimiento de la propiedad, pero no son iguales para el legislador porque no sólo han sido tratados separadamente por el código sino que tienen modalidades distintas, pues en uno es necesario que medie un precio cierto en dinero, o signo que lo represente, mientras que en el otro se cambia cosa por cosa. Que son diferentes lo demuestra también el cuidado que el código ha tenido de diferenciarlos en su artículo 1335, determinando cuándo un contrato es compraventa y cuándo es permuta, pues dice que si el precio de la venta consistiere parte en dinero y parte en otra cosa, se calificará el contrato por la intención manifiesta de los contratantes: y que si no constase ésta, se tendrá por permuta si el valor de la cosa dada en parte del precio excede al del dinero o su equivalente; y por venta en caso contrario. Tampoco son iguales sus efectos pues el artículo 1411 concede el retracto legal de comuneros cuando la cosa es adquirida por compra o dación en pago. Así, en sentencia del Tribunal Supremo de España, tomo 179, Jurisprudencia Civil, pág. 879, después de resolver el tribunal que la escritura objeto del pleito que las partes demandadas celebraron como permuta no era tal sino compraventa, declaró qne era procedente la acción de retracto ejercitada.

Como consecuencia de lo expuesto, no podemos declarar qne por estar facultado José Salvador Amill Negroni para la permuta que hizo en nombre de su mandante María Eugenia Delfina Amill Negroni según la inscripción 6 de la finca núm. 553 de Maricao, esté facultado implícitamente para vender bienes de ella, como sostiene el recurrente.

La nota recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señou Cóedova Dávila, JUEZ ASOCIADO SEÑOR HUTCHISON

text:
    Rafael F. Veve Carrillo, demandante y apelante, v. Edward W. Keith, demandado y apelado.
    No. 6776.

    Sometido: Abril 5, 1935.

      Resuelto: Diciembre 16, 1935.

      F. García Veve, abogado del apelante; E. Martínez Rivera, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señou Cóedova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción iniciada ante la Corte Municipal de Eáo Piedras por el demandante Veve Carrillo para recobrar la suma de $500 por concepto de su derecho de homestead so-bre una finca urbana que se describe en la demanda. Se alega que en 16 de abril de 1926 el demandante, por sí y como apoderado de su esposa, constituyó primera hipoteca sobre la referida finca a favor de Edward W. Keith como garantía de un préstamo que éste les hiciera por la cantidad de $10,000; que en 24 de agosto de 1930 Edward W. Keith pro-movió en la Corte de Distrito de San Juan demanda sobre ejecución „de crédito hipotecario contra el demandante y su esposa; que en 25 de agosto del mismo año, el Juez de la Corte de Distrito de San Juan expidió orden de ejecución; que el secretario de dicha corte expidió mandamiento al már-shal de la ya mencionada corte y que este mandamiento está pendiente -de ejecución, sin que hasta la fecha la finca hipo-tecada haya sido vendida en pública subasta; que el deman-dante ha vivido y vive en la actualidad, en unión de su esposa e hijos, en la finca mencionada, teniéndola como su hogar se-guro desde el año 1922; que siempre fue, ha sido y será él deseo del demandante conservar su hogar seguro sobre la antes descrita finca hasta el valor de $500 y que en ningún momento el demandante ha renunciado a favor del deman-dado ni a favor de ninguna otra persona su expresado dere-cho de homestead. Basado en estas alegaciones solicita el demandante que se dicte sentencia condenando al demandado a satisfacerle la suma de $500 por concepto de su derecho de homestead sobre la finca ameritada. En su contestación el demandado niega entre otras cosas que el demandante haya tenido o tenga derecho alguno al hogar seguro sobre la finca descrita en la demanda. Luego de celebrado el juicio en la Corte Municipal y antes de dictarse sentencia el demandante solicitó permiso para enmendar la demanda a fin de ajus-tarla a la prueba practicada, alegando la venta en pública subasta de la finca, su adjudicación al demandado Edward W. Keith, y el lanzamiento del demandante en virtud de or-den judicial. Accedió la corte a lo solicitado, y habiendo pe-dido el demandado qne se dejara sin efecto la resolución admitiendo la demanda enmendada, la corte así lo hizo, seña-lando día para la vista de la moción del demandante. La corte, después de oír a las partes, dictó la siguiente reso-lución :

“Vista la moción del demandante, solicitando permiso para en-mendar su demanda y conformar las alegaciones a la prueba, la cuaL .fue ampliamente discutida el día 17 de junio de 1933, por los abo-gados de las partes, y vistos también los alegatos presentados por éstos, estima que a la luz del artículo 136 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Eico, y de la jurisprudencia sobre la materia, la parte demandante puede enmendar su demanda para conformar las alegaciones a la prueba, y así lo resuelve, y por la presente deja en toda su fuerza la demanda enmendada radicada por el demandante en 24 de mayo de 1933, conformando las alegaciones a la prueba, para que surta sus efectos legales.”

La corte de distrito, en apelación, resolvió que la demanda original no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción y que la titulada demanda enmendada, que en realidad es una demanda complementaria, no puede admi-tirse porque en ella se alegan nuevos hechos que no existían al iniciarse el pleito y que son precisamente los que dan lugar a la causa de acción. La parte apelante alega que la corte cometió error al declarar que la demanda original no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción, y al sostener que no procedía la presentación de una demanda enmendada para ajustar las alegaciones a la prueba.

Nos explicamos las conclusiones de la corte inferior, dados los términos en que aparece redactada la demanda original.' Sin embargo, a pesar de las deficiencias que se advierten en la redacción de dicho documento, y en la exposición de los hechos, creemos que de los mismos se deduce que el derecho del demandante a reclamar la exención de homestead había surgido ya, cuando inició la presente acción. En la demanda original se alega que en virtud de orden dictada por la corte se expidió mandamiento al marshal para ejecu-tar la finca que se describe en la demanda, sin qne hasta esa fecha dicha finca hubiese sido vendida en publica subasta. A nuestro juicio, desde el momento en que se decretó la venta de la finca en ejecución de sentencia surgió el derecho del demandante para reclamar su homestead, si es que en rea-lidad tiene establecido su hogar seguro en la finca ameritada.

De acuerdo con el artículo 544 del Código Civil, ed. 1930, no se hará venta alguna por virtud de sentencia o ejecución, de ninguna estancia, plantación o predio de terreno y de Ios-edificios contenidos en el mismo, cuando se reclamare 'u ocu-pare dicha finca como hogar seguro, a menos que se obtenga por ella una suma mayor de $500. En caso de que dicha es-tancia, plantación o predio de terreno y los edificios en el mismo se vendieren por más de $500, el excedente sobre la suma últimamente citada se pagará al acreedor, y la suma de $500 se pagará al deudor, y estará libre de ejecución en virtud de sentencia o decreto por un período de treinta días.

No tiene el dueño del hogar seguro que esperar a que se le despoje del mismo para ejercitar su derecho. El espíritu y la letra de la ley demandan la protección de este derecho y el medio más eficaz para protegerlo es alegarlo oportuna-mente, para que no se venda la finca donde radica su hogar seguro, si no excede de $500, o para que se le satisfaga su importe en caso de que el precio del inmueble al llevarse a cabo la venta exceda de la referida suma.

En el presente caso el demandante ha solicitado que se condene al demandado a satisfacerle la cantidad de $500 por concepto de hogar seguro, antes de haberse vendido la finca, pero después de decretada su ejecución. Para poder llegar a la conclusión de que el demandante tiene derecho a la suma de $500 necesariamente hay que decidir que tiene establecido su hogar seguro en la finca que se intenta ejecutar. Esta és la cuestión fundamental a resolver por el tribunal, a fin de proteger los derechos del demandante contra la venta decretada. Establecido el 'hogar seguro y declarada su existencia mediante prueba, surge, para el dueño el de-recho de percibir, y para el acreedor ejecutante la obliga-ción de pagar el importe del mismo al consumarse la venta judicialmente ordenada.

En estas razones nos basamos para sostener que en las alegaciones de la demanda existe un principio de causa de acción a favor del demandante y que de acuerdo con la jurisprudencia ha podido muy bien admitirse una demanda complementaria. A juzgar por la moción solicitando permiso para presentar una demanda enmendada y por la resolución de la corte municipal admitiendo dicha demanda, se ofreció prueba tendente a demostrar que la finca había sido ejecutada y que el demandante había sido lanzado de la misma, puesto que la corte admitió la titulada demanda enmendada para ajustar las alegaciones a la prueba. De modo que los hechos posteriormente ocurridos fueron objeto de prueba, con anterioridad a la admisión de las alegaciones últimamente radicadas por el demandante. Estos hechos en nada varían la cuestión originalmente planteada. El derecho al hogar seguro es el fundamento esencial de la demanda y la única variación consiste en haber introducido una nueva alegación, afirmando que la finca fué ejecutada y que el demandante fue lanzado de la misma.

De acuerdo con el artículo 134 del Código de Enjuicia-miento Civil, puede presentarse una demanda complementa-ria alegando hechos esenciales al caso ocurridos después de la demanda original. El hecho de que se le haya llamado enmienda no cambia el aspecto de la cuestión.

En el caso de Wynnewood Cotton Oil Co. v. Moore, 153 P. 633, 634, 636, se permitió al demandante enmendar su pe-tición alegando que después de la institución de la demanda las partes habían sometido mediante convenio la cuestión en controversia a arbitraje, y que los árbitros, después de prac-ticar la prueba, habían decidido que el demandado debía al demandante la suma de $969, emitiendo su laudo de acuerdo con la conclusión referida. Se alegó que la corte había in-currido en error al declarar sin lugar una moción para eli-minar la demanda enmendada complementaria de las alega-ciones y se argüyó que esta demanda complementaria intro-ducía una cansa de acción diferente. Resolviendo la cuestión planteada la Corte Suprema de Oklahoma se expresó así:

“Alguna controversia se ha suscitado entre los abogados con res-pecto a si se trata de una petición enmendada o una petición com-plementaria. Para nosotros se trata de una cuestión inmaterial, de una distinción sin diferencia. Si existe distinción en una cuestión puramente técnica nosotros nos inclinaríamos a decir que es ésta una enmienda a la petición, por la razón de que no establece una nueva causa de acción como se alega en el código, prohibiendo enmiendas que cambien o establezcan una nueva o diferente reclamación.”

Más adelante dice la misma corte:

“Si la alegación objetada debe ser tratada como una enmienda o como una petición complementaria, o si debe ser gobernada por los estatutos de Oklahoma o Arkansas con respecto a enmiendas a las alegaciones, los hechos establecidos en la enmienda a la petición no constituyen una desviación sustancial de las cuestiones estableci-das en la demanda original. En ambos casos el demandante trató de recobrar, basado en la misma reclamación; la única diferencia está en que en la petición enmendada o complementaria, el demandante intenta demostrar que el montante de su reclamación contra el de-mandado ha sido fijado por arbitraje después de haber comenzado la demanda. El único posible efecto que esta enmienda pudo haber tenido es el que descansa sobre el testimonio necesario para establecer la reclamación. Pero en modo alguno cambia la causa de acción o la naturaleza de la reclamación del demandante contra el demandado. Él debe recobrar en ambos casos si es que tiene derecho a ello en su demanda por daños y perjuicios por no haberle facilitado ali-mentos para su ganado.”

Como ya hemos dicho anteriormente, el derecho del de-mandante, si lo tiene, arranca de la alegación de tener esta-blecido su hogar seguro. Las nuevas alegaciones introduci-das en la demanda no pueden ocasionar perjuicio al deman-dado. Si se practicó prueba sobre ellas ante la Corte Municipal, bien pudo haberla rebatido. En la apelación ante la corte de distrito, donde tendrá lugar un juicio de novo, la parte demandada estará en condiciones de negar y con-tradecir mediante prueba los nuevos hechos alegados. La controversia ha sido planteada por las alegaciones de ambas partes: el demandante alegando que tiene establecido su ho-gar seguro, y el demandado negando la existencia del mismo. Si el demandante prueba sus alegaciones, si demuestra que ha sido lanzado por el demandado de la finca, éste tiene el deber de satisfacer el importe de dicho hogar seguro. Dada la naturaleza de este litigio, y en vista de que las nuevas ale-gaciones no pueden perjudicar a la parte demandada, cree-mos que no debemos obligar al demandante a establecer una nueva acción ante la corte municipal, anulando todo lo ac-tuado, para volver a trillar el camino ya andado, reprodu-ciendo las mismas alegaciones y practicando la misma prueba.

jDebe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso a la corte inferior, para procedimientos ulteriores no incompatibles con los términos de esta opinión.

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR HUTCHISON

Yeve Carrillo instituyó esta acción ante una corte municipal con el objeto de recobrar la suma de $500 como su exen-ción de hogar seguro. Alegó: que Keith, acreedor hipote-cario, había iniciado un procedimiento ejecutivo sumario; que el juez de distrito con fecha 25 de agosto de 1930 había librado una orden de ejecución; que el secretario habíá ex-pedido un mandamiento al márshal, el cual mandamiento, según información y creencia del demandante, estaba pen-diente de ejecución, sin que hasta la fecha de la radicación de la demanda se hubiera efectuado venta alguna de la pro-piedad. Después del juicio, el juez municipal permitió a Yeve Carrillo enmendar su demanda para ajustarla a la prueba. En la demanda enmendada alegó: que con fecha 13 de diciembre de 1930 el secretario de la corte de distrito expidió mandamiento al márshal, que fué debidamente diligenciado por éste; que dicho márshal, previa orden de ejecución y venta en pública subasta de fecha 27 de enero de 1931, debi-damente complimentada, celebró subasta pública el día 16 de marzo de 1931, de la finca descrita en el hecho cuarto de la demanda, adjudicando la misma a Keith por la suma de $8,000; y que él, Veve Carrillo, fue lanzado de la referida finca por orden de la corte de distrito de 20 de julio de 1931 librada en un recurso de injunction seguido por él contra Keith y Manuel Náter Girona, márshal de la corte de distrito. La corte municipal entonces dictó sentencia a favor del de-mandante.

En la corte de distrito el apelante, aquí apelado, solicitó la eliminación de la demanda enmendada fundándose, entre otras cosas, en que ésta aducía nuevos hechos no contenidos en la demanda original y en que difería de la demanda original por alegar una nueva causa de acción; por todo lo cual la demanda original, a juicio del apelante, aquí apelado, no aducía causa de acción. Antes de entrar a juicio, la corte municipal declaró sin lugar una excepción previa de falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción.

El juez de distrito resolvió: que la demanda original no aducía hechos suficientes para determinar una causa de ac-ción porque el demandante, mientras ocupaba la finca como su hogar seguro y con anterioridad a su lanzamiento de la misma, no tenía derecho a recobrar del demandado la suma de $500, importe de la exención de hogar seguro; que la supuesta demanda enmendada era técnicamente una demanda complementaria y así debía considerársele; y que toda vez que la causa de acción del demandante surgió después de ra-dicarse la demanda original y no existía al tiempo de iniciarse el recurso, nada había en que basar una demanda complemen-taria y la demanda original no era susceptible de enmienda. Entonces declaró la demanda sin lugar.

La sentencia declarando sin lugar la demanda y la opi-nión del juez de distrito en que resolvió la cuestión de derecho arriba mencionada llevan la misma fecha, y el demandante no tuvo oportunidad para enmendar.

La sección 3 de la “Ley para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos civiles”, aprobada el 11 de marzo de 1908 (Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933, pág. 136), lee en parte como signe:

“ ... Al anunciarse la -vista de la apelación el tribunal, a ins-tancia del apelante, revisará y tomará en consideración- cualesquiera providencias, resoluciones o autos por los cuales se creyere aquél per-judicado. Resueltas que fueren estas cuestiones, se procederá a la vista de la causa, a menos que la corte estimare que la demanda o contestación está sujeta a excepción previa, y en tal caso, la corte, a su arbitrio, podrá permitir que se enmiende dicha demanda o con-testación ...”

La sección 4 de la ley de bogar seguro (artículo 544 del Código Civil, edición de 1930) lee en parte así:

“No se hará venta alguna, por virtud de sentencia o ejecución, de ninguna estancia, plantación o predio de terreno, y de los edi-ficios contenidos en el mismo, cuando se reclamare u ocupare dicha finca como hogar seguro, a menos que se obtenga por ella una suma mayor de quinientos dólares. En caso que dicha estancia, plantación o predio de terreno y los edificios en el mismo, se vendieren por más de quinientos dóalres, el excedente sobre la suma últimamente citada, se pagará al acreedor; y la suma de quinientos dólares se pagará al deudor, y estará libre de ejecución en virtud de- sentencia o decreto por un período de treinta días.”

Esta disposición no crea ninguna obligación estatutaria de parte del demandante en nn procedimiento ejecutivo de pagar, como condición previa a la subasta de los bienes hipo-tecados, la suma de $500 o cualquiera otra suma cierta o fá-cilmente determinable. El demandante intituló su acción “Reclamación de homestead”. Alegó en su demanda que el demandado le adeudaba el valor del derecho de hogar seguro, es decir, la suma de $500, cantidad que el demandado no le ha pagado ni en todo ni en parte. Se solicitaba sentencia a favor del demandante por la suma de $500 por concepto de su derecho de hogar seguro. El litigio en forma y teoría no era uno para anular una orden decretando la venta de -bienes hipotecados; ni era una acción reclamando daños y perjui-cios indeterminados o ilíquidos. En teoría era una acción en cobro de dinero; 'mas de la demanda no se desprendía ninguna relación de' deudor y acreedor. Por tanto, desde el punto de vista de la teoría que del caso tiene el deman-dante, la demanda dejó de aducir hechos suficientes para sos-tener la súplica. Si desde cualquier otro punto de vista el demandante tenía derecho a algún remedio, entonces la corte de distrito cometió error al resolver que la demanda no adu-cía hechos suficientes para determinar una causa de acción. Sea ello como fuere, la corte, a nuestro juicio, cometió error al resolver que la demanda no era susceptible de ser enmen-dada y al declararla sin lugar, sin dar al demandante la oportunidad para enmendar.

Una venta efectuada en contra de las disposiciones de la sección 4, supra, es una nulidad absoluta, por lo menos en lo que al derecho de hogar seguro o a su exención se refiere. Véanse Zander v. Scott, 165 Ill. 51, 46 N. E. 2; Imhoff v. Lipe, 44 N. E. 493, 494; y casos citados. Véase también Kales “Homestead Exemption Laws”, secciones 47-51, 115 y 123. Una orden dictada en un procedimiento ejecutivo sumario au-torizando y ordenando la venta de los bienes hipoteead.os que están siendo ocupados y son reclamados como un hogar se-guro, que no disponga el pago de la suma de $500 al dueño del hogar seguro, es igualmente nula e ineficaz. Dictar seme-jante orden es una invasión de los derechos del dueño a no ser molestado en el disfrute de su hogar seguro y en su exen-ción, a menos que, y hasta que, la finca sea vendida en la forma prescrita por la sección 4, supra. La orden misma tiende a arrojar alguna sombra sobre su título y no hay ra-zón alguna por qué deba exigírsele que espere hasta que la orden nula tenga por resultado una venta nula, antes de ini-ciar su acción para despejar su título. Después de iniciada tal acción, tendría, desde luego, derecho a aducir en una de-manda complementaria, hechos ocurridos posteriormente, como, por ejemplo, una subasta nula y su lanzamiento de la finca ocupada y reclamada por él como su hogar seguro. Así, pues, en el mismo recurso podría dejarse sin efecto la orden de subasta nula, la subasta misma y (dejando a un lado cual-quier cuestión de res judicata, impedimento u otras que sur-gieran del pleito de injunction) obtener nn decreto poniéndole en posesión común (joint possession), quizá en posesión ex-clusiva, de la finca anteriormente ocupada por él como sn ho-gar seguro. Desde Inego, tal vez tenga otros remedios, al-gunos de los cuales pudieron o no existir al tiempo de iniciar su recurso. No es necesario que especulemos a este respecto.

Podría alegarse que la demanda enmendada, independien-temente de cualesquiera otras cuestiones de hecho que no existían al momento de radicarse la demanda original, no demostraba falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción, sino que era más bien una alegación defi-ciente de una buena causa de acción. Si la demanda no adu-cía hechos, tal defecto se debía a la ausencia de una alega-ción expresa de que la orden de subasta no disponía que se efectuara la venta en la forma prescrita por el artículo 4 de la ley de hogar seguro. Quizá se iría demasiado lejos al decir que el resultado de una enmienda a este respecto sería mera-mente hacer más cierto y definido algo qu'e anteriormente era ambiguo e incierto. De todos modos, admitiendo, para los fines de la argumentación, sin resolverlo, que ni la demanda original ni la demanda enmendada aducían hechos suficientes' para determinar una causa de acción, no tenemos razón al-guna para creer que el defecto no pudiera ser subsanado me-diante una enmienda ulterior. Todas las circunstancias tien-den persuasivamente a una conclusión contraria.

En la relación anterior el suscribiente ha tratado de ex-poner su primera impresión del caso de autos. La noción de que la orden de venta era una nulidad absoluta en lo que a la exención de hogar seguro concernía, puede o no ser erró-nea. Se le somete como cuestión digna de seria consideración. Quizá la corte municipal estaba en lo cierto al permitir una enmienda a fin de ajustar la prueba, no embargante el hecho de que la demanda enmendada era técnicamente, conforme indica la corte de distrito, una demanda complementaria, y no obstante cualquier defecto que pudiera existir en la de-manda original. Quizá la conclusión a que se llegó en la opinión de la mayoría puede ser fortalecida al hacer una con-sideración ulterior del poder plenario conferido a la corte de distrito por la sección 3 de la ley de 1908, supra, en con-comitancia con el hecho de que al ejercicio de esta facultad debe seguir un juicio de novo. Sea ello como fuere, el juez que suscribe está plenamente convencido de que no puede per-mitirse que subsista la sentencia apelada. Por tanto, con-curre en el criterio de que debe ser revocada y devolverse el caso.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Chaia Glikka Isaraelevna Kessler, et als., demandantes, apelantes y apelados, v. Manuel V. Domenech, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado, apelado y apelante.
    No. 6608.

    Sometido: Mayo 24, 1935.

      Resuelto: Diciembre 16, 1935.

      M. Acosta Velarde y F. Acosta Velarde, abogados de los apelantes y apelados; Hon. Procurador General Benjamin J, Horton y B. Cordovés Arana, Subpromrador, abogados del apelado y apelante.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Chaia Glikka Isaraelevna Kessler y doce personas más residentes todos fuera de esta Isla, en su carácter de here-deros testamentarios de Esther Bessie Boerman apelaron para ante la Corte de Distrito de San Juan de la valoración y el cómputo de la contribución sobre la herencia de la se-ñora Boerman hechos por el Tesorero de Puerto Rico, pi-diendo el reintegro de los $684.26 que satisficieron en mayo 19, 1932, más las costas, intereses y honorarios de abogado. Alegaron en su demanda, en resumen, lo que sigue:

Su causante, la señora Boerman, heredera a su vez de su hijo- Charles M. Boerman fallecido en esta Isla en enero 30, 1915, murió en Tomsk, Rusia, bajo testamento, el 10 de marzo de 1920, en cuya fecha se hallaba ann en administración la herencia de sn hijo.

En octubre 29, 1920, la Corte de Distrito de Ponee apro-bó la división y adjudicación de los bienes de la herencia de Charles M. Boerman. Los adjudicados a la causante de los demandantes quedaron en posesión de la administradora judicial. El 24 de septiembre de 1930 dictó la corte de distrito una orden complementada por otra de marzo 16, 1932, de-clarando a los demandantes herederos de la señora Boerman con derecho a tomar posesión de los bienes que se le adju-dicaron.

A fines de abril, 1932, se notificó al Tesorero de Puerto Rico la defunción de la señora Boerman describiéndose los bienes heredados por los demandantes, que lo fueron varios inmuebles situados en Utuado, Río Piedras, Ponce y San Juan, valorados en $25,386.77, figurando entre ellos una parte indivisa en nuda propiedad de cierta casa tasada en $11,441.20.

El Tesorero errónea, arbitraria e ilegalmente valuó los bienes en $33,965.65, basándose en la tasación del año eco-nómico 1931-32 y no en la del fallecimiento de la señora Boerman, no reconoció a los demandantes la exención de cinco mil dólares a que cada uno de ellos tiene derecho de acuerdo eon la ley e incluyó el valor de la parte indivisa en nuda propiedad que se ha indicado, computando así la con-tribución en $322.25, cobrándoles además $361.41 por inte-reses a partir del 10 de marzo de 1921. De haber el Teso-rero procedido correctamente nada hubieran tenido que pagar los demandantes y aun en el supuesto de que su valoración fuera correcta, nunca procedería el cobro de intereses.

El Tesorero excepcionó la demanda y sus excepciones fueron declaradas sin lugar. Contestó. Aceptó que los de-mandantes eran los herederos de la señora Boerman y todo lo alegado en cuanto a las herencias, pero sostuvo la legali-dad de su valoración y cómputo. Como defensas especiales alegó que la corte no tenía jurisdicción para revisar la valo-ración y el cómputo relativos a los bienes situados fuera de sil distrito y que tampoco la tenía para ordenar dentro de este procedimiento la devolución de los intereses ni de nin-guna otra suma satisfecha por los demandantes por contri-bución de herencia.

Luego se estipuló por las partes que los siguientes hechos eran ciertos:

Que los bienes heredados de acuerdo con las tasaciones oficiales para dichos años tenían nn valor real y efectivo de $25,386.77 en marzo 10, 1920, y de $33,965.85 en 1930-31 y 19,31-32; que se negó a los demandantes la exención de cinco mil dólares y se les concedió la de doscientos, y que los de-mandantes están en posesión de un condominio indiviso de 77.4877 por ciento en la nuda propiedad de la casa sita en la calle Salvador Brau de San Juan, Puerto Rico, “enten-diéndose que están en la posesión legal de dicho condominio, por tener el título del mismo, ya que la posesión real y efec-tiva de dicha finca, la tiene la usufructuaria Mrs. Charles M. Boerman.”

No hubo necesidad de prueba. Basándose en las alega-ciones y en la estipulación, la corte de distrito dictó su sen-tencia—

“ . . . disponiendo que por el Tesorero de Puerto Rico se calcule la contribución de herencia: (a) tomando por base la valoración ofi-cial de los bienes en 1920; (6) excluyendo el valor oficial en 1920 del condominio en nuda propiedad de la finca radicada en la calle Salvador Bráu de esta ciudad; (c) no concediendo exención alguna y (el) cobrando intereses al tipo que dispone la ley sobre el importe de la contribución de herencia, desde 10 de marzo de 1921 hasta el 19 de mayo de 1932. La diferencia entre la cantidad pagada por los demandantes en 19 de mayo de 1932, o sea $684.26 y lo que real-mente debieron pagar de acuerdo con el criterio expresado en esta opinión, deberá ser devuelta a los demandantes con intereses legales sobre esta última suma desde el 19 de mayo de 1932 hasta la fecha del pago, sin especial condenación de costas.”

Ambas partes apelaron.

Los demandantes sostienen qne la corte sentenciadora erró al no concederles la exención de cinco mil dólares y al resolver que vienen obligados al pago de intereses a pártir de un año después del fallecimiento de su causante.

El demandado señala la comisión de siete errores come-tidos a su juicio por la corte de distrito al resolver 1, que no existía una indebida acumulación de acciones; 2, que la demanda no era ambigua, ininteligible y dudosa; 3, al re-visar la valoración y cómputo con respecto a bienes situados fuera de su distrito; 4, al declarar que el valor que debía tomarse en consideración era el que tenían los bienes a -la fecha de la muerte de la testadora; 5, al decidir que no procedía tomar en cuenta el valor de la nuda propiedad; 6, al condenar al demandado al pago de intereses legales, y 7, al declarar con lugar la demanda y ordenar al demandado que reliquide la contribución.

Comenzaremos nuestro estudio por el de los dos primeros errores señalados por el demandado apelante, a saber: la indebida acumulación de acciones y la ambigüedad de la demanda.

Ambas cuestiones se suscitaron en la corte de distrito por medio de excepción previa. Se insiste en que no pueden acumularse “la acción'de apelación contra la valuación y cómputo de una contribución de herencia y la de cobro de intereses” aquí ejercitadas, por no estar incluidas en nin-guno de los ocho apartados del artículo 104 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, y en que la demanda es am-bigua porque en el caso de ser acumulables las acciones, no fueron expuestas separadamente y porque existe inconsisten-cia entre las alegaciones y la súplica, ya que las primeras se refieren a la valoración y el cómputo y en la última se pide la devolución de lo pagado en concepto de contribución e in-tereses.

Estudiando la naturaleza de este procedimiento en el caso de Sucesión Puente v. El Pueblo, 19 D.P.R. 557, dijimos:

“Las prescripciones del Código Político sobre la contribución so-bre herencias, son completas y especiales. En resumen, disponen .
“Nos liemos referido a la Ley de Rentas públicas de Puerto Rico de tal modo, para fijar bien la idea de que el legislador puertorri-queño al resolverse a imponer la contribución sobre herencias, adoptó un sistema completo y especial distinto en muchos particulares al adoptado para la imposición y cobranza de las otras contribuciones.
“Por ejemplo, para recurrir contra la tasación de los agentes del Pueblo, en el caso de contribuciones sobre la propiedad en general, .se acude a la junta de revisión e igualamiento, que resolverá el caso •en definitiva. Y para recurrir contra la valoración de los bienes de la herencia y cómputo de la contribución, se acude no a la junta de revisión e igualamiento, sino a la corte de distrito competente.
“El método fijado por la ley también es distinto para el cobro de la contribución sobre la propiedad en general y del impuesto so-bre herencias. Cuando la contribución sobre la propiedad -no se sa-tisface a su debido tiempo, la misma Administración embarga y vende la propiedad y cobra lo que se le debe. Cuando la contribución so-bre herencias no se satisface dentro del término fijado por la ley, el Fiscal del distrito es el llamado a instituir los procedimientos nece-sarios para su cobro, al recibir el oportuno aviso del Tesorero.
“En tal estado la Legislación de Puerto Rico sobre la materia, se aprobó en el año de 1911 la ley número 35 ya citada. Por su sección primera se dispone que ......
“Como puede verse del resumen que hemos hecho de dicha ley número 35, por ninguna de sus disposiciones se deroga expresamente el artículo 374 del Código Político, que, como hemos visto, forma parte de las disposiciones del código relativas a la contribución sobre herencias, y que, copiado a la letra dice así:
“ ‘Artículo 374. Dentro de los treinta días después de haberse ultimado la valoración y cómputo de la contribución, podrá cualquier persona, o beneficiario, a quien ésta afecte, apelar contra dicha va-luación y cómputo al tribunal de distrito del distrito donde los bie-nes radiquen, a condición de que haya pagado todas las costas, o dado fianza para el pago de ellas, y además cualquiera contribución que hubiera sido impuesta sobre la manda, legado, donación y herencia; y dicho tribunal de distrito procederá a resolver el asunto tan pronto como sea posible.’
“Si estudiamos cuidadosamente el artículo 374, veremos que esta-s blece un recurso de apelación para ante una corte de justicia contra la valuación de los bienes de la herencia y el cómputo de la contri-bución. Y si estudiamos también cuidadosamente la ley número 35r veremos que establece un sistema de pago de contribuciones bajo pro-testa cuando se inicie cualquier procedimiento o se lleve a cabo al-guna diligencia para su recaudación, y un procedimiento subsiguiente para ventilar la ilegalidad del cobro ante una corte de justicia.
“El propósito de ambas leyes, es distinto, y en tal virtud, a nues-tro juicio, la ley número 35 de 1911 no deroga implícitamente el ar-tículo 374 del Código Político. Ambas leyes pueden y deben sub-sistir en toda su integridad. La jurisprudencia citada en el caso de El Pueblo v. Axtmayer, (pág. 399), y la teoría en que se basó en su totalidad la resolución de dicho caso, se invocan y se aplican a la decisión del presente.
“Para ejercitar el recurso que autoriza el artículo 374 del Código Político, no es necesario satisfacer con anterioridad la contribución, computada. Se puede acudir, bien pagándola o ya afianzando su pago, ante la corte de distrito dentro de los treinta días después de-haberse ultimado la valoración y el cómputo y obtener que la valo-ración y el cómputo se alteren y modifiquen, si los méritos del case así lo requieren, de acuerdo con las pretensiones de la parte inte-resada.
“Para ejercitar el recurso que autoriza la ley número 35, es ne-cesario que se inicie el cobro- de la contribución por el funcionario-con autoridad para ello, que se pague la contribución bajo protesta y que se acuda al tribunal bajo la base de que el cobro de la con-tribución pagada bajo protesta es injusto, ilegal o hecho contra las-disposiciones de cualquier estatuto.”

En 1925 se decretó por la Legislatura la Ley núm. 99 para modificar y ampliar la contribución sobre trasmisión-de bienes por herencia y para otros fines. El artículo 7 de-dicha ley es igual al 374 del Código Político interpretado en el caso de Sucesión Puente v. El Pueblo, supra, y la ley no-contiene disposición otra alguna que altere dicha interpre-tación.

No se trata, pues, de una demanda ordinaria iniciando alguna acción, sino de una apelación contra una resolución de un funcionario .administrativo para ante las cortes de-justicia.

La resolución apelada abarca varios extremos, la valo-ración de los bienes de la herencia, el cómputo de la con-tribución que deben satisfacer los herederos y los intereses exigidos de acuerdo con las expresas prescripciones de la ley. Constituye una integridad y de toda ella se apela. La de-volución de lo pagado en todo o en parte, o la cancelación de la fianza prestada para poder apelar, serían la consecuen-cia lógica de un pronunciamiento favorable al apelante.

El escrito interponiendo la apelación, llamado en este caso “Demanda”, se ajusta a nuestro juicio a la ley especial sobre la materia, y nada indebido acumula, ni es ambiguo, ininteligible y dudoso. Traslada a la jurisdicción de la corte de distrito la totalidad de lo resuelto dentro de la suya por el Tesorero para que la corte diga lo más pronto que sea posible si la resolución del Tesorero se ajusta o no a los hechos y a la ley, y dicte todos los ofros pronunciamientos que fueren necesarios para hacer efectiva su jurisdicción.

No existen, pues, los dos primeros errores. Por el tercero se levanta una cuestión de jurisdicción. La ley ex-presamente otorga el recurso para ante el “tribunal de distrito del distrito donde los bienes radiquen.”

En este caso los bienes que constituyen la herencia radi-can en los distritos judiciales de Arecibo, Ponce y San Juan y el recurso se estableció en la Corte de Distrito de San Juan, residencia del demandado y donde están situados la mayor parte de los bienes.

Si la interpretación de la parte demandada procede, po-dría darse el caso de tenerse que interponer ocho apelacio-nes distintas ante las ocho cortes de distrito de la Isla contra una sola resolución del Tesorero. Esa interpretación sería contraria al propósito evidente' de la ley — rapidez y justicia en la imposición y el cobro de la, contribución. Las cortes de distrito de Puerto Pico tienen todas la misma jurisdic-ción y la interpretación lógica parece ser la de que en un caso de esta naturaleza, cuando existen bienes en varios dis-tritos cualquiera de las cortes de esos distritos a que se acuda puede intervenir y decidir sobre la totalidad del asunto. Y ésa es la que adoptamos. No existe el error.

Argumentando el cuarto señalamiento sostiene el Tesorero que su contención ante la corte de distrito consistió en que dicha corte no fue puesta en condiciones de resolver si el verdadero valor de los bienes era o no el que él fijara, ya que la estipulación sólo prueba que el valor real y efectivo de los bienes, de acuerdo con la tasación oficial de los mismos a la fecha de la muerte de la testadora, 1920, era el de $25,386.77 y a la de la valuación, 1932, el de $33,965.85, y es sabido que la tasación no es prueba concluyente del valor.

La regla aplicable ha sido bien fijada por la jurispruden-cia. Tal como ésta se resume en Corpus Juris, dice:

‘ ‘ Si bien para fines contributivos puede considerarse el valor dado a la propiedad en cuestión por los tasadores, tal valor no es obliga-torio ; no sirve de norma para fijar el valor prescrito por el estatuto para fines de contribución sobre herencia, ni debe substituírsele por la misma.” 61 C. J. 1962.

Si de la estipulación no constara como consta de modo terminante que la base que adoptó el Tesorero para la valo-ración de los bienes de la herencia fué la tasación oficial de los mismos, diez años después de la muerte de la causante, tendría razón el Tesorero.

Pero como tal hecho consta y como no hay cuestión acerca de que la fecha que debe tomarse de base es la de la muerte de la causante (61 C. J. 1692, pár. 2554), precisa concluir que no estuvo bien hecha la valuación.

La dificultad que surge para dejar el caso definitivamente resuelto es que los apelantes se limitaron a introducir como única evidencia del valor de los bienes, su tasación oficial a la fecha del fallecimiento, evidencia que acabamos de resolver que no tiene el carácter de concluyente. Siendo ello así, se hará necesario devolver el asunto al Tesorero para que practique la valuación a la fecha del fallecimiento de la tes-tadora de acuerdo con la ley.

De ese modo queda resuelto el cuarto señalamiento de error. Por el quinto se levanta la cuestión de la valuación del condominio en nuda propiedad. Conocemos, lo que decidió la corte, esto es, que no cabe tomar su valor en consideración por estar exento de contribución de acuerdo con la ley que regía a la fecba del fallecimiento de la causante, o sea la de 1916.

El Tesorero apelante aclara en su alegato que nunca sos-tuvo que la aplicable fuera la ley de 1925, que lo que él sos-tuvo y sostiene es que de acuerdo con la ley de 1916 el con-dominio en nuda propiedad está sujeto a contribución.

El artículo 368 del Código Político, tal como quedó en-mendado por la Ley núm. 62 de abril 13, 1916 (pág. 129), que es el precepto aplicable, dispone, en lo pertinente, que:

“Todos los bienes inmuebles en Puerto Rico, y cualquiera parti-cipación en ellos, pertenecientes o no a habitantes de Puerto Rico; y todos los bienes muebles pertenecientes a habitantes de Puerto Rico que, por testamento o abintestato, o por herencia o por donación cual-quiera efectuada, cuya intención fuere otorgar la posesión o el usu-fructo después del fallecimiento del donador, se trasmitieren a cual-quiera persona, sociedad, institución o 'corporación en fideicomiso, o con otro carácter, estarán sujetos a una contribución según se dispone más adelante en la presente; ...”

Estaban, pues, sujetos al pago de la contribución de he-rencia a la fecha de la muerte de la testadora en este caso, Í920, todos los bienes inmuebles de. la herencia y toda partici-pación en los mismos cuya “posesión o usufructo” se trasmita a los herederos. El texto inglés de la ley usa las palabras “possession or enjoyment

¿Se trasmite la posesión cuando sólo se hereda la nuda propiedad?

La palabra bienes es aplicable en general a cualquier cosa que pueda constituir riqueza o fortuna; propiedad es el de-recho por virtud del cual una cosa pertenece en particular a una persona con exclusión de cualquier otra. Otorga al pro-pietario el derecho de gozar y disponer de la cosa sin más limitaciones que las establecidas pox las leyes y el de reivin-dicarla. Puede ser plena o menos plena como en el caso de la nuda propiedad en que se deduce o separa de ella el usu-fructo.

Usufructo es el derecho de disfrutar de una cosa cuya propiedad es ajena, percibiendo todos los productos, utilida-des y ventajas que aquélla produzca, con la obligación de conservar su forma y substancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa.

Si la ley que interpretamos en vez de usar la palabra po-sesión hubiera empleado la palabra propiedad, la cuestión sería más clara. Pero aun habiendo usado como usó la pa-labra posesión, creemos que asiste la razón al Tesorero ape-lante.

Lo que se entiende por posesión en general ha dado lugar a la emisión de variadas opiniones y de lar-gos y confusos co-mentarios. El propio legislador no da una definición general. Trata en el título quinto del libro segundo del Código Civil “De la Posesión” y comienza diciendo en el artículo 360 que posesión natural es la tenencia de una cosa o el dis-frute de un derecho por una persona y posesión civil es esa misma tenencia o disfrute, unidos a la intención de haber la cosa o derecho como suyos.

Define, pues, dividiendo, y seguidamente prescribe en los artículos 361 y 362 que la posesión se ejerce en las cosas o en los derechos por la misma persona que los tiene y los disfruta, o por otra en su nombre, y que la posesión en los bienes y en los derechos puede tenerse en uno de dos aspec-tos, o en el de dueño, o en el de tenedor de las cosas o dere-chos para conservarlos o disfrutarlos, perteneciendo -el do-minio a otra persona.

Poseedores son, pues, a la vez el dueño y el usufructua-rio debiendo imponerse a nuestro juicio a los dos la contri-bución, valuándose sus respectivos derechos posesorios de acuerdo con la extensión que tenga el usufructo.

Lo que el legislador tuvo en mente no fué que se pagara una doble contribución sino que ésta fuera satisfecha de acuerdo con el justo valor del inmueble trasmitido. Ese valor es uno para El Pueblo. No así para los dueños de la nuda propiedad y el usufructo. La suma del valor de sus derechos constituye el valor total del inmueble, debiendo en tal virtud tasarse el valor de cada uno de esos derechos se-paradamente. Así, en un valor de cien, según sea la exten-sión del usufructo, el valor de la nuda propiedad puede ser un veinte, o un cincuenta, o un setenta por ciento, por ejemplo.

' Siendo ello así y habiendo los propios herederos apelan-tes asignado en su declaración a la parte indivisa en nuda propiedad de que se trata un valor de unos once mil dólares, parece que también deberíamos dar la razón al Tesorero apelante y resolver que ese valor es el que debe tomarse en consideración para el cómputo del impuesto, pero como los apelantes alegan que ese valor se refiere al del dominio pleno y no al de la nuda propiedad, lo que parece ser lo cierto, y como el caso tiene necesariamente que volver al Tesorero, la cuestión debe quedar abierta a fin de que el Tesorero al verificar la nueva valuación haga la del condominio en nuda propiedad trasmitido a los herederos en este caso de acuerdo ■con los principios sobre la materia que dejamos establecidos.

El sexto error fué cometido. Los propios herederos en su alegato de réplica se allanan. La ley concede el derecho ■de apelar, pero no impone la obligación de abonar los inte-reses. La contribución no fué pagada bajo protesta y los herederos pudieron apelar sin verificar el pago limitándose a afianzarlo.

No es necesario considerar ni resolver el séptimo y último señalamiento de error. Es un resumen de los seis primeros.

Veamos ahora si asiste o no la razón a los herederos al sostener que la corte sentenciadora erró al decidir que no tienen derecho a la exención de cinco mil dólares y que vienen obligados a pagar intereses sobre la contribución a partir de un año después del fallecimiento de su causante.

La ley aplicable, el ya citado, en parte, artículo 368 del Código Político, como quedó enmendado por la Ley núm. 6££ de 1916, dice en lo pertinente:

“ . . . Disponiéndose,, que no se cobrará contribución alguna so-bre bienes que se trasmitan a un heredero, legatario o donatario de-terminado, que no sea su esposa, hijo, nieto o persona legalmente re-conocida como hijo adoptivo del varón fallecido, si dichos bienes fue-sen tasados en doscientos dólares o en menos; Y disponiéndose, ade-más, que cuando el valor de tales bienes exceda de doscientos dólares, estos doscientos dólares se rebajarán al computar la contribución so-bre los bienes referidos; y el restante después de hacer dichas de-ducciones será considerado como el valor de la manda, legado, do-nación o herencia; Y disponiéndose, además, que no se cobrará con-tribución alguna sobre bienes que se trasmitan a la esposa, hijo, nieto-o persona legalmente reconocida como hijo adoptivo del varón falle-cido, cuando el valor de tales bienes sea de cinco mil dólares o me-nos; Y disponiéndose, además, que cuando el valor de tales bienes-que se trasmitan a la esposa, hijo, nieto o persona legalmente reco-nocida como hijo adoptivo exceda de cinco mil dólares, estos cinco-mil dólares se rebajarán al computar la contribución sobre los bie-nes referidos, y el restante después de hacer dichas deducciones será ■ considerado como el valor de la manda, legado, donación o herencia.’”

La corte sentenciadora sostuvo que las palabras usadas--“varón fallecido” demuestran la intención del legislador de limitar la exención a aquellos casos en que el causante es-varón, y los herederos apelantes alegan que si se diera a la. ley esa interpretación, resultaría además de absurda, incons-titucional.

La palabra varón usada en la enmienda de 1916 tiene un significado tan claro que no es posible comprender en ella la palabra mujer como sería necesario para extender la exen-ción a causantes de ambos sexos.

¿Pudo el legislador limitar la exención de tal modo? A nuestro juicio pudo.

Aparte de que se ha resuelto que las restricciones cons-titucionales en cuanto a exenciones por contribuciones sobre la propiedad no son aplicables a contribuciones sobre heren-cias (61 C. J. 1614), no encontramos nada contrario a la moral o al orden público en la exención decretada. Pndo la legislatura considerar justa la exención en el caso del varón cnya muerte elimina al jefe de la familia que la venía soste-niendo no sólo con el producto de los bienes trasmitidos a sus herederos si que además con el de su trabajo y no con-siderarla necesaria en el caso de la mujer cuya aportación al sostenimiento de la familia en cuanto al ingreso de bienes materiales no es generalmente igual a la del hombre.

Como dijo el Procurador Greneral Sr. Harlan en una opi-nión emitida en julio 18, 1901, sobre las secciones 94 y 95 de la Ley de Rentas, “es evidente que en esas dos secciones la legislatura hace una distinción entre la muerte del marido y la muerte de la esposa. A la» muerte del primero, que es generalmente el que proporciona el sustento a la familia, la legislatura no requiere el pago del impuesto de herencia sobre los bienes que deja a su familia, aparentemente ba-sándose en el principio de que la- pérdida de su protección por parte de su familia es motivo bastante para la exención de esa familia del pago del impuesto. Por otra parte, en la sección 95 el objeto aparente de la legislatura fue imponer una contribución sobre los bienes que pasasen al marido y descendientes directos de la esposa a la muerte de ésta, ba-sándose en la teoría de que el marido, que es el verdadero sostén de la familia, puede aún mantener a ésta, pudiendo el estado con razón participar de la herencia imponiendo una contribución sobre la misma.” 1 Opiniones del Attorney Greneral de Puerto Rico, pág. 38.

En el caso de In re Clark’s Will, 196 N. W. 839, la Corte Suprema de Wisconsin, resolviendo una impugnación sobre la'constitucionalidad de un estatuto parecido al que estamos considerando, se expresó así :

“El primer ataque hecho a esta disposición es que es anticons-titucional, por ser legislación de clase y una negación de la igual protección de las leyes. El argumento es que a los hijos que he-redan del padre a través de la madre se les concede un crédito ne-gado a los hijos que heredan de la madre a través del padre. Se dice que no hay base razonable para esta discriminación. Oreemos lo contrario. La viuda es una favorita de la ley, y la disposición fué hecha sin duda alguna con el objeto de inducir al marido a ha-cer disposiciones liberales en favor de la viuda, y para suprimir la penalidad de una contribución de herencia adicional en caso de que ella creyera conveniente pasar la herencia a sus hijos. No es más discriminatorio que la exención de $25,000 concedida a la viuda y negada al marido. Creemos que la clasiñcación está basada en con-sideraciones similares y que está inmune de la imputación que se le hace de que tiene por resultado el negar la igual protección de las leyes. ’ ’

Y la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Campbell v. California, 200 U. S. 87, estableció la siguiente doctrina:

“La Enmienda XIV a la Constitución no priva a un estado de la facultad de reglamentar e imponer contribuciones al derecho de heredar, sino que a lo sumo restringe un ejercicio de poder que ex-cluya la concepción de criterio y- discreción y que sea tan obviamente arbitrario e irrazonable que sobrepase la autoridad gubernamental: y los estatutos de California por tanto, no son inconstitucionales por dar preferencia a los parientes por afinidad sobre los colaterales.”

No hubo error. Tampoco erró la corte de distrito al resolver que los herederos estaban obligados al pago de intereses a partir de un año después del fallecimiento de su causante.

La ley aplicable — artículo 376 del Código Político — prescribe :

“Artículo 376. Todas las contribuciones impuestas por virtud del Capítulo III de este título serán ingresadas en la Tesorería de Puerto Rico por los administradores, albaceas, fideicomisarios u otras personas que administren los bienes sujetos al pago de dichas con-tribuciones; y todos los referidos administradores, albaceas, fideico-misarios o personas serán responsables por dichas contribuciones, con intereses, como más adelante aquí se prescribe, hasta que las mismas hayan sido satisfechas. Dichas contribuciones serán devengadas y pa-gaderas inmediatamente, después del fallecimiento de un poseedor de bienes, o constituirán desde luego un gravamen sobre tales bienes, y seguirán siendo gravamen hasta que se satisfagan. Si dichas con-tribuciones no se pagan dentro de diez días contados desde la pre-sentación del recibo de contribuciones, el Tesorero exigirá al corres-pondiente albacea, administrador, o fideicomisario fianza del doble del montante de dichas contribuciones vencidas que se adeudan, la cual garantice el pago total y saldo de dichas contribuciones, en la forma y .dentro del plazo que por esta ley se establecen; y el Tesorero está autorizado para embargar la propiedad de dicho fallecido, sujeta al pago de contribución, hasta tanto que se haya prestado la antedicha fianza. Si dichas contribuciones no se pagasen dentro de un año, contado desde el expresado fallecimiento, se cargarán y se cobrarán intereses sobre ellas, al tipo de diez por ciento; y si dichas contri-buciones no se pagasen dentro de los diez y ocho meses contados desde el fallecimiento, será obligación del fiscal del distrito en donde dichas contribuciones quedaron en descubierto, instruir los procedi-mientos necesarios para su cobro, al recibir oportuno aviso del Teso-rero de no haberse pagado.”

Sostienen los herederos apelantes qne en el supuesto de que no se les reconozca la exención de cinco mil dólares para cada uno que reclaman, no vienen obligados a pagar intere-ses porque si hubo demora no se debió a su culpa sino al hecho de que no pudieron acreditar su carácter hasta 1932 dentro de los procedimientos sobre administración judicial de la herencia y porque la ley sólo obliga al pago de ellos a los administradores, alhaceas o fideicomisarios y no a los herederos.

La ley es terminante. No admite excusa. Dice que si la contribución no se paga dentro del año siguiente al del fa-llecimiento del causante, se cobrarán intereses. A partir de esa fecha los intereses se deben, sin que haya necesidad de penetrar en el porqué de la falta de su pago.

Resumiendo la jurisprudencia sobre la materia, dice Corpus Juris:

“En ausencia de aiitoridad estatutaria, la corte no tiene poder para condonar cargos por concepto del interés prescrito por la dila-ción en el pago de la contribución; y cuando el estatuto no especi-fica tales cuestiones como excusas' de la demora, cobrará interés sobre tales pagos morosos aunque la dilación surja de la negligencia en la administración de los bienes, litigios, o de que estuviera pendiente una apelación por las contribuciones, y es indiferente que parte de la herencia fuera dada ‘in remainder’; o que las disposiciones del testamento fueran modificadas por convenio.” 61 C. J. 1731.

En el caso de People v. Rice, 91 P. 33, la Corte Suprema de Colorado, por medio de su Juez Steele, se expresó así:

“Los letrados también sostienen que los intereses impuestos equi-valen a una penalidad, y que por ende el estatuto debe ser interpre-tado estrictamente en favor de la parte a quien se ha de imponer la misma. También que la penalidad no puede exigirse, toda vez que nunca hubo la oportunidad de pagar la contribución y así eva-dirla. Ora interpretemos el estatuto estricta o liberalmente, llegamos al mismo resultado. La ley, en términos claros e inequívocos, dice que la contribución ‘será exigible y pagadera a la muerte del finado y que se cargarán y cobrarán intereses a razón del 6% anual a par-tir de la fecha en que se dejen de pagar tales contribuciones.’ La legislatura sabía que bajo nuestras leyes no podía liquidarse dentro de un año contado a partir de la muerte del finado, una sucesión en que hubiera que cobrarse una contribución sobre herencia; y si las cortes han de estar en alguna forma controladas por la intención de la legislatura, según expresan las leyes del estado consideradas con-juntamente, éstas deberán decir que fué la intención legislativa no eximir a los beneficiarios de las disposiciones de esta ley porque hay litigios pendientes. No se sostiene que el contexto de esta ley sea ambiguo o dudoso, sino que los intereses cargados equivalen a una penalidad, y que bajo las circunstancias reveladas por los autos, es contrario a la equidad, injusto e ilegal que el estado cobre los inte-reses.
“Los estatutos de Nueva York y Pensilvania relevan a los bene-ficiarios de una sucesión del pago de intereses. La Sección 4, capí-tulo 713, página 922, de las leyes de Nueva Nueva York (Leyes de 1887), dispone: ‘Todas las contribuciones impuestas por esta ley, a menos que por la presente se disponga lo contrario, serán exigibles y pagaderas a la muerte del finado, y si las mismas son pagadas dentro del término de 18 meses, no se cobrarán intereses sobre la misma, mas si no se pagaren, se cobrarán intereses a razón del 10 % anual a partir del vencimiento de tal contribución.’ La Sección 5 del mismo capítulo de las leyes de Nueva York, dispone: ‘Que no se cargará la penalidad del 10% cuando, en casos de litigios nece-sarios o de otras demoras inevitables, la sucesión no puede ser liqui-dada a la terminación del período de 18 meses contados a partir de la muerte del finado, y qne en tales casos se cargará solamente el 6 % sobre tal contribución, desde la fecba en que expiraron los referidos 18 meses . . .’ En el caso In re Moore, 90 Hnn, 169, 35 N. Y. Supp. 783, se interpreta estos estatutos, y la corte allí resolvió que toda vez que se desprendía que había habido demora inevitable en la liquidación de la sucesión, no debía imponerse penalidad alguna por la demora, sino solamente intereses al 6% desde que expiraron los 18 meses. La sucesión mencionada en el caso citado en 90 Hun, se vió envuelta en litigios durante muchos años, y sin embargo la corte exigió que se pagaran intereses como parte de la contribución según exigía el estatuto. En Pensilvania, donde los estatutos son substancialmente idénticos a los de Nueva York, surgió un caso muy similar. El estatuto fué interpretado en el caso de Miller Estate, 182 Pa. 157, 37 A. 1000. La corte resolvió que toda vez que había habido demora inevitable en la liquidación de la sucesión, no debía imponerse la penalidad, sino más bien los intereses a partir de la fecha en que expiró el período de un año desde la muerte del finado, al tipo fijado por el estatuto, y esto no obstante el hecho de que gran parte de la sucesión no vino a manos del albaeea hasta varios meses después de expirado el referido año.”

La jurisprudencia establece una excepción, la dilación de-bida a la falta de los oficiales del gobierno, sin falta alguna por parte de los representantes de la herencia. 61 C. J. 1731, pár. 2662, nota 13. Pero .ése no es aquí el caso.

En cuanto a que los herederos no estén obligados al pago de los intereses, la contención tampoco es meritoria a nuestro juicio. Es cierto que la ley se refiere a los administradores, albaceas, fideicomisarios u otras personas que administren los bienes sujetos al pago de la contribución, porque son ellos generalmente los encargados de liquidar el caudal de la herencia para trasmitirlo limpio a los herederos, pero es sobre éstos sobre los que recae siempre el pago de la contribución, bien se satisfaga el impuesto por los administradores, ya directamente por los herederos.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse no haber lugar al recurso establecido por los herederos y haber lugar, en parte, al entablado por el Tesorero, debiendo modificarse la sentencia apelada en el sentido de ordenar la reliquida-ción dándo'se a los bienes el justo valor que tenían a la fecha de la muerte de la testadora, entendiéndose que al fijar el valor del condominio en nuda propiedad sobre la casa sita en la calle de Salvador Brau de esta capital se descontará el valor del usufructo del del dominio pleno siendo lo que re-sulte el valor de la nuda propiedad, que los herederos no tie-nen derecho a exención alguna y deben satisfacer los inte-reses al tipo y a partir del tiempo fijados por la ley, y que una vez deducido lo que los herederos deben satisfacer por principal e intereses, el remanente si lo hubiere les será de-vuelto por el Tesorero.