text:
    Iglesia Católica, Apostólica y Romana de Puerto Rico, Diócesis de San Juan, demandante y apelada, v. José Puig Morales, demandado y apelante.
    Núm. 7963.

    Sometido: Abril 24, 1939.

      Resuelto: Junio 7, 1939.

      Francisco González Fagundo, abogado del apelante; Arturo Aponte, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Contra la resolución aprobatoria del memorándum de cos-tas estableció el demandado el presente recurso de apelación. Aunque radicó el^escrito de exposición del caso y pliego de excepciones en la corte inferior el 21 de julio del año pasado, aún no ha sido aprobado por el juez especial que dictó la resolución apelada. Por consiguiente, tampoco ba sido ele-vada dicta exposición del caso a 'este tribunal.

El 18 de marzo último la demandante apelada radicó una moción en esta corte solicitando la desestimación del recurso por frívolo.

A pesar de no contar con la exposición del caso, la natu-raleza de las cuestiones envueltas y las constancias de los autos nos ponen en condiciones de determinar si en efecto el recurso es frívolo como sostiene la apelada.

El memorándum de costas objeto de este recurso, según fué presentado por la demandante apelada, es el siguiente :

“Honorarios del Secretario_ $5.25
“Gastos de servicio de emplazamiento_ 1. 00
“Honorarios de testigos- ' 8.28
“Pagado por dos copias certificadas de escrituras- 22. 88
“Pagado por el récord taquigráfico- 46. 50
“Honorarios de abogado- 1,200.00.”

Se opuso a la desestimación del recurso el demandado apelante y a ese efecto radicó el 24 de abril último una moción que en lo pertinente dice así:

“Que se opone a la moción de desestimación presentada por la demandante apelada porque realmente la apelación no es frívola, porque de la misma certificación que se acompaña, expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de Humacao aparece que el me-morándum de costas fué impugnado por varios fundamentos que se insertan en la resolución del Juez sentenciador, entre ellos, que la indemnización de testigos no ha sido reclamada ni cobrada por na-die, y que la partida de mil doscientos dólares de honorarios de abo-gado es excesiva, y todavía esta parte sostiene que la fijada de tres-cientos cincuenta dólares por el Juez sentenciador es excesiva tratán-dose de un asunto de poca importancia.
“Que la cuestión de los honorarios de abogados, si es o no ex-cesiva, no puede resolverse sin que esta Hon. Corte Suprema tenga ante sí el transcript de apelación para poder apreciar si el Juez inferior cometió error o no al fijar los honorarios, en la suma de tres-cientos cincuenta dollars.”

No aparece de la resolución aprobatoria del memorándum de costas ni del escrito de oposición radicado en este tribunal por el demandado apelante, que las dos primeras partidas hayan sido impugnadas.

Con respecto a la tercera, o sea a la $8.28 por concepto de indemnización a testigos, la contención del demandado apelante es que dicha “indemnización de testigos no ha sido reclamada ni cobrada por nadie. ’ ’

Aparece dicha partida en el memorándum de costas, lo que necesariamente significa que la reclama la demandante, que es quien puede y debe reclamarla de acuerdo con el artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Befiriéndose a esta partida dice la corte inferior en la resolución objeto de este recurso:

“En cuanto a la impugnación hecha a la indemnización de tes-tigos, aparece claramente del récord que los mismos comparecieron ante la corte, y siendo de conocimiento judical que la suma de $2.07 es lo que devenga cada testigo desde Caguas a Humacao, y que cuatro fueron los testigos qtie concurrieron al p&cio, la partida de $8.28 que se carga en dicho memorándum es procedente.” (Bastardillas nues-tras.)

Nada tenemos que agregar a lo dicho por el juez inferior con relación a esta partida.

En cuanto a la cuarta, o sea la referente a honorarios por dos copias de escrituras por $22.88, la corte la aprobó solamente en cuanto a los honorarios de la copia de la escritura de compraventa num. 12, otorgada en Oaguas por doña Eosalía Santiago viuda de Polanco a favor de don Cipriano Manrique en 10 de febrero de 1906, reduciendo dicha partida a $14.60, que son los honorarios por la copia de la escritura referida. En su escrito de oposición nada dice el apelante sobre esta partida y la corte inferior ningún comentario hace en relación con la misma; pero de la opinión de este tribunal en la apelación que se interpuso contra la sentencia, Iglesia Católica, etc., v. Puig, 52 D.P.R. 773, 776, resulta que uno de los errores señalados por el apelante fue la admisión en evidencia de la escritura anteriormente mencionada. De manera, pues, que no existe duda alguna de que dicha escritura fué presentada en evidencia y siendo ello así, la apelada podía incluir en el memorándum de costas lo pag’ado por ella por una copia de dicho documento.

Defiriéndose a la partida de $46.50 por concepto de honorarios del taquígrafo dice la corte inferior en la resolución objeto de este recurso:

“En cuanto a los honorarios del taquígrafo de la corte por una copia certificada del récord taquigráfico del jucio oral en este caso, como cuestión de hecho, se probó, que el taquígrafo cobró sus hono-rarios ascendentes a $46.50, y en cuanto al derecho que el deman-dante tuviera a obtener la misma, aparece claro, de acuerdo con la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo.”

Invoca la corte inferior en apoyo de su conclusión los casos de Finlay v. Fabián, 25 D.P.R. 48; López v. The American R. R. Co., 28 D.P.E. 266, 268, y Cortés & Segura, Inc., v. Cortés, 43 D.P.R. 473.

El derecho de la apelada a resarcirse de lo que pagó al taquígrafo por el récord taquigráfico está perfectamente sos-tenido por los casos citados por el tribunal inferior.

Pasando ahora a la partida de honorarios de abogado, en la que se reclamaron $1,200, la corte, al reducirla a $350, se expresó en los siguientes términos:

£‘En cnanto a la partida de honorarios de abogados, la corte en-tiende que tomando en consideración todos los factores principales que deben considerarse para fijar los mismos, de acuerdo con la cons-tante jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, la suma de $350.00 es una suma razonable en este caso, y la corte rebaja dicha partida a $350.00 ...”

La sentencia en este caso fué dictada por la corte inferior con anterioridad a la aprobación de la Ley núm. 69 de 11 de mayo de 1936 (Leyes de ese año, (1) pág. 353), enmen-datoria del artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, y el memorándum de costas y la impugnación al mismo fue-ron radicados en el tribunal a quo antes de que se resolviese por nosotros el caso de Mason v. White Star Bus Line, Inc., 53 D.P.R. 337. De ahí que el principal fundamento de opo-sición al memorándum de costas lo motivase la equivocada creencia de que siendo de aplicación la Ley núm. 69 supra, el memorándum había sido radicado tardíamente y que no podía la demandante apelada reclamar honorarios de. abogado dentro del memorándum de costas. Es ésta una cuestión que ha quedado definitivamente resuelta contra el demandado apelante en el citado caso de Mason v. White Star Bus Line y varios otros que lo han seguido.

Hemos examinado el caso de Iglesia Católica, etc. v. Puig, supra, en el ctíal se prestaron los servicios cuyos honorarios se reclaman en el memorándum de costas y tomando en cuenta las distintas cuestiones de derecho suscitadas por el deman-dado, el “standing” profesional de los abogados de ambas partes y demás circunstancias que 'expresa el juez inferior en la resolución apelada en relación con esta partida, estamos convencidos de que no existió abuso de discreción al fijar en $350 los honorarios de abogado de la demandante.

Los fundamentos expuestos nos llevan a la conclusión de que el recurso interpuesto por el apelante es frívolo y que nada adelantaríamos con mantener pendiente la resolución apelada que se dictó el 29 de abril de 1938 basta que se perfeccione el recurso de apelación, puesto qp.e las conclusiones a que fiemos de llegar luego serán indudablemente las mismas aquí expuestas. Procede, por consiguiente, desestimar el recurso por frívolo.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Blas Meléndez Rodríguez, acusado y apelante.
    Núm. 7532.

    Sometido: Abril 14, 1939.

      Resuelto: Junio 7, 1939.

      A. Porrata Doria, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Blas Meléndez fue acusado de infracción al artículo 1 de la Ley núm. 14 de 1936 (Leyes de ese año (2), pág. 129), consistente en poseer una pistola sin registrarla o declararla ante el Jefe de Distrito de la Policía Insular de Cayey, donde tiene su residencia. Fué el caso a juicio y declarado culpable, se le impuso la pena de seis meses de cárcel. Apeló para ante este tribunal y como único error alega que la sentencia es contraria a la prueba y a derecho.

La prueba del fiscal consistió de la declaración del policía Osvaldo Lugo, que ocupó el arma, y la del Jefe Izquierdo, quien con los records de su oficina a la vista declaró que la pistola ocupada por Lugo y admitida en evidencia no había sido registrada en su oficina.

De la declaración de Lugo resulta que el día 6 de marzo del año pasado entró a la trastienda del acusado en Cayey persiguiendo una jugada que se estaba llevando a efecto en dicho establecimiento. Que estando allí encontró oculta entre unos sacos una pistola envuelta en un saco de papel. Que la ocupó y preguntó al acusado si era suya, y éste al prin-cipio vaciló, pero luego manifestó ser el dueño del arma. La declaración del Jefe Izquierdo es en el sentido anterior-mente indicado.

La prueba de descargo consistió de las declaraciones de Julio Báez, Ramiro Vázquez, Arturo Méndez y la del propio acusado.

Julio Báez declaró que él era el dueño de la pistola, que su edad es veintidós años y desde que murió su abuelo hacía alrededor de doce años era dueño del arma por haber per-tenecido a su abuelo. Que algunas veces él la empeñaba cuando necesitaba dinero y que el día de autos fué a la tienda del acusado con el propósito de venderla a alguno de los que allí se hallaban. Que en eso vió llegar la policía, que todos corrieron y entonces él la escondió cerca de un fregadero, debajo de unos sacos, y salió disimuladamente sin ser visto por la policía. Mientras declaraba este testigo el juez lo sometió al siguiente interrogatorio:

“P. ¿Y qué marca es la pistola?
“R. Yo no sé la marca.
“P. ¿Y el calibre?
”R. Tampoco.
“P. Dispárela, tenga. Que la dispare. (El testigo no puede disparar la pistola.)
“P. ¿Es dueño de una pistola y no sabe dispararla?
“R. Si yo no sé ni cómo es.”

Los demás testigos de descargo declararon al efecto de que Báez era el dueño de la pistola, asegurando además el acusado no haber becbo la admisión que le imputa el policía Lugo.

La prueba es claramente contradictoria. El juez inferior, que yió y oyó declarar los testigos, dirimió el conflicto en contra del acusado, y no apareciendo que al así hacerlo actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometiera manifiesto error en la apreciación de la prueba, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.


author: El Juez Presidehte Señor Del Toro

text:
    Manuel Francisco, Antonio, Rosa Elena y Raquēl Lluberas Pasarell, esposos Antonio Valenti Mestre y Graciela Lluberas Pasarell y esposos Emilio Blasini Totti y Celia Lluberas Pasarell, demandantes y apelantes, v. Mario Mercado e Hijos (Sociedad Civil y Agrícola), demandada y apelada.
    Núm. 7815.

    Sometido: Enero 17, 1939.

      Resuelto: Junio 8, 1939.

      L. López de Victoria, abogado de los apelantes; Pedro M. Porrata y Félix Ochoteco, Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Presidehte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn caso de desahucio iniciado en diciembre 6, 1937, y fallado en contra de los demandantes en abril 20, 1938.

Apeló la parte perdidosa y en sn alegato señala ocho errores como cometidos por la corte sentenciadora, 1, al no tener por extinguida por pago cierta cláusula de opción de venta y arrendamiento; 2, 3 y 4, al no declarar nula «6 mitio dicha cláusula (a) por estar en contradicción con la ley para reprimir la usura, (b) por establecer el pacto de no enajena-ción de finca hipotecada y'(c) por pretender crear “un in-creable derecho de retracto convencional”; 5, al no conside-rar la repetida cláusula extinguida por prescripción; 6, al no dar por enajenado cualquier derecho que hubiera podido adquirir Mercado e Hijos a virtud de la cláusula; 7, al ad-mitir cierta evidencia, y 8, al declarar que surgió un conflicto de títulos suficiente para que el juicio de desahucio resultara no ser el apropiado para resolverlo.

En la demanda se alegó, en resumen, que los demandantes son dueños de una finca rústica de cerca de ochenta cuerdas compuesta de tres parcelas, de otra de cerca de cuarenta y dos cuerdas, de una mitad indivisa de treinta céntimos de cuerda y de otra mitad indivisa de veinte y cinco céntimos de cuerda dedicada a posible instalación de bomba para ex-traer agua de manantiales contiguos. Todos los terrenos se encuentran situados en G-uayanilla, barrio Indios. La des-cripción que de ellos contiene la demanda es completa.

Alegaron además que adquirieron dichas tierras por com-pra a doña Elvira Olivieri constante en escritura pública de marzo 9, 1937, inscrita en el registro de la propiedad; que las mismas son segregaciones de un inmueble de mayor ca-bida denominado “Los Indios” que anteriormente correspon-día a doña Elvira y a doña Santia Olivieri, inmueble que fue dado en arrendamiento por sus anteriores dueñas a,Mario Mercado e Hijos por término de diez años empezando en ju-nio 2, 1927; que la comunidad existente entre doña Elvira y doña Santia se disolvió por escritura pública otorgada en agosto 20, 1936, con la concurrencia de Mario Mercado e Hi-jos, segregándose de la finca “Los Indios” las cuatro por-ciones de terreno descritas y adjudicándose a doña Elvira en su totalidad las dos primeras y en su mitad indivisa las dos últimas, sujetas al indicado contrato de arrendamiento; que Mario Mercado e Hijos permanecen en la posesión material de las fincas, detentando su posesión sin título desde junio 2, 1937, fecha en que venció el contrato, habiéndose negado a dejarlas a la libre disposición de sus dueños los demandantes no obstante las amistosas gestiones de éstas en tal sentido.

Basándose en los hechos que dejamos resumidos, los de-mandantes solicitaron sentencia ordenando el lanzamiento de la demandada de las tierras en cuestión dentro del término de ley.

La demandada excepcionó la demanda por no aducir he-chos constitutivos de causa de acción, por carecer los deman-dantes de capacidad legal para demandar en cuanto a las porciones indivisas, por defecto de partes demandantes, por indebida acumulación de partes y de acciones y por ambigua, ininteligible y dudosa, y la contestó, negando que los deman-dantes fueran dueños de las tierras cuya posesión reclaman y alegando en contrario que ella es la dueña y legítima po-seedora de las mismas.

Como defensas alegó que en marzo 23, 1932, por escritura pública, doña Elvira Olivieri otorgó cuatro pagarés al tene- • dor por las sumas de diez mil dólares de principal cada uno los tres primeros y de once mil doscientos cincuenta y seis eh cuarto, todos a vencer en 1939, y para garantizarlos hipotecó dos fincas rústicas, una de ellas “Los Indios”, reconociendo en la propia escritura que adeudaba a Mario Mercado e Hi-jos $41,256.89 por cuenta corriente liquidada, entregándole en pago de dicha deuda los cuatro pagarés, pactando además lo que sigue:

“Séptima: Opción de venta y arrendamiento: — No obstante lo ex-puesto en. la cláusula precedente, la deudora, como parte de la con-sideración de este contrato conviene con la Sociedad 'Mario Mercado e Hijos’, mientras no se salde el crédito hipotecario aquí constituido, en darle preferencia para la venta o arrendamiento, de sus condomi-nios en las fincas ‘Indios’ y ‘Juanita’ en igualdad de precio y condi-ciones. A este fin, la deudora, comunicará mientras no se pagare el crédito hipotecario, por carta certificada a ‘Mario Mercado e Hijos’, cualquier proposición de venta o arrendamiento que se les hiciere y dicha Sociedad tendrá un término de treinta días para aceptar o no las proposiciones y durante dicho plazo la deudora no podrá efectuar venta o arrendamiento a otra persona. Caso de venta o arrenda-miento en violación de este convenio, ‘Mario Mercado e Hijos’ ten-drá el derecho de retracto contra el comprador o arrendatario, el cual derecho podrá ejercitar en el término de treinta días desde la ins-cripción de la venta o arrendamiento para subrogarse en el lugar, grado y prelación del comprador o arrendatario.”
. “Undécima: — Convienen así mismo las partes en que la división material de dichas fincas no podrá verificarse sin el consentimiento de ‘Mario Mercado e Hijos’ en tanto esté vigente la hipoteca aquí constituida. ’ ’

Se refiere la demandada a la escritura de división de co-munidad de 1936 y alega que según su mejor información y creencia doña Elvira Olivieri, en marzo 8, 1937, vigente la cláusula de opción de la escritura de 1932 y con el deliberado propósito de defraudar a la demandada, vendió a los deman-dantes las fincas y condominios sujetos a la opción por cua-renta mil dólares, teniendo conocimiento los compradores del derecho de la demandada, elevándose al día siguiente, marzo 9,1937, a escritura pública el contrato que quedó inscrito en el registro en marzo 23, 1937.

Alega además la demandada que el contrato de marzo 8, 1937, no le fue comunicado por doña Elvira ni por los de-mandantes con anterioridad a su celebración ni después, vi-niendo la demandada a tener conocimiento del mismo en marzo 10, 1937, por conducto del demandante Manuel Francisco Lluberas, y que de haber sido notificada hubiera estado dispuesta como lo está a pagar por las fincas el mismo pre-cio que satisficieron los demandantes.

Y signe alegando la demandada que en abril 8, 1937, y en la Corte de Distrito de Ponce, inició nn pleito contra doña Elvira Olivieri y los demandantes sobre resolución de com-praventa y otros extremos alegando en la demanda los he-chos expuestos y haciendo referencia a otro caso civil en el qne consignó la suma de $45,359.50 a disposición de los de-mandantes para cubrir lo satisfecho por ellos en relación con el contrato de compra de las fincas a doña Elvira.

Practicóse la prueba cuya transcripción a maquinilla abarca seiscientas sesenta y ocho páginas de papel legal y la corte como dijimos falló el pleito en contra de los deman-dantes. En su relación del caso y opinión después de narrar los hechos, se expresó así:

‘ ‘ Seis motivos de nulidad de la cláusula séptima sobre opción; supra, alegan y discuten en su alegato los demandantes, los que han sido refutados por la demandada. La mera exposición de ellos, su discusión y resolución nos llevarían a resolver en este procedimiento sumario de desahucio los méritos y fondo del caso núm. 311 sobre resolución de contrato, supra. Creemos que esto en sí demuestra que el conflicto de títulos alegado por la demandada no está desprovisto del principio de prueba que requiere la jurisprudencia para que se desestime el desahucio. P. R. Leaf Tobacco Co. v. Colón, 50 D.P.R. 303, 306 y casos en él citados. Véase además Suau v. Bol, 44 D.P.R. 500/504.

“El caso de Martínez v. Figueroa, 50 D.P.R. 951, 954 citado por los demandantes, consideramos que no es aplicable a los hechos de éste que resolvemos, ya que la demandada no ha atacado de nulidad el título de los demandantes sino que alega que ellos carecen de título desde la fecha en que ellos hicieron uso del derecho de opción.

“Es cierto que en el caso de Pérez v. Castro, 52 D.P.R. 274, se resolvió que la mera presentación de los autos de otro caso pendiente de resolución ante la misma Corte no es suficiente para levantar el conflicto de títulos y que por lo tanto los autos de los casos núm. 310 y núm. 331, supra, presentados como prueba en este caso no se-rían suficientes por sí solos para desestimar la demanda, pero de acuerdo con los hechos probados, la Corte es de opinión que la de-mandada lia presentado prueba suficiente en apoyo de las alegaciones contenidas en dichos dos casos para dejar demostrado que el conflicto de títulos que ha alegado no está huérfano de prueba y de funda-mentos legales. No deseamos, en forma alguna, adelantar, en este caso, conclusión alguna que pueda ■ afectar, como hemos dicho, la re-solución en sus méritos de dichas acciones, pero sí hacemos constar que la prueba testifical ha demostrado (y sirva esto de ampliación a los hechos probados) que los demandantes tenían conocimiento del derecho de opción alegado por la demandada desde antes de firmarse la escritura núm. 40 de 9 de marzo de 1937, supra; que ellos sabían que la demandada estaba tratando de hacer uso de dicho derecho antes de cancelarse la hipoteca y que a la demandada nunca se le dió la oportunidad de hacer uso de la opción. Si ésta es nula o no; si fué o no cedida a la Sucesión Tous Soto y el alcance que pueda tener la escritura núm. 72 sobre ratificación otorgada el 31 de marzo de 1937, son cuestiones que no resolvemos en este caso por considerar, como hemos dicho que corresponde hacerlo al resolver el caso núm. 311, supra. ’ ’

■ El extenso alegato de la parte apelante no nos convence de que el juez de distrito no escogiera la mejor línea a se-guir, de acuerdo con los hechos y la ley. Es cierto que los demandantes alegaron y demostraron que tenían un título de compra inscrito en el registro sobre las tierras en cuestión y' que por lo tanto prima facie debe considerárseles como los dueños legítimos de las mismas con derecho al desahucio. Pero es cierto también que las alegaciones y la prueba de la demandada suscitan una serie de cuestiones complicadas que tienden a impugnar seriamente la eficacia del título dé los demandantes, y es bien sabido y se ha resuelto en un buen número de casos que el procedimiento sumario de desahucio no es el apropiado para dirimir esas cuestiones.

En tal virtud y sin entrar en el estudio y decisión de las dichas cuestiones suscitadas a los efectos de resolverlas de modo definitivo en sus méritos, ya que ello prejuzgaría la decisión de las mismas en el pleito que corresponda, debemos limitarnos a resolver que no existiendo error en el motivo que tuvo la corte para declarar la demanda sin lugar, debe, confirmarse la sentencia que dictara.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Raúl Asencio, demandante y apelado, v. Juan S. Mendoza, demandado y apelante.
    Núm. 7634.

    Sometido: Enero 25, 1939.

      Resuelto: Junio 8, 1939.

      R. Hernández Matos, abogado del apelante; P. N. Colbevg, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del-tribunal.

Raúl Asencio instó demanda contra Jnan S. Mendoza en la Corte Municipal de Cabo Rojo. Dicha corte dictó senten-cia a favor del demandante, al ignal qne lo hizo en apelación la Corte de Distrito de Mayagüez.

El apelado solicita la desestimación del recurso basándose aparentemente en gran parte en qne no hay transcripción de evidencia y en que por otro lado la apelación es frívola. No obstante, tanto en la corte municipal como en la de distrito, el demandado suscitó la falta de jurisdicción, principalmente basado en que la suma reclamada excedía de la cuantía ju-risdiccional de la corte municipal. Si esta última corte ca-recía de jurisdicción, convenimos con el apelante en que el dejarse de preparar la transcripción de evidencia no sería motivo para que se desestime el recurso.

El artículo 1173 de los Estatutos Revisados de 1911 provee que las cortes municipales tendrán jurisdicción basta la suma de $500, intereses inclusive.

El demandante solicitó de la corte municipal que dictara sentencia por $400, más intereses y costas. Be reclamaban intereses a partir de la fecha de la obligación, o sea desde el 10 de agosto, 1934. Según los cálculos del apelante estos in-tereses ascendían a $96, pero el demandante solicitaba tam-bién costas y honorarios de abogado, toda vez que éstos fue-ron especificados como parte de la obligación original.

La corte municipal dictó sentencia por $400, más intere-ses de mora, costas y honorarios de abogado, pero no deter-minó a cuánto ascendían los intereses ni a cuánto los hono-rarios de abogado. Es precisamente porque la suma recla-mada no excede específicamente de $500 que el apelado sos-tiene que la corte municipal tenía jurisdicción.

La corte de distrito en apelación dictó sentencia por la suma de $400, más intereses a partir de la misma fecha, es decir, desde el 10 de agosto de 1934, costas y honorarios de abogado ascendentes a $50. Por tanto, la sentencia de la corte de distrito ascendía específicamente a $546. La corte municipal no fijó la cuantía de los honorarios de abogado, pero se pedían $150. Creemos que como la reclamación del demandante envolvía por lo menos $96 de intereses morato-rios y que como los honorarios de abogado reclamados mon-taban a $150, la corte municipal efectivamente carecía de ju-risdicción. La corte de distrito dictó sentencia en apelación por una suma que el demandante no tenía derecho a recla-mar en la corte municipal, o sea por $546.

No importa que la reclamación en la corte municipal en números exactos no ascendiera a más de $500. No obstante, el efecto de la reclamación, tal cual constaba por escrito, per-mitía al demandante recobrar, bien en la corte municipal o en la de distrito, una suma en exceso de la jurisdicción de la corte municipal. Certum est quod certum reddi potest y como la reclamación propiamente calculada podía sobrepasar la cuantía jurisdiccional de la corte municipal, esta última ca-recía de jurisdicción. Podemos agregar que el demandante no trató de rebajar ninguna parte de su reclamación. El apelante hace algunos cálculos respecto a cómo, aun si la re-baja hubiera sido hecha, la corte municipal habría carecido de jurisdicción, mas creemos innecesario entrar en estas con-sideraciones, toda vez que la reclamación excedía de la cuan-tía jurisdiccional de la corte municipal.

Debe revocarse la sentencia apelada y declararse sm lugar la demcmda en la Corte Mimicipal de Cabo Rojo por falta de jurisdicción.


text:
    Francisco Carrillo Pacheco, demandante y apelante, v. Junta Insular de Elecciones, compuesta por Charles H. Terry, Presidente, Frank Martínez, Bolívar Pagán y Leopoldo Figueroa, demandada y apelada; y Francisco Porrata Doria, Interventor y apelado.
    Núm. 7616.

    Sometido: Diciembre 8, 1938.

      Resuelto: Junio 8, 1939.

      Dubón & Ochoteco, abogados del apelante; Eon. Procurador General B. Fernández García y F. Campos del Toro, Procurador General Auxiliar, abogados de la Junta apelada; Bolívar Pagan, abogado del interventor y apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Carrillo Pacheco, justificando su pleito en el único fundamento de que era un elector capacitado y votante en las elecciones últimas celebradas, atacó a virtud de este recurso de certiorari la elección de Francisco Porrata Doria como Alcalde de G-uayama. Uno de los jueces de la Corte de Distrito de San Juan, donde se presentó la petición, ordenó se librara el auto de certiorari. Posteriormente el peticiona-rio solicitó permiso para enmendar su solicitud. La Junta Insular de Elecciones compareció, se opuso a la enmienda y pidió que el auto fuera anulado. La Corte de Distrito de San Juan in bcmlc resolvió ambas cuestiones a favor de la Junta Insular de Elecciones.

La petición original, expresada algo lacónicamente, narró que en las elecciones celebradas el 3 de noviembre de 1936 Francisco Porrata Doria era candidato de la Coalición para el cargo de Alcalde de Guayama y Enrique J. Anglade era el •candidato del Partido Liberal; que el Superintendente de Elecciones publicó el hecho de que como resultado de las elecciones la Coalición tenía una pequeña mayoría (que as-cendía a menos de 32 votos); que de las personas que habían votado en dichas elecciones 17 no aparecían en las listas elec-torales con derecho al voto; que una de ellas había sido con-victa de delito grave, tres eran menores de edad y once no eran ciudadanos americanos. El peticionario solicitaba que la Junta de Elecciones cancelara estos 32 votos.

En apelación se señalan los siguientes errores:

“Primer error: Erró la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, al declarar que el demandante apelante carecía de personalidad para incoar el presente recurso de certiorari.
“Segundo" error: Erró la Corte de Distinto del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, al decretar la eliminación de la Petición Enmendada radicada el 10 de febrero de 1937.
“Tercer error: Erró la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, al declarar que la petición original en el caso de epígrafe no aduce hechos constitutivos de causa de acción.
“Cuarto error: Y por último, erró la Corte de Distrito del Dis-trito Judicial de San Juan, Puerto Rico, al dictar sentencia contra el demandante anulando el auto de certiorari expedido, j en su con-secuencia declarando sin lugar la petición de certiorari en este caso. ”

La Corte de Distrito de San Juan, entre otras cosas, resolvió qne Francisco Carrillo Pacheco no era candidato para ningún cargo ni tenía otro interés en el resultado de las elecciones qne el de nn ciudadano y que por tanto no tenía derecho a radicar la petición de certiorari.

Independientemente de esto, somos del criterio de que la sentencia debe ser confirmada, toda vez que los hechos y las cuestiones envueltas en este procedimiento no caen dentro de la disposición legal en que descansa el apelante, o sea la sec-ción 89, que habla del recurso de certiorari en casos electora-les. (Ley Núm. 79 de 1919, pág. 531, según fue enmendada por la Núm. 1 de 1924 (Sesión Extraordinaria de ese año, pág. 3)).

La sección 89 de dicha ley lee así:

“La Junta Insular de Elecciones practicará el escrutinio de la documentación de las elecciones, usando las listas de votantes y ho-jas de cotejo empleadas en dichas elecciones, que fueren enviadas al Superintendente General de Elecciones por las juntas locales de elec-ciones en calidad de tales documentos como sigue:
“Dicha junta empezará dicho escrutinio con la documentación del colegio número uno del primer precinto del primer distrito re-presentativo y continuará en el mismo orden numérico de distritos representativos hasta que el escrutinio de todos los colegios de cada uno de dichos distritos, haya sido terminado, a menos que previa-mente se acuerde unánimemente seguir otro orden.
“Al considerar la documentación de cada colegio electoral para su escrutinio, dicha junta examinará primeramente todas las papele-tas protestadas constantes en la hoja de cotejo perteneciente a dicho colegio, y contará o rechazará aquellas papeletas según lo que a su juicio se requiera por la ley, y con el fin de llevar a cabo esta dis-posición y requisito, dicha junta podrá abrir y examinar el contenido de cualquier sobre o paquete correspondiente a las elecciones en dicho colegio electoral, y entonces pondrá otra vez el contenido en el sobre o paquete en que se encontraron, sellará de nuevo dicho paquete o sobre y hará una declaración breve sobre el mismo, firmada por todos los miembros de la junta que estuvieren presentes, exponiendo la causa por la cual dicho sobre o paquete fué abierto, y cuáles fueron las papeletas o documentos encontrados en el mismo. La antedicha junta sumará entonces al voto total depositado y contado para cada candidato en un colegio electoral, según conste en la boj a de cotejo, el número total de votos de papeletas protestadas contadas por ella para cada uno de los candidatos. Dichos totales agregados se toma-rán como el verdadero voto total de cada uno de los candidatos vo-tados en cada colegio electoral y dicho voto total verdadero de cada candidato en todos los colegios electorales, en el cual fue votado en unas elecciones, se tomará como el total de todos los votos recibidos por dicho candidato en las elecciones a las cuales se refieren; Dispo-niéndose,, que la Junta Insular de Elecciones corregirá todo error aritmético que encontrare en una hoja de cotejo, y contará la dicha hoja de cotejo en la forma corregida; Disponiéndose, además, que la Junta Insular de Elecciones, a petición de cualquier miembro de dicha junta, contará el número de personas que votaron en un colegio electoral, según resulte de sus listas de votantes, y cambiará la en-trada en su hoja de cotejo en aquel particular, de manera que co-rresponda con el resultado de dicho recuento; Disponiéndose, ade-más, que si hubiere contradicción alguna en las entradas de una hoja de cotejo (ya sea en la forma en que fué transmitida por la junta de*'colegio, o según se hubiere corregido por la Junta Insular de Elec-ciones), entre el número de personas que votaron, según resulta de las listas de votantes y el número de papeletas encontradas en la urna del colegio electoral al cual corresponde la hoja de cotejo, o entre el número de papeletas encontradas en la urna y, el número de papeletas distribuidas, según consta en el sumario de dicha hoja de cotejo, la Junta Insular de Elecciones, si esa diferencia es suficiente por sí sola, o en combinación con otra diferencia referente al voto para un mismo candidato afectare su elección, deberá recontar todas las papeletas de ese colegio electoral, corregir su hoja de cotejo de acuerdo con el resultado de ese recuento, y adoptar dicha hoja de cotejo corregida como la hoja de cotejo oficial de ese colegio electoral; Disponiéndose, sin embargo, que la Junta Insular de Elecciones en-dosará en dicha hoja de cotejo, una declaración firmada por todos sus miembros presentes, haciendo constar los cambios en esa forma hechos por ella, y las razones por las cuales se hicieron estos cambios. Y disponiéndose, además, que el resultado del escrutinio de unas elec-ciones, según se declarare por la Junta Insular de Elecciones y pu-blicare por el Superintendente General de Elecciones, será definitivo, a menos que fuere impugnado por certiorari u otro procedimiento legal autorizado, que se interponga dentro de quince días después de la fecha de la publicación del resultado de ese escrutinio ante una corte de competente jurisdicción, y por la presente se autoriza en esos casos el procedimiento de certiorari en la corte de distrito de San Juan; Y disponiéndose, además, que la Junta Insular de Elec-ciones repondrá el contenido de todos los sobres y paquetes abiertos por ella con el fin de contar o recontar papeletas, en el misino sobre o paquete en que se encontraron; resellará ese sobre o paquete, y pondrá en el mismo una declaración escrita y firmada por todos los miembros de la junta que estuvieren presentes, manifestando la ra-zón por la cual dicbo sobre o paquete fué abierto por ella, y que todo el contenido encontrado en dicbo sobre o paquete fué repuesto en el mismo. ’ ’

La idea del apelante aparecía ser que con anterioridad a 1931 no existía ley general de elecciones que abarcara los he-chos del presente caso y que por tanto había que acudir a la ley de 1919, según fué enmendada en 1924, y que contenía la sección 89, supra.

La ley de 1931 (Num. 72, pág. 449) que es similar a la ley de 1906, provee:

11 Sección 17. — Esta ley no afectará a las demandas, procedimien-tos de quo warranto o certiorari y demás impugnaciones electorales autorizados por las leyes vigentes.”

Somos del criterio que la sección 89 sólo incluye cuestio-nes que realmente suceden ante la Junta Insular de Eleccio-nes y que el recurso de certiorari mencionado hacia el final de la sección 89 no cubre las impugnaciones hechas en el pre-sente recurso. La sección 89 no contiene disposición alguna que permita un ataque a la suficiencia de las elecciones. Que esa sección no abarca un procedimiento como el presente se desprende de nuestras decisiones en Dies de Andino v. Junta Insular de Elecciones, 35 D.P.R. 99; Roca v. Junta Insular de Elecciones, 35 D.P.R. 642; y quizá de otros casos citados por la corte inferior. Aún si antes de 1931 el recurso de cer-tiorari mencionado en la sección 89 podía dudosamente favo-recer al apelante, creemos que fué clara la intención de la Legislatura hacer que la nueva ley de 1931 cubriera los casos de elecciones disputadas y excluir la sección 89. La Ley Núm. 72 de 1931 (pág. 449) cubre todos los detalles relativos a la forma de atacar una elección y es el remedio exclusivo.

Debe confirMarse la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan.

Los Jueces Sres. Presidente Del Toro y Asociado De Je~ sús no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Ex parte Ernesto Jiménez Sanjurjo, peticionario.
    Núm. 3.

    Sometido: Mayo 30, 1939.

      Resuelto: Junio 8, 1939.

      E. Jiménez Sunjurjo, por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En su solicitud de mayo 25, 1939, que es idéntica a otras 38 solicitudes pendientes de resolución, el peticionario Ernesto Jiménez Sanjurjo alega que el día 24 del mismo mes y año recibió su diploma de abogado de la Universidad de Puerto Eico, después de baber asistido personalmente a las clases de derecho en dicha institución, y solicita que de acuerdo con las disposiciones de la Ley núm. 1 de marzo 21, 1933, se le admita por este Tribunal Supremo al ejercicio de la abogacía sin examen.

La admisión de una persona al ejercicio de la abogacía es una función de carácter puramente judicial. Entre las facultades inherentes a la rama judicial de nuestro Gobierno está la de determinar los requisitos que deberán cumplir y las cualidades que deberán reunir los solicitantes de una licencia para ejercer como abogados ante sus tribunales. Y es uno de sus principales deberes el de proteger a los tribunales y a la comunidad, negándose a admitir a aquellos que no posean suficientes conocimientos y a los que no gocen de una reputación moral intachable. Es indispensable para la administración de justicia y para la correcta interpretación de las leyes, que los abogados que postulen ante los tribunales, de los cuales son oficiales, sean hombres hábiles, ilustrados y de un carácter moral a toda prueba.

En el caso de People ex rel. Karlin v. Culkin, 248 N. Y. 465, el ilustre Juez Cardozo, hablando por la Corte de Ape-laciones de New York, dijo:

“Ser miembro del Colegio de Abogados es un privilegio cargado de condiciones. El apelante fué admitido al seno de esa antigua aso-ciación para algo más que el lucro personal. Se convirtió en un fun-cionario de la corte y, al igual que la corte misma, en un instrumento o agencia para propulsar los fines de la justicia.”

En Ex parte Secombe, 19 How. 9, 13, la Corte Suprema Federal se expresó así:

“Ha quedado bien sentado, por las reglas y la práctica de las-cortes del derecho común, que sobre la corte recae la responsabilidad de determinar quién está calificado para convertirse en uno de sus oficiales, como abogado y consejero, y las causas por las cuales puede ser removido.”

En la opinión emitida en abril 20, 1932, por los Jueces de la Corte Suprema Judicial de Massachusetts, al Senado de dicho Estado, en relación con un proyecto.de ley para regular la corrección de contestaciones en exámenes de reválida, qne tendía a limitar los poderes de dicha corte en cnanto a la admisión al ejercicio de la abogacía, se dijo:

“No existe nada en la constitución, ni expresa ni tácitamente, que indique una intención de qne la facultad de la Judicatura sobre la admisión de abogados esté sujeta al control legislativo. La conce-sión de competencia legislativa a la Legislatura está en lenguaje am-plio. . . No incluye el poder de pasar por encima de la rama judicial del gobierno en cuanto a las cualidades que deberán reunir aque-llos que han de ser admitidos al ejercicio de la abogacía.
“Ningún estatuto puede controlar al departamento judicial en el cumplimiento de su deber de decidir quiénes podrán gozar del pri-vilegio de ejercer la abogacía.
“Estatutos referentes a la admisión a la abogacía, que proporcio-nan una instrumentalidad adecuada para la determinación de las cualidades de los candidatos, no constituyen una intromisión en el departamento judicial. Son convenientes, aun cuando no esenciales, para ayudar al departamento judicial a cumplir debidamente su obligación. . . Estatutos de esa naturaleza son válidos siempre que no infrinjan el derecho del departamento judicial a determinar quién podrá ejercitar el privilegio de postular ante las cortes y bajo qué circunstancias y de fijar las cualidades que deberán reunir las per-sonas que deseen ser admitidas para tal fin. Cuándo y hasta dónde los estatutos especifican cualidades y conocimientos, serán considera-dos como que fijan el minimum y no como determinantes de los limi-tes más allá de los cuales el departamento judicial no podrá pasar. Esas especificaciones serán consideradas como limitaciones impuestas no al departamento judicial y sí a los individuos que solicitan admi-sión a la abogacía. No existe poder alguno en la Legislatura para obligar al departamento judicial a admitir como abogados a aquellos que dicho departamento considere impreparados para gozar de las prerrogativas y cumplir los deberes de un abogado.
“Estas conclusiones están de acuerdo con principios declarados en substancia por la gran mayoría de las cortes en este país.” (Ci-tas.) 279 Mass. (Supplement) 607.

Esta Corte Suprema ya se había expresado en términos parecidos a los que acabamos de transcribir, en Boneta, Ex parte, 39 D.P.R. 154, 160, y Ex parte Urrutia, 43 D.P.R. 168 y 916. En el primero de dichos casos el tribunal por voz del Juez Sr. Texidor se expresó así:

“Del precedente estudio obtenemos el convencimiento de que la facultad de admisión de aspirantes al.ejercicio de la abogacía, es más de poder judicial que de ningún otro poder. Indudablemente, si los abogados son funcionarios de los tribunales, y tienen en ellos y ante ellos la misión de auxiliar la-administración de justicia, si ellos co-operan con los tribunales en el ejercicio de un poder tan sagrado, y si ellos se encuentran, por virtud de las disposiciones de la ley, fun-dada en la práctica sana, justa, lógica y constante, bajo la inspección de esos mismos tribunales, a éstos, antes que a ningún otro poder, corresponde la facultad de admitir o no a los que pretenden ser sus auxiliares y cooperadores en la más alta misión que puede encomen-darse a un hombre o a un conjunto de hombres.”

De acuerdo con la jurisprudencia citada debemos resolver que las disposiciones de la sección 1 de la Ley núm. 1 de marzo 21 de 1933, invocadas por el peticionario como base de su alegado derecho a ser admitido sin examen, constituyen condiciones mínimas fijadas por el poder legislativo, que en nada obligan a esta Corte Suprema, la cual conserva intacta su facultad inherente y estatutaria de fijar las condiciones y requisitos que deberán cumplirse por todo solicitante de una licencia de abogado.

En el caso de Ex parte Luis Ramos, decidido en junio 24, 1938, 53 D.P.R. 372, este tribunal, inspirado por el deseo de levantar el standard y el prestigio de la ¿bogacía en Puerto Rico, adoptó como regla la de que ninguna persona será ad-mitida a examen de reválida si no es poseedora de un título de abogado expedídole por una universidad o colegio de de-recho que haya sido clasificado como “A” por el Consejo de Educación Legal de la American Bar Association.

Entre las normas (stcmdards) de la American Bar Association, redactadas por el eminente estadista Elihu Root, figura la siguiente:

“(2) La American Bar Association es de opinión que la gradua-ción en un colegio de leyes no debe conferir el derecho a ser admi-tido al ejercicio de la abogacía, y que todo candidato debe ser some-tido a un examen por la autoridad pública con el fin de determinar su capacidad.”

En consonancia con las normas por ella fijadas, la American Bar Association lia rehusado clasificar como “A” las escuelas de derecho cuyos graduados son admitidos al ejer-cicio de la profesión legal sin examen de reválida, por enten-der que el examen ante una comisión examinadora oficial e imparcial es el medio más práctico para poder determinar si la escuela que solicita ser clasificada con la letra “A” está cumpliendo su misión de preparar debidamente a sus educan-dos para las altas responsabilidades que conlleva el ejercicio de la abogacía.

Es altamente deseable que la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico reciba cuanto antes de la American Bar Association la clasificación “A”, y de que sea así elevada al mismo nivel de las escuelas de derecho de las prin-cipales universidades continentales. Esa clasificación no po-drá obtenerse mientras los graduados de dicha institución continúen gozando del injustificado privilegio de ser admiti-dos a postular sin previo examen de reválida. T decimos que el privilegio es injustificado, porque no vemos razón alguna para que a los graduados de universidades clasificadas como “A”, que requieren para poder matricularse en ellas la po-sesión de un título universitario, se les exija someterse a un examen, y a los graduados de nuestra universidad se les ad-mita sin tal requisito.

Ninguna persona, ya sea un estudiante o un graduado de la Universidad de Puerto Rico, tiene como “derecho adquirido” el de ser admitido al ejercicio de la abogacía sin previo -examen. Es ése un privilegio o concesión especial, revocable a voluntad de esta Corte Suprema, la que está facultada para exigir a cualquier solicitante de licencia que demuestre mediante el correspondiente examen su capacidad y su preparación para el ejercicio de la abogacía.

No vemos en realidad cómo nn candidato qne se considere intelectnal y académicamente preparado' para asnmir las res-ponsabilidades qne impone el ejercicio de la abogacía, pneda tener objeción a qne se le someta a nn examen. Por el con-trario, creemos que el candidato qne obtenga sn licencia des-pués de pasar con éxito el examen de reválida, se sentirá más orgulloso de sn título, tendrá mayor confianza en sí mismo y ofrecerá mayor garantía a las personas qne deseen encomen-darle la defensa de sus intereses.

Por las razones expuestas y considerando que >al hacerlo usí ayudamos -en cuanto nos es posible <a levantar el buen nombre y prestigio de nuestra Universidad y de sus gradua-dos, •opinamos que debe declararse sin Vagar la solicitud del peticionario para que se le <admita sin examen, y dictarse una resohoción para que el peticionario sea sometido, si >así lo de-seare, a examen durante el próximo mes de noviembre, en el día, a la hora y bajo las condiciones que este tribunal fijará oportunamente.


author: El Juez Asociado Señoh De Jesús

text:
    Arturo Rodríguez Pou, demandante y apelante, v. Enrique Martínez, Jr., y Enrique Martínez, demandados y apelados.
    Núm. 7777.

    Sometido: Abril 26, 1939.

      Resuelto: Junio 8, 1939.

      Cayetano Coll Cuchí y Víctor A. Coll, abogados del apelante; Alfonso Lastra Chárriez y A. D. Marchand Paz, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señoh De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En reclamación de los daños y perjuicios que alega el de-mandante haber sufrido con motivo de un accidente de auto-móvil, instó este pleito contra Enrique Martínez y su hijo menor de edad del mismo nombre. La demanda contiene tres causas de acción.

En la primera se alega que el 25 de julio de 1937 el de-mandante era dueño de un automóvil Ford licencia número 728. Que en la noche de ese día, el demandante viajaba en su indicado automóvil entre las paradas 6 y 7 de la Avenida Ponce de León, por su derecha, a una velocidad no mayor de doce millas por hora, con las precauciones necesarias, cuando súbitamente y sin poderlo evitar el demandante, su carro fue chocado por detrás por un automóvil Packard, licencia nú-mero 2667, que a la sazón era manejado por el demandado Enrique Martínez, Jr. a una velocidad exagerada, de más de 35 millas por hora, sin tocar klaxon ni ningún otro aparato de alarma. Que con motivo del choque, el automóvil del de-mandante quedó totalmente destruido e inservible. Que el demandado Enrique Martínez, a los fines de que se expidiera a su hijo licencia de chófer y siendo dicho hijo menor de veintiún años, suscribió ante el Comisionado del Interior de Puerto Rico una obligación en la cual se comprometió a pa-gar y resarcir todos los daños. que el demandado Enrique Martínez, Jr. pudiera causar en el manejo de un vehículo de motor. En la segunda causa de acción reclama el demandante los daños personales que recibió con motivo del accidente y la tercera se contrae a los daños y perjuicios que alega ha-ber sufrido por la privación del uso del automóvil destruido.

En las tres causas de acción se reclaman $1,000, $1,500 y $1,000 respectivamente.

Después de celebrado un juicio oral en que el demandante sometió la prueba que estimó procedente y los demandados se abstuvieron de ofrecer la suya, sometiendo el caso por las alegaciones y la evidencia del demandante, la Corte, como parte del documento que tituló “Relación de Hechos y Opi-nión”, dictó sentencia con los siguientes pronunciamientos:

1. Declaró sin lugar la demanda en sus tres causas de acción en cuanto al demandado Enrique Martínez.
2. La declaró con lugar en cuanto al demandado Enrique Martínez, Jr. en lo que respecta a la pri-mera y segunda causas de acción y lo condenó a pagar al demandante $1,000 y $500 respectiva-mente.
3. Desestimó la demanda en cuanto a la tercera causa de acción.
4. Condenó al demandado Enrique Martínez, Jr. a pa-gar las costas y $250 en que fijó los honorarios de abogado del demandante; y
5. Condenó al demandante a’ pagar las costas del de-mandado Enrique Martínez (padre).

Contra la parte de dicha sentencia que desestimó la de-manda én sus tres causas de acción en cuanto al demandado Enrique Martínez (padre) y que también la desestimó en cuanto a la tercera causa de acción contra ambos demanda-dos, y fijó en $500 los daños reclamados en la segunda causa de acción, estableció el demandante el presente recurso de apelación.

Dos son los errores que el apelante imputa a la corte sen-tenciadora. Los formula así:

“1. La Corte erró al declarar que la responsabilidad del deman-dado estaba limitada y terminada cuando su hijo menor adquirió la edad de diez y ocho años.
“2. La Corte cometió error al declarar sin lugar la demanda en cuanto a las tres causas de acción.”

La responsabilidad que el demandante exige al demandado Enrique Martínez (padre) en las tres causas de acción expuestas en la demanda no está basada en el artículo 1803 del Código Civil (edición 1930) que baee al padre, y por muerte o incapacidad de éste a la madre, responsables de los perjuicios causados por los hijos menores de edad que viven en su compañía. La demanda no alega ni resulta de la prueba que al tiempo de ocurrir el accidente que motiva este pleito el menor Enrique Martínez viviera con su padre. Por el contrario, al iniciarse el juicio oral expresamente se declaró que la acción no estaba basada en dicho precepto legal, descansando el demandante, en lo que a Enrique Martínez (padre) concierne, única y exclusivamente en la fianza que de conformidad con el artículo 5 (c) de la Ley núm. 75, aprobada el 13 de abril de 1916 (Leyes de ese año, pág. 144), suscribió y archivó el demandado en las oficinas del Comisionado del Interior, documento que se acompaña a la demanda como exhibit de la misma, y que literalmente dice así:

“El Pueblo de Puerto Rico.— (Departamento del Interior).
‘ ‘ CONSENTIMIENTO DE LA PERSONA QUE TlENE A OTRA BAJO PATRIA Potestad y para la Cual Desea una LioenCia de Conductor.
Santurce, P. R., Abril 20, 1935.
Comisionado del Interior,
San Juan, P. R.

Señor:

Habiéndome enterado de la Ley Núm. 75, aprobada por la Asam-blea Legislativa en abril 13, 1916, y estando bien impuesto de sus disposiciones, por la presente certifico que Enrique Martínez, Jr. es mi bijo y que deseo se le expida a él una licencia para manejar Chrysler núm. 7825 del cual certifico que soy el dueño.

Por la presente doy mi consentimiento para que se expida la dicha licencia haciéndome responsable de todas las multas que puedan im-ponerse a él por cualquier infracción de la ley arriba mencionada, y de todos los daños que él pueda ocasionar.

Respetuosamente,

(Fdo.) Enrique Martínez.”

El artículo 5 (c) que sirvió de base al documento trans-crito dice así:

“ (c) No se expedirá licencia a persona menor de diez y seis años de edad. Se podrá expedir licencia a una persona cuya edad fluctúe entre los' diez y seis y diez y ocho años, para manejar su propio automóvil o el de la persona bajo cuya patria potestad se encuentre, siempre que ésta consintiere, mediante escrito presentado al Comisio-nado del Interior, en hacerse responsable de todas las multas que se impusieren al conductor por cualquier infracción de esta Ley, y por todos los daños que pueda causar. Fuera de este caso no se expedirá ninguna licencia a personas menores de diez y ocho años.”

El escrito por el cual Enrique Martínez se hizo respon-sable de todos los daños que pudiera ocasionar su bijo en el manejo de vehículos de motor está fechado el 20 de abril de 1935. Como de acuerdo con el artículo 5 (c) supra en ningún caso puede expedirse licencia para manejar vehículos de motor a personas menores de diez y seis años, al archivarse en el Departamento el indicado escrito el 20 de abril de 1935, surge la presunción que el menor había llegado para esa fe-cha a la edad mínima de diez y seis años, pues de otro modo el Comisionado no hubiera aceptado el documento ni expe-dido al menor la correspondiente licencia. Artículo 464, in-cisos 15 y 32, del Código de Enjuiciamiento Civil (edición de 1933).

Alegándose en la demanda que el accidente tuvo lugar el 25 de julio de 1937, preciso es concluir que en esta última fecha hacía varios meses que el menor había alcanzado la edad de diez y ocho años. Considerando que la Ley núm. 75 de 13 de abril de 1916 no exige a los menores qne hayan al-canzado dicha edad de diez y ocho años la prestación de la fianza a qne se refiere el artícnlo 5 (c) anteriormente trans-crito, equiparándolos a los mayores de edad en lo qne a ob-tención de licencia para guiar vehículos de motor se refiere (artícnlo 5 (e) de la citada ley), es evidente que el referido escrito de fianza, sólo subsiste mientras dure el período de indiscreción, como lo llama la jurisprudencia, y por consi-guiente cuando el demandado Enrique Martínez, Jr. alcanzó la edad de diez y ocho años, el documento en cuestión quedó ipso facto cancelado por ministerio de la ley. Si esta obli-gación cesó al cumplir el menor los diez y ocho años de edad y cuando ocurrió el accidente ya los había cumplido, claro es qne ninguna obligación podía entonces producir el indicado documento, ya caduco por haber expirado el lapso de tiempo durante el cual había de surtir efecto. Éste fue, en síntesis, el razonamiento que sirvió de base al juez inferior para de-sestimar la demanda en cuanto al demandado Enrique Mar-tínez (padre). A nuestro juicio, no cabe dar otra interpre-tación al artículo 5 (c) supra, pues pudiendo los menores de diez y ocho años obtener licencia de chófer sin necesidad de la aludida fianza, no hemos de presumir que fuera la inten-ción del legislador discriminar entre aquellos menores que habían empezado a manejar vehículos de motor a los diez y seis años, exigiéndoles tal fianza hasta los veintiún años, y no requiriendo igual garantía de los mayores de diez y ocho años por el mismo período comprendido entre los diez y ocho y veintiún años de edad. Tal interpretación es absurda y discriminatoria, y por lo tanto debe rechazarse. Véanse por vía de ilustración, por no creerlos enteramente aplicables, los casos de Sleeper v. Woodmansee, 54 P. (2d) 519, y Easterly v. Cook, 35 P. (2d) 164, 167, citados en la opinión del juez inferior.

Es evidente la improcedencia de la tercera causa de acción, o sea la que reclama daños y perjuicios por la privación del uso del automóvil, toda vez que existe otra causa de acción, que lia sido declarada con lngar, por la destrucción total del mismo vehículo. La sentencia que concede daños y perjuicios reclamados por la destrucción total de un objeto excluye cualquier otro pronunciamiento de daños y perjui-cios por la privación del uso del mismo. Adams v. Bell Motors, 121 So. 345; Blashfield’s Cyclopedia of Automobile Law, tomo 2, pág. 2004; Huddy, Automobile Law, tomo 17-18, 9a. edición, sección 254, pág. 533, y casos citados.

No existiendo nmytmo de los dos errores señalados por el apelmtte, procede, desestimar el recurso y confirmar la sen-tencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Nicolás Betancourt, demandante y apelante, v. Asociación Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, demandada y apelada.
    Núm. 7804.

    Sometido: Febrero 1, 1939.

      Resuelto: Junio 9, 1939.

      Virgilio Brunet, abogado del apelante; Garlos R. Julia, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Nicolás Betanconrt demandó a la Asociación Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular en reclamación de mil ochocientos dólares de seguro por incapacidad permanente.

Alegó que siendo empleado telegrafista del Gobierno Insular, el 7 de junio de 1933 se acogió a la ley creadora de la Asociación demandada, figurando en la segunda cate-goría del seguro; que en 13 de agosto siguiente sufrió una hemorragia cerebral con hemiplejía del lado derecho; que en 30 de septiembre siguiente solicitó de la Asociación la concesión del beneficio que la ley provee para sus asociados físicamente imposibilitados de trabajar por incapacidad total y permanente; que fue examinado por los doctores Francisco J. Mejias en septiembre 30, 1933, M. Morales en junio 21, 1934, Miguel A^eve en julio 29, 1935 y José Garrido en febrero 25, 1936, y todos dichos facultativos certificaron que se encontraba total y permanentemente incapacitado para el trabajo; que la demandada se ha negado a pagarle el seguro que le corresponde ascendente a mil ochocientos dólares.

La demandada contestó. Admitió algunos hechos y negó que el demandante estuviera físicamente incapacitado para trabajar. Como defensas especiales alegó que el deman-dante estuvo cotizando sus cuotas para ahorro y seguro hasta diciembre 16, 1933 en que se le dió licencia sin sueldo por tiempo indefinido; que al cesar como empleado tenía en el Fondo de Ahorro $10.36, y de un préstamo que había contratado con la Asociación por $39, debía $31.20; que soli-citado que hubo en septiembre 22, 1933, su seguro por inca-pacidad física permanente, el médico de la Asociación Dr. E. García Cabrera, lo hospitalizó para proceder a ciertos exámenes necesarios, procediendo el Dr. Bernabé a exami-narle la vista, llegando ambos facultativos a la conclusión de que el demandante no estaba ni estuvo total y perma-nentemente incapacitado para desempeñar las funciones de su cargo; que más tarde .el demandante ingresó en la Escuela de Medicina Tropical donde el Dr. J. A. Pons que lo examinó y asistió llegó a la misma conclusión que el Dr. García Cabrera; que el demandante dejó de cotizar las cuotas por seguro y ahorro desde que tomó licencia sin-sueldo por más de tres meses sin que anunciara su deseo de continuar el 'seguro, habiendo, por tanto, perdido sus derechos al mismo, pudiendo sólo pedir que se le liquidara el Fondo de Ahorro y la mitad de las cuotas de defunción que hubiere pagado, liquidación que no hubiera tenido resul-tados favorables pues sólo tenía en el Fondo $10.36 y adeu-daba por concepto de préstamo $31.20.

Fue el pleito a juicio y la corte de distrito lo falló en contra del demandante expresando que lo hacía por la única razón de no haberse seguido para la reclamación el proce-dimiento adecuado que lo es según su opinión el de mandamus.

No conforme el demandante, apeló. Señala dos errores, uno como cometido al declararse sin lugar la demanda y otro al imponerle las costas.

A los efectos de enfocar debidamente el estudio y reso-lución del asunto, se hace necesario transcribir de la rela-ción del caso y opinión del juez sentenciador lo que sigue:

"Se trata de una acción ordinaria en contra de la institución pú-blica llamada Asociación Fondo de Ahorro y Préstamo de los Em-pleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, creada por la Ley Núm. 52 de 11 de julio de 1921,.... La Sección 20, según fue enmen-dada por la Ley Núm. 15 de abril 21 de 1927, dispone lo siguiente:
" ‘A partir de la fecha en que entra en vigor esta Ley, siempre que ocurra el fallecimiento de uno de los miembros de la Asociación, acogidos a sus beneficios, o que se inutilice permanentemente para desempeñar sus funciones oficiales, por virtud de accidente o enfer-medad, tendrá derecho a un seguro en la forma siguiente: el seguro se dividirá en dos categorías que se denominarán Primera y Segunda Clase: pertenecen a la Primera Clase los que expresen su voluntad de satisfacer una cuota mensual de un (1) dólar por cada defunción o inutilidad y a la segunda los que paguen una cuota de cincuenta (50) centavos por dichos conceptos. El Presidente de la Asociación, "Pondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico”, notificará a los jefes de oficinas o departa-mentos del Gobierno Insular, a que se refiere la Sección 2 de la ley la defunción o inutilidad, y dichos jefes de departamentos u oficinas ordenarán que al hacerse las próximas nóminas, se.an descontados del sueldo de todos y cada tino de los empleados de sus respectivos de-partamentos y oficinas que no hayan renunciado a los beneficios de esta Ley.la suma de un (1) dólar a cada asociado de la primera ca-tegoría y de cincuenta (50) centavos a los de segunda categoría cuando ocurra la defunción o inutilidad de un empleado compren-dido en la primera categoría y cuando ocurra lá defunción o inuti-lidad de un empleado de los comprendidos en la segunda categoría, se le descontará cincuenta (50) centavos tanto a los de primera como a los de segunda; Disponiéndose, que nunca serán descontadas a los empleados comprendidos en esta Ley, más de cuatro cuotas en un solo mes.
“ ‘En caso de que ocurran más de tres defunciones o casos de inutilidad en un solo mes, se pagarán éstas en los meses subsiguientes por el orden en que hayan ocurrido los fallecimientos o inutilidad.
“ ‘El Auditor de Puerto Rico librará un cheque por la suma des-contada de acuerdo con esta sección, a favor del Presidente de la Asociación, “Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico”, quien descontará cinco (5) por ciento de la cantidad total, cuya suma ingresará en el Fondo de Reserva de dicha Institución y la diferencia, previo acuerdo de la Junta de Directores, la entregará a los causahabientes legales del empleado fenecido; Disponiéndose, además, que la Junta de Direc-tores queda por la presente facultada para crear un Fondo de Re-serva que se denominará “Fondo de Reserva para Anticipos", el cual se usará para conceder préstamos a los socios inutilizados y a los beneficiarios de los socios y de los acogidos que fallecieren, cuando éstos tuvieren que hacer tumos por un.período mayor de dos meses para cobrar el importe del seguro correspondiente. Este “fondo” se creará con el importe del veinte (20) por ciento del ingreso total de cada mes por el concepto del tres (3) por ciento de deducciones del sueldo de cada asociado comprendido en la sec-sión 2 de esta Ley. Los préstamos que en calidad de anticipo se concedieren de este fondo, serán concedidos por un período no mayor de la fecha en que corresponda al asociado o sus causahabien-tes percibir el importe total del seguro y su cuantía no excederá de un 60 por ciento de la cantidad que por concepto del seguro habrá de corresponderle y a juicio y discreción de la Junta de Directores. Estos anticipos se harán previa solicitud escrita de la parte intere-sada y cuando fueren dos o más personas las que tuvieren interés en el seguro, por ser beneficiarios, la junta podrá conceder el anticipo a todos mancomunada o separadamente, atendiendo, en este último caso a la parte alíquota que a cada cual corresponda en la “Declara-ción de Beneficiarios” requerida en la sección 3 de esta Ley. En caso de que la referida “Declaración de Beneficiarios” no hubiere sido becba, no se considerará solicitud por anticipo hasta que se hubiere hecho la declaratoria de herederos correspondiente y ésta se encuen-tre en poder de la Junta de Directores de la Asociación. Por todo anticipo hecho en esta forma se descontará el seis (6) por ciento de interés anual sobre la cantidad anticipada y el importe de dicho an-ticipo será descontado al tiempo de ser liquidado el seguro corres-pondiente, del importe total del seguro y acreditado al “Fondo de Reserva para Anticipos” que se crea en esta sección. Cuando este “fondo” excediere de la cantidad que la Junta de Directores cre-yere suficiente para afrontar cómodamente dichos anticipos, la Junta de Directores podrá suspender la acumulación de fondos en el ex-presado “Fondo de Reserva para Anticipos”.’
“Esta sección establece el procedimiento a seguir cuando un em-pleado acogido a los beneficios de la ley se inutiliza permanentemente. Es su deber comunicarlo al Presidente de la Asociación, siendo obli-gación de este último comunicar el hecho a los distintos Jefes de Departamentos, para que éstos en las próximas nóminas descuenten cincuenta centavos a cada empleado, librando entonces el Auditor de Puerto Rico un cheque a favor del Presidente de la Asociación por la suma total descontada, y entonces, este último descontará el 5 por ciento del total del cheque que ingresará en un Fondo de Re-serva de dicha Institución, y la diferencia, previo acuerdo de la Junta de Directores, se entregará al asegurado, o a sus causahabientes en caso del fallecimiento. Se ve. clara la intención de la Legislatura de que el seguro se pague en la forma prevista en dicho artículo 20. En ninguna parte se le impone obligación alguna a la demandada como institución pública. La obligación es del Presidente. El procedi-miento a seguir es un mandamus contra este funcionario público para hacerle cumplir sus deberes ministeriales según se hizo en los casos de Muñoz v. Ramos, 39 D.P.R. 405, Feliciano v. López, 44 D.P.R. 937 y Feliciano v. López, 48 D.P.R. 530. . . .
“No hemos perdido de vista los casos que sostienen que procede una acción ordinaria contra Asociaciones de Seguro mutuo y benéfico (Mutual Benefit Insiorance Associations), por el cobro de la cantidad total del seguro aún cuando en el contrato entre la Asociación y el asegurado se establecía que el seguro había de pagarse a virtud ele cuotas pagadas por los miembros de la Asociación. En todos estos casos se trataba de Asociaciones privadas incorporadas y las cortes se fundaban en que de acuerdo con la intención de las partes con-tratantes la compañía se obligaba incondieionalmente a pagar el seguro y que si los miembros no satisfacían sus cuotas éste era un riesgo que asumía el asegurador. En este caso el único contrato es la ley y ella, repetimos, solamente impone al Presidente de la Aso-ciación la obligación de notificar a los distintos Jefes de Departa-mento el heclio de la inutilidad física del empleado. La intención de la ley es clara en el sentido de no obligar a la Asociación a pagar de sus fondos generales, sino pagar exclusivamente de las cuotas que se le descuenta a cada empleado en las nónimas.
“.El procedimiento a seguir es compeler al Presidente de la Asociación que cumpla su deber ministerial. (Muñoz v. Ramos, supra.) No procede, en un pleito de esta índole, dictar una sen-tencia condenando a la demandada a pagar de sus fondos generales el importe del seguro reclamado.
"No deseamos terminar esta opinión sin manifestar que durante la vista quedó plenamente demostrado el derecho del demandante al seguro que solicita. Los reputados médicos que testificaron, el de la Asociación inclusive, expresaron terminantemente que cuando el demandante solicitó el seguro estaba total y permanentemente inca-pacitado y en estas circunstancias no nos explicamos cómo cinco años más tarde todavía se discute su derecho. Tanto el Presidente de la Asociación como sus directores al actuar como tales están ejercitando funciones públicas y gubernamentales y no deben en forma alguna frustrar los fines benéficos de la ley. Por la única razón de no ha-berse utilizado el procedimiento adecuado es que se declara sin lugar esta demanda.”

La cuestión del procedimiento a seguir en casos de esta naturaleza fue estudiada y resuelta por esta corte en Escartín v. Comisión Policía Insular, 47 D.P.R. 502. No hay duda alguna que el criterio rígido sostenido por el juez sen-tenciador encuentra apoyo en' la jurisprudencia, pero esta corte pesando las razones aducidas en pro y en contra se decidió por adoptar como adoptó una regla que sin violentar derecho alguno de las partes, permite decidir sobre los mé-ritos del caso, lo mismo que en el recurso de mandamus, dentro de los amplios trámites del juicio ordinario. Nuestro criterio quedó finalmente expuesto como sigue:

“Después ele una cuidadosa consideración del asunto, creemos que debe revocarse la sentencia recurrida. Nos parece justo el criterio de la Corte de Apelaciones de Nueva Jersey. El mandamus es un recurso privilegiado. Pudo ejercitarlo la parte demandante y Ru-biera obtenido una más rápida y directa decisión de su caso. No lo Rizo. Prefirió acogerse a la acción ordinaria más amplia y dila-tada, pero ello no debe ser obstáculo para que la cuestión sea re-suelta por la corte de acuerdo con sus méritos. Todo cuanto en con-trario se diga en el caso de Ortiz, supra, debe entenderse derogado.”

Y no se nos ha convencido en el sentido de que debamos variar de criterio. Claro es que no procede dictar sentencia condenando a la demandada a pagar el seguro reclamado, pero sí puede la corte basándose en los beebos alegados que estimó ciertos dictar la sentencia que ellos mismos demandan, o sea más o menos la misma que se Rubiera dictado en un procedimiento de mandamus, a saber, condenando a la de-mandada a reconocer el derecho del demandante al seguro, debiendo su Presidente hacer la notificación de ley a fin de que ésta quede debidamente cumplida hasta la entrega al demandante de las sumas que por seguro le corresponde recibir.

Debe declararse el recurso con lugar, revocarse la sen-tencia apelada y dictarse otra en la forma que dejamos expuesta.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Anastacio Andino, acusado y apelante.
    Núm. 7562.

    Sometido: Abril 25, 1939.

      Resuelto: Junio 9, 1939.

      Rogelio Fernández Garzot y Faustino R. Aponte, abogados del ape-lante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abo-gados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné acusado de un delito de ataque para cometer violación. La acusación en lo pertinente dice así:

“El referido Anastacio Andino en uno de los días del mes de diciembre de 1936, en la municipalidad de Humacao, dentro del Dis-trito Judicial de Humacao, P. K.., ilegal, voluntaria, maliciosa y cri-minalmente, atacó a la niña menor de catorce años de edad, Fermina Castro, conocida también por Ana Castro Stella, y quien no era es-posa del acusado, tratando de llevar a cabo con ella actos carnales contra su voluntad y sin su consentimiento, empleando para ello fuerza y violencia, tratando así de vencer la resistencia que a la realización de tal acto opusiera dicha mujer Fermina Castro, co-nocida también por Ana Castro Stella.”

El jurado trajo un veredicto declarándolo culpable de ataque para cometer violación. Solicitó nuevo juicio y le fue' denegado. Contra la resolución denegatoria del nuevo juicio y contra la sentencia que lo condenó a dos años de pre-sidio con trabajos forzados estableció el presente recurso. Lo funda en dos errores que alega fueron cometidos por la corte inferior, a saber:

1. Al negarse a transmitir la instrucción sobre acometimiento y agresión grave que solicitó el acusado.

2. Al condenar al acusado careciendo de jurisdicción sobre el caso por no haberse probado el sitio donde ocurrió el supuesto delito.

La procedencia de instrucciones sobre acometimiento y agresión grave depende exclusivamente de la evidencia que tuvo ante sí el jurado, pues el hecho de que un delito menor pueda estar comprendido en el mayor que sea objeto de la acusación, no justifica al juez para dictar instrucciones sobre el menor, a menos que baya alguna evidencia que pueda servir de base a un veredicto declarando al acusado culpable de dicho delito. En este caso el acusado se abstuvo de pre-sentar evidencia a su favor. La única que tuvo ante sí el jurado fue la ofrecida por el fiscal. De ella resulta que la supuesta ofendida no había llegado a la edad de catorce años en la fecha en que se realizó el supuesto delito. Que ese día se hallaba sola en su casa y que mientras trataba de cerrar una ventana, el acusado penetró por la cocina y, agarrándola fuertemente, la echó al suelo. Le desgarró los pantalones y, teniendo él el miembro viril por fuera en estado de erección, luchó con la niña para tener contacto carnal con ella. Le puso sus rodillas sobre los muslos de ella, le tapó la boca con una mano para que no fueran oídos sus gritos de auxilio y cuando ya estaba acostado sobre ella, cansada ésta de luchar, llegó un hermano de la niña y, al armarse de un machete para defenderla, el acusado se dió a la fuga. La madre de la niña, que llegó unas horas después, la examinó y encontró que sus partes estaban “enconadas” y que tenía “cardenales” y rasguños en los muslos.

No hubo prueba alguna de que el acusado atacara la niña con otra intención que no fuera la de violarla. En tales condiciones, de ser creída por el jurado la evidencia no controvertida del fiscal, el único veredicto compatible con la misma era el rendido y por consiguiente hubiera cometido ■error el tribunal inferior al dar instrucciones que no hubieran estado justificadas por la prueba. 14 Ruling Case Law 792; State v. Angle, 215 P. 531; Tipton v. State, 31 A. L. R. 1074; El Pueblo v. Mediavilla, 54 D.P.R. 565, y Sparf and Hansen v. U. S., 156 U. S. 51, 57.

Considerando ahora el segundo error, tenemos que aceptar que de la evidencia no consta que en momento alguno se dijera por los testigos que el barrio Pasto Viejo pertenecía al municipio de Humacao. Es ése un sitio tan conocido en Humacao y fuera de allí, que parece que abogados, testigos y jurados estaban todos bajo.la impresión de que se trataba del barrio Pasto Viejo que todos ellos conocían por estar tan próximo a la ciudad de Humacao y existir allí una cono-cida factoría azucarera que lleva por nombre Central Pasto Viejo. Las circunstancias todas no dejan duda alguna de que tanto el jurado como todos los que en alguna forma jugaban algún papel en el juicio tenían en mente al barrio de Pasto Viejo de la municipalidad de Humacao, y no otro. De la acusación misma que debió ser leída en corte abierta en presencia del jurado, al prestar éste su juramento defini-tivo, resulta que el supuesto delito se realizó en la munici-palidad de Humacao. En sus instrucciones al jurado el juez empezó por leerles la acusación que como liemos visto indica el municipio de Humacao como el sitio donde se realizó el supuesto delito y más adelante en el curso de 'sus instruc-ciones volvió a decirles el juez: “En este caso la teoría de El Pueblo es la siguiente: que el día de los hechos... esta niña vivía en un sitio aquí en Humacao conocido por Pasto Viejo...; que estando sola.. .llegó este acusado a su hogar y penetró en el mismo, la agarró fuertemente...

La defensa no protestó ni tomó excepción alguna a la instrucción de la corte al efecto de que el supuesto delito se había realizado en la municipalidad de Humacao. Pero además en la declaración de la supuesta ofendida encontra-mos lo siguiente:

“P. — ¿En qué otro sitio lo has visto (se refiere al acusado), si lo viste en algún otro sitio?
“R. — Cuando nosotros veníamos por la carretera de Pasto Viejo.
“P. — -¿De dónde venías?
"R. — De la plaza para acá.
“P. — ¿A dónde venías?.
“R. — A declarar.”
(Transcripción de Evidencia, pá.g. 6.)

Lo transcrito demuestra que la ciudad de Hnmacao está conectada por nna carretera con el barrio de Pasto Viejo, de donde venía la testigo para la corte de distrito.

. El propio abogado defensor, interrogando a la testigo Jnana Castro Stella, madre de la niña, le preguntó: “¿ Como a qué bora vino al pueblo usted ese día?”

Indudablemente el pueblo a que la defensa se refería era aquél en que el abogado se encontraba en los momentos en que interrogaba, o sea el de Humaeao, pues de otro modo no hubiera dicho “vino al pueblo” sino “fue al pueblo”.

Es regla bien establecida que el sitio donde se cometió el delito puede establecerse por evidencia circunstancial: Abbott’s Criminal Trial Brief, tercera edición, pág. 1020, y casos citados.

La cuestión no es nueva en esta jurisdicción. En el caso de El Pueblo v. Llabrés, 29 D.P.R. 749, en que la evidencia sólo demostraba que el delito se había cometido en el Banco Colonial Americano, sin que apareciera dónde estaba esta-blecido el mismo, esta corte sostuvo la jurisdicción de la Corte de Distrito de San Juan. Tomamos del syllabus:

“La jurisdicción no es necesario demostrarla con prueba directa y positiva. Será bastante con que pueda razonablemente inferirse de los hechos y circunstancias que se hayan probado y estén envuel-tas en la transacción criminal, o que pueda inferirse de las circuns-tancias que el delito fué cometido en el sitio alegado.”

Véase además Underhill on Criminal Evidence, cuarta edición, sección 96, pág. 116, citado con aprobación en el caso de Pueblo v. Llabrés, supra.

A nuestro juicio, no se ¡ka cometido ninguno de los dos errores señalados por el acusado. Por consiguiente, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.