author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    The Fajardo Sugar Company of Porto Rico, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico y Felipe Martínez, Colector de Rentas Internas de Naguabo, demandados y apelados.
    No. 5890.

    Sometido: Marzo 10, 1933.

      Resuelto: Julio 22, 1933.

      Jaime Sifre Jr. y S. Franceschi, abogados de la apelante; Son. Procurador General Charles F. Winter y B. Cordovés Arana, Subprocurador, abogados de los apelados.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es na pleito de injunction iniciado por la Fajardo Sugar Co. of Porto Rico, una corporación de esta Isla, para que se dicte sentencia declarando que el Tesorero de Puerto Rico y el Colector de Rentas Internas de Naguabo no tienen derecho a embargar y vender en pública subasta cierta finca hipotecada a favor de la demandante para el cobro de con-tribuciones que.debe el dueño de la misma, Arturo C. Bird & Co., S. en C., y no la finca, dictándose entre tanto una or-den preliminar prohibiendo cualquier gestión de venta.

Los hechos, en resumen, son así: Arturo C. Bird & Co., S. en C., es dueña de un predio de terreno de cincuenta cuer-das situado en Naguabo que está hipotecado a la Fajardo Sugar Co. para responder de una deuda de $2,500. Por con-cepto de propiedad personal, Arturo C. Bird & Co. debe al Tesoro Priblico contribuciones por valor de $786.97 y para cobrarlas el Colector de Rentas Internas de Naguabo em-bargó el indicado predio y anunció su venta en pública su-basta. Las contribuciones directamente impuestas sobre el predio han sido satisfechas por el acreedor hipotecario.

Y alega la Fajardo Sugar Co. que de venderse la finca en pública subasta para el pago de las indicadas contribucio-nes, el .título que adquiriría el rematante sería uno libre de hipotecas o gravámenes, lesionando de ese modo los derechos preferentes de la demandante. Sostiene, en tal virtud, que el injunction es necesario.

Los demandados excepcionaron la demanda porque la corte no tenía jurisdicción para expedir un auto de injunction para impedir el cobro de contribuciones y porque la de-manda no aducía hechos suficientes. Contestaron aceptando sustancialmente la verdad de los hechos que dejamos resu-midos.

El caso fué finalmente resuelto por la corte por sentencia en contra de la demandante. Estimó la corte que la deman-dante tenía a su alcance el derecho de redimir la propiedad que le otorga el artículo 348 del Código Político y el de pa-gar la contribución bajo protesta reclamándola luego de acuerdo con la Ley No. 8 de 1927 (pág. 123), motivos que a su juicio explican la expresa prohibición legal que contiene la ley de interdictos prohibitorios.

No conforme la demandante interpuso el presente recurso de apelación. Señala en su alegato la comisión de dos erro-res, como sigue:

“1. — La corte inferior cometió error al dictar sentencia decla-rando sin lugar la demanda, por considerar que no tenía facultad para continuar entendiendo en el caso y expedir el auto de injunction solicitado.
“2. — La corte inferior cometió error al declarar sin lugar la de-manda, haciendo posible el que los demandados procedan a vender la finca en cobro de contribuciones impuestas a la propiedad personal de su dueña por la vía de apremio, a pesar del derecho hipote-cario que sobre dicha finca tiene la demandante y cuyo derecho queda menoscabado y totalmente destruido.”

El 23 de abril de 1927 (Leyes de 1927, pág. 167) se aprobó la Ley No. 26 para enmendar la sección 4 de la Ley sobre injunctions de 1906, disponiéndose por el Legislador que: “No podrá otorgarse un injunction ... 7. Para im-pedir la imposición o cobro de cualquier contribución esta-blecida por las leyes de los Estados Unidos o de Puerto Rico.”

La enmienda es aplicable a este caso no obstante haberse iniciado en el año 1924 porque su vista en la corte de dis-trito no tuvo lugar hasta el año de 1931 y la enmienda tiene efecto retroactivo de acuerdo con los principios establecidos por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Smallwood v. Gallardo, 275 U. S. 56, a saber:

“Sostener un pleito es proseguir, mantener en pie e impedir que se abandone un litigio iniciado.
“No existe un derecho adquirido a un injunction contra contri-buciones ilegales, y el hecho de presentarse la demanda no crea tal derecho.
“En la ley de marzo 4, 1927, que enmendó la ley para proveer un gobierno civil para Puerto Rico, la disposición de que no podrá sostenerse en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico pleito alguno con el fin de restringir la' tasación o cobro de contribución alguna impuesta por las leyes de Puerto Rico, es apli-cable a litigios resueltos en la Corte de Distrito y en la Corte de Cir-cuito de Apelaciones con anterioridad a la ley y con posterioridad a la misma traídos aquí por ceriiorari, y hace necesario que los de-cretos desestimando las demandas sobre los méritos sean revocados con órdenes de que sean archivados por falta de jurisdicción.”

Y como no hay cuestión sobre el hecho de que la contri-bución que se cobra era debida por Arturo O. Bird & Co. y fué impuesta por El Pueblo de Puerto B-ico, nada tendría-mos que agregar para sostener que debe confirmarse la sen-tencia recurrida.

Está envuelta, sin embargo, una cuestión tan intere-sante en el litigio y que ha sido tan extensa y cuidadosamente argumentada por la apelante en su alegato que no termina-remos nuestra opinión sin referirnos a ella.

No es éste el caso en que se embarga y vende una finca para el cobro de contribuciones que pesan sobre la propia finca. Es el caso de contribuciones personales debidas al Tesoro Público. ¿ Puede entonces embargarse y venderse para el cobro, propiedad inmueble del deudor? Puede, de acuerdo con lo expresamente dispuesto por el artículo 33y del Código Político, como sigue:

“Art. 339. Si los bienes muebles de un contribuyente moroso no fuesen bastantes para el pago de las contribuciones, penalidades y costas que él adeude a El Pueblo de Puerto Rico; o si el tal no tuviese bienes muebles sujetos a embargo y venta, el colector o agente, del distrito en que dicho contribuyente resida, notificará de ello al Tesorero y en cualquier tiempo después del recibo de dicha notifi-cación, el Tesorero ordenará al colector o agente, embargar y vender cantidad suficiente de los bienes inmuebles de dicho contribuyente moroso para el pago de dichas contribuciones, penalidades y costas.”

¿Qué sucederá si el bien inmueble que se embargue está hipotecado? Volvemos a repetir que no se trata de contri-buciones impuestas sobre la propia finca embargada, caso ex-presamente resuelto por el artículo 315 del Código Político, sino del embargo de mi inmueble para responder de otras contribuciones debidas por sn dueño.

La cuestión no aparece expresamente resuelta por la pro-pia Ley de Contribuciones, pero estudiando esa ley en rela-ción con el Código Civil, dijo esta corte desde 1906 por me-dio de su Juez Presidente Sr. Quiñones, en el caso de Sucesión Romero v. Willoughby, 10 D.P.R. 71, 77, lo que sigue:

“Ahora bien; atendidos los términos en que ha sido planteada la cuestión que se ventila en estos autos, queda ésta reducida a de-terminar si la contribución impuesta a la propiedad personal de un contribuyente, constituye o no un verdadero gravamen, una verda-dera carga real sobre los bienes inmuebles del mismo contribuyente, que pueda hacerse efectiva sobre ellos, aun después de haber pasado por un título legítimo a la propiedad de un tercero.
“Que los contribuyentes responden con todos sus bienes indis-tintamente al pago de las contribuciones que les hayan sido impues-tas, cualquiera que sea su clase, no puede dudarse, en vista de lo que disponen los artículos 336 y 339 del Código Político, según los cuales, una vez hecho el cómputo de todas las contribuciones que adeude el contribuyente moroso, e iniciado contra él expediente de apremio para su cobro, se procederá en primer término contra sus bienes muebles, y si no los tuviere, o no fueren suficientes para cu-brir la deuda, se procederá entonces al embargo y venta de los bie-nes inmuebles del deudor, hasta hacerla efectiva. En esto no cabe pues ninguna duda. Pero una vez salidos los inmuebles del deudor, y pasados a la propiedad de un tercero que los ha adquirido por un título legítimo, i continuarán esos bienes afectos al pago de las con-tribuciones impuestas al deudor, del mismo modo que si no hubiesen salido de su poder?
“Respecto de la contribución impuesta a esos mismos inmuebles, es claro que si, puesto que con arreglo al artículo 315 del Código Po-lítico, la contribución impuesta sobre la propiedad real del contri-buyente o sea sobre los bienes inmuebles, constituye un gravamen, lo que. en el lenguaje jurídico significa una verdadera carga real, que pesa sobre los bienes cualquiera que sea su poseedor.
“El artículo 315 del Código Político, tal como ha quedado re-dactado después de la enmienda introducida en él por la Ley de la Asamblea Legislativa de esta Isla de 10 de marzo de 1904, dice lo siguiente:
“ ‘Será deber del tasador, al verificar la tasación o al revisar la existente, hacer que cada ñnca, o parcela de propiedad inmueble, conste por separado y asentar el valor en que ha sido tasada cada una, junto con una descripción de la misma y el nombre y dirección postal de su dueño, hasta donde sea posible obtener esos informes. Cuando la propiedad inmueble comprenda tierras y mejoras junta-mente, los valores en que hayan sido tasadas las tierras y las mejo-ras se pondrán por separado. La contribución que se imponga a cada finca o parcela de terreno, e inclusive sobre cualesquiera mejo-ras que en ella existan, o que puedan posteriormente hacerse en ella, constituirá el primer gravamen sobre dicha propiedad, el cual ten-drá prelación sobre cualesquiera otros gravámenes sobre la misma, de cualquier clase que fuesen, ya pesen éstos sobre ella antes, ya pe-sen después, que el gravamen determinado por dicha contribución.’
“En esto el Código Político no hace más que reproducir sustan-cialmente el precepto de los artículos 168 y 218 de la Ley Hipote-caria vigente en esta Isla; de los cuales el primero concede una hi-poteca legal tácita en favor del Estado., de la provincia o de los pueblos, hoy en favor del Pueblo de Puerto Rico, sobre los bienes de los contribuyentes, por el importe de una anualidad vencida y no pagada de los impuestos que graviten sobre ellos; y el segundo, o sea el 218, que el Estado, la provincia o los pueblos tendrán preferencia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de una anualidad de los impuestos que graven a los inmuebles; preceptos que reproduce tam-bién el artículo 1824 del nuevo Código Civil, conforme en un todo con el 1923 del antiguo, al disponer que con relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor, gozan de preferencia, en primer término, los créditos a favor del Pueblo de Puerto Rico sobre los bienes de los contribuyentes por el importe de la última anualidad, vencida y no pagada, de los impuestos que graviten sobre ellos.
“No cabe, pues, ninguna duda, ni nadie sostiene lo contrario en estos autos, que según el artículo 315 del Código Político y demás disposiciones legales citadas, la contribución impuesta sobre los bie-nes inmuebles del contribuyente, constituye un verdadero gravamen, una verdadera carga real que pesa sobre ellos cualquiera que sea su poseedor; pero no puede sostenerse otro tanto respecto de la contri-bución impuesta a la propiedad personal del contribuyente. Sobre ésta, ni el artículo 315 del Código Político, ni ningún otro del mismo Código., le concede el carácter de gravamen o carga real sobre la pro-piedad inmuebles del contribuyente, que permita a los colectores de Rentas perseguirlos después de haber salido de poder del deudor y pasado a la propiedad de tin tercero; y siendo esto así, es claro que los agentes de rentas no pueden embargarlos para hacer efectiva so-bre ellos una responsabilidad que la ley no les impone, por el prin-cipio jurídico universalmente reconocido, de que la propiedad se re-puta libre mientras no conste que haya sido gravada por la ley o por algún otro título legítimo.
“La condición del Tesoro de Puerto Rico respecto a la contri-bución impuesta a la propiedad personal del contribuyente, queda, pues, reducida a la de un acreedor meramente personal, sin hipo-teca ni derecho de retención alguno sobre los bienes inmuebles del deudor, que le permita perseguirlos después de salidos de su poder, para hacer efectivo sobre ellos el crédito de referencia, aunque si con la preferencia que le concede el artículo 1825 del nuevo Código Civil, concordante con el 1924 del antiguo, sobre los bienes mue-bles e inmuebles del deudor que no resulten especialmente afectos a otras responsabilidades preferentes, tales como los establecidos so-bre determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor a que se refiere el número l9 del artículo 1824 del mismo Código, y los comprendidos en el artículo anterior, o sea el 1823, sobre deter-minados bienes muebles del deudor, que gozan de absoluta preferen-cia sobre todos los demás acreedores.”

En el caso de Sucesión Somero, supra, ya había salido de la propiedad del contribuyente deudor la finca embargada. Se dijo por eso que el embargo no podía verificarse. En éste la finca es aún del deudor, pero está hipotecada. - Puede em-bargarse y venderse sin perjuicio de los gravámenes prefe-rentes que se hubieran constituido legalmente sobre ella. Tal es la interpretación de la ley que nos parece lógica y que permite reconocer y armonizar todos los intereses envueltos. Está sostenida por la jurisprudencia. De entre los muchos casos que invoca la apelante en su alegato nos limitaremos a ■citar el de Bibbins v. Clark, 29 L.R.A. 278, 282. En él la Corte Suprema de íowa se expresó así:

“Las contribuciones se convierten en gravámenes sólo a virtud de un estatuto, y al crearse no deben ser ampliadas mediante inter-pretación judicial. Cooley, Taxn. 444; Desty, Taxn. p. 734; Jaffray v. Anderson, 66 Iowa, 719; New England Loan & T. Co. v. Young, 81 Iowa, 738, 10 L. R. A. 478. Ahora bien, nuestro estatuto no dis-pone expresa o implícitamente que las contribuciones adeudadas se-bre bienes muebles constituirán un gravamen sobre 'bienes inmuebles pertenecientes a tal persona, superior a cualquier gravamen exis-tente sobre los mismos. Simplemente dice, en lo que a tales contri-buciones se refiere, que ellas constituirán un gravamen sobre cual-quier bien inmueble, perteneciente a esa persona o que ella adquiera en lo futuro. Resolver que la mera creación estatutaria de un gravamen sobre bienes inmuebles, sin más, equivale a la creación de un gravamen superior a los gravámenes existentes sobre tal propiedad y que deba interpretarse así, es, a nuestro juicio, no solamente ir más allá de todas las reglas de interpretación, sino que ello es inconsis-tente con nuestras resoluciones que interpretan otros estatutos en que se emplea una fraseología similar . . . Un examen de nuestros estatutos demuestra que cuando la Legislatura ha tenido la inten-ción de crear un gravamen que debe tener prioridad sobre otros gra-vámenes ya existentes, la fraseología adecuada ha sido usada para significar tal intención. Véase el código, artículo 1558, y capítulo 100 de las leyes de la clécimosexta Asamblea Legislativa. El artículo que tenemos bajo nuestra consideración hace una distinción clara entre gravámenes sobre bienes inmuebles por contribuciones impues-tas sobre los mismos y gravámenes sobre bienes inmuebles por con-tribuciones impuestas sobre bienes muebles. En el primer caso, el gravamen se extiende ‘contra toda clase de personas,’ y ‘es perpe-tuo en el último caso, simplemente se declara que existirá un gravamen. Ahora bien, en la opinión a que se hace referencia, este contexto del estatuto ha sido tan ampliado por interpretación, que se hace en efecto que el estatuto diga que este gravamen sobre bie-nes inmuebles por contribuciones personales será superior a cuales-quiera otros gravámenes ya existentes sobre tales bienes inmuebles. El estatuto no dice tal cosa, la legislatura no lo ha declarado así, ni tampoco puede llegarse a tal resultado aplicando a esta disposición del estatuto la misma regla de interpretación que se aplica a un len-guaje similar usado en cualquiera otra parte del código. ¿Por qué ha de crearse una regla especial de interpretación para este estatuto específico? ¿Qué razón existe para que se diga que esta disposición, que simplemente crea un gravamen, signifique más de cuanto dice? En el caso de Young se dice en la opinión de la mayoría: ‘Es prin-cipio general de nuestro sistema de contribuciones que cuando se hace que éstas constituyan un gravamen sobre bienes inmuebles, el mismo tiene prelación y es superior a cualesquiera gravámenes hipo-tecarios o por concepto de sentencias.’ En lo atinente a contribu-ciones impuestas sobre bienes muébles y que a virtud del estatuto constituyen un gravamen sobre bienes inmuebles, sin decirse nada sobre prelación, la aserción que precede, a nuestro juicio, no. tiene apoyo en las autoridades. Tratando esta cuestión, la Corte Suprema de South Dakota en el reciente caso de Miller v. Anderson, 1 S. Dakota 539, 11 L. R. A. 317, dijo: ‘Mas, leyendo íntegramente el artículo 1612, es inexplicable para nosotros por qué, si fué la inten-ción de la legislatura colocar en el mismo nivel las contribuciones, sobre bienes inmuebles y las impuestas sobre bienes muebles y hacer que ambas constituyan gravámenes de igual extensión y categoría,, no debieron haber usado términos que por lo menos sugirieran tal in-tención. Si a tenor de un principio general, conforme, se dice en la opinión de la mayoría de la Corte Suprema de Iowa a que más adelante se hace referencia, el gravamen declarado era necesariamente uno de primera clase, ¿por qué no había tanta seguridad en descan-sar en tal principio cuando se trataba de contribuciones sobre bienes inmuebles como cuando se trataba de contribuciones sobre bienes mue-bles? En cuanto a las primeras, se tuvo cuidado en decir que el gravamen se extendía a toda clase de personas; fijando así definitiva-mente su categoría de gravamen; y luego, en contraposición directa con las contribuciones sobre bienes muebles, se provee que éstas cons-tituirán simplemente un gravamen. Tomando el significado y la in-tención de esta ley de su fraseología (y ésta es .primariamente una regla de interpretación), llegamos a la conclusión que aquella parte del ameritado artículo 1612 que se refiere a contribuciones sobre bie-nes muebles crea un gravamen por las mismas en favor del acreedor de la contribución desde el momento en que procede su cobro, sobre cualesquiera bienes inmuebles pertenecientes entonces o adquiridos posteriormente por el deudor de la contribución, sujeto, sin embargo, al igual que cuando se trata de otros gravámenes creados por ley, a los estatutos generales que -rigen la cuestión de prelación o prefe-rencia.3 Una mayoría de la corte, tal cual está ahora constituida, está plenamente de acuerdo con el criterio expresado por el Juez Asociado Sr. Granger en su opinión disidente en el caso de Young. El juez que suscribe ha hecho una investigación cuidadosa de esta cuestión y está convencido de que la regla sentada por la opinión de la mayoría en el caso de Young está equivocada, y de que con ella la letra y el espíritu del estatuto se extienden injustificadamente mediante interpretación judicial, con gran detrimento de los tene-dores de otros gravámenes,. y que se da un efecto que nunca tuvo en mente la legislatura a aquella parte del estatuto. Guando el es-tatuto provee respecto a que las contribuciones sobre bienes muebles constituirán un gravamen sobre bienes inmuebles es que habrá un. gravamen y deberá resolverse que como tal cae dentro de la regla general de que su prelación ha de determinarse a partir del momento en que surgió el gravamen. En vista de la extensísima discusión de esta cuestión en el caso de Young, huelga que nos extendamos más. Habiendo surgido el gravamen hipotecario del demandante sobre los solares con anterioridad al momento en que las contribuciones sobre los bienes muebles se constituyeron en un gravamen sobre los mismos, debe resolverse que tal gravamen es superior al gravamen por con-cepto de contribuciones. El caso de New England Loan & T. Co. v. Young, a que se ha hecho referencia, en tanto en cuanto sostiene que las contribuciones impuestas sobre bienes muebles y que cons-tituyen un gravamen sobre bienes inmuebles, son una carga anterior y superior a los gravámenes existentes sobre los mismos, debe ser, y por la presente es, revocado.”

Insiste la apelante en que la dificultad estriba en que la venta de la finca en pública subasta para el cobro de contri-buciones se hace de acuerdo con.la ley libre de gravámenes, con lo cual quedaría necesariamente perjudicada su hipoteca. Cita el caso de Márquez v. Registrador, 11 D.P.R. 268.

El caso de Márquez, supra, se refiere a la venta de una finca para el cobro de las contribuciones que pesaban sobre la finca misma. Aquí no se sabe aún qué haría el colector al vender. La misma parte apelada dice en su alegato: “No discutimos, antes por el contrario, aceptamos que nuestro es-tatuto no crea un lien por contribuciones personales sobre la propiedad inmueble del contribuyente.”

Pero aunque el colector expidiera su certificado haciendo constar que la finca vendida lo era libre de gravámenes, si en verdad existían gravámenes anteriores debidamente cons-tituidos que de acuerdo con la ley eran preferentes y no po-dían ser destruidos, el registrador al inscribir el certificado podría negarse a cancelarlos, o la persona a cuyo favor es-tuvieran constituidos podría hacerlos valer no obstante el ■certificado.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Agustín Balasquide, peticionario y apelado, v. Manuel Luján y Agustín Espinosa, Secretario-Auditor y Alcalde-Tesorero del Municipio de Cataño, respectivamente, demandados; y Francisca Miranda en su propio nombre y como madre con patria potestad sobre su hijo Víctor Luis Martínez, interventor y apelante.
    No. 6081.

    Sometido: Mayo 12, 1933.

    Resuelto: Julio 22, 1933.

      L. Smitiago Carmona, abogado de los apelantes; José C. Jusino, abo-gado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Agustín Balasquide solicitó de la Corte de Distrito de Bayamón que librara un auto de mandamus dirigido a Manuel E. Lujan y a Agustín Espinosa, Secretario-Auditor y Alealde-Tesoréro del Municipio de Cataño, respectivamente, ordenándoles la inmediata expedición de los libramientos y certificaciones de pago de los salarios devengados por el Se-cretario-Auditor que fué de dicho municipio Víctor Martínez durante los meses de junio, octubre, última quincena, noviem-bre y diciembre, de 1930, y enero, 1931, veinte y seis días, as-cendentes a $436.58.

Como Víctor Martínez había fallecido, la corte ordenó qne se diera traslado de la solicitud a sus herederos. Éstos com-parecieron y formularon demanda en oposición a que se ex-pidiera el auto a favor de Balasquide y en solicitud de que se librara a su favor. Negaron que su causante hubiera fir-mado documentos auténticos vendiendo sus sueldos y levan-taron las siguientes cuestiones:

1, No procedencia del mandamus, porque lo que se reclama es la ejecución de un contrato;
2, Falta de causa de acción porque de la petición lo que surge es una orden de retención de cheques y no una orden de pago;
3, Falta de causa de acción porque los documentos de que se trata no son auténticos según exigen los Reglamentos de la Auditoría;
4, Falta de causa de acción porque el documento correspondiente a enero demuestra que se otorgó para justificar una cesión de suel-dos que no se habían devengado aún, lo que es contrario' a la polí-tica pública, y
5, Excepción de cosa juzgada.

El auto fné expedido y en el día señalado para su vista comparecieron todas las partes interesadas. Los demanda-dos expusieron que ellos no lo habían cumplido porque exis-tía un conflicto de reclamaciones entre el peticionario y los interventores, esperando para actuar que ese conflicto fuera resuelto por la corte, y, además porque el municipio carecía de fondos suficientes para ello. Se practicó prueba, y la corte finalmente dictó sentencia declarando con lugar la so-licitud. Apelaron los interventores y en su alegato seña-lan cinco errores que corresponden a las cinco cuestiones ya mencionadas qne suscitaron en la corte de distrito y que ésta resolvió en contra suya.

Al discutirse este caso en el seno del tribunal sur-gió la cuestión de si hay o no derecho a intervenir en casos de mandamus.

Resumiendo la jurisprudencia sobre la materia dice Corpus J uris:

“En un número de decisiones se ha resuelto o dicho que no se permitirá una intervención en ausencia de autoridad estatutaria para ello aun cuando exista derecho o jnterés en la cosa objeto del litigio. Y se ha resuelto que no se permitirá una intervención cuando de acuerdo con el estatuto las únicas alegaciones autorizadas en un pro-. cedimiento de mcmdcmnus son el auto y la contestación. Por otra parte en otros casos en que- no se mencionaba autoridad estatutaria se resolvió o dijo que se podía permitir una intervención al demos-trarse debidamente el interés que se tenía en la cosa objeto del liti-gio. Y de conformidad con los estatutos de algunas jurisdicciones, cualquier persona o corporación que por tener interés pudiera ser unida como una parte necesaria o adecuada en procedimientos de mandamus, de ordinario se le permitirá que intervenga en el mismo. No obstante, sea como fuera, debe demostrarse debidamente que existe un interés substancial en la cosa objeto del litigio para auto-rizar una intervención.” 38 C. J. 856.

Para sostener la negativa se citan en las notas al texto casos de Illinois, Missouri, Iowa y Oklahoma, y para man-tener la afirmativa se citan casos de Arkansas, Nebraska, Carolina del Norte, Texas, Virginia, Connecticut y Puerto Pico. En los Estados de Louisiana y Kentucky, se encuentran de-cisiones en un sentido y en otro.

La decisión nuestra que se cita se dictó en el caso de Puente v. Foote, Juez de Distrito, 17 D.P.R. 889, 891. En ella se dijo:

“La intervención de esas personas fué propiamente admitida porque la regla general en la jurisprudencia americana para estos casos, es permitir la intervención de personas a quienes pueda afec-tar la resolución que se dicte. (26 Cyc., 418.)
“Además, esta Corte Suprema en casos análogos como son los autos de certiorari ha permitido esa intervención siempre que se la ha demostrado estar interesado en el asunto.”

En el caso de Conlee v. Clay City et al., de Kentucky, reportado en 102 S. W. 862, se dijo:

“La corte acertadamente autorizó que los dos contribuyentes y electores de la ciudad fueran hechos partes y defendieran el litigio, al aparecer que existía colusión entre los demandados y el deman-dante. El alcalde y el concejo son meramente los representantes de los vecinos de la municipalidad y cuando se confabulan con el de-mandante es propio que los ciudadanos de la ciudad presenten su defensa, si así desean hacerlo, ya que de lo contrario la corte no co-nocería la verdad.”

En el de Johnston et al. v. Conway, 237 S.W. 80, 82, la Corte Suprema de Arkansas, decidió:

“A una petición de los apelantes para que se les hiciera parte en los procedimientos y alegando que ellos eran contribuyentes y que estaban interesados en el resultado del litigio, petición que es-taba debidamente jurada, la corte resolvió acertadamente al permi-tir que los apelantes intervinieran y que se les tratara como partes demandadas. Además no hubo réplica alguna a la solicitud de los apelantes para que se les hiciera partes en el litigio. No habiendo la apelada presentado objeción alguna en la corte inferior a la re-solución de la corte autorizando que se hiciese a los apelantes partes demandadas, ella no puede ahora suscitar ante esta corte esa cues-tión por primera vez. Hadley v. Bryan, 70 Ark. 197, 66 S. W. 921; Williams v. Bennett, 75 Ark. 312, 88 S. W. 600, 112 Am. St. Rep. 57.”

La Corte Suprema de Nebraska en el caso de First National Bank of Neligh v. Lancaster et al., 74 N. W. 858, aplicando un precepto general contenido en el Código de En-juiciamiento Civil del estado, similar al artículo 72 del nues-tro, se expresó así:

“El peticionario insiste en que el banco es un mero intruso en el caso y que no debe permitírsele que ataque la sentencia ya sea correcta o incorrecta. Pero creemos que no se cometió error alguno al permitir la intervención. El auto de mandamus ya ha dejado de ser un auto privilegiado. Al ser el remedio adecuado es expe-dido como cuestión de derecho a instancias de un litigante particular. State v. Commissioners of Butler Co., 11 Kan. 67; Fisher v. Charleston, 17 W. Va. 63; State v. Commings, 17 Neb. 311, 22 N. W. 545. El artículo 50a del Código lee como sigue: ‘Cualquier persona que tenga o alegue tener interés en el asunto en litigio, en el éxito de cualquiera de las partes o algún derecho en contra de am-, bas, en cualquier asunto que esté pendiente o que se inicie en cual-quiera de las cortes del estado de Nebraska, podrá ser parte en una acción entre' cualesquiera otras personas o corporaciones, ya asocián-dose al demandante para reclamar lo que se pretenda en la petición o uniéndose al demandado para oponerse a las pretensiones del de-mandante o pidiendo algo en sentido adverso a las reclamaciones de demandante y demandado, bien antes o después de surgir la con-troversia en el litigio y antes de que dé comienzo el juicio’.”

La propia Corte Suprema de Nebraska en un caso deci-dido anteriormente, State ex rel. Graber v. Matley and others, 24 N. W. 200, había dicho:

“Es regla bien establecida que en materias de mero derecho pú-blico el pueblo es la verdadera parte interesada y en tales casos la negativa ilegal por parte de los funcionarios de actuar tiene tanto interés para un vecino como para el otro. People v. Collins, 19 Wend. 56; County of Pike v. State, 11 Ill. 202; The King v. Commissioners, 1 Term R. 146; Moses, Mand. 197, 198. En tales casos basta que el peticionario demuestre que es vecino y que como tal está interesado en el cumplimiento de las leyes. State v. Stearns, 11 Neb. 104; S. C. 7 N. W. Rep. 743; State v. Peacock, 15 Neb. 442; S. C. 11 N. W. Rep. 685; Hall v. People, 57 Ill. 313; State v. Judge, 7 Iowa, 202; Hamilton v. State, 3 Ind. 458; People v. Halsey, 37 N. Y. 348; State v. Shropshire, 4, Neb. 413. Y si cualquier vecino puede iniciar procedimientos para garantizar el cumplimiento de las leyes, cuando la decisión del caso podría afectar a todos los vecinos del condado, cualquier otro vecino ciertamente tiene el derecho de demostrar a la corte cualquier hecho que pueda destruir la acción. Esto hubiese sido así si se hubiera expedido una orden para mostrar causa en vez de un auto alternativo y el hecho de que se expidiera el auto no impide a la corte recibir una solicitud que demuestre que el auto fué expedido bajo una relación de hechos errónea. Por tanto, resolvemos que la solicitud de intervención fué hecha debidamente.”

Otras decisiones podrían citarse. La gran mayoría se refiere a intervenciones para oponerse a la expedición del auto, pero en Texas hemos encontrado una en que el inter-ventor sustituye al demandante y obtiene finalmente que el auto se expida a su favor. Nos referimos al caso de J. C. Wright v. Neathery, Adm’r., and another, reportado en 14 Tex. 212. La Corte Suprema, por medio de su Juez Wheeler, se expresó así:

“Dos errores han sido señalados para solicitar la revocación de la sentencia: primero, que habiéndose declarado con lugar la ex-cepción previa a la petición de los demandantes no existía pleito pendiente y por ende que no podía haber una intervención. Segundo, que habiéndose hecho la mensura para el demandante Harper, ella no podía sostener la reclamación del interventor. Al primer seña-lamiento podría contestarse que si bien es cierto que la excepción previa fué declarada con lugar,, no se dictó sentencia basada en ella a favor de la parte demandada. Se siguió el caso para dar al de-mandante la oportunidad de enmendar y se hallaba aún pendiente cuando el apelado intervino. El demandante pudo aún enmendar su petición y proseguir su litigio hasta sentencia final sobre los mé-ritos si así lo hubiese creído prudente, y el hecho de que dejara de hacerlo así no podía privar al interventor de su derecho a sostener su reclamación, la que había sido presentada antes de dictarse sen-tencia final en el caso. En su consecuencia la objeción no está bien fundada. ’ ’

Esclarecido este punto, procederemos al estudio y resolución de los señalamientos de error, comenzando por el último, o sea el que se refiere a la eos® juzgada. Dijo la corte de distrito en la relación del caso y opinión que sirve de base a su sentencia:

“Se invocó por la interventora la defensa de res judicata. Se re-fiere al caso No. 439 de Francisca Miranda et al. vs. Agustín Espi-nosa et al. y Agustín Balasquide, interventor, sobre mandamus. En aquel caso se declaró sin lugar la petición y también la demanda de intervención por falta de pruebas. La sentencia, como se observa, no constituye cosa juzgada en el presente caso, entre otras razones por-que ningún conflicto de intereses entre Francisca Miranda y Agus-tín Balasquide quedó resuelto por aquella sentencia; porque para que haya cosa juzgada es requisito indispensable que haya habido decisión en un pleito, sobre lo que haya sido objeto de otro pleito anterior; porque en el caso anterior, o sea el número 439 no fué re-suelto el hecho fundamental o cuestión esencial que aquí es resuelto por primera vez. Véanse Virella v. Virella, 22 D. P. R. 693; Ninlliat v. Suriñach, 27 D. P. R. 74.”

La demanda en el caso No. 439 fué- establecida por los Herederos de Martínez contra los mismos demandados en este pleito, en solicitud de que se expidiera un auto de mandamus ordenándoles el pago a dichos herederos de los mis-mos haberes de que aquí se trata. Pidió intervenir e inter-vino el aquí demandante Balasquide, alegando los mismos hechos que ahora alega en este pleito y pidiendo que la so-licitud de los Herederos de Martínez fuera denegada y en su lugar se expidiera el auto ordenando que el pago se ve-rificara a su favor en su carácter de cesionario de Martínez.

El pleito No. 439 fué a juicio y la Corte de Distrito de Bayamón lo resolvió por sentencia de 27 de noviembre de 1931, que es firme, declarando sin lugar tanto las pretensio-nes de los Herederos de Martínez como las del interventor Balasquide. De la relación del caso y opinión en que se funda la sentencia, transcribimos:

“Agustín Balasquídez alega, en síntesis, en su demanda de in-tervención, que Víctor Martínez, ‘le hizo cesión y traspaso de sus sueldos o salarios durante los meses de junio, octubre, noviembre y diciembre de 1930 y enero de 1931 otorgándole documentos de venta que fueron notificados y firmados por el Tesorero del Municipio de Cataño los que montan a la suma de $436.58, la que es de su exclu-siva propiedad; que ha requerido de pago a la demandada y se han negado porque el municipio carece de fondos y porque tienen cier-tas dudas sobre la forma en que dicho pago debe ser hecho debido al fallecimiento de Víctor Martínez, y que los demandados deben ser obligados a que hagan los libramientos correspondientes y el debido pago a su favor de los $436.58 en cuestión.
“Reanudada la vista del caso el 20 de noviembre de 1931, con asistencia de todas las partes y sus abogados, los peticionarios prac-ticaron prueba ofreciendo únicamente la documental del decreto de esta Corte de 9 de junio de 1931, declarando a los aquí peticionarios y a Victoria Martínez los únicos y universales herederos de Víctor Martínez. Terminada su prueba, los demandados y el interventor alegaron que no tenían prueba que ofrecer; y el caso quedó con-cluso para sentencia.
“Como se observa, el único hecho de la petición que quedó pro-bado mediante evidencia, fué la capacidad legal de los peticionarios para establecer el presente recurso. Y, por admisión de los deman-dados, que Víctor Martínez falleció y era Auditor del Municipio de Cataño; que disfrutaba de un sueldo de $1200 anuales; que se le adeudan los salarios totales de junio, noviembre y diciembre de 1930, la mitad del de octubre de 1930, y $86.58 correspondientes a enero de 1931; que ese dinero no ha sido pagado o satisfecho.
“Cuando se reclama el sueldo de un funcionario municipal, figu-rando la asignación en el presupuesto corriente, el deber del conta-dor municipal de expedir los libramientos necesarios es nn deber ministerial. 18 R. C. L. 221, 224; Buitrago v. Medina, 33 D. P. R. 433. En esos casos procede el auto de mandamus. Pero para que una solicitud de mandamius pueda ser tenida en consideración, es necesario que antes se haya suplicado al demandado que ejecute el acto a cuyo cumplimiento se trata de obligarle y que éste se haya negado a ello. 38 C. J. 579, párr. 53; Zavala v. Consejo, 9 D. P. R. 211; Morales v. Wilson, 16 D.P.R. 751; Coll v. Arsuaga, 24 D. P. R. 585; United States v. Boutwell, 84 U. S. 607; 2 Bouvier’s Law Dictionary; Crandall v. Amador County, 20 Cal. 72; Oraville v. Plumas, 37 Cal. 362; People v. Romero, 18 Cal. 92; Tapping on Mandamus, 282.
“Los peticionarios alegaron que los demandados fueron requeri-dos. Los demandados negaron específicamente tal hecho. Ninguna prueba presentaron los peticionarios para sostener la alegación de un previo requerimiento. Y a este respecto se ha dicho:
£ ‘ ‘ Inasmuch as this necessary prerequisite of the law has not been complied with by the applicants for the writ of mandamus in this case, the court might well decline to go further in the matter.’ Zavala v. Consejo, 9 P. R. R. 191, 194.
“La solicitud debe ser, y es, declarada sin lugar. Y no habiendo el interventor probado las alegaciones de su demanda, ésta es asi-mismo declarada sin Ligar.”

A nuestro juicio existe entre este caso y el No. 439 ya re-suelto la perfecta identidad entre las cosas, las causas, ]as personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron que exige el Código Civil, artículo 1204, ed. 1930, para que surta sus efectos la presunción de cosa juzgada.

Balasquide tuvo una plena oportunidad en el caso de mandamus iniciado por los Herederos de Martínez para compa-recer como compareció y hacer valer su derecho. Su caso se juzgó en sus méritos. “Y no habiendo el interventor pro-bado las alegaciones de su demanda, ésta es asimismo de-clarada sin lugar,” dijo y resolvió la corte de distrito. Si no presentó prueba, culpa suya fué, y no tiene ahora dere-cho a recurrir de nuevo al tribunal para que le resuelva la misma cuestión que anteriormente suscitara.

En el caso de Bingham v. Kearney, 136 Cal. 175, 177, la Corte Suprema del estado dijo, en parte, lo que sigue:

“Ella se confronta ahora con la presunción de que todos los he-chos y cuestiones en controversia fueron resueltos en el pleito anterior y con la presunción adicional de que la sentencia en el litigio anterior es correcta. Si ella dejó de probar propiamente su recla-mación, o de presentar la debida prueba en el primer litigio, no se le permitirá ahora que la ventile por segunda vez. Los principios aquí enunciados son elementales. Ellos aparecen en el reciente caso de Quirk v. Rooney, 130 Cal. 510.”

Y refiriéndose a casos de mandamus, dice Corpus Juris, resumiendo la jurisprudencia sobre el particular:

“Es cuestión bien establecida que una sentencia final dictada so-bre los méritos de una solicitud para que se expida un auto alter nativo de mandamus cae dentro del principio de res judicaia, e im-pide que la misma parte y bajo las mismas circunstancias acuda en solicitud del mismo auto, así como cualquiera otra acción que en-vuelva las mismas cuestiones y en que se solicite el mismo remedio. Mas cuando la decisión no va a los méritos del caso, ella no es un impedimento {bwr); también se ha resuelto que cuando el mandamus no procede como cuestión estricta de derecho sino que puede ser de negado a discreción de la corte, el hecho de que se niegue ese reme dio no impide una acción posterior.” 34 C. J. 760.

Aquí el mandamus solicitado por Balasquide en el pleito No. 439 no fue negado ejercitando la corte su discreción, sino porque habiendo Balasquide ejercitado su derecho y te-nido una amplia oportunidad para probar sus alegaciones, no lo hizo.

Bastaría lo expuesto para la revocación de la sentencia apelada en cuanto a Balasquide, pero la resolución del caso se complica por el remedio afirmativo que solicitan los in-terventores y debemos proseguir en su estudio.

El primero de los señalamientos de error no está bien fundado a nuestro juicio. Bajo la autoridad del caso de Valladares v. Berríos, Auditor, 38 D.P.R. 682, nos inclinamos a creer que Balasquide pudo recurrir al procedimiento de mandamus para liacer valer un derecho de la naturaleza del que se invoca en este caso.

El segundo señalamiento de error se formula así:

“La Corte erró al no declarar con lugar la moción para desesti-mar la petición de mandamus, y al no estimar en este procedimiento que los documentos privados que se alega fueron suscritos por Víctor Martínez, sólo eran unas meras órdenes al Tesorero para que retu-viera en su poder el cheque. Y como es de suponerse que cuando se daban esas órdenes el cheque estaba ya por expedirse a favor de Víctor Martínez, tal orden de pago o cheque debía ser suscrito por los herederos de Víctor Martínez o por el mismo si no hubiera muerio. Pero nunca para que sirviera de orden de pago al Auditor contra-riando el Reg. del Aud. de P. R.”

Los documentos de que se trata son cinco pero todos es-tán redactados en forma igual. Bastará transcribir uno de ellos, el primero,o que dice:

“Yo, Víctor Martínez, mayor de edad, empleado del Municipio de Cataño, P. R., y vecino de esta ciudad, por el presente y por la suma de CIEN dólares, que confieso haber recibido del señor Agustín Balasquídez, en dinero efectivo cedo y traspaso a favor de dicho se-ñor el importe total de mis haberes o sueldo que como tal empleado municipal me corresponde por el mes de junio de mil novecientos treinta.
“Por el presente, y en virtud del acuerdo celebrado a tal efecto autorizo al Tesorero Municipal, Dr. Fernando Boneta, para que con este documento auténtico com'o justificante del mencionado traspaso entregue a dicho señor Agustín Balasquídez mi cheque por haberes o sueldo que como tal empleado municipal de esta ciudad de Cataño, P. R., correspondiente exclusivamente al mes arriba expresado. (Fdo.) Víctor Martínez, Empleado Municipal.— (Fdo.) Dr. Boneta, Tesorero Municipal. ’ ’

Impugnando el error sostiene el apelado Balasquide que se trata de una verdadera venta, debiendo el Tesorero Municipal proceder al pago del salario vendido. Sin embargo, si bien en la primera parte del documento se dice que se cede y traspasa el importe del sueldo, en la segunda a lo que se autoriza al Tesorero es a la entrega del cheque, que como es sabido se expide a nombre del funcionario que presta el ser-vicio, requiriendo su endoso o el de sus herederos en su caso para poder ser cobrado por otra persona.

El tercer señalamiento es como sigue:

“Que la Corte cometió error porque los documentos que se pre-sentaron por el demandante Agustín Balasquídez, para su pago, eran documentos privadas, y el Auditor tiene que exigir que se le presen-ten documentos auténticos, ante Notario, o documentos públicos, para poder ordenar el pago.”

En el acto de la vista de modo insistente se opusieron los interventores Herederos de Martínez a la admisión como prueba de los documentos de cesión, basándose en que no eran públicos ni auténticos por sí mismos.

En el caso de Valladares v. Berríos, Auditor, supra, se transcribió la sección 17, inciso (a) del Reglamento promul-gado por el Auditor de Puerto Rico páralos auditores mu-nicipales que dice:

“Los Auditores Municipales no podrán extender libramientos a favor de personas que no sean acreedores directos del municipio, o herederos de éstos en caso de muerte de aquéllos; ni reconocerán tras-pasos de haberes de ninguna clase de un individuo a otro, extendiendo siempre todo libramiento a favor de la persona, o herederos de ésta, que prestó el servicio o suministró los materiales, a menos que por mutuo acuerdo, dichos traspasos sean hechos por documento autén-tico o escritura ante notario, debiendo en este caso el auditor municipal conservar como justificante del traspaso copia de la expresada escritura o documento.”

Sólo pueden reconocerse, pues, por los auditores muni-cipales los traspasos cuando constan en documento autén-tico o escritura pública y aquí se trata de meros documentos privados.

La corte de distrito permitió con la oposición de los interventores que se practicara prueba ante ella reconociendo como auténticas las firmas que figuran al pie de los docu-mentos, y se sostiene que una vez que las firmas fueron así reconocidas no puede negarse que se trata de documentos au-ténticos.

No estamos conformes. Éste es nn procedimiento de mandamuts. La situación jurídica que hay que considerar es la que surge en el momento que se requiere al demandado y no después. La autenticidad debió ser plena antes de re-currirse a la corte.

Lo que nos hace dudar en relación con este extremo en este caso concreto es la circunstancia de que si bien los do-cumentos no tenían el carácter de auténticos para todo el mundo, quizá debiera concluirse que lo tenían en cuanto a los demandados por figurar en ellos la firma del tesorero del municipio de que dichos demandados son funcionarios.

Se sostiene, por último, por el cuarto señalamiento, que erró la corte al reconocer validez a la cesión del sueldo de enero cuando se trata de un acto nulo por ser contrario a la política pública, ya que la cesión se hizo antes de deven-garse el sueldo.

Llama la atención en verdad que los documentos no tie-nen fecha. Se declaró que se otorgaban el día último de cada mes, pero cuando se llegó al de enero, como el funcio-nario murió el 27 de dicho mes, hubo de reconocerse que lo había sido antes, vacilándose en la exacta fijación del día del otorgamiento.

Precisa, pues, concluir que por lo menos uno de los do-cumentos en que se basa la reclamación de Balasquide y ai que se le reconoció todo su valor por la corte de distrito, es nulo.

En el caso de Schmitt v. Dooling, reportado en 36 L.R.A. (N.S.) 881, 885, la Corte de Apelaciones de Kentucky, dijo:

“Se ha resuelto frecuentemente que un funcionario público no puede anticipar su salario; es decir, no'puede cederlo antes de estar vencido. La razón de esta regla, según la consignan todos los tribunales de este país y de Inglaterra, es que va contra el orden pú-blico permitir que eso se haga, por el fundamento de que sería en menoscabo del servicio permitir a un funcionario que perciba por anticipado su paga; que perdería interés en su trabajo; y que sus servicios serían por consiguiente menos valiosos.
“En Holt v. Thurman, 111 Ky. 84, 98 Am. St. Rep. 399, 63 S. W. 280, esta Corte tenía bajo consideración el derecho del abogado de una ciudad empleado por salario fijo, a ceder una parte del mismo que no había ganado, y, al resolver que no era una política pública sana permitirle que lo hiciera así, adoptó el texto que sobre esta ma-teria se halla en la American & English Encyclopedia of Law, vol. 2, 21 ed., pág. 1033, como expresivo de la mejor razón para la exis-tencia de la regla. El texto es como sigue: ‘La protección que así se extiende a los que se dedican al cumplimiento de deberes públicos no se basa en el motivo de su interés privado sino en la necesidad de lograr la eficiencia del servicio público, asegurándose de que los fon-dos provistos para su mantenimiento sean recibidos por aquellos que han de desempeñar el trabajo en los períodos fijados para su pago. La cesión de tales fondos antes de que hayan vencido perjudica la eficiencia del servicio público y es nula, tanto en ley como en equi-dad, por ser contra el orden público.- ’
“Un estudio de todas las autoridades que resuelven que es contra el orden público permitir a un funcionario del pueblo que tras-pase una parte no ganada de su salario demuestra que se basó en el mismo principio, a saber, que tales cesiones, de ser consentidas, se-rían en detrimento del servicio.”

T en el caso de Bangs v. Dunn, 66 Cal. 72, la Corte Su-prema del estado se expresó así:

“El apelante alega que la regla inglesa, que sostiene que una ce-sión por un funcionario de su salario antes de vencer es 'contraria al orden público y nula, no tiene aplicación al estado de cosas de este país. Así se resolvió en State Bank v. Hastings, 15 Wis. 78. Por otra parte, se resolvió por la Corte de Apelaciones de Nueva York que tal cesión era contraria al orden público y nula. (Bliss v. Lawrence, 58 N. Y. 442.) Creemos que la conclusión del tribunal de Nueva York está sostenida por el razonamiento más satisfactorio.”

Aunque no se estimara, pues, la existencia de la cosa juzgada, siempre procedería la revocación de la sentencia recurrida. En casos de mandamus debe surgir claro, pa-tente, el derecho del peticionario y el deber del demandado, para que esté justificada la expedición del auto, y aquí no surge de tal modo.

Ahora bien, ¿puede, habiendo en consideración todo lo expuesto, expedirse el auto a favor de los herederos del funcionario fallecido?

En primer lugar, cabe preguntar si habiéndose desesti-mado la primera solicitud de mandamus establecida directa-mente por los herederos de Martínez no quedó también en cuanto a ellos juzgada la cuestión. La respuesta tendría que contestarse en la negativa porque aquel caso en cuanto a ellos no quedó decidido por sus méritos como quedó en cuanto a Balasquide. La petición de los herederos se desestimó sim-plemente por no haber cumplido con el necesario requisito del requerimiento previo a los demandados. Cumplido ese requisito y negado el pago, pudieron impetrar entonces váli-damente el auxilio de la corte.

La segunda pregunta que cabe formular es la de si de-mostraron un derecho claro a percibir los haberes. A nues-tro juicio debe contestarse también en la negativa.

No es posible dejar de reconocer alguna fuerza a la praeba aportada por Balasquide. Ya dijimos que sólo procedía re-currir al remedio de mandamus cuando se trata de derechos claros por parte del demandante y de deberes imperativos por parte del demandado. Y aquí los documentos de cesión, cuatro de ellos, arrojan por lo menos sombra al derecho de los herederos a percibir los haberes devengados por su cau-sante, y bajo tales circunstancias el mandamus no procede.

Hasta que la contienda existente entre las partes no sea solucionada privadamente entre las mismas o hasta que una corte competente en el procedimiento adecuado la decida, no existirá un derecho claro al cobro por parte de alguien en este caso que deba ser ineludiblemente reconocido por los funcionarios del municipio deudor.

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la senten-cia recurrida y negarse la expedición del auto tanto en cuanto-ai peticionario como en cuanto a los interventores, todo sin especial condenación de costas.


author: El JTitez Peesidente Señor del Toro,

text:
    Rafael Carrión, en su carácter de Administrador Judicial del Banco Comercial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eugenio Toral e Ignacia Cruz, demandados y apelantes.
    No. 6383.

    Sometido: Junio 12, 1933.

      Resuelto: Julio 26, 1933.

      José Carbia Miranda, abogado de los apelantes; Jame Sifre Jr. y F. Oohoteco Jr., abogados del apelado.
   El JTitez Peesidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En abril 11, 1932, Rafael Carrión, en sn carácter de Administrador Judicial del Banco Comercial de Puerto Rico, demandó a Eugenio Toral y a su esposa Ignacia Cruz, en cobro de un crédito hipotecario de |3,000 por la vía ordina-ria. Veinte y seis días después archivó una demanda en-mendada agregando a la anterior el hecho de que los espo-sos Toral-Cruz con posterioridad a la hipoteca constituida a favor del demandante, otorgaron otra a favor de la West India Oil Co. por $2,500, y el de que también eon posterio-ridad a la hipoteca la finca gravada fué embargada para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse en pro de Manuel Ramos Pérez en pleito que seguía contra los dichos esposos Toral-Cruz. La West India Oil Co. y Manuel Ramos Pérez fueron hechos partes demandadas, pidién-dole que al dictarse sentencia en caso de que hubiere nece-sidad de vender el inmueble hipotecado para cobrar la deuda, quedaran cancelados la hipoteca y el embargo posteriores.

Eugenio Toral e Ignacia Cruz fueron emplazados el 2 de mayo siguiente y el 9 la West India y Manuel Ramos.' El 7 de junio, 1932, comparecieron los esposos Toral-Cruz y excepcionaron la demanda. Su excepción fué declarada sin lugar el 20 del propio mes. Contestaron en julio 11, 1932, negando general y específicamente todos y cada uno de los hechos de la demanda. Los otros demandados faltaron en comparecer, anotándose su rebeldía en septiembre 20, 1932.

Así las cosas, fué el pleito a juicio el 7 de octubre último con asistencia del demandante y de los demandados Toral y Cruz por sus respectivos abogados.' Alegaron dichos deman-dados falta de jurisdicción en la corte y su excepción fué de-clarada sin lugar. Practicó prueba testifical el demandante de la cual resulta claramente comprobada su reclamación. No presentaron prueba los demandados Toral y Cruz y la corte dictó sentencia “condenando a los demandados Eugenio Toral e Ignacia Cruz a satisfacer al demandante la suma de $3,000 como importe del principal del crédito hipotecario cuyo cobro es motivo de la presente acción ... T se dis-pone que si los demandados Eugenio Toral e Ignacia Cruz no procedieren a satisfacer el importe de las sumas recla-madas, se proceda a la venta en pública subasta de los dos inmuebles descritos en la demanda; y que una vez celebrada dicha'subasta los bienes en cuestión queden libres de los gra-vámenes que tienen sobre los mismos los otros demandados West India Oil Co. y Manuel Ramos Pérez a cuya cancela-ción inmediata deberá proceder el Registrador de la Propie-dad.”

Contra esa sentencia los demandados Toral y Cruz ape-laron para ante este tribunal, radicando la transcripción en .mayo 29 último.

En mayo 31 el demandante y apelado pidió la desestima-ción del recurso por frívolo. Los apelantes no comparecie-ron a la vista de la moción celebrada en junio 12, pero se opusieron a la desestimación por escrito, alegando que están envueltas en el recurso cuestiones de jurisdicción que no son frívolas.

Sostienen que de los emplazamientos no resulta que los demandados lo fueran de la demanda enmendada. La corte de distrito en la opinión que sirvió de base a su sen-tencia dilucida y resuelve la cuestión suscitada, debidamente así:

“Se ha alegado por los demandados Toral y Cruz que esta corte no ha adquirido jurisdicción sobre todas las partes en el pleito por-que los demandados West India Oil Co. y Manuel Ramos Pérez fue-ron notificados erróneamente de la demanda original según aparece del certificado de diligenciamiento del márshal. La demanda enmen-dada fué radicada en 27 de abril de 1932 y en igual fecha expedidos los emplazamientos. Las citaciones fueron cumplidas por los marshals en 2 y 9 de mayo de 1932, haciendo constar ambos que se en-tregó a cada uno de los demandados copia de la demanda en el pleito mencionado. No se practicó prueba alguna de que a los demanda-dos West India Oil Co. y Manuel Ramos Pérez se les entregara por el márshal copia de la demanda original de 11 de abril de 1932 y no copia de la demanda enmendada de abril 27 de 1932. La pre-tensión se descansa en que según los certificados de los márshals se entregó a cada uno de los demandados ‘copia fiel y exacta de la de-manda.’ Las citaciones o emplazamientos en este caso lo constitu-yen impresos con sus blancos adecuadamente llenados; y el certi-ficado de diligenciamiento del márshal es también una fórmula im-presa -cuyos blancos aparecen llenados. La frase ‘ copia fiel y exacta de la demanda en el pleito mencionado’ aparece impresa.
“Se ha invocado el caso de Gaudier vs. García, 10 D. P. R. 26, pero no es aplicable al presente. Allí se resolvió que ‘la falta de citación de algunos de los demandados para contestar la demanda impide que la corte adquiera jurisdicción sobre todas las partes del juicio, y vicia de nulidad el procedimiento, y la sentencia que se hu-biere pronunciado en el juicio.’ Claramente se refiere el caso a uno en que ha ocurrido la falta de citación de alguno de los demanda-dos. En nuestro caso aparecen citados y notificados todos y cada uno de los demandados.
“El hecho de que los marshals no hayan enmendado o corregido la parte impresa del certificado añadiendo la palabra ‘enmendada,’ después de la de ‘demanda,’ no implica, sobre todo en ausencia de prueba en contrario, que la copia de la demanda entregada a. los de-mandados "West India Oil Co. y Manuel Ramos Pérez no fuera aquélla en que ellos figuran como demandados, o sea, la demanda enmendada. No debe olvidarse que en la demanda original no fi-guraban estos dos demandados. Ellos nada alegaron en esta corte. La única noticia que se tiene de que ellos no recibieron copia de la demanda enmendada es la sola manifestación de los demandados Toral y Cruz en moción no escrita ni jurada.”

Levantan en su oposición un nuevo punto los apelan-tes y es el de que no habiéndose hecho constar originalmente que la persona que diligenciare el emplazamiento tuviera más de diez y ocho años sin que se enmendara mmc pro tune para hacerlo así constar, el emplazamiento es nulo y en su con-secuencia la corte actuó sin jurisdicción. Invocan lo resuelto por esta Corte Suprema en el caso de Quintana et al. v. Aponte, Juez, y Centeno, 26 D.P.R. 196.

La cuestión carece de importancia. En el caso invocado dijo esta Corte:

“El emplazamiento no se hizo por el marshal. Esto está admi-tido. Siendo ello así, sólo pudo llevarlo a efecto otra persona que reuniera las condiciones expresamente exigidas por la ley. Una de esas condiciones es la de que tal persona fuera mayor de diez y ocho años. No consta del diligenciado que lo fuera. No se ha solicitado la enmienda de dicho diligenciado mine pro tune para hacerlo así constar. (Woodward v. Brown, 119 Cal. 299.) Cuando se celebró, la vista de la moción del demandado solicitando la nulidad de la sentencia en la corte municipal, el demandante faltó en comparecer. Y examinada la propia solicitud de certiorari se observa que en nin-guna parte de la misma se sostiene que la persona que hizo el em-plazamiento era en realidad de verdad mayor de diez y ocho años. Bajo tales circunstancias ¿puede sostenerse que la corte adquirió jurisdicción sobre el demandado? Una respuesta negativa se im-pone, a nuestro juicio.”

Y aquí los emplazamientos de los demandados West India Oil Oo. y Manuel Bamos, aparecen practicados el primero por: “M. Náter Girona, Márslial, Por Severo Aybar (Pdo) Márshal Auxiliar” — San Juan — y el segundo por “Bamón. Barrios, Márslial, Por (fdo) Francisco Miranda, Márslial Au-xiliar ’ ’■ — Bayamón.

No debe perderse de vista que los apelantes son los es-posos Toral-Cruz deudores directos del demandante que com-parecieron sometiéndose a la jurisdicción de la corte y que los otros demandados lo fueron únicamente a los efectos de la cancelación de los gravámenes que tenían constituidos a su favor sobre la finca hipotecada.

En cuanto a la prueba de la acción, ni siquiera se incluye en la transcripción del récord. Quedó en el juicio y perma-nece incontrovertida.

La moción debe declararse con' lugar desestimándose en su consecuencia por frívolo el recurso.


author: El Juez Pbesidente Señoh del Tolo,

text:
    Emigdio Isern Jiménez, demandante y apelado, v. Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, demandada y apelante.
    No. 6410.

    Sometido: Junio 3, 1933.

      Resuelto: Julio 26, 1933.

      Don. Procurador General Charles E. Winter y E. Aldrey, Subpro-curador, abogados de la apelante; Arturo Aponte j B. García Quiñones, abogados del apelado.
   El Juez Pbesidente Señoh del Tolo,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación del recurso interpuesto en este caso por haberse dilatado innecesariamente su tramita-ción y por ser frívolo.

De los autos resulta que en enero 21, 1929, Emigdio Isern, pidió a la Corte de Distrito de Humacao que expidiera un auto de mandamus dirigido a la Junta Examinadora de In-genieros para que le otorgara la necesaria licencia para el ejercicio de su profesión de ingeniero electricista.

A la petición se acompañó copia de la declaración jurada presentada por el peticionario a la junta con su solicitud. De ella aparece que el peticionario, de 1892 a 1898, trabajó en el Gobierno Insular como telegrafista en varias poblacio-nes de la Isla; de 1899 a 1902, estuvo empleado en la S. A. Luz Eléctrica de San Juan, P. R., atendiendo al cuadro de distribución y a las dínamos por la noche y por el día a la extensión de líneas en la ciudad; de 1902 a 1904 fué director de la planta eléctrica del Municipio de Arecibo; de 1904 a 1909 fué inspector de las instalaciones de alumbrado público, de calefacción, de motores, etc., en San Juan, de la P. R. Ry. Light Co., y desde 1909 hasta la fecha de la declaración es-tuvo ocupado en la agencia de Humacao de dicha compañía atendiendo a las extensiones de líneas tanto primarias como secundarias, montaje de transformadores, motores, cocinas, calentadores y toda clase de aparatos tanto de Humacao como de Yabucoa, Naguabo y Las Piedras, haciendo toda clase de instalaciones para alumbrado, fuerza y calefacción. Y alegó el peticionario que no habiéndose presentado ante dicha junta prueba alguna para desvirtuar su declaración jurada, la junta estaba obligada de acuerdo con la ley a espedirle la licencia, y eso no obstante se negó a librarla.

El auto fué expedido. Contestó la junta aceptando todos los hechos referentes a la solicitud pero negando que se hu-biera demostrado que el peticionario hubiera ejercido como ingeniero electricista por un período mayor de tres años con anterioridad a la fecha en que fué aprobada la Ley No. 31. de 1927. Como defensas especiales alegó que tenía facultad discrecional para apreciar la prueba que le fuera sometida, que el recurso de mandamus era improcedente y que la de-claración jurada del peticionario no demuestra el ejercicio de la ingeniería eléctrica.'

La contestación tiene fecha abril 8, 1929. Transcurrieron más de tres años sin que nada al parecer se actuara en el li-tigio, hasta que en enero 25, 1933, fué llamado para vista. Compareció el demandante por su abogado y la demandada por medio del fiscal del distrito. Ambas partes sometieron el caso por lo que aparecía de los autos y la corte lo resolvió por sentencia dictada el 10 de febrero siguiente en contra de la demandada. Ésta apeló en marzo y no radicó la trans-cripción hasta junio treinta.

No nos incumbe considerar la dilación en la tramitación del caso en la corte de distrito; la que se observa en el ar-chivo de los autos ante esta Corte Suprema, podría servir de base a la desestimación, ya que se trata de una transcripción de quince páginas a dos espacios que pudo radicarse sin ne-cesidad de solicitud de prórroga alguna, pero preferimos en-trar en los méritos del asunto a los efectos de decidir si el recurso es o no frívolo.

Que el recurso de mandamos es procedente en ca-sos de esta naturaleza ha sido resuelto varias veces por este tribunal. Llovet Díaz v. Junta Examinadora de Ingenieros, 40 D.P.R. 583; Arán v. La Junta Examinadora, 40 D.P.R. 589; González v. La Junta, 40 D.P.R. 591; Flores v. La Junta, 40 D.P.R. 592; Mateo v. Junta, 40 D.P.R. 594, y Serra v. Junta, 43 D.P.R. 759.

“Cuando los documentos sometidos por el que solicita li-cencia de la Junta Examinadora de Ingenieros, bastan para sostener un caso prima facie, en ausencia de cualquier prueba en contrario, el deber ministerial de la Junta es expedirle licencia y de negarse a ello puede ser obligada a que la ex-pida mediante mandamusse resolvió en el último de dichos casos — Berra v. Junta, supra — siguiendo la clara juris-prudencia establecida en los primeros.

Aquí no hubo prueba en contrario. Debe partirse de la certeza de los hechos que contiene la declaración jurada del peticionario. Sostiene la junta que de ellos no surge que el peticionario hubiera ejercido de hecho la profesión de inge-niero eléctrico con tres años de anterioridad a la ley sobre la materia, pero no hemos tenido el beneficio de los argu-mentos en que funda su contención.

La sección 9 de la Ley No. 31 de 1927, leyes de 1927 pág. 187, en lo pertinente, dice:

“Sección 9. — En cualquier tiempo dentro de los seis meses sub-siguientes a la fecha en que esta Ley empiece a regir, la junta ex-pedirá una licencia para el ejercicio de la profesión de ingeniero, arquitecto o agrimensor a cualquier persona que * *
“(5) Haya estado en el ejercicio de la profesión de ingeniero, arquitecto o agrimensor por no menos de tres años con anterioridad a la fecha de la aprobación de esta Ley.
“A menos que exista prueba en contrario, la junta aceptará como evidencia satisfactoria la declaración jurada, expresada en la soli-citud, de que el solicitante ha ejercido la profesión de ingeniero, ar-quitecto o agrimensor por un período de tres años.”

Juzgando por sí misma la corte de distrito estimó que la demostración de práctica que surge de la declaración jurada del peticionario era suficiente, y actuó en justicia a nuestro juicio.

La ingeniería eléctrica es, dice la Nelson’s Encyclopedia, “aquella rama de la ingeniería que tiene como idea básica el control de la energía eléctrica para el servicio humano con la mayor eficiencia que sea compatible con la inversión eco-nómica. Puede dividirse de acuerdo con la clase de servicio envuelto en: telefónica, telegráfica, electroquímica, electrofe-rroviaria, generación y trasmisión de energía, aplicaciones in-dustriales, alumbrado, etc. No se puede hacer una clasifi-cación rígida, sin embargo, toda vez que muchos de estos ser-vicios dependen entre sí.' En todas las divisiones pueden ob-servarse más o menos claramente tres clases de esfuerzo: (1) esfuerzo inventivo que abarca la investigación de los fe-nómenos, y el diseño y construcción de aparatos para utili-zar descubrimientos; (2) el esfuerzo para el desarrollo del servicio, que abarca el estudio de las condiciones naturales, agrupación de la maquinaria y estudio y construcción de obras completas a fin de utilizar las fuerzas naturales y las inven-ciones humanas; (3) esfuerzo o gestión relativa al funciona-miento, que abarca la manipulación diaria de las máquinas y el suministro del servicio.”

No se trata aquí de un inventor, ni de un hombre que pu-diera llamarse de ciencia, pero el hecho de que el peticiona-rio viene dedicado desde hace más de cuarenta años a una práctica constante en relación con obras a virtud de las cua-les la electricidad transformada en fuerza o luz se pone al servicio inmediato de la comunidad, es evidente.

Siendo frívolo, en verdad, debe declararse con lugar la moción del apelado y en su consecuencia desestimarse el re-curso, a fin de no dilatar más la ejecución de la sentencia dic-tada por la-corte de distrito.

El Juez Asociado Señor Aldrey no intervino.


author: El Juez Asociado Senos, Aldbey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Irlanda, acusado y apelante.
    No. 4885.

    Sometido: Diciembre 13, 1932.

      Resuelto: Julio 26, 1933.

      Angel Fiól Negrón, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Senos, Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

José Irlanda fue denunciado por delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, imputándosele que siendo un varón adulto y de fuerzas corpulentas, voluntaria y maliciosamente, con intención de causar un grave daño corporal al niño de 13 años de edad Felipe E-nbero lo aco-metió y agredió con un tubo de hierro infiriéndole una he-rida contusa en la-cabeza, de carácter grave, que le produjo lá fractura y depresión del cráneo. Condenado por ese de-lito con circunstancias agravantes, interpuso este recurso de apelación.

Los motivos alegados para sostenerlo son: porque el jui-cio no se celebró en la Corte de Distrito de Ponce dentro de los 120 días siguientes a la radicación de los autos apelados de la corte municipal, sin haber existido justa causa para esa dilación; y porque no debió ser condenado con circuns-tancias agravantes porque no se probó que las heridas in-feridas eran graves, que el acusado era un varón adulto de fuerzas corpulentas ni que el agredido fuera un niño.

Los autos en apelación de la corte municipal fueron recibidos en la Corte de Distrito de Ponce el 20- de junio de 1931 y la vista como un juicio de nuevo fué señalada para el día 23 de julio siguiente. El día anterior al señalado fué vista con intervención del abogado del apelante una moción del fiscal para que el juicio fuese suspendido para otra fe-cha y la corte accedió a la petición del fiscal.

Toda la cuestión a decidir ahora sobre ese extremo es si existió justa causa para esa suspensión acordada con la opo-sición del apelante, pues si la hubo no existe el error alegado en primer término, ya que desde ella hasta el día en que luego se celebró el juicio no mediaron los 120 días a que se refiere el artículo 448, número segundo, del Código de Enjuiciamiento Criminal. El fiscal fundó su solicitud en una certificación médica de la misma fecha de su petición en la que el Dr. Pas-salacqua dice que examinó a Felipe Rubero, que la herida del cráneo está infectada y que según informes radiográficos por el Dr. A. Mayoral, existe la formación de secuestros, lo cual hace necesaria una intervención quirúrgica. En vista de esa certificación fué que la corte suspendió el juicio.

El hecho de que el agredido se encontrase en las condi-ciones que expresaba la certificación médica nos parece que era justa causa para la suspensión del juicio como decretó la corte inferior. En el caso de El Pueblo v. Ibern, 31 D.P.R. 917, en el que la suspensión fué decretada sin audiencia del acusado mientras un testigo esencial estaba tratando de re-cuperar su salud, se consideró que había justa causa para la suspensión del juicio. Además, se evitó con esa suspensión que celebrándose el juicio pudiera iniciarse después otro pro-cedimiento si el agredido moría como consecuencia de la he-rida infectada o de la operación quirúrgica, evitándose así también gastos para ambas partes. En consecuencia, no existe el primer error alegado.

La ley de 10 de marzo de 1904, Estatutos Revisa-dos 5664, dice que todo acometimiento y agresión será consi-derado con circunstancias agravantes en los casos que especi-fica. Entre ellas se encuentran las siguientes: “ó* Cuando se cometiere por un varón adulto en la persona de una mu-jer o niño, o por una mujer adulta en la de un niño . . . 7-Cuando se infiere una herida grave a la persona agredida.”

En el juicio se probó que el acusado es un varón adulto, porque un testigo no contradicho declaró que tenía más de 21 años de edad, pues representa tener de 35 a 36 años. Tam-bién se probó que el agredido Felipe Rubero es un niño, por-que no solamente así fué llamado por los testigos del fiscal, por alguno de la defensa y por el abogado de ésta, sino que el policía insular Julio G-uzmán, que lo conocía desde dos años antes, declaró que tiene de 13 a 14 años de edad; y si bien es cierto que el juez de la corte dijo en una ocasión que a su parecer tiene de 14 a 16 años, también lo es que en otra manifestó que tenía de 13 a 14 años de edad. Igualmente se probó en el juicio que las heridas en la cabeza con rotura del cráneo son generalmente graves. Por consiguiente, pro-badas las circunstancias agravantes imputadas, no puede sos-tenerse tampoco el segundo y último motivo del recurso.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe Cóedova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Germán Muñiz Núñez, acusado y apelante.
    No. 5132.

    Sometido: Julio 10, 1933.

      Resuelto: Julio 26, 1933.

      V. Polanco de Jesús, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señoe Cóedova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Germán Muñiz Núñez, declarado culpable por la Corte de Distrito de Arecibo de un delito de portar armas, apeló de la sentencia, estableciendo la única defensa de que “la acusación no le imputa un delito, porque tratándose de la portación de un machete, que de por sí no es un arma pro-hibida, no alega el fiscal que dicha portación no fuera con motivo de la ocupación, uso o deporte.”

La acusación formulada en la Corte de Distrito contra el apelante, en lo pertinente, dice así:

“El referido acusado Germán Muñiz Núñez, allá por el día del 10 al 11 de septiembre de 1931, en Oíales, que forma parte del dis-trito judicial de Arecibo, P. R., ilegal y voluntariamente portaba y conducía un machete, siendo dicho machete un arma con la cual puede causarse daño corporal.”

Esta acusación es idéntica a la que se presentó en el caso de El Pueblo v. Rivera, 35 D.P.R. 545, que esta Corte estimó reunía los requisitos esenciales para imputar al acusado un delito de portar un arma prohibida. De la opinión que esta corte emitiera en dicho caso copiamos lo siguiente:

“La Ley cle 1905, enmendada en 1908 (Comp. 5994) enmendada a su vez en 1924, al determinar las armas prohibidas consignaba en-tre ellas el machete, y de acuerdo con la jurisprudencia establecida en el caso de El Pueblo y. Cruz Rosado, 34 D.P.R. 315, debe el machete seguirse considerando como un arma prohibida.
“No hay duda alguna que el machete es un arma primordialmente de labranza y que ningún delito se comete cuando para la labranza se lleva sobre la persona, pero la historia de muchos crímenes de sangre en Puerto Rico y de la guerra de independencia de Cuba, demuestra que es también una terrible arma de ofensa y defensa El legislador ha resuelto en justicia la situación consignando la ex-cepción contenida en el artículo 5 de la Ley No. 14 de 1924, pero ello no exige que la excepción tenga que negarse por virtud de una alegación expresa en la acusación. La excepción es materia de de-fensa y como tal debe alegarse.”

El mismo principio fné sostenido en el caso de El Pueblo v. González, 36 D.P.R. 53, donde se ratifica la doctrina sen-tada en el caso de El Pueblo v. Rivera, supra.

El machete, aun cuando se usa como instrumento de labor, fia sido considerado arma prohibida por la jurispru-dencia de este tribunal, interpretando la ley en vigor. Es al acusado a quien corresponde establecer la excepción como defensa, sin que sea necesario que ésta sea negada en la acu-sación.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Señou Cóbdoya Dávila,

text:
    United Firemen’s Insurance Co., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    No. 887.

    Sometido: Marzo 6, 1933.

      Resuelto: Julio 26, 1933.

      J. Henri Brown, C. Ruiz Nazario, G. E. González, y G. Benitez Gautier, abogados de la recurrente; el registrador recurrido compa-reció por escrito.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señou Cóbdoya Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Alega la recurrente como base para solicitar la reconsi-deración de la resolución por nosotros dictada (44 D.P.R. 837) que esta corte ha debido limitarse a considerar la cues-tión únicamente planteada en el recurso y a revocar la nota recurrida. Se cita el caso de Graciani v. Registrador, 25 D.P.R. 45, donde se dice que no es en el alegato, sino al pie del documento presentado, donde un registrador debe con-signar los motivos legales de su resolución, para que puedan ser tomados en consideración.

No creemos habernos apartado de la cuestión planteada por la recurrente en su solicitud original y reproducida en su moción de reconsideración. Si se examina cuidadosamente la opinión emitida por nosotros, se verá que sostenemos que de la faz de los documentos presentados al Registrador no. surge la certeza del lieclio de que haya habido realmente la trasmisión parcial de crédito hipotecario alegada por la re-currente. Nuestros puntos de vista aparecen expresados cla-ramente en el siguiente párrafo que copiamos de nuestra opinión:

“No puede decirse que en el presente caso se haya trasmitido un derecho inscribible en el registro de la propiedad. Se afirma que la compañía aseguradora no tiene responsabilidad para con el deudor hipotecario; pero la afirmación del hecho no es el hecho en sí del cual depende el derecho a la subrogación. La simple afirmación de la compañía no basta para determinar la existencia del hecho. Es necesario probarlo y el onus probandi corresponde a la compañía. Si se inscribiera la subrogación, la compañía subrogada podría ini-ciar un procedimiento ejecutivo contra el deudor y entonces éste ten-dría que acudir a un juicio declarativo contra la compañía para defender sus derechos, a pesar de que ésta es la llamada a probar que no tiene responsabilidades para con el deudor. Puede ocurrir que la alegación de la compañía de que está exenta de responsabilidades para con el dueño quede destruida por la prueba en el juicio ple-nario y entonces se habría dado el caso de haberse inscrito una tras-misión de derecho que no tuvo existencia legal y haberse permitido al subrogado hacer efectivo mediante un procedimiento sumario un derecho que nunca surgió a la vida.”

Veamos ahora la cuestión tal y como ha sido planteada por la recurrente. En la moción de reconsideración se alega que para negar la inscripción solicitada el Registrador adujo como único motivo que “Jos documentos objeto de tal nota no eran de aquellos que el artículo 2 de la Ley Hipotecaria y su concordante del reglamento clasifican como inscribibles, por no expresarse en dichos documentos que la Srta. Santiago Oppenheimer cediera parcialmente a la recurrente sus derechos en el crédito hipotecario de que es deudor el Sr. René de Courceuill y sí sólo que dicha acreedora subrogara a la recurrente en tales derechos, por entender el Registra-dor recurrido que una subrogación no constituía una cesión ni llevaba implícita tal cesión.”

En su solicitud original la recurrente dice, entre otras co-sas, que la nota denegatoria no está justificada porque la subrogación de dereolios contenida en dichos documentos constituye una cesión parcial de crédito hipotecario, en cuanto a la suma de $2,966.18. Luego añade que el registrador no expresa en su nota las razones que ha tenido para determi-nar que los documentos presentados no son inscribibles, y suponiendo que el fundamento que haya tenido dicho regis-trador haya sido que en dichos documentos no se expresa es-pecíficamente que se haya cedido por la Srta. Santiago Oppenheimer parcialmente el crédito hipotecario a favor de la recurrente, sostiene que tal fundamento carecería de fuerza legal ya que el acto de subrogar un acreedor hipotecario a un tercero en sus derechos o en parte de sus derechos lleva legalmente consigo la cesión parcial de dicho crédito hipo-tecario, no pudiendo existir subrogación sin que implícita-mente esté comprendida en tal subrogación la cesión de los derechos objeto de la misma.

Abundando en los razonamientos de la parte recurrente, entendemos que el registrador basa su conclusión en que la subrogación contenida en los documentos presentados para su inscripción no constituye una cesión parcial de crédito hi-potecario, y en que los mencionados documentos no están es-pecíficamente incluidos entre los determinados en los incisos segundo y tercero del artículo 2 de la Ley Hipotecaria ni en los concordantes de su reglamento.

Naturalmente que no estamos conformes con los ra-zonamientos que utiliza el registrador para sostener que no ha habido, cesión parcial de crédito hipotecario; pero aun cuando el razonamiento sea erróneo, su conclusión es correcta, en tanto en cuanto no está obligado a inscribir mientras no' se demuestre que la compañía aseguradora no tiene respon-sabilidad para con el deudor hipotecario.

Ya dijimos en nuestra opinión que tanto en la su-brogación como en la cesión se efectúa una trasmisión de de-rechos, y que la trasmisión de un crédito hipotecario inscrito en el registro es bastante para que la parte subrogada pueda acogerse a las disposiciones del artículo 152 de la Ley Hipo-tecaria. Sostenemos, sin embargo, que el registrador no sabe ni puede saber por la lectura de los documentos menciona-dos que se esté trasmitiendo un derecho, en virtud de la ale-gación de la recurrente de que no tiene responsabilidades para con el deudor hipotecario. Para que la subrogación surja a la vida es necesario que el deudor hipotecario haya incurrido en algún acto que exonere a la compañía de res-ponsabilidades para con él. Si este hecho no se ha realizado no existe la subrogación. ¿Cómo puede saberlo el Registra-dor? ¿Por la mera alegación de la parte interesada? Esto, como muy bien dice la Corte Suprema de Missouri en el caso de Lowenstein v. Queen Insurance Co., 227 Mo. 100, 127 S. W. 72, citado en nuestra opinión, equivaldría a con-vertir a la compañía aseguradora en juez de su propia causa, lo que es tan irrazonable que no debe ser sostenido por nin-guna corte de justicia. Es la prueba del hecho, no su mera alegación, lo que debe tenerse en cuenta para los efectos de la exoneración, según declara la misma corte. Si la simple afirmación de la parte interesada basta para que se inscriba un derecho en el registro de la propiedad, puede darse el caso de que se haga constar en el registro un acto' comple-tamente inexistente que culmine en la ejecución del crédito que aparece trasmitido y que se prive arbitrariamente de su propiedad al deudor hipotecario. La alegación de la com-pañía aseguradora puede ser o no cierta. Si lo es, medios tiene para ejercitar su derecho, ajustándose a las disposicio-nes de la ley y a los principios dé la justicia; pero no puede pretender la inscripción de ese derecho para colocarse en condiciones de ejecutar la propiedad de su alegado deudor.

Afirma la recurrente, en su moción de reconsideración, que resolvimos la cuestión envuelta, sua sponte, sin alega-ción o argumentación alguna, bajo su absoluta ignorancia y sin darle la oportunidad de argumentar sobre la misma y apoyar sus argumentos con citas legales y jurisprudencia. Por más que estamos convencidos de que esta corte actuó dentro de sus facultades, sin lesionar derecho alguno de la recurrente, en vista de esta alegación de indefensión, acor-damos concederle quince días para que presentase la argu-mentación que creyese pertinente. En su nuevo alegato ma-nifiesta la recurrente que todos los fundamentos que tiene para solicitar la reconsideración de la resolución dictada por nosotros y para sostener que la misma debe ser dejada sin efecto, están ampliamente expuestos con citas de jurispru-dencia en la moción de reconsideración radicada en 4 de abril de 1933, la cual somete a este tribunal por los argumentos y citas expuestos en la misma.

Alega además la recurrente, que si el derecho de subro-gación a su favor depende para su eficacia legal de la prueba de que no tiene responsabilidad alguna para con el asegu-rado, entonces el contrato objeto de este recurso participa-ría de la índole de una cesión parcial de crédito hipotecario sujeta a condición, y así podría hacerse constar para que el registrador de la propiedad inscriba dicha cesión sujeta a tal condición.

•No se trata en este caso de una obligación futura, suspen-siva o resolutoria. El derecho de la compañía aseguradora es una cuestión que pertenece al pasado. No depende de condición alguna. La obligación, si es que existe, surgió a la vida desde el momento en que, en virtud de un acto del asegurado, la compañía aseguradora quedó exonerada de res-ponsabilidad para con él. La recurrente, sin embargo, tiene el deber de probar la existencia de dicha obligación y no surge de los autos que haya cumplido con este requisito. Si como se pretende, se inscribe este alegado derecho sujeto a su pro-banza por parte de la compañía aseguradora y ésta perma-nece inactiva sin intentar demostrar que no tiene responsa-bilidad para con el asegurado, podría darse el caso de que permaneciese indefinidamente en el registro la inscripción de un derecho inexistente practicada a espaldas del deudor hi-potecario. Conviene hacer constar, para terminar, que el deudor hipotecario tiene derecho a que se le descuente de su obligación la cantidad pagada por la aseguradora a su acree-dor, a menos que haya ejecutado algún acto que exonere a la compañía de responsabilidades para con él.

No ha lugar a la reconsideración solicitada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Santiago Ramón Robles, peticionario, v. La Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez, demandada.
    No. 895.

    Sometido: Abril 3, 1933.

      Resuelto: Julio 28, 1933.

      Pascasio Fajardo Martínez, abogado del peticionario; José Fdbater, abogado de la interventora Moral & Co., S. en C.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos alegados en la petición en torno a la oposi-ción presentada por Moral & Compañía nos convencen de que el auto de certiorari expedido debe ser anulado.

María Concepción de Latorre inició procedimiento en la Corte de Distrito de Mayagüez bajo el proceso suma-rio de la Ley Hipotecaria contra Alejandro Marini, en cobro de $2,343.36, etc. So expidió requerimiento contra el deu-dor, se efectuó una subasta y la propiedad fué adjudicada a Santiago Ramón Robles por la cantidad de $200.

Moral & Compañía tenía una segunda hipoteca contra el mismo deudor e instó un pleito ordinario en cobro de ella. Parece que la propiedad fué adjudicada a la misma Moral & Compañía. El título así adquirido fué inscrito en el re-gistro de la propiedad.

Cuando Santiago Ramón Robles, quien había comprado la propiedad a virtud de la primera hipoteca, compareció en el registro presentando su título, la inscripción le fué negada a causa de la anterior inscripción hecha por Moral & Com-pañía. Basándose en el artículo 71 de la Ley Hipotecaria y la decisión de esta corte en el caso de Federal Land Bank of Baltimore v. Registrador, 42 D.P.R. 284, Santiago Ramón Robles solicitó de la Corte de Distrito de Mayagüez que dic-tase una orden requiriendo a Moral & Compañía a pagar el importe de la deuda o de lo contrario disponiendo que se can-celara la inscripción a su favor en el registro de la propiedad.

En respuesta a esa solicitud Moral & Compañía presentó una oposición bastante elaborada. Entre otras cosas, demos-.tró, o trató de demostrar, que el primer acreedor hipoteca-rio había convenido aplazar el pago de la hipoteca, y que después de la venta se acordó que la misma fuera rescindida y que la propiedad le fuese devuelta a Marini; en otras pa-labras, Moral & Compañía alegó una transacción. Como re-sultado de esta oposición la Corte de Distrito de Mayagüez señaló una vista sobre las cuestiones o controversias susci-tadas. La Corte de Distrito de Mayagüez desestimó la mo-ción de Santiago Ramón Robles por varios motivos: pri-mero, porque los pagarés objeto del procedimiento ejecutivo no fueron acompañados al escrito inicial y, segundo, la corte entró en una discusión de la evidencia a fin de demostrar que Santiago Rámón Robles, por razón de la transacción efec-tuada, y por otros motivos, no tenía derecho a comprar la propiedad en cuestión. En este tribunal la interventora llama la atención hacia el hecho de que Santiago Ramón Robles no tenía derecho a pedir que se le pagara la cantidad de $2,343.36, toda vez que' |200 fué todo lo que él pagó por la compra de la finca. La contención principal del peticionario en este caso es que de acuerdo con el artículo 175 de la Ley Hipotecaria el procedimiento ejecutivo no debe ser interrumpido por, digamos, procedimientos colaterales.

El peticionario en este certiorari dice que Moral & Com-pañía no tenía interés para comparecer en el procedimiento, pero nos parece de por sí evidente que lo tenía. El peticio-nario sostiene que carece de todo otro remedio. Sin tratar de indicar cuál debe ser el remedio, nos sentimos obligados a resolver, tal cual lo hemos resuelto, que podía entablarse una apelación cuando está envuelto el artículo 71 de la Ley Hipotecaria. González Cádiz v. Ortiz, resuelto el 24 de junio de 1933 (ante pág. 287).

Debe anularse el auto de “certiorari” librado.


text:
    Jesús María Rossy, demandante y apelante, v. Rafael del Valle Zeno, demandado y apelado.
    No. 5547.

    Sometido: Diciembre 6, 1932.

      Resuelto: Julio 28, 1933.

      Jesús M. Rossy, abogado del apelante; M. Aeosla Velarde, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Después de comenzado el juicio en este caso, fué presentada, no por escrito, sino oralmente, una moción para eliminar ciertos particulares de la demanda. La moción fué declarada con lugar, se concedió al demandante un término corto para enmendar, y, habiendo él dejado de hacerlo, se dictó sentencia a favor del demandado. El demandante apeló.

Otro juez de la Corte de Distrito de San Juan denegó una excepción previa a la demanda. Al presentarse una moción para eliminar, el propio demandante sostuvo que la misma equivalía a la excepción previa anteriormente formulada. Entonces la corte, fundándose en el caso de Rivera v. Rivera, 31 D. P. R. 449, resolvió que una moción de la índole de la que tenía ante sí podía presentarse en cualquier momento. El apelante mantiene que generalmente una moción para eli-minar no es el equivalente de nna alegación, según se usa ■ese término en el estatuto]

Al resolver una moción para desestimar el presente re-curso, dijimos:

“Tenemos la idea de que hubiese sido mejor, de no ser absolu-tamente necesario, que la moción eliminatoria fuera presentada por ■escrito y radicada durante la vista del caso, y que la corte igual-mente escribiera y archivara una resolución eliminando determinados ¡particulares de la demanda. En una corte de récord, el estado de las alegaciones debe aparecer del legajo de la sentencia mismo, y no de las notas del taquígrafo.” (41 D.P.R. 708.)

Suponiendo que al comenzar el juicio la corte pueda dis-crecionalmente oírla, en todo caso una moción para eliminar ■debe hacerse por escrito y formar parte del expediente. En ■éste debe constar toda moción controvertida. Algunas mo-ciones eliminatorias, como las que se refieren a materia es-candalosa, no son privilegiadas, y, a semejanza del proce-dimiento criminal a que nos hemos referido en El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 111, no deben ser consideradas durante el juicio. Sólo en casos extraordinarios debe un demandante ■que está listo para juicio ser molestado con cuestiones rela-tivas a las alegaciones. Por lo regular, a menos que sea muy clara, una excepción previa no debe ser considerada al comenzar un juicio, sino que deben aplazarse las objeciones hasta que se practique la evidencia. Pueden hacerse enmien-das en corte abierta o quedar subsanados defectos de la de-manda, según se expresa en el caso de El Pueblo v. Sucesión Valdés, 31 D.P.R. 223, y los que lo han seguido. Si el de-mandado tiene una objeción válida, puede hacerla regular-mente antes del juicio.

La corte concedió al demandante algunas horas para en-mendar. Teniendo en cuenta la naturaleza fundamental de la moción para eliminar presentada, y el hecho de que una ■excepción previa había sido declarada sin lugar, la corte de-bió haber sido más liberal.

Los méritos son comparativamente sencillos. Esta-mos contestes en qne en general nna parte no tiene derecho a indemnización por haberse visto envuelta en dificultades-con motivo de litigios y por haber tenido que iniciar pleitos o defenderse de ellos. Leary v. Murray, 21 Am. & Eng. Ann. Cas. 868 y nota; Muldoon v. Rickey, 103 Pa. St. 110; Kolka v. Jones, 71 N.W. 558; 1 C. J. 967. Convenimos, sin embargo, con el apelante en que los perjuicios alegados procedían de otras causas. En este caso el demandante estuvo privado-de la posesión de su propiedad a causa de haberse el deman-dado negado a entregarla. Los hechos pueden verse par-cialmente en Rossy v. del Valle, 37 D.P.R. 380. Los proce-dimientos posteriores eran meros incidentes de la falta de-entrega.

Bajo estas circunstancias, según demuestra la juris-prudencia (Lewis v. Welch W. F. & F. Co., 39 A.L.R. 383;; U. S. Fidelity & Guaranty Co. v. Ballard, 99 Pac. 1018; Pyle v. Western Union Tel. Co., 132 Pac. 990), un demandante-puede obtener posesión mediante pleito de desahucio y ra-dicar posteriormente acción de daños y perjuicios.

Los párrafos de la demanda que fueron elimina-dos por la corte leen así:

“(a).El demandante ha estado privado de la posesión legal de-su finca desde la referida fecha de 29 de diciembre de 1925, en que-se decretó el desahucio por esta corte. Y desde esa fecha, hasta el día 11 de marzo, 1929, en que el demandado del Valle fué lanzado-definitivamente de la finca, el demandante ha dejado de vender men-sualmente una cantidad no menor de dos mil metros de piedra, cuya-venta tenía convenida con otras personas, al precio de treinta centavos por metro. Considerando la cantidad y precio de esta venta-, durante 38 meses, o sea, desde el. 29 de diciembre de 1925, hasta el 11 de marzo de 1929, hace un total de $22,800, que el demandante-lia dejado de percibir como consecuencia de los actos realizados por el demandado.
“ (b) El demandado del Valle, desde el 29 de diciembre de 1925= en que se decretó por esta corte el desahucio, hasta el día en que fué-lanzado definitivamente de la finca, ha poseído y ocupado, y está ocupando actualmente, una importante extensión de la misma coi» máquinas, edificios, bombas para extraer agua, uso de caminos, ins-talaciones de luz eléctrica y otros accesorios, privando de ese modo al demandante del libre uso de su finca y ocasionándole perjuicios no menores de cien dollars mensuales, durante 43 meses transcurri-dos desde la fecha de la sentencia de desahucio (29 de diciembre de 1925), hasta la fecha de esta demanda, haciendo un total de $4,300.
“ (c) El demandante tuvo asimismo necesidad de incurrir en gas-tos para la protección y vigilancia de su finca, con el propósito de defenderla de los actos de violencia que constantemente realizaba el demandado, tratando de penetrar en ella, después de la orden de desahucio que expidió esta corte y que se ejecutó en 10 de marzo de 1926, y bajo pretexto de la Orden de Stay proceedings expedida por la Corte de Circuito de Apelaciones de Boston, en 11 de marzo de 1926, en un procedimiento de •piandamus que dicho demandado del Valle interpuso ante dicha Corte de Circuito, contra la decisión de la Corte Suprema de Puerto Rico de 15 de febrero de 1926, deses-timando el recurso de apelación que él había interpuesto en un prin-cipio contra la sentencia decretando el desahucio a que antes se ha hecho mención. Estos gastos ascienden a la suma de seiscientos dollars.
“(d) El demandante ha tenido ofertas de diferentes personas para la compra y para arrendamiento de su referida finca, pero ni una ni otra operación ha sido posible llevar a cabo por la razón de que el demandado no la ha dejado aún a la libre disposición del de-mandante, sino que por el contrario la tiene aún ocupada con su planta de triturar y pulverizar piedras, con sus motores, edificios, etc., abarcando de ese modo una buena porción de ella, no obstante los plazos perentorios que esta corte le ha fijado para que verifique la total desocupación de la finca. El sitio que el demandado está ocupando todavía con su planta, es el único de la finca en donde puede instalarse ventajosamente otra planta de esa clase y por no ha-ber desalojado el demandado esa parcela de la finca que está utilizando, el demandante, no sólo está impedido de llevar a cabo con ninguna, otra persona ninguna clase de transacciones, sino que él mismo no puede explotar debidamente su cantera y obtener de ella un rendi-miento mucho mayor que el que está obteniendo con la venta de pie-dras sin triturar a otras personas, para que sean ellas y no el de-mandante, las que se lucren del producto que ese negocio pudiera. estarle proporcionando al demandante. Que los perjuicios que portal motivo está experimentando el demandante, ascienden a la suma* de tres mil dollars.”

Puede que haya alguna duda sobre la suficiencia del pá-rrafo (c) en su totalidad, pero no hemos formado opinión definitiva sobre esa cuestión y debe ventilarse en juicio. No •estamos convencidos de que no hayan elementos de daños en •el referido párrafo. Asimismo, en la vista tuvimos alguna ■duda respecto a si el demandante podía recibir todo lo que reclamó como ganancias dejadas de percibir, cuando el mineral a base del cual reclamó parte de esas ganancias estaba aún en la mina.

El apelado llama la atención hacia algunas de las cues-tiones a que nos hemos referido y también dice que el cobro de los cánones y de la fianza de supersedeas debería com-pensar adecuadamente los perjuicios sufridos por el deman-dante; en otras palabras, que el cobro de los cánones de la finca arrendada es suficiente a menos que el actor pueda probar una pérdida motivada por una baja del precio en el mercado, o algo a ese efecto. No hemos llegado a conclu-sión definitiva alguna con respecto a estos extremos, pero según hemos indicado antes, todo el asunto debe ser venti-lado en juicio. Creemos, sin embargo, que el hecho de que el demandado tuviera en algunas ocasiones derecho a la pro-piedad arrendada mientras se hallaban pendientes apelacio-nes y otros procedimientos, no es óbice para que el deman-dante obtenga resarcimiento si en el análisis final el deman-dado no tenía derecho a retener la posesión.

En general, estamos convencidos de que debe tratarse de un caso claro para que se eliminen alegaciones de daños y perjuicios. Cuando se presenta evidencia de daños y per-juicios, el demandado puede objetarla como no compensable, como remota o por algún otro motivo. De esta manera se hace más expedita una sentencia final.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso <a la corte inferior para ulteriores procedimientos.