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author: per curiam:

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      In re Fran Javier Pérez Galarza, querellado.

      Números: AB-2011-0338 AB-2012-0406 AB-2013-0443 AB-2014-0031 AB-2014-0096 AB-2014-0410 AB-2015-0111

      Resueltos: 5 de junio de 2015

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Miriam Alvarez Archilla, procuradora general auxiliar, Karla Z. Pacheco Alvarez y Tatiana Grajales Torruella, subprocuradoras generales; Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y Miriam Alvarez Archilla, procuradora general auxiliar, en informe; Miriam Alvarez Archilla, procuradora general auxiliar, y Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradora general, en informe preliminar; Gloria Robison Guarch, procuradora general auxiliar, y Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradora general, en informe; Manuel E. Avila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Raquel Pacheco Medina, pro se, parte querellante; Fran Javier Pérez Galarza, pro se, parte querellada.
   per curiam:

Hoy nuevamente nos encontramos en la necesidad de ejercer nuestra facultad disciplinaria contra un miembro de la profesión legal por su incumplimiento con los requerimientos de este Tribunal. A pesar de las oportunidades concedidas, nos vemos en la obligación de imponer la más severa de las sanciones por una conducta que es temeraria y constituye un desafío.

I

El Ledo. Fran Javier Pérez Galarza (licenciado Pérez Galarza) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de enero de 2001 y a la notaría el 9 de marzo de 2001. Contra el licenciado Pérez Galarza se han presentado siete Quejas, las que consolidamos y procedemos a resumir.

Queja AB-2011-338

La Queja AB-2011-338 fue instada por las señoras Raquel Pacheco Medina y Saturnina Medina Maldonado el 11 de octubre de 2011. Alegaron que habían contratado los servicios del licenciado Pérez Galarza por lo que le pagaron la suma de cuatro mil quinientos dólares ($4,500). Además, indicaron que le entregaron la cantidad de dos mil siete dólares con noventa y cuatro centavos ($2,007.94) para consignarlos en el Tribunal. No obstante, este lo depositó en su cuenta de banco. Posteriormente, también indicaron que un intermediario del licenciado Pérez Galarza les ofreció veinte mil dólares ($20,000) a cambio del retiro de la queja.

El licenciado Pérez Galarza contestó la Queja y, entonces, esta fue referida al Procurador General para la correspondiente investigación e informe el 28 de noviembre de 2011.

Tras dos comunicaciones de la Oficina del Procurador General, que requerían al licenciado Pérez Galarza información sobre las alegaciones presentadas, el 17 de octubre de 2012 esta solicitó auxilio de este Tribunal para que el letrado contestara sus requerimientos. Así las cosas, le concedimos al licenciado Pérez Galarza un término de diez (10) días para responder a los requerimientos cursados por la Oficina del Procurador General y para exponer las razones por las cuales no debía ser disciplinado por no comparecer a responder tales requerimientos. Le apercibimos que su incumplimiento podría conllevar sanciones disciplinarias severas, incluso la suspensión del ejercicio de la abogacía. Esta resolución se le notificó personalmente el 27 de noviembre de 2012.

El licenciado Pérez Galarza compareció ante la Oficina del Procurador General y este Tribunal. No obstante, mediante Informe Preliminar, la Oficina de la Procuradora General nos informó que los requerimientos no habían sido contestados de forma satisfactoria, principalmente aquellos relacionados al cobro de honorarios de abogado. Por ello, nuevamente le concedimos al licenciado Pérez Galarza un término de diez (10) días para que respondiera a los requerimientos especificados en el Informe y nos explicara las razones para su incumplimiento.

Una vez más, la Procuradora General recurrió ante nos e indicó que el letrado había quedado en someter una declaración jurada para justificar los honorarios de abogado por los servicios rendidos. A pesar de que la Oficina de la Procuradora General le extendió el plazo concedido en dos ocasiones, todavía el licenciado Pérez Galarza no había cumplido. Por ello, el 27 de mayo de 2014, este tribunal le concedió al letrado un término de veinte (20) días para expresarse sobre el Informe presentado, de lo contrario se entendería que se allanaba a las recomendaciones formuladas por la Procuradora General.

El letrado compareció ante nos el 24 de junio de 2014 y solicitó, entre otras cosas, hasta el 10 de julio de 2014 para presentar su contestación final y se comprometió a devolver la totalidad de los honorarios a la querellante antes de esa fecha. Nuevamente, le concedimos un término de diez (10) días para presentar la declaración jurada requerida por la Procuradora General o, en su defecto, pagar los honorarios señalados en el Informe y evidenciar inmediatamente su cumplimiento. No obstante, la Procuradora General nos informó el 1 de abril de 2015 que hasta la fecha el licenciado Pérez Galarza no le había notificado el cumplimiento de nuestra orden.

Queja AB-2012-0406

La Queja Núm. AB-2012-0406 fue instada por la Sra. Ana L. Muñiz (señora Muñiz) el 22 de octubre de 2012. De la misma surge que la señora Muñiz contactó al licenciado Pérez Galarza a fin de contratar sus servicios profesionales para ciertos trámites legales. Esta planteó que le pagó ochocientos dólares ($800) para dichos trámites. No obstante, al día siguiente se comunicó con el licenciado para indicarle que sus servicios profesionales no serían necesarios. Alegó que nuevamente se reunió con él, esta vez junto a su hijo, y que el letrado le aseguró que le devolvería el dinero pagado. Ante el incumplimiento del licenciado, la señora Muñiz presentó una Queja en su contra en este Foro.

Así las cosas, el 26 de noviembre del 2012, la Subsecretaría de este Tribunal le remitió copia de la Queja al licenciado Pérez Galarza para que emitiera su contestación. La comunicación fue remitida por correo certificado con acuse de recibo.

Ante la incomparecencia del licenciado Pérez Galarza, el 8 de marzo de 2013 se le envió nuevamente una misiva requiriendo que contestara la Queja instada. El licenciado tampoco contestó esta comunicación. Es por ello que se nos remitió el asunto y mediante Resolución de 24 de junio de 2013 le concedimos al letrado un término final de cinco (5) días para que presentara su contestación. Le apercibimos que el incumplimiento con lo ordenado conllevaría sanciones disciplinarias, incluso la suspensión del ejercicio de la profesión. Dicha Resolución fue notificada personalmente al licenciado Pérez Galarza.

El 19 de julio de 2013, el licenciado Pérez Galarza contestó la Queja de autos. Peticionó que desestimáramos la Queja y aseguró que los honorarios cobrados le serían devueltos a la señora Muñiz.

Durante el trámite de investigación de la Queja ante la Oficina de la Procuradora General se le remitieron dos (2) comunicaciones al licenciado Pérez Galarza requiriendo cierta información. El licenciado Pérez Galarza hizo caso omiso a dichos requerimientos por lo que la Procuradora General nos peticionó le concediéramos término para presentar su Informe.

No obstante, y aunque no pudo conseguir la información, la Procuradora General emitió su Informe. En este nos solicitó que le requiriéramos al licenciado Pérez Galarza que le devolviera los honorarios a la señora Muñiz.

El 25 de septiembre de 2014 emitimos una Resolución en la cual concedimos un término de veinte (20) días al licenciado Pérez Galarza para que se expresara con relación al Informe de la Procuradora General. Le señalamos que de no contestar dicho Informe, se entendería que se allanaba a lo peticionado por la Procuradora General.

Ante la incomparecencia del licenciado Pérez Galarza, el 13 de marzo de 2015 emitimos una nueva Resolución en la cual le concedimos un término final para que devolviera los honorarios adeudados. Le apercibimos que su incumplimiento conllevaría la imposición de sanciones. De igual forma, le requerimos a la Procuradora General que nos informara de inmediato el cumplimiento o incumplimiento del licenciado Pérez Galarza con nuestra orden. Esta Resolución fue notificada personalmente al licenciado Pérez Galarza.

Así las cosas, el 7 de abril de 2015, la Procuradora General presentó una Moción en Cumplimiento de Orden mediante la que nos informó que el licenciado Pérez Galarza no había cumplido con lo ordenado.

Queja AB-2013-0443

La Queja AB-2013-443 fue presentada por el Sr. Miguel A. Claudio Santana el 28 de octubre de 2013. El señor Claudio Santana sostiene que contrató al licenciado Pérez Galarza para que trabajara los trámites de una herencia, pero que, transcurridos cinco años y tras haber pagado por los servicios, no se han producido resultados. Por ello, no ha podido completar la compra de una propiedad de la Sucesión.

Tras dos comunicaciones de la Subsecretaría del Tribunal para conceder al licenciado Pérez Galarza un término para contestar, mediante Resolución de 27 de marzo de 2014 le concedimos un término final de cinco (5) días para comparecer y contestar la queja presentada en su contra. El 10 de abril de 2014, el letrado presentó contestación a la Queja en la que indicó que se trataba de un caso de herencia sumamente complicado y solicitó un término de noventa (90) días para resolver las controversias de este caso. Nuevamente compareció ante nos el 7 de agosto de 2014 mediante “Contestación Complementaria a Queja y Solicitud de Desestimación”.

El 9 de septiembre de 2014 referimos este asunto a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Mediante Informe de 7 de octubre de 2014, ODIN nos indicó que el licenciado Pérez Galarza autorizó la Escritura Pública Núm. 43 en la que se encontraban presentes las acciones de partición y adjudicación de herencia sobre un bien inmueble sin contar con la comparecencia de todos los herederos. De igual forma, indica que el letrado otorgó fe y autenticidad sobre hechos que no estaban conformes a las leyes aplicables. Por lo tanto, peticionó censurar enérgicamente al letrado, así como ordenarle que complete, a sus expensas, todos los procedimientos relacionados con la Escritura Núm. 43 autorizada.

El 5 de noviembre de 2014 concedimos un término de veinte (20) días al licenciado Pérez Galarza para que se expresara en torno al Informe de la ODIN. Le apercibimos que de no presentar contestación al Informe se entendería que se allanaba a las recomendaciones formuladas en dicho Informe. El 13 de marzo de 2015 nuevamente concedimos al licenciado Pérez Galarza un término de sesenta (60) días para que a sus expensas completara todos los procedimientos relacionados con la Escritura Número 43 autorizada. No obstante, el licenciado Pérez Galarza no ha comparecido para informar sobre las gestiones realizadas.

Queja AB-2014-0031

El 3 de febrero de 2014, el Sr. Luis E. Huertas Pérez y la Sra. Sonia L. Pérez Vallellanes presentaron la Queja AB-2014-31 con relación al incumplimiento de un contrato por parte del licenciado Pérez Galarza. Así las cosas, el 3 de marzo de 2014, le ordenamos al licenciado Pérez Galarza que emitiera su contestación. Ante su incomparecencia, reiteramos nuestro petitorio para que respondiera en un término de diez (10) días. No obstante, todavía el licenciado Pérez Galarza no ha comparecido.

Queja AB-2014-0096

La Sra. América Rodríguez Dávila presentó la Queja AB-2014-0096 contra el licenciado Pérez Galarza el 18 de marzo de 2014. Indicó que contrató los servicios del letrado para representarla en una vista ante la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Sostuvo que acordaron la cantidad de novecientos dólares ($900) en concepto de honorarios de abogado; suma que pagó en su totalidad.

La señora Rodríguez Dávila indicó que tras la negociación del licenciado Pérez Galarza y la AEE, se acordó que esta pagaría cuatro mil dólares ($4,000) a la AEE: dos mil dólares ($2,000) de pronto y dos mil dólares ($2,000) en plazos. Así las cosas, el 1 de noviembre de 2013, le entregó al licenciado Pérez Galarza la cantidad de dos mil dólares ($2,000), pero este no cumplió con el pago ni contesta sus llamadas.

Tras dos comunicaciones de la Subsecretaría del Tribunal concediéndole al licenciado Pérez Galarza que contestara la Queja presentada, le otorgamos al letrado un término final de cinco (5) días para comparecer y contestar la queja presentada en su contra. Esta Resolución fue notificada personalmente. Sin embargo, el licenciado Pérez Galarza no ha comparecido.

Queja AB-2014-0410

La Queja Núm. AB-2014-0410 fue presentada por el Sr. Frank Ortiz Viera el 21 de octubre de 2014. En ella, indica que el licenciado Pérez Galarza fue contratado para la redacción de una escritura de compraventa en junio de 2013 y que los honorarios por sus servicios fueron pagados. Sin embargo, señala que el letrado retuvo dos mil dólares ($2,000) en caso de que hubiese alguna deuda de contribuciones sobre la propiedad y que no los ha devuelto al señor Ortiz Viera o pagado al Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM).

Presentada la Queja, el 21 de noviembre de 2014, le ordenamos al licenciado Pérez Galarza que contestara. Al no recibir contestación, el 19 de diciembre de 2014, le otorgamos al letrado un nuevo término de diez (10) días para contestar. Nuevamente, el licenciado Pérez Galarza no ha comparecido.

Queja AB-2015-111

La Queja Núm. AB-2015-111 fue presentada por el Sr. Alejandro Ortiz Rosa (señor Ortiz Rosa) el 24 de marzo de 2015. En ella, indicó que contrató al licenciado Pérez Galarza el 29 de abril de 2005 con relación a la herencia de su padre. Para ello, le ha pagado $9,200 durante los pasados diez (10) años. No obstante, indica que la falta de diligencia del letrado ha conllevado roces familiares y solicita que le devuelva los honorarios pagados.

El 10 de abril de 2015, ordenamos al licenciado Pérez Galarza que presentara su contestación a la Queja en el término de diez (10) días. Este término se ha cumplido y el licenciado Pérez Galarza no ha comparecido ante este Tribunal.

II

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, dispone que todo abogado deberá observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. La naturaleza de la función de abogado requiere de una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional. In re Bello Rivera, 192 DPR 812 (2015); In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553 (2015).

Además, reiteradamente hemos señalado que desatender las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9. In re Bello Rivera, supra; In re De Jesús Román, 192 DPR 799 (2015). A su vez, hemos advertido que procede la suspensión del ejercicio de la profesión cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de imponerle sanciones disciplinarias.

El deber de diligencia y respeto se extiende a los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías y de la Procuradora General, pues su inobservancia acarrea las mismas sanciones que cuando se desatiende una orden emitida por este Tribunal. In re Pacheco Pacheco, supra; In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2014).

Aun cuando hemos apercibido al licenciado Pérez Galarza en repetidas ocasiones que se le podrían imponer sanciones disciplinarias severas de no responder oportunamente a los requerimientos de la Oficina de la Procuradora General, de la Oficina de Inspección de Notarías y de este Tribunal, este ha hecho caso omiso. El expediente del licenciado Pérez Galarza refleja un patrón de desidia y desinterés de su parte en cuanto al proceso disciplinario que se inició en su contra.

III

Por los fundamentos antes expuestos, se suspende inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría al licenciado Pérez Galarza. El licenciado Pérez Galarza se ha comprometido a devolver la totalidad de los honorarios cobrados a la Sra. Raquel Pacheco Medina, por lo que le ordenamos reembolsarle los honorarios señalados en el Informe de la Procuradora General a la señora Pacheco Medina. De igual forma, se le ordena devolver la cantidad de ochocientos dólares ($800) a la Sra. Ana L. Muñiz en conformidad con nuestra Resolución de 13 de marzo de 2015.

Asimismo, se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, tiene la obligación de acreditar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Por último, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del licenciado Pérez Galarza y entregarla a la Oficina del Director de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe. Se le apercibe que la presente acción disciplinaria no lo exime de tener que corregir, de forma inmediata y a sus expensas, los procedimientos relacionados con la Escritura Núm. 43 autorizada en la Queja AB-2013-443, según señalado por la ODIN. Dicha obligación subsiste y su desatención lo expone al correspondiente procedimiento de desacato.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

       La Sra. Saturnina Medina Maldonado falleció el 26 de abril de 2012.


text:
      In re Arturo Luis Dávila Toro, querellado.

      Número: AB-2008-106

      Resuelto: 5 de junio de 2015

      Claudia A. Rosa Ramos, Minnie H. Rodríguez López, procuradoras generales auxiliares, Karla Z. Pacheco Alvarez y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradoras generales, esta última en informe; Brenda Cotto, pro se, parte querellante; Jane Hoffmann Mouriño, abogada de la parte querellada; Arturo L. Dávila Toro, pro se, parte querellada.
   per curiam:

Al ingresar en la noble profesión de la abogacía nos comprometemos a cumplir cabalmente con los cánones que establecen las normas mínimas de conducta que han de regir el desempeño de nuestra labor. In re Reyes Coreano, 190 DPR 739 (2014). No obstante, lamentablemente hemos tenido que ser testigos de innumerables escenarios en los que algunos miembros de la profesión se han apartado de dichas directrices. El caso ante nos es uno de ellos. Luego de analizar los incidentes fácticos que acompañan la presente opinión, nos vemos obligados a suspender inmediata e indefinidamente a otro abogado por ignorar los requerimientos de este Foro.

I

El Ledo. Arturo Luis Dávila Toro (licenciado Dávila Toro) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 13 de agosto de 1986. El 29 de abril de 2008, el Sr. Luis E. Navarro Torres y la Sra. Brenda Cotto Rosado presentaron una queja en su contra por la conducta desplegada por éste en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en el que los representó (AB-2008-106). El 23 de mayo de 2008, la Secretaria de este Tribunal le envió una notificación al letrado informándole sobre la queja presentada y concediéndole un término de diez días para contestarla. Por no haber recibido contestación alguna de parte del togado, el 20 de agosto de 2008, le envió un segundo comunicado otorgándole un término adicional de diez días. No obstante, el licenciado tampoco compareció, por lo que mediante Resolución de 18 de septiembre de 2008, le concedimos un término final de diez días para contestar la queja. El licenciado Dávila Toro finalmente presentó su contestación a la queja el 9 de febrero de 2009.

Así las cosas, el 12 de mayo de 2009 le referimos a la Procuradora General el expediente de la queja de referencia para que realizara la investigación pertinente y sometiera el correspondiente informe de acuerdo con la Regla 14(d) de nuestro Reglamento. En conformidad con lo anterior, el 29 de junio de 2010, la Procuradora General sometió el informe.

Mientras se desarrollaban los anteriores acontecimientos, el 30 de agosto de 2010 suspendimos al licenciado Dávila Toro del ejercicio de la abogacía por el término de tres meses por reiterados incumplimientos con las órdenes del Tribunal de Apelaciones durante el trámite de Pueblo v. David Santiago Ortiz, KLAN200501159 (Canon 9 del Código de Etica Profesional) y por presentar el recurso de apelación transcurrido el término jurisdiccional para ello, lo que provocó su desestimación (Canon 18 del Código de Ética Profesional). Véase In re Dávila Toro, 179 DPR 833 (2010).

Cumplido en exceso el término impuesto como sanción, el 21 de febrero de 2012, el licenciado Dávila Toro solicitó la reinstalación. Atendida su solicitud, el 29 de febrero de 2012 emitimos una Resolución en la que denegamos su solicitud y, entre otros asuntos, ordenamos al Procurador General proseguir con el trámite del caso AB-2008-106 antes reseñado. El Procurador General indicó que dicho caso había sido archivado administrativamente como resultado de la suspensión antes indicada, pero que el Informe correspondiente había sido presentado desde el 29 de junio de 2010. Por dicha razón, el 25 de mayo de 2012 ordenamos al licenciado Dávila Toro contestar el Informe en el término de treinta días.

El 13 de julio de 2012, el licenciado Dávila Toro presentó una Segunda Solicitud de Reinstalación al Ejercicio de la Abogacía en la que reafirmó su interés de reintegrarse a la práctica de la profesión. Argüyó que, además de haber cumplido con el término de suspensión y haber pagado las sanciones impuestas, conforme a la jurisprudencia de este Foro debía ser reinstalado al ejercicio de la abogacía para poder responder por los asuntos disciplinarios que tenía pendientes. Solicitó, además, los documentos de la Queja AB-2008-106, el Informe sometido por el Procurador General y un término de sesenta días para formular su contestación.

Examinados los planteamientos expuestos en su segunda solicitud de reinstalación, el 21 de diciembre de 2012 reinstalamos al licenciado Dávila Toro al ejercicio de la abogacía. En la Resolución se le instó, además, a acudir a la Oficina del Procurador General para obtener la información relativa a la Queja AB-2008-106 y se le concedieron treinta días para contestar el Informe, según intimado anteriormente. Sin embargo, el 28 de enero de 2013, el letrado solicitó una extensión del periodo concedido para responder. En conformidad con lo solicitado, el 22 de febrero de 2013, le concedimos diez días adicionales.

En consideración a que el licenciado Dávila Toro no presentó su contestación en el tiempo concedido, el 12 de septiembre de 2013, la Procuradora General compareció ante nos para solicitar que se continuara con el trámite de rigor. En una nota al calce de la moción nos informó, además, que éste no había acudido a su oficina a obtener la información relacionada con la queja, según se le había instruido. Atendida la moción, el 28 de febrero de 2014 se le concedió al letrado un término final de quince días para contestar el Informe. Se le apercibió que su incumplimiento podría conllevar sanciones disciplinarias, incluso suspenderlo del ejercicio de la profesión.

A pesar de nuestro apercibimiento, el licenciado Dávila Toro no compareció en el tiempo otorgado, razón por la cual el 23 de abril de 2014, la Procuradora General nos sometió una Moción Informativa en Solicitud de Determinación para enterarnos de la incomparecencia del letrado y emitiéramos la determinación u orden que estimáramos procedente. Cónsono con lo anterior y en consideración a que ha transcurrido en exceso de un año desde el “último término” concedido sin que hayamos recibido noticias del licenciado Dávila Toro, pasamos a disponer del asunto de las incomparecencias conforme lo dispone nuestro ordenamiento jurídico.

hH h-H

El ejercicio de la profesión legal requiere del abogado una atención puntual y una cabal obediencia a las órdenes de este Tribunal. In re Machado Echevarría, 192 DPR 526 (2015). Dicho deber emerge de los preceptos establecidos en el Canon 9 del Código de Etica Profesional, 4 LPRAAp. IX. In re Cardona Veguet, 192 DPR 532 (2015). El Canon 9 dispone que “ [e] 1 abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Asumir una actitud de menosprecio e indiferencia ante nuestras órdenes, denota falta de respeto hacia nuestra autoridad, por lo que viola dicho canon. In re Cardona Veguet, supra.

A base de ello, consecuentemente hemos insistido en la obligación de todo abogado de responder diligente y oportunamente a las órdenes de este Tribunal, con particular atención a aquellos requerimientos emitidos dentro de un procedimiento disciplinario en el que se cuestione su conducta. In re Rivera Sepúlveda, 192 DPR 985 (2015); In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485 (2015); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2014). Además, según hemos expresado, dicho deber es completamente independiente de los méritos que finalmente pueda tener la queja presentada. In re Pestaña Segovia, supra.

Por lo tanto, la desatención y la indiferencia a nuestras órdenes, y más cuando van acompañadas del apercibimiento de sanciones disciplinarias, constituyen causa suficiente para la suspensión inmediata del ejercicio de la profesión. In re Irizarry Irizarry, supra. Este Tribunal no ha de tomar livianamente el que un abogado asuma una actitud de indiferencia y menosprecio hacia nuestra autoridad. In re Maldonado Nieves, 192 DPR 973 (2015). Dicha conducta constituye un curso de acción inaceptable que acarrea la suspensión inmediata de la práctica jurídica. In re Vera Vélez, 192 DPR 216 (2015).

hH hH I—I

A lo largo de todo el proceso disciplinario atinente a la queja AB-2008-106, se le concedieron al licenciado Dávila Toro múltiples oportunidades para contestar nuestros requerimientos. Sin embargo, éste asumió una actitud predominantemente indiferente. En particular, desde mayo del 2012 se le cursaron varios avisos en los que se le ordenaba responder al Informe sometido por el Procurador General, a los que hizo caso omiso. En diciembre de 2012, lo reinstalamos como abogado, según solicitado, con el propósito de que contestara los asuntos disciplinarios que tenía pendientes, pero dicho hecho no varió su actitud de indolencia y dejadez. Peor aún, a pesar de que en febrero de 2014 se le concedió un término final de 15 días y se le apercibió de que su incomparecencia podría conllevar la imposición de sanciones disciplinarias, éste tampoco cumplió con lo ordenado.

Adicional a lo anterior, debemos tener en cuenta que la última suspensión del licenciado Dávila Toro se debió, precisamente, a que no contestó los requerimientos del Tribunal de Apelaciones cuando se le ordenó. Con la conducta antes reseñada, sin lugar a dudas, el licenciado Dávila Toro se apartó de los deberes impuestos por el Canon 9 del Código de Ética Profesional.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, decretamos la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Arturo Luis Dávila Toro del ejercicio de la abogacía. Le ordenamos notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir representándolos y devolverles tanto los expedientes de los casos pendientes como cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados, e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar a este Foro el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta (30) días, a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia. La Oficina del Alguacil de este Tribunal notificará personalmente esta Opinión “per curiam” al Ledo. Arturo Luis Dávila Toro.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       Al Ledo. Arturo Luis Dávila Toro (licenciado Dávila Toro) se le entregó personalmente dicha misiva el 25 de junio de 2008.

       Del expediente surge que el 1 de diciembre de 2008 se le notificó personalmente la misma.

       4 LPRAAp. XXI-B.

       Incumplió, además, con una sanción impuesta por dicho foro por la conducta exhibida.

       La Queja AB-2008-106 se archivó administrativamente mediante Resolución emitida el 30 de septiembre de 2010.

       La Resolución de 28 de febrero de 2014 se le notificó personalmente al licenciado Dávila Toro el 18 de marzo de 2014.

       Tal y como reseñamos en las incidencias procesales de la Opinión per curiam anterior, In re Dávila Toro, 179 DPR 833 (2010), en aquel momento el licenciado Dávila Toro también hizo caso omiso a varias Resoluciones emitidas por este Tribunal durante el procedimiento disciplinario.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Richard Rolón Rodríguez, peticionario.

      Número: CC-2014-0113

      Resuelto: 9 de junio de 2015

      Jesús Miranda Díaz y Carlos Beltrán Meléndez, abogados de Richard Rolón Rodríguez, parte peticionaria; Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y Lisa M. Durán Ortiz, procuradora general auxiliar, abogadas de El Pueblo de Puerto Rico, parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

La garantía contra los registros y allanamientos irrazonables representa la voluntad de negarles a los gobiernos mejor intencionados, en aras de una libertad individual preciada, medios eficaces y aun aparentemente indispensables para lograr objetivos meritorios. Se estructuró precisamente ese derecho para proteger al ciudadano aun de los gobiernos democráticos más escrupulosos.

En esta ocasión, nos corresponde evaluar la validez y suficiencia de una orden de allanamiento conforme a las exigencias constitucionales y estatutarias aplicables. Específicamente, nos atañe determinar el efecto de omitir en una orden de allanamiento los hechos y fundamentos que dieron base a su expedición, según éstos constan en la declaración jurada que se prestó ante un magistrado, la cual tampoco se incluyó como anejo al momento de diligenciar la orden y llevar a cabo el allanamiento.

De esta manera, revalidamos la norma pautada por este Tribunal en casos resueltos previos a la vigencia de la Regla 231 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. En éstos, al amparo de disposiciones análogas del Código de Enjuiciamiento Criminal, se sostuvo que una orden de allanamiento que no expusiera los fundamentos que dieron base a su expedición resultaba insuficiente de su faz y, por lo tanto, activaba la protección constitucional que prohíbe el uso de evidencia ilegalmente obtenida.

1—I

Los hechos que subyacen la controversia que nos ocupa se originan en una pesquisa investigativa iniciada por la Policía de Puerto Rico. El 21 de marzo de 2013, el Sr. José L. Ramos, agente de la División de Drogas de Vega Baja, recibió una llamada mediante la cual un confidente anónimo le informó acerca de alegadas actividades relacionadas al trasiego de sustancias controladas en una residencia de tres niveles color crema ubicada en el barrio Galateo del municipio de Toa Baja. El confidente anónimo indicó que, en esa residencia, un individuo conocido por Richard almacenaba y distribuía sustancias controladas.

Según se desprende de la declaración jurada vertida por el agente Ramos, luego de recibir esta información, éste procedió a relatarle lo ocurrido a su supervisor, el sargento José J. Jiménez Hernández, en aras de comenzar una investigación con relación a la confidencia recibida. El 2 de abril de 2013, luego de recibir instrucciones por parte del sargento Jiménez, el agente Ramos se personó a las inmediaciones de la residencia en un vehículo confidencial de la Policía con un radio portátil y unos binoculares. Una vez situado en un lugar cercano a la residencia, el agente Ramos observó un automóvil marca Toyota que se detuvo frente a la residencia de tres niveles objeto de la confidencia a las 7:30 a. m.

El agente Ramos expresó en su declaración jurada que, luego de que el conductor del vehículo tocara la bocina, un individuo de tez blanca y baja estatura que vestía una camisa blanca y un mahón azul abrió unas puertas de cristal para hacerle señas al conductor. Luego de varios minutos, observó al conductor del vehículo bajarse de éste portando un bulto de color oscuro en su mano derecha. Acto seguido, el individuo de tez blanca se acercó a una verja de rejas y recibió el bulto de manos del conductor. El agente Ramos declaró que, al recibir el bulto, el individuo lo abrió y ex-trajo del mismo “una bolsa plástica transparente de mayor tamaño conteniendo en su interior lo que aparentaba ser picadura de marihuana”. Declaración jurada del agente Ramos Arroyo, Apéndice, pág. 23.

Luego de observar la alegada transacción, el agente Ramos se dirigió a la División de Drogas de Vega Baja para informar lo observado al sargento Jiménez. El sargento, por su parte, lo instruyó a escribir lo observado y a solicitar una orden de allanamiento para la residencia.

Ese mismo día, el agente Ramos prestó la declaración jurada de la que surgen los hechos que anteceden y obtuvo una orden de allanamiento expedida por el Tribunal Municipal. La orden de allanamiento disponía lo siguiente:

Habiéndose en este día presentado prueba, por medio de declaración jurada y firmada ante mí por el AGTE. JOSE LUIS RAMOS ARROYO PLACA 34749 adscrito a la División Drogas, Vega Baja, Región de Bayamón, quien fue examinado por mí de que:
Que el AGTE. JOSÉ LUIS RAMOS ARROYO PLACA 34749, compareció ante mí en el día de hoy 2 de abril de 2013, prestando ante mi declaración jurada número 143 sobre los hechos que fundamentan su solicitud relacionado a una residencia que más adelante se describe, la cual sustenta la determinación de causa probable para ordenar allanamiento. Este Tribunal mantiene en su expediente la declaración jurada original prestada por el AGTE. JOSÉ LUIS RAMOS ARROYO PLACA 34749.
La residencia a allanar es la única de tres niveles con las descripciones antes dadas, esta orden est[á] en busca de sustancias controladas y todo aquello que constituya violación a la ley. Apéndice, págs. 24-26.

AI día siguiente, 3 de abril de 2013, se llevó a cabo el allanamiento de la residencia, en donde se ocuparon: (1) tres bolsas transparentes que contenían aproximadamente una libra de marihuana; (2) 600 bolsas pequeñas de picadura de marihuana, y (3) 143 bolsas pequeñas de cocaína.

A raíz de este allanamiento, el Ministerio Público presentó dos denuncias en contra del Sr. Richard Rolón Rodríguez imputándole la posesión de las sustancias ocupadas con la intención de distribuir. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia encontró causa probable para juicio en contra del señor Rolón Rodríguez por los delitos imputados.

El 23 de septiembre de 2013, el representante legal del señor Rolón Rodríguez presentó una Moción de Supresión de Evidencia al amparo de la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 LPRAAp. II. Mediante ésta, alegó que la orden de allanamiento que se entregó al señor Rolón Rodríguez no estuvo acompañada por la declaración jurada que le sirvió de base ni contenía los motivos o fundamentos para su ex-pedición, en clara contravención de las exigencias de la Regla 231 de Procedimiento Criminal, supra. Véase Moción de Supresión al Amparo de la Regla 234 de Procedimiento Criminal, Apéndice, pág. 32. Alegó, además, que al desconocer los fundamentos que dieron base a la expedición de la orden de allanamiento, se le infringió al señor Rolón Rodríguez su derecho a un debido proceso de ley.

El 15 de octubre de 2013, el Tribunal de Primera Instancia celebró una vista para discutir la procedencia de la Moción de Supresión. En ésta, el agente que diligenció la orden, Sr. Luis D. Arocho Santiago, testificó que la orden de allanamiento que se le entregó al imputado no estuvo acompañada por la declaración jurada que el agente Ramos prestó. Véase Transcripción de Vista de Supresión de Evidencia, Apéndice, pág. 49. Además, a preguntas de la defensa, el agente Arocho Santiago expresó que no surgían de la orden las observaciones que hizo el agente Ramos para su obtención, las cuales sirvieron de fundamento para su expedición, íd., pág. 50.

No obstante lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia expidió una resolución mediante la cual declaró “no ha lugar” a la moción presentada. Razonó que lo que “valida la legalidad de la Orden de Allanamiento es el examen que hace el magistrado de la declaración jurada que se presenta ante su consideración” y no el resumen que de ella se haga en el formulario de la orden. Véase Apéndice, pág. 114. La reconsideración en corte abierta fue denegada.

Inconforme con la determinación del foro primario, el señor Rolón Rodríguez presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, reiterando que la orden de allanamiento era nula e insuficiente de su propia faz por carecer de los fundamentos que dieron base a su expedición. Luego de varios trámites procesales, incluyendo la presentación de la transcripción de la prueba oral y la comparecencia de la Procuradora General, el foro apelativo intermedio denegó revisar la resolución recurrida. Razonó que el señor Rolón Rodríguez no logró rebatir la presunción de legalidad de la orden de allanamiento ni presentó evidencia concreta que tendiera a invalidarla. Véase Apéndice, pág. 128. Determinó, además, que surgía “inequívocamente de la Orden de Allanamiento impugnada que la declaración jurada había sido incorporada por referencia”. íd. Así, concluyó que la resolución del Tribunal de Primera Instancia carecía de error, prejuicio o parcialidad, por lo que no era procedente intervenir para alterarla. Por estas razones, denegó la expedición del certiorari solicitado, determinando que no se cumplía con lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRAAp. XXII-B.

Insatisfecho con la denegatoria del Tribunal de Apelaciones, el 14 de febrero de 2014, el señor Rolón Rodríguez presentó el recurso de certiorari que nos ocupa. En éste reiteró sus planteamientos ante los foros inferiores. Específicamente, señaló que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar el dictamen del foro primario, a pesar de que la orden de allanamiento diligenciada en su contra no cumplía con el requisito de incluir los fundamentos que dieron base a su expedición que impone la Regla 231 de Procedimiento Criminal. Por lo tanto, sostuvo que la orden era insuficiente de su propia faz y que procedía la supresión de la evidencia incautada al amparo de los incisos (b) y (e) de la Regla 234 de Procedimiento Criminal. Además, argüyó que aplicaba lo resuelto por este Foro en Pueblo v. Cintrón, 80 DPR 360 (1958), a los efectos de que el incumplimiento con ese requisito invalidaba la orden de allanamiento expedida.

El Estado, por su parte, compareció y, en esencia, sostuvo que la intervención fue razonable y que la orden de allanamiento expedida era válida al cumplir con los requisitos constitucionales pertinentes. Alegó, también, que las circunstancias particulares de este caso no ameritaban que se aplicara la regla de exclusión, puesto que no se activaba el fin disuasivo que ésta persigue. Por último, el Estado argumentó en la alternativa que, de determinarse que la orden fue en efecto insuficiente, procedería aplicar la doctrina de buena fe adoptada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en U.S. v. Leon, 468 US 897 (1984). Fundamentó este reclamo en la razonabilidad objetiva por parte de los agentes al confiar en la validez de la orden expedida por un magistrado neutral.

II

La protección contra registros y allanamientos irrazonables por parte de los agentes estatales está consagrada en la Sección 10, Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cual establece lo siguiente:

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.
No se interceptará la comunicación telefónica.
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.
Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales. Art. II, Sec. 10, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, págs. 326-327.

Esta protección está intrínsecamente atada a otras garantías constitucionales, tal y como la inviolabilidad de la dignidad del ser humano y el derecho a la intimidad. Véanse: Pueblo v. Soto Soto, 168 DPR 46, 53 (2006); E.L.A. v. Coca-Cola Bott. Co., 115 DPR 197, 207 (1984) (señalando que la garantía persigue tres objetivos históricos: “proteger la intimidad y dignidad de los seres humanos, amparar sus documentos y otras pertenencias e interponer la figura de un juez entre los funcionarios públicos y la ciudadanía para ofrecer mayor garantía de razonabilidad en la intrusión”). Así, la precitada disposición constitucional pretende armonizar efectivamente estos derechos que fundamentan la protección con el deber del Estado de combatir y prevenir la criminalidad. Véase Art. II, Sec. 10, Const. PR. En virtud del equilibrio que debe hacerse entre estos intereses, la Sección 10 establece los requisitos mínimos con los que el Estado debe cumplir al momento de expedir una orden de registro y allanamiento. Además, expresamente dispone que el incumplimiento con estos requisitos resultará en la exclusión de la evidencia obtenida por los agentes del Estado.

En el ámbito de la protección contra registros y allanamientos irrazonables por parte del Estado, nuestro texto constitucional refleja una protección más amplia que su contraparte federal. El reconocimiento expreso del derecho a la intimidad en nuestra Constitución, y la preeminencia de éste al momento de evaluar las acciones gubernamentales, permiten que el alcance de la protección contra registros y allanamientos sea mayor. Véase E.L. Chiesa, Derecho procesal penal: etapa investigativa, San Juan, Pubs. JTS, 2006, págs. 98-99 (“A mayor extensión del derecho a la intimidad, mayor protección contra registros, detenciones e incautaciones irrazonables”). En aras de examinar el presupuesto mínimo de protección que sirve como punto de partida para nuestra protección constitucional, conviene repasar los contornos normativos de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Ésta dispone que:

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized. USCA Const. EE. UU. Amend. IV.

Al confrontar el texto de la Cuarta Enmienda federal con la Sección 10 del Artículo II de nuestra Constitución, podemos colegir que esta última contiene tres divergencias importantes. En primer lugar, nuestra disposición constitucional prohíbe la intercepción de comunicaciones telefónicas, lo que apunta a una protección mayor del derecho a la intimidad de la ciudadanía. En segundo lugar, se exige la interposición de la autoridad judicial al momento de ex-pedir una orden de registro y allanamiento, garantizando la imparcialidad y, por lo tanto, la razonabilidad de la intrusión. Además, “[e]l escrutinio estricto por un magistrado neutral de la evidencia presentada es lo que protege el interés del individuo en la intimidad de su hogar y sus posesiones de una interferencia injustificada por parte del Estado”. O.E. Resumil, Derecho procesal penal, Hato Rey, Equity Pub. Co., 1990, T. 1, pág. 277. Por último, y como anticipamos, el texto de la Sección 10 provee un mecanismo para hacer valer la garantía constitucional: la exclusión de la evidencia obtenida en contravención al mandato constitucional. Esto es, el propio texto constitucional asegura un remedio jurídico a la ciudadanía ante posibles violaciones al derecho que éste consagra.

A pesar de las divergencias textuales discutidas, es importante señalar que ambas disposiciones constitucionales responden al valor sustantivo del derecho a la intimidad y la inviolabilidad de la dignidad humana que subyace la protección contra registros y allanamientos irrazonables. Además, ambas contienen exigencias de índole sustantiva y procesal análogas. El requisito de causa probable y la razonabilidad de la intrusión figuran como exigencias sustantivas. Por otro lado, el requisito de que la causa probable esté basada en juramento o afirmación, la exigencia de que la orden incluya una descripción detallada del lugar a ser allanado, las personas y cosas a registrarse y los objetos a ser ocupados y, en el caso de nuestro precepto constitucional, la interposición de un magistrado, responden a consideraciones de índole procesal que afianzan el cumplimiento con las exigencias sustantivas.

Mediante estatuto, muchas jurisdicciones estatales han impuesto requisitos adicionales a la expedición y diligenciamiento de órdenes de allanamiento con el propósito de garantizar el cumplimiento con el principio básico que subyace la Cuarta Enmienda y atemperarlo con las disposiciones constitucionales estatales correspondientes. Véase 2 LaFave, Criminal Procedure Sec. 3.4(Z) (3ra ed. 2007) (Database Updated December, 2014). En nuestra jurisdicción, las Reglas de Procedimiento Criminal son el vehículo mediante el cual las exigencias sustantivas y procesales fijadas por la Sección 10 del Artículo II de nuestra Constitución, supra, son satisfechas.

III

En Puerto Rico, las Reglas 229 a la 234 de Procedimiento Criminal incorporan la prohibición constitucional en contra de registros y allanamientos irrazonables y establecen exigencias procesales adicionales que hacen viable el cumplimiento con la disposición constitucional. Por su parte, la Regla 231 de Procedimiento Criminal establece los requisitos de forma y contenido con los que debe cumplir una orden de registro y allanamiento. A esos efectos, dispone lo siguiente:

No se librará orden de allanamiento o registro sino en virtud de declaración escrita, prestada ante un magistrado bajo juramento o afirmación, que exponga los hechos que sirvan de fundamento para librarla. Si de la declaración jurada y del examen del declarante el magistrado quedare convencido de que existe causa probable para el allanamiento o registro, librará la orden en la cual se nombrarán o describirán con particularidad la persona o el lugar a ser registrado y las cosas o propiedad a ocuparse. La orden expresará los fundamentos habidos para expedirla, y los nombres de las personas en cuyas declaraciones juradas se basare. Ordenará al funcionario a quien fuere dirigida registre inmediatamente a la persona o sitio que en ella se indique, en busca de la propiedad especificada, y devuelva al magistrado la orden diligenciada, junto con la propiedad ocupada. La orden dispondrá que será cumplimentada durante las horas del día, a menos que el magistrado, por razones de necesidad y urgencia, dispusiere que se cumplimente a cualquier hora del día o de la noche. (Enfasis nuestro). Regla 231 de Procedimiento Criminal, supra.

Como se desprende de la precitada regla, una orden de allanamiento deberá contener una expresión de los fundamentos para su expedición según éstos surgen de las declaraciones prestadas ante el magistrado que expidió la orden. Este requisito procesal garantiza que de la propia orden surja la causa probable que dio base a su expedición y evita que se pueda llevar a cabo un allanamiento sin apercibir a un ciudadano de las razones que lo motivaron.

Este Tribunal ha resuelto que, para ser válida, una or-den de allanamiento deberá incluir los fundamentos específicos que dieron base a su expedición. Así, en Pueblo v. Rivera de Jesús, 79 DPR 742 (1956), al amparo del Artículo 507 del Código de Enjuiciamiento Criminal entonces vigente, se estableció que incluir fundamentos distintos a los contenidos en la declaración jurada, y que no tenían el apoyo de ningún juramento o afirmación, invalidaban la orden de allanamiento. Id., pág. 752. Al invalidar la or-den en cuestión, se estableció con meridiana claridad que para ser válida, una orden de registro y allanamiento siempre deberá incluir los fundamentos de la petición. Id.

Por otra parte, en Pueblo v. Cintrón, supra, este Tribunal determinó que la omisión en una orden de allanamiento de las razones o motivos fundados que dieron base a su expedición no podía ser subsanada acompañando la orden con la declaración jurada que contenía dichos fundamentos. En Pueblo v. Cintrón se examinó nuevamente el requisito dispuesto en el Artículo 507 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual ordenaba la inserción en la orden de allanamiento de los fundamentos de la petición en aras de hacer constar en ésta que hubo causa probable para expedirla. Conforme a lo decidido en Pueblo v. Rivera de Jesús, este Tribunal determinó que, si bien no era necesario transcribir verbatim los fundamentos contenidos en la declaración jurada, era necesario que “en [la] orden se expres[aran] sustancialmente los hechos materiales expuestos en la declaración jurada, sintetizándolos de modo que se haga constar allí cuáles son los fundamentos de la petición’ ”. (Enfasis suprimido). Pueblo v. Cintrón, supra, pág. 363, citando a Pueblo v. Rivera de Jesús, 79 DPR 742, 752-753 (1956), y a Pueblo v. Hernández, 75 DPR 907, 913 (1954). Además, se indicó que adherir la declaración jurada a la orden de allanamiento no eximía al magistrado de la obligación de consignar en la orden los fundamentos que dieron base a su expedición, según lo exigía el Artículo 507. En Pueblo v. Cintrón, este Tribunal concluyó que una orden de allanamiento que contenía un resumen de los fundamentos contenidos en la declaración jurada cumplía con lo dispuesto en el Artículo 507 del Código de Enjuiciamiento Criminal entonces vigente.

A pesar de que este Tribunal no ha tenido oportunidades ulteriores de interpretar este requisito estatutario de entronque constitucional, en Pueblo v. Camilo Meléndez, 148 DPR 539, 553 (1999), al discutir de manera general el contenido de una orden de registro y allanamiento afirmamos que “[u]na vez expedida, ésta debe describir con particularidad o nombrar a la persona o lugar que será registrado y los objetos que han de ocuparse. Se exige, además, que la orden exprese los fundamentos que la sustentan y los nombres de las personas en cuyas declaraciones juradas se basa”. (Enfasis suprimido). Id.

Al armonizar la regla de exclusión con los requisitos establecidos en la Regla 231 de Procedimiento Criminal, es forzoso concluir que evidencia obtenida mediante una or-den de registro y allanamiento que no se ciña a estos requisitos hará nula la orden diligenciada. Es decir, una orden de registro y allanamiento que no contenga los fundamentos que dieron base a su expedición, o un resumen de éstos, será insuficiente de su propia faz, aun si ésta se acompaña de la declaración jurada que los contenga. Tal y como se indicó en Pueblo v. Cintrón, supra, pág. 364, “el único efecto de adherir a la orden de allanamiento una copia verbatim de la declaración jurada que le sirve de base, es proteger aún más el derecho contra registros ilegales”. Id. Consiguientemente, la evidencia incautada mediante ésta habrá sido obtenida ilegalmente, lo que activará la regla de exclusión. Véase Resumil, op. cit., pág. 296.

IV

La regla de exclusión consagrada en la Sección 10 del Artículo II de nuestra Constitución persigue, ante todo, evitar que el Estado se beneficie de sus propios actos ilegales al momento de encausar criminalmente a un ciudadano. Por lo tanto, provee un remedio efectivo, de rango constitucional, para vindicar posibles violaciones al mandato constitucional contra registros y allanamientos irrazonables. La regla, por lo tanto, procura disuadir esas actuaciones ilegales por parte de los agentes estatales y colocar a los tribunales en posición de dirimir controversias que requieran analizar la razonabilidad de la intrusión al momento de implantar la regla de exclusión. Esto, a la vez, promueve que los tribunales preserven su legitimidad e integridad y excluyan evidencia que se aparte de los requisitos constitucionales y estatutarios que deben observarse al expedir y diligenciar una orden de allanamiento. Véanse: E. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1991, Vol. 1, págs. 284-285; Pueblo v. Blase Vázquez, 148 DPR 618, 629 (1999) (donde se discuten los propósitos de la regla de exclusión).

La Regla 234 de Procedimiento Criminal es el estatuto que instrumenta el mandato constitucional de ex-clusión de evidencia ilegalmente obtenida en nuestro ordenamiento procesal penal. Así, dispone que una persona agraviada por un allanamiento o registro ilegal podrá solicitar la supresión de la evidencia obtenida mediante éste por cualquiera de los fundamentos siguientes:

(a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de allanamiento o registro.

(b) Que la orden de allanamiento o registro es insuficiente de su propia faz.

(c) Que la propiedad ocupada o la persona o sitio registrado no corresponde a la descripción hecha en la orden de allanamiento o registro.

(d) Que no había causa probable para creer en la existencia de los fundamentos en que se basó la orden de allanamiento o registro.

(e) Que la orden de allanamiento fue librada o cumplimentada ilegalmente.

(f) Que es insuficiente cualquier declaración jurada que sirvió de base a la expedición de la orden de allanamiento porque lo afirmado bajo juramento en la declaración es falso, total o parcialmente. (Enfasis nuestro). Regla 234 de Procedimiento Criminal, supra.

Según se desprende del inciso (b) de la Regla, un fundamento para la supresión de evidencia es que la orden de registro y allanamiento sea insuficiente de su propia faz. Como anticipamos, una orden que carece de los fundamentos que dieron base a su expedición es insuficiente de su propia faz, por lo que la parte agraviada podrá solicitar la supresión de la evidencia obtenida mediante ésta al amparo de la Regla 234 de Procedimiento Criminal.

Reiteradamente hemos determinado que una moción de supresión de evidencia al amparo de la Regla 234 de Procedimiento Criminal no debe meramente aludir al inciso aplicable, sino que el promovente deberá expresar con especificidad y precisión los hechos en los que se basa su petición. Véanse: Pueblo v. Serrano Reyes, 176 DPR 437 (2009); Pueblo v. Hernández González, 175 DPR 274, 311 (2009); Pueblo v. Blase Vázquez, supra; Pueblo v. Maldonado Rosa, 135 DPR 563 (1994). Cuando un tribunal declara “con lugar” a la moción de supresión presentada, la evidencia obtenida ilegalmente, conforme al mandato constitucional de la Sección 10 del Artículo II, supra, será suprimida como prueba de cargo. Por otro lado, cuando un tribunal declara “sin lugar” a una moción de supresión al amparo de la Regla 234, el acusado tendrá como opción solicitar la revisión de la resolución mediante un recurso de certiorari.

V

En el caso que nos ocupa, se constata palmariamente de la orden de registro y allanamiento expedida que ésta no incluye los fundamentos que dieron base a su expedición. Así lo reconoció el agente Arocho en el testimonio vertido ante el Tribunal de Primera Instancia, mediante el cual reconoció, además, que la orden entregada al señor Rolón Rodríguez no estaba acompañada por la declaración jurada prestada por el agente Ramos. Véase Apéndice, págs. 49-51. Esta omisión claramente invalida la orden de allanamiento expedida, al hacer de ésta una insuficiente de su propia faz. El incumplimiento manifiesto con el requisito estatutario que impone la Regla 231 de de Procedimiento Criminal, el cual, como hemos visto, responde a la garantía constitucional en contra de registros y allanamientos irrazonables consagrada en nuestra Constitución, activa la regla de exclusión. En virtud del inciso (b) de la Regla 234 de Procedimiento Criminal, la insuficiencia de la orden de allanamiento diligenciada en contra del señor Rolón Rodríguez sirve como fundamento para solicitar la supresión de la evidencia incautada. Debemos recordar que “una vez ciertos derechos son incorporados al procedimiento criminal éstos se convierten en parte integral del debido proceso de ley y, por lo tanto, adquieren una categoría cuasi constitucional”. (Énfasis suprimido). Pueblo v. Figueroa Delgado, 171 DPR 203, 209 (2007). Véanse, además: Pueblo v. Vega, 148 DPR 980 (1999); Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883 (1993); Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102 (1974); Pueblo v. Serbiá, 78 DPR 788 (1955). El requisito que impone la Regla 231 de Procedimiento Criminal no constituye una mera formalidad excusable, sino parte esencial del derecho de un ciudadano a un debido proceso de ley.

En el presente caso, es forzoso concluir que no estamos ante “un simple error de forma o inadvertencia" como arguye el Estado, sino ante una omisión que invalida absolutamente la orden de registro y allanamiento expedida en contra del señor Rolón Rodríguez. Afirmar lo contrario conllevaría ignorar el mandato constitucional y las disposiciones contenidas en los estatutos que lo instrumentan. La sola mención de la declaración jurada en la orden expedida no subsana este defecto pues no constituye, bajo ningún concepto, una “incorporación por referencia” de los fundamentos vertidos en ésta; máxime cuando la orden no estuvo acompañada por la propia declaración. Véase Alegato del pueblo recurrido, pág. 16.

Por último, es preciso señalar que la inclusión de la frase “todo aquello que constituya violación a la ley” en la orden de allanamiento expedida carece de todo valor legal. En el pasado, este Tribunal ha determinado que “[n]o procede librarse órdenes de allanamiento con tal superfino aditamento que nada señala en particular”. Flores Valentín v. Tribunal Superior, 91 DPR 805, 813 (1965). A pesar de que en este caso no es esta frase la que invalida la orden de allanamiento expedida, conviene recordar al Estado que la inclusión de ésta “constituye una peligrosa coletilla que puede tomarse como pretexto o excusa para que se interpreten extensivamente los términos y alcance de la orden, violándose así imperativos preceptos constitucionales y estatutarios”. íd. Véase, además, Pueblo v. Yulfo, 71 DPR 820, 822 (1950).

Como hemos visto, la regla de exclusión hace viable la consecución de un valor fundamental en nuestro ordenamiento constitucional: que las actuaciones del Estado estén circunscritas a las garantías constitucionales que la Carta de Derechos reconoce a los ciudadanos. Como corolario de este valor, este Tribunal, como último intérprete de la Constitución y máximo garante de los derechos consagrados en ésta, no puede condonar actuaciones estatales que transgredan esos derechos. Por el contrario, corresponde a este Foro articular el contenido de estas garantías y asegurar que, bajo ninguna circunstancia, su violación permanezca impune. Claudicar a esta responsabilidad, no sólo atentaría contra la integridad judicial y la legitimidad de nuestra función adjudicativa, sino que, además, le restaría credibilidad a las garantías constitucionales que amparan a nuestra ciudadanía. En atención a esta responsabilidad y a los requisitos estatutarios de entronque constitucional contenidos en la Regla 231 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, concluimos que una orden de allanamiento que carezca de los fundamentos que dieron base a su expedición es insuficiente de su propia faz y, por consiguiente, la evidencia obtenida mediante ésta no será admisible en los tribunales.

De esta manera, revalidamos esa “exigencia áspera y puntillosa de que se observen todos los requisitos procesales que comporta la intervención judicial en los registros y allanamientos”. Pueblo v. Rivera de Jesús, supra, pág. 755. Exigir la observancia cabal con estos requisitos representa nuestro compromiso con la protección de los derechos individuales que consagra nuestra Constitución. Consecuentemente, nos reafirmamos en que

[e]n verdad no hay otro modo de dejar la libertad individual garantida [sic] institucionalmente frente a posibles transgresiones del poder público. Todo esto, como se ha dicho con razón, no por blandura o ternura hacia el delincuente, sino para resguardar la concepción de la justicia y de la dignidad absoluta de la persona humana, índice del grado de civilización que hemos alcanzado. íd.

VI

Por los fundamentos que anteceden, se revoca el dicta-men del Tribunal de Primera Instancia mediante el cual denegó la Moción de Supresión de Evidencia presentada. Entendemos que el foro primario erró al concluir que la Regla 231 de Procedimiento Criminal, supra, no requiere que se especifiquen los fundamentos que dieron base a la expedición de la orden de registro y allanamiento. Ante la negativa del Tribunal de Apelaciones de atender el recurso de “certiorari” que le fue presentado, ordenamos la continuación de los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia conforme a lo aquí resuelto. Consiguientemente, la evidencia obtenida mediante el registro no podrá ser utilizada como prueba de cargo en un juicio en contra del señor Rolón Rodríguez. Su utilización, sin duda, contravendría el mandato constitucional que supone la regla de exclusión y las disposiciones contenidas en las Reglas 231 y 234 de Procedimiento Criminal.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco hizo constar la expresión siguiente:

Voto conforme con la Opinión que antecede. En ocasiones anteriores, este Tribunal atendió casos en los que aplicaba la Regla 231 de Procedimiento Criminal, 34 LPRAAp. II, y se expresó en cuanto a los efectos de omitir en una Orden de Registro los fundamentos que dieron base a su expedición. Así, en Pueblo v. Camilo Meléndez, 148 DPR 539 (1999), hicimos referencia a la Regla 231 de Procedimiento Criminal y expresamos que nuestro ordenamiento exige “que la orden exprese los fundamentos que la sustentan y los nombres de las personas en cuyas declaraciones juradas se basa”. (Énfasis suplido), íd. pág. 553.

Sin embargo, considero que ante el testimonio de uno de los agentes del orden público involucrado en el caso de autos, quien indicó que todas las órdenes de registro que ha diligenciado han sido idénticas a la orden ilegal que hoy invalidamos, amerita que este Tribunal reitere que la omisión de los fundamentos que dieron paso a la expedición de una Orden de Registro tiene el efecto de invalidar el registro y, por consiguiente, activar la Regla de Exclusión de la Sección 10 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1. Por lo tanto, al igual que se hizo en Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013), estoy conforme con que se reitere esta norma a través de una Opinión del Tribunal.

El Juez Asociado Señor Rivera García no intervino.

        Pueblo v. Lebrón, 108 DPR 324, 327 (1979) (Hon. José Trías Monge).

       Respecto a este ámbito mínimo de protección que exige la Constitución federal y su relación con las protecciones de derechos individuales contenidas en las Constituciones estatales, el ex Juez Asociado del Tribunal Supremo de Estados Uni-dos, William J. Brennan, señaló acertadamente lo siguiente:
      “State constitutions, too, are a font of individual liberties, their protections often extending beyond those required by the Supreme Court’s interpretation of federal law. The legal revolution which has brought federal law to the fore must not be allowed to inhibit the independent protective force of state law ■—for without it, the full realization of our liberties cannot be guaranteed”. W.J. Brennan, Jr., State Constitutions and the Protection of Individual Rights, 90 Harv. L. Rev. 489, 491 (1977).

       A nivel federal, este remedio fue adoptado jurisprudencialmente. No obstante, se ha afirmado que la exclusión de evidencia ilegalmente obtenida como remedio por violaciones a la Cuarta Enmienda, si bien no constituye un mandato constitucional, figura como un requisito procesal básico que emana de la Cuarta Enmienda. Así, en Mapp v. Ohio, 367 US 643, 655-656 (1961), el Tribunal Supremo de Estados Unidos extendió a los estados la regla de exclusión, determinando que éstos, al igual que el gobierno federal, estaban constitucionalmente compelidos a excluir evidencia ilegalmente obtenida:
      “Therefore, in extending the substantive protections of due process to all constitutionally unreasonable searches —state or federal— it was logically and constitutionally necessary that the exclusion doctrine —an essential part of the right to privacy— be also insisted upon as an essential ingredient of the right newly recognized by the Wolf case. In short, the admission of the new constitutional right by Wolf could not consistently tolerate denial of its most important constitutional privilege, namely, the exclusion of the evidence which an accused had been forced to give by reason of the unlawful seizure. To hold otherwise is to grant the right but in reality to withhold its privilege and enjoyment”.
      Para una excelente exposición con relación al desarrollo de la regla de exclusión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, véase P. Stewart, The Road to “Mapp v. Ohio” and Beyond: The Origins, Development and Future of the Exclusionary Rule in Search-and-Seizure Cases, 83 Colum. L. Rev. 1365 (1983).

       Para una discusión sobre los principios que informan la Cuarta Enmienda, véanse Gordon L. Mowen, II, Closing the Door on Subjective Reasonableness: Evaluating Police-Created Exigencies and the Issues with the Doctrinal Shift to Objectivity in Warrantless Searches, 101 Ky. L. J. 639, 669 (2013) (“The Fourth Amendment is an essential part of human dignity, privacy, and autonomy”); A. Garcia, Toward an Integrated Vision of Criminal Procedural Rights: A Counter to Judicial and Academic Nihilism, 77 Marq. L. Rev. 1 (1993).

       En atención a la importancia de estas exigencias de índole procesal como mecanismo para poner en vigor los derechos sustantivos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha observado que “[t]he history of liberty has largely been the history of observance of procedural safeguards. And the effective administration of criminal justice hardly requires disregard of fair procedures imposed by law”. McNabb v. U.S., 318 US 332, 347 (1943).

       El requisito del Artículo 507 del Código de Enjuiciamiento Civil era virtualmente idéntico al requisito que impone la actual Regla 231 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Incluso, nuestra Regla 231 proviene de las Secciones 1525 a la 1529 del Código de Enjuiciamiento Criminal de California, cuya Sección 1529, al igual que el derogado Artículo 507, provee un modelo del formato de una orden de allanamiento en el que también se exige un resumen de los fundamentos que dieron base a su expedición. Véase Cal. Penal Code Sec. 1529.

       Véase D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, lOma ed. rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2014, pág. 82.

       En su testimonio, el agente Arocho también indicó que todas las órdenes que ha diligenciado en circunstancias similares carecen de las observaciones realizadas por los agentes para asegurar su obtención. Véase Apéndice, pág. 51. Esta afirmación hace aún más imperativa nuestra intervención en pos de garantizar, en lo sucesivo, el cabal cumplimiento con los requisitos dispuestos en la Regla 231 de Procedimiento Criminal, supra. Cabe señalar, además, que las Normas y procedimientos internos para el trámite y diligenciamiento de citaciones, órdenes de arresto, registros y allanamientos, Orden General Núm. 98-16, Policía de Puerto Rico, transcriben las Reglas de Procedimiento Criminal aplicables, incluyendo los requisitos dispuestos en la Regla 231. La Orden general, por lo tanto, apercibe a los agentes de la nulidad de aquellas órdenes que no contengan los fundamentos que dieron base a su expedición.

       Alegato del pueblo recurrido, pág. 3.

       Tampoco procede, según nos solicita el Estado, aplicar la doctrina de buena fe, con el pretexto de que el agente “actuó bajo un marco de objetiva razonabilidad (y de buena fe) cuando confió en la autoridad general que le confería la orden de allanamiento”. Alegato del pueblo recurrido, pág. 16. Al invocar esta doctrina, el Estado se ampara en la excepción a la regla de exclusión de evidencia ilegalmente obtenida acotada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en U.S. v. Leon, 468 US 897 (1984), conocida como la doctrina de buena fe. Cabe señalar que, en U.S. v. Leon, supra, págs. 922-923, empleando un análisis de los costos y beneficios de la regla de exclusión, el Tribunal Supremo procuró delimitar el alcance de esta excepción. De esta manera, aclaró que la doctrina de buena fe no sería de aplicación en instancias en las que: (1) el agente objetivamente no hubiese podido confiar de buena fe en la validez de la orden; (2) el agente tenga conocimiento de la falsedad de las declaraciones que dieron base a la determinación de causa probable para expedir la orden; (3) la ausencia de causa probable sea patente, y (4) la nulidad de la orden surja de su propia faz. Dado que en el caso que nos ocupa la insuficiencia de la orden de allanamiento diligenciada se constata de su propia faz, estimamos que los argumentos del Estado son inmeritorios, puesto que la doctrina es claramente inaplicable a los hechos que nos ocupan.

       Con relación a la revisión judicial de actuaciones inconstitucionales del Estado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el contexto de una violación a la Cuarta Enmienda, ha afirmado que “ [t] o sanction such proceedings would be to affirm by judicial decision a manifest neglect if not an open defiance of the prohibitions of the Constitution, intended for the protection of the people against such unauthorized action”. Weeks v. United States, 232 US 383, 394 (1914).


author: PER CURIAM:

text:
      In re Astrid A. Colón Ledée.

      Número: TS-10681

      Resuelto: 9 de junio de 2015

      Manuel E. Avila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Astrid Colón Ledée, pro se.

   PER CURIAM:

I

El 10 de enero de 2014 emitimos una Opinión per curiam en la que suspendimos provisionalmente a la Leda. Astrid A. Colón Ledée del ejercicio de la abogacía y la notaría. In re Colón Ledée, 190 DPR 51 (2014). Esa suspensión provisional se debió a que la licenciada Colón Ledée fue sentenciada por el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico por cometer varios delitos que implican depravación moral y falta de honradez. En aquel entonces, ex-presamos que la suspensión provisional estaba sujeta a que la sentencia condenatoria adviniese final y firme.

Posteriormente, la licenciada Colón Ledée apeló su condena ante el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito. El 5 de noviembre de 2014, ese foro emitió una opinión en la que confirmó las condenas. United States v. Ledée, 772 F.3d 21, 26 (1er Cir. 2014). La licenciada Colón Ledée no recurrió al Tribunal Supremo federal para cuestionar ese dictamen, por lo que la sentencia advino final y firme. Así, el 26 de marzo de 2015, el Primer Circuito emitió una orden en la que suspendió temporeramente a la licenciada Colón Ledée de ejercer la profesión ante ese foro. In re Astrid Colon-Ledée, No. 14-8029 (1er Cir. 26 de marzo de 2015).

El 27 de marzo de 2015 emitimos una Resolución en la que le ordenamos a la letrada que mostrara causa por la cual su suspensión provisional no debía ser permanente. El 16 de abril de 2015, la licenciada Colón Ledée compareció ante nos y expresó que se aprestaba a entregarse a las autoridades federales para cumplir su condena y que se allanaba a la decisión que este Tribunal tomara respecto a su suspensión.

II

Este Tribunal tiene el poder inherente para reglamentar la profesional legal en Puerto Rico. Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791 (2014). En conformidad con ese poder, hemos reiterado que tenemos autoridad para “desaforar o suspender a los miembros de la profesión que no estén aptos para desempeñar tan delicado ministerio”. In re García Suárez, 189 DPR 995, 998 (2013). La See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 LPRA see. 735) establece que podrá ser suspendido o destituido del ejercicio de la profesión cualquier abogado que sea encontrado culpable de engaño, conducta inmoral, delito grave, delito menos grave en conexión con el ejercicio de la profesión, o de cualquier delito que implique depravación moral. “No obstante, los motivos para ejercer nuestra facuitad disciplinaria no se limitan a los que son específicamente dispuestos por ley, sino que se extienden a toda conducta desplegada por el abogado que afecte su condición moral y, de esa forma, lo haga indigno de ser miembro de este foro”. In re Colón Ledée, supra, pág. 54.

III

Por los fundamentos que anteceden, y en vista de que la sentencia condenatoria en la que el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico encontró culpable a la licenciada Colón Ledée por cometer varios delitos que implican depravación moral y falta de honradez fue confirmada por el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito, y que esta advino final y firme, ordenamos la suspensión permanente e indefinida de la letrada del ejercicio de la abogacía y la notaría.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez no intervino.

       La licenciada Colón Ledée ya había sido separada indefinidamente del ejercicio de la abogacía en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico mediante una “Order of Disbarment” emitida por ese foro el 21 de marzo de 2013 en el caso MISC. NO. 12-258(ADC). In re Colón Ledée, 190 DPR 51, 53 esc. 1 (2014).

       La licenciada Colón Ledée fue sentenciada por los delitos siguientes: “18 USC sec. 152(1) y (2), concealment of assets; 18 USC sec. 152(7), fraudulent transfers, y 18 USC sec. 371, conspiracy to commit offense or to defraud United States”. In re Colón Ledée, supra, pág. 53 esc. 2.

       Actualmente se encuentra pendiente ante el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito una apelación relacionada únicamente con una solicitud de la licenciada Colón Ledée para cumplir la pena mediante arresto domiciliario y a una orden del Tribunal de Distrito en la cual se requirió su ingreso a prisión. Caso Núm. 15-1060.

       El texto completo de la citada sección es el siguiente:
      “El abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral (malpractice), delito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La persona que siendo abogado fuere convicta de un delito grave cometido en conexión con la práctica de su profesión o que implique depravación moral, cesará convicta que fuere, de ser abogado o de ser competente para la práctica de su profesión. A la presentación de una copia certificada de la sentencia dictada al Tribunal Supremo, el nombre de la persona convicta será borrado, por orden del Tribunal, del registro de abogados. Al ser revocada dicha sentencia, o mediante el perdón del Presidente de los Estados Unidos o del Gobernador de Puerto Rico, el Tribunal Supremo estará facultado para dejar sin efecto o modificar la orden de suspensión”. 4 LPRA see. 735.