author: El Juez Pbesidente Seños. Del Tobo

text:
    El Municipio de Aguas Buenas, P. R., demandante y apelante, v. Esteban de la Fuente, demandado y apelado.
    Núm. 8066.

    Sometido: Diciembre 4, 1939.

      Resuelto: Febrero 13, 1940.

      Federico B. Y ir ella, abogado del apelante; Santiago de la Fuente,. abogado del apelado.
   El Juez Pbesidente Seños. Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

En septiembre 12, 1939, la parte apelada solicitó la deses-timación del recurso interpuesto en este caso. Alegó que dictada la sentencia en abril 4, 1939, en abril 27 el apelante solicitó la transcripción de evidencia, ordenando la corte al taquígrafo en mayo 5 siguiente que la preparara dentro del término de veinte días; que en mayo 15 el apelante solicitó una prórroga de treinta días que le fué concedida y el 14 de junio otra también de treinta que le fué igualmente conce-dida; que examinados los autos el cinco de septiembre si-guiente, día señalado para la aprobación de la transcripción, no se encontró constancia de haberse radicado moción alguna de prórroga entre el 14 de junio y el 11 de agosto en que se archivó la última, hecho sobre el cual llamó la atención pri-mero al secretario y luego a la corte alegando que ésta carecía en tal virtud de jurisdicción para aprobar la transcripción, sin que tenga noticias de lo que la corte haya resuelto; que han transcurrido más de noventa días sin que el recurso interpuesto se haya perfeccionado y que se trata de una apelación frívola, temeraria y viciosa, motivos por los cuales procede la desestimación de acuerdo con las reglas de esta corte números 58, 59 y 60.

En noviembre 21, 1939, quedaron radicados en la Secreta-ría de esta Corte Suprema el legajo de la sentencia certificado por el secretario de la corte de distrito y la transcripción de evidencia certificada por el taquígrafo en agosto 23, 1939, y aprobada por el juez sentenciador en octubre 19, 1939. Ocho días después el apelante archivó un escrito oponiéndose a la moción de desestimación. Alegó que si bien de los autos sólo aparecen tres peticiones de prórroga es lo cierto que redactó otra el 14 de julio de 1939 y la dirigió por correo al secretario de la corte de distrito al igual que las primeras y la última. Sostiene que no ha sido negligente en la trami-tación del recurso y que éste no es frívolo. Expresa que el demandado apelado no se opuso a la aprobación de la trans-cripción de la evidencia el día que tuvo lugar la vista señalada para ello.

Así las cosas, el mismo día de la vista de la moción de desestimación ante este tribunal — diciembre 4, 1939 — el ape-lado pidió que se eliminara del récord la transcripción de evidencia archivada en noviembre 21, 1939, por haberse aprobado sin jurisdicción por el juez sentenciador.

A fin de despejar la situación y concretarnos al estudio de la única cuestión que nos ha llevado a resolver con opinión el asunto, diremos que tanto las razones que contiene la oposición del apelante a la desestimación como su alegato radicado en diciembre 30, 1939, demuestran que no se trata de un recurso claramente frívolo. Por tanto, por ese motivo, no procede la desestimación.

Procedería por el otro, o por lo menos tendría que declararse con lugar la eliminación de la transcripción de la evidencia por falta de jurisdicción de acuerdo con la jurisprudencia de esta propia corte, a no haberse dejado sin efecto dicha jurisprudencia. Báez v. Honoré, decidido en febrero 1, 1940, ante, pág. 31.

Hasta el primero de febrero actual subsistió la interpre-tación de esta corte en el sentido de carecer de jurisdicción las cortes de distrito para conceder un nuevo término, esto es, cuando la prórroga no se solicitaba durante la vigencia de la anterior, en casos como éste, correspondiendo dicha juris-dicción exclusivamente a esta Corte Suprema. A partir de esa fecha quedó resuelto que las dichas cortes de distrito tienen esa facultad que pueden y deben ejercitar tomando en consideración las circunstancias que concurran.

Se dirá que para que la corte sentenciadora actúe precisa que se le haga una petición concreta sobre el particular. Sin embargo, como se dijo en el repetido caso de Báez v. Honoré, supra,

“En la sección 6832 de Bancroft’s Supplement, encontramos:
“ 'Las decisiones más recientes de California han modificado la regla anterior, y hoy en día, es cosa resuelta que el proceder de la corte sentenciadora al aprobar los autos equivale a la concesión del remedio especificado en el artículo 473 del Código de Enjuiciamiento Civil, por haberse dejado de notificar y radicar el pliego de excep-ciones.’ ”

El texto de Bancroft se apoya en las siguientes decisiones: Colburn Biological Institute v. De Bolt, 6 Cal. (2d) 631, 59 P. (2d) 108; Stenzel v. Kronick, 201 Cal. 26, 255 P. 199.

El autor trata de nuevo la cuestión en el párrafo 6984 de su obra, así:

• "... No es necesaria una solicitud formal para subsanar la falta de notificación. Como se indica en la obra original, el acto de la Corte sentenciadora o del juez de la misma al certificar el récord equivale a conceder la solicitud.”

Y el texto se apoya en las siguientes decisiones: Keys v. Mother Lode Extension Mines, Inc., 212 Cal. 612, 299 P. 524; McIntosh Bros. v. Funge, 127 Cal. App. 610, 16 P. (2d) 341; Weaver v. Shell Oil Co., 124 Cal. App. 233, 12 P. (2d) 167; Wiberg v. Barnum, 99 Cal. App. 323, 278 P. 871 (que sostienen que la omisión al solicitar la transcripción fue cu-rada cuando copia de ésta se remitió a la corte de apelación).

Como puede verse, cabe la concesión implícita. A virtud de las mociones de ambas partes se viene en conocimiento de que el juez no actuó desconociendo la realidad de la situa-ción. Se le llamó la atención según el apelado a su falta de jurisdicción por haberse dejado fenecer un término sin pe-dirse que fuera prorrogado. El apelante manifiesta que a tiempo solicitó la prórroga que falta por correo, como las otras, y que estaba atento a la tramitación de su recurso lo demuestra el hecho de su insistencia en la prórroga corres-pondiente al mes que seguía y el archivo en tiempo de la. transcripción.

El silencio del juez se explica quizá por la jurisprudencia que regía entonces, pero todo induce a creer, más bien, per-mite afirmar que actuó a sabiendas y seguramente porque-consideró que constituiría una injusticia bajo las circuns-tancias concurrentes el privar al apelante de presentar plena-mente su caso ante la corte de apelación.

Siendo ello así, habiendo la corte sentenciadora ejercido-su discreción liberando al apelante de los efectos de la falta de radicación con los autos de la petición de prórroga corres-pondiente a julio, 1939, y no demostrándose que abusara o hiciera mal uso de su dicha discreción al aprobar la trans-cripción que como ya se ha expresado se radicó en esta Corte Suprema desde noviembre 21 último, no cabe eliminar dicho documento ni desestimar entonces, por la falta del mismo, la apelación, que es Jo que pretende el apelado.

Por virtud de todo lo expuesto, se declaran sin lugar las-mociones del apelado de 12 de septiembre y á de diciembre,. 1939, debiendo seguir la apelación su curso de acuerdo con la ley.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con no deses-timar el recurso, pero cree que la corte de distrito no tuvo-jurisdicción para aprobar la transcripción de evidencia y en-tiende que se debe conceder al apelante un nuevo término-para presentar tal transcripción a la corte inferior a fin de-que sea aprobada debidamente.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Puesidente SeñoR Del Tono

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Felícito Santiago, acusado y apelante.
    Núm. 7971.

    Sometido: Febrero 6, 1940.

      Resuelto: Febrero 13, 1940.

      Agustín E. Font, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pneblo, apelado.
   El Juez Puesidente SeñoR Del Tono

emitió la opinión del tribunal.

La acusación, base de esta cansa, imputa a Felicito Santiago, el apelante, nn delito de asesinato en primer grado, cometido como sigue:

“... Felicito Santiago, con anterioridad a la presentación de esta acusación o sea allá en o por el día Io. de diciembre de 1936, y en la Municipalidad de Yauco, que forma parte del Distrito Judicial de Ponce, P. R., y en ocasión en que atacó, con la intención de cometer el delito de violación, en la niña menor de catorce años de edad, Hortensia García, conocida por Hortensia Lugo, quien allí y entonces no era esposa del acusado, voluntaria y criminalmente dió muerte ilegal a la citada niña Hortensia García conocida por Hortensia Lugo.”

Celebrado el juicio que duró dos días, el jurado rindió su veredicto declarando culpable al acusado, dictando la corte su sentencia condenándolo a reclusión perpetua.

Apeló el condenado y en su alegato señala siete errores cometidos a su juicio por la corte al denegar una instrucción al jurado solicitada cuando el fiscal comenzó a exponerle su caso, al permitir que declararan los testigos Arturo Castro y Vicente Piazza sin que sus nombres aparecieran al dorso ■de la acusación, al permitir que el testigo Castro describiera >el sitio de los sucesos, al desestimar cierta moción pidiendo la disolución del jurado, al negar cierta pregunta que se le hiciera cuando declaraba como testigo y al negar tres ins-trucciones sometídasle por escrito.

Los hechos en relación con el primer señalamiento ocurrieron así:

Constituido el jurado, concedió el juez la palabra al fiscal, ■como sigue:

"El fiscal, para exponer la teoría de su caso a los señores del jurado...”
El fiscal comenzó:
‘' Señores del jurado: van ustedes a intervenir en el día de lioy ■en uno de los casos más graves que hace tiempo no se cometían en la Isla de Puerto Rico.”
La defensa dijo:
"Señor juez, voy a pedirle a la corte que dé una instrucción al jurado explicándole que las manifestaciones del fiscal deben limi-tarse a exponer los heclios en que va a basar su teoría, no a conclu-siones a las cuales ustedes deben llegar de acuerdo con los ñecños, después que consideren toda la prueba y reciban las instrucciones de la corte.”
Y el juez resolvió:
“Eso se hará en las instrucciones finales, pero el fiscal no ha hecho nada más que empezar a hablar.”

La defensa tomó excepción.

Nada contrario a la ley o a la jurisprudencia, o que perju-dique indebidamente al acusado, podemos encontrar en las manifestaciones del fiscal. Se refirió al crimen en sí mismo, grave en verdad, no al acusado. Refiriéndose no ya al in-forme de un fiscal si que a las instrucciones de un juez, esta corte por medio de su entonces Juez Asociado Sr. Hernández, en el caso de El Pueblo v. Boria, 12 D.P.R. 170, 176, se ex-presó así:

“Las instrucciones dadas por el juez al jurado no pueden cali-ficarse de parciales.
“Ellas comenzaron así:
“ ‘Señores del jurado: Ya el debate entre las partes ha termi-nado y el horrendo crimen que se investiga va a quedar sometido-a vuestra consideración y resolución, como árbitros únicos para decir la última palabra.’
“El horrendo crimen a que el juez se refiere es el descrito en la acusación, y las frases transcritas no contienen apreciación alguna sobre la existencia del mismo, según y como se relató por el fiscal. Esa apreciación quedó sometida a la consideración y resolución de los jurados, que el juez reconoce eran los llamados a decir su última palabra. El crimen en verdad era horrendo, y al reconocerlo así el juez, no hizo más que publicar una verdad que. se desprendía de los mismos términos de la acusación, sin que por ella pueda decirse que infiueyera en el ánimo del jurado para que declarara al reo culpable del delito imputádole.
“Bien podemos aplicar al presente caso lo que ya dijo esta corte por medio del juez Sr. Pigueras, al resolver el recurso de apelación interpuesto por Felipe Robles en causa por asesinato en primer grado, cuyo recurso fue decidido en 25 de abril del año próximo pasado:
“ ‘El proceso en verdad que era grave toda vez que se juzgaba un hecho que dió por resultado privar de la vida a un hombre, y si el juez, dirigiéndose al jurado, reconoció esa gravedad no hizo más que publicar una verdad que seguramente estaba encarnada ya en la conciencia de los que habían de juzgar. Una cosa es reconocer la gravedad del proceso considerado en sí mismo por su propia natu-raleza y con abstracción completa del autor del hecho criminal, y otra hubiera sido relacionar esa gravedad con el acusado, cosa que no resulta de esas instrucciones.’ ”

El primer error no fué, pues, cometido. Tampoco se cometieron el segundo y el cuarto, que se refieren a haber permitido la corte que declararan dos testigos cuyos nombres no figuraban al dorso de la acusación.

Desde 1906 dijo esta corte por medio de su Juez Asociado Sr. MacLeary en el caso de El Pueblo v. Kent, 10 D.P.R. 343, 388:

“En las excepciones Núms. 24, 30, 31 y 32, el acusado se opuso al testimonio de los testigos Peterson, Candína, Morris y Tuzo, por el motivo de que sus nombres no habían sido presentados al acusado con arreglo a la ley.
“Es de presumirse que estas excepciones estén basadas en el ar-tículo 142 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que dice lo siguiente:
“ 'Artículo 142. El fiscal deberá formular la acusación, la cual consiste en la lectura de la misma, y entrega de una copia de ella, al acusado, con las correspondientes notas al dorso, inclusa la lista de testigos, después de lo cual el tribunal pregunta al acusado, si se confiesa culpable o niega la acusación.’
“El objeto de esta ley no fué impedir que el fiscal examinase algún testigo, cuyo nombre no estuviese anotado al dorso de la acu-sación. Una ley parecida a la nuestra, existe en California, y fué interpretada por el Tribunal Supremo de aquel Estado, en los siguientes términos:
“ 'No era error de parte del tribunal, el permitir que se tomase juramento a un testigo de cargo, porque su nombre no estaba ano-tado en la acusación. Sucede frecuentemente que en el acto de la vista, surge la necesidad de presentar determinados testigos; y la justicia sería grandemente obstaculizada si se confirmase la regla invocada, sin que de ella resultaran ventajas correspondientes.’ (The People v. Bonney, 19 Cal. 447.)
“En el mismo sentido son las decisiones de dicho eminente tribunal, en las causas siguientes: People v. Jocolyn, 29 Cal. 562; People v. López, 26 Cal. 112; People v. Symonds, 22 Cal. 348; People v. Fireland, 6 Cal. 96.
“La presentación y examen de testigos en el acto del juicio de una causa criminal, se hallan necesariamente sometidos a la discre-ción del tribunal sentenciador, y en muchos casos, el juez debe ejercer una sana discreción judicial, al dirigir los mismos. A no ser que dicho juez haya ejercido su discreción de tal manera que resulten perjudicados los derechos del acusado o los del Pueblo, sus resoluciones en tales materias, no están sujetas a revisión. (Ley de mayo 30 de 1904; sesión extraordinaria, pág. 10.)”

Y examinadas las circunstancias concurrentes en este caso no resulta en modo alguno que la corte abusara de su poder discrecional. Cuando se llamó a declarar a los testigos de que se trata el acusado por su abogado se limitó a oponerse por el hecho de no aparecer sus nombres al dorso de la acu-sación. No alegó sorpresa, ni perjuicio, ni necesidad de tiempo para refutar en su caso sus declaraciones.

El tercer error se señala, pero no se argumenta. Es claro que habiendo estado el testigo Castro en el sitio en que el crimen fué cometido, pudo describirlo. No hubo error.

El quinto señalamiento se refiere a la negativa de la corte a disolver el jurado. Se formula así:

“Por haber desestimado la Corte una moción solicitando que el jurado fuera disuelto fundándose la defensa en que algunos de sus miembros, por sus actuaciones, habían formado ya juicio en contra del acusado cuando aún la prueba de defensa no se había terminado de ofrecer y el jurado no había recibido el caso para su decisión final, violándose, además, la presunción de inocencia que acompaña al acusado aún en el acto mismo de estar deliberando el jurado, (Páginas 195, 196, 197 y 198 de la T. de la E.)”

Examinadas las páginas señaladas de la transcripción en-cuéntrase la discusión del incidente en todos sus detalles y puede verse que el motivo que tuvo la defensa fué que uno de los jurados pidió que se llamara a declarar a una testigo a fin de preguntarle sobre el color del traje de la niña muerta, después de haber declarado un testigo de la defensa sobre el particular. La resolución de la corte habla por sí misma y se sostiene. Fué:

“La corte declara sin lugar la moción de la Defensa por entender que el jurado señor Toro, miembro de este jurado que entiende en este caso, tiene el derecho a hacer preguntas a cualesquiera testigos y, además, porque la propia Defensa no hizo objeción a que se llamara a esa testigo determinada que indica la Defensa para hacerle la pregunta que le hizo — desde luego, sin saber qué pregunta era. El hecho de que se haya referido a una parte que considera la Defensa como esencial — la corte también cree que es así, lo considera así — no priva al jurado de ese derecho. Y es muy importante la pregunta de cómo estaba vestida la niña aquel día, precisamente, para poder tener una opinión justa y razonable, de acuerdo con la prueba.1 ’

Discutiendo el sexto señalamiento, dice el apelante en su alegato:

“Fúndase este error en que la Corte negó que se le preguntara al acusado sobre otras muertes misteriosas ocurridas en la casa donde vivía la niña interfecta.
“La teoría de la defensa tendía a demostrar, no sólo que el acusado no había cometido los hechos que se le imputan, sino que en la muerte de dicha niña pudo haber intervenido otra persona. En ese sentido tratamos de probar que en aquella casa, donde la niña vivía recogida, habían ocurrido anteriormente las muertes de otras niñas. Y que, existían tales circunstancias que podían hacer suponer, que, por motivos especiales, la niña había sido víctima de las iras de una persona distinta del acusado.
“Cuando interrogábamos al testigo Felicito Santiago (Páginas 223 y 222 de la T. de la E.) la Corte negó el derecho a que se declarara sobre ese extremo.”

Consta de la transcripción que llamado a declarar como testigo el acusado, en el curso del interrogatorio de su abo-gado defensor ocurrió lo que sigue:

“¿Ahí en esa casa de Francisco Torres habían muerto otras niñas? — Sí, había habido dos muertes más. — Fiscal: Me opongo a eso, señor Juez. El compañero está queriendo demostrar que ha habido crímenes en la casa de Francisco Torres.' — Defensor: Yo no hablo de crímenes; yo voy a sostener que ha habido dos muertes más en la casa de Francisco Torres. — Fiscal: Vamos a suponer que haya habido cuarenta ¿qué materialidad tiene eso con esto, señor juez? — Juez: Con lugar la objeción. No veo qué tenga que ver que hayan muerto allí otras personas. En toda casa han muerto otras personas. — Defensor: Pero es para demostrar que ha habido dos muertes más, repentinas, casi misteriosas. — Fiscal: ¿Pero quién ha cometido esos crímenes, si han sido crímenes? — Defensor: Tampoco se sabe todavía si éste es crimen. — Fiscal: Sí, cómo no. Yo lo sé.— Defensor: Lo sabrá el fiscal; yo todavía no lo sé. — Juez: Con lugar. No estamos investigando ningún otro hecho nada más que el del caso que se ventila. — Defensor: Tomamos excepción porque ha habido prueba con relación a eso' de otras muertes de otras mucha-chitas allí, y era nuestro intento que el jurado apreciara eso hecho y resolviera lo que en justicia fuera su criterio.”

No hubo error. No surge la conexión que pudieran tener esas otras muertes con la de Hortensia García.

Tampoco fue cometido el séptimo j último de los errores señalados porque las instrucciones que la defensa pidió a la corte que trasmitiera al jurado y la corte no trasmitió o eran claramente improcedentes o habían sido ya dadas en forma amplia y correcta por la corte al jurado.

Este es un caso en el que se observa que la defensa cum-pliendo hasta el límite su misión hizo cuanto le fue dable hacer en pro de su defendido, pero en el que la prueba de la culpabilidad de éste es tan fuerte que ni siquiera se hace a ella referencia en el alegato.

Las instrucciones de la corte al jurado contienen un am-plio y detallado resumen de la prueba de cargo y de descargo, pareciéndonos oportuno transcribir para formar un concepto más acabado del caso, por lo menos una parte del que se refiere a la de cargo creída por el jurado. Es así:

“.... el fiscal... ha presentado prueba testifical, pericial, docu-mental y material, consistente esta última en esa yagua que fué traída aquí, encontrada por el fiscal cuando estuvo en el sitio donde se dice ocurrieron los hechos; además de la ropa que usaba el acu-sado el día primero de diciembre, o sea una camisa'y un pantalón, aparte del botón que está dentro de este sobre, que irá a manos de ustedes, encontrado también en el sitio de los sucesos, y que corres-ponde, según declaración de algunos testigos, a una de las mangas de esa camisa, que usaba el acuscado el día de los sucesos....
“La prueba testifical... tiende a demostrar... que este acusado, el día 2 de diciembre de 1936 y que cuando se llevaba a efecto el entierro de la niña Hortensia Lugo, que había fallecido el día antes por la tarde, se presentó en casa de Miguel Angel Yera a pedir agua, que él estaba pálido o medio borracho, de acuerdo con varios testigos. En cuanto a este extremo del caso han declarado Miguel Angel Yera, Luz María Yera, Justino Yargas — que declaró que era primo del acusado — Elena Pérez, Lucila Rodríguez y Santos Rodrí-guez : seis testigos. Estando todas esas mujeres en esa casa cosiendo, y encontrándose allí Justino Yargas y Miguel Angel Yera, al llegar y pedir agua el acusado, él mismo manifestó que él iría para la cárcel por el caso de la niña que mataron; que no habían arrestado a nadie, pero que él iría a la cárcel por ese caso, pero que podría quizás salir bien porque él le había dicho a una señora que tuviera cuidado con lo que dijera y no metiera la pata. Con -motivo de esta declaración, que en confidencia llegó a la Policía, que estaba investigando la muerte de esta niña, aparecida en el barrio Quebradas, de Yauco, fué arrestado el acusado.
“Os declaró la testigo Gumersinda Pacheco que vivía con Francisco Torres, o sea en la casa donde vivía la niña Hortensia Lugo; que el día primero de diciembre esa niña salió a buscar yerba para unos animales, para unas cerdas; que el acusado andaba por allí; que como a las tres de la tarde ella fué a buscar a la niña y vió salir al acusado de unas matas, de una mancha de café o algo por el estilo, y que éste le dijo que cuidado con lo que fuera a declarar y no metiera la pata porque vería lo que le podría pasar; que el acusado estaba como borracho; que ella entonces vió, por entre las matas, allá adentro, a la niña en el suelo, que estaba muerta; que entonces la testigo se fué para su casa y no se atrevió ir donde ella hasta que llegó Francisco Torres, que le enseñó el sitio, y éste fué a buscar al comisario del barrio; que con anterioridad a ese día el acusado le había dicho a la niña esa que tenía que ser suya; que la niña era soltera y que no estaba casada con el acusado; que tendría de diez a doce años. A pregunta de uno de los señores del jurado, cuando fué llamada de nuevo a declarar, dijo que la niña estaba vestida de color caqui, con un zagalejo.
“El Alcaide de la Cárcel Municipal de Yauco, Juan Rueda, os declaró que cuando el acusado fué llevado a la cárcel, cuando le llevaron ropa allí, se cambió la que tenía puesta, que es ésta que ha sido identificada en el día de ayer.
“Gumersinda Pacheco volvió a declarar y reconoció esa ropa como la misma que el acusado usaba ese día, el día primero.
“La próxima prueba presentada por el fiscal fué la declaración del acusado, prestada ante él, que ha sido ya leída a ustedes y no creo necesario hacerlo de nuevo en el curso de estas instrucciones, ya que dicha declaración irá en su totalidad a ustedes.. En esa decla-ración el acusado admite que atacó a esa niña con la intención de realizar actos carnales con ella, pero que lo hizo a invitación de ella.
“Os declaró el señor Arturo Castro, redactor y representante del periódico El Mundo, aquí, en Ponce, que acompañó al fiscal cuando éste fué a investigar, al sitio de los sucesos; os describió el sitio aquél y os manifestó que estando allí, el acusado, que fué llevado también, aceptó que había sido en una yagua debajo de la palma, que había tratado de realizar esos actos con la niña; que ella lo había invitado; que él al principio no quiso, pero que ella insistió y entonces él trató de hacerlo, pero que no terminó porque se dió cuenta de que estaba cometiendo un delito. Explicó el testigo que por allí había piedras, que estaba la yagua esa, y que el acusado dijo que había dejado a la niña acostada allí. A repreguntas dijo el señor Castro, que el acusado no admitió que él hubiera matado a la niña, que no había manchas de sangre en la yagua.
“Vicente Piazza, el guardia de penales, os declaró que el propio acusado le pidió un día que lo subiera a la Fiscalía, donde el fiscal, pues él quería declararse culpable siempre y cuando se le consiguiera que el juez le impusiera treinta años de presidio; que él lo trajo aquí arriba adonde el fiscal; que el fiscal le dijo que él no podía hacer esa transacción con él.
“Os declararon después el sargento de la policía insular, Jesús Vargas Rosado, y Juan Rueda, en relación con el hecho de,haber sido llevado el acusado al s1-tio de los hechos, y cómo se encontró el botón éste y que el acusado admitió que era de su camisa, pero que le había cambiado el botón de la manga una tía o algún familiar de él; que asimismo admitió el sitio donde se había encontrado con G-umersinda.
“El doctor Julio Roca declaró los golpes que presentaba esta niña cuando él le practicó la autopsia; tenía erosiones en los brazos y magulladuras, y en la cara, sangre por el oído derecho y también en el ojo derecho; que la niña era de diez a doce años de edad; que tenía una hemorragia en el lado izquierdo de la cabeza y una fractura en la base del cráneo, hacia el lado derecho; que murió a consecuencia de una hemorragia interna y fractura del cráneo; y que, además, presentaba magulladuras o erosiones sobre la vulva o labios de sus partes genitales, pero que no hubo violación; es decir, que la niña no fué violada. Os declaró el doctor, además, que él habló con el acusado en su oficina después de la autopsia, y que éste le dijo que era la niña quien lo llamaba para realizar actos carnales con él varias veces, y que ese día también, pero que él no le había hecho nada.”

Debe el recurso declararse sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Rafael Gatell Olivari, querellante y apelado, v. Leslie A. MacLeod, querellado y apelante.
    Núm. 8075.

    Sometido: Febrero 5, 1940.

      Resuelto: Febrero 13, 1940.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm y Pablo Defendini, Subprocurador Auxiliar, abogados del apelante; Carlos D. Vázquez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El demandante apelado instó procedimiento de mandamus en la corte inferior interesando qne se ordenase al demandado apelante lo repusiese en su cargo de Examinador de la División de Examen e Investigación de Cuentas de la Oficina del Auditor de Puerto Rico y que se dispusiese además el pago de los sueldos por él devengados desde su destitución hasta la fecha en que fuere repuesto. El demandado contestó a la vez que excepcionó la petición de mandamus, alegando insuficiencia de hechos para constituir una buena causa de acción. Antes de penetrar en los méritos del caso, la corte a quo estimó conveniente resolver la cuestión de derecho sus-citada por la excepción previa, la que fué desestimada. So-licitó entonces el demandado que se dictara sentencia a base de la excepción previa, y contra la que fué dictada, interpuso el recurso que pende ahora ante este tribunal.

Luego que el demandado apelante perfeccionó su recurso, el demandante apelado solicitó su desestimación por frívolo. Es ésta la cuestión que ahora nos ocupa.

Habiéndose impugnado la suficiencia de la demanda, pro-cede en primer término conocer sus alegaciones esenciales.

Alegó el demandante que hasta el primero de octubre de 1938, desempeñó en el G-obierno Insular el citado cargo que se halla dentro del Servicio Civil Clasificado y devenga un sueldo anual de $1,850.20; que el 5 de octubre de 1938, el Auditor de Puerto Rico le formuló los cargos transcritos en la demanda, los que a los efectos de esta opinión es innecesario reseñar; que dichos cargos fueron específicamente negados por el demandante, disponiendo el demandado la celebración de una audiencia ante un funcionario de su departamento, celebrada la cual, lo destituyó el día 31 de octubre de 1938. notificándole la destitución por carta de igual fecha, origi-nalmente escrita en inglés y la que vertida al español dice -en lo pertinente:

“El 5 de octubre de 1938 se forimdaron cargos contra usted en su carácter de Examinador de Cuentas de la División de Examen e Investigación de Cuentas de la Oficina, por la comisión de ciertos actos de conducta indisciplinada y otras causas, de las cuales fué usted notificado.
“Se le dió amplia oportunidad de defensa, habiendo usted com-parecido personalmente y asistido de abogado. Después de una detenida consideración de los cargos, de la defensa, de la evidencia presentada, así como del informe del árbitro, opino que es usted culpable de los cargos numerados 1 y 2 formuládosle, cualquiera de los cuales constituye, a mi juicio, causa suficiente para destituirlo, en bien de la eficiencia del servicio, sin considerar el cargo mareado con el número 3.
“Copia de esta carta será enviada a la Comisión de Servicio Civil de Puerto Rico para su información.
‘1 Respetuosamente,
“(Fdo.) L. A. MacLeod
“Auditor de Puerto Rico.”

Sigue alegando el demandante que no estando conforme con la destitución, estableció recurso ante la Comisión de Servicio Civil de Puerto Rico, con el fin de obtener su repo-sición, pero que dicho organismo se declaró sin jurisdicción para conocer del caso, según resolución de 4 de enero de 1939.

Luego de exponer estos hechos, se alega en la demanda que el demandante ha sido destituido sin justa causa y sin el debido procedimiento de ley, por las siguientes razones:

“A. Porque los cargos formulados bajo los números 1 y 2 no son legalmente suficientes para causar la destitución del querellante, y el cargo número 3 fué expresamente abandonado por el Auditor de Puerto Rico.
“B. Porque los cargos no fueron sustanciados ante el Auditor de Puerto Rico personalmente, sino ante el empleado de Auditoría, Sr. Luis Morales, quien no tiene facultades de acuerdo con la ley para presidir una audiencia de esta naturaleza y mucho menos para tomar juramento o afirmación a los testigos.
“C. Porque todos los testigos se negaron a declarar bajo jura-mento, a pesar del requerimiento del peticionario para que dieran cumplimiento a ese requisito legal, y ninguno de dichos testigos-declaró bajo afirmación debidamente prestada ante funcionario alguno facultado por la ley para recibir afirmaciones, habiéndose basado la destitución del peticionario en el testimonio dado por tales, testigos, cuyo testimonio no hubieran prestado habiéndolo tenido-que hacer bajo juramento o afirmación prestada en debida forma-ante un funcionario legahnente autorizado para ello, y sujeto a la responsabilidad dé un proceso por perjurio.
“D. Porque la prueba ofrecida por el Auditor de Puerto Rico-para mantener los cargos marcados con los números 1 y 2 no es sufi-ciente para causar la destitución del peticionario y por el contrario-la prueba con que cuenta el peticionario en oposición a los hechos-narrados en dichos cargos 1 y 2 demuestra que él estaba enfermo, y lo exonera de toda culpa.
“E. Porque la formulación de cargos a este peticionario y su destitución ulterior han sido injustas y arbitrarias y han obedecido-única y exclusivamente a la persecución viciosa y personal por parte del Subauditor de Puerto Rico, José G. López, contra este quere-llante. ’ ’

Expone además’el demandante que desde el primero de octubre de 1938 ha dejado de percibir los sueldos corres-pondientes a dicho cargo, a los cuales alega tener derecho, habiendo estado en todo tiempo dispuesto a y en condiciones de desempeñar los deberes del mismo y que el demandado se niega a reponerlo a pesar de haber sido requerido para ello, careciendo el demandante, para obtener su reposición, de otro recurso rápido, adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley. Termina con súplica de un auto perentorio de mandamus en armonía con las ameritadas alegaciones.

La cuestión a resolver se limita única y exclusivamente a determinar si aceptando como ciertos los hechos alegados en la demanda, procede la sentencia apelada.

Una y otra parte invocan en apoyo de sus respectivas posiciones los casos de Pérez v. Esteves, 43 D.P.R. 13, 14; Domenech v. Corte, 48 D.P.R. 542, 549; Pérez Marchand v. Garrido, 48 D.P.R. 457, 470, y la sección 28 de la Ley número 88 del Servicio Civil de Puerto Rico (Leyes de 1931, pág. 557).

Sostiene el demandante apelado que la resolución del Auditor de Puerto Rico destituyéndolo de su cargo es arbi-traria e ilegal, por haber sido dictada a base de una audiencia nula, puesto que los testigos que en apoyo de los cargos, declararon, no lo hicieron bajo juramento o afirmación, no obstante la protesta del peticionario para que se diera cum-plimiento a ese requisito legal. Arguye en contrario el apelante “que este tribunal en ningún momento ha sostenido-específicamente, desde que resolvió los casos de Pérez Marchand v. Garrido, y Domenech v. Corte, supra, que un fun-cionario o empleado destituido tenga derecho a una vista pública” (alegando en oposición a la desestimación, pág. 3), y en su alegato en apoyo del recurso formuló su posición en los siguientes términos:

“En otras palabras, después de proteger al empleado público contra persecuciones políticas y religiosas, el legislador procede a estatuir, en el campo de las relaciones oficiales, la ecuación más justa compatible con la disciplina. La experiencia enseña que una mayor acentuación del subalterno frente a su superior tiende a desobligarle del principio de la autoridad, que es la cimentación imprescindible de toda organización humana.
“Ahora bien, ¿cuáles son las limitaciones que impone la ley en Puerto Rico al poder general que tiene un funcionario nominador para destituir a un subalterno? A nuestro entender, las siguientes: (1) que la destitución sea por cualquier causa que tienda a pro-mover la eficiencia del servicio; (2) que el funcionario nominador radique por escrito en la Comisión de Servicio Civil las razones que motivan la destitución; (3) que las razones sean notificadas de un modo razonable al subalterno; (4) que el funcionario nominador notifique al subalterno los cargos que él le formulare; y (5) que el funcionario nominador dé al subalterno una oportunidad de con-testar dichos cargos por escrito.”

En ninguno de. los casos citados se sostiene que el fun-cionario no tenga derecho a ser oído, cuando los cargos los formula el funcionario nominador. Por el contrario, este tribunal, en el caso de Domenech v. Corte, 48 D.P.R. 542, 550, tratando de los derechos del funcionario contra quien se han formulado los cargos, se expresó así:

“... Tampoco puede aceptarse, como alega la comisión, que el funcionario nominador destituya sumariamente, y que la comisión es la que tiene autoridad para resolver el caso en su fondo, porque ese funcionario, que solamente puede destituir por justa causa, no puede •destruir los derechos de su subordinado mediante una destitución sumaria. El empleado no resulta indefenso por el hecho de que no se hayan concedido .facultades más amplias a la Comisión. La ley fija la pauta a seguir y de sus palabras se deducen los organismos llamados a intervenir para proteger los derechos del empleado: para una destitución por razones de carácter político o religioso, la Comi-•sión de Servicio Civil; para una destitución arbitraria y sin causa, cuando no intervenga la religión o la política, los tribunales de .justicia. El funcionario nominador no tiene autoridad para des-tituir arbitrariamente a un subordinado. En el ejercicio de sus funciones, debe ajustarse a las disposiciones de la ley, formulando cargos, oyendo al empleado, y destituyendo si es necesario, cuando existe una causa para la destitución. Si no se cumple con los requi-sitos de la ley y, por causas ajenas a la política y a la religión se •decreta arbitrariamente una destitución, el empleado destituido puede •acudir a los tribunales de justicia para obtener la debida reparación."

La sección 28 de la Ley de Servicio Civil antes citada, •en sn último párrafo, al consignar la facultad del funcionario nominador en cuanto a suspender o destituir a un subalterno •en bien de la eficiencia del servicio, tuvo buen cuidado de •expresar que la suspensión o destitución sea por justa causa, y en el primer párrafo de la misma sección se dice que '“ninguna persona que ocupe plaza o destino en el Servicio Civil Clasificado será separada o destituida, salvo por causas justificadas y previa formulación de cargos y no antes de dársele una oportunidad de ser oído en defensa propia."

En el caso de State v. Welford, 260 N. W. 593, resuelto por la Corte Suprema de North Dakota en 1935, se cita con aprobación del de Shaw v. Frazier, 39 N. D. 430, 167 N. W. 510, lo siguiente:

“En la ley bajo nuestra consideración, la asamblea legislativa ha «concedido al gobernador el poder de nombrar y de destituir, pero expresamente ba dispuesto que la destitución sea por causa (se cita la ley). La asamblea legislativa expresamente limitó el poder de este-ejecutivo para destituir. Esta limitación prescribía el ejercicio de-una discreción legal en adición a una discreción ejecutiva. Esta limitación, como hemos dicho, la asamblea legislativa tenía el derecho-de imponer. Una destitución por causa significa una destitución por causa legal. (Citas.) Cuando la asamblea legislativa estimó-conveniente exigir una causa legal como base para la destitución de-un cargo, necesariamente aplicó aquellos principios fundamentales de la jurisprudencia anglosajona, esenciales y reconocidos en cual-quier país libre y democrático, a saber: el derecho del acusado a ser oído, a ser confrontado con sus acusadores, y a defenderse. Véase People ex rel. Metevier v. Therrien, 80 Mich. 187, 195, 45 N. W. 78.... Esta corte, por consiguiente, ha adoptado ya sin disenti-miento el principio de que una causa legal debe existir en tal casoy debe ser establecida mediante una audiencia (hearing). Sería trivial decir que una causa legal es una causa judicial. De ello-se infiere que el gobernador, al ejercitar su facultad en tal proce-dimiento de destitución, necesariamente actúa de manera cuasi judicial. ’1

Ya hemos visto que según resulta de las alegaciones de la demanda, los testigos que declararon en apoyo de los cargos, no lo hicieron bajo juramento ni afirmación.

En el caso de Branizar v. Mendín, 43 D.P.R. 29, 30, donde los testigos en una audiencia pública celebrada para investi-gar cargos formulados contra un funcionario municipal no declararon bajo juramento, puesto que el que prestaron era nulo por no haberlo tomado un funcionario legalmente auto-rizado, dijo este tribunal:

“El artículo 36 de la Ley Municipal expresamente dispone que el alcalde es el único funcionario autorizado para destituir los fun-cionarios administrativos y agrega que la destitución deberá ser por justa causa concediéndose a los interesados audiencia pública y opor-tunidad para defenderse.
“Aquí se notificaron por el alcalde los cargos al funcionario demandante, pero al celebrarse la audiencia no se examinó a los testigos bajo juramento. Decimos que no se examinó, porque si bien el alcalde ordenó que los testigos prestaran juramento, lo hicieron ante el secretario municipal que carecía de autoridad para ello y con la protesta del peticionario por su abogado.
“Faltando el requisito del juramento, debe concluirse que el pro-cedimiento seguido fué ilegal, de acuerdo con la jurisprudencia que repetidamente lia resuelto que en investigaciones de la naturaleza de la que se trata en este caso, todos los testigos deben ser juramen-tados. (Citas.)”

En igual sentido se pronunció la Corte Suprema de North Dakota en 1932 en el caso de State v. Board of City Com’rs of the City of Fargo, 245 N. W. 887:

“Es en verdad un principio fundamental de la ley común que la evidencia en un procedimiento contradictorio en una corte de justicia debe ofrecerse bajo la sanción de un juramento. Un consejo municipal, al celebrar una audiencia sobre la destitución por causa, actúa en una capacidad judicial y se considera para ese efecto como si fuera una corte de justicia. Matter of Nichols, 6 Abb. N.C. (N.Y.) 474. Aunque estrictamente no es una corte, su deber es tan judicial que no puede prescindir de este requisito de una investigación judicial. People v. Public Com’rs, 155 N.Y. 40, 49 N.E. 257.”

Más adelante, en la página 895, cita con aprobación de 2 McQuillin on Municipal Corporations (2a. ed.), sec. 590:

“Aunque no se exige seguir estrictamente las reglas de evidencia, no puede prescindirse de los principios fundamentales. La evidencia debe presentarse bajo la sanción del juramento. Como muy bien se ha dicho, aunque no es una corte en el estricto sentido, su deber es tan judicial que no puede prescindir de los prerequisitos de una investigación judicial. ’ ’

Al final de dicha opinión (pág. 895), repite la corte:

“El funcionario que destituye {the removing officer) tiene una vasta discreción; pero no es ilimitada, debe ser guiada por la ley y la evidencia. Los miembros de un tribunal no pueden actuar caprichosa o arbitrariamente. (Citas.) ’ ’

En el caso que nos cnpa, en el cual la prueba fné exclusi-vamente testifical, afirmativamente aparece de la faz de la demanda, como hemos repetido antes, que los testigos que declararon ante el árbitro nombrado por el demandado ape-lante para investigar los cargos, no declararon bajo jura-mento o afirmación, no obstante las protestas del demandante. Siendo ello así, no estando sus declaraciones respaldadas por la sanción del juramento, la audiencia así celebrada es nula, y nnla también es la resolución dictada por el deman-dado decretando la destitución del demandante. A ninguna ■otra conclusión que no fuera la antes expuesta podríamos llegar, aceptando como ciertos los hechos alegados en la demanda.

Por consiguiente, el recurso de apelación establecido por •el demandado es frívolo y procede su desestimación.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Manuel L. Miró, patrono, peticionario ante la Comisión Industrial, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta de los Sres. M. León Parra, Presidente, F. Paz Granela y Juan H. Herrero, Comisionados Asociados, demandada, y Ramón Montaner, Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurridos.
    Núm. 181.
    Sometido: Diciembre 18, 1939.

      Resuelto: Febrero 14, 1940.

      G. Benitez Gautier y Jorge Benitez Gautier, abogados del recurrente; M. León Parra, abogado de la demandada; Ilon. Procurador General Interino E. Campos del Toro, E. de Aldrey, Procurador General Auxiliar, y Victor J. Vidal González, abogado éste del Fondo del Seguro del Estado, abogados del Administrador del Fondo mencionado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Manuel L. Miró radicó una petición ante la Comisión Industrial solicitando se revisaran sus primas de seguro. El Administrador del Fondo del Seguro del Estado pidió la desestimación. Esta moción fue denegada por orden de la Comisión de fecha 16 de diciembre de 1938. El Adminis-trador apeló y en marzo 29, 1939, este tribunal confirmó la orden y devolvió el caso para ulteriores procedimientos. Los hechos aparecen de la opinión emitida en dicho recurso. Montaner v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 561.

Posteriormente se celebró una vista y la resolución final de la comisión resolviendo definitivamente el caso fué dic-tada el 31 de agosto de 1939. Esta leía así:

“Comparando el contenido del ‘Disponiéndose’ del Art. 27 con lo estatuido en los Arts. 25 y 26, puede afirmarse sin temor a error, que el Legislador al enactar esta Ley contemplaba dos clases de patronos a asegurarse: aquellos que tienen establecido un trabajo regular, esto es, por años sucesivos; y la imposición de su póliza se rige por lo dispuesto en los Arts. 25, 26 y 27 basta el primer ‘dispo-niéndose’ de este último. Y aquellos otros patronos que van a realizar trabajo por tiempo limitado, como constructores de un edi-ficio, tendido de tuberías en una población para acueducto, o desagüe, etc., etc., cuya póliza se regula por el referido ‘Disponiéndose’ del Artículo 27.
“¿Pero qué ocurre cuando se trata de un patrono para un tra-bajo de tiempo limitado, ocasional, que tomó su seguro durante los últimos meses de un año económico, bajo nn tipo de prima deter-minado, la cual pagó según manda la Ley, y que para el nuevo año el tipo de esa prima es aumentado por así haberlo decretado el Administrador del Fondo del Estado? ¿Deberá este patrono, si aún no ha terminado el trabajo para el que se aseguró, someter a un reajuste la prima que pagó, y pagar la diferencia que supone el aumento del tipo de su prima para el nuevo año económico? Enten-demos que no, porque nada dispone la ley a este respecto en la parte que trata del seguro temporal o accidental....
“En parte alguna de esta Sección del Art. 27 que acabamos de transcribir, que la Ley de Compensaciones por Accidentes del Tra-bajo dedica al seguro de los patronos de trabajos por tiempo limi-tado u ocasionales, se descubre que el Fondo del Seguro del Estado pueda cobrar a ese patrono, otro tipo de prima durante la realización del trabajo que aseguró, que el primitivamente señalado y cobrado; y después, que exista otro factor para la liquidación final, que no sea el tipo de prima cobrado al darse comienzo al trabajo, y el montante de los jornales realmente pagados una vez terminada la obra.
“.... el Fondo del Seguro del Estado para liquidar esta clase de seguros, sólo tendrá dos factores: uno invariable, el tipo de prima que primitivamente se fijó y cobró al patrono que se asegura; y el otro, el montante de los jornales realmente pagados para la ejecu-ción de la obra para la que se aseguró. Nada autoriza en ella para imponer a esta clase de patrono el gravamen que pretende el Fondo del Seguro del Estado, de cobrarle la diferencia entre el montante de su prima ya pagada, correspondiente al riesgo asegurado en el momento en que se asegura, y el tipo de la nueva prima que poste-riormente dicho asegurador fijara al mismo riesgo, caso de aumentar aquél.
“Ahora bien, ¿a qué patronos puede considerarse como accidental, temporal u ocasional, para el efecto de ésta nuestra resolución? De la misma letra de la ley aparece que son tales, aquéllos cuyo trabajo por propia naturaleza no es permanente, o sea, de año tras año, y que su duración no alcance a un semestre. La ley en el 'Disponién-dose’ que venimos examinando dice como sigue: ‘Todo patrono que empleare trabajadores de los comprendidos en esta Ley, por cual-quier término o parte de un semestre... etc. ’ Por consiguiente, cuando un patrono acude al Fondo del Seguro del Estado, a tomar un seguro para un trabajo deteriñinado, que dada su naturaleza no supone necesariamente un lapso de' tiempo de un año para obtener el resultado final, y afirma que no ha de durar seis meses, este patrono tiene derecho a ser considerado por el asegurador como un patrono temporal, eventual u ocasional, y por lo tanto, compren-dido dentro del referido Disponiéndose del Artículo 27 de la Ley.
“Pero si este trabajo durare más de seis meses entonces ya ese patrono ha de ser considerado como patrono permanente y serle aplicables las reglas o reglamentos existentes para los patronos de esa categoría, en cuanto a la imposición de la prima de su seguro se refiere.
‘ ‘ Como consecuencia de lo antes expuesto, resultando de la prueba practicada ante esta Comisión Industrial, que el trabajo realizado por el patrono Sr. Manuel L. Miró, asegurado bajo la clasificación 6319, duró desde mayo de 1937 hasta abril de 1938, o sea, más de seis meses, resolvemos que no es un patrono temporal u ocasional, y debe ser considerado a los efectos del tipo de prima a pagar por el trabajo que aseguró como un patrono permanente.”

Esta resolución de la Comisión Industrial estaba suscrita por su Presidente Sr. M. León Parra y por el Comisionado Sr. Juan M. Herrero. El Comisionado Sr. F. Paz Franela disintió. El fué del criterio de que el Administrador no puede expedir una póliza que se extienda por un período mayor del año fiscal corriente; que antes de que él expida nuevas pólizas deberá revisar los tipos de primas y aumen-tarlos o rebajarlos según sea el caso; y que entonces nin-guna póliza está en vigor.

El Fondo del Seguro del Estado solicitó la reconside-ración. Esta fué denegada, mas toda vez que el Pondo no ha interpuesto recurso alguno, no es necesario discutir la cuestión.

El peticionario también solicitó la reconsideración. Tam-bién le fué denegada. La contención del peticionario fué que cuando la ley dice “por cualquier término o parte de un semestre” las palabras “por cualquier término” son dis-yuntivas y no significan “parte de un semestre.” La Co-misión creyó que cuando la ley dice “cualquier término o parte de un semestre” significa copulativamente cualquier “término o parte” de un semestre y no la interpretación disyuntiva sostenida por el peticionario.

El peticionario ha acudido en solicitud de un recurso de revisión y señala un solo error, a saber:

"La recurrida, Comisión Industrial de Puerto Rico, cometió un ‘ grave error de derecho al resolver que habiendo durado el trabajo del recurrente más de seis meses, no es, por esa razón, un patrono temporal u ocasional, y por lo tanto debe ser considerado a los efectos del tipo de prima a pagar por el trabajo que aseguró, como un patrono permanente.”

De la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Núm. 45 de 1935, (1) pág. 251) se verá que existen dos clases de patronos: permanentes y ocasionales. Los patronos permanentes que realizan la misma clase de trabajo año tras año remiten al Fondo del Seguro del Estado en o antes del 15 de julio de cada año, copia de la nómina total de sus negocios para el año fiscal anterior. El Administrador del Fondo clasifica los empleados de acuerdo con el trabajo que éstos ejecutan. Entonces, tomando como base la nómina anterior impone'los tipos que ha fijado a las varias clasificaciones, asumiendo por el momento que la nómina para el siguiente año será exactamente igual a la del anterior. Al finalizar el año fiscal el Administrador una vez más tiene la nómina a la vista. Compara la del año anterior con la del presente. Cualquier diferencia que resulte a favor del Fondo le es cobrada al patrono. Si la diferencia es a favor de éste se le acredita en cuenta contra futuras primas. Y esta nómina además de servir de base para la liquidación del seguro que ha estado en vigor para el año que acaba de expirar, sirve nuevamente de base para el cobro de primas para el siguiente año.

El patrono temporero u ocasional se halla en posición distinta. Cuando se propone iniciar el trabajo acude al Administrador y le somete un estimado de los jornales por el tiempo que dure el trabajo. Se le imponen las primas. Al terminarse el trabajo somete la nomina que en realidad ha pagado y se hace la liquidación.

De acuerdo con el contexto de la ley parecería que cuando un patrono ocasional toma una póliza ésta se extiende hasta el final del período requerido para terminar el trabajo. Sin embargo, en la práctica, el Administrador nunca expide una póliza que se extienda por un período en exceso del año fiscal corriente. Si el trabajo empieza en un año económico y continúa durante el siguiente, el Fondo expide una póliza que expira el 30 de junio y la misma es renovada por el tiempo del siguiente año fiscal que sea necesario.

La cuestión a dirimir en este caso es si al renovarse semejante póliza el Administrador del Fondo puede aumen-tar las primas de seguros. La Comisión resolvió que puede hacerlo cuando se trata de patronos permanentes; pero que no puede actuar de igual modo cuando se trata de patronos ocasionales. Decidió además que el peticionario no era un patrono ocasional puesto que su trabajo duraba más de un semestre.

El fallo de la Comisión fue que la frase “cualquier término o parte de un semestre” debía interpretarse en la siguiente forma: “término o parté” como'que equivalía a una repetición, es decir, que la palabra “término” equivalía a “parte.” Para la Comisión el vocablo “semestre” signi-fica un período de seis meses. No estamos de acuerdo.

El primer párrafo del artículo 27 lee:

“Será deber de todo patrono, el presentar al-Administrador, no más tarde del día 15 de julio de cada año, un estado por duplicado, bajo juramento, expresando el número de trabajadores empleados, por dicho patrono, la clase de ocupación o industria de dichos tra-bajadores y la cantidad total de jornales pagados a tales trabaja-dores o industria durante el año económico anterior. Sobre la suma total de jornales declarados en ese estado será computada la cuota dispuesta en los artículos 25 y 26 de esta Ley; Disponiéndose, que todo patrono que empleare trabajadores de los comprendidos en esta Ley por cualquier término o parte de un semestre, deberá presentar el estado por duplicado antes mencionado, bajo juramento consig-nando el número de obreros, o empleados ocupados, la clase de ocupa-ción y los jornales calculados que serán satisfechos a dichos obreros o empleados y sobre esa suma se computará la cuota a pagar por el patrono, debiendo, al terminar el trabajo de estos obreros o empleados, presentar el patrono, un estado, bajo juramento, igual al anterior, con el importe total de los jornales pagados, sobre cuya suma se hará la liquidación correspondiente, y si esta nómina es mayor que la anterior, el Administrador tasará, impondrá y el Tesorero re-caudará tal y como se dispone en esta Ley, sobre la diferencia, cuotas adicionales en forma igual a la que anteriormente se dispone.”

Con las palabras “Disponiéndose, que todo patrono que empleare trabajadores de los comprendidos en esta Ley por cualquier término o parte de un semestre, deberá presentar el estado por duplicado antes mencionado, bajo juramento . como alega el peticionario, la Asamblea Legislativa quería significar que el informe por duplicado debía radicarse en cualquier “término”, no importa su duración. La palabra “término” tiene su propia orientación y no equivale a parte de un semestre.

Por tanto, los vocablos “termino o parte de un se-mestre” tal cual fian sido usados en la ley significan que si el trabajo dura el término de un año, o de seis meses, o menos, y ciertamente si se extiende a más de un año, el pa-trono ocasional está obligado a obtener el seguro. No pue-den interpretarse como una limitación adicional impuesta al patrono ocasional. De ser así, ello crearía una confusión en la ley y ésta entonces tendría dos disposiciones contra-dictorias. El patrono ocasional, conforme hemos dicho antes, no es aquél cuyo trabajo es regular año tras año y cuyas nóminas son archivadas el 15 de julio de cada año, sino aquél que radica un estimado de su nómina al iniciar una obra que se liquida al. ser terminada. La póliza no se le expide por el año fiscal sino por la duración del trabajo. Se desprende en su consecuencia que Miró es un patrono ocasional.

El fallo de la Comisión al efecto de que las primas impuestas al patrono ocasional no pueden ser aumentadas es correcto. El patrono ocasional presenta su estimado y el Administrador del Fondo le fija un tipo. Las primas son finalmente liquidadas tomando como base ese mismo tipo original al finalizarse el trabajo y al determinarse los jor-nales en realidad pagados. El hecho de que entre esas dos fechas el Administrador del Fondo decida aumentar o reba-jar los tipos no debe afectar una póliza que continúa en vigor.

Podría ocurrir que se terminara un trabajo especial dentro del año fiscal y que el Administrador no pudiera aumentar los tipos. La posición de un patrono cuyo tra-bajo se extiende a través de un período que incluye el mes de julio no puede ser distinta.

Existe la costumbre, según hemos dicho, de expedir pó-lizas tan sólo hasta el 30 de junio, y de renovarlas entonces, aún en los casos de patronos ocasionales. Esa práctica es más conveniente para la administración del Fondo. Mas la ley dice que la póliza se extenderá desde el principio del trabajo hasta la terminación del mismo. Se trata tan sólo de una póliza, y el Administrador del Fondo, fraccionándola como lo crea conveniente, no la puede convertir en dos póli-zas y variar sus condiciones originales. Como la orden de la Comisión que hemos transcrito anteriormente dice: “En parte alguna de esta Sección del artículo 27 que acabamos de transcribir, que la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo dedica al seguro de los patronos de trabajos por tiempo limitado u ocasionales, se descubre que el Fondo del Seguro del Estado pueda cobrar a ese patrono, otro tipo de prima durante la realización del trabajo que aseguró, que el primitivamente señalado y cobrado; y después, que exista otro factor para la liquidación final, que no sea el tipo de prima cobrado al darse comienzo al trabajo, y el montante de los jornales realmente pagados una vez terminada la 'obra.”

Beben revocarse en parte las resoluciones de la Comisión y dictarse sentencia al efecto de que el peticionario debe ser considerado como wi patrono ocasional, y confirmarse en todos los demás extremos.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta de los Sres. M. León Parra, Presidente, y F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, demandada, y Vicente Usera, patrono, peticionario ante la Comisión Industrial.
    Núm. 188.

    Sometido: Enero 29, 1940.

      Resuelto: Febrero 14, 1940.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm, E. Campos del Toro, E. de Aldrey, Procuradores Generales Auxiliares y Victor J. Vidal González, abogado éste del Fondo del Seguro del Estado, abogados del recurrente; M. León Parra, abogado de la demandada; E. Arjona Siaca, abogado del patrono, peticionario ante la Comisión.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En 13 de enero de 1939, en el caso de Montaner, Administrador v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 55, decidimos que la Comisión Industrial-tiene plena autoridad, conferídale por el artículo 24 de la Ley núm. 45 de 1935 ((1) pág. 251), para reducir o rebajar y modificar las primas o tipos fijados para cada grupo de oficios o industrias por el Administrador del Fondo del Estado; y en consecuencia confirmamos la resolución de la Comisión en cuanto a la rebaja de $5.85 a $4.49 durante el año 1937-38 por cada $100 de jornales pa-gados, por la clasificación 0030, que es la del cultivo de caña.

El día 4 de agosto de 1937 el señor Vicente Usera, ase-gurado por el Fondo del Estado bajo póliza núm. 1217 para el año 1937-38, dirigió una comunicación a la Comisión Industrial al efecto de que en esa misma fecha había remitido al Administrador del Fondo un cheque por $255, de cuya suma $218.53 correspondían a la mitad de la prima fijada por el Administrador sobre su citada póliza, haciendo cons-tar que el pago lo hacía bajo protesta, por no querer aceptar el Administrador los tipos fijados por la Comisión.

El 10 de agosto de 1937 el secretario de la Comisión se dirigió al Sr. Usera, acusando recibo de su carta del 4 del mismo mes, .y terminaba diciéndole:

“Si lo que Ud. desea es que la Comisión revise el tipo o los tipos de las clasificaciones de riesgo en su negocio, es preciso que Ud. radique ante este organismo una solicitud de revisión de primas en una forma que atempere con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley núm. 45 de 1935.”

Dos días más tarde, el Sr. Usera envió a la Comisión Industrial una carta que lee así:

‘ ‘ Señores:
“Refiriéndome a mi carta del 4 d/c a esa Hon. Comisión en rela-ción con el pago que hice bajo protesta de la mitad de la prima para 1937-38 de mi póliza Núm. 1217 de seguro de obreros, respe-tuosamente solicito que dichas primas sean revisadas por esa Hon. Comisión, por considerarlas excesivamente altas e' injustificadas.” (Bastardillas nuestras.)

En 27 de octubre de 1939 la Comisión Industrial dictó una resolución cuya parte dispositiva lee así:

“La Comisión Industrial entiende que tal petición reúne los elementos necesarios para constituirla en una petición de revisión de la prima, de acuerdo con la ley, y por lo tanto, procede que el Administrador del Fondo de Seguro del Estado considere a este patrono comprendido bajo la sentencia del Hon. Tribunal Supremo de enero 13 de 1939.”

Denegada la reconsideración solicitada por el Administra-dor del Fondo, interpuso éste el presente recurso de revisión, alegando en apoyo del mismo:

1. Que la comunicación del Sr. Usera de fecba 12 de agosto de 1937, supra, no es la petición de revisión a que se refiere el inciso 1 del artículo 24 de la Ley “por no consignarse en la misma el tipo o tipos o la prima impugnada, ni la clasificación a que dicho tipo o tipos o prima correspondía, ni se expresaban en la misma los motivos por qué dichos tipos o prima debían enmendarse.”
2. Que el Administrador no fué notificado de la referida comu-nicación ni se le hizo parte en el procedimiento, ni se le concedió su día en corte para poder oponerse a las pretensiones del Sr. Usera.
3. Que el procedimiento seguido por la Comisión priva al Pueblo de Puerto Rico de su propiedad sin el debido proceso de ley.

El recurso debe ser desestimado por frívolo y por envol-ver una cuestión puramente académica.

La ley (artículo 24, inciso 1), provee que el patrono per-judicado podrá radicar “una petición de revisión por dicha Comisión de las decisiones hechas por el Administrador con relación a los tipos o primas para uno o más oficios o indus-trias, dando los motivos por qué dichos tipos o primas debían enmendarse.” La comunicación del Sr. Usera cumple subs-tancialmente con el estatuto. Empieza refiriéndose a su carta del 4 de agosto de 1937, que obraba en poder de la Comisión, en la que hacía constar el número de su póliza, el año cubierto por ella, la cantidad fijada por el Administrador y pagada bajo protesta. Solicitó respetuosamente que dichas primas, fijadas por el Administrador en contravención de lo acor-dado por la Comisión, fuesen revisadas. Y como motivo para la reducción que solicitaba, alegó que las primas fijadas por el Administrador del Fondo eran excesivas.

Que las primas fijadas por el Administrador eran exce-sivas era una cuestión ya resuelta por la Comisión y con-firmada por esta Corte Suprema. El Administrador del Fondo tuvo su .día en corte y fué oído por la Comisión y por esta Corte Suprema en el caso que motivó la sentencia de este tribunal de 13 de enero de 1939, que envolvía la misma cuestión cuya revisión pidió a tiempo el Sr. Usera. Si la Comisión no requirió al Administrador del Fondo para que contestase la petición de revisión radicada por el Sr. Usera, seguramente se debió a que la Comisión estimó que la resolución del caso dependía de la que se dictara en el caso iniciado por Antonio Matos y otros, que envolvía la-misma cuestión que presenta el caso de autos.

Considerando que la petición de revisión radicada por el Sr. Usera es suficiente y que en nada beneficiaría al recu-rrente la devolución del caso a la Comisión para ulteriores procedimientos, toda vez que nuestra decisión tendría que ser idéntica a la del caso de Matos et al. (54 D.P.R. 55, supra), opinamos que debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la resolución recurrida.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alejandro Acosta Padilla, acusado y apelante.
    Núm. 7956.

    Sometido: Enero 25, 1940.

      Resuelto: Febrero 14, 1940.

      P. Nelson Colberg y Enrique Báez García, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue acusado ante la Corte de Distrito de Mayagüez porque “ilegal, voluntaria y maliciosamente, trans-portaba, tenía y ofrecía en venta, con el fin de dedicarla al consumo humano, leche de vaca adulterada.” En la acusa-ción se alega la reincidencia del acusado, quien fué en el año 1930 convicto del mismo delito, caso núm. 7189 de la misma corte.

Celebrado el juicio, la corte inferior declaró al acusado culpable, condenándole a seis meses de cárcel y a pagar $500 de multa, más las costas; y ordenó la cancelación de su licen-cia para vender leche. No conforme, apeló el acusado, ale-gando que la corte sentenciadora erró:

1. Al prohibir que se investigara por el acusado si en las transac-ciones relacionadas en el caso mediaba dinero, sin que el fiscal susci-tara la oposición.
2. Al ordenar qne se procediera a probar reincidencia, a pesar del fiscal no disponerse a probarla, demostrando así pasión, prejuicio y parcialidad en contra del acusado.
3. Al negar la suspensión del juicio para que el acusado pudiera traer la prueba de su defensa.

El incidente a que se refiere el primer señalamiento ocurrió al declarar el testigo Luis Hernández Aquino, Inspector de Y aquerías. Declaró que vió al acusado en un poblado a la salida del pueblo de Cabo Rojo, llevando la leche en unos porrones pequeños, en los que le quedaban cuatro litros y medio; que el acusado venía pregonando y vendiendo la leche y al ver al testigo huyó; que él intervino y le tomó una muestra, la que fué enviada al laboratorio para su análisis. El abogado defensor le repreguntó así:

“P. — ¿Ud. vió interferencia de dinero cuando él entregaba la leche a los vecinos que Ud. dice?
“R. — Eso no se puede ver.
“P. — i Y por qué sabe Ud. que él la vendía?
‘‘R. — Porque él venía pregonándola.
“P. — ¿Pero Ud. vió que algunas de las personas a quienes él le daba la leche le entregaba dinero?
“R.- — Hombre, si uno va a ver todos esos detalles...

Intervino entonces el juez, diciendo: “La corte entiende que los agentes que toman una muestra de leche no tienen que ver a la gente que paga.” La defensa tomó excepción.

La corte inferior interpretó la ley correctamente. El de-lito que define la Ley de 12 de agosto de 1925 queda consu-mado al transportar, tener y ofrecer en venta, con el fin de dedicarla al consumo humano, leche adulterada. La reali-zación de una venta no es un elemento esencial del delito. Basta que el acusado transporte la leche adulterada y que la ofrezca en venta para ser consumida por seres humanos. Siendo esto así, no erró la corte al advertir a la defensa que el Fiscal no estaba obligado a probar la consumación de una venta. El juez está facultado para regular el orden de la prueba, pudiendo llamar la atención de las partes hacia la pertinencia o impertinencia de las preguntas por ellas for-muladas. '

Examinemos el segundo señalamiento. Después de haber declarado el químico del Departamento de Sanidad, al efecto de que él había examinado la muestra de la leche tomada al acusado, resultando que la leche'tenía un 10'por ciento de agua añadida artificialmente, el fiscal ofreció el testimonio del Inspector de Sanidad Elpidio Pabón Tulh Preguntóle el fiscal si él había visto al acusado en enero 14, 1930, y si para esa época él le recogió unas muestras de leche al acusado, contestando el testigo en la afirmativa. Al preguntar el fiscal “¿Cómo resultó esa leche?,” se opuso la defensa, alegando que si lo que se trataba de probar era la reincidencia del acusado, la mejor prueba sería el expediente y el libro de sentencias; y en cuanto a la adulteración de la leche, el informe del análisis químico. Intervino el Juez, preguntando al testigo si él había radicado alguna denuncia contra el acusado. Contestó el testigo que la había radicado ante la Corte de Distrito de Mayagüez. El Juez llamó entonces a la Secretaria de la corte, le ordenó trajera el librodonde consta el caso anterior contra 'el acusado, y dijo:

“La Corte cree que si se alega la reincidencia y en la acusación se alega el caso en que fué condenado por este mismo delito, y si fué en esta misma Corte, está en nuestras manos verlo para hacerle al acusado completa justicia.”

La secretaria trajo el libro de sentencias y el fiscal ofreció-corno prueba la dictada en el caso núm. 7189 contra Alejandro-Acosta Padilla, por un delito de adulteración de leche. Se opuso la defensa, por los alegados motivos de que la senten-cia que se ofrecía en evidencia no se refería al mismo delito y porque no se había probado que el acusado en el caso anterior fuese la misma persona acusada en el caso de autos. La corte admitió la prueba y la defensa anotó una excepción. En el alegato no insiste el apelante sobre este punto. Se-queja solamente de que el juez pidiera a la Secretaria la sentencia en el caso anterior, para poder determinar si el acusado era o no un reincidente.

La reincidencia no es uno de -los elementos componentes del delito. Es una mera circunstancia agravante que la corte está obligada a tomar en consideración al imponer la pena. En la acusación se alegaba la reincidencia, expre-sando el número del caso en que el acusado había sido convicto. Cuando el fiscal trató de probar el hecho de la reincidencia con prueba oral, se opuso la defensa, alegando que la mejor prueba era el libro de sentencias. Fue entonces que la corte ordenó que el libro fuese traído a su presencia, sin que aparezca del récord que la defensa se opusiera o tomara excepción. Que el acusado Alejandro Acosta Padilla era el mismo individuo Alejandro Acosta, acusado y convicto en el caso número 7189, quedó claramente establecido por la declaración del inspector Pabón.

El tercer señalamiento presenta una cuestión que merece seria y detenida consideración. Al terminar el fiscal de presentar su prueba, solicitó el abogado defensor un término de cinco días para traer la prueba de la defensa. Denegada la petición, tomó excepción la defensa. Del récord aparece el siguiente diálogo entre el juez y la defensa:

“Lie. Colberg: Nosotros hacemos constar que si no venimos hoy con la prueba de defensa, que es justa y meritoria para tratar de probar la inocencia del acusado, fué porque en este caso el abogado dé este acusado consideró dirigirse a la Corte tratando de transar con el Sr. Fiscal del Distrito y con el consentimiento de esta Hon. Corte se convino...
‘ ‘ Hon. Juez: ¿ El compañero entiende que estos delitos se pueden transar con el Fiscal?
“Lie. Colberg: Yo entiendo que se puede transar cualquier delito. Si se transa un asesinato, un homicidio, un atentado a la vida, un acometimiento y agresión, entiendo que se puede transar un delito de adulteración de leche, siempre que esté autorizada por la Corte con la conformidad del Fiscal. En este caso, el Sr. Fiscal Díaz Viera y el Fiscal interino, lo prueba este abogado, que respe-tuosamente se dirigió a V. H. y convino con el Sr. Fiscal propietario .Hon. Enrique Díaz Viera y posteriormente con el compañero distin-guido Hon. Vicente Palés Matos, en que si la Corte lo permitía, no ■se probaría la reincidencia en este caso, tomando en consideración que es muy dudoso probar que este Alejandro Acosta que aparece «orno acusado en esa reincidencia sea este mismo Alejandro Acosta Padilla que está respondiendo boy de este caso ante la Corte, admitió .el compañero de que se trata de una supuesta reincidencia de hace mueve años, aceptó siempre que el Hon. Juez de la Corte aceptaría que no se probara la reincidencia, tomando además en consideración la edad de este acusado, que tiene 57 años. Cuando este abogado transaba este asunto, el Fiscal Díaz Viera se dirigió al Hon. Juez de esta Corte, Hon. Francisco Navarro Ortiz, y el Hon. Juez de esta ■Corte Francisco Navarro Ortiz le dijo a este abogado que si el .Fiscal aceptaba, él entendía no había inconveniente en que la rein-cidencia no se alegara. Si mal no recuerdo, V. H. me dijo a mí en ,§u oficina que ésa era cuestión del Fiscal y que si el Fiscal no .alegaba reincidencia, él no tenía inconveniente.
“Hon. Juez: Eso es cierto.
“Lie. Colberg: Y por eso esta parte, estimando que la transac-ción hecha con el Fiscal Díaz Viera y ratificada luego por el Fiscal ■interino Vicente Palés Matos y ratificada por el Hon. Juez de la Corte, Francisco Navarro Ortiz...
“Hon. Juez: No, eso no es así. La Corte le dijo al compañero ■que si el Fiscal no alegaba reincidencia, no tenía inconveniente ni tiene interés en que no se alegara.
“Lie. Colberg: Los motivos son esos. Yo digo bien claro que la transacción fué a base de no traer prueba de reincidencia o no •alegarla y como la reincidencia viene en un proyecto de acusación donde se alega el Fiscal tiene que probarla. Ahora, que él aceptó transar no probándola y que es un abuso de discreción de la Corte tratar de introducir prueba de reincidencia, cuando el Fiscal ya se h,a allanado a no probarla.
■ “Hon. Juez: Es hora ya de que en esta Corte se acabe la prác-tica de transar los casos fuera de estrados. El juez que preside esta ■Corte se propone acabar con esa práctica que lesiona los derechos de El Pueblo de Puerto Rico. La Corte no puede consentir tam-poco que un caso después de comenzado se posponga para que el .acusado prepare su prueba. Venga la prueba del demandado.
“Lie. Golberg: Nosotros sometemos el caso y anotamos una excep-ción a las palabras del Hon. Juez de la Corte.”

El fiscal con su presencia y su silencio admitió haber to-mado parte en el alegado convenio para no probar la reinci-dencia del acusado.

La práctica descrita en el diálogo arriba transcrito merece nuestra más enfática censura y reprobación. Es deber del fiscal presentar en evidencia toda la prueba de que pueda valerse legalmente para establecer la culpabilidad de las per-sonas contra las cuales ha formulado una acusación. Fal-taría abiertamente a ese deber, si teniendo evidencia sufi-ciente de que un homicidio había sido realizado con malicia y deliberación, conviniese con el abogado defensor en supri-mir esa prueba en el acto del juicio, para que el acusado no pudiese ser convicto de asesinato, de acuerdo con la acu-sación, y lo fuese solamente de homicidio. Si se admitiera que el fiscal está facultado para suprimir parte de su prueba, tendríamos que admitir que lo está también para suprimirla toda y para condonar cualquier delito mediante tales supre-siones. Los convenios de esa naturaleza son contrarios al interés público y como tales completamente nulos. El Pueblo v. Collazo, 51 D.P.R. 450.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Felipe Padilla, acusado y apelante.
    Núm. 7622.

    Sometido: Junio 6, 1939.

      Resuelto: Febrero 15, 1940.

      E. Pérez Casalduc, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN

emitió la opinión del tribunal.

Luis Felipe Padilla fué convicto de infringir el artículo 328 del Código Penal y sentenciado a sufrir dos años de presidio. Su contención es que toda infracción del artículo 328 del Código Penal es un delito menos grave, castigable tan sólo con multa máxima de tres mil dólares o con prisión en cárcel que no excederá de tres años. La médula de su argumento es la siguiente:

Según el Artículo 204 del Código Penal, tal cual fué enmendado en 1933 (leyes de ese año, pág. 265) el homicidio involuntario es un delito menos grave y 11 se castigará con pena de cárcel por un término máximo de tres (3) años o multa máxima, de-tres mil (3,000) dólares o ambas penas a la vez, a discreción de la corte. ’ ’ El efecto de esta enmienda fué enmendar también el Artículo 328 del Código Penal en lo que al castigo para una infracción del mismo se refería. El delito castigado por aquella parte del Artículo 328 que habla de "la muerte de una persona,” de la manera allí descrita es una moda-lidad del delito de homicidio involuntario tal cual el mismo es defi-nido por el Artículo 203 del Código Penal. Pueblo v. Lebrón, 23 D.P.R. 658. El resolver que todo el Artículo 328 del Código Penal está aún en vigor, no obstante la enmienda que en 1933 se hizo al Artículo 204 del Código Penal, conduciría al resultado absurdo de que un acusado — convicto de infringir el Artículo 328, consistente en conducir temerariamente un automóvil por un camino público, como resultado del cual otra persona recibió lesiones que le ocasio-naron la muerte — podría ser condenado a presidio, mientras que otro acusado — convicto del delito de homicidio involuntario por el hecho de haber dado muerte con el automóvil que guiaba a velocidad excesiva en una calle de mucho tránsito y sin dar aviso alguno a otra persona que se encontraba confiadamente parada en la acera o sitio presumible seguro de dicha calle — podría ser condenado a cárcel o al pago de una multa. Cuando cabe dar a una ley una interpretación razonable es deber del juzgador así interpretarla y evitar con ello el absurdo, como ocurre con la ley que nos ocupa. 59 C. J. 968, sec. 574. Si puede considerarse prácticamente compren-dido el delito previsto en el Artículo 328 en aquella parte del Artículo 203 del mismo que define el homicidio involuntario — cuya pena se fija en el Artículo 204 — la enmienda de este último, reba-jando su calificación y penalidad, deroga aquella parte del 328 que impone una calificación y penalidad más severas.

El apelante se funda en los siguientes casos: United States v. Yuginovich, 256 U. S. 450; United States v. One Bay State Roadster, 2 F. (2d) 616; United States v. Stafoff, 268 F. 417; United States v. Stafoff, 260 U. S. 477; State v. McClellan (La.), 98 So. 748; Espalin v. State (Tex.), 237 S. W. 274; United States v. One Chevrolet Coupé, 9 F. (2d) 85; Newbauer v. State (Ind.), 161 N. E. 826; y State v. Tate (La.), 171 So. 108.

El fiscal de esta corte hace las siguientes citas: Pueblo v. Canals, 48 D.P.R. 798; Pueblo v. Morales, 43 D.P.R. 1016; Pueblo v. Román, 41 D.P.R. 769; Pueblo v. Jiménez, 31 D.P.R. 351; People v. Collins, 233 P. 97, 107; 5 Am. Jur. 914, sec. 762; Id. 925, sec. 788; 8 R. C. L. 148; 2 R. C. L. Sup. 562, sec. 133; Pueblo v. Collado, 30 D.P.R. 188; State v. Schoeffer, 117 N. E. 220; y Pueblo v. Buscaglia, 54 D.P.R. 939.

Los artículos 192, 193 y 369 del Código Penal de California — -tanto al tiempo de su aprobación original en febrero 14, 1872, como al tiempo de ser adoptados en 1902 por nuestra Asamblea Legislativa Insular, como los artículos 203, 204 y 328 de nuestro Código Penal — traducidos al castellano, leían así:

“Artículo 192. — Homicidio es dar muerte ilegal a un ser bnTna.no sin que medie malicia. Es de dos clases:
“1. Voluntario: cuando ocurre con ocasión de una súbita pen-dencia o arrebato de cólera.
‘' 2. Involuntario: cuando ocurre al realizarse un acto ilegal, que no constituyere delito grave (felony); o al realizarse un acto legal que pudiere ocasionar muerte en forma ilegal; o sin la. debida pru-dencia o circunspección.”
“Artículo 193. — El homicidio se castigará con la pena de pre-sidio por un término máximo de diez años.”
“Artículo 369. — Todo conductor, maquinista, guardafreno, guar-dágujas, u otra persona encargada del todo o en parte de cualquier vagón, locomotora o tren de ferrocarril que voluntariamente o por descuido lo dejare o hiciere chocar con otro vagón, locomotora, tren u otro objeto o cosa, ocasionando de este modo la muerte de una persona, incurrirá en pena de presidio en la prisión del estado por un término de uno a diez años.”

En 1908 se agregó el “automóvil y buque de vapor” al “vagón, locomotora o tren de ferrocarril,” especificados en el artículo 328 tal cual el mismo fue adoptado por nuestra Asamblea Legislativa en 1902. También se agregaron las palabras cualquier despachador de trenes (train dispatcher), telegrafista, jefe de estación, o cualquiera otra persona “en-cargada en todo o en parte del deber.de despachar o dirigir los movimientos de dicho vagón, locomotora, tren de ferro-carril, automóvil o embarcación,” a la lista de personas previamente enumeradas. Se retuvo la pena máxima de diez años de presidio. El mínimo en lo que a la pena de presidio se refería se rebajó de un año a seis meses. El artículo según quedó enmendado también fijaba una pena alternativa máxima de dos años de cárcel. Véase la Compi-lación de los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, de 1911, sección 5776.

En 1916 (véase el Código Penal, edición de 1937) se redujo la pena máxima de presidio de diez a cinco años. La pena mínima de presidio y en su alternativa la pena de cárcel — cuando como consecuencia del choque moría una persona — fueron suprimidas, agregándose las siguientes dispo-siciones :

“Si como consecuencia del choque resultase daño para alguna persona, dicho conductor, maquinista, guardafreno, guardaguja u otra persona, incurrirá en pena de cárcel por un término máximo de dos años, o multa máxima de mil dólares, o en ambas penas a discreción de la corte.”

El artículo 204 permaneció inalterado hasta 1933. Fue enmendado entonces (véase Código Penal, edición de 1937) y hoy en día lee así:

“El homicidio voluntario se castigará con pena de presidio por un término máximo de diez (10) años. El homicidio involuntario se castigará con pena de cárcel por un término máximo de tres (3) años o multa máxima de tres mil (3,000) dólares, o ambas penas a la vez, a discreción de la corte. Será considerado como un delito menos grave a todos los efectos de la ley y las cortes de distrito de Puerto Eico tendrán jurisdicción exclusiva original en los casos de homicidio involuntario y el acusado tendrá el derecho de solicitar ser juzgado por tribunal de derecho o por jurado.”

En el caso de United States v. Yuginovich, supra, la Corte Suprema de la Nación dijo (bastardillas nuestras) :

“Es cosa resuelta desde luego que las derogaciones implícitas no-son favorecidas. Es cosa igualmente resuelta que un estatuto posterior deroga los anteriores cuando éste es claramente irreconciliable-con los más antiguos. United States v. Tynen, 11 Wall. 88. Al interpretar estatutos penales es regla establecida que los preceptos' posteriores derogan los anteriores, cuando prácticamente cubren los mismos actos y fijan una penalidad menor. La frase final del Artículo 35, considerada por sí sola, indica fuertemente la intención de preservar las leyes más antiguas. Pero este artículo debe ser-interpretado a la luz de la disposición constitucional contenida en la Enmienda Dieciocho y en armonía con los preceptos de la Ley Volstead, aprobada para poner en vigor dicha enmienda.
“Teniendo en mente los anteriores principios y considerando ahora el primer cargo (count) de la acusación que imputa la tenta-tiva de defraudar y el haber defraudado al Gobierno del impuesto de rentas internas, no creemos que el lenguaje general utilizado al final del Artículo 35 evidencia la intención del Congreso de fijar para tal delito el castigo prescrito en el Artículo 3257, con la consiguiente-confiscación, multa y prisión, y al mismo tiempo autorizar el proceso y la penalidad del Articulo 35, que fija penas más leves y especiales por dejar de pagar tales impuestos, y que impone una contribución por el doble de la cantidad prescrita por la ley y una pena adicional de $500 a los detallistas y de $1;000 a los fabricantes. Además, las palabras finales del primer párrafo del artículo 35, en lo que a todos los delitos imputados se refiere, deben ser interpretadas a la luz de los principios de hermenéutica legal y en armonía con las disposi-ciones de la Ley Volstead misma, que hace ilegal el poseer bebidas embriagantes, o propiedad dedicada a la fabricación de tales bebidas, y prescribe su destrucción. Convenimos con la corte inferior en que si bien el Congreso manifestó la intención de imponer contribuciones tanto a las bebidas ilegalmente producidas como a las legalmente fabricadas, cosa que estaba dentro de su facultad constitucional, no fué su intención conservar las antiguas penalidades impuestas por el Artículo 3257 en adición al precepto específico que impone una penalidad en la Ley Volstead.
“Tenemos menos dificultad con las otras secciones de la legisla-ción de rentas internas anteriores, bajo las cuales se han formulado los cargos ya expuestos. Creemos que no fué la intención dejar subsistente el requisito de exhibir al público las palabras ‘Destilería Registrada’ en todo establecimiento dedicado a la producción de bebidas embriagantes, que no pudiera explotarse legalmente; ni exigir una fianza para el control de tal fabricación; ni castigar la fabricación de baticiones (mash) en una destilería que no podía estar autorizada por la ley.”

No es necesario que demos énfasis — citando extractos si-milares de las opiniones emitidas en los otros casos federales, supra — a la diferencia existente entre los hechos de esos casos y los del presente.

En el caso de Espalin v. State, 237 S. W. 274, la Corte de Ajielaciones Criminales del estado de Tejas, resolvió, con-forme se dice en el sumario:

“Cuando la Asamblea Legislativa designa ciertos actos, punibles bajo un estatuto ya existente y por determinación específica hace que tales actos estén sujetos a una penalidad distinta a la aplicable hasta entonces, y varía esencialmente los elementos constitutivos del nuevo delito, tales actos específicos quedan fuera de la clasificación anterior y deben en lo sucesivo ser llevados a la clase creada por la nueva ley.”

En el caso de State v. McClellan, 98 So. 748, 749, se dijo que: “Cuando dos estatutos penales son contradictorios en cuanto a la pena a fijarse, ambos no pueden subsistir con-juntamente. State v. Hickman, 127 La. 442, 53 So. 680.” Expresiones similares pueden ser halladas en otros casos, uno o dos de los cuales son citados por el apelante. Tan sólo hemos examinado unos pocos de los casos no citados. Como punto de partida para una investigación ulterior sobre esta cuestión, véase 59 C. J. 938, sec. 551.

Es ley familiar que un solo acto puede constituir una infracción de distintos estatutos. Gavieres v. United States, 220 U. S. 338; Morey v. Commonwealth, 108 Mass. 433; 8 R. C. L. 149, sec. 135; Pivak v. State, 202 Ind. 417, 175 N. E. 278, 74 A. L. R. 406.

Es igualmente elemental que en semejantes casos El Pueblo puede optar por procesar bajo uno u otro estatuto. Pueblo v. Jiménez, 31 D.P.R. 351; In re Converse, 137 U. S. 624; People v. Dillon, 199 Cal. 1, 248 P. 230; People v. Moulton, 116 Cal. App. 552, 2 P. (2d) 1009; People v. Crane, 356 Ill. 276, 190 N.E. 355; People v. Menagas, 367 Ill. 330, 11 N.E. (2d) 403; Bonahoon v. State, 178 N.E. 570, 79 A. L. R. 453; 1 Bishop’s New Criminal Law, 8th ed., sec. 791; 2 Bishop’s New Criminal Procedure 480, sec. 612, subdiv. 4.

El artículo 44 de nuestro Código Penal dispone:

“Un acto u omisión penable de distintos modos por distintas disposiciones de este Código, podrá castigarse con arreglo a cual-quiera de dichas disposiciones, pero en ningún caso bajo más de una; la absolución o convicción y sentencia bajo alguna de ellas, impedirá todo procedimiento judicial por el mismo acto u omisión, bajo cual-quiera de las demás.”

El Título VIII de la Parte I del Código Penal de California trata de los delitos contra la persona. El Capítulo I de ese título habla de “Homicidio” {Homicide). Define: asesinato; malicia, expresa e implícita; grados de asesinato; homicidio (manslaughter), voluntario e involuntario; homi-cidio exclusable; homicidio justificable, cometido por fun-cionarios públicos y homicidio justificable cometido por otras personas. Especifica el castigo para asesinato y el castigo para homicidio (manslaughter) y contiene varias otras dis-posiciones. Los artículos 192 y 193 forman parte de este capítulo.

El artículo 369 del Código de California forma parte del Título X que trata de los delitos contra la salud y seguridad públicas. Este título en la época en que se aprobó original-mente incluía: muertes producidas por explosiones; muertes causadas por choques de trenes; estorbos públicos; depósito de animales muertos en las calles, ríos, etc.; almacenaje ilegal de pólvora, etc.; violación de las leyes de cuarentena por los capitanes de embarcaciones; infracción de las leyes sanitarias; negligencia en el cumplimiento de las leyes sani-tarias; prácticos sin licencia; rotulado de drogas por far-macéuticos; pesas y medidas falsas; adulteración de ali-mentos y bebidas; venta de drogas, hedidas o alimentos adulterados o dañados; incendios; obstruir cualquier tenta-tiva de extinguir un incendio; explotación de puentes o barcas de portazgo sin autoridad; incumplimiento . de la franquicia concedida para explotar una barca; correr o conducir a velocidad sobre puentes de portazgo; cruzar puen-tes, etc. sin pagar el portazgo; dejar de tocar la campana de una locomotora en los cruces de las carreteras; embriaguez de los ingenieros, conductores o maquinistas de las locomo-toras o automóviles; estacionamiento de automóviles de pasajeros frente a camiones de carga; violación de los de-beres impuestos a los empleados de compañías ferroviarias; exposición de personas atacadas de enfermedades contagio-sas en sitios públicos; fraudes cometidos para afectar los precios del mercado; regateo en las vías públicas; venta de bebidas a ebrios habituales o a los indios; venta de armas de fuego y municiones a los indios; y muertes producidas por animales bravios.

El fin obvio de la Asamblea Legislativa de California al aprobar el artículo 369 fué proteger al público, especialmente a los transeúntes y más particularmente a las personas que viajaban en trenes, de los desastrosos efectos, aunque indi-rectos, de la negligencia criminal de los encargados de arte-factos tan peligrosos como ferrocarriles, automóviles, loco-motoras y trenes. Muerte como resultado directo de tal negligencia — en ausencia de nn choque como los descritos— significaría de ordinario la muerte de un solo individuo. Por otra parte, una colisióii entre una locomotora y un carromato o una diligencia en un cruce ferroviario, podría ocasionar la muerte a media docena o más de los ocupantes del vehículo. En un choque ocurrido entre un tren de pasajeros y uno de carga, el número de muertos podría ser cincuenta o más. En una colisión entre trenes de pasajeros el número de personas que perderían la vida podría aún ser mayor. Se-mejantes consideraciones, sin más, hubieran justificado la pena mínima de un año en la penitenciaría del estado, fijada por la Asamblea Legislativa de California.

Hallamos poca evidencia intrínseca de la existencia de una intención en 1872 de prescribir meramente una pena distinta para cierta clase de homicidio involuntario que ya estaba cubierta por la definición dada en el artículo 192. Si tal hubiera sido la intención de la Asamblea Legislativa de California, la forma más simple y más fácil de lograr ese resultado habría sido modificar ligeramente la fraseología de la sección 193. El artículo 369 era igualmente innecesario para remover cualquier duda respecto a si la muerte de un ser humano en la forma indicada por ese artículo equi-valía al homicidio definido por la sección 192. Semejante duda pudo haber sido más fácilmente disipada variando ligeramente el artículo 192. Si la intención del poder legis-lativo fué definir y castigar una clase de homicidio involun-tario, que no estaba ya incluida en el artículo 192, la forma lógica de efectuar esto hubiera sido introducir los cambios necesarios en los artículos 192 y 193. Ninguna de estas tres hipótesis parece suministrar una explicación satisfactoria para la existencia del artículo 369. Este artículo no dice que cualquiera de las personas que realice alguna de las cosas por las cuales puede castigársele en la forma allí pro-■vista es culpable de homicidio o se considerará culpable de homicidio, tal cual ese delito es definido por el artículo 192, ni cosa similar. La omisión es significativa.

Si la Asamblea Legislativa de California no tuvo la in-tención meramente de fijar un castigo distinto para el delito de homicidio, ni de definir y castigar una nueva clase de homicidio, la conclusión alternativa es — o sería, de hacerse necesario determinar esta cuestión — que su intención fué de-finir y castigar, y que definió y prescribió, la pena para un ■delito separado y distinto. Sin embargo, dado el criterio que adoptamos del caso — y especialmente con vista del artículo 654 del código de California, prototipo de nuestro artículo 44, supra — no es menester que discutamos ampliamente este aspecto de la cuestión.

Para los fines de esta opinión podríamos eliminar la cuestión de si la Asamblea Legislativa de California con el artículo 369 del código de California creó un delito distinto y separado. Subsiste el hecho de que en el inciso 2 del ar-tículo 192 la Asamblea Legislativa definía el delito de homi-cidio involuntario en lenguaje amplio y general. En el artículo 193 fijaba una pena para el homicidio genérico. La mayoría de los actos que pueden ser perseguidos fructuosa-mente como constitutivos de homicidio involuntario bajo el inciso 2 del artículo 192 y la inmensa mayoría de aquéllos que pueden perseguirse y castigarse como homicidio bajo los artículos 192 y 193, no podrían ser perseguidos ni casti-gados como infracciones al artículo 369. Por otra parte— asumiendo para los fines de la argumentación que la Asam-blea Legislativa en el artículo 369 tenía en mente tan sólo una clase de homicidio involuntario — su mente estuvo fija en esa clase específica. Había escogido y daba cuidadosa con-sideración a una clase específica de infractores cuya negli-gencia criminal en el manejo de determinados artefactos podría producir resultados específicos que a su vez ocasio-narían la muerte de un ser humano. El delito definido en el artículo 369 — al menos al ser procesado un infractor bajo el mismo — debía castigarse como una violación de ese ar-tículo mediante la imposición de nna pena más severa que la provista por la sección 193 para el delito de homicidio, qua homicidio. No existía antagonismo básico entre el artículo 369 y los artículos 192 y 193 del código de California. Todos han subsistido juntos por espacio de 68 años sin que se haya puesto en tela de juicio o levantado la existencia de un conflicto o inconsistencia entre los mismos.

Nuestra Asamblea Legislativa insular, al adoptar el ar-tículo 369 del Código de California como artículo 328 de nuestro propio código y al enmendar ese artículo en 1908 y 1916, prestaba atención especial a las mismas cuestiones específicas que habían ocupado la atención especial de la Asamblea Legislativa de California en 1872. Al enmendar el poder legislativo insular el artículo 204 de nuestro Código Penal en 1933, él trataba en términos generales y en forma general con un asunto general, tal cual lo habían hecho en 1902 al fijar por primera vez un castigo para el delito de homicidio como tal. Ni en 1902 ni en 1933 estuvo su mente centralizada en las cuestiones especificadas en el artículo 328 a que prestó atención especial en 1902, en 1908 y en 1916. No hallamos que exista conflicto alguno entre el artículo 328, tal cual fué enmendado en 1916, y el artículo 204, según fué modificado en 1933. En su consecuencia, no hubo derogación implícita.

La lectura de la opinión emitida en un caso de Idaho—In re Mallon, 102 Pac. 374 — en que el apelante también des-cansa, bastará para distinguir ese caso.

La sentencia apelada dehe ser confirmada.