author: PER curiam:

text:
      In re Samuel Martínez Rodríguez.

      Número: TS-12,398

      Resuelto: 11 de marzo de 2015

      Geisa M. Marrero Martínez, en informe.
   PER curiam:

I

El Ledo. Samuel Martínez Rodríguez fue admitido al ejercicio de la abogacía el 16 de julio de 1998. El 10 de octu-bre de 2014, la Directora del Programa de Educación Jurí-dica Continua (PEJC), en representación de la Junta del PEJC, nos informó que el licenciado Martínez Rodríguez ha-bía incumplido con los requisitos de educación jurídica continua durante el periodo de 1 agosto de 2007 al 31 de julio de 2009.

Según surge del informe presentado por la Directora, el 3 de septiembre de 2009 el PEJC envió al licenciado Martínez Rodríguez un aviso de incumplimiento en donde, entre otras cosas, le otorgó sesenta días adicionales para que cumpliera con los requisitos de educación jurídica continua. Transcu-rrido casi dos años de esa notificación, se citó al letrado a una vista informal ante el PEJC. El licenciado Martínez Ro-dríguez no compareció a la vista, por lo que el Oficial Exa-minador recomendó referir el asunto a este Foro. El PEJC notificó esa determinación al licenciado Martínez Rodríguez y le otorgó un término adicional para cumplir con los requi-sitos del programa. El licenciado Martínez Rodríguez tam-poco respondió a esa comunicación. La Directora refirió el asunto a la Junta del PEJC para su consideración.

Luego, la Junta del PEJC nos refirió el asunto. El 20 de octubre de 2014 tomamos conocimiento del informe sobre incumplimiento presentado por la Directora del PEJC y concedimos al licenciado Martínez Rodríguez un término de veinte días para que compareciera y mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía por incumplir con los requisitos de educación jurídica continua y por no comparecer ante el PEJC cuando se le requirió. Al día de hoy, el licenciado Martínez Rodríguez no ha comparecido, por lo que pasamos a resolver.

II

El Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, establece que con el “fin de viabilizar el objetivo de representación legal adecuada para toda persona, el abogado [...] debe realizar esfuerzos para lograr y mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la participación en programas educativos de mejoramiento profesional [...]”. Con ese fin aprobamos el Reglamento de Educación Jurídica Continua de 1998, 4 LPRA Ap. XVII-D, el cual dispone en su Regla 6 que todos los abogados activos tienen que cumplir con al menos veinticuatro horas créditos en cursos acreditados cada dos años. Asimismo, no más tarde de treinta días luego de finalizado ese periodo, los abogados tienen el de-ber de presentar un informe a la Junta del PEJC en el que acrediten el cumplimiento con las horas crédito establecidas. Reglamento del Programa de Educación Ju-rídica Continua de 2005, 4 LPRAAp. XVII-E.

Cuando los abogados cumplen tardíamente con los requisitos del PEJC, deben presentar un informe con las razones que justifican el cumplimiento tardío, así como pa-gar una cuota de $50. Regla 30 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, 4 LPRAAp. XYII-E. En casos de incumplimiento, el Director del PEJC tiene el deber de citar a los abogados a una vista informal para que estos expliquen las razones para el incumplimiento. Id., Regla 32. En caso de incomparecencia, la Junta del PEJC debe remitir el asunto ante este Tribunal. Id.

En un sinnúmero de ocasiones hemos disciplinado profesionalmente a abogados que desatienden los requerimientos del PEJC e incumplen con las horas crédito de educación continua requeridas. In re Rivera Trani, 188 DPR 454 (2013). Igualmente, hemos reiterado que desatender nuestros requerimientos acarrea sanciones disciplinarias, incluyendo la suspensión inmediata de la profesión. In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2014). Cuando un abogado no cumple con nuestras órdenes, “demuestr[a] menospreci[o] hacia nuestra autoridad, infringiendo de ese modo, las disposiciones del Canon 9”. Id., pág. 374. De esta forma, “[s]i luego de proveerle un término al abogado para que muestre causa por la cual no debe ser suspendido de la profesión éste incumple con nuestro mandato, procede que el abogado sea sancionado con la suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía [...]”. In re Piñeiro Vega, 188 DPR 77, 90 (2013).

III

Según surge del expediente, el licenciado Martínez Ro-dríguez incumplió con los requisitos de educación jurídica continua para el periodo comprendido del 1 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2009. Al momento, el letrado no ha acreditado el cumplimiento con las veinticuatro horas cré-dito para el periodo notificado, aun habiéndosele concedido amplia oportunidad para hacerlo. Ese incumplimiento está acompañado de una actitud indiferente y en menosprecio a los requerimientos del PEJC y a las órdenes de este Tribunal.

Por todo lo anterior, decretamos la suspensión inme-diata e indefinida del licenciado Martínez Rodríguez del ejercicio de la abogacía. Como consecuencia, se le impone el deber de notificar a todos sus clientes, si alguno, de su in-habilidad para seguir representándolos, devolverles cuales-quiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e in-formar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.


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license: Public Domain

text:
      In re María V. Ferrer de Glassberg.

      Número: TS-3737

      Resuelto: 12 de marzo de 2015

      Geisa M. Marrero Martínez, en informe.
   per curiam:

Nuevamente, nos vemos obligados a suspender del ejercicio de la abogacía a una profesional del Dere-cho por incumplir con los requisitos del Programa de Edu-cación Jurídica Continua y no actualizar su información personal en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

I

La Leda. María V. Ferrer de Glassberg (licenciada Fe-rrer de Glassberg) fue admitida al ejercicio de la abogacía el 9 de diciembre de 1970 y al de la notaría el 29 de diciem-bre del mismo año. Esta renunció al ejercicio de la notaría el 30 de julio de 1991 por motivo de su traslado de residen-cia a los Estados Unidos. Sin embargo, en ese momento no informó a este Tribunal los pormenores de cuándo y a dónde se trasladaría.

La licenciada Ferrer de Glassberg no cumplió con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua para los periodos del 1 de agosto del 2007 al 31 de julio de 2009. Como consecuencia, el 10 de octubre de 2014 la Directora del Programa de Educación Jurídica Continua nos sometió el Informe sobre incumplimiento con requisito de educación jurídica continua.

En el referido informe se detalla que el 3 de septiembre de 2009 se envió a la letrada un Aviso de Incumplimiento, confiriéndole un término de 60 días adicionales para tomar los cursos de educación continua. Ante la omisión de com-pletar los cursos, el 1 de septiembre de 2011 el Programa de Educación Jurídica Continua citó a la licenciada Ferrer de Glassberg a una vista informal a celebrarse el 28 de ese mes. Sin embargo, la togada no compareció a la vista informal.

Asimismo, la Directora del Programa de Educación Jurí-dica Continua resalta que todas las comunicaciones se remi-tieron a la última dirección que consta en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA). Empero, no hubo éxito en localizar a la licenciada Ferrer de Glassberg. La administradora del bufete donde esta laboraba informó que desconoce la dirección actual de la abogada e informó que desde hace algún tiempo no ejercía la profesión.

Así las cosas, el 31 de octubre de 2014 este Tribunal emitió una Resolución concediendo a la licenciada Ferrer de Glassberg un término de 20 días para mostrar causa por la cual no debía ser suspendida del ejercicio de la abogacía por incumplir con los requisitos de educación jurídica continua y por no comparecer ante el Programa de Educación Jurídica Continua. La Resolución fue notificada a la última dirección que aparece en el RUA. La letrada ha hecho caso omiso a nuestra orden.

II

Como es sabido, los abogados y abogadas tienen la obligación de “mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la participación en programas educativos de mejoramiento profesional [...]”. 4 LPRA Ap. IX, C. 2. Como consecuencia, este Tribunal promovió el Reglamento de Educación Jurídica Continua de 1998 (4 LPRA Ap. XVII-D) con el propósito de establecer y regular un programa de educación jurídica obligatorio que contribuya al mejoramiento profesional. In re Rivera Trani, 188 DPR 454, 459 (2013).

El Programa de Educación Jurídica Continua requiere a la clase togada que cursen 24 créditos de educación jurídica continua con algún proveedor acreditado, salvo ciertas excepciones. In re Villamil Higuera, 188 DPR 507 (2013). Los abogados y las abogadas que incumplan con tales requisitos deben justificar su acción y pagar una cuota de $50. Véase Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua de 2005 (4 LPRA Ap. XVII-E, R. 30). En estos casos, el Director o la Directora del Programa de Educación Jurídica Continua deberá citar a los abogados o las abogadas a una vista informal para que expliquen las razones para su incumplimiento. Id. En caso de que el letrado o la letrada no asista a la vista informal, el Pro-grama de Educación Jurídica Continua remitirá el asunto ante este Tribunal.

En reiteradas ocasiones este Tribunal ha disciplinado a aquellos miembros de la profesión legal que han desatendido los avisos de incumplimiento y no han completado las horas créditos de educación jurídica continua. Véanse: In re Rivera Trani, supra; In re Villamil Higuera, supra; In re Camacho Hernández, 188 DPR 739 (2013); In re Ramírez Ferrer, 183 DPR 382 (2011); Galarza Rodríguez, Ex parte, 183 DPR 228 (2011). Igualmente, hemos actuado cuando los abogados y las abogadas quebrantan su obligación de notificar a este Tribunal cualquier cambio de dirección postal o física. Véase Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B. De esta forma se estableció el RUA con el propósito principal de centralizar en una base de datos la información de las personas autorizadas por este Tribunal a ejercer la abogacía y la notaría. In re Camacho Hernández, supra, pág. 743; In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660-661 (2011).

III

A tenor con lo expuesto, la licenciada Ferrer de Glassberg incumplió con los requisitos de educación jurí-dica continua para el periodo de 1 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2009. No cumplir con el mínimo de horas crédi-tos impone al abogado y la abogada el deber de acreditar si existe alguna razón que le exima a ello. La licenciada Fe-rrer de Glassberg no ha expresado justificación alguna para tal omisión. Su actitud ha sido de indiferencia al no comparecer a los requerimientos del Programa de Educa-ción Jurídica Continua y de este Tribunal. Por último, la letrada incumplió con el deber que impone la Regla 9(j) de nuestro Reglamento, supra, al no informar ni mantener al día los cambios de direcciones físicas y postales.

IV

Por lo anterior, suspendemos inmediata e indefinida-mente a la Leda. María V. Ferrer de Glassberg del ejercicio de la abogacía por incumplir con los requisitos del Pro-grama de Educación Jurídica Continua y no informar a nuestra Secretaría los cambios de dirección postal y física conforme a nuestro Reglamento.

La licenciada Ferrer de Glassberg tiene el deber de no-tificar a sus clientes, si alguno, de su inhabilidad para se-guir con su representación y deberá devolverles los expe-dientes de los casos pendientes, así como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos. Además, deberá infor-mar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Estas gestiones deberán certificarse a este Tribunal dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta Opinión per curiam y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta no interviene.


text:
      In re Juan Delgado Rivera.

      Número: TS-9972

      Resuelto: 13 de marzo de 2015

      Geisa M. Marrero Martínez, en informe.
   per curiam:

En esta ocasión nos corresponde ordenar la suspensión indefinida de la práctica de la abogacía de un miembro de la profesión legal por incumplir con los reque-rimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y con las órdenes de este Tribunal.

I

El Ledo. Juan Delgado Rivera fue admitido al ejercicio de la abogacía el 13 de enero de 1992. El 3 de septiembre de 2009 la Leda. Yanis Blanco Santiago, quien entonces fungía como Directora Ejecutiva del Programa de Educa-ción Jurídica Continua, envió al licenciado Delgado Rivera un Aviso de Incumplimiento por el periodo de 1 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2009. En la misiva, se le otorgó un periodo de sesenta días para tomar los cursos requeridos. Además, se le apercibió de su deber de pagar una cuota de $50 por cumplimiento tardío, conforme a la Regla 30 del Reglamento de Educación Jurídica Continua, 164 DPR 555 (2005). El 18 de noviembre de 2009, el licenciado Delgado Rivera envió una comunicación al Programa indicando que no ejercía la abogacía, puesto que se desempeñaba como empleado federal a tiempo completo. Expuso que, por tal razón, estaba exento de cumplir con los requerimientos del Programa. En respuesta, el Programa le notificó una comu-nicación de 25 de junio de 2010, en la que le explicó que las disposiciones del Reglamento de Educación Jurídica Continua aplicaban a todo profesional del Derecho en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico que estuviese activo como abogado. Así, se le informó al licenciado Delgado Rivera que, mientras estuviese activo como abogado, estaba obli-gado a cumplir con los requisitos del Programa y se le orientó sobre los distintos métodos de cumplimiento con los requerimientos de éste. El Programa no recibió respuesta del licenciado Delgado Rivera a la referida comunicación.

Así las cosas, y una vez transcurrido un tiempo razona-ble para que el licenciado Delgado Rivera cumpliera con los requisitos del Programa, el 1 de septiembre de 2011 se le envió una citación para una vista informal que se celebra-ría el 28 de septiembre de 2011. Luego de que el licenciado Delgado Rivera no compareciera a la vista, el Oficial Exa-minador recomendó remitir el asunto a este Tribunal, con-forme a la Regla 32(C) del Reglamento del Programa. La Directora Ejecutiva del Programa acogió esta recomenda-ción, presentó el asunto ante la Junta de Educación Jurí-dica Continua. La Junta, por su parte, presentó el Informe sobre incumplimiento con requisito de educación jurídica continua ante este Tribunal, detallando el reiterado incum-plimiento del licenciado Delgado Rivera y expresando su preocupación en torno a la actitud pasiva de éste al mo-mento de cumplir con los requerimientos del Programa y contestar las comunicaciones que se le enviaron.

Examinado el Informe presentado, el 20 de octubre de 2014 le concedimos al licenciado Delgado Rivera un tér-mino de veinte días para que compareciera y mostrara causa por la cual no debía ser suspendido de la profesión de la abogacía por haber incumplido con los requerimien-tos del Programa y por no haber comparecido ante éste para la celebración de la vista informal, como le fue requerido. Al día de hoy, el licenciado Delgado Rivera no ha comparecido ni ha solicitado prórroga para comparecer.

II

Los requerimientos establecidos en el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua responden al deber ineludible de todo abogado y abogada del País de “mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la participación en programas educativos de mejoramiento profesional [...]”. Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Para garantizar el cumplimiento con ese deber ético-profesional, este Tribunal adoptó el Reglamento de Educación Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVII-D, R. 6, el cual, salvo contadas ex-cepciones, exige a todos los miembros activos admitidos a la profesión legal la aprobación de 24 horas crédito en cursos de educación jurídica. Además, este Reglamento contiene los procedimientos para certificar el cumplimiento con las horas crédito y revisar los avisos de incumplimiento.

Por otro lado, también les hemos recordado reiteradamente a los miembros de la profesión legal su deber de contestar con diligencia los requerimientos que exige este Tribunal, advirtiendo que la dejadez es incompatible con la práctica de la profesión. Véanse: In re Guzmán Rodríguez, 187 DPR 826 (2013); In re Trinidad Torres, 183 DPR 371 (2011); In re Colón Rivera, 170 DPR 440 (2007). A esos efectos, hemos afirmado que la desidia al momento de contestar los requerimientos de este Tribunal infringe el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, puesto que constituye una afrenta a nuestro poder inherente de regular el ejercicio de la profesión legal. Véanse: In re Guzmán Rodríguez, supra; In re Rosado Cruz, 176 DPR 1012 (2009).

III

El licenciado Delgado Rivera ha incurrido en conducta altamente reprensible al incumplir con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua e ignorar la or-den de comparecencia emitida por este Tribunal. Como surge de los hechos reseñados, el licenciado Delgado Rivera hizo caso omiso a nuestros requerimientos e incum-plió con lo dispuesto en el Reglamento de Educación Jurí-dica Continua, luego de que se le otorgasen múltiples oportunidades para garantizar su cumplimiento. Al día de hoy han transcurrido más de cuatro meses desde que emi-timos una resolución concediéndole al licenciado un tér-mino de veinte días para que compareciera y mostrara causa por la cual no debía ser suspendido. Estimamos que su conducta refleja dejadez, desatención y falta de diligen-cia, cualidades incompatibles con la práctica de la profe-sión legal.

Por los fundamentos que anteceden, se ordena la sus-pensión inmediata e indefinida del licenciado Delgado Rivera del ejercicio de la abogacía. En caso de que el licen-ciado Delgado Rivera esté representando a clientes ante nuestros tribunales en la actualidad, se le impone el deber de notificarles sobre su inhabilidad de continuar represen-tándolos, devolverles los honorarios por trabajos no reali-zados e informar oportunamente de su suspensión a cual-quier foro judicial y administrativo en el que tenga un caso pendiente. Deberá acreditar a este Tribunal el cumpli-miento con lo anterior en un término de treinta días conta-dos a partir de la notificación de esta opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Ricardo Pacheco Pacheco.

      Números: AB-2012-0481 AB-2013-0423 AB-2014-0210 TS-10797

      Resueltos: 16 de marzo de 2015

      Lourdes I. Quintana Lloréns y Manuel E. Ávila de Jesús, directores de la Oficina de Inspección de Notarías; Ricardo Pacheco Pacheco, pro se.

      Odette F. Toro Álvarez, querellante.

      Luis M. De Jesús Tirado, querellante.

      Julián A. Parrilla Boria, abogado de Multiple Mortgage Corporation, querellante; Manuel E. Ávila de Jesús, en in-forme; Ricardo Pacheco Pacheco, pro se.

   per curiam:

Nuevamente nos vemos obligados a ejercer nuestra facultad disciplinaria en contra de un miembro de la profesión legal que ha desplegado repetidamente una conducta temeraria de desatención a nuestras órdenes.

A su vez, aprovechamos para reiterar que, conforme a nuestra autoridad como foro regulador y fiscalizador de la profesión legal, nos corresponde sancionar a aquellos nota-rios que no ejercen cabal, fiel y prontamente sus deberes como custodios de la fe pública. Asimismo, debemos pena-lizar a aquellos que asumen voluntariamente la función notarial y pretenden dejar su tarea inconclusa bajo el pre-texto de falta de Por la inobservancia de los preceptos antes establecidos, decidimos suspender al Ledo. Ricardo Pacheco Pacheco inmediata e indefinidamente de la abogacía y la notaría.

I

El licenciado Pacheco Pacheco fue admitido al ejercicio de la abogacía el 4 de enero de 1994 y a la notaría el 22 de febrero del mismo año. A continuación, discutiremos el trá-mite y resolución de tres quejas que se presentaron en su contra y un informe de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN).

TS-10,797

El 27 de febrero de 2013, ODIN compareció ante este Foro para solicitar que ordenáramos al licenciado Pacheco Pacheco a subsanar varias deficiencias notariales, ya que este no atendió diligentemente sus requerimientos. Me-diante una Resolución notificada personalmente el 13 de mayo de 2013, concedimos al licenciado Pacheco Pacheco un término de 30 días para que subsanara su obra notarial “so pena de sanciones”.!)

Casi un año después, el 20 de marzo de 2014, el notario compareció y explicó que durante los últimos 3 años estuvo inmerso en una serie de situaciones personales que le im-pidieron atender adecuadamente los requerimientos de este Tribunal. En atención a lo anterior, decidimos conce-derle una segunda y tercera oportunidades para que corri-giera las deficiencias de su obra notarial. Le apercibimos que su incumplimiento con nuestras órdenes podría conlle-var su separación del ejercicio de la profesión legal.!)

Por su parte, ODIN reiteró el incumplimiento del nota-rio y relató que intentó comunicarse con este para coordi-nar el proceso de subsanación de su obra notarial y para atender unas quejas que se presentaron en su contra, pero que todos sus intentos resultaron infructuosos. A pesar de que ha transcurrido casi un año desde su última compare-cencia, lo cierto es que el licenciado Pacheco Pacheco aún no ha realizado gestión alguna referente a la corrección de las deficiencias señaladas por ODIN.()

AB-2013-0423

El 11 de octubre de 2013 se presentó la Queja Núm. AB-2013-0423 en contra del licenciado Pacheco Pacheco. Posteriormente, la Subsecretaría de este Tribunal le envió unas cartas requiriéndole su contestación a la queja. A pe-sar de que enviamos las notificaciones a la dirección que surgía del Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA), el Servicio de Correo Postal devolvió tales notificaciones. En vista de ello, decidimos notificar personalmente nues-tro requerimiento y, mediante la Resolución emitida el 27 de mayo de 2014, le conferimos un término final de 5 días para que cumpliera con lo ordenado, con la advertencia de que su incumplimiento “podr[ía] conllevar sanciones disci-plinarias severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión”.

Para lograr el diligenciamiento personal de la Resolu-ción, los alguaciles de la Oficina del Alguacil del Tribunal Supremo se personaron a la oficina del notario y hablaron con uno de sus compañeros abogados, quien lo llamó en varias ocasiones para informarle la situación. Ante tales gestiones, el licenciado Pacheco Pacheco se comprometió con uno de los alguaciles, vía telefónica, a recoger la Reso-lución el 6 de junio de 2014.() En dicha ocasión, le expli-camos la importancia del asunto y la necesidad de que re-cibiera el documento, a lo que el abogado reiteró su intención de comparecer. A pesar de haber transcurrido más de 9 meses desde que el licenciado Pacheco Pacheco se comunicó con nosotros, este aún no ha gestionado el recibo de nuestra Resolución ni ha contestado la Queja Núm. AB-2013-0423.

AB-2014-0210

El licenciado Pacheco Pacheco también incumplió con nuestros requerimientos en el trámite de la Queja Núm. AB-2014-210. Luego de intentar contactarle en dos ocasio-nes a través de su dirección postal para requerir su compa-recencia y contestación a la queja, ordenamos la notificación personal con el apercibimiento de que el incumplimiento po-dría conllevar la suspensión del ejercicio de la profesión legal.()

En cumplimiento con lo ordenado, los alguaciles de este Tribunal acudieron a la residencia del licenciado Pacheco Pacheco en dos ocasiones y sus vecinos corroboraron que este aún residía allí. Por tal razón, los alguaciles dejaron unas hojas de aviso en su residencia. Funcionarios de este Tribunal también se personaron a la oficina legal del nota-rio, pero no le consiguieron. Ante la imposibilidad de reali-zar la entrega personal, nos comunicamos vía telefónica con el licenciado Pacheco Pacheco y con su representante legal, quienes —en múltiples ocasiones— se comprometieron con atender prontamente el diligenciamiento de la Resolución.() Sin embargo, hoy todas las promesas de comparecer han sido incumplidas.

AB-2012-0481

En el 2007, el licenciado Pacheco Pacheco autorizó la Escritura Número 10 de 2007 sobre cancelación de hipo-teca (Escritura) y posteriormente procedió a presentarla en el Registro de la Propiedad. El 5 de marzo de 2008, la Re-gistradora de la Propiedad de Aguadilla notificó al licen-ciado Pacheco Pacheco la existencia de varias faltas que im-pedían la inscripción de la Escritura, entre ellas, la omisión de la descripción de la finca. Además, le apercibió que el asiento vencería si no se corregía. A pesar de lo anterior, el licenciado Pacheco Pacheco dejó vencer el asiento registral y no informó tal situación a los otorgantes. Luego de solicitar un refinanciamiento del inmueble, los otorgantes descubrie-ron que la Escritura no fue inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que el inmueble continuaba gravado. Tal situación provocó que el banco le requiriera a los otorgantes una garantía adicional hasta que se produjera la cancela-ción del pagaré.

Conforme a los hechos expuestos, el 10 de diciembre de 2012 se presentó la Queja Núm. AB-2012-481. En esta se alegó que el licenciado Pacheco Pacheco no proveyó una copia de la Escritura para corregir el defecto, a pesar de que había transcurrido casi un año desde que se le requirió. Por lo anterior, nos solicitaron que ordenáramos al notario que proveyera una copia de la Escritura para que se pudiese preparar un acta de subsanación, corregir el defecto y lograr la cancelación del gravamen.

El 24 de julio de 2013, el letrado compareció y aceptó los hechos consignados en la queja. Explicó que procedió a pre-sentar la Escritura en el Registro de la Propiedad, a pesar de que no había recibido el pago por sus honorarios, aran-celes ni gastos para la presentación. También alegó que ya había entregado una copia certificada de la Escritura y que su demora en corregir el defecto se debió a la falta de pago.

El 5 de febrero de 2014, el Director de ODIN presentó un Informe en el que recomendó la imposición de medidas disciplinarias en contra del licenciado Pacheco Pacheco por su “falta de diligencia [...] en subsanar los defectos no-tificados por la Registradora de la Propiedad [...]”.() Me-diante una Resolución notificada el 17 de marzo de 2014, concedimos al notario un término de 20 días para que se expresara en torno al Informe y le apercibimos que, de no comparecer, se allanaría a las recomendaciones formula-das en este. El notario aún no ha presentado su oposición al Informe.

II

A. Incumplimiento con los requerimientos y órdenes emiti-dos por este Tribunal

El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene el poder in-herente de regular la profesión y, por ello, nos corresponde asegurar que los miembros admitidos a la práctica de la abogacía y la notaría ejerzan sus funciones responsable, competente y diligentemente.() Con el propósito de man-tener la excelencia de la clase togada, hemos enfatizado la obligación que tienen los abogados de cumplir fiel y cabal-mente con todos los cánones de ética que rigen nuestra profesión. ()

Entre las disposiciones de mayor envergadura en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, que impone al abogado el deber de "observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. La desatención de las órdenes y los requerimientos judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales, lo que representa una infracción a este canon.() Por tal motivo, los abogados tienen la obligación inexcusable de atender y responder pronta y rigurosamente nuestras ór-denes y requerimientos, en especial aquellos referentes a la investigación, tramitación y resolución de quejas y pro-cesos disciplinarios.() Ello independientemente de los pro-cedimientos iniciados en su contra. ()

A su vez, los abogados deben responder diligentemente a los requerimientos de ODIN y del Procurador General, puesto que esa inobservancia acarrea el mismo efecto que cuando se desatiende una orden emitida por este Foro.() En el ejercicio de nuestra autoridad fiscalizadora de la profesión legal y con el propósito de mantener el orden, el respeto y la excelencia que exigimos a la clase togada, hemos decidido que procederá la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría de aquellos miembros que no atiendan con diligencia nuestros requerimientos, así como los emitidos por ODIN y la Oficina del Procurador o de la Procuradora General.()

Por otra parte, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, dispone que todos los abogados tienen “la obligación de mantener actualizados sus datos y realizar cualquier cambio en la información que consta en el Registro Único [de Abogados y Abogadas del Tribunal Supremo (RUA) ]”. Entre otras cosas, el abogado deberá notificar cualquier cambio en su dirección, teléfono, fax y correo electrónico. El mero incumplimiento de lo anterior también podrá conllevar la imposición de sanciones disciplinarias.() No olvidemos que cuando un letrado incumple con su deber de mantener al día su información de contacto, este obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria.()

B. Incumplimiento del notario con el principio de la fe pública

Un notario puede arriesgarse —pero no está obligado— a autorizar determinada escritura sin haber recibido previamente sus honorarios arancelarios y no arancelarios.() Sin embargo, desde el momento cuando opta por realizar el acto notarial, el notario se obliga a cumplir con todos los requisitos que la fe pública le impone y no podrá dejar su tarea inconclusa bajo el pretexto de falta de pago.()

En atención a la importancia que la función notarial posee dentro del tráfico de bienes, el notario —como custodio de la fe pública— debe ser en extremo cuidadoso y debe desempeñar su función con esmero, diligencia y estricto celo profesional.() Ese celo y cuidado deben desplegarse antes, durante y después de otorgar el instrumento público para asegurar que este no adolece de faltas o defectos que impidan su inscripción registral.() Una vez el notario se percate de algún defecto u omisión en la escritura o el Registrador de la Propiedad lo señale, corresponderá al notario observar prontamente los mecanismos que la ley provee para su corrección.() En particular, el Art. 63 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 (30 LPRA see. 2266), explica la responsabilidad del notario por omisiones o defectos en los instrumentos públicos del modo siguiente:

El notario o funcionario que por su falta cometiere alguna omisión que impida inscribir el acto o contrato, conforme a lo dispuesto en la ley, subsanará prontamente, al ser requerido, extendiendo a su costo un nuevo documento, si fuere posible e indemnizando en todo caso a los interesados de los perjuicios que les ocasion[e] su falta. (Enfasis suplido).

Por otro lado, el Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, impone al abogado y al notario el deber de “mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. En conformidad con lo anterior, hemos resuelto que el notario que no atiende los defectos señalados por el Registrador de la Propiedad y no notifica tal situación a su cliente, estará sujeto a la imposición de una medida disciplinaria.()

III

A pesar de las múltiples oportunidades y apercibimien-tos que le concedimos al licenciado Pacheco Pacheco du-rante la tramitación de las Quejas AB-2013-0423 y AB-2014-210, y en el procedimiento iniciado por ODIN en el expediente del abogado (TS-10,797), este ha desplegado una conducta temeraria en desatención a nuestra autori-dad como foro regulador de la profesión legal. Lo anterior constituye un craso incumplimiento con el Canon 9 del Có-digo de Ética Profesional, supra. Además, su omisión de mantener informado a este Tribunal sobre su dirección actual, así como su constante incumplimiento con las prome-sas de comparecer, provocaron una dilación en la tramita-ción de los procedimientos iniciados en su contra.

Concluimos también que el licenciado Pacheco Pacheco incumplió su función como custodio de la fe pública. De su contestación a la Queja Núm. AB-2012-481 surge que el notario no atendió prontamente el señalamiento de la Re-gistradora de la Propiedad, dejó vencer el asiento registral y no informó tal situación a los otorgantes. No obstante, justificó su omisión de subsanar las deficiencias señaladas con el fundamento de que no le pagaron prontamente sus honorarios, aranceles y gastos de presentación. Al igual que hemos resuelto en el pasado, dicho señalamiento es inmeritorio.

Es sabido que una vez el notario decide asumir voluntariamente la función notarial, su deber y lealtad dejan de ser exclusivamente hacia el cliente, puesto que se le inviste de un nuevo cargo como custodio de la fe pública. Esta importante tarea dentro del tráfico de bienes le requiere asegurarse de la validez y legalidad de los actos jurídicos que autoriza. A su vez, el notario queda compelido a ejercer diligentemente su función hasta asegurarse que el negocio jurídico que autorizó obtuvo plena eficacia, es decir, hasta cerciorarse de que el instrumento público no posee defectos que impidan su inscripción en el Registro de la Propiedad. Aun cuando reconocemos que el notario no está obligado a otorgar una escritura sin antes recibir el pago de lo acordado, advertimos que una vez este procede a autorizarla estará obligado a cumplir con todos los requisitos que le impone la fe pública. () Esto incluye atender y corregir prontamente los defectos señalados por el Registrador de la Propiedad, conforme a lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley Hipotecaria de 1979, supra.

IV

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Cu-riara que antecede, se ordena la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Ricardo Pacheco Pacheco de la prác-tica de la abogacía y la notaría.

El licenciado Pacheco Pacheco deberá notificar a sus clientes que, por motivo de su suspensión, no podrá conti-nuar proveyéndoles consultoría ni representación legal, y les devolverá los expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de resolución y los honorarios que haya perci-bido por trabajos no realizados. De igual manera, tendrá la responsabilidad de informar de su suspensión a cualquier foro judicial o administrativo en el que tenga algún caso pendiente y mantenernos informados de cualquier cambio en su dirección, teléfono y correo electrónico. Deberá acredi-tar y certificar a este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior, dentro del término de treinta días, contados a par-tir de la notificación de la presente Opinión “Per Curiam” y Sentencia.

Finalmente, concedemos al licenciado Pacheco Pacheco un término de sesenta días para subsanar las deficiencias arancelarias de su obra notarial y contratar, a su costo, a un notario para corregir las deficiencias señaladas.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

      (1) Véase Resolución de 26 de abril de 2013 que obra en el expediente del abogado.

      (2) Véanse Resoluciones de 22 de noviembre de 2013 y 28 de febrero de 2014.

      (3) Véase la certificación negativa de ODIN enviada a la Secretaría de este Tribunal el 13 de febrero de 2015.

      (4) Véase Informe de Caso AB-2013-423 suscrito el 9 de junio de 2014 por la Oficina del Alguacil del Tribunal Supremo, en el que se acredita el diligenciamiento negativo de la Resolución de 27 de mayo de 2014.

      (5) Véase Resolución de 23 de octubre de 2014 en la que concedimos al licenciado Pacheco Pacheco un término final de 5 días para que contestara la Queja Núm. AB-2014-210.

      (6) Véase Informe de Caso AB-2014-0210 suscrito el 22 de enero de 2015 por el Alguacil del Tribunal Supremo, en el que se devuelve como negativo el diligencia-miento personal de la Resolución de 23 de octubre de 2014.

      (7) Caso Núm. AB-2012-481, Informe, pág 8.

      (8) In re Vera Vélez, 192 DPR 216 (2015).

      (9) In re Sosa Suárez, 191 DPR 261 (2014).

      (10) In re Bryan Picó, 192 DPR 246 (2015); In re Pérez Román, 191 DPR 186 (2014); In re Martínez Romero, 188 DPR 511 (2013).

      (11) In re Bryan Picó, supra; In re Vera Vélez, supra.

      (12) In re Martínez Romero, supra; In re Chardón Dubós, 191 DPR 201 (2014).

      (13) In re Chardón Dubós, supra.

      (14) In re Martínez Romero, supra, pág. 515.

      (15) In re Bryan Picó, supra.

      (16) In re Toro Soto, 181 DPR 654, 661 (2011).

      (17) In re Feliciano, 115 DPR 172, 181 (1984).

      (18) In re Feliciano, supra.

      (19) In re Godinez Morales, 161 DPR 219, 249 (2004).

      (20) íd.

      (21) íd., págs. 249-250.

      (22) In re Cardona Vázquez, 108 DPR 6, 9 (1978).

      (23) Véase In re Feliciano, supra, pág. 181.


text:
      In re Michael C. Bixby.

      Número: MC-2015-030

      Resuelto: 16 de marzo de 2015
   RESOLUCIÓN

Examinada la Solicitud de admisión por cortesía pre-sentada por el Ledo. John F. Nevares Padilla, se provee “ha lugar” condicionado a que en un término de 15 días el abo-gado solicitante, Ledo. Michael C. Bixby, comparezca y sus-criba la referida solicitud. Por su parte, el abogado endo-sante, licenciado Nevares Padilla, deberá en igual término: (1) dar fe de la capacidad del solicitante para postular como abogado en los procesos correspondientes y (2) hacer constar que domina tanto el idioma inglés como el español, según los requisitos establecidos en la Regla 12(f) del Re-glamento de este Tribunal, 4 LPRAAp. XXI-B.

Subsanado lo anterior, la referida admisión por cortesía estará sujeta a que, posteriormente, el licenciado Bixby nos informe el caso específico en el cual va a postular ante la Financial Industry Regulatory Authority. Se le apercibe que de postular en más de una querella, deberá informar-las al Tribunal y deberá cancelar los correspondientes se-llos de rentas internas para cada una.

Advertimos que, como parte de los requisitos de la Regla 12(f) de nuestro Reglamento, supra, todo abogado que soli-cite la admisión por cortesía deberá comparecer y suscribir la referida solicitud.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta disintió de la determinación del Tribunal por las razones ex-puestas en el Voto particular disidente del Juez Hernández Denton en el caso In re Michel Prüss, 189 DPR 762 (2013). La Juez Asociada Rodríguez Rodríguez proveería “no ha lugar” a la admisión por cortesía solicitada y, una vez más, reitera su rechazo a la admisión por cortesía abierta —sin especificidad de casos— para litigar en procedimientos de arbitraje ante la FINRA. Esto, por entender que este tipo de admisión contraviene el carácter excepcional de la Regla 12(f) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXI-B. Véase, además, In re Michel Prüss, supra (voto particular disidente del Juez Asociado Señor Hernández Denton). Además, la so-licitud de admisión por cortesía en este caso no cumple con otros requisitos dispuestos en la referida Regla 12(f). Una admisión condicionada al cumplimiento de estos requisitos es improcedente. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez pro-veería “no ha lugar” a la solicitud de admisión por cortesía presentada por las razones expuestas en el Voto particular disidente del Juez Hernández Denton emitido en el caso In re Michel Prüss, supra. Asimismo, considera que no procede debido a que el abogado para el cual se solicitó la admisión no compareció ni se dio fe de su capacidad para postular como abogado en el caso correspondiente. Tampoco surge de la solicitud que el abogado endosante domine el idioma inglés. Por todo lo anterior, considera que la solicitud no cumple con las exigencias de la Regla 12(f) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B. La Jueza Aso-ciada Señora Pabón Charneco no interviene.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. José A. Custodio Colón, recurrido.

      Número: CC-2011-1013

      Resuelto: 19 de marzo de 2015

      Luis R. Román Negrón, procurador general, Juan B. Ruiz Hernández, procurador general auxiliar, y Jeanette M. Co-llazo Ortiz, subprocuradora general, abogados de la parte peticionaria; Juan Ramón Torres Rivera, abogado del recurrido.
   La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde resolver si erró el Tribunal de Apela-ciones al no expedir un certiorari para revocar la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la acusa-ción contra el Sr. José A. Custodio Colón al encontrar que se violó su derecho constitucional a un juicio rápido. Por entender que incidió el Tribunal de Apelaciones, se revoca la Resolución recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos.

Los hechos de este caso son propicios para reiterar los criterios jurisprudenciales que nos permiten conciliar los intereses sociales fundamentales presentes en todo proceso criminal: asegurar al acusado o a la acusada de delito que el procedimiento criminal en su contra será rápido y justo, minimizando de esta forma sus ansiedades y reduciendo las posibilidades de que su defensa se afecte, y atender, a la vez, el interés de la sociedad en que se procese con pron-titud a las personas acusadas de violentar sus leyes, evi-tando que las demoras indebidas afecten la capacidad del Estado para encausar a los acusados de delito()

I

Conforme a la denuncia presentada por el Ministerio Público, el 16 de enero de 2010, el Sr. José A. Custodio Colón conducía su automóvil por la avenida Baramaya en el municipio de Ponce, negligentemente y bajo los efectos de bebidas embriagantes. Por ello perdió el control de su vehículo provocando un accidente en el que murió el Sr. Charles Maldonado Colón. Por estos hechos, el Ministerio Público le presentó un cargo al amparo del Art. 109 del Código Penal de Puerto Rico.() La vista de causa para arresto se celebró el 13 de enero de 2011, fecha cuando se presentó la denuncia y se le impuso una fianza de $5,000 la cual prestó a través de la Oficina de Asuntos con Antela-ción al Juicio (OSAJ).() El 7 de abril de 2011 se celebró la vista preliminar, encontrándose causa probable para acu-sar al señor Custodio Colón del delito imputado.()

El recurrido quedó bajo supervisión electrónica, con per-miso para trabajar de 6:00am a 4:30pm de lunes a viernes y restricción domiciliaria de veinticuatro horas los sábados y domingos. La acusación se presentó el 13 de abril de 2011 y el juicio en su fondo quedó señalado para el 20 de mayo de 2011. Sin embargo, durante la vista de lectura de acu-sación, el Tribunal de Primera Instancia, a solicitud de las partes, movió la fecha del juicio para el 7 de junio de 2011.

Así las cosas, el 20 de mayo de 2011, la defensa del señor Custodio Colón presentó una moción al amparo de la Regla 95 de las de Procedimiento Criminal() solicitando del Ministerio Público el descubrimiento de prueba concer-niente a los hechos alegados en la acusación. Esta, de unas once páginas, solicitaba una gran cantidad de información. En total, la defensa del señor Custodio Colón requirió de la Fiscalía 146 documentos, los cuáles se multiplican por cada una de las personas que participaron en la investiga-ción de los hechos de quienes también se requirió información. Entre los documentos solicitados por la de-fensa se encuentran: información detallada de los agentes de la Policía que intervinieron en el accidente incluyendo su preparación académica, la fecha de su ingreso a la policía estatal o municipal y, si es agente de la división de tránsito, la fecha cuando fue asignado a esa división; un listado de las certificaciones y adiestramientos relacionados con asuntos de tránsito y pruebas de embriaguez, así como copia de las certificaciones que obtuvo con las calificaciones y hasta el nombre de los recursos que dieron las clases; la factura y orden de compra con recibo de pago relacionado a la compra del Intoxilizer 5000 que se utilizó con el imputado; mapas y fotos aéreas de la avenida Baramaya en Ponce que estuvie-ran en posesión de diferentes agencias del gobierno, así como los permisos de construcción de esta, endosos, estudios ambientales, plano de agrimensura, etc.; mapas y fotos aé-reas de la urbanización Hacienda la Matilde en Ponce, cu-yas entradas coincidan con la avenida Baramaya y que es-tén en posesión de diferentes agencias de gobierno; copia de la hoja de bitácora de los vehículos oficiales y de emergen-cias, incluyendo ambulancias, utilizados el día de los hechos para transportar a cualquier persona relacionada con los hechos; evidencia de la compra de combustible de la patrulla del agente investigador con detalle de fecha, hora, firma y nombre del comprador, así como el nombre, la dirección y el teléfono de la estación de gasolina, entre muchos otros documentos.() Además, el señor Custodio Colón solicitó una certificación del Departamento de Transportación y Obras Públicas sobre la cantidad de carriles de vía franca, paradas de emergencia, señales de tránsito, rótulos, etc., de la ave-nida Baramaya.()

Mediante orden de 3 de junio de 2011, el Tribunal de Primera Instancia exigió escuetamente al Ministerio Pú-blico contestar los requerimientos de la defensa. El 7 de ju-nio de 2011, en la vista señalada para el juicio en su fondo, la defensa del señor Custodio Colón expresó que el Ministe-rio Público aún no había contestado su requerimiento de prueba. A preguntas del tribunal, la defensa del señor Cus-todio Colón declaró no tener ninguna prueba que descubrir al Ministerio Público en contestación a la solicitud de prueba que este realizara al amparo de la Regla 95-A de Procedimiento Criminal.() Por su parte, el fiscal señaló que el caso no le correspondía sino que había comparecido por-que el fiscal asignado estaba de turno atendiendo unas es-cenas de delito en el área de Ponce. Por esta razón solicitó un término adicional de veinte días para contestar el reque-rimiento de la defensa. El tribunal accedió a la solicitud, pero advirtió que estaba corriendo el término de ciento veinte días impuesto por las Reglas de Procedimiento Criminal para la celebración del juicio, término que expiraría el 13 de agosto de 2011. Así las cosas, señaló una vista de con-ferencia con antelación ajuicio para el 19 de julio de 2011.

Ala vista de 19 de julio de 2011, las partes comparecie-ron nuevamente. En esta ocasión, el Ministerio Público ex-presó al tribunal que a esa fecha no había podido comple-tar el descubrimiento de prueba “debido a la extensa solicitud de la defensa”.() Además, alegó la Fiscalía que no había recibido la solicitud de descubrimiento de prueba a tiempo y por esta razón se había atrasado el proceso.() Por su parte, la defensa del señor Custodio Colón expuso que el descubrimiento de prueba extenso era necesario ya que pensaba contratar un perito para que testificara el día del juicio. Sin embargo, no anunció el nombre del perito ni sobre qué materia testificaría. El tribunal volvió a recordar a las partes que los términos de juicio rápido vencerían el 13 de agosto de 2011() y si el Ministerio Público no termi-naba de entregar la prueba solicitada podría tomar la de-terminación de no admitirla en evidencia. Se señaló una nueva vista de conferencia con antelación a juicio para el 1 de agosto de 2011.

El día siguiente a la celebración de la vista, el Ministe-rio Público entregó gran parte de la prueba solicitada por la defensa del señor Custodio Colón y objetó otra por im-pertinente, onerosa y hostigante.() En respuesta, el 28 de julio de 2011, la defensa del señor Custodio Colón sometió una moción en la que explicó la pertinencia y necesidad de la prueba solicitada y señaló los requerimientos de prueba que el Ministerio Público no había contestado o había sido inadecuadamente. Nuevamente, la defensa del señor Cus-todio Colón alegó que esta prueba era necesaria para la evaluación pericial que estaba considerando utilizar.

Llegado el 1 de agosto de 2011, la defensa del señor Custodio Colón informó que aún no se había completado el descubrimiento de prueba. El Ministerio Público argu-mentó que ese mismo día se le había notificado una moción informativa de la Defensa en la cual alegadamente se ha-cían nuevos requerimientos de prueba. En ese momento la Fiscalía solicitó que se emitieran órdenes protectoras, ya que el descubrimiento requerido era demasiado extenso, oneroso y hostigante. También solicitó que se le ordenara a la Defensa contestar su moción según la citada Regla 95-A. La defensa del señor Custodio Colón volvió a insistir en la necesidad del extenso descubrimiento solicitado amparado en que utilizaría a un perito en el caso, nuevamente sin anunciar el nombre del perito, sus cualificaciones y sobre qué aspectos testificaría.()

Ante la controversia causada por el descubrimiento de prueba, el tribunal decidió discutir la solicitud de la de-fensa del señor Custodio Colón punto por punto. Sin embargo, no pudo terminar en esa ocasión, así que señaló otra vista de conferencia con antelación a juicio para el 9 de agosto de 2011.

El día de la continuación de la vista, el tribunal prosi-guió su evaluación de cada uno de los requerimientos pre-sentados por la defensa. En esta ocasión, el abogado del señor Custodio Colón argumentó que los términos de juicio rápido no se cumplirían porque el Ministerio Público no había completado el descubrimiento de prueba solicitado. El Ministerio Público replicó que el descubrimiento solici-tado era extenso, opresivo y hostigante, y que las dilacio-nes, si alguna, habían sido provocadas por la propia defensa. El tribunal expresó en corte abierta que “dada la extensión de la moción del abogado [de la defensa del señor Custodio Colón], sería en su momento justa causa para la extensión de términos”. () Por segunda ocasión el foro pri-mario no pudo terminar de discutir todos los requerimien-tos de prueba solicitados por la defensa, así que citó para una tercera vista de conferencia con antelación a juicio para el 16 de agosto de 2011. Esta fecha se encontraba fuera de los términos de juicio rápido establecidos por la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal, sin embargo, ni el acusado ni su abogado la objetaron.()

El 15 de agosto de 2011, el Ministerio Público presentó una moción suplementaria sobre el descubrimiento de prueba solicitado. En este escrito explicó que nunca recibió la moción en solicitud de descubrimiento de prueba que presentó la defensa el 20 de mayo de 2011, por lo cual tuvo que solicitarla en la Secretaría del tribunal, que le entregó una copia a la que le faltaban tres páginas. Luego procedió a contestar los requerimientos que quedaron incompletos y a objetar otros por entender que excedían el mandato de la Regla 95, supra, y que eran opresivos y hostigantes.

Finalmente, el 16 de agosto de 2011, el tribunal abrió sala y continuó con el proceso de discutir punto por punto la solicitud de descubrimiento del señor Custodio Colón. Sin embargo, la Defensa señaló que, antes de entrar a dis-cutir la controversia sobre el descubrimiento de prueba, quería traer a la atención del tribunal el asunto de la vio-lación de los términos de juicio rápido. Inició su argumen-tación con un recuento del trámite procesal del caso y ar-gumentó que el Ministerio Público fue negligente durante el descubrimiento de prueba. Argumentó que hasta ese día, el 125 desde que se presentó la acusación el 13 de abril de 2011, aún no se había completado el descubrimiento de prueba y que había transcurrido un término en exceso de lo establecido en la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal, supra, para celebrar el juicio. Por esta razón, la De-fensa solicitó la desestimación de la acusación en contra del señor Custodio Colón.

El Ministerio Público replicó y argumentó que las dila-ciones se debían a los propios actos de la Defensa y a que esta había solicitado un descubrimiento de prueba que ex-cedía el texto de la Regla 95 de Procedimiento Criminal, supra. Argumentó que el propio tribunal había tenido la oportunidad de corroborar que lo solicitado era oneroso y opresivo, al haber señalado tres vistas de conferencia con antelación al juicio y aun así no poder discutir todos los requerimientos de la Defensa.

El Tribunal de Primera Instancia procedió a hacer un recuento de los eventos procesales del caso. En primer lu-gar, el tribunal analizó el criterio de duración de la tardanza. Estableció que “[s]i el pliego acusatorio se radicó desde el 13 de abril de 2011 y la defensa no ha renunciado a su derecho a juicio rápido en el día de hoy ni en ningún momento estando en el día 125, el primer criterio que es duración de la tardanza se da”.() Luego analizó si existía justa causa para la dilación y determinó que el Ministerio Público no había podido demostrar justa causa para no ha-ber completado el descubrimiento de prueba solicitado por la Defensa y ordenado por el tribunal. El tribunal no se expresó con claridad sobre el perjuicio, si alguno, que pudo haber causado la dilación y encontró probado que el señor Custodio Colón había invocado oportunamente su derecho a juicio rápido. Finalmente, el tribunal decretó la desesti-mación de la acusación contra el acusado.

Inconforme con la decisión del tribunal sentenciador, el Ministerio Publico acudió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó que cometió error el Tribunal de Pri-mera Instancia al decretar la desestimación de la acusa-ción por violación de los términos de juicio rápido, ya que la dilación no fue irrazonable, intencional u opresiva a la de-fensa del acusado. El Tribunal de Apelaciones rechazó aco-ger el recurso de certiorari que presentó el Pueblo de Puerto Rico. Fundamentó su decisión en que habían trans-currido más de 120 días desde que se presentó la acusación contra el señor Custodio Colón, que es el término para ce-lebrar el juicio en su fondo según lo ordena la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal, supra, y que el Minis-terio Público no justificó los motivos para la tardanza. Ex-presó el foro apelativo que “[d]icha dilación obedeció exclu-sivamente a que el Ministerio Público no completó el descubrimiento de prueba en tiempo”.()

De esta determinación recurre ante este Tribunal el Pueblo de Puerto Rico y señala que el Tribunal de Apela-ciones erró “al confirmar al Tribunal de Primera Instancia, en razón de que procedía desestimar la [sic] acusaciones contra el Sr. José A. Custodio Colón al amparo de la Regla 64([n])(4) de Procedimiento Criminal, aun cuando la de-mora en celebrar el juicio no fue irrazonable, intencional u opresiva a la defensa del acusado”.!) Decidimos expedir el auto solicitado. Ambas partes sometieron por escrito sus posiciones, por lo que, luego de un examen meticuloso del expediente del caso ante este Tribunal, procedemos a resolver la controversia planteada.

II

Para analizar la controversia que nos presenta este caso, es necesario examinar dos derechos fundamentales que asisten a un imputado de delito en nuestro ordena-miento procesal criminal. Nos referimos, claro está, al de-recho constitucional a un juicio rápido y al derecho a pre-parar y presentar una defensa adecuada, ambos consagrados en el Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado.() Estos derechos fueron reconoci-dos por el legislador, quien les dio un contenido práctico en el contexto de las reglas de Procedimiento Criminal.!) El análisis de la interrelación de ambos derechos nos requiere realizar un cuidadoso balance para que no se vean afecta-dos, por un lado, el interés individual a no ser sometido por un extenso periodo de tiempo a los rigores de un procedi-miento penal sin que exista una razón justificada para ello y, por el otro, el interés del Estado en garantizar la seguri-dad pública.!) Como expresamos en Pueblo v. Carrión, el derecho a juicio rápido no está del todo determinado y es en parte variable y flexible ya que pretende salvaguardar tanto el orden público como la libertad individual.() Así, “[e]l derecho ajuicio rápido garantiza los derechos del acu-sado, pero no excluye los derechos de la justicia pública”. (Énfasis suprimido).() Nuestra sociedad tiene un interés vigoroso en evitar la demora en los procesos criminales contra personas acusadas de violar sus leyes.() Con el ob-jetivo bien delineado de realizar un justo balance entre tan importantes intereses, entremos en la discusión de las nor-mas que rigen la presente controversia.

A. El derecho ajuicio rápido está consagrado, como ya vimos, en nuestra Carta Magna.() El legislador estableció el alcance de este derecho fundamental, prescribiendo los límites que entendió constitucionalmente razonables para proteger este derecho y darle sentido práctico. A estos efectos, la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, establece cuáles son los términos de juicio rápido que rigen en cada una de las diferentes etapas del proceso penal.() Hemos reiterado en un sinnúmero de ocasiones que este derecho se activa una vez el ciudadano está sujeto a responder, esto es, desde que el juez determina causa probable para arrestar, citar o detener a una persona por haber sido acusado de cometer un delito: “Es decir, esta protección constitucional se activa cuando se pone en movimiento el mecanismo procesal, que puede culminar en una convicción, cuyo efecto legal es obligar a la persona imputada a responder por la comisión del delito que se le atribuye”/) En lo pertinente al caso ante nuestra conside-ración, la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal, supra, expone:

La moción para desestimar la acusación o la denuncia, o cualquier cargo de las mismas sólo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:
(n) Que existen una o varias de las siguientes circunstan-cias, a no ser que se demuestre justa causa para la demora o a menos que la demora para someter el caso a juicio se deba a la solicitud del acusado o a su consentimiento:
(4) Que el acusado no fue sometido a juicio dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la presentación de la acu-sación o denuncia.

Sin embargo, este Tribunal ha reiterado en múltiples ocasiones que el derecho a juicio rápido no es una protección absoluta para el acusado ni opera en un vacío. Tal y como señala Resumil, el derecho a juicio rápido se enmarca en el Debido Proceso de Ley y la normativa estatal que gobierna los procedimientos criminales/) Esto significa que el derecho a juicio rápido requiere que el tribunal tome en consideración las circunstancias específicas que rodean el reclamo del acusado; es compatible el derecho a juicio rápido con cierta demora del procedimiento criminal/) Así, en Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 223, 238 (1999),() reiteramos que ni los intereses de la sociedad en juzgar a un imputado de delito, ni los derechos del acusado, son prisioneros de una tiesa regla o cálculo aritmético desvinculado de toda circunstancia o situación fáctica: “Hay elementos de justa causa para la demora que reconcilian el derecho a jui-cio rápido con las circunstancias reales de cada caso y los derechos del acusado han de atemperarse a la administra-ción práctica de justicia”. (Énfasis suprimido).() Por lo tanto, ante un reclamo de violación a los términos de juicio rápido, un tribunal debe, según ordenado por la propia Re-gla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, determinar si existe justa causa para la demora, o si se debió a la solicitud del acusado o a su consentimiento.() En torno a la renuncia del acusado a su derecho a juicio rápido, hemos establecido que debe ser expresa y no conjetural o inferida, voluntaria y realizada con pleno conocimiento de las consecuencias de la renuncia.() Esto, por tratarse de una renuncia a un dere-cho consagrado en nuestra Constitución.!) Sin embargo, “[a] pesar de que los derechos constitucionales no deben en-tenderse presuntamente renunciados, si se trata de una tác-tica dilatoria en busca de ventaja para el acusado, la ausen-cia de objeción oportuna puede constituir una renuncia al derecho”.!)

Nuestra jurisprudencia ha definido unos criterios para guiar la discreción de un tribunal en su determinación sobre si, en efecto, se le violó al acusado su derecho a juicio rápido o si existía justa causa para la dilación. En Pueblo v. Rivera Tirado, 117 DPR 419 (1986), acogimos el análisis de cuatro criterios diseñado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Barker v. Wingo, 407 US 514 (1972), reiterado luego en Solem v. Helm, 463 US 277 (1983). Según este análisis, los cuatro criterios que rigen la determinación del tribunal son: (1) duración de la tar-danza; (2) razones para la dilación; (3) si el acusado ha invocado oportunamente su derecho, y (4) el perjuicio re-sultante de la tardanza para el acusado.!) Sobre este aná-lisis, hemos dicho que “ninguno de estos criterios es deter-minante en la adjudicación del reclamo; el peso que a cada uno de éstos se le confiera está supeditado a las demás circunstancias relevantes que el tribunal viene obligado a examinar”. () Por la naturaleza variable y flexible del de-recho a juicio rápido, la determinación de qué constituye justa causa bajo la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra, es algo que debe realizarse caso a caso y a la luz de la totalidad de las circunstancias. Por esa razón, reitera-mos que

[...] la mera inobservancia del término —sin más— no nece-sariamente constituye una violación al derecho ajuicio rápido, ni conlleva la desestimación de la denuncia o la acusación. Una dilación mínima es requisito de umbral para que un plan-teamiento de violación a juicio rápido progrese; no obstante, el remedio extremo de la desestimación sólo debe concederse luego de efectuado un análisis ponderado del balance de crite-rios antes esbozados. [...] Más bien, al momento de evaluar este criterio, debe prestarse especial énfasis en determinar si la de-mora fue intencional y opresiva [...] (Enfasis en el original y cita omitida).!)

Por último, el perjuicio que alegue el acusado como producto de una violación a su derecho ajuicio rápido no puede ser algo abstracto ni estar apoyado únicamente en un simple cálculo matemático. El perjuicio reclamado tiene que ser real y sustancial.!) Además,

[...] corresponde al acusado establecer el peijuicio sufrido con la dilación, obligación que no se descarga con generalidades. Esto es distinto a las razones o justa causa para la dilación, donde es el ministerio fiscal o el gobierno quien tiene que per-suadir al Tribunal, al menos cuando la dilación o suspensión es atribuible a conducta del gobierno.!)

B. Como señalamos, para atender esta controversia de-bemos también analizar otro derecho de cardinal importan-cia para nuestro ordenamiento procesal criminal. Se trata del derecho constitucional del acusado a preparar una de-fensa adecuada. Este Tribunal ha reconocido el carácter fundamental del derecho de un acusado a obtener, mediante el descubrimiento de prueba, evidencia que pueda demostrar su inocencia o favorecerle.() Por esta razón, el derecho al descubrimiento de prueba es consustancial con el derecho de todo acusado a presentar una defensa adecuada en un proceso criminal.() Estatutariamente, este derecho está re-gido por la Regla 95 de Procedimiento Criminal, supra.( ) Las Leyes Núms. 124 de 24 de junio de 2012 y 90 de 30 de julio de 2013, incluyeron enmiendas a la Regla 95 que no estaban vigentes cuando sucedieron los hechos de este caso.!) Sin embargo, hay que aclarar que en lo que respecta al alcance del descubrimiento permitido por la Regla 95, que es lo que atendemos en este caso, su texto permaneció inalterado.

Para la fecha de los hechos, la Regla 95 de Procedimiento Criminal disponía que, a petición del acusado sometida en cualquier momento después de presentada la denuncia o acusación, el tribunal ordenaría al Ministerio Fiscal que permitiera al acusado inspeccionar, copiar o fotocopiar material que se encontrara en posesión, control o custodia de la fiscalía. Entre los documentos u objetos que puede solicitar el acusado al Ministerio Público al amparo de esta regla se incluyen:

(1) Cualquier declaración jurada que el Ministerio Fiscal tenga del acusado.
(2) Cualquier declaración jurada de los testigos de cargo que hayan declarado en la vista para determinación de causa probable para el arresto o citación, en la vista preliminar, en el juicio o que fueron renunciados por el Ministerio Fiscal y los récords de convicciones criminales previas de éstos.
(3) Cualquier resultado o informe de exámenes físicos o mentales y de experimentos o pruebas científicas que sea re-levante para preparar adecuadamente la defensa del acusado o que vaya a ser utilizado en el juicio por el Ministerio Fiscal.
(4) Cualquier libro, papel, documento, fotografía, objeto tangible, estructura o lugar que sea relevante para preparar ade-cuadamente la defensa del acusado, que el Ministerio Fiscal se propone utilizar en el juicio o que fue obtenido del acusado o perteneciera al acusado.
(5) El récord de convicciones criminales previas del acusado.
(6) Cualquier informe preparado por agentes de la Policía en relación con las causas seguidas contra él acusado que sea relevante para preparar adecuadamente la defensa del acusado.!)

Además de los documentos y objetos mencionados, la Regla 95, supra, le impone al Ministerio Público la obligación de entregar a la defensa toda evidencia exculpatoria que tenga bajo su control e informar al tribunal si alguna parte de la información solicitada no se encuentra en su poder para que de este modo se puedan emitir las órdenes que sean necesarias para obtener la información.!)

Sobre la extensión del mecanismo ofrecido por la Regla 95 de Procedimiento Criminal, hemos expresado en múltiples ocasiones que no se trata de un derecho absoluto del acusado, sino que descansa en la sana discreción del tribunal que debe considerar ciertos elementos al realizar un balance entre los derechos del acusado y el interés del Estado.() En Pueblo v. Tribunal Superior() expresamos lo siguiente sobre los elementos que debe considerar un tribunal al ordenar un descubrimiento de prueba al amparo de la Regla 95, supra:

[...] Su concesión es [de la solicitud de descubrimiento], sin embargo, función que descansa en la facultad discrecional del tribunal que juzga el caso. En el descargo de esa función de-berá el tribunal establecer un justo balance entre los derechos del acusado y los intereses del Estado. Para ello deberá tomar en consideración si los objetos, libros, documentos y papeles que el acusado interesa examinar se relacionan o describen con suficiente especificación y son pertinentes para su defensa; [...] y la razonabilidad de la petición tomando en cuenta sus propósitos, de manera que no haya innecesarias dilaciones en los procedimientos ni hostigación [sic] o molestias indebidas a los funcionarios del Estado. (Enfasis suplido).

Este delicado balance tiene que realizarse tomando en consideración los hechos del caso y la totalidad de las circunstancias que rodean la acción. De esta manera, el tribunal podrá determinar hasta qué punto la prueba solicitada por la defensa de un imputado de delito abona o ayuda a establecer que no es responsable de los hechos por los que se le acusa. Lo anterior tiene una importancia primordial ya que es una norma firmemente establecida en nuestro ordenamiento que el descubrimiento al amparo de la Regla 95 de Procedimiento Criminal, supra, no es una “patente de corso que en forma indiscriminada permita la intrusión en los archivos de la fiscalía, ni que facilite al acusado cuanta evidencia pueda relacio-narse con el caso criminal”. () Por todo lo anterior, hemos establecido claramente que un descubrimiento de prueba que rebase el texto de la Regla 95 de Procedimiento Criminal, supra, no puede invocar ni apoyarse livianamente en el debido proceso de ley.()

Las circunstancias en las que se permitirá un descubri-miento de prueba que exceda el texto de la Regla 95 supra, fueron ampliamente aclaradas en Pueblo v. Arzuaga, supra. En ese caso estaba en controversia la entrega de una declaración jurada de un testigo de cargo que había sido imputado por el mismo delito junto a los acusados, pero que luego recibió inmunidad parcial. El Tribunal de Primera Instancia accedió a la solicitud de la defensa, ya que entendió que la declaración era necesaria para que en el juicio en su fondo los acusados pudieran contrainterro-gar efectivamente al testigo. El Ministerio Público recurrió ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones, el cual revocó la determinación del foro primario. La contro-versia llegó ante nuestra consideración y los acusados ar-gumentaron que la decisión del foro apelativo intermedio violaba su derecho al debido proceso de ley, al no permitír-seles preparar y presentar una defensa adecuada.

Al confirmar la decisión del foro apelativo, expresamos que no podía interpretarse que con solo invocar el debido proceso de ley se abrían las puertas para que el acusado solicitara cualquier tipo de descubrimiento de prueba al Ministerio Público. Establecimos que “[l]as reglas que gobiernan el derecho al descubrimiento de prueba en casos criminales no pueden ser obviadas con la sola mención del derecho del acusado a un debido proceso de ley. La jurisprudencia en torno a este tema es clara: no existe un derecho constitucional a descubrir prueba antes del juicio”. (Énfasis en el original).() Añadimos a conti-nuación que “[l]a única excepción a esta norma [...] surge ante la existencia de evidencia exculpatoria, circunstancia que [...] es la única que activa la protección constitucional del debido proceso de ley”. (Énfasis en el original y escolio omitido).() Por lo tanto, las circunstancias que activan el recurso al debido proceso de ley para sobrepasar el texto de la Regla 95 de Procedimiento Civil, supra, giran en torno a evidencia en posesión del Ministerio Público que sea rele-vante a la inocencia o el castigo del acusado.() Resulta evidente que no es cualquier prueba la que se puede soli-citar apoyándose en el derecho al debido proceso de ley.()

C. Los tribunales cuentan con una discreción que es inherente a su función de resolver los casos y controversias que llegan ante su consideración. () Sin embargo, sabemos que la discreción judicial no opera en un vacío, en abstracción del resto del derecho. Tiene que ser así pues “discreción es una forma de razonabilidad que aplica al discernimiento judicial para llegar a una condición justiciera”.!) Los elementos para considerar si un tribunal incurrió en abuso de discreción son, entre otros, cuando: (1) el juez no toma en cuenta e ignora, sin funda-mento para ello, un hecho material importante que no po-día ser pasado por alto; (2) el juez, sin justificación y fun-damento alguno para ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclu-sivamente en él, o (3) a pesar de tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y descartar los irrelevan-tes, el juez sopesa y los calibra livianamente.() Es harto conocido en nuestro ordenamiento que un tribunal apela-tivo no intervendrá con las determinaciones de un tribunal de instancia, a no ser que las decisiones emitidas por este sean arbitrarias o constituyan un abuso de discreción judicial. ()

III

Una vez aclarado el marco jurídico en el cual debemos analizar la controversia que se nos ha planteado, pasemos concretamente a la discusión de los hechos que motivaron este recurso.

El Ministerio Público acusó al Sr. José A. Custodio Co-lón de cometer el delito de homicidio negligente por ocasio-nar la muerte a una persona al conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes.() Luego de encontrarse causa para el arresto, se celebró una vista preliminar el 7 de abril de 2011, encontrándose causa probable para acusar. La acusación se presentó el 13 de abril de 2011. Es en ese momento que comenzó a transcurrir el término de ciento veinte días establecido por la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal, supra, para celebrar el juicio contra el acusado.

El 20 de mayo de 2011, la defensa del señor Custodio Colón presentó por correo certificado una moción de descu-brimiento de prueba al amparo de la Regla 95 de Procedi-miento Criminal, supra. En esa moción, la defensa del se-ñor Custodio Colón solicitó una gran cantidad de documentos, muchos de los cuales excedían lo autorizado por el texto de la mencionada regla. En total, la lista de documentos ocupó once páginas y se requirieron ciento cuarenta y seis documentos.() El tribunal, mediante una orden escueta, ordenó al Ministerio Público producir la to-talidad de la evidencia solicitada. Evidentemente, el foro primario abusó de su discreción al autorizar un descubri-miento tan extenso y oneroso para el Ministerio Público.

Lo primero que observamos es que muchos de los reque-rimientos de la defensa exceden lo autorizado por el texto de la Regla 95, supra. Siendo ese el caso, el tribunal debió haber realizado un balance de intereses entre el derecho del acusado a lo solicitado y los intereses del Estado.() Si el Tribunal de Primera Instancia hubiera analizado con detenimiento los requerimientos del señor Custodio Colón, se hubiera percatado de inmediato que muchos de estos no tienen ninguna pertinencia a su defensa ni sirven para de-mostrar su inocencia. No se trata de evidencia que active la protección del debido proceso de ley para permitir un descubrimiento de prueba más extenso del permitido por la Regla 95, supra.() El tribunal debió haber limitado el des-cubrimiento solicitado o haber emitido las órdenes pro-tectoras que solicitó el Ministerio Público ante lo que cons-tituyó, a todas luces, un descubrimiento injustificadamente amplio y dilatorio.

Por otro lado, indican los hechos del caso que el señor Custodio Colón no reclamó su derecho a juicio rápido cuando se anunció la fecha para la continuación de la vista de conferencia con antelación a juicio durante la vista de 9 de agosto de 2011.() Sin embargo, el 16 de agosto de 2011, día de la continuación de la vista, la Defensa argumentó que aún no se había completado el descubrimiento de prueba y que habían transcurrido más de los ciento veinte días autorizados por la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Civil, supra. El Tribunal de Primera Instancia, luego de un somero análisis de los criterios que acogimos en Pueblo v. Rivera Tirado, supra, ordenó la desestimación de la acusa-ción contra el señor Custodio Colón. Primero, el foro pri-mario determinó que el requisito de duración de la tar-danza se cumplió, toda vez que el término de ciento veinte días desde que se presentó la acusación contra el señor Custodio Colón había vencido a la fecha de la vista de 16 de agosto de 2011. Aún si se determinara que las mociones y los requerimientos del acusado no responden a tácticas dilatorias y que este, en efecto, invocó oportunamente su de-recho a juicio rápido, el mero hecho de cumplir con este requisito no es suficiente para desestimar de manera auto-mática la acusación. Hemos resuelto que el derecho ajuicio rápido es variable y flexible!) y tiene que atemperarse a las realidades y circunstancias de cada caso.!) La desesti-mación de los cargos solo puede darse luego de un análisis ponderado de los criterios que este Tribunal ha adoptado, incluyendo que no exista justa causa para la dilación y que el acusado haya demostrado el perjuicio sufrido por causa de esta.

En el caso ante nuestra consideración, el Ministerio Pú-blico argumentó desde el 19 de julio de 2011 que el descu-brimiento de prueba solicitado por la Defensa era dema-siado extenso y oneroso, al punto de convertirlo en hostigante. Incluso, el propio foro primario le advirtió a la defensa del señor Custodio Colón en corte abierta que la magnitud de la solicitud de descubrimiento, en su momento, podría constituir justa causa para la extensión de los térmi-nos de juicio rápido.

En efecto, ese era el caso. Como demuestran los hechos, la moción de descubrimiento de prueba presentada por la defensa llenaba once páginas en las que se solicitaba una cantidad considerable de documentos, muchos de los cuales no eran pertinentes a la defensa del acusado. La defensa del señor Custodio Colón justificó su extenso descubrimiento, en todo momento, en que pensaba utilizar prueba pericial. Sin embargo, aun cuando le fue requerido por el Ministerio Público, nunca informó el nombre del supuesto perito ni so-bre qué temas presentaría testimonio pericial. Este hecho evita que podamos concluir que, en efecto, el descubrimiento solicitado era necesario para la defensa del señor Custodio Colón. La mera invocación del derecho a un debido proceso de ley no autoriza un descubrimiento de prueba indiscrimi-nado, huérfano de razonabilidad y que provoque dilaciones innecesarias o resulte en extremo oneroso para el Ministerio Público.() En circunstancias como las que presenta el caso de epígrafe, se constituye la justa causa para la extensión de los términos de un juicio rápido.

Finalmente, el tribunal de instancia tampoco consideró el elemento del perjuicio que pudiera causarle al acusado el retraso en su proceso penal. En la vista en la que se desestimó la acusación, la Defensa argumentó que el señor Custodio Colón había tenido que ausentarse tres días de su trabajo en agosto, y que cada día que pasaba ocurrían cam-bios en el lugar de los hechos que perjudicaban su defensa. No hay ninguna otra expresión dirigida a demostrar que el señor Custodio Colón había sufrido algún perjuicio por la dilación. Los escuetos argumentos de la defensa no son su-ficientes para dar por cumplido el criterio de perjuicio sus-tancial resultante de la tardanza. De hecho, al momento de la desestimación habían transcurrido tan solo cinco días en exceso del término establecido por la Regla 64(n)(4), supra. Además, el señor Custodio Colón se encontraba libre bajo fianza, con permiso para trabajar y restricción domiciliaria únicamente los fines de semana.() Por lo tanto, en el pre-sente caso el perjuicio al acusado resultante de la dilación no es suficiente para inclinar la balanza a favor de la des-estimación de la acusación en su contra.

El Tribunal de Primera Instancia analizó livianamente los criterios mencionados y no les otorgó el valor que me-recían, dada la totalidad de las circunstancias. Concluimos que abusó de su discreción al ordenar la desestimación de la acusación del señor Custodio Colón, a pesar de que el propio tribunal había advertido que el descubrimiento so-licitado, por su extensión, podía justificar la extensión de los términos de juicio rápido. Se equivocó también el Tribunal de Apelaciones al confirmar la desestimación decre-tada por el Tribunal de Primera Instancia y concluir que la dilación obedeció exclusivamente a la falta de diligencia del Ministerio Público. Esta conclusión no encuentra apoyo en el expediente del caso.

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Por los fundamentos expuestos, revocamos la Resolu-ción del Tribunal de Apelaciones. Se ordena la devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia para que conti-núen los procedimientos criminales contra el Sr. José A. Custodio Colón. El Tribunal deberá señalar un término pe-rentorio para la conclusión del descubrimiento de la prueba que sea relevante y pertinente a los hechos del caso y señalar una fecha para juicio en su fondo en el menor tiempo posible.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no interviene.

      (1) Véase Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592, 606-607 (2012).

      (2) 33 LPRA see. 4737. En su tercer párrafo, este artículo tipiñea como delito grave de segundo grado el ocasionar la muerte a otra persona por negligencia mien-tras se conduce un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes o sustancias controladas.

      (3) Anejo III, pág. 23.

      (4) La vista preliminar había sido señalada originalmente para el 27 de enero de 2011, pero llegada esta fecha la defensa del señor Custodio Colón alegó no estar preparada, razón por la cual la vista fue reseñalada.

      (5) 34 LPRAAp. II, R. 95.

      (6) Anejo XIII, pág. 43.

      (7) Anejo XIII, págs. 46-47.

      (8) 34 LPRA Ap. II. El Ministerio Público solicitó el descubrimiento de prueba del acusado mediante moción del 20 de febrero de 2011.

      (8) Anejo XIX, pág. 54.

      (10) Del expediente surge evidencia de que la defensa envió a la Fiscalía de Ponce copia de la solicitud de descubrimiento de prueba mediante correo certificado el 17 de mayo de 2011. Sin embargo, el Ministerio Público alegó nunca haberla recibido y que tuvo que solicitar copia en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia.

      (11) En realidad, el término de juicio rápido vencería el 11 de agosto de 2011.

      (12) Anejo XXIII, pág. 71.

      (13) De hecho, en la moción al amparo de la Regla 95-A, supra, que presentó el Ministerio Público, se solicita, en el acápite (i), que la defensa descubra “[c]ualquier nombre de perito y sus cualificaciones”. Anejo XXII.

      (14) Minuta de la Vista de 9 de agosto de 2011, Anejo XXVIII. El acusado com-pareció a la vista asistido por su abogado.

      (15) íd. 34 LPRAAp. II.

      (16) Minuta de la vista de 16 de agosto de 2011, Anejo II.

      (17) Resolución del Tribunal de Apelaciones, Anejo I, pág. 15.

      (18) Petición de certiorari, pág. 9.

      (19) “En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia”. Art. II, Sec. 11 Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 343.

      (20) 34 LPRA Ap. II.

      (21) En Pueblo v. Pérez Pou, 175 DPR 218, 241—242 (2009), expresamos lo si-guiente sobre el interés dual que busca proteger el derecho ajuicio rápido: “Así pues, el derecho a un juicio rápido es un derecho fundamental del acusado que dimana, [...] de la necesidad de una buena administración del sistema de justicia criminal para evitar la demora indebida de los procesos penales y fomentar la diligencia del Minis-terio Público”.

      (22) 159 DPR 633, 640 (2003). Véase O.E. Resumil, Derecho procesal penal, Or-ford, Ed. Equity, 1990, T. 2, See. 25.2, pág. 245.

      (25) Pueblo v. González Rivera, 132 DPR 517, 520-521 (1993), según citado en Pueblo v. Carrión, supra, pág. 640.

      (24) Resumil, op. cit, See. 25.4, pág. 247.

      (25) Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559 (2009); Pueblo v. Valdés et al., 155 DPR 781 (2001); Pueblo v. Candelaria, 148 DPR 591 (1999).

      (26) Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129 (2011); Pueblo v. Thompson Faberllé, 180 DPR 497 (2010).

      (27) Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 788. Véase además: Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592 (2012); Pueblo v. García Colón, supra; Pueblo v. Rivera Santiago, supra; Pueblo v. Miró González, 133 DPR 813, 821 (1993).

      (28) Resumil, op. cit., See. 25.2, pág. 245.

      (29) Pueblo v. Reyes Herrans, 105 DPR 658, 660 (1977); Pueblo v. De Jesús Rivera, 157 DPR 136, 146 (2002); reiterados ambos en Pueblo v. Rivera Santiago, supra.

      (30) Citando & Pueblo v. Rivera Colón, 119 DPR 315, 322 (1987).

      (31) íd.

      (32) Pueblo v. Santa-Cruz, supra; Pueblo v. Carrión, supra; Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 DPR 860 (1998); Pueblo v. Montezuma Martínez, 105 DPR 710, 712 (1977).

      (33) Pueblo v. Rivera Santiago, supra; Pueblo v. Rivera Arroyo, 120 DPR 114, 120 (1987), por tratarse de un derecho fundamental, la renuncia a este debe ser expresa y no presunta, voluntaria y efectuada con pleno conocimiento de causa.

      (34) íd.

      (35) Resumil, op. cit., See. 25.8, pág. 275. Señala Resumil que este Tribunal ex-presó, en el caso de Pueblo v. Santi Ortiz, 106 DPR 67 (1977), que “[a]l percatarse un abogado de que el nuevo señalamiento viola el plazo ... y permanecer callado para luego invocarlo para beneficio de su cliente habiéndose vencido el plazo, es una estra-tagema que no debe derrotar el derecho del Estado a que se le celebre juicio al acusado”.

      (36) Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 433. Reiterado recientemente en Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 574. Véase, además, Pueblo v. García Vega, supra.

      (37) Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 792; Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 433.

      (38) Pueblo v. Valdés et al., supra, pág. 793.

      (39) E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, pág. 153. Véase Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 438.

      (40) Chiesa, op. cit.

      (41) Pueblo v. Valdés Medina, supra, pág. 231.

      (42) Id.

      (43) Véase Pueblo v. Santa Cruz, supra, pág. 231.

      (44) Estas leyes establecieron un término jurisdiccional de veinte días para pre-sentar la solicitud de descubrimiento de prueba, contados desde que se presenta la acusación o denuncia; también enmendaron el lenguaje del párrafo introductorio de la Regla 95 de manera general.

      (45) íd.

      (46) Regla 95(b) y (e), supra.

      (47) Pueblo v. Dones Arroyo, 106 DPR 303, 314 (1977) (Per Curiam).

      (48) 102 DPR 470, 479 (1974).

      (49) Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243, 246-247 (1979); Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520, 530 (2003) (El derecho [al descubrimiento de prueba] está limitado por lo dispuesto en la Regla 95 de Procedimiento Criminal, ante, la cual, según hemos resuelto, constituye una barrera estatutaria contra las llamadas “ex-pediciones de pesca” en los archivos de fiscalía); Pueblo v. Romero Rodríguez, 112 DPR 437, 440 (1982). Véase, además, Soc. Asic. Leg. v. Ciencias Forenses, 179 DPR 849 (2010).

      (50) Pueblo v. Rodríguez Sánchez, supra, pág. 246.

      (51) Pueblo v. Arzuaga, supra, págs. 534-535.

      (52) íd., pág. 535. En Pueblo v. Ríos Álvarez, 112 DPR 92, 102 (1982), expresa-mos: “ ‘El descubrimiento de prueba que rebasa el texto de la Regla 95 y busca apoyo en el debido proceso de ley no es recurso a invocarse livianamente. [...] No basta para activar el remedio la probabilidad de que el jurado o el juez de conocer tal prueba hubiesen rendido un fallo distinto. La protección constitucional se da en situación que implica corrupción de la función depuradora de la verdad que es la esencia procesal del juicio’ ”. (Enfasis suprimido).

      (53) íd., págs. 536 y 537.

      (54) Reiteramos, no obstante, que si el Ministerio Público tiene en su poder prueba exculpatoria o evidencia relevante a la inocencia o al castigo del acusado, tiene la obligación de entregarla al acusado sin importar si se le ha hecho tal reque-rimiento o solicitud específica. De no hacerlo, incurre en una violación al debido proceso de ley del acusado. íd., pág. 538.

      (55) García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005); Pueblo v. Rivera Santiago, supra.

      (56) Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 580.

      (57) Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211-212 (1990), reiterado en Pueblo v. Rivera Santiago, supra.

      (58) íd.; S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008); Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170 (2008).

      (59) 33 LPRA see. 4737.

      (60) Opinión, pág. 572.

      (61) Pueblo v. Tribunal Superior, supra.

      (62) Pueblo v. Arzuaga, supra. En la vista de 16 de agosto de 2011, en la cual se desestimó la acusación contra el señor Custodio Colón, el Tribunal de Primera Ins-tancia expresó que: “el descubrimiento de prueba por el acusado aun cuando tiene una fuente estatutaria que es la Regla 95[,] tiene en circunstancias propia [s] una base más amplia en la Carta de Derecho [s] de la Constitución”. Con esta expresión, el tribunal parece justificar el descubrimiento solicitado por la defensa amparándose en el debido proceso de ley. Sin embargo, como vimos, la mera mención de este derecho no abre las puertas a las expediciones de pesca en los archivos de la Fiscalía ni es carte blanche para que un acusado solicite toda prueba que entienda pueda serle favorable. Id.

      (63) Minuta de la Vista de 9 de agosto de 2011, Anejo XXVIII. Como señalamos, cuando las mociones y los requerimientos del acusado responden a una táctica dilato-ria, no objetar oportunamente un señalamiento que exceda los términos de juicio rá-pido podría constituir una renuncia de este derecho. En este caso, la gran cantidad de documentos solicitados por la defensa del señor Custodio Colón, muchos de ellos sin ninguna conexión con los hechos del caso, unido a que nunca reveló la identidad del alegado perito que contrataría para testificar en su defensa, son hechos que apuntan a que, en efecto, el descubrimiento solicitado respondía a una táctica dilatoria.

      (64) Pueblo v. Rivera Carrión, supra.

      (65) Pueblo v. Santa Cruz, supra.

      (66) Pueblo v. Tribunal Superior, supra.

      (67) Sabemos que cualquier limitación a la libertad individual a la que todos los ciudadanos tienen derecho es una situación difícil y perjudicial, por lo que debe ser evaluada cuidadosamente. Sin embargo, se tiene que analizar la totalidad de las circunstancias para ponderar si la pérdida del derecho a la libertad total de acción del acusado es irrazonable dada su situación particular y el delito por el que se le acusa.