author: El Juez Asociado Se. Hutchison, JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNANDEZ.

text:
    Acuña, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Becubso gubernativo interpuesto contra nota del Begistrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, denega-toria de cancelación de hipoteca.
    No. 459.
    Resuelto en abril 30, 1920.
    Facultades de los Albaceas — Herederos Forzosos — Cancelación de Hipoteca por el Albacea Testamentario. — Habiendo herederos forzosos, el albacea no puede cancelar por sí solo en cuanto a los dos tercios de legítima, una hipoteca perteneciente a la hej'eneia, aún cuando haya sido facultado para ello por el testador, pues tal facultad es contraria a la ley.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. J. Martínez Dávila.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Un albacea nombrado por testamento que le facultaba para el cobro de deudas y otorgamiento de recibos, cartas de pago y cancelaciones de hipotecas, cobró el importe de una hipoteca y otorgó la correspondiente carta de pago y cancelación de dicha hipoteca.

El albacea apela de la calificación del registrador puesta al dorso del documento, a que acabamos de referirnos, la cual es como sigue:

“Hecha lá cancelación a que se refiere el presente documento sólo en cuanto a la tercera parte del crédito hipotecario, con vista de los documentos necesarios, al folio 114 del tomo 18, Santurce Sur, finca 307, triplicado, inscripción décima; y denegada la inscripción de la cancelación en cuanto a las restantes dos terceras partes por-que las facultades de cobrar créditos y cancelar hipotecas conferidas al albacea son contrarias a la ley, con arreglo a los artículos 876-794 y 801 del Código Civil por razón de tener el testador herederos foi’-zosos, siendo estos los únicos que pueden verificar tales actos, care-ciendo por tanto el albacea de capacidad para los mismos, que son de dominio, por sí solo sin la autoridad de los primeros, en cuanto respecta a la porción legitimaria; habiéndose tomado en su lugar anotación preventiva por el término legal en el mismo asiento. La tercera parte del crédito en cnanto a la cual se practica la cancela-ción debe reputarse de libre disposición, y las otras dos terceras partes de que se deniega la inscripción deben reputarse mientras la herencia se encuentre indivisa, como consistentes en legítima.”

El recurrente cita los casos de Morales v. Lópes, 3 D. P. R. 85; Crehore v. El Registrador, 22 D. P. R. 32; y el artículo 876 del Código Civil, en el que meramente se enu-meran las facultades que tienen los albaceas cuando no ban sido estas determinadas especialmente por el testador. En ninguno de los casos a que se lia liecho referencia fué pro-movida o discutida la cuestión envuelta en este caso. Sin embargo, el caso de Crehore v. El Registrador es de apli-cación en cuanto resuelve que la cancelación de una hipoteca es una enajenación. Véase también el caso de Gómez v. El Registrador, 26 D. P. R. 253, y el de Loubriel v. El Registrador, idem. 728.

El apelante hace también la siguiente cita del tomo 6 de Manresa, página 769:

“No estimamos que en el criterio de nuestro Código sea con-trario a las leyes autorizar a los albaceas para apoderarse provisio-nalmente de los bienes de la herencia, invertir la parte libre de los mismos, hacer la partición, etc., aún existiendo herederos forzosos; pero sería ilegal autorizar la inversión de todo el caudal o de por-ción mayor que la parte libre, prohibir la intervención de la auto-ridad judicial o limitar en cualquier forma el derecho a la legítima.”

Pero claramente si como frecuentemente hemos declarado, la cancelación de una hipoteca equivale a una enajenación de derechos sobre bienes inmuebles ésta no puede ser con-siderada como un mero apoderamiento ele los bienes de la herencia.

En el caso de Sucesión de Criado v. Martínez, 25 D. P. R. 334, la mayoría de este tribunal estuvo de acuerdo en que “sostener que un testador pueda ordenar que después de su muerte una persona extraña a la herencia venda los bienes inmuebles de la misma sin la intervención de sus he-rederos necesarios, sean éstos .mayores o menores de edad, sería destruir todo el sistema puesto en vigor por el Código Civil, especialmente por las disposiciones generales conte-nidas en sus artículos 664a al 669.”

Esa sentencia fué dictada después de gran consideración. En el alegato del apelante no se menciona ni se hace nin-guna nueva alegación que se relacione con la cuestión. En vista de las circunstancias no creemos necesario volver a considerar los fundamentos de las tres opiniones emitidas en ese caso.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE DEIj

JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNANDEZ.

Disiento de la opinión de la mayoría de los jueces de este tribunal por las razones que dejé consignadas en mi opinión disidente, con la que estuvo conforme el Juez Aso-ciado Sr. Aldrey en el caso de Sucesión Criado v. Martinez et al., 25 D. P. R. 341, cuyas razones son aplicables al pre-sente caso, con tanto mayor motivo cuanto que no bay inte-resados menores de edad como sucedía en el caso anterior-mente citado.

Estimo que procede la revocación de la nota recurrida - y estoy autorizado para expresar que ini compañero, el Juez Asociado Sr. Aldrey, está conforme con los fundamentos de esta opinión disidente.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    Rodríguez, Peticionario, v. Campillo, Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Demandado.
    Recurso de certiorari interpuesto contra el Hon. Luis Cam-pillo, Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera.
    No. 278.
    Resuelto en mayo 4, 1920.
    Certiorari 'Pedido por Quien no es Parte en el Pleito. — Para que la Corte Su-prema revise procedimientos por auto de certiorari cuando la solicitud es hecha por persona que no ha sido parte en el pleito, precisa que los hechos del caso sean muy extraordinarios y en el presente caso no lo son.
    Certiorari — Síndico—Actuaciones del Síndico. — Cuando la sindicatura obstacu-lizare los derechos de una persona extraña podrá ésta pedir a la corte de ori-gen que se le oiga pro interesse suq y sus derechos serán protegidos contra cualquiera intervención injusta.
    Los techos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. F. Soto Gras.

    Abogado del demandado: \Sr. José de Guzmán Benitez.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Entre el caso que acabamos de decidir, Esteban Masson Dávila v. Hon. Luis Campillo, y el que ahora nos toca conside-rar y resolver, ambos sobre certiorari, no hay más diferencia que la de ser distintos los peticionarios, pues en uno y otro caso se trata de anular procedimientos sobre nombramiento de síndico en el pleito pendiente ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, por Carolina Wolkers contra Esteban Masson Dávila, sobre liquidación y reclamación de bienes gananciales.

Los hechos han sido expuestos en la opinión que funda-ementa nuestra decisión en el primer caso de certiorari ex-presado.

En el presente caso alega sustancialmente el peticionario Ramón Rodríguez, para impugnar el nombramiento de sín-dico, que posee algunos de los bienes que son objeto de la sindicatura en concepto de arrendatario y otros a título de dueño; que la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, carece de jurisdicción sobre él por no haber sido citado ni tenido intervención en la solicitud de nombramiento de síndico; que no es parte en el pleito ,sobre liquidación y reclamación de bienes gananciales ni tampoco en la solicitad sobre nombramiento de síndico; que la corte expresada le lia privado de sns derechos de propiedad sin el debido pro-cedimiento de ley, y que carece de otro remedio rápido, ade-cuado y eficaz para revisar la orden sobre nombramiento de síndico y evitar la violación de sus derechos y los per-juicios consiguientes a la ejecución de dicha orden.

Las anteriores alegaciones no abonan la solicitud del auto de certiorari y para ello nos basta reproducir la doctrina que ya establecimos en el caso de Delgado v. La Corte de Distrito de Mayagüez, 8 D. P. R. 507. Entonces dijimos:

“La objeción principal para que se conceda este auto es que no consta que el peticionario tratara de intervenir alguna vez en los procedimientos establecidos contra sus pupilos, ni ba tratado ella por ningún otro procedimiento en la Corte de Distrito de Mayagüez, de proteger los alegados derechos de aquellos de quienes ella dice tiene la representación. I# * * Esta Corte en el caso de Arsenio L. Arpin v. El Juez Ramos decidió en 3 de abril de 1905 que la corte no concederá un auto de certiorari cuando haya un remedio sencillo y adecuado en el curso ordinario de la ley. Además debe ser un caso muy extraordinario que autorice a esta Corte para re-visar procedimientos cuando la solicitud para tal revisión sea hecha por una persona que no haya sido parte en el pleito. * * l# Si los procedimientos son nulos y de ningún valor o defectuosos por falta de verdaderas partes, la parte que se encuentra en peligro de-bido a los procedimientos ilegales y defectuosos, debe ejercitar su acción y no esperar que la corte más alta de la isla venga en su auxilio.”

Ramón Rodríguez no ha practicado gestión ¡alguna en la corte inferior para defender sus derechos que estima con-culcados, como podía haberlo hecho, y las circunstancias del caso no son tan extraordinarias que autoricen a esta corte a intervenir en el mismo.

Cu-ando la sindicatura obstaculizare los ‘ derechos de una persona extraña podrá ésta pedir a la corte de origen que se le oiga pro inter esse suo j sus derechos serán protegidos contra cualquiera intervención injusta. “High on Receivers,” páginas 20-21.

Por las razones expuestas procede desestimar la solici-tud de certiorari, anular el auto expedido y devolverse el pleito original a la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, a los fines procedentes.

Anulado él auto expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Masson, Peticionario, v. Campillo, Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Demandado.
    Recurso de certiorari interpuesto contra el Hon. Luis Cam-pillo, Juez de la (Arte de Distrito de San Juan, Sección Primera.
    No. 279.
    Resuelto en mayo 4, 1920.
    Bienes Gananciales Bajío Sindicatura — -Reclamación de Gananciales — Certio-rari. — No procede que la Corte Suprema anule mediante recurso de certiorari la orden de una corte de distrito poniendo bajo sindicatura los bienes que alegó la demandante en un pleito sobre, liquidación y reclamación de ganan-ciales haber sido adquiridos durante su extinguido matrimonio con el deman-dado, en un caso como el presente en que el demandado no está libre de toda mancha en la administración de gananciales, pues después de disuelto el vínculo vendió y arrendó bienes gananciales sin hacer reserva de derecho al-guno a favor de la que fué su esposa y sin haber manifestado siquiera su propósito de no disponer de los productos, Ínterin se liquidara la sociedad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. F. Solo Gras.

    Abogado del demandado: Sr. José de Guzmán Benitez.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En pleito de divorcio seguido ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, por Carolina Wolkers contra Esteban Masson Dávila, dicha corte pronunció sentencia en 5 de septiembre de 1919 que quedó, firme por no haberse interpuesto contra ella recurso alguno, y subsiguientemente a la expresada sentencia la demandante, en 22 de diciembre del mismo año, radicó demanda en la misma corte sobre liqui-dación y reclamación de bienes gananciales.

'Dichos bienes gananciales, según alegaciones de la de-manda, que fué jurada, consistían en una finca rústica con cabida de 37 cuerdas, radicada en el barrio de “Hoyo Mu-las” del municipio de Carolina, en una casa-quinta de recreo situada en las inmediaciones de dicho pueblo, en una plan-tación ele cañas sembrada en la primera finca expresada, en una fábrica de hielo y confección de gaseosas, en 13 bonos de la corporación “Borinquen Sugar Company,” en 36 accio-nes de la “Central Pasto Viejo,” en 12 acciones de la.“Central Juncos, ’ ’ en dos vacas de leche, con sus crías, y una no-villa, en un automóvil ele carga y en un tren de lavado.

En el pleito sobre liquidación y reclamación de bienes ga-nanciales la demandante radicó moción en 21 de febrero de 1920 solicitando el nombramiento de un síndico que se hi-ciera cargo de los bienes ya especificados como gananciales, con excepción de los 13 bonos de la Borinquen Sugar Company, de las 36 acciones de la Central Pasto Viejo y de las 12 acciones de la Central Juncos, por haber sido vendi-dos esos bonos y acciones por el demandado durante su ma-trimonio con la demandante, y la corte, vistas las circuns-tancias del caso, en bien de la justicia y por razones de equi-dad, y con el fin de proteger los intereses de las partes y creyendo además que para hacerse cargo ele los frutos y rentas y para la protección y seguridad de los bienes es necesario tomar absoluto control de los mismos, accedió a lo solicitado en resolución de 13 ele marzo de 1920 y nombró a José Martínez Dávila síndico ele las fincas, incluso las co-sas que les sean anexas, muebles, útiles y accesorios perte-necientes a las mismas, así como de las rentas, productos y beneficios, con las facultades que expresa en dicha orden.

Contra la orden a que acabamos de hacer referencia ha acudido a esta Corte Suprema, Esteban Masson Dávila so-licitando en 16 de marzo la expedición de nn auto de cer-tiorari dirigido al Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, para que remitiera los autos originales, y el auto fué expedido con fecha 19 del propio marzo.

Alega el peticionario sustancialmente en apoyo de la so-licitud de certiorari que la finca de 37 cuerdas, la quinta de recreo, y la fábrica de hielo y confección de gaseosas no es-tán en su poder por haberlas dado en arrendamiento desde diciembre de 1919 a Ramón Rodríguez; que la plantación de cañas y el automóvil de carga son de la exclusiva pro-piedad del Rodríguez; que el nombramiento de síndico se hizo no obstante haber exigido que Carolina Wolkers pre-sentara en corte abierta los testigos que firman los affidavits para confrontarse con ellos, lo cual le fué denegado; que los affidavits producidos no contienen prueba material o per-tinente, y que el nombramiento de síndico no procedía tanto por los motivos expuestos cuanto por no haberse justificado la necesidad de tal nombramiento, porque la parte tenía otro remedio rápido, adecuado y eficaz para obtener los fines que pretendía, porque el derecho o interés de Carolina Wolkers era dudoso y no había sido aun determinado, y porque disuelta la sociedad de gananciales, en ausencia de fraude ale-gado y probado Masson Dávila tenía derecho a su adminis-tración durante la liquidación, de acuerdo con la ley y en beneficio de la sociedad conyugal misma.

De los autos originales y de las alegaciones de ambas partes ante esta Corte Suprema, resulta que las-37 cuerdas de terreno y la casa-quinta de recreo fueron adquiridas du-rante el matrimonio de Esteban Masson Dávila y Carolina Wolkers; que el esposo vendió las dos vacas con su cría y la novilla, a Francisco Torres Pacheco en 20 de noviembre de 1919, disuelto ya el vínculo matrimonial y que por escri-tura de 29 de diciembre del mismo año, después de la sen-tencia de divorcio, Esteban Masson Dávila y Ramón Rodrí-guez ratificaron un contrato verbal de arrendamiento que ambos expresaron haber celebrado en Io. de mayo de 1919 con. relación a la finca de 37 cuerdas y a la casa-quinta de recreo, siendo extensivo el contrato a la fábrica de hielo y gaseosas, fijándose como duración del mismo el término de tres años a vencer en Io. de mayo de 1922 y estipulándose como precio total del arrendameinto la suma de $150 que el arrendatario había de pagar al arrendador por mensua-lidades vencidas de $150.'

La sociedad de gananciales de los esposos Masson Dá-vila y Carolina Wolkers concluyó al disolverse mediante divorcio el matrimonio de ambos, con sujeción al artículo 1330 del Código Civil, y todos los bienes adquiridos durante el matrimonio deben reputarse gananciales y pertenecen por tanto presuntivamente a la sociedad legal constituida por dichos consortes, según los artículos 1316 y 1322 del Código citado.

Masson Dávila, aun en el supuesto de que le. asistiera derecho para seguir administrando la sociedad ele ganan-ciales después de disuelta, como así alega sin demostración alguna, no aparece libre de mancha en esa administración, que de hecho ha tenido a su cargo, pues vendió el ganado a Francisco Torres Pacheco y arrendó la finca rústica, la quinta de recreo y la fábrica de hielo y confección de ga-seosas a Ramón Rodríguez en beneficio propio, sin reserva •de derecho alguno a favor de Carolina Wolkers y sin haber manifestado su propósito de reservar los productos o rentas sin disponer de ellos para cuando se liquidara la sociedad de gananciales.

Habiendo como hay un pleito pendiente entre socios, como lo son Esteban Masson Dávila y Carolina Wolkers, intere-sados igualmente en la liquidación de la sociedad de ganan-ciales por ellos constituida y ya disuelta, no es justo ni equi-tativo que uno de los socios posea los bienes de esa sociedad aprovechándose de sus productos con perjuicio del otro, cuando esos productos pertenecen presuntivamente a am-bos socios, así como los bienes de que proceden.

De todos modos, no siendo el recurso de certiorari de procedencia obligatoria, y estando la corte investida de dis-creción judicial para concederlo o rebasarlo según lo requiera la justicia en cada caso, nos decidimos a rehusarlo en el pre-sente por estimar que así quedan mejor servidos los inte-reses de la equidad y de la justicia.

Por las razones expuestas procede desestimar la solici-tud de certiorari, anular el auto expedido y devolver el pleito original a la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, a los fines procedentes.

Anulado el auto expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Iíutcbison.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    Ramos, Demandante y Apelado, v. Sucesión Nadal, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente ele la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre indemnización.
    No. 2196.
    Resuelto en mayo 6, 1920.
    Desestimación de Apelación.' — DI hecho de que el recurso de apelación contra la sentencia que puso término al asunto en la corte inferior fuera establecido por abogados distintos de los que tuvieron la representación del apelante en el juicio no es motivo para desestimar la apelación.
    Apelación — Notificación de la Apelación — Artículo 320 del Código de En* juiciamiento Civil. — La notificación de apelación hecha a la encargada de la oficina de uno de los abogados que componen la firma profesional repre-sentante de la parte apelada por ausencia de aquél es válida y suficiente de acuerdo con el artículo 320 del Código de Enjuiciamiento Civil, para surtir los efectos legales correspondientes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Francis y de la Haba y A. Nasario Lugo.

    Abogados del apelado: Sres. Feliú é Alemañy.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado nos ha pedido que desestimemos el presente recurso de apelación fundándose en que fué interpuesto por una firma profesional de abogados que no tuvo la represen-tación del apelante en el juicio en la corte inferior y en que la notificación de la apelación no fué liecba a la parte con-traria ni a su abogado.

Celebrada la vista de esa moción nos pidió el apelante que la dejáramos sin efecto alegando que no fué notificado de ella, pretensión a la que se opuso el apelado y que tene-mos que negar porque de los autos consta que no sólo fué notificado por correo de la moción de desestimación sino también que el Secretario de esta Corte Suprema le noti-ficó el señalamiento del día para la vista.

Después presentó el apelante otra moción para que le permitiéramos presentar un alegato en oposición a la mo-ción de desestimación o que suspendiéramos su resolución basta la vista de la apelación, moción con la que acompañó una declaración jurada en la que Gertrudis Benitez mani-fiesta que es y era empleada el día 13 de febrero de 1920 de las abogados Feliú & Alemañy en su oficina de San Juan y que en dicbo día, cuando ninguno de los socios estaba en el bufete dichos señores fueron notificados de un escrito de apelación en este caso, recibiendo la declarante la copia de la notificación como la persona encargada del bufete en ese momento. La parte apelada se opuso por escrito a- lo pre-tendido en esta moción y en cuanto a la declaración jurada no negó los hechos que en ella se consignan, limitándose a hacerle objeciones técnicas sin importancia por lo que po-demos tomarla en consideración para resolver la moción de desestimación.

El hecho de que el recurso de apelación contra la sen-tencia que puso término al asunto eñ la corte inferior fuera establecido por abogados distintos de los . que tuvieron la representación del r apelante en el juicio no es motivo para desestimar la apelación. 4 Oye. 955.

El segundo fundamento de la moción de desestimación tampoco es procedente pues de los autos aparece que la ape-laeión fué notificada el día 13 de febrero de 1920 al abogado Leopoldo Feliú, de la firma profesional Feliú. & Alemañy, firmando por él Gertrudis Benitez, y según la declaración jurada de ésta era en esa feclia empleada de dicha firma y en ausencia de los abogados y como encargada de la oficina recibió la notificación, forma de notificación que • está auto-rizada por el artículo 320 del Código de Enjuiciamiento Civil preceptivo de que la diligencia de una notificación o en-trega de documentos deberá hacerse personalmente a la parte ■o a su abogado, según proceda, o podrá diligenciarse cuando se hace a un abogado, que está ausente de su bufete, entre-gando la notificación o documentos al empleado • o persona encargada de la oficina.

La moción de desestimación de 'la apelación debe ser negada.

Desestimada la moción sobre desestimación de la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Presideute Sr. Hernández,

text:
    Sucesión Suro, Demandante y Apelante, v. Sucesiones Prado, Ponza y del Río, Demandadas y Apeladas.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre inexistencia de contrato y otros extremos.
    No. 2177.
    Resuelto en mayo 6, 1920.
    Desestimación de Apelación — Término para Radicar la Apelación.- — Estando pendiente de resolución en la corte inferior una moción pidiendo la eliminación de la exposición del caso por haberse presentado fuera de tiempo, es prema-tura una moción solicitando la desestimación del recurso por el fundamento de haber vencido el término para radicar el record en la Corte Suprema.
    Id. — Diligencia—Buena Fe. — Cuando se solicita la desestimación de una apela-ción de acuerdo con la regla 59 del reglamento del Tribunal Supremo, es pre-ciso probar satisfactoriamente que el apelante no ha proseguido su recurso con la debida diligencia y de buena fe.

      Id. — Notificación del Recurso — Barte Necesaria. — Guando se pide la desesti-mación del recurso por el fundamento de que la notificación de la apelación no'se hizo en forma y tiempo oportunos a un apelado, es preciso alegar y demostrar que éste es parte necesaria en el juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de la apelante: Sres. Rincón & Sarriera.

    Ahogados de las apeladas: Sres. Alvarez Nava & Do-mínguez, y F. Soto Gras.

   El Juez Presideute Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

La Sucesión de Alonso del Río, una de las partes deman-dadas apeladas, ha presentado moción a esta Corte Suprema para que se- desestime el recurso de apelación interpuesto en 21 de noviembre de 1918 por la Sucesión de Juan Suro, parte demandante, contra la sentencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en 22 de octubre anterior, declarando sin lugar la demanda.

Los fundamentos en que descansa la petición de deses-timación del recurso son en síntesis los siguientes:

Io. Que la exposición del caso fué radicada en la corte inferior en Io. de julio de 1919 después de varias prórrogas, cuando ya había vencido la última de ellas y por tanto ha-bían vencido con exceso los treinta días que la ley concede para radicar la transcripción del récord en esta Corte Su-prema, contados desde la radicación del escrito de apelación.

2o. Que aun en la hipótesis de haberse presentado en tiempo legal la exposición del caso, los demandantes no ha-bían proseguido su apelación con la debida diligencia y era de aplicación la regla 59 de las de esta Corte Suprema.

3o. Que los demandados, herederos desconocidos de En-carnación Prado y Joaquina Julia no fueron notificados del escrito de apelación y si bien la parte apelante estaba pu-blicando edictos con ese fin, tal notificación no se hizo al tiempo de notificarse el recurso al secretario de la corte y a la Sucesión de Alonso del Río, ni dentro del término con-cedido por la ley para establecer el recurso, habiendo ocu-rrido además que la notificación de los otros demandados se hizo sin cumplir los requisitos prevenidos por el artículo 320 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Como la peticionaria, Sucesión de Alonso del Eío, ha acompañado a su moción una certificación del Secretario de la Corte de' Distrito de San Juan creditiva entre otros ex-tremos de que la exposición del caso no había sido aprobada aun y estaba pendiente de una moción de dicha sucesión sobre eliminación de aquella exposición por haberse presen-tado fuera de tiempo, nos abstenemos de tomar acción so-bre el primer motivo de la moción por estimar más conve-niente a los intereses de la justicia que la parte espere a que dicha corte resuelva lo -que proceda sobre la moción de eliminación, dándonos así base para poder apreciar si está vencido o no el término para la presentación del record en la Secretaría de esta Corte Suprema.

En cuanto al segundo motivo de la moción, nos son des-conocidas por completo las razones que pudieran existir para el otorgamiento de las prórrogas y para estimar probado satisfactoriamente que el apelante no ha proseguido su ape-lación con la debida diligencia y de buena fé, y por tanto no cabe dar aplicación a la regia 59 del reglamento de esta Corte Suprema.

Por lo que atañe al tercer motivo de la moción, nada ade-lantamos con resolver si las notificaciones a que alude el peticionario han sido hechas o no en tiempo oportuno y en forma debida, por la razón de que no se ha hecho alegación alguna en la petición ni se ha argumentado acerca de si los citados son o no partes necesarias en el juicio. Y no esta-mos convencidos de que lo sean, dada la circunstancia de que la demanda que originó el pleito se encamina principal-mente a obtener que la Sucesión de Alonso del Eío entregue a los demandantes en concepto de reivindicación los dos in-muebles descritos en dicha demanda y la suma de $132,600 por frutos producidos durante los veinte y seis años en que ha detentado dichos inmuebles. Los méritos del caso están al parecer más o menos comprendidos en el tercer funda-mento de la moción.

Procede desestimar la moción, sin perjuicio de que po-damos considerarla nuevamente en cuanto a su último fun-damento con mayor conocimiento de los hechos, al celebrarse la vista de la apelación.

Desestimada la moción de las apeladas sin per-juicio de considerarla nuevamente en cuanto a su último fundamento al celebrarse la vista del caso.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Audrey,

text:
    Santos, Demandante y Apelante, v. Class et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en un procedimiento de injunction para retener la po-sesión.
    No. 2088.
    Resuelto en mayo 6, 1920.
    PRUEBA CONTRADICTORIA — PASIÓN Y 'PREJUICIO — PREPONDERANCIA DE PRUEBA. Cuando la prueba es contradictoria la Corte Suprema no irá contra la apre-ciación que de la misma haya hecho el juez sentenciador a menos que se de-muestre pasión, prejuicio, parcialidad o manifiesto error por parte del juez sentenciador; y menos cuando como en este caso la preponderancia de la . misma está claramente en- favor de los apelados.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr„ José E. Días.

    Abogado de los apelados: Sr. S. B. Palmer. '

   El Juez Asociado Se. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata dé un injunction para recobrar la posesión de una parcela de dos cuerdas de terreno conteniendo una cueva de abono natural, murcielagina.

Como en la sentencia que declaró sin lugar la demanda se dice que la prueba del demandante no justificó la pose-sión e identidad de la finca reclamada, alega abora el ape-lante que el juez cometió error en la apreciación de la prueba porque ésta es suficiente para justificar su reclamación, toda vez que el demandado admitió la posesión material e iden-tificación de la finca y porque todos y cada uno de los hechos de la demanda fueron justificados por declaraciones de tes-tigos y de perito, por lo que estima que también cometió error de derecho al declarar sin lugar su demanda.

No expone el apelante en su alegato los particulares de las alegaciones o de las pruebas que justifiquen su afirma-ción como debió hacerlo, pero a pesar de ésto hemos exa-minado toda la transcripción y no encontramos que la con-testación a la demanda admitiera la posesión material de ese terreno y cueva por el demandante ni su identificación, ni que de la prueba resulte tal cosa. Esta fué contradictoria en cuanto a la posesión e identidad así como con respecto a los actos de despojo que el ■ demandante atribuye a los de-mandados, por tocio lo que no vemos razón alguna para de-clarar que el juez sentenciador cometiera los errores que le atribuye el apelante, con mayor razón en este caso cuanto que la preponderancia de la evidencia está claramente en favor de los apelados.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Rodríguez, Demandante y Apelado, v. Mercado e Hijos, Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2062.
    Resuelto en mayo 8, 1920.
    Jurisdicción por Razón de la Materia — Jurisdicción de Almirantazgo — Da-Sos y Perjuicios por Negligencia. — Las cortes de distrito de Puerto Rico carecen de jurisdicción para conocer de un pleito en que el demandante re-clama indemnización de acuerdo con una ley local regulando la acción de da-ños e indemnizaciones a' obreros, por lesiones sufridas en 1916 a bordo de un lanahón que transportaba azúcares hasta el costado de un vapor surto en un puerto de la isla. Tal ley no es una de las excepciones en que las cor-tes locales tienen jurisdicción concurrente con las de almirantazgo, por lo que es de aplicación al presente caso la doctrina consignada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los casos de Atlantic Transport Company ImbroveTc, 234 U. S. 52, de Southern Pac. Go. v. Jensen, 244 U. S. 205, y de Peter v. Nellie Vearsey, resuelto en 8 de diciembre de 1919.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. A. F. Castro. ■

    Abogado del apelado: Sr. B. Martínez Badal.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Alega el apelante ante nosotros en el recurso de apela-ción que tiene interpuesto contra la sentencia de la Corte de Distrito de Ponce que lo condenó a pagar al apelado de-terminada cantidad de dinero como indemnización, y por pri-mera vez en este pleito, que dicha corte y este Tribunal Supremo carecen de jurisdicción para conocer de este litigio por razón de la materia, porque la reclamación qué en él se hace corresponde a la jurisdicción de almirantazgo, que es exclusiva de las Cortes de Distrito de los Estados Uni-dos, y cita los casos de Atlantic Transport Company v. Imbrovek, 234 U. S. 52, y de Southern Pac. Co. v. Jensen, 244 U. S. 205, en los cuales se declara que el trabajo realizado •por un estivador (stevedore) a bordo de un buque al des-cargarlo en el muelle en aguas navegables es marítimo; que su ocupación en ese trabajo y los daños que sufra son de igual modo marítimos; que los derechos y responsabilidades, que de ese trabajo surjan, empleo y daños, se bailan clara-mente dentro de la jurisdicción de almirantazgo y que la ley del Estado sobre compensaciones a obreros no tenía apli-cación cuando el accidente ocurrió. Posteriormente se bizo aplicación de esa doctrina en el caso de Peters et al. y. Nellie Veassey, resuelto por el mismo tribunal en diciembre 8 de 1919, al caso de un cargador (longshoreman) ocupado a bordo de un buque en su descarga.

La demanda está fechada el 27 de febrero de 1917, siendo su juramento del día 26 de marzo de 1917 y la contestación es de 17 de abril de 1917. De la prueba presentada en el juicio resulta que el apelado es un cargador que no trabaja en tierra sino en la marina, que el día 30 de diciembre de 1916 en que sufrió el accidente por el cual reclama, se ocu-paba en cargar sacos de azúcar' en los ancones que habían de transportarlos al costado ele un vapor surto en el puerto de G-uayanilla, para allí ayudar a que el barco los subiera a bordo y que al llegar al costado del vapor el ancón en que iba el-apelado, remolcado por una lancha de gasolina, chocó aquel con otro lanchón que allí estaba y que sufrió lesiones en los dedos de una mano contra la borda del otro lanchón.

Aunque tal como está redactada la demanda no resulta muy claro que el demandante interpuso su reclamación de acuerdo con la Ley No. 19 de 13 de abril de 1916 proAmyendo indemnizaciones a los obreros que resultaren lesionados, o a las familias que dependan de aquellos que perdieren sus vidas mientras estuvieren dedicados a oficios u ocupaciones, y para otros fines, sinembargo, tal duda desaparece teniendo en cuenta que no solamente el demandado entendió, según su contestación, que el' demandante sé basaba en tal ley sino porque fundándose en ella el demandante pidió a la corte que eliminara ciertas defensas alegadas por el demandado en su contestación y la corte las decretó de acuerdo con esa ley, y porque en este recurso de apelación el demandante insiste en que tal ley es aplicable al presente caso.

De acuerdo con el caso primeramente citado de Atlantic Transport Company v. Imbrovek, supra, el trabajo del ape-lado 'Rodríguez es marítimo por su naturaleza, aunque tra-bajara sólo a bordo de un ancón transportando azúcares en aguas navegables para cargar un vapor, y el accidente no le ocurriera a bordo ele éste. Los otros dos casos son bue-nos para declarar que una ley local regulando la acción de daños e indemnizaciones a obreros no es una de las excep-ciones en que las cortes locales tienen jurisdicción concu-rrente, por lo que nos vemos precisados a hacer aplicación al presente caso de la doctrina consignada por el Tribunal Supíémo de los Estados Unidos en los casos citados al prin-cipio y en su consecuencia a declarar que la corte inferior no tenía jurisdicción para conocer de la materia de este litigio por lo que la sentencia apelada debe ser revocada y decla-rada sin lugar la demanda sin costas.

Revocada la sentencia apelada y declarada sin lugar la demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado del Toro.

Los Jueces Asociados'Sres. Wolf y Hutchison no toma-ron parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldkgy,

text:
    Díaz, Peticionario y Apelante, v. El Pueblo, Opositor y Apelado.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un procedimiento de habeas corpus.

    No. 1502.
    Resuelto en mayo 8, 1920.
    Derecho del Pueblo a Beunirse en Asambleas- — Uso be Calles y Plazas— Ordenanzas Municipales. — Fundándose una ordenanza municipal en que para la celebración de asambleas públicas (meetings) en calles y plazas es necesario obtener previa licencia con veinte y cuatro horas de anticipación, por lo menos, del comisionado de servicio público, policía y prisiones para que éste pueda avisar al jefe de policía del distrito .para su conocimiento y acción procedente, tal término, teniendo en cuenta la facilidad de comunica-ciones que hay en Puerto Eieo por telégrafo, teléfono y carreteras, no es-razonable y es contrario a la sección 2, párrafo 17 de la vigente carta or-gánica.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. C. del Toro Fernández.

    Abogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldkgy,

emitió la opinión del tribunal.. •

El Concejo de Administración del Municipio de Yauco' aprobó en 30 de diciembre de 1909 la siguiente ordenanza:

"No. 3. — Ordenanza reglamentando la concesión de permisos para-la celebración de mítines en las plazas y calles de la población. — Por cuanto; con motivo de la actual huelga agrícola se vienen celebrando-frecuentes mítines en esta población.- — -Por cuanto: no existe orde-nanza vigente alguna relativa al permiso que para tales actos debe-exigirse. — Por cuanto: estos permisos deben solicitarse con la debida-anticipación para que puedan tomarse las medidas conducentes a--evitar alteraciones del orden. — Por tanto, ordénase por el Concejo de Administración de Yauco, P. K>., reunido en sesión extraordina-ria: — Sección Ia. Toda persona que interese ocupar una de las plazas o calles de la población de Yauco para la celebración de un mitin, solicitará del Comisionado de Servicio Público, Policía y Prisiones,, por escrito y con veinte y cuatro horas de anticipación por lo menos,, el correspondiente permiso, expresando el día y hora en que haya de llevarse a efecto el acto; Disponiéndose que el Comisionado de-servicio Público podrá prohibir estos actos en la plaza "‘Washington” cuando lo crea conveniente. — Sección 2a. El Comisionado de Servia ció Público, Policía y Prisiones, al recibir la solicitud indicada en-la precedente sección expedirá el permiso, dando inmediatamente a.viso al Jefe de la Policía del Distrito para su conocimiento y ac-ción procedente. — Sección 3a. Las infracciones a la presente orde-nanza serán penadas por la corte correspondiente con multa de cinco a cincuenta dollars o prisión de cinco a quince días o con ambas pe-nas a juicio del tribunal. Sección 4a. Existiendo causas extraor-dinarias que requieren la inmediata vigencia de esta ordenanza, la-misma regirá desde la fecha de su aprobación.”

El dos de febrero del presente año fué denunciado Julio-Ortiz en la Corte Municipal de Yauco imputándole haber in-fringido esa ordenanza porque voluntaria y maliciosamente-ocupó la plaza “Colón” ele dicho pueblo para la celebración de un meeting que llevó a efecto en dicha plaza desde las nueve ■ a las once de la noche del día 29 de enero ele 1920, sin que hubiera solicitado del Comisionado de Servicio Pú-blico, Policía y Prisiones, por escrito y con veinte y cuatro horas- por lo menos de anticipación, el correspondiente per-miso, expresando el día y hora en que iba a llevarse a efecto.

La corte municipal condenó a Ortiz a pagar diez dó-lares de multa y en defecto de pago a sufrir prisión. En-carcelado Ortiz presentó en la Corte de Distrito de Ponce solicitud de habeas corpus pidiendo ser puesto en libertad fundándose en que la ordenanza por cuya infracción se le ha reducido a prisión es incompatible con la sección 2a., pá-rrafo 17 de la Ley Orgánica de esta Isla, preceptiva de que “no se aprobará ninguna ley restringiendo la libertad de la palabra o de la prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y pedir al G-obierno la reforma de los abusos”; y nula porque el artículo 9 de la Ley No. 85 de la Asamblea Legislativa de esta Isla estableciendo un sistema de gobierno local y reorganizando los servicios municipales limita la facultad legislativa y administrativa de los mu-nicipios, prohibiéndoles adoptar ninguna ordenanza, reso-lución ni acuerdo que en modo alguno viole ninguna de las leyes de Puerto Rico y de los Estados Unidos que estuvieren en vigor, por cuyas razones alegó que fue juzgado, condenado y encarcelado sin autoridad de ley. Habiendo resuelto la Corte de Distrito de Ponce dicha solicitud en contra de Ortiz interpuso el presente recurso de apelación.

El caso de El Pueblo v. Padilla, 20 D. P. R. 276, en que principalmente se basa el apelante para sostener su recurso no es de aplicación al presente caso porque la sentencia ab-solutoria que entonces dictamos se basó en que Padilla no estaba comprendido dentro de las prescripciones de la or-denanza que se alegaba había infringido y por tanto no fue necesario entrar en el estudio de los términos .en que apa-recía redactada. En el presente caso el apelante se halla comprendido dentro de las prescripciones de la ordenanza de Yanco porque aunque en ella se expone como fundamento de la misma los frecuentes meetings que se estaban cele-brando con motivo de la huelga agrícola se hace sin embargo obligatorio para toda persona que interese ocupar una de las plazas o calles de la población con tal- objeto qué soli-cite por escrito y con veinte y cuatro horas de anticipación por lo menos el correspondiente permiso.

Para resolver este recurso es bueno tener presente al-gunas de las declaraciones de carácter general que hicimos en el caso de El Pueblo v. Padilla, supra, según las cuales una ordenanza municipal que coarta el derecho consignado en la ley de 27 de febrero de 1902 definiendo los derechos del pueblo, sustancialmente igual a la declaración que hace nuestra Ley Orgánica posterior que hemos copiado es com-pletamente nula; que regular no es coartar en todas ocasio-nes que el poder de los gobiernos municipales para prescri-bir reglas sobre el tránsito por sus calles y el -uso de sus plazas y paseos es incuestionable, dependiendo todo de la forma en que se use; que si se emplea de un modo razona-ble, debe acatarse por los ciudadanos y reconocerse por los tribunales y que si se ejerce en forma arbitraria queda des-provista de toda autoridad, por lo que las ordenanzas que regulan el derecho del pueblp deben interpretarse de un modo restrictivo.

De acuerdo, pues, con los precedentes principios, la cues-tión a decidir, en el presente caso es si el Concejo Municipal de Yauco usó razonablemente del derecho incuestionable que tiene para regular el uso de las plazas y calles de dicha, población al decretar que para usarlas para la celebración de meetings habrá de solicitarse permiso del Comisionado de Servicio Público, Policía y Prisiones con veinte y cuatro horas de anticipación por lo menos. En otras palabras, ¿el término de veinte y cuatro horas requerido por la ordenanza es tan largo que coarta el derecho reconocido por nuestra Carta Orgánica al pueblo para reunirse en asambleas pací-ficas? Tal es la cuestión a resolver en éste recurso.

De la ordenanza que fiemos transcrito resulta que la ra-zón que tuvo el Concejo Municipal de Yauco para exigir ese término fué la de que el Comisionado de Servicio Público, Policía y Prisiones pudiera dar aviso inmediato de la cele-bración de tales asambleas al jefe de la policía del distrito para su conocimiento y acción procedente, y opinamos que para ese fin no es razonable el término de veinte y cuatro horas que por la ordenanza se exige como mínimo para obtener licencia los que quieran celebrar una reunión pública, por-que dadas las facilidades de comunicación que fiay en esta Isla por telégrafo, teléfono y por carreteras, resulta tan grande que coarta el derecho de reunión pacífica y lo fiaría ilusorio en mucfias ocasiones, tanto más cuanto que dicho comisionado no está facultado para acortarlo.

Por las razones expuestas resulta ilegal la prisión a que fué reducido el apelante y debemos revocar la resolución que negó su petición de excarcelación y ordenar que quede en libertad, cancelándose la fianza que tiene prestada para es-tar en libertad mientras se resolvía esta apelación.

Revocada la resolución apelada y declarado con lugar el habeas corpus.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez PbesideNte Se. HerNÁNdez,

text:
    Torres et al., Demandantes y Apelados, v. Sucesión Rosaly, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre autorización judicial para transigir.
    No. 1960.
    Resuelto en mayo 8, 1920.
    Nulidad de Sentencia — Transacción—Notificación.—Una sentencia por la cual se aprueba una transacción no puede ser dejada sin efecto en cuanto a deter-minadas partes transigentes sin oirlas a todas y con mayor razón cuando las partes estipularon que la transacción no sería eficaz si dejaba de surtir efecto respecto de cualquiera de ellas y cuando dicha transacción se consignó ade-más en escritura pública, cuya circunstancia impide dar aplicación al artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil que se aplica a sentencias órde-nes o procedimientos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. J. y A. Poventud.

    Abogados de los apelados: Sres. Tord y Zayas Pizarra, J. F. Fernández, J. Tous Soto y Fiscal del Distrito.

   El Juez PbesideNte Se. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Rosaly Castillo falleció en Barcelona, España, en 1917, bajo testamento ológrafo otorgado en Ponce a 12 de julio de 1908, que fue declarado auténtico por resolución de aquella-corte de distrito.

En dicho testamento declaró el testador que por escri-tura de 13 de agosto de 1880 había reconocido como hijos naturales suyos a Eulalio y Claudia procreados durante re-laciones amorosas con Dionisia Vázquez y era su voluntad legitimarlos como los legitimaba para que fueran tenidos y considerados como sus hijos legítimos, instituyéndolos por sus únicos y universales herederos, a cuya legitimación pres-taron su consentimiento los expresados Claudia y Eulalio Rosaly Vázquez.

Antes de morir Manuel Rosaly Castillo, habían sido de-clarados hijos naturales suyos reconocidos Manuela y Marta Rosaly, y muerto ya se iniciaron dos pleitos contra la suce-sión del mismo, uno por Ramona Torres en representación de sus menores hijos Lucas y Creseencia Torres, y el otro por Pastor Garriga como tutor legítimo de Francisco y Andrea Garriga, ambos pleitos sobre filiación y petición de he-rencia, en los cuales la sucesión demandada propuso transac-ción en cuanto a la acción de petición de herencia.

En la oferta o proposición de transacción hecha en el primero de dichos pleitos a los menores Lucas y Creseencia Torres, la Sucesión de Manuel Rosaly Castillo, compuesta de su viuda Matilde Ríos Ovalle y sus hijos Eulalio y Claudia Rosaly Vázquez, expresan que consienten en que se dicte sentencia a favor ele los menores Torres demandantes, por la suma de $2,725 para cada uno de'dichos menores, o sea-por un total de $5,450 para ambos; que esa suma sería sa-tisfecha por los demandados en bienes de la herencia de Manuel Rosaly y Castillo, dando en pago un solar y casa en el barrio 2o. de la ciudad de Ponce, con valor de $1,800, otro solar con casa de madera en el mismo barrio 2o. de la ciudad de Ponce, con valor de $1,000, un trozo de terreno radicado en el barrio del “Anón”, del término municipal de Ponce, con cabida de 12 cuerdas más o menos y valor de $500, y finalmente $2,150 en dinero efectivo, quedando así •completado el total de $5,450; y que como según tenían en-tendido, los menores demandantes se habían obligado a sa-tisfacer a su abogado don Eduardo Flores Colón por todos sus servicios en el pleito indicado la suma de $1,700, hacían constar que si así les convenía y lo aceptaban los deman-dantes estarían dispuestos a pagar directamente a dicho abo-gado la expresada cantidad, rebajándola del dinero efectivo de $2,150 que quedarían por tanto reducidos a $450, reser-vándose los demandados el derecho de satisfacer los $1,700 al abogado, $500 en efectivo y $1,200 en un condominio o participación indivisa en una finca rústica perteneciente a la herencia de Manuel Rosaly Castillo, como de 26 cuerdas más o menos, sita en el barrio “Portugués” del término municipal de Ponce.

En el otro pleito de los menores Francisco y Andrea G-arriga contra la Sucesión de Manuel Rosal}*-- Castillo, so-bre filiación y petición de herencia, la parte demandada en su escrito proponiendo transacción respecto a la acción de petición de herencia expresa que consiente en que se dicte sentencia a favor de los menores demandantes por la suma de $2,000, o sea $1,000 para cada uno de dichos menores, cuya suma había de ser satisfecha en dinero efectivo; que como según tienen entendido los demandados, la parte de-mandante se ha obligado a satisfacer a su abogado Leopoldo Tormes por todos sus servicios en el caso indicado la suma de $1,000, hacen constar que si así lo conviniere y lo acep-tare la parte demandante estarían dispuestos a pagar directamente a dicho ahogado los referidos $1,000 de honora-rios rebajándolos de la partida de $2,000 que quedaría re-ducida a $1,000, reservándose los demandados el derecho a satisfacer los $1,000, $300 en dinero y $700 mediante el tras-paso o adjudicación por ese valor a dicho abogado de un solar con casa que radica en la ciudad de Ponce, con frente a la calle de la Victoria.

En ambas ofertas de transacción tanto a los menores Torres como a los menores Garriga se hacía constar que el pago 'y adjudicación se efectuarían dentro de los cuarenta días siguientes a la fecha de la sentencia que en cualquier sentido recayera acerca de la filiación o reconocimiento de los menores demandantes; y que la oferta de transacción y su aceptación en su caso no surtirían efecto alguno hasta que no se obtuviera la debida autorización judicial, ni sería eficaz si por cualquier motivo no llegara a surtir efecto cual-quiera de las transacciones propuestas en los dos pleitos de que se deja hecho mérito, así como las transacciones pro-puestas a Manuela y Marta Ruiz o Rosaly.

Ambas ofertas de transacción fueron aceptadas por las representaciones de los cuatro menores indicados, o sean Lucas y Crescencia Torres y Francisco y Andrea Garriga, es-tableciendo -la representación de los menores Torres como condición que el pago de los $1,700 que tienen convenido sa-tisfacer a su abogado Eduardo Flores Colón se verifique directamente en la forma indicada en la transacción por lo que sólo habrá de entregarse a los menores demandantes en dinero efectivo la suma de $450, y la representación de los menores Garriga que el pago de los $1,000 por servicios de su abogado Leopoldo Tormes se verifique directamente a éste por los demandados por lo que sólo percibirán dichos menores por todo su haber la suma de $1,000.

Para llevar a efecto las transacciones de que se deja lieclio mérito, Lucas y Crescencia Torres, representados por su madre Eamona Torres, Francisco y Andrea Garriga re- ' presentados por su tutor legítimo Pastor Garriga y por su defensor ad litem Francisco Parra Capó, y Marta Eosaly representada por su madre natural Jacinta Eivera, conocida por Jacinta Euiz, acudieron a la Corte de Distrito de Ponce solicitando la autorización necesaria, y en ese escrito ex-ponen: 1, que la sucesión legítima de Manuel Eosaly Castillo se compone de su viuda Matilde Eíos Ovalle y de sus hijos legítimos, por legitimación testamentaria, llamados Ela-dio y Claudia Eosaly Vázquez, según resulta del testamento ológrafo de dicho causante debidamente identificado; 2, que los bienes, derechos y acciones dejados por Manuel Eosaly Castillo, después de una minuciosa investigación practicada por los promoventes y sus abogados, podría arrojar un lí-quido partible de unos $51,600 más o menos, de cuya tercera parte de libre disposición habría de sacarse la porción o participación correspondiente a las hijas naturales recono-cidas Manuela y Marta Eosaly, esta última menor de edad, y la porción que de prosperar sus demandas de filiación y petición de herencia podría corresponder a los menores Lucas y Crescencia Torres y Francisco y Andrea Garriga; 3, que los bienes de la herencia de Manuel Eosaly Castillo ra-dican dentro del distrito judicial de Ponce; 4; que los me-nores Lucas y Crescencia Torres, de 17 y 13 años de edad respectivamente, por medio de su madre natural Eamona Torres, y Francisco y Andrea Garriga, de 10 y 12 años de-edad respectivamente, por conducto de su defensor ad litem Francisco Parra Capó, entablaron por medio de sus respec-tivos abogados demandas ante la Corte de Distrito de Ponce contra la Sucesión de Manuel Eosaly Castillo sobre filia-ción y reconocimiento de los mismos y sobre reclamación o petición de herencia, alegando por razón de la última acción tener derecho a participar en la herencia de Eosaly Castillo como hijos naturales del mismo; 5, que la menor Marta Eosaly es hija natural reconocida así como su hermana mayor de edad Manuela Eosaly, de don Manuel Eosaly Castillo, según sentencia dictada por la Corte de Distrito de Ponce en vida de Eosaly Castillo; 6, que la Sucesión legí-tima de Manuel Eosaly Castillo tiene contestadas las causas de acción por filiación en ambos pleitos, negando los hechos de las mismas y que en cuanto a las causas de acción sobre petición de herencia propuso dicha sucesión en cada uno de los pleitos referidos, transacción que fué aceptada por los menores demandantes; 7, que también la Sucesión de Manuel Eosaly Castillo tiene concertada una transacción con la representación legal de la menor Marta Eosaly y con la hermana de ésta mayor de edad llamada Manuela Eosaly, en virtud de la cual consiente en entregar a dichas Manuela y Marta Eosaly la suma de $3,675 para cada una de ellas, o sea en total la suma de $7,350 para ambas en pago de todos cuantos derechos sucesorios y hereditarios puedan corres-ponderles en la herencia de su causante, cuyas cantidades serán pagadas a Manuela Eosaly con la suma de $500 que en vida de Eosaly Castillo le fué entregada como anticipo colacionable, con un solar y casa en el barrio 2o. de la ciu-dad de Ponce, frente a la calle de la Guadalupe, No. 48 de gobierno, cuya finca tiene un valor de $1,200, y con $1,975 en dinero efectivo, total $3,675, y en cuanto a la menor Marta Eosaly con la-suma de $300 que en vida de Eosaly Castillo le fué entregada como anticipo colacionable, con un trozo de terreno' radicado en el barrio “Anón” del término municipal de Ponce, con cabida de 14 cuerdas y valor ele $1,200, con otro trozo de terreno radicado en el mismo barrio de “Anón”, sitio de los Chinos, con cabida de 10 cuerdas y valor de $500, y con $1,675 en dinero efectivo, total $3,675; y que como Manuela Eosaly y Jacinta Bivera o Euiz a nom-bre de su menor hija reconocida Marta Eosaly, adundaban a su abogado Eduardo Plores Colón por todos sus servicios profesionales prestados, la primera, la suma de $1,800 y la segunda $1,500; han propuesto a la sucesión legítima de don Manuel Eosaly, la que ha aceptado, que los expresados ho-Horarios sean pagados directamente a dicho abogado por la Sucesión Rosaly, rebajándose las expresadas sumas de las cantidades que lian de ser satisfechas a Manuela y Marta Rosaly, reservándose la Sucesión Rosaly pagar al abogado Eduardo Flores Colón por cuenta de las indicadas Manuela y Marta Rosaly sns honorarios mediante adjudicación a dicho abogado de nn condominio por esas cantidades en una finca mística perteneciente a la herencia de Manuel Rosaly Castillo, como de 26 cnerdas, radicada en el barrio "Portu-gués” del término municipal de Ponce, valorada en $4,500; que además fué convenido que la entrega y adjudicación es-tipuladas se efectuarían así como el pago al abogado Eduardo Flores Colón, dentro de los cuarenta, días siguientes a la fecha en que quedara judicialmente aprobada la transacción en cuanto a la menor Marta Rosaly y a la fecha en que sean' también aprobadas judicialmente mediante la autorización judicial correspondiente, y sean eficaces las demás transac-ciones propuestas a los menores Francisco y Andrea Ga-rriga y Lucas y Crescencia Torres, sin que la transacción surtiera efecto hasta que se obtenga por la representación legal de la menor Marta Rosaly la aprobación judicial ni fuera tampoco eficaz si por cualquier motivo no llegara a surtir efecto cualquiera de las transacciones propuestas en los pleitos entablados ante la Corte de Distrito de Ponce por los menores Francisco y Andrea Garriga y Lucas y Crescen-cia Torres contra la Sucesión' de Manuel Rosaly.

Alegan además los peticionarios, después de explicar la razón por la cual la suma ofrecida a los menores Francisco y Andrea Garriga es menor que la ofrecida a los menores Lucas y Crescencia Torres y la ofrecida a éstos menor que la ofrecida a Manuela y Marta Rosaly, que las transacciones propuestas y aceptadas son útiles y necesarias para los me-nores Francisco y Andrea Garriga y Lucas y Crescencia Torres porque en el caso de no prosperar sns demandas por cualquier circunstancia como deficiencia de la prueba u otra semejante, no percibirían un solo centavo de la herencia de su pretendido padre natural al par que mediante las transac-ciones asegura cada uno la cantidad que se le ofrece, aun en el caso de que el resultado del juicio por filiación les fuera adverso; que además las transacciones son útiles 7 convenientes a los referidos menores Torres y Garriga, para evitar gastos cuantiosos y dilaciones perjudiciales con los pleitos pendientes, y por poner término inmediatamente a dichos pleitos en cuanto a las acciones de petición de heren-cia y evitar pleitos ulteriores y diferencias en cuanto a la administración del caudal hereditario, tasación del mismo y división entre los .herederos; que la transacción en cuanto a la menor Marta Eosaly le es útil, necesaria y conveniente en razón a que hace algunos meses que viene, en unión de su hermana mayor ele edad Manuela Eosaly, ambas por me-dio de su abogado Eduardo Flores Colón, discutiendo con la sucesión legítima de Manuel Eosaly Castillo respecto de la cuantía ó porción que en la herencia de Manuel Eosaly Castillo pueda corresponderles, sin que hayan podido lograr po-nerse de acuerdo entre otras razones por existir los pleitos contra dicha sucesión entablados por los menores Torres y Garriga, siendo especialmente útil y necesaria esa transac-ción para la menor Marta Eosaly por haber duda sobre si la porción legitimaria de los hijos naturales debe computarse bajo la base de la mitad de la que corresponda a los hijos legítimos en la legítima corta- o larga, por evitarse con la transacción pleitos con dicha sucesión legítima de Manuel Eosaly en relación con la tasación definitiva del caudal re-licto, con los derechos usufructuarios de.la viuda doña Ma-tilde Eíos, y con la porción de los bienes que puedan a ésta corresponder por su mitad de gananciales.

La Corte de Distrito de Ponce, después de practicadas las pruebas propuestas y oiclo su Fiscal, quien lejos de ha-cer oposición a las transacciones las estimó procedentes, dictó sentencia en 24 de julio de 1917 que en su parte dispositiva dice así:

“Por tanto, la corte, declarando con lugar la petición sobre auto-rización judicial para transigir presentada por los peticionarios en este caso, concede y otorga dicha autorización judicial para transigir solicitada por los promoventes, por razones de utilidad y necesidad, y en su consecuencia, aprueba y confirma en todas sus partes las mencionadas transacciones # * aceptadas y concertadas en los pleitos pendientes ante esta corte entre los menores Lucas y Cres-ceneia Torres representados por su madre natural reconocida Ramona Torres, contra la sucesión de don Manuel Rosaly y Castillo, y entre los menores Francisco y Andrea Garriga, representados por su defensor ad litem Francisco Parra Capó y su tutor legítimo Pastor G-arriga Torres, contra la misma sucesión de don Manuel Rosaly, ambos sobre filiación y petición de herencia, y solamente en cuanto a las causas de acción sobre petición de herencia, y e’n los términos que contienen dichas respectivas transacciones y aceptaciones de las mismas, * * aprobando y confirmando la corte igualmente la transacción celebrada por y entre la referida sucesión legítima de don Manuel Rosaly y Castillo con la menor Marta Rosaly, repre-sentada ésta por su madre natural reconocida Jacinta Rivera, cono-cida por Jacinta Ruiz y en los términos que contiene la referida transacción, ; •Disponiéndose que el dinero que han de obtener dichos cinco menores interesados, como consecuencia de tales transacciones, sea pagado por la sucesión Rosaly, o quien su der'c-cho represente, en la secretaría de esta Corte, donde quedará para ser invertido bajo las instrucciones y órdenes del tribunal, con in-tervención del fiscal del distrito, excepto en cuanto a las cantidades que dicha sucesión Rosaly debe pagar directamente a los abogados de dichos menores señores Eduardo Flores Colón y Leopoldo Tormes, s"gnn las referidas transacciones, cuyas sumas podrán pagarse, en los términos pactados, directamente a dichos abogados, deduciéndose tales cantidades del efectivo ofrecido a los referidos cinco menores, debiendo solo, consignarse en la secretaría de la corte el efectivo en dinero sobrante para dichos menores, según en las transacciones se expresa, y respecto de los demás bienes serán puestos dichos menores, por medio de sus representaciones legales, en posesión de los mis-mos, en los términos y fechas convenidos en las referidas transac-ciones.”

En 27 de julio de 1917 la corte de distrito dictó senten-cia en el pleito seguido por los menores Lucas y Crescencia Torres contra la sucesión de Kosaly y Castillo declarando con lugar la demanda en cuanto a la acción de filiación y ordenando en cuanto a la acción sobre petición de herencia se estuviera a lo pactado en la transacción celebrada y apro-bada por resolución de 24 de julio de 1917.

Eulalio Rosaly consignó en la-secretaría de la corte con fecha 28 de julio de 1917 por la sucesión legítima de Rosaly y Castillo un cheque contra el Crédito y Ahorro Ponceño por $1,625 para el cumplimiento de las transacciones en cuanto a los menores en ellas interesados, debiendo destinarse de la expresada suma la cantidad de mil dólares para los me-nores G-arriga, $450 para los menores Lucas y Cresceneia Torres y $175 para la menor Marta Rosaly.

En virtud de la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Ponce en 24 de julio de 1917, fué otorgada'escritura pú-blica en 28 del propio julio para formalizar las transaccio-nes autorizadas. En esa escritura comparecen como otor-gantes doña Matilde Ríos Ovalle viuda de Manuel Rosaly y Castillo, Eulalio Rosaly y Vázquez y Claudia de los mis-mos apellidos por derecho propio y como constituyentes de la sucesión legítima de Manuel Rosaly y Castillo, la primera en concepto de cónyuge supérstite y los dos últimos en con-cepto de hijos legítimos de Rosaly y Castillo por virtud de legitimación testamentaria, Manuela Rosaly por propio de-recho, Pastor Garriga’y Torres como tutor legítimo de los menores Francisco y Andrea Garriga; Ramona Torres en representación de sus menores hijos naturales reconocidos Lucas y Cresceneia Torres; y Jacinta Rivera conocida por Jacinta Ruiz, en representación de su menor hija natural reconocida llamada Marta Rosaly; se inserta íntegramente en el documento la sentencia de la Corte de Distrito do Ponce de 24 de julio de 1917; se traspasan y adjudican a los me-nores Lucas y Cresceneia Torres, a la mayor de edad Manuela Rosaly y a la menor Marta Rosaly las mismas fincas que habían de recibir respectivamente en pago de sus ha-beres hereditarios según las transacciones convenidas; se da en pago de su haber hereditario a los menores Garriga la suma de mil dólares que ya estaba depositada en la secre-taría ele la corte; el abogado Leopoldo Tormes confesó tener recibidos $300 en pago parcial de los honorarios que le adeu-dan los menores G-arriga y para el pago de los setecientos dólares restantes se le adjudica un solar radicado en la calle de la Victoria de Ponce, con la casa de madera en él edifi-cada y al abogado Flores Colón en pago de la suma de cinco mil dólares de honorarios por servicios profesionales pres-tados a los menores Torres y a Manuela y Marta Eosaly se le entregaron quinientos dólares y el resto de $4,500 le fue satisfecho mediante adjudicación de una finca de la Suce-sión Eosaly que sé describe en dicha escritura.

La escritura de cumplimiento de transacciones fué pre-sentada a la corte de Ponce para su aprobación y la corte dictó resolución en 30 de julio de 1917 aprobándola en to-das sus partes por encontrarla en todo correcta y ajustada a las transacciones hechas.

A virtud de moción de Eamona Torres en representación de sus menores hijos Lucas y Crescencia Torres, en escrito de julio 30 de 1917, la corte por orden de la misma fecha ordenó al secretario que de la cantidad en él depositada fuera entregada a la peticionaria la suma de $450 que correspon-día a sus menores hijos para atender al pago de alimentos de los mismos y para gastos de pintura y reparación de las casas.

También a moción de Jacinta Euiz en representación de su hija Marta Eosaly, de agosto 13, 1917, la corte por orden de 15 del propio agosto ordenó le fueran entregados a la peticionaria los $175 que estaban consignados en secretaría, a favor de dicha menor, para necesidades de las dos fincas rústicas que le fueron adjudicadas.

En noviembre de 1917 Eamona Torres, a nombre y en representación de sus hijos los menores Lucas y Crescencia Torres, Manuela Eosaly y Jacinta Euiz a nombre ele su me-nor hija natural Marta Eosaly, por medio de sus abogados López de Tord & Zayas Pizarro y J. F. Fernández, presen-tar on moción a la corte con súplica de qne de acuerdo con lo que establece el artículo 140 del Código Civil y en bien de la justicia se deje sin efecto en cuanto a los comparecientes la sentencia aprobando las transacciones que en ellas se ex-presan, a cuyo fin alegan: que los bienes inmuebles adjudi-cados a los comparecientes- tienen un valor en realidad muy inferior al que se fijó en la tasación, y por el que fueron acep-tados, habiendo por tanto los comparecientes sufrido lesión de importancia en sus intereses; que Eulalio y Claudia Bo-saly celebraron el contrato de transacción ostentando el ca-rácter de hijos legitimados del causante Manuel Bosaly Castillo y'por tales los tenían los comparecientes hasta que re-cientemente y por personas que les merecen entero crédito han sido informados y creen que los referidos Eulalio y Claudia Bosaly son hijos naturales reconocidos de Manuel Bosaly Castillo, sin mejor derecho a la herencia de Bosaly Castillo que los comparecientes que son también hijos na-turales reconocidos de Bosaly Castillo; que están dispuestos a devolver todos los bienes que han recibido con motivo de la transacción; y que últimamente han sido informados y firmemente creen que el importe del caudal de Manuel Bo-saly Castillo es mucho mayor al de $50,000 que se le fijó pues se han tasado algunos de los bienes que lo constituyen por menos de la mitad de su verdadero valor.

A la anterior moción se opuso la Sucesión Bosaly Cas-tilló, negando los hechos fundamentales de la misma y ale-gando que Eulalio y Claudia Bosaly no son solamente hijos-naturales reconocidos de Manuel Bosaly Castillo pues fue-ron debidamente legitimados por él en su testamento oló-grafo ; que las fincas adjudicadas a los peticionarios en las transacciones hechas tenían el valor que en las mismas les finé fijado por los interesados de común acuerdo; que los pe-ticionarios Manuela y Marta Bosaly y Lucas y Crescencia Torres debidamente representados y autorizados judicial-mente obtuvieron de la Sucesión Bosaly Castillo el pago de $5,000 para su abogado Eduardo Flores' Colón en concepto de honorarios, habiéndose adjudicado a Flores Colón una finca rústica por $4,500 y entregádosele $500 en dinero efec-tivo según consta en la escritura de cumplimiento de trans-acciones de julio 28, 1917, cuya finca rústica había vendido Flores Colón a Mario-Mercado, el cual no está dispuesto a devolverla, y que el caudal relicto por Rosaly Castillo re-presentaba en la fecha de las transacciones la suma apro-ximada de $51,000, deducidas las bajas, según así se hizo constar en la referida escritura.

Alegan los opositores entre otros motivos adicionales de su oposición: que en el procedimiento seguido por los peti-cionarios hay defecto de partes opositoras por no haberse notificado la moción a Eduardo Flores Colón, Mario Mercado, Leopoldo Tormes, ni a otras personas que lian adquirido de-rechos al amparo de la sentencia impugnada por los pro-moventes, y que la expresada moción no expone hechos bas-tantes para determinar el pretendido derecho que se intenta ejercitar.

Vista la moción en el día señalado al efecto y practicadas las pruebas testifical, documental y pericial que fueron pro-puestas, el fiscal opinó que procedía declararla con lugar, y la corte dictó resolución en 31 de julio de 1918, por la cual “declara con lugar la moción y en su consecuencia deja sin efecto, en cuanto a Lucas y Crescencia Rosaly, Manuela Ro-saly y Jacinta Ruiz, ésta a nombre de su hija natural Marta Rosaly, la sentencia referida de 24 de julio de 1917 * * * por la cual se aprobó la transacción * * * sin especial condena de costas.” Esa resolución ha sido apelada para ante esta Corte Suprema por la representación de Eulalio y Claudia Rosaly Vázquez.

Varios son los errores alegados por los apelantes para sostener el recurso, unos por defectos de forma con infrac-ción de las reglas de procedimiento y otros atinentes a los méritos del caso, señalándose entre los primeros la falta de partes opositoras por no haberse notificado la moción sobre tí\jJidad de la sentencia dictada en 24 de julio de 1917 a to-dos tos interesados en ella.

En las transacciones aprobadas por dicha sentencia, ade-más de la Sucesión de Eosaly Castillo estaban interesados no solamente- los menores Lucas y Crescencia Torres, la mayor Manuela Eosaly y la menor Marta del mismo apellido, únicos que solicitaron en .su moción de noviembre de 1917 se dejara sin efecto en cuanto a ellos la expresada sentencia, sino también los menores Francisco y Andrea G-arriga y los abogados Eduardo Flores Colón y Leopoldo Tonnes, ha-biéndose estipulado que no serían eficaces si por cualquier motivo no llegaban a surtir efecto respecto de cualquiera de las partes transigentes. Tal estipulación daba a las transac-ciones el carácter de un solo todo con partes de tal modo unidas entre sí que no podía destruirse ni anularse una parte sin afectar al todo y por tanto, sea cual fuere el procedimiento' que se siguiera para anular la sentencia dé 24 de julio de 1917 aprobatoria de las transacciones, tenían que ser oidos en él además de la Sucesión Eosaly que realmente lo fué, los menores Garriga y los abogados Flores Colón y Tormes, los cuales no fueron oidos. -Por falta de partes interesadas-no se siguió el procedimiento debido en ley para decretar-la nulidad solicitada y en su virtud la resolución apelada ado-lece de un vicio sustancial que la invalida. Véase Vázquez v. Santalís et al., 26 D. P. R. 677.

Además las transacciones fueron consignadas en escri-tura pública otorgada en 28 de julio de 1917 y la nulidad decretada por la resolución apelada tenía que afectar nece-sariamente a dicha escritura; de modo que al tratar los pro-moventes por- medio de su moción de noviembre de 1917 de que se les eximiera de los efectos de la sentencia de 24 de julio del mismo año implícitamente pretendían que se les exi-miera de los efectos de la escritura pública de 28 de julio en que fueron formalizadas las transacciones. Y esa pre-tensión no era viable dentro de la letra y espíritu del ar-tículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil invocado por los apelados, por cnanto una escritura no pnede considerarse como la sentencia, orden o procedimiento a que se refiere el expresado artículo.

Sosteniéndose como se sostiene el recurso por las razones expuestas, lmelga disentir los demás errores alegados tanto de forma como de fondo.

Pero si consideramos los méritos del caso parécenos que los motivos invocados por los apelados para que se les. exima de los efectos de la sentencia de 24 de julio' de 1917 no abo-nan su pretensión. No consta que haya habido fraude, dolo o mala fé por parte de la Sucesión de Rosaly Castillo. Fué alegado error sufrido en el valor dado a los bienes adjudi-cados mediante la transacción y en la cuantía de la herencia de Rosaly Castillo, y también se alegó error consistente en haber tratado los apelados con hijos legitimados por Rosaly Castillo en sn testamento ológrafo que no podían ser tenidos como tales hijos legitimados sino como naturales reconocidos; El primer error es de hecho, y prescindiendo de si podría dar lugar a la rescisión de las transacciones, dehe tenerse en cuenta que- la manifestación sobre el valor de la propie-dad es generalmente cuestión de opinión, presumiéndose que así lo entienden ambas partes en la transacción, y que “una transacción familiar para disponer de bienes inmuebles lle-vada a efecto para evitar litigios no debe ser declarada nula simplemente por la desproporción que haya entre el valor de los terrenos que recibe una de las partes en dicha transac-ción y el de aquellos que esa parte legalmente tenía derecho a recobrar.” Nota al caso de Grate’z Executors et al. v. Cohen et al., 52 U. S. 1.

El otro error concerniente al carácter ele hijos legitima-dos que ostentaban en las transacciones Enlalio y Claudia Rosaly a virtud del testamento ológrafo de Rosaly Castillo, no es de hecho sino de derecho pues no se ha negado que tal legitimación se hizo y sólo se impugna su eficacia legal. Dudamos que tal error de derecho pueda invocarse con éxito para anular las transacciones hechas. Arandes v. Baez, 20 D. P. R. 388, y American Railroad Company v. Wolkers, 22 D. P. R. 283.

Es de revocarse la resolución apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce en julio 31, 1918 y dejarse subsistente la sentencia aprobatoria de transacciones que dictó en 24 de julio del año anterior 1917, sin especial condena de costas.

Revocada la resolución ápelada dejando sub-sistente la de julio 24 de 4917, sin especial condena de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Hutchison,

text:
    Ferrer, Demandante y Apelante, v. Gutiérrez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en procedimiento sobre injunction.

    No. 2129.
    Resuelto en mayo 8, 1920.
    INJUNCTION — Arrendatario Inquietado en la Posesión — Trespass.—Un arren-datario que carece de remedio adecuado en ley y a quien se inquieta en la posesión de la finca arrendada puede acudir al procedimiento de injunction para impedir repetidos actos de despojo, diferenciándose este caso del de Martines v. Porto Baüway, L. Sr P. Co., 18 D. P. R. 725'.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. Pinero.

    Abogado del apelado: Sr. A. Reichard.

   El Juez Asociado Sb. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Alega en sustancia la demanda en este caso que la de-mandante estaba en posesión de cierta finca como arrenda-taria de doña Inocencia Alvarez, finca que limitaba por el norte con terrenos del demandado Pedro Gutiérrez; que en la guardarraya de las fincas del demandado y de la deman-dante lia existido y existe una cerca de maya; que allá pol-los primeros días del mes de enero del corriente año Lailán-dose completamente cerrada dicha colindancia, el demandado Pedro Gutiérrez, sin derecho, permiso,, concesión ni título alguno adquirido por medio legal abrió y destruyó como tres metros de cerca, haciendo un camino por la finca que goza y disfruta la demandante como tal arrendataria, atravesán-dola de norte a sur, abriendo varios caminos, y despojando con sus actos a la demandante de la posesión del predio arren-dado; que ni la demandante ni doña Inocencia' Alvarez en ningún momento han autorizado ni consentido los actos del demandado no existiendo como no existe ni ha existido ser-vidumbre alguna a favor del predio rústico del demandado, habiendo realizado dicho demandado los actos de despojo en la finca de los cuales se queja la, demandante contra la ma-nifiesta voluntad de ésta y de la dueña de dicha finca doña Inocéncia Alvarez; que como resultado de dichos actos se hace imposible para la demandante el goce y disfrute de dicha finca, no pudiendo cultivarla en ninguna forma ni dedi-carla a los fines para los cuales fué arrendada; que el deman-dado' no obstante la negativa y protesta de la demandante está utilizando el camino abierto para pasar con sus carros y coches, interrumpiendo de este modo el libre goce de la finca arrendada a que tiene derecho la demandante; que desde los primeros días del mes de enero del corriente año, la de-mandante ha tratado de cerrar dicho camino, colocando la maya destruida por el demandado, éste lo ha abierto nueva-mente, negándose rotundamente a cerrarlo, causando así a la demandante daños irreparables con el despojo realizado; que el referido demandado, invadiendo el terreno arrendado a la demandante, hace ineficaz el contrato de arrendamiento celebrado por la demandante, todo lo que daría lugar a una multiplicidad de pleitos perjudiciales a los intereses de la demandante.

El demandado admite entre otras cosas, la existencia de la cerca, pero alega que dicha cerca o maya no es continua sino que está interrumpida en un trayecto de alrededor de seis metros por cuyo sitio tiene su salida a la carretera la finca del demandado a través de los terrenos de Inocencia Alvarez.

El demandado niega el liecRo quinto de la demanda en cnanto alega que el demandado allá por los primeros días del mes de enero retro-próximo destruyó como tres metros de la cerca sin título alguno, abriendo varios caminos a tra-vés de la finca de la Alvarez, atravesándola de norte a sur y despojando a la demandante de la posesión del predio arren-dado, negativa, en que se admite, y alega que sí abrió la sa-lida de su finca que maliciosa y voluntariamente- le lia ce-rrado en varias ocasiones la demandante, transitando el de-mandado por el citado camino que da salida a su finca hasta la carretera,

El demandado niega el hecho sexto de la demanda, en cuánto alega que ni la demandante ni Inocencia Alvarez ha-yan autorizado o consentido los actos del demandado, o que no haya servidumbre de paso a favor de la finca de éste, o que éste haya realizado actos de despojo en el terreno que posee la demandante, alegando dicho demandado que la finca de su propiedad tiene salida a la carretera a través de los terrenos de la Alvarez que posee ahora la demandante.

'El demandado niega haber hecho él imposible para la de-mandante el goce y disfrute de la finca que tiene en arren-damiento, o que no pueda cultivarla o dedicarla a los fines que desee.

El demandado admite que las veces que la demandante ha tratado de cerrar dicho camino el demandado lo ha abierto, alegando que al hacerlo así actuó dentro de sus derechos y niega haber invadido jamás los terrenos de la demandante o los- de ninguna otra persona.

Y como materia nueva alega el demandado que es dueño de cierta finca en lindes por el sur con Inocencia Alvarez; que dicha finca la adquirió de Francisca Alvarez y que los terrenos pertenecientes a Inocencia y que se describen en la demanda pertenecieron anteriormente a Agustín Alvarez, padre de ambas señoras; que al morir Agustín Alvarez este terreno fné dividido en varias parcelas entre sus herederos, correspondiendo a Francisca la parcela de que aliora es dueño el demandado con salida a la carretera a través de los te-rrenos adjudicados a Inocencia; que el demandado en el año 1894 adquirió diclia finca en unión con el camino de salida que utilizaban él y los dueños de las demás parcelas que per- • tenecieron anteriormente a don Agustín hasta hace diez y seis años; cuando a instancias de Inocencia se varió el camino por el sitio que ocupa actualmente por ser el más corto, to-mando posesión Inocencia de tocio’el antiguo camino y cer-cándolo dentro de su finca, siendo el área así obtenida mu-chas veces mayor que la ocupada por el nuevo camino, asin-tiendo el demandado a la variante por serle igual una que otra salida y por favorecer a doña Inocencia; que el deman-dado desde hace diez y seis años ha venido transitando por él camino así variado, quieta, pública y pacíficamente, sin interrupción alguna, siendo dicho camino la única salida de su finca a la carretera; que desde hace pocos meses la de-mandante ha tratado de cerrar -dicho camino, lo que no ha consentido el demandado por ser la única salida a la carre-tera y. no haberse abierto la antigua ni ninguna otra salida para la finca y que el demandado ha tratado de obtener tal salida peí o la demandante siempre se ha negado a ello.

La parte pertinente de la opinión emitida por la corte sentenciadora, es como sigue:

“Los Lechos principales tal como aparecen de las alegaciones y la prueba practicada son como sigue:
“Que Ana Ferrer, la peticionaria, el día primero de julio de 1917, celebró un contrato de arrendamiento con Inocencia Alvarez, de la finca rústica descrita en la petición y que Pedro Gutiérrez el demandado, colinda con el predio así reseñado por su lado norte con una finca rústica de su propiedad. Que el demandado, sin el consentimiento de la peticionaria y en uso de un derecho que alega tener, insiste en atravesar la finca de referencia así arrendada pór la peticionaria con un camino, despojando con sus actos a la peticio-naria de la posesión del predio arrendado.
“Para una eficiente resolución de la controversia aquí suscitada por las partes es amplia la dicha relación de hechos, porque hemos de tener por base principal que el injunction es un remedio equita-tivo concedido por las cortes cuando las partes carecen de un reme-dio en ley. En el presente caso la única cuestión que hemos de determinar es si la peticionaria está colocada en esta situación o no. Indudablemente, tanto la peticionaria como la dueña de la finca de referencia, tienen por objeto el no permitir al demandado transitar por la dicha finca y existe un remedio adecuado en ley para estos casos o sea la acción negativa de servidumbre, pero únicamente puede ser ejercitado por el dueño de la finca cuya libertad’ se pretende, o por él que posea esta finca eomo tal (Díaz v. Guerra 18 D. P. R. 819) ; y por consiguiente en los casos de Injunction que tienen por objeto evitar la continuación repetida de ataques a la propiedad (trespass) lo mismo que en todos los demás casos cuando el peticio-nario tiene un remedio adecuado en ley; no debe expedirse el auto de Injunction. Martínez v. Porto Rico Railway L. & P. Co., 18 D. P. R. 725.
“No creemos necesario hacer un estudio más extenso de la juris-prudencia para llegar a una conclusión respecto del derecho que pueda tener la peticionaria a un injunction en este caso. Y sin entrar a discutir los fundamentos alegados por el demandado, la corte opina que debe desestimarse y desestima la solicitud de injunction interpuesta, condenando a Ana Ferrer, la peticionaria al pago de gastos, costas y honorarios de abogado.”

Según resolvió este tribunal en el caso de Díaz v. Guerra, supra, la acción de servidumbre a que ha hecho refe-rencia la corte inferior “Unicamente puede ser ejercitada por el dueño de la propiedad cuya libertad se pretende. ’ ’ La demandante en este caso no es tal dueña; y no podemos ver, en estas condiciones, por qué la cuestión envuelta en el caso no puede ser resuelta como suscitada entre las partes ante la corte en un procedimiento de injunction como el presente. Una situación algo semejante a ésta podemos encontrar por lo menos en un caso ya resuelto, o sea el de English & Company v. Jones, 108 Ga. 123, 34 S. W. 122, en el cual la corte no -tuvo al parecer dificultad alguna en llegar a una conclu-sión semejante. El mero hecho de que el despojo que ha sido admitido fué realizado por el apelado se llevó a cabo en el ejercicio de un “alegado derecho”, acompañado de la exis-tencia de un remedio en ley de que puede valerse la arrenda-dora del demandante, pero no la demandante arrendataria,, difícilmente podría sostenerse que justifica la desestimación de la demanda.

Una lectura cuidadosa del caso de Martínez v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., 18 D. P. R. 725, será suficiente para probar que los hechos envueltos en dicho caso eran bas-tante distintos de los del presente. La cuestión de una mul-tiplicidad de acciones que pueda surgir de los repetidos ac-tos de despojo como fundamento para un injunction no fue directamente promovida ni considerada detenidamente en esa fecha. Esta corte entonces sostuvo como fundamento, en-tre otros varios para sostener su sentencia, según la cita que hacemos del sumario del caso, lo siguiente:

“Bu los casos de injunction que tienen por objeto evitar la con-tinuación repetida de ataques a la propiedad (trespass) lo mismo que en todos los demás casos, cuando el peticionario tiene un reme.-dio adecuado en ley para obtener sentencia pecuniaria por tales ataques a la propiedad, no debe espedirse el auto de injunction.

Se llamó la atención de la corte como también lo revela el syllabus, principalmente a los diferentes aspectos de la cuestión general de los daños irreparables con relación a las circunstancias peculiares de aquel caso, indicándose en la opinión, entre otras cosas lo siguiente:

“En este caso por la demanda y por la prueba aparece claramente que el demandante puede obtener una compensación pecuniaria, toda vez que en aquella pide que se condene a indemnizarle los perjuicios sufridos y que sufra, y por la segunda se viene en conocimiento de que el demandante estaba en relaciones con el ayuntamiento de esta ciudad para cederle parte de sus terrenos para la construcción de una calle mediante una compensación pecuniaria.”

En este caso, como ya hemos demostrado, la demandante no tiene remedio adecuado alguno en la ley como no sea aquel de que puede valerse toda persona que es víctima de repe-tidos actos de despojo, y se alega expresamente el temor a una multiplicidad, de pleitos en relación con la alegación general de los daños irreparables.

“Según aparece en la nota del caso de De Pauw v. Oxley, 13 L. R. A. (N. S.) 173, existe un marcado conflicto entre las autoridades respecto a la cuestión relativa a la concesión de un remedio mediante injunction en un caso de repetidos actos de despojo. Los casos que han sido resueltos con posterioridad a esa nota, si bien hasta cierto punto están caracterizados por el mismo conflicto, en conjunto sos-tienen la alegación que en ellos se hace, de que la ley sobre la ma-teria y de la cual se hace anotación está experimentando una evo-lución completa y aclaran la tendencia de las cortes por adoptar la moderna doctrina liberal de que los meros repetidos actos de despojo son suficientes para justificar la concesión de un remedio mediante injunction, prescindiendo de otrote fundamentos de equidad para asumir jurisdicción.” Nota al caso de Cragg v. Levinson, 21 L. R. A. (N. S.) 417.

El artículo 448 del Código Civil prescribe que todo po-seedor tiene derecho a ser respetado en su posesión; si fuera inquietado en ella deberá estar amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de .procedimientos establecen.

Al comentar este artículo liemos tenido ocasión de decir antes que “este precepto del estatuto y la historia de los interdictos mediante los cuales bajo el anterior procedimiento se aplicaron los principios que le informan bastarían en éste país para sancionar de no acelerar la moderna tendencia a ampliar más bien que restringir la clase de casos en que intervendrán las cortes de equidad para impedir la realiza-ción de una amenaza de allanamiento de propiedad ajena (trespass). García v. Rodríguez, 27 D. P. R. 309.

La sentencia apelada debe ser revocada ,devolviéndose las actuaciones a la corte de origen.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.