author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    HBA Contractors, Inc., demandante y peticionaria, v. Municipio de Ceiba, demandado y recurrido.

      Número: CC-2003-639

      Resuelto: 6 de diciembre de 2005

      Rafael M. Santiago Rosa y Josué A. Rodríguez Robles, aboga-dos de la parte peticionaria; Angel S. Ruiz Rodríguez, Al

      berto Rodriguez Ramos y Cristina S. Belaval Burger, abo-gados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Los hechos del presente caso —sobre los cuales no existe controversia— revelan que entre 1997 a 1999 el Departa-mento de Defensa de Estados Unidos contrató a HBA Contractors, Inc. (HBA) para que realizara dos proyectos de construcción en terrenos federales localizados en la Base Naval Roosevelt Roads, en el Municipio de Ceiba (Municipio). Ambos proyectos consistían en remodelar o re-novar unas estructuras existentes dentro de la referida base. El primer proyecto consistía en la reparación y remo-delación de una estructura utilizada como hangar y el segundo proyecto en la renovación y alteración interior de un edificio de residencia de oficiales solteros.

En vista de este contrato, el 1 de mayo de 2000 el Mu-nicipio le envió una carta a HBA notificándole que adeu-daba la cantidad de $216,858.80 por arbitrios de construcción. A solicitud de HBA, el 10 de julio de 2000, ésta y el director de finanzas del Municipio, Andrés Ruiz Rodríguez, se reunieron para aclarar la existencia de la alegada deuda de arbitrios de construcción.

Al día siguiente, HBA le envió una carta al Municipio en la cual resumió lo acontecido en dicha reunión y recalcó sus planteamientos sobre los errores en el cómputo de los arbitrios de construcción. Así las cosas, el 25 de agosto de 2000, el Municipio le envió una segunda carta a HBA en la cual le notificó una determinación final de arbitrios de construcción, ascendentes a $179,141.75, cantidad que no incluía los intereses, recargos y penalidades.

El 14 de septiembre de 2000 HBA presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, una demanda contra el Municipio, en la cual solicitó la revoca-ción de la determinación final del Municipio respecto a la imposición del arbitrio de construcción. Alegó, en síntesis, que la actuación del Municipio al imponer el arbitrio sobre los proyectos realizados por HBA en la mencionada Base Naval constituía una actuación ultra vires del Municipio, debido a que éste carecía de jurisdicción para ello. En la alternativa, solicitó que se ordenara al Municipio utilizar una tasa de interés distinta para hacer el cómputo del ar-bitrio, ya que, según alegó, éste había utilizado tasas inco-rrectas y no sustentadas por las ordenanzas municipales aplicables a cada uno de los proyectos.

Luego de varios trámites procesales, y antes de que el Municipio presentara su contestación a la demanda, HBA presentó una moción para que se dictara sentencia suma-ria a su favor. En ésta nuevamente alegó que el Municipio carecía de jurisdicción, y de facultad en ley, para imponer arbitrios de construcción sobre obras realizadas en los pre-dios de la Base Naval Roosevelt Roads.

El Municipio se opuso a la referida moción y solicitó, a su vez, que se dictara sentencia sumaria a su favor. Alegó, en síntesis, que al amparo de la Ley de Municipios Autó-nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 21 L.P.R.A. see. 4001 et seq. (Ley de Municipios Autóno-mos), el Municipio tenía jurisdicción para imponer y cobrar el referido arbitrio. Alegó, además, que mediante la Ley Buck, 4 U.S.C.A. sec. 105 et seq., el Gobierno federal había autorizado, por excepción, la imposición del arbitrio de construcción a obras o proyectos de construcción sitos en lugares como la Base Naval Roosevelt Roads.

Así las cosas, y al no existir controversia alguna sobre los hechos en el caso, el 11 de octubre de 2002 el foro pri-mario emitió sentencia sumaria declarando “con lugar” la demanda y revocando la determinación final de arbitrios de construcción del Municipio. A esos efectos, resolvió que aunque el Municipio tenía facultad para imponer el refe-rido arbitrio sobre obras de construcción llevadas a cabo dentro de sus límites territoriales, esa autoridad no se ex-tendía a obras realizadas dentro de la Base Naval Roosevelt Roads. Al fundamentar su determinación, expresó que mediante la Ley Buck el Congreso de Estados Unidos ha-bía autorizado la imposición de arbitrios dentro de enclaves federales únicamente cuando fueran “contribuciones sobre ingresos”. Interpretando la Ley de Municipios Autó-nomos y la casuística de Puerto Rico,() el foro de instancia resolvió que el arbitrio de construcción era un “derecho” que se imponía por el evento de llevar a cabo la actividad comercial, calculado a base del costo total de la obra, y no una “contribución sobre ingresos”. En virtud de lo antes expresado, concluyó que el referido arbitrio no estaba au-torizado por la Ley Buck.

Ineonforme con esta determinación, el 10 de diciembre de 2002, el Municipio acudió —vía recurso de apelación— ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó, en síntesis, que el foro primario había interpretado incorrectamente la defi-nición del concepto “contribución sobre ingresos” que esta-blece la Ley Buck. A tales efectos, adujo que el tribunal basó su determinación en jurisprudencia local, inaplicable al caso, cuando éste involucraba una cuestión de interpre-tación federal. Argüyó que para que la contribución estu-viese cobijada por el referido estatuto federal, lo necesario era establecer que la contribución se basaba o se medía con respecto al ingreso del ciudadano. De este modo, argu-mentó que el arbitrio aquí en cuestión estaba cobijado por la Ley Buck, ya que éste es establecido a base del costo total de la obra declarada por el contratista, es decir, con respecto al ingreso total de la obra del contratista. En vir-tud de lo anterior, sostuvo que procedía la imposición de los arbitrios de construcción en cuanto a las obras realizadas por HBA en la Base Naval Roosevelt Roads.

Tras varios trámites procesales, y luego de celebrar una vista oral, el foro apelativo intermedio dictó una sentencia revocatoria de la emitida por el Tribunal de Primera Ins-tancia, en la cual resolvió que el foro primario había inci-dido al determinar que el Municipio no tenía facultad para imponer los arbitrios de construcción sobre los proyectos de HBA en los terrenos federales de la Base Naval Roosevelt Roads.

No obstante reiterar lo expresado por el tribunal de ins-tancia, a los efectos de que mediante la Ley Buck el Go-bierno federal sólo autorizó la imposición de arbitrios den-tro de enclaves federales cuando fueran “contribuciones sobre ingresos”, el foro apelativo intermedio señaló que el concepto “contribución sobre ingresos”, según definido por la Ley Buck, lo que requiere es que el arbitrio se imponga respecto al ingreso neto, ingreso bruto o entrada bruta del ciudadano. En virtud de lo anterior, concluyó que era vá-lida la imposición del arbitrio aquí en cuestión, ya que se calculaba a base de las entradas brutas que el contratista recibía por llevar a cabo su actividad de construcción. En consecuencia, ordenó la devolución del caso al foro prima-rio para la continuación de los procedimientos, específica-mente con relación a la determinación de la cuantía del arbitrio de construcción.

Insatisfecha con este dictamen, HBA acudió —vía cer-tiorari— ante este Tribunal, señalando que incidió el Tribunal de Apelaciones al

... revocar la sentencia emitida por el Honorable Tribunal de Instancia, bajo el fundamento de que el arbitrio de construc-ción dispuesto en la Ley de Municipios Autónomos constituye una “contribución sobre ingresos” según se define dicho tér-mino en la Ley Buck, 4 U.S.C.A. § 105 et seq.
... no confirmar la determinación que hizo el Honorable Tribunal de Primera Instancia en cuanto a que es inválida la impo-sición del arbitrio de construcción a HBA Contractors, Inc. En atención a la inexistencia de quid pro quo; es decir, el contri-buyente no obtiene beneficio alguno a cambio del pago de dicho tributo. Petición de certiorari, págs. 3-4.

Expedimos el recurso. Contando con la comparecencia de ambas partes, y estando en condiciones de resolver, pro-cedemos a hacerlo.

Por estar íntimamente relacionados entre sí, analiza-mos y discutimos ambos señalamientos de error en conjunto.

De entrada precisa destacar que, conforme a “nuestro ordenamiento constitucional la facultad para imponer contribuciones compete primordialmente a la Rama Legislativa”. Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, 155 D.P.R. 548, 552 (2001). Véase, además, F.D.I.C. v. Mun. de San Juan, 134 D.P.R. 385, 390 (1993). A esos efectos, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dis-pone que “[e]l poder del Estado Libre Asociado para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposición y co-bro por los municipios se ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa, y nunca será rendido o suspendido”. Art. VI, Sec. 2, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 401. Véase, además, Levy, Hijo v. Mun. de Manatí, 151 D.P.R. 292, 299 (2000). De igual forma, nuestra Constitución le confiere a la Legislatura la “facultad para crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y función”. Art. VI, Sec. 1, Const. E.L.A., ante, pág. 400. Véanse, además: Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, ante; F.D.I.C. v. Mun. de San Juan, ante, pág. 391; American Express Co. v. Mun. de San Juan, 120 D.P.R. 339, 344-345 (1988).

Conforme a los antes mencionados mandatos constitucionales, este Tribunal ha señalado que “los municipios no tienen un poder inherente, independiente del Estado, para imponer contribuciones”. Levy, Hijo v. Mun. de Manatí, ante, pág. 299. Véanse, además: Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, ante; Las Piedras Const. Corp. v. Mun. de Dorado, 134 D.P.R. 1018, 1021—1022 (1994); American Express Co. v. Mun. de San Juan, ante, pág. 345. No obstante lo anterior, hemos reiterado que “mediante mandato claro y expreso la legislatura puede delegarles esta facultad”. Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, ante, pág. 553. Véanse, además: F.D.I.C. v. Mun. de San Juan, ante, pág. 391; Las Piedras Const. Corp. v. Mun. de Dorado, ante, págs. 1021-1022.

Ahora bien, hemos señalado que el antes mencionado poder impositivo municipal puede ser ejercido sólo “sobre materias no incompatibles con la tributación impuesta por el Estado”. Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, ante. Véanse, además: Levy, Hijo v. Mun. de Manatí, ante, pág. 300; F.D.I.C. v. Mun. de San Juan, ante, pág. 391.

En virtud de lo anterior, “la Asamblea Legislativa ha aprobado varias leyes que regulan la facultad municipal para recaudar impuestos”. Levy, Hijo v. Mun. de Manatí, ante, pág. 299. Entre ellas encontramos la Ley de Municipios Autónomos, a través de la cual la Legislatura autorizó a los municipios a imponer y cobrar varias contribuciones, derechos, arbitrios e impuestos razonables dentro de sus límites territoriales. Art. 2.002 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4052(d); Levy, Hijo v. Mun. de Manatí, ante, pág. 300.

A través de los años la Asamblea Legislativa ha ampliado las facultades contributivas de los municipios. De particular relevancia al caso ante nos es la Ley Núm. 199 de 6 de septiembre de 1996 (Ley Núm. 199). Mediante la referida pieza legislativa la Legislatura autorizó, expresamente, a los municipios a cobrar arbitrios sobre actividades de construcción, realizadas dentro de sus límites territoriales. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 199 (1996 Leyes de Puerto Rico 1116).

El antes mencionado estatuto tuvo la intención de acla-rar grandes lagunas legislativas existentes en torno a la referida autoridad. De este modo, la Asamblea Legislativa se dio a la tarea de definir con mayor claridad el alcance y las limitaciones de la facultad otorgada a los municipios para imponer los referidos arbitrios. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 199, ante. Véase, además, Río Const. Corp. v. Mun. de Carolina, 153 D.P.R. 615 (2001).

La referida pieza legislativa estableció, entre otras cosas, los procedimientos para la determinación de este arbitrio, su imposición, exenciones, reclamaciones, reembolsos y las sanciones administrativas y penales. Para lograr los propósitos de la medida se establecieron tres términos fundamentales, a saber: arbitrio de construcción, contribuyente y actividad de construcción.

Particularmente, al definir el concepto actividad de construcción, la Legislatura precisó el tipo de actos o actividades que serían objeto del arbitrio de construcción. Art. 1.003 de la Ley Núm. 81, ante, 21 L.P.R.A. see. 4001(dd). Específicamente, se dispuso que se excluía del pago del arbitrio de construcción todo acto o actividad que no requiriera un permiso de construcción expedido por la Administración de Reglamentos y Permisos. Id. Véase, además, Río Const. Corp. v. Mun. de Carolina, ante.

Aun cuando la referida disposición no hacía mención alguna de que dicha exención se extendía a las entidades privadas que hacían negocios de construcción u otros similares con organismos gubernamentales, surgieron problemas debido a que se podía interpretar que ésta podría incluir obras de carácter público realizadas por entidades privadas contratadas o subcontratadas para esos fines. En virtud de lo anterior, en 1998 la Asamblea Legislativa aprobó dos enmiendas a la Ley de Municipios Autónomos para aclarar la intención legislativa consignada mediante la aprobación de la Ley Núm. 199 de 6 de septiembre de 1996, la cual consistía en imponer árbitrios de construcción a toda actividad u obra de construcción realizada dentro de los límites de un municipio por una persona natural o jurídica privada. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 130 de 17 de julio de 1998, (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 538; Exposición de Motivos de la Ley Núm. 323 de 24 de diciembre de 1998, (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 476. Véase, además, Río Const. Corp. v. Mun. de Carolina, ante.

La primera de dichas enmiendas fue la Ley Núm. 130, ante (Ley Núm. 130). Específicamente, el referido estatuto fue aprobado con la intención de reafirmar la facultad ce-dida por ley a los municipios para sufragar los servicios que otorgan a sus ciudadanos y para asegurar que todo contratista que realice una obra pública del Gobierno central, municipal o federal, pague el arbitrio de construcción correspondiente en el municipio en donde se lleva a cabo dicha obra, previo al comienzo de ésta. Exposición de Mo-tivos de la Ley Núm. 130, ante.

En segundo término, la Legislatura aprobó la Ley Núm. 323, ante (Ley Núm. 323). Ésta estableció la aplicación retroactiva sobre cualquier determinación e imposición de arbitrio de construcción emitida bajo las disposiciones de la Ley Núm. 199, ante.

Cónsono con lo anterior y en conformidad con la anterior autorización, en este caso el Municipio aprobó la Ordenanza Municipal Núm. 8, Serie 1991-1992, de 15 de octubre de 1991. Posteriormente, y para derogar y sustituir la antes mencionada ordenanza aprobó la Ordenanza Municipal Núm. 33, Serie 1997-1998, de 27 de mayo de 1998. Mediante estas ordenanzas el referido Municipio reglamentó lo concerniente a la imposición y al cobro de arbitrios de construcciones, reconstrucciones, relócalizaciones, mejoras, instalaciones, obras de infraestructura y cualquier otra obra, dentro de los límites territoriales del municipio.

Al amparo de ambas ordenanzas, el Municipio, prima facie, tenía facultad para imponer el arbitrio de construc-ción por las obras realizadas por HBA dentro de sus límites territoriales, no obstante la referida entidad haber sido contratada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ahora bien, debemos determinar si dicha facultad impositiva aplicaba a construcciones realizadas dentro de terrenos federales de la Base Naval Roosevelt Roads, ya que en los referidos terrenos existía jurisdicción exclusiva federal.

HH HH

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, mediante la aprobación de la Ley de 16 de febrero de 1903, en sus Sees. 5 y 6, mejor conocida como la Ley Autorizando al Gobernador de Puerto Rico para Traspasar Ciertos Terrenos a los Estados Unidos para Fines Navales o Militares y para Otros Fines Públicos, dio su consentimiento a Estados Unidos para adquirir terrenos en nuestra isla para fines navales y militares y para otros fines públicos, y se dispuso que al así hacerlo cesaría la jurisdicción de Puerto Rico sobre éstos. Roberts v. U.S.O. Council of Puerto Rico, 145 D.P.R. 58, 65 (1998).

Este Tribunal ha tomado conocimiento judicial del hecho de que la Base Naval Roosevelt Roads, lugar donde se llevaron a cabo las obras de construcción objeto del presente caso, fueron adquiridas por el Gobierno federal antes de 1955. Roberts v. U.S.O. Council of Puerto Rico, ante, pág. 65; Capitol Construction v. Srio. de Hacienda, 89 D.RR. 326, 329-330 (1963). Hemos señalado que la juris-dicción de Puerto Rico cesó desde entonces y corresponde exclusivamente a Estados Unidos. íd. En virtud de lo anterior, para que proceda una imposición contributiva local dentro de los terrenos de jurisdicción federal exclusiva de la Base Naval Roosevelt Roads, el Congreso de Estados Unidos tiene que haberlo autorizado expresamente me-diante estatuto. Véase Capitol Construction v. Srio. de Hacienda, ante, pág. 332.

Mediante la Ley Buck, el Congreso de Estados Unidos le concedió el poder a los estados, posesiones o territorios, incluyendo a Puerto Rico, para legislar sobre el cobro de “contribuciones sobre ingresos” por las activida-des llevadas a cabo en una jurisdicción o enclave federal. P.R. Drydock, etc. v. Srio. de Hacienda, 82 D.P.R. 658, 663 (1961). Véanse, además: United States v. Lewisburg Area Sch. Dist., 539 F.2d 301, 309 (3er Cir. 1976); General Dynamics Corp. v. Bullock, 547 S.W.2d 255 (1976); City of Portsmouth v. Fred C. Gardener Co. Inc., 211 S.E.2d 259 (1975); Humble Oil & Refining Co. v. Calvert, 478 S.W.2d 926 (1972); State of Alaska v. Baker, 390 P.2d 1009 (1964).

En virtud del antes mencionado estatuto, entre otras cosas, los estados están autorizados a cobrar impuestos en enclaves federales siempre que se trate de “contribuciones sobre ingresos”. 4 U.S.C.A. see. 106. A tales efectos, la Ley Buck define el término “contribución sobre ingresos” como cualquier contribución que se imponga sobre, con respecto a, o que se mida, por el ingreso neto, el ingreso bruto o las entradas brutas. 4 U.S.C.A. see. 110(c).

Varios tribunales, tanto federales como estatales, han destacado que el Congreso de Estados Unidos, al aprobar la Ley Buck, tuvo la intención de definir el concepto “con-tribución sobre ingresos” dentro de un marco amplio y abarcador. Véanse: United States v. City and County of Denver, 573 F. Supp. 686, 691-692 (1983); United States v. Lewisburg Area Sch. Dist., ante; City of Portsmouth v. Fred C. Gardener Co. Inc., ante; Humble Oil & Refining Co. v. Calvert, ante. A esos efectos, resulta ilustrativo el Informe del Comité de Finanzas del Senado, en el cual se estableció que:

This definition (of income tax) ... must of necessity cover a broad field because of the great variations to be found between the different State laws. The intent of your committee in laying down such a broad definition was to include therein any State tax (whether known as a corporate-franchise tax, or business privilege tax, or any other name) if it is levied on, with respect to, or measured by net income, gross income, or gross receipts. (Enfasis nuestro.) Report of the Senate Finance Committee of May 16, 1940, pág. 5; 76th Congress, 3rd. Session; Report No. 1625, Calendar No. 1692.

Como vemos, no hay duda que al aprobar esta ley el Congreso tuvo la clara intención de darle una definición amplia al antes mencionado concepto, aunque no estable-ció una lista sobre qué tipo de impuestos están incluidos dentro del concepto “contribución sobre ingresos”, según definido por la Ley Buck. Examinamos la jurisprudencia federal y estatal con el propósito de delimitar el alcance y el significado de dicho concepto.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha establecido que la determinación respecto a si un tributo impuesto por un estado, territorio o posesión es una contribución sobre ingresos, al amparo de las disposiciones de la Ley Buck, es un cuestión federal y no estatal. Véase Howard v. Commissioners, 344 U.S. 624, 629 (1953).

Específicamente, en Howard v. Commissioners, ante, el referido Tribunal se enfrentó a la controversia de si era válido un arbitrio impuesto por la ciudad de Louisville, Kentucky, sobre unos empleados en un enclave federal. El referido arbitrio se cobraba anualmente por el privilegio de trabajar en la ciudad y, a su vez, se calculaba a base del uno por ciento de (a) todos los salarios, jornales o comisio-nes generados en la ciudad, y (b) de las ganancias netas (net profits) de todos los negocios llevados a cabo en la ciudad.

Una mayoría de los integrantes del referido foro federal enfatizó que el asunto por resolver era si el arbitrio en cues-tión era una contribución sobre ingresos dentro de la defi-nición de la Ley Buck. A esos efectos, se expresó lo si-guiente:

Was this tax an “income tax” within the meaning of the Buck Act? In a prior case, Kentucky had held this tax was not an ‘income tax’ within the meaning of the Constitution of Kentucky but was a tax upon the privilege of working within the City of Louisville. But the right to tax earnings within the area was not given Kentucky in accordance with the Kentucky law as to what is an income tax. The grant was given within the definition of the Buck Act, and this was for any tax measured by net income, gross income, or gross receipts. In the instant case, the Kentucky Court of Appeals correctly stated that the question was whether the tax was an income tax within the meaning of the federal law. (Citas omitidas y énfasis nuestro.) Howard v. Commissioners, ante, págs. 628-629.

La mayoría del mencionado Tribunal determinó que el arbitrio objeto del litigio era una “contribución sobre ingre-sos” al amparo del significado de la Ley Buck, por lo cual podía ser válidamente impuesto por la ciudad

En Jefferson County v. Acker, 527 U.S. 423 (1999), el Condado de Jefferson, Alabama, instó una acción contra unos jueces de distrito federal que se negaban a pagar un impuesto a ocupaciones (occupational tax), bajo el fun-damento de que éste violaba la doctrina de inmunidad con-tributiva intergubernamental.

El impuesto, según definido por la Ordenanza del Con-dado, se imponía a cualquier persona que estuviese traba-jando en la ciudad, a la cual de otra manera no se le re-quiere el pago de un impuesto pagadero para una licencia Clicense fee). Es decir, el impuesto se imponía por el derecho de trabajar en la ciudad. A su vez, el impuesto tenía que ser pagado antes de realizar la profesión, ocupación, oficio o vocación y antes de devengar ingreso alguno, debido a que era ilegal realizar las antes mencionadas actividades sin pagar el correspondiente impuesto. La referida ordenanza, incluso, imponía sanciones a toda persona que incumpliera con lo dispuesto en ésta. Específicamente, el impuesto se calculaba a base del medio por ciento de todos los ingresos brutos o entradas brutas (gross receipts) del contribuyente, concepto que la ordenanza definió como compensación, sa-larios, jornales, comisiones o bonos, o ambos.

El estatuto federal aplicable a la controversia era el Public Salary Tax Act, 4 U.S.C.A. sec. lll. Específica-mente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tuvo que determinar, entre otras cosas y en lo aquí pertinente, si el impuesto en cuestión constituía una contribución sobre in-gresos, ya que el aludido estatuto federal sólo autorizaba a la imposición de contribuciones sobre paga o compen-sación.

Una mayoría de los integrantes del Tribunal Supremo federal acudió, por analogía, a lo resuelto en Howard v. Commissioners, ante —al amparo de la Ley Buck— para establecer que en efecto el impuesto en cuestión era una “contribución sobre ingresos”. A tales efectos, la Mayoría indicó que la contribución objeto del litigio en Howard v. Commissioners, ante, era similar en aspectos relevantes al impuesto de Jefferson. Específicamente, destacó que en ese caso se determinó que un impuesto pagadero para una li-cencia (“license fee”) era una contribución sobre ingresos para los fines de la Ley Buck, aun cuando se desviaba de lo que usualmente era una contribución sobre ingresos. A esos efectos, se expresó que:

In Howard v. Commissioners of Sinking Fund of Louisville, 344 U.S. 624 (1953), the Court held that a “license fee” similar in relevant respects to Jefferson County’s was an “income tax” for purposes of a federal statute that defines “income tax” as “any tax levied on, with respect to, or measured by, net income, gross income, or gross receipts,” 4 U.S.C. [sec.] 110(c). The Court so concluded even though the local tax was styled as “a tax upon the privilege of working within [the municipality],” was not an “income tax” under state law, and deviated from textbook income tax characteristics. (Citas omitidas y énfasis nuestro.) Jefferson v. Acker, ante, pág. 438.

Es de notar que el referido Tribunal acudió a lo resuelto en Howard v. Commissioners para determinar que el im-puesto pagadero para una licencia (“license fee”) era un método de recaudación de ingresos, sin tener un propósito regulador sobre las profesiones u ocupaciones. A esos efec-tos se expresó que:

Alabama’s enabling Act does not allow its counties to so provide; those otherwise subject to license or privilege taxes under Alabama’s laws may not be reached by a county’s occupational tax. See 1967 Ala. Acts 406, [Sec.] 4. The dispositive measure, however, is the Public Salary Tax Act, which does not require the local tax to be a typical “income tax.” Just as the statute in Howard consented broadly to “any tax measured by net income, gross income, or gross receipts,” 344 U.S., at 629, the Public Salary Tax Act consents to any tax on “pay or compensation,” which Jefferson County’s surely is. The sole caveat is that the tax “not discriminate ... because of the [federal] source of the pay or compensation,” 4 U.S.C. [sec.] 111. (Énfa-sis nuestro.) Jefferson v. Acker, ante, págs. 441-442.

En conclusion, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha avalado una definición, amplia y abarcadora, del concepto “contribución sobre ingresos”, con la consecuencia de que impuestos que usualmente no son considerados como contribuciones sobre ingreso, a la luz de la definición común de lo que significa el referido término, están cobijados por la autorización amplia contenida en la Ley Buck.

Dicho curso decisorio ha sido reiterado en decisiones de varios tribunales, tanto estatales como federales, que han determinado que ciertos impuestos que tradicionalmente no son considerados como contribuciones sobre ingresos, están cobijados por la definición amplia y abarcadora que de ese término dispone la Ley Buck. Veamos.

En State of Alaska v. Baker, ante, el Tribunal Supremo de Washington sostuvo la validez de un estatuto que autorizaba la imposición de un impuesto pagadero para una licencia de negocios (business license tax) a unos contratistas independientes que trabajaron dentro de una reserva militar en Alaska, mediante contratos con el Go-bierno de Estados Unidos. El referido foro determinó lo anterior, aun cuando todos los trabajos fueron realizados exclusiva y completamente dentro de la aludida reserva y el impuesto tenía que ser pagado previo al comienzo de la obra.

Luego de indicar que la interrogante principal en el caso era si el estatuto en cuestión estaba dentro del alcance de la Ley Buck, el referido foro estatal —citando a Howard v. Commissioners, ante, y destacando que la medida de Alaska no era significativamente diferente a la que estaba en controversia en el aludido caso— determinó que el im-puesto en cuestión era una contribución sobre ingresos para los fines del referido estatuto federal. Cónsono con ello, concluyó que era válido el estatuto, ya que era básica-mente un método de recaudación de ingresos permitido por la Ley Buck y no una medida regulatoria.

En Humble Oil & Refining Co. v. Calvert, ante, el Tribunal Supremo de Texas se enfrentó, en lo aquí pertinente, a la interrogante de si el estado de Texas estaba autorizado —al amparo de la Ley Buck— a cobrar un impuesto sobre una compañía que, por un arrendamiento con el Gobierno de Estados Unidos, extraía petróleo o gas dentro de un enclave federal. El impuesto en cuestión era denomi-nado según el estatuto de Texas como un impuesto a ocu-paciones (occupational tax) por llevar a cabo la antes men-cionada actividad dentro de la ciudad. Éste se calculaba a base del valor en el mercado del mineral, sin importar si el gas o el petróleo hubiesen sido vendidos, utilizados o sim-plemente descartados.

El referido foro estatal, luego de destacar que la inten-ción del Congreso al aprobar la Ley Buck había sido definir ampliamente el concepto contribución sobre ingresos, se-ñaló lo siguiente:

The Buck Act “income tax”, broadly defined as it is, refers to the broad generic class of taxes upon income. It does not require that the tax be denominated an income tax or that it conform to the federal income tax. If the tax in question is based upon income and is measured by that income in money or money’s worth, as a net income tax, gross income tax, or gross receipts tax, it is an “income tax.” (Enfasis nuestro.) Humble Oil & Refining Co. v. Calvert, ante, pág. 930.

El mencionado foro indicó que, independientemente de la denominación que se le pudiera dar a un impuesto, si el referido impuesto se medía a base a los ingresos recibidos era una contribución sobre ingresos al amparo de la Ley Buck. A esos efectos, y reafirmando la decisión emitida por el Tribunal Supremo federal en Howard v. Commissioners, ante, expresó:

Over the dissent of Justices Douglas and Black, the Court held that it did not matter that the tax involved was not an “income tax” by Kentucky law. It emphasized that the Buck Act definition applied to any tax, and the word “any” was italicized in the Court’s opinion. If any tax came within the Buck Act’s definition of income tax, it was permissible to the State. Since the tax there involved was measured by, and levied with respect to, the income from the taxed activity, it was a Buck Act income tax even though not denominated or classified as an income tax under local law. (Énfasis en el original suprimido y énfasis nuestro.) Humble Oil & Refining Co. v. Calvert, ante, pág. 931.

En City of Portsmouth v. Fred C. Gardener Co. Inc., ante, el Tribunal Supremo de Virginia resolvió que la ciu-dad de Portsmouth podía válidamente cobrarle un im-puesto pagadero por una licencia de negocios (business license tax) a un contratista que edificó unas mejoras en una reserva militar, por medio de un contrato de ejecución de obra con el Gobierno de Estado Unidos. Específicamente, el impuesto se cobraba por llevar a cabo, entre otras cosas, negocios, ocupaciones y oficios. El aludido impuesto se cal-culaba a base de los ingresos o entradas brutas (gross receipts) del negocio del contratista.

Al resolver la controversia ante sí, el referido foro in-dicó, entre otras cosas, que el Tribunal Supremo de Esta-dos Unidos ya había resuelto una controversia similar en Howard v. Commissioners, ante. De este modo, enfatizó que para establecer si el arbitrio en cuestión era una con-tribución sobre ingresos, tenía que acudir a la definición provista por la Ley Buck. A esos efectos, citando a Humble Oil & Refining Co. v. Calvert, ante, señaló:

The Buck Act “income tax,” broadly defined as it is, refers to the broad generic class of taxes based upon income. It does not require that the tax be denominated an income tax or that it conform to the federal income tax. If the tax in question is based upon income and is measured by that income in money or money’s worth, as a net income tax, gross income tax, or gross receipts tax, it is an income tax. (Enfasis nuestro.) City of Porthmouth v. Fred C. Gardner Co., Inc., ante, pág. 262.

Nuevamente, en General Dynamics Corp. v. Bullock, ante, el Tribunal Supremo de Texas se enfrentó a la inte-rrogante de si el estado podía válidamente imponer un im-puesto sobre franquicias (franchise íax) a General Dynamic, una corporación privada que llevaba a cabo su negocio primordialmente en un enclave federal en Texas.

Específicamente, la controversia surgió debido a que el estado de Texas catalogó los ingresos brutos (gross receipts) de la corporación dentro del enclave como ingresos obteni-dos en Texas. El estado de Texas adujo que la Ley Buck había autorizado el cobro de contribuciones sobre ingreso en actividades de negocios —como las que realizaba General Dynamic— dentro de enclaves federales.

En virtud de la intención del Congreso al aprobar la Ley Buck y por los fundamentos expresados en Humble Oil & Refining Co. v. Calvert, ante, el referido foro estatal deter-minó que el impuesto era una contribución sobre ingresos para la Ley Buck, ya que el impuesto en cuestión podía ser visualizado como una contribución impuesta por el benefi-cio económico de llevar a cabo negocios en el estado. A esos efectos expresó:

Under the analysis in Humble Oil Refining Company v. Cal vert, supra, the granting of the privilege to transact business in the State of Texas represents the realization of gross income to the General Dynamics Corporation because an economic benefit flows to the Corporation.
These economic benefits which flow from the granting of the privilege include the opportunity to transact intrastate business and the right to invoke the protection of the local government. The formula used in the franchise tax is the valuation of the privilege granted by the Legislature. (Citas omi-tidas y énfasis nuestro.) General Dynamics Corp. v. Bullock, ante, pág. 258.

Un año más tarde, en United States v. Lewisburg Area Sch. Dist., ante, el Tribunal del Tercer Circuito de Apela-ciones determinó que un distrito escolar podía imponer ciertas contribuciones locales a unos empleados federales y a sus familiares que residían en el enclave federal. Uno de los impuestos era un impuesto ocupacional (occupational tax) que se imponía a base de tres criterios, a saber:

... one, by a levy of a fixed amount against each occupation, with the variation in the levy on each class based on a rough calculation of the average relative income of each occupation; second, by placing a value on each occupation and levying a milage rate against that value, the values being obtained from statistical evidence of the average income earned in each occupation; a third method is to assess each taxpayer’s occupation by the yield of that taxpayer from his occupation in a certain number of prior years. United States v. Lewisburg Area Sch. Dist. ante, pág. 310.

Al igual que en Humble Oil & Refining Co. v. Calvert, ante, se indicó que el informe del Senado con respecto a la Ley Buck enfatizó que la definición de contribución sobre ingresos fue diseñada para cubrir una gran variedad de contribuciones debido a la gran variedad de contribuciones que existen en los diferentes estados y que la intención de la comisión era incluir cualquier contribución del Estado, no importa cuál fuera su denominación. A su vez, el refe-rido foro indicó, citando tanto a Howard v. Commissioners, ante, como a Humble Oil & Refining Co. v. Calvert, ante, y a City of Portsmouth v. Fred C. Gardener Co., Inc., ante, que en virtud del propósito de la ley y de la amplia defini-ción de contribución sobre ingresos, muchas contribuciones estatales que no eran denominadas como contribuciones sobre ingresos y que no se ajustaban a la contribución so-bre ingresos federal, habían sido consideradas como contri-buciones sobre ingresos para fines de la Ley Buck

Surge de todo lo anteriormente expuesto que el término “contribución sobre ingresos”, al amparo de la Ley Buck, es amplio, abarcador y no circunscrito a lo que habitualmente se conoce como una “contribución sobre ingresos”. Esto es, contribuciones estatales son consideradas válidas, al amparo de la Ley Buck, aun cuando no hayan sido denominadas contribuciones sobre ingresos bajo el derecho estatal y aun cuando no sean calculadas, específicamente, conforme a lo que tradicionalmente se conoce como un ingreso.

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En el presente caso, y conforme a la legislación vigente en Puerto Rico, el arbitrio de construcción debe pagarse al municipio donde se lleve a cabo dicha obra, previo a la fecha de su comienzo. Art. 2.002(d) de la Ley de Municipios Autónomos, ante.

El referido arbitrio “recae sobre el derecho de llevar a cabo una actividad de construcción y lo una obra de cons-trucción dentro de los límites territoriales del municipio”. 21 L.P.R.A. sec. 4001(cc). Específicamente, el antes mencio-nado arbitrio se impone sobre el costo total de la obra. 21 L.P.R.A. sec. 4052(d).

El costo total de la obra se define como “el costo en que se incurra para realizar el proyecto luego de deducirle el costo de adquisición de terrenos, edificaciones ya construidas y enclavadas en el lugar de la obra, costos de estudios, diseños, planos, permisos, consultoría y servicios legales”. 21 L.P.R.A. sec. 4052(d). De esta manera, se ex-cluyeron las partidas que no constituían una actividad directa de construcción y que ocurrían antes de comenzar la obra o construcción, evitando así una carga onerosa para el diseño de la obra antes de que ésta fuera realizada. Informe de la Comisión de Asuntos Municipales y de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes con respecto al P. de la C. 1938 de 8 de mayo de 1996, págs. 22-23.

El referido arbitrio puede ser pagado por el dueño de la obra —si es quien está ejecutando la obra de construcción— o por el contratista. Específicamente, cuando es el contratista quien paga el referido arbitrio, éste podrá “formar parte del costo de la obra”. (Énfasis nuestro.) 21 L.P.R.A. sec. 4001(ee).

Para poder determinar la cuantía del referido arbitrio se multiplica el costo total de la obra por el tipo contribu-tivo o la tasa contributiva que corresponda, según estable-cida por la ordenanza municipal correspondiente. Art. 2.007(b)(1) de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4057(b)(1). Específicamente, en este caso, conforme a la 4ta Sección (a) de la Ordenanza Núm. 8, ante, cualquier obra a la cual no le aplicara ninguna de las excepciones pagaría el dos y medio por ciento del costo total de la obra. A su vez, conforme a la 3ra Sección (A) de la Ordenanza Núm. 33, ante, pagaría, si no aplica ninguna de las excep-ciones, cuatro por ciento del costo total de la obra.

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En su primer señalamiento de error, la peticionaria alega que es inválida la imposición del arbitrio aquí en cuestión, ya que no constituye una contribución sobre in-gresos según definida por la Ley Buck. Conforme a ello, argumenta que el arbitrio no podía ser válido debido a que la propia Ley de Municipios Autónomos reconocía que éste se imponía sobre el derecho (fee) que los municipios impo-nían por el derecho de llevar a cabo una actividad de cons-trucción dentro de sus límites territoriales. Alegó, además, que no podía ser una contribución porque éste se compu-taba a base del costo en que se incurría para realizar el proyecto y no sobre ingresos.

De igual forma, alegó que el referido arbitrio se imponía al comienzo de la obra, momento en el que el contratista no había generado ingreso alguno. Por último, expuso, como segundo señalamiento de error, que era inválida la imposi-ción del arbitrio en atención a la inexistencia de quid pro quo; es decir, que HBA, como contribuyente, no obtendría beneficio alguno a cambio del pago del aludido arbitrio. No le asiste la razón.

Como vimos, para que la imposición del arbitrio sea válida lo único que es determinante es que pueda ser considerada como una “contribución sobre ingresos” al amparo de la Ley Buck. No es determinante el hecho de que el arbitrio se imponga previo al comienzo de la obra o por el derecho de llevar a cabo cierta actividad dentro del municipio.

Como mencionamos, el arbitrio aquí en cuestión se cal-cula a base de un por ciento del costo total de la obra. El referido arbitrio puede ser pagado por el contratista o por el dueño de la obra. Ciertamente, cuando es el dueño el que paga el arbitrio, éste recaerá sobre los costos incurridos para llevar a cabo la obra. No obstante, cuando es el con-tratista el que paga el arbitrio, éste recaerá sobre el in-greso bruto del contratista. Es decir, el costo total de la obra cuando es tributado al contratista constituye el in-greso bruto que recibe el contratista con respecto a los ser-vicios prestados bajo el contrato de construcción.

Somos del criterio que el arbitrio de construcción im-puesto por el Municipio a HBA es una “contribución sobre ingresos,” conforme la amplia definición de dicho concepto contenida en la Ley Buck, ante. Realmente no procede otra conclusión; ello en vista no sólo de la terminología de dicho estatuto, sino de la casuística, tanto federal como estatal, interpretativas de la Ley Buck. En consecuencia, resolve-mos que dicho arbitrio procede en derecho.

V

Por los fundamentos anteriormente expuestos, procede dictar sentencia confirmatoria de la emitida por el Tribunal de Apelaciones, por lo que se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los pro-cedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

       HBA Contractors, Inc. (HBA) es una corporación organizada y que hace ne-gocios de acuerdo con las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La referida entidad se dedica desde su incorporación al negocio de la construcción.

       El contrato de este primer proyecto se firmó el 30 de septiembre de 1997. Este proyecto se llevaría a cabo por la cantidad de $2,263,000. Posteriormente, el 27 de septiembre de 1999, en virtud de una enmienda al contrato original, el costo total del proyecto aumentó a $2,514,470.

       Este contrato se firmó el 20 de septiembre de 1999. Este segundo proyecto se llevaría a cabo por la cantidad de $2,907,000. Posteriormente, el 11 de julio de 2000, el costo original del proyecto fue revisado y aumentado a $2,938,484.

       El referido arbitrio fue calculado conforme a las disposiciones de la Orde-nanza Municipal Núm. 8, Serie 1991-1992, aprobada el 15 de octubre de 1991, y la Ordenanza Municipal Núm. 33, Serie 1997-1998, aprobada el 27 de mayo de 1998, del Municipio de Ceiba (Municipio), la cual derogó y sustituyó a la antes mencionada ordenanza. Estas autorizaron al Municipio a imponer y cobrar un arbitrio de cons-trucción por proyectos —como los que tenía que realizar HBA— dentro de los límites territoriales del Municipio.

       A esos efectos, HBA hizo constar, entre otras cosas, que consideraba que había un error de cómputo en el cálculo de los arbitrios de construcción, ya que se había aplicado la ordenanza municipal incorrecta y se habían utilizado tasas inco-rrectas en el cálculo del arbitrio. Indicó que se había utilizado equivocadamente la taza de la Ordenanza Núm. 33, ante, que fue firmada el 27 de mayo de 1998, fecha posterior al comienzo del proyecto del hangar. En virtud de lo anterior, señaló que era la Ordenanza Núm. 8, ante, la que debía ser utilizada para computar los arbi-trios del primer proyecto.

       Determinó el Municipio que efectivamente la Ordenanza Municipal que apli-caba al proyecto del hangar era la Núm. 8 y a todos los trabajos realizados por la compañía antes del 27 de mayo de 1998. No obstante, determinó que la referida ordenanza no aplicaba al segundo proyecto. Del mismo modo, informó que no apli-caba el inciso B-2 de la Sec. 4ta de la Ordenanza Municipal Núm. 8 ni de la Sec. 3ra de la Ordenanza Municipal Núm. 33, respectivamente, ya que estas disposiciones aplicaban únicamente a reparaciones, ampliaciones, demoliciones, alteraciones y mejoras a un costo de $10,000 o más, en unidades unifamiliares, cuya construcción no fuera parte de un proyecto de vivienda, urbanización, condominio u otros proyec-tos de similar naturaleza, cuyo costo total sea de $50,000 o menos.

      (7) Específicamente, citó decisiones de este Tribunal relacionada con la distin-ción que hemos establecido entre los conceptos contribución sobre ingresos y derecho (fee). De este modo, mencionó lo resuelto en Municipio de Carolina v. Caribair, 101 D.P.R. 943 (1974), Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772 (1968), P.R. Telephone Co. v. Tribl. Contribuciones, 68 D.P.R. 154 (1948), y Meléndez v. Registrador, 63 D.P.R. 1023 (1944).

       Precisa señalar que en la última nota al calce de la sentencia del foro prima-rio se señaló que el arbitrio de construcción no era válido no sólo porque no existía ley o legislación federal que lo permitiera sino, además, porque no se justificaba su imposición debido a que HBA no recibiría quid pro quo alguno a cambio de sus bienes. Es decir, que HBA no recibiría servicio alguno a cambio del pago del referido arbitrio.

       La Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (21 L.P.R.A. see. 4001 et seq.) derogó la Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980, según enmendada, mejor conocida como la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico.

       Este término estableció el tipo de actividad de construcción sobre la cual recaería la contribución que impondrá el municipio, establecido mediante una orde-nanza, dentro de sus límites territoriales. Art. 1.003 de la Ley Núm. 81, ante, según enmendada, 21 L.P.R.A. sec. 4001(cc); Informe de la Comisión de Asuntos Municipa-les y de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes con respecto al proyecto P. de la C. 1938, 8 de mayo de 1996, págs. 21-22. A su vez, el referido concepto clarificó que la imposición de un arbitrio de construcción constituiría un acto separado y distinto que no privaba o limitaba la facultad de los municipios o del Estado de imponer otras contribuciones, arbitrios, impuestos, licencias, derechos, tasas y tarifas, y que la facultad de los municipios y el Estado de imponer contribu-ciones sobre el mismo objeto, como lo es la actividad de construcción, no representa una doble tributación. Informe, ante. La referida aclaración se incluyó en virtud de dos decisiones de este Tribunal, a saber: Las Piedras Const. Corp. v. Mun. de Dorado, 134 D.P.R. 1018 (1994), y Nogama Const. Corp. v. Mun. de Aibonito, 136 D.P.R. 146 (1994), donde determinamos que unos impuestos municipales eran ilegales, ya que su imposición constituía una doble tributación no permitida clara y explícitamente por ley.

       Al definir el concepto contribuyente se delimitaron claramente las respecti-vas responsabilidades de dos personas naturales o jurídicas distintas con respecto al pago del arbitrio de construcción. A saber, se estableció la responsabilidad del dueño que ejecuta directamente las labores de administración o de ejecución de la obra de construcción, o ambas, y la de persona que es contratada para llevar a cabo la obra. Art. 1.003 de la Ley Núm. 81, ante, 21 L.P.R.A. sec. 4001(ee); Informe, ante, pág. 22.

       A esos efectos, se enmendó el inciso (d) del Art. 2.002 de la Ley de Municipios Autónomos, donde se dispone la facultad de los municipios para imponer contribu-ciones, tasas, tarifas, entre otras. Específicamente se dispuso, en lo aquí pertinente, lo siguiente:

        “Toda obra de construcción dentro de los límites territoriales de un municipio, realizada por una persona natural o jurídica privada, o que sea llevada a cabo por una persona natural o jurídica privada a favor o en representación de, o por contrato o subcontrato suscrito con una agencia o instrumentalidad del Gobierno Central o Municipal o del Gobierno Federal, incluyendo aquella obra que no requiera la solici-tud o expedición de un permiso por la Administración de Reglamentos y Permisos o por un municipio autónomo, deberá pagar arbitrio de construcción correspondiente, previo al comienzo de dicha obra.” 21 L.P.R.A. sec. 4052(d).

       A esos fines, se enmendó la definición de actividad de construcción. Se es-tableció, en lo aquí pertinente, lo siguiente:
      “Se exime del pago de arbitrio de construcción las obras que realice por admi-nistración una agencia del gobierno central o sus instrumentalidades, una corpora-ción pública, un municipio o una agencia del gobierno federal. No obstante, esta exención no aplica ... cuando se trate de obras de construcción llevadas a cabo por una persona natural o jurídica privada actuando a favor o en representación de o por contrato o subcontrato suscrito con una agencia del gobierno federal, cuando las leyes o reglamentos federales aplicables así lo permitan.” 21 L.P.R.A. sec. 4057(f)(5).

       Conforme a la Ley de Municipios Autónomos, según enmendada, todo arbi-trio de construcción tiene que ser “impuest[o] por los municipios a través de una ordenanza municipal aprobada con dos terceras (2/3) partes para ese fin ...”. 21 L.P.R.A. sec. 4001(ec).

       El texto original de las disposiciones pertinentes de la Ley de 16 de febrero de 1903 establecían, en lo pertinente, lo siguiente:
      “Sección 5. — Que se dé y por la presente se d[a], el consentimiento [a] los Esta-dos Unidos para adquirir, para fines navales [o] militares [u] otros fines públicos, por compra [o] expropiación forzosa, cualesquiera terrenos en la Isla de Puerto Rico, y cuando fuesen adquiridos en esta forma, y los Estados Unidos hayan tomado pose-sión de los mismos, toda jurisdicción sobre tales terrenos por parte de ‘El Pueblo de Puerto Rico’ cesará y terminará ipso facto. Disponiéndose no obstante que, si subse-cuentemente los Estados Unidos enajenaren cualquiera [o] todas las tierras adqui-ridas en esta forma, El Pueblo de Puerto Rico volverá a tener jurisdicción sobre las mismas.
      “Sección 6. — Que la jurisdicción exclusiva sea y es por la presente cedida [a] los Estados Unidos sobre cualquiera y todas las tierras que puedan en adelante adquirir en la Isla de Puerto Rico por compra [o] expropiación forzosa ....” 1903 Leyes de Puerto Rico 114.
      En 1955, a través de la aprobación de la Ley Núm. 63 de 10 de junio de 1955 (28 L.P.R.A. see. 46), la antes mencionada See. 5 de la Ley de 16 de febrero de 1903 fue derogada, y la See. 6 fue enmendada. No obstante lo anterior, éstas aplican al pre-sente caso, ya que los terrenos donde está localizada la Base Naval Roosevelt Roads fueron cedidos a Estados Unidos antes de 1955. Roberts v. U.S.O. Council of Puerto Rico, 145 D.P.R. 58, 64-65 (1998).

       Mediante la Ley Núm. 62 de 10 de junio de 1955 (28 L.P.R.A. see. 54 et seq.) se alteró el esquema anterior, puesto que en lugar de concederse jurisdicción exclu-siva automáticamente a Estados Unidos, como ocurría en virtud de la Ley de 16 de febrero de 1903 una vez éstos la solicitaran, mediante la nueva ley el Estado Libre Asociado de Puerto Rico mantiene jurisdicción sobre dichos terrenos, salvo que ésta sea cedida en la forma prevista por el Art. 2 de la Ley Núm. 62, ante, es decir, si “el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ... creyere conveniente para los mejores intereses del Estado Libre Asociado ... sujeto a las condiciones que se esti-pulan [en esta ley] y a las demás condiciones que estime convenientes. La jurisdic-ción sobre tales terrenos por parte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, conti-nuará, sin embargo, hasta que el indicado funcionario haya aceptado, en representación de Estados Unidos, la cesión de jurisdicción y haya radicado en la Oficina del Gobernador una notificación a tal efecto”. 28 L.P.R.A. see. 55. Véase Roberts v. U.S.O. Council of Puerto Rico, ante, pág. 65.

       En Capitol Construction v. Srio. de Hacienda, 89 D.P.R. 326 (1963), nos enfrentamos a una controversia un tanto distinta a la que se plantea en el presente caso. En dicho caso se cuestionó la validez de la imposición de una contribución sobre la propiedad mueble —equipos de construcción, enseres y herramientas— de un contratista que realizaba trabajos de construcción en bases militares de Estados Unidos en Puerto Rico —Ramey Fields y Roosevelt Roads-— propiedad mueble que se hallaba ubicada en dichas instalaciones militares. Resolvimos que no era procedente dicha contribución, ya que Puerto Rico carecía de autoridad o facultad impositiva para así hacerlo.

       Para fines de la Ley Buck, el concepto estado incluye cualquier territorio o posesión de Estados Unidos. 4 U.S.C.A. sec. 110(d).

       El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha señalado que los estados pue-den, en virtud de su absoluta discreción, crear entidades gubernamentales —tales como condados o ciudades— para que lleven a cabo los poderes gubernamentales que le han sido delegados. Wisconsin Pub. Intervenor v. Mortier, 501 U.S. 597, 608-609 (1991); Sailors v. Board, of Education, 387 U.S. 105, 108 (1967), citando & Reynolds v. Sims, 377 U.S. 533 (1964); Hunter v. Pittsburg, 207 U.S. 161 (1907). En virtud de lo anterior, los municipios tiene la potestad de llevar a cabo las facultades que le otorga a Puerto Rico la Ley Buck.

       La Ley Buck, 4 U.S.C.A. see. 106, establece, en lo aquí pertinente, que:
      “(a) No person shall be relieved from liability for any income tax levied by any State, or by any duly constituted taxing authority therein, having jurisdiction to levy such a tax, by reason of his residing within a Federal area or receiving income from transactions occurring or services performed in such area; and such State or taxing authority shall have full jurisdiction and power to levy and collect such tax in any Federal area within such State to the same extent and with the same effect as though such area was not a Federal area.”

       Específicamente, esta sección de la Ley Buck establece lo siguiente:
      “The term ‘income tax’ means any tax levied on, with respect to, or measured by, net income, gross income, or gross receipts.” (Énfasis nuestro.) 4 U.S.C.A. sec. 110(c).

       El enclave federal era una fábrica militar, sita en irnos terrenos que el Gobierno de Estados Unidos había adquirido, con el consentimiento de la Legislatura de Kentucky, desde 1940. En virtud de ello, el Gobierno de Estados Unidos tenía jurisdicción exclusiva sobre el área.

       profjts” se traduce al español como “ganancias netas”. S.M. Kaplan, Wiley’s English-Spanish, Spanish-English, Legal Dictionary, 2da ed., Nueva York, Wiley Law Publications, 1997, pág. 208.

       Por otro lado, el Juez Douglas disintió del antes mencionado resultado, opinión con la cual el Juez Black concurrió. Señaló que el arbitrio en este caso era por sus propios términos un impuesto pagadero para una licencia (license fee) impuesto sobre el privilegio de realizar ciertas actividades. Conforme a ello, argumentó:
      “The tax is narrowly confined to salaries, wages, commissions and to the net profits of businesses, professions, and occupations. Many kinds of income are excluded, e.g., dividends, interests, capital gains. The exclusions emphasize that the tax is on the privilege of working or doing business in Louisville.” (Énfasis suprimido.) Howard v. Commissioners, 344 U.S. 624, 629 (1953).

       precisa señalar que Alabama no había autorizado a sus condados a recaudar contribuciones sobre ingresos. No obstante, los había autorizado a imponer impues-tos pagaderos para una licencia (license or privilege tax). En virtud de esa autoriza-ción, el condado de Jefferson aprobó la ordenanza de la cual surge el impuesto en controversia.

       "Occupational tax” se traduce al español como “impuesto a ocupaciones” o “licencia fiscal”. Kaplan, op. cit, pág. 218.

       A través de esta pieza legislativa, el Congreso autorizó a los estados a cobrar contribuciones no discriminatorias a los empleados federales. Específicamente, el estatuto establece lo siguiente:

        “The United States consents to the taxation of pay or compensation for personal service as an officer or employee of the United States, a territory or possession or political subdivision thereof, the government of the District of Columbia, or an agency or instrumentality of one or more of the foregoing, by a duly constituted taxing authority having jurisdiction, if the taxation does not discriminate against the officer or employee because of the source of the pay or compensation.” 4 U.S.C.A. sec. 111.

       En este caso, el Juez Breyer disintió exponiendo cuatro razones por las cuales consideraba que el impuesto en controversia era un impuesto pagadero por una licencia (license fee), y la Juez O’Connor se unió a lo esbozado en ésta. De esta forma, señaló que el impuesto era inconstitucional, ya que lo único que permitía el Public Salary Act era la imposición de una contribución sobre ingresos. A esos efec-tos, y en lo pertinente al caso ante nos, primeramente señaló que el lenguaje, la estructura y el propósito de la ordenanza indicaban que lo que se imponía era un cargo por llevar a cabo una actividad y no una contribución sobre ingresos. Especí-ficamente, señaló que el propósito de la Ordenanza era establecer un impuesto por el privilegio de llevar a cabo una actividad dentro de la ciudad. De igual forma, indicó que el lenguaje de la Ordenanza se expresa en términos de una condición que se impone por trabajar, y una contribución que se impone sobre ingresos. Segundo, indicó que según era calculado el impuesto, es más un impuesto pagadero por una licencia (license fee) que una contribución sobre ingresos. Específicamente señaló que la razón por la cual se imponía el impuesto no era por ingresos devengados, sino por desempeñar cierto trabajo. Tercero argumentó que existían muchas excepciones al impuesto, lo cual sólo tenía sentido si la contribución era parte de un esquema esta-tal de imposición de impuestos pagaderos para licencias. Por último, alegó que la ordenanza de Jefferson imponía cargas directamente sobre el Gobierno federal que limitadamente exceden aquellos impuestos por una contribución sobre ingreso esta-tal o local.

       La pieza legislativa en controversia era el Alaska Bussiness Tax Act, 43 Alaska Statutes Sec. 43.70.010 et seq.

        License tax se traduce al español como impuesto pagadero para una licencia. Kaplan, op. cit., pág. 182.

       Específicamente, el enclave federal era la Base Naval Corpus Christi. En 1940 el gobernador de Texas cedió la jurisdicción exclusiva del referido terreno al Gobierno de Estados Unidos.

       Indicó, además, con respecto a qué podía ser considerado como una contri-bución sobre ingresos, lo siguiente:
      “We are here dealing with a particular statutory definition of an ‘income tax’ in a particular context, and not with any sort of common understanding of an ‘income tax.’ ‘Income taxes,’ or taxes on income, describe a generic class of taxes in which the base or measure is income ....

        “A particular ‘income tax’ may, of course, define its base more narrowly and selectively than the broadest definition of income. A-particular income tax may select different points in time at which the income will be recognized, such as the time of sale, time of receipt, time of manufacture or production, et cetera. Whatever these differences, however, the tax does not cease to be an income tax”. (Énfasis nuestro.) Humble Oil & Refining Co. v. Calvert, 478 S.W. 2d 926, 929 (1972).
      A su vez, con respecto al término ingreso, el referido foro destacó lo siguiente: “‘Income’ is variously described as the flow of goods, services, property or other wealth during a definite period of time. It may be considered as the money, or money’s worth which comes during a definite period. It is to be distinguished from capital, which is a fund of wealth at a particular time. See Seligman, Income Tax, 7 Encyclopedia of the Social Sciences 628-631 (1932). The essence of income is an inflow constituting an accretion to wealth, identifiable and measurable in money or money’s worth, though not necessarily in cash.” (Énfasis nuestro.) íd.

        Franchise tax se traduce al español como impuesto corporativo o derecho de licencia. Kaplan, op. cit., pág. 126.

       General Dynamics estaba primordialmente dedicada a la manufactura y venta de suministros y equipos para defensa.

       Específicamente, el enclave federal se encontraba en el Condado de Tarrant dentro del estado de Texas y era conocido como Air Force Plant No.4. El aludido terreno fue arrendado a General Dynamic por el Gobierno federal.

       El enclave federal era conocido como Lewisburg Federal Penitentiary. En 1931 el referido enclave fue adquirido por Estados Unidos con el consentimiento de la legislatura de Pensilvania, la cual consintió la adquisición y de igual forma cedió la jurisdicción sobre el terreno adquirido.

       Específicamente, el referido foro señaló lo siguiente:
      “In view of the purpose of the act and the broad definition of ‘income tax’ found therein, many state taxes which are not denominated as income taxes and which do not conform to the federal income tax have been held
      to be income taxes for the purposes of the Buck Act.” United States v. Lewisburg Area Sch. Dist., ante, pág. 309.

       Las excepciones son las siguientes:
      “(1) Cuando la obra a realizarse vaya a utilizarse como una residencia unifa-miliar cuya construcción no sea parte de un proyecto de vivienda, de urbanización, condominio u otro proyecto de similar naturaleza cuyo costo total sea de $50,000 o menos, se pagará un arbitrio de $25.00 por cada $5,000 o fracción del costo de la obra. Disponiéndose, que los primeros $10,000 estarán exentos del pago de arbitrios. Cuando la obra a realizarse se trate de un establecimiento comercial o agrícola cuyo costo sea de $50,000 o menos, se le aplicará también el arbitrio y exención dispuesto en este subinciso; de ser más de $50,000 se le aplicará lo dispuesto en el inciso A.
      “(2) Cuando la obra a realizarse se trate de reparaciones, ampliaciones, demo-liciones, alteraciones y mejoras a un costo de $10,000 o más, las obras descritas en el párrafo B-l de esta sección o a residencias originalmente construidas bajo el inciso A de esta sección, se pagarán $25 por cada $5,000 o fracción del costo total de la obra. En todos los casos de residencias construidas originalmente bajo el inciso A, y los subincisos 1 y 2 del inciso B, los primeros $10,000 estarán exentos del pago de arbitrios.
      “(3) No obstante cualquier disposición contenida en este apartado B, cuando la obra a realizarse se trate de la construcción, reparación, ampliación, demolición, alteración o mejora de una piscina, se pagará $300.00 o arbitrio provisto en el apar-tado A de esta sección, lo que sea mayor.
      “(4) Cuando la obra a realizarse se trate del movimiento de tierras cuyo costo no esté incluido en el costo de cualquier obra de otra forma gravada por esta sección, se pagará el dos y medio por ciento (2.5%) del costo total de la obra.
      “(5) Toda construcción de residencia principal y/o mejoras a la misma, estará exenta del pago de arbitrio.” Sección 4ta inciso (B)(1), Ordenanza Municipal Núm. 8, Apéndice, pág. 165.

       Las excepciones son las siguientes:
      “(1) Cuando la obra se realizare y vaya a utilizarse como una residencia unifa-miliar, cuya construcción no sea parte de un proyecto de vivienda, de urbanización, condominio u otro proyecto de similar naturaleza cuyo costo total sea de $50,000 o menos, se pagará un arbitrio de dos punto cinco (2.5%) por cada mil ($1,000) o fracción de mil dólares del costo de la obra, disponiéndose, que los primeros treinta mil ($30,000) estarán exentos del pago de arbitrios. De ser más de $50,000, le apli-cará el uno por ciento (1%) al exceso de $50,000.
      “(2) Cuando la obra a realizarse se trate de reparaciones, alteraciones y mejo-ras, cuyo costo sea de más de $10,000, se pagará cuatro dólares ($4.00) por cada mil ($1,000) o fracción adicional del costo total de la obra.
      “(3) No obstante, cualquier otra disposición contenida en este apartado (B), cuando la obra a realizarse se trate de la construcción, reparación, ampliación, de-molición, alteración o mejora de piscina, se pagará el arbitrio provisto en el apartado (A) de esta Sección.
      “(4) Cuando la obra a realizarse se trate de movimiento de tierras, cuyo costo no esté incluido en el costo de cualquier obra de otra forma gravada por esta Sección, se pagará el 2.5% del costo total de la obra.
      “(5) Toda construcción de residencia principal estará exenta del pago de arbi-trios en los primeros $50,000. El exceso de $50,000, pagará punto cinco por ciento (.5%) por cada fracción de mil ($1,000).” Sección 3(B)(l-5), Ordenanza Municipal Núm. 33, Apéndice, pág. 17.


source: Caselaw Access Project

author:
(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociada Señora Rodrí-guez Rodríguez, en etapa de recon-sideración, por el Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

license: Public Domain

text:
    Mildred Vélez Cortés et al., demandantes y peticionarios, v. Baxter Healthcare Corporation of Puerto Rico et al., demandados y recurridos.

      Número: CC-2003-964

      Resuelto: 6 de diciembre de 2005

      Charles S. Hey Maestre y Luis Amauri Suárez Zayas, aboga-dos de la parte peticionaria; José A. Silva Cofresí, Pedro J. Manzano Yates y Carlos A. Padilla Vélez, abogados de la parte recurrida.
   RESOLUCIÓN

Atendida la Segunda Moción de Reconsideración pre-sentada por la parte recurrida, se provee “no ha lugar”. Aténgase a lo resuelto.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez emitió un voto disidente, al cual se unió el Juez Pre-sidente Señor Hernández Denton. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez emitió, en etapa de reconsideración, un voto particular.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Voto disidente emitido por la

Juez Asociada Señora Rodrí-guez Rodríguez,

al cual se une el Juez Presidente Señor Hernández Denton.

Hoy, una mayoría de este Tribunal se niega a revisar la sentencia que dictara en el caso de epígrafe el 30 de junio de 2005. En dicha sentencia, el Tribunal concluyó que el cierre de la planta de manufactura de la compañía Baxter Healthcare Corporation of Puerto Rico, Inc. (Baxter) en diciembre de 1998, sita en Carolina, no fue un verdadero cierre de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada (Ley Núm. 80), 29 L.P.R.A. see. 185b. De la sentencia dictada se colige que el Tribunal estima que dicho “cierre” fue más que nada un subterfugio para transferir las operaciones de Carolina a las plantas operadas por Baxter en Jayuya y en Aibonito, por lo que la cesantía de los demandantes, em-pleados que laboraban en Carolina, fue injustificada en violación a la Ley Núm. 80. El Tribunal dispuso en su sen-tencia que para que un cierre constituya justa causa para el despido de empleados, el patrono que lo efectúa tiene que descontinuar de forma absoluta las operaciones del ne-gocio cerrado; en este caso, el Tribunal estimó que ello no ocurrió.

Disiento por estimar que la determinación del Tribunal es contraria a derecho y que no se sostiene a base del ex-pediente que consta ante nosotros. Debemos expresar, ade-más, que produce inquietud las potenciales repercusiones negativas que la decisión de este Tribunal pueda tener so-bre el desarrollo industrial de Puerto Rico. Después de todo, el efecto real de la sentencia del Tribunal es catalogar como causa injustificada para la cesantía de empleados, aquella determinación de negocios dirigida a mantener a una compañía competitiva en un mercado globalizado que conlleve la consolidación de operaciones. La Ley Núm. 80 le reconoce a un patrono el derecho a despedir a sus em-pleados si la razón no es arbitraria; ello “se reconoce como una facultad o derecho que ostenta todo patrono en una sociedad moderna que se desarrolla y desenvuelve alrede-dor y a base de las fuerzas del libre mercado y del derecho de propiedad o de dirección empresarial”. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 377 (2001).

Son varias las razones que abonan a la decisión de disentir, todas ellas sustentadas por evidencia incontrovertible que consta en autos y obviadas en la sentencia dictada.

Primero, en la planta operada por Baxter en Carolina se elaboraban varios productos, a saber: soluciones intraveno-sas tanto salinas como dextrosas (“IV Solutions”); las bol-sas estériles utilizadas para el “IV Solution”; “galaxy”, una premezcla de drogas y llenado estéril; tubos plásticos, unos para uso intravenoso y otros para uso renal, y los produc-tos renales conocidos como “Continuous Ambulatory Perio-donal Dyalisis” (CPD) y el Transureteral Irrigation (TUR). Segundo, la planta que operaba Baxter en Carolina en efecto cerró operaciones en diciembre de 1998. Este proceso comenzó paulatinamente en diciembre de 1995 cul-minando en 1998. Como cuestión de hecho, el lugar donde ubicaba la planta de Baxter, hoy ubican entidades guber-namentales y privadas. Tercero, el cierre de dicha planta fue el resultado de una evaluación que llevó a cabo la com-pañía de sus operaciones mundialmente en 1993, con mi-ras a mejorar su competitividad. Este análisis reveló que los costes de conversión para operar las plantas de Baxter en Carolina y en Culebra eran de los más altos, al com-pararlos con otras plantas operadas por Baxter en otros países y en Puerto Rico. Cuarto, como resultado de ese análisis la compañía tomó la decisión de negocios de con-solidar parte de la operación de manufactura que se efec-tuaba en Carolina con otras plantas sitas en Puerto Rico y Estados Unidos, cerrar instalaciones aquí en Puerto Rico y descontinuar la producción de algunos productos. Los planes de la compañía se anunciaron en octubre de 1995. Quinto, para implementar la determinación corporativa, Baxter vendió su operación en Culebra, cerró el almacén que operaba en Sabana Gardens, Carolina, cerró paulati-namente la planta de manufactura sita en Carolina, tras-ladó parte de las operaciones de Carolina a plantas de Baxter en Illinois (producción de la premezcla de drogas y llenado estéril conocido como “galaxy”), en Carolina del Norte (producción de los productos renales CAPD y TUR), en Jayuya (elaboración de bolsas de soluciones intraveno-sas —salinas y dextrosas— así como los tubos que forman parte integral de las bolsas), y en Aibonito, donde transfirió la manufactura de bolsas estériles, las cuales pasaban luego a Jayuya para ser llenadas con las soluciones que allí se producían. Finalmente, Baxter descontinuó la produc-ción de los tubos renales que hasta entonces producía en Carolina. Sexto, los demandantes, a través de su repre-sentación legal, aceptaron que en efecto el cierre de las ope-raciones en Carolina obedeció a una determinación de ne-gocios de la compañía para reducir costos, consolidar operaciones y hacer la compañía más competitiva. Sép-timo, todos los empleados cesanteados por Baxter, inclu-yendo los demandantes, recibieron ya una compensación voluntaria de parte del patrono que ascendió a más de ocho millones de dólares ($8,000,000); además, les retuvo su plan médico por seis meses. Cada empleado recibió como compensación un mes de sueldo, una semana por cada año de servicio más el 10% de esa suma.

Al sopesar los factores antes mencionados es precedente concluir que en efecto Baxter cerró sus operaciones en Carolina como resultado de una legítima decisión de negocios, por lo que la cesantía de los empleados que laboraban en la planta de Carolina no constituyó un despido injustificado. Somos del criterio que no se justifica la conclusión del Tribunal de que lo que ocurrió fue un traslado de operaciones en lugar de un cierre de operaciones. No podemos, por lo tanto, avalar con nuestro voto una decisión a todas luces errónea, pues es justa causa para el despido aquella vincu-lada a la ordenada marcha y normal funcionamiento de una empresa. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., ante.

Somos del criterio que la conclusión del Tribunal de que en este caso no hubo un verdadero cierre de operaciones sino meramente un traslado de las operaciones de Baxter de Carolina a Jayuya y Aibonito, no se ajusta a los hechos incontrovertidos de este caso, según se desprenden de su voluminoso expediente. Refleja, además, una incorrecta apreciación de cómo operan las fábricas de manufactura en Puerto Rico; así como también coarta el radio de acción disponible a las compañías multinacionales que operan en Puerto Rico que se vean obligadas a consolidar sus opera-ciones para poder competir en el mercado internacional. Ello, a nuestro juicio, perjudica la fuerza trabajadora puer-torriqueña a largo plazo. Con su decisión el Tribunal, en realidad, penaliza a Baxter por haber trasladado parte de las operaciones de Carolina a otras plantas en Puerto Rico.

El principal error del Tribunal y del cual fluye su con-clusión, estriba en no haber sopesado todas las medidas que tomó Baxter en relación con sus operaciones en Puerto Rico luego del análisis de costo-beneficio que ésta efectuó sobre sus operaciones a nivel mundial. Al obviar la totali-dad de los factores antes mencionados, y repito: la venta de la operación en Culebra, el cierre del almacén en Carolina, el cese de la producción de tubos renales y el traslado de parte de las operaciones de Carolina a plantas en Illinois y Carolina del Norte —además de Jayuya y Aibonito— el Tribunal no logra apurar adecuadamente el alcance de la consolidación de las operaciones de Baxter en Puerto Rico y en qué consistió el cierre de la fábrica de Carolina.

AI centrar su discusión exclusivamente en el traslado de la producción de bolsas de soluciones intravenosas y sus tubos a las plantas de Jayuya y Aibonito, la sentencia dic-tada por este Tribunal crea la errónea impresión de que esos eran los únicos productos que se manufacturaban en Carolina, y por consiguiente, que la llamada consolidación de operaciones consistió solamente en transferir dicha ope-ración a Jayuya y a Aibonito, sin más. Esto hace más viable una conclusión en el sentido de que no hubo un verda-dero cierre, sino meramente un traslado de lo que se hacía en Carolina a otros dos pueblos de la Isla, en perjuicio de los empleados que laboraban en la planta de Carolina.

Lo cierto es que la producción de bolsas de soluciones intravenosas y sus tubos, como vimos, era solamente uno de los productos que se manufacturaban en la planta de Carolina-, los otros productos se trasladaron a plantas a Estados Unidos o se descontinuó su producción, precisa-mente porque se cerraba la planta de Carolina como resul-tado de una decisión corporativa para maximizar su competitividad. De ahí la importancia de enfrentarse al cuadro completo de los eventos que conllevó el proceso de consolidación de las operaciones de Baxter en Puerto Rico para mejorar su competitividad. El no hacerlo, le impide al Tribunal justipreciar adecuadamente la decisión de nego-cios que tomó la compañía y cómo con ésta se pretendió reducir costos consolidando operaciones.

En esencia, lo que hace el Tribunal en su sentencia es penalizar a Baxter por haber optado por transferir una parte de su operación a otras plantas aquí en Puerto Rico, en vez de transferirla a Estados Unidos. Esto último pre-sumiblemente, y ateniéndonos a la lógica del Tribunal, no la hubiese expuesto a una reclamación de que la compañía violentaba Ley Núm. 80. No podemos suscribir este resultado.

Por otro lado, el Tribunal estima que para que se dé en efecto un cierre conforme lo dispuesto en la Ley Núm. 80 que pueda constituir justa causa para la cesantía de em-pleados, se requiere “que el patrono descontinúe de una forma absoluta las operaciones del negocio”. (Enfasis en original.) Sentencia de 30 de junio de 2005, pág. 21. Esta interpretación es resultado de un análisis de miras cortas, pues no tomó en cuenta en su completa dimensión las me-didas tomadas por Baxter en Puerto Rico.

Además, estimamos que de la sentencia dictada por el Tribunal no queda claro a qué se refiere la mayoría cuando indica que para que ocurra un cierre en el contexto de la Ley Núm. 80 hay que descontinuar “de una forma absoluta las operaciones del negocio”. ¿A qué operaciones de negocio se refiere el Tribunal? ¿Se refiere a las de Baxter como compañía multinacional sita en Puerto Rico que tiene ne-gocios en la Isla? O, por el contrario, ¿se refiere a la opera-ción y producción de un producto dentro de una misma fábrica operada por Baxter o cualquier compañía que se encuentre en igual situación? Si el Tribunal se refiere a lo último, ¿quiere ello decir que “el cierre” sólo ocurre si se deja de producir o descontinuar totalmente el producto en Puerto Rico? Lo resuelto en el caso de epígrafe apunta a que la respuesta del Tribunal es en la afirmativa. No pa-rece, sin embargo, que ello fuera lo que se contempló en la Ley Núm. 80.

La interpretación adoptada por la mayoría de este Tribunal tiene el efecto real de hacer del Art. 2 de la Ley Núm. 80 (29 L.P.R.A. sec. 185b), que reconoce como justa causa para el despido de un empleado el cierre total, parcial o temporero de un establecimiento, letra muerta. Esta inter-pretación, además, arroja un velo de incertidumbre sobre las medidas que puede tomar una compañía para afrontar los retos de una economía cada vez más globalizada y competitiva. En efecto, en este caso el Tribunal ha dispuesto mediante fíat judicial que no es justa causa para el cierre de un establecimiento la necesidad de consolidar operacio-nes para reducir gastos y poder mantener su competitivi-dad en una economía globalizada.

Finalmente, no podemos concluir sin expresar que es insostenible imponerle a Baxter el pago de la mesada que contempla la Ley Núm. 80 a los demandantes, sin conside-rar el pago voluntario que ya ésta efectuó cuando éstos fue-ron cesanteados. Si el pago de la mesada es la única indem-nización a que tiene derecho un empleado que ha sido despedido injustificadamente, cómo se puede justificar un pago que supondrá, realmente, una segunda mesada. A lo sumo, este Tribunal debió haber ordenado al Tribunal de Primera Instancia auscultar la naturaleza y la cuantía del pago recibido por los demandantes para determinar si pro-cede acreditarlo a la mesada que ordena la Ley Núm. 80. Así, si el monto de la mesada asciende a una cantidad igual o mayor a la ya recibida por el empleado de Baxter, la compañía no está obligada a efectuar un pago adicional. Si por el contrario,, el monto de la mesada que contempla la Ley Núm. 80 es mayor al pago recibido, sólo procederá abo-nar la diferencia. De lo contrario, la decisión del Tribunal se revela de carácter punitivo, lo que a nuestro juicio no se justifica.

Por las razones antes mencionadas, disiento de la deci-sión que ha tomado una mayoría de los miembros de este Tribunal en el caso de epígrafe, de rehusar la reconsidera-ción de su dictamen. Reconsideraría y desestimaría la de-manda instada en este caso.

— O —

Voto particular de conformidad emitido,

en etapa de recon-sideración, por el Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

En la opinión disidente del caso de epígrafe, la Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez señala que los moti-vos que la inspiraron a circular su ponencia están sosteni-dos por evidencia incontrovertible, la cual consta en autos y fue obviada por el Tribunal en su sentencia. No compar-timos su criterio. Aclaramos nuestro voto.

La Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez señala varios asuntos que supuestamente no tomó en considera-ción el Tribunal al dictar la referida sentencia. Disiente de la determinación del Tribunal de que no hubo un cierre de operaciones de la planta de Baxter en Carolina, sino un traslado de éstas a las plantas de Baxter en Jayuya y Aibonito. Señala que surge del expediente de autos que lo que se trasladó de la planta de Baxter de Carolina a otras plantas de la compañía en Puerto Rico fue sólo parte de los productos que se fabricaban y que el resto se trasladó a Estados Unidos. Si bien es cierto que surge del expediente que la operación de algunos productos se trasladó a plan-tas de Baxter en Estados Unidos y no dentro de Puerto Rico, el Tribunal de Primera Instancia, luego de apreciar toda la prueba que le fue presentada, determinó que la pro-ducción de la compañía de Carolina se trasladó casi com-pletamente a las plantas de Aibonito y Jayuya.

Tal como señalamos en la sentencia dictada, el Tribunal de Primera Instancia dictaminó correctamente que los de-mandantes sí tenían derecho, bajo las disposiciones de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. see. 185b), a ser compensados con la debida indemnización. Ese tribunal determinó, como cuestión de hecho, lo siguiente:

... los documentos y declaraciones de la propia parte deman-dada, a través de múltiples informes corporativos, memoran-dos, cartas y la deposición de Aracelis Centeno, oficial de Baxter-PR y anterior Directora de Personal de la Planta de Carolina, hacen inevitable la conclusión de que sobre los he-chos medulares en torno las actuaciones de la demandada a la luz de la Ley 80, no hay controversia. Los hechos materiales que no están en controversia establecen: (1) la unidad de ope-raciones de las distintas plantas de Baxter en Puerto Rico, particularmente entre las plantas de Carolina, Aibonito y Ja-yuya (“I.V. Systems”) y particularmente en cuanto al manejo de sus recursos humanos; (2) que la planta de Carolina era la más antigua de Baxter en Puerto Rico y que los demandantes eran, en su mayoría, los más antiguos de la empresa; (3) que la producción en la cual laboraban los demandantes no se sus-pendió, sino que se trasladó casi completamente a las plantas de Baxter en Aibonito y Jayuya; y (4) que a los demandantes, no se les ofreció traslados a sus puestos en las plantas de Baxter de Aibonito y Jayuya, sino que la empresa reclutó nuevo personal para realizar las tareas que éstos antes realizaban. (Enfasis suplido.

La prueba considerada por el foro primario y por este Foro incluye, tal y como expresó el Tribunal en su senten-cia, un boletín informativo de Baxter del 19 de octubre de 1995, mediante el cual anunció el alegado cierre de opera-ciones de la planta de Carolina. En éste se expresó, en lo pertinente, lo siguiente:

As part of the consolidation announced today, the company will transfer most of the production from its TV-solutions plant in Carolina, Puerto Rico, to another Baxter facility in Jayuya, which will be expanded to accommodate the move. About 750 employees work at the Carolina plant, which will be phased down and closed by the end of 1997 or early in 1998. (Enfasis suplido.

Al evaluar la evidencia desfilada ante sí, el Tribunal de Primera Instancia realizó sus determinaciones de hechos. Examinamos la prueba que consta en nuestro expediente, junto con las determinaciones de hechos del foro primario, y concluimos que su dictamen fue correcto. No podemos intervenir con la evaluación y las determinaciones de he-chos que de toda la prueba presentada hizo el foro primario. Es norma reiterada que le debemos deferencia a la apreciación de la evidencia que realiza el Tribunal de Primera Instancia en ausencia de pasión, prejuicio, parcia-lidad o error manifiesto en la apreciación de la prueba. Ninguna de esas circunstancias está presente, de manera que nos permita intervenir con las determinaciones de he-chos formuladas por el Tribunal de Primera Instancia. A base de ello, resolvimos que no hubo un cierre de las ope-raciones que estuvieron ubicadas en la planta de Baxter de Carolina, sino un traslado de la mayor parte de esas opera-ciones a las plantas de Jayuya y Aibonito. Por lo cual, con-cluimos que el despido de los peticionarios fue injustificado por ser los empleados de mayor antigüedad de Baxter, que realiza negocios en Puerto Rico con unidad de operaciones entre sus plantas, respecto a sus recursos humanos.

La opinión disidente de la Jueza Asociada Señora Rodrí-guez Rodríguez expresa que sorprendentemente no hici-mos referencia en la sentencia “al cierre del almacén en Sabana Gardens en Carolina y a la venta de las operacio-nes Baxter en Culebra”. Estos datos sí surgen de nuestro expediente, mas no hicimos hincapié en ellos porque enten-díamos que aunque fuesen parte de una estrategia de ne-gocios para reducir gastos, no justifican el despido de los empleados de la planta de Carolina, que eran los más an-tiguos en la empresa, ni provee dato alguno que altere la determinación que este Tribunal entendió como correcta a los efectos de que se trataba de un traslado de operaciones de la planta de Baxter de Carolina a otras dentro de Puerto Rico. Es necesario puntualizar que el Tribunal de Primera Instancia determinó, como cuestión de hecho, que existía unidad de operaciones de las distintas plantas Baxter de Puerto Rico, particularmente en cuanto al manejo de sus recursos humanos.

En la referida opinión se hace referencia a un pago vo-luntario que supuestamente Baxter entregó a todos los em-pleados cesanteados en carácter de una compensación voluntaria. Señala que debimos ordenar al Tribunal de Primera Instancia auscultar la naturaleza y cuantía de este pago para determinar si procede acreditarlo como mesada.

Respecto a la mencionada compensación voluntaria, de-bemos señalar que ésta no es una mesada sino una com-pensación que la compañía Baxter, como parte de su polí-tica interna, puede conceder. No obstante, esta compensación voluntaria concedida no releva a Baxter, como patrono, de cumplir con la indemnización que la ley exige que se conceda en casos de despidos injustificados. Esta compensación, en caso de que los peticionarios la ha-yan aceptado, no sustituye la mesada correspondiente. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción de va-rios demandantes por éstos haber otorgado con Baxter un acuerdo y relevo general. No surge de nuestro expediente que los peticionarios hayan otorgado con Baxter tal acuerdo.

       El Art. 2 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 185b(d), dispone, en lo pertinente:
      “Se entenderá por justa causa para el despido de un empleado de un estableci-miento:
      “(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del establecimiento.”

       En la sentencia dictada no se hace referencia a todos los productos que se elaboran en la fábrica de Carolina.

       Los costes de conversión se computaban tomando en consideración la canti-dad de dinero invertida en una planta frente al ingreso que se devenga de la opera-ción de esa misma planta, además de considerar los costos de personal.

       Sorprendentemente, la sentencia dictada por el Tribunal no hace referencia alguna al cierre del almacén en Carolina, la venta de las operaciones Baxter en Culebra, el traslado de la producción de varios productos a Carolina del Norte e Illinois, ni a que se descontinuó la producción de tubos renales. Esto crea la errónea impresión de que en la planta de Carolina solamente se producían los productos cuya producción se trasladó a Jayuya y Aibonito. Al obviarse esta información, la senten-cia no logra apurar adecuadamente en qué consistió el cierre de operaciones.

       Este hecho tampoco se mencionó en la sentencia.

       El hecho de que Baxter Healthcare Corporation of Puerto Rico, Inc. (Baxter) pagase la compensación antes mencionada no se consideró, pues no se mencionó en la sentencia dictada por el Tribunal.

       Apéndice, págs. 1406-1407.

       íd.

       Apéndice, pág. 274. También, véase L.E. Ruano, Baxter Expands in Jayuya, en Caribbean Business, 16 de julio de 1998, pág. 6, Apéndice, pág. 688. Este artículo, en lo pertinente, dispone: “[Eladio] Alvarez [Baxter General Manager] said[:] About 90% of production from Baxter’s recently closed plant in Carolina was relocated to Jayuya. The rest was sent to other Baxter plants throughout the island, including Aibonito.”

        Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1 (2005); Rodríguez v. Pérez, 164 D.P.R. 368 (2005).

       Apéndice, pág. 1406.

       íd., págs. 283 y 303. Baxter anuncia la aprobación de este pago a los emplea-dos cesanteados mediante varios de sus boletines oficiales. En síntesis, alegaba, res-pecto a este pago, que era voluntario, pues Baxter no estaba obligado por ley a indemnizar a sus empleados.

       Id., págs. 135 y 1458. Véanse también los acuerdos de relevo que constan en el Apéndice, págs. 72-90, 755, 762, 774 y 782.