author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    Juana Rivera Viuda de Torres, por su propio derecho y como madre con patria potestad sobre su hija Eladia Torres Rivera, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada, y Rosa Hermida, en su carácter de madre con patria potestad sobre sus menores hijos José Abraham y Nelson Hermida, recurridos.
    Núm. 175.

    Sometido: Noviembre 6, 1939.

      Resuelto: Enero 16, 1940.

      Virgilio Brunet, abogado de la recurrente; M. León Parra, abogado de la demandada; Pedro Baigés Gómez, abogado de la Sra. Her-mida, recurrida.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Juana Rivera viuda de Torres por su propio derecho y nomo madre con patria potestad sobre su bija Eladia Mon-serrate Torres Rivera interpuso este recurso de revisión contra la Comisión Industrial de Puerto Rico y Rosa Her-mida en su carácter de madre con patria potestad sobre sus menores hijos José Abraham y Nelson Hermida. Alegó, en resumen:

Que en mayo 18, 1939, la Comisión declaró beneficiarios del obrero José Abraham Torres a su viuda, la recurrente, a su hija legítima Eladia Monserrate, y a sus supuestos hijos adulterinos José Abraham y Nelson Hermida, fijando a cada uno la cuarta parte de la compensación;

Que dentro de diez días la recurrente solicitó reconsi-deración de su orden a la Comisión y ésta la negó en junio 12, 1939;

Que los hechos del caso, que no se discuten, ocurrieron como sigue:

El obrero José Abraham Torres sufrió un accidente del trabajo que le produjo la muerte en octubre 23, 1935. El patrono no informó el accidente. La reclamación fué hecha por su viuda en abril 3,1936, ante el Administrador del Pondo del Seguro del Estado que declaró beneficiarios a la dicha viuda y a la hija legítima que con ella tuvo el obrero con-cediéndoles por partes iguales una compensación de $1,386.62.

Que ni la madre de los hijos adulterinos ni éstos esta-blecieron reclamación, siendo la madre del obrero fallecido la que en junio 29, 1937, se dirigió al Administrador que denegó su solicitud, y que entonces la dicha madre reclamó ante la Comisión y ordenada por ésta una vista que se cele-bró en mayo 18, 1939, resolvió que se pagara una mitad de la compensación concedida a los hijos adulterinos.

Expuestos esos hechos, sostiene la recurrente que las resoluciones de la Comisión son contrarias a derecho,

1, porque la Comisión hizo aplicación indebida del ar-tículo 6, párrafo 9, inciso B de la Ley núm. 45 de 1935 ((1), pág. 251), toda vez que no se trataba de un desacuerdo entre el Administrador y los beneficiarios, sino de uno entre los beneficiarios declarados por el Administrador y la madre del obrero, a pesar de lo cual la Comisión sin resolver el dere-cho de la dicha madre reclamante, procedió a reconocer el de los supuestos hijos adulterinos que nada habían reclamado;

2, porque radicada la reclamación de la madre del obrero en noviembre 5, 1937, o sea más de un año después de la muerte de su hijo, su derecho había prescrito de acuerdo con el artículo 8 de la Ley núm. 102 de 1925 (pág. 905);

3, porque la Comisión aplicó indebidamente el artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Civil, toda vez que la única solicitud radicada ante ella no le dió jurisdicción sobre los repetidos hijos adulterinos, y

4, porque la facultad cuasi tutelar invocada por la Comi-sión no pudo ejercitarse para favorecer a personas que nada habían reclamado y que no tenían el status de beneficiarios ante la Comisión.

Señalado el 6 de noviembre último para la vista del recurso sólo compareció la peticionaria por su abogado, que-dando el caso sometido para sentencia.

Examinando la documentación original remitida, encontramos en ella una carta dirigida por el Administrador Auxiliar del Fondo del Seguro del Estado al Jefe de la División de Beclamaciones, fechada en agosto 19, 1937, que dice:

“En el presente caso, una de las partes afectadas, o sea doña Eulalia Martínez, madre del obrero occiso, dentro de los treinta días de notificada, nos comunica la existencia de dos hijos del obrero occiso a quienes se ha ignorado en la declaración de beneficiarios. Los da-tos aparecen unidos a su comunicación.
“Debe procederse a una investigación, a la mayor brevedad po-sible a fin de determinar estos extremos.”

También figura en esa documentación la investigación practicada y el informe del investigador. De este último parece conveniente transcribir las partes que siguen:

“Que Eulalia Martínez madre del obrero José AbRáham Torres, declara:
“Que es madre del obrero fallecido José Abraham Torres y qüe vivió en unión de éste y de su querida Rosa Hermida, hasta el falle-cimiento del mismo. Que su hijo era casado con Juana Rivera, pero que hacía tiempo que estaba separado de ella. Que durante el tiempo que su hijo José Abraham Torres vivió con Rosa Hermida, tuvo en la misma dos hijos llamados Juan Abxabam y Nelson, que ahora ten-drán la edad de seis y cinco años respectivamente; que presenció el nacimiento de estos niños y también ella sabe que José Abraham: Torres fué al registro civil a inscribir dichos niños. Que éstos re-cibían de su padre José Abraham Torres todo lo que necesitaban. Que cuando su hijo fué lesionado la mujer que le atendió en la clínica fué Rosa Hermida y era ésta la que verdaderamente actuaba como esposa del mismo.
“Que como se verá el niño Juan Abrabam Torres, nacido el 25 de enero de 1932, según certificado de nacimiento adjunto, fué ins-crito por José Abraham Torres como hijo suyo y de Juana Rivera.
• “Que de la investigación practicada se comprueba además clara-mente, tanto por la declaración de la propia Juana Rivera, como de Rosa Hermida, que éste no era Mjo de la< primera y sí de Rosa Her-mida. Que por el certificado de nacimiento que se incluye también se demuestra, que Nelson fué inscrito por Rosa Cándida Hermida Binnett, sin mencionar el padre del mismo, comprobándose con esta investigación que tanto Juan Abraham, como Nelson, son hijos de Rosa Hermida, el primero de José Abraham Torres y el segundo de padre desconocido, según certificado de nacimiento, pero según la declaración prestada en este caso, los dos son hijos de Rosa Hermida y eran mantenidos por José Abraham Torres.”

Así las cosas volvió el Administrador del Fondo del Seguro del Estado a tomar bajo su consideración el caso, y decidió:

“Con fecba 17 de junio dé 1937 fue resuelto este caso por el Ad-ministrador del Fondo del Seguro del Estado, declarando beneficia-rios del obrero occiso a su viuda, doña Juana Rivera Yda. de Torres y a su bija legítima menor de edad, Eladia Monserrate Torres Rivera.
“Con fecba julio 31 de 1937 se recibió en esta oficina una recla-mación a nombre de dos menores llamados José Abrabam Torres Rivera y Nelson Hermida, alegando que los mismos eran bijos del obrero occiso y que habían sido omitidos de la declaración de depen-dencia por esta oficina.
“Ordenada la investigación correspondiente, el Administrador llega a la conclusión de que no se ba probado de una manera satis-factoria la relación de parentesco entre los referidos menores y su alegado padre.
“Con miras a no perjudicar los derechos que puedan tener los alegados beneficiarios, dejamos en vigor por treinta días adicionales nuestra orden de fecha 19 de agosto suspendiendo los pagos en el caso.
“Tómese debida nota por la División de Contabilidad de esta Administración.
“Notifíquese a los beneficiarios y a doña Eulalia Martínez, la aquí reclamante, advirtiéndole de su derecho a entablar apelación para ante la Comisión Industrial de P. R. dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta decisión. ’ ’

La resolución fué notificada en octubre 8, 1937, y en noviembre 5 siguiente, se interpuso apelación contra ella para ante la Comisión Industrial por los menores Nelson Hermida y José Abrabam Torres asistidos de su abuela Eulalia Mar-tínez, por medio de su abogado Enrique Báez García.

En noviembre 8, 1937, la Comisión declaró no haber lugar a admitir la apelación por haber prescrito el término fijado al efecto por sus reglas. Pidieron reconsideración los ape-lantes y la Comisión acordó dar traslado al Administrador, y éste informó:

“Que en el presente caso se dictó decisión con fecha junio 17 de 1937 declarando beneficiarios del obrero occiso a su viuda doña Juana Rivera Yda. de Torres, y a su liija legítima la menor Eladia Mon-serrate Torres Rivera, la cual fué notificada a la madre del obrero occiso doña Eulalia Martínez, con fecha 13 del mismo mes.
“La Sra. Eulalia Martínez no apeló de la decisión del Adminis-trador en cuanto le perjudicaba a ella; pero nos pidió reconsideración de la misma alegando que en la declaración de beneficiarios se ha-bían preterido a dos hijos del obrero, los menores José Abraham Torres y Nelson Hermida.
“El caso fué abierto de nuevo; pero el Administrador, al consi-derar la prueba aportada, llegó a la conclusión de que no se había probado de una manera satisfactoria la relación de parentesco entre los referidos menores y su alegado padre.
“La resolución final del caso en reconsideración no se dictó hasta el 5 de octubre del presente año, y fué notificada con fecha 8 del mismo mes a doña Eulalia Martínez.
“POR TOtoo lo cual, nada tenemos que objetar a la admisión de la apelación.”

La Comisión entonces tomó jurisdicción sobre el caso y ordenó señalar una vista para que las partes tuvieran la oportunidad “de hacer sus alegaciones y aportar aquella prueba que deseen, en apoyo de las mismas.”

La resolución de la Comisión, dictada finalmente el 18 de mayo de 1939, dice, en lo pertinente:

“Al acto de la vista concurrieron las beneficiarías declaradas tales por la resolución del Administrador del Fondo del Estado, o sea' la viuda del obrero y la hija habida en el matrimonio, representadas éstas por el Ledo. V. Brunet, quien en verdad, apuró cuantas obje-ciones de carácter técnico pudieron ocurrírsele para oponerse a la re-clamación que hacían los dos menores antes nombrados. Los meno-res comparecieron asistidos por su abuela como ya dijimos, sin de-fensor legal; pero estando presénte el Ledo. Atiles Moréu, abogado del Fondo del Seguro del Estado, éste asumió la representación de ellos; en la segunda vista o sea en la de’ 15 de noviembre estuvieron ya defendidos por el Ledo. Pedro Baigés Gómez. La primera obje-ción levantada por la representación de los declarados beneficiarios por el Fondo del Estado fué, la de que teniendo estos menores su ma-dre viva, y viniendo representados por su abuela, de acuerdo con la Ley la Comisión no debía escucharles, puesto que la representación legal correspondía en derecho a la madre. La Comisión Industrial declaró sin lugar esta objeción, fundándose en que por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, la Comisión Industrial e'staba investida de un poder cuasi tutelar de los obreros lesionados y de sus beneficiarios que comparecieron a reclamar la protección de la Ley núm. 45 de 18 de abril de 1935, y que una vez que la Comisión Industrial conociera la existencia de un posible derecho a favor de un obrero o de sus beneficiarios, la Comisión Industrial asumía inme-diatamente su misión cuasi tutelar y comenzaba a ejercerla tomando bajo su égida aquella persona o personas que la reclamaban. Y tanto es así que la Ley de Accidentes del Trabajo en vigor exime a los obreros de.la necesidad de comparecer por medio de abogados ante la Comisión Industrial, indicando con ello que el Legislador confiaba el reconocimiento de los derechos reclamados al cuidado y protección de la Comisión Industrial.
“La segunda cuestión levantada por la representación de los pa-rientes legítimos del obrero occiso, fué la de que de acuerdo con el Artículo 8 de la Ley núm. 102, de 1925, habiendo transcurrido con exceso un año desde que ocurrió el accidente, a la fecha en que los menores antes nombrados reclamban ante la Comisión Industrial sus derechos de beneficiarios, había prescrito su acción. No vamos a resolver en este momento si esa Ley está o no en vigor hoy; creemos que sí lo está; pero no lo resolvemos por considerarlo innecesario con el consiguiente estudio para dictar la resolución que vamos a dictar: se trata de unos niños menores de edad, de alrededor de 6 ó 7 años de e’dad; y siendo ello así, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Civil, el tiempo que dure tal in-capacidad no se considera parte del tiempo fijado para empezar a ejercitar esta acción. Véase además lo dispuesto por nuestro Hon. Tribunal Supremo en el caso de Palou v. Aspurua, 27 D.P.R. 438. Declaramos pues sin lugar la alegación de prescripción invocada por la representación de los declarados beneficiarios por el Administrador del Fondo del Estado en contra del derecho alegado por los menores de edad los niños Nelson Iíermida y José A. Torres.
“De la prueba practicada no tenemos duda alguna de que e'stos niños nombrados Nelson Iíermida y José Abraham Torres son hijos de José A. Torres, tenidos con su concubina Rosa Hermida, con quien vivió maritalmente durante un número de años en que estuvo sepa-rado de su esposa legítima, Juana Rivera. Como dijimos, el Admi-nistrador del Fondo del Estado por su resolución de 17 de junio de 1937, concedió una compensación de $1,386.62, cantidad ésta que dis-tribuyó de por mitad entre la viuda Juana Rivera y la hija legítima habida en el matrimonio, Eladia Monserrate Torres Rivera. La Co-misión Industrial deja sin efecto esta distribución admitiendo el mon-tante de la compensación dieba pero la cual distribuye en esta forma: para la viuda Sra. Juana Rivera $346.66, para la bija legítima Ela-dia Monserrate Torres Rivera $346.65, para el menor Nelson Hermida $346.65 y para el menor José Abrabam Torres $346.66.”

Es ésta la resolución cuya revisión se pide por la viuda y la bija legítima del obrero fallecido por los motivos que ya expusimos al resumir el escrito interponiendo el recurso.

Hemos narrado con la suficiente amplitud los hechos y cir-cunstancias del caso tales como resultan de los autos, a fin de que hablen por sí mismos. Hablando dicen, a nuestro jui-cio, que atendida la naturaleza y los fines de la ley de su creación, actuó en justicia la Comisión Industrial. Es el propósito del estatuto que la compensación sustituya en cuanto sea posible la protección que el obrero que desaparece brindaba a los que de él dependían. T a que se cumpliera ese propósito tendió la Comisión al incluir en el reparto de la compensación acordada a los hijos adulterinos dependien-tes del padre fallecido.

Hemos estudiado el artículo 8 de la Ley núm. 102 de 1925 y a nuestro juicio lo que dispone no es obstáculo a la reclamación de los menores. Otorga el derecho a pedir la indemnización ante la Comisión de Indemnizaciones a Obreros que entonces funcionaba y dispone “que, si transcurrido un año, a partir de la fecha del accidente o muerte del obrero, no se presentare dicha solicitud, el derecho del obrero o de sus herederos, queda prescrito.”

Y aquí la reclamación fué presentada en tiempo por la viuda y la hija legítima. De hecho se cumplió con la ley. Se reclamó y se acordó la compensación. Y dentro del pro-cedimiento así tramitado, cuando no se había terminado aún de pagar la compensación, fué que comparecieron los menores a pedir la parte que de acuerdo con la letra y el espíritu de la ley les correspondía. Bajo esas circunstancias no puede sostenerse que su derecho hubiera prescrito a virtud de la indicada disposición legal.

Siendo ello así, no es necesario resolver la otra cuestión que se levanta o sea la de si en un procedimiento de esta naturaleza es o no aplicable lo que para el ejercicio de las acciones prescribe el artículo 40 del Código de Enjuicia-miento Civil.

No ha lugar a la revisión solicitada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asooiado Señor HutchisoN

license: Public Domain

text:
    Ramón Morales Rodríguez, peticionario, v. Corte de Distrito de Arecibo, Hon. R. Agraít Aldea, Juez, demandada.
    Núm. 331.

    Sometido: Enero 8, 1940.

      Resuelto: Enero 16, 1940.

      E. Martínez Aviles, abogado del peticionario; el Juez demandado com-pareció por escrito.
   El Juez Asooiado Señor HutchisoN

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Morales Rodríguez solicitó, a tenor del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal el archivo y sobre-seimiento del proceso por no habérsele sometido a juicio den-tro del término de 120 días contado a partir de la fecha en que se le presentó la acusación por el delito de homicidio voluntario. El juez de distrito declaró sin lugar la moción y Morales obtuvo un auto alternativo de mandamus.

La acusación fué radicada a fines del 1936. El caso fué señalado para juicio en mayo o agosto, 1937, y el acusado solicitó la posposición del mismo. No se desprende la fecha en que el caso fué señalado para juicio ni la de la moción del acusado. Sin embargo, de la moción aparece que la Asam-blea Legislativa se hallaba en sesión.

En abril 30,1936, el acusado solicitó la posposición de otro caso en que se le imputaba el delito de portar armas. En esta moción renunciaba expresamente su derecho a un juicio rápido. Basó su solicitud de posposición en los siguientes motivos:

“El juicio había sido señalado para el 7 de mayo. El caso de homicidio no se había señalado aún. La prueba era la misma en ambos .casos. El acusado sometería el caso de portar armas por la prueba del de homicidio voluntario.”

El 18 de septiembre, 1939, fué señalado para la lectura del Calendario y para hacer el señalamiento de causas crimi-nales. Aunque el acusado fué debidamente notificado no com-pareció el 18 de septiembre ni solicitó que su caso fuera señalado para juicio. No obstante, el caso fué señalado para el 3 de octubre. El acusado fué debidamente notificado.

El peticionario solicitó en 26 de septiembre el sobresei-miento y archivo de la causa. La vista de su moción fué seña-' lada para el 29 del mismo mes. Pidió entonces la posposi-ción de esta vista. La moción fué oída y declarada sin lugar el 2 de octubre.

El acusado solicitó entonces la posposición del juicio fun-dado en que uno de sus letrados, que anteriormente le había representado en un caso de portar armas, tenía que com-parecer el siguiente día en un caso civil en San Juan. Esta moción fué declarada con lugar a condición de que el acusado la hiciera por escrito y renunciara a cualquier derecho de prescripción. Se allanó a esto. Empero, en su moción escrita se reservó el derecho a presentar ante este tribunal la cues-tión envuelta en su moción de archivo y sobreseimiento.

Al conceder la segunda moción en que el acusado solicitaba la posposición del juicio, la corte lo señaló de nuevo para el 31 de octubre. A pesar de este nuevo señalamiento del caso, del cual el acusado fue notificado debidamente, el peticiona-rio no acudió en solicitud de un auto de mcmdaonus inmedia-tamente sino que esperó hasta el 25 de octubre. El auto alternativo fue librado el 27 del mismo mes y recibido por el juez de distrito el 31 de octubre, día señalado para el juicio.

El artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal impone al juez de distrito el deber de sobreseer una causa “cuando un acusado, cuyo juicio no haya sido transferido a petición suya, no sea sometido a juicio en el término de 120 días, a contar desde la presentación de la acusación.” En tales casos, “a menos que exista justa causa en contrario,” el juez no tiene discreción. Cuando, como sucede en el presente caso, el juicio se ha pospuesto a petición del acusado, la cuestión de sobreseimiento por demoras posteriores es una que cae dentro de la discreción de la corte inferior. El debido ejercicio de esa discreción no será regulado por mandamus.

Al radicar una sola moción solicitando la posposición del juicio el acusado no renuncia todo derecho a ser juzgado más tarde dentro de un término razonable. Pueblo v. Cepeda, 31 D.P.B. 489. El transcurso de dos años sin señalar el caso nuevamente es una cuestión seria. Si al momento de radicar su primera moción de suspensión, o posteriormente, el acusado hubiera demostrado el deseo o la disposición de que su caso fuera visto, cualquier demora posterior, por un período de tiempo irrazonable, en ausencia de prueba satisfactoria por parte del Pueblo, hubiera exigido el archivo y sobreseimiento de la causa.

Sin embargo, no siempre un acusado interesa un juicio rápido. Un caso fuerte en favor del Pueblo, a veces se debi-lita algo y una condena se hace más difícil, con el transcurso del tiempo. Un acusado que no La estado debidamente repre-sentado por letrados idóneos tiene derecho a más considera-ción que uno que lo ha estado desde el principio por dos abogados competentes. Si él hubiera estado dispuesto o hubiera deseado que su caso fuera juzgado, nada había que le impidiera revelar el estado de su mente, bien al momento de radicar su primera solicitud de suspensión o en cualquier tiempo posterior, conforme lo hizo el acusado en el caso de Pueblo v. Olmeda, ante pág. 872.

Tomando todo en consideración, no hallamos abuso de dis-creción por parte del juez de distrito. Véase Garcés v. Corte de Distrito, 55 D.P.R. 336.

No ha lugar a-expedir el auto .perentorio solicitado.


author: El Juez Asociado Señob Tbavieso

text:
    Ramón Viana, demandante y apelado, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico ; Leslie MacLeod, Auditor de Puerto Rico y La Comisión Industrial de Puerto Rico integrada por MaNuel León Parra, Francisco Paz Granela y Juan M. Herrero, demandados y apelantes.
    Núm. 8112.

    Sometido: Diciembre 21, 1939.

      Resuelto: Enero 16, 1940.

      Hon. Procurador General Interina E. Campos del Toro y M. Rodrí-guez Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados de los ape-lantes; Arturo O’Neill, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Tbavieso

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso de apelación ba sido interpuesto contra una sentencia de la Corte de Distrito de San Juan declarando con lugar una demanda de mandamus y ordenando en su conse-cuencia a los demandados, Comisión Industrial de Puerto Eico, Leslie A. MacLeod y Rafael Sancho Bonet, los dos últi-mos como Auditor y Tesorero de Puerto Rico, respectiva-mente, que procedan a pagar al demandante Ramón Yiana la cantidad que se le esté adeudando a la fecha en que sean requeridos para el cumplimiento del auto por concepto de una indemnización de $608 que por resolución de la Comisión Industrial se le concediera en 24cde agosto de 1933, con costas a cargo de los demandados.

El caso quedó sometido por estipulación de las partes y previo el consentimiento de esta corte, el día fijado para la vista de una moción de desestimación radicada por el deman-dante apelado, que debe declararse sin lugar antes de pro-ceder a resolver el caso en su fondo.

Alega el demandante en síntesis que en 24 de agosto de 1933 la Comisión Industrial de Puerto Rico le concedió una indemnización de $608, de la cual le han sido entregadas ciertas cantidades como anticipos; que con fecha 15 de mayo de 1937 la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó una asignación de $800,000 o la parte de ella que fuere necesaria para el pago de indemnizaciones a obreros lesionados, de cuya asignación está disponible todavía la cantidad de $740,000, según información obtenida por el demandante; que el Auditor demandado todavía no ha llevado a sus libros ni ha puesto a disposición de la Comisión Industrial cantidad alguna de los restantes $740,000 a los fines de que las indemnizaciones adeudadas sean satisfechas. Por último, que habiendo sido infructuosas sus gestiones de cobro se ve precisado a recurrir al presente recurso de mmdamus.

Los demandados contestaron aceptando que en 24 de agosto de 1933 la Comisión Industrial concedió al deman-dante la cantidad de $608.00 por concepto de indemnización a base de un accidente del trabajo. Aceptan asimismo la asignación de $800,000 becba por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en 15 de mayo de 1937, pero niegan que la ver-dadera cantidad disponible en la actualidad sea la de $740,000, y por el contrario alegan que sólo asciende a $525,000. Ale-gan también que el Auditor ba puesto a disposición de la Comisión Industrial $100,000 a los fines de que las indemni-zaciones adeudadas sean satisfechas y además que las ges-tiones del demandante ban sido tomadas en consideración estando su reclamación en turno para ser satisfecha tan pronto lo sean otras correspondientes a casos definitivamente resueltos con anterioridad al del demandante. • Alegan los demandados que han procedido a preparar un turno para el pago de las indemnizaciones concedidas por la Comisión Industrial debido a que el dinero asignado y el dinero dis-ponible no es suficiente para atenderlas todas.

Los demandados alegan que la corte de distrito erró:

“1. Al estimar que dentro del estado actual de las distintas leyes aplicables a los hechos de este caso, el procedimiento de pago adop-tado por los demandados no constituye excusa legal que impida al demandante exigir el pago total de su indemnización mediante el pre-sente recurso de mandamus.
“2. Al declarar con lugar la demanda y ordenar al secretario de la corte que una vez que sea firme la sentencia, expida un auto pe-rentorio de mandamtis dirigido a los demandados, requiriéndoles para que al recibo de’l auto procedan en el desempeño de sus respectivas funciones legales a pagar al demandante la suma que se le esté adeu-dando a la fecha en que sean requeridos para el cumplimiento del auto, por concepto de la indemnización de $608 que le concediera la Comisión Industrial el 24 de agosto de 1933.
“3. Al imponer las costas a los demandados.”

El segundo error señalado es una consecuencia del pri-mero, por lo que basta con que resolvamos el primero para decidir el caso.

En Torres v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 111, 115, este tribunal dijo:

“La cuestión sobre si la ley que acabamos de transcribir concede o no facultades específicas a la Comisión Industrial para que ésta pueda a su discreción distribuir a pro rata entre todos los reclamantes las asignaciones parciales llevadas a los libros del Auditor, no está realmente envuelta en el presente procedimiento. Nos inclinamos, sin embargo, a convenir con la corte inferior, sin resolverlo, en que los deberes que sé asignan a la Comisión son puramente ministeriales. De acuerdo con lo dispuesto en la sección 2, supra, tan pronto como el Auditor de Puerto Rico baya llevado a sus libros alguna suma destinada a o utilizable ‘para el pago de las indemnizaciones adeuda-das a obreros lesionados o beneficiarios o herederos en el caso de fa-llecimiento de aquéllos, desde Io. de septiembre, 1925, hasta junio 30, 1935,’ según lo prescrito en la sección 1, supra, será deber de la Comisión certificar el pago de cualesquiera de dichas reclamaciones y extender los comprobantes que fueren necesarios para ser sometidos al Auditor de Puerto Rico para su saldo. Véanse: Berríos v. Corte, 42 D.P.R. 160, y López de la Rosa v. Domenech, 47 D.P.R. 226.
“•Por las razones que acabamos de exponer deben desestimarse igualmente el tercer y cuarto señalamientos de error.
“La Comisión no ha presentado razón o excusa legal alguna para justificar su negativa a certificar el pago de una reclamación ya con-cedida y liquidada. Y como se trata de un deber ministerial, la corte inferior no erró al decretar el auto solicitado.”

T la sección 2 de la Ley núm. 139 de 15 de mayo de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 311), lee así:

“Sección 2. — El Negociado de Liquidación de la Comisión Industrial, una vez hechas las asignaciones y haberse llevado a los libros del Auditor de Puerto Rico, parcial o totalmente, certificará los pagos correspondientes por las indemnizaciones expresadas en la sección 1 de esta Ley, y extenderá los comprobantes correspondientes, que serán sometidos, de acuerdo con la ley, al Auditor de Puerto Rico para su saldo.” (Bastardillas nuestras.)

Aceptado por la parte demandada que el Auditor ba puesto a disposición de la Comisión Industrial $100,000 a los fines de que las indemnizaciones adeudadas sean satisfechas, y habiendo resuelto esta Corte Suprema que una vez hechas las asignaciones y llevadas a los libros del Auditor de Puerto Kico la Comisión Industrial tiene el deber ministerial de certificar los pagos y de extender los comprobantes corres-pondientes, resulta claro de la última parte de la sección 2 de la ley de 1937, snpra, qne es deber del Auditor saldar la •cantidad que acrediten los comprobantes correspondientes que le fueren sometidos.

Alegan los demandados en su alegato que es más justa y equitativa la distribución parcial de los $100,000 en calidad de anticipos entre todos los que tienen derecho a indemnización, que no el saldo de la indemnización de unos pocos. Quizá sea así, pero a falta de preceptos en la ley que autoricen a los demandados para ello, ni la Comisión Industrial, ni el Auditor, ni el Tesorero, ni los tribunales de justicia pueden posponer o fraccionar el pago de una indemnización ■concedida por la Comisión Industrial y contra la cual no hubiere pendiente recurso alguno de revisión. La injusticia, si alguna resultare, puede ser corregida solamente por la Asamblea Legislativa.

Por las razones expuestas debe confirmarse la sentencia recurrida y en su consecuencia ordenarse a los demandados que paguen al demandante el balance de los $608 que se le esté adeudando a la fecha en que los demandados sean reque-ridos de pago. Todo ello sin especial condenación en costas.

EN MOCION DE BECONSIDEUACION

Eebrero 6, 1940

Los demandados solicitan la reconsideración de la senten-cia que dictamos en el caso de autos el día 16 de enero de 1940.

En la opinión que sirve de base a dicha sentencia dijimos lo siguiente:

“Alegan los demandados en su alegato que es más justa y equita-tiva la distribución parcial de los $100,000 en calidad de anticipos entre todos los que tienen derecho a indemnización, que no el saldo de la indemnización de unos pocos. Quizás sea así, pero a falta de preceptos en la ley que' autoricen a los demandados para ello, ni la Comisión Industrial, ni el Auditor, ni el Tesorero, ni los tribunales de justicia pueden posponer o fraccionar el pago de una indemniza-ción concedida por la Comisión Industrial y contra la cual no hubiere pendiente recurso alguno de revisión. La injusticia, si alguna re-sultare, puede ser corregida solamente por la Asamblea Legislativa.”

Sostienen los demandados que en ninguna parte de su ale-gato ni en ninguna de sus alegaciones ante las cortes que han entendido en este caso han expuesto su criterio en el sentido de que sea más justa o equitativa la distribución par-cial de los $100,000 en calidad de anticipos entre todos los que tienen derecho a indemnización, y que tampoco han atacado la bondad del saldo de la indemnización correspondiente a unos pocos; que por el contrario, su alegación fué la de que no siendo suficiente el dinero disponible para atender al pago de todas las indemnizaciones ordenadas por la Comisión Industrial, procedieron a preparar un turno mediante el cual van disponiendo de los fondos para pagar los casos en su orden relativo al tiempo en que son definitivamente resueltos, siendo la situación la de que aún no ha llegado el turno al caso del demandante.

Tienen razón los demandados en cuanto a que ni en sus alegaciones ni en su alegato se han expresado en la forma que dijimos en nuestra, opinión y también en cuanto a que .el verdadero issue fué su facultad para posponer y no para prorratear el importe de las indemnizaciones concedidas por la Comisión Industrial. Ello, sin embargo, no altera la reso-lución final del caso. En el mismo párrafo transcrito antes dijimos claramente que . . ni la Comisión Industrial, ni el Auditor, ni el Tesorero, ni los tribunales de justicia pueden posponer ... el pago de una indemnización concedida por la Comisión Industrial y contra la cual no hubiere pendiente recurso alguno de revisión.” Según hemos interpretado la ley, si existen fondos suficientes en poder de los demanda-dos, es un deber ministerial de éstos satisfacer totalmente y cuando sean requeridos para ello el importe de las indem-nizaciones concedidas por la Comisión Industrial. Y como el anto de mcmda/nms procede para obligar al cumplimiento de deberes ministeriales, sea justa o injusta la prelación esta-blecida por los demandados, nos sentimos obligados a con-firmar la sentencia dictada por la corte de distrito. Por lo tcmto, debe declararse sin lugar la moción de reconsideración.


author: El Juez Asociado Señor TRavieso

text:
    Juan José Gerardino, demandante y apelante, v. El Pueblo de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7602.

    Sometido: Abril 19, 1939.

    Resuelto: Enero 16, 1940.

      Fernando Zapater, abogado del apelante; Hon. Procurador General Benigno Fernández García j II. García Cinirón,, Subprocurador Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor TRavieso

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en este caso de la reivindicación de un solar de 1,965 metros cuadrados, radicado en el Barrio Segundo de la ciudad de Ponce, Puerto Rico. Alega el demandante que él adquirió esa finca en 28 de abril de 1928 por compra a doña Elisa Vidal viuda de Salinas. En la demanda se alega una cadena de títulos inscritos, así: En diciembre 27, 1877, Trinidad Beltrán vendió a Eugenio Chardón y en 26 de marzo de 1895, los herederos de Chardón vendieron a Luis Román Beltrán, una finca de tres cuerdas, o sea 11,791 metros cua-drados; en 16 de noviembre de 1895 Luis Román Beltrán segregó y vendió a Filomena Pacheco el solar en cuestión; en septiembre 10, 1897, Filomena Pacheco lo vendió a Ulises. García Fraberi; éste lo trasmitió en 9 de marzo de 1900 a Eusebio Salinas; en 9 de septiembre de 1902 Salinas lo ven-dió a Gerónimo Anguera y esposa; y éstos, en abril 27 de 1903 lo traspasaron a doña Elisa Vidal, de quien el deman-dante dice haberlo adquirido.

Alegó además el demandante que de la finca de tres cuer-das que los herederos de Chardón vendieron a Beltrán, se hicieron cuatro segregaciones por un total de 6,009.64 metros cuadrados, siendo una de ellas la del solar de 1,965 m. c. reclamado por el demandante. Y que después de dichas segregaciones la finca principal quedó reducida a 5,698 metros 167 milímetros cuadrados.

Continuó alegando el demandante que El Pueblo de Puerto Rico es dueño de un solar de 2,965.769 metros cua-drados, que adquirió por título de herencia intestada de Francisco Dávila Rey, cuyo solar procede del remanente de 5, 698.167 metros cuadrados a que quedó reducida la finca que originalmente perteneció a Luis Román Beltrán después de hechas las segregaciones anteriormente relacionadas; que el demandado pretende perteñecerle en dominio el solar propie-dad del demandante; que el título de éste es anterior en fecha e inscripción al del Pueblo de Puerto Rico y al de sus ante-cesores en título; que el título del demandado no corres-ponde al solar descrito en la demanda; y que amparándose en ese título el demandado ha tomado posesión del inmueble, con perjuicio de su único y exclusivo dueño, el demandante.

En su contestación alegó el demandado que es dueño del solar en cuestión por haberlo adquirido a título de herencia, por sentencia de la Corte de Distrito de Ponce dictada en julio 6, 1921, por la cual se declaró al Pueblo de Puerto Rico único y universal heredero ah intestato de Francisco Dávila Rey y que por virtud de dicha sentencia el demandado ins-cribió a su nombre la finca urbana que corresponde a la que describe el demandante en su demanda; y negó que el deman-dado hubiese adquirido el solar que describe en su demanda por compra a Elisa Vidal Vda. de Salinas, alegando en con-trario que la finca que dicho demandante adquirió en abril 28, 1928, por compra a dicha señora, no corresponde ni por sus linderos ni por su área superficial a la finca urbana que el demandante reclama. Alegó además el demandado que la segregación y venta efectuada por Luis Román Beltrán a favor de Filomena Pacheco, de quien el demandante deriva su título, no se refiere a la finca de que es dueño y poseedor El Pueblo de Puerto Rico y sí a otra parcela que el deman-dante adquirió de la señora Vidal Vda. de Salinas; y niega que el alegado título del demandante sea anterior en fecha e inscripción al título que osteuta el demandado.

Fue el pleito a juicio y en febrero 24 de 1936 la Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia desestimando la demanda. Los fundamentos de dicha sentencia pueden resumirse así: (a) el demandante no probó durante el juicio el dominio e identidad de la finca reclamada; (b) la evidencia testifical ofrecida por el demandante para identificar la finca' recla-mada fué contradicha por testigos del demandado “que han demostrado estar en mejores condiciones que los del deman-dante para conocer los hechos sobre los cuales declararon,” lo que obligó a la corte a resolver el conflicto de evidencia a favor del demandado; y (c) de la prueba documental resul-tan notables discrepancias entre la descripción que de la finca se hace en el alegado título del demandante y la descripción que aparece de las constancias del registro.

El demandante ha interpuesto el presente recurso, en el que asigna como único error de la corte inferior el de haber resuelto que el demandante no había probado la iden-tidad de la finca. Para resolver el alegado error nos hemos visto obligados a hacer un detenido estudio tanto de la prueba documental como de la testifical ofrecida por el deman-dante para identificar la finca.

Del certificado expedido por el Begistrador de Ponce (.Exhibit “B” del demandante) en la primera inscripción de la finca núm. 3850, que reclama el demandante, se hizo constar la siguiente descripción:

“URBANA: Terreno radicado en el barrio Segundo de esta Ciudad, a continuación de la Galle de la MoUna, a la qué da su frente por el Sur, compuesto de media cuerda equivalente a diecinueve áreas, se-senta y cinco centiáreas, etc.” (Bastardillas nuestras.) •

La descripción que antecede fué sostenida como buena y correcta al verificarse los varios traspasos relacionados en las inscripciones Segunda a Octava, inclusive.

En la escritura núm. 26, otorgada ante el notario Erasto J. Arjona Siaca en abril 28, 1928, y admitida como Exhibit “A” del demandante, la misma finca núm. 3850, vendida por doña Elisa Vidal Viuda de Salinas, al demandante Gerardino, se describe de acuerdo con lo que aparece de la inscripción Primera, supra, pero inmediatamente se enmienda dicha descripción en la forma siguiente:

‘ ‘ Segundo : Que la exacta y real descripción de dicha finca en la actualidad y corrigiendo ciertos errores en sus colindancías es la si-guiente :
“URBANA: Trozo de terreno radicado en el Barrio Segundo de esta Ciudad de Ponce, a continuación de la prolongación Norte de la Calle de la Molina, por donde da hoy su frente al Este, compuesto de etc.” (Bastardillas nuestras.)

Al inscribir dicha escritura núm. 26 (Inscripción 9a.) el registrador hizo constar que “Se hace esta nueva descrip-ción tomada del documento presentado, por no ser de un todo conforme con lo que resulta del registro.” El demandante no ha presentado evidencia alguna para explicar o justificar el cambio hecho en los linderos de la finca. El demandado presentó en evidencia dos cartas (Exhibits 6 y 7 del deman-dado) escritas respectivamente en febrero 16 y marzo 1, 1928, por Gerardino al Comisionado del Interior de Puerto Pico. En la primera, el demandante pide se le informe “ sobre si el Gobierno vendía los terrenos que fueron propie-dad del Sr. Dávila, quien murió y no tenía herederos, y de cuyos terrenos ha entrado El Pueblo de Puerto Pico en pose-sión hace doce o quince años; ” y continúa diciendo que está interesado en comprar dicha parcela y pagarla de contado y ruega se le informe sobre el precio. En la segunda, el deman-dante ruega se le informe quién es que está autorizado para vender los terrenos que fueron de Dávila y la fecha en que se llevará a efecto nuevamente el remate del arrendamiento de dichos terrenos. Poco menos de dos meses después de escritas dichas cartas, se otorgó la escritura núm. 26 de abril 28, 1928, en la que sin hacer constar razón alguna para ello se cambian los linderos originales de la finca del deman-dante para hacerlos corresponder a los linderos de la finca del demandado. Los cambios verificados aparecen más cla-ramente así:

LINDEROS ORIGINALES:
Norte: Terrenos del Municipio.
Sur: Calle la Molina.
Este: Ramón Beltrán.
Oeste: Gregoria Orza.
LiNdebos Corregidos:
Norte: Terrenos del Municipio — (32.48 metros).
Sur: Luis Román Be'ltrán, boy Josefa Correa Acosta — (32.48
metros).
Este: Calle de la Molina — (70.50 metros).
Oeste: Narciso Manescau, boy Sucesión Elias Godreau — (70.50 metros).
LINDEROS FINCA DEL DíEMANlDADO :
Norte: Terrenos del Municipio — (42.24 metros).
Sur: Esteban Pérez, Juana Baliñas, Pedro Cbardón y Esta-nislao Peña — (41.378 metros).
Este: Calle de la Molina — (74.505 metros).
Oeste: Narciso Mane'scau Navas, boy Arturo Godreau — -(74.523 metros).

Después del examen de la prueba testifical ofrecida por el demandante, convenimos con la corte inferior en que dicha prueba es a todas luces insuficiente para sostener que la finca que describe y reclama el demandante está comprendida den-tro de la finca de mayor cabida que posee el demandado, cuya descripción y linderos corresponden con las constancias del Eegistro. (Exhibit 2 del demandado.) Para que la reivin-dicación pueda prosperar el demandante debe presentar un título superior al del demandado e identificar claramente la finca que reclama. El Pueblo de Puerto Rico v. Rojas, 53 D.P.R. 121. Y habiendo la corte sentenciadora resuelto el conflicto que resulta de la evidencia testifical a favor de la parte demandada y siendo la prueba aducida por ésta, a nuestro juicio, suficiente para sostener las alegaciones de su contestación, procede la confirmación de la sentencia recu-rrida.


author: El Juez Asociado Señoe Tbavieso

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial, compuesta por los Sres. M. León Parra, Presidente y F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, demandada, y Carmen y Casimira Matos, peticionarias ante la Comisión Industrial.
    Núm. 178.

    Sometido: Diciembre 18, 1939.

    Resuelto: Enero 16, 1940.

      Hon. Procurador General Interino E. Campos del Toro j E. De Al-érey, Procurador General Auxiliar, j Víctor J. Vidal González y Guillermo Atiles Moréu, Asesores Legales los últimos del Fondo del Estado, abogados del recurrente; M. Leó^n Parra, abogado de la demandada; Virgilio Brunet j Miguel A. Casiano, abogados de las peticionarias ante la Comisión.
   El Juez Asociado Señoe Tbavieso

emitió' la opinión del tribunal.

El obrero Juan Matos trabajaba abriendo brechas en las zanjas de riego de una colonia de cañas de la empresa Luce & Company. Su cadáver fué encontrado dentro de una de esas zanjas, atribuyéndose su muerte a asfixia por sumersión al caer dentro de la zanja, en el curso de un ataque epilép-tico. La Comisión Industrial resolvió que el citado obrero había sufrido un accidente en el curso del empleo y como consecuencia del mismo. El Administrador del Fondo del Seguro del Estado interpuso el presente recurso, alegando, en oposición a lo resuelto por la Comisión Industrial, “que el accidente en que perdió la vida el obrero no provino de un acto o función inherente a su trabajo, ni ocurrió como consecuencia del mismo, sino que, por el contrario, fué el resultado lógico de su predisposición epiléptica, sin que hubiera nada en el empleo que indujera el ataque epiléptico o pudiera ser causa del mismo.”

La cuestión legal que nos presenta este caso es nueva en esta jurisdicción, mas no así en las jurisdicciones inglesa y de los diversos estados de la Unión Americana, ante las cuales se ha presentado en los numerosos casos citados en los alegatos de las partes aquí contendientes.

En el caso de Georgetown College v. Stone, 61 A. D. C. 200, 59 F. (2d) 875, el obrero sufrió un ataque epiléptico mientras estaba usando una manguera de agua caliente en el curso de su empleo y murió a consecuencia de las que-maduras que le produjo el agua caliente. Se concedió la indemnización solicitada porque “las lesiones en este caso fueron causadas por las quemaduras producidas por la ins-trumentalidad del patrono y no por la epilepsia.” Igual resolución fué dictada en Rockford Hotel Co. v. Industrial Commission, 132 N. E, 759, 300 Ill. 87, 19 L.R.A. 80, en que el empleado sufrió un ataque epiléptico y cayó en un depósito de cenizas; en Industrial Commission of Ohio v. Nelson, 186 N. E. 735, 127 Oblo St. 41, en cuyo caso el empleado atacado de epilepsia sufrió una conmoción cerebral al caer contra la máquina en la cual trabajaba; y en Baltimore Dry Docks & Ship Building Co. v. Webster, 139 Md. 616, 116 A. 842, en el que se resolvió que la muerte de un carpintero empleado en la construcción de un barco fué el resultado de un accidente en el curso y como consecuencia del empleo, cuando al bajarse el empleado para recoger sus herramientas de la cubierta del barco sufrió un ataque epiléptico que le hizo caer de espal-das por sobre la popa, fracturándose el cráneo. En este último caso, la corte se expresó así:

“De acuerdo con las autoridades, creo que el caso es claro; un ac-cidente no deja de serlo porque la causa remota del mismo sea una condición icliopática del hombre lesionado. Debemos separar esa con-dición idiopática de los demás hechos y recordar que él estaba obli-gado a correr el riesgo por la naturaleza misma del empleo, y que la caída peligrosa fué motivada por las condiciones de ese empleo.”

Véanse también: Miller v. Beil, 75 Ind. App. 13, 129 N. E. 493; Vulcan Detinning Co. v. Industrial Commission, 295 Ill. 141, 128 N. E. 917; y Carroll v. What Cheer Stables Co., 38 R. I. 421, L.R.A. 1916 D. 154.

La teoría en que se basan las decisiones que hemos citado es que el ataque epiléptico no hubiera causado las lesiones o la muerte, a no ser por el hecho de que el trabajo que el obrero tenía que realizar le obligaba a estar, en aquel mo-mento, en el sitio específico en que recibió las lesiones. Si aplicamos esa teoría a Jos hechos y circunstancias concurren-tes en el caso de autos, tenemos que llegar a la conclusión de que el obrero Juan Matos no hubiese perdido su vida a no ser por el hecho de que el trabajo que tenía que realizar para su patrono le obligaba a estar cerca o dentro de zanjas de riego, de una profundidad de dos o tres pies, llenas de agua en cantidad suficiente para que una persona que cayera en ellas pudiese perecer ahogada. Cuando la Industria expone al obrero a un riesgo al cual no hubiera estado expuesto bajo las circunstancias de su vida ordinaria, ella debe responder en el caso de muerte o lesiones sufridas en el curso del empleo y como consecuencia de un riesgo inherente al mismo.

El espíritu de la “Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo” (Ley núm, 45 de abril 18, 1935) es hacer com-pensables las lesiones o muertes de obreros como consecuen-cia de accidentes que provengan de cualquier acto o función inherente a su trabajo o empleo y que ocurran en el curso de éste. Las excepciones a dicha regla, enumeradas en la sección 4 de la citada ley, son (a) cuando el obrero se cau-sare voluntariamente la lesión; (6) cuando el obrero estuviere embriagado y la embriaguez fuere la causa del accidente; (c) cuando la lesión ha sido causada por el acto criminal de una tercera persona; y (d) cuando la imprudencia temeraria del obrero ha sido la única causa de la lesión. La especifi-cación de los casos en que, por excepción, no puede recobrarse indemnización por un accidente ocurrido en el curso del empleo y como consecuencia del mismo, excluye todas las demás causas que pudieran alegarse en oposición a una recla-mación. Iuclusio umus est exclnsio alternos. Bonilla v. Mitchell, 51 D.P.R. 126. Si la caída del obrero Juan Matos hubiese sido motivada por su propia negligencia, seguramente el Fondo del Seguro del Estado no hubiera podido interponer la defensa de negligencia contribuyente en oposición a la reclamación. No vemos razón alguna que nos obligue a esta-blecer una diferencia entre la negligencia contribuyente y la condición idiopática del obrero, como cansas determinantes de un accidente, cuando ni una ni otra aparecen incluidas entre las circunstancias que de acuerdo con la sección 4 de la ley (supra) impiden la concesión de una compensación.

Los casos de Mausert v. Albany Builders’ Supply Co., 164 N. E. 729, 250 N. Y. 21; Andrews v. L. & S. Amusement Corporation, 170 N. E. (N.Y.) 506-507; y Barath v. Arnold Paint Company, 238 N. Y. 625, 144 N. E. 918, citados por el recu-rrente, no sostienen, a nuestro juicio, su contención de que un accidente ocurrido bajo las circunstancias del caso de autos no es compensable. En Andrews v. L. & S. Amusement Corporation, supra, la corte se expresó así:

“El patrono sé dedicaba a la explotación de un teatro. En ese día Leslie Andrews fué empleado para pintar la marquesina. Le pidió a un tal Van Mersereau, compañero de trabajo, un cubo de agua, y ambos anduvieron hacia la pluma a lo largo de un pasillo en la esquina del edificio. Mersereau llevaba el cubo. Mientras marchaban así, Andrews sufrió un ataque. Mersereau lo describe diciendo que vió sus ojos dando vueltas y la espuma blanca que salía de su boca. Andrews cayó, dando con sü cabeza sobre la acera de concreto. La Comisión Industrial declaró que era un hecho que Andrews, 'sufrió un ataque epiléptico que le hizo caer, y al caer, su ca-beza dió contra la acera de cemento, sufriendo una fractura del crá-neo, de la que falleció el mismo día;’ La Comisión dictó una resolu-ción declarando que la muerte resultó de lesiones accidentales prove-nientes de y en el curso del empleo. La División de Apelación ha confirmado el fallo por una corte dividida, por la autoridad de Mausert v. Albany Builders’ Supply Co., 250 N. Y. 21, 164 N. E. 729. Existe una distinción entre ese caso y el presente.

“Mausert, que era conductor de un carro de caballos, se cayó de su asiento en el truck al pavimento, pasándole las ruedas por encima de su cuerpo, lo que le causó la muerte. Él estaba en el curso de su empleo, y nosotros sostuvimos que su muerte ocurrió como con-secuencia de-su empleo. El riesgo de caerse desde el asiento de un truck y ser lesionado era un incidente y un riesgo de su empleo. Cada día que él conducía el truck corría el riesgo o peligro de caerse, por descuido o por quedarse dormido, y de ser lesionado por los caballos, por otro vehículo o por el suyo propio. A este riesgo, dijimos en la opinión, no estaría expuesto mientras estuviese sentado en una silla en su casa, o sobre la tierra, o aún mientras anduviese por las calles. Fué como conductor de un carro que incurrió en esos riesgos. Barath v. Arnold Paint Co., 238 N. Y. 625, 144 N. E. 918, citado en la opi-nión en el caso de Mausert, fué otro caso de lesión resultante de un ataque apoplético, con caída de’sde un andamio', que causó una frac-tura del cráneo. La conclusión en ese caso fué que el riesgo o peli-gro era uno resultante del empleo porque la pérdida del control por razón de la apoplegía, mientras se está en un andamio, resultaría en una seria caída. El lugar en que se realizaba■ el trabajo aumentó el riesgo y el peligro• de tal padecimiento.
“Ninguno de esos riesgos o peligros adicionales aparecen en los 'Lechos de este caso. Andrews estaba sobre la acera; no había comen-zado a pintar; iba andando con su compañero a buscar un cubo de agua. El ataque epiléptico le hizo caer sobre la acera, dándose en la cabeza y fracturándose el cráneo. ¿Dónde había allí un riesgo adicional debido al empleo? El mismo hubiese sido el resultado si él hubiese estado yendo a o viniendo de su empleo, o aún dentro de su propia casa, si se hubiese caído y golpeado su cabeza contra una silla, mesa u otra substancia dura. Si el ataque epiléptico por sí solo le hubiese matado, al igual que un ataque cardíaco, todos estamos de acuerdo en que no habría derecho e indemnización. El riesgo de caer sobre el pavimiento durante el ataque no se debe al empleo. Si Andrews se hubiese caído desde una escalera, desde un andamio o dentro' de un agujero, las oportunidades de sufrir una¡ lesión hubie-sen sido aumentadas. Si hubiese octirrido un accidente que causcwa su caída, tendríamos otro elemento en el caso. No hubo accidente; la caída se debió a desórdenes internos, y las lesiones no- resultaron de ningún riesgo adicional impuesto por el empleo. Esta distinción existe en numerosos casos.” (Citas.) (Bastardillas nuestras.)

Véanse, por la relación que puedan tener eon la resolu-ción de este caso, los de Montaner v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 722, y Montaner v. Comisión Industrial y Herederos de Santiago, 54 D.P.R. 121.

Por las razones expuestas opinamos qibe la muerte de Juan Matos fué debida a un accidente ocurrido en el curso del empleo y como consecuencia de un riesgo inherente al mismo y que la resolución recu-rrida debe ser confirmada.


author: El Juez Pbesidente SeñoR Del Tobo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, ex rel. Félix Cepeda Rodríguez, relator y apelante, v. Bolívar Pagán, querellado y apelado.
    Núm. 8084.

    Sometido: Enero 15, 1940.

      Resuelto: Enero 17, 1940.

      Virgilio Brunet y Migtiel A. Casiano, abogados del apelante; Bolívar Pagan, pro se, y Cayetano Coll Cuchí, abogado del apelado.
   El Juez Pbesidente SeñoR Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

El quince de noviembre último el querellado archivó una. moción solicitando la desestimación del recurso por haberse interpuesto por el relator y no por El Pueblo de Puerto Rico' por su Procurador General que es la parte verdaderamente interesada.

El quince de enero actual se celebró la vista de la moción, con asistencia e informe de los abogados de ambas partes.

Según los autos el procedimiento fué iniciado en noviem-bre 5, 1938, por el Procurador General de Puerto Rico a ins-tancia de Félix Cepeda, ciudadano de los Estados Unidos, comerciante, contribuyente, elector y vecino de la ciudad de San Juan, Puerto Rico, contra Bolívar Pagan, por los siguien-tes motivos:

1. Bolívar Pagan fué nombrado Tesorero de la Capital en 1931, por el Administrador Sr. Benitez, de acuerdo con la Ley Núm. 99 de ese año (.Leyes de 1931, pág. 627), y aceptó el cargo.

2. En 1937 el Administrador de Castro le extendió un nuevo nombramiento que aceptó, desempeñando el puesto en la actualidad.

3. En las elecciones de 1932 Bolívar Pagán fue electo Senador por acumulación y reelecto en las de 1936, desem-peñando el cargo en la actualidad.

4. De acuerdo con el artículo 16 del Código Político, como fué enmendado por la Ley núm. 37 de 1917 (Leyes de 1917 (2) pág. 329), Bolívar Pagán no puede ejercer el cargo de Teso-rero por ser elidió cargo incompatible con el de Senador.

5. Bolívar Pagán en 1933, siendo Tesorero, presentó en el- Senado y dió su voto, a la Ley núm. 32 (Leyes de 1932-33, pág. 255) transformando el gobierno municipal de San Juan convirtiéndolo en una corporación política y jurídica de gobierno local, ley de privilegio Lecha con el propósito de legálizar su ocupación del cargo de Tesorero y por consi-guiente nula por ser contraria al Acta Orgánica y a la Cons-titución.

Autorizado el procedimiento, contestó el querellado .y el relator intervino directamente representado por sus abogados Brunet y Casiano. La corte finalmente dictó sentencia en junio 20, 1939, declarando la petición de quo warrcmto sin lugar.

Notificada la sentencia por el secretario de la corte a Virgilio Brunet, como representante de la parte perjudicada, apeló.

El escrito de apelación está redactado así:

“Sirva la presente para notificar a ustedes que no estando con-forme el relator en este caso, Félix Cepeda Rodríguez, con la senten-cia dictada por la Hon. Corte de Distrito de San Juan el 20 de junio de 1939 en el caso de epígrafe, establece por medio de la presente recurso de apelación para ante la Hon. Corte Suprema de Puerto Rico.
“San Juan, Puerto Rico, a 11 de julio de 1939. Virgilio Brunet & Miguel A. Casiano, Abogados del relator, por (/) Virgilio Brunet.”

No consta de los autos que apelara el Procurador General como representante del Pueblo. Tampoco que se le notificara la sentencia.

Expuestos los hechos parece conveniente transcribir lo que dijo esta corte por medio de su Juez Asociado Sr. de Jesús recientemente en el caso del Pueblo ex rel. López v. Pérez Peña, 54 D.P.R. 804, 814, Es así:

“Por último debemos considerar, en relación con la excepción previa, la falta de interés o capacidad legal del relator para instituir este procedimiento. Es verdad que esta cuestión no ba sido discutida en el alegato del apelante, pero la levantó en sus alegaciones y la diseutió en la corte inferior, y como de existir tal incapacidad, afecta-ría la suficiencia de la información, es nuestro deber discutirla.
“El artículo 2 de la ley estableciendo el procedimiento de quo warranto, que es el artículo 641 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933), según quedó enmendado por la Ley núm. 47 de 7 de agosto de 1935 (sesión extraordinaria, pag. 531), en lo pertinente dice así:
“ ‘Cuando alguna persona usurpare o ilegalmente ejerciere o de-sempeñare funciones de algún cargo público ... o cuando cualquier funcionario público haya cometido o permitido alguna acción que de acuerdo con las disposiciones de la ley envuelva la pérdida de su cargo; ... el Fiscal General o cualquier fiscal de la respectiva Corte de Distrito, ya obrando por su propia iniciativa, ya a instancias de otra persona, podrá radicar ante cualquier Corte de Distrito de Puerto Rico una solicitud para que se instruya información de la naturaleza del quo warranto a nombre de El Pueblo de Puerto Rico; . . .’ (Bas-tardillas nuestras.)
“Muy parecido a nuestro estatuto es el artículo 803 del Código de Enjuiciamiento Civil de California que en lo pertinente dice así:
“ ‘Artículo 803. — El Procurador General puede instituir una ac-ción a nombre de El Pueblo de este estado, de su propia iniciativa o a instancias de una persona particular, contra cualquier persona que usurpare o ilegalmente ocupare o ejerciere cualquier cargo pú-blico, civil o militar, o cualquier franquicia dentro de este estado ... ’
“El Estado, a nombre del cual se instituye este procedimiento, es la única parte demandante en el mismo. Corno el procurador general puede actuar de su propia iniciativa, el carácter del relator, cuando éste no reclama el derecho a ocupar un cargo público desem-peñado por otra persona, es similar al de un testigo de cargo en un procedimiento criminal. Por consiguiente, no es necesario que tenga interés especial alguno en el cargo en cuestión. Así lo ha re-suelto el Tribunal Supremo de California repetidamente, entre otros en los casos de The People of the State of California, ex rel. John M. Cage, relator, v. Petroleum Rectifying Co., 21 Cal. App. (2d) 289; People v. Reclamation District No. 108, 169 Cal. 786, 147 P. 1176; People v. Sutter Street Railway Co., 117 Cal. 604, 612, 49 P. 736; People v. Milk Producers Association, 60 Cal. App. 439, 442; y finalmente el de People v. California Protective Corporation, (1926) 76 Cal. App. 354, 361, de cuya opinión tomamos el siguiente párrafo:
“ ‘En apoyo de sn contención de que el apelado no tiene capaci-dad legal para demandar, arguye el apelante que el relator, la Aso-ciación ele Abogados de Los Angeles, no es una corporación y por consiguiente carece de capacidad para demandar a nombre de la Aso-ciación. Esta contención revela un inexplicable desconocimiento de la naturaleza de este procedimiento y de la relación que con el mismo tiene El Pueblo como demandante. El mal que se ataca es de na-turaleza pública y no de interés particular. La única relación del Colegio de Abogados se indica al principio de la demanda, que dice: “El Pueblo, por su Procurador General, por información y querella de Los Angeles Bar Association, se querella del demandado y alega como causa de acción ...” La adición del nombre del Colegio de Abogados no convierte este procedimiento en una acción de carácter particular. Es innegable que el brazo de la ley se movió a virtud de la información que el Colegio de Abogados suministró al Procura-dor General, pero eso no convirtió al Colegio en demandante en esta acción. ’
“Conviene distinguir el caso de autos del de El Pueblo ex rel. Zayas v. Santiago, 38 D.P.R. 699, 702, en que este tribunal, siguiendo el de Santiago v. Feuille, 10 D.P.R. 432, dijo:
“ ‘Como aquí está envuelto el derecho a cargos públicos, la ver-dadera parte interesada es el relator . . . ’
“Tanto en el caso de El Pueblo ex rel. Zayas v. Santiago, como en el de Santiago v. Feuille, ubi supra, el relator reclamaba para sí un cargo para el cual alegaba haber sido le’galmente electo y que lo usur-paba otra persona. En tales circunstancias su interés en el resul-tado del procedimiento es manifiesto. _ En el presehte caso el relator no reclama para sí el cargo. Su interés en el asunto fué sencillamente el que’ tiene todo ciudadano de que los funcionarios que han de regir los destinos de la ciudad en que reside sean electos de acuerdo con la ley. Por eso se dijo en el caso de Santiago v. Feuille:
“ ‘En los casos de quo warranto, cuando el procedimiento tiene por objeto la reclamación de un cargo o empleo, el promove'nte (relator) es la verdadera parte interesada, pero cuando el pleito versa sobre usur-pación de una franquicia por alguna corporación, El Pueblo de Puerto Eico es la única parte interesada y debe ser representada por el Attorney General o alguno de los fiscales de distrito.’ (Bastardillas nuestras.)
“El interés del relator en el caso de autos es similar al del relator en un pleito que versa sobre usurpación de franquicia por una cor-poración. ’ ’

Aplicando esa jurisprudencia a los hechos de este caso demostrativos de que el relator no reclama para sí el derecho a ocupar el cargo en controversia, siendo su carácter “similar al de un testigo de cargo en un procedimiento criminal,” precisa concluir que la gestión directa del procedimiento corresponde al Pueblo por medio de su Procurador General, siendo él el que debe decidir si se conforma o no con la sen-tencia dictada por la corte de distrito y por consiguiente correspondiéndole exclusivamente el derecho a establecer el recurso de apelación en el caso de que no se conforme. La apelación interpuesta aisladamente por el relator es baldía.

La moción de desestimación debe ser declarada con lugar.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Nieves Bonet, acusado y apelante.
    Núm. 7935.

    Sometido: Enero 10, 1940.

      Resuelto: Enero 18, 1940.

      Gilberto López de Victoria., abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

De la prueba aducida en este caso la Corte de Distrito de Mayagüez tuvo razón para creer que Manuel Nieves Bonet era dueño de un colmado y cafetín; que tenía una nevera donde había alrededor de 15 botellas de leche, o tal vez menos; que los inspectores de sanidad entraron al estable-cimiento y pidieron a uno de los dependientes que les entre-gara una botella de leche de la nevera; que la leche así ocupada en la forma corriente fué examinada por el Depar-tamento de Sanidad y se encontró que estaba adulterada con agua. La acusación imputaba al acusado el almacenar, para dedicarla al consumo humano, leche de vaca adulterada.

La Corte de Distrito de Mayagüez declaró culpable al acu-sado y le sentenció a pagar una multa de $25 o en su defecto a cumplir un día de cárcel por cada dólar que dejase de satisfacer.

En apelación el alegato del apelante no contiene un verdadero señalamiento de errores, pero sostiene que tenía en su nevera, entre otras, una sola botella preparada de leche “Klim” para uso de sus niños, y que ésa fué la botella ocupada por los inspectores. Como cuestión de hecho, la evidencia tendió a demostrar que la botella examinada contenía leche corriente de vaca, adulterada.

Tenemos, además la idea de que si un acusado prepara leche “Klim” en forma tal que resulte un producto adul-terado, él es tan culpable como si hubiera adulterado leche fresca de vaca.

El apelante también suscitó la cuestión de que no se había demostrado que la leche vendida estuviera destinada al consumo humano, pero no puede haber duda de que el apelante tenía un colmado y la prueba demostró que allí se guardaba leche.

Cuando en un colmado, y especialmente uno que, según la evidencia tendió a demostrar, se utiliza como cafetín, se encuentra un buen número de botellas de leche en la nevera, ello es un indicio de que el acusado destinaba la leche que allí guardaba, al consumo humano. Podría ser cierto que el acusado preparara a^’una de esta leche para uso de su fami-lia, como sostiene, pero la corte no estaba obligada a creer qne la botella ocupada fuera distinta de las demás.

La jurisprudencia .es al efecto de que cuando se encuen-tra leche en un establecimiento, especialmente en un cafetín, no se necesita probar una venta, sino que la posesión de una cantidad razonable de leche es evidencia de que la misma se destina al consumo humano. Pueblo v. Morillo, 50 D.P.R. 737, y casos citados.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Antonio del Toro, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 1050.

    Sometido: Junio 1, 1939.

      Resuelto: Enero 18, 1940.

      Angel Arroyo Rivera, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos de este caso, brevemente expuestos, son como sigue: el recurrente, Antonio del Toro, durante su matrimo-nio con Rosario Núñez, adquirió a título oneroso tres fincas urbanas radicadas en Cataño, a las cuales nos referiremos en lo sucesivo por las letras A, B y C, respectivamente. En abril 8, 1937, la Corte de Distrito de Bayamón a instancia de Antonio del Toro decretó el divorcio de dichos cónyuges. El día 15 del mismo mes y año, Rosario Núñez otorgó un pagaré por $70 a la orden de Benedicta Cruz. Entablada demanda para el cobro de dicho pagaré, por la señora Cruz asistida de su esposo, contra Rosario Núñez, sin hacer parte demandada a Antonio del Toro, la Corte Municipal de San Juan dictó sentencia a favor de la parte actora, la que fué confirmada por la de Distrito en Mayo 17, 1938. Librado mandamiento de ejecución de dicha sentencia, el marshal embargó como propiedad de la señora Núñez el condominio de una mitad de la finca “B.” Presentado el mandamiento diligenciado al registro, el registrador recurrido tomó ano-tación preventiva del embargo en cuanto al citado condomi-nio. Celebrada la venta judicial y adjudicada la mitad de la finca a la acreedora Benedicta Cruz, el registrador pro-cedió a inscribirla a nombre de dicha acreedora, “en cuanto a la mitad de esta finca que pueda corresponder a la deman-dada por su mitad de gananciales sujeta a la resolución de la liquidación de la sociedad de gananciales.”

En 25 de febrero de 1939, Antonio del Toro y Rosario Núñez otorgaron una escritura de liquidación, avalúo y par-tición de la sociedad de gananciales que existió entre ellos hasta la fecha de su divorcio. Hicieron constar en dicha escritura que el capital a dividir por partes iguales entre los otorgantes asciende a la suma de $1,200. Para pagar a Rosario Núñez los $600 que le correspondían, se le adjudicó la finca descrita bajo la letra “A,” valorada en $500, haciendo constar que ya la posee en concepto de hogar seguro, más $10 en efectivo y nueve pagarés por $10 cada uno, otorgados por Antonio del Toro. A éste se le adjudicó en pago de su haber las fincas descritas bajo las letras “B” y “O.” Pre-sentada dicha escritura para su inscripción, practicó ésta el registrador, en cuanto a una mitad solamente de la finca “B” por constar la misma inscrita a favor de Benedicta Cruz,” notificándose al interesado el 29 de marzo de 1939.

El 3 de abril de 1939, Antonio del Toro radicó una peti-ción ante el recurrido, en la que solicitaba la cancelación de oficio de la anotación preventiva del embargo a' favor de Benedicta Cruz y de la inscripción séptima de la finca “B” a favor de la misma señora, y que se inscribiese la totalidad de dicha finca a nombre de Antonio del Toro. Como funda-mentos de dicha petición se alegaba que la deuda entre Rosario Núñez y Benedicta Cruz fué contraída siete días después de dictada la sentencia de divorcio en contra de la deudora señora Núñez, no siendo por tanto responsable de dicha deuda la sociedad de gananciales, según lo dispuesto por el artículo 169 del Código Civil vigente, edición de 1902 (equivalente al artículo 101 de la edición de 1930); y que la anotación de embargo y la inscripción de la venta eran improcedentes y nulas, por ser contrarias al artículo 20 de la Ley Hipotecaria.

En 21 de abril, 1939, el Registrador denegó las cancela-ciones solicitadas, por las razones expuestas en su nota, que lee así:

“DENEGADAS las cancelaciones que se solicitan en el precedente escrito, con vista de otros documentos, en cnanto a la anotación de embargo letra “A”, porque ya lo ha sido según su nota marginal, y la de la inscripción 7ma.
“PRIMERO: Porque la finca de que se trata fué adquirida por Rosario Núñez estando casada con Antonio del Toro, a título de compra, según la inscripción 4ta. y en la finca tiene un derecho dicha señora.
“SeguNdo: Porque en el mandamiento de embargo, por $90, se afirmó que Rosario Núñez, la demandada, era de estado viuda, y ése es uno de los medios por los cuales se disuelve la sociedad conyugal, y era indiscutible la participación de la demandada en la finca, y lo que procedía, y así se consignó, fué el defecto subsanable de no insertarse ni acompañarse copia del documento origen de la deuda ni de la demanda.
‘ ‘ TERCERO: Porque si en vez de ser de estado viuda la demandada Rosario Núñez, se hubiera consignado que era divorciada, también procedía la anotación del embargo sobre su mitad de gananciales, y que, según los Arts. 105 y 1329 del Código Civil, ‘el divorcio lleva consigo la separación de la propiedad y bienes de todas clases entre los cónyuges. ’
‘ ‘ Cuarto : Porque la mitad de la finca consta inscrita a favor de Benedicta Cruz, en virtud de escritura otorgada por el márshal, a nombre de Rosario Núñez, después del fallo de la Corte de Distrito de San Juan, que confirmó ei de la Municipal, de que apelara la de-mandada, y, de cancelarse ese asiento, como pretende el peticionario Antonio del Toro, se privaría a un tercero de su de'recho inscrito sin el debido proceso de ley, cuando los asientos de los libros del Registro de la propiedad están bajo la salvaguardia y al amparo de los Tribunales de Just’cia, fínicos que pueden mandarlos a cancelar (4 D.P.R. 49; 13 D.P.R. 375) cuando en ello no consiente el que tiene a su favor el derecho inscrito.
‘ ‘ QuiNto : Porque no fue una venta voluntaria, realizada por Rosario Núñez, pero aunque lo hubiera sido, ella podía vender, ya divorciada, una participación indeterminada en la finca, como puede hacerlo el cónyuge viudo, y así lo ha declarado la Corte Suprema en el caso 20 D.P.R. 141, ya que ‘ambos consortes son los dueños, según el Registro’. (22 D.P.R. 393).
“SextO': Porque si se tratara de la rectificación de un asiento, ex-tendido en los libros del Registro de la Propiedad, se necesitaría 1a, conformidad de los interesados, o una resolución judicial para llevarla a efecto, según disponen los arts. 256 y siguientes de la Ley Hipo-tecaria.
“Séptimo: Porque si el marido no puede enajenar los bienes de la sociedad de gananciales sin el consentimiento expreso de la mujer (arts. 91 y 1313 del Código Civil) es evidente que algún derecho tiene en los mismos la esposa, y es el que puede embargársele por un acreedor (54 D.P.R. 233).
“Ootavo: Porque si ni el marido ni la mujer pueden disponer, por testamento, sino de su mitad de gananciales (art. 1314 Código Civil), es indudable el interés de cada uno en los bienes de la sociedad conyugal.
“NoveNO: Porque la separación de bienes, en caso de divorcio, no perjudica los derechos adquiridos con anterioridad por los acree-dores (art. 1331 del Código Civil) en cuyo caso se encuentra Bene-dicta Cruz.
“DÉCIMO: Porque donde no intervienen los acreedores es en ia partición de la herencia (2 D.P.R. 34) pero sí en la liquidación de la sociedad de gananciales; y
“UNDÉCIMO: Porque según lo resuelto por la Hon. Corte Suprema en el caso 54 D.P.R. 233, supra, ‘el derecho del acreedor a dirigirse contra los bienes gananciales, y embargarlos, es incuestionable, tra-tándose de la aplicación de esos bienes al pago de la deuda contraída por uno de los cónyuges.’ ”

No conforme Antonio del Toro, radicó en 15 de mayo do 1939 el presente recurso. Se basa éste en tres señalamientos de error imputados al registrador, a saber:

Io. Indebida anotación del embargo por falta de capacidad del acreedor para sujetar a dicho embargo una finca inscrita a nombre de persona distinta del demandado deudor por sentencia.
2o. Indebida inscripción de una mitad de la finca “B” a favor de la acreedora por sentencia, por falta de capacidad de la deudora para trasmitir tal participación por escritura otorgada por el marshal a favor de la acreedora.
3o. El negarse a inscribir el título del recurrente sobre la totalidad de la finca letra “B” y a cancelar la anotación e inscripción a favor de Benedicta Cruz.

Requerido oportunamente para que informase por escrito, el recurrido se ha limitado a presentar una certificación literal de la anotación del embargo, del mandamiento a virtud del cual se practicó dicho embargo y de la inscripción de la adjudicación de la finca “B” a favor de Benedicta Cruz. En el mandamiento de embargo expedido por la Corte Munici.pal de Bayamón se hizo constar que “Las circunstancias per-sonales de las partes son: ambas viudas, mayores de edad, oficios domésticos y vecinas de Cataño”; y, como es natural, tanto en la anotación como en la inscripción en cuestión se hicieron constar esas mismas circunstancias personales.

La cuestión fundamental envuelta en este recurso — y que debemos resolver antes de que podamos proceder a consi-derar las diversas cuestiones legales que en el mismo se plan-tean — es: ¿Está facultado el registrador para cancelar de oficio una anotación y una inscripción, practicada la primera en virtud de mandamiento expedido por una corte de justicia, y la segunda en virtud de escritura pública otorgada por el márshal, sin el concurso y conformidad de las partes intere-sadas?

El artículo 82 de la. Ley Hipotecaria, en. lo que es per-.tinente, dispone:

“Las inscripciones o anotaciones preventivas, hechas en virtud de escritura pública, no se cancelarán sino por providencia ejecutoria contra la cual no se halle pendiente recurso de casación, o por otra escritura o documento anténtico, en el cual exprese su consentimiento para la cancelación la persona o cuyo favor se hubiese hecho la ins-cripción o anotación, o sus causahabientes o representantes legítimos.
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“Las inscripciones o anotaciones hechas en virtud de mandamien-tos judiciales no se cancelarán sino por providencia ejecutoria que tenga las circunstancias prevenidas en el párrafo primero de’ este artículo. ’ ’

La anotación preventiva de embargo en el caso de autos fné practicada en virtud de un mandamiento expedido por una corte municipal para asegurar la efectividad de la sen-tencia que pudiera dictarse en una acción en cobro de dinero. La inscripción cuya cancelación se pide fué practicada en virtud de escritura pública de venta de la finca embargada, otorgada por el márshal, en ejecución de sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, confirmando la dictada por la Municipal de Bayamón.

No importa cuáles o cuántas causas de nulidad puedan ser invocadas en contra del título que ostenta Benedicta Cruz en cuanto a una mitad de la finca “B,” el registrador no está facultado como tal para cancelar de oficio las constancias del registro. Sólo puede hacerlo por providencia ejecutoria contra la cual no se halle pendiente recurso alguno o por escri-tura o documento auténtico en el cual exprese su consenti-miento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiese hecho la inscripción. Sostener lo contrario equivaldría a resolver que una persona puede ser privada de sus derechos o propiedades sin el debido proceso de ley. Véanse: Martínez v. Registrador, 4 D.P.R. 49; Bolívar v. Registrador, 13 D.P.R. 375; y Banco de P. R., Liquidador, etc., v. Registrador, 50 D.P.R. 725.

No erró el Registrador al negarse a practicar las cance-laciones solicitadas. Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Marcelino Saldaña, acusado y apelante.
    Núm. 7924.

    Sometido: Enero 18, 1940.

      Resuelto: Enero 19, 1940.

      Enrique Báez García, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia, base de este proceso, copiada a la letra en lo pertinente, dice:

“Yo, Eosa Virella, vecina de Ciales, P. E., calle de Betanees, número XX, mayor de edad, formulo denuncia contra Marcelino Sal-daña, por delito Abandono y Descuido de Menores, cometido de la manera siguiente: que desde el 16 de mayo de 1939, y en la calle Betanees de Ciales, del Distrito Judicial Municipal de Ciales, que forma parte del Distrito Judicial de Arecibo, P. E., el referido acu-sado, Marcelino Saldaña, allí y entonces, de manera ilegal, volunta-ria y maliciosa y sin excusa legal para ello, y con la intención criminal de dejar en completo estado de abandono al menor Otto Antonio Saldaña, de seis meses de edad, dejó de proveerle del indispensable alimento, ropa, calzado, medicinas, asistencia médica y de todo aquello indispensable para la subsistencia de dicho menor. He-cho contrario a la Ley.”

Sigue en la transcripción la sentencia, así:

“En el día de hoy y en corte abierta se llamó este caso a vista por su orden de señalamiento compareciendo el Pueblo de Puerto Eico representado por su Fiscal y el acusado Marcelino Saldaña asistido de su abogado Ledo. Pedro Anglade.
“Leídale la denuncia el acusado hizo alegación de culpable. La Corte, en su virtud, lo declara convicto del delito de Abanó.ono de Menores y le condena a sufrir la pena de seis meses de cárcel, con las costas. La Corte deja en suspenso la enteneia dictada, siempre que el acusado pase la cantidad de $2.00 semanales para alimentos y vestidos de su menor hijo.
“Pronunciada en corte abierta en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico, a 25 de agosto de 1939.”

Luego viene el escrito de apelación y con ello la transcrip-ción termina.

En su alegato señala el apelante dos errores cometidos al castigársele sin que en la acusación se le impute la comisión de un delito y al dictarse contra él una sentencia que es con-traria a la ley y no está apoyada en prueba alguna.

El fiscal en su informe escrito y en el acto de la vista se adhirió al recurso por entender que no alegándose en la denun-cia que el denunciado sea el padre del menor, no se le imputa el delito por el cual se le acusó y castigó, ya que sólo cuando se es padre y se deja de cumplir voluntariamente y sin excusa legal para con el hijo cualquiera de las obligaciones que la ley le impone, de proveerle del necesario alimento, vestuario o asistencia médica, es que se incurre en misdemeanor de acuerdo con la ley aplicable o sea con el artículo 263 del Código Penal, que prescribe:

“Artículo 2G3. — Tocio padre o madre de un hijo legítimo, legiti-mado, natural o ilegítimo reconocido y adoptivo que voluntariamente y sin excusa legal, dejare de cumplir cualesquiera de las obligaciones que la ley le impone, de proveerle del indispensable alimento, vestua-rio o asistencia médica, incurrirá en misdemeanor; Disponiéndose, sin embargo, que cuando se denuncie a una persona bajo las disposi-ciones de este artículo y fuere sentenciada, la corte podrá dejar en suspenso la ejecución de la sentencia- bajo las condiciones que tenga a bie’n imponer para bienestar del niño.”

Y así es en efecto. Hábilmente el acusado se declaró culpable y esa declaración sólo acepta los hechos tales como se imputan en la denuncia o en la acusación. No se presentó prueba alguna y ahora se aprovecha de su habilidad ante esta Corte Suprema.

Bajo las circunstancias concurrentes nos vemos obligados a revocar la sentencia. El hecho que se imputa al denun-ciado cuya verdad aceptó al declararse culpable, no es cons-titutivo de delito. El dejar de proveer el indispensable ali-mento a un menor no constituye en la actualidad un delito a menos que se sea padre o madre del mismo. Y la denuncia no dice que el denunciado — ni por consiguiente lo aceptó éste al declararse culpable — fuera padre del menor de que se trata.

Debe declararse con lugar él recurso, revocarse la senten-cia apelada y absolverse al acusado.


author: El Juez Pbesidente Señob Del Tobo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Natal de la Cruz, acusado y apelante.
    Núm. 7885.

    Sometido: Diciembre 8, 1939.

      Resuelto: Enero 19, 1940.

      Gelpí ■<& Gelpí, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente Señob Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Natal de la Cruz fue denunciado ante la, Corte Municipal de Mayagüez por baber infringido el artículo 12, apartados (a) y (g) de la Ley de Automóviles, Leyes de 1916, págs. 144, 152, al guiar a eso de las once de la noche del dos de diciembre de 1938 en Mayagüez, calle Hostos esquina a Betanees, la guagua Núm. G.M. 274, un automóvil, sin ejercer el debido cuidado ni tomar precauciones razonables para garantizar la seguridad de vidas y propiedades, sin reducir la velocidad del vehículo ni dar aviso con su aparato de alarma al acercarse a la unión de las indicadas calles, chocando con el automóvil P-2737 que caminaba por la Calle Hostos, oca-sionándole desperfectos y haciéndolo chocar a su vez con un buzón propiedad del Gobierno Federal que había en la esquina y que quedó destrozado.

Pasó la causa en apelación a la Corte de Distrito, y el acusado alegó en ella que la denuncia no aducía hechos cons-titutivos de delito. Discutida la excepción púsose de acuerdo con el Fiscal y ambos sometieron a la Corte la siguiente

“Estipulación. — Comparece el acusado por sus abogados Gelpí & Gelpí uno de los cuales suscribe, y El Pueblo de Puerto Rico, re-presentado por su Fiscal de Distrito interino, Hon. Vicente Palés Matos, y someten a la consideración de la Corte . . .
‘ ‘ Primero: Que el Pueblo de Puerto Rico como prueba de cargo presenta a la consideración de la Hon. Corte la siguiente prueba, como si la misma hubiese surgido de la declaración de testigos debi-damente juramentados:
“(a) Que el denunciado el día 2 de diciembre de 1938, a las once (11) de la noche conducía ‘un vehículo de motor por la calle Betanees de la Municipalidad de Mayagüez.
“(ó) Que al acercarse el denunciado a la bocacalle o cruce que forma la calle Betanees con la Hostos y mientras conducía el referido vehículo de motor no redujo la velocidad ni tocó klaxon ni ninguna otra bocina de alarma.
“Segundo: Que el denunciado, como prueba de defensa, presenta a la consideración de la Hon. Corte la siguiente prueba como si la misma hubiese surgido de la declaración de. testigos debidamente juramentados: (a) que el denunciado mientras conducía el vehículo de motor de referencia por la calle Betances de la municipalidad de Mayagüez y al acercarse a la bocacalle’ o cruce que forman las calles Betances y Hostos no tocó klaxon ni ninguna bocina de alarma. (b) Que los hechos que se relacionan en la denuncia ocurrieron a las once (11) de la noche de’l día 2 de diciembre de 1938. (c) Que el denun-ciado es residente de la municipalidad de Ponce, P. B»., . . . (d) Que no tocó klaxon . . . por tener conocimiento de que para dicha fecha estaba vigente . . . una ordenanza municipal . . . (que) pro-vee que desde las diez de la noche hasta las seis de la mañana no se podrá hacer uso del klaxon, ... (e) Que el klaxon que en dicha fecha llevaba el vehículo que conducía el denunciado era un klaxon potente que producía para dicha fecha un ruido exagerado que no podía ser regulado ni graduado por el denunciado en dicho momento. (/) Como prueba documental presenta en evidencia la ordenanza sobre orden público, tráfico y otros fines, aprobada por la Asamblea Municipal de Mayagüez el día Io. de abril de 1931 y aprobada por el Alcalde de Mayagüez el día 5 de abril de 1931 y muy especialmente el artículo 12 de la sección 5 de dicha ordenanza. ’ ’

Aprobada la estipulación, la corte declaró sin lugar la excepción perentoria del acusado y dictó sentencia declarán-dolo culpable y condenándolo a pagar diez dólares de multa y en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar dejado de satisfacer.

Apeló Natal y en su alegato imputa tres errores come-tidos a su juicio por la corte los dos primeros al declarar sin lugar la excepción y el último al apreciar la prueba.

Se sostiene por el primer señalamiento que la denuncia es insuficiente porque si bien alega que el denunciado no redujo la velocidad no se dice que lo condujera a gran velocidad o a una velocidad mayor que la autorizada por la ley, a saber: “La velocidad de un vehículo de motor deberá en todo tiempo regularse con el debido cuidado tomando en cuenta el ancho, tráfico y uso del camino; y el hecho de conducir, en cualquier tiempo, un vehículo de motor por un camino público a una velocidad que exceda de 48 kilómetros por hora, o dentro de la zona urbana de un municipio a una velocidad mayor de 24 kilómetros por hora, consti-tuirá evidencia prima facie de qne el vehículo era conducido sin el debido cuidado.’’ Artículo 13, apartado (a) de la Ley de Automóviles de 1916.

No hubo error, a nuestro juicio. La, denuncia sigue el estatuto. Claro está que si una persona guía su automóvil tan despacio que no habría temor de que ocasionara daño alguno, no tendría que reducir su velocidad al acercarse ai cruce de calles o caminos. La no reducción de velocidad que tuvo en mente el legislador, implica que la reducción era nece-saria. Si no lo era,, tal circunstancia puede alegarse como defensa y comprobada haría que desapareciera ese elemento integrante de la infracción. Véase El Pueblo v. Rodrígues, 41 D.P.R. 600.

Tampoco se cometió el segundo de los errores señalados que se hace consistir en que la denuncia no imputa la comisión de un delito “toda vez que dentro del tiempo comprendido entre las diez de la noche y las seis de la mañana, la ley de vehículos de motor de Puerto Eico expresamente prohíbe que se toque klaxon.”

Aparece en efecto que la infracción fué cometida a las once de la noche y que la ley no permite a esa hora el uso del klaxon. Artículo 8, apartado (d) que prescribe: “Todo vehículo de motor deberá estar provisto de un silenciador (muffler), y queda prohibido en las calles de la zona urbana de un municipio o en una parte densamente poblada del mismo, el uso de la válvula de escape, así como también el uso de cualquier aparato para dar aviso con excepción de La bocina de aire (bulb-horn), el aceleramiento innecesario del motor, el producir ruido innecesario o el permitir el escape de una cantidad innecesaria de humo.”

Pero la infracción no consistió en que se dejara de tocar klaxon, si que en que no se redujo la velocidad y no se dió aviso con el aparato de- alarma correspondiente. Y la propia ley ordena en el apartado (b) del dicho artículo 8 citado, que “todo vehículo de motor deberá estar dotado de una campana, bocina u otro aparato adecuado para dar aviso.”

Si el acusado sólo tenía klaxon a su falta de previsión se debió y es por tanto responsable de sus propios actos.

Al discutirse el tercer error se sostiene que si el acusado Rubiera tocado su klaxon Rubiera infringido la ordenanza del municipio dentro de cuya jurisdicción se encontraba, ordenanza que prohibe el uso de dicRo aparato a la Rora en que ocurrió el accidente. La ordenanza no conflige con la ley. Ambas se armonizan. Ya Remos dicRo que el acusado pudo avisar sin recurrir al klaxon de Raber cumplido con el mandato estatutario dotando su vehículo de campana, bocina u otro aparato adecuado para dar aviso además del klaxon o de haberse provisto de un silenciador. Y si como admitió conocía la ordenanza y sabía que Rabia de pasar por las calles del municipio en que estaba en vigor, debió ir preparado para obedecerla, obedeciendo a la vez la ley que rige para la isla entera.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Seño» Teavieso

text:
    Francisco Ramos, demandante y apelante, v. Rosa y Urselio Quiñones y María C. Stela de Nido, demandados y apelados.
    Núm. 7670.

    Sometido: Julio 14, 1939.

      Resuelto: Enero 19, 1940.

      Bubón & Ochoteco, abogados del apelante; Heriberto Torres Sola, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Seño» Teavieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandante Francisco Ramos es dueño de una finca urbana que colinda por su fondo, norte, con las fincas de los demandados. Es un hecho admitido por ambas partes que la finca del demandante ocupa la posición de predio superior en relación con las fincas de los demandados; pero nie-gan los demandados Rosa y Urselio Quiñones que su finca esté sujeta a recibir las aguas que naturalmente desciendan del predio superior, como pretende el demandante. Los demandados se han negado a dar paso a las aguas procedentes de la finca del demandante y han construido una pared en el lindero entre ambas fincas, impidiendo así el paso de las aguas, las cuales se estancan en el solar del demandante. Éste pide en su demanda que se condene a los demandados a constituir servidumbre legal de aguas sobre su finca, a favor de la del demandante.

Alegan los demandados en su contestación que los tres solares envueltos en este litigio forman parte de una urba-nización y se encuentran edificados, así como todos los demás solares que con ellos colindan; que sobre el solar del deman-dante hay enclavada una casa y garage de concreto, con pavi-mentación de parte del patio y muros en las líneas laterales del solar; que con motivo de tales edificaciones, las aguas pluviales que sobre el solar del demandante se recogen “no discurren naturalmente y por el contrario su curso y reco-gimiento están influidos y afectados por la mano del hombre”; que el demandante viene obligado a construir en su .predio las obras necesarias para impedir el estancamiento de las aguas en el mismo, y de no ser posible podía exigir de acuerdo con el artículo 595 del Código Civil Revisado (art. 524, ed. 1930) la constitución de una servidumbre de desagüe, previa la indemnización correspondiente.

La Corte de Distrito de San Juan sostuvo la contención de los demandados y dictó sentencia a favor de éstos. Apeló el demandante, imputando a la corte inferior Ja comisión de tres errores, los cuales pueden consolidarse así:

La corte inferior erró al resolver que los derechos de las partes litigantes deben regularse por las disposiciones del artículo 524 y no por las del artículo 488 del Código Civil (ed. 1930), por ser las últi-mas aplicables exclusivamente a predios rústicos.

El artículo 488 del Código Civil (ed. 1930) lee así:

“Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que na-turcamente y sin obra del hombre descienden de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastran en su curso.
“Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan esta servidumbre, ni el del superior obras que la agraven.” (Bastar-dillas nuestras.)

En sus Comentarios al artículo 552 del Código Civil espa-ñol, que es el equivalente del 488 del nuestro, dice Manresa:

“Según el texto expreso del Código, en su artículo 552 se habla de las aguas que naturalmente y sin obra del hombre descienden de los predios superiores a los inferiores; la condición fundamental es que las agitas desciendan por sí de un modo national, de predio a predio, lo cual implica que el agua surja o caiga naturalmente por los fundos. Infiérese de aquí que la servidumbre se establece para todas las aguas que reúnan las condiciones, sean aguas procedentes de las llu-vias, y que por sí mismas se deslizan o arrollan, sean procedentes de fuentes naturales, de filtraciones y deshielos; con lo cual quedan ex-cluidas todas las aguas alumbradas intencionalmente, o intencional-mente recogidas.” Tomo 4, pág. 683. (Bastardillas nuestras.)

La servidumbre que establece el artículo 488, supra, es una servidumbre natural, nacida de la situación natural de los predios. El agua que cae sobre el predio superior, siem-pre que corra naturalmente, debe ser recibida por el predio inferior, sin que el dueño de éste tenga el derecho de impe-dirlo. Esa limitación de uno de los atributos de la propie-ciad, del derecho a excluir de ella a todos los demás, es lo que constituye la servidumbre,

Asumiendo que las disposiciones del artículo 488, supra, sean aplicables a predios urbanos, ¿podría decirse, en el caso de autos, que las aguas de lluvia que caen sobre el solar del demandante descienden naturalmente y sin obra del hombre hacia el solar de los demandados y que éstos tienen la obli-gación de recibirlas? Seguramente que no. Los predios envueltos en este litigio no se encuentran ya en la situación natural original en que se encontraban antes de construirse las casas, garages, pavimentos y muros que según la prueba aducida por el propio demandante existen en la actualidad sobre su solar. No erró la corte sentenciadora al resolver que el artículo 488, supra, no es la ley reguladora del presente caso.

El artículo 524 del Código Civil (ed. 1930), que es el equivalente del 588 del Código Civil español, dispone:

“Cuando el corral o patio de una casa se halle enclavado entre otras, y no sea posible dar salida por la misma casa a las aguas plu-viales que en él se recojan, podrá exigirse el establecimiento de la servidumbre de de’sagüe, dando paso a las aguas por el punto de los predios contiguos en que sea más fácil la salida, y estableciéndose el conducto de desagüe en la forma que menos perjuicio ocasione al predio sirviente, previa la indemnización que corresponda.”

En sus Comentarios al artículo 588, dice Manresa:

“. . . Trátase, en efecto, de una servidumbre que se impone for-zosamente por razones análogas a la de paso; así como un predio aislado exige el paso para que su destino económico sea posible, así el patio o corral de una casa en donde se recogen las aguas pluviales que no tienen salida por la casa misma, exige el desagüe a través del predio interpuesto entre la vía pública y aquél. En cierto sentido es éste un modo de gozar y de sufrir la servidumbre de aguas, deri-vado de la situación de los lugares, aunque no sea una situación com-pletamente natural.
“El artículo habla concretamente de patio o corral de una casa; pero claro es que no alude exclusivamente y de un modo estricto a éstos, y que, por tanto, la servidumbre puede imponerse también en beneficio de un jardín o de un huerto colocado en las condiciones del art. 588.
“Para la imposición de la servidumbre de desagüe es preciso tener en cuenta lo siguiente:
“1. Que el corral o patio de la casa se halle’ enclavado entre otros, no siendo posible dar salida a las aguas de las llu-vias — y sólo de las lluvias, no, por ejemplo, de una industria — , que en él caigan directamente o de la casa misma.
“2. Que la salida o desagüe ha de darse: (a) por el punto más fácil, y (6) estableciendo el conducto de salida en la forma que menos perjuicios ocasione el predio sirviente.
“3. Que ha de preceder la correspondiente indemnización.
“Las obras han de hacerse a costa del dueño del predio dominante, según las exigencias ordinarias de la servidumbre, pudiendo el dueño del sirviente hacer todas aquellas obras de defensa y aprovechamiento de su propiedad que no impidan el uso normal de la servidumbre. ’ ’

Véase: González v. Calderón, 51 D.P.R. 152.

Convenimos con la corte inferior en que la ley regula-dora de los derechos respectivos de los litigantes es el artículo 524, supra. Y no habiéndose presentado evidencia alguna que permitiera determinar el sitio preciso por donde los demandados debían dar paso a las aguas procedentes del predio del demandante y fijar la indemnización previa que debía pagar el demandante al demandado, la corte senten-ciadora procedió correctamente al dictar la sentencia recu-rrida, la cual debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Hutchison y De Jesús no intervinieron.