author: Bii Juez Asociado Se. Figueras,

text:
    Amorós Hermanos v. Cividanes.
    ApblaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao.
    No. 73.
    Resuelto en abril 7, 1904.
    Interdictos de Recobrar da Posesión — Derechos de Propiedad. — En los inter-dictos de recobrar la posesión no se discute derecho alguno de propiedad sobre la cosa, y sí solamente, si el que reclama estaba en la posesión de la misma y(*) ha sido privado de su disfrute o posesión, en cuyo caso habrá de reponérsele tal disfrute o posesión, si la reclamación se formulare antes de un año, desde que tuviera lugar el acto que la originara.
    Id. — Terceros.—Las resoluciones que se dicten en los interdictos, no pueden perjudicar a tercero, y las reclamaciones de propiedad sobre la cosa, objeto de los mismos, deberán ventilarse en el juicio que corresponda con arreglo a derecho.
    Id. — Pruebas.—En los interdictos de recobrar la posesión no puede estimarse prueba alguna que no verse sobre el disfrute o posesión de la cosa objeto del interdicto.
    Costas. — El pronunciamiento de costas debe hacerse sin especial condenación en los casos en que las pretensiones de las partes no prosperaren en absoluto.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    Vistos estos autos promovidos en la Corte de Distrito de Hnmacao entre partes, de la una, los Señores Amorós Her-manos, propietarios vecinos de Gruayama, dirigidos y repre-sentados en esta superioridad primero por el Letrado Don Miguel Zavaleta y después por el de igual clase Don Juan E. Eamos, y de la otra el Licenciado Don Manuel F. Eossy que representa y dirige a Don Manuel Cividanes, propietario y vecino también de Guayama, sobre interdicto de recobrar la posesión de unos'callejones; autos pendientes ante nos en virtud de recurso de casación boy de apelación, interpuesto por Cividanes contra la sentencia pronunciada, que copiada a la letra dice así:
    “En la ciudad de Humacao a los 23 días del mes de agosto de 1900. Vistos los autos seguidos por los Sres. Amorós Hermanos, diri-gidos por el Letrado Don Miguel Zavaleta contra Don Manuel Civi-danes sobre recobrar la posesión de unos callejones.

      “Resultando: que en 18 de mayo del corriente año los Sres. Amo-rós y Hermanos, dueños de la hacienda ‘Reunión’ sita en el barrio de Jobos, de la ¡jurisdicción de Guayama, dedujeron demanda de interdicto de recobrar la posesión ante esta Corte de Justicia contra Don Manuel Cividanes, administrador y poseedor en nombre, de su esposa Doña Rufina Molinaris, de la hacienda ‘Merced,’ fundán-dola en haber mandado Cividanes a varios labradores de la hacienda ‘Merced’ a hacer surcos en el callejón de Don Lino que divide' dichas (*) haciendas y el cual se halla al saliente y empalma con otro al norte, cuyos surcos impide a los demandantes aprovechar dicho callejón; y en 20 de junio último interpusieron otra demanda los re-feridos señores contra el propio señor Cividanes sobre interdicto de recobrar la posesión de otro callejón que se halla frente a la pieza llamada Jueyes y también 20 cuerdas formando codo con el calle-jón llamado Manfredo, por la parte del mar y que se tiende hacia la de levante unas 90 varas, fundando esta demanda en que en los primeros días del citado mes de junio los braceros de la hacienda ‘Merced’ de orden de Don Manuel Cividanes, abrieron más de 20 hoyos para empalizada en medio del callejón descrito y pusieron estacones en trece de ellos, que si bien no pisaron impiden el paso de carretas y el aprovechamiento de esta vía de comunicación y cul-tivo, y ofreciendo información testifical para justificar los hechos interesó que se condenase a Cividanes a reponer en la posesión de los callejones a los demandantes y al pago de las costas, daños y perjui-cios y devolución de los frutos que llegare a percibir.

      “Resultando: que practicada la información testifical ofrecida, declararon los testigos Don Arturo Cintrón, Natividad Cintrón, Guillermo Morales, Rafael González y Lucas Soto, ser ciertos los hechos alegados en las demandas ya mencionadas.

      “Resultando: que señalado día para la celebración del juicio verbal, el Letrado Don Manuel F. Rossy, a nombre de Don Manuel Cividanes solicitó la acumulación de dichos dos interdictos, fundado en el artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en los 161 y 162 de la propia ley, a cuya pretensión se allanó el demandante, por lo que el tribunal accedió a la' acumulación pedida.

      “Resultando: que en el acto del juicio verbal el defensor de los. Sres. Amorós Hermanos, Sr. Zavaleta, reprodujo la petición con-signada en sus escritos de demanda y el Letrado D. Manuel F. Rossy impugnó la pretensión del actor a nombre del demandado Sr. Civi-danes, alegando que los callejones los poseen en común las haciendas ‘Reunión’ y ‘Merced’ y los han disfrutado arabas sin haber inte-rrupción en la posesión y que en el mes de mayo del corriente año Don Antonio Esteva, como representante de los Sres. Amorós Her-manos y el demandado Don Manuel Cividanes celebraron un convenio para dividirse los callejones en cuestión y que en efecto se hizo la división por el Sr. Cividanes de conformidad con lo convenido, po-niendo Cividanes en medio de los callejones algunos estacones y haciendo en otros los hoyos necesarios para colocar la (*) empalizada que sirviera de línea divisoria y concluyó proponiendo prueba de testigos y de inspección ocular interesando la absolución del deman-dado con las costas a los demandantes.

      “Besulíando: que los testigos presentados por los Sres. Amorós Hermanos, Don Arturo Cintrón, Don Lucas Colón, digo Soto, Don Natividad Cintrón, Don Marcelino Cintrón, Don Guillermo Morales, Don Sandalio Cintrón, Cornelio Gual, Antonio Rivera, José Ortiz, Eduardo Díaz, y Don José Sabater, declararon el primero que le constaba que los callejones objeto del interdicto están abiertos desde hace muchos años; que el de Don Lino está sembrado de caña en parte; que en la colindancia de Cividanes hay una zanja de reciente construcción y en la colindancia de Amorós existe otra zanja más antigua; que los callejones pertenecen a ambas fincas y que la cerca más corta que divide el callejón la fijó Cividanes. El segundo testigo Lucas Soto, expresó que le constaba que entre las haciendas ‘Reunión’ y ‘Merced’ existen unos callejones que se han utilizado por sus anti-guos dueños y en la actualidad los disfrutan sus actuales poseedores; que en el callejón Manfredo en la actualidad existen unos estacones, como para poner • una empalizada y en el de Don Lino existe una empalizada que ha sido puesta por la hacienda ‘Merced’; que le consta que ese callejón pertenece a las haciendas ‘Merced’ y ‘Reunión’' y que las cercas que ha visto se encuentran en medio de los callejones. El testigo Natividad Cintrón depuso que conoce el callejón de la, hacienda ‘Reunión’ llamado Manfredo y también el llamado de Don Lino que siempre ha sido utilizado por la hacienda ‘Reunión’; que Amorós Hermanos han estado constantemente en posesión de dichos callejones; que el de Manfredo está sembrado de cañas y se halla, cercado; que en el callejón de Don Lino existe una empalizada de estacones y alambre en medio del callejón, constándole que esa empa-lizada fué puesta de orden del Sr. Cividanes, pero ignora si esos callejones pertenecen a las haciendas ‘Reunión’ y ‘Merced’ y, que no sabe quién los utiliza. El testigo Maximino Cintrón manifiesta qua sabe que los callejones Manfredo y Don Lino existen desde hace mucho tiempo, ignora quién los utiliza en la actualidad, pero le consta que los utilizaban antes las haciendas ‘Reunión’ y ‘Merced’; que el calle-jón de Don Lino se halla actualmente dividido por la mitad por una empalizada de alambre colocada en su centro por el que no pueden pasar carros y que el otro callejón está más estrecho de modo que por él no puede pasar un carro; ha visto once hoyos en mitad de uno de los callejones y once estacones clavados (*) en tierra; que los hoyos y los estacones se hallan en mitad del callejón y que los dos callejones corresponden a las haciendas ‘Reunión’ y ‘Merced’. El testigo Guillermo Morales dijo 'que conoce el callejón de Don Lino desde hace cuarenta años, que en la actualidad no tiene la misma longitud y ancho que antes; que las haciendas ‘Reunión’ y ‘Merced’ lo han utili-zado y lo utilizan, si bien hoy no pueden aprovecharlo sino en la mitad porque en el centro del mismo existe una empalizada; que los Sres. Amorós Hermanos no pueden utilizar actuahnente el callejón Manfredo porque está sembrada de cañas la parte que corresponde a la hacienda ‘Merced’; ignora quién lo ha sembrado de caña y tam-bién ignora quién puso la empalizada, pero le consta que Don Manuel Cividanes es el administrador de la hacienda ‘Merced’ y supone que éste es quien ha sembrado la caña y ha puesto la empalizada, y agrega que esos callejones pertenecen a las haciendas ‘Reunión’ y ‘Merced’ y que éstos los han utilizado siempre. El testigo Sandalio Cintrón asevera que conoce el callejón de Don Lino que siempre lo ha utilizado la hacienda ‘Reunión’; que asimismo conoce el callejón Manfredo y sabe que también lo ha utilizado la hacienda ‘Reunión’ ■y puede ésta utilizarlo actualmente; que ese callejón desde el mes de mayo está más estrecho porque parte está sembrado de caña; que en el de Don Lino existen unos estacones y unos hoyos en medio, que lo divide en dos partes; que la caña ha sido sembrada por Cividanes y la cerca fué puesta por orden de éste; que sabe que entre Cividanes y Don Antonio Esteva, representante del Sr. Amorós, hubo una cues-tión o discusión con motivo de haber alterado el primero los callejones de referencia; que esos callejones los utilizan ambas haciendas, pero no sabe si pertenecen a los dos; que no pudo enterarse del motivo de la discusión suscitada entre Esteva y Cividanes y que posteriormente no ha habido disgusto entre ellos y se siguieron los trabajos. El tes-tigo Cornelio Gual dijo: que conoce el callejón Manfredo; que lo ha visto abierto mucho tiempo; que en la actualidad está más estrecho por la parte de la hacienda ‘Merced’ por haberse colocado en su centro una empalizada; que en la actualidad no existe la empalizada; que en medio del callejón bay algunos hoyos preparados como para clavar estacones para una cerca o empalizada; que asimismo conoce el callejón de Don Lino; que en él existe una empalizada mandada poner por Cividanes; que entre el representante de Amorós, Don Antonio Esteva y el Sr. Cividanes hubo una discusión con motivo de esas empalizadas; que ambos callejones han (*) sido utilizados por las haciendas ‘Reunión’ y ‘Merced’; que los hoyos y las empali-zadas se hallan en mitad de los callejones; que sabe que el represen-tante de Amorós no estaba conforme con la siembra de cañas y le dijo a Cividanes que lo iba a denunciar al juzgado. El testigo Don Antonio Rivera declaró: que le constaba que entre las haciendas ‘Merced’ y ‘Reunión’ existe un callejón llamado Manfredo, que lo conoce hace mucho tiempo, que' lo han utilizado siempre en común los dueños de ambas haciendas, el cual se halla en la actualidad más reducido y no lo puede utilizar la hacienda ‘Reunión’ por haberse puesto una empalizada en su centro, cuya empalizada no existe hoy; que asimismo conoce, el callejón nombrado Don Lino, que lo utiliza-ban también los dueños de la hacienda ‘Reunión’ y hoy no lo pueden éstos utilizar por haber en su centro una cerca de' alambre, cuya cerca cree la ha mandado poner Don Manuel Cividanes; que sabe que Civi-danes y el representante de Amorós, Don Antonio Esteva, tuvieron un disgusto con motivo de esos callejones; que ambos callejones los utilizaban las haciendas ‘Reunión’ y ‘Merced’ y pertenecen de por mitad a los dueños de dichas haciendas; que los hoyos y estacones se hallan en medio de los referidos callejones y que el disgusto de Civi-danes con Esteva ocurrió hace dos" o tres meses. El testigo José Ortiz expresó que entre las haciendas ‘Merced’ y ‘Reunión’ existe un callejón llamado Manfredo; que hace mucho tiempo que existe y lo han utilizado ambas haciendas; que ese callejón hace poco se redujo por haber puesto una cerca en medio del mismo; que conoce el calle-jón de Don Lino, el cual utilizaba la hacienda ‘Reunión;’ que la mitad de él está sembrado actualmente de caña y hay en él algunos hoyos hechos al parecer para poner una empalizada; que ignora quién ha hecho los hoyos; que sabe que Don Manuel Cividanes es administrador de la hacienda ‘Merced’; que esos callejones los han utilizado siempre los dueños de las referidas haciendas, pero ignora a quién pertenecen y que le consta que los hoyos y estacones están en medio de los mismos. El testigo Don Eduardo Díaz manifestó que conoce el callejón de Don Lino el cual ha utilizado siempre la hacienda ‘Reunión’; que existe otro callejón llamado ‘Manfredo/ el cual no tiene el ancbo que-antes tenía porque ba sido sembrado de cañas por la hacienda ‘Merced’; que no ba visto boyos ni estacones en ese callejón, pero en la actualidad no pueden pasar carretas por él; que no sabe quién ba obstaculizado el tránsito y que los boyos y la empalizada están a un lado de la parte de la del Sr. Ramos; y el testigo Don José Sabater Rivera (*) depuso que fué condueño de la hacienda ‘Merced’; que. en dicha hacienda habían dos callejones llamados Manfredo uno y el otro Don Lino los cuales fueron abiertos por su padre el declarante en el año 1886, digo 1874, los encontró abiertos, y en el 1886 que se enajenó la finca quedaron en el mismo estado; que la hacienda ‘Reunión’ continuó aprovechándolos; que hace seis u ocho años que no va por allí y no puede asegurar si la hacienda ‘Reunión’ puede utilizar dichos callejones; que éstos sirven de colindancia a ambas haciendas, y que la mitad de un callejón es de una hacienda y la otra mitad es de la otra, y que mientras fué condueño de la hacienda ‘Merced’ utilizaban esos callejones ambas haciendas.

      “Resultando: que los testigos Francisco Santer, Gregorio Rivera, Emilio Sabater y Francisco Sabater presentados por el demandado, declararon el primero que' ha trabajado en las haciendas ‘Reunión’ y ‘Merced’ y conoce los callejones nombrados Manfredo y Don Lino; que la hacienda ‘Reunión’ no utilizaba el callejón de Don Lino y sacaba sus frutos por el callejón del centro; que en el de Don Lino hay una empalizada y en el de Manfredo no hay hoyos; que presenció una conversación habido entre Oividanes y Esteva referente a dividir los callejones, lo que hicieron en el mes de mayo; que después de eso Don Manuel Oividanes sembró la caña sin haberse opuesto a ello los dueños de la hacienda ‘Reunión.’ El testigo Gregorio Rivera afirma que ha trabajado en las haciendas ‘Reunión’ y ‘Merced’ y. conoce los callejones Manfredo y Don Lino; que éstos han utilizado, ambas haciendas para el carreteo; que le constaba que Don Manuel Oividanes y Don Antonio Esteva convinieron cercar los callejones y que la cerca se obligó a ponerla por su cuenta Oividanes, y que el convenio se celebró en primero de marzo o de abril en la pieza de, cañas llamada de los Jueyes. El testigo Emilio Sabater dijo que conoce los callejones ‘Manfredo’ y ‘Don Lino’ que hoy están divididos; que esa división se hizo por Amorós y que cada litigante tiene su parte; que presenció un convenio entre Oividanes y Don Antonio Esteva por el cual Oividanes quedó de cercar los callejones para dividirlos por su cuenta, y que la cerca la hizo Santer, y está hecha en medio de los callejones dividiendo a ambos por mitad. ('*) El testigo Francisco Sabater asegura que conoce los callejones ‘Man-fredo’ y ‘Don Lino’ por haber trabajado en las haciendas ‘Reunión’ y ‘Merced’; que el de Don Lino está cercado y la cerca se halla puesto en medio del mismo; que el guarda-ruedas ha sido arrancado; que la cerca se hizo por Francisco Santer y que presenció el convenio que celebraron Cividanes y Don Antonio Esteva, por el cual acor-daron dividir el callejón, sin gastos por parte de Esteva, y que dicho convenio tuvo lugar en la pieza nombrada de los Jueyes y lo presenció también Francisco Santer.

      “Resultando: que constituido el tribunal en las haciendas ‘Mer-ced’ y ‘Reunión’ y sitio denominado callejón ‘Manfredo,’ en el punto que éste hace recodo en dirección de Este a Oeste, se observó en dicho recodo un punto de hierro que marca la línea divisoria de' ambas haciendas colocado en mitad de un callejón, y otro punto de igual clase • al extremo. Este caminando de Oeste a Este y en línea recta entre ambos puntos se observó que a la derecha, en terrenos de la hacienda .‘Merced’ en las cañas, a una distancia de tres varas de dicha línea, y por el lado izquierdo en terrenos de la ‘Reunión,’ hay una zanja bastante profunda a todo el largo de aquél y a distancia de dicha línea de poco más de una vara que va estrechándose y profundizando hacia el final del callejón, de manera que a su conclusión escasamente lo separa una vara de la línea. Se observó también que la tierra de la zanja ha sido echada a uno y otro lado de ella y por la parte in-mediata a la ‘Merced’ produce bastante altura; que la parte iz-quierda de la zanja está sembrada de cañas de la hacienda ‘ Reunión, ’ y en línea recta entre los puntos divisorios se notaron varios hoyos como para colocar estacones; y constituido el tribunal en el callejón de Don Lino que corre de Norte a Sur se vió una cerca de alambre y los terrenos contiguos a ella y correspondientes a la hacienda ‘Merced’ sembrados de caña y por el otro lado sin sembrar a una dis-tancia como de tres varas.
    “Siendo Ponente el Juez Asociado Don Pedro de Aldrey y Montolío.

      “Considerando: que en los interdictos de recobrar la posesión no se discute la propiedad que se tenga o pretenda tenerse sobre la cosa, (*) sino únicamente si el que reclama estaba o nó en la posesión de ella y que ha sido inquietado o perturbado en su disfrute o des-aojado de ella de tal modo que, siendo ciertos dichos extremos, e .interponiéndose la reclamación de interdicto antes de transcurrir un año del acto que la dió motivo, ba de reponerse al despojado en la posesión o tenencia que disfrutaba, sin que dicha resolución que se ha de dictar sin perjuicio de tercero, resuelva derecho de propiedad, cuya disensión sería objeto de otro juicio y no del interdicto que es sumario.

      “Considerando: que por virtud de lo expuesto para la sentencia que haya de dictarse en este juicio, no puede tenerse en cuenta la prueba que se practicó sobre la existencia de un contrato verbal, por virtud del que se pretende que ambos colindantes convinieron en dividir el callejón de Don Lino que separa sus predios, sobre cuyo callejón versó también el interdicto establecido por los Sres. Amorós Hermanos, toda vez que la ley no permite apreciarla.

      “Considerando: que habiendo justificado el actor con prueba testifical que estaba en posesión del callejón llamado de Don Lino, y además porque el demandado no niega que aquél haya tenido ese disfrute que hoy le niega por virtud de un contrato que dice medió entre ellos, apareciendo además de la inspección ocular que dicho callejón en la mitad correspondiente a la hacienda que administra Don Manuel Cividanes está sembrado de cañas, sin que lo esté en la otra mitad, es procedente en cuanto a él declarar con lugar el inter-dicto de recobrar la posesión establecido por los Sres Amorós Hermanos.

      “Considerando; que aun cuando el actor adujo prueba testifical para comprobar que también se hallaba en el disfrute del callejón medianero, que hace codo con el de Manfredo y es continuación de él, cuando por Don Manuel Cividanes se quiso cercarlos en la línea media del mismo, es lo cierto que con la inspección ocular que prac-ticó el tribunal se comprueba de una manera plena que el referido codo del callejón Manfredo no podían disfrutarlo los Sres. Amorós Hermanos, por tener hecha a lo largo del mismo y en la mitad que corresponde a sus tierras una zanja bastante profunda que imposi-bilita el paso de carros, sin que por la otra mitad correspondiente a la hacienda del Sr. Cividanes, que no está arada ni sembrada, quede espacio (*) suficiente para el tránsito de vehículos; y por tanto no habiéndose justificado la posesión debe ser declarado sin lugar el interdicto en cuanto al mismo.

      “Considerando: que estando acumulados los interdictos que se resuelven por una sola sentencia -y rechazádose en parte la petición del actor, debe aquélla dictarse sin especial condena de costas.

      “Vistos los artículos 1649, 1650, 1651, 1654 y 1656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Orden General No. 118 de 1899;

      Fallamos: que debemos declarar y declaramos con lugar y sin perjuicio de tercero la demanda de interdicto de recobrar la posesión del callejón llamado de Don Lino establecido por los Sres. Amorós Hermanos, dueños de la finca llamada ‘Reunión’ contra Don Manuel Cividanes como administrador de la hacienda ‘Merced,’ mantenién-dose a los demandantes en su posesión y requiriéndose al perturbador para que en lo sucesivo se abstenga de cometer tales actos u. otros que manifiesten el mismo propósito, bajo los apercibimientos de lo que corresponda con arreglo a derecho; y repóngase a los demandantes en la posesión, quedando el despojante asimismo condenado al pago de los daños y perjuicios y devolución de los frutos que hubiere per-cibido; y debemos declarar, y declaramos, sin lugar el interdicto en cuanto al codo del callejón llamado Manfredo que también divide ambas haciendas, sin especial condena de costas, reservando a las partes el derecho que puedan tener sobre la propiedad o sobre la posesión definitiva que podrán utilizar en el juicio correspondiente. Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Juan F. Vías, Pedro de Aldrey, Ricardo la Costa.”

      Resultando: que contra la anterior sentencia interpuso Don Manuel Cividanes recurso de casación por infracción de ley y elevados los autos a esta Corte Suprema se sustanció el recurso como de apelación, cumpliendo con la ley de la Asam-blea Legislativa de 12 de marzo de 1903.

      Resultando: que el apelante evacuó el trámite de instruc-ción que se le confirió y al cumplir con igual trámite la parte apelada, utilizando el beneficio del artículo 856 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, devolvió los autos adhiriéndose a la apelación establecida por la parte contraria por creer per-judicial (*) la sentencia dictada, en cuanto declaró sin lugar la restitución de uno de los callejones y no impuso especial con-denación de costas al despojante.

      Resultando: que se señaló día para la vista y en dicho acto los letrados representantes de las partes alegaron cuanto estimaron conveniente a la defensa de sus respectivas pre-tensiones.

      Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogados de los apelados: Sres. Miguel Zavaleta y Juan B. Bamos.

   Bii Juez Asociado Se. Figueras,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia recurrida; y

Considerando lo dispuesto en la regla 63 de la Orden General No. 118 serie de 1899; vistas las disposiciones legales citadas en la sentencia recurrida.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia que en estos autos dictó la Corte de Humacao en 23 de agosto de 1900, sin hacer expresa condenación de las costas del recurso y devuélvanse los antecedentes a la corte de dicho distrito con la certificación correspondiente para los efectos que procedan.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández, Sulzbacher y MacLeary.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PeesideNte Be. QuiñoNes,

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text:
    Ex parte Loubriel.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 115.
    Resuelto en abril 7, 1904.
    Dominio — Posesión para Adquirirlo — Buena Ee — Justo Título — Prescripción Ordinaria. — La posesión quieta y pacífica, por veinte años, no es suficiente por sí sola, para adquirir, por la. preseiápción ordinaria, el dominio (*) de los inmuebles, pues además es necesaria la buena fe y justo título, presu-miéndose la primera y siendo necesario probar el último.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los autos seguidos en el Tribunal de Distrito de San Juan por Don Manuel Loubriel y Cabrera, por sí y en repre-sentación de sus hermanos Doña Carmen, Doña Trinidad, Doña Providencia y Don Agustín Loubriel y Cabrera y Don Segundo Loubriel y Fonseca, como herederos de su difunto padre Don Modesto Loubriel, sobre declaratoria de dominio de varias fincas urbanas: autos pendientes ante nos a virtud del recurso de apelación interpuesto por el promovente contra la sentencia pronunciada por el referido Tribunal de Dis-trito, que copiada a la letra dice así:
    “21 de agosto de 1903. Dada cuenta con este expediente promo-vido por Don Manuel Loubriel y Cabrera, por sí y en representación de su hermanos Doña Carmen, Doña Trinidad, Doña Providencia y Don Agustín Loubriel y Cabrera, y Don Segundo Loubriel Fonseca, sucesores del finado Don Modesto Loubriel, sobre dominio de varias fincas urbanas sitas en el pueblo de Bayamón.

      “Resultando: que en 27 de enero último acudió a este tribunal el citado Loubriel manifestando, que poseyendo la mencionada suce-sión de su padre una casa con su solar en la calle del Rey del indicado pueblo, otro solar con dos casas en la calle de la Santa Cruz del mismo pueblo, y otro solar en la propia calle, con una tira de terreno a su fondo, carecía de título escrito de las referidas fincas, no habiéndolo tenido tampoco su finado padre Don Modesto, fallecido el 25 de agosto del año próximo pasado, por lo que promovía el oportuno expediente a tenor de lo dispuesto en los artículos 395 y siguientes de la Ley Hipotecaria, con el fin de justificar el dominio de dichas fincas, a cuyo efecto pedía se le admitiesen las pruebas que estaba dispuesto a ofrecer con audiencia del Ministerio Fiscal y citación de los ante-riores dueños y colindantes.

      “Resultando: que en dicho escrito manifestó haber adquirido la sucesión Loubriel dichas fincas por herencia de su causante Don Modesto, quien hubo la primera por herencia de su hijo Don Alberto (*) Loubriel y Cabrera a favor de quien aparece inscrita en el registro de la propiedad de esta capital, al folio 149, vuelto del tomo tercero de Bayamón; la segunda por compra a Marcelino Pardo y la tercera por venta que de ella le hiciera Don Esteban Giménez.

      “Resultando: que admitida la información ofrecida con citación del Sr. Fiscal, de los anteriores dueños Don Marcelino Pardo y Don Esteban Giménez, y de los colindantes de las mencionadas fincas, sin haberse presentado interrogatorio alguno por el promovente, fueron examinados al tenor de su escrito inicial los testigos Don Pablo Lavan-dero y Don José Alonso González, vecinos de Bayamón, casados, pro-pietarios y mayores de edad; cuyas declaraciones juradas constituyen toda la prueba ofrecida por el promovente.

      “Resultando: que los mencionados testigos sólo declaran cons-tarles que las fincas mencionadas pertenecen a la Sucesión Loubriel por herencia de su padre Don Modesto, quien las poseyó a nombre propio sin oposición de tercera persona durante más de veinte años, en cuyas mismas condiciones las poseen actualmente sus referidos herederos.

      “Resultando: que nada declaran los indicados testigos, ni se ha ofrecido ninguna otra prueba respecto al modo en que Don Modesto Loubriel adquiriera el dominio de las repetidas fincas, para que pu-diera trasmitirlo a sus herederos y sucesores, no habiéndose acreditado tampoco en forma alguna que Don Modesto Loubriel heredara de su hijo Don Alberto Loubriel y Cabrera en todo o en parte la primera finca a que se contrae su pretensión, ni manifestádose siquiera de quien la hubo Don Alberto para que también se le hubiese citado-como anterior poseedor, ya que habiendo muerto aquél su citación personal era imposible.

      “Resultando: que en la sustanciación del expediente se han obser-vado los trámites prescritos por la ley, sin que a la pretensión dedu-cida por el promovente se haya hecho oposición alguna.

      “Considerando: que esto, no obstante, no es dable acceder a ella, por ser de todo punto deficientes las probanzas ofrecidas, toda vez que no se han justificado los títulos en virtud de los cuales adquirió-Don Modesto Loubriel las fincas de que se trata, ni siquiera indieá-doles sus testigos, que no mencionan a ninguno de los anteriores poseedores, ni tampoco los títulos que tuvieran.

      “Considerando: que si en realidad aparece el dominio de la pri-mera finca inscrito en el registro de la propiedad a favor de Don (*) Alberto Loubriel y Cabrera, acreditando en dicho registro que su padre Don Modesto fué su único heredero y que por el fallecimiento-del último lo han heredado a su vez sus seis hijos al principio men-cionados, eso basta para que a favor de los últimos se inscriba el dominio de la expresada finca, sin que proceda que lo ordene, este tribunal, siendo así que por el contrario, el espíritu y letra de la Ley Hipotecaria se opone a la sustanciación de expedientes de esta natu-raleza para obtener la inscripción de un dominio ya inscrito en el registro de la propiedad.

      “Considerando: por último que la mera posesión de veinte ni 'de veinte y ún años sin buena fe y justo título de adquisición, no es suficiente para prescribir el dominio de los bienes inmuebles, pues la ley exige en tal caso el transcurso de treinta años a lo menos.
    “Vistas las disposiciones de la Ley Hipotecaria y del Código Civil aplicables al caso: se declara que’ la Sucesión de Don Modesto Lou-briel, en cuyo nombre ha promovido y seguido este expediente Don Manuel Loubriel, no lia justificado haber adquirido por ninguno de los medios que la ley reconoce el dominio de las fincas a que se contrae su pretensión, la que por lo mismo se declara sin lugar.
    “Lo acordó y firma el tribunal; certifico. Frank H. Richmond, Tose Tous Soto. El Juez Presidente Don Juan Morera Martínez votó en sala y no firma por ausencia: Frank H. Richmond. Luis Méndez Vaz.”

      Resultando: que contra esta sentencia interpuso apelación la representación del promovente, la que le fué admitida libre-mente y en ambos efectos y que elevados los autos a esta supe-rioridad con citación y emplazamiento de las partes y perso-nada la apelante, se dió al recurso la tramitación correspon-diente, señalándose día para la vista, a cuyo acto sólo asistió el Señor Fiscal de este tribunal que impugnó el recurso.
    Abogado de los apelantes: Sr. Monserrat.

    Abogado del Pueblo: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez PeesideNte Be. QuiñoNes,

después de exponer los hecbos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho de la sentencia ape- ■ lada.(#)

Considerando: que apreciadas las pruebas practicadas y que se reducen al testimonio de dos testigos que han declarado en estos autos, no es posible declarar que la sucesión de Don Modesto Loubriel haya justificado el dominio de los inmuebles de que se trata en el presente informativo, toda vez que no se acredita el tiempo que llevan en posesión los promoventes; y si bien los dos testigos presentados declaran que Don Modesto Loubriel poseyó por más de 20 años, sin oposición de tercera persona, esa circunstancia por sí sola no es suficiente para adquirir el dominio de los bienes inmuebles, por la pres-cripción ordinaria, que es la que sirve de fundamento a la solicitud, puesto que además de la posesión por el tiempo •que requiere la ley, se exigen la buena fe y el justo título, requisito este último que no se presume, y es necesario pro-barlo, y que en el presente caso no se ba justificado, pues los testigos no expresan el título en virtud del cual hubiera adqui-rido esos inmuebles el difunto Don Modesto Loubriel, de quien se dice que los heredaron los promoventes, y por con-siguiente, no es posible acceder a la declaratoria de dominio que se interesa.

Vistos los artículos 395 de la vigente Ley Hipotecaria y 1940, 1952, 1953 y 1954 del antiguo Código Civil, y la Orden Judicial de 4 de abril de 1899.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia apelada con las costas al apelante.

Jueces concurrentes: Sres Hernández, Figueras y Mac-Leary.

El JujOz Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la vista de este caso.(*)


author: El Juez Asociado Su.

text:
    Ex parte Gandía.
    APELACIÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 130.
    Resuelto en abril 7, 1904.
    "Testamentos — Condición.—Las disposiciones testamentarias a título universal o particular, pueden hacerse bajo condición, la que se regirá por ]as reglas establecidas para las obligaciones condicionales, en todo aquello que no estu-viere previsto en la ley que trata de las instituciones de herederos.
    'Obligaciones Condicionales — Adquisición y Resolución de Derechos. — En toda obligación condicional la adquisición de los derechos, así como la pérdida o resolución de los adquiridos, dependerá del acontecimiento que consti-tuya la obligación.

      EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los autos seguidos en la Corte del Distrito de Maya-güez a instancia de Doña Antonia Candía y Castellón, sobre prevención del juicio testamentario de Don Vicente Carreras y G-rimaldi, pendientes antes nos a virtud del recurso de apela-ción interpuesto por la representación de la promovente contra la sentencia dictada por la referida corte de distrito, que copiada a la letra dice así:

      “Resultando: que Don Vicente Carreras y Grimaldi falleció en esta ciudad el 22 de febrero de 1900, bajo disposición testamentaria otorgada el 18 de febrero de 1900, ante el notario de esta ciudad Don Alfredo Arnaldo y Sevilla, por la que, en la cláusula 4a. del testa-mento, instituye herederos a sus hermanos Don Carlos y Doña Rosa Carreras y Grimaldi, haciéndose constar en la cláusula 7a., en el caso de que su hermana fallezca antes que su hermano, queria que lo que en el testamento le dejaba, pasase a su dicho hermano, y que, ocurrido el fallecimiento de éste o de aquélla, si falleciese antes que su her-mano, pasase esta parte de sus bienes íntegramente a Doña Antonia Gandía Castellón, a quien nombraba heredera, en este concepto.

      “Resultando: que el abogado Don Fernando Vázquez en nombre de esta última señora, o sea Doña Antonia Gandía Castellón, solicitó la prevención del juicio voluntario'de testamentaría de Don Vicente Carreras y Grimaldi, fundándose en que la solicitante había sido (#) instituida heredera, para después de la muerte de sus hermanos Don Carlos y Doña Rosa instituidos herederos usufructuarios en la men-cionada cláusula 7a. del testamento, a cuya pretensión se opuso el tribunal, recurriendo contra la providencia el abogado Don Fernando Vázquez, en el escrito que precede.
    ‘ ‘ Considerando: que las disposiciones testamentarias tanto a título universal como particular, pueden hacerse bajo condición, y ésta, en lo que no estuviere prevenido en la ley que trata de la institución de herederos, se regirá por las reglas establecidas para las obligaciones condicionales.

      “Considerando: que según el artículo 1081 del Código Civil, en las obligaciones condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos dependerá del aconteci-miento que constituya la condición.

      “Considerando: que el nombramiento dé-'heredero a favor -de Doña Antonia Gandía, está subordinado al fáll'écimiento de Don Carlos y Doña Rosa Carreras, circunstancias que ijbsé ha acreditado.^
    Vistos los artículos 778, 779, y siguientes .del Código Civil, hasta el 794. - ■ ■ ■ . .-i. ■
    “Se declara ño haber lugar a la reposición que se solicita y se confirma en todas sus partes la providencia''dé16' de septiembre pasado.”

      Resultando: que contra esta sentencia interpuso apelación la representación de la promo vente, y. admitido el recurso.se elevaron los autos a esta superioridad con citación y empla-zamiento de las partes; y personada, la apelante, y sustan-ciado en forma el recurso, se señaló día-,paraJa vista con cita-ción de las partes, a cuyo acto no asistió-el abogado de la parte apelante. ’ '
    Abogado del apelante-: Sr.- Fernando,¡Vázquez.

   El Juez Asociado Su.

MacLeauv,1'd’espués de exponer' los hechos anteriores, emitió.la opinión del tribunal. . .

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia apelada. : ■ ' - :

Vistos los artículos 778 a 794 y el artículo 1081 del Código Civil. (*) ■ ,

Fallamos: que debemos confirmar y'¿óhfírmamos la sen-tencia apelada, con las costas a la apelante. ■

Jueces concurrentes: Sres^ Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández, Pigueras y Sulzbacher.


author: El Juez Asociado Sr. Figueras, DEL JUEZ ASOCIADO SB. SULZBACHER.

text:
    Caloca v. Vilaseca et al.
    APELACIÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 124.
    Resuelto en abril 11, 1904.
    Depositarios Judiciales. — Los depositarios tienen la posesión legal, judicial y real de los bienes embargados y entregados a su salvaguardia y custodia y están obligados a cumplir los -deberes que las leyes les imponen, procediendo en su defecto, obligarles a ello por medio del recurso legal adecuado.

      INJUNCTION — Actos Tendentes a Violar Desechos de Propiedad. — El cortar leñas y llevárselas o venderlas, así como destruir las cercas, en una finca depositada judicialmente, y objeto de una tercería de dominio, son actos que constituyen una violación de los derechos de propiedad que pueda tener el tercerista con respecto a dicha finca, y es, por consiguiente, procedente, impedir su continuación por virtud de un mandamiento de injunction.

    Títulos No Inscritos — Terceros—Derecho de Carácter Real o Personal.— Las prohibiciones contenidas en el artículo 389 de la Ley Hipotecaria, de no admisión por los tribunales, de títulos no inscritos, en perjuicio de terceros, se refieren a los que tengan este carácter, a los efectos de dicha ley, o sea, a los que puedan invocar un derecho real inscrito a su favoi’, y no, simplemente, un derecho personal.
    Juicio Ejecutivo — Tercerías de Dominio. — Las resoluciones dictadas en un juicio ejecutivo, de que sea incidente una tercería de dominio, no pueden ser invocadas en ésta, para impedir que se aseguren los derechos reclamados por el tercerista,, que se fundan precisamente en ser de su propiedad, y no del ejecutado, los .bienes objeto del ejecutivo.
    Id. — Derechos del Tercerista — Injunction—Eianza.—Es perfectamente lógico y legal que mientras se resuelva una tercería de dominio, se pongan a salvo los derechos que pueda tener el tercerista, impidiendo por medio de un injunction, la .ejecución de actos tendentes a menoscabarlos, siempre que otorgue fianza para responder del detrimento que pudieran sufrir los intere-ses de las otras partes.
    Injunction. — El injunction es un remedio tendente a evitar que por una persona se haga determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de otra.(*)
    Id. — Eianza.—En los casos de injunction, la cuantía de la fianza debe ser sufi-cientemente amplia para indemnizar los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a la parte contra, la que se dieta el injunction, y al tribunal inferior compete apreciar tales perjuicios y fijar la cuantía que sea su-ficiente para prevenirlos.
    EXPOSICION DEL CASO.

      Vistos: Resultando que en 10 de agosto de 1903 el Letrado Don Jacinto Texidor, a nombre de Don Juan Ignacio Caloca, presentó a la Corte de Distrito de San Jnan nna demanda de injunction por actos que en su daño se practicaban en nna finca de sn propiedad, y después de algunos trámites previos, se dictó por el Juez Asociado Don Frank H. Biclimond el auto que copiado a la letra dice así:
    “San Juan, Puerto. Rico, agosto 20, 1903.

      “Resultando: que en juicio ejecutivo seguido por Don José L. Yilaseca contra Doña Justa García, viuda de Rivera, se trabó embargo contra terrenos situados en el barrio de Sabana Llana del pueblo de Río Piedras, compuesto de 50 cuerdas más o menos, equivalentes a 19 hectares, 65 áreas, 30 centiáreas, de terrenos de segunda clase, llano y quebrado a pastos naturales, montes y malezas, con algunos frutos menores, bajo las colindancias siguientes: al Norte' Don José Dolores López; al Este Sucesión Cervera, Pablo Figueroa y Celestino Frida; al Oeste Sucesión Caloca, y al Sur, la misma Sucesión Caloca; sir-viendo de punto de partida un árbol de roble que tiene unas marcas antiguas de machete, el cual se halla en -la loma del cerro ‘Cabra’ a la orilla derecha del antiguo camino de Trujillo Alto, mirando al Poniente en el sitio nombrado de la ‘Almagra’ y a cuyo lado se encuentra un tocón de algarrobo que actualmente tiene renuevos; terminando esta eolindancia en rumbo al Noroeste en el puente que cubre la quebrada Estefanía y habiendo recaído el nombramiento de depositario judicial del predio embargado en Don Gavino Mercado.

      “Resultando: que establecida y admitida una demanda de tercería en nombre de Don Juan Ignacio Caloca y Cueto, con respecto a 30 cuerdas más o menos, comprendidas desde1 el puente de la quebrada Estefanía siguiendo el caño y de aquí al árbol de ‘Pollo,’ y de aquí a la cerca de alambre y a una palma, y de ahí en línea recta a un árbol (#) de granadillo, que hacen el límite de la finca de Doña Justa García con la de Caloca, como se alegó en la demanda de tercería.

      “Resultando: que este tribunal dictó providencia, suspendiendo el curso del ejecutivo al llegar a la vía dé apremio, cuya providencia tiene fecha de 4 de agosto corriente, de la cual se notificó la ejecutada y el depositario judicial el 5 de dicho mes de agosto y el ejecutante Don José L. Yilaseea, el 10 siguiente.

      “Resultando: que el día 10 de agosto referido, la representación del tercerista, presentó al tribunal una solicitud, alegando que el depositario había realizado las operaciones de corte de leña, y otras como romper las cercas de alambres que tuvo puestas el Sr. Caloca, y sacando también ganado de Caloca que pastaba en ese pedazo de terreno y enviándolo al depósito municipal y solicitando un auto de injunction prohibiendo a las partes precitadas, penetrar en la parte de la finca de que se ha hecho mérito, o cortar leña o hierba o poner a pastar animales o romper las cercas de alambres o ejercitar acto al-guno análogo, hasta que se resuelva esta tercería de dominio.

      “Resultando: que prestada la fianza de $100 fijada por el juez que provee, con arreglo al artículo 7 de la Ley de Injunction, por los fia-dores Don Benito Rivera Mojica y Don Deogracia Viera y Rodríguez, fianza que fué aceptada como suficiente por el mismo juez, recayendo con fecha 13 de dicho agosto, providencia de interdicto, citando de comparecencia a Doña Justa García, Don José L. Yilaseca y el depo-sitario Don Gavino Mercado, la cual tuvo efecto el 17 de dicho mes.

      “Resultando: que a dicho acto concurrió el Letrado Don Jacinto Texidor en representación del tercerista y el Letrado Don Juan Ramón Ramos en nombre de Don José L. Yilaseca y del depositario Don Gavino Mercado, los cuales también comparecieron personalmente.

      “Resultando: que en el referido acto, el Letrado Ramos no insistió en que la parte contraria ratificara bajo juramento las alegaciones hechas, renunciando a tal juramento y confesando en el acto mismo que el depositario judicial había cortado dos carros de leña y rotó la cerca de alambre como en derecho le perteneció, terminando con pedir se declarara sin lugar el injunction, con las' Costas a la parte eontraria(#); y la parte promovénte ofreció ratificar su pretensión bajo juramento'; lo que el juez no creyó necesario, en vista de lo con-fesado por la otra parte.

      “Considerando: que el depositario judicial, tiene ahora la pose-sión legal judicial y actual de todo el terreno embargado.

      “Considerando: que el efecto legal de la interposición y admisión de la demanda de tercería de dominio, es la suspensión del procedi-miento de apremio en el juicio ejecutivo, respecto de los bienes a que se refiere la tercería, hasta la decisión de aquélla y cuando el deposi-tario verifica cualquier acto más que no sea el de la salvaguardia de la finca con ello no hace otra cosa que continuar y seguir en el pro-cedimiento de apremio, en vez ■ de suspenderlo.

      “Considerando: que el cortar leñas, llevárselas o venderlas y rom--per la cerca de alambre durante el litigio, consta por confesión, como acto específico que se hace y se amenaza y se va a hacer y que tales actos violan el derecho de propiedad que pueda tener el tercerista con respecto al terreno de que se trata en la tercería y tienen el efecto de hacer por tanto inútil cualquier sentencia firme que pueda recaer en su favor y no así el acto de sacar ganado de Caloca que estuviera pastando en ese pedazo de terreno y enviándolo al depósito municipal, y no resultando justificado que el ejecutante o el depositario judicial tuviera animales pastando, no es de proveer con respecto a esto.

      “Considerando: que todo depositario judicial está obligado a cumplir con la ley y cuando él no la cumpliera e infrinja derechos de tercero, procede contra él un recurso legal dado por la ley a cual-quiera parte perjudicada.

      “Visto el artículo 1533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Injunction, artículos 2, 3, 4, 5 y 8, se le ordena y prohíbe que mientras no se resuelva esta tercería de 'dominio, ni Doña Justa García, viuda de Rivera, ni Don José L. Vilaseca, ni Don Gavino Mercado, depositario judicial nombrado en el juicio ejecutivo seguido por el uno contra la otra, ni algún agente o apoderado de ellos, corten leña, la vendan o se la lleven o rompa la cerca de alambre o mantenga la cerca en estado roto o ejercite acto alguno análogo, en el terreno descrito en el segundo Resultando de este auto de injunction, como el de poner a pastar animales, y ratifiqúese' la fianza ya prestada, la cual se declara vigente hasta ulterior providencia del tribunal. Y así lo (*) mandó y firmó el juez instructor en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 2 de la Ley de Injunction; certifico. Frank H. Richmond, Luis Méndez Vaz.”

      Resultando: que el Letrado Don Juan R. Ramos, a nom-bre de Don José L. Vilaseca y del administrador Don G-avino Mercado, solicitó por las razones que alegó en su escrito de 29 de agosto del año anterior, que esa resolución se revisase y sancionase por el Tribunal de Distrito en pleno, cuya solici-tud fué impugnada por el Letrado de Don Juan Ignacio Ca-loca a quien se le dió traslado.

      jResultando: que el tribunal de distrito en pleno dictó el auto que copiado literalmente dice así:
    “San Juan de Puerto Rico, octubre 1°., de 1903.
    “Resultando: que el abogado Don Juan R. Ramos, a nombre de Don José L. Vilaseca y de Don Gavino Mercado, ejecutante el primero y depositario el segundo de la finca embargada a la ejecutada Doña Justa García, solicitó en escrito presentado en 31 de agosto, reforma del auto del juez asociado de este tribunal, Mr. Frank H. Richmond, de agosto 20, que decretó un interdicto prohibitorio, injunction, contra Doña Justa García, Don Gavino Mercado y Don José L. Vilaseca, para que se abstuvieran hasta la resolución de la tercería de dominio de parte del terreno embargado'promovido por Don Juan Ignacio Oaloca y Cueto, de cortar leña en dicho terreno objeto de la tercería; romper la cerca del mismo, pastar animales en ella o realizar actos análogos, fundando su petición en que los interdictos prohibitorios no se dan a favor del demandado; en que tampoco se dan contra resolu-ciones judiciales, por tauto no puede prohibirse a Mercado que ejer-cite las facultades de depositario-administrador de la finca embargada que le confirió el tribunal; en que se confunde en dicho auto el proce-dimiento de apremio con los actos de administración del depositario-administrador, en que no ha probado que la extracción de leñas, y rotura de una cerca de alambre se hayan verificado precisamente en la parte de la finca a que se contrae la tercería, en que el auto del inter-dicto viola los derechos dominicales de la ejecutada, Doña Justa Gar-cía; en que ésta puede vender la finca, no (*) obligando el injimction al comprador; en que versando la tercería sobre una parte de la finca, se ha suspendido el procedimiento de apremio en cuanto a toda la finca, y en que la tercería se ha fundado en un título no inscrito.

      “Resultando: que conferido traslado del recurso de reforma al tercerista peticionario del injunction, lo evacuó sosteniendo la proce-dencia del auto recurrido.

      “Resultando: que el demandado en el acto de la vista de este injunction manifestó su conformidad con los hechos alegados por el tercerista en su petición, en la cual se alude al corte de leñas y rotura de la cerca de alambre, no en la totalidad de la finca embargada por Yilaseca a la García sino en la parte cuya propiedad invoca Caloca.

      “Resultando: que por inhibición del juez suplente Sr. Acuña, el tribunal no pudo constituirse con tres jueces hasta el día 28 del co-rriente en que el Juez Sr. García Yeve formó Sala.

      “Considerando: que las razones aducidas por el recurrente res-pecto a la suspensión del procedimiento de apremio y defectos de tí-tulo, aparte de no tener oportunidad como fundamento de un recurso de reforma, no son de tenerse en cuenta, por referirse la prohibición del artículo 389 de la Ley Hipotecaria, de no admisión por los tribu-nales de títulos no inscritos en perjuicio de tercero a los que real-mente tengan este carácter a los efctos de dicha ley, esto es, a los que puedan invocar a su favor un derecho real inscrito, y no a los que solamente pueden ostentar un derecho puramente personal; y por deber suspenderse el procedimiento de apremio, interpuesta y admi-tida que sea una tercería de dominio del todo o parte de la finca embargada.

      “Considerando: que las resoluciones dictadas en el juicio ejecu-tivo de que es incidencia la tercería, parten del supuesto de que la propiedad de los bienes embargados pertenece a la ejecutada Sra. García, por lo que las resoluciones allí dictadas no' pueden invocarse para impedir que se aseguren los derechos invocados por el tercerista, que se fundan en el supuesto diametralmente opuesto de ser de su propiedad una parte de los bienes embargados.
    ‘ ‘ Considerando: que mientras la oposición entre los derechos invo-cados por el ejecutante' y ejecutada de ana parte, y el tercerista de (*) otra, se resuelva por el tribunal, oídas las pruebas y alegaciones de las partes, en cuanto al fondo de la cuestión, es perfectamente lógico y legal que se pongan a salvo los derechos que pueda tener el tercerista impidiendo que se menoscabe el derecho de propiedad por él invocado, toda vez que para responder del detrimento que pudieran sufrir los intereses de las otras partes, tiene prestada una fianza suficiente.

      “Considerando: que el tercerista es un demandante y el juicio de tercería una acción pendiente, durante cuyo curso puede decretarse un injunction para evitar que por cualquiera persona de realicen actos en menoscabo del derecho del actor.

      “Considerando: que es improcedente la alegación de no haberse probado el corte de leña y rotura de la cerca en la porción de terreno objeto de la tercería, por lo consignado en el Resultando. 3o.

      “Vista la ley autorizando injunction; No há lugar a reformar el auto recurrido, con las costas al recurrente. Lo proveyó, mandó y firma el tribunal: certifico: Frank H. Richmond, José Tous Soto, Angel García. Ante mí: Luis Méndez Yaz.”

      Resultando: que el referido Letrado Don Juan E. Ramos, en representación de Don José L. Vilaseca, apeló de los ante-riores provistos y admitido el recurso, previa citación y em-plazamiento, se elevaron los autos a .esta .Superioridad en donde se personó aquél en la representación con que apeló, el Ledo. Texidor a nombre de Don Juan Ignacio Caloca y el abogado Don José C. Ramos a nombre de Doña Justa García, quienes evacuaron el trámite de instrucción que se les con-firió e informaron en el día de la vista alegando cada uno las razones que creyó convenientes a su ’ derecho, manifestando el Letrado Don Juan R. Ramos, en la representación que os-tenta, que si se confirmaba el injunction, se aumentase la fianza prestada por la parte contraria, solicitud que concuerda con la manifestación £<de ser aquella pequeña” hecha por él en la comparecencia verbal que tuvo lugar el 17 de agosto del año anterior, y que consta al folio 16 y siguientes de los autos. (*)
    Abogado del apelante: Sr. Juan R. Ramos.

    Abogados de los apelados: Sres. Texidor y José G. Ramos.

   El Juez Asociado Sr. Figueras,

después de exponer los bechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho del ■auto del Io. de octubre del año anterior y sustancialmente los de hecho y el primero, tercero y cuarto de los de derecho del auto concordante de 20 de Agosto del citado año, y

Considerando: que siendo el injunction o interdicto pro-hibitorio un remedió para evitar que se haga determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de una persona, es indudable que es'procedente el interpuesto, que tiene a su favor la brevedad en el procedimiento por el carácter suma-rísimo que le es peculiar.

, Considerando: que si no puede desconocerse su proceden-cia'en el presente caso, debe tenerse también en cuenta que tanto Doña Justa G-arcía como Don Juan Ignacio Caloca dis-cuten judicialmente, por medio de una tercería, la propiedad de parte de la finca embargada, y esto hace pensar en la posi-bilidad de que se declare el derecho en favor de la primera, y entonces puede ser insuficiente la fianza de 100 pesos para indemnizar los perjuicios que con la prohibición se le haya cáusado, cuyo peligro prevee la ley de Injunction en su sec-ción 12a. y es el tribunal ante el que se presente la pretensión y probanza quien puede apreciar si existe daño futuro y la cuantía en que debe prevenirse.

Consider cundo lo dispuesto en la regla 63 de la Orden General No. 118, serie de 1899.

Se confirmm los autos apelados y por ‘ consiguiente se declara con lugar el injunction que estableció Don Juan Ignacio Caloca y se reserva a Doña Justa García, Yda. de Rivera, el derecho que le otorga la sección 12a. de la Ley de Injunction; sin especial condena de costas.(*)

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández y Ma.cLeary.

Juez disidente: Sr. Sulzbacber.

OPINIÓN DISIDENTE

DEL JUEZ ASOCIADO SB. SULZBACHER.

No puedo estar de acuerdo con la mayoría del tribunal, porque la ley concede al demandante un recurso ordinario. Además de esto, aunque en su solicitud alega que los daños son irreparables, no dice en qué sentido lo serán. La corte de distrito exigió una fianza de $100, y la moción que el de-mandado bizo para que se alimentara dicha fianza no fué con-cedida; de aquí se deduce que la corte de distrito estimaba que todos los perjuicios que pudieran resultar al demandante ascenderían a esa suma; y las alegaciones no dicen absoluta-mente nada con respecto a la insolvencia del demandado.


author: El Juez Asociado Se. Figueeas, Los Jueces Asociados Sres. Sulzbacher y MacLeary(!*)

text:
    García v. Font et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 9.
    Resuelto en abril 12, 1904.
    Bienes Propios de Cada Cónyuge. — Son bienes propios de cada cónyuge los que se aportan al matrimonio, o se adquieran durante él por título lucrativo.
    Bienes Paraeernai.es. — Son bienes parafernales los que la mujer aporte al matrimonio, sin incluirlos en la dote, y los que adquiere después de cons-tituida ésta siu agregarlos a ella.
    Id. — Dominio de los Mismos — Sus Frutos — Bienes Gananciales — Sociedad de Gananciales. — La mujer conserva el dominio de los bienes parafernales, pero sus frutos forman parte del baber de la sociedad conyugal y si no constara haberse disuelto la sociedad de gananciales, hay que conceptuar-dichos frutos, como comprendidos en el número 3o. del artículo 1401 del Código Civil, o sea, como bienes gananciales.
    Matrimonio — Separación de Bienes. — A falta de declaración expresa en las capi-tulaciones matrimoniales, la separación de bienes entre los cónyuges, durante el matrimonio, no tendrá lugar sino en virtud de providencia judicial. (*)

      EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En el juicio seguido ante el Tribunal de Distrito de San Juan, entre partes de la una Doña Francisca G-arcia y Maeías, como demandante, a la que ña representado ante este Tribunal Supremo el Letrado Hilario Cuevillas Hernández, y luego Don Jacinto Texidor, y de la otra, Doña Catalina Font, bajo la representación del Letrado Don Rafael López Landrón y Estrados Don Paulino Andreu, sobre tercería de dominio de una finca rústica; cuyo juicio pende ante nos a virtud del recurso de casación, boy de apelación, interpuesto por Doña Francisca (Jarcia y Maeías, contra la sentencia dictada por el referido tribunal que, copiada literalmente, dice así:

      “Sentencia. En la ciudad de San Juan de Puerto Pico, a 14 de noviembre de 1902.

      “Visto este juicio declarativo seguido por Doña Francisca García y Maeías, dirigida y representada por el Letrado Don Hilario Cuevi-llas Hernández, contra Doña Catalina Font y Pons y Don Paulino Andreu y Mora, declarados en rebeldía, sobre tercería de dominio de una finca rústica en Santuree.

      “Resultando: que enterado Don Paulino Andreu de que Doña Catalina Font deseaba entregar a renta vitalicia 3,000 pesos moneda provincial, por escritura otorgada en 27 de julio de 1895, convino en pasarle 720 pesos anuales de pensión, comprometiéndose a comprar o hipotecar dicho capital en una casa de esta capital que valga más de la referida suma al, efecto de responderle de lo' convenido.

      “Resultando: que Doña Catalina Font y Pons, fundada en la mencionada escritura pública, primera copia, siguió juicio ejecutivo contra Don Paulino Andreu y Mora por 1,004 pesos de capital, 200 pesos por intereses y las costas, y librada la ejecución se trabó embargo el 28 de noviembre de 1899, en una estancia sitio del Machuchal, barrio de Santuree, con casa habitación y 200 cuerdas de terreno, colin-dando al Norte, con el mar, por el Sur la ciénaga de Seboruco, por el Este, Toribio Rodríguez, antes la Real Hacienda y por el Oeste, Don Pablo Clemente.

      “Resultando-: que Doña Francisca García y Maeías, por escri-tura {*) otorgada en 21 de marzo de 1891, adquirió de Don Eusebio Rodríguez y Fernández el condominio de una estancia en el sitio, barrio, número de cuerdas de terreno y colindancias antes expresa-das, por precio convenido, donado y pagado de presente por Don José María San Juan y Berenguer, siendo la suma de 1,600 pesos la que la compradora reconocida aceptó, cuya escritura aparece inscrita en el registro de la propiedad en el tomo 75 del archivo 24 de la capital, en 20 de abril de 1895; y por otra escritura de 9 de julio de 1896 dicha García y Macías, adquirió de Doña Luisa, Doña Clemencia, Doña Herminia y Don Jorge Goico el resto del condominio de dicha estancia, inscrito a su favor en el registro, siendo el precio 750 pesos provinciales entregados en donación por el mencionado Don José María San Juan a la compradora, que lo aceptó, e inscrita dicha venta en el registro de la propiedad en 22 de febrero de 1897.

      “Resultando: que por declaratoria ante el Notario Palmer, según escritura de 4 de abril de 1899, Don Paulino Andreu y Doña Francisca García después de sentar que ésta tiene entablada demanda de divorcio contra aquél por ser imposible la vida común, que hace tiempo viven separados, y en vista de las dilaciones por que se hace pasar el divorcio, declaran regirá entre ambos, mientras se dicte el fallo, lo siguiente: que no viven ni pueden vivir juntos sin peligro para ambos; que la García nada tiene que dar a Andreu de los fru-tos de sus aportaciones y demás bienes que adquiera para los efectos del artículo 1385 del Código Civil, ni Andreu a la García para su sostenimiento; que renuncian a todas las leyes que puedan oponerse a lo pactado; ratificando Andreu el poder dado a su esposa en 9 de julio de 1886.

      “Resultando: que fundada en esos documentos, Doña Francisca García formuló demanda de tercería de dominio contra Doña Catalina Font y Don Paulino Andreu y pidiendo se declare que la finca expre-sada en los resultandos anteriores, embargada por la Font, le corres-ponde en dominio, se levante el embargo y se deje a su libre disposi-ción; sentado como hechos los que aparecen de los resultandos expre-sados, agregando que no entregó a su marido dicha finca para admi-nistrarla; que no han tenido hijos en el matrimonio; siendo el derecho los artículos 60, 1381, a 1386; 1396, 1401 y 1531 a 1533 del Código Civil.

      “Resultando: que declarada rebelde Doña Catalina Font y abierto {*) el juicio a'prueba, de las del actor consta,: primero, la certificación del secretario de este tribunal 'de las constancias del eje-cutivo consistentes en la diligencia de embargo, la nota del registra-dor de la propiedad no admitiendo el mandamiento para anotar el embargo por aparecer inscrita la finca a nombre de Doña Francisca García, copia del escrito pidiendo certificación de la nota de presen-tación de la escritura, en virtud de la que inscribió a nombre de la García la finca, expresando dicba certificación que la García, por su propio derecho, presentó la primera copia de la escritura de 9 de julio de 1896 y el acta notarial de SO: de diciembre de 1896 por la que An-dreu consiente la donación que San Juan hace a la García del dinero con que adquiere; y al margen del asiento la nota .de hecha la inscrip-ción de la tercera parte del condominio de la estancia ‘Maehuchal’ mencionada en anteriores resultandos, así como la presentación de la escritura de las otras dos terceras y hecha la inscripción.

      “Resultando: además de la testifical del actor que a Doña Francisca García la han conocido siempre trabajando y que Andreu es de mala cabeza y se ha ausentado del país.: y de la confesión de la deman-dada Doña Catalina Font, que prestó el dinero a Andreu con el con-sentimiento de su esposa, aunque no figura; que el documento es de 9,000 pesos con la obligación de pagarle 60 mensuales y que ella era la que llevaba el dinero todos los meses.
    “Siendo Ponente el Sr. Juez Presidente Don Juan Morera Mar-.tínez.

      “Considerando: que son bienes propios de cada cónyuge los que se aportan al matrimonio por títulos lucrativos cuando se hace sin .■condición de ningún género y que son bienes parafernales los que la mujer aporte al matrimonio sin incluirlos en la dote y los que ad-quiere después de constituida ésta, sin agregarlos a ella.

      “Considerando: que la mujer conserva el dominio de los bienes parafernales; pero los frutos de dichos bienes forman parte1 del haber de la sociedad conyugal y no constando la separación de bienes en la forma prescrita por el artículo 1433 del Código Civil ni disuelta por tanto la sociedad de gananciales, hay que conceptuar (*) dichos frutos en el número tercero del artículo 1401 de dicho código.

      “Considerando: que a falta de declaración expresa en las capi-tulaciones matrimoniales, la separación de bienes, entre los cónyuges durante el matrimonio, no tendrá lugar sino en virtud de providen-cia judicial.

      “Considerando: que no aecediéndose a todos los extremos de la .demanda las costas deben imponerse sin especial condena.
    “Vistas las disposiciones legales citadas y demás de aplicación general de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

      “Fallamos: que debemos declarar y declaramos con lugar la de-manda de tercería interpuesta por Doña Francisca G-arcía en cuanto al dominio -de la finca embargada a su esposo Don Paulino Anclreu en el ejecutivo que le sigue Doña Catalina Font; y sin lugar en cuanto a los productos o rentas de la misma finca, sin especial condenación de costas. Así por ésta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda-mos y firmamos. Juan Morera Martínez, Juan R. Ramos, José R. F; Savage. ’ ’

      Resultando: que contra esta sentencia interpuso Doña Francisca G-arcía Hacías recurso de casación por infracción de ley, que le fué admitido; y elevados los autos a este Tribunal Supremo, con citación y emplazamiento de las partes, evacuaron éstas el' trámite de -instrucción que le fué conferido en atención a sustanciarse el recurso como de apelación, en virtud de la ley de la Asamblea Legislativa, aprobada en 12 de marzo de 1903, referente a la conversión de este tribunal, en corte de apelación, habiéndose señalado día para la vista, que tuvo lugar en 30 de marzo último, en cuyo acto' informad ron los letrados de las partes lo conducente a sus respectivas pretensiones.
    Abogados del apelante: Sres. Cuevillas y Texiclor.

    Abogado del apelado: Sr. López Landrón.

    La otra parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Se. Figueeas,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia apalada, y (*)

Resultando: que, dictado auto para mejor proveer se trató a vista el juicio sobre divorcio promovido por Doña Francisca G-arcía Macías contra su esposo Don Paulino Andreu Mora, y consta del mismo que en 6 de octubre de 1902 se dictó sen-tencia por la Corte de Distrito de San Juan, declarando con lugar la demanda, y en su virtud se decretó el divorcio del matrimonio celebrado por los cónyuges indicados, en 2 de julio de 1886, en cuanto a sus efectos civiles, constando ade-más que el juicio se siguió en rebeldía del demandado y que el encabezamiento y la parte dispositiva de la referida sen-tencia se publicó en los días 13, 14" y 15 de noviembre de 1902 en el periódico “Heraldo Español” que se publica en esta ciudad, y todo se tizo en virtud de lo dispuesto en el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Considerando: que no se ban cometido los errores que se señalaron al formalizar el antiguo recurso de casación.

Considerando: que las costas deben imponerse a la parte cuyas pretensiones hayan sido totalmente desestimadas.

Vistas las disposiciones legales que en la sentencia recu-rrida se citan, y la Ley de la Asamblea Legislativa de 12 de marzo de 1903, con los artículos 358 y 371 de la Ley de Enjui-ciamiento Civil y la Orden General No. 118, serie de 1899.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia que en 14 de noviembre de 1902 dictó la Corte de Dis-trito de San Juan, con las costas a cargo de la parte apelante, Doña Francisca García Macias, sin perjuicio de los derechos que puedan corresponder a dicha señora en virtud de la sen-tencia dictada en el pleito de divorcio seguido contra su esposo Don Paulino Andreu; y remítanse-los autos de tercería y el de divorcio que se trajo en virtud del auto para mejor pro-veer, con certificación de esta sentencia, a la corte de Distrito de San Juan.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciado Hernández.

Los Jueces Asociados Sres. Sulzbacher y MacLeary(!*)

con-currieron también, pero exponiendo que no están conformes con la opinión en cuanto admite como prueba la sentencia dictada en el pleito de divorcio, que no formaba parte de los autos de la corte inferior.


author: El Juez Pbesidente Se. QuiñoNes,

text:
    Ex Parte Miner.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Jnan.
    No. 111.
    Resuelto en abril 12, 1904.
    Dominio — Posesión para Adquirirlo — Buena Pe — Justo Título. — Para adqui-rir por prescripción ordinaria el dominio de los inmuebles es necesario tener seis años de posesión, con buena fe y justo título.
    Id. — Calificación del Título. — La calificación del título corresponde al tribunal y es necesario indicar el título con que se posee, a fin de que el tribunal pueda estimarlo y determinar si es o nó justo.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los antos seguidos en el Tribunal de Distrito de San Jnan por el Abogado Don Luis Freyre Barbosa, a nombre de Mr. W. W. Miner, sobre información de dominio de una finca rústica, pendientes ante nos a virtud del recurso de apelación, interpuesto por la representación del promovente contra la sentencia pronunciada por el referido tribunal de distrito, que copiada a la letra dice así:
    “Puerto Rico, septiembre 1 de 1903. Besultcmdo: que el Le-trado Don Luis Freyre Barbosa, acudió al tribunal en 12 de abril del año corriente en representación de W. W. Miner, alegando que careciendo de título escrito de dominio su eausahabiente deseaba jus-tificar, con arreglo a la Orden Judicial de 2 de abril de 1899 y artí-culo 395 de la Ley Hipotecaria, que es dueño de una finca rústica radicada en el barrio de ‘Candelaria,’ de Bayamón, antes Toa Baja, compuesta de 30 cuerdas, equivalentes, a 11 hectáreas, 79 áreas y 19 eentiáreas, colindante, por el norte, con Mr. George J. Case, repre-sentado por Mr. Enrique Grosch; por el' Sur, con la carretera que de Cataño conduce a los Reyes Católicos; por el este,(*) con Don Francisco Dávila, y por el Oeste, con Don Juan Ortiz; que él hace dos años que adquirió la finca de Nicolás Román, quien la había venido poseyendo por más de 20 años sin oposición dé nadie y valorados dichos terrenos en .$500, y suplicando la declaración de dominio, publica-ción de edictos, y citaciones requeridas por la ley y la práctica de la información testifical bajo los interrogatorios siguientes: 1. Generales de la ley. 2. Ser cierto que Don Nicolás Román vino poseyendo quieta y pacíficamente, sin oposición de nadie, por espacio de más de 20 años, la finca que se describe en el cuerpo de este escrito. 3. Ser cierto que esa propiedad y posesión la trasmitió en virtud de contrato dé compraventa, bará dos años más o menos a Mr. W. "W. Miner quien también, desde que la adquirió de aquél, la ha venido poseyendo tam-bién quieta y pacíficamente' sin oposición de nadie. 4. Ser cierto que lo declarado es público notorio.

      “ Resultando: que evacuado el traslado por el ministerio fiscal, publicados los edictos en The Puerto Rico Sun, y citados en forma legal los colindantes y no el anterior poseedor, al segundo interroga-torio contestaron los testigos que sí y le constaban igualmente al ter-cero, constándole además que tanto el actual dueño como los anterio-res han poseído la finca de buena fe y con justo título y pagado las contribuciones y. al cuarto interrogatorio que es público y notorio.

      “Resultando: que señalada la comparecencia verbal y citado el Fiscal compareció el abogado de la parte promovente que alegó lo qué él creyó necesario a su derecho.

      “Considerando: que aún dado por supuesto que se ha justificado una posesión con título justo, la parte promovente lleva solamente más de dos años de tal posesión, cuando la orden judicial en que se funda el expediente requiere seis años.
    ‘ ‘ Considerando: que puesto que los testigos declararon que el anterior poseedor poseyó durante 20 años de buena fe y con justo título y sin indicar la clase de título para que el tribunal pueda saber si el título era justa o no, no-basta tal declaración para formar (*) un criterio racional pues el tribunal, y no los testigos, está llamado a calificar el título.
    “Se declara sin lugar el. dominió solicitado.
    “Así lo acordaron y firmaron los jueces del tribunal de que certi-fico. Frank H. Richmond, José Tous Soto, Otto Schoenrich, Luis Méndez Yaz.”

      Resultando: que contra esta sentencia interpuso apelación la representación del promovente, la que le fué admitida libre-mente y en ambos efectos, y que elevados los autos a esta superioridad, con citación y emplazamiento de las partes, y personada la apelante, se dió al recurso la tramitación corres-^ pondiente y se señaló día para la vista, cuyo acto se celebró con asistencia del abogado defensor del apelante y del Fiscal de este tribunal, que impugnó el recurso.
    Abogado del apelante: Sr. Freyre Barbosa.

    Abogado del Pueblo :• Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez Pbesidente Se. QuiñoNes,

después de exponer los' Pechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho-y'de derecho de la. sentencia apelada. - :

Vistas las disposiciones que en la misma se citan.

Fallamos que debemos confirmar y confirmamos la expre-sada sentencia, con las costas al apelante. '■

Jueces concurrentes:' Sres. Hernández, Figueras, Sul¿-bacher y MacLeary. •


author: El Juez Asociado Se. MacLeaky, DEL JUEZ ASOCIADO SR. HERNANDEZ.

text:
    Landis v. The Mayagüez Electric Co.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.,
    No. 61.
    Resuelto en abril 13, 1904.
    Contratos — Su Terminación. — Las partes vienen obligadas al fiel cumplimiento’ de las estipulaciones consignadas en un contrato, el que sólo puede terminaren la forma y modo en que ambas partes hubieren convenido.(*)
    Apelación. — En los casos en que el tribunal inferior hubiere incurrido en erroral no conceder al demandante la cantidad reclamada en la demanda, el Tribunal Supremo debe revocar la sentencia y dictar la resolución que procede con arreglo a derecho.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    Vistos estos autos de juicio declarativo, en cobro de pesos-promovidos en la Corte de Distrito de Mayagüez, entre partes de la una, Don Eduardo E. Landis, representado y dirigidoen esta superioridad por el Letrado Don Herbert E. Smith,, y de la otra, la Mayagüez Electric Company, que no se ha per-sonado, sustanciándose -por consiguiente el recurso en los-estrados del tribunal; autos pendientes ante nos en virtud de recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sen-tencia pronunciada por la referida corte en 27 de junio del año próximo pasado.

      Resultando: que la “Mayagüez Electric Company” cele-bró el día 3 de diciembre de 1901, en Nueva York, un contrato con el recurrente Edward E. Landis por el cual empleó aquélla a éste en calidad de superintendente eléctrico de sus maquina-rias en la ciudad de Mayagüez, Puerto Eico, quedando por ese contrato determinadas las obligaciones contraídas por el recu-rrente y la recurrida.

      Resultando: que por el referido contrato quedó prefijado el sueldo que debería recibir el recurrente de la recurrida en la suma de noventa dollars por cada uno de los primeros tres meses, del año del contrato, y ciento treinta y cinco, por cada mes de los últimos nueve, hasta cumplirse el término porque fué otorgado dicho contrato.

      Resultando: que a más del sueldo indicado la compañía recurrida se obligó a pagar al recurrente, después de expirar dicho contrato, la suma de ciento treinta y cinco dollars si hubiese el recurrente desempeñado sus obligaciones de un modo satisfactorio a la compañía, y en todo caso uná suma adicional suficiente para sufragar los gastos de viaje de Maya-güez a Nueva York.(#)

      Resultando: que por otra condición del referido contrato se reservó la compañía el derecho de terminar dicho contrato en cualquier tiempo en el caso de no estar conforme con el cumplimiento por parte del recurrente de las obligaciones que por el contrato había contraído éste, pero con la expresa con-dición, en tal caso, de darle aviso por escrito por el término de quince días de esa resolución, y al expirar ese término pagarle cuanto se le debiera hasta entonces.

      Resultando: que la compañía recurrida, sin dar aviso al recurrente, lo dejó cesante, y sin cumplir aquélla con las con-diciones del contrato, no obstante la manifestación hecha por el recurrente expresando su deseo de continuar en el desem-peño de sus indicadas obligaciones.

      Resultando: que el recurrente estableció demanda ante el Tribunal de Distrito de Mayagüez por setecientos noventa y nueve dollars valor de su sueldo desde primero de mayo, 1902, basta tres de diciembre del mismo año, menos 206 dollars ganados por él durante ese tiempo, y por los gastos de viaje a Nueva York, cuya última suma justificó con pruebas presen-tadas al tribunal, en la suma de sesenta dollars, y por daños y perjuicios.

      Resultando: que habiéndose personado la parte deman-dada en dicho pleito no contestó la demanda, y acusada la rebeldía en debida forma se practicaron las pruebas corres-pondientes y recayó sentencia definitiva a favor del recurrente condenando a la compañía a pagarle la suma de sesenta y siete dollars con cincuenta centavos, en concepto de sueldo por los quince días y el pasaje de Mayagüez a Nueva York, sin especial condenación de costas.

      Resultando: que contra esa sentencia el demandante inter-puso recurso de apelación ante este tribunal.

      Resultando: que señalado día para la vista, tuvo ésta lugar en veinte y dres de marzo del corriente año, en cuyo acto el Señor Herbert E. Smith, en representación del recurrente, (*) alegó cuanto estimó conducente a su derecho, no mostrándose parte la recurrida.
    Abogado del apelante: Sr. Smith.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Se. MacLeaky,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Considerando: que a un contrato solamente se le puede poner término según el modo convenido por las partes con-tratantes, y que cada una de ellas tiene por obligación cumplir con las condiciones a que le obliga el contrato.

Considerando: que el tribunal sentenciador incurrió en error al no adjudicar al demandante la suma reclamada y fijar la cantidad de los gastos de viaje, siendo ese pnnto nno de los fundamentos del escrito de demanda y discutibles en el juicio.

Considerando: que por los errores indicados debe ser revo-cada la sentencia del tribunal sentenciador.

Fallamos: que revocando la sentencia del Tribunal de Dis-trito de Mayagüez, debemos condenar y condenamos a “La Mayagüez Electric'Company” a que pague al Señor Eduardo-E. Landis la suma de setecientos noventa y nueve dollars con el interés legal desde la fecha de su demanda, hasta su com-pleto pago, y a pagar todas las costas del juicio, entendiéndose-sin expresa condenación las del recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Figueras y Sulzbácher.

Juez disidente: Sr. Hernández.

El Juez Presidente Sí.'Quiñones no formó tribunal en la, vista de este caso.

OPINIÓN DISIDENTE

DEL JUEZ ASOCIADO SR. HERNANDEZ.

El juez asociado que suscribe disiente del acuerdo de sus. ilustrados compañeros, en la resolución del precedente recurso,, y entiende que procede la confirmación de la sentencia (*) apelada, que sólo condena a la Mayagüez Electric Company al pago de sesenta y siete dollars cincuenta centavos, importe-de los quince días de aviso que según el contrato debía haber dado al demandante, y a pagar a éste el pasaje desde Maya-güez a Nueva York, sin especial condenación de costas.

La sentencia de la Corte de Mayagüez se ajusta a derecho, pues aunque la falta de cumplimiento de una obligación apa-reja la indemnización de daños y perjuicios, según el artículo 1068 del Código Civil, es necesario que éstos se deriven y sean consecuencia directa de aquella falta de cumplimiento; y en el caso presente, aunque la expresada compañía dejó de dar aviso por escrito al demandante Mr. Edward Landis, con quince días de anticipación, de que quería terminar el contrato, habiéndolo despedido de sus servicios, sin llenar tal formali-dad, los perjuicios que se originaron de la falta del aviso pu-dieron ser otros que los de dejar de percibir Landis el sueldo que le correspondía durante los quince días con los gastos de viaje desde Mayagüez a Nueva York, y nunca la pérdida de los sueldos que hubiera recibido de la compañía, si hubiera seguido trabajando con ella durante el tiempo que se indicó en el contrato.

Buena prueba de que los daños y perjuicios que reclama Landis no se derivan de la falta del aviso, es que después de haber sido despedido trabajó en la Gnániea Central y desem-peñó funciones de jurado, siendo por ambos conceptos retri-buido, retribución que él mismo descarta de la indemnización. Si Landis no encontró más trabajo, no fué por la omisión del repetido aviso, y la responsabilidad de ello, no es exigible a la compañía demandada que al despedirle lo dejó libre y expe-dito para ocuparse cuando, donde y como quisiera.(*)


author: El Juez PbesideNte Sb. QuiñoNes,

text:
    Pou v. Valdejuly et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 82.
    Resuelto en abril 15, 1904.
    Obligaciones.- — Una de las fuentes de las obligaciones son los actos u omisiones ilícitas en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.
    Id. — Jactancia—Daños y Pekjuicios — Indemnización.—Los actos que según las Leyes de Partidas pueden dar lugar a la acción de jactancia, pueden asi-mismo originar una obligación nacida de culpa o negligencia, pero el efecto de tal obligación no puede ser otro que obligar al jactancioso a reparar el daño que hubiere causado, indemnizando el perjuicio sufrido por la persona ob-jeto de la jactancia, mas no es posible compeler al jactancioso a entablar’ acción alguna contra su víctima o reducirlo a perpetuo silencio, en su defecto.
    Id. — La obligación de reparar un daño, aun en el caso de que pueda serlo mediante un acto del obligado a la reparación, tendría que traducirse en la indemnización del perjuicio sufrido, si el obligado no puede realizar dicho acto.
    Id. — Libelo.—Toda acción civil que se ejercite a consecuencia de cualquier difa-mación o acto tendente a desacreditar, deshonrar o menospreciar a una per-sema, es ima acción de libelo y el efecto de ésta no es otro que la indemniza-ción pecuniaria del perjudicado.
    Id. — La acción de una parte haciendo consignar en un acta judicial, determinados hechos que califica de injuriosos, y los que consigna a los efectos legales gue se reserva, no significa jactancia de ningún gén.ero, ni puede ofender, ni dañar en modo alguno la reputación y crédito de la persona a quien se impute la comisión de tales hechos.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los autos del juicio declarativo seguido en el Tribunal del Distrito de San Juan, entre partes de la una como deman-dante Don Rafael R: Pou y López de Victoria, industrial y vecino de esta ciudad, representado y dirigido por su abogado defensor Don Rafael López Landrón, y de la otra como de-mandados Don Tomás Valdejuly y Calatraveño, Don Rafael Gutiérrez del Arroyo y Don José Oiler, vecinos de Bayamón, que no han comparecido en esta superioridad, no obstante haber sido citados y emplazados, sobre jactancia, (*) autos pendientes ante nos a virtud de apelación interpuesta por el demandante contra la sentencia pronunciada por el referido tribunal de distrito, la que copiada literalmente dice así:

      “Sentencia. En la ciudad de San Juán de Puerto Rico, a los 18 días del mes de julio de 1903.
    “Visto en juicio oral y público este pleito seguido entre partes de la una, como aetora, Don Rafael R. Pou y López de Victoria, industrial vecino de San Juan, y de la otra como demandados Don Tomás Valdejuly y Calatraveño, Don Rafael Gutiérrez del Arroyo y Don José Oiler, vecinos de Bayamón, defendido y representado el primero por el Letrado Don Rafael López Landrón, y los demás por el Le-trado, Don Eduardo Acuña Aybar, sobre jactancia.
    “Io. Resultando: que en 18 de noviembre presentó el Letrado Don Rafael López Landrón a nombre del Sr. Pou demanda contra los expresados Valdejuly, Gutiérrez y 011er solicitando que se les’ con-denara a formalizar, dentro del plazo perentorio que al efecto se les fijara, contra su defendido, todas las acciones, de que se creyeran asistidos, o en otro caso se les condenara a perpetuo silencio e indem-nización de perjuicios con el pago de las costas; demanda que fundó, en cuanto a Valdejuly, en el becho de haber consignado en acta levan-tada por el Juez Municipal de Bayamón, a requerimiento de dicho Valdejuly y en presencia de Pou la frase siguiente: ‘que conside-rando la referida nota altamente injuriosa a su personalidad porque ponía en tela de juicio su reputación como notario, requería al juez para hacer constar los hechos * * *’ • cuya nota, que dejó el Sr. Pou al escribiente del Sr. Valdejuly después de examinar los proto-colos de 1896 y 1897 en la notaría, decía a la letra: ‘Palabras tex-tuales del testamento de Doña Belén. Han sido pagados todos los bienes de Don Pedro del Arroyo con la mitad de la finca de Pueblo Viejo. Estas palabras que leí en el anterior documento no las encuen-tro en el de hoy. Rafael R. Pou;’ y en cuanto' a los demás deman-dados, en el hecho de haber dirigido cartas Oiler a Gutiérrez. del Arroyo y éste a su hermana Doña Dolores, tía de Doña Felicia, pop cuyo encargo Pou examinó los protocolos del notario de’ Bayamón, en las que anunciaba consecuencias desagradables en que había de sonar el nombre de la Srta. Fernández, por tratarse de un asunto eno-joso de un caballero extremadamente susceptible, cuyas alusiones, amenazas embozadas molestan y perjudican al-Sr. Pou; alegando (*), como fundamentos de derecho los artículos 1088, 1089, 1902 y 1903 del Código Civil. . .
    “2o. Resultando: que conferido traslado de la demanda a los dej mandados, la contestó el Letrado Don Antonio Alvarez Nava dentro del término legal, exponiendo como hechos en lo' sustancial, que Poú al examinar el protocolo manifestó verbalínente, a Otero, oficial de la notaría Valdejuly, que el testamento que había, examinado- no eral el mismo de los días anteriores, dejando a dicho oficial la nota de qu'e se ha hecho mérito para entregarla al Sr. Valdejuly; que estimando Valdejuly calumniosas las manifestaciones de Pou, levantó el acta, referida con el fin de proceder, si así lo estimaba conveniente, contra Pou por el delito de calumnia; y que los demás demandados escri-bieron cartas a Doña Dolores Fernández del ■ Arroyo, oficiosamente y sin intervención de Valdejuly, participándole que temían que éste se querellara contra Pou y que sería conveniente le hablasen para que desistiera de su propósito; alegando como derecho el ser inapli-cable al caso la ley 46, título 2, partida 3, que. establece para otros casos la llamada acción de jactancia, y la inaplicación al caso del artí-culo 1089 del Código Civil.
    “3.° Resultando: que el actor propuso prueba de confesión de los, demandados, documentos públicos, documentos privados y testifical, y los demandados confesoria, documentos públicos y de testigo.

      “4o. Resultando: de la prueba del actor que se unió a los autos el acta judicial de que se ba hecho mérito en los precedentes resul-tandos, apareciendo de la misma que en efecto Valdejuly consignó en dicho documento las frases siguientes: ‘El papel del Sr. Pou con-tiene una injuria contra el dicente por más que haya tratado de ate-nuarla. El dicente no desea prorrogar por más tiempo este acto y para corroborar todo cuanto deja expuesto a los efectos legales que para sí reserva, suplica al juzgado proceda al cotejo de la copia que en este acto presenta de dicho testamento (el otorgado por Doña Belén Empierre en 27 de septiembre de 1877 por poder de su marido Don ¡Ramón Gutiérrez del Arroyo) con su escritura matriz.’
    “5o. Resultando: que los testigos del demandado, Juan Otero, José María Serra y Doña Felicia Fernández declararon, el primero, haber presenciado el otorgamiento de la repetida acta judicial, sin haber oído jactarse a Valdejuly ni a nadie de que van a hacer algo (*) ál Sr. Pou; el segundo, sobre referencia que le hizo Pou de las dis-crepancias que motivaron la nota referida; y la tercera, que comi-sionó a Pou para la busca del testamento de sus abuelos y que Val-dejuly y Gutiérrez del Arroyo se han jactado de que van a hacer y a acontecer al Sr. Pou, y que sostiene con Gutiérrez pleito y ha denun-ciado criminalmente a Valdejuly, siendo sobrina del primero.
    “6o Resultando: que las demás pruebas propuestas de confesión del actor y demandados, reconocimiento de documentos privados y testamento otorgado por Doña Belén Umpierre, y declaraciones de los testigos Andino, Vizcarrondo y Doña Dolores Gutiérrez, dejaron de practicarse por renuncia de las partes.
    “7o. Resultando: que celebrado el juicio oral en esta causa civil, cáda parte alegó lo que a su derecho convino, dictándose sentencia eh audiencia pública con citación de aquéllas.
    “8o. Resultando: que en la tramitación de este juicio se han observado las formalidades legales.
    “Siendo'Ponente el Juez Asociado Don José Tous Soto.
    . “Io'. Considerando: que siendo una de las fuentes de las obliga-ciones los actos'u pmisiones ilícitas en que intervenga cualquier género Je culpa o negligencia, pueden engendrar una obligación de esta ín-dole todas los actos que según ley 46, título 2, partida 5 dan lugar a la acción de jactancia, si los actos realizados por el jactancioso atribu-yéndose derechos contra el demandado, causan a éste un daño que debe ser reparado, de conformidad con el artículo 1803 del Código Civil; pero el efecto de: tal obligación no puede ser otro que obligar al jactancioso a reparar el daño cansado, indemnizando el perjuicio sufrido por la persona que es víctima de la jactantia, que.es el efecto de toda obligación nacida de culpa o negligencia, sin que pueda pre-tenderse con éxito que tal efecto se extienda a compeler obligado por el acto ilícito de jactancia a interponer demanda contra su deman-dante en un plazo perentorio y en caso de no verificarlo reducirlo a perpetuo silencio como determina la ley de partidas, en este punto derogada por el Código Civil de 1889.
    “2o. Considerando: que no puede pretenderse que la reparación del daño causado por el jactancioso tenga lugar obligando a éste a demandar a la persona de quien se jactó o condenándole, si no lo (*) verificare, a perpetuo silencio, pues aparte de que ninguno de estos medios es adecuado a reparar un daño causado en la reputación, bonor o crédito de una persona por jactancia de otro, la obligación de reparar un daño, aún en el caso de1 que pueda serlo mediante un acto del obligado a la reparación, tendría que traducirse en la indem-nización del perjuicio sufrido si el obligado no puede o no quiere realizar dicho acto, conforme a las reglas que rigen el cumplimiento de las obligaciones de hacer.

      A “3o. Considerando: de otra parte que toda acción civil que se ejer-cite a consecuencia de cualquier difamación.o acto tendente a desacre-ditar, deshonrar o menospreciar al demandante, debe hacerse valer de conformidad con la Ley de la Asamblea Legislativa autorizando pleitos civiles por daños y perjuicios ocasionados por libelo y calumnia, vigente desde 19 de febrero de 1902, fecha anterior a los hechos que sirven de fundamento a la demanda, y según dicha ley, la acción de libelo no produce otro efecto que una indemnización pecuniaria al perjudicado.
    “4o. Considerando: que aparte la cuestión legal discutida en los considerandos precedentes sobre los efectos de la acción que se ejercite por jactancias perjudiciales a la honra o crédito del actor, en el caso presente no existe prueba ni indicio alguno de que los demandados se jactaran de tener ningún derecho sobre la persona o bienes del actor ni de cosa alguna que redundar pudiera en des-honra, menosprecio o descrédito de dicho demandante, pues el acto de Yaldejuly haciendo consignar en un acta judicial determinados hechos que califica de injuriosa ‘para los efectos legales que se reserva,’ no significa jactancia de ningún género ni puede ofender ni dañar en modo alguno la reputación y crédito del demandante, aun en el supuesto de que se hubiera manifestado claramente la in-tención de Yaldejuly de querellarse contra Pou, pues la reserva de un derecho por quien cree tenerlo jamás puede lastimar el derecho* de otro; y en cuanto a los demás demandados, el hecho de escribir el uno al otro y éste a la señora .tía de la Srta. Gutiérrez del Arroyo, anunciándole el propósito de Yaldejuly de querellarse contra Pou,. no puede argüir jactancia de clase alguna.
    “5o. Considerando: que la parte cuyas pretensiones se desesti-maren en absoluto debe ser condenada en costas.
    ‘ ‘ Vistas las disposiciones legales citadas y los artículos 1055, 1056r 1065 y 1803 del Código Civil y los de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento (*) Civil y Orden General 118, serie de 1899.

      “Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, sin lugar esta demanda de jactancia e indemnización de daños y perjuicios, con las costas al actor. Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juz-gando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

      Resultando-: que contra esta sentencia interpuso apelación la representación del demandante Don Rafael R. Pou y López de Victoria la que le fuá admitida libremente y en ambos efec-tos, y que elevados los autos a esta superioridad con citación y emplazamiento de las partes, y personada la apelante, se dio* al recurso la tramitación correspondiente y se señaló día para la vista, cuyo acto se celebró con asistencia del abogado defensor de la parte apelante.
    Abogado del apelante: Sr. López Landrón.

    Las partes apeladas no han comparecido.
   El Juez PbesideNte Sb. QuiñoNes,

después de exponer los. hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

.Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia apelada.

Vistas las disposiciones legales que en la misma se citan.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la refe-rida sentencia con las costas a la parte apelante; y remítase copia certificada de esta sentencia al tribunal inferior, devol-viéndosele los autos.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Pigueras, Sulz-bacher y MacLeary.