text:
    Blanton Winship, Gobernador de Puerto Rico, querellante y apelante, v. Asamblea Municipal de Guayama, recurrida.
    Núm. 6.

    Sometido: Abril 8, 1938.

      Resuelto: Abril 26, 1938.

      Son. Prociorador General B. Fernández Garda, Jesús A. González, Procurador General Auxiliar y E. Córdova Díaz, Subprocurador General Auxiliar, abogados del apelante; J. Validejuli Rodríguez, abogado del Alcalde de Guayama, interventor.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El nueve de febrero último el Gobernador de Puerto Eico por medio del Procurador General de la Isla archivó en la Secretaría de esta Corte Suprema un escrito, notificado a la parte contraria, apelando de la resolución de la Asamblea Municipal de Guayama de enero 31, 1938, notificada al Gober-nador en la persona de su abogado el Procurador General en febrero 5 siguiente, por virtud de la cual dicha asamblea de-cretó el archivo y sobreseimiento del impeachment ante ella seguido contra el alcalde de la municipalidad a virtud de car-gos formuládosle por el Gobernador.

El once de febrero, 1938, esta corte ordenó el requerimiento de la asamblea para que dentro del término de cinco días enviara el récord del impeachment. Fué requerida en efecto al día siguiente y el catorce remitió el récord. Ese mismu día el alcalde por su abogado presentó una moción de deses-timación del recurso que fué impugnada por el apelante y vista con asistencia e informe de los abogados de ambas par-tes en febrero 21, 1938.

No obstante la presentación de la moción de desestimación, la vista del recurso se señaló en febrero quince para marzo catorce. La moción de desestimación que prácticamente com-prendió el caso en su totalidad no fué resuelta hasta marzo 24, en cuya fecha se declaró sin lugar, celebrándose la vista del recurso en marzo 28, 1938.

En el acto de la misma el alcalde por medio de su abo-gado suscitó como cuestión jurisdiccional la de que este tribunal no tenía facultad para actuar por no haberse celebrado la vista dentro del término fijado por la ley. Se permitió a las partes que presentaran memoranda sobre dicha cuestión archivándose el último escrito — que fué el del alcalde — el ocho de abril actual, fecha en que quedó el caso sometido definiti-vamente a nuestra consideración y resolución.

La ley aplicable está contenida en la parte del artículo 29 de la Ley núm. 53 de 1928 (pág\ 335), como quedó enmendado por la sección 9 de la Ley núm. 98 de 1931, Leyes de ese año, págs. 595, 611, que dice:

“La Corte Suprema deberá celebrar la vista correspondiente den-tro de un término que no excederá de veinte días inmediatamente después de haberse emplazado la parte recurrida; y deberá resolver el caso dentro de un término que no excederá de treinta días después de sometido.”

La cuestión fué levantada por el alcalde por primera vez en marzo 28 último y no obstante el tiempo que tuvo hasta entonces y luego hasta abril 8, no la ha robustecido con un solo precedente ni con jurisprudencia aplicable.

Disposiciones de la naturaleza de las transcritas, son direc-tivas, no mandatorias. Expresan el pensamiento del legisla-dor sobre la necesidad que existe de que se actúe con la rapi-dez debida a fin de que los intereses públicos' no sufran y las administraciones gubernamentales funcionen sin embarazo lo más pronto posible, y los tribunales deben atenderlas y cum-plirlas hasta el límite, pero ello no quiere decir que pierdan su jurisdicción para actuar porque el término fijado pase. Véanse los casos de El Pueblo v. Ríos, 43 D.P.R. 60, El Pueblo v. Rivera, 42 D.P.R. 934 y El Pueblo v. Hernández, 30 D.P.R. 774. La propia ley no ordena el sobreseimiento del recurso a no ser que exista justa causa en contrario, como en el caso del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, ni prescribe que la corte pierda su jurisdicción si no se celebra la vista dentro de los veinte días después del empla-zamiento de la parte recurrida.

En este caso concreto, si se toma la fecha de la notifica-ción del escrito de apelación — febrero Sh — como la del emplaza-miento de que habla la ley, se encontrará que el tribunal tomó acción dos días después y que presentada por el Alcalde una moción de desestimación del recurso, su vista fué señalada para y se celebró el veinte y uno del propio mes de febrero. Y bien puede decirse que al celebrarse la vista de la moción —que iba a los méritos — se vió el caso en su fondo. Además, el señalamiento de la vista se hizo en febrero quince y se noti-ficó al alcalde el diez y seis, o sea dentro del término de veinte días contados a partir del nueve y nada objetó el alcalde. No se ha demostrado, ni alegado siquiera, que se haya sufrido perjuicio.

¿Qué resolvió la asambleat El 31 de enero de 1936 declaró con lugar dos mociones de archivo y sobreseimiento que le presentara el alcalde en el procedimiento de impeachment, por los siguientes fundamentos:

La primera:

“Por cuanto, examinada la citada comunicación del Gobernador de Puerto Rico, que no establece cargos específicos y personales contra el Alcalde, y sólo se limita a transmitir a esta Asamblea el in-forme de Auditoría, de su faz aparece que todos los hechos infor-mados por el Auditor Insular se refieren a la extinta administración pública que de este Municipio expiró en las elecciones del 3 de no-viembre de 1936.
“Por cuanto, es de conocimiento de los Miembros de esta Asam-blea que las mismas cuestiones por las personas que se citan en el in-forme de Auditoría Insular, fueron discutidas en las tribunas públi-cas, ante el electorado de esta ciudad, en que las personas que se citan en la comunicación del Hon. Gobernador hacían públicas las acusaciones al electorado, cuando el actual Alcalde, Francisco Porrata Doria, era postulado para un nuevo término en la Alcaldía de esta Ciudad.
“Por cuanto, se convenció el electorado que todas esas imputa-ciones eran gratuitas, y que el candidato Sr. Porrata Doria, era sólo víctima de los apasionamientos políticos, siempre encendidos en épo-cas eleccionarias.
‘ ‘ Por cuanto, el electorado de esta ciudad y de este distrito municipal volvió a elegir al mencionado Alcalde, Francisco Porrata Doria para la actual administración.
“Por cuanto, tal actuación de la voluntad popular rechazó las imputaciones de las personas mencionadas en la carta informe del Gobernador de la Isla, y depositó de nuevo su confianza en el Hon. Francisco Porrata Doria, como una afirmación de la voluntad del electorado.
“Por cuanto, esta actuación implica que el pueblo rechazó tales imputaciones, e hizo a Francisco Porrata Doria digno de nuevo de su confianza.
“Por cuanto, esta Asamblea Municipal ha estudiado detenida-mente las alegaciones de los abogados del querellado Francisco Po-rrata-Doria, estudiando detenidamente la jurisprudencia pertinente especialmente los casos siguientes: Speed v. Common Council of Detroit, 98 Mich. 360, 57 N. W. 406 y 19 R. C. L. 935, donde se re-solvió lo siguiente-.
“ ‘Misconduct for which an officer may be removed must have been committed since his appointment to the office.’ Véase también McQuillan Municipal Corporations, Vol. 2, pág. 1220 y 1221 en la que se dice lo siguiente: ‘The doctrine of condonation of past offenses is often judicially applied to elective officers, and hence it is sometimes said that an officer cannot be removed for an offense committed during a former term in another office for which he has not been convicted.’ State v. Patton, 131 Mo. App. 628, et seq. y 110 S. W. 636. En el caso de People v. Board of Fire Commissioners, 6 N. Y. St. 658, se resolvió lo siguiente: ‘Hence, it is obvious that mere political bias or personal dislike of the officer having the power of removal is not a cause.’ Véase también el caso de Gillet v. People, 8 Colo. App. 553, reportado en la obra de McQuillan Municipal Corporations y en la que haciendo referencia a este caso se dice lo siguiente:
“ ‘So, ordinarily, particular acts of usurpation of power, on the part of the Mayor, having no legal effect on the affairs of the city, are not sufficient grounds for removal.’ ”

Y la segunda:

“Por cuanto, esta Asamblea ha estudiado cuidadosamente las cuestiones planteadas, y ha leído con detenimiento la comunicación del Hon. Gobernador de Puerto Rico, en que se limita a transmitir a esta Asamblea el informe que recibiera del Auditor de Puerto Rico, sin que en verdad se formulen cargos específicos contra el Alcalde de Guayama, por el Hon. Gobernador de Puerto Eieo o por el Auditor Insular en su carácter de ciudadano particular, ni aparece que ese informe se haga suyo por el Gobernador de Puerto Eieo, y bajo juramento se transmite a esta Asamblea como formulación de car-gos suyos contra el Alcalde de Guayama.
“Por cuanto, es requisito de ley y de jurisprudencia que los cargos sean formulados específicamente por alguna persona particular, por un miembro de la Asamblea, o por el Gobernador de Puerto Eieo, no llenando estos requisitos la comunicación del Ejecutivo Insular, de 29 de octubre de 1937.”

Tras un examen cuidadoso del récord original y de todo lo actuado, expuesto y discutido ante esta Corte Suprema, creemos que no estuvo justificada la Asamblea en la actitud que asumiera y en la acción que finalmente tomara.

La ley reguladora del caso, que lo es el artículo 29 de la Municipal vigente ya citado, no exige que el Gobernador jure los cargos, y ello no constituye una práctica desusada ya que una ley general como lo es el Código de Enjuiciamiento Civil, dispone en su artículo 118 que cuando se jure la de-manda, deberá jurarse la contestación, y eso no obstante exime expresamente del cumplimiento de ese deber al demandado que fuere un funcionario de la Isla en su carácter oficial.

Tampoco creemos que pueda interpretarse la acción del Gobernador como meramente poniendo en conocimiento de la asamblea un informe del Auditor sobre la conducta del alcalde. La carta dice:

“LA FORTALEZA
Puerto Eieo
“October 29, 1937.
“Hon. Presidente, Asamblea Municipal,
“Guayama, P. E.
“Señor:
“He recibido una comunicación de la Oficina del Auditor de Puerto Eieo, en la que se formulan cargos al actual Alcalde de Gua-yama, Sr. Francisco Porrata Doria, en el ejercicio de su cargo. A continuación le hago una reseña de los mismos, con el fin de que se siga por esa Hon. Asamblea Municipal el procedimiento fijado por el Art. 29 de la Ley Núm. 98, aprobada en mayo 15 de 1931, que dice así:
(Se transcribe el artículo.)
“Primer cargo. — Que sin autorización expresa alguna de la Asam-blea Municipal de Guayama, P. R., el Alcalde Francisco Porrata Doria transigió el pleito civil Núm. 4420, seguido por el Municipio de Guayama contra Esteban Figueroa ante la Corte Municipal de Guayama, ‘Municipio de Guayama, demandante, v. Esteban Figueroa, demandado.’ En este caso se embargaron bienes suficientes a cubrir la suma reclamada por el Municipio, que fueron rematados por la suma de $130.00 y adjudicados al concuñado del Alcalde Francisco Porrata Doria, Sr. Gabriel Torres Laborde.
“Segundo cargo. — Que allá para el año de 1935, con el propó-sito de alquilarla a la PRERA, el alcalde Francisco Porrata Doria ordenó la construcción de una casa por cuenta del Municipio de Guayama, 30 X 30 pies, en el barrio ‘Guamaní’, de Guayama, la cual fué construida por Luis Anés Rodríguez hasta dejarla en cua-dro. Esta casa hasta ese punto construida, lo fué con maderas pa-gadas por el Municipio de Guayama, tomadas por Luis Anés Rodrí-guez, según orden (conduce) Núm. 233-69, de abril 8 de 1935, en la casa de J. R. Nieves, Sucursal de Guayama, y todo obedeciendo a lo ordenado por el Alcalde Francisco Porrata Doria, según affidavit 519, suscrito por Luis Anés Rodríguez, ante el notario Luis Domín-guez Rovira, de fecha 17 de febrero de 1937, que se acompaña. Que esta misma casa en cuadro, por orden expresa del Alcalde Francisco Porrata Doria, fué desmontada por el carpintero Nieves Cortijo, de Guayama, y su auxiliar Ángel Rodríguez, y reconstruida en el barrio ‘La Fuente de Jobos’ como casa club del Partido Socialista de Gua-yama, y así es conocida, siendo la misma casa qüe se describe en la escritura núm. 100, otorgada en la ciudad de Guayama el 14 de Oc-tubre de 1936, ante el notario W. Ramos Vázquez, en la cual decla-raron los esposos Haddock Nieves haberla construido. Esta casa, si bien es cierto que se empezó a construir con una casa en cuadro pro-piedad del Municipio de Guayama, no es menos cierto que por con-tribución y colectas se siguió construyendo hasta la terminación para una casa club del Partido Socialista.
“Tercer cargo. — Que el alcalde Francisco Porrata Doria construyó una casa denominada ‘La Pesca’, -a orillas del mar, en el barrio ‘Las Mareas’, de Guayama, con materiales, propiedad del Municipio de Guayama, P. R., y estableció un negocio de pesca allí. Que más tarde ordenó el desmonte de dicha casa y la reconstruyó en la calle San Rogelio, de Guayama, sitio denominado ‘Hoyo Inglés’, la que ■desde entonces se usó y se usa actualmente para casa club del Par-tido Socialista, de Guayama, P. R. El solar en que fué emplazada, dicha casa aparece cedido por el Municipio de Guayama allá por el año 1910. a los esposos Fernando Haddock y Mercedes Nieves, de-Guayama, P. E., quienes aparecen ser dueños de la casa reconstruídar según escritura Núm. 101, de Acta de Construcción, otorgada en Gua-yama, P. R., ante el notario W. Ramos Vázquez, el día 14 de oc-tubre de 1936.
“Cuarto cargo. — Que allá para el año 1933, el Alcalde de Gua-yama, Francisco Porrata Doria, construyó una casa en el barrio Bo-rinquen, calle Fidelidad, del antedicho Municipio, con el fin de ser usada como club de la Sección Socialista de Guayama, y al efecto obtuvo dinero y los servicios personales de los miembros de dicho club, quedando la casa construida. Que la misma se utilizó como club Socialista desde que se fabricó, instalando el Alcalde Francisco Porrata Doria servicio de luz eléctrica en ella desde la fecha de su construcción, y puso el contador a nombre de Alejandro Ortiz Resto, vecino de Guayama, prestando fianza de $1.00 al Municipio de Gua-yama para garantizar el pago del servicio. Que desde marzo de 1934 hasta noviembre de 1936 se llevó una cuenta a nombre de Alejandro Ortiz Resto en los libras del Municipio de Guayama, y que un poco después de las elecciones de 1936, en vísta de que no se pa-gaba la corriente consumida y el montante de luz adeudado era considerable, pues ascendía a $40 y pico, Alejandro Ortiz Resto les co-municó al Alcalde y al Secretario-Auditor Municipal, Sres. Francisco Porrata Doria y R. Navarro, que el Comité de la Sección Socialista de Guayama, P. R., debía pagar dicha deuda por corriente eléctrica, y darlo a él de baja porque le perjudicaba aparecer en los libros como adeudando servicios de corriente eléctrica al Municipio. Que dichos funcionarios seguido le replicaron que ellos arreglarían el asunto en cuestión. Que hará como cuatro meses aproximadamente, Alejandro Ortiz Resto quiso poner luz eléctrica en su residencia privada, y el Municipio de Guayama le negó la petición porque dicho señor apa-recía en los libros adeudando una cantidad considerable de dinero por concepto de corriente eléctrica.
“Quinto cargo. — Que el Alcalde de Guayama, Francisco Porrata Doria, hacía retener el pago de las nóminas a los trabajadores y per-sonas empleadas por el Municipio, con el propósito de que éstos se vieran obligados a vender sus créditos contra el Municipio a Jacinto Valentin, conserje de la Alcaldía de Guayama, mediante un descuento de un 40 ó un.50 por ciento, y una vez heelio esto, el Secretario-Auditor Municipal, Rafael Navarro, pagaba el montante de dichos créditos a Jacinto Valentín.
“Sexto cargo. — Que el Alcalde Francisco Porrata Doria compró un truck a Smallwood Brothers, Sucursal de Guayama, P. R., registrando ■dicho vehículo a nombre de Eusebio Serrano, para su explotación. 'Que faltándole gomas a dicho truck, por orden y autorización del Alcalde Francisco Porrata Doria, se usaron durante varios meses, cuatro gomas de truck, propiedad del Municipio de Guayama, P. R., y pertenecientes a los trucks usados para limpieza pública, en el De-partamento de Sanidad local.
“Séptimo cargo. — Que el Alcalde Francisco Porrata Doria, incu-rriendo en una grave negligencia en la administración, y con cono-cimiento de ello, permitió que Santos Gutiérrez destruyera parte de la cerca de la casa escuela rural 'Línea Capó’, corriendo su cerca y ocupando la casa que construyera en ese sitio algunos metros del solar de dicha escuela que pertenece al Departamento de Instrucción. Este hecho fué reportado al Ingeniero Municipal, que lo era entonces el Sr. Bruno, y éste trasladóse al sitio ordenando el paro de la des-trucción de la cerca, pero el Alcalde Francisco Porrata Doria, que fué llamado por la Sra. Gutiérrez, e informado de los sucesos, le dijo a la Sra. Gutiérrez que no hiciera caso y que siguiera su obra. Que en esa misma fecha aparece una donación hecha por Santos Gu-tiérrez al Municipio de Guayama por la suma de $25.00.
“Le informo, además, que de no proceder esa Asamblea Municipal dentro de los próximos diez días después de recibida esta comu-nicación, a considerar y resolver los cargos de referencia, siguiendo el procedimiento que prescribe la Ley Municipal en estos casos, pro-cederé a tenor de lo dispuesto en el Art. 29 arriba transcrito.
“Atentamente,
“(fdo.) Blanton Winship,
“Gobernador de Puerto Rico.”

La propia asamblea interpretó rectamente en nn principio lo que significaba la comunicación del Gobernador cuando ini-ció los procedimientos que ella misma tituló “In re: Impeachment del Alcalde de Guayama, Hon. Francisco Porrata Doria.”

Sobre la conclusión a que llegó la asamblea acerca de la absolución del alcalde por el propio electorado, ya que los hechos que se le imputan fueron cometidos en su administración pasada y el pueblo lo reeligió para la presente administración, la jurisprudencia está en verdad dividida. Véase la monografía sobre esta cuestión que aparece en 17 A. L. R. 279.

En Puerto Eico la cuestión es nueva. Aún este tribunal no ha tenido la oportunidad hasta ahora de pasar .sobre la misma. Y pesando ahora las razones aducidas en pro y en contra, nos parece más sana y efectiva la .teoría que sostiene que el impeachment procede. Como dijo la Corte Suprema de Iowa en el caso de State v. Welsh, 109 Iowa 19, 79 N. W. 369, “el objeto principal de una remoción es librar a la comu-nidad de un funcionario corrupto, incapacitado e indigno de confianza. Sus actuaciones durante su mandato anterior reve-' lan tan eficazmente que puede calificársele de tal, lo mismo que las del término en que está sirviendo. La reelección no condona el delito. La conducta ofensiva puede que no haya sido descubierta con anterioridad a su elección, y, sea ello como fuere, no había sido establecida en la forma prevista por el estatuto.”

En cuanto a la gravedad de los cargos a los efectos de si son o no suficientes para la destitución del funcionario, habiéndolos ya transcrito, bastará referirnos a ellos. Hablan por sí mismos. Eevelan una continuidad en ciertas prácticas para usar de los bienes de la comunidad no en beneficio de ella sino en el suyo personal y en el de un partido político, que no son compatibles con el debido ejercicio de un cargo de confianza, y otros actos, como los especificados en los car-gos primero, séptimo y quinto, ponen de manifiesto a un funcionario que no cumple con la ley y que usa de su puesto para permitir una explotación ilegal sistemática de los empleados del municipio en sus sueldos. Tales cargos, de probarse, constituyen base más que suficiente para la destitución.

Por virtud de todo lo expuesto y sin necesidad de entrar a considerar y a resolver el cuarto de los errores señalados que es como sigue: “La Asamblea Municipal de Guayama erró al permitir que interviniera y votara en este procedi-miento el Asambleísta Santiago Porrata Doria, hermano del Alcalde, Sr. Francisco Porrata Doria, ’ ’ y que nos inclinamos a creer que también fue cometido, se impone la revocación de las dos resoluciones de la Asamblea Municipal de Guayama de enero 31, 1938, que de hecho constituyen una sola, pues ambas decretan el archivo y sobreseimiento definitivo del pro-cedimiento de impeachment y absuelven al Alcalde- de los cargos contra él mismo formulados, devolviéndose el récord a la dicha asamblea para que continúe él procedimiento en forma no inconsistente con los principios enunciados en esta, opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor "Wole

license: Public Domain

text:
    Pedro M. Porrata, peticionario, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Domingo Sepúlveda, Juez, demandada.
    Núm. 1134.

    Sometido: Abril 9, 1938.

      Resuelto: Abril 29, 1932.

      Pedro M. Porrata, pro se y como Contador Partidor; F. Ochoteco, abogado del Albacea clon Mario Mercado Riera; I. Soldevila, abo-gado de la legataria Sra. Ventura; F. Parra Toro, abogado ele los legatarios de apellidos Mercado Parra; José A. Poventud, abogado del heredero don Adriano Mercado Riera; G. Iriarte, abo-gado de la heredera María Luisa Mercado Riera; y M. Vahamonde, abogado ele los legatarios de apellido Delgado y Negrón.
   El Juez Asociado Señor "Wole

emitió la opinión del tribunal.

Mario Mercado Montalvo falleció bajo testamento el 22 de agosto de 1937. En el mismo designaba a su hijo mayor, Mario Mercado Riera, albacea de la herencia y nombraba como contador partidor a Pedro M. Porrata. Cada una de estas personas aceptó su cargo testamentario y comenzó a desem-peñar sus deberes.

El día 24 de enero de 1938, Adrián Mercado Riera, uno de los cuatro hijos legítimos del testador, radicó una petición ante la Corte de Distrito de Ponce intitulada “Escrito sobre aceptación beneficiaría de herencia y formación de inventa-rio.” En ella se hacían constar las disposiciones generales del testamento del finado y la designación de Adrián Mercado Riera como uno de los cuatro herederos universales. Tam-bién se enumeraron los legados y se especificaron los nom-bres y direcciones de los legatarios. El párrafo sexto de dicho escrito exponía los nombres de los acreedores de la sucesión, por información y creencia. Luego de hacer constar todo esto, el peticionario alegaba que no estaba en posesión de nin-guno de los bienes de la herencia, que no había dado paso alguno como heredero y qne no se había instado ningún liti-gio en sn contra en torno a la herencia. Lueg’o de declarar qne nadie había preparado nn inventario del activo y pasivo de la herencia y qne el albacea antes mencionado se hallaba en posesión de todos los bienes de la misma con la correspon-diente prueba de los títulos, el peticionario solicitaba de la corte:

“ ... Se sirva ordenar que el referido albacea don Mario Mercado Riera, en el día y hora que el tribunal tenga a bien señalar, concurra con una completa relación y avalúo del activo y pasivo he-reditarios, así como con los demás ciatos necesarios para la formación del indicado inventario de los bienes del causante. ...” (Bastar-dilla nuestra.)

En la súplica de dicho escrito también se pedía se citara, por la corte, a todos los legatarios, acreedores, herederos, re-presentantes de los menores, ausentes, etc., así como al fiscal, a fin de que todos ellos pudieran tener la oportunidad de pre-senciar e intervenir en la preparación del inventario.

En respuesta a la anterior petición, la Corte de Distrito de Ponce, el mismo día, reconoció la aceptación a beneficio de inventario hecha por Adrián Mercado Riera, y de con-formidad con lo que la corte consideró sus derechos como aceptante, ordenó al albacea que compareciera ante dicha corte el 11 de marzo de 1938 a las 10 a. m. con una “com-pleta relación del activo y pasivo dejados por el causante don Mario Mercado Montalvo, así como con los demás datos nece-sarios para la formación del inventario de los bienes del alu-dido finado. ...”

El 26 de enero de 1938, el contador partidor, Pedro M. Porrata, radicó dos mociones, solicitando en una de ellas permiso para presentar otra en que trataba de que se le con-siderara como parte en el procedimiento para la prepara-ción del inventario. Este recurso, o sea el número 1213 de la corte inferior, iniciado por Adrián Mercado Riera, es el asunto principal en el certiorari que está ante nos. Sin que el letrado del aceptante beneficiario hiciera objeción a ello, al contador partidor se le permitió por orden de la corte de febrero 8 qne compareciera en los autos del caso número 1213, supra. En febrero 10 el contador partidor Pedro M. Porrata, incorporado ya en el procedimiento especial a que antes nos hemos referido, presentó conjuntamente, dos mocio-nes adicionales ante la corte inferior, solicitando:

(a) Que el aceptante enmiende su petición original y las citaciones posteriores, a fin de que se reconozca al contador partidor como parte, de conformidad con la resolución de febrero 8, 1938, y que se paralice todo procedimiento hasta que eso se hag’a;

(b) que se deje sin efecto la orden de enero 24, 1938, que requirió del albacea diera ciertos pasos con referencia a la formación del inventario; y

(c) que en su lugar se dicte otra orden dirigida al con-tador partidor, requiriéndole para que prepare el inventario y lo radique ante" la corte dentro de sesenta días, o dentro de cualquier otro término que la corte crea conveniente, dada la importancia del caudal.

Con fecha 2 de marzo de 1938, la corte inferior declaró sin lugar ambas mociones, reservando al contador partidor sus derechos como tal. Una moción de reconsideración fue decla-rada sin lugar.

Con el propósito de anular la orden anterior de 2 de marzo, el contador partidor radicó ante este tribunal una petición de certiorari. El auto fue expedido y celebrada una amplia vista en la cual comparecieron los letrados de los herederos, legatarios y representantes testamentarios.

Irrespectivamente de si un contador partidor testamentario tiene derecho a que se le haga parte en un procedimiento especial para la aceptación beneficiaría de la herencia, el hecho cierto es que la corte en este caso permitió al contador partidor que interviniera, y en su consecuencia, el denegar su moción para que se enmendara la petición y citación del aceptante, de ser necesario, fué un proceder enteramente correcto.

Según hemos enfocado la cuestión, existen tres controversias principales a determinarse:

I. ¿ Tiene un heredero que ha aceptado la herencia a bene-ficio de inventario el derecho absoluto a exigir que la for-mación del inventario sea efectuada dentro de determinado período de tiempo?

II. De tener tal derecho, ¿puede solicitar que ello se haga judicialmente, si su aceptación ha sido judicial?

III. Si las dos preguntas anteriores son contestadas afir-mativamente, ¿a quién corresponde preparar dicho inventario o suministrar la información necesaria?

Antes de proseguir, deseamos decidir de manera definitiva que el contador partidor tiene el derecho absoluto a prepa-rar u obtener un inventario independiente para poder proce-der al avalúo, liquidación, división y distribución de la heren-cia, para la partición de la misma. Esto se desprende de las disposiciones del artículo 601 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. de 1933), que lee:

“Al contador'partidor, ya sea «rombrado por el testador, ya por la corte de distrito, se le darán los datos necesarios para el avalúo, liquidación, división y distribución del caudal hereditario.” (Itálica nuestra.)

Del artículo anterior se deduce que los “datos” pueden ser suministrados al contador partidor, mas nada hay que impida que él mismo los obtenga.

No tenemos duda alguna respecto a los poderes exclusivos del contador partidor dentro de los límites del campo de sus actividades. Empero, luego de hacer un análisis detenido del actual procedimiento, hemos llegado a la conclusión de que no se han menoscabado ninguno de esos poderes, conforme trataremos de demostrar.

Aunque Adrián Mercado Riera no aduce expresamente ninguna razón importante para exigir la formación del inven-tario, somos del criterio de que el Código Civil le otorga tal derecho. Los artículos 964, 965, y 967-972 del Código Civil (ed. de 1930) disponen:

“Artículo 964. — Todo heredero puede aceptar la herencia a bene-ficio de inventario, aunque el testador se lo haya prohibido.
“También podrá pedir la formación de inventario antes de acep-tar o repudiar la herencia para deliberar sobre este punto.
“Artículo 965. — La aceptación de la herencia a beneficio de in-ventario podrá hacerse ante notario o por escrito ante la corte de distrito que sea competente para prevenir el juicio de testamentaría o abintestato.”
“Artículo 967. — La declaración a que se refieren los artículos an-teriores no producirá efecto alguno si no va precedida o seguida de un inventario fiel y exacto de todos los bienes de la herencia, hecho con las formalidades y dentro de los plazos que se expresarán en los artículos siguientes.
“Artículo 968. — El heredero que ienga en su poder los bienes de la herencia o parte de ellos y quiera utilizar el beneficio de inventa-rio o el derecho de deliberar, deberá manifestarlo a la corte de dis-trito competente para conocer de la testamentaría o del abintestato, dentro de los diez días siguientes al en que supiere ser tal heredero, si reside en el lugar donde hubiese fallecido el causante de la heren-cia. Si residiera fuera, el plazo será de treinta días.
“En uno y otro caso el heredero deberá pedir a la vez la forma-ción del inventario, y la citación a los acreedores y legatarios para que acudan a presenciarlo si les conviniere.
“Artículo 969. — Cuando el heredero no tenga en su poder la he-rencia o parte de ella, ni haya practicado gestión alguna como tal heredero, los plazos expresados en el artículo anterior se contarán desde el día siguiente al en que expire el plazo que la corte de dis-trito le hubiese fijado para aceptar o repudiar la herencia, conforme al artículo 959 o desde el día en que la hubiese aceptado o hubiera gestionado como heredero.
“Artículo 970. — Fuera de los casos a que se refieren los dos ante-riores artículos, si no se hubiere presentado ninguna demanda contra el heredero, podrá éste aceptar a beneficio de inventario o con el derecho de deliberar, mientras no prescriba la acción para reclamar la herencia.
“Artículo 971. — El inventario se principiará dentro de los treinta días siguientes a la citación de los acreedores y legatarios, y concluirá dentro de otros sesenta.
“Si por hallarse los bienes a larga distancia, o ser muy cuantiosos, o por otra causa justa, parecieren insuficientes dichos sesenta días, podrá la corte de distrito prorrogar este término por el tiempo que estime necesario, sin que pueda exceder de un año.
“Artículo 972. — Si por culpa o negligencia del heredero no se principiare o no se concluyere el inventario en los plazos y con las solemnidades prescritas en los artículos anteriores, se entenderá que acepta la herencia pura y simplemente. ’ ’

Nos hemos formado la idea, de conformidad con los ante-riores artículos y de acuerdo con la mayoría de los comen-taristas de los artículos correspondientes al Código Civil espa-ñol, que el aceptante puede solicitar la formación de un inven-tario judicial. Según dijimos en Panne González y De la Guerra et al., 46 D.P.R. 265, no estamos del todo convencidos de que tiene inevitablemente que ser judicial en su prepara-ción, aunque sí tiene siempre que ser presentado en la secre-taría de la corte, y notificado a todas las partes interesadas, a fin de que éstas puedan levantar las objeciones pertinentes. Sin embargo, estamos más o menos seguros de que si el inven-tario no ha precedido la aceptación condicional, el aceptante puede siempre pedir que el inventario se haga ante la corte competente. Tenemos además la idea de que otros herederos que más tarde puedan creer prudente hacer dicha aceptación condicional, y que han sido debidamente citados en este pro-cedimiento, quedan obligados, a los efectos de su actuación especial, por el inventario que eventualmente se apruebe en este caso. Esto despeja cualquier peligro que pudiera haber de inventarios múltiples por parte de otros herederos en este estado de la herencia.

No podemos perder de vista el hecho de que al contador partidor se le ha permitido tomar parte en la preparación del inventario j que puede, haciendo las oportunas objeciones o indicaciones, ayudar grandemente a la corte a llegar a una pronta terminación del inventario. Este inventario ayudará al albacea a realizar uno de los deberes fundamentales de su cargo,. o sea el pago de las deudas hereditarias, y al así hacerlo las operaciones particionales pueden ser grandemente facilitadas.

La cuestión restante que ha de contestarse es la relativa a la procedencia de la orden de la corte inferior dirigida al albacea. Una vez que se llega a la conclusión de que el inventario puede, y quizá debe, ser judicial, entonces la forma en que ha de prepararse el inventario, a nuestro juicio, es en gran parte discrecional en la corte. En este caso específico, la corte decidió acudir al albacea, por estar él en posesión de todos los bienes del finado, para toda aquella información que éste pudiera suministrar a la corte. Es cierto que la orden expresamente le requería para que suministrara una completa relación y avalúo del activo y pasivo dejados por el causante, etc., pero cualesquiera objeciones que el albacea pueda tener respecto a su habilidad o deber de avaluar, es cuestión que él puede ventilar ante la corte de distrito.

En este recurso se han presentado cuatro extensos alega-tos, y es imposible, y en muchos casos innecesario, contestar todos los puntos legales suscitados por los sostenedores de las distintas contenciones. La cuestión principal sub júdice no está cubierta expresamente por nuestros códigos, y puede que haya llegado el momento de que la Asamblea Legislativa armonice, mediante la redacción de un estatuto completo que cubra el campo especial que está ante nos, los principios espa-ñoles y americanos que rigen toda esta importante fase del derecho de sucesión.

Tal vez hubiera sido aún más prudente ordenar al conta-dor partidor que prepare el inventario, pero como todos los bienes se encuentran aparentemente bajo la custodia del alba-cea, y quizá por otras razones, la corte tenía una discreción que no estamos dispuestos a negarle.

Todas las partes interesadas en la herencia de Mario Mercado Montalvo deben cooperar con la corte inferior en la pre-paración de un inventario con toda premura, a fin de que esta herencia dé un paso adelante en el camino que conduce hacia su división y partición. Para evitar gastos y la duplicación de inventarios, el contador partidor debe unirse en los proce-dimientos en que, a instancia propia, se le permitió intervenir.

Por las razones expuestas, debe anularse el auto expedido por este Tribunal con fecha 8 de marzo de 1938 y ordenarse la devolución a la corte inferior de todos los expedientes que se encuentran ante nos, para ulteriores procedimientos y para que se fije un nuevo término dentro del cual haya de darse-cumplimiento a la orden de dicha corte de <4 de enero de 1938.


author: .El Juez Asociado Skñok "Woij?

text:
    Elena Suárez, demandante y apelada, v. Juan Solís, demandado y apelante.
    Núm. 7718.

    Sometido: Abril 25, 1938.

      Resuelto: Abril 29, 1938.

      Dubón & Ochoteco, abogados del apelante; Carlos D. Vázquez, abo-gado de la apelada.
   .El Juez Asociado Skñok "Woij?

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito de divorcio Elena Suárez obtuvo sentencia contra su esposo. Éste apeló. La apelada solicita se deses-time el recurso por dos motivos, primero, porque el escrito de apelación no fué notificado a su abogado, y, segundo, por-que no se lia proseguido el recurso con la debida diligencia.

Aparece suficientemente de los autos que el escrito de apelación fué llevado a la oficina del letrado de la apelada y entregado al padre de diclio letrado, y dicbo padre también es un abogado en ejercicio.

Para justificar la falta de buena fe por parte del apelante, la apelada demuestra que desde el día en que se entabló la apelación, o sea desde el 11 de mayo de 1936, el apelante lia obtenido un gran número de prórrogas, sin exponer razones algunas para la concesión de tales prórrogas, o diciendo que el abogado del apelante estaba muy ocupado. La apelada lia presentado un caso prima facie para la desestimación del recurso.

El apelante en su oposición escrita a la moción no niega los bechos en ella aducidos, pero sostiene que lo que en reali-dad ocurrió fué que las notas taquigráficas que le fueron entre-gadas allá para los comienzos del procedimiento, se lo extra-viaron a su abogado y nunca fueron bailadas basta hace poco; que, según su abogado, el apelante era demasiado pobre para solicitar del taquígrafo otra copia. De la moción de la ape-lada se desprende que la transcripción taquigráfica solamente constaba de 61 páginas.

Somos de opinión que el becbo de haberse extraviado la transcripción taquigráfica debió habérsele presentado a la corte como una excusa en época anterior. Quizá entonces la parte contraria pudo haber ofrecido prestar al apelante su transcripción taquigráfica, si la tenía, o la apelada o la corte hubieran tenido la oportunidad de hacer algún otro ofreci-miento o de dar cualesquiera otros pasos para poner al ape-lante en posición de completar el récord.

Nos sentimos obligados a resolver que la excusa no estuvo bien fundada. La razón primordial para el incumplimiento no es suficiente y de conformidad con la regla 59 de este tribunal el recurso debe ser desestimado.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Rafael Vázquez Sebas, antes, hoy sus sucesores subrogados Rafael-Teodoro, Juana-María y Julia-Lucía-Cristina Vázquez Anqueira, demandantes y apelantes, v. Eulogio-Dimas y Josefina-Dolores Riera Bengoechea y Josefina B. Macías Vda. de Riera, demandados y apelados.
    Núm. 7237.

    Sometido: Abril 20, 1937.

      Resuelto: Abril 29, 1938.

      Angel A. Vázquez, abogado de los apelantes; Daniel Pellón, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En enero 28, 1933, José L. Soto, Marshal de la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, con la ayuda de algunos hombres, desbarató y demolió una casa de madera situada en el número 40 de la calle Pelayo, hoy Nolasco Ru-bio, del barrio de Puerta de Tierra. Este proceder drástico fue tomado bajo la autoridad de una orden de ejecución li-brada por el secretario de dicha corte en diciembre 20 de 1932 (a tenor de una sentencia de desahucio de 23 de marzo de 1932), dictada a favor de Eulogio Dimas y Josefina Dolores Riera y Bengoechea y su madre Josefina B. Maclas viuda de Riera, contra Ramón Echavarry y Francisca Alfonso Ma-rrero, interventora. La sentencia arriba citada fué dictada en el caso núm. 12,180 de la corte municipal. En adelante nos referiremos a los demandantes en dicho caso como “los Riera.”

Como resultado de la destrucción de la casa mencionada, Rafael Vázquez Sebas instó demanda de daños y perjuicios contra los Riera, alegando que al tiempo en que el marshal procedió, él era dueño del título de la casa y que esto lo sabían los Riera. En su demanda Vázquez Sebas alega que por escritura notarial de diciembre 13, 1932, él adquirió la casa en cuestión de Francisca Alfonso Marrero; que por carta de diciembre 20 del mismo año él notificó a los Riera por mediación de su apoderado, Sr. Antonio B. Macías, de la compra; que a pesar de todo esto la casa, sin notificarse al aquí demandante, fué más tarde destruida por el márshal en el procedimiento de desahucio contra Echavarry y la persona de quien él adquirió, Francisca Alfonso; y que el decreto de la corte municipal no ordenaba expresamente dicha demoli-ción. Vázquez Sebas también alegó que la casa valía $1,800 y que las rentas de que se le había privado, hasta la fecha de la radicación de la demanda, montaban a $120. Este pleito fué iniciado el 21 de junio de 1933.

La contestación de los demandados negaba el título del demandante a la casa y alegaba afirmativamente que la venta efectuada por Francisca Alfonso Marrero a Rafael Vázquez Sebas fué simulada y llevada a cabo con el propósito frau-dulento de impedir la ejecución de la sentencia obtenida por los demandados en el pleito núm. 12,180, supra. El segundo párrafo trata de negar el supuesto valor de la casa y niega la existencia de cualesquiera rentas procedentes de la misma. Los demandados insistieron en la legalidad y regularidad del procedimiento en cuya virtud se destruyó la casa.

En octubre 2, 1934, Rafael Vázquez Sebas fué sustituido debidamente como parte demandante por sus herederos Rafael Teodoro, Juana María, y Julia Lucía Cristina Vázquez Anqueira. Éstos son los aquí apelantes.

La Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia a favor de los demandados, sin costas. Contra esa sentencia es que se ha interpuesto el presente recurso de apelación, y se seña-lan cinco errores.

Tenemos que ver principalmente con la determinación de si Rafael Vázquez Sebas obtuvo un título bona fide de la casa en cuestión, y si lo obtuvo, si ese hecho por sí solo, en vista de todas las otras circunstancias, debe otorgarle los derechos que ahora trata de hacer cumplir en este litigio.

Por la importancia que en definitiva pueda tener, es con-veniente revisar todos los procedimientos litigiosos que pre-cedieron a este caso. La demanda en el pleito de desahucio fué radicada en enero 11 de 1932. El día 25 de ese mismo mes, Francisca Alfonso Marrero radicó demanda de inter-vención en dicho pleito, alegando que era dueña de la casa enclavada en el solar de los allí demandantes. La Corte Municipal de San Juan, con fecha 23 de marzo de 1932, dictó sentencia en favor de los demandantes, declaró sin lugar la demanda de intervención y ordenó al secretario que expidiera un mandamiento dirigido al marshal “para que en caso de que los demandados no procedan a dejar libre y expedito el citado solar de la casa que enclava en el mismo, se proceda por dicho márshal entonces a desahuciar al demandado Ra-món Echavarry y a la interventora doña Francisca Alfonso Marrero, si esta última estuviera allí en el solar, y a deja] el mismo libre y expedito removiendo la casa que se encuen-tre en el mismo. . .” Los demandados apelaron de esa sen-tencia, y la apelación fué desestimada por la corte de dis-trito en abril 30, 1932. Un certiorari contra la corte municipal fué igualmente declarado sin lugar por-la corte de dis-trito el mismo día. La interventora Francisca Alfonso Ma-rrero apeló para ante este tribunal de la resolución que se negó a expedir el certiorari y dicha apelación fué desestimada por este tribunal el 16 de mayo de 1932. En el ínterin, la interventora había obtenido nna sentencia favorable con res-pecto al título de la casa, en un pleito independiente entablado por ella contra los Riera para dicho fin. No aparece que el título de la casa fuera jamás inscrito.

De la anterior reseña de los hechos podemos llegar a la conclusión que los Riera eran claramente los dueños del solar en que estaba ubicada la casa de Francisca Alfonso Marrero; que ellos probaron su derecho a desalojar a los ocupantes de la casa y a remover la casa misma de su solar, y que una sentencia a ese efecto se había convertido en firme allá para el 16 de mayo de 1932.

Revisemos el curso de los acontecimientos posteriores. En noviembre 28 de 1932, Francisca Alfonso Marrero y Ramón Echavarry se unieron en un escrito que intitularon “Notificación de Desalojo” y que radicaron ante la corte municipal en el pleito civil número 12,180. Los Riera entonces solicitaron, con fecha 16 de diciembre del referido año que la casa fuera separada del solar, de conformidad con la sentencia por ellos obtenida en 23 de marzo de 1932. Entonces, el 20 de diciembre de 1932, surgió un aviso dirigido a Antonio B. Macías, como apoderado de los Riera, informándole que por escritura de 13 de diciembre del mismo año, Rafael Vázquez Sebas adquirió la casa de Francisca Alfonso Marrero. El mismo día la corte municipal expidió una orden dirigida al secretario, concebida en los siguientes términos:

“ ... La corte ordena al secretario de la misma se sirva librar mandamiento dirigido al marshal de esta corte para que proceda al inmediato lanzamiento de los demandados y de todas aquellas perso-nas que en su nombre ocupen el solar antes mencionado, o que lo detenten por derechos que hubieren de éstos.”

No tenemos dudas de que las instrucciones dadas al marshal por el secretario, de conformidad con la orden anterior, estuvieron enteramente autorizadas por la sentencia. No debemos olvidar que los términos expresos de la sentencia original de marzo 23, 1932, sancionaban la remoción de la ■casa.

La corte inferior, basó su opinión casi enteramente en la simulación de la venta de diciembre 13, supra. Para llegar a esa conclusión, la corte se basó en la jurisprudencia de este •Tribunal en los casos de Santini Fertilizer v. Burgos, 34 D.P.R. 869; Lebrón v. F. Fresno & Co. et al., 39 D.P.R. 901, y otros que les ban seguido. Aunque esos casos se refieren a enajenaciones en fraude de acreedores, su ratio decidendi es aplicable al recurso que está ante nos. Después de todo, los Riera habían adquirido el derecho a que se removiera la casa del solar. Hay indicios de fraude a través de todos los procedimientos. Es sorprendente que la notificación de la venta se hiciera el mismo día en que se expidió el manda-miento de ejecución en el procedimiento de desahucio. Tam-bién es significativo que Rafael Vázquez Sebas comprara una casa que según ahora sostiene valía $1,800, por los $300 men-cionados en la escritura. Otro hecho que no puede escapar nuestra atención es que, contrario a lo que el letrado de los apelantes dice en su alegato, el mismo letrado representó a Ramón Echavarry en el referido pleito de desahucio, con-forme se desprende de la moción de noviembre 28, 1932, que ya hemos discutido. También figura como abogado de Francisca Alfonso Marrero en la apelación por ella interpuesta para ante este Tribunal de la orden negándose a expedir el auto de certiorari contra la corte municipal en el mismo pro-cedimiento de desahucio. Sacamos a relucir este hecho mera-mente para sostener, por la fuerza que ella pueda tener, la aserción de la corte de distrito, hecha en su opinión, al efecto de que más o menos los mismos abogados han representado a las partes desde que se inició el pleito original en enero de 1932, mas no para poner en tela de juicio el proceder del letrado al acompañar a las partes que intervinieron en la compraventa hasta la oficina del notario público J. J. Ortiz Alibrán, con una escritura ya preparada. Todas estas con-sideraciones, en adición al hecho de que la escritura misma meramente decía que parte de la suma pagada se había reci-bido de antemano y de que no pasó causa alguna (consideration) ante el notario, tienden a sostener la conclusión de la corte inferior.

La contención de los apelantes al efecto de que la corte no podía anular la escritura de venta sin una demanda o procedimiento especial, etc., es insostenible ante la doctrina de que la nulidad absoluta de una transacción puede ser siem-pre suscitada si se descansa en su validez para la adquisición de derechos, y que ello puede hacerse colateral o directamente.

Tenemos otra idea con respecto a este caso, que puede ser aplicable. ¿Debe un demandante que ha obtenido sentencia firme en un pleito de desahucio y que está próximo a cumplimentar un mandamiento de ejecución que le autoriza a destruir una casa construida por un tercero en su propio suelo, cuando el título de la casa no está inscrito, ser afectado en sus procedimientos por el hecho de que alguien le notifica que ha comprado dicha casa? El adquirente sabía que la casa estaba enclavada en terrerfos no pertenecientes a la persona que le vendió. La vendedora sabía que se había dictado sentencia firme en su contra y que la casa estaba sujeta a ser removida en cualquier momento. Bajo las circunstancias, y a'un asumiendo la existencia de buena fe por parte de Rafael "Vázquez Sebas, el adquirente, él debe sufrir las consecuencias de lo ocurrido a virtud del silencio de la persona de quien hubo. Si él sabía de los procedimientos judiciales, y nos inclinamos a creer que así era, su posición sería considerablemente debilitada. Tenemos la idea de que una vez que se ha obtenido sentencia en un procedimiento de desahucio contra una persona, como ocurre aquí, el que adquiera de ese demandado o de esa persona recibe la propiedad sujeta a la ejecución de dicha sentencia en la forma dispuesta, por la ley, y no tiene derecho a que se le tenga ninguna consideración dentro del procedimiento una vez que el mismo ha llegado a ese estado. Su remedio, de tenerlo, es proceder contra la persona de quien compró la finca. Un criterio distinto permitiría a nn demandado prolongar nn procedimiento de desahucio casi indefinidamente.

Un deudor por sentencia, o nn demandado contra quien se ha dictado sentencia final que afecta directamente alguna propiedad específica, puede vender esa propiedad a un ter-cero, pero ese tercero recibe la propiedad sujeta a las obli-gaciones contraídas en la sentencia. Una venta efectuada después de haberse dictado sentencia no debe hacer que el adquirente se convierta en parte demandada.

Por las razones antes expuestas, somos del criterio de que Rafael Vázquez Sebas nunca adquirió ningún derecho contra los Riera y que cualesquiera daños que haya sufrido fueron el resultado combinado de su propia actuación al adquirir una casa situada en solar ajeno y de la posición no revelada de la persona de quien adquirió la misma.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez PbesideNte Señob Del Tobo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Beltrán Ortiz, acusado y apelante.
    Núm. 6756.

    Resuelto: Mayo 4, 1938.

      G. Iriarte, F. Fernández Cuyar y II. González Blanes, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez PbesideNte Señob Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se ha presentado por el acusado apelante una moción en solicitud de que esta corte “dicte una resolución disponiendo que por el tribunal inferior se le conceda al taquígrafo un término amplío y suficiente, pero perentorio e improrrogable para que éste prepare y radique la transcrip-ción de evidencia en el presente caso, extendiendo hasta quince días después de esa fecha la suspensión que para la trami-tación del recurso se ha concedido al acusado, de forma que la transcripción pueda ser examinada por las partes y ele-vada a esta Hon. Corte.”

Se trata de una apelación interpuesta contra una sentencia dictada en enero 14 de 1937 condenando al apelante como autor de un delito de portar armas prohibidas a tres meses de cárcel. La acusación se formuló en abril 8, 1936, y el hecho imputado se cometió en enero 17, 1936. De suerte que hace más de un año y tres meses que este apelante fué condenado por una corte de distrito por un delito cometido hace más de dos años y el recurso que entablara contra la sentencia aún se encuentra en tramitación en la corte sentenciadora. Las fechas anotadas ponen de manifiesto que existe algo impropio en el procedimiento. La debida administración de la justicia pugna con dilación semejante.

Hace meses nos vimos obligados a estudiar este mismo caso y a emitir una larga opinión a los efectos de conside-rar y resolver algunas cuestiones surgidas con motivo de una petición del acusado para que se le concediera el bene-ficio de pobreza. 52 D.P.ít. 555. Entonces — enero 28, 1938 —decidimos que el juez de distrito debía oír al apelante sobre la cuestión y en su consecuencia se suspendió la tramitación del recurso hasta marzo 31, 1938.

En marzo 4, 1938, el apelante informó a esta Corte Su-prema que la de distrito le había finalmente concedido el beneficio de pobreza pero que se negaba, a ordenar al taquí-grafo que diera preferencia a la transcripción del récord, por lo qne pedía una extensión del término. Y esta corte en •efecto lo extendió hasta abril 30, 1938. Y es ahora, un día antes de vencerse dicho término, que se presenta la nueva moción que estamos considerando a los efectos de su debida resolución.

Estudiando cuidadosamente los autos se llega fácilmente a la conclusión de que de haber adoptado el apelante una actitud razonable, con mézaos energía de la que ha gastado en incidentes y en tiempo muy breve, hubiera podido prepa-rar una exposición del caso a los efectos de someter su ape-lación, garantizados todos sus derechos.

Dice la sentencia recurrida:

“La vista de esta causa tuvo lugar el día 8 de diciembre de 1936. Las partes estipularon someter 'el caso por la prueba practi-cada en el número 2410 seguido por El Pueblo contra el acusado, por asesinato; y el acusado obtuvo término para radicar memorán-dum, lo que no hizo, por lo que la corte fijó el 11 de enero, 1937, para dictar sentencia; y ésta se pospuso para hoy 14 de enero, 1937.
“Al comparecer el acusado el día 11 alegó que él portaba el arma pero que tal portación fué incidentalmente y que tenía derecho a hacer uso de su revólver porque él sorprendió a un individuo en el interior de su establecimiento comercial y al salir del mismo, ya en la calle, el acusado le hizo varios disparos de revólver. El acusado admite, pues, que él persiguió a la víctima luego de haber salido ésta del establecimiento, y que ya en la calle le acometió. Resulta de la teoría del acusado que él es culpable del delito que se le imputa. El acusado tenía derecho a portar un arma dentro de su estableci-miento, pero a lo que no tenía derecho era a portarla y usarla fuera de su establecimiento y en la vía pública, mientras huía el perseguido.
“La corte dicta sentencia declarando a José Beltrán Ortiz culpable del delito de portar armas prohibidas y condenándole a sufrir la pena de tres meses de cárcel. Y se dispone. . . .”

Revela que la transcripción taquigráfica que se solicita es la de la causa de asesinato seguida contra el mismo apelante por cuya prueba se sometió ésta de portar armas. No sabe-mos la suerte que corriera el asesinato. Lo que sabemos es que para el caso de portar armas se insiste en obtener del taquígrafo gratis a virtud de la declaración de pobreza todo el récord del caso de asesinato.

Seguramente se trata de una transcripción voluminosa, gran parte de la cual debe ser inmaterial a los efectos de este recurso. T nada indica que el apelante se hubiera comu-nicado con el taquígrafo a fin de que el tiempo que dedique al trabajo sea el verdaderamente necesario. Al contrario, dada la actitud asumida por las partes, bien puede asumirse que tal comunicación no ha existido.

Pero algo más revela la sentencia. Ella misma está diciendo que se trata de una cuestión que bien con la ayuda de algunas notas taquigráficas, ya a virtud de las de las mismas partes, pudo narrarse en una exposición aprobada por el juez de no más de algunas páginas. Y eso no se hizo, ni se ha demostrado que no fuera factible. Ni siquiera consta que se hubiera intentado realizar.

La ley de pobreza no puede ser más justa. Garantiza a un acusado pobre que en verdad no puede satisfacer los gas-tos de una apelación, obtener el beneficio de ella sin satisfa-cer dichos gastos. A su servicio se ponen todos los funcio-narios de la corte. Pero eso no quiere decir que al amparo de una justa ley, se obtenga carta blanca para exigir más de lo que realmente se necesita.

No estando convencidos de que esté justificada la para-lización de la tramitación del recurso por más tiempo, la moción del apelante debe declararse sin lugar y el recurso continuarse tramitando basta ser resuelto'de acuerdo con la ley.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Banco de Puerto Rico, como liquidador del Banco Comercial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Bautista Arguinzoni, Guillermo Colón y Mateo Vázquez, demandados y apelantes.
    Núm. 7243.

    Sometido: Enero 19, 1938.

      Resuelto: Mayo 9, 1938.

      M. Guzmcm Tezklor, abogado de los apelantes; C. Domínguez Rubio, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Inició este pleito el Banco de Puerto Rico como liquida-dor del Banco Comercial de Puerto Rico en cobro de un pagaré por mil treinta y tres dólares treinta y cuatro centavos, firmado por Juan Bautista Arguinzoni, Guillermo Co-lón y Mateo Vázquez como deudores solidarios. Muerto el último, se demandó a su viuda y a sus diez hijos, ocho de los cuales eran menores de edad.'

Los demandados en su contestación aceptaron la existen-cia del pagaré pero pidieron que se desestimara la demanda por haber quedado extinguida la deuda por novación y por pago.

Pué el pleito a juicio. Aceptado el hecho del fallecimiento de Mateo Vázquez y el de que los demandados de apellido Vázquez y María Ocaña eran sus herederos, el Banco de Puerto Rico probó que estaba autorizado para negociar en la Isla y era el liquidador judicial del Banco Comercial de Puerto Rico. Luego ofreció en evidencia el pagaré en cues-tión firmado por Arguinzoni, Colón y Vázquez en septiem-bre 5, 1931, para vencer en octubre 31 siguiente, y la decla-ración de Diez de Andino a los efectos de demostrar que el pagaré pasó al Banco de Puerto Rico al hacerse cargo de la liquidación del Comercial, qne el Banco hizo gestiones pri-vadas de cobro sin resultado y qne el montante de la denda era $1,033.34 de principal y $289.34 de intereses al doce por ciento annal hasta febrero 28, 1934.

. Por la parte demandada declaró Guillermo Colón, uno de los firmantes del pagaré. Dijo qne éste representaba el resto de una denda que estaba garantizada con un bono hipote-cario de Juan B. Arguinzoni qne el Banco ejecutó; qne no satisfizo directamente el importe del pagaré, que tampoco la Sucesión de Mateo Vázquez lo había satisfecho, pero qne lo pagó Juan B. Arguinzoni con el bono qne ejecutó el Banco. Y por evidencia documental demostró dicha parte:

Qne en noviembre 25, 1930, Juan B. Arguinzoni suscribió un pagaré a la orden del portador por $12,350 y $500 adi-cionales para costas y lo garantizó con hipotecas qne cons-tituyó sobre las siguientes fincas rústicas situadas en Cayey: una de once y media cuerdas, otra de cuatro y media, otra de seis, otra de seis y media, otra de una, otra de diez, otra de veinticinco, y otra de diez, y sobre una casa ubicada en Cayey, dando en prenda dicho pagaré en marzo 19, 1932, al Banco Comercial de Puerto Rico en garantía de otros diez pagarés suscritos por él y otras personas ascendentes en junto a $8,057.89, siendo uno de ellos el que se intenta cobrar en este caso o sea el firmado por Arguinzoni, Colón y Váz-quez por $1,033.34;

Que en marzo 1, 1934, en Guayama, día señalado para la venta en pública subasta por ante notario del pagaré dado en prenda, el notario público Celestino Domínguez Rubio ante quien se llevó a efecto la subasta, otorgó una escritura haciendo constar que la venta fué anunciada en la forma'que se especifica, que Arguinzoni fué notificado, que compareció Juana Desrivieres Lebrón y ofreció a nombre del Banco de Puerto Rico, en su carácter de liquidador del Banco Comer-cial de Puerto Rico, mil dólares por el referido pagaré, can-tidad que debería abonarse a los $8,057.89 en garantía de los cuales se lo dió en prenda Arguinzoni y que no habiendo com-parecido ningún otro postor, ni mejorádose la oferta, se dió por terminado el acto adjudicándose al Banco la buena pro; y

Que el 14 de marzo de 1934, el banco inició un procedi-miento por la vía sumarísima para ejecutar la hipoteca cons-tituida en garantía del pagaré por $12,350, pero limitando su reclamación a $6,350, cuyo procedimiento terminó con la ad-judicación en pública subasta de las fincas hipotecadas al banco por la suma de $510 para ser abonada a la deuda reclamada.

Con tales alegaciones y esa prueba como base, dictó la corte sentencia en contra de los demandados y éstos apelaron para ante este tribunal.

Como puede verse por la exposición de hechos que ante-cede, no hay cuestión sobre la existencia del pagaré en que se basa el pleito.- Fué suscrito por los demandados y entre-gado al banco. Representa el saldo de una deuda. Siendo ello así, la evidencia del banco demostró un caso prima facie a su favor.

¿Demostró la evidencia de los demandados la extinción en todo o en parte de la obligación reclamada? Yeámoslo.

Después de firmado el pagaré de que se trata por los demandados, uno de ellos, Arguinzoni, otorgó el otro pagaré hipotecario que conocemos y lo dió al banco en prenda de varias obligaciones que tenía para con él contraídas, entre ellas la reclamada en este pleito.

No hay duda alguna a nuestro juicio de que a virtud de la nueva obligación de Arguinzoni la antigua no quedó novada. Para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, dice el artículo 1158 del Código Civil (ed. de 1930), es preciso que así se declare terminantemente, o que la anti-gua y la nueva sean de todo punto incompatibles. T aquí ni se declaró terminantemente al constituirse la prenda que el nuevo pagaré sustituía al antiguo, ni la segunda obligación es incompatible con la primera. Se trata sencillamente de una garantía adicional.

La cuestión seria a estudiar y a resolver es la del efecto que puedan tener los actos del banco al instar la venta del segundo pagaré dádole en prenda, al convertirse en dueño del mismo y al ejecutarlo finalmente.

Prescribe el artículo 1771 del Código Civil (ed. de 1930):

“E] acreedor a quien oportunamente no hubiese sido satisfecho su crédito, podrá proceder por ante notario a la enajenación de la prenda. Esta enajenación habrá de hacerse precisamente en subasta pública y con citación del deudor y del dueño de la prenda, en su caso. Si en la primera subasta no hubiese sido enajenada la prenda, podrá celebrarse una segunda con iguales formalidades; y si tam-poco diere resultado, podrá el acreedor hacerse dueño de la prenda. En este caso estará obligado a dar carta de pago de la totalidad de su crédito.”

Ese artículo es igual, en lo pertinente a este caso, al 1872 del Código Civil español, refiriéndose al cual dice Manresa en sus “Comentarios”:

“Ei artículo objeto del presente comentario establece un proce-dimiento breve, económico y sencillo para la realización del débito asegurado con la prenda, sin que por ello dejen de adoptarse las medidas de precaución que inspiraron las limitaciones y prohibicio-nes impuestas por nuestro antiguo derecho.
“La razón que aconseja la prohibición de que el acreedor pren-dario se haga pago de su crédito, desde luego, con la cosa dada en prenda y sin intervención del deudor es obvia y comprensiva sin esfuerzo alguno, pues aparte de la violencia de doctrina que existe en que un título de garantía se convierta en un título de dominio, sin ningún acto jurídico próximo y especial que lo explique, como dice el Sr. ¡Sánchez Román — Sánchez Román, Derecho Civil, segunda edición, Tomo 4, pág. 981 — , el mero buen sentido enseña que resul-taría vejatorio y lesivo para los deudores el que el acreedor pu-diera apropiarse libremente la prenda en pago de su crédito, porque como la estimación de la suficiencia de la garantía, habría de que-dar reservada siempre al criterio o al arbitrio de los acreedores, la codicia de éstos podría aprovecharse de las circunstancias, no ad-mitiendo las garantías prendarias ofrecidas sino en el caso de me-, ¿liar gran diferencia entre el valor real de la cosa dada en prenda y el de la obligación asegurada con ella, ante la expectativa de ob-tener un considerable lucro al convertirse en dueños de la misma.
“Es, pues, una razón de orden moral la que inspira el precepto de este artículo al establecer como condición precisa en todo caso la venta de la prenda en pública subasta y la necesaria intervención del deudor, por cuyo medio pueden evitarse los perjuicios a que estarían expuestos en otro caso, tanto el principal obligado, como el dueño de la prenda en el caso de que ésta fuera constituida por una tercera persona.
“La potestad concedida al acreedor para proceder a la venta de la cosa prendada, en el caso de que oportunamente no hubiere sido satisfecho su crédito, es conforme al objeto de la prenda, pues de lo contrario no podría cumplirse el fin de la misma. Por eso todas las legislaciones han estimado ineficaz el pacto prohibitorio de dicha venta; pero si bien dicha potestad es inherente al contrato mismo, es indispensable, sin embargo, por la razón ya dicha, que en la ena-jenación se observen los dos requisitos indicados de la pública su-basta y de la citación del deudor, puesto que ambos constituyen ‘una formalidad substancial de las enajenaciones reguladas por el art. 1872’, como expresamente tiene declarado la Dirección general de los Registros.
“Si' la prenda hubiere sido constituida por persona distinta del deudor, deberá ser citado también el dueño de ella por concurrir respecto a éste las mismas razones que exigen la citación del deudor.
“Réstanos indicar que si bien el artículo que examinamos se re-fiere a la subasta extrajudicial, puesto que sólo habrá de preceder a la venta por ante Notario, esto no obsta al derecho que al acreedor asiste para reclamar judicialmente el pago de su crédito y la venta de la prenda con tal objeto, sólo que en dicho caso la enajenación ha de regularse por las prescripciones de la ley de Enjuiciamiento civil por constituir la misma un trámite del juicio, por cuyo motivo el Código no tenía para qué dictar regia alguna relativa a dicha clase de venta, toda vez que caía fuera de los límites propios del de-recho sustantivo.
“En su virtud, el acreedor prendario tiene dos medios para rea-lizar su crédito en el caso de que no sea satisfecho en su oportunidad, a saber: 1, — promover el juicio correspondiente, procediendo por la vía judicial contra la cosa pi*endada, y 2, — proceder extrajudicial-mente a la enajenación de la prenda en pública subasta ante No-tario con citación del deudor y del dueño de la misma si fuere persona distinta de aquél, que es el caso a que se refiere el presente artículo.
“Con arreglo a él, si en la primera subasta no fuere enajenada la prenda, podrá celebrarse una segunda con las mismas formali-dades; es decir, ante Notario y con las citaciones indicadas; y en el caso de qne ésta tampoco diere resultado, podrá el acreedor hacerse dueño de la prenda, adjudicándosela en pago, cuya adjudicación es consecuencia lógica de todo remate judicial o extrajudicial en que no hay postor; pero entonces estará obligado a dar carta de pago de la totalidad de su crédito, aunque el importe de éste fuere mayor que el valor de la prenda. ’ ’ 12 hfanresa, Comentarios al Código Civil Español, pág. 400.

Estamos enteramente conformes con la corte sentencia-dora en qne es potestativo del acreedor el recurrir o no a la venta por ante notario. Así lo sostiene Manresa y lo resolvió el Tribunal Supremo de España por sus sentencias 'de octubre 5, 1926, y mayo 12, 1927. Pero a nuestro juicio habiendo el banco optado por dicha venta, estaba obligado a ajustarse a los términos de la ley que la autoriza, y de acuerdo con ellos sólo le estaba permitido hacerse dueño de la prenda después de la segunda subasta, siendo su expreso deber en tal caso otorgar carta de pago de la totalidad de su crédito.

Sostiene el apelado en su alegato que una subasta cuando se compra, basta.

No estamos conformes con esa interpretación de la ley cuando como en este caso el que alega que compró es el acree-dor. Ninguna de las partes cita jurisprudencia sobre el particular ni la hemos encontrado por nosotros mismos, pero a nuestro juicio, como ya dijimos, si el acreedor opta por la venta ante notario, está obligado a seguir la ley y la ley sólo lo autoriza a hacerse dueño de la prenda en la segunda subasta y entonces a dar carta de pago de la totalidad de su crédito. Si se reconociera al acreedor el derecho a ser postor en la primera subasta y a adquirir como tal la prenda por una suma inferior al crédito garantizado por ella para ser abonada a dicho crédito, se destruiría lo que tuvo en mente el legislador, porque de hecho se estaría reconociendo al acreedor el derecho a hacerse dueño de la prenda por ese otro medio, en violación de lo expresamente fijado en el esta-tuto.

Dados los términos en que se llevó a efecto la subasta, pudo el deudor pedir que se anulara. No lo hizo. Deman-dado por el acreedor en pago de la deuda, prefirió aceptar su validez, alegando la extinción de -la obligación reclamada por pago, esto es, dando a la llamada por el banco compra de la prenda en pública subasta, el -alcance de haberse becbo el acreedor dueño de la prenda con los efectos que la misma ley prescribe, a saber, obligación de dar carta de pago de la totalidad de su crédito.

Y le asiste la razón a nuestro juicio. El acreedor debe estar y pasar por las consecuencias de sus propios actos. Supongamos que en vez de un pagaré la prenda hubiera con-sistido eh una alhaja y que hubiera ocurrido lo mismo que aquí ocurrió, ¿existiría duda de que al adquirir el acreedor para sí la alhaja implicaba el cobro de la deuda? A nuestro juicio, ninguna.

Habiendo llegado a la anterior conclusión, no es necesa-rio estudiar y resolver la otra cuestión sobre pago parcial levantada, esto es, la de que en todo caso la parte de la deuda que se reconoce por el acreedor que ha cobrado debería prorra-tearse entre todas las obligaciones garantizadas por el pagaré hipotecario que se dió en prenda.

Debe revocarse la sentencia recurrida y en su lugar dic-tarse otra declarando la demanda sin lugar, sin especial con-denación de costas.


text:
    Banco de Puerto Rico, como liquidador del Banco Comercial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Tomás Rodríguez, Angelina M. de Rodríguez y Rafael Rodríguez, demandados y apelantes.
    Núm. 7390.

    Sometido: Febrero 1, 1938.

      Resuelto: Mayo 13, 1938.

      Bubón & Ochoteco, abogados de los apelantes; C. Dominguez Riobio y Luis Domínguez Rovira, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.'

El 5 de septiembre de 1931, en Cayey, P. R., los demanda-dos firmaron y entregaron al Banco Comercial de Puerto Rico un pagaré que copiado a la letra, en lo pertinente, dice:

“Montante $15,082.25. — Vencimiento Octubre 30 de 1931. — Paga-remos solidariamente al Banco Comercial de Puerto Rico, en el local de su establecimiento o a su orden, el treinta de octubre de mil novecientos treinta y uno la suma de quince mil ochenta y dos con 25/100 — dollars, valor recibido en préstamo y nos obligamos también solidariamente a pagar intereses de doce por ciento anual en caso de- mora y las costas y gastos que ocasione el cobro de esta deuda y los honorarios del abogado que el Banco utilice en caso de reclamación judicial.... ”

T el 18 de diciembre de 1934 el Banco de Puerto Rico, como liquidador del Comercial, inició este pleito en cobro del mismo.

Los demandados admitieron que habían suscrito y entre-gado el pagaré y que no lo habían satisfecho, alegando que no estaban obligados a ello por haber prescrito la acción del demandante por el transcurso de tres años de acuerdo con el artículo 946 del Código de Comercio, edición de 1932.

Insistió el demandante en qne su acción no había prescrito porque el precepto invocado por los demandados no era apli-cable ya que el pagaré que ellos firmaron y le entregaron no era “de comercio.”

Trabada así la contienda fué el pleito a juicio, dictando la corte sentencia en contra de los demandados por entender que:

“No se ha demostrado en este caso que el préstamo que ha dado lugar a la expedición del pagaré que sirve de base a la presente ac-ción, constituya una operación mercantil, pudiendo más bien, infe-rirse lo contrario de las explicaciones dadas por los testigos señores Juan Diez de Andino y Francisco Fernández Colón, y por tanto, el pagaré en cuestión sólo puede ser considerado como expresión de la obligación de devolver una cantidad prestada con el interés pactado, a cuyo préstamo tampoco puede dársele el carácter de mercantil por faltar en él la segunda de las condiciones que requiere el artículo 229 de nuestro Código de Comercio, por no haberse demostrado, a nuestro juicio, que el dinero prestado se destina a actos de comercio, sino que más bien el mismo se obtuvo y fué empleado por los de-mandados en la agricultura y en el ramo de siembra de tabaco, al cual ellos se dedicaban preferentemente. ...”

Los demandados apelaron para ante este tribunal. Seña-lan varios errores que no será necesario estudiar separada-mente porque todo en este caso se funda finalmente en una cuestión, a saber: si el pagaré de que se trata es o no mer-cantil.

Conocemos sus términos. En el juicio, por el demandante declararon los testigos Diez de Andino y Fernández Colón.

El primero era empleado del Banco Comercial y siguió siéndolo a las órdenes del síndico. Dijo que la obligación no había sido satisfecha, que el Banco Comercial no tenía esta-blecimiento mercantil alguno, que no hacía préstamos sobre provisiones, sino con firmas o con garantía hipotecaria o pignoraticia.

El segundo manifestó que estuvo al frente de la Sucursal que el banco tenía en Cayey; que conocía a los demandados ninguno de los cuales era comerciante, dedicándose a la agri-cultura, comprando también y vendiendo ganado, café, tabaco y fincas urbanas.

Por los demandados declararon dos de ellos, Tomás y Rafael Rodríguez.

Dijo el primero que su ocupación era “industrial, agri-cultura,” dedicándose con preferencia a los negocios de com-praventa de frutos y ganado, y luego a repreguntas del abo-gado del demandante, contestó como sigue:

“P. ¿ Cuánto tabaco sembraba usted? R. — Pues yo sembraba, por ejemplo, quinientos quintales de tabaco y reunía dos mil, para eso era que el Banco Comercial me daba a mí la mayor parte del dinero y yo compraba tabaco porque para la refacción yo no necesitaba por-que la refacción mía de quinientos quintales de tabaco . . . mire, ahora mismo yo estoy sembrando y no cojo, pero entonces yo me dedicaba más a la compra. P. — ¿De modo que usted compraba ta-baco con ese dinero que el banco le daba? R. — Sí, señor. P. — ¿Us-ted no tenía comercio? R. — No, señor. P. — ¿No tenía tienda de comercio? R. — No, señor. P. — ¿Ni tampoco su esposa? R. — No. P. — En el año ése 31, ¿usted puede decirnos a la corte aquí . . . ese dinero . . . estos $15,082.25 que es el montante de esta obligación, en qué operaciones usted, de compra de tabaco, usted lo invirtió? R. — Ese dinero no me lo dió el banco a mí de una sola vez, quince mil pesos. El banco me daba tres mil pesos, tres mil más, dos mil, cinco mil, según yo iba necesitando de acuerdo con las compras que yo hacía de tabaco o compraba un solar o cualquiera cosa y yo cogía del banco y suscribía un pagaré por la cantidad que yo cogía. . . _ P. — ¿Pero es lo cierto que ese dinero estaba en el banco a disposición de usted como un préstamo? R. — Sí, señor. . . . P. — ¿Pero con respecto a esta operación específica de $15,082, cómo invirtió usted ese dinero si se acuerda? R. — Pues en su mayoría lo invertí en comprar y dinero extraño que yo puse en el banco de la cooperativa de la. cual era presidente como dos mil quintales de tabaco, que s. s. sabe que se vendió a 7 u 8 pesos tabaco que costó a 30, 31 y 32 pesos y de ahí viene el desastre que se perdió todo y ese dinero lo empleé yo en ese tabaco . . . P. — Yo le voy a hacer la siguiente pregunta: ¿con parte de esos $15,082.25 compró usted o no compró el tabaco o parte del tabaco que usted depositó después en Tabacaleros? R. — Sí, señor. P. — ¿Qué más usted compró con parte de ese dinero? R. — Pues com-praba ganado, solares, casas, vendía y compraba, ése era mi negocio antes, hoy no porque hoy no tengo con qué.... ”

Y manifestó el segundo que se dedicaba a negocios y agri-cultura, siendo su principal negocio la compraventa de tabaco y ganado.

Repreguntado por el abogado del demandante, contestó:

“P. — Dígame don Rafael, ¿desde cuándo se dedica usted a esos negocios de compraventa de tabaco y de ganado? R. — La he tenido toda la vida, la heredé de mi padre . . . P. — ¿ Usted también siembra tabaco? Sí, señor . . . P. — ¿Usted puede asegurar a la corte que en septiembre de 1931 usted compró tabaco? R. — En el tiempo de la cosecha yo siempre he comprado tabaco hasta ahora hace un par de años. P. — ¿Y cuándo son esas cosechas? R. — Pues en este tiempo, desde abril y mayo. P. — ¿Y ganado? R. — Y ganado todo el año estoy comprando. P. — ¿Se dedica a la matanza? R. — A la matanza y a la compraventa. P. — ¿En Cayey? R. — En Cayey. P. — ¿Usted tiene fincas en la actualidad? R. — Tenemos una finca ahí mi hermano y yo en sociedad . . . P. — Don Rafael, ¿a quién usted le compró ganado en septiembre del 31? . . . R. — Pues a va-rios. P. — Pero dígame los nombres. R. — Yo compré en Aibonito, en Coamo. P. — ¿A quién le compró en Aibonito? R. — En Aibonito le compré a muchísimos, Ramón Ortiz a otro que se llama Negrón de apellido, a don Paco Gril, a muchísima gente. P. — ¿Para la matanza? R. — Para la matanza. En Cayey, a los Aragunde, a don Agustín Fernández, a la Central Cayey, y a todos los que me venden. P.— ¿Usted también sembraba tabaco? R. — Un poquito. P. — ¿Como cuántos quintales era el poquito ése? R. — Como doscientos quinta-les. . . P. — ¿Usted también tenía refacción? R. — Sí, tenía. P.— ¿ También tenía medianeros ? R. — También tenía medianeros. P. — Y compraba tabaco usted también? R. — Sí, compraba . . . P. — ¿Us-ted alguna vez tuvo tienda de comercio? R. — Nunca, nunca, allá cuando joven . . . Hace más de treinta años. P. — ¿Pero en el año 31 usted no tenía tienda? R. — No, señor. P. — ¿Ni Rafael tampoco? R. — Ni Tomás tampoco. P. — Perdone, ¿ni tampoco se dedicaba a hacer negocios doña Angelina su cuñada de usted. R. — Tampoco.”

Dice el artículo 946 del Código de Comercio:

Artículo 946 (Artículo 950, Código de Comercio de 1886, enmen-dado según la Ley Núm. 42 de 1930, pág. 321). — Las acciones procer dentes de letras de cambio se extinguirán a los tres años de su ven-cimiento, háyanse o no protestado.

“Igual regla se aplicará a las libranzas y pagarés de comercio, •cheques, talones y demás documentos de giro o cambio, y a los cupones e importe de amortización de obligaciones emitidas conforme a este Código. ’ ’

Ese artículo es igual al 950 del Código de Comercio publi-cado en la Compilación de 1911, pág. 1320, con excepción de que a virtud de la enmienda quedaron eliminados del párrafo segundo los “dividendos” del término de prescripción que establece.

De acuerdo con la jurisprudencia, un pagaré otorgado a la orden, como lo fué el que dió origen a este pleito, tiene la presunción juris tantum de mercantil. Pierluisi v. Monllor, 42 D.P.R. 7, Vázquez v. Laíno, 23 D.P.R. 235, y Blondet v. Garáu, 47 D.P.R. 863 y las autoridades que se citan en los mismos.

% Quedó la presunción -destruida? Recientemente en el caso de Barceló & Co., S. en C. v. Olmo, 48 D.P.R. 247, en que también se trataba de un pagaré otorgado a la orden, esta corte, por medio de su Juez Asociado Sr. HutcMson, se expresó así:

“No podemos convenir con la corte inferior en que la transacción original celebrada por López y Carlos Olmo fué una transacción mercantil. Un préstamo no es necesariamente una transacción mer-cantil. Ni López ni Carlos Olmo eran comerciantes al momento en que se efectuó el préstamo, De haber sido comerciantes uno u otro, o si ambos hubieran sido comerciantes al momento de efectuarse el préstamo, tal hecho no hubiese convertido el préstamo en una tran-sacción mercantil. López era agricultor. Nunca había sido comer-ciante. No tenía la intención de serlo ni se convirtió en tal cuando él y Javier otorgaron la escritura notarial que nominalmente le hizo miembro de la razón social de Javier Olmo y Cía. Él nunca recibió ni esperaba recibir, ningún sueldo ni utilidades de los negocios de Javier Olmo y Cía. Durante la existencia de la sociedad no recibió, ni esperaba recibir intereses por la suma de dinero anticipada. El mismo pagaré otorgado unos dos años más tarde devengaría intereses tan sólo después de su vencimiento. Aún la idea de -sustituir el nombre de López por el de Carlos Olmo en la escritura notarial no partió de López, sino que fué sugerido por el notario debido al hecho de que Carlos Olmo era menor de edad. El mero hecho de que el jiréstamo fuese otorgado con el fin de permitir al prestatario que se dedicara a un negocio y de que el producto del mismo se uti-lizara para la compra ele mercancías, confundiéndose así en los ne-gocios mercantiles de Javier Olmo & Cía., no convirtieron el prés-tamo en una transacción mercantil. La naturaleza del préstamo de-pende del carácter de ]a transacción misma, conforme lo revelan las circunstancias que rodean el caso o los Lechos que la preceden, mas no el fin para el cual se hace ni la forma en que su producto era in-vertido o utilizado. Todas las circunstancias concurrentes tienden persuasivamente a la conclusión de que el préstamo otorgado en este caso no fué una transacción mercantil y por ende que la acción no había prescrito por el transcurso de tres años, no embargante la pre-sunción juris tantum que surge del hecho de que el pagaré en cues-tión había sido expedido a la orden.”

La Corte Suprema de España, en un caso de un pagaré a la orden, por sentencia de abril 10, 1894, sentó la siguiente doctrina:

‘‘Que para toner el valor jurídico de documento mercantil un vale o pagaré, no basta que éste contenga las condiciones que exprosa el art. 571 del Código de Comercio; es preciso además que proceda de operaciones mercantiles, según exige el 558:
‘ ‘ Que no se encuentra en este caso el pagaré en que sólo se expresa que el prestatario recibió una cierta cantidad para un asunto de comercio, manifestación aislada que no demuestra que el préstamo procediera, como quiere la ley de operación mercantil; ni puede tener valor legal, no probándose la verdad del hecho de haberse de-dicado aquella cantidad a dicho objeto.” (75 J. C. 483.) ■

Y en otro de igual naturaleza, por su sentencia de 11 de octubre de 1919, decidió:

‘‘Que conforme a la doctrina establecida por resoluciones de la Sala, al hacer aplicación del art. 2" del vigente Código de Comercio, es cuestión de hecho de la privativa apreciación del Tribunal juz-gador, la de declarar qué actos son o no comerciales, en cuanto re-visten o dejan de tener el concepto de mercantiles.
“Que son muy repetidos los fallos del Tribunal Supremo, en los que de modo uniforme ha determinado claramente la inteligencia e interpretación rectas, que al aplicar los artículos 59, 531, 532 y 533 del Código de Comercio, ha de hacerse, y por aquéllos viene decla-rado, que tan sólo cuando hubiere dudas imposibles de resolver con arreglo al artículo 2°, se decidirá la cuestión a favor del deudor, y que para tener el valor jurídico de documento mercantil un pagaré no basla que contenga las condiciones marcadas en el art. 571 del antiguo Código de Comercio; que boy señala el 531 del que rige, sino que -es preciso, además, que proceda de operaciones comerciales, se-gún eligía el artículo 558 del Código de 1829, y ordena el repetido 531, en su número 7, requisito que no se especifica en el pagaré que consigna la frase ‘valor recibido’, ya que esto no es lo preceptuado por el artículo. 532, al objeto de que surta los efectos en el mismo señalados, porque es preciso e ineludible haber probado que el pres-tatario dedicó a negocios mercantiles la cantidad percibida.” (144 J. C. 387.)

En la Exposioión de Motivos del Título V, Libro II del Código de Comercio, se expresó el legislador español, en parte, así:

“Entre las novedades introducidas en la doctrina del Código vigente sobre préstamos,, es digna de notarse, en primer término, la que atribuye carácter mercantil a todos los contraídos con destino a operaciones de comercio, siempre que alguno de los contrayentes, el mutuante o mutuatario sean comerciantes, derogando, en esta parte, el precepto demasiado restrictivo del Código, que exige en ambas partes aquella cualidad para reputar, como mercantil, cualquier prés-tamo. A beneficio de esta reforma quedarán amparados y protegidos por la legislación comercial gran número de préstamos, que se rigen actualmente por el Derecho civil; a pesar de constituir en rigor actos de comercio, sólo porque uno de los contratantes es ajeno a esta pro-fesión y se facilitará, además, la colocación de capitales en este ramo de la actividad humana, estimulados por el aliciente del lucro y por las mayores garantías que ofrece aquella legislación.” (El Nuevo Código de Comercio para la Península y las Antillas, por Vicente Eo-mero y Girón, segunda edición, pág. 238.)

Y R. Gay de Montellá, en su Código de Comercio comen-tado, Tomo III, pág. 121, dice:

“Los préstamos mercantiles, se caracterizan bien por el carácter de comerciante de alguno de los contratantes, bien por destinarse las cosas prestadas a actos de comercio. El préstamo mercantil es con-trato que puede concertarse entre comerciantes, pero las' caracterís-ticas especiales de este contrato se hallan principalmente en el co-mercio baneario y de exportación. Estudiaremos a continuación las modalidades especiales de préstamo mercantil que forman hoy la armadura del comercio moderno.
“Los préstamos mercantiles suelen concertarse: bien obligándose un comerciante o banquero a prestar a otra persona comerciante o no, cierta suma, a medida que vaya teniendo necesidad de ella, a lo cual se llama tener crédito abierto (apertura de crédito), bien au-torizando a una persona a disponer de un crédito hasta cierto límite y a restituirlo por medio de entregas parciales, a lo que se llama relación de ¡cuenta corriente, o bien subscribiendo promesas de pago o reembolso, cuya forma y efectos varían según el modo y manera cómo se expresen (subscripción de letras o de pagarés). Todos es-tos préstamos pueden ser hechos con garantía de efectos o valores o sin ella. Los primeros son acompañados por la cobertura, hipo-teca, prenda, aval, letras en garantía, etc. Los segundos no tienen otra garantía o responsabilidad, que la personal del prestatario.”

Examinada la evidencia a la luz de la ley y de las ante-riores decisiones, motivos del legislador y comentarios, el caso resulta en verdad algo dudoso a nuestro juicio. La tendencia de las cortes es la de no aplicar la prescripción a menos que aparezca enteramente clara la naturaleza mercantil de la transacción, ya que se trata de un plazo relativamente breve y de deudas cuya existencia ni siquiera se discute. Siguiendo esa tendencia y dando todo el peso que merece al juicio que formara el juez sentenciador, debemos resolver la duda en contra de los demandados. Son además las declaraciones de éstos — única evidencia que introdujeron — vagas e incomple-tas. Suficientes para levantar la incertidumbre en el ánimo del juzgador, no lo son para convencerlo de que el préstamo se concertara para que ellos^ — no comerciantes de profesión— dedicaran el importe del mismo a operaciones mercantiles que llevaran luego en realidad a efecto, y no para el fomento de sus fincas y, por supuesto, para cualquiera otra operación que se les presentara en el curso ordinario de sus negocios y que estimaran beneficiosa para ellos realizar.

Bajo esas circunstancias consideramos que debemos decla-rar el recurso sin lugar, confirmmido la sentencia apelada.


text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los Sres. Manuel León Parra, Presidente y F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, recurrida; y José Toro Christian et al., patronos peticionarios ante la Comisión Industrial.
    Núm. 23.

    Sometido: Febrero 21, 1938.

      Resuelto: Mayo 13, 1938.

      Pon. Procurador General B. Fernández García, Emilio de Aldrey,. Procurador General Auxiliar, M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar y L. Negrón Fernández, abogado éste del Fondo del Seguro del Estado, abogados del recurrente; Virgilio Brunet, abogado de los patronos peticionarios ante la Comisión Industrial.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión fundamental envuelta en este recurso de revi-sión interpuesto por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado contra la Comisión Industrial de Puerto Rico, es la de si la Comisión tiene o no facultades para dictar una medida provisional ordenando la rebaja de nn tipo de seguro fijado por el Administrador mientras se sustancia y decide el recurso interpuesto ante ella en solicitud de tal rebaja.

Para el año 1937-38 el Administrador del Fondo del Se-guro del Estado en el ejercicio de las facultades que la ley le confiere fijó un tipo de 5.85 por ciento a la clave 0030, tra-bajadores dedicados al cultivo de caña, tipo que representaba nn aumento de nn 47 por ciento sobre el fijado para el año anterior.

Varios patronos recurrieron para ante la Comisión Industrial de la resolución del Administrador y la Comisión con vista de la evidencia practicada ante ella durante los días 22, 23 y 24 de julio, 1937, y de los datos aportados por el propio Administrador, resolvió rebajar provisionalmente el dicho tipo fijado por el Administrador para el año 1937-38 al que estuvo en vigor durante el año 1936-37, hasta tanto se vieran los recursos en su fondo y se resolviera definitiva-mente la cuestión, resolviendo además que los recurrentes debían prestar una fianza por aquella cantidad que se con-siderare necesaria para cubrir la diferencia que pudiera resul-tar entre el tipo fijado provisionalmente y el que pudiera definitivamente fijar el Administrador por decreto de la Comisión.

Así las cosas, recurrió para ante la Comisión el patrono en este caso concreto que está sometido a nuestra revisión, presentándole una situación igual a la ya apreciada y resuelta por ella, y la comisión, sin esperar la contestación del Admi-nistrador, adoptó la misma medida provisional.

Si pudo o no hacerlo depende por completo a nuestro jui-cio de los términos en que está redactada la ley de su crea-ción, que lo es la núm. 45 de 1935 (leyes de ese año, pág*. 251).

Dice el artículo 24 de la misma, en lo pertinente, lo que sigue:

“Las decisiones de] Administrador fijando y regulando las pri-mas para cada grupo de oficios o industrias y la clasificación de primas para regir cada grupo o industria en particular, o cualquier orden aumentando las primas a determinado patrono según se dis-pone en el artículo anterior, podrán ser revisadas por la Comisión Industrial de Puerto Rico de la manera siguiente:
“1. El patrono perjudicado podrá radicar en la Comisión Industrial de Puerto Rico, en cualquier momento durante el año en el cual se hacen efectivas las decisiones del Administrador, una pe-tición de revisión por dicha. Comisión de las decisiones hechas por el Administrador con relación a los tipos o primas para uno o más oficios o industrias, dando los motivos por qué dichos tipos o primas debían enmendarse; y se requerirá que el Administrador compa-rezca y conteste dicha petición dentro del término de diez (10) días. La Comisión, le dará preferencia al caso sobre los demás casos del calendario, y procederá a dictar su decisión final de acuerdo con las reglas que dicha Comisión haya promulgado.
“2. La revisión a que se hace referencia en el párrafo anterior no suspenderá en modo alguno el cobro de primas ni los efectos de ninguna otra disposición de esta ley; ni tampoco expedirán las cortes autos de injunction prohibiendo el cobro de dichas primas o contribuciones mientras se esté revisando el caso. .
“3. En caso que la Comisión resuelva en el sentido de rebajar la prima que el Administrador haya fijado para cualquier clase de oficio o industria, no se ordenará en ningún caso ni al Administrador del Fondo del Estado, ni al Tesorero de Puerto Rico que devuelvan el exceso que se haya pagado en primas o contribuciones sino que dicho exceso, calculado desde la fecha en que se radique la petición, se descontará de las primas o contribuciones que hayan de recau-darse en el futuro a los patronos que hayan radicado las peticiones.
“4. En el caso que se modifique una clasificación por orden o decreto de la Comisión, según se dispone en la presente, el Admi-nistrador calculará nuevos tipos, primas o contribuciones en la forma que determine la Comisión para aquellos patronos que tengan obreros o empleados comprendidos en la clasificación o clasificaciones objetadas; Disponiéndose, que dichos tipos, primas o contribuciones se calcularán desde la fecha en que se radicó la petición de revisión en la Comisión y sólo regirá hasta que termine el año económico a que pertenecía dicha clasificación o clasificaciones.
a ”

No hay la más leve duda, pues, de que la comisión al deci-dir el recurso tiene facultad para rebajar la prima fijada por el Administrador. Nada dice la ley con respecto a si tiene o no la de adoptar una medida previa, y en ausencia de cita alguna de jurisprudencia o precedente específicos en contra-rio, nos parece que aplicando el principio general de que en el todo se comprende la parte, tal facultad existe. Véanse los casos de Montaner, Admor., v. Comisión Industrial, 51 D.P.R. 460 y Montaner, Admor., v. Comisión Industrial, 52 D.P.R. 826.

Si la comisión queda convencida en la vista preliminar de que hay una fuerte probabilidad de que la rebaja o alguna rebaja tendrán que ser acordadas, los fines de la justicia pare-cen exigir que actúe lo más pronto posible, y si lo liace como lo hizo en este caso fijando el tipo anterior para ser satisfe-cho y garantizando mediante fianza el pago de la rebaja, no vemos nada ilegal en su actuación.

Insiste el Administrador recurrente en que el procedi-miento seguido por la comisión es contrario al núm. 2 del artículo 24 de la ley. No estamos conformes, aunque recono-cemos que el argumento no carece de base.

La medida provisional de la comisión no suspendió el cobro de las primas. Podría sostenerse que si no lo suspendió en todo, lo suspendió en parte. Por eso dijimos que no carecía de base la posición del recurrente. Pero a nuestro juicio, no es la disposición legal invocada una barrera infranqueable. De acuerdo con su .letra interpretada estrictamente no lo es, ni lo es tampoco interpretada de acuerdo con su espíritu. La comisión supervisa los actos del Administrador. Y si la comisión se convence en principio de lo justo de una recla-mación que afecta a miles de personas en la Isla, no debe verse constreñida a dilatar la adopción de alguna medida reparadora, siempre que lo haga garantizando todos los inte-reses envueltos.

En cuanto a que en este caso concreto no se oyó prueba ni se aguardó la contestación del Administrador, tratándose de una situación necesariamente igual a la ya considerada y resuelta cumpliéndose con dichos requisitos, pues los tipos que fija el Administrador para cada clave son uniformes, no cree-mos que la comisión usara en tal forma de sus facultades que podamos concluir que abusara de ellas.

Debe declararse no haber lugar a la revisión solicitada.


author: El Juez Asociado Señor HutohisoN

text:
    Los menores Juan Ramón Ruberté et als., demandantes y apelantes, v. American Railroad Company, demandada y apelada.
    Núm. 7687.

    Sometido: Mayo 9, 1938.

      Resuelto: Mayo 13, 1938.

      Fernando B. Fornaris, B. Hernández Matos y E. Huertas Zayas, abo-gados de los apelantes; Mariano Acosta Velarde, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor HutohisoN

emitió la opinión del tribunal.

En una acción de daños y perjuicios este tribunal revocó la sentencia dictada en favor de la demandada y dictó sen-tencia por la suma de $4,000 a favor de los demandantes. Ruberté v. American, Railroad Company, 52 D.P.R. 164. La demandada consignó en la corte de distrito el importe de la sentencia con intereses al seis por ciento a partir de la fecha en que se dictó la misma. Los demandantes invocaron los artículos 306 y 341 del Código de Enjuiciamiento Civil en apoyo de una moción radicada en la corte de distrito soli-citando se dictara resolución ordenando al secretario que inclu-yera en la sentencia por $4,000 intereses a partir de la fecha de la sentencia dictada por la corte de distrito declarando sin lugar la demanda. El presente recurso ha sido interpuesto contra la orden que denegó esa moción.

Con fecha 31 de enero de 1938 este tribunal concedió a los apelantes una prórroga para radicar su alegato. En 30 de marzo los apelantes solicitaron nuevo término. La ape-lada se opuso basándose, entre otras cosas, en que de la mo-ción no se desprendían fundamentos meritorios para la ape-lación. La apelada también solicitó la desestimación del recurso por frívolo.

Los apelantes indican que en su moción solicitando un nuevo término ellos hicieron constar que la cuestión envuelta era “interesante y substancial.” Adujeron como razones adicionales por las cuales el recurso de apelación debía ser considerado en sns méritos, las siguientes:

“La cuestión es nueva en este Tribunal; el artículo 306 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933), dispone que cuando este Tribunal revocare la sentencia de una corte de distrito ‘procederá a pronunciar la sentencia, orden o decreto que debió haber dictado el tribunal inferior;’ esta disposición no se halla en el artículo 958 del código de California, sino que es una innovación; si este Tribunal pronuncia la sentencia que la corte de distrito debió haber dic-tado, ella se retrotrae a la fecha de la sentencia dictada por la corte de distrito y los intereses deben contarse a partir de dicha fecha; los intereses se incluyen por ministerio de ley; la naturaleza del recurso no es importante (artículo 341 del Código de Enjuiciamiento Civil, y Hernández Mena, v. Foote, 22 D.P.R. 759, 760); los intere-ses son concedidos por el artículo 341 como indemnización de un derecho de que se ha privado a una parte por negarse la parte ven-cida a confesar su culpa; este derecho a recibir intereses no debe ser perjudicado por un error judicial; ‘Los intereses contados a par-tir de la fecha de la sentencia no son afectados por la modificación de la sentencia en apelación,’ Kerr’s Cyclopedic Codes of California (1920, Seg. Ed.), vol 3, Parte 2da., 2376, sección 1035, y Clark v. Dunnam, 46 Cal. 205, 208; ‘los intereses deben ser concedidos a par-tir de la fecha en que se dicta la sentencia, y cuando la sentencia es modificada en apelación, ella debe devengar intereses a partir de la fecha en que originalmente se dictó y no desde la fecha en que fué modificada,’ Barnhart v. Edwards, 128 Cal. 572; ‘en acciones en cobro de dinero por sentencia, los intereses se conceden generalmente como daños y perjuicios,’ Perkins v. Fourniquet, 14 L. Ed. 441, 14 How. 328; la reclamación de los demandantes quedó liquidada y sustanciada por la sentencia de este Tribunal, y esa sentencia, siendo la que la corte de distrito debió haber dictado, se retrotrae al 16 de noviembre de 1932, y los intereses se cuentan a partir de ese fecha por ministerio del derecho escrito.”

Conforme se indica en el caso de Franceschi Ex parte y López de Tord, ante pág. 75, la regla general en casos de esta índole puede ser hallada en 33 C. J. pág. 248, sección 161. Los argumentos de los apelantes dejan de convencernos de que la apelación tenga algunos méritos y la contención de la ape-lada de que la misma es claramente frívola debe ser sostenida.

Debe declararse sin lugar la moción de nuevo término y desestimarse el recurso.