author: emitió la opinión del tribunal.

text:
    Mayagüez Sugar Company, Inc., demandante y apelante, v. Juan Carreras, en su carácter de Tesorero Interino de Puerto Rioo, demandado y apelado.
    Núm. 8328.

    Sometido: Diciembre 4, 1941.

      Resuelto: Enero 16, 1942

      Oscar Souffront, abogado de la apelante; Son. Procurador General George A. Malcolm j M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado; Hartzell, Kelley & Ilartzell j Rafael O. Fernández, como amicus curiae.

   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La Mayagüez Sugar Company, Ino., una corporación organizada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, pagó bajo protesta $903.39 que el Tesorero de la Isla le cobrara ■ como contribución de un cuarto de centavo por galón de miel sobre 361,355 galones por ella producidos en la zafra de 1938 a 1939 y según ella vendidos a la mercantil de Ponce José Romaguera e Hijos para su exportación. •

' Heclio el pago en esa forma, entabló demanda ’ contra el Tesorero de la Isla reclamando la devolución de lo pagado, basándose en que la ley no impone la contribución que se le cobrara cuando las mieles se venden como en su caso para la exportación.

El demandado por vía de excepción previa alegó que la ■demanda no aducía hechos constitutivos de causa de acción.

Oyó la corte a las partes y declaró, por las razones que expuso en su opinión, la excepción con lugar, y estimando que la demanda no era susceptible de enmienda, dictó sen-tencia desestimándola, con costas. No conforme la deman-dante interpuso el presente recurso de apelación.

Dos errores señala en su alegato, primero, el que imputa como cometido al resolver que la ley núm. 267 de 1938, pág. 516, impone contribución a lás mieles que se fabriquen y v endan en Puerto Rico para fines de exportación y que sean exportadas, y segundo, el que alega que cometió al dictar sentencia sin dar oportunidad a la demandante de enmendar su demanda.

Las Centrales Aguirre y Machete por sus abogados Hart-zell, Kelley & Hartzell, pidieron permiso para comparecer como amicus curiae (2 O. J. 1322) y la corte se los concedió. Concurrieron al acto de la vista del recurso en noviembre 12, 1941, y luego, en noviembre 21, archivaron su alegato. Argumentaron en pro de la posición del apelante. En diciembre 4 siguiente el apelado archivó un alegato de réplica al del amicus curiae y el caso quedó definitivamente some-tido.

La cuestión fundamental envuelta consiste en interpretar la sección primera de la ley núm. 267 de 1938, pág. 516, que copiada a la letra dice:

“Sección 1. — Por la presente Ley se impondrá, cobrará y pagará como impuesto de rentas internas por una sola vez la suma de un cuarto (14) de centavo por cada galón de miel que se fabrique, venda, consuma, se introduzca o de otro modo se disponga para el consumo en Puerto Rico; y tal impuesto será cobrado por el Teso-rero de' Puerto Rico mediante fijación y cancelación de sellos de ren-tas internas, que con ese objeto prescribiere; Disponiéndose, además, que el expresado impuesto tendrá el carácter de renta interna y debe por lo tanto, ser uniforme y general tanto para el artículo que se produzca y se traiga a Puerto Rico, como para el que se fabrique o se produzca en esta isla, y tal impuesto será cobrado por el Tesorero de Puerto Rico, con sujeción a las disposiciones de la Ley de Rentas Internas, tan pronto como dicho artículo sea fabricado, producido o introducido en Puerto Rico, mediante la fijación y cancelación de sellos de rentas internas en los documentos que al efecto prescribiere el Tesorero Insular.”

¿Se limita la contribución impuesta a las mieles a las que se consuman en Puerto Rico, como alega la apelante, o el consumo en Puerto Rico es una limitación aplicable únicamente a la “disposición” de las mismas “de otro modo” que no sea fabricación, venta, consumo o introducción, como alega el apelado y sostuvo la corte sentenciadora, procediendo entonces la imposición del tributo, irrespectivamente de si la venta lo fué o no para el consumo en la isla o para la exportación?

Responder debidamente esa pregunta será resolver el recurso en ‘justicia.

Resumiendo la jurisprudencia sobre la materia, encontra-mos en 59 C.J. 985, lo que sigue:.

“De acuerdo con la doctrina conocida como ‘del último antece-dente’, las palabras, frases y cláusulas relativas o que modifican deben ser aplicadas a las palabras o frase que inmediatamente las preceden y no deben ser interpretadas en el sentido de extenderse a, o incluir otras más remotas.”

Aplicando la regla a este caso, es claro que, decretando como decreta la ley que la contribución se impone “por cada galón de miel que se fabrique, venda, consuma, se introduzca o de otro modo se disponga para el consumo en Puerto Rico, ’ ’ las palabras “para el consumo en Puerto Rico” sólo se apli-can a las que inmediatamente le anteceden, o sean “o de otro modo se disponga” y no a las anteriores “fabrique, venda, consuma, se introduzca.”

La jurisprudencia, sin embargo, limita la aplicación de la regla. A ese respecto la resume Corpus Juris, así:

“Esta regia es, sin embargo, una mera ayuda para la inter-pretación y no debe ser observada cuando de un estudio de la ley en su totalidad claramente aparezca que es necesario extenderse basta un antecedente más remoto. Una ligera indicación de que fué la intención legislativa el extender así el término relativo es suficiente. Cuando varias palabras aparecen seguidas por una cláusula, apli-cable tanto a la primera y siguientes palabras como a la última, la cláusula debe interpretarse como de aplicación a todas.” 59 C. J. 985, 986.

¿Exige el examen total del estatuto que la restricción “para el consumo en Puerto Rico” se aplique a “fabrique, venda, consuma, se introduzca”? ¿Hay alguna manifesta-ción de la intención legislativa que nos lleve a esa conclusión? ¿La condición es igualmente aplicable a las primeras pala-bras que a las últimas?

Examinemos la ley en su totalidad para ver si exige que la contribución que impone se limite a mieles consumidas en Puerto Eico. Por su título y por su exposición de moti-vos revela que se decretó por considerar la Legislatura que la malaria y la uncinariasis constituían un impedimento a la rehabilitación económica de Puerto Eico que debía com-batirse y que no disponiéndose de recursos para ello era necesario imponer la contribución. Siguen sus cinco seccio-nes.

Conocemos la primera. Por la segunda se crea con lo que se recaude el fondo especial llamado “Pondo para com-batir la malaria, la uncinariasis, y para ayudar a las madres insolventes y a los niños abandonados que constituyen un problema social en esta isla.” Por la tercera, que los fondos serán invertidos por el Comisionado de Sanidad con la apro-bación de la Comisión Económica para dar cumplimiento a los fines de la ley. Por la cuarta se deroga toda ley que a ella se oponga o que con ella conflija. Y por la quinta se ordena^que empiece a regir desde la fecha de su aprobación por ser de carácter urgente.

Nada se encuentra, pues, en ella que exija la limitación. Al contrario, volviendo a la exposición de motivos de la misma se colige que requiere para su debida ejecución una gran cantidad de dinero, ya que dice: “De acuerdo con estu-dios realizados por el Departamento Insular de Sanidad, el 90 por ciento de las personas residentes en distritos rurales en los municipios de la altura están infestadas con el pará-sito de la uncinaria, y el 40 por ciento de las personas resi-dentes en la costa de la Isla tienen el parásito de la malaria, ’ ’ y es sabido que la población de Puerto Eico se acerca a dos millones. ■ '

Tampoco revela el examen de la ley que la intención legislativa fuera la de excluir del impuesto las mieles expor-tadas. Por el contrario, el disponiéndose de la sección pri-mera expresamente decreta que el impuesto “tendrá el carácter de renta interna y debe por lo tanto, ser uniforme y general tanto para el artículo que se produzca (fuera) y se traiga a Puerto Eico, como para el que se fabrique o se produzca en esta isla, y tal impuesto será cobrado . . . tan pronto como dicho artículo sea fabricado, producido o intro-ducido en Puerto Rico ...” (Itálicas nuestras.) '

Y si se toma en consideración que la propia Legislatura en 1941 (ley núm. 171, pág. 1033) reveló de modo inequívoco su intención en el sentido de gravar todas las mieles, tendrá necesariamente que concluirse que este medio de interpretar no favorece si que perjudica la posición del apelante.

Resta sólo considerar si la condición es igualmente apli-cable a las últimas que a las primeras palabras de la ley. Aparte de la redundancia que resultaría de aplicar la condi-ción “para el consumo en Puerto Rico” a “consumo”, no bay duda de que lo serían a las otras de que se trata “fabri-, que, venda, se introduzca.” De abí que debemos detenernos en el estudio del alcance de la excepción.

La única jurisprudencia que cita Corpus Juris para sos-tener esa parte de su texto es la decisión'de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Porto Rico Ry. Co. v. Mor, 253 U. S. 345, 64 L. Ed. 944. Es como sigue:

“Mor, súbdito del Rey de España, domiciliado en Puerto Rico, instituyó en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico esta acción en ley para recobrar una suma en exceso de $3,000, sin incluir intereses y costas, contra la Porto Rico Railway, Light and Power Company, una corporación de Puerto Rico con oficina principal de negocios allí. La objeción beeha a la jurisdicción de la corte sentenciadora fue desestimada y el demandante obtuvo sen-tencia. El caso llegó ante la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito mediante auto de error y esa’ corte ha presentado ante nuestra consideración, certificada, la cuestión relativa a si la Corte de Distrito tenía jurisdicción. La contestación depende de la interpretación que se le dé a la siguiente disposición, contenida en el artículo 41 de la llamada Acta Jones de marzo 2, 1917, cap. 145, 39 Stat. 951, 965, que provee un gobierno civil para Puerto Rico:
“ 'Dicha Corte de Distrito tendrá jurisdicción en todas las causas en que todas las partes litigantes de cualquiera de los lados de la controversia sean ciudadanos o súbditos de un Estado o Estados ex-tranjeros, o ciudadanos de un Estado, Territorio o Distrito de los Estados Unidos no domiciliados eñ. Puerto Rico, y en que la cosa en litigio, con exclusión de intereses y costas exceda de la suma o valor de $3,000. . .’
“Resulta evidente, bajo esta ley, que si Mor, en vez de ser un súbdito español hubiese sido ciudadano de uno de los Estados Uni-dos, la corte no habría tenido jurisdicción pues él estaba domiciliado en'Puerto Rico. La cuestión fundamental, por tanto, es determinar si la restricción de jurisdicción a casos donde todas las partes liti-gantes de cualquiera de los lados de la controversia ‘no domiciliadas en Puerto Rico’ se aplica tanto a extranjeros como a ciudadanos americanos.
‘ ‘ El sistema judicial de Puerto Rico, con anterioridad a la anexión a los Estados Unidos, comprendía una Corte Suprema y cortes de distrito de jurisdicción general y cortes municipales. Los procedi-mientos en todas estas cortes se tramitaban en español y de acuerdo con los requisitos del derecho civil. Por el artículo 33 de la Ley Foraker, abril 12, 1900, cap. 191, 31 Stat. 77, 84, que estableció lo que se intentaba fuese un gobierno civil provisional para la isla, estas cortes insulares continuaron funcionando, con el disponiéndose que los jueces de la Corte Suprema serían nombrados por el Presi-dente y los jueces de las cortes inferiores por el Gobernador. Por el artículo 40 del Acta Jones, la jurisdicción de estas cortes y las formas de procedimiento empleadas en ellas fueron respetadas una voz más.
“La ‘Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico,’ provista por el artículo 41 del Acta Jones, fué en efecto una conti-nuación de la Corte de Distrito de los Estados Unidos provista por el artículo 34 de la Ley Foraker, según fuere enmendada por la Ley de marzo 2, 1901, cap. 812, artículo 3, 31 Stat. 953. Ambas leyes confirieron a la corte jurisdicción sobre todos los casos que pudieran juzgarse en las cortes de circuito o de distrito de los Estados Unidos; ambos estatutos disponen que la corte procederá en igual forma que esas cortes; y ambos contienen disposición expresa al efecto de que las alegaciones y todos los procedimientos se tramitarán en la lengua inglesa. Pero el Acta Jones restringió la jurisdicción grandemente. La cuantía jurisdiccional, reducida a $1,000 por la ley enmendatoria de marzo 2, 1901, fué subida a $3,000. Y, donde por virtud de la enmienda de 1901 se había conferido jurisdicción a la corte en el caso cuando cualquiera de las partes fuese ciudadano de los Estados Unidos, aun cuando estuviere domiciliado en Puerto Rico, el Acta Jones limitó la jurisdicción que dependía de la ciudadanía ameri-cana a los casos donde los americanos no estaban domiciliados en Puerto Rico. El si limitó igualmente la jurisdicción que dependía en la condición de extranjero (alienage) es la cuestión sometida a nosotros.
“No vemos razón alguna para que la cláusula ‘no domiciliado en Puerto Rico’ no sea interpretada como de aplicación a toda la frase ‘ciudadanos o silbditos de un Estado o Estados extranjeros, o ciu-dadanos de un Estado, Territorio o Distrito de los Estados Unidos’. Cuando varias palabras van seguidas de una cláusula que es apli-cable, tanto a la. primera y siguientes palabras como a la última, la interpretación correcta del idioma exige que la cláusula sea inter-pretada como de aplicación a todas. United States v. Standard Brewery, 251 U. S. 210, 218; Johnson v. Southern Pacific Co., 196 U. S. 1, 18-19, y casos allí citados. Además, concurren razones es-peciales para así interpretar la cláusula en cuestión. El estatuto denota una intención general de limitar grandemente la jurisdicción de la Corte de Distrito. Si la aplicación de la cláusula fuere du-dosa, interpretaríamos la disposición de tal manera que se lograra la intención general de] Congreso. American Security & Trust Co. v. District of Columbia, 224 U. S. 491; Inter-Island Steam Navigation Co. v. Ward, 242 U. S. 1. Pero nos parece claro que se aplica tanto a extranjeros como a ciudadanos americanos.
“La acción puede instituirse en la Corte de Distrito si cual-quiera de las partes reúne los requisitos jurisdiccionales; esto es, el estatuto confiere a tal parte no sólo el derecho a demandar, si que también el riesgo de ser demandado. En la población de Puerto Rico figuran muchos extranjeros, españoles en su mayoría. Si la limitación ‘no domiciliados en Puerto Rico’ no fuera aplicable a los extranjeros el resultado causaría inusitados perjuicios y sin lugar a dudas crearía un discrimen no contemplado por el legislador, contra estos españoles. Un súbdito español domiciliado en Puerto Rico podría ser demandado por un americano domiciliado en Puerto Rico o un puertorriqueño, en la Corte de Distrito, donde los procedi-mientos se tramitan en la lengua inglesa y en armonía con los re-quisitos del derecho angloamericano; mientras que un americano domiciliado en Puerto Rico podría ser demandado solamente en las cortes insulares donde los procedimientos se tramitan en la lengua española y de acuerdo con los requisitos y formas del derecho civil. Esto podría no sólo resultar muy inconveniente para los españoles residentes sí que sería inconsistente con el espíritu del artículo XI del Tratado de 1898 entre España y los Estados Unidos (30 Stat. 1754, 1760), bajo el cual se le garantizaba a los españoles que resi-dían en Puerto Rico ‘el dereebo a comparecer ante tales cortes y tramitar los procedimientos al igual que los ciudadanos del país al cual pertenecen dichas cortes.’
“No pudo ser la intención del Congreso el conceder jurisdicción a la Corte de Distrito sobre cualquier controversia en la cual un extranjero domiciliado figure como parte y a la vez negarle esh jurisdicción bajo circunstancias similares cuando un americano do-miciliado figure como parte.
“A la cuestión sometida a nuestra consideración se resuelve, no ha lugar.”

Hemos insertado íntegra la opinión de la Corte Suprema emitida por el Sr. Juez Brandéis porque de ella no sólo surge y se establece la excepción a la regia gramatical del último antecedente si que la necesidad de su aplicación para dar efecto a la clara intención legislativa. Y esa circunstancia esencialísima no concurre en este caso.

Se insiste por la apelante en que tratándose de la interpretación de un estatuto contributivo, debe serlo en el sentido más favorable al contribuyente, citando el caso de Gould v. Gould, 245 U. S. 151, 153, en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que:

“En la interpretación de estatutos que imponen contribuciones, es la práctica establecida no extender sus disposiciones, por impli-cación, más allá del claro alcance del lenguaje usado, o ampliar su radio de manera que comprenda materias que no han sido especí-ficamente señaladas. En caso de duda se interpretan estrictamente en contra del Gobierno y a favor del ciudadano. United States v. Wigglesworth, 2 Story, 369; American Net & Twine Co. v. Worthington, 141 U. S. 468, 474; Benziger v. United States, 192 U. S. 38, 55.”

Sin embargo, lo resuelto no quiere decir que cuando en un caso como éste de cobro de contribuciones la regla del último antecedente resulta conforme con la intención legis-lativa, deje la contribución de cobrarse porque la ley sea susceptible de otra interpretación favorable al contribuyente.

La propia Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de United States v. Stowell, 133 U. S. 1, en el que la opinión fné emitida por el Juez Gray, estableció la siguiente doctrina:

“Los estatutos aprobados para evitar fraudes al fisco, aun cuando impongan multas o confiscaciones, no deben interpretarse, como lo son generalmente los estatutos penales, estrictamente en favor del acusado; deben ser interpretados en forma razonable y justa, que lleve a efecto la intención del legislador.”

El primero de los errores señalados no fue cometido. Tampoco el segundo.

La corte de distrito resolvió al decidir la excepción todo lo que por la demanda se planteara. Y lo tizo en términos claros dando las razones que tuvo para ello en su opinión. La demandante no le pidió permiso para enmendar su demanda, ni que reconsiderase su sentencia. Apeló y ante la corte de apelación surgió el mismo problema que tuvo ante sí la corte sentenciadora que es el que acabamos de resolver.

En Vega et al. v. Rodrígues et al., 17 D.P.R. 251, 253, dijo esta Corte:

‘ ‘ Cuando una corte declara. con lugar una excepción previa el caso queda por el momento restielto, y la parte que gana la excepción tiene derecho a que se dicte una sentencia, a menos que se dé una oportunidad a la otra parte para enmendar o adoptar alguna otra medida. Esa oportunidad puede surgir, según la ley, por permiso o concesión de la corte dado voluntariamente, o a solicitud de la parte vencida, o quizás dicba oportunidad puede surgir de cualquier' convenio hecbo por las partes.”

Y en Bancroft’s Code Pleading, vol. 1, par. 542, pág. 785, encontramos lo siguiente:

“. . . Al declararse con lugar una excepción previa interpuesta contra la demanda en la corte inferior, si el demandante rehúsa enmendar su demanda y apela de la sentencia y de la orden decla-rando la excepción previa con lugar, la corte suprema, si confirma la sentencia, puede no conceder al demandante permiso para en-mendar su demanda.”

Hemos examinado las enmiendas que se proponen y no nos convencen de que harían cambiar la situación. Decimos esto, desde luego, sin prejuzgar la resolución final de las mismas. Nuestra decisión de que no debe reabrirse este caso concreto se funda en la impresión que prima facie nos producen dichas cuestiones y a las circunstancias que en el propio caso concurren.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Seño®. Del Tobo

license: Public Domain

text:
    Carmen Rita Blanch de Annoni, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1096.

    Sometido: Noviembre 3, 1941.

      Resuelto: Enero 16, 1942.

      Enrique Báez García, abogado de la recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Seño®. Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso gubernativo contra nota del registrador de la propiedad de Mayagüez que lee así:

“Denegada la inscripción del precedente documento con vista de un escrito y un recibo de exención de herencia, y tomada en su lugar anotación preventiva por el término legal al folip 181 vuelto del tomo 291 de Mayagüez, linca numero 2357, anotación letra ‘X’, por observarse (1) que aun cuando el testamento ológrafo otorgado por Rafael Blanch y Camp es válido, habiendo el testador omitido la institución de herederos (artículo 693 Cod. Civil, ed. 1930) no puede presumirse que éste carece de herederos forzosos o que haya instituido a su hermana Carmen Rita Blanch de Annoni como su única y universal heredera, a quien lega todos sus bienes (art. 813 Cod. Civil, ed. 1930) no habiéndose determinado la persona o per-sonas que componen la sucesión legítima del testador en el procedi-miento correspondiente (art. 875 Cod. Civil vigente). (2) Que la legatario Carmen Rita Blanch de Annoni, no puede ocupar por su propia autoridad los bienes legádosle, de conformidad con lo dis-puesto en el art. 807 del citado precepto legal; practicándose esta anotación con el defecto subsanable de no haberse consignado en los documentos que se han tenido a la vista ni acreditado en forma al-guna que el testador fuera mayor de edad en la fecha en que otorgó el repetido testamento ológrafo.”

El testamento a que se refiere la nota es el siguiente:

“Garage Central — Rafael Blanch — Propietario—Teléfono 257, Mayagüez, Puerto Rico — Agosto .1-40. Con esta fecha se remató las partes de las hijas de Felá del Moral, en un solar que ocupo por $600 y las partes de las hijas también de Felá, en la casa que fué de Doña Carmen por 2/6 partes por $300 adjudicando estos remate a Franco. Llavat, valor entendido pa no aparecer yo rematando estos condominio; la deuda subió con intereses y costas a $970.75 quedando a deber la Sucesión $70.75 que están anotados en la Corte de Distrito — , y pendiente de cobro — Tanto el traspaso a Llavat por mí del fallo como estos remates es simulado — Esto bien puede explicarlo el Ledo. Enrique Báez de mi absoluta confianza — Por la presente y categóricamente, lego todos mis bienes que resulten de una liquidación de mis Líos a mi hermana Carmen Rita Blanch de Annoni con residencia en esta ciudad — Raf. Blanch. — P. D. Como abogado p'a el arreglo de estos asuntos al Ledo. Enrique Báez García, —vale—Raf. Blanch.”

Encontrado el documento, se pidió por la parte intere-sada en tiempo y forma a la corte de distrito competente que ordenara su protocolización y seguidos los trámites que marca la ley, la protocolización fué ordenada finalmente por resolución de julio 22, 1941, cuya parte dispositiva dice:

“ .-. . declara justificada la identidad del testamento ológrafo anteriormente transcrito; declara también que el mismo constituye el testamento ológrafo de don Rafael Blanch y Camps; acuerda que se libre a favor de los interesados copia literal de dicho documento y del auto que en relación con el mismo hubiere recaído; ordena su protocolización en la Notaría del Ledo. Enrique Báez García y dis-pone, además, que dicho documento constituya título bastante para la inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes inmuebles de que pueda consistir la herencia del causante en todo o en parte.”

La protocolización se hizo el mismo día 22 de julio en el protocolo del notario Enrique Báez García y presentada copia en el Begistro de la Propiedad de la escritura otor-gada al efecto, causó la nota que transcribimos al principio de esta opinión.

A nuestro juicio esa nota debe revocarse. El propio registrador admite en ella que se trata de un testamento válido y así es en efecto.

Refiriéndose Manresa en el tomo 5 de sus Comentarios ai Código Civil Español, página -273 de la quinta edición, corregida y aumentada, publicada en 1932, a las reformas introducidas por el Código en la sucesión testada, dice:

“Otra de las novedades más controvertidas por la crítica, ba sido la adopción del testamento ológrafo, admitido hoy por casi todas las legislaciones, y que ha sido principalmente combatido por la po-sibilidad, recientemente confirmada por los hechos, de fáciles falsifi-caciones o de injustas e interesadas impugnaciones.”

Sin embargo el propio Manresa reconoce que el testa-mento ológrafo vino a satisfacer una necesidad indiscutible facilitando considerablemente la ordenación de las últimas voluntades, simplificando la testamentifacción.

Lo que la ley requiere para la validez de esta forma de testar es que el testamento esté escrito todo y firmado por el testador, con expresión del año, mes' y día en que se otor-gue, que se presente en la corte correspondiente y que acre-ditado el fallecimiento del testador se proceda a su lectura y rúbrica en audiencia pública y a la comprobación de su identidad por medio de tres testigos que conozcan la letra y firma del testador y declaren que no abrigan duda racional de hallarse escrito y firmado de mano propia del mismo. Artículos 637 al 642 del Código Civil, ed. 1930, pág. 140.

Y así consta otorgado el testamento y así se hizo en el presente caso, por virtud de lo cual la corte, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 643 del Código Civil como fué enmendado por la ley núm. 48 de 1939, pág. 369, acordó su protocolización en determinada notaría y declaró que las copias que de la misma expidiera el notario constituirían título bastante para la inscripción de los bienes inmuebles en que consistiera la herencia. ,

Ahora bien, considerando el testamento en sí mismo, ¿es suficiente y permite la inscripción directa del bien inmue-ble de que se trata — cierto condominio en un solar regis-trado a nombre del testador — a favor de la heredera o legataria en la totalidad de la herencia, Carmen Sita Blanch Viuda de Annoni?

Veámoslo. Como precedentes a seguir tenemos una sen-tencia del Tribunal Supremo de España y una decisión de esta Corte Suprema de Puerto Bico.

Por la primera, dictada en junio 8, 1918, se consideró suficiente un testamento que dice:

“Poñafiel, a 24 de octubre, 1915. Fásicos de mi vida: En esta primera carta de novios va mi testamento, todo para tí para que me quieras siempre y no dudes del cariño de tu Matilde. Rubri-cado. ’ ’

Y por la segunda, de mayo 8, 1925, Vázquez v. Vázquez, 34 D.P.R. 241, 242, también fue considerado suficiente otro 1 estamento redactado así:

“Rosa.- por lo que pudiera ocurrir, te voy a hacer saber que yo tomé una póliza do aseguro de vida por la cantidad de cinco mil pesos a mi nombre, en la compañía Pan American Life Insurance Company de New Orleans, la cual está en mi poder sin gravamen, desde el día 6 de abril. Tiene el No. 8378. s. Esto te lo informo porque no está demás que tú lo sepas pues como tú eres la única de mis hermanas soltera que quedas, eres la única heredera, si algo me ocurriera. Esto, no lo digas: guarda estos dos pliegos en los que te hablo del asunto y murió.”

Guiados por el mismo criterio' liberal que informa esa jurisprudencia y a los fines de dar vida a la reforma, cree-mos que puede y debe concluirse que el testamento de Blanch es de igual modo suficiente.

En primer lugar, creemos que contiene lo que en él no encuentra el registrador, a saber, la institución de heredero.

Se llama testamento al acto por el cual una persona dis- - pone para después de su muerte de todos sus bienes, o de parte de ellos, prescribe el artículo 616 del Código Civil, ed., 1930, pág. 138, y seguidamente el 617 que “el testador puede disponer de sus bienes a título de herencia o de legado” y que “en la duda, aunque el testador no haya usado material-mente la palabra heredero, si su voluntad está olara acerca de este concepto, valdrá la disposición como hecha a título universal o de herencia.”

Aquí las exactas palabras del testador fueron: “Por el presente y categóricamente lego todos mis bienes que resul-ten de una liquidación de mis Líos a mi hermana Carmen Bita Blanch de Aimoni con residencia en esta ciudad.”

No obstante haber usado la palabra “lego,” surge clara de la totalidad de su disposición la intención del testador de instituir a su hermana heredera única de todos sus bienes, que no es legarle algo cierto y determinado.

Y en cuanto al resultado de la liquidación, ello es con-forme a la realidad de los hechos y la ley en cualquier caso, porque mientras existan deudas, no hay herencia. Senten-cias del Tribunal Supremo de España de 21 de junio de 1869 (20 J. C. 166) y 12 de diciembre de 1873 (28 J. C. 663).

Además, la declaración de herederos que el registrador exige no es necesaria no ya porque existe la institución de heredero en el testamento, si que por haber dispuesto el testador de todos sus bienes. Véase el número 2 del artículo 875 del Código Civil, ed. 1930, pág. 192.

No es necesario que entremos a considerar el segundo motivo de la negativa, puesto que partiendo como parte de la no existencia de la institución de heredero en el testamento, cae por su base con la sola declaración de que dicha institu-ción existe.

Por último, para que surjan más claros los hechos del caso y a los efectos de considerar el d.efecto subsanable apuntado, parece conveniente transcribir los siguientes por cuantos de la resolución de la corte decretando la protocolización, a saber:

“Por Cuanto: Carmen Rita Blanch de Annoni alegó que Rafael Blanch y Camps falleció en Mayagüez, lugar de su último domicilio y sitio donde radican sus bienes, el 21 de marzo de 1941, a las ocho de la noche, siendo soltero a la fecha de su fallecimiento y no de-jando descendientes ni ascendientes legítimos ni naturales de clase alguna.
‘1 Por Cuanto: Continuó alegando Carmen Rita Blaneb de An-noni que los padres de don Rafael Blanch y Camps fallecieron allá para el año 1888 y que los únicos parientes conocidos del indicado Rafael Blanch y Camps lo son la peticionaria Doña Carmen Rita Blanch de Annoni y Doña Asunción Blanch de Castelló.”

Si los padres del testador fallecieron allá por el 1888 y si de la propia inscripción a favor del testador del condominio de que se trata resulta sn mayor edad, como así es en efecto, 'tampoco liay base para el defecto snbsanable.

No debe perderse de vista que todo cuanto liemos dicho y resuelto lo es a base de que la resolución de la corte ordenando la protocolización de un testamento ológrafo no produce el efecto de cosa juzgada, como se dijo en el citado caso de Vázquez v. Vázquez, 34 D.P.R. 241, 246, en los siguientes términos:

“Por otra parte, como la protocolización de un testamento oló-grafo es más bien un acto de jurisdicción voluntaria y la resolución que ordenando la protocolización se dicte no produce el efecto de cosa juzgada, el derecho de los herederos forzosos que puedan existir o de las personas que se crean perjudicadas queda a salvo para re-currir al juicio ordinario.”

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscrip-ción solicitada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Agustín Olavarrieta, acusado y apelante.
    Núm. 9086.

    Sometido: Diciembre 19, 1941.

    Resuelto: Enero 16, 1942.

      Jorge Díaz Cruz, abogado del apelante; Ron. Procurador General George A. Malcolm y R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue denunciado en la Corte Municipal de Yauco el primero de abril de 1940 por un delito de abandono de menores, y declarado culpable, fué sentenciado al pago de una multa de $25 pero dicba corte suspendió la sentencia con la condición de que el apelante suministrase al menor una pensión de $2 semanales.- Apeló para ante la Corte de Distrito de Ponce y al llamarse el caso en enero 16 de 1941 para el juicio de novo, luego de leída- la acusación y antes de hacer alegación alguna contra la misma, el acusado presentó una moción solicitando el archivo y sobreseimiento de la causa por el hecho de haber fallecido el menor Víctor Iván Plores en junio 4 de 1940, acompañando dicha moción de la certificación de defunción del indicado niño. Además se soli-citó por la defensa el archivo y sobreseimiento del caso por-que habiéndose aprobado la ley núm. 108 de 1940 (pág. 673), por la que se establece un -procedimiento especial en rela-ción con el delito de abandono de menores que sean hijos ilegítimos, fueren o no reconocidos, y hallándose en vigor dicha ley a la fecha en que se llamó la vista del juicio en la corte de distrito, tenía derecho el acusado a invocar dicha ley al efecto de que se siguiese el procedimiento prescrito en los artículos 2, 3 y 4 de la misma, a virtud del cual el acusado no puede ser denunciado por infracción al artículo 263 del Código Penal hasta después de haberse llevado a efecto el requerimiento indicado en el artículo 2 de la citada ley y persistir en su negativa de suministrar alimentos al alegado hijo. .

La ley núm. 108 de 1940 fué aprobada el 30 de abril y empezó a regir el 29 de julio del mismo año, o sea alrededor de seis meses antes d'e la fecha en que este caso fué llamado a juicio en la corte inferior.

Denegadas las mociones del acusado y visto el caso en sus méritos, se dictó sentencia declarándolo culpable, conde-nándolo a pagar $25 de multa o en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejara de satisfacer, con más el pago de las costas.

A nuestro juicio la primera cuestión, o sea la relativa al fallecimiento del menor, carece de importancia, pues estando vivo el menor en la fecha en que fué denunciado y sentenciado el acusado por la corte municipal y no rigiendo para aquella fecha la ley antes citada, el hecho de que posteriormente falleciese no implica que el acusado no hubiera cometido el delito por el cual fué denunciado y sentenciado en la corte municipal, y por consiguiente la de distrito de Ponce hubiera tenido jurisdicción, de no regir la ley núm. 108, repetimos, para juzgarlo por infracción al artículo 263 del Código Penal; pero estando en vigor la citada ley al celebrarse el juicio de novo en la corte inferior, carecía ésta de jurisdicción, de acuerdo con la citada ley y con la jurisprudencia de este tribunal, establecida en el caso de Pueblo v. Lamboy, 59 D.P.R. 174, para condenar al-acusado, no habiéndose celebrado previamente la audiencia antes aludida en la corte municipal.

En Pueblo v. Lamboy, supra, interpretando la ley núm. 108 de 1940, se dijo por este tribunal:

“De acuerdo con las claras disposiciones del citado artículo, cual-quier padre o madre que dejaba de cumplir sus obligaciones para con el hijo menor podía ser denunciado, juzgado y sentenciado sin nece-sidad de que se llenara formalidad previa alguna. La ley núm. 108 de 1940 (sección 2) enmienda el artículo 263 del Código Penal, en cuanto a los hijos ilegítimos se refiere, al disponer que ‘el que fal-tare a esa obligación o se negare voluntariamente a cumplirla y persista en su negativa después de haber sido requerido para ello’ sufrirá la pena que dispone el Cód-igo Penal. El propósito evidente del legislador ba sido el de dar al padre que ba abandonado al hijo ilegítimo menor de 16 años de edad, una última oportunidad para cumplir sus obligaciones y evitar que se incoe contra él un proceso criminal por infracción al artículo 263 del Código Penal. Desde el momento en que comenzó a regir la ley núm. 108 de 1940, ningún presunto padre puede ser procesado y castigado por abandono de su hijo menor, si no se le ha requerido previamente, en la forma pres-crita por la sección 4a. do dicha ley, para que diga si acepta o no acepta la paternidad y baga constar en un acta lo que, se compro-mete a hacer y cumplir en beneficio del menor. .Si después de ser requerido, comparece ante el juez municipal y acepta la paternidad, esa aceptación le coloca, ipso facto, bajo la jurisdicción de la Corte para Niños; y si después de tal aceptación y de haberse comprome-tido a sostener 'al menor, faltare al compromiso contraído con la Corte para Niños, ésta tendrá desde ese momento jurisdicción exclusiva para procesarle y condenarle por infracción del artículo 263 del Có-digo Penal.
"Si el presunto padre del menor ilegítimo, al ser requerido de acuerdo con las citadas disposiciones de la nueva ley, se niega a com-parecer ante el juez municipal o comparece y no acepta la pater-nidad, y se niega a proveer lo necesario para el bienestar del menor, en ese caso y desde ese momento el presunto padre podrá ser juz-gado y sentenciado, de acuerdo con el artículo 263 del Código Penal, por el tribunal ordinario que tenga jurisdicción para conocer del caso. Mientras no se haya cumplido con el requisito del previo re-querimiento el presunto padre del menor no puede ser considerado como un infractor de la ley. En otras palabras, la causa de acción nace cuando después de ser requerido, el padre se niega a aceptar la paternidad.
"Cuando el acusado compareció en septiembre 21 de 1940 a oír la acusación, ya la ley núm. 108 estaba vigente. Y tratándose de una ley beneficiosa para el acusado, éste tenía derecho a exigir que no se le procesase ni se le condenase, sin que se le diera antes una oportunidad de aceptar la paternidad del menor o de repudiarla. No habiéndose cumplido con el requisito del previo requerimiento del presunto padre, la corte de distrito que le condenó carecía de juris-dicción para juzgarle. Véanse: Ball v. Tolman, 135 Cal. 375; Sutherland, Statutory Construction, sec. 166; y El Pueblo v. Pérez, 52 D.P.R. 169.”

Por las razones expuestas, procede revocar la sentencia apelada y absolver libremente al acusado.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez -Asociado Señor De Jesús

text:
    Segunda, Matilde, Juana, Carlos y Manuel Rosado Domínguez y Ana Rosa Díaz, representada por su padre Andrés Díaz, demandantes y apelados, v. Municipio de Juncos, demandado y apelante.
    Núm. 8250.

    Sometido: Diciembre 3, 1941.

      Resuelto: Enero 16, 1942.

      J. Valide juli Rodríguez, abogado del apelante; Francisco González Fagundo, abogado de los apelados.
   El Juez -Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Puerto Eico Beconstruction Administration, una agencia federal mejor conocida por P.E.B.A., allá por el año 1938 construyó un acueducto para el Municipio de Juncos utili-zando las aguas del río Gurabo, en un sitio denominado Que-brada Grande, del barrio Eío, de Las Piedras. De acuerdo con lo convenido entre el Municipio de Juncos y la PEEA, eran de cuenta del primero todos los materiales que hubie-ran de necesitarse, haciéndose cargo la PEEA de los gastos de la mano de obra y del transporte de todos los materiales al sitio en que hubieran .de utilizarse.

Los apelados, dueños de una finca de quince cuerdas.lin-dante con el río Gurabo, precisamente en el sitio donde se edificó la presa del acueducto, instituyeron este pleito contra el Municipio de Juncos, sobre negatoria de servidumbre y daños y perjuicios. Luego de exponer en su demanda que son dueños de la aludida finca, que describen, alegaron:

“2. Que el Municipio de Juncos, representado por su alcalde Don Agapito González, lia penetrado en dicha finca y por medio de sus empleados y agentes ha destruido árboles de café y cavado zanjas y extraído tierra de la misma finca y además ha construido algunas casas y un camino a través de la finca a los fines de establecer un sistema de acueducto para el Municipio de Juncos y ha establecido una servidumbre de acueducto y ha establecido una presa sin título o derecho alguno para ello y sin compensación de ninguna clase para los demandantes.
“3. Que la finca descrita en la alegación primera de esta demanda se encuentra libre de toda carga o gravamen a favor del Municipio de Juncos o de ninguna otra.persona natural o jurídica.
“4. Que con los actos realizados por el Municipio de Juncos se han causado daños y perjuicios a los demandantes que por lo bajo pued< n calcularse en la suma de dos mil dólares.”

A base de las anteriores alegaciones, terminaron la de-manda con la siguiente súplica:

“Por lo que suplica de la corte se sirva dictar sentencia decla-rando que la finca descrita en esta demanda no se encuentra sujeta a servidumbre alguna a favor del Municipio de Juncos, condenán-dole a destruir cualquier obra que hayan ejecutado en la misma y además al pago de dos mil dólares y las costas, incluyendo hono-rarios de abogados.”

Negó el Municipio de Juncos que dicha obra hubiera sido construida en terrenos de los demandantes, alegando en con-trario que toda ella ha sido edificada en terrenos de dominio público, y expuso además ciertas defensas que no precisa expresar en detalle para la resolución de este caso.

Celebrado el juicio y luego de considerar la evidencia de una y otra parte, el juez inferior declaró probados los siguien-tes hechos:

“(a) Que los demandantes son los únicos dueños de la finca de 15 cuerdas; (6) que Segunda Rosado Domínguez y Manuel Ros.*’o Domínguez, condueños de la finca descrita, protestaron ante la Puerto Rico Reconstruction Administration y ante el Alcalde de Juncos, de los actos que se estaban llevando a cabo en su finca por los ingenieros y empleados que estaban construyendo el acueducto; (c) que el acueducto de Juncos se construyó por y para el Municipio de Juncos y que la Puerto Rico Reconstruction Administration no era ni podía ser responsable de los actos que se realizaban en los terrenos de los deman-dantes; (d) que los muros de la presa descansan sobre terrenos de los demandantes y que en éstos se abrieron zanjas, se colocaron tubos de acueducto y se hicieron otras construcciones; (e) que el Alcalde de Juncos realizó ciertas gestiones con el propósito de constituir en forma legal la servidumbre de acueducto sobre los terrenos de los demandantes; (/) que el Municipio de Juncos celebró un contrato de promesa de cesión de terrenos y otros derechos con Andrés Díaz, en 5 de marzo de 1938; (g) que la Puerto Rico Reconstruction Administration hizo un donativo de $35,000 al Municipio de Juncos para la construcción de su acueducto; (h) que los materiales para la construcción del mismo se compraban bajo la supervisión de la Puerto Rico Reconstruction Administration; (i) que los deman-dantes trataron de llevar a cabo con el Alcalde todas las gestiones necesarias a fin de constituir la servidumbre en forma legal; (i) que los demandantes nunca dieron su consentimiento para los actos que se realizaban dentro" de su finca.”

A base de dichos hechos, dictó la corte inferior la si-guiente sentencia:

“Por los fundamentos de la opinión que se une a los autos y se baee formar parte de esta sentencia, ,1a corte declara con lugar la demanda y en su consecuencia resuelve que la finca descrita en esta acción no se encuentra sujeta a servidumbre alguna a favor del Municipio de Juncos, y condena a éste a destruir cualquier obra que haya ejecutado en la misma y además le condena al pago de las costas, gastos y $500 por concepto de honorarios de abogado ”

No conforme el Municipio de Juncos, apeló para ante este tribunal, imputando a la corte inferior la comisión de seis errores, el primero de los cuales dice:

“Haber dictado sentencia contraria a la evidencia y a la prueba, ya que ésta demostró no solamente por el conjunto de la prueba, sino especialmente por la de los propios demandantes, que las obras del acueducto de Juncos están construidas en terrenos del dominio pú-blico. ’ ’

Consideramos de tal importancia el primero de ellos que. su discusión nos releva del estudio de los restantes.

La acción ejercitada por los demandantes es, como ya dijimos, la de negatoria de servidumbre y daños y perjuicios. En cuanto a estos últimos, la corte inferior declaró que los demandantes no presentaron evidencia alguna tendente a probarlos, y en cuanto a la acción principal, contrario a lo que afirma el juez inferior, no se fian establecido los becbos necesarios demostrativos de que el municipio demandado baya realizado acto alguno en terreno de los demandantes, que sólo pudieran baber realizado mediante la existencia de una servidumbre de acueducto sobre dichos terrenos. En sus conclusiones d'e becbo antes transcritas asegura el juez que la prueba de ambas partes ha establecido que los muros de la presa descansan sobre terrenos de los demandantes y que en dichos terrenos se abrieron zanjas, se colocaron tubos de acueducto y se hicieron otras construcciones. Estos becbos esenciales a la existencia de la causa de acción ejercitada no han sido probados. Los artículos 32 31 34 de la Ley de Aguas prescriben:

“Artículo 32. — Álveo o cauce natural de un río o arroyo es el terreno que cubren sus aguas en las mayores crecidas ordinarias.
“Artículo 34. — Son de dominio público:
“1.
“2. Los álveos o cauces naturales de los ríos en la extensión que cubren sus aguas en las mayores crecidas ordinarias.”

Veamos atora qué dice la prueba de una y otra parte respecto al sitio donde se construyeron la presa, los estribos y donde se colocaron los tubos de acueducto.

Emilio F. Saavedra, ingeniero civil que dirigió las obras del acueducto, llamado por los demandantes declaró:

“P. ¿En alguna ocasión usted presenció alguna creciente grande del río?
“R. Presencié tres crecientes.
“P. ¿Esas crecientes ban llegado o no han llegado o han pasado del sitio donde estaban las obras?
“R. Taparon la presa, y taparon la tubería que teníamos puesta allí..
“P. ¿Lo que quiere decir que . . . pasaron?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Quiere decir que pasaron sobre las obras?
“R. Como un metro o metro y» medio sobre el spillway.
“P. O sea, ¿por dónde está tirada. . .?
“R. Por donde están tirados los tubos.” (T. de E., pág. 30.)

En la página 32 de la transcripción de evidencia, interro-gado por el demandante, dice:

“P. ¿Los estribos de la presa están en el aire o descansan. . . . ?
“R. Descansan sobre la barranca.
“P. ¿Descansan sobre la finca que don Andrés Díaz le dió permiso para entrar allí ?
“R. Sí, señor.”

Interrogado por el demandado:

“P. Una pregunta. Usted dijo, ¿qué quiso decir usted con que el estribo de la presa estaba en la finca ésa? ¿Está en la barranca más allá de donde pasan las aguas en crecientes ordinarias o más . cerca de la posición donde no llegan las aguas del río en las cre-cientes ordinarias?
“R. ¿Usted sabe, licenciado, lo que son los estribos de una obra?
“P. Sí, señor. ¿Dónde están?
“R. Ahí está el plano; están sobre el barranco de eso.
“P. ¿Y por eso ha pasado el agua en crecientes ordinarias?
“R. Sí, señor. Ahí hay dos cruces de agua: agua de la que-brada y agua del río. Nosotros tuvimos que secar la quebrada y poner dinamita para desviar la corriente do la quebrada por otro lado. Cuando se juntaban las crecientes del río y de la quebrada la corriente era mayor. Yo estuve presenciando una creciente, pa-radp sobre el piso de la caseta y al poco tiempo estaba el agua la-miéndome los pies. Eso trae mucha fuerza, trae un ciento por ciento de pendiente.
“P. ¿Y esas aguas siempre se han juntado desde tiempos histó-ricos ?
“R. Yo no puedo decirle.
“P. ¿Pero usted no ha estado allí?
“R. Sí, señor. La barranca hay que subirla en cuatro pies, y cuando yo estaba haciendo el estudio nada faltó para tener que ama-rrarse uno, porque es un risco y nos dió mucho trabajo.
“P. Y esas crecientes, ¿subían a ese sitio por mor de usted haber ‘desviado la quebrada, o naturalmente subían las crecientes ordi-narias ?
“R. Subían naturalmente allí. Cuando yo llegué, allí habían vallados. Nosotros, cuando hacemos un estudio, primeramente va-mos al sitio para ver el alcance que'tiene el río, para hacer la obra.
■“P. ¿Y consideran el cause del río?
‘‘R. Sí, señor.’’ (T. de E., pág. 36-37.)

Interrogado una vez más por el demandado:

“P. ¿De manera que los tubos también están en la barranca del río?
“R. Sí, señor.
“P. ¿O sea, en ese sitio donde hablaba el testigo que pasan las aguas en sus crecientes ordinarias?
‘‘R. Sí, señor.” (T. de E., pág. 44.)

La demandante Segunda Eosado interrogada por su abogado, declaró:

‘‘P. ¿Han hecho algunas obras en esa finca?
”R. Sí, señor.
“P. ¿Qué pasa por esa finca?
“R. El acueducto.
“P. ¿El acueducto de dónde?
“R. De Juncos.
‘‘P. '¿Qué han hecho para hacer el acueducto?
“R. Una represa.
“P. ¿Y qué más han hecho?
“R. Casas, caserío, pei’o ya lo han destruido. . .” (T. de E., pág. 69.)

Tal fue la prueba testifical presentada por los demandan-tes en relación con la alegada servidumbre. También presen-taron, con la oposición del demandado, un croquis represen-tando el sitio donde están la presa, los estribos, etc., pero ese croquis, aparte de no ser admisible por no haber comparecido su autor para ser repreguntado en relación con su contenido, no arroja luz alguna sobre la cuestión en controversia, pues en el mismo no aparecen indicados en forma alguna los terrenos que cubre el río en las mayores crecientes ordinarias, para poder así determinar, de acuerdo con los preceptos de la Ley de Aguas antes transcritos, si .los terrenos donde enclavan dichas edificaciones pertenecen a los demandantes o si por el contrario son de dominio público, en cuyo caso ningún derecho tienen los demandantes a impedir tales obras.

La declaración de Segunda Rosado en cuanto afirma que el acueducto de Juncos se hizo en su finca es una mera con-clusión de la testigo, pues dicha declaración no es incompatible con la del ingeniero Saavedra y la de los testigos del demandado al efecto de que los muros de la presa, los estri-bos y los tubos del acueducto se hallan todos en terrenos que aunque aparentemente pertenecen a la finca de los deman-dantes, por ministerio de la ley son de dominio público, ya que los cubren las aguas del río en sus mayores crecientes ordinarias. ' -

La prueba del demandado sobre esos extremos es la siguiente:

José Castro Martínez declaró ser ingeniero de la División de Terrenos Públicos en el Departamento del Interior y que fué al sitio donde está la presa para determinar si fue cons-truida sobre terrenos de dominio público; que a ese efecto observó las huellas de las crecidas y que la presa, los muros y los estribos se bailan en el cauce del río. (T. de E., págs. 104-105 y 107.)

José Lao Díaz declaró que a la fecba en que se celebró el juicio tenía sesenta y nueve años de edad y que siempre babía vivido en aquel barrio; que ba visto muchas crecidas del río y que la presa y los estribos están dentro de la extensión de terreno que cubren las aguas del río en sns mayores crecidas ordinarias.

El testigo Emilio F. Saavedra, llamado por el demandado declaró que observó tres crecidas ordinarias del río Glurabo en aquel sitio, y contestando al demandado dijó:

“P. ¿Y usted dice que en esas tres crecientes que observó, las aguas sobrepasaron la línea donde está emplazada la presa!
“R. Sí, señor.” (T. de E., pág. 119.)

En verdad no nos explicamos cómo el juez inferior pudo considerar probado que las obras antes mencionadas fueran edificadas en los terrenos pertenecientes a los demandantes. Quizá sea cierto lo que ellos afirman en su demanda, pero con la prueba que consta de los autos no es posible sostener una sentencia que como la de autos condena al Municipio de Juncos a destruir cualquier oira que haya ejecutado en la finca de los demandantes, sin especificar siquiera cuáles son dichas obras, y sobre todo si se tiene en cuenta que lo que se ordena es la destrucción de un acueducto que de acuerdo con la prueba costó alrededor de $80,000, con una evidencia tan insuficiente como la presentada por los demandantes. [4] Aunque convenimos con los apelados que la propiedad se presume libre de gravámenes, sin embargo a ellos incum-bía probar que las obras del acueducto fueron levantadas en terrenos' de su propiedad, para que entonces incumbiese al demandado la prueba de la existencia de la servidumbre que permitía la edificación de dichas obras en aquel sitio.

No estando sostenida la sentencia por la prueba, procede su revocación, con costas a los demandantes, sin incluir honorarios de ahogado.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    White Star Bus Line, Inc., demandante y apelante, v. Hon. Roberto A. Sánchez, en su carácter de Comisionado Interino del Interior de Puerto Rico, querellado.
    Núm. 8464.

    Sometido: Diciembre 15, 1941.

      Resuelto: Enero 23, 1942.

      G. Iriarte, F: Fernández Cuyar y R. González Blanes, abogados de la apelante; Ron. Procurador General George A. Malcolm *jr A. E. Franco Cabrero, Svibproourador Auxiliar, abogados del ape-lado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

En octubre 17 último la White Star Bus Line, Inc., una corporación doméstica dedicada al transporte de pasajeros dentro de los municipios de San Juan y Río Piedras, me-diante franquicia concedídale en 1927, acudió a la Corte de Distrito de San Juan y le pidió que expidiera un auto peren-torio y definitivo de injunction, prohibiendo al Comisionado del Interior retirar las tablillas de número de todas y cada una de las guaguas de la demandante por medio de las cuales realiza su negocio.

Los lieclios en que basó su petición son substancialmente los que siguen:

La demandante posee y opera 225 ómnibus conocidos por guaguas en el transporte do pasajeros entre San Juan y Río Piedras. La ley núm. 75 de 1916 (pág. 144), tal como enmendada, obliga a todos los porteadores públicos a pagar anualmente ciertos derechos por licencias y tablillas de numero, tablillas que deben ser colocadas en sitio visible en cada vehículo antes de poder transitar públicamente.

Para dar cumplimiento a la última enmienda de la ley durante el año 1.941-42, la demandante se comunicó con el Comisionado del Interior de Puerto Rico a fin de . que le informara cuánto debía pagar para obtener sus tablillas y, de acuerdo con el informe que recibiera antes de julio 20, 1941, pagó al dicho Comisionado $6,750 por sus 225 guaguas, entregándole el Comisionado las correspondientes tablillas que se colocaron en los vehículos, y el transporte continu'd.

Así las cosas, el Comisionado en septiembre 5, 1941, varió su opinión en el sentido de que de acuerdo con la enmienda de la ley procedía el pago de un derecho adicional de $25 por cada vehículo, y así lo comunicó a la demandante que entró en conversaciones con él y obtuvo de él que mediante la pres-tación de una fianza dejara el cobro en suspenso hasta que el asunto fuera resuelto por los tribunales.

Eso no obstante, el Comisionado hizo caso omiso del con-venio y en octubre 16, 1941, exigió a la demandante por escrito el pago incondicional y total de la diferencia, conce-diéndole un día para efectuarlo, amenazándola con retirar las tablillas de sus guaguas si así no lo hacía.

Sostuvo la demandante que tal proceder por parte del Comisionado era arbitrario y sin autoridad de ley, y le pidió a la corte que actuara prontamente en el sentido indicado.

El Comisionado del Interior contestó- todos y cada uno de los hechos de la demanda, explicando su posición en el sentido de que al darse cuenta de la equivocación en que incurriera al informar primeramente a la demandante, la requirió para que pagara la suma que debía satisfacer de acuerdo con la ley — $55 en vez de $30 por cada vehículo — , teniendo con sus representantes varias conferencias, y no pudiendo llegar a un acuerdo le dió un día para el pago con indicación de que procedería al retiro de las tablillas de no verificarlo.

Fué el pleito a juicio y la corte lo resolvió por sentencia de noviembre 3, 1941, anulando la orden de entredicho que dictara, cancelando la fianza prestada para obtenerla y decla-rando sin lugar en definitiva la demanda, con costas, sin incluir honorarios de abogado.

La demandante apeló de esa sentencia para ante este Tribunal y el 5 de noviembre, 1941, pidió a la corte que expidiera urí auto de injunction en auxilio de su jurisdicción a fin de evitar ■ que la arbitrariedad se cometiera antes de decidirse el caso por sus méritos, ya que el Comisionado del Interior, vista la sentencia de la corte de distrito, — no obstante la apelación interpuesta — la había requerido nuevamente de pago para hacerlo a más tardar a las doce del día 5 de noviembre, con la amenaza de que de no verificarlo procedería a arrancar las tablillas de las guaguas.

Vista la urgencia del caso, tratándose de la ejecución de una orden que podría entorpecer en gran manera la conti-nuación de un servicio público y exigiendo una garantía plena del pago de la totalidad de la reclamación envuelta, esta corte ordenó que se requiriera al Comisionado para que com-pareciera ante ella cinco días más tarde a exponer las razones que tuviera para que no se decretara el injunction solicitado, quedando entre tanto en entredicho.

La fianza exigida fué prestada y la orden expedida. Contestó el Comisionado y ambas partes fueron oídas amplia-mente, acordando la corte dejar vigente el entredicho a condición de que la transcripción en el caso del injunction apelado fuera radicada en o antes de diciembre 1, 1941, aeom-pañada del alegato del apelante, a fin de que la vista del recurso pudiera celebrarse, como se celebró en efecto, el quince de diclio mes para cuya fecha quedó' señalada.

Está, pnes, ahora ante nosotros el caso en sn totalidad.

En la opinión de la corte de distrito qne sirve de base a la sentencia apelada, se pierde de vista la verdadera cuestión envuelta que está reducida a determinar si el Comisionado del Interior podía o no proceder por sí mismo o por sus agentes a arrancar las tablillas de las guaguas que transitaban con ellas adheridas a virtud del pago de la cantidad que él mismo indicó primeramente que debía pagarse de acuerdo con la ley. A esa sola cuestión limitaremos nuestro estudio.

El inciso (h), del artículo 3 de la ley núm. 75 de 1916, como enmendada por la ley núm. 9 de 1926 (pág. 23), Legis-latura Extraordinaria de ese año, prescribe:

"Artículo 3. — (A) El Comisionado del Interior podrá suspender o cancelar la licencia, y ordenar que se ocupen las tablillas de cual-quier vehículo de motor, cléstinado a servicio público, cuando sola-mente obtuvo licencia y tablillas para ser destinado a servicio pri-vado; y podrá cancelar la licencia de cualquier vehículo de motor destinado a servicio público, cuando, a su juicio, el automóvil está traficando en condiciones tales que constituya una amenaza para la seguridad pública.” '

Esa es la única autoridad de ley que se invoca por el Comisionado para actuar en la forma en que indicó que actuaría en este caso si la peticionaria no pagaba. ¿Es sufi-ciente? Yeámoslo.

Sólo en dos casos puede el Comisionado ordenar que se ocupen las tablillas de cualquier porteador público, a saber, 1, cuando obtenidas para servicio privado, se destina el vehículo a servicio público, y 2, cuando el vehículo trafica en condiciones tales que constituye una amenaza para la segu-ridad pública.

El caso de autos no está comprendido dentro de la letra de la autorización. Eso lo admite el propio Comisionado, pero sostiene que siendo el espíritu de la autorización en el primer caso la evitación del fraude, debe extenderse a éste que tiene el mismo propósito. '

No estamos conformes. La autorización es de interpre-tación estricta. Se concedió para casos específicos y no es susceptible de extensión. Además, la actuación de la peti-cionaria no lo fué con engaño. No solicitó una licencia que costaba menos para engañosamente dedicarse a un negocio que exigía otra que costaba más, en perjuicio del erario público. Procedió a las claras y pagó lo que se le dijo que tenía que pagar y a virtud de ese pago fué que se le entre-garon las tablillas que colocó en sus guaguas.

Se insiste, sin embargo, en que éste no es un caso propio de injunction porque la misma ley que autoriza el remedio — Ley para definir el Injunction . . . Leyes de 1906, pág. 81 — expresamente dispone que el auto no podrá expedirse, entre otros casos, “para impedir el cumplimiento de un estatuto público por funcionarios de la ley, en beneficio del público.”

Ésa es la ley, en efecto, pero ella no quiere decir que cuando el funcionario trata de utilizar para cumplir el esta-tuto un medio que no está autorizado por la ley no puede recurrirse al injunction para impedir su actuación.

Como se dijo en el curso de la opinión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, emitida por el Juez Peckham en el caso de American School of Magnetic Healing v. McAnnulty, 187 U. S. 94, 108:

“Que la conducta de la Oficina de Correos es parte del departa-mento administrativo del Gobierno es completamente cierto, pero ello no siempre ni necesariamente priva a las cortes de jurisdicción para conceder reparación (relief) a una parte perjudicada por cual-quier acción entablada por el jefe o un funcionario subalterno de ese departamento no autorizado por el estatuto bajo el cual asume actuar. Los actos de todos sus funcionarios deben estar justificados por alguna ley, y en caso de que un funcionario viole el estatuto en perjuicio de alguna persona, las cortes generalmente tienen jurisdic-ción para conceder reparación.”

Y como se resolvió por la Corte Suprema de North Dakota interpretando un estatuto igual al nuestro en el caso de State ex rel. Ladd v. District Court, 15 L. R. A. (N.S.) 331, 334:

“. . . La base en que descansa la excepción previa del relator, interpuesta en la corte de distrito, y su solicitud para que se expida el auto en esta corte, consiste en que las cortes de este estado carecen de autoridad para conocer de una acción etty'o fin es evitar que un funcionario público ponga en vigor un estatuto que él alega estar cumplimentando para beneficio público. Í31 interpreta .el párrafo 4to., sección 6631, Est. Kev. 1905, como una prohibición a las cortes de conocer de acciones de esta naturaleza. Ese estatuto lee como sigue: 'No se expedirá un injunction ... (4) para impedir que oficiales de la ley pongan en vigor un estatuto público para el be-neficio público. . .’ No interpretamos en esa forma esta disposición del Código. Más bien la interpretamos en el sentido de significar que, cuando se ventila una acción cuyo fin es impedir que un fun-cionario dé cumplimiento a un estatuto, éste no será obstaculizado una vez se compruebe que -está poniendo en vigor el estatuto en forma legal y corriente y para el beneficio público. Si actúa sin autoridad para ello o excediéndose en la misma, no .está haciendo cumplir un estatuto público. Debe existir alguna forma de proteger al príblico y la propiedad contra la ilegal aplicación de estatutos por funcionarios públicos; y creemos que no ora el propósito de la dis-posición estatutaria a que hemos hecho referencia el impedir que las cortes, al conocer de acciones de injunction, investiguen la lega-lidad de actos oficiales.”

Debe revocarse la sentencia recurrida y en su lugar dic-tarse otra ordenando la expedición de un auto de injunction prohibiendo al Comisionado del Interior arrancar por sí mismo o por medio de sus agentes o empleados las tablillas de número de cada una de las guaguas de la demandante, sin que ello implique que dicho funcionario no tenga derecho a cobrar de la demandante la cantidad total que ordena el esta-tuto según su criterio, acudiendo a las■ cortes de justicia si necesario fuere, con las costas de ley pero sin incluir en ellas honorarios de abogado.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Malavé, acusado y apelante.
    Núm. 8941.

    Sometido: Diciembre 3, 1941.

      Resuelto: Enero 23, 1942.

      Genaro Cautiño Bruno, abogado del apelante; Ilon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal del distrito denunció ante la corte municipal de Guayama a Manuel Duran y José Malavé de haber infringido la ley núm. 47 de 1930 (pág*. 367), como sigue:

“Los referidos acusados, Manuel Duran y José Malavé, y quienes son empleados de la firma Suers, de José González & Cía., S. en C., que es una sociedad en comandita, el primero como Jefe de Oficinas y el segundo como Mayordomo de la colonia denominada Jobos, pro-piedad de la firma antes mencionada, y quienes están investidos de la representación y autoridad para dar trabajo y dejar cesantes a los peones que como tales trabajan en la citada colonia Jobos, allá por el día 5 de octubre de 1940, en la citada colonia Jobos que queda dentro de la jurisdicción municipal de Guayama, P. R., y que forma parte del distrito judicial municipal de Guayama, P. R., y que a la vez forma parte del distrito judicial del mismo nombre, ile-gal, -voluntaria y maliciosamente y actuando como tales Jefe de Ofi-cina y Mayordomo respectivamente, intimidaron, coaccionaron y ame-nazaron, como al efecto lo llegaron a realizar, dejando cesante en su trabajo y negándole el empleo al trabajador de la aludida colonia Jobos, nombrado Rufino Vega con el propósito de inducir a tal tra-bajador a que votara en las pasadas elecciones generales de Puerto Rico celebradas el día 5 dé noviembre de 1940, de acuerdo con los deseos de los acusados y de sus patronos, que es la firma antes men-cionada, o sea, que votara en favor de El Partido Unificación Puer-torriqueña, que no es el partido a que pertenece ni pertenecía, allí y entonces, el trabajador antes nombrado, y por quien no deseaba votar en las citadas elecciones.”

En junio 17, 1941, se llamó la causa para verse de nuevo en la corte del distrito para ante la cual fué apelada, y ter-minada la prueba de carg-o el acusado presentó una moción de nonsuit que fué desestimada. Se introdujo la prueba de descargo y la corte dictó sentencia absolviendo a Manuel Duran y condenando a José Malavé. Este interpuso el pre-sente recurso de apelación, señalando como errores los come-tidos a su juicio por la corte al desestimar la moción y al dictar una sentencia contraria a los hechos, a las pruebas y a la ley. El fiscal de esta corte en su informe escrito soli-citó la revocación de la sentencia por insuficienciá de la prueba.

El estudio de los autos nos convence de que la sentencia apelada debe revocarse.

La ley cuya infracción se imputó al acusado apelante •ordena que:

“Cualquier oficial, empleado o agente de una corporación, firma u otra persona que esté investida de representación o autoridad para •dejar cesante a cualquier trabajador, o para darle empleo, que in-tente por medio de coacción en cualquier forma, dejar cesante a ■cualquier trabajador, o disminuir su remuneración como tal traba-jador, a fin de inducirle a que vote en cualquier elección legal de acuerdo con los deseos de la corporación, o del oficial o agente que la represente, o que intente en cualquier forma examinar el voto de tal trabajador, será culpable de misdemeanor.” Artículo '2 de la ley núm. 47 de 1930 para proteger a los trabajadores en el uso de su derecho como votantes y para otros fines, pág. 367.

Para que el delito se entienda cometido no basta que se trate de un trabajador si que de un trabajador con capacidad legal para votar.

Eesumiendo la jurisprudencia sobre la materia dice Corpus Juris:

“Una acusación cuyo propósito es imputar un delito por haberse-ilegalmente impedido a un elector capacitado el ejercitar su derecho al voto, debe imputar al acusado el haber interferido, durante unas elecciones, con un elector hábil y dispuesto a votar. . . En una acu-sación que impute una conspiración para impedir que unos electores autorizados voten, no es necesario alegar los nombres de las personas a quienes, estando autorizadas para votar, se les iba a impedir ha-cerlo por los acusados. Pero una acusación que impute una cons-piración para intimidar a determinado ciudadano de los Estados Unidos con el propósito de impedirle el libre ejercicio del derecho al voto debe alegar que el individuo a quien se intentaba intimidar estaba autorizado para votar.” 20 C. J. 293, 294.

Y ello es así porque el derecho al voto es un derecho polí-tico o privilegio que sólo tienen los ciudadanos que reúnan las condiciones que fija el estatuto y cumplan con los requi-sitos que el mismo exija. Se puede ser trabajador y no tener derecho al voto.

En ninguna parte de la denuncia transcrita se alega que el trabajador Rufino Vega fuera un elector capacitado. Esto sería suficiente para revocar. Aunque ello es innecesario, parece conveniente agregar que tampoco se probó en el juicio.

Pero hay más. Para que se infrinja la ley se necesita no solamente que se coaccione en cualquier forma, se deje cesante o se disminuya su remuneración al trabajador autorizado para votar, si que ello se haga a fin de inducirle a que vote en cualquier elección legal de acuerdo con los deseos de la corporación o del oficial o agente que la represente, o que se intente en cualquier forma examinar el voto de tal trabajador, y aquí como dice el fiscal en su informe:

“. . . Asumiendo que la prueba fuere suficiente para establecer la coacción de que habla dicho artículo, no se establece en forma al-guna el propósito de la misma con relación al derecho de Rufino Vega a votar libremente en las elecciones generales de 1940. A lo más que podría llegarse es a resolver que Rufino Yega fué dejado cesante de ' su trabajo por ser un progapandista político contrario a las tenden-cias políticas de su patrono; pero esto no es lo que castiga la re-ferida ley, ya que lo que ella contempla es la protección del sufragio del trabajador y no de las tendencias propagandistas de éstos.”

Así es en efecto. Bespondiendo en el juicio a preguntas del fiscal el propio trabajador Rufino Vega, declaró:

“P. — ¿Quién le suspendió el trabajo? — R. José Malavé. — P. José Malavé, ¿por qué lo suspendió? — R. Bueno, la tarde esa que yo fui a cobrar. — P. ¿ Qué tarde ? — R. El sábado 5 de octubre yo .fui a cobrar y él me llamó y me dijo: ‘Yega, recibí una notita de la oficina donde se dice que Ud. lo que bacc es haciendo propaganda popular en el trabajo’ y entonces yo le dije: ‘¿Entonces no tengo trabajo para el sábado?’ y se quedó callado la boca j me dijo: ‘Tiene que ir a la oficina’ y yo fui el día 7 a la oficina, o sea, el lunes.” Pag. 6, T. de la E.
“P. — ¿Y Ud. habló con don Manolo Durán? — R. Sí, señor. — P. ¿Y qué le dijo? — R. Yo le dije entonces: ‘Don Manolo, yo he ve-nido aquí a ver por qué motivo so me ha suspendido del trabajo.’— Hon. Juez: P. Hable claro para poder entenderlo bien. — R. Yo le dije: ‘Yo vine acá, don Manolo, a ver por qué se me había suspen-dido del trabajo’ y él me dijo: ‘Ucí. es Rufino Yega?’, y yo le dije que sí 5 me dijo: ‘Yo he recibido una mala nota de Ud., que está haciendo propaganda en el trabajo.’ — Hon. Fiscal: P. ¿Qué clase de propaganda? — R. Popular y entonces yo le dije .que eso no era cierto, entonces él me dijo que el trabajo lo quería para los tra-bajadores, pero que a él le gustaría que estuvieran a favor de la ■casa.” Pág. 7, T. de la E.

Bebe declararse con lugar el recurso, revocarse la senten-cia apelada y dictarse otra absolviendo al acusado.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez PkesideNte Señok Del Toso

text:
    Rafael de J. Cordero, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada, y Félix Narváez, peticionario ante la Comisión Industrial. El Mismo, recurrente, v. La Misma, demandada, e Higinio Lliteras, peticionario ante la Comisión Industrial.
    Núms. 231 y 233.

    Sometidos: Noviembre 24, 1941.

      Resueltos: Enero 23, 1942.

      Eon. Procurador General George A. Malcolm, E. de Aldrey, Procu-rador General Auxiliar, y Víctor J. Vidal González y G. Atiles Moréu, abogados los dos últimos del Fondo del Estado, abogados del recurrente; José Benet y Virgilio Brunet, abogados del obrero, peticionario ante la Comisión Industrial, en el caso núm. 231 y Virgilio Brunet y José L. Novas, abogados del obrero, peticionario ante la Comisión Industrial, en el caso núm. 233; Pedro M. Po-rrata, como amicus curiae.

   El Juez PkesideNte Señok Del Toso

emitió la opinión del tribunal.

En el primero de estos casos el obrero Félix Narváez en noviembre 22, 1939, sufrió extensas quemaduras mientras trabajaba para su patrono Chévere & Co., de San Juan, P. B., patrono asegurado.

El 13 de febrero siguiente el Fondo del Seguro del Estado por su administrador decidió que el accidente era uno del trabajo, habiendo quedado el obrero con una incapacidad parcial permanente, teniendo derecho, por tanto, a recibir una compensación adicional de la mitad del jornal que ganaba por un período de 306 semanas, equivalente a $1,064.88, a serle satisfecha en pagos parciales de $13.92 cada cuatro semanas.

No conforme el obrero por entender que había quedado completamente inútil de ambas manos, cuello, oídos, cara (sic) y brazos, apeló para ante la Comisión Industrial, y celebrada la vista de ley, la comisión revocó la decisión del administrador, por entender que se trataba de un caso de incapacidad total de las funciones fisiológicas del obrero, y declaró que éste tenía derecho a recibir del fondo en concepto de compensación $13.92 cada cuatro semanas durante 340, en adición a las compensaciones semanales que se le hubieren abonado mientras estuvo bajo tratamiento médico incapa-citado para trabajar.

Pidió el administrador a la comisión que reconsiderara su resolución y la comisión se negó a ello. Interpuso entonces el presente recurso de revisión; cuya vista tuvo lugar el 24 de noviembre último con la comparecencia de las partes y del abogado Pedro M. Porrata, amicus enrice,, que radicó además un extenso alegato sosteniendo el criterio de la comisión.

En el segundo de los casos el obrero Higinio Lliteras el 24 de noviembre de 1939, mientras trabajaba para la P. R. Salt Works, Inc., patrono asegurado, de Cabo Rojo, P. R., sufrió un accidente que le produjo la pérdida de la pierna izquierda más arriba de la rodilla y tan cerca de la cadera que no podría usar pierna artificial, teniendo luego que ampu-társele la otra pierna.

En agosto 22, 1940, el Pondo del Seguro del Estado por su administrador resolvió que se trataba de un caso de inca-pacidad parcial permanente con derecho el obrero a recibir una compensación adicional del cincuenta por ciento de su jornal durante 250 semanas en pagos parciales cada cuatro semanas. '

No conforme el obrero por entender que no se le liquidó la compensación a base del jornal que ganaba el día del accidente, que dicha compensación no correspondía a la clase de incapacidad sufrida y que seguía necesitando tratamiento médico, apeló para ante la comisión. Mientras se tramitaba el recurso, se amputó al obrero la pierna que le quedaba. Celebrada la vista de ley, la comisión, en octubre 21 de 1941, dictó sentencia declarando que el obrero babía quedado total-mente incapacitado para el trabajo por haber sido necesario amputarle ambas piernas, como consecuencia inmediata del accidente, que el jornal que ganaba cuando el accidente ocu-rrió era el de $2.15, y que de acuerdo con lo resuelto por ella en los casos C. I. 12139, Félix Narváez (recurso núm. 231) y C. I. 7774, Fermín Eivera, el Administrador del Fondo del Seguro del Estado no estaba autorizado para .rebajar del montante de la compensación correspondiente al obrero can-tidad alguna por concepto de las dietas semanales que le hubieren sido satisfechas durante su curación.

Pidió reconsideración el administrador y le fué negada. Acudió en revisión entonces para ante este Tribunal. En •diciembre once último el administrador y el obrero por con-ducto de sus abogados estipularon someter el recurso por los alegatos presentados en el de Félix Narváez, número 231, y esta corte, el quince de diciembre aprobó la estipulación.

Como en ambos recursos la parte recurrente ha limitado la cuestión a resolver a la interpretación del inciso 4 del artículo 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo — núm. 45 de 1935, (1) pág. 263 — , enmendado por la ley núm. 74- de 1940, pág. 531, los dos pueden ser y serán estudiados en esta sola opinión.

Dicho inciso en lo pertinente dispone:

“4. Si como resultado de la lesión o enfermedad, el caso del obrero o empleado fuere resuelto como uno de incapacidad total permanente, el obrero o empleado continuará recibiendo una suma igual a la mitad del jornal que percibía el día del accidente o que hubiera de per-cibir a no ser por la ocurrencia del accidente, y durante el tiempo que se prolongue esta incapacidad total, pero en ningún caso se pa-gará más de diez (10) dólares, ni menos de tres (3) dólares sema-nales, ni se harán pagos a ningún obrero o empleado por más 'de 340 semanas y la suma pagada no excederá nunca en total de tres mil (3,000) dólares; Disponiéndose, que cuando se probare fuera de toda duda razonable que el obrero incapacitado ba de invertir hasta la mitad de la compensación en la adquisición de un hogar o un predio de terreno donde establecerse, se le anticipará inmediatamente hasta la mitad de la compensación que se le hubiere asignado, y el rema-nente le será liquidado conforme dispone esta Ley.”

Todo gira alrededor del alcance de las palabras contimtará recibiendo que la ley contiene. A juicio del administrador esas palabras no pueden tener otro significado que el de que el término fijado por la ley comienza a contarse desde que empezó a compensarse al obrero mientras se le tuvo bajo asistencia médica y a juicio de la comisión no tienen ese alcance, si que se refieren a la compensación que debe satis-facerse al obrero después que el caso fuere resuelto como uno de incapacidad total permanente.

Veamos lo que dispone él artículo 3 de la ley en su inte-gridad.

Comienza declarando que todo obrero o empleado que sufriere lesiones o enfermedades ocupacionales dentro de las condiciones que establece el artículo 2 de la ley, tendrá derecho:

1, Ada asistencia médica y medicinas que le fueren pres-critas ;

2, Si la incapacidad fuere temporal, a una compensación de la mitad del jornal, durante el período de incapacidad, no excediendo éste de 104 semanas;

3, Si la incapacidad fuere parcial permanente, a una com-pensación adicional de un cincuenta por ciento del jornal durante el número de semanas que se inserta en una larga tabla que forma parte de la ley y que oscila entre 5 y 300, no pudiendo en caso alguno pagarse una suma superior' a dos mil dólares, y

4, Si la incapacidad fuere total permanente, como ya sabe-mos a una compensación semanal de la mitad del jornal que percibía el día del accidente, no excediendo de 340 semanas ni pndiendo pasar la suma total que se pague de tres mil dólares.

Para dar color a la posición del recurrente transcribire-mos su propia argumentación después de haber puntualizado las varias disposiciones de la sección tres de la ley a que acabamos de referirnos. Es así:

“Se verá pues, que inmediatamente que un obrero sufre un acci-dente del trabajo protegido por nuestra ley, se le instituye el trata-miento médico adecuado y se le comienza a pagar la mitad del jornal que ganaba el día del accidente durante el período de su inhabilidad para el trabajo. Al ser dado de alta el obrero, sólo puede ocurrir-una de estas tres cosas: el obrero queda en condiciones'hábiles para reanudar su trabajo en la forma 'y. manera que lo hacía al tiempo de ocurrirle el accidente; o el obrero queda afectado con una inca-pacidad parcial permanente, a pesar de la cual puede reanudar su trabajo; o, en último lugar, que el obrero quede totalmente incapa-citado para realizar labor remunerativa alguna.
“De acuerdo con el análisis que hemos hecho del derecho que asiste a todo obrero al amparo de esta ley, nos encontramos con que el estatuto determina claramente: que en los casos de incapacidad parcial permanente, o sea cuando el obrero al ser dado de alta del tratamiento médico que ha estado recibiendo, puede reanudar su tra-bajo, la compensación que se fija es en adición de aquella otra com-pensación que por virtud del 2do. inciso del artículo 3 tiene derecho a recibir durante el período de inhabilidad.
“No sucede lo mismo cuando la ley se reñere a los casos de inca-pacidad total permanente. En este último caso el estatuto, de ma-nera específica y clara determina que el obrero o empleado lesionado' ‘continuará recibiendo’ una suma igual a la mitad del jornal que percibía el día del accidente o que hubiere de percibir a no ser por la ocurrencia del accidente y durante el tiempo que se prolongue dicha incapacidad total, pero en ningún caso se prolongará dielm pago por más de 340 semanas.
“Si la intención del legislador hubiese sido darle al obrero el be-neficio de la compensación durante el tratamiento módico y una com-pensación distinta y adicional por su incapacidad total permanente, lo hubiera expresado así con la misma diáfana claridad con que lo expresó al referirse a las compensaciones en los casos de incapacidad parcial permanente.”

Quiere decir que el Administrador del Fondo del Seguro del Estado recurrente lia venido interpretando y poniendo en práctica la ley en el sentido de que el inciso dos de su artículo tres rige para el caso de incapacidad temporal a que expre-samente se refiere y para el de incapacidad parcial perma-nente, inciso tres, pero no para el de incapacidad total permanente, inciso cuatro, por la tínica razón de que el legis-lador usó las palabras “recibirá una compensación adicional” en el inciso tres y “continuará recibiendo” en el inciso cuatro.

No tiene razón a nuestro juicio. Aunque hubiera sido más claro que el legislador hubiera usado el mismo lenguaje en los incisos tres y cuatro y hubiera sido más explícito en el dos, opinamos que si se ha reconocido la existencia de un período transitorio durante el cual el obrero lesionado recibe asistencia médica y una compensación semanal, tal recono-cimiento debe regir lo mismo para el caso de incapacidad parcial permanente que para el de incapacidad total perma-nente.

El uso de las palabras “compensación adicional” y “conti-nuará recibiendo” conllevan la misma significación. En adi-ción a lo ya recibido en el primer caso — incapacidad parcial permanente — el obrero recibirá compensación durante las semanas que fija la tabla de acuerdo con la; clase de lesión, y en el segundo caso — incapacidad total permanente — el obrero continuará recibiendo compensación durante las semck-nas que especifica, lo que envuelve sí la idea de continuación pero no la de la compensación que determina el inciso, sino la de la ayuda que el Seguro del Estado viene obligado a pro-porcionar inmediatamente al obrero lesionado en todos los casos.

La realidad de los hechos impone ese primer período tran-sitorio, con ayuda, porque no siempre puede fijarse en seguida el alcancé de la lesión. El propio recurso número 233 muestra un claro ejemplo de ello. El obrero perdió pri-mero una pierna y se calificó propiamente el accidente de incapacidad parcial permanente. Luego,, mientras su apela-ción se tramitaba en la comisión, le fné amputada la otra pierna como consecuencia del mismo accidente, teniendo éste que calificarse entonces de incapacidad total permanente, de conformidad con lo prescrito en el párrafo segundo del inciso cuarto del artículo tres de la ley.

En tal virtud debe resolverse no haber lugar a dejar sin efecto las resoluciones cuya revisión se pide .en ambos recur-sos, el 231 y el 233.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Félix Dominici Giuliani, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1097.

    Sometido: Enero 13, 1942.

      Resuelto: Enero 23, 1942.

      Enrique Báes García, abog’ado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente, Sr. Dominici y su esposa, tomaron a prés-tamo al Sr. Rosendo Quiñones la suma de $6,500, compro-metiéndose-a devolverle $500 en agosto de 1940 y los $6,000 restantes en agosto de 1944. En garantía de la deuda cons-tituyeron hipoteca sobre una finca rústica de su propiedad; y como evidencia de las dos obligaciones otorgaron dos pagarés hipotecarios, uno por $500 y otro por $6,000, ambos a la orden del acreedor Quiñones.

En junio 9 de 1941, el deudor recurrente compareció ante un' notario y otorgó una escritura de cancelación parcial de la hipoteca, en la que hizo constar que en esa misma fecha él había entregado a su acreedor la suma de $500 en satis-facción del pagaré por igual. suma, y que su acreedor, Sr. Quiñones, le había entregado el pagaré por $500, marcado con el número uno. El párrafo Quinto de dicha escritura lee como sigue:

“Quinto. — Don Félix Dominici Giuliani desea cancelar dicho pa-garé y al efecto me hace entrega a mí el Notario del referido pagaré, el cual, yo el Notario fedante, después de identificarlo debidamente procedo a su inutilización, taladrándolo y estampando sobre Ja faz de dicho pagaré la palabra ‘Cancelado,’ en letras grandes, quedando por lo tanto dicho documento nulo y sin valor legal alguno, consin-tiendo dicho señor Dominici en la cancelación parcial de la hipoteca en cuanto al pagaré marcado con el número uno.”

Presentada dicha escritura al registro para su inscrip-ción, negóse el registrador a practicarla, consignando sus razones en la nota recurrida, que dice así:-

“DeNegada la cancel ación parcial de hipoteca que comprende este documento, por observarse que según consta de su correspondiente inscripción, la hipoteca cuya canceJación se solicita garantiza dos pagarés mareados con los números uno y dos, ambos transferibles por endoso sin que se hayn acreditado que el pagaré número uno respecto del cual se solicita la cancelación parcial de dicha hipoteca haya sido endosado o transferido en forma legal a favor del compareciente Félix Dominici Giuliani, tomándose en su lugar anotación preventiva por el término legal, al folio 7 del tomo 283 de Mayagüez, finca nú-mero 1989, anotación B.”

Sostiene la representación del recurrente que no existe precepto de ley ni precedente alguno que sostenga el criterio del registrador, a lo que replica éste que su negativa encuen-tra apoyo en la decisión de esta Corte Suprema en Hau v. Registrador, 58 D.P.R. 805, cuya doctrina es, a su juicio, de estricta aplicación a los hechos del presente recurso.

En el citado caso la Sra. Ducord había constituido hipo-teca en garantía de cinco pagarés a la orden de don Arturo Hau. Posteriormente, Boberto H. Hau Schnabel, uno de los cinco herederos de Arturo Hau, adquirió la finca hipotecada por compra a la dueña Sra. Ducord. Dueño ya de la finca, Robert H. Hau Schnabel otorgó una escritura en la que hizo constar que era dueño del inmueble y tenedor de los cinco pagarés hipotecarios; que habiéndose confundido en él los derechos de deudor y acreedor, procedía la cancelación del gravamen, para lo cual daba su consentimiento, así como para que el notario inutilizara los cinco pagarés; y el nota-rio dió fe de haber inutilizado los documentos. Presentada la escritura, el registrador se negó a practicar la cancelación de la hipoteca, porque estando la obligación hipotecaria representada por cinco pagarés a la orden de Arturo Hau y apareciendo de una escritura que tenía a la vista que el crédito hipotecario pertenecía en común y pro indiviso a los cinco herederos de Hau, entre los que figuraba Bobert H. Hau Schnabel, era necesario, para poder efectuar la cance-lación, que se presentase constancia de que los pagarés ■ habían sido endosados o transferidos a Hau Schnabel, cons-tituyendo a éste como poseedor o tenedor legal de los mis-mos. La nota denegatoria fué confirmada. Y debe serlo también en el caso de autos, pues no vemos que exista dife-rencia substancial alguna entre .los hechos en uno y otro caso.

Si el pagaré de que se trata fuese un título al portador, bastaría para la cancelación de la garantía hipotecaria la constancia notarial de que el documento había sido presentado por el deudor al notario y que éste lo había inutilizado en el acto del otorgamiento de la escritura de cancelación. En ese caso el deudor puede pedir la cancelación por confusión de los derechos de deudor y acreedor, y ni el notario ni el registrador estarían justificados al exigir al deudor que probase en qué forma había él adquirido el documento. Siendo éste un título al portador trasmisible por la mera entrega, la presunción legal es que si el deudor lo posee es porque lo lia pagado.

Se trata, sin embargo, de un pagaré a la orden de Rosendo Quiñones, el acreedor hipotecario, trasmisible sola-mente por endoso. Para cancelar la hipoteca- que lo garan-tiza, es necesario que el tenedor -legal del pagaré lo endose y lo entregue al deudor, quien podrá entonces presentarlo al notario para ser inutilizado. Y habiéndose convertido el deudor, por virtud de tal endoso, en dueño de su propia obligación, puede consentir en solicitar la cancelación de la inscripción hipotecaria, por confusión de derechos.

En el presente caso no se presentó ni al notario ni al registrador constancia alguna de que Rosendo Quiñones reci-biera el importe del pagaré. Ni siquiera aparece de la escri-tura presentada al Registro que la entrega del dinero se hiciera en presencia del notario.

Si sostuviéramos que el endoso por Rosendo Quiñones era innecesario y que bastaba que el documento estuviese en poder del deudor, para que el registrador tuviera la obliga-ción de cancelar, ello equivaldría a abolir por declaración judicial las diferencias legales existentes entre los títulos al portador y los trasmisibles por endoso.

Se confirma la nota recurrida.