author: El Juez Asociado Señor Wolf, DEL JUEZ PRESIDENTE, SR. DEL TORO.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Rodríguez Hernández acusado y apelante.
    No. 2647.
    Visto: Mayo 19, 1926.

      Resuelto: Marzo 17, 1927.
    1. Derecho Penal-Apelación y Error, y Certiorari — Revisión — Errores Perjudiciales — Admisión de Prueba Objetada — Declaraciones Pres-tadas en Investiga’oiones Preliminares. ■ — • La admisión de declaraciones juradas tomadas en la investigación preliminar de la causa presentadas por el fiscal para desacreditar sus testigos y demostrar que lian incurrido en con-tradicciones es error perjudicial especialmente cuando ninguna de dichas declaraciones demuestra contradicción alguna sobre Jas materias a que se refieren las alegadas contradicciones y para su admisión no se establece base alguna previa para darles a los testigos la oportunidad de explicar sus mani-festaciones contradictorias.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Resolución y Dispo-sición del Caso — Revocación de la Sentencia Apelada — En General— Comisión de Error Perjudicial en el Curso del Juicio. — Cuando en el curso de un juicio se eomete un error, y en apelación no se demuestra que no hubo perjuicio y los autos demuestran que lo hubo, procede revoear la sentencia apelada.

      SeNtbncia de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), condenando' al acusado por delito de Homicidio Voluntario.

      Revocada, y devuelto el caso para nuevo juicio.

      García Méndez & García Méndez, abogados del apelante; José E. Eigneras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Rodríguez Hernández dió muerte a Laureano G-onzález Badillo, y se le acusó de asesinato en segundo grado, siendo convicto de homicidio voluntario. En la acu-sación se alegó y se demostró, según se admite, que Rodrí-guez no solamente hizo cinco disparos a González, sino tam-bién- que le infirió varias heridas de arma blanca. El acu-sado solicitó su absolución bajo la teoría de defensa propia.

En el juicio, declaró por El Pueblo el testigo Aurelio Rodríguez. Declaró que oyó tres disparos, y al correr al sitio, encontró al acusado en el camino; que le preguntó al acusado sobre lo ocurrido, y éste contestó que había tenido que matar a Laureano González, porque él le había dicho que sacara unos animales de la finca, pero que González inmediatamente atacó al acusado con un machete, tirándole varios tajos. Casi al terminar el testigo su declaración, el fiscal, sin preguntar o decir nada más, le interrogó al testigo si no había manifestado en otra ocasión que estaba emparentado con el acusado, y el testigo negó tal aseveración y dijo que en realidad de verdad no estaba emparentado con el acusado. Este era un testigo de El Pueblo, y si el fiscal fué sorprendido por ciertos extremos de su declaración con respecto a la teoría de defensa propia del acusado, no obstante, el fiscal no le hizo pregunta alguna tendente a demostrar que en ocasiones anteriores había hecho manifestaciones contradictorias.

Aurelio Cordero fué otro testigo de El Pueblo, y, en re-lación con el hecho de que el interfecto portaba un machete y amenazó al acusado, declaró substaneialmente en la misma forma en que lo hizo el testigo que lo precedió. Después que el testigo declaró qne el acusado dijo que el interfecto se le había ido encima con el machete, el fiscal le preguntó si le había hecho al fiscal esta manifestación anteriormente, a lo que el testigo replicó afirmativamente. Y el fiscal en-tonces le preguntó: “¿O simplemente que este acusado le había dicho que había tenido que matar al otro nada más?” En otra parte del interrogatorio, aparece que el fiscal leía de algún documento que tenía ante sí, y preguntó al testigo si no había dicho antes que había visto el revólver, etc., que el acusado le había dicho que había matado a Laureano González, y que el acusado se fue sin decir nada más. El fiscal no le mostró al testigo el documento del cual estaba leyendo.

Posteriormente, y después de haber declarado el testigo Aurelio Cordero, que fué el último presentado por El Pueblo, el fiscal manifestó: “Sr. Juez, yo ofrecería la investi-gación practicada por mi predecesor para que el Jurado pudiera llegar al convencimiento de que si al expresarse en la forma que lo han hecho estos testigos han incurrido en contradicciones. Eesulta que al fiscal le dijeron que no ha-bían oído más que ciertas cosas y después salen diciendo que el acusado se quejó de que el otro lo había amenazado y le había atacado con un machete.” — Juez: “Presentaría, o la presenta?” — Fiscal: “Anuncio que voy a presentarla.” —Abogado: “Nos .oponemos.” — Juez: (Al fiscal): “A los efectos de tachar en parte la veracidad de esos testigos?” —Fiscal: “Sí, señor.” — Abogado: “No nos afectaría la presentación de esto porque veo que hay casi una exactitud completa entre lo que dice eso y los testigos, quizás una diferencia en lo que le dijo el acusado, pero para la claridad del procedimiento, para ajustarse estrictamente a las leyes de evidencia, nos oponemos porque está prohibido taxativa-mente por el artículo 423 del Código de Enjuiciamiento Criminal la presentación por parte del fiscal de declaraciones juradas tomadas, bien por el propio fiscal o por un “Committing Magistrate,” o Juez Municipal, en la investigación de un caso, que luego se ba de'Someter ante un Jurado.— Juez: “La corte admite esas declaraciones, porque es con objeto de impugnar o tachar en parte la declaración de esos testigos.” — Abogado: “Tomamos excepción por el funda-mento de que de acuerdo con la Ley, la parte que presenta un testigo no podrá impugnar su veracidad, sino contrade-cirle, demostrando que en otras ocasiones ha hecho manifes-taciones contrarias, pero la presentación como evidencia de estas declaraciones tomadas en la investigación del caso no es otra cosa que la impugnación directa de la veracidad de sus testigos. Y porque además, para que se pueda impug-nar la veracidad de un testigo es necesario anunciarlo cuando está declarando ese testigo, y porque además para poder im-pugnar y demostrar que en ocasiones distintas el testigo ha hecho manifestaciones distintas, es necesario, de acuerdo con la resolución en el caso de El Pueblo v. Kent, 10 D.P.R. 347, que se le muestre el documento en que constan las ma-nifestaciones que se alegan ser contrarias a las que hiciera en corte abierta.” La admisión por la corte de estas ma-nifestaciones se señala como error.

A Aurelio Rodríguez, como hemos visto, sólo se le pre-gunta si es hermano del acusado, y si no lo declaró así ante el fiscal. Su deposición dice que ellos eran hermanos, y en la silla de los testigos, niega que lo fueran. La declaración escrita o deposición demuestra que este testigo no manifestó en su examen original que el acusado había dicho que había sido atacado y amenazado por el interfecto con un machete que portaba. En ningún sitio de su declaración, aunque parezca algo extraño decirlo, se le pidió al testigo Aurelio Rodríguez que explicara esta supuesta contradicción.

A Aurelio Cordero fue que se le preguntó si había he-cho una declaración contradictoria con respecto a lo que el acusado le había dicho. El testigo estaba bajo la impresión de que él había hecho ante el fiscal la misma declaración que la que hizo durante el juicio. Sin embargo, al exami-narse su deposición resulta que' a él no se le preguntó lo que el acusado le había dicho, y su deposición guarda abso-luto silencio sobre este particular.

De suerte -que tenemos dos deposiciones presentadas en evidencia, ninguna de las cuales demuestra contradicción al-guna sobre las materias que se pidió a estos dos testigos que explicaran durante el juicio.

Hubo además otro testigo que declaró más o menos en la misma forma, a saber, que el acusado había actuado en de-fensa propia, o había dicho que así lo había hecho. Enton-ces el fiscal sentó o trató de sentar la base para contrade-cirlo, pero jamás se ofreció en evidencia ninguna declara-ción contradictoria con respecto a este testigo determinado. La pretendida evidencia contradictoria fué exclusivamente con respecto a los otros dos testigos a que hemos hecho re-ferencia.

El fiscal de esta corte reconoce que fué error admitir estas declaraciones, y nos llama la atención al artículo 243 del" Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual dice:

“A la parte que presente un testigo, no le es permitido impug-nar su veracidad probando que es persona de mala reputación; pero podrá contradecirlo, aduciendo pruebas en contrario, y demostrar que en ocasiones anteriores, ha hecho manifestaciones que no con-cuerdan con su actual declaración.”

Más particularmente, el artículo 245 dispone lo que sigue:

“También puede ser impugnada la veracidad de un testigo por medio de prueba que demuestre que en ocasiones anteriores ha hecho manifestaciones que no concuerdan con su actual declaración; pero antes de hacerlo, se le referirán dichas manifestaciones, con expre-sión de la época, lugares y personas que hubieren estado presentes al hacerlas, y se le preguntará si dichas manifestaciones fueron he-chas por él, permitiéndosele que las explique, si contestare afirmati-vamente. Si las manifestaciones fueren escritas, se enseñarán al testigo antes de interrogarle acerca de ellas.”

Disposiciones similares están contenidas además en la Ley de Evidencia, artículos 156 y 159.

Que a un testigo debe dársele la oportunidad de explicar sus manifestaciones contradictorias se desprende claramente de toda la jurisprudencia, y especialmente del caso de El Pueblo v. Santiago, 16 D.P.R. 471. Sin tal base por vía de examen preliminar, estas deposiciones eran completamente inadmisibles. Esto lo bemos declarado terminantemente en el caso de El Pueblo v. Rojas, 16 D.P.R. 252, y en otros casos más. En el primero dijimos:

“El objeto del artículo 243 citado anteriormente es impedir que el estado sea sorprendido y permitirle que contradiga o neutralice la declaración de un testigo que es entera o parcialmente adverso. Si un testigo presta declaraciones hostiles a un acusado durante un juicio este último tiene una oportunidad para repreguntarlo. Pero si sus declaraciones prestadas en otra ocasión se presentan con el fin de probar algún elemento esencial de un delito se priva al acu-sado de esa oportunidad. Tal práctica está en pugna con la cuarta subdivisión del artículo 11 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que dispone que en una acción criminal el acusado tiene derecho £a confrontarse con los testigos contrarios en presencia del tribunal, excepto cuando se hubieren practicado las primeras diligencias ante un promotor Fiscal o juez de paz; o cuando el testimonio de algún testigo presentado por el pueblo, e imposibilitado de ptestar fianza para su comparecencia, hubiere sido tomado en presencia del reo, quien en persona o por medio de su abogado hubiere repreguntado, o tenido oportunidad para repreguntar al testigo, en cuyo caso la deposición de éste podrá ser leída, siempre que se justificare a sa-tisfacción del tribunal haber fallecido o estar demente dicho testigo, o no poderse encontrar en Puerto Rico, a pesar de las diligencias practicadas al efecto.”

Desde el 1917, la sección 2 del Acta Orgánica de Puerto Rico dispone, entre otras cosas, que en todos los procesos criminales el acusado gozará del derecho de carearse con los testigos de cargo. Antes de aprobarse el Acta Orgánica teníamos una disposición similar en el artículo 11 de los Estatutos Revisados de 1902. Carearse, en su aspecto principal, no es otra cosa qne el derecho de repreguntar. 12 C. J. 488, pár. 34. Wig-more on Evidence, tomo 2, párrafo 1365.

“Este derecho ha sido considerado siempre como uno de los más valiosos derechos del ciudadano. ' Lo protege contra el peligro de una convicción por declaraciones ex-parte o affidavits prestados en su ausencia, o cuando no tenía el derecho de la repreguntad’ 8 R.C.L. 85, et seq.

Véase además El Pueblo v. Colón, 25 D.P.R. 629; El Pueblo v. Ríos, 34 D.P.R. 555, El Pueblo v. Maldonado, 17 D.P.R. 23.

Al revocar lina sentencia condenatoria por el delito de asesinato, en que se permitió al Estado usar un affidavit ex-parte en Commonwealth v. Zorambo, 205 Pa. 109, 55 Atl. 716, la corte dijo:

“Ni un affidavit ex-parte ni una deposición tomada reg-ulármente pueden substituirse por declaraciones prestadas en presencia del acusado en un proceso criminal.”

En el caso de State v. Patton, 164 S. W. 226, la corte, de un modo pintoresco, dijo:

“Equivaldría a presentar tanto al testigo mismo como su depo-sición tomada ex-parte, fuera de la presencia y oído del acusado, etc., haciendo así indirectamente que brotaran dos testigos donde anteriormente había uno.”

Aunque tal vez la objeción no se presentó específicamente sobre tal extremo, las declaraciones de estos testigos eran meramente de referencia. Ni siquiera se llamó al taquígrafo para que identificara las declaraciones al tiempo de ser pre-sentadas, aunque los autos demuestran que el fiscal presentó al taquígrafo posteriormente. El fiscal también nos llama la atención al hecho de que estas declaraciones escritas no fueron tomadas ante el fiscal en su capacidad de magis-trado, sino ante el juez municipal.

Se ha sugerido que la acción de la corte al admitir las declaraciones de Aurelio Rodríguez y Aurelio Cordero tomadas ante el juez municipal, en realidad no perjudicó al acusado. No hay duda de que tales declaraciones fueron admitidas indebidamente como prueba. En realidad, según hemos visto, las contradicciones contenidas en estos documentos no fueron muy fuertes. En uno de los casos se le preguntó al testigo acerca de su parentesco con el acusado; en el otro no se repreguntó en absoluto al testigo con respecto a los puntos en que se suponía que hubiera contradicción en las declaraciones prestadas previamente ante el juez municipal sobre las preguntas hechas por el fiscal. Sin embargo, estas declaraciones fueron ofrecidas por el Fiscal y admitidas por la corte bajo la única teoría de desacreditar las manifestaciones de los testigos y demostrar que ellos habían hecho declaraciones contradictorias. Fueron ofrecidas con rodeos, con el fin de demostrar que los testigos en realidad habían cometido el delito de perjurio. El jurado estaba presente. La oferta del fiscal y la acción de la corte fueron circunstancias poderosas de las cuales el jurado tenía derecho a inferir que dichos dos testigos no estaban diciendo la verdad. Hemos llamado la atención al hecho de que no se trató de contradecir uno de los testigos de cargo que declaró en igual forma, pero que fue repreguntado más detenidamente que cualquiera de los otros testigos respecto a manifestaciones contradictorias, y el efecto total en el jurado sería que no debía creerse ninguno de los testigos que había declarado a favor de la teoría de la defensa propia. Según hemos indicado antes en el caso de El Pueblo v. Ramíres de Arellano, 25 D.P.R. 263, si la evidencia ofrecida era inofensiva, ¿por qué el fiscal insistió en que fuera admitida? El debe haber tenido el propósito determinado de perjudicar la teoría de la defensa o de apoyar su caso, haciendo la oferta que hizo, la que la corte aceptó. De tole-rarse una práctica como ésta, entonces las disposiciones del artículo 245 del Código de Enjuiciamiento Criminal se con-vertirían, en efecto, en letra muerta. Entonces, antes de poderse impugnar un testigo, no es necesario que “se le re-fieran dicfias manifestaciones con expresión de la época, lu-gares y personas que hubieren estado presentes al hacerlas y se le pregunte si dichas manifestaciones fueron hechas por él, permitiéndosele que las explique, si contestare afirmati-vamente.” El fiscal evidentemente creyó que estaba ayu-dando su caso y perjudicando al acusado, ofreciendo tal ma-nifestación como prueba, y ése necesariamente fué el efecto que surtió en el jurado, si el caso se resolvió por las decla-raciones de los tres testigos que hemos considerado.

Bajo el título “Apelación y Error,” en 2 R.C.L. 235, pár. 196, hallamos lo siguiente:

“En caso de cometerse error en el curso de un juicio, las autori-dades están en conflicto en cuanto a la presunción que surge res-pecto al efecto de tal error. Según parece ser la regla prevaleciente, la corte de apelación presumirá que tal error fué perjudicial, a me-nos que los autos demuestren lo contrario.”

En las notas, se citan casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos y de la Corte Suprema de California. Va-rios de ellos son civiles, pero de haber diferencia alguna, la presunción de error es mayor aún en un caso criminal, en que la convicción del acusado debe establecerse fuera de toda duda razonable. Para nosotros en Puerto Bico no es necesario adoptar una posición muy definida sobre esta cues-tión hasta que haya sido analizada un poco más cuidadosa-mente por la profesión.

Creemos que en este caso no solamente el fiscal dejó de demostrar que no hubo perjuicio, sino que los autos de-muestran que lo hubo. El fiscal de esta corte, lejos de pe-dir que se confirme la sentencia, sugiere que se revoque el caso.

No podemos convenir con el apelante en que la prueba no tendía a demostrar la comisión del delito, pero nos ve-mos obligados a resolver qne la admisión de estas declara-ciones fné nn error perjudicial para el acusado, ya que ten-dían en la forma indicada a arrojar serias dudas sobre las declaraciones de estos testigos, quienes declararon a favor de la teoría de defensa propia y quienes no debe olvidarse fueron presentados por el fiscal.

El apelante también se queja de que la corte cometió error al imponerle la pena máxima de diez años. Sin embargo, si el acusado era culpable de homicidio voluntario, cometió el delito en forma tan viciosa, que estamos conven-cidos de que la corte estuvo justificada al imponerle el máximum.

La sentencia debe ser revocada y devolverse el caso pata la celebración de un nuevo juicio.

El Juez Presidente Sr. del Toro disintió.

OPINION .DISIDENTE

DEL JUEZ PRESIDENTE, SR. DEL TORO.

Disiento de la opinión de la mayoría. A mi juicio la ad-misión de las declaraciones escritas de los testigos Aurelio Cordero y Aurelio Rodríguez fué errónea, pero el error co-metido no causó perjuicio al acusado y por tanto no lleva consigo la revocación de la sentencia apelada.

La admisión de las declaraciones lo fue después de ha-ber el fiscal preguntado y repreguntado ampliamente a los propios testigos sobre las contradicciones entre su actual declaración y la prestada anteriormente ante dicho funcio-nario. Los testigos contestaron y explicaron. Sostuvieron que declararon lo mismo en ambas ocasiones. Fué entonces, si el interrogatorio no se conducía en forma legal, si no se mostraba a los testigos su declaración escrita pidiéndoseles que explicaran la contradicción, cuando la defensa debió in-tervenir. Los autos muestran que sólo lo hizo en una oca-sión — -pág. 49 — pero que recibida cierta explicación, del juez, se conformó aparentemente y no tomó excepción.

Quiere decir qne si algún perjuicio pudo recibir el acu-sado lo fué en el primer momento y no puede quejarse por-que su abogado no tomó excepción.

Basta leer la forma en que la excepción fué finalmente formulada para concluir que el abogado del acusado se opuso basándose sólo en la pureza del procedimiento, no porque temiera perjuicio alguno para el acusado. Y se comprende perfectamente su actitud. Si se leen las declaraciones es-critas se concluirá en seguida que en vez de perjudicar fa-vorecen al acusado.

Puede afirmarse a virtud de un examen concienzudo de la prueba que ninguna influencia tuvo en el veredicto la ad-misión final de las declaraciones. El Jurado pudo dar en-tero crédito a las declaraciones de los dos Aurelios' y sin embargo declarar como declaró culpable al acusado, no ya de homicidio; de asesinato. El Jurado pudo admitir la exis-tencia al comenzar el encuentro de una lucha y sin embargo concluir a virtud del examen del cuerpo de Laureano Gon-zález hecho a través de la declaración del doctor Fiol, que no se trataba de una muerte excusable.

El doctor practicó la autopsia de Laureano González, la persona a quien dió muerte el acusado, y eneontró en su cuerpo tres heridas cortantes y ocho agujeros de bala, cinco de entrada y dos de salida. “Tenía”, dijo el doctor, refi-riéndose a las heridas de arma de fuego, “un orificio de en-trada en la región braqueal derecha con agujero de salida en la axila derecha; había otra en la región pectoral, que atravesó el corazón, que no tenía agujero de salida; tenía otra en la región pectoral también del lado opuesto, o sea la derecha, que salió por el hipocondrio izquierdo, y había una que entró por la espalda y casi salió por delante.” Y luego, contestando a preguntas del propio abogado defensor con respecto a la posición del acusado en relación con su adversario al inferirle la última de las heridas descritas, expresó:

“Siempre por detrás, el agresor detrás y el agredido delante, si le ha tirado de pie, pero si le ha tirado en el suelo en cualquier po-sición en el suelo, le pudo tirar estando hacia delante o hacia atrás, en la cabeza o a los pies.’’
# * *
“Si le ha dado de pie le ha dado .por la espalda, y si se le ha dado en el suelo, un hombre en el suelo no está delante ni atrás, está en el suelo.”
« * # # # # *
“Es claro, o de espalda también, este hombre ha quedado de es-paldas y le ha dado el tiro en el suelo, o se lo dió de espaldas es-tando en el suelo, o se lo dió de pie estando de espaldas.”
El acusado no recibió herida alguna. Declaró extensa-mente en el juicio.’ Su declaración sobre este extremo, con-testando al fiscal, es como sigue:
“Fiscal — ¿Dice que él comenzó a agredirle con la daga?
Testigo- — Sí, señor.
Fiscal — -¿Lo hirió él a usted?
Testigo — -Yo no me fijé bien, porque después que lo vi a él ten-dido en el suelo.
Fiscal — ¿Que si lo hirió a usted?
Testigo — No, señor.”

Siendo ello así, en bien de la justicia, no pudiendo per-cibir que exista nada que demuestre que el acusado no fuera juzgado por un jurado imparcial, de acuerdo con el espíritu que informa la ley relativa a la revocación de sentencias en causas criminales aprobada en 1904 y enmendada en 1905, —Compilación 1911 p. 1049,- — opino que debe confirmarse la sentencia recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Padilla @ Melena, acusado y apelante
    No. 3138.
    Visto: Marzo 15, 1927.

      Resuelto: Marzo 18, 1927.
    Derecho Penal — Pecha del Juicio y Suspensión — Sobreseimiento db la Causa o del Proceso — Tardanza en Celebrar el Juicio o en Presentar la Acusación- — Juicio no Celebrado Dentro del Término- — Justa Causa —Trabajo de la Corte. — El mucho trabajo que pese sobre una corte no es por sí sólo justa causa para la demora eu la celebración de un juicio más allá del término estatutorio.
    SenteNCIa de Angel Acosta Quintero, J. (San Juan), condenandoal acusado por delito de Acometimiento y Agresión Grave.

      Re-vocada, sobreseyéndose el caso.

      Angel A. Vázqtiez, abogado del apelante; José E. Figneras, abogado de El Enéblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El único fundamento de error alegado por el apelante es haber desestimado la corte inferior la moción en que so-licitaba el sobreseimiento, por haber transcurrido más de 120 días sin la celebración del juicio y sin que por su parte hubiera pedido la transferencia o suspensión del mismo.

El fiscal en su alegato admite el error y así lo ratificó en el acto de la vista.

La acusación se presentó originalmente por el delito de acometimiento y agresión grave ante la corte municipal y la cuestión fué levantada al celebrarse el juicio de novo ante la corte de distrito. El récord de apelación fué radi-cado en septiembre 1-, 1926, y el juicio fué celebrado en febrero 4, 1927. Según ya hemos declarado, en casos como el presente para computar el término de 120 días el punto de partida es la fecha de la radicación en la corte de dis-trito y no aquella en que se interpuso la apelación. El Pueblo v. Mercado, 27 D.P.R. 568.

El fiscal de distrito admitió los hechos en que se basaba la moción y simplemente, sin alegar razón alguna, se opuso al sobreseimiento. El juez inferior denegó la moción fun-dándose en la imposibilidad de haber celebrado el juicio por el mucho trabajo que pesaba sobre la corte. Pero ha sido resuelto por repetida jurisprudencia de esta Corte Su-prema que tal fundamento por sí sólo no es una justa causa para la demora en la celebración del juicio más allá del tiempo que ha fijado la ley, y por tanto, debe revocarse la sentencia apelada y sobreseerse el caso.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Correa, acusado y apelante.
    No. 3088.
    Visto: Febrero 18, 1927.

      Resuelto: Marzo 18, 1927.
    1. Abmas — Portar Ab'mas Prohibidas — Proceso y Castigo — Evidencia—Pre-sunciones y Peso de la Prueba. — El hecho de matar a mía persona con 1 un revólver no establece una presunción concluyente de que el matador por-taba el arma ilegalmente.
    2. Derecho Penal — Evidencia—Conocimiento Judicial, Presunciones y Peso de la Prueba — Del Peso de la Prueba en Procesos Criminales — En G-eneral. — En procesos criminales, el peso de la prueba recae sobre el go-bierno y a él corresponde establecer, más allá de toda duda razonable, las circunstancias del delito.
    Sknten(ta de Robarlo II. Todd, Jr., J. (Ponce), condenando al acu-sado por delito de Portar Armas Prohibidas.

      Revocada.

      Agustín E. Fonl, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una sentencia que declaró culpable al acu-sado de un delito de portar armas.

En su alegato el apelante señala como error la insufi-ciencia de la prueba. El Fiscal admite el error y está con-forme con la revocación.

La prueba de cargo consistió únicamente en la declara-ción del testigo Jaime González, policía insular, jefe de distrito, Tna.-mfp.sta.nclo que el acusado se le presentó en sn casa, con otros amigos, diciendo qne Jnan de la Cruz le perseguía y qne había tenido qne matarlo.

Después de esta declaración el abogado defensor pre-sentó una moción de-nonsuit por no haberse probado la acu-sación. Parece que primeramente la corte inferior estaba convencida de lo insuficiente del testimonio del policía, pues éste fue llamado por segunda vez a declarar y dijo que el acusado admitió que había matado a Juan de la Cruz con un revólver. La corte inferior, con esta declaración del testigo y fundándose en el caso de El Pueblo v. Rivera, 35 D.P.R. 548, declaró culpable al acusado del delito imputado en la acusación, imponiéndole 30 días de cárcel.

El caso de El Pueblo v. Rivera, supra, no es aplicable. Los hechos son distintos. ' La evidencia dejó claramente esT tablecido que el acusado portaba un machete. Al acusado se le vió llegar portando un machete a la casa de Bonifacio Ramos; tuvieron un disgusto y fuera de la casa el acusado hirió a Ramos con el machete.

En el presente caso, aunque se admita qne el acusado ha dado muerte al interfecto con un revólver, no consta ■el sitio ni la forma y modo en qne se realizó el suceso. El hecho de matar a una persona con un revólver no establece una presunción concluyente de que el matador portaba el arma ilegalmente. Ha podido ocurrir con la misma arma que estuviera en poder del interfecto. Ha podido llegar accidentalmente a manos del acusado o hacer uso de ella dentro de su propio domicilio. Son, pues, todas estas probabilidades que envuelven materia de defensa en este caso, pero .que el acusado no está obligado a sostenerlas si él no cree necesario hacerlo. El peso de la evidencia recae sobre el gobierno y a él corresponde establecer, más allá de toda duda razonable, las circunstancias del delito.

Por todo lo expuesto, debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acusado.


text:
    Alfredo Campos, demandante y apelado, v. The Great American Insurance Co., demandada y apelante.
    No. 4019.
    Vista: Enero 31, 1927.

      Resuelto: Marzo 18, 1927.
    Apelación y Error — Naturaleza y ’Forma del Remedio — Apelaciones Dobles —Apelaciones Independientes de la Sentencia y de Resolución Dene-gatoria de Nuevo Juicio — Resolución y Disposición de Una y su Efecto en Cuanto a la Otra. — Establecida apelación contra resolución denegatoria de nuevo juicio independientemente de otra establecida contra la sentencia, desestimada ésta, la primera debe proseguirse y decidirse por sus méritos.
    Moción sobre desestimación de apelación presentada por el apelado.

      Sin lugar.

      Tous Soto & Pérez Marchand, abogados del apelante; Tormes & Co-lón y B. Martínez Nadal, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La moción del apelado pidiendo la desestimación del re-curso se funda: l9, en que habiendo quedado firme la sen-tencia por haberse desestimado el recurso establecido contra ella, la apelación de la resolución de la corte inferior ne-gando nn nuevo juicio es académica e improcedente; 29, porque la apelante no ba cumplido con las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil en materia de nuevo juicio, etc.; solicitándose, por último, la eliminación de la trans-cripción" de la evidencia por haber sido presentada fuera de término.

La apelación de la resolución negando nn nuevo juicio, refiriéndonos al primer fundamento, es independiente de la establecida contra la sentencia, y si como ocurrió en este caso, la desestimación del recurso contra la sentencia se debió a no haberse elevado la transcripción del récord den-tro del término que exige la ley, Campos v. Great American Ins. Co., 35 D.P.R. 1021, claro es que la apelación sobre nuevo juicio debe proseguir y decidirse por sus méritos.

El segundo fundamento se contrae en primer lugar a que la transcripción de la evidencia se presentó fuera de término y alude el apelado, sin identificar el caso, a cierto recurso de certiorari v. La Corte de Distrito de Ponce, como base para sostener su contención. Presumimos, sin embargo, que el apelado ba querido referirse al certiorari re-suelto por esta Corte Suprema en junio 26, 1926, titulado Campos v. Corte de Distrito de Ponce, 35 D.P.R. 621, pero en 'este caso el auto fué anulado y la decisión fué adversa al peticionario.

En segundo lugar se alega que no se ba presentado una exposición del caso en tiempo, con especificación de los par-ticulares, en que se sostiene ser insuficiente la prueba. Si. partimos de lo resuelto en el caso de Campos v. Corte de Distrito, supra, y de que el apelado no nos ba presentado una exposición clara de los diferentes incidentes ocurridos en la corte inferior en relación con la moción de nuevo juicio, no nos sentimos inclinados a desestimar el recurso, en au-sencia de una demostración suficiente y precisa en apoyo del segundo fundamento de la moción. De todos modos la base de la moción sobre nuevo juicio descansa en otro motivo, que no es solamente la insuficiencia de la prueba, y son to-das cuestiones que quedan abiertas para ser consideradas en el fondo.

Por todo lo expuesto, la moción sobre desestimación debe ser declarada por ahora sin lugar, sin perjuicio de que se pueda insistir en la misma en la vista del recurso.


author: El Juez Presidente Señor del Tobo, El Juez Pbesideete Señoe del Tobo, DEL JUEZ ASOCIADO SU. WOLE.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Julio Liceaga, acusado y apelante
    No. 3040.
    Visto: Enero 21, 1927.

      Resuelto: Marzo 18, 1927.
    1. Desecho Penal — Castigo y Prevención del Delito — Pena Excesiva.— Cuando la acusación sólo revela un delito corriente y el acusado se deelara culpable y no se practica prueba sobre la concurrencia de circunstancias agravantes, no está justificada la imposición de la pena máxima. Tal regla no es contraria a la discreción que tiene el juez para imponer la pena.
    2. Derecho Penal — Castigo y Prevención del Delito — Extensión de la Pena —En General. — La confesión del acusado, en sí misma, es una circunstan-cia que puede influir favorablemente en la 'imposición de la pena.

      Sentencia de Pablo Berga, J. (San Juan), condenando al acusado por delito de Escalamiento en Primer Grado en grado de tenta-tiva. Modificada, y así modificada

      Confirmada,.

      José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El Pueblo de Puerto Rico por su Fiscal formuló acusa-ción contra Julio Liceaga imputándole la comisión de un delito de escalamiento en primer grado, en grado de tenta-tiva, consistente' en liaber “allá por el día 11 de noviembre de 1926, y en la municipalidad de San Juan, .... ilegal, voluntaria y maliciosamente, con la intención de cometer hurto o ratería, intentando penetrar durante las horas de la noche en la casa destinada a establecimiento comercial de Francisco J. Rodríguez.”

La acusación se formuló el 12 de noviembre, 1926, o sea el día siguiente de perpetrado el delito. El propio día 12 de noviembre, 1926, en corte abierta, se leyó la acusación al acusado quien, según rezan los autos,

“manifestó que se confesaba culpable del delito que se le imputaba solicitando se dicte sentencia contra él en este mismo acto.”

Inmediatamente, como también rezan los autos,

“vista la confesión del acusado, en Sala de Justicia, la Corte falla declarando a dicho acusado culpable de un delito de Escalamiento en Primer Grado en grado de tentativa y a petición del propio con-victo, pronuncia su sentencia, condenándole a sufrir la pena de siete años de presidio con trabajos forzados.”

El 15 de noviembre, 1926, aparece un escrito firmado por el propio acusado apelando de la sentencia para ante este Tribunal Supremo. El 2 de diciembre siguiente se ra-dicó la transcripción que contiene cuatro páginas. El 15 de diciembre el propio acusado archivó un escrito, a manera de alegato, que establece como fundamentos del recurso, los que siguen:

“Primero. — Que a instancias del Hon. Fiscal me declaré culpable en la Corte de Distrito para que el mínimum de la pena fuese im-puéstome.
“Segundo. — Que apreciando mi estado de insolvencia acepté dicha proposición.
“Tercero. — Que es ya costumbre sentada por toda Corte impo-nerle al acusado el mínimum de la pena siempre que se declara culpable; evitando así gastos al Pueblo de Puerto Rico. Y por las causas ya enumeradas y creyendo excesiva la pena de ‘siete años’ apelo a ese Hon. Tribunal Supremo para que dicha sentencia sea revocada en tridas sus partes.”

El 20 de diciembre, 1926, se celebró la vista de la ape-lación con la sola asistencia del fiscal y la causa quedó así sometida finalmente a la decisión de esta corte.

En el caso de El Pueblo v. Laureano, 34- D.P.R. 209, se estableció la siguiente regla:

“Cuando una acusación imputa un hecho corriente y de ella no surge circunstancia alguna que tienda a agravar el delito cometido y el acusado se confiesa culpable y no se practica prueba, no está justificada la imposición del máximo de la pena.”

El delito de escalamiento en primer grado se castiga de acuerdo con el' artículo 410 del Código Penal con la pena de uno a quince años de presidio. Y de conformidad con el artículo 50, No. 1, del propio código la tentativa para co-meterlo se castigará con una pena “que no excederá de la mitad del máximo de prisión impuesta al convicto del de-lito así intentado.”

Siendo ello así, el límite máximo de la pena en este caso es el de siete años y seis meses de presidio. La pena im-puesta por el juez fué la de siete años, prácticamente el lí-mite máximo de la misma. ¿Puede subsistir?

La acusación sólo revela una tentativa corriente. No se alega circunstancia alguna que agrave el acto realizado por el acusado. Este se declaró culpable. Si existían agravan-tes, el Fiscal pudo someterlas a la consideración del Tribunal. No lo bizo. Quizá la corte conocía la existencia de tales circunstancias, pero no debe actuarse fuera del récord. El acusado tenía derecho a intervenir en la investigación y a ser oído en su defensa. La regla establecida en el caso de Laureano, supra, es, pues, aplicable y aplicada nos obliga a modificar la sentencia rebajando la pena.

Dicha regla no es contraria al principio de la discre-ción que tienen los jueces para fijar la pena dentro de los límites marcados por la ley. Tal discreción existe, pero no es arbitraria. El legislador fijó un límite mínimo y otro máximo porque en su sabiduría conoce que un* mismo acto criminal puede cometerse bajo circunstancias que mitiguen o agraven la responsabilidad de su autor. Cuando ninguna circunstancia existe, la sana razón nos lleva a decidir que la adopción de un temperamento medio es lo justo y apro-piado.

Además, la confesión del acusado, en sí misma, es una circunstancia favorable que debe influir en la fijación de la pena. El reo que se confiesa, acepta la plena responsabilidad de sus actos y aceptar una responsabilidad eleva y dignifica siempre la personalidad humana. Existe una marcada diferencia entre el culpable que sin obstaculizar la administración de la justicia reconoce su falta o su crimen, acata la ley y cumple la pena, y aquel que usa de to-dos los recursos técnicos y se aprovecha de todas las circunstancias imaginables y muchas veces no vacila en recurrir a nuevos crímenes como son los testimonios falsos y el soborno y la influencia de jueces y jurados, para eludir el cumplimiento de la ley, para escapar sin castigo.

Y si se sostuviera que podría recurrirse de modo siste-mático al medio de la confesión para impedir en todos los casos, no obstante lo grave que ellos fueran, la imposición del límite máximo de la pena, bastaría recordar que des-pués de la confesión el fiscal tiene la oportunidad de demos-trar la existencia de circunstancias que exijan en justicia la imposición de dicho máximo. Véase la decisión de esta corte en el caso de El Pueblo v. Medina, resuelto en 11 de febrero último, 36 D.P.R. 239.

(Abril 27 de 1927.)

1. Derecho Penal — Apelación t Error, y Certiorari — Récord y Procedimien-tos que* no Están en Rjéoord — Corrección del Récord — En Apelación— En General. — Una transcripción debidamente certificada' y archivada en el Tribunal Supremo no puede corregirse, agregándole nuevos heehos, por la simple moción de una parte, aunque esté jurada.

2. Derecho Penal — Fallo (Judgment), Sentencia y Auto de Prisión (Comitment) Final — Confesión de Culpabilidad y Sentencia Sobre Dicha Con-fesión — Existencia de Circunstancias Agravantes o Atenuantes — Pro-cedimiento a Seguir Para Someterlas al Tribunal. — El procedimiento a seguir después de una confesión o veredicto de culpabilidad para someter a la corte a los efectos de la imposición de la pena, la existencia de cir-cunstancias atenuantes o agravantes, es el marcado por el artículo 320 del Código de Enjuiciamiento Criminal y de tal procedimiento debe quedar constancia en el récord.

3. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Récord y Procedimien-tos que no Están en Récord — Cuestiones que no Surgen del Récord— Cuestiones que no Tienen Justificación Alguna en el Récord. — El Tribunal Supremo no tomó ni podía tomar en consideración meras manifes-taciones contenidas en un llamado alegato que no tenían justificación en el récord.

Moción sobre reconsideración de sentencia presentada por la parte apelada.

José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado; D. Massari, fiscal del Distrito de San Juan, también firmó el escrito de reconsi-deración.

Por virtud de todo lo expuesto, debe rebajarse la pena a tres años y confirmarse la sentencia asi modificada.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Aldrey disintieron.

IIECOÍTSIDEBACIÓN

El Juez Pbesideete Señoe del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se lia presentado un escrito firmado por el Fiscal del Supremo y por el Fiscal del Distrito de San Juan, Sr. Mas-sari, solicitando la reconsideración de la sentencia dictada en esta causa. Dicho escrito está jurado por el fiscal del distrito y a él se acompañó una hoja de antecedentes pena-les del acusado, expedida el 4 de abril actual por el Jefe del Presidio Insular.

Sostienen los fiscales que este tribunal tomó en cuenta el llamado alegato del acusado que se transcribió en la opi-nión y que contiene afirmaciones falsas en cuanto a supues-tas sugestiones del fiscal del distrito, y además que lo cierto fue que en el acto de dictarse sentencia el fiscal informó a la corte sobre los antecedentes penales del que se confesaba culpable y debido a ello la corte impuso el límite máximo de la pena.

Aunque dada la forma en que se ha presentado la mo-ción de reconsideración, sólo cabría declararla sin lugar por-que un record no puede corregirse adicionándole hechos a virtud de la simple moción de una de las partes aunque sea-jurada la mocióu, deseamos consignar que la sentencia y opinión de esta corte se basaron en las constancias deí record completo elevado por el secretario de la corte sen-tenciadora y conocido por el fiscal que intervino en la tra-mitación del recurso, del cual resulta que no se siguió el procedimiento marcado en el artículo 320 del Código de-Enjuiciamiento Criminal que dice:

“Después de una confesión o veredicto de culpabilidad y siempre que se deje a discreción del tribunal la magnitud de la pena, el tribunal, a indicación verbal de cualquiera de las partes, de que hay circunstancias agravantes o atenuantes de la pena que pueden jus-tamente ser tomadas en consideración, puede, a su arbitrio, oir bre-vemente esa indicación en el plazo que fije y dando aviso a la parte contraría, en la forma que estime conveniente.”

En cuanto a lo que dice el acusado, en su llamado ale-gato, que le insinuó el fiscal, la corte no lo tuvo ni pudo te-nerlo en cuenta porque eran meras manifestaciones conte-nidas en un documento sin justificación en el record. La opinión de la corte habla por sí misma.

.Parece conveniente agregar que en la moción no se dis-cuten los principios establecidos en la opinión que sirvió de base a la sentencia cuya reconsideración se pide.

Por virtud de todo lo expuesto, procede declarar sin lu-gar la reconsideración solicitada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Aldrey, disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE

DEL JUEZ ASOCIADO SU. WOLE.

El Código Penal y el sistema de leyes por medio del cual somos gobernados deja la extensión de la pena a la discre-ción del juez sentenciador.

Los artículos 320 y 321 del Código de Enjuiciamiento Criminal disponen:

Art. 320. Después de una confesión o veredicto de culpabili-dad y siempre que se se deje a discreción del tribunal la magnitud de la pena, el tribunal, a indicación verbal de cualquiera de las par-tes, de que bay circunstancias agravantes o atenuantes de la pena que pueden justamente ser tomadas en consideración, puede, a su arbitrio, oir brevemente esa indicación en el plazo que fije y dando aviso a la parte contraria, en la forma que estime conveniente.
Art. 321. Las circunstancias referidas deben ser presentadas por las declaraciones de testigos examinados en sesión pública del tribunal, excepto cuando el testigo esté tan enfermo o tan débil que no pueda comparecer, en cuyo caso su declaración, puede ser tomada por un juez de paz del distrito fuera del tribunal, después de no-tificar a la parte contraria del modo que el tribunal, estime opor-tuno. No se ofrecerá al tribunal, ni recibirá éste, ni ninguno de los jueces que lo formen, ninguna declaración jurada, testimonio o representación de cualquier género que sea, escrita o verbal, que tienda a la agravación o atenuación del castigo, a menos que no sea con arreglo a lo prescrito en éste y en el artículo anterior.

Se sigue de aquí, me parece, que el juez inferior tiene una completa discreción basta que unas de las partes de-muestra una razón para aumentar o disminuir la pena. Si el acusado tiene circunstancias atenuantes' él debe tomar los pasos indicados en los artículos anteriores. No se Mzo nada de esto en este caso. Todo lo que hizo el acusado fué confesarse culpable, lo cual es la “alegación” (plea) referida al principio de la sección 320. Después de una ale-gación de culpabilidad, dice la ley, el tribunal tiene com-pleta discreción a menos que el acusado baga una demostra-ción. Una mera confesión no es suficiente.

Me parece a mi que la decisión de la mayoría es equi-valente a decidir que en los casos cuando el acusado se con-fiesa culpable, la corte tiene que fijar una pena exactamente la mitad de lo que la ley permite.

Hasta donde baya llegado en que en algún otro caso yo hubiera estado conforme en una modificación de la senten-cia, si los hechos de aquél no fueron distintos, el juicio de-liberado que tengo actualmente es como se ha expresado .arriba. Estoy autorizado para decir que el Juez Asociado iSr. Aldrey está conforme con las consideraciones de los pá-jrafos anteriores.


author: El Juez PresideNTe Señor del Toro,

text:
    Antonio Benítez, Manuel Martorell y J. M. Colón, peticionarios, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. Gabriel Castejón, Juez, demandado.
    No. 537.
    Visto: Noviembre 15, 1926.

      Resuelto: Marzo 18, 1927.
    1. Ejecución — Naturaleza y Requisitos Substanciales (Essentials) en General — De las Sentencias Objeto de Ejecución — Suficiencia de las Mismas para Sostener la Ejecución. — En este caso se interpuso demanda en cobro de dinero por materiales tomados para la construcción de cierta obra dirigiéndola contra el contratista y sus fiadores; los demandados la excepeionaron y la corte declaró sin lugar la excepción, concediendo un plazo para contestar. La contestación fué enviada, pero se radicó poco después de vencido el término. Entre tanto el secretario, a gestión del demandante anotó la rebeldía del demandado y dictó' sentencia en su contra por toda la cantidad. Inmediatamente los demandados pidieron a la corte que anu-lara la sentencia del secretario. Dos meses después, sin que la corte hu-biera resuelto la moción de nulidad, el secretario expidió orden de ejecución, de su sentencia. Se resolvió: que la actuación del secretario fué ilegal y se anuló la orden de ejecución, devolviéndose el caso para que el juez con-tinuara el conocimiento del mismo de acuerdo con los principios establecidos • en la opinión.
    2. Sentencia — En Rebeldía — Requisitos y Validez — Preceptos Estatutobios —Interpretación.—Si bien el lenguaje usado en el inciso 1 del artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil es bastante amplio y autoriza al secretario, después de anotar la rebeldía del demandado, a registrar sen-teneia en todos los pleitos “que nazcan de un contrato sobre pago de dinero o para obtener perjuicios solamente”, sin embargo, lo que significa es que el contrato, para justificar que el secretario, al anotar sentencia, ejerza tal autoridad, debe ser, por sus propios términos, según se desprende de la de-manda, sobre pago de cantidad fija y determinada de dinero o para obtener perjuicios; de otra manera la cuestión tiene que ser necesariamente dilu-cidada por la corte.
    3. Sentencia — En Rebeldía — Requisitos y "Validez- — Del Eeecto de la Rebel-día — Responsabilidades que Admite — Importe o Cantidad Debido o Adeu-dado. — En pleito en cobro de una suma por el valor de mercancías o efectos vendidos y entregados al demandado, que se alega razonablemente valen la suma cargada por ellos, el contrato no es específico o definido en cuanto a la cantidad de la cual tiene que responder el demandado, y aún cuando la demanda alegue una suma determinada como el valor razonable, la rebeldía no admite la responsabilidad basta el límite alegado, sino hasta cierto límite, y la cantidad a recobrar debe ser fijada por la corte.
    CeRTIoijari para revisar orden sobre ejecución de sentencia librada por el secretario a gestión de parte y bajo la autoridad de la corte bailándose pendiente petición sobre nulidad de la senten-cia y apertura de rebeldía.

      Anulada la orden.

      Francisco Rodrigues Alveno, abogado de los peticionarios; Gonzá-lez Fagundo & González, Jr., abogados del demandante en el pleito principal.
   El Juez PresideNTe Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Edardo Valladares demandó en la Corte de Distrito de Humacao a Antonio Benitez, Manuel Martorell y J. M. Colón en cobro de $2,363.70, basándose en los siguientes hechos :

“3o. — Que en virtud de subasta pública le fué adjudicada al contratista Antonio Benitez aquí demandado, la buena pro para la reparación de la escuela Columbia en Fajardo, habiéndose otorgado el correspondiente contrato de construcción entre el señor Benitez y el Pueblo de Puerto Bieo, en virtud del eual debía regirse la re-paración, de dicha obra, habiéndose asimismo suscrito la correspon-diente fianza por el contratista Antonio Benitez como principal y Manuel Martorell y J. M. Colón como fiadores, quienes deberían responder del cumplimiento del contrato de construcción antes men-cionado, siendo además responsables dichos fiadores del pago de to-dos los materiales que el principal señor Benitez tomara para la re-paración del edificio objeto del contrato.
“4o. — Que después de haberse prestado la fianza de referencia, el demandante señor Valladares vendió y entregó al demandado Be-nitez, materiales de construcción para la reparación de la obra ob-jeto del contrato por valor de $2,363.70.
“5o. — Que los demandados no fian pagado los $2,363.70 adeu-dados al demandante en todo ni en parte a pesar de dichos reque-rimientos. ’ ’

Para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse, el demandante solicitó y obtuvo el embargo de los siguientes bienes: una finca rústica de 69 cuerdas y un solar con dos casas pertenecientes al fiador Martorell, y un solar con una casa perteneciente al otro fiador Colón.

Los demandados excepeionaron la demanda y la corte después de oir a los abogados de ambas partes declaró la excepción sin lugar, concediendo a los dichos demandados diez días para contestar.

La resolución de la corte se dictó el 14 de junio de 1926, y parece conveniente copiar el último párrafo de la misma que dice:

“Entendemos pues que• la demanda es suficiente, aunque hu-biera sido mejor transcribir o acompañar copia de la fianza original para mayor claridad y conocimiento completo del asunto.’’

El propio día 14 de junio el secretario notificó por co-rreo, en sobre dirigido al abogado de los demandados, resi-dente en Comerío, la indicada resolución.

El 25 de junio de 1926, el demandante dirigió un escrito al secretario de la corte pidiéndole que anotara la rebeldía de los demandados y dictara sentencia contra ellos por no haber presentado su contestación dentro del plazo que les concediera la corte. Y así lo hizo el secretario el mismo día, sin que se oyera prueba de ninguna especie. La sentencia dictada, en lo pertinente, dice así:

“Habiéndose anotado la rebeldía de los demandados en este caso con fecha de hoy, y habiéndose solicitado se dicte sentencia de acuerdo con lo que determina el Código de Enjuiciamiento Civil vigente, se accede a lo solicitado, y en su virtud se condena a los demandados Antonio Benitez, Manuel Martorell y J. M. Colón, a pagar al demandante Edardo Valladares, la suma de dos mil tres-cientos sesenta y tres dollars con setenta centavos ($2,363.70), im-porte de los materiales alegados en la demanda, con más los intere-ses legales de dicba suma desde el 20 de abril de 1926, fecha de la interposición de la demanda, hasta su completo pago, con las costas y honorarios de abogados.
“Dada bajo mi firma y sello de la Corte, en Humacao, P. R., a 25 de junio de 1926.
“(fdo.) A. Ramírez, Jr.,
“Secretario Corte Distrito, Humacao, P. R.”

Un día antes, el 24 de junio de 1926, el abogado de los demandados había depositado en la estación de correos de Comerío un sobre certificado conteniendo la contestación a la demanda. En el sobre hay un sello que indica haber lle-gado a Humacao el 26 de junio. El secretario de la corte radicó la contestación el 28 de junio, 1926.

Parece conveniente también transcribir los siguientes pá-rrafos de la contestación:

‘1 Cuarto: Niegan el hecho cuarto y quinto de la demanda.
‘1 COMO MATERIA CONSTITUTIVA DE DEEENSA LOS DEMANDADOS ALEGAN :
“1. Que ‘en virtud de subasta pública le fué adjudicada al con-tratista Antonio Benitez la buena pro para la reparación y reforma a la escuela Columbia de Fajardo, P. R., y se formalizó contrato entre el contratista y el Pueblo de Puerto Rico.
“2. Que en virtud de dicho contrato los demandados J. M. Co-lón y Manuel Martorell suscribieron fianzas a favor del Pueblo de P. R. para responder al cumplimiento del aludido contrato, limi-tando sus responsabilidades a la suma de $884.23, cada uno.
“3. Que los demandados señores Colón y Martorell nunca, m en ninguna época autorizaron al demandante para suministrar materia-les al contratista señor Benitez ni en parte ni en la totalidad de la fianza por ellos prestada.
“4. Que los materiales que alega el demandante fuéronle sumi-nistrados al demandado señor Benitez no han sido utilizados en la obra objeto del contrato que se alega en la demanda, y sí en otras construcciones que en esa fecha llevaba a cabo dicho contratista se-ñor Benitez y las cuales eran independientes de las obligaciones de los fiadores demandados.
“5. Que el demandante ba hecho una reclamación al Departa-mento del Interior sobre la cantidad reclamada en la demanda y la misma está pendiente de resolución en dicho Departamento.”

El 28 de junio, 1926, los demandados ppr su abogado dirigieron a la corte un escrito alegando que acababan de ser notificados de la sentencia en rebeldía y que ellos babían en-viado su contestación el 24 del propio mes de junio, motivo por el cual le pedían que anulara la sentencia dictada por el secretario y abriera la rebeldía.

El anterior escrito, al que se acompañó un affidavit de méritos, se radicó en la corte el 30 de junio sin que la corte tomara acción alguna sobre el mismo.

El 31 de agosto, 1926, el demandante alegando que la sentencia dictada era firme, pidió que se librara orden de ejecución de la misma al mársbal. La orden fué librada y al recibirla los demandados presentaron a esta Corte Su-prema una petición de certiorari, en la que después de re-ferirse extensamente los becbos que dejamos expuestos, se alega:

"Décimo: Que la Corte de Distrito de Iíumacao cometió error al declarar sin lugar la excepción previa a la demanda de que ésta no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción.
"Décimo primero: Que el Secretario de la Corte de Distrito de Iíumacao se excedió en sus funciones ministeriales y cometió error al anotar la rebeldía de los demandados, aquí peticionarios, de acuerdo con el inciso primero del art. 194 del Código de Enjuicia-miento Civil vigente, tomando como base para ello el título de la acción.
"Décimo segundo: Que la sentencia en rebeldía no puede ser firme toda vez que no han llenado los requisitos requeridos por la ley en el inciso segundo del art. 194 del Código de Enjuiciamiento Civil vigente.
"Décimo tercero: Que el demandante en el caso civil No. 11,302 sobre Cobro de Dinero, Sr. Edardo Valladares ha cometido fraude al cobrar la suma de dos mil trescientos sesenta y tres dólares con setenta centavos ($2,363.70) como importe de los materiales sumi-nistrados para la reparación de la.obra objeto del contrato, siendo la cuenta rendida por dicho demandante al' demandado contratista, y aquí peticionario Sr. Antonio Benitez, la suma de un mil quinien-tos tres dólares con setenta centavos ($1,503.70) como importe de los materiales suministrados para la reparación de dicha obra ob-jeto del contrato y garantizada por los peticionarios fiadores señores Manuuel Martorell y J. M. Colón.”

Entre otros documentos se acompañaron a la petición copias de las fianzas prestadas por Martorell y Colón.

El auto de certiorari fue expedido, se oyó a todas las partes interesadas y así el caso quedó definitivamente some-tido a nuestra consideración y revisión.

Hemos narrado con cierta amplitud los hechos porque creemos que ellos hablan de modo elocuente por sí mismos. De ellos surge vigorosa la siguiente interrogación. ¿Es éste un caso en el que el secretario de la corte tiene autoridad para dictar por sí solo una sentencia?

Entre otras cuestiones que suscita la parte demandante en el pleito que como tal intervino en el certiorari y que no nos detendremos a examinar por escrito porque del estudio que de ellos hemos hecho estamos convencidos de que care-cen de importancia, está la de que el certiorari no procede porque aquí el juez no ha actuado.

No estamos conformes. De acuerdo con el artículo 7 del Código de Enjuiciamiento Civil toda corte de justicia tiene poder “para disponer que se tramiten con arreglo a la ley los procedimientos seguidos ante ella o ante sus funciona-rios.” En este pleito en el que la corte de distrito había intervenido resolviendo una excepción previa en la forma que conocemos, intervino el secretario, un funcionario de la corte sujeto a su dirección, dictando la sentencia que también conocemos. La parte agraviada se dirigió a, la corte, puso su suerte en sus manos, le pidió que actuara y la corte nada hizo. Pero sí el secretario. Este, no obstante hallarse pen-diente la petición de los demandados solicitando la nulidad de la sentencia y la apertura de la rebeldía, a gestión de la parte demandante y bajo la.antoridad de la corte libró la orden de ejecución de la sentencia.

Tal procedimiento es ilegal. La corte debió baber ac-tuado. Hubiera sido mejor que los demandados hubieran insistido al darse cuenta de su tardanza en actuar, pero no había necesidad ineludible de dicha posterior gestión para que la corte tomara las medidas oportunas para garantizar los derechos envueltos en el pleito.

El secretario tuvo necesariamente, en el cumplimiento de su deber, que dar cuenta a la corte con la petición de nuli-dad y apertura de rebeldía y la corte no pudo permanecer indiferente y permitir que su secretario expidiera la repetida orden de ejecución.

Aunque nuestra misión debe limitarse a anular la orden de ejecución y a devolver el caso para que la corte de distrito conozca de la petición de nulidad y apertura de rebeldía y la resuelva por sus méritos, nos parece conveniente en bien de la justicia transcribir lo que sigue que tomamos de una decisión de la Corte Suprema de California donde rige un estatuto igual al nuestro. Es así:

“La única cuestión que presenta esta apelación se refiere a la autoridad del secretario de la corte para registrar una sentencia en rebeldía en el caso, incluyendo una suma razonable por concepto de honorarios de abogado. La autoridad del secretario de la corte para registrar una sentencia cuando el demandado no ha compare-cido, después de haber sido emplazado personalmente, le es conferida por el inciso primero del artículo 585 del Código de Enjuiciamiento Civil, el cual dispone, en lo pertinente, como sigue: ‘En un pleito que nazca de un contrato sobre pago de dinero o para obtener per-juicios solamente, ... si no se hubiere presentado la contestación, . . . el secretario, a instancia del demandante, deberá hacer cons-tar la rebeldía del demandado y acto seguido anotará en el récord de la corte la sentencia para el pago de la cantidad especificada en la demanda, incluyendo las costas . . .’ El inciso 2 de dicho ar-tículo dispone que ‘en otros pleitos, si el demandado ha sido em-plazado personalmente y no hubiere presentado su contestación . . . deberá el secretario tomar razón de la rebeldía del demandado; des-pués de lo cnal podrá el demandante solicitar que se le conceda lo pedido en la demanda.’
“Estas abarcan las únicas disposiciones referentes al registro de sentencias en rebeldía heebo después de emplazarse personalmente .al demandado, y la cuestión es: ¿Era el pleito basado en este pa-garé, en lo que se refiere a la reclamación de una suma razonable por concepto de honorarios de abogado, un pleito que ‘nació de un contrato sobre pago de dinero o para obtener perjuicios sola-mente,’ casos en los cuales el secretario puede anotar en el récord de la corte la sentencia, o es éste uno de ‘aquellos pleitos’ en que el demandante debe solicitar de la corte que se le conceda lo pedido en la demanda? Desde luego, se ha resuelto ya que la autoridad del secretario para registrar sentencias después de haberse anotado la rebeldía del demandado, cuando se ejerce debidamente, es ente-ramente ministerial. Tal autoridad del secretario debe ser confe-rida por la ley, y al ejercerla, debe cumplir estrictamente con las disposiciones del artículo, o, de lo contrario, cualquier sentencia anotada por él será nula. (Kelly v. Van Austin, 17 Cal. 564; Wharton v. Harlan, 68 Cal. 422, 425, 9 Pac. 727; Crossman v. Vivienda Water Co., 136 Cal. 571, 574, 69 Pac. 220; Farrar v. Steenbergh, 173 Cal. 94, 159 Pac. 707. ¿Era el pleito en que se registró sentencia uno que ‘nació de un contrato sobre pago de dinero o para obtener perjuicios solamente,’ dentro del espíritu del inciso primero de dicho artículo, en el cual el secretario podía anotar una sentencia según se solicitaba en la demanda? Estamos convencidos de que no lo era.
“Si bien el pagaré dispone que se concederá una suma razo-nable por concepto de honorarios de abogado en caso de que hu-biera que proceder judicialmente, suma que debía ser fijada por la corte, no damos importancia especial a ese extremo. De acuerdo con la opinión que tenemos de la interpretación que debe darse al inciso del código que hemos citado, la mención especial que de la corte se hace no exige que se dé una interpretación distinta a la que se le daría si el pagaré nada hubiera dispuesto sobre el particular. Si bien es verdad que el lenguaje usado en el inciso primero de dicha sección es bastante amplio y autoriza al secretario, después de anotar la rebeldía del demandado, a registrar sentencia en todos los pleitos ‘que nazcan de un contrato sobre pago de dinero o para obtener perjuicios solamente,’ sin embargo, lo que significa es que el contrato, para justificar que el secretario, al anotar sentencia, ejerza tal autoridad, debe ser, por sus propios términos, según' se desprende dé la demanda, sobre pago de una cantidad fija y deter-minada de dinero o para obtener perjuicios. Esta disposición del código debe ser interpretada en el sentido de aplicarla a contratos que envuelvan una suma específica por concepto de perjuicios, la cual se babrá de determinar del contrato sobre el cual se demanda, o de cuyas condiciones el secretario puede bacer cierta computación o cálculo. Como el deber del secretario es puramente ministerial, su autoridad únicamente puede ser ejercida y aplicada debidamente cuando se trata de tales contratos, y debe limitarse a los mismos. Si el contrato es indefinido y dudoso en lo que concierne a la canti-dad de perjuicios solicitados por el demandante y tiene que ser de-terminada y fijada por la naturaleza del caso, la cuestión entonces tiene necesariamente que ser dilucidada por la corte, y no por la acción ministei’ial del secretario. Por tanto, del contrato debe apa-recer, ya sea de sus condiciones, según se desprende de la demanda, o de las alegaciones que ésta contiene, que una suma fija o líquida debe ser pagada por concepto de perjuicios; una cantidad que es fijada definitivamente por el contrato, o que, según las alegaciones de la demanda, pueda ser determinada por meros cálculos matemá-ticos becbos por el secretario. Cuando ésta es la situación, el secre-tario, al anotar sentencia, actúa meramente en su carácter ministerial. No se le exige otra cosa que determinar y calcular, de acuerdo con los detalles exactos del contrato o de la demanda, la cantidad a que el demandante tiene derecho, y, por consiguiente, de acuerdo con dicho artículo el secretario estaría autorizado a registrar sen-tencia. Pero ésta no es la situación que este caso nos presenta.
“TJn caso como éste, en lo que se refiere al cobro de una suma razonable por concepto de honorarios de abogado, según los términos de un pagaré que así lo estipula en caso de tenerse que proceder ju-dicialmente, no es distinto a un pleito en cobro de una suma por el valor razonable de ciertas mercancías o efectos vendidos y entrega-dos al demandado y que, según se alega, razonablemente valen la suma que se ha cargado por ellos, o de un pleito por servicios pres-tados al demandado que se alega valen razonablemente determina-da cantidad. Se ha resuelto ya que en tales casos, como el con-trato no es específico o definido en cuanto a la cantidad de la cual tiene que responder el demandado, aunque en la demanda se alegue una suma determinada como el valor razonable, la rebeldía no ad-mite la responsabilidad basta el límite alegado, sino simplemente una responsabilidad basta cierto límite, y la cantidad a recobrar debe ser fijada por la corte, a la cual debe hacérsele la solicitud co-rrespondiente, y respecto a la cual el secretario no tiene derecho a anotar una sentencia. (Burlington & M. R. R. Co. v. Marchand, 5 Iowa, 468; 471; Burlington & M. R. R. Co. v. Shaw, 5 Iowa, 463; Wynne v. Prairie, 86 N. C. 73, 90; y además, Witt v. Long, 93 N. C. 388, 391; Wolf y. Hamberg, 8 S. C. 82, 84; 1 Black on Judgment, 2a. ed., see. 89, página 117).” Landwehr v. Gillette, 174 Cal. 654.

Por virtud de todo lo expuesto debe anularse la orden de ejecución expedida por el secretario de la corte de dis-trito el 16 de septiembre de 1926, y devolverse los autos a la dicha corte de distrito para que continúe actuando de acuerdo con los principios establecidos en esta opinión.


author: El Juez Asociado Seño®. Aldkey;

text:
    Manuel Calderón Rivera, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Domingo Sepúlveda, Juez, demandado.
    No. 563.
    Visto: Marzo 14, 1927.

      Resuelto: Marzo 24, 1927.
    1. Síndico (Receiver)- — Naturaleza y Fundamentos de la Sindicatura (Receivership) — Fundamentos Para el Nombramiento de Síndico — Adminis-tración de Propiedad Mientras un Pleito se Resuelve Definitivamente —En General — Acción de Divorcio. — El simple hecho — alegado en solici-tud sobre nombramiento de síndico — de la existencia de un pleito de divor-cio y la mera creencia de la mujer de que, por haber sido demandada por el marido, éste tratará de perjudicarla en los bienes comunes, de ambos, no da jurisdicción a la corte para quitar al marido la administración de tales bienes y para encomendarlos a un tercero como síndico.
    2. Síndico (Receiver) — Título a y Posesión de los Bienes — Propiedad Sujeta a la Sindicatura — En General. — Aunque hubiera sido procedente el nom-bramiento de un síndico en 1a- acción de divorcio para que administrase los bienes gananciales, aquél no podría ser autorizado para administrar bienes de una sociedad mercantil en que el marido sólo tiene derecho a los bene-ficios que aquéllas pueda reportar.
    Certiorari para revisar orden de Domingo Sepúlveda, J. (San Juan), sobre nombramiento de síndico en acción de divorcio.

      Anulada la orden.

      Luis Campillo, abogado del peticionario; Manuel Benitez Mores, abogado de la parte contraria, Isabel Ramírez Flores.
   El Juez Asociado Seño®. Aldkey;

emitió la opinión del tribunal.

A solicitud del demandante en un pleito de divorcio li-bramos un auto de certiorari a la Corte de Distrito de San Juan para que nos remitiese originales los autos del mismo con el fin de revisar la orden que dictó nombrando un síndico que se incautase de los bienes de los litigantes y especial-mente de la fábrica de limonada denominada “Polo Norte,” situada en esta ciudad, cuya fábrica es de una sociedad mer-cantil, y los administrase mientras el pleito quedase resuelto definitivamente. Los autos nos ban sido remitidos y des-pués fué celebrada una vista ante nosotros en la que com-parecieron los abogados de los esposos litigantes.

Resulta de los autos que tenemos 'ante nosotros que la demanda de divorcio fué radicada en la corte inferior el 7 de enero del presente año y que veinte días después la demandada compareció en el pleito formulando excepción previa contra la demanda de su marido, fundada en que no aduce becbos determinantes de causa d.e acción, y que el mismo día presentó solicitud a la corte para que nombrase un síndico que se incautase de los bienes de la sociedad conyugal y los administrase basta la resolución definitiva del pleito de divorcio, alegando para ello la interposición de la demanda de divorcio: que en éste se alega que existen bienes gananciales pertenecientes a la sociedad conyugal: que esos bienes están bajo el exclusivo control de su marido quien se lia negado siempre a dar cuenta a la demandada de las rentas y utilidades que producen y también a concederle intervención en esos bienes: que según su información dichos bienes producen $1,400 mensuales de los cuales su marido no le entrega más de $300 al mes, a pesar de que le corresponde la mitad de dichas rentas, sin que baya recibido cantidad alguna desde la interposición de la demanda: que no está conforme en que la administración de esos bienes esté en las manos exclusivas de su marido, quien ha ve-nido administrándolos con exclusión de la peticionaria, sin haberle rendido cuenta de su empleo o inversión: y que toda vez que su marido la ha demandado en divorcio sin causa ni motivo alguno, la demandada duda de la buena fe de su marido, no cree en su buena administración de los bie-nes de la sociedad conyugal y cree que tratará de perjudi-carla. En esa petición se alegó, además, que los bienes ga-nanciales consistían en la propiedad de una casa: de dos autos-camiones (trucks): de la fábrica de gaseosa y limo-nada nombrada el “Polo Norte,” radicada en esta ciudad, y de otra fábrica de la misma clase sucursal de la anterior, que existe en Humacao, a cuyos bienes da un valor de $60,800. Sin embargo, de los autos resulta que la fábrica de Humacao no pertenece a los consortes ni en ella tienen derecho alguno: que tampoco son de ellos los dos autos-camiones sino de la fábrica de limonada y gaseosa el “Polo Norte,” que pertenece a la mercantil Eivero y Compañía Sucesores, S. en C., constituida por escritura pública de 31 de diciembre dé 1923 en la que el marido de la peticiona-ria es el socio colectivo con un haber de $5,500 y don Angel Eivero es el comanditario con $2,500, y que según esa escri-tura el socio colectivo sólo puede disponer de $175 mensua-les para sus gastos personales con cargo a su cuenta particular ; siendo esa participación en dicha sociedad y la casa valorada en $10,000, de la que aún deben los esposos algún dinero y que está alquilada en $60 mensuales, los únicos bienes adquiridos durante el matrimonio. En la corte inferior no se presentó prueba alguna de mala administra-ción de esos bienes por el marido.

Según los artículos 159 y 1327 del Código Civil el ma-rido es el administrador de los bienes de la sociedad con-yugal, salvo estipulación en contrario; según el 161 es el representante legal de la sociedad conyugal: de acuerdo con el 1328 no podrá donar, enajenar ni obligar a título one-roso los bienes inmuebles de la sociedad de gananciales sin el consentimiento expreso de la mujer: y dispone el 169 qne desde el día en qne el procedimiento de divorcio se ini-cie judicialmente no será válida ninguna deuda contraída por el marido o por la mujer sin la autorización del tribunal, a cargo de los bienes gananciales.

Como se ve de los artículos citados, si bien el marido tiene la libre administración de los bienes de la sociedad conyugal, sin embargo, no puede enajenarlos ni gravarlos sin consentimiento de su esposa y cuando existe pleito de divorcio entre los consortes la ley limita esa administración disponiendo que el marido no pueda contraer deudas de que bayan de responder los bienes de la sociedad conyugal sin autorización judicial: y demuestran también el error en que está en este caso la esposa, según aparece de su peti-ción, respecto a que su marido tiene obligación de darle cuenta de todos los actos de su administración, de permi-tirle intervención en ella y de dividir con su mujer mensual-mente de por mitad las rentas de esos bienes.

Hemos citado también dichos preceptos de la ley porque expresando ellos por sí mismos la voluntad del legislador de que dichos bienes sean administrados exclusivamente por el marido mientras el matrimonio no sea disuelto, para que sea privado de esa administración deben existir razones po-derosas que justifiquen una medida de esa naturaleza; y el simple hecho alegado de la existencia de un pleito de divorcio entre los esposos y la mera creencia de la mujer de que por haber sido demandada por su marido éste tratará de perjudicarla en los bienes comunes de ambos, no dió ju-risdicción a la corte para quitar al marido la administración de tales bienes y para encomendarlos a una tercera persona como síndico; tanto más cuanto que establecido el pleito de divorcio el demandante no puede contraer deudas que afecten a la sociedad de gananciales, quedando así prote-gida su esposa.

Lo expuesto es en términos generales porque si la petición hubiera alegado hechos que dieran jurisdicción a la corte para nombrar un síndico, aun, así, el síndico no podría ser autorizado para administrar los bienes de la mercantil Rivero y Compañía Sucesores, S. en C., por ser ésta una persona jurídica que no es parte en este pleito y porque no teniendo el marido en ella sino derecho a los be-neficios que la misma pueda reportar, no tiene derecho la esposa para que como garantía de los bienes gananciales se introduzca en el seno de esa mercantil un síndico que ma-neje los negocios de la sociedad y que pueda destruir así prácticamente la vida de la misma y enterarse de sus se-cretos comerciales o industriales. Un caso análogo al pre-sente lo resolvimos al decidir el pleito de Quintana Hnos. & Co. v. S. Ramírez & Co., 22 D.P.R. 770.

Por lo expuesto la orden de la corte inferior nombrando un síndico en este caso debe ser anulada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Celestino Domínguez, acusado y apelante.
    No. 3099.
    Visto: Marzo 8, 1927.

      Resuelto: Marzo 24, 1927.
    1. Hurto — Proceso y Castigo — “Indictment” y Acusación — Pertenencia del Objeto Hurtado — Alegación Suficiente. — Una denuncia por hurto menor que alegue que el objeto hurtado fué sustraído a una persona por el acu-sado, “privando así a su dueño de su legítima posesión y apropiándosela en su beneficio” contiene implícitamente los requisitos exigidos por el esta-tuto.
    ' 2. Hurto — Proceso y Castigo — Evidencia—Su Suficiencia — Posesión de Bie-nes Robados y su Efecto — Posesión nio Acompañada de Circunstancias Inculpatorias. — Cuando en proceso por hurto la prueba sólo demuestra la posesión por parte del acusado del objeto hurtado sin ninguna otra circuns-tancia que le coneete con el hecho de la sustracción, ella es insuficiente.
    Sentencia de Angel Acosta Quintero, J. (Mayagüez), condenando al acusado por delito de Hurto de menor cuantía.

      Revocada.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; José E. Piqueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal..

La denuncia en este caso, la cual se impugna por no contener hechos que constituyan un delito público, dice así:

‘ ‘ Que en el mes de Junio de 1922 y en la calle Luna de San Ger-mán, P. R., del Distrito Judicial Municipal de San Germán, P. R., que forma parte del distrito judicial de Mayagüez, P. R., el acusado Pedro Celestino Domínguez, con intención criminal sustrajo a Pedro Enriquez una pluma fuente de oro marca ‘Waterman’ valorada en doce dólares, la cual vendió a Juana Delgado; privando así a su dueño de su legítima posesión y apropiándosela en su beneficio.”

La contención del apelante es que en la denuncia no se alega .específicamente que la pluma que fué objeto del hurto pertenecía al perjudicado y que tal omisión es fatal de acuerdo con lo que prescribe el artículo 426 del Código Penal. Sin embargo, como la denuncia alega que la pluma fué sustraída a Pedro Enriquez por el acusado, “privando así a su dueño de su legítima posesión y apropiándosela en su beneficio,” ella contiene implícitamente los requisitos exigidos por el estatuto, pues se desprende claramente que el acusado sustrajo y se apropió una pluma que pertenecía al perjudicado Enriquez.

Se señala como segundo error que la prueba de cargo es insuficiente para sostener la denuncia.

El perjudicado declara en resumen: que la pluma la lle-vaba en uno de los bolsillos del gabán; que salió con ella después de comida y luego de estar con otros individuos, entre ellos el acusado, notó al volver a su casa que la pluma había desaparecido.

Juana Delgado declaró que ella compró la pluma al acu-sado por $3.50 y María Ignacia Jusino dijo que la venta se hizo a su presencia hacía varios meses.

La pluma asimismo fué identificada por el perjudicado.

Esta fué toda la prueba de cargo. En realidad lo único que demuestra es la posesión de la pluma por parte del acusado, sin ninguna otra circunstancia que le conecte con el hecho mismo de la sustracción, ya que el hecho de que el acusado hubiera estado en compañía del perjudicado con otras personas, bromeando, cuando se desapareció la pluma, no es por sí solo bastante para colocar este caso dentro de la regla establecida en el de El Pueblo v. Laureano, 20 D. P.R. 8. Nada aparece que sea contrario a lo dicho por Juana Delgado acerca de cómo el objeto fué a poder del acusado, ni que por las condiciones en que vendió la pluma a Juana Delgado podía establecerse su relación con el delito.

Por tocio lo expuesto, la sentencia apelada debe revocarse y absolverse al acusado.


text:
    Francisca Sosa Fernández, peticionaria, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Miguel A. Muñoz, Juez, demandado.
    No. 549.
    Visto: Enero 24, 1927.

      Resuelto: Marzo 24, 1927.
    “Lis Pendens”- — Acciones que Afectan al Título o Derecho de Posesión de Propiedad Inmueble — En General. — Cuando fallecido un cónyuge, el supérstite no liquida los gananciales y los bienes muebles privativos del cau-sante, y éstos los sustituye por inmuebles adquiridos durante su viudez, la aceión contra dicho cónyuge para que se declare que los bienes — descritos en la demanda — pertenecen a la sucesión en común proindiviso y en la pro-porción de ley y que asi se inscriban en el registro es una que afecta al título o derecho de posesión de dichos bienes y a la que le es aplicable el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    CertioraRí para revisar orden de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), sobre cancelación de aviso litigioso en el registro de la propiedad.

      Anulada la orden.

      Juan B. Soto, abogado de la peticionaria; Luis Campillo, abogado del demandado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Francisca Sosa Fernández inició contra su padre José Sosa Oliva una demanda en la que, en síntesis, alega: que es hija legítima del demandado y de Eamona Fernández Betancourt; que esta última falleció ab intestato, dejando por sus únicos y universales herederos a la demandante y otro liijo nombrado José Sosa Oliva, habidos en su matri-monio con el demandado, según así fué declarado por reso-lución judicial; que al tiempo de morir Ramona Fernán-dez Betancourt existían bienes pertenecientes a la sociedad de gananciales, montantes aproximadamente a la suma de $50,000, consistentes en muebles y semovientes; que al con-traer matrimonio Ramona Fernández con el demandado, le fué entregada a ella por su padre Francisco Fernández Ló-pez, en concepto de dote, la cantidad de $3,000 provinciales; que asimismo, al morir dicho Francisco Fernández López, dejó en su testamento a su hija, madre de la demandante, la cantidad de $16,676 provinciales, que unidos a la anterior suma1 hacen un equivalente en moneda americana de $13,579.54, cuya cantidad al tiempo del fallecimiento-de Ramona Fernández constituían bienes privativos de ésta y se hallaban en posesión del demandado; que este último, con el propósito de privar de su herencia materna a los here-deros de la finada Ramona Fernández, realizó después del fallecimiento de su esposa, todos los bienes propiedad de la misma, así como los de la sociedad de gananciales, apro-piándose el producto de los mismos- y con los cuales el de-mandado ha adquirido varios inmuebles que se describen en la demanda, inscribiéndolos a su nombre en el registro de la propiedad sin hacer constar en forma alguna el interés que sobre los mismos tiene la sucesión de Ramona Fernán-dez; y que por último, el demandado se ha negado a ha-cer la partición de tales bienes, rehusando entregarlos al administrador judicial que fué nombrado por resolución de marzo 9, 1923.

La demanda fué anotada en el registro, siguiéndose la disposición del artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, y el demandado solicitó de la corte inferior se cance-lara la anotación, alegando que no afectando la acción al tí-tulo o al derecho de posesión de los inmuebles descritos, aquella disposición no es aplicable. La corte inferior sos-tuvo al demandado, ordenando por resolución de diciembre 21, 1926, la cancelación del aviso litigioso en el registro, y contra esta resolución es que se ba interpuesto el presente certiorari.

El artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como se corrigió su traducción al español en el caso de Alvares et al. v. El Registrador, 24 D.P.R. 429, dice como sigue:

“En una acción que afecte al título o al derecho de posesión de propiedad inmueble, el demandante al tiempo de presentar la de-manda y el demandado al tiempo de formular su contestación, cuando en dicha contestación se solicite un remedio a su favor, o en cual-quier tiempo después, pueden presentar para su anotación al regis-trador del distrito en que esté situada la propiedad o alguna parte de la misma un aviso de estar pendiente la acción, que contenga los nombres de las partes, el objeto de la acción o defensa y una des-cripción de la propiedad afectada por dicha acción. ...”

Para la aplicación de esta disposición tenemos que aten-der a los términos de la. demanda y tenerlos como ciertos.' De ella se desprende que habiendo fallecido Ramona Fer-nández Betancourt en marzo 3, 1907, dejando dos hijos de su matrimonio con el demandado, desde entonces han trans-currido diez y nueve años a la fecha de la interposición de la demanda, y el demandado no sólo ha dejado de liquidar los bienes gananciales de la sociedad conyugal y los privati-vos de la causante, sino que tales bienes consistentes en muebles, entre éstos semovientes y dinero, los ha substituido por inmuebles que el demandado ha adquirido durante su viudez. Una administración judicial parece haberse esta-blecido al efecto para tal liquidación y en la que necesaria-mente el carácter. de los bienes tiene que dejarse estable-cido como base fundamental para su división y adjudica-ción 'entre los interesados. Y el presente pleito tiende a determinar el carácter que puedan tener los bienes inmue-bles, si es que realmente ha existido la substitución. De ahí es que en la súplica de la demanda lo qne se pide es lo si-guiente :

“Por tanto, a esta Honorable Corte suplica la demandante, se sirva dictar sentencia declarando:
“Primero: que los bienes descritos bajo el párrafo sexto de esta demanda corresponden en común pro indiviso a la Sucesión de Ramona Fernández Betancourt, compuesta de la demandante, Francisca Sosa Fernández, su hermano, José Sosa Fernández, y el demandado José Sosa Oliva, en la mitad de gananciales que determina la ley.
‘ ‘ Segundo: que se cancelen las inscripciones de dichas fincas que se han hecho en el Registro de la Propiedad a favor del demandado, José Sosa Oliva, y, en su lugar, se inscriban dichas fincas en común pro indiviso, a favor de la Sucesión de dicha Ramona Fernández Betancourt, y a favor del demandado, José Sosa Oliva.
“Tercero: que dichas fincas sean entregadas al Sr. Justino del Valle, administrador judicial de los bienes dejados a su fallecimiento por la susodicha causante Ramona Fernández Betancourt, para que se encargue de la administración, conservación y custodia de tales bienes, a los fines y en la forma que determina la ley de Procedi-mientos Legales Especiales.”

Es regla bien conocida que en el matrimonio en que rige la sociedad de gananciales, muerto uno de los cónyuges, la capacidad civil del consorte sobreviviente queda modificada y él no puede disponer de los bienes gananciales sin el con-sentimiento de los demás herederos. Esto es porque con el fallecimiento del marido o de la mujer, la sociedad - de gananciales queda disuelta y sólo quedan, mientras no se liquide, coherederos o condueños del acervo común. Puede ocurrir, como se alega en este caso, que desde la fecha de la disolución por muerte de uno de los esposos hasta la de la liquidación, los bienes en poder del viudo o viuda puedan experimentar variaciones o la substitución de unos por otros. Desde luego que esto no puede tener lugar tratándose de inmuebles que si están inscritos, existe por la ley el aviso a terceros, y si no lo están, la naturaleza de su propia in-mutabilidad no les hace desaparecer y los interesados o herederos están siempre garantizados. En cuanto a bienes muebles la cuestión ya varía. Su mutabilidad puede bacer desaparecer su origen. Durante el matrimonio la ley ad-mite la substitución y subrogación de bienes. Los bienes privativos de la mujer o del marido pueden ser substituidos por otros, y estos últimos conservan tal carácter mientras el origen de su adquisición se demuestra claramente.

La cuestión, por consiguiente, envuelta en el pleito principal es determinar en el fondo si la teoría que rige du-rante el matrimonio puede aplicarse después de su disolu-ción y mientras no se liquide la sociedad de gananciales, y que la substitución pueda aprovechar a los herederos en la proporción que a ellos finalmente corresponda. No creemos que sea éste el momento de determinar tal cuestión, pero dadas las alegaciones, la reclamación afecta al título de los inmuebles descritos en la demanda. T no se puede decir, cómo ha tratado de sostenerse por el demandado, que la acción de la demandante es una en cobro de dinero, como lo sería un pagaré o una deuda corriente. Esto tendría el efecto de una petición de principio. La reclamación depen-dería, y ésta sería una defensa del demandado, de la liqui-dación de un capital hereditario, comprensivo de un con-junto de bienes, y habría que acudir a lo que está haciendo la demandante, o sea, a una administración judicial para li-quidar y dividir dichos bienes, siguiendo los trámites de la ley de procedimientos legales especiales, establecida para esos fines y aprobada en marzo 9, 1905.

Por tocio lo expuesto, debe anularse la orden de la corte inferior ele diciembre 21, 1926, por la que ordenaba la can-celación de la anotación de la demanda.