author: El Juez Asociado Señor HutchjsoN

text:
    Juan Enrique Torres, demandante y apelado, v. Sucesión J. Serrallés, demandada y apelante.
    Núm. 7934.

    Sometido: Abril 3, 1940.

    Resuelto: Octubre 24, 1940.

      P. Parra Capó y Leopoldo Tormes Garda, abogados de la apelante;

      E. Arjona Siaea, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor HutchjsoN

emitió la opinión del tribunal.

La apelante era la demandada en un pleito de injunction. Los señalamientos primero, segundo y decimoquinto son en síntesis que la corte de distrito cometió error:

Al conceder a] demandante daños y perjuicios, no habiéndolos so-licitado en su última demanda enmendada ni habiendo hecho en-mienda alguna a la misma cuando en el acto de la vista solicitó esos daños y perjuicios.

Al no ordenar al demandante que especificara y detallara los daños y perjuicios sufridos con su correspondiente valoración.

Al no especificar en la sentencia los distintos elementos de daños y el importe de cada partida, privando así a la demandada de la oportunidad de impugnar la corrección de dichos justiprecios o de aceptar algunos y solicitar la revocación de otros.

El artículo 684 del Código de Enjuiciamiento Civil (edi-ción de 1933) lee como sigue:

“Si se concediere un injunction siu haber mediado notificación a la persona requerida, podrá ésta, previo oportuno aviso a la otra parte, pedir que se revoque o modifique al juez que lo hubiere concedido, o al tribunal en que se hubiere incoado la acción. La solicitud podi'á fundarse en la demanda o declaración jurada en cuya virtud fué concedido el injunction o en la declaración jurada que presentare la parte requerida, con o sin la contestación. Si la solicitud se fundare en declaraciones juradas por parte de la persona requerida, pero no de otro modo, la persona contra quien se hiciere la solicitud podrá impugnarla por medio de declaraciones juradas u otras pruebas, ade-más de aquella en cuya virtud se hubiere otorgado el injunction. En todas las acciones en que se hubiere concedido un injunction, si se demostrare al tribuna] que habría ele sufrir grandes perjuicios la persona requerida, de continuarse el injunction, y que la persona en cuyo favor fué decretada podrá indemnizarse íntegramente de cualquier perjuicio que hubiere de ocasionarle la continuación de los actos objeto del injunction, durante la substanciación del litigio, podrá el tribunal, a su arbitrio, revocar o modificar el injunction, mediante fianza constituida por el requerido con fiadores aprobados por el juez y en la suma que fijare el tribunal o el juez, obligándose a satisfacer todos los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a la persona en cuyo favor se hubiere decretado el injunction, la continua-ción de los actos denunciados mientras se estuviere tramitando el liti-gio. En el juicio deberá determinarse la cuantía de dichos daños y perjuicios, y si resultare victoriosa Ja persona en cuyo favor se había concedido el injunction, se incluirá on la sentencia la suma fijada para cubrir dichos daños y perjuicios, juntamente con los ra-zonables honorarios de abogados; y para dar cumplimiento a esa sentencia podrá librarse ejecución contra la propiedad de la otra parte y de sus fiadores.”

Mediante la prestación de tal fianza la demandada había logrado la disolución de nna orden de entredicho e impedido la expedición de nn injwíction preliminar. Como resultado ' de ello el trabajo qne el peticionario trataba de impedir mediante injunction fue terminado antes de celebrarse la vista del caso. Durante el curso del juicio el peticionario trajo los siguientes hechos a la atención de la corte y mani-festó substancialmente ló siguiente:

En ningún momento ha renunciado al derecho de nn injunction perpetuo, pero las circunstancias han variado y procede la estimación de daños y perjuicios. Es discrecional que la corte decrete un injunction definitivo o hacer que se resarzan los daños ocasionados al peti-cionario, tanto de acuerdo eon. la ley local como con las autoridades.

El juez preguntó si en la petición se mencionaban daños y perjuicios. El peticionario contestó afirmativamente. El pleito se inició para impedir la continuación de la obra. Se alegan los daños y perjuicios como fundamento de remedio, pero el pleito no tiene como propósito el cobro de ninguna cantidad de dinero. La situación ha variado, la obra ya ha sido terminada. En su consecuencia, los daños pueden ser probados sin-que haya una alegación específica en la demanda ai efecto. La demandada acepta, continuó manifestando el peticionario, que el demandante alegó determinada cantidad de daños. Desde luego que no le obliga la cantidad- — $2,000— que ha mencionado la parte demandada en su última contes-tación; pero eso da base a la corte para considerar la cues-tión de los daños en relación con lo alegado en la petición. Entonces el peticionario leyó el artículo 684 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, e invocó los principios generales de equidad y leyó del tomo 32 de Corpus Juris, pág. 385, see. 650.

Entonces el juez ordenó que se hiciera constar en el récord de una manera clara aquello sobre lo cual versaría la con-troversia. El peticionario manifestó que aunque su dereclio a obtener un injunction perpetuo en este caso no ha sido renunciado en forma alguna, no obstante de estimar la corte improcedente la concesión del remedio de injunction por haber terminado los actos de perturbación, deseaba y soli-citaba que el tribunal procediera a la adjudicación y estima-ción de los daños y perjuicios que se le han irrogado, con motivo de los actos de la demandada, que se han expresado en las demandas y que motivan o motivaron el injunction original.

El juez manifestó que la demandada tenía derecho a ale-gar lo que creyera pertinente. La demandada dijo que la ley desde luego da el medio alternativo a la corte, pero que ella entendía que desde el momento en que prestó una fianza para levantar el injunction preliminar, el peticionario debió incluir la solicitud de daños y perjuicios, enmendando su demanda, porque tal como está redactado el injunction la corte vería que ese aspecto era demasiado vago e indefinido. Entonces la demandada leyó parte de la súplica. Por ende, la deman-dada era de opinión que al levantar el injunction preliminar el peticionario debió introducir la solicitud de daños y per-juicios.

La demandada entonces discutió extensamente otro punto que alegaba tenía algo que ver con la cuestión de si debían considerarse los daños y perjuicios en el pleito de injumction o si los mismos debían ser objeto de otro pleito. El juez manifestó que el peticionario había planteado la misma cues-tión. La demandada replicó que si la corte aceptaba la teoría del peticionario ella tendría que oír prueba respecto a la procedencia de un injunction permanente. El juez estuvo de acuerdo y manifestó que el peticionario no había renunciado al injumction perpetuo. El peticionario manifestó: “Pues estamos de acuerdo.” El juez preguntó si con ello se quería decir que la demanda se queda como está. El peticionario contestó: “Eso es,” advirtiendo que en una demanda de injunction no pueden alegarse daños cuando es difícil el jus-tipreoio de los mismos. Entonces el peticionario leyó de la petición.

El juez preguntó si el peticionario quería decir que dejaba su demanda como estaba y el peticionario contestó: ‘ ‘ Ah, sí. ’ ’ El juez dijo que esto es siempre una cuestión abierta a dis-cusión; que para no perder tiempo la corte tenía por hechas esas manifestaciones de la parte demandante, con la reserva, que había hecho de que nO' renunciaba al derecho de injunction perpetuo, interesando que la sentencia fuera dictada con la alternativa de daños y perjuicios. El juez entonces pre-guntó si ésa era la médula de la cuestión. El demandante contestó afirmativamente. El juez manifestó que con estas reservas se entraría en el caso; que la cuestión de si pro-cede o no el remedio ya se discutiría en el fondo; las partes presentarían sus alegatos y la corte los estudiaría y resolve-ría lo que procediera de acuerdo con los hechos y la ley. El peticionario entonces llamó a sus testigos y a los mismos se les tomó el correspondiente juramento. La demandada se conformó con manifestar que no tenía prueba.

Al finalizar el juicio la demandada manifestó que las par-tes habían convenido en presentar alegatos. El peticionario estuvo de acuerdo, pero solicitó que la corte limitara las cuestiones a ser discutidas. La demandada se opuso. El juez dijo que la cuestión principal era la de si procedían daños y perjuicios en este recurso. Ambas partes estuvieron de acuerdo. La demandada admitió que los daños y per-juicios procedían, pero fué del criterio de que para conceder daños y perjuicios en un pleito de injunction debían hacerse las alegaciones correspondientes. No se había hecho tal cosa. El peticionario dijo que ellos discutirían esa cuestión en los alegatos.

El juez preguntó cuánto tiempo necesitaban ‘■as partes. El demandante manifestó que necesitaba 15 días después que la corte hiciera una “inspección ocular.’'' La demandada dijo que necesitaba 15 días para contestar. El peticionario soli-citó 5 días para replicar en caso de que ello fuera necesario. La corte concedió al peticionario 15 días, a la demandada otros 15, y al peticionario 5 días adicionales pata replicar. La demandada no radicó alegato en la corte ele distrito.

La demandada no incurrió en su perjuicio en falsas apre-ciaciones por haber dejado el peticionario de enmendar la súplica de sn petición para incluir en la misma la reclama-ción de daños y perjuicios. El alegato de la apelante agrega poco o nada a la sntil expresión del criterio enunciado por' el letrado de la demandada en la corte de distrito. Deja de convencernos de que la corte de distrito cometiera error al conceder daños y perjuicios, no obstante la ausencia de una enmienda formal] o de que el error, de haberlo, justificaría la revocación de la sentencia. Además, en ausencia de una moción o de una solicitud específica para que s'e dictara una orden dirigida al peticionario para que especificara detalla-damente los daños y perjuicios sufridos y la cuantía de los. mismos, tampoco hallamos que se cometiera error al dejar la corte de ordenar que se enmendara la petición en ese sen-tido o al no especificar en la sentencia los distintos elementos ■ de daños y perjuicios y el importe de cada uno de los mismos..

Los señalamientos tercero y cuarto son que la corte* de distrito cometió error: •

Al resolver que la demandada para hacer las reformas que hizo en su canal necesitaba instruir un expediente administrativo o iniciar - una acción de expropiación forzosa, cuando las reformas que se-hicieron no implicaban apropiación mayor de los terrenos del de-mandante que los que ya se venían utilizando con el viejo canal.
Al resolver que la demandada necesitaba permiso del demandante-para hacer las reformas que hizo en el canal no tomándole mayor por-ción de la finca que la ya ocupada desde años atrás.

De. la relación del caso y opinión de la corte de distrito.-tomamos los siguientes hechos probados:

El antiguo canal ele regadío construido originalmente bajo una-franquicia concedida en 1872 era de mampostería. Fué práctica-mente destruido y reconstruido por la demandada en 1931. Se hi-cieron modificaciones en la toma de agua. El canal fué reconstruido* sobre la misma base. Se le Mzo más alto y más profundo. La ca-pacidad del canal es ahora algo más del doble de lo que era antes de la reconstrucción. En la toma se hicieron modificaciones que per-miten que pasen por dentro de él todas las aguas estivales e inver-nad es hacia ocho de las fincas de la demandada. El antiguo canal suministraba agua a solamente-tres de esas fincas. El curso del canal se modificó en un sitio que queda cerca de la casa del peticio-nario. No se instruyó procedimiento preliminar. No había prueba •satisfactoria de que el peticionario se hubiere allanado a la recons-trucción del canal. El derecho de la demandada a utilizar las aguas •del canal nacía de una franquicia concedida por el Gobierno en sep-tiembre 30, 1872, al dueño anterior de una de las fincas de la de-mandada y de un Convenio de Regantes contenido en una escritura pública otorgada el 4 de diciembre de 1844. En la cláusula quinta de dicho convenio se establecía el orden en que se aprovecharían las ■aguas y se hacía una estipulación al efecto de que se instalara otro módulo automático que daría paso a 25 partes de las 100 expresadas •en el mismo artículo 2 correspondientes a las Haciendas Ana María, Rita y Mallorquína. La cláusula 2 disponía que las aguas estivales .y sus aumentos naturales que restaran en dicho río después de dedu-cidos los 76 litros y 58 centilitros de aguas preferentes se dividirían en cien partes iguales de las cuales correspondían a la Hacienda Yista Alegre 22% partes; 25 partes a las Haciendas Rita, Ana María y Mallorquína; 10 partes a la Hacienda Teresa; 5 partes a la Unión; y 37% partes a las Haciendas Merceditas, Laurel, Fe, Paraíso y Bronce. La cláusula sexta proveía que el punto de toma para cada uno de dichos aprovechamientos sería el mismo que el que actual-mente tenía establecido en la cuenca que forman las diversas haciendas que se fertilizan con aguas del río Inabón.
Debido a las obras efectuadas en la reconstrucción del canal el demandante ha sufrido daños y perjuicios como consecuencia de la acumulación de grandes cantidades de tierras sacadas de excava-ciones, provenientes de la destrucción de plantíos de café; inutiliza-ción de parte de su terreno por la acumulación de piedras procedentes del canal viejo destruido y por efecto de las mezclas del concreto sobre varios sitios de la finca; por depreciación en el valor de su finca con motivo del agravamiento o ampliación de la servidumbre de acueducto, la profundidad del cual se aumentó a más del doble de la primitiva, todo ello sin el consentimiento del demandante, sin ha-berse instruido el oportuno expediente y sin acudir a una previa expropiación forzosa mediante la debida indemnización.

Si el dueño del predio sirviente se negare a consentir al establecimiento de la Servidumbre de acueducto “dentro de otro acueducto preexistente” el establecimiento de la servi-dumbre adicional puede efectuarse instruyéndose el expe-diente oportuno “previa indemnización si se le ocupare mayor zona de terreno.” Artículo 84 de la Ley de Aguas. Este artículo no autoriza el establecimiento de una servidumbre adicional sin el consentimiento del dueño del predio sirviente y sin la formalidad de un procedimiento, mediante la cons-trucción de un canal en la base original qu'a dobla su capaci-dad aumentando la altura de sus murallas y obstruyendo así el libre tránsito de una parte del predio sirviente a la otra y aumentando el riesgo de accidentes o muertes por inmersión para los niños y para los animales, depreciando así el valor del predio sirviente aunque no “sé le ocupare mayor zona de terr'eno.”

“Cuando el dueño de un acueducto que atraviesa tierras ajenas solicite aumentar su capacidad para que reciba mayor caudal de agua, se observarán los mismos trámites que para su establecimiento. ’ ’ Artículo 94, Ley de Aguas, Estatutos Revisados, pág. 500.

La sección dos del Capítulo II, Título VII, tiene por título “De las servidumbres en materia de aguas.” “El estable-cimiento, extensión, forma y condiciones de las servidumbres de aguas de que se trata en esta sección, se r'egirán por la ley especial de la materia en cuanto no se hálle previsto en este código(Bastardillas nuestras. Artículo 499 del Código Civil, ed. de 1930.)

“El dueño del predio dominante podrá bacer a su costo en el predio sirviente, las obras necesarias para el uso y conservación de la servidumbre, pero sin alterarla ni hacerla más gravosa(Artículo 479 del Código Civil, ed. de 1930.) Véase también 4 Manresa, Comentarios al Código Civil, págs. 625, 626, ed. de 1931.

“Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siem-pre la indemnización correspondiente.
“Si no precediere este requisito, las cortes ele distrito ampararán, y qn su caso, reintegrarán en la posesión al expropiado.
“La indemnización comprenderá no sólo el valor de la cosa de la cual el propietario es privado, sino que también una remunera-ción por los daños y perjuicios que se le ocasionen con la privación de la propiedad.” Art. 282 del Código Civil, ecl. 1930.
“Todo el que quiera servirse del agua de que puede disponer para una finca suya, tiene derecho a hacerla pasar por los predios inter-medios, con obligación de indemnizar a sus dueños, como también a los de predios inferiores sobre los que se filtren o caigan las aguas.” Art. 493.
“El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.” Art. 1802.

El viejo canal constituía una servidumbre establecida para beneficio de tres predios dominantes. Al aumentar su capa-cidad, la demandada trató de convertirlo en una servidumbre para beneficio de ocho predios dominantes. A fin de aumen-tar la capacidad del canal sus dimensiones originales fueron grandemente alteradas. La altura de sus paredes y la pro- 1 fundidad del agua fueron grandemente aumentadas en detri- i mentó y haciendo depreciar el valor del predio sirviente, y I la situación de parte del canal mismo sobre el terreno fué 1 alterada. Todo esto se hizo sin el consentimiento del dueño I del predio sirviente y sin la formalidad de un procedimiento administrativo o judicial. j

La corte de distrito no erró en la forma alegada en los | señalamientos tercero y cuarto. Q

El quinto señalamiento es qu'e la corte de distrito erró g al ignorar el hecho de que el demandante estuvo conforme con I que circularan por el canal las aguas de las nueve condo- 1 siones y en que se llevaran a cabo las obras — surgiendo la i discrepancia entre las partes sólo cuando estando en su principio los trabajos de. reconstrucción que ya conocía el demandante, quiso éste que la demandada se obligara previamente a pagar la suma de $2,000 por los daños y perjuicios que pudieran causarse en el futuro contra la oferta de la deman-dada de pagar los que realmente se causaran, con ofreci-miento de afianzar debidamente el compromiso.

Lo que el juez de distrito dijo, conforme ya hemos indi-cado, fue que no existía prueba satisfactoria de que el peticionario se hubiera allanado a la reconstrucción del canal. Aunque la cuestión era quizá debatible y pudo tal vez ser resuelta de manera distinta si la demandada hubiera radicado su alegato en la corte de distrito, no hallamos un error tan manifiesto en la apreciación de la prueba que exija la revo-cación.

El sexto señalamiento es que la corte de distrito cometió error al no practicar la segunda inspección ocular del canal propuesta insistentemente por la demandada, aceptada por el demandante, y dispuesta por la corte, a cuya discreción quedó la fijación del día en que debía llevarse a cabo.

El juez de distrito entendió que toda la cuestión relativa a la segunda inspección ocular y a la fijación de la misma se había dejado por las partes a su discreción. Ora estuviera equivocado o no en esto y ora hubiera acordado o no efectuar la segunda inspección, no obstante él tenía aún alguna dis-creción en torno a si debía visitar nuevamente el canal y no hallamos que exista un abuso de esa discreción al concluir más tarde que se hacía innecesario practicar una segunda inspección.

Los señalamientos 7, 9 y 14 son al efecto de que la corte de distrito cometió error:

Al afirmar que el derecho de servidumbre de acueducto pertene-ciente a la demandada nace de la concesión de riego otorgada por el Gobierno de España en 30 de septiembre de 1872 a favor de la Hacienda Ana María, modificado por la escritura llamada ‘ ‘ Convenio de Regantes” otorgada el día 4 de diciembre de 1884; y al afirmar que la modificación del canal de riego violó la concesión de 1872 y el Convenio de Regantes de 1884.
Al considerar que las limitaciones establecidas en la concesión de 30 de septiembre de 1872 y el Convenio de 1884 protegen de alguna manera al demandante en la servidumbre, cuando es lo cierto que esas limitaciones se establecieron única y exclusivamente como salva-guardia de los mismos derechos de los regantes.
Al afirmar que la concesión de 1872 y el Convenio de 1884 han sido violados por haberse hecho gravosa la servidumbre de acueducto, imponiendo al predio sirviente una nueva servidumbre sin consenti-miento del dueño y en violación de su derecho de propiedad y sin haberse instruido el expediente que exigen los artículos 94, 185 y 186 de la Ley de Aguas, y en violación de lo dispuesto en el artículo •282 del Código Civil.

Éstas no son cuestiones fundamentales (pivotal points). Los errores, de haberlos, no serían motivos suficientes para revocar la sentencia.

Él octavo señalamiento es que la corte de distrito cometió error al considerar de aplicación a este caso el artículo 479 y otros del Códig;o Civil (1930) sobre servidumbres en general, cuando la ley aplicable al caso' es la de Agmas y sus Reglas sobre ese mismo derecho de servidumbres. No bailamos conflicto alguno entre el artículo 479 y alguna de las disposiciones de la Ley de Aguas en que se funda la apelante. En ausencia de tal conflicto — por decir lo menos— no vemos razón alguna para que los principios generales que sirven de fundamento al artículo 479 y otros del Código Civil no gobiernen un caso de esta índole. Véanse también el artículo 479, supra, y 4 Manresa, Comentarios al Código Civil, pág. 711, edición de 1931.

Los señalamientos 10, 11, 12 y 13 son en síntesis que. la corte de distrito cometió 'error:

Al declarar que la variante que se introdujo en el curso del canal ha perjudicado al demandante.
Al negar el derecho de la demandada a destruir aquellos arbustos que crecían en las márgenes del canal.
Al declarar que se inutilizó parte del terreno por la acumula-ción de piedras y mezcla de concreto.
Al considerar que la finca ha depreciado en su valor con motivo de una supuesta ampliación de la servidumbre de acueducto.

Las cuestiones que aquí se tratan de levantar, tal cual han sido discutidas en el alegato de la apelante, no requieren seria consideración.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison

license: Public Domain

text:
    Enrique y Francisco Blanes García, demandantes y apelantes, v. Capital de Puerto Rico y The Yorkshire Insurance Co., Ltd., demandados y apelados.
    Núm. 8024.

    Sometido: Mayo 1, 1940.

      Resuelto: Octubre 24, 1940.

      Salvador Suau, abogado de los apelantes;

      J. Valide juli Rodrigues y Géigel c§ Silva, abogados de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes en una acción de daños y perjuicios ape-lan de la sentencia que declaró sin lugar la demanda. Sos-tienen que la corte de distrito erró: al asumir que el caso de autos es uno que se contrae a actuaciones de empleados de la capital, en el servicio de limpieza municipal o recogido de basura; al declarar que no existe responsabilidad civil por parte de la Capital de Puerto Rico por actuaciones de sus empleados y agentes cuando éstos actúan en funciones guber-nativas, y al desestimar por tal fundamento la demanda en el presente caso.

Los demandantes alegaron que la demandada en el ejercicio de sus funciones municipales mantenía y operaba para servicio oficial de sus respectivos negociados y depen-dencias varios vehículos de motor, entre otros el automóvil Ford de dos asientos, registrado a su nombre con tablilla núm. G-.M.-240, que en la fecha, hora y sitio alegados en la demanda era conducido por el chófer autorizado Ramón Murga Suárez como agente, subalterno o empleado, dentro de las atribuciones oficiales de su empleo, del departamento de limpieza municipal, que es una dependencia o negociado de la demandada Capital de Puerto Rico. Alegaron además que el choque ocurrido en determinado sitio dentro del Muni-cipio de Río Piedras se debió a la exclusiva culpa, negligen-cia e impericia del chófer1 y empleado de la demandada.

Un automóvil Ford, al igual que los camiones de la lim-pieza, pueden ser utilizados en relación con el trabajo de recogido y remoción de la basura del municipio. Tal uso no envuelve necesariamente la transportación material de basura en el vehículo así utilizado. El conductor de dicho vehículo puede ser enviado a un municipio contiguo a hacer una diligencia oficial. Ni la alegación de que el automóvil •en cuestión era un Ford de dos asientos, ni la aseveración de que el accidente ocurrió fuera de los límites del municipio bastaba para destruir el efecto de las otras alegaciones. El juez de distrito no cometió error en su conclusión de que estaban envueltos actos de los empleados municipales en el servicio de limpieza, ora tales empleados se dedicaran o no a la remoción material de basura en el momento del accidente.

En apoyo de su segunda contención los apelantes citan: Compañía Industrial de Aguadilla v. Municipio de Aguadilla, 47 D.P.R. 547; Suau v. Capital de Puerto Rico, 50 D.P.R. 768; Kaufman v. City of Tallahassee (Fla.), 94 So. 697; Huddy on Automobiles 924, 925 (alegato apelantes pág. 7); 4 Blashfield, Cyclopedia of Automobile Law and Practice (1930 Cum.) 1313; artículo 17 de la Ley de Automóviles (Leyes de 1916, pág. 144); Jones v. Town of Clarkson, 223 N. Y. 611 (130 Misc. Rep. 57); los artículos 1-4 inclusive y 46 de la Ley nfrm. 99 “Para establecer un gobierno especial para la Capital de Puerto Rico, y para otros fines”, aprobada el 15 de mayo, 1931 (Leyes de ese año, pág. 627); los artícu-los 1802 y 1803 del Código Civil (ed. de 1930).

Si al momento de ocurrir el accidente el municipio se dedicaba al ejercicio de funciones estrictamente gubernamen-tales, éste no era responsable a menos que el estatuto así lo dispusiera. Véanse 6 McQuillin, The Law of Municipal Corporation (2a. ed.) 1038, 1045 y 1048, secciones 2792 y 2793; Villegas v. Municipio de San Juan, 19 D.P.R. 419; Compañía Industrial de Aguadilla v. Mwiicipio de Aguadilla, supra, y Colón v. Gobierno de la Capital, 57 D.P.R. 15. El artículo 17 de la Ley de Automóviles y los artículos 1 a 4 inclusive y 46 de la Ley núm. 99 “Para establecer un gobierno especial para la Capital de Puerto Rico, y para otros fines”, supra, aprobada el 15 de mayo, 1931 (Leyes de ese año, pág. 627) no tienen el efecto atribuídoles por los apelantes. 5 Blaskfieid, Cyclopedia of Automobile Law & Practice, Permanent Edition, 1935, 10, sección 2889; Lacoch v. Schenectady, 168 N. E. 433. Véanse Compañía Industrial de Aguadilla v. Minicipio de Aguadilla, supra, y Colón v. Gobierno de la Capital, supra.

El artículo 3 de la “Ley para establecer un gobierno especial para la Capital de Puerto Rico, y para otros fines,” supra, lee así:

“Los habitantes de la capital por la presente, y desde la fecha de la vigencia de esta Ley, quedan constituidos en una corporación política y jurídica que llevará el nombre de ‘ Capital de Puerto Rico ’, y como tal corporación jurídica y política tendrá personalidad per-petua, y disfrutará de todos los derechos, facultades y privilegios y cumplirá todas aquellas obligaciones que actualmente de acuerdo con la legislación vigente tiene el Municipio de San Juan, Puerto Rico, todo lo cual disfrutará y ejercerá la capital de acuerdo con las limi-taciones y poderes provistos en la presente Ley; Disponiéndose, que la capital quedará subrogada, a todos los efectos, en los derechos, acciones y obligaciones del Municipio de San Juan.”

Kisto sin más basta para distinguir el presente caso del de Kaufman v. City of Tallahassee, supra. Véase la monografía al caso de Kaufman en 30 A.L.R. 473, 474. Aunque parece haber alguna divergencia de criterio, el más correcto es, a nuestro juicio, que un municipio en el recogido y dis-posición de la basura actúa en su carácter gubernamental. Véanse McQuillin, The Law of Municipal Corporations (2a. ed. 1937) 1058, 1092, 1094, secciones 2796, 2807; Loube v. District of Columbia, 92 F. (2d) 473-^Baumgardner v. City of Boston, 23 N. E. (2d) 121; la nota al caso de Harris v. District of Columbia, 14 A.L.R. 1477. Pero véase la monografía al caso de Devers v. Scranton, 85 A.L.R. 696; Miller v. Town of Irondequoit, 243 App. Div. 240, 276 N.Y.S. 497; monografía al caso de Evans v. Berry, 89 A.L.R. 395; Devers v. City of Scranton (Pa.), 161 A. 540, 85 A.L.R. 692; Schumcher v. City of Milwaukee (Wis.), 243 N.W. 756.

El juez de distrito no cometió error al decidir que la Capital de Puerto Rico no era responsable de los actos de sus empleados y agentes cuando ella actuaba en su capacidad gubernamental, ni al declarar sin lugar la demanda sobre esa teoría.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    José Camilo Montañez, conocido por José Sosa, y representado por su defensora judicial Obdulia Sosa Vda. de González, demandante y apelado, v. Alois A. Fix, demandado y apelante.
    Núm. 7755.

    Sometido: Abril 2, 1940.

      Resuelto: Octubre 28, 1940.

      E. H. F. Dottin, abogado del apelante;

      F. Fernández Guyar y H. González Blanes, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos que dieron origen a este caso, según aparecen de la Relación del Caso y Opinión emitida por, la Corte de Distrito de San Juan, son los siguientes:

“José Camilo Montañez, conocido por José Sosa, el demandante en esta acción, es un menor de edad, hijo legítimo de Evaristo Camilo y de Herminia Montañez, quien nació en Trujillo Alto, el 6 de enero de 1920. Es huérfano de madre, la que falleció el 2 de abril de 1931, y su padre le abandonó desde temprana edad, ignorándose su (sic) defensora judicial doña Obdulia Sosa Vda. González, quien es su tía y madre de crianza.
“El accidente que es objeto de investigación en este juicio, ocurrió el 11 de junio de 1935, por lo que el menor demandante tenía en-tonces 15 años, 5 meses y 5 días de edad.
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“Por el resultado de las alegaciones, de la estipulación de las partes en el acto del juicio, y de la evidencia practicada, la corte declara probado, además de lo expuesto en el primer párrafo de esta opinión, que el demandado Alois A. Fix es el patrono en una pro-, piedad o finca rústica, en la que tiene establecido un negocio de va-quería o producción, transportación y venta de leche; que allá el día 9 de mayo de 1935, el demandado empleó al demandante a su servicio en la mencionada propiedad, pagándole un salario de $2.50 por semana y ocupándolo en el pastoreo y vigilancia de ganado va-cuno, ocupación que el demandante tenía que desempeñar montado a caballo; que en ese empleo el demandante debía pastorear y pas-toreaba alrededor de 40 cabezas de ganado vacuno diariamente, in-cluso los domingos, teniendo una bora de descanso para almorzar; que allá el día 11 de junio de 1935, como a las 2 de la tarde, estando el demandante montado a caballo llevando a cabo su labor de pastoreo y de vigilancia del ganado, una de las reses se salió del cercado y pasó a la finca contigua; que el demandante, en cumplimiento de su deber, persiguió el animal y cruzó una zanja o quebrada que divide las dos fincas, cuando las patas delanteras del caballo que montaba se enredaron en un alambre y el demandante eayój su-friendo la fractura del brazo izquierdo; y que el demandante fué recluido en la Clínica Pereira Leal, de Río Piedras, donde perma-neció bajo tratamiento médico durante 42 días, al cabo de los cuales fué dado de alta. El demandado pagó los gastos de hospitalización.”

La estipulación de las partes fué sustancialmente al efecto de que el demandado se dedicaba al neg'ocio de producción, transporte y venta de leche; que el demandado 'empleaba al demandante en el pastoreo de ganado, trabajo- que el deman-dante tenia que efectuar montado a caballo; que mientras realizaba este trabajo el demandante sufrió un accidente que le ocasionó la fractura del brazo izquierdo. El demandante igualmente puso al demandado 'en la silla testifical y éste declaró en torno a los hechos relacionados con su propia ocu-pación y. en cuanto al empleo del menor y más o menos en tanto en cuanto él sabía sobre la forma en qu'e ocurrió el accidente.

En la prueba surgió la discusión de si el caballo era o no manso, mas la corte inferior no decidió la cuestión y resol-vió que la prueba era contradictoria. Podemos aceptar como un. hecho no probado que el caballo era un animal peligroso o que la necesidad de montarlo hacía que la ocupación fuera peligrosa. Por regia general el menor iba acompañado por otros dos peones que le ayudaban a cuidar el ganado. El demandado no tenía motivos para esperar que ocurriera este accidente.

Aun si el demandante hubiera probado que el caballo era un animal peligroso, el becbo sería impertinente, toda vez que el accidente fué causado no por los resabios del animal sino porque el caballo en que iba montado el menor tropezó con un trozo de alambre de púas, resbaló y el menor cayó al suelo. Si este niño hubiera sido mayor de. 16 años de edad, no resolveríamos que hubo negligencia por parte del demandado al enviar tal niño a cuidar del ganado.

Bajo todas las circunstancias del caso el riesgo asumido por este menor no fué distinto al de cualquier otro peón, suponiendo que él tuviera la edad necesaria. La corte, sin embargo, basó su sentencia contra el demandado en el fun-damento de que éste no tenía derecho a emplear al menor demandante en un empleo lucrativo.

Aceptando como ciertos los hechos que estimó probados la corte inferior a virtud de la prueba y de la estipulación de las partes, entonces, si el demandante hubiese sido mayor de 16 años en la fecha del accidente, la inexistencia de su causa de acción hubiera sido manifiesta, pues la evidencia no demuestra en forma alguna que la causa próxima del accidente fuese la negligencia del demandado. Mas como para dicha fecha el demandante no había cumplido aun la edad de 16 años., surge la cuestión de si el emplearlo en tales condiciones era o no legal, habida cuenta de que no tenía un permiso del Departamento del Trabajo para ser empleado.

La corte inferior estimó que el demandado había infrin-gido la Ley núm. 75, “Para reglamentar el empleo de meno-res y disponer la asistencia obligatoria de los niños de Puerto.. Rico a las escuelas, y para otros fines,” aprobada el 20' de julio de 1921 (Leyes de ese año, pág. 679), enmendada en sus artículos 1, 3, 5, 6 y 13 por la núm. 64 de 31 de julio de 1925 (Leyes de ese año, pág. 339), y considerando que 'el demandado había infringido la ley al emplear al demandante, lo hizo responsable de los daños sufridos por éste.

La citada Ley núm. 75 declara compulsoria la asistencia a las escuelas, de niños entre las edades de 8 y 14 años (art. 21), siendo su propósito que todo niño comprendido en dicha edad reciba instrucción, a menos que se obtenga una escusa del Comisionado de Educación cuando después del examen que especifique dicho funcionario el niño “resulte mental o físicamente incapacitado para asistir.” (Art. 24.)

Sin embargo, el artículo 2 dispone lo siguiente:

“Ningún niño menor de catorce años de edad será empleado, ni se le permitirá ni tolerará que trabaje en Puerto Rico, en ninguna ocupación lucrativa, ni en relación con ella, excepción heeba de lo que dispone el Artículo 14 de esta Ley, excepción hecha también del trabajo doméstico, y en granjas y jardines.”

A primera vista parece indicar dicho artículo que niños menores de 14 años pueden ser empleados durante, el curso •escolar en el trabajo doméstico y en granjas y jardines, lo cual estaría en conflicto con los artículos 21 y 24 antes cita-dos y en pugna también con el manifiesto propósito de la ley de exterminar el analfabetismo, obligando a todo niño de edad escolar, excepto los mental o físicamente incapaci-tados, a asistir regularmente a las escuelas.

La excepción relativa al trabajo doméstico y al de gran-jas y jardines, es una excepción a la excepción que hace dicho artículo de aquellos niños menores de catorce años que obtienen permisos especiales para trabajar durante las vacaciones, prescribiendo el citado artículo 2 que un niño de edad escolar no necesita dicho permiso cuando la labor a que se dedique en las vacaciones consista de trabajos domés-ticos o en granjas' o 'en jardines.

Cumplidos los catorce años, la asistencia a la escuela no es compulsoria, pero velando el legislador por la salud y buen desarrollo físico de los menores de 16 años, prohibe su empleo en ocupaciones lucrativas sin el permiso a que se refieren los artículos 8 y siguientes, el cual les expide el Departamento del Trabajo luego de un exam'en físico y de cumplirse ciertos requisitos legales. Exceptúanse de la necesidad de tal permiso los que hayan cumplido 14 años y no hayan llegado a 16, que hayan de dedicarse a trabajo doméstico o en granjas (“farms” en la edición inglesa) o jardines. Véanse entre otros, los artículos 3 y 8 de la ley.

En el caso de autos, como hemos visto, el demandante en la fecha del accidente estaba próximo a cumplir 16 años, o lo que es lo mismo, había salido de la edad escolar, y se empleaba en pastorear vacas en la finca del demandado, la cual era dedicada a la producción y venta de leche. En tales circunstancias, ¿infringía la ley el demandado' al emplear al demandante sin tener éste un permiso del Departamento del Trabajo? Indudablemente que no. La finca del deman-dado, llámese estancia, granja o plantación, está comprendida en el vocablo “farm” que usa la edición inglesa y en el de “granja” de la edición española, y por consiguiente no nece-sitaba el demandante permiso alguno para trabajar en ella, teniendo como tenía más de catorce años de edad.

La corte inferior cita en su opinión los casos de Rivera y Ribas, 31 D.P.R. 361, y Cruz v. Central Pasto Viejo, Inc., 44 D.P.R. 367. Pero ni uno ni otro son aplicables a la cues-tión en controversia, pues en ellos se trataba de niños de 13 y 9 años de edad respectivamente y el accidente ocurrió durante el curso escolar, por lo que su empleo era comple-tamente ilegal, siendo por consiguiente responsable el patrono de los daños sufridos por dichos menores.

Insiste además el demandado en qu'e el remedio ade•cuado del demandante era acudir a la Comisión Industrial, y a nuestro juicio ése era el procedimiento que correspondía. .Para la época en que la corte de distrito resolvió el caso la regla existente era que un menor empleado ilegalmente no podía obtener compensación y así lo resolvimos en el caso de Montaner v. Comisión Industrial, 53 D.P.R. 518, teoría que fué más tarde revocada en reconsideración. Montaner v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 67.

El demandado era im patrono asegurado y el demandante pudo haber recobrado la suma que le correspondiera bajo los términos de la póliza.

Todo esto, sin embargo, es cuestión que no puede perju-dicar en forma alguna los derechos del demandado, y resulta, por ende, puramente académica en este caso.

Siendo perfectamente legal el empleo del demandante por el demandado y no apareciendo que el accidente ocurriera por la culpa o negligencia de éste, procede- declarar con lugar el recurso, revocar la sentencia apelada y en su lugar dictar la q_ue debió haber dictado la corte de distrito, a saber, deses-timar la demanda con imposición de costas al demandante, sin incluir honorarios de abogado.


text:
    Fausto Ortiz Ginorio y Josefa Bigles Ortiz, haciendo negocios bajo el nombre de Gillwood Cigar Company, demandantes y apelantes, v. McCormick Steamship Company, demandada y apelada.
    Núm. 8034.

    Sometido: Mayo 9, 1940.

      Resuelto: Octubre 28, 1940.

      Enrique Igaravídez, abogado -de los apelantes;

      Brown, González &: Newson, abogados de la apelada.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, sociedad que hace negocios bajo la razón', social de Gillwood Cigar Company, y a la que en lo sucesiva-nos referiremos con el apelativo de Gillwo-od, como arrenda-taria de la planta baja de un edificio, subarrendó parte de la' misma a la McCormick Steamship Company — compañía que.-de aquí en adelante designaremos con el nombre de McCormick — para que ésta la utilizara en el almacenaje de arroz: y de otras clases de carga. En la azotea, sobre aquella parte de la planta baja de que Gillwood permaneció en posesión, existía un mirador. Para llegar a aquella parte de la azotea que está sobre la planta baja ocupada por McCormick, era necesario atravesar dicho mirador. Durante las noches del. 14 y 15 de junio de 1937 agua de lluvia dei la azotea penetró'' en la parte del edificio ocupada por McCormick y averio una cantidad considerable de arroz.

Los letrados de McCormick, en carta fechada el 22 de junio, hicieron referencia a información que decían haber sido suministrada previamente a Gillwood por McCormick el 17 del mismo mes en relación con los daños ocasionados y exigían el pago de los mismos. El letrado de Gillwood, en carta fechada el 30 de junio niega toda responsabilidad. McCormick entonces entregó 201 sacos d'e arroz averiados a Ignacio Lomba, quien a instancias de McCormick reacondi-oionó, trasegó y vendió parte del mismo. Más tarde Gillwood instó demanda ante la Corte Municipal en cobro de los cáno-nes de arrendamiento en descubierto, .y McCormick presentó contrademanda de daños y perjuicios. No hubo cuestión alguna sobre los cánones de arrendamiento ni en la corte municipal ni en la de distrito. En ambos tribunales Gill-wood obtuvo sentencia por $279.19 y McCormick por $342.62 ■con intereses sobre la diferencia entre las dos cantidades .a partir de la fecha de la radicación de la contrademanda, más las costas.

El primer señalamiento es que la corte de distrito erró al sostener que el fundamento de la contrademanda no es una acción redhibitoria y al sostener en su consecuencia que dicha acción no estaba prescrita a virtud de las disposiciones del artículo 1379 del Código Civil (ed. 1930). Ese artículo dispone que “las acciones que emanan de lo dispuesto en los cinco artículos precedentes se extinguirán a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida.’’

La posesión de McCormick bajo el contrato de subarren-damiento databa desde el 8 de marzo de 1937. La contra-demanda estaba fechada el 23 de septiembre. No contiene sello de radicación. El artículo 1873 del Código Civil (ed. 1930) provee:

“Artículo 1873. — La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.”

La carta de junio 22, supra, fue una “reclamación extrajudicial.” Interrumpió el transcurso del término de seis meses. La acción no había prescrito. En su consecuencia, en lo que a la cuestión de prescripción se refiere, el error, de haberlo, al resolverse que la causa de acción alegada en la contrademanda no era una acción para rescindir el contrato de arrendamiento, no fue perjudicial.

Los señalamientos segundo y tercero son que la corte de distrito erró al sostener que la contrademanda se basaba en los preceptos del artículo 1446 del Código Civil y al-sostener que la contrademandante alegó y probó una causa de acción suficiente.

“Son aplicables al contrato de arrendamiento las dispo-siciones sobre saneamiento contenidas en el título de la com-praventa.” Artículo 1443.
“El vendedor está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta.” Artículo 1350.

A virtud de este, saneamiento el vendedor responde “de los vicios o defectos ocultos que la cosa vendida tuviere.” Artículo-1363. “El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si ■ la hacen impropia para el uso a que se la destina.” Artículo 1373. “El vendedor responde al comprador del saneamiento por los vicios o defectos ocultos en la cosa vendida aunque los ignorase.” Artículo 1374.

En lo que a Gillwood y McCormick se refería, la pose-sión y dominio que el dueño tenía sobre la azotea equivalía a la posesión y dominio de Gillwood. Su saneamiento incluía la garantía de que el almacén estaba exento de defectos ocul-tos que pudieran hacerlo impropio para el almacenaje de arroz o de otra carga susceptible de ser averiada por los elementos.

El arrendador está obligado entre otras cosas a hacer en la propiedad arrendada “todas las reparaciones necesarias a fin de conservarla en estado de servir para el uso a que ha sido destinada.” Código Civil, artículo 1444. Si no cumpliere con tal obligación, el arrendatario, de conformidad con el artículo 1446 “podrá pedir la rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjuicios, o sólo esto último, dejando el contrato subsistente.”

De acuerdo con el artículo 1449 el arrendatario está obli-gado a poner en conocimiento del dueño la necesidad de todas las reparaciones requeridas a fin de conservarla en estado de servir para el fin previsto en el contrato de arrendamiento. Esta disposición presupone aquella posesión y dominio por parte del arrendatario que le permita cumplir el requisito ■estatutario. No impone al arrendatario de la planta baja de un edificio la obligación de notificar a su arrendador, que retiene la posesión y dominio de la azotea, ele que es nece-sario hacer en ésta reparaciones.

McCormick alegó que la filtración se debió a defectos ocultos en la azotea, de los cuales no tenía conocimiento. Alagó igualmente que aquella parte de la azotea constituía también el piso (sic) del mirador. Este y su piso — así como aquella parte de la azotea no ocupada por el mirador — no estaban incluidos en el contrato de arrendamiento y McCormick nunca estuvo en posesión de ellos. Como resultado de dichos defectos y como resultado de haber dejado Grillwood de mantener y conservar la propiedad aimendada en estado de servir para el uso a que se la destinaba, McCormick sufrió daños y perjuicios ascendentes a la suma de $342.62. Esas alegaciones fueron lo suficientemente amplias para que se concediera una indemnización, bien bajo la teoría de defectos ocultos existentes al tiempo de efectuarse el contrato d'e arrendamiento o en la teoría de que posteriormente GriLwood dejó de reparar la azotea.

De una estipulación de hechos se desprende que en diciem-bre de 1936 y en enero de 1937 había llovido continuamente por espacio de veinte días y el techo no se había filtrado. De ello no se colige que los defectos existentes en junio de 1937 no existían en enero de dicho año. La segunda prueba a que se le sometió puede o no haber sido más severa que la pri-mera. Nada hay que demuestre que durante cualquiera de los días o de las noches del referido período de veinte días, la cantidad de lluvia que cayó fué igual o similar a la que cayó durante la noche del 14 de junio o durante la noche del 15 de junio. Nada hay que indique si otras condiciones, incluyendo la del desagüe, fueron o no idénticas en ambas ocasiones. Sin embargo, dado el criterio que. adoptamos del caso, no es necesario que especulemos más a este respecto.

No hay duda alguna de la necesidad que había de hacer reparaciones en y antes de la época en que se descubrieron los defectos en cuestión. Estos defectos fueron fácilmente corregidos mediante la aplicación de brea en aquellos luga-res en que la azotea se unía a las paredes del edificio. Nada hay en qué basar la conclusión de si los defectos, en o antes del momento de ser descubiertos, eran invisibles o conspi-cuos. Si existían como defectos ocultos al otorgarse el contrato de arrendamiento, G-illwood era responsable de con-formidad con el saneamiento prescrito por el estatuto. De no ser así, era responsable de daños y perjuicios por haber dejado de inspeccionar y reparar la azotea en cualquier momento antes de sobrevenir la avería. Si McCormick no tenía derecho a obtener indemnización a base dei la primera de las dos teorías alternativas alegadas en la contrademanda, tenía derecho a .obtenerla a base de la segunda de dichas dos teorías.

El cuarto señalamiento es que la corte inferior erró al aplicar a este caso la doctrina de res ipsa loquitur.

La obligación de hacer todas las reparaciones necesarias, conforme hemos demostrado, correspondía a Grillwood. En lo que a él y McCormick se refería, él ocupaba exactamente la misma posición que el dueño, contra quien él tenía su pro-pia causa da acción. No hay duda alguna de la existencia de defectos al momento de ocurrir el daño. Inmediatamente después tales defectos fueron corregidos sin dificultad alguna. No habiendo la menor prueba en contrario, la inferencia es que dichos defectos fueron obvios y que pudieron ser fácil-mente descubiertos haciendo uua inspección de la azotea tanto antas como después de la lluvia que produjo la avería. El dueño, arrendador de Gillwood, estaba en posesión y domi-nio de la azotea, y en lo que a la presente controversia con-cierne, su posesión y dominio deben considerarse como la posesión y dominio de Gillwood. En las autoridades citadas por Gillwood — Correa v. Fajardo Sugar Company, 29 D.P.R. 360, y 20 R.C.L. 185, sección 156 — no bailamos nada que jus-tifique la revocación. Véase también Torres v. Fernández, 56 D.P.R. 482.

El quinto señalamiento tiene más mérito. Es al efecto de que la corte de distrito cometió error al sostener que McCormick había sido diligente en la mitigación de los daños y al decidir que Gillwood no podía quejarse de la tar-danza de McCormick ’ a este respecto. Lomba, el perito empleado por McCormick para reacondicionar el arroz unas dos- semanas después de la avería, declaró en síntesis que al llamársele para que examinara el arroz ya el daño existía, y que si se le hubieran entregado los 201 sacos un día o dos después de la avería el número de sacos perdidos se hubiera reducido de 40 a 15. Así pues, se desprende que aproxima-damente dos terceras partes por lo menos de los daños recla-mados por McCormick quizá pudieron ser evitados.

Otras cuestiones, tal cual han sido observadas en el ale-gato' de la apelante, no requieren discusión separada.

Debe modificarse la sentencia reduciendo la cuantía de los daños y perjuicios concedidos a McCormick de $342.62 con. intereses sobre la diferencia entre dicha suma y el importe de los cánones de arrendamiento adeudados a Gillwood, a $140^-con'cediéndose también las costas a Gilhvood — y así modificada, confirmarse.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.