author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Ismael Rivera, demandante y apelado, v. Eloísa Casiano de Toro y su Esposo Pascual Toro y la Sociedad de Gananciales qúe Ellos Constituyen, demandados y apelantes.
    Núm. 9485.

    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Febrero 13, 1948.

      Enrique Báez García, abogado de los apelantes; Ildefonso Freyre abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Ismael Riverá, policía insular, radicó una demanda de daños y perjucios ante la Corte de Distrito de Mayagüez ale-gando que el 6 de octubre de 1945, como una de las funcio-nes de su cargo, acompañó a otros miembros de la Policía Insular a ejecutar una orden de allanamiento en la residen-cia de los demandados; que en 9 de octubre de 1945, la de-mandada maliciosamente y sin que existiera causa probable ni motivo alguno para ello, juró e hizo radicar en la Corte Municipal de San Germán, una denuncia criminal imputando al demandante la comisión de un delito de acometimiento y agresión grave en contra de la demandada consistente en que dicho policía había acometido y agredido con las manos a la denunciante, agarrándola fuertemente por un brazo, em-pujándola y metiéndole las manos por dentro del seno, cau-sándole varios rasguños y quedándose ella con fuertes dolo-res en todo el cuerpo; que a virtud de dicha denuncia el de-mandante fué arrestado y tuvo que prestar una fianza para poder permanecer en libertad; que en 9 de enero de 1946 la demandada presentó una moción ante la Corte Municipal de San Germán en la cual informaba a la corte que ella había sufrido un error por cuanto el policía Ismael Rivera no ha-bía intervenido para nada con ella y solicitó de la corte que decretara el archivo del caso, lo cual se hizo; que la actúa-ción de los demandados expuso al demandante al menospre-cio, odio y descrédito del público, le produjo intenso dolor moral, profunda agonía mental y depresión en su ánimo y le causó daños y perjuicios ascendentes a la cantidad de $5,000.

Contestaron los demandados aceptando el hecho de la ra-dicación de ia denuncia por la codemandada Eloísa Toro pero negando que dicha denuncia fuera presentada maliciosamente y sin causa probable; que ésta fué presentada después de haber la codemandada consultado con un abogado; y que la denunciante estaba protegida por el consejo de un abogado. Celebrado el juicio, la corte dictó sentencia condenando a los demandados a pagar al demandante “$3,500 de principal, con intereses legales sobre dicha suma desde la fecha de la sentencia hasta su total pago y más las costas, gastos, des-embolsos y $300 para honorarios de abogado.”

Señalan los apelantes varios errores que a su juicio fue-ron cometidos por la corte inferior, dos de los cuales son (1) “que la Corte de Distrito de Mayagüez cometió error al de-clarar que la demandada actuó con malicia”, y (2) que “co-metió error al declarar que la demandada Eloísa Casiano no estaba protegida por el consejo de su abogado.”

Arguye el apelante que es doctrina establecida la de que en una acción por persecución maliciosa, el demandado está protegido por el consejo de un abogado; que la absolución del policía Rivera no se debió al hecho de que no se hiciera una relación amplia, completa y yeraz sino al hecho inexpug-nable de que la demandante -sufrió un error en cuanto al nombre del policía; que en este caso el factor “malicia” su-cumbe ante el factor “error” y que la forma misma de ocu-rrir los hechos demuestran falta de malicia.

La prueba ofrecida en este caso, en síntesis, demostró que el demandante, en compañía del detective Frati'celli y otros dos miembros de la Policía Insular, allanaron me-diante una orden la residencia de los demandados; que en-contraron a la señora de Toro sola en la sala; que ésta corrió hacia el cuarto dormitorio y fué seguida por el detective Fraticelli; que ya en el cuarto se entabló una dis-cusión entre Fraticelli y la demandada debido a que él 1®* reclamaba a ella ciertos papeles que ella recogió de sobre, la cama y se los metió en el seno; que los otros agentes poli-cíacos permanecieron fuera del cuarto y no vieron lo que allí ocurrió, pero sí oyeron la discusión; que dichos agentes una vez practicada la búsqueda, sin haber hallado material de- bolita o bolipul alguno, abandonaron la casa todos jun-tos; que dos días después de haber ocurrido esto, la deman-dada, alegando haber sido acometida y agredida por uno de los policías, visitó al Lie. García Yanguas haciéndole una exposición de hechos al efecto de que ella fué agredida por el policía Ismael Rivera, en el cuarto de su casa, cuando éste trató de sacarle algo que ella tenía en el seno; que dicho abogado la aconsejó en el sentido de que presentara una de-nuncia contra dicho policía por acometimiento y agresión grave; que García Yanguas preparó la denuncia y se la en-tregó a la demandada con instrucciones de que fuera a ju-rarla ante el Juez de Paz de Sabana Grande, lo cual hizo; que el día señalado para el juicio y estando en la corte la demandada, en compañía de su abogado, éste le pidió que le señalara el policía que la había agredido y ella le señaló a Fraticelli en vez de Ismael Rivera; que se dieron cuenta entonces de que habían denunciado a un policía distinto y se solicitó de la corte que se archivara el caso y se archivó.

Ante esa prueba la corte inferior se expresó así: “En cuanto a la defensa de que la demandada actuó por consejo de abogado la Corte desecha la misma por entender que la demandada no hizo al Lie. García Yanguas una relación am-plia, completa y veraz de todos los hechos del caso. La Corte ha llegado a la conclusión de que la demandada fué donde el Lie. García Yanguas eon la idea premeditada de formu-lar una denuncia contra cualquiera de los miembros de la policía como un desquite por la ejecución de la orden de alla-namiento que se había ejecutado ...”

La demandada apelante ofreció en evidencia el testimo-.nio del Lie. García Yanguas, el cual fné como a continnación ■copiamos:

“P. — ¿Usted tiene la bondad de explicarle a la Corte cuál fné :su intervención en este cas o?
R. — Bueno, yo me encontraba en mi oficina de abogado-notario —parte del día estoy en la oficina de Juez de Paz y parte en mi •oficina de abogado-notario — y encontrándome en mi oficina de abo-gado-notario llegó la señora, en compañía de otra jovencita, a con-sultarme sobre hechos que habían ocurrido en Sabana Grande.
Ledo. Freyre: .4Qué ella decía?
Testigo: Que ella decía, hechos que ella manifestaba que habían ocurrido en Sabana Grande. Me hizo una amplia exposición de ■hechos y después de oírla le dije: si los hechos, señora, son tal como usted los expone, entonces entiendo que si ese policía hizo eso se extralimitó en las funciones de su cargo y usted puede denun-ciarlo si quiere.”

.Más adelante continúa declarando como sigue:

“P. % Entonces qué ocurrió en la Corte Municipal?
R. Al llegar allí a la corte yo le pedí a ella que me señalara al policía y me señaló a otro policía;
P. ¿A qué policía le señaló?
R. Ella señaló a Fraticelli. Entonces yo le dije: Mire, ése no es el policía que usted denunció. Usted a quien denunció fué al poli-cía Ismael Rivera. ■ Entonces ella se puso las manos en la cabeza y dijo: ‘¡ay! ¿cómo arreglaremos eso?’ Entonces yo me puse a pen-sar qué hacer. Entonces hablé con el juez y le expliqué al juez lo que pasaba.
P. ¿Y los policías dónde estaban?
2. Allí - estaban Fraticelli, y este señor también estaba, juntos en la oficina del juez todos. Entonces yo le dije: Tiene que archivar ■el caso. Este caso está contra un policía distinto. Entonces en la misma maquinilla del secretario me sentó y ahí, rápidamente, a base •de lo que ella me decía: que había sufrido un error en cuanto al nombre del policía que había denunciado, le preparé una moción solicitando de la corte, que en vista del error habido, ordenara, el .sobreseimiento y archivo del caso, previo pago de las costas. Enton--ces allí mismo, delante de la secretaria, ella firmó y juró la moción, .y-firmé yo como abogado, y el caso se archivó.”

Cualquier persona que iniciare o comenzare una acción criminal contra otra que no fnere culpable del delito imputado, es responsable a dicha persona por el daño sufrido por ella si la acción criminal fué iniciada sin causa probable, con malicia, y es decidida favorablemente al acusado. Restatement of the Law of Torts, Yol. Ill, pág. 382. La malicia puede ser expresa o tácita y se presume cuando se imputa la comisión de un acto constitutivo de delito a un ex-traño. Casanova v. González Padín, 47 D.P.R. 488. En este caso se formuló una denuncia de acometimiento y agresión grave contra el demandante, equivocadamente y por error. La demandada no hizo las gestiones pertinentes para averiguar con certeza el nombre de su presunto agresor. Descansó en la información suministrádale por un espectador que estaba dentro de un grupo de personas que se hallaba frente a la casa de ella cuando se efectuaba el allanamiento. La apelante pudo, mediante una ligera investigación y a través de fuentes confiables, cerciorarse del nombre de la persona a quien ella intentaba denunciar. Bajo estas circunstancias tenemos que presumir que ella actuó maliciosamente. Sobre este particular, 34 Am. Jur. pág. 735, sec. 51, dice lo siguiente:

“La omisión, por parte de una persona que ha recibido informes tendientes a demostrar la comisión de un delito,, de hacer la inves-tigación adicional que una persona ordinariamente prudente hubiese hecho bajo las mismas circunstancias, antes de instituir un proce-dimiento, la hace responsable por haber procedido sin causa probable. Uno no puede confiar sin investigación adicional en los informes de otra persona, cuando los informes recibidos son tales que inducen a una persona prudente y cuidadosa a investigar.”

Para que la defensa de haberse procedido por consejo de abogado pueda interponerse con éxito es necesario probar claramente que se hizo una relación veraz, total y completa al abogado con quien se aconsejó y que se procedió a denunciar después de haber hecho tal consulta de buena fe. En el caso de Vélez v. Bonelli, 46 D.P.R. 28, se resolvió (copiando del sumario) que el consejo legal en que se basó una persona para procesar a otra por hurto, no la ampararía en la. acción de daños y perjuicios seguídale por persecución maliciosa, cuando aparece que no se expusieron ampliamente y con veracidad todos los hechos á los letrados que dieron tal consejo, o que se dió basado en un estado de hechos que no existió, o después de la radicación de la denuncia que motivó tal acción. Y en Restatement of the Lem, Torts, Yol. Ill, pág. 420, refiriéndose a esta misma cuestión, aparece que:

“La ocultación de un hecho que debería ser reconocido como subs-tancial a la exposición de hechos como conocidos por el cliente pero de los cuales éste tiene una mera sospecha o sobre los cuales como hombre razonable él debería reconocer que necesitan investigación adicional, destruye la protección dada por el consejo de abogado.”

No hay duda de que la demandada en el caso de autos no le hizo una exposición amplia y completa de todos los hechos al Lie. García Yanguas, puesto que no le informó correcta-mente el nombre de su alegado agresor. No erró la corte, por lo tanto, al declarar que la demandada no estaba prote-gida por el consejo de su abogado.

Como tercer señalamiento se alega que la corte inferior cometió error “al declarar con lugar la demanda contra Pascual Toro y contra la sociedad de gananciales porque la demanda ni los hechos probados constituyen una causa de acción contra ellos a favor del demandante.”

No tiene razón el apelante. Hubo prueba, ofrecida por c-1 demandante, al efecto de que Pascual Toro instigó, acon-sejó y se puso de acuerdo con su esposa para formular la de-nuncia. Dicha prueba fue creída por la corte inferior, la cual, a este respecto, se expresó así: “La corte no tiene duda, por el resultado de la evidencia, que ambos demandados se pusieron de acuerdo para establecer la denuncia criminal contra el demandante Ismael Rivera.” El juez sentencia-dor dió entero crédito a la prueba ofrecida por el deman-dante y concluyó que Pascual Toro fué responsable al igual que su esposa de formular la denuncia contra el demandante. Diclia conclusión está sostenida por la prueba y no habién-dose demostrado la existencia de pasión, prejuicio o parcia-, lidad, no la alteraremos en apelación. Siendo esto así, la de-manda aduce hechos constitutivos de causa de acción contra el codemandado Pascual Toro.

Alegan los apelantes que no existe causa de acción contra la sociedad de gananciales. La sociedad es una entidad completamente distinta de la de los cónyuges que la componen. Ex Parte García, 54 D.P.R. 503. No es, por lo tanto, responsable por los daños causados por alguno de los miembros que la componen. Sin embargo, cuando el cónyuge causante de los daños no tiene bienes privativos o éstos son insuficientes, podrá repetirse contra los gananciales. Así lo dispone el Código Civil, edición de 1930, en el artículo 1310, el cual, en su parte pertinente, reza así:

". . . Sin embargo, el pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer con anterioridad al matrimonio, y el de las multas y condenas que se le impongan, podrá repetirse contra los ganancia-les después de cubiertas las atenciones que enumera el artículo 1308, si el cónyuge deudor no tuviese capital propio o fuera insuficiente; pero al tiempo de liquidarse la sociedad se le cargará lo satisfecho por los conceptos expresados.”

A este respecto, Manresa, en sus Comentarios al Código Civil, Yol. 9, pág. 633, (edición de 1904) refiriéndose al ar-tículo 1410, equivalente al 1310 de nuestro Código Civil, dice lo siguiente:

"Las deudas y obligaciones anteriores al matrimonio, y las mul-tas y condenas pecuniarias impuestas durante el mismo, son a cargo del cónyuge deudor o responsable. Debe pagar con sus propios bienes.
"Pero puede ocurrir que no sean suficientes esos bienes o que no los tenga, y existan, en cambio, bienes gananciales, que, por serlo, deben pertenecer a ambos esposos: La ley prevé este caso y dispone que en él pueda repetirse contra los bienes gananciales, después de cubiertas las atenciones que enumera el art. 1408, con la condición de que al tiempo de la liquidación de la sociedad se cargue al cón-yuge responsable lo satisfecho por él por los conceptos expresados.
“El precepto se presenta tan natural, que a primera vista no puede menos de sentirse su justicia. La sociedad no es la obligada al pago, pero median intereses legítimos, hay acreedores que no deben perder sus créditos, hay que reparar un mal o un daño, o indemni-zar un perjuicio, y la ley ante la carencia de bienes privativos del cónyuge deudor o responsable, y la existencia de gananciales sobran-tes, ordena el pago, la reparación o la indemnización que procedan a costa de la sociedad, pero disponiendo que en su día se le descuente a ese cónyuge en su respectivo haber.”

El próximo señalamiento está dirigido a la insufi-ciencia de la prueba.

Hemos becbo un detenido estudio de la prueba aportada en esté caso y encontramos que la misma es suficiente para sostener las conclusiones a que llegó la corte inferior. No se nos lia demostrado la existencia de pasión, prejuicio o parcialidad. Por tanto, deben ser sostenidas.

Como último señalamiento se alega que la corte inferior cometió error í£al conceder la suma de $3,500 de indemnización más $300 de honorarios de abogado, siendo esta suma exagerada. ’ ’ Dicha suma es, a nuestro juicio, excesiva. La sentencia recurrida debe ser modificada en el sentido de reducir la indemnización a la suma de $750 y así modificada se confirma.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Díaz John, acusado y apelante.
    Núm. 12377.

    Sometido: Febrero 11, 1948.

      Resuelto: Febrero 13, 1948.

      Víctor Rivera Colón, abogado d"el apelante; I-Ion. Procurador General Luis Negrón Fernández y J. Rivera Barreras, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

José Díaz John fné acusado ante la Corte de Distrito de San Juan de un delito de asesinato () por baber dado> muerte a Domingo Camacbo, convicto por un jurado de bo micidio voluntario y sentenciado por la corte a cumplir ocho años de presidio con trabajos forzados. No conforme con la' sentencia apeló, y en este recurso sostiene que la corte inferior erró: (1) porque El Pueblo no identificó al occiso; (2) que la pena impuesta es excesiva y exagerada, y (3) por-que la sentencia es contraria a la prueba presentada.

Arguye el apelante en cuanto al primer señalamiento que la única prueba en cuanto a la identificación de la víc-tima fue la declaración del Dr. Llovet, que practicó la autop-sia, y quien se limitó a decir que supo que el cadáver era el de Domingo Camacbo porque se lo dijo el policía insular que lo llevó al bospital. Si esa fuera toda la prueba pre-sentada sobre la identidad del occiso tendría razón el ape-lante. Empero, el testigo Víctor Hernández declaró que Domingo Camacbo vivía en el mismo cuarto con él; que pre-senció los becbos y vió cuando el acusado le dió con un palo y luego lo hirió con un cuchillo en el abdomen;. que ayudó al policía a llevar al herido al cuartel y luego al hospital y que allí murió.

La declaración del médico, unida a la de este testigo, es prueba suficiente de la identificación del cadáver. El Pueblo v. Marrero (a) Moncho, 41 D.P.R. 951 donde resolvimos, co-piando del sumario, que “Cuando el médico que practica la autopsia no tiene otro medio de identificar al interfecto que el informe que recibe del celador del cementerio donde se hallaba el cadáver, tal prueba unida a declaraciones de tes-tigos de las cuales aparece la identificación del cadáver hasta donde es humanamente posible es suficiente.”

No se cometió el primer error señalado. Tampoco el segundo,' ya que la pena de ocho años impuesta al apelante está dentro del límite establecido por el artículo 204 del Código Penal para el delito de homicidio voluntario. Nada encontramos en el récord que pueda justificar que intervengamos con la discreción de la corte inferior al imponer ■ dicha pena, especialmente en un caso como el presente en el cual, de acuerdo con la prueba, el jurado pudo haberlo declarado culpable del delito de asesinato en segundo grado. La prueba de cargo, no controvertida por la defensa, demostró que el acusado debido a unas palabras que había tenido con Camacho por adeudarle éste siete dólares por el alquiler de la habitación, primero le dió en la frente con un palo a Camacho y cuando éste cayó al suelo, lo hirió con un cuchillo; que en ese momento Camacho estaba en estado de embriaguez y el acusado también había bebido, pero que Camacho no atacó ni agredió al acusado en forma alguna y estaba completamente desarmado.

Esta prueba, creída por el jurado, es suficiente para sos-tener el veredicto y la sentencia, no cometiéndose, por tanto, el tercer error.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

      (1) Al comenzar el juicio el fiscal anunció que iba a llevar el caso por un delito de asesinato en segundo grado.


author: El Juez Pbesidente Señoh Teavieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Fuentes, acusado y apelante.
    Núm. 13047.

      Sometido: Enero 28, 1948.

      Resuelto: Febrero 18, 1948.

      José R. Fournier, abogado del apelante; lion. Procurador General Luis.Negrón Fernández y J. Rivera Barreras, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El. Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente Señoh Teavieso

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de la Corte de Distrito de Bayamón radicó una acusación contra Ramón Puentes y José Puentes, alegando que allá para el día 6 de agosto de 1946, en el barrio Juan Domingo, de Guaynabo, los acusados, como dueño el primero y empleado el segundo, ilegal, voluntaria y maliciosamente tenían y ofrecían en venta para el consumo humano leche de vaca adulterada con un 20 por ciento de agua añadida ar-tificialmente según análisis del laboratorio químico del De-partamento de Salud. La córte a quo absolvió al acusado José Puentes, pero declaró culpable a Ramón Puentes con-denándolo a, pagar $35 de multa o en su defecto un día de cárcel por cada dólar que dejare de pagar. Dicha sentencia ha sido apelada para ante este Tribunal fundándose única-mente el recurso en errónea apreciación de la prueba.

La prueba de cargo consistente en la declaración de Hum-besto Miranda Ocasio, Inspector de Sanidad, tendió a de-mostrar que el día señalado en la acusación el testigo se personó en el establecimiento del acusado encontrando “a' la entrada de dióho establecimiento en la parte de afuera de la barra, un porrón sin rotular, tapado, que estaba en la puerta de afuera de la barra;” que examinó dicbo porrón y procedió a tomar muestras de la leche que éste contenía en tres botellitas de cristal; que la leche resultó estar adul-terada con un 20 por ciento de agua añadida artificialmente, y que 1‘ esa leche se encontraba en el establecimiento: no es-taba a la venta: la que estaba a la venta era la que estaba en la nevera y la que estaba caliente en una cafetera.” Re-preguntado por la defensa sobre este mismo punto se re-afirmó en su declaración en el sentido de que la leche de la cual él había obtenido las muestras no estaba para la venta.

La prueba de descargo, consistente en las declaraciones de Celestino Bernacet y la del propio acusado tendió a de-mostrar que el porrón de leche del cual se tomaron las mues-tras fué traído al establecimiento por Fernando Jiménez mo-mentos antes de haber llegado el inspector de sanidad; que lo dejó en el mismo sitio, es decir, en la parte de afuera, en que fué encontrado por dicho inspector; que esta leche no estaba para la venta; que el inspector fué el primero en abrir el porrón de leche, y que la única leche que había para la venta era aquélla que estaba dentro de la nevera y una poca que había dentro de una cafetera caliente, de la cual no se tomaron muestras.

El acusado acepta que la leche estaba adulterada. La corte a quo basó su sentencia en lo resuelto en el caso de El Pueblo v. Román, 60 D.P.R. 637. En dicho caso se resol-vió que “la leche fué recibida y aceptada, colocándose en la nevera paya venderla para el consumo humano. Estaba adul-terada y de no ser por la llegada del inspector, se hubiera vendido. La ley castiga la-venta, ofrecimiento de venta o tenencia para la venta de leche adulterada.”

No podemos convenir con la corte inferior en que el caso antes citado es de aplicación al que nos ocupa. En el cáso de autos, no hubo prueba alguna al efecto de que la. leche en cuestión estaba para la venta. La ofrecida por El Pueblo al igual que aquella aportada por la defensa demostró que no estaba para la venta.

Más bien es de aplicación lo resuelto por este Tribunal en el caso de El Pueblo v. Andino, 21 D.P.R. 225, donde re-solvimos, copiando del sumario:

“Cuando, como en este caso, sólo se prueba que la leche que se dice estar adulterada llegó al establecimiento de los acusados en el mismo momento en que llegó allí el inspector de sanidad, y que la leche acababa de vaciarse en el recipiente y el carretero salía con el jarro que había acabado de vaciar, es evidente que tal prueba es insuficiente para establecer la culpabilidad de los acusados. El mero hecho de que los acusados estén en posesión de leche adul-terada cuando no se prueba que la han ofrecido en venta, no cons-tituye delito alguno.”

Véanse, además, Pueblo v. Ríos, 28 D.P.R. 760, y Pueblo v. Almodóvar, 56 D.P.R 534.

En el presente caso, no se probó el hecho esencial ale-gado en la acusación de que el apelante “tenía y ofrecía en venta para el consumo humano leche de vaca adulterada” y, por consiguiente, erró la corte inferior al condenar al acusado.

Se revocará la sentencia apelada y se dictará otra absol-viendo al acusado.


text:
    Teresa Martínez Pacheco, demandante y apelada, v. Lorenzo Martínez, demandado y apelante.
    Núm. 9475.

    Sometido: Noviembre 12, 1947.

      Resuelto: Febrero 20, 1948.

      Francisco Vizcarrondo, abogado del apelante; Benigno Pacheco Tizol, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Alegando que desde abril 21 de 1943 es dueña, y como tal estaba en posesión quieta y'pacífica de un solar de 325 metros cuadrados, Teresa Martínez Pacheco radicó demanda de injunction para recobrar la posesión contra Lorenzo Mar-tínez. En la demanda radicada el 13 de diciembre de 1945, la demandante alega que en diciembre 8 de 1945, encontrán-dose ella en posesión del solar, el demandado penetró en la finca violentamente, después de haber derribado la verja que separaba la casa de la demandante de la que ocupa el de-mandado; que éste construyó otra verja más adentro sobre el terreno de la demandante, ocupando así una faja de te-rreno que mide un metro cuarenta centímetros de frente por nueve metros y sesenta centímetros de fondo; que la demandante requirió al demandado para que desocupase dicha faja de terreno, negándose a ello el demandado; que la demandante carece de otro remedio legal adecuado y que sufrirá daños irreparables de no concedérsele el injunction que solicita.

Contestó el demandado negando específicamente los lie-dios alegados en la demanda y alegando en contrario que la faja de terreno en controversia lia formado parte siempre del solar donde radica la casa del demandado; que desde que compró la propiedad, hace alrededor de dos años está en posesión de dicho terreno; que la demandante le ofreció comprar el terreno que hoy reclama; que nunca tomó po-sesión violentamente; y que si la demandante se considera con algún derecho, el remedio solicitado no es el procedente. Como defensas especiales alegó que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una buena causa de ac-ción; que la finca que describe la demandante en su de-manda con una cabida de 325 metros cuadrados sólo tiene 306 metros cuadrados, habiendo una diferencia de diecinueve metros cuadrados, la que es mayor que la superficie de la faja de terreno reclamada, la cual, según se describe, incluye un área de 13 metros y 44 decímetros cuadrados y que la'de-mandante tuvo que ceder un pedazo de terreno en la parte del frente de su solar para la construcción de una calle y acera y ahora pretende compensar dicha pérdida con el te-rreno en el fondo del solar. Celebrada la vista, la corte a quo dictó sentencia declarando con lugar la demanda.

No conforme con esta sentencia, apeló el demandado imputando a la corte a quo la comisión de siete errores. El primero, segundo, tercero, quinto y séptimo los discutiremos conjuntamente porque versan sobre la misma materia,' a saber, que cometió error la corte inferior al apreciar la prueba y concluir que la demandante estuvo en la posesión de la faja de terreno objeto de este caso, desde el 21 de abril de 1943.

La prueba ofrecida por la demandante tendió a> demos-trar, en síntesis, que ella ha estado en la posesión continua e ininterrumpida de la faja de terreno en cuestión desde el 21 de abril de 1943; que existía un murito de concreto en-tre la finca de ella y la del demandado marcando la colindan-cia; que el demandado destruyó dicho murito de concreto el 8 de diciembre de 1945, penetrando y tomando posesión violentamente de la faja de terreno; y que dicho terreno forma parte de la finca de su propiedad. La' ofrecida por el demandado tendió a demostrar que la faja de terreno objeto de esta acción ha sido siempre parte de su propiedad, te-niendo siempre su posesión; que el murito de concreto no estaba allí con el propósito de marcar la colindancia entre su finca y la de la demandante sino porque sostenía el te-rreno alto de la faja en controversia en evitación de la ero-sión del mismo hacia el resto del terreno en declive; y que destruyó el murito de concreto porque éste se había deterio-rado en tal forma que no prestaba el servicio para el cual fué construido. Negó que la demandante tuviese nunca la posesión de la faja de terreno o que le perteneciese.

La corte a quo, dirimiendo el conflicto existente en la prueba, resolvió que “resultando como resulta de la eviden-cia que la demandante ha estado en posesión de la pequeña parcela a que nos hemos referido, dentro de un año inmedia-tamente a la radicación de la demanda, y que el demandado la ha despojado de la misma, procede una sentencia decla-rando con lugar la demanda.” La prueba fué contradicto-ria y el juez sentenciador, dió entero crédito a aquélla ofre-cida por la demandante. ' La actuación de la corte a quo ajustándose a la prueba, de que la demandante estuvo en la posesión material del terreno dentro del año anterior a la radicación de la demanda, debe sostenerse cuando no se de-muestra que al dirimir el conflicto en la prueba dicha corte actuó movida por pasión, prejuicio o parcialidad o que co-metió error manifiesto.

En su cuarto señalamiento el apelante alega que se cometió error “al no admitir como evidencia la certificación del registro de la propiedad ofrecida por el demandado, en donde consta qué la propiedad de la demandante mide al-rededor de 309 metros cuadrados y no 325 metros cuadra-dos como alega en la demanda.”

El demandado, al ofrecer este documento en evidencia, se proponía demostrar que la demandante era propietaria,' de acuerdo con dicta certificación, de una porción de terreno menor que la que se describió en la demanda. Si hubiese sido admitida, la corte a quo tenía que entrar a considerar el derecho de propiedad y los títulos de las partes. En un procedimiento de injunction para recobrar la posesión, no pueden discutirse cuestiones de título, solamente puede dis-cutirse y resolverse el hecho de la posesión y no el derecho a la misma. Fernández v. González, 41 D.P.R. 726; Manrique v. Alvarez, 58 D.P.R. 74. Sobre este particular, en el caso de Gómez v. López, 55 D.P.R. 813, 819, dijimos lo si-guiente :

“Claro es que siendo las cuestiones anteriormente indicadas las únicas a resolver dentro de un procedimiento de injunction para recobrar o retener la posesión, cualquier evidencia, así documental como oral, tendente a probar título o derecho de posesión en uno u otro litigante, es inadmisible, por irrelevante, pues es la determi-nación de la tenencia o posesión real como cuestión de hecho el único propósito de este procedimiento.”

No se ha cometido el error señalado.

En su último señalamiento se queja el demandado de la resolución de la corte negando la inspección ocular por él solicitada.

La concesión de una inspección ocular dencansa en la sana discreción del tribunal, y a menos que se demuestre perjuicio sustancial, su resolución no será alterada por este Tribunal. Jiménez v. Fletcher, 67 D.P.R. 165.

Procede confirmar la sentencia.


text:
    Carlos Torres Bonet, demandante y apelante, v. Delia Asencio y Domingo Falagán, en su carácter de apoderado de Pablo Falagán González, demandados y apelados.
    Núm. 9507.

    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Febrero 20, 1948.

      Enrique Báez García:, abogado del apelante; José Sabater, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda de injunction radicada en la Corte de Dis-trito de Mayagüez por Carlos Torres Bonet contra Delia Asencio.y Domingo Falagán, en su carácter de apoderado de Pablo Falagán González, se solicitó que se ordenara a dicho apoderado que se abstuviera de reconocer a la deman-dada Delia Asencio como arrendataria de un local que se describe en la demanda, y “de expedir los recibos a nombre' de Delia Asencio, haciéndolo en sn lagar a nombre de Carlos Torres Bonet y ordenando a la codemandada Delia Asen7 ció que se abstenga de desmontar el mobiliario o establecer en el local que ocupa negocio alguno distinto del negocio a que se dedica el establecimiento 4El Nilo’.” En la demanda se alega, en síntesis, que el demandante compró el mobilia-rio de un negocio denominado “El Nilo” y que la vende-dora le cedió el arrendamiento del local donde estaba esta-blecido. Se alegó, además, que el Sr. Falagán, apoderado del dueño del inmueble, tenía conocimiento de dicha cesión y de que el demandante se proponía conservar el local en arrendamiento, y eso no' obstante, el Sr. Falagán arrendó el local a la codemandada Delia Asencio y que ésta había cerrado al público el establecimiento y se proponía sacar dicho mobiliario del local para- establecer en él un negocio distinto.( ) Además del injunction permanente se solicitó una orden de entredicho y un injunction pendente lite.

Los demandados al contestar la demanda también radi-caron moción solicitando su desestimación por no alegar hechos suficientes constitutivos de causa de acción y, cele-brada una vista, la corte inferior declaró con lugar dicha moción y resolvió que “no existen méritos suficientes en la demanda de injunction presentada, tal como está redactada, para expedir el injunction pendente lite que solicita el de-mandante, y en consecuencia deniega dicha solicitud”. No conforme, el demandante apeló y alega en este .recurso que la corte inferior erró al denegar su petición.

De las alegaciones de la demanda lo único que se desprende es que el demandante adquirió por compra el negocio y los muebles del establecimiento “El Nilo”, pero no hay alegación alguna que tienda a demostrar que, en cuanto al arrendamiento del local, el apoderado del dueño hubiera. hecho convenio alguno con él. La única alegación que se .hace es que el demandante le comunicó “el propósito de con-servar el local en arrendamiento” y que éste le manifestó "“que no había inconveniente en que continuaran ocupando el local”. Pero es que de las demás alegaciones de la de-manda aparece que el demandante en ningún momento ocupó -o estuvo en posesión del local. Surge de la demanda que hay un conflicto en cuanto al pretenso derecho de arrenda-miento del local por el demandante y no es el injunction el remedio para resolver dicho conflicto, no habiendo estado nunca el demandante en posesión del inmueble.

Como resolvimos en Bianchi v. Bianchi, 41 D.P.R. 799, copiando del sumario: “Por regla general, el injunction no procede para transferir la posesión de terrenos salvo cier-'.tas excepciones bien consagradas”, y el de autos no cae den-útro de las excepciones que se refieren a casos en que por la naturaleza de la transgresión el daño causado será irreparable y el recobrar una indemnización resultaría un reme-dio inadecuado. Tampoco presenta este caso una situación en que un arrendador trata de intervenir ilegalmente con la posesión de su arrendatario. Cf. Boss v. Overton, 226 Pac. 162; Roseberg v. American Hotel & Garden Co., 123 Atl. 717; Sullivan v. Vorenberg, 135 N. E. 165.

En' el caso de Lacassagne v. Chapuis, 144 U. S. 119, 124, se expone la regla que consideramos aplicable, en esta forma:

“El demandante no estaba en posesión cuando entabló este pleito y en la súplica de la petición trata de obtener posesión de nuevo a virtud del injunction que solicita. En otras palabras, el esfuerzo es restaurar al demandante, por medio de injunction, derechos de los cuales había sido privado. La función de un injunction es conceder remedio preventivo, no remediar alegados daños que ya han sido ■cometidos. El injunction no se utilizará para coger propiedad eñ posesión de una parte y ponerla en posesión de otra.”

Desde luego que no se trata en el de autos de un caso de interdicto para recobrar la posesión, que se rige por una ley especial, sino de una petición de injunction clásico en el cual el demandante tenía que alegar un título o interés en el derecho o propiedad que deseaba'le fuera protegido. De la demanda sólo surge un derecho de propiedad sobre los mue-bles del establecimiento “El Nilo”, y su alegación de que la dueña le vendió también dicho negocio. Empero, dicha señora no es parte en esta acción y en tanto en cuanto ella pueda ser responsable por no haber puesto al demandante en posesión del negocio, no es cuestión que pueda resolverse en esta acción contra los aquí demandados. Por otra parte, si el codemandado Palagán ha causado daños al demandante al arrendar el local a la codemandada Delia Asencio o ésta le ha ocasionado daños al cerrar “El Nilo” y al establecer otro negocio en el local, daños son éstos que no tienen el ca-rácter de irreparables y de los cuales puede resarcirse el demandante, si a ellos tiene derecho, en la acción corres-pondiente.

No erró a nuestro juicio la corte inferior al denegar el injunction pendente lite. Es de notarse que la corte inferior hizo constar en su resolución que la demanda “tal como está redactada” no era suficiente para expedir el injunction y eso no. obstante el demandante no solicitó permiso para en-mendarla. Posiblemente su apelación demuestra que no po-día hacerlo.

Debe confirmarse la resolución apelada.

      (1) Como hemos dicho, ésta es una síntesis de la demanda, pues en ella se' hace un largo historial de los distintos arrendamientos y subarrendamientos de-que fuera objeto el local.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

text:
    Gustavo A. Freyre, demandante y apelado, v. Emma e Isabel Blasini, demandadas y apelantes.
    Núm. 9531.

    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Febrero 20, 1948.

      M. León Parra, abogado de las apelantes; R. Hernández Matos, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Las apelantes, Emma e Isabel Blasini, son dueñas de una propiedad en Ponce la cual era dedicada a panadería. Én el año 1942 la arrendaron al apelado, Gustavo A. Freyre, para dedicarla a dicho fin. Debido a que el único horno que existía en el local estaba ■ en malas condiciones j resultaba insuficiente para la fabricación de pan y asimismo que las condiciones del piso y paredes no eran sanitarias, en el año 1943, el apelado para evitar la clausura del local por Sani-dad, con el consentimiento expreso; e intervención de las apelantes, qne no querían gastar dinero para ello, realizó ciertas obras, por valor de $1634, consistentes en nn piso de concreto, un fogón de hornilla hecho de cemento, empa-ñetado de las paredes, un horno nuevo y reparación del horno antiguo. A fines del año 1944 las apelantes dieron por terminado el contrato de arrendamiento que tenían con el ape-lado y procedieron a desahuciarlo. En el certificado de dili-genciamiento suscrito por el márshal de la Corte Municipal de Ponce al cumplimentar la orden de lanzamiento dictada, hizo constar que, el allí demandado y aquí apelado, reclamó como suyas ciertas obras y mejoras que alegó hizo con pecu-lio propio y con la anuencia de la parte demandante, especi-ficó dichas obras y que, a petición del apelado, procedió de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Desahucio, a requerir a las partes para que nombraran un perito para valorar dichas obras y que, habiéndose negado a hacerlo las deman-dantes, el demandado nombró el suyo, habiendo el márshal nombrado otro, los que procedieron, de mutuo acuerdo, a formalizar el justiprecio y avalúo de dichos bienes, rindiendo un informe por escrito, el cual juraron, y en el cual valoraron dichos bienes en $1634. No obstante haber requerido el Sr. Freyre de las apelantes el pago de dicha suma éstas se ne-garon a efectuarlo, y entonces él radicó demanda sobre res-titución en la corte inferior contra las apelantes, en la cual alegó sustancialmente los hechos anteriormente expuestos.

Las demandadas en su contestación negaron los hechos alegados por el demandante y visto el caso, la corte declaró con lugar la demanda () y condenó a las demandadas a pagar *£mancomunadamente” al demandante la suma de $1634, más las costas y $150 en concepto de honorarios de abogado. No conformes con la sentencia apelaron, y en este recurso alegan que la corte inferior cometió cinco errores.

El primer señalamiento, en síntesis, impugna la apreciación que de la prueba hizo la corte sentenciadora, especialmente en cuanto a que las obras realizadas por' el apelado lo fueran con el consentimiento de las apelantes. Hemos examinado detenidamente la transcripción de la evidencia y somos de opinión de que, la prueba del demandante, creída por el juez, sostiene plenamente la conclusión a que llegó la corte a quo. Hubo un conflicto en la prueba el cual fué dirimido a favor del demandante,. y toda vez que no alegan las apelantes que la corte sentenciadora actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad, y aunque la prueba fué contradictoria, a nuestro juicio, iio cometió manifiesto error al apreciarla. Bajo estas circunstancias no estamos dispuestos a dejar sin efecto las conclusiones de hecho a que llegó al dirimir el conflicto en la prueba. Figueroa v. Am. Railroad Co., 64 D.P.R. 335; Félix v. San Miguel, 64 D.P.R., 415; Miranda v. Jarabo, 64 D.P.R. 898; Jiménez v. Corte, 65 D.P.R. 37.

Por el segundo señalamiento sostienen, las apelantes-que la corte inferior erró al resolver que la fabricación del horno nuevo, el piso de cemento, el fogón de hornilla y el empañetado de paredes, se hicieron con conocimiento de las demandadas y constituyen obras necesarias e indispensables.

Ya hemos dicho que la prueba, creída por la corte, de-mostró que' todas las obras realizadas por el apelado se hi-cieron con el consentimiento de las apelantes. Como cues-tión de derecho la corte inferior resolvió que “todas las obras realizadas por el demandante en el local de panade-ría arrendado, tomando en consideración el fin a que la misma se dedicaba, fueron de carácter necesario e indispensable.” Y que .“la construcción del nuevo horno fue una edificación hecha de buena fe por el demandante y consen-tida por las demandadas, que sólo podía ser adquirida por ellas, previo el pago al demandado del importe de los ma-teriales y mano de obra necesarios en sn construcción.” Y citó los casos de Peña & Balbás v. Toro, 34 D.P.R. 137; Ermita v. Collazo, 41 D.P.R. 596; Rivera v. Santiago, 56 D.P.R. 381; Carrasquillo v. Ripoll, 56 D.P.R. 395; Pueblo v. Carrasquilla, 58 D.P.R. 176; Palermo v. Corte, 58 D.P.R. 189; Maldonado v. Rodríguez, 58 D.P.R. 778; Reyes v. Vázquez, 58 D.P.R. 786; Piñero v. Encarnación, 59 D.P.R. 890; Aybar v. Jiménez, 60 D.P.R. 745. El haber invocado y aplicado es-tos casos y no el de Santos v. Torres, 66 D.P.R. 443, se se-ñala por los apelantes como su (Jubito error.

Arguyen las apelantes que las obras realizadas por el apelado no eran “necesarias e indispensables”, como las ca-lificó la corte inferior, y sí “útiles”; y que es aplicable el artículo 1463 del Código Civil, preceptivo de que “El arren-datario tendrá, respecto de las mejoras útiles y voluntarias, el mismo derecho que se concede al usufructuario” y que disponiendo el artículo 416 del mismo Código que “El usu-fructuario podrá hacer en los bienes objeto del usufructo las mejoras útiles o de recreo que tuviere por conveniente,, con tal que no altere su forma o substancia, pero no tendrá por ello derecho a indemnización. Podrá no obstante, reti-rar dichas mejoras, si fuere posible hacerlo sin detrimento-de los bienes”, erró la corte al condenarlas a indemnizar al apelado.

No tienen.razón las apelantes. Las obras realizadas por el apelado en el local arrendado eran de carácter necesario e indispensable a los fines a que se dedicaba el mismo: pa-nadería. Fueron hechas no sólo con el conocimiento y con-sentimiento de las apelantes, sino que algunas de ellas para evitar que el local fuera clausurado por las autoridades sa-nitarias. En cuanto al horno nuevo constituye una edifica-ción hecha de buena fe y el dueño del suelo, para hacerlo suyo, debe abonar el valor de los materiales y mano de obra, ya que el dueño de los materiales tiene derecho a retirarlos sólo en el caso de que pueda hacerlo sin menoscabo de la obra construida o sin que por ello perezcan las construc-ciones u obras ejecutadas, de acuerdo con el artículo 296 del Código Civil (Ed. 1930).

Dispone, además, el artículo 382 del mismo cuerpo legaL, que “Los gastos necesarios se abonan a todo poseedor; pero sólo el de buena fe podrá retener la cosa basta que se los satisfagan. Los gastos útiles se abonan al poseedor de buena fe con el mismo derecho de retención, pudiendo optar el que le hubiese vencido en su posesión, por. satisfacer el importe de los gastos o por abonar el aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa.”

Comentando Manresa el artículo 453 del Código Civil Es-pañol, equivalente al 382 nuestro, dice:

“Gastos necesarios. — Con arreglo al art. 453, los gastos necesa-rios se abonan a tocio poseedor. Por si fuese bastante, lo repite el art. 455 respecto al poseedor de mala fe. La única diferencia con-siste en el derecho de retención, que estudiaremos en otro lugar, y sólo se concede hoy al poseedor de buena fe. Nada más justo que si la cosa subsiste o no se ha empeorado merced a los gastos y esfuer-zos del poseedor, si por ellos vuelve al poder de su dueño, éste tenga que satisfacer esos gastos sin distinguir entre buena o mala fe. No se concibe que el propietario hubiera dejado de hacerlos.
“Poco importa que el resultado de esos gastos haya, ya desapare-cido al recobrar el dueño su posesión. Los gastos necesarios no son mejoras, y no siguen, por tanto las reglas de éstas. Justificados los gastos, deben indemnizarse por completo, sin tener para nada en cuenta el valor de las obras necesarias, en el momento de la entrega. Valgan más o menos, existan o no existan, la ley habla de abono de gastos en los artículos citados, así como en el 453, con referen-cia a las mejoras útiles, y en el 455, con referencia a las de puro lujo, habla del valor actual de las mejoras, lo qué prueba clara-mente su idea de que se atienda al coste, a lo gastado; solución que es también la más justa. Las partes, de común acuerdo, por sí o valiéndose de peritos, y, en último término, los Tribunales deci-dirán el importe de tales gastos.” (Bastardillas nuestras.) Comen-tarios al Código Civil Español, t. 4 (5ta. ed. 1931), pág. 255.

Y Scaevola, comentando el mismo artículo dice:

“Y lo mismo exactamente cabe afirmar de los gastos que oca-sionen, por ejemplo, los revocos de fachada ordenados por la auto-ridad administrativa, los de introducción de ciertas reformas pres-critas con carácter obligatorio por las Ordenanzas municipales, etc. En todos estos casos las mejoras introducidas no han dependido de la voluntad del poseedor, sino del precepto legal o del mandato de una autoridad en uso de sus atribuciones; y por otra parte, habría habido necesidad de realizarlas aunque la cosa hubiese estado poseída por el legítimo dueño.” Comentarios al Código Civil Español, t. 8 (1893), pág. 409

Pero es que toda la argumentación, de las apelantes en ■cuanto a si las mejoras realizadas por el apelado fueron ne-cesarias e indispensables, o por el contrario, útiles y volun-tarias, está predicada en su premisa de negar ellas que hu-bieran dado su consentimiento a que las obras se realizaran. Habiendo la prueba demostrado que ellas no sólo dieron su consentimiento sino que visitaban e inspeccionaban las obras, bien personalmente o representadas por el esposo de una de ellas, no creemos que tengan derecho a ampararse en un tecnicismo para evadir el pago de aquéllo con que se enriquecieron. La prueba demostró que ellas vendieron en $500 las piezas del horno que había sido reparado por el apelado y destruyeron el horno nuevo y dispusieron de sus materiales. Como dice Manresa, los gastos necesarios no son mejoras y justificados que sean deben indemnizarse por completo sin tener en cuenta el valor de las obras necesa-rias, en el momento de la entrega, pues valgan más o me-nos, existan o no existan, la ley habla de abono de los gas-tos.

Aun cuando no hubiera habido el consentimiento de las apelantes, negar al apelado su derecho a recobrar lo gas-tado por él sería reconocer en las apelantes el derecho a enriquecerse injustamente a costa del primero. “Una persona que ha sido injustamente enriquecida a expensas de otra es requerida a Hacer restitución a la otra.” — Restatement Restitution, sección 1. En el caso de Compañía Popular v. Corte, 63 D.P.R. 121, 128, 129, y tratando sobre la ins-titución del enriquecimiento injusto, citamos de Valverde— 3 Tratado de Derecho Civil Español, pág. 642 — donde dice que “ . . . es susceptible de aplicación en múltiples casos que es imposible prever, pues no sólo se ve su aplicación en el pago indebido, sino, v. gr., en determinadas accesiones o incorporaciones a la propiedad ...” (Bastardillas nues-tras.) Y resolvimos que “el principio jurídico de enrique-cimiento sin causa es una regla superior de equidad que se aplica siempre que baya existido un injusto enriquecimiento. Esta institución no está basada en la existencia de un con-trato. Si así fuera, no habría necesidad de recurrir a ella, ya que las partes tendrían que atenerse al contrato, que es ley entre los contratantes.”

No erró la corte inferior al aplicar estos principios y tampoco al aplicar los casos anteriormente citados, ya que, en cuanto al nuevo horno construido, para hacer suya dicha obra realizada de buena fe y con conocimiento y consen-timiento de las apelantes, tenían éstas que indemnizar al apelado los gastos en que incurrió, todo ello de acuerdo con el1 artículo 297 del Código Civil en relación con el artículo 382 del mismo cuerpo legal.

Alegan las apelantes en su cuarto señalamiento, que la corte inferior erró al resolver que la existencia y el costo de las obras, con un valor de $1634, se probara sola-mente con evidencia téstiñcal e invocan el artículo 1232 del Código Civil() y los casos de Rivera v. García, 42 D.P.R. 207 y Santiago v. Cuevas Padilla, 41 D.P.R. 116.

Estos casos militan en contra de la contención de las apelantes, pues en ellos resolvimos que el artículo 1232 no excluye prjieba testifical cuando se trata de las mismas par-tes que contrataron, y la posición de las apelantes es que ellas nunca consintieron en que el apelado realizara las obras y por tanto, que nunca existió contrato expreso ni im-plícito entre ellos. Empero, si bien la corte inferior resol-vió qne ellas habían consentido a qne se realizaran las obras, no basó su decisión, como hemos visto, en qne existiera, un contrato entre las partes, sino en el derecho qne nuestro Có-digo reconoce al poseedor de buena fe de ser indemnizado tanto de los gastos necesarios incurridos, como del costo de los materiales y mano de obra de aquellas obras que por accesión quedaron a beneficio de las apelantes. .

Se confirma la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. Travieso no intervino.

      (1)En su relación del caso y opinión la corte declaró probados todos los hechos que en síntesis hemos expuesto.

      (2)E1 artículo 1232, en lo pertinente, dispone, que "También deberán ha-cerse constar por escrito, aunque sea privado, los demás contratos en que la cuantía de las prestaciones de uno o de los dos contratantes exceda de tres-cientos dólares.”


author: El Juez Asociado Señoe Snydeb,

text:
    Juan J. Gerardino, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; R. Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 138.

    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Febrero 20, 1948.

      Alberto Gerardino, abogado del peticionario; lion. Procurador General Luis Negrón Fernández, y Carlos Santana Becerra y Elmer Toro Lucchetti, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del interventor, querellado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señoe Snydeb,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión aquí envuelta es si el Tribunal de Contribu-ciones cometió error al desestimar por falta de jurisdic-ción la demanda radicada por el peticionario solicitando el reintegro de $26,399.17, suma ésta que incluía arbitrios, in-tereses y penalidades.

La contestación a esta pregunta depende de si el Tribunal de Contribuciones actuó correctamente al resolver (1) que el estatuto especial para el reintegro de arbitrios no era el remedio exclusivo de que disponía un contribuyente, sino que tales pleitos podían también radicarse bajo la Ley núm. 169 que creó el Tribunal de Contribuciones; y (2) que si bien existían dos remedios, bajo las circunstancias del pre-sente caso el único remedio disponible al peticionario era el provisto por el 'estatuto especial y en su consecuencia el no haber cumplido con sus términos privó al Tribunal de Con-tribuciones de jurisdicción para decidir el caso bajo el re-medio alternativo hallado en el inciso 4 de la sección 3 de la Ley núm. 169.

Examinemos primeramente la historia legislativa de las leyes pertinentes. Antes de aprobarse la Ley núm. 169, Leyes de Puerto Rico, 1943 (pág. 601), el remedio judicial para solicitar el reintegro de arbitrios era exclusivo y sencillo. Bajo la Ley núm. 8, Leyes de Puerto Rico, 1927 (pág. 123), si un contribuyente creía que no debía ciertos arbitrios y deseaba litigar la cuestión, éste venía obligado a pagarlos bajo protesta al .así requerírselo el correspondiente colector de rentas internas y demandar la devolución' dentro de un año ante una corte de jurisdicción competente.

Luego, la Legislatura creó el Tribunal de Apelación de Contribuciones. Ley núm. 172, Leyes de Puerto Rico, 1941 ((1) pág.-1039). Pero dicho Tribunal, bajo el inciso 4, tenía jurisdicción solamente sobre los casos que envolvían la im-posición de contribuciones sobre la propiedad, ingresos y herencia. No tenía jurisdicción sobre los casos de reinte-gro en general ni sobre los casos de arbitrios. La Ley núm. 172, en consecuencia, no tuvo efecto alguno sobre la núm. 8.

Varios meses después de haber aprobado la Ley núm. 172 de 1941, la Legislatura enmendó la Ley núm. 8 mediante la Ley núm. 17, Leyes de Puerto Rico, 1941, Sesión Extraor-dinaria (pág. 55). Sin embargo, a pesar de la creación del Tribunal de Apelación de Contribuciones mediante la Ley núm. 172, la Ley núm. 17 no confirió jurisdicción , a dicho Tribunal sobre pleitos por devolución de arbitrios. Bajo la Ley núm. 17 la jurisdicción sobre tales pleitos continuó en la corte de distrito; pero el término dentro del cual radicar el pleito después del requerimiento y el pago bajo protesta fué acortado de un año a treinta días. Véase Axton Fisher Tobacco Co. v. Buscaglia, Tes., 65 D.P.R. 410.

Dos años después, la Legislatura abolió el Tribunal de Apelación de Contribuciones y creó en su lugar el Tribunal de Contribuciones. Ley núm. 169, Leyes de Puerto Rico, 1943. A nuestros fines, la Ley núm. 169 efectuó, dos cam-bios: (1) privó a las cortes de distrito de jurisdicción so-bre casos de arbitrios, la cual bajo la sección 4 se confería añora exclusivamente al Tribunal de Contribuciones; (2) las secciones 3 y 4 ampliaron la jurisdicción del nuevo Tribunal para que incluyera los pleitos de reintegros sobre los cuales el anterior Tribunal de Apelación de Contribuciones no tenía jurisdicción^)

Antes de que se aprobara la Ley núm. 169, no existía re-medio judicial para que un contribuyente pudiera recobrar cualquier suma pagada voluntariamente en exceso con res-pecto a cualquier clase de contribución. Las secciones 64 y 75 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos siempre ñan autorizado al Tesorero a devolver los excesos pagados en contribuciones sobre ingresos; pero no existía remedio judicial alguno para revisar su resolución administrativa de-negando tal petición de reintegro. Bonet v. Yabucoa Sugar Co., 306 U.S. 505; Mayagüez Light, Power & Ice Co. v. Bus caglia, Tes., 59 D.P.R. 709. De igual modo, la Ley de febrero 12, 1904 (pág. 167) siempre ha autorizado al Tesorero a re-intregrar contribuciones de todas clases pagadas indebida-mente o en exceso; pero no podía instituirse pleito alguno para revisar la decisión del Tesorero al denegar éste la so-licitud de reintegro. R. Santaella & Bros. v. Tribunal de Contribuciones, 66 D.P.R. 868; Cía. Ron Carioca v. Tribunal de Contribuciones, 67 D.P.R. 708.

Sin embargo, la Legislatura llegó a la conclusión de que no era suficiente el remedio administrativo provisto bajo las secciones 64 y 75 de la Ley de Contribuciones sobre Ingre-sos y bajo la Ley de 1904() para obtener el reintegro por el pago de contribuciones en exceso. Por tanto, en 1943 creó un remedio judicial para el reintegro de las sumas pagadas en exceso en toda clase de contribuciones, que hasta enton-ces no había existido .para ninguna clase de contribución. Sección 3, inciso 4, Ley núm. 169. Bajo el inciso 4 un con-tribuyente que hiciera un pago en exceso en su contribución sobre ingresos, podía solicitar del Tesorero el reintegro de conformidad con las secciones 64 y 75 de la Ley de Contri-buciones sobre Ingresos. Si el Tesorero denegaba su peti-ción, podía ahora por primera vez obtener la revisión judicial de esta decisión bajo el inciso 4, siempre y cuando que radique su querella dentro de 30 días después de la decisión del Tesorero denegando su solicitud de reintegro. The Coca Cola Co. v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 152; Royal Bank v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 345. De igual manera, después de la aprobación de la Ley de 1904, un con-tribuyente podía solicitar del Tesorero el reintegro de cual-quier otra clase de contribuciones. Y por primera vez el in-ciso 4 proveyó la revisión por el Tribunal de Contribuciones dentro de 30 días de una resolución administrativa del Te-' sorero denegando tal reintegro. B. Santaella & Bros. v. Tri tunal de Contribuciones, supra; Cía. 'Ron Carioca v. Tribu--nal de Contribuciones, supra.

Tan pronto quedó establecido que un contribuyente tenía' derecho bajo el inciso 4 a recurrir ante el Tribunal de Contri-buciones en solicitud de la devolución de excesos pagados en toda clase de contribuciones, surgió la cuestión en cuanto al período dentro del cual debe radicarse la reclamación de re-integro con el Tesorero. No había problema en relación a contribuciones sobre ingresos. La sección 64(b) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos siempre ha provisto que no puede concederse ún reintegro a menos que se radique una petición para ello dentro de los 4 años siguientes al pago de la contribución. González Padín Co., Inc. v. Tribunal de Contribuciones, 66 D.P.R. 964, 989-992.()

Sin embargo, en cuanto a otras contribuciones, arbitrios inclusive, la autoridad del Tesorero a hacer reintegros ema-naba de la Ley de 1904. Y de su faz dicha Ley no tenía lí-mite de tiempo dentro del cual radicar ante el Tesorero una solicitud de reintegro. El problema de la prescripción no era serio mientras no existiera remedio judicial alguno para revisar las decisiones administrativas del Tesorero dene-gando las solicitudes de reintegro. Pero después de empe-zar a regir el inciso 4 dando vida a tal remedio judicial, sur-gió la posibilidad de que un contribuyente pudiera radicar una reclamación bajo la Ley de 1904 al efecto de que mu-chos años antes hizo un pago voluntario de arbitrios en ex-ceso. Cuando el Tesorero denegaba su solicitud, el contri-buyente podía alegar que bajo el inciso 4 tenía derecho a radicar una querella ante el Tribunal de Contribuciones den-■-tro de los 30 días siguientes a la negativa del Tesorero a -efectuar el reintegro.

Para prevenir esta posibilidad, la Legislatura enmendó Ja Ley de 1904. Ley núm. 261, Leyes de Puerto Rico, 1946 ,((1) pág. 541), según fué enmendada por la Ley núm. 388, Leyes de Puerto Rico,' 1947 (pág. 745). Bajo estas Le-yes el 'Tesorero está autorizado a efectuar un reintegro de contribuciones pagadas indebidamente o en exceso, sola-mente si el contribuyente ba radicado una petición de rein-tegro con el Tesorero dentro de los cuatro años siguientes .al pago.()

Pasemos añora a los ñecños del presente caso- Con-trario a algunos de nuestros casos anteriores, estos ñecños • ocurrieron después de la aprobación de la Ley núm. 169 de • 1943. En tres ocasiones distintas — octubre 21, 1943, dicieni->bre -27, 1943 y marzo 27, 1944 — el Tesorero requirió al peticio--nario para que pagara arbitrios sobre ciertos artículos embar-gados por aquél para asegurar el pago. En 28 de abril de 1944 y en 4 de mayo de 1944 el peticionario pagó los arbitrios bajo protesta. Luego, en una fecña que no aparece del récord, el contribuyente radicó con el Tesorero una solicitud de rein-tegro, que fué denegada el 2 de junio de 1944. El 19- de ju-nio de 1944 el contribuyente radicó una querella ante el Tribunal de Contribuciones solicitando el reintegro.

Aparentemente el peticionario cumplió con el inciso 4. Es cierto que del récord no surge la fecña exacta en que se so-licitó el reintegro del Tesorero. Pero obviamente esto fué entre las fecñas de los pagos en abril y mayo de 1944, y la negativa del Tesorero a la solicitud de reintegro el 2 de ju-nio de 1944. Por tanto, el contribuyente solicitó el reintegro del Tesorero y radicó su querella ante el Tribunal de Con-tribuciones dentro de los 30 días siguientes a la negativa de su solicitud, según exige el inciso 4.

Además, suponiendo sin decidirlo, que la Ley núm. 261 de 1946 y la Ley núm. 388 de 1947 se aplican a este caso con su-puesto' efecto retroactivo, () el peticionario también cum-plió con estas Leyes. Como bemos visto, la Ley de 1904 ni estableció un derecho ni un remedio judicial; meramente au-torizó al Tesorero a concederle al contribuyente un remedio administrativo. R. Santaella $ Bros. v. Tribunal de Contribuciones, supra. Y la Ley núm. 261 por sus términos tam-poco establece un derecho o remedio judicial. Más bien li-mita la autoridad del Tesorero conferídale anteriormente por la Ley de 1904; luego puede hacer un reintegro sólo si el contribuyente solicita el mismo dentro de los cuatro años del pago en exceso. Pero el peticionario sin lugar a dudas cumplió con las Leyes núms. 261 y 388. Su petición de rein-tegro fué radicada con el Tesorero en algún día en 1944, o sea dentro de cuatro años de sus supuestos pagos en exceso hechos en 1943 y 1944.

Sin embargo, el Tribunal de Contribuciones desestimó la querella por falta de jurisdicción, de acuerdo con su deci-sión en Porto Rico Iron Works Inc. v. Tesorero, 4 D.T.C. —, resuelto el 3 de julio de 1946.() Su teoría fué que hay dos caminos para recurrir al Tribunal de Contribuciones. Según el primero, el contribuyente tiene derecho a radicar una so-licitud ante el Tesorero por reintegro de contribuciones pa-gadas indebidamente, siempre y cuando la radique dentro de los cuatro años siguientes al pago en exceso. Si el Teso-rero le deniega su petición, entonces bajo este procedimiento tiene el contribuyente que radicar una querella de reintegro ante el Tribunal de Contribuciones, dentro de los treinta días siguientes a la resolución del Tesorero denegándole el reintegro, de conformidad con el inciso 4 de la sección 3 de la Ley núm. 169 de 1943. El segundo procedimiento es pa-gar la contribución bajo protesta, después de requerírselo ol Tesorero, de conformidad con las Leyes núms. 8 y 17, y de-mandar luego el reintegro ante el Tribunal de contribucio-nes a tenor con la Ley núm, 169.

El Tribunal de Contribuciones resolvió que si el Teso-rero hace un requerimiento por arbitrios, el contribuyente dispone solamente del segundo procedimiento. Cuando el Tesorero no bace requerimiento alguno, el Tribunal de Con-tribuciones resolvió que el- primer procedimiento es el único remedio de que dispone el contribuyente.

Toda vez que el contribuyente en este caso recibió un re-querimiento del Tesorero y designó su pago como -becbo bajo protesta, el Tribunal de Contribuciones concluyó que era de aplicación aquí el segundo procedimiento. En relación con este procedimiento, resolvió que las Leyes núms. 8 y 17 de-ben leerse conjuntamente con el inciso 5 de la sección 3 de Ta Ley núm. 169. La teoría del Tribunal fué que bajo este procedimiento la decisión administrativa del Tesorero re-querida bajo el inciso 4 de la Ley núm. 169 para poder in-vocar la jurisdicción del Tribunal de Contribuciones, es el requerimiento de pago del colector de rentas internas a tenor con las Leyes núms. 8 y 17, con el período de treinta días dentro del cual debe radicarse el pleito ante el Tribunal de Contribuciones después de la decisión administra-tiva, empezando a correr desde la fecba del pago.

El contribuyente, después del requerimiento del Teso-rero, pagó los arbitrios bajo protesta el 28 de abril de 1944, y el 4 de mayo de 1944. Toda vez que el peticionario no ra-dicó su querella ante el Tribunal de Contribuciones basta el 19 de junio de 1944, o sea más de treinta días después de las fechas de los pagos, el Tribunal de Contribuciones, bajo la teoría arriba expuesta, desestimó la querella por falta de jurisdicción. ()

Con el fin de poder considerar el problema aquí enun-ciado, precisa determinar como cuestión preliminar, si las Leyes núms. 8 y 17 fian sobrevivido en todo o en parte des-pués de la aprobación de la Ley núm. 169. Algunos de nues-tros casos análogos nos ayudan en este punto. Hemos re-suelto que la sección 3 de la Ley núm. 169 no derogó por implicación el requisito de la sección 57 (a) de la Ley de Con-tribuciones sobre Ingresos en cuanto a la fianza de las tres cuartas partes, al solicitar un contribuyente la revisión de una deficiencia ante el Tribunal de Contribuciones. Mayagüez Lt., P. & I. Co. v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 30. De igual forma, liemos resuelto que nada de lo conte-nido en la sección 3 de la Ley núm. 169 confiige con, y por tanto ésta no derogó por implicación, la disposición de la sección 7 de la Ley núm. 99, Leyes de Puerto Pico, 1925() en relación con el pago de aquella parte de la contribución so-bre herencia con la cual el contribuyente estuviera conforme. Resolvimos en el mismo caso que el período de treinta días para solicitar la revisión ante el Tribunal de Contribución nes confligía con el período de cuatro meses de lá Ley de Contribución sobre Herencias, y decidimos que el contribu-yente debe recurrir ante el Tribunal de Contribuciones den-tro de treinta días después de la notificación del Tesorero de que se adeuda la contribución. Bel Toro v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 63. ()

En cuanto a los arbitrios, encontramos que el inciso 5 de la sección 3 de la Ley núm. 169 dispone que el Tribunal de Contribuciones puede revisar la negativa del Tesorero de un “requerimiento de pago por el Tesorero de Puerto Eico en virtud de cualquier arbitrio . . . ”. ■ Quizás se podría ar-güir plausiblemente que bajo el inciso 5 un contribuyente tiene derecho a proseguir ante el Tribunal de Contribucio-nes después de un mero requerimiento y sin realizar pago alguno. Y a primera vista parecería que esto conflige con, y en su consecuencia sustituye, las leyes anteriores núms. 8 y 17 que requieren como condición previa a un pleito sobre arbitrios que se baga el pago bajo protesta. Pero contra-rio a la situación en casos de deficiencias de contribuciones sobre ingresos, Mayagüez Lt., P. I. Co. v. Tribunal de Contribuciones, supra, un contribuyente que radique un pleito sobre arbitrios ante el Tribunal de Contribuciones no viene obligado a prestar fianza. Sin embargo, la regla es gene-ralmente que un contribuyente debe pagar primero y litigar después -o a lo menos prestar una fianza. Ballester v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 60 D.P.R. 768, 776. El Tesorero puede, desde luego, forzar el pago de arbitrios bajo protesta, mediante embargo o amenaza de embargo. Pero esto echaría sobre el Departamento de Hacienda el trabajo administrativo de determinar en qué casos es aconsejable tal acción. En vista de estas consideraciones y de los moti-vos expuestos en nuestros casos anteriores ya citados en los que armonizamos con la Ley núm. 169 otras disposiciones procesales de estatutos específicos que cubren otras clases de contribuciones, convenimos con el Tribunal de Contribu-ciones en que. el inciso 5 de la Ley núm. 169 y las Leyes núms. 8 y 17 deben leerse conjuntamente, y que el eontribú-yente debe cumplir tanto con las Leyes núms. 8 y 17 como con el inciso 5. En su consecuencia, el requerimiento por sí sólo bajo el inciso 5 no concede derecho al contribuyente a invocar la jurisdicción del Tribunal de Contribuciones; el contribuyente debe también después del requerimiento pa-gar bajo protesta de conformidad con las Leyes núms. 8 y 17 antes de que tenga derecho a radicar querella ante el Tribunal de Contribuciones bajo el segundo procedimiento.

Como hemos visto, el Tribunal de Contribuciones resol-vió que bajo este segundo procedimiento los treinta días den-tro de los cuales un contribuyente debe radicar su querella ante el Tribunal de Contribuciones se cuentan desde la fe-cha del pago más bien que desde la fecha del requerimiento. El Tribunal de Contribuciones indudablemente eligió el en-foque más equitativo. Pero como hemos indicado en nues-tros casos anteriores sobre problemas similares, la última ley debe prevalecer. Bajo la sección 4 de la Ley núm. 169, la jurisdicción del Tribunal de Contribuciones no puede in-vocarse excepto para revisar una resolución administrativa del Tesorero. El Tribunal de Contribuciones resuelve y con-venimos en ello, que bajo este segundo procedimiento el re-querimiento del Tesorero bajo el inciso 5 de la sección 3 de la Ley núm. 169 constituye la resolución administrativa del Tesoro. Y la sección 3 de la Ley núm. 169 dispone taxati-. vamente que el pleito debe radicarse dentro de 30 días des-pués del requerimiento hecho por el Tesorero bajo el inciso 5. Si bien para poder invocar la jurisdicción del Tribunal de Contribuciones se requiere también el pago por virtud de las .Leyes núms. 8 y 17, no podemos escapar a la conclu-sión de que en la Ley núm. 169 posterior, la Legislatura dis-puso que los 30 días empezaran a contarse desde la fecha del requerimiento. No podemos eliminar dicha disposición mandatoria de la ley posterior. Por tanto nos vemos cons-treñidos a resolver que el contribuyente debe no solamente pagar bajo protesta sino también radicar su querella ante el Tribunal de Contribuciones dentro de 30 días del requeri-miento. Véase Del Toro v. Tribunal de Contribuciones, supra; of. Araújo v. Tribunal de Contribuciones, supra.()

¿Cumplió el peticionario con el procedimiento que acaba-mos de trazar? Calificó su pago como hecho bajo protesta. Pero no radicó su reclamación dentro de los 30 días siguien-tes al requerimiento. Por tanto no cumplió con el segundo de los dos caminos hacia el Tribunal de Contribuciones, que ■éste resolvió existían. ()

Sin embargo, todavía queda la cuestión de si el no cumplir con el procedimiento para el segundo camino al Tribunal de Contribuciones impide al peticionario utilizar el primero. El Tribunal de Contribuciones resolvió que sí. Como hemos visto, el primer camino contempla el pago en exceso de cualquier contribución; una petición al Tesorero dentro de cuatro años después del pago en exceso bajo la Ley de 1904, según fué enmendada por las Leyes núms. 261 y 388; y un pleito ante el Tribunal de Contribuciones bajo el inciso 4 de la sección 3 de la Ley núm. 169 dentro de 30 días siguientes a la negativa del Tesorero a realizar el rein-tegro. La negativa del Tesorero constituye la decisión ad-ministrativa del Tesorero exigida por la sección 4 de la Ley núm. 169.

Notamos primeramente que el Tesorero .no admite que el Tribunal de Contribuciones resolvió correctamente que este primer procedimiento existe. Por el contrario, alega que el inciso 4 de la sección 3 no puede invocarse cuando, como ocurre en este caso, el contribuyente no hace uso a tiempo del remedio eoncedídole por un estatuto específico, tales como las Leyes núms. 8 y 17, leídas conjuntamente con el inciso 5 de la sección 3 de la Ley núm. 169. Arguye que la Legis-latura tuvo por miras limitar el inciso 4 a aquellos casos en que el contribuyente carece de algún otro remedio.

El Tesorero indica que cuando existen disputas en rela-ción con contribuciones sobre la propiedad, sobre ingresos, sobre herencia y con arbitrios, la Legislatura ha creado va-rios remedios mediante estatutos especiales, cada uno con un procedimiento específico, incluyendo tales requisitos como la prestación de fianzas y términos para hacer pagos, acom-pañar recibos y radicar querellas. Alega que el dejar de cumplir con estos requisitos impide el ejercicio de estos re-medios, citando los casos de R. Santaella & Bros. v. Tribunal de Contribuciones, supra, y Axton Fisher Tobacco Co. v. Buscaglia, Tes., supra. Por tanto, el Tesorero arguye que mediante el inciso 4 la Legislatura no pudo tener en mente crear un remedio alternativo que hubiera permitido al con-tribuyente eludir estos requisitos o relevar a un contribu-yente que no cumplió con algunos requisitos de los remedios provistos en las leyes especiales. El inciso 4, afirma el Te-sorero, entra en juego no como un remedio alternativo, sino sólo en aquellas situaciones en que no existe remedio otro alguno.

El Tesorero pasa por alto el hecho de que los requisitos de las leyes específicas tienen el fin primordial de asegurar el pago de las contribuciones mientras se litiga el caso. Pero en nn pleito bajo el inciso 4 tales salvaguardas del tesoro público son innecesarias, toda vez que el pleito se prosigue por reintegro de una contribución ya pagada.

No podemos convenir, con la contención del Tesorero al efecto de que al insertar al final del inciso 4 la frase — <£o co-brada ilegalmente por cualquier otra causa”, — la Legislatura demostró su intención de crear un remedio solamente para aquellos casos en que el contribuyente no tenía remedio otro alguno. El Tesorero alega que este lenguaje significa que el inciso 4 no tiene aplicación a aquellos casos cubiertos es-pecialmente por otros estatutos y por otros incisos de la sección 3 de la Ley núm. 169, tales como el inciso 5 que cu-bre los pleitos basados en requerimientos del Tesorero por arbitrios. Pero estas palabras tienen un propósito ente-ramente diferente. Ellas son usadas como una frase general que bajo la regla de ejugdem generis, véase Puerto Rico Ilustrado v. Buscaglia, Tes., 64 D.P.R. 914, le da derecho al contribuyente a demandar por el reintegro no sólo de contribuciones pagadas indebidamente, o pagadas en ex-ceso, si que también cualquier otra contribución “cobrada ilegalmente” en forma similar.

La Legislatura optó por el inciso 4 autorizar los pleitos de reintegro de pagos de contribuciones en exceso en len-guaje amplio y comprensivo. Nada encontramos en dicho lenguaje que limite este remedio a casos donde no exista remedio otro alguno. Por el contrario, hemos permitido en otras situaciones pleitos bajo el inciso 4 donde el contribu-yente no se.ha acogido a las ventajas de otros remedios dis-ponibles. Compárese The Coca Cola Co. v. Tribunal de Contribuciones, supra, con Standard Oil Co. v. Tribunal de Contribuciones, 64 D.P.R. 672. Además, el hecho de que los pro-cedimientos para los remedios alternativos se traslapen hasta cierto extremo, no impide que existan conjuntamente. En verdad, hemos visto qne nuestra estructura contributiva está repleta de procedimientos que traslapan entre sí.

Por tanto, no estamos conformes con el Tesón ro. Y con-venimos con el Tribunal de Contribuciones hasta el punto de hallar disponibles para' el contribuyente en un caso de arbitrios, dos remedios: (1) las Leyes núms. 8 y 17, leídas conjuntamente con el inciso 5 de la sección 3 de la Ley núm. 169; (2) el inciso 4 de la sección 3 de la Ley núm. 169. Pero no podemos convenir con el Tribunal de ■ Contribucio-nes en que el requerimiento del Tesorero impide a un con-tribuyente invocar el inciso 4. Es cierto que cuando no hay requerimiento, sólo existe el remedio bajo el inciso 4. Pero cuando se hace dicho requerimiento el contribuyente está en una posición de elegir entre los dos remedios.

De igual modo resolvió el Tribunal de Contribuciones que mediante el pago bajo protesta el contribuyente con ello eligió el remedio provisto por las Leyes núms. 8 y 17. No puede dudarse que al pagar bajo protesta el contribuyente conservó intacto su derecho a proceder bajo las Leyes núms. 8 y 17. Pero en manera alguna resulta que el pago bajo protesta fué una elección irrevocable del contribuyente del remedio provisto por las Leyes núms. 8 y 17, cerrando con ello la puerta al remedio hallado en el inciso 4.

Convendríamos con el Tribunal de Contribuciones en que el pago bajo protesta era la encrucijada decisiva que conduce exclusivamente al remedio provisto por las Leyes núms. 8 y 17, si el inciso 4 dispusiera que no se aplicaba a pagos bajo protesta. Pero el inciso 4 ni expresa ni implícitamente impide los pleitos bajo el mismo, donde el pago se hace bajo protesta. Tampoco limita el inciso 4 el remedio provisto en el mismo para casos de pagos voluntarios en exceso. Por el contrario, su lenguaje es amplio: se aplica a todos los pa-gos en exceso. Ya se designe el pago como voluntario o ya bajo protesta, el inciso 4 dice incondicionalmente que se puede demandar por el reintegro.

La verdad es qne la frase “pago bajo protesta” perdió macha de sa magia en esta jarisdicción caando la Legisla-tara aprobó el inciso 4. Antes de ello el no pagar bajo pro-testa significaba qae no existía remedio jadicial algalio para recobrar los pagos en exceso.() Al cambiar el inciso 4 esta situación, proveyó para los pleitos de reintegro, sin ha-cer referencia a la nataraleza voluntaria o involuntaria del pago. En sa consecuencia, el hecho de qae un contribuyente qae paga arbitrios bajo protesta no haga aso luego del re-medio provisto por las Leyes núms. 8 y 17, .no quiere nece-sariamente decir qae también está impedido de utilizar, ei remedio diferente provisto por el inciso 4.

~ Podría haber otros casos en qae estuviéramos justifica-dos en resolver qae un contribuyente ha hecho ana elección entre dos remedios qae le impide iniciar un nuevo pleito bajo un segando remedio, caando por algún motivo no tiene éxito en un pleito anterior instado bajo el primer remedio. Pero aquí la dificultad estriba en qae no podemos decir que el peticionario había elegido irrevocablemente el remedio prescrito por las Leyes núms. 8 y 17. Primordialmente esto es así. porque bajo cualquiera de los 'dos remedios el pago es el primer paso del contribuyente. Es cierto que el peti-cionario llamó sa pago “bajo protesta”. Pero” eso por sí sólo no es determinante. Aun después de tal pago el con-tribuyente todavía tiene derecho a elegir el proeedimento posterior, bien bajo las Leyes núms. 8 y 17 o bajo el inciso 4. Por tanto el próximo paso es el decisivo. Y aquí encon-tramos la actuación del peticionario enteramente consistente con los requisitos del inciso 4. Solicitó del Tesorero el re-integro dentro de los 4 años siguientes al pago; y demandó ante el Tribunal de Contribuciones dentro de 30 días des-pues de habérsele negado su petición. Por otro lado, si tra-tásemos este pago como hecho bajo protesta a los fines dé invocar el remedio provisto bajo las Leyes núms. 8 y 17-, no debió haber esperado solicitar el reintegro del Tesorero. En su lugar, debió dentro de 30 días después del requerimiento no solamente haber pagado bajo protesta sí que también ha-ber radicado su demanda; en su consecuencia, si se resol-viera que su pleito cae bajo las Leyes núms. 8 y 17, entonces éste sería tardío ya que fue radicado después de transcurri-dos 30 días del requerimiento.

Nos damos cuenta de que el resultado a que llegamos hace difícil, sino imposible, en algunos casos determinar qué re-medio persigue el contribuyente hasta que radica su querella en el Tribunal de Contribuciones. () Pero no vemos obje-ción fundamental a este resultado. Cumple el propósito de conceder a los contribuyentes una decisión en los méritos en vez de una decisión sobre motivos procesales. Y de cual-quier modo, la situación no ha sido creada por nosotros; el asunto compete a la Legislatura.

En síntesis, cuando el Tesorero requiere el pago() de arbitrios, el contribuyente tiene dos remedios para elegir; Bajo el primero debe, sin esperar a solicitar nada del Teso-rero, pagar la contribución bajo protesta después del reque-rimiento y demandar el reintegro ante el Tribunal de Con-tribuciones dentro de 30 días del requerimiento. De confor-midad con el segundo remedio, el primer paso es el mismo: pagar la contribución. En esa etapa el contribuyente puede ejercitar su elección entre los dos remedios mediante el pago voluntario. Si lo bace, cierra la puerta al remedio que de otro modo tenía bajo las Leyes 8 y 17. Pero si desea pos-poner su- elección entre los remedios basta más tarde, puedo pagar bajo protesta. Bajo estas circunstancias, puede to-davía elegir entre los caminos disponibles bajo las Leyes 8 y 17 y bajo el inciso 4, respectivamente, para llegar al Tribunal de Contribuciones. Esto es así-porque el inciso 4 pro-vee un remedio — ya se paguen las contribuciones voluntaria-mente o bajo protesta. Su elección por tanto no es definitiva basta el próximo paso: bajo las Leyes núms. 8 y 17 debe, sin recurrir al Tesorero, pagar bajo protesta y demandar ante -el Tribunal de Contribuciones dentro de 30 días des-pués del requerimiento; bajo el inciso 4 debe radicar ante el Tesorero una petición de reintegro, lo que debe hacerse dentro de cuatro años del pago, y luego demandar ante el Tribunal de Contribuciones dentro de 30 días después que el Tesorero le deniegue su petición.

Reconocemos que las Leyes núms. 8 y 17 ban perdido al-guna fuerza. De acuerdo con nuestra decisión, aun si el pago fuera becbo “bajo protesta”, un contribuyente no viene obligado a proceder ante el Tribunal de Contribucio-nes dentro de 30 días del requerimiento según lo establecen las Leyes núms. 8 y 17, leídas conjuntamente con el inciso 5 de la sección 3 de la Ley núm. 169. En su lugar, puede ele-gir considerar su pago como un pago becbo en exceso, según se define en el inciso 4, y en cualquier momento basta cua-tro años después del pago, solicitar el reintegro del Teso-rero, y demandar luego ante el Tribunal de Contribuciones una vez que el Tesorero le deniegue su petición. Pero las Leyes núms. 8 y 17 todavía quedan en vigor para aquellos que prefieren actuar con más rapidez: pueden después de re-querírsele pagar bajo protesta y proceder inmediatamente— es decir, dentro de 30 días después del requerimiento — ante el Tribunal de Contribuciones, sin la demora envuelta en so-licitar el reintegro del Tesorero. Y aun más importante, eligiendo el procedimiento bajo el inciso 4 de la sección 3 de la Ley núm. 169, el contribuyente pierde intereses al 6 por ciento anual desde la fecha de la radicación de la que-rella, los cuales percibe el contribuyente si demanda bajo las Leyes núms. 8 y 17, leídas conjuntamente con el inciso 5. Buscagila v. Tribunal de Contribuciones, 67 D.P.R. 73.

Es cierto que esto hace que el ingreso público sea incierto durante cuatro años y treinta días. Durante ese tiempo un contribuyente puede radicar su solicitud con el Tesorero, y luego demandar ante el Tribunal de Contribuciones el rein-tegro de un pago en exceso, ya fuere voluntario o bajo pro-testa. Pero eso es exactamente lo que el inciso 4- — junta-mente con los términos prescriptivos de la sección 64(b) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos y la Ley núm. .261 de 1946 — prescriben. La Legislatura abrió la puerta a tales pleitos. No compete a nosotros cerrarla.()

Notamos de paso que los casos Federales no resuelven lo contrario. Los remedios judiciales alternativos que existen en el sistema Federal solamente para casos de contribucio-nes sobre ingresos y casos relacionados — los pleitos de rein-tegro son el remedio exclusivo para casos de arbitrios — son (1) en el Tribunal Contributivo para la redeterminación de deficiencias determinadas por el Comisionado; y (2) en tér-minos generales, en la Corte de Reclamaciones o en las cor-tes de distrito para el reintegro de contribuciones ya paga-das. 10 Mertens, Law of Federal Income Taxation, sec. 58.45, págs. 345-47. () Una vez que se paga una deficien-cia antes del pleito ante el Tribunal Contributivo Federal, el único remedio disponible está en la corte de distrito o en la Corte de Reclamaciones. Pero fiemos visto que en esta jurisdicción, bajo nuestros estatutos que proveen remedios alternativos, el pago de arbitrios no es el paso decisivo que determina la elección que el contribuyente fia fiecfio. Es más, aun en el sistema Federal un pleito malogrado ante el Tribunal Contributivo Federal no es fatal. Si la petición no se radica ante el Tribunal Contributivo Federal dentro del ter-mino prescrito por ley, dicho Tribunal no tiene jurisdicción; pero el peticionario puede todavía pagar la deficiencia y de-mandar el reintegro ante la corte de distrito. Beacon v. Commissioner, P. H. Tax Court Memorandum Decisions Service, párr. 45,172, según fue reportado en Griswold, Cases and Materials on Federal Taxation, segunda ed., págs. 94-97'.

Concluimos que cuando el peticionario pagó su contri-bución, bien le baya llamado voluntario o bajo protesta, no» babía becbo elección alguna de los remedios. Habiéndola ■- pagado bajo protesta, pudo recurrir a las Leyes núms. 8 y 17 y demandar ante el Tribunal de Contribuciones dentro» de 30 días del requerimiento del Tesorero, sin tener que acu-dir nuevamente ante' este- funcionario, siempre y cuando' también pagara bajo protesta antes de que expiraran los treinta días. Bajo dichas circunstancias, la decisión admi-nistrativa requerida por la sección 4 de la Ley núm. 169 para conferir jurisdicción al Tribunal de Contribuciones, es el requerimiento del Tesorero. El contribuyente no bizo esto. Pero ello no le quitó su remedio bajo el inciso 4. Su elec-ción para proceder bajo el inciso 4 no ocurrió basta que, den-tro de los cuatro años del pago en exceso, solicitó el reinte-gro del Tesorero. Al denegársele esta petición, bajo el in-ciso 4 él pudo, como bizo en este caso, demandar el reintegro dentro de treinta días ante el Tribunal de Contribuciones. Por tanto, el Tribunal de Contribuciones cometió error al desestimar la querella por falta de jurisdicción. ()

El Tribunal de Contribuciones, con la única excepción de que guardó silencio en cuanto a las cuestiones de (1) que el pago bajo protesta no constituye una elección irrevocable por parte del contribuyente del remedio bajo las Leyes núms. 8 y 17, y (2) que bajo el último procedimiento los 30 días-para recurrir ante el Tribunal de Contribuciones empiezan a correr desde la fecba del requerimiento, al resolver el caso-de Moscoso Hnos., Inc. v. Tesorero, 2 D.T.C. 570, llegó a las-inismas conclusiones a que llegamos nosotros aquí. Sin embargo, luego dicho Tribunal se negó a seguir su decisión en el caso de Moscoso en Porto Rico Iron Works y en el pre-sente caso.

Para terminar indicaremos que ban pasado casi tres años desde que dijimos en el caso de Mayagüez Lt., P. & I. Co. v. Tribunal de Contribuciones, supra, pág. 33: 11 . . . confiamos en que no está mal que sugiramos que ... se baga un esfuerzo para delinear un estatuto de procedimiento para toda la liti-gación contributiva que sea sencillo, uniforme y completo. Las decisiones de este Tribunal sólo sirven, de paliativo; el remedio está en manos de la Legislatura.”

Esta situación todavía no se ba corregido. Entretanto, .■sólo un oráculo puede señalar el procedimiento adecuado en .nuestros casos contributivos. Las distinciones que se nos ba '.obligado a trazar “escasamente pueden recordarse más allá viel tiempo invertido en exponerlas . . . ”.() Los litigan-tes continúan vagando en un laberinto de procedimiento. Y cuando' finalmente radican sus pleitos, con motivo de estos estatutos en conflicto, los interesados pierden tiempo, dinero y energía con ningún propósito constructivo, excepción becba de un ejercicio dialéctico.

Si bien la Asamblea Legislativa no tuvo esa intención, es-tos estatutos procesales consisten casi en su totalidad de una serie de elaboradas trampas. ' Ellos están de más en un sis-tema contributivo moderno, cuyo primer requisito es que la decisión en una controversia contributiva entre el gobierno y el ciudadano sea emitida en los méritos, y no sobre un centón de sutilezas procesales.

La decisión del Tribunal de Contribuciones será revocada, y se devolverá el caso para ulteriores procedimientos no in-consistentes con esta opinión.

      (1) En la sección 4 la Legislatura dispuso que el Tribunal de Contribucio-nes tendría jurisdicción sobre casos de "reembolso de toda clase de contribu-ciones ... así como para conocer de las reclamaciones de contribuciones paga-das indebidamente o en exceso o cobradas ilegalmente, cuyo reembolso se haya rehusado por el Tesorero.” Y en la sección 3 dispuso que dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la notificación que a la misma haga el Tesorero, un contribuyente podrá iniciar ante el Tribunal de Contribuciones una recla-mación basada en ". . . (4) Denegatoria de reembolso de cualquier contribución pagada indebidamente o en exceso o cobrada ilegalmente por cualquier otra causa ...

      (2)Véanse también los estatutos citados en Cía. Ron Carioca v. Tribmial de Contribuciones, supra, pág. 716, nota 3.

      (3)E1 caso de Jones v. Liberty Glass Co., 332 TJ.S. 524, resuelto el 22 de' diciembre de 1947, eliminó cualquier posible problema en cuanto a si una recla-mación fué hecha bajo la sección 64, que tiene un término prescriptivo o bajo' la sección. 75 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos,. que carece de tal término. Bajo el caso de Jones ya se ha decidido que es inmaterial si el pagó-se hace por el contribuyente a iniciativa propia o a instancia del Tesorero. Bajo ambas circunstancias, rige el período prescriptivo de cuatro años. Véase Qongálee PadAn Co., Ino. v. Tribunal de Contribuciones, supra, págs. 990-91.

      (4) Cf. R. Santaella & Bros. v. Tribunal de Contribuciones, supra; Royal Bank v. Tribunal de Contribuciones, supra.

      (5)E1 problema del efecto de las Leyes núms. 261 y 388 sobre redama-ciones de reintegro radicadas con el Tesorero antes de que dichas leyes fueran aprobadas, está pendiente de resolución en este Tribunal en Ana María Sugar Co. v. Tribunal de Contribuciones, Certiorari Núm. 100; Mayagüez Light, Power and Ice Co., Inc. v. Tribunal de Contribuciones, Certiorari Núm. 101; e International General Electric, S.A., Inc. v. Tribunal de Contribuciones, Certiorari Núm. 137.

      (6) Cf. Buscaglia v. Tribunal de Contribuciones, 67 D.P.R. 73.

      (7) Concluimos más adelante que bajo este segundo procedimiento — Leyes núms. 8 y 17 leídas conjuntamente con el inciso 5 de la sección 3 de la Ley núm. 169 — los 30 días se empiezan a contar desde la feelia del requerimiento, y no desde la feclia del pago. A fortiori, si el Tribunal de Contribuciones hubiera calculado los treinta días desde las fechas de los requerimientos— octubre 21 de 1943, diciembre 27 de 1943 y marzo 27 de 1944 — la querella del 19 de junio de 1944 fué radicada muy tarde. Añadimos la advertencia de que esta nota está desde luego predicada en la premisa de que el contribuyente seguía el segundo procedimiento; pero más adelante encontramos que no pode-mos aceptar esta premisa.

      (8)Para una historia legislativa posterior de la sección 7, véanse la Ley núm. 303, Leyes de Puerto Rico, 1946 ((1) pág. 783); Ley núm. 432, Leyes de Puerto Rico, 1947 ((1) pág. 883); Araújo v. Tribunal de Contribuciones, 67 D.P.R. 875.

      (9) Sobre una cuestión similar que envuelvo contribuciones sobro la propiedad, Cf. Figueroa v. Tesorero, 2 D.T.C. 601; Cía. Cervecera, v. Tesorero, 3 D.T.C. 488

      (10) Oreemos propio aclarar el punto de que un contribuyente tiene derecho a proceder bajo las Leyes núms. 8 y 17 pagando bajo protesta una voz que recibe el requerimiento del Tesorero. Nuestros casos do contribuciones sobre ingresos, citados en Cía. Ron Carioca v. Tribunal de Contribuciones, supra, pág. 715-16, que requieren algo más, como los embargos o amenazas de embargo, con el fin de justificar la designación de pago bajo protesta, envolvían diferentes consideraciones y no están en pugna con nuestra decisión en este caso de que el requerimiento de pago de arbitrios, sin más, le da derecho al contribuyente a caracterizar su pago como hecho bajo protesta y a proceder bajo las Leyes núms. 8 y 17. Bajo dichas circunstancias el contribuyente está haciendo exactamente lo que exigen las peyes 8 y 17. Oliver v. Domenech, Tesorero, 58 D.P.R. 64; Pérez v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 61 D.P.R. 33; Cf. Blanco v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 61 D.P.R. 23.

      (11) Arguya el peticionario que si se resolviera que gobiernan en este caso las Leyes núms. 8 y 17 junto a la núm. 169, su petición de reintegro radicada con el Tesorero equivalía a una moción al Tesorero para que reconsiderara el requerimiento de pago; quo bajo la cláusula del Disponiéndose de la sección 3 de la Ley núm. 169, el período de treinta días queda en suspenso si se radica dielia moción y el Tesorero decidiese reconsiderarlo; y que la querella fué por tanto radicada en tiempo. Sin examinar otras posibles objeciones a esta contención, estamos obligados a rechazarla porque el Tesorero nunca deci-dió reconsiderar el requerimiento. Éste la denegó de plano el 2 de junio. Pot tanto nunca se suspendió en momento alguno el período de treinta días.

      (12) Cf. Blanco v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, supra, y Royal Bank v. Tribunal de Contribuciones, supra, donde resolvimos qué la contribución fué pagada voluntariamente aunque el contribuyente la designara como pagada bajo protesta. Bajo algunas circunstancias el reverso puede ser cierto: El no tomar pasos ulteriores, como en este caso, bajo las Leyes núms. 8 y 17 resulta en efecto en la pérdida del calificativo de pago bajo protesta.

      (13) En contribuciones sobre ingresos la elección por el contribuyente de los remedios es más fácil de determinar. Contrario a los casos de. arbitrios, donde el pago es el primer paso bajo ambas alternativas, cuando un contribuyente resiste una notificación de deficiencia, éste no paga la contribución. Por el contrario, presta una fianza de no menos de las, % partes y demanda ante el Tribunal de Contribuciones. Mayagüez Light, Power and Ice Co., v. Tribunal de Contribuciones, supra. Bajo su remedio alternativo, en vez de dejar de pagar, el contribuyente paga y demanda por el reintegro. The Coca Cola Co. v. Tribunal de Contribuciones, supra.

      (14) Los contribuyentes algunas veces pagan sin requerimiento para evitar los intereses y las penalidades, Véanse las secciones 39 y 50 de la Ley de Rentas Internas, según fuá enmendada por la Ley núm. 78, Leyes de Puerto Rico, 1945 ((1) pág. 289), y la Ley núm. 426, Leyes de Puerto Rico, 1947 (pág. 869). Pero si no se efectúa requerimiento alguno, el procedimiento con-templado por las Leyes núms. 8 y 17 nunca entra en juego. Este procedi-miento exige tanto el requerimiento del Tesorero como el pago bajo protesta por -el contribuyente, seguidos de un pleito ante el Tribunal de Contribuciones dentro de los treinta días del requerimiento. En consecuencia, si el pago se hace sin requerimiento, el contribuyente sólo tiene un remedio; v.g., aquél con-cedídolo por el inciso 4.

        (15) González Padín Co., Inc. v. Tribunal de Contribuciones, 66 D.P.R. 964, 992, no está en pugna con la conclusión a que aquí llegamos. Allí la cuestión era si una solicitud de reintegro de contribuciones sobre ingresos podía radi-carse sin limitación de tiempo alguno de conformidad con la Ley de 1904, no obstante las disposiciones de la seeeión 64(a) y (6) de la Ley de Con-tribuciones sobre Ingresos, de que las petieiones de reintegro de contribuciones sobre ingresos deben radicarse dentro de cuatro años. Resolvimos que el esta-tuto especial, sección 64, y no el general, la Ley de 1904, gobierna cuando ambas cubren precisamente la misma acción: una petición de reintegro. Es cierto que aquí también tenemos un estatuto especial (Leyes núms. 8 y 17) frente a un estatuto general (inciso 4) que dispone en un caso el pago bajo protesta y en otro el pago, bien voluntario o "bajo protesta". La distinción ■sin embargo descansa en el beebo de que, como hemos visto, el próximo paso ..es diferente bajo los estatutos respectivos. El estatuto especial, en su conse-cuencia, no predomina, como en el caso de Padín, sobre el general. Ambos permanecen en efecto uno al lado del otro y disponen remedios y procedimientos .alternativos.

      (16) Si >ol contribuyente, después que radica su petición ante el Tribunal Contributivo, la hace efectiva para evitar el pago de intereses, el Tribunal retiene la jurisdicción. Sección 322(d), I.E.C. De igual manera, una vez que se radica ante el Tribunal una solicitud para que se redetermine una deficiencia, todas las reclamaciones de reintegro envueltas en ese mismo año son decididas por el Tribunal Contributivo. Esto es así para evitar la determinación frag-mentada de responsabilidad sobre contribuciones dé ingresos para un año espe-cífico. Sección 322(c), (d), I.E.C. Pero debe notarse que esta elección de remedio se torna efectiva solamente después de radicarse el pleito bajo una de las alternativas. Nuestro caso es diferente en que no se radicó pleito alguno do conformidad con el remedio provisto por las Leyes núms. 8 y 17, leídas conjuntamente con el inciso 5 de la sección 3 de la Ley núm. 169.

      (17) Aquí nada tememos que ver con el problema de si el inciso 4 tuvo-, por miras revivir causas de acción que ya estaban prescritas, tanto en cuanto-a derecho como en cuanto a remedio, porque el contribuyente no hizo uso en-tiempo del remedio provisto por las leyes en vigor a la fecha del pago de-las sumas que ahora reclama. Cf. R. Santaella & Bros. v. Tribunal de Contribuciones, supra; Royal Bank v. Tribunal de Contribuciones, supra. Aquí el contribuyente pagó su contribución en 1944 después de entrar en vigor el inciso 4. Es obvio que tenía derecho a optar por demandar ante el Tribunal de Contribuciones de conformidad con el remedio alternativo provisto por el inciso 4.

      (18) Bmton-Swtton Oil Oo. v. Comm’r., 328 U.S. 25, 38, opinión separada ■del Juez Asociado Sr. Frankfurter.