author:
(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, Juez Presidente Señor Hernández Denton,

text:
      In re Lorenz Michel Prüss.

      Número: MC-2013-0052

      Resuelto: 1 de noviembre de 2013

      Carlos Romero Bar celó y Carlos A. Romero, Jr, abogados de Lorenzo Michel Prüs.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción en Auxilio Urgente, así como la Solicitud de Admisión por Cortesía, se provee “ha lugar”, condicionado a que el peticionario nos informe el caso espe-cífico en el cual va a postular ante el Financial Industry Regulatory Authority. De postular en más de una querella, el peticionario deberá cancelar los sellos correspondientes de rentas internas.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco emitió un voto particular de conformidad al que se unieron el Juez Asociado Señor Martínez Torres, el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez. El Juez Presidente Señor Hernández Denton emitió un voto particular disidente al que se le unieron la Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez. El Juez Asociado Señor Kol-thoff Caraballo no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular de conformidad emitido por la

Jueza Asociada Señora Pabón Charneco,

al que se le unen el Juez Asociado Señor Martínez Torres, el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

Estoy conforme con la Resolución que emitimos hoy so-bre el caso de epígrafe. Además de ser una decisión cón-sona con nuestra reglamentación, permite la admisión pro hac vice de un abogado, condicionada a que este nos in-forme el caso específico en el cual va a postular ante una agencia reguladora.

Sin embargo, en aras de atender algunos de los plantea-mientos contenidos en el voto particular disidente que emite el Juez Presidente, Señor Hernández Denton, me veo obligada a emitir estas expresiones breves.

I

En el voto particular disidente se concluye que la Reso-lución que hoy proveemos “ha lugar” va a convertirse en un subterfugio para la práctica de la profesión en nuestra jurisdicción. Se aduce que esto va a permitir la admisión de abogados que no han aprobado el Examen de Reválida General y que no cumplen con los requisitos de carácter y reputación necesarios para admisión. Discrepamos de es-tas expresiones.

El peticionario nos ha solicitado que le otorguemos una admisión pro hac vice a nuestra jurisdicción. Particularmente, con el propósito de entrevistar, contratar y presentar querellas ante el Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) y litigar en los eventuales procedimientos de arbitraje. Esto ante la particularidad de los reclamos de bonos que se están suscitando por los problemas que en-frenta el mercado de valores.

Según esta solicitud, el peticionario cumplió satisfacto-riamente con todas las exigencias de nuestra Regla 12(f), 4 LPRA Ap. XXI-B, de Admisión por Cortesía. Así las cosas, no vislumbro cómo hubiese sido diferente con el curso de acción sugerido por el Juez Presidente. Otorgarle quince (15) días al peticionario para que informe el caso o los ca-sos que presentará ante la agencia reguladora, en nada cambia el hecho de que este ha cumplido con los requisitos exigidos por nuestra reglamentación. Además, como seña-lamos, en esta Resolución hemos ordenado que el peticio-nario nos informe el caso o los casos en los cuales postula-ría ante FINRA. En caso de ser más de una querella, deberá cancelar los correspondientes sellos de rentas internas.

Concluir lo contrario hubiese significado promover que una persona no admitida en nuestra jurisdicción realice actividades que ya este Tribunal ha considerado como pro-pias de la práctica de la abogacía. Tal es el caso de la orientación y la asesoría legal. En In re Gervitz Carbonell, 162 DPR 665, 701 (2004), concluimos que el Canon 33 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, “prohíbe que un abogado no admitido en nuestra jurisdicción suministre consejo legal a los clientes de un abogado aunque se trate de un asunto fuera de los tribunales”. (Enfasis en el original).

Asimismo, recientemente en In re Wolper et al., 189 DPR 292, 305 (2013), enfatizamos que

[...] en nuestra jurisdicción sí se prohíbe el ejercicio de la pro-fesión de la abogacía por parte de personas no autorizadas por este Tribunal. Más aún, como hemos mencionado anterior-mente, esta prohibición no se limita a las comparecencias en los foros judiciales y cuasijudiciales.

Por consiguiente, expresar que la práctica de la aboga-cía se extiende más allá de los foros judiciales y solo con-ceder la admisión por cortesía cuando un abogado no ad-mitido en nuestra jurisdicción va a postular en nuestros foros es antagónico y contradictorio.

No podemos promover que una persona no admitida a nuestra jurisdicción realice funciones que han sido atribui-das a la práctica legal de la profesión sin necesidad de requerir autorización de nuestro Tribunal. Además de con-travenir los cánones del Código de Ética Profesional, esta-mos promoviendo una violación a las disposiciones de la Ley Núm. 17 de 10 de junio de 1939 (4 LPRA see. 740). Esta ley específicamente dispone que si la persona no ha sido admitida a nuestra jurisdicción

[no] podrá dedicarse al ejercicio de la profesión de abogado, ni anunciarse como tal, ni como agente judicial, ni gestionar, con excepción de sus asuntos propios, ningún asunto judicial o cuasi judicial ante cualquier tribunal de justicia; Disponién-dose, que la infracción de cualquiera de las disposiciones con-tenidas en esta sección, se considerará y castigará como un delito menos grave [.]

Por estas razones, considero que no podemos penalizar a este abogado que responsablemente nos ha solicitado la admisión por cortesía para exclusivamente atender los re-clamos de bonos que se han suscitado con los inversionis-tas en Puerto Rico. Denegar la solicitud implicaría obligar a que este letrado realice actividades propias de la práctica de la abogacía sin ser admitido a nuestra profesión. En conclusión, reitero el voto de conformidad a la Resolución emitida durante el día de hoy.

Voto particular disidente emitido por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton,

al cual se unen la Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Mediante la presente Resolución, una mayoría de este Tribunal desvirtúa el propósito de la figura de admisión por cortesía provista por la Regla 12(f) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, al admitir al abogado de epígrafe sin cumplir con los requisitos establecidos en ella. Por ello, disiento de ese curso de acción. En su lugar, hu-biera pospuesto la resolución de esta petición y ordenado al abogado a que nos informara en un término de quince días los casos especiales en los que postularía y que pagara los aranceles correspondientes a cada uno.

El abogado peticionario nos ha solicitado la admisión por cortesía para orientar, entrevistar, contratar clientes, presentar querellas y litigar ante la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) en reclamaciones relacionadas con pérdidas de inversiones en el mercado de bonos de Puerto Rico. Con su solicitud acompañó el certificado de buena conducta del Colegio de Abogados de Florida, sellos de rentas internas por $400 y el endoso de los Ledos. Carlos Romero Barceló y Carlos A. Romero, Jr. Sin embargo, en su solicitud no nos da detalles sobre la cantidad de ca-sos ni las partes que representará. Por lo tanto, no nos pone en posición de determinar la existencia ni la probabi-lidad de un caso real en el cual desea postular. Ante esta situación, lo que procede es posponer la consideración de su solicitud.

La Regia 12(f), supra, establece que “[c]ualquier persona admitida al ejercicio de la abogacía en un estado o territorio de Estados Unidos de América o en el Distrito de Columbia podrá ser autorizada por cortesía por este Tribunal para postular como abogado o abogada en Puerto Rico en casos especiales”. (Enfasis suplido). Como requisito, un abogado admitido al ejercicio de la profesión en esta juris-dicción debe endosar la solicitud y dar fe de su capacidad “para postular como abogado o abogada en el caso correspondiente”. (Énfasis suplido). íd. Asimismo, debe presentarse un certificado expedido por el más alto tribunal del estado en el cual la persona solicitante esté admi-tida al ejercicio de la profesión y sellos de rentas internas por un valor de cuatrocientos dólares ($400), salvo que es-tos se dispensen por este Tribunal. íd.

De esa forma es viable la admisión pro hac vice en nues-tra jurisdicción. Esto permite que un abogado admitido a ejercer la abogacía en un estado de Estados Unidos sea “autorizado a participar como abogado en un caso en espe-cífico que se tramita en otro estado o en Puerto Rico aun cuando no haya sido admitido a ejercer la abogacía en és-tos”, pues satisface las condiciones que el ordenamiento ha establecido para ello. (Énfasis en el original). S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abo-gado, San Juan, Publicaciones JTS, 2010, pág. 83.

La Regla 12, supra, es sumamente importante, pues solo presenta tres instancias en las que se autoriza a un abogado a ejercer la profesión legal en Puerto Rico: (1) la admisión mediante examen, (2) la admisión por cortesía y (3) el ejercicio de la profesión por estudiantes de Derecho. De lo contrario, incurren en el delito de practicar ilegal-mente la profesión, según establecido en la Ley Núm. 17 de 10 de junio de 1939 (4 LPRA see. 740). Cabe destacar que la admisión por cortesía es un mecanismo especial que ha de utilizarse excepcionalmente. El Tribunal tiene discre-ción para hacer la determinación caso a caso. Por ello, no se puede abusar de ella concediendo admisiones por corte-sía a un abogado en un número indeterminado de pleitos.

En In re Wolper et al., 189 DPR 292 (2013), atendimos una controversia similar y aclaramos que cualquier abo-gado no admitido en nuestra jurisdicción que desee compa-recer en representación de una parte en un procedimiento de arbitraje, en aquel caso también ante la FINRA, debe solicitar la admisión por cortesía, según dispuesto en la Regla 12(f) del Reglamento del Tribunal Supremo, supra.

Entiendo que en el país ha surgido una situación difícil relacionada con el mercado de valores en la que se han visto involucradas casas de corretaje como UBS, Popular Securities, Santander Securities, entre otras. A raíz de esto, los inversionistas afectados pudieran querer presen-tar reclamaciones en los foros pertinentes. También cono-cemos que las partes involucradas en una reclamación tie-nen libertad para escoger la representación legal que deseen. No obstante, cuando el abogado seleccionado no está admitido en nuestra jurisdicción, debe completar el proceso de admisión mediante examen, el proceso de admi-sión por cortesía o ser estudiante de Derecho autorizado a practicar la profesión, según dispone la Regla 12, supra.

Precisamente, el abogado de epígrafe solicita la admi-sión por cortesía. Sin embargo, no especifica la cantidad de casos ni las partes que representará. Por esto, conceder la petición es contrario a lo permitido por la Regla 12(f), supra, pues, en lugar de admitirlo por cortesía para que pos-tule en casos especiales, lo estaremos admitiendo para que practique abiertamente la profesión en determinada área del Derecho. El efecto real de esta Resolución es que per-mite un subterfugio para que el abogado solicitante pueda practicar la profesión en nuestra jurisdicción sin haber aprobado el examen de reválida y sin haber cumplido con los requisitos de carácter y reputación que se exigen en este Foro. Esto al permitirle orientar, entrevistar a posi-bles clientes y asumir la representación legal de cuantos casos desee, lo que altera la naturaleza de la admisión por cortesía. Por el contrario, el Tribunal debió definir la can-tidad de casos que un abogado puede tramitar de forma pro hac vice para asegurarnos que no se abuse de este meca-nismo excepcional.

Aunque disiento del proceder de este Tribunal, aprove-cho para recordar al abogado peticionario y a todos aque-llos admitidos al amparo de la Regla 12(f), supra, su deber de cumplir con los cánones del Código de Ética Profesional. En especial, lo relacionado con la contratación y fijación de honorarios.


source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Presidente Señor Hernández Denton, Juez Aso-ciado Señor Martínez Torres. Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo. Juez Asociado Señor Estrella Martínez,

license: Public Domain

text:
    Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO), Taller de Fotoperiodismo, Inc., Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico y Overseas Press Club, Ex parte, peticionarios.

      Número: MC-2013-59

      Resuelto: 4 de noviembre de 2013

      Carlos E. Díaz Olivo, abogado de los peticionarios.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Petición especial de Autorización al Am-paro del Canon XV de los de Ética Judicial y del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y Equipo Audiovisual en los Procesos Judiciales, presentada por el Taller de Fotoperiodistas, Inc., la Asociación de Pe-riodistas de Puerto Rico (ASPRO), la Asociación de Fotope-riodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club, se de-clara “con lugar”.

Los gremios periodísticos deberán regirse según lo provisto en el Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales.

Notifíquese vía fax, por teléfono y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton emitió un voto de conformidad, al cual se unieron los Jue-ces Asociados Señores Martínez Torres y Estrella Martínez. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emitió un voto particular de conformidad. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo emitió un voto de conformidad. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto particular de conformidad, al cual se unieron el Juez Presidente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Martí-nez Torres. El Juez Asociado Señor Rivera García hizo constar la expresión siguiente, a la cual se unió la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco:

El Juez Asociado Señor Rivera García proveería “no ha lu-gar” a la solicitud de los peticionarios, toda vez que la misma queda fuera del alcance de la Resolución ER-2013-1 emitida por este Tribunal y el Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales. En aquel momento, la decisión unánime de esta Curia fue establecer un Programa Experimental en las salas de recursos extraordinarios del Centro Judicial de San Juan. Conforme a lo allí dispuesto, al final de ese periodo, el cual culmina en julio de 2014, el Tribunal deberá evaluar exhaus-tivamente la efectividad del uso de los referidos equipos. Por lo tanto, resulta prematura cualquier solicitud a los fines de am-pliar lo que autorizamos mediante la referida resolución, sin antes contar con el beneficio de una evaluación de ese periodo experimental.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Voto de conformidad emitido por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton,

al cual se unen los Jueces Asociados Señor Martínez Torres y Señor Estrella Martínez.

En un acto de avanzada, el 19 de abril de 2013 este Tribunal enmendó el Canon 15 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, para “acercar cada vez más nuestro sistema de justicia a los más altos valores y niveles de transparencia, de fomentar la confianza del pueblo en su Judicatura y de garantizar el acceso de la ciudadanía [...]”. In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424, 425 (2013). A raíz de ese proceso, el nuevo Canon 15, supra, permite que se tomen “fotografías o video en el salón del tribunal durante la celebración de sesiones judiciales o recesos y radiodifundir o televisar los procedimientos judiciales, solamente según lo autorice el Tribunal Supremo mediante una orden, regla o norma”. (Énfasis suplido). Id., pág. 426.

Hoy está ante nuestra consideración una petición pre-sentada por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el Taller de Fotoperiodismo, la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club para que se les autorice la grabación y transmisión de la vista de sentencia del caso Pueblo v. Malavé Zayas pautada para el 4 de diciembre de 2013 en el Centro Judicial de Caguas. Los gremios periodísticos argumentan que la transmisión no viciará el proceso judicial, pues un Jurado ya emitió un veredicto y la vista es de carácter procesal. Nos invitan a extender “de forma circunspecta y a manera de ensayo, la operación del plan experimental en el contexto de los pro-cesos penales”. Por último, señalan que se comprometen a adherirse estrictamente al Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales (Programa Experimental).

Desde la aprobación del nuevo Canon 15, supra, solo hemos permitido la toma de fotografías o video en las sesiones judiciales en las Salas Especializadas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan mediante el Programa Experimental, el cual fue aprobado simultáneamente a la enmienda del canon. Hasta ahora, aunque falta por concluir el año para evaluar los resultados, el programa experimental ha tenido una excelente aceptación por parte de la prensa y de los dos jueces encargados de las Salas de Recursos Extraordinarios. Esto últimos han podido manejar con mucha efectividad los procesos, man-teniendo el decoro y la dignidad del Tribunal. Además, los procesos judiciales han podido fluir con naturalidad. En efecto, los medios tecnológicos recientes permiten divulgar los procedimientos sin interrupciones mayores. En este sentido, hemos recibido una evaluación positiva del proyecto. De hecho, ha sobrepasado las expectativas de los diferentes sujetos involucrados.

Entendemos que el éxito que ha tenido el proyecto experimental se debe en gran parte a que la prensa ha sido muy cautelosa con la transmisión y se ha ajustado a las reglas que le impusimos mediante el Reglamento del Programa Experimental. Para los gremios periodísticos ha sido un reto y una mayor responsabilidad. Además, ha requerido su ac-tiva colaboración. De hecho, podemos afirmar que los me-dios de comunicación han contribuido a su implementación.

Ahora, estamos ante una petición de la prensa que nos invita a abrir la transmisión a un procedimiento criminal que se encuentra en la etapa de sentencia. A esos efectos, debemos ponderar el derecho a un juicio justo con el dere-cho a la libertad de prensa. Consideramos que esta solici-tud nos brinda una excelente oportunidad para, a modo excepcional y experimental, evaluar los efectos de la trans-misión de los procesos penales en las etapas posteriores a la emisión de un fallo o veredicto. Por esa razón, estamos conformes con conceder la solicitud en este caso. De esta forma, continuamos el camino de apertura y accesibilidad de la transmisión de los procesos judiciales.

Claro está, al acceder a lo solicitado, consideramos cui-dadosamente que este caso se encuentra en la etapa de vista de sentencia donde un Jurado deliberó y adjudicó la responsabilidad penal del acusado. O sea, no estamos ante una petición para transmitir el juicio o la vista preliminar, las cuales son etapas más sensitivas del proceso criminal. En este sentido, entendemos que mediante la transmisión de dicha vista el acusado no sufrirá un perjuicio y no existe un riesgo de que se afecte la administración de la justicia. Al contrario, sostenemos que se abona a la fiscalización de nuestro sistema al permitir que el proceso de dictar sen-tencia se divulgue al público de la manera más transpa-rente posible.

El nuevo Canon 15, supra, y el Programa Experimental son dos herramientas que nos permiten continuar dise-ñando la política institucional de la Rama Judicial sobre el uso de cámaras fotográficas y equipo audiovisual en los tribunales. Véase In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., supra, voto de conformidad emitido por el Juez Presidente Señor Hernández Denton. Con esta petición, evidenciamos que hemos dado un gran paso en ese camino hacia un sis-tema de justicia más transparente y accesible a todos. De ahora en adelante, este Tribunal deberá velar por darle vida al nuevo Canon 15, supra, mediante las concesiones que se soliciten, haciendo un balance caso a caso, con un gran sen-tido de justicia y garantizando los derechos constitucionales de las partes.

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Aso-ciado Señor Martínez Torres.

Estoy conforme con la Resolución que hoy emite este Tribunal. En ella se permite que miembros de la prensa utilicen cámaras fotográficas y equipo audiovisual durante el acto de sentencia de un caso de naturaleza penal. Sin lugar a dudas, la decisión de este asunto que cuenta con el voto de conformidad del Juez Presidente Señor Hernández Denton, el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo, el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón, el Juez Asociado Señor Estrella Martínez y el mío constituye un avance histórico. Para beneficio de todos, creo que es oportuno recapitular de forma breve los antecedentes que han permitido que nuestro Pueblo tenga libre acceso a los procedimientos judiciales.

I

En 2005, este Tribunal aprobó unos Cánones de Ética Judicial en los que se reafirmaron los principios que constituyen la base de las normas éticas. 4 LPRA Ap. IV-B. Sin embargo, en esa ocasión los entonces integrantes de este Foro dejaron inalterado el entonces Canon XVIII de 1977 (4 LPRA Ap. IV-A), ahora Canon 15, supra, que trata sobre la solemnidad de los procedimientos judiciales. Ese precepto ético impone el deber a los jueces de mantener el proceso judicial en un ambiente inalterable de solemnidad y respeto. En su texto original, el Canon 15, id., prohibía la toma de fotografías y las grabaciones de video o audio, así como la difusión de los procesos judiciales por radio o tele-visión, excepto en ocasiones ceremoniales o para propósitos educativos.

Cuando juramenté como Juez Asociado de este Tribunal mencioné lo siguiente:

[D] ebemos prestar particular atención a la transparencia en el desempeño de nuestras funciones. Debemos aspirar a que la justicia sea de fácil acceso para todos y que nuestros procedimientos no obstaculicen el que los ciudadanos se enteren de cómo se atienden sus causas. Por el contrario, debemos procurar que los ciudadanos comprendan cada vez más cómo funciona esta Rama. Para ello debemos utilizar los adelantos tecnológicos disponibles. Incluso, en esa misma línea de pensamiento, creo que es tiempo de replantearnos si todavía se justifica la prohibición de la transniisión de los procedimientos judiciales por vídeo y por audio. Ceremonia de Juramentación, 175 DPR xcvn (2009).

Agraciadamente, la preocupación que expresé en mi juramentación no cayó en oídos sordos. En In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424, 426 (2013), este Foro enmendó el Canon 15 de Ética Judicial, supra. Su redacción actual, en lo pertinente, es la siguiente:

Se podrá tomar fotografías o video en el salón del tribunal durante la celebración de sesiones judiciales o recesos y radio-difundir o televisar los procedimientos judiciales, solamente según lo autorice el Tribunal Supremo mediante una orden, regla o norma. Estas garantizarán el acceso del público a los procedimientos judiciales sin que se afecte el logro de un juicio justo e imparcial, sin interrumpir el proceso judicial y sin me-noscabar la sana administración de la justicia. Id.

Como se puede apreciar, la nueva redacción del Canon 15, id., representa un cambio radical de política pública por parte de este Tribunal. El espíritu del nuevo Canon 15 es garantizar la transparencia de los procedimientos judiciales.

II

Coincido con los peticionarios en que, en esta etapa de los procedimientos, la transmisión de la vista de sentencia no causa un perjuicio al acusado. Ya el Sr. Angel Malavé Zayas fue encontrado culpable por un Jurado. La vista de sentencia en este caso es de carácter puramente procesal. Véase la Regla 163 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Además, el uso de cámaras en los procedimientos penales está más que ensayado en otras jurisdicciones, por lo que no hay que temerle.

Permitir el acceso a la prensa en este asunto adelanta el objetivo importante al que me comprometí desde que jura-menté como Juez Asociado de esta Curia: abrir las puertas de la Rama Judicial para mantener informado al Pueblo de Puerto Rico sobre los procedimientos que se desarrollan en nuestros tribunales. De esa forma, nuestro Pueblo podrá constatar que esta Rama constitucional trabaja con gran sentido de laboriosidad e integridad.

Voto de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo.

Hoy —aunque en etapa experimental— este Tribunal da otro paso de avance hacia un sistema de justicia más transparente. A su vez, claro está, la Prensa alcanza otra victoria importante y, con eso, el País fortalece su democracia. Por primera vez en nuestra jurisdicción se permite a los medios televisivos grabar en el salón de se-siones parte de un proceso criminal.

Por la importancia que estoy convencido comprende este asunto para el mejoramiento de la Rama Judicial, y el im-pacto positivo que percibo que ello representa en la con-fianza de nuestro Pueblo, el 28 de febrero de 2011 me ex-presé por primera vez públicamente en torno a este tema en uno de los periódicos del País. En ese momento señalé que estaba convencido de que una Prensa responsable ayuda a depurar con su presencia todos los componentes del sistema judicial.

Es claro que una Prensa más libre en nuestras salas judiciales es un gran motivador para que tanto jueces, abo-gados de las partes, fiscales, procuradores, en fin, todo pro-fesional del Derecho se esfuerce aún más por cumplir ple-namente con su rol. Eso, además del tremendo beneficio que representa el que, desde la tranquilidad y comodidad de sus hogares, los ciudadanos de nuestro país puedan ob-servar y advertir, de primera mano, lo que ocurre en el escenario judicial.

No obstante, y como suele ocurrir, la llegada de tal pro-greso acarrea sus riesgos. Imbricado por sus grandes beneficios, yace en el equipaje de este particular avance otra realidad que también advierto no podemos de ninguna manera eludir. En 1996, en una comparecencia ante una subcomisión del Comité de Apropiaciones del Congreso de Estados Unidos, el ahora retirado Juez Asociado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, David Souter, señaló que el día que una cámara entrara a una vista oral en el Tribunal Supremo federal sería sobre su cadáver.

Sin embargo, lo que más llamó mi atención de las pala-bras del Juez Souter fue la experiencia de vida que este esbozó como motivo para su expresión. Souter señaló que cuando fue juez en el Estado de New Hampshire, la utili-zación de las cámaras había afectado su comportamiento en el estrado. Esto, por su convencimiento de que alguna pregunta que hiciera pudiera ser sacada fuera de contexto en los noticiarios mañaneros del próximo día. La Rama Judicial “no es parte de la industria del entretenimiento”, concluyó el Juez Souter. Estas expresiones deben ser con-sideradas con profunda reflexión. Para mí no existe duda de que el temor del Juez Souter tiene fundamento.

Historia y precedente judicial

Todo esto se ve con mayor claridad si inyectamos una pincelada de historia que nos ayude a entender la razón que motivó, en gran parte, esta aversión a los medios tele-visivos en las salas de justicia. Esta aversión ha ido dismi-nuyendo aceleradamente a través de los años, pero que todavía persiste en varias jurisdicciones.

Todo inició con lo ocurrido durante el juicio criminal contra Bruno Hauptmann, acusado, convicto y ejecutado por lo que se denominó a mediados de la década de los 30 como “el crimen del siglo”: el secuestro y asesinato del hijo de apenas 20 meses del notorio aviador Charles Lindbergh. Durante el juicio, Hauptmann se sentó en la silla de los testigos en una sala repleta de periodistas de diversos me-dios de comunicación y su testimonio fue grabado por las cámaras presentes. El problema sobrevino, en parte, por el gran “circo mediático” que se desarrolló cuando la graba-ción del testimonio del acusado Hauptmann fue presen-tada en distintos cines a través de toda la nación estado-unidense, aun en contra de las órdenes del Tribunal. Además, la conmoción que provocó el juicio produjo que más de 200 reporteros atestaran constantemente el salón, muchos con sus cámaras de filmación y fotografía, gra-bando y tomando fotos con sus “flashes”. Finalizado el pro-ceso, Hauptmann apeló su convicción señalando, entre otros errores, la distracción desmedida que se produjo a causa de toda la cobertura mediática. No obstante, el Tribunal Supremo federal denegó la petición de certiorari.

Ahora bien, como consecuencia de lo ocurrido en el juicio contra Hauptmann, en 1937 la American Bar Association aprobó en su modelo de Código de Conducta Judicial el notorio Canon 35, que prohibía el uso de cámaras de todo tipo en los juicios. Eso motivó que prácticamente todos los estados —con la excepción de dos— adoptaran ese canon.

Con el surgimiento, a mediados de los años 50, de la industria televisiva en Estados Unidos, volvió a diluci-darse la controversia en torno a si la presencia de las cá-maras de televisión durante un proceso judicial podían ser perjudiciales al derecho constitucional a un juicio justo e imparcial que cobija a todo acusado. En 1965, en Estes v. Texas, 381 US 532 (1965), el Tribunal Supremo federal pa-reció contestar tal interrogante en la afirmativa, al revocar la convicción por estafa (swindling) del empresario Billie Sol Estes. El juicio criminal contra el señor Estes —quien era amigo personal del entonces presidente Lyndon B. Johnson— fue transmitido (en parte en vivo y en parte dife-rido) por radio y televisión, con múltiples restricciones en varias instancias.

Como se reseña detalladamente en la opinión de la Corte Suprema federal en Estes, durante el juicio la sala estuvo todo el tiempo atestada de periodistas, con al menos 12 camarógrafos, cantidad de cables por todo el suelo, y múltiples micrófonos sobre el estrado del juez, frente al estrado del Jurado, de los abogados del Ministerio Público y de la defensa. Los camarógrafos intentaron, incluso, ha-cer tomas de los documentos que el acusado tenía ante sí mientras estaba sentado en la mesa de la Defensa junto a sus abogados. Todo esto provocó un trastorno considerable al proceso judicial.

Además, durante los dos días que duró el juicio, los me-dios de comunicación comentaron extensamente sobre este, reprodujeron los segmentos grabados por las cámaras e hicieron una selección del material que ellos entendían que servía mejor a sus fines periodísticos. Ante todo esto, el Tribunal Supremo federal finalmente revocó la convicción del señor Estes al señalar, entre otros fundamentos, que el intenso clamor público resultante de la cobertura de radio y televisión durante el proceso judicial constituyó una vio-lación al derecho a un juicio justo e imparcial. En su opi-nión, la Corte Suprema federal llegó, incluso, a señalar que "los juicios televisados [eran], por lo tanto, ajenos a nuestro sistema”.

El importante caso “Chandler v. Florida”

Sin embargo, en 1981 el Tribunal Supremo federal cambió su posición en torno a este asunto. En Chandler v. Florida, 449 US 560 (1981), el Alto Foro judicial atendió nuevamente el tema al enfrentarse a la controversia sobre “si, consistente con las garantías constitucionales, un Estado podía proveer cobertura radial, televisiva y fotográ-fica de un juicio criminal para difusión pública, aún con la objeción del acusado”.

Chandler v. Florida, supra, fue un caso que atrajo la atención de los medios de comunicación por tratarse de dos policías del condado de Miami Beach acusados de conspi-ración y robo. Además, el testigo principal del Ministerio Público era un joven radioaficionado que escuchó por ca-sualidad una conversación que los acusados sostuvieron por el sistema de radio (walkie-talkie) de la Policía. Du-rante el juicio, una cámara de televisión transmitió en su totalidad el testimonio del radioaficionado; no se transmi-tió ninguna de la prueba de la defensa y finalmente sí se transmitieron los argumentos finales de las partes.

En Chandler, el Tribunal Supremo federal, por voz del entonces Juez Presidente Warren E. Burger, definitiva-mente dejó atrás la idea de que los juicios televisados son ajenos a nuestro sistema. El Tribunal aclaró que Estes v. Texas, supra, no estableció una regla constitucional dirigida a que toda cobertura fotográfica, radial o televisiva de juicios criminales constituye una negación inherente del debido proceso de ley. Estes no pretendió ser una prohibición absoluta a que los estados pudieran experimentar con una tecnología en desarrollo que, en términos de forma de comunicación masiva, se encontraba relativamente en pañales en 1964 cuando Estes fue resuelto y que, aún ahora, se encuentra en un estado de continuo cambio.

Luego de aclarar el alcance de Estes v. Texas, supra, la Corte Suprema federal determinó que los peticionarios en Chandler no habían probado con exactitud que la presencia de las cámaras durante el juicio afectara la capacidad del jurado para decidir el caso considerando únicamente la evidencia ante sí o que el juicio se afectara por el impacto —en cualquiera de los participantes del proceso— de la presencia de las cámaras y la exposición a la transmisión.

No existen dudas en términos de que Chandler v. Florida, supra, constituye una luz verde a los estados para experimentar con la posibilidad de transmisiones radiales y televisivas, aún en procesos criminales. Evidentemente, corresponde a los estados y a Puerto Rico el que, según nuestras expectativas, establezcamos los mecanismos ne-cesarios para conseguir en nuestros procesos judiciales la mejor cobertura posible de los medios, salvaguardando los derechos de la partes y, muy en especial, de los acusados.

Conclusión

Como señalé, este proyecto experimental está aún en ciernes. No obstante, mi visión es cada vez más clara y mi posición, como parte de esta Curia, es más firme. Con la excepción de los asuntos que se dilucidan en las salas de familia y menores, estableciendo las restricciones que se en-tiendan necesarias, evaluando caso a caso y, sobre todo, concediendo una total discreción a los jueces de instancia, creo que es posible transmitir, incluso de forma tele-visiva, cualquier proceso judicial, en cualquier etapa.

Como hemos visto, el aspecto más crítico de esta odisea es lo concerniente a los procesos en las salas criminales. Los derechos de los acusados a un juicio justo e imparcial como parte del debido proceso de ley constitucional, y la seguridad de los testigos, jurados y demás protagonistas del procedimiento judicial criminal, son aspectos de la más alta importancia y preocupación. Sin embargo, estoy con-vencido de que estos son asuntos en los que se pueden ha-cer los ajustes necesarios para asegurar la transmisión del proceso. De todos modos, debemos recordar que “no esta-mos inventando la rueda”.

Sin embargo, y por otro lado, tenemos que aceptar que el temor del Juez Souter en 1996 es más real hoy. Los me-dios de comunicación en el mundo —y Puerto Rico, sin duda, no es la excepción— tienen una influencia extraordi-naria en la opinión pública. Por eso, la Prensa tiene que procurar que cada uno de sus componentes cumpla respon-sablemente con su rol, pues nadie fiscaliza a la Prensa, sino ella misma. Una actitud desdeñada en este aspecto podría con el tiempo, y como ha ocurrido en otras jurisdicciones, provocar que se cierre nuevamente esta puerta.

Con relación a lo que cada medio informativo o de en-tretenimiento terminará haciendo con el material que se transmite desde nuestras salas de justicia, cómo lo edita-rán y con qué propósito, en realidad es un asunto que el Pueblo tendrá que juzgar como el último y real juez supremo. Solo les recuerdo —con quizás fastidiosa insis-tencia— que el temor del Juez Souter tiene hoy más que nunca gran fundamento. Por esto, les reitero lo dispuesto en la resolución mediante la cual aprobamos las enmien-das al Canon 15 de Ética Judicial:

Toda persona deberá actuar responsablemente al difundir información de un proceso judicial, por lo que deberá asegu-rarse que la información que divulgue concuerde fielmente con la realidad de lo ocurrido en el proceso judicial. (Enfasis suplido).

Corresponde a esta Curia, como ocurre con la determi-nación que hoy emite la Mayoría, mantener una actitud de apertura y un paso de avanzada en este asunto. Sé que el reto es grande. Aun así, elijo confiar en que el país sabrá apreciar los beneficios de esta apertura y que los medios de comunicación sabrán corresponder al apoyo que reciben de todos nosotros.

Por todo lo anterior, estoy conforme con la decisión de la Mayoría.

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Estrella Martínez,

al cual se unen el Juez Presidente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Martínez Torres.

En ocasión de la aprobación de la enmienda al Canon 15 de Ética Judicial, In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424 (2013), y el establecimiento de un Programa Experimental para autorizar el uso de cámaras fotográficas y de equipo audiovisual, por parte de los medios de comunicación en determinadas Salas de Recursos Extraordinarios, advertí que esos pasos de avance no deben constituir un impedimento para continuar con los esfuer-zos simultáneos dirigidos a alcanzar la plenitud de acceso a los procesos judiciales nuestro esquema constitucional.

La resolución emitida previamente por este Tribunal no tuvo el efecto de implantar meramente un Programa Experimental. Su impacto fue mucho mayor, toda vez que prácticamente aprobamos un nuevo Canon 15 de Ética Judicial, supra, que estableció una política pública de mayor apertura y acceso de la prensa y la ciudadanía a los proce-sos judiciales. Nótese que el nuevo Canon 15 extendió in-mediatamente a todas las salas civiles, criminales, de fa-milia y menores el uso de computadoras portátiles, teléfonos celulares, tabletas, entre otros dispositivos elec-trónicos o equipo similar. De esta forma, la prensa y los abogados y las abogadas pueden recopilar información y transmitirla con mayor precisión y agilidad, para beneficio de la ciudadanía. Obviamente, según unas normas que ga-ranticen que tales acciones no interfieran con los trabajos de la sala, sean acordes con los mandatos éticos y no infrin-jan las garantías constitucionales de las partes.

No veo impedimento para que autoricemos, según esa nueva política pública, la petición de la prensa. Por el con-trario, la presente autorización contribuirá a poder obtener recomendaciones e insumos adicionales del programa experimental, desde el ámbito de los procedimientos criminales.

Sabido es que “el acusado no es el único acreedor del derecho fundamental a un juicio público, pues la ciudada-nía y la prensa también pueden invocarlo para lograr el acceso a dicho procedimiento”. Pueblo v. Pepín Cortés, 173 DPR 968, 977 (2008). Los derechos a la libre expresión, asociación y libertad de prensa, garantizados por la Sec. 4 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, y por la Primera Enmienda de la Constitución federal, así como el derecho de acceso a la información en poder del Estado, requieren que reflexionemos en torno a la realidad social de que ya no puede limitarse la publicidad del juicio a las personas presentes como espectadores. Debemos nutrirnos de la experiencia y de la tendencia mayoritaria a nivel de Estados Unidos y en múltiples jurisdicciones democráticas. No podemos obviar que “[l]a asistencia personal y directa a los juicios ha perdido importancia y, en contrapartida, se ha ampliado el círculo de los participantes indirectos a los que la prensa, la radio y la televisión transmiten las noticias judiciales”.

Si no evolucionamos y reconocemos esta tendencia, sen-cillamente la naturaleza de la publicidad de los procesos judiciales quedará desvirtuada. Un razonamiento contra-rio, nos conduciría al absurdo de reconocer que es válido que un periodista escriba y transmita inmediatamente en twitter las palabras del juez al dictar la sentencia, pero que esas mismas palabras del juzgador no puedan ser radiodi-fundidas o televisadas simultáneamente. Más importante aún, no veo la razón por la cual no podamos permitir que el acceso a la información fluya inmediatamente, más allá del sector de la población que disfruta de conexión a la red de internet.

En la petición particular ante nos, la prensa enmarca su reclamo en un compromiso de adherirse estrictamente al Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales. Ello, en reconocimiento al control que tendrá el juez del Tribunal de Primera Instancia para administrar los proce-sos adecuadamente. De igual forma, reconozco que el juz-gador del foro primario tiene las herramientas necesarias para proteger cualquier información, datos o identidades que sean necesarias proteger. Es decir, considero que existe el andamiaje reglamentario para implantar las medidas protectoras que sean requeridas para no menoscabar las garantías constitucionales que puedan activarse a favor de alguna de las partes en un procedimiento criminal.

Ciertamente, acceder a la petición formulada por el Taller de Fotoperiodistas, Inc., la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club constituye “un pel-daño adicional en ese proceso reformista”. Como bien an-ticipé, “nuestra jornada hacia una mayor transparencia y al acceso pleno de la ciudadanía y la prensa a nuestros procedimientos judiciales no debe limitarse, ni mucho me-nos perpetuarse, en el ámbito experimental aquí aprobado. De lo contrario, las [h]uellas de apertura marcadas hoy podrían quedar borradas por la resaca del hermetismo y la ventisca de la secretividad de los procedimientos”.

        In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424 (2013).

       El 11 de octubre de 2013 se celebró el seminario “Tensiones y torsiones en la comunicación judicial- — ética judicial y medios de comunicación”, en el cual partici-paron la jueza Giselle Romero García, el juez Ángel Pagán Ocasio, jueces asignados a las Salas de Recursos Extraordinarios, y el Ledo. Walter Soto León, quien es abogado y periodista. En la actividad, estos compartieron sus impresiones positivas sobre el inicio y desarrollo del Programa Experimental.

       El Juez Presidente Señor Hernández Denton, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez eran integrantes de este Foro en ese entonces.

       El Nuevo Día, http:/ /www.elnuevodia.com/columna- transparentes-1200444.html (última visita el 2 de noviembre de 2013).

       The New York Times, www.nytimes.com/1996/03/30/us/on-cameras-in-supreme-court-souter-says-over-my-dead-body.html (última visita el 2 de noviembre de 2013).

       Antes de ser Juez Asociado del Tribunal Supremo federal, el Juez Souter fue juez superior y juez del Tribunal Supremo del estado de New Hampshire. Podríamos estipular su testimonio como pericial.

        Hauptmann v. State of New Jersey, 296 US 649 (1935); certiorari denegado.

        Estes v. Texas, 381 US 532, 549 (1965).

       Lo cierto es que inmediatamente después de Estes v. Texas, supra, el Tribunal Supremo federal había comenzado a dar indicios de cambio en su postura, particularizando las circunstancias de Estes. Véanse: Sheppard v. Maxwell, 384 US 333 (1966); Murphy v. Florida, 421 US 794 (1975); Nebraska Press Assn. v. Stuart, 427 US 539 (1976).

        Chandler v. Florida, 449 US 560, 581 (1981).

       Es menester reseñar el hecho de que, como establece la Regla 7(c) del Regla-mento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales, la determinación de un tribunal de instancia de permitir o no la transmisión de un proceso judicial no es revisable, excepto que el propio tribunal reconsidere su posición.

       Actualmente, más de 37 estados permiten una cobertura total de sus proce-sos judiciales, incluyendo los juicios criminales.

        In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424, 427 (2013).

        In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424, 445 (2013), voto de conformidad del Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

       http://www.catedrahendler.org/doctrina — in.php?id=40 (última visita, 4 de noviembre de 2013).

        In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., supra, pág. 477.

       Íd.