author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Bartola Moreno, demandante y apelada, v. Eugenio Toral, demandado y apelante.
    No. 5445.

    Sometido: Noviembre 27, 1931.

      Resuelto: Mayo 31, 1932.

      Armando A. Miranda, abogado del apelante; M. García González, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Bartola Moreno demandó a Eugenio Toral alegando que en junio de 1927 le compró una casa con solar por precio de $1,500 de los cuales le entregó $300, mediante cuya cantidad el vendedor se comprometió a entregarle desde luego la casa y solar y a otorgarle la correspondiente escritura cuando re-cibiese el resto del precio que le sería entregado cuando la demandante vendiese cierta finca suya: que a pesar del re-cibo por el demandado de los $300 y de dos partidas más, una de $132 y otra de $100, en total $532, el demandado no le entregó la casa y solar y se niega a entregárselos, por lo que solicitó de la corte que declarase resuelto dicho contrato y condenase al demandado a devolverle los $532 que recibió y sus intereses legales, y también a pagarle las rentas produ-cidas por la casa. El demandado admitió la entrega de esas cantidades a cuenta de dicho contrato de compraventa pero alegó que la compradora debía entregarle $600 como garan-tía de buena fe y los $900 restantes el día 30 de junio del siguiente año 1928 antes de serle entregada la casa, lo que no ha hecho; y en una contrademanda alegó que el incumpli-miento por la demandante le ha causado perjuicios por no haber podido vender a otra persona el solar y casa y solicitó que la corte declarase la resolución del mencionado contrato y que condenase a la demandante a pagarle $800 como indem-nización por los perjuicios que ha sufrido. La sentencia de la corte de distrito declaró con lugar la demanda y sin lugar la contrademanda y resuelto el referido contrato, condenando al demandado a devolver a la demandante los referidos $532 con sus intereses legales. De esa sentencia apeló el de-mandado.

El primer fundamento del recurso es por no haber accedido la corte inferior a la moción del apelante en la que solicitó la eliminación de ciertos particulares de la demanda*.

No consta en los autos que el demandado tomara excep-ción contra la expresada resolución y en el caso de Ibáñez v. Diviñó, 25 D.P.R. 302, este tribunal declaró que la resolución que niega una eliminación no está comprendida entre las que según el artículo 213 del Código de Enjuiciamiento Civil están excepcionadas por dicto precepto. Además, temos leído la demanda y los particulares cuya eliminación fueron solici-tados y nos limitaremos a decir, tan brevemente como ese motivo de error se argumenta, que a nuestro juicio la corte inferior no cometió el error que se le atribuye y que la per-manencia de esos particulares en la demanda no ha causado perjuicio alguno al demandado.

A continuación argumenta el apelante el tercero de los errores que alega, basado en no haber sido declarada con lugar su excepción previa a la demanda fundada en no tener la demandante capacidad legal para demandar.

Una excepción previa a una demanda tiene que fundarse necesariamente en los techos alegados en la demanda y de la que fué presentada en este caso no aparece circunstancia al-guna de la que deba inferirse que la demandante no tiene ca-pacidad legal para demandar. La demanda no expone las circunstancias personales y el estado civil de la demandante y por esto es que se ha alegado su falta de capacidad para demandar, pero de tal falta no surge que- no tenga capacidad para demandar. En el caso de Echevarría v. Molinary, 14 D.P.R. 161, declaró este tribunal que no era necesario que la demandante alegara que tenía la capacidad legal para de-mandar y que si ese hecho no constaba de la faz de la de-manda tal objeción debía hacerse en la contestación. En igual sentido son las resoluciones en los casos de Phoenix Bank v. Donnel, 40 N. Y. 410, y District No. 110 v. Feck, 60 Cal. 403.

El segundo error alegado es por haber sido declarada sin lugar la excepción previa de que la demanda no aduce hechos determinantes de causa de acción.

La demanda aduce causa de acción porque diciendo que demandante y demandado celebraron un contrato de compra-venta por el cual al recibir el demandado $300 debía entre-garle la finca y que no lo fia fiecfio, surge así el derecfio de la demandante de acuerdo con el artículo 1091 del Código Civil a obtener la resolución de esa compraventa por incumpli-miento por el demandado de una de las condiciones del con-trato, con el resarcimiento y abono de intereses. Es cierto que la demanda no dice con palabras precisas que el deman-dado sea dueño de la casa y solar y que a él se entregara el dinero, pero interpretada liberalmente, como dispone se haga con las alegaciones el artículo 192 del Código de Enjui-ciamiento Civil, y teniendo en cuenta la alegación de que el demandado se fia beneficiado con los réditos de las sumas pagadas por la demandante y con los cánones de arrenda-miento de la casa, puede concluirse que está alegado que él vendió como dueño y que recibió el dinero.

Los dos últimos motivos pueden sqr tratados conjunta-mente pues se refieren a que hubo error al declarar con lugar la demanda y al declarar sin lugar la contrademanda.

La prueba sobre las condiciones del contrato fué contra-dictoria, sosteniendo la de cada parte la teoría de sus respec-tivas alegaciones pero la corte inferior resolvió ese conflicto a favor de la demandante; y aunque el apelante ataca la su-ficiencia de la declaración de Bartola Moreno para probar las condiciones en que alega que hizo la compra, no estamos convencidos de que no sea bastante para sostener la conclu-sión de la corte. Con respecto a la prueba de la contrade-manda diremos que si bien el demandado Toral declaró en el juicio haber sido perjudicado porque pudo haber fiecfio muchísimo con esa casa, no dijo a cuánto ascendieron esos perjuicios por lo que estuvo justificada la corte al declarar que no presentó prueba de los $800 reclamados.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Fernando Vélez, demandante y apelante, v. Arsenio Martínez y The Independence Indemnity Co., demandados y apelados.
    No. 5481.

    Sometido: Mayo 28, 1931.

      Resuelto: Mayo 31, 1932.

      José Sabater, abogado del apelante; J. Henri Brown, O. Ruiz Haza-rio y G. F. González, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Fernando Vélez demandó en 1925 a Arsenio Martínez y a la corporación Independence Indemnity Co. para que le pa-gasen cierta cantidad de dinero por las lesiones que sufrió mientras manejaba como chauffeur el automóvil del deman-dado Martínez en ocasión en que lo traía de Mayagiiez para San Juan donde estaba el dueño del mismo.

No se alegó en la demanda acto, omisión o negligencia de parte del demandado Arsenio Martínez, productor de las lesiones por las que reclama el demandante. La causa de acción contra la compañía aseguradora se fundó en la si-guiente cláusula del contrato que tenía celebrado el deman-dado Martínez asegurando su automóvil, la que pasamos a copiar:

"En consideración del cargo adicional incluido en el premio total que se ha cobrado, es entendido que esta póliza, sujeta a sus cláusu-las, condiciones y declaraciones, se amplía desde esta fecha en sen-tido de pagar cualquier pérdida por concepto de la responsabilidad impuesta por la ley al asegurado por daños y perjuicios con motivo de lesiones corporales, (incluso muerte en cualquier tiempo como re-sultado de tales lesiones) accidentalmente sufridas durante el pe-ríodo de la póliza por cualquier empleado o empleados del asegu-rado, como resultado de la posesión, mantenimiento o uso de cual-quiera de los automóviles enumerados y descritos en el pliego de es-tipulaciones, excluyendo, sin embargo, los empleados cobijados por la ley de indemnizaciones a obreros de Puerto Rico.”

Cada uno de los demandados formuló excepción previa contra la demanda enmendada por segunda vez por no aducir hechos determinantes de causa de acción y ambas fueron sos-tenidas por la corte de distrito la que después y a instancia del demandante dictó sentencia por la que declaró sin lugar la demanda en cuanto a los dos demandados; fallo que fué apelado por el demandante para ante este Tribunal Supremo. Esa sentencia fué confirmada por nosotros el 4 de junio de 1926. Vélez v. Martínez, 35 D.P.R. 552. El fundamento de la corte de distrito y de nuestra sentencia fué que la demanda no alegaba acto, omisión o negligencia del dueño del auto-móvil, y que entre el demandante y la corporación Independence Indemnity Company no existía nexo contractual alguno porque la cláusula citada no da al demandante ningún derecho de acción, ya contra la compañía o el principal; que el contrato de la compañía era para cubrir cualquier respon-sabilidad del dueño del automóvil y que sólo estaba obligada a compensar al dueño del automóvil por la obligación que tuviera para con sus empleados.

Seis días antes de ser dictada nuestra sentencia en esa apelación, o sea el 29 de mayo de 1926, Fernando Vélez ra-dicó otra demanda en la misma corte de distrito qne la anterior pero solamente contra Arsenio Martínez, también en reclamación de daños y perjuicios por las referidas lesiones, y como consecuencia de una moción eliminatoria que sostuvo la corte de distrito el demandante enmendó su demanda contra Arsenio Martínez el 27 de abril de 1929 en la que se limitó a relacionar cómo ocurrió el accidente en que sufrió las le-siones por las cuales reclama, sin imputar al demandado Mar-tínez acto, omisión o negligencia alguna. Algunos meses des-pués, el 31 de octubre de 1929, el demandante presentó mo-ción a la corte solicitando que le permitiera radicar la de-manda enmendada que acompañaba a su solicitud; demanda enmendada que está dirigida contra Arsenio Martínez y que incluye también como demandada a la corporación Independence Indemnity Company, y que es igual a la que el de-mandante presentó contra los mismos demandados en el otro pleito que resolvimos en apelación. Se opuso el demandado Martínez a que esa demanda enmendada fuese admitida y la corte negó la pretensión del demandante, a cuya instancia dictó sentencia declarando sin lugar la demanda. La apela-ción contra esa sentencia es la que motiva el presente recurso.

Los dos motivos que tuvo la corte inferior para no admi-tir la demanda enmendada se alegan por el apelante ser erró-neos, a saber, al declarar que la demanda enmendada no está autorizada por la sección 175 de la ley de seguros de esta isla, según fué enmendada por la Ley No. 19 de 15 de abril de 1929 (p. 161), y al declarar que la acción que pudiera tener el demandante contra la Independence Indemnity Company está prescrita de acuerdo con la ley.

La Ley No. 19 de abril de 1929 que enmendó la ley de seguros, en lo necesario abora, dice así:

“• . . Cuando el causante de los daños estuviere asegurado contra el accidente que produjo la pérdida o los daños y en el caso en que una póliza de seguro se hubiere expedido para beneficiar a un tercero, la acción para reclamar la indemnización que proceda, podrá presentarse conjuntamente contra el asegurado y la compañía ase-guradora. ’ ’

La compañía aseguradora se comprometió a pagar cual-quier pérdida por concepto de la responsabilidad impuesta por la ley al asegurado por daños y perjuicios con motivo de lesiones corporales sufridas por cualquier empleado del asegurado, como resultado de la posesión, mantenimiento o uso del automóvil, pero no se comprometió a pagar a tal em-pleado cuando recibiera lesiones sin que por ellas tenga res-ponsabilidad legal el dueño del mismo; y como en la demanda no se alega acto, omisión o negligencia del dueño del vehículo originarios de responsabilidad impuesta por la ley, resulta claro que no existe causa de acción contra ninguno de los dos demandados y por tanto la ley de 15 de abril de 1929 no con-firió ni pudo conferir causa de acción a quien no la tenía. La compañía no se comprometió a pagar cualquier pérdida por lesiones a un empleado del asegurado, como dice el apelante, sino aquellas por las cuales tuviera responsabilidad por ley su asegurado. Lo que fia declarado esa ley es que cuando una tercera persona, que no intervino en el contrato de se-guro, tenga acción para recobrar indemnización, podrá pre-sentar conjuntamente la demanda contra el asegurado y la compañía, pero como en este ca,so la compañía se comprome-tió solamente a pagar en caso de responsabilidad de su ase-gurado, no tenía el demandante causa de acción contra ella y por consiguiente no está amparado por esa enmienda a la ley de seguros.

También dió la corte inferior como fundamento adicional de la resolución que originó la sentencia apelada que la ac-ción ejercitada contra la Independence Indemnity Company está prescrita, que motiva el segundo motivo del recurso, pero no lo consideraremos en vista de la conclusión a que fiemos llegado en cnanto al primer motivo de la apelación y porque la prescripción de la acción pnede ser renunciada y no lia sido alegada por la compañía aseguradora a la que favorecería.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Cristina Escalera Falú, demandante y apelada, v. West India Oil Company, demandada y apelante.
    No. 5145.

    Sometido: Mayo 12, 1932.

      Resuelto: Mayo 31, 1932.

      José Carbia Miranda, abogado de la apelante; E. H. F. Dottin, abo-gado de la apelada.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Octaviano J. Herrera tenía inscritos a su nombre en el registro de la propiedad dos solares radicados en el sitio de-nominado Seboruco, del barrio de Santnrce de esta capital, y por la escritura No. 82 de 27 de mayo de 1924 los vendió a Cristina Escalera Falú. Uno de esos solares fné inscrito en el registro a nombre de la compradora Escalera Falú pero el otro no fné inscrito. Algmnos años después, la corpora-ción West India Oil Co. demandó a Octaviano J. Herrera en cobro de dinero y para, cumplir la sentencia condenatoria dictada en ese pleito fué embargado el solar que Escalera Falú compró y no inscribió a su nombre y fué vendido en pública subasta, siendo adjudicado a esa corporación por $2,700 como abono a su crédito por sentencia. No concurrie-ron licitadores a la subasta. Otorgada por el marshal la correspondiente escritura de venta a favor de la corporación fué inscrito ese solar a nombre de la West India Oil Co. en el registro de la propiedad. Después de esa inscripción de-mandó Cristina Escalera Falú a dicha cororación para que la corte anulase el embargo, remate y adjudicación de ese solar y ordenase la cancelación en el registro de la inscrip-ción hecha a favor de la citada corporación, siendo su único fundamento que ella había comprado ese solar a Herrera en 1924 y que desde entonces está poseyéndolo y pagando las contribuciones. La corporación se opuso a la demanda ale-gando que compró de quien en el registro aparecía como dueño y que en ningún momento supo que la finca a que se refiere la demanda haya pasado a ser propiedad de la deman-dante, ni de' ello existe constancia en el registro.

El día señalado para el juicio las partes acordaron so-meter el pleito a la decisión del tribunal mediante estipula-ción escrita que presentaron en la que convinieron en los he-chos que daban por probados ambas partes. Uno de los que dieron por probados por la demandada dice así: ‘ ‘ Que la de-mandada en ningún momento hasta que fué notificada del pre-sente pleito tuvo conocimiento de la existencia de la escritura No. 82 de fecha 27 de mayo de 1924, así como tampoco que la demandante alegara ser dueña de la finca objeto de este li-tigio.” Con esa estipulación acompañaron los respectivos tí-tulos de propiedad y recibos de contribuciones pagados por la demandante.

La sentencia que recayó fué favorable a la demandante y contra ella interpuso la demandada este recurso de apelación alegando que el tribunal inferior erró al no haber declarado que la corporación apelante es un tercero de buena fe y que su título es superior al de la apelada.

Sostiene la apelada que la apelante no es un tercero de buena fe porque del hecho que admitió como prueba y que hemos copiado aparece que al comprar tenía conocimiento de la adquisición hecha por Cristina Escalera Palú, pero el expresado hecho transcrito no admite tal interpretación sino la contraria de que hasta que se le notificó la demandada no tuvo conocimiento de la compra que había hecho la apelada y de que ella alegara ser dueña. Por consiguiente, como la apelante compró ignorando la anterior venta hecha a la apelada y sin constancia de ello en el registro es un comprador de buena fe, sin que pueda decirse, como declaró el tribunal inferior, que no era un tercero de buena fe porque tenía o debía tener conocimiento de que el solar no era propiedad de su deudor cuando la apelada lo adquirió, pues no hay hecho alguno que demuestre que tenía tal conocimiento, ni debía tenerlo porque ignoraba esa venta, de la que tampoco le daba noticia el registro de la propiedad. El caso de Blanco v. Hernández, 18 D.P.R. 711, citado por la apelada, no apoya la sentencia recurrida pues descansa en la teoría de que la persona allí demandada no era tercero de buena fe porque antes de comprar sabía que el condominio a que se refiere había sido vendido, lo que no ocurre en el presente caso.

También sostiene la apelada que la apelante no es una compradora de buena fe porque su título es por adjudica-ción en subasta celebrada en su pleito con abono a su crédito por sentencia pero sin entregar dinero. ,

En adjudicaciones hechas en subastas judiciales al aeree-dor como pago total o parcial de su crédito por sentencia hay diversidad de criterios en las decisiones de los tribunales de los Estados Unidos de América, sosteniendo algunos que no es un comprador inocente sino que se le imputa conocimiento de todas las irregularidades en la sentencia, ejecución y venta, así como de todos los gravámenes y equidades que subsistan sobre y contra la propiedad en poder del deudor por senten-cia; aunque en la mayor parte de esas jurisdicciones no se aplica esa regia a los documentos que deben ser inscritos y que no lo lian sido. En 23 Corpus Juris 765, se dice: “Se-gún las distintas leyes de registro que proveen que todas las escrituras en que están envueltos títulos tendrán validez y efecto desde el momento en que las mismas sean presentadas para su inscripción y no antes, en lo que se refiere a todos los acreedores y adquirentes de buena fe que no tengan co-nocimiento alguno, se ha resuelto generalmente que el acree-dor por sentencia que adquiere los bienes en la subasta efec-tuada en ejecución estará protegido contra el título o-hipo-teca no inscrito de los cuales él no tenía conocimiento efec-tivo.” Nuestras leyes exigen que los títulos de compra de inmuebles sean inscritos en el registro de la propiedad para que puedan perjudicar a tercero. Por consiguiente, el título de la apelada, que debió ser inscrito y no lo fué, no quita a la apelante adjudicataria en la subasta su condición de ier- ■ cero de buena fe. Además, la equidad que pide para sí la apelada para reclamar mejor derecho al solar por haberlo comprado antes que la apelante no existe en este caso, porque como veremos más adelante esa situación la ha resuelto la ley en su contra por no haber inscrito su título.

Se trata de un caso de doble venta de un bien inmueble hecha a personas distintas, una por el propio dueño y otra por el márshal en nombre del dueño, cuya venta es como si t'l mismo dueño demandado la hubiera efectuado voluntariamente, según la sección 7 de la ley sobre sentencias y manera de satisfacerlas.

• Las leyes Ran tenido en cuenta desde tiempos remotos que pueden ocurrir casos de doble venta de una misma cosa a distintas personas pues la Partida V, Título Y, Ley 50 reguló esa materia. El Código Civil español en su artículo 1473 y el nuestro en el 1376 (que es el 1362 desde 1930) prevén la doble venta, distinguiendo si se trata de cosas muebles o de inmuebles y en cuanto a éstas si ba habido inscripción o no. .Dice así:

“Si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes compradores, la propiedad se transferirá, a la persona que primero haya tomado posesión de ella con buena fe, si fuere mueble.
“Si fuere inmueble, la propiedad pertenecerá al adquirente que antes la haya inscrito en el registro.
“Cuando no haya inscripción, pertenecerá la propiedad, a quien de buena fe sea primero en la posesión; y faltando ésta, a quien presente título de fecha más antigua, siempre que haya buena fe.”

Por su parte la Ley Hipotecaria en su artículo 36 dispone que las acciones rescisorias y resolutorias no se darán contra tercero que baya inscrito los títulos de sus respectivos dere-chos; y el artículo 38, No. 4, que no se anularán los actos o contratos en perjuicio de tercero que baya inscrito su derecho por la doble venta de una misma cosa, cuando alguna de ellas no hubiera sido inscrita. Tanto el Código Civil como la Ley Hipotecaria dan preferencia al comprador que inscribe por el hecho de la inscripción. Por consiguiente, no habiendo inscrito la primera compradora su título, pero sí la segunda adquirente, a ésta corresponde la propiedad de solar, y su título y su inscripción no pueden ser anulados aunque la ape-lada haya estado en posesión del solar como dueña de él, pues cuando existe inscripción de una de las ventas de inmuebles tal inscripción es el único dato que la ley tiene en cuenta para decidir el conflicto de los títulos. En el caso de Gutiérrez Hnos. v. Ramírez, 27 Jurisprudencia Filipina 301, se dictó sentencia a favor del segundo comprador porque su título fué inscrito, a pesar de que el primer comprador que no inscribió su título tuvo la posesión de la finca por muchos años.

Dijo la corte inferior y alega la apelada qne cuando se verificó la segnnda enajenación ya el vendedor se había des-prendido por la primera venta de sn propiedad. Tal hecho lo ha tenido en cnenta el legislador, qne sabe qne cnando se hace nna segnnda venta ya el vendedor no es dneño de la finca qne vende por segnnda vez, pero ha resuelto el conflicto entre los compradores dictando las reglas qne contiene el artículo 1376, sufra. En el caso de Gutiérrez Hnos. v. Ramírez, ya citado, también se alegó esa cuestión pero el tribunal declaró la propiedad a favor del segundo comprador porque sn título fue inscrito.

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra de-clarando sin lugar la demanda sin especial condena de costas.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Charles E. Lawton, demandante-apelante-apelado, v. Vicente Rodríguez Rivera, demandado; Rafael Carrión Pacheco, querellado-apelado-apelante.
    No. 5620.

    Sometido: Enero 19, 1932.

      Resuelto: Mayo 31, 1932.

      F. Sotó Gras, abogado del apelante-apelado; Henry G. Molina, J. Henri Brown, G. Ruiz Nazario y G. E. González, abogados del apelado-apelante.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de apelaciones establecidas por ambas partes sobre la resolución de la Corte de Distrito fijando las costas que debe satisfacer la vencida en el pleito en la suma de mil dólares. El demandante, que ganó, cree que debe ordenarse el pago de $5,070. El querellado, que perdió, sostiene que sólo debe condenársele a pagar $150.

Los dos recursos se tramitaron por medio de una sola transcripción y serán estudiados y resueltos conjuntamente.

El memorándum del demandante contiene tres partidas, a saber: Honorarios del Secretario, $5; Honorarios del Ta-quígrafo, $65, y Honorarios del abogado P. Soto Gras, $5,000. Total, $5,070.

La partida de $5 fue impugnada por el querellado porque no se satisfizo; la de $65 porque de haberse satisfecho lo fue para la apelación y no procede en tal virtud recobrarla, y la de $5,000 por ser “absolutamente exagerada.”

Los motivos que tuvo la Corte sentenciadora para actuar como actuó, se expresan por ella misma en su resolución, así:

“En cuanto al primer extremo del memorándum de costas, la Corte ba examinado los autos ofrecidos como prueba y encuentra que. la moción solicitando se expida orden para mostrar causa, para no condenar por desacato a Rafael Carrión Pacheco, no tiene adhe-rido sello alguno de $5, y sí lo tiene la moción del demandante ape-lando de la resolución de la Corte que declaró sin lugar la moción sobre mostración de causa para no condenar por desacato, y dictar auto de injunction perentorio contra Rafael Carrión Pacheco. De manera, pues, que estando el sello adherido al escrito de apelación y no a la moción sobre la que recayó la resolución de la que se apela, no es recobrable como gasto dentro del memorándum presentado.
“Igual resolución tenemos que dictar en cuanto al segundo apar-tado del memorándum, porque del propio recibo que ofreció el de-mandante suscrito por el taquígrafo de la Corte, aparece que la transcripción de evidencia se hizo para los efectos de la apelación.
“En cuanto al tercer extremo, la Corte, considerando la prueba practicada y la jurisprudencia citada por las partes, y estimando que los casos citados no tienen analogía alguna con el presente, y dando entero crédito y consideración a la prueba testimonial ofre-cida, considerando las razones todas que deben apreciarse en casos de esta naturaleza, en que el juez es el árbitro a decidir en cuanto a la cuantía de honorarios, razones que están consignadas en el caso de Echevarría v. Saurí, 39 D.P.R. 505, fija la cuantía de honora-rios, no en la suma que reclama el demandante, pero tampoco en la suma excesivamente baja que señala el demandado, sino en la can-tidad que, a su juicio, estima justa, razonable y equitativa, y que fija, por la presente, en la cantidad de $1,000.”

Después de un cuidadoso estudio de los autos y de los ale-gatos, creemos que lo resuelto en relación con los’honorarios del Secretario, se ajusta a los hechos y a la ley. No así lo de-cidido en cuanto a los honorarios del taquígrafo.

En la reciente decisión de esta corte en el caso de Cortés & Segura, Inc. v. Cortés, 43 D.P.R. 473, se dijo:

“No aparece de los autos para que se usó en verdad en concreto la transcripción de las notas taquigráficas en este caso, pero acep-tando que lo fuera para la apelación, creemos que la ley tal como está redactada sostiene su inclusión en el memorándum como costas a percibir por la parte victoriosa, especialmente cuando esa resolu-ción está apoyada por las decisiones de esta Corte Suprema que cita el juez sentenciador y además por las de López v. The American Railroad Company of Porto Rico, 28 D.P.R. 266 y Finlay v. Fabián, 25 D.P.R. 52.”

En cuanto a los honorarios, nos parece que la Corte apreció bien todas las circunstancias concurrentes y, teniendo en cuenta la jurisprudencia establecida por esta Corte sobre la materia, hizo buen uso de su discreción al fijarlos en la suma de mil dólares.

Deloe modificarse la resolución apelada ordenándose tam- bien el pago de $65 por honorarios del taquígrafo, y así modi-ficada, confirmarse.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Juan, José, Francisca, Pedro, Plácido y Ramón Arrache Battistini, demandantes y apelantes, v. Micaela Méndez, conocida por ‘‘Quela’’, demandada y apelada.
    No. 5471.

    Sometido: Mayo 26, 1931.

      Resuelto: Mayo 31, 1932.

      E. Arrache Baltistini y Francisco A. González Suárez, abogados de los apelantes; José Taray, Jr., abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un interdicto para recobrar la posesión de una finca ubicada en el Barrio Montaña, de Aguadilla. La 'corte resol-vió el caso a favor de la demandada. Con relación a los he-chos, la corte inferior, después de revisar las alegaciones, re-solvió que la demandada muchos años antes había vivido en dicha finca en compañía de su padre y con posterioridad a la muerte de éste; que como cabeza de familia ella continuó vi-viendo en una finca compuesta de dos cuerdas, objeto, de este litigio, cercada de “malla” y conteniendo árboles frutales y cocoteros, dedicada por la ocupante al cultivo de frutos me-nores ; que antes de septiembre 13 de 1928, uno de los deman-dantes le propuso cierto negocio a virtud del cual la deman-dada debía trasladar su casa a otros terrenos, no llegándose a acuerdo alguno sobre el particular; que el ciclón de 1928 destruyó la casa de la demandada y que dentro de la descrita parcela de terreno levantó ella un rancho debajo de un árbol y poco después construyó una casa en el mismo terreno, ocu-pada por ella en la época en que se presentó la demanda.

La corte procedió a examinar la prueba para ver si la de-mandada estaba meramente viviendo en la finca con el con-sentimiento de los demandantes y entonces llegó a la conclu-sión de que a este respecto bastaba la prueba de los mismos demandantes, cuyos testigos manifestaron que la finca era una herencia del padre de la demandada, quien la vendió a los de-mandantes, a pesar de lo cual ellos permitieron a la deman-dada que sembrara y cosechara sus frutos; que los demandan-tes cogían los cocos producidos por las palmas que se halla-ban sembradas en el predio de dos cuerdas y que ellos también abrieron una acequia que atravesaba dicha parcela. La corte entonces resolvió que de estos hechos se desprendía que la si-tuación de la demandada era enteramente distinta a la que los demandantes trataban de alegar; que la finca de la deman-dada estaba perfectamente cercada y que si bien otros agre-gados estaban en posesión de pequeñas parcelas de terreno que contenían cocoteros, la finca ocupada por la demandada con-tenía además varios frutos cultivados por ella exclusivamente;, y que si ella accedió a que se abriera ese canal o que se con-tinuara el mismo a través de sus dos cuerdas, esto se debía al techo de que el canal beneficiaba sus tierras y era conve-niente para ella.

La corte entonces resolvió que los actos a virtud de los cuales los demandantes trataban de obtener posesión de la finca, cesaron antes del 13 de septiembre de 1928, y que la de-manda original en este caso no fué radicada antes del 27 de septiembre de 1929.

Creemos que los hechos que declaró probados la corte inferior fueron suficientemente demostrados por la prueba, y no hallamos que aquélla incurriera en pasión o prejuicio.

Durante el juicio los demandantes solicitaron se dictara sentencia sobre las alegaciones, fundándose en que la contestación contenía negaciones que envolvían afirmativas (negative pregnants). La corte declaró sin lugar la moción basándose en que se trataba de un procedimiento sumario en que la corte no creía que debía ser estricta, sino que debía dar a la demandada el beneficio de la duda en lo referente a negaciones que envolvían afirmativas; que no se trataba de un caso similar a los de cobro de dinero en que la contestación fácilmente podía contener una negación de aquella naturaleza. Además, la apelada indica que interpretando liberalmente la contestación podía considerarse que ésta negaba suficientemente, en tanto fuera necesario, los hechos de la demanda.

Hallamos que es innecesario considerar con alguna am-plitud la cuestión relativa a negaciones en forma afirmativa, ya que consideramos que la demanda misma no aduce causa de acción. La demanda decía, en efecto, que hasta el 29' de sep-tiembre de 1928, los demandantes estuvieron en posesión de una parcela de terreno (describiéndola); que en dicha par-cela, con el consentimiento, tolerancia y licencia de los deman-dantes, vivía la demandada, y también con licencia de los de-mandantes cultivaba la descrita parcela; que a fines de agosto o principios de septiembre de 1928, los demandantes notifica-ron a la demandada que en lo sucesivo no podría ella seguir vi-viendo en dicho predio de terreno; que le ofrecieron dos sitios distintos en el mismo barrio para que la demandada situara su casa y le ofrecieron también hacerle el traslado de la misma; que la demandada solicitó unos días de plazo para decidir el curso a seguir, pero que el 13 de septiembre de 1928, la casa de la demandada fué destruida por el ciclón; que los deman-dantes informaron a la demandada que no podía construir nuevamente su casa en el referido predio de terreno ni se-guir cultivándolo; que a pesar de dicha advertencia la de-mandada reconstruyó su casa en la descrita parcela; que la demandada está en posesión de la susodicha finca desde el 29 de septiembre de 1928, contra la voluntad de los demandantes, y desde esa fecha ha venido cultivándola también contra la voluntad de ellos.

De la lectura de esta demanda se hace evidente que la posesión material y absoluta por parte de la demandada es admitida hasta septiembre 18 o en cualquier otro tiempo. Tenemos la idea de que no procede un interdicto para hacer mudar a un agregado o a una persona a quien se permite cultivar y vivir en los terrenos de determinado dueño. Tal posesión por parte de un demandado participa de la naturaleza de una posesión en precario y no procede una acción posesoria para desahuciar a tal persona. Por tanto, en nuestro criterio, la demanda deja de aducir causa de acción y las supuestas negaciones que envolvían afirmativas no tenían importancia.

Igualmente podemos decir que como la demanda no adujo ni podía aducir una causa de acción, la sentencia debe ser con-firmada solamente por este motivo.

Hubo otros dos señalamientos de error. Uno de ellos se refería a la negativa de la corte a admitir un certificado del registro de la propiedad para probar el dominio de los demandantes del terreno que trataban de reivindicar. Cuando se necesita un título para probar la posesión, quizá pueda ad-mitirse un documento, mas convenimos con la corte inferior en que en esta clase de procedimientos no deben probarse tí-tulos, y el caso no presentaba excepción alguna. De todos mo-dos, de acuerdo con los hechos de este caso, no hubo perjuicio. El tercer señalamiento, en que se alega que la corte erró al no admitir en refutación cierta prueba documental, no es sufi-cientemente específico, comprende una cuestión similar a la del segundo señalamiento, y no necesita ser discutido.

Debe confirmarse la sentencia.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Banco de Ponce, Inc., demandante y apelante, v. Municipio de Toa Alta, demandado y apelado.
    No. 5621.

    Sometido: Diciembre 18, 1931.

      Resuelto: Mayo 31, 1932.

      López de Tord <& Zagas Bizarro, abogados del apelante; Hon Attorney General James R. Beverley y Felipe Janer, 8ub pro curador, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del Tribunal.

En agosto 13 de 1930, la corte de distrito, en un procedi-miento de certiorari, anuló una ordenanza a virtud de la cual un municipio había hecho asignaciones de dinero para el pago de sueldos sin haber asignado fondos para satisfacer una sen-tencia pendiente contra dicho municipio desde el 21 de mayo de 1925 a favor del Banco de Ponce. En diciembre 8 de 1930 fue'desestimada la apelación interpuesta contra esta sentencia. 41 D.P.R. 1006. En agosto 5 la corte '‘había dic-tado nna resolución prohibiendo al demandado que pusiera en vigor el presupuesto en cuanto al pago de sueldos se re-fería y pagar tales sueldos mientras estuviera pendiente el procedimiento de certiorari o hasta que se dictara nueva or-den. En octubre 10 el demandado solicitó que se dejara sin efecto la resolución de agosto 5. El 24 de noviembre la corte anuló dicha orden. El demandante apela y alega que la corte de distrito cometió error: I9, al resolver que la medida adop-tada para asegurar la efectividad de la sentencia equivalía a un embargo de fondos públicos municipales; 29, al dejar sin efecto su resolución anterior, so pretexto de que constituía un embargo y por razones diferentes a las que se solicitaron por los propios demandados; 39, al establecer que los em-pleados del municipio eran parte necesaria, y 49, al establecer que el municipio para cumplir con la sentencia dictada en el procedimiento de certiorari no tenía necesidad de proveer para el pago de los intereses de la sentencia de mayo 21 de 1925.

El presente recurso de apelación fué discutido y sometido en diciembre de 1931. Ninguno de los errores anteriores, de haberse cometido, constituía entonces un error que daba lugar a la revocación. El objeto de la resolución de 5 de agosto de 1930 fué impedir cierta actuación del municipio deman-dado hasta tanto se determinaba definitivamente la cuestión envuelta en el procedimiento de certiorari. La sentencia dic-tada por la corte de distrito en dicho procedimiento se con-virtió en definitiva cuando la apelación instituida contra la misma fué desestimada por esta corte en diciembre 8 de 1930. Si la resolución de agosto 5 no cesó de tener validez en dicha fecha ella hubiera sido anulada en cualquier momento posterior al indicar el demandado que ya había transcurrido el período que la misma trataba de abarcar. Las primeras cua-tro cuestiones que trata de levantar el apelante en sus seña-lamientos de errores habían llegado a ser académicas más de nn año antes de haberse disentido y sometido el caso en diciembre 18 de 1931.

La contención restante de la parte apelante se basa en la premisa falsa de que la resolución de agosto 5 contenía los mismos pronunciamientos que la sentencia posteriormente dictada.

De todos modos, esta contención en la forma en que ha sido discutida en el alegato no requiere ulterior consideración. Debe desestimarse la apelación.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    El Banco de Ponce, Inc., demandante-apelante, v. El Municipio de Toa Alta, demandado-apelado.
    No. 5536.

    Sometido: Diciembre 18, 1931.

      Resuelto: Mayo 31, 1932.

      López de Tord <& Zayas Bizarro, abogados del apelante; Hon Attorney General James B. Beverley y Felipe Janer, Subprocu/rador, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del Tribunal.

La historia anterior de este caso puede hallarse en el de Banco de Ponce Inc. v. El Municipio de Toa Alta, 39 D.P.R. 952. Véase también el caso número 5621, ante pag. 586.

El 14 de mayo, 1930, la asamblea municipal pasó un pre-supuesto que fué aprobado por el alcalde en mayo 16. El 4 de junio, el banco radicó una segunda solicitud de mandamus para compeler al alcalde y los miembros de la Asamblea Municipal de Toa Alta a que incluyeran en el presupuesto una asignación para el pago del dinero adeudado al banco a vir-tud de la sentencia dictada en 1925. En junio 14, 1930, el banco radicó una petición de certiorari para revisar la actua-ción de la asamblea municipal al aprobar el presupuesto, que proveía el pago de sueldos y otras obligaciones pero no in-cluyó asignación alguna por el importe de la sentencia. El 18 de junio se celebró una vista sobre la solicitud de mandamus. En agosto 13, la corte de distrito declaró sin lugar la petición. La teoría del juez de distrito fué que la asamblea municipal, después de baber aprobado el presupuesto, no podía ser obligada por mandamus a incluir en el mismo la asignación de que se trataba. Para los fines de la argumen-tación puede admitirse que esto constituye un error que da lugar a la revocación.

Los abogados de los apelados no discuten los méritos del presente recurso, sino que insisten en que las cuestiones en-vueltas son académicas. El apelante admite que el 13 de agosto de 1930 el juez de distrito dictó sentencia en el proce-dimiento de certiorari anulando las asignaciones para sueldos y otras partidas, y que la asamblea municipal entonces in-cluyó en un presupuesto revisado una asignación por el im-porte de la sentencia del banco. Así, pues, aparece que cuando se argumentó y sometió la presente apelación en diciembre de 1931, la asamblea municipal desde bacía mucbo tiempo babía realizado el acto que el banco trataba de obli-garla a realizar y que el año fiscal para el que babía de ha-cerse la asignación había transcurrido con exceso. De suerte que la cuestión respecto a si la corte de distrito erró al de-clarar sin lugar la petición de mandamus ha llegado a ser académica. Véanse 38 C. J. 552, sección 23; U. S. v. Georgetown College, 28 App. (D.C.) 87.

Debe desestimarse el recurso.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante apelado, v. Juan Pérez Márquez, acusado apelante.
    No. 4732.

    Sometido: Mayo 24, 1932.

      Resuelto: Mayo 31, 1932.

      Buenaventura Esteves, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal del distrito de Aguadilla formuló acusación contra Juan Pérez Márquez, imputándole un delito de mutilación.

Visto el caso ante un jurado en la Corte de Distrito de Aguadilla, dicho jurado rindió un veredicto de culpa-bilidad y condenó a Juan Pérez Márquez a dos años de pre-sidio.

El acusado estableció recurso de apelación contra esta sen-tencia. En el alegato radicado ante este Tribunal atribuye a la corte inferior los siguientes errores:

“1. La Corte erró al trasmitir al Jurado las siguientes instruc-ciones: ‘Tampoco necesita probarse que el perjudicado ha sido pri-vado de un miembro importante de su cuerpo, pues cuando se priva a un ser humano de cualquier miembro de su cuerpo, sea o no im-portante, existe la mutilación. ’ T a renglón seguido: ‘Bajo una acu-sación por el delito de mutilación el jurado puede declarar culpable al acusado de un delito de acometimiento y agresión con circunstan-cias agravantes, o. de acometimiento y agresión simple, siempre que se pruebe en el juicio que el agredido no ba quedado inutilizado de algún miembro importante de su cuerpo.’
“2. La corte erró al admitir como prueba, con la oposición del acusado, las declaraciones de los testigos Luis Pérez y Narciso Santiago, tomadas en el curso de la investigación por el juez municipal de San Sebastián y presentadas por el fiscal en el juicio de este caso.
“3. El Jurado cometió manifiesto error de becbo al apreciar las pruebas practicadas; por lo que' el veredicto y la sentencia son con-trarios a la ley y a los becbos.”

Entre estos errores el que tiene más importancia es el que se refiere a la admisión por la corte de las declaraciones de los testigos Luis Pérez y Narciso Santiago.

Para apreciar este error conviene conocer substancialmente los becbos que motivaron la discusión entre la acusación y la defensa.

Los testigos de la acusación, con excepción del perjudi-cado Arcelio Brignoni, quien niega que provocara al acusado y afirma que éste le agredió por detrás, dicen que Brignoni y Juan Pérez entablaron una discusión en la casa tienda de Juan Pérez, y que Brignoni, al tirarse para abajo, mal-dijo la madre y provocó de palabras demasiado malas a Juan Pérez Márquez, a quien tiró con una piedra. Entonces el acusado se tiró abajo y le infirió la herida a Brignoni.

El acusado declara que Brignoni se tiró para abajo, in-sultándole e invitándole a pelear, y que desde abajo le tiró con una piedra que pesaba como dos libras catorce onzas, que por poco lo mata; que el acusado lo que tuvo que bacer últimamente fué acudir para dentro de la casa y cuando no pudo más, baló un machete que tenía y al acudir él para aden-tro de la tienda (refiriéndose a Brignoni), le tiró con el machete, porque no sabía si tenía revólver o puñal, y desde arriba le tiró con el machete, porque él, el acusado, no era capaz de tirarse abajo.

Los testigos de la defensa, Luis Pérez y Narciso Santiago, dicen que Brignoni se tiró abajo e insultó de palabras a Juan. Pérez, invitándole a pelear, y qne le tiró con una piedra, dándole en el pecho; que Juan Pérez Márquez se quedó arriba y que cuando Brignoni le dió la pedrada se fue de espalda, cogió un machete que estaba en una esquina y que cuando Brignoni se presentó a la puerta, el acusado le tiró con el machete y lo hirió; que el acusado estaba en su cuarto cuando hirió a Brignoni.

Be modo que los testigos de la acusación sostienen que el acusado se bajó de la tienda para agredir a Brignoni, mientras qué los testigos de la defensa dicen que el acusado permaneció arriba y que desde allí fué que agredió a'Brignoni.

Cuando declaraban los testigos de la defensa Luis Pérez y Narciso Santiago, sosteniendo que el acusado estaba en el cuarto de la tienda cuando hirió a Brignoni, el fiscal trató de impugnar la veracidad de estos testigos. Copiamos parte del diálogo desarrollado entre el representante de El Pueblo y el testigo de la defensa Luis Pérez:

¿Usted dice que usted declaró ante el Juez Municipal?
Sí, señor.
¿Ud. sabe firmar?
Sí, señor.
¿Ud. firmó esa declaración que prestó ante el Juez Municipal de San Sebastián ?
Sí, señor.
¿Eso fué el día 16 de diciembre del año pasado?
Sí, señor.
¿Es o no verdad que usted le dijo al Juez Municipal que Juan Pérez había bajado y que abajo fué que le tiró con el machete a Brignoni ?
No, señor.
Sr. Fiscal. — Anuncio que voy a impugnar la veracidad de este testigo.
¿Es o no verdad que el día 16 de diciembre de 1930, dos días des-pués de estos hechos, usted compareció ante el juez municipal de San Sebastián, Sr. Angel Emilio Franco y allí usted declaró?
Yo declaré en la corte de San Sebastián.
¿Usted firmó su declaración?
Sí, señor.
¿Vea a ver si ésta es la firma suya?.
Yo no veo muy bien.
Haga lo posible por ver un poquito; mire a ver si ésa es su firma.
Sí, señor, Luis Pérez.
¿Es ésa su firma?
Sí, señor.
¿Y esa declaración, la firmó usted ante el Juez Municipal de San Sebastián?
Sí, señor.
¿El día 16 de diciembre de 1930?
Sí, señor.
* * # * * ■* * /
¿Y dice usted que no es verdad que Juan Pérez bajó fuera de la tienda eon el machete y le tiró a Brignoni?
No, señor.
Sr. Fiscal. — Nada más. Anuncio que voy a impugnar la vera-cidad de este testigo.”
Luego se desarrolló entre el fiscal y el testigo de la de-fensa Narciso Santiago, el siguiente diálogo:
¿Usted recuerda que usted declaró dos días después de estos he-chos ante el Juez Municipal de San Sebastián?
Sí, señor.
¿O sea el día 16 de diciembre del año pasado?
Sí, señor.
Sr. Fiscal. — Anuncio que voy a impugnar la veracidad de este testigo.
Continúa el señor Fiscal preguntando al testigo.
¿Es o no verdad que usted, el día 16 de diciembre del año pa-sado, en San Sebastián y en la Corte Municipal de dicho pueblo, ante el Juez Municipal señor Franco declaró que este acusado se tiró abajo y abajo fué que le tiró y le dió el tajo a Brignoni?
No, señor; yo no he declarado eso.
¿Usted firmó esa declaración que prestó ante el Juez Municipal de San Sebastián?
Sí, señor.
Vea a ver si esa es la firma suya.
Sí, señor.
¿Usted firmó esa declaración?
Sí, señor.
¿ Y esa declaración la prestó usted ante el Juez Municipal de San Sebastián?
Sí, señor.
¿En San Sebastián?
Sí, señor.
Sr. Fiscal. — Sr. Juez: Solicito que el Secretario marque provi-sionalmente estas declaraciones para luego presentarlas en evidencia.”

Terminada la prueba de la defensa, el fiscal presentó como prueba las declaraciones prestadas por Luis Pérez y Nar-ciso Santiago ante el juez municipal de San Sebastián. Se opuso el abogado de la defensa alegando entre otras cosas •que estas declaraciones eran completamente inadmisibles -como evidencia de acuerdo con la jurisprudencia sentada sobre este punto por este Tribunal. La corte admitió las mencionadas declaraciones y el abogado de la defensa anotó su excepción.

Hemos visto que el fiscal, al sentar las bases para impug-nar la veracidad de los testigos por medio de declaraciones contradictorias, sólo mostró a los testigos la firma de los do-cumentos que luego presentó como prueba, preguntándoles si la firma era de ellos, a lo que contestaron que sí; pero no les entregó las declaraciones para que las leyeran y las exa-minaran, ni se les leyó ni les llamó la atención acerca de las contradicciones existentes a fin de que las explicaran si po-dían o querían hacerlo.

Entendemos que de acuerdo con la doctrina sentada en el caso de El Pueblo v. Lafontaine, 43 D.P.R. 23, la corte co-metió error al admitir como prueba las declaraciones de estos testigos sin haberse cumplido con los requisitos que se de-terminan en dicho caso. Los mencionados testigos apa-recen declarando ante el Juez Municipal de San Sebas-tián que cuando el perjudicado, Arcelio Brignoni, cogió una piedra del suelo y le tiró con ella a Juan Pérez dándole con ella en el pecho, Juan Pérez dió una vuelta, buscó un machete que tenía, se fue abajo y le tiró un tajo a Arcelio Brignoni, dándole una herida en la espalda. La prueba presentada por la defensa está en conflicto sobre este extremo con la prneba presentada por la acusación. No se dió oportunidad a los testigos para explicar su contradicción y nosotros cree-mos que sus declaraciones anteriores no debieron ser admi-tidas, y que la corte cometió error al someterlas al jurado.

Resuelto este error, consideramos innecesario discutir los otros dos errores que se señalan en el alegato del acusado.

Por las razones expuestas, entendemos que debe revovarse la sentencia apelada y devolverse el caso a la corte inferior para la celebración de un nuevo juicio.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Davila,

text:
    Lorenzo Coballes Gandía, Baldomero de León y Teodoro Delgado, peticionarios y apelados, v. La Corte Municipal de Arecibo, Hon. Puro Girau, Juez, demandado y apelado, y Félix Rozas, interventor y apelante.
    No. 5702.

    Sometido: Mayo 17, 1932.

      Resuelto: Mayo 31, 1932.

      A. Suliveres Rivera, abogado del apelante; Luis Mercader y J. Cór-dova Rivera, abogado de los peticionarios apelados.
   El Juez Asociado Señor Córdova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

En diecisiete de enero de mil novecientos treinta, Enrique Alcaraz radicó, ante la Corte Municipal de Arecibo, de-manda en cobro de pagaré contra Lorenzo Coballes Candía, y, en la súplica de la demanda, solicitaba sentencia conde-nando al demandado a pagarle la suma de $404.64 de principal, sus intereses de mora al 12 por ciento anual basta su completo pago, más las costas y $50 convenidos para hono-rarios de abogado.

Se solicitó y obtuvo por el demandante, Enrique Alcaraz, aseguramiento de la efectividad de la sentencia que pudiera recaer en el caso, a virtud de moción que al efecto radicara, resolviendo la cual se dictó una orden por el Hon. Alberto Brusi, juez de dicho tribunal, ordenando el embargo de bie-nes del demandado en cantidad suficiente a cubrir la suma de $404.64 de principal, sus intereses al 12 por ciento anual hasta su completo pago, más $75 para costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado, previa la prestación de una fianza por la suma de $800.

Prestada que fué la fianza por Alcaraz, se procedió por el márshal de la corte inferior a ejecutar la orden de embargo, embargando un automóvil de la propiedad del deman-dado Coballes Candía.

Posteriormente, el día 21 de enero de 1930, a solicitud del demandado, y previa la prestación de una fianza, se or-denó el levantamiento del embargo trabado sobre el referido automóvil, y se entregó el mismo al demandado.

En 21 de febrero de 1930, se radicó, en la corte inferior, moción por Félix Rozas, solicitando se tuviese al demandante Alcaraz substituido por él, a virtud de haber aquél traspa-sádole todos los' derechos sobre las obligaciones que se cobra-ban por medio de la demanda, debidas por el demandado Coballes Candía.

Contestada la demanda, se llevó el caso a juicio, dictán-dose sentencia, en 4 de octubre de 1930, declarando con lugar la demanda, y condenando al demandado, Lorenzo Coballes Candía, a pagar a Félix Rozas, como substituto de Enrique Alcaraz, la suma de $404.64 de principal, sus intereses de mora al 12 por ciento anual hasta su completo pago, las cos-tas, más $50 para honorarios de abogado.

En 7 de enero de 1931, se solicitó por Félix Rozas, como substituto de Enrique Alcaraz, la confiscación de la fianza prestada por los fiadores, Teodoro Delgado y Baldomero de León, en favor de Coballes Candía, para levantar el embargo trabado sobre un automóvil de éste, y resolviendo la moción se dictó una orden por el Hon. Puro Cirau, en estos térmi-nos: “Como se pide. Expídase los correspondientes man-damientos de ejecución. Arecibo, a 12 de enero de 1930. Firmado. — Puro Cirau.”

En 15 de enero de 1931 se dictó por el Hon. Juez Municipal una resolución confiscando la predicha fianza y orde-nando el libramiento del mandamiento de ejecución de la sen-tencia.

Los hechos que anteceden, expuestos por la Corte de Dis: trito de Arecibo, constituyen una relación fiel y exacta de las actuaciones en la Corte Municipal de Arecibo. Queremos añadir que la moción de substitución presentada por Félix Rozas fué resuelta favorablemente por la Corte Municipal, el 20 de mayo de 1930.

Alegan los peticionarios que la Corte Municipal de Are-cibo carece de jurisdicción para conocer del caso, por estar envuelta en él una cantidad superior a $500, y que además la corte abusó de su discreción y cometió grave error pro-cesal al dejar actuar como demandante a Félix Bozas sin resolver la solicitud de substitución y al dictar la resolución de 15 de enero de 1931 confiscando la fianza sin oír a los pe-ticionarios.

La Corte de Distrito de Arecibo expidió el auto solicitado y en definitiva dictó sentencia, declarando nulas, sin ningún valor y efecto, todas las actuaciones llevadas a cabo por la Corte Municipal de Arecibo.

Basa la corte su resolución en que lá Corte Municipal de Arecibo carece de jurisdicción para conocer del caso de autos, por razón de la cuantía.

En la demanda radicada ante la Corte Municipal se alega que con fecha 9 de mayo de 1928, el demandado suscribió a favor del demandante nueve pagarés de idéntica redacción, por la suma de $44.96 cada uno, con vencimientos los días 9 de cada mes, empezando el día 9 de diciembre de 1928, y obligándose el. demandado al fiel cumplimiento de estas obligaciones más los intereses al 12 por ciento anual en caso de demora. Aceptamos las conclusiones de la Corte de Distrito de Arecibo en lo que se refiere a la fecha del vencimiento de los pagarés. En la demanda ante la Corte Municipal se reclaman $404.64 de principal, $50 para honorarios de abogado, más los intereses devengados y los que se fueren devengando. En el momento en que se radicó la demanda los intereses devengados ascendían a la suma de $36.71, los que, unidos a los $404.64 de principal y $50 para honorarios de abogado, arrojan un total de $491.35. Este és el montante de la suma adeudada al demandante en el momento en que se promovió la acción.

Es claro y evidente que la Corte Municipal de Arecibo tuvo jurisdicción para conocer del caso, cuando éste fué ra-dicado. En esa fecha el demandante no hubiese podido acu-dir a una corte de distrito para reclamar el pago de su crédito, porque este crédito no excedía de $500. Privarle de acudir a- una corte municipal para demandar el cumplimiento de la obligación, cuando tuvo a bien ejercitar sns derechos, equi-valdría a negarle nn remedio qne la ley le reconoce y que no puede ignorar. No cabe argüir que el demandante, para con-servar la jurisdicción de la corte municipal, pudo haber re-nunciado a los intereses que pudieran devengarse en el fu-turo. No se puede obligar a una parte a renunciar un de-recho que la ley le concede. Este es un acto potestativo de su exclusiva voluntad. Tampoco cabe argüir que pudo re-nunciar a los intereses que se devengaren durante la trami-tación del pleito, para reclamarlos en una acción futura. Esto equivaldría a someterlo, sin su consentimiento, a las in-conveniencias y gastos de un nuevo litigio. El acreedor con derecho a ejercitar una acción en una corte de distrito, por razón de la cuantía de su crédito, puede renunciar a una parte de ese crédito para caer dentro de la jurisdicción de una corte municipal; pero como no puede elevar la cuantía ca-prichosamente para darle jurisdicción a una corte de dis-trito, cuando carece del derecho de elección y se ve en el caso imperioso de iniciar su pleito en una corte municipal, no debe estar obligado a renunciar a los intereses ¶endiente lite para conservar la jurisdicción de la corte.

Los hechos que sirvieron de base a la opinión de este Tribunal Supremo en el caso de Flesh v. Texidor, 27 D.P.R. 890, citado por la Corte de Distrito de Arecibo, son muy distintos a los hechos que se ofrecen a nuestra consideración en el pre-sente caso. En Flesh v. Texidor se inició la demanda en 16 de mayo de 1919. Se reclamó el saldo de un pagaré por la cantidad de $500 vencido el último de diciembre de 1918. El acreedor alegó que el deudor había sido requerido de pago al vencimiento de la obligación y solicitó sentencia por la can-tidad de $500, intereses al 6 por ciento anual desde el pri-mero de enero de 1919, hasta su definitivo pago, costas, de-sembolsos y honorarios de abogado. Es evidente que el acreedor tenía derecho a reclamar, además de los $500, los intereses devengados desde la fecha en que se .requirió de pago al deudor hasta el momento en que inició su acción. En ese caso el acreedor no pudo acudir a una corte municipal para reclamar principal e intereses; tuvo necesariamente que promover su acción en la corte de distrito.

Tampoco es aplicable a este caso la doctrina establecida en el caso de Lamas v. Betancourt, 16 D.P.R. 280. En este caso, aunque la cuantía era realmente de $630, únicamente se especificaron $500 en la demanda. El demandante, al li-mitar su reclamación, renunció tácitamente al exceso de la suma reclamada por un acto espontáneo de su voluntad. En dicho caso la corte no pudo dictar una sentencia que excediese de $500, porque no se trataba de intereses pendente lite, y el acreedor, desde un principio, redujo a esta suma su recla-mación. La corte municipal no habría adquirido jurisdicción en el caso si se hubiese reclamado la totalidad del crédito al tiempo de la radicación de la demanda.

En el caso resuelto por la Corte Municipal de Arecibo, la totalidad de la obligación no ascendía a $500 cuando se ini-ció la acción. En Lamas v. Betancourt, supra, esta Corte Suprema resolvió que un acreedor puede entablar una de-manda en una corte municipal siempre que la suma recla-mada no exceda de la fijada por la ley como límite de la ju-risdicción de tal corte, suma que es actualmente en Puerto Rico la de $500. “Si la deuda es mayor, aun cuando así se pruebe durante el juicio, la sentencia no podrá exceder de la suma reclamada y el resto de la deuda no podrá hacerse en adelante efectivo, sino que debe entenderse virtualmente condonado. ’ ’ Claramente se ve que esta doctrina tiene apli-cación al caso de un acreedor que, teniendo un crédito que exceda de $500, limita su reclamación a una cantidad que le permita iniciar su acción en la Corte Municipal. Al reducir la cuantía de su obligación, el acreedor, por un acto espon-táneo de su voluntad, renuncia al exceso de la misma, y es natural que en este caso la corte no pueda dictar una senten-cia que exceda de la suma reclamada. Cuando se trata de intereses pendente lite, la cuestión es muy distinta. En este caso el acreedor no renuncia a nada, reclama lo que legítima-mente se le debe, se somete a la jurisdicción de la corte municipal porque la cuantía de su obligación no excede de $500, y una vez adquirida esta jurisdicción no puede perderse por el hecho de que los intereses devengados durante el liti-gio, unidos a la suma principal, arrojen un total que exceda de $500.

En el caso de Martin v. Payne, 114 Pac. 486, la Corte Suprema de Colorado sostiene la doctrina de que la acumula-ción de intereses pendente lite no despoja a la corte de la jurisdicción adquirida. En ese caso el demandante reclamó contra-su socio una cantidad que no excedía de $2,000. El demandado apeló de la sentencia dictada por la corte del con-dado para ante -la corte de distrito, la cual nombró un árbitro con autoridad para oír y determinar las cuestiones contro-vertidas y formular conclusiones de hecho y de derecho. El árbitro decidió que el demandante tenía derecho a recobrar del demandado la cantidad de $1,577.22, con sus intereses as-cendentes a $883.26. El informe fue aprobado y se dictó sentencia por la cantidad de $2,460.48.

De la opinión de la corte en ese caso copiamos lo si-guiente : tuvo la corte del condado, es decir, tuvo jurisdicción para dictar cualquier sentencia que pudo ser dictada por la corte del condado.”

“En el argumento oral se alegó que la acción fue originalmente iniciada en la corte del condado, y que la corte de distrito no tenía jurisdicción para dictar una sentencia en exceso de $2,000. La de-manda radicada en la corte del condado alegó que la suma debida al demandante no excedería de $2,000. La Corte de distrito resolvió que la suma principal debida al demandante ascendía a $1,577.22, en noviembre 15 de 1900. Los intereses de esta suma en la fecha en que se inició la acción, añadidos a la suma principal, no ascendían a $2,000, según ha sido estimado por la corte de distrito. La canti-dad fijada como límite de la jurisdicción de la corte del condado es la cantidad debida al demandante al tiempo de iniciar su acción. La acumulación de intereses pendente lite no despoja a la corte de tal jurisdicción. Denver Brick Mfg. Co. v. McAllister, 6 Colo. 326. La corte de Distrito tiene en apelación la misma jurisdicción que

Como se ve, en dicho caso la cantidad reclamada, al tiempo de iniciarse la acción, no ascendía a $2,000, que es el máximum fijado como límite de la jurisdicción de la corte del condado. Se dictó sentencia por la suma de $2,460.48, con los inte-reses acumulados pendente lite, y la Corte Suprema de Colorado confirmó la sentencia por los fundamentos que se ex-ponen en su opinión.

En el caso de Gulf Coast Transp. Co. v. Dilland, 187 S. W. 975, la Corte de Apelaciones Civiles de Tejas, después de sostener que la acumulación de intereses pendente lite no des-poja a la corte de su jurisdicción una vez adquirida, dijo:

“D.ebe necesariamente concluirse que una corte, una vez adqui-rida jurisdicción, debe retener tal jurisdicción, y dictar la sentencia que proceda de acuerdo con los hechos y alegaciones del caso.”

Como ya dijimos antes, el demandante en este caso, de no haber iniciado su' acción en la corte municipal de Arecibo, se habría quedado sin remedio. Este caso puede presen-tarse con frecuencia, pues cuando se trata de reclamaciones que se acercan a $500, con intereses legales o convenidos, lo probable es que al dictarse sentencia la suma principal, unida a los intereses, exceda del máximum de la cuantía fijada como límite de la jurisdicción de la corte municipal en el momento en que se inició la acción. La ley dice que “una corte municipal tendrá jurisdicción en todos los asuntos civiles que se promuevan en su distrito hasta la suma de $500, intereses inclusive.” Opinamos que por “intereses inclusive” debe entenderse los intereses devengados al tiempo de iniciarse la acción.

Alegan además los peticionarios que la corte municipal de Arecibo abusó de su discreción y cometió graves errores al dejar actuar como demandante a Félix Rozas sin resolver la solicitud de substitución y al confiscar la fianza sin oír a los fiadores.

La solicitud de substitución fue radicada en 21 de febrero de 1930 y resuelta en 20 de mayo del mismo año. No apa-rece de los autos que la Corte Municipal de Arecibo permi-tiera actuar como demandante a Félix Rozas antes de resolver la moción de substitución, y por lo tanto el alegado error de los peticionarios carece de fundamento.

En cuanto a la confiscación de la fianza sin oír a los fia-dores, debemos atenernos a las disposiciones de la sección 16 de la Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencias, según fué enmendada en 13 de abril de 1916. (Ley No. 27 de 1916, p. 79).

La Corte Municipal de Arecibo, después de ser firme la sentencia, decretó la confiscación de la fianza y ordenó que se librase mandamiento de ejecución de dicha sentencia para hacerla efectiva en los bienes del demandado Lorenzo Coba-lies Gandía, y que se notificase a los fiadores Teodoro Delgado y Baldomero de León.

La sección 16 de la Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencias dice así:

“Una vez firme la sentencia pronunciada a favor del litigante que hubiere obtenido un mandamiento de embargo para asegurar la efectividad de dicha sentencia, si el expresado mandamiento de embargo se hubiese suspendido o dejado sin efecto a virtud de fianza o consignación, se dispondrá la confiscación de la fianza a favor de dicho litigante, y se expedirá orden de ejecución contra la parte con-denada por la sentencia. Si la orden de ejecución fuere devuelta sin cumplimentar en todo o en parte, se expedirá nueva orden de eje-cución contra los fiadores por el remanente que no haya sido satis-fecho, siguiéndose contra los fiadores el procedimiento establecido en los artículos 307 a 312, ambos inclusive, del Código de Enjuicia-miento Civil. ’1

No aparece de los autos que la orden de ejecución haya sido devuelta sin cumplimentar en todo o en parte ni que se haya efectuado ningún otro acto contra los fiadores a excep-ción de la confiscación de la fianza. El demandante todavía no ha tenido oportunidad de hacer efectivos sus derechos contra los fiadores. Cuando se devuelva la orden de ejecu-cióu sin cumplimentar es que podrán ejercitarse estos dere-chos. Al confiscar la fianza, la Corte Municipal no hizo otra cosa que sujetarse a las disposiciones de la ley. Cuando el mandamiento de embargo se hubiere suspendido o dejado sin efecto a virtud de fianza o consignación, se dispondrá la confiscación de la fianza a favor del litigante que obtuvo el embargo, y se expedirá orden de ejecución contra la parte condenada por la sentencia. La confiscación de la fianza es un acto precedente a la orden de ejecución. Cuando ésta haya sido devuelta sin cumplimentar en todo o en parte, en-tonces se expedirá nueva orden de ejecución contra los fia-dores, siguiéndose el procedimiento establecido en los ar-tículos 307 a 312, ambos inclusive, del Código de Enjuicia-miento Civil.

En mérito dé lo expuesto, entendemos que debe revocarse la- sentencia apelada, sin especial condenación de costas.


text:
    Celestino Villarán, demandante y apelante, v. Loíza Sugar Company, demandada y apelada.
    No. 4696.

    Sometido: Noviembre 18, 1930.

      Resuelto: Mayo 31, 1932.

      E. López Tizol, abogado del apelante; Jaime Sifre Jr., Diego O. Ma-rrero y Horacio Franceschi, abogados de la apelada.
   Por la Corte.

SENTENCIA'

Por cuanto los cuatro miembros del Tribunal que inter-vienen en la decisión de este caso estiman que procede la con-firmación de la sentencia apelada;

Por cuanto en este caso el Juez Asociado Sr. Wolf ha emitido una opinión con la cnal está conforme el Juez Aso-ciado Sr. Aldrey;

Pon cuanto los Jueces Presidente Sr. del Toro y Aso-ciado Sr. HutcMson están conformes por los motivos que se expresarán en opinión n opiniones que archivarán oportuna-mente ;

PoR tanto, se declara sin lugar el recurso y se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan con fecha 10 de enero de 1928.

Lo acordó el tribunal y firma el Sr. Juez Presidente, ha-ciéndose constar que el Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.

Sumarios de la opinión emitida por el Juez Asociado Señor Wolf, con la cual está conforme el Juez Asociado Señor Aldrey.

OPINIÓN EMITIDA POR EL JIJEZ ASOCIADO SEÑOR WOLF, CON LA CHAL ESTÁ CONFORME EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR ALDREY

Se trata de una acción de daños y perjuicios en que la demanda alegó actos específicos de negligencia por parte de la demandada porque un tren conducido por ella lo fue a excesiva velocidad, con vagones en frente de la locomotora, y porque la vía estaba en malas condiciones por varios mo-tivos, ocasionándose el descarrilamiento del tren. Ante una moción de nonsuit la corte resolvió, en efecto, que el deman-dante había dejado de probar motivo alguno de negligencia, diciendo específicamente qne no se había demostrado que el tren fuese conducido a mayor velocidad o qne la vía estu-viera en malas condiciones, y qne no se había demostrado deber alguno de la demandada para con el dem'andante.

El 27 de marzo de 1930 este Tribunal confirmó la senten-cia de la Corte de Distrito de San Juan. 40 D.P.R. 741. El demandante radicó una moción de reconsideración que de-claramos con lugar más o menos sobre la teoría de que po-dría ser aplicable la doctrina de res ipsa loquitur.

Los autos no revelan en forma alguna que se suscitara la doctrina de res ipsa loquitur en la corte inferior. Al ter-minar el demandante de practicar su prueba, la demandada presentó una moción de nonsiát. De la exposición del caso y pliego de excepciones aparece que el demandante se opuso a la moción, toda vez que la corte tenía ante sí las admisio-nes de la demandada y un principio de prueba. El deman-dante continuó alegando que la corte podía pesar una y otra y determinar por las admisiones y prueba si había o no una causa de acción. La exposición del caso no demuestra que el demandante indicara a la corte cuáles fueran estas admisio-nes. La corte, posteriormente, dijo que la cuestión principal en que se descansaba era el párrafo octavo de la demanda que leía:

“Que, según información, en dicho día y hora, el expresado tren al pasar por el sitio, Loíza, Puerto Rico, conocido por el nombre de ‘Desvío Pabón/ debido a la culpa y negligencia única de la deman-dada y sus empleados, se descarrilaron dos o tres vagones del mismo a causa de que el dicho tren era conducido a mucha velocidad al pasar por sobre aquel sitio, en donde existía un desvío, llevaba va-gones delante de la máquina, las vías se encontraban en mal estado, montadas sobre unos tablones de maderas sueltas y sin contener las debidas grapas o clavos que sujetaran los railes de dichas viguerías, la aguja de cambio se encontraba floja, y estaba recia para ser ma-nejada para dar y cerrar el paso a las vías por donde habían de pasar los trenes; habiéndose en dicho accidente volcado dos o tres de los vagones entre los cuales se cuenta el en que iban dicho menor y demás acompañantes, cayéndose el predieho menor Carmelo debajo de nno de ellos, recibiendo golpes y contusiones de tal naturaleza que falleció casi instantáneamente.”

La corte procedió a discutir los actos específicos de ne-gligencia alegados en la demanda y resolvió que el deman-dante había dejado de probar acto alguno de negligencia.

Conforme hemos dicho, nada hay en los autos que revele cuáles fueron las admisiones en que se descansó o que el de-mandante estuviera invocando la doctrina de res ipsa loquitur.

Estamos muy lejos de aseverar que no se pueda descansar en la doctrina de res ipsa loquitur sin hacerse una alegación específica a ese efecto. Lo que sí resolvemos es que en un juicio en que el demandante se funda en actos específicos de negligencia y el demandado comparece a la corte preparado para defenderse contra estos actos específicos de negligencia, el demandante en justicia debe dar algún paso para demostrar que él no se basa exclusivamente en las alegaciones específicas de negligencia, sino en la doctrina de res ipsa loquitur. Esta es una aplicación de la regla general del derecho adjetivo de que un demandado debe ser notificado y oído.

Si no hubiese habido opinión de la corte que demostrara que el juez tan sólo estaba discutiendo actos específicos de negligencia o si la opinión revelara una discusión por parte de la corte de la doctrina de res ipsa loquitur, podríamos asu-mir sin riesgo que el demandante presentó su teoría a la corte. Empero, como la ley exige que el juez de la Corte de Distrito exponga los motivos en que funda su decisión, y él tan sólo discutió la negligencia específica, existe la pre-sunción, si no la certeza, de que la cuestión de res ipsa loquitur nunca fué presentada a la Corte de Distrito de San Juan. Asumamos, sin embargo, que dicha doctrina fué invocada en la corte inferior.

Existe una fuerte corriente de autoridades al efecto de que no obstante haberse hecho alegaciones especí-ficas de negligencia contra el demandado, el demandante ann pnede descansar en la doctrina de res ipsa loquitur. Pueden hallarse numerosas autoridades en sentido contrario. Asu-miremos que el demandante tenía derecho a suscitar la cues-tión de res ipsa loquitur y diferiremos para un caso más pro-picio la regla a adoptarse en esta jurisdicción. El artículo 1217 del Código Civil provee:

Las presunciones no son admisibles sino cuando el hecho de que han de deducirse esté completamente acreditado.”

Por tanto, incumbía al demandante, si descansaba en la doctrina de res ipsa loquitur, demostrar los hechos prelimi-nares que le hubiesen colocado en situación de invocar la doctrina. El caso más fuerte y más típico para la aplica-ción de ella es cuando la persona muerta o lesionada va como pasajero en un tren perteneciente a un porteador público y ocurre un accidente. Por consiguiente, si se descansa en el descarrilamiento del tren, el demandante debe demostrar que él era debidamente un pasajero y que la demandada era en realidad un porteador en el sentido público en que se usa esa palabra. Es claro que si una persona sólo transporta su propia mercadería dentro de su propiedad, o dentro de la propiedad bajo su dominio, no es un porteador.

No hubo alegación o prueba de que la demandada fuera un porteador público. Por el contrario, la alegación espe-cífica del quinto párrafo de la demanda fué que la Loíza Sugar Co. era dueña de un tren movido por vapor que hacía viajes entre Carolina y más allá de Río Grande, acercándose a Mameyes y a otros sitios con varios otros ramales. Esta no es la alegación de que la demandada es un porteador pú-blico de pasajeros, ni siquiera de carga, o que su tren tenga relación alguna con el público.

Los párrafos citados de la demanda y otras partes de la misma demuestran que el tren pertenecía a la demandada y existe la presunción de que el mismo discurría sobre propiedad perteneciente a la demandada o bajo su control. Si había alguna duda respecto a si el tren pasaba por caminos públicos o si era nn porteador público, el peso de probarlo recaía sobre el demandante. En la interpretación de alegaciones, cualquier hecho que no ha sido alegado en forma alguna, debe considerarse en contra de la parte que alega, máxime si no hay evidencia tendente a demostrar ese hecho.

Este no es un caso que está desprovisto de prueba. Celestino Tillarán, demandante en este caso y padre del niño que pereció en el accidente, ocupó la silla testifical. Declaró específicamente respecto a algunos, si no respecto a todos, los actos de negligencia alegados en la demanda. .Demostró estar enteramente familiarizado con el sitio donde ocurrió el accidente. Manifestó que el accidente tuvo lugar en Un desvío. Aparece necesariamente que el desvío era un ramal de la línea principal que el testigo manifestó partía de la central de la demandada y llegaba hasta las últimas cañas que tiene la compañía. Dijo además que el accidente tuvo lugar al llegar al desvío y que había una curva a la que entraban los vagones para buscar la caña perteneciente a la central y que la curva tenía a veces una dirección y a veces otra. Hubo bastante prueba, alguna de ella vaga, al efecto de que la línea principal de la demandada se dirigía a la central misma y tenía varios ramales que llegaban hasta las últimas cañas que estaban bajo el dominio de la demandada. La inferencia que necesariamente hay que hacer de todo este testimonio es que el tren era usado por la demandada con el objeto de transportar la caña.

Toda la prueba tendió a excluir la idea de que la deman-dada fuera un porteador corriente de pasajeros.

El mero uso de la palabra “tren” no demuestra que la demandada sea un porteador público. Ella puede utilizar tal tren, como frecuentemente sucede en Puerto Rico, exclusiva-mente para el transporte de sus productos agrícolas. La palabra “tren” estaba originalmente limitada en Puerto Rico casi exclusivamente a vehículos públicos, mas sabemos que es un hecho, y creemos que de ello podemos tomar conoci-miento judicial, que en Puerto Rico una gran parte de las centrales, si no todas ellas, operan sus propios trenes para el transporte de sus cañas de azúcar.

Igualmente tampoco se alegó o probó que el hijo del demandante tuviera derecho a estar en el tren, o que surgió cualquier deber, nexo o relación contractual entre la demandada y el hijo del demandante, salvo evitar lesionarle proterva y maliciosamente. Desde luego, no estamos discutiendo los casos en que un demandante está en un sitio público y es golpeado por un objeto que cae, o cualesquiera otros actos en que el demandado está en mejor posición que el demandante para explicar el suceso, pues si en este caso en algo ha de invocarse la doctrina, la indemnización debe fundarse en la teoría de que la demandada era un porteador de pasajeros. Por el momento no estamos considerando los casos en que la invitación a montar o algo similar surge del demandado. En el presente caso el demandante no probó ningún hecho o serie de hechos que impusieran a la demandada el deber de explicar el accidente.

Toda la cuestión está más o menos cubierta por 45 C. J. 1208, sección 776, como sigue:

“De acuerdo con el criterio prevaleciente, si no unánime, la apli-cación de la regla res ipsa loquitur no se limita a casos que compren-dan el incumplimiento del deber de ejercer cuidado proveniente de nna. obligación contractual, sino que se aplica a casos que emanan de actos torticeros en que las partes no tienen relación particular entre sí y en que la parte que lesiona estaba obligada a ejercer cuidado ordinario solamente. Sin embargo, originalmente se consideraba que la aplicación de la doctrina estaba limitada, por lo menos bajo esa interpretación de la doctrina que permitía que se infiriera la negli-gencia del mero hecho de haber ocurrido un accidente o lesión, a casos en que existía relación contractual entre las partes, como en el caso de un porteador público o depositario, y en que el deman-dado tenía para con el demandante un deber absoluto u obligación semejantes a los de un asegurador. Sin embargo, aunque se dice que la regla se aplica más frecuentemente a casos que envuelven las re-laciones especiales mencionadas, que a otros casos de negligencia, se ha resuelto que no hay base en las autoridades o en la lógica para la regla, ya que la presunción se origina y depende de la naturaleza del acto y de las circunstancias y carácter del acaecimiento, y no de la naturaleza de las relaciones entre las partes, excepto indirectamente en tanto en cuanto esa relación define la medida del deber impuesto al demandado.”

No hubo prueba, según surge ordinariamente cuando se aplica la doctrina, de que el hijo del demandante se hallara en un sitio en que tenía derecho a estar. La contestación de la demandada negó enfáticamente que el hijo del demandante tuviera derecho a estar en el tren, e insistió en que él era un intruso que había penetrado en el tren contra la voluntad expresa de la compañía y alegó que el tren no se dedicaba a la transportación de pasajeros sino que era un ferrocarril privado para la transportación de cañas de azúcar y materiales en conexión con los negocios de la central. Naturalmente, en una moción de nonsuit ninguna de las alegaciones de la contestación puede estimarse probada, pero puede considerarse la contestación para demostrar las cuestiones litigiosas. A virtud de las mismas, el demandante, si la doctrina era invocable, estaba obligado a demostrar que su hijo se hallaba en un sitio donde tenía derecho a estar.

Si el demandante hubiese demostrado que su hijo había sido invitado a montar en el tren o que a los familiares de los empleados de la demandada, con el consentimiento de la compañía, se les había permitido montar en el tren, se habría presentado un caso distinto.

Al discutirse la moción de nonsuit la Corte de Distrito de San Juan dijo que no se le había demostrado que la deman-dada y sus empleados fueran negligentes por el mero hecho de que se descarrilaran los vagones y de que ocurriera la muerte del hijo del demandante. Esta corte en apelación repitió lo dicho por la corte inferior. Esta manifestación aparece publicada en el sumario del caso, como sigue:

“Cuando ocurre el descarrilamiento de un tren y se prueba que dicho tren era manejado por empleados de la demandada, dentro de la esfera de sus funciones, y que descarriló en la misma vía propia de la demandada, ello no es base por sí solo para que se infiera o presuma la negligencia de la demandada (res ipsa loquitur)

Este sumario está propenso a ser mal entendido a menos que sea explicado. Si un tren es un porteador de pasajeros y se descarrila, cualquier pasajero puede invocar la doctrina de res ipsa loquitur. No obstante, antes de que pueda invo-car tal doctrina debe demostrar que era un pasajero, o lo que para nuestros fines equivale a lo mismo, que el deman-dado es un porteador de pasajeros. Como bay trenes, es-pecialmente en Puerto Bico, que no son porteadores de pasajeros, sino claramente privados, el mero descarrila-miento de un tren no es razón para invocar la doctrina. El sumario hubiera debido decir: 4 ‘ Cuando no se demuestra que el demandado es un porteador de pasajeros, el mero desca-rrilamiento de un tren de su pertenencia no constituye prueba de negligencia, etc.,” o algo a ese efecto. Si se toma la pa-labra “tren” en el sentido más general usado hoy en día, el mero descarrilamiento no es prueba de negligencia.

Si un vagón se sale de la vía y nadie sufre daño alguno, no surge cuestión alguna de negligencia en el sentido jurí-dico. Para que se use la palabra “negligencia” debe surgir una obligación y desde luego un obligado. Un demandante debe demostrar que el demandado tenía un deber para con él.

Quizá basta decir que ni la demanda ni la prueba tendió a demostrar negligencia de parte de la demandada, pero es el caso que las partes en sus alegatos discutieron la aplica-bilidad de la doctrina de res ipsa loquitur, y, por consiguiente, la hemos discutido bajo las posibilidades de este caso.

Debe confirmarse la sentencia.


text:
    Luis Sanquírico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 864.

    Sometido: Marzo 21, 1932.

      Resuelto: Junio 2, 1932.

      Luis A. Castro, abogado del recurrente; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Un crédito hipotecario que está inscrito en el registro de la propiedad desde 1928 fué cedido a Luis Sanquírico, a cuyo nombre fué inscrito el 11 de agosto de 1931 (sic). Esa finca fué vendida a María Tomei en el procedimiento que ella si-guió en cobro de dinero contra la dueña Carmen Paradis y fué comprada después por José Fernández Lema a cuyo nombre fué inscrita el 22 de enero de 1931. En pleito que Luis Sanquírico siguió contra Carmen Paradis en una corte municipal en cobro de dinero le fué adjudicada esa finca el 27 de junio de 1931 y cuando presentó su título para inscrip-ción en el registro le fué negado por estar inscrita la finca a nombre de José Fernández Lema, persona distinta de Carmen Paradis. Posteriormente la corte municipal que cono-ció del pleito de Sanquírico decretó la cancelación de la ins-cripción existente a favor de José Fernández Lema fundándose en el caso de Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269, y en el artículo 36 del Código de Enjuiciamiento Civil que en él se cita, pero el registrador, después de hacer una relación de las constancias de esa finca en su registro, se negó a cancelar esa inscripción por el motivo de que la acción de Sanquírico contra Carmen Paradis fué en cobro de pesos y no en eje-cución de hipoteca y por no tener su título derecho de prela-ción a tenor de lo dispuesto en el artículo 1376 del Código Civil. Contra esa negativa de cancelación fué interpuesto por Sanquírico el presente recurso gubernativo.

En el caso de Arroyo v. Zavala, supra, el acreedor hipotecario instituyó para el cobro de su crédito inscrito el procedimiento sumario establecido por la Ley Hipotecaria y su reglamento y cuando para el pago de él se le adjudicó la finca gravada y trató de inscribirla encontró que estaba inscrita la finca a nombre de tercera persona que la había comprado después de requerido su vendedor en dicho procedimiento para que pagase la hipoteca. Puesto ese hecho en conocimiento de la corte ésta concedió un término a tal comprador para que satisficiera la hipoteca ejecutada, y no habiéndola pagado ordenó que la inscripción hecha a favor del comprador fuese cancelada. Los fundamentos que tuvimos para confirmar esa orden de cancelación no fueron precisamente que el procedimiento seguido para el cobro de hipoteca fué el sumario de la Ley Hipotecaria, aunque tal era el hecho en ese caso, sino que cuando una persona compra una finca con hipoteca inscrita conoce ese gravamen y se sustituye para su pago en lugar del deudor que vende y que si la hipoteca está vencida sabe que tendrá que pagarla si a su vencimiento no la satisface su vendedor, y que si es requerido para el pago y no lo hace su compra será cancelada.

Ahora bien, a pesar de la doctrina consignada en ese caso el registrador procedió correctamente al negar la cancelación porque a él no se le acreditó que la adjudicación hecha a Sanquírico lo fuese para pagar dicha hipoteca ni que el actual dueño Fernández Lema' fué requerido para satisfacer ese gravamen de la finca que compró.

El recurrente acompañó con sn alegato, presentado despnés del de el registrador, certificaciones para acreditar que su pleito en la corte municipal lo fué para cobrar su hipoteca por el procedimiento ordinario y que el actual dueño Fernández Lema fué requerido para que pagase dicha hipoteca sin que lo verificase, pero como esas certificaciones no tienen constancia de haber sido presentadas al registrador, y no lo fueron porque la fecha de ellas es posterior a la do la interposición de este recurso, no podemos tomarlas en cuenta para nuestra resolución porque debemos basarla en los hechos que el registrador tuvo ante sí y no en otros desconocidos para él.

El artículo 1376 del Código Civil que cita el registrador y que se refiere a los casos de doble venta no tiene aplicación al presente caso.

La resolución recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado.


author: El Juez Asociado Señob Aldbey,

text:
    F. L. de Hostos & Co., demandante, apelante y apelado, v. José Madera, demandado, apelado y apelante.
    No. 5594.

    Sometido: Mayo 24, 1932.

      Resuelto: Junio 3, 1932.

      JE. H. F. Dottm, abogado del apelante apelado; A. Quirós Méndez, abogado del apelado apelante.
   El Juez Asociado Señob Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Decretado el aseguramiento de la sentencia en este pleito fué trabado embargo en el importe de la cantidad que debía ser entregada al demandado como contratista constructor de cuatro casas para escuelas que debía pagarle el Tesorero de Puerto Rico al serle entregada una certificación del Comisio-nado del Interior por el importe de las obras realizadas por el demandado. El marshal no se incautó de esa certificación ni del dinero pero notificó al Comisionado del Interior que no entregara dicha certificación al demandado, y también al Tesorero de Puerto Rico para que no pagase el importe de ella. La Corte de Distrito de San Juan anuló dicho embargo fundándose en el caso de Crédito y Ahorro Ponceño y. Moisés Colón, 36 D.P.R. 341, por entender que dichos bienes no están sujetos a embargo. Contra esa resolución fué interpuesta esta apelación.

Dice el apelante que cuando este tribunal declaró en los casos de Lamboglia v. La Junta Escolar de Guayama, 15 D.P.R. 318, y de Crédito y Ahorro Ponceño v. Colón, 36 D.P.R. 341, que no podían ser embargados bienes como los del presente caso, fué porque El Pueblo de Puerto Rico no podía ser demandado entonces sin su consentimiento si disponía del dinero embargado, pero que habiéndose aprobado des-pués la Ley No. 11 de 18 de abril de 1928 autorizando El Pueblo de Puerto Rico que se, le demande por daños y per-juicios, que es la acción contra él si dispusiera de los fondos embargados, es procedente ahora el embargo de tal clase de bienes.

La sentencia en los casos citados no se fundó en que El Pueblo de Puerto Rico no podía ser demandado sin su consen-timiento sino en que el dinero para fines públicos no está su-jeto a embargo y en que los fondos de un contratista que estén en poder de una corporación pública no pueden ser embargar dos. El que ahora pueda ser demandado El Pueblo de Puerto Rico por daños y perjuicios no justifica que puedan ser em-bargados esa clase de bienes.

Resuelto el único motivo del recurso debe ser confirmada la resolución apelada.


text:
    Melón Hnos. & Co., S. en C., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido
    No. 865.

    Sometido: Mayo 16, 1932.

      Resuelto: Junio 3, 1932.

      Angel A. Vázquez, abogado de la recurrente; el Registrador en pro-piedad compareció por escrito sosteniendo la nota de su sustituto.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La recurrente alega que el registrador erró al negarse a inscribir un decreto de información posesoria por no haberse demostrado a satisfacción que se había notificado a los dueños de los predios colindantes. Creemos que el registrador tenía razón. La citación de los colindantes es nn requisito jurisdiccional. Lo que esta corte dijo en Echevarría v. El Registrador de Guayama, 27 D.P.R. 266, fué que la doctrina del caso de Pérez de Tuleda v. Registrador de Humacao, 23 D.P.R. 670, “se basa en que al verificar la citación de los colindantes no se trata de adquirir jurisdicción sobre las personas citadas sino de cumplir un precepto legal.” En esos dos casos el hecho de que los dueños de los predios colindantes habían sido citados había sido establecido mediante declaraciones juradas. Ninguno de los dos sostiene la con-tención de qne no sea necesaria tal citación. El decreto en el presente caso contiene la aserción de qne se lian observado las formalidades legales. No podemos convenir con la re-currente en qne el registrador estaba obligado a aceptar esta manifestación general como garantía de qne los colindantes habían sido citados.

La recurrente también ataca el segundo motivo qne tuvo el registrador para negarse a inscribir el decreto, a saber, qne la citación por edictos de los herederos de un supuesto dueño anterior no contenía advertencia alguna respecto a la solicitud de cancelación de su título en el registro. Esa cuestión no estuvo envuelta en Alarcón et al. v. El registrador de San Juan, 35 D.P.R. 41, en que se apoya la recurrente. El emplazamiento debe informar al demandado, por lo menos en forma general, respecto a la naturaleza de la acción. El emplazamiento en el presente caso no contenía esa información. Véanse López Nazario v. El Registrador, 34 D.P.R. 31, y Figueroa v. El Registrador, íd. 349.

Bebe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Juan Villaveitia, acusado y apelante.
    No. 4768.

    Sometido: Mayo 26, 1932.

      Resuelto: Junio 3, 1932.

      A. Lastra Gharries y J. B. Soto, abogados del apelante; B. A. Gomes, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante sostiene qne la corte de distrito erró al de-clarar sin lugar una moción de nuevo juicio y al dictar sen-tencia. La última parte de esta contención se presenta como corolario de la primera, y no precisa discutirla separada-mente.

La moción de nuevo juicio se basó en unas manifestacio-nes que se dijeron haber sido hechas por uno de los jurados después del veredicto. Esas manifestaciones, si se hicieron tal como constan en las declaraciones juradas que se radica-ron en apoyo de la moción, revelan una determinación fija, definitivamente formada antes del juicio, de condenar al acu-sado independientemente de la evidencia que se aduciría en el mismo. De ser ciertas, esas manifestaciones hubieran re-querido la concesión de un nuevo juicio, y, si las declaracio-nes juradas que se acompañaron a la moción no hubieran sido contradichas, la negativa de la moción hubiera constituido un error justificativo de la revocación. El jurado, sin embargo, negó en una contradeclaración jurada haber hecho las manifestaciones que se le atribuían, y los affidavits de otros jurados se pronunciaron en el sentido de que la con-ducta de él y sus conversaciones a través del juicio no daban idea alguna de predisposición o prejuicio contra el acusado. Debe presumirse que el juez sentenciador consideró esta cues-tión de hecho al declarar sin lugar la moción y si bien una con-clusión de hecho específica hubiese sido mucho más satis-factoria, no creemos que estaríamos justificados en alterar el resultado.

Debe confirmarse la sentencia o/pelada.