author: En Juez Presidente Sbñot?. Del Tono El Juez Asociado Sr. Wolf JUEZ ASOCIADO SEÑOK TBAVIESO

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Torres, acusado y apelante.
    Núm. 7840.

    Sometido: Diciembre 7, 1939.

      Resuelto: Abril 29, 1940.

      Bubón & Ochoteco y Angel D. Marchand Paz, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   En Juez Presidente Sbñot?. Del Tono

emitió la opinión del tribunal.

Piste es un caso de desacato en el cual el apelante fué con-denado a treinia días de cárcel. El primer documento que figura en la transcripción es una orden que dice:

“En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico.—Sala de lo Criminal.—El Pueblo de Puerto Rico v. Manuel Torres, Acusado.—Criminal Núm. 14372.—Desacato.—Orden. —Por cuanto, en el día de lioy se estaba ventilando ante esta Corte un proceso por asesinato contra Santiago Ramos, estando el Jurado debidamente constituido y en el salón destinado al efecto en los altos de este edificio; — Por cuanto, el Juez que provee fué asaltado por el acusado poco después de haber sido suspendida la sesión de la Corte, en momentos que el Juez salía de su despacho, y precisamente en el pasillo contiguo a la sala del Tribunal; — Por cuanto, esta conducta del acusado no solamente tendió a interrum-pir los procedimientos de esta Corte e indiscutiblemente a sembrar también el terror en el Jurado que estaba constituido y en el de cualquier otro funcionario del Tribunal, entendiendo la corte que dicha conducta por parte del acusado constituye un desacato por-que menoscaba el prestigio de las cortes de justicia: — Por tanto, la Corte ordena que el acusado en este caso comparezca el día 3 de febrero de 1939, o sea pasado mañana, a las nueve A. JVL, para que exponga las razones por las cuales no deba ser castigado por desacato; y que copia de esta orden se entregue a los abogados del acusado.—San Juan, Puerto Rico, febrero 1, 1939. (fdo.) M. Romany, Juez. Notificados los abogados Dubón y Ocboteco. Feb. 1, 1939. (fdo.) Eduardo López Tizol, Secretario.”

Siguen el acta del juicio y la sentencia, a saber:

“El Pueblo de Puerto Rico v. Manuel Torres.— (Causa Núm. 1437.2.)—Desacato.—En Corte, presidida por el Hon. Juez Marcelino Romany, actuando de fiscal el Sr. Hernán R. Franco y de ta-quígrafo el Sr. Carmelo Pérez, fué llamado este caso para que el acusado respondiera o dijera las razones por las cuales no deba ser castigado por desacato y compareció el acusado en persona y asistido de sus abogados Sres. Luis Dubón y Félix Ochoteco. Preguntádole por la Corte qué alegación hacía el acusado manifestó, por conducto de sus abogados que negaba los hechos y reproducía las alegaciones que había hecho en Corte el día 1 de febrero y la Corte dictó la si-guiente sentencia:—POR Cuanto, el día primero de febrero, 1939, mientras se estaba ventilando ante esta Corte un proceso de asesinato contra Santiago Ramos, estando el Jurado debidamente constituido y en el salón destinado al efecto en los altos del edificio que ocupa la Corte de Distrito de San Juan, Puerto Rico; — POR CUANTO, el Juez que provee fue asaltado en dicho día primero de febrero, 1939. por el acusado poco después de haber sido suspendida la sesión de la Corte, en momentos que el Juez que suscribe salía de su despacho, y precisamente en el pasillo contiguo a la sala del tribunal; PoR Cuanto esta conducta del acusado no solamente tendió a interrum-pir los procedimientos de esta Corte e indiscutiblemente a sembrar, también el terror en el Jurado que estaba constituido y al de cual-quier otro funcionario del tribunal, entendiendo la Corte que dicha conducta por parte del acusado constituye un desacato porque me-noscaba el prestigio de las cortes de justicia; — Por Cuanto, la Corte ordenó que el acusado Manuel Torres compareciera ante este tribunal el día 3 de febrero, 1939, a las 9 :00 A. M., para que expu-siera las razones por las cuales no debiera ser castigado por desa-cato, y ordenó, además, que copia de la orden anterior, dictada en febrero 1, 1939, se entregara a los abogados del acusado, señores Dubón & Ochoteco; — Por cuanto, hoy 3 de febrero, 1939, com-pareció el acusado, por conducto de sus expresados abogados, y manifestó que negaba los hechos alegados en la orden para mostrar causa, a pesar de que el día primero de febrero, 1939, cuando se hizo lectura de la orden manifestó que aceptaba todos los hechos expuestos en la orden; — Por Cuanto, además de dicha acepta-ción por parte de uno de los abogados del acusado, de los hechos alegados en la orden para mostrar causa, la Corte entiende que no es necesario practicar prueba en un procedimiento de desacato en el cual el Juez es la persona agredida, puesto que el Juez no puede pasár por sobre ninguna prueba puesto que ya tiene conocimiento personal de los hechos, y no podría resolver jamás que no fué cierta una agresión cuando al Juez personalmente le constaba tal hecho, siendo, por tanto, completamente inútil la presentación de prueba: —Por TANTO, esta Corte, no habiéndose presentado ninguna razón legal, a juicio del tribunal, por la cual no deba el acusado ser cas-tigado por desacato, la Corte lo declara culpable de un desacato a este tribunal, y le impone treinta días de cárcel a Manuel Torres, que deberá cumplir en la Cárcel de Distrito de San Juan, Puerto Eico, y condena, así mismo, al acusado, Manuel Torres, a pagar una multa de $200.00. — San Juan, Puerto Rico, febrero 3, 1939. (fdo.) M. Romany, Juez. Certifico: (fdo.) Eduardo López Tizol, por M. Aldea Bigles, Subsecretario.”

Apeló Manuel Torres para ante este tribunal en febrero 3, 1939, y cuatro días después presentó a la corte sentencia-dora la siguiente moción:

“En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, P. R.—El Pueblo de Puerto Rico v. Santiago Ramos, Acusado.—Criminal Núm.—Sobre: Asesinato. — (Incidente sobre Desacato contra Manuel Torres.) — Moción para que se incluyan determinados extremos en el legajo de sentencia. — Al Honorable Tribunal: — Com-parece el acusado Manuel Torres, por conducto de sus abogados que suscriben, y ante la Hon. Corte respetuosamente expone: — 1.-—Que en el caso de epígrafe el acusado compareció el día 3 del mes en curso, en corte abierta, y a virtud de una orden de arresto que se librara en su contra, para responder de un delito de desacato, ha-biendo alegado, a través de sus abogados que suscriben, todo cuanto estimó pertinente en su defensa, habiendo transferido este Hon. Tribunal, y a petición del compareciente, para el día 5 de los corrientes, la continuación de la vista de dicho proceso por desacato, fecha en que volvió a comparecer el acusado asistido de sus aboga-dos y volvió a formular las objeciones que juzgó pertinentes con-forme a derecho. — 2.—Que en el presente incidente de desacato no procede elevación de Transcripción dé Evidencia alguna para ante el Hon. Tribunal Supremo, y en relación con el recurso de apelación que tiene establecido el acusado contra el fallo recaído, ya que no hubo práctica de evidencia por parte de El Pueblo, ni por parte del acusado. — 3.—Que habiendo el acusado hecho sus alegaciones en corte abierta y oralmente, procede se incluyan todas las actuaciones habidas en récord en cuanto a las dos vistas celebradas ante este Hon. Tribunal en relación con dicho procedimiento de desacato, en el Legajo de Sentencia. — En mérito de lo anteriormente expuesto, el acusado de este Hon. Tribunal respetuosamente solicita se sirva ordenarle al Sr. Secretario que al preparar el Legajo de Sentencia a los fines de dicho recurso de apelación, incluya en el mismo trans-cripción taquigráfica de las actuaciones habidas en dichas dos vistas, debidamente certificadas por el taquígrafo que actuara en corte abierta en relación con las mismas, y al efecto también solicita el acusado que por este Hon. Tribunal se le ordene a dicho taquígrafo prepare y certifique la citada transcripción taquigráfica, la que deberá ser aprobada por esta Hon. Corte. — San Juan, P. R., a 7 de febrero de 1939. J. Ramírez Santibáñez, Dubón & Ochoteco, Por: (fdo.) Félix Ochoteco, Jr., Abogados del acusado.”

Dictada la orden solicitada, como transcurriera el tiempo y la transcripción no se archivara, el secretario de la corte en mayo 11, 1939, se lo comunicó a los ahogados. Nada apa-rece que hicieran, y dicho funcionario, en junio 16, 1939, certificó y remitió a esta Corte Suprema el récord de la apelación sin contenerla.

En esta corte el apelante presentó cuatro mociones de prórroga para radicar su alegato, archivándolo finalmente en septiembre 25, 1939, sometiendo el suyo el fiscal en diciem-bre 6, 1939, y celebrándose la vista del recurso, con asistencia e informe de los abogados de las partes, en diciembre 7, 1939.

En su alegato el acusado apelante sostiene que la corte sentenciadora erró al condenarlo por un delito de desacato “no cometido en la inmediata presencia del tribunal sin haber practicado prueba alguna” y al condenarlo “no obstante existir absoluta ausencia de prueba.”

Discute ampliamente el señalamiento de error y resume su discusión como sigue:

“1. — Que no negamos, y por el contrario, admitimos, que toda agresión o conducta incorrecta o provocativa contra un Magistrado, mientras se halla en el edificio del tribunal, constituye un desacato indirecto o constructivo, pero no en la inmediata presencia del Tribunal.
“2. — Que para que una agresión o conducta reprochable contra un Magistrado, pueda constituir desacato directo, tiene que come-terse en la presencia inmediata del Tribunal, o lo que es lo mismo, mientras el Tribunal se halla celebrando sesión.
“3. Que todo desacato cometido como consecuencia de la agre-sión a un Magistrado o de conducta ofensiva hacia el mismo, come-tido en la inmediata presencia del Tribunal, esto es, mientras se halla celebrando sesión, puede ser castigado sumariamente, y sin práctica alguna de evidencia, en relación con los hechos que han dado motivo al proceso, y que se consignan en el ‘commitment’.
“4. — Que toda agresión o conducta irrespetuosa hacia un Magis-trado, no en la inmediata presencia del Tribunal, y mientras este no se halle celebrando sesión, aunque constituye desacato, no puede ser condenado el acusado, sin la práctica de la correspondiente evidencia evacuada, conforme lo determina la legislación vigente en nuestra jurisdicción, en relación con la admisión o no admisión de prueba. 12 Am. Jurisprudence, página 441, Sección 74.
“5. — Y por último, que no habiéndose cometido en la inmediata presencia del Tribunal, y mientras éste estaba en sesión, la alegada agresión del acusado en la persona del Magistrado de la corte inferior, carecía de jurisdicción, y cometió grave error la Corte de. Distrito de San Juan, al condenar al acusado por el delito de desa-cato, sin práctica alguna de evidencia, error éste, que demanda la revocación de la sentencia.”

Se admite en tal virtud que el ñecíio del asalto al juez de haberse cometido constituye un delito de desacato, pero se impugna el procedimiento seguido para castigar al acusado.

La ley sobre la materia en Puerto Rico está contenida en el artículo 145 del Código Penal, ed. 1937, pág. 85, integrado por la ley de marzo 8, 1906, pág. 32, enmendando la de marzo 1, 1902, “definiendo el delito de desacato y dis-poniendo la pena correspondiente”, cuya sección 3, lee en lo pertinente como sigue:

“Cuando se comete un desacato a la inmediata presencia y vista de una corte de justicia, podrá imponerse en el acto el correspon-diente castigo por el juez de la corte o juez presidente de la misma. Cuando se acuse a una persona de desacato cometido fuera de la presencia de la corte, no podrá declarársele convicta sin habérsele dado previamente oportunidad para comparecer y defenderse del cargo.” ■ ■

Reconoce, pues, la ley, dos formas de desacato. En la primera incluye el cometido a la inmediata presencia de una corte de justicia. En la segunda aquél en que se acusa ante la corte a la persona que fuera de la presencia de la corte lo comete. Para ambas señala el procedimiento que debe seguirse para la imposición del correspondiente castigo.

Cuando se trata de un desacato cometido a la inmediata presencia y vista de la corte, ésta podrá castigarlo en el acto. Cuando se trata de uno perpetrado fuera de la pre-sencia de la corte, es necesario dar a la persona acusada oportunidad para comparecer y defenderse del cargo. En el primer caso el desacato es directo; en el segundo cons-tructivo.

En ello la ley puertorriqueña es igual a la de los estados y territorios de la Unión. “Como regia general”, se dice en 12 Am. Jur. sec. 70, pág. 437, “cuando el desacato se comete en la presencia de la corte (facie curiae), ésta puede al castigar al acusado, actuar sobre la base de su propio cono-cimiento, sin necesidad de otra prueba o examen, y el acu-sado no tiene derecho a ser oído en su propia defensa, ni puede quejarse de haberse infringido sus derechos constitu-cionales por habérsele negado audiencia. La corte, sin embargo, puede, en el ejercicio de su discreción, conceder audiencia antes de sentencia. Con respecto a desacatos constructivos, o sea aquéllos que se cometen sin la actual presencia de la corte, es esencial que se celebre una audiencia y quo se permita al acusado, si lo desea, que interponga su defensa a los cargos antes de ser castigado.”

Si el desacato por virtud del cual se castigó al ape-lante fuese directo, no habría lugar a la más leve contención. Si fuere constructivo, o de dudosa naturaleza, entonces requiere detenido estudio.

¿Fue directo, esto es, se cometió a la inmediata presencia de la corte?

Para contestar debidamente la pregunta, tenemos que fijar primero -bien qué se entiende por presencia de la corte.

En la propia obra citada, American Jurisprudence, resu-miendo la jurisprudencia sobre el particular, se dice:

“Al definir qué se entiende por ‘presencia de la corte’, tal y como se emplea dicha expresión con referencia al delito de desacato, se dice que £la corte’ consiste no sólo del juez, la sala del tribunal, el jurado o el salón del jurado si que de todos éstos combinados. La corte se halla presente dondequiera que alguno de sus elementos cons-titutivos se encuentre entregado a la labor del tribunal de acuerdo con la ley. Se sostiene en algunos estados que cualquier acto diri-gido a impedir u obstruir a la corte en la debida administración de la justicia, debe considerarse como cometido en la presencia del tribunal. En otros estados se sostiene que sólo aquellos desacatos que se cometen dentro de un radio de visión ocular deben conside-rarse como cometidos en la ‘presencia de la corte’. En algonas ocasiones los tribunales han considerado los hechos del caso objeto de revisión, y han decidido si el desacato imputado JEué cometido en la presencia de la corte sin establecer ningún principio definitivo a ese respecto.” 12 Am. Jur., sec. 5, pág. 392.

Aquí el desacato no se cometió cuando la corte se hallaba en sesión. La corte estaba ventilando un proceso por ase-sinato. La sesión fue suspendida. El jurado quedó cons-tituido en el salón destinado al efecto en los altos del edificio de la corte. Poco después de la suspensión, en momentos en que al juez salía de su despacho y caminaba por el pasillo contiguo a la sala del tribunal, fué asaltado por el acusado.

No se expresa en la orden el motivo del asalto ni si estaba o no relacionado con algún asunto de la corte en general o con el caso qne se ventilaba en particnlar. Sí se consigna en ella qne la conducta del acusado no solamente tendió a interrumpir los procedimientos de la corte si que a sembrar el terror en el jurado y en cualquier otro funcio-nario del tribunal, entendiendo la corte que constituía un desacato porque menoscaba el prestigio de las cortes de justicia.

No se trata en tal virtud del caso típico del desacato directo cometido cuando la corte está en sesión, en que el acto que lo constituye se realiza no sólo en presencia de su juez si" que en la de los otros funcionarios de la misma inclu-yendo abogados, de las partes y del público, pero no puede dudarse que habiéndolo sido en presencia de su juez bajo las circunstancias y con el resultado especificados en la orden, podría calificarse de directo de acuerdo con la jurisprudencia citada.

Sin embargo, no constando que el acto realizado estu-viera relacionado con el trabajo de la corte, dato necesario para que el caso cayera de lleno dentro de los hechos del de Ex Parte McCown, (139 N.C. 95, 2 L.R.A. (N.S.) 603, 51 N.E. 957), 18 A.L.R. 214, dudamos de si la indicada cali-ficación puede darse para ser reconocida en todos sus efec-tos. Y tratándose de un caso en esas condiciones, nos parece que la mejor práctica es seguir para el castigo el procedi-miento que fija el legislador para los desacatos constructivos en cuanto sea posible y necesario. Ex parte Redmon, 159 Miss. 449, 132 So. 330.

Así parece que lo entendió la propia corte de distrito, pues no castigó al apelante en el acto, ni siquiera cuando aceptó los hechos que se le imputaban, si que el mismo día del suceso — febrero 1, 1939 — libró una orden con todos los requisitos de ley, describiendo los hechos en la forma que conocemos y señalando el día tres de febrero, 1939, a las nueve a. m., para que el acusado compareciera y expusiera “las razones por las cuales no deba ser castigado por des-acato.”

Compareció en efecto el acusado ¿y qué ocurrió? La única fuente de conocimiento que tenemos para enterarnos es el segundo de los documentos anteriormente transcritos, a saber, el “acta del juicio y la sentencia”, ya que el ape-lante dejó de completar el récord con las notas que él mismo solicitó para ello.

El acusado, que había aceptado dos días antes los hechos consignados en la orden, los negó y reprodujo “las alega-ciones que había hecho en corte el día 1 de febrero”, ale-gaciones que no sabemos cuáles son.

Inmediatamente la corte procedió a dictar sentencia declarando probados los referidos hechos basada en el cono-cimiento que de los mismos tenía por haber sido su juez el asaltado, y concluyendo que constituían desacato, impuso la peña que creyó pertinente al acusado.

No consta que el acusado levantara objeción alguna ai procedimiento seguido, ni que manifestara siquiera su pro-pósito de contrainterrogar al juez, de ofrecer evidencia, o de explicar su conducta.

En apelación sostiene que se le condenó sin prueba. Hemos leído cuidadosamente su alegato y encontramos cier-tamente en él repetida varias veces la afirmación de que tratándose de un desacato constructivo, era necesaria la práctica de prueba, pero en ninguna parte del mismo se dis-cute el valor probatorio que pueda tener el conocimiento personal que de los hechos necesariamente tenía el juez de la corte sentenciadora.

Claro es que ese conocimiento personal, que no es el judicial de que habla la ley de evidencia, no sería prueba en un caso civil o criminal corrientes, pero tratándose de un des-acato en el que el mismo legislador lo considera no ya bas-tante si que único cuando el hecho ocurre en la presencia de la corte, ¿no debe considerarse como legal y suficiente, aunque el hecho no ocurra ante la corte reunida en sesión si que ante su juez solamente?

Para apoyar su conclusión de que el acusado no pudo ser° condenado “sin la práctica de la correspondiente evidencia evacuada conforme lo determina la legislación vigente en nuestra jurisdicción en relación con la admisión o no admi-sión de prueba”, cita el apelante 12 Am. Jur., sec. 74, pág. 441, y en efecto dice el autor que en tanto en cuanto sea practicable las reglas generales de evidencia regirán para los procedimientos de desacato, pero al particularizar y al citar casos para sostener el texto se observa que la prueba siempre se introduce sobre becbos de los cuales el juez de la corte que interviene sólo podría tener conocimiento a virtud de testimonios extraños. En ningún caso concurren las circuns-tancias que en éste.

Siendo ello así, no creemos que pueda sostenerse que no bubo prueba. La corte actuó en cuanto a ese extremo como hubiera actuado si de un desacato directo se tratara y pudo hacerlo porque los becbos ocurrieron en su inmediata pre-sencia. No había necesidad de otra prueba de cargo, y era al acusado al que entonces correspondía destruirla si ello le era posible mediante repreguntas — pidiendo formalmente al juez que declarara como testigo — o a virtud de la presenta-ción de cualquiera otra evidencia pertinente, y si no podía destruirla, por lo menos mitigar su efecto en su contra mediante cualquier evidencia o explicación tendiente a expli-car su conducta.

Nada de eso hizo y por tanto no puede ahora quejarse. Aun tratándose de un desacato que tiene por lo menos muchas de las características del directo, la corte le dió amplia opor-tunidad de presentar su defensa y no se aprovechó" de ella, optando porque se le condenara para recurrir a esta corte con un récord incompleto que ni siquiera nos permite conocer en todos sus detalles lo sucedido en las sesiones del primero y el tres de febrero de 1939.

Durante la discusión del caso en el seno del. tribunal se llamó fuertemente la atención hacia lo resuelto por la Corte -Suprema de los Estados Unidos en el de Cooke v. United States, 267 U. S. 517. Procederemos a su examen.

Clay Cooke y J. L. Walker fueron condenados cada uno a treinta días de prisión por desacato, a la Corte de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Norte de Texas. A vir-tud de auto de error, conoció del caso la Corte de Circuito de Apelaciones del Quinto Circuito, confirmando la sentencia en cuanto a Cooke y revocándola en cuanto a Walker. Por certiorari, la sentencia contra Cooke llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que revocó a la Corte de Circuito y remandó el caso a la corte de distrito para ulteriores pro-cedimientos de conformidad con la opinión.

Walker fué el demandado en una serie de pleitos que sur-gieron como consecuencia de la quiebra de Walker Grain Company. En uno de ellos, tras un largo juicio, el Jurado rindió un veredicto de $56,000 contra Walker. Al siguiente día, mientras estaba abierta la corte ocupada en el juicio de otro caso, y durante un receso de diez minutos, Walker, por indicación de Cooke, entregó al juez de distrito en su des-pacho, adjunto a la sala de la corte, una carta marcada “Personal” por virtud de la cual Cooke, abogado de la Walker Grain Company, le decía que le permitiera sugerirle personal-mente, como un abogado interesado en la causa de la justicia y la igualdad para todos y como su amigo, que la única orden que consentiría que se dictara en los procedimientos pen-dientes, sería una certificando su descalificación para seguir actuando, a causa de prejuicio.

Once días después la corte dictó una resolución expo-niendo los hechos y concluyendo que el asunto era de cono-cimiento* personal del juez de la corte y que la carta constituía un ataque contra el honor y la integridad de la corte y por consiguiente un desacato, ordenando al márshal que trajera inmediatamente a la presencia de la corte a Walker y a Cooke, litigante y abogado, para mostrar causa, si alguna tuvieren, por virtud de la cual no deberían ser castigados por desacato.

El marshal los arrestó y los trajo a la corte. Llamó ésta el asunto y dijo que había requerido al. Juez McCormick, de Dallas, para que estuviera presente y actuara como un amigo de la corte en los procedimientos, habiendo además requerido al fiscal del distrito para que actuara por tratarse de un asunto de naturaleza criminal.

Cooke dijo que no había tenido conocimiento del proce-dimiento hasta aquella mañana, que le gustaría tener tiempo para prepararse para juicio y obtener testigos para su defensa, que existían circunstancias atenuantes que apelarían al sentido de justicia de la corte al fijar cualquier pena que pudiera imponerse y que había intentado obtener el auxilio de ahogado pero que debido a la enfermedad o la ausencia de aquéllos con que había contado no lo había conseguido hasta entonces.

El Juez Wilson insinuó que no pospondría el asunto y dijo:

“Aquí está envuelta esta cuestión únicamente, y como se ha expuesto por el abogado que representa a la Corte, estos hechos es-tán dentro del conocimiento personal de la Corte. ¿ Entregó usted esta carta al Juez de esta Corte?
“Mr. Clay Cooke: ¿Está vuestro honor interrogándome? . . . .”

T siguió un largo diálogo que ocupa las páginas 522 a 527 del volumen 267 de las Decisiones de los Estados Unidos, y que luego con lo anteriormente extractado, llevó a la corte a decir y a resolver, por medio de su Juez Presidente Sr. Taft, en parte, lo que sigue:

“. . . . Considerando las circunstancias y el hecho de que el caso aún se hallaba bajo la consideración del juez, pero sin intentar privar al peticionario de su derecho a ser oído mediante prueba tes-tifical y argumentación sobre esta cuestión al ofrecérsele oportu-nidad para ello, concurrimos con la Corte de Circuito de Apelaciones en que la carta era ofensiva.
“Pero, aun cuando llegamos a esta conclusión, estamos muy lejos de aprobar el curso del juez en el procedimiento, o falta del mismo, seguido por él al sentenciar al peticionario. El trató el caso como si las palabras ofensivas hubiesen sido proferidas contra él en corte abierta.
“Para mantener el orden en el salón de la corte y poder des-pachar debidamente sus asuntos, la corte debe actuar instantánea-mente para reprimir una alteración del orden o la violencia o la obstrucción física de o falta de respeto a la corte, cuando ocurriere en corte abierta. No hay necesidad de evidencia ni de asistencia de abogado antes de que se imponga el castigo, porque la corte ha visto la ofensa. Esa sumaria vindicación de la dignidad y de la autoridad de la corte es necesaria. Siempre ha sido así en las cortes del derecho común, y el castigo así impuesto se ajusta al debido* procedimiento de ley. Esa cuestión recibió gran consideración en la decisión de esta corte en Ex Parte Terry, 128 U. S. 289, 52 L. ed. 405. Se sostuvo allí que una corte de los Estados Unidos, al come-terse un desacato en corte abierta, podía, basándose en su propio conocimiento de los hechos y sin otra evidencia, sin establecer un issue, sin celebrar una vista y sin oír una explicación de los motivos que tuvo el acusado, proceder inmediatamente a determinar si los hechos justificaban el castigo y a imponer el castigo que considere adecuado de acuerdo con la ley.
“La distinción importante entre el caso de Terry y el presente es que este desacato no fué cometido en corte abierta. Esa distin-ción aparece plenamente en Re Savin, 131 U. S. 267, 33 L. ed. 150. El desacato en dicho caso consistió en un esfuerzo para atemorizar a un testigo que había sido citado por una corte de Estados Unidos, mientras se encontraba en un salón de espera para los testigos cerca del salón de la corte, para que no declarase, y haberle ofrecido dinero con igual fin en uno de los pasillos de la corte. Se resolvió que eso constituía conducta desordenada en la presencia de la corte, de acuerdo con la sección 725 de Rev. Stat. La corte por voz del Juez Harían, dijo:
“ ‘Somos de opinión que, dentro del significado del estatuto, la corte, por lo menos mientras está en sesión, está presente en cada una de las partes del local destinado para su uso, y para el uso de sus funcionarios, jurados, y testigos; y una conducta desordenada en cualquier parte de ese local es conducta desordenada en presencia de la corte. Es cierto que el modo de proceder por desacato no es el mismo en cada caso de tal conducta desordenada. Cuando el desacato se comete directamente bajo el ojo o ante la vista de la corte, ésta puede proceder “basándose en su propio conocimiento de los hechos y castigar al ofensor, sin más pruebas y sin ninguna forma de juicio,” Ex parte Terry, 128 U. S. 289, 309; mientras que en los casos de conducta irrespetuosa, de los cuales el juez no puede tener tal conocimiento personal, y sobre los cuales resulta informado sólo por la confesión de la parte o por el testimonio de otros, prestado bajo juramento, la práctica apropiada es requerir, por orden u otro procedimiento, al ofensor para que comparezca y muestre causa por la cual no debe ser castigado. 4 Bl. Com. 286.’
“Esta diferencia entre el alcance de las palabras del estatuto ‘en la presencia de la corte,’ de una parte, y el significado de la frase más limitada ‘bajo el ojo de la corte o dentro del radio de visión de la corte,’ o ‘en corte abierta’ o ‘ante la corte’, o ‘in facie curiaede la otra, se halla por tanto claramente establecida y es más aún ela-borada en la opinión.
“Creemos que la distinción tiene su razón no tanto en la habili-dad del juez para ver y oír lo que sucede en corte abierta como en el peligro de que a menos que tal amenaza abierta al procedimiento ordenado de la corte y tal flagrante desafío a la persona y presencia del juez ante el público, en el ‘muy sagrado recinto de la justicia,’ como le llama Blackstone, sean inmediatamente reprimidos y casti-gados, la autoridad de la corte quedaría desmoralizada. El castigo sin controversia (issue) o juicio era tan contrario a la audiencia antes de sentencia, usual y ordinariamente indispensable para cons-tituir un debido proceso de ley, que se requirió la asunción de que la corte vió todo lo que ocurrió en corte abierta para justificar la excepción; pero fué la necesidad de una vindicación penal inme-diata de la dignidad de la corte la que creó la excepción.
“Sin embargo, cuando el desacato no ha sido cometido en corte abierta, no existe tal derecho o razón para prescindir de la necesidad de formular una acusación y de dar al acusado una oportunidad de presentar su defensa mediante testigos y argumentación. La forma exacta del procedimiento al procesar tales desacatos no resulta im-portante. La Corte, en Randall v. Bringham, 7 Wall. 523, 540, al hablar de lo que era necesario en los procedimientos seguidos contra un abogado por malpractice dijo lo siguiente:
' “ ‘Todo lo que es requerido para su validez es que, cuando no son seguidos por razón de hechos que ocurren en corte abierta en la presencia de los jueces, se notifique al abogado sobre los hechos imputados y se le dé una oportunidad de explicarlos y de establecer su defensa. La forma en que se conducirán los procedimientos para que éstos no resulten opresivos o injustos, es una cuestión sujeta a reglamentación judicial.’
“La Corte, en el caso de Savin, peticionario, 131 U. S. 267, aplicó' esta regla a procedimientos en casos de desacato.
"Debido procedimiento de ley, por consiguiente, al procesar por desacato, excepto cuando el mismo se comete en corte abierta, re-quiere que el acusado sea notificado de los hechos imputados y que se le dé una oportunidad razonable para controvertirlos estableciendo su defensa, o explicándolos. Somos de opinión que esto incluye la asistencia de abogado, si así se solicita, y el derecho a llamar testigos para que presten testimonio tendiente, ya a probar la no culpabili-dad, o a explicar la ofensa y tratar de mitigar la pena a ser impuesta. Véase Hollingsworth v. Duane, 12 Fed. Cases 359, 360; In re Stewart, 118 La. 827; Ex parte Clark, 208 Mo. 121.
"El procedimiento en este caso no fué conducido de acuerdo con los principios arriba expuestos. Hemos establecido extensamente en la relación que precede a esta opinión la substancia de lo que ocurrió antes, en y después de dictarse la sentencia. El primer paso de la corte fué expedir una orden de arresto y la detención del peticiona-rio. No se demuestra que el mandamiento de arresto contuviese una copia de la orden de la corte, y no se ha demostrado que el peticio-nario tuviese una idea exacta del significado de los hechos imputados hasta que la orden fué leída. En tal caso, y luego de tan larga demora, parecería ser la práctica apropiada, tal cual la expone Blackstone, 4 Comentarios 286, el expedir una orden para mostrar causa. La orden debió haber contenido lo suficiente para informar al demandado sobre la naturaleza del desacato imputado. Véase Hollingsworth v. Duane, 12 Fed. Cases 367, 369. Sin haberse ale-gado razones que hicieran suponer que una orden no habría hecho comparecer a los supuestos acusados, resultó opresivo, dadas las circunstancias, el ordenar el arresto.
"Después que la corte obtuvo del peticionario la admisión de que él había escrito la carta, le negó tiempo para conseguir o consultar un abogado, preparar su defensa y llamar testigos, y esto a pesar de haber la propia corte tomado tiempo para llamar a un letrado en calidad de amigo de la corte. También consiguió la corte la comparecencia del Fiscal de los Estados Unidos alegando que se tra-taba de un caso criminal.
“La corte procedió bajo la teoría de que la admisión del peticio-nario al efecto de que él había escrito la carta, excluía la presentación de evidencia o argumentación. En casos de esta índole, donde la intención con que se han cometido los actos constitutivos de desacato, debe, necesaria y propiamente tener una importante influencia en el grado de culpabilidad y en la pena a ser impuesta, la corte no puede excluir evidencia tendiente a aminorar la ofensa. Es una parte integrante de la defensa. Hubo una sugestión en uno de ios comentarios del peticionario a la corte al efecto de que, si bien él había dictado la carta, no la había leído cuidadosamente, y que había confiado en el consejo de su socio al enviarla; pero no se le dió una oportunidad para presentar testigos o hacer una completa manifes-tación a este respecto. Fué interrumpido por la corte o por el abo-gado de la corte cada vez que intentó ofrecer alguna explicación. Por otra parte, al proceder la corte a dictar sentencia hizo comenta-rios sobre la conducta observada por el peticionario y su cliente al hacer ofensivas imputaciones en las alegaciones en contra de los ofi-ciales de la corte, e imputaciones de una conspiración fraudulenta hechas al síndico y juez de quiebras, y al emplear un detective para que espiara a los jurados mientras éstos estaban bajo la custodia del marshal y luego para descubrir si intentaba sobornarlos, en prueba de lo cual la corte se refirió a la declaración jurada del detective que estaba en su poder, y que no fué sometida al peticio-nario ni a su cliente. Al impugnar Walker esto, la corte instruyó al márshal para que éste impidiera cualquier subsiguiente interrup-ción. Resultó evidente que la corte consideró los hechos así expre-sados como un agravante del desacato. Sin embargo, ninguna oportunidad había sido dada a los acusados ni aún para escuchar estas nuevas imputaciones de la corte y menos aun para controver-tirlas o explicarlas, antes de pronunciarse la sentencia. Somos de opinión que el procedimiento observado fué opresivo e injusto al peticionario. ’'

liemos citado en extenso la opinión de la Corte Suprema porque hablando por sí misma revela cuán distinto es en verdad el caso de Cooke del presente, no obstante la seme-janza que parece existir al principio y leyendo sólo algunos pasajes de la opinión.

En primer lugar los hechos constitutivos del desacato se realizaron en forma esencialmente diferente. En el de Cooke por medio de una carta entregada en el despacho del juez que pudo o no ser leída en el acto sin que interfiriera con los procedimientos de la corte. En éste de Torres, por vir-tud de un asalto personal al juez que estaba dedicado a la dirección de un proceso criminal por asesinato, poco después de haber sido suspendida la sesión, en momentos en que salía de su despacho y se encontraba en el pasillo contiguo a la sala del tribunal, asalto que tendió a interrumpir los procedimientos de la corte y a sembrar el terror en el jurado que estaba constituido, según se notificó expresamente al acusado por la orden de febrero 1, 1939, citándolo para que compareciera el tres.

En el caso de Cooke se ordenó la comparecencia inme-diata de ^s acusados. En éste de Torres, como acabamos de ver, se le dieron tres días que luego se extendieron a cinco.

En el caso de Cooke se negó a los acusados el auxilio de abogado, no obstante solicitarlo. Aquí Torres compareció siempre asistido de sus abogados.

En el caso de Cooke, éste intentó explicar, defenderse, demostrar que existían circunstancias atenuantes, j todo le fué rehusado. En éste, nada hizo Torres, Uada suscitó. Y trajo un récord incompleto a la corte de apelación.

Fué el ambiente de arbitrariedad en que se desarrolló, sin duda, el que llevó a la Corte Suprema en el caso de Cooke a revocar la sentencia de la Corte de Circuito y a devolverlo a la corte de distrito para ulteriores procedimientos. Mo-vida por el impulso de la justicia, algunas de sus expresiones van tal vez demasiado lejos. Ella misma, cuatro años más tarde, en el caso de Sinclair v. United States, 279 U. S. 749, 767, dijo:

"El lenguaje empleado en una opinión debe ser siempre leído a la luz de las cuestiones presentadas. A Cooke no se le concedió una debida oportunidad en ningún momento durante el curso del pro-cedimiento para exponer los hechos que podrían excusar o mitigar su conducta, y las palabras citadas iban dirigidas a esa situación. Aquí hubo amplia oportunidad para poder presentar cualquier cosa de verdadera importancia.”

Una última cuestión se levanta en el alegato del apelante.,. a saber:

“Que la Corte inferior cometió error al juzgar al acusado por el delito de desacato, precisamente el mismo Magistrado contra el cual se decía se había cometido la agresión personal.”

EJ.( desacato, como repetidamente se lia sostenido no ya a través de años si que de siglos, es nn procedimiento sui generis que exige la inmediata intervención de la' corte y en el que siempre se lia reconocido al propio juez desacatado la facultad de intervenir. Y es que lo que se ofende no es ía persona del juez sino la dignidad de la corte y lo que se interrumpe es la ordenada administración de la justicia.

Añora bien, si ello es posible, a fin de que no quede en la conciencia individual ni en la social la más leve idea ele un procedimiento arbitrario, parece lo propio que el juez desacatado en casos como éste en que se trata de un asalto personal, se abstenga de intervenir y traslade el conoci-miento del asunto a algún otro juez que como él tenga la facultad y el deber de intervenir. El dejar de hacerlo, sin embargo, no constituye error que lleve consigo la revoca-ción de la sentencia.

Parece conveniente transcribir lo que sobre el particular dijo la Corte. Suprema en el propio caso de Cooke. Es así:

"El poder de castigar por desacato que un juez debe tener y ejercitar para proteger la debida y ordenada administración de jus-ticia y mantener la autoridad y dignidad de la corte es importan-tísimo e indispensable. Pero su ejercicio es muy delicado, y se ne-cesita cuidado para evitar conclusiones arbitrarias u opresivas. Esta regla de caución es más mandatoria cuando el desacato imputado lleva envuelto el elemento de crítica o ataque personal contra el juez. El juez debe despojarse del más ligero impulso personal de represalia, pero no debe hacerlo hasta el extremo de hacer daño a la autoridad de la corte siendo demasiado benigno. La substitución de otro juez evitaría una y otra tendencia, pero eso no es siempre posible
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"Todo lo que podemos decir sobre esta materia es que cuando las condiciones no lo hacen impracticable, o cuando la dilación no ha de perjudicar algún derecho público o privado, un juez llamado a ac-tuar en un caso de desacato consistente en un ataque contra él, puede, sin desviarse por ello de su deber, correctamente pedir a uno de sus colegas que ocupe su lugar. (Citas.)
“El caso ante nos es uno en el que la controversia entre el juez y las partes llegó a envolver un resentimiento personal marcado, que no era propicio para una imparcial y tranquila consideración y conclusión judiciales, según aparece abundantemente de la rela-ción de los procedimientos. Creemos, por consiguiente, que cuando este caso vuelva de nuevo a la corte de distrito a la que debe ser-devuelto, el juez que impuso la sentencia debería invitar al juez presidente de la Corte de Circuito a designar otro juez para que presida la segunda vista de los cargos contra el peticionario.”

Por virtud de todo lo expuestodebe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf

está conforme con la reso-lución y con la mayor parte y el espíritu de la opinión, pero desea hacer constar que a su juicio el desacato cometido fué directo.

OPINION DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOK TBAVIESO

El día primero de febrero de 1939 el Hon. Marcelino Romany, Juez de la Corte de Distrito de San Juan, expidió una orden requiriendo al individuo Manuel Torres para que compareciera ante dicho juez a mostrar las razones por las cuales no debiera ser castigado por desacato. En el preám-bulo de dicha orden, como hechos constitutivos del alegado desacato, se expone: que en el día de autos mientras se estaba ventilando ante la Corte de Distrito un proceso por asesinato, en el cual se había ya constituido un jurado, el Juez Romany “fué asaltado por el acusado poco después de haber sido suspendida la sesión de la corte, en momentos que el juez salía de su despacho, y precisamente en el pasillo contiguo a la sala del tribunal”; que la conducta del acusado tendió a interrumpir los procedimientos y a sembrar terror en el jurado que estaba constituido; j que el hecho consti-tuye un desacato porque menoscaba el prestigio de las cortes de justicia.

El día señalado en la orden compareció el acusado asis-tido de abogado, y al ser preguntado por la corte qué tenía que alegar manifestó \¡ue negaba los hechos que se le impu-taban. Acto seguido, la corte procedió a dictar sentencia por la que condenó al acusado a 30 días de cárcel y al pago de una multa de $200.00. Contra dicha sentencia el acusado interpuso el presente recurso de apelación, en el que señala como error del tribunal sentenciador el de haber condenado al acusado por un delito de desacato no cometido en la inme-diata presencia de la corte, sin haber practicado prueba alguna.

No existe controversia alguna en cuanto a que los hechos expuestos en la orden para mostrar causa, de ser ciertos, son constitutivos de un desacato; y que ese desacato debe ser castigado severamente, en defensa del prestigio de los tribunales, a quienes los ciudadanos deben acatamiento y respeto.

La cuestión debatida por la defensa y el fiscal y que ha originado interesante discusión entre los miembros de este tribunal, es la siguiente:

¿Erró la corte sentenciadora al condenar al acusado, no obstante su negación de los hechos imputádosle, sin practicar prueba tendiente a substanciar dichos hechos?

Cualquier acto o conducta que tienda a impedir u obs-truir y que impida u obstruya a una corte en la adminis-tración de justicia, o que menoscabe su autoridad o dignidad es un desacato. El desacato puede ser directo o indirecto o constructivo. En la obra “National Lawyers’ Manual Contempt,” de Dangel (1939 ed.) encontramos'las siguientes definiciones:

“7. Desacato Directo. Un desacato directo consiste en algo hecho o dejado de hacer, en presencia de la corte, tendiente a impedir o interrumpir sus procedimientos o poner en duda su integridad. Ocurre solamente cuando el acto constitutivo del desacato ha sido realizado en la presencia de la corte. Es un insulto cometido en la presencia de la corte, o de un juez mientras está actuando como tal, o una resistencia a o interferencia en contra de la auto-ridad legal de la corte o del juez en su presencia, o conducta impro-pia tan cerca de la corte o del juez actuando judicialmente que in-terrumpa o dilate los procedimientos judiciales.
“8. Desacato Indirecto. Es sinónimo del desacato constructivo. Consiste en un acto tendiente a obstruir o impedir la debida admi-nistración de justicia, cometido a una distancia y no durante Id sesión de la corte ni a su inmediata vista y presencia.. Un desacato indirecto o constructivo ¿s un acto realizado, no en la presencia de lai corte o de un juez mientras actúa judicialmente, si que a una distan." cia, bajo circunstancias que razonablemente tendían a degradar la. corte o al juez como un funcionario judicial, o a obstruir, interrum-pir o impedir la administración de justicia por la corte o juez.” (Bastardillas nuestras.)

Véanse: 23 A.L.R, 183; 27 A.L.R. 1219; 31 A.L.R. 1226; 49 A.L.R. 647; Globe Newspaper Co. v. Com., 188 Mass. 449; Hurley v. Com. 188 Mass. 443; Blackenburg v. Com., 272 Mass. 25; Bailey on Habeas Corpus, sec. 62, pág. 212; Weldon v. State, 234 S. W. 466; y Turquette v. State, 298 S. W. 15.

De acuerdo con los hechos expuestos en la orden para mostrar causa, el acto que se imputa al acusado Manuel Torres es constitutivo de un desacato criminal indirecto o constructivo. Es criminal, porque la agresión a la persona del juez, cometida bajo las circunstancias expuestas en dicha orden, afecta la autoridad, prestigio y dignidad de la corte y tiende a impedir la libre y correcta administración de la jus-ticia. Es indirecto o constructivo, porque el alegado “asalto’5 o acometimiento no ocurrió cuando la corte estaba en sesión, ni en la inmediata presencia de la corte, ni tan cerca de la corte en sesión que tendiera a interrumpir los pro-cedimientos, ni tampoco en momentos en que el juez agredido estuviera realizando funciones judiciales. El hecho se rea-lizó “después de haber sido suspendida la sesión de la corte, en momentos en que el juez salía de su despacho, y preci-samente en el pasillo contiguo a la sala del tribunal.”

Todas las autoridades convienen en que cuando se trata de un desacato directo, cometido a la inmediata presencia de la corte o tan cerca del sitio en que la corte se encuentra en sesión, que tienda a interrumpir sus procedimientos, la corte tiene facultad inherente para imponer el castigo suma-ñámente, sin necesidad de practicar prueba. Esa facultad está además expresamente concedida a las cortes por la sec-ción 3 de la ley de 8 de marzo de 1906 (enmendando la de 1 de marzo de 1902) que dispone que “cuando se comete un desacato a la inmediata presencia y vista de una corte de justicia, podrá imponerse en el acto el correspondiente cas-tigo por el juez de la corte o juez presidente de la misma.” En la citada obra, N.L.M. “Contempt,” a la página 206, se dice:

“La tendencia de las cortes en los tiempos modernos es la de que aun en casos de desacato directo deben seguirse procedimientos me-diante los cuales se informe al acusado formalmente, de palabra o por escrito, acerca de los becbos que se alegan como constitutivos de desacato, dándole completas y detalladas especificaciones. Debe requerirse mía vista ante la corte, y la presentación de pruebas que establezcan la culpabilidad del acusado, es necesaria.” (Cita: Blackenburg v. Com., 272 Mass. 25.)

En el caso de autos el juez sentenciador opinó, y así lo hizo constar en su sentencia, “que no es necesario practicar prueba en un procedimiento dé desacato en el cual el juez es la persona agredida, puesto que el juez no puede pasar sobre ninguna prueba, ya que tiene conocimiento personal de los becbos, y no podría resolver jamás que no fué cierta una agresión cuando al juez personalmente le constaba tal hecho, siendo, por tanto, completamente inútil la presenta-ción de prueba.”

Cuando, como en el presente caso, se trata de un desacato indirecto o constructivo, el acusado tiene derecho a que se formule una acusación y se celebre una vista, en la que deberá tener una oportunidad de confrontarse con los tes-tigos de cargo y presentar los de defensa. El conocimiento personal que de los becbos pueda tener el juez sentenciador, no puede ocupar el lugar de la evidencia en que debe basarse toda convicción y sentencia.

' “La sentencia de desacato no debería ser dictada sin que alguna evidencia haya sido recibida por la corte, basándose en hechos que constan solamente en la mente del juez, pero que no son materia de récord en el caso. A menos que ésta sea la regla, la finalidad de la sentencia o convicción no podría ser nunca atacada por razón de algún hecho dentro del conocimiento, o asumido conocimiento, del juez, que no conste en el récord, y, que al ser revisado por la corte de apelación no se haga parte del récord en apelación. El conoci-miento personal de un hecho por parte del juez sentenciador, que no sea de conocimiento general, no es suficiente para hacer innece-saria la prueba de ese hecho, o por lo menos el conocimiento de ese hecho por el juez se debe hacer constar en el récord. La razón para esto' es importante, porque si el juez dicta una sentencia de convic-ción basándose en hechos conocidos por él o que .él cree conocer, sin que en el momento tome conocimiento judicial de esos hechos incor-porándolos al récord, en ese .caso no se da al acusado, al invocar la invalidez de la sentencia, una oportunidad de controvertir los hechos en la mente del juez y no se da una oportunidad a la corte de ape-laciones para que conozca los hechos conocidos por el juez, o que el juez creyó conocer, pero que no son comúnmente conocidos.
“Cuando el desacato no se ha cometido en corte abierta, no hay derecho ni razón para prescindir de la necesidad de formular cargos y de dar una oportunidad al acusado para presentar su defensa mediante testigos y argumentación. N. L. M. “Contempt,” págs. 206-207.

La necesidad de practicar prueba en un caso de desacato criminal indirecto es evidente. El acusado está amparado por la presunción legal de inocencia basta que su culpa-bilidad sea establecida más allá de toda duda razonable. El peso de la prueba en procedimientos de desacato criminal recae sobre el querellante, y éste está obligado a probar las alegaciones de desacato más allá de toda duda razonable. Al acusado no se le puede obligar a declarar en su contra. Véanse: N.L.M. “Contempt,” págs. 76 y 242; Michaelson v. U. S., 266 U. S. 42; Gompers v. Bucks Stove & Range Co., 221 U. S. 418, 441; People v. Spam, 307 Ill. 283; Com. v. Madeiros, 255 Mass. 304; Clark v. U. S., 289 U. S. 1; 35 A.L.R. 451; Root v. Mac Donald, 260 Mass. 344.

El caso de Cooke v. United States, 267 U. S. 517, 69 L. Ed. 767, presenta becbos similares al del caso de autos y sienta la doctrina aplicábale a situaciones como la qué estamos considerando. El abogado Coote y su cliente Walker fueron sentenciados por la Corte Federal de Distrito a 30 días de cárcel por desacato. Walker había sido demandado en varios pleitos y en uno de ellos el jurado le condenó al pago de $56,000. El día siguiente al del veredicto, mientras la corte. estaba abierta y celebrando otro juicio, durante un receso para descansar diez minutos, Walker, siguiendo instruccio-nes de su abogado, entregó al juez en su despacho, a pocos pies del salón de la corte, una carta marcada “Personal,” en la que haciendo referencia a los litigios pendientes en los cuales Walker era parte demandada, el abogado le aconse-jaba y suplicaba al juez que se inhibiese en dichos asuntos, evitándole así al abogado el tener que recusarlo formalmente. En la carta se le imputaba al juez pasión, prejuicio y par-cialidad en contra de Walker. La sentencia fue confirmada por la Corte de Circuito. Llevado el caso ante la Corte Suprema Federal, por certiorari, ésta revocó la sentencia y devolvió el caso a la corte inferior para nuevos procedimien-tos de acuerdo con la opinión, emitida por voz de su Juez Presidente Taft. La Corte Suprema, después de convenir con la corte inferior en que la carta en cuestión era cons-titutiva de un desacato, dijo:

“Pero, aun cuando llegamos a esta conclusión, estamos muy lejos de aprobar el curso del juez en el procedimiento, o falta del mismo, seguido por él al sentenciar al peticionario. Él trató el caso como si las palabras ofensivas hubiesen sido proferidas contra él en corte abierta.
“Para mantener el orden en el salón de la corte y poder despa-char debidamente sus asuntos, la corte debe actuar instantáneamente para reprimir una alteración del orden o la violencia o la obstrucción física de o falta de respeto a la corte, cuando ocurriré en corte abierta. No hay necesidad de evidencia ni de asistencia de abogado antes de que se imponga el castigo, porque la corte ha visto la ofensa. Esa sumaria vindicación de la dignidad y de la autoridad de la corte es necesaria. Siempre ha sido así en las cortes del derecho común, y el castigo así impuesto se ajusta al debido procedimiento de ley. Esa cuestión recibió gran consideración en la decisión de esta corte en Ex Parte Terry, 128 U. S. 289, 32 L. Ed. 405. Se sostuvo allí que una corte de los -Estados Unidos, al cometerse un desacato en corte abierta, podía, basándose en su propio conocimiento de los hechos y sin otra evidencia, sin establecer un issue, sin celebrar una vista y sin oír una explicación de los motivos que tuvo el acusado, . proceder inmediatamente a determinar si los hechos justificaban el castigo y a imponer el castigo que considere adecuado de acuerdo con la ley.
“La distinción importante entre el caso de Terry y el presente es que este desacato no fue cometido en corte abierta. Esa distinción aparece plenamente en Re Savin, 131 U. S. 267, 33 L. Ed. 150. El desacato en dicho caso consistió en un esfuerzo para atemorizar a un testigo que había sido citado por una corte de Estados Unidos, mientras se encontraba en un salón de espera para los testigos cerca del salón de la corte, para que no declarase, y haberle ofrecido dinero con igual fin en uno de los pasillos de la corte. Se resolvió que eso constituía conducta desordenada en la presencia de la corte, de acuerdo con la sección 725 de los Estatutos Revisados. La corte por voz del Juez Harlan, dijo:
“ ‘Somos de opinión que, dentro del significado del estatuto, la corte, por lo menos mientras está en sesión, está presente en cada una de las partes del local destinado para su uso, y para el uso de sus funcionarios, jurados, y testigos; y una conducta desordenada en cualquier parte de ese local es conducta desordenada en presencia de la corte. Es cierto que el modo de proceder por desacato no es el mismo en cada caso de tal conducta desordenada. Cuando el desacato se comete directamente bajo el ojo o ante la vista de la corte, ésta puede proceder basándose en su propio conocimiento de los hechos y castigar al ofensor, sin más pruebas y sin ninguna forma de juicio.’ ....
‘ ‘ Creemos que la distinción tiene su razón no tanto en la -habili-dad del juez para ver y oír lo que sucede en corte abierta como en el peligro de que a menos que tal amenaza abierta al procedimiento ordenado de la corte y tal flagrante desafío a la persona y presencia del juez ante el público, en el ‘muy sagrado recinto de la Justicia/ como le llama Blackstone, sean inmediatamente reprimidos y cas-tigados, la autoridad de la corte quedaría desmoralizada. El castigo sin controversia (issue) o juicio era tan contrario a la audiencia antes de sentencia, usual y ordinariamente indispensable para cons-tituir un debido proceso de ley, que se requirió la asunción de que la corte vió todo lo que ocurrió en corte abierta para justificar la excepción; pero fné la necesidad de una vindicación penal inme-diata de la dignidad de la corte la que creó la excepción.
“Sin embargo, cuando el desacato no ha sido cometido en corte abierta, no existe tal derecho o razón para prescindir de la necesidad de formular una acusación y de dar al acusado una oportunidad de presentar su defensa mediante testigos y argumentación.”

En el caso de autos el acusado fué informado suficiente-mente de los hechos que se le imputaban. La negación que de dichos hechos hizo el acusado levantó un issue igual al que levanta una alegación de “no culpable.” Y de ahí, tra-tándose de un desacato no cometido en corte abierta, surgió la necesidad de celebrar una vista y de sostener la acusación mediante evidencia. Al no hacerlo así se privó al acusado de un debido proceso de ley y la sentencia dictada en su contra es nula.

En el presente caso como en el de Cooke v. United States, supra, se ha señalado como error el que haya sido el mismo juez agredido el que conociera del caso y castigara al acu-sado. La Corte Suprema Federal, en el caso citado, al con-siderar dicha cuestión se expresó así:

“El poder de castigar por desacato que un juez debe tener y ejercitar para proteger la debida y ordenada administración de justicia y mantener la autoridad y dignidad de la corte es impor-tantísimo e indispensable. Pero su ejercicio es muy delicado, y se necesita cuidado para evitar conclusiones arbitrarias u opresivas. Esta regla de caución es más mandatoria cuando el desacato impu-tado lleva envuelto el elemento de crítica o ataque personal contra el juez. El juez debe despojarse del más ligero impulso personal de represalia, pero no debe hacerlo hasta el extremo de hacer daño a la autoridad de la corte siendo demasiado benigno. La substitución de otro juez evitaría una y otra tendencia, pero eso no es siempre posible.
“Todo lo que podemos decir sobre esta materia es que cuando las condiciones no lo hacen impracticable, o cuando la dilación no ha de perjudicar algún derecho público o privado, un juez llamado a actuar en un caso de desacato consistente en un ataque personal contra él, puede, sin desviarse por ello de sn deber, correctamente pedir a nno de sus colegas que ocupe su lugar. (Citas.)
"El caso ante nos es uno en el que la controversia entre el juez y las partes llegó a envolver un resentimiento personal marcado, que no era propicio para una imparcial y tranquila consideración y conclusión judiciales, según aparece abundantemente de la rela-ción de los procedimientos. Creemos, por consiguiente, que cuando este caso vuelva de nuevo a la corte de distrito a la que debe ser devuelto, el juez que impuso la sentencia debería invitar al juez presidente de la Corte de Circuito a designar otro juez para que presida la segunda vista de los cargos contra el peticionario.”

La objeción principal que tiene el suscribiente en contra de la propuesta confirmación de la sentencia es que el acu-sado apelante fue convicto sin que se presentase contra él evidencia alguna, o sea sin que se siguiese un debido pro-ceso de ley. La necesidad de esa evidencia es manifiesta. Ni en la orden para mostrar causa, la cual no puede ser considerada como evidencia, ni en la sentencia se establece relación o conexión alguna entre la agresión al juez y el caso que se estaba tramitando ante la corte de distrito. La declaración' del juez hubiera seguramente establecido esa conexión, la cual es absolutamente necesaria para que el acto, que no fué realizado en corte abierta, sea constitutivo de dasacato. Esta corte no tiene ante sí ningún récord o trans-cripción de evidencia para poder decidir si la convicción del acusado se basó en prueba suficiente. La confirmación de la sentencia tiene pues que basarse necesariamente en la pre-sunción de que lo que el juez sentenciador tenía en su mente era evidencia legal y suficiente para justificar la convicción del acusado. No existe ley alguna que autorice tal presun-ción. Si la hubiera, su efecto sería el de destruir la pre-sunción de inocencia que a su favor tiene todo acusado.

El precedente que ha de establecer la sentencia propuesta, 9 sea que un ciudadano prmde ser privado de su libertad sin que contra él se presente evidencia alguna, por el solo hecho de que al juez que le acusa y que es el que ha de juzgarle lre constan los hechos, es a nuestro juicio peligroso. Nada perdería ni en nada se perjudicaría la dignidad y el prestigio de los tribunales si se sentase como doctrina legal la de que cuando el alegado desacato no ba sido cometido en la inme-diata presencia de la corte en sesión y consiste en nn acto ofensivo a la persona del juez, éste debe delegar en otro juez para que conozca del caso y debe declarar como testigo para sostener el cargo por él formulado y para dar al acusado una oportunidad de repreguntarle.

Por las razones expuestas disiento de la opinión de la mayoría y opino que la sentencia apelada debió ser revocada y el caso devuelto al tribunal inferior con la recomendación de que la nueva vista se celebrara ante uno de los otros tres jueces de la Corte de Distrito de San Juan.

Estoy autorizado por el Juez Asociado Sr. De Jesús para bacer constar que está conforme con esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carmelo Concepción Vendrell, acusado y apelante.
    Núm. 8016.

    Sometido: Abril 15, 1940.

      Resuelto: Abril 29, 1940.

      Villamil & Santana■ -Becerra, abogados del apelante; R. A. Gómez,.. Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo,, apelado.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El Policía Insular Federico Valles formuló denuncia ant&la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, contra Carmelo Concepción Vendrell imputándole una infracción al. artículo 12, letra (e) de la Ley de Automóviles, cometida como sigue:

“. ... en 5 de abril, 10:45 A. M. de 1939, y en la Ave. Borin-quen, Santurce, ... el referido acusado, . . . ilegal, voluntaria y ma-liciosamente, mientras guiaba la guagua Núm. P-96, propiedad de la ‘"White Star Bus Line Inc.’ de San Juan, por la Avenida Borinquen-de Santurce, que es un camino público, con dirección de este a oeste,, no redujo la velocidad ni tocó klaxon que al desviarse hacia su iz-quierda para pasarle a otra guagua que estaba parada delante y en la misma dirección dejando pasajeros, que al darle alcance a Ramona Rochet Vega, instantes en que cruzaba la calle con dirección de sur a norte, por su negligencia y descuido dió lugar a lesionarla cau-sándole una posible contusión y fractura de costilla en el lado iz-quierdo y otra contusión en la mejilla; . . . . ”

Dictada sentencia por la corte municipal contra el acu-sadlo, éste apeló para ante la corte del distrito. Celebróse el juicio de novo que ordena la ley y volvió a ser condenado el acusado, apelando entonces para ante este tribunal.

Señala en su alegato dos errores que envuelven una sola cuestión, a saber: si la evidencia es o no suficiente para declarar probada la infracción que se imputó al apelante.

La ley que se alega infringida, dispone que:

“Las personas que manejen vehículos de motor en los caminos públicos, deberán, ......
“(e) Cuando se dé alcance a otro vehículo o persona siempre deberá darse aviso, y la persona o vehículo de menor velocidad de-' berá echarse hacia la derecha, tanto como le fuera posible, y el vehículo que dé alcance pasará siempre a su izquierda.” Leyes de 1916, pág. 152.

El hecho de haber el apelante lesionado a Ramona Rochet da color al acto, ilustra la necesidad de la regia establecida, pero no constituye el delito. Pueblo v. Viera, 55 D.P.R. 875, 877.

De suerte que al analizar la evidencia debemos concretarnos a si es o no bastante para demostrar si la guagua guiada por el acusado dió alcance y pasó a la otra guagua sin dar aviso, o sea como dice la denuncia, “no redujo la velocidad ni tocó klaxon.”

La evidencia de cargo consistió en las declaraciones de tres testigos, Federico Valles, Petra María Correa y Juan Ramos Ramos. La de descargo, en la declaración del propio acusado.

Refiriéndose a los dos primeros testigos, el fiscal de esta corte, en su informe al tribunal, se expresa correctamente como sigue:

' ‘ Estamos de acuerdo en que el primer testigo de cargo, nada dice que arroje luz para determinar la forma y manera en que ocurrieron los hechos, que como infracción al artículo 12, inciso (e) de la Ley de Automóviles, se imputa al acusado. (T. E. pág. 1-3.)
“Tampoco nos satisface mucho la declaración del segundo testigo (T. E. pág. 3-5) de cargo, y por sí sola no nos atreveríamos a soste-ner una convicción, . . . .”

Sostiene sin embargo el fiscal que la declaración del ter-cer testigo es bastante para confirmar la sentencia. Veamos lo que dijo.

Viajaba en un carro público hacia el Barrio Obrero; había una guagua parada y venía este chófer (el acusado) con su guagua a pasarle a la guagua parada; entonces una muchacha que iba por el Barrio Obrero y que se apeó de una guagua, cruzó la carretera y cuando iba cruzando la ■carretera la guagua le dió.

La guagua que guiaba el acusado iba hacia San Juan; la de en que se bajó la muchacha, hacia el Barrio Obrero. La guagua del acusado no iba muy ligero. El fué a pasarle a la guagua parada y cuando se va a pasarle a otra guagua hay que darle gasolina, pero no exageradamente. No oyó que tocara klaxon. Fué a parar bien alante. Le dió a la muchacha con el lado izquierdo.

Repreguntado por el abogado del acusado, contestó:

“P. — ¿Cómo usted sabe que el acusado no tocó /claxon 1
“R. — Porque no lo oí.
“P. — ¿Usted venía pendiente de ese klaxon?
“R. — No, señor.
“P. — ¿Usted venía guiando un carro?
“R. — Sí, señor.
“P. — ¿Un carro público?
“R. — Sí, señor.”

Siendo ésa la tínica declaración con tendencia a demos-trar que el aviso no fué dado,- nos parece la prueba insufi-ciente. El testigo se limitó a decir que no oyó que se tocara el klaxon, manifestación que en sí misma no tiene gran fuerza y que quedó con menos aún de la corriente a virtud de las últimas contestaciones que dió el testigo a las repreguntas del abogado del apelante.

Bajo esas circunstancias, creemos que procede la revo-cación de la sentencia y la alo solución- del acusado.


author: El Juez Presidente Señob Del Tobo

text:
    Ramón Pérez Carreras, demandante y apelante, v. Rubert Hnos., Inc., demandada y apelada.
    Núm. 7894.

    Sometido: Febrero 20, 1940.

      Resuelto: Abril 30, 1940.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; Jaime Sifre, Jr., y Antonio J. Matta, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señob Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito sobre reivindicación de una parcela de terreno, fallado en contra del demandante.

El debate fué planteado en la demanda así: el deman-dante es dueño con su título inscrito en el Registro de una finca rústica de diez cuerdas de terreno situada en el barrio de Algarrobo del término municipal de Yega Baja, en lindes por el Norte y por el Oeste con la Sucesión de Ramón Pérez Fernández, por el Sur con la carretera pública número 2 y por el Este con la Sucesión de Ramón B. Pórtela.

De esa finca se apoderó la demandada desde liace cinco años so pretexto de que el demandante estaba poseyendo otro predio de la demandada de igual cabida.

El demandante está dispuesto a bacer entrega a la deman-dada de ese otro predio a base de que la demandada le entre-gue el que le pertenece, habiendo realizado a ese efecto múltiples gestiones cerca de la demandada negándose ésta una y otra vez.

Se pidió por la demandada la eliminación de aquella parte de la demanda que comienza con las palabras “so pretexto” y la corte la decretó por entender que las alegaciones indi-cadas no eran propias de una acción reivindicatoría. Se archivó por el demandante la consiguiente demanda enmen-dada limitándose a alegar que era dueño de la finca descrita que estaba poseída en la actualidad y desde hacía cinco años por la demandada sin título alguno para ello.

Después de desestimada una excepción previa que pre-sentara, contestó la demandada negando que el demandante fuera dueño de la finca de que se trata y negando además “que exista o haya existido como cuestión de hecho” la dicha finca. Negó que estuviera en posesión de la misma "y que se hubiera negado a entregarla.

Como materia nueva alegó que es dueña en el barrio de Algarrobo de Vega Baja de un predio de terreno de cin-cuenta y seis cuerdas que cohnda por el norte con Hubert linos., Inc., por el sur con la Carretera número dos, por el este con la Sucesión Pórtela, antes, hoy Hubert Tinos., Inc., y José Venegas, estando esta colindancia bifurcada por una faja de terreno de la Sucesión Pórtela que va desde la carretera hasta la vía del ferrocarril de la American Hail-road Co. of P. E. que divide la parcela en dos, y por el oeste con P. Jiménez y el resto de la finca principal propie-dad de doña Dolores Pérez viuda de Pórtela de la cual se segregó.

Que dicho predio se formó por segregación de una finca de setenta y dos cuerdas de la señora Pérez viuda de Pórtela y fué adquirido por compra hecha constar en escritura pública de febrero 21, 1930, inscrita en el Registro de la Propiedad el 19 de julio de 1930.

Que doña Dolores Pérez viuda de Pórtela instó informa-ción de dominio alegando ser dueña de una finca de diez cuerdas — su descripción coincide con la reclamada en el pleito — que resolvió favorablemente la corte de distrito en enero 20, 1930, inscribiéndose el dominio en el Registro de la Propiedad a favor de la promovente en octubre 17, 1930.

Que por escritura pública de febrero 27, 1930, doña Dolores Pérez viuda de Pórtela vendió al demandante el resto de la finca de setenta y dos cuerdas descrito como una finca de quince cuerdas y, además, la finca de diez cuerdas a que se refiere el expediente de dominio, inscribiendo el demandante su título en octubre 17, 1930.

Que tal como se describe en la demanda la finca recla-mada “coincide en el ángulo de su colindancia sureste y en su colindancia sur y este con el ángulo sureste y las colin-dancias sur y este de la finca de 56 cuerdas con 50 céntimos, propiedad de la demandada.”

Con esas alegaciones fné el pleito a juicio en marzo 20, '1938. La evidencia documental del demandante consistió en copia de la escritura de febrero 27, 1930, por virtud de la cual doña Dolores Pérez viuda de Pórtela le vendió una finca rústica de quince cuerdas y, además, otra de diez, ambas situadas en el barrio de Algarrobo de Yega Baja. Al descri-birse en ella la finca de diez cuerdas no se da la colindancia por el este. En copia de la resolución de enero 20, 1930, de la Corte de Distrito de San Juan declarando justificado ol dominio de una finca de diez cuerdas radicada en el barrio de Algarrobo de Vega Baja a favor de doña Dolores Pérez viuda de Pórtela, con nota de haberse inscrito en el Registro de la Propiedad el 17 de octubre de 1930. La descripción de la finca es la misma que la de la reclamada en la demanda. Y en dos recibos del pago de las contribuciones de una finca de diez cuerdas en Algarrobo, Vega Baja, correspondientes a los dos semestres del año 1937-1938.

Y la testifical se limitó a la propia declaración del deman-dante. Dijo, en resumen:

Que era dueño de dos parcelas en Algarrobo, Vega Baja, una de diez cuerdas y otra de quince. La de diez la detenta la demandada. Colinda por el norte y el oeste con la Suce-sión de Ramón Pérez Fernández, por el sur con la carretera y por el este con la Sucesión Pórtela.

Que la demandada compró cincuenta y seis cuerdas de una finca inscrita de setenta y dos de la Sucesión Pérez Fer-nández. “En esa finca bay una parcela de diez cuer-das . . . que estaba sin documentación; después mi hermana hizo un expediente de dominio para traspasármela a mí.” La parcela reclamada “colinda por el sur con la que es hoy de Rubert Hermanos, que es parte de la finca de setenta y dos cuerdas.”

Gestionó la devolución. Envió sus escrituras a la deman-dada. Se ha entrevistado personalmente con sus represen-tantes. Todo sin resultado.

La demandada lia pastado su ganado en la parcela e hizo-obras en ella — una gallera, un pozo artesiano — que desbarató-luego. Las contribuciones las paga el testigo desde hace-cinco o seis años.

En repreguntas contestó al abogado de la demandada,, así:

“SR. Mata: P. — Don Ramón, ¿en qué forma lo despojó a usted de la posesión de esto Rubert Hermanos?
“T. — En la forma de que ellos se hicieron cargo de las cincuentay seis (56) cuerdas que compraron antes que yo. Cuando ellos com-praron, yo no habíame hecho cargo de este terreno todavía. Cuando-yo fui allí, vi que mi terreno, de acuerdo con las escrituras — las es-crituras me las dieron un año después, después de un año. Se tra-taba que era hermana mía y esas escrituras las tenía el licenciado-Fernández en su bufete.
“P. — i Quién compró primero?
“T. — Me parece que Rubert Hermanos.
“P. — Si le digo que la escritura suya es de fecha 27 de febrero-de 1930 y la de Rubert Hermanos es de 21 de febrero, ¿ podría decir a la corte quién compró. . . .?
“T. — La de 27 de febrero es la mía.
“P. — Entonces Rubert Hermanos compró y estaba en esa finca .antes de usted comprar. ¿Después de usted haber comprado lo han sacado de su terreno en algún momento?
“T. — Después de ellos haber comprado a mí no me han sacado-de mi terreno.
“P. — ¿Entonces usted está en posesión hoy día?
“T. — No me han sacado, pero esas diez (10) cuerdas. Cuando yo llegué allí ya Rubert Hermanos se había apoderado de las diez (10) cuerdas como parte de las cincuenta y seis (56) cuerdas y media de las setenta y dos (72) cuerdas.
# # # * # *
“P. — ¿Usted está hoy en día exactamente en el mismo terreno que le entregaron a usted cuando compró?
“T. — Estoy en posesión de quince (15) cuerdas y media; las. demás cuerdas están baldías.
“P. — ¿Es o no cierto que el señor Martínez Domínguez le ofre-ció a usted amistosamente que si usted con sus títulos le probaba que era dueño de esa finca, como habiendo sido despojado de ella por Rubert Hermanos, se la entregaban y usted se negó ?
“T. — Yo tenía que demandarlos para ellos entregarme; no qui-sieron arreglar nunca buenamente conmigo; yo tenía que acudir a los tribunales para yo poder obtener ese terreno.
“Sr. Mata: Nada más.”
Y continuó el interrogatorio:
“Sr. Martínez AviuéS:
“P. — Testigo, usted dice a preguntas del compañero que a usted nunca lo han sacado de esa finca, ¿pero le han permitido disfrutar de esa finca Rubert Hermanos?
“T. — No, señor, no me han permitido disfrutar.
“P. — ¿A pesar de haberla adquirido por escritura pública?
“T. — Sí, señor.
“Sr. Martínez AviléS: Nada más. . . . Ese es nuestro caso.”

Presentó la demandada una moción de nonsmt que fue declarada sin lugar y entonces introdujo su evidencia.

Declaró el testigo Rafael Martínez Domínguez que es Tesorero y Administrador General de la corporación deman-dada, que había visto los planos que le presentó su abogado que le entregó cuando la compra de la finca don Carlos Gar-cía representante de la vendedora. Los planos se marcaron para ser identificados.

Que el demandante estuvo a verlo no a raíz de la venta si que años después y le planteó la cuestión de la detentación de la finca. Que le contestó que él desconocía los hechos, que hiciera una investigación y le trajera las pruebas para estudiarlas y el demandante le mandó luego un croquis en un papelito y unas notas. Que compararon los datos y no pudieron concluir que el demandante tuviera razón. Que a su juicio estaban ellos en posesión de lo que realmente les pertenecía.

Ocurrió entonces lo que sigue:

“Sr. Mata: Tamos a presentar la escritura de compraventa número 8, otorgada ante el Notario Luis Toro Cabañas, por doña Dolores Pérez viuda de Pórtela a favor de la corporación Rubert Hermanos.
“SR. MaRtínez Aviles: ¿Para probar qué extremos?
“SR. Mata: Nuestra teoría es de que aquí se trata de una doble venta y nosotros vamos a probar que fuimos compradores anteriores; que hemos poseído el inmueble comprado; y que por nosotros haber comprado primero y haber inscrito primero no puede presentarse reivindicación bajo esas circunstancias.
“Sr. Martínez Aviles: Nos oponemos a la admisión del docu-mento, señor Juez, porque de acuerdo con la Ley Notarial, las escri-turas deben estar firmadas, selladas y rubricadas por el notario que las autoriza y se desprende de esta certificación que la escritura no ha sido sellada, requisito indispensable.
“SR. Mata: Esta es una copia.
“La Corte: Admitido el documento, marqúese Demandado, Exhibit núm. 1.
“Sr. Martínez Aviles: Respetuosamente tomamos excepción.”

Los otorgantes del documento lo fueron de una parte Doña Dolores Pérez viuda de Pórtela y de la otra ¡Rubert Her-manos Incorporada.

La primera expuso que era dueña^ de la ñnca de setenta y dos cuerdas en Algarrobo, Vega Baja, en lindes por el norte con Tomás Prado, antes, boy Bubert Hermanos, por el sur con Bamón Pérez Fernández, boy Nicolás Pérez, y Carretera número dos, por el este B. Pérez Fernández, antes, boy su Sucesión y José Venegas, estando bifurcada esta colindancia por una faja de terreno de la Sucesión Pórtela, y por el oeste Francisco Jiménez.

Expuso además que babía convenido con la otra parte la venta de una porción de la finca. La porción se describe en la forma que ya. consignamos al resumir la materia nueva de la contestación. Seguidamente se llevó a efecto el con-venio, siendo el precio de la venta la suma de nueve mi] dólares. El documento se inscribió en el Begistro de la Propiedad en cuanto a la venta en julio 31, 1930.

Acto seguido ofreció la demandada en evidencia una cer-tificación expedida por el Begistrador de la Propiedad de San Juan sobre inscripciones de la finca de setenta y dos cuerdas a los efectos de probar que “la finca que reclama el demandante es el resto de una parcela de 72 cnerdas de la cual el demandado compró en fecha anterior 56.50 cner-das. ’ ’

Y el demandante se opnso “en primer lugar, porque en esta certificación se describen diversas fincas y que tiene ano-taciones de embargo, de hipoteca; cosa que en caso de ape-lación vendría a llenar innecesariamente el récord del caso. Y porque lo que se pretende por la parte demandada es demostrar que se inscribió a su favor la finca de 56.50 cuerdas. No vemos la materialidad de este documento.”

El documento fué admitido y el demandante tomó excep-ción. Una de las notas marginales a la inscripción de las setenta y dos cuerdas, dice: “Disgregada una parcela de 56.50 cuerdas, por venta a la corporación Rubert Herma-nos . . . Julio 31, 1930.” La inscripción sexta, fechada el 17 de octubre, 1930, lo es del resto de la finca de setenta y dos o sea quince cuerdas que la Sra. Viuda de Pórtela vendió al demandante. Las colindancias de las quince cuerdas son al norte, línea divisoria American Railroad Company, que la separa de la parcela vendida a Rübert Hermanos, Inc.; sur, Carretera insular número dos; este, más tierras de la viuda de Pórtela, y oeste, Francisco Jiménez. Al margen de la inscripción aparece anotado que la otra finca a que se refiere la escritura — la de diez cuerdas — se registró al folio 231 del tomo 20 de Vega Baja, finca 1318, inscripción primera.

Sigue la declaración de Celestino Castro, ingeniero civil, quien dijo que allá por el 1930, se le encomendó que fuera a la finca de cincuenta y seis cuerdas comprada por Rubert Hermanos, Inc., para ver si el terreno de que estaba en pose-sión la central era exactamente igual al plano. Hizo la mensura y notó que todos los puntos y ángulos coincidían exactamente con los planos.

Continúa su declaración, así:

“P. — Testigo, si yo le dijera que la parte demandante ba decla-rado que las colindancias de la finca comprada por ella son así: por el norte, sucesión de Ramón Pérez Fernández; sur, Carretera nú-mero 2; este, sucesión de Ramón B. Pórtela y por el oeste, Ramón Pérez Fernández. Tomando en cuenta esas colindancias de la par-cela comprada por Rubert Hermanos a doña Dolores Pérez viuda de Pórtela ¿puede decirle a la corte si es o no cierto que de acuerdo con esas colindancias, la parcela del demandante coincide con la parcela comprada por la demandada en sus colindancias este y sur?
“T. — Las colindancias éstas que se lian leído son exactamente iguales que la finca de la Central San Vicente. Exactamente iguales.
“P. — ¿Hoy día ha vuelto a examinar esa finca?
“T. — Sí, señor.
“P. — ¿Está o no poseído por Rubert Hermanos el mismo terreno con las colindancias, según usted las examinó, en el 1930?
“T. — Está exactamente igual. Está cercado todo de alambres, todo tiene alambres."

Llamado José Isasa, Jefe de Cultivo de la Central San Vicente, dijo que recuerda que cuando la compra de las cin-cuenta y seis cuerdas don Rafael Martínez, don Carlos G-ar-cía, yerno y apoderado de la viuda de Pórtela, y el testigo, fueron un domingo y voltearon la finca. A los pocos días lo citaron para hacerle entrega de ella por sus puntos e inme-diatamente construyó una cerca, siendo ésa la finca que en la actualidad posee la demandada. Cuando estaba constru-yendo la cerca, el demandante estuvo por allí y no hizo objeción. Su reclamación en relación con diez cuerdas fué posterior. De eso hacía como dos años.

Así quedó el caso sometido a la consideración y resolu-ción de la corte que, como ya dijimos, lo decidió en contra del demandante. En su relación del caso y opinión se refiere a las alegaciones, luego a la prueba, deteniéndose en la decla-ración del demandante que interpreta como sigue:

“Admite el demandante que la demandada adquirió las eincuenti-séis (56) cuerdas y media de la finca, inscrita, de sententidós (72) cuerdas; y que él adquirió las restantes quince (15) cuerdas y media. Así aparece también del Registro. Ambas parcelas constituyen la finca principal en su totalidad. Conviene en que la finca de los Rubert linos, es parte de la finca de setentidós (72) cuerdas. Pero dice que ‘en esa finca (de 72 cuerdas) bay una parcela de diez (10) cuerdas y céntimos que estaba sin documentación (título)
“Nos dice así el demandante que la parcela de diez (10) cuerdas y dieciséis (16) céntimos está en la finca de setentidós (72) cuer-das. La ubica, pues, dentro de la finca principal. No es posible. Si, como admite, la demandada está en posesión de cincuentiséis (56) cuerdas y media y el propio demandante en la de quince cuerdas y media, que suman las setentidós (72), la parcela de diez (10) cuer-das no puede físicamente estar comprendida dentro de la porción de la demandada. Si lo estuviera, se trataría entonces de una doble venta; y, en ese caso, resulta que la demandada adquirió e inscribió su título antes que el actor, por lo que es de aplicación el artículo 1362 del Código Civil. Véase Abella v. Antuñano, 14 D.P.R. 498 y Díaz v. Ramos, 51 D.P.R. 822; 10 Manresa 175; 23 Scaevola 526.”
Y concluye:
“No creemos que con esta prueba pueda declararse con lugar la demanda. En una acción reivindicatoria el actor debe acreditar cumplidamente su caso, siéndole aplicable la máxima Adore, non probante, reus est absolvendi. Véase Ledesma v. González, 1 S. T. S. 420.”

Registrada la sentencia en abril 26, 1938, el demandante pidió su reconsideración, basándose en que la corte había dado a su declaración en el juicio un alcance que no tenía. Negóse la corte por orden de mayo 10, 1938, y el demandante apeló de la sentencia en mayo 24, 1938.

En 7 de junio siguiente el demandante presentó a la corte del distrito una larga moción de nuevo juicio, acom-pañada de varias declaraciones juradas y de un pliego de exposición del caso contentivo de las alegaciones y las prue-bas. Fundó su moción en tres motivos, a saber: 1, irre-gularidad en el procedimiento de la parte contraria; 2, accidente o sorpresa que la ordinaria prudencia del deman-dante no pudo prevenir; y 3, insuficiencia de la prueba para justificar la sentencia, siendo ésta, además, contraria a la ley y a la jurisprudencia. El 17 de octubre, 1938, la moción fue declarada sin lugar, declarándose también sin lugar la reconsideración solicitada, y el 24 del mismo mes apeló el demandante para ante este tribunal.

Ambas apelaciones, la de la sentencia y la negativa del nuevo juicio, se han tramitado conjuntamente.

Ii¡n su aleg’ato señala el apelante cuatro errores que son dos cometidos al apreciar la prueba y aplicar la ley decla-rando la demanda sin lugar, al negarse a reconsiderar su sentencia y al negar el nuevo juicio y la reconsideración de su resolución.

Quizá tenga razón el demandante. Quizá la clave para la resolución de este pleito se encuentre en la parte de la demanda cuya eliminación fué decretada. Pero es lo cierto que de un estudio cuidadoso de las alegaciones y las pruebas sólo cabe concluir que no probó que la demandada estuviera detentando tierras que a él pertenecieran.

Fué él el que inició la acción. Era a él al que corres-pondía probar la existencia de su derecho. La demandada alegó y probó que estaba en posesión de la finca que com-prara a la misma persona de quien deriva su título el deman-dante. Cincuenta y seis cuerdas compró y de cincuenta y seis cuerdas se le puso en posesión. Las cercó y las ha venido poseyendo desde entonces. Sus colindancias sobre el terreno coinciden con las de su título. Su contestación a la demanda es clara y específica. La materia nueva en ella alegada, amplia. No planteó el problema jurídico en forma tal que pudiera considerarse como una irregularidad que desviara al demandante y lo hiciera perder su caso. Tal vez en el juicio el hábil interrogatorio del abogado de la demandada confundió al demandante. Pero éste en ningún momento se explicó con la claridad debida y tuvo plena oportunidad para hacerlo. Al contrario, su declaración es susceptible de ser apreciada como la apreció la corte sentenciadora. Y si la porción por él reclamada estaba incluida en la vendida ante-riormente por la misma persona a la demandada y por ésta inscrita también con anterioridad, de buena fe, en el registro, surge inevitablemente el caso de la doble venta favorable, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, a la demandada, a que se refirió la corte de distrito, sin que pueda alegarse con éxito la sorpresa por parte del demandante en el grado ■exigido por la ley y la jurisprudencia para la concesión de un nuevo juicio.

Con respecto al título de dominio independiente de las diez cuerdas que alegó, el demandante se limitó a presentar la resolución final de la corte de distrito en el expediente tramitado ante ella. No produjo el expediente mismo que quizá pudo aportar alguna luz. No llevó a declarar testigos ni peritos que localizaran la finca en sitio separado, inde-pendiente, de la finca de setenta y dos cuerdas de su cau-sante, que según el apelante se vendió por dicha causante en dos porciones, una de cincuenta y seis a la demandada y otra de quince al propio demandante.

En resumen diremos que hablando por sí mismos los títulos presentados no son suficientes para dictar la senten-cia que pide el apelante. Y si a ello se añade' la confusión ■creada por la declaración del propio demandante en el juicio, se comprenderá que no pudo ser otra que la dictada la sentencia que debió pronunciarse en el caso..

En tal virtud, no habiendo probado el demandante que la demandada detente las tierras que reclama, debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la sentencia y la resolución apeladas.


author: El Juez Asociado Señob, Wole

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús Monge Hernández, acusado y apelante.
    Núm. 8144.

    Sometido: Abril 18, 1940.

      Resuelto: Abril 30, 1940.

      El acusado compareció por escrito en su propia representación; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob, Wole

emitió la opinión, del tribunal.

Jesús Monge Hernández fué convicto por la Corte de Distrito de San Juan de infringir el artículo 95 de la Ley de Servicio Público de mayo 2, 1927 (Ley núm. 2 de 1927, pág. 407), en la siguiente forma:

"Que en 20 de junio, 4:30 p. m., de 1938, y en la calle San José de San Juan, P. R., dentro del Distrito Judicial Municipal de San Juan, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., el acusado Jesús Monge Hernández allí y entonces, ilegal, vo-luntaria, maliciosa y criminalmente, sin haber sido previamente autorizado por la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, y mientras manejaba como chófer el automóvil Núm. P-3592, actuaba como porteador público transportando pasajeros por asiento en dicho vehículo tomó dos pasajeros para conducirlos hasta Santuree y Puerta de Tierra, ruta entre San Juan y Río Piedras, infringiendo de este modo la orden final de la Comisión de Servicio Público de 4 de enero de 1938, . . . . que dice así:
“ ‘Se ORdena, además, y por la presente queda prohibido a todo vehículo de motor que no hubiere sido previamente autorizado por la Comisión, que actúe, sirva, funcione u opere como porteador pú-blico en el transporte de pasajeros por asiento, brindando, ofre-ciendo, prestando o rindiendo su servicio al público en general, entre los municipios de San Juan y Río Piedras o dentro de los municipios de San Juan o Río Piedras, o entre puntos intermedios. El hecho de que un vehículo de motor actúe como porteador público, trans-portando pasajeros por asiento, de un sitio a otro, entre los muni-cipios de San Juan y Río Piedras o dentro de los Municipios de San Juan o Río Piedras, o entre puntos intermedios, constituirá prueba prima facie de una violación a las disposiciones de esta orden.’ ”

Aunque hubo un juicio, Jesús Monge Hernández en ape-lación descansa en lo que es prácticamente una excepción perentoria a la denuncia. No argumenta la cuestión a no ser para citar los casos de Pueblo v. Rivera, 52 D.P.R 395 y Pueblo v. Matos, 55 D.P.R. 184. El fiscal en su contestación no se refiere al caso de Pueblo v. Rivera, mas éste fué clara-mente uno en que la prueba dejó de demostrar dónde el pasajero tomó el vehículo y en su consecuencia no se presentó un caso suficiente contra el conductor del mismo.

El caso de Pueblo v. Matos, supra, no puede ayudar al apelante. Ese caso no* resuelve nada a su favor, fuera del hecho de que-la demanda era fatalmente defectuosa por no alegar dónde se montó o desmontó el pasajero. La corte en dicho caso no entra muy plenamente en esta cuestión por-que consideraba el derecho a enmendar en la corte de distrito en forma sustancial una denuncia radicada en la corte municipal.

En el presente caso el destino del pasajero quedó clara-mente probado y en la denuncia se alegaba que.los pasajeros fueron tomados por el vehículo en la calle San José de San Juan.

El acusado fué debidamente informado del sitio en que se decía haber tomado los pasajeros. La calle San José com-prende varias cuadras, mas no se suscita cuestión alguna sobre este punto y lo que el acusado debió hacer, de nece-sitarlo, fué solicitar un pliego de particulares.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wolp

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Balzac Báez, acusado y apelante.
    Núm. 8033.

    Sometido: Marzo 15, 1940.

      Resuelto: Abril 30, 1940.

      Enrique Báez García, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscalr y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wolp

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Mayagüez, en apelación de la corte municipal, declaró al acusado culpable de acometimiento y agresión grave por liaber acometido y agredido con los puñ'os a una mujer.

El acusado fue convicto, pero no sin antes haber pre-sentado varias mociones de archivo y sobreseimiento por no-haber sido juzgado dentro del término de 120 días contado a partir de la fecha de la radicación de los autos en la Corte de Distrito de Mayagüez.

El artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal provee:

“A menos que exista justa causa contraria, el tribunal decretará el sobreseimiento del proceso en los casos siguientes:
“1. — Cuando una persona haya sido detenida para responder por la comisión de un delito público, siempre que no se haya presentado acusación contra ella en el término de sesenta días desde su detención.
“2. — Cuando un acusado, cuyo juicio no haya sido transferido a petición suya, no sea sometido a juicio en el término de ciento veinte días, a contar desde la presentación de la acusación.”

Cuando de una apelación de la corte municipal se trata, Remos interpretado ese artículo como que se refiere al momento en que se radican los autos en la corte de distrito. Pueblo v. Correa, 34 D.P.R. 884; Pueblo v. Mercado, 27 D.P.R. 568.

Los autos de este caso fueron radicados en la corte de distrito el 28 de julio de 1938. El caso fué señalado y finalmente celebrado el juicio el 4 de febrero de 1939. El apelante sostiene que transcurrieron 191 días entre la radicación de los autos y el juicio del caso. Esto parece ser correcto. Bajo estas circunstancias, el fiscal estaba obligado a probar que cualesquiera suspensiones fueron becbas por justa causa. El caso fué originalmente señalado para el 27 de agosto de 1938 y el fiscal alega, y los autos demuestran que, toda vez que se señalaron otros casos antes que éste, el mismo no pudo ser visto porque no se llegó a él. El siguiente señalamiento del caso se bizo para el 17 de noviembre de 1938 y el fiscal no nos bace constar claramente por qué no pudo señalarse para antes de esa fecba. Para aquel entonces babían transcurrido 100 días. Sucede que en noviembre 17 el fiscal de distrito en propiedad no estaba presente y el fiscal sustituto no estaba allí, o no podía estarlo, por baber sido comisionado para bacer cierto trabajo especial para el Procurador General de Puerto Rico.

El 25 de enero de 1939 el caso fué señalado para el 4 de febrero del mismo año. La moción enmendada de archivo y sobreseimiento fué radicada el día 3 de febrero de 1939. Aparentemente la corte inferior descansó en el caso de El Pueblo v. Ramos, 40 D.P.R. 802. Hemos leído ese caso y no bailamos que el mismo tenga verdadera aplicación, espe- ■ cialmente porque en dicho caso los 120 días no habían trans-currido cuando se presentó la moción de sobreseimiento.

Los varios casos que por otro lado cita el fiscal para sostener la actuación de la corte inferior son los de El Pueblo v. Matos, 26 D.P.R. 586; Pueblo v. Figueroa, 55 D.P.R. 762 y Garcés v. Corte de Distrito, 55 D.P.R. 336, 338. Ninguno de estos casos en realidad nos ayuda. No creemos por ejemplo que el mero hecho de que el acusado, al ser llamado el caso para juicio, dejara de oponerse a la posposición del mismo, milite en su contra. El caso de El Pueblo v. Ramos, supra, no dice tal cosa. Creemos que el fiscal de distrito está-obligado a demostrar que el acusado concurrió en forma activa a la suspensión del juicio. El estatuto lee: “cuyo juicio no haya sido transferido a petición suya”.

No recordamos de momento por qué el fiscal en propiedad estaba ausente, mas sí sabemos que el Procurador General nombró un fiscal sustituto que, a instancias de dicho funcionario, estaba dedicado a otros deberes y alegó tal circunstancia al ser llamado el caso el 17 de noviembre de 1938.

Este es uno de los hechos salientes de ese caso. Si el fiscal en propiedad no podía asistir al juicio, debió haberse nombrado a alguien o su ausencia explicada satisfactoria-mente. Del caso en su totalidad estamos convencidos de que al acusado pudo sometérsele a juicio dentro de los 191 días que transcurrieron entre la radicación de los autos en apela-ción y la vista del caso.

No creemos .que deba comenzarse a contar un nuevo término de 120 días cada vez que se pospone un caso por justa causa. Ello dependería de todas las circunstancias.

Podríamos entonces tomar la sugestión que hizo la Corte de Circuito de Apelaciones para el primer Circuito en el caso de Gerardino v. People of Puerto Rico, 29 P. (2d) 517, al efecto de que la cuestión de un juicio “rápido” no se limita necesariamente a 120 días. La Corte de Circuito de Ape-laciones dijo que la definición legislativa merecía una razo-nable consideración que sin embargo no era obligatoria para dicho tribunal: que aquella corte estaba en entera libertad de resolver que el de 120 días era un término demasiado largo o demasiado corto para que estuviera dentro del signi-ficado razonable de la palabra “rápido”. Es decir, inter-pretando las palabras de la Carta Orgánica de que todo acusado tiene derecho a un juicio rápido. Los funcionarios del gobierno debieron hallar la forma de lograr el juicio del caso dentro de los 191 días de que hemos hablado.

Debe revocarse la sentencia y absolverse al acusado.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Travieso disintieron.