text:
    Interior Developers, Inc., peticionario, v. Municipio de San Juan, recurrido.

      Número: CC-2008-156

      Resuelto: 28 de diciembre de 2009

      Bridget M. Timm Ríos, abogada de la parte peticionaria; Jorge R. Quintana Bajara, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar si la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios Autónomos), Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 21 L.P.R.A. sec. 4001 et seq., confiere a los municipios la facultad de imponer arbitrios de construcción sobre las obras de la Rama Legislativa. Por entender que las obras de construcción de dicha Rama de gobierno están fuera del alcance del poder tributario de los municipios, revocamos la sentencia recurrida.

I

A principios del 2004, Interior Developers, Inc. (Interior Developers) suscribió un contrato con la Superintendencia del Capitolio para realizar unas obras de construcción en el Capitolio. Específicamente, se le encomendó construir unas oficinas para la Cámara de Representantes y para el Senado. En febrero de 2005, el Municipio de San Juan (Municipio) envió a Interior Developers una Notificación Preliminar de Arbitrios a Pagar. Mediante dicha comunicación, el Municipio le informó a Interior Developers que debía pagar $65,020.03 en arbitrios de construcción por las obras que realizaría en el Capitolio. En la referida notificación se le indicó, además, que tenía las opciones siguientes, de acuerdo con el Art. 2.007 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. see. 4057: (1) pagar el arbitrio dentro de los quince días laborables siguientes al acuse de recibo de la notificación; (2) pagar el arbitrio bajo protesta dentro de los quince días siguientes y, dentro del mismo término, presentar una solicitud escrita de reconsideración, o (3) negarse a efectuar el pago, detener el plan de construcción, posponer la fecha del comienzo de la obra y solicitar revisión judicial ante el Tribunal de Primera Instancia dentro del término improrrogable de veinte días.

En respuesta a la acción del Municipio, Interior Developers presentó una demanda de sentencia declaratoria ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Alegó, en síntesis, que el Municipio no tenía la facultad para imponer arbitrios de construcción sobre las obras realizadas en el Capitolio, ya que la Ley de Municipios Autónomos excluye a la Rama Legislativa del alcance del poder tributario de los municipios. Adujo, además, que no es un contribuyente según la definición de dicho término dispuesta en la Ley de Municipios Autónomos. En la alternativa, sostuvo que, aim si el Municipio tuviese autoridad para imponer los arbitrios de construcción, la cantidad notificada era incorrecta. Ello, pues, según Interior Developers, el Capitolio fue clasificado como un edificio histórico por la Oficina Estatal de Preservación Histórica y el Municipio dispuso mediante ordenanza municipal que las construcciones en dichos edificios están sujetas a un pago cincuenta por ciento menor por arbitrios de construcción.

Por su parte, el Municipio presentó una moción de desestimación en la que alegó que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción para atender la demanda dado que Interior Developers no había seguido ninguno de los cursos de acción dispuestos en la Ley de Municipios Autónomos para solicitar la revisión de los arbitrios notificados. El foro de instancia denegó la moción de desestimación.

Inconforme, el Municipio cuestionó tal determinación ante el Tribunal de Apelaciones, el cual revocó el dictamen recurrido y desestimó la demanda. Dicho foro acogió el planteamiento del Municipio en cuanto a que Interior Developers no había seguido el curso de acción dispuesto en la Ley de Municipios Autónomos para solicitar la revisión de la notificación de arbitrios. Oportunamente, Interior Developers presentó una moción de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones acogió dicha moción y emitió una nueva sentencia en la que confirmó la determinación del foro primario. Concluyó que la Ley de Municipios Autónomos no otorgó a los municipios la facultad de imponer arbitrios de construcción sobre obras realizadas o contratadas por la Rama Legislativa, por lo que Interior Developers no tenía que cumplir con los requisitos dispuestos en dicha ley para cuestionar los arbitrios impuestos.

Según esa nueva sentencia, el Municipio presentó una moción de reconsideración. Tras acogerla, el tribunal modificó nuevamente su dictamen y revocó al foro primario. En dicha sentencia, el Tribunal de Apelaciones concluyó, en esencia, que la Ley de Municipios Autónomos sólo provee una exención del pago de arbitrios de construcción para las obras que realiza directamente el Gobierno Central, sus agencias, una corporación pública, un municipio o una agencia del Gobierno Federal. Razonó que, por no figurar entre aquellas obras expresamente exentas del pago de arbitrios de construcción, las obras realizadas en el Capitolio generaban la obligación de pagar los arbitrios de construcción. Ante esta decisión, Interior Developers presentó una moción de reconsideración, la cual fue denegada.

Inconforme, Interior Developers acude ante nos y alega que el Tribunal de Apelaciones no tenía jurisdicción para acoger la moción de reconsideración presentada por el Municipio después de la primera sentencia emitida en reconsideración porque el reglamento de dicho foro prohíbe la presentación de más de una moción de reconsideración. Sostiene, además, que los municipios no tienen autoridad según la Ley de Municipios Autónomos para imponer arbitrios de construcción a obras realizadas por la Rama Legislativa.

Por su parte, el Municipio aduce que cada sentencia que emite el Tribunal de Apelaciones es distinta e independiente de las anteriores por lo que, con cada sentencia, nace un derecho nuevo a solicitar reconsideración. Alega, además, que Interior Developers está obligado a pagar el arbitrio de construcción porque las obras que realizó la Rama Legislativa no están incluidas en la lista de exenciones al arbitrio de construcción de la Ley de Municipios Autónomos. Por último, sostiene que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción para atender la demanda de Interior Developers porque ésta no siguió el procedimiento dispuesto en la Ley de Municipios Autónomos para solicitar la revisión de la notificación de arbitrios.

Atendido el recurso presentado por Interior Developers, expedimos el auto de certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

Como cuestión de umbral, debemos resolver el asunto planteado por Interior Developers en cuanto a la presentación de múltiples mociones de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones.

Los tribunales tienen el poder inherente de reconsiderar sus determinaciones y enmendarlas sustancialmente, a solicitud de parte o motu proprio, siempre que todavía retengan jurisdicción sobre el caso. Insular Highway v. A.I.I. Co., 174 D.P.R. 793 (2008); Dumont v. Inmobiliaria Estado, Inc., 113 D.P.R. 406, 413 (1982). Como es sabido, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, regula lo relacionado con las mociones de reconsideración ante el foro primario. La referida moción es el mecanismo que provee nuestro ordenamiento para permitir que un tribunal modifique su fallo y enmiende o corrija los errores en que haya incurrido. Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R. 601, 609 (1997); Castro v. Sergio Estrada Auto Sales, Inc., 149 D.P.R. 213, 217 (1999); Dávila v. Collazo, 50 D.P.R. 494, 503 (1936).

Por su parte, la Regla 84 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone la forma en que se presentarán y tramitarán las mociones de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones. El inciso (D) de dicha regla establece que “[n]o se permitirá la presentación de más de una moción de reconsideración por la misma parte, de haber sido denegada la primera”. (Enfasis suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.

En el presente caso, el Tribunal de Apelaciones emitió una primera sentencia de la cual Interior Developers solicitó reconsideración. El foro apelativo intermedio acogió dicha petición y emitió una segunda sentencia en la cual modificó su decisión anterior y resolvió de forma distinta a como lo había hecho anteriormente. En respuesta a ese nuevo dictamen, el Municipio presentó una moción de reconsideración que fue acogida por el Tribunal de Apelaciones. Esto redundó en que el referido foro emitiera una tercera sentencia que favoreció al Municipio. Ante tales circunstancias, Interior Developers sostiene que dicho foro no tenía jurisdicción para emitir la segunda sentencia en reconsideración según la Regla 84 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. No tiene razón.

De una lectura somera de la Regla 84 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, resulta evidente que dicho foro estaba facultado para emitir la sentencia recurrida. El inciso (d) de la referida regla sólo prohíbe que una misma parte presente una segunda moción de reconsideración sobre la misma sentencia, luego de que se haya denegado su primera moción de reconsideración. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 363 (2001).

El caso de autos, sin embargo, no involucra la presentación de una segunda moción de reconsideración por la misma parte luego de habérsele denegado una primera moción. Más bien, el Tribunal de Apelaciones ejerció su discreción y reconsideró sus dictámenes en dos ocasiones. Como en ambas se alteró el resultado anterior, ello dio pie a que surgiera nuevamente en la parte afectada el derecho de solicitar reconsideración. En efecto, tanto Interior Developers como el Municipio presentaron una sola moción de reconsideración sobre una sentencia cuyo resultado le era adverso. Ninguna de las partes presentó una moción de reconsideración tras habérsele denegado la primera. Al tratarse de sentencias distintas, el foro apelativo intermedio tenía jurisdicción para atender la moción de reconsideración que presentó el Municipio en cuanto a la primera sentencia en reconsideración. Muestra clara de lo anterior es que, a pesar de su propio señalamiento de error, Interior Developers presentó una moción de reconsideración para cuestionar la última sentencia recurrida, la cual fue denegada.

Aclarado este asunto, pasemos a examinar el derecho aplicable a la controversia ante nuestra consideración.

III

A. Según la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la facultad primordial de imponer contribuciones recae en la Asamblea Legislativa. Ésta dis-pone, específicamente, que “[e]l poder del Estado Libre Asociado para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposición y cobro por los municipios se ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa, y nunca será rendido o suspendido”. Art. VI, Sec. 2, Const. E.L.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 420. Como se desprende del citado artículo, la Asamblea Legislativa tiene la facultad de delegar la potestad de imponer contribuciones a los municipios mediante mandato claro y expreso. Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, 155 D.P.R. 548, 553 (2001). Por ser una facultad delegada, “los municipios no tienen un poder inherente, independiente del Estado, para imponer contribuciones”. Levy, Hijo v. Mun. de Manatí, 151 D.P.R. 292, 299 (2000).

Por otro lado, en la Asamblea Legislativa también recae la facultad constitucional de “crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y función ...”. Art. VI, Sec. 1, Const. E.L.A., supra, pág. 419. Es por ello que mediante la Ley de Municipios Autónomos la Asamblea Legislativa otorgó a los municipios diversos mecanismos para ejercer una amplia gama de facultades. Art. 2.001 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. see. 4051. Entre ellas, se otorgó a los municipios la facultad de imponer tributos con el propósito de que éstos puedan recaudar fondos para brindar más servicios a los ciudadanos. Mun. de Utuado v. Aireko Const. Corp., 176 D.P.R. 897 (2009).

Algunos de los tributos que los municipios pueden imponer y cobrar dentro de sus límites son las contribuciones, los derechos, las licencias, los arbitrios de construcción, las tasas y tarifas. Art. 2.002 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4052; HBA Contractors v. Mun. de Ceiba, 166 D.P.R. 443 (2005). En cuanto a los arbitrios de construcción, éstos se definen como aquella contribución que imponen los municipios mediante ordenanza municipal y que recaen en la actividad de construcción o en una obra de construcción dentro de los límites territoriales del municipio. Art. 1.003(cc) de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4001(cc).

Claro está, la facultad de los municipios de imponer arbitrios de construcción en determinada obra está sujeta a que se configure el “hecho imponible” o “evento contributivo”, lo que se define como el presupuesto de hecho, fijado en la ley, cuya realización tiene como consecuencia el nacimiento de la obligación de pagar un tributo. Véase A. Martínez Lafuente, Derecho tributario: estudios sobre la jurisprudencia tributaria, Madrid, Ed. Civitas, 1985, págs. 207-215. Es decir, de no realizarse el hecho imponible, no nacerá la obligación de pagar el tributo. El Art. 2.002(d), de la Ley de Municipios Autónomos, supra, 21 L.P.R.A. sec. 4052(d), preceptúa el evento contributivo que da lugar a la imposición de los arbitrios de construcción. Este dispone:

Toda obra de construcción dentro de los límites territoriales de un municipio, realizada por una persona natural o jurídica privada, o que sea llevada a cabo por una persona natural o jurídica privada a favor o en representación de, o por contrato o subcontrato suscrito con una agencia o instrumentalidad del Gobierno Central o municipal o del gobierno federal, incluyendo aquella obra que no requiera la solicitud o expedición de un permiso por la Administración de Reglamentos y Permisos o por un municipio autónomo, deberá pagar el arbitrio de construcción correspondiente .... (Énfasis suplido.) 21 L.P.R.A. see. 4052.

Del citado texto se deduce que el hecho imponible que da lugar al nacimiento de la obligación de pagar los arbitrios de construcción está compuesto por una serie de elementos. Estos son: (1) que se trate de una obra de construcción; (2) que esté dentro de los límites territoriales del municipio, y (3) que la realice una persona natural o jurídica privada, o una persona natural o jurídica privada contratada por una agencia o dependencia del Gobierno Central, municipal o federal. 21 L.P.R.A. see. 4052. Así, pues, para determinar si un municipio tiene facultad para cobrar el arbitrio de construcción hay que examinar, además del tipo de obra y su localización, a quién pertenece la obra.

En otras palabras, el enfoque a la hora de determinar si un municipio puede imponer arbitrios de construcción tiene que ser en la obra misma. Recientemente tuvimos la oportunidad de expresarnos sobre la naturaleza de los arbitrios de construcción en Mun. de Utuado v. Aireko Const. Corp., supra. Allí resolvimos que los arbitrios de construcción que imponen los municipios al amparo del Art. 2.002(d) de la Ley de Municipios Autónomos, supra, recaen en la obra de construcción, no en el contratista que la ejecuta. A esos efectos, expresamos que “si la actividad económica que genera la obligación del pago —en este caso la construcción de la escuela— continúa pero se cambia el contratista que la construye, no procede la nueva imposición del pago en concepto de arbitrios de construcción sobre la misma obra”. Mun. de Utuado v. Aireko Const. Corp., supra, pág. 911.

Por su parte, el Art. 1.003(r) de la Ley de Municipios Autónomos define “Gobierno Central” como “el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias públicas, instrumentalidades y subdivisiones políticas, excluyendo la Rama Legislativa y la Rama Judicial”. (Enfasis suplido.) 21 L.P.R.A. sec. 4001(r). Asimismo, el inciso (ee) de dicho artículo define “contribuyente” como

[a]quella persona natural o jurídica obligada al pago del arbitrio sobre la actividad de la construcción cuando:
(1) Sea dueño de la obra y personalmente ejecute las la-bores de administración y las labores físicas e intelectuales inherentes a la actividad de construcción.
(2) Sea contratada para que realice las labores descritas en [l]a cláusula (1) de este inciso para beneficio del dueño de la obra, sea éste una persona particular o entidad gubernamental. El arbitrio podrá formar parte del costo de la obra. 21 L.P.R.A. sec. 4001(ee).

Como se desprende de este artículo, para efectos de los arbitrios de construcción, podrán ser contribuyentes tanto la persona que sea dueña de la obra y que personalmente la ejecute, como la que sea contratada para realizar la construcción que, a su vez, podrá pasar el costo al dueño de la obra. Ello es así debido a que los arbitrios de construcción que imponen los municipios al amparo del Art. 2.002 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, recaen sobre la obra, no sobre el que la ejecuta. Mun. de Utuado v. Aireko Const. Corp., supra.

Por otro lado, el Art. 2.007 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, establece que los municipios podrán, mediante ordenanza, eximir del pago de los arbitrios de construcción las obras que se realicen con propósitos de interés social. En el derecho tributario, las exenciones se han definido como aquellas normas de aplicación especial que establecen que una norma tributaria general no aplica a ciertos supuestos de hecho que delimitan y que, como resultado, impiden que se deriven los efectos jurídicos de ésta, o sea, impiden que nazca la obligación tributaria. Martínez Lafuente, op. cit, pág. 215, citando a Cortés Domínguez y Martín Delgado, Ordenamiento Tributario Español, Madrid, Ed. Civitas, 1977, pág. 308.

Por ser normas especiales que niegan los efectos de las normas tributarias generales, las exenciones se interpretan restrictivamente. A los efectos, hemos resuelto que las exenciones contributivas son gracias legislativas que se interpretarán estrictamente en contra de aquel que alegue tener derecho a ellas. PARDAVCO, Inc. v. Srio. de Hacienda, 104 D.P.R. 65, 73 (1975). Sin embargo, también hemos expresado que dichas normas no deben ser interpretadas tan restrictivamente como para que pueda quedar frustrada la intención legislativa. Francis v. Tribl. Contribuciones y Tes., 74 D.P.R. 19, 24 (1952).

Entre las obras que la Ley de Municipios Autónomos autoriza a los municipios a eximir del pago de arbitrios de construcción —según el Art. 2.007— se encuentran aquellas que realizan las organizaciones sin fines pecuniarios que provean viviendas de alquiler para familias de escasos recursos y para personas mayores de 62 años, así como las realizadas por desarrolladores de proyectos de interés social. Art. 2.007(f) de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4057(f). Además, dicho artículo dispone que “[s]e exime del pago de arbitrio de construcción las obras que realice por administración una agencia del gobierno central o sus instrumentalidades, una corporación pública, un municipio o una agencia del gobierno federal”. íd.

Por último, el Art. 4.57 de la Ordenanza Núm. 52 del Municipio de San Juan, Serie 2001-2002, aprobada el 21 de diciembre de 2001, dispone que las estructuras declaradas como de valor histórico-arquitectónico por la Junta de Planificación de Puerto Rico, por ley a esos efectos, mediante recomendaciones del Instituto de Cultura Puertorriqueña o por la Oficina Estatal de Preservación Histórica, pagarán el equivalente al cincuenta por ciento de lo que pagan el resto de las estructuras.

B. El Art. 2.007(c) de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4057(c), establece que, al recibir la notificación preliminar de arbitrios a pagar, un contribuyente podrá: (1) pagar el arbitrio dentro de los quince días laborables siguientes al acuse de recibo de la notificación; (2) pagar bajo protesta dentro de los quince días laborables siguientes al acuse de recibo de la notificación y solicitar reconsideración dentro del mismo término, o (3) negarse a efectuar el pago, detener su plan de construcción y solicitar la revisión judicial. Por su parte, el Art. 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos establece que el Tribunal de Primera Instancia tendrá jurisdicción para “[r]evisar cualquier acto legislativo o administrativo de cualquier funcionario u organismo municipal que lesione derechos constitucionales de los querellantes o que sea contrario a las leyes de Puerto Rico”. 21 L.P.R.A. see. 4702.

En el pasado hemos resuelto que si un municipio carece de autoridad en ley para imponer un tributo no es necesario que una parte agote el procedimiento administrativo. Así, pues, en Mun. Trujillo Alto v. Cable TV, 132 D.P.R. 1008 (1993), resolvimos que como el Municipio de Trujillo Alto carecía de autoridad para imponer el pago de patentes municipales sobre Cable TV of Greater San Juan (Cable TV), este último no estaba obligado a seguir el procedimiento administrativo dispuesto en la Ley de Patentes Municipales como requisito previo para acudir al tribunal. En dicho caso, se cuestionó si procedía la imposición de patentes municipales por un municipio en el cual no se encontraban las oficinas de la compañía. Al resolver, expresamos que cuando lo que está en controversia es la autoridad legal de un municipio para imponer un tributo, y no su monto, no es necesario seguir el trámite administrativo. Id.

De manera similar, en Compañía Azucarera del Toa v. Municipio, 76 D.P.R. 331 (1954), resolvimos que si no hay ley válida que autorice a un municipio a imponer una contribución, es innecesario agotar los remedios administrativos, ya que ello sería inútil. En el referido caso, surgió una controversia sobre la procedencia del cobro de patentes municipales ante la existencia de un impuesto insular. Al resolver que los municipios carecían de autoridad para imponer las patentes en cuestión por existir un impuesto insular sobre los mismos artículos, expresamos que no era necesario cumplir con el trámite administrativo dispuesto en la ley de Patentes Municipales para que los tribunales pudieran adquirir jurisdicción. Id.

Con estos preceptos en mente, pasemos a disponer concretamente de la controversia ante nuestra consideración.

IV

A. Antes de resolver el asunto relativo al poder tributario de los municipios para imponer arbitrios de construcción sobre las obras que realiza la Rama Legislativa, es necesario atender el argumento esbozado por el Municipio de la falta de jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia para atender la demanda de sentencia declaratoria interpuesta en su contra por Interior Developers. El Municipio alegó ante el Tribunal de Primera Instancia, y así lo hace ante nos, que la Ley de Municipios Autónomos especifica el procedimiento que debe seguir un contribuyente que no está de acuerdo con la cantidad de arbitrios de construcción impuesta por el Director de Finanzas de un municipio. Sostiene que, al Interior Developers no seguir ninguno de los cursos de acción dispuestos en la ley, la Notificación Preliminar de Arbitrios a Pagar advino final y firme, por lo que no tiene más remedio que pagar. No le asiste la razón.

Según expuesto anteriormente, cuando lo que una parte cuestiona es la autoridad de un municipio para imponer un tributo en particular, resulta innecesario agotar el procedimiento administrativo dispuesto en ley. En este caso, al igual que en Mun. Trujillo Alto v. Cable TV, supra, y Compañía Azucarera del Toa v. Municipio, supra, no se cuestiona la cantidad notificada, sino el poder en ley del municipio para imponer el tributo. Es decir, lo que está en controversia en el presente caso es la facultad del Municipio para imponer el pago de los arbitrios de construcción, por lo que no era necesario que Interior Developers agotara los remedios administrativos dispuestos en el Art. 2.007 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, antes de acudir al foro de instancia.

En efecto, en la demanda de sentencia declaratoria interpuesta por Interior Developers, ésta solicitó, en primer lugar, que se declare que no proceden los arbitrios de construcción notificados porque la obra está fuera del alcance tributario del Municipio. En segundo lugar, solicitó que se declare que no es un contribuyente según la Ley de Municipios Autónomos y, en la alternativa, solicitó que, de hallarse que proceden los arbitrios de construcción, éstos se computen a base del porciento aplicable a las estructuras de valor histórico. Surge claramente de la demanda que el planteamiento principal de Interior Developers es que el Municipio no tiene facultad para imponer los arbitrios de construcción sobre las obras de construcción realizadas en el Capitolio. En vista de ello, Interior Developers no tenía que seguir el procedimiento dispuesto en la Ley de Municipios Autónomos antes de acudir al Tribunal de Primera Instancia.

Se podría argumentar, como en efecto lo hace el Municipio, que es contrario al ordenamiento jurídico permitir que una parte a la que se le requiera el pago de un tributo prescinda del trámite administrativo antes de acudir a los tribunales. El Municipio sostiene que ello se presta para que una parte alegue la falta de autoridad de un municipio como subterfugio para impugnar el monto notificado sin tener que pagarlo. No obstante, como el poder de los municipios para imponer contribuciones es delegado, es necesario que la vía judicial permanezca abierta para que las partes a las que se les requiera —sin autoridad en ley— el pago de un tributo, tengan un remedio disponible. Sería fútil e injusto requerir que una parte agote los remedios administrativos cuando alegue suficientemente que un municipio no tiene facultad en ley para imponer el tributo en cuestión.

Resuelto el planteamiento jurisdiccional del Municipio, pasemos a resolver el asunto relativo al poder del Municipio de requerir el pago de los arbitrios de construcción por las obras realizadas en el Capitolio.

B. Según indicamos anteriormente, del citado texto del Art. 2.002 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, se deduce que el hecho imponible que genera la obligación de pagar los arbitrios de construcción es cuando una persona natural o jurídica privada, o una persona natural o jurídica privada contratada por una agencia o dependencia del Gobierno Central, municipal o federal construye dentro de los límites territoriales del municipio. Debido a que el arbitrio de construcción recae en la obra y no en la persona que la realiza, si en la obra no concurren los elementos dispuestos en la ley no nace la obligación de pagar los arbitrios de construcción. Véase, además, Mun. de Utuado v. Aireko Const. Corp., supra.

En consecuencia, si no nace la obligación tributaria porque no se produce el hecho imponible, no es necesario determinar quién es el contribuyente, ya que dicha figura sólo entra en juego una vez nace la obligación de tributar. Ello, pues, como dispone el Art. 1.003(ee) de la Ley de Municipios Autónomos, supra, el contribuyente es aquel obligado a pagar los arbitrios de construcción. Dicho artículo indica que el obligado al pago de los arbitrios podría ser el dueño de la obra o las personas contratadas por éste para realizarlas, que a su vez podrán incluir el arbitrio de construcción en el costo de la obra. Id. No obstante, ninguna de estas personas puede ser contribuyente si la obra de construcción está fuera del alcance del poder tributario de un municipio. En otras palabras, si no ha nacido la obligación de pagar los arbitrios de construcción no cabe hablar de la figura del contribuyente.

De modo similar, si la obra de construcción no genera la obligación de tributar, no es necesario determinar si aplica exención alguna. Una exención es una disposición que, como una excepción, exonera del pago de la contribución a aquellos que estarían obligados a pagarla si no aplicara la exención. Así, vemos que el Art. 2.007 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, autoriza a los municipios a exonerar del pago de los arbitrios de construcción a ciertas obras que, de no ser por la exención, estarían sujetas a pagarlos, como por ejemplo, las que realizan los desarrolladores de proyectos de interés social.

Por ello, resulta forzoso concluir que para que nazca la obligación de pagar los arbitrios de construcción deben concurrir en la obra los elementos necesarios para que se configure el hecho imponible. Según dispone la ley, además de que sea una obra de construcción realizada dentro de los límites territoriales del Municipio, se requiere que la obra sea realizada por una persona natural o jurídica privada, o por una persona natural o jurídica privada contratada por una agencia o dependencia del Gobierno Central, municipal o federal. 21 L.P.R.A. see. 400l(r) y (s). Como indicamos anteriormente, el Art. 2.002 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, excluye de la definición de Gobierno Central a la Rama Legislativa y a la Rama Judicial. Art. 1.003(r) de la Ley de Municipios Autónomos, supra.

En el caso de autos, una persona jurídica privada —Interior Developers— se obligó, de acuerdo con un contrato con la Rama Legislativa, a realizar las obras en el Capitolio. En dichas obras concurren dos de los elementos que componen el hecho imponible que daría lugar al nacimiento de la obligación de pagar los arbitrios de construcción; a saber, que es una obra de construcción y que se realizó dentro de los límites territoriales del municipio. No obstante, falta un elemento esencial para que se configure el hecho imponible dispuesto en la Ley de Municipios Autónomos: la obra no la realizó una persona natural o jurídica privada, o una persona natural o jurídica privada contratada por una agencia o dependencia del Gobierno Central, municipal o federal. Véase 21 L.RR.A. see. 400l(r) y (s). Según la propia Ley de Municipios Autónomos, la Rama Legislativa está excluida de la definición de Gobierno Central. Por ende, el Municipio carecía de autoridad en ley para requerirle a Interior Developers el pago de los arbitrios de construcción por las obras que realizó en el Capitolio porque, como se deduce de los Arts. 1.003 y 2.002 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, toda obra de construcción realizada por la Rama Legislativa, o las personas naturales o jurídicas privadas contratadas por ésta, está fuera del alcance del poder tributario de los municipios.

Por todo lo anterior, erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que las obras de construcción que Interior Developers realizó están sujetas al pago de arbitrios de construcción por no estar expresamente incluidas entre las exenciones dispuestas en la Ley de Municipios Autónomos.

V

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia recurrida y, en consecuencia, se declara “con lugar” la demanda de Interior Developers.

Se dictará sentencia de conformidad.

       La Superintendencia del Capitolio Estatal de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico fue creada mediante la Ley Núm. 4 de 21 de julio de 1977 para dirigir todo lo relacionado con la conservación, el mantenimiento, la ampliación, la construcción, la remodelación y toda obra que se lleve a cabo en el Capitolio. 2 L.P.R.A. secs. 651 y 655.


source: Caselaw Access Project

author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

license: Public Domain

text:
    Wilfredo Sánchez Rodríguez, peticionario, v. Administración de Corrección y otros, recurridos.

      Número: CC-2008-1162

      Resuelto: 29 de diciembre de 2009

      Wilfredo Sánchez Rodríguez, peticionario, pro se.

   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

Wilfredo Sánchez Rodríguez, quien se encuentra en una institución de máxima seguridad en el Complejo Correccional de Ponce, instó una demanda in forma pauperis sobre daños y perjuicios contra la Administración de Corrección (AC). El demandante alegó que el 19 de enero de 2004 los oficiales de custodia y de la Unidad de Control de Disturbios de la institución donde se encuentra cumpliendo una sentencia, lo sometieron a un registro ilegal y humillante.

Adujo que lo sacaron de su celda esposado a las espaldas y lo llevaron al área pasiva donde se encontraban los demás confinados del Cuadrante B-5.

Una vez allí, se le obligó a desnudarse bajo intimidación y amenazas. Estando todos los confinados desnudos y rodeados por los oficiales de custodia, de manera indigna y humillante, los obligaron a pararse encima de un espejo y doblarse en cuclillas, de forma que expusieran sus partes íntimas y cavidades anales a los oficiales de custodia y a los otros confinados. Posteriormente, los mantuvieron, por espacio de una hora, esposados en las espaldas y sentados en el suelo. El señor Sánchez Rodríguez, además, argüyó que ese incidente no fue el primero ni el último de esta naturaleza. Añadió que el Superintendente de la institución penal continuó posteriormente con esa práctica, actuando de forma ilegal y violando los derechos constitucionales al trato digno y humanitario. Art. II, Sec. 12, L.P.R.A., Tomo 1. También, señaló el demandante que la AC y sus oficiales deliberadamente le ocultaron su derecho constitucional a solicitar un remedio administrativo. Por último, alegó el demandante que esta práctica de la AC constituyó un trato cruel e inusitado en su contra, en clara violación a sus derechos civiles, y que le causó graves angustias mentales, emocionales, físicas, espirituales y psicológicas. Luego de lo antes expuesto, el señor Sánchez Rodríguez solicitó que se le indemnizara en $150,000 por los daños y peijuicios sufridos.

El mismo día que presentó la demanda, el señor Sánchez Rodríguez solicitó la expedición y diligenciamiento de los emplazamientos. Sin embargo, luego del traslado del caso de la Sala de San Juan del Tribunal de Primera Instancia a la Sala de Ponce, el 6 de marzo de 2006 se ordenó que se diligenciaran nuevos emplazamientos con copia de la demanda a la AC y demás demandados. Ante la inactividad del caso, el 24 de abril de 2007 la parte demandante presentó ante el tribunal una moción informativa. En ésta se explicó la situación de los emplazamientos y se solicitó que se investigara la inactividad en el proceso. Así las cosas, el 21 de junio de 2007, el tribunal le ordenó al Alguacil General de Ponce que evidenciara el diligenciamiento de los emplazamientos. La parte demandante alegó que nunca se le notificó si se cumplió con esta orden del tribunal de mostrar evidencia de haber diligenciado los emplazamientos. Tampoco se le notificó ninguna otra or-den, resolución o sentencia que se hubiera dictado en el caso.

Sin embargo, el 15 de noviembre de 2007, el foro de instancia le ordenó al señor Sánchez Rodríguez que mostrara causa por la cual no debería desestimarse el caso por inactividad. El demandante presentó una moción en cumplimiento de orden, la cual incluía diversos anejos que ponían en entredicho la supuesta inacción o inercia. También señaló que el último trámite realizado en el caso de marras había sido la orden al Alguacil General de Ponce de evidenciar que se habían diligenciado los emplazamientos. El argumento del demandante se centraba en que, al estar confinado, su responsabilidad recaía en presentar la demanda y solicitar la expedición de los emplazamientos. Al cumplir con estas acciones, sólo restaba que la AC contestara la demanda y presentara sus alegaciones. A pesar de esto, el 25 de febrero de 2008, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción con peijuicio. Inconforme, el demandante presentó una moción de reconsideración que no fue atendida por el tribunal. Al entenderse rechazada de plano, el señor Sánchez Rodríguez presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Inicialmente, el recurso fue desestimado por falta de jurisdicción, ya que se había presentado cuarenta y siete días luego de la notificación de la sentencia. Posteriormente, la parte demandante presentó una reconsideración, fundamentada en la Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, que aplica el término de sesenta días, desde notificada la sentencia, cuando el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), sus funcionarios o entidades son parte del caso. Por esto, el Tribunal de Apelaciones reconsideró.

El señor Sánchez Rodríguez señaló que el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar con perjuicio su reclamo, en contravención a la evidencia que formaba parte del expediente. No obstante, el 16 de julio de 2008, el Tribunal de Apelaciones dictó una sentencia que confirmó la determinación del foro de instancia. Consideró el foro apelativo que el expediente demuestra que los emplazamientos se diligenciaron y que el señor Sánchez Rodríguez pudo solicitar otros remedios que tenía a su alcance. Por otro lado, la sentencia pone particular énfasis en que el demandante dejó pasar varios meses sin presentar ningún escrito ante el foro de instancia y aclara que las cartas enviadas a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, para conocer el estatus del diligenciamiento, no paralizaron el término para emplazar.

El 21 de agosto de 2008, el señor Sánchez Rodríguez presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal. Alegó que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar la sentencia y adujo que se le había adjudicado una responsabilidad que no le correspondía.

Examinada la moción de certiorari, concedimos a la AC un término de veinte días para mostrar causa por la cual no debiéramos expedir el auto solicitado y revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Ante la falta de contestación de la AC, y contando con la comparecencia del demandante, estamos en posición para resolver. Veamos.

I

La Regla 1 de Procedimiento Civil dispone que estas reglas se deben interpretar de forma que se garantice una solución justa, rápida y económica de los procedimientos. 32 L.P.R.A. Ap. III; Reyes v. Cantera Ramos, Inc., 139 D.P.R. 925 (1996). Es de conocimiento general que nuestro ordenamiento jurídico es adversativo y rogado, por lo cual las partes tienen el deber de ser diligentes y proactivos al realizar los trámites procesales. Este principio rector de nuestro derecho ha de respetarse desde la más temprana etapa de un caso, como lo es el emplazamiento, hasta la etapa de ejecución de la sentencia. Por consiguiente, el tribunal tiene la potestad para sancionar de diversas formas a las partes litigantes que dilatan innecesariamente los procesos.

El emplazamiento es el mecanismo procesal por el cual el tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona del demandado. Dicho mecanismo es una exigencia constitucional, ya que responde a las exigencias del debido proceso de ley. La Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que “[e]l emplazamiento será diligenciado en el término de seis (6) meses de haber sido expedido. Dicho término sólo podrá ser prorrogado por un término razonable a discreción del tribunal si el demandante demuestra justa causa para la concesión de la prórroga y solicita la misma dentro del término original. Transcurrido el término original o su prórroga sin que el emplazamiento hubiere sido diligenciado, se tendrá a la parte actora por desistida, con perjuicio”. Los tribunales deben observar celosamente las normas que gobiernan los emplazamientos ya que afectan su facultad de resolver controversias. Los requisitos de la Regla 4 de Procedimiento Civil, supra, son de estricto cumplimiento; es decir, su inobservancia priva al tribunal de jurisdicción sobre la persona del demandado. First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 901 (1998); Peguero y otros v. Hernández Pellot, 139 D.P.R. 487, 494 (1995).

Mientras, la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, regula lo concerniente a la dejadez o inacción de una de las partes y su resultado. La desestimación es la sanción más drástica que puede imponer un tribunal. Esta disposición establece lo siguiente: “si el demandante dejare de cumplir con estas reglas o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa propia o a solicitud del demandado, podrá decretar la desestimación del pleito ...”. Es decir, tanto la Regla 4.3(b) como la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, supra, son mecanismos que tiene a su disposición el tribunal para darle fin a un caso que ha sido desatendido por un litigante. A esos efectos, hemos expresado que “ ‘[l]a Regla 4.3(b) es un desarrollo paralelo de la 39.2(b) sobre desestimación del pleito por inactividad, y ambas tienen el mismo propósito de acelerar la litigación y despejar los calendarios, operando la primera en la temprana etapa del pleito’ ”. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 D.P.R. 855, 864 (2005).

Ambas medidas se apoyan en la economía procesal que persigue descongestionar los tribunales, de forma que se descarten los pleitos que simplemente atrasan el calendario: “El abandono del pleito por inactividad o la falta de emplazamiento dentro del término provisto por ley provocan demoras innecesarias que tienen consecuencias perjudiciales no tan sólo para un efectivo sistema de justicia, sino para el demandado.” Ortalaza v. F.S.E., 116 D.P.R. 700 (1985). Hemos de constatar que las dos disposiciones de Procedimiento Civil que nos conciernen acarrean tanto la desestimación con perjuicio, en el caso de la Regla 4.3(b), como la adjudicación en sus méritos, respecto a la Regla 39.2(b). Banco de la Vivienda v. Carlo Ortiz, 130 D.P.R. 730 (1992). Por ende, cuando la sentencia dictada advenga final y firme, tendrá el efecto de cosa juzgada y le cerrará las puertas a la parte perjudicada para instar casos subsiguientes por los mismos hechos o las causas de acción. Souchet v. Cosío, 83 D.P.R. 758 (1961).

Debido a los efectos de la desestimación, es menester que los tribunales atemperen su aplicación frente a la política pública de que los casos se ventilen en sus méritos. Ciertamente, el uso desmesurado de este mecanismo procesal puede vulnerar el propósito que persiguen los tribunales, que es impartir justicia. Por lo tanto, “al ser esta sanción la más drástica que puede imponer un tribunal ante la dilación en el trámite de un caso, se debe recurrir a ella en casos extremos”. Véase Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 D.P.R. 314 (2009).

II

De acuerdo con lo antes expuesto, no podemos concurrir con la decisión de los foros recurridos de desestimar con perjuicio la demanda instada. Ello es así porque los hechos particulares del caso requieren una consideración especial al interpretar el derecho aplicable. Cabe recalcar que resultaría injusto, y contrario al espíritu de las disposiciones antes citadas, una aplicación literal y automática de las Reglas de Procedimiento Civil. Ahora bien, resulta necesario considerar ciertos puntos que surgen de la sentencia recurrida. A saber, el Tribunal de Apelaciones consideró que: (a) se desprendía del expediente que el diligenciamiento de los emplazamientos se había ordenado desde el 6 de marzo de 2006 y que la parte demandante no desplegó la diligencia razonable al ver que la parte demandada no presentaba alegación alguna; (6) el derecho de acceso a los tribunales no le confiere al ciudadano la prerrogativa de abusar de los procedimientos judiciales, y (c) el juez no puede convertirse en abogado de una parte, son los abogados los que están obligados a dar una representación adecuada a sus clientes para así proteger adecuadamente sus intereses.

Ciertamente, el demandante no puede presentar una demanda y esperar a que el Secretario prepare y expida los emplazamientos correspondientes, sino que corresponde al demandante el deber de someterlos conjuntamente con la demanda. Una vez el Secretario expide el emplazamiento, el demandante debe gestionar su diligenciamiento. Bco. Des. Eco. v. AMC Surgery, 157 D.P.R. 150 (2002). Según el expediente, consideramos que la parte demandante cumplió con este proceso en cuanto a la demanda instada y la solicitud de expedición de los emplazamientos. Al dilatarse el proceso —por el traslado del caso de una región a otra— fue evidente que era necesario volver a ordenar la expedición de loa emplazamientos. Por lo tanto, el 6 de marzo de 2006, el tribunal ordenó que la Secretaria expidiera los emplazamientos con copia de la demanda y que fueran debidamente diligenciados por el Alguacil General de Ponce. Posteriormente, el 10 de octubre de 2006 y el 24 de abril de 2007, el señor Sánchez Rodríguez le envió dos cartas a la Secretaría del Tribunal, junto a una moción informativa para conocer sobre el estatus de la orden de diligenciar los emplazamientos. Sin embargo, tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones consideraron que la parte demandante tenía todavía otros remedios a su alcance y que al no servirse de ellos desatendió por completo el caso.

Por lo general, las mociones informativas no se consideran trámites judiciales que puedan paralizar el plazo de seis meses para diligenciar un emplazamiento expedido. Ello es así porque los pleitos deben de ser vistos en su fondo, con la mayor prontitud posible, para proveer un remedio justo sin peijudicar a la parte demandada al dejarla en estado de indefensión. Se busca evitar que las partes atrasen el proceso mediante inacción o frívolas e innecesarias mociones que no sirvan otro propósito que no sea minar la eficacia y rapidez de los trámites judiciales. Por eso, hemos expresado que no se puede dejar al arbitrio de un demandante o su abogado escoger la fecha cuando se tramitarán o procurarán los emplazamientos y, por ende, cuándo serán expedidos. Ello “[e]quivaldría a, injustamente y sin autoridad judicial, extender el periodo de tiempo que nuestro ordenamiento ha establecido como apropiado para emplazar a una parte”. Monell v. Mun. de Carolina, 146 D.P.R. 20, 25 (1998). No obstante, el tratadista Dr. José Cuevas Segarra opina que “un incumplimiento craso con el deber ministerial de la Secretaría en su obligación para expedir los emplazamientos, debe ser informada al Tribunal de inmediato para evitar planteamientos futuros sobre falta de diligencia y/o para obtener una prórroga en el cómputo del término”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. J.T.S., T. I, 2000, págs. 151-152.

Se deduce del expediente que el demandante le hizo constar al tribunal, en varias ocasiones, que no se le había notificado del estado de los procedimientos en cuanto a la expedición ni el diligenciamiento de los emplazamientos. De hecho, fue después de ese señalamiento que se le ordenó al Alguacil Regional de Ponce que evidenciara la ex-pedición y el diligenciamiento de los emplazamientos. A pesar de esto, a los seis meses desde que se le ordenó evidenciar que se habían acatado las órdenes, el Alguacil Regional de Ponce no había respondido al requerimiento.

El caso ante nos es singular y reviste un alto interés público, ya que se trata de un confinado que reclama una crasa violación a la Carta de Derechos de nuestra Constitución. No atendemos un caso en el cual una parte, debidamente representada, puede tener un propósito ulterior en alargar o retrasar los procedimientos como parte de una estrategia forense. Al contrario, en el caso de autos se trata de una persona privada de su libertad y que reclama, mediante mociones informativas, que se le informe sobre el estado de los emplazamientos ordenados para así poder iniciar un pleito sobre daños y perjuicios porque alega que fue víctima de castigo cruel e inusitado. Además, resulta difícil entender la presente situación como de inactividad por parte del demandante, cuando éste se encuentra confinado y el control del proceso está en manos del tribunal. Es evidente que el diligenciamiento le correspondía, según surge de la orden, al Alguacil Regional de Ponce. Ciertamente, la desestimación por falta de diligencia puede ser la sanción justa y correcta en casos extremos de clara e injustificada falta de diligencia. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807 (1986). No es esa la situación que confrontamos en este caso pues, independientemente de que se hayan diligenciado los emplazamientos, el señor Sánchez Rodríguez nunca conoció el resultado de los trámites que hizo el Alguacil Regional de Ponce. No hubo abandono total ni parcial del caso por parte del señor Sánchez Rodríguez. Tampoco cabe concluir que el demandante abusó de los procedimientos judiciales dilatando el proceso. Simplemente, éste no es el caso extremo de clara e injustificada falta de diligencia que amerite una desestimación con perjuicio.

Aunque la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, supra, faculta al tribunal para desestimar con perjuicio, esto no es automático y debe aplicarse en conjunto con la jurisprudencia interpretativa. Esta nos aclara que “el tribunal deberá imponer primeramente sanciones económicas al abogado de la parte demandante. Si éstas resultan ser insuficiente procede la sanción de desestimación o eliminación de alegaciones, sólo después de que la parte haya sido informada o apercibida de la situación y de las consecuencias que puede tener el que ésta no sea corregida”. Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494 (1982). En el caso ante nos, el Tribunal de Primera Instancia recurrió a la desestimación como primera opción. Además, no entró a considerar otros factores como la diligencia del señor Sánchez Rodríguez de informar constantemente al tribunal de la falta de diligencia en los emplazamientos, junto a su debida notificación, y la negativa del Alguacil Regional de Ponce de contestar los requerimientos.

Del texto de la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, supra, y de su jurisprudencia interpretativa, se desprenden los requisitos siguientes: “primero, que el término para emplazar es de seis meses; segundo, que dicho término puede ser prorrogado discrecionalmente por el tribunal de instancia, aun expirado el plazo; tercero, que la prórroga para emplazar se autorizará sólo por justa causa, y cuarto, que el incumplimiento con el término provisto acarrea la desestimación con peijuicio de la demanda.” Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra, pág. 864. Conforme a lo antes citado, la concesión de la prórroga depende de la discreción del tribunal y se fundamenta en la existencia de justa causa. Ésta se define como “[a]quella ... ajena a la causa legal, que está basada en motivos razonables, y debe existir una razón honesta y regulada por buena fe”. I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, San Juan, Lexis Publishing, 2000, pág. 142.

No hay evidencia de que el señor Sánchez Rodríguez haya actuado de forma deshonesta o que no se haya preocupado por la puesta en marcha del pleito instado. El demandante, a su vez, presentó una moción en la que se opuso a la desestimación del caso. En la misma, desglosó detalladamente sus intentos fallidos de agilizar e iniciar el juicio y argüyó su situación precaria al denunciar la falta de acción de la parte demandada. Recae sobre el demandante la carga de justificar con hechos y circunstancias del caso la razón o el motivo para su inacción dentro del término original, “justificación que necesariamente debe estar atada al sentido de justicia que impregna la reclamación del promovente”. (Énfasis nuestro.) First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 901, 915 (1998). Dicho lo anterior, el texto de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia omite y no toma en consideración la Moción en Oposición a la Desestimación de 25 de noviembre de 2007. En dicha moción, el señor Sánchez Rodríguez expresó claramente la razón por la cual no había comenzado el juicio. No considerar la moción constituye un error craso que le violenta el derecho al demandante de tener su día en corte. Recordemos que “[e]l tribunal siempre debe procurar un balance entre el interés en promover la tramitación rápida de los casos y la firme política judicial de que los casos sean resueltos en sus méritos”. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra, pág. 864.

El Tribunal de Apelaciones enfatiza en su sentencia que un juez no puede convertirse en abogado de una parte, sino que son los abogados los que están obligados a dar una representación adecuada a sus clientes para así proteger adecuadamente sus intereses. Este señalamiento no aplica en este caso. El demandante era un confinado sin representación legal, que litigaba de forma pauperis y por derecho propio. Además, la expedición y el diligenciamiento de los emplazamientos era responsabilidad del Alguacil General de Ponce y es evidente que la orden del tribunal estuvo casi dos años sin cumplirse. Si, en efecto, se deduce del expediente que se ordenaron los emplazamientos y dicha orden fue cumplida —como dictaminó el Tribunal de Apelaciones— entonces le correspondía a la AC contestar la demanda y formular sus alegaciones. La demora en diligenciar los emplazamientos no se puede atribuir al demandante. Todo lo contrario, el señor Sánchez Rodríguez fue el único que tuvo, desde su celda, algún tipo de diligencia para velar porque este pleito comenzara. Además, la notificación nunca le constó al demandante, ni por carta del Tribunal de Primera Instancia ni por la contestación de AC a la demanda. En fin, desestimar con perjuicio el presente caso equivaldría a castigar a la parte demandante por una falta de diligencia de la cual no es responsable. Por todo lo antes expuesto, se expide el auto de certiorari, se revoca la sentencia recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los procedimientos.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no interviene.