author: JUEZ ASOCIADO. SE. DEL TORO, JUEZ ASOCIADO SR. WOLE. JUEZ ASOCIADO SR. ALDREY CON LA CUAL ESTA CON-EORME EL JUEZ PRESIDENTE SR. HERNANDEZ.

text:
    Del Rosario et al., Demandantes, Apelantes y Apelados, v. Rucabado et al., Demandados, Apelados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito'de Guayama en causa sobre reivindicación.
    No. 1177.
    Resuelto en reconsideración en enero 28, 1916.
    En este caso los Jueces Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Alclrey votaron por la revocación de la sentencia en la parte apelada por los demandados, mientras que los Jueces Sres. Wolf y del Toro votaron por la confirma-ción, de dicha parte de la sentencia, y habiendo empate en esta votación por no haber intervenido el Juez Aso-ciado Sr. Hutchison, que fue el juez sentenciador, queda firme la sentencia en la parte apelada por los deman-dados.
    SUMARIO DE LA OPINION EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SR. DEL TORO.
    JURISPRUDENCIA — CONFLICTO ENTRE SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE LOS Estados Unidos y la de Puerto Rico. — Cuando existe conflicto entre una sentencia de la Corte Suprema de Puerto Rico y otra' de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la jurisprudencia establecida por la última debe pre-valecer.
    Bienes de Menores — Pago de Deuda — Entrega de Bienes.' — De acuerdo con la ley vigente en Puerto Rico en 1892, una'viuda y un tutor ad litem no tenían autoridad para entregar los bienes de un .menor en pago de una deuda de su difunto padre por medio de venta privada, y no existía facultad en juez alguno para aprobar una partición voluntaria como la de que se trataba en este caso. Longpré v. Diaz', 237, U. S., 512.
    Id. — Entrega de Bienes — Nulidad—Reivindicación—Rescisión de Partición.— En Puerto Rico, la entrega de bienes de un menor por medio de venta privada no autorizada por la ley local, aun cuando fuere aprobada por un juez, es nula, y el menor, al llegar a su mayor edad, tiene derecho a entablar una acción de reivindicación bajo las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico que regían entonces y que eran aplicables a este caso, sin antes solicitar la rescisión de la partición. Longpré v. Diaz, 237 U. S. 512.
    Partición de Herencia — Adjudicaciones a Acreedores en Pago de Deudas-Menores de Edad — Autorización Judicial. — Son totalmente nulas las adju-dicaciones en pago de deudas hechas directamente a los acreedores en la par-tición de una herencia en que existen menores de edad, sin haberse obtenido previamente la autorización judicial que para la venta de bienes de menores exigen las leyes.

      Apelación — Jurisdicción—Sentencia.—Guando sólo se apela de parte de una sentencia, el Tribunal Supremo no tiene jurisdicción para considerar y resolver los pronunciamientos relativos a la parte de la misma no apelada.
    Reivindicación — Acción Beivindicatoria — Nulidad de Adjudicaciones — Cues-tión a Decidir. — No obstante haberse ejercitado en este caso la acción rei-vindicatoría, la demanda contiene otras súplicas, entre ellas las de que se declaren nulas ciertas adjudicaciones, y se ordene la cancelación producida por las mismas en el registro de la propiedad. Diehas nulidades y cancelaciones, según la teoría adoptada finalmente por el juez sentenciador, llegaron a ser las únicas cuestiones resueltas en definitiva en el qileito. Se resolvió: Que siendo las adjudicaciones de que se trata totalmente nulas según la juris-prudencia establecida en la misma opinión, y atendidas todas las circuns-tancias concurrentes, las cuestiones suscitadas pueden considerarse y resol-verse en este pleito, no obstante haberse declarado sin lugar la acción de reivindicación.
    SUMARIO DE LA OPINIÓN EMITIDA POR. EL JUEZ ASOCIADO SR. AUDREY.
    Reivindicación — Acción Reivindicatoría — Restitución de Bienes — Frutos y Rentas — Apelación — Reclamación Accesoria. — Cuando un demandante, ejercitando la aceión reivindicatoría de una tercera parte de una finca, pide que se le restituya en la posesión y dominio de la misma, y que se le concedan los frutos y rentas producidos y dejados de percibir, si la sentencia niega la restitución, y no apela de esa parte de ella, no solamente eareee de derecho para obtener dichos frutos y rentas por ser esa reclamación accesoria de la reivindicatoría denegada, sino que la Corte Suprema carece de jurisdicción para considerar la cuestión sobre restitución, por falta de apelación, por lo que en este caso concreto a ningún fin práctico conduce la consideración del' caso de Longpré v. Díae, 237 U. S. 512.
    Id. — Nulidad de Títulos — Título del Demandado. — Antes de que pueda deci-dirse sobre la nulidad del título de una persona de quien se trata de reivin-dicar determinada propiedad, es preciso que se pruebe el título de la persona que pretende la reivindicación.
    Id. — Alegaciones sobre la Nulidad del Título del Demandado — Defensa.— Aun cuando además de las alegaciones para la aceión reivindicatoría contenga la demanda otras para demostrar que el título del demandado es nulo y se solicite, que así se declare, si el título con que reclama ol demandante no tiene que surgir de la. declaración de nulidad del título del demandado, tales alega-ciones sobre nulidad deben considerarse únicamente' como un anticipo de defensa y no deben resolverse cuando no prospera la acción a la cual se opone.
    Id. — Nulidad—Efecto de la Acción Principal de Reivindicación — Pronuncia-miento en Cuanto a Aquella. — Cuando las nulidades que se piden en una demanda no son causa sino efecto de la acción principal de reivindicación que se ejercita, si ésta es improcedente, huelga hacer pronunciamiento sobre aquéllas.
    Los hechos están expresados en las opiniones.
    Abogados de los demandantes-apelantes: Sres. Adolfo Do-nes y Damián Monserrat., Jr.

      Abobados de los demandados y apelantes: Sres. Muñoz & Brown.

   OPINIÓN EMITIDA POR EL

JUEZ ASOCIADO. SE. DEL TORO,

CON LA CUAL ESTÁ CONFORME EL JUEZ ASOCIADO SE. WOLE.

Este es1 nn caso en el cual está envuelta la adjudicación de bienes de menores en pago de deudas contraídas por su cau-sante. Esta Corte Suprema, lo consideró y decidió en mayo 24 de 1915 declarando con lugar el recurso interpuesto por los demandados Mateo Rucabado y Manuel Otero, y sin lugar el establecido por los demandantes, y revocando, en su con-secuencia, la sentencia apelada. Luego los demandantes, el 29 de junio de 1915, pidieron la reconsideración de nuestro fallo, fundándose principalmente en que la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso de Longpré v. Díaz, 237 U. S. 512, había establecido una doctrina contraria a la sen-tada por nosotros al resolver la cuestión esencial envuelta en nuestra decisión. T esta corte, por resolución de 7 de julio de 1915, acordó la reconsideración solicitada y ordenó 'la cele-bración de una nueva vista que se fijó para el 16 de noviembre de 1915, en cuya fecha comparecieron los abogados de ambas partes e informaron oralmente, habiendo archivado además alegatos escritos en apoyo de sus respectivas pretensiones.

Los demandados Rucabado y Otero sostuvieron en su ale-gato y en el acto de la vista, como cuestión previa, que esta corte no debió haber reconsiderado su sentencia, (a) por no haberse presentado la moción ni en tiempo ni en forma; (b) porque la moción debió discutirse previa y separada-mente antes de ordenarse la nueva vista del caso, y (c) por-que aun suponiendo que se hubiera presentado en tiempo y forma, la moción no contenía fundamentos suficientes para conceder la reconsideración solicitada. Los demandados ci-taron muchas autoridades en apoyo de las anteriores alega-ciones. Tal vez tengan razón. Quizás, basándose en cues-tiones técnicas, esta corte pudo negarse a reconsiderar su decisión de 24 de mayo último. Pero es lo cierto que esta corte creyó que no debía perderse tiempo alguno en fijar ] jxirisprudencia que debía prevalecer en una cuestión de di reclio tan importante, y en bien de la comunidad y tenienc aún poder sobre su fallo, lo reconsideró, abriendo de nuevo los recursos a las alegaciones de las partes.

Expuesto lo que antecede veamos lo que resulta de .los autos. De un examen cuidadoso de las alegaciones y de las pruebas aparece que el 25 de octubre de 1902 falleció en el pueblo de Cayey, P. R., Luz María del Rosario, sin otorgar testamento. El 25 de octubre de 1903, la corte competente declaró como herederos suyos, a sus legítimos hijos María Dolores, Ramón Miguel, Josefa Antonia, Luz Salomón, Francisco Rafael y Julio César, y a su viuda Juana Bayonet. Luego en 9 de diciembre de 1903, se resolvió por sentencia judicial que Eduardo y Juan Pablo Rosario Melendez, San-dalio Rosario Torres y Marcelina y Luz Rosario Rivera, eran hijos naturales reconocidos del dicho Luz María del Rosario, y Alejandrina Manzano Rosario, nieta natural reconocida del mismo, quedando así formada la sucesión de Luz María del Rosario por seis hijos legítimos, la viuda, cinco hijos natu-rales reconocidos y una nieta natural reconocida.

Conocidos los herederos, sé procedió por los abogados Antonio Sarmiento y Luis Muñoz Morales, contadores-parti-dores nombrados al efecto, a llevar a cabo las operaciones de inventario, avalúo, liquidación y división de los bienes deja-dos por' el causante. Los demandantes, que eran entonces todos menores de edad, fueron representados en las opera-ciones por su defensor Juana Campos, nombrado para tal acto por la corte. Se reconocieron ciertas deudas existentes a favor de los demandados Mateo Rucabado, Robustiano Melendez, Manuel Otero Yalera y José Ramírez Muñoz, y para satisfacerlas se acordó adjudicar y se adjudicó a dichos acree-dores en pago de sus créditos determinadas fincas rústicas. Las operaciones fueron aprobadas por la Corte de Distrito de Humacao y se protocolizaron en la notaría de Cayey el 4 de junio de 1904. Los acreedores entraron en el disfrute de las propiedades adquiridas e inscribieron sns títulos en el registro de la propiedad correspondiente.

Así las cosas, los Rijos legítimos del repetido Luz María del Eosario, iniciaron el presente pleito solicitando: 1°., qne se declaren nnlas en nna tercera parte las adjudicaciones a qne nos Remos referido; 2°., qne se cancelen, también en cnanto a nna tercera parte, las inscripciones de dicRas adju-dicaciones en el registro de la propiedad; 30.,'qne los deman-dados Meléndez, Encabado, Otero y Eamírez pagnen a los demandantes ciertas sumas de dinero por el importe de los frutos y rentas producidos y dejados de percibir por los de-mandantes durante el tiempo en qne éstos Ran sido privados de sns condominios; 4?. qne se restituya a los demandantes en la posesión y dominio de nna tercera parte.de todas y cada nna de las fincas adjudicadas, y 5°., qne los demandados pagnen las costas y Ronorarios de abogado.

Los demandados Encabado y Otero excepcionaron y con-testaron la demanda por medio de sus- abogados Muñoz y Brown; el demandado Eamírez excepcionó y contestó la de-manda por medio de su abogado Antonio Sarmiento, y la demandada Alejandrina. Manzano contestó la demanda por medio de sus abogados Palacios y Tous Soto, limitándose a aceptar como ciertos los Rechos alegados por los demandantes “pero entendiéndose que las fincas que se reivindican deberán ser restituidas, así como sus frutos y rentas, a todos los Rere-deros de Don Luz María del Eosario para ser distribuidas entre ellos en la forma legal correspondiente.” Con respecto a los otros demandados no consta que Ricieran alegación al-guna, ni siquiera aparece qne fueran emplazados. En el acto del juicio, a petición de los demandantes, fueron eliminados de la demanda los demandados Eamírez y Meléndez.

Practicadas las pruebas ofrecidas por las partes que con-currieron a.1 juicio, que fueron al parecer únicamente los demandantes y los demandados Eucabado y Otero, se dictó sentencia declarando con lugar la demanda en cuanto a las peticiones primera y segunda, y sin lugar en cuanto a las peticiones tercera y cuarta, todo sin especial disposición en cuanto a las costas “y sin perjuicio de cualquier derecho que pudieran tener los demandados a los frutos y rentas alegados y no probados una vez establecido tal derecho y demostrada la cuantía de dichos frutos y productos en cualquiera otra acción adecuada, o de cualquier otro derecho que' pudieran tener ellos o cualquiera de las partes y que no ha sido expresa y definitivamente resuelto por esta sentencia.” De suerte que la sentencia de la corte de distrito se limitó a declarar nulas en una tercera parte las -adjudicaciones hechas a favor de los demandados Encabado y Otero de las fincas descritas en la demanda, llevadas a cabo en las operaciones divisorias de la herencia de Luz María del Eosario Torres, y a ordenar la cancelación de las inscripciones causadas por dichas adju-dicaciones en el registro de la propiedad, también en cuanto a una tercera parte.

Los demandantes apelaron de aquella parte de la sentencia referente a la no concesión' de las rentas y productos de las fincas en cuestión, y de aquella otra que resolvía la cuestión de costas y honorarios dé abogado. Los demandados Euca-bado y Otero manifestaron su no conformidad con la sen-tencia dictada y apelaron de ella para ante este tribunal.

Expuestos los anteriores hechos este Tribunal Supremo entró, en su decisión de mayo 24 de 1915, a examinar la apela-ción interpuesta por los demandados Eucabado y Otero, y se expresó así:

# Prescindiendo de las objeciones que pudieran tal vez suscitarse con respecto a si los demandantes tienen derecho a entablar éste pleito en la forma en que lo hicieron, procederemos a estudiar y a resolver en su fondo la alegación fundamental en que descansa la demanda de los legítimos hijos de Luz María del Rosario, a saber: que las adjudicaciones en pago de deudas hechas a los demandados Rucabado y Otero son nulas porque entrañan actos constitutivos de verdaderas enajenaciones y no se obtuvo antes la autorización de la corte competente para llevarlas a efecto.
- “No hay duda alguna con respecto a la calificación que debe darse a Una-adjudicación de una finca' en pago de deudas. Dicha adjudi-caeión envuelve claramente la enajenación de un bien inmueble. Tampoco hay duda alguna con respecto al hecho de que en la fecha en que tuvieron lugar las adjudicaciones de que se trata en este caso, lo mismo que hoy, la ley exigía la previa autorización judicial para la venta de bienes inmuebles pertenecientes a menores.
“Ahora bien. • ¿Se trata en este caso de una enajenación pura y simple de bienes inmuebles pertenecientes a menores? Veámoslo.
“El legislador ha dictado reglas amplias y precisas con respecto a lo que debe hacerse cuando muere una persona dejando bienes. Entre esas reglas existe una que dice: ‘‘Los acreedores reconocidos como tales podrán oponerse a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que se les pague o afiance el importe de sus créditos.’ Artículo 1049 del Código Civil Revisado y 1082 del antiguo. Co-mentando Manresa dicha regla se expresa como sigue:
“ ‘Los herederos tienen desde luego la facultad de partir o dividir la herencia; pero sólo deben comprenderse en la división los bienes y derechos que queden después de cumplidas las obligaciones o pagadas las deudas de la sucesión; lo contrario sólo conduce a hacer figurar como herencia lo que realmente no lo es, y a mezclar en la división valores que no pertenecen a los herederos.’ 7 Manresa, Código Civil Español, 756. »
’“En el presente caso murió una persona, Luz María del Rosario, dejando bienes y sin otorgar testamento. Se procedió al nombra-miento de contadores partidores y éstos inventariaron, valuaron, liqui-daron y partieron el caudal hereditario. Existían deudas y se eon-■vino con los acreedores en pagarlas adjudicándoles al efecto ciertas fincas. Había herederos menores de edad y se les nombró un defensor que los representara, sometiéndose luego las operaciones practicadas a la aprobación de la corte.
“Los herederos, entre ellos los menores representados por su de-fensor, estuvieron conformes. Si se hubiera tratado de herederos todos mayores de edad, su conformidad hubiera sido suficiente, pero existían menores y se acudió a la corte de justicia competente a fin de que impartiera, como impartió, su aprobación.
“Es cierto que los menores hijos tuvieron desde el momento de la muerte de su padre una participación en todos los bienes dejados por el mismo, pero- también lo es que de acuerdo con la ley se pro-cedió a liquidar la herencia y a pagar las deudas, siendo únicamente el remanente que quedara lo que en verdad correspondía a los here-deros mayores o menores de edad. La herencia, dijo el Rey Sabio en la Ley 8a., es ‘la heredad, e los bienes e los derechos de alguñd finado, sacando ende las debdas que devía e las cosas que y fallaren agenas. ’
“Por eso la Dirección General de los Registros resolvió en 9 de febrero de 1887 que los bienes qne se adjudican en pago de deudas, pasan directamente del causante a los acreedores. Por eso debe con-testarse en la negativa la pregunta que formulamos al principio. Una adjudicación d'e bienes inmuebles en pago de deudas hecha al liquidarse y partirse una herencia, en la que existen herederos me-nores de edad, no debe calificarse como un acto aislado de enaje-nación, a los efectos de las prescripciones del Código Civil sobre autorización judicial para enajenar bienes a menores, sino como un acto de partición que debe regularse por las que gobiernan la materia.
“Son dos casos distintos y para ambos fijó el legislador ciertos trámites tendentes a asegurar el derecho del menor. Cuando el menor es dueño en absoluto de un bien inmueble, entonces para poderlo ena-jenar es necesario que se obtenga la previa autorización judicial, que debe concederse sólo cuando se demuestra la utilidad o la necesidad de la enajenación. Pero cuando el menor tiene sólo un derecho here-ditario, sujeto a liquidación, no es necesario acudir a la autoridad judicial para demostrar previamente la necesidad o la utilidad del pago de las deudas, ya que la necesidad de dicho pago es manifiesta.
“En ambos casos interviene el poder judicial. En el primero, como es natural, previamente, porque el caso surge durante la admi-nistración de los bienes del menor y se debe a causas varias que requie-ren un estudio especial antes de que pueda decidirse si la transacción que se propone es o nó beneficiosa o necesaria para los intereses del menor. .En el segundo, la intervención judicial viene lógicamente al fin, porque la necesidad del pago de las deudas del causante ha sido ya fijada previamente por el’ legislador, y lo que la ley requiere para mayor garantía del menor es que la corte examine y apruebe o no, según el caso, las operaciones particionales en que intervenga, antes de que puedan surtir todos sus efectos.
“Citan en su alegato los demandantes varias resoluciones de la Dirección General de los Registros en apoyo de la teoría que susten-tan. Dicho centro resolvió primero, el 9 d'e febrero de 1887, que cuando se adjudicaban a un heredero determinados bienes para el pago de deudas, aun cuando existieran herederos menores de edad, no era necesario solicitar la previa autorización judicial para la ena-jenación del derecho que los menores tuvieren en los bienes adjudi-cados, y luego, en las varias resoluciones que citan los demandantes, distinguió el caso indicado de aquel en que se adjudican directamente los bienes al acreedor en pago de su crédito. Hemos meditado mucho con respecto al fundamento que pudo tener la Dirección para dife-renciar ambos casos y no hemos encontrado ninguno que nos parezca razonable. Para nosotros la naturaleza de las transacciones en los dos casos es la misma, constituyendo ambos actos de partición y no enajenaciones especiales de bienes inmuebles pertenecientes a menores.
“Siendo ese nuestro criterio, cae por su base la demanda estable-cida. La partición se llevó a efecto de acuerdo con la ley y no puede por tanto decretarse su nulidad en cuanto a las adjudicaciones de bienes para el pago de las deudas de la herencia.
“Debe, por consiguiente, declararse con lugar el recurso inter-puesto por los demandados ftucabado y Otero, sin que baya necesi-dad de discutir siquiera el entablado por los demandantes que debe declararse sin lugar.”

Así las cosas, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en junio 1 de 1915, resolvió el caso de Longpré v. Días, supra. A continuación transcribimos los hechos tales como aparecen en la opinión de la corte emitida por el Juez Presidente "White y la consideración y resolución de la cuestión de derecho que afecta a este caso que estamos considerando y resolviendo:

‘ ‘ Clemente Díaz y González, vecino de Yieques, Puerto Eieo, murió allí en abril de 1890, dejando una viuda y un hijo pequeño, fruto de su matrimonio. El difunto era dueño, según el registro, de una parcela de terreno dedicada a la agricultura y denominada ‘Destino,’ así como de otras parcelas pequeñas y de poco valor, siendo todas ellas .bienes privativos adquiridos antes de su matrimonio. De acuerdo con las disposiciones del código se reconoce al menor como único heredero legal de su padre, habiendo adquirido el primero todos los bienes del segundo sujetos sin embargo al usufructo de una tercera parte a favor de su madre, la viuda. En abril de 1892 y en un juicio de conciliación ante un juez municipal, preparatorio al pleito que entablaría Eamón Aboy Benitez sobre cobro de una deuda contra ]a sucesión, la viuda admitió que Aboy era acreedor de la sucesión en la suma de 3,000 pesos y pico, deuda que fué probada en su mayor parte por los pagarés firmados por el difunto, siendo el resto el im-porte de cuentas de médico y de contribuciones, así como por dinero adelantado para el sostenimiento d'e la viuda e hijo. El acreedor, ■ al parecer de conformidad con ese reconocimiento de deuda, convino en aguardar para su pago hasta marzo de 1893 en que expiraba un1 arrendamiento existente sobre la finca ‘Destino’ a favor de la socie-dad agrícola Mourraille & Martineau. En agosto de 1892 y a peti-' eión de la viuda, el Juzgado de Primera Instancia de Humacao, dentro de cuya jurisdicción se encontraba Yieques, reconoció al menor como ■ único heredero de su padre y como tal con derecho a la herencia, sujeta ésta al usufructo de la viuda como antes hemos dicho. La corte a petición de la viuda, más tarde nombró a un tío del menor por línea paterna, Santos Díaz y González, tutor, ad litem de aquél, para que procediera en lugar del menor y lo representara en todos aquellos asuntos en que por conflicto de intereses o por cualquier otra causa, su madre estuviera incapacitada para hacerlo. Algún tiempo después Aboy, por medio de escritura, traspasó a la firma de Mourraille & Martineau la mayor parte de la deuda reconocida, inter-viniendo la viuda en la escritura con el objeto de tomar conocimiento del traspaso y además para reconocer algunas deudas pequeñas que la sociedad tenía contra la sucesión.
“Con el propósito de hacer una partición extrajudicial, la viuda ■y el tutor ad litem conjuntamente nombraron un contador con'tal objeto, quien preparó un convenio para la llamada partición, el cual fué otorgado por las partes en diciembre 27 de 1893. En ese con-venio se consignó el pasivo d'e la herencia, así como el activo, que fué valorado, disponiéndose de todos los bienes que constituían la herencia. Para los efectos del caso baste decir que como la deuda a favor de la sociedad Mourraille & Martineau alcanzaba exactamente a una suma igual al valor que se había dado a la finca ‘Destino,’ ésta fué tras-pasada y entregada a dicha sociedad en pago de su deuda, siguiéndose idéntico procedimiento y traspasándose otra propiedad a Aboy en pago de su deuda relativamente pequeña. El escaso remanente de los bienes hereditarios fué adjudicado al menor, sujeto al usufructo de la tercera parte a favor de su madre. Para convertir ese con-venio privado de partición voluntaria y extrajudicial en ún docu-mento público inscribible, la viuda, el día 1 de febrero de 1894 com-pareció ante un notario,, y, exhibiendo el contrato, lo depositó en los archivos de la oficina de aquél después de hacer las manifestaciones al efecto. Ya hecho esto, una copia del contrato tal como había sido autenticado y archivado fué presentada al juez de Primera Instancia de Humaeao para su aprobación, que fué impartida con instrucciones al registrador de inscribir el contrato en el registro tal como había sido autenticado. En abril de 1894 ésta se llevó a cabo, y de ese modo el título sobre, la finca ‘Destino’ que aparecía en el registro a nombre del difunto Díaz, pasó a la sociedad Mourraille & Martineau. Se ha admitido, sin embargo, que en el entretanto, o sea en febrero de 1894, y en virtud del traspaso efectuado por medio del llamado convenio de partición, se hizo entrega de la posesión de la finca ‘Destino’ a la sociedad, la cual la poseyó afirmando así el derecho de propiedad sobre la misma.
“Por escritura notarial otorgada en mayo de 1894 e inscrita en el registro, y con el objeto de repartir el activo de la sociedad Mou-rraille & Martineau entre los socios, el título de la finca ‘Destino’ fué traspasado por la sociedad a Víctor Mourraille. Al fallecimiento de éste que, aunque su fecha no aparece muy claramente del récord ocurrió probablemente en enero de 1895, la propiedad pasó a los de-mandantes en error, su viuda y herederos. No aparece si adquirieron por herencia intestada o testada, pero esto es inmaterial pues se ha admitido que los derechos d'e que ellos disfrutaban eran sólo una con-tinuación de aquellos que el propio Mourraille tenía en virtud del traspaso de la finca ‘Destino’ a la sociedad y de la adjudicación de la misma a Mourraille en la división del activo d'e la sociedad.
“Más de veinte años después del fallecimiento de su padre, el menor Clemente Díaz, habiendo sido emancipado, entabló en una corte local de Puerto Rico este pleito contra los actuales demandantes en error, la viuda y herederos d'e Mourraille, para reivindicar la finca ‘Destino’ adquirida por ellos con anterioridad en las circunstancias antes mencionadas. Los demandados hicieron trasladar el caso a la corte inferior y rebatieron con éxito una moción de devolución del caso a la corte primitiva. Entonces la demanda fué- enmendada en el sentido de que el demandante era el dueño de la propiedad debida-mente inscrita a su favor, y que su posesión había sido erróneamente interrumpida en 1894 por la acción de los demandados o de su cau-sante al posesionarse de ella. Se hizo una breve exposición de los hechos que hemos enumerado anteriormente, con súplica de recobrar 3a finca ‘Destino’ con sus frutos y rentas desde la adquisición en 1894. Pué presentada una contestación que fué excepcionada por insu-ficiente. Parece ser que antes de resolverse la excepción, se presentó una contestación enmendada y más completa. En esta contestación los hechos que hemos expresado anteriormente fueron sustanciaimente admitidos. La facultad del demandante para demandar fué negada: primero, porque como heredero de su padre no tenía derecho a hacerlo; y segundo, porque no tenía derecho a recobrar la propiedad sin antes presentar una acción con el fin d'e rescindir las operaciones partieio-nales y el derecho inscrito resultante de las mismas, impugnando en su consecuencia dichas operaciones. La falta de un derecho a reco-brar, como cuestión de méritos, fué controvertida; primero, por el alegado término de prescripción; segundo, por la validez de las ope-raciones particionales y el efecto concluyente de la sentencia apro-bando las mismas, dictada por corte competente; tercero, porque una acción para rescindir tales procedimientos estaba impedida por la prescripción alegada; cuarto, porque en todo caso el demandante no tenía derecho de acción para recobrar los frutos y rentas de la finca pues durante su menor edad eran cobrables, si estaban vencidos, por su madre como administradora de su herencia, y puesto que, aun cuando existiera, la acción para recobrar, los frutos y rentas no podían ser exigidos a Mourraille que había procedido de buena fe, ni a los demandados, sus causahabientes, que también habían procedido de buena fe. Esta contestación también fué excepcionada por no ser materia de defensa. .La corte declaró con lugar la excepción en cuanto impugnaba la suficiencia de las defensas técnicas de la con-testación basadas en que las llamadas operaciones particionales eran nulas y en que la aprobación del juez de Primera Instancia de Hu-macao era también nula por no tener éste jurisdicción para resolver sobre la materia, como lo había hecho. La contestación fué de nuevo enmendada. Las defensas de méritos relativas a la falta de dere-cho a recobrar la propiedad o sus frutos y rentas y a la prescrip-ción ftieron de nuevo alegadas, y además fué presentada una .contra-demanda en donde se alegaba que los demandados en caso de que re-cobraran tenían derecho a recobrar también el importe de la deuda a favor de Mourraille & Martineau que había sido usada en las llama-das operaciones particionales para adquirir la finca ‘Destino,’ dicho importe'con intereses al 6 por ciento.
“Bajo las cuestiones planteadas en esa contestación y contra-demanda, el caso fué finalmente visto ante un jurado. Al comenzar-el juicio el demandante, para probar su título, y después de establecer su derecho hereditario, presentó los documentos que acreditaban el hecho de la partición antes mencionada, y habiendo los demandados manifestado su intención de no presentar mayor prueba sobre esta cuestión, la corte, aplicando' la conclusión a que había llegado al resolver la excepción de absoluta, nulidad de la venta particional,. instruyó al. jurado que en la cuestión de título debería haber un veredicto a favor del demandante. Entonces se siguió el juicio sólo en cuanto al derecho a recobrar frutos y rentas, no presentándose-prueba en cuanto a algún otro particular. Las partes convinieron en que de cualquier cantidad que fuera asignada por frutos y rentas, se deduciría una tercera parte bajo la base de que pertenecía a la viuda de Díaz, madre del demandante, en virtud del usufructo, no-quedando por consiguiente dicha tercera parte envuelta en el juicio. Además, se admitió que la reclamación establecida en la contrade-manda era válida y debía darse un veredicto en el sentido de que-se recobrara la suma reclamada con sus intereses. Se presentó gran cantidad de prueba en cuanto a la cuestión de frutos y rentas y los demandados tomaron algunas excepciones a las resoluciones de la corte-admitiendo prueba pertinente, basadas dichas excepciones en que con¡ la admisión de esa prueba se ofrecía oportunidad al cobro de daños indeterminados. Los demandados pidieron específicamente se instru-yera al jurado que si ellos Rabian procedido de buena fe no estaban obligados al pago de frutos y rentas, y Rabiándose negado la corte, tomaron excepción. T también se tomó excepción en cuanto al de-reefio del demandante a recobrar frutos y rentas por la época en que era menor, fundándose en que durante ese tiempo era su madre la que administraba su propiedad. Hubo veredicto y sentencia en cuanto a la finca y a los frutos y rentas durante todo el tiempo de la deten-tación ya por Mourraille & Martineau, ya por el propio Mourraille, o por los demandados causababientes de éste.
“Veintisiete errores Ran sido alegados, pero nos limitaremos a considerar aquellas cuestiones que Ran sido planteadas en las alega-ciones. La validez y efecto de las Ramadas operaciones particionales sobre el derecRo a la finca en litigio, gobierna las demás cuestiones presentadas y nosotros por lo tanto, al igual que la corte inferior, consideraremos primeramente dicRa cuestión. Aun cuando es obvio que la propiedad dejada por el difunto y que pasó a su Reredero el menor, estaba gravada por las deudas del difunto y sujeta a una venta legal para el pago de las mismas, creemos'es indiscutiblemente cierto que Rabia una absoluta carencia de facultades por parte de la viuda y del tutor ad litem para entregar la propiedad del menor en pago de una deuda reclamada contra los bienes de su padre. Decimos esto porque la llamada partición y la venta de la propiedad por medio de contrato privado, estaban completamente fuera de las disposiciones de la ley sobre administración y venta de los bienes de un menor y por consiguiente dicRo contrato privado no podía crear derecRo alguno en conflicto con el título Rereditario del menor. Aun más, somos de opinión que por igual fundamento resulta concluyente que el juez de Primera Instancia de Humacao carecía en absoluto de jurisdicción para aprobar las llamadas voluntarias operaciones particionales y que consiguientemente ningún derecRo puede nacer de tal aprobación. No nos detenemos a Racer referencia a las disposiciones de la ley local que fueron en absoluto ignoradas en la venta privada que se ha tomado por base de defensa, puesto que en realidad no se ha alegado que si el procedimiento seguido para la venta de la propiedad tenía el carácter que le Remos dado, estaba el mismo totalmente desautorizado por la ley local y en realidad prohibido por sus disposiciones expresas o tácitas. En virtud de esta conclusión, opinamos que la corte inferior no cometió error alguno al desestimar la impugnación hecha en la contestación a la facultad del demandante para demandar en rei-vindicación bajo el fundamento de que debía primero pedir la res-cisión de las operaciones particionales y obtener la invalidación de la resolución del juez aprobando dichas operaciones; pues es impo-sible concebir que existiera el deber preliminar de obtener la inva-lidación de una cosa que ya era nula, o pedir la rescisión de lo que, de acuerdo con la ley, jamás había tenido existencia alguna. Obser-vamos que la alegación de que el demandante, como único heredero de los bienes de su padre, y como tal heredero, dueño de todos los bienes en litigio, no estaba facultado para demandar, cae por su propio peso. ’ ’

Basta leer lo que- antecede, para comprender que en cuanto a la cuestión esencial de si son o nó totalmente nulas las ad-judicaciones en pago de deudas hechas directamente a los acreedores en la partición de una herencia en que existen menores de edad, sin haberse obtenido previamente la auto-rización judicial que para la venta 'de bienes de menores en general exigen las leyes, el criterio sustentado por la Corte Suprema de los Estados Unidos está en conflicto con el que algunos días antes sostuvo esta Corte Suprema de Puerto Rico. La Corte Suprema de los Estados Unidos, que tiene jurisdicción de apelación sobre esta Corte Suprema' de Puerto Rico, decidió que dichas adjudicaciones son nulas, y su juris-prudencia, cualquiera que pueda continuar siendo el criterio de todos o de algunos de los jueces de este tribunal, debe prevalecer.

Resuelta esta cuestión fundamental en el sentido indicado, procederemos al estudio y decisión de las demás envueltas en los recursos interpuestos.

Los demandantes titularon este caso como “de reivindi-cación,” y si se examina cuidadosamente la sentencia apelada-, se verá que por ella se declaró sin lugar la demanda precisa-mente en cuanto al extremo de la restitución a los deman-dantes en la -posesión y dominio de las tierras por ellos recla-madas,. extremo que no ha sido apelado por los demandantes para ante este Tribunal Supremo. El juez de distrito en la opinión que emitiera para basar su sentencia, hizo resaltar el hecho de que la corte no llegó a adquirir jurisdicción sobre todos los interesados en la herencia de Luz María del Rosario e invocó las decisiones de esta Corte Suprema de Puerto Rico en los casos de Dávila v. Dávila, 18 D. P. R. 114, y Trinidad v. Trinidad, 19 D. P. R. 647, en los cuales se estableció la doc-trina de que el título de heredero no es suficiente por sí solo para reclamar para sí fina porción determinada y concreta de una finca correspondiente a una herencia, sin haberse llevado antes a cabo la partición y adjudicación de los bienes hereditarios.

No nos es posible entrar a considerar y a resolver si la teoría sustentada por el juez sentenciador es correcta, y si la jurisprudencia invocada por el mismo es aplicable a este caso. Ya hemos dicho que el pronunciamiento relativo a la resti-tución a los demandantes en la porción de las fincas recla-madas en la demanda, no fué apelado y no puede ser, por tanto, revisado por nosotros.

La situación anómala en que nos encontramos, dificulta la consideración completa de este caso. Sin embargo, es lo cierto que la demanda contenía varias súplicas, entre ellas la de la nulidad dé las adjudicaciones a que se. refiere la de-manda, nulidad que según la teoría adoptada finalmente por la corte sentenciadora llegó a ser la única cuestión que podía decidirse por ella en definitiva en este pleito. Aplicando la jurisprudencia de la Corte..Suprema de los Estados Unidos es necesario reconocer que las adjudicaciones que se hicieron a los demandados Rucabado y Otero son totalmente nulas en cuanto a la parte que pudiera corresponder a los herederos menores de edad en los inmuebles adjudicados, y como los dichos demandados Rucabado y Otero fueron oídos y venci-dos en juicio, opinamos que la sentencia apelada puede sub-sistir en cuanto a ellos en la' forma que- la dictara el juez sentenciador.

La reclamación de los. frutos y productos de los condo-minios a que se refiere la demanda, es accesoria a la acción de reivindicación ejercitada por los demandantes'y declarada sin lugar por la corte. Todo lo que hemos dicho en cuanto a la acción principal, es, en tál virtud, aplicable a la accesoria.

Con referencia a las costas, no habiéndose demostrado que la corte de distrito al actuar en la forma en que lo hizo, abusara de su discreción, la conclusión a que llegara en su sentencia no debe ser alterada por nosotros.

Habiendo en consideración todo lo expuesto, opinamos que deben declararse sin lug.ar los recursos de apelación inter-puestos por los demandantes y por los demandados, y, en su consecuencia, confirmarse la sentencia apelada en todos los pronunciamientos de la misma que han sido objeto de revi-sión en este tribunal.

OPINIÓN CONCURRENTE EMITIDA POR EL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

Estoy conforme con todo lo que precede. La necesidad de la autorización judicial previa es un criterio que yo he sustentado siempre. En la primera opinión que se emitió en este caso estuve conforme porque habiendo considerado las varias resoluciones de la Dirección G-eneral de los Regis-tros sobre la materia, parecía como sentado conclusivamente que cuando en una partición de herencia existían menores y se adjudicaban a un heredero bienes para el pago de las deudas del causante, bastaba la aprobación judicial dada des-pués, y en verdad yo no podía distinguir ese caso de aquél en que en la partición se adjudican directamente los bienes al acreedor en pago de su crédito. Por eso perdí de vista que en uno y otro caso estaba envuelta fundamentalmente la ena-jenación -de bienes de menores, para lo cual la autorización judicial previa era siempre un requisito indispensable.

OPINIÓN DEL

JUEZ ASOCIADO SR. ALDREY CON LA CUAL ESTA CON-EORME EL JUEZ PRESIDENTE SR. HERNANDEZ.

Muerto Luz María del Rosario en el pueblo de Cayey de esta isla el 25 de octubre de 1902 sin haber otorgado testa-mento, fueron declarados herederos suyos ab intestato la viuda y sus seis hijos legítimos. Por sentencia fueron de-clarados hijos naturales suyos reconocidos y con derecho a participar de su herencia otros seis hijos de los cuales' uno le premurió y fue representado por su hija.

Para el reparto de los bienes de Luz María del Eosario entre todos .esos herederos fueron nombrados contadores y partidores los abogados Don Antonio Sarmiento y Don -Luis Muñoz Morales quienes llevaron a efecto las operaciones de inventario, avalúo, liquidación y división de los bienes y. aprobadas por el Tribunal de Distrito de Humacao, las pro-tocolizaron en una notaría en 4 de junio de 1904. En esas operaciones estuvieron representados los hijos legítimos por un defepsor judicial a causa de su minoría de edad y de los intereses encontrados con su madre, y se reconocieron deudas a favor de Mateo ■ Rucabado, Manuel Otero Y alera, Robns-tiano Meléndez y José Ramírez Muñoz para cuyo pago se les adjudicaron determinadas fincas de la herencia que privati-vamente pertenecían al causante de las que entraron en pose-sión y como suyas las inscribieron en el registro de la pro-piedad. Según esa escritura a los hijos legítimos correspon-dió una tercera parte en el haber hereditario de su padre.

Con tales antecedentes se estableció este pleito por los hijos- legítimos de Luz María del Rosario y fundándose en que no se pudieron enajenar esos bienes a favor de los acreedores sin autorización judicial por ser ellos entonces menores de edad y en que en las fincas así enajenadas les co-rresponde y pertenece la propiedad y dominio de una tercera parte solicitaron del tribunal lo siguiente: Io. que se declare que son nulas y carecen de fuerza y valor legal las adju-dicaciones que se hicieron a los acreedores en lo que res-pecta a una tercera parte; 2o. que las inscripciones veri-ficadas en el registro de la propiedad en virtud de esas ena-jenaciones deben ser canceladas en cuanto a una tercera parte; 3o. que las referidas personas a quienes se adjudicaron ■esas fincas les paguen cierta cantidad por los frutos y rentas producidos y dejados de percibir por los demandantes durante el tiempo en que lian estado desposeídos de sus condominios; 4o. que se restituya a los demandantes en la posesión y do-minio de una tercera parte de todas y cada una de las fincas adjudicadas, y 5o. .que los demandados paguen las costas y honorarios del abogado de los demandantes.

En -el juicio prescindieron los demandantes de sus recla-maciones contra Robustiano Meléndez y José Ramírez y limi-tada así su demanda en cuanto a Rucabado y Otero el Tribunal de Distrito de Guayama que conoció del procedimiento, dictó sentencia declarando con lugar la demanda en- cuanto a los incisos primero y segundo de la súplica y sin lugar en cuanto a los incisos tercero y cuarto de la misma y de acuerdo con dichos incisos primero y segundo falló y decretó: Io. que son nulas y carecen de fuerza y valor alguno en cuanto a úna tercera parte las adjudicaciones de fincas hechas a Rucabado y a Otero en las operaciones divisorias de los bienes de Luz María del Rosario; 2o. que deben cancelarse en el registro de la propiedad las inscripciones de tales enajenaciones en cuanto a la tercera parte que reclaman los demandantes, todo sin especial condena de costas y sin perjuicio de cualquier derecho que los demandantes puedan tener por los frutos y rentas alegados y no probados.

Los demandados Rucabado y Otero interpusieron apela-ción contra esa sentencia que les es perjudicial solamente en dos extremos y también apelaron los demandantes quienes consignaron en su escrito interponiendo el recurso que no están conformes con aquella parte de la sentencia que no les concedió las rentas y productos de las fincas en cuestión y que les negó las costas, gastos y honorarios de abogado.

Ambos recursos fueron resueltos por esta corte por sen-tencia de 24 de mayo -de 1915 declarando sin lugar el de-los demandantes y con lugar el de los demandados por lo que fue revocada - la sentencia inferior en la parte. en que fue apelada por los demandados y desestimada la demanda por entender que no existía nulidad en las adjudicaciones que en pago de deuda se hicieron a los demandados; mas habiendo pedido los demandantes la reconsideración de la sentencia, principalmente en virtud de lo resuelto posteriormente por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Longpré v. Díaz, 237 U. S. 512, se acordó la celebración de una nueva vista del caso.

Los suscribientes estamos conformes con los dos jueces que firman la opinión escrita por el Sr. Toro en cuanto a los motivos que tuvimos para reconsiderar la anterior sen-tencia y para ordenar una nueva vista del caso.

Estudiado nuevamente este caso, sostenemos otra vez que la sentencia debe ser revocada y la demanda desestimada, así como que el caso de Longpré v. Díaz, supra, no puede ser considerado en este recurso discrepando en estos extre-mos de nuestros dos compañeros.

Los demandantes no solamente titularon su demanda como “de reivindicación” sino que claramente ejercitaron la acción reivindicatoría pues alegaron ser dueños por título de Leren-da de una tercera parte de ciertas fincas que poseen los demandados y pidieron en el cuarto extremo de su súplica que se les restituyera en la posesión y dominio de tal tercera parte, petición que les fué negada por la corte sentenciadora' no obstante lo cual en el escrito de apelación consignaron su inconformidad con la sentencia sólo en cuanto les niega los frutos de esa tercera parte que reclaman como suya y las costas. Si, pues, la sentencia niega a los demandantes la res-titución de esa tercera parte que reclaman de las fincas y no apelaron de esa parte de la sentencia, no solamente carecen de derecho para obtener los frutos que baya producido o podido producir tal tercera parte por ser esa reclamación ac-cesoria de la reivindicatoria denegada, por lo que la apela-ción de los demandantes en cuanto a ese extremo no puede prosperar, sino que la corte carece de jurisdicción para con-siderar tal cuestión sobre restitución por falta de apelación en cuanto a ella, y a ningún fin práctico conduce la consi-deración del caso de Longpré v. Díaz, supra, porque declarado, y no apelado, que los demandantes no tienen derecho a que se les entregue la tercera parte que reclaman como suya en las mencionadas fincas, no cabe considerar ni declarar si el título que ostentan los demandados es o nó nulo, pues tal decisión- sería efecto del derecho a reivindicar y cuando este derecho se niega no puede discutirse el título del demandado. Antes de que pueda decidirse sóbrela nulidad del título de una persona de quien se trata de reivindicar determinada propiedad, es preciso que se pruebe el título de la persona que pretende la reivindicación y como en este caso la córte negó la reivindicación que se pretendía por los demandan-tes, nó procedía hacer declaración respecto al título de los demandados.

Es cierto que a-demás de las alegaciones para la acción reivindicatoría contiene la demanda otras para demostrar que el título de los demandados es nulo y se solicita que así se declare, pero como en este pleito el título con que reclaman los demandantes no tiene que surgir de la declaración de nulidad del de los demandados, tales alegaciones sobre nuli-dad han de considerarse únicamente como un anticipo de defensa, Oliver v. Oliver, resuelto por nosotros en julio 30 de 1915, y por consiguiente no debe resolverse cuando no prospera la acción a la cual se opone.

En consonancia con la anterior doctrina, al resolver recien-temente en 3 de diciembre de 1915 el caso de Cristián ei al. v. Escobar et al., dijo este Tribunal Supremo: “En cuanto a las nulidades que se piden en la demanda, como ellas no son causa sino efecto de la acción principal de reivindicación siendo ésta inlprocedente, huelga hacer pronunciamiento sobre aquéllas. Sentencias del Tribunal Supremo de España de 16 de octubre de 1873, 17 de enero de 1889, 6 de abril de. 1889 y 13 de febrero de 1882, y decisiones de esta Corte Suprema en los casos de Sucesión Nieves v. Sucesión Sánchez, 17 D. P. R. 877, y Oliver v. Oliver, resuelto ,en julio 30 del corriente año.”

Careciendo los demandantes de acción para reivindicar ia tercera parte de las fincas a que se refieren, pues a eso equivale el pronunciamiento de la sentencia, no apelado, de-negatorio de la restitución, ¿ con qué derecho pueden pretender las nulidades y cancelaciones qne se les han otorgado" en la sentencia? Este pronunciamiento es incompatible con aquél. Hay contradicción in terminis.

En cnanto a la apelación- de los demandantes por no habér-seles concedido las costas en el tribunal inferior, estamos conformes con nuestros otros dos compañeros en el motivo qne han expuesto para qne no prospere el recurso. Acaso los demandantes hayan seguido nn procedimiento inadecuado para los fines que persiguen. No nos incumbe indicarles cuál sea el apropiado.

Por las razones expuestas debe declararse sin lugar el recurso interpuesto por los demandantes y con lugar el dé-los demandados, y en su consecuencia la demanda debe ser desestimada sin especial condena de costas.

Declarado sin lugar él recurso de ape-lación interpuesto por los deman-dantes, y en cuanto al recurso de apelación interpuesto por los de-mandados, fué confirmada la sen-tencia, por empate en la votación.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la consi-deración de este recurso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado SR. Wole,

license: Public Domain

text:
    Aparicio Hermanos, Demandantes y Apelados, v. H. C. Christianson & Co., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de'Distrito de Ponce en causa sobre rescisión y daños y perjuicios
    No. 1356.
    Resuelto en enero 28, 1916.
    Citación por Edictos — Emplazamiento—Comparecencia Voluntaria. — Una sen-tencia obtenida bajo la teoría de que el demandado fué emplazado o de que su comparecencia fué voluntaria, no puede justificarse mediante prueba de publicación por edictos.

      Id. — Sentencia Basada en Prueba de Publicación: — Para que una sentencia mediante prueba de publicación por edictos pueda ser dictada, es necesario, de acuerdo con el párrafo 2o. del artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil, que exista alguna gestión por parte del demandante para que se dicte tal sentencia.
    Sentencia en Rebeldía — Jurisdicción—Hechos Alegados en la Demanda.— Al considerar una sentencia que ha sido dictada en rebeldía el demandante está estrictamente en la obligación de probar que la corte adquirió juris-dicción sobre la persona del demandado, sin que los hechos alegados en la demanda puedan ser tomados como establecidos para acreditar la jurisdicción, sino que deben ser probados.
    Emplazamiento — Corporaciones—Agentes.—No existe precepto alguno en la ley que autorice hacer la notificación a una persona particular,' a diferencia de una corporación, mediante el emplazamiento de su agente.
    Comparecencia Especial — Aseguramiento de Sentencia — Comparecencia General. — Una comparecencia de un demandado en el procedimiento para ase-gurar la efectividad de la sentencia, para que se deje sin efecto el embargo mediante la prestación de fianza, aunque la donomine “comparecencia especial, es una comparecencia general y aviso de comparecencia dentro de las prescripciones del artículo 323 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Id. — Jurisdicción.—La única clase de comparecencia especial que existe es aquella en que el demandado comparece solamente para atacar la jurisdicción de la corte, y cualquier otra comparecencia en la acción, aun cuando se le llame especial, no queda sujeta al propósito de la parte de dejar de someterse a la jurisdicción. En general las palabras “comparecencia especial” significan una comparecencia para impugnar la jurisdicción de la corte, ya sobre la persona del demandado, ya sobre su propiedad.
    Los Lechos están expresados én la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Frank Antons anti y Francis E. Neagle.

    Abogado de los apelados: Sr. José Tons Foto.

   El Juez Asociado SR. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se quejan los apelantes de una sentencia en rebeldía dic-tada contra ellos. Hubo primero una anotación de rebeldía y un juicio de acuerdo al parecer con el artículo 194, párrafo segundo del Código de Enjuiciamiento Civil y una sentencia basada en el mismo. Los apelados sostienen que aun cuando la anotación de la rebeldía no se hubiera hecho debidamente, sin embargo en la fecha del juicio se había hecho la citación por edictos a los demandados por el término que exige la ley y que la sentencia podía estar justificada por virtud de la publicación por el período de cuarenta días sin haber for-mulado los demandados su contestación.

El párrafo tercero del artículo 194 prescribe que “En pleitos en que la citación fuere hecha por edictos, una vez vencido el término para la contentación, podrá el demandante, previa prueba de la publicación de los edictos y de no haberse presentado contestación, pedir que se dicte sentencia.” Los autos de este caso no revelan que se haya hecho alguna peti-ción para que se dicte sentencia basada en la prueba de la publicación. Por el contrario, la sentencia hace referencia a la rebeldía anotada por el secretario y evidentemente que depende de la misma. Además, la moción que por escrito formularon los demandantes iba dirigida al secretario de la corte y en ella se solicitaba la anotación de la rebeldía por virtud de dos distintas raz'ones en ninguna de las cuales es-taba envuelta la cuestión relativa a la publicación'.

Esta fué una acción de daños y perjuicios seguida contra la mercantil demandada por incumplimiento de contrato por dejar de entregar unos 316 sacos de azúcar, por lo que los demandantes reclamaron daños y perjuicios por la suma de $1,000. Estos solicitaron y obtuvieron un embargo para ase-gurar la efectividad de la sentencia.

En 2 de octubre, 1914, radicaron los demandados una mo-ción que empieza como sigue:

“Comparece la demandada arriba indicada, II. C. Christianson & Company en el procedimiento iniciado por la demandante para ase-gurar la efectividad de la sentencia que haya de dictarse caso de que su acción hubiera de prosperar, y sin que esta comparecencia especial pueda considérasela como general, sin aceptar la jurisdicción de este tribunal para conocer de este asunto, expone: * *

Entonces se procede a decir en la moción que el día 25 de septiembre de 1914, los demandantes habían obtenido una orden de embargo para el aseguramiento de sentencia y que con tal motivo el márshal había embargado 194 sacos de azú-car, propiedad de los demandados; y se pidió en dicha moción que fuera disuelto el embargo mediante prestación de una fianza para responder del valor de los 194 sacos de azúcar. La corte, después de considerar la moción de los demandados y la fianza de $1,200 prestada por ellos, concedió la moción para que se levantara el embargo.

En 16 de noviembre, 1914, los. demandantes presentaron una moción dirigida al secretario de la Corte de Distrito de Ponce solicitando la anotación de la rebeldía, en primer lugar, porque los demandados, por medio de su agente, Mr. Calvin Dietrick, habían sido debidamente emplazados, y en segundo lugar, porque por el hecho de-la comparecencia que se hizo para disolver el embargo los demandados habían renunciado a la necesidad de una citación.

En enero 5, 1915, el secretario de la corte de distrito anotó la rebeldía basado en que los demandados habían sido empla-zados debidamente por meaio de su agente en San Juan, Calvin Dietrick, sin haber contestado dentro del plazo legal para hacerlo.

En enero 30, 1915, la corte dictó sentencia en la que ex-ponía brevemente, primero, la parte substancial de la de-manda, el hecho relativo a la anotación de la rebeldía, la prueba introducida en el juicio, concediendo a los deman-dantes la suma de $1,000, y las costas.

En marzo 25, 1915, presentaron los demandados una mo-ción, solicitando que la corte dejara sin efecto todos los pro-cedimientos con posterioridad a la expedición del emplaza-miento del caso por no haber adquirido jamás jurisdicción la corte sobre la persona de los demandados.

Al considerarse una sentencia que ha sido dictada en re-beldía el demandante está estrictamente en la obligación de probar que la corte adquirió jurisdicción sobre la persona del demandado. Los hechos alegados en la demanda no pueden ser tomados como establecidos para acreditar la ju-risdicción, sino que deben ser probados. En la demanda se alegó, y fué probado en el juicio, que Calvin Dietrick era el agente de los demandados que hizo el contrato con los de-mandantes que se alega haber sido infringido por los deman-dados; pero la anotación de la rebeldía se hizo en este caso sin qne en manera alguna se demostrara qne Calvin Dietrick era nn agente de los demandados a quien podía hacérsele el emplazamiento. Los demandados • sostienen y afirman qne el principio qne regula los emplazamientos a agentes de cor-poraciones no es aplicable a ellos. Ellos deben ser notifica-dos de las diligencias'y el emplazamiento hecho a nn agente qne no se demuestra qne ha sido autorizado para aceptar el servicio a nombre de éstos es insuficiente. No hay precepto alguno en la ley qne autorice hacer la notificación a una persona particular, a diferencia de una corporación, mediante el emplazamiento de su agente.

La cuestión principal que ha sido promovida en este caso es, sin embargo, si la corte adquirió jurisdicción sobre los demandados por razón de la comparecencia voluntaria y especial para dejar sin efecto el .embargo y sustituir una fianza.

En New York y California parece haberse resuelto que cuando el estatuto define lo que constituye una comparecen-cia la forma y el efecto de la comparecencia están determi-nados por el estatuto solamente, si bien en otros Estados como en Nevada y Montana que generalmente siguen a California no aceptan igual doetriná. Véase la nota, etc., en Adjudicated Forms of Pleading & Practice, página 1827, párrafo 9. Steinbach v. Leese, 27 Cal. 295; Glidden v. Packard, 28 Cal. 649.

Nuestro estatuto es muy parecido al de California, y prescribe lo siguiente:

“Art. 323. — Un demandado comparece en un pleito cuando con-testa, opone excepción previa, o notifica por escrito su comparecencia al demandante; o cuando un abogado hace constar su comparecencia por dicho demandado. Después de la comparecencia, el demandado o su abogado, tendrá derecho a que se le notifiquen todos los procedi-mientos subsiguientes cuando corresponda. Pero si el demandado no ha comparecido, no habrá necesidad de que se le hagan las notifica-ciones o entrega de documentos a menos que se hallare, en prisión con motivo del pleito, por falta de fianza.”

Aliora bien, la comparecencia de los demandados en este caso, aunque la denominan comparecencia especial,, era sin embargo una comparecencia y aviso de comparecencia y pa-rece estar estrictamente comprendida dentro de las prescrip-ciones del artículo 323; en otras palabras, los demandados dieron a los demandantes aviso por escrito de su compare-cencia “especial,” para un fin determinado, si bien estaba limitada expresamente al procedimiento de embargo. No dejaba de ser una comparecencia porque fuera especial. En este caso los mismos demandados describieron su compare-cencia en la acción, o en el procedimiento de embargo, como una comparecencia.

Tenemos, pues, que considerar el efecto que produce el llamar los demandados a su comparecencia “especial.” La regla está resumida en el caso de In re Clarke, 125 Cal. 392, como sigue:

“De acuerdo con los principios generales la manifestación de que un' demandado o parte hace una comparecencia especial no tiene importancia alguna. Si él comparece y solamente se opone a los méritos del caso o a cualquier procedimiento del mismo, no por haber adquirido jurisdicción la corte sobre la persona del demandado, la comparecencia es especial, y no se exige que se haga ninguna manifes-tación en ese sentido en el aviso o moción ni podría producir efecto alguno si se hiciera. Por-otra parte, si comparece y solicita algún remedio que solamente puede concederse a una parte en un caso que está pendiente, o que el mismo sería un procedimiento ordinario en el caso, constituye esto una comparecencia general por mucho cuidado y a pesar de que expresamente se haya dicho que la compa-recencia es especial. Es la naturaleza del remedio que se solicita y no la intención de la parte lo que constituirá o no la comparecencia general, que es esencial. (Véase 2 Encyc. of Pl. & Pr. 625, notas, y casos citados.)”

'. Las autoridades parecen ser de opinión que la única clase ele comparecencia especial que existe es aquella en que el demandado comparece solamente para atacar la jurisdicción de la corte y que cualquier otra comparecencia en la acción, aun cuando se le llame especial, no queda sujeta a la inten-ción de la parte en evitar someterse a la jurisdicción. 2 R. C. L. 328, 332, Tit. Comparecencias. Words and Phrases, vol, 7, pág. 6567; 23 Cyc. 685, 686; Hernáiz, Targa, & Co. v. Vivas, 20 D. P. R. 106; Ortiz v. Gómez, 21 D. P. R. 507. Puede decirse que en general la definición dé las palabras “comparecencia especial” es una comparecencia para impug-nar la jurisdicción de la corte.

Hasta dónde pueden llegar las cortes al considerar esta cuestión aparece en el caso de Davis v. C. C. C. & St. Louis Ry. Co., 217 U. S. 174, en que se aprueba la regla y se mues-tra que se extiende hasta una impugnación sobre el dominio de la propiedad. En otras palabras, una comparecencia es especial cuando el demandado alega que la corte no ha ad-quirido jurisdicción sobre su propiedad, así .como cuando sos-tiene que no tiene jurisdicción sobre su persona. La regla general ha sido observada en esta corte en el caso de Hernáiz, Targa & Co. v. Vivas, 20 D. P. R. 106, en el cual se citan con aprobación los casos de In-re Ciarle, supra, y otros de California.

Alegan los apelantes que como el estatuto contiene pa-labras que enumeran lo que constituyen las comparecencias, excluye cualquier comparecencia a no ser- que sea por con-testación, excepción previa o un aviso por escrito en ese sen-tido, y hacen especial mención de los casos de California de Steinbach v. Leese y Glidden v. Packard, 28 Cal. 649. En el primero de estos casos la acción tomada -por el demandado fuá apelar de una orden dictada contra él y, por tanto, no era una comparecencia en el caso. La sentencia no dependía de su comparecencia. En el último caso la comparecencia fue claramente especial puesto que los demandados atacaron el embargo que se había practicado debido a irregularidades. A juzgar por la opinión del juez Sr. Henslraw en el caso de In re Clarke, supra, puede dudarse razonablemente si las-cortes de California considerarían ahora una comparecencia semejante a la que discutimos como una comparecencia ‘‘especial. ’ ’ La corte dice: ‘ ‘ Por lo general uno mismo no puede ■aprovecharse de la ventaja de ser parte y eludir las'respon-sabilidades, ” y la corte duda del buen criterio seguido en algunos de los casos más antiguos.

La Corte de Distrito de Ponce y los apelados citan casos para demostrar que al comparecer' el demandado para librar los bienes la corte adquiere jurisdicción y citan los apelantes i al vez un número igual en sentido contrario. Creemos que Ja línea de conducta de esta jurisdicción quedó establecida en el caso de Hernáis, Targa & Co. v. Vivas, supra.

La comparecencia de los demandados para obtener el levantamiento del embargo de sus bienes mediante la pres-tación de una fianza no fue en modo alguno una impugnación a la jurisdicción de la corte sobre los bienes de los deman-dados. Puesto que la moción para levantar el embargo de los bienes era una comparecencia y como no fué una compa-recencia especial, dicha -comparecencia era necesariamente general.

Los apelantes también han. alegado que dicha compare-cencia especial era en un procedimiento colateral, y, por tanto, que no podía ser considerada como una comparecencia en el pleito principal. Pero fue invocada la jurisdicción de la corte en el caso particular y bajo el título preciso para ob-. tener el levantamiento del embargo. El embargo para ase-gurar la efectividad de la sentencia es parte de la acción aunque sea un incidente de ella.

La orden apelada debe confirmarse.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Plutchison.


text:
    Arbona Hnos., Demandantes y Apelados, v. H. C. Christianson & Co., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en cansa sobre i escisión y daños y perjuicios.
    No. 1357.
    Resuelto en enero 28, 1916.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 1356, Aparicio Snos. v. S. G. Christianson #■ Co., página 493.
    Abogados de la apelante: Sres. Frank Antons anti y Francis E. Neagle.

    Abogado de los apelados: Sr. José Tons Soto.

   Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Hutchisok

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Flores, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por delito de calumnia e injuria.
    No. 880.
    Resuelto en febrero 8, 1916.
    Calumnia e Injuria — Meeting Público — Prostitución.—Constituye el delito de calumnia e injuria dentro de las prescripciones de los artículos 2 y 3 de la Ley de marzo 9, 1911, el proferir desde una tribuna pública y en menoscabo de la honra y buena reputación de un alcalde, las siguientes frases: “Tú has hecho un hospital para enfermos y es un centro de prostitución. ’ ’

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Francisco González y Manuel F. Bossy.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Hutchisok

emitió la opinión del tribunal.

El acusado y apelante fné declarado culpable, primero en la Corte Municipal de San Lorenzo y luego al celebrarse el juicio de novo en la Corte de Distrito de Humacao por un de-lito de calumnia e injuria, a virtud de una acusación en la cual se le imputaban los hechos siguientes:

“Que en 18 de octubre de 1914, y hora de las 9 p. m., y en el pueblo de Juncos, P. R., del Distrito Judicial del Juzgado de Paz de Juncos, que forma parte del Distrito Judicial Municipal de San Lorenzo, y por tanto dentro del Distrito' Judicial de Humacao, P. R., y en momentos en que se celebraba un mitin del partido Obrero Insular, en la plaza pública ‘La Autonomía,’ el referido acusado voluntaria, maliciosa y criminalmenté, y desde la tribuna pública sita en dicha plaza profirió frases calumniosas y entre otras las de ‘Alcalde de Juncos, tú has hecho un hospital para enfermos y es un centro de pros-titución,’ frases éstas tendentes a menoscabar la honra y buena repu-tación del Alcálde de Juncos, y todas las personas que viven en dicho hospital. ’ ’

El Jefe de Distrito de la Policía Insular que fue quien for-muló la denuncia manifiesta en su declaración que oyó decir al acusado: “Alcalde de Juncos, a tí me dirijo: has hecho un hospital para enfermos, y es un centro de prostitución.”

José Barreras, Alcalde'de Juncos, declara que el acusado dijo: “Tenemos sed de sangre; (y señalando para donde el que habla) a tí me dirijo Alcalde de Juncos: has hecho un ■hospital para enfermos, y es un centro de prostitución.”

•Contestando a una pregunta hecha por la corte declara el alcalde “que él es el jefe administrador del hospital, porque como alcalde y como médico que es también, atiende en él algunas veces a los heridos; que hay médico director del hospital, que es el que atiende a los enfermos, pero que en cuanto a la alimentación y demás, el administrador del hospital es el alcalde.”

El testigo Fulgencio Pinero cita las siguientes frases del acusado-: “A tí me dirijo Alcalde de Juncos: tenemos sed de sangre; Ras RecRo nn Rospital para enfermos y es nn centro' de prostitución.”

El acusado subió a la silla de los testigos y declaró: “Que el día a que se refiere la denuncia ocupó la tribuna pública, y manifestó que el alcalde de Juncos Rabia RecRo una plaza,, un Rospital, una cárcel y un matadero, y un Rospital que según díceres del pueblo, se Rabia convertido en un centro de pros-titución, llamando la atención del Dr. Barreras como alcalde, solamente por un RecRo que Rabia pasado entre una Rija de Juncos y el médico encargado del Rospital, según ’ affidavit que suscribieron cuatro testigos; que no se refería al Dr. Barreras, el Alcalde de Juncos, como autor de ningún RecRo, sino que se decía en el pueblo que Y. Q. Rabia tenido contacto carnal en el Rospital, porque fué informado por varias per-sonas de Juncos, que V. Q. Rabia tenido contacto carnal en el Rospital con el Dr. B. F.; que al dirigirse al Dr. Barreras, no se refería a él, sino para que Riciese una investigación como- autoridad suprema dél pueblo. Repreguntado por el Fiscal declaró", que anteriormente citó al alcalde con arreglo a la sección 20 .de la Ley Municipal, y no Rizo ninguna inves-, ligación y luego volvió y lo citó y tampoco Rizo la investiga-ción, y también en la tribuna se lo dijo esa nocRe, con la inten-ción de satisfacer al pueblo lo -que de públft&o, se decía. Exa-minado nuevamente por la defensa declaró que se refería al Dr. R. F., médico encargado del Rospital de Juncos, y que el RecRo ocurrió con una señora que era nurse del mismo Ros-pital. ’ ’

Se alega que la corte sentenciadora cometió error primero al declarar sin lugar la excepción perentoria que se formuló a la denuncia por el fundamento de que los ReeRos imputados no constituyen un delito público, y luego al declarar culpable al acusado de un delito de calumnia e injuria.

Creemos que las palabras pronunciadas por el acusado están claramente comprendidas en lq,s prescripciones de los artículos 2 y 3 de la ley de marzo 9, 1911, los cuales son como sigue:

“Artículo 2. — Entiéndase, también, por calumnia toda palabra o concepto proferido maliciosa y públicamente en deshonra, descrédito, ■ menosprecio de otra persona natural o jurídica.”
“Artículo 3. — Se presumirá maliciosa y será calumnia procesable toda expresión calumniosa hecha, públicamente en presencia o en au-sencia de la persona agraviada.”

La sentencia dictada por la corte sentenciadora está ente-ramente sostenida por la prueba y debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Quiñones et al., Acusados y Apelantes.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción del artículo 358 del Código Penal.
    No. 889.
    Resuelto en febrero 8, 1916.
    Alteración de la Paz Pública — Meeting Público — Congregación Lícita — Pre-sunción — Defensa.—En una denuncia en que se alega la perturbación de un meeting público no es necesario expresar que las personas reunidas constituían una congregación lícita, pues existe esa presunción mientras no se demuestre lo contrario. Es una cuestión de defensa.
    Id. — Objeto del Artículo 358 del Código Penal — Asambleas o Reuniones Líci-tas. — El objeto del artículo 358 del Código Penal es claramente proteger las asambleas o reuniones lícitas, sin que en el presente caso sea necesario alegar o probar que la reunión tuvo lugar dentro de un edificio o local, aun cuando tal alegación o prueba fuera necesaria para los casos a que se refiere la pri-mera parte de dicho artículo.
    Id. — Preguntas Sugestivas — Discreción Judicial — Abuso de Discreción. — El permitir una corte, en la vista de un caso por alteración de la paz pública en que son varios los acusados, que el fiscal pregunte a un testigo si conoce a, los acusados, expresando sus nombres a los efectos de identificarlos, si bien es .. una pregunta sugestiva, como esa es una cuestión que descansa en ia sana discreción de la corte, la sentencia no debe ser revocada por ese fundamento a menos que se demuestre un abuso manifiesto de discreción, o prejuicio.

      Testigos — Cbedibilidad de los Testigos. — Una corte tiene derecho a dar crédito a ira solo testigo.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Francisco González y Garlos Travecier.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se alegó que la denuncia por virtud de la cual fueron declarados culpables los acusados era insuficiente. Los apelantes sostienen en su alegato que en una denuncia en la que se alega la perturbación de un mitin público debe expre-sarse el hecho de. que es una congregación lícita. Creemos que cualquier asamblea se presume que es lícita mientras no se demuestre lo contrario y que esa es la intención del legis-lador, aparece del texto inglés del artículo 358 del Código Penal bajo el cual se formuló la denuncia. Dicho artículo dice “or any other purpose not unlawful,” y el uso de la negativa denota que la alegación de una asamblea ilícita sería una cuestión, de defensa. Expresa, sin embargo, la denuncia, que era una reunión de un partido y por tanto es prima facie legítima.

También se ataca la denuncia como insuficiente por el fun-damento de que no expresa que había una congregación de personas, sino solamente que los acusados perturbaron la paz de varias personas. Refiere la denuncia que los acusados voluntaria y maliciosamente molestaron a varias personas pertenecientes al partido “Unión de Puerto Rico” de G-urabo, que celebraban en la plaza de Gfurabo una reunión o mitin las que tuvieron que disolver la reunión, lo cual era una des-cripción suficiente de ia perturbación del mitin.

Durante la vista ante este tribunal alegaron los apelantes que la. sentencia debía ser revocada por no haberse demos-trado que el mitin tuviera lugar en algún edificio. El Artículo 358 prescribe lo siguiente:

“Art. 358. — Todo el que voluntariamente perturbare o molestare cualquiera congregación de personas reunidas para dedicarse al culto religioso, u otro objeto lícito, con ruidos, palabras profanas, con-ducta grosera o indecorosa, innecesario alboroto, bien dentro del local en que se celebra el acto, o tan cerca que perturbare el orden y solem-nidad de la reunión; o que sin autoridad perturbare o dispersare cualquiera asamblea o reunión de carácter legítimo, incurrirá en misdemeanor.” '

De acuerdo con las palabras “y toda persona qne sin auto-ridad perturbare o dispersare cualquiera asamblea o reunión de carácter legítimo, incurrirá en misdemeanorla alega-ción o prueba de que la reunión tiene lug’ar en un local resulta innecesaria, aun cuando fuera necesaria para la primera parte del artículo. El objeto de todo el artículo es claramente pro-teger las reuniones lícitas.

Los apelantes pasan entonces a alegar que la corte come-tió error en permitir que el Fiscal hiciera a varios testigos la siguiente pregunta•. “¿Ucl. conoce a los acusados Eamón Quiñones, Jr., Eduardo Collazo, Matías Gronzáíez, * * '*%” nombrándolos a todos o a casi todos. La objeción en particular fué que la pregunta era sugestiva y que debió haberse hecho decir al testigo a quién vió. En una acusación por alte-rar la paz, acto realizado por un número de individuos que forman una multitud es importante que se haga que los tes-tigos identifiquen a cada individuo y la pregunta fué por tanto sugestiva. El permitir que se haga una pregunta sugestiva, es una cuestión que descansa.en la sana discreción de la corte sentenciadora y debemos proceder con cautela antes de revo-car una sentencia, a menos que notemos un abuso manifiesto de discreción.

Aparece de los autos que el primer testigo del Fiscal de-claró que conocía a todos los acusados y no consta que fué inte-rrogado en forma sugestiva. Al ser preguntado el segundo testigo si conocía a tres de los acusados (que eran unos veinte o más los que fueron juzgados) manifestó que conocía a al-gunos de ellos. Este testigo no fué dirigido a dar contesta-ciones específicas en • perjuicio de los acusados. Al tercer testigo se le preguntó si conocía a los acusados y contestó que los conocía. Era tin testigo inteligente. No se demostró que los testigos hubieran sido séparados durante el juicio y además este último -testigo solamente declaró que algunos de° los acusados tomaron parte en la perturbación, identificán-dolos, tanto en el interrogatorio directo como en el examen de repreguntas. Semejantes consideraciones son de aplicación al cuarto testigo.

El juicio tuvo lugar ante el tribunal de derecho; los acu-sados eran numerosos y la pregunta a lo sumo dió lugar a que un testigo del pueblo de Gurabo dijera que conocía a todas las personas mencionadas. No vemos que haya habido abuso de discreción o prejuicio.

También alegan los apelantes que solamente tres de los acusados fueron identificados y que se solicitó de la corte inferior la absolución perentoria de los otros. Existió la prueba de más de un testigo tendente a inculpar a todos los acusa-dos de la perturbación, pero la corte tenía el derecho de dar crédito a uno solo de dichos testigos. Dos de los testigos iden-tificaron a todos los acusados.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado SR. Hutchison

text:
    The Porto Rico Leaf Tobacco Co., Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso contra nota del Registrador de la Propiedad de Guayama. denegando la inscripción de una escritura de préstamo con interés e hipoteca.
    No. 249.
    Resuelto en febrero 10, 1916.
    Hipoteca — Tasación de la Finca a los Efectos de la Subasta — Falta de Fina-lidad PRÁCTICA DEL ARTÍCULO 127 DE LA LEY HIPOTECARIA-DEEECTOS.-El artículo 127 de la Ley Hipotecaria carece actualmente de finalidad práctica por no existir en la Ley de 9 de marzo de 1905, relativa al modo de satisfacer las sentencias, indicación alguna respecto a un precio mínimo, ni ninguna posibilidad de alguna controversia o cuestión acerca de la debida valoración de la finca que ha de venderse, y por tanto, el hecho de que en la escritura de hipoteca no se haga constar dicho precio no puede considerarse en el sen-tido de que por ello el documento sea defectuoso.
    Los hechos están expresados en' la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. Luis Muñoz Morales.

    El registrador recurrido, Sr. Rafael Tirado Verrier, no compareció.
   El Juez Asociado SR. Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Presentada por la recurrente para su inscripción en el Registro de la Propiedad de G-uayama una escritura de hipo-teca el registrador puso al pie de la misma la siguiente nota:

“Inscrito el precedente documento con vista del poder que men-ciona, a los folios, tomos, números e inscripciones que se expresan al margen de la inscripción de cada una de las fincas de que se trata; en las que se hace- constar el defecto subsanable de no valorarse dichas fincas a los efectos del artículo 127 de la Ley Hipotecaria. Guayama, agosto 26 de 1915. El registrador, Rafael Tirado Verrier.”

El artículo 127 de la Ley Hipotecaria que- ha sido citado por el registrador prescribe lo siguiente:

“En la escritura de hipoteca se hará constar el precio en que tasan la finca los contratantes, para que sirva de tipo a la única subasta que se debe celebrar, en el caso de que, vencido el plazo del préstamo, no conste en el registro de la propiedad el pago de dicho préstamo. ’ ’

El único objeto del requisito relativo a la valoración es, como expresamente se determina en la misma ley, el fijar un tipo para la venta de la finca cuando se celebra de acuerdo con el procedimiento que más adelante se describe en dicha ley.

En ól caso de Cintrón et al v. Banco Territorial y Agrícola, 15 D. P. R., 507, se resolvió, según se expresa en. el suma-rio, que

“El procedimiento especial para el cobro de créditos con hipotecas está vigente todavía en sn grado inicial, o sea hasta su requerimiento inclusive al deudor para el pago de la deuda, y derogado en la parte que podría llamarse vía de apremio, es decir, en lo que se refiere a la venta de la propiedad gravada con la hipoteca, venta que debe suje-tarse en un todo a lo dispuesto en la ley aprobada en 9 de marzo de 1905, relativa al modo de satisfacer las sentencias.”

De conformidad con la ley de 1905 no existe indicación alguna respecto a un precio mínimo ni ninguna posibilidad de alguna controversia o cuestión acerca de la debida valo-ración de la finca que ha de venderse. Resulta, pues, que el artículo 127 de la Ley Hipotecaria carece actualmente de finalidad práctica y el dejar de cumplir con el requisito exi-gido por' el mismo no puede considerarse en el sentido de que por ello el documento es defectuoso.

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse al registra-dor que proceda a verificar la debida corrección en la ins-cripción.

Revocada la nota en la parte recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. Aldbey

text:
    Santiago, Demandante y Apelante, v. Cabán, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa sobre divorcio.
    No. 1324.
    Resuelto en febrero 14, 1916.
    Traslado de Pleitos — Resoluciones Apelables — Apelación Contra la Sen-tencia. — Siendo una orden decretando el traslado de un pleito a otro distrito apelable de acuerdo con el artículo 295, No. 3, del Código de Enjuiciamiento Civil, no puede considerarse esa cuestión en un recurso de apelación contra la sentencia por prohibirlo expresamente el artículo 305 del mismo código.
    Contestación a la Demanda — Negaciones Especificas — Eliminación de la Contestación. — Cuando la contestación está redactada conteniendo solo nega-eiones específicas, y no afirmaciones, de acuerdo con el artículo 110, No. 2, del Código de Enjuiciamiento Civil, no es error el negar su eliminación.
    Divorcio — Abandono—Materia Nueva de Defensa — Eliminación.—No comete error una corte en pleito de divorcio al negarse a eliminar materia nueva de defensa contenida en la contestación que tiene por objeto demostrar que en cierta fecha la demandada no regresó al domicilio conyugal porque el deman-dante se ,1o impidió con amenazas.
    Testigos — Credibilidad de los Testigos — Prejuicio.—El hecho de que se hu-biera dado crédito a los testigos de una parte cuando no eran dignos de ello según la manera de ver las cosas el apelante, no demuestra por sí solo pre-juicio por parte del juez sentenciador.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Ramón Freyre.

    . Abogados de la apelada: Sres. Juan García Rucos y Juan B. Soto.

   El Juez Asociado Sb. Aldbey

emitió la opinión del tribunal.

Angel Santiago Vélez presentó demanda de divorcio en el Tribunal de Distrito de Mayagüez contra su esposa María Onocífera Cabán, quien solicitó y obtuvo que el pleito fuera trasladado al Tribunal de Distrito de Aguaclilla, donde se celebró el juicio y se dictó sentencia declarando sin lugar la demanda y de ella apeló el demandante.

El primer motivo qué alega el apelante como fundamento para que revoquemos la sentencia apelada es que'el Juez de Distrito de Mayagüez cometió error al decretar el traslado del pleito al Tribunal de Distrito de Aguaclilla; pero noso-tros no podemos considerar tal cuestión en este recurso de apelación contra la sentencia, porque el artículo 305 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil expresamente prohibe que en una apelación contra la sentencia se revisen resoluciones o providencias contra las cuales pudo haberse interpuesto re-curso de apelación, y la orden decretando el traslado era ape-lable de acuerdo con el artículo 295, numeró 3°., del mismo código.

Como segundo motivo para la revocación s.e alega que el tribunal inferior cometió error al negar la petición del ape-lante de que se eliminaran ciertos particulares • de la contes-tación. de la demandada y la materia nueva de defensa que adujo en oposición a la demanda.

Si bien la demanda alega dos causas para el divorcio y la petición de eliminación abarcaba la contestación a esas dos causas, sin embargo, como el apelante limitó en el juicio su demanda a la causa de abandono por parte de su esposa y renunció expresamente la otra causa, debemos considerar únicamente si bubo el error que se alega por no baber orde-nado él tribunal la eliminación de'la contestación en cuanto a la causa de abandono.

El apelante alega en su demanda respecto a esta causa de acción, que su esposa “sin causa ni motivo justificado al-guno, abandonó el bogar del demandante, en el pueblo de San Sebastián, P. R., el día 15 de ,marzo de 1913, habiéndose ne-gado esta demandada a volver al bogar conyugal a pesar de las gestiones hechas por el demandante en este sentido, y al abandonar la demandada al- demandante, abandonó asimismo a los cuatro hijos mayores procreados en dicho matrimonio, los que, como se ha alegado anteriormente, permanecen bajo la protección, y desde entonces, del demandante en este caso.”-Algo más, que no es necesario transcribir, contiene esa ale-gación, la que estando jurada, fué contestada por la deman-dada así: “Que niega absoluta y específicamente todo lo ex-puesto en la demanda como segunda causa de acción del de-mandante, pues es completamente incierto que la aquí deman-dada, sin causa ni motivo justificado alguno abandonara el hogar del demandante en el pueblo de'San Sebastián, P. R., el día 15 de marzo de 1913 . * * Esta alegación con-tinúa reproduciendo casi las mismas palabras de la alegación que contesta, aunque en forma negativa.

Tal como está redactado este particular de la contestación, no podemos convenir con el apelante en que contiene afirma-ciones y negaciones. Sólo contiene negaciones y las estima-mos suficientes porque específicamente van negando todos ios hechos en la forma en que el demandante los expone en apoyo de su causa de acción, de tal manera, que por virtud de esa negativa surge entre las partes la cuestión de hecho de si es cierto o nó que la demandada abandonó el bogar conyugal vo-luntariamente y que no quería regresar a él por su voluntad. Esa contestación cumple con el artículo 110, numero 2°., del Código de Enjuiciamiento Civil de ser específica en sus nega-ciones, y no bubo error al negar su eliminación. .

En cuanto a la materia nueva de defensa, alegada por la demandada, tampoco bubo error en no ordenar su elimi-nación, pues tenía por objeto poder demostrar que si el 15 de marzo de 1915 no regresó al domicilio conyugal fué por-que el demandante se lo,impidió con amenazas.

El último motivo que se alega para la revocación es que la sentencia es contraria a la prueba y que ésta fué apreciada con perjuicio por el tribunal. Respecto de este último ex-tremo, no encontramos en la transcripción nada que nos de-muestre tal prejuicio, el que parece que deduce el apelante del becbo de liaber dado la corte inferior crédito a los testi-gos de la demandada, porque no eran dignos de crédito, según su manera de ver las cosas.

Para poder decidir si la sentencia es contraria a la prueba liemos .examinado detenidamente la que se presentó en el tribunal inferior, que está reproducida en la transcripción de los autos, y hemos llegado a la conclusión de que fué contra-dictoria en el particular de si la esposa no regresó al bogar conyugal el día 15 de marzo de 1913 por su voluntad o debido a las amenazas de su esposo, conflicto que la corte resolvió en contra del apelante, sin que tengamos motivo para decidir de otra manera.

La sentencia, apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison

text:
    Acevedo, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Becukso gubernativo contra nota" del Begistrador interino de la Propiedad de Caguas denegando la anotación de un aviso de cuestión litigiosa.
    No. 244.
    Resuelto en febrero 15, 1916.
    Recursos Gubernativos — Desestimación del Recurso — Nota Consentida. — Pro-cede la desestimación de un recurso contra la acción de un registrador rehu-sando anotar preventivamente o practicar operación alguna en cuanto a docu-mentos cuya inscripción fué denegada en nota anterior, que resolvió clara y expresamente, la misma cuestión, consentida dicha nota original por haber, transcurrido más de veinte días desde la feeha de su notificación y la de radi-cación de los documentos en la secretaría de este tribunal.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. Rafael Arce.

    El registrador interino recurrido, Sr. Fernando Vázquez, compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Habiendo presentado la recurrente en el Begistro de la Propiedad de Caguas una moción sobre aviso de cuestión litigiosa (lis pendens) el registrador denegó su anotación por medio de la siguiente nota:

“Denegada la nota de aviso de demanda- solicitada en virtud dé-los documentos que preceden por los defectos de que el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil se refiere solamente a demandas-que afecten al título o al derecho de posesión de una propiedad in-mueble y la precedente demanda se refiere a un embargo trabado sobre una finca que no consta inscrita a favor de los demandados, ni de nin-guna otra persona, y de que el aviso o demanda en cuestión, no consta-, en forma auténtica, o sea por medio de certificación expedida por el secretario de la corte en que se ha radicado la demanda, no siendo-suficiente para que se extienda tal anotación la mera afirmación de la parte en instancia dirigida al registrador, conforme previene la resolución -del Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico, dictada en 12 de enero de 1911, en el caso No. 73, de Mollfulleda v. El Registrador, no procediendo en este caso extender anotación preventiva. Caguas, 10 de julio de 1915.”

La recurrente obtuvo al. efecto una certificación del secre-tario de la corte creditiva de que el caso se bailaba en trami-tación e hizo una nueva presentación de dicho aviso en unión de la certificación, habiendo sido devueltos los documentos por el registrador con la siguiente nota:

“Devuelto- el precedente documento sin practicar operación al-guna, por no resultar subsanado el primero de los defectos a que se refiere la anterior nota denegatoria.”

La recurrente presentó entonces en el registro de la pro-piedad la'petición siguiente:

“El compareciente, como mandatario verbal y abogado de María Nicasia Acevedo Nieves, acompaña a la presente solicitud los siguien-tes documentos:
“‘(A) Moción- primitiva, de fecha 2 de junio de 1915, sobre aviso de cuestión litigiosa, producido a usted en este caso, con nota de presentación en su oficina, fechada en 24 de junio de 1915;
“ ‘ (B) Copia literal de la demanda producida en el caso civil del título, con nota denegatoria de esa oficina, fechada 16 días des-pués, o sea en 10 de julio de 1915;
“ ‘(C) Certificación del secretario de la Corte Municipal de Ca-guas, fecha 12 de julio de 1915, creditiva de que .el caso civil del título .aparece radicado en su oficina bajo el número 1546; y que la finca objeto del embargo cuya nulidad se pretende es la misma a que se refiere la copia de demanda' que se ha presentado para obtener la anotación de aviso de cuestión litigiosa.’
“Que a los efectos de subsanar el defecto señalado por usted al pie de la copia de la demanda que se menciona bajo la letra (B), se hizo una nueva presentación de todos los documentos referidos en 13 de julio de 1915, y usted, 14 días después, puso’una simple nota de devolución de los documentos sin practicar operación alguna, porque no resultaba, a su juicio, subsanado uno de los defectos que señaló en la nota denegatoria de 10 de julio de 1915; y en ninguna de las dos ocasiones tomó usted anotación preventiva, cual debió hacerlo cumpliendo el terminante precepto de la sección siete de la ley de primero de marzo de 1902, sobre recursos contra resoluciones de los registradores de la propiedad.
‘ ‘ Que la omisión de usted respecto de la práctica de esa anotación preventiva pone a los intereses de la peticionaria en grave riesgo, puesto que habiendo sido adjudicada. ya a Román Boada por el marshal de esta corte municipal la casa materia del embargo, si una nueva, venta de la finca o la constitución de un gravamen hipote-cario se llevaran a cabo sin existir esa anotación preventiva, se defrau-darían los derechos de la solicitante en razón a que no podría dirigir su acción contra el tercer adquirente, que habría de alegar su buena fe en las transacciones.
“Para evitar esto, rogamos a usted que haciéndose cargo de la procedencia de la solicitud y del inminente riesgo en que de momento hanse colocado por esa oficina los intereses de la peticionaria por razón de la omisión indicada, se sirva despachar en el sentido que le plazca la documentación nuevamente presentada, pero tomando, en todo caso, por ser ello precepto imperativo de la ley, la anotación preventiva correspondiente. Caguas, P. R., julio 30 de 1915. Rafael Arce.”

Unido a esta petición aparece el siguiente juramento:

“Yo, Rafael Arce Rollet, declaro bajo juramento: Que hoy día-30 de julio de mil novecientos quince, en las horas de la mañana me constituí en las oficinas del registro de la propiedad de esta pobla-ción, y, haciendo entrega de la precedente moción y de los docu-mentos que en ella se reseñan, juntamente con un dollar cincuenta centavos en sellos de rentas internas al Sr. Registrador Don Fernando Vázquez, le requerí para que practicara la anotación preventiva que se interesa en la aludida moción, y que el dicho registrador se negó no solamente a practicar la indicada anotación preventiva, si que también a admitir la presentación de los documentos en el diario de operaciones del registro. Caguas, P. R., julio 30 de 1915. Rafael Arce.
“Número 792. — Suscrito y jurado ante mí, hoy, por Rafael Arce Rollet, mayor de edad, de profesión abogado, vecino de esta ciudad, a quien conozco personalmente. Caguas, P. R., julio treinta .de mil novecientos quince. Lorenzo Jiménez y García. Hay' un sello de rentas internas de 25 centavos, ■ cancelado. Sello del notario. ’ ’

Aparece del expediente que la recurrente fue notificada de la resolución contenida en la nota a que se lia hecho refe-fencia en primer término el día 13 de julio y que los autos se recibieron .en la oficina del secretario de' este tribunal el día 7 de ag'osto de 1915.

Habiendo transcurrido más de veinte días desde la fecha en que fuá notificada la primera nota sin haberse radicado la documentación en esta corte; siendo indiscutible la correc-ción de la.segunda nota si aceptamos la propiedad de la pri-mera, y habiendo sido resuelta clara y expresamente por el registrador en su nota original la cuestión promovida en la petición a que en último término se ba becbo referencia, la cuestión es una que está enteramente fuera de nuestra juris-dicción (coram non judice) y el llamado' recurso de alzada debe ser desestimado sin que sea necesario entrar a conside-rar los méritos de las cuestiones cuya determinación se inte-resa. Behn v. El Registrador de la Propiedad, 21 D. P. R. 513, y casos citados en el mismo.

Desestimado el recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino.