text:
    Pedro Sánchez Isaac y otros Demandantes, etc., peticionarios, v. Sylvania Lighting, Co. y/o Sylvania Manufacturing, Co., etc., recurridos.

      Número: CC-2004-1191

      Resuelto: 23 de febrero de 2006

      Luis R. Mellado González, abogado de la parte peticionaria; Gregory T. Usera, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca decidir, por primera vez, si es obligatoria la imposición de costas que surge del Art. 13 de la Ley de Horas y Días de Trabajo, Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948 (29 L.P.R.A. sec. 282), en casos como el de autos.

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Pedro Sánchez Isaac y varios otros empleados (los peti-cionarios) demandaron a su patrono Osram Sylvania Puerto Rico Corp. (Osram) por alegadas violaciones a dis-tintas leyes laborales. Alegaron, entre otras reclamaciones, que Osram no les había compensado debidamente por las horas extras trabajadas durante el período para tomar ali-mentos y durante el séptimo día (el día de descanso).

Luego de los trámites procesales de rigor, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, dictó una sentencia sumaria parcial a favor de Osram el 28 de marzo de 2003. De esa sentencia los peticionarios apelaron al Tribunal de Apelaciones y le imputaron quince errores al Tribunal de Primera Instancia. El 31 de octubre de 2003 el foro apelativo atendió el recurso y modificó la sentencia del tribunal de instancia en cuanto a dos de los quince señala-mientos de error. En primer lugar, el Tribunal de Apelacio-nes instruyó al Tribunal de Primera Instancia que calcu-lara y ordenara el pago de los salarios adeudados por Osram a los peticionarios por trabajos realizados durante la media hora del período para tomar alimentos. Este cál-culo debía computarse desde que los peticionarios firmaron unas solicitudes de reducción de dicho período hasta la fe-cha de efectividad de dichas solicitudes, según indicada por el Departamento del Trabajo. En segundo lugar, el foro apelativo modificó la sentencia del tribunal de instancia al concluir que la actuación de Osram de no conceder segun-dos períodos para tomar alimentos durante la jornada ex-traordinaria de trabajo antes del 17 de agosto de 1990 fue inválida, según lo resuelto en Acevedo v. P.R. Sun Oil Co., 145 D.P.R. 754 (1998). Por lo tanto, ordenó al Tribunal de Primera Instancia a adjudicar también estas partidas.

En vista de lo anterior, los peticionarios presentaron oportunamente ante el Tribunal de Primera Instancia un Memorando de Costas en Apelación, mediante el cual re-clamaron el reembolso de $1,006 por 13,874 páginas de fotocopias, correspondientes a siete escritos de apelación con sus respectivos legajos. En una decisión del 22 de junio de 2004, el foro de instancia denegó la referida solicitud de costas en apelación, decisión que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones el 9 de noviembre de 2004. Los que-rellantes recurrieron ante nosotros de esta determinación del foro apelativo mediante un escrito de certiorari. En su recurso, los peticionarios señalaron como único error que: “Erró el TA al ratificar lo resuelto por el TPI denegando las costas en apelación a los peticionarios.” Petición de certio-rari, pág. 2. Adujeron que el Art. 13 de la Ley Núm. 379, supra, reconoce el derecho absoluto de los trabajadores puertorriqueños a recobrar las costas y los gastos en que hayan incurrido en los procedimientos judiciales inter-puestos para reclamar la compensación adecuada por horas de trabajo no pagadas o pagadas de forma insuficiente.

El 1 de abril de 2005 ordenamos a Osram a que compa-reciera y mostrara causa por la cual no debería revocarse la decisión del Tribunal de Apelaciones y ordenarle el pago de costas en apelación conforme a lo dispuesto en la refe-rida Ley Núm. 379. Osram presentó su escrito en cumpli-miento de nuestra orden el 9 de mayo de 2005. Con el be-neficio de la comparecencia de ambas partes, pasamos a resolver.

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La Ley Núm. 379, supra, dispone que la jornada legal diaria de trabajo en Puerto Rico será de ocho horas y que la jornada legal semanal consiste de cuarenta horas de trabajo. Al momento de su promulgación, esta ley fue caracterizada como “una de las grandes reivindicaciones de la clase obrera”. 1948 Leyes de Puerto Rico 1255. Surge del historial legislativo que el propósito primordial de la ley fue establecer la jornada de trabajo de Puerto Rico, para lo cual ésta fijó el pago de un tipo doble por las horas trabajadas en exceso de la jornada dispuesta y creó una acción civil combinada de cobro de dinero y daños y perjuicios como penalidad para el patrono que violara sus disposiciones. La Asamblea Legislativa aprobó esta medida para proteger “la salud, la seguridad y la vida del trabajador” de las jornadas excesivas que antes imponían los patronos en aras de aumentar la producción. íd. “[L]a política de esta Ley es ... corregir y tan rápidamente como sea posible eliminar las condiciones de explotación del trabajador”. íd., pág. 1257. Por esta razón la Ley Núm. 379, supra, es de carácter extraordinario y provee la imposición de sanciones para aquel patrono que no cumpla con sus obligaciones de pago. Así, “desalienta el empleo en horas extras por razón de la carga económica adicional que impone al patrono [y] conlleva una compensación más justiciera para el hombre forzado a rendir una jornada mayor”. íd. La importancia de esta legislación llevó a que fuera elevada a rango constitucional en 1952. A estos efectos, nuestra Carta de Derechos declara que

[s]e reconoce el derecho de todo trabajador a ... un salario mínimo razonable, a protección contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo, y a una jornada ordinaria que no exceda de ocho horas de trabajo. Sólo podrá trabajarse en exceso de este límite diario, mediante compen-sación extraordinaria que nunca será menor de una vez y media el tipo de salario ordinario, según se disponga por ley. Art. II, Sec. 16, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 352.

Ya en otras ocasiones hemos expresado que la ascensión de esta disposición legislativa a rango constitucional obe-dece al temor de los constituyentes de que nuevas actua-ciones legislativas pudiesen vulnerar este derecho de los trabajadores. Véanse: Almodovar v. Margo Farms del Caribe, Inc., 148 D.P.R. 103, 110 (1999); A.D. Miranda, Inc. v. Falcón, 83 D.P.R. 735, 743 (1961). Siempre hemos tenido presente esta ingente preocupación de los constituyentes.

Para proteger adecuadamente el derecho que ella misma instituye, la Ley de Horas y Días de Trabajo establece una causa de acción a favor del empleado cuyo patrono no cumpla con el mandato legislativo. La ley dispone, en su parte pertinente, que

[t]odo empleado que reciba una compensación menor que la fijada en las sees. 271 a 288 de este título para horas regulares y horas extras de trabajo o para el período señalado para to-mar alimentos tendrá derecho a recobrar de su patrono me-diante acción civil las cantidades no pagadas, más una suma igual por concepto de liquidación de daños y peijuicios, ade-más de las costas, gastos y honorarios de ahogados del procedimiento. (Énfasis suplido.) Art. 13 de la Ley Núm. 379, supra.

En Berrios v. Eastern Sugar Associates, 79 D.P.R. 688, 704-705 (1956), y en Tulier v. Autoridad de Tierras, 70 D.P.R. 267, 282-283 (1949), tuvimos la oportunidad de interpretar la disposición transcrita con relación a la obligación patronal de pagar honorarios de abogados y en cuanto a la imposición de una suma igual a la adeudada en concepto de daños y perjuicios, respectivamente. En ambos casos establecimos que el Art. 13 de la Ley Núm. 379, supra, es un precepto claro e imperativo. Es lógico concluir, entonces, que la imposición de costas que surge de la Ley de Horas y Días de Trabajo es igual de categórica. De modo que el patrono que, por sus acciones y su incumplimiento con las providencias legislativas y constitucionales, obligue a su empleado a recurrir a los tribunales para cobrar las cantidades a las que tiene derecho en concepto de horas regulares y horas extras de trabajo, tendrá que indemnizar al empleado por los gastos y las costas en que este último haya tenido que incurrir para hacer valer su derecho.

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Visto el derecho aplicable al caso ante nuestra conside-ración, pasemos a aplicarlo a los hechos en cuestión. Los peticionarios presentaron un sinnúmero de reclamaciones laborales en contra de Osram que fueron resueltas de forma sumaria a favor de esta última por el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones revocó al foro inferior en cuanto a dos de los quince errores ante él presentados y condenó a Osram a pagar a los peticionarios la doble compensación por el trabajo de éstos durante el período para tomar alimentos tanto en la jornada ordina-ria, como en la jornada extraordinaria. Se trata precisa-mente del tipo de evento laboral para el cual la Ley de Horas y Días de Trabajo y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico procuran garantizar un remedio satisfactorio a los trabajadores puertorriqueños. Conforme al mandato legislativo en cuestión, le corresponde a Osram rembolsar a los peticionarios las costas en que ellos incu-rrieron en la tramitación de la apelación que halló a Osram en violación a la Ley de Horas y Días de Trabajo.

No nos convence el argumento de Osram en cuanto a que no procede la concesión de costas porque el Tribunal de Apelaciones confirmó al foro de instancia en la mayoría de sus dictámenes. La teoría de Osram es que, al no haber una parte completamente victoriosa, el Tribunal de Primera Instancia tenía discreción para imponer o no el pago de costas. No tiene razón. Como explicáramos, la Ley de Horas y Días de Trabajo, en especial el citado Art. 13 en cuestión, no deja a nuestra discreción la imposición de costas. Al contrario, la imposición de costas al patrono perdidoso en un caso bajo la Ley Núm. 379, supra, al igual que la imposición de daños y honorarios de abogado, es un mandato de ley, imperativo e inexcusable. Berríos v. Eastern Sugar Associates, supra; Tulier v. Autoridad de Tierras, supra.

Más aún, incluso si hubiese dudas, tendríamos que resolver a favor de los trabajadores ya que, al igual que otras legislaciones laborales, la Ley de Horas y Días de Trabajo tiene un carácter reparador y debe tomarse como un instrumento de justicia social. Así, hemos resuelto que la legislación laboral debe interpretarse de la forma más favorable hacia el obrero. “Su interpretación liberal, a favor de aquellos a quienes las mismas intentan proteger, es imperativa.” Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., 151 D.P.R. 634, 644 (2000). Véase, además, Rodríguez v. Syntex, 160 D.P.R. 364 (2003).

Tampoco nos persuade Osram al sugerir que no procede la imposición de costas porque los gastos de los peticiona-rios no fueron necesarios ni razonables. Los peticionarios piden la restitución de $1,006 por las copias del escrito de apelación con sus respectivos legajos. El propio Regla-mento del Tribunal de Apelaciones vigente al momento de la presentación del recurso requería para la interposición de cualquier recurso que la parte promovente presentara el documento original y cuatro copias, todos con sus respecti-vos legajos, además de proveerle copias de este documento a la parte promovida. Reglas 70 y 77 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico de 25 de abril de 1996, según enmen-dado el 25 de febrero de 1998 (4 L.P.R.A. Ap. XXII-A). No nos parece que cumplir con aquello que dispone el Regla-mento del Tribunal de Apelaciones como requisito para la presentación de un recurso sea irrazonable o innecesario. Todo lo contrario; los peticionarios cumplieron a cabalidad con las exigencias del ordenamiento.

Por los fundamentos expuestos, procede que se revoque el dictamen del Tribunal de Apelaciones en el caso de autos.

Se dictará una sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton disintió sin opinión escrita.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Se-ñor Rebollo López. Juez Presidente Señor Hernández Denton,

license: Public Domain

text:
    Asociación de Propietarios de Playa Húcares, Inc., demandante y peticionaria, v. Luis Fernando Rodríguez, Jazmín Saldivar Alejandro y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, demandados y recurridos.

      Número: CC-2003-650

      Resuelto: 24 de febrero de 2006

      José Ramón Olmo Rodríguez, abogado de la parte peticiona-ria; Antonio Pita Matienzo, abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

Mediante el presente recurso se solicita de este Tribunal la revocación de una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, mediante la cual este último modificó y así confirmó un dictamen del Tribunal de Primera Instancia que había declarado “no ha lugar” una demanda sobre in-terdicto presentada por la aquí peticionaria, Asociación de Propietarios de Playa Húcares, Inc. La allí demandante, aquí peticionaria, solicitó al foro primario que le prohibiera a los demandados recurridos contravenir ciertas servidum-bres en equidad. Se confirma la sentencia recurrida.

HH

El 3 de octubre de 1990 se otorgó ante el notario Francisco Alonso Rivera la Escritura Núm. 260 sobre Constitu-ción de Condiciones Restrictivas de Uso y Limitaciones so-bre la Construcción y Declaración de Derechos. El 29 de octubre de 1990, ésta se presentó en el Registro de la Pro-piedad de Humacao y se inscribió el 13 de febrero de 1991, en el Folio 205 del Tomo 181, Finca Núm. 365. Mediante esta escritura, el desarrollador y dueño del proyecto creó unas servidumbres en equidad gravando la finca matriz, de la cual se segregaron ciento treinta solares que compo-nen la Urbanización Mansiones de Playa de Húcares (Ur-banización) en Naguabo, Puerto Rico. De esta forma, im-puso sobre los ciento treinta solares unas restricciones de uso y limitaciones sobre la construcción. Además, se creó la Asociación de Propietarios de Playa de Húcares, Inc. (Aso-ciación) para cumplir con las obligaciones, las responsabi-lidades y los mandatos delegados, para el beneficio de los propietarios y residentes de la Urbanización^)

En lo pertinente, se constituyeron las servidumbres en equidad siguientes:

LIMITACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN
(a) Aprobación: Toda construcción que se realice en este pro-yecto en primer lugar deberá cumplir con la reglamentación que para un distrito de zonificación R-l, requiere la Adminis-tración de Reglamentos y Permisos y las agencias guberna-mentales concernidas, así como del comité de Arquitectura de la Asociación de Propietarios de Playa Húcares y obtener sus respectivas aprobaciones.
(c) Área de Construcción: Las edificaciones a construirse se-rán de tipo residencial teniendo como área de piso básica de mil quinientos (1,500) pies cuadrados, mínimo.
LIMITACIONES DE USO
(a) Uso: Los solares del proyecto serán con fines residenciales exclusivamente. No se permitirán el uso comercial o para ser-vicios profesionales.
(c) Arrendamiento: En caso que algún propietario desee alqui-lar su propiedad deberá ser con un término no menor de una semana.()

También, mediante esta escritura se creó un Comité de Control Arquitectónico. En cuanto a su creación, propósito y composición, se expresó lo siguiente:

Comité de Control Arquitectónico
(A): La compareciente por la presente crea un comit[é] con el propósito de reglamentar las edificaciones, cambios estructu-rales, modificaciones, alteraciones, estructuras con fines resi-denciales o con fines comunales, la creación de áreas recreati-vas, el desarrollo de los mismos en cuanto a ornamentación y plantación.
(B) Composición: El comité se conocerá como “Comité de Control Arquitectónico”, el cual será compuesto de no menos de tres miembros, preferiblemente ingenieros [o] arquitectos, los cuales crear[á]n unas directrices que sirvan de guías para las edificaciones, residencias privadas, las de uso común y las públicas. La compareciente una vez nombrados los miembros circular[á] sus nombres y direcciones entre los propietarios e indicar[á] en d[ó]nde deberán radicarse los planos para su aprobación.
(C) Una vez radicad [o] s los planos con el comité éstos deberán dentro de los próximos treinta (30) días evacuar un resultado. Si el resultado fuese adverso al propietario éste podrá recurrir a la Junta en plen[o] donde expondrá sus razones, [sic] la de-cisión de la Junta será final.()

El 12 de julio de 1992 la Asociación promulgó y adoptó el Reglamento de Propietarios de Playa Húcares Inc., el cual fue ratificado en la misma fecha mediante asamblea extraordinaria.!) En el referido reglamento, se adoptaron textualmente las condiciones restrictivas de uso y las limi-taciones sobre la construcción, contenidas en la escritura constitutiva de servidumbres en equidad.!)

El 4 de junio de 1999, mediante una escritura pública sobre compraventa, otorgada ante el notario público Raúl Maldonado Vázquez, el Sr. Luis F. Rodríguez Ramos y su esposa, la Sra. Jazmín Saldivar Alejandro (esposos Rodrí-guez-Saldivar), adquirieron el solar marcado como C-42 de la Urbanización. Posteriormente, el 25 de enero de 2001, la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.), le otorgó a los esposos Rodríguez-Saldivar permiso de uso para una vivienda unifamiliar de dos plantas, la cual se construyó en él solar C-42 de la Urbanización.()

El 29 de marzo de 2001 los esposos Rodríguez-Saldivar presentaron ante A.R.Pe. los planos de construcción de una vivienda familiar, al nivel del sótano de la residencia, que sería ubicada en el solar C-42 de la Urbanización. El 30 de marzo de 2001 la Junta de Directores de la Asociación ce-lebró una reunión para escoger las posiciones directivas dentro de la nueva Junta. Surge de la minuta de esta re-unión, que en esta misma fecha se reactivó el Comité Central Arquitectónico de la Asociación para trabajar con las nuevas construcciones. No obstante, no surge de la minuta que se circularon los nombres y las direcciones de los inte-grantes de ese comité ni que se hubiese especificado dónde se presentarían los planos para su aprobación.!)

El 2 de abril de 2001 A.R.Pe. autorizó el permiso de construcción relacionado a los planos presentados por los esposos el 29 de marzo de 2001, y lo expidió el 1 de mayo del mismo año. El 5 de julio de 2001 A.R.Pe. aprobó un permiso de uso para una vivienda al nivel del sótano, loca-lizada en la estructura construida por los esposos Rodríguez-Saldivar. Dicho permiso fue expedido el 10 de julio de 2001.

Inconforme con la construcción realizada por los esposos Rodríguez-Saldivar y por el uso al que fuera destinada la residencia, el 7 de agosto de 2001 la Asociación presentó una demanda sobre entredicho provisional, interdicto pre-liminar y permanente, contra los esposos Rodríguez-Saldivar. En síntesis, la Asociación alegó que los esposos Rodríguez-Saldivar no cumplieron con los reglamentos vi-gentes de la Asociación al no haber sometido los planos de la estructura a su Comité Central Arquitectónico para su revisión y aprobación, y al utilizar la propiedad para arrendar un apartamento, contrario a las condiciones res-trictivas de uso (servidumbres en equidad), constituidas mediante la Escritura Núm. 260 de 3 de octubre de 1990, antes mencionada.!)

Por su parte, los esposos Rodríguez-Saldivar contesta-ron la demanda e incoaron una reconvención contra la Asociación. Alegaron que ni en la escritura pública de cons-titución de servidumbres en equidad ni en el Reglamento de Propietarios de Playa Húcares Inc. surgía restricción alguna que les impidiera la construcción de una segunda unidad de vivienda y su arrendamiento. También alegaron que, al momento de obtener los permisos de A.R.Pe. para la construcción y el uso de su propiedad, el Comité Central Arquitectónico era inexistente e inoperante, y que las en-miendas al reglamento de la Asociación, las cuales se apro-baron el 26 de agosto de 2001 y que prohibían el arrenda-miento de una segunda planta de vivienda, eran nulas, ya que no podían modificar, enmendar o revocar ninguna de las cláusulas de la escritura constitutiva de las restriccio-nes en equidad. Finalmente, alegaron que las enmiendas al reglamento, aprobadas el 26 de agosto de 2001, no se les podían aplicar retroactivamente.

Tras varios incidentes procesales, se llevó a cabo la con-ferencia con antelación al juicio. Luego que las partes ma-nifestaran en corte abierta la ausencia de controversia real sobre los hechos, el 24 de septiembre de 2002 el Tribunal de Primera Instancia se pronunció declarando “sin lugar” la demanda.!) Determinó que: (1) de acuerdo con las res-tricciones en equidad y con el Reglamento de Zonificación de Puerto Rico/) es permitida una segunda unidad de vi-vienda independiente en los solares de la Urbanización en cuestión; (2) no existía impedimento para que dicha unidad fuese arrendada, siempre y cuando cumpliese con el tér-mino establecido en la restricción en equidad;() (3) las en-miendas hechas al Reglamento de Propietarios de Playa de Húcares Inc. el 26 de agosto de 2001 no podían aplicarle retroactivamente a los demandados, y (4) al momento en que la parte demandada presentó sus planos ante A.R.Pe. para obtener los permisos correspondientes, el Comité Central Arquitectónico no estaba operando ni funcionando, por lo que no podía imputársele a los demandados su in-cumplimiento con las restricciones en equidad y con el re-glamento de la Asociación. () Finalmente, el foro primario ordenó al Comité Central Arquitectónico que aprobase los planos de construcción presentados por la parte deman-dada y le impuso a la Asociación las costas y los gastos del litigio.

Inconforme con tal dictamen, la Asociación acudió ante el anterior Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante un recurso de apelación. El foro apelativo intermedio mo-dificó y, así modificada, confirmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Concluyó que la construcción al ni-vel del sótano, realizada por los apelados —los esposos Ro-dríguez-Saldivar— fue conforme a los parámetros exigidos por A.R.Pe., por lo cual no hacía falta ninguna aprobación ulterior por el Comité Central Arquitectónico de la Asociación.() Determinó específicamente lo siguiente:

En el caso de autos, la edificación hecha por los apelados cumplió con las exigencias mínimas que la ARPE impone a una zonificación R-l, ya que la construcción fue hecha en un terreno de 986.93 metros cuadrados (10,623 pies cuadrados), con un área bruta de piso de 237.01 metros cuadrados (2551.16 pies cuadrados). Esta área de construcción básica cumple con las restricciones establecidas en la servidumbre en equidad (el mínimo de 1,500 pies cuadrados). El apartamento al nivel de sótano tiene un área de superficie de 75.46 metros cuadrados (812.25 pies cuadrados), definitivamente esta es un área menor a los 1,500 pies cuadrados establecidos como mí-nimo en la servidumbre en equidad; no obstante, éste no es el área de superficie a examinar para determinar cuál es el área básica de construcción.
Los apelados consiguieron todos los permisos requeridos por las agencias gubernamentales para realizar la construcción. En ese momento el Comité Arquitectónico no estaba operante, razón por la cual, los apelados estaban imposibilitados de pre-sentar los permisos y los planos a dicho Comité. Por ende, no se puede penalizar a los apelados por la omisión o incumpli-miento de la Asociación, de las Restricciones en Equidad y en el Reglamento que ellos mismos están utilizando para atacar la construcción de los apelados. Es patente que la Asociación conocía de la deficiencia de sus alegaciones cuando reactivó el Comité el 30 de marzo de 2001 y realizó enmiendas al Regla-mento el 26 de agosto de 2001. Debido a lo anterior, el TPI evaluó los requisitos mínimos que impone la ARPE para apro-bar una construcción y a renglón seguido concluyó que los ape-lados habían cumplido con las exigencias de ley. La construc-ción realizada cumple con todos los parámetros establecidos por ley.()

La Asociación, inconforme con la decisión del foro inter-medio apelativo, acude ante nosotros mediante el presente recurso de certiorari. Alegó la comisión de los errores si-guientes:

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al concluir que la construcción de un apartamento en el sótano de una casa de dos pisos no viola la servidumbre en equidad operante en la Comunidad Playa Húcares.
Erró el Tribunal del Circuito de Apelaciones al concluir que la servidumbre en equidad operante permite el alquiler de un apartamento en el sótano de la casa.
Erró el Tribunal del Circuito de Apelaciones al concluir que la parte recurrida podía construir un apartamento en el sótano sin solicitar permiso del Comité de Arquitectura de Playa Húcares. Petición de certiorari, págs. 3-4.

Los recurridos sostienen haber cumplido fielmente con las servidumbres en equidad, pues ni de éstas ni del regla-mento surge que la intención del desarrollador fue prohibir que hubiese más de una unidad de vivienda por solar. Ade-más, añadió que aunque las residencias tenían que ser para fines residenciales exclusivamente, sí podían ser al-quiladas, pues así surge claramente de las servidumbres en equidad y del Reglamento de Propietarios, por lo que dicho arrendamiento no constituye un uso comercial. Res-pecto al requisito de presentar los planos ante el Comité Central Arquitectónico antes de presentarlos ante A.R.Pe., los recurridos alegaron que no los presentaron ante ese Comité porque éste no estaba en funcionamiento. También le imputó a la Asociación haber incumplido con su obliga-ción de circular entre los propietarios los nombres y las direcciones de los miembros del Comité, y el no haber es-tablecido guías ni parámetros de dónde presentar los pla-nos para aprobar las obras.()

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Las servidumbres en equidad consisten de unas restric-ciones y condiciones, constituidas unilateralmente por el urbanizador, que limitan el uso de terrenos y edificaciones, operan para beneficio de los presentes y futuros propieta-rios, e imponen cargas o gravámenes especiales, como parte de un plan general para el desarrollo y la preserva-ción de una urbanización residencial.!) Estas limitan las facultades de los futuros adquirentes.!) En nuestra juris-dicción, las servidumbres en equidad se utilizan con fre-cuencia “para establecer restricciones a la propiedad a fin de asegurar que la configuración arquitectónica o urbanís-tica de un determinado proyecto privado se conserve den-tro de los parámetros establecidos”.!) Se ha reconocido que las cláusulas restrictivas que gravan las urbanizacio-nes residenciales tienen como finalidad preservar el valor, la belleza, la comodidad y la seguridad del reparto residencial.!) Esto es así, ya que éstas limitan las faculta-des de los futuros adquirentes de los solares y de las vi-viendas en cuanto a hacer obras nuevas, efectuar cambios en las ya hechas y delimitar los usos a los que puede ser destinada una propiedad.!)

Para que las servidumbres en equidad sean válidas y eficaces, se requiere: (1) “que las limitaciones referidas sean razonables”; (2) “que se establezcan como parte de un plan general de mejoras”; (3) “que consten de forma espe-cífica en el título de la propiedad”, y (4) “que se inscriban en el Registro de la Propiedad”.!) Por lo cual, para que una propiedad inmueble sea gravada válidamente me-diante una servidumbre en equidad, sus cláusulas restric-tivas deben constar en una escritura pública y, según men-donamos, debe inscribirse en el Registro de la Propie-dad.!)

Las servidumbres en equidad son consideradas como un contrato entre las partes, ya sea porque éstas acuerdan gravar sus propiedades para delimitar su uso o el tipo de edificación que se puede efectuar sobre ellas, o porque quienes adquieren posteriormente la propiedad gravada, conociendo las restricciones inscritas en el Registro de la Propiedad, aceptan someterse a éstas.!) Por lo cual, ad-quieren un rango de contratos privados de naturaleza real, ya que una vez son inscritas en el Registro de la Propiedad, constituyen derechos reales oponibles erga omnes que crean entre los predios afectados una relación de servi-dumbres recíprocas, puesto que cada lote o solar es predio dominante, a la vez que sirviente, con relación a los demás lotes o solares de la urbanización.!)

Los dueños de predios sujetos a servidumbres en equi-dad pueden impedir violaciones a las limitaciones impues-tas y hacer efectivos sus derechos a través del recurso de interdicto.() Una vez reconocida la validez y vigencia de las cláusulas restrictivas de una servidumbre en equidad en un caso particular, “los tribunales deben hacer cumplir a cabalidad los propósitos del acuerdo al que las partes han aceptado someterse al adquirir la propiedad gravada”.() Esta norma persigue preservar la autonomía de la volun-tad de las partes, reflejada en las cláusulas restrictivas de la servidumbre en equidad. Por lo tanto, los tribunales no tienen facultad para obviar dicha voluntad por criterios ajenos a ésta, salvo que sea contraria a la ley, a la moral o al orden público.() Valga recordar que en el ámbito de las obligaciones y los contratos es doctrina fundamental que cuando los términos de un contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, no se recurrirá a reglas de interpretación, sino que se respetará el sentido literal de sus cláusulas.()

Las servidumbres en equidad pueden extinguirse o mo-dificarse en los casos siguientes:

(1) por acuerdo de los interesados; (2) por efecto del tiempo o por realizarse la condición si así se constituyeron; (3) por con-fusión; (4) por renuncia o abandono de los propietarios que reciben los beneficios de la servidumbre; (5) por expropiación forzosa si los gravámenes son incompatibles con el uso público del inmueble expropiado; y (6) cuando cambios radicales del vecindario no sólo hacen la restricción irrazonable y opresiva para el dueño del predio sirviente, sino también destruyen el valor que la restricción tenía para el dueño del predio domi-nante, por lo cual resulta imposible alcanzar los fines que per-seguía la servidumbre.()

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Nos corresponde determinar si el recurrido actuó con-forme a las servidumbres en equidad. Específicamente, si contravino las condiciones restrictivas al construir una se-gunda unidad de vivienda en el sótano de una casa de dos pisos; al hacer tal construcción sin solicitar el permiso del Comité Arquitectónico, y al arrendarla. Atenderemos los tres errores en conjunto.

El anterior Tribunal de Circuito de Apelaciones con-firmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia, declarando así “sin lugar” la demanda de interdicto pre-sentado por la Asociación. Determinó que el recurrido no violó las servidumbres en equidad existentes. Le asiste la razón. Veamos.

Mencionamos que uno de los requisitos para que las ser-vidumbres en equidad sean válidas y eficaces es que se inscriban en el Registro de la Propiedad. Una vez inscritas, éstas les son oponibles a todos los futuros adquirentes. La persona interesada en adquirir una propiedad sujeta a unas servidumbres en equidad, está limitada a las restric-ciones inscritas. La parte recurrida adquirió una propiedad sujeta a ciertas servidumbres en equidad, y de los hechos que se desprenden de autos no surge que sus actuaciones violen las restricciones inscritas existentes.

En la escritura pública constitutiva de las servidumbres en equidad constan las limitaciones sobre la construcción, y de éstas no surge impedimento alguno que le prohibiese a los recurridos haber construido una segunda vivienda en el sótano de la casa de su propiedad. Sí le requería que la construcción cumpliese con la reglamentación que para un distrito de zonificación R-l exige A.R.Pe. y con unas medi-das específicas mínimas, mas no prohibía o restringía el derecho del propietario de construir una segunda vivienda en el sótano.() No surge de nuestro expediente que el de-sarrollador tuvo la intención de plasmar en la Escritura Pública Constitutiva de Servidumbres en Equidad que la definición o requisitos correspondientes a un distrito de zonificación R-l se congelaran de forma tal que operasen únicamente como prescribía el Reglamento de Zonificación al momento de constituirse tal documento público. Por el contrario, se desprende de la referida servidumbre en equi-dad que la intención del desarrollador fue que todo propie-tario tendría que "cumplir con la reglamentación que para un distrito de zonificación R-l, requiere la Administración de Reglamentos y Permisos y las agencias gubernamenta-les concernidas”.() Por lo tanto, tenían que cumplir con los requisitos que dispone A.R.Pe. y las agencias concernidas al momento de solicitar los permisos para la construcción.

Además de exigir los permisos correspondientes de A.R.Pe., las servidumbres en equidad requieren que el Co-mité Arquitectónico apruebe los planos de la construcción. Si bien es cierto que los recurridos no cumplieron con esta limitación, no se debió a un mero incumplimiento voluntario. Surge de autos que el Comité se reactivó el 30 de marzo de 2001, un día después que los esposos Rodrí-guez-Saldivar presentaran ante A.R.Pe. los planos de la vivienda al nivel del sótano. El Tribunal de Primera Ins-tancia determinó, como cuestión de hecho, que al momento de la reactivación del Comité no se circularon ni los nom-bres ni las direcciones de sus integrantes, ni las indicacio-nes de dónde presentar los planos para su evaluación.

La Asociación pretende que los propietarios de los sola-res en la Urbanización cumplan con presentar los planos para la aprobación del Comité Central Arquitectónico, cuando no se han ocupado de notificar quiénes lo compo-nen ni qué directrices o procedimiento deben seguir para cumplir con tal restricción. De notificarse los integrantes del comité y sus direcciones, y de establecerse ciertas directrices para el procedimiento de aprobación de planos, los propietarios de los solares de la Urbanización le ten-drán que dar cumplimiento. Por lo cual, no podemos obli-gar a los recurridos a cumplir con una servidumbre en equidad y de esta forma limitar su derecho propietario, cuando la entidad encargada de darle cumplimiento no ha cumplido con su responsabilidad.

En cuanto a las limitaciones de uso, surge que las ser-vidumbres en equidad permiten expresamente el arrenda-miento de las propiedades de la Urbanización. Los dueños pueden arrendar sus propiedades, siempre y cuando se uti-licen para fines residenciales exclusivamente y por un tér-mino no menor de una semana. No es correcto el plantea-miento de la peticionaria de que el alquiler que pretenden los recurridos está vedado por la servidumbre en equidad. El arrendamiento está permitido y la servidumbre en equi-dad no establece otras restricciones que las mencionadas.

Los recurridos alegan que enmiendas al reglamento de la Asociación, aprobadas el 26 de agosto de 2001, no son válidas. Estas enmiendas disponen que las edificaciones a construirse serán de tipo residencial unifamiliar, las cuales no podrán variarse por modificación o ampliación para des-tinarse a apartamentos de alquiler, y que sólo podrán ser alquiladas como una unidad de vivienda. Los recurridos argüyeron que la Asociación está impedida de modificar, enmendar o dejar sin efecto, mediante reglamento, las res-tricciones impuestas mediante la escritura pública, consti-tutiva de las servidumbres en equidad originales. Señala-ron que esta actuación es contraria a derecho. Tienen razón.

Tal como mencionamos en la parte expositiva del dere-cho aplicable al caso de autos, este Tribunal ha establecido las formas en que las servidumbres en equidad pueden mo-dificarse o extinguirse.() El mero hecho de enmendar un Reglamento de una Asociación de Propietarios, preten-diendo modificar unas servidumbres en equidad para limi-tar el derecho de propiedad de los residentes, no es una forma válida de alterarlas cuando éstas han sido constitui-das por escritura pública y están debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad. Existe un derecho propietario reconocido en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico() y la Asociación no puede limitarlo o restrin-girlo a través de un reglamento.

Además, es un requisito que las servidumbres en equi-dad se inscriban en el Registro de la Propiedad para que de esta forma puedan ser oponibles a los propietarios presen-tes y futuros. Su inclusión y posterior alteración en un re-glamento no las convierte en un derecho real oponible erga omnes. No obstante, su cancelación en el Registro de la Propiedad requiere expreso consentimiento de todos los ti-tulares de los lotes o solares que habrán de resultar afec-tados por dicha cancelación.() Por lo tanto, las servidum-bres en equidad que se hayan constituido de forma válida y conforme a derecho sólo podrán ser modificadas según las seis formas antes citadas. La Asociación tendrá que actuar conforme a lo aquí expresado. Si la Asociación interesa mo-dificar las servidumbres en equidad, o restringirlas de al-gún modo, tendrá que ser por convenio de todos los propie-tarios y mediante una escritura pública, inscribible en el Registro de la Propiedad.

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Concluimos que actuó correctamente el anterior Tribunal de Circuito Apelaciones al modificar y confirmar la de-terminación del foro primario. Los recurridos no han ac-tuado de forma alguna en contravención a las servidumbres en equidad existentes sobre la Urbanización Mansiones de Playa de Húcares. Confirmamos la sentencia recurrida.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton disintió con una opinión escrita, a la que se unió la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión de conformidad.

— O —

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Se-ñor Rebollo López.

Suscribimos la sentencia que en el presente caso emite la mayoría de los integrantes del Tribunal. Ello no obs-tante, hemos entendido procedente expresarnos breve-mente, y por separado, en vista de algunos de los argumen-tos expresados en la opinión disidente, los cuales entendemos erróneos.

La opinión disidente señala que “[e]l arrendamiento [que los recurridos pretenden establecer] es una explota-ción comercial de la propiedad por parte del propietario, en la cual éste cede el uso y disfrute a un tercero a cambio del pago de unos cánones”. (Énfasis nuestro.) Opinión disi-dente, págs. 275-276. En esencia, la minoría se ampara en dicho razonamiento para concluir que la construcción de la unidad de vivienda que realizaron los esposos Rodríguez-Saldivar en el sótano de su propiedad, con el propósito de destinarla a alquiler, es contraria al propósito que tuvo el desarrollador al constituir la servidumbre en equidad so-bre la Urbanización Mansiones de Playa Húcares (Urbanización). Diferimos.

Al examinar las restricciones de uso impuestas por el desarrollador en el presente caso, mediante la escritura de constitución de servidumbre de la Urbanización, vemos que éstas son tan claras que huelga el que sean “interpretadas”. Según la referida escritura, los solares sólo pueden ser usados con fines residenciales y, cierta-mente, existe una prohibición expresa sobre todo uso comer-cial o para servicios profesionales de éstos.

Ello no obstante, no es necesario un análisis exhaustivo de dicha prohibición para concluir que cuando el desarro-llador prohibió el uso “comercial” de las estructuras se re-firió, indudablemente, a establecimientos que se dedican a la venta de productos o servicios.() En otras palabras, lo que quiso prohibir el desarrollador fueron negocios tales como: colmados, farmacias, salones de belleza, restauran-tes, tiendas de ropa, de zapatos, centros de cuido de -niños, sastrerías, lavanderías, talleres de mecánica, centros de cuido de envejecientes, panaderías, gimnasios, etc. En lo que respecta a la prohibición de "servicios profesionales”, la restricción se refiere, sin lugar a dudas y a modo de ejemplo, a oficinas de dentistas, doctores, abogados, conta-bles, etc.

En otras palabras, no debe haber la menor duda sobre el hecho de que el alquiler para fines residenciales de alguna de las propiedades en la Urbanización no está contemplado dentro de la restricción comercial que estableció el desarrollador.

Resulta importante enfatizar que la escritura de servi-dumbre permite, de forma expresa, el alquiler de las pro-piedades, con la única limitación de que no sea por menos de una semana. Por otro lado, y en cuanto a las limitacio-nes sobre la construcción, la escritura de servidumbre dis-pone que las construcciones que se realicen deberán cum-plir con la reglamentación para un distrito de zonificación R-l según dispuesta por la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) u otras agencias concernidas, así como obtener la aprobación del Comité de Arquitectura de la Asociación. En cuanto al área de construcción, dispone que las edificaciones por construirse sólo podrán ser de tipo residencial.

Vemos, entonces, que no debe haber duda en cuanto a que lo que el desarrollador prohibió fue que a los solares se les diera un uso “comercial” o “profesional”, tales como los mencionados anteriormente. Como consecuencia de lo anterior se desprende que lo que el desarrollador pretendió fue que las viviendas fuesen utilizadas para fines residen-ciales exclusivamente. Por otro lado, resulta importante señalar que no surge que la intención del desarrollador fuese prohibir que hubiera más de una unidad de vivienda por solar.

En consecuencia, no creemos que sea obvio —tal y como parece entenderlo la minoría— que “resulta claro que el desarrollador no contempló, como uso residencial permi-tido, la construcción de unidades familiares independien-tes a la residencia principal en los solares del referido pro-yecto, con el propósito de explotarlas comercialmente mediante alquiler”. Opinión disidente, pág. 277. Tal con-clusión no se desprende de la escritura de servidumbre.()

Debe mantenerse presente que conforme surge de la de-cisión que este Tribunal emitiera en Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, 157 D.P.R. 521 (2002), las servidumbres en equidad deben ser interpretadas restrictivamente; ello por la simple y sencilla razón de que éstas, a su vez, res-tringen el uso y destino de las propiedad gravadas, lo cual incide sobre el derecho de propiedad. Interpretar tales li-mitaciones de manera más restrictiva de lo que se preten-dió cuando fueron establecidas equivale a enmendarlas e imponerles más limitaciones que las inicialmente pacta-das, lo cual es jurídicamente improcedente.

La minoría, al interpretar la servidumbre de modo que prohíba la construcción realizada en el presente caso, hace una interpretación mucho más restrictiva que la contem-plada por el desarrollador. La imposición de condiciones restrictivas al uso y disfrute de las viviendas de la Urba-nización Playa Húcares, repetimos, constituye una limita-ción al derecho de propiedad, derecho que tiene protección constitucional. Por ello, no se trata de ir más allá en bús-queda de lo que el desarrollador no plasmó expresamente en la escritura. En otras palabras, la interpretación de las cláusulas, condiciones y restricciones contempladas en la escritura de servidumbre no puede convertirse en el ejerci-cio de "inferir” una voluntad que no está expresamente plasmada.

Somos del criterio que, si hubiese sido el verdadero pro-pósito del desarrollador prohibir la construcción de unida-des independientes de vivienda dentro de las unidades principales, así lo hubiera hecho expresamente. En ausen-cia de una prohibición de esta naturaleza tenemos que arribar a la inevitable consecuencia que la construcción de más de una unidad de vivienda por solar no está prohibida por la referida escritura.

De otra parte, los esposos Rodríguez-Saldivar contaban con los permisos de A.R.Pe. para hacer la referida construcción. La razón por la cual no presentaron los pla-nos de construcción ante el Comité de Arquitectura de la Urbanización fue porque éste no estaba activo al momento de presentarse los planos en A.R.Pe. y solicitarse los co-rrespondientes permisos. Luego de reactivado, la Asocia-ción tampoco notificó quiénes componían el referido Co-mité, ni sus direcciones, para proceder con la presentación de planos de construcción.

En fin, somos del criterio que el alquiler independiente de la unidad de vivienda construida en el sótano de los Rodríguez-Saldivar no constituye una explotación comer-cial del terreno. Los referidos esposos no pretenden utili-zarla para vender u ofrecer productos o servicios, que es lo único que está prohibido. En otras palabras, la unidad de vivienda no será utilizada para operar algún negocio u ofi-cina profesional. Además, repetimos, la escritura de servi-dumbre permite expresamente el alquiler de las viviendas siempre y cuando sea para fines residenciales, para los cuales se construyó la unidad de vivienda en cuestión. Por lo cual, el alquiler de dicha unidad no desvirtúa el fin ex-clusivamente residencial de la Urbanización.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton,

a la cual se une la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Por entender que la sentencia emitida por la mayoría del Tribunal en el caso de epígrafe es incompatible con la servidumbre en equidad constituida en la Urbanización Mansiones de Playa Húcares y es contraria a la jurispru-dencia que hemos establecido desde Colón v. San Patricio Corporation, 81 D.P.R. 242 (1959), disentimos.

I

En nuestra jurisdicción, las servidumbres en equidad cumplen el propósito de “preservar el valor, ‘la belleza, la comodidad y la seguridad del reparto residencial’ Residentes Parkville v. Díaz, 159 D.P.R. 374, 384 (2003). Véase, también, Sands v. Ext. Sagrado Corazón, Inc., 103 D.P.R. 826, 827 (1975). Éstas consisten en restricciones y condi-ciones impuestas por el propietario sobre su terreno con el fin de limitar su uso o explotación para beneficio de pre-sentes y futuros propietarios. Colón v. San Patricio Corporation, supra.

No debemos olvidar que las servidumbres en equidad son catalogadas como contratos entre las partes pues, por un lado, el desarrollador acuerda gravar su propiedad para delimitar el uso y la construcción, y por el otro, los nuevos adquirientes se someten a dicha voluntad al comprar la propiedad con conocimiento de este gravamen. Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, 157 D.P.R. 521 (2002). En vista de lo anterior, hemos resuelto que estos contratos de-ben ser interpretados tratando de conocer “cuál fue el ver-dadero fin que se perseguía al gravar las propiedades me-diante la servidumbre en equidad”. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Residientes Parkville v. Díaz, supra, pág. 385. Véase Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, supra. Para ello, debemos interpretar “[l]as cláusu-las del contrato en su totalidad, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas”. Art. 1237 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3475.

Dicho lo anterior, veamos cuál fue la intención del desa-rrollador al crear la servidumbre en equidad que nos ocupa.

II

Según se desprende del expediente, la Urbanización Mansiones de Playa Húcares fue concebida por el desarro-llador como un proyecto residencial-vacacional en el cual sus propietarios y residentes podrían disfrutar de instala-ciones de recreo, áreas comunes y acceso a la playa. A su vez, cada propietario debía satisfacer una cuota de mante-nimiento para costear, entre otras partidas, los gastos de acceso controlado, vigilancia, mantenimiento y conserva-ción de las instalaciones y áreas comunes, y para los gastos de administración.

Con el fin de propender al desarrollo adecuado de este proyecto, el desarrollador constituyó, mediante escritura pública, ciertas restricciones y limitaciones sobre el terreno. Entre éstas se encuentran las siguientes:

LIMITACIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN
(a) Aprobación: Toda construcción que se realice en este pro-yecto en primer lugar deberá cumplir con la reglamentación que para un distrito de zonificación R-l, requiere la Adminis-tración de Reglamentos y Permisos y las agencias guberna-mentales concernidas, así como del comité de Arquitectura de la Asociación de Propietarios de Playa Húcares y obtener sus respectivas aprobaciones.
(c) Área de Construcción: Las edificaciones a construirse se-rán de tipo residencial teniendo como área de piso básica de mil quinientos (1,500) pies cuadrados, mínimo.
LIMITACIONES DE USO
(a) Uso: Los solares del proyecto serán con fines residenciales exclusivamente. No se permitirán el uso comercial o para ser-vicios profesionales.
(c) Arrendamientos: En caso que algún propietario desee al-quilar su propiedad deberá ser con un término no menor de una semana. (Énfasis suplido.) Apéndice, págs. 31-34.

Debemos prestar particular atención a la cláusula (c) de las Limitaciones de Uso. Una interpretación correcta de dicho inciso requiere que sea evaluado en conjunto con las demás limitaciones y restricciones adoptadas en la escri-tura de constitución de servidumbre, y no aisladamente.

Como se puede observar, el desarrollador prohibió enfá-ticamente el uso comercial de los solares mediante la cláu-sula (a) de las Limitaciones de Uso. El arrendamiento esencialmente es una explotación comercial de la propie-dad por parte del propietario, en la cual éste cede el uso y disfrute a un tercero a cambio del pago de unos cánones. No obstante, el desarrollador dispuso una salvedad a la limitación del uso comercial; ésta es, el arrendamiento de la propiedad por un término no menor de una semana. Sin embargo, el desarrollador redactó esta excepción en térmi-nos de la propiedad entera, como un todo, sin hacer alusión alguna al arrendamiento independiente de dependencias, niveles, anexos o partes de una residencia. Esto nos mueve a inferir que este último tipo de arrendamiento no fue el contemplado por el desarrollador como el permisible.

Pero nuestro análisis no culmina con lo anterior. El de-sarrollador, asimismo, dispuso en la escritura de constitu-ción de servidumbre en equidad unas Limitaciones sobre la Construcción, en las cuales requirió que las estructuras fueran únicamente de tipo residencial en un espacio mí-nimo de 1,500 pies cuadrados. Igualmente, impuso que toda construcción debía cumplir con la reglamentación exi-gida por la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.), y las agencias gubernamentales concernidas para un distrito de zonificación R-l. Cabe destacar que para 1990, año en que se constituyó esta servidumbre en equidad, la reglamentación sobre zonificación para un Dis-trito R-l era provista por la See. 7 del Reglamento de Zo-nificación de Puerto Rico (Reglamento de Planificación Núm. 4 de la Junta de Planificación), Reglamento Núm. 3844 del Departamento de Estado de 14 de enero de 1989. Esta sección disponía, en parte:

7.05 — Densidad Poblacional en Distritos R-l — Se permitirá una casa de una familia en cada solar, independientemente del tamaño de éste. (Énfasis suplido.)Reglamento de Zonifica-ción de Puerto Rico, supra, pág. 48.

Debemos, por lo tanto, interpretar el verdadero propó-sito que pretendió el desarrollador con la aludida servi-dumbre en equidad —en particular, con el inciso (c) de las Limitaciones de Uso— tomando como base el estado de de-recho presente al momento de su constitución. Fue en este estado de derecho que el desarrollador descansó para im-poner la referida restricción.

De acuerdo con lo anterior, resulta claro que el desarro-llador no contempló, como uso residencial permitido, la construcción de unidades familiares independientes a la residencia principal en los solares del referido proyecto, con el propósito de explotarlas comercialmente mediante alquiler. Claro está, podemos tomar conocimiento judicial de que los requisitos de construcción para el Distrito R-l cambiaron sustancialmente desde 1990 hasta 2001, fecha en que se construyó la unidad familiar a nivel del sótano en el caso de epígrafe.

Sin embargo, no debemos acudir a la reglamentación más reciente sobre la materia —para propósitos de inter-pretar el inciso (c) de las Limitaciones de Uso— pues pro-duciríamos resultados que el desarrollador nunca conoció ni pretendió. Además, si acudiéramos a la reglamentación reciente, produciríamos resultados incompatibles con el propósito de la servidumbre, pues no habría uniformidad en la construcción de las viviendas a través del tiempo. Como cuestión de hecho, surge de los anejos del expediente de este caso que el permiso de construcción y de uso expe-dido por A.R.Pe. para la vivienda a nivel del sótano fue para un distrito zonificado R-2.

Por último, debemos incorporar a nuestro análisis la cláusula tercera de la escritura pública, la cual precede las limitaciones y las restricciones a la propiedad. La misma dsipone:

TERCERO: Que con el propósito de que dicho proyecto se constituyan [sic] en uno en el cual sus propietarios y residen-tes puedan disfrutar a plenitud y tener la satisfacción de vivir en un ambiente tranquilo, saludable, de máxima seguridad para sus personas y propiedades, donde la belleza del paisaje provoque en los residentes una paz espiritual y un relaja-miento de las tensiones del diario vivir, la compareciente por la presente impone sobre el proyecto una serie de restricciones de uso y limitaciones sobre la construcción, encaminados a estos propósitos antes mencionados .... Apéndice, pág. 31.

Si los propietarios de los ciento treinta solares que com-prenden la Urbanización Mansiones de Playa Húcares de-cidieran construir o ampliar la edificación con el propósito de alquilar unidades dentro de sus residencias, no tendría-mos que ser adivinos para anticipar que el futuro de dicho recinto cambiaría totalmente y dejaría de ser el área resi-dencial tranquila y pacífica que el desarrollador pretendió al constituir la servidumbre que hoy, por fíat judicial y desde este estrado apelativo, enmendamos. Adviértase que el incremento en la densidad poblacional del área, debido al alquiler de propiedades multifamiliares, traería consigo el aumento en el uso de áreas comunes, de instalaciones recreativas y del área de la playa, con el consabido au-mento en los costos de mantenimiento, limpieza y seguri-dad del complejo residencial.

En fin, la proliferación de construcciones como las de autos en Mansiones de Playa Húcares produciría un cam-bio dramático sobre la naturaleza y el uso proyectado por el desarrollador para la urbanización. Además, perjudica-ría a los propietarios que, cumpliendo fielmente con las restricciones sobre la propiedad, tendrían que asumir el aumento en los gastos del uso de las instalaciones, produ-cidos por las actuaciones de aquellos quienes construyeron unidades adicionales en sus propiedades para arrendarlas a terceros.

Al interpretar la servidumbre en equidad en el caso ante nos, debemos asumir como norte la protección de aquellos propósitos pretendidos inicialmente por el desa-rrollador como lo son la seguridad, la tranquilidad y la paz de los residentes de Mansiones de Playa Húcares.

En resumen, el inciso (c) de la sección titulada Limita-ciones de Uso tiene que interpretarse como parte de un todo coherente, y no en abstracción de las demás cláusulas de la escritura. Al así hacerlo, sólo podemos concluir que la construcción de una unidad de vivienda familiar a nivel del sótano de la residencial principal, para ser alquilada de forma independiente, viola las restricciones impuestas en dicha urbanización mediante la servidumbre en equidad.

Por todas las razones que preceden, revocaríamos la sentencia emitida por el antiguo Tribunal de Circuito de Apelaciones.

      (1) Apéndice, págs. 33 y 96.

      (2) Íd., págs. 31-34.

      (3) Íd., págs. 39-40.

      (4) Íd., págs. 42-55 y 97.

      (5) Íd.

      (6) Íd., pág. 57.

      (7) Íd., pág. 157.

      (8) Íd., págs. 21-22.

      (9) Íd., págs. 95-106.

      (10) Reglamento de Zoniñcación de Puerto Rico (Reglamento de Planificación Núm. 4 de la Junta de Planificación), Reglamento Núm. 6211, Departamento de Estado, 5 de noviembre de 2000, pág. 68. Este Reglamento dispone, en lo pertinente, lo siguiente:
      “11.01 Propósitos del Distrito R-l-Este distrito se establece para clasificar te-rrenos para facilitar, según se justifique, las necesidades del crecimiento urbano en diferentes tipos de viviendas o para preservar el carácter residencial de áreas desa-rrolladas o que puedan desarrollarse en solares de novecientos (900) metros cuadra-dos o más.
      “11.02 Usos en Distritos R-l
      “1. Casas de una familia en solares con cabida de 900 metros cuadrados mínimo.
      “2. Vivienda adicional en segunda planta ....”

      (11) Tal como citamos anteriormente, las restricciones en equidad establecían que en caso de que algún propietario desease alquilar su propiedad, debería ser por un término no menor de una semana.

      (12) El reglamento de la Asociación de Propietarios de Playa Húcares, Inc. (Aso-ciación) establece que los propietarios, antes de iniciar una construcción y previo a que se sometan los planos a la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.), deben obtener el visto bueno del Comité Central Arquitectónico.

      (13) Apéndice, pág. 171.

      (14) Íd., pág. 165.

      (15) Todos los argumentos de los recurridos surgen del Alegato de la Parte Re-currida, presentado el 8 de diciembre de 2003.

      (16) Residentes Parkville v. Díaz, 159 D.P.R. 374 (2003); Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica, 117 D.P.R. 346 (1986).

      (17) Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica, supra.

      (18) M.J. Godreau y A.I. García Saúl, Servidumbres y Conservación, 67 (Núm. 2) Rev. Jur. U.P.R. 249, 301 (1998), citado en Residentes Parkville v. Díaz, supra, pág. 384.

      (19) Residentes Parkville v. Díaz, supra; Sands v. Ext. Sagrado Corazón, Inc., 103 D.P.R. 826 (1975).

      (20) Íd.

      (21) Residentes Parkville v. Díaz, supra, pág. 383; Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, 157 D.P.R. 521, 535 (2002); Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica, supra.

      (22) Residentes Parkville v. Díaz, supra.

      (23) Íd.

      (24) Íd; Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica, supra.

      (25) Íd.

      (26) Residentes Parkville v. Díaz, supra, pág. 385.

      (27) Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3372. Este artí-culo dispone lo siguiente: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.”

      (28) Art. 1233 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3471.

      (29) Residentes Parkville v. Díaz, supra, pág. 383 esc. 4; Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica, supra, pág. 354.

      (30) Surge de los hechos mencionados que los recurridos le solicitaron a A.R.Pe. los permisos correspondientes, los cuales fueron otorgados.

      (31) Apéndice, pág. 31.

      (32) Véanse las págs. 265 y 266 de esta Sentencia.

      (33) Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 280.

      (34) J.R. Vélez Torres, Curso de derecho civil: los bienes y los derechos reales, 2da ed., Madrid, Offirgraf, 1997, T. II, pág. 417.

      (1) Comercio, según definido por la vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Ed. Espasa Calpe, 2001, T. I, págs. 598-599, significa “[t]ienda, almacén o establecimiento comercial”; “[n]egociación que se hace com-prando y vendiendo o permutando géneros o mercancías”; “lugar que, por abundar las tiendas, suele ser grande la concurrencia de gentes”.

      (2) Distinto, quizás, sería el caso si las referidas restricciones hubieran estable-cido que las propiedades únicamente fueran unifamiliares.


text:
      In re Renuncia del Lic. Ramón García Santiago, Miembro de la Comisión de Disciplina Judicial.

      Número: EN-2006-02

      Resuelto: 24 de febrero de 2006
   RESOLUCIÓN

El Tribunal acepta la renuncia presentada por el Ledo. Ramón García Santiago a su cargo como miembro de la Comisión de Disciplina Judicial.

Los integrantes de este Tribunal agradecen y reconocen al licenciado García Santiago su valiosa aportación y dedi-cación a los trabajos de esta Comisión y a los de este Tribunal, así como su compromiso inquebrantable con la Rama Judicial y el Pueblo de Puerto Rico.

Notifíquese esta resolución al licenciado García Santiago y a los Miembros de la Comisión de Disciplina Judicial. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    María Migdalia Rivera Aponte, demandante, v. Luis Antonio Morales Martínez, demandado; Carlos E. Rivera Aponte y Nydia Rivera Aponte, interventores y peticionarios.

      Número: CC-2004-1023

      Resuelto: 3 de marzo de 2006

      Hilda Esther Colón Rivera, abogada de la parte peticionaria e interventora; Nydia I. Espino Varcárcel, abogada de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El vínculo matrimonial que unía a Luis Morales Martí-nez y a María Rivera Aponte quedó roto y disuelto me-diante sentencia de divorcio emitida por el Tribunal de Pri-mera Instancia, Sala Superior de Aibonito, el 9 de febrero de 1998. En cuanto a los dos hijos menores de edad pro-creados durante el matrimonio, el mencionado foro conce-dió la custodia sobre el hijo menor al padre y la custodia de la hija menor a la madre. La patria potestad sobre los dos menores fue concedida a ambas partes. En la referida sen-tencia, además, el foro primario estableció las relaciones paterno-filiales de cada parte con los menores que no esta-ban bajo su custodia. Poco tiempo después, Rivera Aponte compareció al tribunal para solicitar que se paralizaran las relaciones paterno-filiales entre la hija menor y su padre; ello por razón de que éste, alegadamente, cometió actos las-civos impúdicos contra su hija. El 19 de junio de 1998, el tribunal de instancia ordenó la paralización de las relacio-nes paterno-filiales entre Morales Martínez y su hija me-nor hasta tanto culminara la investigación; además, refirió el asunto a la Oficina de Relaciones de Familia para que dicha oficina rindiera un informe.()

En su informe al tribunal, la trabajadora social que eva-luó el caso expresó que, luego de analizadas las entrevistas realizadas a los padres de la menor, a su tía y a la principal del colegio, y el informe de la Dra. Aracelis Ortiz —quien evaluó a la menor— recomendaba, entre otras medidas, que las relaciones paterno-filiales continuaran suspendi-das mientras se dilucidaban las alegaciones planteadas, en consideración al estado emocional de la menor, para así protegerla de un daño emocional irreversible.()

Celebrada la vista, el tribunal ordenó a la Oficina de Relaciones de Familia coordinar un plan de relaciones pa-terno-filiales supervisadas. Ante la tardanza de la trabaja-dora social en coordinar dichas relaciones, Morales Martí-nez presentó varias mociones ante el tribunal para que se reestablecieran las relaciones paterno-filiales o, en su de-fecto, que se coordinaran las visitas supervisadas ordena-das por el referido foro. Meses después, las relaciones pa-terno-filiales supervisadas aún no habían sido coor-dinadas. Posteriormente, el tribunal indicó que había que esperar a que culminaran las evaluaciones para reestable-cer las relaciones paterno-filiales.

Para abril de 2002 aún no se habían coordinado las re-laciones paterno-filiales, ya que la trabajadora social no lo había recomendado, en espera de las recomendaciones de la psiquiatra que estaba ofreciendo tratamiento a la menor. Así las cosas, en marzo de 2004 la madre de la menor, María Rivera Aponte, falleció. La menor permane-ció bajo la custodia de sus tíos, Carlos E. Rivera Aponte y Nydia Rivera Aponte, quienes días después del falleci-miento presentaron una solicitud de custodia. A su vez, solicitaron que se refiriera el asunto a la Oficina de Rela-ciones de Familia para investigación. En abril de ese año el tribunal de instancia emitió una resolución refiriendo el asunto a la referida oficina.

Morales Martínez se opuso a la solicitud de custodia presentada por los hermanos de la fenecida y, a su vez, solicitó que la custodia se le concediese a él, por ser el padre con patria potestad sobre la menor. Posteriormente, Morales Martínez presentó una segunda moción de concesión de custodia y, en ésta alegó que, según el Art. 107 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 383, el cónyuge que hubiese sido pri-vado de la custodia tendría derecho a recobrarla si acredi-taba al tribunal el fallecimiento de su ex cónyuge. Añadió, además, que los tíos de la menor impedían que él se rela-cionara con su hija.

Poco después, Morales Martínez presentó una moción para oponerse a que el caso fuese referido a la Oficina de Relaciones de Familia. En la referida moción expresó que ya hacía varios años que ese foro había ordenado a los tra-bajadores sociales de dicha oficina a que coordinaran rela-ciones paterno-filiales entre éste y su hija, y que dichos funcionarios nunca lo hicieron. Además, reiteró su plantea-miento en cuanto a que era el padre con patria potestad sobre su hija y que, ante la muerte de la madre, le corres-pondía a él, y no a ningún otro familiar, la custodia de ésta. El foro primario declaró “no ha lugar” la referida moción.

Inconforme con la anterior determinación, Morales Mar-tínez acudió al Tribunal de Apelaciones vía recurso de certiorari. En su sentencia, el referido foro determinó, en primer lugar, que según lo dispuesto en el Art. 107 del Código Civil, ante, y habiendo fallecido Rivera Aponte, Morales Martínez tenía “derecho” a recuperar la custodia so-bre su hija. En segundo lugar, el referido foro determinó que no estaba claro si los tíos de la menor tenían legitima-ción para solicitar que se privara a Morales Martínez de la custodia sobre su hija. Por consiguiente, el foro apelativo intermedio concluyó que dicha solicitud debía ser iniciada por el Departamento de la Familia mediante el procedi-miento establecido por la Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, también conocida como Ley para el Bienestar y Pro-tección Integral de la Niñez, 8 L.P.R.A. sec. 444 et seq.

En otras palabras, el tribunal apelativo intermedio con-cluyó que el caso no podía continuar su curso tal y como había sido iniciado y que debía transformarse en una soli-citud de privación de custodia instada bajo la referida ley. En ausencia de este trámite, el foro apelativo entendió que no correspondería privar al señor Morales Martínez del de-recho de custodia que le concedía su condición como padre con patria potestad sobre la niña.

Finalmente, el foro apelativo devolvió el caso al tribunal de instancia para que dicho foro subsanara los defectos procesales señalados y para que, dentro de un término no mayor de cinco días, procediese al inicio de los procedi-mientos pertinentes bajo la Ley para el Bienestar y Protec-ción Integral de la Niñez. En el caso que el foro primario incumpliera con dar inicio a estos procedimientos, el foro apelativo determinó que el señor Morales Martínez tendría derecho a recuperar la custodia sobre la menor.

Inconformes con la anterior determinación, Carlos E. Rivera Aponte y Nydia Rivera Aponte acudieron, vía re-curso de certiorari, ante este Tribunal alegando que dicho foro incidió

... al expresar que debía inexorablemente seguir los procedi-mientos conforme la Ley para el Bienestar y Protección Integral de la Niñez, ante la solicitud de custodia presentada por los aquí interventores-recurrentes, o que por el contrario debía entregarse la menor al recurrido conforme el Artículo 107 del Código Civil. Petición de certiorari, pág. 6.

Entretanto, y en cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal de Apelaciones, el foro de instancia refirió el asunto al Departamento de la Familia para la investiga-ción correspondiente y para que determinase si procedía iniciar un procedimiento bajo la Ley Núm. 177, ante. Pos-teriormente, el 5 de noviembre de 2004, el tribunal expidió una orden de protección, en vista de que existían suficientes motivos para creer que la menor había sido víctima de mal-trato, y en ésta ordenaba a Morales Martínez a abstenerse de acercarse a la menor. Además, el tribunal de instancia concedió la custodia provisional de la menor a Nydia Rivera Aponte. De los autos del presente caso no surge que el Departamento de la Familia haya iniciado el referido pro-cedimiento de privación de custodia.

Expedimos el recurso. Estando en posición de resolver, procedemos a hacerlo.

I

El recurso presentado plantea, en esencia, dos contro-versias, a saber: ¿procede en este caso, dados sus hechos particulares, que se inicie un procedimiento de privación de custodia bajo la Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez?; ante la muerte de uno de los padres, ¿resulta obligatorio que un tribunal conceda la custodia de un menor al padre sobreviviente de acuerdo con el Art. 107 del Código Civil, ante, independientemente de las circuns-tancias particulares que puedan estar presentes en el caso?

II

El Art. 3 de la Ley para el Bienestar y la Protec-ción Integral de la Niñez, 8 L.P.R.A. sec. 444 n., establece la política pública del Estado en esta clase de situaciones. El mencionado artículo dispone que "[e] 1 Estado, en ejerci-cio de su poder de parens patri[a]e, tiene la obligación de velar por la seguridad, el mejor interés y bienestar de la infancia y la adolescencia”. íd. En atención a ello, la ley confiere al Departamento de la Familia la responsabilidad de investigar y atender las situaciones de maltrato, mal-trato institucional, negligencia y negligencia institucional.

Esta ley confiere al Departamento de la Familia obliga-ciones, sustancialmente similares, a las que le confería también la derogada Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 1999, conocida como Ley para el Amparo a Menores en el Siglo XXL La referida Ley Núm. 342 también establecía la responsabilidad y la obligación del Departamento de la Fa-milia de intervenir en casos de maltrato de menores y rea-lizar los esfuerzos necesarios para fortalecer y mejorar la prevención, identificación, investigación y tratamiento de las situaciones de maltrato. De este modo, se facultó a dicho departamento para iniciar ante los tribunales los pro-cedimientos que fuesen necesarios para proteger el bienes-tar de los menores. Véase Vargas v. Soler, 160 D.P.R. 790 (2003).

Según el Art. 31 de la Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez, 8 L.P.R.A. sec. 447, cuando de la investigación que el Departamento de la Familia realice surja que existe una situación de maltrato o negligencia, la Secretaria o el Secretario de este departamento puede comparecer al Tribunal de Primera Instancia, quien tendrá jurisdicción para emitir las órdenes de protección, otorgar custodia de emergencia, provisional o permanente, privar del ejercicio de la patria potestad al padre o a la madre del menor, según sea solicitado, y cualquier otro remedio que garantice el mejor interés del menor.

La mencionada ley provee, además, en circunstancias que ameriten una intervención rápida del Estado, un procedimiento de privación de custodia de emergencia. En estos casos el tribunal tomará la determinación que considere más adecuada para el mejor interés del menor, incluso una orden para que inmediatamente se ponga al menor bajo la custodia del Departamento de la Familia, que se efectúe el tratamiento médico del que se trate, o se conceda una custodia de emergencia. Art. 37 (8 L.P.R.A. sec. 447(f)). Posterior a dicho procedimiento, los Arts. 39, 41 y 42 de la ley, 8 L.P.R.A. secs. 447h, 447j y 447k, disponen un procedimiento de privación permanente de custodia o patria potestad, o ambos, el cual garantiza el debido proceso de ley a las partes que podrían ser privadas permanentemente de la custodia o patria potestad, o ambos, que ostentan sobre los hijos menores de edad, removidos expeditamente de su custodia. Véase Vargas v. Soler, ante.

En fin, la Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez reconoce la facultad del Estado de privarle, restringirle o suspenderle a los padres la patria potestad o custodia sobre sus hijos. Reconoce, específicamente, la facultad del Departamento de la Familia de iniciar ante los tribunales los anteriores procedimientos. Ahora bien, ciertamente, esta facultad debe ejercerse de forma prudente y cuidadosa. Ello porque “[l]os menores de edad no son meras criaturas del Estado; por ende, la rela-ción entre padres e hijos está protegida constitucionalmen-te”, y los padres, de ordinario, “tienen derecho a decidir sobre el cuido, la custodia y el control de sus hijos”. Rexach v. Ramírez, 162 D.P.R. 130, 146 (2004). Véanse: Pierce v. Society of Sisters, 268 U.S. 510, 535 (1925); Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702, 720 (1997); Quilloin v. Walcott, 434 U.S. 246, 255 (1978); Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205, 232 (1972); Stanley v. Illinois, 405 U.S. 645, 651 (1972).

Ello no obstante, “los derechos de los padres pueden limitarse en aras de proteger un interés apremiante del Estado, como lo es el bienestar de los menores”. (Enfasis suplido.) Rexach v. Ramírez, ante, pág. 147. En ese sentido, hemos expresado que aun cuando el derecho de un progenitor a tener consigo a sus hijos es de superior jerarquía, éste tiene que ceder ante la facultad de parens patriae del Estado de salvaguardar y proteger el bienestar del menor. Véanse: Pena v. Pena, 164 D.P.R. 949 (2005); Ortiz v. Meléndez, 164 D.P.R. 16 (2005).

En resumen, bajo la Ley para el Bienestar y la Protec-ción Integral de la Niñez, el Departamento de la Familia ciertamente está facultado para solicitar que se prive de la custodia de un menor a uno o ambos de sus progenitores o cualquier otra persona que la ostente. De modo que el pro-cedimiento de privación de custodia presupone que los pro-genitores, o la persona o personas de que se trate, en efecto tengan la custodia del menor.

H-4 HH j.

Debemos resolver si la disposición contenida en el Art. 107 del Código Civil, ante, hace obligatorio que un tribunal conceda la custodia de un menor al cónyuge sobreviviente de modo que sea necesario instar un procedimiento para privarlo de ella. El referido artículo dispone que

[e]n todos los casos de divorcio los hijos menores serán pues-tos bajo el cuidado y la patria potestad del cónyuge que el Tribunal, en el ejercicio de su sana discreción, considere que los mejores intereses y bienestar del menor quedarán mejor servidos; pero el otro cónyuge tendrá derecho a continuar las relaciones de familia con sus hijos, en la manera y extensión que acuerde el Tribunal al dictar sentencia de divorcio, según los casos.
El cónyuge que haya sido privado de la custodia y la patria potestad tendrá derecho a recobrarlas si acreditare ante cual-quier sala competente del Tribunal Superior el fallecimiento del otro ex cónyuge o demostrase a satisfacción del tribunal que a los mejores intereses y bienestar de los menores con-viene la referida recuperación de la custodia y la patria potestad. (Énfasis nuestro.)

La redacción original del mencionado artículo disponía que, en los casos de divorcio, la custodia y patria potestad de los hijos menores se adjudicarían al cónyuge inocente. Este artículo fue enmendado por la Ley Núm. 100 de 2 de junio de 1976 para reconocer a cualquiera de los padres la posible adjudicación de la custodia y patria potestad de los hijos menores después del divorcio. Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610 (1981). En esencia, dicha ley eli-minó todo lo relacionado respecto a la culpa de cualquiera de los cónyuges al momento de adjudicar la patria potestad y custodia, y proclamó como norma el bienestar del menor. Véanse: Chévere v. Levis, 150 D.P.R. 525 (2000); Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 D.P.R. 495, 508 (1978); Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 D.P.R. 90, 104 (1976).

La Exposición de Motivos de la referida pieza legislativa dispone la norma del mejor bienestar del menor como guía a los tribunales al momento de la adjudicación de la custodia, la patria potestad del menor, o ambas. A esos efectos dispone que el menor tiene derecho a gozar de la vida más saludable y satisfactoria posible luego del divorcio de sus padres y a quedar lo menos afectado posible por éste. “Esto sólo se logrará tomando la determinación sobre su custodia y patria potestad en base a sus mejores intereses y bienestar y no en base a cuál de sus padres fue decretado ‘inocente’.” 1976 Leyes de Puerto Rico 316.

El primer párrafo del citado Art. 107 del Código Civil reconoce la facultad de los tribunales de adjudicar la custodia de menores, luego del divorcio de sus padres, a aquel que entienda que mejor atenderá sus necesidades. El segundo párrafo dispone que el cónyuge o padre que hubiese “perdido” la custodia o patria potestad de los hijos luego del divorcio, tendrá derecho a recobrarla si acredita ante el tribunal el fallecimiento del otro ex cónyuge. Somos del criterio que dicha disposición responde a la política pública legislativa de que todo menor de edad siempre tenga un hogar y personas que velen por su cuidado y bienestar físico y emocional.

Ciertamente, el padre sobreviviente, quien tiene víncu-los de sangre y amor con dicho menor, puede ser la persona más idónea para llevar a cabo dicha tarea. Lamentable-mente, por distintas circunstancias, eso no es así en todos los casos. Por ello, en muchas ocasiones, algunas ajenas a procedimientos de divorcio, los tribunales se han visto en la necesidad de conceder la custodia de menores a personas distintas de los padres cuando consideran que éstos no es-tán capacitados para brindar el cuidado de sus hijos.

Ante estas circunstancias nos preguntamos: debe inter-pretarse el referido artículo a los efectos que, con única-mente acreditarse la muerte del ex cónyuge, el tribunal debe adjudicar la custodia automáticamente al cónyuge so-breviviente? Contestamos en la negativa.

En Torres, Ex parte, 118 D.P.R. 469 (1987), señalamos que el referido estatuto reiteraba e incorporaba la norma judicial basada en la máxima del poder de parens patriae y, citando el caso Rodríguez v. Gerena, 75 D.P.R. 900, 901-902 (1954), este Tribunal expresó que el Art. 107 del Código Civil, ante, no destruía o restringía el poder de los tribunales para adoptar las medidas necesarias en cuanto a la custodia de los hijos menores de edad para lograr y proteger su bienestar y sus mejores intereses.

Como vemos, la aplicación del referido artículo está subordinada a la responsabilidad del Estado de velar por que, luego de la ruptura matrimonial, los menores de edad permanezcan con la persona que mejor pueda cuidarlos. Esto se desprende claramente del primer pá-rrafo del Art. 107, ante. Por ello, un tribunal no puede ha-cer una aplicación automática del segundo párrafo del ar-tículo y otorgar la custodia de un menor al ex cónyuge sobreviviente, desligando dicha decisión de factores de alta importancia.( )

Es decir, “ [1] a decisión de un tribunal en torno a la custodia de un menor ‘es una a la que [se] debe llegar [luego] de realizar un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de todas las circunstancias presentes en el caso ... ante su consideración[,] teniendo como único y principal objetivo el bienestar de los menores’ ”. (Enfasis suprimido y corchetes en el original.) Ortiz v. Meléndez, 164 D.P.R. 16, 26-27 (2005). Véase, también, Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 D.P.R. 298, 301 (1985). “La determinación de cuáles son los mejores intereses del menor está enmarcada en el derecho que éste tiene a una correcta formación física, moral y espiritual.” Ortiz v. Meléndez, ante, pág. 27. Véase Nudelman v. Ferrer Bolívar, ante, pág. 511.

Hemos establecido que para poder determinar que un dictamen judicial, referente a la custodia de un menor, redunde en el mayor bienestar del menor es preciso examinar, entre otros, los factores siguientes: “ ‘[L]a preferencia del menor, su sexo, edad, y salud mental y física; el cariño que puede brindársele por las partes en controversia; la habilidad de las partes para satisfacer debidamente las necesidades afectivas, morales y económicas del menor; el grado de ajuste del menor al hogar, la escuela y la comunidad en que vive; la interrelación del menor con las partes, sus hermanos y otros miembros de la familia; y la salud psíquica de todas las partes.’ ” (Corchetes en el original.) Ortiz v. Meléndez, ante, pág. 27. Véase, también, Marrero Reyes v. García Ramírez, ante, pág. 105.

En fin, el Art. 107, ante, consagra el poder que tienen los tribunales para hacer adjudicaciones de custodia; dicho poder tiene su génesis en el ejercicio por los tribunales del poder de parens patriae, el reconocido poder del Estado de proteger a los incapaces. Este poder de “parens patriae” limita los derechos de otras partes para salvaguardar el bienestar de los menores. Véase Ortiz v. Meléndez, ante.

En otras palabras, el Art. 107, ante, no presupone, de ninguna forma, que ante la muerte de uno de los ex cónyuges, la custodia del menor recaerá, automáticamente y en ausencia de otras consideraciones, en el ex cónyuge sobreviviente que así lo solicite. El referido artículo no puede interpretarse en cuanto a que la custodia de un menor será “transferida” automáticamente al cónyuge sobreviviente, sobrepasando la obligación del tribunal de velar por que dicha decisión sea la que verdaderamente opera en beneficio del menor.

> f — I

En el presente caso, el tribunal apelativo intermedio de-terminó que, ante la muerte de la madre de la menor, Morales Martínez tenía un “derecho” de custodia sobre su hija. Indicó que para que la custodia pudiese ser concedida a los tíos, el caso tenía que transformarse en un caso de privación de custodia instado bajo la Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez. Indicó, además, que de no iniciarse este procedimiento, la niña debía ser puesta bajo la custodia de su padre. Erró al así decidir.

En la sentencia de divorcio emitida por el Tribunal de Primera Instancia éste concedió a las partes la patria po-testad de ambos hijos menores de edad de forma compartida. La custodia sobre la menor en cuestión fue concedida únicamente a la madre. De modo que, a la fecha de la solicitud de custodia presentada por los hermanos de María Rivera Aponte, Luis Morales Martínez era el padre con patria potestad —pero sin ostentar la custodia— sobre su hija. Aun cuando Morales Martínez —tal y como podía hacerlo— solicitó la custodia de la menor al amparo del Art. 107, ante, esto no significaba que ésta le correspondía automáticamente.

Resulta necesario enfatizar que en el presente caso, por existir imputaciones de actos lascivos e impúdicos contra el padre de la menor, y conforme a las recomendaciones de la trabajadora social que atiende el caso y los psiquiatras que han evaluado a la menor, las relaciones patemo-filiales en-tre Morales Martínez y su hija quedaron suspendidas desde 1998. Ante esta situación, y al tomar en cuenta el bienestar de la menor, el foro primario refirió la petición de custodia presentada por los tíos de ésta a la Oficina de Relaciones de Familia para que investigara si éstos ofre-cían un ambiente de crianza saludable para la menor. El foro primario, en protección de la menor, no confirió su custodia al padre. Y es que, ante los hechos particulares del presente caso, dicho foro no podía actuar de otra forma. Su actuación fue correcta.

En vista de que, repetimos, el referido Art. 107 no con-fiere automáticamente la custodia de la menor al padre por el hecho de la muerte de la madre, resolvemos que este caso no tiene por qué convertirse en un procedimiento de privación de custodia. En vista de ello, resultaba innecesa-rio que se instara un procedimiento de privación de custo-dia al amparo de la Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez. ¿Para qué iniciar un procedimiento de privación de custodia contra alguien que no la tiene?

Por otro lado, es menester aclarar, que el hecho de que Morales Martínez sea el padre con patria potestad sobre la menor no implica que éste tenga derecho a tener la custodia. “No empece la relación constitutiva entre la patria potestad y la custodia y la norma general que establece que ‘aquél que ostente la patria potestad también tiene la custodia’() ... nuestro ordenamiento jurídico pro-vee para que en determinadas circunstancias pueda sepa-rarse la custodia de la patria potestad con el fin de garan-tizar el bienestar del menor.” (Enfasis suplido.) R. Serrano Geyls, Derecho de familia de Puerto Rico y legislación com-parada, San Juan, Ed. Programa de Educación Jurídica Continua de la Universidad Interamericana, 2002, Vol. II, págs. 1307-1308.()

Además, analizada la Ley para el Bienestar y la Protec-ción Integral de la Niñez, no encontramos disposición al-guna que haga obligatoria la intervención del Departa-mento de la Familia en el presente caso, o que sea a través de dicha agencia que se tramite la petición de custodia presentada por los tíos de la menor. En la eventualidad que la Oficina de Relaciones de Familia rinda un informe en el que favorezca la adjudicación de la custodia a Carlos E. Rivera Aponte y Nydia Rivera Aponte, el tribunal podría, conforme a éste, hacer dicha adjudicación. Ello indepen-dientemente de que Morales Martínez sea el padre con pa-tria potestad sobre la menor y sin que se hubiera iniciado procedimiento alguno bajo la Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez. Erró el foro apelativo al hacer una determinación contraria.

Por los fundamentos antes expuestos, procede dictar sentencia revocatoria de la emitida por el Tribunal de Apelaciones. Se instruye a la Oficina de Relaciones de Fa-milia a continuar evaluando el caso y a emitir el correspon-diente informe al Tribunal de Primera Instancia sobre la petición de custodia presentada por Carlos E. Rivera Aponte y Nydia Rivera Aponte, para que dicho foro deter mine si procede conceder a éstos la custodia legal de la menor, en protección del mejor bienestar de ésta.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con el resultado sin opinión escrita.

      (1) La menor M.M.R. comenzó tratamiento médico el 29 de julio de 1998.

      (2) En esencia, los informes de la Dra. Aracelis Ortiz, psieóloga que brindó ser-vicios a la menor, expresan que ésta había relatado sobre la experiencia de abuso sexual; que presentaba sintomatología compatible con el trauma de abuso sexual, y que presentaba sentimientos de impotencia emocional y ansiedad ante la posibilidad de tener contacto con la figura paterna. Indicó que la menor había expresado no querer relacionarse con su padre. Por consiguiente, recomendó que ésta no fuese expuesta al padre hasta tanto hubiera desarrollado mayor fuerza emocional.

      (3) A modo de ejemplo, el propio Art. 107 (31 L.P.R.A. sec. 383), dispone que en todos los casos de custodia y patria potestad se podrá considerar el historial de conducta previa de violencia doméstica de los progenitores.

        (4) Citando a Torres, Ex parte, 118 D.P.R. 469, 476 (1987).

      (5) “En el ordenamiento jurídico puertorriqueño podemos apreciar un proceso paulatino de desvinculación entre la patria potestad y la custodia. Este proceso ha sido impulsado por la introducción del criterio del bienestar del menor como norte en las determinaciones judiciales sobre custodia y por las reformas que ha sufrido la normativa sobre el divorcio en torno al concepto de la culpa y sus consecuencias.” (Énfasis nuestro.) R. Serrano Geyls, Derecho de familia de Puerto Rico y legislación comparada, San Juan, Ed. Programa de Educación Jurídica Continua de la Univer-sidad Interamericana, 2002, Vol. II, pág. 1308.