text:
    Los Menores Juan Ramón, Marcelino, Anselmo y Juana Herminia Ruberté, conocida por Virginia, representados por su Defensor Judicial Pablo Ruberté, demandantes y apelantes, v. The American Railroad Company, demandada y apelada.
    Núm. 6846.

    Sometido: Noviembre 1, 1937.

      Resuelto: Noviembre 30, 1937.

      Fernando B. Fornaris, R. Hernández Matos y E. Huertas Zayas, abogados de los apelantes; Mariano Acosta Velarde, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

Nos adherimos a nuestra conclusión de qne los derechos de las personas qne transitan por las carreteras son superiores a los de nna teresina cnando la vía no es usada debido a la época del año y no se están transportando las cosechas. Los casos de accidentes en los cruces corrientes de las carreteras no son aplicables. En realidad los deberes del conductor de un automóvil de vía, bajo las condiciones, nos parecen ser análogos a los de un viandante o transeúnte que se acerca a la vía usada de un ferrocarril, en cuyo caso surgiría por parte de tal conductor el deber de pararse, mirar y oír.

La demandada insiste en que la decisión de esta corte sobre la cuestión de negligencia es' incongruente con las alegaciones de la demanda. Ella sostiene que cuando se hacen alegaciones específicas la prueba debe limitarse a tales alegaciones y que la opinión de este tribunal se basó en un fundamento distinto. La cuestión más pertinente fue que la demanda alegaba que la demandada corría su vehículo a gran velocidad y que nuestra opinión no se basó en tal motivo ni en ninguno especificado en la demanda, sino en otro. Quizá cualquier actuación que coloque al automóvil de vía en parte de la carretera equivalga a actuar demasiado festinadamente, mas basamos nuestra resolución en otros fundamentos. En la opinión que dictamos consideramos todos los hechos en que descansaba la compañía ferroviaria. Ésta no niega, sino que afirma, que se detuvo precisamente al penetrar en la carretera. Esto está admitido. De suerte que las alegaciones pueden considerarse como enmendadas para que cubran el punto de vista que sustentamos y que claramente estuvo ante la corte inferior, de que el automóvil de vía, bajo las condiciones prevalecientes, no tuvo derecho a penetrar en la carretera. Que las alegaciones pueden considerarse como enmendadas es la base de varias decisiones de este tribunal. Véanse: F. Gavilán & Cía. v. Vda. de Garriga e hijos, 38 D.P.R. 416; Franqui v. Fuertes Hnos., 41 D.P.R. 224 y otros. No basamos nuestra revocación, como asumió la apelada, tan sólo en el deber de la compañía de enviar un observador, pero .el fundamento de nuestra decisión lo fue el deber de la demandada de tomar alguna precaución al cruzar la carretera.

Insistimos en que el proceder del conductor del camión G-rabam-Paige se debió a una emergencia y la actuación de la demandada fue la causa próxima del accidente. No halla-mos que hubiera negligencia por parte del chófer de. ese camión.

En lo que respecta al conductor del camión Ford, podría-mos tener algunas dudas, pero ellas solamente afectarían su supuesta negligencia contribuyente. La negligencia de la demandada aún así justificaría que el chófer del camión Graham-Paige adoptara el curso que adoptó.

Consideramos que las otras cuestiones han sido discuti-das suficientemente en nuestra opinión principal, y la moción de reconsideración debe°ser declarada sin hogar.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR TRAVIESO

license: Public Domain

text:
    María de los Ángeles, Carmen María, Fernando, Betty y Sara Guillermety, y Carmen Cabrera Vda. de Guillermety por sí y en representación y como madre con patria potestad de sus menores hijos Rafael y Ramón Guillermety, demandantes y apelantes, v. Luis E. Capó, demandado y apelado.
    Núm. 7232.

    Sometido: Noviembre 2, 1937.

      Resuelto: Noviembre 30, 1937.

      La Costa & La Costa, Jr., abogados de los apelantes; José C. Rodrí-guez Cebollero, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes ban apelado de una resolución dictada por la Corte de Distrito de San Juan que deja “sin efecto ni eficacia alguna la sentencia registrada en noviembre 22, 1935, y reponiendo el caso al mismo estado que estaba antes del juicio, pero imponiendo al demandado las costas de este incidente, sin incluir honorarios de abogado.”

La demanda es una en cobro de pagaré suscrito a favor de Rafael Guillermety, causante de los demandantes, por el demandado Luis E. Capó. El 22 de octubre de 1935 el secretario de la corte notificó a las partes que el juicio había sido señalado para el día 4 de noviembre de 1935, y no habiendo comparecido en esa fecha el demandado, los demandantes procedieron a practicar su prueba. El 22 de noviembre de 1935 dictó sentencia la corte declarando con lugar la demanda e imponiendo al demandado las costas, incluyendo en ellas honorarios de abogado.

El abogado del demandado presentó una moción para que se dejara sin efecto la sentencia a favor de los demandantes, basando dicha moción en las alegaciones siguientes:

“1..
“2. Que este abogado del demandado no se enteró de dicho seña-lamiento ni de que se le había remitido por el Secretario de esta Corte la notificación del mismo hasta hace tres días, o sea mucho después de haberse celebrado el juicio, por el motivo de que cuando el men-sajero de esta Corte, encargado de estas diligencias oficiales entregó dicha, notificación en mi oficina, me encontraba ausente en la Isla, en asuntos profesionales, y cuya notificación fue entregada bajo sobre a una hermana de este letrado, quien aunque dejó sobre el escritorio, se olvidó de entregar o informarme de haberse recibido dicho pliego, por no ser ella empleada mía, ni estar al cabo de estos asuntos, y como este letrado desde los primeros días del mes de octubre fre-cuentemente ha tenido que encontrarse ausente de su oficina, en el pueblo de Comerío en gestiones legales, como abogado de la Puerto Rico Production Credit Association, apenas podía venir a esta Corte, e ignoraba en absoluto los señalamientos hechos por la misma.
“3. Que de haber tenido conocimiento este abogado de dicho se-ñalamiento, no hubiera dejado de comparecer a atender a la vista de este caso, por considerar que el demandado tiene suficiente y me-ritoria defensa en el mismo, y porque en su carácter de abogado ha tratado siempre de cumplir fielmente con sus deberes para con sus clientes y la Corte.
“4. Que este letrado fué sorprendido de que este caso había sido señalado y visto, como alega hace tres días, en ocasión de estar buscando otros papeles sobre su escritorio y encontró el sobre con-teniendo dicha notificación, trasladándose seguido a esta Corte a fin de confirmar si el caso fué visto, lo que resultó confirmado por la ce-lebración del juicio en el expresado día y dictándose sentencia en contra del demandado.
“5. Que esta sentencia en tales circunstancias teniendo como tiene el demandado una buena defensa en contra de las pretensiones de los demandantes, de acuerdo con sus alegaciones en su contestación, sería fatal para él, quien desde el primer momento de haber sido deman-dado ha tenido interés y necesidad de defenderse de dicha pretensión.
“6. Que en este caso, según alegamos, por la no comparecencia de la parte demandada a la vista del juicio, ha ocurrido la inadver-tencia y sorpresa, por no haber llegado a poder de este abogado la notificación del Secretario, y existe a más una excusable negligencia, por las razones expuestas de haberse encontrado frecuentemente fuera de su oficina y de esta ciudad, en la Isla, en asuntos profesionales.”

Se opusieron por escrito los demandantes a que se dejara sin efecto la sentencia recaída a su favor, pero a pesar de ello la corte, como hemos dicho, así lo resolvió. Los deman-dantes apelaron. En su alegato señalan dos errores, a saber:

“1. La Corte de Distrito de San Juan erró manifiestamente al dejar sin efecto ni eficacia alguna la sentencia dictada por la misma en 22 de noviembre de 1935.
“2. Igualmente erró dicha corte al imponer al demandado ape-lado el pago de las costas del incidente sin incluir honorarios de abog’ado. ’ ’

Sostienen los apelantes que las razones aducidas por el demandado en sn moción son insuficientes para que una corte, en el ejercicio de sus facultades discrecionales, deje sin efecto una sentencia.

El artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil dis-pone, entre otras cosas:

“. . . La corte puede también, a su arbitrio, después de notifi-cada la parte contraria, permitir en la forma que estimare justa, una enmienda a cualquier alegación o procedimiento en otros particu-lares, y puede, en igual forma, permitir que se formule una contesta-ción después del término prescrito por este Código, y también exi-mir a alguna persona o a sus representantes legales, de los efectos de una sentencia, orden u otro procedimiento que se hubiese dictado contra ella, por causa de equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia; y cuando por cualquier razón que la corte o el juez de la misma estime satisfactorio, la parte agraviada hubiese de-jado de solicitar algún recurso legal, durante el período judicial en que se dictó dicha sentencia, orden o procedimiento objeto de la queja, dicha corte o juez en vacaciones, podrá conceder el remedio, mediante solicitud presentada dentro de un plazo razonable que no excederá de seis meses, contados desde la expiración del período judicial. . .”

Las palabras usadas son peculiarmente fuertes en favor de una parte que está en rebeldía: “equivocación”, “inadver-tencia”, “sorpresa” o “excusable negligencia”.

“Inadvertencia” fue la mejor caracterización de la natu-raleza de la rebeldía en este recurso y se le coloca en la misma base que “equivocación” o “sorpresa”, fundamentos que en muchos casos sirven para la intervención de una corte de equidad. En la ley común existía una interpretación más estricta de rebeldía, pero en Puerto Eico la Asamblea Le-gislativa ha hablado. Véase especialmente el caso de Gutiérrez et al. v. Foix, 23 D.P.R. 73.

La jurisprudencia de las cortes es clara al efecto de que una sentencia, dictada aun después de celebrado un juicio, como en el presente caso, pero registrada prácticamente en rebeldía, puede ser abierta a discreción de la corte.

Los apelantes citan el caso de Cancela v. Pellot, 34 D.P.R. 664. En dicho caso, en el cual actuamos con considerable vacilación, la corte inferior se había negado antes a ordenar la apertura de la rebeldía. La parte apelada no presentó méritos algunos para que se abriera la rebeldía, sino todo lo contrario. El abuso de discreción allí fue claro.

La corte inferior dijo que los demandantes con buenas razones se opusieron a la apertura de la rebeldía, pero que luego de examinar los hechos, ella creía que los intereses de la justicia exigían que el caso se colocara en el estado en ■que antes se hallaba. Es evidente, además, que el deman-dado y apelado actuó rápidamente al ser notificado de la sentencia. No hallamos razón suficiente para revocar la dis-creción de la corte inferior.

Los apelantes también se quejan de que la corte de ■distrito dejara de incluir honorarios de abogados en las costas. Esta también es cuestión que cae dentro de la sana discreción de la corte, suponiendo que la corte tuviera derecho .a imponer honorarios de abogados en ese incidente.

Debe confirmarse la resolución ■apelada.

.El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.

'OPINIÓN DISIDENTE

DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR TRAVIESO

Los hechos de este caso aparecen claramente expuestos (en la opinión emitida por la mayoría de este tribunal.

En ella se califica de “inadvertencia” lo que a mi juicio constituye negligencia, abandono y descuido en la tramita-ción de un pleito ante un tribunal de justicia. Gill v. Peppin, 41 Cal. App. 487, 496; Coleman v. Rankin, 37 Cal. 247. La ley no impone a los secretarios de las cortes de distrito :el deber de notificar a los abogados el señalamiento de día para la celebración del juicio. Cubano v. Jiménez et al., 32 D.P.R. 167; Santalís et al. v. El Zenit, 28 D.P.R. 695; Cintrón v. El Zenit, 28 D.P.R. 687. En ese sentido el abogado es tan funcionario de la corte como el secreta-rio. Se presume concluyentemente que asiste a la corte,, y es su deber enterarse de la marcha de sus casos. Guardian Assurance Co. v. López Acosta, 24 D.P.R. 637. No obstante, el 22 de octubre de 1935 el secretario de la corte* ante la cual estaba pendiente el caso de autos, excediéndoseen el cumplimiento de sus obligaciones, notificó al abogado-del demandado que el juicio se celebraría el 4 de noviembre-de ese mismo año. Se deduce de la moción que presentó pos-teriormente para que se dejara sin efecto la sentencia re-caída, que dicha notificación llegó oportunamente a su des-tino. No se trata, pues, de un caso como el de Cubano v. Jiménez et al., supra, en que el secretario no comunicó el señalamiento, a pesar de lo cual este tribunal revocó la re-solución que dejaba sin efecto la sentencia.

¿Y qué razones adujo el apelado para que la corte inferior le eximiera de los efectos de la sentencia que ya habla-sido dictada? Se reducen a lo siguiente:

“2. Que este abogado del demandado no se enteró de dicho se-ñalamiento ni de ... la notificación . . , hasta . . . mucho despuÓ3. de haberse celebrado el juicio, por el motivo de que . . . me encon-traba ausente en la isla ... y cuya notificación f'ué entregada ... a-, una hermana de este letrado, quien ... se olvidó de entregar o-informarme de haberse recibido dicho pliego ... y como este le-trado ... ha tenido que encontrarse ausente . . . apenas podía venir-a esta corte, e ignoraba en absoluto los señalamientos hechos por la. misma.
í£3. . . . que el demandado tiene suficiente y meritoria de-fensa. . .”

Haciendo caso omiso de los deberes que la ley le impone,, el abogado en este caso, teniendo pleitos pendientes y listos-para juicio ante la corte inferior, se ausentó de su oficina sin notificar antes el hecho a la corte, sin dejar a nadie en-cargado de su despacho, sin hacer con el ahogado de la parte contraria una estipulación posponiendo todo señalamiento, y sin conseguir de la corte una prórroga. A mi juicio es un error calificar esa conducta como una “inadvertencia,” cuan-do en Gallardo v. Crescioni, 49 D.P.R. 368, enfrentándose a una situación de hechos idéntica, resolvió esta corte que no podía sostener que hubo “equivocación, inadvertencia, sor-presa o excusable negligencia para no asistir al juicio el día señalado,” expresándose así:

“El señalamiento de día para juicio en ese pleito fué hecho en el calendario general de asuntos civiles de la corte y fué notificado por el secretario de la misma al abogado de los demandados. Éstos no comparecieron al juicio personalmente ni por su abogado y oída la prueba que presentó la demandante, recayó sentencia condenando mancomunada y solidariamente a Francisco A. Crescioni y a Eosa Axtmayer a pagar a Elisa Gallardo la cantidad por ella reclamada. Notificada esa sentencia al abogado de los demandados, dicho letrado solicitó de la corte que la dejase sin efecto porque no había tenido conocimiento del día señalado para el juicio y porque en la contes-tación de los demandados fué alegada una defensa meritoria, que no tuvo oportunidad de probar. La corte dejó sin efecto su sen-tencia fundándose en el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil y la fiadora demandante interpuso esta apelación.
“No solamente el señalamiento de día para el juicio hecho en el calendario general de la corte fué suficiente aviso para el abogado de los demandados, según hemos resuelto en varias ocasiones, sino que, además, el secretario de la corte notificó ese señalamiento a dicho abogado, por lo que no podemos sostener que en este caso, bajo todas sus circunstancias especiales, hubo de su parte equivoca-ción, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia para no asistir al juicio el día señalado. Por consiguiente, fuera o no meritoria la defensa de los demandados, ellos tuvieron oportunidad,, que no apro-vechó su abogado, de probar la alegación que hicieron y de que se resolviera si era meritoria o no. La demandante no debe sufrir las consecuencias de la conducta del abogado de los demandados.”

No se niega la facultad de las cortes de distrito para resolver cásos como el de autos, de acuerdo con la discreción que les confiere el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, pero el ejercicio de esa discreción tiene su límite (Essig

v. Seaman, 89 Cal. App. 295, 298) y sin duda alguna no debe ejercitarse en pugna con anteriores decisiones de esta corte porque ello constituiría un abuso de discreción. Cancela v. Pellot, 34 D.P.R. 664, 668; Dunn v. Standard Acc. Ins. Co., 114 Cal. App. 208, 213.

“La que se contempla no es, sin embargo, una discreción capri-chosa o arbitraria, sino impareial, guiada y controlada en su ejercicio por principios legales fijos. No es una discreción mental a ser apli-cada ex gratia, sino discreción legal para ejercitarse de conformidad non el espíritu de la ley, y en una forma que ayude y no que im-pida o destruya los fines de la justicia. En un caso claro, esta dis-creción no juega ningún papel, su aplicación se limita a casos dudo-sos, donde una mente imparcial vacila. Si se dudase sobre la sufi-ciencia de las razones ofrecidas o sobre los méritos in foro legis de las defensas aducidas, cuando se examinan bajo aquellas reglas de derecho por las que los jueces llegan a sus conclusiones, no debe al-terarse la sentencia de una corte inferior. Si por el contrario, es-tamos convencidos, más allá de una duda razonable, que la corte inferior ha llegado a una conclusión errónea, la parte perjudicada por ese error tiene suficiente derecho a una revocación tanto en el presente •caso como en cualquiera otro.” Bailey v. Taaffe, 29 Cal. 423, 424.

Véanse además: Williamson v. Cummings etc. Co., 95 Cal. 652; Essig v. Seaman, supra, 89 Cal. App. 295; Gill v. Peppin, supra, 41 Cal. App. 487, 493; Coleman v. Rankin, 37 Cal. 247; Durbrow v. Chesley, 24 Cal. App. 416; Redding etc. Min. Co. v. Nat. Surety Co., 18 Cal. App. 488.

En la opinión emitida por la mayoría de este tribunal se cita como autoridad el caso de Gutiérrez et al. v. Foix, 23 D.P.R. 73, y sin embargo se distingue del de autos, el de Cancela v. Pellot, supra, a base de que en éste la corte inferior se “había negado antes a ordenar la apertura de la rebeldía. ’ ’

El caso de Gutiérrez v. Foix, supra, es a mi juicio inapli-cable al de autos, porque en él concurren hechos que faltan aquí. Veámoslo. En aquél:

“. . . . siendo imposible al abogado de los demandantes y ape-lantes estar presente en la vista de novo ante la corte de distrito, había telegrafiado al abogado de Foix suplicándole pidiera la sus-pensión del juicio, habiendo recibido la contestación siguiente: ‘Envíe moción pidiendo suspensión. Me allanaré.1... en seguida también le fué enviada una estipulación para la suspensión de la vista hasta que se le enviara nuevo aviso al abogado de Foix.”

Se resolvió, con sobrada razón, a mi juicio, que la corte inferior había abusado de su poder discrecional al declarar sin lugar la moción de los demandantes interesando que se dejara sin efecto la sentencia, ya que “si de hecho no com-pareció fué porque entendió y pudo de buena fe entender que el juicio se suspendería con la conformidad de la parte de-mandada.” El caso es a claras luces distinto. El abogado del demandante fué diligente; estipuló con el de la parte contraria una suspensión.

A pesar de que en el caso de Cancela v. Pellot, supra, la corte inferior se había negado antes a ordenar la apertura de la rebeldía, este tribunal resolvió:

“Frecuentemente hemos resuelto que los negocios o compromisos profesionales fuera del domicilio del cliente no son excusas para dejar de atender a los negocios de un cliente. Si las alegadas ocupaciones profesionales permiten a un abogado hacer tentativas de alegaciones en vez de realmente contestar, entonces los abogados muy ocupados pueden demorar los casos indefinidamente. Nos vemos obligados a dudar si el abogado estuvo demasiado ocupado por unos seis meses para poder prestar la debida atención a este caso, especialmente ha-biendo sido bastante activo el abogado de la demandada en crralqui'er dificultad en que se encontró.
“. . . Un demandante tiene ciertos derechos y no deben hacerse depender del capricho y voluntad arbitraria del abogado de un de-mandado.”

El caso podrá ser más fuerte que el de autos, si se quiere, pero ello no implica que en éste que se resuelve la corte inferior no abusara también de su discreción. La cuestión allí resuelta estaba en isswe y hasta tanto no se revoque, el caso es autoridad para resolver éste y cualquier caso análogo que en el futuro se presente.

En vista de lo anterior, opino que la resolución recurrida debió haberse revocado por constituir un claro abuso de dis-creción.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eduardo Bocanegra López, acusado y apelante.
    Núm. 6763.

    Sometido: Noviembre 10, 1937.

      Resuelto: Noviembre 30, 1937.

      Rafael S. Tidal, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia en este caso lee como sigue:

“To, José B. Torres, L.C.P.I. #489, vecino de Humacao, calle de Comercio número 18, de mayor edad años, formulo denuncia contra Eduardo Bocanegra López y Ana María Merced Delgado, por delito de acometimiento y agresión grave, cometido de la manera siguiente: Que en 5 de abrd 5:15 P. M. de 1936, y en la calle Noya y Hernán-dez, esquina José Lois de Humacao, del Distrito Judicial Municipal de Humacao, P. B., que forma parte del Distrito Judicial de Hu-macao, P. R., los referidos acusados Eduardo Bocanegra López y Ana María Merced Delgado, allí y entonces, voluntaria, ilegal y mali-ciosamente, con intención criminal de inferir algún daño violento en la persona de un semejante, con el propósito de causarle daño corporal, acometieron y agredieron, el primero con los puños y una macana, y la segunda con los puños, al denunciante, ocasionándole, Bocanegra, una herida producida por una macana en la frente del denunciante y otras contusiones más en diferentes partes del cuerpo, y ella, aga-rrando fuertemente al denunciante, tumbándole los botones de la blusa y dándole con los puños, ocasionándole otras contusiones en l • el cuerpo, ele las cuales fui curado eu la clínica Oriente de Humacao por el Dr. César Domínguez.
“Los agravantes alegados en esta denuncia consisten en que los • acusados realizaron el delito de acometimiento y agresión en la persona del denunciante, que es un funcionario legal (Lance Corporal de la Policía Insular) que estaba allí y entonces debidamente uni-formado y luciendo sus insignias como tal, y en el ejercicio de las funciones de su cargo. Hecho contrario a la ley.”

La Corte Municipal de Humacao declaró culpable y senten-ció al acusado a seis meses de cárcel. Este apeló para ante la corte de distrito. Al ser llamado el caso, el acusado se declaró culpable y la corte posteriormente le impuso dos años de cárcel, o sea el máximo fijado por la ley. El acusado en-tonces apeló para ante este tribunal y señala como único error lo excesivo de la sentencia.

El delito fue relativamente fuerte, pero las circunstancias agravantes de por sí consistían en haber agredido a un po-licía. No se adujeron becbos ulteriores para demostrar las circunstancias agravantes del delito, como tampoco para mi-tigarlo, conforme permite el artículo 320 del Código de En-juiciamiento Criminal. Por tanto, según se indicó en el caso de El Pueblo v. Laureano, 34 D.P.R. 209, la corte pudo ha-ber adoptado un temperamento medio. El caso de El Pueblo v. Liceaga, 36 D.P.R. 443, también puede ser consultado. Los casos de El Pueblo v. Peña, 50 D.P.R. 862, y Pueblo v. Colón, 51 D.P.R. 408, no alteran la doctrina. Estamos muy 'de acuerdo en que la corte de distrito no quedaba obligada por la sentencia de la corte municipal, pero al fijar la pena ■ella pudo haber tomado en consideración la actuación de la •corte municipal.

Nos sentimos obligados a resolver que la pena impuesta ní aquí apelante fue excesiva. La sentencia debe ser modi-ficada en el sentido de fijarle v/na pena de un año, y así mo-dificada, confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Zoa Fermoso Torres, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1008.

    Sometido: Noviembre 1, 1937.

      Resuelto: Noviembre 30, 1937.

      Luis López de Victoria, abogado del recurrente;
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos de este recurso gubernativo, conforme se des-prenden de la relación presentada por la peticionaria, son así:

“RELACIÓN DE IÍECIiOS
“Por escritura número 160 otorgada en Yauco ante el notario-Luis López de Victoria el 13 de agosto de 1937 don Santiago César Torres Fermoso por sí y doña Zoa Fermoso Torres por sí y en re-presentación como madre legítima con patria potestad sobre los me-nores Mariam, de diez y ocho años de edad, Monserrate Aurora, de diez y seis años de edad, José Onofre, de diez años de edad y Ro-salilda, conocida por Rosa Nilcla, de seis años de edad, de apellidos' Torres Fermoso, procedieron a segregar y segregaron de una finca-rústica de trescientas setenta y nueve cuerdas con cincuenta y cinco-céntimos de otra, una parcela de doce cuerdas de terreno más o me-nos, con solicitud de que dicha parcela se inscribiera como finca nueva,, separada y distinta de la principal (páginas 1 a 7 d© la copia simple del documento).
“Presentada copia certificada de dicha escritura al Registro de la Propiedad de San Germán para su inscripción, el señor registra-dor recurrido la inscribió con el defecto subsanable de no haberse presentado el plano correspondiente a la mensura de esta finca apro-bado por el Comisionado del Interior de Puerto Rico en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Conjunta número 55 de este año de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.”

La recurrente señala la comisión de dos errores por el registrador, a saber:

“Primer error: Erró el señor registrador recurrido al estimar que los efectos de la Resolución Conjunta número 55 aprobada en 15 de mayo de 1937 están en vigor.
“Segundo error: Erró el Sr. Registrador recurrido al estimar que los términos de dicha Resolución Conjunta son mandatorios, cuando en realidad dichos términos son directivos.”

Toda vez que el registrador no ha radicado alegato, asu-miremos más o menos que los hechos alegados en la petición son ciertos.

Un examen de la Resolución Conjunta en cuestión nos ha dejado la impresión de que la Asamblea Legislativa tuvo la intención de crear una división especial dentro del Departamento del Interior para la aprobación y certificación de planos de bienes inmuebles, antes de ser éstos admitidos en las cortes o en los registros de la propiedad. La sección 7 de la Resolución Conjunta exige que todas las segregaciones o agrupaciones de bienes sean presentadas (es de presumirse que en el registro de la propiedad) con un plano debidamente aprobado y certificado en la forma arriba mencionada.

La sección 4 de la Resolución Conjunta (núm. 55) que está ante nuestra consideración lee así (Leyes de 1937, págs. 639, 640):

“Por la presente queda autorizado el Comisionado del Interior de Puerto Rico para preparar y redactar un reglamento que estipule de una manera uniforme y general el procedimiento a seguir en las- ope-raciones de campo, cálculo y preparación de planos, así como también fijar los derechos que se deban imponer para la aprobación final de dichos planos de acuerdo con la sección 10 de esta Ley. Dicho regla-mento después de aprobado por el Consejo Ejecutivo, tendrá efecto .de ley.”

Del hecho incontrovertido de qne el Comisionado del Interior aún no ha logrado la aprobación por el Consejo Eje-cutivo del reglamento anterior, hemos llegado a la conclu-sión de que a la recurrente le hubiera sido imposible cumplir con los requisitos del estatuto.

La única cuestión que aún queda por determinar es si ella estaba obligada a esperar a que ese reglamento sea de-finitivamente aprobado, para entonces proceder a subsanar el alegado defecto, o si, toda vez que la efectividad de la legislación está en suspenso hasta que la maquinaria para su cumplimiento esté lista para ponerse en vigor, ella tiene de-recho inmediatamente a que se le inscriba libre de defectos. Los .principios generales de interpretación legislativa nos inclinan a optar por la segunda alternativa.

Hasta que el reglamento que es necesario para la apro-bación de las escrituras de conformidad con la Resolución Conjunta sea presentado y aprobado, su efecto' real o prác-tico queda en suspenso, aunque la legislación en sí esté en vigor en todos los demás aspectos.

En vista de la conclusión anterior, creemos innecesario considerar el segundo error.

La nota del Registrador de San Germán, debe ser revo-cada y el título de la peticionaria inscrito Ubre del defecto subsanadle ya mencionado.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Aureo Ocasio Rivera, acusado y apelante.
    Núm. 6579.

    Sometido: Diciembre 1, 1937.

      Resuelto: Diciembre 3, 1937.

      Ismael Soldevila, abogado de la apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El primer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al dictar sentencia condenatoria por adulterio, a pesar de que la denuncia formulada en el presente caso no alega que el apelante fuera un hombre casado a la fecha del supuesto adulterio, y, por tanto, no imputa la comisión de un delito.

En la denuncia se alegaba que en mayo 29, 1936, y en el barrio Mameyes, de Río Grande, del Distrito Judicial Municipal de Río Grande, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, el acusado, Aureo Ocasio Rivera., ile-gal, voluntaria y maliciosamente, siendo un hombre legal-mente casado con Carmen Camilo, tuvo comercio carnal con Sara Alonso. El acusado no excepcionó la denuncia. No podemos estar de acuerdo con el criterio de que la denuncia dejaba de alegar que el acusado era un hombre casado al tiempo en que se cometió el supuesto delito.

Otras contenciones son que la prueba era insuficiente para declarar convicto al acusado; que el juez de distrito erró al apreciar la prueba; que la declaración de Sara Alonso no fue corroborada.

A nuestro juicio hubo suficiente prueba para sostener una sentencia condenatoria. No hallamos que se cometiera error alguno en la apreciación de la prueba. La declaración de Sara Alonso, de ser necesaria su corroboración, fue suficien-temente corroborada, no obstante el hecho de no haber tes-tigos oculares del acto del comercio carnal.

El artículo 269 del Código Penal fija multa o cárcel como penalidad para el delito de adulterio. El acusado en el presente caso fue sentenciado tanto a pagar una multa como a sufrir una pena de cárcel. En vista de este error la sentencia debe ser revocada y devolverse el caso■ para qtue se dicte urna sentencia en armonía con las disposiciones de dicho articulo 269.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Córdova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señok Wole

text:
    Ramón López, peticionario y apelado, v. Alcalde y Asamblea Municipal de Naguabo, demandados y apelantes.
    Núm. 7317

    Sometido: Noviembre 12, 1937.

      Resuelto: Diciembre 8, 1937.

      Faustino B. Aponte, abogado de los apelantes; Angel Fernández Ortiz, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señok Wole

emitió la opinión del tribunal.

Ramón López radicó una petición de certiorari ante la Corte de Distrito de Humacao, en la que alegaba sustancial-mente que babía trabajado como Secretario-Auditor del Mu-nicipio de Naguabo desde julio 1, 1934 a enero 31, 1935; que en el presupuesto correspondiente al año fiscal 1934-35, apro-bado en mayo 28, 1934, se le fijó un sueldo de $960 por año; que en abril 12,1935, la Asamblea Municipal aprobó una orde-nanza (núm. 16) sustituyendo o enmendando el presupuesto original y dándole expresamente efecto retroactivo a partir de julio Io. 1934; que por esta ordenanza el sueldo del peti-cionario fué reducido a $600 por año y que este proceder de la Asamblea Municipal era enteramente nulo a tenor de la Ley Municipal en vigor. Incidentalmente, podría decirse que los sueldos de otros funcionarios municipales fueron igual-mente rebajados.

La corte inferior expidió el auto de certiorari y luego de una vista, resolvió que la ordenanza que aumentaba el pre-supuesto era nula en tanto en cuanto rebajaba el sueldo del peticionario. El razonamiento de la corte inferior se basó en parte en la proposición de que la supuesta rebaja tuvo lugar después de haberse prestado los servicios al Municipio en la forma prevista en el presupuesto, y en sti consecuencia que el sueldo devengado se babía convertido en un derecho ad-quirido. La otra autoridad invocada por la corte fueron las disposiciones de la Ley Municipal misma, conforme veremos.

Se señalan dos errores. El primero suscita la cuestión relativa a la validez del presupuesto aprobado en mayo, 1934, toda vez que el mismo no fué referido al Contador Insular para su aprobación. Esta cuestión nunca estuvo claramente ante la corte inferior, nunca fue tratada en las alegaciones y nada hay en los autos que demuestre que jamás se hiciera la más ligera indicación sobre este punto. Non constat que el Auditor no interviniera. La presunción es que la ley se ha cumplido. Bajo las circunstancias, creemos que esta corte no debe entrar a considerar este señalamiento.

El segundo error lee así:

"La Corte de Distrito de Humacao eiTÓ al declarar nula la orde-nanza núm. 16 aprobada en 15 de abril de 1935 por la Asamblea Municipal de Humacao.”

La sección 34 de la Ley Municipal de 1928 (Ley Núm. 53, Leyes de 1928, págs. 335, 365) dispone:

"Los funcionarios administrativos y empleados permanentes del municipio tendrán y se les pagará, como única compensación, los suel-dos que se les fijare en cada presupuesto, los cuales no podrán ser aumentados ni disminuidos en el transcurso del año económico.”

La sección arriba citada no presenta posibilidad alguna para un mal entendido. Sus preceptos están claramente ex-presados. A menos que el municipio apelante pueda ofrecer otros argumentos convincentes, el caso es uno de lex scripta, y la decisión de la corte inferior debe ser confirmada. Consi-deremos las contenciones aducidas en el alegato de los de-mandados.

Los apelantes sostienen que el artículo 34 supra, debe ser interpretado en armonía con el artículo 42 de la misma ley que fija el orden de prioridad existente entre ciertas asignaciones del presupuesto. La sección lee así:

"Los municipios no podrán asignar en sus presupuestos cantidad alguna para el pago de sueldos, sin que antes se hayan consignado por su orden los créditos necesarios para las siguientes atenciones:
“(a) Deudas por capital e intereses vencidos o que hubieren de vencerse dentro del año económico para el cual se forma el presu-puesto, que no tenga fondos especialmente asignados para su amorti-zación, mediante contribución especial;
" (b) Cualquier déficit que resultare en las operaciones de años an-teriores, o gastos a que estuviere legalmente obligado el municipio por contratos ya celebrados o por otras causas y todos los pagos o reem-bolsos por concepto de sentencias firmes dictadas contra el municipio por cualquier tribunal competente;
" (c) Beneficencia pública;
" (d) Instrucción pública;
“(e) Obras Públicas;
‘ ‘ (/) Servicio de incendios, policía y cárcel;
“ (g) Conservación de obras y edificios municipales.”

El municipio sostiene' en este caso que debido a que diversas obligaciones ya. vencidas no fueron incluidas en el pre-supuesto original de 1934-35, la fijación de los varios sueldos fué nula. Un lector cuidadoso verá que la disposición arriba enunciada sólo se refiere a las “asignaciones para el pago de sueldos”, y nada tiene que ver con la “fijación” de tales sueldos. Podría suceder que el sueldo del peticionario no pu-diera pagarse basta que se satisfagan las otras obligaciones provistas por el artículo 42, más ésa no es la cuestión legal que está ante nos.

El argumento de que la rebaja fué general en su natura-leza y que se bizo extensiva a todos los empleados cuyos emolumentos mensuales excedían de $30, no es respuesta, sufi-ciente al mandato legislativo contenido en la sección 34, supra. La cuestión de discriminación no desempeña papel alguno en este caso.

La última contención de los apelantes es que una “orde-nanza” no es una “ley”, y que por tanto no viola la sección 34. Citan un caso de Pensilvania que fué directamente re-suelto en la teoría de que una ordenanza no es una ley en forma tal que pueda violar una probibición constitucional al efecto de que “ninguna, ley prorrogará el término de nin-gún funcionario público, ni aumentará o disminuirá su sueldo, etc. ...” La probibición legislativa en el caso que está ante nos no se limita a leyes sino que es general en su con-texto. Somos además del criterio de que una ordenanza es una ley local y el único medio de que se puede valer un mu-nicipio para legislar. En lo que a un municipio y un em-pleado suyo se refiere, tiene fuerza de ley.

Es cierto, según alegan los apelantes, que el municipio tiene discreción absoluta para fijar un sueldo, pero una vez que éste se lia fijado por el presupuesto, tal discreción cesa, por lo menos basta el siguiente año.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Presidente Señor Del Toro está conforme con el resultado.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávida no intervino.


text:
    Manuela García, demandante y apelada, v. José Hernández Usera y Julio Rodríguez, demandados y apelantes.
    Núm. 7122.

    Sometido: Noviembre 9, 1937.

      Resuelto: Diciembre 10, 1937.

      González Fagundo c6 González, Jr., y H. Torres Solá, abogados de los apelantes; Arturo Aponte, Faustino R. Aponte y Manuel A. Bus-telo, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil (edi-ción 1933) lee así:

“Las partes en acciones o procedimientos, incluyendo El Pueblo de Puerto Rico, tendrán derecho a las costas y desembolsos, sujeto a las reglas que más adelante se prescriben.
“En todos los casos en que se hayan concedido a una parte las costas en una acción o procedimiento en la corte de distrito, dicha parte, a discreción de la corte de distrito, tendrá derecho a recibir de la parte vencida, una cantidad que represente el valor de los servicios •de su abogado o una parte de dicha cantidad; Disponiéndose, que nada de lo contenido en esta sección se entenderá que concede hono-rarios de abogado para ser incluidos en las costas que se impusieren a un demandado que no hubiere radicado su comparecencia en una acción o procedimiento; Y Disponiéndose, además, que los honorarios y costas serán concedidos a discreción del juez que tenga conocimiento de la acción o procedimiento, teniendo en cuenta también el grado de culpa de la parte, si la hubiere, contra quien se dictare sentencia. ’ ’

La demandante solicitó se dictara sentencia conteniendo tres pronunciamientos. El tercero de éstos se refería a la ■cuestión de costas, incluyendo honorarios de ahogado. Los demandados comparecieron y se allanaron a que se dictara ■sentencia en la forma solicitada, sin necesidad de la celebra-ción de un juicio, en lo que a los supuestos pronunciamientos primero y segundo se refería, así como también a que se con-cedieran costas a la demandante sin incluir honorarios de abo-gado. Durante el juicio la demandante ofreció prueba para' ■establecer “el grado de culpa” envuelto por ciertos actos a virtud de los cuales los demandados obligaron a la deman-dante a demandarlos. La sentencia concedió costas a la de-mandante, incluyendo honorarios de abogado.

Si el primer disponiéndose del artículo 327 ha de interpretarse literalmente, un demandado que ha comparecido ■en el pleito no puede invocar la prohibición de que se incluyan honorarios de abogado aunque comparezca con el único objeto de avenirse a una sentencia en la forma solicitada por el demandante (excepto en lo que a honorarios de abogado se refiere), es decir, a una sentencia que incluya costas pero no honorarios. No podemos creer que ésta fuera la intención legislativa.

La demandante, conforme hemos indicado, había solici-tado expresamente se le concedieran las costas, incluyendo honorarios de abogado. El artículo 694 del Código de En-juiciamiento Civil (edición 1933) dispone que en acciones de esta índole “se impondrán las costas a la parte contra la cual se dictare sentencia.” Si los demandados no hubieran com-parecido con el objeto de llamar la atención de la corte hacia, el primer disponiéndose del artículo 327, el juez de distrito-quizá pudo haber pasado por alto el mismo, o tal vez resuelto que el referido disponiéndose no era aplicable a un procedi-miento especial iniciado en armonía con la “Ley proveyendo-procedimientos para recobrar la posesión de propiedad in-mueble,” aprobada el 13.de marzo de 1913 (Ley núm. 43 de-1913, pág. 85). Un demandado que trata de evitar semejante riesgo solicitando se excluyan los honorarios de abogado de-la sentencia, admite el - derecho del demandante a obtener-todo el remedio que podía concederse en una sentencia en re-beldía. Exonera al demandante de la necesidad de probar-su caso, o por lo menos elimina cualquier cuestión relativa a tal necesidad. Renuncia a su derecho a apelar de la sen-tencia en su totalidad. No debe resolverse que ha renun-ciado al derecho de obtener que se excluyan de las costas Ios-honorarios de abogado. Nos sentimos renuentes a imputar a la legislatura la intención de que a un demandado que com-parece con el solo propósito de allanarse a una sentencia de-conformidad con los términos del disponiéndose — renunciando-así su derecho a apelar de la sentencia en su totalidad y rele-vando con ello al demandante de la necesidad de probar su caso — deba colocársele en peor situación, en lo que a la cues-tión de honorarios de abogado se refiere, que un demandado-que está meramente en rebeldía y deja al demandante que-pruebe su caso, si es que puede hacerlo.

La apelación ha sido interpuesta tan sólo contra aquella parte de la sentencia que incluye honorarios de abogado en. las costas concedidas a la demandante. A ese respecto laz sentencia apelada debe ser revocada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino-


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro A. Rivera Palmer, acusado y apelante.
    Núm. 6701.

    Sometido: Noviembre 17, 1937.

      Resuelto: Diciembre 10, 1937.

      G. H. Judia, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió -la opinión del tribunal.

La parte esencial de la denuncia lee así:

. Que en 18 de abril, 10.50 A. M. de 1936, y en la Parada 40, Carretera No. 1, Río Piedras, P. R., del Distrito Judicial Municipal de Río Piedras, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., allí y entonces el referido acusado Pedro A. Rivera Palmer ilegal, voluntaria y maliciosamente actuaba como compañía do servicio público, transportando pasajeros en el automóvil No. P. 2451, de su propiedad, en la ruta entre Río Piedras y San Juan, mediante paga de diez centavos cada pasajero, sin tener un Certificado de Ne-cesidad y Conveniencia u otra autorización válida alguna expedida por la Comisión del Servicio' Público de Puerto Rico para servir dicha ruta, no obstante estar aquélla servida exclusivamente por la Com-pañía de Servicio Público White Star Bus Line, Inc., que es la única que está autorizada a prestar dicho servicio, etc.”

El acusado ba apelado de la sentencia por la que se le con-dena a pagar una multa de $50 ó a la prisión subsidiaria; y señala como errores de la corte inferior los siguientes:

“Primero: Que no se demostró, más allá de duda razonable, que el denunciado violara orden final alguna de la Comisión de Servicio Público, transportando pasajeros mediante paga.
“Segundo: Que la sentencia en este caso es contraria a la eviden-cia presentada en el mismo.”

La Orden Final de la Comisión de Servicio Público, •de cuya infracción se acusó al apelante, dispone:

“Se ordena además; y por la presente'queda prohibido el que ningún vehículo de motor que no haya sido previamente autorizado por la Comisión, actúe, sirva, funcione u opere como porteador pú-blico en el transporte de pasajeros por asiento, brindando, ofreciendo, prestando o rindiendo su servicio al público en general mediante paga y por asiento entre puntos incluidos dentro de las rutas servidas por la White Stcur Bus Line, Inc.
“El hecho de que un vehículo de motor transporte a uno o más pasajeros de un sitio a otro dentro de las rutas servidas por la White Star Bus Line, Inc., mediante paga por asiento, constituirá prueba prima facie de una violación de las disposiciones de esta Orden.” (Bastardillas nuestras.)

De acuerdo con la disposición que acabamos de transcri-bir, los elementos esenciales del delito son:

1. Que el acusado, actuando como porteador público, realizó el acto de transportar en su automóvil uno o más pa-sajeros.

'2. Que el servicio prestado por el acusado se realizó mediante paga por asiento.

■3. Que el transporte se verificó desde un sitio comprendido dentro de las rutas servidas por la White Star Bus Line, Inc., basta otro sitio igualmente comprendido dentro de dichas rutas.

La acusación no puede prosperar si la prueba aducida por •el Ministerio Público no fuere suficiente para establecer por lo rueños un caso prima facie en contra del acusado. Hemos examinado la prueba, la que puede resumirse así:

El policía Rodríguez declaró que “el acusado guiaba un carro público en dirección de San Juan a Río Piedras y al llegar frente al Pensionado Católico en Río Piedras, se apeó un pasajero y le pagó”; que no sabe dónde el acusado cogió ese pasajero. Y repreguntado por la defensa declaró que en el carro iban otros pasajeros y entre ellos un cura, quien le informó que iba para Ponce; que vió que el pasajero se bajó y pagó.

El otro testigo de cargo, también policía, se limitó a decla-rar que en presencia de él y del policía Rodríguez, el acusado dejó un pasajero que llevaba, frente a la Universidad en Río Piedras.

El acusado declaró que él iba con los pasajeros para Ponce; que uno de los pasajeros le pidió que parase en la Universidad y volviese a buscarle dentro de 10 ó 15 minutos y que así lo bizo; que no pudo volver a buscarle, ni bacer el viaje a Ponce porque el policía lo arrestó; y que no es cierto que el pasajero le pagara cantidad alguna.

A nuestro juicio la prueba de cargo es insuficiente para sostener la acusación. Aun cuando aceptáramos como be-cbos probados que el Pensionado Católico de Río Piedras es un punto o sitio comprendido dentro de la ruta ser-vida por la White Star Bus Line, Inc., y que el pasajero basta allí transportado por el acusado bizo a éste un pago de dinero, siempre tendríamos que declarar que existe una insuficiencia fatal en la prueba por no haberse presentado evidencia alguna para establecer el becho esencial de que el pasajero tomó el carro en un sitio comprendido dentro de la ruta servida por la mencionada compañía de servicio público.

De be revocarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Gregorio Jusino Velázquez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1009.

    Sometido: Noviembre 1, 1937.

      Resuelto: Diciembre 16, 1937.

      Negrón López & Negrón López y Luis López de Victoria, abogados del recurrente;
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

En una escritura de partición se asignaron ciertas pro-piedades a una de las adjudicatarios para el pago de ba-jas. Había cuarenta y dos acreedores cuyas reclamaciones fluctuaban entre $1.42 y $2,500. La deuda total ascendía a unos $17,292.70. El adquirente de una de estas propiedades, después de más de cinco años de haberse inscrito la misma a nombre de la persona de quien la bubo, la a'djudicataria arriba mencionada, solicitó se cancelara la mención de las obligaciones asumidas por la adjudicatario. El registrador se negó a cumplir con esta súplica.

La sección 388-A de la Ley Hipotecaria, tal cual fué ori-ginalmente aprobada (Sesión Extraordinaria de 1923, pág. 37), autorizaba la cancelación de (ílas menciones de hipote-cas, de censos y de otros derechos para el pago de dinero o precio aplazado de la compraventa de inmuebles”, si hubie-ren transcurrido más de veinte años, a menos que el derecho mencionado se haya inscrito o se haya promovido demanda en reclamación de tal derecho dentro de determinado período de tiempo. Una enmienda de 1924 (Ley núm. 12, Sesión Ex-'traordinaria, pág. 109), sin modificar substancialmente la ley-anterior en lo relativo a hipoteca, precios aplazados y cen-sos, dispuso:

. Que dichos registradores de la propiedad a instancia es-•crita de parte o de su representante, autenticada ante notario, pro-cederán a cancelar también en el respectivo registro cualesquiera otras menciones de derechos para pago de dinero, que no se refieran al pre-cio aplazado de la compraventa de inmuebles, cuando no se fije plazo, -o no se indique en el título que motiva la mención que se constituye un gravamen sobre el inmueble, si hubieren transcurrido más de cinco .años.1 ’

En 1936 (Ley 19, Tercera Sesión Extraordinaria, pág. 149) la sección fue nuevamente enmendada con el fin de auto-rizar la cancelación de:

(a) Cualesquiera menciones.de derechos reales que consten en los ‘libros antiguos o modernos del registro, si hubiesen transcurrido más ■de diez años desde que se verificó la respectiva mención, cuando la parte interesada dentro del plazo de seis meses, a contar desde la fecha en que empiece a regir esta ley, no hubiese solicitado la inscrip-ción del derecho mencionado, o no hubiese promovido acción judicial en reclamación de su derecho anotando la demanda en el registro.
‘ ‘ Cualesquiera menciones de obligaciones para el pago de dinero y •de precio aplazado de la compraventa de inmuebles, háyase o no fijado plazo para el cumplimiento de la obligación mencionada, que consten •en los libros antiguos o modernos del registro, si hubiesen transcurrido más de cinco años, desde que se verificó la respectiva mención, cuando la parte interesada, dentro del plazo de seis meses, a contar desde la fecha en que empiece a regir esta ley, no hubiese promovido acción judicial en reclamación de su derecho anotando la demanda en el re-gistro. ’ ’

El artículo 36 de la Ley Hipotecaria provee:

“Las acciones rescisorias y resolutorias no se darán contra tercero 4jue haya inscrito los títulos de sus respectivos derechos conforme a lo prevenido en esta ley. ’ ’

El inciso 1 d.el artículo 37 exceptúa de esta regla “las acciones rescisorias y resolutorias que deban su origen a causas que consten explícitamente en el registro.” El ar-tículo 23 lee en parte así:

‘ ‘ En la adjudicación de bienes inmuebles determinados en una he-rencia o concurso a un partícipe, a un acreedor o a un extraño, con la obligación de emplear su importe en el pago de deudas o cargas-de la misma herencia o concurso, se hará constar la condición con la. cual los bienes se adjudican al inscribirlos a nombre del adjudica-tario, y surtirá los efectos que esta ley establece en el número 1ro. del artículo 37. ’ ’

El efecto del artículo 23 es hacer que la propiedad adju-dicada, así como el adjudicatario y sus causahabientes, res-pondan del incumplimiento de la obligación resolutoria con-tenida en la adjudicación. Se hace que la condición reso-lutoria constituya un gravamen sobre la finca. Sujeta directa e inmediatamente al inmueble. No se extingue por una ena-jenación posterior ni por la muerte del adjudicatario. Es un derecho real. Véase 2 Escriche 669; 18 Corpus Juris 786, notas 14-15.

El hecho de que la Legislatura singularizara e incluyera específicamente entre las menciones que pueden ser cancela-das luego de transcurridos cinco años la mención de precio-aplazado, no milita contra la anterior conclusión, sino que de acuerdo con el principio de expressio umus est exclusia altervus tiende a fortalecerla. De ello se desprende, desde luego, que la mención envuelta en el presente recurso es una de esas que pueden ser canceladas tan sólo después de haber transcurrido diez años. Se colige además que los casos de Quiñones v. Registrador de Mayagüez, 39 D.P.R. 833; Pagán v. Registrador de San Germán, 40 D.P.R. 492 y Alequín v. Registrador de Mayagüez, 47 D.P.R. 820, todos los cuales fue-ron resueltos con anterioridad a la enmienda de 1936, no son aplicables. La cuestión que ahora está ante nos no estuvo envuelta ni fuá decidida en Pinto v. Registrador de San Juan, 50 D.P.R. 662, ni en Olivero v. Registrador de San Juan, 50 D.P.R. 666.

Debe confirmarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino-


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eduardo Bocanegra López, acusado y apelante.
    Núm. 6822.

    Sometido: Diciembre 9, 1937.

      Resuelto: Diciembre 16, 1937.

      Rafael S. Vidal, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Bocanegra fué convicto por una corte municipal del delito de portar armas. Al ser llamado el juicio de novo ante la corte de distrito, él hizo la alegación de culpable y fué sen-tenciado a seis meses de cárcel. La única cuestión ante nos es si la corte de distrito abusó de su discreción al imponerle, la pena máxima.

El apelante invoca la regla establecida en el caso de El Pueblo v. Laureano, 34 D.P.R. 209. En dicho caso este tribunal dijo:

“Nq tenemos aquí las-pruebas. No se practicaron, porque el acu-sado se confesó culpable. Sólo está ante nosotros la acusación como estuvo ante la corte de distrito y lá verdad es que examinándola no surge de ella circunstancia alguna que tienda a agravar la infracción cometida. Se imputa un hecho corriente y a nuestro juicio, en tales casos, no está justificada la imposición del máximo de la pena . . . . ”

En la denuncia del presente caso se alegaba que Boca-negra, hallándose en estado de embriaguez, portaba sobre su persona, para fines de ofensa y defensa, una daga amolada con la cual amenazaba a las personas que a su paso encon-traba, dando con la misma varios machetazos sobre el mos-trador de Juan Alicea, conocido por “Güito”. En su conse-cuencia, los hechos no hacen caer el presente caso dentro de. la doctrina de El Pueblo v. Laureano. Bocanegra estaba en actitud violenta; Laureano no.

No bailamos tal abuso de discreción que justifique la mo-dificación de la sentencia y, en su consecuencia, la misma debe ser confirmada.

Los Jueces Presidente Señor Del Toro y Asociado Señor Córdova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN

text:
    José Facundo Cintrón, et als., demandantes y apelantes, v. Yabucoa Sugar Company, demandada y apelada.
    Núm. 7629.

    Sometido: Diciembre 6, 1937.

      Resuelto: Diciembre 16, 1937.

      C. Goll Quchí, Francisco Parra Capó y F. Zapater, abogados de los apelantes; González Fagundo & González, Jr., abogados de la ape-lada.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN

emitió la opinión del tribunal.

La apelada solicita la desestimación del presente recurso basada en que los sellos de rentas internas requeridos por la ley no'fueron adheridos a la exposición del caso. En carta dirigida a los abogados de los apelantes, el secretario de la corte de distrito hizo constar que aparte de la exposición del caso, el legajo de la sentencia constaba de 161 folios y la exposición del caso de 433, o sea de un total de 594 folios, los que a razón de 40 centavos el folio impor-taban $237.60. Se adhirieron y cancelaron sellos de rentas internas hasta tal cantidad. El secretario también informó a los letrados de los apelantes que dos empleados de su oficina habían convenido en cotejar una copia del legajo de la sen-tencia, incluyendo una copia de la exposición del caso, fuera de horas de oficina, por $50. Un cheque por esta última suma fué enviado al secretario. La contención de la apelada es que el legajo de la sentencia contiene 240,000 palabras, es decir, 2,400 folios.

El inciso Q del arancel de los derechos que deberán pa-garse a los secretarios y márshals de las cortes de distrito especifica 20 centavos por folio. (Leyes de 1915, núm. 17, pág’. 46.) La sección 6 de la ley provee:

‘ ‘ Todos y cada uno de los documentos o escritos que por esta Ley se requiere lleven un sello o sellos de rentas internas serán nulos y sin valor y no se admitirán como prueba en juicio a menos que dichos sellos hayan sido fijados a los mismos.”

En Nazario v. Santos, 27 D.P.R. 89, resolvimos que un escrito de apelación sin sellos de rentas internas adheridos era nulo. En Paz v. Bonet, 30 D.P.R. 927, los sellos fueron adheridos unos tres meses después do radicarse el escribo de apelación. Esta corte dijo:

‘ ‘ En tales condiciones no podía sostenerse que la apelación se había perfeccionado, a pesar de la presentación del escrito de apelación y de su notificación a la otra parte. Como en la fecha en que se pa-garon los derechos de apelación había .expirado con exceso el derecho de apelar de la resolución denegando un nuevo juicio, no es posible que se pueda admitir que el tardío pago de tales derechos podía haber revivido un derecho que había sido extinguido fatalmente por la ex-piración del término para apelar.”

Estos casos fueron seguidos en Delgado v. Cárdenas, 34 D.P.E. 240, y en Polanco v. Sucesión Cumpiano, 36 D.P.R. 603. En el caso de Polanco, así como en los que lo prece-dieron, no se cancelaron sellos algunos. No se hizo ningún esfuerzo para cumplir con la ley. Aparentemente no se soli-citó autorización para radicar dentro de un nuevo término, a ser concedido por esta corte, una transcripción con los sellos necesarios. Pasando por alto ía importante diferen-cia existente entre el período estatutario dentro del cual debe perfeccionarse una apelación y el término dentro del cual debe radicarse una transcripción en esta corte, en la página 606 este tribunal se expresó en la siguiente forma en relación con la facultad nuestra para conceder un nuevo término bajo ciertas circunstancias:

“La parte apelante alega, no obstante, que en el presente caso no se trata de un término jurisdiccional y llama a la discreción de esta corte para que se le permita subsanar el defecto adhiriendo a la cer-tificación del secretario los sellos de rentas internas por el valor que corresponda. Sin embargo, la sección 6 de la Ley No. 17 de 1915 establece una sanción fiscal de carácter imperativo. El efecto de la omisión de pagar los derechos en sellos de rentas internas en el mon-tante que fija la ley, es el mismo que si la transcripción no se hubiera radicado ante esta Corte.
“No existiendo, por tanto, base para la apelación, debe declararse la moción de la parte apelada con lugar y desestimarse el recurso.”

En Salas v. Baquero, 47 D.P.R. 108, 113, esta corte, inter-pretando el artículo 6 de la ley, dijo:

“Es ésta una especie de penalidad que se impone para evitar fraudes al Pueblo de Puerto Rico, que en todo caso sería la parte realmente perjudicada, y la que tendría mayor autoridad para que-rellarse cuando se dejen de cancelar los sellos requeridos por el aran-cel. Las palabras de la ley, si se siguen al pie de la letra, no pare-cen dejar campo a la interpretación judicial. Sin embargo, puede darse el caso do que un funcionario de una corte, inadvertidamente, sin intervención de la parte y sin intención de defraudar, deje de cancelar algún sello en determinado documento o cancele una canti-dad menor de la requerida por la ley. Supongamos que algún tiempo después de radicada una alegación o de terminada una actuación judicial, el funcionario advierte la omisión, y la parte, a su ruego, cubre el déficit y subsana el error, ¿debe considerarse nulo ab initio el do-cumento por el hecho de que se haya incurrido involuntariamente en una omisión1? Si el propósito de la ley os proteger los derechos del estado y evitar fraudes al erario público, no parece lógico que una vez cubiertos los derechos, una parte que en nada se perjudica pueda aprovecharse del error alegando que la actuación judicial es nula desde su origen. A nuestro juicio la actuación judicial que adolece de este’ defecto puede ser anulable, pero no es nula per se. Un error de esta naturaleza debe poder subsanarse por la parte a quien corres-ponde el pago del arancel.”

En Acevedo v. Domenech, 49 D.R.R. 138, 140, resolvimos que la transcripción de autos no requiere sellos de rentas internas, pero también dijimos que aun si no fuera así, esta corte hubiese tenido la facultad de conceder un nuevo término para adherir los sellos necesarios.

Los hechos del presente caso lo hacen caer dentro de la regla establecida en Salas v. Baguero y en Acevedo v. Domenech. Cuando el abogado de los apelantes envió al secre-tario de la corte de distrito sellos de rentas internas por la cantidad que indicaba el estimado oficial del secretario, cree-mos que hizo todo cuanto debía hacer. En ausencia de algo que sugiera fraude o colusión, la apelación no debe ser deses-timada sumariamente por el solo hecho de haber el secreta-rio cometido un error al calcular el importe de sus hono-rarios de acuerdo con la ley. Aun si estuviéramos conven-cidos de que la apelada tiene razón en su estimado y de que el secretario estaba equivocado, vacilaríamos en desestimar la apelación meramente porque el secretario fijó como importe de sus honorarios una suma menor que la fijada por la ley. El secretario, si hemos de considerar su estimado literal-mente, parece haber contado cada página escrita a máquina como un folio y haber calculado sus honorarios a razón de 40 centavos por folio, que es el doble de la cantidad especi-ficada en el arancel estatutario. La apelada, por otra parte, asume que un folio consiste de cien palabras, pero en su moción no nos ha indicado ninguna definición estatutaria al efecto. Si se citó alguna durante la argumentación oral, la misma se ha escapado a nuestra atención. Igualmente puede decirse con respecto al método por el cual la apelada llegó a su estimado de 240,000 palabras.

Asumiendo para los fines de la argumentación que la moción para desestimar presenta una controversia justiciable, y, asumiendo además, que ella no era prematura por no estar precedida de una moción para eliminar la transcripción, no estamos preparados para decir que la apelada esté clara-mente en lo cierto y que el secretario de la corte de distrito estuvo enteramente equivocado en su estimado de la suma que debía cancelar en concepto de honorarios.

Debe declararse sin lugar la moción.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Córdova Dávila. no intervinieron.


text:
    Carlos A. Buscaglia, demandante y apelante, v. Quintana Racing Park, demandada y apelada.
    Núm. 7145.

    Sometido: Marzo 10, 1937.

      Resuelto: Diciembre 16, 1937.

      R. Cuevas Zequeira y Rafael Buscaglia, abogados del apelante; Bolí-var Pagan, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Carlos A. Buscaglia, demandante en pleito de daños y per-juicios provenientes del supuesto incumplimiento de un con-trato, apela de una sentencia adversa.

El primer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar la demanda, fundada en que el mismo Buscaglia había sido el primero en violar el contrato, por cuanto este fundamento es incongruente e irreconciliable con las alegaciones de la demandada en su contestación.

El demandante alegó: que allá para el día 15 de julio de 1932 la demandada celebró un contrato con el demandante, según el cual el demandante se convertía en el agente y repre-sentante de la demandada en la venta de formularios impresos conocidos con el nombre de cuadros y papeletas, utilizados por el publico para el juego denominado pool en relación con las carreras de caballos que se celebran en el Hipódromo Quintana, así como para la preparación, sellado y conducción de tales cuadros y papeletas; que el territorio asignado al de-mandante como tal agente incluía un número de municipios que se enumeran en la demanda; que el demandante prestó una fianza de $25,000 que fué aprobada por la demandada y notificada por ésta en agosto 24, 1932, a la Comisión Hípica Insular de Puerto Rico; que el demandante, de conformidad con los términos del contrato, asumió las responsabilidades de las agencias y había de responder al Quintana Racing Park, Inc., de todos los actos u omisiones que pudieran reali-zar los subagentes que utilizara en el negocio de venta, pre-paración, sellado y conducción de cuadros y papeletas, que habían de expenderse al público, las papeletas a 40 centavos, los cuadros a 35 centavos en el municipio de Ponce y a 25 centavos en los demás pueblos comprendidos en su territo-rio; que los precios de referencia incluían “el valor intrín-seco” de los documentos, así como también la comisión que había de cargarse por la conducción de los mismos desde la agencia respectiva hasta la oficina del pool del Hipódromo Quintana; que en compensación de las obligaciones por él asumidas, el Quintana Racing Park, Inc., convino en satis-facer al demandante la suma de 11 centavos por cada pape-leta vendida y 13 centavos por cada cuadro, con excepción de los que se expendieran en la ciudad de Ponce, sobre los cuales el demandante tenía derecho a recibir un beneficio de 23 centavos; que el contrato había de durar cuatro años, a contar del 15 de julio, 1932, fecha en que la demandada aprobó la fianza.

La demandada negó que hubiera celebrado ningún con-trato con Buscaglia a virtud del cual éste se convirtiera en agente y representante de la demandada para la venta de cuadros y papeletas; negó que dicho contrato incluyera los municipios enumerados en la demanda o cualesquiera otros; explicó que Bucaglia había suministrado una fianza provisional y había prometido convenir con la demandada en los términos de un contrato de agencia que sería definitivamente consumado por las partes y que sería garantizado por una fianza buena y suficiente que Buscaglia convino en suminis-trar definitivamente; explicó que la fianza fué prestada de manera provisional porque las próximas carreras iban a cele-brarse, y, de acuerdo con una ley de la Asamblea Legislativa que acababa de aprobarse, una fianza era necesaria, y la fianza provisional, por sus términos, no implicaba la celebra-ción de un contrato, sino la promesa de celebrar uno dentro del período de quince días; negó que Buscaglia suministrara una fianza como agente de la demandada y alegó que él había prestado una fianza provisional por la suma de $25,000, com-prometiéndose el demandante a prestar definitivamente una fianza mediante escritura pública, que sería inscrita en el Registro de la Propiedad, fianza que nunca fué suministrada dentro del término especificado en la fianza provisional ni más tarde; admitió haber aceptado la fianza provisional mientras se otorgaba la supuesta fianza definitivamente y alegó que en distintas ocasiones había exigido tal otorga-miento dentro del período especificado; alegó que cuando se otorgó la fianza provisional se convino que los términos del contrato final de agencia se harían constar en la fianza defini-tiva y que las partes nunca convinieron en las condiciones en que habría definitivamente de celebrarse el referido contrato de agencia; aceptó que Buscaglia asumiría las responsabili-dades de las agencias establecidas en los pueblos menciona-dos y había de responder de todos los actos u omisiones que pudieran realizar los agentes, subagentes y empleados que utilizara el demandante en el negocio de venta, preparación, sellado y conducción de papeletas y cuadros; negó que se conviniera que tales papeletas habrían de venderse a 40 centavos o a una suma menor, que los cuadros habían de ven-derse a 35 centavos o menos en la ciudad de Ponce o a 25 centavos o menos en los demás pueblos comprendidos en el territorio. Negó la demandada que los precios de referencia comprendieran “el valor intrínseco” ni ningún otro valor de los documentos utilizados para jugar al pool, ni el importe de la comisión que había de cargarse por la conducción de cuadros y papeletas desde las agencias ni de ningún otro sitio de la isla hasta la oficina del pool del Hipódromo Quintana, y alegó que al firmarse la referida fianza provisional, dado el corto tiempo que mediaba para la celebración de las próxi-mas carreras, se convino que los requisitos y condiciones en que habría de celebrarse el contrato de agencia a que se re-fiere dicha fianza serían convenidos entre las partes al fir-marse la fianza efectiva, y que mientras tanto ésta se realizaba podían las agencias continuar vendiendo los cuadros y pape-letas a los precios de costumbre, pero que el contrato defini-tivo jamás llegó a otorgarse ni la fianza definitiva, debido a la negligencia de Buscaglia. La demandada negó haber conve-nido pagar a Buscaglia la suma de 11 centavos ni ninguna otra suma, por cada papeleta vendida, o 13 centavos, ni nin-guna otra suma, por cada cuadro, o 23 centavos, ni ninguna otra suma, por los cuadros o papeletas que vendiera en la ciudad de Ponce.

La demandada también alegó como defensa afirmativa: que en virtud de una ley aprobada en 1932 (Ley Núm. 11 de 1932, pág. 195), el demandante y la demandada, allá para el mes de julio de dicho año, dos o tres días antes de celebrar carreras el Hipódromo Quintana, en consideración al hecho de que no había tiempo para celebrar un contrato escrito y pres-tar una fianza en la forma que requería la demandada, convi-nieron provisionalmente en que el demandante se liaría cargo interinamente de las agencias del Hipódromo Quintana en los pueblos que se relacionan en la demanda por el término de quince días y prestaría una fianza provisional por $25,000, la cual sólo estaría vigente por quince días y hasta que se otorgara una definitiva; que las partes prometieron firmar un contrato sobre el negocio de agencia, cuyos términos se convendrían al firmarse la fianza definitiva, pudiendo Bus-caglia mientras tanto vender los cuadros y papeletas en la forma acostumbrada, siempre que el precio no fuera mayor que aquél a que los vendiera el Hipódromo Las Monjas; que no obstante el hecho de haber transcurrido más de dos meses de haberse otorgado la fianza provisional y haber sido reque-rido varias veces el demandante para que viniera a otorgar el contrato y la fianza definitiva en la forma requerida, dicho demandante nunca compareció a formalizar tal contrato; que a pesar del incumplimiento del contrato interino, la deman-dada ha estado siempre, y lo está aún dispuesta a celebrar el contrato en los términos convenidos verbalmente, siempre que el demandante esté dispuesto a otorgar la correspon-diente fianza.

Fuera de cualquier cuestión de una- negativa que envuelve una afirmativa (negative pregnant), la primera negación de la demandada — interpretada en armonía con la segunda y con las alegaciones explicatorias, con las admisiones, negativas y alegaciones positivas que le siguen — no era necesariamente inconsistente con la defensa afirmativa de la demandada.

El demandante no suscitó cuestión alguna en la Corte de Distrito en torno a tal inconsistencia ni levantó objeción al-guna sobre la prueba aducida por la demandada durante el juicio en apoyo de las cuestiones así presentadas. La cuestión que ahora se trata de levantar por primera vez sobre cualquier incongruencia técnica entre la prueba y la negativa anterior de la demandada respecto a la existencia de un contrato, se plantea demasiado tarde para que merezca seria conside-ración.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito come-tió error al resolver que el demandante dejó de cumplir sn obligación contractual con la demandada por no haber ele-vado la fianza original a escritura pública.

El juez de distrito dijo que la prestación de una fianza “además de haber sido convenida por las partes” era un requisito estatutario. El error, de haberlo, en torno al efecto del artículo 23 de la Ley Hípica de 1932 (Leyes de ese año, págs. 195, 207) no sería suficiente motivo para su revocación. No podemos convenir con el apelante en que la demandada le impidió suministrar la fianza mediante escritura pública tal como se había, provisto y conforme exigía el convenio provisional.

El tercer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al resolver que la obligación de elevar el documento de fianza a escritura pública “era una obligación impuesta al demandante” y al resolver que por motivo del no cumplimiento de este requisito la corporación no debía continuar el contrato de agencia. Se sostiene que Buscaglia no fué parte en la fianza provisional otorgada por sus fiadores y aceptada por la demandada; que el haberse dejado de elevar la fianza provisional a escritura pública se hizo de mutuo consentimiento de las partes y que la continuación de la agencia durante varios meses posteriores a la fecha en que expiraron los quince días especificados en la fianza provisional equivalía a una renuncia por parte de la demandada; que el incumplimiento en una etapa (stage) de un contrato continuo no pone necesariamente fin a todo el contrato; que el incumplimiento de un contrato en sus detalles de menor importancia no ofrece base para la rescisión; que el único remedio de la demandada era exigir el otorgamiento de la escritura pública por los fiadores de Buscaglia. Las únicas autoridades citadas en el alegato del apelante son Third Decennial Digest, vol. 8, párr. 235; Collins Plass Thayer Co. v. Hewlett, 95 S.E. 510 y Dold Packing Co. v. Doerman, 293 Fed. 315.

El juez de distrito resolvió qne Buscaglia, por razón de su contrato verbal con la demandada, estaba obligado a pres-tar inmediatamente una fianza provisional que debía otor-garse en forma definitiva mediante escritura notarial, dentro del término de quince días. Esta conclusión no ha sido seña-lada como error. Buscaglia no fué relevado de la obligación asumida por él en su contrato oral, por el hecho de que él mismo no firmó la fianza provisional otorgada por sus fiadores. Si el juez de distrito al referirse más tarde a la obligación “impuesta al demandante” estaba, conforme asume el ape-lante, interpretando la fianza original, y si cometió error, según sostiene ahora el apelante, el error no es uno que da lugar a la revocación.

El quinto señalamiento es que la corte de distrito cometió error al no dar valor probatorio a la carta en que la deman-dada recordaba a Buscaglia del convenio de no aumentar el precio de los cuadros y papeletas para las carreras que pró-ximamente iban a celebrarse. Podría admitirse que la sus-cribiente de la carta tenía en mente la posibilidad de un alza en los precios luego de celebrarse las próximas carreras. Lo que el juez de distrito dijo fué que la carta no implicaba una autorización para la venta de cuadros y papeletas a un precio mayor que el fijado por el Hipódromo Las Monjas. No halla-mos que en esto se cometiera error. La carta no milita tan fuertemente contra el testimonio que tiende a establecer la existencia del convenio de no vender a precios más altos que aquéllos a que Las Monjas vendía, en forma tal que justifique la revocación del fallo de la corte de distrito al efecto de que la preponderancia de toda la prueba sobre este punto estaba a favor de la demandada.

El cuarto señalamiento es que la corte de distrito cometió error al resolver que la evidencia en cuanto al importe de los daños reclamados era insuficiente pa.ra fundamentar en ella una sentencia a favor del demandante. No es nece-sario que discutamos este punto.

La sentencia apelcoda debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.