author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Sucesión Valdés, Demandante y Apelada, v. Acevedo, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa sobre cobro de dinero.
    No. 1342.
    Resuelto en abril 25, 1916.
    Fianza — Artículos 1250 y 1728 del Código Civil — Garantía Determinada— Refacción Agrícola. — De acuerdo eon los artículos 1250 y 1728 del Código Civil, la garantía prestada por un fiador de que responderá de cierta cantidad que para refacción agrícola ha de entregarse a su fiado y también del incum-plimiento de otras obligaciones que son objeto del contrato, es determinada o limitada en cuanto a dinero entregado para la refacción y no hace respon-sable al fiador de las cantidades que en exceso de aquella suma se entreguen a su fiado para la refacción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Benito Forés.

    Abogado de la apelada: Sr. Leopoldo Feliú.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

En 30 de marzo de 1911 se celebró un contrato por docu-mentó privado entre Ramón Yaldés Cobián como dueño de la Central Ana María, y- Rafael Ufret 2°., al que concurrió la esposa de éste, Amelia G-utiérrez, que babía de estar en vigor basta el 30 de junio de 1913, comprendiendo las zafras de 1912 a 1913, y por el cual Ufret se comprometió a tener sembradas y en cultivo para la cosecha de 1911 a 1912, sesenta cuerdas de terreno con cañas de azúcar, e igual cantidad para las zafras siguientes, obligándose a entregar dichas cañas a título de compraventa a Valdés durante la época de la mo-lienda comprendida entre los meses de enero a junio, ambos inclusives, de 1912; en el mismo contrato Valdés se compro-metió a facilitar al colono Ufret $800 en cantidades parciales durante el primer año del contrato previo recibo y según las fuera solicitando Ufret para el sostenimiento y cultivo de dichas cuerdas de tierra y para el corte, recolección y trans-porte de las cañas que las mismas produjeren, cantidades que devengarían interés del 10 por ciento anual desde su .entrega hasta su pago, el cual se verificaría con el producto de las cañas contratadas hasta donde alcanzare éste, y el resto en efectivo. La deuda se consideraría vencida de año en año al terminar la molienda de las últimas cañas remiti-das por el colono, y en cualquier caso el 30 de junio de 1912 en que concluía la zafra, y si verificada la liquidación el pro-ducto de las cañas no cubriese la deuda, la central podía suspender la entrega de nuevas cantidades y ejercitar su acción de cobro o llevar el saldo insoluto al crédito de refacción para la zafra subsiguiente. El precio de las cañas sería el importe de seis libras de azúcar al precio que tuviese en el mercado de New York en el mes anterior, descontando veinte y cinco centavos por quintal de azúcar para los gastos de flete, comisión, etc., y se determinaría el abono correspon-diente a cada mes por liquidación que habría de efectuarse durante la primera quincena del mes subsiguiente. Se con-vino también que Yaldés tendría el derecho de prorrogar el contrato si - Ufret no cubría su cuenta' por anticipos e inte-reses con la entrega de sus cañas, derecho que Ufret conce-dió a Yaldés expresamente obligándose al otorgamiento de .los documentos que fueren necesarios. Asimismo se convino ■que las cañas que Ufret obtuviera por compra a otras per-sonas las entregaría a Yaldés bajo las mismas condiciones, ■obligaciones y precios que a las suyas se refiere el contrato, y que en cuanto al dinero que Ufret necesitara para la com-pra, de tales cañas se liaría oportuna y previamente un con-trato especial entre las partes comprendiendo las cantidades que se hubieran de adelantar por Ja central, modo de garan-tizar su pago, reintegro, etc.

Ese contrato, que en lo sustancial hemos expuesto, fué garantizado por el apelante Ramón Acevedo de la siguiente manera:

“Que está enterado, por haberlas leído, de todas las condiciones ■de este contrato, y que, en consideración a que éste se celebra por la central con el Sr. Ufret o sea el colono, y que aquélla se obliga a adelantar a éste la cantidad en dicho contrato estipulada de $800, .se compromete y obliga a garantizar y responder, y por la presente garantiza y se obliga a responder del pago de dicha suma, con sus intereses, así como del fiel y exacto cumplimiento de este contrato y de todas y cada una de sus condiciones, a favor de dicha central por parte del referido Sr. Ufret 2°., quedando y dejando vigente esta ■garantía mientras lo esté el ameritado contrato, o adeude el Sr. Ufret .a la central cantidad alguna por virtud del mismo.”

En 20 de octubre del mismo año las partes contratantes antes mencionadas, pero sin intervención de Ramón Acevedo, hicieron en el contrato referido la modificación de que Yaldés facilitaría a Ufret $800 durante el año 1912 a 1913 para el cultivo de las cañas mencionadas, cantidad que entregaría parcialmente, siendo convenido que esta cláusula se tendría y consideraría como adicional al anterior contrato, quedando •como una de sus condiciones y cláusulas en vigor y subsis-tencia.

En 12 de febrero de 1913 celebraron las partes otro con-trato también sin la intervención de Acevedo, por el que convinieron en dejar desde esa fecha prorrogado el contrato de 30 de marzo de 1911 por dos años contados desde el Io. de julio de 1913 comprendiendo las zafras de 1913-14, y 19RU-15, obligándose al fiel y exacto cumplimiento de las cláusulas del anterior contrato con las modificaciones siguien-tes: que Ufret recibiría de Yaldés el 13 de febrero la suma de $400 y $600 más el día último de febrero para las aten-ciones de las/ cañas, con sujeción a las condiciones del con-trato prorrogado, y que el precio que se ba de pagar por las cañas tendría el descuento de treinta centavos en vez de veinte y cinco que se estipuló en el anterior contrato.

Para la cosecha de 1911-12 la central abrió una cuenta a Ufret en la que aparecen cargadas al debe dos partidas de $400 y otras más a cuenta de cañas y abonadas distin-tas cantidades por entrega de cañas, cuenta que balanceada en 11 de junio de 1912 arroja un saldo de $596.80 en contra de Ufret.

Para la zafra de 1912 a 1913 se abrió otra cuenta a Ufret que comenzó en 27 de octubre de 1911, en la que aparecen cargadas distintas cantidades y abonadas otras por entrega de cañas y balanceada en 16 de junio de 1913 arroja un debe en contra de Ufret de $1,490.65.

Habiendo demandado Yaldés a los esposos Ufret y a Ra-món Acevedo para que le pagasen el importe de esos saldos y sus intereses, recayó sentencia condenatoria contra dichos esposos y contra Acevedo como fiador, contra la cual inter-puso este último el presente recurso de apelación con súplica de que,revoquemos el fallo y lo absolvamos de la condena fundándose en que la corte inferior cometió, al dictar' su sentencia, varios errores.

Sostiene el apelante en su alegato que el tribunal inferior cometió error al dictar la sentencia apelada en la que se le condena como fiador a pagar la cantidad reclamada en la demanda porque interpretó indebidamente la garantía que prestó al contrato de 30 de marzo de 1911 ya que no puede dársele otra interpretación que la de que garantizó los ocho-cientos pesos que de acuerdo con el contrato habían de entre-garse a Ufret para el cultivo de la cosedla que había de mu lerse en el año 1912, pero que no garantizó los otros ochocien-tos pesos que, según convenio posterior en que no intervino, habían ae entregarse para el cultivo y recolección del otro cosecho de 1913 ni tampoco las cantidades que se entregasen a Ufret para la compra de cañas a otras personas ya que la manera de hacer estas entregas y de garantizar su pago debía ser objeto de otro contrato.

No hay duda alguna, y en esto convienen las partes de este recurso, que Acevedo garantizó el pago de los ochocientos pesos que se habían de entregar a Ufret para refacción de sus fincas pues expresamente lo consigna así en su garantía, mas en vista de la condena que respecto del apelante con-tiene la sentencia recurrida, surge la discusión entre las par-tes sobre si la garantía prestada por Acevedo alcanza a más de los ochocientos pesos que éste acepta que garantizó. Esta es realmente la cuestión fundamental en este pleito.

Respecto a las cantidades que Valdés suministrara a Ufret para la compra de cañas de otras personas es claro para nosotros que su pago no estaba garantizado por el apelante ya que en el contrato se estipuló expresamente que la entrega de esas cantidades, su reintegro y modo de garantizar su pago sería objeto de otro convenio especial y no puede haber duda respecto a la voluntad de las partes acerca de este particular. En cuanto a estas cantidades, y coma materia de hecho, no consta de la prueba que la central entregara dinero alguno a Ufret para que comprara cañas - de otros, aunque él entregó durante la molienda cañas ajenas, ni que el saldo que se le reclama y que se le ordena pagar esté compuesto con partidas de dinero entregadas con ese fin.

Pero el apelante garantizó además a Ufret en el fiel cum-plimiento de todas y de cada una de las condiciones del con-trato y se obligó a dejar subsistente su garantía mientras lo estuviese el contrato que garantizaba o mientras Ufret adeudare cantidad alguna por virtud del mismo.

Las piuebas demuestran que para el cultivo y recolección de la zafra de 1912 se entregaron por la central a Ufret otras cantidades a más de los ochocientos pesos a que se refiere expresamente el contrato y que la entrega de cañas hecha por Ufret no cubrió las varias partidas de dinero entregadas a él, resultando un saldo en su contra de $596.80, y que lo mismo ocurrió con la otra zafra de 1913, aunque esta vez el saldo en contra de Ufret fué mucho mayor.. ¿ Garantizó Acevedo el pago de las cantidades que en exceso de ochocien-tos pesos se entregaron a Ufret para la refacción? Yeámoslo.

Lomo vamos a interpretar el alcance y extensión de la fianza prestada por el apelante, bueno es tener presente que entre las reglas de interpretación de los contratos se halla la del artículo 1250 del Código Civil según la cual, cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidas en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se pro-pusieron contratar; y que los contratos de fianza^ por su especial naturaleza, dado que se adquieren obligaciones gene-ralmente sin remuneración, son de interpretación estricta, tienen que estar limitados por la convención y, según dice el artículo 1728 del Código Civil, no se presumen, deben ser expresos y no pueden extenderse a más de lo contenido en ellos, aunque si son simples o indefinidos comprenderán ade-más de la obligación principal, sus acccesorias.

Como este precepto últimamente citado del código per-mite que la fianza se extienda no sólo a la obligación principal sino también a las accesorias que son consecuencia de ella, hemos de considerar los términos de la fianza en este caso para determinar por ellos si se trata de una fianza defi-nida o limitada, en cuyo caso sólo responde de la obligación expresamente garantizada, o si, por el contrario, sus términos son generales o indefinidos, en cuyo caso la responsabilidad del fiador se extiende también a todas las obligaciones propias del fiado resultantes del contrato garantizado. En este caso estará garantizada no sólo la obligación principal sino tam-bién sus consecuencias.

El camino, pues, para decidir este pleito es determinar si se trata de una fianza limitada expresamente a garanti-zar una o varias obligaciones del fiado o si está concebida en términos tan generales que no lia de entenderse limitada la responsabilidad del fiador a determinadas obligaciones sino también a las consecuencias naturales del incumplimiento del fiado. Para ello tenemos que hacer un resumen de las obli-gaciones de Ufret en el contrato garantizado en 30 de marzo de 1911 y de los términos de la fianza.

Ufret se obligó a cultivar determinado número de cuer-das de terreno con cañas de azúcar para las moliendas de 1912 y de 1913; a devolver los ochocientos pesos, con sus inte-reses que el primer año debía entregarle la central para refac-ción ; a" vender todas sus cañas a la central y también las que adquiriese de otras personas.

El apelante Acevedo garantizó el pago de los ochocien-tos pesos que según el contrato habían de entregarse por la central a Ufret durante el primer año del contrato y tam-bién sus intereses; garantizó que Ufret cumpliría el con-trato en todas sus partes y se obligó a dejar subsistente su garantía mientras estuviere vigente el contrato o mientras éste adeudase alguna cantidad por virtud del mismo.

El único incumplimiento del contrato por parte de Ufret que alega la demanda es el de no haber pagado la cantidad de $2,148.04, saldo integrado en los dos años del contrato por la entrega de los $800 a que se refiere el convenio de 30 de marzo de 1911 y de otras cantidades más para refacción. '

Tomando en consideración las obligaciones de Ufret y la fianza del apelante y teniendo presente las reglas de dere-cho que hemos consignado antes, tenemos que llegar a la con-clusión de que en cuanto a dinero entregado, Acevedo sólo garantizó la devolución de ochocientos pesos y sus intere-ses que según el contrato habían de entregarse a Ufret du-rante el primer año del contrato, pues así lo consignó expre-sámente en sn fianza, cantidad qne fné cubierta por sn fiado con el abono qne en febrero 6 de 1912 liizo por $3,005.53 en cañas. Qne esta interpretación es correcta lo demuestra el acto posterior de la central y de Ufret conviniendo en la can-tidad qne había de ser entregada para la refacción del cose-cho de 1912-13. Así pues Acevedo no garantizó el pago de las cantidades qne en exceso de $800 se entregaron a sn fiado. El apelante, en cnanto a entrega de dinero a sn fiado, limitó expresamente sn garantía a la cantidad de $800 y sus inte-reses y por tanto, no puede hacérsele responsable de canti-dades distintas facilitadas que, por otra parte, no podrían estimarse como consecuencia del contrato qne garantizó pues aunque Ufret tenía la obligación de cultivar y entregar cañas en las moliendas de 1912 y 1913 no era absolutamente nece-sario para qne Ufret cumpliera esa parte del contrato qne la central le facilitara más dinero de aquel que expresamente garantizó Acevedo.

La garantía, pues, de Acevedo, fné de responder hasta $800 y sus intereses y de qne Ufret cumpliría las demás con-diciones del contrato. La generalidad de los términos de la fianza en cnanto a las obligaciones de Ufret que no fueran la de devolver los $800, no produce como consecuencia el qne se facilitara al colono mayor cantidad qne ésa y qne el fiador esté obligado a pagar el exceso.

Por las razones exjjnestas debe ser revocada la sentencia apelada en cnanto a Eamón Acevedo y dictarse otra absol-viéndolo de la demanda sin especial condena de costas.-

Bevocada la sentencia apelada en cuanto se refiere al apelante Ramón Acevedo, y dic-tada otra absolviéndosele de la demanda sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PhesideNte Su. Heekandez,

license: Public Domain

text:
    Cabassa, Demandante y Apelada, v. Nadal, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez en cansa sobre nnlidad de matrimonio y divorcio.
    No. 1438.
    Resuelto en abril 25, 1916.
    Nulidad de Matrimonio — Divorcio—Acumulación de Acciones — Acción Subsi-diaria — Relaciones Conyugales. — Las acciones de nulidad de matrimonio y de disolución de ese matrimonio mediante divorcio, no son incompatibles y pueden acumularse, cuando la segunda no se ejercita de modo absoluto sino subsidiariamente para el caso de que no proceda la primera. Ambas aeciones se derivan del mismo acto o contrato, aunque por causas distintas, y tienden al mismo fin, o sea, a terminar las relaciones conyugales entre las partes demandante y demandada.
    Id. — Disolución de Matrimonio — Incapacidad para Contraer Matrimonio. — De acuerdo con el artículo 178 del Código Civil es nulo el segundo matrimonio de una mujer cuyo matrimonio anterior hubiere sido declarado nulo o disuelto, , durante los 303 días siguientes a contar desde la feeha de' la nulidad o diso-lución, por estar incapacitada para eontraerlo según el artículo 131 del mismo código.
    Matrimonio — Requisitos para Contraer Matrimonio — Capacidad de los Con-tratantes — Ciudadanos de Puerto Rico — Países Extranjeros. — Los requi-sitos que deben regular la capacidad de los contrayentes para celebrar matri-monio cuando ambos son ciudadanos de Puerto Rico, no deben buscarse en las leyes del país en que se hubiere celebrado, sino en las de Puerto Rico, con arreglo a los artículos 9 y 11 del Código Civil.
    Id.' — Facultades de la Asamblea Legislativa — Extraterritorialidad—Capa-cidad — Residencia—Ausencia Temporal. — La Legislatura de Puerto Rico tiene facultades para dar fuerza extraterritorial a estatutos prohibitivos en materia de matrimonio, siendo extraterritorial el estatuto vigente con relación a la capacidad de las personas para contraerlo. Las leyes relativas a la capa-cidad siguen a las personas aunque residan en país extranjero, con mayor razón cuando se ausentan temporalmente y vuelven a Puerto Rico.
    Id. — Nulidad de Matrimonio — Impedimento o Estoppel — Cónyuges—Fiscal— Interés Público. — El hecho de la celebración de un matrimonio no constituye estoppel contra la acción de nulidad, pues según el artículo 179 del Código Civil la acción para pedir la nulidad del matrimonio corresponde a los cón-yuges, al Fiscal y a cualquiera otra persona que tenga interés en dicha nuli-dad; revelando el derecho otorgado' al Fiscal para pedir la nulidad, que la legislatura ha reconocido de interés público la observancia de los requisitos exigidos por el código para el matrimonio.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Sabater.

    Abogados de la apelada: Sres. José y Manuel Tous Soto.

   El Juez PhesideNte Su. Heekandez,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda que originó el presente caso, interpuesta con fecha 7 de abril de 1915 ante la Corte de Distrito de Mayagüez por Rosaura Amelia Cabassa contra Ricardo Nadal Cabassa, se ejercitan dos acciones, una para obtener la nuli-dad del matrimonio entre ellos existente y la otra para con-seguir, a falta de aquella nulidad, la disolución de dicho ma-trimonio por razón de divorcio.

Alega la demandante como hechos determinantes de la nulidad pretendida que ella y su esposo Ricardo Nadal Ca-bassa son ciudadanos residentes de Puerto Rico; que están ligados por parentesco de consanguinidad legítima de cuarto grado civil, pues son primos hermanos; que la demandante se divorció de su primer consorte legítimo por sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez que quedó firme en 18 de julio de 1914; que en el mes de agosto, o sea, antes de los ■301 días siguientes a la nulidad decretada, contrajo matri-monio con el demandado en la isla holandesa de Curazao, sin haber obtenido antes dispensa del parentesco que los ligaba; y que en la unión de ambos no han procreado hijos ni existen gananciales.

Los hechos esenciales de la segunda acción de divorcio «consisten en malos tratos de obra y de palabra.

A la anterior demanda opuso el demandado la excepción ■de que los hechos alegados no eran suficientes para consti-tuir la acción de nulidad de matrimonio, ni la subsidiaria -de divorcio, y alegó también la excepción de indebida acu-mulación de esas acciones.

La corte, por resolución de 28 de septiembre de 1915, de-sestimó ambas excepciones, concediendo a la parte deman-dada el término de diez días para registrar su contestación, lo que no hiz.o, pues solicitó que se dictara sentencia con-gruente con aquella resolución, para obtener la revocación de ésta mediante recurso de apelación que interpusiera contra dicha sentencia.

La corte accedió a lo solicitado y en su consecuencia, por sentencia de 29 de octubre, declaró con lugar la demanda y nulo el matrimonio entre la demandante y el demandado, con las costas, gastos, desembolsos j honorarios de abogado a cargo del demandado.

Contra esa sentencia interpuso el demandado recurso de apelación, y para obtener su revocación invoca como moti-vos del recurso los siguientes:

Io. Que la corte erró al declarar que las acciones de nuli-dad de matrimonio y de divorcio podían ser acumuladas en una misma demanda, siendo como son incompatibles, por la razón de que la primera supone la inexistencia del matri-monio y la segunda su existencia;

2o. Que la corte erró al declarar la nulidad del matrimo-nio de las partes demandante y demandada, porque la deman-dante está impedida (estopped) de ir contra sus propios ac-tos, y, además, la demanda no contiene alegación alguna acerca de que el matrimonio de que se trata estuviera prohibido por las leyes de la isla de Curazao donde se celebró, cuyas leyes, y no las de Puerto Rico, son las que deben regir el acto.

En cuanto al primer motivo del recurso, entendemos que no existe indebida acumulación de acciones. Las acciones ejercitadas son dos — la de nulidad de matrimonio y la de diso-lución de ese matrimonio mediante divorcio. Se derivan del mismo acto o contrato, aunque por causas distintas, y tien-den al mismo fin, o sea, a terminar las relaciones conyugales de la demandante y del demandado. No son incompatibles esas acciones,, pues la segunda, o sea, la de divorcio, no se ejercita de modo absoluto sino subsidiariamente, para el caso de que no proceda la nulidad del matrimonio. Sobre acu-mulación de las acciones de nulidad y divorcio en una misma demanda podemos invocar la jurisprudencia citada en 13 Encyc. of Pleading & Practice, p. 881.

Por lo que atañe al segundo motivo del recurso, la cues-tión legal sometida a nuestra consideración es clara y no merece larga discusión.

El artículo 130 del Código Civil, entre los requisitos nece-sarios para contraer matrimonio, enumera el de “capaci-dad legal de los contratantes,” y el artículo 131 establece que son incapaces para contraer matrimonio, entre otros, “la mujer cuyo matrimonio hubiere sido declarado nulo o disuelto, durante los 301 días siguientes a contar desde la fecha de la nulidad o disolución.” Como sanción a la falta de cumplimiento de los anteriores preceptos y de los demás contenidos en los artículos citados, viene el artículo 178, el cual preceptúa que es nulo el matrimonio en el que no se hayan observado todos los requisitos exigidos por el código.

Tenemos, pues, que es nulo el matrimonio de la deman-dante y el demandado, pues aquélla estaba incapacitada para contraerlo, como lo hizo, antes de los 301 días siguientes a la lecha de su divorcio con el primer consorte

Los requisitos que debían regular la capacidad de la de-mandante para contraer su matrimonio, siendo como eran ella y el demandado ciudadanos residentes de Puerto Eico, no deben buscarse en las leyes de la isla de Curazao, sino en las leyes de Puerto Eico, con arreglo al artículo 9 del Código Civil que dice así:

“Artículo 9. — Las leyes relativas a los derechos y deberes de fami-lia o al estado, condición o capacidad legal de las personas, obligan a los ciudadanos de Puerto Rico aunque residan en países extran-jeros.”

Y el artículo 11, al prescribir que las formas y solem-nidades de los contratos, testamentos y demás instrumen-tos públicos se rigen por las leyes del país en que se otor-guen, ordena que las leyes prohibitivas concernientes a las personas, sus actos o sus bienes, y las que tienen por objeto el orden público y las buenas costumbres, no quedarán sin efecto por leyes o sentencias dictadas ni por disposiciones o convenciones acordadas en países extranjeros. No se nos ha demostrado cuáles son las leyes vigentes en Curazao sobre capacidad de los que contraen matrimonio; pero sean cuales fueren, si están en contradicción con las vigentes en Puerto Rico en cnanto á dicha capacidad, las leyes de Pnerto Rico y no las de Curazao son las que lian de regular la capacidad de la demandante Rosaura Amelia Cabassa, para contraer matrimonio con el demandado.

La Legislatura de Puerto Rico ha tenido y tiene facul-tad para dar fuerza extraterritorial a un estatuto prohibi-tivo en materia de matrimonio, y nuestro estatuto con rela-ción a la capacidad de las personas para contraerlo es extraterritorial, pues las leyes relativas a -la capacidad siguen a los puertorriqueños aunque residan en país extranjero, y con mayor razón cuando esos puertorriqueños se ausentan temporalmente y vuelven a Puerto Rico, como sucede en el presente caso.

El hecho de la celebración del matrimonio no constituye estoppel contra la acción de nulidad, pues según el artículo 179 del Código Civil, la acción para pedir la nulidad del matrimonio corresponde a los cónyuges, al Fiscal, y a cuales-quiera otras personas que teng-an interés en dicha nulidad. El derecho reconocido al Fiscal para pedir la nulidad revela que la legislatura ha reconocido ser de interés público la observancia de los requisitos exigidos por el código para el matrimonio. Tal interés público concurre en el presente caso en que la causa de incapacidad alegada por Rosaura Amelia Cabassa tiene por razón el que no se dude “de cual de los maridos es el fijo o la fija que nasciere della.” Ley 5a., Título III, Partida VI. La prohibición legislativa se dirige a evi-tar turbationem sanguinis * * * generationis aut seminis insertitudinem.

Por las razones expuestas es de confirmarse la senten-cia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Brac, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia., denegando el convertir en inscripción una anotación preventiva.
    No. 278.
    Resuelto en abril 27, 1916.
    Recursos Gubernativos — Nota Consentida — Denegatoria de Inscripción — Sub-sanación de Depectos. — Cuando el recurrente ha consentido una primera nota en que se negó la inscripción de su título por el defecto que consignó el regis-trador, la única cuestión a resolver en un recurso contra la segunda nota es si tal defecto ha sido subsanado con el documento que para ese fin presentó al registrador.
    Bienes Privativos — Declaraciones Juradas (Affidavits) — Viuda—Subsana-ción de Defectos. — La declaración jurada (affidavit) prestada por una ven-dedora para demostrar que era viuda cuando adquirió la finca vendida y que el dinero invertido en ella era de su exclusiva propiedad, y subsanar así el defecto apuntado por el registrador, que impidió la inscripción de la venta, no es el documento apropiado para tal fin. No hay precepto alguno que autorice el uso de una declaración jurada (affidavit) para acreditar el carácter privativo de una propiedad.
    Los tedios están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Enrique Rincón.

    El registrador recurrido, Sr. José S. Belaval, compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El Registrador da la Propiedad de San Juan, Sección Ia., se negó a inscribir la escritura de 21 de diciembre de 1915 otorgada ante el notario Rincón Plumey por la cual Arturo Brac Brignoni compró a Guadalupe Gales cierta finca, fun-dándose en que no resultaba de los libros de su oficina el estado que tenía la vendedora en la fecha en que adquirió la finca,-siendo viuda ahora, negativa que no fue recurrida por las partes, y habiéndosele presentado posteriormente el documento con una declaración jurada (affidavit) en la que la vendedora hace constar que era viuda cuando compró la finca y que el dinero invertido en ella era de su exclusiva pro-piedad, dicho registrador se negó a convertir la anotación preventiva qne había hecho del documento en inscripción por no ser bastante la expresada declaración jurada (affidavit) para la comprobación de la circunstancia que se pretende acreditar con ellas. Contra esta nota estableció el compra-dor el presente recurso gubernativo con súplica de que la revoquemos y ordenemos la inscripción del documento de compra.

Habiendo consentido Brac Brignoni la primera nota en qne se negó la inscripción ele su título por el defecto qne consignó el registrador la única cuestión qne tenemos ahora ante nosotros es si tal defecto ha sido subsanado con la decla-ración jurada {affidavit) qne para tal fin presentó al regis-trador. Hernández v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, 14 D. P. R. 795, y Barreras v. El Registrador de la Propiedad de Humacao, 15 D. P. R. 558.

La declaración jurada {affidavit) que presentó el recu-rrente para demostrar al registrador que la vendedora era viuda cuando adquirió la finca que le vendió, y subsanar el defecto que impedía la inscripción no es el documento apropiado para tal fin porque como dijimos en el caso de Delgado v. El Registrador de Caguas, 22 D. P. R. 128, y en el de Sucesores de Andreu & Co., S. en C., v. El Registrador que cita, la declaración jurada {affidavit) es permitida gene-ralmente para fines de la corte aunque puede usarse para otros objetos cuando la ley expresamente lo permite, sin que haya precepto alguno que autorice su uso para acreditar el carácter privativo de una propiedad.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Andreu, Acusado y Apelante.
    Apelaciók procedente de la Corte de Distrito de ílumacao en cansa por infracción del artículo 162 del Código Penal. Moción del apelado para que se desestime la apelación.
    No. 976.
    Resuelto en abril 27, 1916.
    Sentencia — Registro de Sentencia — Apelación—Consentimiento.—Una moción para que se registre una sentencia de conformidad con la resolución anterior de la corte, para debatir la corrección de dicha resolución o sentencia en ■ apelación, no es un consentimiento de tal naturaleza que constituya una re-nuncia del derecho de apelación.
    Acusación — Sentencia—Delito.—No puede registrarse sentencia válida a virtud de una acusación en la que no se imputa al acusado delito alguno.
    Alegación de Culpabilidad — Admisión—Acusación Insuficiente. — La alegación de culpabilidad tiene el efecto de admitir en autos lo que ha sido correcta-mente alegado en la acusación, y si ésta es insuficiente, no existe admisión alguna por el acusado.
    Los liechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

    El apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal. '

El acusado y apelante fué declarado culpable por infrac-ción al artículo 162 del Código Penal, a virtud de una acu-sación en la cual se imputaron los hechos siguientes:

“El citado acusado, allá por uno de los días del mes de julio de 1914, y en Naguabo, que forma parte del Distrito Judicial de Hu-maeao, allí y entonces, voluntariamente, se hizo inscribir en el registro de electores de Naguabo, precinto electoral de Naguabo, sabiendo que no tenía derecho a tal inscripción, por no tener la edad que la ley exige para ser elector, o sea veinte y un años.”

Esta acusación fué excepcionacla, por el fundamento de no constituir delito público los hechos denunciados.

Fué desestimada la excepción perentoria y el acusado en-tonces alegó su culpabilidad.

El Fiscal solicitó que se desestime la apelación entre otros fundamentos, porque “en un caso criminal la parte no puede obtener la revisión en apelación o auto de error de una sen-tencia debidamente registrada después de la alegación de cul-pabilidad, toda vez que dicha sentencia tiene el efecto de una sentencia por confesión,” y cita en apoyo de este criterio relativo a la cuestión, los casos de Lowe v. State, 11 Md. 1, 73 Atl. 637, 18 Amer. Cases, 744, 24 R. L. A. (N S.) 439.

Considerada la proposición como una exposición en tér-minos generales de una regla general, es bastante correcta, pero el. principio comprendido en ella no tiene aplicación al presente caso. La regla está basada en la teoría de una renuncia, y sólo puede ser aplicable a las cuestiones que han sido renunciadas. Es bien conocida la ley referente a que una moción o estipulación sobre el mero registro formal de una sentencia de conformidad con la resolución o sentencia anterior de la corte, para probar la corrección de dicha reso-lución o sentencia en apelación, no e's un consentimiento de tal naturaleza que constituya una renuncia del derecho de apelación. 3 C. J. p. 603, seo 448, p. 671, see. 546, p. 674, sees. 547, 548; 2 R. C. L. p. 57, sees. 38 et seq.; Binet v. García, 18 D. P. R. 337; Sucesión Nieves v. Sucesión Sánchez, 17 D. P. R. 872; Torres v. Calaf, 17 D. P. R. 616, y casos citados.

En el caso de Lowe la corte trata extensamente de la frase “debidamente registrada” limitando el principio general como ha sido enunciado por la mayoría, sino todas las auto-ridades, y llama la atención hacia el hecho de que la palabra “debidamente” no se refiere a la mera forma del registro sino que más bien hace referencia a la sustancia, y dice en conclusión acerca de este punto lo que sigue: “No podemos sostener que la sentencia fué debidamente registrada según el criterio de las autoridades citadas por el Attorney General; y si no fué registrada de tal modo, esta apelación no puede ser desestimada.”

Por tanto, a no ser que podamos decir que la sentencia dictada en este caso fué debidamente registrada después de desestimada la excepción, la moción sobre desestimación no puede ser declarada con lugar. Es evidente por sí mismo que no puede registrarse ninguna sentencia condenatoria vá-lida a virtud de una acusación en la que no se imputa nin-gún delito, y suponer que la acusación es suficiente en cuanto al particular, es simplemente dar por sentada la única cues-tión vital envuelta en esta apelación.

Cualquier aplicación que hiciéramos de la teoría de la moción a los hechos de este caso habría de sugerir, si es que no envuelve un retroceso a la antigua doctrina de la ley co-mún, según la cual aun en los casos de pena capital, “si” el acusado “formula excepción perentoria y se resuelve en su contra se dictará sentencia de muerte contra él.” 2 Bishop’s New Criminal Procedure, p. 609, seo. 782.

La verdadera regla por la cual debemos guiamos en el presente caso ha sido enunciada por el mismo tratadista en el tomo a que acabamos de hacer referencia con claridad y brevedad características, en la página 620, see. 795, en donde, refiriéndose a la alegación de culpabilidad dice lo siguiente:

“El efecto de esta alegación es una admisión en autos de todo lo que ha sido correctamente alegado en la acusación. Si ésta es insu-ficiente, no se admite nada, pero si es válida la eorte procede al fallo.”

Véase también el caso de El Pueblo v. García, resuelto en abril 25, 1916.

Los otros fundamentos que han sido invocados se refie-ren a detalles de procedimiento y práctica confiados en gran parte a la discreción y control de la eorte y no es preciso que sean discutidos.

La excepción perentoria levanta una cuestión fundamental y el defecto, de existir, es fatal tanto para la acusación como para la sentencia. El Pueblo v. García, supra.

La moción debe ser denegada.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Plernández y Aso-, ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sb. Hutchison,

text:
    Colón et al., Recurrentes, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recubso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas denegando la inscripción de una sen-tencia de dominio.
    No. 269.
    Resuelto en abril 27, 1916.
    Expediente de Dominio — Citación de Anteriores Dueños — Inscripción de la Sentencia de Dominio. — Es requisito esencial de todo expediente de dominio, de acuerdo con el artículo 895 de la Ley Hipotecaria, la citación de la persona de quien procede el inmueble, debiendo aparecer esta circunstancia en la sentencia a los efectos de su inscripción en el registro.
    Id. — Citación de Anteriores DtteñoS' — Prescripción Extraordinaria — Excep-ciones a la Regla. — En los expedientes de dominio, los anteriores dueños, o sus representantes legales, tienen derecho a ser oídos, ya se trate de títulos adquiridos por prescripción extraordinaria, o en cualquier otro caso, siendo la única excepción a la regla, que es más bien aparente que real, la que se refiere al caso en que el anterior dueño o sus representantes legales sean des-conocidos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. Edtiardo Flores Colón.

    El registrador recurrido, Sr. Emigdio S. Grinorio, compa-reció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sb. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento ex 'parte para acreditar un título de dominio la corte declaró a Ramón Colón Aponte como dueño de cierta finca. En la sentencia se hace mención del hecho de haber sido citado el Fiscal en persona, como tam. bién fueron citadas por edictos las personas ignoradas que pudieran tener cualquier derecho sobre dicha finca y las que se considerasen perjudicadas con la inscripción del dominio que se trataba de establecer, habiéndose probado además la posesión quieta, pública y pacífica por más de cincuenta años, si bien no aparece de la misma el nombre de la persona de quien fué adquirida la finca, ni consta que dicho primitivo dueño sea desconocido, o que fuera citado como lo exige la ley. La nota puesta por el registrador al dorso de la copia certificada de la sentencia es como signe:

“Denegada la inscripción del precedente documento, por no apa-recer del mismo haber sido citado, en forma alguna, el anterior dueño de la finca, cuyo nombre ni siquiera se indica, y por ser requisito esencial de todo expediente de dominio, de acuerdo con el artículo 395 de la Ley Hipotecaria, y la resolución de la Hon. Corte Suprema de Puerto Rico, página 128 del tomo 20, la citación de la persona de quien proceda el inmueble; y en su lugar tomo anotación preventiva por término de 120 días al folio 248 del tomo 22 de Barros, finca número 1335, anotación letra A, con el defecto subsanable de no ser firme la resolución declarando justificado el dominio. Caguas, fe-brero 23 de 1915. Emigdio S. Ginorio, registrador.”

En el caso de Ex parte Terrier, 20 D. P. R. 128, este tribunal se expresó en los siguientes términos:

“* * * Hemos resuelto repetidas veces que debe cumplirse es-trictamente con las prescripciones de la ley relativas a la citación del Fiscal y dueños anteriores de la finca. Ex parte Pacheco, 5 D. P. R. 165; Ex parte Ramírez, 7 D. P. R., 484; Ex parte Castro, 7 D. P. R. 488; Calderón et al. v. García, 14 D. P. R. 420; Sierra v. El Registrador de la Propiedad, 14 D. P. R. 686; Rivero et al. v. Hernández et al., 18 D. P. R. 1042. La citación del Fiscal y dueños anteriores de la finca son requisitos previos a la obtención de un título inscribible. Por lo general las condiciones o requisitos previos deben ser observados rigurosamente.”

Insiste el recurrente en que la regla no es de aplicación a, los casos de adquisición por prescripción extraordinaria se-gún la cual no se exige la buena fe ni el título aparente. Al sostenerse en el razonamiento que el título lia sido adqui-rido por prescripción se da por sentada la cuestión vital envuelta en los procedimientos habidos en la corte de dis-trito. El primitivo dueño, o sus representantes legales, tie-nen tanto derecho a ser oídos sobre las cuestiones de hecho y de derecho comprendidas en un caso en que se alega la prescripción extraordinaria como lo tienen en cualquier otro. La única excepción que parece deducirse de la definición esta-tutoria de la regla, excepción que es más bien aparente que real, se refiere al caso en que el anterior dueño o sns repre-sentantes legales son desconocidos. En todos los casos bien sea la notificación real o sobreentendida, y sin tener en cuenta el período de posesión adversa o la forma de la adquisición del título que se alega, él o ellos deben tener la oportunidad de ser oídos ante la corte. Ubi lex non distinguit neo nos distinguere debemus. Debe confirmarse la nota del regis-trador.

Confirmada la nota .recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Almodóvar, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción del artículo 162 del Código Penal.
    No. 969.
    Resuelto en abril 28, 1916.
    Delito Contra el Derecho Electoral — Derecho Electoral — Superintendente de Elecciones — Facultades del Superintendente de Elecciones — Inscrip-ción de Electores. — De acuerdo con los artículos 13, 30, 31 y 32 de la ley electoral, secciones 805, 823 et seq. de la Compilación, el superintendente de elecciones está espeeialmnte autorizado para llevar a cabo las elecciones bajo la dirección del Consejo Ejecutivo; bajo su inspección están las listas de electores y funcionarios subalternos, estando facultado para expedir certifica-ciones con respecto a la inscripción de electores.
    Id. — Superintendente de Elecciones — Principales Funcionarios del Go-bierno — Conocimiento Judicial — Instauración—Firma—Sello.—El supe-rintendente de elecciones en Puerto Rico es uno de los principales funcionarios del Gobierno dentro del significado del artículo 36 de la Ley de Evidencia y los tribunales deben tomar conocimiento judicial de su instauración, firma y sello.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Arturo Aponte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se admite que las únicas cuestiones suscitadas en estos casos son: si el Superintendente de Elecciones es el oficial autorizado para expedir un certificado con respecto a la inscripción del demandado, y si la corte podía tomar cono-cimiento judicial de su firma.

La acusación imputa una infracción del artículo 162 del Código Penal por haberse hecho inscribir el acusado como elector en el municipio de Naguabo sin tener el tiempo de residencia necesario en dicha municipalidad. El superinten-dente auxiliar de elecciones de la localidad certificó la ins-cripción del nombre del acusado y el superintendente, bajo su firma, identificó y certificó al agente de inscripciones y su firma. La objeción es que el Consejo Ejecutivo es, de acuerdo con la ley, el encargado de las elecciones, y que no existe ninguna ley haciendo del superintendente el secretario u oficial autorizado de ese cuerpo. Pero un ligero examen de la Ley de Elecciones es bastante para demostrar el hecho de que el Superintendente de Elecciones está especialmente autorizado para llevar a cabo las elecciones bajo la direc-ción del Consejo Ejecutivo, y que todas las listas de inscrip-ciones y funcionarios están bajo su inspección. Artículos 13, 30, 31 y 32 de la Ley Electoral, secciones 805, 832 et seq de la Compilación.

De acuerdo con la sección 30, las listas electorales, los informes de los agentes auxiliares, los nombres eliminados o adicionados, • todo viene a manos de dicho superintendente para su informe- al Consejo Ejecutivo. Es cierto que de acuerdo con la sección 29 los agentes auxiliares envían direc-tamente sus listas e informes al Consejo Ejecutivo, pero las otras secciones citadas muestran que el Superintendente de Elecciones es el verdaderamente encargado de las listas y hace todo el trabajo de secretaría y de oficina del Consejo Ejecutivo en lo que a esto respecta. La clasificación final de las listas definitivas es hecha por él y no por el Consejo Ejecutivo.

La segunda cuestión es, en efecto, que el Superintendente de Elecciones no es uno de los principales funcionarios del Gobierno de quien deba la corte tomar conocimiento judicial.

La sección 36 de la Ley de Evidencia dispone:

"Los tribunales tomarán en consideración judicialmente los si-guientes hechos:
"5. La instauración, firmas y sellos oficiales de los principales funcionarios del Gobierno en los departamentos legislativo, ejecu-tivo y judicial de Puerto Rico y de los Estados Unidos.”

Oreemos que es claro que el Superintendente de Eleccio-nes en una comunidad donde existe el sufragio universal es uno de los principales funcionarios del Gobierno dentro del significado del artículo 36. En California se decidió que lo era un recaudador de contribuciones. Wetherbee v. Dunn, 32 Cal. 106.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada Ico sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Luna, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción del artículo 162 del Código Penal.
    No. 971.
    Resuelto en abril 28, 1916.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 969 de Bl Pueblo v. Almodovar,- pág. 756.
    Abogado del apelante: Sr. Arturo Aponte, Jr.,

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    G. Llinás & Co., Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán denegando la inscripción de una escritura de constitución de hipoteca.
    No. 274.
    Resuelto en abril 28, 1916.
    Poder Expreso — Bienes Gananciales — Enajenación o Gravamen de Bienes Gananciales. — Para la enajenación o gravamen de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal, el marido necesita poder expreso de la esposa.
    Id. — Enajenación o Gravamen de Bienes Gananciales — Consentimiento de Ambos Cónyuges — Intención.—Habiendo sido otorgado el poder en este caso en 1897 o sea en feeba en que el Código Civil Español no había sido aún reformado en el sentido de que los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no pueden ser enajenados o gravados bajo pena de nulidad sino mediante el consentimiento de ambos cónyuges, precepto establecido por el artículo 159 del Código Civil vigente, se resolvió: que no podía entonces la esposa tener intención de conferir a su consorte facultad para que la representara' en los actos constitutivos de enajenación o gravamen de bienes gananciales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la recurrente: Sr. Manuel Toits Soto.

    El registrador recurrido, Sr. A. Malaret, compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En 18 de diciembre de 1897, Doña María de los Ange-les Mariani y Mariani, esposa de Don José Trani y Dragoni, otorgó a favor de este último un poder general, autorizán-dole entre otras cosas, en su nombre y representación, pri-mero, para que administre y cuide de todos los bienes que entonces poseía y los que en lo sucesivo pudiera- adquirir; recaude sus rentas y productos y practique las demás ges-tiones de un celoso y entendido administrador; venda, arriende, permute, hipoteque y ceda cualesquiera fincas rús-ticas o urbanas, censos, servidumbres, créditos hipotecarios y otros derechos reales y personales que correspondan a la mandante y que adquiera en lo sucesivo, por los precios, pactos y condiciones que estime convenientes, cobrando y pa-gando al contado o a plazos, exigiendo seguridades respecto de las cantidades que quedaren aplazadas, formalizando al efecto las escrituras congruentes que firmará por sí con las cláusulas necesarias para su validez; y cuarto, para que dé y tome prestado cualesquiera cantidades en efectivo y de cosas fungibles, otorgando obligaciones hipotecarias con el interés, tiempo y condiciones que le parezcan ventajosos.

En febrero 24, 1916, Don José María Trani y Dragoni, por su propio derecho y como apoderado de su esposa Doña María de los Angeles Mariani y Mariani, constituyó hipoteca volun-taria sobre cierta finca perteneciente a la sociedad de ganan-ciales.

Presentado este documento al registro fué denegada su inscripción por las razones consignadas por el registrador en su nota, las cuales son como sigue:

“Denegada la inscripción del precedente documento en cuanto a la parte de la hacienda ‘ Arvela ’ que radica en el barrio Río Prieto Saliente, término municipal de Tauco, única que corresponde a la demarcación de este registro, por no hallarse inscrita dicha finca a nombre del deudor Don José María Trani y Dragoni ni tener éste tampoco poder especial de sn esposa para hipotecar bienes ganan-ciales, y tomada en su defecto anotación preventiva por 120 días, a favor de la sociedad mercantil Gr. Llinás & Ca., al folio 155 del tomo 41 de Yauco, finca No. 2401, anotación letra A. San Germán, marzo 6 de 1916. A. Malaret. El registrador.”

El recurrente no discute el primer fundamento que ha sido aducido y renuncia expresamente toda cuestión relativa al particular, pero insiste en que debe ser revocada la califi-cación en lo que respecta a la suficiencia del poder. La cues-tión no es res nova en este tribunal, pues fué resuelta en sen-tido adverso a las pretensiones del recurrente hace algunos años, en el caso de López Landrón v. El Registrador, 15 D. P. R. 722.

En el presente caso ocurre además la particularidad de que el poder de que se trata fué otorgado por la esposa Doña María de los Angeles Mariani a favor de su esposo Don José Trani en 18 de diciembre de 1897, o sea en fecha en'que el Código Civil Español no había sido reformado en el sentido de que los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no po-drían ser enajenados o gravados bajo pena de nulidad, sino mediante el consentimiento expreso de ambos cónyuges, pre-cepto establecido por el artículo 159 del Código Civil refor-mado. No podía, pues, entonces, la esposa tener la intención de conferir a su consorte facultad para que la representara en los actos constitutivos de enajenación o gravamen de bie-nes gananciales.

Es de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado SR. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Lima, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción del artículo 162 del Código Penal.
    No. 979.
    Resuelto en abril 28, 1916.
    Delito Contra el Derecho Electoral — Derecho Electoral — Inscripción de Electores- — Residencia—Conclusión Legal. — En este caso la acusación ex-presa que el acusado se hizo inscribir en el registro de electores a sabiendas de que no tenía derecho a tal inscripción "por carecer de la residencia legal que determina la sección 16 de la ley electoral vigente." Se resolvió: que esto constituye más bien una conclusión legal que la exposición de un hecho concreto y que el Eiscal no debió referirse a la ley sino expresar con palabras claras y terminantes qué residencia necesitaba tener el acusado para inscribirse.
    Acusación — Requisitos de la Acusación- — Información al Acusado. — La acu-sación debe contener tal especificación de hechos y circunstancias descriptivas que de la faz de la misma resulte posible el fijar y determinar la identidad del delito con tal particularidad que el acusado pueda saber exactamente lo que tiene que alegar como contestación y hacer uso de una condena o abso-lución como obstáculo legal para un nuevo proceso que surja de los mismos hechos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Arturo Aponte, Jr.

      Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado SR. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en este caso, copiada en lo pertinente, es como signe:

“El citado acusado en uno de los días del mes de julio de 19.14,. en Naguabo, que pertenece al Distrito Judicial de Humacao, P. B.,. allí y entonces voluntariamente, se hizo inscribir en el registro de electores del municipio de Naguabo, precinto de Naguabo, a sabien-das de que no tenía derecho a tal inscripción, por carecer de la resi-dencia legal que determina la sección 15 de la Ley Electoral vigente. ’7'

Después de llamado el caso para juicio y de leída la acu--sación, el acusado alegó que la acusación no aducía hechos constitutivos de delito público y su alegación fue desestimada por la corte. Se practicaron pruebas y se dictó sentencia condenado al acusado y entonces éste interpuso el presente recurso de apelación.

En su alegato el apelante insiste en que los hechos con-signados en la acusación no son bastantes para que se en-tienda imputado en debida forma el delito perseguido, ya. que la expresión “por carecer de la residencia legal que determina la sección 15 de la Ley Electoral vigente,” cons-tituye más bien una conclusión legal que la exposición de un hecho concreto que junto con los demás establecidos en. la acusación integre la comisión de un verdadero delito.

Estamos conformes con el apelante. La acusación debe-por sí misma describir en su totalidad él hecho imputado. El Fiscal no debió referirse á la ley sino expresar con pala-bras claras y terminantes qué residencia necesitaba tener el acusado para inscribirse. Véase El Pueblo v. Gabino, decidido el 25 de abril actual.

“La acusación deberá contener,” dice Oye., resumiendo-la jurisprudencia sobre la materia, “tal especificación de he-chos y circunstancias descriptivas que de la faz de la misma resulte posible el fijar y determinar la identidad del delito-con tal particularidad, que el acusado pueda saber exacta-mente lo que tiene qne alegar como contestación y hacer uso de una condena o absolución como obstáculo legal para un nuevo proceso que surja de los mismos hechos.” 22 Cyc. 295.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado.

Revocada la sentencia apelada y ábsuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Plernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Peesideitte Sr. Hebnández,

text:
    Castelló et al., Demandantes y Apelantes, v. Pérez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa sobre nulidad.
    No. 1387.
    Resuelto en abril 28, 1916.
    Mandatarios — Capacidad para Comprar — Abogados—Bienes Adquiridos por un Abogado para su Principal — Subasta Pública.' — Apareciendo de las pruebas admitidas en este caso sin oposición alguna por parte de los demandantes que el demandado Pettingill aunque aparentemente compró la finca litigiosa para sí, de beebo lo hizo para sus principales A. Buffer & Sons y en beneficio de éstos, quienes ratificaron con sus actos la compra de la finca que él les comu-nicó haber hecho en su nombre, no es de aplicación el artículo 1362 del Código Civil en el párrafo último de su No. 5o. que prohíbe a los abogados adquirir para sí o por persona alguna intermedia aunque sea en subasta pública o judicial bienes o derechos que fueren objeto de litigio en que intervengan por su profesión u oficio.
    Compraventa — -Adquisición de Quien en el Registro Aparece con Derecho para Vender — Terceros.—Cuando el comprador adquiere de quien en el re-gistro aparece con derecho para vender, no puede invalidarse en cuanto a él la compra hecha por su vendedor, inscrita en el registro, por ser un tercero que no intervino en el acto o contrato inscrito según el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
    Id. — Abogado—Constancias del Registro — Presunción.—Del hecho de que del registro resulte que el demandado Pettingill fué abogado de sus principales en otro caso contra otras personas, no puede deducirse que lo fuera también de sus dichos principales en el procedimiento en que adquirió la finca tras-mitada después al demandado Pérez Sales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sr. José Sabater y Francisco Soto Gras.

      Abogados de los apelados: Sres. José ele Diego, Benjamin J. Horton y Angel Arroyo Rivera.

   El Juez Peesideitte Sr. Hebnández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es tm recurso de apelación contra sentencia que en 19 de abril del año 1915 pronunció la Corte de Dis-trito de Mayagüez declarando sin lugar la demanda con las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado a cargo de los demandantes.

En la demanda solicitan los demandantes los siguientes pronunciamientos:

Io. Que es nula la venta en pública subasta verificada en 4 de septiembre de 1909 por el árbitro especial (special master) Benjamín S. Cornwell, a favor del demandado N. B. K. Pettingill en el pleito seguido por A. Buffer & Sons contra Agustín Castelló y Busquets y otros, ante la Corte de los Estados Unidos para Puerto Bico, de la finca denominada “Fe” que se describe en dicha demanda;

2o. Que en su consecuencia también es nula la escritura de dicha venta otorgada a favor del demandado N. B. K. Pet-tingill por el árbitro especial ante el notario Don Eugenio Gréigel a 15 de septiembre de 1909, y nula igualmente la' ins-cripción de esa escritura en el Begistro de la Propiedad de Mayagüez;

3o. Que asimismo es nula la escritura de venta e hipoteca de la misma finca otorgada por el demandado N. B. K. Pet-tingill a favor del otro demandado Tomás Pérez Sales ante el notario Don Eugenio Gréigel a 28 de febrero de 1910, y nula su inscripción en el registro;

4o. Que se condene en costas, gastos y honorarios de abo-gados a los demandados que se opusieren a la demanda.

Alegan los demandantes que Agustín Castelló, su cau-sante, adquirió por virtud de la disolución de la mercan-til que giró en la plaza de Mayagüez bajo la razón de Patxot, Castelló & Coy la hacienda denominada “Fe” que se describe en la demanda; que en un pleito seguido ante' la Córte Federal de Puerto Pico por A. Buffer & Sons, de Londres, contra Agustín Castelló, como liquidador de la indicada firma, sobre cobro de una hipoteca que gravaba la referida hacienda “Fe,” recayó sentencia en 9 de enero de 1904 por la que se ordenó que el demandado Castelló pagase a la demandante A. Buffer & Sons o a su abogado de record, la suma de $10,264.81, dentro del término de cinco meses a contar desde Ja fecha de la resolución, ordenando, además, que en caso de no efectuarse el pago fuera vendida en pública subasta la finca hipotecada; que de acuerdo con la sentencia el árbi-tro especial nombrado por la corte, o sea, Benjamin S. Corn-well, vendió en pública subasta la hacienda “Fe” en 4 de septiembre de 1909, adjudicándola al demandado N. B. K. Pettingill por la suma de $8,000; que el árbitro especial otorgó ante el notario Eugenio G-éigel en 15 de septiembre de 1909 la correspondiente escritura de venta judicial a favor de Pettingill, quien la inscribió en el registro; que poste-riormente el comprador Pettingill por escritura de 28 de febrero de 1910, otorgada ante el mismo notario Géigel e inscrita también en el registro, vendió por su propio dere-cho y además como apoderado de su esposa, la hacienda “Fe” al otro demandado Tomás Pérez Sales dejándola éste hipotecada a favor de su vendedor para garantizarle el pago de parte del precio aplazado; y que habiendo fallecido Agus-tín Castelló, los demandantes son sus únicos y universales herederos.

Alegaron también los demandantes como motivos de nuli-dad de la venta a favor de Pettingill y de la hecha por éste a favor de Pérez Sales que N. B. K. Pettingill fué el abogado de récord de A. Buffer & Sons en el caso de éstos contra Agustín Castelló ante la'Corte Federal, desde que se inter-puso y radicó la demanda hasta el último trámite del otor-gamiento de la escritura de venta judicial, y que al hacerse la venta a favor de Pérez Sales constaba explícitamente en el registro aquella circunstancia, o sea, que Pettingill era el abogado de A. Buffer & Sons en el juicio en que adquirió la finca.

En su contestación alega el demandado Pettingill que no adquirió en subasta la hacienda “Fe” para su propio beneficio sino por cuenta y para beneficio de A. Buffer & Sons de quien era abog’ado, aun cuando así no se hiciera constar en el acta de la subasta, ni en la escritura otorgada a su favor por el special master; y tanto Pettingill como el otro demandado Pérez Sales negaron que en el registro hubiera constancia de que Pettingill fuera el abogado de A. Buffer & Sons en el pleito para el cobro de la hipoteca, igno-rando esa circunstancia Pérez Sales.

Celebrado el juicio recayó sentencia en los términos que al principio dejamos indicados, sometida a nuestra conside-ración a virtud de recurso contra ella interpuesto por la representación de la parte demandante.

Como base de dicha sentencia estableció la corte inferior en su opinión las siguientes conclusiones:

“Primera. Si bien es cierto que en la escritura otorgada por el special master Benjamin S. Cornwell a favor de N. B. K. Pettingill en 15 de septiembre de 1909 no se hizo constar que la venta se efec-tuaba a beneficio de A. Buffer & Sons, la corte tiene el convencimiento de que realmente la venta no se realizó particularmente en favor de Pettingill sino por cuenta y a beneficio, y con instrucciones de sus clientes que recibieron el precio de la venta.
“Segunda. En el registro de la propiedad no constaba de una manera explícita, y cree la corte que de ninguna manera, al otor-garse por N. B. K. Pettingill a favor de Tomás Pérez Sales la venta de la finca cuestionada, que el primero fuese abogado de A. Buffer & Sons en el pleito donde adquirió la misma finca en pública subasta.”

En impugnación de las anteriores conclusiones, los ape-lantes alegan como motivos del recurso los que transcribi-mos a continuación:

Io. La corte inferior erró al declarar que aún cuando la escritura de venta otorgada por el especial master lo fué a favor de Pettingill, tiene el convencimiento de que en reali-dad lo fue por cuenta y para beneficio de sus clientes A. Ruffer & Sons.

2o. La corte inferior erró al declarar que en el Registro de la Propiedad de Mayagüez no consta de una manera explí-cita que al hacerse la venta por Pettingill a Pérez Sales el primero fuera abogado de los ejecutantes en el pleito que produjo la venta en pública subasta.

Ambos errores pueden sintetizarse en uno, a saber: error en la apreciación de las pruebas relativas a haber obrado Pettingill por cuenta y para beneficio de sus clientes A. Ru'ffer & Sons al adquirir en pública subasta la hacienda “Pe,” y al hecho de no constar en el registro de una manera explícita que al verificarse dicha venta fuera Pettingill abo-gado de A. Ru'ffer & Sons, en el pleito en que se verificó la subasta.

La evidencia aportada muestra por modo indudable que el demandado N. B. K. Pettingill era abogado ele A. Ruffer & Sons en el caso seguido ante la Corte Federal por éstos contra Agustín Castelló como liquidador ele Patxot, Castelló y Cía., y que siendo tal abogado de A. Ruffer & Sons, adqui • rió a nombre propio en subasta celebrada ante el árbitro especial de la Corte Federal, la finca hipotecada por precio de $8,000, los que satisfizo por medio de un recibo que dice así:

“Mayagüez, P. R., septiembre 4, 1909. A. Ruffer & Sons, los demandantes en el pleito contra Patxot, Castelló y Compañía en la ejecución de hipoteca sobre la hacienda ‘Fe,’ por la presente, por medio de su abogado de récord, acusan recibo de la suma de ocho mil dollars por la cual dicha finca se ha vendido en el día de hoy por Benjamin S. Cornwell, como special master, y por la presente estipula y conviene que dicha suma de ocho mil dollars sea acredi-tada como en pago hecho a cuenta de la suma a que fueron conde-nados a pagar los demandados a los demandantes en dicho pleito. N. B. K. Pettingill, abogado de récord de A. Ruffer & Sons.”

Pero aunque Pettingill tanto en el acto de la subasta como en la escritura de venta otorgada a su favor aparezca actuando a nombre propio, se arriesgó a comprar para sus clientes aceptando las consecuencias de qne la finca quedara en definitiva para éstos o para él; y como A. Buffer & Sons aceptaron la compra lieclia por Pettingill, es claro que para los mismos y no para Pettingill quedó lieclia la venta en defi-nitiva.

Nuestra apreciación de los hechos se ajusta a la prueba documental aportada al juicio, en la cual figura la siguiente carta de A. Buffer & Sons a Pettingill:

“Londres, octubre 6, 1909. Mr. N. B. K. Pettingill, San Juan. Muy Sr. mío: Confirmamos nuestra carta de 27 de agosto, de la cual le acompañamos copia y acusamos recibo de su carta de 17 de sep-tiembre, en donde vemos que la subasta de la finca de café “Fe” tuvo lugar el día 4 últ. y que no habiendo postores dicha finca nos fué adjudicada, habiendo recibido usted la propiedad en sú nombre. Le suplicamos que retenga este título en depósito a nombre nuestro y a-nuestra completa disposición y en el ínterin sírvase seguir inves-tigando por si se presenta algún comprador. Confiamos en que usted nos dará noticias de una venta satisfactoria oportunamente * * *. (Firmado) A. Buffer & Sons.”

La copia de la carta de 27 de agosto por A. Buffer & Sons a Pettingill, dice así:

“Londres, agosto 27, 1909. Mr. N. B. K. Pettingill, San Juan, P. R. Muy señor mío: Patxot Gastello. Acusamos recibo de su apre-ciable del 10 de agosto y notamos su contenido; pero como no deseá-bamos hacer oferta por la finca en cuestión, telegrafiamos ayer a usted en lenguaje cifrado, lo siguiente:
“ ‘Su carta del 10 recibida; no hacemos oferta; venda en los mejores términos posibles.’ * * * (Firmado A. Buffer & Sons.”

La carta anterior muestra que Pettingill no estaba auto-rizado por A. Buffer & Sons para verificar por cuenta de ellos la compra de la estancia “Pe” y qne por el contrario A. Buffer & Sons no querían subastarla; pero la otra carta también transcrita, de 6 de octubre, 1909, revela que Pet-tiñgill dió conocimiento a sus clientes de que la finca les fué adjudicada por falta de postores y que ellos aceptaron la adjudicación.

Pettingill correspondió al encargo de venta de la finca que. le hicieron A. Buffer & Sons en la expresada carta de 6 de; octubre, como así aparece de la copia de otra carta que em febrero 14, 1910, dirigió a A. Buffer & Sons, y que en lo per-tinente transcribimos a continuación:

“Febrero 14, 1910. Sres. Buffer & Sons, 39 Lombard. St., London, Eng. Señores: Me place poderles informar que be hecho un contrato de venta de la finca, pues ello me releva de responsabili-dad, con la.cual empecé a encontrar cierto malestar. El comprador es un español, Don Tomás Pérez Sales, y el precio es de $10,000, paga-deros $3,500 al contado, y el saldo en plazos anuales de $1,000, con interés al 4 por ciento. El precio total fué la mejor oferta que tuve y aunque en otra oferta se hacían plazos mayores, el dinero en metá-lico era únicamente $2,000 y el de este hombre $3,500. Me decidí a favor de éste porque creo que un pago mayor en 'metálico propor-ciona mayor garantía de que la finca no volverá otra vez a parar a sus manos.
“El pago en metálico ha sido depositado aquí en el banco, pero los títulos todavía no han sido completados. Si ustedes quieren que yo retenga la suma total de mis honorarios separándola de este pago en metálico daría yo por terminada mi gestión en el asunto, y uste-des podrían cobrar los plazos por conducto de los Sres. Moral & Go., o cualquier otro agente que ustedes quisieran elegir. Pero no insisto en esto por si es que ustedes no lo estiman razonable. El hecho de que el comprador va a continuar en la finca y. trabajar él mismo, a mi juicio, proporciona una verdadera garantía de que los plazos serán satisfechos a su vencimiento * * *. Sinceramente suyo.”

En carta posterior de 13 de mayo de 1910, Pettingill da cuenta a A. Buffer & Sons do la cantidad que Pérez Sales pagó de contado por la finca y les remite el saldo a su favor Esa carta, en lo pertinente al caso, dice:

“Mayo 13, 1910. Sres. A. Ruffer & Sons, 39 Lombard St., London, England. Señores: Según les indiqué en mi carta de la semana' anterior, por la presente les incluyo un giro contra el Commercial Bank of Scotland, por £435-0-13 que es el equivalente al cambio que hoy tenemos de la suma de $2,118.70 en moneda americana.
“He llegado a esta cantidad en la forma siguiente: Desde que la relación de cuentas fué enviada a ustedes á fines,, de-febrero, he otorgado y entregado una escritura de la finca ‘Fe’ al.comprador,, Tomás Pérez Sales, cuyo costo incluyendo sellos de rentas internas fué de $40, rebajando esta suma de $58.70, saldo debido a ustedes de las operaciones de la cosecha de café quedan $18.70. El pago en dinero hecho por Pérez Sales fué de $3,500 del cual su 60 por ciento asciende a la suma de $2,100, formando las dos cantidades el total de $2,118.70, indicado anteriormente, el que creo hallarán ustedes correcto.
“Siempre que haya algo de que pueda informarles así lo haré. Sinceramente suyo.”

La correspondencia epistolar entre Pettingill y A. Buffer & Sons convence de que si bien A. Buffer & Sons en un prin-cipio estuvieron renuentes a subastar la finca, aceptaron para sí la compra hecha por Pettingill, al tener conocimiento de ella, y además encargaron a Pettingill procurara venderla, lo que realizó Pettingill vendiéndola a Pérez Sales, y girando a A. Buffer & Sons el importe del precio satisfecho de con-tado.

Las pruebas han sido admitidas sin oposición alguna por parte de los demandantes, y éstos tienen que aceptar su resul-tado, demostrativo de que Pettingill, aunque aparentemente ■compró la finca litigiosa para sí, de hecho la compró para ■sus principales A. Buffer & Sons, y en beneficio de éstos. La sociedad A. Buffer & Sons aceptó la gestión de Pettingill •en el negocio de la subasta de la hacienda “Fe,” y se ha aprovechado de las ventajas de dicha gestión. Pía ratificado con sus actos la compra de la finca que Pettingill le comu-nicó haber hecho en su nombre, y nada importa que anterior-mente manifestara a Pettingill su propósito de no querer intervenir en la subasta.

Siendo ello así, no es de aplicación al caso el artículo 1362 del Código Civil en el párrafo último de su número 5o. que pro-híbe a los abogados adquirir por sí o por persona alguna intermedia,' aunque sea en subasta pública o judicial, bienes ■o derechos que fueren objeto de litigio en que intervenga por su profesión u oficio.

Por lo que toca al demandado Tomás Pérez Sales, la con-clusión a que hemos llegado respecto de su codemandado Pettingill tiene que favorecerle; pero aun en el supuesto de que Pettingill hubiera comprado la finca “Pe” para sí y no para sus clientes A. Ruffer & Sons, siempre resultaría que Pérez Sales adquirió de quien en el registro aparecía con derecho para vender y no podría invalidarse en cuanto al mismo la compra hecha por Pettingill, inscrita en el 'regis-tro, por ser un tercero que no intervino en el acto o contrato inscrito. Artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

Hemos examinado detenidamente las inscripciones de las dos escrituras cuya anulación se pretende y todas las de la finca “Pe” que figuran en las pruebas mediante certifica-ciones del registrador de la propiedad, y en ninguna de ellas encontramos constancia alguna de que Pettingill fuera aho-gado de A. Ruffer & Sons en el pleito de éstos contra Agus-tín Castelló y Busquets como liquidador de Patxot, Castelló y Co. En la escritura de 15 de septiembre, de 1909, a favor de Pettingill, no aparece inserto el recibo de 4 de septiem-bre firmado por N. B. K. Pettingill como abogado de récord de A. Ruffer & Sons. Ciertamente que del registro resulta que Pettingill fué abogado de A. Ruffer & Sons en otro caso de estos señores contra Sebastián Cabrer, pero de ello no puede deducirse que Pettingill fuera abogado también de A. Ruffer & Sons en el procedimiento en que compró la finca.

Según el artículo 36 de la Ley Hipotecaria, las acciones rescisorias y resolutorias no se darán contra tercero que haya inscrito los títulos de sus respectivos derechos conforme a lo prevenido en dicha ley, y según el artículo 37 se excep-túan del anterior precepto, entre otras, las acciones reciso-rias y resolutorias que deban su origen a causas que cons-ten explícitamente en el registro, siendo tercero, con arreglo al artículo 27, aquel que no haya intervenido en el acto o con-trato inscrito.

Tomás Pérez Sales no intervino en la escritura de venta otorgada por el special master de la Corte Federal a favor de Pettingill, e inscribió en el registro el título de venta de la finca “Fe” otorgado a su favor; Pettingill aparecía en el registro como dueño de dicha finca a virtud de título tam-bién inscrito; y en el registro no constaba clara y explíci-tamente ni de modo alguno que Pettingill fuese abogado de A. Buffer & Sons en el pleito en que adquirió la finca tras-mitida después a Pérez Sales.

Respecto de Pérez Sales tenemos que llegar a la conclu-sión de que aun en la hipótesis de que adoleciera de nulidad la escritura de venta a favor de Pettingill, dicha nulidad no afectaría al título posterior de Pérez Sales.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la> sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la reso-lución de este caso.