author: El Juez Pbesidente Se.. Heenandez JUEZ ASOCIADO SEÑOR HUTCHISON.

text:
    Casenave, Peticionario y Apelado, v. Guzmán, Demandado y Apelante.
    Apelación' procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un recurso sobre mcmdamus.

    No. 1281.
    Resuelto en julio 30, 1915.
    Protocolos Notariales — Inspección del Público — Intención del Legislador— Ordenes Generales Nos. 150 y. 177 de 1899, y No. 8 de 1900 — Reglamento Orgánico del Notariado. — Atendido el texto español, así como el inglés, ■de las Ordenes Generales Nos. 150, sección Ia., y 177 de 26 de septiembre y 11 de noviembre de 1899, respectivamente, en relación con la No, 8 de 16 de enero de 1900, no fué la intención del Gobierno Militar establecer el dere-cho de inspeccionar los protocolos notariales o despojarlos de su carácter de reservados o seeretos'que les reconocía la ley y Reglamento Orgánico del Nota-riado entonces vigentes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El apelante compareció en nombre propio.
    Abogados del apelado: Sres. Rafael López Laiidrón y Juan Gregory.

   El Juez Pbesidente Se.. Heenandez

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 4 de enero del corriente año José María Case-' nave y García de Orozco formuló petición jurada al Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., para que expi-diera auto de mandamus de carácter perentorio o en su defec-to condicional al notario Juan de Gfuzmán Benitez, a fin de que exhibiera y pusiera de manifiesto a examen o inspección del solicitante la escritura matriz del testamento abierto No. 163 de 2 de noviembre de 1914 otorgado por Isabel Márquez y Crosas, de la que el peticionario dice ser pariente colateral consanguíneo, y como tal, según dice, con interés legítimo en la herencia que pudiera dejar abintestato la expresada seño-ra, por carecer ésta de ascendientes y descendientes.

Expedido con carácter definitivo o perentorio por resolu-ción de 18 de enero de 1915 el auto de mandamus solicitado, después de oído el demandado, interpuso éste recurso de ape-lación contra dicha resolución, sometido a nuestra considera-ción y decisión.

Invócase por el peticionario como fundamento de su pre-tención la Orden General Militar No. 150 de 26 de septiembre de 1899, Sección 1., aclarada y ampliada por la No. 177 de 11 do noviembre de 1899 y no derogada, en su sentir, expresa ni tácitamente por ninguna ley posterior.

La Orden General No. 150 dispone:

“I. En adelante los archivos de todos los tribunales, magistra-turas, notarías, registros, municipios y demás oficinas públicas, esta-rán accesibles a la inspección del público, durante las horas de des-pacho.
“II. Todos los funcionarios o guardianes encargados de dichos archivos facilitarán copias legalizadas de los mismos a cualquiera que las solicitare, mediante el pago de los siguientes derechos:
“Por cada folio de traslado de un expediente, 15 cent. m. ame-ricana.
“Por cada legalización de un traslado, 25 cent. m. americana.”

El texto inglés es el siguiente:

“I. Hereafter the records of all courts, magistrates, notaries, registrars, municipalities, and other public offices shall be open to the inspection of the public during office hours.
“II. All officers or custodians in charge of such records shall furnish (Officially certified copies thereof to any person ivho may make application therefor upon payment of the following fees: '
“For each folio of transcript of a record, 15 cents, Am. Gy.
“For each official certification of a transcript, 25 cents, Am. Gy.”-

La otra Orden General No. 177, aclaratoria de la anterior ya transcrita, está concebida en los términos siguientes:

“La palabra ‘records’ empleada en la Orden General No. 150, serie comente, de este Cuartel General, así como su traducción ‘ar-chivos’ en la versión castellana, deberá entenderse que incluye toda clase de expedientes que directa o indirectamente se relacionen con cualquier asunto cuya documentación deba archivarse, ya esté ter-minado o pendiente de resolución.”

El texto inglés de la Orden General No. 177 es el que trans-cribimos a continuación:

“The word ‘records’ as used in General Order, No. 150, current series, these Headquarters, and translated in the Spanish copy as ‘archivos’ is intended to include all documents (expedientes) of every character which are connected with or relate to any case of record, whether concluded or still pending.”

La traducción literal al español del texto inglés de la Orden No. 177 es la siguiente:

“La palabra ‘records’ según está usada en la Orden General No. 150, serie corriente, de este Cuartel General, .y traducida al texto español por la de ‘archivos/ es entendido que incluye todos los docu-mentos (expedientes) de cualquier carácter,, que tengan conexión o relación con cualquier caso de record, esté concluido o aún pendiente.”

El texto inglés de la Orden General No. 177 nos da la interpretación auténtica de la palabra ‘records’ usada en la otra Orden General No. 150. Los archivos a que esta última se refiere son los comprensivos de documentos de cualquier carácter que guardan conexión o relación con algún caso de récord terminado o pendiente.

Es evidente que las escrituras de un protocolo no puede decirse que tengan conexión o relación con algún caso de ré-cord terminado o pendiente.

Opinamos, pues, atendido el texto así español como inglés de las dos Ordenes Generales Nos. 150 y 177 que no fué la in-tención del gobierno militar establecer el derecho de inspec-cionar los protocolos notariales.

Tal derecho no había sido reconocido por la Ley Notarial de España antes vigente, aplicada a esta isla por Eeal Decreto de 29 de octubre de 1873., cuyo artículo 32, entre otros precep-tos, contiene el siguiente:

“Los notarios no permitirán tampoco sacar'de su archivo ningún documento que se haRe bajo su custodia por razón de su oficio, ni dejarán examinarlo en todo ni en parte, como tampoco el protocolo no precediendo decreto judicial, sino a las partes interesadas con derecho adquirido, sus herederos o causahabientes. En los casos, sin embargo, determinados por las leyes,' y en virtud de mandamiento judicial, pondrán de manifiesto en sus archivos el protocolo o pro-tocolos, á fin de extender en su virtud las diligencias que se hallen acordadas. ’ ’

Si hubiera sido la intención del gobierno militar despojar los protocolos de su carácter de reservados o secretos que les reconocía el artículo 47 del Reglamento Orgánico del No-tariado, lo hubiera manifestado por modo expreso y sin gé-nero alguno de duda. Es necesario reconocer que la Orden General No. 150 después de aclarada por la posterior No. 177 dejó al menos muy dudoso ese derecho de inspección y en caso de duda no puede haber derogación de ley anterior clara y manifiesta. Tampoco la Orden General No. 150 contiene la cláusula derogatoria que es usual cuando se crean nuevos de-rechos en conflicto con leyes anteriores. Parécenos que la autoridad militar con poder legislativo entonces) no tuvo la intención de estáblecer una reforma tan radical como la de que se trata en los protocolos, notariales, y que de haber sido esa su intención, hubiera empleado un lenguaje más específico.

Aún más, la Orden General No. 8 de 16 de enero de 1900 dice así :

“Las disposiciones de ‘Ordenes Generales,’ No. 150, enmendadas por ‘Ordenes Generales,’ No. 177 y 198, serie de 1899, de este Cuartel General, se propone sean aplicables únicamente a las copias oficiales de documentos archivados en las oficinas públicas, conforme en ellas se indica, y a los certificados oficiales (legalizaciones) de los mismos, no debiendo entenderse revocado por dichas disposiciones el arancel notarial según fue modificado por ‘Ordenes Generales,’ No. 11, serie de 1899, de este Cuartel General, insertas en la ‘Gaceta Oficial’ dé febrero 1°., 1899.”

A las Ordenes Generales Nos. 150 y 177 nos hemos refe-rido anteriormente. La Orden General No. 198 dispuso entre otras cosas, que los derechos recaudados por copias sacadas de los archivos públicos (official records) y legalización de las mismas, se acreditarían por medio de sellos fiscales que se fijarán en cada documento legalizado.

Como se ve, la Orden General No. 8 explica claramente que si bien la sección 2a. de la Orden General No. 150 fija los derechos que han de exigir todos los funcionarios o guar-dianes encargados de los archivos a que se refiere la sección Ia. por la expedición de copias legalizadas de los mismos, fue la intención del legislador que el precepto de la ley fuera aplicable únicamente a las copias oficiales de documentos archivados en las oficinas públicas y a los certificados ofi-ciales de los mismos, no debiendo entenderse revocado el arancel notarial.

La sección 2a. de la Orden General No. 150, no obstante sn carácter general debía referirse únicamente a copias ofi-ciales de documentos archivados en las oficinas públicas y a los certificados oficiales de los mismos,' pero no a copias y certificados expedidos por notarios, y siendo ello así, si el legislador claramente expresó que la sección 2a. de la Orden General No. 150 no obstante su letra era inaplicable a documentos notariales, también nosotros podemos deducir que tampoco la sección Ia. era aplicable a esos documentos y que de ser aplicable lo sería únicamente a los archivos públi-cos que el notario tuviera en su poder, si es que los tenía.

Y no es de alegar que con la interpretación dada a la sección Ia. de la Orden General No. 150 quedaría ésta sin virtualidad alguna en cuanto a los notarios si éstos no tienen archivos, pues también carece de efecto en cuanto a los archi-vos de magistrados, pues no son éstos sino los tribunales los que los tienen, y ja la Orden General No. 150 en su sección Ia. establece que én adelante los archivos de todos los tribu-nales estarán accesibles a la. inspección del público durante las horas de despacho.

Por las razones expuestas es de revocarse la resolución apelada.

Revocada la resolución apelada y declarada sin lugar la solicitud de mandamus.

Juez concurrente: Sr. Asociado ’Wolf.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó “conforme con el resultado.”

El Juez Asociado Sr. del Toro disintió.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino.

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR HUTCHISON.

Este caso me correspondió por el orden regular de dis-tribución. 'El memorándum de opinión que acerca del mismo redacté, no fué enteramente satisfactorio para la mayoría del tribunal. Sin crítica alguna para la muy autorizada opi-nión de la mayoría, prefiero fundar mi decisión, en primer término, en los fundamentos qne fueron consignados al.infor-mar sobre el caso. Estoy autorizado para decir que el Juez Asociado Sr. Wolf está de acuerdo no solamente con la opinión del tribunal, sino también con las consideraciones principales del memorándum que fué sometido originalmente. Este es como sigue:

El peticionario y apelado requirió al demandado y ape-lante, que es un notario público, para que' le permitiera ins-peccionar o examinar la escritura matriz de un. testamento abierto, otorgado por doña Isabel Márquez y Crosas en 2 de noviembre de 1914, No. 163 del protocolo.

El apelante, demandado en la corte inferior, se negó a consentir dicho examen y la Corte de Distrito de San Juan, a solicitud del peticionario y apelado, expidió un auto de mandamus, siendo la única cuestión qne aparece envuelta en este caso según la misma lia sido presentada razonablemente por el apelante en su alegato, “si cualquier persona que no ale-gue tener' interés en un documento notarial tiene derecho a examinarlo y debe el notario consentir ese examen e investi-gación. ’ ’

Antes del cambio de soberanía el Notariado en Puerto Rico se regía por la Ley Notarial de España, que fué hecha extensiva a Puerto Rico por decreto de 29 de octubre de 1873.

Los artículos 32 y 36 de dicha ley disponían, entre otros particulares, lo siguiente :

“Los notarios no permitirán tampoco sacar de su archivo ningún documento que se halle bajo su custodia por razón de su oficio, ni dejarán examinarlo en todo ni en parte, como tampoco el protocolo no precediendo decreto judicial, sino a las partes interesadas con derecho adquirido, sus herederos o causahabientes. En los casos, sin embargo, determinados por las leyes, y en virtud de mandamiento judicial, pondrán de manifiesto en sus archivos el protocolo o proto-colos, a fin de extender en su virtud las diligencias que se hayan acordado.
“Art. 36. — Los protocolos pertenecen al Estado, y los notarios los conservarán con arreglo a las leyes, como archiveros de los mismos y bajo su responsabilidad.”

También el' Reglamento Orgánico del Notariado qne regía en Puerto Rico disponía en su artículo 47 que “por punto general,' todos los protocolos son secretos.”

El fin principal e intención de la ley de proteger el carác-ter privado y confidencial que tiene la relación contractual contra la inútil e irresponsable curiosidad, así como de la investigación viciosa y mal intencionada de todas y cada una de las personas qu no tengan interés legítimo en ella, y por tanto derecho a ser informados de la materia objeto del docu-mento notarial, se nota en seguida. Si se considera que el protocolo es propiedad pública, la santidad de su contenido ha sido sin embargo ciertamente reconocida y protegida efi-cazmente. Se niega en absoluto todo acceso al mismo a aque-llas personas cuyo interés o derecho no se acredite, bien por la índole y condiciones del .documento, o por virtud de una orden judicial.

El código en su artículo 675, equivalente al 667 del Código Español, define el testamento como “ el acto por el cual una persona dispone para, después de su muerte de todos sus bienes, o de parte de ellos.” Es “absolutamente un acto personalísimo,” y sus disposiciones “son esencialmente revo-cables.” (Artículos 678 y 727, correspondientes a los 67.0 y 732 del Código Español.) El artículo 682 de nuestro’ código, equivalente al 674 del Código Español, prescribe que “el que con dolo, fraude o violencia impidiere que una persona, de quien-sea heredero abintestato, otorgue libremente su última, voluntad, quedará privado de su derecho a la herencia, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que haya incurri-do.” Y el artículo 665, Código Español 657, expresa que “los derechos a la sucesión de una persona se trasmiten desde el momento de su muerte. ’ ’ Claramente que no fué la inten-ción de los fundadores del código el que se diera publicidad al contenido de un testamento durante la vida del testador. Que las mismas razones en qne se funda el celoso miramiento de la ley notarial del dereclio al secreto en materias de contrato son de aplicación a fortiori al caso de nn testamento o última voluntad, es nn hecho qne también resulta bastante claro. -

Durante el período del Gobierno Militar en'Puerto .Rico qne siguió inmediatamente al cambio de soberanía frieron pro • amigadas las Ordenes Generales siguientes:

La No. 11 de enero 29, 1899, reduciendo los aranceles no-tariales, derogando ciertas partidas y dejando otras en vigor, incluyendo las Nos. 16 y 17, relativas a los derechos por copias de docnmentos originales.

La No. 150, de septiembre 26, 1899, dispone:

“I. En adelante los archivos de todos los tribunales, magistra-turas, notarías, registros, municipios -y demás oficinas públicas, esta-rán accesibles a la inspección del público durante las horas de des-pacho.
“II. Todos los funcionarios o guardianes encargados de dichos archivos facilitarán copias legalizadas de los mismos a cualquiera que las solicitare, mediante el pago de los siguientes derechos:
Moneda americana
“Por cada folio de traslado de un expediente_$0.15
“Por cada legalización de un traslado_ .25”

La No. 177, de noviembre 11, 1899, aclaratoria de la No. 150, supra, prescribe que:

“La palabra ‘record’ empleada en la Orden General No. 150, serie corriente, de este Cuartel General, así como su traducción ‘archivos’ en la versión castellana, deberá entenderse que incluye toda clase de expedientes que directa e indirectamente se relacionen con cualquier asunto cuya documentación deba archivarse, ya esté terminado o pendiente de resolución.”

La No. 198, de diciembre 2,1899, dispone:

“I. Los derechos recaudados por copias sacadas de los archivos públicos y legalización de las mismas, establecidos por el párrafo II, Ordenes Generales No. 150, y párrafos II y XXI, Ordenes Generales No. 176, serie corriente, de este Cuartel General, se acreditarán por medio de sellos fiscales que se fijarán en cada documento legalizado.

La No. 8, de enero 16, 1900, prescribe:

“Las disposiciones de Ordenes Generales No. 150, enmendadas por Ordenes Generales No. 177 y 198, serie de 1899, de este Cuartel General, se propone sean aplicables únicamente a las copias oficiales de documentos archivados en las oficinas públicas, conforme en ellas se indica, y a los certificados oficiales (legalizaciones) de los mismos, no debiendo entenderse revocado por dichas disposiciones el arancel notarial según fue modificado por Ordenes Generales No. 11, serie de 1899, de este Cuartel General, insertas en la Gaceta Oficial de. fe-brero 1, 1899.”

Cualquier esfuerzo serio y persistente- para desarrollar una.teoría razonable, o llegar a una conclusión definitiva, fija y satisfactoria respecto al verdadero significado, objeto real y resultado positivo de las Ordenes Militares de referencia, y particularmente de las Nos. 150' de 1899 y 8 de 1900, consi-derando cada una en su totalidad a la luz de la otra, y ambas con relación especial al efecto legal, si alguno tienen, sobre el artículo 32 de la Ley Notarial, en manera alguna conviene al estado sereno de la mente que debe caracterizar a toda deli-beración judicial. Alega el apelante que las palabras ‘ ‘ archi-vos de todos * * * notarías” no se refieren al protocolo notarial, sino que se “usaron evidentemente con relación a los récords que guardan los notarios en los Estados Unidos, donde no existe el protocolo en la forma que en Puerto Rico.” Indicando como indica esta última observación una imagina-ción vigorosa, pero forzada, meramente sirve para aclarar la gran dificultad de poder explicar el lenguaje en cuestión mediante alguna teoría que elimine el protocolo notarial.

Por otra parte, es evidente por sí .mismo que si con las palabras “archivos de todos * * * notarías,” del párra-fo I, se hace referencia a los protocolos, entonces las palabras “dichos archivos” del párrafo II, a su vez incluyen nece-sariamente a dichos protocolos; y vice-versa, si “dichos ar-chivos” no comprende los protocolos, entonces “los archivos de todos * # * notarías,” supra,, tienen inevitablemente que referirse a 'otros que no sean los protocolos notariales, o ser eliminados completamente por carecer en absoluto de significación. Sin embargo si la Orden G-eneral No. 8 tiene algún significado, se nos dice en sustancia que el párrafo II de la Orden General No. 150 no liace referencia alguna a los protocolos notariales. Ni está limitado el lenguaje al segímdo párrafo de dicha Orden General anterior, sino que se refiere en los términos más amplios a “las prescripciones de las Ordenes Generales No. 150,” etc. Si cualquier notario en el año 1900 se hubiera quejado al Comandante Militar de que por el hecho de haber interpretado erróneamente algún individuo mal enterado la Orden General No. 150, tal como fué enmendada para derogar el artículo 32 de la Ley Notarial, solicitaba inspeccionar la escritura matriz de un testamento hecho por un testador que aun no había fallecido y que era probable que fuera amparado por las cortes en sus esfuerzos para violar la santidad de dicho documento, en tal caso podría haberse decretado inmediatamente otra orden aclaratoria, lo que parece enteramente razonable supo-nerlo así, explicando después de hacer alusión a las órdenes anteriores, que “como en ellas se indica” jamás fué la inten-ción hacer referencia a los protocolos notariales. Y, sea esto como fuere, el principio fundamental que sirve de base a la, regla de noscitur a sotáis parece ser de aplicación en un sen-tido ámplio y sostener una conclusión semejante y más o menos lógica.

Pero la decisión de este caso no estriba necesariamente en la cuestión relativa a la derogación del artículo 32 de la Ley Notarial por la Orden General No. 150, y para los fines de esta opinión muy bien podríamos admitir, aunque no lo ad-mitimos, que la corte de distrito no cometió- error alguno en su resolución sobre este aspecto del caso.

La ley para reglamentar la presentación de evidencia en los procedimientos civiles, aprobada en marzo 9 de 1905, y citada por el juez sentenciador en apoyo de las conclusiones a que llegó, prescribe lo siguiente:

“Art. 44. — Los documentos son de dos clases:
“1. Públicos; y
“2. Privados.
“Art. 45. — Son documentos públicos:
“Los que se determinan en el artículo 1184 del Código Civil.
“Art. 46. — Son privados todos los demás documentos.
“Art. 47. — Todo ciudadano tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de'cualquier documento público de Puerto Rico, salvo lo expre-samente dispuesto en contrario por la ley.
“Art. 48. — Todo funcionario público bajo cuya custodia obrare ;algún documento público, está en la obligación de facilitar, al reque-rírsele, copia certificada del mismo, mediante el pago de los derechos legales correspondientes, y dicha copia será admisible como evidencia -en los mismos casos y con igual efecto, que el escrito original.
“Art. 49. — Los documentos públicos se dividen en cuatro clases:
“1. Leyes.
“2. Protocolos judiciales.
“3. Otros documentos oficiales.
“4. Archivos públicos de documentos públicos o privados, llevados en Puerto Rico.”

La Ley para regular el ejercicio de la profesión notarial en Puerto Rico, aprobada en marzo 8, 1906, contiene los pre-ceptos siguientes:

“See. 6. — El notario redactará escrituras originales, expedirá copia de las mismas y formará protocolo.
“Seo. 25. — Al librarse una copia se hará constar por nota exten-dida al pie o al margen de la escritura original de que aquella se libre, consignándose el nombre de.la persona a quien se haya librado y la fecha. Esa nota será firmada por el notario.
“See. 34. — Los protocolos pertenecen al Pueblo de Puerto Rico, pero los notarios los conservarán como archiveros de los mismos y bajo su responsabilidad con arreglo a las prescripciones de esta ley.
“See. 38. — Los jueces de las cortes de distrito visitarán, por lo menos una vez cada año, las notarías comprendidas en su distrito, con el fin de examinar los protocolos y ver si éstos están llevados con arreglo a la ley. Los jueces de las cortes de distrito podrán corregir disciplinariamente, con multa que no exceda, de 500 dólares, cual-quier falta que se haya advertido, siempre que ésta no constituya delito, en cuyo caso se procederá inmediatamente a la formación de la correspondiente causa.
“Sec. 41. — La Ley del Notariado y su reglamento quedan por la presente derogados. Y todas las demás leyes, órdenes y decretos, que se opusieren a la presente, quedan también derogados.”

Debe notarse que la definición de documentos" públicos contenida en la ley de evidencia no es nueva. Tanto antes como ahora los artículos 1216 y 1217 del Código Civil Espa-ñol, correspondientes a los 1184 y 1185 de nuestro código, definían como documentos públicos los autorizados por un notario, o empleado público competente, disponiendo que aquellos en que intervenía el notario público se regirían por la legislación notarial. Existe también cierta diferencia que debe tenerse en cuenta entre los documentos públicos de la ley notarial y los del Código Civil y el sentido en que la pa-labra “público” se emplea quizás más frecuentemente. Las palabras “público’ y “privado,” según son aplicadas a los documentos, no indican necesariamente publicidad en contra-posición a secreto. Scaevola, tomo 20, página 208. Sin embargo, no tenemos necesidad de basar nuestra resolución en tal distinción. Cualquier efecto que de otro modo pudiera baber tenido la ley de evidencia, sobre el cual insiste algo la corte inferior, respecto al artículo 32 de la Ley Notarial, que-da enteramente anulado por la excepción contenida en el artí-culo 47, puesto que en el referido artículo 32 “la ley expre-samente prescribe otra cosa.”

Pero el artículo 32 fué indiscutiblemente derogado en unión de los demás preceptos de la Ley Notarial y sus regla-mentos por el artículo 41 de la Ley de 1906. De modo, que por lo menos desde 1906 hasta 1914, podría haberse alegado con cierta razón el derecho a la inspección. Pero de esto no ha de deducirse necesariamente, y no es nuestra intención expresar, que aun durante dicho período los protocolos nota-riales se encontraban abiertamente y sin reserva alguna sujetos a la inspección de cualquier ciudadano. Eso, sin embargo, también es ajeno a la cuestión.

En el año 1914 fueron enmendados los artículos 25 y 38 de la Ley de 1906, supra, en la forma siguiente: (La bastardi-lla es nuestra; “authors” intercalado.)

“Art. 25. — Las partes, sus causantes (authors) y cau'sdhabientes en la materia del contrato, y cualquier persona que aparezca intere-sada en el mismo, podrán solicitar y obtener del notario las oportunas copias de las escrituras matrices. Cualquier otra persona podrá tam-bién obtener copia de un documento notarial mediante petición justi-ficada ante una coHe de distrito, que a su razonable discreción podrá librar una orden a ese efecto.
“Al librarse una copia se hará constar por nota extendida al pie o al margen de la escritura original de que aquélla se libre, consig-nándose el nombre de la persona a quien se haya librado y -la fecha. Esa, nota será firmada por el notario.
“Art. 38. — Los jueces de las cortes de distrito visitarán por-lo menos una ver cada año las notarías comprendidas en su distrito, con el fin de examinar los protocolos y ver si en éstos se han cum-plido las formalidades de las leyes y si están llevados con arreglo a la presente ley. Los jueces de las cortes de distrito podrán corregir disciplinariamente, con multa que no excederá de 500 dólares, cual-quier falta que hayan advertido, siempre que ésta no constituya de-lito, en cuyo caso se procederá inmediatamente a la formación de la correspondiente causa. No será permitido la investigación ni examen de ningún protocolo notarial a ningún otro funcionario a menos que fuere debidamente aitiorizado por mandamiento expedido por una. corte de justicia.”

Leyes de 1914, pagina 151.

Se ve con bastante claridad que los únicos cambios que se notan consisten en el nuevo párrafo que ha sido incluido en el artículo 25 y la frase final que se ha adicionado al artículo 38. De un examen cuidadoso de la nueva materia adicionada con el artículo 32 de la Ley del Notariado de España, que fue derogado, llegamos inevitablemente a la conclusión de que la legislatura, o tuvo la intención de subsanar una omisión inadvertida de incluir esta última, entre otros particulares de la lejr anterior, que fué conservada y continuó en vigor en una forma más o menos modificada en las leyes a que hemos hecho referencia y en otras leyes, o en todo caso revalidar el principio encarnado en el lenguaje de aquel artículo.' Al menos la enmienda hecha al. artículo 25 no puede ser explicada satisfactoriamente por-ninguna otra teoría. Expressio unius est exclusio alterius. El nuevo párrafo claramente significa un restablecimiento substancial del antiguo artículo, o nada quiere decir. No podía ser otro el objeto.

Debe revocarse la sentencia dictada por la corte de distrito.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernández

license: Public Domain

text:
    Paracchini, Demandante y Apelante v. Vilá et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa sobre cumplimiento de contrato. .
    No. 1230.
    Resuelto en julio 30, 1915.
    Arrendamiento — Examen de las Pruebas — Intención de las Partes — Dere-cho de Preferencia. — Examinadas las pruebas practicadas en el juicio se resolvió:

    1. Que el demandante Francisco Paraeehini es cesionario de la sociedad ParaeeMni, Toro & Co. en relación con el contrato de arrendamiento cele-brado con dicha sociedad por los consortes José Vilá Soler y María de la Paz 'Palermo en 8 de abril de 1903; y
    2. Que fué la intención del arrendador reconocer a la sociedad arrendataria en la cláusula 5". del contrato un derecho absoluto e incondicional de pre-ferencia para un nuevo arrendamiento por un canon mensual que no podría exceder de ciento cincuenta pesos y bajo las condiciones estipuladas en el referido contrato de 8 de abril de 1903.
    Id. — Derecho de Preferencia — Intención de las Partes — Artículo 1248 del Código Civil. — Cuando la intención de reconocer el derecho de preferencia absoluto e incondicional para un nuevo contrato de arrendamiento se mani-fiesta según el texto de una de las cláusulas del primitivo contrato, al sen-tido literal de esa cláusula debe atenderse, según el artículo 1248 del Código Civil.
    Id. — Intención de las Partes — Actos Coetáneos y Posteriores al Contrato— Actos Anteriores. — De acuerdo con el artículo 1249 del Código Civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España y de Puerto Rico para juzgar la intención de los contratantes deberá atenderse principalmente a los actos de estos coetáneos y posteriores al contrato y también a los anteriores.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogados del apelante: Sres. José Tous Soto y Rafael Palacios Rodrigties.

    Abogado de los apelados: Sr. Gustavo Rodrigues.

   El Juez Presidente Sr. Hernández

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Paracchini y Marcantetti presentó demanda ante la Corte de Distrito de Ponce en 15 de marzo de 1913 con súplica de que se condene- a los demandados en su carác-ter de herederos de los consortes José Yilá y' Soler y María de la Paz Palermo a otorgar al demandante, como cesionario de los derechos de la mercantil Paracchini, Toro & Co., escri-tura de arrendamiento del inmueble urbano denominado “Puerta del Sol” radicado en la ciudad de Ponce, por canon de $150 mensuales y por el término y condiciones indicadas en escritura de arrendamiento del mismo inmueble que en 8 de abril de 1903 otorgaron los referidos consortes a favor de la mercantil expresada, por ante el notario don Luis L. Yordán Dávila.

Por escritura de que se deja hecho mérito don José Vilá y Soler con el consentimiento de su esposa doña María de la Paz Palermo, dió en arrendamiento a la sociedad Parac-chini, Toro & Co., representada por Francisco Paracchini y Marcantetti, la finca urbana de que se trata por precio de $120 mensuales y término de cinco años a contar desde el día 17 de marzo de 1903 que vencerían en igual día y mes del año 1908, cuyo término se entendería prorrogado, si así conviniera a la sociedad arrendataria, por cinco años más, o sea desde el 17 de marzo de 1908 hasta igual día y mes del-año 1913.

En la cláusula 4a. de la escritura se estipuló que en el caso de la prórroga convenida subsistirían todas las condi-ciones establecidas en el contrato con la única variante de que si durante los cinco primeros años del arrendamiento la sociedad arrendataria vendiese al contado según sus libros basta $60,000 cada año, quedaría obligada a pagar desde que comenzaron'los cinco años de la prórroga hasta la expiración del contrato, la cantidad de $150 aun cuando durante la pró-rroga no alcanzaran las ventas a aquella. cantidad.

También se pactó en la cláusula 5a. ‘ ‘ ser convenio expreso que vencidos los cinco años de la prórroga, si Vilá o sus here-deros no hubiesen vendido la finca arrendada, tendrá derecho la sociedad arrendataria a que se le conceda preferencia para el nuevo arrendamiento, por un canon que no podrá exceder de $150, a lo cual se obliga ahora el Sr. Vilá en la más solemne forma. ’ ’

Además de las condiciones que dejamos expresadas, se estipularon las que en síntesis pasamos a enumerar: (a) Fa-cultad para sub-arrendar 1a. finca en todo o en parte, previo acuerdo con el dueño.' (b) Eeparaciones que necesitare el inmueble, a cuenta del arrendador, haciéndolas la sociedad arrendataria si el dueño no las hiciera oportunamente y dedu-ciendo el importe de ellas de la mitad del canon establecido, (c) Las contribuciones de toda especie inclusos los derechos municipales por agua, a cargo de Vilá. (d) Establecimiento de mejoras en la parte interior de la finca por cuenta y a cargo de la sociedad arrendataria, previo acuerdo y confor-midad con el propietario, a cuyo beneficio habían de quedar ai terminarse el contrato, (e) Los mostradores, anaquele-rías y vidrieras entonces existentes en la finca son de la pro-piedad exclusiva de la sociedad arrendataria, y ésta se los llevará al vencimiento definitivo del contrato siempre que no le conviniese a Vilá verificar la compra por el precio que fijarían peritos nombrados uno por cada parte y un tercero en caso de discordia. (/) Prohibición de enajenar el inmue-ble sin respetar el contrato, (g) Inscripción del contrato en el registro de la propiedad, (h) Eeserva al Pueblo de Puerto Eieo y al municipio de Ponce del derecho de preferencia para cobro de contribución impuestas a la finca y sumisión a los tribunales ordinarios de dicha ciudad para todos los actos y diligencias que pudieran derivarse del contrato.

Como hechos determinantes de su acción, además de invo-car la parte demandante las condiciones del contrato de arren-damiento consignadas en la escritura de 8 de abril de 1903, especialmente la contenida en la cláusula 5a. ya transcrita, alegó: qu.e el término primitivo del contrato, vencido el 17 de marzo de 1908, fué prorrogado de acuerdo con el mismo a otros cinco años que vencerían el 17 de marzo de 1913; que. la sociedad arrendataria Paraccliini, Toro & Co., cuyo término vencía en 19 de diciembre de 1903 fué disuelta por escritura de 17 de agosto de ese año sucediéndole como liqui-dadora y cesionaria de su activo y pasivo la mercantil F. Paracchini & Co. constituida en 1a. misma escritura, cuya mer-cantil fué disuelta por otra escritura de 18 de noviembre de 1908, adquiriendo el socio Francisco Paracchini, o sea el de-mandante, por cesión que le hizo el otro socio Leopoldo Rever-ter, todo el activo y pasivo de la extinguida; que por falleci-miento de los consortes Vilá Soler y María de la Paz Palermo el inmueble arrendado pasó a ser propiedad de sus herederos los demandados; que el demandante en virtud de lo convenido en la cláusula 5a. del contrato de arrendamiento, al expirar la prórroga del contrato requirió a los demandados para que le otorgaran nuevo contrato de arrendamiento del inmueble por el canon mensual de $150 y término de cinco años, con las demás condiciones establecidas en el contrato anterior; y que los demandados son los dueños actuales del inmueble sin que ninguno de ellos haya vendido su condominio sobre el mismo a persona alguna.

Los demandados al contestar la demanda aceptaron el contrato de arrendamiento del edificio “Puerta del Sol” a Paracchini, Toro & Co. por escritura pública de 8 de abril de 1903 y que actualmente son dueños del referido edificio por fallecimiento de los consortes José Vilá y María de la Paz Palermo, sin que ninguno de ellos haya vendido la parte que le corresponde en el condominio; pero niegan las demás ale-gaciones de la demanda, y como materia nueva alegan: que José Vilá, padre de los demandados, clió en arrendamiento la finca a Francisco Paracchini por el mismo precio que la tenía la sociedad disuelta Paracchini, Toro y Co., fijándose como término del contrato el resto del tiempo por el qne se le' había dado a dicha sociedad, o sea hasta el 17 de marzo de 1913, sin ninguna otra concesión ni promesa futura; que'la sociedad Paracchini, Toro & Co., constituida en 27 de febrero de 1899 se disolvió por escritura de 17 de agosto de 1903 encargándose de su liquidación la sociedad F. Paracchini & Co. constituida en esa fecha, a cuya sociedad se vendió el activo y pasivo de la disnelta; y que la sociedad F. Paracchini & Co. se disolvió en 17 de marzo de 1908, siendo nombrado liquidador de ella Francisco Paracchini quien se hizo cargo del activo y pasivo de la misma.

La contestación termina con la súplica de qne se dicte sentencia resolviendo: primero. Que el demandante no tiene preferencia para el nuevo contrato de arrendamiento de la finca de que se trata; segundo. Que los demandados no están obligados a conceder al demandante un nuevo arrendamiento de la finca en cuestión bajo las mismas condiciones que se consignaron en el contrato celebrado con Paracchini, Toro & Go.; tercero. Qpe se condene al demandante en las costas, gastos, desembolsos y honorarios del abogado de los deman-dados.

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 25 de mayo de 1914 por la qne declara sin lugar la demanda y declara además especialmente a los efectos qne procedan que el demandante Francisco Paracchini y Marcantetti tiene pre-ferencia para el nuevo contrato de arrendamiento de “La Puerta del Sol” sobre cualquiera o cualesquiera otros arren-datarios sobre la misma finca, no debiendo pagar el Sr. Pa-racchini un canon de arrendamiento mensual que exceda de $150; pero que los demandados no están obligados a otorgar al demandante Sr. Paracchini un nuevo arrendamiento de dicha finca bajo las mismas condiciones (exceptuando el canon) que se consignaron en el primitivo contrato celebrado con la mercantil Paracchini, Toro & Co, en 8 de abril de 1903, sin especial condenación de costas, desembolsos y honorarios de abogado.”

Contra esa sentencia interpuso la parte demandante re-curso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Las cuestione^ fundamentales a resolver en el presente recurso que surgen de las alegaciones de ambas partes, son las siguientes: Ia. Si el demandante Paracchini es cesionario de la sociedad Paracchini, Toro & Co. en relación con el con-trato de arrendamiento celebrado con dicha sociedad por los consortes Vilá-Palermo en 8 de abril de 1903; 2a. Si fué la intención del arrendador reconocer a la sociedad arrendataria en la cláusula 5a. del mencionado contrato, un derecho de pre-ferencia para otro nuevo arrendamiento bajo la única base de que el canon mensual de arrendamiento no podría exceder de $150, debiendo fijarse las demás condiciones del nuevo con-trato cuando llegara el día de su celebración, o si, por el con-trario, fué su intención estipular' que el canon mensual del nuevo arrendamiento no excedería de $150 y que las.demás condiciones serían las mismas que regulaban el contrato de 8 de abril de 1903.

En cuanto a la primera cuestión la corte inferior llegó a la conclusión de que el demandante Paracchini es cesionario de -la sociedad Paracchini, Toro & Co. y esa conclusión nos parece ajustada a los hechos del caso y al derecho sobre la ma-teria.

De las pruebas practicadas en el juicio resulta: (a) Quq la sociedad mercantil en comandita Paracchini, Toro & Co. se constituyó en Ponce por escritura pública de 27 de febrero de 1899, siendo sus socios Francisco Paracchini y Marcantetti, José María Toro y Leopoldo Beverter y Tarrats, y su término había de ser por cinco años a contar desde el 19 de diciembre de 1898 hasta igual día y mes de 1903. (b) Que la referida sociedad Paracchini, Toro & Co. antes de llegar su término de vencimiento fué disuelta por escritura pública de 17 de agosto de 1903 y en esa misma fecha y por la misma escritura Francisco Paracchini y Leopoldo Beverter constituyeron una nueva sociedad mercantil en comandita bajo la razón de F. Paracchini & Co. por término de cinco años a contar desde 10 de agosto de 1903 para vencer en igual día y mes de 1908, siendo único socio gestor de la misma Paracchini, .y coman-ditario Reverter, cuya nueva sociedad de F. Paracchini & Co. se hizo cargo de la liquidación de la anterior sociedad Parac-ehini, Toro & Co. y del activo y pasivo de ésta, comprando, además, la participación que Toro tenía en la sociedad Pa~ racchini, Toro & Co. (c) Que por otra escritura de 18 de noviembre de 1908 Francisco Paracchini y Leopoldo Reverter declararon disuelta la sociedad F. Paracchini & Co., hacién-dose cargo Paracchini de la liquidación de la sociedad disuelta como también de su activo y pasivo, continuando las opera-ciones de la casa mercantil como comerciante particular y adquiriendo por compra a Reverter la participación que a éste correspondía en la sociedad disuelta, (el) Que según muestran los recibos de cánones de arrendamiento de 1901 a 1913, siendo los dos últimos de 31 de diciembre de 1912 y 28 de Febrero de 1913, expedidos primero por José Yilá, más tarde por su viuda y últimamente por sus herederos, tales recibos fueron librados unos a favor de Paracchini, Toro & Co., otros a favor de F. Paracchini & Co., y otros, los de los años 1909,1910,1911, 1912 y 1913, a favor de Francisco Para-cchini. (e) Que por escritura de 14 de marzo, 1913, los de-mandados después de expresar que “son dueños de la finca urbana * * * conocida por la “Puerta del Sol,” cuya fin-ca adquirieron por herencia de su legítimo padre don José Yi-lá y Soler y la “tenía en arrendamiento don Francisco Para-cchini, teniendo en ella establecido su comercio de ferretería y quincalla, cuyo contrato y su prórroga concedida oportuna-mente vencía el 17 de marzo del mismo año 1913,” notificaron a Paracchini que habiendo recibido ofertas de otras personas para el arrendamiento de esa finca por canon de $175 mensua-les, si quería continuar en el arrendamiento lo sería con arre-glo a las condiciones siguientes: (a) Término de un año; (b) Canon mensual de $150; (c) Pago por el arrendatario de todas las reparaciones que exigiera el interior del edificio y las exteriores que convinieran al arrendatario; (d) Obras que exigiera la Sanidad por cuenta del arrendatario; (e) Mejoras que introdujera el arrendatario a beneficio de los dueños; (f) Cese del arrendamiento en caso de venta de la finca concediéndose al arrendatario dos meses para desocu-parla; (g) Prohibición de sub-arrendar la finca sin el con-sentimiento escrito de todos los dueños; (h) Opción a nuevo contrato de arrendamiento al vencimiento del año por canon de $175 los tres primeros años y $185 los siguientes. En la misma escritura fue requerido Paracchini para que en caso de no aceptar las condiciones expresadas desalojara la finca en el término , de dos meses, bien entendido que de no hacerlo pagaría el canon de $175 por cada mes que lo ocupara. Al requerimiento contestó Paracchini que no aceptaba las condi-ciones propuestas y que había requerido a los requirentes para cumplir la cláusula 5a. del contrato.de 8 de abril, 1903, bajo las mismas condiciones del mismo y por el término de cinco años, y qué estaba dispuesto a pagar los $150 mensuales que estipulaba el contrato con las demás condiciones 'del mismo y término de cinco años.

Ante el resultado de las pruebas, que dejamos expuesto, forzoso se hace admitir sin el más ligero asomo de duda que aunque el contrato de arrendamiento se celebró por José Vi-lar y Soler con Parachini, Toro & Co., al disolverse esa so-ciedad continuó rigiendo el contrato con P. Paracchini & Co. y por disolución de la nueva sociedad siguió con Francisco Pa-racchini sin que José Vila y Soler y después su sucesión hi-cieran reparo alguno a ese estado de hecho, pues aceptaron de F. Paracchini & Co. y de Francisco Paracchini, demandan-te, los pagos de cánones de arrendamiento, y aun más, los de-mandados por modo expreso, en el acta de notificación y requerimiento de 14 de marzo de 1913, reconocieron a Francisco Paracchini como arrendatario del edificio “Puerta del Sol” cuyo concepto de arrendatario solamente podía deri-varse del de cesionario del contrato de arrendamiento de 8 de abril, 1903.

La resolución ele la primera cuestión propuesta tiene que ser favorable a la parte demandante y apelante. Lo mismo sucede con la segunda cuestión, como pasamos a demostrarlo.

Los términos de la cláusula 5a. del contrato de arrenda-miento de 8 de abril, 1903, no dejan duda alguna sobre la intención de los contratantes. José Yilá y Soler, arrendador, reconoció a la sociedad arrendataria Paraccbini, Toro & Co. derecho de preferencia para el nuevo arrendamiento de la finca “Puerta del Sol” por un canon que no podría exceder de $150,- después de vencidos los cinco años de la prórroga del contráto sin haber vendido Yilá o sus herederos la expre-sada finca. Ese derecho de preferencia para un nuevo arren-damiento por un canon que no excediera de $150 fué absoluto; no se sometió a otra condición que la de que el precio del nuevo arrendamiento no podría exceder de $150, o lo que es lo mismo, la sociedad arrendataria disfrutaría de la pre-ferencia para el nuevo arrendamiento siempre que estuviera dispuesta a pagar como canon mensual una cantidad que no bajara de $150.

Las demás condiciones del arrendamiento no habían de ser las que estipularan las partes para el nuevo contrato, sino las ya estipuladas en el contrato de arrendamiento de 8 de abril de 1903, en que fué reconocido el derecho de pre-ferencia para el nuevo arrendamiento a Paracchini, Toro & Co. Si el arrendador hubiera podido fijar para el nuevo contrato de arrendamiento condiciones distintas de las que regulaban el contrato de 8 de abril de 1903 y su prórroga, el derecho de preferencia reconocido a Paracchini, Toro & Co. no hubiera sido absoluto sino condicional, dependiente de las nuevas condiciones que fijara Vilá y aceptara la socie-dad Paracchini, Toro & Co. Hubiera quedado sujeto a la voluntad de Yilá quien para hacer ilusoria la preferencia reconocida a Paracchini, Toro & Co., hubiera podido negarse a establecer esas nuevas condiciones, o establecerlas imposi-bles o tan onerosas que la sociedad arrendataria segura-mente no las aceptara. La validez y el cumplimiento del con-venio consignado en la clánsnla 5a. del contrato de arrenda-miento Rubiera quedado al arbitrio de uno sólo de los contra-tantes, o sea José Yilá, contra el precepto del artículo 1223 del Código Civil, según el cual la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. No se expresó en la repetida cláusula 5a. que con excepción de la del precio las demás condiciones Rabian de fijarse después para que la sociedad arrendataria disfru-tara del derecRo de preferencia al nuevo arrendamiento, y no habiéndose hecho así, es lógico deducir fué la intención de los contratantes que habían de regir las mismas condi-ciones ya estipuladas en el contrato.

La intención de José Yilá de reconocer derecho de pre-ferencia absoluto e incondicional para el nuevo contrato de arrendamiento a Paracchini, Toro & Co. por un canon men-sual que no excedería de $150, fué manifiesta según el texto de la cláusula 5a. del contrato de arrendamiento de 8 de abril de 1903, y al sentido literal de esa cláusula debemos atener-nos según el artículo 1248 del Código Civil, pero si esa cláu-sula admitiera diversos sentidos acerca de si las demás con-diciones' que regirían el nuevo arrendamiento habían de sel-las mismas del anterior contrato o las que a bien tuviera fijar José Yilá, debería entenderse en el sentido más adecuado para que produjera efecto con arreglo al artículo 1251 del código citado, o sea, en el sentido de que habían de regular el nuevo contrato fuera del canon mensual de arrendamiento, las demás convenidas en la escritura de 8 de abril de 1903, pues en otro caso, según hemos dicho antes, hubiera quedado al arbitrio de Yilá la validez y el cumplimiento de la prefe-rencia reconocida a Paracchini, Toro & Co.

A esa deducción nos lleva además la aplicación del artículo 1249 del Código Civil preceptivo de que para juzgar de la intención de los contratantes deberá atenderse principalmente a los actos de éstos coetáneos y posteriores al contrato, y también a los anteriores, según jurisprudencia del Tribunal Supremo de España y de esta misma Corte Suprema.

Según escritura pública de 16 de marzo de 1889 J osé Vilá y Soler dió en arrendamiento a la mercantil Tarrats, Rever-ter & Co. representada por su gestor Don Leopoldo Rever-ter y Tarrats, la finca urbana de que se trata, bajo las siguien-tes condiciones: (a) Que el término del arrendamiento sería de seis años a vencer el 16,de marzo de 1895,- por canon de 150 pesos mejicanos; (&) dicho término podría prorrogarse por ocho años más a vencer el 17 de marzo de 1903, pagán-dose durante la prórroga 165 pesos mensuales; (c) vencidos esos catorce años tendrían derecho Tarrats, Reverter & Co. a que se les concediera preferencia para el arrendamiento de la finca por canon igual al que ofreciera cualquier otro inquilino; (el) la sociedad arrendataria durante los catorce años podría sub-arrenclar el todo o parte de la finca; (e) las reparaciones de la casa serían de cargo y cuenta exclu-siva de Vilá, el cual las haría practicar tan pronto como fueran necesarias y en el caso de que las hiciera la sociedad arrendataria sería deducido su importe de los alquileres de la casa; (/) Vilá pagaría las contribuciones que por tocios conceptos se impusieran a la finca'incluso los derechos muni-cipales por agua del acueducto; (g) las mejoras que se hicie-ran en el interior de la finca de acuerdo con el propietario quedarían a beneficio de la casa y su importe no podría ser exigido a Vilá; (h) Vilá no podría vender la casa en todo ni en parte con perjuicio de la sociedad arrendataria pues el arrendamiento habría de ser respectado por cualquiera que adquiriera el dominio de la finca.

Como se ve, el anterior contrato contenía también a favor de la sociedad arrendataria Tarrats, Reverter & Co., dere-cho de preferencia para el arrendamiento de la finca por canon igual al que ofreciera cualquier otro inquilino. Al celebrarse el contrato de arrendamiento de la misma casa en 8 de abril de 1903 por José Vilá y Soler con Paracchini, Toro & Co. por término de 5 años a contar desde el día 17 de marzo de 1903 precisamente en la misma fecha en que con su prórroga vencía el anterior contrato de 16 de marzo de 1889, se hicie-ron constar las mismas condiciones qne regían el contrato celebrado con Tarrats, Reverter & Co., sin más variante qne la relativa, al canon y término del arrendamiento, y para la variante del canon de arrendamiento autorizaba el mismo contrato de 16 de marzo de 1889, pues como liemos dicho, concedía preferencia a la sociedad arrendataria para el arren-damiento de la finca por canon igual al que ofreciera cual-quier otro inquilino, sin precisar cual fuera ese canon, a dife-rencia de lo estipulado en la escritura de 8.de abril de 1903 en que se reconoce el derecho de preferencia a Paracchini, Toro & Co. mediante un canon que no había de exceder de $150.

Si José Yilá entendió que al otorgar en 8 de abril de 1903 la escritura de arrendamiento de su casa a favor de Para-cchini, Toro & Co., sucesora de Tarrats, Reverter & Co., debían continuar las mismas condiciones del arrendamiento anterior o sea del de 46 de marzo de 1889, ese acto anterior revela la intención por parte de Yilá de que en el nuevo con-trato de arrendamiento cuyo otorgamiento se solicita en la demanda, rigieran las mismas condiciones del contrato de 8 de abril de 1903.

Además, en el mismo acto del otorgamiento de la escri-tura de 8 de abril de 1903 según declara el demandante, le manifestó Yilá al reconocerle una opción para continuar con el arrendamiento de la finca, por un canon no mayor de 150 dollars mensuales al expirar la prórroga, que no había para qué especificar las demás condiciones del nuevo contrato desde el momento en que éste arrancaba del viejo y por consiguiente habían de regir las mismas condiciones, habiendo manifes-tado Yilá en cuanto al término del nuevo contrato que sería todo el que necesitara el testigo, pues fué convenido que el canon de arrendamiento sería lo único que cariaría.

Pero aun hay un acto de la sucesión de José Yilá y Soler que puede llevarnos a una sana interpretación de cuáles ha-bían de ser las condiciones del nuevo contrato.

Refiere Paracchini en sn declaración que en gestiones con los demandados para la celebración del nuevo contrato de arrendamiento, recibió nna carta de éstos, la qne fia venido al jnicio y dice así:

“Sr. D. Francisco Paracchini, ciudad. Muy estimado tír. nuestro de nuestra mayor consideración. La presente tiene por objeto mani-festarle que como consecuencia de su indicación sobre las nuestras condiciones para arrendamiento de la ‘Puerta del Sol,’ después de vencido el contrato que finalizaría en 16 de marzo de 1913, le sugerimos nuestra decisión ya manifestada a Ud. verbalmente por el miembro don Francisco Vila Palermo en 30 de diciembre de 1912, y es: para Ud. ciento setenta y cinco dollars a/cy mensuales, esto es: el mismo canon que devengó moneda corriente durante el contrato de arren-damiento que, empezando el 17 de marzo de 1895, terminó en 17 de marzo de 1903. Es decir lo que se fijó como canon mensual hace diez y ocho años. Ponce, P. R., enero primero de 1913. Firmado: María Vilá de Prieto, Antonia Vilá de Pagés. S. Vilá. F. Vilá.”

Los términos en que está redactada' esa carta claramente demuestran que para la confección del nuevo contrato de arrendamiento sólo preocupaba a la sucesión demandada el canon que quería cobrar, o sean $175 mensuales sin que le importaran las demás condiciones del arrendamiento. Esas debían ser las mismas que venían rigiendo pues de no ser así, la sucesión demandada hubiera expresado otras nuevas. Si Paracchini hubiera estado conforme en pagar el canon de $175 mensuales, el nuevo contrato de arrendamiento hu-biera quedado perfeccionado bajo esa base y sin otras con-diciones que las que regulaban el anterior.

El acto de la sucesión demandada al escribir la carta transcrita puede llevarnos a la interpretación sana de la cláusula 5a. del contrato de arrendamiento de 8 de abril de 1903, o sea, la de que también en esa fecha sólo interesaba al arrendador José Vilá arrendar su casa por un canon men-sual de $150 sin variar las demás condiciones que venían regu-lando el contrato.

La letra de la cláusula 5a. del contrato de arrendamiento de 8 de abril de 1903, el espíritu que la informa, y los actos anteriores, coetáneos y posteriores al contrato de arrenda-miento de 8 de abril de 1903 nos llevan a la conclusión de qne las condiciones para la'preferencia en el nuevo contrato de arrendamiento de la finca Puerta del Sol, con excepción del canon de $150 mensuales, no habían de ser las que esti-pularan las partes para el nuevo contrato, sino las ya esti-puladas en el contrato de arrendamiento de 8 de abril de 1903.

Por supuesto que el término de cinco años del nuevo con-trató, que se entiende computable desde 17 de marzo de 1913, no fia de ser prorrogable por cinco años más, ni tampoco habrá preferencia para otro arrendamiento después de ven-cido aquel término.

Por las razones expuestas debe revocarse la sentencia ape-lada y dictarse otra declarando con lugar la demanda y con-denando en su consecuencia a los demandados a otorgar a favor del demandante escritura de arrendamiento del inmue-ble urbano denominado “Puerta del Sol” radicado en la ciu-dad de Ponce bajo la- descripción que del mismo se hace en la demanda, por un canon mensual de $150 y por el término y demás condiciones indicadas en la escritura de arrenda-miento del mismo inmueble que en 8 de abril de 1903 otor-garon José Yilá y Soler y María de la Paz Palermo a favor de la mercantil Paracchini, Toro & Compañía por ante el Notario Luis L.. Yordán Dávila, a contar el término del arren-damiento desde 17 de marzo de 1913, sin especial condena-ción de costas.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra declarando con lugar la demanda, sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldbey, juez asociado se. wole.

text:
    Berdiel, Demandante y Apelado, v. El Municipio de Adjuntas., Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en cansa sobre devolución de cantidad. ■
    No. 1290.
    Resuelto en julio 30, 1915.
    Subastas Municipales — Depósito para Optar a una Subasta en el Año 3897— Depósito Necesario y Voluntario. — Un depósito hecho en 1897 para optar al remate de obras de un municipio no tiene el concepto de voluntario sino de necesario, de acuerdo con el artículo 3781, No. 1, del Código Civil vigente en aquella lecha, toda vez que es hecho en cumplimiento do una obligación legal como es la impuesta por Real Decreto de 4 de enero de 1883 sobre subastas municipales, vigente entonces por disposición del artículo 89 de la Ley Municipal, por la cual se gobernaban los municipios.
    Id. — Depósitos Necesario y Voluntario — Devolución del Depósito Necesa-rio. — Para tener derecho una parte a la devolución de un depósito necesario hecho en 3897 no basta la sola alegación de que el depósito fué hecho, como ocurre con 'el depósito voluntario, sino que hay que consignar los hechos que de acuerdo con el Real Decreto de 4 de enero de 1883 produzcan la obliga-ción en el municipio demandado de entregar el depósito.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco Parra Capó.

    Abogado del apelado: Sr. Eduardo Flores Colón.

   El Juez Asociado Sr. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Bamón Berdiel Salvador presentó demanda, que luego enmendó, en la Corte de Distrito de Ponce alegando que en agosto 16 de 1897 y con el fin de que Don Francisco Arabía optara al remate de las obras del acueducto del municipio de Adjuntas, consignó el demandante en la depositaría municipal de dicho municipio, la suma de $1,003.88, equivalentes al 10 por ciento de las obras que se iban a rematar, otorgán-dose por el depositario municipal, la siguiente carta de pago:

“Depositaría Municipal de Adjuntas. Ejercicio de 1897 a 1898. Don Fernando González, Depositario de los Fondos Municipales de Adjuntas.
‘ ‘ He recibido de Don Ramón Berdiel vecino de esta villa la suma de un mil tres pesos 88 centavos, moneda corriente, cantidad equi-valente al diez por ciento d§ las obras que se. intentan rematar para el acueducto de esta villa y cuya suma la deposita con el fin de- que, por Don Francisco Arabía Fradera se presente pliego optando al remate y cuya cantidad se devolverá al interesado sirviendo esta carta de pago como definitiva si se aprueba el remate a favor de diclio señor, por ser igual cantidad el depósito anterior que el definitivo. De esta carta de pago se ha de tomar razón por contaduría a los efectos consiguientes. Adjuntas 16 de agosto- de 1897. Fernando González Castillo. Tomé Razón boy 5 de diciembre de 1897. El contador Juan Garrigó.”

Tambié alegó que dicho depósito, no tuvo valor ni eficacia porque el demandado rehusó llevar a cabo las obras rema-tadas y que posteriormente reclamó el demandante la suma consignada, a lo que no accedió el demandado y que aunque en repetidas y diversas ocasiones ha gestionado el cobró de esa cantidad con intereses, la corporación demandada siem-pre ha tratado de evadir el pago;' y después de alegar tam-bién que los $1,003.88 equivalen a 602.32 dólares que aña-diéndole los intereses desde 1898 hasta junio de 1914 asciende la cantidad que reclama a $3,405, concluyó pidiendo que se dictara sentencia condenando al demandado' a pagar esa can-tidad, con las costas, gastos, honorarios ele abogado y desem-bolsos.

No habiendo el demandado excepcionado o contestado la demanda enmendada a pesar de haber sido notificada a sus abogados se anotó su rebeldía, y el secretario registró sen-tencia en 12 de enero de 1915 condenando al municipio de Adjuntas a pagar a Ramón Berdiel Salvador la’ cantidad de $3,405 con las costas, de cuya sentencia apeló la parte demandada para ante nosotros.

El depósito que se reclama en este pleito no tiene el con-cepto de voluntario sino el de necesario de acuerdo con el artículo 1781, No. Io. del Código Civil vigente en 1897 toda vez que fué hecho en cumplimiento de una obligación legal co-mo es la impuesta por el Real Decreto de 4.de enero de 1883 sobre subastas municipales, vigente entonces por disposición del artículo 89 de la Ley Municipal por la cual se gobernaban los municipios. En consecuencia para tener derecho a la devolución del depósito necesario no basta la sola alegación de que el depósito fné hecho, como ocurre con el depósito voluntario, sino que hay que consignar los hechos que de acuerdo con dicho Eeal Decreto produzcan la obligación en el municipio demandado de entregar el depósito.

El citado Eeal Decreto exigía un-depósito provisional para poder tomar parte en las subastas municipales que no se devolvía a los interesados hasta después que el remate era adjudicado definitivamente a uno de ellos, quedando retenido el del licitador a quien se adjudicaba el remate para responder con él del cumplimiento de su obligación de prestar fianza definitiva para responder del cumplimiento de su contrato y de otorgar la escritura correspondiente de obligación; y cuando la cantidad se depositaba como fianza definitiva enton-ces respondía no solo del cumplimiento del contrato sino tam-bién de las multas e indemnizaciones que de acuerdo con el mismo se le podían imponer.

El depósito en este caso lo fué no sólo para poder con-currir a la subasta sino también como definitivo para el caso de que se adjudicaran las obras al Sr. Arabía por énya razón no surge de las alegaciones de la demanda el derecho a la devolución que se solicita, pues si el remate se adjudicó defi-nitivamente a otra persona ha debido alegarse esto como he-cho, del cual nace el derecho de devolución y si se adjudicaron al Sr. Arabía, como el depósito que hizo el demandante había de responder también del cumplimiento de sus obligaciones como rematista ha debido alegarse que cumplió todas las que se impuso y que el depositó' estaba vigente en el momento en que la demandada rehusó llevar'a cabo las obras-ya quo pu-do estar extinguida o disminuida por multas e indemnizacio-nes antes de que la demandada desistiera de llevar a efecto las obras así como que el municipio tomó ese acuerdo por su mera conveniencia y no por faltas del rematante pues en este caso no tendría derecho a recobrar el depósito que garantizaba el cumplimiento de sus obligaciones como rematista.

Por las razones expuestas la demanda nó contiene alega-ción de donde surja la obligación del demandado de pagar la cantidad que se le reclama y por lo que fué condenado y debe ser revocada con permiso para enmendar la demanda.

Revocada la sentencia apelada, concediéndose permiso al demandante para enmendar su demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

opinión disidente del

juez asociado se. wole.

Me veo obligado a disentir en este caso. La carta de pago expresa que la suma1 depositada debía devolverse al depositante y que dicha carta de pago serviría como defini-tiva si se aprobaba el remate a favor de Francisco Arabía Fradera. Ahora bien, como la ley no- favorece las confisca-ciones, el demandante tenía derecho a que se le devolviera la suma depositada por él a menos que algo ocurriera que impidiera su devolución, por ejemplo, la aprobación del re-mate. Si se aprobó el remate no podría devolverse la can-tidad del depósito, pero de no ser así el demandante tenía derecho a estar en posesión de su propio dinero o su equi-valente. El demandado era quien estaba en la obligación de probar que se había hecho el remate. De igual manera si hubiera habido multas o dejado de cumplir con la ley al demandado incumbía acreditarlo. Era una cuestión de de-fensa’ y como no' se hizo ninguna el’ demandante tenía derecho a.una sentencia a su favoi.


author: El Juez Asociado Sb. Aldbey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de .Humacao en causa por delito contra el derecho electoral (infrac-ción al artículo 162 del Código Penal).
    No. 890.
    Resuelto eu julio 30, 1915.
    Delito, Contra el Derecho Electoral — Sistema de Elecciones — Registro de Electores. — El sistema de elecciones en Puerto Rico establecido primero por las leyes de 1902 y 1904 y luego por la vigente en la actualidad, de 1906, ésta con las enmiendas y modificaciones hechas por leyes de 1908 y 1912, descansa en la existencia de un registro de electores en que aparezcan ins-critas las personas que tienen derecho a votar el día de las elecciones.
    Id. — Inscripción de Electores — Derecho a Votar. — Siendo la inscripción una condición sine qua non para ejercitar el derecho a votar, ya que las personas que no están inscritas no pueden votar, debiendo figurar en el registro de votantes las personas que tienen derecho a votar, no tiene derecho a inscri-birse quien no tiene derecho a votar.
    Id.- — Requisitos para ser Elector. — Quien se inscribe o deja inscribir a sabiendas de que no reúne las condiciones exigidas por la ley para poder votar, comete el delito castigado en el artículo 162 del Código Penal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Arturo Aponte, Jr.

    Abogado dél apelado: Sr. Salvador Mesire, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

José Rodríguez fué condenado por la Corte de Distrito de Iíumacao a pagar un multa de '$50 y en defecto de pago a sufrir un mes de cárcel y al pago de las costas por'infrin-gir el artículo 162 del Código Penal, en virtud de una acusa-ción que le imputa que en uno de los días del mes de julio de 1914 voluntariamente se hizo inscribir en el registro de electores del municipio de Naguabo, precinto electoral de Naguabo, a sabiendas de que no tenía derecho a tal inscrip-ción por no tener en dicho municipio un año de residencia con antelación al 3 de noviembre de 1914, fecha de la elección; y en la apelación que interpuso contra la sentencia sostiene ante nosotros que debe ser revocada porque la acusación no le imputa delito alguno, basándose para ello en que no existe en Puerto Pico ni en Naguabo ningún registro de electores y en que no bay ley alguna que exija condiciones para ins-cribirse a. los ciudadanos de Puerto Eico o de los Estados Unidos sino para votar.

El sistema de elecciones establecido por nuestras leyes electorales descansa en la existencia de un registro de elec-tores en el que aparezcan inscritas las personas que tienen derecho a votar el día de las elecciones. Ese registro de electores lo ordenó la ley de 1902 y la del 1904 así como la vigente en la actualidad, que es la de 1906 con las enmien-das y modificaciones que le hicieron las leyes de 1908 y 1912. Según la sección 4a de esa ley todo varón, ciudadano de Puerta Eico o de los Estados Unidos cuyo nombre constare en las listas de inscripciones tendrá derecho' a votar en el distrito municipal donde residiere, lo que demuestra que existe en Puerto Eico un registro donde están inscritas las personas que tienen derecho a votar, por lo que no es sostenible el razo-namiento del apelante respecto a este particular.

El artículo 162 del Código Penal castiga como delito menos grave el hecho de que una persona voluntariamente se hiciere o dejare inscribir en el registro de electores de cualquier mu-nicipio de Puerto Eico sabiendo que no tiene derecho a tal inscripción, pero sostiene el apelante que no hay ley alguna en esta isla que exija determinadas condiciones para que puedan inscribirse los ciudadanos de Puerto Eico o de los Estados Unidos, las que sólo existen para tener derecho a votar.

Entendemos que la inscripción es una condición sine qua non para ejercitar el derecho a votar ya que las personas que no están inscritas no pueden votar, y debiendo figurar en el Eegistro de votantes las personas que tienen derecho a votar, es claro que no tiene derecho a inscribirse quien no tenga derecho a votar. En consecuencia, para poder inscribirse -como elector es necesario reunir las condiciones exigidas por la ley para poder votar y quien se inscribe o deja ins-cribir a sabiendas de que no las reúne, comete el delito casti-gado en el artículo 162 del Código Penal.

Por tanto, alegando la acusación que el apelante volun-tariamente se dejó inscribir como elector en el precinto de Naguabo sabiendo que no tenía derecho a ello porque no tenía un año de residencia en el precinto, expone hechos cons-titutivos de infracción al artículo 162 citado, ya que de acuerdo con la sección 15' de la Ley Electoral no tenía derecho a votar en aquel precinto en la elección de 3 de noviembre de 1914, y la.sentencia apelada debe confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison. •


author: El Juez Asociado Sr. Wole, JUEZ ASOCIADO SR. DEL TORO. JUEZ ASOCIADO SR. HUTCHISON.

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Julián, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gfuayama en causa por portar armas prohibidas.
    No. 839.
    Resuelto en julio 30, 1915.
    Pruebas — Objeto Presentado Gomo Prueba — Remisión a la Corte de Apela-ción. — Cuando un objeto presentado como prueba en la corte inferior no se remite en forma a la corte de apelación, no existe derecho o autoridad alguna para tomarlo en consideración al resolver el caso. . '
    Exposición del Caso — Pliego de Excepciones — Hechos del Juicio — Quién Debe Certificarlos. — El secretario de la corte inferior no está autorizado para agregar nada a los hechos del juicio, pues es el juez quien debe certificar respecto a los mismos, certificación que toma la forma de una exposición del caso o pliego de excepciones.
    Pruebas — Objeto Presentado Como Prueba — Eorma de Remitirlo Original a la Corte Suprema. — Si un apelante en lugar de escribir un objeto en el pliego de excepciones o exposición del caso desea que se envíe original a la Corte Suprema, la manera de hacerlo está descrita en la regla 40B de la corte.
    Los hechos están expresados en. la opinión.
    El apelante no compareció.
    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Lucas Julián fué denunciado por liaber portado un arma prohibida. Se alega sustancialmente en la denuncia que en octubre 29 de 1914, a las 9.45 p. m., en la calle de Baldorioty de G-uayama, Puerto Eico, el referido acusado ilegal, volun-taria y maliciosamente y con fines de ofensa y defensa, por-taba y le fué ocupado sobre su persona, un garrote de 33y2 x 4 pulgadas. Creemos que es evidente que las cuatro pulgadas a que se lia hecho referencia constituyen la circunferencia y no el diámetro del palo o garrote, pues un garrote de cuatro pulgadas de diámetro tendría próximamente una circunferen-cia de 13 pulgadas y no podría ser manejado.

Mientras se tramitaba esta apelación envió el secretario de la corte de distrito a este tribunal un bastón nudoso y algo grueso cuyas señas concuerdan con la descripción que del mismo se hace en la denuncia, teniendo todos los indicios de haber sido presentado como prueba en el juicio ante la Corte inferior, existiendo una muy grande probabilidad de que era el mismo que usó el acusado para fines de ofensa y de defensa como se refiere en la denuncia. En verdad que en el acto de la vista el Fiscal de este tribunal concedió o admitió que el bastón era el mismo que fué ofrecido como prueba en la corte inferior. Sin embargo, no se hizo que este bastón o palo formara parte de los autos ni fué certificado a este tribunal en ninguna de las formas conocidas por la ley y no tenemos por tanto derecho o autoridad alguna para tomarlo en consideración al resolver este caso. Una corte de apela-ción sólo tiene facultades para considerar el récord. Orama v. Oyanguren, 19 D. P. R., 310, en que se cita, en la página 313, el caso de England v. Gebhardt, 112 U. S., 502, y otros casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos; Bassing v. Cady, 208 U. S., 388, 389; 2 R. C. L., 106; 2 Cyc., 1074, 1075. El Fiscal no puede aumentar ni quitar de los autos. El secretario de la corte inferior no está autorizado para agregar nada a la exposición del caso. Es el juez de la corte inferior quien debe certificar respecto a los hechos del juicio, certificación qne toma la forma de nna exposición del caso o pliego de excepciones. Calaf v. Calaf, 16 D. P. R., 835; Orama v. Oyanguren, 19 D. P. R., 310, supra, y casos citados. Si el apelante, en lugar de describir nn objeto en el pliego de excepciones-o exposición del caso, deseaba enviar el objeto original, la manera de hacerlo está descrita en la regla 40-6 de esta corte. Por tanto, considerando los aritos en la forma en qne aparecen, existe prueba suficiente qne demuestra qne el arma descrita en la denuncia fné ocupada al acusado.

Sentimos que una apelación no sea interpuesta debida-mente, Se ha sugerido a este tribunal que envíe el caso a la corte inferior y se permita que ésta prepare úna nueva exposición. Semejante práctica serviría más bien para esti-mular que para impedir las apelaciones que de modo negli-gente y descuidado son interpuestas para ante este tribunal. El acusado no ha hecho gestión alguna en interés propio que no sea el haber preparado la exposición del caso que se alega es defectuosa. No presentó alegato ni compareció a la vista en esta corte.

Tal vez el acusado preferiría pagar la multa de cinco, dólares en vez de seguir molestándose con este asunto. Una corte de apelación tendría tanto derecho a oir prueba que se alega ha sido omitida como a tomar en consideración un objeto que fue omitido. El Fiscal no puede sugerir que se considere por este tribunal una prueba que ha teiclo omitida. Debe confirmarse la sentencia.

*• Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. del Toro y Hutchison disin-tieron.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. DEL TORO.

La mayoría de los jueces de esta corte ha opinado que debe confirmarse la sentencia de la Corte de Distrito de Gua-yama. A mi juicio la justicia requiere que antes de proce-derse a la confirmación o revocación de la expresada senten-cia, se adopte la medida a que me referiré más adelante.

De los autos aparece que la denuncia lleva el número 2399, e imputa a Lucas Julián la comisión ele un delito de portar armas prohibidas, consistente en habérsele ocupado “sobre su persona un garrote de 33% x4 pulgadas”; que el Fiscal presentó en el acto de la vista el garrote ocupado, que fué reconocido por los testigos como un garrote, palo o bastón de naranjo blanco; que la única defensa del acusado con-sistió en la alegación de que el garrote, palo o bastón ocu-pado no constituía un arma prohibida; que después de ha-berse radicado la transcripción del récord en esta Corte Su-prema, se recibió en la secretaría de la misma un palo de 33% pulgadas de largo por 4 de circunferencia en su parte más ancha, con la siguiente inscripción: ‘ ‘ Causa número 2399. Apeló Supremo. Lucas Julián. 248.”; que el secretario de la corte sentenciadora dirigió luego al Secretario de este Tribunal Supremo una comunicación oficial en la cual mani-festó “que el bastón o garrote que le remití el 22 del actual, por correo, es el que se alega le fué ocupado a Lucas Julián y que determinó la incoacción contra el mismo de autos por delito de portar armas prohibidas”; y que el arma ocupada no se remitió a está Corte Suprema según el procedimiento marcado por la sección 40 del reglamento de este tribunal y por la jurisprudencia constante sobre la materia.

Como puede verse, el examen del arma ocupada es de importancia capital en este caso para resolver si el acusado es culpable o no del delito por el cual fué castigado, y como el examen del palo remitido a este Tribunal Supremo en la forma indicada me lleva a la conclusión de que no es un arma prohibida, entiendo que la justicia requiere que se ordene la devolución de dicho palo a la corte sentenciadora, con conocimiento de ambas partes, a fin de que sea examinado por el juez que actuó en el juicio y por su orden remitido a esta corte de apelación, acompañado de su certificado credi-tivo de si es o no el mismo que se presentó como prueba en el acto de la vista.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. HUTCHISON.

Puesto que no discuto los principios generales enunciados en la opinión de la mayoría y todavía estoy más de acuerdo con el espirito que informa la opinión disidente del Juez Asociado Sr. del Toro y la opinión concurrente en el caso de Orama v. Oyanguren, y, no obstante, en vista de todos las circunstancias me sentí obligado a votar en primer término en contra de la proposición contenida en dicha opinión disi-dente al ser llamada primeramente la atención del tribunal respecto a la misma, y en segundo lugar, a disentir de la con-clusión a que llegó la corte en este caso y de la resolución final del mismo, la exposición breve de las razones que pue-dan justificar o nó mi actitud se debe tanto a' la corte como a mí mismo.

Estoy enteramente de acuerdo con la doctrina sentada en la opinión de la mayoría relativa a que una corte de ape-lación sólo tiene facultad para considerar el récord; que el Fiscal no puede aumentar ni quitar de los autos; que el secre-tario de la corte inferior no está autorizado para agregar nada a la exposición del caso, y que es el juez de la corte inferior quien debe certificar respecto a los hechos del juicio mediante una exposición del caso o pliego de excepciones. Sin embargo, la aplicación que en realidad «se ha hecho de estas cuestiones abstractas a los hechos de este caso es otra cuestión muy diferente.

Las reglas 40a y 40& ele este tribunal fueron adoptadas como enmiendas por resolución de junio 25 de 1910. El ar-tículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil quedó enmen-dado en sentido algo parecido en el año 1911, pero la en-mienda legislativa no se ajusta al texto de las 'reglas enmen-dadas. Existen ciertas diferencias más o menos importantes que pueden establecerse, pero ésta es una cuestión en la cual no es necesario insistir por ahora. Será bastante con sugerir que en lo que respecta a cualquier conflicto que pueda haber, la regla debe estar subordinada al estatuto, a menos que dicho estatuto sea ultra vires y nulo. Además, ni la regia de la corte ni el estatuto de referencia tiene ninguna aplica-ción a un caso criminal, a no ser que sea por analogía,'de con-formidad con los principios generales de buena práctica y por razón de la regia 94 qué prescribe que “éstas reglas regularán las apelaciones en causas civiles, así como las que se interpongan en causas criminales, en cuanto les sean apli-cables.”

Para los fines de esta opinión puede admitirse que la regia 405 establece la verdadera práctica que ha de ser observada así en casos civiles como criminales. De ahí no se infiere necesariamente que esta corte o cualquier otra esté tan “cir-cunscrita, encerrada o limitada” por sus propias regias, adop-tadas por la misma como es de presumirse para promover más bien que para anular los fines de la justicia que es igual para todos, que deba cerrar los ojos a la luz de la verdad demostrada por dxechos incontrovertibles e indiscutibles, y en abierta sumisión a la letra y haciendo enteramente caso omiso del espirito de dichas regias, declarar culpable de un delito a un hombre que, como cuestión de sentido común ordi-nario, sabe que según todas las probabilidades humanas es inocente de todo delito, cualquiera que fuere el conocimiento que pueda o no tener judicialmente dicha corte desde un punto de vista técnico* legal. Eso es, con toda deferencia y respeto y sin hacer referencia alguna, desde luego, a los motivos cuya sinceridad absoluta y pureza están fuera de toda sospecha, según mi humilde opinión, lo que prácticamente ha hecho esta corte en este caso. Siendo ésta mi firme convicción, todo esfuei'zo por ocultar la verdadera razón de mi disensión o por desvirtuar el alcance e importancia y carácter perjudi-cial del precedente establecido, tal como lo considero, envol-vería cierto grado de cobardía moral si no una flagrante vio-lación del juramento que he prestado de mi cargo como tam-bién de mi deber como juez.

El objeto y fin de la disposición contenida en la regia 40b, relativa a que en la relación de hechos habrá de hacerse una descripción del .comprobante (exhibit) original que se pretenda enviar a esta corte, es lo que de modo expreso se determina en dicha regia como la verdadera identificación de dicho exhibit. Las regias 55 y 56 reconocen expresamente que en moción para corregir la transcripción el secretario, si hubiere causa suficiente, así como el juez si lo exigieren las circunstancias, deben certificar toda o parte de la trans-cripción, o puede ser ésta presentada debidamente certifi-cada sin previa orden de esta corte. También se establece una distinción entre los casos en los cuales se discute dicho error y aquellos en que no existe controversia en cuanto al particular.

Ninguno de los motivos que sirven de fundamento a la regla general según la cual deberá incluirse en los autos toda la prueba por medio de un pliego de excepciones, u otro docu-mento semejante para que pueda la corte de apelación con-siderar el mérito y suficiencia de la misma; ninguna de las razones' que ordinariamente harían que la corte sentencia-dora ejercitara la discreción a que se refiere la regla 40b, fuera del límite hasta el cual parece haber sido ejercitada dicha discreción en este caso se ha demostrado que existan en este caso. No hubo sino un solo comprobante (exhibit) ante la corte y uno solamente fué el que se ofreció o trató ele presentar como prueba. Toda la prueba aducida ha sido sometida a nuestra consideración con excepción únicamente, de acuerdo con el criterio de la mayoría, de ese solo com-probante (exhibit). La consideración de dicho exhibit por este tribunal no era posible que diera por resultado que los fines de la justicia quedaran frustrados en este caso concreto, ni tampoco podía haber en ello ninguna verdadera injusticia hacia el juez sentenciador.

Si ese comprobante (exhibit) hubiera sido descrito en la relación de hechos independientemente de las declaraciones •de los testigos y de la denuncia, como en realidad se describe en la referida denuncia y por dichos testigos, y si el juez sen-tenciador al solicitársele se hubiera negado a permitir que fuera enviado a esta corte, seguramente, que semejante abuso de discreción hubiera sido corregido prontamente por medio de la debida orden de este tribunal. T si el apelante, el juez y secretario, todos hubieran observado estrictamente cada uno de los particulares especificados en la regia 40&, enton-ces aun cuando el comprobante (exhibit) en cuestión indis-cutiblemente que hubiera sido identificado en forma más regular, difícilmente podría decirse que ha sido más enteramente identificado de lo que lo está en realidad.

La.única cuestión planteada y sometida por la defensa en la corte inferior, el único punto envuelto en la apelación, es si el palo ocupado al acusado, presentado como prueba en el juicio y marcado para su identificación “Causa No. 2399, apelada a la Corte Suprema, Lucas Julián, 248, el cual fué debidamente envuelto en impresos en blanco de listas oficiales para pagos de jurados (Fórmulas de auditoría No. 157, E. 3804, Lie. 6, 1912, 1000), y enviado por correo por el secretario de la corte de distrito al de este tribunal, acom-pañado de una comunicación escrita en un pliego de papel oficial.de la Corte de G-uayama en la que se asegura que es el mismo bastón que se alega fué ocupado al acusado y que determinó la incoacción de este proceso, es un bastón o garrote, cuyo bastón fué entregado por el secretario de esta corte el Fiscal de la misma a solicitud de éste y en presen-cia de este tribunal en el acto de la vista y sometido por el mismo Fiscal a nuestra consideración con laudable franqueza y me pareció claramente sin verdadera esperanza que la con-vicción podía subsistir.

La opinión, de la mayoría admite tácitamente que es un bastón y no un arma prohibida, o al menos en ella se evita cuidadosamente el clasificarlo como garrote y se reconoce expresamente fuera de toda duda razonable, que es el mismo comprobante (exhibit) por el cüal se declaró culpable al acusado; y, sin embargo, por la sola razón al parecer de que el apelante, su abogado o el juez sentenciador dejó de cum-plir estrictamente con las formalidades prescritas no por el Código de Enjuiciamiento Criminal, sino por nna regla de esta corte en dicba opinión se elimina enteramente la cues-tión esencial y sin consideración de los méritos se confirma la sentencia y decreto de la corte inferior.

El bastón en cuestión es.una pieza lisa y recta de naranjo blanco, algo ovala más bien que redonda, de cerca de una pul-gada por una pulgada y cuarto en un extremo, disminuyendo poco a poco basta próximamente una pulgada o quizás menos de una pulgada de diámetro en el otro extremo y “nudoso”' de tal modo que tiene un número de pequeñas protuberancias muy cepilladas y en forma de borbollones que sugieren su primitiva existencia y desaparición de renuevos, espinas o pequeñas ramas, teniendo tal vez el mayor de éstos “nudos” en su centro algo más de un octavo y menos de un cuarto de pulgada de diámetro. Si se arregla un poco más, pone un mango de metal y regatón y lo usa una persona de buen porte sin antecedentes en el juzgado,- que no esté ya bajo sospechas o vigilancia, ni siquiera en época de elecciones llamaría la atención de ningún policía de la isla. Podría ser usado con verdadero resultado como arma de ofensa o defensa en cualquier accidente imprevisto lo mismo que cual-quier otro bastón que' pudiera usarse de tal modo. Si esta corte hubiera resuelto que dicho palo era un garrote más bien que un bastón, es probable que hubiera disentido pero apenas me hubiera sentido dispuesto a formular una opi-nión disidente. Pero se dice en la opinión de la mayoría con bastante claridad, que por sencillo y flexible que hubiera sido, por imposible de ser clasificado como un “garrote” dicho comprobante (exhibit) no pudo haberse considerado en absoluto al resolver este caso.

Si tenemos presente que la misma regla debe aplicarse a los casos de felony como a los de misdemeanor entonces se notará más la importancia de la sentencia dictada en este caso. Si en este caso hubiera sido declarado culpable el acusado de asesinato en primer grado y condenado a muerte; si en la denuncia se hubiera alegado y probado de modo concluyente por la prueba que la muerte fué producida por un anna de fuego de calibre 44; si la culpabilidad o inocencia del acusado dependía única y exclusivamente de si el arma que le fué ocupada fué o nó en realidad el instrumento em-pleado al cometer el delito; si en vez de un bastón el único comprobante (exhibit) en el caso fuera un rifle calibre 22, el que se alegó que fué presentado como prueba como el arma ocupada al acusado, y el arma con la cual se alegó que fué cometido el delito aun en ese caso, de acuerdo con el criterio de la opinión de la mayoría, la sentencia y decreto de muerte inevitablemente que hubiera sido confirmada. Cualesquiera dudas que de otro modo pudieran existir respecto a la posi-bilidad de un resultado distinto en un caso de pena capital parecen desaparecer si se considera detenidamente el caso de El Pueblo v. Concepción, 21 D. P. R., 311, en el cual un estatuto cuyo objeto claro e inequívoco es ordenar que ninguna persona en esta isla sufrirá la pena de muerte hasta tanto esta -corte haya considerado la suficiencia de la prueba sometida al jurado fué anulado mediante interpretación por un pro-cedimiento semejante de razonamiento estrictamente técnico en una opinión en la cual se admite sustancialmente que las palabras mismas por las que puede llegarse a conocer la intención legislativa son “meramente superfluas,” “anóma-las” e inexplicables por ninguna otra teoría que la muy clara teoría que ha sido rechazada por la corte y al mismo tiempo se resuelve en dicho caso que este tribunal carece de juris-dicción para considerar en absoluto la relación de la prueba certificada por el juez de distrito de conformidad con dicha disposición legislativa.

En el presente caso solamente declararon tres testigos: dos por parte de la acusación y el acusado en su propia defensa. No existe conflicto alguno en la prueba fuera de la variación en las frases usadas por los testigos al hacer referencia al exhibit. La exposición del caso se compone de dos páginas. Está aprobada en la forma ordinaria por el juez de distrito que certifica, entre otras cosas, “que es lina correcta relación de los beatos ocurridos en el juicio de la cansa indicada y que dicha exposición del caso contiene toda la evidencia ofrecida y admitida en dicho juicio.” En ella se dice expresamente que “el fiscal'presentó como prueba el bastón y la defensa aceptó que ese palo lo llevaba el acu-sado y le fuá ocupado por el policía Cruz en la fecha expre-sada en la denuncia.” ' T otra vez al terminar la prueba del acusado que “la defensa somete el caso a la corte pidiendo que tome en cuenta las dimensiones del bastón para que la corte determine si es o no arma prohibida de acuerdo con la ley. El policía declara que “el garrote era de naranjo blanco” y todos y cada uno de los testigos identifican el palo.

El artículo 362 del Código de Enjuiciamiento Criminal prescribe que “después de celebrada la vista de la.apelación la Corte Suprema debe dictar sentencia sin parar mientes en los errores o defectos técnicos o de forma, o en excepciones que no afecten a los derechos sustanciales de las partes.”

“El artículo 1 de una Ley relativa a la revocación de sentencias en causas criminales por la Corte Suprema, etc., aprobada en mayo 30, 1904, Leyes de 1905, página 16, dispone lo siguiente:

“Siempre que resultare de1 los autos eu alguna causa criminal apelada a la Corte Suprema que cualquier requisito legal baya sido desatendido por el tribunal sentenciador, no se anulará la sentencia a menos que el error que de los autos resultare tendiere a perjudicar los derechos de cualquiera de las partes, y se hubiere interpuesto la debida excepción en el tribunal sentenciador; disponiéndose, sin embargo, que el tribunal de apelación podrá conocer de errores fun-damentales que aparecieren en los autos, aun cuando no se hubiere interpuesto objeción a 'ellos, y fallar sobre los mismos con arreglo al derecho que de los hechos se desprendiere.”

Ann cuando la excepción.(proviso) que acaba de citarse hubiera sido omitida completamente, parece inconcebible que la ley que prohíbe la revocación de una sentencia en causa criminal por errores que no perjudican o por prescindirse de las prescripciones del estatuto, exija de modo inexorable que se confirme dicha sentencia aun cuando aparezca que no se ha cometido ningún delito meramente porque la prueba con-cluyente de tal hecho haya sido sometida a la consideración de este -tribunal en forma más o menos irregular.

Atendidas las circunstancias de este caso lo menos que este. tribunal debió haber hecho hubiera sido el expedir la orden a que se ha hecho referencia en la opinión disidente del Juez Asociado Sr. del Toro, pero aun esto era innecesario. En tales condiciones y de acuerdo con la sección 362, supra, a falta de objeción y en vista de la renuncia del fiscal a toda irregularidad, esta corte muy bien pudo haber considerado la relación de hechos así como la certificación que de la misma hizo el juez como suficiente para la remisión del exhibit por el secretario y su comunicación como una certificación sufi-ciente de la identificación, o de no ser así pudo entonces haber dado instrucciones al secretario de esto tribunal para solici-tar del secretario de la corte de distrito por carta o telegrama que remitiera' una certificación en forma de acuerdo con la regla 406 o el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil. No había necesidad de ninguna opinión ni de nada más que una orden per curiam igual a las que diariamente se dictan en asuntos de menos importancia; y no puedo comprender por qué este Tribunal a iniciativa propia tenía que haberse separado de su curso ordinario para promover semejante cuestión técnica y discutirla con tal extensión.

La sentencia de la corte inferior debió haber sido revo-cada y 'absuelto el acusado.