author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    José María González, peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arjona Siaca, Juez, demandada.
    Núm. 1166.

    Sometido: Marzo 6, 1939.

      Resuelto: Marzo 10, 1939.

      F. González Fagundo y Guillermo E. González, abogados del peti-cionario; Litis Lloréns Torres, abogado del interventor, deman-dado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 21 de julio de 1937 José María González instó nn pro-cedimiento ejecutivo hipotecario contra Juan Lastra Chá-rriez, en la Corte de Distrito de Humacao. Acompañó el escrito inicial de los documentos que exige la ley, y el juez, con vista de la petición y de dichos documentos, dictó al siguiente día el auto de requerimiento. Requerido de pago el demandado el 29 del mismo mes, el 30 de agosto siguiente radicó en dicha corte de distrito una moción interesando que se dejase sin efecto el auto de requerimiento, moción que notificó a la parte contraria el mismo día de’ su radicación. Se señaló el 6 de septiembre último para la discusión de la moción del demandado, y en dicho día, luego de oír a las par-tes, les concedió la corte diez días alternados para la presen-tación de alegatos y cinco días al demandado para rectificar.

El 30 de enero último, la corte de distrito resolvió la moción del demandado por la siguiente resolución:

“Estudiadas detenidamente las cuestiones planteadas por el demandado en este procedimiento sumario; considerando que las mismas hacen referencia al vencimiento, certeza, extinción y cuan-tía de la deuda objeto del mismo; y estimando que en estas condi-ciones, aun cuando el criterio personal del Juez que suscribe se inclina a coincidir con el de dicho demandado en la mayor parte de las cuestiones planteadas, no son las mismas materia propia de resolución en este procedimiento por el imperio del artículo 175 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria* vigente, se declara sin lugar la moción del demandado para que se deje sin efecto el auto de requerimiento expedido en este caso.”

Antes de que la corte de distrito dictara la resolución transcrita, el demandante, con fecha 3 de noviembre de 1938s, mediante moción al efecto, solicitó que se dictara la corres-pondiente orden para la venta en pública subasta de la finca hipotecaria. No se proveyó esta moción hasta el 8 de febrero último, en que por el otro Juez de la Corte de Distrito de Humacao, Sr. García Quiñones, se dictó la orden de remate. Después de dictada la orden decretando la subasta, el deman-dado, con fecha 13 del mes pasado, radicó una extensa moción argumentada solicitando que se reconsiderase la resolución de 30 de enero último anteriormente transcrita. No habiendo dictado la corte providencia alguna acerca de la moción de reconsideración, el 20 de febrero de 1939 solicitó el deman-dado que se señalase día y hora para ser oído y a la vez se decretase la suspensión del procedimiento hasta que su moción fuese resuelta en definitiva. Proveyendo esta última moción del demandado, la Corte de Distrito, por su Juez Sr. Arjona, quien fue el que expidió el auto de requerimiento.,, dictó la siguiente orden:

“Vista la moción del demandado en este caso, radicada en el día de hoy y en la que solicita de esta Corte señale día y hora para la disensión de la moción de reconsideración interpuesta, y a la vez solicitando la suspensión de todo procedimiento hasta la resolución definitiva de la moción ya referida, se declara con lugar dicha mo-ción y en su virtud se señala el día 28 de febrero de 1939, a la 1:30 de la tarde y en el salón de sesiones de la Corte Municipal de Iíu-maeao, P. R., para oír a las partes sobre la moción de reconsidera-ción, quedando en suspenso todo procedimiento en este caso hasta que se resuelva en definitiva la moción de reconsideración, debiendo el Márshal suspender toda actuación suya en relación con la subasta que tiene anunciada en este caso.”

Contra esta resolución interpuso el demandante el pre-sente recurso de certiorari, fundándolo en que la corte inferior carece de facultad para suspender el procedimiento ejecutivo hipotecario de este caso, por no hallarse la conten-ción del demandado comprendida en ninguna de las tres excepciones que taxativamente enumera el artículo 175 del Reglamento de la Ley Hipotecaria, según fue enmendado por la Ley número 81 de 13 de mayo de 1936 (Leyes de ese año, (1) pág. 433), y que por el contrario se halla expresa-mente prohibida la suspensión del procedimiento en tales casos por el citado artículo 175.

El artículo 175 del reglamento, según ha sido enmendado, en lo pertinente dice así:

“Los proeedimentos sumarios a que se refiere esta sección, no podrán suspenderse por medio de incidentes ni por otro alguno, a instancia del deudor, del tercer poseedor, ni de ningún otro que se presente como interesado, salvo en los siguientes casos:
“1. Si se justificare documentalmente la existencia de un pro-cedimiento criminal por falsedad del título hipotecario en cuya virtud se proceda, en que se haya admitido querella o dictado auto de procesamiento.
“2. Si se interpusiere una tercería de dominio, acompañando inexcusablemente con ella título de propiedad de la finca de que se trate, inscrito a favor del tercerista con fecha anterior a la inscrip-ción del crédito del ejecutante y no cancelado en el registro.
“3. Si se presentare certificado del registrador, expresivo de quedar cancelada la hipoteca en virtud de la cual se proceda, o copia auténtica de la escritura pública de cancelación de la misma, con la nota de presentación en alguno de los registros en donde se baya de tomar razón de ella, otorgada por el actor o por sus causantes o causahabientes, acreditándose también doeumentalmente el título de transmisión en su caso.
“Todas las demás reclamaciones que puedan formular, así el deudor como los terceros poseedores y los demás interesados, incluso las que versaren sobre nulidad del título■ o de las actuaciones, o sobre vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio plenario que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento -ejecutivo; pero los efectos de tales reclamaciones quedarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria en lo que respecta a terceros ad-quirentes, si del registro no resultasen claramente los motivos de la acción ejercitada. La competencia para conocer de este juicio de-clarativo se determinará por las reglas ordinarias.” (Bastardillas nuestras.)

No obstante, de los autos y de la resolución recurrida aparece que el juez no lia resuelto la moción de reconsidera-ción y que sólo se lia limitado a señalar día para oír a las partes, e incidentalmente, y a fin de que su resolución no pudiese resultar luego académica, suspendió el procedimiento ejecutivo que se.bailaba en trámite de subasta, mientras resol-vía en definitiva sobre la procedencia de la moción de recon-sideración.

El peticionario, al radicar su petición de certiorari, lo Rizo, a nuestro juicio, prematuramente. Debió dar una opor-tunidad a la corte inferior de resolver la moción, y si la reso-lución le era adversa y la estimaba errónea, recurrir entonces para ante este tribunal. En el caso de Las Monjas Racing Corporation v. Corte de Distrito, 40 D.P.R. 294, 296, citado con aprobación en National City Bank of N. Y. v. Corte, 45 D.P.R. 777, este tribunal, tratando de la improcedencia del recurso de certiorari cuando la corte inferior no lia tenido oportunidad de resolver en definitiva la cuestión planteada ante ella, lia dicho lo siguiente:

“De conformidad con la Ley de marzo 10, 1904, este Tribunal queda autorizado para librar autos de certiorari en aquellos casosen que el procedimiento adoptado no está de acuerdo con las pres-cripciones de la ley. La experiencia y la costumbre han demos-trado que debe procederse parcamente al expedirse el auto. Aún más parcamente debe invocarse nuestra facultad antes de que las cuestiones a dilucidar hayan sido sometidas libremente a la corte inferior para su fallo. Por regla general, aún cuando el procedimiento adoptado no esté de acuerdo con las prescripciones de la ley, debe dársele oportunidad a la corte de distrito para corregir una actua-ción improcedente antes de reeurrirse a este Tribunal. En realidad, la peticionaria, según revelan los autos, presentó una moción para anular la orden de embargo, pero aparentemente la peticionaria asumió que la decisión de la corte inferior le sería adversa. Si la peticionaria tenía una defensa válida contra la orden de embargo, si en realidad de verdad la corte no tenía jurisdicción, la presunción ordinaria sería que la corte de derecho fallaría a su favor. Cuando, después de oír a ambas partes, una corte ha tomado una posición definida en un caso pendiente o en uno similar, hay alguna base; pero sin tal condición previa, por lo general debe denegarse un auto de certiorari cuando a la corte inferior no se le ha dado oportuni-dad de resolver la cuestión principal. Nunca podría asumirse que cuando la corte inferior carezca en absoluto de jurisdicción, un letrado hábil no pueda convencerla de tal estado de cosas. Sin dar a la corte esa oportunidad de oír a las partes y fallar, podría du-darse seriamente que hubiera derecho a decidir que el procedimiento no se ajusta a las disposiciones de la Ley. La regla es que las cuestiones en controversia deben someterse a la corte de primera instancia. ’ ’

Véase también Madera v. Campillo, Juez de Distrito, 30 D.P.R. 163, en el cual se establece que antes de recurrir a este tribunal por medio de certiorari el peticionario debe ago-tar sus recursos en la corte de jurisdicción original.

Es verdad que en el caso de González et al. v. Benítez Flores, Juez de Distrito, 29 D.P.R. 301, 304, se dijo lo siguiente:

“Convenimos en que la práctica buena y corriente debe ser la de que si el peticionario puede obtener la solución de su problema por medio de una solicitud a la propia corte en que esté pendiente el asunto principal, no debe librarse por esta Corte Suprema el auto de certiora/ri. Pero esa regla tiene excepciones y no es obliga-toria para este tribunal que está investido de una amplia discreción para expedir autos de esta naturaleza. Generalmente no se debe acudir a las cortes de apelación antes de agotar en las de jurisdicción original los procedimientos. Pero si las cortes de apelación se con-vencen de que la justicia del caso requiere su intervención inmediata, no deben dilatarla. Y esta corte consideró que la solicitud aquí presentada envolvía un caso de tal naturaleza. Además no debe perderse de vista que cuando se habla de la existencia de otros re-cursos para negar el certiorari generalmente se refiere la jurispru-dencia a recursos de apelación.”

Pero no es menos cierto que en diclio caso se trataba del nombramiento de un síndico sin prestación de fianza, lo que requería la inmediata intervención de esta corte para evitar los daños que pudieran causárseles a los peticionarios al pri-varles de su propiedad y ponerla en manos de un extraño sin siquiera tener la garantía de una fianza para indemnizar cualquier perjuicio que pudiera irrogárseles.

En el presente caso no hay el peligro que existía en el caso de González v. Benítez Flores, supra. Todo el perjuicio que puede causársele al demandante es la dilación a que puede sometérsele mientras el juez de distrito resuelve la moción de reconsideración; pero teniendo en cuenta que el procedi-miento ejecutivo fue radicado el 21 de julio de 1938 y que dicho procedimiento por su naturaleza es un procedimiento sumario rápido, no dudamos que el juez de la corte inferior, teniendo en cuenta todas estas circunstancias, actuará rápi-damente al resolver la moción de reconsideración, evitando así los perjuicios que una innecesaria dilación pudiera causar al peticionario.

La suspensión del procedimiento mientras se resuelve la moción de reconsideración no infringe, a nuestro juicio,' la prohibición contenida en el artículo 175 del reglamento, pues 210 se trata de ana suspensión definitiva sino simplemente de una meramente temporal y en evitación de que la resolución de la corte pueda resultar académica e ilusoria.

Por lo expuesto, procede por ahora amdar el auto expe-vdido y devolver el caso a la corte inferior para que resuelva en- definitiva la moción de reconsideración pendiente ante ella.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Hernández Laureano, acusado y apelante.
    Núm. 7458.

    Sometido: Marzo 6, 1939.

      Resuelto: Marzo 15, 1939.
    El aeusado no compareció; R. A. Gomes, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Hernández Laureano fué condenado por la Corte de Distrito de San Juan como autor de un delito de violación a veinte años de presidio.'

Apeló para ante este tribunal, quedando radicados los autos en la secretaría del mismo en noviembre 4,1938. Trans-currió el término reglamentario y no presentó alegato. En enero 31, 1939, se señaló la vista del recurso para marzo 6 siguiente. Llamado en ese día, faltó en comparecer y pre-sente el fiscal informó sobre la moción que radicara con tres, •días de antelación y que dice:

“1. — Que este Hon. Tribunal ha señalado el día 6 del corriente mes de marzo para una vista sobre si procede o no la desestimación ■del recurso de apelación interpuesto por el apelante.
“2. — Quo con posterioridad a haberse hecho dicho señalamiento por este Tribunal, el acusado y apelante radicó ante el mismo una petición de habeas corpus alegando que se encontraba encarcelado ilegalmente por los fundamentos aducidos en la petición radicada.
“3. — Que visto el recurso de habeas corpus antes mencionad© con fecha 20 del próximo pasado mes de febrero, el mismo fué de-clarado con lugar por este Hon. Tribunal, ordenándose la libertad inmediata del acusado, orden que fué cumplida acto seguido por-el Alcaide ele la Cárcel de Distrito de San Juan, bajo cuya cus-todia se encontraba el acusado.
“4. — Que en estas condiciones, no existe ya causa pendiente alguna contra el acusado en este caso que pueda considerar este Hon. Tribunal, por lo que a juicio del Fiscal que suscribe procede-que se deje sin efecto el señalamiento para vista de la desestimación del recurso, así como dicha desestimación, y se ordene por este Hon. Tribunal el sobreseimiento y archivo definitivo de este caso, y así respetuosamente lo solicitamos.’'

Al dar cuenta, el secretario se refirió al hecho de nc haberse notificado el escrito de apelación al fiscal. Examina-dos los autos se encuentra en efecto que habiéndose enviado la notificación de dicho escrito por correo, no quedó la ley cumplida, mas como el fiscal la acepta desde el momento que comparece en el recurso y pide su sobreseimiento, creemos que tenemos jurisdicción a los fines de adoptar la medida que fuere pertinente.

Lo que • se señaló para marzo 6 no fué la desestimación del recurso, sino la vista del mismo en su fondo. 'Claro es que en la vista, si existen motivos que lo justifiquen, puede pedirse la desestimación, y decretarse, pero lo cierto es que tal desestimación no fué jamás solicitada en este caso.

¿Procede el sobreseimiento? No procede, a nuestro jui-cio. Lo que está en orden es la revocación de la sentencia apelada por haberse dictado sin jurisdicción, según se deci-dió en el hábeas corpus a que se refiere el fiscal — Ex parte Ramón G. Hernández Laureano, ante, pág. 416,—devolviéndose la causa a la corte de distrito de su origen para ulteriores procedimientos de acuerdo con la ley. ;


text:
    Juana Betancourt Hernández, demandante y apelada, v. Consuelo González Vda. de Pieras, demandada y apelante.
    Núm. 7656.

    Sometido: Marzo 16, 1939.

      Resuelto: Marzo 17, 1939.

      Angel A. Vázquez., abogado de la apelante; Francisco M. Susoni, Jr., abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Éste es nn caso sobre homestead, fallado en pro de la recla-mante Juana Betancourt viuda de Pérez.

Los hechos tales como surgen de la certificación del Begistrador de la Propiedad de San Juan presentada pol-la propia parte demandada, son los que siguen:

En abril 14, 1924, se verificaron en el Begistro las ins-cripciones primera y segunda de la finca número 2576 consis-tente en la mitad de nn solar que su dueña- Nicasia García segregó y vendió por $175 a Manuel Vega. Éste comenzó a construir en el solar una casa e hipotecó el solar y la casa a Emilia Suris Cardona para garantizarle $550 que le tomó, prestados por término de nn año.

En julio 29, 1924, Vega vendió la finca a Juan Pérez, casado con Juana Betancourt, la demandante, por $1,500 de los cuales el vendedor confesó recibidos mil y los quinientos cincuenta restantes los dejó en poder del comprador para atender a la hipoteca constituida a favor de Emilia Suris Cardona de cuyo pago se hizo cargo.

Por escritura de diciembre 4, 1924, Pérez y su esposa hipo-tecaron la finca a Consuelo González viuda de Pieras, la demandada, en garantía de mil dólares que le tomaron a prés-tamo, de doscientos cincuenta más para costas y de los intere-ses, y

Por escritura de igual fecha Emilia Suris Cardona canceló su hipoteca.

Nada expresamente consta del Registro sobre el derecho de homestead y nada tampoco sobre el empleo que debiera darse al dinero prestado por la demandada.

¿Qué demostró la evidencia testifical?

La de la demandante se resume, en la exposición del caso, así:

“Declaración bajo juramento de Juana Betancourt, quien dijo, en síntesis a preguntas de la demandante: que fué casada con Juan Pérez Serrano, con quien tuvo seis hijos llamados Eva, Andrés, Antonia, Socorro, Ramón y Rita, que son todos menores de edad, viven en su compañía y son mantenidos por ella y dependen de ella, habiendo fallecido su esposo en el año 1930; que ella y su esposo fueron dueños de la finca objeto de este pleito y después que la com-praron se fueron a vivir a ella; que no vive ahora la finca porque fué lanzada de allí por el Márshal con sus seis hijos; que ella y su esposo no han tenido ninguna.otra finca; que en la hipoteca de $1,000 que ella y su esposo Juan Pérez Serrano hicieron a favor de Consuelo González no se renunció el derecho a homestead; que esa finca la ad-quirieron ella y su esposo estando ambos casados.”

T la de la demandada, como signe:

“Declaración bajo juramento de Ernesto Ruiz, quien dijo, en sín-tesis, a preguntas de la demandada, que en diciembre del año 1924 él hacía negocios como ‘corredor’ y, entre otras personas, colocaba a préstamo dinero de doña Consuelo González, la demandada; que en uno de los primeros días de ese mes de diciembre se le presentó Juan Pérez Serrano manifestándole que debía un dinero de la compra de su casa por cuyo importe tenía una hipoteca doña Emilia Suris; que esa hipoteca se la iban a ejecutar y necesitaba tomar a préstamo $1,000 para pagarla, pagar contribuciones debidas por la finca y ha-cerle reparaciones a la casa; que fué a ver la finca y como encontró que ésta respondía a la cantidad pedida, entonces le comunicó el negocio a doña Consuelo González quien lo aceptó; que entonces con-currieron en ese mismo mes de diciembre a la notaría de don Julio César González el señor Pérez Serrano, la esposa de éste, así como doña Consuelo González, la acreedora hipotecaria señora Suris y el declarante, y allí entregó la señora González los mil dólares y de ellos se pagaron allí mismo a la señora Suris los $550 de su hipoteca, se dejaron en poder de la propia señora González ciento y pico de pesos para pago de contribuciones debidas por la finca, las cuales fue-ron después pagadas, y se entregó el resto que sobró al señor Pérez Serrano y entonces se firmaron las escrituras de hipoteca y de cance-lación de hipoteca; que posteriormente el declarante fué a la casa de Pérez Serrano y vió que con el dinero sobrante se habían hecho las reparaciones ya indicadas, construyéndosele también un mirador, y que hace algún tiempo había tenido conversación con la demandante y ésta reconoció que el dinero sobrante se había invertido en repara-ciones de la casa y en el mirador aludido.”

Llamada entonces nuevamente la demandante, declaró:

. . que Ernesto Ruiz no estaba presente cuando se firmaron las escrituras de hipoteca a favor de doña Consuelo González y cancela-ción de la hipoteca de la señora Suris; que la primera vez qne vió a Ruiz fué hace algún tiempo en la casa de doña Consuelo González; que el dinero de la hipotéea de la señora Suris lo pagó el esposo de la declarante poco a poco, pues era comerciante; que el dinero de la hipoteca de doña Consuelo González lo tomó el esposo de la declarante para negocios de comercio.”

Resolviendo el conflicto que sé advierte entre ambas decla-raciones y apreciando a la vez la prueba documental, dijo en su opinión la corte sentenciadora:

“A nuestro juicio, no hay relación alguna entre la primera hipo-teca constituida a favor de doña Emilia Suris Cardona y la segunda hipoteca constituida a favor de la demandada en este pleito. No hay prueba alguna que establezca que los mutuantes en el segundo contrato de préstamo redujeran como parte del precio de la finca los $550 de la primera hipoteca. Es muy sutil esta defensa de la demandada. No encontramos tampoco evidencia, salvo la de don Ernesto Ruiz, que es un corredor de negocios que detalla que el dinero de la segunda hipoteca lo recibieron los deudores para mejoras de la casa; y lo más que llegó a decir este testigo fué que la hipoteca se utilizó para pagar contribuciones y para el pago del primer préstamo que existía con la Sra. Suris Cardona, pero tal testigo fué contradicho por la propia demandante, quien manifestó que cuando se hizo esta hipoteca, ellos vivían en la casa, donde siempre vivieron desde que la adquirieron y el dinero fué empleado por el marido en negocios y no en reparaciones, mejoras ni pago de contribuciones. No hay alegación alguna, porque no existe, ni aparece de la certificación del Registro de la Propiedad, qiie el homestead se hubiera renunciado, si es que tal derecho es re-nunciable en este caso, y el testimonio de la demandante es de un candor y simplicidad tales que llevan a la mente del juzgador serias dudas de si el Sr. Ruiz, corredor que intervino en la transacción de la segunda hipoteca, necesariamente estuvo presente cuando se hizo la transacción. La certificación del Registro es clara y terminante. No ha existido ninguna de las excepciones que la ley de Homestead señala que impedirían el ejercicio del derecho del homestead que re-clama la demandante que es cabeza de familia y que ocupa la casa después de la muerte del esposo para beneficio de sus hijos. Es evi-dencia que no ha sido contradicha por la demandada y que merece al tribunal entero crédito. También quedó establecido que el contrato de préstamo garantizado con hipoteca, hecho por la demandante y su esposo y por la demandada, se realizó cuando aquéllos vivían en la casa con su familia. La escritura en donde se hace constar tal tran-sacción no contiene, porque no aparece del Registro, alteración o variante alguna que menoscabe el derecho de hogar seguro reconocido por la ley a todo jefe de familia, que tenga familia y que ocupe o resida en una finca, con su familia. La demandada sabía o debía saber tal circunstancia y al contratar debió tener en cuenta el dere-cho de homestetad que existía a los mutuantes en la contratación.”

No conforme la demandada, pidió a la corte de distrito que reconsiderara su sentencia. La reconsideración fué negada en lo substancial y apeló entonces para ante esta Corte Suprema. oSeñala en su alegato cuatro errores cometidos a su juicio por la corte sentenciadora, 1, al dirimir el conflicto entre las declaraciones de la demandante y el testigo Ruiz, 2, al negarse a reconsiderar su sentencia, 3, al declarar la demanda con lugar y 4, al condenarla a pagar quinientos dóla-res sin prueba de que la finca fuese vendida por más de esa suma.

Resolviendo una moción que la parte demandada le pre-sentara, la corte de distrito reconsideró sn sentencia de modo favorable a la dicha demandada en cnanto a sn pronuncia-miento de costas y reafirmó sn criterio en cnanto a la proce-dencia de la reclamación de homestead. El segundo señala-miento es, pues, superfino. Está incluido en los demás.

Reconocemos que el argumento de la apelante en cuanto a la decisión del conflicto de la evidencia por parte del- juez sentenciador, es fuerte, pero no de tal modo que nos con-venza de que dicha decisión sea errónea. En tal virtud no debemos ni nos sentimos tampoco inclinados a alterarla.

En cuanto al criterio legal aplicado por la corte de dis-trito a los hechos del caso tales como apreció que resul-taban de la evidencia aportada, creemos que encuentra apoyo en la ley y en la jurisprudencia. Bastará referirnos al caso de Aldea v. Tomás y Piñán, 51 D.P.R. 764, 774, en el que se dijo:

“Pero hay más. Se reconoce que ni al celebrar el pacto con Gayol ni al contratar luego con la causante de los demandados hubo renun-cia del derecho de hogar seguro por parte de los esposos Pozada-Aldea. También se reconoce que no hubo acuerdo alguno sobre subrogación de la Señora Piñán en el lugar del Sr. Gayo! A lo más que puede llegarse es a concluir que quedó demostrado que necesitando los es-posos Pozada-Aldea dinero para pagar su deuda con Gayol lo pidieron a la Sra. Piñán y de ella lo obtuvieron como un contrato corriente, independiente, de préstamo garantizado con hipoteca, sin considera-ción alguna al destino que el prestatario habría de dar al dinero re-cibido. El empleo del dinero, aún aceptando como cierta la declara-ción del demandado Cane ja, no puede concluirse que fuera una con-dición para la celebración del contrato. Y la jurisprudencia ha re-suelto que tales operaciones no son las que garantiza una ley como la nuestra en contra del derecho de hogar seguro.
“En el caso de Engaard v. Schmidt, 171 N. W. 905, 906, la Corte Suprema de Nebraska se expresó así:
“ ‘El hecho de que un hombre casado tomara dinero a préstamo, y le manifestara al prestamista al momento de hacer el préstamo, que tenía el propósito de usar el dinero, o parte del mismo, para pagar un hogar seguro previamente adquirido y enajenado, y de que el diñero se use efectivamente para ese fin, no basta, cuando figura aislada-mente, para que dé derecho al prestamista a tener un gravamen a su favor por el precio de la compraventa. En el caso de autos no existía entre las partes la relación de vendedor y comprador, ni se creó un gravamen a favor del vendedor u otra carga similar. La deuda fué constituida y las enajenaciones hechas mucho antes de efectuarse el préstamo. El demandante no pagó la deuda a instancias del deudor, sino que meramente le prestó el dinero directamente sin que hubiera pacto alguno respecto al uso que debía dársele al mismo. Rodman v. Sanders, 44 Ark. 504; Griffin v. Proctor’s Adm’r., 14 Bush (Ky.) 571; Carey v. Boyle, 53 Wis. 574, 581, 11 N. W. 47.’
“El caso de Ruiz v. Barreto, 46 D.P.R. 369, 372, no tiene el al-cance que le dió la corte sentenciadora y le da la parte apelada. Quizás debimos ser en él más específicos, pero no surgió allí la nece-sidad para ello, porque la decisión que se dictaba lo era en favor del reconocimiento del derecho de hogar seguro. Nuestra opinión en aquel caso debe interpretarse en armonía con ésta que emitimos ahora. Si ambas partes convienen en que el dinero prestado debe emplearse para saldar en todo o en parte la deuda o el "gravamen incurrido por la compra de la propiedad o para las mejoras que en ella se hicieren (Disponiéndose de la see. 4 de la Ley de Hogar Se-guro, Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, págs. 306 y 307), y en realidad se emplea, entonces el destino que debe darse y se da al dinero recibido en préstamo, es y debe considerarse como una condi-ción del contrato que coloca al nuevo prestamista en la misma situa-ción que al antiguo en cuanto al derecho de hogar seguro. ’ ’

No creído, pues, el testimonio de Ernesto Ruiz y dándole crédito al de la demandante, precisa concluir que no hubo pacto alguno que llevara el caso de ésta a caer dentro de la excepción. Lo que de los autos surge es una operación corriente de préstamo con hipoteca que no destruye el dere-cho de hogar seguro que por otra parte resulta debidamente constituido.

En cuanto a que no se probó que la finca hipotecada se vendiera por más de quinientos dólares, debe reconocerse que tiene razón la apelante cuando sostiene que de la evidencia no consta el precio de la venta, pero ello carece de importancia porque no es el valor de la venta lo que hay que tomar en consideración sino el de la finca, y por lo que respecta al de la finca hay datos suficientes en dicha evidencia para concluir que era por lo menos tres veces mayor a esa suma.

En el propio caso de Aldea v. Tomás y Piñán, antes citado, a la página 776, se dice:

“El derecho de hogar seguro está reconocido por la ley. Su na-turaleza ha sido fijada en repetidas decisiones de esta propia Corte Suprema. Se disfruta en la finca, pero sólo se extiende en ella hasta el valor de quinientos dólares y cuando la finca se vende por ser su valor mayor para hacer efectivas obligaciones del dueño no exentas de ejecución, queda reducido a la suma de quinientos dólares.”

Bebe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia y resolución apeladas.


author: El Juez Asociado Señok De Jesús

text:
    Ex parte Julio García Oliver, peticionario y apelante.
    Núm. 7666.

    Sometido: Enero 27, 1939.

      Resuelto: Marzo 17, 1939.

      E. Torres Soló, abogado del apelante; E. Ponsa Pares, Fiscal del Dis-trito de Bayamón, por El Pueblo, no compareció.
   El Juez Asociado Señok De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Julio García Oliver, casado con Aurora Rodríguez, pre-sentó un escrito en la Corte de Distrito de Bayamón intere-sando que previo los trámites legales se declarase justificado a su favor el dominio que alegó tener sobre una finca rús-tica de siete y media cuerdas radicada en el barrio Cama-rones, del término municipal de Guaynabo. Expuso en el citado escrito, además de las alegaciones que requiere la ley, que una cuarta parte de la finca la Rabia adquirido por heren-cia de su madre y las tres cuartas partes restantes por com-pra a sus hermanos José Alfonso, Josefina y Serafín García Oliver, por escritura número 61 de 10 de julio de 1930 ante el notario José Soto Rivera. Continuó el caso su tramitación hasta que el 12 de mayo de 1937 recayó resolución por la que se denegó la petición, fundándose en que toda vez que una cuarta parte de la finca pertenecía privativamente al peticio-nario y el resto a la sociedad de gananciales por haber sido adquirido durante su matrimonio con Aurora Rodríguez, no procedía declarar justificado el dominio “por ser doctrina establecida la imposibilidad legal de hacer agrupaciones de bienes privativos y bienes gananciales.” Citó a continua-ción la corte el artículo 61 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria y los casos de Muñoz v. Registrador, 25 D.P.R. 842, y Vilá v. Registrador, 27 D.P.R. 929, y ter-minó citando en extenso del caso de Vargas v. Registrador, 38 D.P.R. 237, 239. Después de dictada la anterior resolu-ción, el letrado H. Torres Solá asumió la representación del peticionario. Radicó una moción que tituló “Moción para que se permita radicar una solicitud complementaria enmen-dada abriéndose el caso para que continúe sus trámites.” Acompañó dicha moción de un nuevo escrito titulado “Soli-citud complementaria enmendada,” en el cual reprodujo las alegaciones del escrito original, y luego de referirse a los trámites seguidos anteriormente, terminó con la siguiente súplica:

“Por todo lo cual, el peticionario solicita del Hon. Tribunal se le permita radicar complementaria enmendada (sic), y considerando la evidencia practicada, el dictamen del Fiscal y la presente petición, •se declare justificado por esta Corte el dominio de la descrita finca a favor del peticionario -privativamente en cuanto a una cuarta parte indivisa, y en cuanto a tres cuartas partes indivisas, a nombre de la sociedad de gananciales entre el peticionario y su esposa doña Aurora Rodríguez, ordenándose la inscripción del descrito inmueble en la indicada proporción y en proindiviso, a favor de esas entidades en el Registro de Ja Propiedad correspondiente, mediante certificación que expida el Secretario al efecto.”

Señaló la corte día para oír a las partes y finalmente ■denegó las pretensiones del peticionario, fundándose de nuevo en el caso de Vargas v. Registrador, supra. Contra esta reso-lución se interpuso por el peticionario el presente recurso. En su alegato imputa a la corte sentenciadora la comisión de run solo error:

“El cometido al resolver que no ha lugar a la solicitud comple-mentaria enmendada para abrir de nuevo el caso y con vista de esa solicitud y de la prueba ya aportada a declarar justificado el domi-.mio del inmueble en cuanto a una cuarta parte indivisa a favor del peticionario y en cuanto a tres cuartas partes indivisas a favor de '.la sociedad de gananciales.”

En el caso de Vargas v. Registrador, supra, que sirvió de base a la resolución apelada, José Vargas hizo tramitar ■ en la Corte de Distrito de Mayagüez un expediente de dominio con relación a una finca rústica de treinta y dos cuerdas, de la que adquirió la mitad por herencia de su padre y la otra mitad por compra a Juan Gfualberto Vargas siendo el comprador a la fecha de esta última adquisición casado con Eleuteria Peraza. Dictada por la corte resolución declaratoria de dominio y presentada en el Registro de la Propiedad de San Germán, el registrador denegó la inscripción fundándose en que no se pueden agrupar dos fincas de las cuales una es privativa y la otra adquirida con la presunción de ganancial. Contra esa nota Vargas interpuso un recurso gubernativo, y .esta ..corte, después de transcribir el artículo 61 del Regla-mentó para la ejecución de la Ley Hipotecaria, al confirmar la nota del registrador se expresó en los siguientes términos i

“Este Tribunal ha sostenido, en su integridad, el principio que aparece del artículo 61 antes citado. En los casos de Muñoz, v. Registrador, 25 D.P.R. 842, y Vilá v. Registrador, 27 D.P.R. 929, que cita el registrador en su nota, y que son de estricta aplicación al caso presente, se ha mantenido la doctrina de la imposibilidad legal de hacer agrupaciones de bienes privativos y bienes gananciales.

“En este caso se alega por el recurrente que no hay agrupación* porque la finca de 32 cuerdas es la que heredaron de Don Eleuterio Vargas sus hijos José y Juan Gualberto, y que la herencia fué por mitades indivisas. No importa que así fuera. La indivisión en ese caso afecta a la materialidad de las porciones* de la finca que han de ser de uno u otro de los hermanos partícipes; pero la propiedad se halla, ante la ley, dividida en dos partes o mitades, y con cada una de ellas va el título correspondiente. La coihpra hecha por el recurrente José Vargas a su hermano Jxxan Gualberto Vargas, siendo-el comprador casado, da a esa parte comprada el carácter de presunto-ganancial, y entonces, el dueño presunto de esa parte no es el recu-rx-ente José Vargas, sino la sociedad de gananciales constituida por la ley entre él y su esposa Eleuteria Peraza. De manera que, en. cuanto a una mitad de la finca el título es el gratuito hereditario se-favor del recurrente, y en cuanto a la otra mitad lo es el oneroso de compra, con la presunción de bien ganancial de la sociedad José Vargas y Eleuteria Peraza.”

El artículo 61 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria que sirve de base a la opinión de este tribunal en el caso de Vargas, en lo pertinente dice así:

“Artículo 61. — Se inscribirán bajo un solo número si los intere-sados lo solicitaren, considerándose como una sola finca, con arre-glo al artículo 8 de la ley y para los efectos que el mismo expresa:
“Primero. — Las propiedades rústicas conocidas con los nombras de haciendas, cafetales, ingenios, vegas, estancias, sitios, potreros, etc., que foi'men un cuerpo de bienes dependientes o unidos, con uno o más edificios y una o varias piezas de terreno con arbolado o sin éL aunque éstas no linden entre sí ni con el edificio, con tal que perte-nezcan al mismo cuerpo de bienes y a una sola persona, o a varias pra indiviso, y aún cuando afecten al mismo gravámenes o dereehos reales, correspondientes a una sola persona o a varias, y se componga,. de distintas suertes o porciones dadas en enfiteusis. Para los efectos de la inscripción se considerará único el señorío directo, aunque sean varios los que a título de dueños directos cobren rentas o pensiones de una finca, siempre que ésta no se baile dividida entre ellos por el mismo concepto.
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El concepto de “agrupación” implica necesariamente la existencia de dos o más fincas que formen un cuerpo de bienes dependientes o unidos, aunque no linden entre sí, pero que pertenezcan al mismo cuerpo de bienes y a una sola persona o a varias pro indiviso. Claro es que excluye la posibilidad de “agrupar” los distintos condominios de una sola finca, que no son otra cosa que partes alícuotas de una unidad: la finca de que forman parte. No existe ningún pre-cepto legal que impida que una finca perteneciente en parte a uno de los cónyuges y en parte a la sociedad de ganan-ciales se inscriba en el registro de la propiedad, expresando desde luego la parte proporcional correspondiente a cada una de las dos distintas entidades.

Con excepción del caso de Vargas, supra, los distintos casos de agrupación resueltos por este tribunal en que ban estado envueltos los intereses de la sociedad de gananciales y de uno de los cónyuges, ban sido casos de verdadera agru-pación en que se ba intentado agrupar fincas de uno de ellos con otras de la sociedad de gananciales. Véanse por ejemplo los casos de Durán v. Registrador, 20 D.P.R. 148, Muñoz v. Registrador, supra, Berríos v. Corte, 27 D.P.R. 900, y Vilá v. Registrador, supra.

En el presente caso, como en el de Vargas v. Registrador, no se trata de una agrupación de fincas distintas, sino de la inscripción de una resolución en que se declara justificado el dominio de una finca a favor de dos entidades distintas, a saber: de uno de-los’cónyuges privativamente y de la socie-dad de gananciales. Que son dos entidades distintas se ba dicbo por este tribunal en los casos de Durán v. Registrador y Muñoz v. Registrador, supra.

Un ejemplo hará más clara nuestra posición: Vamos a asumir que A, casado eon B, hereda la mitad pro indivisa de una finca debidamente inscrita en el registro de la propie-dad, y que más tarde, durante su matrimonio con B, adquiere por compra la otra mitad de la misma finca. % Existe impe-dimento legal alguno para inscribir la totalidad de la finca a favor de A, expresando en la inscripción que una mitad pro. indivisa de la misma la adquirió por herencia y la otra mitad a título de compraventa durante su matrimonio con B? Indu-dablemente que no. De este modo el condominio adquirido por herencia tendría carácter privativo y el segundo tendría la presunción de ganancial. En igual forma puede inscri-birse la resolución declarando justificado el dominio de una finca adquirida por uno de los cónyuges en parte por heren-cia y en parte a título oneroso durante el matrimonio, expre-sando, desde luego, tanto en la resolución justificativa del dominio como en la inscripción que causare en el registro, qué parte de la finca fué adquirida por herencia y cuál bajo la presunción de ganancial.

La doctrina establecida en el caso de Vargas, que sirvió de base a la resolución apelada, es errónea y nos vemos obli-gados a revocarla. En aquél, como en este caso, no se-tra-taba de agrupar fincas distintas, sino de inscribir a favor del esposo una resolución declarando justificado el dominio sobre una finca adquirida en parte por herencia y en parte a título oneroso durante el matrimonio.

El artículo 61 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria no es aplicable al presente caso, pues, como hemos visto, no se trata aquí de agrupación de fincas.

Por lo expuesto, procede revocar la resolución apelada y devolver el caso a la corte inferior para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con esta opinión.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante, apelante y apelado, v. Rafael Berríos, J. L. Berríos Delgado y F. Mariano Colón Berríos, demandados, apelados y apelantes.
    Núm. 7532.

    Sometido: Mayo 19, 1938.

      Resuelto: Marzo 21, 1939.

      Hon. Procurador General B. Fernández García y M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; ■ González Fagundo & González, Jr., abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se ejercita en este caso nna acción de daños y perjuicios. La presentación que del mismo hicieron los abogados de ambas partes en el acto de la vista fué breve, clara y sustancialmente completa.

Dijo el abogado del demandante:

“En este caso El Pueblo de Puerto Rico por conducto del Comi-sionado del Interior hizo un contrato con el Sr. Rafael Berríos, para construir una escuela de cuatro salones, de hormigón, en el barrio-Guardarraya de Patillas. Esa escuela fué construida y entregada al Gobierno, y utilizada por éste, como escuela, allá por el año 1926, y al ocurrir el ciclón de San Felipe, . . . septiembre de 1928, la es-cuela se destruyó, y se ha entablado esta demanda de daños y perjui-cios, basándose en que las causas inmediatas de la destrucción ele la escuela fueron los vicios, los defectos de construcción de qüe adolel cía el edificio aunque el temporal fué Una causa que contribuyó. Con motivo de esa destrucción El Pueblo de Puerto Rico incurrió en daños que no han podido ser recobrados de la parte demandada, del constructor, y que ese contrato para la fabricación de la escuela lo firmaron también como fiadores los otros dos codemandados.”

Y dijo el abogado de los demandados:

“Nuestra contención es efectivamente Sr. Juez que se celebró un contrato entre El Pueblo de Puerto Rico y Rafael Berrios, siendo fiadores de ese contrato don José L. Berrios y don F. M. Colón. Que esa obra se ejecutó bajo la inspección inmediata del Comisionado del Interior, que durante todo el tiempo tuvo un inspector vigilando la construcción ele la obra, que los materiales se usaron de conformidad con el inspector y por ende con el Comisionado del Interior, de acuerdo con el contrato, que la construcción se hizo de acuerdo con los términos de ese contrato. Que se hizo la aceptación definitiva y que de conformidad con el contrato, y perdone S. S. que yo le repita tanto eso, quedó el demandado exento de toda responsabilidad, y los fiadores también toda vez que su fianza se canceló por el Comisionado del Interior. Que si el edificio se cayó fué por un acto de fuerza mayor, un ciclón de una intensidad desconocida, en esta isla, que un edificio, aun admitiendo a los efectos de la argumentación, que estu-viera construido de acuerdo con las especificaciones, no podía resis-tir . . . Además los fiadores nunca, en ningún caso, podrían ser res-ponsables de más cantidad de aquélla por la cual se obligaron en el documento de fianza que le presentaremos como prueba.”

Practicóse entonces la evidencia de una y otra parte y el pleito fné fallado finalmente por la corte de distrito decla-rando la demanda sin lugar. Apeló el demandante. Presen-taron los demandados una moción pidiendo a la corte que enmendara su sentencia a los efectos de condenar al deman-dante en costas y honorarios de abogado. La corte declaró sin lugar la- moción y los demandados apelaron también de la sentencia en tanto en cuanto no condena en costas y hono-rarios de abogado al demandante.

Para fundar su sentencia el juez de distrito emitió una opinión. De ella transcribiremos lo que sigue:

“Celebrada en su oportunidad la vista del caso y estudiada con posterioridad minuciosamente toda la evidencia practicada, que in-cluye la declaración de varios peritos técnicos del Departamento del Interior de Puerto Rico, se resuelve que las alegaciones de hecho for-muladas por el demandante han sido debidamente probadas. Otra, sin embargo, es la conclusión en lo que respecta a las cuestiones de derecho envueltas en el litigio.
‘‘‘Para la construcción del edificio en cuestión se siguió el trámite de ley, efectuándose una pública licitación para la adjudicación de la ■obra al postor más aceptable a los representantes legales del deman-dante. Cubiertos todos los trámites de la licitación, la construcción de la obra fue adjudicada al contratista que en tal carácter ha sido demandado en este caso, quien, antes de comenzar la construcción firmó, conjuntamente con los Sres. Superintendente de Obras Públi-cas, Comisionado de Instrucción y Comisionado del Interior, de Puerto Rico, un contrato a los efectos de la referida construcción. Simul-táneamente con ese contrato se formalizó una fianza a favor de El Pueblo de Puerto Rico, por la suma de $1,630, conteniendo dicha fianza la siguiente estipulación esencial:
“ ‘PoR tanto, si dicho Rafael Berrios ejecutare y cumpliere exac-tamente todos los convenios y las condiciones del referido contrato, y desempeñare todas las obligaciones estipuladas por él y ejecutare to-dos los trabajos y suministrare todos los materiales requeridos, con cualquiera o todos los cambios, adiciones u omisiones que en dicho contrato y en adelante pttedan introducirse dentro del plazo especi-ficado para la terminación, o dentro de cualquier prórroga concedida para dicha terminación del contrato,-prescindiéndose' en todo caso de dar aviso de la prórroga a los fiadores, y hubiere satisfecho con pron-titud todo pago de operarios y materiales relacionados con la ejecu-ción de dicho contrato; en este caso la presente obligación quedará cancelada; de lo contrario permanecerá en toda su fuerza y vigor. ’
“El contrato a que se ha hecho referencia contiene una cláusula que dice, literalmente transcrita, así:
“ ‘6. — Que las Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas Insulares puestas en vigor desde el mes de julio de 1902, son aplicables a este contrato y forman parte del mismo. ’
“Esas Condiciones Generales para la Contratación de Obras Pú-blicas, que no sólo tienen fuerza de ley sino que además forman parte de la ley del contrato antes referido, contienen también una cláusula que, transcrita literalmente, dice así:
“ ‘If the work is found completed in accordance with specifications and so certified to by the engineer appointed for the purpose, the final acceptance of the work will be declared by the Bureau of Public "Works, and when the final liquidation shall have been approved by 'the Commissioner of the Interior the percentages retained shall be paid to the contractor and his bonds cancelled; his responsibility under the contract having come to an end. Provided, however, that the contractor shall give account of work done or material furnished- or for damages to landowners during the progress of the w"ork before said percentages can be paid and bonds cancelled.’ (Bastardillas nuestras.)
“A dicha cláusula se refiere expresamente el pliego oficial de ‘Instrucciones, Proposición y Contrato para Obras Públicas Insula-res’, en la siguiente forma:
“ ‘Aceptación final. — La aceptación final se llevará a cabo al ex-pirar el plazo de garantía. Se verificará una inspección de todas las obras por el Inspector que designare el Comisionado del Interior, y si éstas se encontraren en buen estado y de conformidad con todas las condiciones, estipulaciones y especificaciones del contrato, el Comi-sionado del Interior declarará la aceptación final de la obra y el con-trato se cancelará de acuerdo con lo provisto en la sección 41 de las Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas Insulates. En caso que el inspector designado por el Comisionado del Interior, no encontrara las obras en buen estado y de conformidad con todas las condiciones, estipulaciones y especificaciones del contrato, el Comisionado del Interior notificará por escrito al contratista o a su representante, las alteraciones y variaciones que hayan de efectuarse,, haciéndose una nueva inspección después de ejecutadas dichas alte-raciones o variaciones antes de procederse a la aceptación final.’
“En armonía con lo prescrito por las cláusulas contractuales que vinculaban a ambas partes en esta acción, relacionadas con la acepta-ción provisional y definitiva de la obra envuelta en este litigio, con. fecha 30 de abril de 1926, se dirigió, por el Sr. Arquitecto Auxiliar' del Departamento del Interior de Puerto Rico, una carta al contra-tista demandado en este caso, redactada en los siguientes términos:
“ ‘Me permito informarle que con fecha marzo 12, 1926, han sido aceptadas provisionalmente, las obras de construcción de una escuela de hormigón de 4 salones en el Bo. “Guardarraya”, de Patillas, con-tratadas por usted.
“ ‘Adjunto le remito para su informe y gobierno, copia de la certificación Num. 5, ascendente a $1,198.03, correspondiente al 90 por ciento del contrato.
“ ‘Llamo su atención hacia el hecho de que el contrato no podrá liquidarse finalmente sin el envío de sellos de Rentas Internas por valor de $1.79, por concepto de la Ley de Arbitrios y las fotografías.”
“Desde marzo 12 hasta julio 15, transcurrieron los cuatro meses estipulados en el contrato para realizarse la aceptación definitiva de la obra, a partir desde la feeba de su aceptación provisional. Y en julio 29 del referido año el Comisionado del Interior de Puerto Rico notificó al contratista demandado la aceptación definitiva de la obra, procediendo al pago de la cantidad de dinero que todavía se le adeu-daba sobre la misma, mediante una carta que, literalmente transcrita, dice así:
“ ‘Señor: Me permito informarle que con fecha julio 15, 1926, ha sido aceptada finalmente la escuela de hormigón de 4 salones en el Bo. “Guardarraya” de Patillas, contratada por usted.
“ ‘Con la presente le remito para su archivo y gobierno, copia de la certificación Núm. 6, ascendente a $832.85, por concepto de 10 por-ciento retenido en dicho contrato, así como de la liquidación corres-pondiente. ’
“Y en agosto 6 del mismo año, el Comisionado del Interior de Puerto Rico dirigió las dos cartas que se copian a continuación, a cada uno de los fiadores del contratista demandado, — y demandados a su vez — en este caso:
“ ‘6-015-1215. Agosto 6, 1926. — Señor: Me permito informarle-que con fecha julio 15, 1926, ha sido .aceptada finalmente la escuela de hormigón de 4 salones del Bo. “Guardarraya” de Patillas, contra-tada por el Sr. Rafael Berríos.
“ ‘Por lo tanto, queda Ud. relevado de toda responsabilidad en relación con dicho contrato. Atentamente, Comisionado. — Sr. F. Mariano Colón Berríos, Yabucoa.
‘ ‘ ‘ 6-015-1214. Señor: Deseo comunicarle que con fecha julio 15, 1926, ha sido aceptada definitivamente la escuela de hormigón de 4 salones del Bo. “Guardarraya” de Patillas, contratada por el Sr. Rafael Berríos.
“ ‘Por lo tanto, queda Ud. relevado de toda responsabilidad en relación con dicho contrato. Atentamente, OomtsioNAdo. — Sr. José L. Berríos Delgado, Yabucoa.’
“En estas condiciones el contrato entre ambas partes quedó definí- ■ tivamente terminado y cesó toda relación legal entre las mismas.
“Es cierto que el artículo 1494 del Código Civil vigente, edición 1911, preceptúa que:
“ ‘El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez años contados desde que concluyó la obra; igual responsabilidad y .por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a viciq del suelo o de la dirección.
“ ‘Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción de indemnización durará quince años.’
“El Código Civil, sin embargo, es de naturaleza supletoria y deja siempre en libertad a las partes contratantes para establecer en sus relaciones jurídicas contractuales, todos aquellos pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, con la única limitación de que los mismos, desde luego no sean contrarios a las leyes, a la moral y al orden público.
“No hay duda alguna de que un plazo prescriptivo puede renun-ciarse, así como de que también puede serlo cualquier derecho de ac-ción. En este caso, de una manera expresa y categórica, las partes pactaron que, después de verificarse una inspección de la obra, si ésta se encontrase en buen estado y de conformidad con todas las condi-ciones, estipulaciones y especificaciones del contrato, el Comisionado del Interior declararía la aceptación final de la misma y el contrato se cancelaría, de acuerdo con lo provisto en la Sección 41 de las Con-diciones Generales para la Contratación de Obras Públicas, la cual terminantemente, prescribe que, realizada dicha aceptación final por el Negociado de Obras Públicas, se pagará al contratista la suma que a la fecha se le adeudase y finalizará toda su responsabilidad con mo-tivo del contrato, siendo de rigurosa presunción que todos los requisi-tos previos se cumplieron, indudablemente, antes de dicho pago y de la aceptación final de la obra objeto de este caso.
“Ante tan categórica estipulación, no es posible llegar a otra con-clusión, sino a la de que en el momento de dicha aceptación final, terminaron definitivamente las relaciones de las partes y cesó toda responsabilidad del contratista y de sus fiadores para con el deman-dante con motivo de dicho contrato.
“El Comisionado del Interior de Puerto Rico y sus subalternos que intervinieron en este caso, no eran personas desconocedoras de la técnica envuelta en toda clase de edificaciones. Eran competentes profesionales; la obra estaba sujeta a supervisión por ellos, y hubo continuamente en la misma, de acuerdo con los términos del contrato, un Inspector representándole, para vigilar el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista demandado.
“A pesar de esto, sin embargo, otra hubiera podido ser tal vez la conclusión del tribunal, en virtud de sus conclusiones de hecho, a no existir, como parte del contrato, la referida Sección 41 del Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas en Puerto Rico.
“En estas condiciones se hace innecesario proceder a resolver las demás cuestiones planteadas en la acción, entendiendo la Corte que se debe, por consiguiente, declarar sin lugar la demanda ...”

Tras un estudio de la transcripción y de los alegatos esta-mos convencidos de que el juez de distrito apreció bien la-evidencia y aplicó correctamente la ley.

Hemos examinado la jurisprudencia y sostiene amplia-mente el criterio del juez sentenciador. Bastará que citemos el caso de City Street Imp. Co. v. Marysville, 155 Cal. 419. En él la Corte Suprema de California se expresó así:

“Se sostiene de buena fe que la ciudad está impedida de negar la terminación del trabajo por razón de no haberse opuesto a ello según progresaba dicho trabajo, y porque el ingeniero firmaba los certificados de mes a mes, y a la supuesta conclusión del trabajo, evidenciando su aprobación del mismo. Los contratos de la natura-leza que aquí se consideran, no son nuevos para la ley. La estipula-ción en esos contratos al efecto de que el criterio del ingeniero será definitivo, ha sido declarada válida y obligatoria por las cortes de Inglaterra, por las de los diferentes estados de la Unión, y por las cortes federales. La Corte Superior de Missouri dice lo siguiente de tales estipulaciones: 'Por tal estipulación, las partes constituyen al ingeniero en árbitro, y se ha resuelto que tal disposición es, si acaso, más obligatoria que una sumisión ordinaria, por razón de que se introduce y entra a formar parte de la causa del contrato, sin la cual no se habría, en toda probabilidad, ejecutado.
“ ‘Tiene sir origen en contratos para la edificación de importantes y extensas construcciones para el gobierno, y se instituyó para evitar pleitos interminables sobre cuestiones que sinceramente sólo pueden determinarse por aquéllos que poseen conocimientos científicos.’ (Williams v. Chicago etc. Ry., 112 Mo. 487, [34 Am. St. Rep. 403, 20 S. W. 631].)
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. Los defectos ahora alegados en relación con el trabajo, a saber, que se permitía al agua permanecer en zanjas por tanto tiempo que afectaba el cemento antes de fraguar, y el no haber los trabajadores cimentado la mitad inferior de muchas de las uniones, asumiendo que ocurrieran, debieron haber sido observados por el in-geniero, a través de sus representantes, al tiempo que se efectuaba el trabajo y cuando podían haber sido fácilmente remediados. Nin-guna porción del trabajo podía propiamente cubrirse con tierra en tanto no hubiera sido inspeccionada y declarada en buen estado, y no.se pretende establecer que alguna fué cubierta antes de tal ins-pección, según el deseo u orden de los inspectores. Al permitir que se cubriera, existía una aprobación práctica' y una aceptación del trabajo por el ingeniero, a través ele sus representantes, y esta acep-tación se confirmaba ele mes a mes por sus propios certificados para ]a asamblea (common council) de la ciudad, clónele se expresaba la cantidad de trabajo efectuado por el demandante hasta el día primero del mes y la cantidad que se adeudaba por el mismo. Estos certifica-dos necesariamente implicaban que el trabajo certificado se efectuaba de acuerdo confias especificaciones y estaba aprobado por él. El certi-ficado final demostraba, todo el trabajo por hacerse, necesariamente bajo la aprobación y satisfacción del ingeniero, y este certificado es-taba reforzado por la declaración oral del ingeniero al mismo efecto, ante el concejo en la junta en que se recibía, excepto que apareció de tal manifestación oral que algunas uniones de tubería y una boca de alcantarillado (manhole) que se certificaron como terminadas, no se habían terminado a petición de la ciudad a los efectus de que se defiriese por unos' cuantos días. Bajo estas circunstancias, creemos que la ciudad está claramente impedida de levantar que el deman-dante no ha cumplido con su contrato.
“No faltan autoridades sobre el particular. Debe tenerse en mente que hablamos de un caso en que no hubo fraude por parte del contratista, dirigido a impedir el descubrimiento de cualquier defecto, pues no había la más mínima base en la prueba para una conclusión a ese efecto. Lo más que podría decirse es que había evidencia ten-dente a probar falta de cuidado por parte de algunos empleados del demandante en cumplir en todo momento, al efectuar el trabajo, con las especificaciones, y una falta de cuidado tal que debió haberse ob-servado y remediado antes de que el trabajo estuviera totalmente ter-minado. En el caso de Schliess v. City of Grand Rapids, 131 Mich. 52, dijo la Corte Suprema de Michigan: ‘La conducta del demandado, a través de su inspector, y su arquitecto y su comisión de obras pú-blicas, le impide ahora reclamar que no'se cumplió con el contrato. Sus agentes arrtorizados estuvieron allí durante el progreso del tra-bajo, con el deber de velar por su propia y debida ejecución. La ciudad, a través de su comisión de obras públicas, actuaba semanal-mente sobre los informes rendidos, y pagaba las cantidades adeu-dadas de acuerdo con los estimados. La ley no permitiría al deman-dado ver la continuación de este trabajo, ratificarlo día tras día, y semana por semana, ver al demandante poner piedra sin cumplir exac-tamente con el contrato, y decir entonces, a la terminación del tra-bajo, “usted no ha cumplido con el contrato.” El término durante el cual debió haberlo aceptado o repudiado fue mientras se efectuaba el trabajo. No pudó inducir al demandante a creer que el trabajo era satisfactorio, y, una vez terminado, repudiarlo.’ ”

' En la demanda no se alega fraude. Todo lo que en ella se dice después de especificar detalladamente cómo debía realizarse la construcción, según el contrato, es lo que sigue:

“X. — Que el demandado, Rafael Berrios, no cumplió con el con-trato referido, ni con las condiciones exigidas en los planos y especi-ficaciones para la obra ni con los mandatos de la técnica y la prác-tica ordinaria.
“XI. — Que en septiembre 13, 1928, al ser azotada esta isla por el ciclón de San Felipe, el edificio objeto de esta acción, como conse-cuencia de los defectos ocultos de construcción apuntados, quedó in-servible y arruinado.
“XII. — Que con motivo de dicha viciosa e impropia construcción el demandante lia sufrido daños y perjuicios que estima en la suma de $8,150, que no ha sido satisfecha al demandante ni en todo ni en parte ni por los demandados ni ninguna otra persona para su uso y beneficio.”

Si el contratista no cumplió, como la evidencia demuestra que en efecto no cumplió, construyendo la obra en la forma especificada en el contrato, lo bizo necesariamente con cono-cimiento y consentimiento del dueño a través de su agente.

En tal virtud, sin que se alegue y demuestre la existencia de fraude, habiendo el dueño aceptado la obra, como la evi-dencia demuestra que la aceptó, es claro que perdió su derecho a toda ulterior reclamación por defectos en la» construcción de la misma.

La sentencia que declaró sin lugar su demanda debe en su consecuencia confirmarse.

¿Erró la corte al dictar dicha sentencia sin especial condenación de costas?

Sostienen los demandados apelantes que la ley aplicable es el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como fue enmendado por la Ley núm. 69 de 1936, leyes de ese año, (1) pág. 353 y así es en efecto, ya que la sentencia de que se trata se dictó en 1937.

Y sostienen además que siendo dicha ley compulsoria y habiéndose demostrado la temeridad del demandante, la corte de distrito estaba obligada a condenarlo al pago de las costas del pleito incluyendo los honorarios de abogado.

La ley es en efecto compulsoria en cuanto a las costas, pero los honorarios siguen dependiendo de la temeridad de la parte perdidosa apreciada discreeionalmente por el juez sentenciador.

Al declarar sin lugar la reconsideración la corte dijo :

“Consideradas todas las circunstancias que surgen de los autos y el carácter debatible de las cuestiones jurídicas que sirvieron de fundamento a la acción, se declara sin lugar la moción de reconsidera-ción de sentencia presentada en este caso.”

Y no se nos ha convencido de que estuviera errada en su criterio.

En tal virtud procede la modificación de la sentencia ape-lada agregándole el siguiente pronunciamiento: “con imposi-ción de las costas a la parte demandante.” Claro es que dichas costas no comprenden los honorarios de abogado. McCormick v. González Martínez, 52 D.P.R. 912.

En su consecuencia y declarándose sin lugar el recurso del demandante y con lugar, en parte, el de los demandados, la sentencia apelada quedará de tal modo modificada y con la modificación confirmada.

Los Jueces Asociados Sres. Travieso y De Jesús no intervinieron.


text:
    José Facundo Cintrón y Cuadra, Margarita Cintrón y Cintrón, Elvira Dapena Cintrón, Juana Clavell y Luis José Antonio Cintrón y Clavell por su madre legítima Juana Clavell; y René Cintrón Parra, demandantes y apelantes, v. Yabucoa Sugar Company, demandada y apelada.
    Núm. 7629.

    Sometido: Abril 8, 1938.

      Resuelto: Marzo 21, 1939.

      Cayetano Coll Cuchí, Fernando Zapater, Francisco Parra Capó y Luciano Colón, abogados de los apelantes; González Fagundo & González, Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Una de las cuestiones fundamentales decisivas envueltas en este caso es la de si procede o no la excepción de cosa juzgada que, entre otras defensas, alegó en su favor la parte demandada.

La corte de distrito resolvió dicha cuestión en la afirma-tiva y los demandantes apelaron para ante este tribunal. Su alegato consta de ochenta y nueve páginas y el de la parte apelada de ciento ochenta y dos. La opinión de la corte sentenciadora es muy extensa y los autos llegan a cerca de seiscientas páginas.

Los demandantes sostienen que son dueños de la hacienda “Laura” situada en Yabucoa, compuesta de cuatrocientas noventa y una cuerdas de terreno, establecimientos y maqui-naria para fabricar azúcar, y de otras fincas que describen, no obstante hallarse la demandada en posesión de las mis-mas desde 1912 a virtud de título inscrito en el registro de la propiedad, porque el procedimiento en ejecución de cierta hipoteca constituida por sus causantes a favor del primitivo causante de la demandada y por medio del cual fueron des-poseídos de sus dichos bienes, es nulo, entre otros motivos, por no haberse requerido de pago a los deudores de acuerdo con la ley.

La corte tras un juicio laborioso resolvió el pleito, como ya hemos indicado, en contra de los demandantes. Concluyó que si bien no se requirió a los deudores en debida forma den-tro del procedimiento hipotecario, dichos deudores al compa-recer en el mismo solicitando la adopción de ciertas medidas, se sometieron a la jurisdicción de la corte, concluyendo ade-más que aunqu^la sumisión no existiera, era lo cierto que la cuestión que ahora suscitaban debía considerarse juzgada y resuelta en otros pleitos por ellos mismos iniciados y que la demandada era un tercero hipotecario que había adquirido por prescripción el dominio de los bienes reclamados, habién-dose extinguido, también por prescripción, la acción ejerci-tada.

A virtud del estudio que de los autos y los alegatos hemos hecho, nos inclinamos a creer que la sentencia apelada se sos-tiene por todos sus fundamentos, pero a fin de no dilatar por más tiempo la decisión del recurso, nos limitaremos a consi-derar en nuestra opinión el de cosa juzgada.

Este pleito se inició por José Facundo Cintrón y Cuadra, Margarita Cintrón y Cintrón, Elvira Dapena y Cintrón, Juana Cía veil y Luis José Antonio Cintrón y Clavell y René Cintrón y Parra, como únicos partícipes en la actualidad de la sociedad agrícola Cintrón Plermanos contra la Yabucoa Sugar Company, una corporación constituida con arreglo a las leyes de Puerto Rico.

En la demanda se alega que las fincas de que se trata fueron hipotecadas por Cintrón Hermanos al Banco Territorial y Agrícola en 1895 para responder de noventa mil pesos mexicanos; que en cobro de su crédito el banco solicitó y obtuvo la venta de las fincas en pública subasta en mayo 19, 1906; que Cintrón Hermanos quedó disuelta desde junio 30, 1901, por vencimiento del término y por fallecimiento de sus socios José Facundo Cintrón y Aurelio Dapena; que ni la sociedad ni sus derecbobabientes fueron requeridos de pago en el procedimiento hipotecario que culminó en la adjudica-ción, procedimiento en el cual se ordenó y efectuó la venta no sólo para el cobro del capital de la deuda y sus intereses, si que de dos mil dólares para costas, suma garantizada pero ilíquida; que la subasta sólo se anunció en el Boletín Mer-cantil de 'San Juan; que el valor real de las fincas subastadas era de doscientos mil dólares, babiéndose valuado en la escri-tura de hipoteca en $134,506 y babiéndose vendido luego por el banco en cien mil a Manuel Dueño, adquiriéndolas la demandada en 1912 en $213,109.51 y que la corte dispuso la venta de la totalidad de las fincas y no de la parte necesaria.

La súplica de la demanda es como sigue:

“1. Que declare nula la subasta de las fincas descintas en esta de-manda.
“2. Que condene a la Yabucoa Sugar Company a reivindicar dichas fincas a los demandantes y a pagar todos los frutos, rentas y productos de la misma desde que las adquirió en una suma de $50,000 anuales como mínimum.
“3. Que condene a los demandados en costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogados.”

•Consta de los autos que después de adjudicadas al banco acreedor en pública subasta las fincas de que se trata, doña Eulalia y doña Margarita Cintrón, socias de la Sociedad agrí-cola Cintrón Hermanos, y José Luis y José Cintrón, hijos de José Facundo Cintrón, socio que fué de dicha sociedad, demandaron al banco en abril 28, 1903, solicitando entre otros pronunciamientos el de la nulidad de la adjudicación.

La corte de distrito decidió el pleito en los siguientes términos:

“Fallamos: que debemos declarar y declaramos sin lugar los dis-tintos extremos de esta demanda, absolviendo al Banco de la misma, excepto en lo relativo a la petición de nulidad de la segunda subasta, diligencia posterior y auto de adjudicación, cuyas actuaciones decla-ramos nulas, sin especial condenación de costas.”

Apelaron ambas partes y esta corte resolvió el recurso como sigue:

“Por las razones expuestas procede que confirmando en lo con-forme y revocando en- lo demás la sentencia por ambas partes apela-das, se declare nulo el procedimiento sumario ejecutivo o de apremio seguido ante la Corte de Distrito de Humacao por el Banco Territorial y Agrícola contra la Sociedad Agrícola e Industrial Cintrón Hermanos para el cobro de crédito hipotecario, desde la celebración de la segunda subasta verificada en Guayama el 17 de marzo de 1903, reponiendo dicho procedimiento al estado que entonces tenía, y se desestimen las demás pretensiones formuladas por la referida socier dad en su escrito de demanda, sin perjuicio de los derechos que le asistan respecto de las cuentas de administración de la Central ‘Laura’, que debe rendirle el mencionado Banco a contar desde la fecha de la rendición de las últimas cuentas producidas, con arreglo a lo pac-tado por ambas partes en la escritura pública de 23 de mayo de 1900, entendiéndose las costas de ambas instancias sin especial condena-ción. ’ ’

Los fundamentos de. la sentencia se consignan en una opi-nión emitida por el entonces Juez Asociado del Tribunal Sí. Hernández publicada en el volumen noveno de las Decisiones de Puerto Eico a las páginas’ 244 a 290. Cintrón v. El Banco Territorial y Agrícola, 9 D.P.R. 244.

Volvió a actuar la corte de distrito y vendidos de nuevo los bienes hipotecados en pública subasta en mayo 19, 1906, mediante adjudicación al Banco acreedor, otra vez doña Margarita y doña Eulalia Cintrón y los hijos de don Facundo, acudieron a la Corte de Distrito de San Juan pidiendo sen-tencia entre otros con los siguientes pronunciamientos:

“3. Que se declare y decrete la restitución de la Central ‘Laura’, y anexos reclamados, jr que la. subasta de las fincas celebrada el día 19 del mes de mayo de 1906, sea anulada y declarada sin valor ni efecto legal alguno, así como todos los procedimientos relativos a dicha subasta, adjudicación e inscripción a favor del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Eico.”

Vino el pleito en apelación y esta Corte Suprema confirmó la sentencia recurrida en cuanto por ella se declaró no haber lugar a decretar la nulidad de la subasta de mayo 19, 1906. La opinión de la corte íué emitida de igual modo por el Juez Sr. Hernández y ocupa las páginas 509 a 538 del tomo 15 de las Decisiones de Puerto Rico. En ella se transcribe íntegra la relación de becbos aceptada por las partes y apro-bada en marzo 27, 1908 a los efectos de la apelación por el juez sentenciador que lo era el que emite abora cerca de treinta y un años más tarde esta opinión. Cintrón et al. v. Banco Territorial y Agrícola, 15 D.P.R. 507.

Basta a nuestro juicio lo que dejamos expuesto para con-cluir sin vacilación alguna que existe la cosa juzgada y en su consecuencia que actuó derechamente la corte de distrito al declarar la demanda sin lugar.

“Para que la presunción de’cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sen-tencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron”, dice el Código Civil, ed. 1930, en su artículo 1204, y aquí concurren todos esos requisitos.

Se insiste en que en este pleito se alega algo fundamental que no se alegó en los otros, esto es, la falta de requerimiento hecho de acuerdo con la ley. Aceptando que es así, ello no obstante la excepción procede porque dicha falta pudo y debió alegarse cuando se recurrió ante los tribunales en demanda de las tierras que hoy se reclaman por haberse adquirido a virtud de un procedimiento ejecutivo hipotecario nulo.

En el caso de Iglesia Católica v. Municipio de Bayamón, 27 D.P.R. 865, 868, se dijo:

“Esta materia ele la ‘cosa juzgada' ha sido estudiada cuidadosa-mente por esta Corte Suprema y decidida en muchas ocasiones. En el caso de González v. Méndez, et al., 15 D.P.R. 701, se estableció la siguiente doctrina, aplicable a este pleito:
“ ‘Cuando en una acción se pide la nulidad de una enajenación hecha por la madre de los bienes de su hija menor por carecer de au-torización judicial para ello y en otra acción se pide la misma nulidad por el fundamento distinto de que la madre carecía de la patria potestad sobre su hija, siendo el objeto de ambos pleitos el reclamar una herencia y anular la escritura de enajenación, existe la identidad de acción que da vida a la excepción de cosa juzgada.
“ ‘Existe la identidad de acciones requerida para la existencia de la excepción de cosa juzgada, aunque las razones o causas de nulidad de una enajenación alegadas en ambas acciones sean distintas cuando el objetivo de ambos pleitos es el mismo. Sentencia del Tribunal Supremo de España de 14 de marzo de 1898.’
“No se trata aquí he hechos nuevos ocurridos después de dictada la primera sentencia. Desde el primer instante la demandante es-tuvo en condiciones de plantear su pleito bajo las mismas bases que lo planteó por su segunda demanda. Ella tuvo la oportunidad que se concede a todos los ciudadanos. Se le dió ‘su día en corte’ Si por un error en su gestión más bien que por falta de justicia perdió un derecho, su falta es a ella misma imputable. No es posible ad-mitir una repetición de pleitos bajo circunstancias tales. Hablando por la corte el Juez Figueras, en el caso arriba citado, dijo:
“ ‘Esto no puede aceptarse porque nunca se constituiría un es-tado de derecho estable y serio porque la parte que obtuvo en su pro un fallo definitivo se vería envuelta tantas veces en otros tantos plei-tos cuantas razones de pedir distintas, pero conocidas al promover el primer pleito, pudieran ocurrirse a una imaginación fecunda.’
“Véanse también las decisiones de esta Corte Suprema en los si-guientes casos: Quintero v. Morales, 23 D.P.R. 118; Vega et al. v. Rodríguez et al., 21 D.P.R. 334; Hernández v. Arán et al., 20 D.P.R. 53; Orama et al., v. Oyanguren, 19 D.P.R. 829; Ninlliat v. Suriñach et al., 18 D.P.R. 195, y Calaf et al. v. Calaf, 17 D.P.R. 198, y la de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Calaf y Fugurul v. Calaf y Rivera, 232 U. S. 371, 374.”

La doctrina de cosa juzgada, ha dicho la Corte Suprema de los Estados Unidos en Hart Steel Co. v. Railroad Supply Co., 244 U. S. 294, 299, por medio de su Juez Sr. Clarke, “no es una simple cuestión de práctica o procedimiento heredada de otros tiempos más técnicos que los nuestros. Es una regia de justicia fundamental y sustancial, ‘de interés público y de paz privada’, que debe ser observada y puesta en vigor por las cortes con el fin de que los derechos,, una vez establecidos por una sentencia final de una corte de jurisdicción competente, sean reconocidos por aquéllos que-estén en toda forma por ella obligados, en cualquier sitio en que la sentencia deba respetarse. Kessler v. Eldred, supra.”

Bebe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Arturo Torrellas Ramírez, demandante y apelado, v. Sucn. de Pablo F. Torrellas Ramírez y otros, demandados y apelantes.
    Núm. 7942.

    Sometido: Marzo 6, 1939.

      Resuelto: Marzo 21, 1939.

      Francisco González Fagundo, abogado.de la Sucesión apelante; José Sabater, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Tenemos ante nos una moción para que se desestime por-dos motivos el recurso de apelación interpuesto. El primero • de ellos es que esta Corte Suprema no tiene jurisdicción por-que los apelantes dejaron de notificar su escrito de apelación-a los demás demandados que están en rebeldía, y quienes tienen interés directo en el resultado de. la apelación. El segundo es en efecto que los apelantes ban elevado un legajo-de sentencia sin incorporar la prueba aducida durante el. juicio.

La demanda en este caso es bastante extensa y alega que el demandante celebró un contrato con el causante de los demandados, y otros, según el cual el primero les adelantaría el dinero necesario para comprar una secadora de café para beneficio mutuo. Al demandante se le pagaría del producto de la empresa común. La tendencia general de la demanda es, conforme la leemos, que se trataba de una tentativa de recobrar de cada uno de los demandados la suma que éste adeudaba individualmente, luego de deducir las ganancias y de agregar los intereses. En la demanda se especifica la cantidad debida por cada uno de los demandados.

Los apelantes en este caso excepcionaron la demanda por falta de jurisdicción, puesto que la suma a ser recobrada en cada caso era menos de la cuantía jurisdiccional necesaria para que una demanda pueda ser radicada ante una corte de distrito. Podemos agregar que al celebrarse original-mente el contrato entre las partes, todos ellos eran condueños de determinada hacienda; que se practicó una partición de terrenos entre dichos, demandados, de suerte que cada uno de ellos, durante el litigio y antes, tenía el dominio de su parte.

La corte inferior declaró sin lugar la excepción, manifes-tando que si bien la súplica de la demanda de ordinario no formaba parte de ésta, sin embargo, podía ser tomada en consideración en este caso, y que en la súplica se solicitaba se condenara a los demandados a pagar solidaria y manco-munadamente la suma de $615.28.

Dudamos seriamente que la demanda demuestre otra cosa que no sea una responsabilidad separada de parte de cada uno de los demandados. Sea ello como fuere, los hechos rela-tivos a si los demandados responden colectiva o individual-mente no son tan claros para que no se oiga a éstos en apelación sobre los méritos de su excepción. Eso en cuanto a los posibles méritos del caso.

Según hemos visto, los apelantes excepcionaron la de-manda. Los otros demandados meramente permitieron que se les anotara la rebeldía. Conforme entendemos, nna sen-tencia en apelación declarando a la corte inferior sin juris-dicción resultaría, de resultar en algo, favorable a las partes que están en rebeldía. Si el recurso de apelación no ayudó o no podía ayudar a dichas partes, el hecho de que no fueran notificadas no les colocó en peor’situación de la que hubieran estado de no haberse apelado. Por tanto, no podemos ver que los demandados en rebeldía sean las partes contrarias o adversas a que se refiere el Código de Enjuiciamiento Civil, y en su consecuencia, los casos en que descansa el apelado no son aplicables.

Es cuestión corriente, fortificada por mucha jurisprudencia de este tribunal, la de que para discutir una excepción previa el apelante no necesita incorporar la prueba. Esto resuelve el segundo motivo de la desestimación.

Debe declararse sin lugar la moción para desestimar.


text:
    José E. Berrocal, recurrente, v. Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1041.

    Sometido: Marzo 6, 1939.

      Resuelto: Marzo 21, 1939.

      José Sabater, abogado del recurrente; el registrador recurrido compa-reció por escrito.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Evaristo Aseneio recibió nn préstamo de José E. Berrocal por la cantidad de $610. En garantía de dicha suma, de sus intereses a razón de 9 por ciento anual, y de un crédito adicional de $100 para costas, gastos y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial, con el expreso consentimiento de su esposa Trinidad Casiano constituyó hipoteca a favor del acreedor sobre una finca urbana de su propiedad. Entre las condiciones del contrato de hipoteca se halla una que dice así:

“La hipoteca constituida se extiende a cualquiera nueva edifica-ción que se realice en la finca hipotecada aun por i creeros.”

Presentada la escritura de hipoteca en el Registro de la Propiedad de Mayagüez, el registrador extendió al calce del documento la siguiente nota:

“Se hace constar que esta inscripción se deniega en cuanto a la cláusula sobre extensión de la hipoteca a nuevas edificaciones que se realicen en la finca por terceros, por el motivo de que el hipotecante no puede en este caso imponer hipoteca alguna ni hacer extensiva la de este caso a nuevas edificaciones que en su día construya un tercero sobre el solar hipotecado.”

No estando conforme el acreedor hipotecario, interpuso este recurso gubernativo solicitando la revocación de la nota recurrida.

La cuestión a resolver es si la cláusula anteriormente transcrita es válida. En otras palabras, si pueden los contratantes pactar que cualquier edificación que se levantare en la finca hipotecada quede afecta a la hipoteca, aunque la edificación pertenezca a persona distinta de los deudores.

Pía sido siempre un principio fundamental en el derecho hipotecario español el de que nadie puede hipotecar aquello que no le pertenece, es decir, es requisito indispensable que el hipotecante sea dueño de la cosa hipotecada.

La Ley VII, Tít. 13, Part. 5% exponía este' principio en los siguientes términos:

“Los que ban poderío de enajenar las cosas porque son señores dellas, éstos mismos las pueden empeñar a otri.”

Posteriormente el Código Civil consignó el mismo precepto en el artículo 1857 del español, que es el 1756 del nuestro (edición 1930), en la siguiente forma:

“Art. 1756. Son requisitos esenciales de los contratos de prenda e hipoteca:
“1.
“2. Que la cosa pignorada o hipotecada pertenezca en propiedad al que la empeña o hipoteca.
“3.
“Las terceras personas extrañas a la obligación principal pueden asegurar ésta pignorando o hipotecando sus propios bienes.” (Bas-tardillas nuestras.)

La Ley' Hipotecaria expone el mismo principio legal en sus artículos 138 y 139, a saber:

“Art. 138. Son hipotecas voluntarias las convenidas entre partes o impuestas por disposición del dueño de los bienes sobre que se cons-tituyan.
“Art. 139. Sólo podrán constituir hipoteca voluntaria los que tengan la libre disposición de sus bienes, o en caso de no tenerla se hallen autorizados para ello con arreglo a las leyes.”

Comentando Manresa el artículo 1857 del Código Civil español, que es el 1756 del nuestro, dice:

; “La prenda y la hipoteca responden ordinariamente-de un crédito real o de una obligación principal cuyo cumplimiento se garantiza por alguno ele dichos medios, y, por consiguiente, es de esencia en ellos que, en el caso de no ser cumplida la obligación principal garanti-zada, pueda procederse contra la garantía aplicándose el producto ele la misma a la satisfacción de dicha obligación, lo cual no podría tener efecto si los bienes pignorados, o' hipotecados no fueran de lá pertenencia del que los pignora o hipoteca.' Es decir, que respon-diendo al cumplimiento de la obligación principal las cosas en que consista la garantía pignoraticia e hipotecaria y teniendo que pro-e'éaerse a su enajenación o pasando'a'ser propiedad'del'¿creedor, en su’ caso, si se faltara a dicho- cumplimiento,- evidente 'resulta la nece-sidad de que concurra el'segundó''-dé-dó's'tróqiáis'itos-''indióádos,'pues-hay una verdadera transmisión del dominio o de los derechos sobre que versa la garantía por parte del que constituye tales aseguramien-tos al entregar en prenda o al hipotecar dichos bienes.
“No quiere esto decir que el deudor principal sea siempre el pig-norante o el hipotecante, pues ni esto es de esencia, ni se ajusta tampoco a la práctica y a la costumbre. Por el contrario, muchos y frecuentes son los casos en que una tercera persona preste la garantía con sus propios bienes.
“En este punto se diferencian de la fianza, como hemos dicho la prenda y la hipoteca, pues mientras en aquélla es necesaria la inter-vención de una tercera persona en el concepto de garantizador, en estos dos contratos, que ahora estudiamos en sus caracteres comunes, puede prestar la garantía el mismo que debe la obligación principal; pero no es necesario que lo haga siempre y en todo caso el deudor, sino que puede hacerlo un tercero; y tanto éste como el principal obligado, si constituye él la prenda o la hipoteca, tendrán que ser due-ños respectivamente de las cosas objeto de la garantía, por la razón que queda indicada anteriormente.
“Por eso declara el Código en el párrafo último de este mismo ar-tículo, poniendo término a toda duda sobre ello, que las terceras personas extrañas a la obligación principal, o sea al contrato en que la misma se estableciera, pueden asegurar dicha obligación pignorando o hipotecando sus bienes propios, con lo que no ha venido a hacerse otra cosa más que sancionar el estado de derecho anterior a la pu-blicación de dicho cuerpo legal.
“En efecto, la ley 7a., tít. 13 de la Partida 5a., disponía, por lo que a la prenda se refiere, que no pudiesen empeñar las cosas los que no han poderío de enajenarlas por la razón ya expuesta de que la prenda y también la hipoteca entrañan una verdadera enajenación de la cosa dada en garantía en alguno de dichos conceptos, toda vez que ésta corre el riesgo del incumplimiento de la obligación que ga-rantiza. Y en cuanto a la hipoteca, la ley Hipotecaria había decla-rado ya que no podía ser constituida en ningún inmueble por persona que no acreditase su propiedad, no pudiendo ser inscrita la hi-poteca si nó constare en el Registro el derecho del hipotecante sobre la misma.” 12 Manresa, Comentarios al Código Civil (ed. 1911), pág. 383.

Los Sres. Galindo y Escosura, comentando los artículos 138 al 141 de la Ley Hipotecaria Española, iguales a los nues-tros de los mismos números, ponen gran énfasis en la nece-siclad de que el hipotecante sea dueño actual de la cosa hipotecada, y se expresan así:

“No es éste, sin embargo, el pensamiento de la Ley: del examen de sus varias disposiciones, se deduce que exige, y exige basta un punto inconveniente, el dominio de la cosa o derecho hipotecado, en el que hipoteca; aun cuando este dominio sea precario y revocable, siempre que sea actual.
“El art. 135, si bien no de una manera directa, presupone el do-minio en los que hipotecan, al establecer que sólo pueden constituir hipoteca voluntaria los que tengan la libre disposición de sus bienes, o caso de no tenerla, se hallen autorizados para ello con arreglo a las leyes. No se dice tampoco en' este artículo que los que tengan la libre disposición de sus bienes pueden constituir hipoteca sobre, ellos; y si es axioma reconocido que la Ley Hipotecaria no varía-el derecho común más que en aquellos casos en que expresamente lo establece; como según éste, los que tienen la libre disposición de sus cosas pueden hipotecar las ajenas; podría sostenerse que la condición del art. 139 era subjetiva, referente a las cualidades de capacidad que debía reu-nir el otorgante para poder contratar; no objetiva, que recayese sobre la calidad de los bienes objeto del contrato, esto es, si pertenecían al hipotecante o a un tercero.
“Sólo el art. 141 determina algo más el principio; puesto que si únicamente pueden constituir hipoteca los que tengan la libre dispo-sición de sus bienes (art.. 139), si éstos pueden hacerlo por medio de apoderados (art. 140)', y si el poder no fuera bastante, podrá rati-ficarse por el dueño de los bienes (art. 141) ; se deduce rectamente que el poder ha de otorgarse por el dueño, y que éste sólo es el que puede constituir hipoteca por sí o por medio de apoderado.” 4 Galindo y Escosura, Comentarios a la Legislación Hipotecaria, 247.

Tres modalidades distintas puede ofrecer la construcción de un edificio en solar ajeno:

1. Puede construirse con permiso o en virtud de contrato con el dueño del suelo.
2. Puede haberse construido de buena fe, y
3. Puede haberse construido de mala fe.

En el primer caso, el que construyó conserva el dominio de lo edificado con exclusión del dueño del suelo, pudiendo inscribir su edificación en el registro de la propiedad; en el segundo caso, el dueño del suelo tampoco lo es del edificio (art. 297, Código Civil), mientras no lleve a efecto la indem-nización establecida en los artículos 382 y 383 del mismo cuerpo legal; y en el tercer caso, si bien de acuerdo con el artículo 298 del Código Civil el que edifica de mala fe en terreno ajeno pierde lo edificado, sin embargo puede demo-ler la obra con abono de daños y perjuicios, siempre que pueda hacerlo sin menoscabo de la finca, y en ese caso el dueño del suelo tampoco adquiere el dominio de lo edificado. ■ 3 Man-resa, Código Civil Español, edición 1910, pág. 216.

¿Con qué título puede el dueño del suelo constituir hipo-teca voluntaria sobre un edificio no levantado por él? Podría .arg'üirse que en cualquiera de los tres casos antes mencio-nados existe siempre la posibilidad más o menos probable de que el dueño del suelo pueda en alguna forma llegar a ser dueño de la edificación, y que en previsión de esa eventualidad debe subsistir la cláusula impugnada. Pero a esto contes-taríamos con Gralindo y Escosura :

“Las deducciones y presunciones más o menos remotas, -más o menos probables, más o menos sujetas a interpretación, no caben den-tro de la Ley que funda su sistema en la especialidad y en la pu-blicidad.” 4 Galindo y Escosura, págs. 75-76.

Podría también argiiirse que el que construyó pudo ente-rarse por las constancias del Registro que el edificio que cons-truyera sobre la finca quedaba afecto a-la hipoteca; pero como se presume que toda persona conoce la ley, el que cons-truyó no podía ignorar que esa condición no le obligaba, por-que siendo él el único dueño de. la edificación, nadie más que él podía hipotecaria, no obstante cualquier pacto que hubiere celebrado el dueño del solar con otra persona sin el con-sentimiento del dueño del edificio. Artículos 1756 del Código Civil y 138 y 139 de la Ley Hipotecaria.

Cualesquiera que sean las ventajas que la cláusula en ■controversia-pueda reportar al acreedor hipotecario, es con-traria a-la ley y ello basta para que los contratantes no puedan pactarla, siendo, por .consiguiente, nula, de acuerdo con el artículo 1207 del Código Civil, que prescribe:

“Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y con-diciones que .tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral-ni al orden público. Bartardillas nuestras.) .

La cláusula en cuestión evidentemente es contraria a las leyes. Por consiguiente es nula, y siendo nula, actuó correc-tamente el Registrador al denegar su inscripción.

Procede, por lo expuesto, confirmar la nota recurrida.


text:
    Nicolás Morell Hernández, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1042.

    Sometido: Marzo 21, 1939.

      Resuelto: Marzo 24, 1939.

      José D. Rodríguez, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Nicolás Morell Hernández por medio de su abogado pre-sentó en el Registro de la Propiedad de Aguadilla la escritura de protocolización del testamento de doña Isabel Hernández Bello viuda de Morell, acompañada de otra otorgada por doña María Colom Casasnovas como madre viuda y representante legal de sus cuatro menores hijos y de un recibo de la con-tribución sobre la herencia de doña Isabel, todo al efecto de que se inscribiera a su nombre cierto crédito hipotecario por seis mil dólares que dicha señora tenía constituido sobre una finca situada en los barrios de Buenos ‘Aires y Latorre de Lares.

El registrador negó la inscripción solicitada “por enten-der ■ qne a la luz de dicho testamento, dehe practicarse y acompañarse al registro, el inventario, avalúo, liquidación y adjudicación de los bienes relictos al fallecimiento de doña Isabel Hernández Bello”. Y el interesado apeló.

La señora Hernández testó y murió en la ciudad de Palma, capital de las Islas Baleares, España. ' Era natural de esta Isla de Puerto Rico, de estado viuda y dispuso de sus bienes como sigue:

“Lego a cada uno de mis nietos Juan Morell Colom y Nicolás Morell y Rodríguez la suma de diez mil pesetas en metálico y por una sola vez. — Lego a mi nieto Damián Morell Rodríguez la casa cochera con su patio de la calle de la Unión. — Lego a mi nieto Damian Morell Colom la cantidad en metálico y por una sola vez, de quince mil pesetas. — Lego a mi nieta Isabel Morell Colom, todas las alhajas, ropa y piano que fueron de mi difunta hija María. — Lego a mi hijo Nicolás Morell Hernández, las dos terceras partes de la casa vivienda que poseo en la calle de Pastos Núm. 6 de esta ciudad, con todos los mue-bles y ropas, y los bienes que poseo en Puerto Rico. Lego a mis nietos Damián, Isabel, Tomás y Juan Morell Colom las diez acciones del Banco de España, en partes iguales. — Lego a mi sirviente Magdalena Jaume, mientras me sirva hasta mi muerte y a Francisca Ros la cantidad de mil pesetas a cada una por una sola vez. — Quiero que los gastos de entierro y funeral los paguen mis herederos en partes igua-les. — El remanente de todos mis bienes, derechos y acciones, presen-tes y futuros quiero se hagan dos partes iguales, una para mi hijo Nicolás y otra para los hijos de mi difunto hijo Tomás. — Condono a mis hijos y nietos- todas las cantidades que estos me adeudaren en el día de mi muerte.”

Por la otra escritura acompañada doña María Colom Casasnovas a nombre de sus hijos menores Damián, Isabel, Tomás y Juan Morell Colom, declaró:

' ‘ Que en la partición, verificada ya, de la herencia de Doña Isabel Hernández Bello, han correspondido en pleno dominio a D. Nicolás Morell Hernández, libres de toda otra participación hereditaria, todos .los bienes que la causante poseía en Puerto Rico y, muy especialmente, el crédito hipotecario contra don Jaime Ballester Castañer, vecino de Lares, constituido el viente de febrero de mil novecientos treinta y tres, ante el Notario de la misma ciudad de Lares D. José Rodrí-guez; lo que expresamente reconoce la compareciente para que dicho D. Nicolás, pueda, por sí solo, practicar las diligencias y otorgar las escrituras necesarias para conseguir titulación a su favor de dicho crédito y la consiguiente inscripción en el Registro de la Propiedad. ’ ’

Y el recibo demuestra que Juan B. Seín, administrador de la herencia de la Señora Hernández, declaró como bienes de la misma el indicado crédito hipotecario valorado en $3,600 y como heredero al recurrente Nicolás Morell Hernández, y pagó $88 como contribución de herencia.

Sostiene el recurrente que con esa documentación pudo y debió el registrador inscribir el crédito a su nombre, alegando que el documento que dicho funcionario exige “corresponde a los bienes radicados en Europa, y en el interés de los par-tícipes debe retenerse allí.”

Por su parte el registrador, en su alegato, expone su cri-terio como sigue:

“De acuerdo con los documentos presentados existen dos partes con derechos iguales a los bienes relictos por doña Isabel Hernández Bello, una vez deducidas las bajas contra el caudal, y que son: Don Nicolás Morell Hernández y la estirpe formada por los menores Da-mián, Isabel, Tomás y Juan Morell Golom, en representación de su padre.
“La testadora lega a su hijo Nicolás “todos dos bienes en pueRto Rico”.
‘ ‘ ¿ Cuáles son estos bienes ? ¿ Dónde radican f ¿ A cuánto as-ciende su cuantía? ¿Excede el valor de éstos el tercio de libre dis-posición? ¿Invade su valor la legítima de los menores?
“La respuesta a las preguntas que anteceden puede únicamente obtenerse a virtud del inventario, avalúo, liquidación y adjudicación de los bienes relictos a la muerte de doña Isabel Hernández Bello.
“No estamos conformes con el último párrafo de la página cuarta del escrito del recurrente cuando afirma que resulta ser simplemente un crédito hipotecario de $6,000 los únicos bienes de la testadora en Puerto Rico, mostrando como única prueba el recibo de contribución de herencia expedido por el Departamento de Hacienda, toda vez que de acuerdo con el Código Político en esa relación de bienes se incluyen únicamente los bienes reportados por los herederos o su alba-cea o administrador de los mismos.
“Si el Tal or ele los bienes radicados en Puerto Rico excediere a la legítima de los menores, ¿ qué protección tendría el derecho de éstos si se accediere a la pretensión del recurrente inscribiendo los bienes en esta isla exclusivamente a nombre de don Nicolás Morell Her-nández ? ”

El razonamiento del registrador es persuasivo y su cri-terio encuentra apoyo en la ley civil e hipotecaria. No se trata de inscribir una herencia a favor de los herederos en cuyo caso bastaría el testamento. Tampoco se trata de un solo heredero. Lo que se pretende es inscribir un bien deter-minado de la herencia exclusivamente a favor de uno de los herederos y para ello la partición es necesaria. No hay duda alguna que la escritura otorgada por la Sra. Colom a nom-bre de sus menores hijos los otros herederos, está en la línea, pero no es por sí sola suficiente. Tampoco es por sí solo suficiente el"testamento no obstante “legar” la testadora “al heredero” los “bienes que poseo en Puerto Rico” y encon-trarse situado el bien que se trata de inscribir en esta Isla. Es el inventario, avalúo, partición y adjudicación el docu-mento que permitiría conocer con exactitud la extensión de 'la herencia y determinar si su distribución se ajusta o no a ley. Probablemente todo está en regla, pero el registrador a los efectos de cumplir con su deber a conciencia, está justi-ficado en exigir que se le presente ese documento que no “corresponde a los bienes radicados en Europa” solamente, como se alega, si que a todos los de la herencia incluso los radicados en Puerto Rico.

Debe confirmarse la nota recurrida.