text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Mallens, Acusado y Apelante.
    Apelaciór procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en causa por libelo.
    No. 1311.
    Resuelto en mayo 29, 1919.
    Desestimación de la Acusación en Misdemeanor — Arresto del Acusado — Ar-tículo 145 del Código de Enjuiciamiento Criminal. — De acuerdo con la ley de mayo 3'0, 1904, enmendatoria del artículo 145 del Código de Enjuicia-miento Criminal, actualmente no es motivo para que se desestime la acusa-ción a instancia del acusado, el lieelio de que antes de formularse la acusa-ción por un delito menos grave (misdemeanor) no Rubiera un juez de paz ordenado la prisión del acusado.
    Sobreseimiento de la Causa — Artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal — Término para la Celebración del Juicio en Causa Criminal.— Cuando el juicio señalado para celebrarse dentro del término de 120 días a que se refiere el No. 2 del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal es suspendido a petición del acusado y se celebra después de' trans-currido dicho término, el acusado no tiene derecho al sobreseimiento.
    Palabras Libelosas. — En este caso se imputó al acusado haber publicado en una hoja impresa, entre otros, los siguientes conceptos: “* * * dos in-felices trabajadores también fueron víctimas del horroroso masacre perpe-trado por los héroes al servicio de los intereses protegidos por el Gobernador ’ ’ y “* * * que el Gobernador permite que sus esbirros realicen su obra de exterminio, en un pueblo indefenso” y “una vez más la tiranía capitalista, cuenta con el apoyo decidido del Gobernador y las víctimas proletarias son empujadas al suicidio, al masacre policiaco, torturadas, aniquiladas sin con-miseración. El Gobernador ha ofrecido y le ha dado su protección a las compañías navieras y a la Cámara de Comercio para que puedan reducir a la impotencia a los trabajadores en huelga. Desde ese momento la conjura en contra de la huelga adquirió suficiente arrogancia y como consecuencia final, ahí están humeantes las huellas de crímenes horrendos.” Se resolvió: que los párrafos transcritos imputan actos al Gobernador de esta isla que tienden a impugnar su integridad y honradez exponiéndolo al desprecio público.

      Libelo — Denuncia Suficiente — Alegaciones.—No es necesario que en una acu-sación se inserte todo el impreso, libro o periódico en que se baile la materia libelosa; basta que se inserte aquella parte que sirve de base a la acusación.
    Palabras Libelosas — Alegación.—El Pueblo no está obligado a alegar ni a probar que las palabras libelosas habían sido declaradas tales por alguna sentencia judicial.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. F. Gervoni Gély j Antonio Trujillo.

    Ahogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Según la exposición del caso, el acusado, apelante ahora, solicitó el archivo de la causa por no aparecer que se hubie-ra expedido mandamiento de arresto; petición que fué ne-gada y cuya resolución se alega ser errónea.

Si bien el artículo 145 del Código de Enjuiciamiento Criminal, según se publicó en el año 1902, disponía que el tribunal desestimara la acusación a instancia del acusado, • en-tre otros casos, cuando el delito denunciado fuera menos grave (misdemeanor) y antes de formularse la acusación no hu-biera un juez de paz ordenado la prisión del acusado, sin embargo, al ser enmendado este artículo por la ley de 30 de mayo de 1904, que aparece en el tomo de leyes de 1905, página 16, quedó suprimido ese motivo de desestimación.

También solicitó el acusado el sobreseimiento de la cau-sa fundándose en el artículo 448, No. 2, del Código de En-juiciamiento Criminal por haber transcurrido más de ciento veinte días entre la presentación de dicha acusación y la ce-lebración del juicio.

La acusación fué presentada el 28 de mayo y en 4 de junio 'siguiente solicitó el acusado la suspensión del juicio, que luego se celebró el 22 de octubre.

No cometió error la corte inferior al negar el sobresei-miento solicitado porque el juicio fué señalado para cele-brarse dentro de los ciento veinte días a qne se refiere el No. 2o. del artículo 448 citado; y si no se celebró durante ese período de tiempo fue por la suspensión que solicitó el acusado.

El no llevar a juicio a un acusado de un delito durante el tiempo fijado por la ley no le da derecho a ser absuelto si dicha demora es causada por el propio acusado, por culpa suya o con su consentimiento. En tal caso no puede él sos-tener que se le ha negado un juicio rápido. In Re Begerow, 85 Am. St. Rep. 178. De sus notas en la página 195 son las siguientes citas: Ex parte Cox, 12 Texas App. 665; McGuire v. Wallace, 109 Ind. 284, 10 N. E. 111; People v. Matson, 129 Ill. 591, 22 N. E. 456; State v. Billings, 140 Mo. 193, 202, 41 S. W. 778; People v. Cline, 74 Cal. 575, 16 Pac. 391.

La tercera cuestión suscitada por el apelante es que la corte inferior cometió error al negar su excepción a la acu-sación fundada en que los hechos expuestos en ella no cons-tituyen delito público.

Hemos leído los párrafos que inserta la acusación del impreso que según ella hacía circular el acusado. No trans-cribiremos aquí íntegramente esos párrafos pero diremos que su contenido es de tal naturaleza que en verdad se im-putan actos al Hon. G-obernador de esta isla que tienden a impugnar su integridad y honradez exponiéndolo al despre-cio público, porque relatando ciertos sucesos acaecidos, se-gún el impreso, en el barrio de Puerta de Tierra de esta ciudad el día 23 de marzo de 1917 de los que se dice que resultaron muertos un hombre y una mujer y que “dos infe-lices trabajadores también fueron víctimas del horroroso ma-sacre perpetrado por los héroes al servicio de los intereses protegidos por el Gobernador”, dice “que el Gobernador permite que sus esbirros realicen su obra de exterminio, en un pueblo indefenso” y que “una vez más la tiranía capi-talista cuenta con el apoyo decidido del Gobernador y las víctimas proletarias son empujadas al suicidio, al masacre policiaco, torturadas, aniquiladas sin conmiseración. — El Go-bernador ba ofrecido y le lia dado su protección a las com-pañías navieras y a la Cámara de Comercio para que pue-dan reducir a la impotencia a los trabajadores en huelga. Desde ese momento la conjura en contra de la huelga ad-quirió suficiente arrogancia y como consecuencia final, ahí están humeantes las huellas de crímenes horrendos.” El Pueblo v. Colberg, 24 D. P. R. 673.

Sostiene también el apelante que la denuncia no es sufi-ciente porque no se sabe si se insertó en ella todo el impreso o parte de él.

No es necesario que en una acusación se inserte todo el impreso, libro o periódico en que se halle alguna materia libelosa, bastando aquello que sirve de base a la acusación. State v. Barnes, 32 Ma. 530; 25 Cyc. 518; United States v. Callendar, Fed. Cas. No. 14,709, 32 Am. Digest 2,468; Commonwealth v. Wright, 55 Mass. (1 Cush) 46; 32 Am. Digest 2,468.

Por último se probó por medio del testigo Serafín Díaz que el acusado le entregó y repartió la hoja impresa conte-niendo el libelo objeto de esta acusación y no necesitaba pro-bar la acusación, como parece ser la teoría de la defensa del acusado, que había alguna sentencia judicial declarando ser constitutivas de libelo las palabras .insertas en dicha ho-ja impresa.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia, apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. Turner, Acusado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda en causa por infracción al artículo 553 • del Código Penal.
    No. 1305.
    Resuelto en mayo 29, 1919.
    Artículo 553 bel Cóbigo Penal. — La “Ley para ahorrar luz solar y fijar un tiempo tipo para los Estados Unidos” aprobada.por el Congreso de los Estados Unidos en marzo 19, 1918, no es aplicable a Puerto Rico, pues si bien el artículo 2º. de dicho estatuto hace referencia a cualquiera otra pose-sión insular de los Estados Unidos, es sólo con el objeto de expresar que la ley es aplicable a los porteadores públicos que trafiquen entre los varios Estados o entre un Estado y cualquiera de los territorios de los Estados Unidos o entre un estado o el territorio de Alaska y cualquiera de las pose-siones insulares de los Estados Unidos o cualquier país extranjero. De acuerdo, pues, con la anterior doctrina, no infrinjió el apelado el artículo 553 del Código Penal dé Puerto Rico por el hecho de tener abierto su es-tablecimiento comercial a las 6:15 de la tarde del día a que se refiere la denuncia de acuerdo con la ley federal citada, pero a las 5:35 de la tarde de acuerdo eon el meridiano 60°.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. S. Mesúre, Fiscal.

    Ahogado del apelado: Sr. J. II. Brown.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal del distrito de San Juan acusó al apelado en este caso porque el día 16 de abril de 1918 tenía abierto su establecimiento comercial a las 5:15 de la tarde según la hora del meridiano 60°, o sea a las 6:15 de la tarde según la ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en marzo 19 de 1918 para ahorrar luz solar, infringiendo así el artículo 553 del Código Penal de esta isla que, según fué enmendado por la ley No. 26, aprobada en noviembre 26 de 1917, castiga como delito el hecho de tener abiertos los establecimientos comerciales después de las seis de la tarde.

El fiscal apeló de la resolución de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, que sostuvo la excepción del apelado, fundada en que el hecho que se le imputa no es constitutivo de delito, y la única cuestión que tenemos que resolver en este recurso es la de si la ley del Congreso de los Estados Unidos antes citada, es aplicable o no a esta isla.

El título de dicha ley es así: “Ley para ahorrar luz solar y para fijar un tiempo tipo para los Estados Unidos;” y en su párrafo primero se declara que “con el propósito de establecer un tiempo tipo de los Estados Unidos, el te-rritorio del continente de los Estados Unidos será dividido en cinco zonas de la manera que más adelante se dispone.”

De acuerdo con esas palabras de la ley será aplicable al continente de los Estados Unidos y no lo será, por tanto, a esta isla de Puerto Pico porque no forma parte de dicho continente. La palabra “continental” usadas en la ley sig-nifica lo que corresponde al continente o forma parte de él. Esta Isla de Puerto Pico no forma parte del continente de los Estados Unidos geográficamente por estar a muchos cientos de millas del continente de los Estados Unidos.

Aun cuando el apelante expresa en su alegato que tiene serias dudas con respecto a que dada la letra de la ley sea ella de aplicación a esta isla, sin embargo, aduce como ar-gumento único para sostener su recurso que el artículo 2º. de la ley hace referencia a cualquiera otra posesión insular de los Estados Unidos y que como Puerto Pico se halla a los 66° 1' de longitud oeste del meridiano de Greenwich está comprendida esta isla dentro de la zona primera fijada pol-la ley.

Dicho artículo 2o. si bien menciona las posesiones insu-lares es sólo con el objeto de expresar que la ley es aplica-ble a los porteadores públicos que trafiquen éntre los varios Estados o entre un Estado y cualquiera de los territorios de los Estados Unidos o entre un estado o el Territorio de Alaska y cualquiera de las posesiones insulares de los Esta-dos Unidos o cualquier país extranjero.

Como no hay en la ley ninguna otra disposición que la haga extensiva a esta isla o de la cual pueda deducirse que ha de regir aquí, tenemos que declarar que la hora regular de esta isla no es la fijada por dicha ley y, por tanto, que el hecho de tener el apelado abierto su establecimiento co-mercial a las 6:15 de la tarde del día a que se refiere la denuncia de acuerdo con dicha ley, pero a las 5:15 de ella según el meridiano 60°, no es constitutivo de delito.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada,.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Nin, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de San Germán denegando la inscrip-ción de una escritura de hipoteca.
    No. 417.
    Resuelto en mayo 29, 1919.
    Poder Expreso — Bienes Gananciales — Artículo 1615 del Código Civil. — El po-der conferido por la esposa a su marido y a otro mandatario “juntos y separadamente para que respecto a los bienes que su dicho marido posee en la Isla de Puerto Rico pueda él mismo o el otro mandatario consignar el expreso consentimiento de la señora mandante en todas las operaciones que aquél efectúe de ventas, hipotecas, cancelaciones y demás actos y contratos en que para su otorgaeión precise tal consentimiento,” no incluye la nece-saria autorización expresa que para hipotecar bienes de la sociedad de ga-nanciales requiere el artículo 1615 del Código Civil.
    Id. — Autorizado un mandatario para hipotecar los bienes que actualmente posee su mandante o los que adquiera en lo sucesivo, no está autorizado para hi-potecar los bienes pertenecientes a la sociedad de gananciales de su man-dante, pues para ello se necesita mandato expreso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del recurrente: Sres. Benet S Soúffrowb.

    El registrador recurrido, Sr. Emigdio S. Ginorio, compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 2 de abril de 1919, Antonio Soler, como apoderado de Adolfo Andrea y de su esposa Casimira Catalá, hipotecó una finca perteneciente a sus poderdantes para responder de una deuda que éstos tenían contraída con José Nin Fon-tanillas. Presentada la escritura de hipoteca para su ins-cripción en el Registro de la Propiedad de San Germán, el registrador se negó a ello porque los poderes conferidos a Soler “no contienen facultades expresas para gravar bienes de la sociedad de gananciales a la cual pertenece la finca hipotecada. ’ ’

El poder otorgado por doña Casimira Catalá que lo fué en Barcelona, España, en 1910, contiene la siguiente cláu-sula: “Que da poder cumplido, amplio, especial y tan bas-tante cual en derecho se requiere y sea menester a su ma-rido don Adolfo Anclreu y Ferrer y a don Antonio Soler y Aymat, vecinos el primero de esta ciudad y el segundo de Maricao (Puerto Rico), juntos y separadamente, para que respecto a los bienes que su dicho marido posee en la Isla de Puerto Rico, pueda él mismo o el otro mandatario consignar el expreso consentimiento de la señora mandante en todas las operaciones que aquél efectúe de ventas, hipo-tecas, cancelaciones y demás actos y contratos en que para su otorgación precise tal consentimiento de la comparecien-te.” Y el poder otorgado por don Adolfo Andreu, que lo fué en Maricao, P. R., también en 1910, confiere al apode-rado facultades amplísimas con respecto “a sus actuales bie-nes o a los que adquiera en lo sucesivo.”

El artículo 159 del Código Civil dispone que los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no podrán ser enajenados o gravados sino mediante el consentimiento expreso de am-bos cónyuges. Y el 1615 del propio cuerpo legal prescribe que para hipotecar se necesita mandato expreso.

En este caso existe mandato expreso para hipotecar, pero tal mandato no se refiere expresamente a los bienes de la sociedad de gananciales constituida por los esposos Andreu-Catalá, a los cuales pertenece la finca hipotecada.

El poder otorgado por la esposa es confuso. Segura-mente fué su intención abarcar los bienes pertenecientes a la sociedad de gananciales, pero tal intención debió haberse traducido en expresiones directas, claras y precisas como la ley requiere.

Ya hemos visto que el poder del esposo se refiere a “sus actuales bienes o a los que adquiera en lo sucesivo.” Esas frases no comprenden expresamente los bienes de la socie-dad de gananciales. Así lo decidió esta Corte Suprema en el caso Vidal v. El Registrador de la Propiedad, 12 D. P. R. 168, en el que se estableció la siguiente doctrina: “Au-torizando un mandatario para vender los bienes pertenecien-tes a su mandante, o los que pudiera adquirir en lo suce-sivo, no está autorizado para vender los bienes pertenecien-tes a la sociedad conyugal de su mandante, pues para ello se necesita mandato expreso.” Esa misma doctrina se rati-ficó en el caso de López Landrón v. El Registrador, 15 D. P. R. 722; en ella se informa el caso de Pérez v. El Registrador de Caguas, 26 D. P. R. 740 y acaba de ser aplicada en el caso de Beauchamps v. El Registrador, decidido el 23 de mayo actual, (pág. 385).

Debe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    The Royal Bank of Canada, Demandante y Apelada, v. A. McCormick & Co. y Muñoz, Demandados y Apelante el Segundo.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1892.
    Resuelto en mayo 29, 1919.
    Apelación — Transcripción de Autos — Alegato.-—Si la transcripción no aparece claramente escrita y el alegato del apelante no contiene un señalamiento es-peeífico de errores por separado, de la discusión de los mismos, la Corte Suprema de acuerdo con la Begla 43 de su Beglamento sólo considerará las cuestión más importantes para demostrar - que no se han cometido errores o que si los ha habido no son fundamentales.
    Deudor — Fiador—Excusión—Alegaciones.—La alegación hecha en una demanda de que el deudor carecía de bienes desde antes del vencimiento de la deuda es suficiente para cumplir con el requisito de que el fiador no debe ser de-mandado hasta que no hayan sido agotados todos los recursos contra el deu-dor particularmente por estar el fiador en la obligación de señalar bienes realizables del deudor.
    Corporación Extranjera — Pagaré — Prueba. — Puesto que es el Tesorero de Puerto Bieo el funcionario que expide licencias a las corporaciones extran-jeras, su certificación es admisible como prueba para probar que una cor-poración extranjera está autorizada para realizar negocios aunque el heeho de no tener tal licencia no constituiría obstáculo alguno para que un banco extranjero pudiera establecer una acción fundada en un pagaré.
    Pagaré — Identificación—Prueba.—Después que un perito ha identificado un pagaré sin que se formule objeción a su declaración no podrá ser impugnado dicho pagaré por el fundamento de no haber sido identificado.
    Id. — Pago de Parte del Mismo — Peso de la Prueba. — Si se establece una ac-ción por una suma menor del valor representado en un pagaré no podrá hacerse objeción de que una parte del mismo ha sido satisfecha y dicha prueba no será necesaria. Además, la presentación de un pagaré por cual-quier tenedor impone al obligado el deber de demostrar que el pagaré ha sido satisfecho.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: iSr. G. Domínguez Rubio.

    Abogados de la apelada: Sres. José y Alberto Poventud.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal. La regla 39 del Reglamento de este tribunal prescribe que los documentos que forman la transcripción de los autos en apelación deberán aparecer claramente escritos. Una parte de los autos de. este caso y del alegato del apelante no están claramente escritos sino que son copias malas, he-chas en papel carbón. Las reglas 42 y 43 prescriben que el alegato deberá contener una exposición de los errores. El apelante discute más o menos seis errores, uno por uno, sin hacer dicho señalamiento de error específico. El señalamien-to de error es algo así como la alegación de un apelante y debe hacerse constar por separado antes de disentir los erro-res en particular. Por tanto, de acuerdo con la regla 43 dis-cutiremos solamente las cuestiones más importantes para demostrar que no constituyen error, o que dichos errores no son fundamentales.

El primer error que lia sido alegado se refiere a la su-puesta omisión de la demanda en alegar que en este caso el acreedor agotó sus remedios mediante excusión en los bie-nes del deudor antes de establecer su acción. La alegación de la demanda era que el deudor carecía de bienes desde antes del vencimiento de dicbo pagaré. Creemos que esta alegación fue suficiente, particularmente por estar el. fiador en el deber de señalar bienes realizables del deudor principal si hubiere algunos. Fantauzzi v. Vázquez, 22 D. P. R. 721.

El apelante se opuso a la admisión de una certificación expedida por el Tesorero de Puerto Eico con la que se pre-tendía probar que la demandante era una corporación del Canadá debidamente constituida bajo las leyes de Puerto Eico. La objeción formulada y en la cual se insistió se fundaba en que el Secretario de Puerto Eico era la persona a quien correspondía certificar respecto a una corporación extranjera y no al Tesorero. Nos inclinamos a convenir con el apelado en que siendo el Tesorero quien tiene que expedir una licencia para que una corporación extranjera pueda rea-lizar neg’ocios en Puerto Eico es él la persona competente para certificar acerca de la realización de dichos negocios. De todos modos no se alegó como fundamento de objeción la falta de capacidad para demandar. El hecho de no tener una licencia no impediría que el banco pudiera demandar en cobro de un pagaré y la alegación de la demanda de un privilegio para hacer negocios en Puerto Eico era innecesaria.

En el tercer señalamiento de error que ha sido alegado el apelante trató de abarcar una multitud de cosas. La pri-mera fué que el pagaré no había sido identificado debida-mente. Esto más concretamente quería decir que los endo-sos no fueron probados suficientemente. Por falta de la debida argumentación no discutiremos el punto de si el te-nedor de un pagaré está relevado de la necesidad de tener-que probar las firmas ele los endosatarios intermediarios pues creemos que en este caso hubo prueba tendente a acreditar las firmas aunque no muy fuerte. Un contador auxiliar de-claró respecto a la legitimidad de las firmas y manifestó que el conocimiento que tenía procedía de haber visto otras firmas de los mismos endosatarios en el curso ordinario de los negocios. Además, técnicamente no se formuló objeción por no haberse demostrado primeramente que el testigo era competente para declarar. Se le permitió declarar acerca de las firmas sin hacerse objeción específica por tal funda-mento pero la objeción y excepción sólo se hicieron a la ad-misión del pagaré después que había declarado el testigo.. Conviene observar que el apelante manifestó que no estaba, listo para oponerse al pagaré por no haber repreguntado' suficientemente al testigo, cuando en realidad debió haberse opuesto a la declaración del testigo en cuanto a la firma. Está en un error el apelante al decir que no hubo prueba de la firma de uno de los endosatarios, el “ Irving National Bank. ’ ’ En las páginas 3, 8 y 9 de la exposición del caso de-clara el testigo sobre su conocimiento de la firma del “assistant” del “Irving National Bank.”

Bajo el mismo error se alude al hecho de no haber pro-bado claramente el apelado qué cantidad del pagaré había sido satisfecha. Según lo entendemos el apelado trataba solamente de recobrar una parte del pagaré puesto que ya había sido pagada otra parte por uno de los fiadores. Pa-recería cosa de sentido común que si un demandante litiga por una cantidad menor del valor representado en un pa-garé no puede hacerse objeción por haberse satisfecho parte de la deuda y no es necesaria la prueba de haberse satis-fecho dicha parte. Además, un hecho que pareció no haber sido tomado en cuenta por nadie fué que la presentación del pagaré en manos de cualquier tenedor hace que el peso' de la prueba recaiga en el demandado para demostrar que ha sido satisfecho un pagaré..

Hubo prueba suficiente de que el deudor carecía de bie-nes para que el demandante pudiera estar en condiciones de poder demandar al fiador y los demás errores alegados no merecen particular atención.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-mados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Catinchi, Demandante y Apelada, v. Catinchi, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito de divorcio.
    No. 1943.
    Resuelto en mayo 29, 1919.
    Divorcio bob Causa de Abandono — Evidencia que Tiende a Pbobab el Aban-dono. — El hecho de que un marido hubiera cumplido con sus deberes civiles para con su esposa y atendido a sus necesidades no impide que trate ella de obtener un divorcio por causa de abandono. Sin embargo, el dejar de atender a sus necesidades es una de las circunstancias que tiende a probar el abandono.
    Intención de Abandonab. — El estatuto establece como causa de divorcio el abandono por más de un año y aunque debe coexistir la intención de aban-donar, dicha intención generalmente puede inferirse del abandono mismo.
    Prueba del Abandono — Reconciliación Intentada. — La tentativa de reeoneilia-.ción por parto del cónyuge inocente frecuentemente se considera innecesaria - excepto cuando no es evidente la intención de abandonar. Las cortes ge-neralmente no consideran como gran deber por parte de la esposa inocente el procurar la reconciliación cuando ha sido abandonada por su esposo. El ■deber del marido de intentar la reconciliación es mucho más positivo puesto que de él es siempre de quien depende la iniciativa de mantener un hogar. Cuando el marido ha abandonado a su esposa sin existir un verdadero motivo, si desea impedir que corra el término estatutorio tiene él claramente el deber de tratar de efectuar una verdadera reconciliación antes de que expire dicho término. Tal oferta debe ser sincera y sin condiciones tales que nin-guna mujer que se respete a sí misma y que no sea culpable pueda esperarse que la aeepte. Mandar una carta a una hermana de la esposa no es rea-lizar la oferta de reasumir la vida marital.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de la apelada: Sres. A. Nasa.rio Lugo y Pasca-sio Fajardo.

      Abogado del apelante: Sr. Andrés Mena.-

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro P. Catinchi es un fotógrafo que se estableció en Mayagüez donde contrajo matrimonio con la demandante María Vázquez. Mientras vivía allí hizo con motivo de su negocio varios viajes de larga duración a distintas partes de la isla o a Santo Domingo durante los cuales la deman-dante trasladaba su residencia a casa de sus padres. Uno de estos viajes duró seis meses. Las partes tienen una hija llamada Cuba que tenía unos siete años de edad cuando tu-vo lugar el juicio de este caso. Existe alguna prueba ten-dente a mostrar que a la fecha del abandono de que se que-ja la demandante en este caso dicha demandante sabía que su esposo iba a efectuar uno de sus• acostumbrados viajes; pero el hecho de que ella no pensaba ir a la casa de sus padres se demuestra por la ingeniosa queja de su marido al manifestar en su declaración que ella dejó su casa y se fué a la de sus padres sin él saberlo o consentirlo. El día 2 de agosto de 1916 o el anterior, los esposos tuvieron un disgusto de palabras acerca del cual declararon varios tes-tigos y cuya naturaleza no se revela, pero no existe nada en los autos excepto en una carta del marido que indique que la esposa fuera culpable en absoluto y especialmente que la falta' sea de tal naturaleza que justifique un abandono. Dice el esposo que estaba ligeramente disgustado con su esposa.

El día 2 de agosto de 1916, sin decir adiós a la deman-dante él la dejó y con excepción de la carta que escribió en julio 31 de 1917, no hizo esfuerzo alguno por comuni-carse con ella ni le dijo que le siguiera. El remitió a su hija algunos regalitos cuyo importe asciende a $12 y ésta le escribió. También mandó poco tiempo después del día 2 de agosto de 1916, $64 a la cocinera, pero consta que esta suma era para atender a ciertas deudas y a los salarios de aquélla, deudas que fueron contraídas con anterioridad a esa fecha. Con excepción de estas cuestiones que no son pertinentes no contribuyó él en modo alguno al sostenimien-to de su esposa después del día 2 de agosto de 1916. En su declaración trata de disculpar su negligencia diciendo que le dejó a su señora las prendas de ella y muebles de la casa y al parecer dicho demandado espéraba que ella em-peñara estos objetos en caso necesario.

El día 2 de agosto de 1916 un hermano de su esposa le acompañó a la estación a quien el demandado dijo que se iba para no volver, manifestación que fué ratificada por el propio demandado en la silla testifical y según aparece de la prueba resulta razonablemente claro que esa manifes-tación fué comunicada a la esposa puesto que ella declaró acerca de esta conversación con su hermano. Es una de-ducción lógica de la declaración del marido así como de otras circunstancias que él hizo que llegara a conocimiento de su esposa su intención de abandonarla el día 2 de agosto de 1916, si no antes de esa fecha. Hacia fines de mes dejó ella la casa y se fué a vivir a la de sus padres.

Durante la separación, al tratar el padre de la deman-dante de efectuar una reconciliación entre las partes, se vi ó con el demandado en Oaguas. No se mencionó la fecha pero el testigo declaró que las relaciones entre las partes no ha-bían cambiado. En esta conversación Catinchi dijo a Váz-quez que era imposible una reconciliación; que nó estaba dispuesto a vivir con la hija de Vázquez otra vez; que si ella venía a la casa de Catinchi, la recibiría pero ella ten-dría que vivir en su casa .completamente desligada de él y con los recursos que él pudiera proporcionarle; que no ha-ría vida marital con ella; que se avergonzaría de salir a la calle con ella y que ella viviría sin salir a la calle (sic); que sentía lo que ocurría pero no podía hacerse otra cosa; que todo su empeño era tener a su hija a su lado y dirigir-la educación. El testigo expresó su creencia de que en es-tas condiciones era imposible una reconciliación.

Poco tiempo antes de transcurrir el año se enfermó la esposa, fué al hospital donde sufrió una delicada operación de apendieitis. Su enfermedad fué comunicada al marido pero éste no se ocupó de otra cosa que lo que revela la carta de julio 31, 1917.

Esta carta no fué remitida directamente a la esposa sino a una hermana de la demandante. Dicha carta es como sigue:

“Oaguas, jnlio 31 de 1917. Sra. María Vázquez de Catinchi, Ma~ yagüez, P. R. Después de meditarlo mucho, he resuelto llamarla a mi hogar (que es el suyo) actualmente en Oaguas, donde vivire-mos de acuerdo con mi posición económica, que no es muy desaho-gada, y de modo que no se repitan las desagradables escenas que constantemente han alterado la tranquilidad que debe reinar en todo hogar.
“No tengo que esforzarme en hacerle comprender que mi único deseo es tener a mi Cuba junto a mí y dirigirla en su educación. Sé que usted está enferma y no podrá usted contestarme en seguida, pero espero que me contestará tan pronto su estado de salud lo per-mita, a fin de tener tiempo de buscar casa más cómoda, ya que la que ocupo sólo tiene un cuarto en que dormimos Luis y yo estre-chamente. Pepe.”

Esta carta no fué recibida por la esposa hasta el día 8 o 9 de agosto de 1917. Ella contestó como sigue:

“Sr. don Pedro Catinchi, Oaguas, P. R. Mi estado de- salud no me había permitido hasta hoy contestar su carta, la que me ha he-cho meditar y pensar mucho, llegando a la conclusión de creer que su proposición, ni para Ud. ni para mí, ni para la niña es con-veniente. Creo que lo pensado hasta hoy sobre el divorcio que usted deseó siempre es lo más práctico que debemos hacer.
“Espero que usted me contestará si es conforme en que pre-sente mi demanda en los últimos días del corriente mes. María.”

La anterior es la prueba presentada en el juicio sobre la cual no hubo discusión. Además la esposa prestó decla-ración tendente a mostrar que en los primeros días de la separación ella escribió a su marido pidiéndole que volviera, dirigiendo debidamente las cartas con la dirección de ella al dorso y que dichas cartas no fueron devueltas Aunque el marido negó haber recibido estas cartas el juez de la corte inferior en su opinión creyó lo referido por la esposa y ésta sería la presunción, de ser necesario, de la sentencia dictada a sn favor. Existen pequeñas circunstancias que tienden a corroborar la declaración de la esposa así como la actitud irreconciliable del marido cuando fue visitado por el padre de la demandante. De igual modo hace referencia el demandado en su declaración a la devolución de un par de zapatos que envió a su hija y que fue devuelto por su esposa. De todos modos él también sabía e hizo una pro-testa ingenua de haber dejado ella la casa, hecho que le fuá comunicado a él. Parece que lo mismo que llegaban a su poder las comunicaciones que tendían a perjudicar a la es-posa podían llegar las cartas de ella. Esta fué en sustan-cia toda la prueba y no vemos en ella nada de donde apa-rezca “el acendrado cariño” hacia su esposa de que se ha-bla en la contestación. La corte dictó sentencia a favor de la demandante.

No es necesario insistir indebidamente en el hecho de haber dejado el marido de atender a las necesidades de su esposa. El hecho de que un marido hubiera cumplido con sus deberes civiles para con ella y atendido a sus necesida-des no impide que trate ella de obtener un divorcio por causa de abandono. 4 R. C. L. 367. Sin embargo, el dejar de atender a sus necesidades es una de las circunstancias que tiende a probar el abandono.

El estatuto establece como causa de divorcio el abandono .por más de un año y aunque debe coexistir la intención de abandonar dicha intención generalmente puede inferirse del abandono.

Sin analizar más la prueba resultó claro que hasta el día 31 de julio de 1917, fecha de la carta del esposo existían to-dos los elementos necesarios para un divorcio. El caso se distingue fácilmente del de Jirot v. Crispin, 23 D. P. R. 822, puesto que la intención de abandonar en esté caso era ma-nifiesta en el momento del abandono.

De acuerdo con un estatuto semejante al nuestro en el cual aparece el abandono y la intención de abandonar, todo esfuerzo para una reconciliación por parte del esposo o es-posa inocente frecuentemente se considera innecesario. Lanier v. Lanier, 5, Heisk 62, Patterson v. Patterson, 88 Pac. 196. Entonces el esfuerzo para una reconciliación solamente es necesario cuando tal intención no es cierta como cuando existía cierto espíritu de conformidad por parte de la persona inocente. Hitchcock v. Hitchcock, 15 App. D. C. 93.

También las cortes generalmente no consideran como gran deber por parte de la esposa inocente el procurar la reconciliación cuando ba sido abandonada por su esposo. Wilson v. Wilson, 57 A. 552; Coe v. Coe, 59 A. 1059; Fielding y. Fielding, 64 So. 546. 9 R. C. L. 371, 372.

El deber del marido es muclio más positivo puesto que de él es siempre de quien depende la iniciativa de mantener un hogar. Wood v. Wood, 53 A. 51; Hill v. Hill, 39 L. R. A. (N. S.) 117, y notas; 14 Cyc. 617. Y es tan imperativo y continuo este deber que tiene que ser un caso muy fuerte para que pueda quedar relevado de la necesidad de efec-tuar una reconciliación. El mero hecho de que una esposa dejara la casa de su marido en un momento de coraje por sí sólo generalmente no daría al marido un fundamento para un divorcio. Además en el presente caso aunque no ba-samos principalmente nuestra decisión sobre ese punto la prueba tiende a mostrar que se hicieron esfuerzos para lle-gar a una reconciliación por parte de la esposa y los esfuer-zos de su padre tal vez pueden ser considerados como los de ella.

Sin embargo, cuando el marido ha abandonado a su es-posa sin existir un verdadero motivo, si desea impedir que corra el término estatutorio tiene él claramente el deber de tratar de efectuar una verdadera reconciliación antes de que expire el término estatutorio. Benkert v. Benkert, 32 Cal. 467; Bovaird v. Bovaird, 78 Kan. 315, 96 Pac. 666; Creassy v. Creassy, 168 Mo. App. 68; Stocking v. Stocking, 76, Minn. 292, 79 N. W. 172, 668.

Tal oferta debe ser sincera y sin condiciones tales qne ninguna mujer que se respete a sí misma y que no sea culpable pueda esperarse que la acepte. Gordon v. Gordon, (Pa.) 57 A. 525; Andrade v. Andrade, 128 Pac. 817. Maloney v. Maloney, 145 Pac. 631. 9 R. C. L. 373. 14 Cyc. 619. Véase también el caso de Woolard v. Woolard, 18 App. D. C. 326, en el que tal vez la esposa fue culpable en primer término.

Tiene asimismo que ser una oferta de continuar la vida marital. Algunas de las anteriores autoridades demuestran esto y también el caso de Fraser v. Fraser, L. R. A., 1917 F. 738.

De acuerdo con los lieclros sometidos a nuestra conside-ración y siendo enteramente culpable el marido desde el punto de vista de la ley, su deber era ver que la oferta para la reconciliación fuera comunicada a la esposa dentro del término estatutorio. La carta, por el contrario, llegó a ma-nos de ella el día 8 de agosto de 1917. El abandono tuvo lugar el día 2 de agosto de 1916. La carta fué escrita en julio 31, 1917 y llegó a poder de la hermana en agosto 2, 1917, muy dudosamente dentro del año. El recibo de dicha carta por la hermana no era lo mismo que recibirla la es-posa. El demandado debió haber tenido cuidado de que la oferta de reconciliación llegara a poder de su propia esposa. Nos vemos obligados a declarar que no hubo interrupción del término por el mero hecho de escribirse la carta ni por haberla recibido su hermana.

Sin embargo, no es necesario fundar esta opinión en el solo motivo de haber llegado la carta demasiado tarde. En dicha.carta no se cumplía ni con la condición de sinceridad que exige la ley ni era una oferta sincera de continuar la vida marital. ■ Dada la anterior conversación con el padre no era una clara oferta para continuar viviendo con la es-posa. El énfasis se marcó en la hija aun cuando conside-rásemos dicha carta aisladamente.

Según sus términos también tenía ella por objeto exigir a la esposa la promesa de que no se repetirían las escenas que según el marido habían dado lugar al abandono. Aun cuando el demandado sostiene en su defensa que no aceptó gustosamente los buenos servicios del padre pues todavía estaba irritado con su esposa, admite según parece, que no consideró el disgusto como serio. No debe entenderse que sostenemos o resolvemos que una carta deba ser escrupulo-samente correcta o estar desprovista en absoluto de repro-ches, pero sí debe aparecer en ella el elemento de sinceri-dad y no debe estar redactada en forma tal que es casi se-guro que ha de producir hostilidad. La cuidadosa omisión en siquiera decir en ella “Querida María”, debe tenerse en cuenta, así como el no emplear ni siquiera una forma cortés en su conclusión. La carta envolvía una promesa por parte de la esposa de que las escenas desagradables no se repe-tirían sino un reconocimiento de que el abandono había sido motivado por ella. No existe nada en la teoría de que el ofrecimiento de buscar, una casa tendía a mostrar sinceri-dad. En la carta tampoco se guarda consideración alguna a la esposa que está enferma en cama. Ademá.s del desaire envuelto al hacer referencia a la hija, no ha}'' en dicha carta ofrecimiento alguno de venir a buscar a su esposa o de atender a sus gastos de viaje a Caguas. También llamaba mucho la atención que en dicha carta no se hacía ofrecimien-to de enviar algo a la esposa para su sostenimiento después de los 364 días en que había dejado de atender a sus nece-sidades.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la, sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Alomar, Demandante y Apelada, v. Bou, Rodríguez y Bigas, S. en C. et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en pleito sobre nulidad de escritura y otros extremos. Traslado de cansa.
    No. 1999.
    Resuelto en mayo 29, 1919.
    Lugar de la Celebración del Juicio — Nulidad de Título — Determinación del Mismo. — Todo el texto del artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil revela que fué la intención de sus redactores que las acciones para deter-minar cuestiones de títulos sobre propiedad inmueble deberán sustanciarse en el distrito en que radique la propiedad, y el título a la propiedad inmue-ble queda completamente cambiado por una acción de nulidad que prospere. Estrictamente quizás es el derecho del demandado lo que se determina, pero evidentemente que el título del demandante se determina al mismo tiempo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Garlos Brunet.

    Abogado de la apelada: Sr. José Q. Torres.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión envuelta en este caso es si una acción establecida para que se declare nula una escritura y res-tablezca el status quo es una donde radica de modo perma-nente el objeto de la acción o en la cual el demandado tiene derecho a insistir en que el juicio se celebre en el lugar de su residencia. El artículo 75 del Códig’o de Enjuiciamiento Civil prescribe lo siguiente:

“Artículo 75. — Deberán sustanciarse en el distrito en que radi-que el objeto de la acción, o parte del mismo, sin perjuicio de la facultad. de la corte para cambiar el lugar de la vista, a tenor de lo dispuesto en este código, los' pleitos que se sigan por las causas siguientes: 1, para recobrar la posesión de bienes raíces o de una propiedad e interés en la misma o para determinar en cualquiera forma dicho derecho o interés, y por daños causados a la propie-dad inmueble; 2, para la partición de propiedad inmueble, 3, para la ejecución de una hipoteca sobre propiedad inmueble. Si la propiedad estuviese radicada parte en un distrito y parte en otro, el demandante podrá elegir cualquiera de los dos, y el distrito asi elegido será el propio para la vista del caso.”

La Corte de Distrito de Guayama resolvió que la corte competente para conocer del caso era la de Guayama, donde fue establecida la acción y basaba su razonamiento en la teo-ría de que en la demanda se solicitó que la propiedad situa-da en Guayama se dejara en la misma situación que tenía antes del otorgamiento de la escritura cuya nulidad se bus-ca, y se funda la corte en la sentencia de este tribunal en el caso de Hernández v. Bernardina, 25 D. P. R. 463. En ese caso, además de la súplica contenida en la demanda so-bre nulidad de procedimiento hipotecario estaba también en-vuelta una reclamación sobre reivindicación de finca. En el presente caso, sin embargo, el demandado-apelante sostiene que debe hacerse caso omiso de la solicitud para que se res-tablezca el status quo y nos cita en apoyo de su contención el caso de Ibáñez v. Diviñó, 22 D. P. R. 518, y otros casos análogos que envuelven nulidades y cancelaciones de escri-turas todos los cuales se ha interpretado que son acciones personales y no reales.

Si la distinción que establece el artículo 75 fuera única-mente contra acciones reales y personales, tendría razón el apelante. El estatuto, sin embargo, es más amplio en sus términos y comprende no sólo las acciones reales sino tam-bién las acciones para determinar en cualquiera forma el derecho o interés en bienes inmuebles y por daños causados a la propiedad inmueble. Algunas de estas acciones son ne-cesariamente personales. No deja de tener razón el apelan-te al sostener que no es la súplica de la demanda la que por sí determina el carácter de la acción. Sin embargo, pue-de la misma tomarse en consideración al resolver la clase de acción a que pertenece el pleito. De prosperar una ac-ción para que se declare nula una escritura sobre bienes in-muebles queda resuelto absolutamente el derecho o interés del demandado y restablecido o establecido tal derecho o interés en el demandante. Dado el sistema de registro de títulos sobre bienes inmuebles y la necesidad de las anota-ciones preventivas en Puerto Pico, no es demasiado arries-gado suponer que la legislatura, al adoptar sin hacer cam-bio alguno el estatuto de California, tuvo presente las ven-tajas de celebrar los juicios de los casos que afecten a títu-los de propiedad en el distrito donde los bienes estén situa-dos. Otros cambios en el título Y del Código de Enjuicia-miento Civil fueron hechos por la legislatura. De todos mo-dos, todo el contexto del artículo indica que fué la intención del legislador al decretar el artículo 75 que las acciones que resuelvan cuestiones de títulos deban ser juzgadas en el dis-trito en que los bienes radiquen. Los títulos sobre bienes inmuebles quedan completamente cambiados por una acción de nulidad que prospere.

El caso de Ibáñes v. Divinó, 22 D. P. R. 518, solamente resolvió para los fines de la aplicabilidad de los estatutos de prescripción, que una acción de nulidad era una acción personal y no real. Desde luego que ni la corte inferior ni nosotros mismos tenemos ningnna idea de que tal acción en su esencia sea otra cosa que una acción personal, puesto que es el acto de las partes lo que se anula, pero dicha acción tiene fundamentalmente por objeto el determinar un-título sobre propiedad inmueble. Eeal o históricamente tal vez es el derecho del demandado lo que se ‘ ‘ determina ’ ’ pero no se da gran fuerza a una palabra con decir que el título del demandante se determina al mismo tiempo.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resohtción apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Körber & Co., Inc., Demandantes y Apelantes, v. Aboy, Vidal & Co., Inc., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. Incidente de nuevo juicio.
    No. 1891.
    Resuelto en mayo 29, 1919.
    Exposición del Caso — Término para Presentarla.- — El hecho de que la corte de distrito negara "una prórroga" de un "término vencido” para presentar una exposición del caso, no la privó de jurisdicción para admitir que la exposición se presentara después dentro de un período de tiempo razonable.
    Nuevo Juicio — Prueba Contradictoria o Insuficiente. — La práctica de conce-der nuevos juicios en acciones civiles cuando la prueba es contradictoria o insuficiente a juicio del juez sentenciador, debe ser favorecida y recomendada, pues tiende a beneficiar la justicia, ahorrando tiempo y evitando los gastos que originan las apelaciones. En el Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Kieo no aparece ningún precepto igual a la sección 662 del de California por la cual se otorga poder expreso a las cortes para conceder nuevos juicios a su propia moeión en los casos que se especifican, pero tampoco existe precepto legal alguno que prohíba el ejercicio de tal poder que de antiguo se puso en práctica por las cortes en bien de la justicia.
    Id. — Abuso de Discreción. — No obstante estar la materia minuciosamente regu-lada por el Código de Enjuiciamiento Civil, las cortes de jurisdicción original siguen teniendo una amplia discreción en la apreciación de la concu-rrencia de las causas fijadas por la ley para la concesión de nuevos juicios y siguen las cortes de apelación sosteniendo que sólo en casos de un claro abuso de discreción por parte de las cortes inferiores se revocarán sus de-cisiones relativas a la concesión o negativa de nuevos juicios.
    Los bectos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Henry G. Molina.

    Abogado de la apelada: Sr. M. Benitez Flores.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Kórber & Compañía, Ine., demandó a Aboy, Vidal & Com pañía, Inc., en reclamación de $1,473.50 por daños y per-juicios ocasionados a virtud de incumplimiento de cierto con-trato de compraventa de mil toneladas de abono. La venta se pactó a razón de $56.50 tonelada y llegaron a entregarse 957. La falta de entrega de las 43 restantes es lo que da origen a la reclamación.

Abov, Vidal & Co., Inc., aceptaron que habían celebrado el contrato y alegaron que si dejaron de entregar 43 tone-ladas de abono de las mil vendidas, lo hicieron de acuerdo con cierta modificación de contrato propuesta por la deman-dante y por ellos aceptada.

Trabada así la contienda, se celebró la vista en la que ambas partes practicaron prueba, y la corte, finalmente, dic-tó sentencia condenando a los demandados a pagar a la de-mandante $1,483.50, las costas del pleito y los honorarios de abogado.

La sentencia se dictó el 25 de febrero de 1918 y el 7 de marzo siguiente la parte demandada notificó al secretario de la corte y al abogado de la parte contraria que presen-taría una moción sobre nuevo juicio que se basaría en una exposición del caso y se fundaría en que la sentencia era errónea y contraria a la ley y a la prueba practicada y en que la prueba era insuficiente para justificarla.

Después de varias prórrogas, los demandados, el 22 de abril de 1918, presentaron su moción sobre nuevo juicio ale-gando siete fundamentos y acompañando un proyecto de ex-posición del caso. El mismo día 22 de abril comparecieron los abogados de ambas partes a la vista de la exposición y convinieron en que la demandante presentara al día si-guiente sus enmiendas. Se presentaron en efecto las enmien-das y se concedió a los demandados un término para archi-var la exposición enmendada. Pasó el término y los deman-dados solicitaron prórroga que les fué negada por tal mo-tivo. Esto no obstante, la corte luego admitió la exposición enmendada que había sido radicada en la secretaría el 24 de mayo, “teniendo en cuenta el artículo 223 del Código de Enjuiciamiento Civil y la doctrina declarada en los casos de Black v. Hilliker, 130 Cal. 190, y Pendergrass v. Cross, 73 Cal. 475”, y, por último, concedió el nuevo juicio.

No conforme la parte demandante con la resolución de la corte, apeló de ella para ante este Tribunal Supremo y su recurso es el que estamos considerando y resolviendo.

La primera cuestión que debemos decidir es la de si exis-tió o no una válida exposición del caso ante la corte de dis-trito. A nuestro juicio dicha cuestión debe resolverse en la afirmativa, atendidas las circunstancias concurrentes, esto es, que el proyecto de exposición se presentó en tiempo y que si bien la exposición enmendada no se presentó dentro del término fijado por la corte para ello, se archivo dentro de un período de tiempo que la misma consideró razonable. El hecho de que la Corte de Distrito de San Juan negara “una prórroga” de un término “vencido”, no la privaba de jurisdicción para considerar razonable cualquier otro perío-do de tiempo.

Sostiene la parte apelante que la solicitud de nuevo jui-cio presentada en este caso es contraria a la ley y debió ser desestimada por la corte. Sostiene además que sólo pueden concederse nuevos juicios en Puerto Rico en los casos ex-presamente especificados por la ley y en la forma también por ella especificada, y que siendo esto así, los jueces de distrito carecen de facultad para conceder nuevos juicios por su propio acuerdo. La apelante impugna la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en los casos de Santiago v. Vázquez, 15 D. P. R. 228 y Rivero v. Hernández, 17 D. P. R. 904.

El Código de Enjuiciamiento Civil de 1904 dedica todo el capítulo sexto de su noveno título a los nuevos juicios, o sea a “la revisión de una cuestión de hecho ante la corte o árbitro que celebró el anterior en que se suscitó aquélla y pronunció sentencia.”

Según el artículo 221 del cuerpo legal citado, la anterior sentencia o cualquier otra decisión podrá ser anulada, y me-diante solicitud de la parte agraviada, concederse un nuevo. juicio, por cualquiera de las siguientes causas, siempre que esencialmente afecten a los derechos substanciales de dicha parte:

“1. Irregularidad en los procedimientos de la corte o de la parte contraria, o en cualquiera providencia de la corte, o abuso por parte de ésta b de su poder discrecional, que impida un juicio imparcial para cualquiera de las partes;
“2. Accidente o sorpresa que la ordinaria prudencia no hubiere podido prevenir;
“3. Descubrimiento de nuevas pruebas que sean importantes para la parte solicitante, las cuales a pesar de razonables diligencias, no pudo descubrir y presentar en el juicio;
“4. Indemnización excesiva que pareciere haberse concedido bajo la influencia de apasionamiento o prejuicio;
"5. Insuficiencia de la prueba para justificar la sentencia o deci-sión, o que ésta fuere contraria a la ley;
“6. Error de derecho, cometido en el juicio, y al cual opuso ex-cepción la parte solicitante.”

Los siguientes artículos fijan con toda minuciosidad la forma en que deben presentarse las notificaciones y mocio-nes de nuevo juicio.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 223, la parte demandante expresó en su notificación los fundamentos en que basaría su moción, a saber: “en que la sentencia es erró-nea y contraria a la ley y a la prueba presentada y que la prueba de la demandante es insuficiente para justificarla.”.

Luego se presentó la moción acompañada de una exposi-ción del caso, y en la moción se especificaron los fundamen-tos de la solicitud, así:

“1. La corte cometió error en no considerar al hacer la apre-ciación de la prueba, la carta de fecha abril 5 y 7 y marzo 2 pre-sentada por la.demandada Aboy, Vidal y Co., Inc., pues ni de la sentencia ni de la opinión de la corte se desprende que tal carta haya sido considerada al resolver el caso.
“2. Que la corte cometió error al admitir la factura presentada por la demandante a pesar de haber hecho oposición la demandada. (Exposición del caso, páginas 2 y 3.)
“3. Porque la corte erró al admitir la prueba del cable presen-tado. (Exposición del caso, páginas 4 y 5.)
“4. Porque la corte erró al admitir toda otra prueba ajena a demostrar el incumplimiento del contrato por parte de Aboy, Vidal y Co., Inc., después de la fecha fijada para cumplirlo y consistente en las cartas de julio 27, agosto 10, agosto 21, y agosto 27, porque tales cartas no tienen ni podían tener relación directa con este caso.
“5. Porque la prueba es contraria a la ley, toda vez que ella tiende a demostrar el incumplimiento de un contrato que había ter-minado por virtud de una modificación o novación del mismo.
“6. La sentencia es contraria a la prueba y a las alegaciones porque si en la propia demanda se alega que en 3 de enero de 1917, Korber & Co., Inc., y Aboy, Vidal y Co., Inc., celebraron un contrato por virtud del cual Aboy, Vidal y Co., Inc., vendió a Kor-ber y Co. 1,000 toneladas de abono a $56.50 por tonelada, puesto en el muelle de San Juan de Puerto Rico y entregadas en su tota-lidad en mayo de 1917, la demandante no podía presentar ni la corte admitir ninguna otra prueba fuera de la fecha en que debía cumplirse el contrato y porque además las alegaciones de la deman-da son contrarias a las pruebas presentadas.
“7. Porque la indemnización de daños solicitada y concedida es: excesiva, porque en el supuesto de que tal acción pudiera prosperar,, la prueba en que debía basarse la sentencia de la corte para apreciar' los daños no podía ser otra que la del precio del artículo en la fe-cha en que debía ser entregado, o sea en mayo de 1917, siendo insu-ficiente e inapropiada cualquier otra prueba de cualquier otra fecha posterior o anterior a la estipulada expresamente en el contrato y, por tanto, una sentencia basada en esta prueba es insuficiente y con-traria a la ley y a la justicia.”

La corte oyó a las partes y finalmente dictó la resolución apelada que es como sigue:

“En esta moción de nuevo juicio se alegan diversas causas o motivos que a entender del peticionario autorizan la concesión de tal nuevo juicio.
“El motivo que se alega bajo el No. 1, es desestimado por la corte por ser errónea la apreciación en que el peticionario se funda.
“El motivo del No. 2 de la moción, es desestimado por la corte, porque la factura se admitió como tal, y sin que sirviera para de-mostrar el pago.
“El motivo No. 3 de la moción, se desestima.
“El motivo No. 4 de la moción, se desestima; y lo mismo el Noi 5; por ser ambos imprecisos e indeterminados.
“En cuanto a los motivos que aparecen bajo los números 6 y 7, la corte cree que quizás en nuevo juicio pueda demostrarse la fuer-za y realidad de los extremos en esa parte de la moción sostenidos; y sin prejuzgar nada en. estos extremos, declara con lugar la mo-ción de nuevo juicio, en cuanto a tales motivos, ordenándose la ámi-lación de la sentencia dictada en el caso y la celebración de nuevo juicio.”

Seguiremos ahora a la apelante en su alegato. Sostiene que “la moción de nuevo juicio en cuanto a sus motivos seis y siete no está de acuerdo con la ley y no debió haber sido considerada por la corte inferior. No estamos conformes. A nuestro juicio, si bien la redacción de la notificación y de la moción de nuevo juicio deja mucho que desear, puede con-siderarse la solicitud comprendida por lo menos dentro del número 5 del artículo 227 citado o sea “insuficiencia de la prueba para justificar la sentencia o que ésta fuere con-traria a la ley.”

Alega la parte apelante que si pudiera considerarse com-prendida la solicitud en el número indicado, caería por su base, porque no se señala en la exposición del caso en qué consiste la insuficiencia alegada. Tampoco estamos confor-mes. Es cierto que la ley (artículo 223) exige que “cuando en la notificación de la moción se consignare como fundamen-to de ella, la insuficiencia de las pruebas para justificar la sentencia u otra decisión, la exposición especificará los par-ticulares en que se alegare consistir la insuficiencia de las pruebas”, precepto de ley que ha sido ya interpretado y aplicado por este tribunal en' los casos de Pedrozo v. Sucesión Huertas, 25 D. P. R. 143, y Quiñones v. Foote, 23 D. P. R. 351. Pero es lo cierto también que la moción de nuevo juicio presentada el mismo día que la exposición es bastante específica, que todos los fundamentos de dicha moción se incluyeron además dentro de la exposición del caso y que esta cuestión no fué levantada en la corte inferior en donde las partes discutieron el caso que fué al parecer entendido por ellas y por la corte sin dificultad alguna.

Sostiene la apelante que el fundamento No. 7 relativo a que “la indemnización de daños solicitada y concedida es ex-cesiva” no pudo- alegarse en la moción porque no se con-signó en la notificación y, además, porque no está compren-dido dentro de ninguno de los apartados del artículo 221. Si bien no aparece alegado expresamente en la notificación, los términos de ésta son tan generales, que la cuestión puede considerarse comprendida dentro de ellos. Oou respecto al otro extremo diremos que estamos conformes con la apelan-te en que no resulta de la exposición que la demandada se. opusiera a la presentación de la prueba de la cual derivó la corte la cuantía de los daños, pero no basándose, como no se basa, la solicitud en el número 6 del artículo 221, ca-rece la objeción de importancia.

Prescindiendo, pues, de exagerados tecnicismos e inter-pretando la ley y las alegaciones con ánimo de penetrar en el fondo de la cuestión para administrar justicia, fiemos lle-gado al punto de concluir que la corte tuvo una base' formal suficiente para entrar a ejercitar su discreción decidien-do si debía o no conceder la celebración de un nuevo juicio.

Nos parece oportuno el momento para expresar que no obstante estar la materia minuciosamente regulada por la ley, siguen teniendo las cortes una amplia discreción en la apreciación de la concurrencia de las causas fijadas y siguen las cortes de apelación sosteniendo que sólo en casos de un claro abuso de discreción por parte de las cortes infe-riores se revocan sus decisiones relativas a la concesión o negativa de nuevos juicios. Véase la anotación de Pomeroy al artículo 657 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, igual al 221 del nuestro. Para no alargar innecesa-riamente esta opinión, nos limitaremos a citar el caso In re Martin en el cual la opinión aparece escrita por la corte, Dice así:

“La Coete. — Dentro de un año después que el testamento del finado había sido aprobado por la corte de testamentaría, el ape-lante radicó su petición para que se revocara la resolución de dicha corte. . Por las cuestiones levantadas en la contestación de los apelados, se vió el caso ante un jurado, el cual rindió un vere-dicto basado en ciertas cuestiones especiales sometidas al mismo de acuerdo con la petición, habiendo entonces la corte dictado una or-den revocando la aprobación. Los apelados entonces solicitaron un nuevo juicio, que les fué concedido, y el peticionario apela de tal resolución. Uno de los fundamentos de la moción fué la insuficien-cia de la prueba para justificar el veredicto, y la vista de la mo-ción tuvo lugar a virtud de una exposición del caso en.que se con-signaba íntegramente la prueba. La orden de la corte concede un nuevo juicio en términos generales, sin especificar los fundamentos de tal resolución, y suponemos, para sostener dicha orden, que la misma fué dictada por el mencionado fundamento de la insuficien-cia de la prueba.
“La ley no obliga a la corte a especificar los motivos que in-forman su acción al conceder o denegar un nuevo juicio, y aun cuando el estatuto contenía tal disposición, se resolvió que era me-ramente directiva. (Borkheim v. Fireman’s Fund Ins. Co., 38 Cal. 505.) Su resolución ha de ser revisada a virtud del récord con relación al cual fué dictada, y será sostenida si de las constancias de esos autos aparece, bajo cualquier circunstancia, la facultad de la corte para conceder un nuevo juicio. (Kauffman v. Maier, 94 Cal. 269.)
‘ ‘ El abogado del apelante- ha discutido ampliamente el derecho de la corte sentenciadora para hacer caso omiso del veredicto de un jurado respecto al conflicto en la prueba, y ha citado muchas de-cisiones de otros Estados en apoyo de la contención de que tal de-recho no existe a menos que el veredicto sea claramente contrario al peso de la prueba. Pero la regla en este estado se halla tan fir-memente establecida que no hay lugar a discusión sobre si la corte superior está autorizada a conceder un nuevo juicio cuando, en su opinión, el veredicto es contrario al peso de la prueba. Al actuar así lo hace en el ejercicio de una discreción legal que le ha sido conferida, y, al igual que el ejercicio de cualquier otra discreción legal, sólo puede ser revisado por esta corte cuando se demuestra que abusó de dicha discreción. (Domico v. Casassa, 101 Cal. 411, y casos en él citados.) Será suficiente decir que de los autos de este caso no aparece semejante abuso, ni tampoco que la corte inferior actuara de otro modo que en el ejercicio de su discreción legal, en la consideración que hizo de la prueba ante el jurado. Como el caso ha de ser juzgado de nuevo, no es conveniente que indique-mos cuáles han podido ser los fundamentos de su resolución, ni tampoco cuál es nuestra opinión respecto de la prueba.
“Se confirma la resolución.” In Re Martin, 113 Cal. 480-481.

En el Código de Enjuiciamiento Civil nuestro no aparece ningún precepto igual a la sección 662 del de California por virtud de la cual se otorga poder expreso a las cortes para conceder nueAms juicios a su propia moción en los casos que se especifican, pero tampoco existe precepto legal alguno que proluba el ejercicio de tal poder que de antiguo se puso en práctica por las cortes -en bien de la justicia. Siendo ello así, no tenemos por qué revocar la jurisprudencia estable-cida por este Tribunal desde 1909. Al contrario la ratifi-camos en los mismos términos en que fué expuesta por el Juez Sr. MacLeary, a saber:

“El juez de distrito consideró todos dichos puntos y concedió un nuevo juicio porque estaba en duda con respecto a la justicia de la sentencia dictada. En estas condiciones pudo dicho juez haber concedido un nuevo juicio de su propia iniciativa, aun cuando no hubiera sido solicitado por la parte contra la cual se dictó la sen-tencia. Cuando no ha sido restringida por la ley la facultad inhe-rente que tiene una corte de jurisdicción general, dicha corte puede hacer esto aun cuando esté pendiente, al tiempo de dictarse la or-den, una solicitud de nuevo juicio fundada en otros motivos. Tal restricción no existe en nuestras leyes. (29 Cyc., p. 291.)
“La corte inferior tiene una amplia discreción con respecto a este particular mientras el caso está sometido a su jurisdicción. Y esto es lo que sucede en los Estados en donde los juicios civiles se celebran ante jurados; de modo que con mucha más razón está den-tro de la facultad de la corte el conceder nuevos juicios en este país en donde todos los casos civiles se celebran ante la corte sin la in-tervención del jurado.
“La práctica de conceder nuevos juicios en acciones civiles, cuan-do la prueba es contradictoria o insuficiente según el criterio del juez sentenciador, debe ser favorecida y recomendada, pues tiende a beneficiar la justicia, ahorrando tiempo y evitando los gastos que originan las apelaciones.
“La discreción que tiene el tribunal inferior para conceder un nuevo juicio rara vez es anulada en la apelación a no ser que sea un caso en que haya habido un manifiesto abuso de dicha discre-ción, lo que no ocurre en el presente caso.” Santiago v. Vázquez et al., 15 D. P. R. 228, 230.

¿Abusó o no en este caso ele su discreción la corte de dis-trito? A nuestro juicio no se lia demostrado que abusara. Dicha corte a virtud de la solicitud de la demandada tuvo oportunidad de reexaminar la prueba consignada en la ex-posición del caso y pudo concluir, o dudar fundadamente, que fuera suficiente para sostener en todo o en. parte la senten-cia, y siendo ello así, con un amplio, espíritu de .justicia que no debe ser perturbado por nosotros, pudo acordar como acordó la celebración de un nuevo juicio, sin salirse de los límites fijados por la ley.

Por virtud de lo expuesto y sin que pueda interpretarse nuestra actitud como si prejuzgáramos en sentido alguno la sentencia que pondrá fin a este litigio, opinamos que debe de-clararse sin lugar el recurso y confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó conforme con la sentencia.


text:
    Palou, Demandante y Apelante, v. Aspurua et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre rendición de cuentas.
    No. 1975.
    Resuelto en mayo 29, 1919.
    Tutela — Acciones entre Tutor y Pupilo — Prescripción.—El término de eineo años fijado por el artículo 296 del Código Civil Revisado para la extinción de las acciones que recíprocamente asistan al tutor y al menor por razón del ejercicio de la tutela, debe contarse a partir de la fecha en que el menor quede emancipado.
    Id. — Menores de Edad — Acciones Personales — Prescripción.—El artículo 1833 del Código Civil Revisado quedó derogado por el 40 del Código de Enjui-ciamiento Civil. Por virtud del último precepto la prescripción no corre contra algunas personas, entre ellas los menores de edad, hasta que la in-capacidad haya desaparecido, cuando se ejercitan acciones que no sean la de recobrar propiedad inmueble.
    Id. — Prueba—Alegaciones—Non Suit. — Habiendo declarado bajo juramento el propio demandante en este pleito que el tutor jamás le entregó sus bienes de los cuales se había hecho cargo, ni le rindió cuentas de su gestión, y ha-Ménclose presentado en evidencia documentos ereditivos de que el tutor inter-vino como tal arrendando bienes en los cuales tenía participación el menor y otorgando carta de pago de las rentas de bienes arrendados en los que su pupilo era condomino, y siendo además jurada la demanda y no jurada la contestación, cometió error la corte sentenciadora al desestimar la ree-ón del demandante declarando con lugar la moción de ndn suit presentada por los demandados.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Fernando Vázquez.

    Ahogado de los apelados: Sr. Arturo Aponte, Jr.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Jaime Palón presentó una demanda en la Corte de Dis-trito de Humacao contra Emilia Aspurua, viuda de Palou y Pedro, Ana María y Emilia Palou y Aspurua, sobre rendi-ción de cuentas, alegando sustancialmente que Bartolomé Pa-lou, esposo ele la primera demandada y padre de los otros demandados, fue nombrado tutor del demandante y se hizo cargo de sus bienes y los administró durante varios años, sin entregar al demandante cantidad alguna ni rendir cuenta de la tutela. El tutor se hizo cargo de los bienes en 1902 y falleció el 12 de marzo de 1912. El demandante entró en su mayor edad el 10 de mayo de 1912. La demanda, que está jurada, se interpuso el 23 de abril de 1917, y pide a la’ corte que condene a los demandados a rendir cuenta jus-tificada de la tutela que desempeñó su causante.

Los demandados excepcionaron la demanda por no adu-cir hechos suficientes para determinar una causa de acción. Entre otras razones, los demandados alegan en apoyo de esta excepción, el hecho de que la acción ejercitada ha pres-crito de acuerdo con lo prevenido en el artículo 296 del Có-digo Civil de Puerto Rico.” La excepción fué desestimada por la corte. Esta admitió que había transcurrido un térmi-no mayor de cinco años entre la fecha- de la muerte del tutor y la de la interposición de la demanda, pero sostuvo que ha-biendo arribado el menor a su mayor edad el 10 de mayo de 1912, el término fijado por la ley comenzaba a correr a partir de esa última fecha, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Civil, y, compu-tado así, era necesario concluir que no había aun transcurri-do cuando la demanda fue interpuesta.

Los demandados presentaron una moción de eliminación que fue declarada también sin lugar y contestaron entonces la demanda limitándose a negar ‘ ‘ cada una y todas las ale-gaciones” de la misma.

En el acto de la vista la parte demandante presentó su prueba consistente en documentos y en la declaración de un testigo, el propio demandante. Los demandados presentaron una moción de non suit que fué declarada con lugar, deci-diéndose en su consecuencia en su favor el pleito. La corte de distrito se expresó en su resolución, así:

'‘Como alegación esencial de esta demanda, el demandante ha consignado que los demandados no han rendido esa dienta en nin-guna fecha, alegación ésta que debe ser mantenida por la prueba Negado este hecho por los demandados en su contestación * * * él demandante presentó como única evidencia en apoyo del hecho fundamental controvertido sobre la no presentación de cuentas por el tutor, el expediente de esta corte de distrito No. 4780, sobre in-capacidad de Dolores Jiménez, en el cual no existe prueba alguna tendente a justificar la predicha alegación.
"Los demandados una vez terminada la evidencia del deman-dante, formularon una moción de non suit, solicitando que fuera desestimada la demanda por no haber sido probados los hechos fun-damentales de la misma, y. entre ellos el relativo a la no rendición de cuentas alegada.
"Sin entrar en los demás extremos de la moción, algunos de los cuales tienen bastante importancia, como es el relativo a la pres-cripción de la acción ejercitada, la corte es de opinión que ha ha-bido una ausencia total de prueba, toda vez que ha dejado de^ apor-tarse evidencia que mantenga la alegación generadora de la causa de acción ejercitada. Y siendo ello así, y teniendo los demandados a su favor la presunción de que han acatado la ley presentando las cuentas de la tutela, procede se declare con lugar la moción de non suit presentada por dichos demandados, y en su consecuencia sin lugar la demanda del presente caso. El demandante debe sa-tisfacer las costas.”

El demandante apeló para ante este tribunal y la vista del recurso se celebró sin la asistencia de las partes. Sólo el apelante presentó su alegato escrito.

1. La primera cnestión que debemos estudiar y resolver ■es la relativa a la prescripción.

Dice el artículo 296 del Código Civil invocado por los demandados:

“Las acciones que recíprocamente asistan al tutor y al menor por razón del ejercicio de la tutela, se extinguen a los cinco años de concluir ésta.”

¿Cuándo concluyó la tutela en este caso? Se sostiene que a la muerte del tutor. ¿Pero es esa la conclusión que tenía en mente el legislador al. redactar el artículo 296? La exis-tencia del artículo 287 del mismo código y los precedentes históricos imponen una respuesta en la negativa.

Expresamente dispone el legislador cuándo concluye la tutela, así:

“Artículo 287 — Concluye la tutela—
“1. Por llegar el menor a la edad de veinte y un años, por la adopción, y por la emancipación, con las limitaciones de la ley. ■
“2. Por haber cesado la causa que la motivó, cuando se trata de incapaces, sujetos a la interdicción o pródigos.”

Ambos preceptos de ley, el artículo 287 y el 296 citados, forman parte del Título X del libro primero del Código Civil dedicado por completo a la institución de la tutela y deben interpretarse en relación el uno con el otro y con el pensa-miento fundamental de los autores del Código.

Esta acción que asiste a los que están o estuvieron su-jetos a tutela para exigir a sus tutores que rindan cuenta de su actuación, lia sido siempre reconocida. “ * * * e tal demanda como ésta”, dice la Partida 6ª., Título XIX, ley 2ª., “puede fazer el menor en todo el tiempo fasta que sea de edad cumplida de veynte e cinco años; e aun en qua-tro años después desso: e non tan solamente puede el menor fazer demanda fasta este tiempo, mas aun sns herederos.” (Las itálicas son nuestras).

Falcón, en su Código Civil, tomo 1, pág. 291, al pie del artículo 287 del Código Civil español, igual al 296 del nues-tro consigna la siguiente nota:

“Según el proyecto de 1851, artículo 266, debían durar diez años. El de 1882 propuso, en su artículo 253, que durasen sólo cinco años. Duran diez años, según los códigos francés, artículo 475, e Italiano, artículo 309.
“Según el código de Chile, artículo 425, dura cuatro años; lo mismo disponen el de Méjico, en su artículo 665, y el del Uruguay, en su artículo 381. El de Guatemala, artículo 414, le da cinco años de duración.
“Todos los códigos disponen que el término de la acción se cuente desde que el menor se hubiere emancipado.”

T así debe ser en efecto, porque sólo cuando el menor se ha emancipado es que puede comenzar a considerársele con plena capacidad para el ejercicio del derecho que á él perso-nalmente, o a sus herederos en su caso, les reconoce la ley.

Pero si esa no fuera la justa interpretación del artículo 296 del Código Civil, estaría siempre sostenida la resolución de la corte de distrito por lo preceptuado en el artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Civil, que es como sigue:

“Artículo 40. — Si la persona con derecho a ejercitar una acción, que no sea la reivindicatoría de propiedad inmueble, fuese al tiem-po de nacer la causa de la acción — •
“1. Menor de edad; o
“2. Demente; o
“3. Encarcelada por acusación criminal, o cumpliendo sentencia por convicción en causa criminal por un término no menor que el de su vida natural; o
“4. Una mujer casada siendo su esposo parte necesaria con ella para principiar.tal acción; el tiempo que dure tal incapacidad no se considerará parte del tiempo fijado para empezar a ejercitar la acción. ’ ’

“El artículo 1833 del Código Civil revisado”, dijo esta Corte Suprema, por medio de su Juez, Sr. Aldrey, en Ibáñez v. Diviñó, 22 D. P. R. 518, “que empezó a regir en el año 1902 y que dispone que los derechos y acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio de toda clase de personas, incluso las jurídicas, en los términos prevenidos por la ley, lia sido derogado por el artículo 40 del Código de Enjuicia-miento Civil que- empezó a regir en el año 1904, según el cual la prescripción no corre contra algunas personas, entre ellas las menores de edad, hasta que la incapacidad haya desaparecido, cuando se ejercitan acciones que no sean la de recobrar propiedad inmueble.”

2. Examinemos la segunda cuestión. No estamos confor-mes con la afirmación que hace la corte sentenciadora acerca de que “el demandante presentó como única evidencia en apoyo del hecho fundamental controvertido sobre la no pre-sentación de cuentas por el tutor, el expediente de esta Corte de Distrito No. 4780, sobre incapacidad de Dolores Jiménez, en el cual no existe prueba alguna tendente a justificar la predicha alegación.” Examinada la exposición del caso, cons-ta que el expediente a que parece referirse la corte es el relativo a la inscripción de la tutela testamentaria del me-nor Jaime Palón y a la de la incapacitada Dolores Jiménez. En realidad de verdad el hecho de que no aparecieran en-tre las constancias de dicho expediente las cuentas que de-bió rendir el tutor, no es prueba concluyente de que no las rindiera. Pero esa no fué la única evidencia. Declaró, co-mo dijimos, el propio demandante, quien bajo juramento sostuvo que jamás el tutor le entregó sus bienes, de los cua-les se había hecho cargo, ni le rindió cuentas de su gestión, y se presentaron documentos creditivos de que el tutor in-tervino como tal arrendando bienes en los cítales tenía par-ticipación su pupilo y otorgando carta de pago de las ren-tas de bienes arrendados en los cuales su pupilo era con-domino. Además, la demanda fué jurada y ya hemos visto en que forma contestaron los demandados.

Siendo esto así, es necesario concluir que la corte erró al declarar con lugar la moción de non suit presentada por los demandados y en tal virtud qne debe revocarse la reso-lución apelada y devolverse el caso para ulteriores proce-dimientos no inconsistentes con los principios enunciados en esta opinión.

Revocada la resolución apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcbison.