author: (.Fdo.) Sonnya Isabel Ramos Zeno

text:
      In re Resolución de Despedida de la Hon. Aida Ileana Oquendo Graulau, Secretaria del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

      Número: ED-2016-01

      Resuelto: 28 de enero de 2016
   RESOLUCIÓN

La Hon. Aida Ileana Oquendo Graulau finaliza sus fun-ciones como Secretaria del Tribunal Supremo el 29 de fe-brero de 2016, tras ocupar el cargo por más de una década. En atención a su destacada labor, deseamos expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su servicio a este Tribunal.

La jueza Oquendo Graulau comenzó su carrera en el servicio público como Asesora Auxiliar en el Área de Plani-ficación y Reglamentación de la Oficina del Gobernador de Puerto Rico. Luego ocupó el cargo de Procuradora General Auxiliar en el Departamento de Justicia. Posteriormente fue nombrada Directora Ejecutiva del Tribunal de Apela-ciones y ocupó el cargo de Secretaria de ese foro hasta finales de 2004, cuando fue designada Secretaria del Tribunal Supremo.

Desde ese entonces hasta el presente, la jueza Oquendo Graulau ha trabajado arduamente en el desempeño de sus funciones y se ha caracterizado por su laboriosidad y dis-posición a trabajar cordialmente con todos los Jueces y las Juezas, así como con el personal del Tribunal. Bajo su su-pervisión se implantó el proyecto del Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA), el cual puso a la disposición del público en general el Directorio de Abo-gados y Abogadas admitidos a la práctica de la profesión en Puerto Rico a través del portal electrónico de la Rama Judicial.

En el 2014, el Gobernador la nominó al cargo de Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, puesto para el cual el Senado brindó su consejo y consentimiento ese mismo año. Debido a su trayectoria y compromiso con este Foro, la renominamos como Secretaria del Tribunal Supremo a mediados de 2014.

No obstante, en estos momentos la jueza Oquendo Graulau nos ha informado que desea emprender nuevos retos e iniciar su carrera judicial. Así, a partir del 1 de marzo de 2016, quedará sin efecto su relevo de funciones judiciales y esta comenzará a desempeñarse como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia.

El Tribunal agradece su dedicación y le desea éxito en su nueva encomienda en la Rama Judicial, ahora desde el estrado. Estamos convencidos de que su desempeño en el Tribunal de Primera Instancia se caracterizará, al igual que sus pasados veintinueve años en el servicio público, por su compromiso con la justicia y la excelencia.

Publíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Subsecretaría del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Ro-dríguez estuvo conforme con la Resolución que precede y desea expresar, además, que conoce personalmente la ca-pacidad, integridad, lealtad y honradez de la Hon. Aida I. Oquendo Graulau desde hace más de treinta años. Agra-dece, también, que ésta continúe laborando para el País desde el Tribunal de Primera Instancia. Ello es un elo-cuente testimonio del compromiso insoslayable de la juez Oquendo Graulau para con la justicia y el Pueblo de Puerto Rico. Expresó la Jueza Asociada, además, que está de más decir que, durante los años dedicados a este Foro, la labor de la juez Oquendo se destacó por su excelencia, responsa-bilidad, diligencia y eficacia. A título personal, la Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez extendió su más profundo agradecimiento, admiración y mejores deseos en su nueva etapa profesional.

(.Fdo.) Sonnya Isabel Ramos Zeno

Subsecretaría del Tribunal Supremo


source: Caselaw Access Project

author: (.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

license: Public Domain

text:
      In re Hon. Liana Fiol Matta, en Ocasión de su Retiro como Jueza Presidenta del Tribunal Supremo.

      Número: ED-2016-02

      Resuelto: 29 de enero de 2016
   RESOLUCIÓN

Tras veintitrés años de servicio en la Rama Judicial de Puerto Rico, la Honorable Liana Fiol Matta se retira de su cargo. Con tal motivo, y por acuerdo de las Señoras Juezas Asociadas y los Señores Jueces Asociados, adoptamos esta Resolución.

El trayecto profesional y académico de la Jueza Fiol Matta comienza en la Escuela de Derecho de la Universi-dad de Puerto Rico, cuya Revista Jurídica dirigió y de la cual se graduó magna cum laude en 1970. En 1988, la Jueza Fiol Matta obtuvo una Maestría en Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York, y en 1996, el grado de Doctora en la Ciencia del Derecho de la misma institución universitaria.

Ocupó varios cargos en el Gobierno del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, desde los cuales se destacó por defender los derechos de la mujer, la conservación del ambiente y la protección de los consumidores y las consumidoras. En 1975, Año Internacional de la Mujer, recibió el premio del Colegio de Abogados de Puerto Rico por sus aportaciones al Derecho puertorriqueño.

Entre 1978 y 1988, la Jueza Fiol Matta se desempeñó como Catedrática Asociada, primero en la Facultad de De-recho de la Universidad Interamericana y luego en la de la Universidad Católica de Ponce. De año 1988 a 1990 se des-empeñó como Asesora del Gobernador de Puerto Rico en las áreas de Planificación, Protección Ambiental, Derechos de la Mujer y Gerencia Pública.

En 1992 fue designada Jueza del Tribunal de Apelacio-nes, aunque continuó dictando cátedra primero en la Facul-tad de Derecho de la Universidad Interamericana y, luego, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. De 1993 a 1995 formó parte de una comisión especial del Tribunal Supremo sobre discrimen por razón de género en los tribunales y, de 1996 a 2002, ocupó el cargo de Jueza Administradora del Tribunal de Apelaciones. Una vez con-cluidas sus funciones administrativas, presidió un comité cuyo informe, sometido en el 2003, dio pie a la creación de la Academia Judicial Puertorriqueña, de la cual ha sido hasta el presente, Decana y Presidenta de su Junta Académica.

Reconociendo su amplia y distinguida trayectoria como profesional y académica, el 19 de febrero de 2004 la Hon. Sila M. Calderón, Gobernadora de Puerto Rico, la nombró Jueza Asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Con ello, la Jueza Fiol Matta se convirtió en la segunda mujer en la historia en ser nombrada Jueza Asociada del más alto foro judicial de este País.

La Jueza Fiol Matta es autora de un sinnúmero de ar-tículos jurídicos publicados tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. En ellos queda plasmada su férrea de-fensa del acceso a la justicia y defensa de los más vulnera-bles, de los derechos de la mujer y de la conservación am-biental, así como su consciencia y conocimiento sobre la Teoría del Derecho y la Metodología de Adjudicación.

Como Jueza Asociada de este Tribunal, propició juris-prudencia en favor de los derechos humanos, del medioam-biente, de las mujeres y del trato equitativo de todas las personas, sin distinción de raza, género, origen y condición social. Su legado jurídico da cuenta de su compromiso con la justicia y con la sensibilidad y empatia como elementos esenciales de toda metodología adjudicativa.

Ya en la madurez de su carrera judicial, luego de más de diez años como Jueza Asociada en este Alto Foro, el 11 de abril de 2014 el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Alejandro García Padilla, nombró a la Jueza Fiol Matta como la segunda mujer Jueza Presidenta en la historia de este Tribunal. Este nuevo paso representó un gran reto, pues tuvo que administrar la Rama Judicial mientras atravesa-mos la más severa crisis fiscal y económica que ha afectado a nuestro País en tiempos modernos. Cabe señalar que la Contralora de Puerto Rico consignó en su más reciente in-forme que “[e]s evidente que la Jueza Presidenta tomó las acciones afirmativas correspondientes para atender efecti-vamente la reducción presupuestaria”.

Sin embargo, la Jueza Presidenta Fiol Matta ha enca-minado las reformas necesarias para no afectar la presta-ción de servicios a los ciudadanos y ciudadanas e, incluso, expandir aquellos programas que garanticen el acceso a la justicia. De esta manera, se expandió el programa de Corte de Drogas con la apertura de una sala juvenil de este im-portante programa en la Región Judicial de Bayamón, se inauguró una Nueva Sala Especializada en Casos de Vio-lencia de Género en la Región Judicial de Caguas y se abrió una Sala Especializada en Salud Mental en el Centro Judicial de Mayagüez. Además, teniendo presente la edu-cación de nuestra ciudadanía, sobre todo la de los más jó-venes, se creó la Oficina de Educación y Relaciones con la Comunidad bajo la cual se han firmado importantes acuer-dos colaborativos con múltiples organizaciones educativas y culturales para orientar y educar a la comunidad sobre la función de nuestros tribunales. Asimismo, en 2014, la Jueza Fiol Matta fue electa para formar parte de la pres-tigiosa Comisión Permanente de Género y Acceso a la Jus-ticia de la Cumbre Judicial Iberoamericana que, entre otros asuntos, desarrolla proyectos y propuestas con el fin de incorporar la perspectiva de género al interior de los Poderes Judiciales.

Junto con los enormes retos fiscales, la Presidencia de la Jueza Fiol Matta tuvo que enfrentar, además, el reto del escrutinio público y el golpe a la legitimidad de la Rama Judicial como consecuencia de señalamientos en contra de miembros de la Judicatura. Afirmando en todo momento la integridad de la inmensa mayoría de nuestros jueces y jue-zas, la Jueza Presidenta Fiol Matta ordenó la creación de una Unidad Especializada en Investigaciones dentro de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), dedi-cada exclusivamente a la investigación y al seguimiento de quejas presentadas en contra de jueces y juezas de nuestro sistema. De igual forma, este Tribunal enmendó las Reglas de Disciplina Judicial para promover la eficacia y agilidad de las investigaciones realizadas por dicha oficina.

Además de fortalecer el proceso investigativo y discipli-nario de la Rama Judicial, la Jueza Presidenta Fiol Matta creó una Comisión Especial Independiente (CEI), com-puesta por ciudadanos ajenos a la Rama Judicial, con la encomienda de examinar el desempeño, eficiencia y servi-cio de las Regiones Judiciales, y recomendar los cambios que estimaran necesarios para mejorar la efectividad de los procedimientos establecidos para la administración de la justicia. La CEI ya emitió un informe que, junto con el Plan Estratégico de la Rama Judicial 2016-2019, Puntos Cardinales de la Justicia, será sin duda una guía de ruta para quien le corresponda la dirección de la Rama Judicial en el futuro.

Al partir, la Jueza Fiol Matta deja un gran legado jurí-dico a nuestro País. Con su experiencia como administra-dora y su sensibilidad humana, la Jueza Fiol Matta impri-mió un carácter de justicia verdadera en el quehacer jurídico puertorriqueño que no será fácil de remplazar. A nombre de las Señoras Juezas Asociadas y Señores Jueces Asociados del Tribunal Supremo y de los demás funciona-rios de la Rama Judicial, le extendemos a la Jueza Fiol Matta nuestro agradecimiento por el buen servicio pres-tado a su profesión y a su País. Hacemos extensivo el el agradecimiento a su esposo, el doctor Hamid Galib, y a sus hijos, nietos y familiares.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: (Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

text:
      In re Designación del Secretario del Tribunal Supremo.

      Número: EN-2016-02

      Resuelto: 29 de enero de 2016
   RESOLUCIÓN

La Secretaria del Tribunal, Hon. Aida Ileana Oquendo Graulau, ha presentado su renuncia al cargo, efectiva el 29 de febrero de 2016, para comenzar a desempeñarse como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia a partir del 1 de marzo de 2016.

Para evitar que ese puesto quede vacante, y en aras de promover una transición ordenada que propicie la estabili-dad de los trabajos en el Tribunal Supremo, se designa al Ledo. Juan Ernesto Dávila Rivera como Secretario de este Tribunal. Este ejercerá las funciones propias del cargo y cualquier otra función que le asigne el Tribunal. La presente designación será efectiva el 1 de marzo de 2016 cuando se lleve a cabo el juramento de toma de posesión de su cargo.

Publíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez hace constar la siguiente expresión, a la cual se unió la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez:

La Juez Asociada Rodríguez Rodríguez disiente del curso de acción tomado por una mayoría de este Tribunal. Dado que la figura del Juez Presidente es la encargada de dividir los tra-bajos de este Foro, estimo que lo que procedía era esperar el nombramiento de éste con tal de otorgarle la debida deferen-cia en el proceso de nombramiento y selección del Secretario de este Tribunal. Ante todo, el proceder apresurado de la ma-yoría impide que el próximo Juez Presidente o Jueza Presi-denta intervenga en el nombramiento de una persona indispensable en el funcionamiento y la tramitación de recursos en este Tribunal.

La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    Colegio Mayor de Tecnología, peticionario, v. Carlos J. Rodríguez Fernández, recurrido.

      Número: CC-2014-189

      Resuelto: 29 de enero de 2016

      Osvaldo “Valdy” González Avilés y Coral A. Muñoz Alonso, abogados de la parte peticionaria; Carlos Rodríguez Rivera, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia planteada ante nuestra consideración nos permite determinar cuándo es que comienza a trans-currir el término prescriptivo de un año, conforme al Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 5298, en una acción de daños y perjuicios por negligencia o mala práctica legal en contra de un abogado al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA see. 5141. Concluimos que el término prescriptivo comienza a transcurrir desde que el perjudicado adviene en conocimiento de la decisión final y firme sobre el litigio en el que se le imputa la negligencia al representante legal. Así pues, es en ese momento en el que se tienen los elementos necesarios para ejercer la acción judicial.

Examinemos, entonces, los hechos relevantes a la con-troversia planteada. Primero discutiremos lo relacionado al caso que originó la demanda contra el abogado y luego la reclamación instada en contra del representante legal. Veamos.

HH

A. La querella laboral

El 13 de marzo de 2009, la Sra. Cynthia González De Jesús (señora González De Jesús) presentó ante el foro de instancia una querella laboral por discrimen y despido in-justificado contra el Colegio Mayor de Tecnología (Colegio Mayor), esto al amparo del procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada (Ley 2). Para ese pleito, el Colegio Mayor contrató al Ledo. Carlos J. Rodríguez Fernández (licenciado Rodríguez Fernández) como su representante legal.

Luego de varias situaciones relacionadas con la expedi-ción y el diligenciamiento del emplazamiento, el mismo fue diligenciado el 10 de septiembre de 2009. Así las cosas, el 20 de octubre de 2009, el Colegio Mayor solicitó la desesti-mación de la querella laboral por falta de jurisdicción y el 26 de octubre de 2009 contestó dicha querella. No obstante, por tratarse de una querella presentada en virtud del pro-cedimiento sumario dispuesto en la Ley 2, supra, el tér-mino para contestar la misma era de 10 días y vencía el 21 de septiembre de 2009.

Como consecuencia de que el Colegio Mayor no contestó la querella dentro del término establecido, la señora Gon-zález De Jesús solicitó la anotación de rebeldía. Así, el tribunal de instancia anotó la rebeldía al Colegio Mayor el 8 de octubre de 2009. Luego de la vista en rebeldía cele-brada el 7 de diciembre de 2009, el foro de instancia dictó una Sentencia el 19 de febrero de 2010. Mediante dicha determinación, el tribunal de instancia declaró “ha lugar” la querella laboral y condenó al Colegio Mayor a pagar a la señora González De Jesús $91,300 ($73,040 más $18,260 en concepto de gastos y honorarios de abogado). El 5 de marzo de 2010 se dictó una Sentencia Enmendada, notifi-cada el 15 de marzo de 2010.

Ante el fallo adverso, el licenciado Rodríguez Fernández —en representación del Colegio Mayor— realizó varios trá-mites para la revisión de la determinación. De esa forma, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones y ante esta Curia, mas ambos foros denegamos su solicitud. Finalmente, el 1 de abril de 2011, declaramos “no ha lugar” a la Moción de Reconsideración presentada por el Colegio Mayor. Así las cosas, el 3 de junio de 2011, el licenciado Rodríguez Fer-nández notificó —mediante carta— al Colegio Mayor que la decisión del foro de instancia era final y firme, por lo que el pleito había culminado y correspondía que se efectuara el pago de $91,300 a favor de la señora González De Jesús.

B. La demanda contra el abogado

Inconforme con la representación legal brindada por el licenciado Rodríguez Fernández, el 21 de diciembre de 2011, el Colegio Mayor presentó una demanda por daños y perjuicios contra el mencionado abogado. En particular, alegó que como consecuencia de que el licenciado Rodrí-guez Fernández no contestó la querella laboral dentro del término dispuesto por ley, éste incurrió en negligencia en el desempeño de sus deberes como abogado. Con ello, provocó que recayera una sentencia por $91,300 en contra del Co-legio Mayor, ante lo cual este último expresó que “tuvo que pagar por una reclamación que no tenía fundamento y la cual se había desestimado a nivel administrativo”. Asi-mismo, el Colegio Mayor adujo que a raíz del litigio y de la sentencia que recayó en su contra, su reputación se afectó grandemente en su carácter como patrono y como centro educativo.

Por todo lo cual, el Colegio Mayor solicitó al tribunal de instancia que ordenara al licenciado Rodríguez Fernández a pagar: (1) $91,300 que tuvo que pagar a la querellante en la reclamación laboral; (2) $53,700 como indemnización por los daños y perjuicios sufridos al verse afectada la reputa-ción del centro educativo; (3) $5,000 en concepto de los ho-norarios pagados al licenciado en la etapa apelativa del caso, y (4) $7,500 que pagó en honorarios de abogado.

Luego de varios trámites relacionados con el emplaza-miento, el licenciado Rodríguez Fernández solicitó la des-estimación de la demanda con perjuicio en mayo de 2012. En síntesis, argumentó que la causa de acción en su contra estaba prescrita debido a que el Colegio Mayor fue notifi-cado de la anotación de rebeldía el 9 de octubre de 2009 y desde esa fecha conoció de la alegada negligencia por omi-sión que le imputa al licenciado. Añadió que a partir de esa fecha, el Colegio Mayor tenía un año para hacer su recla-mación y no lo hizo en ese término, sino que presentó su demanda el 21 de diciembre de 2011, esto es, más de dos años después del alegado hecho negligente. Así, el licen-ciado Rodríguez Fernández pidió la desestimación de la de-manda y la imposición de $25,000 como honorarios de abo-gado por temeridad más costas y gastos.

En junio de 2012, el Colegio Mayor se opuso a la Peti-ción de desestimación y adujo que no fue hasta el 3 de junio de 2011 que el licenciado Rodríguez Fernández le notificó mediante carta la determinación final de esta Curia. Se-ñaló que en esa fecha fue cuando conoció del daño y desde ahí pudo ejercer su causa de acción, por lo que su demanda presentada el 21 de diciembre de 2011 no estaba prescrita. Además, argumentó que “[m]ientras el caso estuvo venti-lándose en el Tribunal de Apelaciones y en el Tribunal Supremo, todavía la decisión del Tribunal de Primera Instan-cia podía ser revocada, por lo que el Colegio [Mayor] aún tenía la expectativa de no sufrir ningún daño”.

El licenciado Rodríguez Fernández replicó a la oposición y expuso, contrario a lo planteado en la Petición de deses-timación, que el Colegio Mayor conoció su daño desde el 19 de febrero de 2010 cuando el tribunal de instancia dictó sentencia en su contra e impuso el pago de $91,300 a favor de la señora González De Jesús en el caso laboral. Por lo que, “el supuesto acto negligente cometido por el abogado le era conocido [,] así como las consecuencias que tuvo el supuesto acto negligente, o sea, la pérdida económica”. Entonces, según el licenciado Rodríguez Fernández, a par-tir del 19 de febrero de 2010, el Colegio Mayor tenía un año para presentar la demanda y no lo hizo.

Así las cosas, el 4 de septiembre de 2013, el foro de instancia dictó sentencia sumariamente y desestimó la de-manda conforme a la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V. Concluyó que la reclamación presentada por el Colegio Mayor contra el licenciado Rodríguez Fernández había prescrito. Así, el tribunal de instancia expresó que “no existe duda de que tomando la fecha del 19 de febrero de 2010 como la fecha donde se conjugan el conocimiento del alegado acto negligente con el del daño, ya había trans-currido un (1) año y diez (10) meses cuando se radica est[a] demanda sin que se haya interrumpido la prescripción. Es decir, están presentes todos los elementos de la causa de acción desde el 19 de febrero de 2010 sin que el deman-dante actuara para evitar perder su derecho”. Añadió que fue decisión exclusiva del Colegio Mayor posponer ejer-cer su causa de acción cuando decidió proceder con los trá-mites apelativos y contrató para esto al mismo abogado al que podía demandar, mas no lo hizo.

Inconforme con la determinación del foro de instancia, el Colegio Mayor presentó su recurso ante el Tribunal de Apelaciones el 14 de octubre de 2013. Mediante Sentencia de 18 de diciembre de 2013, dicho foro concluyó que no procedía como cuestión de derecho dictar sentencia suma-ria, pues existía una controversia real sustancial sobre un hecho material: la fecha en que el Colegio Mayor advino en conocimiento del daño. Ante esto, revocó y devolvió el caso al tribunal de instancia para que determinara la fecha en que el Colegio Mayor conoció o le fue notificada la Sen-tencia Enmendada de 5 de marzo de 2010 y, en consecuen-cia, pudiera determinar si procedía o no la defensa afirma-tiva de prescripción.

Oportunamente, el licenciado Rodríguez Fernández so-licitó reconsideración, y el Colegio Mayor se opuso y solicitó que “no se reconsidere la Sentencia emitida [...] respecto a la fecha en que se notificó la Sentencia enmendada sino respecto al verdadero punto de partida para computar el término prescriptivo para instar una acción de daños y perjuicios”. Así, el 6 de febrero de 2014, el Tribunal de Apelaciones declaró “no ha lugar” la petición.

Inconforme con la decisión, el Colegio Mayor presentó su Petición de certiorari ante esta Curia el 13 de marzo de 2014 y nos señala lo siguiente:

Cometió error el Honorable Tribunal de Apelaciones al de-terminar que el punto de partida para determinar cuándo prescribe la acción de daños y perjuicios es la fecha en que se notificó la Sentencia Enmendada y no cuando el daño al Cole-gio fue uno real y palpable, requisitos indispensables para que se configure la acción. Certiorari, pág. 7.

Expedido el recurso, el Colegio Mayor presentó su ale-gato el 17 de septiembre de 2014 y el licenciado Rodríguez Fernández presentó el suyo el 6 de octubre de ese mismo año. Con el beneficio de ambas comparecencias, procede-mos a resolver. Veamos, entonces, la normativa aplicable a la controversia ante nuestra consideración.

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A. La prescripción extintiva

La prescripción extintiva es la figura jurídica que tiene como norte fomentar la diligencia de un agraviado al reclamar sus derechos y consiste en castigar al reclamante por su “falta de ejercicio del derecho subjetivo durante el período de tiempo prolongado por la ley”. Es doctrina reiterada que “con la prescripción extintiva lo que se busca es castigar la dejadez en el ejercicio de los derechos, así como en los litigios difíciles de adjudicar por la antigüedad de las reclamaciones, y así evitar que una de las partes quede en estado de indefensión”.

Sabido es que el término para reclamar las obligaciones que nacen por daños causados como consecuencia de un acto culposo o negligente está regulado en el Código Civil de Puerto Rico. A esos efectos, el Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA see. 5298, dispone que las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia prescriben por el transcurso de un año desde que lo supo el agraviado. Asimismo, el Art. 1869 del Código Civil, 31 LPRA see. 5299, establece que cuando no haya disposición especial alguna que regule el término prescriptivo para cualquier clase de acción, entonces se comenzará a contar desde el día en que pudieron ejercitarse. Como vemos, ambos artículos reiteran lo que se conoce como la “teoría cognoscitiva del daño”.

Sobre la teoría cognoscitiva del daño, hemos discutido las tres etapas que existen en el proceso de infligir un daño. Específicamente, expresamos que esas tres eta-pas distinguibles son las siguientes:

La primera la constituye el acto u omisión culposa o negligente. La segunda surge cuando subsiguientemente se produce una consecuencia lesiva o daño que causa menoscabo —ya sea físico, moral, económico, entre otros— en la persona que la sufre. Esta segunda etapa se conoce como la vertiente material u objetiva del daño, debido a que éste existe en la realidad física, aunque el peijudicado no la conozca. La ter-cera surge con el conocimiento del perjudicado del menoscabo sufrido, debido a que éste se manifiesta en alguna forma que permite que sea reconocido. Esta última etapa se denomina como la vertiente cognoscitiva del daño, ya que gira en torno al conocimiento que tiene la víctima del daño sufrido.

No obstante, reconocimos que si bien es cierto que estas tres etapas pueden ocurrir simultáneamente, también puede suceder que cada etapa se materialice en momentos distintos, lo cual ocasiona que el término prescriptivo no esté claramente definido en determinada situación de hechos. Precisamente, en aquella ocasión esta Curia ex-presó sobre ese particular lo siguiente:

[E]s necesario distinguir el momento cuando ocurra la conse-cuencia lesiva y el momento [en que] el perjudicado la reco-nozca, debido a que tal diferenciación conlleva efectos jurídicos de vital importancia, como lo es el momento cuando empieza a contar el plazo hábil durante el cual el perjudicado puede ini-ciar su causa de acción de daños y perjuicios.

Para distinguir el momento en que ocurre la consecuen-cia lesiva y cuándo el perjudicado la conoce, veamos las diferencias correspondientes a cada momento en un caso de una determinación judicial que resulta en un alegado daño.

1. La consecuencia lesiva

- Una de las tres etapas de infligir el daño se determina cuando se manifiesta físicamente o existen algunas consideraciones físicas que lleven al perjudicado a reconocer el daño que le causa menoscabo.

Nos explica el profesor Herminio Brau del Toro que el momento en que se tiene conocimiento de la consecuencia lesiva es cuando el perjudicado ha podido identificar esas manifestaciones físicas, a pesar de no tener toda su mag-nitud y extensión. Sin embargo, en el caso de una sen-tencia o una resolución, ese conocimiento no surge hasta tanto se extingue el período determinado para que se con-vierta en final y firme. No es hasta tanto la determinación adviene final y firme que se materializa su efecto, sin posi-bilidad alguna de remedio. Mientras la determinación del tribunal de instancia esté sujeta a revisión judicial, esta puede ser modificada o revocada, por lo que se elimina su consecuencia y queda sin efecto algún daño alegado. Por otra parte, si el abogado subsana o remedia la alegada ne-gligencia, es al final del pleito cuando el cliente podrá con-firmar que su representante legal trabajó para evitar las consecuencias lesivas de su acto u omisión.

En ese sentido, hemos señalado que el término de un año para ejercer la causa de acción por daños y perjuicios comienza a “contarse a partir de la fecha en que expiró el período en que hubiera podido apelarse”. En Serrallés v. Saurí, 44 DPR 402, 405 (1933), este Foro resolvió que una acción por daños y perjuicios no estaba prescrita debido a que fue presentada dentro del año dispuesto por ley, con-tado desde que la sentencia que generó una errónea expe-dición de un auto de injunction advino final y firme.

Mientras, en Agosto v. Mun. de Río Grande, 143 DPR 174 (1997), tuvimos la oportunidad de analizar cuándo comienza a correr el término prescriptivo si se desiste de una acción civil mediante una orden judicial en virtud de la anterior Regla 39.1(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III. Allí resolvimos que “[c]omo el permiso judicial era compulsorio, es a partir de éste que comenzó a contar el nuevo término prescriptivo, porque fue con la orden judicial que se le puso punto final al pleito en cuestión”. Esto es, cuando culmina definitivamente la acción ejercitada es que se comienza a contar el término prescriptivo. De esta forma, podemos co-legir que cuando culmina el pleito, con una sentencia final y firme, es que queda consumado el daño, al ser real y palpable el efecto de la determinación dictada.

2. El conocimiento del daño

Como norma general, la fecha del archivo en autos de la notificación de la sentencia se reconoce como el momento en el que las partes advienen en conocimiento de las determi-naciones de un tribunal en el caso ante su consideración. La Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone que “[l]a sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en autos copia de su notificación a todas las partes y el término para apelar empezará a transcurrir a partir de la fecha de dicho archivo”. No obstante, las Reglas 52.2 y 68.3 de Pro-cedimiento Civil, 32 LPRAAp. V, contemplan que cuando existe diferencia entre la fecha del archivo en autos y la fecha del depósito en el correo de la notificación se tomará la fecha del depósito en el correo como el punto de partida para calcular cuándo es que comienza a correr el término corres-pondiente para exigir su derecho a revisión.

Según lo anterior, se puede establecer que, como regla general, el momento en que se obtuvo el conocimiento del dictamen judicial está definido por la fecha del archivo en autos de copia de la notificación o, en su defecto, por la fecha del matasellos del correo de la notificación enviada. Esta conclusión es cónsona con la teoría cognoscitiva del daño que explicamos anteriormente, en la cual el perjudicado conoció del menoscabo sufrido debido a que este se manifestó mediante la sentencia o la resolución notificada y esto le permite reconocer que tiene el alegado daño.

Conforme a las dos etapas discutidas, la parte peijudi-cada puede conocer del daño por la determinación adversa o porque haya culminado el pleito, de forma tal que ad-viene en conocimiento del daño propiamente con la mani-festación de una determinación ejecutable. No obstante, por la naturaleza de la causa de acción que atendemos —una reclamación por impericia profesional contra un re-presentante legal— hay que determinar la fecha en la que en efecto tal determinación del tribunal se le comunicó al perjudicado. Esto pues, el representante legal puede adve-nir en conocimiento del dictamen adverso e informarlo en una fecha posterior a su cliente en aras de acortar o, in-cluso, hacer inexistente el término para ejercer la acción judicial en su contra. En dicho caso, el cliente es el perju-dicado y quien podría llevar la causa de acción contra su representante legal, por lo cual la fecha determinante es aquella en la cual el cliente adviene en conocimiento de la determinación final y firme de su pleito.

Claro está, el agraviado también tiene que conocer quién le causó el daño y los elementos necesarios para po-der ejercitar su causa de acción.

B. La causa de acción en daños y perjuicios por impericia legal en contra del abogado

En el pasado, esta Curia ha establecido los elementos necesarios para que prospere una causa de acción en contra del abogado. Estos son: (1) que la existencia de una relación abogado-cliente genere un deber; (2) que el abogado, por acción u omisión, lo viole; (3) que esa violación sea la causa próxima del daño al cliente, y (4) que el cliente, como reclamante, sufra daño o pérdida. Asimismo, establecimos que no solo es suficiente establecer los cuatro elementos mencionados, sino que es imperativo demostrar que la causa de acción era válida y se malogró por la actuación negligente del abogado. Es decir, que el reclamante podía prevalecer en su caso, pero no fue así debido a que el abogado no trabajó adecuadamente el caso.

El cliente perjudicado no tan solo tiene que saber que tiene o ha sufrido un daño, sino que tiene que conocer que recibió ese daño por causa de su abogado. Ya sea por al-guna comunicación con el abogado, o que lo haya descu-bierto de forma independiente, el cliente tiene que poder conocer que la causa próxima de su daño fue la acción u omisión del abogado.

i — H HH HH

En el caso ante nuestra consideración, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el punto de partida para deter-minar cuándo prescribe la acción por daños y perjuicios es la fecha en que se notificó al Colegio Mayor sobre la Sen-tencia Enmendada y fundamentó su determinación en la teoría cognoscitiva del daño. Por esa razón, determinó re-vocar la desestimación y devolver el caso al foro de instan-cia para que se determine, mediante prueba, la fecha exacta en que el Colegio Mayor advino en conocimiento de la Sentencia Enmendada emitida el 5 de marzo de 2010 y archivada en autos el 15 de marzo de 2010. Según la nor-mativa discutida, concluimos que esa determinación es errónea, por lo que sí se cometió el único error señalado. Nos explicamos.

En este caso, la parte peticionaria, el Colegio Mayor, alegó que el término prescriptivo no comenzó a transcurrir hasta finalizados los trámites apelativos del caso. En espe-cífico, sostuvo que mediante la carta cursada por el licen-ciado Rodríguez Fernández el 3 de junio de 2011 fue que advino en conocimiento de que su daño era real. Mientras, la parte recurrida, el licenciado Rodríguez Fernández, sos-tuvo que el Colegio Mayor conoció del alegado daño desde el momento en que se anotó la rebeldía el 9 de octubre de 2009.

A pesar de poder constatar la fecha exacta en la cual advino en conocimiento el Colegio Mayor sobre la Sentencia Enmendada, quedan por resolver si existen los elementos que permiten ejercer una causa de acción en contra del abo-gado en un caso por impericia legal o mala práctica legal. Veamos.

El pleito en el cual se le atribuye la alegada negligencia al licenciado Rodríguez Fernández fue una querella laboral en contra del Colegio Mayor, amparada en el procedi-miento sumario dispuesto en la Ley 2, supra. Una vez ano-tada la rebeldía por no contestar la demanda dentro del término correspondiente, el tribunal de instancia dictó la Sentencia Enmendada el 5 de marzo de 2010, la cual fue notificada el 15 de marzo de 2010.

Este caso presenta la situación en la cual el propio re-presentante legal continuó con los trámites apelativos para la revisión de la Sentencia Enmendada. Por lo tanto, en ese momento, la referida sentencia no era una determina-ción final y firme. Además, nos resulta forzoso concluir que en el Colegio Mayor existía la expectativa de prevenir el resultado de ejecutar la Sentencia que ordenaba el pago de $91,300. Tal expectativa la fomentó el propio abogado al promover los trámites apelativos para revisar dicha determinación. Esa expectativa albergaba la esperanza de que no se produjera la consecuencia lesiva de la anotación de rebeldía en el caso.

Si bien es cierto que el Colegio Mayor pudo haber tenido conocimiento de la Sentencia Enmendada, el abogado le orientó (o debió haberle orientado) en cuanto a la posibili-dad de apelar dicho dictamen y, en efecto, cobró honorarios para continuar la representación legal ante los foros apelativos. Al examinar los elementos necesarios para ejer-cer la causa de acción, podemos observar que independien-temente de que el Colegio Mayor obtuvo conocimiento de la Sentencia Enmendada, y que fuera orientado y asesorado por su abogado para continuar con los trámites apelativos, estaba impedido de ejercer su acción judicial, pues no se había concretado un daño real. Nos parece incompatible pretender que un cliente demande a su abogado cuando este es el que le ha orientado sobre la posibilidad de pre-valecer mediante trámites apelativos para impedir el efecto de la determinación emitida por el tribunal de instancia. Peor aún, resulta injusto que un cliente base su confianza en la orientación ofrecida por su representante legal y que este, precisamente por la confianza depositada en él, aconseje a su cliente con el propósito de dejarle des-provisto de un remedio por el daño sufrido por la culpa o negligencia del abogado.

En este caso, los trámites apelativos tomaron desde la presentación de la Petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones el 14 de mayo de 2010 hasta el 13 de abril de 2011 con el mandato de este Foro luego de haber emi-tido la Resolución en la cual se declaró “no ha lugar” al recurso de certiorari presentado. Fue en ese momento cuando se concretó el daño real sobre el cual el Colegio Mayor no tenía conocimiento. Conforme a las alegaciones de ambas partes, y según surge del expediente, el licen-ciado Rodríguez Fernández notificó al Colegio Mayor sobre el fin del pleito mediante una carta con fecha de 3 de junio de 2011. Es decir, no fue hasta pasados dos meses que el licenciado Rodríguez Fernández le comunicó al Colegio Mayor acerca de la Resolución —adversa a su causa— de 1 de abril de 2011 (y archivada en autos el 6 de abril de 2011), mediante la cual este Tribunal denegó expedir el recurso.

En atención a ello, concluimos que el momento en que el Colegio Mayor advino en conocimiento sobre el daño real presuntamente causado por la negligencia del abogado fue el 3 de junio de 2011, momento en el cual el licenciado Rodríguez Fernández notificó al Colegio Mayor —mediante carta— que el pleito había llegado a su fin. Por lo tanto, el término prescriptivo de un año en esta causa de acción por daños y perjuicios comenzó a transcurrir desde el 3 de ju-nio de 2011. La demanda fue presentada ante el foro de instancia el 21 de diciembre de 2011, por lo que resolvemos que la misma no está prescrita.

Por todo lo anterior, concluimos que al amparo del Art. 1868 del Código Civil, supra, el cliente tiene un año para exigir la responsabilidad civil de su abogado desde que adviene en conocimiento de la decisión final y firme sobre el litigio en el que se le imputa la negligencia a su representante legal; es en ese momento en el que se tienen los elementos necesarios para ejercer la acción judicial.

Además, por los hechos que se esbozan en esta Opinión, referimos el asunto a la Oficina de la Procuradora General para investigación e informe en el término de 60 días (con-tado a partir de la notificación de esta determinación) en relación con la posibilidad de comenzar un proceso discipli-nario contra el Ledo. Carlos J. Rodríguez Fernández.

IV

Por las razones antes expresadas, revocamos la determi-nación del Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al foro de instancia para la continuación de los procedimien-tos conforme a lo aquí dispuesto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez concurrió con el resultado sin opinión escrita.

      3118-3132.

       Véase Sentencia Enmendada, Apéndice del Certiorari, pág. 116.

       Refiérase a la See. 3 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 LPRAsec. 3120).

       La notificación y el archivo en autos fue el 9 de octubre de 2009.

       La notificación y el archivo en autos fue el 26 de febrero de 2010.

       La notificación y el archivo en autos fue el 6 de abril de 2011.

       En lo pertinente, en esa carta el licenciado Rodríguez Fernández expresó lo siguiente: “[p]or la presente se le informa que el caso Cynthia González De Jesús v. Colegio Mayor de Tecnología ha llegado a su fin. [...] La sentencia dictada en el caso es final y firme y hay que satisfacerla a favor de la parte contraria. [...] Por tanto, la cuantía antes mencionada es la que hay que satisfacer por motivo de la sentencia dictada a favor de la Sra. González. Hay [que] hacer un cheque por dicha cantidad para entregárselo a la Sra. González”. Véase Carta del Ledo. Carlos J. Rodríguez Fernández al Presidente del Colegio Mayor de Tecnología, Apéndice del Certiorari, pág. 81.

       Caso Civil Núm. GDP2011-0210.

       Demanda, Apéndice del Certiorari, pág. 25.

       Vale mencionar que el Colegio Mayor de Tecnología (Colegio Mayor) solicitó $150,000 por la totalidad de su reclamación, pero el cálculo real totaliza $157,500. Véase Demanda, Apéndice del Certiorari, pág. 25.

       Oposición a desestimación, Apéndice del Certiorari, pág. 69.

       Réplica a oposición a desestimación, Apéndice del Certiorari, págs. 84-85.

       La notificación y el archivo en autos fue, el 25 de septiembre de 2013.

       Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del Certiorari, pág. 111. Según el foro de instancia, el alegado acto negligente fue el 9 de octubre de 2009 (cuando se notificó la anotación de rebeldía) y el Colegio Mayor conoció del daño el 19 de febrero de 2010 (cuando se dictó Sentencia y se impuso el pago total de $91,300). íd.

       La notificación y el archivo en autos fue el 23 de diciembre de 2013.

       Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice del Certiorari, pág. 175.

       íd.

       Oposición a reconsideración, Apéndice del Certiorari, pág. 181.

       La notificación y el archivo en autos fue el 12 de febrero de 2014.

       L. Diez-Picazo, La prescripción extintiva en el Código Civil y en la jurispru-dencia del Tribunal Supremo, 2da ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 2007, pág. 127.

        S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 831 (2011). Véanse, además: SLG García-Villega v. ELA et al., 190 DPR 799, 813 (2014); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 321 (2004).

        Ojeda v. El Vocero de P.R., 137 DPR 315, 323 (1994).

       íd., pág. 324.

       H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. JTS, 1986, Vol. I, págs. 439-440.

        Serrallés v. Saurí, 44 DPR 402, 405 (1933).

        Agosto v. Mun. de Río Grande, 143 DPR 174, 181 (1997).

       Véase Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 671 (2006).

        Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 239 (1984).

       íd., pág. 242.


author: (Fdo.) Sonnya Isabel Ramos Zeno

text:
      In re Integración de las Salas de Despacho.

      Número: ES-2016-01

      Resuelto: 1 de febrero de 2016
   RESOLUCIÓN

Según lo dispuesto en la Regla 4(d) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, se constituyen las siguientes Salas de Despacho para que funcionen mientras el Pleno esté compuesto de ocho Juezas y Jueces:

Primera Sala de Despacho:

Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez, presidenta

Hon. Mildred G. Pabón Charneco

Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo

Hon. Luis F. Estrella Martinez

Segunda Sala de Despacho:

Hon. Rafael L. Martínez Torres, presidente

Hon. Edgardo Rivera García

Hon. Roberto Feliberti Cintrón

Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez

Si surge un empate en la votación en alguna de las Salas de Despacho, se designará a otra Jueza o a otro Juez que no forme parte de esa Sala. Tal designación se hará en orden sucesivo de antigüedad.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Sonnya Isabel Ramos Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo Interina


author: PER CURIAM:

text:
      In re Ramón L. Segarra Aponte.

      Número: TS-12,450

      Resuelto: 5 de febrero de 2016

      Ramón L. Segarra Aponte, pro se.

   PER CURIAM:

El Ledo. Ramón L. Segarra Aponte (licenciado Segarra Aponte) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 16 de julio de 1998 y prestó juramento como notario el 22 de febrero de 1999. Mediante la Resolución emitida el 25 de octubre de 2001, este Tribunal lo inactivó como notario, ya que este renunció voluntariamente a esa práctica. Poste-riormente, el 24 de julio de 2007, el licenciado Segarra Aponte fue readmitido al ejercicio del notariado y al mo-mento se encuentra activo.

El asunto de epígrafe comienza el 30 de abril de 2015, cuando el licenciado Segarra Aponte se declaró culpable de cometer varios delitos graves dispuestos en el Código Penal de 2004, a saber: (1) Art. 216 (Apropiación Ilegal de Identidad); (2) Art. 218 (Documentos); (3) Art. 222 (Li-cencía, Certificado y Otra Documentación), y Art. 224 (Posesión y Traspaso de Documentos Falsificados). Luego de establecer que la alegación fue voluntaria, con co-nocimiento de la naturaleza de los delitos en cuestión y de sus consecuencias, el 4 de agosto de 2015 el Tribunal de Primera Instancia le impuso una pena de un año y seis me-ses de reclusión para cada uno de los delitos, a ser cumplida de forma concurrente. Además, le ordenó el pago que dis-pone la pena especial. Celebrados los procedimientos de rigor, las respectivas sentencias fueron suspendidas bajo el régimen de libertad a prueba. Véanse las Sentencias emiti-das en el caso criminal El Pueblo de Puerto Rico v. Ramón Luis Segarra Aponte, ISCR201402122, ISCR201402123, ISCR201402124 y ISCR201402125.

Recibidas las copias certificadas de las Sentencias pena-les dictadas, el 18 de noviembre de 2015 emitimos una Re-solución mediante la cual le concedimos al licenciado Sega-rra Aponte un término de diez días para que mostrara causa por la cual no debíamos suspenderlo indefinida-mente del ejercicio de la abogacía y notaría por motivo de las sentencias penales dictadas en su contra. Tras la con-cesión de una prórroga, el 30 de diciembre de 2015 el licen-ciado Segarra Aponte compareció mediante un escrito inti-tulado Escrito para Mostrar Causa. En éste realizó una exposición de su trayectoria profesional y las circunstan-cias que lo llevaron a enfrentar el proceso criminal en su contra. De igual forma, expresó que es consciente de las consecuencias que acarrea su conducta y que asumirá con sumisión y humildad la decisión que tome este Tribunal. Finalmente, pidió disculpas por sus actos, ya que entiende que estos afectaron la imagen y el decoro que debe proyec-tar todo integrante de la profesión jurídica.

I — I HH

Sabido es que este Tribunal tiene la facultad inherente de regular el ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción. Rivera Schatz v. ELA y C. Abo. PR II, 191 DPR 791, 802-803 (2014). Véanse, además: In re Doitteau Cruz, 190 DPR 979, 981 (2014); In re Colón Ledée, 190 DPR 51, 54 (2014); In re García Suárez, 189 DPR 995, 998 (2013). En virtud de ese poder, podemos desaforar o suspender a los miembros de la profesión que no estén aptos para ejercer tan delicado ministerio. In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García Suárez, supra, pág. 998; In re Morell Corrada, 171 DPR 327, 330 (2007); In re González Díaz, 163 DPR 648, 650 (2005). La facultad inherente de reglamentar el ejercicio de la abogacía es propia de este Tribunal y no está restringida a estatuto alguno, siempre que se le conceda la oportunidad al letrado de ser escuchado en su defensa. In re González Blanes, 65 DPR 381, 391 (1945).

Es por ello que en repetidas ocasiones hemos ex-presado que los motivos para ejercer nuestra facultad disci-plinaria no se limitan a los dispuestos específicamente en alguna ley. In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García Suárez, supra, pág. 998; In re González Blanes, supra, pág. 691. Por el contrario, abarcan toda conducta desplegada por el abogado que afecte su condición moral y, de esa forma, lo haga indigno de ser miembro de este foro. In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García Suárez, supra, pág. 998; In re González Díaz, supra, págs. 650-651; In re Morell Corrada, supra, pág. 330. En consecuencia, este Tribunal ha afirmado que toda conducta delictiva de un letrado que evidencie su quebrantamiento moral, aun cuando no sea producto de o en conexión con el ejercicio de su profesión, es motivo para des-aforarlo o suspenderlo. In re Colón Ledée, supra, pág. 54; In re García Suárez, supra, pág. 998; In re González Díaz, supra, pág. 651. Expuesto el marco jurídico pertinente, proce-demos a disponer del asunto ante nos.

H — 1

A todas luces, los delitos por los cuales el licenciado Se-garra Aponte resultó convicto, además de ser de naturaleza grave, constituyen depravación moral y muestran la total falta de respeto, honradez, sinceridad y principios en su estado ético. Ante ese cuadro, concluimos que el licenciado Segarra Aponte no se encuentra apto para ejercer la prác-tica de la abogacía en nuestra jurisdicción. Por ello, pro-cede que ejerzamos nuestro poder inherente de regular la profesión y suspendamos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría al licenciado Segarra Aponte.

> 1 — 1

En virtud, de la normativa que antecede, suspendemos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría al Ledo. Ramón L. Segarra Aponte. En conse-cuencia, se le impone al señor Segarra Aponte el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para con-tinuar representándolos y devolverles cualesquiera hono-rarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, tendrá que informar oportunamente de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro ad-ministrativo en el que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30 días contados a partir de la notificación de la presente Opinión per curiam y Sentencia.

Por su parte, se ordena al Alguacil de este Tribunal que se incaute inmediatamente la obra y del sello notarial del señor Segarra Aponte y los entregue al Director de la Ofi-cina de Inspección de Notarías para la correspondiente in-vestigación e informe. Notifíquese personalmente esta Opi-nión per curiam y Sentencia al Sr. Ramón L. Segarra Aponte a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Presidenta Interina Señora Rodríguez Rodrí-guez concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervino.

       En lo pertinente, el Art. 216 dispone que toda persona que se apropie de un medio de identificación de otra persona con la intención de realizar cualquier acto ilegal incurrirá en delito grave de cuarto grado. Véase 33 LPRA see. 4844.

       El Art. 218 del Código Penal de 2004 dispone: “Toda persona que con inten-ción de defraudar haga, en todo o en parte, mi documento, instrumento o escrito falso, mediante el cual se cree, transfiera, termine o de otra forma afecte cualquier derecho, obligación o interés, o que falsamente altere, limite, suprima o destruya, total o parcialmente, uno verdadero, incurrirá en delito grave de cuarto grado”. 33 LPRA see. 4846.

       El Art. 222 del Código Penal de 2004 dispone que incurrirá en delito grave de cuarto grado toda persona que “con la intención de defraudar haga, altere, falsifique, imite, circule, pase, publique o posea como genuino cualquier licencia, certificado, diploma, expediente, récord u otro documento de naturaleza análoga que debe ser expedido por un funcionario o empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o por cualquier institución privada autorizada para expedirlo],] a sabiendas de que el mismo es falso, alterado, falsificado o imitado [...]”. 33 LPRA see. 4850.

       El Art. 224 del Código Penal de 2004 tipifica como delito grave de cuarto grado el que una “persona con intención de defraudar posea, use, circule, venda, o pase como genuino o verdadero cualquier documento, instrumento o escrito falsifi-cado a sabiendas de que es falso, alterado, falsificado o imitado, incurrirá en delito grave de cuarto grado”. 33 LPRA see. 4852.

       Consta en autos que el 2 de diciembre de 2015 la Resolución fue notificada personalmente al licenciado Segarra Aponte.

       En lo pertinente, surge de la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 que un abogado hallado culpable de engaño, conducta inmoral, delito grave o delito menos grave —en conexión con el ejercicio de su profesión— o que sea culpable de cualquier delito que implique depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de la profesión. Véase 4 LPRA see. 735.


author: La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Brian Carrero Rolstad, peticionario.

      Número: CC-2015-0812

      Resuelto: 8 de febrero de 2016

      Mariana Miranda Juarbe, abogada de la parte peticionaria; Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y Mónica Cordero Vázquez, procuradora general auxiliar, abogadas de la parte recurrida.
   La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

(Regla 50)

La presente trata sobre una controversia procesal que surgió en el curso de la apelación de una sentencia en un caso criminal. En particular, debemos considerar si el Tribunal de Apelaciones puede, cuando ha autorizado la pre-paración de una transcripción estipulada de la prueba oral, requerirle a la parte apelante que presente su alegato sin antes conceder un término para que la parte apelada esti-pule el proyecto preparado de transcripción de la prueba oral. Por las razones que exponemos a continuación resol-vemos que no.

I

El 8 de junio de 2015, el Sr. Brian Carrero Rolstad (pe-ticionario) fue hallado culpable por infracción a los Arts. 93(a) del Código Penal, 33 LPRA see. 5142 (asesinato en primer grado), y 5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 458d (portación y uso de arma blanca). En la misma fecha fue sentenciado por ambos delitos a cumplir penas consecutivas de noventa y nueve años y seis años de reclusión, respectivamente.

El 7 de julio de 2015, el abogado de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) que representó al peticionario en primera instancia presentó un escrito de apelación ante el Tribunal de Apelaciones en el cual incluyó varios señala-mientos de error. Con el escrito de apelación, el abogado también presentó una moción en la que expuso que, a su entender, una transcripción de la prueba oral desfilada en el juicio era el método más adecuado para que el Tribunal considerara los señalamientos de error. Por ello, solicitó un término de sesenta días para preparar y presentar una transcripción de la prueba, la cual debía ser estipulada posteriormente por el Ministerio Público. El 17 de julio de 2015, el Tribunal de Apelaciones emitió una Resolución en la que concedió treinta días al peticionario para que some-tiera la transcripción de la prueba oral debidamente esti-pulada, así como el alegato de apelación.

El 5 de agosto de 2015, la representación legal del peti-cionario compareció y explicó que la transcripción de la prueba oral no había podido ser completada. Añadió que la SAL no contaba con transcriptores externos y la transcrip-ción estaba siendo preparada por el propio personal de la oficina. Considerando que el juicio del peticionario había du-rado nueve días, solicitó un término adicional de sesenta días para presentar el proyecto de transcripción de la prueba.

Además, expresó preocupación por el plazo concedido en la Resolución de 17 de julio de 2015, ya que en ella se establecía un término simultáneo de treinta días para la preparación del proyecto de transcripción de la prueba, su estipulación por el Ministerio Público y la presentación del alegato de la defensa. Argüyó que esos términos debían ser consecutivos y no simultáneos, y solicitó que, una vez en-tregara el proyecto de transcripción de la prueba oral, se le concediera a la Oficina de la Procuradora General un plazo para examinarlo y estipularlo, luego del cual comenzara a transcurrir el término para la presentación del alegato de apelación. El Tribunal de Apelaciones, por su parte, dictó una Resolución el 19 de agosto de 2015 en la que concedió un término de treinta días para la presentación de ambos, la transcripción estipulada y el alegato.

Posteriormente, el 24 de agosto de 2015, la representa-ción legal del peticionario presentó una nueva moción en la que se comprometió a terminar el proyecto de transcrip-ción de la prueba en el término de treinta días concedido y a entregarlo al Ministerio Público en el mismo plazo. No obstante, reiteró la solicitud para que se le concediera un término a la Oficina de la Procuradora General para eva-luar y estipular el proyecto de transcripción de la prueba, ya que, una vez entregada la transcripción, era esa Oficina la que estaría en posición de estipular u objetarla.

Además explicó que, al igual que sucede en la Oficina de la Procuradora General, el funcionamiento interno de la SAL está organizado de manera tal que el abogado que se encarga del caso a nivel apelativo no es el mismo que lo litigó en primera instancia, por lo que la transcripción es-tipulada de la prueba oral resulta indispensable para que el abogado apelativo pueda familiarizarse a fondo con la prueba y discutir en el alegato los señalamientos de error. Por ende, solicitó que el término para presentar el alegato de la defensa comenzara a transcurrir, una vez la trans-cripción de la prueba oral fuera estipulada. El Tribunal de Apelaciones declaró “sin lugar” la moción.

El 15 de septiembre de 2015, la División de Apelaciones de la SAL compareció ante el foro intermedio e informó que el abogado de la SAL que representó al peticionario en pri-mera instancia había concluido la transcripción de la prueba —la cual constaba de 586 páginas— y la había en-tregado al Ministerio Público el 8 de septiembre de 2015, es decir, en el término concedido. Explicó que en esa misma fecha el abogado le hizo llegar a la División de Apelaciones de la SAL una copia del proyecto de transcripción. No obs-tante, en vista de que el Ministerio Público aún no lo había estipulado, solicitó que se prorrogara la fecha para la pre-sentación del alegato, el cual, de otro modo, tendría que presentar antes del 19 de septiembre de 2015, conforme con la Resolución anterior del Tribunal de Apelaciones.

También indicó que en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones le habían informado que los autos originales del caso aún no habían sido elevados por el Tribunal de Primera Instancia, por lo que adujo que el recurso no es-taba perfeccionado. Solicitó, pues, que se ordenara la ele-vación de los autos originales, se estableciera un término para que el Ministerio Público estipulara el proyecto de transcripción de la prueba oral y se le concediera un plazo razonable para la presentación del alegato.

El 18 de septiembre de 2015, el Tribunal de Apelaciones notificó una Resolución en la cual concedió un término im-prorrogable de veinte días para la presentación del alegato de la defensa. Advirtió que de incumplir procedería a resolver el caso sin el beneficio de la transcripción.

De esta Resolución recurrió el peticionario ante este Tribunal mediante escrito de certiorari y presentó, además, una moción en auxilio de jurisdicción en la que solicitó la paralización de los procedimientos en el foro recurrido. En su Petición de certiorari argüyó que:

Erró el Tribunal de Apelaciones al dar un término improrro-gable al apelante para presentar su alegato a pesar de que la transcripción no ha sido estipulada por la parte contraria y no se ha elevado el expediente de apelación.
Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que, de no cumplir con el término improrrogable brindado, procederá a resolver el caso sin el beneficio de la transcripción a pesar de que dicha transcripción se encuentra en manos del Ministerio Público y el apelante está en espera de que la misma sea estipulada. (Énfasis suprimido).

Este Tribunal declaró “con lugar” la moción en auxilio de jurisdicción y paralizó los procedimientos en el Tribunal de Apelaciones. Asimismo, concedimos un término a la Ofi-cina de la Procuradora General para que se expresara con relación a los señalamientos de error. En cumplimiento de nuestra orden, la Oficina de la Procuradora General com-pareció y expresó no tener objeción a lo solicitado en mate-ria procesal por el peticionario.

Con el beneficio de ambas comparecencias, procedemos a resolver esta controversia procesal al amparo de la Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B.

I — I

La Regia 29 del Reglamento del Tribunal de Ape-laciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que cuando una parte apelante considere que para atender adecuadamente sus señalamientos de error el Tribunal de Apelaciones debe examinar la prueba oral presentada en el juicio, la parte podrá exponer esa prueba mediante una transcripción, una exposición estipulada o una exposición narrativa.

Con respecto a la transcripción de la prueba oral, el inciso (C) de la Regla 76 del referido Reglamento, 4 LPRAAp. XXII-B, permite recurrir a una transcripción estipulada, método en el cual el apelante utiliza su propia grabación de los procedimientos en primera instancia para preparar la transcripción de la prueba desfilada. Esta alternativa requiere que la parte apelada estipule que la transcripción es una reproducción fiel de la prueba oral que fue presentada. El inciso (C) de la Regla 76, supra, no establece el término en el cual el proponente debe completar la transcripción y la parte apelada estipularla, pero en el inciso (E) de esta regla se le reconoce discreción al Tribunal de Apelaciones para fijar los plazos de cumplimiento, de conformidad con el eficiente trámite apelativo y el dere-cho de las partes.

De otro lado, en el inciso (A) de la Regla 77 (4 LPRA Ap. XXII-B) se dispone que en las apelaciones criminales el expediente de apelación consistirá del expediente original del Tribunal de Primera Instancia, al cual se le unirá la reproducción de la prueba oral preparada en aquellos casos en que ello haya sido autorizado. H.A. Sánchez Martínez, Derecho procesal apelativo, San Juan, Ed. Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, pág. 588. Asimismo, este inciso aclara que el expediente de apelación debe ser elevado al Tribunal de Apelaciones en los treinta días a partir de la presentación del escrito de apelación, aunque le reconoce discreción al Tribunal de Primera Instancia para prorrogar —con o sin moción o notificación a esos efectos— el término para elevar el expediente por un período no mayor de sesenta días adicionales. Id., págs. 590-591.

Por último, la Regla 28 (4 LPRA Ap. XXII-B), la cual versa sobre el contenido de los alegatos en los casos criminales, establece en su inciso (A) que, de ordinario, la parte apelante deberá presentar su alegato en el término de treinta días desde la fecha en que sea elevado el expediente de apelación, salvo que el Tribunal de Apelaciones disponga de otra forma.

I-1 HH I — I

De la anterior exposición surge que el procedimiento para admitir una transcripción estipulada de la prueba oral consta de una primera parte en la que el proponente transcribe la prueba desfilada en el juicio, y una segunda en la que la parte apelada tiene la oportunidad de revisar el proyecto de transcripción preparado y estipularlo como correcto u objetar cualquier inconsistencia en su contenido. Una vez la transcripción de la prueba ha sido estipulada, es que el apelante presentará su alegato, en el cual podrá fundamentar sus señalamientos de error haciendo referen-cia a la prueba oral estipulada. De otro modo, se le estaría exigiendo a este último que argumente sus planteamientos a base de una transcripción que está sujeta a cambiar.

Por lo tanto, en los casos en que se autorice la reproduc-ción de la prueba oral por vía de una transcripción estipu-lada, el Tribunal de Apelaciones dispondrá un término para que la parte proponente prepare la transcripción; otro término para que la parte apelada examine el proyecto de transcripción y decida si lo estipula o lo objeta, y uno posterior para que, una vez la transcripción esté estipulada, la parte apelante presente su alegato de apelación.

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones le reconoce discreción y le provee flexibilidad a ese foro para tramitar los recursos ante sí de manera ágil y eficiente. 4 LPRAAp. XXII-B, R. 2 y 8. No obstante, el ejercicio de esa discreción no puede tener el efecto de perjudicar el derecho a apelar de las partes, para cuya garantía fue creado precisamente el Tribunal de Apelaciones. Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 21-2003 (4 LPRA sec. 24u); Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, 294 (2002). La discreción judicial, instrumento esencial al que continuamente recu-rren los jueces en el desempeño de sus funciones, está inexorablemente ligada a nociones de razonabilidad, según el contexto particular en el que ésta se ejerza. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Así pues, aquella determi-nación discrecional que transgreda ese marco de razonabi-lidad constituirá un abuso de discreción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); García v. Padró, supra, pág. 335.

En el presente caso, erró el Tribunal de Apelaciones al no conceder un término para que el Ministerio Público examinara el proyecto de transcripción de la prueba oral, una vez éste fue entregado por la representación legal del peticionario. Asimismo, procedió de forma irrazonable al requerir que el peticionario presentara su alegato, so pena de resolver sin el beneficio de la transcripción de la prueba, aun cuando esta no había sido estipulada por el Ministerio Público. Al así actuar, y exigirle al peticionario que preparara su alegato utilizando un proyecto de transcripción que no era final y cuya estipulación en ese momento estaba fuera de su control, el Tribunal de Apelaciones abusó de su discreción. “Es regla dorada de hermenéutica judicial, que las disposiciones de una ley [o de un reglamento] deben ser examinadas e interpretadas de modo que no conduzcan a resultados absurdos, sino a unos armoniosos”. Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 548 (1999) (citando de Pardavco, Inc. v. Srio. de Hacienda, 104 DPR 65, 71 (1975)).

Al resolver de esta forma, no podemos hacer abstracción de la diligencia exhibida por la representación legal del peticionario, que oportunamente le transmitió al Tribunal de Apelaciones las dificultades encontradas para cumplir con el plazo simultáneo que le fuera impuesto para la pre-paración del proyecto de transcripción de la prueba, su es-tipulación y la presentación del alegato. Una vez le re-mitió el proyecto de transcripción al Ministerio Público, el peticionario le solicitó nuevamente al Tribunal de Apelacio-nes que estableciera un término en el cual la transcripción debía estipularse y un término consecutivo para presentar el alegato de apelación.

Esta solicitud, además de ajustarse al trámite ordenado al que hemos hecho referencia, no tenía el efecto de dilatar los procedimientos o causar algún perjuicio ya que, de to-dos modos, el Tribunal de Apelaciones no podía resolver la controversia hasta tanto se perfeccionara el recurso me-diante la elevación de los autos originales por el Tribunal de Primera Instancia. Este hecho, pues, enfatiza el abuso de discreción en el que incurrió el foro intermedio al exigir que se presentara el alegato de apelación sin que se hu-biera estipulado la transcripción de la prueba oral.

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En atención a la discusión que antecede, se expide el auto de “certiorari” al amparo de la Regla 50 de este Tribunal, supra, y se deja sin efecto la Resolución recurrida del foro intermedio. Se devuelve el caso al Tribunal de Apela-ciones para que continúen los procedimientos en conformi-dad con lo aquí expuesto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervinieron.

       Esta Resolución fue notificada el mismo día, por lo cual el término vencía el 16 de agosto de 2015.

       Esta Resolución, fue notificada el mismo día, por lo cual el término concedido vencía el 19 de septiembre de 2015.

       La Resolución decía como sigue:
      “Examinada la ‘Moción de Reconsideración Urgente y Solicitud de Término Adi-cional’ presentada el 15 de septiembre de 2015 por la parte apelante; se le concede un término adicional e improrrogable de 20 días a vencer el miércoles, 7 de octubre de 2015 a las 3:00pm para que presente su alegato. En igual término, deberá presentar su alegato suplementario especificando la página, párrafo y línea exacta de la Trans-cripción de la Prueba Oral Estipulada a la cual se hace referencia conforme a lo establecido en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.
      “Transcurrido dicho término improrrogable, sin su cumplimiento, procederemos a resolver el presente caso sin el beneficio de la transcripción.
      “Advertimos que el manejo del caso tal como la elevación de los autos corres-ponde al Tribunal y no a las partes, exhortamos a la compañera abogada a no inter-venir con la discreción de este Tribunal, ya que tal intervención es inadecuada e impropia”. (Citas omitidas y énfasis en el original). Apéndice, págs. 1-2.

       Petición de certiorari, pág. 8.

       La Procuradora General también señaló que el Ministerio Público pudo exa-minar el proyecto de transcripción de la prueba oral y le indicó a la defensa que no tenía objeciones en lo referente a la transcripción de los testimonios, pero sí con respecto al contenido de unos informes incluidos en la transcripción. Expresó que ya las partes estaban atendiendo esta situación, con miras a estipular cuanto antes la transcripción de la prueba. Escrito en cumplimiento de orden, pág. 3.

       A esos efectos, el inciso (B) de la Regla 29, supra, precisa que en los diez días de haber presentado el escrito de apelación, la parte apelante deberá someter una moción para indicar el método de reproducción de la prueba oral que utilizará, que sea consistente con la más rápida dilucidación del caso. Asimismo, la Regla le reco-noce discreción al Tribunal de Apelaciones para determinar el método que mejor garantice la pronta resolución de la controversia.

       La Regla 76(C), supra, también permite utilizar la regrabación preparada por el Tribunal de Primera Instancia.

       “Las transcripciones se prepararán y presentarán en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones dentro del plazo ordenado por éste. [...] Este plazo será prorroga-ble sólo por justa causa y mediante moción debidamente fundamentada”. Regla 76(E), 4 LPRA Ap. XXII-B.

       En el inciso (A) de la Regla 77, supra, se dispone que cualquier prórroga ulterior requerirá causa justificada.

       Sobre este particular, conviene precisar que en las apelaciones criminales el primer escrito que presenta la parte apelante es el escrito de apelación; es breve y en él se consignan de forma concisa los señalamientos de error en que se fundamenta la apelación. El alegato de apelación, por su parte, es un escrito posterior más extenso en el que la parte apelante discute esos errores señalados en el escrito de apelación. H.A. Sánchez Martínez, Derecho procesal apelativo, San Juan, Ed. Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, pág. 296.

       En las apelaciones criminales, el alegato del Ministerio Público, de ordina-rio, se presentará en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha de pre-sentación del alegato del apelante. Regla 28(E) del Reglamento del Tribunal de Ape-laciones, 4 LPRAAp. XXII-B.

       Tampoco debemos perder de perspectiva que, entre la fecha en que la se instó el recurso de apelación y en la que el Tribunal de Apelaciones dictó su última orden concediendo un término improrrogable para presentar el alegato transcurrie-ron poco más de dos meses, tiempo que no resulta excesivamente largo si se toma en cuenta que el juicio duró nueve días y que el proyecto de transcripción consta de 586 páginas.


author: (.Fdo.) Sonnya Isabel Ramos Zeno Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

text:
    Grupo Ferré Rangel Media, Ex parte.

      Número: MC-2016-0181

      Resuelto: 10 de febrero de 2016

      Cynthia López Cabán, de GFR Media, reportera solicitante.
   RESOLUCIÓN

Ayer, 9 de febrero de 2016, el Grupo Ferré Rangel Media (GFR Media), por conducto de Cynthia López Cabán, pre-sentó una solicitud para que se le entregaran las copias de los informes sometidos por la Comisión de Disciplina Judicial para los casos AD-2014-005 y AD-2015-001.

Examinada la Solicitud Informes Comisión de Disci-plina Judicial presentada por GFR Media, se le concede a las partes, en ambos casos, un término improrrogable de veinticuatro horas, a partir de la notificación de esta Reso-lución, para que se expresen en torno a ésta.

Publíquese y notifíquese por teléfono, por correo electró-nico, facsímil y por la vía ordinaria a GFR Media y a las partes en ambos casos.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Asociado Señor Martínez Torres hizo constar la expresión siguiente:

El Juez Asociado Señor Martínez Torres expresa que aun-que está de acuerdo con la exposición del Derecho que hace el Juez Asociado Señor Estrella Martínez en su Voto particular y coincide con él en que procede entregar a la prensa los infor-mes de la Comisión de Disciplina Judicial que se solicitaron, dio su voto de conformidad a la Resolución del Tribunal con el solo propósito de llegar a un consenso y permitir que el trá-mite de este asunto no se detenga.

El Juez Asociado Señor Rivera García hizo constar la siguiente expresión:

El Juez Asociado Señor Rivera García hace constar que disiente de la determinación que hoy toma la mayoría de los miembros de este Tribunal, ya que entiende que la solicitud presentada por el Grupo Ferré Rangel Media para recibir las copias de los informes preparados por la Comisión de Disci-plina Judicial en los casos AD-2014-005 y AD-2015-001 se tra-mitó incorrectamente vía Oficina de Prensa de la Oficina para la Administración de los Tribunales y no mediante una peti-ción formal ante la Secretaría de este Tribunal Supremo. Asi-mismo, de haberse tramitado correctamente, la realidad es que la solicitud es prematura e improcedente en esta etapa de los procedimientos, cuando aún los miembros de este Tribunal tan siquiera hemos hecho una evaluación inicial de los méritos del informe y de sus respectivas recomendaciones.
Por otra parte, nótese que estos informes están dirigidos a la consideración de este Tribunal Supremo, quien al final del día determinará si procede o no acoger la recomendación brin-dada por la Comisión de Disciplina Judicial. En ese sentido, tales documentos son paralelos a los que, en el contexto de procesos disciplinarios contra abogados y abogadas, menciona el inciso (q) de la Regla 14 de nuestro Reglamento, y que es-pecíficamente dispone que “no estarán sujetos a inspección por el público hasta que el asunto haya sido resuelto finalmente”. (Énfasis suplido). 4 LPRAAp. XXI-B. Claro está, en su día, tanto la periodista interesada como el público general y demás medios de comunicación, podrán tener acceso a la determina-ción final que emita este Tribunal y a los respectivos informes y documentos.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un Voto particular. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez pro-cedería a entregar los informes sin gestión ulterior. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervino.

(.Fdo.) Sonnya Isabel Ramos Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo Interina

Voto particular emitido por el

Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

Como cuestión de derecho, procedía la entrega inme-diata a la prensa de la información pública solicitada, con-sistente de los informes de la Comisión de Disciplina Judicial con relación a los asuntos disciplinarios pendientes de dos jueces, sin necesidad de acudir a la vía excepcional de conceder un término para que la persona objeto del reque-rimiento exponga su postura. Los postulados constitucio-nales que garantizan a cualquier persona el acceso a la información pública debieron prevalecer con inmediatez. No solamente como cuestión de derecho, sino también para fortalecer la política pública judicial de transparencia. En consecuencia, y por los fundamentos que expondré en este voto particular, discrepo del curso de acción adoptado por este Tribunal.

Como parte de los procesos para auscultar si algún juez o jueza incurre en una conducta antiética o vedada por nuestro ordenamiento, existe un proceso regido por las Re-glas de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B, que garan-tiza a la ciudadanía y a la Judicatura la justa y pronta consideración de estos asuntos y el debido proceso de ley. En apretada síntesis, el proceso disciplinario contra un juez o una jueza inicia con la presentación de una queja juramentada ante la Oficina de Asuntos Legales de la Ofi-cina de Administración de los Tribunales. 4 LPRA Ap. XV-B, R. 5. Si la queja cumple con los requisitos, se refiere para que se determine si debe comenzar una investigación. De ser así, se emite un informe con una exposición de los hechos y un análisis de éstos a la luz del derecho aplicable. Éste incluye toda la prueba documental y cualquier otra que lo sustente. 4 LPRAAp. XV-B, R. 8.

Durante la etapa investigativa, como regla general, el expediente y la investigación de la queja es de naturaleza confidencial. Empero, una vez se notifica si procede archi-var la queja o referirla a la Comisión, tanto el informe de investigación como sus anejos estarán disponibles para es-crutinio público. 4 LPRA Ap. XV-B, R. 10(e). Claro está, siempre se debe proteger la información privilegiada que obre en esos documentos, la que pueda lesionar derechos fundamentales de terceros o que menoscabe el derecho a la intimidad del juez promovido o de la jueza promovida, me-diante una orden debidamente fundamentada. 4 LPRAAp. XV-B, R. 10(f). Incluso, se facilita el acceso a los expedien-tes de las quejas desestimadas. 4 LPRAAp. XV-B, R. 11.

Ahora bien, cuando la conducta expuesta amerita una acción disciplinaria, se remite a la Comisión de Disciplina Judicial. Luego de los procedimientos de rigor, la Comisión emitirá un Informe que incluye sus determinaciones de he-chos, conclusiones de derecho y su recomendación. 4 LPRA Ap. XV-B, R. 28. Una vez el Informe adviene final, se refe-rirá a este Tribunal.

Nuestras Reglas de Disciplina Judicial no contienen una disposición expresa en cuanto a si el Informe de la Comisión remitido al Pleno de este Tribunal es un docu-mento al que puede tenerse acceso público. Independiente a ello, este Tribunal ha sido consecuente en reconocer que el derecho a la información pública es fundamental. Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 590 (2007); Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 DPR 161, 175 (2000). El acceso a la información es un corolario del dere-cho de libertad de expresión, prensa y asociación promul-gados en la See. 4 del Art. II de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 285. En el sis-tema de gobierno democrático, es imperativo reconocer la necesidad de mantener informados a los ciudadanos para que éstos puedan fiscalizar adecuadamente nuestra gestión. Véanse Acevedo Hernández, Ex parte, 191 DPR 410, 414 (2014), y los casos allí citados.

Así, hemos expuesto que el expediente de investigación en estos procesos disciplinarios es confidencial hasta que se determina la causa probable y se presenta la querella formal. A estos efectos expusimos que “una vez un caso tiene suficiente mérito para llegar a la fase adjudicativa del procedimiento, el expediente investigativo se torna público”. (Énfasis suprimido). Ortiz v. Dir. Adm. de Tribunales, supra, pág. 180. También reconocimos que el público tiene un derecho constitucional a enterarse de los porme-nores de la administración de la justicia, entre ellos, sobre la conducta de los jueces y las juezas que se involucran en el procedimiento judicial y que existe un interés apre-miante de mantener en confidencialidad la etapa investi-gativa del proceso disciplinario. Una vez culminada esta etapa, prevalece el derecho constitucional de acceso a la información pública y “cobra preeminencia el interés de la ciudadanía en fiscalizar el buen funcionamiento de los pro-cedimientos disciplinarios diseñados para asegurar que los jueces sean, en realidad, personas honorables y que desem-peñan debidamente sus funciones”. (Énfasis suprimido). Id., pág. 183. Fuimos categóricos al reclamar que “[s]i el poder de los tribunales se fundamenta en la altura moral de aque-llos que han sido designados a impartir justicia, con mayor razón debe disiparse toda duda sobre la transparencia de los procedimientos diseñados para disciplinarlos”. (Énfasis suplido). íd., págs. 183-184.

A mi juicio, el derecho a la información en los procesos adjudicativos disciplinarios debe estar enmarcado en el he-cho de que la información solicitada concierne el comporta-miento de los miembros de la Judicatura, a quienes se les exige una conducta intachable de forma que fomenten el respeto y la confianza del Pueblo en el Sistema Judicial. In re Cancio González, 190 DPR 290, 297-298 (2014); In re Claverol Siaca, 175 DPR 177, 188 (2009). Con ello se pre-serva “la administración efectiva e imparcial de la justicia y la confianza en su sistema de justicia”, consolidando las bases democráticas de nuestra sociedad. 4 LPRAAp. IV-B, Preámbulo.

Indiscutiblemente, el acceso a esta información debe salvaguardar, a su vez, que la información provista no me-noscabe el derecho a información privilegiada, derechos fundamentales, el derecho a la intimidad del juez promo-vido o de la jueza promovida e, incluso, de terceros promo-ventes o ajenos al proceso disciplinario. Este Tribunal tiene los mecanismos para tomar las providencias necesa-rias que garanticen y protejan los derechos de cualquier ciudadano o ciudadana.

Tras evaluar las disposiciones antes expuestas, resulta incuestionable que le corresponde a este Tribunal determi-nar el trámite que se seguirá en la petición ante nuestra consideración. Ello, pues las Reglas de Disciplina Judicial no disponen expresamente si procede o no el acceso al In-forme de la Comisión. Ahora bien, lo que sí expresamente disponen las Reglas de Disciplina Judicial es que “[e]n asuntos no previstos por estas reglas, el tribunal determi-nará su trámite en la forma que garantice el cumplimiento de los propósitos que inspiran estos procedimientos y los derechos de la jueza o del juez, de la parte promovente y la sana administración de la justicia”. 4 LPRA Ap. XV-B, R. 34. En consecuencia, la determinación correcta en la soli-citud ante nuestra consideración era entregar inmediata-mente la información pública. Me explico.

I — I I — i

A la luz de la normativa reglamentaria expuesta, resul-taría un contrasentido y un curso contrario a la política pública judicial que guio la aprobación de tal normativa concluir que existen diferencias de divulgación y escrutinio público entre el Informe de Investigación de la Oficina de la Administración de los Tribunales y el Informe de la Co-misión de Disciplina Judicial. Es una realidad que ambos documentos son de escrutinio público. Claro está, con las salvaguardas necesarias para proteger las garantías mencionadas.

El reconocimiento del carácter público del Informe de la Comisión de Disciplina Judicial solidifica nuestro compro-miso de “fortalecer la confianza del Pueblo asegurando la transparencia de los procesos y de la información, y garan-tizando la participación ciudadana en esta tarea de fiscalización”. In re Enmdas. Rs. Disciplina Judicial, 191 DPR 564 (2014). Asimismo, fomentar el acceso a estos pro-cesos disciplinarios es un ejercicio armonioso de nuestra función indelegable de promover y asegurar la transparen-cia judicial y fortalecer un eje cardinal del Poder Judicial cimentado en la credibilidad pública. El facilitar este tipo de información contribuye de manera directa a la transpa-rencia y confianza de la ciudadanía en esta rama de gobierno. Véase In re Enmdas. Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 193 DPR 475 (2015), voto particular emitido por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

Reconozco que en el ejercicio de procurar no menoscabar el derecho a información privilegiada, derechos fundamen-tales, el derecho a la intimidad del juez promovido o de la jueza promovida, e incluso de terceros promoventes o aje-nos al proceso disciplinario, existirán ocasiones en que será necesario solicitar a alguna de esas partes que se expresen o adoptar voluntariamente medidas protectoras. No obs-tante, entiendo que esto es innecesario en las dos peticio-nes que nos ocupan.

En primer lugar, el acceso a la información solicitada no entorpece ni repercute en la decisión o independencia de criterio de este Tribunal para determinar si procede o no una sanción disciplinaria. De otra parte, una mera lee-tura de los Informes solicitados refleja que la información allí contenida se limita a los pormenores de los cargos presentados, el proceso llevado a cabo, la exposición de los hechos y del derecho realizada por la Comisión, y su recomendación. No surge información privilegiada ni vio-laciones a derechos fundamentales. Por lo tanto, consi-dero que este Tribunal podía otorgar el acceso a los refe-ridos informes sin mayor dilación.


author:
(.Fdo.) Sonnya Isabel Ramos Zeno Secretaria del Tribunal Supremo Interina
     Juez Asociado Se-ñor Kolthoff Caraballo.

text:
    Grupo Ferré Rangel Media, Ex parte.

      Número: MC-2016-0181

      Resuelto: 11 de febrero de 2016

      Virgilio Mainardi Peralta, de Mainardi & Rivera, P.S.C., abo-gado del juez de apelaciones Hon. Carlos Candelaria Rosa; Francisco Joubert Lugo, del Despacho Legal Joubert Lugo, abogado del juez municipal, honorable Eric D. Colón Colón.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Solicitud Informes Comisión de Disci-plina Judicial para los casos AD-2014-005 y AD-2015-001 presentada por el Grupo Ferré Rangel Media (GFR Media), y evaluados los escritos presentados por el juez Eric Colón Colón, el juez Carlos Candelaria Rosa y la Oficina de Ad-ministración de los Tribunales, se autoriza la entrega de las copias de ambos informes, según solicitado.

Publíquese y notifíquese por teléfono, por la vía electro- nica, vía facsímil y por la vía ordinaria a GFR Media y a las partes en ambos casos.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Asociado Señor Martínez Torres hace constar las expresiones siguientes:

Estoy conforme con la entrega de los informes de la Comi-sión de Disciplina Judicial. Estos son documentos públicos conforme a los principios que este Tribunal delineó en Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 DPR 161 (2000), y a las Re-glas de Disciplina Judicial vigentes. Véase el Voto particular del Juez Asociado Señor Estrella Martínez en Grupo Ferré Rangel Media, Ex parte I, 194 DPR 670, 672 (2016). “El res-peto a la Judicatura no puede ganarse escudando a los jueces de toda crítica. Si el poder de los tribunales se fundamenta en la altura moral de aquellos que han sido designados para im-partir justicia, con mayor razón debe disiparse toda duda so-bre la transparencia de los procedimientos diseñados para disciplinarlos. No podemos sino confiar en que el buen juicio de nuestro Pueblo y el ejercicio responsable de la libertad de prensa distinguirán el grano de la paja al examinar los expe-dientes disciplinarios de jueces”. Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, supra, págs. 183-184.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez hace constar las expresiones siguientes:

Estoy conforme con la entrega a la parte peticionaria de los informes de la Comisión de Disciplina Judicial solicitados, por los fundamentos contenidos en mi Voto particular en Grupo Ferré Rangel Media, Ex parte I, 194 DPR 670, 672 (2016), en el cual concluí ayer que “[c]omo cuestión de derecho, procedía la entrega inmediata a la prensa de la información pública soli-citada [...] Los postulados constitucionales que garantizan a cualquier persona el acceso a la información pública debieron prevalecer con inmediatez. No solamente como cuestión de de-recho, sino también para fortalecer la política pública judicial de transparencia”. (Enfasis suprimido). Id.

El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo emitió un Voto particular disidente. El Juez Asociado Señor Rivera García hace constar las expresiones siguientes:

Reafirmo mi desacuerdo con la determinación que hoy toma este Tribunal de acceder —a toda prisa y sin ninguna conside-ración de las posiciones de las partes involucradas— a la pe-tición presentada por el Grupo Ferré Rangel Media de obtener copias de los informes preparados por la Comisión de Disci-plina Judicial en los casos AD-2014-001 y AD-2015-005. Bajo ningún concepto reclama que tales documentos son de carác-ter confidencial, pero sí entiende que entregarlos en este mo-mento es totalmente improcedente cuando ni siquiera los miembros de este Tribunal hemos hecho una evaluación ini-cial de los méritos del informe y de sus respectivas recomendaciones. Peor aún, considera que la ma yoría de los miembros de este Tribunal está partiendo de una interpreta-ción errónea de nuestro precedente en Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 DPR 161 (2000). La norma establecida en tal caso cubre únicamente los documentos del proceso disciplina-rio celebrado ante la Oficina de Administración de los Tribunales. Bajo ningún concepto debe cubrir un documento de trabajo que contiene recomendaciones para la considera-ción final de los miembros de este Tribunal, como lo son los informes preparados por la Comisión de Disciplina Judicial. Por tales razones, disiento del proceder adoptado en la Reso-lución que antecede.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no intervino.

(.Fdo.) Sonnya Isabel Ramos Zeno Secretaria del Tribunal Supremo Interina

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Se-ñor Kolthoff Caraballo.

En síntesis, hoy este Tribunal se enfrenta a la disyuntiva en cuanto a si la recomendación que hace la Comisión de Disciplina Judicial (Comisión) en torno a un proceso disci-plinario contra un miembro de nuestra Judicatura debe ser confidencial o debe ser materia de escrutinio público.

En los pasados años he reiterado la firme creencia de que nuestro sistema judicial debe propender a una mayor transparencia en sus procesos, de forma tal que se pueda amainar la “seria crisis de legitimación” que ha venido MC-2016-0181 afectando la percepción que tiene nuestro Pueblo sobre la Rama Judicial.

En este contexto, las vistas disciplinarias que celebra la Comisión contra un juez o una jueza contra quien se ha encontrado causa probable para presentar una querella son públicas y, como tal, la Prensa tiene perfecto derecho a cubrirlas y reportar al Pueblo lo allí ocurrido. Por eso no debe existir duda con relación a que el proceso es y debe continuar siendo transparente.

Sin embargo, por las razones que esbozo a continuación disiento de la determinación que hoy toma esta Curia, por entender que el Informe de la Comisión es confidencial en esta etapa de los procedimientos.

La Comisión es un ente adscrito a la Secretaría del Tribunal Supremo y funge como organismo colegiado que dirige los procedimientos disciplinarios y de retiro involun-tario de jueces y juezas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones.

Por su parte, el proceso disciplinario contra los jueces y las juezas de los tribunales a quo se encuentra detallado en las Reglas de Disciplina Judicial (Reglas), las cuales esta-blecen la confidencialidad del expediente y del proceso in-vestigativo de la queja contra los jueces y las juezas que componen la Judicatura de nuestro País. En particular, la Regla 10 dispone lo siguiente:

(a) El expediente de la Oficina de Asuntos Legales sobre la evaluación y la investigación de la queja es de naturaleza confidencial.
(e) Tan pronto se le notifique a la jueza o al juez promovido la determinación de la Directora o del Director de archivar la queja o de referirla a la Comisión, tanto el informe de investi-gación, sus anejos y la determinación final estarán disponibles para escrutinio público. [...] In re Enmdas. Rs. Disciplina Judicial, 191 DPR 564, 574 (2014).

Como podemos observar, el público no tiene acceso a dicha información hasta tanto “se le notifique a la jueza o al juez promovido la determinación de la Directora o del Director de archivar la queja o de referirla a la Comisión Es decir, el trabajo interno de la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de los Tribunales (Oficina de Asuntos Legales) mantiene confidencial todo documento y, a su vez, toda impresión mental de parte de los funcionarios de esa Oficina, hasta tanto la decisión haya sido conside-rada y tomada por la persona con autoridad para ello, esto es, el Director Administrativo o Directora Administrativa de los Tribunales. Así pues, una vez el Director o la Directora haya tomado una determinación, ya sea el archivo de la queja o referirla a la Comisión (cuando a su entender la imputación en contra del juez o la jueza tenga mérito) es entonces que las recomendaciones y apreciaciones de dicha Oficina se someten al escrutinio público.

Desafortunadamente, nuestras Reglas no son igual-mente claras en cuanto al Informe de la Comisión que hoy se nos solicita, el cual está íntimamente relacionado con nuestra inherente facultad disciplinaria. Esto nos obliga a hacer un análisis sobre la naturaleza del contenido del In-forme y la idoneidad de que éste mantenga su carácter de confidencialidad en esta etapa de los procedimientos.

Como ocurre con el Informe de Investigación que rinde la Oficina de Asuntos Legales en este tipo de proceso dis-ciplinario, considero que el Informe que presenta la Comi-sión para la consideración del Pleno de este Tribunal, se convierte en público una vez este Foro determina final-mente con relación a las recomendaciones esbozadas en el mismo. Me explico.

Ciertamente, las Reglas nada disponen respecto a si el Informe de la Comisión, el cual tiene que incluir recomen-daciones a esta Curia, es confidencial o público. Sin embargo, como vimos, la Regla 10(e) dispone que tan pronto el Director o la Directora tome su determinación basada en el Informe de Investigación que le presenta la Oficina de Asuntos Legales y le notifique al juez promovido o a la jueza promovida, tanto el Informe de Investigación como sus anejos estarán disponibles para escrutinio público.

Como surge claramente, el Informe de Investigación ad-viene a ser público una vez el ente al cual va dirigido toma la determinación, en armonía o no con las recomendaciones. El Informe Investigativo, al igual que el Informe de la Co-misión, cumple una misma función, aunque en etapas distintas. Ambos informes recogen prueba, determinan he-chos, llegan a conclusiones y hacen recomendaciones. Siendo así, y ante el vacío que existe en las Reglas en torno a esta controversia, no encuentro razón para no actuar de la misma manera, ello ante Informes que cumplen la misma función, aunque en etapas distintas.

Así, a partir de la determinación del Director o la Direc-tora, el proceso disciplinario es público. No puede ser de otra manera, pues si estamos dispuestos a permitir que un proceso criminal contra un ciudadano particular esté su-jeto al escrutinio público, no veo cómo es posible que le cerremos las puertas y se atienda bajo sombras la conducta de los miembros de nuestra Judicatura. Por ello, no tengo objeción alguna en que este Informe de la Comisión se so-meta al escrutinio público una vez esta Curia haya tomado una determinación respecto a la querella presentada.

       Voto de conformidad del Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo en ASPRO et al., Ex parte, 191 DPR 490, 493 (2014).