author: El Juez Asociado Señor Told, Je.,

text:
    María Planellas Díaz, asistida y con el concurso de su marido Mauricio Verdejo, demandante y apelante, v. Sucesión Intestada de Manuel Planellas Muñoz, su viuda María Tula Pastrana y su hijo adoptivo Ismael Planellas Pastrana, demandados y apelados.
    Núm. 8195.

    Sometido: Junio 12, 1941.

      Resuelto: Julio 29, 1941.

      Samuel R. Quiñones, abogado de la apelante; Luis Muñoz Morales, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Told, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción de filiación. La demanda original en este caso se radicó en la Corte de Distrito de San Juan casi doce años atrás o sea el 28 de agosto de 1929. No sabemos por qué motivos no fué basta el 3 de noviembre de 1938 que se radicó la segunda demanda enmendada en la que la demandante María Planellas Díaz alega, en síntesis, que Manuel Planellas Muñoz, causante de la sucesión demandada que componen María Tula Pastrana e Ismael Planellas Pas-trana, falleció en la ciudad de San Juan, el día 19 de febrero de 1929, sin otorgar disposición testamentaria de clase al-guna, habiéndole sobrevivido su esposa la señora Pastrana y su hijo adoptivo Ismael Planellas, y su hija natural reco-nocida, María Planellas Díaz; que allá por el año 1888 y 1889, su padre natural, Manuel Planellas Muñoz, sostuvo re-laciones amorosas con la madre natural de la demandante, llamada Eduvigis Díaz, residentes ambos en.aquella fecha en el pueblo de Cayey, Puerto Pico; que los expresados padres naturales de la demandante, Manuel Planellas y Muñoz y Eduvigis Díaz, en aquella fecha eran solteros y no tenían im-pedimento de clase alguna para poder contraer matrimonio, y que como producto de tales relaciones tuvieron una sola hija, que es la demandante, María Planellas Díaz, que nació en el citado pueblo de Cayey el día 11 de septiembre de 1889; que el padre natural de la demandante, Manuel Planellas Muñoz, durante el tiempo transcurrido desde el año 1889, en que tuvo lugar el nacimiento de la aquí demandante María Planellas Díaz, hasta la fecha en que falleció, tuvo a dicha demandante por su hija ocupándose de su sostenimiento y educación, dán-dole su nombre en público y en conversaciones privadas con sus amigos incluso los demandados; que la demandante du-rante todo el tiempo de su niñez y la adolescencia vivió siem-pre en compañía de su citado padre natural, Manuel Plane-llas Muñoz y éste la llevaba siempre consigo, atendiendo a su sostenimiento y educación, haciendo constar que era su hija y otorgándole el derecho a llevar su apellido; que la demandante continuó viviendo en compañía de su padre, des-pués de éste haber contraído matrimonio con la aquí deman-dada, María Tula Pastrana, el primero de abril de 1892, y la llevó a vivir a su hogar bajo el cuidado de su citada es-posa y como hija suya; que el día primero de marzo de 1912, la demandante, con el consentimiento expreso de su padre natural, Manuel Planellas, contrajo matrimonio con Mauricio Verdejo, consignándose con el conocimiento y consentimiento de su padre, en el acta de matrimonio, que la demandante era hija natural reconocida de Manuel Planellas Muñoz; que la demandante continuó siempre en sus relaciones de familia con su citado padre, éste la ayudaba constantemente, llamando y conceptuando como sus nietos a los hijos de la demandante; que la demandante, hasta la fecha de la muerte de su padre natural Manuel Planellas Muñoz, estuvo siempre en la pose-sión continua del estado de hija natural del referido Manuel Planellas Muñoz, conservando siempre, sin interrupción al-guna, sus relaciones de familia y ostentando el apellido de su padre natural constantemente, con el .conocimiento y con-sentimiento del mismo. Solicita la demandante sentencia que la declare Mja natural reconocida de Manuel Planellas Díaz.

Los1 demandados en su contestación negaron todos los he-chos esenciales alegados en la demanda y como defensa ale-garon lo siguiente:

“1. Que en los años 1888 y 1889, el causante Manuel Planellas Muñoz se encontraba estudiando en los Estados Unidos.
“2. Que la demandante estuvo en dos ocasiones en la casa del causante y de su esposa la demandada María Tula Pastrana, en con-cepto de recogida y de sirvienta; pero nunca estuvo allí tratada ni considerada como hija del causante Manuel Planellas.”

De la sentencia que declaró sin lugar la demanda apela la demandante y alega que la corte inferior cometió error a] declarar que la prueba no sostiene las alegaciones de la de-manda, al apreciar la prueba y al admitir en evidencia el testimonio de la demandada María Tula Pastrana Yda. de Planellas. Refiriéndose los dos primeros a la apreciación que de la prueba hizo la corte inferior, forzoso es que hagamos una síntesis de la misma, según aparece en las 400 páginas que abarca la transcripción de la evidencia.

Consistió la de la demandante en la declaración de los testigos Eustaquia Vázquez, Sotero Colón, Regino Rivera, Epifania Díaz, Hilaria Rivera, Ramona G-onzález, Matías Hernández, Francisco Nieves, Antonio Megrón, Mauricio Verdejo y en la suya propia.

Eustaquia Vázquez declara que tiene 75 años de edad; que ha vivido en Cayey toda su vida, y específicamente de 1887 a 1890; que conocía íntimamente a Manuel Planellas y a Eduvigis Díaz, que tenían relaciones y María Planellas es el fruto de esas relaciones; que María nació en o alrededor de la fecha de la muerte de Baldorioty de Castro; que se recuerda bien porque su marido, Pepe Mercado, el poeta Momo, que salió para el entierro de Baldorioty se le “em-briscó” y no volvió más; que la familia de Planellas se opo-nía a las relaciones entre Eduvigis y él, porque ella era de color y él un poquito blanco, y que con motivo de esa opo-sición “lo sacaron del pueblo” y cuando la niña nació él no estaba en Cayey; que él le escribía de los Estados Unidos y le mandaba dinero a Eduvigis; que ella (la testigo) se en-cargó por encomienda de Planellas de mandar a buscar la comadrona cuando Eduvigis estuvo de parto, y también de pagarle sus honorarios; que la comadrona, Petrona No-guera, había fallecido; que volvió a ver a Planellas, cuando éste vino a buscar a la niña a Cayey, después de la muerte de la madre y de una tía que la cuidaban; que Planellas mien-tras ella vivía le hacía regalos y pagaba el cuido de la niña; que cuando murió la tía ella se lo escribió y él fué a buscar la niña y ella se la entregó; que tiene otro dato para fijar la fecha del nacimiento de María, y es que su propio hijo nació en el año 1885, como cuatro años antes que María Pla-nellas ; que Planellas se fué de Cayey dos veces y fué la se-gunda vez que dejó encinta a Eduvigis y le escribía de Es-tados Unidos. En el contrainterrogatorio declaró que Pla-nellas trabajaba de dependiente con don Manuel Muñoz Callá; que Planellas visitaba a Eduvigis y los veía porque ella era amiga inseparable de Eduvigis; que ésta trabajaba en casa de los Díaz; que la primera vez que Planellas se fué para Estados Unidos no le escribía sino cuando ya tenía las rela-ciones con Eduvigis y al quedar ésta encinta; que Planellas se marchó para Estados Unidos y no vió a su hija hasta que tuvo tres años; que cuando nació la muchacha Planellas es-taba en los Estados Unidos; que Planellas tenía de 20 a 22 años para la época de sus relaciones con Eduvigis Díaz y ésta de 30 a 35; que Planellas le decía que estaba loco con su negrita y la quería; que cuando fué a buscar a la niña fué de noche en coche y ella misma se la entregó.

Sotero Colón declara que tiene 75 ó 76 años; que era amigo íntimo de Manuel Planellas; que en los años 1888 y 1889 Planellas y él estaban ambos en Cayey; que Planellas tuvo relaciones amorosas con Eduvigis Díaz, de las cuales nació María Planellas, la demandante, la cual él vió 15 ó 20 días después de haber nacido; que Planellas le cogió una «asa a Eduvigis por la salida de Cidra y allí fué que ella salió encinta y luego la pasó a otra casa frente a la pana-dería adonde la visitaba pues se quería con ella; que iba a la casa y se quedaba allí y “ahí está el retrato” (supone-mos que el testigo se refiere a la demandante) que Eduvigis le pidió (al testigo) que inscribiera la niña pero que nunca lo hizo. Al preguntarle el juez si tenía una memoria tan fide-digna, contestó “pero es que cuando las cosas son verdad no se olvidan”; que después de nacer la niña, no volvió a ver a Planellas hasta dos años después, cuando éste regresó a Cayey a buscar a su hija; que para la época del parto de Eduvigis, ya no veía a Planellas en Cayey; que cuando Pla-nellas fué a buscar su hija a Cayey, iba solo en un quitrín, y al verle parado en una esquina lo saludó y le dijo: “So-tero, ¿qué hay?”, respondiéndole él, “qué hay, don Plane-llas”, y Planellas contestando entonces dijo “yo vengo a buscar la hija mía” y siguió camino.

Regino Rivera declara que tiene ochenta años de edad y que vive en Trujillo Alto desde que nació; que conoció a Manuel- Planellas y conoce a la demandada Tula Pastrana y a la demandante a quien “intitulaban” la niña María Pla-nellas cuyo padre era Manuel Planellas; que recuerda cuando Planellas fué a Cayey a buscar a la niña María Planellas; que Planellas alquiló en el pueblo una calesa para ir a Ca-yey, y a la vuelta, cuando traía a la niña le dijo (al testigo) “mi negro, aquí está mi niña”; que cuando Planellas trajo a la niña de Cayey, todavía no se había casado con Tula Pastrana y lo hizo seis u ocho meses después; que la deman-dante trataba a Planellas de papá y éste a ella de hija; que Planellas la llevó a vivir a casa de Pablo Asencio hasta que ge casó. En la repregunta declaró que cuando Planellas re-gresaba a Cayey no venía solo con la niña en el quitrín, sino que venía acompañado de un cochero; que no recuerda la fecha exacta en que Planellas trajo la niña a Trujillo, pero que fué como seis u ocho meses antes de casarse con doña Tula y antes de llegar los americanos a Puerto Rico.

Epifanía Díaz declara que tiene cincuenta años; que viveen Trujillo Alto; que a la edad de 10 años fué a vivir a la casa de Manolo Planellas ya casado con Tula Pastrana y con. un Mjo, donde ya estaba María Planellas; que allí ella (la testigo) trabajaba como sirvienta; que María tenía cuarto, y cama y comía en la mesa con los dueños de la casa; que-Planellas tenía a María como a su hija, ella diciéndole a él “papá” y a su esposa “madrina”; que Planellas y su es-posa tenían un Mjo que murió como de dos años; que no tuvieron otro Mjo, pero se trajeron un sobrino a vivir con. ellos; que María ayudaba a cuidarlo; que ella era mucho-mayor que María.

Hilaria Rivera declara que tiene 65 años; que era vecina de Planellas y su esposa, a quienes conocía bien; que se re-cuerda cuando la niña María Planellas como de tres años vino a vivir con ellos; que María dormía en un cuarto al-iado del del matrimonio y comía en el comedor; que le decía “papá” a Planellas y “madrina” a doña Tula.

llamona González declara que hace 30 años que conoce a María Planellas, la demandante; que fué vecina de Manuel. Planellas en el Condado; que en esa fecha María vivía con Planellas, de quien “según se decía ella era hija”; que des-pués, cuando vivían en San Juan, Planellas le pidió a la. mamá de la testigo que se hiciera cargo de María durante un tiempo, pues le traía disgustos con su esposa; que Planellas ofreció pagarle a su mamá por tenerla pero no le admitió-nada ; que su madre tuvo a María en su casa como dos años, en concepto de una hija también; y que Planellas iba sema-nalmente a su casa a llevarle dinero a su hija; que eso ocu-rrió hace como 30 años; que después Planellas se llevó a su hija no sabe para dónde.

Matías Hernández (mujer) declara que tiene más de 70 años de edad y su esposo Pablo Asencio era amigo de Manuel Planellas; que Planellas llevó una niña llamada María Planellas a sn casa en el Barrio Carraizo, en Trujillo Alto, dejándola allí dos o tres meses; que Planellas les dijo que la niña (sañalando a la demandante) era hija de él; que eso-ocurrió en tiempos de los españoles; que Planellas iba a ver a la niña, la cogía y la besaba y trataba como su hija; que la niña tenía como dos o tres años y luego se la llevó. En la repregunta declaró que Planellas llegó una mañana a ca-ballo con la niña en su falda; que su esposo murió; que a su casa no se podía llegar en coche sino a caballo.

Francisco Nieves declara que tiene 60 años de edad y es carpintero; que después de la invasión, fué a Trujillo al' Barrio de Carraizo para arreglarle unos muebles a Manuel Planellas; que en la casa de Planellas vivían entonces su esposa, una niña de ocho o diez años y una cocinera; que la niña le decían Mariíta y le decía “papá” a Planellas y “madrina” a su esposa doña Tula; que Planellas cogía a la niña y la besaba. En el eontrainterrogatorio declara que estuvo eiñeo o seis días en Carraizo trabajando; que sabe que la demandante es aquella niña que vió en Carraizo por-que la conoció a ella en Santuree después, en 1910, y poste-riormente la ha visto varias veces, porque trabajó con su esposo, Mauricio Verdejo.

Antonio Negrón declara que fué amigo de Planellas; que siendo dependiente de un colmado en Santuree, de don Fernando Freyre Somohano, Planellas le dijo al dueño que le despacharan a María Planellas todo lo que ella pidiera, pues-era hija de él; que María iba a buscar compras allí sema-nalmente; que Planellas siempre las pagaba. Esto ocurrióen los años 1915, 1916 y 1917.

Mauricio Verdejo declara que es esposo de la deman-dante; que el padre de su esposa se llamaba Manuel Plane-llas; que antes de casarse en el año 1912 obtuvo el consen-timiento de Planellas; que sus hijos le decían “abuelo” a Planellas sin que éste protestara; que su esposa le decía “papá” y Planellas a ella hija; que después de casados, Planellas estuvo en su casa como seis o siete veces; que él es carpintero y trabajó en la casa de Planellas en Santurce.

María Planellas declara que tiene 49 años de edad; que su padre es Manuel Planellas; que ella vivió con él y le de-cía “papá”; que Planellas estaba casado con doña Tula Pastrana y ella le decía “madrina”; que Planellas tuvo un disgusto con su esposa cuando ella tenía como catorce años, porque un día trató de atropellarla y la quemó en la cara; que cuando ella era pequeña la trataba bien; que ella tenía su habitación y comía en el comedor con ella; que estuvo viviendo con su padre hasta la edad de 19 ó 20 años, pero entonces, porque su madrina la maltrataba, le dijo a su papá le buscara dónde ir y se fué a vivir con una vecina, la Sra. Antonia González, cuando ésta se fué a vivir a San Juan; que ella no ha tenido otro nombre que el de María Planellas; que su padre siempre la trataba bien y la ayudaba, costeán-dole todos sus gastos y teniéndola como una verdadera hija; que ella no era sirvienta de la casa por cuanto era hija; que su papá le dijo que cuando vino de Cayey la había llevado a casa de Pablo Asencio y después a casa de María Luisa, la madre de doña Tula, y al padre de ésta le decía papá Jacinto. En la repregunta declaró que Planellas siempre le decía que era su hija y siempre usó su apellido; que su papá le dijo que su santo y cumpleaños era el 11 de septiembre; que desde los cuatro o cinco años vivió con Planellas y su esposa; que vivió en Carraizo con ellos pero no recuerda cuándo vivió en Quebrada Negritos porque era muy pequeña; que en Ca-rraizo estuvo Epifania Díaz de sirvienta y Manuela Plores de lavandera; que la demandada la enseñó de todo y ella trabajaba y ayudaba; explica que la demandada la quemó con un cuchillo que ella estaba limpiando con ceniza caliente y su papá cuando llegó la vió quemada y tuvo un disgusto con la demandada; que un practicante la curaba todos los días; que cuando no había sirvienta su madrina y ella lo ha-cían todo; que conoce a Ismael un hijo de crianza y sobrino de la demandada pero ella no lo cuidaba porque los dos eran niños; que antes de casarse con Verdejo ella habló con su padre y él le dijo que no estaba de acuerdo con que se ca-sara con una persona trigueña, pero luego accedió aunque no estaba conforme.

Hasta aquí la prueba de la demandante.

La de los demandados consistió en la declaración de los testigos María Planellas, demandante, Eustaquia Vázquez (testigo principal de la demandante), Dr. Manuel V. del Valle, Antonio Pereira, Manuela Plores, Francisco del Valle, Ramón Monge, Josefa Santi de Fernández, Félix Díaz, Rafael Font Suárez y la de la demandada María Tula Pastrana.

La demandante María Planellas repitió, más o menos, lo mismo que había declarado anteriormente pero agregó que según referencia de su papá un tal Pancho Monge fué quien la trajo de Cayey, aunque también dice que fué su papá, Pablo Asencio y él pero que ella no recuerda nada de eso por-que era muy pequeña; que la demandada es su madrina por-que la confirmó en la iglesia de Río Piedras; que su papá la visitó muchas veces después de ella casarse y conoció a sus-nietos; que no supo de su enfermedad y vino a saber de su muerte la noche que lo enterraron.

Eustaquia Vázquez, que ya había declarado como testigo-de la demandante, declara que tiene 75 años de edad y ha residido siempre en Cayey; que conoció a Eduvigis Díaz madre de la demandante; que Eduvigis murió a los dos años de nacer la demandante y ésta quedó con una tía; que co-noció a Manuel Planellas que le escribía desde Nueva York, pues tenían amistad cuando él era dependiente de una tienda ; que Planellas le mandaba dinero en billetes para Eduvigis pues la había dejado encinta; que Planellas se fué dos veces de Cayey y fué la última vez que le escribía de Nueva York; repite que Planellas fué a buscar a la demandante a Cayey en una calesa con cochero y de un caballo; que no conoce a Pancho Monge.

El Dr. Manuel V. del Valle declara que conocía íntima-mente a Manuel Planellas, pues era sobrino de la esposa de sn hermano Francisco; qne estando él en Nueva Orleans en -casa de los Chevremont llegó Planellas a estudiar y luego ■estudiaron juntos en Cecil' College, en Kentucky, desde abril de 1887 hasta el mes de junio de 1888, en que se graduó el testigo del curso comercial de dicho Colegio y se marchó a Detroit para.estudiar en la Universidad de Michigan, no vol-viendo a ver a Planellas hasta q%ie regresó a Puerto Rico en julio de 1891; que durante su estadía en Cecil College, fue-ron compañeros de cuarto Planellas y él y por eso puede asegurar que Planellas estuvo en Kentucky sin interrupción desde abril de 1887 hasta jumo de. 1888. En la repregunta declaró que cuando él volvió de Estados Unidos Planellas vivía en Trujillo Alto.

Antonio Pereira declara que tiene 67 años de edad; que .conoció a Manuel Planellas en San Juan en el 1884 cuando .los dos eran estudiantes; que en 1886 Planellas fué a verlo un día para despedirse porque se iba para los Estados Uni-dos, y después lo volvió a ver en el año 1890 en Trujillo Alto.

Manuela Plores declara que tiene 58 años de edad y vive en Río Piedras; que fué la lavandera y sirvienta de los espo-sos Planellas-Pastrana cuando éstos vivían en Carraizo; que no tenían ninguna otra sirvienta; luego dice que María Pla-nellas, la demandante, también trabajaba en la casa como sir-vienta, atendiendo a Ismael, oi sobrino que Planellas adoptó,•y haciendo la limpieza; que María tenía once años y le de-nía “Don Manolo” a Planellas y “Doña Tula” a su esposa, y ellos a ella María; que después de eso, cuando Planellas vivía en el Condado, ella (la testigo) aunque no estaba colo-cada con la familia, venía a veces a la casa y allí veía a Ma-ría cocinando y limpiando. En la repregunta declaró ser comadre de la demandada y que María fué llevada a casa •de Planellas por un tal Domingo Monge; que después de dejar de servir en Carraizo, seguía yendo a casa de Plane-lias porque nna hija de ella, llamada Paulina Flores, traba-jaba allí como sirvienta.

Francisco del Valle declara que tiene 59 años de edad, y es primo hermano de Manuel Planellas; que tuvo trato ín-timo con Planellas cuando éste vivía con sn esposa en San-tnrce alrededor del 1906 al 1907; que conoció a una mu-chacha llamada María mientras trabajaba allí como sirvienta, que María llamaba a Planellas “Don Manolo” y a su esposa “Doña Tula”, y algunas veces “madrina”; que nunca la oyó llamar a Planellas papá.

Eamón Monge declara que tiene 65 años de edad y es re-sidente de Trujillo Alto; qne conocía a los esposos Planellas-Pastrana y asistió a la boda de ellos en Trujillo; que tenía un hermano llamado Francisco que vivía en el pueblo de Trujillo Alto con una querida; que su hermano que era ju-gador de oficio salió un día a jugar gallos y trajo de Cayey una niña llamada María y la tuvo viviendo con él como dos meses; que mientras estuvo allí, Planellas nunca fué a verla; -que después de dos meses la niña se fué a vivir a casa de Pepe Asencio en el Bo. “Dos Bocas”; que de acuerdo con su criterio, cuando la niña vino de Cayey, tenía como 4 ó 5 años; que la niña llegó a Trujillo como dos años antes de casarse Planellas con doña Tula.

Josefa Santí de Fernández declara que en el 1908 pasó .como cinco meses en la casa de Planellas en Santurce con motivo de un tratamiento a que la sometió el Dr. Ashford, pues ella entonces vivía en Caguas; que había una sirvienta llamada María de quince o dieciocho años; que dicha sir-vienta le decía “Don Manuel” a Planellas y madrina a doña Tula; que María cocinaba y ayudaba en todos los oficios de la casa; y que no había ninguna otra sirvienta o criada.

Félix Díaz declara que cuando tenía 12 años fué peón en nasa de Planellas en Trujillo Alto cuando era soltero; que vió a la niña en casa de Pancho Monge y luego se la dió a Asencio, y añade que después de estar en casa de Asencio,. la niña, llamada María, fué a casa de doña Luisa Cortés, madre de doña Tula, y después, cuando doña Tula tuvo su propio Llj o, vino a casa de Planellas a ayudarle a cuidar el niño; que María tenía entonces cinco o seis años. Declaró además que en la casa de Planellas, María recibía el trato-de una sirvienta y comía en el sitio asignado a los peones.

Rafael Font Suárez declara que conoció a Manuel Plane-llas y su esposa, Lacia el 1907; que tenía un colmado y ios. esposos Planellas-Pastrana tenían una cuenta abierta en su establecimiento; mandaban una sirvienta como de 15 a 16 años, llamada María, a hacer la compra y que otras veces iba el niño Ismael Planellas; que María llamaba a Planellas. “Don. Manolo” y a doña Tula “madrina”.

María Pastrana Yda. de Planellas en su declaración hizo-una relación detallada de su vida matrimonial con Manuel Planellas; sostiene que la niña, María, trabajaba en su casa en Carraizo como sirvienta, barriendo y ayudando a la tes-testigo en la cocina; que también tenían otra sirvienta lla-mada Epifania; que en el 1902 María volvió de nuevo a su casa para ayudar a cuidar a Ismael, el sobrino que Planellas'y la testigo habían llevado a la casa, y se quedó hasta 1904, siempre en el mismo carácter de sirvienta; que después vol-vió de 16 años, cuando Planellas y ella vivían en el Condado, para trabajar como cocinera; que la llamaba “madrina”" porque ella (la testigo) la llevó a confirmar allá por el año> 1900; que María se fué otra vez alrededor del 1910; que a Ismael lo adoptaron en el año 1920; que cuando la última enfermedad de Planellas, María nunca fué a verlo; que siem-pre que iba de su finca, en el Bo. Carraizo de Trujillo a Ría Piedras, iba a caballo y que creía que no se podía ir en coche, pues los caminos eran malísimos; que su marido no' tenía coche y que no había ninguno en el pueblo; que nunca tuvo que arreglar sus muebles, pues los compró cuando se casó y eran todos fuertes y nuevos; que el carpintero Francisco Rivera nunca estuvo en su casa arreglando muebles.

Como prueba de rebuttal la demandante presentó el tes-timonio de los testigos Jesús Benitez Castaño y Enrique Umpierre para refutar la afirmación de la demandada de que no se podía ir en coche de Trujillo a Río Piedras para la época en que por primera vez vivieron los Planellas en el Bo. Carraizo de Trujillo, declarando Benitez Castaño que para el año 1892 se podía ir en coche por un camino vecinal de Trujillo a Río Piedras, aunque se transitaba más a ca-ballo y en burros que en coche, y Umpierre que él fué el con-tratista que hizo el trozo de carretera de Trujillo a Carraizo y que pasó trucks con materiales y el cilindro por el paso del Río Grande de Loíza en esa carretera, pero que eso fué en 1932, y antes de esa fecha no conocía ese camino.

Además de la prueba testifical se ofreció también eviden-cia documental consistente en una certificación negativa-de la inscripción de María Díaz; el acta de matrimonio de Manuel Planellas Muñoz con María Tula Pastrana celebrado en Trujillo Alto el primero de abril de 1893; el acta de nacimiento de Manuel Ignacio Planellas Muñoz ocurrido en 16 de marzo de 1867 y además dos certificaciones del Comisionado del Interior de Puerto Rico en cuanto al estado de ciertos caminos que conducen al Municipio de Trujillo Alto.

En el transcurso del juicio las partes estipularon que don Román Baldorioty de Castro falleció el día 30 de septiembre de 1889 y así mismo están contestes en que habiendo nacido la demandante en dicho año, este caso debe regirse por la Ley 11 de Toro cuyo texto dice así:

“E porque no se pueda dubdar cuáles son fijos naturales, orde-namos é mandamos que entonces se digan ser los fijos naturales, cuando al tiempo que naseieren o fueren concebidos, sus padres podían casar con sus madres justamente, sin dispensación, con tanto que el padre lo reconozca por su fijo, puesto que no baya tenido la muger de quien lo ovo en su casa, ni sea una sola: ca concurriendo en'el fijo las calidades susodichas mandamos que sea fijo natural.”

No bay discusión tampoco entre las partes en cuanto a que los requisitos exigidos para que un hijo pueda establecer su filiación bajo dicha ley son los siguientes:

1. Haber nacido de padres que al tiempo de la concepción o del nacimiento podían casarse válidamente sin dispensa, y
2. Que fué reconocido por el padre, expresa o tácitamente.

Sin embargo, la demandante amplía su teoría sosteniendo que la Ley 11 de Toro no derogó totalmente las disposicio-nes de la Ley de Partidas y que, los que eran hijos naturales bajo dicha ley siguen siéndolo bajo la Ley 11 de Toro y cita varios comentaristas al efecto de que probado el hecho de que los padres vivían en concubinato eso basta para dejar establecida la condición de hijo natural sin necesidad de te-ner que probar actos de reconocimiento por parte del padre. En otras palabras, que la prueba del concubinato, por sí, es una prueba tácita de reconocimiento. Cita la demandante para sostener su teoría el caso de Castro v. Solís, 19 D.P.R. 678.

En el caso de Solis, supra, la demandante sostenía que ella no estaba ejercitando la acción de filiación, por entender que habiendo ella nacido durante el concubinato público de su madre con Solís y en la casa de éste cuando ambos podían contraer matrimonio, adquirió el estado de hija natural reco-nocida de dicho señor y por tanto, su acción se limitaba a reclamar su cuota hereditaria. Y este Tribunal resolvió lo siguiente:

"Si bien en el derecho romano era indispensable que la concubina viviera en la casa del concubinario y por ello el hijo nacido en tales condiciones tenía la presunción de ser hijo natural del concubinario, requisito que las leyes de partidas no exigían expresamente, sin embargo, al extender la ley 11 de Toro el beneficio de la naturalidad a los hijos de mujeres que no fueran propiamente concubinas, borró la presunción que antes- existía para los nacidos de concubinas y desde entonces es requisito indispensable para que el hijo tuviera el concepto de natural que él padre le reconociera, expresa o tácita-mente. Por consiguiente, el mero hecho de que la demandante naciera en la casa de Joaquín Leandro Solis Kercado cuando éste tenía en su casa como concubina a la madre de la apelante no es por sí solo bastante para darle el estado de bija natural que aun en el derecho anterior a la ley de Toro, sólo establecía una presunción, y por tanto sujeta a la prueba de que los hechos de que dimanaba fueran ciertos, por lo que aun entonces era necesario acreditarlos ante los tribunales, para que como consecuencia de ellos se hiciera te, declaración de ser hijo natural, lo que equivalía a ejercitar la acción de filiación. En el derecho de la citada ley de Toro tales hechos implicarían un reconocimiento tácito del padre, pero sujetos al juicio de filiación. De todos modos, ya esos hechos se consideren como pre-sunción del estado de hija natural, como entiende la apelante, o sirvan para probar el reconocimiento tácito, como entendemos nosotros, no tienen otro alcance que el de servir de prueba de la acción de filia-ción. ...” (Itálicas nuestras.)

En el caso de Ramírez et al. y. Ramírez et al., 30 D.P.R. 617, se citó con aprobación el de Castro v. Solís, snpra, y se resolvió, según tomamos del resumen:

“La Ley 11 de Toro no establece diferencia entre los hijos natu-rales e incluye a los nacidos en concubinato y esa ley tampoco supone, que un hijo nacido de padres que vivían juntos públicamente como marido y mujer tiene un estado legal establecido sin la necesidad de una acción de filiación.” (Itálicas nuestras.)

Véase la Sentencia del Tribunal Supremo de España de 25 de enero de 1865, citada en el caso de Ramírez, supra, al efecto de que la Ley de Toro era aplicable al reconocimiento de una bija nacida de una concubina que vivía en la casa del padre natural y confirmó el fallo de la sala inferior que de-claró que siendo la madre manceba del padre la bija no ne-cesitaba de reconocimiento alguno por parte de su padre. '

En Louisiana se lia interpretado la Ley 11' de Toro en igual forma en el caso de Lange v. Richoux, 6 La. 560 en el qué se dijo:

“The 11th law of Toro required that to be regarded as natural children, there should have existed at their birth no legal impediment to the marriage of the parents and that they should be acknowledged by the father, dispensing however with any formal acknowledgement when the mother lived in the same house with the father and was Ms concubine. Under this law it was considered by the ablest commentators that prooí of birth was equivalent to acknowledgement on the part of the mother, and proof of cohabitation with the mother as sole concubine tantamount to an acknowledgement of paternity

Llamas y Molina en sus Comentarios de las Leyes de Toro, al comentar la Ley 11 (vol. 1 pág. 251) se expresa en cnanto a este particular qne disentimos así:

“Por último exige la ley por condición precisa que el padre reconozca al hijo suyo para que se declare por natural. Este requi-sito no lo pedía el derecho romano, ni era necesario, pues habiendo de vivir la concubina en la casa del concubinario, obraba la presun-ción a favor del hijo de que éste era. Como la ley de Toro extendió el beneficio de la naturalidad a los engendrados de mujeres que los padres tenían fuera de su casa, cesó la presunción que inducía al derecho romano, y fué necesario en su lugar establecer el reconoci-miento del padre, como lo observa el señor Covarrubias, parte 2 de matrimonio, cap. 8, párrafo 4, número 44; de que se infiere que es-tando la mujer en la casa del padre no sería preciso este reconoci-miento.” (Itálicas nuestras.)

Es interesante la cuestión y bien quisiéramos disponer del tiempo necesario para seguir y ampliar el estudio de la misma a través de otros comentaristas que nos cita la demandante. Sin embargo, somos de opinión, que con lo expuesto basta para dejar demostrado que tiene razón la demandante al sos-tener que una de las formas en que puede probarse el reco-nocimiento tácito por parte del padre es cuando se prueba que éste vivía en concubinato en la misma casa con la madre al tiempo de la concepción o del nacimiento del hijo.

Sostiene la demandante que su prueba demostró el con-cubinato de Manuel Planellas con Eduvigis Díaz y que pro-bado ese hecho sería suficiente para declarar a la deman-dante hija natural reconocida de Planellas, pero que, si esto-no fuera así, la prueba demostró además actos de reconoci-miento expresos y tácitos por parte de Planellas. Creemos que tiene razón la demandante y que la corte inferior come-tió manifiesto error al apreciar la prueba y resolver que na sostenía las alegaciones de la demanda.

Hemos resumido toda la prueba del caso, y ésta demues-tra, a nuestro juicio, que Manuel Planellas cuando estaba en Cayey si no vivió en concubinato con Eduvigis Díaz sostuvo relaciones amorosas con ella, y que al salir él por segunda vez de Cayey para Estados Unidos dejó encinta a Eduvigis y que la niña María Planellas, fruto de dichos amores, es la bija, de Planellas. La declaración del Dr. Manuel V. del Valle en que se basa la parte demandada y la corte inferior para sostener que Planellas estaba en Estados Unidos cuando Eduvigis salió encinta, no probó tal cosa, a pesar de que dicho testigo no hay duda alguna que declaró verazmente y merece entero crédito. La testigo de la demandante, Eusta-quia Velázquez, que también lo fué de los demandados y por tanto les obliga en todo cuanto a ellos le declaró dijo termi-nantemente que Planellas salió de Cayey para Estados Uni-dos dos veces y que fué en la segunda vez que se fué que dejó a Eduvigis encinta y le mandaba dinero desde los Es-tados Unidos, y que la niña nació allá para el día del en-tierro de Baldorioty de Castro el 30 de septiembre de 1889. Esta testigo fué corroborada por Sotero Colón que fué más explícito y declaró que Planellas le puso una casa a Eduvi-gis a la salida de la carretera de Cidra y allí la tenía de que-rida. Esta prueba no fué controvertida en ninguna forma por la de los demandados. Tomando como base el mes de septiembre de 1889 en que nació la demandante, la concep-ción tuvo que tener lugar, a lo más, diez meses antes o sea en diciembre de 1888. 4 Qué nos dice el Dr. del Valle en cuanto a la estadía de Planellas con él en Cecil College? Que Planellas llegó a Nueva Orleans en marzo o abril de 1887 y luego pasaron juntos a Cecil College donde estuvieron ambos hasta el mes de junio de 1888 en que el Dr. del Valle se fué para Michigan a estudiar y no volvió a ver a Planellas hasta que regresó a Puerto Rico en el año 1891. De manera, que ni el Dr. del Valle, ni ningún otro testigo de los demandados nos dicen dónde estaba Planellas desde junio a diciembre de 1888. El hecho de que el Dr. del Valle lo dejara en Cecil College en junio de 1888 no establece presunción alguna de que continuara allí indefinidamente. Asumiendo, sin embargo, que existiera esa presunción fue controvertida por la prueba de la demandante al efecto de que Planellas estuvo en Cayey con posterioridad a junio de 1888 y sostuvo rela-ciones amorosas con Eduvigis Díaz, la dejó encinta y se fue de nuevo para los Estados Unidos. El testimonio del Dr. del Valle no contradice el de Eustaquia Vázquez y Sotero Colón en cuanto a que Planellas estuvo en Cayey y sostuvo relaciones amorosas con Eduvigis Díaz y la dejó encinta cuando se volvió a ir para los Estados Unidos. Las decla-raciones de los testigos de los demandados Francisco del Valle y Antonio Pereira tampoco contradicen las de los tes-tigos de la demandante antes mencionados, pues el primero se limitó a decir que conoció a Planellas más íntimamente después que regresó de los Estados Unidos y después de ca-sarse cuando vivían en el Condado, en el año 1906; y el se-gundo, que lo conoció en el año 1884, que en 1886 se despidió de él y no lo volvió a ver hasta el 1890 en Trujillo Alto.

Nada hay en la prueba de la demandada que tienda a desacreditar las declaraciones de Eustaquia Vázquez y So-tero Colón. Sus testimonios, en cuanto a las relaciones amo-rosas de Planellas y Eduvigis no fueron contradichos en forma alguna y debieron merecer crédito a la corte inferior, ya que la versión que ellos dieron no es físicamente impo-sible o inverosímil, ni incurrieron en contradicciones que los hicieran indignos de crédito. Navarro v. Compañía Azucarera “El Ejemplo”, 53 D.P.R. 726; Caballero v. González, 53 D.P.R. 539. En la opinión que dictó la corte inferior en apoyo de su sentencia, lo único que dice en cuanto a este aspecto del caso es lo siguiente:

“Las partes estipularon, y así consta del récord, que la deman-dante nació en el pueblo de Cayey el 30 de septiembre de 1889, a las ocho de la noche, y tal fecha se pudo precisar por la declaración de Eustaquia Vázquez. También testificó en cuanto al nacimiento, Sotero Colón, si bien contradice la declaración de Eustaquia Vázquez en cuanto a las fechas de las relaciones maritales entre Manuel Planellas Muñoz y Eduvigis Díaz.”
“La demandante hace gran hincapié en la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en el caso de Colón v. Sucn. Tristani, 44 D.P.R. 171, en cuanto al sentido liberalizador que en acciones de filia-ción establece dicha doctrina. 'Una vez establecidas las relaciones amorosas ilícitas surge la presunción legal de la paternidad y sería injusta la ley que una vez que se haya demostrado que existe un padre no facilite los medios de obligarle a asumir las responsabili-dades contraídas con el hijo que engendró.’ De acuerdo enteramente, pero es que aquí en este caso que estamos analizando, por muy amplia y liberal que pueda ser la mente del juzgador, no puede precisarse con exactitud la fecha del nacimiento de María y más aun hay una gran contradicción en cuanto a si para la presunta fecha en que se alega naciera, estaba el padre en Puerto Rico, ya que la prueba debe ser considerada por el juzgador en todas sus partes y no desechar caprichosamente alguna prueba a fin de darle eficacia a algún testi-monio que pueda favorecer la teoría de la demandante. Se turne innecesario que yo haga un análisis completo de toda la prueba.” (Itálicas nuestras.)

Del examen que -liemos hecho de las declaraciones de Eus-taquia Vázquez y Sotero Colón y que hemos resumido ante-riormente, no aparece la contradicción a que hace referencia la corte inferior. La Vázquez dijo que Eduvigis Díaz, ma-dre de la demandante y Planellas llevaban relaciones amoro-sas de las que nació la demandante alrededor de la fecha de la muerte de Baldorioty, septiembre de 1889; y Sotero dijo que en los años 1888 y 1889 Planellas se quería con Eduvigis Díaz, primero en una casa que le puso a la salida de la ca-rretera de Cidra y luego en otra que le puso frente a una panadería. No puede sostenerse que no se precisara con exactitud la fecha del nacimiento de la demandante. Tam-poco existe lo que la corte inferior llama “gran contradic-ción en cuanto a si para la presunta fecha en que nació, es-taba el padre en Puerto Rico”. Es un hecho admitido que Planellas no estaba en Puerto Rico cuando nació la deman-dante y, como hemos dicho antes, la demandada no contro-virtió la prneba de la demandante en cnanto a que sí lo es-taba desde junio de 1888 hasta principios de 1889. .[3] Ade-más, la demandada ál presentar a Eustaquia Vázquez y a la demandante como testigos suyos está impedida de atacar su credibilidad por el mero hecho de que sean partes interesa-das. Morales v. Díaz, 24 D.R.R. 740; Quintana Reyes v. Lejeune, 37 D.P.R. 733.

Somos de opinión que las relaciones amorosas de Planellas con Eduvigis Díaz quedaron probadas. El hecho de que la demandante naciera estando Planellas en los Estados Unidos en septiembre de 1889 no tiene importancia alguna. La Ley 11 de Toro, supra, no requiere que el padre a la fecha de la concepción o del nacimiento viviera junto con la madre, sino que pudieran contraer matrimonio sin dispensa y aquí se probó que ellos eran solteros. Tampoco requiere dicha ley que la madre haya vivido con el padre en el mismo hogar ni que sea una sola mujer la que haya tenido, aunque el hecho de que hayan vivido en concubinato no hace inaplicable dicha ley según hemos visto por las autoridades antes citadas, sino que hasta hace innecesario el reconocimiento, o como dice Llamas y Molina “no sería preciso este reconocimiento”.

Pero es que en el caso de autos se probaron, a nuestro juicio, actos de reconocimiento expresos de Planellas, que establecen el estado de hija natural suya de la deman-dante. El primero es el que se refiere al hecho de haberla ido a buscar a Cayey para llevarla a Trujillo Alto. La corte inferior, en cuanto a este importante incidente, dice en su corta opinión:

"Aceptando para los fines de esta argumentación que María Díaz sea. la misma persona nacida en Cayey de acuerdo con la declaración de Eustaquia Vázquez, la cuestión que surge y que crea en la mente del juzgador cierta ansiedad por resolver, es la pregunta que se hace muy bien por los demandados en su alegato: ¿Quién trajo a la niña de Cayey a Trujillo Alto?
“Según los testigos de la demandante, la trajo el mismo Planellas y según los testigos de los demandados la trajo Pablo Monge. Abora Men, las declaraciones de estos testigos que hablan sobre el viaje de María desde Cayey a Trujillo Alto ni la misma declaración de llamón Monge satisfacen la conciencia del juzgador a tal extremo que pueda precisar con absoluta certeza cómo llegó María a Trujillo Alto. Esta es una de las lagunas, por decirlo así, de que adolece esta prueba y que más me han hecho especular sin que haya podido encon-trarle una conclusión correcta y exacta, no obstante haber leído las ■declaraciones de los testigos varias veces y haber seguido con interés el análisis que de esta prueba hacen las partes en sus bien documen-tados alegatos.” (Itálicas nuestras.)

Basta con analizar serenamente la prueba presentada para ver que sí se puede dar una contestación correcta a la pregunta que se bizo' la corte inferior. Frente a la prueba directa de los testigos de la demandante, Eustaquia Vázquez, Regino Rivera, Sotero Colón y Matías Hernández, que afir-man que fué Planellas quien fué a buscar a la niña a Cayey y la trajo a Trujillo Alto y la dejó unos meses en casa de José Asencio (esposo de Matías Hernández) para llevarla después ■a casa de la madre de la demandada y luego a su propia casa, sólo está la declaración de Ramón Monge, quien dice que fué •su hermano Pancho quien la trajo a Trujillo y luego se la ■dió a Asencio. Esta declaración de Monge está no sólo en •abierta contradicción con la de los testigos de la demandante, •sino que no dá explicación lógica alguna del motivo que tuvo su hermano Pancho, jugador de oficio, para traer a la niña de Cayey, quién era ella, de dónde la sacó, por qué se la dió a Asencio, etc. En el extenso contrainterrogatorio a que fue sometido Ramón Monge, por lo general contestaba que no recordaba o que no sabía. No da buena impresión su testi-monio en verdad, y si lo confrontamos a la lógica explicación que dan los testigos de la demandante al hecho de haber sido Planellas, como padre que era de ella, quien fué a buscar a la niña a Cayey y la trajo a Trujillo Alto, hay que convenir con la demandante en que la corte inferior cometió también manifiesto error al apreciar la prueba en cuanto a este par-ticxilar al igual que en cuanto a la prueba de las relaciones amorosas, según demostramos anteriormente. Y fue fun-dándose en estos dos aspectos del caso, principalmente, que-la corte inferior declaró sin lugar la demanda. Lo único que hace constar en su opinión, en cuanto al resto de la prueba presentada, que se refiere a los años en que la demandante vivió en la casa de Planellas en distintas épocas, es lo si-guiente :

“Nada hay en esta prueba que indique que Manuel Planellas fuese un hombre que eludiese sus compromisos y es inexplicable la conducta de un hombre que aceptando el hecho del viaje de Cayey a Trujillo Alto para buscar a su hija, que realice los actos que la' demandante le atribuye al perder a su hijo, adopte a un sobrino de su esposa prescindiendo por completo de su hija María y lo que es más grave aún que haya llevado a ésta a vivir a la propia casa de su esposa recién casada y que la esposa se diese cuenta de las rela-ciones paterno-familiares para con María. Toda esta prueba me está sumamente sospechosa y no deja en mi ánimo esa certeza moral que satisface la conciencia del juzgador.” (Itálicas nuestras.)

El hecho de qne Planellas adoptara al sobrino de la de-mandada en el año 1920, según declaró la propia demandada, en nada puede afectar la resolución del problema planteado en este caso; es decir, si Planellas más de treinta años antes-de esa fecha tuvo relaciones amorosas con Eduvigis Díaz de cuyas relaciones nació la demandante y si Planellas realizó-o no actos, expresos o tácitos, de reconocimiento de su hija. Tampoco el hecho de que la demandante fuera llevada a vivir-a casa de la demandada recién casada con Planellas es sufi-ciente pra no dar crédito a la prueba de la demandante, si' nos fijmos que según el acta de matrimonio de la demandada, ésta tenía 15 años de edad cuando se casó. Además ya Pla-nellas había realizado actos de reconocimiento y también los había realizado con anterioridad de haber fallecido el hijo que la demandada tuvo con Planellas.

Nada hay en la Ley 11 de Toro que exija que sean varios-los actos de reconocimiento por parte del padre para que la. corte pueda resolver que ha quedado establecido el estado de hijo natural reconocido. Son tan liberales sus preceptos que admiten el reconocimiento expreso o tácito. El acto de ir Planellas a buscar a su hija a Cayey y traerla a Trujillo Alto por sí solo constituye un acto de reconocimiento sufi-ciente. Pero la prueba demostró, a nuestro juicio, muchos actos más de reconocimiento a través de los años, tanto antes como después de haber ido la demandante a vivir con su padre. No estamos ante un caso en que se requiere prueba de que el hijo se halla en la posesión continua del estado de hijo natural justificada por actos del padre, según requiere el artículo 125 del Código Civil vigente. Eso no obstante, en el caso de Colón v. Sucn. Tristani, 44 D.P.R. 171, 181, que fue un caso bajo este precepto legal, este Tribunal resolvió que la interpretación que debía darse a la palabra “continuo” es la siguiente:

“ • • -En nuestro concepto la palabra ‘continuo’ debe interpretarse en el sentido de referirse a una serie de actos, a un conjunto de hechos ejecutados por la persona de quien se reclama el reconocimiento, y que sean bastantes, al examinarlos en globo, para constituir la pose-sión del estado de hijo natural. Una vez que esta serie de actos se ha realizado por un período razonable de tiempo, el padre no debe estar autorizado para revocar por sus actuaciones posteriores el reconocimiento que antes hizo....” (Itálicas nuestras.)

Al referirse a la Ley 11 de Toro en dicho caso de Colón v. Sucn. Tristani, se dice:

“De acuerdo con la Ley 11 de Toro el reconocimiento podrá ser expreso o tácito. El hijo podrá investigar su origen, siendo lícitos todos los medios de prueba inquisitivos de la paternidad.”

Y aplicando la doctrina que debe prevalecer cuando se pueda investigar la paternidad se dijo, a la página 182:

“...Pero cuando puede establecerse la naturalidad del hijo mediante prueba de la investigación de la paternidad, una vez que el tribunal juzgador considera probado este hecho, la discreción judicial debe ser humana, juiciosa y liberal, sin salirse del marco de la ley, para que el hijo encuentre viable el camino de hacer efectivo el deber de reconocerle que su padre contrae al engendrarlo y de exigir los derechos inherentes a su filiación. La paternidad es un elemento del cual no puede prescindir el juzgador, cuando se ha presentado prueba al efecto, para llegar a una conclusión. . . .” (Itálicas nuestras.) •

Somos de opinión que habiéndose cometido por la corte inferior los dos errores imputados debe revocarse la senten-cia apelada y dictarse la que debió dictar dicha corte decla-rándose, como se declara, con lugar la demanda, y en su con-secuencia declarar que la demandante Maria Planellas Días, es hija natural reconocida de Manuel Planellas Muñoz, orde-nando que se inscriba tal reconocimiento en el Registro Civil correspondiente, con costas a la demandada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada, y Angel Suárez Hnos., Inc., patrono, peticionario ante la Comisión Industrial.
    Núm. 223.

    Sometido: Julio 15, 1941.

      Resuelto: Agosto 2, 1941.

      Flon. Procurador General George A. Malcolm y Emilio de Aldrey, Procurador General Auxiliar, y Víctor J. Vidal González, abogado del Fondo del Seguro del Estado, abogados del recurrente j Enrique Igaravídez, abogado del patrono.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos de este caso, sobre los cuales no existe con-troversia, son como sigue:

La corporación Angel Suárez Hnos., Inc., ha estado desde el año económico 1935-36 asegurada en el Pondo del Seguro del Estado, en calidad de patrono permanente. En julio 15 de 1939 dicha corporación radicó con el Administrador del Fondo el estado demostrativo de los jornales pagados por ella desde julio 1, 1938, a junio 30, 1939. Tomando ese es-tado como base, el administrador hizo la liquidación de la póliza por el año 1938-39 y fijó e impuso a la corporación la cuota anual correspondiente al año económico 1939-40. En agosto 31, 1939, se notificó dicha tasación al asegurado, re-quiriéndole para que pagase el primer semestre en o antes de septiembre 10, 1939, y el segundo en o antes de enero 2, 1940. El pago del primer semestre no fue hecho hasta el día 24 de octubre de 1939, o sea un mes y catorce días con pos-terioridad a la fecha fijada por el administrador para veri-ficar dicho pago. El administrador puso en vigor la póliza núm. 1327, a favor de Angel Suárez Hnos., Inc., desde la fecha en que recibió el pago del primer semestre, octubre 24, 1939. Antes de verificar el pago, en agosto 23, 1939, el pa-trono informó al administrador que uno de sus obreros ha-bía sufrido un accidente del trabajo; y el administrador, te-niendo en cuenta que el premio no había sido aún pagado, declaró que el accidente era nno de patrono no asegurado y cobró' a la corporación la suma de $6.50 para cubrir dicbo accidente.

Pagado el segundo semestre en enero 3 de 1940, el pa-trono, en mayo 20 del mismo año, dirigió una comunicación al administrador en la que le decía:

“Entiendo, desde luego, que habiendo mis clientes pagado la prima total para el semestre en cuestión (julio a diciembre, 1939) y habiendo también pagado el segundo semestre de enero a junio de este año 1940, tienen derecho, a tenor de las disposiciones de los artículos 24, 29 y otros relacionados, de la ley núm. 45 de 1935, a que se les acredite para el año próximo y reintegre la parte propor-cional de la prima que correspondía al semestre de julio a diciembre, 1939, y que mis clientes mencionados pagaron en su totalidad, a pesar de que su cubierta contra accidentes del trabajo se fijó por ustedes a partir de la fecha de pago, octubre 24, 1939 (véase también Miró v. Comisión Industrial, 56 D.P.R. 127).”

Contestó el. administrador que de acuerdo con su inter-pretación -de la ley los patronos están obligados a pagar los accidentes que puedan ocurrir durante el tiempo en que es-tuvieren en descubierto en el pago de la prima, y también la prima tasada preliminarmente sobre el total de jornales que hubiese pagado al patrono en el año económico inmedia-tamente precedente.

La resolución del administrador fué apelada por el pa-trono para ante la Comisión Industrial, y ésta, en abril 18 de 1941, revocó la resolución recurrida y dictó otra declarando con lugar la petición de Angel Suárez Hnos., Inc., negándose más tarde a reconsiderar su fallo. No conforme el adminis-trador, interpuso el presente recurso, y para sostenerlo alega que la comisión erró (1) al conceder al patrono el derecho a ser su propio asegurador durante todo el lapso de tiempo que medió entre julio 1 y octubre 24, 1939; (2) al sostener que conforme al artículo 25 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo un patrono tiene derecho a ser reembolsado de la prima del seguro, pagada durante un pe-ríodo de tiempo en que no estuvo asegurado; y (3) al decla-rar que las disposiciones de la citada ley no establecen para un patrono que deja de pagar en tiempo las primas del se-guro la obligación de pagar éstas y además, com'o penalidad, los costos y gastos de los accidentes ocurridos bajo su patro-nazgo durante el tiempo en que estuvo en descubierto. Los •consideraremos conjuntamente.

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, aprobada abril 18, 1935, leyes de ese año, página 251, estableció en Puerto Rico un sistema de seguro compulsorio y exclusivo, para compensar a los obreros y empleados que sufran lesiones, se inutilicen o mueran como consecuencia de •accidentes del trabajo. De acuerdo con el artículo 18 de la ley, todo patrono que emplee más de cuatro obreros, “estará ■obligado a asegurar a dichos obreros o empleados en el Pondo del Seguro del Estado la compensación que éstos deberán recibir por lesiones, etc.” Si faltare a esa obligación incurrirá en misdemeanor (artículo 17).

El artículo 25 ordena al Administrador del Fondo que lasé e imponga a todo patrono afectado por la ley cuotas anuales sobre el importe total de los jornales pagados por el patrono a sus obreros durante el año anterior a la imposi-ción de las cuotas. El mismo artículo dispone que la recau-dación de las cuotas se hará por semestres adelantados, y provee además:

.Si un patrono dejara de pagar el total de las cuotas que le fueran impuestas legalmente dentro del término que le señalare el Administrador, éste podrá concederle una prórroga de treinta (30) •días para que el patrono efectúe el pago, y dicho pago será tin requi-sito indispensable para que el Administrador pueda darle efectividad a cualquier póliza de seguro.
“Cualquier patrono sujeto a las disposiciones de esta Ley durante cualquier parte de un semestre deberá pagar las cuotas para dicho semestre completo, teniendo derecho al reembolso, si lo hubiere, que se prescribe en el siguiente artículo;....” (Itálicas nuestras.)

El artículo 26 determina el procedimiento que deberá se-guir el administrador al finalizar cada año económico, para liquidar las pólizas y hacer un reajuste de las cuotas. Si la nómina del último año fuera menor que la del año anterior,, que fué la que sirvió de base para la fijación y cobro de cuo-tas, el administrador reembolsará al patrono la diferencia; y en el caso contrario le cobrará la cuota adicional necesaria.

El artículo 27 dispone entre otras cosas, que el seguro de> cada patrono comenzará a regir inmediatamente después del archivo de la nómina o estado por duplicado, “acompañada del importe de la cuota que corresponda al tanto por ciento de los jornales declarados en dicho estado, de acuerdo con los tipos fijados por el administrador”; y

“ .... Disponiéndose, que cualquier accidente que ocurra antes de-verificarse el pago, será considerado como un caso de patrono no> asegurado a menos que el patrono verifique el pago dentro del término> fijado por el Administrador del Fondo del Estado, en los cuales casos el seguro empesará a regir desde la fecha en que el patrono archivó la nómina o estado, en la oficina del Administrador.’* (Itálicas nuestras.)

Las precedentes disposiciones estatutarias son de tan perfecta claridad, que su aplicación a los hechos de este casa no ofrece dificultad alguna. El patrono radicó a tiempo, en julio 15, 1939, el estado de jornales y sueldos pagados du-rante el año económico anterior, 1938-39. El administrador en cumplimiento de su deber le tasó la cuota para 1939-40, y le concedió hasta septiembre 10, 1939, para el pago del primer semestre. El asegurado no solicitó prórroga del tér-mino señalado por el administrador, dejó expirar dicho tér-mino, y no pagó el importe del primer semestre hasta 45-días después de su expiración, o sea el 24 de octubre de 1939.

Considerando los hechos y circunstancias que hemos ex-puesto y las disposiciones legales a los mismos aplicables, debemos resolver y resolvemos: que siendo el pago de las cuotas dentro del término señalado por el administrador un requisito indispensable para que el administrador pueda darle efectividad a cualquier póliza de seguro, la póliza en el caso de autos empezó a regir el 24 de octubre, 1939, cuando se hizo el pago del primer semestre; que habiendo ocurrido el accidente en 23 de agosto de 1939, antes de verificarse el pago del primer semestre de 1939-40, y no habiéndose veri-ficado dicho pago dentro del término fijado por el adminis-trador, el cual expiró en septiembre 10, 1939, dicho accidente es y debe ser considerado como uno de patrono no asegu-rado; y, por último, que el patrono no tiene derecho al re-embolso que solicita, primero, porque de acuerdo con el ar-tículo 25, supra, el pago de las cuotas debe hacerse por se-mestres completos, y, segundo, porque el único reembolso que el administrador está facultado para hacer es el que de acuerdo con el artículo 26 deberá hacerse al final de cada año para liquidar las pólizas y reajustar las cuotas.

El patrono en el presente caso pudo haber puesto en vigor su póliza desde la fecha de radicación de la nómina efec-tuando el pago de las primas dentro del término señalado por el administrador o de la prórroga que éste le hubiese concedido. No lo hizo así, y debe por tanto sufrir las con-secuencias de su demora en hacer el pago.

Debe revocarse la resolución recurrida y declararse sin lugar la petición.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, querellante, v. Central Aguirre Associates, Central Aguirre Sugar Company, Central Machete Company y Luce & Company, S. en C., demandadas.
    Núm. 9.

    Sometido: Julio 26, 1941.

      Resuelto: Agosto 2, 1941.

      Charles R. Harlzell y Rafael O. Fernández, abogados de Central Aguirre Associates, Central Aguirre Sugar Company y Central Machote Company; Fernando Beiró Bovira, abogado de Luce & Company, S. en C.; Fon. Procurador General Interino Emilio de Aldrey y Miguel Guerra-Mondragón, Rafael Rivera Zagas y Luis Venegas Cortés, abogados asociados éstos, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señoe Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Las querelladas Central Aguirre Associates, Central Aguirre Sugar Company, Central Machete Company y Luce & Company, S. en C., radicaron una moción solicitando el tras-lado de esta causa a la Corte de Distrito de los Estados Uni-dos para Puerto Pico. Oídas las partes el 15 de julio de 1941 sobre la procedencia del traslado se les concedió basta el día 26 del mismo mes y año para radicar alegatos escri-tos, lo que ban hecho, quedando sometida la cuestión.

Basan su petición las querelladas, exclusivamente, en que el procedimiento de quo warranto entablado en este caso “es un pleito de naturaleza civil, en ley, que surge bajo la Constitución o leyes de los Estados Unidos” de acuerdo con el artículo 28 del Código Judicial de los Estados Unidos que, en lo pertinente, dispone:

“Cualquier pleito de naturaleza civil, en ley o en equidad, en que esté envuelta la interpretación, validez o efecto de la Constitución o leyes de los Estados Unidos, o tratados celebrados o que puedan cele-brarse bajo su autoridad y sobre los cuales se concede jurisdicción original a la Corte de Distrito de los Estados Unidos, presentado en una corte estatal, puede ser trasladado a petición de los demandados a la Corte de Distrito de los Estados Unidos correspondiente...”

Aun cuando en su moción de traslado las querelladas ale-gan que esta acción surge “de la Constitución, particular-mente el Artículo Y de las Enmiendas a la misma, y las le-yes de los Estados Unidos y en particular la Resolución Con-junta núm. 23 del Congreso 56, aprobado en mayo 1 de 1900 . . . (la llamada Ley de 500 acres) y la Ley del Congreso comúnmente conocida como la Ley Orgánica de Puerto Rico, 39 Statutes at Large, Título 48 U.S.C.A., Sec. 752,” lo cierto es que, tanto en su informe oral como en su alegato escrito, no discutieron la aplicación a o vigencia en Puerto Rico de la Enmienda Y de la Constitución y se limitaron a tratar de demostrar que la Resolución Conjunta o Ley de 500 acres, es una de las Leyes de los Estados Unidos comprendida en el artículo 28 del Código Judicial, supra. Desconocemos, por tanto, los fundamentos que puedan tener las querelladas para sostener que la Enmienda V de la Constitución de los Es-tados Unidos' rige en Puerto Rico. Somos de opinión, sin embargo, que mientras el Congreso de los Estados Uni-dos no baga una declaración expresa en contrario a su polí-tica basta abora expresada a través de la legislación vigente, la Constitución de Estados Unidos no rige ex proprio vigore en Puerto Rico, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los casos de Puerto Rico v. Tapia y Puerto Rico v. Muratti, 245 U. S. 639 y Balzac v. Porto Rico, 258 U. S. 298. En este último caso dicho Tribunal, por voz de su Juez Presidente, Sr. Taft, ratificó los dos anteriores, resolviéndose expresamente que las Enmien-das Y y VI a la Constitución de los Estados Unidos, ni ésta en su totalidad, regían en Puerto Rico porque no fué la in-tención del Congreso de los Estados Unidos al aprobar la Carta Orgánica de Puerto Rico en el año 1917 incorporar a Puerto Rico a los Estados Unidos.

En cuanto al segundo fundamento de la moción'de traslado, es decir, que la Resolución Conjunta de mayo pri-mero de 1900 conocida por Ley de 500 acres, incorporada en la see. 39 de la vigente Ley Orgánica aprobada en 1917, es una Ley de los Estados Unidos dentro del significado del ar-tículo 28 del Código Judicial de los Estados Unidos, supra, la cuestión ba sido resuelta en contra de la teoría sustentada por las querelladas tanto por este Tribunal Supremo, como por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

En el caso de Pueblo v. South Porto Rico Sugar Co., 54 D.P.R. 131, se dijo lo siguiente:

“...La cuestión a determinar es si la Resolución Conjunta nú-mero 23, de mayo primero de 1900, y nuestra Ley Orgánica de 1917, a pesar de ser, como son, leyes aprobadas .por el Congreso de los Estados Unidos, pueden considerarse, por su carácter local, como leyes de los Estados Unidos a los efectos de un traslado a la Corte Federal; o si, por el contrario, por su naturaleza o carácter pura-mente local deben considerarse a esos mismos efectos como estatutos de Puerto Rico que no dan derecho al traslado.
“La cuestión no es nueva en esta jurisdicción. Este tribunal, en otro caso de igual índole — el de Pueblo v. The Fajardo Sugar Co., of P. R., 50 D.P.R. 163, 179 — por voz de su Juez Presidente Sr. del Toro, exteriorizó su criterio sobre el particular en los siguientes tér-minos :
“ ‘Toda la Carta Orgánica demuestra que el Congreso estaba estableciendo una forma territorial de gobierno con el mismo control sobre las corporaciones creadas por él o haciendo negocios dentro de sus límites, que el que pudiera tener un estado o cualquier otro territorio. Por consiguiente, ya que las franquicias son concedidas por Puerto Rico y su gobierno tiene control sobre las corporaciones dentro de sus límites, la inferencia inevitable es que la violación de la franquicia o la tenencia de tierras en exceso de quinientos acres es una cuestión local. Es inconcebible que la violación de una carta constitutiva o de la Carta Orgánica debiese ser excluida del control de Puerto Rico. Sería tan posible decir que una violación de la llamada “Declaración de Derechos” es materia exclusivamente de jurisdicción federal, y así sucesivamente, de cualquier otra disposi-ción de la Carta Orgánica.’
“Ampliando el pensamiento del Juez Presidente podríamos agre-gar que si aceptásemos la proposición de las querelladas nos condu-ciría al absurdo de tener que sostener que cada vez que se alegue en algún pleito ante nuestros tribunales que una ley local infringe la cláusula constitucional sobre ‘el debido proceso de ley’ o ‘igual protección de las leyes’, o cualquiera otra de las limitaciones consti-tucionales expresadas en el artículo 2 de nuestra Ley Orgánica, se levanta una cuestión federal y si la cuantía en controversia excede de $3,000, puede el demandado solicitar el traslado para ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico.
“Indudablemente el Congreso no pudo tener en mente sancionar tan absurda situación.”

Y el Tribunal 'Supremo de los Estados Unidos, por voz del Juez Asociado Sr. Frankfurter, en el caso de Puerto Rico v. Rubert Hermanos, Inc., 309 U. S. 543, resolvió esta cues-tión en la misma forma, al expresarse así:

“There remains for consideration an objection based on §256 of the Judicial Code (28 U. S. C. §371). That section vests in ‘the courts of the United States... exclusive of the courts of the several States’ jurisdiction of all suits ‘for penalties and forfeitures incurred under the laws of the United States.’ Whether a law passed by Congress is a ‘law of the United States’ depends on the meaning given to that phrase by its context. A law for the District of Columbia, though enacted by Congress, was held to be not a ‘law of the United States’ within the meaning of §250 of the Judicial Code. American Security Co. v. District of Columbia, 224 U. S. 491. Likewise, we hold that §39 of. the Organic Act is not one of ‘the laws of the United States’ within the meaning of §256. Section 39 is peculiarly concerned ivith local policy calling for local enforcement from which local courts should not be excluded by a statutory provision plainly designed for the protection of policies having general application throughout the United States.”

Por los motivos expuestos, se declara sin lugar la moción de traslado presentada por todas las querelladas.

El Juez Asociado Sr. D.e Jesús no intervino.


author: El Juez Asocíalo Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, querellante, v. Central Aguirre Associates, Central Aguirre Sugar Company, Central Machete Company y Luce & Company, S. en C., demandadas.
    Núm. 9.

    Sometido: Julio 26, 1941.

      Resuelto: Agosto 2, 1941.

      Charles R. Hartnell y Rafael O. Fernández, abogados de Central Aguirre Associates; lion. Procurador General Interino Emilio de Áldrey y Miguel Guerra-Mondragón, Rafael Rivera Zayas y Luis Venegas Cortés, abogados asociados éstos, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asocíalo Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Una de las querelladas en este caso, Central Aguirre Associates, además de presentar conjuntamente con las demás querelladas una moción solicitando el traslado para la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, la que ha sido declarada sin lugar por resolución dictada en esta misma fecha (ante, pág. 401), radicó otra moción solicitando el traslado del caso, en cuanto a ella se refiere, para la men-cionada corte. Las partes fueron oídas el 15 de julio de 1941 y radicaron sus alegatos el día 26 del mismo ules y año. Los fundamentos de esta moción son dos: primero, que la acción en este caso surge de la Constitución y leyes de los Estados Unidos; y segundo, que la acción ejercitada en cuanto a la querellada Central Aguirre Associates es separable y puede resolverse independientemente de las demás querelladas.

En cuanto a la primera cuestión la hemos resuelto desestimando la teoría de la querellada, en la resolución dictada en este mismo caso en el día de hoy a que nos hemos referido anteriormente, y damos por reproducido lo allí dicho.

El segundo fundamento de la moción descansa en lo provisto en 48 U.S.C.A., Sección 863, según enmendada en marzo 26, 1938, que dispone:

“ Dicha Corte de Distrito tendrá jurisdicción de toda controversia donde todas las partes en uno u otro lado de la controversia sean ciudadanos o sujetos de un Estado o Estados extranjeros, o ciudadanos de un Estado, Territorio o Distrito de los Estados Unidos no domi-ciliados en Puerto Rico cuando la materia en disputa exceda, exclu-yendo intereses o costas, la suma o valor de $3,000, y de toda contro-versia en la que haya una controversia separable que envuélva dicha suma jurisdiccional y en la que todas las partes en uno otro lado de tal controversia separable sean ciudadanos o sujetos del carácter antes mencionado(Itálicas nuestras.)

Tres son, pues, los requisitos exigidos por el estatuto para que pueda prosperar una moción de traslado como la presen-tada por la querellada Central Aguirre Associates, a saber:

1. — Que todas las querelladas que solicitan el traslado sean ciuda-danos de un Estado, Territorio o Distrito de los Estados Unidos no domiciliados en Puerto Rico.

2. — Que en cuanto a dichos querellados exista una controversia separable, y

3. — Que la cuantía envuelta exceda, excluyendo intereses o costas la suma de $3,000.

Si falta cualquiera de ellos no procede el traslado soli-citado.

De acuerdo con las alegaciones de la querella no bay duda de que la cuantía envuelta en este caso excede de $3,000 y el querellante no discute que exista el primero, de manera que veamos si de acuerdo con esas mismas alegaciones existe la controversia separable entre las partes.

Se alega que Central Aguirre Associates es un siopuesto fideicomiso constituido mediante declaración de fecha agosto 1 de 1928 suscrita por Charles C. Bancroft, J. Brooks Kayes y Richard D. Coe, como siopuestos fiduciarios, en la ciudad de Boston, Massachusetts; declaración que ha sido modifi-cada en fechas posteriores; que los propósitos para los cua-les el supuesto fideicomiso fué constituido y para los cuales sus supuestos fiduciarios fueron autorizados a dedicarse, son, entre otros: (1) adquirir, mediante el canje de acciones del fideicomiso, valores emitidos por cualquier organización cons-tituida y domiciliada en los Estados Unidos o en el extran-jero, y, especialmente, para adquirir, mediante permuta, acciones en la corporación codemandada, Central Aguirre Sugar Company, entidad organizada bajo las leyes de Puerto Rico, y (2) para dedicarse a la siembra, cultivo y recolección de caña de azúcar y a la manufactura de azúcar, mieles y otros productos derivados de aquélla; que la referida decía-ración de agosto Io. de 1928, en su artículo IV, instruye y ■autoriza a los supuestos fiduciarios para que emitan certifi-cados de acciones representativas de interés en la propiedad ■del fideicomiso, en número máximo de 180,000 certificados, con un valor a la par de veinte dólares cada uno. Instruye y autoriza, además, diclio artículo a los supuestos fiduciarios para que procedan a permutar certificados del fideicomiso por acciones de la corporación doméstica Central Aguirre Sugar Company. La declaración suplementaria de fideico-miso de fecha 8 de diciembre de 1928 instruyó y autorizó la sustitución de los 180,000 certificados de un valor a la par de veinte dólares cada uno por 720,000 acciones comunes del fideicomiso sin valor declarado alguno; número que fué final-mente aumentado a 820,000 certificados de acciones, sin valor a la par alguno, por la declaración suplementaria de 29 de junio de 1933; que el número de los fiduciarios fué aumen-tado por declaración suplementaria de diciembre 8 de 1929, la cual dispone que éstos nunca serán menos de tres ni más de veinte. Los actuales fiduciarios, según información que el querellante cree cierta, son Charles C. Bancroft, J. Brooks Kayes, Robert F'. Herrick, George C. Lee, Charles Francis Adams, Edwin P. Brown, Louis Bacon, John Farr Jr., James H. Post y Charles G. Meyer, quienes desempeñan funciones iguales a las que desempeñan los directores de una corpo-ración de Massachusetts; que los accionistas del fideicomiso tienen el dominio supremo de los negocios del mismo, pues están facultados para nombrar los fiduciarios, quienes son responsables a los accionistas; pueden enmendar a discre-ción la constitución del -fideicomiso, y pueden terminarlo en cualquier tiempo que estimen conveniente.

Continúa entonces la querella alegando la organización en Puerto Rico de las otras querelladas Central Aguirre Sugar Company, Central Machete Company y Luce & Company, S. en C. Y en cuanto a ellas se alega que la entidad Central Aguirre Associates es dueña del noventa y nueve y sesenta y seis centésimas por ciento (99.66%) del capital de la co-demandada Central Agnirre Sugar Company, teniendo de-esta suerte el' dominio de sns negocios y controlando de este-modo sns tierras de labrantío, montantes a unos 437 acres;, que Central Agnirre Sugar Company es dueña, además, de-(1) una factoría de azúcar sita en Agnirre, Puerto Eico, con una capacidad productiva no menor de 80,000 toneladas, al' año, y (2) de otra factoría de azúcar, sita en Santa Isabel,. Puerto Eico, con una capacidad anual no menor .de 25,000 toneladas al año; que como tal dueña de casi la totalidad de las acciones de Central Aguirre Sugar Company, Central Aguirre Associates domina, dirige y controla los negocios de aquélla; que Central Agnirre Associates es dueña del se-tenta y dos y cincuenta centésimas por ciento (72.50%) del capital de la codemandada The Central Machete Company,, teniendo de esta suerte el dominio de sus acciones y contro-lando de ese modo sus tierras de labrantío, montantes a unos 20 acres, más una factoría de azúcar con sus accesorios y anejos, sita en Guayama, Puerto Eico, con una capacidad productiva, no menor de 25,000 toneladas anuales; que como tal dueña de casi la totalidad de las acciones de The Central Machete Company, Central Aguirre Associates domina y controla los negocios de aquélla; que con posterioridad a la aprobación por el Congreso de los Estados Unidos de la prer sente Carta Orgánica de Puerto Eico, John D. H. Luce, John Farr, Charles L. Carpenter, Charles Meyer, Louis Bacon y Charles G. Bancroft, accionistas y directores de Central Aguirre Sugar Company, organizaron la sociedad Luce 8o Company, S. en C., con el objeto ilícito de (1) evadir las dis-posiciones de la Eesolución Conjunta del Congreso de 1909, comúnmente conocida por el nombre de “Ley de los 500 Acres”, tal como fué enfatizada y reiterada por la Carta Or-gánica de Puerto Eico en marzo 2 de 1917, y (2) las dispo-siciones del inciso 4 del artículo 3 de la Ley sobre Corpora-ciones Privadas, aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Eico en 9 de marzo de 1911.

Se alega entonces cómo Luce & Co., S. en 0., adquirió tie-rras en exceso de 500 acres por valor de varios millones de dólares y se alega además que Central Aguirre Associates maneja, controla y domina todas las propiedades de Luce &¡ Company, S. en C., consistentes, entre otras, en unos 25,205 acres de tierrás de labrantío ubicadas en los pueblos de Santa Isabel, Juana Díaz, Guayama, Cayey, Salinas y Arroyo, tie-rras que Central Aguirre Associates dedica a la agricultura y especialmente a la siembra, cultivo y recolección de cañas de azúcar por instrumentalidad de la supuesta sociedad Luce & Company, S. en C.; que a pesar de lo expuesto en la ame-ritada escritura de constitución de Luce & Company, S. en C. y en las escrituras posteriores que la modifican, es lo cierto que dicba sociedad carece de existencia real pues que los accionistas del fideicomiso Central Aguirre Associates y los de Central Aguirre Sugar Company son dueños de la to-talidad del capital de la sociedad Luce & Company, S. en C.; pues que los beneficios de la sociedad se dividen en la si-guiente proporción: 179-384 para los accionistas de Central Aguirre Associates y —515— para los accionistas de Central Aguirre Sugar Company; y, además, los llamados socios gestores de Luce & Company, S. en C., son meros agentes o empleados residentes en Puerto Eico de Central Aguirre Associates, sin participación en las ganancias ni en las pérdi-das de la tal supuesta entidad y sin otra remuneración que la acordada por servicios prestados al fideicomiso; que los organizadores del fideicomiso Central Aguirre Associates, y los administradores, oficiales, fiduciarios y accionistas que dicba demandada siempre ba tenido, ban sido alguna vez, y, con frecuencia, fueron a un mismo tiempo oficiales, directo-res, fiduciarios o socios de las últimas tres demandadas, Central Aguirre Sugar Company, Central Machete Company y Luce & Company, S. en C.

La querella alega además que Luce & Company, S. en C., es una sociedad ilícita porque a todos sus socios les constaba y consta que la función que llenaban y llenan no era otra que la de prestarse a contribuir a ocultar ante los funcionarios de la ley, a la entidad verdaderamente dueña de los 28,205 acres de tierras de labrantío, o sea, a Central Aguirre Associates, y en cuanto a esto se alega que tanto el negocio como las propiedades de Central Aguirre Associates no son administrados y controlados por los supuestos fiduciarios a beneficio de sus accionistas, sino que estos últimos tienen el manejo y control supremo sobre el negocio y las propieda-des del referido fideicomiso; que el supuesto fideicomiso Central Aguirre Associates se constituyó con el solo propó-sito de dedicar tierras en exceso de 500 acres a la agricul-tura en Puerto Rico mediante la combinación arriba denun-ciada existente entre la referida entidad y sus afiliadas Central Aguirre Sugar Company, Tbe Central Machete Company y Luce & Company, S. en C., y que el objeto de su organiza-ción es, por tanto, ilícito.

Termina la querella, antes de exponer cuál es la política pública de El Pueblo de Puerto Rico, alegando lo siguiente:

“25. En violación abierta de la Resolución Conjunta Núm. 23 del Congreso 56, Sesión Primera, aprobada .en Io. de mayo de 1900 (31 Statutes at Large 716, Código de los Estados Unidos, Título 48, Sección 752) así como de la ley local sobre corporaciones privadas, el referido fideicomiso Central Aguirre Associates es dueño de y con-trola en la actualidad, tanto por sí mismo como por las subsidiarias o agentes que directamente domina, según se ha dicho, y las deman-dadas Central Aguirre Sugar Company, The Central Machete Company y Luce & Company, S. en C., cada una de ellas posee y con-trola en pleno dominio, como cada una de ellas ha poseído y contro-lado por largo tiempo pasado, ciertas tierras de labrantío en exceso de 500 acres, en las que todas y cada una de dichas demandadas se dedica a la siembra, cultivo y recolección de cañas de azúcar, y cada una de dichas cuatro demandadas contribuye y participa en las violaciones cometidas por cada una de las otras demandadas.
“26. La suma total de tierras de labrantío poseída y controlada en la actualidad por dicha demandada Central Aguirre Associates, tanto por sí como por medio de sus subsidiarias o agentes arriba mencionados, y en las que se dedica en la actualidad a la agricultura, según se ha dicho, monta a unos 28,662 acres.”

En el caso de El Pueblo v. South Porto Rico Sugar Co., 54 D.P.R. 131, resolvimos, citando autoridades, que el derecho al traslado no depende' de la voluntad exclusiva del que lo solicita sino que son las alegaciones de la demanda radicada en la corte estatal o insular, en su caso, las que determinan la índole del pleito. | Indican las alegaciones de la querella que hemos resumido anteriormente, que existe en este caso, como sostiene la querellada Central Aguirre Associates, una controversia separable entre El Pueblo de Puerto Eico y dicha querellada, que pueda ser resuelta sin oír y sin la intervención de las otras querelladas .Central Aguirre Sugar Company, Central Machete Company y Luce & Company, S. en CJ La pregunta hay que contestarla en la negativa. Por dichas alegaciones se imputa a todas las querelladas una serie de actuaciones tan íntimamente entrelazadas unas con otras que no podría resolverse la controversia total planteada sin la intervención de todas las querelladas. No se trata, como sostiene la querellada Central Aguirre Associates, de una causa de acción separada y distinta que pudo haber sido presentada en su contra sin incluir a las demás querelladas como partes necesarias. Basta con leer la alegación 17 de la querella para darse cuenta de que no podría resolverse separadamente la controversia alegada. Dice así:

“17. A pesar de lo expuesto en la ameritada escritura de cons-titución de Luce & Company, S. en C. y en las escrituras posteriores que la modifican, es lo cierto que dicha sociedad carece de existencia real pues que los accionistas del fideicomiso Central Aguirre Associates y los de Central Aguirre Sugar Company son dueños de la totalidad del capital de la sociedad Luce & Company, S. en C.; pues que los beneficios de la sociedad se dividen en la siguiente proporción: 179’384 pava los accionistas de Central Aguirre Associates y 180,000 ° ^ ■ Para los accionistas de Central Aguirre Sugar Company; y, además, los llamados socios gestores de Luce & Company, S. en C., son meros agentes o empleados residentes en Puerto Rico de Central Aguirre Associates, sin participación en las ganancias ni en las pér-didas de la tal supuesta entidad y sin otra remuneración que la acordada por servicios prestados al fideicomiso.”

En nuestra opinión, no podría resolverse, de ser probada esta alegación, separadamente la controversia sin oír a Luce & Company, S. en C., pues se alega que las ganancias de dicha sociedad se reparten, en la proporción que se dice, en-tre las otras querelladas Central Aguirre Associates y Central Aguirre Sugar Company. En cuanto a la controversia alegada Luce.’& Company, S. en C., es parte necesaria e indispensable, como los son también las otras querelladas. No vemos en qué forma podría dictarse un fallo que afectaría directamente a Luce & Company, S. en C., sin que ésta tu-viera la oportunidad de defenderse de las imputaciones que se hacen en la querella en cuanto a sus actuaciones en com-binación con las otras querelladas.

El hecho de que en la súplica se soliciten distintos pronunciamientos en cuanto a cada querellada, no es determi-nante de que sean varias las causas de acción alegadas, como sostiene la Central Aguirre Associates. En primer término, la súplica no forma parte de la causa de acción de una de-manda. González Rey-es v. González, 43 D.P.R. 826. Y en 1 C. J. 1059 al tratar sobre la cuestión planteada por la querellada, se expone la doctrina aplicable en esta forma:

"Aunque algunas veces se confunden, las causas de acción, pro-piamente hablando, son claramente distinguibles de los derechos reme-diales a que dan lugar; y como la súplica no forma parte de la causa de acción, y la misma causa de acción puede dar lugar a varios dei’echos remediales, la cuestión de si una o más causas de acción son alegadas no debe determinarse por el hecho de que se soliciten distintas clases de remedios o se deseen distintos objetos. Una de-manda puede, sin alegar más de una causa de acción independiente, requerir la determinación de varias materias como incidentales al remedio principal solicitado, especialmente en acciones de naturaleza equitativa. Una demanda por tanto se considera que alega una causa de acción aunque se soliciten distintas y varias formas de remedio, cuando todos son germanos a la vindicación de un derecho único primario.. .o generalmente, cuando la demanda tiene un solo objeto primordial y las distintas formas de remedio solicitado son mera-mente incidentales al mismo.”

La querella en este caso tiene un solo objeto primordial: determinar si las querelladas, a virtud de la combinación ilícita alegada, están violando la Ley de 500 acres y, en caso afirmativo, que se aplique a cada una de ellas_ la sanción legal correspondiente. No puede considerarse la acción como una controversia separable entre El Pueblo de Puerto Eico y Central Aguirre Associates.

Somos de opinión que, faltando el segundo requisito antes mencionado, no procede el traslado solicitado por Central Aguirre Associates, y como consecuencia, se declara sin lu-gar su moción al efecto.

El Juez Asociado Sr. D'e Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe. Todd, Je.,

text:
    Compañía de los Ferrocarriles de Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 1091.

    Sometido: Julio 23, 1941.

      Resuelto: Agosto 2, 1941.

      Mariano Acosta Yetar de y Federico Acosta Y dar de, abogados de la recurrente; Pablo Juan Toro, Eegistrador Sustituto, compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señoe. Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

La Compañía de Ferrocarriles de Puerto Rico que desde el año 1903 había inscrito en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, la concesión o franquicia del fe-rrocarril de San Juan a Ponce, vía Areeibo, Camuy, Agua-dilla, Mayagüez y Yauco, solicitó en junio 24 de 1941 del Re-gistrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, lo siguiente:

“... Le acompaño certificación literal de la inscripción sexta, vigente por sustitución de la primera, de la finca número 1093, inscrita al folio 186 del tomo 26 de San Juan, como punto de arranque, expedida por el Hon. Eegistrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, relativa a la concesión o franquicia del ferro-carril de San Juan a Ponce, vía Areeibo, Camuy, Aguadilla, Maya-güez y Yauc.o, adquirida por la Compañía de los Ferrocarriles de Puerto Eico, a los fines de que se sirva hacer las inscripciones de referencia de dicha concesión en los libros de los ayuntamientos de Bayamón, Toa Baja, Dorado y Vega Baja, pertenecientes a la demar-cación del Eegistro bajo su digno cargo y por cuyos territorios atra-viesa el citado ferrocarril, en la extensión que se hace constar en la adjunta escritura Núm. 31, otorgada en San Juan de Puerto Eico, ante el notario, Ledo. Cayetano Coll y Cuchí, el 5 de septiembre de 1911, entre Mr. George Yillard, en representación de la American Railroad Company of Puerto Rico y don Francisco de Paula Acuña, en representación de la Compañía de los Ferrocarriles de Puerto Rico; enclavando asimismo en los territorios que atraviesa dicho camino de hierro, las estaciones y demás obras integrantes del mismo ferrocarril, según resulta de la otra escritura que se acompaña, la número 32, otorgada en San Juan de Puerto Rico, el 14 de septiembre de 1911,, ante el mismo notario y entre las mismas partes, y cuyas edificaciones usted, señor Registrador, se servirá incluir en las citadas inscripciones de referencia, todo con arreglo a lo que disponen los artículos 69, 70, 71 y 72 del Reglamento de la Ley Hipotecaria. Tratándose, como se trata de una sola finca, cuya inscripción primordial extensa consta,, como ya se ha dicho, al folio 202 vuelto del tomo 26 de San Juan,, finca Núm. 1093, inscripción 6a., se acompañan con la presente un sello de 50 centavos, por los derechos de presentación, según arancel',, un sello de 50 centavos por los derechos que dispone el Código Político y $2 adicionales en sellos por los derechos que devenguen las operaciones de las inscripciones o anotaciones que aquí se solicitan. (Central Cambalache v. Registrador, 52 D.P.R. 797; Baetjer v. Registrador, 57 D.P.R. 175).”

El registrador suspendió la inscripción solicitada a vir-tud de la siguiente nota:

“Entendiendo el Registrador que suscribe que la suma de tres dólares, consignada en sellos de Rentas Internas, no es suficiente para poder inscribir el derecho que se interesa con este documento, en uno solo de los cuatro términos municipales Bayamón, Toa Baja, Dorado y Vega Baja que corresponden a la demarcación de este Registro, sino la suma de 23 dólares, como inscripción concisa, con-forme al número 5 de la sección 22 de la ley 32 de 1917, ya que se considera la concesión de ferrocarriles como una sola finca, teniendo para ese caso resuelto la Hon. Corte Suprema de Puerto Rico (52 D.P.R. 797) que sólo se cobre un derecho, requirió al Ledo, don Federico Acosta Velarde para que depositase la diferencia a lo que se negó, suspendo la inscripción solicitada y extiendo nota al margen del asiento 130 del Diario 194, que durará 120 días, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 39 de 1928, que enmendó la sección 24 de la que asignó sueldos a los Registradores de la Propiedad, aprobada en 1904. Cancelados dos sellos de 50 cts. cada uno, por derecho número 1 arancel y Código Político. San Juan, Puerto Rico, junio 27 de 1941.”

No conforme la compañía interpuso el presente recurso.

En el caso de Central Cambalache v. Registrador, 52 D.P.R. 797, citado por el registrador en su nota se resolvió, según aparece del sumario, lo siguiente:

“El que a virtud del régimen interior de los registros una finca agrupada que se extienda por tres municipios del territorio del mismo registro haya que registrarla en tres tomos separados, no autoriza al registrador para exigir el pago de derechos arancelarios como si se tratara de tres fincas y de tres derechos distintos.”

La aplicación que pueda tener la doctrina establecida en este caso al de autos está cumplida pues es un hecho admi-tido que la franquicia de la recurrente ya fue inscrita en el Registro de San Juan desde el año 1903 y se cobraron los derechos correspondientes. Los artículos 69 y 71 del Regla-mento de la Ley Hipotecaria disponen que:

“Artículo 69. — Las concesiones de los caminos de hierro, canales y demás obras públicas de igual índole podrán inscribirse en cual-quier tiempo, presentando para ello el título en que se hubiere hecho la concesión definitiva de la obra, sea ley, real disposición o escritura pública, acompañando los demás documentos que determinen o modi-fiquen los derechos otorgados al concesionario.”
“Artículo 71. — La inscripción de las concesiones de que trata el artículo 69 deberán hacerse en el registro de la propiedad a que corresponda el punto de arranque o cabeza del camino o canal, haciendo breve referencia de esta inscripción primordial en los demás registros cuyo territorio atraviese la obra pública, en los cuales, y en los libros correspondientes a los respectivos ayuntamientos, se hará constar la extensión superficial del terreno que ocupe y las con-diciones de los derechos reales que puedan ser de interés particular en aquellos distritos, sin necesidad en ningún caso de expresar los linderos de las propiedades colindantes, ni de la previa inscripción del terreno adquirido para la construcción del camino o canal.” (Itálicas nuestras.)

De acuerdo con estas disposiciones del Reglamento de la Ley Hipotecaria la inscripción de una concesión de un ca-mino de hierro sólo hay que hacerla en aquel Registro de la Propiedad a que corresponda el punto de arranque o cabeza de dicho camino, haciéndose breve referencia de dicha ins-erupción primordial en los demás Registros cuyo territorio atraviese la obra pública en los libros de los ayuntamientos respectivos. En el caso de autos ya se hizo la inscripción primordial en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sec-ción Primera, y lo qne se ha solicitado del Registrador recu-rrido es que haga constar en los libros de los ayuntamientos de Bayamón, Toa Baja, Dorado y Vega Baja una breve re-ferencia de dicha inscripción primordial. Al exigir el recu-rrido que la recurrente consigne $23 como derechos para la inscripción concisa en uno solo de los municipios menciona-dos lo hace basado en el inciso 5 de la sección 22 de la ley 32 aprobada el 30 de noviembre de 1917 ((2) pág. 309), que es el que fija el arancel que rige para las inscripciones o ano-taciones extensas o concisas. Dicho arancel exige que se pague por cada finca o derecho según su valor y es por una finca que tenga un valor de $30,001 a $40,000 que deben co-brarse $22. El otro dólar exigido corresponde al asiento de presentación y Código Político. Del documento presentado ante el Registrador recurrido aparece que ya se habían sa-tisfecho en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sec-ción Primera $25 al inscribirse la concesión originalmente.

En los Comentarios a la Legislación Hipotecaria de Morell y Terry, tomo segundo, página 62, dicho autor hacé constar que “respecto a las concesiones de ferrocarriles, ca-nales y demás obras públicas, la Real Orden de 26 de febrero de 1867 y de acuerdo con ella el Nuevo Reglamento, deter-minan que se considera como una sola finca para el efecto de su inscripción, bajo un solo número, todo el camino de hierro, canal, etc.” T considerando todo el camino de hierro como una sola finca y una sola su inscripción, no deben cobrarse los derechos que exige el Registrador recurrido cuando ya se pagaron al hacerse la inscripción primordial. La doctrina del caso de Baetjer v. Registrador, 57 D.P.R. 175 es aplicable al de autos. Se trataba allí de una finca conocida con el nombre de “Eastern Sugar Estates” situada dentro de la jurisdicción de cuatro Registros de la Propiedad distintos. Se presentó en el Registro de la Propiedad de Caguas una escritura de cancelación de hipotecas constituidas sobre dicha finca y se cancelaron los sellos correspondientes computados a base de las cantidades totales envueltas. Al presentarse la misma escritura en el Registro de Humacao para que se prac-ticara la anotación concisa relacionada con la cancelación de las hipotecas en cuanto formaban parte de la finca situada dentro de la demarcación de dicho registro, el registrador suspendió la cancelación solicitada por no haberse acompa-ñado los derechos correspondientes en su totalidad como si se tratara de la misma cancelación ya efectuada en el otro re-gistro. Este tribunal, al revocar la nota recurrida, resolvió, según aparece del sumario, lo siguiente:

“Presentada en un registro la escritura de una hipoteca consti-tuida sobre una propiedad radicada en cuatro registros de la pro-piedad y cobrados en él los derechos ascendentes a una suma igual a la que se hubiera requerido si la parte de la finca hipotecada dentro de su distrito lo hubiera sido separadamente por el importe total de la hipoteca, otro registro no puede, al presentársele la escri-tura mencionada, exigir y cobrar una suma igual, obligando así al deudor a pagar cuatro veces lo que se le hubiera exigido pagar de haber distribuido la responsabilidad hipotecaria entre las varias partes de la finca radicadas en los distintos registros al otorgar la hipoteca, de existir algo en la ley a la fecha del otorgamiento que obligara a los acreedores y deudor hipotecarios a así hacerlo o convenirlo.”

Del documento presentado en el registro no aparece que se le diera a la concesión de la recurrente valoración alguna, de manera que el valor de $30,000 a $40,000 que le ha dado el recurrido no hemos podido comprobarlo. El inciso 12 de la sección 22 de la ley núm. 32 del año 1917 ((2) pág. 309, supra, dispone que “si el valor de cada finca o derecho no constase del título se cobrará por el valor oficial de la misma para la tasación.” Pero es que a la recurrente, de acuerdo con la Resolución Conjunta núm. 1 aprobada el 7 de mayo de 1927, (pág. 607), se le eximió del pago.de toda clase de contribuciones hasta el año 1942, de manera que su concesión o franquicia no figura con valor oficial alguno para fines de tasación. Es por esto que la recurrente sostiene que el arancel que puede aplicarse y con lo cual estuvo conforme en principio el registrador recurrido, es el inciso 4 de la sec-ción 22, supra, que dispone:

“Notas especiales, inscripciones y anotaciones. — Cuando por con-secuencia de la presentación no deba verificarse inscripción ni anota-ción y sí extender notas marginales para cada una de ellas, $0.50.”

Morell, al comentar el artículo 63 del Reglamento a la Ley Hipotecaria de España equivalente al artículo 71 nues-tro, explica a la página 168, en qué consisten las “inscrip-ciones de referencia” a que se refiere dicho artículo, así:

‘ ‘ Inscripciones de referencia. En los libros correspondientes a los Ayuntamientos o Secciones de todos los términos por donde atraviese la obra pública, ya del mismo Registro en que consta la inscripción primordial, ya de otros Registros distintos se han de extender bajo número especial breves inscripciones de referencia, en las que, con arreglo al art. 63 del Reglamento, sólo debe constar la naturaleza de la concesión (canal, vía férrea principal o secundaria o estratégica, tranvía,-línea telefónica, etc.), su nombre especial (de Isabel II, de San Jorge, etc., o línea de tal a tal parte, etc.), la fecha del título con las particularidades de su autorización y el libro, folio, número y Registro (Ayuntamiento y Registro debe ser) en que la inscripción primordial se ha practicado (fecha, firma y honorarios).

De acuerdo con una interpretación liberal del arancel vi-gente en Puerto Rico (ley 32 de 1917, supra) consideramos que el único inciso aplicable al caso de autos, como sostiene la recurrente, es el número 4, supra, ya que las inscripcio-nes breves de referencia a que hace mención el artículo 71 del Reglamento, supra, no pueden considerarse ni como ins-cripciones extensas o concisas, y aun considerándose, ya los derechos correspondientes fueron satisfechos al hacerse la inscripción primordial en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Primera.

Se revoca la nota recurrida y ordena las inscripciones de referencia solicitadas.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.