text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alberto Resto, acusado y apelante.
    Núm. 7344.

    Sometido: Enero 20, 1939.

      Resuelto: Febrero 25, 1939.

      Carlos lí. Juliá, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Alberto Resto fué acusado de portar un revólver en la casa de Marcela Feliciano el 29 de enero de 1938, en el barrio Guaraguao, de la municipalidad de Guaynabo. Terminada la prueba de cargo, la defensa presentó una moción solici-tando la absolución perentoria del acusado por insuficiencia de la prueba. La moción fué desestimada. Tomó excepción el acusado y se abstuvo de presentar prueba, descansando en la sometida por el fiscal. Al siguiente día, el 15 de junio del año pasado, la corte dictó sentencia declarando al acu-sado convicto del delito imputádole y le condenó a sufrir la pena de tres meses de cárcel. Apeló para ante este tribunal y al solicitar la revocación de la sentencia imputa a la córte sentenciadora la comisión del siguiente error:

“La Corte cometió error al declarar sin lugar la moción de ab-solución perentoria que a manera de nonsuit presentara la defensa en este caso.”

De la prueba resulta que en la noche del 29 de enero de 1938, varios amigos, y entre ellos el acusado, se hallaban reunidos en la casa de Marcela Feliciano. Tocaban guitarra y cantaban. Alrededor de media noche llegó a la casa un individuo y el acusado disparó un revólver contra él. Des-pués de herirle abandonó el local con el revólver, dándose a la fuga. Nada existe en la prueba que indique que el acu-sado hubiera obtenido el revólver de otra persona allí pre-sente o que lo hubiera cogido o encontrado en algún sitio de la casa. La defensa invoca el caso de El Pueblo v. Rodriguez, 45 D.P.R. 73, donde se alegaba que el acusado portaba un revólver en un baile que se llevaba a efecto en la casa vivienda de Valeriano Hernández, en el Municipio de Carolina. Al revocar la sentencia que declaró culpable al acu-sado, este tribunal, por voz de su Juez Asociado Sr. Wolf, se expresó así:

“La acusación en este caso alega que José Rodriguez era culpable de portar un arma prohibida en la casa de Valeriano Hernández, donde se llevaba a efecto un baile. Empero, al examinar los autos no hallamos prueba directa de que José Rodríguez tuviera un arma en su persona mientras tomaba parte en el baile celebrado en la casa de Valeriano Hernández. Toda la prueba tiende a demostrar que él portaba un arma en los acontecimientos que tuvieron lugar en la ca-rretera algún tiempo después de haber salido de la casa. Hubo al-guna prueba tendente a indicar que él se sacó un revólver del bol-sillo mientras estaba en la carretera, mas nada hay en los autos que indique cómo el revólver llegó a estar en su poder. Existe la posi-bilidad de que el revólver pudiera ser recogido por él o entregádole-entre el período de tiempo que medió desde que salió de la casa hasta el momento en que hizo uso del arma en la refriega que tuvo lugar en la carretera.
“La prueba circunstancial en este caso no es lo suficientemente fuerte para excluir la posibilidad de que José Rodríguez no portara un revólver mientras se bailaba en la casa de Valeriano Hernández.”

El caso que nos ocupa es distinto. En éste, toda la prueba índica que los disparos fueron hechos en la casa de Marcela Feliciano y que en esos momentos el revólver fue visto en las manos del acusado.

Como decimos anteriormente, no aparece de la evidencia el más ligero indicio de que la portación del arma fuese accidental, ni presentó el acusado prueba alguna a' ese efecto. •

A nuestro juicio, no cometió la corte sentenciadora el error que se le imputa.

En su consecuencia, procede desestimar el recurso y con-firmar la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolf

license: Public Domain

text:
    Pedro Juan Smith, conocido por Juan Pedro Arroyo, demandante y apelante, v. Juan Negrón Cayol, demandado y apelado.
    Núm. 7525.

    Sometido: Noviembre 23, 1938.

      Resuelto: Marzo 7, 1939.

      Eduardo Flores Colón, abogado del apelante; Juan Lastra, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Juan Pedro Smith, conocido por Juan Pedro Arroyo, acu-dió ante la Corte de Distrito de San Juan en solicitud de que se anulara una escritura de hipoteca a base de usura. Se alegó que las circunstancias bajo las cuales se otorgó el supuesto contrato ilegal fueron las siguientes:

“Tercero: Que necesitando fondos para atender obligaciones con-vino un préstamo de dos nifil quinientos dólares con el demandado Juan Negrón Cayol, por el término de un año prorrogable a otro año más garantizando con primera hipoteca sobre la finca descrita, apa-rentemente, a un interés del nueve por ciento anual, pero que el ex-ceso de dicho interés se acumularía al capital.
“Cuarto: Que al efecto y llevando a cabo lo convenido concu-rrieron ante el notario Gonzalo Ardín, de San' Juan, y por escritura otorgada ante dicho funcionario el día primero de septiembre de 1933, se constituyó la mencionada hipoteca haciéndose constar la exis-tencia de una obligación por dos mil seiscientos ochenta (Dólares, con intereses al 9 por ciento anual y los demás requisitos que daban al instrumento una apariencia de verdad y realidad, aunque de la misma escritura aparece que los intereses exceden en mucho más de 9 por ciento.” (Bastardillas nuestras.)

En adición a lo antes expuesto, Smith adujo que en febrero de 1935 la hipoteca se aumentó a la suma de tres mil dólares y se prorrogó por otro año.

El demandado alegó en su contestación que el préstamo hipotecario en realidad había ascendido a los $2,680 que se mencionaban en la escritura, y que por un error mutuo e involuntario se había hecho constar en la escritura que los intereses mensuales ascendían a $22.10, cuando en realidad debió haberse puesto tan sólo $20.10. Bajo tal supuesto error de hecho, el demandado admitió haber cobrado los dos dólares extra durante varios meses, mas aleg*ó expresamente que la diferencia recibida había sido devuelta ál demandante con la aprobación escrita de éste al momento en que se au-mentó y prorrogó el préstamo hipotecario.

Eli juez de la corte de distrito resolvió que la prueba del demandante, que consistía tan sólo en la propia declaración de Smith, era demasiado incierta e insuficiente para sostener una sentencia a su favor, especialmente en vista de las decla-raciones del demandado y del notario que autorizó la escri-tura de hipoteca en cuestión. En su consecuencia, se declaró sin lugar la demanda y se condenó al demandante al pago de la costas, incluyendo la suma de $75 para honorarios de abogado.

El apelante señala tres errores. El primero de ellos lee así:

“1. La corte cometió error en la aplicación del artículo 1654 del Código Civil, edición de 1930, inadvirtiendo los preceptos contenidos en las secciones 4 y 5 de la Ley Núm. 47 de 1916 para reprimir la usura. ’ ’

El artículo 1654 del Código Civil, supra, dispone:

“A cualquier persona que reembolsase o devolviese algún dinero, mercancías u otras cosas tomadas, aceptadas o recibidas en viola-ción de este capítulo, o que, por medio de un documento entregado a la otra parte del contrato, yá antes de iniciarse el juicio para la sus-pensión de la validez del mismo, o ya antes de que, en un juicio iniciado para hacer cumplir el contrato interponga el demandado como defensa la acusación de usura; o que renunciase de una ma-nera efectiva el derecho a interés, descuento o valor reservado o rete-nido en violación de este capítulo; se le relevará de futura multa, penalidad o castigo, y el contrato desde la fecha del reembolso, de-volución o renuncia por escrito, será válido y efectivo.”

El “capítulo” a que se hace referencia en el artículo copiado es el que trata “de la fijación del interés- legal” (Capítulo III, Título X del Libro Cuarto "del Código Civil, edición de 1930, pág\ 342).

El apelante sostiene que este artículo no puede favorecer al demandado, puesto que en efecto fué derogado por las sec-ciones 4 y 5 de la Ley Núm. 47 de 1916 (leyes de ese año, pág. 103) titulada “Ley para reprimir la usura, y para en-mendar la sección 4 de la ley sobre fijación de interés en toda clase de obligaciones, aprobada en 1 de marzo de 1902 y enmendada por la ley de marzo 14 de 1907.” Estas dos sec-ciones proveen:

“Sección 4. — Los derechos definidos en esta ley no son renuncia-bles.
“Sección 5. — Toda ley o parte de ley en conflicto o que se oponga a las- disposiciones de ésta, queda derogada. ’ ’

El artículo 1654 del Código Civil, supra,' equivale a la sec-ción 6 de la ley de marzo 1 de 1902, que fué enmendada por la Ley núm. 47, supra. La Ley núm. 47 enmienda expresa-mente la sección 4 de la ley de marzo 1, 1902, mas no bace referencia alguna a las otras secciones de la misma ley. Así, pues, la Asamblea Legislativa no mostró disposición alguna a alterar el resto del estatuto que -trata de la fijación del inte-rés legal. El privilegio, o locus penitewtiae, según podría llamársele, que el artículo 1654 del Código concede al usu-rero es independiente de cualesquiera derechos definidos por la ley de 1916 y no está en conflicto con las disposiciones de dicha ley sobre irrenunciabilidad. El significado de la sec-ción 4 del estatuto sobre usura es que un deudor no puede legalmente obligarse a no plantear la defensa de usura, y en ese sentido es análoga a nuestra ley de homestead actual.

Las confiscaciones no son favorecidas por la ley y con toda probabilidad teniendo eso en mente fué que la Asamblea Legislativa en 1902 concedió al acreedor un período de gra-cia para ajustarse a la ley. No nos parece que haya nin-guna otra interpretación razonable. Por tanto, el primer señalamiento no.puede prevalecer.

El siguiente error de. que se queja el apelante se refiere al análisis de la prueba hecho por la corte sentenciadora. El apelante sostiene que el juez de la corte de distrito halló que el demandado recibió $22.10 por espacio de varios meses, y que excusó tal actuación fundado en que la escritura de hipoteca misma erróneamente fijaba el tipo de interés mensual en la suma mayor. De la exposición del caso que está ante nos parece que el juez cometió un error, toda vez que la copia de la escritura especifica un interés mensual de $20.10.

La prueba aducida durante el juicio consistió principal-mente en las declaraciones de las partes y del notario que redactó la escritura. No vemos razón alguna para que entre-mos en una discusión sobre por qué la corte debió o no debió haber creído la relación que el demandante hacía de toda la transacción. Una corte de apelaciones de ordinario no se sustituirá por el juez de la corte inferior que tuvo la opor-tunidad de observar, oír y analizar las declaraciones de las partes y de determinar para sí su credibilidad. El apelante da énfasis al hecho de que el juez de distrito atacó la declara-ción del demandante por falta de precisión. Podría suceder que esta imprecisión tuviera algo que ver con el peso o la credibilidad dados a tal declaración, mas no podemos decir definitivamente que ésta fue la única razón que tuvo el juez de distrito para, no creer al testigo.

El juez de la corte inferior creyó al demandado y al nota-rio. Podría suceder que su relación de lo ocurrido tenga algunos detalles que posiblemente puedan dar lugar a que se hagan inferencias a favor del demandante. Este se basa en gran parte en la supuesta flojedad del caso del demandado y en su consecuencia pasa por alto el hecho de que sobre él recaía el peso de la prueba. Asumiendo, para los fines de la argumentación, que la prueba del demandado debe ser des-cartada, aún así el demandante no tendría derecho a una sentencia, toda vez que el juez de la corte inferior- no creyó su declaración.

El último error señalado se refiere a los honorarios de abogado concedidos. No nos sentimos inclinados a interve-nir con la discreción que sobre este asunto tiene el juez de distrito.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces .Sres. Presidente Del Toro y Asociado De Jesús no intervinieron.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió. *
      Nota: Véase el prefacio.


author: El Juez Asociado Señor, Hutchison

text:
    Las Monjas Racing Corporation, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. T. Torres Pérez, Juez Interino, demandada.
    Núm. 1164.

    Sometido: Febrero 6, 1939.

      Resuelto: Marzo 7, 1939.

      L. Feliú, Celestino Triarte y F. Fernández Cuyar, abogados de la peticionaria; Dubón Ochoteco, abogados del interventor J. Pe-drosa, demandado en el pleito principal; Diego O. Marrero, abo-gado de la Comisión Hípica.
   El Juez Asociado Señor, Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

En un recurso iniciado contra seis demandados, Las Mon-jas Racing Corporation trató de recobrar la suma de $65,000 en concepto de daños y perjuicios, más las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado. En la súplica la res-ponsabilidad mancomunada y solidaria de dos de estos demandados, Juan Pedrosa y Jorge Romany — fuera de la cuestión de costas, gastos, desembolsos, y honorarios de abo-gado — se limitaba a $30,000.

La demandante solicitó el embargo de bienes basta la suma de $5,000 tan sólo para asegurar pro tanto la efectividad de cualquier sentencia que pudiera obtenerse en el pleito de los $65,000; y ofreció prestar fianza por la suma que fijara la corte. La corte de distrito ordenó al secretario que librara el mandamiento de embargo solicitado al prestarse una fianza pór $5,000.

El demandado Juan Pedrosa, dueño de doce caballos que fueron embargados, prestó una fianza y solicitó se le entre-gara la custodia de los caballos. La fianza era por $5,000 y se decía haber sido fijada por la corte en armonía con el valor de la propiedad embargada. En su moción Pedrosa invocaba las disposiciones de la sección 15 de la Ley para asegurar la efectividad de sentencias; mas la fianza por el valor de los bienes embargados estaba sujeta a la condición de que Pedrosa dejara de devolver dichos bienes con los fru-tos que los mismos produjeran, al ser requerido de acuerdo con las disposiciones de las secciones 10 y 11 de la referida ley. Uno de los letrados de la demandante hizo constar en esta fianza su conformidad con el. depósito solicitado, bajo las prevenciones y responsabilidades de ley, siempre que a la demandante se le concediera un término de cinco días a partir de la fecha en que se entregaran los bienes embarga-dos al depositario Pedrosa, para examinar la suficiencia de la fianza y la solvencia de los fiadores.

La corte de distrito entonces aprobó la fianza prestada para garantizar el valor de los bienes embargados, ordenó la entrega de éstos a Pedrosa y concedió a la demandante cinco días para impugnar la suficiencia de la fianza. Esta orden, está fechada enero 4 de 1939. El marshal, luego de entre-gar los caballos a Pedrosa, hizo constar en su diligencia-miento el valor de cada caballo. Este valor estimado fluctuaba entre doscientos y setecientos dólares y ascendía en total a $5,000.

Pedrosa entonces solicitó, a tenor de la sección 15, el levan-tamiento del embargo previa prestación de otra fianza por $5,000. Esta moción fue notificada al letrado de la deman-dante y se señaló el día 9 de enero para la vista.- A moción de la demandante, la corte ordenó a los fiadores que figura-ban en la fianza anterior que comparecieran el 9 de enero para que justificaran su solvencia. En una orden comple-.mentaria fechada el 6 de enero, la corte hizo constar clara-.mente que mientras estuviera pendiente la moción de Pedrosa solicitando el levantamiento del embargo-, los caballos per-manecerían en custodia legis y que no podría disponerse de ellos en forma alguna contraria a derecho o ser inscritos o corridos en ningún hipódromo de la Isla sin previa autori-zación de la corte; y dispuso que la misma fuese notificada ■a Pedrosa y a la Comisión Hípica Insular. Mediante una orden fechada el 7 de enero la corte autorizó que se corrie-•ran los caballos en los hipódromos de Puerto Rico. Esta orden fue dictada en presencia de los letrados luego de cele-brarse una vista y de prestarse otra fianza por $5,000, a tenor de las secciones 10 y 11 de la ley. La fianza respondía en caso de que, al ser requerido para ello, Pedrosa dejara de devolver los bienes embargados, con los frutos que los mis-mos produjeran. Respondía además de cualesquiera daños y perjuicios que los caballos sufrieran con motivo de su par-ticipación en cualquier carrera de caballos en los hipódromos de Puerto Rico o en caso de que los mismos fueran recla-mados al participar en dichas carreras. Mediante una orden fechada el 9 de enero la corte explicó que su orden de 7 del mismo mes incluía las carreras llamadas de reclamo y que la fianza prestada comprendía la obligación de satisfacer el valor de cualquiera de esos caballos que saliera de la pose-sión del demandado al correr en carreras de reclamo. En enero 17 la corte dictó una resolución al efecto de que el afianzamiento debía ser hasta la cantidad de $5,000 para responder de la posesión en custodia legal que tenía el deman-dado Pedrosa de los bienes embargados, los que continuarían así embargados hasta que se resolviera el asunto en defini-tiva ; pero que para obtener el levantamiento del embargo de conformidad con la sección 15 de la ley, sería necesario pres-tar una fianza por la suma reclamada por la demandante' — es decir, por $30,000 más nna suma adicional razonable para costas, gastos, intereses y honorarios de abogado. El 18 de enero la corte declaró sin lugar una moción de reconsidera-ción y concedió a Pedrosa un término de 24 horas para pres-tar su fianza de acuerdo con la resolución dictada por la corte el día anterior. La demandante entonces solicitó se dejaran sin efecto las órdenes de enero 4 y 7. En resolución fechada el 26 del mismo mes la corte revisó y discutió extensamente sus órdenes anteriores y, sin dictar una resolución específica, declaró sin lugar por inferencia la moción de la demandante. La teoría de esa moción fué: que la primera fianza se basó en la valoración dada a los bienes embargados por el már-shal y por el depositario original, mas no en el valor material de los mismos, conforme exige la sección 10 de la Ley para asegurar la efectividad de sentencias; que dicha fianza no comprendía garantía alguna para los frutos producidos por dichos animales, a tenor de las disposiciones de la sec-ción 11 de dicha ley y del Código Civil, ni para las costas; que la demandante no recibió notificación alguna de la moción presentada por la parte demandada solicitando se reconside-rara la orden de enero 17.

La peticionaria solicita se revisen y revoquen las órde-nes de 4, 7, 17 y 26 de enero.

Las secciones 9 y 10 de la Ley para asegurar la efectividad de sentencias, aprobada el 1 de marzo de 1902 (Comp. 5233-5250, Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933, pág. 98) leen así:

“Artículo 9. — El embargo y prohibición de enajenar inmuebles se efectuarán anotándolos en el registro de la propiedad y notificán-dolos al demandado, con la prevención de que no podrá enajenar los bienes embargados sino en pública subasta, con citación del deman-dante, quedando el precio consignado a disposición del tribunal, ni enajenar en ningún caso los bienes en que haya recaído la prohibi-ción. La enajenación de dichos bienes realizada en contravención a lo dispuesto en este artículo se reputará fraudulenta para todos los efectos civiles y penales, y las personas responsables del fraude serán castigadas además como culpables de desacato (desobediencia).
“Artículo 10. — La prohibición de enajenar bienes muebles y el embargo de los mismos se practicarán depositando los bienes de que se trate en poder del tribunal o de la persona designada por éste, bajo la responsabilidad del demandante. Si el demandado diere fianza bastante a discreción del tribunal para responder del valor de dichos bienes, se depositarán en su poder, con la prevención y res-ponsabilidades de la sección anterior. El dueño de bienes muebles embargados puede solicitar su enajenación en pública subasta con citación del demandante, a condición de que se consigne en la corte el precio de la Agenta. Los bienes fungibles cuyo embargo o prohibi-ción de enajenarlos se haya decretado, se venderán en pública su-basta a petición de cualquiera de las partes, consignándose el pro-ducto de su venta en la forma dispuesta por la corte.”

Cualquier caballo inscrito en una carrera de reclamo, apa-rentemente puede convertirse en propiedad de otra persona distinta- al dueño del mismo, que tenga otro caballo tomando parte en la misma carrera, al depositar el reclamante la suma especificada en cualquier momento antes de iniciarse la ca-rrera. La orden de enero 7, en tanto en cuanto autoriza que se corran los caballos en carreras de reclamo, violaba las sec-ciones 9 y 10 de la Ley para asegurar la efectividad de sen-tencias, y no puede ser sostenida.

La sección 15 de la ley provee:

“El pago, consignación o afianzamiento de las sumas reclamadas al demandado, suspenderá el embargo decretado para seguridad de .dichas sumas, o dejará sin efecto el embargo ya practicado.”

La fianza, que aquí se tuvo en mente fue un “discharge or dissolution bond”. La que tiene por mira la sección 10 es un “forthcoming or delivery bond” y no un “dissolution bond”. La segunda fianza prestada por Pedrosa era, al ■igual que la primera, un “forthcoming or delivery bond” y no un “dissolution bond”. El hecho de que él tratara me-diante la prestación de tal fianza de obtener el levantamiento del embargo no alteró el alcance y efecto de la fianza pres-tada por él y aprobada por la corte. El error, de haberlo, en la resolución de enero 17 — al efecto de que Pedrosa no podía obtener el levantamiento del embargo mediante la radi-cación de una finza de $5,000, sino que para lograrlo era menester que prestara una fianza de $30,000 más una suma razonable para garantizar las costas, desembolsos y honora-rios de abogado — no fué perjudicial a la peticionaria. Esa resolución, correcta o incorrecta, estaba sustancialmente de acuerdo con la propia teoría de la peticionaria sobre el espí-ritu y alcance de la sección 15.

De acuerdo con los términos de la sección 14 de la ley—

“Todas las pretensiones que se dedujeren por cualquiera de las partes en el curso del juicio con relación al aseguramiento de senten-cia, se sustanciarán en pieza separada, dándose traslado a la parte contraria, con citación para una comparecencia ante cualquiera de los jueces, en la cual se propondrán y practicarán las pruebas que cada una de las partes propusiere y fueren pertinentes ...”

Cuando la peticionaria a través de su abogado hizo cons-tar en la primera fianza prestada por Pedrosa su conformi-dad con el depósito de los bienes embargados bajo las pre-venciones y responsabilidades de ley, ella renunció la citación y comparecencia exigidas por la sección 14. Las “preven-ciones y responsabilidades” de referencia eran presuntiva-mente las “prevenciones y responsabilidades” indicadas en las secciones 9 y 10, supra. La peticionaria fué notificada de todas las mociones posteriores, con excepción de la radi-cada por Pedrosa solicitando la reconsideración de la orden de enero 17, que fué declarada sin lugar1 por la corte al. día siguiente. Si esta moción era una de las “pretensiones” a que alude la sección 14, cualquier error cometido por la corte al declarar sin lugar inmediatamente dicha moción sin que la. peticionaria fuera notificada, no fué perjudicial.

Dicha constancia, lógicamente interpretada, también equi-valía a la renuncia de cualquier prueba preliminar formal que, de no existir, pudiera o no requerirse sobre el valor material de los bienes embargados, no obstante la reserva que la peti-cionaria hizo de sn derecho a “examinar la suficiencia de la fianza y la solvencia de los fiadores” dentro del término de cinco días contado a partir de la fecha en que se entregara la propiedad embargada, al depositario Pedrosa. La moción posterior de la peticionaria para que se amalara la orden de enero 4 no atacaba la cnantía de la fianza con referencia al valor de la propiedad embargada. Atacaba tan sólo la sol-vencia de los fiadores y solicitaba que se requiriera a éstos para que justificaran su situación económica. El 9 de enero fué señalado para oírse esta moción, así como la de Pedrosa para que se levantara el embargo mediante la prestación de otra fianza por $5,000. Nada hay que demuestre que en esta vista la peticionaria insistiera en su moción para que se anu-lara la orden de enero 4 ó que aún llamara la atención de la corte hacia el hecho de que la moción habió, sido señalada para verse simultáneamente con la de Pedrosa. La inferen-cia es que la moción de la peticionaria, por lo menos tempo-ralmente, fué abandonada. La peticionaria 'aparentemente no solicitó más tarde que los fiadores que firmaron la fianza original fueran nuevamente llamados para que justificaran su solvencia o que se señalara otro día para oírse su moción.

Hemos mencionado .el hecho de que la peticionaria en su moción posterior para que se anularan las órdenes de enero 4 y 7 hizo constar que la primera fianza por $5,000 se basó en la valoración de los bienes embargados dada por el márshal y por el depositario original y no en el valor material de los mismos; y que la fianza no garantizaba los frutos que produjeran dichos animales. La fianza, conforme hemosindicado, era por $5,000.' Respondía en caso de que Pedrosa dejara de devolver los bienes embargados, con sus frutos. En su consecuencia la aseveración de que la fianza no garantizaba los frutos que produjeran los animales debe interpretarse en el sentido de que la obligación de pagar $5,000 al' dejar Pedrosa de devolver los caballos con sus frutos, no ofrecía tal garantía. • ■ ■

El depositario original aparentemente era, si no una persona designada por el demandante, por lo menos la persona designada por la corte, “bajo la responsabilidad del deman-dante”, según exige la sección 10, supra. La valoración dada a la propiedad por ese depositario y por el mársbal de la corte,' unida a la constancia puesta por la demandante en la fianza misma, bastaba para justificar que la corte llegara a la conclusión de que la propiedad embargada valía efectiva-mente $5,000. Cuando los caballos fueron entregados a Pedrosa, el mársbal especificó el valor de cada uno de ellos. El estimado más bajo era $200 y el más alto $700. Es lógico asumir que estos estimados se basaron en el becbo de que los animales en cuestión eran caballos de carrera. Fuera del becbo de que los doce caballos fueron tasados en conjunto en la suma de $5,000, es decir, a un promedio de más de $400 cada uno, el juez de distrito no tenía razón alguna para supo-ner que el depositario original y el mársbal habían valorado demasiado bajo los caballos, o desconocían su valor .material o habían estimado su valor sin tomar en consideración el becbo de que se trataba de caballos de carrera, o sin deter-minar el valor de cada animal como caballo de carrera. Si la capacidad adquisitiva de estos caballos fuá tomada en con-sideración al calcular su precio, por lo menos parte de los frutos que se obtuvieran al correrse estos caballos, fuá in-cluido en su valor estimado. La orden de enero 4, en sus términos por lo menos, no autoriza que se corran los caba-llos. La orden complementaria de enero 6 probibe expresa-mente que se corran los caballos sin autorización de la corte. La peticionaria no atacó la suficiencia de la fianza dentro de los cinco días concedidos para dicho fin, en cuanto a la cuan-tía de la obligación asumida por Pedrosa y sus fiadores. No incumbía al juez de distrito — de propia iniciativa, al antici-par una posible objeción y no obstante la aquiescencia escrita de la demandante a que se entregaran los caballos — exigir una fianza por más de $5,000 para incluir una suma por sobre el valor estimado de los caballos que fuera suficiente para abarcar cualesquiera utilidades que se obtuvieran ál ser corri-dos los caballos, estuvieran o no tales frutos incluidos en el valor estimado. De existir algún defecto en la fianza en lo que a su cuantía se refería, el mismo no vició la orden de enero 4, tal cual ésta fué explicada o enmendada por la orden complementaria del 6 del mismo mes.

El artículo 11 de la “Ley para Asegurar la Efectivi-dad de Sentencias” lee así:

“Artículo 11. — Las disposiciones de la sección precedente son aplicables a los frutos que produzcan los bienes embargados o cuya enajenación se baya prohibido, si el embargo o prohibición fuere extensivo a dichos frutos.”

En el texto castellano se usa la palabra “frutos” doquiera “crops” aparece en el texto inglés. Ni en la moción solici-tando se dicte una orden de embargo, ni en la orden de la corte decretando se expida el correspondiente mandamiento, se hace mención de “crops” o “frutos”. Ni el mandamiento ni el diligenciado del marshal están ante nos. Nada hay que demuestre que el “embargo o prohibición” en el presente caso incluyan “crops” o “frutos”. A menos que los “fru-tos” que se obtengan en el futuro al correrse los ’caballos puedan considerarse como parte de los bienes embargados, o incidentales a los mismos, no puede resolverse que ellos están sujetos al gravamen del embargo. Los casos hasta aquí resueltos han tratado tan sólo con rentas y utilidades, divi-dendos de acciones e intereses, deudas y cuentas de ahorro. Véase 7 C. J. Secundum, Attachment, sec. 258, Increase or Income from Property, y casos allí citados, especialmente el de Loewe v. Savings Bank, 236 F. 444. Un caballo de carrera no produce utilidades automáticamente tal cual una cuenta de ahorro devenga intereses o acciones de corporaciones pro-ducen dividendos. Un caballo de carrera no puede salir vic-torioso en sus luchas al ser tenido en un establo o en la verde pradera. Mucho depende de la inteligencia, habilidad y efi-ciencia de cuadreros, “trainers” y jinetes de experiencia. Mucho más quizá depende de la cuidadosa supervisión, pers-picacia mental y sano juicio del dueño. Toda vez que ambas fianzas proveían la devolución de los caballos y de los frutos producidos por éstos, no es menester que sigamos especulando en torno a estas cuestiones.

En vista de las anteriores conclusiones, las cuestiones envueltas en las varias mociones en que se solicita un auto de supersedeas, el restablecimiento del statu quo y que se cas-tigue a Pedrosa y a los miembros de la Comisión Hípica Insular por un supuesto delito de desacato, resultan en gran parte, si no totalmente, académicas. No es necesario que las deci-damos ni discutamos ahora.

La orden de enero 7, en tanto en cuanto autoriza que se corran los caballos embargados en carreras de reclamo, debe ser revocada. Fuera de esto, el resultado en la corte de dis-trito no será alterado. Los autos elevados a virtud de los dos sucesivos recursos de certiorari deben ser devueltos a la corte de distrito.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Ex parte Ramón G. Hernández Laureano, peticionario.
    Núm. 114.

    Sometido: Febrero 20, 1939.

      Resuelto: Febrero 20, 1939.

      Swntos P. Amadeo, Lionel Fernández Méndez, Benjamín Ortiz, Alejandro Romanacce j Angel D. Marchand Paz, abogados del peticio-nario; B. A. Gómez, Fiscal, abogado del querellado el Alcaide de la Cárcel de Distrito de San Juan, Puerto Rico.

       La opinión fuá dada en marzo 7, 1939.

   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos y circunstancias excepcionales del presente caso pueden resumirse así:

El día 22 de abril de 1938 el peticionario, joven de poco más de dieciséis años de edad, fué arrestado y recluido en el cuartel de la Policía Insular en Santurce, por un supuesto delito de violación. El arresto se efectuó como a las 10 p. m. Al día siguiente por la mañana el peticionario fué conducido a presencia de la Corte de Distrito de San Juan, presidida por el Hon. Marcelino Romany; y allí y entonces el Fiscal del Distrito presentó una acusación de violación en contra del acusado, quien fué llamado inmediatamente para el arraignment. Leída la acusación por el fiscal, la corte preguntó al acusado qué alegación hacía, a lo que éste respondió que se confesaba culpable del delito que se le imputaba y que soli-citaba se dictara sentencia en el mismo acto. La corte le sen-tenció inmediatamente a sufrir la pena.de veinte años de presidio con trabajos forzados. El peticionario fué recluido el mismo día, a virtud de dicha sentencia, en la Cárcel de Distrito de San Juan, desde la cual fue traído por su alcaide el día 20 de febrero de 1939 a presencia de esta Corte Su-prema, a virtud de mandamiento de hábeas corpus expedido el día 2 del mismo mes.

Oídas las alegaciones de los abogados del peticionario y las del fiscal de esta corte, quien hizo una extensa y razo-nada exposición de los motivos que le obligaban a allanarse a la petición de hábeas corpus formulada por el peticionario, el tribunal declaró en el acto con lugar el auto de hábeas corpus y decretó inmediatamente lá excarcelación del acu-sado, reservándose el derecho de emitir más tarde una opi-nión en la que se harían constar los motivos y fundamentos de su sentencia.

El delito de violación que define el artículo 255 del Código Penal puede ser castigado, a discreción del juez sentencia-dor, con pena que puede llegar a la máxima de reclusión perpetua. (Artículo 258 del mismo Código.) Es, pues, tanto por su naturaleza como por la pena que puede apare-jar, un delito de tanta gravedad como el asesinato en su más alto grado. El legislador, sin duda alguna, tuvo en cuenta esas circunstancias al aprobar en 9 de marzo de 1905 la “Ley referente al nombramiento de defensor en causas crimina-les,” (Comp. 6158-6160) cuyo artículo Io. lee así:

“Artículo 1. — Cuando se traiga al acusado ante el tribunal con el fin de instruirle proceso por un cargo que envuelva pena capital o reclusión perpetua, si resultare que no tiene abogado y que la po-breza del acusado no le permita emplear defensa, el tribunal desig-nará uno o más letrados en ejercicio para que defiendan gratuita-mente al reo, concediendo a dichos letrados un período de tiempo razonable para prepararse para el juicio. En todos los demás casos, quedará a' la discreción del tribunal, la designación de abogado. ’ ’ '

Es un hecho admitido por ambas partes, que eu ningún momento durante las pocas horas transcurridas desde el arresto hasta el acto del arraignment se le ofreció al acusado una oportunidad de consultar un abogado. Lo ocurrido desde el arraignment Rasta que el acusado fue sentenciado aparece de la sentencia, que dice así:

“Hoy día 23 de abril de 1938 y en Corte abierta comparece el acusado Ramón Hernández Laureano a oír la acusación en el pre-sente caso. Luego de leídale por el Fiscal dicha acta de acusación y preguntádole por la Corte qué alegación hacía manifestó que se confesaba culpable del delito que se le imputa solicitando que se dictara sentencia contra en este mismo acto (sie). Por tanto, vista la confesión del acusado en Sala de Justicia, la Corte falla declarando a dicho acusado culpable de un delito de Violación y a petición del propio convicto, pronuncia su sentencia, condenándolo a sufrir la pena de veinte años de presidio con trabajos forzados, abonándosele, de acuerdo con la ley, la prisión preventiva que haya sufrido dicho convicto, sin costas por ser insolvente.”

Es evidente, pues, que el peticionario no tuvo en ningún momento del proceso la asistencia de abogado; y que la corte sentenciadora, no obstante la gravedad del delito imputado al acusado, la juventud de éste reflejada claramente en su apa-riencia infantil y la festinación con que se conducía el pro-ceso que había de arrancar al joven acusado de su hogar para sumirlo en un presidio por un término de veinte años, no se cuidó tan siquiera de instruir al reo en cuanto a su derecho constitucional a ser representado por abogado, ni de inves-tigar la edad y antecedentes personales del acusado, ni las circunstancias bajo las cuales se cometiera el alegado delito, elementos todos imprescindiblemente necesarios para poder graduar la pena, actuar con plena conciencia de los hechos, y sentir después de impuesta la pena la satisfacción intima-de haber hecho justicia.

El derecho de todo acusado a estar representado por abo-gado es uno de los más preciados derechos constitucionales. Está consagrado y reconocido no solamente por las Enmien-das Quinta y Sexta de la Constitución Federal, si que tam-bién por la Ley Orgánica de Puerto Eico (art. 2, párr. 2°.), por el artículo 141 del Código de Enjuiciamiento Criminal, ed. 1935, y por la ley de 9 de marzo, supra.

Tanto el peticionario como el fiscal lian basado, respecti-vamente, la solicitud y el consentimiento para la expedición del auto, en la más reciente decisión del Tribunal Supremo Federal, dictada en 23 de mayo, 3938, en el caso de JoTv¡% A. Johnson, Petitioner, v. Fred C. Zerbst, Warden, (304 U. S. 458). Hemos estudiado detenidamente dicba decisión y la consideramos de tanta importancia que creemos es nuestro deber bacer un resumen de sus liecbos y de sus pronuncia-mientos, que pueda servir de guía a los encargados de admi-nistrar justicia rápida, imparcial y desapasionada.

Johnson, el peticionario en dicho caso, fué arrestado por el delito de poseer y usar moneda falsa y no habiendo podido prestar fianza fué recluido el día 21 de noviembre de 1934. El 23 de enero de 1935 el gran jurado formuló una acusación; el día 23 del mismo mes el acusado fué llevado ante la corte •e inmediatamente se le leyó la acusación, se le sometió a jui-cio y fué convicto y sentenciado a cuatro años y medio de presidio. Durante los procedimientos que precedieron a la .presentación de la acusación el acusado estuvo representado por un abogado, mas no así durante los procedimientos sub-siguientes. En el acto del arraignment hizo alegación de no ser culpable, manifestó que no tenía abogado, y contestando a preguntas de la corte dijo que estaba listo para juicio. Entonces fué juzgado, convicto y sentenciado, sin haber sido asistido por abogado. Declarada sin lugar su petición de apelación, por haber sido presentada después de haber expi-rado el término legal, presentó el peticionario solicitud de hábeas corpus ante la Corte de Distrito Federal, la que se negó a expedir el auto por entender que aun cuando el acu-sado había sido privado de su derecho constitucional a estar representado por abogado, ésa no era razón suficiente para justificar la anulación del juicio mediante el recurso de hábeas corpus, sino que más bien eran errores o irregularidades cometidos durante el juicio, que solamente podían ser corre-gidos mediante apelación. Apelado el caso para ante la Corte de Circuito de Apelaciones, ésta confirmó la sentencia. El Tribunal Supremo, ‘ ‘ considerando la importancia de las cues-tiones envueltas,” expidió auto de certiorari, entró de lleno a considerar el caso en sus méritos y revocó la sentencia, devolviendo el caso a la Corte sentenciadora' para que ésta procediese de acuerdo con la opinión del Tribunal Supremo.

Refiriéndose a la Enmienda Sexta, que garantiza a todo acusado el derecho a estar representado por abogado en su defensa, dice la opinión del Supremo:

“. . . Esta es una de las salvaguardias de la Enmienda Sexta que se considera necesaria para asegurar los derechos fundamentales hu-manos de vida y libertad ... La Enmienda Sexta está en pie como una admonición constante de que si las salvaguardias que ella provee se perdiesen, no podría seguirse haciendo justicia. Ella encarna un reconocimiento realístico de la obvia verdad de que el acusado por regla general no posee la habilidad profesional legal para protegerse a sí mismo cuando es llevado ante un tribunal que tiene facultad para privarle de la vida o de su libertad, ante el cual la acusación es presentada por abogados competentes y expertos. Aquello que para el abogado es sencillo, ordenado y necesario, para, el profano puede aparecer como intrincado, complejo y misterioso.”

En cuanto a la importancia que tiene para un acusado el consejo y la asistencia de un abogado, dice el Supremo:

“El ‘....derecho a ser oído sería, en muchos casos, de muy poca utilidad si no incluyese el derecho a ser oído por medio de abogado. Aun el profano inteligente y educado tiene poco y a veces ningún conocimiento de la ciencia del derecho. Si se le acusa de un delito, es generalmente incapaz para determinar por sí mismo si la acusa-ción es suficiente o defectuosa. Él no está familiarizado con las re-glas de evidencia. Si se le deja sin la ayuda de un abogado puede ser llevado a juicio sin una acusación suficiente, y convicto mediante evidencia incompetente o irrelevante o por cualquiera otra razón inadmisible. Él carece de habilidad y de conocimientos para la de-bida preparación de su defensa, aun cuando tuviere una defensa perfecta. Necesita la mano del abogado para guiarle en cada uno de los pasos en los procedimientos que se siguen en su contra.’ (Powell v. Alabama, 287 U. S. 45.) La Enmienda Sexta ha retirado a las Cortes Federales, en todos los procedimientos criminales, la facultad y la autoridad para privar a un acusado de su vida o de su libertad, a menos que él tenga o renuncie a la asistencia de abogado.” (Cf., Barron v. The Mayor, etc., 7 Pet. 243, 247; y Edwards v. Elliot, 21 Wall. 532, 557.)

Al discutir la forma y manera en que nn acusado pnede renunciar su derecho a estar representado por abogado, el tribunal se expresó así:

“. . . Una renuncia (waiver) es ordinariamente una dejación o abandono intencional de un conocido derecho o privilegio. La de-terminación sobre si ha habido una renuncia inteligente del derecho a tener abogado debe depender, en cada caso, de los hechos y circuns-tancias particulares que en el mismo concurren, incluyendo la histo-ria personal, la experiencia y la conducta del acusado.”

Y fijando en frases que sería difícil superar los deberes del juez sentenciador para con el reo que se presenta ante él sin abogado, siguió diciendo el más alto tribunal nacional:

“El derecho constitucional de un acusado a ser representado por abogado invoca, por sí solo, la protección de una corte, ante la cual el acusado, cuya vida o libertad peligran, se presenta sin abogado. Este deber protector impone al juez que preside el juicio la seria y pesada responsabilidad de determinar si el acusado ha hecho una renuncia inteligente y competente. Aun cuando un acusado puede renunciar su derecho a tener abogado, el hecho de si ha habido una renuncia formal debe ser determinado claramente por la corte sen-tenciadora, y lo correcto sería que esa determinación se hiciera cons-tar en el récord.”

Contestando la objeción de que el hábeas corpus no puede ser usado como un recurso para la revisión de errores e irre-gularidades cometidos durante el juicio, expresóse así la Corte Suprema:

”. . . Es cierto que el hábeas corpus no puede ser usado como un medio para la revisión de errores de derecho e irregularidades — • que no envuelvan la cuestión de jurisdicción- — cometidos durante la tramitación del juicio; y que tampoco puede ser usado como apela-ción. Estos principios, sin embargo, deben ser interpretados y apli-cados con el propósito de conservar — y no destruir — las garantías constitucionales de la vida y de la libertad humanas. El campo de investigación en procedimientos de hábeas corpus ha sido ensan-chado — no reducido — desde la adopción de la Enmienda Sexta. En tal procedimiento, sería claramente erróneo limitar la investigación a los procedimientos y sentencia de la corte sentenciadora, y la corte ante la cual se ba becbo la petición tiene facultad para inquirir acerca de la jurisdicción de la corte inferior, ya sea sobre la materia de la acusación o sobre la persona, aun cuando esa investigación en-vuelva un examen de becbos fuera de pero no inconsistentes con el récord.” (Citas.)
(i * *
"Toda vez que la Enmienda Sexta concede a un acusado de delito el derecho constitucional a ser asistido por abogado, el cumplimiento de este mandato constitucional es un requisito jurisdiccional previo y esencial para que una Corte Federal tenga facultad para privar a un acusado de su vida o de su libertad. Cuando ese derecho ba sido debidamente renunciado, la asistencia de abogado deja de ser un elemento necesario de la jurisdicción de la corte, para proceder hasta la convicción y sentencia. Sin embargo, si el acusado no está representado por abogado y no ba competente e inteligentemente re-nunciado su derecho constitucional, la Enmienda Sexta se opone como una barrera constitucional en contra de la validez de una convicción y sentencia que le prive de su vida o de su libertad. La jurisdic-ción de la corte al comenzar el juicio puede perderse ‘en el curso de los procedimientos’ por haber dejado de completar la corte — según lo requiere la Enmienda Sexta — proveyendo abogado para el acusado que está imposibilitado para obtenerlo, que no ba renunciado inteli-gentemente esta garantía constitucional y cuya vida o libertad están envueltas. Si este requisito de la Enmienda Sexta no es cumplido, la corte deja de tener jurisdicción para seguir el proceso. La sen-tencia de convicción dictada por una corte sin jurisdicción es nula, y el que hubiere sido encarcelado en virtud de ella puede obtener - su libertad mediante habeas corpus.”

La violación del derecho constitucional del peticionario en el presente caso es tan clara y tan patente como en el de Johnson v. Zerbst, supra. El presente caso reviste aun mayor gravedad por la inusitada e injustificada festinación habida en la tramitación del proceso. El juez sentenciador no tuvo en cuenta que es a él y a nadie más que a él a «quien la ley impone “la seria y pesada responsabilidad” de pro-teger al acusado huérfano de representación legal y de ceiv ciorarse de si él tiene plena conciencia de sus derechos cons-titucionales. No pudo haber en el caso de autos una deter-minación judicial en cuanto a si el acusado hizo una renun-cia inteligente y competente de su derecho a estar represen-tado, porque la corte sentenciadora no se cuidó de informarle de su derecho.

Aplicando al caso ante nos la doctrina sentada por el Tribunal Supremo Federal y teniendo en cuenta las disposicio-nes de la ley de 9 de marzo de 1905, supra, opinamos que la corte inferior cometió un grave y perjudicial error al no infor-mar al acusado de su derecho a estar representado y acon-sejado por abogado y asimismo erró al no designarle un abogado defensor, por tratarse de un delito que puede apa-rejar pena equivalente a reclusión perpetua. La comisión de tales errores privó §, la corte inferior de jurisdicción para dictar la sentencia recurrida, la cual debe ser revocada y anulada.

Debe declararse con lugar el auto de habeas corpus y decretarse la libertad del peticionario.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Central Boca Chica, Inc., demandante y apelada, v. Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante. Central Boca Chica, Inc., demandante y apelante, v. Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núms. 7786 y 7917.

    Sometidos: Enero 13, 1939.

      Resueltos: Marzo 8, 1939.

      Y. Zayas Pizarro, abogado de la demandante, apelada y apelante; Hon. Procurador General B. Fernández García y V. Palés Matos, Subprocurador, abogados del demandado, apelante y apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La Central Boca Chica, Inc., corporación doméstica dedi-cada al cultivo y compra de cañas y fabricación de azúcar, deseando asegurar sus obreros a los efectos de la Ley número 85 de 14 de mayo de 1928 (Leyes de ese año, pág. 631), el 25 de octubre de 1932 solicitó de la Comisión Industrial qne le expidiese la póliza correspondiente. Convino con el tasa-dor asegurador del Negociado de Compensaciones a Obreros, Sr. José Gr. Salgado, qne los efectos de la póliza se retrotrae-rían al 14 del citado mes y que la cuota o prima se pagaría en pagos mensuales a partir del 31 de octubre de 1932. Expi-dió Salgado la póliza solicitada, que llevó el número 8294, y la entregó a la asegurada. En la fecha estipulada, remitió la demandante a la Comisión Industrial- el primer pago del premio, montante a $990. Lo rechazó el Tesorero de Puerto Rico, alegando que la asegurada debía pagar la cuota por semestres adelantados. No pagó la demandante en la forma indicada por el Tesorero, aunque alega que siempre estuvo dispuesta a satisfacer el premio mediante pagos mensuales. Así continuaron las cosas hasta que el 31 de abril de 1933 el Tesorero demandado requirió de la demandante el pago total del premio, con intereses y recargos. Sostenía el Tesorero que no habiendo pagado sus cuotas por semestres adelanta-dos, el status de la demandante era el de patrono no asegu-rado, y en su consecuencia no sólo exigía el total diel pago de la póliza, ascendente a $6,016.80, recargos y apremios incluidos, si que también, como patrono no asegurado, debe-ría pagar todas las indemnizaciones concedidas a sus obreros en el período comprendido entre el 14 de octubre de 1932 y el 13 de abril de 1933. Se embargaron bienes de la deman-dante para asegurar dichos pagos y el 29 de enero de 1934 pagó bajo protesta la cantidad de $6,016.80, por concepto de cuota, apremios y recargos. Posteriormente pagó también bajo protesta la liquidación de los accidentes, que ascendió a la suma de $10,086.50.

Sosteniendo la demandante que el pago de $6,016.80 veri; ficado el 29 de enero de 1934 la había convertido en patrono asegurado y que por consiguiente era ilegal el cobro de los $10,086.50 antes aludidos, o que de no' considerársele como patrono asegurado debería, devolvérsele la cantidad dé $6,016.80 cobrádale por concepto de cuota o prima, instó este pleito en la Corte de Distrito de Ponce el 2 de octubre de 1934, siendo enmendada la demanda el 11 de septiembre de 1935, con la súplica anteriormente indicada.

Después de radicada la titulada “Segunda Demanda En-mendada Complementaria”, el Tesorero de Puerto Rico prer sentó a la demandante, por conducto del Colector de Rentas Internas de Ponce, una liquidación adicional por la suma de $708.79, procedente de la liquidación de reclamaciones por accidentes del trabajo de varios obreros de la demandante durante el período comprendido entre el 14 de octubre de 1932 y el 13 de abril de 1933, suma que incluye $701.79 por concepto de gastos de liquidación y $7.00 que representan apremio y gastos de embargo. La anterior liquidación de $708.79 fue pagada bajo protesta el 11 de septiembre de 1935 y motivó la radicación de la titulada “Demanda Complemen-taria Enmendada” (T. de A., pág. 12).

A virtud de este último pago, la cantidad reclamada por la demandante por concepto de indemnizaciones mientras ale-gaba ser un patrono asegurado, asciende a $10,795.29.

Presentó el demandado excepciones previas que fueron desestimadas, y finalmente la contestación a la “Demanda Complementaria Enmendada” y a la “Segunda Demanda Enmendada Complementaria.” Admite el demandado los pagos que alega baber hecho la demandante, y que el deman-dado rechazó todos los ofrecimientos de la demandante para pagar la cuota correspondiente a la póliza número 8294 me-diante pagos mensuales; que el 13 de abril de 1933 el deman-dado también *se negó a aceptar de la demandante el pago íntegro de dicha cuota con intereses y recargos; que se tra-baron los embargos mencionados por la demandante, y final-mente, en la contestación a la “Segunda. Demanda Enmen-dada Complementaria”, expone el demandado su posición en los siguientes términos:

. que en 25 de octubre de 1932 la demandante solicitó y ob-tuvo del Tasador Asegurador de la Comisión Industrial, Sr. José G. Salgado, la póliza serie Núm. 8294 para cubrir el riesgo de sus obre-ros durante el año fiscal de 1932-33, conviniendo con dicho empleado que la cuota se pagaría en plazos mensuales, comenzando el 31 de octubre de 1932; que el Tasador Asegurador, José G. Salgado, no tenía autorización para aceptar arreglos ni entrar en convenios de esta naturaleza con la demandante y que por tal motivo el deman-dado se negó a' aceptar dicha póliza y la devolvió a la demandante con fecha octubre 27 de 1932; que por carta de noviembre 5 de 1932, el Jefe del Negociado de Compensaciones a Obreros, por orden del Te-sorero de Puerto Rico, devolvió a la demandante el cheque Núm. 7576, expedido por ésta a favor del Tesorero de Puerto Rico por la suma de $990.00, importe del piúmer plazo de la cuota correspondiente a la indicada póliza Núm. 8294; que el convenio para pagar el im-porte de dicha cuota en plazos mensuales se llevó a efecto con el re-ferido Tasador Asegurador y nunca con la Comisión Industrial o con el Tesorero de Puerto Rico y que durante todo el mencionado período el stakes de la demandante era el de patrono no asegurado, el cual status continuó hasta el 13 de abril de 1933, en que habiendo pasado la Central Boca Chica a poder de la Sucesión Serrallés, solicitó, bajo su nueva administración, asegurarse en el Pondo del Estado hasta junio 30 del mencionado año, lo que llevó a efecto pagando la prima que le fué impuesta.” (T. de A. pág. 29-30.)

Fué el caso a juicio, y el 26 de abril del año pasado la Corte de Distrito de Ponce dictó la siguiente sentencia:

“La Corte, por los fundamentos consignados en su opinión emi-tida en el día de hoy y unida al récord, por la presente dicta senten-cia declarando, como declara, con lugar, en parte, la demanda, y en su consecuencia, condenando, como condena, al demandado Hon. Rafael Sancho Bonet, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, a reintegrar a la actual demandante Wirshing & Co., S. en C., como subrogada en todos los derechos y acciones de la primitiva deman-dante Central Boca Chica, Inc., la suma de seis mil diez y seis dó-lares con setenta y nueve centavos ($6,016.79), que fué pagada bajo protesta por la Central Boca Chica, Inc., en enero 29 de 1934, según el recibo núm. 334, firmado por el Colector de Rentas Internas de Ponce, más intereses de dicha suma a razón del seis por ciento anual, desde la radicación de la demanda primitiva en esta Corte, o sea desde el día 2 de octubre de 1934, todo ello sin especial condenación de costas.” (T. de A., pág. 46.)

Contra la anterior sentencia una y otra parte interpu-sieron recurso de apelación.

La demandante imputó a la corte sentenciadora los siguientes errores:

“Primero: La Corte de Distrito de Ponce cometió error de hecho y de derecho al declarar que la Central Bocachica, Incorporada, no era un patrono asegurado por el período transcurrido- desde octubre 14 de 1932 a abril 13 de 1933, y que por tanto, la Central Bocachica, Inc. venía obligada a pagar el importe de las indemnizaciones y gastos de liquidación de los mismos, por accidentes ocurridos a obreros de dicha demandante, durante el indicado período de 14 de octubre de 1932 a 13 de abril de 1933.
“Segundo: La Corte de Distrito de Ponee cometió error al no declarar que la póliza núm. 8294 expedida a favor de la Central Bocachica, Inc., por el Sr. José G-. Salgado, en representación del Fondo de Seguro del Estado, fué debidamente expedida y tuvo la virtualidad de convertir inmediatamente después de su expedición a dicha Central Bocachica, Inc., en un patrono asegurado con el Fondo del Estado, por el referido período de 14 de octubre de 1932 a 13 de abril de 1933.
“Tercero: La Corte de Distrito de Ponee cometió error al no de-clarar que aun en el caso^de que la póliza número 8294 expedida a favor de la Central Bocachica, Inc., no hubiera sido expedida en forma y por el funcionario debidamente autorizado para ello, sin embargo, al insistir el demandado Tesorero de Puerto Rico en el cobro de la cuota por concepto de prima de seguro con el Fondo del Estado, y el pago de la misma por parte de la demandante en 29 de enero de 1934 y en una fecha cuando ya había transcurrido el término del riesgo, pero con anterioridad al requerimiento de pago de las indemnizaciones y gastos de liquidación de los accidentes ocu-rridos durante dicho período, constituye una ratificación y confirma-ción incondicional de tal póliza, la cual retrotrajo en forma igual-mente incondicional sus efectos a la fecha en que la misma fué expe-dida, y que por tanto, y en último análisis, la demandante no venía obligada en forma alguna a pagar las compensaciones y gastos de li-quidación de las mismas que le fueron cobrados y pagó bajo protesta al Tesorero de Puerto Rico, bajo la supuesta teoría de que dicha Central Bocachica, Inc., era un patrono no asegurado.
“Cuarto: La Corte de Distrito de Ponee cometió grave error al dictar una sentencia contraria a la ley y a los hechos de este caso. ’ ’

El demandado señaló nn solo error, a saber:

“1. Erró la Corte de Distrito de Ponee al resolver que: ‘un pa-trono no asegurado no tiene que pagar al Tesorero de Puerto Rico, además de pagar a los obreros las indemnizaciones por accidentes ocurridos a éstos durante el período en que dicho patrono no estaba asegurado, la cuota o prima de una póliza de seguros que cubra el mismo período de tiempo en que el patrono fio estaba asegurado y en el cual ocurrieron los accidentes cuyo importe pagó.’ ”

Siendo tan íntima la relación entre los errores señalados por las dos partes, nos proponemos considerar ambos recur-sos conjuntamente, empezando por el establecido por la demandante.

¿Cometió error la corte sentenciadora al declarar que la demandante no era un patrono asegurado durante el período comprendido entre el 14 de octubre de 1932 y el 13 de abril de 1933?

Gran parte de su alegato lo dedica la demandante a tra-tar de demostrar que era ella un patrono asegurado durante el mencionado período.

La ley aplicable a este caso es la número 85, de 14 de mayo de 1928 (Leyes de ese año, pág. 631), cuya sección 40 en lo pertinente dice así:

“El seguro de cada patrono por el Estado, comsn&wra a regir inmediatamente después de que haya sido archivada en las oficinas de la Comisión sa nómina o estado por duplicado, acompañada del importe de la cuota que corresponda al tanto por ciento de los jor-nales declarados en dicho estado de acuerdo con los tipos fijados por el Tesorero; ...” (Pág.681.)

El concurso de dos requisitos exigía la Ley número 85 para que comenzara a regir el seguro por el Estado: (a) Que se archivase en las oficinas de la Comisión la nómina o estado por duplicado, expresando el número de obreros empleados por el patrono, clase de ocupaciones de dichos obreros, y cantidad de jornales pagados a los mismos durante el año económico anterior; y (ó) acompañar dicho estado por dupli-cado del importe de la cuota.

Consecuente con el principio antes enunciado, el legisla-dor lo reprodujo aun con más claridad en la sección 27 de la Ley núm. 45 de 1935 (Leyes de ese año, pág. 251, 311), que en lo pertinente dice así:

“El seguro de cada patrono por el Estado comenzará a regir in-mediatamente después de que haya sido archivada en las oficinas del Administrador del Fondo del Estado su nómina o estado por dupli-cado, acompañado del importe de la cuota que corresponda al tanto por ciento de los jornales declamados en dicho estado, de cuerdo con los tipos fijados por el Administrador; Disponiéndose, que cualquier accidente que ocurra antes de verificarse el pago, será considerado como un caso de patrono no asegurado a menos que el patrono veri-fique el pago dentro del término fijado par el Administrador del Fondo del Estado, en los cuales casos el seguro empezará a regir desde la fecha en que el patrono artohivó la nómina o estado en la oficina del Administrador.
--■“Al recibir el pago del patrono, el Administrador del Fondo del Estado remitirá a dicho patrono el recibo de tal pago, el cual será prima facie prueba de dicho pago de las primas y del cumplimiento de dicho patrono con las disposiciones de esta Ley. Mientras no se haya hecho este pago por el patrono, dicho patrono no tendrá derecho a las inmunidades provistas por esta Ley con respecto a las lesiones, enfermedades o muertes que pudieran ocurrir a los obreros o emplea-dos de tal patrono durante el período que cubre el pago de dichas primas, y los obreros o empleados de dicho patrono no tendrán de-recho a los beneficios que se concedan por esta Ley al sufrir tales le-siones, enfermedades o muerte; pero tendrán derecho a entablar 'contra el patrono aquellas reclamaciones de acuerdo con el procedimiento fijado en casos de patronos no asegurados(Bastardillas nuestras.)

Y en la sección 25 de la citada ley de 1935, vuelve el legis-lador a expresar:

“Si un patrono dejare de pagar el total de las cuotas que le fueran impuestas legalmente dentro del término que le señalare el Adminis-trador, éste podrá concederle una prórroga de treinta (30) días- para que el patrono efectúe el pago, y dicho pago será un requisito indispensable para q%ve el Administrador pueda darle efectividad a Cual-quier póliza de seguro.” (Bastardillas nuestras.)

Tratando de demostrar que el pago de la cuota al remi-tir el “estado por duplicado” no es indispensable para la vigencia de la póliza, arguye la demandante:

“Y si la intención de la Legislatura hubiera sido el privar del seguro con el Fondo del Estado a aquéllos que no hubieran pagado anticipadamente la cuota, ¿por qué no haberlo consignado claramente como lo hizo en la Ley derogatoria número 40 de 1935? La inten-ción legislativa se colige precisamente por ese hecho, y el adicional de que para el cobro de la cuota se provee el remedio adecuado, pago, que dicho sea de paso, cumplidamente efectuó la aquí apelante al Tesorero de Puerto Rico, según aparece de los recibos transcritos a las páginas 26 y 27 de la Transcripción de Evidencia en este caso, tan pronto el referido funcionario trabó emb'argo sobre los bienes de dicha ape-lante de acuerdo con la ley.” (Alegato, pág. 31.)

Es éste un argumento que no resiste el más ligero análisis-Las reglas de hermenéutica legal no son arbitrarias o capri-chosas. Todas descansan en sanos principios de lógica-¿Qué base tenemos para inferir que porque una ley posterior sea más explícita en la exposición de un precepto que otra anterior por ella derogada, el propósito legislativo no sea el mismo en una y otra ley? Precisamente la posibilidad, de ser mal interpretado o el propósito de disipar las dudas que pudieran surgir en el lenguaje anteriormente usado y no el que su criterio fuese distinto del anteriormente expresado pudo inducirlo a ser más explícito en la nueva ley. A este respecto se dice en el artículo “Estatutos e Interpretación Estatutaria,” de Charles C. Moore, que aparece en 1 Fed-Stat. Ann. 8, 42:

‘ ‘ El hecho de que la Asamblea Legislativa pudiera haberse expre-sado de manera más apropiada o más directa, no autoriza a los tribunales para menospreciar el sentido natural del lenguaje usado por el legislador.”

La sección 40 de la Ley número 85 de 1928 anteriormente-transcrita, expresa con perfecta claridad la necesidad de que se acompañe el importe de la cuota al “estado por dupli-cado” para que empiece a regir el seguro por el Estado.

La demandante no cumplió con ese requisito. Suministró al tasador asegurador el estado que exige la ley y al expedirse la póliza no envió el importe de la cuota correspondiente, sino que se atuvo al convenio celebrado con dichofuncionario. ¿Tenía facultades el tasador asegurador para variar la forma de pago de la póliza? La ley no se las daba, y si la ley expresamente prescribía que el “importe de la cuota” debería acompañarse al “Estado por duplicado”' —para que el seguro comenzara a.regir, ni el tasador asegurador ni el Tesorero mismo podían pasar por encima del. precepto expreso de la ley y aceptar pagos parciales. Los funcionarios públicos sólo obligan al Estado cuando actúan dentro del radio de las facultades que les confiere la ley. Jeems Bayou Fishing, etc. Club v. U. S., 260 U. S. 561, 67 L. ed. 402; Citizens’ Bank v. Seminole County Board of Education, 170 Ga. 654, 153 S.E. 768; Kuhn v. Commonwealth, 291 Pa. 497, 140 A. 527.

En el caso de Kuhn v. Commonwealth, 140 A. 527, 529, la Corte Suprema de Pennsylvania, resolviendo que los actos-de los empleados o funcionarios no obligan al Estado a menos-que estén debidamente autorizados por la ley para realizar-los, dijo lo siguiente:

“Además, la Junta de Comisionados de Caza y Pesca en ningún momento confirió autoridad alguna al Superintendente de Imprenta y Encuadernación para decidir cómo deberían prepararse, o que fueran impresas, las tarjetas de licencia de cazadores, y de esta falta de autoridad el demandante Tenía obligado a tomar conocimiento. Union Paving Co. v. Phila., 263 Pa. 577, 107 A. 370; Moore v. Luzerne County, 262 Pa. 216, 105 A. 94; Hague v. City of Philadelphia, 48 Pa. 527, 22 R.C.L. 459; Sutton v. U. S., 256 U. S. 575, 41 S. Ct. 563, 65 L. ed. 1099, 14 A.L.R. 403; Whiteside v. U. S., 93 U. S. 247, 12 S. Ct. 10, 23 L. ed. 882. Un municipio sólo está obligado por los actos autorizados de sus agentes. Shields v. Hitchman, 251 Pa. 455, 96 A. 1039; Consolidated Beef Co. v. Phila., 245 Pa. 268; 91 A. 367; Bartholomew v. Lehigh County, 148 Pa. 82, 23 A. 1122; York Gazette Co. v. York County, 25 Pa. Supper Ct. 517.”

Refiriéndose a la defensa de estoppel interpuesta por los demandados, la Corte Suprema de Estados Unidos ba dicho :

“Con respecto a este punto, basta decir que los Estados Unidos no están obligados ni impedidos (estopped) por actos de sus funcio-narios o agentes al entrar en arreglos o celebrar convenios para hacer o conseguir que se haga lo que la ley no sanciona, o permite. Lee v. Munroe, 7 Cranch, 366; Filor v. U. S., 9 Wall. 45, 49; Hart v. U. S., 95 U. S. 316; Pine River Logging Co. v. U. S., 186 U. S. 279, 291.” (Utah Power & Light Co. v. U. S., 243 U. S. 389, 409.)

La demandante, al tratar de demostrar que el pago de la cuota no es una condición precedente a la existencia del seguro por el Estado, invoca aquella parte de la sección 38 de la referida Ley número 85 de 1928 que dice así:

“Al patrono que no pagare el total de las cuotas que le fueren legalmente impuestas, dentro del plazo fijado por el Tesorero, se le concederán treinta (30) días de gracia y si vencido este término el patrono no pagare, el Tesorero de Puerto Eico, sin excusa ni dilación alguna, trabará embargo sobre cualesquiera bienes del patrono y pro-cederá al cobro de la cuota adeudada como si del cobro de la con-tribución sobre la propiedad se tratare; Disponiéndose, que el Teso-rero de Puerto Eico podrá cobrar recargos por cada mes o fracción del mismo, en que las cuotas permanezcan sin pagarse a razón del uno (1) por ciento mensual; Y Disponiéndose, además, que el Tesorero de Puerto Eico queda facultado para utilizar los servicios de los fun-cionarios y empleados de la Comisión, para ayudar a las gestiones del cobro de las cuotas y las tramitaciones de los embargos que pro-cedieren. ’ ’

La disposición transcrita no está en conflicto con la sec-ción 40, que determina cuándo empieza a regir el seguro. La parte de la sección 38 anteriormente transcrita no Lace otra cosa que proporcionar un remedio rápido al Tesorero para hacer efectivo el cobro de las cuotas; pero no implica que el seguro está en vigor por el solo hecho de radicar el “estado por duplicado”, especialmente cuando la sección 40 exige el concurso de ambos requisitos: la presentación del “estado por duplicado” y el pago de la cuota.

Ya hemos visto que la póliza no tuvo efecto legal alguno al ser expedida, porque el funcionario que la extendió, aunque autorizado para ello, no lo estaba para convenir en una forma de pago distinta de la prescrita por la ley, habiéndose rechazado los pagos parciales ofrecidos por la demandante. Alega ésta, sin embargo, que en el supuesto de que la póliza no hubiera sido válida originalmente, quedó ratificada por el Tesorero al exigir y obtener después el pago total de la cuota.

Para que exista confirmación o ratificación es necesa-rio que expresa o implícitamente se manifieste la voluntad de convalidar el contrato por aquél que lo confirma o ratifica. Tratando de la confirmación de los contratos, prescribe el artículo 1263 del Código Civil (edición 1930):

“Art. 1263. La confirmación puede hacerse expresa o tácita-mente. Se entenderá que hay confirmación tácita cuando' con conoci-miento de la causa de nulidad y habiendo ésta cesado, el que tuviere derecho a invocarla ejecutase un acto que implique necesariamente la voluntad de renunciarla.”

Comentando el artículo 1311 del Código Civil español, igual al 1263 del nuestro, dice Manresa:

“Confirmación expresa y tácita. — ■Pluralidad de defectos. — No está sujeta a fórmulas sacramentales, ni siquiera a forma especial, la con-firmación; puede ser como lo dice la ley: expresa o tácita. La pri-mera no está definida en aquélla, sin duda por lo claro de su con-cepto, y deberá reputarse que hay tal confirmación expresa, de acuerdo con el significado de esta palabra y conforme a lo que en general dicen otros códigos, cuando se hace referencia al contrato antes celebrado, se mencione el defecto de que adolece y se declare la voluntad de convalidarlo, o, lo que a ello equivale, se consigne la re-nuncia de la acción para reclamar la nulidad que de aquél se de-rivaba.
“Pudiendo ser nulo un contrato por diferentes motivos, cabe que concurran dos o más de éstos a determinar la nulidad, verbigracia, la violencia y el error, y que sea confirmado uno solo, la primera, en cuyo caso, desconociéndose el otro vicio de nulidad, no quedará extinguida la acción que de él se deriva y que tiene realidad y ejer-cicio independiente de la renunciada.
“En la confirmación tácita no expresándose los vicios de nulidad, parece lógico suponer que la confirmación es total, siempre que fueren conocidos los vicios todos de la parte que ejecutó el acto que revela el propósito de convalidar el contrato.
! ‘ Cuáles sean esos actos, o, lo que es igual, las manifestaciones de confirmación tácita, no puede determinarse a priori, como tampoco lo determina la ley, cuya fundada amplitud se opone también a que se limite y reduzca a casos preconcebidos la rpgla, quedando, por tanto, a la apreciación judicial la del propósito de renuncia que en-vuelva el acto ejecutado. Por eso, y ocupándonos separadamente de dos formas, que pueden .ser usuales, de confirmación tácita, una de ellas mencionada expresamente por leyes extranjeras al tratar de esta materia, recogemos desde luego la doctrina formulada por la jurisprudencia en sentencia de 7 de mayo de 1897 acerca de otro de los casos más indudables de confirmación tácita, declarando que ‘no puede menos de considerarse ratificado un contrato cuando la persona que ha de ratificarlo ejercita en juicio las acciones creadas a su favor en viH;ud del mismo contrato1; doctrina que, formulada para la ratificación, es aplicable a ,1a confirmación en general, siempre que haya conocimiento por parte del interesado de los vicios de nu-lidad.” (Manresa, Comentarios al Código Civil, tomo 8, pág. 805 a 807.)

¿ Se manifestó en algún momento la voluntad del Tesorero de ratificar el contrato celebrado por el tasador asegurador? El exhibit D de la demandante' y sus propias alegaciones demuestran lo contrario. Dicho exhibit D, que es úna carta ■escrita por el Tesorero J. W. Blanco, dirigida a la deman-dante el 16 de mayo de 1933, y que aparece en la página 139 de la transcripción de evidencia, en sus dos últimos párrafos dice así:

“Según las disposiciones de la ley, tal como ésta ha sido inter-pretada $or el Hon. Procurador General de Puerto Rico, esta oficina está obligada y va a imponerle las cuotas por el período de tiempo que no estuvieron asegurados en alguna de las formas que determina la ley, y al efecto, por conducto del Colector de Rentas Internas de esa ciudad, enviará el recibo por dicha cantidad de $5,622.23, el cual esperamos manden a pagar a la mayor brevedad para evitarse la acu-mulación de recargos.
“Deseo recordarles nuevamente que el pago de esta cantidad, que constituye su responsabilidad de patrono no asegurado, no les exime, de su obligación de pagar los accidentes durante el tiempo que no estuvieron debidamente asegurados de acuerdo con la Ley.”

Yéase también la alegación cuarta de la segunda demanda enmendada complementaria. (T. de A., pág. 6.)

No pudo expresar el Tesorero de manera más inequívoca su intención de no ratificar la póliza, es decir, convalidarla con efecto retroactivo a la fecha en que la expidió el tasa-dor asegurador. Así lo comprendió la demandante, y al pagar la cuota, lo hizo bajo protesta, demostrando de este modo su inconformidad con la opinión del Tesorero al efecto de que venía obligada a pagar las indemnizaciones más la cuota.

Lo expuesto nos lleva a la • conclusión de que la póliza originalmente expedida por el tasador asegurador no tuvo efecto legal alguno y que el pago verificado por la deman-dante el 29 de enero de 1934, o sea cerca de un año después de vencido el término por el cual se solicitaba la póliza, tam-poco tuvo el efecto de convalidar o ratificar la expresada póliza, puesto que, como fiemos visto, la voluntad manifiesta del Tesorero al recibir el pago fué la de que la demandante quedaría siempre como un patrono no asegurado durante el período en que dejó de pagar la póliza, que fué'la totalidad del período comprendido entre el 14 de octubre de 1932 y el 13 de abril siguiente.

A nuestro juicio, no cometió error alguno la corte sen-tenciadora al declarar que la demandante no fue un patrono asegurado durante el período comprendido entre el 14 de octubre de 1932 y el 13 de abril de 1933, y si era un patrono no asegurado durante diefio período, las indemnizaciones que se concedieron a sus obreros por accidentes ocurridos den-tro del mismo debían ser pagadas, como lo fueron, por la demandante como patrono no asegurado. Por consiguiente, no cometió la corte sentenciadora ninguno de los tres prime-ros errores señalados por la demandante apelante.

El cuarto señalamiento de error no necesita ser discutido, puesto que de no haberse cometido los tres errores primera-mente señalados, la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Ponce no es contraria a la ley y-a los fieefios de este caso.

El único error señalado por el demandado apelante es al efecto de que la demandante no sólo debió pagar el montante de las indemnizaciones concedidas a sus obreros durante el período en cuestión, si. que también el importe de la póliza que fué cobrado por el demandado, ascendente a $6,016.80. „

Al denegar la moción de la demandante solicitando la desestimación de la apelación interpuesta por el demandado en este mismo caso (Central Bocachica v. Tesorero, 53 D.P.R. 868, 873), insinuamos que la sección 36 de la Ley número 85 de 1928 que consideramos, al autorizar al Superintendente de Seguros para .ordenar1 el embargo de bienes de cualquier patrono que dejare de asegurar a sus obreros y al disponer que el embargo quedaría en vigor “hasta que el patrono acre-dite haber cumplido su obligación de asegurarse y se liqui-den las responsabilidades contraídas por él con sus obreros durante el tiempo que no estuvo asegurado, o afiance el cum-plimiento de las mismas a satisfacción del Superintendente de Seguros”, sostenía la contención del demandado al efecto de que en este caso no sólo tenía derecho a cobrar las indem-nizaciones concedidas a los obreros, si que también el pago de la prima o cuota del seguro. Sin embargo, interpretando dicha sección 36 a la luz y en relación con las demás dispo-siciones de la misma, se comprende fácilmente que la razón por la cual declara en vigor el embargo hasta que el patrono cumpla las obligaciones antedichas, es porque de acuerdo con la ley, si un patrono deja de asegurarse dentro del término que determina la misma, al hacerlo más tarde es considerado como patrono no asegurado en relación con los accidentes ocurridos antes de asegurarse y como patrono asegurado desde la fecha del seguro. Pero en este caso el patrono, como hemos visto, no fué patrono asegurado en ningún momento durante el período comprendido entre el 14 de octubre de 1932 y el 13 de abril de 1933, pues el premio de la póliza no fué pagado hasta el 29 de enero de 1934, es decir, después de haber transcurrido con exceso el período en cuestión. No siendo la demandante un patrono asegurado durante el período antes aludido, no podía el Tesorero exigirle el pago de la prima de un seguro que nunca existió. En otras pala-bras, el demandado no puede cobrar a la demandante las indemnizaciones concedidas a sus obreros como patrono no asegurado más el montante de la cuota o prima del seguro, después de haber expirado el término dentro del cual debió asegurarse el patrono. La obligación de la demandante como patrono no asegurado es la que prescribe la ley, o sea, el pago de las indemnizaciones concedidas a sus obreros con los correspondientes recargos y gastos de apremio, más las sanciones civil y penal qne constan en las secciones 31 y 32, en caso de qne quieran imponérseles. En ninguna parte de la ley se impone al patrono no asegurado la obligación de pagar la cuota después de baber expirado el término por el cual debió estar asegurado, como sucedió en este caso.

Por lo expuesto, procede desestimar ambos recursos y confirmar la sentencia apelada.