author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Narvaez, Peticionario, v. Encargado del Registro Civil de Aibonito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de mandamus contra el Encargado del Registro Oivil de Aibonito.
    No. 184.
    Resuelto en noviembre 30, 1920.
    Emancipación — Anotaciones en el Registro Civil — Artículo 18 de la Ley del Registro Civil. — Para anotar al margen de la inscripción de nacimiento la emancipación otorgada por los padres a favor del hijo menor de edad, los encargados del Registro Civil no necesitan orden o ejecutoria de corte o autoridad alguna; bastará que se les presente por parte interesada el docu-mento en que conste la emancipación, el cual deberá contener los requisitos exigidos por el artículo 303 del Código Civil. Así, pues, la anotación de la emancipación se rige por el artículo 18 y no por el 6 de la Ley No. 61 de 1911 estableciendo el Registro Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. P. González.

    El demandado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del Tribunal.

El peticionario presentó una solicitud interesando un auto de mandamus dirigido contra el Dr. E. Canino, encargado del Registro Civil de Aibonito. Se expidió un mandamiento para que el demandado expresara las razones por las cuales no debía de expedirse el auto, pero no se ha formulado con-testación. Los hechos de la petición deben por tanto ser tenidos por ciertos.

El peticionario compró una finca rústica a un menor. La madre que tenía la patria potestad sobre el hijo compareció en la escritura prestando su consentimiento a la venta. En el mismo día la referida madre emancipó a su l'iijo que en-tonces era mayor de diez y odio años de edad, por acta notarial en presencia de dos testigos, todo de conformidad con el artículo 303 del Código Civil el cual prescribe lo siguiente:

“El menor, aún cuando no fuere casado, puede ser emancipad.) para el solo efecto de la administración de sus bienes, por su padre, o en defecto de éste, por su madre, cuando dicbo menor hubiese cumplido la edad de diez y ocho años.
“Esta emancipación tendrá lugar por la declaración del padre o de la madre, hecha ante notario público en presencia de dos tes-tigos y con el consentimiento del menor.
“Deberá anotarse en el Eegistro Civil, no produciendo efecto entre tanto contra terceros.”

El encargado del registro civil se negó a dar efecto a la emancipación porque según manifestó, la Ley del Eegistro Civil requería que este acto de emancipación debía haberse hecho por autoridad competente y manifestó además dicho funcionario que había consultado el caso y obtenido la opi-nión del fiscal que resolvió en el mismo sentido. Estos dos funcionarios basan su opinión en el artículo 6 de la Ley del Eegistro Civil, el cual prescribe lo siguiente:x

“Artículo 6. — Firmada una inscripción no podrá hacerse en ella rectificación, adición ni enmienda que altere sustancialmente el acto a que se refiere sino en virtud de una orden de una corte de dis-trito. Esta ejecutoria se inscribirá en el registro, poniéndose al margen de la inscripción rectificada y de la que se haga nueva-mente, una suscinta nota de mutua referencia.”

Convenimos con el peticionario-en que este artículo es aplicable a los casos en que se pretenda alterar la naturaleza de una inscripción o de modificarla, pero no a cuestiones ori-ginales como matrimonios, defunciones o emancipaciones. Véase la sección 18 de la Ley No. 61 de 1911.

Sustentamos una ligera, duda respecto a si el peticionario ha demostrado tener él mismo tal interés que le dé derecho a presentar la solicitud. El padre o el hijo podrían tenerlo. El peticionario ha obtenido nna escritura y él tiene el título después de la debida emancipación del vendedor hecha ante notario. La escritura, a falta de otros defectos, debe inscri-birse en el registro de la propiedad ya que la emancipación hubiera sido inscrita en el registro civil o no y por tanto sería una protección para el comprador contra terceros.

Sin embargo como su título depende de la emancipación, damos al peticionario el beneficio de la duda y ordenamos que se verifique la inscripción no obstante el hecho de que esta solicitud pudo haber sido presentada y debió haber sido hecha a la corte de distrito, puesto que asumimos jurisdic-ción y expedimos el auto.

Expedido un auto perentorio de mandamus al Encargado del Registro Civil de Áibonito ordenando la anotación de. la escritura de emancipación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Pbesidente Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    Luiña Hermanos, Sucesores, S. en C., Peticionaria y Apelante, v. Miguel, Demandante, y Zengotita, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2259.
    Resuelto en noviembre 30, 1920.
    PREFERENCIA DE CRÉDITOS-TERCERÍA DE MEJOR DERECHO-MOCIÓN PARA ANULAR Embargo y Subasta. — Un acreedor que se considera con mejor derecho que otro a cobrar su crédito a un deudor de ambos, debe ejercitar tal mejor de-recho en un procedimiento de tercería. Una moción presentada por el acree-dor “A” en el pleito entablado contra el deudor común por el acreedor “B” al objeto de anular el embargo y la subasta celebrados para pagar la sentencia dictada a favor de “B,” es tardía, y, además, ineficaz, aún en el caso de que el embargo y la subasta citados fueran nulos, para determi-nar la preferencia de un crédito sobre otro.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. V. M. Fernández.

      Abogado del apelado: Sr. L. Freyre Barbosa.

   El Juez Pbesidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribnnal.

Camilo Miguel radicó demanda con fecha primero de oc-tubre de 1919 en la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Río Piedras contra Félix Zengotita en reclamación del pago de $495 con intereses legales desde la fecba de la demanda, costas, gastos y desembolsos de la acción, y en la misma fecha solicitó aseguramiento de sentencia que previa fianza le fue concedido embargándose bienes muebles del de-mandado que quedaron en poder de éste por indicación del demandante.

Fue anotada la rebeldía del demandado y en 14 de octu-bre citado se dictó sentencia en su contra condenándole al pago de la suma reclamada, intereses y costas.

Para la ejecución de dicha sentencia se libró mandamiento al márshal en 31 del mismo octubre y en su consecuencia fue-ron sacados a pública subasta los bienes embargados habién-dose adjudicado éstos en 22 de noviembre de 1919 a Ramón H. Rodríguez Flores como representante de Camilo Miguel por la suma de $590.

En 25 de noviembre de 1919 la Sociedad Luiña Herma-nos y Cía. radicó moción en el mismo juicio con súplica de que se declarara nulo el embargo efectuado a instancia de Camilo Miguel por haber quedado los bienes embargados en poder del demandado Félix Zengotita, y nula también la su-basta de esos bienes por no haber habido embargo previo, alegando además la sociedad peticionaria que tenía radicada una demanda en la misma Corte Municipal de Río Piedras contra Félix Zengotita en cobro de pesos para cuyo asegu-ramiento se habían reembargado los mismos bienes embar-gados anteriormente a instancia de Camilo Miguel y que ha-bía sido perjudicada por la subasta en atención a tener su embargo el carácter de preferente.

Discutida la anterior moción fué declarada sin lugar por resolución que dictó la Corte Municipal de Río Piedras cu 26 de diciembre de 1919 y la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, por la suya de 4 de mayo de 1920 liizo igual pronunciamiento en grado de apelación.

La anterior resolución ha sido apelada para ante esta Corte Suprema por Luiña Hermanos y Cía., y la encontra-mos ajustada a derecho.

Aún admitiendo que el embargo practicado en bienes de Félix Zengotita a instancia de Camilo Miguel fuera nulo por haber quedado esos bienes en poder del deudor, la Sociedad Luiña Hermanos lejos de hacer reclamación alguna contra dicho embargo admitió su existencia limitándose a reembar-gar, con cuya actuación reconoció a favor de Camilo Miguel el derecho de que al venderse los bienes el producto de éstos se destinaría a cubrir preferentemente el crédito de Camilo Miguel, destinándose el resto sobrante a solventar total o parcialmente el crédito de Luiña Hermanos y Cía.

La moción no muestra que al practicarse el reembargo a petición de Luiña Hermanos y Cía. fueran depositados los bienes reembargados en persona distinta del deudor Zengo-tita y por tanto a ese reembargo no puede darse eficacia, negándola al embargo hecho a instancia de Camilo Miguel, por adolecer el reembargo del mismo defecto en virtud del cual se impugna la validez del embargo.

Tampoco alega la peticionaria en su moción que Zengo-tita carezca de otros bienes, fuera de los embargados por Camilo Miguel para el pago del crédito que reclama y por tanto no vemos como haya podido ser perjudicado por el embargo y subasta cuya nulidad solicita.

La misma parte apelante reconoce en su alegato que no tiene derecho a intervenir en la acción de Camilo Miguel contra Félix Zengotita pues la ley le cierra las puertas para discutir las alegaciones del demandante y la actitud del de-mandado en dicho pleito, por más que sostiene su derecho para impugnar la validez del embargo y subasta practicados en el mismo. Tal contención no es admisible. Si Luiña Hermanos se creía con mejor derecho a cobrar sn crédito con preferencia al de Camilo Miguel ha debido alegarlo en un procedimiento adecuado o sea en una tercería de mejor de-recho donde hubieran tenido cabida todas las alegaciones y pruebas pertinentes al caso' sin acudir a una moción tardía sobre nulidad de embargo y subasta en el juicio de Camilo Miguel contra Félix Zengotita cuya nulidad por sí sola no sería bastante para determinar la preferencia de un crédito sobre el otro.

Es de confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Peesidente Se. Heenández,

text:
    Cepeda, Demandante y Apelante, v. Peñalosa, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre entrega de bienes.
    No. 2345.
    Resuelto en diciembre 7, 1920.
    Desestimación de Apelación — Alegato Radicado Fuera de Tiempo. — Cuando la parte apelante no justifica la excusa razonable que alega haber tenido para no radicar en tiempo su alegato, procede declarar con lugar una moción de la parte apelada solicitando la desestimación del recurso, aún cuando el alegato se hubiera radicado antes de la vista de la moeión, máxime cuando el examen del alegato muestra que no asiste al apelante una buena causa de aceión.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Freyre Barbosa y Moraza.

    Abogado de la apelada: Sr. Alegría.

   El Juez Peesidente Se. Heenández,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada Eosenda Peñalosa radicó moción en esta Corte Suprema el 17 de noviembre, 1920, solicitando la desestimación del recurso de apelación interpuesto por la de-mandante Cayetana Cepeda Capote contra la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, por el fun-damento de no haberse presentado aún por la apelante el alegato escrito dentro del término de 10 días señalado por el Reglamento a pesar de haberse archivado la transcripción del record desde el día 27 de octubre anterior.

Al celebrarse la vista de la moción en 29 de noviembre ci-tado ya el alegato había sido radicado desde el 19 del pro-pio noviembre aunque con fecha de 25 de octubre.

La apelante, representada por su abogado Luis Freyre Barbosa, se opuso a la moción alegando que si bien el ale-gato fue radicado fuera del término legal, ello fué debido a una mala inteligencia de la persona a quien lo entregó el 25 de octubre para su presentación en la Secretaría de esta Corte Suprema, pues en lugar de hacerlo así lo llevó equi-vocadamente a la corte de distrito de donde lo recogió el día 19 de noviembre para radicarlo como lo’ hizo en la Se-cretaría de la Corte Suprema.

Al escrito de oposición que no está jurado por el abo-gado Freyre Barbosa que lo suscribió se acompaña un affidavit de Julio Maysonet, -expresivo de que en 25 de octubre, 1920, recibió del abogado Freyre Barbosa un alegato con cinco copias en el pleito de que se trata para su presenta-ción en la Corte Suprema y por un error entregó alegato y copias en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Pri-mera, habiendo sido devueltos dichos documentos a Mayso-net Rivera en 19 de noviembre cuando él se apercibió del error sufrido, en cuya fecha hizo la radicación en la Secre-taría de la Corte Suprema.

No nos satisface la prueba de las alegaciones de la parte apelante en apoyo de su oposición. Sus alegaciones no es-tán juradas. Llama la atención que el alegato fuera entre-gado por el abogado Freyre Barbosa a Julio Maysonet Rivera en 25 de octubre de 1920 para su entrega en la Secre-taría de la Corte Suprema cuando aún no se había radicado la transcripción del record que tuvo lugar dos días después o sea en 27 de octubre. Ni expresa el affidavit cuál fuera la persona de la Secretaría de la Corte de Distrito de San Juan que recibió el alegato y lo tuvo en su poder desde el 25 de octubre basta el 19 de noviembre. El affidavit de esa persona hubiera sido la mejor prueba y no se explica por qué se omitió presentarlo.

Es un becbo que el alegato fué presentado fuera del tér-mino de 10 días que señala el Reglamento y ese es un motivo bastante para la desestimación del recurso a falta de excusa razonable que no se ba justificado.

Tampoco ba tratado la apelante de demostradnos, para que ejercitemos nuestra discreción en favor suyo, que le asiste una buena causa de acción. Aún más, examinando su alegato no vemos que exista, pues la cuestión principal en-vuelta en el recurso o sea la de si el becbo consignado en una partida de bautismo de ser el bautisado hijo natural reconocido de determinada persona, sin que el presunto padre baya intervenido en dicha partida es bastante para es-timar justificado mediante documento público el reconoci-miento de la filiación natural, ba sido ya resuelto en sentido negativo por repetida jurisprudencia de esta Corte Suprema. Calaf v. Calaf, 17 D. P. R. 198; Rivera v. Cámara, 17 D. P. R. 528; Rodríguez v. Rodríguez et al., 18 D. P. R. 440; Figueroa v. Díaz et al., 19 D. P. R. 717; Iturrino v. Iturrino, 24 D. P. R. 467; Ex parte Otero et al., y Striker v. El Pueblo, 27 D. P. R. 340.

Por las razones expuestas procede declarar con lugar la moción de la parte apelada y desestimar el recurso de ape-lación interpuesto contra la sentencia de la Corte de Dis-trito de San Juan, Sección Primera, de 9 de agosto, 1920.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Alclrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
      Díaz, Demandante y Apelante, v. Gafarele, Demandada y Apelada.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre divorcio.
    No. 2356.
    Resuelto en diciembre 9, 1920.
    Desestimación de Apelación por Palta de Alegato. — Presentado el alegato después de vencido el término fijado para ello y de notificada al apelante y archivada en la corte una moeión pidiendo por tal motivo la desestimación del recurso, sin acompañarse affidavit alguno que explique la no presentación ' -en tiempo y sin haberse hecho esfuerzo meritorio para demostrar que asistió •al apelante una buena causa de acción, debe la apelación desestimarse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Rossy.

    Abogado de la apelada: Sr. O. M. Wood.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicitó la desestimación del recurso por no haber el apelante archivado en tiempo su alegato.

Se trata de una apelación interpuesta en cierto pleito de divorcio contra una orden de la corte de distrito dictada el 30 de septiembre último mandando depositar en la secreta-ría de dicha corte la suma de ciento cincuenta dólares que el demandante había dejado en poder de su abogado para com-prar una casita a su mujer, la demandada, y, una vez depo-sitada, que fuera destinada al sostenimiento de la deman-dada y a litis expensas. La orden se dictó a petición de la demandada que había sido declarada pobre para litigar como tal en el dicho pleito de divorcio.

La apelación se estableció el 5 de octubre quedando ar-chivada la transcripción que consta de ocho páginas el 8 de noviembre. El 19 de noviembre se solicitó la desestimación, y algún tiempo después, durante el mismo día, el alegato, que consta de tres páginas, fué archivado. El plazo regla-mentario para la presentación del alegato vencía el día anterior.

Claro es que en un caso de esta naturaleza ’ tenemos fa-cuitad de permitir que la apelación continúe, pero atendidas todas las circunstancias que aquí concurren, no habiéndose acompañado al alegato affidavit alguno que explique por qué dejó de presentarse en tiempo, ni habiéndose hecho esfuerzo alguno meritorio para demostrar que asiste al apelante una buena causa de acción, a virtud dé la cual se hubiera solici-tado que en el ejercicio de las facultades discrecionales del tribunal se permitiera la presentación del alegato, opinamos que debe desestimarse el recurso.

Desestimado el recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. "Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Alvarez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa por infracción a la Ley de Salario Mínimo.
    No. 1490.
    Resuelto en diciembre 9, 1920.
    Salaeio Mínimo — Oonstitucionalidad de la Ley de — Police Power.' — Siguiendo los principios sostenidos en la opinión emitida por la Corte Suprema de Oregon en el caso de Stettler v. O’Sara, 69 Ore. 519; 139 Pac. 743; L. R. A. 1917 C, 944 (cuyo caso fué confirmado por la Corte Suprema de los Es-tados Unidos por virtud de empate en la votación de la sentencia), se de-clara por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que la Ley del Salario Mí-nimo promulgada por la Legislatura Insular en junio 9, 1919, es constitu-cional.
    Id. — Id.—El becbo de que la Ley del Salario Mínimo aprobada por la Legis-latura Insular en junio 9, 1919, no proporciona una oportunidad al pa-trono y al empleado de ser oídos antes de fijarse el salario mínimo no la baee necesariamente anticonstitucional; y en ausencia de prueba de que un salario mínimo es irrazonable o surte el efecto de una confiscación de la propiedad del patrono, debe presumirse que la legislatura investigó las con-diciones y fijó un salario mínimo razonable.
    Id. — “Salario” — “Wages” — Trabajo. — 'La palabra “salario” usada en la . Ley de Salario Mínimo equivale a ‘ ‘ wages, ’ ’ en inglés, que significa el es-tipendio obtenido por un trabajador considérese o no su producción total por el tiempo servido o por la cantidad de trabajo rendido.
    Id. — Trabajo por Ajuste o Pesada. — Atendida la redacción de la Ley de Sa-lario Mínimo, es preciso concluir que la intención de la legislatura fué la de que la mujer trabajadora tuviera un salario lo más razonable posible para sostenerse, por lo que dicha Ley es aplicable tanto cuando las emplea-das trabajan por ajuste o pesadas, como cuando trabajan- a razón de un tanto por tiempo determinado.
    Ib. — Tabaco—Elaboración de Tabaco en Rama — Ocupación Industrial. — La elaboración del tabaco en rama y demás manipulaciones que varían su estado natural son necesariamente una industria o comercio y no una ocupación agrícola.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: iSV. O. B. Fraser.

    Abog’ado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. "Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Fernando Alvarez, que emplea mujeres en la preparación del tabaco, fné declarado culpable y condenado a pagar una multa de $20, sustancialmente por haber pagado a Regina Quiñones la suma de $4 por determinada semana cuando debió haberle satisfecho $6, por infracción a la Ley del Sa-lario Mínimo, aprobada en 9 de junio de 1919, la cual es como sigue:

“ley
“Estableciendo el mínimum de jornal para las mujeres trabaja-dores, y para otros fines.
“Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Pico:
“Sección 1.- — Será ilegal por parte de cualquier patñono que empleare mujeres, niñas inclusive, en ocupaciones industriales, co-merciales y de servicio público pagarles un salario menor del especi-ficado en esta Sección, a saber: menores de 18 años-a razón de cuatro (4) dólares semanales y mayores de esa edad a razón de seis (6) dólares semanales. Exceptúase de lo dispuesto en esta Sección las tres primeras semanas de aprendizaje. Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a la agricultura ni a las industrias agrícolas.
“Sección 2. — Cualquier patrono que pague a cualquier mujer, niñas inclusive, un salario menor del especificado en la Sección 1, será culpable de misdemeanor, y si resultare convicto, será penado con multa no mayor de cincuenta (50) dólares ni menor de cinco (5) dólares.
“Sección 3. — El Negociado del Trabajo velará por el cumpli-miento de esta Ley.
“Sección 4. — Toda ley o parte de ella que se oponga a la pre-sente, queda por ésta derogada.
“Sección 5. — Esta Ley empezará a regir a los noventa días des-pués de su aprobación.
“Aprobada él 9 de junio de 1919.”

Uno de los motivos de error es que dicha ley es anticons-titucional. Aunque este punto no fué disentido en todos sus pormenores en el presente caso, se nos ha llamado la aten-ción hacia el mismo de un modo mucho más formal en otros casos, por lo que creemos conveniente tratar de la cuestión en esta opinión.

Consideramos innecesario examinar toda la historia de la legislación relativa al salario mínimo. Será suficiente con decir que Oregon decretó una ley fijando el salario mínimum para mujeres y niños que fué considerada por la Corte Su-prema de aquel Estado en el caso de Stettler v. O’Hara, 69 Ore. 519; 139 Pac. 743; L. R. A. 1917-C, 944. Este caso de Oregon fué apelado a la Corte Suprema de los Estados Unidos y confirmado allí como consecuencia necesaria de un voto de empate.

Se alega que tal voto de empate apenas constituiría ju-risprudencia decisiva, pero tal decisión es persuasiva si no obligatoria para los jueces de una corte inferior. Podemos, sin embaí go, como si el principio estuviera por primera vez ante nos, ir un poco más lejos, pues estamos enteramente de acuerdo con la opinión como fué emitida por la Corle' Suprema de Oregon en el caso de Stettler v. O’Hara, supra.

El Juez Asociado Sr. Ealrin en ese caso indicó que la en-trada de la mujer en el campo de muchos empleos que ante-riormente estaban desempeñados por hombres en los cuales-ella trató de competir con el hombre era una innovación re-ciente y creó una condición que los legisladores habían con-siderado conveniente, en el ejercicio de sus deberes, investi-gar y en cierto modo regular: que fué admitido por todos los investigadores sobre la materia, que eran muchos, que la estructura física de la mujer y su posición en la economía de la raza la incapacitaban para poder competir con los hombres en fortaleza o resistencia; qne en esto insistió debida-mente el Jnez Sr. Brewer en el caso de Muller v. Oregon, 208 U. S. 412, qne fné nna apelación procedente de Oregon en la qne se disentía la constitnciónalidad de la ley qne fi-jaba el máximum de horas de trabajo para las mujeres, donde dijo:

"Es patente el hecho de qne la estructura física de la mujer y ■el cumplimiento de sus funciones maternales la colocan en posición desventajosa en la lucha por la subsistencia. Esto es especialmente cierto cuando descansan sobre ella las obligaciones de madre. Aún cuando no las tenga, según el testimonio copioso de la Asociación Médica el continuar por largo tiempo de pie en su trabajo, repi-tiendo esto de día en día, es cosa que tiende a producir efectos per-judiciales en su organismo y como se necesitan esencialmente, madres saludables para que la prole sea vigorosa, el bienestar físico de la mujer viene a ser una cuestión de interés público y de cuidado a fin de preservar la fortaleza y el vigor de la raza. La historia ade-más revela el hecho de que la mujer ha dependido siempre del hombre. El estableció su control al principio mediante su supe-rioridad en constitución física y este poder en varias formas cuya intensidad decrece ha seguido hasta el presente. Al igual que los menores, aunque no en la misma extensión, ha sido ella considerada en las cortes como que necesita especial cuidado para que sus dere-chos puedan ser conservados. '* * • '* Diferenciada en estos par-ticulares del otro sexo, queda ella debidamente colocada en una clase por sí y la legislación, cuyo fin fué su protección debe ser sostenida, aún cuando no sea necesaria igual legislación para los hombres y no pudiera ser mantenida. Es imposible cerrar los ojos ante el hecho de que aún mira ella hacia su compañero y que depende de él; * '* que su estructura física y el debido cumplimiento de sus funciones maternales — teniendo en cuenta no simplemente su salud propia, sino el bienestar de la raza — justifican la legislación para protegerla de la codicia así como de la pasión del hombre. Las limitaciones que este estatuto fija a sus facultades contractuales, a su derecho a entrar en arreglo con su patrono en cuanto al tiempo que habrá de trabajar, no se imponen exclusivamente para, su bene-ficio, sino también y en gran parte para beneficio de todos. El ■empleo de muchas palabras no hace que esto sea más claro. * * * Esta diferencia justifica una diferencia de legislación y sostiene aquello que tiene por fin compensar algunas de las obligaciones que - pesan sobre ella.”

El Juez Asociado Sr. Ealrin. también Mzo la siguiente cita de la Comisión sobre Juntas de .Salarios Mínimos de Massachusetts en su informe de enero de 1912, a saber:

“Las mujeres en general trabajan debido a la imperiosa nece-sidad y en la mayoría de los casos las entradas generales de la familia no son sino adecuadas para afrontar el costo de la vida. En estos casos no queda a opción de la mujer el renunciar un empleo porque sea poco remunerado. Cada dólar que se acumula al ingreso de la familia se necesita para aliviar un poco el peso que tienen los demás. Sean o no los salarios de tal mujer menos de lo que necesita para vivir y de lo que razonablemente es necesario para mantener al trabajador en salud, la industria que la emplea recibe el producto de la energía de un ser humano a menos de su costo y hasta ese punto es parasítica. El saldo debe obtenerse de algún modo.” * '* *

En reflejo de lo que expresan estos jueces como razón en la cual estriban estas leyes, tal vez sería pertinente ha-cer alguna cita de la prueba presentada en este caso.

‘ ‘Regina QuiñONes: P. — Y Ud. ha convenido en trabajar por pesadas? C. — Como soy una pobre tuve que entrar a como me pagarán. ’ ’

A preguntas del Juez declaró:

“Me entendí con Juanito el que representa la fábrica. Le pedí trabajo y me dió trabajo. No traté con él. Le dije, me da trabajo y me dió trabajo. No convinimos nada.”

Ahora bien sea o no éste enteramente un reflejo verda-dero de las condiciones bajo las cuales la mujer en general en Puerto Rico entra en un empleo, proporciona sin embargo, un ejemplo gráfico de las condiciones reseñadas por el Juez Asociado Sr. Brewer y por el Juez Ealrin.

El caso de Stettler v. O’Hara, que es el único en el cual la Corte Suprema de los Estados Unidos lia tenido que con-siderar la ley del salario mínimo trataba de nn estatuto que está redactado ,en términos distintos del nuestro. En Oregon la legislatura de ese Estado confiaba la determina-ción de lo que debía ser el salario mínimo para ciertas industrias a una comisión especialmente nombrada a la que se imponía la obligación de notificar y oir a las partes' inte-resadas en la cuestión del mínimum del salario. Se argulle que la ley de Oregon es fundamentalmente distinta de la nues-tra porque la primera proporciona una oportunidad al pa-trono y al empleado de ser oídos antes de fijarse el salario mí-nimo, cosa que en manera alguna tuvo en cuenta el estatuto de Puerto Rico. Debe observarse que la audiencia y notifi-cación las fijaba el propio estatuto de Oregon. No fiemos podido encontrar ningún caso en el que se declare que un tipo fijado por una legislatura sea anticonstitucional porque las partes interesadas en el tipo fijado no fiayan tenido la oportunidad de ser oídas. Por el contrario, por lo menos cuando se trata de corporaciones de servicio público, los tipos fijados por la legislatura son razonables por presun-ción y también fia de presumirse que la legislatura fiabrá investigado las condiciones y resuelto por sí misma cuál es el salario mínimo razonable. Louisville and Nashville Railroad Co. v. Garrett et al., 231 U. S. 298 307, autoridades citadas en Stettler v. O’Hara L. R. A. 1917 C, 953; Detroit and Mackinac Railway Co. v. Michigan Railroad Commission, 235 U. S. 402, 406; Northern Pacific Railway Co. v. State of North Dakota, 236 U. S. 585, y notas en American Annotated Cases 1916 A. 8.

Si determinado patrono está convencido de que un sala-rio mínimo es irrazonable o tiene el efecto de una confisca-ción estamos convencidos de que el peso de la prueba in-cumbe al patrono para demostrar tal irrazonabilidad o con-fiscación, cosas que no se intentaron fiacer en niñguno de los casos sometidos a nosotros. Para sostener la presun-ción en favor de la razonabilidad de un tipo fijado por la legislatura está el principio general de que las cortes están obligadas a dar efecto a un acto legislativo a menos que sea claramente anticonstitucional. Ponce Lighter Co. v. El Municipio de Ponce et al., 19 D. P. R. 760; El Pueblo v. Central Fortuna, 22 D. P. R. 106; El Pueblo v. Subirá, 27 D. P. R. 615; El Pueblo v. Barnés, 28 D. P. R. 907.

En apoyo además de la constitucionalidad de la ley está la misma Ley Orgánica. El principio sobre el que dependen bien las boras de trabajo o las leyes de salario mínimo, es que la legislatura tiene derecho a prescribir lo necesario para la seguridad y salud de los trabajadores y especial-mente de las mujeres. El apelante para atacar la constitu-cionalidad de esta ley tiene necesariamente que basarse en el párrafo primero del artículo 2 de la Ley Orgánica el cual dispone que “no se pondrá en vigor en Puerto Eico ninguna ley que privare a una persona de la vida, libertad o propie-dad sin el debido procedimiento de ley, o que negare a una persona de dicha isla la protección igual de las leyes,” pero a esto sigue en un párrafo posterior el siguiente precepto:

“Nada de lo contenido en esta Ley será interpretado en el sen-tido de limitar la facultad de la Asamblea Legislativa para decretar leyes para la protección de la vida, salud y seguridad de empleados y obreros.”

Sin embargo, el señalamiento de errores en que se ha insistido más que en ningún otro es el hecho de que el ape-lante en este caso y en todos los demás sometidos hacia la misma fecha trabajaba no por un jornal sino por pesada. Se sostiene enfáticamente que el título de la ley y el uso de las palabras en la misma muestran que la legislatura no tuvo en cuenta en absoluto a ninguno que no estuviera trabajando bajo una base de tiempo.

Puerto Eico es principalmente una comunidad agrícola y no industrial. Las fábricas que emplean mujeres son rela-tivamente pocas en número y es de presumirse que eran co-nocidas de la legislatura al fijar el tipo de salario mínimo. AI escribir esto no sabemos absolutamente de ninguna fá-brica en particular donde las mujeres trabajen por hora o por día; pero por el contrario sí conocemos un gran número on las que las mujeres trabajan por pesadas como en los casos sometidos a nuestra consideración. Tal vez no poda-mos tomar conocimiento judicial de las condiciones del tra-bajo en toda la isla pero seguramente que la legislatura pudo haberlo averiguado. Entonces, donde hay relativamente un gran número de,mujeres que trabajan por pesadas estaría-mos poco dispuestos a no darles el beneficio de la Ley del Salario Mínimo a menos que claramente estuviéramos con-vencidos de que las palabras usadas por la legislatura no podían tener aplicación a mujeres que trabajan por pesadas. Es cierto que el título de la ley en castellano contiene ■ la palabra “jornal,” pero el cuerpo principal de dicha ley con-tiene la palabra “salario,” y “salario” es la palabra más general equivalente a “wages,” en inglés, que significaría el estipendio obtenido por un trabajador considérese o no su producción total por el tiempo o por la cantidad de su tra-bajo. No existe ninguna otra palabra en castellano que tenga tal sentido general como el que se da a la palabra “wages,” como no sea la palabra “salario.”

Se llama la atención hacia el hecho de que la legislatura en la misma sesión de 1919 al aprobar la Ley No. 73 regu-lando el trabajo de mujeres y niños, se refirió al máximum de horas de trabajo para los empleados a jornal. Si el caso del apelante ha de regularse por la interpretación que da-mos a la intención de la. legislatura a juzgar por la Ley No. 73 esta Corte no podría tener ninguna duda. Cuando la le-gislatura fijaba las horas de trabajo para las mujeres parece muy improbable que tuviera la intención de dar a entender que las mujeres que trabajan bajo una base de tiempo sólo debían estar empleadas ocho horas, mientras que las que tra-bajan por pesadas podrían emplearse indefinidamente. Cual-quier patrono de este modo podría fácilmente evadir las horas de trabajo para las mujeres y los niños.

La Ley No. 8 aprobada en noviembre 12, 1917, prescribe lo siguiente:

“En el caso de existir discrepancia entre los textos inglés y cas-tellano de un estatuto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, prevalecerá en la interpretación del mismo el texto en que se hubiere originado en cualquiera de las Cámaras, salvo en los casos siguientes: (а) si el estatuto fuere una traducción o adaptación de un estatuto de los Estados Unidos o de algún Estado o Territorio de los Estados Unidos, se dará preferencia al texto inglés sobre el texto castellano; (б) si el estatuto fuere de origen español se atenderá al texto cas-tellano con preferencia al texto inglés; (e) si la cuestión de pre-ferencia no pudiera resolverse por las reglas precedentes, se atenderá al texto castellano.”

Sin considerar si esta Ley es reguladora y no imperativa para las cortes, sostenemos que la Ley de Salario Mínimo que consideramos fné adoptada de los Estados Unidos¡ y que el texto inglés debe ser tenido en consideración al inter-pretar dicha Ley de Salario. Pero aún cuando esto fuese de otro modo, cuando las leyes se decretan en dos idiomas las cortes están además en libertad para examinar de nuevo uno u otro texto en busca de mayor claridad en casos dudo-sos. Viterbo v. Friedlander, 120 U. S. 707.

En el texto inglés no se usa ninguna otra palabra sino la de “wages” para definir el estipendio que recibe un tra-bajador. En el caso in re Gurewitz, 121 Fed. 982, donde un trabajador reclamaba preferencia por salarios ganados por trabajo ele pesadas, encontramos la definición de la pa-labra “wages,” en cuyo caso la corte dice en la página 983:

“No hay nada ambiguo en cuanto al uso de la palabra ‘wages’ en relación con esto, o sea por servicio prestado dentro de los tres meses anteriores a i a institución de los procedimientos de* quiebras. Significa la compensación convenida por servicios suministrados por los trabajadores, empleados o sirvientes del quebrado, aquellos que le han servido en capacidad de subordinadps o amanuenses y quienes se supone que dependen de sus ahorros para sostenerse. Haya o no convenido su patrono en pagarles por hora, día, semana, mes o destajo o pieza es cosa enteramente inmaterial.”

La corte continúa diciendo—

"Es increíble - suponer que el Congreso tuviera la intención de establecer una diferencia; en contra del vasto ejército de trabaja-dores que en las minas de carbón, fundiciones, fábricas de telas, y en casi todas las ramas de la industria se les paga no de acuerdo con el tiempo empleado, sino según el trabajo realizado.”

Asimismo vemos que el Juez Presidente Sr. Shaw en el caso de Thayer v. Mann, 2 Cushing (Mass.) 374, interpretó de este modo el trabajo Lecho por un trabajador para obte ner preferencia de acuerdo con un estatuto de quiebras a pesar de que el obrero había llevado el trabajo a su casa y no estaba bajo la inspección directa del patrono. Véase también 29 A. & E. Ene., 2da. edición, pág. 1085.

Hemos visto en esta lectura aunque no tenemos la auto-ridad a la mano que un trabajador, a diferencia de un con-tratista independiente es aquel cuyo tiempo está a disposi-ción de su patrono. Las cortes .han interpretado de igual modo los estatutos relativos a exenciones. 18 Cyc. 1431 y también de acuerdo con la Ley de Compensaciones a Obreros, Muncie Foundry & Machine Co. v. Thompson, 123 N. E., pág. 196.

Llegamos por tanto a la conclusión en vista de la redac-ción de la ley de que hay un gran número de mujeres que tra-bajan por pesadas y por la otra legislación de la misma legislatura, que la intención de la legislatura fué proteger a todas las trabajadoras y hacer que fuese imposible que ningún patrono tuviera ninguna mujer sometida a sus órde-nes que ganara menos de $6 semanales. Hubiera usado o no la legislatura la palabra "jornal,” "salario,” “wages,” c cuaquiSra otra palabra, lo que ha de resolverse que tuvo presente fué que la mujer trabajadora tuviera al menos un salario lo más razonablemente posible para sostenerse, y que esto fué la intención de la legislatura al aprobar la Ley de junio 19, 1919.

El apelante también sostuvo e introdujo prueba con el fia de sostener que esta no es nna industria sino nna ocupa-ción agrícola. Oreemos que convertir tabaco en rama en elaborado y demás cosas que varía su estado natural es ne-cesariamente una industria o comercio y no una ocupación agrícola.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Plaud, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recueso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama denegando la inscripción de un ex-pediente de dominio.

      No. 475.
    Resuelto en diciembre 10, 1920.
    Agrupación de Eincas — Bienes Privativos — Bienes Gananciales. — De acuerdo con los términos del artículo 61 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, una finca formada por la agrupación de tres parcelas pertene-cientes a la sociedad conyugal y una parcela de la privativa pertenencia de la esposa no es inscribible por ser requisito necesario para la inscripción de una finca formada por agrupación, que ésta pertenezca a una sola persona o a varias proindiviso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Domínguez Rubio.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Guayama promovió informa-ción Modesto María Plaud, casado con Celedonia Cora, para que se declarara justificado a su favor el dominio de una finca rústica de 16 cuerdas de cabida, y estimando’probado dicha corte que esa finca fue adquirida, 4 cuerdas por com-pra del esposo a Genara Cora en 1901, 4 cuerdas por compra de la esposa a Ildefonso Cora hacía más de 20 años, otras 4 cnerdas por compra también de la esposa a Eulalia Cora hacía más de 20 años y las 4 cuerdas restantes por haberlas . adquirido de sus padres a título de herencia la esposa hacía más de 25 años, dictó resolución en 25 de mayo de 1920 por la que “se declara justificado el dominio de la expresada finca a favor del peticionario casado con Celedonia Cora, en la proporción de 12 cuerdas como bienes gananciales y 4 cuerdas como propias, y se ordena su inscripción en el Re-gistro de la Propiedad de Guayama.”

Presentada copia certificada de la anterior resolución al Registro de Guayama para su inscripción, el registrador la denegó por medio de nota que dice así:

“DENEGADA la inscripción del precedente documento porque la finca de diez y seis cuerdas a que el mismo se refiere es el resultado de la agrupación de cuatro parcelas de cuatro cuerdas cada una y do las cuales el promovente y su esposa Celedonia Cora adquirieron, tres por compra, o sea a título oneroso para la sociedad de ganan-ciales, y la otra la adquirió dicha Celedonia Cora por herencia de sus padres, reputándose por tanto las tres primeras como bienes gananciales, y la última como bien de privativa pertenencia, no pudiendo por consiguiente agruparse las aludidas cuatro porciones por sor de naturaleza jurídica distinta y por pertenecer a diferentes entidades (Durán v. Registrador, 20 D. P. R. 148 vto.; Muñoz v. Registrador, 25 D. P. R. 842, y Torres v. Registrador, resuelto en diciembre 15 de 1919), habiéndose tQmado en su lugar anotación preventiva. * '* * ”

Esa nota, su fecha 2 de agosto de 1920, ha sido recurrida por Modesto María Plaud, y la encontramos ajustada a la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en las de-cisiones citadas por el registrador, según las cuales “para que puedan inscribirse en el registro bajo un solo número y como una sola varias fincas, es requisito necesario que éstas pertenezcan a un mismo dueño o a varios proindiviso, o lo que es lo mismo, que cada una de las distintas personas que tratan de agrupar los inmuebles ha de tener condominio en cada una de las fincas que deban reunirse.”

El recurrente alega que no se trata de inscribir distintas fincas agrupadas pertenecientes a distintos dueños sino do inscribir una sola finca perteneciente en común a su esposa y a la sociedad de gananciales constituida por ambos. No es así, pues según el artículo 399 del Código Civil “bay co-munidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece proindiviso a varias personas,” lo que no sucede en el presente caso en que las 4 cuerdas adquiridas por la esposa no pertenecen proindiviso a ambos consortes sino exclusivamente a aquélla, así como las 12 cuerdas adquiri-das para la sociedad conyugal pertenecen exclusivamente a dicha sociedad.'

Es de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Cardona, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-dor de la Propiedad de San Germán denegando la ins-cripción de un título posesorio.
    No. 474.
    Resuelto en diciembre 10, 1920.
    Contribución Sobre Herencia — Personas Exentas del Pago de Contribución sobre Herencia — Expediente Posesorio. — Para que sea inscribible un expe-diente posesorio de linca adjudicada al promovente a título de herencia pa-terna en época anterior a la promulgación de la Ley No. 62 de 1916, no es necesario acompañar certificado creditivo de exención de contribución de he-rencia, pues la ley en vigor en tal época exceptuaba de tal contribución los bienes transmitidos al hijo por título hereditario.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. J. Nasario Figueroa.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez Lasserre, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del. tribunal.

Al proeederse a la partición de bienes, cierta finca rús-tica fné adjudicada a Carlos Alfonso Cardona Ruíz como he-redero de su difunto padre. Nueve años después el hijo ob-tuvo la aprobación judicial de su título posesorio y de una orden de la corte para su inscripción en el registro de la propiedad.

El registrador denegó su inscripción por el fundamento de “no constar que se hayan cumplido las formalidades que disponen los artículos 372 y 379 del Código Político.” La ley aplicable al caso es el capítulo 3 del Código Político tal como regía en el año 1911 en que murió el padre del recu-rrente y se hizo la partición. El artículo primero de ese capítulo (artículo 368) prescribe que estarán sujetos a una contribución de herencia todos los bienes que en dicho ar-tículo se describen que se trasmitieren en cierta forma que se especifica a cualquier persona que no sea la “esposa, hijo, nieto o persona legalmente reconocida como hijo adoptivo del fallecido.”

El artículo 372 determina que será deber de todo admi-nistrador, albacea fideicomisario, trasmitir al Tesorero de Puerto Rico cierta’ notificación y con dicha notificación se trasmitirá adjunto “un recibo de contribución, en prueba de que se ha pagado por entero sobre dichos bienes la propie-dad impuesta por este título: # * * ”

El artículo 377 prescribe que el administrador de cuales-quiera bienes sujetos a la contribución antedicha, deducirá la contribución correspondiente de cualquier parcela o parte en la distribución de dichos, bienes que se paga en efectivo, y por cualquier parcela, parte o legado que no esté en efec-tivo, exigirá el pago de la contribución correspondiente a la persona o personas a quienes ’ dicha parcela, parte o le-gado corresponda y no “pagará o entregará legado determi-nado ni bienes sujetos -a dicha contribución a persona al-guna, hasta después de haber cobrado la contribución que corresponda y en caso de que dicho legatario o beneficiario no efectuase o negase el pago de la misma se venderán por el administrador, albacea, o fideicomisario el legado deter-minado o bienes o la parte de ellos que fuere necesaria en subasta pública. * * * ”

El artículo 378 dispone que será obligación del Tesorero expedir recibos especiales al administrador, albacea, o fidei-comisario o persona que administre dichos bienes sujetos a la contribución prescrita,- al pagarse dicha contribución so-bre dichos bienes, para que se utilicen dichos recibos en el •traspaso de los bienes de la manera que más adelante se dispone.

El artículo 379 prescribe que ningún tribunal aprobará la división o distribución de los bienes de ningún fallecido ni permitirá la liquidación final de las cuentas de ningún ah bacea, administrador, fideicomisario o persona que adminis-tre cualesquiera bienes, a menos de haberse presentado el recibo o los recibos especiales, según lo dispone el artículo 358 y ningún notario expedirá, 'autorizará o certificará ins-trumento alguno, de sentencia,' división o distribución, ena-genación o hipoteca de bienes, a menos de haberse presen-tado dicho recibo o recibos y ningún registrador inscribirá en ningún registro a su cargo instrumento alguno ni fallo, sentencia o auto judicial autorizado, dictado o admitido en relación con la división, distribución o entrega de dichos bienes, a menos de haberse presentado el recibo o recibos expedidos por el Tesorero.

En el caso de Calder et al v. El Registrador, 17 D. P. R. 4, que fue uno en el cual estaba envuelta una cuestión algo semejante aunque de ningún modo idéntica, esta Corte re-solvió, y nos referimos al sumario de dicho caso, que apa-reciendo satisfecha la contribución devengada en relación con la partición de la herencia del padre del recurrente, la participación de éste era inscribible sin perjuicio de lo que proceda al solicitarse la inscripción de las operaciones re-ferentes a la partición de la herencia de Enriqueta Calder.

Asimismo- en el caso de Rovira v. El Registrador, 21 D. P. R. 415, en cuya nota denegatoria el registrador se negó-a inscribir ciertos procedimientos sobre partición de bienes por no haberse presentado ninguna contribución de herencia, recibo o certificado de exención, fué revocada por el funda-mento de que los herederos comprendidos en aquel caso compuestos de los hijos y la viuda del difunto, estaban exentos por los preceptos del artículo 368 del Código Polí-tico del pago de la contribución de herencia.

Los hechos en el presente caso hacen que quede com-prendido en el fundamento que tuvo la corte (ratio deci-dendi) en los casos de Calder y Eovira, y como en el de Rovira v. El Registrador, son suficientes para establecer la diferencia que existe entre estos casos y el de Días v. El Registrador, 20 D. P. R. 413.

Los casos de Blanco v. El Registrador, 27 D. O. R. 961, y Riefkohl v. El Registrador, idem 970, ambos envuelven la interpretación de la ley de 1916 titulada “Ley para enmen-dar el Capítulo III, Título IX, del Código Político de Puerto Eico, ’ ’ la cual modificó en cierto modo la forma y lenguaje, así como la substancia de los preceptos legales interpreta-dos por esta Corte en los casos anteriores a que se ha hecho referencia, no siendo por tanto de aplicación a este recurso.

La nota recurrida debe ser revocada.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    En Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rosenstadt & Waller, Inc., Acusada y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción a la Ley de Salario Mínimo.
    No. 1524.
    Resuelto en diciembre 10, 1920.
    Ley del Salario Mínimo — Acusación Suficiente — Alegación Innecesaria — Definición del Delito. — En una acusación formulada por infracción de la Ley del Salario Mínimo no es necesario alegar que la trabajadora perjudi-cada no era una aprendiz, (excepción que determina la ley,) pues cuando se incorpora una excepción a un estatuto penal de tal modo que forme parte de la definición del delito, tal excepción debe ser negada en la acusación; pero si por el contrario, definido el delito éste contiene una excepción que se expresa más adelante, como sucede en el presente caso, es el acusado quien debe alegar que se encuentra comprendido en el beneficio de la excepción.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. L. Mendín y O. B. Fraser.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Ronsenstadt & Waller, Inc., fné declarada culpable de un delito de infracción a la ley de salario mínimum, aprobada en 9 de junio de 1919, leyes de esa sesión, Núm. 45. El caso en la mayoría de sus particulares debe resolverse por la opinión y sentencia del caso El Fueblo v. Alvares, resuelto en diciembre 9, 1920, (pág. 937). El apelante, sin embargo, también sostiene' que la acusación es defectuosa porque en ella no se excluye el caso que puede ocurrir de que la mujer empleada sea una aprendiz, excepción que determina el es-tatuto. La ley prescribe lo siguiente:

“Sección 1. — Será ilegal por parte de cualquier patrono que em-pleare mujeres, niñas inclusive, en ocupaciones industriales, comer-ciales, y de servicio público, pagarle un salario menor del especi-ficado en esta sección, a saber: menores de 18 años a razón de cuatro (4) dólares semanales y mayores de esa edad a razón de seis (6) dólares semanales. Exceptúase de lo dispuesto en esta sección las tres primeras semanas de aprendizaje. Las disposiciones de este Ley no serán aplicables a la agricultura ni a las industrias agrícolas. ’ ’

Cuando se incorpora una excepción en un estatuto penal de tal modo que forme parte de la definición del delito, tal excepción debe ser negada en cualquier ‘ acusación que se formule de acuerdo con dicbo estatuto. El Pueblo v. Cortés, 24 D. P. R. 208. Si por el contrario se define primero el delito y éste contiene una excepción que luego se enumera, el beneficio de la excepción debe presentarse como defensa. U. S. v Cook, 17 Wall 168; El Pueblo v. Cortés, supra, 16 C. J. 353; Nesbit v. State, 54 Pac. 326, 328; Rider v. Lakewood Market Co., 88 A. 194, 196.

Un mero examen del estatuto demuestra que el caso de un simple aprendizaje no es parte de la definición del delito, sino una clara excepción del mismo prescrita separadamente en una cláusula independiente. El no ser un aprendiz no forma parte de la definición.

Debe resolverse que la acusación es suficiente y por las razones consignadas en el caso de El Pueblo v. Alvares, supra, debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso- ■ ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Hb. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. García, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por infracción de la Ley de Automóviles.
    No. 1606.
    Resuelto en diciembre 10, 1920.
    Denuncia Sueiciente — Automóviles—Causa de Acción. — Contiene hechos cons-titutivos de delito público una denuncia en la que se 'imputó al acusado el heeho de haber chocado maliciosa y voluntariamente, conduciendo un truck sin ejercer el debido cuidado y tomar precauciones razonables para garantizar vidas y propiedades, con el automóvil del denunciante, a causa de que el acusado "no marchó lo más a la derecha que le fué posible.”
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. J. Martines Dávila y E. Campillo.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Hb. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia en este caso imputaba una infracción a la ley para reglamentar el uso de vehículos de motor, aprobada en abril 13, 1916, en los términos siguientes:

“Que en' 5 de diciembre, 1918, hora 5 p. m., y en la calle del Dr. Veve de Bayamón, Distrito Judicial Municipal de Bayamón, que a su vez forma paite del Distrito Judicial de San Juan, P. R., el referido acusado conductor del truck No. H. P. 58, de la propiedad de San Félix de Corozal, voluntaria y maliciosamente, y sin ejercer el debido cuidado y tomar precauciones razonables para garantizar vidas y propiedades chocó con el auto que conducía el suscribiente, ocasionando al carro las siguientes averías, el eje, zopanda, un farol, el vinzil y el arrayador. Este accidente ocurrió porque el acusado no marchó lo más a la derecha a la que le fue posible.”

El único error que ba sido alegado es que la corte inferior incurrió en error al desestimar la excepción perentoria formulada a la denuncia por el fundamente de que los he-chos alegados no constituyen un delito público, y para sos-tener esta alegación el apelante se funda en los casos de El Pueblo v. Borque, 25 D. P. R. 594; El Pueblo v. Rivera, 26 D. P. R. 439; El Pueblo v. Salgado, 27 D. P. R. 881, y El Pueblo v. Matienzo, idem 918.

En el caso de Borque este Tribunal resolvió, nos referi-mos al sumario, que “en una denuncia formulada de acuerdo con la sección 12 de la ley No. 75, sobre automóviles, no basta que se exprese en general que el chauffetir no tomó las debidas precauciones en el manejo del auto para garan-tizar vidas y propiedades, sino que es necesario especificar además que realizó algún hecho en violación de algunas de las varias disposiciones concretas contenidas en dicha sec-ción.”

Una lectura de éste y de los otros casos citados que con-firman pero que de ningún modo adicionan la doctrina así enunciada será bastante para demostrar que en ninguno de ellos imputó la denuncia ningún acto u omisión de los des-critos en los varios apartados de la sección 12 de la ley en cuestión.

El apartado “D” de esa sección dispone que “los ve-Iiículos de motor que transiten por caminos públicos debe-rán marchar lo más a la derecha que fuere posible,” * * * y la denuncia formulada en este caso determina expresa-mente que el accidente en cuestión “ocurrió porque el acu-sado no marchó lo más a la derecha a la que le fuá posible.”

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Vélez et al., Acusados y Apelantes.
    ApelaoxÓN procedente de la Corto de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por infracción a la Ley de Arbitrios.
    No. 1590.
    Resuelto en diciembre 13, 1920.
    Denuncia Insuficiente — Infracción a la Ley de Arbitrios — Patente de Ren-tas Internas. — Una denuncia que imputa a unos acusados que ‘ ‘ maliciosa y fraudulentamente destilaban alcohol sin estar provistos de la correspon-diente patente de Rentas Internas," pero sin expresar que la destilación se bacía para fines medicinales, sacramentales, industriales o científicos, no cons-tituye una infracción a la sección 17 de la Ley de Arbitrios; y en el caso de que se estimara que constituía una infracción a la sección 2 del Acta Jones, tendría que resolverse que la Corte de Distrito babía actuado sin ju-risdicción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abog’ado de los apelantes: Sr. E. H. F. Dottin.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal. ■

■Se denunció a Ramón Vélez y a Julián Rivera por haber cometido el siguiente hecho: “maliciosa y fraudulentamente se dedicaron a la destilación de alcohol durante el trimestre de abril a junio de 1919, sin estar provistos de la correspon-diente patente de Rentas Internas, requerida por la sección 17 de la vigente Ley de Arbitrios,” y se les condenó como autores de una infracción a la indicada ley.

Establecida apelación contra la sentencia, el Fiscal de esta Corte Suprema solicitó su revocación porque los hechos consignados en la denuncia no constituyen la infracción im-putada, ya que no expresan que la destilación o fabricación se hacía por los acusados para fines medicinales, sacramen-tales, industriales o científicos, constituyendo más bien una infracción a la sección 2 del Acta Jones, para conocer de cuyo caso no tiene jurisdicción la corte municipal, ni la de distrito, de acuerdo con los principios establecidos por esta Corte Suprema en el de El Pueblo v. Torres, 28 D. P. R. 835.

La cuestión no es nueva. Un caso igual al presente, El Pueblo v. Fernández, 28 D. P. R. 842, fue decidido por esta Corte en el sentido propuesto por el Fiscal, el 30 de julio último. En tal virtud debe revocarse la sentencia recurrida y absolverse al acusado.

Revocada la sentencia apelada y absueltos los acusados.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado1 Sr. del Tono,

text:
    Sanders Phillippi y Cía., Sucrs., S. en C., Demandantes y Apelados, v. Rivera, Demandado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2366.
    Resuelto en diciembre 13, 1920.
    Dpsfstimaoión de Apelación — Demora del Taquígrafo — Negligencia del Ape-lante— Transcripción Radicada Duera de Tiempo — Vacaciones de la . Corte de Distrito. — En los casos en que el taquígrafo ni el apelante solicitan de la corte de distrito una extensión del término para preparar la trans-cripción de la evidencia, tal omisión constituye no una demora del taquígrafo sino negligencia por parte del apelante en llevar adelante el recurso, por lo que, si la transcripción de la evidencia se lia radicado en la secretaría de la corte de distrito fuera del tiempo concedido por la ley al taquígrafo, no cabe tenerla en cuenta; no constituyendo defensa paTa el apelante el hecho de que al vencerse los veinte días que concede la ley al taquígrafo estuviera la corte en vacaciones, pues la moción de prórroga pudo radicarse en tiempo y ser provista en su oportunidad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Valldejuly y González Mena.

    Abogados de los apelados: Sres. García Méndez y Gar-da Méndez.

   El Juez Asociado1 Sr. del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de resolver si debe o no desestimarse el recurso por no haberse elevado la transcripción de los autos.

La parte 'apelada sostiene que habiéndose interpuesto la apelación el 14 de julio último y no habiéndose archivado aún la transcripción, ha transcurrido el tiempo legal para ello y debe en tal virtud desestimarse el recurso. La dicha parte admite que el apelante el 16 de julio último solicitó que el taquígrafo preparara la transcripción y que así lo ordenó la corte el 27 del propio mes, pero sostiene que no habiéndose preparado la transcripción dentro del término de veinte días fijado por la ley y no prorrogado por la corte, es como si nada hubiera solicitado, siendo de aplicación las disposiciones generales que regulan la tramitación de las apelaciones cuando no existe exposición del caso. Por vir-tud de una certificación expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de Aguadilla consta que el plazo de veinte días no fué prorrogado, no habiéndose hecho gestión alguna desde el 27 de julio al 19 de octubre, quedando archivada en su poder la transcripción el 20 de octubre último.

La parte apelante impugna la petición de la apelada acompañando a su impugnación un affidavit del taquígrafo en el que se expone por dicho funcionario que la Corte de Distrito de Aguadilla durante los meses de agosto y sep-íiembre se encontraba en vacaciones; que el 29 ele julio trans-cribió a petición del apelante las notas en el pleito de que se trata, y las entregó al secretario de la corte el 20 de oc-tubre último.

Sostiene el apelante que habiendo archivado su apelación en tiempo y en tiempo aeogídose a los beneficios de la Ley No. 27 de 1917, no ha sido negligente, no siendo deber suyo sino del Secretario de la Corte de Distrito archivar la trans-cripción en esta Corte Suprema. Alega el apelante que no le perjudica la negligencia del taquígrafo, ni la del secre-tario en el caso de que existiera, de acuerdo con los términos de la dicha Ley No. 27 de 1917 y la 81 de 1919.

Expuesto lo que antecede, fácilmente se llega a la con-clusión de que este caso está regulado por los principios es-tablecidos en el de Vieira y Compañía v. Reyes, 28 D. P. R. 80, y en el de Mercado et al. v. Sucesión de Ferreiro, 26 D. P. R. 492.

La circunstancia de que la corte de distrito estuviera en vacaciones no empecía para presentar por lo menos la soli-citud de prórroga. Tampoco influye en la decisión el he-cho de que al fin el 20 de octubre se archivara por el taquí-grafo la transcripción, porque cuando tal archivo se hizo había vencido con exceso el término fijado para ello por la ley.

La moción de desestimación se archivó el 15 de noviem-bre pero es conveniente hacer constar que aún hoy no se ha radicado transcripción alguna de los autos.

Debe desestimarse el recurso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. .Aldrey,

text:
    Santiago et al., Demandantes y Apelados, v. Santiago et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de lá Corte de Distrito de Ponce en . pleito sobre nulidad y reivindicación.
    No. 2054.
    Resuelto en diciembre 14, 1920.
    Sentencia que Resuelve Tácitamente Alegaciones de la Contestación' — Ma-teria Nueva de la Oont. stación — Contestación. — Una sentencia no es forzosamente errónea por el hecho de que al declarar con lugar la demanda por considerar probadas las alegaciones de la misma, dejo de hacer refe-rencia, y no la haga tampoco la opinión, a la materia nueva alegada en la contestación, pues al fallar a favor del demandante, tácitamente declara que los demandados no probaron los hechos alegados en la materia nueva de la contestación.
    Evidencia — Documento Privado — Prueba dk la Simulación de una Venta. — De acuerdo con los Nos. 2 y 4 del artículo 35 de la Ley de Evidencia es admi-sible como prueba, una vez acreditada su legitimidad, un documento privado por el cual el causante de los demandantes hizo constar dos días después de haber comprado la finca rústica que éstos tratan de reivindicar ahora y uno después de haberla inscrito en el registro, que tal escritura fué valor enten-dido entre los otorgantes, que desde aquel momento entregaba la finca a la vendedora obligándose cuando ésta se lo exigiera a la devolución de la es-critura, a traspasársela ante notario, y que si falleciere sin dejar alguna persona encargada de dicho empeño lo hará por él .el que por razón y ley lo corresponda representarlo; pero no es admisible como prueba un docu-mento privado en que a los dos meses de fallecido el causante de los de-mandantes la viuda de aquél reconoció la simulación de la escritura por la cual su esposo adquirió la finca antes citada.
    Reivindicación — Venta Simulada. — Siendo preciso que el que ejercita la acción reivindicatoría sea dueño de la cosa, y habiéndose probado en este caso que el causante de los demandantes no fué dueño de ella porque adquirió simu-ladamente la finca objeto .de la reivindicación pues en la venta no medió precio ni el adquirente tomó posesión de la finca, os preciso concluir que los demandantes no pueden reivindicarla, pues su padre estaba impedido de negar la simulación de la compra-venta.
    Los hechos están expresados én la opinión.
    • Abogado de la parte apelante: Sr. J. Toxis Soto.

    Aboga,do de la parte apelada: Sr. L. Tormes.

   El Juez Asociado Sr. .Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los hijos y herederos de Portalatín Santiago Galarzá de-mandaron a los hijos y herederos de sn tío Gregorio Santiago Galarza y a la viuda de éste Ana María Torres soli-citando la reivindicación de dos fincas radicadas en el barrio de Yayales de Adjuntas con cinco cnerdas de terreno-una y la otra con once y media cnerdas, más los frutos por ellas producidos, alegando como causa de su acción que al morir su padre Portalatín en 9 de febrero de 1908 era dueño de esas dos fincas en pleno dominio y que en la partición de sus bienes practicada por escritura de 7 de noviembre del mismo año de su fallecimiento fueron adjudicadas a Gregorio Santiago Galarza en pago de una deuda de quinientos dólares, sin que se obtuviera autorización judicial para su enajenación, a pesar de que los demandantes eran entonces menores de edad.

Los dqmandados aceptaron sustancial mente todos los he-chos de la demanda pero como materia nueva de defensa alegaron en la contestación con la cual fueron al juicio que Portalatín nunca fue dueño de las fincas expresadas por-que aunque aparecen vendidas a él por Ana María Torres y por su esposo Gregorio Santiago Galarza, por escritura de 27 de diciembre de 1901, lo cierto es que no medió precio ni causa alguna para dicha venta, que fué simulada; que el supuesto comprador nunca entró en la posesión de las fin-cas, que otorgó un contra-documento en el cual se hizo cons-tar la verdad de los hechos acaecidos y que la adjudicación en pago se hizo con el exclusivo propósito de devolver el título de las fincas a Gregorio y a su esposa. Alegaron, además, que en 1908 no era necesaria la autorización judicial para hacer adjudicaciones en pago de deudas en las particiones de herencia, según la interpretación de los tribunales de entonces y que la reclamación de los frutos estaba prescrita.

Celebrado el juicio recayó sentencia declarando nula la adjudicación en pago referida, ordenando la cancelación de su inscripción en el registro de la propiedad, que los deman-dados restituyan a los demandantes la posesión de las fin-cas y que deben pagar los frutos de ellas desde la interpo-sición de la demanda, todo sin especial condena de costas.

Contra esta sentencia interpusieron los demandados este recurso de apelación siendo los dos primeros señalamientos de error los siguientes:

1. La corte erró al no resolver los issues presentados pol-la contestación, constitutivos de materia nueva de oposición ,a la demanda, a pesar de ser requerida expresamente para ello.

2. La corte erró al declarar con lugar la demanda por estar probadas las alegaciones de la misma, ignorando en-teramente las alegaciones de la contestación, no controvir-tiendo los beclios alegados en dicha demanda, sino alegando hechos nuevos, que de ser ciertos, destruyen la causa de ac-ción de los demandantes.

Los apelantes argumentan conjuntamente esos dos erro-res alegados y lo mismo haremos nosotros.

Como en la opinión que la corte inferior escribió para fundar su sentencia se limitó a declarar probados los he-chos de la demanda sin decir nada con respecto a' las ma-terias nuevas de defensa alegadas en la contestación, en-tienden los apelantes que no resolvió las cuestiones por ellos propuestas y que las ignoró.

No podemos estar conformes con los apelantes en que la corte cometiera esos errores pues al decidir por su senten-cia la nulidad de la adjudicación en pago y al ordenar la de-volución de las fincas a los demandantes quedaron resuel-tas por ella las cuestiones propuestas por los demandados porque no hubiera dictado la sentencia en esa forma si hu-biera estimado probado que Portalatín no era dueño de dichas fincas en el momento de su muerte por ser simulada y sin causa la compra que anteriormente había hecho a los padres de los demandados y que la adjudicación en pago hecha en la partición de bienes no tuvo otro propósito que devolver el título de las fincas a sus verdaderos dueños los esposos Gregorio y Ana María; y si bien es cierto que la corte nada dijo acerca de estos particulares - en su opinión esto no quita eficacia y fuerza a su sentencia ya que'las ape-laciones se establecen contra las sentencias y no contra sns fundamentos. Además, al expresar en su. opinión que los demandantes habían probado los liecbos por ellos alegados, entre los que se encontraba el de que cuando murió su padre era dueño en pleno dominio de dichas fincas, tácitamente declaró que no se había probado por los demandados que no fuera tal dueño, por ser simulado y sin causa el título de su adquisición, ni que la adjudicación en pago sólo tuyo por objeto devolver el título de propiedad a los padres de los demandados.

Los apelantes argumentan conjuntamente los motivos de error tercero, cuarto y sexto, pero creemos que éstos y los demás que alegan pueden ser considerados al mismo tiempo por la íntima relación que guardan entre sí ya que se de-rivan de las pruebas. Son los siguientes:

“3o. La corte erró al estimar nula la adjudicación en pago con-tenida en la partición bajo la régla del caso de Longpré v. Díaz, por no ser aplicable dicho caso, y porque si tal adjudicación no era válida como tal, lo era, sin embargo, considerada como una resti-tución a Gregorio Santiago de lo que era de su legítima pertenencia. Si en realidad no hubo enajenación, no hay términos hábiles para declarar nula una enajenación que no tuvo existencia.
“4o. La corte erró al estimar que la escritura de venta de 27 de diciembre de 1901, pudo transmitir algún título al causante de los demandantes, por carecer de causa y ser simulada.
“5o. La corte erró al estimar que el solo otorgamiento de la escritura, 'sin mediar la tradición originara ningún derecho domi-nical a favor del causante de los demandantes.
“6o. La corte erró al no conceder toda la fuerza probatoria que tiene el contra-documento suscrito por las partes coetáneo con el contrato de compraventa haciendo constar que ésta era simulada y sin causa.
“7o. La corte cometió error al no conceder eficacia a la admi-sión de la cónyuge viuda del causante de los demandantes y repre-sentante legal de éstos, Ramona Rodríguez, de que la finca de que se trata era propiedad del causante de los demandados, y al pacto de trasmitirlas a dicho causante, Gregorio Santiago Galarza.
“8o. La corte cometió error al excluir como prueba las declara-ciones de los testigos Pelegrín ’López de Victoria, Modesto Roca y Ledo. José F. Fernández Coronas, tendentes a probar admisión de la cónyuge viuda de Portalatín Santiago de que las fincas en cues-tión no pertenecían a éste y sí a Gregorio Santiago y Galarza y a explicar por qué se hizo la adjudicación en pago de dichas fincas a éste en la escritura de partición.”

Siendo soltero Portalatín Santiago Galarza, aunque vivía en concubinato con 'Ramona Rodríguez, conocida por Veláz-quez, con quien babía procreado nueve bijos que fueron legi-timados por el subsiguiente matrimonio de sus padres cele-' brado en el año 1905, compró antes de esta fecha, por escri-tura pública de 27 de diciembre de 1901, otorgada ante el Notario Solís, de Yauco, a Ana María Torres y a su esposo Gregorio Santiago Galarza dos fincas, una de 11% cuerdas que Ana María Torres había heredado de su padre y otra de 5 cuerdas que compró su esposo, ambas en el barrio de Yayales de Adjuntas, venta que al día siguiente fué inscrita en el Registro de la Propiedad de Ponce. ^ Dos días des-pués de esa escritura y uno después de estar inscrita en el registro de la propiedad se otorgó un documento privado en el que, según su contexto general, Portalatín Galarza, que es Portalatín Santiago Galarza, declaró que una escritura que otorgó el 27 de diciembre del mismo mes y año ante el notario de Yauco, que fué inscrita en el Registro de la Pro-piedad de Ponce el día 28 del mismo mes, sobre venta de una estancia en la jurisdicción de Adjuntas, que suscribieron los esposos Olivio Santiago y Anita Torres fué valor enten-dido entre los tres y que desde aquel momento entrega dicha finca a favor de doña Anita para ella o para sus hijos y que se somete y obliga, cuando dicha señora se lo exija, a la devolución de la escritura y a traspasársela ante nota-rio y que si falleciere sin dejar a alguna persona encargada de dicho empeño lo hará por él el que por razón y ley le co-rresponda representarle. Como Portalatín Santiago Galarza no sabía firmar lo hizo un testigo a su ruego, existiendo otros testigos del documento cuya legitimidad ha sido com-probada por los demandados y aún por testigos de los de-mandantes y también que annqne se refiere a una estancia, ésta es el conjunto de las dos que días antes le vendieron Ana María Torres y sn esposo pues menciona expresamente el día de la escritura, el Notario de Yaueo, que entonces era único, y la fecba de su inscripción. En cuanto al nombre de Ovidio Santiago se refería indudablemente a Gregorio Santiago que era el esposo de doña Anita o Ana María.

También figura entre las pruebas otro documento privado por el que Ramona Rodríguez, dos meses después de mo-rir su esposo Portalatín Santiago y siete antes de practi-carse la división y adjudicación de los bienes de éste, de-clara que al fallecimiento de su esposo aparece inscrita a favor de éste en el Registro de la Propiedad de Ponce una finca de 17% cuerdas en dos fracciones de cinco y once y media cuerdas; que fueron revertidas a la propiedad de doña Ana María Torres, esposa de Gregorio Santiago, por docu-mento privado que está en poder de ellos por cuya circuns-tancia al bacer ella la declaración de defunción de su esposo, ordenada por- la ley, bizo constar que si bien dicba finca es-taba inscrita a favor del difunto en realidad no era de él por pertenecer a doña Ana María Torres. Esta declaración la aceptó Gregorio Santiago en el mismo documento y mani-festó que los gastos que .se originaran para el traslado de la escritura a favor de su esposa serían de cuenta y cargo de ésta. Después de esta manifestación expresó otra vez Ramona Rodríguez que está dispuesta a pasar la escritura de la finca tan pronto se llenen los trámites y las formalida-des consiguientes para ello.

Algunos meses después, en 7 de noviembre de 1908, se otorgó la escritura de partición de bienes de Portalatín Santiago en la que intervino Gregorio Santiago Galarza al efecto de aceptar la adjudicación que en ella le bizo la viuda de Portalatín de dichas dos fincas como pago de una acreencia que se consignó tener contra el difunto por la can-tidad de quinientos dólares; adjudicación para la que no me-dió autorización judicial y que fué inscrita en el Registro de la Propiedad de Ponce donde continúa en esa forma.

Aunque los demandantes se opusieron a que se admitiera, en el juicio' el documento privado que otorgó Portalatín sin embargo fué admitido por la corte inferior y nosotros po-demos tomarlo en consideración porque de acuerdo con el artículo 35 Nos. 2 y 4 de la Ley de Evidencia es admisible contra la persona a quien como herederos representan los demandantes ya que contiene una declaración contra ella he-cha contra su interés, respecto a' sus bienes, y por haber muerto Portalatín. En el caso de Aponte v. Garzot resuelto el 17 de junio del corriente año, (pág. 629), también declara-mos admisible y consideramos un documento análogo.

Teniendo, pues, en cuenta ese documento tenemos que llegar a la conclusión de que la venta que los esposos padres de los demandados hicieron el 27 de diciembre de 1901 a Portalatín Santiago fué simulada y sin causa y por tanto que cuando él murió no era, de todos modos entre las partes, dueño en pleno dominio de dichas dos fincas ni las trans-mitió a sus herederos los demandantes, y como uno de los requisitos para ejercitar la acción reivindicatoría es el de que el que reclama sea dueño de la cosa, no habiendo sido dueño de ella Portalatín Santiago no pudo transmitirla a sus herederos quienes por tanto no la adquirieron por tí-tulo de herencia y no pueden reivindicarla porque su padre estaba imposibilitado de negar la simulación de la compra que aparece haber hecho en 27 de diciembre de 1901. El caso de Aponte v. Garzot, supra,, es bastante análogo al pre-sente. Por las razones expuestas la corte inferior cometió el error que se le atribuye en los motivos sexto y cuarto del recurso al no conceder fuerza probatoria a dicho documento y al estimar que a pesar de él la escritura de 27 de diciembre de 1901 transmitió el título de dominio al padre de los de-mandantes.

En vista de la precedente conclusión huelga considerar si hubo o no tradición material de las fincas, con mayor razón cuanto que Portalatín la reconoce en los padres de los de: mandados, cuestión que se alega en el quinto motivo.

También se opusieron los apelados a que se admitiera y tomara en consideración el documento privado que suscribió la viuda de Portalatín al poco tiempo de baber muerto éste.

En verdad creemos que este documento privado no era admisible como evidencia pues Ramona Rodríguez no es parte en este pleito ni se presentó para contradecir su de-claración pues no fué testigo en el juicio. Pero prescin-diendo de él siempre queda probado con el documento pri-vado de Portalatín que éste no era dueño de las fincas. En consecuencia no cometió la corte inferior el error que se le atribuye en el séptimo motivo del recurso al no conceder efi-cacia a este documento, ni tampoco el expresado en el octavo por no permitir declaraciones tendentes a probar otras admisiones de Ramona Rivera respecto a que las fincas no pertenecían a Portalatín y sí a Gregorio Santiago.

En resumen, no siendo dueño Portalatín Santiago cuando murió de las fincas objeto de este pleito por ser simulada y sin causa la escritura por la cual las adquirió como compra, no tienen acción los demandantes para reivindicarlas y por esta razón debe ser declarada la nulidad de la adjudicación que de ellas se bizo a Gregorio Santiago Galarza.

Por todo lo expuesto la sentencia apelada debe ser revo-cada en cuanto decreta la reivindicación y procede dictarse otra declarando nula la escritura otorgada el 27 de diciem-bre de 1901 ante el notario Solis, de Yauco, por la que Gregorio Santiago Galarza y su esposa Ana María Torres ven-dieron dichas fincas a Portalatín Santiago Galarza; nula la adjudicación que de ellas se bizo a Gregorio Santiago Ga-larza en la escritura de partición de bienes otorgada el 7 de noviembre de 1908 ante el Notario Fernández Corona en cuanto a la adjudicación de esas fincas y nulas las inscrip-ciones que ambos documentos produjeron en el Registro de la Propiedad de Ponce, sin que los demandantes tengan de-recto a recobrar cantidad alguna por frutos y con las cos-tas a los demandantes.

Revocada la senteneia apelada, declarándose nulo por ser simulado el título de adqui-sición del causante de los demandantes y las inscripciones que causó en él Registro, con las costas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.

■ El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la resolución de este caso.


author: El- Juez PeesideNte Se. HeeNÁhdez,

text:
    Luce & Co., S. en C., Recurrentes, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-dor de la Propiedad de Guayama denegatoria de una ano-tación preventiva sobre prohibición de enajenár.
    No. 470.
    Resuelto en diciembre 14, 1920.
    Anotación Preventiva — Mandamiento Ordenando la Prohibición de Enaje-nar — Corte 'Competente. — El mandamiento para anotar preventivamente en nn registro la prohibición de enajenar bienes inmuebles o derechos reales, ■debe ser expedido por la corte en cuyo término jurisdiccional radique el re-gistro, mediante gestión de la parte interesada, aunque dicha prohibición de enajenar haya sido dictada por otra corte, por exigirlo así el artículo 97 del Reglamento Hipotecario que no ha sido derogado por la Ley de Enjuicia-miento Civil vigente.
    Id. — Id.—Requisitos del Mandamiento Prohibiendo Enajenar — Defecto Sub-sanable. — Cuando la demanda es la. causa determinante de la anotación en el registro, de un decreto prohibiendo enajenar, constituye defecto subsa-nable el no insertar literalmente la demanda en el mandamiento dirigido al registrador.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. J. Tous Soto.

    El registrador recurrido, Sr. Francisco Socorro, no com • pareció.
   El- Juez PeesideNte Se. HeeNÁhdez,

emitió la' opinión del tribunal.

En pleito civil pendiente ante la Corte de Distrito de Ponce por Luce & Company, S. en C., contra María de los Dolores y Aurora Lugo Viña y Danzo y otros sobre cum-plimiento de un contrato de compraventa de finca rústica, dicha corte, a moción de la parte actora dictó contra los de-mandados, previa fianza de $10,000, la prohibición de enaje-nar los condominios reclamados en la demanda a otra persona que no fuera la demandante durante la pendencia del caso y hasta ulterior orden de la corte, y ordenó además que se expidiera mandamiento al Registrador de la Propiedad de Guayama para la anotación en el registro de la expre-sada orden.

Librado mandamiento al Registrador de la Propiedad de Guayama para la anotación preventiva de la prohibición de enajenar decretada, por referirse a condominios de una hacienda de fabricar azúcar sita en el barrio de Machetes del término municipal de Guayama, en cuyo registro aparecía inscrita, el registrador denegó la anotación por no estar expedido el mandamiento por orden de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Guayama en que radicaban tanto la oficina del registro como la finca objeto de la acción, según lo exigían los artículos 97 del reglamento hipotecario y 75 del Código de Enjuiciamiento Civil, habiendo tomado anota-ción preventiva de la denegación por término legal con el defecto subsanable de no insertarse literalmente en el man-damiento el documento o escrito de demanda que motivara la resolución prohibitoria de enajenar.

La calificación del registrador, que lleva fecha 30 de ju-nio de 1920, ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema por la Corporación Luce & Co., S. en C.

El artículo 97 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria, citado por el registrador, dice así:

"Artículo 97. — Toda anotación preventiva que no pueda hacerse sino por providencia judicial, se verificará en virtud de la presen-tación en el registro de mandamiento del juez o tribunal en que se insertará literalmente, el particular de la providencia en que se haya dictado, su fecha y el documento o documentos que hayan motivado dicha anotación.
“El mandamiento será siempre expedido por el juez o tribunal ' en cuyo término jurisdiccional radique el registro donde haya de tomarse la anotación preventiva, al que exhortarán los demás jueces o tribunales para que libre los mandamientos cuando el registro no esté situado en sus respectivas demarcaciones.”

La anotación preventiva de la prohibición de enajenar bienes inmuebles es de las comprendidas en el No. 4 del ar-tículo 42 de la Ley Hipotecaria y debe ordenarse en provi-dencia judicial, por lo que ha de llevarse a efecto presen-tando en el registro mandamiento expedido por la corte en cuyo término jurisdiccional radique el registro donde haya de tomarse la anotación. La prohibición de enajenar indu-dablemente ha de decretarse por el juez o tribunal que co-noce del pleito en que se solicita, pero si se trata de un bien inmueble radicado en el distrito de otra corte, esa corte es la, llamada a librar el mandamiento para la anotación me-diante gestión de la parte interesada ante la corte que co-noce' del, caso. Por la relación que pueda tener con la ma-teria en discusión, véase nuestra resolución en el caso de Benet v. Hernández, 22 D. P. R. 348.

T el artículo transcrito es de aplicación aún después de la vigencia del Código de Enjuiciamiento Civil pues contiene una regla de procedimiento que afecta al funcionamiento de los registradores, los que se gobiernan por la Ley Hipote-caria y sus reglamentos.

El artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil que también cita el registrador no es de aplicación al caso.

En cuanto al defecto subsanable de que deberá insertarse literalmente en el mandamiento el documento o documentos que hayan motivado la anotación, la misma parte recurrente acepta que el artículo 72 de la Ley Hipotecaria exige que las anotaciones preventivas qne deban sn origen a providen-cia de embargo o secuestro deben expresar la cansa qne baya dado lngar a ellas, y como en el presente caso no aparece qne baya otro documento o documentos qne bayan motivado la anotación fuera de la demanda, es lógico qne una copia de élla se inserte literalmente en el mandamiento por baber sido la demanda la cansa determinante de la anotación.

Es de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aídrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wolp,

text:
    Delgado et al., Interventores-Apelantes, y Cruz, Demandante, v. Sucesión de Manuel Jiménez Cruz et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre nulidad de arrendamiento.
    No. 2244.
    Resuelto en diciembre 14, 1920.
    Desestimación Denegada — Alegato Presentado Nuera de Tiempo — Discreción del Tribunal Supremo.- — Cuando el Tribunal Supremo encuentra que las ma-terias tratadas en un alegato radicado fuera de tiempo, merecen, por su importancia, ser examinadas, puede en uso de su discreción admitir el ale-gato y denegar la moción de desestimación presentada por el apelado.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. José de Guzmán Be-nitez y A. Dones.

    Abogado de los apelados: Sr. F. González.

   El Juez Asociado Se. Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una moción para que se desestime la apelación por no baber radicado su alegato los apelantes. Los ape-lantes obtuvieron una prórroga del término para radicar dicho alegato, que venció en junio 10, 1920, y desde esa fecha ' no ban becbo ninguna gestión basta después de haber radi-cado los apelados su móción de octubre 4, 1920. En primero de noviembre, o sea el día señalado para la vista de la mo-ción, los apelantes radicaron su alegato. En la vista hicie-ron éstos varias alegaciones orales o no juradas, pero la única cuestión legal ante nos es que los apelantes realmente ban radicado su ,alegato.

Aunque no estamos obligados a hacerlo, sin embargo, a veces, al llegar a la conclusión de si una apelación debe o no desestimarse, creemos conveniente examinar el alegato que finalmente ha sido presentado. Así lo hicimos en el caso de Cepeda v. Peñalosa resuelto en diciembre 7, 1920, (pág. 933). En el presente caso hemos examinado asimismo el alegato, en el que encontramos la cuestión de la autoridad o jurisdicción de la corte de distrito para conceder ciertos honorarios de abogado. Como esta parece una cuestión que merece ser examinada, hemos resuelto ejercitar nuestra discreción en favor de los apelantes y denegar la moción de desestimación.

Denegada la moción de desestimación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado' Se. del Tobo,

text:
    Torres, Demandante y Apelado, v. Vidal, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2277.
    Resuelto en diciembre 16, 1920.
    Automóvil — Velocidad—Evidencia Sobre Velocidad de Automóviles. — Es muy difícil poder fijar en millas o kilómetros la velocidad a que corre un auto-móvil aún a personas de experiencia en la materia y mucho .menos a aquéllas que como el demandante y sus testigos en la presente acción claramente no la tenían, pero una persona de inteligencia común puede apreciar y declarar sobre su impresióu de si un automóvil corría a “gran velocidad” o a “mu-ellísima velocidad,” y su declaración servir de base a la corte para estable-cer su conclusión sobre tal extremo.
    Ib. — Negligencia del Chxoteeur, o Conductor — Daños y Perjuicios. — El dueño de cualquier vehículo de motor será responsable de los daños causados por la negligencia del conductor o chmffeur mientras dicho dueño estuviere en el vehículo. Este caso especial se regula por la sección 17 de la Ley No. 75 de 1916 y no por el artículo 1804 del Código Civil Revisado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. J. Tous Soto.

    Ahogado del apelado: Sr. B. Martínez Nadal.

   El Juez Asociado' Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Torres estableció demanda contra Eduardo Vidal en reclamación de diez mil dólares por daños y perjuicios: Contestada la demanda, fue el pleito a juicio, y practicada la prueba, la corte dictó sentencia condenando al demandado a pagar al demandante la suma de quinientos dólares con, más las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado. Los hechos declarados probados por la corte sentenciadora, fueron los que siguen:

‘‘El 7 de abril de 1918 y en momentos en que el demandant^ Manuel Torres, iba a caballo por la carretera de Juana Díaz a Goamo, al salir de una curva muy pronunciada en el sitio conocido por Yagüez oyó venir un automóvil, por lo que se echó aún más a su derecha, bien cerca de la cuneta derecha de la carretera. El automóvil, que era propiedad del demandado Eduardo Vidal, quien entonces y allí iba en dicho automóvil, y era el chauffeur Carlos Padilla, se fué por la tangante y arrolló la yegua que montaba el demandante hiriéndola en la nalga izquierda longitudinalmente y lanzando al demandante contra un árbol de la cuneta derecha de la carretera, causándose dicho demandante con la cajda lesiones internas en el pecho, que le hicieron vomitar sangre, siendo asistido después por el Dr. Igaravídez, experimentando dicho demandante fractura de algunas costillas con inflación de la pleura a conse-cuencia del traumatismo sufrido, y quedando deformado del tórax e incapacitado para trabajos fuertes. El demandante, a conse-cuencia del golpe recibido, estuvo 34 días enfermo en cama, y ha sufrido dolores continuos; su. oficio era timonero de arado y ganaba de dos a tres dollars diarios en el mismo. De la prueba testifical apreciada en conjunto, la corte llega a la conclusión de que el acci-dente ocurrió por correr el automóvil al doblar la curva, con un •exceso de velocidad; llegando la icorte, por tanto, a la conclusión de que el accidente ocurrió debido a la negligenia del chauffeur, que en este caso, de acuerdo con la ley, es la negligencia misma del demandado. ’ ’

No conforme el demandado con la sentencia dictada, apeló para ante esta Corte' Suprema señalando en sn alegato la comisión de dos errores, a saber: 1, erró la corte al estimar que existió negligencia de parte del chauffeur consistente en haber doblado una curva con exceso de velocidad, debido a lo cual se fue por la tangente y arrolló la yegua que montaba el demandante causando el accidente, y 2, erró la corte al es-timar que la negligencia del chauffeur es imputable al dueño, por haber demostrado éste que usó la diligencia de un buea padre de familia para evitar el accidente.

En su alegato el distinguido abogado de la parte ape-lante analiza la prueba con mucha habilidad a los efectos de demostrar su contención de que en ella no pudo encontrar la corte base suficiente para la declaratoria de hechos proba-dos que hizo y en la que fundó su sentencia.

Hemos estudiado dicha prueba y a nuestro juicio sostiene la declaratoria impugnada. Es muy difícil poder fijar en millas o kilómetros la velocidad a que corre un automóvil aún a personas de experiencia en la materia y mucho menos a aquellas que como el demandante y sus testigos claramente no la tenían, pero una persona de inteligencia común puede apreciar y declarar sobre su impresión de si un automóvil corría a “gran velocidad” o a “muchísima velocidad,” como sucedió en este caso. Véase el caso de El Pueblo v. Blandford, 23 D. P. R. 625.

Además, según la prueba del demandante, a la que dió crédito la corte, el demandante se colocó en la extrema orilla derecha del camino y allí fué alcanzado y herido como con-secuencia del choque del automóvil del demandado con la ye-gua que montaba el demandante. Para que esto sucediera tuyo necesariamente que desviarse el automóvil del deman-dado, hecbo que ocurre generalmente cuando se toma una curva a gran velocidad.

En cuanto al segundo error, bastará citar el precepto ter-minante contenido en la sección 17 de la Ley No. 75 de 1916, que dice que “el dueño de cualquier vebículo de motor será responsable de los daños causados por la negligencia del conductor o chauffeur mientras dicbo dueño estuviere en el vehículo,T’ para concluir que no existe. En el presente caso no sólo se demostró que el dueño del automóvil, el deman-dado, estaba en el vebículo, sino que iba en el asiento de de-lante sentado al lado del chauffeur.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcbison.

Confirmada la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rivera et al., Acusados y Apelantes.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción al artículo 519 del Código Penal.
    No. 1558.
    Resuelto en diciembre 21, 1920.
    Prisión Subsidiaria — Multa—Sentencia—Cortes.—Cuando una corte impone a un acusado el pago de una multa, tiene autoridad para ordenar que si la multa no fuere satisfecha, el acusado sea reducido a prisión, pero la priva-ción de libertad del sentenciado no podrá exceder del tiempo a que hubiera podido ser condenado por el delito de que fué convicto. Si la prisión fijada en la sentencia excediera de tal término, será corregida para ajustarla a la ley.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. J. Soto Rivera.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Miguel A. López y Perfecto Rivera fueron acusados y condenados como culpables de una infracción al artículo 519 del Código Penal, a pagar “una multa de cincuenta dollars cada uno, o un día de cárcel por cada dollar que dejen de satisfacer. ’ ’.

No conformes con la sentencia, apelaron para ante esta Corte Suprema pero no elevaron exposición del caso ni pre-sentaron alegato. Examinados los documentos remitidos por el secretario, no bay base para revocar la sentencia.

La única cuestión a estudiar es la suscitada por el propio Fiscal del Tribunal Supremo al pedir que la sentencia sea modificada en el sentido de expresarse en ella que la prisión subsidiaria no deberá exceder de treinta días.

A nuestro juicio tiene razón el Fiscal. El artículo 519 del Código Penal infringido castiga la ofensa de que fueron convictos los acusados “con multa máxima de cincuenta dollars, o con prisión que no exceda de treinta días, o con ambas penas, a discreción del tribunal.” El tribunal aquí sólo condenó a los acusados al pago de una multa de cin-cuenta pesos, pero dispuso que si la multa no fuera satis-fecha, entonces sufrieran un día de cárcel por cada dollar dejado de satisfacer. ¿Tuvo autoridad para ello? Es indu-dable que la corte tuvo autoridad para ordenar que si los condenados no pagaban la multa, fueran reducidos a prisión, pero estaba obligada a fijar la duración de esa prisión que de acuerdo con el artículo 322 del Código de Enjuiciamiento Criminal, no debe exceder de un día por cada dollar de multa ni pasar más allá del término ‘ ‘ a que fuere sentenciado a prisión el acusado por el delito de que ha sido convicto,” según el texto castellano de la ley, y, según el texto inglés, “a que pudiere haber sido .sentenciado a prisión (might be sentenced to imprisonment) el acusado por el delito de que ha sido convicto.

El texto inglés es igual a la sección 1205 del Código Penal de California y el Tribunal Supremo de dicho Estado, interpretando dicha sección ha establecido la siguiente ju-risprudencia :

“Un acusado convicto de nn delito de acometimiento y senten-ciado de acuerdo con la Seción 1205 del Código Penal a pagar una multa de quinientos dólares y en defeto de pago a ser encarcelado a razón de un día por cada dólar de la multa que deje de satisfacer, tiene derecho a ser puesto en libertad en un procedimiento de habeas corpus después de haber expirado el m'áximum de prisión fijado por el estatuto como castigo a la ofensa.” Ex parte Erdmann, 88 Cal. 578.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que debe corre-girse la sentencia apelada en la forma propuesta por el Fiscal.

Confirmada la sentencia apelada pero modifi-cada imponiendo a cada acusado cincuenta dólares de multa o en su lugar un día 'de cárcel por cada dólar, no excediendo la pri-sión de treinta días, y las costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.