text:
    Alfonso Lastra Chárriez, peticionario y apelado, Ex Parte; El Pueblo de Puerto Rico, apelante.
    Núm. 7954.

    Sometido: Junio 19, 1939.

      Resuelto: Abril 25, 1940.

      R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelante; J. Ramírez Santibáñez, Antonio Reyes Delgado, Angel Marchand Paz, Lionel Fernández Méndez y Bubón & Ochoteco, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan, por su Juez Sr. Romany, sentenció al abogado Sr. Alfonso Lastra Chárriez a pagar una muli a de $5.00 y a extinguir quince días de cárcel por un alegado delito de desacato cometido en su inmediata presen-cia. El perjudicado recurrió ante el Juez Asociado de este tribunal, Sr. Travieso, y mediante una petición de hábeas corpus solicitó y obtuvo la anulación de la sentencia y la correspondiente orden decretando su inmediata libertad. No conforme, El Pueblo de Puerto Rico apeló de la senten-cia dictada por el Juez Sr, Travieso para ante el tribunal en pleno. Fundamentando su recurso el apelante señala los siguientes errores:

“1. Al permitir declarar al peticionario ‘cuál había sido su in-tención y su estado de ánimo durante el incidente que motivó su condena por desacato/ tratando con dicha declaración de contro-vertir los hechos expuestos en la sentencia dictada por la corte sen-tenciadora, y al tomar en cuenta dicha declaración del peticionario con respecto a su intención y estado de ánimo para resolver que el peticionario no era culpable de desacato.
“2. Al resolver que había una importante incongruencia entre el relato de los hechos en el preámbulo de la sentencia por desacato y la transcripción taquigráfica del incidente que forma parte de dicha sentencia, llegando a la conclusión de que el peticionario no había ‘interrumpido’ al juez sentenciador.
“3. Al resolver que los hechos expresados en la sentencia no cons-tituían desacato. ’ ’

El 19 de junio último, que fué el señalado para la vista del recurso, el apelado presentó una moción en la que soli-citó que desestimemos la apelación interpuesta por el Pueblo de Puerto Pico, alegando falta de jurisdicción en este tribunal para conocer del recurso. La supuesta falta de juris-dicción consiste en:

“A. Que el escrito de apelación en este caso fué interpuesto por El Pueblo de Puerto Rico, y el Fiscal de esta Hon. Corte de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica de Puerto Rico no repre-senta a El Pueblo de Puerto Rico, sino que esa representación la ostenta única y exclusivamente el Hon. Procurador General de Puerto Rico, siendo por lo tanto nula y de ningún efecto la actua-ción que ha asumido indebidamente el Fiscal de esta Hon. Corte en el presente recurso.
“B. Que asumiendo que el Fiscal de esta Hon. Corte ostente la representación de El Pueblo de Puerto Rico, El Pueblo de Puerto Rico no obstante las disposiciones contenidas en las Secciones 1 y 2 de la Ley de 12 de marzo de 1903 (Compilación 1911, Secciones ■6547 y 6548) no tiene derecho a apelar contra una decisión ordenando la excarcelación de un acusado que ha sido privado ilegalmente de su libertad.
“C. Que asumiendo que proceda, de acuerdo con la ley, recurso de apelación contra una sentencia ordenando la excarcelación del peticionario apelado, por haber sido privado ilegalmente de su libertad, habiendo sido promovido el presente recurso de hábeas corpus contra Andrés Lugo, en su carácter de Alcaide de la Cárcel de Distrito de San Juan, el citado Andrés Lugo, en tal carácter, es parte perjudicada, y siendo parte perjudicada, el escrito de apelación en este caso debió haber sido notificado a dicho Andrés Lugo, en el carácter antes referido, y no habiendo sido notificado ese escrito de apelación, y siendo dicho Andrés Lugo, en su carácter de Alcaide de la Cárcel de Distrito de San Juan, parte perjudicada o agraviada en este procedimiento, esta corte carece de jurisdicción para enten-der en este procedimiento.”

La índole de las cuestiones promovidas por- el apelado exige que las discutamos en primer término, ya que de pros-perar todas o cualquiera de ellas nos relevaría de considerar el recurso en su fondo.

(A) No podemos convenir con el apelado en que la representación de El Pueblo de Puerto Rico ante este tribunal la ostenta “única y exclusivamente el Hon. Procurador General de Puerto Rico. ’ ’ El artículo 14 de nuestra Ley Orgánica terminantemente resuelve la cuestión al declarar que el Procurador General “será responsable de la debida representación de El Pueblo de Puerto Rico o de sus funcionarios debidamente constituidos, en todas las demandas (el original inglés dice acciones) y procesos civiles o criminales ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico en los cuales El Pueblo de Puerto Rico esté interesado o sea parte.” La responsabilidad que ese precepto impone al Procurador General no implica necesariamente que sea él la única persona que, con exclusión de cualquier otro abogado, pueda ostentar esa representación. Su deber se circunscribe a velar porque El Pueblo de Puerto Rico esté debidamente representado en cualquier procedimiento ante este tribunal en todo asunto en que El Pueblo o sus funcionarios debidamente constituidos puedan estar interesados. Es obvio que ese deber puede cumplirlo a cabalidad el Procurador General asumiendo la representación legal personalmente o a través de sus auxiliares, entre los cuales se halla el fiscal de este tribunal.

(B) Existe en los Estados Unidos un marcado conflicto de autoridades en relación con el derecho de apelación contra órdenes finales o sentencias dictadas en procedimien-tos de hábeas corpas. El peso de las autoridades bajo la Ley Común sostiene que contra una orden o sentencia decre-tando la libertad de una persona arrestada, no existe remedio alguno a favor del Estado o de sus funcionarios. Véanse las monografías en 10 A.L.R. 385, 386, y 30 A.L.R. 1322. Pero esta regla de la Ley Común ha sido variada por esta-tuto en muchos Estados, creándose el derecho de revisión ya por auto de error (writ of error) ya por apelación, tanto a favor de la persona privada de su libertad como a favor del Estado o de sus funcionarios. No fué hasta el año 1927 que California aprobó el artículo 1506 del Código Penal a virtud del cual se concedió al Estado el derecho de apelación de una orden o sentencia en un procedimiento de hábeas corpus en que se hubiere decretado la libertad de un dete-nido. En Nueva York, primero bajo el artículo 2059 del Código de Enjuiciamiento Civil y más tarde por el artículo 1275 de la Ley de Práctica (Civil Practice Act), se ha man-tenido el derecho de apelación en procedimientos de hábeas corpus, tanto a favor del preso como del Estado. Véase la interesante opinión de la Corte de Apelaciones de- Nueva York, emitida por su entonces Juez Presidente Sr. Cardozo, en el caso de People ex rel. Sabatino v. Jennings, 63 A.L.R. 1458, 246 N.Y. 258, 158 N.E. 613.

Nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal, que por dis-posición legislativa no empezó a regir hasta las doce del día primero de julio de 1902, estableció el recurso de hábeas corpus en sus artículos 469 al 500 ambos inclusives. Nada dispuso, sin embargo, sobre el derecho de revisión de las órdenes o sentencias que pudieran dictarse en este proce-dimiento. Pué un año después de la aprobación de dicho Código, por la ley de 12 de marzo de 1903 (Código de Enjui-ciamiento Criminal, ed. 1935, pág. 329), que nuestra Asam-blea Legislativa estableció y reglamentó en todos sus detalles el derecho de apelar en casos de hábeas corpus, concediéndolo tanto al reo cuando se le denegare el recurso, como al Pueblo de Puerto Rico cuando fuere decretada la libertad de un detenido o se le admitiese fianza para permanecer en liber-tad. Así, pues, nuestra Asamblea Legislativa, adelantándose a la de California, por la citada ley de 12 de marzo de 1903 cerró las puertas a toda controversia acerca del derecho de El Pueblo de Puerto Rico a apelar dé sentencias u órdenes finales dictadas en procedimientos de hábeas corpus.

Sostiene el apelado que no obstante las disposiciones de la ley últimamente citada, El Pueblo de Puerto Rico no tiene derecho a apelar de una decisión en un procedimiento de hábeas corpus que ordena la libertad de un detenido. La claridad del precepto legal nos autoriza a inferir que la contención del apelado descansa en la supuesta inconstitucionalidad de aquella parte de la ley que concede el derecho de apelar a El Pueblo de Puerto Rico. No cita, sin embargo, autoridad alguna que lo sostenga y la cuestión se promueve ahora por primera vez en esta jurisdicción. Solamente en California, que sepamos, ha sido impugnada la constitucionalidad de un precepto análogo al nuestro. Se atacó la constituí onalidad del artículo 1506 del Código Penal que entre otras disposiciones concede al Estado en ciertos casos el derecho de apelación en procedimientos de hábeas corpus. La impugnación se basó principalmente en cierta facultad de reglamentación que en el referido artículo 1506 se concede al Consejo Judicial en relación con el recurso de hábeas corpus. Se sostuvo la validez de la facultad concedida al Consejo Judicial, arguyéndose que si bien la Asamblea Legislativa no podía prohibir e] auto de hábeas corpus, porque de hacerlo así infringiría el precepto constitucional que lo garantiza, ningún principio constitucional impide que se regule el procedimiento. In re Alpine, 203 Cal. 731, 745, 58 A.L.R. 1500.

Lo mismo podría decirse con respecto al poder de nues-tra Asamblea Legislativa para conceder el derecho de ape-lación al Gobierno. La Carta Orgánica, en su artículo 2, prohibe la suspensión del privilegio del auto de hábeas corpus. pero no contiene ninguna otra, disposición que prohíba a la Asamblea Legislativa reglamentar ese derecho.

Atendida la naturaleza civil del auto de hábeas corpus, no vemos cómo pueda declararse inconstitucional un estatuto que como el nuestro y el de varios Estados, autoriza el recurso de apelación a favor del Gobierno. Tratando de la naturaleza del auto de hábeas corpus, ha dicho la Corte Suprema de Estados Unidos:

"El auto de hábeas corpus es el remedio que la ley concede para hacer valer el derecho civil de la libertad personal. A veces es necesario recurrir a él con motivo de actuaciones que se hayan lle-vado a efecto en la aplicación de leyes para el castigo de delitos; pero el procedimiento judicial que tiene efecto dentro del hábeas corpus no tiene por objeto investigar el acto criminal denunciado, sino investigar el derecho a la libertad, no obstante el acto criminal. Los procedimientos para hacer valer (enforce) derechos civiles, son procedimientos civiles y los procedimientos para castigar los delitos son procedimientos criminales. En el presente caso el peticionario se halla detenido por virtud de un procedimiento criminal. El pro-ceso contra él es un proceso criminal, pero el auto de hábeas corpus que él pueda obtener no es parte del proceso criminal. Por el con-trario, es un nuevo pleito instado por él para que se le reconozca un derecho civil que invoca contra aquellos que lo tienen privado de su libertad a virtud del proceso criminal. Si él deja de probar su derecho a su libertad, podrá ser detenido para ser sometido a juicio por el delito; pero si prueba su derecho debe ser puesto inmediatamente en libertad. El"procedimiento (de hábeas corpus) lo instituye él mismo en reclamación de su libertad, no el Gobierno para castigarle por su delito.” Ex parte Tom Tong, 108 U. S. 556, 27 L. ed. 826.

Al mismo efecto dijo el Juez Presidente Marshall:

"La cuestión de si un individuo deba ser confinado en prisión, es siempre distinta de la cuestión de si debe ser convicto o absuelto del cargo de que se le juzga, y por lo tanto estas cuestiones son in-dependientes y pueden ser decididas en cortes distintas.” Ex parte Bollman & Swartwout, 4 Cranch 75-101.

Siendo el' procedimiento de hábeas corpus de naturaleza civil y completamente independiente y extraño al acto delic-tivo que motivó la prisión, la ley que concede el derecho de apelación a favor de El Pueblo de Puerto Pico no puede estar en conflicto con aquella parte del artículo 2 de nuestra Ley Orgánica que garantiza a las personas el derecho a no ser puestas dos veces en riesgo (to be twice put in jeopardy) de ser castigadas por el mismo delito, cláusula constitucional que sin duda tuvo en mente el apelado al sugerir la incons-titucionalidad de la ley en controversia. Claro es que siendo el' recurso de hábeas corpus un remedio puramente civil y extraño al delito que causó la prisión del peticionario, no puede sostenerse con éxito que al apelarse de la sentencia que decretó su excarcelación en el hábeas corpus, se esté exponiendo de nuevo al peticionario por el mismo delito.

(O) Réstanos ahora considerar la tercera y última de las cuestiones suscitadas en la moción de desestimación, que se reduce a determinar si es necesario que el Pueblo de Puerto Rico, para perfeccionar su escrito de apelación en casos de hábeas corpus, deba notificar al funcionario bajo cuya custodia hubiere estado el detenido.

Es verdad que la sección primera de la ley que nos ocupa,, la de 12 de marzo de 1903, sostiene que podrá interponer recurso de apelación para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico “cualquiera de las partes agraviadas¿Puede considerarse parte agraviada el funcionario bajo cuya cus-todia se hallare el detenido? Ésa es la cuestión a resolver. La sección 2 de la referida ley desvanece cualquier duda que pueda causar la vaguedad en la redacción de la sección pri-mera, al conceder el derecho de apelación a nombre de El Pueblo de Puerto Rico y autorizar al fiscal del distrito res-pectivo, al del Tribunal Supremo, o al Procurador General o a un abogado debidamente autorizado por este último, para incoar el recurso. Al no mencionar al jefe de la pri-sión, claro es que quedó excluido de ese derecho. Expressio unius est exclusio alterius.

Inteipretando una disposición legal análoga a la expre-sada en la sección primera de la ley en cuestión, se ha resuelto que la frase “parte agraviada” (party aggrieved) no incluye al funcionario bajo cuya custodia se hallaba el detenido al ser puesto en libertad por un auto de habeas corpus, resol-viéndose además que dicho funcionario no tiene derecho a apelar. Burr v. Foster, 132 Ala. 41, 31 So. 495; Re Quinn, 37 N.Y. Supp. 534; Re Baker, 56 Vt. 1. Es evidente que si el jefe de la prisión no tiene derecho a apelar por no ser parte interesada o agraviada por la orden o sentencia que decretó la libertad del confinado, tampoco tiene aquel interés que exija su notificación para la perfección del recurso que El Pueblo pueda establecer.

Resueltas adversamente al apelado las tres cuestiones jurisdiccionales levantadas en su moción de desestimación, procede considerar ahora los errores señalados por ■el apelante. Invertiremos el orden del señalamiento de errores, considerando en primer término el tercero y último de ellos, ya que de ser constitutiva de desacato la conducta del apelado, conforme aparece del mandamiento de prisión, será innecesario considerar los dos primeros señalamientos de error.

El incidente que motivó la sentencia por desacato tuvo lugar mientras se constituía el jurado en un caso en que el Sr. Lastra ostentaba la representación legal del acusado. Transcribiremos a continuación la sentencia de la corte de distrito, de la cual aparece la conducta observada por el acusado, que se estimó constitutiva de desacato:

“Por cuanto en el día de boy se estaba celebrando la vista del caso contra Santiago Ramos, por un delito de asesinato;
“Por cuanto, en corte abierta, mientras se examinaba al jurado, señor Saldaña, éste alegaba que estaba enfermo, a pesar de que el Juez que preside lo veía constante y continuamente por las calles de San Juan;
“Por cuanto, cuando la corte estaba considerando la solicitud que había hecho el jurado señor Saldaña, el abogado de la defensa señor Alfonso Lastra Chárriez interrumpió a la corte, advirtiéndole el Juez que provee que no debía interrumpirle;
“Por cnanto la corte entonces ordenó al señor Lastra que ocu-para su asiento en estrados;
“Por cuanto el señor Lastra no obedeció la orden de la corte;
“Por cuanto la corte insistió en que el señor Lastra ocupara su asiento que le corresponde en estrados en este Tribunal, manifestando una desobediencia completa a la orden dictada por la corte;
“Por cuanto la corte quiso en primer término y le impuso una multa de |5 para advertirle de la obligación que estaba de obedecer las órdenes del Tribunal, de ocupar su asiento en la corte en es-trados ;
“Por cuanto la corte suplicó al señor Lastra que tuviera la bon-dad de ocupar su asiento, no habiéndolo hecho y habiendo desobe-decido la orden del tribunal;
“Por cuanto la corte entiende que ésta es una conducta irres-petuosa, que tiende a perturbar los procedimientos ordenados de la corte;
“Por cuanto el incidente a que se refieren los anteriores ‘por cuantos’ ocurrió en la forma siguiente, tomado del récord taquigrá-fico :
“ ‘La Corte: ¿Perentorias el Fiscal'?
“ ‘Sr. Fiscal: Ninguna.
“ ‘La Corte: ¿Perentorias la defensa?
“ ‘DeeeNSa : (Sr. Lastra) : Ninguna.
“ ‘La Corte: Queda aceptado el jurado. Presten juramento de-finitivo.)
“(El jurado no llegó a prestar el juramento definitivo.)
“ ‘Jurado: (Sr. Manuel Saldaña Crosas) : Yo suplico que se me exima porque estoy enfermo.
“ ‘La Corte: La Corte lamenta mucho no acceder a la solicitud hecha por el Sr. Saldaña. La Corte ha visto al Sr. Saldaña personal-mente por todos los sitios de San Juan y lo ve continua y diariamente. La Corte desea advertir a los Señores del Jurado que está haciendo falta y es completamente necesario de que haya miembros del Jurado distinguidos que prestigien la administración de Justicia. Es un deber ciudadano de cooperar a la administración de justicia y no cumple con sus deberes ciudadanos aquél que por motivos fútiles quiere evadir esta responsabilidad. La Corte tiene una gran res-ponsabilidad en la selección de las personas que deben comparecer para servir como jurado. La Corte lamenta y sabe que el señor Saldaña anda por San Juan, lo ha visto por San Juan en distintos sitios. La Corte no excusa al señor Saldaña. Una cuestión resuelta ya y tenga la bondad de sentarse el señor Saldaña.
“ ‘Señor Saldaña: ¿A pesar de traer pruebas?
“ ‘La CoRte: Siéntese el señor Saldaña.
“ ‘Señoe Saldaña: ¿Yo puedo hacer una indicación que esté fuera de la enfermedad? Pido a Su Señoría que me excuse como jurado porque yo no creo en la institución del Jurado.
“ ‘SR. Lastra: ¿Me permite la Corte?
“ ‘La CoRte: No, un momento.
“Se. LastRa: Yo tengo intereses que defender. Yo quiero decir que la defensa representa a un acusado, y que el acusado tiene inte-rés en que se haga justicia, y que este señor Jurado se puede enfer-mar después de dos o tres días de estarse viendo el caso y tener que disolver el jurado por esa enfermedad y así perjudicarse los inte-reses de la defensa, y yo respetuosamente solicito que se elimine, por estar enfermo al Sr. Jurado.
“ ‘La CoRte: Por ese hecho no lo va a eliminar.
“ ‘Sr. Lastra: Excepción.
“ ‘La Corte: Un jurado que dice que no cree en la institución del jurado, está incapacitado moralmente para sentarse en el ju-rado. La corte ordena la eliminación permanente del Sr. Saldaña como jurado. Puede retirarse.
“ ‘Sr. Saldaña: Muchas gracias, señor Juez.
“ ‘La Corte: Otro jurado. ¿Se prestó juramento?
“ ‘SeñoR Lastra: Sí, se prestó juramento.
“ ‘La Corte: El señor Lastra quiere sentarse en su sitio. La Corte desea que el señor Lastra se siente en su sitio.
‘ ‘ ‘ Sr. Lastra : Y yo le digo al Sr. Juez que la defensa no se sienta porque no .tiene deseos de sentarse, sin faltarle al respeto a la Corte.
“ ‘La Corte: La Corte ordena que se siente.
“ ‘Sr. Lastra: Pues yo no me siento.
“ ‘La Corte: La Corte lo condena a pagar $5 de multa por de-sacato. Siéntese el Sr. Lastra.
“ ‘Sr. Lastra: Yo no me siento.
“ ‘La CoRte: Quince días de cárcel por desacato. Marshal, há-gase cargo del abogado.’
“Por tanto, la Corte ordena al abogado Sr. Alfonso Lastra Chárriez a pagar cinco dólares ($5) de multa y a cumplir quince días de cárcel por desacato cometido en corte abierta.”

Convenimos con el apelado en que cuando el Sr. Lastra interrumpió a la corte para solicitar que el jurado Sr. Sal-daña fuese excusado por enfermedad, actuó legalmente en el cumplimiento de sus deberes profesionales para con su cliente. Siendo ello así, no puede legalmente considerarse que esa interrupción perturbase los procedimientos, como no los hubiera perturbado si la interrupción hubiese sido para anotar una excepción o hacer valer cualquier otro derecho de su representado. Como muy bien alegaba el apelado, después del agotamiento natural producido por dos o tres días de juicio, la enfermedad que alegaba sufrir el Sr. Sal-daña podía agravarse, y no existiendo todavía en Puerto Rico la ley que en previsión de esa contingencia rige en muchos estados, autorizando la selección de un miembro adi-cional del jurado, hubiera sido preciso empezar de nuevo el juicio, con detrimento de los intereses tanto de El Pueblo como del acusado.

Tampoco actuó incorrectamente el Sr. Lastra cuando en contestación a una pregunta de la corte manifestó que el jurado había prestado juramento definitivo. Pué en ese momento en que tuvo lugar el siguiente incidente:

“La CORTE: El Sr. Lastra quiere sentarse en su sitio. La Corto desea que el Sr. Lastra se siente en su sitio.
“SR. LastRA: Y yo le digo al Sr. Juez que la defensa no se sienta porque no tiene deseos de sentarse, sin faltarle al respeto a la Corte.
“La Corte: La Corte ordena que se siente.
“Sr. Lastra: Pues yo no me siento.
“La Corte: La Corte le condena a pagar $5 de multa por desa-cato. Siéntese el Sr. Lastra.
“Sr. Lastra: Yo no me siento.”

El magistrado que preside una sala de justicia, mientras se halla en el cumplimiento de los deberes de su cargo, repre-senta la majestad de la ley, y sea quien fuere la persona que en esos momentos actúa como ministro de la justicia, es acreedora al ‘ más profundo respeto, tanto por parte del público que presencia los procedimientos como por los abo-gados que intervienen en ellos. Parece oportuno transcri-bir aquí la cita que del caso de Dodge v. State, 140 Indiana 284, 39 N. E. 745, 746, se hace con aprobación en el de Ex parte Grossman (Cal.) 293 P. 683, 685:

“Es siempre lamentable que sarjan casos en que sea necesario que una corte tenga que castigar por desacato a un miembro del foro. A los abogados postulantes se les considera propiamente parte integrante de la corte (court’s constituency) para auxiliarla en la debida administración de justicia. Se exige de cada uno de ellos jurar que honrada y fielmente cumplirá sus deberes como tal abo-gado, y uno de los deberes cardinales impuéstosle por la ley es man-tener el respeto a que son acreedores los tribunales de justicia y los funcionarios judiciales. ... La determinación de si un desacato ha sido o no cometido, no depende de la intención del ofensor, sino del acto por él realizado. La negativa de faltar al respeto o de propósito de perturbar la administración de justicia, no excusa a la persona a quien se imputa la ofensa, cuando lo contrario resulta de una justa interpretación del lenguaje por él usado. ... Es de-ber ineludible de todo abogado ceder respetuosamente a las reglas y decisiones de la corte, ya sean correctas o equivocadas, reservando los derechos de su cliente mediante la correspondiente excepción. El remedio para la corrección de los errores de la corte, si los hubiere, está provisto adecuadamente por la ley.”

En parecidos términos se expresaron la Corte de Circuito de Apelaciones, Segundo Circuito, en el caso de U.S. v. Landes, 97 F. (2d) 378, 381, y la de Distrito de Apelaciones, Ter-cer Distrito de California, en el de Platnauer v. Superior Court, 163 P. 237, 241.

En el caso de Dodge v. State, supra, se agregó además que el hecho de que el lenguaje del juez sea provocativo o rudo no justifica al abogado para desacatar a la corte. Y es que el desacato no se comete contra la persona del juez, sino contra el alto ministerio que él representa.

Hemos examinado cuidadosamente los casos citados en. los alegatos y en la opinión que sirve de base a la sentencia apelada y en ninguno de ellos se niega el derecho del juez que preside un tribunal de ordenar a un abogado que se halla de pie en el estrado, que ocupe su asiento, siempre que en esos momentos no esté desempeñando para su representado cualquier gestión profesional que exija o justifique su per-manencia de pie mientras la realiza.

En el caso de autos, el abogado Sr. Lastra no realizaba gestión alguna que justificara desobedecer la orden de la cprte. No se estaba interrogando ningún testigo, no estaba él argumentando ante la corte o consignando una excepción. El mismo declaró que no tomaba su asiento, simplemente por-que no tenía deseos de sentarse, y por tres veces consecu-tivas desobedeció la orden de la corte a ese efecto. Es verdad que en los casos que fiemos examinado, la orden de la corte al abogado para que ocupase su asiento en el estrado, generalmente fué motivada para poner fin a una supuesta conducta desordenada por parte del letrado; pero esto no implica que el juez que preside una sala de justicia carezca de la facultad de ordenar que ocupe su asiento un abogado que se fialla innecesaria aunque ordenadamente de pie en el estrado o en cualquier parte de la sala, sin que sea requisito previo a la validez de esa orden la existencia de una nece-sidad que la justifique. Basta que la orden dictada sea legal para que exista el deber de obedecerla.

El caso de Ex parte Shortridge, 90 P. 478, en el que pone gran énfasis la representación del apelado, no es de aplica-ción al que nos ocupa. En aquél, un abogado que represen-taba en juicio a una de las partes, fué condenado a veinti-cuatro fioras de prisión por desacato. El mandamiento de prisión expresaba que mientras se verificaba el examen de un testigo, el abogado en cuestión, después de fiaber sido reiteradas veces requerido para que ocupase su asiento y se abstuviese de interrumpir los procedimientos, rehusó obe-decer la orden de la corte. No se decía, sin embargo, en qué consistía la alegada interrupción. Interpuesto recurso de habeas corpus para ante la Corte de Apelaciones del Primer Distrito de California, se anuló la sentencia de desacato por insuficiencia del auto de prisión. Resolvió la corte que del auto de prisión deben aparecer los hechos constitutivos de desacato, pues tratándose de una ofensa de naturaleza criminal, tanto la acusación como las conclusiones de la corte deben ser estrictamente interpretadas a favor del acusado. Se sostuvo además, que tratándose de un abogado que en aquellos momentos se bailaba ocupado en la defensa de su representado, no puede presumirse que toda interrupción a la corte sea constitutiva de desacato, ya que por razón de su profesión el abogado frecuentemente tiene que interrum-pir a la corte, ya sea para interrogar u oponerse a una pre-gunta becba a un testigo, ya para consignar su excepción o bacer cualquier otra alegación en defensa de los intereses, que le ban sido confiados. En tales casos, mientras actúe con el debido respeto, su conducta es perfectamente legal y como para dirigirse a la corte es su deber ponerse de pie, precisamente en señal de respeto al tribunal, claro es que el rehusar sentarse en esas condiciones no puede ser cons-titutivo de desacato.

En el caso que nos ocupa, el auto de prisión transcribe literalmente el lamentable incidente, de forma que los hechos que la corte estimó constitutivos de desacato aparecen lite-ralmente expuestos en el mismo.

También se distingue el caso de Shortridge, supra, del que nos ocupa, en que en este último el letrado no realizaba ninguna de las gestiones anteriormente mencionadas que pudieran justificar la necesidad de mantenerse de pie no-obstante el requerimiento de la corte.

Otro caso en que también descansa fuertemente el apelado es el de Ex parte Crenshaw (Tex. Crim. App.) 31 A.L.R. 1181. Los hechos de este caso pueden resumirse así: se celebraba un nuevo juicio en un caso criminal en el que Crenshaw ostentaba la representación legal del acusado. Durante una discusión entre el fiscal y la defensa sobre la admisibilidad de cierta evidencia, el abogado defensor hizo-mención de lo que sobre la misma cuestión había resuelto la Corte de Apelación al revocar la sentencia anterior y con-ceder el nuevo juicio. El juez, en presencia del jurado, hizo ciertas manifestaciones tendentes a desacreditar la resolu-ción del tribunal superior. Crenshaw, en defensa de los inte-reses de su cliente, se puso de pie para tomar excepción del comentario que en presencia del jurado había hecho el juez. Éste le ordenó que ocupase su asiento. Rehusó obedecer el abogado, manifestando que él necesitaba consignar su excep-ción en el récord. La corte lo castigó por desacato. Radicó Crenshaw una petición de hábeas corpus en la Corte de Ape-laciones Criminales de Tejas, y fué anulada la sentencia, fundándose la corte de apelación en que el peticionario, en su carácter de abogado, tenía el derecho inviolable de con-signar su excepción a los comentarios hechos por la corte sentenciadora en presencia del jurado, y que al hacer uso de ese derecho, es decir, al dirigirse a la corte para con-signar su excepción, era su deber hacerlo de pie. Y por consiguiente, su conducta, perfectamente legal, no podía constituir desacato.

Al final de la opinión en el caso de Crenshaw, supra, como para disipar cualquier duda que pudiera surgir del lenguaje usado en la opinión, se consignó la siguiente aclaración:

‘No su entienda que resolvemos que no constituye desacato el estar continuamente presentando objeciones frívolas equivalentes a una obstrucción del progreso ordenado del juicio; tampoco debe en-tenderse que resolvemos que no constituye desacato permanecer un abogado de pie de manera provocativa una vez requerido por la corte para que tome su asiento después de haber cumplido su deber de consignar una excepción, pero el caso de autos no está comprendido en ninguna de las dos hipótesis.”

En el caso de Platnauer v. Superior Court, supra, el peti-cionario era el abogado principal del demandado en un caso cuyo juicio se estaba celebrando. Se entabló una discusión entre el peticionario y la corte sobre cierta evidencia, y final-mente la corte manifestó a Platnauer que ya había resuelto la cuestión y le ordenó ocupar su asiento. Pidió permiso Platnauer para dirigirse a la corte y ésta le contestó que no deseaba oírlo. Rehusó sentarse el abogado y la corte, valiéndose del sheriff, le obligó a ocupar su asiento. Le indicó entonces la corte qne él era un estorbo en el juicio y que no le permitiría continuar participando en el caso. Continuaron los procedimientos y poco después el abogado Platnauer se dirigió a la corte para hacer una sugerencia en relación con cierta prueba que se estaba ofreciendo. Vol-vió la corte a ordenarle que se sentase. Alegó el abogado que había sido empleado para representar a su cliente y que tenía derecho a representarlo. La corte manifestó que la conducta de Platnauer era indigna de un abogado, lo declaró incurso en desacato y le impuso un día de cárcel. Para revisar la sentencia por desacato radicó el peticionario una solicitud de certiorari ante la Corte de Distrito de Apela-ciones, Tercer Distrito de California. La Corte de Apela-ciones planteó la cuestión en la siguiente forma:

“Por consiguiente, toda la controversia ante nos se reduce a la única y simple cuestión de determinar si dentro de las facultades legales de una corte se halla la de privar del derecho de participar en un juicio a un abogado debidamente admitido a postular, em-pleado por un litigante para representarlo en el caso, aunque dicho abogado pueda en algún momento anterior haber sido culpable de conducta contumaz, y si puede castigarlo por desacato si intentare representar activamente a su cliente en el juicio.” (Pág. 241.)

La cuestión .así planteada la resolvió la corte en los siguientes términos:

“No resulta de los hechos expuestos que el peticionario en mo-mento alguno se dirigiese a la corte en lenguaje irrespetuoso. Por el contrario, parece haber actuado perfectamente consciente del deber de un abogado para con la corte, y al declarársele culpable de desa-cato sólo hacía una sugerencia en lenguaje respetuoso en cuanto a la falta de prueba de que las papeletas se hallaban en las mismas con-diciones en que habían sido recibidas. Actuaba él dentro de sus derechos como abogado al hacer esta sugerencia y al oponerse a la consideración de dichas papeletas hasta que tal prueba se presentase, aun en el caso de que su objeción no fuese legalmente sostenible y que, como cuestión de hecho, careciese de fundamento, lo que proba-blemente era cierto. Pero la corte parece haber sido inexorablemente insistente en hacer cumplir su orden de que el peticionario se abstu-viese de tomar parte activa en el juicio o que bajo ninguna eircuns.-tancia se dirigiese a la corte; y como se ba diclio, fué solamente la insistencia del peticionario de ser oído en representación de su cliente, de quien era el principal abogado, lo que causó la sentencia y auto de prisión por desacato. En otras palabras, la alegada con-ducta irrespetuosa por parte del peticionario parece haber consistido en su pretensión de tomar parte en los procedimientos pendientes después de habérsele ordenado por la corte que se abstuviese de ello. Como hemos indicado antes, nuestra conclusión es que al así actuar la corte, se excedió en su autoridad y que la orden fué dictada en exceso de jurisdicción, siendo por consiguiente nula.”

Eli el caso de Curran v. Superior Court (Cal.) 236 P. 975, resuelto por la Corte de Distrito de Apelaciones, Primer Distrito de California, el principio envuelto fué el mismo que en el caso de Platnauer, supra. El abogado tomó una excepción y la corte le ordenó ocupar su asiento y conducir sentado el examen de repreguntas. Rehusó el abogado sen-tarse y condujo el interrogatorio de pie. Se resolvió que el examen de un testigo requiere que un abogado se aproxime a él, agregándose: “Ninguna razón aparece del récord que justificase la orden de la corte para requerir al peticionario que se sentase y condujese en esa posición el interrogatorio. Siempre se lia asumido que la celebración ordenada de un juicio permite, si no requiere, que el abogado al presentar su caso, ya directamente a la corte, ya al jurado, o indirecta-mente a una y otro, a través de testigos, se ponga de pie, aunque sólo sea en señal de respeto; en verdad, la expe-riencia ha demostrado que la repregunta efectiva de un testigo requiere que se haga así; y creemos que dentro de las circunstancias, la corte inconscientemente se excedió en su autoridad, que fué a virtud de un momentáneo olvido de los derechos del peticionario como oficial de la corte en el cumplimiento de su deber para con su cliente y el público, y que dicha orden no era necesaria o propia por alguna mala conducta anterior por parte del peticionario.”

La frase “ninguna razón aparece del récord que justifi-que'la orden de la corte para requerir al peticionario que se sentase y condujese en esa posición el.interrogatorio”, con-tenida en la cita qne inmediatamente .precede, no debe inter-pretarse aisladamente, sino en relación. con el contexto del párrafo en qne aparece, del qne resalta qne el sentido de dicha frase debe ser qne no existió razón qne justificase a la corte privar al peticionario del derecho qne como abo-gado se le reconoce a conducir de pie' el interrogatorio de un testigo. Ya hemos visto qne cuando el abogado en forma respetuosa hace uso de su inviolable derecho de dirigirse a la corte a favor de su cliente, tiene el deber, a la vez qne el derecho, de hacerlo de pie y qne la corte en defecto de cir-cunstancias qne la justifiquen no puede privarlo de ese derecho.

En el caso de U.S. v. Landes, supra, se ordenó al abogado que ocupase su asiento, y a pesar de que se hallaba en el desempeño de sus obligaciones para con su cliente, se sos-tuvo la sentencia por desacato que se le impuso al desobedecer la orden, porque mientras trataba de cumplir sus deberes profesionales lo hacía de manera irrespetuosa para con la corte.

No abrigamos duda alguna de que la corte de distrito no se excedió en sus poderes al ordenar al apelado qne ocu-para su asiento en el estrado, como pudo, de igual modo, haber ordenado sentarse a cualquier persona que en el sitio destinado al público se hallase de pie. Esa facultad está comprendida en el poder inherente de toda corte de justicia de hacer mantener el orden y el decoro en los procedimien-tos ante ella. Siendo legal la orden, como indiscutiblemente lo era, aun asumiendo que en el momento en que fué dictada no hubiere sido necesario que el apelado se sentase, aun así, repetimos, siendo una orden dictada con jurisdicción, era el deber del apelado obedecerla sin detenerse a cuestionar si las circunstancias del momento demandaban o no su cum-plimiento.

Más gravedad que el hecho de rehusar- sentarse, envuel-ven, a nuestro juicio, las palabras que en contestación al requerimiento de la corte pronunciara el abogado, a saber: “ Y yo le digo al Sr. Jnez qne la defensa no se sienta porque no tiene deseos de sentarse, sin faltarle el respeto a la corte.” Estas palabras son, a nuestro juicio, desafiantes y provoca-tivas, y el juez no tenía otra alternativa, por el prestigio de la corte que presidía, que castigar al querellado por desacato.

Se dice en el caso In re Hallinan, 14 P. (2d) 797, 799:

“Convienen todas las autoridades en que un desacato puede co-meterse por palabras o por actos, y que aunque el lenguaje por sí solo no sea constitutivo de desacato, puede serlo si se pronuncia de manera insolente o desafiante; y que al determinar si el lenguaje usado es constitutivo de desacato, deben tomarse en consideración no sólo las palabras vertidas, si que también las circunstancias con-currentes, el motivo que dió lugar a ellas, el tono de voz, la mirada, los gestos y el énfasis.”

Refiriéndose a la actitud que deben asumir las cortes de apelación al revisar sentencias por desacato, se citan con aprobación en el caso In re Hallinan, supra, las siguientes palabras de la Corte Suprema de Minnesota:

“Aunque tenemos jurisdicción para revisar una orden castigando por desacato criminal, la decisión de la corte inferior no debe ser revocada por motivos triviales. La oportunidad que tuvo la corte en cuya presencia se cometió el desacato para saber y determinar si los actos o palabras fueron realizados o dichas en menosprecio-y desacato de su autoridad, es vastamente mayor que la que podemos tener nosotros nor la mera lectura del récord de tales actos o pala-bras. Los actos y las palabras, al exponerse por escrito, pueden aparecer enteramente inocentes, pero pueden haber sido hechos o habladas en forma tal que constituyan la mayor falta del respeto debido a las cortes mientras se hallan en el cumplimiento de su deber, y del decoro y buen orden que deben observarse en su pre-sencia para permitírseles desempeñar adecuadamente sus funciones. Por esta razón no creemos formular la regla con demasiada rigidez, cuando decimos que una orden que declara culpable de desacato criminal no debe ser revocada a menos que sea manifiesto que ningún desacato se ha cometido, demostrándose así que la corte ejercitó su autoridad caprichosa, opresiva y arbitrariamente.”

El privilegio contra arresto que invocó el peticionario como Senador de Puerto Bico, no merece seria consideración, pues como el propio apelado admite en su alegato, el privilegio en cuestión se lia interpretado en el sentido de limitarse a arrestos en casos civiles solamente, y no a los que puedan practicarse en casos criminales. Véanse los casos que cita el apelado, de Williamson v. U.S., 207 U.S. 425, y Ex Parte Emmett, 7 P. (2d) 1096.

Además, el poder de castigar por desacato es inherente en los tribunales de justicia. No Ies ha sido conferido por la Constitución ni por el poder legislativo. Por consiguiente, aunque la Asamblea Legislativa puede reglamentarlo, no puede en manera alguna destruirlo. 3 Cornell Law Quarterly, 47, 48. Por lo tanto la sección 2 de la Ley definiendo los privilege os e inmunidades de los miembros de la Asamblea Legis-lativa, según fué enmendada por la núm. 34 de 1915 (pág. 65), invocada por el apelado, sería a todas'luces inconstitu-cional si la interpretásemos en el sentido de privar a un tribunal de justicia de poder hacer efectiva una sentencia de prisión por un desacato cometido en su inmediata presencia por un miembro de la Asamblea Legislativa durante el período legislativo o durante los quince días precedentes o subsiguientes a dicho período.

Por lo expuesto, procede en este caso revocar la sentencia que con fecha 7 de marzo de 1939 dictó el Juez Asociado Sr. Travieso, y en su lugar dictar otra desestimando la solicitud de habeas corpus y devolviendo el peticionario a la custodia del Alcaide de la Cárcel de Distrito de San Juan, pero con-siderando este tribunal que en los casos aquí examinados, similares al presente, la sentencia impuesta generalmente no ha excedido de veinticuatro horas de prisión, le parece opor-tumo llamar hacia ese extremo la atención, por si el juez desacatado, en su sana discreción, considera justo modificar su sentencia en tal sentido.

El Juez Asociado Sr. Travieso se inhibió.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison

license: Public Domain

text:
    Andréu, Aguilar & Co., Inc., demandante y apelada, v. Jesús Benítez Castaño, como Administrador de la Capital de Puerto Rico, y Bolívar Pagán, como Tesorero de la Capital de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    Núm. 7638.

    Sometido: Junio 13, 1939.

      Resuelto: Abril 26, 1940.

      J. Validejuli Rodríguez, abogado de los apelantes; Juan J. Fuertes, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El Administrador y el Tesorero del municipio conocido ahora como Capital de Puerto Bico, demandados en un pleito de injunction para impedir el cobro de ciertos impues-tos por concepto de patentes, apelan de una sentencia adversa, Play dos cuestiones envueltas. La primera es si la peticio-naria tenía un remedio adecuado en derecho.

El artículo 46 de la “Ley para establecer un gobierno especial para la Capital de Puerto Bico, y para otros fines”, aprobada el 15 de mayo de 1931 (leyes de ese año, páginas 627 y 653), confirió a la Corte de Distrito de San Juan juris-dicción :

.■ “ (b) Para suspender, mediante injunction, la ejecución de cual-quier ordenanza, acuerdo, resolución u orden de la Junta de Comi-sionados, de la Junta Administrativa y cualquier funcionario de la Capital que lesione derechos garantizados por la Ley Orgánica o por las leyes insulares.”

En 1933 (leyes de ese año, pág. 255) se agregó un nuevo artículo a la ley de 1931. Éste trata del pago de las con-tribuciones bajo protesta y sobre la devolución de las mis-mas al considerárseles injustas o ilegales. El remedio era exclusivo. Nada se dispuso sobre el pago de intereses. El remedio era inadecuado. Plaza Provision Co. Inc. v. Benítez, Administrador, 51 D.P.R. 657.

La segunda cuestión envuelve la validez de ciertas ordenanzas municipales.

Las secciones 1 y 2 de la “Ley para autorizar a los muni-cipios de la Isla de Puerto Eico a imponer y cobrar, en concepto de patentes, una contribución anual ... y para otros fines,” aprobada el 28 de marzo de 1914 (leyes de ese año, pág. 181), autorizan, a los concejos municipales de todos los municipios de la Isla de Puerto Eico a imponer y cobrar a tocia persona, firma o corporación dedicada a “la venta de automóviles o materiales para éstos ...” o a “guard'ar y reparar automóviles” ciertas patentes. Entre las fuentes de,ingresos provistas por el artículo 40 de la Ley núm. 99 “para establecer un gobierno especial para la Capital de Puerto Eico, y para otros fines”, aprobada el 15 de mayo de 1931 (leyes de ese año, págs. 627, 649) figuran:

“(e) Contribución por concepto de patentes comerciales e in-dustriales, según la Ley núm. '26 de la Asamblea Legislativa de . Puerto Rico aprobada en 28 de marzo de 1914 y sobre los demás establecimientos ’ comerciales e industriales que proveyere la Junta de Comisionados según se expresa en el artículo 18 de esta Ley.”

El artículo 18 de la misma ley provee en parte como sigue (pág. 637):

“Entre las facultades legislativas de la Junta de Comisionados, estarán especialmente las siguientes, sujetas a las demás disposicio-nes de esta ley:
í( & # * * # * *
“ (4) La imposición de contribuciones y arbitrios razonables den-tro de los límites jurisdiccionales de la capital; Disponiéndose, que, a los efectos de la aplicación de la Ley de patentes de industrias y de comercio decretada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en 28 de marzo de 1914, la Junta de Comisionados queda por la pre-sente autorizada para incluir mediante ordenanza o resolución cualesquiera establecimientos o agencias de industria y comercio que no se hubieren enumerado en la expresada ley.”

La sección 99 de la Ley núm. 85 “para proveer rentas para El Pueblo de Puerto Rico mediante la imposición ... de ciertos arbitrios y de licencias sobre determinadas ocupacio-nes, industrias o negocios, ... y para otros fines,” apro-bada el 20 de agosto de 1925 (leyes de ese año, páginas 585, 653), dispone:

“A partir del día en que esta ley sea aprobada, ningún distrito municipal ni otra división administrativa de Puerto Rico, podrá imponer o recaudar ningún impuesto ni arbitrio local sobre cual-quier artículo sujeto a contribución bajo las disposiciones de esta ley; Disponiéndose, que nada de lo prescrito en esta ley se entenderá que derogue en todo ni en parte, la Ley Núm. 26 titulada, ‘Para autorizar a los municipios de la Isla de Puerto Rico a imponer y cobrar, en concepto de patentes, una contribución anual para cubrir las atenciones de su presupuesto, y para otros fines,’ aprobada el 28 de marzo de 1914; Y disponiéndose, además, que cuando la im-posición de una patente esté en conflicto con una contribución im-puesta de acuerdo con la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico y ambas no puedan hacerse efectivas, se entenderá que la contribu-ción impuesta por la Ley de Rentas Internas prevalecerá.”

La peticionaria, como traficante en vehículos de motor y en piezas, accesorios, llantas de goma y tubos interiores para vehículos de motor, había pagado la contribución por licencia impuéstale por el artículo 84 de la Ley de Rentas Internas, tal cual fué enmendada por la Ley núm. 17 de 3 de junio de 1927 (leyes de ese año, págs. 459, 477) y por la Ley núm. 83 de 6 de mayo de 1931 (leyes de ese año, páginas 505, 517). Las ordenanzas que dieron lugar a este pleito de injunction disponían el pago de contribuciones similares sobre el mismo negocio. Ellas eran ultra vires y nulas. Mayagüez, L. P. & I. Co. v. Green, 36 D.P.R. 324; Porto Rico Distilling Co. v. Seijo, 42 D.P.R. 423, y Pueblo v. Irizarry, 46 D.P.R. 898.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Nemesio Rivera, demandante y apelante, v. Ana María Torres, demandada y apelada.
    Núm. 8044.

    Sometido: Abril 19, 1940.

      Resuelto: Abril 26, 1940.

      Adolfo García Veve, abogado del apelante; L. Mendín Sabat, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En el pleito de divorcio pendiente entre las partes, la esposa demandada radicó una moción en la que pedía se orde-nase al esposo demandante que le pasara durante la pen-dencia del pleito una pensión alimenticia de $30 mensuales y que pagara $50 para honorarios de abogado. En oposición alegó el demandante que él gana un sueldo de $12 mensuales como dependiente de comercio, y que no obstante su precaria situación le ña venido pasando a su esposa e hija un dólar semanal, atendiendo además a los gastos de vestuario y medi-cinas de la bija.

Del récord ante nos no aparece que se celebrara vista alguna con el fin de determinar la suma que el esposo deman-dante podía y debía pasar a la esposa para alimentos. En septiembre 8, 1938, la Corte de Distrito de Humacao dictó una resolución ordenando al demandante a pagar a la deman-dada una pensión alimenticia de $15 mensuales pendente lite j a depositar en secretaría $50 para honorarios, con aper-cibimiento de que la desobediencia a dicha orden sería castigada como desacato y causaría la suspensión de los procedimientos sobre divorcio. El 19 de septiembre, 1938, solicitó el demandante que se redujera la pensión a $8 men-suales, y que se fijaran los honorarios en una suma en armo-nía con la difícil situación económica del demandante. En noviembre 4, 1938, la corte inferior dictó una nueva resolu-ción reduciendo la pensión a $10 mensuales y dejando en pie la resolución anterior en cuanto a honorarios.

En abril 28, 1939, habiéndose quejado la demandada de que el demandante había depositado solamente $4 a cuenta de la pensión vencida el 19 de ese mismo mes, la corte citó al demandante para que compareciese a exponer las razones por las cuales no deba ser castigado por desacato. Compa-reció el demandante y declaró que hacía ocho o diez meses que no trabajaba; que su ocupación es la de dependiente y cuando trabaja gana doce o quince dólares mensuales; que ha tratado de conseguir colocación pero no lo ha logrado; que durante seis u ocho meses pudo pasarle a su esposa la suma ordenada por la corte porque su padre estaba traba-jando y él le daba el dinero para pagarlo; que su padre tra-bajaba en la P.R.R.A., pero hacía como dos meses que no trabajaba; que no tiene propiedades; que’ vive en casa de-sús padres; que su padre le viste y calza; que los $4 que trajo a la corte los tomó prestados; que está deseoso de cumplir con la orden de la corte, pero le es imposible hacerlo. Declaró el padre del demandante corroborando en todas sus partes lo declarado por'el hijo. Preguntada la demandada si deseaba decir algo se limitó a decir que el demandante decía que no estaba trabajando para que no le obligaran a pagar la pensión, pero que en realidad estaba trabajando, sin decir dónde trabajaba.

La corte inferior declaró al acusado culpable de desacato y le condenó a una multa de $5 o a prisión subsidiaria. El demandante interpuso el presente recurso de apelación, ale-gando que no existe prueba alguna que justifique la sentencia recurrida.

Tiene razón el apelante. La prueba demuestra clara-mente que él no estaba en condiciones económicas para poder proveer de alimentos a la demandada, ni para pagarle suma alguna para honorarios de abogado. La doctrina sentada en el caso de Quiñones v. Corte y Sárraga, 54 D.P.R. 189, es aplicable al caso de autos. La probada imposibilidad eco-nómica del apelante para cumplir lo ordenado por la corte debió ser razón suficiente, como lo es a nuestro juicio, para que se le exonerase del cargo de desacato por el cual fue condenado.

Debe revocarse la sentencia recurrida, sin perjuicio del derecho de la esposa demandada a renovar su petición si la situación económica del esposo demcmdante mejorase.


author: El Juez Asociado Señoe Tbavieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Martín Ramos y Ramón Quiñones, acusados y apelantes.
    Núm. 7999.

    Sometido: Marzo 27, 1940.

      Resuelto: Abril 26, 1940.

      Rafael Arroyo Ríos y Luis Pereyé, abogados de los apelantes; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Tbavieso

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso se imputó a los acusados haber infringido las disposiciones de la sección 2, inciso (a), sub-inciso 1, en relación con la sección 4 de la Ley núm. 63 de 1931 (pág. 415), porque “en la ciudad de Nagqabo, dentro del Distrito Judicial de Humacao, P. R., ilegal, voluntaria y maliciosamente tenían y ofrecían en venta una droga, a saber: aceite alcanforado, con tal nombre reconocida por la Farmacopea de los Estados Unidos, y dicha droga, así tenida y ofrecida en venta como pura por los acusados, difería de la norma de fuerza, calidad y pureza de tal droga (aceite alcanforado), tal y como fué definida y expresada por la Farmacopea de los Estados Unidos en los ensayos que cons-tan en dicho formulario en la época de la investigación; por cuanto la droga (aceite alcanforado) tenida y ofrecida, en venta como pura por los acusados, reveló en un análisis de la misma, que tal aceite alcanforado no contenía del 19 al 21 por ciento de alcanfor, según prescribe la Farmacopea de los Estados Unidos, siendo su fuerza sólo de 16.34 por ciento. ’ ’

Desestimada una excepción perentoria basada en que en la acusación no se alegaba que la droga fuese falsamente rotulada, y desestimada una moción para que se ordenase al fiscal presentara un pliego de especificaciones, celebróse la vista del caso. Declarados culpables, la corte condenó a cada uno de los acusados á uña multa de $25 o a sufrir la pena de prisión subsidiaria.

En el recurso interpuesto por los acusados se señalan como errores de la corte sentenciadora el ñaber declarado sin lugar la excepción perentoria y ñaber apreciado errónea-mente la prueba.

La sección 4 de la Ley núm. 63 de 1931, define el delito así:

“Toda persona que fabricare, vendiere, ofreciere o tuviere en venta, o que transportare o almacenare alimentos o drogas adulte-rados o falsamente rotulados, dentro de los términos expresados en esta ley, será culpable de delito menos grave (misdemeanor) y será castigado con una multa no menor de veinticinco (25) dólares ni mayor de cien (10Ó) dólares.”
La sección 2 de la citada ley, dice:
“Para los fines de esta Ley, todo artículo se considerará adulte-rado :
“(a) En las drogas:
“Si se vende bajo un nombre reconocido por la Farmacopea de los Estados Unidos o el Formulario Nacional y difiere de la norma de fuerza, calidad o pureza expresada en los ensayos que constan eii esos dos formularios oficiales, en la época de la investigación . . .
“Disponiéndose, que ninguna droga descrita en ambos formula-rios se considerará adulterada, si se expresa claramente otra norma en el rótulo, aunque ésta difiera de la oficial de aquellos dos for* mularios. ’ ’

La acusación formulada contra los acusados apelantes es a nuestro juicio suficiente para informar a éstos de que el delito que se les imputa es el de tener y ofrecer en venta aceite alcanforado adulterado.

En el caso de El Pueblo v. Marín, 54 D.P.R. 651, la cues-tión sobre la suficiencia de la acusación se presentó en forma inversa a la del presente caso. A Marín se le imputó que “tenía para la venta, con el fin de dedicarlo al consumo ñumano, aceite de almendras comercial adulterado con aceite de semillas de algodón y otros aceites extraños, entre ellos, el de semilla de melocotón y el de albaricoque.” Se presentó excepción perentoria basada en que la acusación no debe meramente seguir las palabras del estatuto, y se alegó que la acusación hubiera sido suficiente si se hubiese alegado que el acusado vendía bajo el nombre de “aceite de almendras comercial,” reconocido por la Farmacopea o el Formulario Nacional, un producto que difería de la norma de fuerza, calidad o pureza expresada en los ensayos que constan en el formulario aplicable en la fecha en que se alega se cometió el delito, que es la época de la investigación a que se refiere la ley.

Al revocar la sentencia en el citado caso, esta corte, por voz del Juez Asociado Sr. Wolf, dijo:

“Este argumento sugiere más bien que levanta claramente la insuficiencia de la acusación. Lo que sí hallamos al examinar la acusación es que deja de aducir los hechos constitutivos de la adul-teración, y los asume. La acusación debió haber alegado, conforme sugiere el apelante, que el aceite de almendras comercial vendido por él era inferior a la norma oficial de pureza especificada en la ley, o que debió haber alegado que la adición de las sustancias mencio-nadas en la acusación hacía que el producto fuera inferior a la norma o calidad exigidas por la ley. La acusación es insuficiente.”

La acusación en el caso de autos se ajusta a la regla sen: tada en el caso de Marín, supra. En ella se alegan especí-ficamente todos aquellos hechos que de acuerdo con la sección 2(a), supra, deben coexistir para que una droga pueda ser considerada como “adulterada.” La acusación es suficiente y tan clara y específica en sus alegaciones que el acusado no tenía en realidad necesidad alguna del pliego de espe-cificaciones que solicitara., En ella se imputa a los acusa-dos la primera modalidad del delito que define la sección 4 de ■ la ley, supra, o sea' la de tener y ofrecer en venta una droga adulterada.

El fiscal no estaba obligado a alegar- que 'en el rótulo con que se vendía el aceite alcanforado no se expresaba' claramente otra norma, aún cuando fuera distinta a la norma fijada por los dos formularios oficiales. Era a los acusados a quienes incumbía alegar y probar que el aceite alcanforado que ellos tenían y ofrecían en venta y que difería en cuanto a fuerza, calidad y pureza de la norma oficial, no podía ser considerado'como “droga adulterada” porque en el rótulo con que ellos lo ofrecían al público se expresaba claramente su verdadera norma.

La acusación no tenía que alegar que el aceite alcanforado estuviera “falsamente rotulado,” porque no se trata de una violación de la segunda modalidad del delito penado por la sección 4, o sea tener u ofrecer en venta una droga fulamente rotulada.

Hemos heclio' un estudio cuidadoso de la evidencia y encontramos que es ampliamente suficiente para sostener la acusación. Las muestras de aceite alcanforado tomadas por los inspectores del Departamento de Sanidad y examinadas en el laboratorio de diclio departamento diferían de la norma oficial, pues sólo contenían 16.34 por ciento de alcanfor en vez de 19 a 21 por ciento.

El hecho de que el aceite que fué ocupado a los acusados estuviese en el mismo estado en que lo compraron ellos a la Farmacia Blanco no constituye una defensa. La misma Ley núm. 63 de 1931 en su sección 7 provee el procedimiento que debe seguir el vendedor de una droga para protegerse contra una acusación si la droga resultase adulterada. Si los aco-sados hubiesen presentado una garantía escrita y firmada por la Farmacia Blanco, haciendo constar que el aceite adquirido por los acusados de dicha farmacia no está adul-terado ni falsamente rotulado, en ese caso la corte se hubiese visto obligada a absolverles. Del récord no aparece que tal garantía fuese presentada.

Debe confirmarse la sentencia.


author: El Juez Asociado Señob Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Valentín Lebrón Ortiz, acusado y apelante.
    Núm. 7961.

    Sometido: Abril 15, 1940.

      Resuelto: Abril 26, 1940.

      Alfonso Lastra Chárriez y A. B. Marchand Paz, abogados del ape-lante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abo-gados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El acusado apelante fue convicto de un delito de homi-cidio voluntario y condenado a la pena de cuatro años de presidio con trabajos forzados. Para sostener el presente recurso alega que la corte inferior erró;

(1) Al neg’arse a permitir al acusado en el inicio de la vista la presentación de prueba justificativa de la proceden-cia de la suspensión de la vista.

(2) AI negarse a trasmitir cierta instrucción solicitada por la defensa.

El incidente a que se refiere el primer señala - miento, tal como aparece del récord, es el siguiente:

El 26 de septiembre de 1936 tuvo lugar el acto del arraignment. Compareció el acusado en persona y asistido de su abogado. Según consta de las minutas de la corte, tl leída la acusación entregándosele copia de la misma al acu-sado alegó ser inocente y solicitó juicio por jurado.” De acuerdo con las notas tomadas por el taquígrafo en esa misma fecha, las que fueron ofrecidas por el fiscal como prueba de rebuttal, en el acto de serle leída la acusación el acusado fué sometido a un interrogatorio, contestando sin dificultad al-guna, en la forma siguiente:

“¿Cómo se llama? Valentín Lebrón. ¿Usted es soltero? Sí, señor. ¿Cómo se llama? Valentín Lebrón. ¿Su segundo apellido? Ortiz. ¿ Cuál es el otro apellido ? Lebrón. ¿ Ortiz, usted no es Ortiz? Ortiz. ¿ Lebrón Ortiz ? Sí, señor. ¿ Cuántos años tiene ? Cuarenta. ¿Soltero o casado? Soltero. ¿Dónde vive? En Yabucoa. ¿En qué trabaja? Plomería.”

Al ser llamado el caso para juicio, el 24 de octubre de 1938, la defensa solicitó la suspensión de la vista, alegando:

“Sr. Juez, hay una situación que yo desconocía en este caso y es que . . . ahora cuando me enfrento con el acusado es un hombre sordo como una tapia y tampoco puede ver bien, y resulta que él no me ha podido entender todavía, yo desafío a un ser humano que pueda hacerse entender con este señor, con el acusado. Es un hombre que no le entra ningún ruido por ninguno de los oídos que él posee.”

El juez resolvió constituir primero el jurado y declarar un receso por todo el tiempo necesario para que el abogado pudiese hablar y entenderse con su defendido. El abogado manifestó entonces que ésa era la primera vez que había hablado con el acusado. Más adelante solicitó la suspensión por el motivo de que siendo sordo el acusado su abogado no podía hablar con él sin que se enterasen otras personas.

Constituido el. jurado, se dio lectura a la acusación, que consta de unas setenta y cinco palabras. Preguntó el juez qué alegación bacía el acusado, y entonces ocurrió lo que sigue, copiado de la transcripción de evidencia:

"P. Con la venia de la corte ('dirigiéndose al acusado) ¿Usted ha oído lo que dice ese documento que han leído ahora?
"R. ¿Ah?
“P. ¿Usted ha oído el documento que le han leído a usted?
’ ’R. ¿ Que si lo oí 1
Í[P. Sí.
"R. No lo he oído.
‘1 Juez: Dice: ‘ Lo he leído. ’
"Defensor.
"P. ¿Usted puede leer eso?
"R. . No contesta.
"P. ¿Usted puede leer eso?
"R. No contesta.
"P. Que si usted puede leer lo que dice ahí.
"R. No lo he oído leer.
“P. Que si lo puede leer.
"R. ¿Leerlo?
"P. Leer.
"R. Yo no veo.
"P. ¿Pero usted no tiene espejuelos?
"R. No tengo. . ,
"P. ¿Dónde están sus espejuelos, usted usa espejuelos para leer?
“R. Yo no uso.
"P. ¿Pero usted sabe leer?
"R. Sí, un poco.
"P. Pues lea eso.
"R. Es que no veo eso en letras, no veo eso de arriba más grande, no lo veo.
"Juez.
“P. Dice que lo de arriba no lo ve, mire a ver si ve lo de abajo.
"R. No puedo verla, si la viera la leía.
"Defensor.
"P. ¿Ah? .
"R. Si la viera la leía.
"P. Tiene que leerla, mire a ver si puede, con la venia de i a corte. ’ ’

Del récord aparece que en diciembre 18 de 1936, teniendo que ausentarse para Europa, el abogado defensor solicitó la suspensión de la vista y alegó en su moción que el acusado le había conferido su representación, explicándole las cir-cunstancias y pormenores de su causa y que “después de haber estudiado dicha causa, tiene el criterio que le asiste una buena, legítima y razonable causa de defensa.”

Después de un largo diálogo entre el abogado defensor y la corte, ésta denegó la moción de suspensión e hizo anotar la alegación de inocencia del acusado. Preguntado el defen-sor si la defensa tenía testigos, respondió: “Tenemos tes-tigos pero no sabemos lo que dicen”; “Ahora no estamos" en condiciones de llamar la prueba; testigos tiene. ■ Le puedo decir que tiene, que están ahí, que yo no sé lo que dicen y aunque lo supiera, hasta que no me pueda entender con este hombre no me será posible.”

De la declaración del médico que examinó al acusado en la mañana del juicio resulta que el acusado es totalmente sordo del oído derecho y parcialmente sordo del izquierdo; que puede oír si se le grita lo suficiente o si él vigila la modulación del que le habla despacio; que es miope y puede ver bien a una distancia de ocho pulgadas.- -•

¿Erró la corte inferior al negarse a suspender el juicio? A nuestro juicio procedió correctamente. Desde el 26 de sep-tiembre, 1936, a 24 de octubre, 1938, transcurrieron dos'años, tiempo más que suficiente para que el abogado defensor pudiese entrevistarse con su cliente, informarle de la natu-raleza del cargo que se le hacía, conversar con sus testigos, enterarse de lo que éstos habrían de declarar y tomar cua-lesquiera medidas que fueren necesarias para la debida defensa del acusado.

No obstante la alegación de la defensa — contraria a la que se hiciera para conseguir la suspensión de la vista con motivo del viaje a Europa — de que el acusado por ser sordo no sabía de qué se le acusaba y no podía comunicarse- con su abogado, el hecho es que el acusado tenía ante la corte al comenzar el juicio todos los testigos que utilizó más tarde para' tratar de sostener su teoría de defensa propia.

La corte inferior estuvo a nuestro juicio justificada al llegar a la conclusión de que la alegada sordera, que impe-día al acusado oír la acusación cuando le fue leída, y la ale-gada miopía, que le impedía leerla al serle mostrada, no eran más que subterfugios para dilatar el procedimiento y posponer la acción de la justicia.

En el interrogatorio a que fue sometido en el acto del arraignment, el acusado no tuvo dificultad alguna para oír y contestar correctamente las once preguntas que se le hicie-ron. Debemos presumir que igualmente pudo oír la lectura de las setenta y cinco palabras de que consta la acusación.

El interrogatorio a que fué sometido en el acto del juicio, supra, es la mejor demostración de la variabilidad del grado de sordera del acusado de acuerdo con las circunstancias del momento en que se le habla. Cuando las preguntas tienden a investigar si él oye, el acusado contesta ¿Ah?, como si no hubiese oído, o se abstiene de contestar; pero a medida que avanza el interrogatorio y se entra en el campo de inves-tigación de su facultad visual, el acusado empieza a oír mejor y sin dificultad alguna contesta las nueve o diez preguntas que se le hacen con el propósito de averiguar si él ve lo sufi-ciente para poder leer la acusación. Entonces oye lo sufi-ciente para negar que pueda ver y contesta “Yo no veo, no tengo espejuelos, yo no uso (espejuelos)”; y sigue con-testando que él sabe leer un poco, que no ve las letras del papel que se le muestra, que si lo viera lo leería.

Aún cuando la defensa no ha levantado cuestión alguna en relación con la suficiencia de la prueba, hemos hecho un estudio detenido de la transcripción de evidencia y opina-mos que el veredicto está ampliamente sostenido por la prueba.

En el segundo señalamiento se queja el apelante de la negativa de la corte a transmitir al jurado la siguiente instrucción:

“La prueba producida por el acusado tiende a establecer que éste dio muerte al interfecto en defensa propia dentro del propio bogar, circunstancia que hace la defensa propia menos rígida que en otros casos. ’ ’

La corte hizo constar que la denegaba por entender que estaba comprendida en las instrucciones generales que ya había dado al jurado. Hemos leído dichas instrucciones y convenimos con la corte inferior en que la instrucción dene-gada estaba cubierta por las instrucciones generales. En ellas dijo la corte inferior:

“Además, parte de la teoría, Sres. del Jurado, de la defensa, tiende a demostrar que el acusado actuó en la defensa de su hogar. Con respecto a este extremo la corte va a dar instrucciones al jurado cuándo es que el homicidio es justificable.”

Después de informar al jurado acerca de los casos en que el homicidio es justificable de acuerdo con los artículos 207, 208 y 209 del Código Penal, dijo la corte:

‘ ‘ Cuando se cometa al defender una morada, propiedad o persona contra alguno que manifiestamente intente o procure, por medio de violencia o sorpresa, cometer cualquier delito grave o que violenta, desordenada y tumultuosamente intente o procure penetrar en la morada de otro con el propósito de agredir a alguna persona que se hallare en ella.
“La persona que intente violenta, tumultuosa y desordenamente entrar en la morada de otra persona con intención de agredir a otra persona que esté ahí adentro, en esas circunstancias si el morador de la casa mata, el homicidio puede justificarse.”

La evidencia de la defensa no sostuvo la teoría de que el acusado había dado muerte al interfecto en defensa de su hogar. La riña entre el acusado y su sobrino ocurrió dentro de la casa de María Lebrón Ortiz, en la cual vivía el acusado y la cual visitaba frecuentemente el interfecto como sobrino que era de los hermanos Lebrón.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señob, Travieso

text:
    Harry N. Baetjer, et als., peticionarios, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Roberto H. Todd, Jr., Juez, demandada.
    Núm. 1199.

    Sometido: Febrero 5, 1940.

      Resuelto: Abril 26, 1940.

      Fiddler, McConnell j Gonzalez, abogados de los peticionarios; É. - Arjona Siaca, pro se, opositor en el caso principal; IIon. Procu-rador General George A. Malcolm y Pallo Defendini, Sulprocu-rador Auxiliar, abogados de El Pueblo, opositor en el caso principal ; T. Torres Pérez, Asesor Legal de la Comisión ,de Servicio Público.
   El Juez Asociado Señob, Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios, en su carácter de fiduciarios y repre-sentantes de Eastern Sugar Associates, solicitaron en mayo de 1938 de la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico una franquicia para tomar agua del río Humacao y usarla en el riego de 485.24 cuerdas de terrenos dedicados a la siem-bra y cultivo de cañas de azúcar. El Pueblo de Puerto Rico y el Sr. Rafael Arjona Siaca se opusieron a la solicitud- de franquicia. En junio 20, 1939, la Comisión de Servicio Público dictó y archivó una resolución por la que se resuelve y ordena otorgar a los peticionarios una franquicia. por el término de veinticinco años. . El Pueblo de Puerto .Rico apeló de la citada resolución para ante la Corte de Distrito de San Juan y solicitó que se dictase una orden de suspensión (supersedeas). ...

En agosto 22, 1939, los peticionarios solicitaron la deses-timación de la apelación y de la solicitud de supersedeas, pol-los siguientes motivos:

“A. Porque la Ley núm. 70 de diciembre 6 de 1917, que regula las apelaciones de decisiones de la Comisión de Servicio Público para ante la Corte de Distrito de San Juan, no es aplicable a este caso y si lo fuera, la misma sería anticonstitucional y nula en cuanto pretende conceder un derecho de apelación de órdenes o resoluciones concediendo o negando una franquicia.
“B. Porque no existe resolución alguna en el caso apelado que pudiera apelarse, ni ha sido concedida franquicia alguna a los pe-ticionarios ni privilegio o derecho alguno que los peticionarios puedan ejercitar y de cuya concesión los apelantes puedan apelar.
“C. Porque aun asumiendo que existiese el derecho de apela-ción en este caso no procede el que se dicte una orden de suspensión de orden (supersedeas) porque la Corte de Distrito no tenía ante sí nada que suspender, ya que los peticionarios no podían hacer uso de franquicia alguna hasta que la misma fuese firmada por el Hon. Gobernador de Puerto Rico.
“D. Porque dicha orden de suspensión (supersedeas), de ser dictada, perjudicaría irreparablemente los derechos de los peticio-narios y por tanto no debía dictarse sin una previa fianza.”

La moción de los peticionarios fué declarada sin lugar en 19 de diciembre de 1939; y en la misma fecha la corte inferior decretó el supersedeas' de la orden y de la resolu-ción dictadas por la Comisión de Servicio Público y sus-pendió el efecto de las mismas “mientras se tramitan y resuelven las apelaciones en estos casos, sin necesidad de fianza alguna por ser El Pueblo de Puerto Rico el apelante en estos casos.”

En 29 de diciembre de 1939 los peticionarios radicaron ante esta Corte Suprema una petición de certiorari en la que solicitan se anule y deje sin efecto la orden dictada por la corte de distrito y que en su lugar se dicte otra deses-timando la apelación interpuesta por el Pueblo. Los fun-damentos de la petición son los mismos aducidos ante la corte inferior y que aparecen arriba transcritos.

Las cuestiones envueltas en este recurso son:

la. ¿Tiene El Pueblo de Puerto Rico, como opositor a la conce-sión de la franquicia, el derecho de apelación para ante la Corte de Distrito de San Juan?
2a. ¿Erró la corte inferior al decretar la suspensión de los efec-tos de la orden concediendo la franquicia, sin exigir al apelante la prestación de fianza?

La Ley de Servicio Público de Puerto Rico, aprobada en diciembre 6 de 1917, dispone:

“Artículo 78/ — Apelaciones a la corte de distrito — tramitación.— Dentro de los treinta días después de archivada cualquier declaración o decisión por la Comisión o después de la fecha de haber sido notificada cualquier orden, a menos que estuviere pendiente una solicitud de nueva audiencia, y entonces dentro de los treinta días de haber sido denegada tal solicitud o de haberse dictado una orden modificando, enmendando, rescindiendo o confirmando la declaración, escisión u orden original, cualquiera de las partes en el procedimiento afectada por ella, podrá apelar para ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera. ...” (Bastardillas nuestras.)
“Artículo 80. — Orden de suspensión (supersedeas) en apelación. —Ninguna apelación de ninguna orden de la Comisión en ningún caso surtirá el efecto de una suspensión (supersedeas) de la orden apelada, a menos que la predicha corte correspondiente en virtud de una orden interlocutoria diera efecto suspensivo a dicha apelación, mediante la prestación de la fianza correspondiente y previa vista a ese efecto; . . . .”

El lenguaje de las precedentes disposiciones estatutarias es bien claro -y de fácil interpretación. Cualquier declara-ción, decisión u orden hecha o dictada por la Comisión en un procedimiento pendiente ante ella es apelable para ante la Corte de Distrito de San Juan, dentro de los treinta días siguientes a la fecha del archivo de la decisión o de la notifi-cación de la orden.

¿Quién puede apelar? El estatuto lo dice claramente: “Cualquiera de las partes en el procedimiento” que sea afec-tada por la orden o decisión de la Comisión. Las partes interesadas en el procedimiento iniciado por los fiduciarios de Eastern Sugar Associates para la obtención de una fran-quicia para' uso y aprovechamiento de aguas son, de una parte dichos peticionarios y de la otra El Pueblo de Puerto Rico, como opositor y como dueño de las aguas públicas de cuyo aprovechamiento y utilización se trata. Artículo 4 Ley de Aguas (E. R. de P. R. 1911, sec. 2390.)

La resolución dictada por la Comisión en 20 de junio de 1939 es apelable porque ella decidió y puso fin, en cuanto a la Comisión se refiere, a la controversia entre las partes. No es exacto lo alegado en la petición de certiorari de que en la resolución de la Comisión solamente “se hizo constar que a los peticionarios debía concedérseles la franquicia solici-tada.” La resolución u orden recurrida va más allá, pues en ella ‘ ‘ se resuelve y ordena otorgar a los peticionarios una franquicia por el término de 25 años,” la que seguramente hubiese sido otorgada y sometida a la aprobación del G-ober-nador si no se hubiese interpuesto apelación y decretado el supersedeas. El Pueblo de Puerto Bico no estaba obligado, como pretenden los peticionarios, a esperar basta que la fran-quicia fuese sometida a -la- aprobación del .Ejecutivo. El estatuto le fija un término para apelar que empieza a correr desde la fecha-del archivo o de la notificación de la resolución u orden de ia Comisión, y no desde la fecha en que la fran-quicia sea aprobada.por el Gobernador.

La extensa y hábil argumentación de los peticionarios para sostener la alegada anticonstitucionalidad de la Ley de Servicio Público, en cuanto concede el derecho de apelación en contra de una resolución otorgando una franquicia, carece de méritos. La Asamblea Legislativa de Puerto Bico tiene amplias facultades para fijar el procedimiento que deberá seguirse- para la obtención de una franquicia y para conceder a la parte que pueda ser perjudicada por la concesión y que se hubiere opuesto a ella oportunamente una oportunidad de acudir en apelación ante un tribunal de justicia para la revisión del procedimiento seguido ante la Comisión. Un estatuto que tratase de privar a la parte perjudicada por la concesión de una franquicia de su derecho a recurrir, a los tribunales de justicia, sería inconstitucional porque equivaldría a privar a esa parte de su propiedad sin el debido proceso de ley. Al aprobar el artículo 78 de la Ley de Servicio Público, supra, la Asamblea Legislativa no hizo otra cosa sino reconocer ese derecho constitucional de recurrir a las cortes de justicia y disponer el procedimiento para el debido ejercicio de tal derecho. Ex Parte Young, 209 U. S. 123, 147; Missouri Pacific Ry. Co. v. Tucker, 230 U. S. 340, 347; Ohio Valley Water Co. v. Ben Avon Borough, 253 U. S. 287, 64 L. Ed. 908, 914; People of Puerto Rico v. Shell Co., 302 U. S. 253; People of Puerto Rico v. Rubert Hermanos, Inc., resuelto por la Corte Suprema Federal en marzo 25, 1940; Commission v. Havemeyer, 296 U. S. 506; y South Porto Rico Sugar Co. v. Muñoz, 28 F. (2d) 820.

Siendo la parte opositora y apelante El Pueblo de Puerto Pico, no erró la corte inferior al decretar la suspensión sin el requerimiento de fianza. El artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933) dispone que en cualquier procedimiento en que El Pueblo de Puerto Rico fuere demandante o demandado no podrá exigirse a éste la prestación de'fianza o garantía.

Por las razones expuestas debe anularse el auto expedido y devolverse el caso a la corte de su origen para la vista ■y decisión de la apelación an,te ella pendiente. • ■


author: El Juez Asociado Señoh De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Armando A. Miranda, acusado y apelante.
    Núm. 8141.

    Sometido: Abril 25, 1940.

      Resuelto: Abril 26, 1940.

      Armando A. Miranda, pro se; R. A. Gómez, Riscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoh De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fué convicto de infracción a una ordenanza municipal que prohíbe el estacionamiento de automóviles por más de un minuto en ciertas calles de la ciudad de San Juan. Declaró el denunciante que el automóvil del acusado estuvo estacionado desde las 4:40 hasta las 5:40 de la tarde del día 9 de agosto de 1938. Declaró el acusado que ese día había tenido que asistir a una vista ante este tribunal, donde permaneció desde la 1:30 hasta las 5 de la tarde, y al regresar, detuvo su automóvil en la Calle Alien para llevar a su oficina en la Calle Tanca su toga y varios libros que llevaba; que después de llegar a su oficina y trasladar los efectos indicados, mientras se hallaba en su escritorio firmando el recibo de una notificación y redac-tando un affidavit para un cliente, subió el policía a tomarle las generales para denunciarlo.

Fundamentando su recurso alega el apelante, (a) que la corte inferior cometió error al declarar al acusado culpable de infracción a la “Ley de Autos” cuando lo que se le impu-taba en la denuncia era la infracción de una ordenanza municipal; (b) que incurrió en error la corte al declarar válida la ordenanza que se alega infringida, y (c) que constituyó error el tomar conocimiento judicial de una ordenanza apro-bada por la Junta de Comisionados de la Capital.

Independientemente del señalamiento de errores, alegó el apelante que la denuncia no aduce hechos constitutivos de delito “porque la ordenanza en controversia no es razona-ble y porque tiende a convertir en delictiva una situación para la cual no han creado un remedio.”

La sentencia que en corte abierta y en presencia del acusado dictó la corte inferior, lo declaró culpable de infracción a la ordenanza municipal número 249. (T. de E., pág. 8.) Fué al registrar la sentencia el Secretario, que cometió el error de expresar que el acusado había sido culpable de infracción a la “Ley de Autos,” error que como se ha resuelto reiteradas veces por este tribunal, puede ser subsanado en cualquier momento. Marvin & Jones, Inc. v. Torres, 19 D.P.R. 48, y Cintrón v. A. Hartman & Co., 43 D.P.R. 179, 185, en el último de los cuales se dijo: “Y esos errores clericales pueden corregirse aun después de confirmado el fallo en apelación. (Citas.) ’ ’

Este tribunal, por ser materia de conocimiento público, toma conocimiento judicial de que las calles de la ciudad de San Juan son tan sumamente estrechas que del borde de una acera al de la otra no caben más de dos automóviles al mismo tiempo; que la calle Alien es una de las dos calles más importantes y de más movimiento de la ciudad, y que si no se regulara el tránsito de los automóviles y camiones, se haría imposible transitar normalmente por ellas. La ordenanza en cuestión prohíbe a un automóvil estacionarse en esa calle por más de un minuto, que es el tiempo que el legislador municipal estimó razonable para entrar o salir del vehículo. Si una ordenanza es o no razonable depende de las circunstancias especiales de cada caso. Una ordenanza que en San Juan puede considerarse razonable, puede no serlo en Nueva York o en cualquier otra ciudad en que las circunstancias sean distintas. Conviene a este efecto reproducir aquí lo dicho en el caso de City of Chicago v. McKinley (1931) 344 Ill. 297, 176 N.E. 261:

“Sin duda, a menudo sería conveniente para una persona dejar su automóvil junto a la acera por todo el tiempo necesario, mientras cruza la calle para evacuar una diligencia, hacer una compra, dejar un mensaje, concertar una cita, hablar por teléfono o atender o llevar a efecto cualquier otra diligencia en su oficina o en la de otra persona; pero si una persona pudiera hacer esto, las demás ten-drían igual derecho, y pronto los lados de las calles estarían ocu-pados por automóviles estacionados, la calle estaría totalmente ocupada {crowded), el tránsito obstruido, y se causaría un gran inconveniente a todos los que tuvieran necesidad de usar la calle para fines legítimos. El derecho de los individuos a estacionar carros en la calle no es de tal naturaleza que no pueda ser regulado por ordenanza. El estacionamiento de vehículos puede ser regulado en cuanto a la hora, sitio y tiempo permitido, teniendo en conside-ración el carácter del tránsito, afectado .y las necesidades y conve-niencias de los que deseen usar la calle para ir de un sitio a otro, y de aquéllos que la necesiten para el transporte, entrega y envío de mercancías, materiales, combustible y otros productos.
“Está dentro de las facultades del Consejo determinar en qué calles o partes de calles, durante qué horas, y por cuánto tiempo, la limitación del derecho a estacionar automóviles o permitir su esta-cionamiento es necesario para la debida regulación del tránsito, y no estamos justificados en resolver que las regulaciones contenidas en la ordenanza sean irrazonables, a menos que claramente lo fueran, y en nuestra opinión no lo son.”

Debemos agregar que las ordenanzas, como las leyes, no se hacen para casos extremos. Una persona que mude todos sus muebles de una casa a otra, por ejemplo, indudablemente necesitaría mucho más tiempo que el permitido en la orde-nanza, pero en tales casos el buen juicio del policía, y en su defecto el del tribunal sentenciador, le indicará que no fue la intención de los autores de la ordenanza aplicarla a situaciones de esa índole y la interpretarán en el sentido de conceder un tiempo razonable para llevar a efecto el trabajo de acuerdo con las circunstancias del caso.

En el alegato del apelante se sostiene además que la ordenanza no fue debidamente promulgada. Esa cuestión no fué suscitada en la corte inferior ni la probó el acu-sado como hubiera sido su deber. Pueblo v. Solís, ante, pág. 284. Por consiguiente, estamos relevádos de considerarla.

Tampoco tiene razón el apelante cuando sostiene que la Corte de Distrito de San Juan, actuando, como en este caso, en grado de apelación, no puede tomar conocimiento judicial de las ordenanzas que rigen en la ciudad de San Juan. Pueblo v. Solis, supra.

La excepción perentoria a la denuncia está predicada en la supuesta nulidad de la ordenanza, cuestión que ha sido anteriormente discutida en esta opinión, por lo que es inne-cesario volver a considerarla.

Procede por lo expuesto desestimar el recurso y confir-mar la sentencia apelada.