author: El Juez PeesideNte Señor Travieso

text:
    Petra, Víctor Manuel e Isabelo Luis Colón Villegas, et als., demandantes apelados, v. White Star Bus Line, Inc., demandada, y The Porto Rican and American Insurance Co., apelante.
    Núm. 8730.

    — Sometido: Noviembre 17, 1943.

      Resuelto: Marzo 31, 1944.

      Brown, González é Newsom y Carlos J. Faure, abogados de la ape-lante; Mariano Acosta Velarde y Federico Acosta Velarde, abo-gados de los apelados.
   El Juez PeesideNte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

. Regina Villegas Figueroa perdió la vida como consecuen-cia de heridas recibidas al ocurrir una colisión entre un tranvía de la Porto Rico Railway, Light <& Power Co. y un autobús propiedad de la White Star Bus Line, Inc. en el cual viajaba como pasajera. Demandada la White Star Bus Line, Inc. por los herederos de la finada, la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia con fecha 25 de junio de 1941, condenando a la corporación demandada a pagar la suma de $4,000.

No habiendo satisfecho la corporación demandada la sen-tencia dictada en su contra, los demandantes radicaron una *‘Moción sobre Citación de Fiadores”, en la cual solicitaban de la corte dictara una orden citando a The Porto Rican and American Insurance Co., para que compareciera a mostrar cansa por la cual no debiera estar obligada, como fiadora de la White Star Bus Line, Inc., al pago de la sentencia.

Expedida la orden solicitada, contestó The Porto Rican and American Insurance Co., oponiéndose a las pretensiones de los demandantes. Oídas las partes sobre las cuestiones planteadas, la fiadora, The Porto Rican and American Insurance Co. se allanó a que dentro del pleito y por el procedi-miento de “citación de fiadores” utilizado por los demandan-tes se determinara su responsabilidad, sometiéndose, mediante estipulación de hechos, el asunto a' la consideración de la corte. Esta, por resolución de fecha 23 de marzo de 1943, de-claró con lugar la “Moción sobre Citación de Piadores” y después de determinar que The Porto Rican and American Insurance Co. estaba sujeta al pago de la sentencia dictada en el pleito contra la White Star Bus Line, Inc., por razón de la fianza que tenía prestada ante la Comisión de Servicio Pú-blico a la fecha del accidente que motivó el pleito, condenó a dicha compañía fiadora a satisfacer a los demandantes el im-porte de la sentencia.

No conforme con dicha resolución, The Porto Rican and American Insurance Co., ha entablado el presente recurso de apelación contra la misma para ante este Tribunal.

Los hechos, según quedaron estipulados por las partes, son, en resumen, los siguientes:

En julio 11' de 1937, fecha en que ocurrió el accidente, la White Star Bus Line, Inc. era una compañía de servicio pú-blico dedicada al transporte de pasajeros dentro y entre los municipios de San Juan y Río Piedras, habiendo sido auto-rizada a prestar dichos servicios por franquicia núm. 586 de 12 de abril de 1927. El párrafo 11 de dicha franquicia dice lo siguiente:

“Sección 11. — Antes de comenzar a hacer uso de las facultades y deberes de esta franquicia, la concesionaria suministrará una buena y suficiente fianza como garantía adicional, expedida por una com-pañía de fianzas legalmente autorizada para hacer esta clase de ne-gocios en Puerto Rico, la cual fianza llevará como condición la de responder del pago de cualquier sentencia final dictada por un tribunal competente a favor de cualquier persona que sufriere daño a su persona o a sus intereses o a favor de sus herederos en caso de su muerte como consecuencia del sostenimiento o uso de cualquier guagua de la concesionaria que funcione por virtud de esta fran-quicia como porteador. Dicha fianza será por una suma no menor de cincuenta mil (50,000) dollars, y estará sujeta a la aprobación de la Comisión de Servicio Público después de ser examinada por el Procurador General de Puerto Rico en cuanto a forma y otor-gamiento. Después de ser aprobada por la Comisión de Servicio Pú-blico, dicha fianza será archivada por el Secretario de dicha Comisión.
“La Comisión de Servicio Público de Puerto Rico se reserva el derecho de requerir en cualquier tiempo una nueva fianza y fijar el montante y las condiciones de la misma, después de oír a la con-cesionaria. ’ ’

La fianza prestada por The Porto Pican and American Insurance Co., a requerimiento de la White Star Bus Line, Inc., en su parte dispositiva dice como sigue:

“PoR tanto, nosotros ‘White Star Bus Line, Ine.’ como principal y ‘The Porto Rican and American Insurance Co.’ corporación, constituida de acuerdo con las leyes de Puerto Rico teniendo su ofi-cina principal en San Juan, Puerto Rico, como fiadora, nos consti-tuimos, la primera, como tal principal y la segunda como fiadora, mancomunadas y solidariamente a favor de cualquier persona y nos comprometemos a satisfacer hasta la' suma de $25,000, previo fallo-condenatorio de un tribunal competente y mediante sentencia firme con motivos' de lesiones, daños o perjuicios en su persona o intereses, o a sus herederos en caso de muerte, por virtud de cualquier acci-dente ocurrido y debido al uso de cualquiera de Jos vehículos de motor comprendidos en la autorización concedida por la Hon. Comi-sión de Servicio Público para la transportación de pasajeros entre San Juan y Río Piedras, y cualquier otro punto comprendido entre estas dos municipalidades, así como también con motivo de lesiones, daños o perjuicios que se originen con cualquier vehículo propiedad de la ‘White Star Bus Line, Inc.’ y utilizado para el servicio,y vi-gilancia de los vehículos destinados para la transportación de pa-sajeros; excluyendo, las lesiones, daños o perjuicios que sufran los chmffeurs, cobradores, inspectores y/o cualquier otro empleado uti-lizado por la ‘White Star Bus Line, Inc.’ en el citado servicio de transportación, cuidado o vigilancia de los citados vehículos.”

La expresada fianza fue aprobada por la Comisión de Ser-vicio. Público con fecha 26 de julio de 1928, y en la fecha en que ocurrió el accidente estaba vigente.

The Porto Rican and American Insurance Co. sostiene ■que no es responsable de la sentencia dictada en contra de la White Star Bus Line, Inc., toda vez que de acuerdo con los términos de la fianza es requisito indispensable o condición precedente para que surja responsabilidad por parte de la fiadora que haya una sentencia final y firme; y que en el caso de autos, tanto la sentencia de esta Corte Suprema como la de la Corte de Distrito de San Juan fueron dictadas después de julio 11 de 1938, fecha en que se canceló oficialmente la fianza por la Comisión de Servicio Público. Alega además la fiadora, que en el supuesto de que fuera responsable bajo la fianza mencionada, no procede acción alguna en su contra hasta tanto los demandantes no procedan a ejecutar la sen-tencia en la propiedad de la demandada y a hacer excusión de bienes en la propiedad de la demandada; y que en el supuesto de que la fiadora fuera responsable de la sentencia dictada en el caso, su responsabilidad se extendería solamente hasta un 50 por ciento de la suma total, toda vez que así se estipuló expresamente en la fianza, cuyo penúltimo párrafo lee como sigue :

‘■'Se estipula expresamente que la Maryland Casualty Company of Baltimore, ha expedido, por mediación de sus agentes autorizados en Puerto Bico, otra fianza por la suma de $25,000.00 (Veinticinco Mil Dollars) con la misma finalidad y carácter de este mismo do-cumento y por consiguiente, cualquier sentencia, indemnización o pago de cualquier clase por concepto de lesiones, daños o perjuicios ocurridos a cualquier persona que de acuerdo y dentro de los tér-minos de la Ley pueda establecer o tenga derecho a una reclama-ción contra el Principal en este documento, dicha reclamación, in-demiíizaeión o pago, incluyendo todos los gastos y/u honorarios ha-bidos o que puedan haber, serán satisfechos en proporción por cada una de las compañías a que se hace referencia.”

Sostenía la fiadora que el contrato de fianza en que fun-dan los demandantes su reclamación fué concertado entre dicha compañía fiádora y la White Star Bus Line, Inc. su-jeto a la condición de que se expidiese y se mantuviese en vigor un contrato de fianza igual entre dicha White Star Bus Line, Inc. y la Maryland Casualty Company y que dicha condición fue violada y la Porto Rican and American Insurance Co. quedó relevada de toda responsabilidad bajo el mencionado contrato por razón de dicha violación porque con anterioridad a la fecha en que ocurrió el accidente que motiva la reclamación de los demandantes, el contrato entre White Star Bus Line, Inc. y la Maryland Casualty Co. fue cancelado sin notificación a, o consentimiento de la Porto-Rican and American Insurance Co., cuyo contrato de fianza así cancelado no fue sustituido con contrato alguno.

Sin embargo, antes de quedar sometido el caso a este Tribunal, ambas partes estipularon que después de una ins-pección del expediente de la fianza prestada por la Maryland Casualty Company “se han dado cuenta que la Comi-sión de Servicio Público de Puerto Rico nunca ha aprobado-una resolución cancelando dicha fianza de acuerdo con lo dispuesto por la Regla III del Reglamento de la Comisión de Servicio Público.”

Dos son los errores imputados por la apelante a la corte sentenciadora:

“1. Al resolver que la responsabilidad de la compañía fiadora surgió en la fecha del accidente y no para la fecha en que la sen-tencia dictada en el pleito principal quedó firme.
”2. Al resolver que la fiadora era responsable de la totalidad de la sentencia dictada en favor de los demandantes y contra la White Star Bus Line, Inc.”

Conviene, antes de entrar en lá discusión de estos alegados errores, que consideremos la naturaleza de la responsabilidad de la fiadora apelante para con la White Star Bus Line, Inc.

Alega la apelante que la Corte de Distrito de San Juan sostuvo, equivocadamente, que la re1 ación creada por la ga-rantía era una de asegurada y asegurador y que la garantía prestada tenía el carácter de “liability policy” o póliza de seguro contra responsabilidad, debiendo dicha relación re-girse por la ley y los principios de seguros y no por el Có-digo Civil, buando en contrario cree y sostiene dicha apelante que el contrato en este caso es uno de fianza y como tal se rige por las disposiciones del Código Civil en su parte co-rrespondiente.

La fianza exigida a la White Star Bus Line, Inc. y pres-tada por la Porto Pican and American Insurance Co., era un “surety bond”. El “surety bond” no es otra cosa que una fiansa. Nuestro Código, en su versión inglesa traduce el tér-mino fianza como “security” y “fiador” como “surety”. Sin embargo, el Juez Asociado del Tribunal Supremo de Fi-lipinas, Sr. Fisher, en su obra “The Civil Code of Spain”, traduce el término fianza como “suretyship”. Esta traduc-ción del Juez Fisher nos parece m'ás correcta que la nuestra, puesto que el término “security” usado por nuestro Código es más general y menos específico.

De la obra “Corpus Juris”, tomo 50, pág. 12, §1, toma-mos la siguiente definición de “suretyship”:

. “La relación de principal y garantizador o fiador, en su sentido más amplio, es la que ocupa una persona responsable del pago de dinero o de la ejecución de un acto por otra persona, siendo esa responsabilidad colateral en cuanto a esa persona, y que está ex-puesta a sufrir pérdida en el caso de que esa otra persona dejare de pagar o de realizar el acto, pero cuya responsabilidad termina por completo tan pronto como esa otra persona paga o realiza el acto. La fianza consiste en prestar crédito para ayudar a un principal cuyo crédito propio es insuficiente; y es un contrato directo para pagar la deuda del principal o cumplir su obligación en caso de que él dejare de cumplirla, aún cuando la obligación del fiador es acce-soria a la del deudor principal.”

No es, pues, otra cosa que una fianza, y así también aun-que la palabra “bond” se ha traducido como fianza (véase 6 Phil. Digest 71) en realidad “bond” es más bien un docu-mento formal. (Véase 11 C.J.S. 398, §1.)

Creemos, por lo -tanto, qne nn “surety bond” no es otra uosa que una fianza por escrito y ante notario. El hecho que haya sido prestada por una compañía de seguros, como en este caso, en nada varía su naturaleza de fianza y aunque la fianza a título oneroso, artículo 1722, Código Civil, según Planiol se asemeja mucho al contrato de seguro, pues “el fiador garantiza al acreedor contra un riesgo (la insolvencia del deudor) y la suma pagada es una verdadera prima; . . . ■esta cuestión,” dice Manresa al exponer la teoría de Planiol —“que antes podía tener cierto interés, en la actualidad ca-rece de él, pues el Código en el artículo 1823 expresamente declara que la fianza puede ser gratuita o a título oneroso.” (Manresa, “Comentarios el Código Civil” tomo XII, Edi-ción 1931, págs. 153 y 154.)

Demostrado que un “surety bond” no es otra cosa que un contrato de fianza, como -lo ha considerado la propia ape-lante, resolvemos que el contrato en el presente caso debe regirse por las prescripciones del Código sobre la fianza y no por la ley de seguro.

Consideramos, primeramente, el segundo error señalado por la apelante, en lugar del primero, ya que creemos más lógico discutir en primer término la forma en que quedó .obligada la apelante, que el momento en que surgió su responsabilidad.

En su segundo señalamiento de error sostiene la apelante que la corte inferior cometió error al resolver que la Porto Pican and American Insurance Co. era responsable de la totalidad de la sentencia dictada en favor de los demandan-tes en el pleito principal y contra la White Star Bus Line, Inc.

La fianza prestada en el caso de autos es impuesta por ley. Es, pues, una fianza legal, que es una de las clases de fianza que contempla el citado artículo 1722 del Código Civil. Ya en el caso de Rondón v. Aetna Casualty & Surety Co. (1940) 56 D.P.R. 439, estudió este tribunal la naturaleza de la obligación contraída por este tipo de fianzas en cnanto a la responsabilidad de la fiadora, pero conviene distinguir aquel caso del presente en cuanto a este extremo. En aquel caso la obligación del fiador era la corriente entre principal y fiador en que el fiador se obliga a responder por el fiado en los casos de insolvencia o quiebra del principal. Pero en el caso de autos tenemos que la fiadora, The Porto Rican and American Insurance Co. se obligó solidariamente con la principal White Star Bus Line Inc. Una lectura de la parte dispositiva de la fianza num. 424, antes transcrita, así nos. lo demuestra. Esta situación la previene el Código Civil en su artículo 1721 donde dice:

“Artículo 1721. — Por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir-por un ternero, en el caso de no hacei-lo éste. Si el fiador se obli-gare solidariamente con el deudor principal, se observará lo dis-puesto en la sección IV, capítulo III, título I de este libro.”

Comentando el artículo 1822 del Código Civil Español del cual el 1721 de nuestro Código es equivalente, dice Manresa (obra y tomo citados) a la página 155:

“A pesar del carácter subsidiario de la obligación contraída por el fiador, que es lo que constituye una de las bases' esenciales del contrato de fianza en su forma más común y comente, puede per-der, sin embargo, dicha condición, convirtiéndose en una obligación-principal, si el fiador se obliga solidariamente con el deudor.
“No existe, en efecto, ninguna razón jurídica que a ello se oponga; y como en dicho caso pudiera surgir la duda de si a pesar de la cualidad accesoiúa propia de la fianza, habría lugar a exigir desde luego el cumplimiento de la obligación contraída por el fiador, o si, por el contrario, necesariamente había que dirigir antes la acción contra el fiado, previendo dicha dificultad, el legislador se ha apre-surado a dar la conveniente solución de ella, siendo éste el objeto y el fundamento legal de la disposición consignada en dicho párrafo segundo, con la que se ha puesto término a las dudas que suscitaban con sus escritos los tratadistas, y a las cuestiones que el peculiar interés de las partes motivaba fundadas en las diversas teorías y en las distintas interpretaciones de nuestras antiguas leyes mante-nidas por aquéllos.
“Según dicho precepto, cuando el fiador se obligare solidaria-mente con el deudor principal, habrá de observarse lo dispuesto en la sección 4a. del capítulo 3 del título 1 del presente libro, respecto de las obligaciones solidarias. Es decir, que en ese caso se considera al fiador como un principal obligado con la cualidad de in solidum, que es el carácter y la condición jurídica que entonces le corres-ponde, y en tal concepto puede dirigirse la reclamación contra él con independencia del deudor, o contra ambos simultáneamente.”

Pero, como la solidaridad no se presume, sino que debe establecerse expresamente (artículos 1090 y 1091, Código Civil, Ed. 1930) será menester “que se manifieste el carácter-solidario de la obligación, con cualquiera de las palabras so-lidario, in solidum, solidariamente, con que se puede formar la oración gramatical.” (Scaevola, Comentarios al Código Civil, Tomo XIX, Ed. 1902, pág. 751). Así, llegamos a la conclusión, después de una lectura de la parte dispositiva de la fianza prestada por la Porto Pican and American Insurance Co., que ésta quedó obligada solidariamente, habiéndolo manifestado expresamente en dicho escrito.

Habiendo, pues, quedado obligada solidariamente la fia-dora, la reclamación podía ser dirigida indistintamente contra ella o contra la White Star Bus Line, Inc., ya que am-bas, a los efectos de los demandantes eran deudores princi-pales. La cuestión es una que debe regirse por las dispo-siciones del Código Civil en cuanto a las obligaciones soli-darias.

La fiadora en el caso ante nos se obligó solidariamente eon la White Star Bus Line, Inc. y por tanto está obligada a satisfacer la reclamación de los demandantes en la misma forma en que lo estaba la compañía demandada en el pleito principal. No tiene, por tanto, derecho ni a una excusión de bienes en la propiedad de dicha demandada (artículo 1730, núm. 2, Código Civil), ni a que se devuelva sin satisfacer la orden de ejecución de sentencia por causa de insolvencia del deudor, como requisito previo para que los demandantes pudieran dirigir su reclamación contra la apelante, pues se. había obligado in solidum.

Sostiene, además, la apelante, que la corte -inferior erró al resolver que ella era responsable de la totalidad de la sentencia dictada en favor de los demandantes y contra la White Star Bus. Line, Inc.

Según la sección 11 de su franquicia, la White Star Bus Line, Inc. venía obligada a prestar una fianza no menor de $50,000 antes de comenzar a operar bajo dicha franquicia. Dicha fianza fue prestada, como ya hemos dicho antes, por dos compañías, la Porto Rican and American Insurance Co. y la Maryland Casualty Co., cada- una obligándose por la suma de $25,000 como fiadoras de la White Star Bus Line, Inc. y, según consta en el penúltimo párrafo de la fianza antes transcrito, ambas compañías se comprometían a satisfa-cer cualquier reclamación, indemnización o pago, etc. que sur-giera contra la principal, en proporción.

Pero es el caso que, según el artículo 1097, el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios, como sucede en este caso, y según el artículo 1098, cada deu-dor solidario está obligado al acreedor por el total de la deuda. Naturalmente, que según determina el artículo 1725 el fiador puede obligarse a menos, pero no a más que el deu-dor principal tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones. Por estas razones, la Porto Rican and American Insurance Co. no venía obligada a pagar una cantidad mayor de $25,000. Ahora, siendo la sentencia por $4,000 y habiendo los demandantes dirigido su acción contra ella, la Porto Rican and American Insurance Co. venía obligada, a satisfacer el total de la reclamación sin perjuicio de a su vez resarcirse de dicho pago reclamándole bien el total a la White Star Bus Line, Inc. o, en caso de insolvencia de ésta a la Maryland Casualty Co., la parte proporcional que, de acuerdo con el contrato venía obligada a satisfacer. (Artículos 1737, 1743, 1098, Código Civil.) A este respecto dice Manresa que “el fiador obligado solidariamente con'el principal deu-dor después de fieclio el pago, en el caso de habérsele re-clamado en primer término, puede repetir contra el fiado por la totalidad de lo que hubiere satisfecho por él. Es de-cir, que la obligación solidariamente contraída con el principal deudor no limita en lo más mínimo las acciones que le corresponderían si se hubiese constituido la fianza sin ese compromiso o sin esa obligación.” (Manresa, obra citada, tomo XII, pág. 159.)

Alega la apelada, con razón, que la fiadora, Porto Rican and American Insurance Co., habiéndose constituido en fia-dora solidaria de la White Star Bus Line, Inc. para responder en casos de fallos condenatorios contra ésta, tan pronto quedó final y firme la sentencia condenatoria contra la de-mandada en el pleito principal surgió la obligación de la fiadora, conjuntamente con la de la porteadora, de satisfacer dicha suma. Así lo entendieron los demandantes y dirigie-ron su reclamación contra dicha fiadora. De lo antes dicho, surge claramente la obligación de la apelante de satisfacer en su totalidad la suma reclamada por los demandantes.

En el primer señalamiento de error, que hemos dejado para último, se imputa a la corte inferior la comisión de error al resolver que la responsabilidad de la compañía fiadora, Porto Rican and American Insurance Co., surgió en la fecha del accidente y no para la fecha en que la sentencia dictada en el pleito principal quedó final y firme por resolu-ción de este tribunal.

La fianza prestada por la apelante lo fué, indudablemente en garantía de una deuda futura, cuyo importe no era cono-cido al tiempo de prestarse dicha garantía, por lo cual, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1724 del Código Civil, “no se podrá reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea líquida.”

Tenemos, pues, que aún en el caso de autos, en que la fiadora lo era en carácter de solidaria, no podía reclamarse contra ella hasta tanto la deuda fuese líquida, o sea hasta que un tribunal fijare la cantidad a ser pagada por la White Star Bus Line, Inc. o su fiadora solidaria, la apelante. Na-turalmente que desde este momento únicamente era que se podía reclamar contra la compañía fiadora, puesto que hasta ese momento no había sentencia que obligase a pagar a la White Star Bus Line, Inc., ni se podía determinar el mon-tante de la suma por la cual respondía la fiadora.

En realidad, la única cuestión a determinar es ¿ cuándo surgió la obligación de la apelante?

Comentando el artículo 1825 del Código Civil Español, del cual es tomado el 1724 de nuestro Código, dice Manresa (obra y tomo citados, a la pág. 194, in fine):

la, fianza es siempre, . . . un contrato accesorio, y por eso no se concibe su existencia sin una obligación principal que ase-gure y garantice; pero esa circunstancia concurre en el supuesto a que se contrae el artículo que examinamos, puesto que existe una obligación anterior o coetánea al tiempo de la constitución' de la fianza, aunque su cumplimiento o efectividad no sea de presente, sino para lo futuro, y su cuantía o importe sea desconocido por estar pendiente de liquidación.”

Efectivamente, así acontece en el caso de autos. La White Star-Bus Line, Inc. venía obligada a responder de los da-ños y perjuicios que causase en la operación de su franqui-cia y como una protección al público se le exigió por ley, como garantía adicional, que prestase una fianza para responder de las sentencias que en su contra se dictasen. Claro es que se trataba de una obligación incierta cuyo importe-era desconocido, pero era una obligación existente al tiempo-de la constitución de la fianza.

Ahora bien, ¿cuándo quedó obligado el fiador? Volvamos a Manresa. Nos dice éste (obra y tomo citados, pág. 195, in fine, y 196):

“En efecto, se dice, cuando es futura la obligación, la fianza es condicional, y, por lo tanto, no existirá, hasta que la condición se cumpla, es decir, hasta que la obligación principal tome nacimiento. De aquí deducen la consecuencia de que el fiador no queda ligado. hasta entonces, y que en el entretanto puede revocar su consenti-miento, si bien con la carga de notificar al acreedor su cambio de voluntad.
“Pero, desde luego, se reconocerá que esta argumentación im-plica una confesión de ideas. Es cierto que el fiador que ga-rantiza una obligación futura se obliga bajo condición; pero esto no importa para la subsistencia del vínculo jurídico pues él queda ligado por una obligación condicional, tan eficazmente como por una obligación pura y simple. Si el fiador pudiera desligarse de la obli-gación contraída, no sería exacto decir, como la ley lo dice, que es válida la fianza de una deuda futura, porque entonces la obliga-ción, el vínculo jurídico, dependería de la voluntad de aquél en tanto no se cumpliese la condición, y es sabido que una obligación que depende de la voluntad del que la hace no es tal obligación. Si, pues, se admite que el fiador puede obligarse por una obligación futura, es preciso admitir que el fiador queda ligado por dicha fianza, y no puede desligarse de tal compromiso más que en los casos en que la ley lo permite y en la forma establecida por la misma, como veremos al comentar el artículo 1843.
“Es indudable que mientras no haya una obligación principal,' no hay la de fianza, puesto que ésta requiere aquélla para su exis-tencia, como se reconoce en el artículo 1824, y, por lo tanto, el fiador que se haya obligado por una. deuda futura, no quedará sujeto a las consecuencias resultantes de la fianza más que cuando la obliga-ción haya tomado nacimiento. Pero esto no prueba más que una cosa, y es que, si bien el afianzamiento de una deuda futura es un contrato condicional, la fianza queda subordinada desde un prin-cipio a la existencia de la obligación, y no puede revocarse ese con-sentimiento condicional, del mismo modo que tampoco puede ser re-vocado el consentimiento puro y simple.”

La obligación contraída por la apelante lo era para ga-rantizar a aquellas personas que reclamasen judicialmente contra la White Star Bus Line, Inc., por daños y perjuicios sufridos al operar ésta su franquicia. Así, mientras no sur-gieran litigios que pudieran culminar en la condena a la compañía de autobuses del pago de daños y perjuicios contra ella reclamados, la apelante no estaba garantizando obli-gación fntnra algnna y podía en cualquier momento revocar sn garantía. Pero desde el momento en qne snrgía nn liti-gio, máxime tratándose de ana obligación solidaria, la ape-lante garantizaba al demandante del pago de la sentencia qne pudiera recaer contra la demandada. Desde ese momento quedaba obligado por la obligación fntnra qne babía con-traído y no podía revocar su garantía. Para todos los efec-tos, la fianza global prestada por la apelante venía a tener el mismo efecto que si cada vez qne surgiese una acción contra la White Star Bus Line, Inc., ella prestase una fianza para garantizar el pago de una sentencia adversa a la por-teadora publica. Así; pues, sn obligación futura o condicio-nal nace desde el momento en qne se inicia nn pleito contra la principal, y desde ese momento no podrá revocar sn con-sentimiento.

En el caso de autos, la fiadora, al revocar su fianza lo hizo en el sentido global, es decir, la revocación era efectiva en cnanto a las acciones surgidas después de revocada dicha fianza, pero no lo era en cnanto a aquellas acciones surgidas con anterioridad a dicha revocación, y esa responsabilidad debe subsistir hasta que las dichas acciones hayan terminado por sentencia final y firme de una corte o por prescripción de la acción.

En el caso de autos la obligación de la fiadora comenzó desde el momento en que ocurrió el accidente, y no cesará hasta tanto no sea satisfecha la sentencia dictada en contra de la porteadora y a favor de los demandantes. Por todas estas razones somos de opinión que la Porto Bican and American Insurance Company viene obligada a pagar la suma que se reclama por los demandantes sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar luego contra la White Star Bus Line, Inc. o la Maryland Casualty Company, en resar-cimiento de lo pagado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

       Nota: Creemos debe deoir ‘'confusión7', pues asi se dice en la ed. 1911, T. XII, pág. 215.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Luisa Lebrón Santiago, etc., recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Humacao, recurrido.
    Núm. 1133.

    — Sometido: Diciembre 17, 1943.

      Resuelto: Marzo 31, 1944.

      Domínguez & Domínguez, abogados de los recurrentes; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez PresideNte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Guayama, por resolución de fecha 25 de septiembre de 1931, declaró únicos y universales he-rederos de Francisco Tomás Yich, quien había fallecido. ab intestato el 14 de abril de 1931, a sus cinco hijos y a su viuda, Luisa Lebrón Santiago, en la cuota legal de usufructo.

Consistía el caudal hereditario de cuatro fincas rústicas en el barrio Guardarraya, de Patillas, P. R. Dos de estas fincas, una de cuatro cuerdas y la otra de una, descritas bajo las letras C y D en la escritura, habían sido adquiridas por Francisco Tomás Yich siendo soltero.

Previa autorización judicial, dichos menores, representa-dos por su madre, celebraron un contrato de permuta con Félix Ramos Rivera entregando a éste las mencionadas fin-cas rústicas C y D y "recibiendo en cambio una finca urbana consistente en una -casa de madera ubicada en solar del Mu-nicipio de Maunabo. La transacción se elevó a escritura pú-blica y ésta fué inscrita en cuanto a dicha finca urbana en el Registro de la Propiedad de Humaeao, el 13 de octubre de 1943.

Al procederse a la partición de la herencia del finado Francisco Tomás Vich, la Corte de Distrito de Guayama, por resolución de 16 de septiembre de 1941, nombró defen-sor judicial de los herederos menores de edad a José Le-brón, abuelo materno de éstos, por haber intereses encon-trados entre dichos menores y su señora madre, Luisa Le-brón Santiago. Cumplido este requisito, se llevó a efecto el acto de la partición de la herencia, concurriendo al-acto la viuda, por sí y como apoderada general de su hijo mayor de ;edad Francisco Tomás Lebrón; Dionisia Tomás Lebrón, me-nor de edad, emancipada por matrimonio, asistida de sn es-poso ; las menores Guillermina, Eva y Luisa Tomás Lebrón; •José Lebrón, abuelo materno y defensor judicial de las cua-tro menores; y el Fiscal de Distrito de Guayama.

Los bienes objeto de la partición consistían de varias fin-nas rústicas adquiridas por el causante durante su matrimo-nio con Luisa Lebrón Santiago y de la finca urbana situada en el pueblo de Maunabo a que ya hemos hecho referencia. En las operaciones particionales, «aprobadas por la corte, se adjudicó a la viuda la finca urbana en el pueblo de Mau-nabo, para el pago de bajas.

Posteriormente, al ser presentada en el Registro de la Propiedad de Humaeao la escritura de partición para la inscripción de la finca urbana a favor de Luisa Lebrón Santiago, el registrador denegó la inscripción por nota de fecha 3 de noviembre de 1943, que lee como sigue:

“Denegada la inscripción del precedente documento que es copia de las operaciones particionales del caudal del finado don Francisco Tomás Vieh en el expediente civil número 2125 de la Corte de Dis-trito de Guayama con vista de otros documentos, y especialmente de copia de la escritura número 15 sobre permuta y dación en pago, otorgada en Guayama el 11 de febrero de 1933 ante el notario Ce-lestino Domínguez Rubio, en cuanto a la adjudicación que para pago de bajas se hace a doña Luisa Lebrón Santiago de la finca urbana descrita bajo la letra ‘E’, única que corresponde a este Re-gistro, por los siguientes fundamentos:
“ (1) Porque a pesar de disponer el artículo 160 del Código Civil, Ed. de 1930 que el nombramiento de un defensor judicial ha de ha-cerse en el caso de hijos no emancipados que tengan en algún asunto un interés opuesto a el de sus padres, siendo Dionisia Tomás Lebrón menor de edad y emancipada por matrimonio concurrió a la par-tición asistida de su esposo y del mismo defensor judicial que íué nombrado por la corte para los demás menores, y no de una de las personas que señala el artículo 237 de dicho código en relación con el artículo 232 del mismo cuerpo legal.
“(2) Porque al ser adquirida dicha finca por los menores Francisco, Dionisia, Guillermo, Eva y Luisa Tomás Lebrón, hijos de la eitada doña Luisa Lebrón Santiago por permuta beeha a don Félix Rivera Ramos de dos fincas privativas del causante don Francisco Tomás Yich que habían heredado de éste dichos menores, dicha finca urbana fué objeto de liquidación entre sus condueños habiendo la citada doña Luisa Lebrón Santiago, previa autorización judicial, re-nunciado expresamente a favor del permutante a su derecho de usufructo, único interés que tenía sobre las fincas dadas en permuta y habiendo hecho constar que no existían gananciales con respecto a las mismas, pero que de existir expresamente los renunciaba a favor de dicho permutante, habiéndose convenido además que la finca adquirida en permuta pasaba a ser privativa de los menores, con cuyo carácter jurídico figura ahora inscrita en el Registro, por lo que dicha finca no podía ser objeto de partición ni adjudicarse para pago de bajas a una persona que ni era ya condueña de la finca ni tenía interés alguno sobre ella ya que a juicio de este Re-gistrador lo único que podía hacerse en la partición con respecto a la finca adquirida en permuta era abonarle su valor a los menores, a quienes ya se había adjudicado en carácter privativo; siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 409, 1021 y último párrafo del artículo 1030 del Código Civil de Puerto Rico, Ed. de 1930 y por analogía lo dispuesto en los artículos 1001 y 1002 del mismo código y los artículos del 600 al 605 del Código de Enjuiciamiento-Civil, ed. de 1933; y
“(3) Porque siendo dicha finca letra ‘E’ exclusiva de los me-nores antedichos, el hecho de adjudicársela a la madre y dai'les a ellos en cambio un condominio de lo que por ganancial correspondía a la madre en otra finca equivale a una permuta y estando intere-sados menores no se ha obtenido para ello la -previa autorización judicial que determinan los artículos 614, 615 y 616 del Código de Enjuiciamiento Civil, Ed. de 1933, sin que la aprobación a poste-riori por una corte de distrito de un cuaderno partición al pueda, a juicio de este Registrador, tener el alcance (sic) de la previa au-torización judicial que requiere la ley en casos de permutas de bie-nes de menores. Se ha tomado anotación preventiva por 120 días a favor de doña Luisa Lebrón Santiago al folio 28 vuelto del tomo 8 de Maunabo, finca número 400, anotación letra ‘A’. Humacao, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 1943. (firmado) Guillermo Es-trella, Registrador.”

El primer fundamento de denegatoria del registrador consiste en que la comparecencia de la menor emancipada por matrimonio Dionisia Tomás Lebrón al acto de la parti-ción , no quedó perfeccionada por cnanto era necesaria la asistencia de ana de las personas qne señala el artícnlo 237 del Código Civil (ed. 1930).

Es de notar qne se trata de nn caso en el qne existen intereses encontrados entre los herederos menores de edad y sn señora madre, Lnisa Lebrón Santiago. Por esta razón la Corte de Distrito de G-nayama, siguiendo lo preceptuado por el artículo 160 del Código Civil nombró nn defensor a dichos menores. Pero es el caso qne según la letra de dicho artículo el mismo es de aplicación únicamente a los casos de menores no emancipados y entre los menores hijos de Luisa Lebrón Santiago estaba Dionisia Tomás Lebrón quien se hallaba emancipada por razón de matrimonio, y compareció al acto de la partición asistida de su esposo y del defensor judicial nombrado por la corte a todos los menores. Así, siendo el artículo 160, supra, de aplicación a los casos de menores no emancipados, alega el Registrador recurrido en su nota, que no se cumplió con la ley al nombrársele un de-fensor judicial a Dionisia Tomás Lebrón ya que se trataba de una menor emancipada por matrimonio.

No existe en el Código ninguna disposición relativa al caso de menores emancipados, cuando éstos tengan intereses encontrados con los de sus padres. El único artículo que trata sobre esta cuestión es el artículo 160 y, como ya he-mos dicho antes, es de aplicación expresa a los casos de me-nores no emancipados. ¿Se trata, pues, de una omisión del legislador? Veamos.

El artículo 237, citado por el registrador, fue tomado del artículo 317 del Código Español, pero en nuestro código aparece bajo el capítulo que trata de la emancipación por concesión de los padres, mientras que en el Código Español es de aplicación general a todos los emancipados que hayan cumplido dieciocho años sin llegar a la mayor edad. (Man-resa, “Comentarios al Código Civil Español,” Tomo II, Ed. 1925, pág. 733.)

Sin embargo, en nuestro Código, el artículo 239, que tam-bién fué tomado del artículo 317 del español, con el que con-cuerda en parte, se hace exclusivamente aplicable a los ca-sos de menores emancipados por razón de matrimonio. Así, ■creemos que es éste y no el artículo 237, como soptiene el Registrador, el de aplicación al caso de autos. Dicho ar-tículo lee como sigue:

“Artículo 239. — E.l menor, sea varón o hembra, queda de derecho ■emancipado por pl matrimonio.
“No obstante, para enajenar o hipotecar los bienes inmuebles o tomar dinero a préstamo, necesitará el menor emancipado por razón ■del matrimonio el consentimiento de su padre, en su defecto, el de :su madre, y, en su caso, el de su tutor.”

En su forma es casi igual al artículo 237, sin embargo ■existen entre ambos algunas diferencias de fondo que sal-tan a la vista. Dicho artículo 237, prescribe lo siguiente:

“Artículo 237. — La emancipación habilita al menor para regir ■su persona y bienes como si fuera mayor; pero hasta que llegare ■a la mayor edad no podrá el emancipado contraer promesa u obli-gación alguna que exceda del importe de sus rentas por un año. Tampoco podrá gravar ni vender bienes inmuebles suyos sin consen-timiento de su padre, en defecto de éste, sin el de su madre, y, en su caso, sin el de su tutor.
“Tampoco podrá comparecer en juicio sin la asistencia de dichas personas. ’ ’

Como se ve, el artículo 237 permite al menor emancipado por concesión de los padres, contraer obligaciones o prome-sas sin el consentimiento de éstos o de su tutor, siempre que las mismas no excedan del importe de sus rentas por un año; el artículo 239 no le concede expresamente esta facul-tad al emancipado por matrimonio. En cambio, el artículo 237 le prohíbe comparecer en juicio sin la asistencia de las personas mencionadas al emancipado por concesión de los padres, mientras que, aunque el artículo 239 nada dice en cuanto a este extremo, el 240 dice que “el menor emancipado por razón de matrimonio puede comparecer en las cortes de distrito representando sus derechos en los casos de ley.” Es de notar que ambas cláusulas no existen en el artículo. 317 del Código Civil Español.

Vistas las diferencias entre ambos artículos y creyendo, que el de aplicación al caso de autos es el artículo 239 pro-cedemos a analizar la cuestión planteada por el Registrador en su nota. ¿Era necesario que la menor emancipada por matrimonio compareciera al acto de la partición asistida de-alguna de las personas que prescribe el artículo 239, que-son las mismas que exige el artículo 237 citado por el regis-trador? Ya hemos visto que aparentemente existe una omi-sión en el código en cuanto al caso de un menor emancipado cuando en algún asunto existen intereses opuestos a los de-sús padres. Manresa se ocupa de esta cuestión en sus “Co-mentarios al Código Civil Español”, Tomo II, Ed. 1925, pág. 56 in fine, en donde, comentando el artículo 165 del Código-Español del cual es equivalente el artículo 160 del nuestro dice:

“ ET artículo 165 al establecer el cargo de defensor, se refiere ex-presamente a los hijos no emancipados. La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuese mayor de edad; ya no necesita, por regla general, la intervención de una tercera persona que complete su personalidad y le defienda. Pero hay actos que aun no puede realizar por sí solo, como la enajena-ción de inmuebles, y en este caso la ley exige el consentimiento de su padre, en defecto de éste de su madre, y a falta de ambos de su tutor. Cuando los padres tienen interés opuesto al de sus hijos emancipados; ¿deberá intervenir un tutor como si aquéllos no exis-tiesen, .o habrá de nombrárseles un defensor judicial? Propiamente-el caso no se halla resuelto en el artículo 165, ni en el 317: no en el primero, porque el defensor judicial sólo se da a los hijos no emancipados; no en el segundo, porque el tutor interviene a falta de padre y madre.”

Y más adelante, al comentar' el artículo 317 del Código Civil Español, equivalente a los artículos 237 y 239 del nues-tro dice este autor, a la página 733:

“. . . es sabido que aquélla (la emancipación por matrimonio, por concesión del padre o madre o judicial) produce en el menor emancipado un estado jurídico de verdadera capacidad limitada, es-tado intermedio en el cual el menor posee en cierto grado el ejercicio de sus derechos civiles, sin llegar a la plenitud de ese ejercicio." (Paréntesis nuestro.)

Y continúa diciendo este autor, a las págs. 746, y siguiente:

“Pero si el menor estaba sujeto a la patria potestad al ser eman-cipado, y después tallecen o se incapacitan el padre y la madre, como carece de tutor, será preciso que se habilite de él cuando tenga -que celebrar alguno de los actos o contratos en que necesita de su consentimiento ...”
“Tenemos, pues, por indudable que para el caso de que se trata no puede constituirse legalmente la tutela ordinaria, compuesta de tutor, protutor y consejo de familia, y que ha de nombrarse un tutor especial, cuyas facultades están limitadas a dar el consenti-miento al menor emancipado, para suplir su falta de capacidad en el acto o contrato en que la ley exige ese requisito.
“No se determina en este lugar la persona a quien haya de con-ferirse ese cargo de tutor especial, ni por quién ha de ser nombrado; pero como es regla de recta interpretación que lo dispuesto en una ley o código para un caso, es aplicable a los demás casos análogos, cuando nada se dispone en contrario, encontramos la solución en el Artículo 165. El defensor que, según dicho artículo, ha de nom-brarse al menor, ejerce funciones análogas a las del tutor de que tratamos, puesto que uno y otro tienen en juicio y fuera de él la representación del menor en un asunto determinado. Por consi-guiente, según lo que en el mismo artículo se ordena, y es de sen-tido común, deberá conferirse el nombramiento al pariente del me-nor, a quien en su caso, correspondería la tutela legítima, y a falta de éste, a otro pariente o a un extraño. Según el artículo 211, la tutela legítima corresponde a los abuelos y hermanos del menor, por el orden que en él se determina: ¿quién con más celo e interés podría desempeñar el cargo? Y el nombramiento se hará por el juez de primera instancia a petición del mismo menor como se or-dena en el citado artículo 165, por los trámites establecidos en la ley de enjuiciamiento civil para el de curadores para pleitos, que es el más adecuado, sin prestar fianza, porque ese tutor nada tiene que administrar, ni tampoco ba de recibir en su caso el precio de la venta, pues ha de limitarse a autorizar el acto dando su consen-timiento, si lo cree útil o necesario para el menor.”

Y a la página 748 dice:

' Excusado parece advertir que además ‘ del consentimiento del padre, madre o tutor, necesita la mujer casada menor de edad la licencia de su marido, conforme a los artículos 60 y 61, y como se ha dicho también en el comentario anterior. ’ ’

Estamos completamente de acuerdo con Manresa, y siendo de entera aplicación lo dicho por este autor a la situación planteada en este caso creemos que no se cometió error al-guno en .cuanto a la comparecencia de la menor. Es cierto que nuestra Legislatura ha variado en parte las limitacio-nes impuestas por el Código Civil Español a los menores emancipados por matrimonio, permitiéndoles comparecer en las cortes de distrito representando sus derechos (artículo 240, Código Civil, ed. 1930); y así también ha suprimido el consejo de familia, pero esto en nada afecta la aplicabili-d.ad de lo dicho por Manresa al caso de autos. La menor compareció asistida de su esposo y de su defensor, y aun-que éste fué nombrado para'que representase a los menores en juicio y fuera de él, y Dionisia Tomás Lebrón, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 240, citado, no necesitaba quien la representase en juicio, bastaba que el defensor se limitara a representarla en aquellas cuestiones en que exigía la ley diese su consentimiento. La asistencia del esposo no era necesaria. Con la asistencia del defensor quedó es-tablecida su capacidad y por tanto carece de base el primer fundamento de la denegatoria del registrador. Véase: Sucesión de Jesús v. Sucesión Castro, 62 D.P.R. 580.

En cuanto al hecho de si una partición es o no una enajenación, ya ha dicho en varias ocasiones este tribunal que “la partición no es otra cosa que una enajenación entre los herederos de la parte indeterminada que tienen en la herencia, por la parte determinada y específica que reciben a cambio de aquélla. Bel Rosario v. Rucábado, 23 D.P.R. 473, 478; Latorre v. Registrador, 24 D.P.R. 200, Ex parte Sotomayor, 24 D.PR. 185; Aponte v. Registrador, 30 D.PR. 785; Sosa v. Sosa (1941), 58 D.P.R. 470, 476.

El segando motivo de denegatoria del registrador se basa en que no puede ser objeto de liquidación en las operaciones particionales la finca urbana que, por permuta, pasó a ser propiedad exclusiva de los hijos de don Francisco Tomás Vich. Asimismo sostiene que dicha finca no podía ser adjudicada a la viuda para el pago de bajas por no ser ésta condueña de dicha finca ni tener interés alguno en ella.

La finca en cuestión, como ya hemos dicho antes, fué ad-quirida por los hijos del señor Tomás por permuta de todos los bienes privativos dejados por éste a su fallecimiento. Habiendo la viuda renunciado su cuota legal de usufructo-sobre los mismos, dicha finca fué inscrita en el registro como propiedad exclusiva de dichos hijos. Dicho inmueble no fué objeto de la partición en sí (véase Escritura de Partición, pág. 10), pero le fué adjudicado a la viuda para el pago de bajas (Escritura de Partición, pág. 11), compensándose a los hijos el valor de dicho inmueble ($500) en una participación mayor en la finca de -mayor cabida (21.528 cdas.) que se describe bajo la letra “A” en la escritura de partición (pág. 3, in fine), viniendo a reunirse toda su herencia paterna en una sola finca de la cual venían a ser dueños en su casi totalidad (18.888 cuerdas). (Véase pág. 12, escritura de partición).

La finca urbana inscrita a favor de los menores era parte-de su herencia paterna, pues, aunque la habían adquirido por permuta, habían dado a cambio de la misma bienes de la herencia y éstos habían sido sustituidos por aquélla no per-diéndose por la permuta el carácter de hereditario de dichos bienes. Sobre esta cuestión ha dicho este tribunal, en el caso de Vaguer v. Registrador, (1942) 60 D.PR. 722, a la página 727, citando a Manresa:

. Cambio de una finca por otra, de alhajas, de semovientes, etc., cuando el acto deba calificarse de permuta. Lo adquirido sus-tituye siempre a lo trasmitido, cualquiera que sea su valor.”

También en dicho caso se cita el de Cot v. Registrador, 15 D.P.3. 482, “que se cita como autoridad en 31 C. J. 28, párrafo 1109, para sostener el siguiente texto:

“ ‘Propiedad que se recibe a cambio de otra propiedad, bien en comunidad o separada, como regla general adquiere el carácter de la propiedad por-la cual se cambia.’ ”

Siendo un bien de la herencia, respondía dicha finca, con los otros bienes, heredados por los hijos, de las deudas que dichos., herederos venían obligados a pagar. Así, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 605 del Código de Enjuicia-miento Civil, pudo haber sido adjudicada tanto a uno de los herederos, como a un tercero para el pago de bajas. El ar-tículo citado dispone lo siguiente:

“Artículo 605. — Siempre que se verificase una partición de he-rencia, en la cual hubiese interesados menores de edad, o incapaces, si se adjudicaren bienes de la herencia en pago de deudas, a here-deros, o extraños; deberá someterse a la aprobación de la corte de distrito competente, y si ésta, con audiencia del fiscal, quedare sa-tisfecha de 3a certeza de la deuda y de que la adjudicación en pago de la misma es razonable y justa, podrá aprobar dicha adjudicación en pago, sin necesidad de la subasta pública.”

De acuerdo con la letra de este artículo no importaba que la finca en cuestión fuese adjudicada para el pago de bajas a la madre o a un tercero, ya que podía haber sido adjudicada lo mismo a un heredero que a un extraño, para tal fin. Toda la partición fue hecha de acuerdo con el pro-cedimiento prescrito por el citado artículo del enjuiciamiento civil quedando la corte satisfecha de la certeza de la deuda y de la -uzonabilidad y justicia de la adjudicación, así como también de que los derechos de los menores estuvieron en todo momento protegidos.

No vemos razón alguna para la denegatoria de inscrip-ción del registrador por este segundo motivo. En repetidas ocasiones ha dicho este tribunal que no entra dentro de las facultades conferidas a los registradores de la propiedad por la Ley Hipotecaria, la de revisar las cuestiones de hecho y de derecho en que se basan las resoluciones judiciales. Suárez v. Registrador;, 35 D.P.R. 740; Caballero v. Registrador, 35 D.P.R. 617. Dicha facultad se'extiende únicamente a ca-lificar los documentos expedidos por la autoridad judicial en cuanto a si el juez era o no competente por razón de la ma-teria, la naturaleza y efecto de la resolución, si ésta se dictó en el juicio correspondiente, si en él se observaron los trá-mites y preceptos esenciales para su validez y si el título contiene las circunstancias que requiere la Ley Hipotecaria para su inscripción. Cintrón v. Registrador, 35 D.P.R. 805; Sucn. Trías v. Registrador, 59 D.P.R. 460.

En cuanto al tercer motivo de denegatoria, tam■poco tiene razón el Registrador. Según el artículo 605 del Código de Enjuiciamiento Civil no es necesario que se siga el procedimiento prescrito por dicho código para la enajenación de bienes de menores, en los casos de partición de herencia en que hay menores envueltos. Y aun en el caso de que la adjudicación para pago de bajas a la viuda de la finca propiedad exclusiva de los hijos, entre los cuales había menores, se considere una permuta, la aprobación por la corte de dicha operación venía a ser la previa autorización judicial de que nos hablan los artículos 614, 615 y 616 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Creemos debe revocarse en su totalidad la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Carmen y Rosa Rosario Marrero, demandantes y apeladas, v. José Jiménez, demandado y apelante.
    Núm. 8858.

    — Sometido: Enero 28, 1944.

      Resuelto: Marzo 31, 1944.

      José Veray, Jr., abogado del apelante; Luis Antonio Rosario, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión envuelta en este recurso virtualmente se reduce a determinar si hubo o no error en la apreciación de la prueba.

La de las demandantes apeladas tiende a demostrar que éstas son las únicas y universales herederas de su madre Práxedes Marrero, conocida también por Pasita Marrero, quien a su fallecimiento el 14 de julio de 1937 dejó una casa de su exclusiva propiedad valorada en quinientos cincuenta dólares, construida por ella en el año 1921. En apoyo del título que reclaman sobre la casa, las demandantes apeladas, en adición a la prueba testifical que presentaron, ofrecieron en evidencia y fué admitida la siguiente prueba documental: (a) documento privado de fecha 5 de junio de 1923, en el cual Laureano Rodríguez y Dionisio Medina manifestaron que habían construido para Práxedes Marrero una casa do madera techada de zinc, con dinero y materiales facilitados' por dicha señora; (b) un permiso firmado por el ingeniero sanitario del distrito, fechado el 15 de julio de 1921, auto-rizando a Práxedes Marrero a trasladar una casa de ma-dera- a la calle Comercio de Aguadilla; (c) un recibo sus-crito el 4 de agosto de 1921 por el recaudador auxiliar municipal de Aguadilla a favor de la misma señora, por la can-tidad de un dólar, por concepto de licencia para edificar una casa en la calle Comercio de Aguadilla, y (d) un plano so-metido al Departamento de Sanidad, en el cual la indicada señora solicitó autorización para trasladar una casa de su propiedad a un solar de la calle Comercio de Aguadilla, plano que aparece endosado por el Comisionado Municipal de Sanidad B. Jiménez Serra el 7 de julio de 1921.

Declaró además xma de las demandantes que en vida de su causante Práxedes Marrero, ésta alquiló al demandado una habitación en dicha casa por canon de tres dólares men-suales; que después de fallecida la señora Marrero, sus hi-jas las apeladas requirieron al apelante para que desocupase lá habitación; que rehusó éste desocuparla, por lo que pre-sentaron contra él una demanda de desahucio. Que con el propósito de suscitar como suscitó en el pleito de desahucio un conflicto de títulos, hizo preparar el demandado un acta de edificación suscrita por' el propio demandado el 14 de oc-tubre de 1937 ante el notario José Ver ay, Jr., su abogado, acta que presentó en evidencia en el pleito de desahucio, lo-grando así que fuera desestimada la demanda por haberse suscitado el conflicto de títulos a que nos referimos anterior-mente, por lo que las demandantes se vieron precisadas a presentar la acción reivindicatoría que motivó la sentencia objeto de este recurso.

La evidencia del demandado tendió a probar que la casa en cuestión fue construida por él, y en apoyo de su declara-ción presentó el acta de edificación a que hubimos de refe-rirnos al reseñar la prueba de las demandantes. Tendió también a demostrar la prueba que la casa en controversia tenía un valor mucho menor de quinientos dólares, por lo cual impugnaba la jurisdicción de la corte. Declaró además el demandado que allá por el 1919, construida ya la casa por él, Práxedes Marrero, causante de las demandantes apela-das, vino a vivir con él en carácter de concubina, y al falle-cimiento de. ella aun vivía maritalmente con el demandado.

Admite el demandado que las demandantes son las úni-cas herederas de Práxedes Marrero, pero sostiene que como la casa no pertenecía a Práxedes Marrero, no tienen ellas derecho alguno a la misma.

La corte dirimió el conflicto dé la prueba a favor de las demandantes, y no podemos sostener que al así hacerlo in-curriera en manifiesto error.

Concedemos que incurrió en error la corte inferior al ad-mitir en evidencia el escrito suscrito por Laureano Rodrí-guez y Dionisio Medina, quienes debieron haber venido a declarar brindando así al demandado la oportunidad de re-preguntarles. De igual modo era inadmisible el acta de edi-ficación presentada por el demandado, puesto que claramente era self-serving evidence. Pero eliminando de la prueba de las demandantes el documento suscrito por Laureano Rodrí-guez y Dionisio Medina, el resto de la evidencia sostiene su-ficientemente la conclusión a que llegó la corte sentenciadora, por lo que procede la confirmación de la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    San Miguel, González y Valiente y Compañía, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 1140.

    — Sometido: Febrero 25, 1944.

      Resuelto: Marzo 31, 1944.

      E. Martínez Rivera y Luis Blanco Lugo, abogados de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera recaer en una acción sobre cobro de dinero iniciada en la Corte de Distrito de San Juan, la recurrente obtuvo una orden de embargo, expidiéndose el correspondiente manda-miento al Registrador de la Propiedad de Caguas para que anotara “el embargo de todo derecho, título, interés o participación” que el demandado Onofre Solano tuviera en dos fincas que se describieron y las cuales están inscritas a favor de dicho demandado. El registrador se negó a anotar el embargo por nota que en lo pertinente dice así:

. por resultar que al embargarse todo derecho, título, in-terés o participación que en las fincas descritas corresponda al de-mandado Onofre Solano, no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Hipotecaria, sin que se haya determinado la naturaleza, extensión, condiciones y gravámenes del inmueble ob-jeto del embargo, cuya omisión haría nula la inscripción que del mismo se hiciese de acuerdo con el artículo 30 de la Ley Hipote-caria, ...”

La firma embargante interpuso este recurso gubernativo. En el memorándum sometido por el registrador para soste-ner su nota alega que ella “se funda en la doctrina estable-cida por esta Hon. Corte en el caso de Jaime Matos Pérez v. Registrador” 61 D.P.R. 94.

Dicho caso es claramente inaplicable. Allí resolvimos, ratificando casos anteriores, que de acuerdo con el artículo 9 de la Ley Hipotecaria “toda inscripción que se haga en el Registro deberá expresar entre otras cosas: ... la natu-raleza, extensión, condiciones y cargas del derecho sobre el cual se constituya el que sea objeto de la inscripción. Cuando la inscripción carece de las expresadas circunstancias, es nula de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Hipotecaria.” (Bastardillas nuestras.)

En el caso de autos no se trata de ninguna inscripción sino de la anotación de un embargo sobre fincas ya inscritas en el Registro a nombre del demandado Onofre Solano. En el caso de E. Solé & Co. S. en C. v. Registrador, 48 D.P.R. 168, se resolvió, citando del sumario:

“Afecta una finca a una hipoteca inscrita constituida a favor de una persona, un embargo de todo el titulo, derecho e interés que esa persona tenga en la finca debe anotarse en lo que, como acree-dora hipotecaria tiene en dicha finca, o sea, en su derecho de hi-poteca.” (Bastardillas nuestras.)

El caso de autos es más fuerte aún, pues en el registro las fincas están inscritas a favor del demandado, mientras que en el de Solé, supra, la finca aparecía inscrita a favor de otra persona.

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la anota-ción solicitada.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Central Cambalache, Inc., recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada.
    Núm. 293.

    — Sometido: Febrero 7, 1944.

      Resuelto: Marzo 31, 1944.

      Eduardo Pérez Gasalduc, abogado de la recurrente; Joaquina Pérez Cordero, Ángel de Jesús Matos, Joaquín Correa Suárez y A. Sandín del Manzano, abogados del Administrador del Fondo del Seguro del Estado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La controversia aquí envuelta se baila ante nos por ter-cera vez (61 D.P.R. 8; 62 D.P.R. 486). Por primera vez el presente caso nos permite disponer en sus méritos de las cuestiones legales envueltas. Ya hemos sintetizado los he-chos aquí envueltos como sigue (62 D.P.R. 487, 8): “La ahora recurrente, con anterioridad al 15 de julio de 1941, presentó al Administrador del Fondo del Seguro del Estado el estado por duplicado requerido por el artículo 27 de la Ley núm. 45 de 1935 ((2) pág. 251), contentivo del número de trabajadores empleados, clase de ocupación o industria a que fueron dedicados, y la cantidad total de jornales paga-dos durante el año económico anterior. El 28 de octubre de 1941 la recurrente recibió una comunicación de dicho Admi-nistrador notificándole la liquidación preliminar para el año económico 1941-42, montante a $9,543.72 semestrales, y fijando la fecha del pago del primer semestre para en o antes del 7 de noviembre de 1941. Dicha comunicación fué extendida en el impreso oficial preparado al efecto, hallándose en blanco la parte del impreso concerniente a la ‘Liquidación Final’. En vista de esa' circunstancia, la recurrente solicitó por es-crito del Administrador que le prorrogase el término del pago de la liquidación preliminar, o sea el de la prima del primer semestre, hasta tanto el Administrador determinase la liquidación del año anterior. Contestó el Administrador que estimaba innecesaria tal prórroga, toda vez que la recu-rrente recibiría la liquidación final antes de expirar el plazo por él fijado, más los treinta días de gracia concedidos por ley, que vencerían el 7 de diciembre de 1941. Nada se decía en dicha comunicación con respecto al pago de la prima pre-liminar para el caso de que al vencimiento de los treinta días de gracia no se hubiese rendido por la recurrente la referida liquidación final. La recurrente, según alegó en la petición de injunction en el citado caso de Central Cambalache v. Cordero, Administrador, supra, interpretó que ella no venía obligada a pagar la prima preliminar mientras no recibiese la liquidación final y confió en que la recibiría antes del 7 de diciembre de 1941. Expirado dicho plazo sin recibirla, se dirigió al Administrador, inquiriendo las razo-nes por las cuales no se le había enviado, contestando éste por telegrama que cursó en San Juan el 13 de diciembre de 1941, acusando recibo de su carta, notificándole que los treinta días de gracia habían vencido el 7 de diciembre y requirién-dole para que inmediatamente enviase su prima preliminar por bailarse su riesgo en descubierto. El 15 de diciembre la recurrente verificó el pago de la prima preliminar, no obs-tante lo cual el Administrador la declaró patrono no asegu-rado en todos los casos de accidentes del trabajo acaecidos desde el primero de julio basta el 15 de diciembre de 1941.”

La Comisión, de conformidad con nuestras anteriores opiniones, oyó los numerosos casos aquí envueltos y permi-tió a la peticionaria adelantar varias contenciones de ley en cada caso. La presente es una petición para que se revise un resolución de la Comisión Industrial (disintiendo un Co-misionado) dictada en estos casos negándose a “acreditar al patrono Central Cambalache, Ine. aquella parte de la prima correspondiente al período de julio 1ro. a diciembre 15 de 1941, para ser abonada al pago de las compensaciones y gas-tos que dicho patrono viene obligado a pagar, montante a la suma de $13,845.56, por accidentes ocurrídoles a sus obreros durante el período antes indicado.” La Comisión resolvió, en efecto legal, que la prima de $9,543.72, pagada por la pe-ticionaria el 15 de diciembre para cubrir el semestre de ju-lio 1 a diciembre 31, no podía ser devuelta o acreditársele a la peticionaria en todo o en parte, aun cuando la peticio-naria había desembolsado la suma de $13,845.56 como resul-tado de haber sido declarada patrono no asegurado por el período desde el primero de julio al 15 de diciembre.

La peticionaria alega que este caso está controlado por el de American Railroad Co. v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 314; la Comisión resolvió que la regla establecida en Montaner, Administrador v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 396, es de aplicación aquí. Convenimos con la Comisión, en vista del hecho de que la peticionaria pagó la prima por el primer semestre antes de la fecha de vencimiento del mismo. Indudablemente para el patrono parece ser un severo resul-tado el que después de pagar una prima de $9,543.72 que creyó era para todo el semestre de julio. 1 al 31 de diciem-bre, encontrarse que su actual póliza de seguro solamente cubre del 15 de diciembre al 31 de diciembre. Mas la sec-ción 25 provee, y los casos de Montcmer y Am. Railroad am-bos sostienen el principio de que, el pago de una prima he-cho durante el semestre debe ser en el total de la prima, no empece que bajo las circunstancias de este caso y las del caso de Monlaner dicho pago cubre el riesgo solamente du-rante el período restante del semestre.

La peticionaria también somete la contención de que el Administrador está impedido debido a su conducta en este caso de oponerse a que se acreditaran los $9,543.72 a los $13,845.56 desembolsados por la peticionaria como patrono no asegurado. Resolvimos una contención algo similar en el caso de Sucesores de J. González v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 306, con el siguiente lenguaje (pág. 310):

"... Sin que investiguemos si la doctrina de estoppel pueda ser invocada en esta clase de casos, existe una corta respuesta a esta contención. El artículo 25 dispone, como hemos visto, que excepto una posibilidad de reembolso que no tiene relevancia en este caso, un patrono sujeto a las disposiciones de la ley ‘dixrante cualquier parte de un semestre deberá pagar las cuotas de dicho semestre completo . . .’. Montaner, Admor., v. Comisión Industrial, supra, a la página 401. ...”

Toda vez que la prima se pagó antes de la fecha de ven-cimiento del primer semestre y cubrió el remanente del mismo —no importa lo breve que fuere dicho período — el artículo 25 no nos deja alternativa excepto la de resolver que el Ad-ministrador puede bajo las circunstancias de este caso rete-ner toda la cantidad de la póliza para el primer semestre.

La resolución de la Comisión Industrial será confirmada.


author: El Juez Asociado Señor SnydeR

text:
    G. Atiles Moréu, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada y Julio Cruz Alvarez, lesionado.
    Núm. 305.

    — Sometido: Marzo 20, 1944.

      Resuelto: Marzo 31, 1944.

      Ron. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos, G. Benitez Gautier, Procurador General Auxiliar y Joaquina Pérez Cordero, Ángel de Jesús Matos, Joaquín Correa Suárez y A. Sandín del Manzano, abogados los cuatro últimos del Fondo del Estado, abo-gados todos del recurrente; Julio Cruz Almodóvar, por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor SnydeR

emitió la opinión del tribunal.

El-14 de diciembre de 1942 Julio Cruz Alvarez, alegando que el 10 de diciembre había sufrido un accidente en el curso de su empleo a consecuencias del cual se le desarrolló nna hernia, solicitó y obtuvo tratamiento médico snministrádole por un médico del Fondo del Seguro del Estado. Después de recibir el informe de sus asesores médicos, el Adminis-trador del Fondo del Seguro del Estado resolvió el 17 de diciembre que el alegado accidente no le había ocasionado la hernia. Entonces el obrero apeló ante la Comisión Industrial, alegando qne la hernia había sido cansada por nn ac-eidente en el curso de su empleo y que necesitaba tratamiento médico adicional para la misma. Se celebró una vista mé-dica ante la Comisión el 21 de diciembre, en la cual infor-maron los asesores médicos del Fondo del Seguro del Estado y de la Comisión. Como consecuencia de sus informes, la Comisión sostuvo la decisión del Administrador. Luego el obrero solicitó de la Comisión una vista pública, la que se celebró el 17 de febrero de 1943. En dicha vista el obrero trajo como testigo a su propio médico. El 11 de agosto de 1943, seis meses después, la Comisión resolvió que la hernia era el resultado de un accidente compensable sufrido por el obrero el 10 de diciembre de 1942, y ordenó al Administra-dor a “determinar el tratamiento que necesite, o para com-pensarlo del mismo en la forma que fuere procedente”.

En virtud de dicha resolución del 11 de agosto de 1943, el Administrador sometió al obrero a tratamiento médico desde el 27 de agosto de 1943 hasta diciembre 1943, cuando se le dió de alta. El Administrador, sin embargo, se negó a hacer pago alguno al obrero por el período comprendido desde el 10 de diciembre 1942 — fecha del accidente — hasta el 27 de agosto de 1943, fecha en que empezó el tratamiento médico. De esta decisión nuevamente apeló el obrero para ante la Comisión. La Comisión celebró una vista sobre esta cuestión, en la que declararon los doctores en representación (1) de la Comisión, (2) del Fondo del Seguro del., Estado, y (3) del obrero. La Comisión ordenó el pago de dietas al obrero empezando siete días después de la fecha del acci-dente, el 10 de diciembre de 1942. Expedimos el auto al so-licitar el Administrador que revisemos esta última resolución.

Empezamos por indicar que la demora de seis meses incurrida por la Comisión al resolver este asunto fué enteramente injustificada, especialmente en un caso de esta índole. La resolución de la Comisión, que aquí se ataca, no ofrece razón alguna para esta demora. Unicamente dice que “La demora en la resolución del caso es lo que ha traído todo esto. Pero de eso no puede hacerse responsable al obrero ni debe él sufrir las consecuencias. Afortunadamente ya esos procedimientos dilatorios no existen en la Comisión Industrial. ’ ’

Sin embargo, no'podemos estar obligados por simpatías hacia el obrero debido a la demora ocurrida en la resolución de este caso. Para poder confirmar la resolución de la Co-misión, debemos encontrar alguna prueba en el récord ..-que justifique tal actuación. La Ley núm. 45, Leyes de Puerto Rico, 1935, dispone en su artículo 3, párrafo 2, que el obrero tendría derecho “Si la incapacidad fuere de carácter temporal o transitoria a una compensación de la mitad del jor-nal que percibía el día del accidente, o que hubiera de pei-cibir a no ser por la ocurrencia del accidente, durante él período de incapacidad para él trabajo, pagadera por sema-nas vencidas.” (Bastardillas nuestras). Esta es una dispo-sición enteramente diferente a aquella que se encuentra en una ley anterior en cuanto a que debe pagarse al obrero la misma cantidad “durante el tiempo que permanezca bajo tratamiento facultativo”. (Ley núm. 102, Leyes de Puerto Rico, 1925, artículo 3, párrafo 2).

Como hemos visto, hubo conflicto en las declaraciones de los médicos en cuanto a si ocurrió un accidente compensable. Esta controversia se resolvió contra el Fondo del Seguro del Estado, y éste no se queja ahora -de dicha resolución. Pero sí alega que en la vista celebrada después su médico y el de la Comisión testificaron que la hernia — ya fuera ésta una anterior, como alegaban ellos, o una proveniente de un accidente ocurrídole en el curso de su empleo, como alega el obrero — en manera alguna incapacitó á Cruz para traba-jar desde la fecha del accidente hasta el 27 de agosto de de 1943, fecha en que empezaron sus dietas y tratamiento. El médico del obrero, no obstante estar presente y ofrecer' algún testimonio, no declaró lo contrario en cuanto a este punto. Por tanto no hay prueba en el récord que justifique la resolución de la Comisión en cuanto a que el obrero tiene derecho a la compensación aquí envuelta a partir de siete días después de la fecha del accidente.

La resolución de la Comisión Industrial será revocada.

El Juez Presidente Sr. Travieso no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Corte de Distrito de Ponce, Hons. Alberto S. Poventud y Ramón A. Gadea Picó, Jueces, recurridos.
    Núm. 1561.

    — Sometido: Marzo 6, 1944.

      Resuelto: Marzo 31, 1944.

      B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados del peticionario; Agustín E. Font, abogado del interventor, el acusado en la causa criminal.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Se radicó una acusación ante la corte de distrito impu-tando a Juan Santiago Rodríguez él delito de asesinato en primer grado. Luego, su abogado, alegando que Santiago estaba loco y que por lo tanto no podía juzgársele en dicha fecha (Artículo 439, Código de Enjuiciamiento Criminal, ed. 1935), solicitó de la corte que se sometiera la cuestión de su incapacidad a tres peritos designados por la corte (Artículo 440). Se declaró con lugar esta moción,' y se celebró una vista sobre el particular en la que declararon los tres pe-ritos designados por la corte. Al terminarse la vista, la corte de distrito dictó una resolución disponiendo la reclu-sión del acusado en el Manicomio Insular hasta que recobrara el uso de la razón, y que entonces se le entregara al Alcaide de la Cárcel de Distrito para ulteriores procedimientos de conformidad con la ley.

Expedimos un auto de certiorari para determinar si la corte de distrito cometió error de procedimiento o de juris-dicción al dictar la referida resolución.

Todos los peritos dijeron repetidas veces que unánimemente eran de opinión que el acusado no estaba loco. Sin embargo, uno de ellos hablando a nombre de todos hizo el siguiente comentario:

“Aunque creo que este hombre está cuerdo, no me atrevería a sacar a este hombre a la calle. Este hombre, de acuerdo con la historia de los padres, puede cometer otro delito si le viene una crisis. En este momento lo hemos examinado y no encontramos es-tigmas para decir que este hombre está loco, y no tenemos ninguna base para decir que está loco. Más bien creemos que está cuerdo, pero, por la experiencia que yo tengo, no me atrevería sacar a este hombre de la cárcel.”

Asimismo uno de los peritos dijo a la corte:

“Me atrevería sugerirle al Hon. Juez y a esta Corte que se mande a ese hombre al Manicomio para que efectúen un estudio de su condición mental y ellos dictaminen si ese hombre está o no está loco. ’ ’

Eeconocemos la difícil situación con que se enfrentó la corte con esta prueba. Pero los artículos 440-2 del Código de Enjuiciamiento Criminal expresamente disponen que la cuestión de la locura será “resuelta por . . . decisión” de los peritos. La corte de distrito no tiene autoridad para determinar si el acusado está cuerdo o loco. El dictamen incumbe exclusivamente a los peritos (Iturrino v. Corte de Distrito, 50 D.P.R. 934; Pueblo v. Nazario, 53 D.P.R. 239). Una vez que los peritos resuelvan la cuestión de la locura, el artículo 442 es de aplicación. Dicho artículo dice como sigue:

“Si los peritos declaran cuerdo al acusado debe continuar el j-'-cio o ser pronunciada la sentencia, según el caso. Si declaran U o al acusado, debe suspenderse el juicio o la sentencia hasta o cobre la razón, y el tribunal debe disponer que, en el ínterin, sea recluido el acusado en un manicomio; y que cuando vuelva al uso de la razón, sea entregado al alcaide de la cárcel.”

La dificultad con la resolución aquí envuelta es que la corte de distrito ordenó la reclusión del acusado en el ma-nicomio hasta que éste recobrara el uso de la razón, en au-sencia del dictamen de los peritos de que el acusado estaba loco. Si bien algunas partes de las manifestaciones de los peritos arriba citadas reflejan un estado de incertidumbre por parte de los peritos, el dictamen de estos, de existir al-gún dictamen, es al efecto de que el acusado estaba cuerdo. En su consecuencia, la corte inferior no tenía autoridad para actuar bajo tales circunstancias de conformidad con el ar-tículo 442. Es claro que el Código no deja lugar para el cri-terio independiente de la corto de distrito sobre la materia; la corte viene obligada por el dictamen de los peritos sobre esta cuestión. La corte de distrito pudo haber resucito su dilema decidiendo que las manifestaciones de los peritos no constituían un dictamen concreto, relevándolos hasta que ellos mismos u otro grupo de peritos tuvieran suficientes da-tos sobre los cuales basar el dictamen. La corte de distrito puede en lo sucesivo, de creerlo propio, dictar una nueva resolución con miras a cumplir dicho propósito. Pero en ausencia de un dictamen específico de los peritos de que el . acusado estaba loco, no había base bajo el artículo 442 para dictar la orden de la corte de distrito recluyendo al acusado en el manicomio.

La resolución de la corte de distrito será revocada y se devolverá el caso a dicha oorte para ulteriores procedimien-tos no inconsistentes con esta opinión.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Porfirio Colón Aponte, acusado y apelante.
    Núm. 10346.

    — Sometido: Marzo 17, 1944.

      Resuelto: Marzo 31, 1944.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abo-gados dé El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación contra una sen-tencia de la corte de distrito condenando al acusado a diez años de presidio al ser convicto por un jurado de asesinato en segundo grado. Tres días antes de la fecha señalada para la vista, el fiscal radicó ante esta Corte una moción sobre corrección de los autos que están ante nos.'

Uno de los errores alegados en apelación es que la corte de distrito cometió error al instruir al jurado en el sentido de que la presunción de inocencia debe ser claramente probada. De haberse dado dicha instrucción al jurado, es obvio que sería errónea y sustancialmente perjudicial al acusado. El fiscal admitió en la vista que tal instrucción exigiría que revocáramos la sentencia de convicción. Y el récord ante nos claramente establece tal instrucción. Ésta lee como sigue:

“En los casos criminales la ley presume que el acusado es ino-cente mientras no se le pruebe lo contrario de modo satisfactorio y por evidencia competente, y es regla de ley que su culpabilidad debe ser claramente probada. Esta presunción de inocencia debe ser claramente probada y acompaña siempre al acusado hasta el jui-cio y continúa existiendo en favor del acusado hasta el momento mismo en que se rinde el veredicto, por lo que el jurado debe te-nerla presente no sólo durante sus deliberaciones si que también en todo tiempo hasta que en realidad se llegue a un veredicto.” (Bas-tardillas nuestras).

Pero el fiscal afirma que el récord no refleja lo que real-mente ocurrió. Su moción es al efecto de que se corrija el récord para que demuestre que la instrucción en cuestión fué en efecto dada en la siguiente forma:

“En los casos criminales la ley presume que el acusado es ino-cente, mientras no se le pruebe lo contrario de modo satisfactorio y por evidencia competente; y es regla de ley que su culpabilidad debe ser completamente probada. Esta presunción de inocencia acompaña al acusado durante el juicio y el jurado debe tenerla presente también al deliberar.”

Esta última instrucción es, desde luego, una correcta ex-posición de la ley.

Para sostener sn moción, el fiscal ofreció una certifica-ción del juez interino que presidió el juicio en cuanto a que trasmitió la instrucción como aparece corregida y que “dicha instrucción fué tomada por mí al pie de la letra del libreto de instrucciones que tengo en mi poder y uso corrientemente en mis instrucciones al jurado. Que al certificar el pliego de instrucciones al jurado en dicho caso lo hice pasando in-advertidamente sobre el error existente, sin que me diera cuenta del mismo, hasta- que vino a mi conocimiento que una instrucción distinta a la dada por mí servía de base a un se-ñalamiento de error por el acusado apelante en su alegato.”

El fiscal también ofreció dos declaraciones juradas. Una está firmada por el abogado que condujo la defensa pero que no es abogado del acusado en apelación. Dice su declaración jurada que no recuerda que la corte de distrito trasmitiera la instrucción señalada como errónea y “que si tales frases se hubieran pronunciado y hubieran sido oídas por mí, las hubiera objetado en su momento oportuno porque, a mi jui-cio, implicarían una violación de ley.”

El fiscal también ofreció en apoyo de su moción una de-claración jurada de Pedro R. Arroyo, quien actuó como ta-quígrafo repórter en el juicio del caso. Su declaración dice en parte como sigue:

“Que tomé durante dicha vista las instrucciones dadas por el Hon. Jesús A. González, actuando como Juez de Distrito Interino, al jurado en aquel caso. Que es costumbre de los taquígrafos tomar taquigráficamente las primeras frases de las instrucciones en aque-llos párrafos en que el Juez va leyendo muy rápidamente, y que se refieren a ‘instrucciones generales’ que constan escritas en el libro de instrucciones de los jueces, y de las cuales tenemos copia los ta-quígrafos. Que en este caso mientras el Hon. Juez González dictaba las'instrucciones, tomé taquigráficamente la siguiente frase de la ins-trucción general que consta en mi libreta de notas y que dice así ‘en los casos criminales la ley presume, etc. . . . ’ copiando el resto del párrafo de el modelo de instrucciones generales que tengo en mi po-der y que dice así 'En'los casos criminales la ley presume que el acusado es inocente mientras no se pruebe lo contrario de modo sa-tisfactorio y por evidencia competente, y es regla de ley que su cul-pabilidad debe ser claramente probada. Esta presunción de inocen-cia acompaña siempre al acusado durante el juicio y continúa exis-tiendo en favor del acusado hasta el momento mismo en que se rinde el veredicto, por lo que el jurado debe tenerla presente no sólo du-rante sus deliberaciones si que también en todo tiempo hasta que en realidad se llegue a un veredicto.’
“Que al copiar este taquígrafo el resto del párrafo en cuestión, por un error involuntario mío salté de la línea que copiaba directa-mente encuna de la anterior donde consta la frase ‘debe ser clara-mente probada’ haciendo que lea la oración así: ‘Esta presunción de inocencia debe ser claramente probada y’ cuando en realidad de ver-dad debe ser y así está en las instrucciones correctas así: ‘ Esta pre-sunción de inocencia acompaña siempre al acusado, etc. etc.’
“Que este error clerical de este taquígrafo puede verse gráfica-mente del modelo de instrucciones y de sus notas taquigráficas. ’ ’

El “libro de instrucciones de los'jueces” y las notas ta-quigráficas de Arroyo también fueron ofrecidos en apoyo de la moción del fiscal.

La evidencia ofrecida en apoyo de la moción del fiscal es plausible en sumo grado. La proposición de ley envuelta es elemental, y fue expuesta correctamente por el juez de dis-trito en la primera oración de la instrucción que se ataca. Por tanto, es difícil creer que hubiera dicho exactamente lo contrario en su segunda.oración, tal como indica el récord. También, es muy significativo que el abogado del acusado no objetara la instrucción durante el juicio.

Eso no obstante, declararemos la moción sin lugar, y motu proprio revocaremos la sentencia dictada en este caso. Tomamos esta acción toda vez que los exhibits ofrecidos en apoyo de la moción revelan que se privó al acusado de un derecho fundamental — el derecho de que las instrucciones de la corte al jurado se tomen taquigráficamente (Comp. Estat. Bev. de P. B., ed. 1941, pág. 816). Por tanto nos negamos a investigar si en este caso específico el juez interino instruyó correctamente o no al jurado sobre la ley. Resolvemos que a menos que el taquígrafo repórter tome las instrucciones taquigráficamente, no puede subsistir una sentencia conde-natoria.

Resolver lo contrario sería abrir las puertas a innumera-bles abusos. Un taquígrafo repórter no tiene ■ derecho a asumir que un juez de distrito trasmitirá una instrucción, bien-“general” o de cualquier otro modo, exactamente en la misma forma que aquella que de ordinario se usa. En ver-dad, cada caso tiene sus propios hechos peculiares, y es el deber del juez de distrito ajustar sus instrucciones al caso específico que se está ventilando. Tampoco se disculpa el taquígrafo cuando jura que el juez estaba “leyendo muy rápidamente”. Si el juez de distrito está hablando dema-siado ligero, el taquígrafo puede respetuosamente solicitar de la corte que hable más despacio. Podría añadirse que si un juez está hablando demasiado ligero para un taquígrafo que está cualificado para desempeñar los deberes de su cargo, es muy dudoso que un jurado compuesto de legos asimile el significado de las instrucciones.

Aprovechamos esta oportunidad para censurar la práctica revelada por este caso. El juez de distrito, y no el taquígrafo, controla el desarrollo del caso. Un taquígrafo no tiene derecho para ejercer su criterio en cuanto a qué instrucciones deben tomarse taquigráficamente. Su deber es claro. En este caso flagrantemente lo infringió. El resul-tado es la demora en resolver un importante caso criminal y en considerables gastos innecesarios para El Pueblo de Puerto Rico. Debe tratarse severamente. a los taquígrafos de las cortes que dejan de cumplir su deber en cuanto a éste y a otros aspectos.,

Este caso presenta-gráficamente las lamentables consecuencias que surgen de tal abandono del deber. Ningún derecho es tan fundamental bajo nuestras instituciones como la presunción de inocencia en un caso criminal. Sin embargo, esta Corte no tiene ante sí una transcripción correcta de la instrucción de la corte de distrito sobre dicha cuestión toda vez que el taquígrafo repórter no tomó notas taquigrá-ficas de dicha instrucción.

Si un juez de distrito está leyendo instrucciones al ju-rado, no vemos objeción a la práctica mediante la cual el taquígrafo tenga ante sí una copia de las mismas y escriba en ellas los signos taquigráficos necesarios donde quiera que el juez varíe las instrucciones escritas. Pero la-declaración jurada del taquígrafo en este caso no afirma que tomó esta precaución. Por el contrario, al leerse su declaración, sim-plemente asumió que el juez de distrito no se separaría del texto del libro de instrucciones “de las cuales tenemos copia los taquígrafos”. No debe entendérsenos como que cerra-mos las puertas a la corrección de los autos en casos apro-piados con el fin de que el récord en apelación refleje lo que en verdad ocurrió en la corte de distrito. Pero eso puede hacerse, por lo menos en los casos criminales, cuando estén envueltas la prueba y las instrucciones, solamente cuando el taquígrafo cumplió con su deber estatutario de tomar notas taquigráficas del incidente bajo consideración.

La apelación también ha sido sometida en sus méritos. El acusado alega que la prueba no fué suficiente para esta-blecer un asesinato en segundo grado y nos pide que dicte-mos sentencia absolviéndolo. No podemos tomar dicha ac-ción toda vez que la prueba introducida por el Pueblo, de ser creída por el jurado, justificó el veredicto aquí envuelto.

La sentencia será revocada y devuelto el caso a la corte de distrito para un nuevo juicio.


text:
    Municipio de Juncos, representado por su Alcalde Carlos Feltiou, demandante y apelado, v. Juan Carreras, Otilio Flores y Petra Reyes de Malavé, demandados y apelantes.
    Núm. 8612.

    — Sometido: Febrero 4, 1944.

      Resuelto: Abril 10, 1944.

      R. A. Arroyo Ríos y Oscar R. Brizzie, abogados de los apelantes; E. Arjona Siaca y A. Figueroa Rivera, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El 30 de noviembre de 1939 el Municipio de Juncos re-solvió conceder a Petra Keyes viuda de Malavé el usufructo de un solar con el fin de construir una casa. En el otoño de 1941 el contratista Juan Carreras empezó a construir para la señora Keyes una casa sobre este solar. De conformidad con su declaración, Carreras dirigía la construcción de la casa mediante sueldo semanal, obteniendo el material nece-sario de un comerciante, cargándoselo éste a la señora Reyes. Carreras declaró que para poder empezar a construir la casa rompió la cerca construida por el Municipio con el fin de impedir la construcción de la casa' sobre el solar en cuestión. Esta cerca se construyó alrededor del solar poco antes de que Carreras empezara a construir la casa, según declaran los funcionarios del Municipio, debido a que estaban bajo la impresión de que (a) Petra Reyes había vendido el solar a Otilio Plores y (b) que Plores se disponía a construir para sí una casa en dicho solar. La posición del Municipio es que la cesión del usufructo a'la señora Reyes no le permitía a ésta traspasar el solar a una tercera persona. Carreras trabajó varias semanas en la casa. Para dicha fecha, de acuerdo con su declaración, “esa obra tiene toda la primera moldeada preparada ya y además los refuerzos están todos parados, el refuerzo total de la casa está todo parado.”

Entonces el’ Municipio radicó la petición de injunction aquí envuelta. Después de un juicio en sus méritos, la corte de distrito concedió el remedio solicitado, prohibiendo a Carreras, a Plores y a la señora Reyes la continuación de la obra sobre el solar y la entrada al mismo. La presente es una apelación contra dicha sentencia.

La corte de distrito estuvo correcta al decidir que la concesión del usufructo a la señora Reyes era nula e ineficaz. No hay controversia alguna de que la Asamblea Municipal consiste por ley de once miembros (Véase Asamblea Municipal v. González, Alcalde, 55 D.P.R. 542, 61). El artículo 70 de la Ley Municipal (Ley núm. 53, Artículo 70, Leyes de Puerto Rico, 1928) dispone en cuanto a usufructos, que “La cesión se hará necesariamente mediante ordenanza o resolución adoptada por la mayoría del número total de miembros de que se componga la Asamblea”. (Bastardillas nuestras). Pero la concesión del usufructo en este caso se, hizo a la señora Reyes únicamente por cinco miembros de la Asamblea. Esta disposición de la Ley Municipal es mandatoria, y por tanto la actuación de los cinco miembros al conceder el usufructo en cuestión no tiene efecto legal.

En su consecuencia la corte dé distrito fué de opinión que no tenía otra alternativa que la de conceder un injvmc tion en este caso. Pero no podemos convenir con esta con-clusión. El presente caso no es ig’iial a los casos citados por la corte de distrito (Moscoso Hno. & Cía. v. Municipio, 50 D.P.R. 188, 190; Humacao Lumber Co. v. American Surety Co., 59 D.P.R. 165, 169; Municipality of Río Piedras v. Serra Garabís & Co., 65 F. (2d) 691, 693, 694 (C.C.A. 1st, 1932)'; al mismo efecto González v. Municipio, 61 D.P.E. 369) en el que una parte que había concurrido con el Municipio en un contrato nulo demanda al Municipio basándose en dicho contrato. Aquí el Municipio solicita acción afirmativa de las cortes. Y solicita el extraordinario y drástico remedio de injunction de una corte de equidad. Bajo tales circuns-tancias no es necesario que hablemos en términos de estoppel o que invoquemos aún la doctrina de “manos limpias”.. Una corte de equidad puede dentro de su discreción abstenerse de actuar si bajo todas las circunstancias del caso es de opinión que no debe permitir que sus procedimientos resulten en una manifiesta injusticia. La máxima “ aquél que invoca la equidad debe practicarla” es el poste indicador para una corte de equidad en relación con este punto.

El presente caso ofrece un ejemplo de la clase de casos que proporciona a una corte de equidad la oportunidad de hacer uso de su procedimiento flexible y amplia discreción con el fin de rehusar tomar parte en una acción poco equi-tativa que estremece la conciencia. (Cf. Hecht Co. v. Bowles, U. S.-12 L. W. 4188, resuelto en 28 de febrero 1944). Una anciana analfabeto obtiene de buena fe el usufructo de un solar del Municipio cuyo propósito es precisamente el de suministrar libre de costo terreno en el cual puedan los pobres construir sus casas. Invierte allí $200 de su capital, que asciende a $600, y tiene en mente tomar a préstamo el remanente para cubrir el costo de $900. Es verdad que los funcionarios municipales intentaron para-lizar la construcción pero lo hicieron basándose en una su-puesta situación de hechos — que la casa se construía para alguien que no tenía derecho al usufructo del solar — cosa que no es cierta. La teoría de una cesión nula nunca se mencionó hasta que el Municipio radicó este pleito. Y para dicha fecha los cimientos de la casa se habían construido* todo el refuerzo estaba parado y se había echado la pri-mera moldeada. Bajo dichas circunstancias resolvemos que-la corte de distrito abusó de su discreción al conceder al Municipio el remedio afirmativo de injunction en este caso. Si el Municipio continúa insistiendo en sus derechos, técnicos en relación con la cesión nula, habrá suficiente tiempo dentro del procedimiento, adecuado para considerar qué remedio, si alguno tiene la señora Beyes contra el Muni-cipio (Cf. casos mencionados en 93 A.L.R. 441 y cf. Carrasquillo v. Ripoll y Maldonado, Int., 56 D.P.R. 395; Rivera v. Santiago, 56 D.P.R. 381; Pueblo v. Carrasquillo, 58 D.P.R. 176).

Aparentemente hubo un cambio en los miembros de la Asamblea Municipal entre la fecha de la cesión del usufructo a la señora Beyes — noviembre 1939 — y la fecha en que ella empezó a construir la casa sobre el solar. Pero los nuevos miembros de la Asamblea deberán tomar en consideración las equidades de esta situación. Una anciana viuda, casti-gada por los infortunios de la pobreza, y con una numerosa familia, ha invertido sus ahorros de toda la vida en la cons-trucción de un hogar. El solar concedídole por el Munici-pio estaba señalado exactamente para tal fin. Otros solares •adyacentes, algunos de- los cuales se cedieron bajo el mismo-acuerdo nulo de la Asamblea Municipal, están siendo usados por otras personas en circunstancias similares para estos fines. No vemos razón alguna por la que la Asamblea Municipal, demostrando su alto espíritu, no apruebe una reso-lución convalidando la cesión original bajo la cual la señora Beyes empezó a construir su casa.

La sentencia de la corte de distrito será revocada y se dictará una nueva sentencia a favor de los demandados.