text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Mario García Colón, peticionario.

      Número: CC-2009-0912

      Resuelto: 26 de agosto de 2011

      Martín G. González Vélez y Martín González Vázquez, aboga-dos del peticionario; Reinaldo Camps del Valle, procurador general auxiliar, y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general, abogados de la parte recurrida.
    Sala de Verano integrada por el Juez Presidente Señor Hernán-dez Denton y los Jueces Asociados Señores Martínez Torres, Kolthoff Caraballo y Estrella Martínez.
   RESOLUCIÓN

A la moción de reconsideración del peticionario Mario García Colón, “no ha lugar”.

Como institución de la Rama Judicial del Gobierno, este Tribunal le da la bienvenida a la fiscalización pública y a la crítica vigorosa y libre de sus decisiones. Claro está, nues-tra función constitucional es resolver los casos ante nues-tra consideración “de forma independiente, partiendo de una comprensión cuidadosa y consciente de la ley, libre de cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, ya sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o por cualquier razón”. Canon 8 de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-B. Todos los integrantes de este Tribunal resolvemos conforme a lo que nuestras conciencias identifican como el derecho aplicable a los hechos del caso y no “por el clamor público, por con-sideraciones de popularidad o notoriedad, o por motivacio-nes impropias”. Id.

Para la tranquilidad de nuestro Pueblo, es menester de-jar el expediente claro al reafirmar nuestro dictamen en este caso. Conocemos el problema que representan las dilaciones injustificadas de las causas criminales en nuestros tribunales. Ahora bien, como señalamos en nuestra opinión de 9 de junio de 2011, en este caso hubo justa causa para la presentación tardía de las denuncias porque “[l]a prueba refleja que el sargento [Pedro] Pagán Matos realizó gestio-nes afirmativas para concretar una fecha en la cual pu-diera presentar las denuncias, pero sus esfuerzos resulta-ron infructuosos debido —en mayor parte— a la renuencia mostrada por el abogado del peticionario”. Pueblo v. García Colón I, 182 D.P.R. 129, 166 (2011). Esos esfuerzos se de-tallan en la referida opinión.

A pesar de las gestiones que se realizaron, los obstácu-los prosiguieron aun después de que el sargento intentó fijar una fecha al reintegrarse a sus labores, después de una intervención quirúrgica a la que fue sometido. Con-cluimos en nuestra opinión y reafirmamos ahora que la “actuación reiterada de la defensa en eludir la concretiza-ción de una fecha para presentar las denuncias, fue la ra-zón principal de la dilación en el procesamiento criminal de autos”. Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 167. Ante esa realidad y la enfermedad del funcionario idóneo para pre-sentar las denuncias, fue que concluimos que el Tribunal de Primera Instancia no abusó de su discreción al negarse a desestimar las denuncias por la violación alegada de la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton se reafirma en lo que expuso en su opinión disidente y concurrente en este caso y, por ende, reconsideraría el caso en sus méritos.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Integración de Salas de Verano.

      Número: ES-2011-02

      Resuelto: 29 de agosto de 2011
   RESOLUCIÓN

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 4(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 L.RR.A. Ap. XXI-A, se en-mienda la Resolución de 10 de junio de 2011 a los efectos de constituir la composición de la Segunda Sala de Verano que funcionará durante el receso del Tribunal del:

Del 4 de septiembre al 11 de septiembre de 2011

Hon. Federico Hernández Denton, presidente

Hon. Rafael L. Martínez Torres

Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo

Hon. Luis F. Estrella Martínez

Los Presidentes de Sala quedan facultados para susti-tuir a los Jueces que no puedan intervenir en algún asunto ante su consideración y, asimismo, para convocar al Pleno del Tribunal cuando sea necesario. El Tribunal continuará emitiendo y certificando opiniones y sentencias durante todo el receso de verano.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Elías Arroyo Rivera.

      Número: TS-12938

      Resuelto: 31 de agosto de 2011

      Nelson J. Santiago Marrero, director auxiliar de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Elías Arroyo Rivera, pro se.

   per curiam:

Nuevamente nos vemos en la obligación de suspender a un miembro de la profesión por incumplir con los requerimientos de este Tribunal. Por los motivos que se exponen a continuación, ordenamos la suspensión inme-diata e indefinida del Ledo. Elias Arroyo Rivera del ejerci-cio de la abogacía.

I

El Ledo. Elias Arroyo Rivera fue admitido al ejercicio de la abogacía el 25 de enero de 2000 y el 9 de marzo de 2001 prestó juramento como notario. El 22 de noviembre de 2005 emitimos una opinión per curiam mediante la cual lo suspendimos de manera inmediata e indefinida del ejerci-cio de la abogacía y la notaría. Esto, por falta de pago de la cuota anual de colegiación y de la fianza notarial del Cole-gio de Abogados. In re Arroyo Rivera I, 166 D.P.R. Ap. (2005).

En conformidad con la sentencia dictada y el manda-miento expedido, el 30 de noviembre de 2005, la Oficina del Alguacil de este Tribunal incautó parcialmente la obra notarial del señor Arroyo Rivera. El 12 de diciembre de 2005, los alguaciles entregaron a la Oficina de Inspección de No-tarías (O.D.I.N.), lo que el señor Arroyo Rivera le hizo lle-gar como el resto de su obra notarial. Posteriormente, luego de acoger como una moción de reinstalación un es-crito presentado por el señor Arroyo Rivera, le reinstala-mos únicamente al ejercicio de la abogacía. In re Arroyo Rivera II, 166 D.P.R. 544 (2005).

El 10 de enero de 2007, la Directora Interina de O.D.I.N. presentó un informe ante este Tribunal sobre el estado de la obra notarial del licenciado Arroyo Rivera. Del mismo se desprende que la obra notarial examinada es es-casa, pero adolece de múltiples deficiencias, entre las cua-les se encuentran: falta de iniciales de los otorgantes; pro-tocolos no encuadernados, y omisión de dar fe del conocimiento o medio de identificación de los otorgantes. Asimismo, el licenciado Arroyo Rivera dejó de rendir sus índices desde marzo de 2002 hasta el 3 de noviembre de 2005. También adeuda sus Informes de Actividad Notarial Anual de 2002, 2003 y 2004. El licenciado Arroyo Rivera no compareció en varias ocasiones a O.D.I.N., a pesar de las citas coordinadas para ello.

El 21 de marzo de 2007 emitimos una resolución en la cual le concedimos al licenciado Arroyo Rivera un término de veinte días para responder al Informe de O.D.I.N. Luego, a petición de éste, le extendimos una prórroga de diez días para tal cometido.

El licenciado Arroyo Rivera presentó su contestación al informe y admitió que las faltas señaladas eran ciertas e irrefutables, y que fue indolente y negligente en el des-cargo de sus funciones como notario. Expuso estar en la mejor disposición de subsanar y corregir los errores, y que se comunicaría con O.D.I.N. a la mayor brevedad posible.

En atención a la comparecencia del licenciado Arroyo Rivera, el 19 de octubre de 2007 emitimos una resolución en la cual le concedimos un término de treinta días para subsanar las deficiencias encontradas en su obra notarial. Se le apercibió que su incumplimiento con los términos de nuestra resolución podría conllevar la suspensión del ejer-cicio de la abogacía. Esta resolución se notificó el 26 de octubre de 2007. El 28 de noviembre de 2007 le concedimos un término adicional de diez días para cumplir con nuestra resolución de 19 de octubre de 2007.

Vencido el plazo otorgado al licenciado para subsanar su obra notarial, y sin que éste así lo hiciera, el 29 de febrero de 2008 emitimos una resolución en la cual le concedimos el término final de diez días para cumplir con nuestra re-solución de 19 de octubre de 2007. Esta resolución se noti-ficó personalmente mediante la Oficina del Alguacil de este Tribunal el 12 de marzo de 2008. A petición del licenciado, el 30 de junio de 2008 nos dimos por enterados de lo infor-mado con relación a nuestra Resolución de 19 de octubre de 2007 y le concedimos diez días para notificar el estado en que se encontraba la subsanación de la obra notarial.

Posteriormente, el 10 de diciembre de 2010, O.D.I.N. presentó ante nos un Informe Actualizado sobre Estado de Deficiencias de la Obra Notarial Incautada. En éste se sos-tiene que la gran mayoría de las faltas inicialmente notifi-cadas aún permanecían sin corregir, a pesar de que se le indicó al licenciado cómo subsanarlas. Asimismo, el licen-ciado Arroyo Rivera no compareció a varias citas acordadas con O.D.I.N. para trabajar con las correcciones.

Luego de evaluar la respuesta a este Informe, que pre-sentó el licenciado Arroyo Rivera, el 4 de febrero de 2011 emitimos una resolución en la cual le impusimos una san-ción de quinientos dólares por sus reiterados incumpli-mientos con O.D.I.N., a ser pagados en treinta días. Ade-más, le ordenamos que subsanara de inmediato las deficiencias de su obra notarial y le apercibimos que su incumplimiento conllevaría otras sanciones que incluyen la suspensión del ejercicio de la profesión. Esta resolución se notificó personalmente al licenciado Arroyo Rivera el 9 de febrero de 2011.

El 20 de mayo de 2011, el licenciado solicitó una pró-rroga de cinco días. Le otorgamos hasta el 30 de mayo de 2011 para cumplir con nuestra Resolución de 4 de febrero de 2011. Todavía hoy no ha cumplido.

II

En reiteradas ocasiones hemos expresado que los abogados tienen el deber y la obligación de responder diligentemente a los requerimientos y las órdenes de este Tribunal. In re Arzón Rivera, 175 D.P.R. 763 (2009); In re Rodríguez Bigas, 172 D.P.R. 345 (2007). Además, hemos señalado que procede la suspensión inmediata de aquellos miembros de la profesión que incumplen con nuestros requerimientos e ignoran los apercibimientos de sanciones disciplinarias. In re Torres Viera, 179 D.P.R. 868 (2010); In re Feliciano Jiménez, 176 D.P.R. 234 (2009); In re Laborde Freyre I, 154 D.P.R. 112 (2001). Los miembros de la profe-sión jurídica tienen la obligación de responder diligente-mente a nuestros requerimientos. In re Otero Encarnación, 179 D.P.R. 827 (2010); In re Rodríguez Bigas, supra.

No obstante lo anterior, constantemente nos enfrenta-mos a un sinnúmero de abogados que incumplen con las órdenes de este Tribunal y de los organismos a los cuales hemos encomendado la tarea de investigar posibles viola-ciones a las normas que rigen la profesión. Es por ello que hemos resuelto que esa “actitud de indiferencia y menos-precio a la autoridad del Tribunal Supremo merecen su suspensión indefinida ...”. In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678, 683 (1992).

De otra parte, ningún notario puede asumir una actitud pasiva y descansar en que O.D.I.N. lo contactará para verificar si se corrigieron adecuadamente los señalamientos que ésta efectuó, máxime cuando la imagen de la profesión y la suya están en tela de juicio. In re Román Jiménez, 161 D.P.R. 727, 733 (2004). Los abogados tienen la obligación ineludible de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal, así como a los de O.D.I.N. In re Montalvo Guzmán, 169 D.P.R. 847 (2007); In re Moreno Franco, 166 D.P.R. 787 (2006); In re Rivera Irizarry, 155 D.P.R. 687 (2001). Una vez el abogado se aparta de cumplir con los deberes que le impone la ley y el ordenamiento ético, incurre en conducta que acarrea una sanción disciplinaria. In re Montalvo Guzmán, supra.

Ill

En el caso de autos, la obra notarial solo se compone de seis (6) instmmentos públicos y un tomo de Registro de Testimonios. Esta obra se incautó en el 2005 y a pesar de que las deficiencias son de fácil subsanación, han transcu-rrido más de cinco años y aún la obra notarial permanece sin corregir. El 9 de febrero de 2011, la Oficina del Alguacil de este Tribunal notificó personalmente al licenciado Arroyo Rivera nuestra Resolución de 4 de febrero de 2011, en la cual le impusimos la sanción de quinientos dólares por su reiterado incumplimiento con O.D.I.N. y le ordenamos que subsanara de inmediato las deficiencias de su obra notarial. El licenciado solicitó una prórroga de cinco días para cum-plir con nuestra resolución. Le concedimos tal prórroga y esta venció el 30 de mayo de 2011. Nada ha pasado.

El licenciado Arroyo Rivera ha hecho caso omiso de los requerimientos de este Tribunal. Por lo tanto, procede que lo suspendamos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía. Esto, con el apercibimiento de que no esta-remos dispuestos a decretar su reinstalación hasta que cumpla con todos los señalamientos de O.D.I.N. y nuestras resoluciones.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se ordena la sus-pensión inmediata e indefinida del Ledo. Elias Arroyo Rivera de la práctica de la abogacía. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para con-tinuar representándolos, y devolverles cualesquiera hono-rarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, tendrá que informar oportunamente de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro ad-ministrativo en el que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días contados a partir de la notificación de la presente opinión “per cu-riam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

Las Juezas Asociadas Señoras Rodríguez Rodríguez y Pabón Charneco no intervinieron.


text:
      In re Daniel Muñoz Fernós y Miguel Morell Chardón, querellado.

      Número: CP-2009-005

      Resuelto: 6 de septiembre de 2011

      Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, Zaira Z. Girón Anadón y Leticia Casalduc Rabell, subpro-curadoras generales, de la Oficina del Procuradora General; Eliadís Orsini Zayas, comisionada especial; David Muñoz Fernós y Miguel B. Morell Chardón, pro se.

   per curiam:

En el presente caso nos corresponde atender un señalamiento ético contra dos abogados que suscribie-ron un contrato de servicios profesionales con el propósito de representar a múltiples codemandantes en un caso de daños y perjuicios. En específico, debemos examinar si los abogados actuaron correctamente al crear, mediante dicho contrato, un comité de codemandantes que se encargaría de mantener — en calidad de intermediarios — la comunica-ción entre la representación legal y los demás codemandantes. Asimismo, debemos evaluar la diligencia desplegada por los abogados querellados ante la falta de cooperación de sus clientes durante un proceso litigioso.

I

El Ledo. Daniel Muñoz Fernós fue admitido a la aboga-cía el 3 de marzo de 1989, y el Ledo. Miguel Morell Chardón el 30 de noviembre de 1977.

En 1998 veintinueve empleados del Colegio Regional de Carolina de la Universidad de Puerto Rico contrataron los servicios profesionales del bufete Morell Chardón & Muñoz Fernós para que les representara en una reclamación de daños y perjuicios contra unos contratistas independientes de su patrono. Dicho bufete se componía de los dos abo-gados aquí querellados. Aunque el contrato de servicios profesionales expresa que compareció el bufete, éste fue firmado únicamente por el licenciado Muñoz Fernós.

Como parte de lo estipulado con el bufete, todos los co-demandantes también firmaron el referido contrato de ser-vicios profesionales y recibieron una orientación sobre el alcance de éste y las responsabilidades de los clientes para una adecuada representación. Por la naturaleza del caso, también se les orientó y advirtió sobre la necesidad de con-tratar a dos peritos, un experto ambiental y un neumólogo. Asimismo, en el referido contrato se estableció claramente la necesidad de que los codemandantes se comunicaran pe-riódicamente con el bufete. A tales efectos, se incluyó la siguiente cláusula:

Cuarto: Es una condición indispensable del presente contrato el que LOS CLIENTES mantengan comunicación continua con LOS ABOGADOS, llamándolos o visitándolos por lo menos una vez semanalmente para conocer el status del caso a radicarse. A estos fines se ha creado un comité de demandan-tes compuesto por los siguientes demandantes: Diana Ramírez Natal, Alma Ramos Ortiz, Angelina Díaz González y Carmen Serrano Collazo. Esto no impide que cualesquiera de LOS CLIENTES pueda llamar en un momento dado a LOS ABO-GADOS, y vice-versa, para atender asuntos individuales de cada reclamante. Apéndice de la Querella, Anejo II, pág. 144.

De esta manera, se pretendió que un comité (Comité de Comunicación) mantuviera comunicación entre los aboga-dos y los codemandantes. De igual manera, cualquier re-clamante podía comunicarse directamente con la oficina de los abogados para obtener información del caso.

En cumplimiento con su obligación, el 27 de febrero de 1998 el bufete presentó la correspondiente reclamación ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. La demanda fue suscrita por ambos abogados aquí querellados.

Durante el proceso litigioso, la Sra. Alma I. Ramos Ortiz, una de las codemandantes que formaba parte del Co-mité de Comunicación y quien figura como la quejosa en el presente proceso disciplinario, utilizó los servicios profesio-nales del licenciado Muñoz Fernós para al menos cuatro asuntos personales ajenos al caso de daños y perjuicios. Para esos cuatro asuntos, por los cuales el abogado no co-bró, esta no tuvo inconveniente alguno para localizar y co-municarse con el abogado y, según se desprende del expe-diente, éste la atendió satisfactoriamente.

El licenciado Muñoz Fernós también atendió otras ges-tiones personales en calidad de representante legal de la codemandante Sra. Diana Ramírez Natal, de lo cual re-sultó que ésta obtuviera una compensación reclamada administrativamente. Por las gestiones a favor de la se-ñora Ramírez Natal no se instaron quejas disciplinarias, por lo que suponemos que éstas también fueron realizadas satisfactoriamente. Cabe señalar, además, que, durante el presente procedimiento disciplinario, los abogados quere-llados alegaron haber asesorado a los codemandantes y a familiares de éstos de forma gratuita en más de quince ocasiones. Por esas otras gestiones tampoco se presentaron quejas disciplinarias.

No obstante, el pleito de daños y perjuicios ante la Sala de Carolina fue desestimado con perjuicio el 17 de mayo de 2002, a causa de la incomparecencia de los codemandantes y su incumplimiento con órdenes del Tribunal de Primera Instancia. El 25 de junio del mismo año, el foro primario reabrió el caso, a solicitud de los abogados aquí querella-dos, en aras de que se dilucidara la controversia en sus méritos. Finalmente, el 22 de enero de 2003 volvió a des-estimar el pleito con perjuicio por abandono.

Así las cosas, la señora Ramos Ortiz presentó una queja contra los querellados ante la Secretaría de este Tribunal a nombre propio y en representación de los demás codemandantes. La queja fue instada originalmente contra el licenciado Muñoz Fernós y durante el trámite discipli-nario autorizamos a la Oficina de la Procuradora General a incluir al licenciado Morell Chardón. Esto, pues ambos participaron de orientaciones, en entrevistas con los clien-tes, y en los trámites del caso.

En la queja, la señora Ramos Ortiz expresó que supo que se había emitido una sentencia de archivo con perjui-cio en el caso que tramitaba Muñoz Fernós. Alegó que dicho abogado nunca le cursó documento alguno emitido por el tribunal, a pesar de que había recibido órdenes específi-cas del propio tribunal a esos fines. Asimismo, añadió que mientras el caso fue objeto de desestimación en dos ocasio-nes distintas, ni los codemandantes ni ella tuvieron cono-cimiento de ello. Como exponemos más adelante, la comu-nicación entre los abogados querellados y la señora Ramos Ortiz resultaría ser de medular importancia para este pro-ceso disciplinario pues, por distintos motivos, los otros miembros del Comité de Comunicación se abstuvieron de realizar su encomienda y todos descansaron en que ella realizaría la comunicación con los abogados.

Los abogados respondieron a la queja. El licenciado Mu-ñoz Fernós alegó que nunca recibió respuesta de la señora Ramos Ortiz cuando le notificó la sentencia mediante la cual se desestimó el caso por segunda ocasión. Añadió que siempre mantuvo a los clientes al tanto del proceso y les informó a través de Ramos Ortiz de todo lo que pasaba. Además, expresó que envió varios formularios a los deman-dantes pero éstos no los devolvieron o cumplimentaron, por lo que alegó que los clientes no fueron diligentes en apoyar la tramitación de su reclamación. Por su parte, el licen-ciado Morell Chardón alegó que respondió a las llamadas telefónicas de la señora Ramos Ortiz cuando el licenciado Muñoz Fernós no estaba en la oficina y que atendió a ésta, quien les visitaba regularmente.

Así las cosas, ordenamos a la Oficina de la Procuradora General a presentar la querella de autos y ésta le imputó a los querellados la violación de los Cánones 12, 18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. En síntesis, la querella alega que los abogados incumplieron con el de-ber de diligencia necesario para evitar que se causaran dilaciones indebidas en la tramitación y solución del caso, en violación al Canon 12, supra; que no cumplieron con los principios que exige el Canon 18, supra, de defender dili-gentemente los intereses de sus clientes, lo que resultó en el archivo con perjuicio de una demanda, y que los aboga-dos querellados violaron el Canon 19, supra, al no mante-ner informados a sus clientes de manera adecuada sobre los trámites del caso.

En febrero de 2010, mediante resolución, nombramos a la Hon. Eliadís Orsini Zayas, exjueza del Tribunal de Pri-mera Instancia, para que en presencia de las partes y en calidad de Comisionada Especial recibiera la prueba y nos rindiera un informe con sus determinaciones de hechos y recomendaciones que estimara pertinentes. Habiendo cele-brado una vista inicial, una conferencia con antelación y una vista evidenciaría que duró dos días, la Comisionada Especial rindió un informe detallado de la prueba desfilada y varias conclusiones de derecho.

En la vista evidenciaría, la Comisionada Especial reci-bió el testimonio de siete de los veintinueve codemandan-tes, incluyendo a la señora Ramos Ortiz. Dichos testigos fueron contrainterrogados por cada uno de los abogados querellados. La Comisionada Especial concluyó, a base de la prueba testifical, que no todos los clientes cooperaron satisfactoriamente con los abogados para una representa-ción adecuada. Por ejemplo, no contestaron prontamente los interrogatorios que los abogados querellados les envia-ron a pesar de que se les advirtió y orientó sobre las con-secuencias de la tardanza. Asimismo, no todos entregaron sus expedientes médicos a pesar de que se les solicitaron y recibieron explicaciones de parte de los abogados sobre la importancia de dicha prueba. Tampoco aportaron a la con-tratación de los peritos a pesar de las advertencias claras que al respecto le hicieron los abogados desde el inicio de la contratación y en lo subsiguiente. De hecho, quedó estable-cido que los abogados no recibieron suma alguna para la contratación de la prueba pericial y habían advertido a sus clientes que ellos no pagarían ese gasto. Durante todo el proceso del litigio, los abogados sólo recibieron ochenta dó-lares para los gastos iniciales.

Asimismo, los abogados plantearon que solicitaron a los codemandantes que entregaran las resoluciones emitidas por el Fondo del Seguro del Estado sobre sus reclamacio-nes para poder determinar si el Fondo acudiría a los tribu-nales mediante acción de subrogación. Sin embargo, los clientes tampoco las proveyeron.

Por su parte, los abogados testificaron que hicieron múl-tiples gestiones al respecto. Entre ellas, se trasladaron en más de una ocasión al Colegio Universitario de Carolina para reunirse y orientar a los demandantes. Asimismo, adujeron que fueron los clientes quienes voluntariamente y por iniciativa propia establecieron un comité para que los representara ante los abogados y se encargara de los re-querimientos del litigio.

Del testimonio de algunos de los codemandantes que se recoge en las determinaciones de la Comisionada Especial surge que algunos de los codemandantes sí aportaron dinero para la contratación de los peritos necesarios, pero que ese dinero le fue entregado a la señora Ramos Ortiz quien lo retuvo para sí y no informó a los abogados de las sumas retenidas. Incluso, luego de un tiempo y tras la des-estimación del caso, la señora Ramos Ortiz sólo les devol-vió parte de las cantidades entregadas por los codemandantes.

La Comisionada Especial concluyó además que, a pesar de que la Oficina de la Procuradora General aseguró que los abogados nunca le comunicaron a los codemandantes la desestimación del caso, una carta de 3 de febrero de 2003 suscrita por el licenciado Muñoz Fernós, y dirigida a los codemandantes, derrota esa aseveración. En dicha carta se les informó que el caso fue desestimado, que la desestima-ción era errónea, a su entender, y que tenían derecho a apelar dentro de treinta días, por lo que necesitaba re-unirse con ellos. Además, esa carta se acompañó con copia de la sentencia.

Asimismo, surge del expediente que el 26 de septiembre de 2002, los abogados enviaron una carta a los clientes mediante la cual recalcaron la necesidad de que coopera-ran con el descubrimiento de prueba y aportaran el dinero necesario para contratar los peritos.

En sus conclusiones, la Comisionada Especial resaltó que todos los codemandantes son profesionales con estu-dios universitarios y algunos de ellos poseen estudios posgraduados. Así las cosas, también concluyó que la ale-gada falta de comunicación, si en algún momento ocurrió, es imputable a los propios clientes, quienes se desentendie-ron del caso, nunca se comunicaron directamente con los abogados ni visitaron sus oficinas después de la firma del contrato de servicios profesionales, descansando solo en la señora Ramos Ortiz para su información, contrario a lo que habían acordado mediante el contrato de servicios profesio-nales que todos suscribieron. De igual forma, la Comisio-nada, concluyó que no existe prueba suficiente sobre la vio-lación a los Cánones 18 y 19 del Código de Etica Profesional, supra, pero sí en cuanto a la violación del Canon 12, supra. Es decir, que los abogados fueron diligentes en su gestión conforme al Canon 19, supra, y no actuaron de manera que mantuvieran a sus clientes desinformados de los asuntos importantes del caso. No obstante, de acuerdo a la Comisionada, éstos no actuaron conforme al deber de puntualidad y diligencia que exige el Canon 12, supra, porque, según señaló, los abogados querellados de-bieron renunciar a la representación de los codemandantes cuando notaron que éstos se habían desentendido del caso y no pretendían cooperar.

Así las cosas, la Oficina de la Procuradora General com-pareció ante nos en un escrito en reacción al informe de la Comisionada Especial. En este escrito, se objetan las con-clusiones a las que llegó la Comisionada, así como la con-clusión de que cualquier ausencia de diligencia fue como consecuencia de la falta de cooperación de los clientes.

La Procuradora General sostiene que, en su opinión, el expediente del caso ante el Tribunal de Primera Instancia que da lugar a la querella de autos demuestra una ausen-cia significativa de escritos por parte de los demandantes, por lo que los abogados, a su parecer, no fueron diligentes en el manejo del caso. Asimismo, hace referencia a la mo-ción de reconsideración que presentaron los abogados que-rellados tras la primera desestimación que hiciera el foro de instancia. La Procuradora entiende que, si en efecto el manejo del caso se vio afectado por la falta de diligencia de los clientes, entonces los abogados debieron señalarlo en aquel momento. Los abogados, sin embargo, no culparon a sus clientes en sus escritos ante el foro de instancia.

La Procuradora aduce, además, que en un escrito ante el Tribunal de Primera Instancia, los abogados mencionan que sus clientes se encuentran “de alta” ante la C.F.S.E. y, sin embargo, los abogados plantearon durante el proceso disciplinario que sus clientes no cooperaron con devolver un formulario que se les solicitó para obtener información de sus casos ante la mencionada corporación.

Finalmente, la Procuradora expone que los abogados y los codemandantes se confiaron del Comité de Comunica-ción y no fueron diligentes. Según la Procuradora, los abo-gados no podían delegar su deber de mantener informados a todos los clientes. No debían, pues, cruzarse de brazos. Asimismo, la comunicación que éstos hayan sostenido con la señora Ramos Ortiz no derrota la responsabilidad de comunicarse individualmente con los demás demandantes.

A raíz de los hechos expuestos, debemos atender dos controversias. En primer lugar, si los abogados fueron dili-gentes frente a sus clientes y ante el Tribunal de Primera Instancia y, en segundo lugar, si es antiético llegar a un acuerdo de comunicación a través de un intermediario, como se hizo en el presente caso. Contando con la compa-recencia de los quejosos, los querellados, la Oficina de la Procuradora General y un informe específico y detallado de la Comisionada Especial, procedemos a resolver.

I — I { — I

Como se sabe, los cánones del Código de Ética Profesional establecen las normas mínimas de conducta que rigen a los miembros de la profesión legal en el desempeño de su labor. In re Torres Viñals, 180 D.P.R. 236 (2010); In re Pujol Thompson, 171 D.P.R. 683 (2007). Los cánones de Ética Profesional tienen como objetivo “promover que los abogados se desempeñen en el aspecto profesional y personal acorde con los más altos principios de conducta decorosa, para el beneficio de [todos en] la profesión, la ciudadanía y las instituciones de justicia del país”. In re Hernández Pérez I, 169 D.P.R. 91, 101-102 (2006).

Con el propósito de atender querellas disciplinarias, la Regla 14 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, dispone que corresponde a un Comisionado Especial, designado por el propio Tribunal, celebrar una vista para recibir la prueba. Como hemos expresado reiteradamente, sus determinaciones fácticas merecen nuestra mayor deferencia. In re Torres Viñals, supra. Aunque este Tribunal no está obligado a aceptar el informe del Comisionado Especial nombrado para atender una querella contra un abogado, de ordinario hemos sostenido las conclusiones de hecho realizadas por dicho funcionario. Id.; In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210 (2007).

A base de lo anterior, hemos expresado que, cuando no hemos encontrado que un Comisionado Especial haya incurrido en error, no habremos de intervenir con sus determinaciones de hechos y recomendaciones, ausente de una demostración de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en su apreciación. In re Irisarri Castro, 172 D.P.R. 193, 215 (2007); In re Rodríguez Feliciano, 165 D.P.R. 565, 579 (2005). Asimismo, es norma reiterada en nuestro ordenamiento ético disciplinario que para imponer sanciones disciplinarias tiene que haber prueba clara, ro-busta y convincente de que hubo violaciones éticas. In re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575, 585 (2001).

Por su parte, el Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, dispone:

Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protec-ción de los derechos sustanciales de su cliente. Id.

Hemos expresado que esta obligación de ser puntual en el trámite del litigio y desplegar todas las diligencias nece-sarias frente al tribunal ha de cumplirse por el abogado durante todas las etapas del litigio. In re Rodríguez Villalba, 160 D.P.R. 774 (2003); In re Pagán Hernández, 141 D.P.R. 113, 118 (1996). Un abogado que deja de comparecer injustificadamente ante los tribunales, dilatando así la tra-mitación de las causas, viola el Canon 12, supra. In re Vilchez López, 170 D.P.R. 793, 800 (2007); In re Soto Colón, 155 D.P.R. 623 (2001).

Por otra parte, el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, dispone, en lo pertinente, que

[s]erá impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuada-mente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurí-dica en general estima adecuada y responsable. íd.

A la luz de este deber frente al cliente, hemos resuelto que es impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando sea consciente de que no puede rendir una labor idónea o que no puede prepararse adecuadamente, sin que ello conlleve gastos o demoras irrazonables a su cliente o a los foros donde practique. In re Marini Román, 165 D.P.R. 801 (2005); In re Guadalupe, Colón, 155 D.P.R. 135, 153 (2001). Asimismo, un patrón de falta de adecuación en el trámite judicial o de indiferencia a los requerimientos que ha hecho un tribunal, constituye una violación del referido Canon 18. In re Marini Román, supra, pág. 811.

En el pasado, hemos sido cuidadosos en la diferencia-ción entre los deberes de diligencia impuestos por los Cá-nones 12 y 18, supra. El profesor Steidel sostiene que la diferencia recae en que el deber de diligencia que impone el Canon 12, supra, se refiere al deber de actuar oportuna-mente a favor de un cliente o respecto a órdenes del tribunal. El deber de competencia, por su parte, puede de-limitarse al deber de poseer los conocimientos jurídicos ne-cesarios para la tramitación adecuada de un caso o gestión profesional. S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, Publicaciones J.T.S., 2010, pág. 188.

Asimismo, hemos expresado que un abogado que actúa negligentemente, de manera que conlleve la desestimación o el archivo de un caso, viola el Canon 18, supra. In re Hoffman Mouriño, 170 D.P.R. 968, 981 (2007); In re Guadalupe, Colón, supra. Además, un abogado no queda relevado de actuar diligentemente en la tramitación de un caso, aun cuando no cuente con la colaboración de su cliente. En In re Pinto Andino, 156 D.P.R. 259 (2002), ex-presamos que el abogado que pierde comunicación con su cliente debe, como gestión inicial, realizar esfuerzos razo-nables para lograr comunicarse con él y advertirle del riesgo que corre en la tramitación de su causa. Id. Además, señalamos que un abogado que opta por presentar acciones ante el tribunal en representación de un cliente con el que ha perdido comunicación no incurre en una violación ética. Sin embargo, no debe cruzarse de brazos y dejar de infor-mar al tribunal el hecho de que ha perdido comunicación con su cliente. Id. Debe, por el contrario, mantener infor-mado al tribunal y solicitar oportunamente ser relevado de la representación legal. Id. Véanse, también: In re Cruz Tolinche, 112 D.P.R. 699 (1982); Hefler Const. Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 844, 846 (1975).

Por otro lado, el Canon 19, supra, que regula el deber de mantener informado al cliente, dispone:

El abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado.
Siempre que la controversia sea susceptible de un arreglo o transacción razonable debe aconsejar al cliente el evitar o ter-minar el litigio, y es deber del abogado notificar a su cliente de cualquier oferta de transacción hecha por la otra parte.
El abogado que representa varios clientes con intereses co-munes o relacionados entre sí no debe transigir ninguno de los casos envueltos sin que cada cliente esté enterado de dicha transacción y sus posibles consecuencias.

Así las cosas, hemos expresado que el deber ineludible de mantener informado al cliente de todo asunto impor-tante que surge durante la tramitación de una causa, se-gún dispuesto en el Canon 19, es un elemento imprescin-dible en la relación fiduciaria que existe entre el abogado y el cliente. In re García Muñoz, 170 D.P.R. 780 (2007). Porello, “no puede haber información más importante para un cliente que conocer de un dictamen adverso dictado en su contra”. íd., pág. 788.

En In re Castro Colón, 177 D.P.R. 333 (2009), una dienta alegó que su abogado no le informó de una senten-cia final que dictó el Tribunal de Primera Instancia ni de una orden para ejecutarla. Allí, una vez más, enfatizamos que tanto el desempeño profesional competente y diligente como la información al cliente son dos elementos impres-cindibles de toda relación abogado-cliente. Por ello, reite-ramos que los casos pertenecen a los clientes y ellos tienen derecho a estar informados de todos los trámites importan-tes que sucedan. No cumplir con ese deber conlleva una clara violación al Canon 19, la cual es independiente al deber de diligencia impuesto por el Canon 18. Id.; In re Rivera Lozada, 176 D.P.R. 215, 225 (2009); In re Colón Morera, 172 D.P.R. 49 (2007).

Por otra parte, hemos aclarado que el deber de informar continuamente establecido en el Canon 19, supra, es del abogado para con el cliente, mas no del cliente para con el abogado. Por ello, todo abogado debe actuar diligentemente y asegurarse de tener actualizada la información de contacto de su cliente, de modo que siempre pueda mantenerlo informado de todo lo que está pasando en su pleito. Esto, como dijimos en In re Castro Colón, supra, no es distinto a nuestras expresiones en J.R.T. v. Marex Const. Co., Inc., 103 D.P.R. 135, 141 (1974), caso en que recalcamos que también existe un deber implícito de las partes, los abogados y de cualquier otra persona que participe en determinada controversia, de mantener y dar constancia de su paradero de manera que las partes, con su dejadez, no actúen en detrimento del proceso judicial del cual participan.

Asimismo, recientemente atendimos otro caso relevante a la controversia que hoy nos atañe. En In re Nieves Nieves, 181 D.P.R. 25 (2011), se alegó que el allí querellado no presentó escrito alguno ante el Tribunal de Primera Ins-tancia para defender los intereses de su cliente ni para cumplir con las órdenes de ese foro. Su cliente también adujo que no se le había mantenido informado del caso y que no fue notificado del trámite procesal ni de su eventual desestimación. Así las cosas, resolvimos que el abogado ha-bía violado el Canon 12, supra, por no haber mostrado diligencia en la tramitación del caso, al no comparecer a una vista, incurrir en dilaciones indebidas e incumplir con ór-denes del Tribunal de Primera Instancia.

En cuanto a una posible violación del Canon 19, supra, sostuvimos que la actuación de un abogado de mantener ajeno a su cliente de las incidencias de sus casos constituye una lesión ética. In re Nieves Nieves, supra. De igual ma-nera, expresamos que el Canon 19 le impone un deber de comunicación al abogado y no al cliente. Id. Es decir, el abogado que no informa al cliente los asuntos importantes del caso no queda eximido de su responsabilidad por el hecho de que el cliente se tornó inaccesible. En ese caso es necesario que el abogado indique las gestiones que realizó para comunicarse con su cliente. Como allí el abogado ad-mitió que le notificó a su cliente sobre la desestimación del caso cuatro años después que se dictó sentencia, resolvi-mos que había violado el referido canon. Id.

Sobre la información que un abogado está obligado a comunicarle a su cliente, el profesor Steidel nos expresa que

... parece lógico pensar que el deber de informar de un abo-gado se extiende, al menos, a toda aquella información sobre gestiones o asuntos que: (1) afecten o prolonguen la continui-dad del pleito; (2) de ser conocidos por un cliente, pudiera ra-zonablemente llevarlo a finalizar el pleito; (3) aumente los cos-tos del litigio; (4) impliquen una renuncia de derechos o de garantías procesales; o (5) tienen el potencial de exponerlo a consecuencias adversas ante terceros que no forman parte del pleito. Steidel Figueroa, op. cit., pág. 193.

Por su parte, el Center for Professional Responsibility del American Bar Association ha propuesto la Regla Mo-delo 1.4, que regula las comunicaciones entre abogado y cliente para fines de mantener al cliente informado. Dicha regla dispone:

(a) A lawyer shall:
(1) promptly inform the client of any decision or circumstance with respect to which the client’s informed consent, as defined in Rule 1.0(e), is required by these Rules;
(2) reasonably consult with the client about the means by which the client’s objectives are to be accomplished;
(3) keep the client reasonably informed about the status of the matter;
(4) promptly comply with reasonable requests for information; and
(5) consult with the client about any relevant limitation on the lawyer’s conduct when the lawyer knows that the client expects assistance not permitted by the Rules of Professional Conduct or other law.
(b) A lawyer shall explain a matter to the extent reasonably necessary to permit the client to make informed decisions regarding the representation. ABA, Model Rules of Professional Conduct, Rule 1.4 (2010).

Como puede apreciarse, la Regla 1.4 no dispone expre-samente la manera en que debe atenderse la comunicación a través de un intermediario. Varios estados han resuelto esa controversia imponiendo un deber al abogado de ase-gurarse que la comunicación que se transmite al interme-diario, con miras a llevársele al cliente, en efecto sea reci-bida por este último. “A lawyer who communicates with a client through intermediaries —such as the lawyer’s employees or an individual designated by the client— remains responsible for ensuring that the client is provided with the information required under Rule 1.4.” ARA/BNA Lawyer’s Manual on Professional Conduct, Sec. 31:504 (supl. 2008); People v. Rivers, 933 P.2d 6 (1997); In re Dreier, 671 A.2d 455 (1996) (“If a lawyer and client communicate through an agent of the client, the lawyer may still have a duty to communicate directly with the client regarding matters that significantly impact the representation.” ABA/BNA, supra, Sec. 31:505).

Por su parte, la Regla modelo 1.13, “Organization as Client”, que regula los deberes de un abogado que ha sido contratado para representar a diferentes entidades que agrupan personas, también ha sido aplicada para regla-mentar la representación de personas que se agrupan o se agregan sin constituir una entidad legal específica independiente. ABA, Annotated Model Rules of Professional Conduct, Rule 1.13 (5ta. ed 2007) (“Some courts consider an unincorporated association, a limited partnership, a joint venture or similar organization to be an aggregate of individuals, rather than an entity. In such cases, the lawyer-client relationship is between the group’s lawyer and each member individually”). Véase City of Kalamazoo v. Michigan Disposal Serv., 151 F.Supp.2d 913 (2001).

Por último, es importante recalcar que, al momento de ponderar la sanción disciplinaria que habrá de imponérsele a un abogado, debemos tomar en cuenta: la buena reputación del abogado en la comunidad; el historial de éste; si constituye su primera falta y si ninguna parte ha resultado perjudicada; la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; si se trata de una conducta aislada; el ánimo de lucro que medió en su actuación; resarcimiento al cliente, y cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien de acuerdo con los hechos. In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138, 147 (2005); In re Montalvo Guzmán, 164 D.P.R. 806 (2005).

III

A la luz de los fundamentos antes expuestos, concluimos que no existe razón para intervenir con las conclusiones del informe de la Comisionada Especial y, por ende, acoge-mos sus recomendaciones. Asimismo, no encontramos prueba clara, robusta y convincente de la comisión de fal-tas éticas en violación de los Cánones 18 y 19 del Código de Etica Profesional, supra. Esto, pues, según la prueba reci-bida, los querellados presentaron la acción para la cual habían sido contratados, ofrecieron orientación y coordina-ron con sus clientes para recibir la información y los fondos necesarios para el litigio, y comparecieron en múltiples ocasiones, aun cuando sus clientes no cooperaron con lo requerido. Asimismo, tomamos con particular interés el he-cho de que los abogados pudieran representar efectiva-mente a varios de los codemandantes, incluyendo miem-bros del Comité de Comunicación, y de ofrecerles consultoría legal gratuita a familiares de éstos sin que es-tas gestiones redundaran en un mal servicio o desatención del punto de vista de los clientes. Por el contrario, la prueba demostró que al menos una de esas gestiones re-sultó en una compensación para una de las code-mandantes.

Coincidimos con la Comisionada Especial en que resulta difícil entender que unos abogados puedan representar a estos clientes satisfactoriamente durante el proceso del pleito para el cual fueron contratados mientras, supuesta-mente, no informaban a éstos sobre los detalles del caso de daños y se mantenían incomunicados. De igual forma, co-incidimos con la Comisionada Especial en que las dos car-tas dirigidas a los clientes que obran en autos contradicen las alegaciones de la Oficina de la Procuradora General en cuanto a que los clientes no fueron informados sobre los asuntos importantes de su caso, en particular, cuando el caso fue desestimado y cuando le requirieron por escrito la cooperación con el descubrimiento de prueba y el dinero para cubrir los gastos de los peritos. También tomamos con particular énfasis el hecho de que una de las codemandan-tes retuviera para sí el dinero provisto por algunos clientes para contratar a los peritos. Los codemandantes habían sido orientados, como refleja el propio contrato de servicios profesionales, sobre la importancia de la contratación de peritos. Por estas razones, no encontramos base suficiente para diferir de la Comisionada Especial en torno a que los querellados no violaron los Cánones 18 y 19, supra.

No obstante, nos parece ineludible clarificar que este tipo de práctica en que los clientes voluntariamente crean un Comité de Comunicación o establecen interme-diarios frente a sus abogados, no releva a los abogados de descargar su deber de mantener informados a cada uno de los clientes directamente, asegurándose de que la informa-ción llega a éstos.

Por otro lado, estamos de acuerdo con que los querella-dos debieron mantener informado al Tribunal de Primera Instancia de las dificultades que enfrentaban para lograr la cooperación oportuna de parte de sus clientes. Al no ha-cerlo, incumplieron con términos dispuestos para comple-tar el descubrimiento de prueba, lo que, eventualmente, desembocó en la desestimación de la demanda. Los quere-llados debieron solicitar el relevo de la representación legal ante esas circunstancias. Por ello, como bien señala el in-forme de la Comisionada Especial, incumplieron con el de-ber que impone el Canon 12, supra.

En vista de que este es el primer incidente disciplinario de ambos abogados, adoptamos las recomendaciones de la Comisionada Especial y procedemos a amonestarlos por in-cumplir su deber de mantener informado al foro primario conforme al Canon 12 del Código de Etica Profesional. Asi-mismo, les advertimos que, en el cumplimiento de sus de-beres ante los tribunales a quienes sirven, deben mantener al foro enterado de cualquier incidente que dificulte la tra-mitación adecuada y oportuna de los trabajos.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       Varias empresas fueron utilizadas como contratistas independientes para realizar trabajos de sellado de techos en el Colegio Regional de Carolina. Dichos contratistas aplicaron asfalto para sellar el techo del edificio de ciencias naturales, lo que alegadamente resultó en la liberación de unos vapores y gases nocivos a la salud de quienes trabajaban cerca. A raíz de ello, un grupo de empleados de la Universidad (los codemandantes) recibió atención médica de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado (C.F.S.E.).

       El caso fue identificado como Diana Ramírez Natal y otros v. Shamal Construction S.E.; REPCO Construction S.E.; REPCO Construction, Inc. y otros, Civil Núm. FDP1998-0175.


author: Jueza Asociada Se-ñora Fiol Matta.

text:
    Verónica Rentas Santiago, peticionaria, v. Autogermana, Inc., recurrido.

      Número: AC-2009-0103

      Resuelto: 8 de septiembre de 2011

      Gilberto Oliver Dávila, abogado de la parte peticionaria; Frank Zorilla Maldonado, abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

El presente recurso nos exige determinar si el despido de una empleada luego de ésta haber acudido a la Corpo-ración del Fondo del Seguro del Estado (Fondo) para reci-bir beneficios al amparo de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq., cono-cida como Ley del Sistema de Compensaciones por Acci-dentes de Trabajo, constituye un acto en violación de la Ley Núm. 115-1991, según enmendada, 29 L.RR.A. see. 194 et seq., conocida como Ley de Acción por Represalia del Patrono. Por entender que la peticionaria fue objeto de re-presalias en su empleo luego de acudir al Fondo para reci-bir tratamiento por un accidente ocurrido en el trabajo, revocamos en parte al Tribunal de Apelaciones. Veamos.

1 — 1

El 20 de febrero de 2007 la Sra. Verónica Rentas Santiago (señora Rentas Santiago o peticionaria fue impac-tada por un brazo mecánico ubicado en la salida de las instalaciones de su patrono, Autogermana, Inc. (Autoger-mana o recurrida). A raíz del referido accidente, la peticio-naria solicitó a la recurrida los formularios correspondien-tes para acogerse a los beneficios administrados por el Fondo. El 23 de marzo de 2007 el patrono entregó a la peticionaria los formularios solicitados.

Posteriormente, el 26 de marzo del mismo año, la se-ñora Rentas Santiago acudió al Fondo para iniciar su pro-ceso de reclamación de beneficios al amparo de la Ley Núm. 45. Ese mismo día, la agencia determinó que la pe-ticionaria debía recibir tratamiento mientras se encon-traba en descanso. Por tal motivo, el 28 de marzo de 2007 la señora Rentas Santiago comunicó lo anterior a la recurrida.

Así las cosas, el 29 de marzo del 2007 la Gerente del Departamento de Recursos Humanos de Autogermana, llamó a la peticionaria “para [presionarla] ... para que ... se reincorporara en su empleo, ya que había mucho trabajo en la empresa”. Por causa de lo anterior, la peticionaria gestionó que el Fondo le permitiese recibir tratamiento mé-dico mientras trabajaba (CT). Su petición fue concedida el 30 de marzo de 2007.

Una vez la señora Rentas Santiago se reincorporó a su empleo el 2 de abril de 2007, la peticionaria aduce haber experimentado un patrón de acoso, humillación, menospre-cio y hostigamiento constante por motivo de haber instado una reclamación ante el Fondo. De acuerdo con su que-relia, el referido patrón se manifestó mediante órdenes del patrono que modificaban su horario de trabajo, sus horas de alimentos y restringían su posibilidad de trabajar horas extras.

Lo anterior, unido a rumores de sus compañeros sobre su posible despido, motivó a la señora Rentas Santiago a presentar su renuncia el 9 de abril de 2007. No obstante, su dimisión no fue aceptada por la recurrida, la cual, en su lugar, optó por despedirla el mismo día.

Como resultado de los hechos reseñados, el 2 de mayo de 2007 la señora Rentas Santiago presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una querella en contra de Auto-germana por vía de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, conocida como Ley de Procedi-miento Sumario para Reclamaciones de Obreros y Empleados. Su querella aducía causas de acción al am-paro de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. see. 185a et seq., conocida como Ley de Despido Injustificado, y la Ley Núm. 115.

En contestación, el 10 de mayo de 2007 el patrono ar-güyó, entre otras cosas, que el despido de la señora Rentas Santiago se debió a su pobre desempeño, sus malas actitu-des, su alteración de una tarjeta de ponchar y sus ausen-cias sin notificación. Según Autogermana, la peticionaria fue objeto de múltiples acciones disciplinarias —verbales y escritas— destinadas a remediar los actos señalados.

Luego de varios trámites procesales, el 15 y el 20 de octubre de 2008 se celebró el juicio en su fondo. Tras recibir prueba documental y testifical de ambas partes, el 11 de junio de 2009 el foro primario dictó sentencia En ésta, el tribunal sentenciador resolvió que la peticionaria había sido despedida injustificadamente, ya que jamás fue sujeta a un proceso de disciplina progresiva o recibió amo-nestación o reprimenda alguna por parte de Auto-germana. A su vez, determinó que la recurrida despidió a la peticionaria en represalia por ésta haber acudido al Fondo en un momento crítico para la empresa, ya que Au-togermana estaba atrasada en sus procesos de factur-ación.

Como resultado —y según lo exige la Ley Núm. 115— el tribunal confirió a la peticionaria la suma de $163,891.56 por ingresos dejados de devengar (“Back Pay”) y $50,000 por ingresos futuros (“Front Pay”). Igualmente, ordenó a la recurrida a pagar $5,447.42 correspondientes a las va-caciones acumuladas y no liquidadas a la señora Rentas Santiago. Por otra parte, concedió a la peticionaria el 25% de la suma de las cantidades previamente enunciadas por honorarios de abogado. Empero, el foro primario no otorgó a la peticionaria las partidas siguientes: (1) el pago de la mesada al amparo de la Ley Núm. 80; (2) la compen-sación solicitada por sus alegados daños y perjuicios, y (3) el pago de comisiones reclamadas.

Inconforme con el dictamen del Tribunal de Primera Instancia, el 19 de agosto de 2009 la recurrida acudió en alzada ante el Tribunal de Apelaciones. En su recurso de apelación, Autogermana le imputó al foro sentenciador ha-ber errado (1) al determinar que el despido de la peticiona-ria violentó la Ley Núm. 115; (2) al concluir que la señora Rentas Santiago fue despedida, y que no renunció volunta-riamente a su puesto; (3) en sus determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, y (4) en el cálculo de la compen-sación concedida a la peticionaria.

Atendido el recurso de apelación, el foro apelativo inter-medio emitió su dictamen el 29 de octubre de 2009. En su decisión, el Tribunal de Apelaciones resolvió que la se-ñora Rentas Santiago había sufrido un despido injustifi-cado y no una renuncia voluntaria, contrario a lo argüido por el patrono. Ello, pues, la peticionaria nunca fue amonestada o disciplinada en sus años de empleo con Autogermana.

Con respecto a la causa de acción de la señora Rentas Santiago al amparo de la Ley Núm. 115, el foro apelativo intermedio concluyó que la peticionaria estableció un caso prima facie de represalias. Sin embargo, entendió que el patrono logró rebatirlo adecuadamente al ofrecer prueba que constataba: (1) que existían otros empleados acogidos a los beneficios de la Ley Núm. 45, que no sufrieron despi-dos represivos, y (2) que el cambio de la hora de entrada al trabajo de la peticionaria —de 8:00 a.m. a 7:00 a.m.— re-presentó un acomodo razonable el cual no afectó a la se-ñora Rentas Santiago porque ésta siempre llegaba al tra-bajo a las 7:00 a.m.

Consecuentemente, el Tribunal de Apelaciones deses-timó la causa de acción de la peticionaria al amparo de la Ley Núm. 115. A la luz de lo anterior, resolvió que la peti-cionaria solo tenía derecho al pago de la mesada estipulada por las partes.

En desacuerdo con la sentencia del foro apelativo inter-medio, el 3 de diciembre de 2009 la señora Rentas Santiago presentó ante nos un recurso de apelación. En éste, le im-putó al Tribunal a quo los errores siguientes:

1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL INTERVE-NIR CON LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA HECHA POR ELTPI [sic],

2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCLUIR QUE NO HUBO DESPIDO POR REPRE-SALIA.

Bevisado el recurso de apelación de la peticionaria, el 14 de mayo de 2010 resolvimos acogerlo como una petición de certiorari y procedimos a ordenar su expedición. Contando con los alegatos de ambas partes, procedemos a examinar el marco jurídico aplicable a las controversias inicialmente esbozadas.

II

A. Principios generales de una causa de acción al amparo de la Ley Núm. 115

La Ley Núm. 115 “provee protección a empleados frente a represalias que puede tomar un patrono contra éstos por proveer testimonio, expresión o información a un foro judicial, legislativo o administrativo”. Esta protección se concretiza en el Art. 2 de la ley bajo examen, el cual dis-pone lo siguiente:

(a) Ningún patrono podrá despedir, amenazar, o discriminar contra un empleado con relación a los términos, condiciones, compensación, ubicación, beneficios o privilegios del empleo porque el empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o por escrito, cualquier testimonio, expresión o información ante un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico, cuando dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan divulgación de información privilegiada estable-cida por ley. (Énfasis nuestro.)

Cuando un patrono violenta el articulado citado, el es-tatuto bajo examen provee al empleado perjudicado una causa de acción en contra del empleador, mediante la cual podrá exigir que se le compense “por los daños reales su-fridos, las angustias mentales, la restitución en el empleo, los salarios dejados de devengar, beneficios y honorarios de abogado”. Como penalidad por incurrir en la conducta proscrita, “[l]a responsabilidad del patrono con relación a los daños y a los salarios dejados de devengar” estará su-jeta a una duplicación.

Al instar una causa de acción al amparo de la Ley Núm. 115, el empleado gozará de dos vías probatorias, a saber: la directa y la indirecta Si optare por la vía indirecta, de-berá establecer un caso prima facie de represalia mediante evidencia que demuestre que (1) participó en una actividad protegida por la Ley Núm. 115, y (2) que fue subsiguiente-mente despedido, amenazado o discriminado en su contra por su patrono.

Con relación al primero de los criterios esbozados —que el empleado haya participado en una actividad protegida por la ley bajo análisis— en Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., 7rac., fuimos diáfanos en resolver que cuando un em-pleado acude al Fondo para acogerse a los beneficios pro-vistos por la Ley Núm. 45, tal proceder constituye una ac-tividad protegida por la Ley Núm. 115. Ello, pues, el Fondo constituye un foro administrativo protegido por el citado estatuto.

En cuanto al segundo criterio para el establecimiento de un caso prima facie —que el empleado haya sido despe-dido, amenazado o discriminado en el empleo, después de su incursión en la actividad protegida— nuestras más re-cientes expresiones en Feliciano Martes v. Sheraton son pertinentes e indispensables. Allí, manifestamos que este segundo requisito exige que el empleado provea sufi-ciente evidencia indirecta que constate que existe un nexo causal entre su incursión en la actividad protegida y la subsiguiente acción adversa efectuada por el patrono. Al interpretar el Art. 2 de nuestra Ley Núm. 115, supra, re-solvimos que, “al establecer su caso prima facie, ... bastar [á] [que el empleado compruebe]... que la acción ad-versa que experimentó ocurrió al poco tiempo de haber in-currido en la alegada actividad protegida”. (Énfasis en el original.)

Empero, reconocimos que

no todo caso se configura dentro de un espacio temporal que pueda catalogarse como de poco tiempo. Ante tales circunstan-cias, la proximidad temporal, como inferencia de causalidad, resulta insuficiente, requiriéndose entonces que el empleado constate elementos adicionales que comprueben la existencia de un nexo causal entre la acción protegida y la acción disci-plinaria adversa. Así, el trabajador deberá presentar eviden-cia que establezca (1) que fue tratado de forma distinta a otros empleados; (2) que existió un patrón de conducta antagonista en su contra; (3) que las razones articuladas por el patrono para fundamentar su acción adversa están plagadas de incon-sistencias, o (4) cualquier otra evidencia que obre en el expe-diente para establecer el elemento del nexo causal. Lo anterior implica, necesariamente, un acercamiento caso a caso. (Énfa-sis en el original.)

Una vez el empleado evidencie los dos criterios previa-mente explicados, queda establecido su caso prima facie por represalias. Consecuentemente, se activa una presun-ción juris tantum de violación a la Ley Núm. 115. Esta presunción deberá ser rebatida por el patrono, quien es-tará obligado a comprobar que la acción adversa que tomó contra el empleado estuvo justificada y libre de todo ánimo represivo.

Si la acción adversa tomada por el patrono constituye un despido represivo, éste sólo podrá rebatir la presunción reseñada al comprobar que la destitución del empleado es-tuvo justificada. Según el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, un patrono podrá despedir justificadamente a un em-pleado, si se configura una de las causales siguientes: “(a) [q]ue el obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada [;] (b) [l]a actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma eficiente, o de hacerlo tardía y negligen-temente, o en violación de las normas de calidad del pro-ducto que se produce o maneja por el establecimiento!;] (c) [la][v]iolación reiterada por el empleado de las reglas y re-glamentos razonables establecidas para el funcionamiento del establecimiento, siempre que copia escrita de los mis-mos se haya suministrado oportunamente al empleado [;] (d) [el c] ierre total, temporero o parcial de las operaciones del establecimiento [;] (e) [l]os cambios tecnológicos o de re-organización, así como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se produce o maneja por el establecimiento y los cambios en los servicios rendidos al público [, y] (f) [las r] educciones en empleo que se hacen necesarias debido a una reducción en el volumen de producción, ventas o ga-nancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido.”

Si el patrono, por preponderancia de la prueba, derrota la presunción de violación a la Ley Núm. 115 y establece que el despido del trabajador estuvo justificado, el em-pleado “aún puede prevalecer si prueba que la razón ale-gada por el patrono es un simple pretexto para” una acción adversa represiva. Teniendo presente el estado de dere-cho aplicable a los hechos del caso de marras, pasemos a resolver la controversia inicialmente planteada.

III

De entrada, anticipamos que, al igual que el Tribunal de Apelaciones, entendemos que los hechos acaecidos el 9 de abril de 2007 representaron un acto de despido y no una renuncia, contrario a lo sugerido por el patrono. Ello es así, pues, la renuncia de la señora Rentas Santiago no fue aceptada por la recurrida, sino que, al contrario, se le in-formó a la peticionaria que desde algunos días antes se había tomado la decisión de despedirla.

Cónsono con tal determinación, el 9 de abril de 2009 se le entregó a la señora Rentas Santiago una primera carta de despido. Por ésta estar plagada de errores, Autoger-mana redactó una segunda carta de destitución, la cual se le entregó a la peticionaria algunos días después de ha-berla despedido originalmente. Tal proceder, a todas luces, representó una ratificación por parte del patrono de su de-cisión inicial de destituir a la peticionaria. Más aún, en la contestación a la demanda presentada por Autogermana, ésta reconoció que sus actuaciones configuraron un despido. No fue sino hasta el inicio de otras gestiones legales posteriores a la contestación de la demanda que la recurrida adoptó como defensa el argumento de que la pe-ticionaria renunció y nunca fue despedida.

Ante tales hechos, resulta forzoso concluir que la señora Rentas Santiago fue despedida y que no renunció. Por tal motivo, nos limitaremos a examinar si dicho despido confi-guró una violación a la Ley Núm. 115, y si éste fue uno justificado o no. Veamos.

Como indicamos anteriormente, un empleado establece un caso prima facie al amparo de la Ley Núm. 115, si logra evidenciar dos hechos bases, a saber: (1) que participó en una actividad protegida por la Ley Núm. 115 y (2) que fue subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado en su contra por su patrono. Al examinar el caso de autos, coincidimos con el Tribunal a quo en que la señora Rentas Santiago logró establecer un caso prima facie al amparo del citado estatuto.

En primer lugar, y como bien articulamos en Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., supra, cuando la peticionaria acudió al Fondo para acogerse a los beneficios provistos por la Ley Núm. 45, tal proceder constituyó una actividad pro-tegida por la Ley Núm. 115. En segundo lugar, la peticio-naria fue despedida cinco días laborables después de ha-berse reincorporado a su antiguo puesto tras encontrarse en el ejercicio de dicha actividad protegida. Estos dos he-chos, de acuerdo con el derecho esbozado, configuraron un caso prima facie de represalias, el cual activó una presun-ción juris tantum de violación a la Ley Núm. 115. Ante tal presunción, le correspondía al patrono articular una razón justificada —y no discriminatoria— que legitimara el des-pido de la señora Rentas Santiago.

En aras de cumplir con dicha encomienda, Autoger-mana presentó el testimonio de la otrora supervisora directa de la peticionaria, la Sra. Joselyn Viera García. Esta declaró que dos o tres semanas antes del despido, la señora Rentas Santiago comenzó a comportarse de forma inadecuada. Específicamente, comentó que la peticiona-ria: (1) en una ocasión discutió con un coempleado en horas laborables y en la oficina en la cual ambos trabajaban; (2) se ausentó de la oficina el 19 de marzo de 2007 por 40 minutos sin autorización; (3) cometió errores en su trabajo de administración de garantías; (4) alteró su tarjeta de ponchar correspondiente al 21 de marzo de 2007, y (5) ha-bló alto por teléfono en horas laborables y por periodos de larga duración.

No obstante, la única evidencia que obra en el expe-diente para constatar el patrón de conducta inadecuada imputado a la peticionaria, lo es un memorando disciplina-rio preparado por la señora Viera García el día laborable antes del despido de la señora Rentas Santiago. Como apuntalamos anteriormente, este memorando nunca le fue entregado a la señora Rentas Santiago.

Ante la ausencia de amonestaciones o acciones discipli-narias escritas, solo queda el testimonio de la señora Viera García frente a las declaraciones de la peticionaria. Ante tales testimonios en conflicto, el Tribunal de Primera Ins-tancia adjudicó credibilidad a las declaraciones de esta última. Así, resolvió que el único motivo para el despido de la señora Rentas Santiago fue su decisión de acogerse a los beneficios provistos por la Ley Núm. 45 en un momento de mucho trabajo pendiente en la empresa.

Sabido es que “[las] determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida considera-ción a la oportunidad que tuvo [el Tribunal de Primera Instancia] para juzgar la credibilidad de las personas testigos”.í Por tal motivo, “un tribunal apelativo no debe intervenir con las determinaciones de hechos ni con la ad-judicación de credibilidad del foro primario a menos que este último haya incurrido en error manifiesto, pasión, per-juicio o parcialidad” Al contrario, los tribunales reviso-res estamos llamados a conferir deferencia a tales adjudi-caciones de credibilidad, ya que son los tribunales sentenciadores aquellos que se encuentran en mejor posi-ción para evaluar la credibilidad de un testigo A esos efectos, y considerando el expediente del caso de marras en su totalidad, no encontramos razones de peso que ameriten revocar las determinaciones de hechos y las adjudicaciones de credibilidad efectuadas por el foro primario.

A la luz de todo lo anterior, resulta forzoso colegir que el patrono no logró establecer que el despido de la peticiona-ria se debiese a una de las causales establecidas en el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra. Como resultado, el patrono no rebatió exitosamente la presunción de despido represivo que pesaba en su contra Ante ello, revocamos en parte al Tribunal de Apelaciones, en cuanto resolvió desestimar la causa de acción de la peticionaria al amparo de la Ley Núm. 115.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos par-cialmente el dictamen del Tribunal de Apelaciones, respecto a su determinación de desestimar la causa de acción de la peticionaria al amparo de la Ley Núm. 115. Como resul-tado, resolvemos que la señora Rentas Santiago tiene dere-cho al cobro de las partidas originalmente dispuestas por el Tribunal de Primera Instancia, a saber: (1) $163,891.56 por los ingresos dejados de devengar; (2) $50,000 por paga prospectiva (“Future Pay”); (3) $5,447.42 por las vacaciones acumuladas y no liquidadas, y (4) el 25% de la suma de las cantidades indicadas por honorarios de abogado.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Fiol Mafia emitió una opinión de conformidad. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Opinión de conformidad emitida por la

Jueza Asociada Se-ñora Fiol Matta.

Estoy conforme con la Sentencia que emite el Tribunal en el caso de autos. Entiendo que esta es producto de una correcta aplicación de nuestra decisión en Feliciano Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 368 (2011). particularmente en cuanto a la activación y tramitación de un caso prima facie al amparo de la Ley Núm. 115-1991, mejor conocida como la Ley de Represalias.

Al amparo de la Ley Núm. 115, un reclamante puede probar su causa de acción de dos maneras. La primera es la típica de toda causa de acción en nuestro ordenamiento, la llamada acción ordinaria, en la que el demandante tiene que probar su caso mediante evidencia directa o circuns-tancial demostrando un nexo causal entre la conducta del demandado y el daño sufrido. La segunda manera de probar su reclamo es estableciendo un caso prima facie. A esos efectos, la ley dispone como sigue:

El empleado podrá, además, establecer un caso prima facie de violación a la ley probando que participó en una actividad pro-tegida por las sees. 194 et seq .... y que fue subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado en su contra de su empleo. Una vez establecido lo anterior, el patrono deberá ale-gar y fundamentar una razón legítima y no discriminatoria para el despido. De alegar y fundamentar el patrono dicha razón, el empleado deberá demostrar que la razón alegada por el patrono era un mero pretexto para el despido.

Como se desprende de lo anterior, para poder establecer un caso prima facie al amparo de la Ley Núm. 115, todo lo que el empleado debe demostrar es que (1) participó en una actividad protegida y (2) que fue despedido, amenazado o discriminado subsiguientemente. Este segundo requi-sito, a su vez, requiere la demostración de dos elementos: una acción adversa hacia el empleado y que dicha acción sea subsiguiente a la conducta constitutiva de actividad protegida. Es decir, que haya proximidad temporal entre ambos sucesos. En Feliciano Martes v. Sheraton, supra, re-solvimos que, si dicha acción adversa ocurre al poco tiempo de que el empleado haya incurrido en alguna actividad protegida, esto será suficiente para activar un caso prima facie. Ello es cónsono con el mandato legislativo que condi-ciona la existencia de un caso prima facie a que la acción adversa haya ocurrido subsiguientemente al ejercicio de la actividad protegida.

Si el empleado demuestra que, en efecto, llevó a cabo una actividad protegida y que subsiguientemente sufrió una acción adversa, ello será suficiente para establecer un caso prima facie. En dicho caso, corresponde al patrono demostrar que la acción adversa que tomó en contra del empleado estuvo justificada y libre de todo ánimo represivo. De no presentar prueba a esos efectos o de esta ser insuficiente para derrotar el caso prima facie, el empleado prevalecerá en su causa. Si el patrono demuestra que no hubo ánimo de represalia o, en casos de despidos, que hubo justa causa, ello derrota el caso prima facie. Cuando esto ocurre, el empleado tiene una segunda opor-tunidad para presentar prueba que demuestre sus alega-ciones mediante preponderancia de la evidencia, como en cualquier otro caso civil. En ese caso, tendría una oportu-nidad para demostrar que las explicaciones presentadas por el patrono eran un mero pretexto.

El esquema probatorio establecido en la Ley Núm. 115, que facilita la activación de un caso prima facie, es parte de una importante política pública que protege a los traba-jadores y las trabajadoras para que, en caso de que acudan a los organismos gubernamentales, lo hagan sin miedo a ser castigados por sus patronos. De esta manera, la ley protege a los trabajadores y las trabajadoras, más que del capricho, de la venganza patronal. Con ello en mente, la Asamblea Legislativa estableció un mecanismo probatorio sencillo para estos casos. De lo contrario, es decir, si no existiera la posibilidad de presentar un caso prima facie como explicáramos anteriormente, los trabajadores se in-hibirían de ofrecer información valiosa a los foros guberna-mentales por miedo a ser víctimas de represalias y a no poder probar dicho castigo en un tribunal. En el caso de autos, al aplicar correctamente nuestra decisión en Feliciano Martes v. Sheraton, supra, el Tribunal reconoce y fortalece el esquema estatutario que nuestros legisladores diseñaron para proteger a la clase trabajadora en casos de represalias.

       La señora Rentas Santiago laboró como Administradora de Garantías en Autogermana, Inc., desde el 20 de febrero de 2006 al 9 de abril de 2007.

       Petición de Certiorari, Apéndice, págs. 58 y 270.

       íd., pág. 271.

       íd. El memo que afectó las condiciones de empleo mencionadas fue emitido por Autogermana el 2 de abril de 2007. íd. Según el Tribunal de Primera Instancia, la peticionaria fue la única empleada que sufrió las modificaciones de las condiciones de empleo previamente indicadas.

       íd., págs. 58-59.

       íd. De acuerdo a las determinaciones de hecho encontradas por el foro pri-mario, la señora Rentas Santiago fue citada el 5 de abril de 2007 a una reunión con la Directora de Personal y la Sra. Jocelyn Viera. Apéndice, pág. 59. No obstante, la peticionaria no compareció a la reunión señalada porque tenía una cita previa para ese día por la tarde. íd. En cambio, el 9 de abril de 2007 la señora Rentas Santiago compareció al trabajo con una carta de renuncia la cual fue rechazada por la empresa. íd. En su lugar, el patrono le entregó una carta de despido, la cual fue destruida por la peticionaria debido a un error en la redacción de su nombre. íd. Posteriormente, al avisársele que no recibiría la liquidación de ciertos haberes si no firmaba la carta de despido, la peticionaria optó por firmar una segunda carta de destitución con fecha del 5 de abril de 2007.

       Véase Petición de certiorari, Apéndice, págs. 269-274. El 19 de julio de 2007 Autogermana presentó una moción para que la querella se ventilara por la vía del procedimiento ordinario. íd., pág. 280. Debido a que la peticionaria no se opuso a la referida moción, el 26 de junio de 2007 el Tribunal de Primera Instancia la declaró “con lugar”. íd., pág. 283.

       Al amparo de la Ley Núm. 115-1991, según enmendada, 29 L.P.R.A. see. 194 et seq., conocida como Ley de Acción por Represalia del Patrono, la peticionaria soli-citó su reinstalación en su antiguo puesto; $3,950 por aquellos ingresos dejados de percibir desde el 9 de abril de 2007 hasta la fecha de la sentencia; $30,000 por los supuestos daños y perjuicios experimentados; una suma igual al doble de las cuan-tías indicadas ($67,900); y una suma equivalente al 33% de las cuantías relatadas por honorarios de abogado. Apéndice, pág. 272.
      En la alternativa, solicitó la cantidad de $8,777.09, correspondiente al pago de la mesada dispuesto por la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 185a et seq., conocida como Ley de Despido Injustificado. Apéndice, pág. 273. Además, solicitó que le fuesen pagadas ciertas comisiones por las garantías obtenidas mientras cubrió las vacaciones de otros administradores de garantía ($1,000); $908.60 por los salarios devengados y no pagados desde el 2 al 9 de abril de 2007, y $2,952.95 por 16.25 días acumulados de vacaciones. íd., pág. 273.

       íd., pág. 277.

       íd., pág. 276.

       íd., pág. 56.

       Esta sentencia fue notificada a las partes el 1 de julio de 2009. íd.

       íd., pág. 59. Según el foro primario, la Sra. Joselyn Viera, Supervisora de la señora Rentas Santiago, redactó un memorando disciplinario el 4 de abril de 2007 el cual detallaba las faltas cometidas por la peticionaria durante el periodo del 19 al 28 de marzo del año indicado. íd., pág. 68. Entre las faltas señaladas, el Tribunal de Primera Instancia resaltó las siguientes: (1) alterar un ponche de entrada en la mañana del 21 de marzo de 2007 y (2) retirarse temprano de la oficina el 19 de marzo de 2007. íd., págs. 68-69. Sin embargo, el foro sentenciador no le confirió credibilidad al contenido del memorando ya que éste sancionaba actuaciones de la peticionaria que fueron realizadas meses antes de la redacción del comunicado disciplinario. íd., pág. 69.
      Amerita añadir que este memorando nunca fue entregado a la señora Rentas Santiago. íd., pág. 68. De acuerdo con el patrono, la amonestación escrita nunca se pudo entregar, ya que la señora Santiago Rentas no compareció a la reunión pautada para el jueves, 5 de abril de 2007. íd., pág. 35. Igualmente, el patrono reconoce que la señora Rentas Santiago nunca recibió una amonestación o reprimenda escrita. íd.

       Apéndice, pág. 59.

       íd., pág. 71.

       íd.

       íd. El 6 de julio de 2009 Autogermana presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una moción de determinaciones adicionales de hechos. íd., págs. 254-257. El día siguiente sometió una moción de reconsideración. íd., págs. 258-264. Ambas fueron declaradas “No Ha Lugar” el 15 de julio de 2009. íd., pág. 268.

       Apéndice, págs. 37-52.

       Apéndice, pág. 26.

       íd, pág. 16.

       íd, págs. 21-23.

       íd, pág. 17.

       íd, págs. 18-20.

       íd, pág. 21.

       Petición de certiorari, pág. 6.

        S.L.G. Rivera Carrasquilla v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 361 (2009), citando a Ocasio v. Kelly Servs., 163 D.P.R. 653 (2005).

       29 L.P.R.A. sec. 194a(a).

       29 L.P.R.A. sec. 194a(b).

       íd.

       29 L.P.R.A. sec. 194a(c).

       íd.

        Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 D.P.R. 155 (2000),

       íd., pág. 170.

        Feliciano Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 368 (2011).

       Id., págs. 35-36.

       íd., pág. 39.

       íd., pág. 40.

        Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 D.P.R. 499, 511 (1997).

       íd.

       29 L.P.R.A. sec. 185b.

        Marín v. Fastening Systems, Inc., supra, pág. 511.

       Véase Apéndice, pág. 277, incisos 7-9.

       Apéndice, págs. 248-249.

       íd., págs. 231 y 240-242.

       Aunque el patrono presentó el testimonio del Sr. Rafael Malavé Medina, Gerente del Area de Servicios y supervisor directo de la Sra. Joselyn Viera García, encontramos que éste demostró en sus declaraciones que no conocía personalmente sobre las alegaciones imputadas a la peticionaria, con excepción de una discusión que tuvo ésta con otro administrador de garantías, ya “que no estaba de lleno en la oficina”. Véase Apéndice, págs. 191-192. Tal admisión le resta credibilidad a su testimonio.

       Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.

        S.L.G. Rivera Carrasquilla v. A.A.A., supra, pág. 356, citando a, Flores v. Soc. de Gananciales, 146 D.P.R. 45, 49 (1998); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 49 (1991); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939 (1975).

        S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 356, citando a, Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799 (2009); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721, 728 (1984).

       El Tribunal de Apelaciones encontró que el patrono rebatió satisfactoria-mente la presunción de despido represivo al comprobar que: (1) existían otros em-pleados acogidos a los beneficios de la Ley Núm. 45 que no sufrieron despidos y (2) que el cambio de la hora de entrada al trabajo de la peticionaria —de 8:00 a.m. a 7:00 a.m.— representó un acomodo razonable, el cual no afectó a la señora Rentas Santiago porque ésta siempre llegaba al trabajo a las 7:00 a.m.
      Sin embargo, tales criterios no abonan a determinar si el despido de la peticio-naria estuvo o no justificado —criterio central que debe examinar un tribunal para resolver si el patrono rebatió satisfactoriamente la presunción que obra en su contra — . Al contrario, esta evidencia solo aporta al ejercicio de concluir si hubo o no un ánimo represivo en la decisión del patrono. Incluso, aun tomando esos dos facto-res para fines de resolver si hubo o no tal ánimo represivo, encontramos que esta evidencia resulta insuficiente.
      En primer lugar, el hecho de que los otros empleados acogidos a la Ley Núm. 45 pertenecían a otros departamentos de la empresa (Apéndice, págs. 223-224) solo abona a comprobar la intención represiva del patrono, ya que solo el departamento de cobro de garantías era aquel que se encontraba con atrasos en facturación. Al encontrarse afectada por la ausencia de la peticionaria en un momento crítico para la empresa, Autogermana castigó a la señora Rentas Santiago por recurrir al Fondo.
      Con relación al cambio de horario de trabajo, aunque el Tribunal de Apelaciones entienda que éste beneficiaba a la peticionaria por ella llegar siempre temprano a sus labores, eso no quita que ella fue la única que sufrió tal alteración en su itine-rario de empleo. Por tal motivo, el ánimo represivo queda evidenciado aún más.

       29 L.P.R.A. see. 194 et seq.

       29 L.P.R.A. sec. 194a(c). “El empleado deberá probar la violación mediante evidencia directa o circunstancial.”

       íd.

       Sobre lo que constituye actividad protegida para efectos de la Ley Núm. 115, véase el Artículo 2 de dicho estatuto, 29 L.P.R.A. sec. 194a.

        Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 D.P.R. 499, 511 (1997).