author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Sucesión de Ignacio Ramírez Cherena, demandante y apelada, v. Ramón Troche Rodríguez, Hermenegilda Ramírez Martínez y Gabino Ramírez Martínez, demandados y apelantes.
    No. 4162.

      Sometido: Febrero 9, 1928.

      Resuelto: Abril 2, 1929.

      Garlos del Toro, abogado de los apelantes; A. Ortiz Toro y A Marín Marión, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Troche Rodríguez'demandó en 1923 a su.-padre político Ignacio Ramírez Cherena cobrándole la cantidad de $3,000 y anotada la rebeldía del demandado y registrada por el secretario de la corte sentencia condenatoria fueron em-bargados y vendidos bienes del demandado que el márshal ad-judicó al demandante por $2,000. Pocos meses después mu-rió Ramírez Cherena y entonces algunos de sus hijos deman-daron a los otros hijos que no quisieron ser demandantes y a Ramón Troche con el fin de que la corte declarase nula la sentencia registrada en el pleito de Troche, la venta de bienes y la adjudicación que fué hecha, alegando para ello que si bien es cierto que a Ramírez Cherena le fué entregada copia de la demanda al ser citado, no le fué entregada copia de la citación que se le hizo: que tal citación fué hecha a Ramírez Cherena sigilosamente, siendo entonces él de avan-zada edad y estando incapacitado por degeneración mental producida por senilidad: y que las alegaciones de la de-manda de Troche son falsas porque Ramírez Cherena nada le debía.

Ramón Troche fné el único demandado que compareció en el pleito para oponerse a la demanda y formuló contra-demanda para que los hijos de Ramírez Cherena como here-deros suyos le pagaran los $1,000 y sus' intereses que han quedado sin satisfacer de la sentencia, otra cantidad que era en deberle Ramírez, y cien pesos que pagó por su entierro. Los demandantes contestaron la contrademanda oponiéndose a la misma, y celebrado el correspondiente juicio recayó sen-tencia declarando con lugar la demanda y sin lugar la con-trademanda, y en su consecuencia nulas la sentencia, la venta y la adjudicación de bienes hecha en el pleito de Tro-che, con las costas a éste, quien interpuso el presente re-curso de apelación contra la sentencia, alegando como uno de los motivos para sostener su recurso que no está soste-nida por la prueba, siendo contraria a la ley y a los hechos.

Como los apelados admitieron en su demanda que Ramírez Cherena fué citado en el pleito de Troche contra él y que le fué entregada copia de la demanda sólo cabe considerar y decidir si le fué entregada copia de su citación como requieren los artículos 92 y 93 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado el primero en 1911 y posteriormente en 1915, en los que se trata de la manera de hacer las citaciones de los demandados.

De la prueba resulta que según el diligenciamiento del emplazamiento librado para la citación de Ramírez Cherena en el pleito que contra él siguió Troche y que fué practicado y jurado por Juan Caraballo, éste entregó a dicho deman-dado una.copia de dicho emplazamiento, lo que por sí solo, hace surgir la presunción de que fué entregada esa copia, y si esto no ha sido así es cuestión de hecho que debe ser probada. Para destruir los demandantes dicha presunción presentaron en el juicio a Juan Caraballo como testigo suyo. El declaró que llevó un emplazamiento a Ramírez Cherena y se lo entregó. Preguntado si entregó copia de la demanda contestó: “copia de la demanda.” Entonces le preguntaron los demandantes si lo único que entregó fué copia de la demanda y contestó que sí. Preguntado nuevamente si lo único que le entregó fué copia de la'demanda contestó: “de una demanda.” Vuelto a preguntar si no le .dejó copia de ■ningún otro documento dijo que no entendía eso de emplaza-miento y documentos. Preguntado qué fué lo que entregó dijo: “un emplazamiento,” insistiendo en estar seguro de oso. Después de lo expuesto le preguntó el abogado de los demandantes si recordaba baber suscrito una declaración jurada ante un notario respecto a ese emplazamiento y con-testó que sí. Esa declaración jurada fué prestada antes de iniciarse este pleito, fué presentada como prueba por los de-mudantes y admitida por la corte con la oposición de los demandados y en ella aparece diciendo Caraballo, entre otras oosas, que leyó el emplazamiento a Ramírez Cherena, no de-jándole copia del mismo. Le fué leída para refrescar su memoria y dijo respecto de ella que la suscribió ante un notario y fué redactada por el abogado de los demandantes a quien no dió esa información. También declaró que dicho abogado lo vió el día antes del juicio y le mostró esa decla-ración, diciéndole el testigo que sostendría parte de la misma. A repreguntas del abogado de Troche y después de exami-nar el emplazamiento que está en el pleito cuya nulidad se ventila ahora, dijo que un emplazamiento igual lo entregó a Ramírez Cherena; contestando a otra repregunta mani-festó que entregó copia del emplazamiento independiente-mente de la copia de la demanda. Este testigo fué llamado a declarar por segunda vez por los demandantes sin que hi-ciera manifestación alguna favorable a ellos y en repregun-tas dijo ser verdad lo que dice el diligenciamiento del empla-zamiento. Declaró también como testigo el abogado de los demandantes, manifestando que escribió en maquinilla la de-claración jurada de Caraballo de acuerdo con lo que éste le dijo. Declararon otros testigos, pero sus manifestaciones nada tienen que ver con la cuestión que estamos tratando, pues sólo uno de ellos manifestó que fué encontrada en el ropero de Ramírez Clierena en los días inmediatos a su muerte copia de la demanda de Troche. Resulta de la prueba que Caraballo ha hecho también citaciones en otros pleitos y que es un joven vendedor ambulante de periódicos no muy entendido en estos asuntos.

El haber entregado los demandantes a-su abogado la co-pia de la demanda de Troche y no de la citación, hecho que puede ser debido a distintas causas, es lo que a nuestro modo de ver hizo surgir la idea de que tal copia no fué entregada a Ramírez Cherena, que culminó en la declaración jurada que prestó Caraballo ante un notario.

Como los apelados han admitido que Ramírez Cherena fué citado por Caraballo en el pleito de Troche y que le en-tregó copia de la demanda de Troche, entendemos que no es suficiente la prueba que ha sido presentada para destruir el diligenciamiento jurado del emplazamiento hecho por Cara-bailo en el que se afirma que entregó a Ramírez Cherena copia de la citación, pues si bien es cierto que en la declara-ción jurada por Caraballo se dice que no entregó tal copia, también lo es que en el juicio declaró que entregó dicha co-pia y que es verdad cuanto dice el diligenciado del emplaza-miento. Hay que suponer que con el emplazamiento le fué entregada copia de él para el demandado, y no se ha demos-trado qué interés tuviera en no entregar esa copia, cuando en verdad hizo la citación y entregó copia de la demanda a Ramírez Cherena, quedando éste así enterado de que Troche lo había demandado. Por otra parte, dadas las condiciones personales de Caraballo y su falta de conocimiento claro de esa clase de asuntos no hemos de extrañar que dijese en su declaración jurada ante el notario {affidavit) que no había entregado copia de la citación, pues no parece conocer clara-mente lo que eso significa, pero sobre todo esto él déclaró repetidas veces en el tribunal que entregó esa copia y que es cierto cuanto dice el diligenciamiento del emplazamiento, por lo que su declaración en el juicio confirma que la copia fué entregada. Además, si se llegara a la conclusión de que cometió perjurio en su declaración jurada ante el notario, su testimonio no sería suficiente para destruir la presunción de verdad que tiene el diíigenciamiento del emplazamiento y habría una falta absoluta de prueba por parte de los deman-dantes en cuanto al fundamento principal de la demanda. Por todo lo expuesto llegamos a la conclusión de que la corte inferior cometió un manifiesto error al estimar que los de-mandantes probaron la nulidad del emplazamiento de Ramí-rez Cherena y al declarar, por tanto, con lugar la demanda.

Es cierto que los demandantes alegaron también que la citación fué hecha sigilosamente a Ramírez Cherena, que era un hombre de avanzada edad y por ello en estado de incapacidad mental, pero aun admitiendo todo eso no es motivo de nulidad de la citación, porque la persona que la hace no está obligada a practicarla ante otras personas ni a hacer una investigación sobre si la persona que ha de ser citada está incapacitada o no; aparte de que la preponderancia de la prueba es que aunque Ramírez Cherena era un viejo, sin embargo se entendía en sus asuntos.

También alegaron los demandantes que Ramírez Cherena no debía a Troche la cantidad que le reclamó en su demanda, pero ésta era cuestión para ser alegada en el pleito de Troche y no es germana con la de nulidad de citación. Por igual razón tampoco era procedente la contrademanda de Troche, porque en pleitos de la naturaleza del presente no es procedente una contrademanda en cobro de dinero, con mayor motivo en este caso en el que. una de las reclamaciones hechas en la contrademanda es por dinero cuyo pago ha sido declarado por sentencia.

Por los motivos expttestos la sentencia apelada debe ser revocada en cuanto declara con lugar la demanda y en lo relativo a la imposición de las costas, dictándose otra decla-rando sin lugar la demanda y la contrademanda, sin especial condena de costas.


source: Caselaw Access Project

author: El J uez Asociado Señob Albhey,

license: Public Domain

text:
    El Municipio de San Sebastián, demandante y apelado, v. Eulogio Trujillo, demandado y apelante.
    No. 4184.

    Sometido: Junio 21, 1927.

      Resuelto: Abril 3, 1929.

      Buenaventura Esteves, abogado del apelante; Eduardo Negrón Be-nitez, abogado del apelado.
   El J uez Asociado Señob Albhey,

emitió la opinión del . tribunal.

El Municipio de San Sebastián presentó en la Corte de Distrito de Aguadilla una petición de injunction para que se prohibiese a Eulogio Trujillo que continuase la fabricación que estaba haciendo de una casa, alegando con tal fin que-de acuerdo con la ley municipal.tiene facultades legislativas; y administrativas en todo cuanto que se relacionase con los ramos de obras, orden, seguridad pública, higiene y regla-mentación de construcciones: que según sus ordenanzas nin-guna persona podrá construir edificio u obra de cualquiera clase sin la previa autorización de la Asamblea Municipal y que en toda construcción que se haga en la zona urbana del municipio deberá dejarse a cada lado del solar y dentro de los límites de éste nn espacio libre de no menos de dos metros, con excepción del lado del frente en la parte corres-pondiente a la fachada que da a la calle, espacio libre que deberá ser uniforme en toda su longitud: que Eulogio Trujillo solicitó permiso de la Asamblea Municipal para cons-truir una casa de maderas en un solar de su propiedad radicada en la zona urbana del municipio y le fue conce-dido condicionalmente, o sea dejando dos metros de calle-jón a cada lado de su solar de acuerdo con la ordenanza, debiendo modificar sus planos con tal fin: que Eulogio'Tru-jillo ha empezado la construcción de su casa sin dejar el espacio libre requerido por la ordenanza y a pesar de las advertencias que se le han hecho para que la cumpliera: y que su conducta causa daños y perjuicios al Ínteres público en general puesto que los edificios demasiado cerca los unos a los otros constituyen un peligro para la • salud pública y en casos de incendio no. habría la debida protección dé per-sonas y propiedades en un pueblo que carece de acueducto. La Corte de Distrito expidió un injunction provisional y des-pués de haber oído las pruebas de las partes dictó sentencia decretando el injunction perpetuo solicitado, contra cuyo fallo interpuso el demandado este recurso de apelación.

Después de vista esta apelación presentó el apelado moción para que la desestimemos por ser académica su resolución toda vez que ha sido derogada la ordenanza en que se funda, según la certificación que presentó, y la parte ape•lante se opuso. No accederemos a la moción del apelado porque como la desestimación produce el efecto de quedar firme la sentencia apelada, según el artículo 304 del Código de Enjuiciamiento Civil, quedaría subsistente la prohibición de fabricar la casa en cuestión sin resolver la apelación, lo que no resulta académico para el apelante.

El demandado alegó en la corte inferior como excep-ción previa a la petición de injunction que ésta no aduce hechos déterminantes de causa de acción porque no expresa que los perjuicios alegados son irreparables y porque la or-denanza en que se funda es nula por ser anticonstitucional, y el primer motivo de su apelación es que fue error de la corte el baber desestimado dicha excepción previa.

Con respecto a que la petición es insuficiente por no alegar que los perjuicios son irreparables nada tenemos que decir porque el municipio enmendó su petición de acuerdo con los deseos del demandado.

En cuanto al otro motivo de la excepción lo funda el ape-lante en que la ordenanza cuyo incumplimiento sirve de base a la petición de injunction no alega que el Municipio ha cum-plido con el Reglamento de Sanidad No. 72 sobre urbanizar ción de terrenos en esta Isla, al cual, según el apelante, de-ben atemperarse las urbanizaciones que hagan los munici-pios para la demarcación de las zonas urbanas; pero si los municipios deben atemperarse á ese Reglamento entonces, no apareciendo de la demanda nada en contrario, surge la presunción de que cumplió con ese deber.

También dice el apelante que la ordenanza alu-dida es nula y anticonstitucional porque trata de poner en ejecución un acto de expropiación forzosa sin el debido pro-cedimiento de ley.

No aparece de la demanda que el municipio trate de apro-piarse el espacio libre que requiere quede a cada lado de la' casa para sí ni para el público en general sino solamente que quede sin fabricación. El apelante nos cita el caso de El Municipio de Ponce contra Vendrell, 28, D.P.R. 329, pero no tiene aplicación al presente porque en aquél perdía el dueño del solar parte de su propiedad para convertirse en acera del uso público de la comunidad por disponer la orde-nanza que al construir la casa en esquina debería hacer en ella un chaflán, perdiendo así un triángulo de su terreno, mientras que en el caso presente lo único que hace la orde-nanza es regular el uso de la propiedad, sin que el dueño pierda su dominio. Es más, en ese caso, en la página 335 se dice que un estatuto u ordenanza no resulta anticonsti-tucional por el mero hecho de que los derechos privados de personas o de la propiedad estén sujetos a restricciones.

En este caso no se trata de expropiación porque no se toman al demandado los dos metros a cada lado de la casa que ha de construir para uso público; es sólo una ordenanza de regulación de la propiedad para lo que está facultado el municipio por la ley que le concede el derecho de reglamen-tar las construcciones en beneficio del público. Que un mu-nicipio puede promulgar ordenanzas regulando la construc-ción de edificios, la altura que deban tener, el espacio libre de construcción que han de dejar y para no permitir la cons-trucción de edificios de madera en beneficio de la salud, bien-estar y seguridad de sus vecinos es cosa resuelta en muchas decisiones como puede verse en los casos de Des Moines v. Manhattan Oil Co., 23 A.L.R. 1323 y de Wulfsohn v. Burden, 43 A.L.R. 652. Todas las presunciones están en favor de la razonabilidad en esa clase de ordenanzas y deben subsistir si nada aparece en contrario de la faz de la ordenanza o de las pruebas. Des Moines, supra. Por consiguiente no co-metió la corte inferior el primer error alegado.

En el segundo se dice que hubo error manifiesto en la apreciación de las pruebas y en haber sido aceptadas la' opinión del alcalde y la del secretario para determinar el propósito de la ordenanza.

La prueba demostró la existencia de la ordenanza que es base de la petición de injunction: que el demandado solicitó permiso de la asamblea municipal para construir una casa de maderas en un solar radicado en la zona urbana: que presentó el plano de la casa y un croquis de su solar cuya forma es un trapecio cuya base mayor está en la línea de la calle y la menor al fondo de su solar: que el permiso para construir le fue concedido con la condición de que de-jase libre a cada lado lateral de la casa los dos metros re-glamentarios : y que si bien la casa que empezó a construir deja ese espacio libre contiguo a la calle tiene menos de dos metros en su longitud porque ésta disminuye por la forma del solar. Con tales hechos no existe error en la apreciación de la prueba.

En cnanto al otro extremo de que se permitió que el alcalde y el secretario declarasen sobre el propósito de la ordenanza tenemos (]ue decir que esas declaraciones no se refirieron al propósito de la ordenanza sino a hechos que le constaban respecto a incendios que ha habido en dicho pueblo y a la dificultad que hubo para extinguirlos por falta de espacio entre las casas para combatir el fuego en aquella población carente de acueducto y de bomberos. Además, aunque esas declaraciones hubieran tenido el propósito que dice el apelante, él no se puso a ellas ni tomó excepción contra la admisión de esa prueba.

El tercer motivo del recurso es consecuencia de los otros dos, pues se refiere a que hubo manifiesto error al dictar la sentencia apelada, que es contraria a derecho y a la eviden-cia practicada en este caso. Puesto que hemos declarado que el municipio tiene facultad para haber promulgado esa ordenanza regulando la construcción de casas en la zona ur-bana, decretando que se deje entre ellas y el límite del solar por cada lado, menos por la fachada, un espacio libre de dos metros: que eso no es una expropiación forzosa y que el apelante no cumplió con esa disposición de la ordenanza, no podemos declarar que existe dicho motivo de error.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Pascasio Muñoz Lamberty, peticionario y apelante, v. Virgilio Ramos, en su carácter de Presidente de la Asociación de Fondo de Ahorro y Préstamos de los Empleados del Gobierno Insular, recurrido y apelado.
    No. 4443.

    Sometido: Marzo 16, 1928.

      Resuelto: Abril 3, 1929.

      Pascasio Fajardo Martínez, abogado del apelante; Attorney' General Interino J. A. López Acosta y Felipe Janer, Sub-Procurador, abo-gados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Para los fines de esta opinión, se admite que la Junta de Directores de la asociación demandada ejerce una discreción cuasi-judicial al considerar la solicitud de un empleado del Gobierno Insular que ha presentado la renuncia de su cargo por una alegada incapacidad física permanente. Véanse las secciones 1, 5 y 19 de la Ley No. 52, aprobada el 11 de julio de 1921, y la sección 20 de la misma, según fue enmendada en 1925, leyes de ese año, página 767.

La sección 20 dispone que en caso'de inutilidad perma-nente, un miembro de la asociación tendrá derecho al se-guro, y prescribe que será deber del Presidente notificarlo a ciertos jefes de departamentos y a otros funcionarios in-sulares.

Presentada una solicitud por el aquí apelante, Pascasio Muñoz Lamberty, la corte de distrito dictó una orden para mostrar causas por las cuales no debía expedirse un auto de mandamus para obligar al Presidente de la Asociación Fondo de Ahorro y Préstamos a hacer la notificación a que se hace referencia en el párrafo anterior.

El Presidente compareció y excepcionó la petición por el fundamento de no aducir hechos suficientes que justificaran la expedición del auto. El juez de distrito sostuvo la excep-ción previa por no contener la solicitud la alegación de que la Junta de Directores había hallado que el peticionario es-taba permanentemente inhabilitado, o que la Junta había abusado de su discreción al rechazar la reclamación.

Posteriormente, la corte sostuvo una excepción oral a la tercera petición enmendada y desestimó la acción.

La tercera petición enmendada alega, entre otras cosas, que para la época en que presentó su renuncia, el peticiona-rio estaba inhabilitado para desempeñar sus funciones, a consecuencia de asma crónica bronquial, catarata incipiente y una hernia que se hizo inoperable debido a la avanzada edad del peticionario; que todas estas dolencias sobrevinie-ron mientras el peticionario estaba en servicio activo y fue-ron la única causa de su renuncia, fundada en incapacidad física permanente; que tan pronto como dicha renuncia tuvo efecto, el peticionario preparó y presentó a la Asocia-ción Fondo de Ahorro y Préstamos una reclamación escrita basada en su inhabilidad para desempeñar las funciones de cualquier cargo, debido a estas enfermedades; que esta soli-citud iba acompañada de certificaciones médicas demostra-tivas de que el peticionario estaba imposibilitado permanen-temente para desempeñar trabajo alguno; que el peticiona-rio solicitó de dicha Asociación Fondo de Ahorro y Présta-mos, por conducto de su Presidente, que hiciera la notifica-ción estatutoria (aquí la petición sigue la fraseología de la sección 20, supra); que la indicada asociación, por medio de su Junta de. Directores, se negó enfáticamente a dar curso a la reclamación del peticionario y declaró que éste no estaba inutilizado, habiendo tenido ante sí prueba de su imposibi-lidad física permanente, fuera de duda razonable, acreditada con las certificaciones médicas presentadas a ese efecto; y qué rechazar la reclamación del peticionario era injusto y equivalía a un claro abuso de discreción, cometido con el único y preconcebido fin de perjudicar el derecho que debido a su inutilidad física le confiere la ley al peticionario.

Los abogados del apelado no se basan en la distinción que pudiera hacerse entre la exposición de hechos fundamen-tales y la alegación de meras conclusiones de derecho en la petición. Fuera del hecho de que se sostuvo una excepción previa oral, nada hay que demuestre que el juez de distrito tuvo en mente tal cuestión. Dentro de las circunstancias, estamos dispuestos a darle al apelante el beneficio de cual-quier duda respecto a este extremo.

Considerando la petición por lo que de su propia faz apa-rece, los hechos en ella expuestos y admitidos por la excep-ción previa demuestran un abuso de discreción de parte de la Junta de Directores. En verdad, los hechos revelan una reclamación justa de parte del peticionario contra la aso-ciación, y una denegación inexplicada de esa reclamación por parte de la Junta de Directores. Tal demostración es sufi-ciente [para justificar la expedición de un auto preliminar, de acuerdo con la doctrina sentada en el caso de Tirado v. Junta de Retiro, 38 D.P.R. 1002.

En tanto en cuanto aquella decisión se basó en la sección 1329 de los Estatutos Revisados, según fué interpretada por la mayoría de este Tribunal, el razonamiento de la opinión es igualmente aplicable, a los hechos del présente caso. El Juez Presidente Sr. del Toro y el que suscribe no encuen-tran en la sección 1329 evidencia satisfactoria alguna de la intención de abolir cualquiera de los principios y reglas es-tablecidos que gobiernan la expedición del auto de manda mus. No es necesario elaborar aquí criterios individuales sobre la materia. Si puede justificarse por otros motivos la expedición de un auto de mandamus en este caso, cual-quiera diferencia de criterio respecto al efecto que debe dársele a la sección 1329 de los Estatutos Revisados llega a ser una cuestión de poca monta, para los fines de esta opinión.

Las fórmulas estereotipadas siguen los senderos que ofrecen menor resistencia, La regla general de que la discreción judicial no puede ser revisada o regulada por medio de mandamus, como la mayoría de las reglas generales, no carnee de excepciones. Frecuentemente, la cuestión es si la intención de la ley es que la actuación de una corte inferior o de una junta sea final. Esto es especialmente así cuando la determinación de algunas cuestiones que requieren el ejercicio de criterio y discreción, se Lace necesaria como un paso preliminar al cumplimiento de un deber ministerial. Lo cierto es que los tribunales superiores, al ejercer su propia y sana discreción en el uso de este recurso flexible, revisan y regulan basta cierto punto la discreción de juntas y tribunales inferiores, aun “en casos en que el deber es tal que necesariamente requiere el examen de evidencia y la decisión de cuestiones de derecho y de hecho” (38 C.J. 598, pár. 73), siempre que tales cuestiones no sean complicadas, sino sencillas y libres de duda razonable, y siempre que haya el propósito de que la determinación de las mismas por la junta o tribunal inferior no sea final. Todo caso que se encuentre en la línea divisoria debe resistir o caer sobre su propia base.

Al considerar la cuestión de inutilidad permanente, la Junta de Directores de' la Asociación Fondo de Ahorro y Préstamos no se confrontaba con ningún problema de her-menéutica, como acontecía con la Junta de Retiro en el caso de Tirado. En el caso de Tirado, la única cuestión envuelta era una de interpretación estatutoria. No había controver-sia sobre los hechos. Aquí, la única cuestión ante la Junta de .Directores, y la única que fue decidida por ella, fué la de incapacidad física permanente. La junta dió por sentado su poder para determinar esa cuestión, y para los fines de esta opinión, .admitimos al principio que tenía esa facultad. Si la decisión de la junta debe o no ser considerada como una determinación final de la cuestión resuelta, es otra cosa.

La ley no confiere a la Junta de Directores facultad al-guna para citar testigos, tomar juramentos o tomar decla-raciones. No dispone expresamente que la junta determi-nará la cuestión de inutilidad física permanente. Cualquier facultad que tuviere la junta para considerar esa cuestión, debe derivarse por mera inferencia de la necesidad de que se estudie, y apruebe o rechace cada reclamación presentada, del hecho de que la Junta de Directores es el cuerpo direc-tivo de la asociación, y de la circunstancia adicional de que la junta tiene el poder de formular reglamentos razonables para darle efecto a la ley.

La ley impone al Presidente de la asociación, y no a la Junta de Directores, un claro deber ministerial. La responsabilidad por cualquier omisión o por dejarse de cumplir ese deber descansa sobre los hombros del Presidente, y no sobre la Junta de Directores. Ni siquiera dice la ley en tales o cuales palabras que el Presidente estudiará la reclamación o se convencerá de la veracidad de cualquier extremo alegado por el peticionario, antes de notificar a los jefes de departamento o a otros ejecutivos del Gobierno Insular. Cualquiera discreción que tenga, surge por inferencia. Si ha ocurrido o no el fallecimiento de un miembro, o si un miembro se ha inutilizado permanentemente, no es una, cuestión complicada. Su determinación no demanda el ejercicio de un alto grado de criterio o habilidad. Es puramente preliminar al desempeño de un acto ministerial. Si el Presidente tiene dudas respecto a si una reclamación es o no justa, podría hacer que el reclamante acudiera al recurso de mandamus, pero no estamos preparados para decir que una corte deba entonces negar un auto alternativo fundándose en la teoría de que se tuvo la intención de que fuera final una decisión adversa dictada por el Presidente.

De suerte que el Presidente puede endosar la reclamación a la Junta de Directores para que ésta la investigue y rinda un informe, y entonces adoptar como suya la conclusión a que llegue la junta. Pero no hay disposición estatutoria al-guna para tal endoso y conclusión. Y mucho menos hay indicación alguna al efecto de que una decisión adversa de la junta será obligatoria para el Presidente o para el recla-mante. Si el Presidente adopta la conclusión a que ha lle-gado la junta, esa conclusión se convierte en la suya propia, y no puede esquivar el peso de la responsabilidad basándose en» la indicación de que las actuaciones de la junta son con-cluyentes, en ausencia de algo que evidencia la intención le-gislativa a ese efecto.

Tal vez sea superfino añadir que, después de un juicio sobre los méritos del caso, la corte inferior no debe alterar la conclusión a que lleguen la junta y el Presidente, en ausencia de un error manifiesto al apreciar la evidencia so-metídales en apoyo de la reclamación.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señce Texidoe,

text:
    Belén Ramón Vda. de González, Rafael, Ramón, Félix y Mercedes González Ramón, demandantes y apelados, v. Cristóbal Puig y Martín Ortega, demandados y apelantes.
    No. 4671.

    Sometido: Marzo 13, 1929.

      Resuelto: Abril 4, 1929.

      Monserrat & Monserrat, abogados de los apelantes'; Angel B. ele Je-sús, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señce Texidoe,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes en este caso son dueños de una casa, la número 35 de la calle de San Sebastián, en San Juan de Puerto Pico; la planta baja de dieba casa viene, bace largo tiempo, dedicada a tahona, con horno para elaborar pan. Y por contrato que se hizo constar en escritura pública de fecha 18 de mayo de 1925, los ahora apelados dieron en arrendamiento a los aquí apelantes Cristóbal Puig y Martín Ortega, la planta baja, horno y panadería, con la maquinaria y útiles para elaborar pan,'por un término que vencía el 5 de abril de 1927, y canon de $125 mensuales. Al terminar el contrato los ahora apelantes entregaron a los apelados la parte de finca que llevaban en arriendo, y los apelados pro-testaron de que los señores Puig y Ortega no habían cum-plido con las cláusulas del contrato, y no les entregaban la casa y horno en condiciones de seguir elaborando pan, fal-tándoles reparaciones y obras indispensables para tal fin, y cuyo costo' es de $1,128.61. Y como no pudieron llegar a acuerdo con los ex-arrendatarios, demandaron a éstos ante la Corte de Distrito de San Juan, alegando en su demanda los hechos necesarios, y además, que se veían privados de elaborar pan en su casa, y sufrían un perjuicio de valor de $500; y pidiendo a la corte una sentencia contra los deman-dados por $1,628.61.

Los demandados contestaron, admitiendo la existencia del contrato de arrendamiento y de las cláusulas del mismo que en la demanda se transcriben, y negando que durante la vi-gencia de tal contrato dejaran de elaborar pan en la casa y horno arrendados; negando que al expirar el contrato no dejaran el local en condiciones para elaborar pan, y ale-gando que habían hecho en el local las reparaciones exigidas por el contrato, limpiándolo, pintándolo y poniéndolo de acuerdo con las exigencias del Departamento de Sanidad; negando que ese departamento haya rehusado conceder a los demandantes licencia para elaborar pan en el local a que se refieren la demanda y la contestación, por no estar ese' local en las condiciones que requieren los reglamentos, y alegando que antes de vencerse el contrato los demandados hicieron inspeccionar el local por las autoridades de sanidad, que les expidieron nueva licencia para elaborar pan, previas algu-nas reparaciones que hicieron; alegan que durante la vigen-cia del contrato el local arrendado no ha sufrido alteración alguna, y que hoy tiene la licencia para hacer pan; y que han entregado a los demandantes el local en condiciones para seguir elaborando pan; negaron el valor de las repa-raciones y la existencia de daños, y pidieron la absolución de la demanda.

El caso fué a juicio. Y la corte dictó sentencia fundada en una opinión, en la que -se hace un estudio concienzudo, detallado y completo de la materia dé hecho, y se trata con suma discreción la de derecho.

Debemos reproducir, de la opinión de la corte, los párra-fos que siguen, por ser de gran importancia:

“Ambas partes presentaron evidencia testifical y documental que fué admitida. La Corte, como resultado de las admisiones hechas y de evidencia presentada, declara probados satisfactoriamente los si-guientes hechos:
“1. Que los demandantes y los demandados son todos mayores de edad y vecinos de esta ciudad.
“2. Que los demandantes son dueños de la casa No. 35 de la calle de San Sebastián de esta ciudad y con fecha 18 de mayo de 1925 por escritura número 178 ante el notario don Julio César González, los demandantes cedieron en arrendamiento a los demandados la planta baja de dicha casa, dedicada a panadería, con el horno para elaborar pan y demás maquinarias y útiles allí existentes, por tér-mino de dos años que venció el 5 de abril de 1927, y por el canon de $125.00 mensuales.
“3. Que dicho contrato de arrendamiento se celebró entre otras, bajo las siguientes condiciones:
“ ‘TERCERA: Los arrendatarios dedicarán desde esta fecha el local o planta baja arrendada a la industria de elaborar pan, y lo en-tregarán en condiciones de seguir su elaboración.
“ ‘Quinta: Con excepción do la pintura de la fachada del edi-ficio, que será de cuenta de los arrendadores, todas las obras inte-riores de plomería, albañilería, pinturas de cualquier otra clase que las autoridades sanitarias ordenasen hacer en el local arrendado, se-rán costeadas por los arrendatarios, así como cualquier contribución que fuere impuesta a la panadería y los gastos de agua y luz y los de otorgamiento de escritura y su copia.
“ ‘Sexta: La obligación que por este contrato imponen los arren-datarios será de carácter solidario.
‘ ‘ ‘ Séptima : El incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas dará lugar a la terminación del presente contrato, y en aptitud la parte perjudicada para proceder judicialmente.’
“Antes de seguir adelante en la exposición de los hechos proba-dos, es conveniente hacer constar que la cláusula del contrato de-arrendamiento que alegan los demandantes quedó incumplida, por parte de los demandados, copiada literalmente lee como sigue:
‘ ‘ ‘ Tercera : Los arrendatarios dedicarán desde esta fecha el local o planta baja arrendada, a la industria de elaborar pan, y lo en-tregarán en condiciones de seguir su elaboración.’
“En síntesis, los demandantes alegan que los demandados al terminar el contrato no lo entregaron en condiciones de seguir la elaboración de pan. Y por el contrario, los demandados alegan que entregaron el local al terminar el contrato, en condiciones de seguir la elaboración de pan.”

La sentencia, de fecha 30 de marzo de 1928, condena a los demandados a pagar a los demandantes, $1,378 y las costas.

Contra esta sentencia se ha interpuesto el presente re-curso de apelación, en el que se señalan dos errores. El primero de ellos es así:

"Primero; La Corte de Distrito cometió error al sostener que los demandados y apelantes no habían cumplido con el contrato de arrendamiento celebrado en el presente caso, declarando con lugar la demanda y condenando a los apelantes al pago de la suma de $1,378.00 como indemnización por los daños y perjuicios que dicen haber su-frido los apelados.”

No convenimos con la parte apelante. La cláusula tercera del contrato de arrendamiento es clara y categórica. Ella se encuentra redactada en términos que no dejan lugar a duda. El local arrendado dehe ser devuelto en condiciones de seguir la elaboración de pan. Y como ha dicho la corte de distrito en su acertada opinión

"hay que presumir que al obligarse a entregar el local en con-diciones de seguir su elaboración, no podían los contratantes estar pensando en que pudiera elaborarse físicamente pan, sino que tenían necesariamente que pensar que el local debían entregarlo en condi-ciones de poder seguir elaborando pan de una manera legal; es de-cir. de acuerdo con los requisitos exigidos por la ley y los reglamen-tos de sanidad.”

Hay además, hechos que forzosamente tienen que llamar la atención del juzgador, atención no prevenida o, prejui-ciada, pero sí alerta y vigilante. Los demandados tenían que entregar a los demandantes el local en 5 de abril de 1927; y en 25 de marzo de 1927, once días antes de la entrega, obtienen de la Sanidad una nueva licencia para elaborar pan en ese mismo local. ¿Para qué? Ellos no habían de seguir elaborando pan en ese local; luego la petición de li-cencia (que por otra parte no es transíerible sin la autori-zación del departamento) o era un absurdo, o tendía a otro fin. Y la corte de distrito, en la página 31 de la transcrip-ción del récord, nos dice para qué se pidió la licencia:

. . y obtuvieron del Departamento de Sanidad una licencia para elaborar pan en dicbo local con el solo fin de poder cumplir con la letra del contrato que les exigía que entregaran el local en condi-ciones de seguir elaborando pan ...”

Los demandantes también pidieron una licencia para elaborar pan en el mismo local. Ellos si tenían una lógica justificación para pedirla, ya que el día 5 de abril de 1927 recibirían el local. Y el departamento de sanidad les negó la licencia por no estar el local en condiciones, y faltarle reparaciones al horno, faltar elementos de aseo y limpieza para personas y utensilios, mal estado de las paredes, etc. Lfi prueba en este particular fue categórica.

De cualquier forma que esto se discuta, y aunque hu-biera estado (que no lo estaba) el local en condiciones el 29 de marzo aparece que el 4 de abril de 1927, el local lio estaba en condiciones para elaborar pan. La misma auto-ridad que los apelantes invocan, por haberle expedido la innecesaria licencia, es la que invocan los apelados, porque con fecha posterior a la de expedición de aquélla, negó la pedida por los apelados, fundándose en la falta de condicio-nes del local. Y si examinamos la denegatoria del departa-mento y las deficiencias que se señalan, es forzoso concluir que la desaparición o subsanación de esas deficiencias es una obligación de las que se imponen a los arrendatarios en la cláusula quinta de la escritura de arrendamiento.

Los arrendatarios no cumplieron con las obligaciones de las cláusulas tercera y quinta de su contrato, lo que justi-fica la sentencia.

Refiérese el segundo señalamiento de error a la imposición de costas. Entendemos que en un caso como éste, en que se ha negado por los arrendatarios, de una manera tenaz e injustificable, el derecho de los demandantes, la imposición de costas es justa.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Jubz Asociado Señor Texidor,

text:
    Ramón Rivera Velázquez, demandante y apelado, v. Susana Torres Ruiz, demandada y apelante.
    No. 4628.

    Sometido: Febrero 20, 1929.

      Resuelto: Abril 4, 1929.

      Agustín E. Font, abogado de la apelante; Felipe Colón Días, abogadeo del apelado. |
   El Jubz Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Rivera Velázquez demandó en divorcio, ante, la Corte de Distrito de Ponce, a Susana Torres Ruiz, alegando en esencia: que ellos, demandante y demandada, son casa-dos: que contrajeron matrimonio en agosto de 1918, y des-pués de'vivir en concubinato dieciocho años,- habiendo pro-creado ocho hijos; que la demandada, sin causa o motivo abandonó desde el año 1922 al demandante y el hogar con-yugal, yéndose para Arecibo, sin permiso del demandante, y sin que haya vuelto al hogar, a pesar de las gestiones del demandante.

La demandada negó los hechos esenciales de la demanda,-, y como defensa especial alegó que ella desea vivir con su. esposo, y en su hogar; que si se trasladó a Arecibo, fue-por consejo del demandante y con su consentimiento, y pre-via la venta de una casa de su propiedad con cuyo pro-ducto pagó unas deudas, dió una suma a su hijo, e invirtió’’ el sobrante en montar un negocio en Arecibo, de acuerdo con la sugestión de su esposo, y atendió a los gastos de sus. hijos; que no pudo continuar el negocio y volvió a Ponce, y requirió a su esposo para que atendiera a sus gastos y los de los hijos, lo que aquél no hizo; que, con sus hijos y sus muebles, fué en julio de 1926, a la finca de su esposo quien no la quiso recibir.

En estas condiciones fué el caso a juicio, presentando las partes sus pruebas. Y la corte dictó sentencia decla-rando con lugar da demanda por causa de abandono. Contra esa sentencia ha interpuesto apelación la demandada.

Se señala un error: que la sentencia es contraria a la prueba.

La prueba en este caso fué contradictoria.

Ramón Rivera, el demandante, afirmó en su declaración que su esposa, la demandada, vivía en Ponce, con siete de sus hijos, en una casa que él le tenía alquilada; que en 1922 ó 1923, ella se fué para Arecibo, sin pedirle permiso, y dejando los hijos en manos de la sirvienta; que de los hijos había unos pequeños, de dos, tres y cuatro, años; que la madre no vino a verlos y los que tuvo que llevar el decla-rante a casa de doña América Fiol,. con quien estuvieron seis o siete meses; que la demandada tuvo en Arecibo un hotel como quince o diez y seis meses, y después que quitó el hotel, volvió a Ponce, estuvo allí un par de semanas, y se fué a Río Piedras, donde estuvo un año, y que no han vivido ella y el testigo juntos desde 1922. A las repregun-tas dijo que no había requerido a la demandada para que volviera al hogar, ni se ocupaba de ella desde que ella se fué, ni comisionó a nadie para ir a buscarla, ni cree posible volver a unirse con ella; que ésta en una ocasión se llevó dos de los hijos más pequeños para Arecibo, y los tuvo allá dos o tres meses, y no han vuelto a poder del declarante.

La testigo Constanza Pérez declaró, como sigue: fué sir-vienta de don Ramón Rivera, el demandante, que la tomó para cuidar los niños, viviendo en la calle Mayor Cantera en Ponce; durante tres meses que estuvo alquilada, Susana Torres no fué a la casa; que ella sirvió allí hace unos cua-tro años y medio; que los niños eran siete, a los que nombró; que don Ramón luego se llevó a dos de los niños al campo, y los demás los dejó con doña América Fiol.

América Fiol, testigo del demandante, declaró: que siem-pre ña vivido en Ponce; que conoce a Ramón Rivera y a Susana Torres; que Rivera una vez le babló para llevarle cuatro de sus Rijos, como lo Rizo, y los niños estuvieron en casa de la declarante tres o cuatro meses; que el padre iba a verlos y la madre, Susana Torres, que estaba en Arecibo, vino una vez y los procuró, y se llevó los muebles, que dijo eran de ella, y Ramón Rivera no estaba presente, ni sabía nada; que Susana cuando vino preguntó por los Rijos y dijo que se los iba a llevar a Arecibo, pero los chiquitos estaban en el campo en vacaciones, y ella dijo que no sería extraño que se volviera a vivir a Ponce; no procuró al marido, y preguntó si él venía a ver a los niños.

Pablo Pagán, dijo ser vecino de Arecibo, en donde conoció a Susana Torres, que tenía allí el Hotel Ponce, en el que vivió el testigo como huésped durante ocho meses, y en ese tiempo nunca vió allí a Ramón Rivera; que Susana Torres le dijo que era de Ponce, y que se Rabia divorciado de su marido, y abandonado un Rogar cómodo, pero no le dijo el nombre de su esposo, ni el tiempo que llevaba divorciada, ni las causas del divorcio; que él tenía una amistad íntima con Susana Torres, y la ayudaba en la inscripción de nom-bres de pasajeros en los libros.

Pedro Rivera, de Arecibo, que fué empleado en el hotel que en Arecibo tuvo Susana Torres, declara en términos pa-recidos al anterior testigo, en cuanto a que ella decía que era divorciada, y que nunca fué por allá Ramón Rivera al hotel; pero se fué a buscar al declarante y a Pablo Pagán, dos días antes de este juicio:, que estuvo trabajando en el hotel en 1923, y que allí había dos niños de doña Susana, que la llamaban mamá; que Ramón Rivera no fué a Are-cibo, y que Susana decía que se había divorciado.

Luis Caraballo, de Ponce, declaró que Susana Torres la llamó un día y le ofreció en venta unos muebles, y luego, a los tres días, cuando fué el testigo a la casa, Susana se había ido.

Manuel Narváez, de Ponce, declaró conocer a Ramón Rivera y Susana Torres, que vivían en Guaraguao, y que ella se vino a Ponce; que en una ocasión iba él para la casa de Rivera, y Susana iba de viaje con un señor y que dispara-ron un tiro; que el testigo ha sido mayordomo de Ramón Rivera, y ahora vive en su hacienda; que la noche del dis-paro era una noche clara, y él se fijó en la señora que iba en, el automóvil, aunque no en el vestido que llevaba; que don Ramón vivía solo en la hacienda.

Maximiliano Hernández, dijo'que en 1922 vivía en Principal Cantera, Ponce, y allí conoció a Ramón Rivera y Susana Torres, y visitaba su casa; que a principios de 1922 le llamó Susana para que le vendiera una casa, pero el tes-tigo habló con Ramón Rivera y éste no quiso vender, y Susana le dijo al testigo que ella se iba para Arecibo, y al otro día la vió en un automóvil; que el declarante fué luego a Arecibo y estuvo un día en el hotel Ponce que lo tenía doña Susana; que el que declara es muy amigo de don Ramón'y de su esposa.

Por la parte demandada, declararon:

La propia demandada Susana Torres, que dijo, en resu-men, lo que sigue: que vivió con Ramón Rivera, y luego se casó con él y quedaron viviendo en la finca; .que en el tiempo de la escuela vivía la declarante en Ponee, en una casa propia, la que luego vendió porque su esposo le dijo que la vendiera para poner un negocio para ayudarse; y del precio de la venta pagó quinientos dollars que debía su esposo en el Banco Ahorro Ponceño; que su esposo tenía ya capital, unos once mil pesos que eran gananciales; que del precio de la casa dió mil dollars a su hijo Ramón para sus estudios, pagó los quinientos dollars ya citados, y con el resto pagó la casa donde dejó a los niños, y se fue para Arecibo porque su esposo le aconsejó que lo hiciera y que pusiese allí un negocio, y montó ella el hotel, dejando los niños en Ponce porque era el tiempo de la escuela; que ella venía a Ponce cada quince días a ver sus hijos, y les daba calzado, ropa y dinero; que al irse a Arecibo no rompió sus relaciones con su esposo, quien se quedó en la finca, y no le mandaba nada para sus hijos; que estuvo un año en Are-cibo, y fracasó en su negbcio; volvió a Ponce, y fué a buscar a su esposo, que no habló con ella porque él no quería cuen-tas con ella, ni que fuera allá, y ella entonces se fué a Río Piedras, adonde llevó a sus hijos y estuvo un año, y luego, volvió a Ponce con sus hijos para los que el esposo man-daba dinero; que luego mandó sus muebles a casa de su esposo en el campo, pero él no los quiso recibir, y ella fué con sus hijos en un automóvil y él se negó a recibirla, a ella y los hijos, y le dieron la llave de una casa en Ponce, en donde ella está. Que ella no quiere divorciarse, y sí su es-poso ; que cuando ella se fué a Arecibo tenía un niño de tres años, una de cinco, otra de seis, otro de diez, otros dos de quince el uno y diez y ocho el otro, que los dejó con una señora, que ella la pagaba y que era cocinera suya; que a • los ocho días de haberse ido a Arecibo, volvió a Ponce a ver sus hijos, y se fué de nuevo a Arecibo, y a los dos meses volvió a recoger los niños; que los niños estuvieron en casa de doña América Fiol, porque el esposo de la dicente los llevó allí, y estuvieron unos meses; que antes de casarse vivía la testigo en casa de Ramón Rivera, en el campo, y cuando vino a Ponce fué para tener los niños en la escuela, y los gastos los pagaba Ramón Rivera; que éste era de carácter violento, y siempre ha tenido queridas, y volvía a la casa y amena-zaba a la declarante y la atropelló muchas veces; que cuando ella estaba en Arecibo, escribió varias veces a su esposo, quien no la contestó; que se había separado amigablemente, por consecuencia de un disgusto, porque él tenía una querida, y le dijo a la que declara que se fuera.

Rafael Escobar, dijo que Susana Torres le tomó el truck para enviar unos muebles a Guaraguao, a la hacienda dé. Moncho Rivera, y éste no los quiso recibir; esto ocurrió en 1926.

Enrique Rivera, hijo de los interesados en este caso. Es un niño de doce años. No sabe lo que es juramento, y se le instruye. Dice que su mamá envió los muebles para el campo, y su papá no los quiso recibir; que iba el declarante; y se volvieron para el pueblo.

Julio César Conde, dueño del truck en que fueron los muebles, declara acerca del envío de éstos y la negativa de Ramón Rivera a recibirlos;

Aparte de la documental, ésa fué la prueba en el caso. La posible contradicción fué resuelta por el Juez, sin que en la resolución haya indicio alguno de pasión, prejuicio, o parcialidad, ni manifiesto error.

La apreciación general del caso es la de que la deman-dada abandonó el hogar conyugal, se fué a Arecibo, luego a Río Piedras, y luego volvió a Ponce, y entonces, después de transcurridos unos años en esa ausencia, intentó regresar al hogar del esposo, y éste no quiso recibirla.

En el caso Catinchi v. Catinchi, 27 D.P.R. 418, hemos sostenido que la intención de abandonar puede, generalmente, inferirse del mismo hecho del abandono, y que el esfuerzo para una reconciliación es necesario cuando aquella inten-ción no es cierta. Es de aplicación al caso la doctrina de este Tribunal en su decisión en Negroni v. Collazo, 26 D.P.R. 94, en cuanto a que la voluntad firme y decidida de uno de los cónyuges de no vivir con el otro, sostenida por más de un año, es lo que constituye el abandono como causa de divorcio.

En el caso Jirot v. Crispin, 23 D.P.R. 822, se sostuvo por este Tribunal que la voluntad firme y decidida de un cónyuge de no vivir con el otro cumpliendo los deberes que le impone la ley natural y la civil, sostenida por más de un año constituye abandono. Y en el mismo caso se dijo ser requisito indispensable la nolición del otro cónyuge, y empezarse a contar el año desde que se manifiesta tal no-lición.

En este caso, al apreciar la prueba, el juez, sin duda, fia tenido en cuenta la actitud de la mujer que se separa de esposo e fiijos, algunos de éstos de tierna edad, y así pasa unos años, lejos del bogar. El juez ba dado crédito al tes-timonio del esposo y los testigos, que él„ podía estimar y pesar mejor que nosotros. Evidénciase esto por la lectura de la opinión.

No creemos que sea exigible al esposo que se encuentra en tales ■ condiciones, que extreme los procedimientos de con-cordia, basta un punto tal que al reconstruir su bogar, se lleve -esto a efecto sobre la base de la pérdida de su digni-dad, y la lógica consecuencia de la falta de todo respeto a su calidad de jefe de la familia.

La corte sentenciadora apreció la prueba, y se decidió, con justicia y discreción, por la del demandante, como fun-damento de su sentencia.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Demetrio Echevarría, acusado y apelante.
    No. 3766.

    Sometido: Marzo 19, 1929.

      Resuelto: Abril 4, 1929.

      Antonio L. López, abogado del apelante; José E. Eigueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Demetrio Echevarría fué denunciado en una corte municipal por el delito de acometimiento con circunstancia agra-vante y al celebrarse el juicio de nuevo en la Corte de Dis-trito de Humacao fué condenado por acometimiento simple, contra cuyo fallo apeló para ante nosotros.

El apelante no presentó evidencia en la corte de distrito, apareciendo de la del fiscal que un policía insular lo arrestó en una calle de Caguas porque en estado de embriaguez es-taba molestando, alborotando y escandalizando, infringiendo ordenanzas municipales según dijo el policía que lo detuvo, y que no queriendo ir arrestado lanzó varias piedras contra el policía sin darle con ellas.

En vista de esos hechos alega el apelante como único motivo para esta apelación que no pudiendo ser arrestado por infracción a las ordenanzas municipales estuvo justifi-cado en oponer resistencia a su arresto.

La conducta del apelante era constitutiva de un delito de alterar la paz pública por la cual el policía podía arrestarlo sin que tuviera derecho a oponerse a tal arresto; pero inde-pendientemente de esto, aunque se hubiera tratado de. una infracción'a ordenanzas municipales, como dijo el policía, y aunque por tal circunstancia hubiera tenido derecho el ape-lante a oponerse a su arresto, tal resistencia no hubiera jus-tificado la agresión que contra él realizó.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

text:
    Carlina y Atanasio Torres del Valle, Tomás Ortiz Torres, Tomás Ortiz González, Rafael Rivera del Valle y Rafael Rivera Collazo, demandantes y apelantes, v. Caguas Sugar Co., Inc. y Fernando Guarch Ríos, demandados y apelados.
    No. 4649.

    Sometido: Abril 2, 3929.

      Resuelto: Abril 5, 1929.

      González Fagundo & González, Jr., abogados de los apelantes; Henry G. Molina, abogado de la Caguas Sugar Co,; Luis Janer Lamdrón, abogado del apelado Guarch Ríos.
   El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Solicítase en este pleito la reivindicación de dos porciones de terreno, una de dos cuerdas poseída por el demandado Guarch y otra de veinte poseída por la Caguas Sugar Co., con los frutos por ellas producidos.

Los demandantes alegan que son dueños de las indicadas fincas a virtud de herencia o liquidación de sociedad de gananciales, sin que jamás se hayan desprendido de su do-minio.

Los demandados admiten que están en posesión de las fincas en cuestión, alegando que son dueños de las mismas.

De acuerdo con las pruebas practicadas resulta que el 22 de junio de 1910 Juan Ramón y José Torres García adqui-rieron una finca de veintidós cuerdas del márshal de la Corte de Distrito de Ponce, actuando dicho funcionario en representación de los demandados en el pleito en que se dictó la sentencia y en obediencia de ésta. De esa finca de 22 cuerdas se formaron las de 2 y 20 a que se refiere este pleito. La venta quedó inscrita en el Registro de.la Pro-piedad así:

“3a. Rústica: finca cuya descripción consta de las inscripciones primera y segunda precedentes, a las que me remito por ser con-forme con la que se hace en el documento ahora presentado, con la diferencia de que según éste sólo es objeto de la presente inscripción una porción de esta finca que se describe así: PREdio de TERRENO situado en el barrio de Cañabón de este término municipal, com-puesto de veinte y dos cuerdas, (sigue la descripción). Esta finca aparece libre de cargas. Doña María del Valle Serrano, doña Car-lina, doña Erancisca y don Atanasio Torres del Valle, adquirieron esta finca en común proindiviso por herencia testada a don Nicolás Torres y Plores, según consta de la inscripción primera citada, y los mismos doña María del Valle Serrano, doña Carlina, doña Francisca y don Atanasio Torres del Valle en unión de Secundino, Pedro, Domingo, Sebastián, José Nicomedes y Manuel Torres Acevedo, María Angela, Cesárea, Teodosia y Francisca Muñoz Torres e Idel-fonso Solá, se hallaban abocados a un pleito con motivo de recla-mación de herencia contra bienes de Nicomedes Torres que hicieran don Juan Ramón Torres García y don José Torres García, repre-sentados por su madre con patria potestad doña Ana María García, y realizaron aquéllos con estos últimos una transacción en junio de mil novecientos siete por la cual habían de traspasarle los dueños de la porción de terreno que aquí se describe y de otra finca, a los reclamantes el dominio de las mismas y otorgarles la correspondiente escritura de transacción, aceptando en ella la cesión de los derechos que los propios reclamantes pudieran tener en la herencia de Nico-medes Torres, y como no cumplieran lo establecido en dicha transac-ción, los expresados Secundino, Pedro, Domingo, Sebastián, José, Nicomedes y Manuel Torres Acevedo; María del Valle Serrano, Car-liná, Francisca y Atanasio Torres del Valle, María-Angela, Cesárea; Teodosia y Francisca Muñoz Torres e Ildefonso Solá, fueron deman-dados por don Juan Ramón y don José Torres García, representa-dos por su abogado don José Tous Soto, ante la Corte de Distrito de Pónce, sobre cumplimiento de dicha transacción, y en dicho pleito recayó sentencia dictada por la expresada Corte con fecha veinte y cinco de febrero último por la cual condenó a los demandados a cumplir la transacción celebrada con los demandantes en junio de mil novecientos siete, condenando asimismo a Ildefonso Solá, a re-conocer esa transacción y concurrir al otorgamiento de la corres-pondiente escritura dando su consentimiento a la realización de to-dos los actos derivados del contrato y renunciando a favor de los de-mandantes cuantos derechos pueda tener sobre una finca de treinta y seis cuerdas que se describe en el título Peesentabo, respecto de la cual no se ha solicitado su inscripción, y finalmente declarando nulo todo contrato celebrado por Ildefonso Sola con los demanda-dos, a los que en unión de aquél se condenan al pago de los hono-rarios de los abogados de la parte demandante, y de las costas co-rrespondientes. En cuya virtud el Marshal de la Corte de Distrito de la ciudad de Ponee don Rafael Rivera Esbrí, mayor de edad, y vecino de dicha ciudad, a nombre y representación de los referidos demandados y en rebeldía de los mismos, acepta la renuncia que la parte demandante por medio de su abogado don José Tous Soto ve-rifica de sus derechos en la herencia de don Nicomedes Torres, y en consideración a tal renuncia y por vía de transacción el expre-sado Marshal con la representación de los demandados que ostentan por ministerio de la Ley, trasmite a los demandantes don Juan Ra-món y José Torres García, menores de edad, de por mitad y en co-mún proindiviso la porción de terreno antes descrita y otra finca más de teinta y seis cuerdas, cuya transmisión acepta don José Tous Soto, mayor de edad, casado y vecino de Ponce, como abogado de los adquirentes habiendo ratificado dicho contrato doña Ana María García, de cincuenta años de edad, de oficios domésticos, soltera, y de esta vecindad, en carácter de madre con patria potestad de don José Torres García, dé trece años, soltero, propietario y de la misma vecindad y por don Ramón Torres García, de veinte y cinco años de edad, casado, propietario y de igual vecindad .... Don Juan Ramón Torres García y don José Torres García inscriben a su favor dicha porción de por mitad y en común proindiviso que adquieren por título de transacción y rescisión de adjudicación y compraventa, sin condiciones especiales y con el defecto subsanable de no constar del título la edad, estado civil, profesión y vecindad de los deman-dados Secundino, Pedro, Domingo, Sebastián, José, Nicomedes y Manuel Torres Acevedo; María del Valle Serrano, Carlina, Francisca, y Atanasio Torres del Valle, María-Angela, Cesárea, Teodosia y Francisca Muñoz Torres e Ildefonso Sola. Todo lo referido consta de la escritura otorgada en la ciudad de Ponce el veinte y dos de junio último ante el notario de la misma don Ramón Dapena Pacheco, cuya copia ha sido presentada en este Registro, . . . cons-tando asimismo de la copia de la escritura de ratificación antes men-cionada, que se ha tenido a la vista;

En el propio año de 1910, el 15 de octubre, Juan Ramón y José Torres G-arcía vendieron la finca de 22 cnerdas a Nicolás Santini; en junio 10, 1911, Santini la vendió a M. Soto Aponte; en junio 30, 1913, Soto Aponte la vendió a J. Ivi. Solá; en enero 10, 1916, J. M. Solá la vendió a Salvador F. Solá; en.abril 19, 1920, Salvador F. Solá la vendió a la Central Defensa, Inc.; en enero 10, 1921, la Central De-fensa, Inc., segregó de ella dos cuerdas y las vendió al de-mandado Gruarch, y en julio 31, 1923, vendió las veinte cuer-das restantes a la demandada Caguas Sugar Co., Inc.

Siendo esto así, representando los actuales demandantes los intereses que representaban los demandados en el pleito en el que se dictó la sentencia en cumplimiento de la cual actuó el mársbal del distrito de Ponce en 1910 ¿en qué fun-dan su acción?

Para contestar la pregunta formulada, copiaremos a la letra el hecho 13 de la demanda. Es así:

“DÉCIMO TeRoero: En relación con los hechos contenidos en los párrafos undécimo y duodécimo precedentes, alegan ahora los de-mandantes: que no es cierto que se celebrase la aludida transacción entre María del Valle Serrano y sus hijos Carlina, Francisca y Ata-nasio, con Juan-Ramón, y José Torres García, y que de haberse ce-lebrado habría sido inexistente, por falta de causa por parte de es-tos últimos, toda vez que nunca tuvieron derecho alguno en la he-rencia de su difunto abuelo natural Nicomedes Torres Flores, y ade-más, por lo que respecta a Carlina, Francisca y Atanasio Torres del Valle, por ser éstos en el año 1907, fecha de la alegada transacción, menores de edad impúberes, e implicando dicha transacción la ena-jenación de condominios en propiedad inmueble, no se obtuvo pre-viamente autorización judicial para efectuarla. Que en la acción entablada ante la Corte de Distrito de Ponce, P. R., se dictó sen-tencia contra María del Valle Serrano y sus hijos Carlina, Francisca y Atanasio, sin haberse presentado prueba alguna en apoyó de los hechos alegados en la demanda, y que la escritura de venta de la finca letra (a) a favor de Juan Ramón y de José Torres Gar-cía, otorgada por Rafael Rivera Esbrí, Marshal de la referida Corte en cumplimiento de dicha sentencia, es inexistente por estar la finca vendida situada en el término municipal de Caguas, que está fuera de los límites geográficos del Distrito judicial de Ponce, P. R. Que todas las subsiguientes transmisiones de la finca letra (a), así eomo las dost hipotecas que gravan la misma, son también inexistentes, por traer causa de los Torres García, que nunca fueron dueños dé la finca letra (a).”

La Corte de Distrito de Humacao declaró la demanda sin lugar, con costas, basando su sentencia en una cuidadosa opinión emitida por su juez Sr. Castejón, de la cual parece conveniente transcribir lo que sigue:

“En cuanto a la certeza de la transacción de 1907, falta de causa por parte de los hermanos Torres García, por no tener derecho a la herencia de su difunto abuelo natural Nieomedes Torres, y la falta de prueba ante la corte de distrito de Ponce para sostener los he-chos alegados en la demanda, entendemos que tales cuestiones no pueden ser discutidas colateralmente en este pleito, aparte de que su discusión de nuevo equivaldría a un recurso de revisión por parte de esta Corte que es en un todo improcedente.
“Se ataca la transacción por lo que respecta a los menores Car-lina, Francisca y Atanasio Torres del Valle, por ser estos menores de edad en 1907, fecha de la misma e implicando dicha transacción la enajenación de condominios en propiedad inmueble no se obtuvo previamente para efectuarla la correspondiente autorización judicial.
“Si tuviéramos ante nos únicamente la transacción celebrada y en que intervinieron los menores nombrados, sería de gran peso la alegación de los demandantes.
“Pero es el caso que lo que está ante nosotros no es solamente la transacción sino una sentencia de una Corte de Distrito dictada contra esos menores obligándoles y condenándoles a cumplir tal transacción.
“¿Qué mayor autorización de la Corte de Distrito que la rati-ficación por medio de su sentencia condenando a los menores al cumplimiento de la misma?
“Si la transacción adolecía del defecto de la falta de autoriza-ción judicial' ésta quedó subsanada a nuestro juicio por la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Ponee.
“En los casos de Flores vs. El Registrador de Guayama, 19 D.P.R. 1020; Avilés vs. El Registrador de Aguadilla, 17 D.P.R. 960 y García vs. El Registrador de Guayama, 23 D.P.R. 426, se resuelve la jurisdicción de las. Cortes de Distrito para actuar en casos en que están envueltos bienes de menores, negándola a las cortes muni-cipales y en el último de dichos casos la Corte Suprema se expresó así:
" 'Es la Corte de Distrito la que debe intervenir en un caso se-mejante ya que el legislador decidió que uno de sus deberes fuera la alta inspección de la persona y bienes de los menores de edad.’
"Y tal inspección la ejercitó a nuestro juicio la Corte de Distrito de Ponce, condenando a los menores al cumplimiento de la transac-ción y concediendo de una manera implícita su autorización judicial a los efectos de la validez de la misma.
"Otro de los puntos legales levantados por los demandantes es el que se contrae a la inexistencia de la escritura otorgada por el Marshal de la Corte de Distrito de Ponce sobre el traspaso de la finca de veintidós cuerdas por estar la misma situada en el término municipal de Caguas y fuera de los límites geográficos del Distrito Judicial de Ponce.
"Es bien conocida la doctrina de que un Marshal no puede lle-var a cabo la entrega o venta de propiedad inmueble situada fuera de su jurisdicción.
"Pero a nuestro juicio el Marshal de la Corte de Distrito de Ponce no ha realizado acto alguno que pueda considerarse como trasmisión o entrega de la propiedad, sino únicamente el ratificar y dar fuerza de ley a la transacción que los demandados se negaron a cumplir y tan es así, que al tratarse de cumplir la transacción mediante la entrega o acto de posesión de la finca a que la misma se contrae, dichas actuaciones no fueron hechas por el Marshal de la Corte de Distrito de Ponce, y sí por el de Humacao que era el Distrito donde radicaba la citada propiedad.

Se refiere a una defensa abandonada y- continúa:

"La otra defensa de los demandados, la cuestión más importante levantada en este caso, es la condición de tercero.
"Atendida la definición general que da la Ley Hipotecaria en su artículo 27, un tercero es aquel que no haya intervenido en el acto o contrato inscrito.
"De acuerdo con tal definición es un hecho claro que los deman-dado^, qué no intervinieron para nada en el contrato de transac-ción y su inscripción en el Registro de la Propiedad, tienen la con-dición de tercero.
"Ahora bien, como excepción a esta regla establece la jurispru-dencia que pierde tal condición de tercero el que tuviese conoci-miento de los vicios, gravámenes u otros actos que invaliden o ha-gan nulo el contrato inscrito.
“Pero este conocimiento tiene que aparecer claramente, bien por los actos del adquirente, bien de las propias inscripciones del Eegistro de la Propiedad.
“En el presente pleito se trata de este último caso o sea de can-sas que aparecen del Eegistro.
“Los artículos 33 y 34 de la Ley hipotecaria que regulan esta materia, copiados a la letra son como siguen:
“ ‘Artículo 33. La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes.
“ ‘Artículo 34. No obstante lo declarado en el artículo anterior, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el Eegistro aparezca con derecho para ello no se invalidarán en cuanto a tercero, una vez inscritos, aunque después se anule o re-suelva el derecho del otorgante en virtud de título anterior no ins-crito o de causas que no resulten claramente del mismo Eegistro.
“ ‘Solamente en virtud de un título inscrito podrá invalidarse, en perjuicio de tercero, otro título posterior también inscrito, salvo lo dispuesto en el artículo 389.
“ ‘Lo dispuesto en este artículo no será aplicable en ningún tiempo al título inscrito con arreglo a lo prevenido en el artículo 390, a menos que la prescripción haya convalidadó y asegurado el derecho a que se refiera dicho título.’
“Las causas de nulidad que se alegan en este caso están expues-tas en el hecho décimo tercero de la demanda y la inscripción ter-cera de la finca reclamada también se transcribe.
“¿Aparecen claramente de tal inscripción las causas de nulidad alegadas ?
“A nuestro juicio no.

“En Ayllón y Ojeda et al. vs. González y Fernández et al., 28 D.P.R. 75-76, nuestro Tribunal Supremo se expresó así:

“ . . Una persona que adquiere de otra cuyo título está ins-crito en el Eegistro está protegida, a no ser que exista un claro de-fecto en el registro de la propiedad. El Pueblo v. Riera, 27 D.P.R. 1; Sánchez v. Hartzell et al., 26 D.P.R. 684 . . .’
“En el caso de Menéndez vs. Cobb et al., 28 D.P.R. 779, la Corte Suprema de Puerto Rico dijo lo siguiente:
“ ‘Eamos y Cobb compraron de persona que según el Eegistro tenía capacidad para vender y si por no haber sido demandada la sucesión de la esposa de Eegis Eamos es nula la compra que hizo Ramos Acosta en la subasta judicial, no resultando esa nulidad cla-ramente del Registro no puede afectar al actual poseedor Oobb de acuerdo con el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, el caso de Romeu v. Todd, 206 U.S. 358, y nuestra jurisprudencia en los casos de Sánchez v. Hartzell, 26 D.P.R. 684; 131 Pueblo v. Riera, 27 D.P.R. 1, y Ayllón y Ojeda v. González, de febrero 17, 1920, (pág. 67), según la cual los terceros sólo tienen que examinar el registro de la propiedad y sólo son perjudicados por los vicios de nulidad que re-sulten claramente del mismo registro.’
“Galindo y Escosura en el tomo 2, página 369 de sus comenta-rios a la Ley Hipotecaria nos dice lo siguiente:
“ ‘Mas no basta que en los libros conste la causa de la nulidad o de la rescisión; ha de aparecer claramente como dice la ley co-rrespondiendo apreciar esta circunstancia a los tribunales que re-suelvan el litigio.’
“Dada la anterior jurisprudencia y aplicándola a este caso, po-demos decir que los demandados adquirieron de personas que apa-recían en el Registro como dueñas y que ellos no estaban obligados a llevar a cabo un estudio jurídico de la inscripción tercera de la finca para averiguar si las actuaciones de la Corte de Distrito ha- . bían sido correctas y si ella autorizó a los menores para llevar a cabo la transacción cuando la misma corte de distrito era la que ordenaba el cumplimiento de tal transacción.
“Entendemos, pues, que los demandados son terceros y que no puede afectar a ellos en modo alguno cualquier causa de nulidad si ésta existiera que pudiera hacer ineficaz la referida transacción, por no aparecer tal defecto claramente del Registro de la Propiedad.
“En cuanto a la prescripción adquisitiva, ostentando los deman-dados un justo título y sumando el tiempo de su posesión a la de sus causantes en concepto de dueños y con buena fe han adquirido el dominio de la referida finca a virtud de la prescripción ordi-naria. ’ ’

No conforme la parte demandante, interpuso el presente recurso de apelación. Su alegato contiene el siguiente seña-lamiento de errores:

“Primero: Estimar inatacable el pleito sobre cumplimiento de-transacción seguido ante la Corte de Distrito de Ponee.
‘' Segundo: Estimar válida la escritura de traspaso de la finca de veinte y dos cuerdas a favor de los Torres García otorgada por el Marshal de la Corte de Distrito de Ponce.
1 ‘ Tercero: Estimar que los demandantes son terceros hipotecarios a quienes no puede perjudicar la presente acción porque se funda en causas que no constan claramente del Registro de la Propiedad.
‘ ‘ Cuarto: Estimar que los demandados han adquirido por pres- • eripción adquisitiva ordinaria el dominio de los inmuebles que se reivindican.
‘ ‘ Quinto: Condenar a los demandantes al pago de las costas de este pleito.”

Prestaríase este caso para escribir una opinión amplia, bien elaborada, pero la materia ha sido por tantos años y en tantas ocasiones tratada por este Tribunal Supremo, la opi-nión de la corte sentenciadora revela un estudio tan con-cienzudo y la labor que pesa sobre el Tribunal es tan abru-madora que, aceptando los fundamentos del juez de distrito,, nos limitaremos a decir que tanto a virtud del informe oral cuanto por la lectura del alegato del competente abogado de ' los apelantes nos hemos compenetrado bien de todos sus ra-zonamientos y entendemos que no destruyen la sentencia recurrida.

La jurisdicción de la Corte de Distrito de Ponce era clara para actuar en el pleito sobre cumplimiento de transacción.

Este pleito no constituye un ataque directo contra la sentencia dictada en aquél, sino colateral. Siendo ello así, sólo pueden investigarse y resolverse en él las cuestiones que claramente permiten la ley y la jurisprudencia que se investiguen y decidan.

En el caso de González et al. v Anglada et al., 33 D.P.R. 1021, esta corte por medio de su juez asociado Sr. Wolf, se expresó así:

“Somos ahora de opinión de que cuando la corte tuviere juris-dicción sobre las personas y la materia objeto de la acción, una venta de bienes de un menor no puede ser anulada simplemente por-que el tutor no esté calificado ni inscrita su tutela. La misma norma de razonamiento que sirvió de base para sostener un justo título es aplicable a la presente situación. Una persona que compra no debe mirar más allá de la orden dictada por la corte con juris-dicción sobre las partes y la materia objeto de la acción. Davis v. Caines, 104 U.S. 391 (26 L. ed. 757), citado en el de Ayllón v. Gon-zález, supra, fué un caso que procedía de Louisiana. Un primer testamento había sido sometido a la corte de testamentaría y Myra Clark alegaba su derecho de acuerdo con otro testamento. Los de-mandados adquirieron de conformidad con una venta ordenada por la corte de testamentaría por virtud del primer testamento. La corte resolvió que una venta hecha por orden de una corte de testa-mentaría era una venta judicial: que tales ventas estaban protegi-das por la regla de que un título adquirido en una venta judicial de terrenos ordenada por una corte en el ejercicio de su debida ju-risdicción no quedaba anulada por la revocación del decreto. En el caso citado de Gray v. Brignardello, 1 Wall, 627, 634 (17 L. ed. 692), la corte dijo in pari materia que era suficiente con que el comprador supiera que la corte tenía jurisdicción y la ejercitaba y que la orden por virtud de la cual él compró fué dictada y autori-zada la venta. En el caso de McCullough v. Minor, 2 La. Ann. 466, también citado en Davis v. Caines, la corte resolvió que un compra-dor de buena fe en una venta judicial estaba protegido por el de-creto y no tenía que ir más allá del mismo-, citándose otros casos. Otros casos al mismo efecto general son los de Thompson v. Tolmio, supra; Succession of Hebrard, 18 La. Ann. 494; Succession of Lehmann, 41 La. Ann. 987 (7 So. 53) ; Webb v. Keller, (1 So. 423) 39 La. Ann. 55, 24 C. J. 668, 28 C. J. 1201. En el caso de Webb v. Keller, supra, se resolvió, citándose otros casos, que el comprador en una venta hecha por virtud de una orden de .una corte de testa-mentaría que es una judicial, no está obligado a ir más allá del de-creto que reconoce su necesidad. ‘El debe fijarse en la jurisdicción de la corte, pero la certeza de los autos, referentes a cuestiones que están dentro de su jurisdicción, no puede ser disputada.’ Desde luego la opinión asumía que la corte que ordena la venta tenía ju-risdicción. Algunos de los casos "citados para demostrar que una venta no puede ser atacada colateralmente son también aplicables.”

En el propio caso se transcribió la siguiente cita de Corpus Juris:

“Sección 194. I. — Ataque Colateral. — 1. En General. Los pro-cedimientos para anular una venta judicial son colaterales, a menos que se sigan en el pleito donde la orden de venta fué dictada o, como se lia resuelto mediante una acción establecida para dejarla sin efecto. En un ataque colateral sólo pueden ser considerados los procedimientos de la corte que ban sido registrados; el registro es conekiyente de la verdad de los asuntos en él contenidos; en cuanto a todas las cuestiones dentro de la jurisdicción de la corte, la ver-dad del récord no puede ser disputada colateralmente; y se presu-mirá, en tanto sea compatible con el récord, que se tomaron todas las medidas necesarias para la regularidad de los procedimientos. Se ha dicho en un caso de ataque colateral que sólo hay dos fun-damentos por los cuales puede ser declarada nula una venta judicial; o por falta de jurisdicción de la corte que la ordena, o por fraude cometido a.l celebrarla.”

La única cuestión nueva en cierto modo envuelta, es la de la facultad del marshal para actuar en cumplimiento de la sentencia de la corte de su distrito aunque se tratara de bienes que estuvieran situados en otro distrito.

Para sostener lo resuelto por la corte sentenciadora, cita la parte apelada el caso de Carbonell v. Registrador, 17 D.P.R. 148 y al tratadista Pomeroy. Atendidas las leyes vigentes en Puerto Rico en 1910, la cita de Pomeroy es per-tinente y resuelve la cuestión en sentido afirmativo. Es así:

“Un decreto expedido por un tribunal de equidad iba dirigido personalmente contra el demandado, y lo que en él se requería sólo podía ser cumplido por los actos personales del demandado. Decla-raba, por ejemplo, que el demandante era el dueño en equidad de ciertos terrenos cuyo título legal tenía el demandado, y ordenaba a éste que efectuara la enajenación de la propiedad; se necesitaba un acto voluntario por parte del demandado para que el decreto fuese cumplido; si el demandado se negaba a traspasar la finca, la corte podía obligarlo a obedecer imponiéndole multa y cárcel. El decreto nunca equivalía a un título en substitución de un traspaso real por parte del demandado; ni era cumplido por ningún funcionario a nombre del demandado. También se ha demostrado que esta carac-terística original de los remedios y decretos de equidad ha sido gran-demente modificada por estatutos de los Estados Unidos. De acuerdo con éstos, se hace que los decretos surtan efecto por sí solos siem-pre que fuere necesario, como un título suficiente. Son de por sí suficientes para traspasar la propiedad sin necesidad de que el de-mandado llaga traspaso formal alguno, o se hacen cumplir por fun-cionarios que se supone actúan a nombre y en lugar del demandado. Además de este importante cambio estatutorio, la naturaleza personal que tenían los remedios subsiste aún en todos aquellos casos en que sería imposible efectuar una. alteración.” 1, Pomeroy, Equity Jurisprudence, 798.

Se distinguen, pues, perfectamente de este caso los de Benet v. Hernández, 22 D.P.R. 348; Maldonado v. Preston, 22 D.P.R. 659; Solá v. Castro, 32 D.P.R. 804; Blondet v. Benítez, 33 D.P.R. 409, y Benítez v. Benítez, 34 D.P.R. 222, invocados por la parte apelante. Aquí no se trata de un márslial que al ejecutar una sentencia vende en pública su-basta al mejor postor bienes situados en otro distrito judicial, sino de un márslial que cumple a nombre de una parte en un pleito determinada obligación impuéstale por la corte en su sentencia.

La cuestión relativa a si los menores demandantes en el pleito sobre cumplimiento de transacción no tenían derecho alguno hereditario, carece de importancia. Aunque se con-cluyera que no lo tenían, se trataría de un error de derecho y no de hecho que no podría invocarse para anular la tran-sacción. Arandes v. Báez, 20 D.P.R. 388; American Railroad Co. v. Wolkers, 22 D.P.R. 283; Goffinet v. Manrique, 34 D.P.R. 507, 511.

Es evidente a virtud de todo lo expuesto que los deman-dados son terceros hipotecarios. Compraron de personas que tenían su derecho inscrito. Las causas de nulidad que se alegan, unas no constan del registro y las que constan no lo son.

En cuanto al pronunciamiento de costas, atendidas todas las circunstancias concurrentes, no nos sentimos justificados para resolver que la corte de distrito abusara de su discre-ción al imponerlas.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Juana Jovita, Emilia, Angela y Joaquín Pastrana y Saturnino Matos, demandantes y apelantes, v. Central Pasto Viejo, Inc., demandada y apelada.
    No. 3844.

    Sometido: Marzo 14, 1928.

      Resuelto: Abril 5, 1929.

      Arturo Aponte, Jr., abogado de los apelantes; Henry G. Molina y Francisco González, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación contra sentencia de la Corte de Distrito de Humacao, en procedimiento de injunction para recobrar posesión.

Los demandantes alegan ser los poseedores de una finca rústica en el barrio de Río Abajo de Humacao, y que la demandada les babía privado, en 2 de octubre de 1922, de la .posesión de tres porciones de terreno, parte de esa finca. La demandada alegó en contestación que los demandantes no poseían la finca, y que ella no les babía privado de po-seer terreno alguno.

Oído el caso por la corte, después de larga prueba, dictó aquélla su sentencia declarando sin lugar la demanda. Esta sentencia es la apelada.

La parte apelante señala tres errores que estudiaremos.

El primer señalamiento de error, es como sigue:

“La Corte de Distrito de Humaeao erró al admitir cierto docu-mento en evidencia.”

El documento a que la parte apelante se refiere, es una declaración jurada, suscrita por Susano Dávila ante el nota-rio don Luis Toro Cabañas, qn 27 de abril de 1923, y que aparece a los folios 112 a 145 de la transcripción. En ella el declarante relata que fué llamado por don Arturo Aponte para mensurar una porción de terreno en “Santa Teresa” en Humaeao, que fué al sitio y practicó la mensura, y ex-presa los resultados de la misma y la separación que hizo de dos cuerdas de terreno, que. se entregaron a Saturnino Matos.

Según resulta de la transcripción, esa declaración jurada fué presentada como refutación; no se bizo el ofrecimiento de la prueba, que diera oportunidad a la parte adversa para examinarla, sino que se • presentó la declaración; la parte demandante objetó la admisión de esa evidencia, por imper-tinente, y por no tratarse de una deposición en forma, ni del examen de un testigo con oportunidad para repregun-tarle. Y la corte admitió el documento, con la excepción que tomó la parte demandante.

Como la parte apelante ahora sostiene que esa declara-ción fué suscrita siete meses antes del juicio oral, hemos acudido a la exposición del caso, y por ella vemos (página 32 del record) que el caso empezó a verse el día 23 de no-viembre de 1923. Se nota asimismo que de la declaración jurada aparece que el declarante es vecino de Humaeao.

Indudablemente, y de acuerdo con el espíritu del artículo 20 de la Ley de Evidencia, en el que se establece que un testigo sólo puede ser oído bajo juramento o afirmación, y sólo en presencia de las partes, y sujeto al examen de éstas, nó cabe admitir, en concepto de testimonio, salvo casos ex-cepcionales, y expresos en la ley, una declaración jurada, que impide el ejercicio del derecho de contra-interrogar al que la prestó. El sistema de admitir tales declaraciones, constituiría un grave peligro en los juicios, y una contra-vención al derecho de los litigantes. No se atenúan tales peligros y contravención, con el uso de un procedimiento que no podemos aceptar como bueno; el de admitir la prueba a reserva de considerarla, o no, en definitiva, o para darle el valor que proceda. No es éste el criterio aceptable. El juez que preside en el juicio de un caso, debe estar dis-puesto a resolver, en el momento, los problemas de proce-dimiento y de evidencia que allí surjan, y de cuya inmediata resolución surge la determinación del camino que las partes litigantes han de seguir en el caso.

Con todo, para resolver un caso de injunction para reco-brar la posesión, la declaración jurada de que se trata, tiene muy escasa, o ninguna importancia. Y en el caso presente podemos decir que no ha tenido ninguna; por lo que el error cometido por la corte no es en esta apelación, suficiente para la revocación.

El segundo señalamiento de error dice así:

“La corte inferior erró al resolver que los 'demandantes no tie-nen derecho a un injunction por estar la colindancia sur confun-dida. A este respecto sostenemos que la sentencia es contraria a de-recho y a la prueba.”

Y el tercer señalamiento dice así:

“El tribunal a quo erró al resolver que los demandantes no te-nían derecho a ser amparados en la posesión del fundo mediante el . recurso de injunction. A este respecto alegamos también que la sen-tencia es contraria a derecho j a las pruebas.”

En este caso la demanda se ha fundado en que la parte demandante es la poseedora de cierta finca, y que la deman-dada le lia tomado violentamente, por medio de nnas cercas qne lia pnesto, tres porciones de terreno de la citada finca, cuyas porciones se describen como una faja de terreno al límite Norte, y otras dos en los límites Sur y Oeste.

La contestación niega los liechos esenciales, y alega que la demandada cercó una parte de su finca “Santa Teresa”, sin tomar para ello, finca o parte de finca, de los deman-dantes.

La contienda judicial aquí versa sobre la posesión de va-rias fajas de terreno.

En la opinión encontramos lo que sigue:

“Los terrenos de los demandantes Juana Jo vita, Emilia, Angola y Joaquín Rafael Pastrana y Saturnino Matos están confundidos, a pesar de haberse descrito las dos cuerdas de este último en la es-critura de 2 de octubre de 1917 y de decirse en la de 2 de abril de 1921 que las mismas habían sido segregadas, pues no ha habido tal segregación del resto de la finca Pastrana, según declaró el propio Saturnino Matos. Y asimismo estima este tribunal que los terrenos de la finca Pastrana, entre los que están las dos cuerdas de Satur-nino Matos, también están confundidos con los terrenos de la de-mandada Central Pasto Viejo, Ine., pues no ha habido un verda-dero deslinde de las propiedades y fijación de puntos por ambas partes.” -

En realidad, y aunque de una manera un tanto nebulosa, aquí se baila la razón fundamental de la sentencia. La parte demandante’tenía que probar cuál era la finca de cuya posesión se trataba; y a juicio del juez de distrito, no lo probó, ya que se declara que las fincas de la demandante y las de la demandada se encuentran confundidas, es decir, que, no se puede determinar cuál es la de cada parte en el litigio. El juez de distrito no ba dado crédito a los testimonios de Perfecto Rodríguez y otros, y la solución dada al caso así lo demuestra. Hemos estudiado la prueba, y no encontra-mos que el juez de distrito baya cometido manifiesto error en su apreciación, ni la influencia de pasión, parcialidad o prejuicio.

En la opinión del jnez inferior, encontramos nn ex-tremo qne debe ser tratado en esta decisión. Dice el jnez:

“En vista de esta situación, parece propio que las partes, bien amistosamente, o por medio de un procedimiento judicial, lleven a cabo un deslinde en forma, de sus propiedades, para que se colo-quen los puntos en los límites ciertos de las heredades. ’ ’

No estamos conformes con el jnez de distrito. El caso es nno de injunction posesorio, y sobre la existencia de la posesión y de los becbos de perturbación o despojo debe versar la sentencia; y a esos extremos debe la opinión refe-rirse. Cualquier consejo a las partes, acerca de otro proce-dimiento, es arriesgado, y puede, en un caso en el futuro, traer consecuencias imposible de prever cuando se da tal consejo.

No existe el error señalado bajo el número segundo. Y por las mismas razones, esto es, por faltar la prueba del hecbo elemental de la posesión, no existe -el tercer error señalado.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Seño» Hutchison,

text:
    Aboy, Vidal & Co., Inc., demandante y apelada, v. Compañía Interurbana de Puerto Rico, demandada y apelante.
    No. 4147

      Sometido: Abril 12, 1928.

      Resuelto: Abril 5, 1929.

      Coll y Cuchí & Cruzado Silva, abogados de la apelante; J. Valldejuli Rodríguez, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Seño» Hutchison,

emitió la opinión, del tribunal.

Se permitió que José V. Tosté, quien en una época fué tesorero de la corporación demandada, declarara como testigo de la demandante, con la objeción de la otra parte, al efecto de que, mientras estuvo empleado con dicha corporación, Vicente M. Alcaraz era el administrador general. La objeción se fundaba en que el acta de la junta de directores hubiera sido la mejor prueba. Posteriormente, Alcaraz declaró en el mismo sentido, sin que la demandada presentara objeción alguna, e hizo referencia a un convenio escrito que fué más tarde presentado como prueba, sin que tampoco se opusiera la demanda. Bajo estas circunstancias, el error, de haberse cometido alguno al admitirse la declaración de Tosté, no justificaría la revocación.

Otras contenciones, son, substancialmente, que la corte inferior cometió error al admitir como prueba los dos pagarés descritos en la demanda, al resolver que la forma en que dichos pagarés fueron otorgados y suscritos los hacía pagarés de la corporación; al resolver que las deudas a que se refiere la demanda eran deudas de la corporación demandada, y que al autorizarlas Alcaraz en la forma en que lo hizo obligó a dicha demandada; y al dictar sentencia a favor de la demandante, incluyendo la concesión de costas.

En septiembre de 1924, Vicente M. Alcaraz era dueño de dos vehículos de motor de servicio público que se dedicaban a transportar pasajeros entre San Juan y Martin Peña y entre San Juan y el Parque Borinquen. El adeudaba a varias firmas, — corporaciones e individuos nnos $5,500. Se-gún los términos de nn contrato escrito celebrado con la Compañía Interurbana de Puerto Rico, Inc., le vendió y en-tregó a dicba corporación sus vehículos y franquicias, y se convirtió en administrador general de la misma. Debía per-cibir un sueldo de doscientos dólares mensuales durante el primer año y, en los años sucesivos, la compensación que él y el presidente de la corporación convinieran. Como tal administrador general, debía ejercer autoridad y discreción en la administración del negocio; bacer cuanto fuera nece-sario para llevarlo a cabo, ser la más alta autoridad de la corporación, sujeta únicamente a las instrucciones del pre-sidente en unión del tesorero,^ y firmar todos los cheques y documentos de dicha entidad.

La venta se efectuó por $10,500, $5,000 de los cuales fue-ron pagados en acciones y el balance de $5,500 fué retenido por la corporación a fin de satisfacer las obligaciones pen-dientes de Alcaraz que fueron asumidas por ella. ■

La compra de estos vehículos caía muy bien dentro de los fines para los cuales fué organizada la Compañía Interurbana. La demandada estaba expresamente autorizada por sus cláusulas de incorporación para dar, aceptar, garantizar, endosar, o de cualquier otro modo negociar o protestar por falta de aceptación o de pago, letras de cambio, pagarés, valores, resguardos, conocimientos de embarque y cualquiera otra clase de documentos.

Los pagarés estaban suscritos así: “Compañía Interur-bana de P. R., Por Y. M. Alcaraz, Administrador General. ’ ’ Se les fijó una especie de sello. Uno de los testigos de. la demandada- dice que ése era el sello del administrador general y no el de la corporación. El juez sentenciador llegó a la conclusión de que el sello usado al otorgar el contrato entre Alcaraz y la corporación, cuya autenticidad no ha sido impugnada por la demandada, era idéntico al usado cuando se otorgaron los pagarés. Nada hay que indique que se llamara específicamente la atención del juez sentenciador so-bre lá cuestión de si el sello fijado por el Administrador General era o no el sello de la corporación. No tenemos a la vista los documentos originales. Bajo estas circunstan-cias, no estamos en condiciones de decir que los pagarés fueron indebidamente admitidos como prueba, o que se'resol-viera erróneamente que eran obligatorios para la corpora-ción, bajo la teoría de que no se fijó el sello de la corporación. Con eso no es nuestra intención resolver o dar a entender que bajo las circunstancias peculiares de este caso en particular era necesario el uso del sello de la corporación.

Al tiempo de otorgarse los pagarés, la demandante tenía en su poder copia del contrato, celebrado entre Alcaraz y la corporación. Hubo prueba tendente a demostrar que el pre-sidente de la corporación estaba ausente de la isla, pero que había dejado un representante personal, y que después de consultarse a este representante, se firmaron los pagarés en cuestión en su oficina, en su escritorio, y en su presencia.

Dos días después de haberse radicado la demanda en el presente caso, el presidente de la corporación, actuando como abogado de la demandada, manifestó en una carta que es-cribió a la demandante que su cliente nunca había negado su deuda a la demandante, sino que había convenido con el letrado de dicha demandante que se dictara sentencia a su favor, con el entendido de que esa sentencia sería satisfecha en plazos mensuales. El objeto de esta carta era explicar por qué este convenio no se había llevado a la realidad. Hubo prueba directa al efecto de que la deuda representada por los pagarés era una de las obligaciones asumidas por la demandada en su contrato con Alcaraz, y la prueba' en con-junto no deja lugar a dudas sobre este extremo. Por consi-guiente, la corte no cometió error al declarar que las deudas a que se refería la demanda eran las deudas de la deman-dada.

La cuestión de costas no se discutió separadamente en el alegato, y no vemos que haya habido abaso de discreción al imponerlas.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Genoveva Carmen Georgina, Sara Marina, Carlos Manuel, Aida Nicanora y Bernardina Gracia Violeta Martínez y Pecunia, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 746.

    Sometido: Enero 17, 1929.

      Resuelto: Abril 8, 1929.

      Enrique Báez García, abogado de los recurrentes; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los seis condueños de una finca rústica otorgaron escri-tura pública para hacer cesar la comunidad con uno de ellos y con tal fin hicieron constar que la finca tiene un valor de $1,610; que uno de ellos tiene en la misma un condominio de 8/14 partes, que son $920 en su valor, teniendo los otros cinco un condominio de 6/14 partes equivalentes a $690; y que dividían la finca en dos porciones, adjudicando una al condueño de 8/14 partes y la otra a los cinco restantes en pro indiviso. Los cinco condueños presentaron esa escritura en el registro de la propiedad con $5 en sellos de rentas internas para que fuese inscrita a nombre de ellos la adju-, dicación de una parte de la finca, pero el registrador les de-volvió el documento por haberse negado esos condueños a entregarle $6 más en sellos de rentas internas, que según él faltan para completar los derechos que devenga la ins-cripción de los condominios a favor de los cinco condueños, porque el valor del inmueble objeto de la división de la co-munidad o sea la finca principal, • es de $1,610, correspon-diendo a cada condueño la suma de $2 en sellos por ser el valor de su condominio $138, de acuerdo con el No. 5 del arancel, por exceder el valor de la finca principal de $1,000. Contra esa resolución fué interpuesto este recurso guber-nativo.

La Ley No. 32 de 30 de noviembre de 1917 (tomo 2o. de las leyes de ese año, página 309) enmendando la ley asig-nando sueldos a los registradores de la propiedad, dispone en el arancel No. 5 que por cada inscripción o anotación y con-siguientes notas marginales que no estén comprendidas en los números precedentes se cobrarán las cantidades que fija a continuación, apareciendo que por las inscripciones o anota-ciones extensas se cobrarán $2 por cada finca o derecho cuyo valor sea de $100 a $200. Y al final de este arancel se dice que cuando el valor de la finca o derecho no exceda de $1,000 y fuera adquirido por varias personas pro indiviso, no se cobrará la inscripción a cada persona, sino - por la suma total de los valores de las participaciones, y en la pro-porción que concierna a cada persona.

Según ese arancel cada condueño ha de pagar de acuerdo con el valor de su condominio, a menos que el valor total de la finca que ha de ser inscrita en pro indiviso no exceda de mil dólares, en cuyo caso se cobrará por la suma total de los valores de las participaciones. En este caso el valor total de los condominios que se tratan de inscribir es de $690 y no excede por tanto de $1,000, por lo que de acuerdo con la excepción contenida en . el arancel no se cobrará la inscripción a cada persona sino de acuerdo con el total de dichos valores; pero para solicitar el registrador $6 más sobre los $5 que le fueron entregados se funda en que el valor de la finca principal de donde se hace la segregación es superior a $1,000 por lo que entiende que no es aplicable la expresada excepción.

Es cierto que la finca original vale $1,610, y seguramente que de acuerdo con esa cantidad fueron cobrados los dere-chos de arancel cuando la finca fué inscrita a favor de los seis condueños, pero ahora no se trata de inscribir esa finca sino una parte de ella como una nueva finca a favor de los cinco recurrentes por lo que el valor total de la porción que se trata de inscribir es el que hay que tener en cuenta para el cobro de los derechos, y como ese valor es de $690 no puede cobrarse la inscripción a cada condueño sino por el valor total de la finca o derecho que se pretende inscribir. La opinión del Procurador General en que se funda el regis-trador (Opiniones del Procurador General de Puerto Rico, Vol. IX de 1920, pág. 83) no es aplicable a este caso, porque en aquel caso se trataba de la venta de una finca valorada en $1,100 hecha a cuatro personas en comunidad.

La resolución recurrida debe ser revocada para que el Registrador proceda de acuerdo con esta opinión.