author: El Juez Asociado Señoh Todd, Je.,

text:
    Zoilo Ferrero Acosta, Ex parte (Administración Judicial de los Bienes Relictos al Fallecimiento de Angel Ferrero Acosta), peticionario y apelante; Eugenia Montalvo, acreedora y apelada.
    Núm. 8278.

    Sometido: Diciembre 11, 1941.

      Resuelto: Enero 13, 1942.

      Felipe Colón Díaz, abogado del Administrador Judicial Interino, ape-lante ; Frank Torres, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoh Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Angel Ferrero Acosta falleció en Ponce el 15 de junio de 1936, y en la corte de distrito del mismo nombre se decretó la administración judicial de sus bienes. Zoilo Ferrero Acosta, hermano del difunto, fue nombrado administrador judicial.

Eugenia Montalvo, concubina de Angel Ferrero Acosta, demandó al administrador judicial en cobro de dinero, y obtuvo sentencia a su favor en la corte municipal, por la suma de $339.50. Esta sentencia fué confirmada en apela-ción por la Corte de Distrito de Ponce y a su vez por esta Corte Suprema (56 D.P.R. 863). Luego Eugenia Montalvo radicó dentro del procedimiento de administración judicial una moción en la que solicitaba que de acuerdo con el artículo 591 del Código de Enjuiciamiento Civil se ordenara al admi-nistrador a rendir sus cuentas finales y a pagar a la acree-dora el importe de su sentencia. El administrador judicial alegó, como defensa especial en contra de .dicha moción, que los bienes relictos al fallecimiento de Angel Ferrero Acosta consistían únicamente de un Bono del Soldado de los Esta-dos Unidos y que dicho bono, de acuerdo con el estatuto federal sobre la materia, está exento de embargo y ejecución. La Corte de Distrito de Ponce declaró con lugar la moción de Eugenia Montalvo, resolviendo, en cuanto a dicha defensa, lo siguiente:

“La defensa especial levantada por el administrador judicial de que el bono del soldado está exento1 de embargo y de ejecución, debe-mos declararla sin lugar. La acreedora y demandante no está soli-citando el embargo o ejecución de ese bono. Lo que está solicitando la acreedora y demandante es que el administrador judicial, de acuerdo con el artículo 591 del Código de Enjuiciamiento Civil, Ed. de 1933, rinda sus cuentas finales, y de los bienes relictos al falle-cimiento de Angel Ferrero Acosta {estate), que a nuestro entender solamente comprende el producto del bono del soldado, se le satis-faga a dicha acreedora por sentencia firme, la suma de $339.50.
“La acreedora Eugenia Montalvo tiene perfecto derecho a que la corte obligue al administrador a que rinda sus cuentas finales. Es también deber de todo administrador judicial satisfacer las deudas del finado dentro de un plazo razonable.
■“El administrador judicial se ha olvidado que mientras no se satisfagan las deudas del finado y se cubran todos los gastos de hi administración, no se podrá adjudica]; el remanente del dinero que resultare entre las personas con derecho a ello.
“Estudiada la cuestión cíesele otro aspecto,., diremos que tanto la Iíon. Corte Suprema como esta corte resolvimos que Angel Fe-rrero Acosta prometió pagarle a la demandante y acreedora la suma de $339.50 que le adeudaba, del producto del bono del soldado. Be-snelto ya eso, y siendo el administrador judicial la continuación de la personalidad del causante, se encuentra ahora el administrador im-pedido de rechazar la deuda de Eugenia Montalvo y obligado a sa-tisfacer la misma.”

Es de esta resolución que el administrador apela para ante esta corte, pero se limita en su alegato a invocar el estatuto aplicable, sin citar jurisprudencia alguna.

El estatuto federal, según fue enmendado en 1926, es la sección 618 de 38 U. S. C. A., que lee como sigue:

“Sección 618. — Beneficios-exentos de incautación por embargo o cobro de contribuciones; no se practicarán descuentos de sumas adeu- dadas a los Estados Unidos. Ninguna cantidad pagadera bajo este capítulo a un veterano o a sus dependientes, sus herederos, o cual-quier beneficiario designado bajo la Quinta Parte de este capítulo, ningún bono del soldado (adjusted service certificate), ni el importe de un préstamo hecho sobre tal bono podrá ser objeto de embargo, ejecución o incautación bajo un procedimiento de ley o de equidad, ni estará sujeto a la- imposición de contribuciones estatales o fede-rales, y no se descontará del importe de dicho bono o de cualquier cantidad a devengar bajo este capítulo, suma alguna adeudada por el veterano a los Estados Unidos.”

En primer término, si bien es cierto, como dice la corte a quo en su resolución, que en el caso anterior se resolvió que Angel Ferrero Acosta prometió pagarle a la demandante la suma de $339.50 que le adeudaba, del producto del bono del soldado, esto no implica que el administrador judicial esté impedido de interponer la defensa especial por la que levanta una importante y nueva cuestión legal que no fué alegada ni resuelta en el pleito anterior. La promesa que le hizo Angel Ferrero Acosta a su concubina de haber él cobrado su bono en vida pudo cumplirla libremente. La cuestión fundamental a resolver ahora es si fallecido el veterano sin haber cobrado su bono puede éste responder de sus deudas. La cuestión, bajo una situación de hechos similares a los del caso de autos, ha sido resuelta en la negativa unánimemente por las cortes de los Estados Unidos. Véase la anotación en 109 A. L. R. 433.

La Corte Suprema de Mississippi en el caso de De Baum v. Hulett Undertaking Co., (1934), 153 So. 513, resolvió que la sección 618, supra, debe interpretarse liberalmente no sólo en beneficio del veterano sino también en beneficio de sus herederos o de cualquier beneficiario designado en el bono.” Más adelante dijo la corte:

“La frase ‘embargo, ejecución o incautación’ no está limitada al mandamiento de tuia corte en manos de un funcionario de ella en-cargado de su diligenciamiento, sino que se refiere también a cual-quier sentencia■ o resolución de una corte de ley o de equidad some- tiendo un bono del soldado (adjusted certificate), o el importe de un préstamo hecho sobre dicho bono, al pago de las deudas del ve-terano
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. . Este estatuto federal es más amplio que los nuestros. De acuerdo con. sus términos, el bono, así como sus beneficios, está exento, no sólo en manos de un dependiente o beneficiario, sino también en manos de cualquier heredero del veterano. El bono pasa a los herede-ros, quienesquiera que sean, libre de deuda. ”

En el caso de In re Murray’s Estate, (1936), 289 N. Y. Supp. 81, la Corte de Testamentarías del Condado de Kings, New York, se expresó así:

“Los hechos relevantes en torno a los cuales nuestra decisión girará son que el peticionario era acreedor del difunto y que éste falleció intestado el 20 de febrero de 1935. El único bien del caudal hereditario era un bono del soldado (adjusted service certificate) emitido por el gobierno de los Estados Unidos de acuerdo con las dis-posiciones del Capítulo 11 del Título 38 del Código de los Estados Unidos (38 U. S. C. A. § 591 et seq.). Este bono ha sido redimido, devengando la suma de $664.41. La única heredera del difunto es una hermana.
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“Es un hecho bien conocido que los estatutos creadores de exen-ciones a favor de los veteranos, como regla general han sido inter-pretados liberalmente a favor de la persona que se intenta beneficiar. (Citas). Como se dijo en el último de los casos arriba citados: ‘El generoso espíritu de gratitud que motivó la aprobación de este estatuto debe inspirar a las cortes al ponerlo en vigor.’
“El mismo espíritu se vislumbra en los pocos casos que han in-terpretado el estatuto que tenemos bajo nuestra consideración. En el caso de De Baum, la Corte Suprema de Mississippi se expresó como sigue: ‘Este estatuto debe ser interpretado liberalmente no .sólo a favor del veterano, sino también a favor de sus herederos o de cual-quier beneficiario designado en el bono.’
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“En nuestra opinión, sin embargo, no hay que aplicar al presento caso la regla de interpretación liberal para llegar a la conclusión de que el acreedor peticionario no tiene derecho a satisfacer su cré-dito del importe del bono del soldado. El estatuto expresamente exime dichos bonos mientras estén en manos de cuatro distintos teñe-dores, a saber: primero, el propio veterano; segundo, sus dependien-tes; tercero, sus herederos (estate) ; y cuarto, un beneficiario desig-nado bajo la quinta parte del capítulo (sección 641 et seq.).
“El fondo está ahora en manos del tercero de los tenedores arriba enumerados y por disposición expresa del estatuto no puede ser em-bargado por el peticionario ni por ninguna otra persona. Disfru-tando este fondo de tal inmunidad, ningún procedimiento es válido que tenga como único fin el someter dicho fondo a las reclamaciones del peticionario.”

El caso de Williams v. Hiott, (1937) 193 S. E. 133 también sostiene la misma doctrina que los anteriores. Sos-tenía el apelante, un acreedor del soldado fallecido, que al ser pagado el importe del bono al administrador judicial inmediatamente quedaba sujeto al pago de las deudas del soldado por dicho administrador. Dijo la corte: “creemos que la ley no sostiene esa contención” y, después de citar la sección 618, supra, se expresó así:

“El importe del bono, después de la muerte del soldado, fué pa-gado al administrador, y de acuerdo con la sección anterior estaba exento de reclamaciones de los acreedores y pertenecía a los herede-ros legales. Al mismo efecto véase De Baum v. Hulett Undertaking Co., (1934), 169 Miss. 488, 153 So. 513.”

Las cortes han sostenido, además, que ni aun en vida del soldado y cuando éste ha obtenido un préstamo sobre su bono y ha depositado el dinero en un banco junto con otros fondos suyos, puede ser embargado el importe del préstamo, aun cuando no pueda distinguirse entre un dinero y otros. Véase Wilson v. May, (1934), 152 So. 878; Hoerster v. Johnson City State Bank, 58 S. W. (2d) 142. En este último caso se resolvió que:

“Bajo la interpretación liberal que debe darse a los estatutos sobre compensaciones, la exención provista en ellos se adhiere al bono o a su importe mientras su origen pueda ser determinado.
“Específicamente, sigue a dicho fondo hasta el banco cuando se deposita para beneficio del veterano o de su familia, ya que el de-pósito de fondos exentos en un banco no afecta la exención del deu-dor ni cambia el carácter de exención de los fondos. (Citas.) ”

Las cortes federales también han dado la misma inter-pretación a la sección 618, supra. En el caso de Mahar v. McIntyre, (1936), 16 Fed. Supp. 961, la Corte de Distrito de Massachusetts resolvió lo siguiente:

“Teniendo en mente la liberalidad con que legislación de esta clase es interpretada, creo que el importe directo e inmediato de los bonos, mientras están en forma de dinero realmente recibido, está exento de ejecución. La Sección 618 del título 38, supra, que está en vigor, provee que ninguna suma pagadera a un veterano bajo la ley de compensación estará sujeta a embargo, ejecución o incauta-ción. ’ ’

De acuerdo con la jurisprudencia citada, interpretando la sección 618, supra, las cortes insulares no pueden someter el bono de un soldado o su importe, al pago de sus deudas. La exención creada por el Congreso es total y absoluta. En el caso de autos el importe del bono dejado por Angel Perrero Acosta a su fallecimiento y ahora en poder del administrador judicial, pertenece íntegro a sus herederos legales. El administrador judicial no estaba impedido (estopped) de alegar dicha exención, pues siendo el estatuto el que crea el derecho de exención primero a favor del veterano y luego de sus dependientes, herederos o de cualquier beneficiario, el administrador tenía derecho a, y cumplió con su deber al reclamar dicha exención legal.

Por todo lo expuesto, se revoca la resolución dictada por la corte inferior el día 8 de octubre de 1940.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob, De Jesús

license: Public Domain

text:
    Carlos M. de Castro, peticionario y apelante, v. Junta de Comisionados de San Juan, querellada y apelada.
    Núm. 8070.

      Sometido: Diciembre 9, 1941.

      Resuelto: Enero 14, 1942.

      R. Rivera Zagas, Gabriel de la Haba y Damián Monserrai, Jr., abo-gados del apelante; F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señob, De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 11 de abril de 1939 el Dr. Carlos M. de Castro radicó una solicitud de certiorari eu la Corte de Distrito de San Juan interesando qne se revisara y anulara cierta resolución de la Junta de Comisionados de San Juan, del 5 del mismo mes y año, retroactiva al 7 de enero de 1939, por la cual fué destituido del cargo de Administrador de la Capital, para el cual fué nombrado por dieba junta el 4 de enero de 1937. Denegada la petición por sentencia de 21 de agosto de 1939, recurrió el peticionario ante este tribunal, revocán-dose la sentencia apelada con fecha 28 de junio de 1940, y en su lugar dictándose otra cuya parte dispositiva en lo per-tinente dice así:

“ ... y en su lugar se dicta otra anulando las Ordenanzas nú-mero 370 de enero 5, 1939, y número 373, de abril 5, 1939, que de-cretaron la suspensión y destitución del Administrador de la Capital y se ordena la reposición del peticionario Carlos M. de Castro en su cargo de Administrador de la Capital, retroactiva dicha resti-tución al 5 de enero de 1939, fecha en que el peticionario fué sus-pendido,de empleo y sueldo.” (57 D.P.E. 153.)

No conforme la Junta de Comisionados, apeló para ante la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, siendo confirmada la sentencia de este tribunal el 20 de octubre de 1941, denegandose por la Corte Suprema de los Estados Unidos la solicitud de cer-tiorari que, para revisar la sentencia últimamente aludida radicó la Junta de Comisionados.

Devuelto el mandato a este tribunal, la Junta de Comi-sionados, con fecha 27 de octubre de 1941, radicó en esta corte una extensa moción, debidamente notificada a los abo-gados del peticionario apelante, interesando que dictemos una resolución decretando no haber lugar a ejecutar nuestra sentencia de 28 de junio de 1940, en tanto en cuanto ordena la reposición del peticionario Carlos M. de Castro en el cargo de Administrador de la Capital, por haber expirado desde el mes de enero (sic) de 1941 el término para el cual fué nom-brado. Se opuso el peticionario por moción que radicó el 4 de noviembre último, quedando sometida la cuestión por la audiencia que al efecto se celebró el primero del mes pasado.

Oponiéndose a las pretensiones de la Junta de Comisio-nados, sostiene el peticionario Dr. De Castro que el cargo de Administrador de la Capital es vitalicio mientras observe -buena conducta; que las cuestiones planteadas por la junta apelada en relación con la duración del cargo de Adminis-trador de la Capital fueron resueltas por este tribunal por ;.vu sentencia de 28 de junio de 1940, que tiene carácter de íirme y ejecutoria; y por último, que carecemos de jurisdic-ción para suspender la ejecución de una sentencia firme en lo que respecta a una cuestión que tiene la autoridad de cosa juzgada. *

Contrario a lo que afirma la representación legal del peticionario Dr. De Castro, la sentencia de este tribunal de 28 de junio de 1940 no hizo pronunciamiento alguno ni se mencionó siquiera en la opinión la duración del término del cargo de Administrador de la Capital. No podía ser de otro modo, ya que esa cuestión no estuvo ni pudo estar en controversia, pues habiendo sido nombrado el Dr. De Castro el 4 de enero de 1937, al celebrarse la vista del certiorari por él interpuesto en la Corte de Distrito de San Juan, al pronunciar aquella corte su sentencia de 21 de agosto de 1939 y al dictarse la de este tribunal el 28 de junio de 1940, no había expirado el término de cuatro años para el cual, como sostiene la Junta de Comisionados, fué él nombrado. Lo único que se sustanció dentro de dicho procedimiento fueron los cargos formulados contra el peticionario y nada más. Por consiguiente, la cuestión que ahora nos ocupa no tiene la autoridad de cosa juzgada.

Ni en su escrito de oposición ni en el memorándum que posteriormente presentara el primero del mes pasado, aduce el peticionario razón legal alguna para sostener su tesis de que esta corte carece de jurisdicción para considerar y dirimir esta controversia.

La sentencia de cuya ejecución se trata fué pronunciada por este tribunal en lugar de la que dictó la Corte de Dis-trito de San Juan y la cuestión que ahora suscita, la junta envuelve un incidente en relación con la ejecución de esa sentencia a la luz de hechos y circunstancias acaecidos con posterioridad a la fecha en que fue dictada. Entonces, como hemos visto, el término de cuatro años por el cual fué nom-brado el peticionario, según afirma la junta, no había expi-rado, pero ahora, cuando se trata de ejecutarla, se alega que el término lia vencido. Si en efecto resolviésemos que el término por el cual fué nombrado venció el año pasado, o para ser más precisos, el segundo lunes de febrero de 1941 (artículo 50 de la ley núm. 99 de 1931, enmendada por la núm. 10 de 1937, pág. 138), ¿no sería contrario a. la ley y a la justicia que prevaliéndose de los términos de esa sen-tencia el peticionario se hiciese reponer en un cargo a que no tiene derecho? Para esa eventualidad, la ley, que no con-cibe un mal sin un remedio, confiere a este tribunal la facul-tad de concederlo, al prescribir en el artículo 7, inciso 8, del Código de Enjuiciamiento Civil, 'que toda corte tiene poder para controlar sus providencias y órdenes c'on el fin de ajustarlas a la ley y a la justicia. Véanse por analogía McAuliffe v. Coughlin, 105 Cal. 268; Rowe v. Blake, 112 Cal. 637, 643.

Resueltas las anteriores cuestiones, ha llegado el momento de discutir y resolver la relativa al término del cargo de Administrador de la Capital.

Aunque la Constitución Nacional no lo prohibe, los únicos cargos vitalicios en el gobierno federal son los de los jueces. La Constitución así lo dispuso para garantizar la indepen-dencia de la judicatura nacional. Los demás cargos federa-les en donde no existe esa necesidad, no gozan de ese privi-legio. Así pues, el término vitalicio es la excepción y de ahí la regia de interpretación universalmente aceptada que prescribe que el término de un cargo no se entenderá vita- ‘ licio a menos que la intención de la legislatura a ese efecto resulte tan evidente que no admita duda. En caso de duda, se entenderá que el término del cargo será el más corto dentro de una razonable interpretación.

La contención del peticionario está predicada principal-mente en el artículo 21 de la citada ley núm. 99 de 1931 (pág. 627), que literalmente dice así:

“Artículo 21. — El Administrador de la Capital será jefe eje-cutivo de la misma, será nombrado por la Junta de Comisionados que sé crea por- esta ley y desempeñará su cargo mientras observe buena conducta.” (Bastardillas nuestras.)

En el caso de Shurtleff v. U. S.,189 U.S. 311, citado por la representación legal de la Junta de Comisionados, fué objeto de interpretación un estatuto federal cuyo artículo 12 decía así:

“Artículo 12. — El Presidente nombrará, con el consejo y consen-timiento del Senado, nueve tasadores generales de mercancía, cada uno de los cuales recibirá un salario de $7,000 anuales. No más de cinco de dichos tasadores serán nombrados del mismo partido polí-tico. No podrán dedicarse a ningún otro trabajo y podrán ser des-tituidos de su- cargo en cualquier tiempo por el Presidente por ine-ficiencia, negligencia en el cumplimiento de sus deberes o mala con-ducta (malfeasance) en relación con su cargo.”

Shurtleff había sido nombrado para uno de dichos car-gos el 17 de julio de 1890 y continuó desempeñándolo hasta que el 3 de mayo de 1899, sin previa formulación de cargos^ recibió una comunicación del Presidente McKinley destitu-yéndolo a partir de la fecha en que fuese nombrado y tomase posesión su sucesor. Sostenía Shurtleff que toda vez que el estatuto especificaba ciertas causas por las cuales el fun-cionario podía ser destituido, implícitamente excluía la facul-tad de destituirlo por cualquier otra causa que no fuese alguna de las especificadas en la ley, e invocó por vía de ilustración la máxima expressio unius est exclusio álterius.

La Corte Suprema d'e los Estados Unidos, sosteniendo la actuación del Presidente, se expresó así:

“Somos de opinión que la máxima no justifica la contención del apelante. La consideramos inaplicable a los hechos de este caso. El derecho de destitución siempre existiría aunque el estatuto guar-dase silencio sobre ello. Ese derecho existe no porque haya sido con-cedido, sino porque es inherente al derecho de nombrar, a menos que sea limitado por la Constitución o algún estatuto. Se requiere un lenguaje bien claro para privar de ese derecho. ¿Acaso el Con-greso, por haber dispuesto que el funcionario podía ser destituido por ciertas causas, declaró que el derecho a destituir sólo podía ejerci- • tarse por las causas especificadas ? Si así fuese, ¡ cómo se apartaría, en lo que al término de este cargo respecta, de la regla prevaleciente en este país! El término del cargo do los funcionarios judiciales de los Estados Unidos está provisto por la Constitución, pero con la excepción ésa, ningún funcionario civil jamás ha sido nombrado por el término de su vida desde que se implantó el gobierno. Aún los jueces de las cortes territoriales pueden ser destituidos por el Pre-sidente. (Citas). Interpretar el estatuto como pretende el apelante sería reconocer a un tasador de mercancías el derecho de retener su cargo durante su vida a menos que fuese declarado culpable de al-guno de los actos especificados en el estatuto. Si esto fuere así, se crearía una completa revolución en el derecho a desempeñar un cargo y por inferencia, con respecto a éste en particular. Creemos que es imposible atribuir al Congreso la intención de efectuar un cambio tan extraordinario en la regla general que rige el término de los cargos públicos, cambio que se aplicaría solamente a este cargo, sin haberse manifestado tal intención en lenguaje claro y explícito, dando lugar a que la intención del Congreso tenga que ser deducida de inferencias dudosas. La regla expresada en la máxima es correcta y está ba-sada en razonamientos que en muchas ocasiones la justifican, pero no debe dársele una fuerza decisiva cuando el así hacerlo acarrearía la alteración de la xoráctica universal de gobierno establecida por más de un siglo y la consiguiente disminución de los poderes del ejecu-tivo de una manera inusitada.”

Más adelante, en el curso de su opinión, repite el tribunal:

“No podemos aceptar la idea de que el Congreso en algún mo-mento intentase este resultado, no habiendo usado un lenguaje que expresase esa intención fuera de duda.”

Si interpretamos el artículo 21, supra, en relación con los demás preceptos de la ley, especialmente con el artículo 39, como aconseja la hermenéutica legal, crece de punto la duda respecto a la intención del legislador. En lo perti-nente, dicho precepto legal dice así: •

“Artículo 39. — Todos los nombramientos de empleados serán he-chos por los respectivos funcionarios, según el departamento de la Capital bajo cuya dirección desempeñaren sus funciones; estos em-pleados serán nombrados por el término del nombramiento de cada funcionario. Los empleados de la Capital podrán ser destituidos por justa causa por el funcionario que los nombrare, previa audiencia y oportunidad de defenderse ...”

Si sostuviésemos que cl cargo de Administrador de la Capital ■ es vitalicio, entonces nos encontraríamos con .las siguientes anomalías:

(1) El Tesorero de la Capital, el Director de Obras Públi-cas, el Director de Sanidad y Beneficencia, el Director Esco-lar y el Secretario de la Capital, que según el artículo 26 deberán ser nombrados por el Administrador de la Capital, podrían ser nombrados por un término limitado que designe el administrador, mientras que los empleados de la oficina del Administrador de la Capital, digamos, por ejemplo, el mensajero de 'su oficina, por el hecho de ser nombrado por el administrador, desempeñaría su empleo durante su vida a menos que fuese destituido por justa causa.

No pudo ser la intención del legislador establecer una diferencia tan absurda entre el término del cargo de un empleado (employee) y funcionarios (officers) tan impor-tantes como los enumerados en el artículo 26, supra.

(2) Se crearía un injustificado discrimen entre los em-pleados nombrados por los funcionarios del G-obierno de la Capital y los empleados nombrados por el administrador, ya que'los primeros serían nombrados por el término del cargo del funcionario nominador, mientras que el término de los empleados nombrados por el administrador sería vitalicio.

En el caso de Smith v. Bryan, 40 S.E. 652, 654, se dijo por la Corte Suprema de Apelaciones de Virginia:

“Es una regia ele hermenéutica legal que cuando un estatuto es de dudosa interpretación, la corte considerará la que se le hubiere dado cuando empezó a regir y esa interpretación no variada ya por la legislatura o por decisiones judiciales, será considerada como la co-rrecta. Suth. St. Const., párrafo 307; Anable v. Com., 24 Grat. 563-566; Lewis v. Whittle, 77 Va. 415, 422; Mangus v. McClelland, 93 Va. 786, 789, 22 S. E. 364.
“Así pues, la interpretación que en la práctica se haya dado a un estatuto por los funcionarios públicos y por el público en general, no solamente debe ser tenida en cuenta, sino que en casos de duda se considerará como decisiva. .Se -le concede el mismo efecto que a una serie de decisiones judiciales. Se presume que la legislatura está enterada de dicha interpretación, y cuando ha sido continuada por algún tiempo, en ausencia de legislación que demuestre que ha sido descartada, las cortes la adoptarán.
“ # # * * * # *
“El apelante aceptó su nombramiento presuntivamente con cono-cimiento de las limitaciones puestas al término de su cargo por la interpretación antes mencionada. Por lo tanto, tomó posesión su-jeto a esa interpretación y no puede ahora insistir en otra dis-tinta. ’ ’

A nuestro juicio, no es cuestión fuera de duda que baya sido la intención legislativa que el cargo de administrador sea vitalicio, y ante la duda, procede, de acuerdo con la jurisprudencia, optar por el término más corto, el de cuatro años, que es el de la mayoría, por lo menos, de la Junta de Comisionados que lo nombró.

A este efecto dice un conocido autor:

“Cuando el precepto legal que define el término es incierto o du-doso, se adoptará aquella interpretación que lo limita al tiempo más breve.” McQuillin Municipal Corporations, 2a. ed., 1939, Vol. 2, pág. 219.

Véanse al mismo efecto la monografía en 135 A.L.R. 1173, 1175, y los casos de Aggeler v. Domínguez, (1933), 217 Cal. 429, 19 P. (2) 241; Lowrie v. Brennan, (1937), 283 Mich. 63, 276 N.W. 900; Chamski v. Cowan, (1939), 288 Mich. 238, 284 N.W. 711; Dobkins v. Reece, (1929, Tex. Civ. App.), 17 S.W. (2) 81.

Los partidos políticos de esta Isla siempre ban interpre-tado esta ley en el sentido de que el término del cargo de Administrador de la Capital es de cuatro años, y desde que se enmendó su artículo 50 en 1937, es el segundo lunes de febrero del año siguiente a cada elección general cuando lo nombra la Junta de Comisionados. [4] Las cortes toman conocimiento judicial de lo que. es de conocimiento general, y es de conocimiento general por lo menos entre los habitan-tes de esta ciudad y especialmente entre los electores, quié-nes ban sido los candidatos de los distintos partidos políticos para el cargo do Administrador do la Capital en las dos últimas elecciones generales. Véanse, en lo que respecta a conocimiento judicial, 9 Wigmore on Evidence (3a. ed., 1940), sección 2571, pág. 548; City of Birmingham v. Martin, 153 So. 235; Byrne v. Scipio et al., (N. J., 1937), 192 Atl. 444. Así pues, tomamos conocimiento judicial de que el peticio-nario fué candidato para Administrador de la Capital por la Coalición de los Partidos Unión Republicana y Socialista en las elecciones generales celebradas en 1936, siendo su contrincante entonces por el Partido Liberal Puertorri-queño el Dr. M. Pavía Fernández. Asimismo es de conoci-miento público en esta ciudad que en las elecciones generales celebradas en 1940, el candidato de la Coalición de los Par-tidos Unión Republicana y Socialista para el mismo cargo fué el Sr. Fernando Góigel; por el Partido Popular Demo-crático el Sr. F. Benitez Rexacb y por el Partido Unificación Puertorriqueña Tripartita, el Sr. R. Ramos Cobián, y que iiabiendo triunfado el primero de dichos partidos en las elecciones últimamente celebradas, la Junta de Comisionados nombró al Sr. Gréigel Administrador de la Capital.

Es verdad, como arguye el peticionario, que el cargo de Administrador de la Capital no aparece en la papeleta electoral correspondiente a la Capital de Puerto Rico. Tampoco aparece la candidatura del Presidente de los Estados Unidos en la papeleta electoral en las elecciones generales y sin embargo es sabido que el candidato nominado en la conven-ción del partido que resulte triunfante en las elecciones gene-rales será el Presidente de los Estados Unidos.

No estará de más consignar aquí y de ello fiemos tomado conocimiento judicial, que el peticionario, en las últimas elec-ciones generales, fué candidato a Representante a la Cámara por el precinto de Santurce por el Partido Unificación Puer-torriqueña Tripartita y esto tuvo lugar varios meses después de haberse dictado a su favor la sentencia de este Tribunal por la cual se ordenaba la reposición del peticionario en el cargo de Administrador de la Capital. Esta actitud del peti-cionario está en armonía con la interpretación a que venimos haciendo referencia y tiende a demostrar su convicción de que no podría continuar ocupando el cargo de Administrador de la Capital una vez vencido el término de cuatro años que habría de expirar el segundo lunes de febrero de 1941.

Si esa ha sido la interpretación que a dicha ley han dado los distintos partidos políticos, el público en general y el propio peticionario, parece claro que por lo menos es muy dudosa la interpretación propuesta por el peticionario, y que siéndolo, debemos resolver que el término del Administrador de la Capital es el de cuatro años, siempre que durante el mismo observe buena conducta.

Tanto la junta como el apelante citan distintos casos en apoyo de sus respectivas contenciones, los cuales no nos pro-ponemos discutir para no extender innecesariamente esta opinión. Sin embargo, los hemos examinado y ninguno de ellos "es de entera aplicación al de autos, pues unos y otros interpretan estatutos que aunque semejantes no son iguales al que nos ocupa, y es sabido que una ligera discrepancia entre dos estatutos produce a menudo interpretaciones dia-metralmente opuestas. Por e^o en este caso hemos seguido lo que creemos la mejor práctica al interpretar un estatuto, o sea, sin menospreciar la interpretación que se haya dado a otros similares, estudiarlo cuidadosamente en sus distintos -artículos, armonizándolos unos con otros para de ese modo desentrañar de todo su contexto cuál ha sido el propósito del legislador.

Por las razones expuestas, procede declarar con lugar la moción de la Junta de Comisionados de San Juan, radicada el 27 de octubre de 1941, y en su consecuencia decretar que no ha lugar a ejecutar la sentencia de este tribu/nal- de 28 de junio de 1940 en tanto en cuanto se ordena por ella la reposición del peticionario Dr. Carlos M. de Castro en el ■cargo de Administrador de la Capital por haber expirado en febrero de 1941 el término para el cual fué nombrado.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    María Augy Mathelin, Gilberto y Magdalena Selosse Augy, demandantes y apelantes, v. Luis Sariego y su esposa Margarita Selosse Augy, y Marcelino Selosse Augy y su esposa Tomasa Mas, demandados y apelados.
    Núm. 8266.

    Sometido: Diciembre 18, 1941.

      Resuelto: Enero 15, 1942.

      E. II. F. Dottin, abogado de los apelantes; J. Pedro Miranda, abo-gado de los esposos Sariego-Selosse, apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió -la opinión del tribunal.

Los hechos esenciales de este caso, sobre los cuales no existe controversia entre las partes, son los siguientes:

La demandante María Augy, sus hijos Gilberto y Magdalena Selosse Augy, también demandantes, y sus hijos Margarita y Marcelino Selosse Augy, los demandados, son dueños, cada uno, de una quinta parte de una finca rústica radicada en Hato Bey, con una extensión superficial de treinta y nueve cuerdas con dos céntimos, la cual está atravesada en toda su longitud de norte a sur por un camino para uso de todos los condueños del inmueble. La finca aparece ins-crita en común, pro indiviso y por partes iguales a favor de María Augy, Gilberto Selosse, los consortes Luis Sariego y 'Margarita Selosse y los consortes Marcelino Selosse y Tomasa Mas.

En jimio 16 de 1933 los hermanos Guillermo, Marcelino, Margarita y Gilberto Selosse adquirieron la mencionada finca, en común pro indiviso y por partes iguales, por com-pra a su padre Augusto Selosse, quien ya se había divorciado de su esposa María Augy. Magdalena Selosse, la hermana más pequeña, era para esa fecha menor de edad. Por ese motivo, y por existir sobre la finca una hipoteca que era necesario cancelar para constituir otra nueva, Magdalena no intervino en la compra, pero se convino que tan pronto como llegase a su mayoría de edad, se dividiría la finca y se le adjudicaría una quinta parte del inmueble.

En agosto de 1935, siendo ya Magdalena Selosse mayor de edad, se practicó la mensura de la finca, se dividió ésta en cinco parcelas y se adjudicó una parcela a cada uno de los'cinco condueños, entrando cada uno de ellos en la posesión de su respectiva parcela. Desde esa fecha, cada uno de ellos ha estado en posesión de la parcela que le fué adjudicada, ha pagado las contribuciones y ha contribuido al pago de los plazos e intereses del crédito hipotecario a favor, del Federal Land Bank of Baltimore.

En abril de 1936, los dueños de las cinco parcelas hicieron levantar un nuevo plano de la finca en su totalidad y de las cinco parcelas tales como fueron adjudicadas y vienen siendo poseídas por sus respectivos dueños. El propósito del nuevo plano fué la corrección de ciertas deficiencias del plano ori-i ginal, en el cual no se señalaron los edificios que radican en las parcelas, ni se hicieron constar las servidumbres que las gravan, ni tampoco el camino que siempre estaba en uso y oiro camino que se proyectaba construir por el lado este de la finca. No habiéndose otorgado escritura de partición, la finca ha permanecido inscrita a favor de los cuatro hermanos adquirentes, sin incluir a Magdalena. Al fallecer Guillermo Selosse Augy en diciembre 4, 1937, su participación en la finca fué adjudicada e inscrita a favor de su heredera y madre, María Augy, quien entró en posesión de la parcela correspondiente a su finado hijo.

En la demanda interpuesta en' esta acción se alega, que en el año 1938 y de acuerdo con las instrucciones dadas por todos los interesados, el notario señor Dottin preparó un proyecto de escritura de partición para adjudicar a cada uno la parcela de que ya se encontraba en posesión desde 1935; que todos los interesados aceptaron y suscribieron el pro-yecto, con excepción de los consortes Margarita Selosse y Luis Sariego, quienes se negaron a firmarlo por causa de desavenencias personales con la demandante María Augy y con el solo y único fin de entorpecer a los demandantes en el disfrute de sus respectivas posesiones; y que los consortes Marcelino Selosse y Tomasa Mas figuran como partes deman-dadas por haberse negado a concurrir como demandantes. Se alega, además, que los demandantes no desean permane-cer en la indivisión en cuanto a la titulación de la finca, y se pide sentencia por la que se declare que Magdalena Selosse Augy es dueña en pleno dominio de la parcela letra ‘‘O,” descrita en la demanda, se ordene el otorgamiento de la correspondiente escritura de partición y adjudicación de las cinco parcelas, y se condene a los demandados al pago de costas, gastos y honorarios de abogado.

Contestaron la demanda los esposos Sariego Selosse, admitiendo todos los hechos alegados en la demanda. Admi-ten haberse negado a suscribir la escritura de partición, mas no por causa de desavenencias entre ellos y la Sra. María Augy, y sí por la razón de que dicha demandante quiere establecer sobre la parcela correspondiente a los' demandados Sariego Selosse tres servidumbres de paso a favor de la par-cela que a ella corresponde. Como defensa especial aleg’aron que la finca total estaba dividida en dos partes por un camino, en dirección de este a oeste; que en la división practicada la parcela de la demandante María Augy qúedaba cerrada por la correspondiente a los demandados Sariego Selosse, quienes están dispuestos a concederle una servidumbre de paso por el camino más corto y cómodo para ambas parcelas; que la citada demandante insiste en que se le dé entrada cor-tando en dos la parcela de los demandados, a lo que éstos se niegan, siendo ése el único motivo que tienen dichos deman-dados para no firmar la escritura de partición.

Los demandados Marcelino Selosse y sn esposa no con-testaron la demanda y se les anotó la rebeldía.

En 19 de febrero, 1940, la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia desestimando la demanda e imponiendo las costas a los demandantes. En la opinión que sirvió de base a la sentencia recurrida, el tribunal sentenciador se expresó así:

“Los demandantes en este caso lo que desean es que la corte ordene se proceda, por ellos y por los demandados, a otorgar una escritura de división y adjudicación de las parcelas de terreno que poseen y forman parte de la finca que se describe en el hecho 2do. de la demanda, pero solicitan que esa división se haga en la forma que se determinó por los demandantes en cuanto a un camino que existía en la finca y que ahora desean se constituya como servidum-bre de paso por la parcela de los demandados, Luis Sariego y su esposa Margarita Selosse Augy, quienes no se oponen a otorgar la escritura de división y adjudicación, pero sí se oponen a que se es-tablezca dicha servidumbre en la escritura.'
“De la prueba presentada el día del juicio quedó plenamente demostrado que la acción en este caso era innecesaria ya que no hay controversia alguna entre las partes en cuanto al hecho de que la finca es divisible, de que cada uno de los hermanos Selosse Augy y la madre de ellos, doña María Augy, están en posesión de las par-celas que les corresponden en la división que entre ellos han hecho de la finca, pero que son lós demandantes los que se empeñan en que los demandados reconozcan, al otorgarse la escritura de partición, una servidumbre de paso por el mismo sitio en que existía antes un camino en la finca principal. 'Es obvio que dicho camino no cons-tituye, per se, una servidumbre pues la finca era una sola que pertenecía al padre de los litigantes, y el hecho de que ahora se vaya a dividir no obliga a los demandados a reconocer dicho camino como servidumbre, ya que en la forma en que la quieren estable-cer los demandantes, de acuerdo con el plano preparado, por el ingeniero Laugier, parte la parcela de los demandados Sariego-Selosse en tres.”

Sostienen los apelantes que la corte inferior erró al no declarar que Magdalena Selosse Augy es dueña de una quinta parte de la finca y al no decretar que se le otorgase la corres-pondiente escritura como título de la parcela que le fué adjudicada; y que erró también al no decretar el otorga-miento de la escritura de partición y adjudicación de las cinco parcelas descritas en la demanda. ■

La evidencia ofrecida por los demandantes fué la siguiente:

Pedro González Iglesias, agrimensor, declaró: que por mandato de los cinco hermanos Selosse hizo el trabajo de partición de la finca; que él hizo el plano que se le exhibe, el cual representa la finca dividida en parcelas; que hizo el plano en agosto de 1935 de acuerdo con los deseos de los hermanos Selosse; que los interesados le ordenaron que separara una parcela para Magdalena Selosse, que es la mar-cada en el plano con su nombre; que en la finca había un camino que- daba salida a todas las parcelas, pero él no lo marcó en el plano; que la. finca no colinda con carretera alguna por ninguna de sus colindancias. El plano así identificado fué admitido sin oposición (exhibit 1, demandante).

Víctor E. Laugier, ingeniero civil, declaró: que fue lla-mado por los cinco hermanos Selosse para verificar la toma de datos y establecer sobre un plano ciertas servidumbres de paso, de acueducto y de alcantarillado y un camino que existe en la finca; que para hacer su trabajo se valió del plano hecho por el agrimensor González Iglesias (exhibit 1, demandante); que en la finca hay un camino que comunica todas las par-celas y empieza en la parcela marcada letra “A” de Guillermo Selosse, y atraviesa la marcada letra ££B,” de Margarita Selosse; que él hizo el nuevo plano en agosto de 1935; que •cuando fué sobre el terreno encontró cercadas todas las par-celas ; que el antiguo camino parte de la parcela de Guillermo Selosse y atraviesa la de Margarita, dividiéndola en tres partes; que cuando terminó su plano se lo entregó a Marcelino Selosse; que él no recibió instrucciones de Margarita Selosse ni de su esposo, y que éstos ni aceptaron el plano ni hicieron objeciones ai mismo. El plano fué admitido sin oposición y marcado “Exhibit 2, demandante.”

Declaró el demandante Gilberto^ Selosse: que su hermana Margarita y su esposo le encargaron que los representara en la confección de los planos para marcar las servidumbres de caminos; que el camino que aparece en el plano (exhibit 2, demandante) se viene utilizando desde que él era un muchachito y la finca nunca tuvo otra salida; que ese camino se ha venido utilizando por todos los dueños de las cinco parcelas, desde 1935, fecha en que se dividió la finca; que doña Margarita utiliza ese camino para salir de su parcela, pues no tiene otra salida; que la partición se iba a hacer de acuerdo con el plano; que la partición abarca también el camino; que la parcela que se le adjudicó a Margarita tiene la forma con que aparece en el plano porque ella la pidió así para que los árboles frutales le quedasen alrededor de la casa; que Margarita y su esposo vieron el plano (exhibit 2) en una reunión de familia y lo aceptaron, igual que lo hicieron los demás condueños.

Los demandados ofrecieron como prueba el mismo plano (exhibit 2) presentado por los demandantes y prueba testi-fical consistente en el testimonio de Margarita Selosse y de su esposo. Ambos negaron haber dado su • aprobación al plano preparado por el Sr. Laugier y sostuvieron que la escritura de partición no había sido firmada por razón del camino sobre el cual se pretende establecer una servidumbre de paso. Como prueba de rebuttal declaró el abogado de los demandantes, sosteniendo que los demandados habían aceptado el plano del Sr. Laugier, exhibit 2 de los deman-dantes, y que de acuerdo con las instrucciones de dichos demandados él preparó el proyecto de escritura de partición.*

El conflicto que resulta de la prueba, en cuanto a si los demándanos aceptaron o no el plano hecho por el Sr. Lau-gier, fué resuelto por la corte inferior en contra de los deman-dantes y no estaría justificada nuestra intervención para sostener un criterio distinto al expresado por el juez sen-tenciador. Más, aún, si sostuviéramos que en realidad dicho plano fue aceptado por los demandados, como una correcta descripción de las parcelas y del camino existente en la finca en el año 1935 y desde antes de hacerse la división en par-celas, tendríamos que sostener también que no hay nada en la prueba que pueda justificar la conclusión de que los deman-dados se comprometieran en manera alguna a reconocer la existencia del viejo camino como una servidumbre de paso sobre la parcela que les fue adjudicada y en beneficio de la adjudicada a la demandante María Augy.

Opinamos, sin embargo, que la corte inferior erró al dictar sentencia desestimando la demanda. Los hechos alegados en la demanda y admitidos por la contestación son a nuestro juicio suficientes para justificar una sentencia a favor de los demandantes y de acuerdo con la súplica de la demanda. La parcela letra “A,” correspondiente a la demandante María Augy, se describe en la demanda así:

Parcela de terreno radicada en el barrio de Hato Rey del tér-mino municipal de Río Piedras, P. R. Su extensión superficial es la de treinta mil treinta y dos metros cuadrados (30,032) equivalentes a siete cuerdas sesenta y cuatro céntimos de otra (7.64), que colinda por el norte, con la parcela letra ‘B’ que forma parte de la finca principal (y se adjudicó a doña Margarita Selosse); por el este, colinda con la vía de la American Railroad Company of Porto Rico, por cuyo lindero corre la servidumbre de alcantarilla a favor del Municipio de Río Piedras y el camino en proyecto para la parcela; por el sur, con solares de Juan B. Ortiz, Sucesión de Elvira Matos, H. Próspero, Ramón Torres y Manuel Colón y también con finca de don Alfonso González que antes perteneció a la Sucesión de don Manuel González; y por el oeste, con la propia finca de don Alfonso González. En esta parcela enclava una casa de maderas, con piso de maderas y techo de zinc que se utiliza para residencia.”

La parcela letra “B,” adjudicada a la demandada Margarita Selosse, se describe así:

“Parcela de terreno radicada en el barrio de Hato Rey del tér-mino municipal de Río Piedras, P. R. Consta de una extensión superficial de treinta mil treinta y dos metros cuadrados (30,032) equivalentes a siete cuerdas sesenta y cuatro céntimos de cuerda. Colinda por el norte, con la parcela letra ‘C’ que forma parte de la finca principal (y se adjudicó a doña Magdalena Selosse); por el este, con la vía de la American Railroad Company of Porto Rico, recorriendo este lindero la servidumbre de alcantarilla a favor del Municipio de Río Piedras y el camino en proyecto para el uso de las parcelas y con la letra ‘A’ (que se adjudicó a don Guillermo Selosse y lioy pertenece a doña María Augy); por el sur, con la propia parcela letra ‘A’; y por el oeste, con ,finca de don Alfonso González que antes perteneció a la Sucesión ele Don Manuel González. En esta parcela enclava una casa de maderas, pisos de madera y concreto y techada de zinc, que se utiliza para residencia. Un rancho con piso de concreto y techo de zinc; un pozo artesiano con su bomba y un edificio de concreto, piso de concreto y techo de igual material. También su parte norte colinda con el pozo artesiano número dos, propiedad del Municipio de San Juan.”

Como se ve, en ninguna de dichas dos descripciones — ni tampoco en las de las otras tres parcelas — se hace mención alguna del antiguo camino, ni de la existencia o reconoci-miento de servidumbre alguna de paso sobre una parcela determinada, en favor de otral En la súplica de la demanda no se pide que se haga pronunciamiento alguno en cuanto a la existencia de tales servidumbres de paso. Solamente se pido que se reconozca por decreto judicial la existencia y validez de una división material llevada a efecto por los cinco condueños de la finca, con el propósito de que cada uno pueda inscribir a su nombre la finca que le fué adjudicada y que posee desde el año 1935; y se pide específicamente que se otorgue la correspondiente escritura de división y adjudica-ción do las cinco parcelas <£en la forma en que aparecen en el hecho XI de la demanda.”

Los demandados Margarita Selosse y su esposo no se opo-nen a la división y adjudicación solicitada, siempre que no se les obligue, áin su consentimiento, a reconocer que la parcela de la demandante tiene una servidumbre de paso, a su favor, sobre la parcela de los demandados y a través del antiguo camino que todos los condueños utilizaban mientras la finca permaneció indivisa. T reconociendo que por haber quedado la parcela de la demandante María Augy encerrada por la que a los demandados fue adjudicada, éstos están obligados a dar paso a la demandante, sin indemnización (artículos 501, 502 y 503 del Código Civil), los demandados han alegado en su contestación que “están dispuestos a concederles una ser-vidumbre de paso por el camino más corto y cómodo para ambas parcelas.”

La sentencia recurrida debe ser revocada y en su lugar debe dictarse otra con los siguientes pronunciamientos:

1. Aprobando como válida y obligatoria para todas las partes contratantes la división material que de la finca hicie-ron todos sus condueños en el año 1935 y ordenando que los demandantes María Augy Mathelin, Gilberto Selosse Augy y Magdalena Selosse Augy y los demandados Luis Sariego y su esposa Margarita Selosse Augy y Marcelino Selosse Augy y su esposa Tomasa Mas deberán otorgar una escritura pública de división y adjudicación de las parcelas descritas en el hecho XI de la demanda, adjudicando la parcela letra “A” a doña María Augy Mathelin, como heredera de su hijo Guillermo Selosse Augy; la parcela letra “B” a Margarita Selosse Augy, casada con Luis Sariego; la parcela letra “O” a Magdalena Selosse Augy; la parcela letra “D” a Marcelino Selosse Augy; y la parcela letra “E” a Gilberto Selosse Augy. La división y adjudicación se hará tomando como base el plano parcelario preparado en agosto de 3935 ■por el agrimensor don Pedro González Iglesias y aceptado por todos los interesados.

2. Disponiendo, que la división y adjudicación que se ordena deberá hacerse sin perjuicio del derecho que pueda tener la demandante María Augy Mathelin, como dueña de la parcela letra “A,” a exigir paso sin indemnización por la parcela “B” perteneciente a los demandados Margarita Selosse y Luis Sariego; y también sin perjuicio del derecho que la ley reconoce a dichos demandados, como dueños del predio sirviente, a conceder el paso por el sitio menos per-judicial a dicho predio.

3. Condenando a los demandados al pago de las costas, sin incluir honorarios de abogado.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., se inhibió.


author: El Juez Asociado Señob. Travieso

text:
    Oscar F. Bravo y The Mayagüezi Sugar Company, Inc., demandantes y apelantes, v. Robert Heinrich Hau Schnabel, et als., demandados y apelados.
    Núms. 8315 y 8380.

    Sometidos: Diciembre 5, 1941.

      Resueltos: Enero 15, 1942.

      Gelpí <& Gelpí, abogados dejos apelantes; Miguel A. García Méndez y José Sabater, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señob. Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En abril 20 de 1916, don Arturo Hau Salguero, dueño de la hacienda “Sábalos,” radicada eñ Mayagiiez, dió dicha, finca en arrendamiento, hasta el 31 de mayo de 1929, a don, Oscar F. Bravo. La cláusula sexta del contrato de arrenda-miento leía así:

“A la terminación de este contrato, el arrendatario podrá levan-tar y disponer de cualquier edificio que construya o de cualquier cerca que ponga en la finca o cualquier mejora que baga en ella para su comodidad o utilidad durante el tiempo que dure este arrenda-miento ; pero bien entendido que de no hacerlo así, todo lo que quede en las fincas el día del vencimiento de este contrato, así como cual-quier plantación o retoño que exista en las mismas, quedarán a favor del señor Hau, sin que tenga el arrendatario derecho a exigirle in-demnización ni retribución alguna por ello.”

Eu febrero 18 ele 1926, los señores Iíau y Bravo celebra-ron un nuevo contrato de arrendamiento, a vencer el 31 de 'mayo de 1939. La cláusula séptima del nuevo contrato es idéntica a la que acabamos de transcribir.

En la demanda interpuesta por Oscar E. Bravo y su cesio-naria, The Mayagüez Sugar Company, Tnc., contra los here-deros de Arturo Hau Salguero y los nuevos arrendatarios de éstos, se alega, en substancia, lo siguiente:

Que durante más de veinte años y hasta el 31 de mayo de 1939 la hacienda ‘ ‘ Sábalos ’ ’ estuvo dedicada al cultivo de cañas de azúcar; que en 1937 el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley denominada “Sugar Act of 1937,” (50 Stat., pág. 903) por la cual se limitó la producción de azúcar en Puerto Rico, se fijó una cuota individual para cada finca bajo cultivo y se prohibió a los manufactureros moler cañas en exceso de las cuotas asignadas a cada productor; que para la cosecha de 1938 a 1939 la hacienda “Sábalos” estaba sem-brada de cañas y debido a la prohibición legal “quedaron en pie por no haberse permitido su corte ni ser molidas, antes de la terminación del contrato de arrendamiento ya expuesto, veinticinco (25) .cnerdas de terreno cultivadas de cañas de azúcar con un promedio de treinta toneladas la cuerda y con un valor total de tres mil doscientos dólares”; que antes de Ja fecha de expiración del arrendamiento, los demandantes, creyendo que aquellas cañas que quedaban en pie y sin moler “no eran plantaciones de acuerdo con la fraseología empleada en el contrato de arrendamiento,” notificaron a los deman-dados que dichas cañas pertenecían a la compañía arrenda-taria por haber sido sembradas de buena fe y no haber podido ser cortadas y molidas por exceder de la cuota asignada a la hacienda “Sábalos”; que los demandados insistieron e insisten en que dichas cañas les pertenecen, sin retribución alguna, de acuerdo con los términos de la cláusula del con-trato antes citada.

Piden los demandantes que se dicte una sentencia o decreto declarando: (a) que las cañas que quedaron en pie al expirar el contrato de arrendamiento y que no pudieron ser molidas por razón de la prohibición legal, no están incluidas dentro de los términos de la cláusula séptima, supra, y son de la exclusiva pertenencia de la compañía demandante, y (b) que en caso de que los demandados quieran hacer suyas dichas cañas, deberán satisfacer a la demandante la suma de $3,200.

En su contestación y en oposición a las alegaciones de la demanda, los demandados alegan, en substancia, lo siguiente: que los demandantes pudieron haber molido las cañas en cuestión y que si no lo hicieron se debió exclusivamente a su culpa y negligencia,; que desde que se estableció el sistema restrictivo de cuotas en 1934, los demandantes, sabían cuál ora la cuota de la hacienda “Sábalos,” y que si para la zafra de 1939 había cañas no molidas por haberse excedido la cuota, ello se debió a la culpa y negligencia de los demandantes; que la cláusula séptima del contrato de arrendamiento no puede tener otra interpretación que la que resulta del recto sentido de sus palabras, por no haber ambigüedad ni duda sobre ellas; que la palabra “plantaciones” unida a la de “retoños,” que se expresan en dicha cláusula, claramente indican que dichas plantaciones o retoños son de caña de azú-car y no se refieren a otra clase de plantaciones; y que esa interpretación se robustece al considerar que la finca fné arrendada para la siembra y cultivo de cañas de azúcar, que es a lo que se ba dedicado por más de veinte, años conse-cutivos.

En mayo 4 de 1940 la Corte de Distrito de Mayagiiez dictó sentencia declarando sin lugar la demanda y condenando a los demandantes al pago de costas, más $500 para honorarios de los abogados de los demandados. Apelaron éstos, y para sostener su recurso alegan que la corte inferior erró: (a) al interpretar la cláusula séptima del contrato sin tomar en consideración las variaciones y restricciones de la Ley de Azúcar de 1937; (b) al no considerar que dicbá cláusula quedó afectada y modificada como consecuencia de la referida legislación; (c) al no considerar como sembradas de buena fe las cañas que quedaron en pie al finalizar el contrato, y al no evitar que los arrendatarios se enriquecieran a costa de los demandantes; (d) al resolver que la declaración de Guillermo Pérez era terminante y no había sido contradicha; (e) al apreciar la evidencia con pasión, prejuicio y parcia-lidad a favor de los demandados y en contra de los deman-dantes ; y (/) al condenar a los demandantes al pago de $500 de honorarios, sin haberles declarado previamente culpables de temeridad. Consideraremos los seis señalamientos con-juntamente, pues todos ellos envuelven una sola cuestión fundamental que plantearemos así: asumiendo que la res-tricción impuesta por la Ley de Azúcar de 1937 fuera el único motivo que tuvo la arrendataria para no cortar las 25 cuer-das de cañas, ¿constituye esa restricción una causa legal sufi-ciente para eximir a la arrendataria del cumplimiento de las obligaciones por ella contraídas bajo la cláusula séptima del contrato de arrendamiento?

Los términos en que está redactada dicha cláusula son tan claros y precisos que no dejan duda alguna en cuanto a la intención de los contratantes. Es evidente que la inten-ción de las partes fue que al terminar el contrato de arrenda-miento, el 31 de mayo de 1939, o antes de esa fecha, la arren-dataria tendría el derecho de levantar y llevarse los edificios, las cercas y las mejoras que hubiere construido o hecho para su utilidad durante el término del arrendamiento. ¿Qué habría de suceder, si llegado el 31 de mayo de 1939, la arren-dataria no había hecho uso de ese derecho? Las partes con-tratantes, prescindiendo de las disposiciones especiales del Código Civil aplicables a los arrendamientos de predios rústi-cos (artículos 1478 a 1482) estipularon en términos concisos y claros cuál habría de ser la ley reguladora de los derechos de una y otra parte, si llegare el caso en que habiendo vencido el plazo, el arrendatario no hubiese hecho uso de su derecho a llevarse los edificios, las cercas y mejoras y las plantaciones y retoños. Y con ese propósito pactaron lo siguiente:

“pero bien entendido que de no hacerlo así, todo lo que quede en las fincas el día del vencimiento de este contrato, así como cualquier plantación o retoño que exista en las mismas, quedarán a favor del Sr. Hau, sin que tenga el arrendatario derecho a eligirle indemni-zación ni retribución alguna por ello.”

De no haberse pactado lo arriba transcrito, los arrenda-tarios entrantes, aquí, demandados, hubiesen tenido la obliga-ción de permitir a la arrendataria saliente entrar a la finca y hacer todo lo necesario para la recolección y aprovecha-miento de las cañas que allí quedaron en pie al expirar el término del arrendamiento. Fué seguramente con el propó-sito de que la finca quedase enteramente libre al terminar el arrendamiento, sin necesidad de imponer al nuevo arrenda-tario la obligación de dar entrada al saliente, que las partes contratantes fijaron el 31 de mayo de 1939 como término fatal dentro del cual el arrendatario debía sacar de la finca los edificios, cercas, mejoras y plantaciones.

La causa que alega la arrendataria para explicar por qué no pudo cortar y llevarse las cañas antes del 31 de mayo de 1939, no puede ser considerada como un caso fortuito extra-ordinario o de fuerza mayor que los contratantes no hubieran podido racionalmente prever.

La obligación contraída es clara y absoluta. Todas las plantaciones y retoños que quedaron en pie en la finca al terminarse el arrendamiento pasaron a ser propiedad del arrendador, sin obligación por parte de éste de pagar su ú aporte.

No encontramos que la corte inferior cometiera error alguno al apreciar la declaración del testigo Guillermo Pérez. Ortiz, ayudante del administrador de la “Agricultural Adjustment Administration”, presentado por los demandados. Dielio testigo declaró, en substancia, que de acuerdo con la ley original de 1934 la práctica que se siguió fué^la de per-mitir solamente la molienda de caña cubierta por cada con-trato específicamente; que de acuerdo con la ley posterior, Ley de Azúcar de 1937, las participaciones proporcionales fueron asignadas bajo el nombre de la persona que tenía el control o dominio de las distintas parcelas; que ése fué el procedimiento que se aplicó en el año 1939; que la deman-dante pudo haber cortado y molido las 25 cuerdas que que-daron en pie en la hacienda “Sábalos,” dejando en pie igual cantidad de cañas en cualquiera otra finca bajo su control, y así nó hubieran perdido nada; que no hubieran cometido, ningún delito moliendo esas cañas con cargu a cualquiera otra parcela; que un agricultor que tiene diferentes parcelas de terreno sembradas de caña puede llenar su cuota de cual-quier terreno bajo su dominio.

En oposición a la declaración del Sr. Pérez, los deman-dantes ofrecieron el testimonio del Sr. Waldemar Bravo, quien declaró: que los demandantes no pudieron cortar toda la caña existente en la hacienda “Sábalos” por haberse reci-bido la participación proporcional de las tierras por ellos controladas con sólo cuatro semanas antes de finalizar la zafra; que el corte se inició en el mes de enero y cuando llegó la notificación ya se habían molido cañas de otras par-celas; que a la corporación demandante se le quedaron 27,000 toneladas' en 900 cuerdas de caña; que durante las últi-mas cuatro semanas se estuvo inoliendo a toda capacidad; que las cañas de “Sábalos” no estaban lo suficientemente maduras cuando se comenzó la zafra, ni cuando llegó 1a, notificación de la cuota; que se hizo todo lo que estuvo a su alcance para moler toda la caña. A preguntas del juez el testigo contestó que- no pudieron cortar toda la caña de “Sábalos” por el hecho de que toda la caña no estaba, madura. Repreguntado por la defensa, contestó: que cuando las cañas estuvieron de corte se inició el corte en “Sábalos”; que cuando expiró el contrato ya no había caña nueva.; y que en mayo no hay caña verde.

La declaración del Sr. Bravo no' desvirtúa ni contradice en nada la del Sr. Pérez. Bravo admite que a la demandante le hubiera sido legalmente posible cortar y moler todas las cañas de “Sábalos,” con cargo a otras parcelas, pero alega un nuevo motivo para justificar el hecho de que no se molie-ran antes dp terminar el arrendamiento, y es que las cañas no estaban maduras cuando so recibió la notificación de las cuotas.

La corte inferior no erró al resolver que la alegación básica de la demanda, o sea la de que las 25 cuerdas de caña “quedaron en pie por no haberse permitido su corte ni ser molidas, antes de la terminación del contrato de arrenda-miento,” no está sostenida por la prueba.

Opinamos que la suma de $500 impuesta a los demandantes para honorarios de los abogados de los demandados es excesiva, si se tiene en cuenta que la cuantía del pleito es solamente $3,200 y que son los demandados los que han de recibir todo el beneficio de esa-suma. Los honorarios deben ser reducidos a la suma de $300.

Los demandantes han apelado también de la resolución dictada por la corte inferior en marzo 18 de 1941, aprobando el memorándum de costas sometido por los demandados y que ascendía en total a la. suma de $48. La corte inferior lo redujo a $43.

El recurso carece de méritos. La sama de $20 concedida al abogado de los demandados para cabrir sas gastos de viaje de ida y vuelta de San Germán a San Juan, para la vista de ana moción de traslado del pleito a Mayagüez, es a nuestro juicio razonable. Igualmente lo es la de $8 pagada al Admi-nistrador Auxiliar de la A.A.A: por sus gastos de viaje de San Juan a Mayagüez. Las demás partidas, referentes a notificaciones y dietas de testigos, se ajustan a -la ley. El recurso debe ser desestimado.

Por las razones expuestas debe modificarse la sentencia i ocurrida, reduciendo a $300 la suma concedida para honora-rios de abogado, y asi modificada confirmarse. Debe confir-marse igualmente la resolución aprobando el memorándum de costas.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señoií Travieso

text:
    Bernardo Piris González, como padre con patria potestad de la menor Bernardina Piris Orense, etc., demandante y apelante, v. Epifanio Hernández, etc., demandado y apelado.
    Núm. 8323.

    Sometido: Diciembre 2, 1941.

      Resuelto: Enero 15, 1942.

      G. del Toro Fernández, abogado del apelante; M. Cruz Soria, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señoií Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Bernardo Piris, padre de Bernardina Piris, joven de 18 años de edad, demandó a Epifanio Hernández en reclama-ción de daños y perjuicios causados a la menor al seducirla bajo promesa de matrimonio.

En la demanda se alega que el demandado, hombre casado, entabló relaciones amorosas con Bernardina, bajo promesa de matrimonio que de palabra y por escrito hiciera a la menor y a su padre, con la falsa representación de que era soltero; que la seducción de la menor ocurrió el 10 de julio de 1938; que en el momento en que consintió que Epifanio Hernández tuviera contacto carnal con ella y gozara de su virginidad, dicha menor era una joven soltera, pura y como tal reputada en la comunidad; que desde el 11 de julio de 1938 el deman-dado fue aplazando el cumplimiento de su promesa de matri-monio hasta un día del mes de enero de 1939, en que al exigirle Bernardina que la cumpliese, porque iba a ser madre, el demandado le confesó que era casado; que esa confesión le produjo a Bernardina una fuerte crisis nerviosa y como consecuencia un parto prematuro inmediato. Se reclama la suma de $2,000 como compensación por la angustia mental y los sufrimientos físicos experimentados por la menor y por el daño causado a su buen nombre entre sus vecinos y rela-cionados.

Anotada la rebeldía del demandado y celebrada la vista del caso, en octubre 6 de 1939 la Corte de Distrito de San Juan declaró probadas las alegaciones esenciales de la de-manda y dictó sentencia condenando al demandado a pagar a la demandante la suma de $1,500 y las costas, sin incluir honorarios de abogado.

Durante todo el procedimiento hasta la fecha de la sentencia, el demandado estuvo representado por el abogado J. A. Casablanca, quien no renunció dicha representación hasta el 21 de octubre de 1939. El día 23 del mismo mes, el demandado designó a los abogados Cruz Horta y Torres Aguiar para representarle en este caso, y en esa misma fecha dichos abogados radicaron una moción solicitando se dejase sin efecto la sentencia y se permitiese al demandado contes-tar la demanda. Los fundamentos de dicha moción son:

1. Que desde que se inició el pleito el demandado designó como su abogado al Lie. Casablanca, pagándole $155 como honorarios; y que hasta la fecha en que le fué notificada la sentencia, el demandado estuvo bajo la impresión de que dicho abogado había comparecido en los autos para defender sus derechos.

2. Que el 21. de octubre de 1939 el demandado fué a la corte a investigar personalmente los autos y quedó sorpren-dido al ver que la corte había dictado sentencia en rebeldía y que la misma había sido notificada al abogado Casablanca ; que acto seguido nombró a los abogados Cruz Horta y Torres, dándoles instrucciones para solicitar la anulación de la sen-tencia y preparar una contestación a la demanda; y que en vista de los hechos relatados por el demandado a sus aboga-dos, éstos le han informado al demandado que tiene una, buena, justa y válida defensa contra la acción que se ejercita contra él en este caso.

En apoyo de dicha moción se presentó un affidavit de méritos suscrito por uno de los abogados del demandado y un proyecto de contestación, en la que el demandado niega específicamente todas y cada una de las alegaciones esenciales de la demanda.

El demandante formuló una extensa oposición a la solici-tud para que se dejara sin efecto la sentencia, haciendo una detallada exposición de las dilaciones injustificadas en que había incurrido el abogado del demandado antes de que se le anotase por segunda vez la rebeldía; y alegando, además, que el único interés que tiene el demandado en conseguir la anulación de la sentencia es el de obtener por ese medio la anulación del embargo preventivo trabado sobre sus bienes, sin fianza, después de dictada dicha sentencia.

En noviembre 15, 1939, la corte sentenciadora dictó nna resolución por la cual declaró con lugar la moción del deman-dado, dejó sin efecto la sentencia dictada en rebeldía y admi-tió la contestación ofrecida por el demandado, condenando a éste a pagar las costas causadas a la parte demandante, inclu-yendo $50 por honorarios de abogado. No conforme con dicha resolución, la parte demandante interpuso el presente recurso. Para sostenerlo ha radicado un extenso alegato en el que imputa a la corte inferior la comisión de los siguientes errores:

“Primero: La corte de distrito apelada erró al admitir implícita-mente que el demandado tiene una defensa meritoria, exponiendo que examinó cuidadosamente las alegaciones juradas de la demanda y de la contestación con las afirmaciones que se hacen en la moción y en el affidavit de méritos en que funda su solicitud dicho deman-dado, encontrando que éste niega el hecho esencial que sirve de base a la reclamación de la demandante.
“Segundo: Erró la corte apelada abusando de su poder discre-cional cuando apreció separadamente la negligencia del ahogado por omisiones directas de éste y la negligencia del demandado por omi-siones directas de este otro; y cuando ignoró los testimonios de los taquígrafos Miguel Ángel Morales y Pedro R. Arroyo creditivos de que Hernández y Casablanca dos meses más o menos antes de la vista sostuvieron en su presencia una discusión acalorada en la que aquél dijo a éste que no quería saber más del asunto ni seguirlo; que lo dejara. Todo esto, para concluir que la negligencia de Epi-fanio Hernández no era tan grave que impidiese el ejercicio de su discreción por la corte, anular la sentencia y decretar la apertura de rebeldía. ’ ’

El artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil concede a la corte inferior la facultad discrecional para eximir a una parte litigante de los efectos de una sentencia que se hubiese dictado contra ella, por causa de equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia.

Es regla bien sentada y seguida en esta jurisdicción la de que la concesión o denegación de una solicitud para que se deje sin efecto una sentencia dictada en rebeldía es una cuestión que cae dentro de la sana discreción de la corte ante la cual se formula la solicitud; y a menos que esa discreción liaya sido mal usada, la corte de apelaciones no intervendrá. Harbaugh v. Honey Lake etc. Co:, 109 Cal. 70; Foley v. Foley, 120 Cal. 33, 38; O’Brien v. Leach, 139 Cal. 220. Y en Pelegrinelli v. McCloud River Lumber Co., (Cal. App.), 82 P. 695, se resolvió que una orden declarando con lugar o denegando 'una moción para dejar sin efecto la rebeldía del demandado no será revocada en apelación a menos que se demuestre claramente un abuso de discreción, y especialmente cuando la moción ba sido declarada con lugar.

, ¿Se ba cometido en el caso de autos un abuso de discre-ción de tal naturaleza que justifique nuestra intervención para dejar sin efecto la resolución recurrida?

El demandado fué emplazado el día 4 de abril de 1939 y el 13 del mismo mes su abogado Sr. Casablanca radicó una moción para eliminar ciertas partes de la demanda. El demandado no compareció a sostener su moción y ésta fué declarada sin lugar el 17 de mayo de 1939, concediéndose al demandado diez días para alegar contra la demanda. El 31 del mismo mes se anotó la rebeldía del demandado. En junio 2 del mismo año, el demandado solicitó y obtuvo una prórroga de treinta días para bacer su alegación; y en 23 de junio la corte inferior le concedió una nueva prórroga de quince días, que vencieron el 10 de julio, sin que el demandado radi-case alegación alguna. El 28 de agosto de 1939 la parte demandante solicitó que se dejasen sin efecto las prórrogas 'concedidas con posterioridad a la anotación de la rebeldía y que ésta quedase subsistente y válida. En septiembre 9 se anotó por segunda vez la rebeldía del demandado y el 22 de septiembre de 1939 se celebró la vista del caso, dictándose en octubre 6 la sentencia que fué más tarde anulada por la resolución recurrida.

De lo expuesto se desprende que por la negligencia del demandado o de su abogado, el demandante se ba visto obli-gado a esperar más de seis meses para poder obtener una contestación a su demanda. El demandado admite que bubo negligencia por su parte, pero hace responsable de ella a su abogado. En la vista de la moción para dejar sin efecto la sentencia, el demandado declaró así: que hizo gestiones para que el Lie. Casablanca le atendiera el asunto, para lo cual se veía con él cada cuatro o cinco días,- que Casablanca siempre que le veía le pedía dinero y le decía que el caso iba bien; que llegó a darle $155; que vino a enterarse de que el caso había sido resuelto cuando le embargaron su negocio; que entonces fué a Secretaría y se enteró que había una sentencia en rebeldía; que por recomendación de un primo suyo fue a ver al Lie. Cruz Horta y que éste le ha dicho que tiene-una buena defensa; que no es cierto que Casablanca hiciese gestiones para que le diese los datos necesarios para con-testar la demanda y que él dejase de dárselos; y que tam-poco es cierto que él estuviese en fiscalía con Casablanca y que en presencia de los taquígrafos Arroyo y Morales dijera que no tenía interés en el pleito y que lo dejara.

En oposición a las negativas del demandado, declararon los taquígrafos Morales y Arroyo haber oído una conversa-ción entre el demandado y Casablanca; que éste le cobraba al demandado cierta cantidad y 'el demandado se oponía a dársela; que ambos estaban molestos y el demandado ter-minó diciendo a Casablanca que dejara eso, que él no quería seguir el asunto, y Casablanca se levantó y se fué.

En la resolución recurrida la corte inferior se expresó así:

“No hay duda alguna de que no sólo el demandado personal-mente, pero que también su abogado, han sido negligentes en la tramitación de este litigio, pues no obstante haberse radicado la demanda en marzo 30 de 1939, de que el demandado fué emplazado en 4 de abril siguiente, éste se limitó a radicar un escrito o ‘moción eliminatoria’ que fué declarada sin lugar por esta corte con fecha 16 de mayo de 1939, sin que el demandado se aprovechara en esa ocasión del término de diez días que le concedió el tribunal para alegar contra la demanda, y si bien aparecen dos mociones de prórroga radicadas, lo cierto es que las mismas se archivaron fuera de término, por lo que la rebeldía del demandado fué anotada en los autos en 18 de septiembre de 1939, luego de abandonada volunta-riamente por la demandante otra rebeldía anotada en 31 de mayo de 1939. Sin embargo, la negligencia del demandado, no es tan grave que impida a esta corte el ejercicio de su discreción bajo el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil para dar al deman-dado una oportunidad en este caso para oírle en su alegada defensa contra la reclamación de la demandante. Dando crédito a las manifestaciones bajo juramento becbas en corte abierta por el de-mandado Epifanio Hernández, al efecto de que si no realizó dili-gencia personal alguna para investigar el estado del litigio fué porque siempre que le preguntaba a su abogado éste le informaba que la acción seguía su curso normal, tenemos que convenir en que su negligencia es en ese sentido excusable, aunque la actitud del abogado que así baya actuado la consideramos censurable e injusti-ficada. ’ ’

De los hechos que hemos expuesto surge tcm claro y evi-dente el abuso de discreción cometido por la corte inferior que consideramos nuestro deber revocar la resolución recu-rrida dejando en todo su vigor y efecto la sentencia dictada por la corte inferior el día 6 de octubre de 1939.


text:
    The Mayagüez Light, Power & Ice Co., Inc., demandante y apelante, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8330.

    Sometido: Diciembre 12, 1941.

      Resuelto: Enero 15, 1942.

      J. Alemañy Sosa, abogado de la apelante; Son. Procurador General George A. Malcolm, y M. Rodrigues Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos esenciales de este caso, sobre los cuales no existe controversia alguna, son como sigue:

La corporación demandante, por escritura otorgada en los Estados Unidos en el año 1924, hizo una emisión de bonos, designando como trustee a la Baltimore Trust Co., de Baltimore, Maryland, la cual no tiene oficinas en Puerto Rico. Dichos bonos fueron vendidos a diversas personas residentes en el Continente, a las cuales les fueron pagados los intereses correspondientes a sus bonos, por el trustee, con fondos que oportunamente le remitiera la corporación emi-sora.

En el año 1931 el Tesorero de Puerto Rico requirió a la demandante para que pagase la contribución sobre ingresos correspondiente a los años de 1924 a 1931, sobre los inte-reses pagados durante dichos siete años a los bonistas resi-dentes en Estados Unidos. No estuvo conforme la deman-dante y apeló para ante la Junta de Revisión e Igualamiento, la cual confirmó la actuación del Tesorero. La demandante, sin formular protesta alguna, pagó las sumas reclamadas por el Tesorero, las que ascienden a $6,392.61.

El día 1 de marzo de 1933 la demandante radicó en el Departamento de Hacienda una solicitud de reintegro y en enero 22 de 1935 presentó una solicitud complementaria. El Tesorero declaró sin lugar el reintegro, alegando como fun-damentos: (a) que el pago no había sido hecho bajo pro-testa, (b) que el Tesorero carecía de facultad para hacer el reintegro en estos casos, y (c) que cuando se impuso, cobró y pagó la contribución, la misma era legal. En diciembre 7 de 1939 la demandante solicitó y le fué denegada la recon-sideración.

Se alega en la demanda que al solicitarse de nuevo la reconsideración, el 13 de diciembre de 1939, la demandante y el Tesorero convinieron en someter al Procurador General de Puerto Eico una consulta en cuanto a si el Tesorero tenía o no facultades para ordenar el reintegro; que en abril 19, 1940, el Procurador General emitió su opinión en el sentido de que las contribuciones que se reclaman fueron ilegalmente cobradas, y que la sección 75 de la Ley de Ingresos de 1925 (Ley núm. 74, pág. 401) autoriza al Tesorero para devolver su importe, correspondiendo a la sana discreción de dicho funcionario ordenar el reintegro; que basándose en la expre-sada opinión del Procurador General, la demandante volvió a solicitar el reintegro, y el Tesorero lo denegó, insistiendo en su falta de autoridad para decretarlo.

Alegando que existe una divergencia entre la demandante y el Tesorero de Puerto Eico, en cuanto a la interpretación de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1925 y espe-cialmente en cuanto a sus secciones 64(6), 75 y 76, y que interesa una declaración del efecto de la decisión de la Corte Suprema Federal en Farmers Loan & Trust Co. v. Minnesota, 280 U. S. 204, seguido por esta Corte Suprema en Gallardo v. United Porto Rican Sugar Co., 42 D.P.R. 646, la demandante solicitó de la Corte de Distrito de San Juan que dictase una sentencia declaratoria: (1) en cuanto a si el contribuyente que paga sin protesta una contribución de ingreso, ilegalmente impuesta y cobrada, tiene derecho a solicitar su reintegro dentro de los cuatro años de efectuado el pago; (2) en cuanto a si el Tesorero tiene o no facultades para ordenar la devolución, y (3) en cuanto a si tiene el carácter de ilegal e injusta una contribución que al tiempo de ser cobrada y pagada ya había sido declarada ilegal por la Corte Suprema de Puerto Eico.

El Tesorero demandado formuló excepción previa a la demanda, alegando que ésta no aduce hechos suficientes para constituir causa de acción, y, además, que la corte no tenía jurisdicción sobre la persona del demandado, ni sobre la materia de acción.

En enero 23, 1941, la corte inferior dictó sentencia decla-rando con lugar la excepción previa y sin lugar la demanda e imponiendo las costas a la demandante. Apeló la deman-dante, y en su alegato señala dos errores:

"1. Declarar que no existe una controversia entre la demandante y el Tesorero porque cuando se radicó la demanda en este caso ya el Tesorero había negado la solicitud de reintegro.
“2. Resolver que aún en el caso que se pudiera solicitar una nueva reconsideración del Tesorero después de dictar sentencia en este caso, no procedería la sentencia declaratoria porque la senten-no pondría fin a la controversia, ya que sería siempre el Tesorero el llamado a resolver a base de los hechos ante sí y ho a base de las conclusiones de la corte, si debía o no reconsiderar su decisión, cuando la controversia que plantea la demanda en este caso entre la de-mandante y el Tesorero no se basa en cuestión de hecho alguno, sino en el criterio del Tesorero de que él no tiene facultades de acuerdo con la ley para devolver el importe de la contribución por-que ésta se pagó sin protesta.’

Las razones que tuvo la corte inferior para desestimar la demanda fueron las siguientes:

"La demanda no pide a esta corte declare si la demandante tiene o no derecho al reintegro, o si el Tesorero viene o no obligado a ve-rificarlo. De la demanda se desprende, y al informar las partes en relación con la excepción previa el abogado de la demandante lo con-firmó, que la demandante concede que el Tesorero tiene discreción para reintegrar o no en casos como el que expone la demanda. No estamos convencidos que el Tesorero tenga discreción alguna cuando se hace la reclamación oportuna y cuando, de acuerdo con los hechos determinados por el propio Tesorero, surge que las contribuciones fueron cobradas “indebidamente. Se nos hace difícil concebir que fuera la intención legislativa el dejar al antojo de un funcionario el determinar a cuáles contribuyentes les va a hacer justicia y a cuáles se les va a negar. Es evidente, sin embargo, que de acuerdo con la ley de contribuciones sobre ingresos, el Tesorero es el funcionario que debe determinar, no como cuestión de discreción, sino como cues-tión de hecho y de derecho, si una reclamación de reintegro está o no bien fundada, y que la determinación del Tesorero en cuanto a los méritos de una reclamación de reintegro es final y concluyente. Véase Porto Rico Fertilizer Co. v. Sancho Bonet, 54 D.P.R. 677. Resulta, pues, que exista o no la facultad discrecional que las partes desean conferir al Tesorero, a éste, y no a las cortes de justicia, incumbe resolver los méritos de una reclamación de reintegro, por lo que no podríamos, aunque lo hubiese solicitado la demandante, hacer declaración alguna en cuanto al derecho de la demandante, o la obli-gación del Tesorero en el caso que se relaciona en la demanda.
“A pesar de que no podemos en este recurso resolver definiti-vamente la verdadera controversia entre las partes, o sea si procede o no la reclamación de reintegro, se nos pide expresemos nuestra opi-nión en cuanto a si el Tesorero tiene o no la facultad de conceder el reintegro, y si la contribución fue o no indebidamente cobrada.
“De la demanda surge que la opinión que se solicita es acadé-mica, puesto que ya el Tesorero declaró sin lugar la reclamación de reintegro, y no aparece que esté el caso pendiente ante él en forma alguna. En otras palabras, si alguna vez hubo una controversia entre la demandante y el Tesorero, ésta cesó antes de radicarse la demanda en este caso.
“Posiblemente la demandante se propone radicar ante el Teso-rero una solicitud de reconsideración, caso de obtener sentencia favorable en este caso, y a base de tal posibilidad considera que aún per-dura su controversia con el Tesorero. Aún así, no procedería la sen-tencia declaratoria porque la sentencia no pondría fin a la supuesta controversia, ya que siempre sería el Tesorero el llamadq a resolver, a base de los hechos ante sí, y no a base de las conclusiones de esta corte, si debía o no reconsiderar su decisión. No procede una sen-tencia declaratoria para determinar el criterio que debe seguir otro tribunal, o una junta o funcionario administrativo, en cuanto a cues-tiones de derecho que pueden estar envueltas en asuntos pendientes ante dicho tribunal, junta o funcionario. Jefferson County v. Chilton, 236 Ky. 614, 33 S. W. (2d) 601; Poore v. Poore, 201 N. C. 791, 161 S. E. 532; Moore v. Louisville Hydro-Electric Co., 226 Ky. 20, 10 S. W. (2d) 466.”

Poco tenemos que añadir a lo que tan claramente ña expresado la corte sentenciadora. Cuando la contribución ña sido pagada voluntariamente, el contribuyente no tiene dereeño de acción para reclamar la devolución de la suma pagada. Ese dereeño existe solamente cuando se ña ñecño el pago bajo protesta. En Sancho Bonet v. Yabucoa Sugar Company, 306 U. S. 505, 83 L. Ed. 946, el Tribunal Supremo Federal, al revocar la sentencia de la Corte de Circuito de Apelaciones (98 Fed. (2d) 398) y confirmar la dictada por esta Corte Suprema (50 D.P.R. 962; 51 D.P.R. 135), se expresó así:

“La Yabucoa Sugar Company demandó al Tesorero de Puerto Rico ante una corte de distrito local en recobro de contribuciones de ingresos del año 1927 pagadas bajo las leyes insulares. Interpretando los estatutos locales de Puerto Rico autorizando pleitos sobre reem-bolso de contribuciones, la corte de distrito declaró que las leyes no daban derecho a demandar por contribuciones pagadas voluntaria-mente. La demanda fué desestimada por falta de jurisdicción, ya que de ella se desprendía que la contribución objeto de litigio había sido pagada voluntariamente, sin protesta. La Corte Suprema de Puerto Rico confirmó la sentencia, pero ésta fué revocada por la Corte de Circuito de Apelaciones.
“Según acepta la propia Yabucoa Sugar Company, este caso no puede ser sostenido sin autorización de una ley de Puerto Rico, ya que Puerto Rico no puede ser demandado sin su consentimiento. También se acepta que la Legislatura de Puerto Rico no viene obli-gada a proveer un remedio judicial para el reembolso de contribu-ciones.
“Son contenciones de la Yabucoa Sugar Company que las leyes insulares sobre la materia autorizan el presente pleito ‘bien por el lenguaje expreso o por necesaria inferencia,’ y que las cortes de Puerto Rico interpretaron erróneamente los estatutos locales.
“La sección 75 de la vigente Ley de Contribuciones sobre Ingresos de Puerto Rico, aprobada en 6 de agosto de 1925 (Leyes de Puerto Rico de 1925, páginas 400, 536) autoriza al Tesorero a ‘remitir, rein-tegrar, y devolver todas las contribuciones errónea o ilegalmente cobradas .... y toda contribución que aparezca injustamente im-puesta o en cantidad excesiva o de cualquier manera erróneamente cobrada,’ y le ordena rendir ‘un informe a la Legislatura de Puerto Rico, al empezar cada sesión ordinaria, de todas las transacciones que en esta sección se autorizan.’
“Las cortes de Puerto Rico interpretaron la sección 75 de modo que la negativa del Tesorero a reintegrar contribuciones pagadas sin protesta es definitiva; que los estatutos locales no dan a las cortes jurisdicción para revisar esta negativa, y que después del informe del Tesorero a la Legislatura, las demandas de un contri-buyente voluntario deben ser dirigidas a la propia Legislatura. Disintiendo de esta interpretación dada al estatuto por las cortes de Puerto Rico, la Corte de Circuito de Apelaciones (con la opinión disidente de uno de sus jueces) resolvió que la ley de 1925 claramente proveía el remedio de recurrir a las cortes, aun en pleitos para recobrar contribuciones pagadas voluntariamente sin protesta.
“Es necesario que examinemos algunas de las razones que llevaron a las cortes de Puerto Rico a su interpretación de la sección 75 de la ley de 1925. Por ejemplo, la sección 66 de la Ley de Contri-bución de Ingresos de Puerto Rico de 1919 (Leyes de 1919, páginas 612, 666), imponía al Tesorero la obligación de hacer los reintegros contributivos (como en la sección 75 de la ley de 1925), pero la sección 66 contenía una disposición expresa para ‘recurrir a los tribunales de justicia’ si la reclamación del contribuyente fuera denegada por el Tesorero. La supresión de esta expresa disposición de la sección 75 y otras secciones de la ley de 1925, fué lógicamente considerada por las cortes de Puerto Rico como de gran importancia en la interpretación de dicha ley. El derecho de apelación a las cortes contenido en la sección 66 de la ley de 1919 fué por primera vez suprimido en la de Puerto Rico de 1921 (Leyes de Puerto Rico de 1921, página 312) y esto llevó a la Corte Suprema de Puerto Rico a resolver en el presente caso que ‘Desde 1921 ... el derecho a instruir litigios sobre devolución de contribuciones, a no ser aque-llas pagadas bajo protesta, ha sido abrogado.’
“Además, cuatro distintas secciones de la ley de 1925 (57, 60, 62 y 76A) constituyen un procedimiento estatutario bajo el cual un contribuyente que pague bajo protesta tiene derecho a demandar en corte el reintegro. Tal contribuyente puede demandar al amparo de la ley bajo estas secciones únicamente si su reintegro ha sido denegado por ambos el Tesorero y la Junta de Revisión e Iguala-miento de la isla. Pero en ninguna parte de estas Secciones expre-samente se autoriza una apelación de la decisión del Tesorero para ante la junta por uno que haya pagado las contribuciones sin pro-testa. Y la sección 76B, que de acuerdo con la interpretación de la Corte de Circuito de Apelaciones autoriza el pleito por un contri-buyente que haya pagado voluntariamente, expresamente prohibe el pleito ‘hasta que debidamente se haya presentado al Tesorero y en apelación ante la Junta de Revisión e Igualamiento una reclamación de reintegro o crédito, según lo establecido por la ley en ese sentido y por los reglamentos dictados de acuerdo con dicha ley.’ (Itálicas nuestras.) Como a un contribuyente voluntario no le ha sido con-cedido derecho expreso alguno de apelación del Tesorero a la Junta ‘según lo establecido por la ley’ en relación con dichas apelaciones, no tiene autorización expresa para cumplir con la condición previa al derecho al pleito bajo la sección 76B. Los derechos negados por ley no pueden ser concedidos por un reglamento.
“Además, la sección 76B de la ley de 1925 es prácticamente idéntica en lenguaje a la sección 3226 de los Estatutos Revisados de los Estados Unidos sobre pleitos para reintegro de contribuciones de los Estados Unidos. Pero la Legislatura de Puerto Rico, que apa-rentemente tomó como modelo la sección 3226, omitió en la 76B la cláusula de la sección 3226 que dispone que un ‘pleito o procedi-miento para reintegro de contribuciones será declarado con lugar, haya sido tal contribución pagada o no bajo protesta o compulsión.’ Esta adopción sustancial de la sección 3226, omitiendo la cláusula que autoriza el pleito sin protesta (así como la misma omisión en la ley de 1921) difícilmente podría ser considerada como inadvertencia, y por el contrario indica un deliberado propósito legislativo.”

Véase: P. R. Fertiliser Co. v. Sancho Bonet, Tes., 54 D.P.R. 677, 680.

Convenimos con la corte inferior en que la sentencia que pudiera dictarse en esta acción resultaría académica, pues aún cuando asumiéramos que el Tesorero tiene la facultad ■discrecional necesaria para poder devolver las contribuciones que se reclaman — -cosa que no resolvemos — dicho funcionario no estaría obligado a acatar un fallo en el que solamente se le reconocería la facultad discrecional que ya él se ha negado a ejercitar.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Cardona Adames, acusado y apelante.
    Núm. 8877.

    Resuelto: Enero 16, 1942.

      Diego E. Ramos, abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm y R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la reconsideración de la sentencia de noviem-bre 14 último (ante, pág. 479) porque “de la faz de la denun-cia no se desprende si la propiedad que se dice hurtada per-tenece a una persona natural o jurídica, ni si ésta es una corporación o sociedad, según lo determina la jurisprudencia sentada por este Honorable Tribunal Supremo en Pueblo v. Matos, 31 D.P.R. 594, citado en la referida moción.”

Fué el caso que se invoca uno de abuso de confianza en el que se imputó al acusado haberse apropiado cierta canti-dad de dinero perteneciente a “Armour and Company,” sin más. El acusado formuló excepción perentoria y la corte del distrito la declaró con lug*ar. Apeló el Fiscal y esta Corte Suprema desestimó el recurso, diciendo en el curso de su opinión lo que sigue:

“Para que exista el delito imputado en la acusación es necesario que los bienes apropiados por una persona pertenezcan a otra persona, natural o jurídica, por lo que tal extremo debe ser alegado en la acusación; y cuando la propiedad pertenece a una corporación o sociedad, debe decirse así para que la acusación sea suficiente, aun-que no alegue los nombres de las personas que forman la sociedad, según se declaró en el caso de People v. Mahlman, 82 Cal. 585; State v. Mohr, 68 Mo. 303; Stallings v. State, 29 Tex. App. 220; Smith v. State, 34 Tex. Crim. 265, y otros citados en Am. & Eng. Ann Cases, Vol. 18 pág. 343. Por las palabras de la acusación no sabemos, ni puede saber el acusado, si la propiedad pertenece en este caso a una persona natural o jurídica, ni si ésta es una cor-poración o una sociedad, ya que no dice que Armour and Company sea una corporación o una sociedad, pues aunque la palabra ‘com-pañía’ denota generalmente una sociedad, sin embargo, no significa necesariamente la existencia de una corporación o sociedad, pues puede ser usada por un individuo haciendo negocios bajo un nombre comercial, según se dijo en el caso de Keystone Pub. Co., v. Hill-Dryer Co., 55 Misc. 627, citado en 12 C. J. pág. 221, nota 76.” El Pueblo v. Matos, 31 D.P.R. 594.

Podríamos tratar de distinguir este caso del de Matos, supra, ya que aquí no sólo se habló en la denuncia de “M. Blanco & Co.” si que se dijo que era “una casa comercial,” pero como siempre se sostendría que la denuncia era insu-ficiente por no alegar que la casa comercial era una cor-poración, una sociedad o una persona particular haciendo negocios bajo un nombre mercantil, nos vemos obligados a reestudiar la cuestión para fijar la regia en esta jurisdicción confirmando o revocando el caso de Matos, supra.

• Aparte de que lo dicho en el caso de Keystone Pub. Co. v. Hill-Dryer Co., 55 Misc. 625, 627, lo fue a los fines de resolver que cuando se obtiene una sentencia contra un demandado bajo un nombre comercial, el demandado no es culpable de desacato a la corte por no haber obedecido una orden de la misma dictada en procedimientos suplementarios basados en la sentencia que no le fueron personalmente noti-ficados, es lo cierto que las otras autoridades qué se citan lo fueron en casos criminales y sostienen el criterio seguido y aplicado por este tribunal.

Sin embargo, una consideración más detenida de la cues-tión, estudiándola desde todos sus ángulos, nos lleva a con-cluir que la regla como establecida es demasiado técnica y se inspira en el formalismo riguroso de la ley común, que no precisa que subsista para que se administre debidamente la justicia.

Lo que la ley requiere para que el delito de hurto se entienda cometido es que se sustraigan, con intención criminal, bienes muebles o semovientes, pertenecientes a otra persona.

Las personas pueden ser naturales y jurídicas y expresar como se expresa en la denuncia que el acusado sustrajo los bienes muebles de que se trata “con la intención criminal de privar a su legítimo dueño del libre goce de su propiedad para lucrarse en su propio beneficio” con indicación de que ese dueño lo era “la casa comercial de esta plaza propiedad del Sr. M. Blanco y Co.” es suficiente aunque no se diga si el Sr. M. Blanco y Co. era una sociedad, una corporateión o un individuo haciendo negocios bajo un nombre mercantil, porque lo importante es que sea una persona, natural o jurí-dica, capaz de ser dueña de los bienes muebles sustraídos, y sobre ese punto no creemos que puede existir duda alguna.

“La casa de comercio” se dice en la Enciclopedia Jurí-dica Española, tomo 5, pág. 280, “es también algo más que el establecimiento, almacén o tienda de que acabamos de hablar; es, como liemos dicho' antes, la empresa o negociación mercantil. En tal sentido, esta casa de comercio está cons-tituida por un conjunto de cosas, derechos y obligaciones pertenecientes al comerciante individual o social, dueño o propietario de la empresa. Estas cosas, derechos y obliga-ciones que forman lo que llamaron los romanos una uni-versalidad, son los aportados al comenzar el ejercicio del comercio y constan en el primer inventario-balance del comerciante, si no han sufrido disminución por causa de las pérdidas experimentadas, y las adquiridas en el transcurso del tiempo desde aquel comienzo hasta el instante en que trate de precisarse la importancia de la casa .comercial.”

A lo sumo la denuncia adolecería del defecto de ambigüe-dad, pero no de falta de hechos suficientes para determinar la comisión del delito imputado, siendo entonces aplicable la doctrina del caso del Pueblo v. Rivera, 54 D.P.R. 363, 365, expuesta en los siguientes términos:

“Por consiguiente, no procede contra la acusación, en la forma en que está redactada, la excepción perentoria de no constituir delito público los hechos denunciados. El remedio del acusado, era al leerse la acusación, solicitar de la corte que ordenase que ésta fuese más específica. No lo hizo y optó por entrar en juicio sin hacer reparos en la acusación, renunciando así (ivaiving) su derecho a que la acu-saeión sea clara y libre de ambigüedad. Como se dice en el syllabus del caso de El Pueblo v. Descartes, 51 D.P.R. 649:
“ ‘Meras incertidumbres en las alegaciones de una acusación no pueden levantarse en apelación cuando la acusación no lia sido ex-cepcionada en la corte inferior.’ ”

El caso de El Pueblo v. Matos, 31 D.P.R. 594 debe enten-derse revocado en cnanto se opone a lo que dejamos expuesto. La moción de reconsideración debe ser declarada sin lugar.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.