author: El Juez Pbesidente Señce del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Telésforo Pérez, acusado y apelante.
    No. 3758.

    Sometido: Junio 4, 1929.

      Resuelto: Julio 12, 1929.

      Eduardo López Tizol, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Piteólo, apelado.
   El Juez Pbesidente Señce del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Telésforo Pérez fué acusado y condenado como autor de un delito de abuso de confianza. No conforme con la sen-tencia, apeló para ante este tribunal, señalando en su alegato la comisión de diez y seis errores.

Por el primero sostiene que los becbos alegados en la acusación no constituyen un delito público.

La acusación, en lo pertinente, dice:

"El referido Telésforo Pérez en el período comprendido desde el mes de agosto a noviembre, A. D. 1924, y en la municipalidad de San Juan, P. R. en el Paseo Covadonga, comprendido en la parte Sur de una línea divisoria que, partiendo del Palacio de Santa Catalina, por toda la calle de Allen y a través de la Avenida Ponce de León, termina en el puente de Martín Peña, que forma parte del Distrito Judicial del 2Q Distrito de San Juan, P. R., ilegal, volunta-ria y maliciosamente y con intención de defraudar, como defraudó a la Ice Service Co., compañía o corporación autorizada legalmente para hacer negocios en Puerto Rico, en ocasión de desempeñar el puesto de vendedor de libros de cupones de la Ice Service Co., se apropió la suma de seiscientos diez y ocho dollars con cincuenta centavos, importe o valor de sesenta y cinco libros de cupones, usándola en su propio beneficio y para fines ajenos al legítimo desempeño de su cargo, defraudando de esta manera a la mencionada Ice Service Co. en la suma ya indicada de seiscientos diez y ocho dollars con cincuenta centavos."

Según el artículo 445 del Código Penal, es abuso de con-fianza la fraudulenta sustracción o malversación de bienes, por una persona a quien habían sido confiados, y aquí se imputa a una persona, el acusado Pérez, el haberse apoderado fraudulentamente del valor de ciertos libros de cupones que le fueron confiados para ser vendidos y entregar sn importe a su dueña la lee Service (3o. La acusación es suficiente. La relación fiduciaria entre el acusado y la perjudicada se alega de modo específico en ella cuando se dice que tanto la entrega como la sustracción tuvieron lugar en ocasión de desempeñar el acusado- el puesto de vendedor de libros de cupones de hielo de la perjudicada.

El segundo error se formula así: “La corte cometió error al no ordenar el sobreseimiento de este caso por no haber sido leída ni presentada la acusación en tiempo.”

La argumentación del error es tan confusa que no debe-ríamos detenernos a examinarlo.

El señalamiento se limita a no haberse presentado ni leído en tiempo la acusación. FU argumento se extiende a la no celebración del juicio dentro del término de ciento veinte días.

En los autos no se incluye la moción de sobreseimiento, constando sólo que dicha moción fué presentada y declarada por la corte sin lugar.

No hay base, pues, para discutir y resolver si el juicio se celebró o no en tiempo, y en cuanto a si en tiempo se presentó la acusación, bastará decir que así resulta de las propias manifestaciones del apelante, ya que dice que fué arrestado el 13 de marzo de 1925 y ésa es precisamente la ■fecha de la acusación. No hay constancia separada en los autos de cuándo fuera que se presentara o archivara la acusación en la corte, si es que no lo fué en esa fecha. Sólo consta que se leyó el 28 de noviembre de 1925, habiéndose celebrado el juicio el 15 de enero de 1926.

El acusado pidió qub se hiciera más específica la acu-sación en seis extremos. La corte negó la petición. Por su tercer señalamiento sostiene el acusado que la negativa fué errónea.

A nuestro juicio no se ha demostrado abuso alguno de discreción por parte de la corte. La acusación es todo, lo amplia y detallada que pueda exigirse. Y como discutir punto por punto las especificaciones solicitadas, alargaría de modo extraordinario1 esta opinión sin beneficio para la ¡juris-prudencia, nos limitaremos a lo dicho anteriormente.

Por el cuarto error se impugna la constitución del jurado que intervino en la causa.

El apelante sostiene que él tenía derecho a que el panel del que debía formarse el jurado que había de juzgarlo, se extrajera de la urna conteniendo los nombres -de los tres-cientos jurados del distrito, y que eso no se hizo porque se había extraído de la propia urna otro panel para actuar en otra de las secciones de la corte.

Sabido es que la Corte de Distrito de San Juan se com-pone de tres jueces que actúan independientemente. En 1925 la Legislatura decretó una ley — la No. 105 — cuya sección 4 dice:

“See. 4. — La distribución del trabajo de dicha corte entre los jueces o salas de al misma, así como el orden para el despacho de los asuntos, se harán de acuerdo con los Códigos de Enjuiciamiento-Civil y Criminal y de un Reglamento que deberá ser redactado por un Concejo Judicial, compuesto por el Attorney General y por los tres jueces de la Corte de Distrito.”

En el ejercicio de sus facultades, el 23 de noviembre de 1925, el “Concejo Judicial” adoptó la siguiente regla:

“Debido al gran número de casos criminales que están pendien-tes de verse ante Jurado, dos Jueces de esta Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, P. R., actuarán al mismo tiempo en dos salas distintas en la vista de dichos casos, ante el Jurado hasta tanto se termine la aglomeración de casos en el Calendario Criminal. Esta regla especial estará en vigor hasta que termine el pre-sente calendario criminal y cese la emergencia que la motiva.”

A nuestro juicio la regla no es contraria al artículo 199 del Código de Enjuiciamiento Criminal que prescribe:

“Siempre que los asuntos criminales del tribunal de distrito-requieran la presencia del jurado para juzgarlos y no se halle presente ninguno, el tribunal puede dictar providencia disponiendo que se designe por sorteo un jurado para conocer de la causa y que se le cite a comparecer ante dicho tribunal. Dicha providencia debe expresar el número de jurados que han de sacarse a la suerte, no debiendo este número exceder de veinte y cuatro, y el día y hora en que su presencia se requiera; y el tribunal puede disponer que los juicios criminales en que pueda necesitarse un jurado, se pro-rroguen hasta'hallarse constituido dicho jurado.”

La propia Legislatura que ordenó' la formación de las listas de jurados, reorganizó la Corte del Distrito Judicial de San Juan con mayor número de jueces que las de los otros distritos de la Isla, sin alterar los preceptos relativos a la selección de los jueces de hecho.

Las causas criminales y los casos civiles habían aumentado considerablemente en el distrito. A los jueces de derecho se les nombró para hacer frente a ese trabajo y para que cumplieran su cometido de modo eficaz se acordó que dos de ellos a la vez se dedicaran al despacho de asuntos criminales y dos paneles de veinte y cuatro jurados cada uno. se extra-jeron de la misma urna. No podía hacerse otra cosa y no creemos que se violara ningún derecho fundamental del acusado. La medida en nada obstaculizó el ejercicio de sus recusaciones y ninguna objeción pudo levantarse en cuanto a la imparcialidad de los doce jurados que finalmente inter-vinieron en su causa.. Suponiendo que el panel extraído para actuar ton el juez que dirigió el juicio del acusado lo hubiera sido después de haberse extraído el otro, quedaban aún en 3a urna 276 nombres. La realidad es que por razón de muertes, enfermedades y ocupaciones generalmente un nú-mero mayor, de veinte y cuatro está siempre de hecho elimi-nado. ¿Y qué mejor causa de eliminación que la de estar prestando un servicio público en la propia corte, cooperando así a que sea una verdad la garantía constitucional del juicio rápido para todos los acusados del distrito?

Los errores quinto y sexto no tienen importancia. Era propio que el testigo R. I. Dunten, manager de la compañía perjudicada, declarara sobre los deberes del acusado como vendedor, a fin de establecer la relación fiduciaria del acusado para con la perjudicada, y en cuanto a que se le permitiera decir “que babía oído decir,” como no se exprasa qué fué lo que oyó decir no estamos en condiciones de resolver si bubo o no error en la actitud de la corte. Quizá, como insinúa el fiscal en su alegato, pudo el testigo baber oído decir algo que beneficiara al acusado.

Por el error séptimo se sostiene que la corte ño debió permitir que se probara la existenia de la Ice Service Oo. por prueba oral y por el octavo que la corte erró al permitir luego de ello que se presentara el certificado de incorporación de dicba compañía.

La primera prueba era suficiente.

“La propiedad de los bienes,” dice Underbill en su tra-tado sobre “Criminal Evidence,” párrafo 208, “debe pro-barse que. existía en otra persona que no es el acusado. .Cuando se alega que pertenece a una corporación, prueba para demostrar una corporación de facto es suficiente. Las cláusulas de incorporación o certificado de incorporación no son necesarios.”

Por si pudiera existir alguna duda parece que el Pueblo presentó después el certificado de incorporación y no - creemos que de ello pueda quejarse el acusado.

El error noveno se refiere a que se permitió declarar a la testigo Carmen Prado — empleada de la perjudicada que era la .que entregaba los cupones al acusado, recibía de él el importe de la venta de los mismos y llevaba nota de todo —sobre confesiones y admisiones del acusado.

No existe el error. Parece que el apelante cree que debe aplicarse en esta clase de prueba la misma regla que la que se aplica a las confesiones. No es así. Toda admisión voluntaria del acusado sobre algún hecho material y perti-nente a la causa que se investiga, es admisible como prueba. Esas admisiones ocurren generalmente en el curso de una conversación o en 1a. realización de algún acto. Si fuera necesario advertir al acusado que podrían ser usadas en contra suya y cumplir con todos los requisitos previos a la toma de una confesión, para admitirlas, quizá jamás podrían aportarse como .prueba, pues cuando ocurren lo corriente es que no se piense en proceso criminal alguno.

Recientemente en el caso de El Pueblo v. Domínguez, 39 D.P.R. 664, esta corte dijo:

“No-existe el tercero de los errores señalados. .Era legal permitir al testigo Juan E. Miranda que se refiriera a cierta conversación que tuvo con el acusado en la que éste admitió ciertos hechos que le perjudicaban indudablemente pero que no constituyen una verdadera confesión. En tal virtud no era aplicable la regla que rige con i especio a la admisión de confesiones.”

La jurisprudencia sobre admisiones tanto en lo civil como en lo criminal es abundantísima. Una parte de la que se refiere a las del acusado en causas criminales, se resume en Corpus Juris, así:

“Las manifestaciones y declaraciones hechas por el acusado antes o después de la comisión del delito, que aunque no equivalgan a una confesión, sin embargo pueda derivarse de ellas, en unión a o1, ras circunstancias, una inferencia de culpabilidad, son admisibles contra él como tales admisiones. Esas manifestaciones y declara-ciones constituyen evidencia original y pueden introducirse sin sentar las bases necesarias para contradecir la veracidad de un testigo. Las admisiones pueden ser escritas u orales; y no se limitan a las manifestaciones hechas bien antes o después de la fecha del delito imputado siempre que no sean demasiado remotas en lo que a tiempo se refiere. El Estado no sólo puede probar tales admisiones, si que también puede demostrar cuándo y dónde fueron hechas. En torno a esas manifestaciones y declaraciones puede declarar un testigo que no recuerde las palabras exactas o que no Alera al acusado mientras las hacía, ni reconoció su voz, siempre que las circunstancias sean tales que la voz que oyó no hubiera podido ser otra que la del acusado; pero la confesión, ya sea oral o escrita debe ser identificada como hecha por el acusado. Cuando las mani-festaciones o admisiones del acusado tienden a relacionarlo con el delito que se le imputa, no llegan a ser inadmisibles por el hecho de que también tienden a inculpar a otra persona a quien no se le esté celebrando juicio. En verdad, la manifestación del acusado de que podría complicar a otra persona en la comisión del delito, es una admisión que le perjudica y puede ser presentada como prueba. Tina declaración hedía por el acusado no es inadmisible a favor del Pueblo por el hecho de que sea vaga, ambigua y contradictoria, o de que no fuera hecha en presencia de la persona lesionada o muerta al perpetrarse el delito. La evidencia sobre declaraciones voluntarias del acusado que demuestren cómo se perpetró el delito alegado, es admisible en contra suya, sin tener en cuenta de si lo perjudicaban o no al tiempo de proferirlas; y en todo caso en que, al celebrarse el juicio, esas manifestaciones sean inconsistentes con la contención del acusado, pueden ser introducidas por el fiscal; pero cuando favo-recen al acusado no son admisibles por ser declaraciones en beneficio propio (self-serving declarations.)” 4 C. J. pág. 626.

Tampoco cometió la corte el décimo error señalado al negarse a eliminar cierta llamada opinión de la testigo Carmen Prado.

No se trataba de nna opinión de la testigo. Si la Srta. Piado manifestó que ella decía a Pérez “para mañana me trae el dinero, pero el Sr. Pérez le traía el dinero de otro libro,” basaba su conclusión en la propia conducta del acusado que describe.

Por los señalamientos undécimo y duodécimo se imputa error a la corte por haber admitido como prueba las páginas 4 y 190 de la libreta en la que la Srta. Prado anotaba las entregas de libros de cupones al acusado que iba luego tachando cuando el acusado a su vez le entregaba el valor de los mismos, porque tal libreta no tiene sello ni nada que la identifique como perteneciente a la corporación perjudicada y en ella sólo aparecen cruces.

Las hojas de la libreta se presentaron en relación con la declaración de la testigo. Las anotaciones se hacían en el acto mismo de la transacción y formaban por tanto parte de la res gestae y eran en tal virtud admisibles. No hubo error.

Por el décimo tercer error se vuelve a suscitar la misma cuestión que por el noveno. Se sostiene que la corte no debió permitir declarar a los testigos Carmelo Rodríguez, Alberto Núñez, José López Cepero y O. B. Frazer sobre admisiones del acusado. Hemos examinado dichas declara-ciones y todas se refieren a diferentes admisiones voluntarias’ del acusado directamente relacionadas con el cargo que se le imputa.

El señalamiento décimocuarto se refiere al error que el apelante alega que la corte cometió al no permitir que declarara como perito el testigo Francisco Carrera.

El testigo declaró ampliamente sobre el sistema de venta de hielo por medio de libros de cupones y ya bien avanzada su declaración de modo insistente manifestó que no había venido a la corte a informar como perito, que no tenía esa pretensión y entonces el juez resolvió que no admitía la declaración del testigo como perito tanto por las propias manifestaciones del testigo cuanto porque su declaración se refería a la compañía de hielo de Bayamón cuyos libros de cupones eran distintos de los de la Ice Service Co.

No vemos que se cometiera error alguno.

Tampoco se cometieron los errores decimoquinto y decimo-sexto. La jurisdicción de la Corte de Distrito de San Juan aparece expresamente alegada en la acusación y la prueba es más que suficiente. La circunstancial de que se tratase de un hombre bien querido en la comunidad y de buena reputa-ción en ella, cede a la prueba concreta del hecho delictivo por ó] realizado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Andrés Franceschi, acusado y apelante.
    No. 3799.

    Sometido: Junio 20, 1929.

      Resuelto: Julio 12, 1929.

      Curios del Toro Fernández, abogado del apelante; F. Q. Pérez Almiroty, Fiscal en Comisión, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Arturo Padilla, policía insular, formuló la denuncia que sirvió de base a este procedimiento de caución juratoria seguido contra Andrés Prancescbi en la corte municipal de Yauco.

Puesto bajo caución, Prancescbi apeló para ante la Corte de Distrito de Ponce y celebrado el juicio de nuevo dicba corte dictó la siguiente sentencia:

“Leída la denuncia, el acusado hizo alegación de inocente. Prac-ticada la prueba de cargo y de defensa, la Corte, por la apreciación hecha de dicha evidencia, considera satisfactoriamente probado que existen motivos suficientes para creer que el acusado Andrés Fran-ceschi pueda llevar a cabo sus amenazas contra la vida de Luis Filión, y ordena la corte que dicho Andrés Franeeschi preste fianza ae $500.00 comprometiéndose los fiadores en dicha fianza a que el acusado Andrés Franeeschi no turbará la paz contra el Pueblo de Puerto Rico y especialmente contra Luis Filión, y si el acusado dejare de prestar dicha fianza, el Alcaide de la Cárcel del Distrito de Ponce, lo retendrá bajo su custodia por el término de seis meses, con las costas a dicho acusado.”

No conforme aún Prancescbi apeló para ante esta Corte •Suprema señalando como único error el cometido a su juicio por el juez de distrito al apreciar la prueba,.

En su alegato el fiscal sostiene que no cabe apelar en un procedimiento de esta naturaleza, citando en apoyo de su, contención la jurisprudencia de California. Dicba jurisprudencia so resume así:

“No procede una apelación de una orden dictada por un juez de paz exigiendo la prestación de una fianza para garantizar ¿1 que no se altere el orden público. Los preceptos estatutorios no con-tienen disposición alguna para una apelación de tal orden. Por ■tanto, la conclusión a que llegue el juez de paz es, en lo que al acusado concierne, la determinación final de los méritos de la con-troversia, y la orden del funcionario en el sentido de que el acusado permanezca bajo caución contiene todos los elementos esenciales de una sentencia firme. Así, pues, una corte superior no puede anular una orden del juez de paz exigiendo una fianza, sin celebrar juicio, fundando su acción única y exclusivamente en la exposición del caso. Parece que si un magistrado trata de poner en vigor una orden, completamente improcedente, exigiendo una fianza., la persona agra-viada debe acudir a un remedio más apropiado que la apelación.” 4 Cal. Jur. 480.

El apelante contesta que precisamente el recurso ordinario de apelación es el que cabe ejercitar en este caso de acuerdo con lo resuelto expresamente por esta corte en el de Nogueras v. Corte Municipal de Cayey, 7 D.P.R. 576.

No bay duda alguna que esta corte en el caso indicado, tn 1904, decidió que era el recurso de apelación el apropiado. No consta que la cuestión se suscitara de nuevo. El fiscal dice en su alegato que sólo ba podido encontrar en nuestras decisiones dos casos más en procedimientos de caución y ellos llegaron a la corte a virtud de autos de habeas corpus', a saber: Ex parte Caraballo, 9 D.P.R. 326 y De Jesús v. El Pueblo, 22 D.P.R. 1. Hemos encontrado dos casos más: Ex parte Solares, 4 D.P.R. 94 (2ª. ed.) y Ex parte Rivera, 11 D.P.R. 361, pero también en procedimientos de habeas corpus.

No es sólo la jurisprudencia de California la que sostiene que en ausencia de una expresa disposición estatutoria no cabe apelar en procedimientos de caución. Otros estados ban resuelto lo mismo.

Corpus Juris, basándose en decisiones de Alabama, Kentucky, Carolina de Norte, Nueva York, Kansas, Indiana y Pennsylvania, dice:

“A menos que el estatuto la disponga, se ha resuelto que no procede una apelación de una orden de un juez de paz exigiendo la prestación de una fianza para conservar el orden público, conce-diendo las costas, o desestimando la denuncia; pero la orden del juez de paz puede ser revisada mediante certiorari o babeas coi’pus. íín Pennsylvania la transcripción del juez de paz debe revelar el cumplimiento de los requisitos estatutarios. ” 9 C. J. 397.

El único estado que se cita como autorizando la apela-ción por estatuto, es el de Wisconsin.

Refiriéndose al origen y a la naturaleza de la caución. Corpus Juris resume la jurisprudencia así:

“El poder de señalar una fianza para preservar el orden público existió en el derecho común de Inglaterra y se considera como parte integrante del derecho común de este país.
“El requisito de la prestación de una fianza para garantizar la preservación del orden público es justicia preventiva y consiste en obligar a aquellas personas de quienes hay razonables motivos para sospechar que observarán una conducta desordenada en lo futuro, a estipular con el público y a prestar una suficiente garantía, por vía de prenda o fianza para conservar el orden, en el sentido de que el delito que se teme no se perpetrará. Debe, sin embargo, observarse que, estrictamente hablando, tales procedimientos no son de carácter criminal aunque participen más de la naturaleza de los procedimientos criminales que de lo civil. Empero, ese procedi-miento no es la persecución de un delito cometido, y parécenos que no puede caer dentro de la inhibición constitucional por virtud de una segunda exposición (jeopardy) a ser condenado por el mismo delito.’’ 9 C. J. 393.

Una nueva consideración del asunto a la luz de la natura-leza del procedimiento y de las decisiones de los varios estados de la Unión que liemos citado, nos lleva a concluir que no otorgando la. propia ley en Puerto Rico el recurso de apelación, tiene razón el fiscal y debe, en tal virtud, deses-timarse, por falta de jurisdicción, el recurso.

La intervención de las cortes de primera instancia en esta dase de procedimientos es' preventiva. Sus decisiones que en nada prejuzgan la culpabilidad de los acusados, son y deben ser finales para que produzcan los inmediatos y salu-dables efectos que se propuso el legislador. Si los jueces de paz o municipales se exceden en su jurisdicción o no siguen el procedimiento de ley, el habeas corpus y el certiorari pro-porcionan los medios adecuados de intervención por parte de las cortes superiores.

Parece conveniente hacer constar, por último, que la apelación en este caso se interpuso contra la sentencia dictada en grado de apelación por la corte de distrito y, por tanto, sin jurisdicción, siendo ésta una razón adicional para deses-timar el recurso.

Se desestima la apelación.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. A. Esteva Vidal, acusado y apelante.

      No. 3825.

    Sometido: Junio 28, 1929.

      Resuelto: Julio 12, 1929.

      A. Lens Güeña y ’Francisco Susoni, abogados del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

A Esteva Vidal fué denunciado por haber empleado a mujeres que trabajaron diez horas el día 29 de agosto de ' 1928, en la manufactura de trajes de niños y otros artículos que tiene establecida en Arecibo. . Oída la prueba, la corte lo condenó como autor de una infracción a la. ley regulando el trabajo de -mujeres y niños de 1919, a pagar una multa de veinticinco dólares. No conforme, apeló para ante este tribunal, señalando como único error el cometido a su juicio por la corte al apreciar la prueba.

La evidencia presentada por el fiscal consistió en la declaración del inspector del Negociado del Trabajo del Go-bierno Insnlar, Miguel Mascaró, quien, en parte, declaró como sigue:

“En cumplimiento de nuestro deber luimos a vigilar el taller de este señor, y observamos la entrada de las trabajadoras por la mañana. P. — ¿A qué hora entraron? Debían entrar a las oebo de la mañana y a esa bora entraron, y después, a la bora de salida, a las doce, también salieron a esa bora. A la una y treinta minutos, momentos antes estuvimos allí y las vimos entrar a esa bora que es la que marea el aviso, y a las cinco y treinta minutos salieron, y se cumplieron las ocbo boras de ley.' Pero más tarde, a las siete menos cuarto de la noche,’nos instalamos frente al establecimiento y vimos que entraban al trabajo de nuevo y estuvieron basta las nueve; y entramos en el taller y hablamos con el patrono y con las propias trabajadoras. P. — :¿Dónde está el taller? En la calle Nueva de Areeibo. P. — Las que trabajaban allí ¿qué personas eran? Entre una porción más, las que están citadas. P. — ¿Mujeres? Sí, señor. P. — ¿En qué trabajaban? Unas planchando y otras en trajes, en trabajos de trajes de niños. P. — El taller ¿de qué es? De calados y bordados y manufactura de trajes de niños.”

Y a repreguntas de la defensa:

“. — ¿Sabe si todo el tiempo que estuvieron en el establecimiento estuvieron trabajando? No estuve el día. Solamente que las vi entrar a la hora de trabajo y salir a la bora, y me manifestaron que estaban trabajando.”

La contestación no fue objetada.

Luego presentó el fiscal a Guillermina Lugo, una de las mujeres que en la denuncia se alega que trabajaron diez horas. Declaró que había estado en el taller por la mañana, por la tarde y por la noche, pero que no se trabajó por la tarde porque no había trabajo preparado.

Luis F. Machicote, otro inspector, declaró en forma parecida a Mascaró.

Por la defensa declaró el propio acusado. Su declaración es vaga. Termina así:.

“¿Puede informar a la Corte si esas mujeres trabajaron más de ocho horas ese día? No trabajaron las ocho horas ni tampoco trabajaron las cuarenta y ocho horas a la semana.”

A nuestro juicio la prueba sostiene la sentencia. Existe la directa observación de los inspectores en cuanto a entradas y salidas del taller, que constituye una prueba circunstancial suficiente y además el dicho de las operarías a los inspectores no objetado por el acusado.

Es cierto que una testigo del propio fiscal tiende a destruir el cargo, pero a la declaración de esa testigo no dió crédito la corte. ¿Cómo era posible que si no había trabajo por la tarde se quedaran las operarías en el taller desde la 1:30 hasta las 5:30? Además, la corte seguramente tuvo en cuenta las relaciones de la testigo con el acusado para decidir sobre el crédito que debía dar a su declaración.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: Fjl Juez Peesidente Señob del Tobo,

text:
    Ignacio Rosales Cueli, Rufino Ruiz y Ruiz y Francisco Soto Gras, demandantes y apelados, v. Nicolás M. Cartagena y Nimaca Shoe Factory, demandados y apelantes.
    No. 4711.

    Sometido: Marzo 14, 1929.

      Resuelto: Julio 12, 1929.
   Fjl Juez Peesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Ignacio Rosales, Rufino Ruiz y Francisco Soto Gras, dueños de doscientas acciones de las cuatrocientas emitidas por la “Nimaca Shoe Factory Co.,” una corporación orga-nizada de acuerdo con las leyes de esta Isla, demandaron a Nicolás Manrique Cartagena, dueño de las otras doscientas acciones, y a la propia corporación, en solicitud de una sen-tencia que decretara la disolución de la compañía y el nom-bramiento de un síndico liquidador de la misma.

Los demandantes Soto y Ruiz eran Secretario y Tesorero de la Corporación y el demandado Cartagena Presidente. La demanda, que contiene treinta y tres Lechos, describe minuciosamente las dificultades surgidas en la administración de la Nimaca, los disgustos entre sus directores, las pérdidas sufridas, una larga serie, en fin, de ocurrencias demostrativas de la imposibilidad de que los negocios continuaran guiados por la Junta Directiva que a su cargo los tenía.

Resueltas algunas cuestiones previas, el demandado Car-tagena, el 30 de julio de 1927, presentó a la Corte un escrito que copiado a la letra en lo pertinente dice:

“Que se allana a la demanda de los demandantes, en virtud de hechos ocurridos con posterioridad a la presentación de dicha de-manda.
“Y, en su consecuencia, este demandado ■ solicita de la Hon. Corte que dicte sentencia declarando con lugar la demanda, sin especial condena de costas para este demandado.”

No se tomó acción alguna y el propio demandado Carta-gen a el 15 de agosto siguiente pidió a la corte que señalara un día para la celebración del juicio. En su moción dijo:

“I. Los derechos del Calendario en este caso están satisfechos en su totalidad y el asunto es de carácter urgentísimo porque se trata de obtener sentencia que declare disuelta la corporación de-mandada Nimaca Shoe Factory, Inc., y se nombre un 'Síndico para su liquidación.
“II. La prueba de las partes será sólo prueba documental pues los hechos esenciales están admitidos por este demandado que ahora comparece, siendo así que el juicio no se llevará ni 15 minutos en su celebración, y es de urgente necesidad el nombramiento de un Síndico en este caso.”

La corte accedió señalando el 17 de septiembre de 1927. Ambas partes comparecieron ese día y a petición de los demandantes la vista fue suspendida.

Pasó el tiempo y el 22 de junio de 1928 los demandantes basándose en el escrito de allanamiento del demandado Carta-gena de julio 30, 1927, pidieron a la corte que, sin más trá-mites, dictará sentencia decretando la disolución de la corpo-ración demandada y procediera- al nombramiento del síndico liquidador.

Al día siguiente la corte dictó una orden cuya parte dispositiva- dice:

“Por taNto, se declara cou lugar la solicitud de las partes, y se decreta y,ordena
“Primero: Que la corporación del país nombrada ‘Nimaca Shoe Factory, Inc.,’ es por la presente declarada disuelta y extin-guida por consentimiento unánime de sus accionistas.
“Segundo: Que habiéndolo así solicitado dichos accionistas se nombre un síndico que tome posesión de los bienes corporativos, los administre y pague las deudas, repartiendo el sobrante entre los accionistas.
“Tereero: Que -el día 25 de junio de 1928, a las 11 A. M. com-parezcan personalmente las partes y sometan nombres de personas idóneas para ser considerados en la designación de síndico que luego se hará por la Corte y mediante orden al efecto.
“El Secretario registrará sentencia de acuerdo con esta orden sin especial condena en costas.”

Dos días después el demandado Cartagena pidió a la corte que reconsiderara sn orden del 23 alegando, en resumen, que el motivo que lo llevó a allanarse fué cierto pleito de deshau-eio iniciado por el Sr. Soto Gras contra la corporación demandada, pleito que había quedado arreglado y que la petición de sentencia se bahía hecho sin notificársele. Se opusieron los demandantes y la corte en una resolución fundada declaró sin lugar la moción del demandado Cartagena estimando que su allanamiento tenía carácter definitivo e implicaba el consentimiento unánime de los accionistas para, la disolución pedida. La sentencia definitiva quedó regis-trada el 19 de julio de 1928.

No conforme el demandado Cartagena apeló para ante este tribunal. En su alegato señala tres errores, así:

“1. Al declarar con lugar la demanda, toda vez que ésta no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción.
“2. Al negar la moción de reconsideración radicada por la parte demandada.
“3. Al dictar una sentencia a favor de la parte demandante.”

La argumentación de los errores no puede ser más defi-ciente. Todo lo que dice en cuanto al primero es lo que sigue:

“Si en el caso de autos la demanda no> aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción entonces cualquier sentencia fundada en dicha demanda es improcedente y debe ser revocada. A primera vista la demanda es insuficiente. La corporación Nimaca Shoe Factory Co., Ine., es una corporación debidamente organizada y existente de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, cuyo hecho no solamente consta de los autos y de la moción de reconsideración, sino de la misma confesión de los demandantes al citar una junta de directores, etc. La única manera de disolver una corporación organizada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico es mediante los procedimientos previstos en la ley de corporaciones, de 1911, con sus enmiendas. Ningún grupo de accionistas puede disolver una corporación mediante la alegación de una serie de quejas, toda vez que la ley provee la forma en la cual los accionistas deben proce-der a una disolución.”

Ni lina sola cita de autoridades, ni un razonamiento más.

La ley de acuerdo con la cual la Nimaca Slioe Factory, 3ne., se organizó, contiene reglas sobre la disolución de las corporaciones, (Artículos 26 a 33 de la ley sobre corporaciones privadas de 1911, Comp. 1911, pág. 103 y siguientes) y parece lo lógico que diebas reglas se cumplan en primer término, sin recurrir a los tribunales. Pero aquí los directores rompieron abiertamente sus relaciones y hubo necesidad de acudir a la corte para que resolviera el conflicto.

La jurisprudencia sobre disolución de corporaciones es tan abundante, que sólo el resumen de ella ocupa más de dos-cientas páginas del tomo 14 a de Corpus Juris. La hemos lepasado ligeramente y en ella encontramos lo que sigue;

‘ ‘ El derecho de un accionista de la minoría’ a instituir un pleito sobre disolución de una corporación no existe independientemente del estatuto excepto cuando se presenta un caso en que se puede conceder el remedio solicitado dentro de la jurisdicción general en equidad de la corte.” 14a- Corpus Juris, pág. 1141.

Los hechos de la demanda como ya indicamos revelan un estado tal de cosas, que nos lleva a concluir que era imposible seguir el trámite marcado por la ley para la disolución voluntaria. Surgió un conflicto y fué necesario acudir a la Corte y mientras no se nos demuestre lo contrario en forma más convincente que la mera conclusión u opinión del ape-lante, decidiremos, a los únicos efectos de este caso, dejando la cuestión abierta para mayor estudio en el futuro, que la Corte actuó dentro de su jurisdicción al resolverlo.

Por lo menos el poder de la corte para nombrar un síndico existía.

Los otros dos errores señalados se argumentan en la misma forma deficiente que el primero. Creemos que si la. Corte se hubiera convencido- de la existencia de equivocación, fraude o sorpresa por parte del demandado Cartagena al archivar su moción de allanamiento, hubiera podido dejar sin efecto su sentencia, pero aunque el lenguaje usado por la corte sentenciadora en su resolución no nos' permite penetrar con absoluta seguridad en los motivos que la. llevaron a . su conclusión, ésta está sostenida por los autos.

Nada demuestra que la actuación del demandado Carta-gena se debiera a equivocación, fraude o sorpresa. Ija vaga referencia que se Race a “hechos ocurridos con posterioridad a la presentación de la demanda,” no justifica su allanamiento para retirarlo luego cuando transe el pleito de desahucio, que según la moción de reconsideración era el “hecho posterior” que tenía en mente. Quizá si la ■ otra parte se decidió a transar fué precisamente teniendo en cuenta el allanamiento.

Los debates judiciales no son un juego, sino algo serio, solemne. Las alegaciones se archivan para que produzcan sus naturales efectos y sólo en bien de la justicia en los. casos permitidos por la ley puede la corte dispensar de esos efectos a una parte permitiendo que la cuestión se investigue y y tramite de nuevo de acuerdo con los hechos y la ley. •

¿Cuál fué el efecto del allanamiento? Sin dudá' la aceptación por parte del demandado Cartagena de los hechos alegados en la demanda como se desprende de la moción solicitando señalamiento de vista o por lo menos la expresióu inequívoca de su conformidad con que se dictara la sentencia pedida y como con él se avenía a la disolución todo cuanto faltaba para la totalidad de los accionistas, creemos que la corte estuvo justificada en dictar sentencia sin necesidad de juicio.

Hay algo que nos ha hecho dudar en este caso y es la actitud de los demandantes al pedir la suspensión del juicio señalado para el 17 de septiembre de 1927 y el dejar pasar tanto tiempo sin pedir que se actuara sobre el allanamiento. La única explicación que encontramos es la de la ausencia durante ese período del Sr. Soto Gras, demandante y abogado a la vez en este pleito. En la petición de suspensión hecha por el socio del dicho abogado se adujo esa causa. ■

De todos modos, atendida la forma en que las cuestiones envueltas han sido argumentadas por la parte apelante, no creemos que tengamos el deber de ahondar más en el asunto.

Debe confirmarse la resolución y la sentencia apeladas.


text:
    Angel Buonomo, demandante y apelado, v. La Corte Municipal de Caguas, Hon. José Soto, Juez, demandada y apelante.
    No. 4519.

    Sometido: Marzo 5, 1929.

      Resuelto: Julio 12, 1929.

      Arturo Aponte, abogado del apelante; A. L. López, abogado del ape-lado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Angel Buonomo siguió un pleito en la Corte Municipal de Caguas en cobro de dinero contra Fermín Yillafañe y obtuvo sentencia favorable.

En la ejecución de dicha sentencia se fijó el 7 de noviembre de 1927 para la venta en pública subasta de una finca del deudor previamente embargada en el pleito.

El mismo día designado para la subasta, el deudor pre-sentó una moción, no notificada a la parte contraria, alegando que había adquirido por escritura pública la finca que se iba a vender y

1 ‘ Cuarto : Que vuestro peticionario es residente y cabeza de fa-milia en la Isla de Puerto Rico, habitando en la casa que existe en la finca reseñada y que ha de ser objeto del remate "el día 7 del corriente.
“QuiNTO: Que la finca de referencia fué comprada en $170 y en la actualidad, si tiene un mayor valor, deberá siempre ser con-siderada como homestead de vuestro peticionario y su familia hasta la suma de $500.”

Hizo la petición consiguiente y la corte, sin dar interven-ción al demandante en el pleito, dictó la siguiente orden:

“Vista la moción del demandado en este caso y la escritura de adquisición de la finca objeto de dicha moción, en la que solicita que se declare exento de ejecución el inmueble que se describe a continuación por constituir un hogar seguro (homestead) y vistos los artículos 249, primer- párrafo, y 250 del Código de Enj. Civil, la Ley de Hogar 'Seguro, aprobada en marzo de 1903, y el caso de Dávila vs. Sotomayor, 35 D. P. R. 794, se ordena al marshal de esta corte proceda con ai’reglo a derecho y si al efectuar la subasta o remate, el valor que asignare definitivamente cualquier postor pol-la finca fuere menor de $500, dicho funcionario se abstendrá de pro-ceder a la ejecución del inmueble por estar exento de ejecución; pero si el valor asignado definitivamente en las posturas excediere de $500, entonces procederá a hacer la ejecución correspondiente y consumará la venta en pública subasta, debiendo entregar al acree-dor demandante solamente el exceso sobre $500, y los $500 deberá entregarlos al deudor demandado, estando esta suma exenta de eje-cución. ...”

El demandante entonces presentó una solicitud de cer-tiorari a la Corte de Distrito de Humacao. Expedido el auto, dicha corte, después de oír a ambas partes en el pleito, dictó sentencia anulando la orden de la Corte Municipal y devol-viendo el caso para ulteriores procedimientos.

Parece conveniente transcribir lo que sigue de¡ la relación del caso y opinión de la Corte de Distrito. Dice así:

“La contención en este caso es que dicha orden ha sido dictada sin haberse oído a la parte contraria, dándole a la misma su día en corte y una oportunidad para defender sus derechos.
“En el caso de Cueto vs. Corte de Distrito, 37 D.P.R. 246, re-solviendo la Corte Suprema una cuestión de Homestead análoga a la presente y establecido dentro de un procedimiento hipotecario, dicho Alto Tribunal dice lo siguiente:
“ 'La alegación de los demandados requiere una contestación, la celebración de un juicio, y una sentencia resolviendo Ha cuestión propuesta por los demandados o sea un juicio ordinario dentro de un procedimiento especial y sumario.’
“Dada esta doctrina, se ve claramente que las cuestiones de Homestead son consideradas como incidentes dentro del pleito principal en que las mismas se ejercitan, y por tanto, que ellas no pue-den ni deben resolver sin dar a la parte contraria una oportunidad para defenderse, pues lo contrario sería aceptar como buenas las alegaciones del peticionario, sin prueba que las justifique y sin oír a las partes interesadas.”

No conforme Villafañe apeló para ante esta Corte Su-prema, señalando en su alegato la comisión de dos errores.

Por el primero sostiene que la corte erró porque resolvió el recurso de certiorari sin tener ante ella todos los documentos que tuvo el juez municipal.

Parece que al reclamarse los autos de la Corte Municipal no se envió la- escritura de adquisición de la finca embargada y a'unque el apelante no afirma que se hubiera constituido por dicha escritura el derecho de homestead que reclama, alega la posibilidad de que pudiera ser ése el caso.

La parte apelada contesta que esa cuestión no1 se suscitó en la corte de distrito y que la escritura presentada sólo podría demostrar el hecho de la adquisición de la finca, admi-tido por ella misma desde el momento en que la embargó como de la propiedad del demandado, y por tanto que la corte de distrito tenía ante sí todo lo necesario para actuar.

Si se examinan los autos de la Corte Municipal, se verá que si bien en la moción del demandado Villafañe se dice que se adquirió la finca por determinada escritura, no se hace referencia a que se acompañe la escritura a la moción. Es cierto que la orden del juez municipal hace referencia a la escritura, pero fuera de ello no hay constancia de que dicha escritura se archivara con los autos.

De todos modos en la moción lo que se alega es que por la repetida escritura se adquirió la finca, no que en ella se constituyera el homestead reclamado, y no puede lógicamente ser otra cosa.

Siendo ésas las circunstancias que concurrieron, no creemos que fuera imprescindible la escritura para que la Corte de Distrito resolviera la cuestión que se le planteó.

El segundo error se formula así:

“La corte inferior erró al declarar que constituido en debida forma el derecho de homestead, es necesario para que tenga efectivi-dad y virtualidad ante una corte de justicia que se celebre un jui-cio oral por todos sus trámites.”

Dejando a un lado la suficiencia o insuficiencia en sí misma de la moción del demandado reclamando el derecho de homestead sobre la propiedad que iba a ser vendida, diremos que es tan aparente el error de procedimiento cometido por la Corte Municipal, que no se necesita de es-fuerzo alguno para concluir que tuvo razón la Corte de Dis-trito al anular la orden de que se quejó el peticionario Buonomo.

Cualquiera que sea la diferencia de criterio de los jueces que componen este tribunal, existe una conformidad absoluta entre todos en que para ejercitar el derecho de homestead debe seguirse el debido proceso de ley que de modo tan admirable describió Webster en su argumentación en el caso de Darmouth College, así: “una ley que oye antes de con-denar; actúa por virtud de'investigación y dicta sentencia solamente después de nn juicio.” 6 R.C.L. 446, citado en Guerra v. Comisión Indemnizaciones a Obreros, 29 D.P.R. 507, 512.

Los procedimientos contenciosos podrán ser más o menos sumarios o sumarísimos, pero no pueden decidirse sin oír, o sin dar una oportunidad de ser oídas por breve que ella sea, a las partes interesadas en la contienda. T cuando se invoca el derecho de homestead contra un acreedor, no se trata d,e un procedimiento ex parte, sino contencioso.

Debe recordarse que aquí la Corte Municipal no se limitó a tomar alguna medida previa en favor del reclamante, basada en la autenticidad prima facie del título que se le presentara o en la fianza que exigiera y se prestara, sino que decidió en definitiva a favor suyo, sin prueba y sin oír ni dar la oportunidad de oír a la parte contraria.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


text:
    José de Gracia, demandante, v. Gerardo Guardiola, demandado-apelante, y Oscar A. Gandía, taquígrafo-apelado.
    No. 4885.

    Sometido: Marzo 5, 1929.

      Resuelto: Julio 12, 1929.

      F. Soto Grás, abogado del apelante; Feliú & La Costa, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se apela de una resolución de la Corte de Distrito de San Juan ordenando al taquígrafo de la misma la devolución, de cierta cantidad cobrada de más en este pleito, no por él sino por la parte a cuyo favor se'ordenó la devolución, y está envuelta en el recurso la interpretación de las leyes que actualmente regulan el cobro de derechos por los taquígrafos oficiales de las cortes de distrito de la Isla.

Los becbos del caso y las cuestiones envueltas y decididas surgen con toda claridad de la relación del caso y opinión de la Corte de Distrito que, en parte, dice:

“En este caso, a petición del demandado, se ordenó al taquígrafo Oscar A. Gandía preparar una transcripción de la evidencia, o sea, de las declaraciones ofrecidas y pruebas practicadas, y resoluciones, actos o manifestaciones de la corte, así como de todas las objeciones y excepciones de los abogados y cuestiones o materias que con la misma se relacionaran, a los fines de una apelación establecida por la parte demandada para ante el Tribunal Supremo de.Puerto’ Pico, de acuerdo con las disposiciones de la Ley No. 27 de 27 de noviem-bre, 1917, enmendada, por Ley No. 81 de 20 de julio, 1919, y dicha transcripción fue radicada en Secretaría, entregándose una copia cer-tificada a los abogados del demandante Blondet y Campillo y otra al abogado F. Soto Gras, del demandado.
■ “El taquígrafo cobró al demandado por su trabajo la cantidad de $200.00, que le fue pagada en tres partidas de $50, $70 y $80 res-pectivamente, y luego el demandado solicitó que le fuera reintegrada la suma de $173.08 porque contadas las palabras contenidas en el récord, dieron un total de 26,924, que a razón de 10^ por cada 100 palabras, sólo importaban $26.92-. Se celebró una vista y la corte resolvió que no tenía facultades para ordenar la devolución en la forma solicitada, sino que debía seguirse un procedimiento ordinario, pero esta decisión fué anuláda por el Tribunal Supremo y se devol-vió el caso para que la corte continuara conociendo del mismo de acuerdo con los principios establecidos en la opinión.
“Una nueva vista se celebró, en que el taquígrafo estuvo repre-sentado por el abogado don Leopoldo Feliú, y se practicó prueba por ambas partes, radicándose alegatos.
“La Ley No. 27 de 1917, citada, en su sección 2 impone al ta-quígrafo el deber, al serle ordenado por la corte, de transcribir fiel y completamente el récord taquigráfico del juicio, incluyendo copia de todos los documentos ofrecidos y admitidos como prueba y de cualquier materia que se hubiere solicitado en el escrito; y la sec-ción 3 de la misma ley, según fué enmendada por Ley 81, de 1919, también citada, dispone que el taquígrafo- entregará una copia de la transcripción al apelante, otra al apelado y la tercera al secretario para ser unida al legajo de la sentencia, certificando dichas entre-gas al pie del original.
“La sección 5 dé la Ley de 10 de marzo de 1904 creando las plazas de taquígrafos-reporters de los tribunales de distrito, dispone que será el deber del taquígrafo, al ser requerido por cualesquiera de las partes en un pleito en que se hayan tomado notas taquigrá-ficas, proporcionar copia escrita en maquiwilla de las mismas o cual-quier parte de ellas, y por lo cual tendrá derecho a recibir, como honorarios, además de su sueldo, 10‡ por cada 100 palabras, que habrá de satisfacer la parte que la solicite. Las notas taquigráficas, según la ley de 1904, comprenden solamente los procedimientos ora-les y las declaraciones de testigos. De la prueba documental sólo se hace una referencia.
“Con anterioridad a la Ley No. 27 de 1917, el procedimiento para incorporar la prueba, tanto documental como testifical, al le-gajo de la sentencia, era el de la exposición del caso únicamente, que debía preparar la parte. Por lo regular, se solicitaba por el apelante copia de las declaraciones de los testigos para redactar la exposición, y también la solicitaba el apelado para confrontar la exactitud, y ambas partes pagaban el récord. Luego, se promulgó la Ley 27 de 1917 citada, que provee la transcripción de evidencia preparada por el taquígrafo, o sea, el mismo récord taquigráfico, pero adicionando la evidencia documental y todas las resoluciones, actos y manifestaciones de la corte, así como todas las objeciones y excep-ciones de los abogados y cuestiones o materias que con la misma se relacionan. TJn apelante puede ahora, a su elección, usar indistin-tamente uno u otro procedimiento, o sea, el de la exposición del caso o de la transcripción de evidencia. Si utiliza el primero y necesita el récord taquigráfico, debe satisfacerlo al taquígrafo, al igual que el apelado si lo interesa; y si utiliza el segundo, en que se ordena al taquígrafo entregar tres copias por la ley de 1919, una al ape-lante, otra el apelado, y la tercera al secretario-, debe también pa-garse por las tres copias, porque en cuanto al arancel rige la ley de .1904, que establece los derechos que puede cobrar el taquígrafo por las copias de los récords y las notas tomadas por él. Por el proce-dimiento de la exposición del caso, si el apelado necesita una copia ■de la transcripción debe pagarla, pero si el apelante, a opción, uti-liza el procedimiento de transcripción de evidencia por el taquígrafo, o sea, en que la labor necesaria para preparar un documento com-pleto la realiza el taquígrafo, y en que se ordena a éste entregar la copia al apelado, también debe el apelante pagar por ella, al igual que la que recibe, pues no sería justo, ni razonable, que el apelado, que ha obtenido una sentencia a su favor pagase por la copia de la transcripción que se le sirve, cuando todo esto se hace a solicitud del apelante, como dispone la ley de 1917 en su sección 'segunda. Y aun cuando el taquígrafo, al transcribir sus notas, bien sea para la exposición del caso o por la transcripción de evidencia, prepare las copias al mismo tiempo que el original, la ley no hace distingos en cuanto a los honorarios y tiene derecho a percibir su valor por cada copia que entrega como si fuere la original. El taquígrafo tiene, por tanto, derecho a cobrar del demandado-apelante, habiendo utilizado el procedimiento de transcripción de evidencia, por las tres copias que entregara, que a razón de $26.92 cada copia, por con-tener 26,924 palabras cada una, importan la suma de $80.76 y débe devolver la cantidad de $119.24 cobrada en exceso.
“Para justificar el taquígrafo el cobro en exceso, declaró que el pago fué voluntario y que convino con el abogado del demandado Sr. Soto Gras, debido a la acumulación de trabajo, verificar éste en horas extraordinarias, y que se llevó las libretas que contenían las notas para su casa y allí preparó la transcripción en horas de la no-che. El Sr. 'Soto Gras negó que hubiera hecho tal convenio con el taquígrafo. Pero sea como fuere, no pueden cobrarse por el taquí-grafo otros honorarios que los fijados por ley de 1904, que deter-mina su compensación, según 'se consigna claramente en la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuyos principios estamos obligados a seguir, respetar y hacer cumplir.
“Los taquígrafos de las Cortes de Distrito de San Juan perciben actualmente un sueldo de $1,800.00 por año, o sea, $150.00 mensua-les, que les paga el Gobierno de Puerto Rico y como honorarios 10(£ por cada 100 palabras de las transcripciones que realicen y que de-ben satisfacer las partes.”

Dos errores señala la parte apelante en su alegato. El primero se formula así:

“No considerar como la ley del caso y resolutoria de todas las cuestiones entre las partes, la resolución de esta Hon. Corte de enero 31, 1928, en el recurso de certiorari número 576.”

-Opinamos que no se ña cometido error alguno. La Corte de Distrito aplicó razonablemente la ley del caso. La cues-tión de las copias a la parte y al secretario no füé tomada en consideración por esta Corte Suprema en el caso de certiorari. Aparte de la cuestión de procedimiento decidida, lo que allí se resolvió en verdad fué que el taquígrafo oficial de las Cortes de Distrito de Puerto Pico, un funcionario público que recibe sueldo del Pueblo y que puede percibir honorarios por su trabajo, estando como e'stán dichos hono-rarios fijados por la ley, los fijados y no otros son los únicos que" puede reclamar y percibir. Guardiola v. Corte de Distrito de San Juan, 37 D.P.R. 649.

El segundo error señalado es el que sigue:

“Declarar que el taquígrafo tiene derecho a cobrar por las co-pias de la transcripción de la evidencia entregadas a las partes.”

Argumentándolo la parte apelante, se expresa así:

“Aun en el caso de que esta Hon. Corte no hubiera resuelto la cuestión de si el taquígrafo puede o no cobrar por las copias del récord que entregue a las partes, sostenemos que de acuerdo con la ley y los principios establecidos por esta Hon. Corte interpretándola, no procede otro pago que el de veintiséis doldars Noventa y dos Centavos ($26.92), que es el importe del récord original.
“El taquígrafo invoca la enmienda introducida por la ley nú-mero 81 de 1919, en virtud de la cual,
“ ‘El taquígrafo entregará una copia de la transcripción al apelante, otra al apelado, y la tercera al secretario para ser unida al legajo de la sentencia, certificando• dichas entregas al pie del original.’
“Como se ve de una simple lectura de esta disposición legal, no aparece de ella que el taquígrafo tenga derecho a cobrar por las copias que expida, ni mucho menos se impone al apelante la obliga-ción de pagar por todas dichas copias.
“Es conveniente llamar la atención a que originalmente la ley de 1917 (segundo tomo) no imponía al taquígrafo la obligación de entregar copias a las partes y que tal obligación del taquígrafo fué impuesta por la ley de 1919 arriba inserta.
“Tratándose de gastos que según la ley de 1904 tienen el con-cepto de costas, debe ser interpretada restrictivamente la disposición que nos ocupa y no puede por interpretación hacerse extensiva la disposición de la ley de 1904 que autoriza al taquígrafo a cobrar por la transcripción original del récord.
“Bien pudo el legislador imponer al taquígrafo la obligación adi-cional de entregar copia de su trabajo a las partes dentro de la compensación fijada para la transcripción original solicitada por la parte apelante. Incumbe a la Legislatura únicamente corregir su error, si lo hubo, en no fijar compensación al taquígrafo por las co-pias adicionales que se entreguen a las partes.
“Lo que no puede admitirse es que se imponga al apelante una nueva obligación que no nace de la ley ni de convenio entre él y el taquígrafo; y como según el artículo 1056 del Código Civil ‘las obli-gaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia,’ es manifiesto que el apelante no ha contraído con el taquígrafo obligación alguna de pagarle por las copias que por orden y ministerio de la ley tiene dicho funcionario obligación de entregar a las partes.
“El original que se archiva con el Secretario, que constituye la transcripción de la evidencia a los efectos de la apelación y que luego se remite a esta Hon. Corte, viene obligado a pagarlo el ape- • lante porque solicitó que el taquígrafo realizara tal trabajo, único caso en que de acuerdo con la ley de 1904 contrae la obligación de pagar al taquígrafo por la copia del récord, esto es, cuando la parte lo solicita. ’ ’

A nuestro juicio el argumento de la parte apelante no destruyo el razonamiento del juez sentenciador. Es cierto que nada dispone expresamente la última ley sobre lo que debe cobrarse y es que tuvo en cuenta la existencia de la primera. Se impuso al taquígrafo un deber más y aunque en verdad no parece equitativo que cobre lo mismo por las tres copias ya que el principal trabajo consiste en la pre-paración del original, tampoco resultaría justo que nada percibiera por dos. Y como el taquígrafo en el nuevo método para apelar establecido por la ley actúa para beneficio' del apelante, consideramos justa la interpretación de la Corte de Distrito, tanto más cuanto que dicho método no es obli-gatorio y el apelante puede tramitar su recurso por el antiguo, o sea por medio de una exposición del caso, viniendo entonces obligado solamente a pagar al taquígrafo por la eopia qne le pida.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez'Presidente Señor del Toro,

text:
    José Ruiz de Val, peticionario y apelado, v. Lucía Morales, Vda. de Riefkohl, opositora y apelante.
    No. 4983.

    Sometido: Junio 10, 1929.

      Resuelto: Julio 15, 1929.

      E. H. F. Dottin, abogado de la apelante; Cayetano Coll y Cuchí, abogado del apelado.
   El Juez'Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José Ruiz de Val pide la desestimación de esta apelación interpuesta por Lucía Morales viuda de Riefkobb contra una resolución de la Corte de Distrito de San Juan que declaró bien hecha una consignación por parte del peticionario a -favor de la señora Morales, porque la resolución se dictó a virtud del allanamiento de dicha señora. Se invoca el caso de Carrión v. Nadal, 34 D.P.R. 305, en el que se aplicó la siguiente jurisprudencia:

“ ‘Si una parte consiente en que se dicte determinada sentencia, decreto, u orden, no puede apelar del mismo o hacer que sea revi-sado por auto de error. Así, por ejemplo, una sentencia de deses-timación o sobreseimiento dictada a solicitud del demandante, no ea por regla general revisable a moción suya.’ 2 R.C.L. págs. 59, 60.”

La parte apelante se opuso porque si es cierto que ella se allanó a que se declarara bien hecha la consignación, lo fué con la condición de que no se le impusieran las costas y la resolución apelada se dictó con imposición de las costas a la apelante.

No sólo se encuentran ya archivados en esta corte los autos de la apelación si que también el alegato de la parte apelante en el que se sostiene que la Corte de Distrito abusó de su poder discrecional al imponer las costas. La cuestión levantada es digna de estudio y como hemos resuelto que se puede apelar de la parte de la sentencia relativa a costas en casos apropiados (Zorrilla v. Orestes et al., 28 D.P.R. 746), y aquí esa parte se dictó en contra de la apelante y de la condición fijada por ella para su allanamiento, no es aplicable la jurisprudencia del caso de Carrión, supra.

En tal virtud y sin prejuzgar en modo alguno cuál pueda ser la sentencia de esta corte, que se dictará por los méritos de la cuestión suscitada, debe declararse no haber lugar a desestimar el recurso.


author: El Juez Peesidente SeñoR del Toro,

text:
    Lorenza Peña Viuda de Balbás, Josefa Peña Ramos, Vicente Balbás Peña, Providencia M. Vda. de Peña por sí y como madre con patria potestad de Marina y Alfonso Peña, peticionarios, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    No. 264.

    Sometido: Julio 10, 1929.

      Resuelto: Julio 15, 1929.

      A. Marín Marión, abogado de los peticionarios.
   El Juez Peesidente SeñoR del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de San Jnan y en el trámite de la ejecución de la sentencia dictada por dicha corte en el pleito seguido por Lorenza Peña Viuda de Balbás y otros contra Pedro Vergne de la Concha sobre terminación de poder y entrega de documentos, se solicitó por la parte de-mandante victoriosa entre otras cosas que se redujera a prisión al demandado hasta que cumpliera la sentencia.

La corte por su Juez Sr. Sepúlveda oyó las alegaciones y las pruebas de ambas partes sobre el incidente y el 29 de junio último declaró no haber lugar a adoptar la medida solicitada. Parece conveniente agregar que la resolución del juez implicó la absolución del demandado del cargo de desacato que se formuló además en contra suya.

El primero de jubo en curso la Corte de Distrito entró en su período regular de vacaciones quedando al frente de la misma para todo lo que pudiera tramitarse y resolverse en tal período, uno de sus jueces, el Sr. Berga, y el cinco de dicho mes la parte demandante pidió al Juez Berga que reconsiderara la resolución del Juez Sepúlveda. El Juez Berga se negó, ordenando, al Secretario que diera cuenta con la moción al Juez Sepúlveda tan pronto como las vacaciones terminaran, o sea en agosto 31, 1929.

No conforme la demandante dirige esta petición original a esta Corte Suprema para que se expida un auto de mandamus contra el Juez de Distrito Sr. Berga ordenándole que considere y resuelva la moción de- reconsideración que se le presentara.

Tratándose de una sola corte creemos que, en casos muy extraordinarios, podría uno de los jueces de la misma recon-siderar la resolución de otro, pero aquí el Juez. Berga no se negó a actuar porque careciera de jurisdicción, sino porque la corte estaba en vacaciones y porque las circunstancias concurrentes así lo demandaban. Y su actitud es en verdad la que dichas circunstancias imponen.

Lo lógico, lo normal es que sea el propio juez que dicte la resolución, el que conozca de la moción sobre reconsideración de la misma. Además, no se trataba aquí de una simple resolución sino de una que se dictó oyendo prueba y que llevaba consigo la absolución de un cargo de desacato y, por último, la corte se encontraba en vacaciones.

La peticionaria se queja de dilación en la administración de la justicia, pero debe recordarse que si bien las vacaciones producen una paralización temporal que puede sin duda ocasionar perjuicios en algunos casos concretos, son nece-sarias para que los jueces realicen una labor más eficiente durante el período de trabajo activo, en beneficio de los litigantes todos. Una labor continuada durante el año entero parecería mayor, pero de hecho resultaría menor. La ex-periencia demuestra que el trabajo continuado indefinida-mente enerva y que con el debido descanso las mentes recobran sus naturales energías y producen en menos tiempo obras de mayor extensión y calidad mejor. Además, el mismo hecho de las vacaciones produce en la conciencia de los- jueces el saludable efecto de redoblar sus esfuerzos a medida que se acercan, a fin de no dejar asuntos pendientes. Befiriéndonos al caso de esta Corte Suprema, por ejemplo, puede observarse que en los tres o cuatro meses que preceden a las vacaciones largas, se despacha igual número de asuntos que en los primeros cinco o seis meses de labor. Si las vacaciones no existieran, se continuaría en la misma actitud que en los primeros meses y el resultado sería igual y a la larga peor habiendo en consideración el efecto depresivo cada vez mayor que en la mente de los jueces iría produ-ciendo un trabajo realizado en contra de las leyes de su propia naturaleza.

Debe declararse no haber lugar a expedir el auto solici-tado.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Manuel Martínez Rodríguez, demandante y apelado, v. Freiría Hermanos & Co., S. en C., y J. Ruidíaz y Sobrino, demandados y apelantes.
    No. 40.

      Sometido: Junio 17, 1929.

      Resuelto: Julio 15, 1929.

      Luis Muñoz Morales y E. Rincón, abogados de la peticionaria y ape-lante; R. Rivera Zrnjas, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Como consecuencia de la apelación establecida en este pleito contra la sentencia qne lo decidió tenemos dos mociones para resolver qne están íntimamente relacionadas: una del apelante Freiría Hermanos solicitando qne aprobemos la transcripción de la evidencia beaba para sn apelación por el taquígrafo porque la corte inferior se ba negado a apro-barla fundándose en qne contándose el término qne tiene el •taquígrafo para preparar y presentar la transcripción de la evidencia desde la fecba en qne fné dictada la orden para hacer la transcripción y no desde qne esa orden le es noti-ficada, la expresada transcripción ba sido presentada fuera del término legal: y la otra moción es de la parte -apelada solicitando que desestimemos la apelación de Freiría Her-manos contra la sentencia porqne habiendo sido negada pol-la corte inferior la aprobación de la transcripción de la evi-dencia por haber sido presentada fuera de tiempo y habiendo sido interpuesta esa apelación el 21 de marzo de 1929, a la fecha de la moción, junio 4, 1929, no ha sido presentado en este tribunal el récord de la apelación. Se opuso el apelante a esta moción y presentó certificación creditiva de haber interpuesto apelación contra la resolución que le negó la apro: baeión de la transcripción del taquígrafo y de haber apelado también la resolución posterior negándose la corte a recon-siderar dicha negativa.

La solicitud del apelante Freiría Hermanos para que aprobemos la transcripción hecha por el taquígrafo no es procedente porque su verdadero objeto es que mediante dicha petición resolvamos si la corte inferior está equivocada o no en cuanto a desde cuándo debe contarse el término que el taquígrafo tiene para hacer ese trabajo, si desde que la orden disponiendo que lo hiciera fué dictada, o desde que le íué notificada, de tal modo que si nosotros resolviéramos ahora esa cuestión en el sentido de que se cuenta desde la notificación, no tendríamos necesidad de aprobar nosotros la transcripción de la evidencia porque la corte inferior no tendría entonces motivo alguno para dejar de aprobarla, si está bien hecha, o para ordenar que sea enmendada. La solicitud a esta corte que autoriza la regia 64 de nuestro reglamento para aprobar nosotros un pliego de excepciones o una exposición de hechos, y por analogía una transcripción ce la evidencia hecha por el taquígrafo, cuando la corte inferior se niega a aprobar, no tuvo en mente resolver por tal procedimiento cuestiones controvertidas distintas de las que naturalmente surgen respecto a la exactitud de dichos documentos, siendo cuestiones como las que se suscitan en este caso propias para otra clase de procedimientos; y habiendo optado Freiría Hermanos por traer esa cuestión ante nosotros mediante apelación, no debemos decidirla en 3a petición que se nos ha presentado.

La desestimación de la apelación de Freiría contra- la sentencia solicitada por el apelado tampoco es procedente porque estando apelada la resolución que negó la aprobación de la transcripción hecha por el taquígrafo, mientras esa negativa quede firme por desestimación de la apelación o por decisión sobre sus méritos no puede considerarse que la transcripción de la evidencia fué presentada fuera de tiempo y que por esto no pudo ser aprobada.

Ambas peticiones deben 'ser negadas.


author: El Juez Asociado Señor Texidob

text:
    Rafael Saurí, demandante-apelante-apelado, v. José Saurí, Carmen Saurí e Isabel Tristani Vda. de Saurí, demandados-apelados-apelantes.
    No. 3549.

    Resuelto: Julio 15, 1929.

      Tous Soto & Pérez Marchand, abogados del apelante-apelado; F. Parra Capó y José y Alberto S. Poventud, abogados de los ape-lados-apelantes.
   En M-ooión de Reconsideración

El Juez Asociado Señor Texidob

emitió la opinión del tribunal.

Se ha presentado por el apelado moción para que recon-sideremos la sentencia dictada en este caso. Las partes han sido oídas por. el tribunal, en cuanto a la procedencia de la moción; y han presentado memorandums.

, La moción para reconsideración, repite algunos de los argumentos presentados con anterioridad, proposiciones ya (estudiadas y resueltas en la opinión y en la sentencia, y ofrece algunos extremos nuevos. En ella se establecen ciertos errores de. apreciación, que deben ser considerados.

Se dice por el peticionario que hemos estimado que la finca San Antón no es divisible, por el mero hecho de existir en ella una bomba para extracción dé agua subterránea. Esto no es así. Una ligera lectura, de la opinión sería bastante para desvanecer ese error. Las razones fundamen-tales de la opinión, sostenidas por la autoridad de la juris-prudencia, son:

1. Que las fincas no deben ser divididas parcelariamente; unas, o algunos bienes, porque su propia naturaleza las hace indivisibles en partes materiales y tangibles; otras, porque la división material las haría perder grandemente. Y ahora añadimos que en algunas la división en la manera que se pretende por la parte peticionaria convertiría las fincas hoy libres, en fincas gravadas, empeorando su condición; y no creemos que sea misión de los tribunales empeorar la situa-ción de los bienes que han venido al pleito libres y sin cargas. La proposición de una parte, de tomar cierta par-cela en determinadas condiciones, no es materia de récord, ni para ser considerada por un tribunal de apelación.

2. En que los bienes que no son materialmente suscep-tibles de ser partidos y distribuidos, pueden serlo, y lo son, jurídica y legalmente, por el medio que ofrece el Código Civil, o sea, por su venta, y distribución o reparto del pro-ducto entre los ahora condueños.

3. Que se trata de un caso en que se pide la disolución de una comunidad de bienes; solicitada por los condueños; y no es solución al problema presentado la de dejar indivisos algunos de esos bienes, y divididos otros.

4. Que los bienes indivisibles que en este caso aparecen con parte integrante de algunas fincas que perderían grande-mente en su valor al pretenderse una separación entre aquéllos y éstas.

En las páginas 13 y 14 del memorándum o alegato de la apelante en cnanto a la reconsideración hay nn párrafo que dice así:

“El apelado en su alegato principal de diciembre, 1927, recono-ció que para la división material en este easo habría que dejarse en comunidad: la bomba y los pozos (p. 48 mid.) ; que si le sobraba agua a la mayor condueña mediante la adjudicación de la bomba y los pozos, podría ésta venderla a las demás parcelas y a otras per-sonas (p. 48 bot.); que el derecho de aguas, la concesión, la presa, ('anales y bomba de alumbramiento de aguas, debe todo quedar in-diviso por ser por ley indivisible (p. 59, línea 9); que para la divi-sión de las parcelas, entre otras cosas, habría que determinar las servidumbres de paso que deben subsistir y si hay que establecer al-guna nueva; determinar el terreno regable de cada parcela, y con aguas de qué concesiones deben ser regados, fijando los metros cúbi-cos por segxmdo por los días de regadío que les corresponden y dis-poniendo la construcción de módulos si fuere necesario o utilización de los actuales (p. 79 bot.) ;■ determinar ... el establecimiento de canales adicionales de derivación si fuere necesario; distribuir el agua subterránea no procedente de concesiones; resolver si la bomba y pozos de San Antón se adjudican al mayor partícipe, se dejan pro indiviso, o se ponen en licitación entre los condueños; deslindar la parcela de terreno donde ha de quedar pro indiviso la presa, toma de agua, bomba para alumbrar aguas del río de la Constancia; or-denar ‘la venta de lo que deba venderse y la proindivisión de lo que deba quedar pro indiviso.’ (p. 80.)”

Hemps leído de nuevo esc alegato, y la cita es correcta. Esa situación jurídica do división e indivisión, a un mismo 'iunpo, es la que se impide por la decisión del caso.

Se trae ahora a la discusión la doctrina del signo apa-rente que, a pesar de hallarse presentada con gran habilidad y al amparo de la reconocida competencia y claro talento del abogado que la formula, encuentra en su camino ante este tribunal, obstáculos insuperables, creados por las mismas partes en el litigio, o nacidos de una rigurosa interpretación de la ley. Los primeros nacen de que esa cuestión no ha constituido la- teoría del caso, ni ha tenido relación indispensable con ella; y no es posible, ahora y en petición de recon-sideración, discutirla. Los segundos nacen de que la teoría del signo aparente requiere, indiscutiblemente, previas si-tuaciones de liecbo y de derecho, que no son las de este caso, donde la única situación previa es la de una comu-nidad de bienes, mientras en aquélla se precisaría la exist encia de dominio en una persona sobre fincas distintas en las que existe un servicio, la enajenación del dominio de una de esas fincas, y la subsistencia del servicio, aparente, y su constitución en servidumbre, ya que se da en el caso la nota característica, desde ese momento de la enajenación, de surgir dos predios distintos, uno dominante y otro sirviente, y dos distintos dueños; y finalmente, la encarnación del título a la servidumbre, no en un documento o en la continuada pose-sión y uso, sino en el signo y su apariencia, que son, conjunta-mente con la falta de negación del servicio al hacerse la enajenación, el título del gravamen.

Una cuidadosa revisión de las decisiones en los casos Briges v. Sperry, 95 U. S. 401, y Willard v. Willard, 36 L. Ed. (U. S.) 644, 645, 646, bot., convence de la fuerza de la doctrina que, con otras, es base de nuestra decisión. Y, aparte de las citas sobre jurisprudencia española que en aquella opinión aparecen, la doctrina del caso Oronoz v. Román, 26 D.P.R. 25, es suficiente para declarar la regla que debe observarse en casos como éste.

Por las razones apuntadas debe denegarse la moción de reconsideración.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Señoe Aldeey,

text:
    Antonio Lebrón, tercerista y apelante, v. F. Fresno & Co., S. en C., y José Fuentes Valle, demandados y apelados.
    No. 4459.

    Sometido: Junio 14, 1929.

      Resuelto: Julio 15, 1929.

      F. Gallardo Díaz, abogado del apelante; González Facundo & Gon-zález, Jr., abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

En pleito de F. Fresno y Co., contra José Fuentes del Valie fué embargada una casa al demandado. Establecido pleito de tercería por Antonio Lebrón para que ese embargo fuese levantado por haber comprado esa casa, la corte inferior en grado de apelación dictó sentencia declarando sin lugar la demanda y fué interpuesta esta apelación.

La corte inferior fundó su sentencia en el caso de Santini Fertilizer Co. contra Burgos, 34 D.P.R. 869, en el que dijimos Jo siguiente:

“Dispone nuestro Código Civil en su artículo 1264 que se pre-sumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por v’rtud de los cuales el deudor enajena bienes a título gratuito, precepto que es igual al artículo 1297 del Código Civil español del que procede el nuestro: y en el artículo 40 de la Ley Hipotecaria, que el Tribunal Supremo de España relacionó con el citado del Có-digo Civil en su sentencia de febrero 20 de 1899, Jurisprudencia Civil, tomo 86, página 328, se declara que se entenderá que no me-dió precio ni su equivalente en los contratos cuando el notario no dé fe de su entrega, o si confesando los contratantes haberse ésta verificado con anterioridad no se justificare el hecho. De estos pre-ceptos se deduce que es de gran importancia en las enajenaciones que s' los vendedores reciben el precio en el momento de otorgarse la escritura el notario haga constar que da fe de que la entrega del precio ha sido hecha ante él, pues si no lo hace así el contrate? ten-drá la presunción de haber sido otorgado a título gratuito en caso de que algún acreedor del vendedor solicitase su rescisión, a menos que se pruebe que el precio fué entregado. Por esto el notario debe dar fe expresa y claramente de que la entrega del precio se hizo ante él.”

Para sostener su recurso el apelante alega que dicha doc-trina es contraria al artículo 102, No. 38, de la Ley de Evidencia, posterior al Código Civil, según el cual es pre-sunción disputable y puede controvertirse mediante otra evidencia “que al efectuarse un contrato escrito medió la correspondiente compensación.” Esta presunción de la Ley d.e Evidencia de 1905 no es nueva en nuestras leyes pues el Código Civil vigente desde 1902 en su artículo 1244, y lo mismo el precedente Código Civil Español, contiene igual presunción al declarar que aunque la causa no se exprese en los contratos se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario. De suerte que para el código se presume que todo contrato tiene causa y que es lícita, a menos que esa presunción sea destruida por prueba en contrario; y sin embargo estableció una excepción a esa 1‘egla general al disponer en su artículo 1264 que se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos p»or virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito, precepto que es igual al contenido en el artículo 3.297 del Código Civil español y que el Tribunal Supremo de España en su sentencia de 20 de febrero de 1899 ba rela-cionado con el artículo 40 de la Ley Hipotecaria para llegar a la. conclusión, que también bemos becbo nosotros, de que se entenderá que no medió precio ni su equivalente en los con-tratos cuando el notario no dé fe de la entrega o si confesando los contratantes haberse ésta verificado con anterioridad no se justificare el becbo, que es lo que dice la Ley Hipotecaria en el artículo citado. Los preceptos citados del Código Civil y de la Ley Hipotecaria demuestran un sistema con respecto a contratos como el que motiva este recurso y no ba sido alterado por la Ley de Evidencia que nada nuevo dice en el artículo citado, substancialmente igual al 1244 de nuestro Código Civil. Y que ese sistema es justo y es sabio es de verse al considerar la dificultad en casos de ventas fraudulentas de que las personas a quienes perjudiquen prueben afirmativamente una negativa, esto es, que en deter-minado contrato no medió causa o consideración; y al exa-minar lo ocurrido en el caso de Félix García Dávila contra El Banco Popular, resuelto hace pocos días, en el que resultó un completo fracaso la prueba del demandante respecto a haber mediado causa en su contrato de compra.

Los otros dos motivos del recurso giran sobre la cuestión antes resuelta.

Lá sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


author: El Juez Asociado Señob Texidob.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Domingo Colón y Antonio Alicea, acusados y apelantes.
    No. 3837.

    Sometido: Junio 27, 1929.

      Resuelto: Julio 16, 1929.

      O. S. Pierluisi, B. Atiles Moren j Francisco Capó, abogados de los-apelantes; B. A. Gómez, abogado de El Piteólo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Texidob.

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes en este caso, Domingo Colón y Antonio Alicea, fueron enjuiciados bajo una acusación de escala-miento en primer grado. Comparecieron ante un Jurado, que trajo un veredicto declarándoles culpables del expresado delito; y la Corte de Distrito de Ponce les impuso, a cada uno, la pena de un año de presidio con trabajos forzados.

Los hechos del caso son, esencialmente, los que siguen:

En el kilómetro 22 de 1a. carretera de Tauco a Lares tenía Pedro Olivari Mattei una tienda mixta de provisiones y mercancía seca, la que atendían dos dependientes. En la noche del 4 de junio de 1928, se retiró Olivari Mattei a su casa, y a las 10 de esa noche los dependientes cerraron las puertas de la tienda, y fueron a acostarse a una habitación en la parte atrás de la misma tienda. Más tarde se despertó el dependiente Eivera, porque sintió en la cara la luz de la luna; llamó a su compañero, y vieron que de las puertas de la tienda .había dos abiertas, encontraron que la cerradura de una de ellas estaba destornillada, y en la otra quitada la tranca; avisaron al dueño; y los tres notaron que faltaban artículos por valor de más de doscientos dólares. Se notificó a la policía; ésta, arrestó a los acusados en este caso y a Eafael Negroni. De los acusados, Domingo Colón, espon-táneamente,- y previas las advertencias de ley, declaró ante el Juez Municipal de Tauco y el Jefe de Policía, que a eso de las doce de la noche del 4 de junio de 1928, el declarante, con Antonio Alicea y Eafael Negroni, llevando un truck Chevrolet estuvieron en la tienda de Olivari, cuya puerta abrieron con un destornillador Alicea y Negroni; que en-traron, se apoderaron de unos bultos con mercancías, los llevaron al truck y los condujeron a casa de Negroni. El acusado Alicea prestó dos declaraciones, en las mismas con-diciones que Colón, y en la segunda dijo que en la noche ya mencionada estuvo eon Negroni y Colón en. la tienda de Olivari; que sacaron las mercancías y se las llevaron; y que los que fueron allí fueron Colón y Negroni; y luego le llamaron, y entonces encontró la puerta abierta.

Se trajo al juicio prueba de la existencia de la mercancía, y de que los dependientes, al irse a acostar, habían •cerrado las puertas, y de que dos de • éstas aparecieron abiertas, la una sin tranca y la otra con la cerradura destor-nillada; de que la mercancía estaba en la tienda y desapa-reció.

La defensa presentó una moción de nonsuit sosteniendo que no había prueba del corpus. delicti, y de la conexión de los acusados con el hecho. La moción fue denegada y la defensa renunció a presentar prueba. El Juez instruyó al Jurado; y éste trajo el veredicto que ya se ha citado; y sobre él se dictó la sentencia.

Es sobradamente conocida la definición que del corpus delicti establece la jurisprudencia constante y uniforme-mente; los casos citados por el Fiscal de este Tribunal (Goldman v. Commonwealth, 42 S. E. 923; State v. Hand, 41 Atl. 192; People v. Jones, 123 Cal. 65; McBride v. People, 37 Pac. 953; State v. Millmeier, 72 N. W. 275 y otros) han sido acertadamente seleccionados; y entre los nuestros el de El Pueblo v. Matos, 26 D.P.R. 586, es perfectamente claro.

Probada la existencia de la tienda, su cierre por la. noche; la aparición de las puertas, abierta la una. con cerradura destornillada, y la otra sin tranca, sin que apareciera que habían sido abiertas legítimamente o por el dueño o sus dependientes; la preexistencia de las mercancías, y su sus-tracción, hay ya aquí la prueba del corpus delicti.

En cuanto a la conexión de los acusados con el hecho, es de aplicación la doctrina de los casos El Pueblo v. Rodríguez, 28 D.P.R. 501, en que se sostiene que la voluntaria confesión, del acusado es prueba suficiente para sostener una sentencia condenatoria; y El Pueblo v. Kent, 10 D.P.R. 345, y los demás que en su alegato cita el Fiscal.

Los errores señalados por la defensa en esta apelación no fueron tales. Las instrucciones al jurado se dieron con toda corrección y ecuanimidad; el corpus delicti se probó, y lo mismo la conexión de los acusados con el hecho; el veredicto y la sentencia se ajustan a la prueba; y la moción de nonsuit fué bien denegada.

La sentencia dictada en este caso debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Texidor

text:
    Rafael B. Brugueras, demandante y apelante, v. Juan Pedrosa, demandado y apelado.
    No. 4787.

    Sometido: Mayo 28, 1929.

      Resuelto: Julio 16, 1929.

      Vlpiano Crespo, Jr., abogado del apelante; Celestino Iriarte, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de San Juan, P. R., presentó Rafael B. Brugneras una “demanda contra Juan Pedrosa, en reclamación de daños y perjuicios como consecuencia de un atropello ocasionado por el automóvil del demandado. La demanda fue radicada en 7 de diciembre de 1923. De la transcripción no aparece qué ocurrió en corte con esa de-manda; y sí la copia de una enmendada, que se radicó en 25 de febrero de 1927. A esta segunda demanda se opuso una. moción' para eliminar toda la alegación; y en ella se sostuvo que en el mes de agosto de 1925 la Corte de Distrito de San Juan babía resuelto una excepción previa a la de-manda original basada en falta de hechos suficientes para constituir causa de acción, declarándola con lugar, y conce-diendo al demandante diez días para enmendar la demanda; íérmino que el demandante no utilizó; y ahora después de diez y ocho meses de dictada la resolución, presenta la demanda enmendada. El demandante se opuso a esta peti-eión basándose en qne el demandado no había pedido qne se dictara sentencia, y en qne la corte tenía facultad para admitir la demanda enmendada. T la corte dictó resolnción, con fecha 26 de septiembre de 1928 declarando con Ingar la moción del demandado y ordenando se eliminara la demanda enmendada. Contra esta resolnción se ha interpuesto el presente recurso.

El apelante presentó una especie de alegato en el qne se copia la demanda, y se hace mérito de la moción de elimi-nación y se hacen tres señalamientos de error, sin argumentar ninguno de ellos. Esto no es,un alegato, de acuerdo con las' reglas y la jurisprudencia.

El apelado presentó su alegato. Y el apelante entonces presentó un nuevo alegato, en el que intenta dist utir o argumentar, sin orden alguno, sus señalamientos de error. El apelado, aparte do su oposición en el fondo, nos lia pedido la eliminación del segundo alegato. Y esa petición es razonable y justa, porque ese segundo alegato ha sido presentado sin otra autoridad que la del mismo apelante, que ni ha pedido permiso para ello: y es tan defectuoso como el. primero.„

Se trata de un caso de enmienda a la demanda. La corte fijó un término para ello, y el demandante no lo utilizó, y al cabo de diez y ocho meses vino a presentar la enmienda. La corte ordenó la eliminación, y en ello no abusó de su discreción.

Se ordena la eliminación del segundo alegato; y se uonfirma la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señob Aldbey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. George Edmunson, acusado y apelante.
    No. 3528.

    Sometido: Junio 20, 1928.

      Resuelto: Julio 16, 1929.

      L. Tormes, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

El primer motivo qne alega el apelante contra la sentencia qne lo condenó a pagar una multa o en sn defecto a sufrir prisión es que’ la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la excepción previa que formuló contra la denuncia, la. qne fundó en que no aduce hechos constitutivos de delito y en que los hechos de la denuncia, están expuestos en forma tal qne una persona de inteligencia común no puede entenderlos y no dan margen para que el denunciado pueda defenderse.

La denuncia dice así:

“Yo, Rafael Antonio Covas, vecino de Gnayama, calle de Cali-mano (Hotel París) número xxx, de 20 años, formulo denuncia con-rfa George Edmunson, Manager del team de baseball Grisfield por de-lito de violación del Art. 475 del Código Penal vigente, cometido en la manera seguiente: Que en 13-26 de diciembre de 1927, y en el Hotel París, sito en la calle Calimano, de Gnayama, P. R., del dis-trito judicial municipal de Gnayama, P. R., que forma parte del distrito judicial de Gnayama, P. R., allí y entonces, ilegal, volunta-ria y maliciosamente obtuvo del denunciante como administrador del Hotel París, propiedad de los Sucesores de Antonio Covas, alimen-tos y hospedaje, cuyo valor monta a $286.00, para el referido acu-sado como manager del team de pelota llamado Crisfield, así como para los demás miembros de dicho team de pelota, los que eran por todos once personas, habiendo abandonado el referido Hotel París sin que el acusado ni ninguno de los otros miembros del mencionado tea?n, a su nombre, pagase el importe de las comidas y hospedaje que adeudaban al susodicho hotel, con la intención manifiesta de de-fraudar a la Sucesión de Antonio Covas, dueña del Hotel París, y a su administrador, que es el denunciante, en la referida cantidad de $286.00 importe de las comidas y hospedaje en cuestión.
“Hecho contrario a la ley, etc.”

El artículo que se dice infringido lee como sigue:

“Art. 475. — Incurrirá en misdemeanor toda persona que obtu-viere alimento u hospedaje en alguna fonda o casa de huéspedes, sin pagarlo, con intención de defraudar al propietario o administrador de la misma, o que obtuviere crédito en alguna fonda o casa de huéspedes valiéndose de engaño, o que después de obtenido crédito u hospedaje en alguna fonda o casa de huéspedes, se ocultare o clan-destinamente sacare su equipaje de allí, sin pagar su comida u hos-pedaje.”

Según dicho precepto comete ese delito la persona que obtuviere alimento u hospedaje en fonda o casa de huéspedes sin pagarlo con la intención de defraudar al propietario o administrador de la misma: también la que obtuviere crédito en fonda o casa de huéspedes valiéndose de engaño: y la que después de obtenido dicho crédito se ocultare o clandes-tinamente sacare su equipaje de allí sin haber pagado su comida u hospedaje. Y la denuncia contra el apelante clara-mente está comprendida en la primera modalidad de ese delito pues dice que el denunciado obtuvo en el Hotel París alimentos y hospedaje para él y para otras personas, habiendo abandonado dicho hotel sin pagar el importe de la comida y hospedaje, con la intención de defraudar a los dueños del hotel. Dice el apelante que la denuncia no le imputa la in-tención de defraudar a alguna persona, pero ya hemos visto que sí le hace tal imputación pues dice que abandonó el hotel con la intención manifiesta de defraudar a la Sucesión Covas, dueña del mismo.

No tiene tampoco razón el apelante en el segundo motivo de su excepción previa pues cualquiera persona de regular inteligencia que lea la denuncia pnede saber que se imputa al apelante que obtuvo hospedaje y comida en un hotel para él y para otros y se marchó sin pagar, con la intención de defraudar a los dueños del hotel.

El segundo motivo para la apelación es que la corte cometió error en la apreciación de la prueba.

La evidencia presentada por el fiscal y por el denunciado íné contradictoria. La primera tendió a probar los hechos de la denuncia y que el apelante fué el que se comprometió a pagar el hotel para él y sus compañeros, mientras qne la prueba del apelante tendió a demostrar que él no hizo el compromiso de pagar sino que fué otra persona la que hizo tal trato y la que debía pagar. La corte decidió el conflicto de la evidencia en contra del apelante, y después de haber leído todas las declaraciones no podemos declarar que hubo error en la apreciación de la prueba.

El tercer motivo de error es consecuencia de las alega-ciones do los dos anteriores, pues se dice en él que la sen-tencia es contraria a derecho y a las pruebas, pero decididos los precedentes motivos de error en contra del apelante, es íonsecueneia inevitable que la sentencia no es contraria a derecho y a la prueba.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Wolf, disintió.


author: El Juez Pkesidente Señor del Toro,

text:
    Epifanio Gutiérrez Vélez, demandante y apelante, v. Félix Monclova, Alcalde Municipal de Toa Alta, demandado y apelado.
    No. 4231.

    Sometido: Marzo 21, 1929.

      Resuelto: Julio 16, 1929.

      C. del Toro Fernández, abogado del apelan-te; J. Valldejuli Rodrí-guez, abogado del apelado.
   El Juez Pkesidente Señor del Toro,

omitió la opinión del tribunal.

El Alcalde de Toa Alta formuló cargos contra el Secre-tario Auditor del Municipio, consistentes en haber alterado un documento oficial y en vivir públicamente en concubinato. El Alcalde actuó a virtud de una queja que le presentara el Dr. A. Orescioni.

Fijó el Alcalde un día para oír al Secretario Auditor. Entre tanto fné recibiendo ciertas declaraciones juradas en relación con los cargos. En el día fijado compareció el Secretario con su abogado y éste pidió que se le permitiera examinar la prueba oficial. No accedió el Alcalde e indicó el Secretario que procediera a formular su defensa. No estuvo conforme el abogado, retirándose con su defendido. Sin más trámites, el Alcalde declaró probados ambos cargos y destituyó al Secretario.

Este apeló para ante la Corte de Distrito, celebrándose un juicio completo. Sólo la transcripción de la evidencia i barca más de ciento cuarenta páginas.

La corte reconoció que el procedimiento ante el Alcalde había sido irregular, pero juzgando el caso por el mérito de la evidencia ante ella aportada, declaró probado el primer cargo y no probado el segundo, y confirmó la destitución, sin especial condenación de costas.

No conforme el Secretario, apeló para ante ésta Córte Suprema alegando que la sentencia de la Corte de Distrito es contraria a la prueba y a la ley.

El alegato contiene un minucioso análisis de la evidencia y la verdad es que si el juez sentenciador hubiera llegado a una conclusión contraria, no hubiéramos alterado su juicio. Pero él, que oyó declarar a los testigos e inspeccionó los documentos originales ofrecidos en evidencia, resolvió el conflicto' en contra del Secretario, y no habiéndose demostrado que actuara movido por pasión, prejuicio oparcialidad o que cometiera error manifiesto, debe prevalecer su conclusión.

Probado el cargo, la destitución era enteramente justa. Un Secretario Municipal que al levantar un acta do' una sesión de la asamblea hace constar, adicionándola, que: cierto nombramiento se hizo con carácter de interino cuando lo constaba que lo fué en propiedad, no puede quejarse de que se le separe de su empleo, aunque el procedimiento que se siguiera para ello en primera instancia no fuera del todo conforme a ley.

Esta última consideración nos lleva, al examen de una interesante cuestión envuelta en el caso.

Dice, en parte, el artículo 29 de la ley municipal tal como quedó enmendado en 1925 por la ley No. 92, (Leyes de 1925, p. 709), así:

"•El alcalde, con el consentimiento de la asamblea municipal, nombrará al director de beneficencia, al tesorero, al director escolar, al director de obras públicas, al auditor y al secretario, y estos fun-cionarios desempeñarán sus cargos por el término para el cual el' alcalde que los hubiere nombrado hubiese sido elegido o nombrado o hasta que sus sustitutos hubieren sido nombrados a menos que fueren destituidos por justa causa. En el caso de que la asamblea rechazare los nombramientos sometidos por el alcalde, deberá consignar las razones que tenga para ello, y devolver dichos nombramientos al al-calde con las objéciones a los mismos. Si el alcalde insistiere en dichos nombramientos o si la asamblea cerrare sus sesiones sin haber actuado sobre los nombramientos enviados por el alcalde, éste some-terá-inmediatamente la cuestión al Gobernador, quien resolverá den-tro de treinta días, sosteniendo los nombramientos hechos por el al-calde o la oposición de la asamblea. Nombrará también a todos los demás funcionarios y empleados municipales que estén bajo su in-mediata dirección y podrá por justa causa, previa audiencia y opor-tunidad de defenderse, destituir a todos los funcionarios y emplea-dos ; Disponiéndose, que cuando se formulen cargos a un funcionario o empleado, éstos quedarán suspensos de empleo y sueldo hasta que se resuelvan dichos cargos por el alcalde; pero cuando la persona a quien se acuse fuere un funcionario, podrá éste apelar de la resolu-ción del alcalde para ante la corte de distrito con jurisdicción com-petente, dentro del plazo de diez días después de notificado.
"La apelación se establecerá mediante escrito dirigido a la corte, del cual será notificado el alcalde, y el juicio .deberá celebrarse den-tro del término de dos meses, después de establecido el escrito de apelación, debiendo la corte oír, en forma ordinaria, la evidencia ne-cesaria para resolver la controversia; . . .”

La Corte de Distrito interpretó la naturaleza del recurso concedido al funcionario destituido, según consta de su rela-ción del caso y opinión, como sigue:

"En la audiencia que se celebró el 16 de diciembre, 1926, el Al-calde estimó que el querellado debía en aquel acto presentar su prueba de defensa, sin antes practicarse la de cargo. Este procedi-miento, claramente, fué irregular. Y aunque el Alcalde era el juez de la justa causa, debiei’on los testigos de cargo, cuyas declaraciones juradas tenía el alcalde en su poder, comparecer previamente para ser examinados en presencia del querellado y darle oportunidad de repreguntar, antes que estuviera obligado a presentar su prueba. Sin embargo, como el querellado apeló de la resolución del Alcalde para ante esta Corte que sustituye al Alcalde como juez de la justa causa, y el juicio se celebra de novo, los errores de procedimiento que se hubieran cometido no es necesario considerarlos. La ley sólo autoriza a la córte para ‘oír, en forma ordinaria, la evidencia necesaria y resolvér la controversia

Creemos que el amplio criterio del juez de distrito al considerar que la apelación qne se interpone requiere un juicio de nuevo, garantiza del todo los derechos de los fun-cionarios públicos municipales a no ser separados injusta-mente de sus cargos y dicha interpretación es aceptada. Tratándose de un juicio de nuevo, claro está que no tienen importancia los errores de procedimiento que pudieran ha-berse cometido en el celebrado ante el Alcalde.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: Su Juez Pbesidente Señob del Tobo,

text:
    Dr. G. L. Despiau, demandante y apelado, v. José Montilla, demandado y apelante.
    No. 4510.

    Sometido: Marzo 19, 1929.

      Resuelto: Julio 16, 1929.
    • Luis Tirado Géigel, abogado del apelante; F. Bolo Gras, abogado dei apelado.
   Su Juez Pbesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Gr. L. Despiau, un cirujano dentista, que ejerce su profesión en esta ciudad de San Juan, demandó a José Montilla para que le pagara mil dólares como honorarios por servicios ■ prestados al propio Sr. Montilla, a su esposa y a sus hijos.

Contestó el demandado negando la prestación de algunos de los servicios especificados en la demanda y aceptando otros, y conviniendo en que dehe a.1 demandante la suma; de cincuenta y nueve dólares.

Fue el pleito a juicio. Practicóse una- larga prueba y finalmente la corte dictó sentencia condenando al demandado a pagar al demandante trescientos cincuenta dólares y las costas sin honorarios de abogado.

No conforme el demandado apeló señalando en sn alegato tres errores que argumenta, ampliamente. Todos se refieren a la apreciación de la prueba.

A nuestro juicio la sentencia debe ser confirmada. El juez de distrito fué cuidadoso en. su apreciación y eliminó todo aquello que no consideró demostrado. Para llegar a su conclusión final resolvió el conflicto de la evidencia y no se fia demostrado que actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad, ni que cometiera manifiesto' error.

La base de diez dólares por hora que adoptó, atendidas codas las circunstancias concurrentes y la prueba pericial practicada, no parece excesiva. Y en lo que se refiere a los servicios del niño César, si bien puede aceptarse que el demandante no lo mencionó por su nombre en su declaración, la misma parte apelante acepta en su alegato que el deman-dante declaró que había prestado sus servicios a varios niños del demandado calculando haber invertido veinte horas. La corte sólo aceptó diez. En su contestación el demandado expresamente alega que el demandante “prestó servicios a uno de los hijos del demandado consistentes en un relleno o empastadura cuyo trabajo vale dos dólares cantidad que acepta que le debe.”

Tampoco creemos que la corte abusara de su discreción al imponer las costas en la forma en que lo hizo.

Debe confirmarse la, sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Aldrey no intervino.