text:
    Villar, Demandante y Apelante, v. Portalatín, Demandado y Apelado.
    No. 2988.

    Visto: Diciembre 3, 1923.

      Resuelto: Abril 24, 1924.
    Servidumbre de Aguas — Signo Aparente de .la Servidumbre. — Las meras canali-zaciones instaladas en la casa del demandante por quien fué dueño de ella cuando poseía también la del demandado para conducir aguas pluviales a una cisterna construida por el dueño de ambas fincas en el patio de la casa que es hoy del demandado, y el hecho de que los habitantes de la casa que es hoy del demandante disfrutaran también las aguas de la cisterna alumbrándolas por el brocal o por la bomba instalada en el patio del demandado, no consti-tuye por sí.sólo el signo aparente de servidumbre a que se refiere el artículo 548 del Código Civil.
    SENTENCIA de M. Rodríguez Berra, J. (Segundo Distrito, San Juan), declarando sin lugar la demanda y con lugar la contrademanda, con costas.

      Confirmada.

      M. Tons Solo, abogado del apelante; A. Marín Marión, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señok Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante es dueño de una casa y solar en Cataño y el demandado, un menor de edad bajo la patria potestad de su madre, posee una casa y solar contiguos. Ambos de es-tos solares pertenecieron al causante del demandado. La demanda alegaba que dicho causante construyó o utilizaba una cisterna para uso de las dos casas, y se pedía a la corte que dictara sentencia condenando al demandado a recono-cer la existencia de una servidumbre de toma de aguas.

La corte inferior declaró probado, y la prueba sostiene la conclusión, de que en vida del causante no había más que una sola bomba para la extracción del agua; que la cisterna y bomba están' exclusivamente dentro del solar del deman-dado; que no había signos visibles al exterior de tal toma de agua de la casa del demandante; que ese servicio siem-pre se verificaba ya alumbrando el agua por medio de cu-bos, o por una sola bomba y ello dentro del solar de la casa del demandado. La corte consideró también la teoría del demandante. Esta fue que las canales y bajantes conducían el agua del techo de ambas casas y este modo de conducción, unido al uso continuo, era el signo aparente de' una servi-dumbre de toma de agua. La corte resolvió que estas ba-jantes meramente indicaban que el antiguo propietario quiso que las aguas del techo de la casa fueran recogidas en bene-ficio de la cisterna situada ahora en el solar del demandado. La corte continuó entonces diciendo:

“Invoca el demandante en su favor los preceptos del Artículo 548 del Código Civil de Puerto Rico, que dice así:
“ ‘La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos ñncas establecido por el propietario de ambas, se considerará, si se enajenare una, como título para que la servidumbre continúe activa y pasivamente, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad' de las dos fincas, se exprese lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellas, o se haga desaparecer aquel signo antes del otor-gamiento de la escritura/
“Acerca de este artículo, dice Manresa en su conocida Obra de Comentarios al Código Civil, Tomo 4to, páginas 615 y 616:
“ ‘No cabe duda que la disposición es sólo aplicable a las servi-dumbres-aparentes, sean o no continuas, porque el artículo parte del supuesto de que existe un signo externo permanente y visible que revele un uso y aprovechamiento determinado a la forma especial de disfrute por el único propietario; la ley quiere precisamente el signo como prueba clara y no controvertible de la servidumbre y solo así se concibe que el artículo expresa después que ese signo se conside-rare como el título de la servidumbre. ”
“Se demostró en el juicio que existía la costumbre de utilizar los vecinos de dichas casas, cuando eran del mismo propietario (el cau-sante del demandado), las aguas de la cisterna, alumbrándolas por el brocal, por medio de latas o cubos y por la bomba. La existencia de esa costumbre no justifica la pretensión del demandante de que se' reconozca una servidumbre a beneficio de su finca, desobedeciendo los términos precisos del artículo 548 del Código Civil antes citado. Permitir o tolerar la extracción de aguas, ya por latas o cubos por el brocal de la cisterna, o por una bomba en una casa, es cosa bien distinta de la existencia de un signo aparente y constante de 'servi-dumbre entre las dos fincas. Ni el brocal, ni la bomba, por sí solos y sin conexión con la finca del pretendiente, pueden ser estimados como signos aparentes del gravamen que se pretende a favor de tal finca. No deben confundirse actos de mera tolerancia con los signos aparentes de que la ley trata.”

Sostiene el apelante que no hubo ninguna prueba de existir una costumbre general de tomar agua, pero este es un hecho sostenido por la declaración de la madre del de-mandado. Evidentemente que la corte creyó su declara-ción y encontramos que esta creencia no era injustificada.

Ella también declaró tendente a probar que nunca se ha-bía opuesto a la toma de agua en la forma acostumbrada; que el demandante había insistido en que se le permitiera llevar agua de la cisterna por tubería y ella se había negado. En los preliminares de este” procedimiento .obtuvo el deman-dante una orden de injunction y luego procedió a colocar tubos de la cisterna, e instaló una bomba en su misma finca.

Sin ninguna consideración de los hechos referidos en el párrafo que precede inmediatamente, la corte claramente tuvo razón al sostener que no existían signos visibles de una servidumbre de toma de agua. Tales signos como los que había, según dijo la corte, eran aquellos que indicaban una introducción dentro de la cisterna más que una toma exterior.

La ley en lo que respecta a la necesidad de signos apa-rentes de una servidumbre, cuando la finca está separada o dividida como en este caso, es igual en los Estados Unidos que en Puerto Eico. Ninguna servidumbre o cuasi servi-dumbre de la especie alegada puede surgir sin algunos sig-nos aparentes o visibles. Aunque a la palabra “aparente” se le ha dado el alcance de incluir conexiones subterráneas u otras semejantes, que pueden descubrirse por un perito, las decisiones muestran que debe existir algo así como tu-bería, o signos indicativos de una toma externa. Miller v. Hoeschler, 8 L.R.A. (N.S.) 327 y notas; Rollo v. Nelson, 26 L.R.A. (N.S.) 323; Jobling v. Tuttle, 9 L.R.A. (N.S.) 960; Butterworth v. Crawford, 46 N. Y. 349, 7 A. R. 352.

En los Estados Unidos cuando dos propiedades están separadas, debe existir alguna necesidad para la alegada servidumbre o cuasi servidumbre. Tal necesidad no podría surgir en este caso, pues la prueba tiende a demostrar que si bien el espacio no es grande, el demandante tiene amplia sitio para construir una cisterna en su misma finca y condu-cir allí el agua del techo de su misma casa, o instalar un tanque.

El demandante tuvo dificultad en conservar a los arren-datarios y concibió la idea de que podía instalar tubería y una bomba a su gusto. Para evitar esto el demandado pre-sentó una contrademanda y obtuvo sentencia en rebeldía. Insiste ahora el apelante en que esta contrademanda sólo se notificó a sn abogado y no a él como prescribe el Código de Enjuiciamiento Civil.

Quizás tiene razón el demandante, pero los poderes de equidad de una corte son amplios y cuando los hechos como se han revelado demuestran una usurpación creemos que la corte podía ordenar al demandante que quitara la tubería y bomba, sin necesidad de una contrademanda. El deman-dante está obligado a respetar los derechos del demandado.

Debe confirmarse la sentencia.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señob del Tobo,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Estrada et al., Acusados y Apelantes.
    No. 2232.

    Visto: Abril 1, 1924.

      Resuelto: Abril 25, 1924.
    Juicio Bápido- — Sobreseimiento de la Acusación — Apelante: Deber del.— Cuando se solicita el sobreseimiento de una acusación por no haberse cela-brado el juicio dentro del término de ley y sólo aparece de los autos la nega-tiva de la corte, no cabe revocar la sentencia, porque la resolución del tribunal tiene la presunción de justa. Para que esta corte examine y juzgue los motivos en que se basó la resolución, el apelante debe colocarla en las mismas condiciones en que se encontraba la corte inferior, haciendo constar lo ocurrido por medio de un pliego de excepciones o exposición del caso tra-mitado, aprobado y archivado de acuerdo con la ley.
    Sentencia de M. Rodríguez Sorra, J. (Segundo Distrito, San Juan), condenando a los acusados por delito de Adulteración de Leche.

      Confirmada.

      A. Agosto, abogado de los apelantes; José E. Figueras, Fiscal, abo-gado del apelado.
   El Juez Presidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Ricardo Estrada y Pedro Calderón fueron acusados como autores de un delito de adulteración de leche y condenados a sufrir cada uno treinta días de cárcel. No conformes, apelaron para ante este tribunal señalando en su alegato, como único error, que el juicio se había celebrado después de ciento veinte días contados a partir de la presentación de la acusación y eso no obstante la corte negó la moción de sobreseimiento por ellos presentada.

Cuando la transcripción fué archivada en la Secretaría de la Corte Suprema, sólo contenía la acusación, la senten-cia y el escrito de apelación. Luego se adicionó la moción de sobreseimiento que copiada a la letra en lo pertinente dice:

“Que el juicio de este caso ha sido señalado por primera vez para hoy día 29 de octubre de 1923.
“Que la acusación fué presentada con fecha 30 de junio del año actual.
‘‘Que nunca ha solicitado ni obtenido suspensión de juicio ni nada que haya entorpecido que este juicio fuera visto antes del día de hoy.
‘ ‘ Que han transcurrido a esta fecha más de los 120 días que marca el artículo 488 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
“Por lo que a esta Pión. Corte suplica se sirva sobreseer este caso, con arreglo a dicho artículo, ordenando su archivo definitivo.”

Y por último se solicitó la corrección de los autos a fin dd agregar a ellos el siguiente documento:

“El Pueblo de Puerto Rico vs. Ricardo Estrada y Pedro Calde-rón. — Criminal No. 494. — Adulterarión de leche. — Yo, J. Comas Vera, Taquígrafo de la Corte de Distrito del Segundo Distrito de San Juan, P. R., CERTIFICO: que según aparece de mis notas taquigráficas to- ■ madas en el acto de la vista del caso arriba titulado, y antes de darse comienzo a la práctica de las pruebas, fué presentada por el abogado de los acusados una moción pidiendo el archivo y sobreseimiento del caso por no haber sido traído a juicio dentro de los 120 días que marca la Ley. La Corte denegó la moción y el abogado tomó excep-ción de la resolución de la Corte. — San Juan, P. R., febrero 9, de 1924. — (Firmado) J. Comas Vera. — -Taquígrafo de la Corte del Segundo Distrito.
“Yo, Luis Vergne Ortiz, Secretario de la Corte de Distrito del Segundo Distrito de San Juan, Puerto Rico, Certifico: que la pre-cedente >es una copia fiel y exacta de la anterior certificación, que se encuentra unida al récord de este caso, que se encuentra archivado en el archivo de esta Corte bajo mi custodia. Y para remitir a la Corte Suprema de Puerto Rico, expido la presente en San Juan de Puerto Rico, Roy día veinte y cinco de marzo de 1924. — (firmado) Luis Yergne Ortiz, Secretario Corte de Distrito del 2do. Distrito de San Juan, P. R,.”

Sostiene el Fiscal de esta corte que no es posible resolver favorablemente la cuestión suscitada por los apelantes porque no constando las razones que la corte sentenciadora tuviera para negar la moción, no es posible juzgarlas y debe presumirse que. su resolución fue justa.

El juicio se celebró a los. ciento veinte y un días o sea un día después del fijado por la ley, pero la ley no establece el derecho a ser juzgado dentro del plazo como absoluto sino que tiene en cuenta que puede existir alguna justa causa que impida que el juicio se celebre dentro del plazo. ¿Existió aquí alguna justa causa? La transcripción guarda silencio. El apelante debió establecer los hechos en un pliego dé excepciones y entonces hubiéramos podido, ejerci-tando nuestra jurisdicción de apelación, penetrar en el fondo del asunto y juzgarlo por sus propios méritos. No lo hizo así y queda, por tanto, en pie, la presunción de justa que tiene la resolución de que se queja.

En el caso de El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 112, esta Corte dijo:

“Pero el apelante nada dijo acerca de las razones que hubo para hacer los anteriores aplazamientos, o ni siquiera que se hicieron sin haber razón para ello. Como se admite que las anteriores suspen-siones fueron hechas por la Corte, la presunción que surge, a menos que se demuestre lo contrario, es que hubo justa causa para orde-narlas. ”

Y en el dé El Pueblo v. Poleastro, 17 D.P.R. 96, expresó:

“El sobreseimiento1 de una acción autorizado por el Artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal puede únicamente invocarse cuando no exista motivo alguno que justifique la tardanza del juicio, y su concesión descansa siempre en la discreción del tribunal senten-ciador, cuya resolución no será revocada por este Tribunal a menos que haya abusado de dicha facultad discrecional.”

Es cierto que en el caso de El Pueblo v. Avilés, 27 D.P.R. 512, 515, dijimos:

“Decidido ya por esta Corte Suprema en Ochoa v. Manzano, 24 D.P.R. 843, que el precepto contenido en el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal rige también para las cortes municipales, entendemos que lo único que estaba obligado a alegar y probar el acusado en este caso era que no babía sido sometido a juicio dentro del término de ciento veinte días contado a partir de la presentación de la denuncia, término que no babía sido interrumpido a su solicitud. Era al Fiscal al que correspondía probar la existencia de la justa causa, si es que la bubo, para la dilación. Si el Fiscal no estaba enterado en el momento en que se presentó la moción del acusado, pudo pedir un término razonable para investigar lo ocurrido y actuar dentro de la ley y la justicia.
“ ‘El estatuto es imperativo,’ dice la Corte Suprema d.e California interpretando un estatuto similar al nuestro en El Pueblo v. Merino, 85 Cal. 516. ‘La corte a menos que se le presente una buena razón en sentido contrario, debe ordenar el sobreseimiento de la causa. ’ En el presente caso no se ba demostrado causa alguna que justifique la demora. Era suficiente para el acusado probar que el término fijado por el estatuto después de baber sido presentada la acusación babía vencido y que el caso nq babía sido suspendido por solicitud del diebo acusado. Si. babía alguna razón suficiente para tenerle tanto tiempo sin que se celebrara el juicio, al Fiscal incumbía probarla. La corte no podía presumirla. Véase también el caso de El Pueblo v. Ayala, 19 D.P.R. 936.”

La situación aquí es distinta. En el caso de Avilés se trataba de un juicio de novo. En este de Estrada de una apelación. La Corte de Distrito debía juzgar la cuestión suscitada de nuevo por sus méritos, a virtud de las alega-ciones y las pruebas ante ella presentadas. Esta Corte Su-prema debe limitarse a las resultancias de los autos. Ante la corte de distrito no cabía la presunción: Levantada la cuestión por el acusado, el Fiscal debió probar la justa causa o la corte por algún otro medio quedar convencida de que la justa causa para la demora existía (El Pueblo v. Ayala, 19 D.P.R. 936, 941). Ante esta Corte Suprema cabe la pre-sunción en ausencia de una completa presentación del caso por parte del apelante: ¿Podríamos asegurar nosotros, tal como se encuentra la transcripción, qne no se presentó por el,Fiscal o qne la Corte no tuvo conocimiento de la existen-cia de alguna justa causa? Es bien claro que no. Al ape-lante incumbe la obligación de colocar a esta corte en las mismas condiciones en que se encontraba la corte inferior.

No señalándose ningún otro error ni revelando un examen de los autos que se baya cometido, procede la confirmación de la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Morales y Benet, Peticionarias, v. La Junta Local de Inscripciones, Etc., Demandada.
    Nos. 219 y 220.

    Vistos: Marzo 31, 1924.

      Resueltos: Abril 25, 1924.
    Derecho Electoral — Sufragio—Mujeres.—La ley portorriqueña no concede el derecho del voto a la mujer y no habiendo sido hecha extensiva a Puerto Rico la enmienda 19 a la Constitución americana por declaración expresa del Con-greso, y no siendo el derecho al sufragio un derecho personal fundamental, la ley local queda en toda su fuerza y vigor.
    SoliCitud para que se expida auto de mandamus a la Junta Local de Inscripciones ordenando la inscripción de las peticionarias, para fines electorales. Sin lugar.

      B. Pagan, abogado de las peticionarias; M. A. Muñoz, como dele-gado del Attorney General, abogado de la demandada. C. Goll Cuchí compareció como amicus curia, a nombre de la Liga Social Sufragista.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 24 de marzo de 1924 se archivó en la- Secretaría de esta Corte Suprema una solicitud de mandamus alegando substanciaknente lo. que sigue:-

Que la peticionaria, Mariana Morales Bernard, es ciuda-dana de los Estados Unidos de América, mayor de veinte y un años, vecina de San Juan, P. R., y de oficio tabaquera; que es nativa de Puerto Rico, ha residido siempre en la Isla y desde hace más de un año está domiciliada en Puerta de Tierra, barrio de la Municipalidad de San Juan, P. R.; que nunca ha sido convicta de felony, ni. de delito electoral al-guno, ni es persona asilada en instilación pública o privada para locos, ni está bajo cuidado de tutor, ni depende para vivir de la caridad pública o privada, y que reúne todos los requisitos constitucionales, estatutorios y reglamentarios para inscribirse y votar en las elecciones generales de 1924; que la demandada es la Junta Local de Inscripciones y Elec-ciones del Primer Precinto de San Juan, compuesta de las personas que se mencionan, con los deberes que se especifi-. can y con capacidad para demandar y ser demandada; que el 24 de marzo de 1924, la peticionaria compareció personal-mente al local en que estaba constituida la demandada y cumpliendo todas las formalidades exigidas por los regla-mehtos, solicitó su inscripción y la demandada se negó a ello únicamente por razón del sexo de la peticionaria.

Archivada la solicitud, se señaló la tarde del 31 de marzo para oir a la peticionaria y al Attorney General, si deseaba ser oído.

Entre tanto otra solicitud de igual naturaleza fue pre-sentada por Milagros Benet de Mewton, y el abogado Ca-yetano Coll y Cuchí,- a nombre de la Liga Social Sufragista de Puerto Rico, solicitó ser oído como amicus mrice. Se adoptó igual resolución y el 31 de marzo comparecieron am-bas peticionarias representadas por el abogado Bolívar Pa-gán, el amicus curice, y el Attorney General Auxiliar Miguel A. Muñoz en representación de la demandada. Terminada la audiencia, se concedió a las partes. un término de cinco días para presentar memorándums de autoridades que fue-'ron en su oportunidad archivados, quedando así el caso so-metido finalmente a la consideración y resolución de este tribunal.

¿Tiene derecho en los actuales momentos una mujer mayor cíe edad y que reúna tódos los otros requisitos exigidos por la ley, a votar en Puerto Rico? Esa es la cuestión en-vuelta en este caso.

La ley local es como sigue: “Todo varón, ciudadano dé los Estados Unidos, .... deberá votar . . . .”

La ley decretada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y aprobada por el Gobernador, exige, pues, como una condición para votar que sea varón el elector, excluyendo, por tanto, a la mujer.

¿Qué dispone el Acta Orgánica? • Dice así:

“Artículo 35. — En las primeras elecciones que se celebren de acuerdo con esta Ley, los electores capacitados serán aquellos que tengan las condiciones de electores con arreglo a la ley actual. Des-pués de esas elecciones los electores deberán ser ciudadanos de los Estados Unidos, que hayan cumplido veintiún años de edad, y tengan las demás condiciones que se prescribieren por la Asamblea Legisla-tiva de Puerto Rico; Disponiéndose, que no se impondrá ni exigirá en ningún tiempo a ningún elector condición alguna que envuelva la posesión de propiedad.”

La ley del Congreso es clara. • Con excepción de los re-' quisitos de ser ciudadano de los Estados Unidos y de haber cumplido la edad de veintiún años que ella misma fija y de la prohibición de imponer condición alguna que envuelva la posesión de propiedad, deja enteramente a la Asamblea Le-gislativa de Puerto Rico la facultad de prescribir las otras; condiciones. Y ya hemos visto el uso que la Asamblea hizo de su facultad.

Se sostiene por las peticionarias que para interpretar la sección 35 transcrita, debe penetrarse en la intención del Congreso y que si así se hace, se verá que esa intención fue la de que no se estableciera distinción alguna por razón de sexo entre los electores, siendo por tanto nula la ley puerto-rriqueña. Su conclusión se basa en que habiéndose pre-sentado un sustituto a la sección 35, que dice: “Art. 35.— Que los electores capacitados serán todos los varones de 21 años o más, que sean ciudadanos de los Estados Unidos," tal sustituto no fue aprobado.

La intención del Legislador se deduce de los términos mismos en que queda finalmente redactada la ley y nada existe en la sección 35 que sostenga la conclusión de las pe-ticionarias. Pero aún yendo a la misma fuente de informa-ción que ellas invocan, con la reserva de que el hacerlo así no implica que esta corte acepte que pueda fijarse de tal modo la intención del Legislador, se verá que sus constan-cias le son adversas.

El sustituto de que se lia hecho mérito fué presentado el 17 de febrero de 1917. (Congressional Record, vol. 54, parte 4, pág. 3,477), y luego retirado. Más tarde, el 20 de febrero de 1917, discutiéndose una enmienda que dice: “Que en las primeras elecciones que se celebren de acuerdo con esta ley los electores capacitados serán aquellos que tengan las condiciones de electores bajo la ley actual; después de esas elecciones los electores serán ciudadanos de los Esta-dos Unidos, de veintiún años o más de edad, y que tengan los requisitos adicionales que puedan prescribirse,” y que es sustancialmente igual a la sección 35 tal como quedó de-finitivamente aprobada, ocurrió lo que sigue:

“Sr. Martille, de New Jersey. Recientemente leí en un periódico un artículo en el que se decía que por este proyecto se intentaba conceder el derecho del sufragio a las mujeres de Puerto Rico. Si ese es el caso, no' votaré conscientemente en favor de esa medida, pues soy ineondicionalmente opuesto al sufragio femenino. Creo que sería un detrimento para la comunidad y una desgracia y un desastre para las mujeres. Si yo creyera que habría de elevar a la mujer y me-jorar el bienestar de nuestra nación, estaría en favor de la misma; pero en mi concepto es todo lo contrario.
“Sr. Shafroth. Diré al Senador que bajo la ley actual las mujeres no votan, y consiguientemente el proyecto no les confiere privilegio alguno determinado excepto que da a la Legislatura de Puerto Rico derecho a determinar esas cuestiones, al igual que otras leyes del Congreso creando territorios.” “Congressional Record,” vol. 54, parte 4, pág. 3,667.

Pero las peticionarias van más lejos y aquí es que surge el verdadero problema jurídico planteado por ellas en este caso. Ellas sostienen que desde el momento en que se con-virtió en ley suprema de la nación la enmienda décimo-novena de la Constitución de los Estados Unidos, ni la Le-gislatura de Puerto Eico, ni el propio Congreso, pueden adoptar legislación alguna que prive a una persona por ra-zón de su sexo, del privilegio de votar en esta Isla.

La enmienda dice:

“El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será negado -ni cercenado por los Estados Unidos ni por ningún Es-tado por razón de sexo.”

Si la enmienda es aplicable, el caso debe resolverse a favor de las peticionarias. De eso no bay duda. La cues-tión queda así reducida a decidir si rige o no la enmienda constitucional en Puerto Eico y ello levanta uno de los pro-blemas más serios que se vió obligado a afrontar el Tribunal Supremo de los Estados Unidos después de la guerra bispano-americana y que durante más de veinte años de vez en cuando ba seguido ocupando las mentes de los jueces basta que fue, al parecer, definitivamente resuelto en el caso de Balzac v. People of Porto Rico, 258 U. S. 298.

A dicbo problema refiriéndose dice Charles Warren en el volumen- 3, página 429 y siguientes de su obra titulada “The Supreme Court in United States History”:

“En 1899 comenzó la larga serie de casos consecuencia de la gue-rra bispano-americana, que ocupó grandemente la atención de la corte durante los seis años siguientes. Los primeros en resolverse fueron varios casos de buques apresados en los cuales quedaron establecidos algunos puntos importantes de derecho internacional. A éstos si-guieron, desde mayo de 1901 hasta 1905., los notables casos en que por fin se fijaron definitivamente el status y los derechos constitucio-nales de Cuba, del territorio recientemente adquirido de Puerto Rico, Filipinas y de Hawaii. ‘Este drama judicial de verdaderas propor-ciones olímpicas’ constituyó el suceso más importante en la historia de la corte durante el período transcurrido desde la muerte de Waite, y ha sido resumido en forma interesante como sigue: ‘Cuando la guerra hispano-americana trajo como resultado la cesión a los Esta-dos Unidos' de Puerto Rico y las Filipinas, surgió inmediatamente la cuestión de su status constitucional. Esta, que entró seguidamente en el campo de la política, en la campaña presidencial de 1900, con el grito de “imperialismo/’ dividió a los partidos políticos y a sus secuaces. La discordia que creó en la judicatura no fue menos pro-nunciada. Los casos de De Lima, Dooley y Bidwell presentaron en forma concreta las cuestiones, primero, si la Isla de Puerto Rico, des-pués de su cesión por España, dejó de ser un “país extranjero” dentro del significado de las leyes de tarifa vigentes en los Estados Unidos; y segundo, hasta dónde, si en algo, caía la isla dentro de las cláusulas de rentas contenidas en la Constitución y del requisito de que todos los derechos, impuestos y arbitrios deben ser uniformes en todos los Estados Unidos. La división de opinión en la corte fue aguda y pronunciada. El primer criterio expresado fue el del Juez Sr. Brown, por sí sola Siguió solitario un derrotero y sostuvo que aunque Puerto Rico había dejado de ser un “país extranjero” dentro del significado de la Ley Dingley, sin embargo, en cuanto a legislación subsiguiente (la Ley Foraker de abril 12, 1900), la cláusula de uni-formidad no era aplicable; que Puerto Rico por la cesión vino a ser “territorio perteneciente” a Estados Unidos, pero no parte del mismo; y que aún tratándose de territorio contiguo del continente la Cons-titución sólo regía como resultado de acción expresa del Congreso. Contra esto el Juez Presidente FuRer y los Jueces Harlan, Brewer y Peckham sostenían que Puerto Rico, por lo menos al ratificarse el tratado, vino a ser parte de Estados Unidos, y que como tal sólo podía tratársele en la forma prescrita por la Constitución; o, para decirlo en las palabras de aquella época, la “Constitución sigue a la ban-dera.” Entre estos dos extremos se encontraban los'Jueces White, McKenna, Skiras y Gray, quienes sostenían que el gobierno de los Estados Unidos tiene poder para adquirir y poseer territorio sin in-corporarlo inmediatamente a los Estados Unidos, y que el Congreso puede determinar cuándo el territorio adquirido ha llegado a un es-tado tal que es propio que entre a formar parte de la familia Americana; y que Puerto Rico, aunque no es un país extranjero en el sentido internacional, puesto que está sujeto a y bajo la soberanía de los Estados Unidos desde el tratado de cesión, continuó siendo extranjero para los Estados Unidos en el sentido doméstico porque no había sido incorporado a Estados Unidos y meramente pertenecía al mismo como una posesión. Estos criterios fueron defendidos con una riqueza de razonamientos y un ardor en la discusión dignos de la magnitud de la controversia, pero con el curioso resultado de que con la sentencia en los casos de De Lima y Dooley estuvieron con-formes, aunque por razones'totalmente distintas, los Jueces Brown, Harlan, Brewer, Peckham y el Juez Presidente; mientras que la del caso de Downes estaba sostenida por los Jueces Brown, White, Me Kenna, Shiras y Gray. * * * La “idea de incorporación” del Juez White estaba destinada a prevalecer. * * * Bn el caso de Hawaii v. Mankichi, en 1903, la garantía constitucional del juicio por jurado se resolvió ser inaplicable a las islas de Hawaii, aprove-chando la ocasión el Juez White por sí y por el Juez McKenna de reiterar su criterio sostenido en Downes v. Bidwell, y disintiendo como de costumbre los Jueces Fuller, Brewer, Harlan y Peckham. Un año después vino el caso de Dorr v. The Unjted States, en el cual la opinión escrita por el Juez Day, que en el entretanto había en-trado a formar parte del tribunal, sostuvo que la Constitución Fe-' deral no extendía el derecho de juicio por jurado, por su propia fuerza y sin legislación, a las Islas Filipinas cedidas a Estados Uni-dos por España pero no incorporadas a Estados Unidos por acción del Congreso. * * * Finalmente, en el caso de Rasmussen v. United States, surgió la cuestión con referencia a Alaska, y por fin el Juez White, escribiendo la opinión de una evidente mayoría de la Corte, tuvo oportunidad de repetir con autoridad el criterio que siempre había mantenido. * * * El Juez Harlan, aunque con-forme con la sentencia en el caso, enarboló su bandera en cuanto a la cuestión principal y murió peleando hasta lo último. Años más tarde, hablando de la controversia, el Juez Presidente White dió muestras de lo arraigado de su convicción cuando dijo: ‘Pero, se-ñor, si no hubiéramos resuelto lo que resolvimos este país hubiera sido menos que una Nación.’ El toque final a la doctrina de in-corporación fué dado en el caso de Puerto Rico> v. Tapia, en 1918, cuando la corte resolvió que los derechos garantizados por la Cons-titución podían ser negados por el Congreso a un territorio no incor-porado aún cuando el mismo Congreso hubiera concedido la ciuda-danía de Estados Unidos a los habitantes del territorio.” The Supreme Court in United States History, vol. 3, págs. 429-33.

Cuando la obra que acabamos de citar fué editada, aún no babía sido resuelto el caso de Balzac, supra. En el caso de Tapia como en el de Muratti, 245 U. S. 639, la Corte Su-prema no emitió opinión dejando así un vacío en aquellos que firmemente creyeron y expusieron su criterio con toda amplitud, (Muratti v. Foote, 25 D.P.R. 568), que al otor-garse la ciudadanía americana en forma colectiva a los puertorriqueños, todos los requisitos exigidos por la juris-prudencia de la Corte Suprema se habían cumplido y Puerto Rico debía considerarse como un territorio incorporado der finitivamente al seno de la Unión. Parece que el Tribunal se dio cuenta de ello y cuando William Howard Taft, ex-Presidente de los Estados Unidos, ex-Secretario de la Guerra y ex-Gobernador de Filipinas, entró a formar parte de él como Chief Justice, en la primera oportunidad que se le presentó emitió una opinión en la que se estableció el crite-rio de la Corte de modo inequívoco, como sigue:

“Ahora tenemos que investigar si aquella parte de la Enmienda Sexta a la Constitución que exige que en todos los procesos criminales el acusado gozará del derecho a un juicio í’ápido y público, por un jurado imparcial del estado y distrito en que se hubiere cometido el delito, el cual distrito deberá haber sido previamente fijado por ley, es o no aplicable a Puerto Rico. Otra disposición sobre la ma-teria se encuentra en el Artículo III de la Constitución, que dispone que el juicio por todos los delitos, excepto en casos de residencia, será por jurado; y que tal juicio se celebrará en el Estado en que dichos delitos hubieren sido cometidos; pero que cuando el delito no fuere cometido dentro de ningún Estado, el juicio se celebrará en el lugar o lugares que el Congreso' por ley haya dispuesto. La Séptima Enmienda a la Constitución dispone que en las acciones del derecho común en que la cuantía exceda de veinte dólares, se reser-vará el derecho a juicio por jurado. Está bien establecido que estas disposiciones sobre juicio por jurado en casos criminales y civiles son aplicables a los territorios de los Estados Unidos. Webster v. Reid, 11 How. 437, 460; Reynolds v. United States, 98 U.S. 145, 167: Callan v. Wilson, 127 U.S. 540, 556; American Publishing Co. v. Fisher, 166 U.S. 464; Thompson v. Utah, 170 U.S. 343, 347; Capital Traction Co. v. Hof, 174 U.S. 1; Black v. Jackson, 177 U.S. 349; Rassmussen v. United States, 197 U.S. 516, 528; Gurvich v. United States, 198 U.S. 581. Pero está tan claramente establecido que no son aplicables a territorio perteneciente a los Estados Unidos que no ha sido incorporado a la Unión. Hawaii v. Mankichi, 190 U.S. 197; Dorr v. United States, 195 U.S. 138, 145. También fué establecido en Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, y reafirmado en Dorr v. United States, 195 U.S. 138, que ni las Filipinas ni Puerto Rico son territorio que ha sido incorporado a la Unión o ha venido a formar parte de Estados Unidos; como distinto de una mera pertenencia al mismo; y que las leyes para dar temporalmente un gobierno a las Filipinas, 32 Stat. 691, y a Puerto Rico, 31 Stat. 77, no surtían tal efecto. Los Casos Insulares revelaron gran diversidad de opinión en esta corte en cnanto al status constitucional del territorio adquirido por el Tra-tado de París, que puso término a la guerra hispano-amerieana, pero el Caso de Dorr demuestra que la opinión de la mayoría escrita por el Juez Sr. White en Downes v. Bidwell, ha venido a ser ley para la corte. La conclusión de esta Corte en el Caso de Dorr, p. 149, fué como sigue:
“ ‘Llegamos a la conclusión de que el poder de gobernar terri-torio, implícito en el derecho a adquirirlo, conferido al Congreso en el Artículo IV, sección 3 de la Constitución, a cualesquiera otras limi-taciones a que esté sujeto, cuyo alcance habrá de ser fijado a medida que surjan las cuestiones, no exige de ese cuerpo que promulgue, para territorio cedido y no hecho parte de los Estados Unidos por acción del Congreso, un sistema de leyes que incluya el derecho a juicio por jurado, y que la Constitución, sin legislación y por su pro-pia fuerza, no lleva tal derecho a aquel territorio que se encuentra en esas condiciones.’
“La cuestión ante nosotros es, por tanto, si el Congreso, después de la Ley Foraker de abril 12, 1900, e. 191, 31 Stat. 77, ha promulgado ley alguna incorporando a Puerto Rico a la Unión. La repre-sentación del demandante en error en su alegato da una larga lista de leyes, a que nos referiremos más adelante, que insiste dicha parte son indicativas de la intención de hacer a la Isla una parte de los Estados Unidos, pero principalmente se basa en la Ley Orgánica de Puerto Rico, de marzo 2, 1917, c. 145, 39 Stat. 951, conocida por Ley Jones.
“La ley se titula ‘Ley para proveer un gobierno civil para Puerto Rico, y para otros fines.’ Por su título no indica que tenga por ob-jeto incorporar la Isla a la Unión. No contiene cláusula alguna que declare tal fin o efecto. Aunque esto no es concluyente, tiende fuer-temente a demostrar que el Congreso no tuvo tal intención. Pocas cuestiones han sido materia de tanta discusión y controversia en este país como el status del territorio que adquirimos de España en 1899. La división entre los partidos políticos con respecto al mismo, la diversidad de criterio entre los miembros de este tribunal sobre sus aspectos constitucionales, y el constante surgir de la cuestión en am-bas cámaras del Congreso, hicieron fijar la atención de todos en las futuras relaciones entre este territorio adquirido y los Estados Uni-dos. Si el Congreso hubiera tenido la intención de dar el importante paso de cambiar el status que Puerto Rico tenía por el tratado incor-porándolo a la Unión, es razonable suponer que lo hubiera declarado así claramente y no lo hubiera dejado a mera inferencia. Antes de que la cuestión se tornara crítica al finalizarse la guerra hispano-americana, la distinción entre adquisición e incorporación no fué considerada importante, o por lo menos no había sido.bien compren-dida ni había dado lugar a mayor controversia. Antes de eso la in-tención del Congreso podría muy bien ser objeto de mera inferencia de varios actos legislativos; pero en estos tiempos la incorporación no puede presumirse en ausencia de declaración expresa o d.e una deducción tan fuerte que excluya cualquier otro juicio.
“Además, el artículo 2 de dicha ley está titulado ‘Declaración de Derechos,’ y en él están incluidas sustancialmente todas las garantías de la Constitución Federal excepto las relativas a acusación por un gran jurado en caso de delitos infamantes y al derecho de juicio por jurado en casos civiles y criminales. ¿Si fué la intención incorporar a Puerto Rico a la Unión por virtud de esta ley, la que entonces ex proprio vigore haría aplicable a la Isla toda la Declaración de Derechos de la Constitución, por qué se creyó necesario hacer para la Isla una Declaración de Derechos y cuidadosamente excluir de ésta el juicio por jurado ? En los mismos comienzos de la ley se encuentra este sustituto de la incorporación y de la aplicabilidad de la Decla-ración de Derechos de la Constitución. Este es a nuestro juicio un argumento terminante contra la contención de los abogados del de-mandante en error.
“El artículo de la Ley Jones a que su representación nos llama más insistentemente la atención es el artículo 5. Dicho artículo en substancia declara que todas las personas que por la Ley Foraker fueron ciudadanos de Puerto Rico y ciertos otros residentes serán ciudadanos de los Estados Unidos, a menos que prefieran no conver-tirse en tales, y en este último caso declararán tal preferencia dentro de seis meses, después de lo cual perderán ciertos derechos políticos bajo el nuevo régimen. En el mismo artículo se confiere poder a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para naturalizar separada-mente a individuos pertenecientes a otras clases de residentes. En el margen transcribimos el artículo en su totalidad. De no estar afec-tada por las consideraciones antes enunciadas, quizás la declaración del artículo 5 sería fundamento para una inferencia como la que sos-tiene la representación del demandante en error, pero dentro de las circunstancias encontramos que tal declaración es perfectamente compatible con la no incorporación. Cuando los puertorriqueños dejaran de estar bajo el gobierno de España, perdieron la protección que ese gobierno les daba corno súbditos del Rey de España, nombre con el que habían sido conocidos durante siglos. Al pasar bajo el dominio, de los Estados Unidos tenían derecho a esperar un 'statics que les diera derecho a la protección del nuevo soberano. En teoría y en derecho la tenían como ciudadanos de Puerto Rico, pero éste era un status anómalo, o por lo menos lo parecía si se tiene en cuenta el hecho 'de que a aquellos que debían y prestaban fidelidad a las otras potencias mundiales se les daba el mismo nombre y status que a los que vivían én su país natal, en tanto en cuanto se refiere a la protección contra injusticias He naciones extranjeras. Yino a ser, por tanto, el anhelo de los puertorriqueños el ser ciudadanos americanos, y esta ley les confirió esa gracia. ¿Y qué derechos adicionales les dió? Les fa-cultó para que viniendo a los Estados Unidos continentales y hacién-dose residentes de cualquier estado pudieran allí disfrutar de todos los derechos civiles, sociales y políticos de cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos. Un ciudadano de las Filipinas tiene que naturalizarse antes de poder adquirir residencia y votar en este país. Ley de junio 29, 1906, c. 3592, sec. 30, 34 Stat. 606. No así el puer-torriqueño, de acuerdo con la Ley Orgánica de 1917.
“En Puerto Rico, sin embargo, el puertorriqueño no puede in-sistir en el derecho a juicio por jurado, salvo que sus propios repre-sentantes en su legislatura se sirvan concedérselo. El ciudadano de los Estados Unidos que vive en Puerto Rico no puede allí disfrutar del derecho a juicio por jurado en virtud de la Constitución Federal, más de lo que puede un puertorriqueño. Es el situs lo que determina la aplicación de la Constitución en materias tales como procedimiento judicial, y no el status de sus habitantes.
“Es cierto que a falta de otra evidencia en contrario una ley del Congreso o una disposición contenida en un tratado sobre adquisi-ción de territorio, en que se declare una intención de conferir a los habitantes del nuevo territorio derechos políticos y civiles como ciu-dadanos americanos, puede muy bien interpretarse como una incor-poración a la Unión, que es el caso de Louisiana y Alaska. Ese es uno de los fundamentos principales en que esta corte basó su con-clusión de que Alaska había sido incorporado a la Unión, en el caso de Rasmussen v. United States, 197 U.S. 516. Pero el caso de Alaska era muy distinto al de Puerto Rico. Se trataba de un territorio enorme, de población muy escasa y que ofrecía oportunidad para la inmigración y establecimiento de ciudadanos americanos. Se hallaba, además, situado en el continente americano y a poca distancia de lo que entonces era Estados Unidos. No presentaba ninguna de las difi-cultades que la incorporación de las Filipinas y Puerto Rico presen-tan, una de las cuales es esta misma cuestión del juicio por jurado. A esas dificultades se refirió este tribunal en Dorr v. United States, 195 U.S. 138, 148, como sigue:
“ ‘Si el derecho a juicio por jurado fuera un derecho fundamental existente dondequiera que se extiende la jurisdicción de los Estados Unidos, o si el Congreso, al redactar leyes para los territorios no con-tiguos pertenecientes a los Estados Unidos, estuviera obligado a esta-blecer ese sistema mediante legislación afirmativa, la deducción sería quej sin consideración a las necesidades o capacidad del pueblo, el juicio por jurado y no en otra forma, debería desde luego quedar establecido, aunque el resultado fuera acarrear injusticias y provo-car desórdenes más bien que contribuir a la ordenada administración de la justicia. * * * Además, si Estados Unidos Rubiera de ob-tened por tratado la cesión de territorio con un sistema bien estable-cido de jurisprudencia en que es desconocido el juicio por jurado, pero que se rige por una forma ordenada y justa de enjuiciamiento al amparo de un código aceptable y consagrado por el tiempo; tendría entonces que pasarse por alto la preferencia del pueblo así como sus costumbres establecidas y obligársele a aceptar, antes de la incorpo-ración a los Estados Unidos, un sistema de enjuiciamiento para ellos desconocido e inadecuado a sus necesidades. No creemos que al con-cedérsele poder al Congreso para dictar reglas para los territorios fuera la intención entorpecer su ejercicio con esta condición.’
“El sistema de jurados requiere ciudadanos avezados al ejercicio de las responsabilidades de los miembros de ese cuerpo. En los paí-ses que se rigen por el derecho común los siglos han servido de pre-paración para formar un concepto de la actitud imparcial que deben asumir los jurados. El sistema de jurados presupone un deber cons-ciente de participación en la maquinaria de la justicia que es difícil a un pueblo no formado bajo un gobierno fundamentalmente popular comprender de momento. Uno de sus grandes beneficios consiste en la seguridad que da a los individuos de que ellos, corno jurados pre-sentes o probables, formando parte del sistema judicial del país, pue-den impedir su uso arbitrario o su abuso. El Congreso ha creído que a un pueblo como los filipinos- o los puertorriqueños, acostumbrado a un sistema judicial completo en que el jurado es desconocido, que vive en antiguas y compactas comunidades, con costumbres y concep-tos políticos definidamente formados, debe permitírsele que determine por sí mismo cuándo y hasta dónde desea adoptar esta institución de origen anglosajón. De ahí el cuidado con que desde la época en que McKinley escribió su histórica carta a Root en abril de 1900, Public Laws, Philippine Commission, páginas 6-9, Ley de julio 1, 1902, c. 1369, 32 Stat. 691, 692, referente a la clase de gobierno que había de establecer la Comisión Filipina en dichas Islas, hasta la ley de 1917 confiriendo una carta orgánica a Puerto Rico, los Estados Uni-dos han sido por un lado liberales concediendo a las islas adquiridas por el Tratado de París la mayor parte de las garantías constitucio-nales americanas y por otro han tenido buen cuidado de evitar la implantación forzosa de un sistema de jurados en un país de origen español y gobernado por el derecho civil, antes de que el mismo país lo desee. No podemos ver intención alguna de abandonar esta polí-tica en el hecho de hacer ciudadanos americanos a los puertorrique-ños, explicado como ello está por el deseo de ponerlos como individuos en igualdad de condiciones que los ciudadanos del continente ameri-cano, de asegurarles una protección más eficaz contra el resto del globo, y de darles una oportunidad, si lo desean, de venir a Estados Unidos propiamente dicho y sin necesidad de naturalización disfrutar aquí de todos los derechos políticos y de otras clases.
“No necesitamos entrar en otra consideración que requiere que no deduzcamos ligeramente, de actos fácilmente explicables por otros motivos, una .intención de incorporar a la Unión estas comunidades distantes que se hallan en medio del océano y tienen origen y habla diferentes a los del pueblo del continente. La incorporación siempre ha sido un paso, y paso importante, hacia la estadidad. Sin en lo más mínimo insinuar una opinión sobre la sabiduría de tal política, pues no es de nuestra incumbencia, es razonable suponer que cuando se da tal paso se comienza y se da por el Congreso deliberadamente y mediante una clara manifestación de intento, y no se deja a mera inferencia o interpretación.
“La representación del demandante en error también se funda en la organización de una Corte de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico, en la concesión del derecho de revisión de las sen-tencias de la Corte Suprema de Puerto Rico cuando en el caso está envuelta la Constitución de los Estados Unidos, en la concesión esta-tutoria de que jóvenes puertorriqueños puedan estudiar en las aca-demias de West Point y Annapolis, en la venta autorizada de sellos de los Estados Unidos en la Isla, y en la extensión a Puerto Rico, en una forma u otra, de las leyes federales de rentas, navegación, inmi-gración, bancos, quiebra, responsabilidad de patronos, aparatos de seguridad, extradición, y censo. Ante las consideraciones arriba enunciadas, ninguna de éstas ni todas justas pueden servir de base para la conclusión a que se nos quiere llevar.
“La Corte de Distrito de los Estados Unidos no es una verdadera corte de los Estados Unidos establecida bajo el Artículo III de la Constitución para administrar el poder judicial de los Estados Uni-dos que por dicho artículo se establece. Fué creada por virtud de la soberana autoridad eongíesional, conferida por el Artículo IY, see. 3, de dicho documento, para hacer todas las reglas y reglamentos necesarios para los territorios pertenecientes a los Estados Unidos. La semejanza de su jurisdicción a la de una verdadera corte de los Estados Unidos en cuanto ofrece oportunidad a los no residentes para acudir a un tribunal libre de influencia locales, no altera su natu-raleza de una mera corte territorial. Ni tampoco es de peso alguno en esta discusión el reconocimiento legislativo de que en Puerto Rico pueden surgir en litigio cuestiones constituciones. La Constitución de los Estados Unidos está en vigor en Puerto Rico como lo está donde y cuando quiera que se ejercita el poder soberano de ese go-bierno. Esto no sólo ha sido admitido sino expresado enfáticamente por este tribunal en todas sus declaraciones autorizadas relativas a las cuestiones que surgieron en los Casos Insulares, y especialmente en los casos de Downes v. Bidwell y de Dorr. La Constitución, sin embargo, contiene concesiones de poder y limitaciones que por la na-turaleza de las cosas no son aplicables siempre y en todas partes, y la verdadera cuestión en los Casos Insulares no fué si la Constitución era extensiva a las Pilipinas o a Puerto Rico desde que entramos allí, sino cuáles de sus disposiciones eran aplicables a manera de limitación al ejercicio del poder ejecutivo y el legislativo con respecto a nuevas condiciones y exigencias. Las garantías de ciertos derechos perso-nales fundamentales declarados por la Constitución, como por ejem-plo la de que ninguna persona será privada de la vida, libertad o propiedad sin el debido procedimiento de ley, eran de entera apli-cación en las Filipinas y Puerto Rico desde el primer momento, y como esta garantía ha sido en nuestro propio país una de las más prolífieas en litigios, naturalmente hubo que proveer para una serie semejante de controversias en Puerto Rico. Tan es así que se ha provisto para la revisión de cuestiones constitucionales en apelación y auto de error de la Corte Suprema de las Filipinas, país que indis-cutiblemente no está incorporado a la Unión. Código Judicial, see. 248.
“En conjunto, por tanto, no encontramos rasgos en la Ley Or-gánica de Puerto Rico de 1917 de los cuales podamos inferir la intención del Congreso de incorporar a Puerto Rico a los Estados Unidos con los resultados consiguientes.
“Esta corte ha considerado sustancialmente las mismas cuestiones aquí presentadas en los dos casos de Puerto Rico v. Tapia y Puerto Rico v. Muratti, 245 U.S. 639. En el primero la cuestión era si una persona acusada de cometer un homicidio (delito grave) unos doce días después de aprobada la Ley Orgánica de 1917, podía ser llevado a juicio sin la acusación de un gran jurado según exige la Quinta Enmienda a la Constitución. La Corte de Distrito de los Estados
Unidos para Puerto Rico en procedimiento de habeas corpus sostuvo que no se le podía detener y lo puso en libertad. En el otro caso el delito grave imputado se decía haberse cometido antes de la apro-bación de la Ley Orgánica, pero el proceso fué comenzado después. En él la Corte Suprema de Puerto Rico sostuvo que por virtud de la Ley Orgánica era necesaria la acusación de un gran jurado. Esta corte revocó tanto la sentencia de la Corte de Distrito en el caso de Tapia como la de la Corte Suprema en el de Muratti, sosteniendo necesariamente que la Ley Orgánica no había incorporado a Puerto Rico a los Estados Unidos. Estos casos fueron resueltos sin opinión. Los abogados en los casos presentes nos han pedido que expongamos más ampliamente los puntos de vista sobre el efecto de la Ley Orgá-nica de 1917 en esta cuestión y así lo hemos hecho.”

¿ Constituye el derecho al sufragio un derecho personal fundamental como el de que nadie puede ser privado de la vida, libertad o propiedad sin el debido procedimiento de ley, que deba entenderse en vigor en Puerto Rico en la forma que prescribe la enmienda constitucional de que se trata, o es uno de aquellos derechos que como el del juicio por jurado sólo regirá cuando expresamente lo extienda el Congreso a la Isla, o lo otorgue la Legislatura del terri-torio?

A nuestro juicio, cualquiera que haya sido o pueda se-guir siendo la opinión personal de algunos de los jueces de esta Corte, ese es el criterio que debe adoptarse para resolver la cuestión envuelta en estos recursos de mandamus. Y aplicándolo nos vemos obligados a resolver que el dere-cho al sufragio no es un derecho personal fundamental y por tanto que la enmienda en la forma en que aparece re-dactada no rige en Puerto Rico.

La propia Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Downes v. Bidwell, supra, se expresó así:

“Sugerimos, sin que sea la intención resolverlo, que puede existir una distinción entre ciertos derechos naturales asegurados en la Cons-titución mediante'la prohibición de que sean restringidos, y lo que pudiéramos llamar derechos artificiales o jurídicos, que son peculiares a nuestro sistema' de jurisprudencia. En la primera clase está in-cluído el derecho a tener una opinión religiosa propia y a expresarla 'libremente, o, como algunas veces se le llama, el derecho de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de nuestra propia conciencia; el derecho a la libertad personal y a la propiedad individual; el derecho a la libertad de palabra y de la prensa; el derecho al libre acceso a las cortes de justicia, al debido procedimiento de ley, y a la igual protección de las leyes; el derecho a estar garantizado contra registros y allanamientos injustificados, así como también contra cas-tigos crueles e inusitados, y a aquellas otras inmunidades que son indispensables a un gobierno libre. De la segunda clase son los dere-chos a la ciudadanía, al sufragio (Minor vs. Happersett, 21 Wall. 162), y a las formas determinadas de procedimiento expresadas en nuestra Constitución, que son peculiares a la jurisprudencia anglo-sajona, y algunas de las cuales -los Estados habían considerado inne-cesarios para la adecuada protección de los individuos.” 182 U.S. 244, 282.

“El derecho del sufragio, por lo tanto,” como dice el Dr. Lieber, citado por la Corte Suprema de Indiana en Gougar v. Timberlake et al., “es un derecho noble, o debe serlo; pero no es un derecho natural. Es un derecho político hacia el cual la Providencia ha encaminado al hombre en el curso progresivo de la historia. ” 46 N. E. 340. Véanse además los casos de State ex rel Bickett v. Knight, 85 S. E. 418; Shaw v. City Council of Marshalltown, 104 N. W. 1121, y United States v. Antony, 24 Fed. Cases, 830.

No habiendo llegado aún el momento en que la ley reco-nozca a la mujer el derecho a votar en esta Isla, las peticio-nes de mandamus deben ser declaradas sin lugar.


author: El Juez Pbesidente Señob del' Tobo,

text:
    Aragundo, Demandante y Apelante, v. Ramos, Demandado y Apelado.
    No. 3126.

    Visto: Enero 15, 1924.

      Resuelto: Abril 28, 1924.
    Desahucio — Aparcería—Precario.—Cuando una persona no detenta la posesión de una finca sin pagar canon o merced alguno, sino que entró en la pose-sión de la misma a virtud de un contrato de aparcería, no puede sostenerse que su posesión sea en precario.
    Id. — Aparcería—Arrendamiento.—Aun cuando el arrendamiento por aparcería tenga por base la cesión que el dueño de la cosa hace al tercero con quien celebra el contrato para los fines que le son propios, como de éste nacen entre los que pactan vínculos jurídicos especiales que el legislador ba tenido en cuenta para regularlos en primer término por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, no sería conforme con la naturaleza de aquel contrato extender al mismo la acción de desabucio en favor del arrendador, porque tales vínculos difieren de los inherentes a los arrendamientos comunes, y sólo en juicio ordinario puede discutirse consiguientemente el alcance de los derechos y obligaciones que de aquéllos nacen.
    SENTENCIA de Gabriel Gastejón, J. (Guayama), declarando sin lu-gar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      M. Queman Texidor, abogado del apelante; T. Bernardini, abogado del apelado.
   El Juez Pbesidente Señob del' Tobo,

emitió la opinión del tribunal. -

Angel Aragundo como apoderado de Manuel Otero es-tableció demanda de desahucio contra Felipe Bamos ale-gando que Bamos poseía en precario una finca de Otero y se negaba a desalojarla. Contestó Bamos que en efecto es-taba en posesión de la finca pero no en precario, sino a vir-tud de un contrato de aparcería. Fué el pleito a juicio y la corte declaró finalmente la demanda sin lugar.

No conforme el demandante interpuso el presente recurso de apelación señalando en su alegato dos errores cometidos a su juicio por la corte al desestimar cierta moción elimina-toria y al apreciar la prueba y aplicar la ley.

Ambos errores pueden estudiarse conjuntamente. La verdadera cuestión envuelta es la de si habiendo sido una persona demandada en desahucio como poseyendo en pre-cario y habiendo dicha persona alegado y presentado prueba tendente a establecer la existencia de un contrato de apar-cería, debe o no desestimarse la demanda.

El juez de distrito resolvió la cuestión en sentido afir-mativo. Hemos examinado los autos y opinamos que las ale-gaciones y las pruebas sostienen las ■ conclusiones de hecho de la corte sentenciadora. Sentado esto, estudiemos la ley y la jurisprudencia aplicables.

El artículo 1482 del Código Civil Bevisado, dice:

“El arrendamiento por aparcería de tierras de labor, ganados de cría o establecimientos fabriles e industriales, se regirá por las dis-posiciones relativas al contrato de sociedad y por las estipulaciones de las partes, y en su defecto por la costumbre de la tierra.”

Refiriéndose Manresa al contrato que entraña el precepto legal transcrito, expone:

“Podemos, pues, afirmar fundadamente que la aparcería es un arrendamiento. Pero no es un mero arrendamiento de fincas al que convienen todos los preceptos dictados para éstos; la especialidad que presenta su precio, la mayor complejidad de relaciones que crea entre las pártesela índole de sus aplicaciones en la práctica, hasta su cualidad de medio apto para contribuir a solucionar la cuestión social en los campos, exigían una especial reglamentación que, arran-cando de la afirmación de la naturaleza de arrendamiento que le es propia y le da el mismo artículo que comentamos, reconociese, sin embargo, todas las modalidades fundamentales con que su práctica puede entrañar resultados útiles. ” 10 Manresa. Comentarios al Có-digo Civil, 625-26.

E interpretando la Corte Suprema de España el artículo 1578 del Código civil antiguo, que es exactamente igual al 1482 del Revisado que dejamos transcrito, estableció la si-guiente doctrina:

“Qu§ aún cuando el arrendamiento por aparcería tenga por baso la cesión que el dueño de la cosa hace al tercero con quien celebra el contrato para los fines que le son propios, como de éste nacen entre los que pactan vínculos jurídicos especiales, que el legislador ha te-nido en cuenta para regularlos en primer término por las disposi-ciones relativas al contrato de sociedad, no sería conforme con la naturaleza de aquel contrato extender al mismo la acción de desa-hucio establecida en el artículo 1569 del Código Civil, en relación con los 1564 y 1565 de la Ley de Enjuiciamiento, en favor del arren-dador, porque tales vínculos difieren de los inherentes a los arren-damientos comunes, y sólo en juicio ordinario puede discutirse con-siguientemente el alcance de los derechos y obligaciones que de aqué-llos nacen.” Sentencia de 29 de julio de 1902, 94 Jurisprudencia Civil, 155.

No es necesario razonar más. En repetidas decisiones esta Corte Suprema lia resuelto que no es el juicio sumario de desahucio el apropiado para ventilar cuestiones de pro-piedad. Ahora se presenta este nuevo caso y el mismo principio es aplicable. El. juicio ordinario ofrece a ambas partes todas las garantías necesarias para dilucidar los conflictos que surjan. Cuando una persona no detenta la posesión de una finca sin pagar canon o merced alguno, sino que entró en la posesión de la misma a virtud de un con-trato de aparcería, no puede sostenerse que su posesión sea en precario. Si dicha persona falta a las condiciones del contrato, alegúese así en la demanda correspondiente y ven-tílese la cuestión dando al demandado plena oportunidad de defenderse. El desahucio se refiere a violaciones claras y simples; a detentaciones que no admiten explicación. Las relaciones creadas por el contrato de aparcería son o pue-den ser de naturaleza compleja.

Habiendo, pues, la corte de distrito apreciado los hechos y aplicado la ley y la jurisprudencia rectamente, debe con-firmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Franco Soto no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor FraNco Soto,

text:
    Costas, Demandante y Apelante, v. Noriega, Demandado y Apelado.
    No. 3147.

    Visto: Febrero 8, 1924.

      Resuelto: Abril 28, 1924.
    COMPRAVENTA DE FINCA — DERECHO DEL COMPRADOR A RETENER PRECIO APLAZADO; Cuándo Puede Retenerlo — Reivindicación. — Constituida una hipoteca por precio aplazado, si el comprador amplía posteriormente el gravamen hipote-cario, el hecho de que haya sido demandado en reivindicación de la finca no le autoriza a retener el pago de la parte de crédito vencido. La ampliación de la hipoteca implica la renuncia del derecho que le concede al comprador el artículo 1045 del Código Civil.
    ResoluciÓN de E. Lloredo, J. (Arecibo) desestimando la demanda' eon costas.

      Gonfirmada.

      B. Muñoz Bamos, abogado del apelante; A. Lens Güeña, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor FraNco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La apelación versa sobre nna sentencia desestimando la demanda por no aducir beclios que determinen mía causa de acción.

La parte pertinente de la opinión de la corte inferior en donde se exponen los becbos y los fundamentos legales para sostener su sentencia, es como sigue:

“El demandante compró la finca de que se trata a don Pedro Scbuck Grau en el 1917, y quedándole a deber parte del precio le bipoteeó a Scbuck la misma finca vendida con cuyo gravamen deben permanecer hasta el pago total de la deuda con sus intereses.
“Posteriormente, dicho crédito hipotecario en- la parte pendiente de.cobro fué transmitido por Schuck a Antonio Muñera en el 1919; y después por éste en el mismo año a Cándido Noriega, el deman-dado, cuya parte del crédito hipotecario, quedó adicionada con otra cantidad adeudada por el demandante al demandado.
“Es pues de verse claramente que no es este un caso comprendido en el artículo 1405 del Código Civil. En el hecho 4o. inciso f de la demanda, se alega por el demandante, que en el pleito que contra él se ha establecido en reivindicación, ha sido citado de evicción don Pedro Schuck Grau, lo cual, a mi juicio, es lo único a que tiene derecho el demandado Costas, en aquel pleito; sin que exista rela-ción jurídica alguna, ni de hecho, entre la demanda de reivindica-ción a que sé refiere, y el crédito hipotecario en ejecución constituido para garantizar el pago de parte del precio dejado de satisfacer por Heraclio Costas, en el contrato de compraventa otorgado por el mismo Costas como comprador y Pedro Schuck como vendedor. Este, y por virtud de las diversas cesiones de dicho crédito hipotecario, Cándido Noriega, el actual poseedor del mismo, (en la cantidad a que haya quedado reducido) continúa siendo acreedor hipotecario del deman-dante, sin que pueda afectar a la virtualidad de su derecho al cobro de tal crédito; el que el deudor de Moriega haya sido demandado en reivindicación.
“El medio legal que le indemnice y que la ley ha establecido a favor de un comprador que se vea privado de la cosa comprada, es la acción de evicción que tiene por objeto exigir el saneamiento.
“Por otra parte, la compra de Heraclio Costas a Pedro Schuck de la finca referida, fué un acto personal suyo, como lo fué también la garantía hipotecaria a favor de Schuck que prestara para la devo-lución de la parte del precio no* satisfecho; actos no imputables al vendedor, como tampoco lo son los actos que se alegan en el hecho (<?) de la demanda como contenidos en la acción establecida contra Heraclio Costas como comprador de aquella finca.”

El artículo 152 de la Ley Hipotecaria dice:

“El crédito hipotecario puede enajenarse o cederse a un tercero en todo o en parte, siempre que se haga en escritura pública de que se dé conocimiento al deudor, y que se inscriba en el registro.
“El deudor no quedará obligado por dicho contrato a más que lo estuviere por el suyo.” Comp, de 1911, pág. 1133.

Y el artículo 1405 del Código Civil, asimismo, dice:

“Art. 1405. — Si el comprador fuere perturbado en la posesión o dominio de la cosa adquirida, o tuviere fundado temor de serlo por una acción reivindicatoria o hipotecaria, podrá suspender el pago del precio hasta que el vendedor haya hecho cesar la perturbación o el peligro, a no ser que afiance la devolución del precio en su caso, o se haya estipulado que no obstante cualquiera contingencia de aquella clase, el comprador estará obligado a verificar el pago.” Comp, de 1911, pág. 789.

Una parte del crédito hipotecario en este caso repre-senta la parte del precio aplazado que el comprador quedó adeudando al vendedor, y éste al ceder dicho crédito no al-tera la condición del deudor, pues el cesionario no hace otra cosa sino subrogarse en los derechos del cedente.

Bajo este aspecto parece lógico que el comprador, ocu-rridas las circunstancias del artículo 1405, supra, tendría el privilegio de suspender el pago y pedir la nulidad de los procedimientos establecidos para el cobro de la hipoteca que representa el precio aplazado. Sin embargo, la de-manda es tan oscura y difusa en sus términos, a pesar de su larga extensión, que ni siquiera puede interpretarse li-beralmente y deducir de ella una clara causa de acción.

El demandante alega que además de la hipoteca que como parte del precio aplazado afecta la finca vendida, el com-prador constituyó sobre la finca otra nueva hipoteca como ampliación de la primera para tener el mismo vencimiento. Esto implicó una renuncia del comprador al 'derecho que le concede el artículo 1405 citado, no pudiendo en este caso utilizarlo para suspender el pago del precio aplazado ni menos impugnar por ese concepto el procedimiento de eje-cución.

Se confirma la sentencia.

El Juez Asociado Señor Wolf firmó: “Conforme con la sentencia.”

OPINIÓN CON CURRENTE DEL JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

La idea que tengo del artículo 1405 del Código Civil es que debe estar limitado a casos, en los cuales un compra-dor que aparentemente adquiere cierta cosa se ve amena-zado con la privación, reducción o disminución de la cosa adquirida. El artículo no tiene aplicación a compras donde el comprador adquiere una finca hipotecada sabiendo directa o interpretativamente que la propiedad estaba hipotecada. Por “interpretativamente” quiero decir, por supuesto, una inscripción de la hipoteca, en el Registro. Si el comprador sabe, o' tiene motivos para saber, que la propiedad está hi-potecada, especialmente cuando no existe ningún engaño por parte del vendedor, dicho comprador ha obtenido del vende-dor la cosa por la cual contrató, en tal caso, una finca hi-potecada. ' El comprador, por tanto, no ha sido perturbado en la cosa adquirida. La “cosa adquirida” es una finca hipotecada.

El caso es- aun más fuerte cuando el comprador mismo constituye hipoteca por el precio aplazado. No solamente está impedido tal comprador por la constitución de la hipo-teca, sino que las palabras finales del artículo 1405 deben interpretarse en el sentido de que comprenden el caso o sea, que la “estipulación” de referencia se ha hecho. El vendedor ha convenido entonces en pagar no obstante la hipoteca, en verdad, debido a ella, y el acreedor hipotecario tiene perfecto derecho a proceder de acuerdo con su hipo-teca. Los derechos de tal acreedor hipotecario y compra-dor son transmisibles y el cesionario que adquiere el cré-dito hipotecario tiene si acaso más derechos que el primi-tivo acreedor hipotecario, pues el primero adquiere el cré-dito hipotecario del dueño con título inscrito de tal dere-cho hipotecario. No veo absolutamente ninguna posibilidad legal para un hombre que voluntariamente constituye una hipoteca para cubrir el precio de compra aplazado, de elu-dir el pago invocando el artículo 1405. Tal deudor va en-tonces aun más lejos de lo que iría si se negara a pagar el precio de compra. Esencialmente no es diferente a si un comprador tratara de eludir el pago a su vendedor del pre-cio aplazado invocando dicho artículo, meramente porque el vendedor lo amenazaba con establecer una acción.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    García, Demandante y Apelante, v. Díaz, Demandado y Apelado.
    No. 3041.

    Visto: Diciembre 4, 1923.

      Resuelto: Abril 28, 1924.

      Injunction para Recobrar la Posesión de Inmueble — Descripción Insuficiente de la Propiedad. — En una demanda de injunction para reeobrar la posesión de propiedad inmueble no es una descripción suficientemente específica de la propiedad el alegar que el demandado privó a la demandante de una por-ción de su finca, expresando el número de metros.
    Id. — Excepción Previa a la Demanda — Negligencia del Demandante al no Enmendar. — Si un demandante no enmienda su demanda cuando se presenta una excepción previa, sino descansa en la resolución de la corte en su favor, no puede alegar como error la acción favorable de la corte.
    Id. — Teoría de la Demanda — Cambio de Teoría en Apelación. — Cuando se sos-tuvo en la corte inferior la teoría de privación de la posesión, en apelación no puede cambiarse esta teoría alegando actos de perturbación y violencia más bien que un cambio en la posesión.
    SENTENCIA de 22. Díaz Cintrón, J. (Ponce), desestimando demanda de injunction, eon costas.

      Confirmada.

      Parra Capó & Torres Córdova, abogados de la apelante; C. Brunet, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento de injunction para recobrar la po-sesión de una propiedad inmueble la Corte de Distrito de Ponce dictó • sentencia contra la demandante.

No encontramos que la corte inferior incurriera en error al declarar que la propiedad no había sido descrita sufi-cientemente, si como se indicaba en la demanda el deman-dado privó a la demandante de una parte específica de la propiedad. La demandante meramente dijo que el deman-dado le privó de una porción de su finca poniendo una cerca en ella, y haciendo constar el número de metros.

Insiste la apelante, sin embargo, en que la corte debió haber declarado con lugar la excepción previa deducida a la demanda por este fundamento y dado a ella una oportu-nidad de enmendar su demanda. La apelante no cita nin-guna autoridad y estamos bajo la impresión de que la ex-cepción previa era una notificación suficiente para la de-mandante y apenas puede ser oída para quejarse de su falta de atención a su misma deficiencia. La apelante sostiene que el defecto contenido en la demanda quedó subsanado por la prueba.

La corte inferior no estaba obligada a practicar una inspección ocular. Esto es discrecional y no se demostró ningún abuso de discreción.

Insiste la apelante en que el caso realmente giró sobre los actos de perturbación y violencia del demandado más bien que en un cambio en la posesión. El apelado replica diciendo que este es un cambio en la teoría de la corte inferior. La posición asumida por 'el apelado está justificada por un examen de la demanda, y la apelante no demuestra que el apelado estuvo presente y permitió la incongruencia hasta tal punto que su caso quede comprendido dentro de los principios de renuncia según se indican en los artículos 136-138 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La prueba tiende a acreditar que la demandante adquirió una parcela de terreno del demandado; que las partes nunca llegaron a definir bien sus colindancias; que con el consen-timiento, si no a instancia de la demandante, después de una tentativa frustrada años antes, el agrimensor Blas Silva hizo nna mensnra y qne el demandado mandó, a poner una cerca a todo lo largo de las líneas divisorias y qne parte de esa cerca llegó al balcón de la demandante.

La apelante, sin embargo, no' probó baber sido privada de alguna parte de la casa o que su entrada o salida de di.cba casa quedó impedida ni ninguna prueba satisfactoria ■ de que estaba ella en posesión de cualquiera parte de la finca donde estaba la cerca.

Debe confirmarse la sentencia.


author: El Juez Asociado Señob Wolp,

text:
    Antelo, Demandante y Apelante, v. Yabucoa Sugar Company et al., Demandados y Apelados.
    No. 3071.

    Visto: Diciembre 14, 1923.

      Resuelto: Abril 29, 1924.
    Acumulación de Acciones — Reivindicación Contra el Comprador — Daííos y Perjuicios Contra el Vendedor — Partes Demandadas — Acumulación In-debida de Partes Demandadas. — La acción real de nulidad de venta y rei-vindicación contra el comprador íjo 'es actunulable con la personal subsidiaria de daños y perjuicios contra la persona que le vendió la finca como admi-nistrador judicial de los bienes del causante de la demandante; y no ale-' gándose que tal vendedor tiene algún interés en la finca, de la cual tam-poco está en posesión, no es parte necesaria y por tanto existe el defecto de indebida acumulación de partes.
    Sentencia de Pablo Berga, J. (Humacao), teniendo a la deman-dante por desistida de su acción después de haber declarado con lugar ciertas excepciones previas a la demanda.

      Confirmada.

      J. Martínez Bávüa y J. Guzmán Benitez, abogados de la apelante; F. González Fagnndo, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señob Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la Corte de Distrito de Humacao emitió la siguiente opinión:

“La demanda en este caso establece, sin separarlas, dos distintas causas de acción; una real contra la Yabucoa Sugar Co., para que se anule una escritura de venta de una finca nombrada ‘Remate’ o ‘Antelo’, otorgada por Emilio Colón Berrios, como administrador judicial de los bienes de Andrés Antelo, a la Yabucoa Sugar Company, en 31 de octubre de 1907; para que se restituya á la deman-dante, Adela Antelo, en la posesión de la referida finca, y para que se condene a la demandada, Yabucoa Sugar Company, a pagar la can-tidad de $20,000 de daños y perjuicios por los frutos percibidos; y otra personal, para el caso de que se declare sin lugar la acción contra la Yabucoa Sugar Company, contra la Sucesión de Emilio Colón Berrios, para que se le condene a pagar a la demandante la suma de1 $24,500.00, como indemnización.por daños y perjuicios que Emilio Colón Berrios, su causante, le ña ocasionado, impidiéndole adquirir y usufructuar la finca objeto de la acción.
'‘Los demandados en este caso, la Sucesión de Emilio Colón, y la Yabucoa Sugar Company, ban establecida contra la demanda la excepción previa de indebida acumulación de acciones, y dicha Su-cesión ha establecido además las excepciones previas de indebida acu-mulación de parte demandadas y de no aducir la demanda hechos suficientes para determinar una causa de acción.
“Un demandante podrá acumular varias acciones en una misma demanda, cuando todas se derivan, entre otros casos, de reclamaciones para recobrar determinada propiedad inmueble, con o sin resarci-miento de perjuicios por retención de la misma, o 'por daños causados en ella y por sus rentas y utilidades, pero las acciones así acumuladas deberán todas corresponder a una sola de estas clases y afectar a todas las partes en el pleito y deben exponerse separadamente. Art. 104, Código Enjuiciaaniento Civil; Carlo v. Ferrer, 27 D.P.R. 216.
“En el presente caso claramente no es acumulable la acción real de nulidad y reivindicación contra la Yabucoa Sugar Co., con la personal subsidiaria de daños y perjuicios contra la Sucesión de Emilio Colón, si ésta, no posee la finca. No parece que acciones de esta na-turaleza pueden entablarse al mismo tiempo contra distintas personas.
“Además, ía excepción previa interpuesta por la Sucesión de Emilio Colón,, de que existe un defecto de indebida acumulación de partes demandadas, parece también sostenerse, pues no estando ella en po-sesión de la finca cuya nulidad de venta y reivindicación se pide, que es la acción principal, no es parte necesaria ni indispensable en la misma.
“La demandante nos ha citado, como aplicable, el caso de Oliver v. Oliver, 23 D.P.R. 181 que es distinto al presente porque la acción subsidiaria de daños y perjuicios se establece contra el propio deman-dado en posesión de la finca de cuya reivindicación se trata, siendo él quien instituyó el procedimiento hipotecario que se alega allí vi-ciado de nulidad.
“Por las razones expuestas, se declaran con lugar las excepciones previas de indebida acumulación de acciones y de partes demanda-das; concediéndose a la demandante el término de diez días para enmendar la demanda.”

Estamos enteramente de acnerdo con esa opinión. En la disensión del segundo y tercer señalamiento de error la ape-lante trata de impugnar esta opinión pero sin resultado al-guno. Ella no demostró que existiera ningún nexo o rela-ción entre las varias partes demandadas y la cortes distin-gue los casos citados respecto a la debida acumulación de acciones. Los casos de Carmona v. Cuesta, 18 D.P.R. 180 y 20 D.P.R. 229, no favorecen a la apelante toda vez que no se promovió ninguna cuestión de indebida acumulación de acciones y ni se solicitó un remedio distinto de dos gru-pos diferentes de demandados.

Habiendo sido resuelto el caso por virtud de la indebida acumulación de partes y causas de acción, la eliminación de un párrafo de la demanda no afectaba al resultado.

Como la decisión de la corte resolvía el pleito no era ne-cesario considerar el otro motivo de error, o sea, la omi-sión en resolver el otro fundamento de excepción previa.

Dehe confirmarse la sentencia dictada por la corte inferior.


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    Sucesores de Pérez Hermanos, Demandantes y Apelados, v. Sucesores de Abarca, Demandada y Apelante.
    No. 3146.

    Visto: Pebrero 29, 1924.

      Resuelto: Abril 29, 1924.
    Cobro de Gibo — Daños t Perjuicios — Causa de Acción — Intereses.—Una de-manda en la enal se alega que al ser presentado a los demandados para su pago un giro expedido contra ellos a la orden de los demandantes, se apro-piaron aquéllos del giro sin pagarlo ni hacer®objeción al pago, negándose ade-más a devolverlo, por lo cual se pide sentencia por su importe con intereses desde que debió ser pagado, aduce hechos suficientes para sostener una acción de daños y perjuicios que surge, no cuando vencía el giro sino desde el mo-mento en que fué retenido, desde cuyo momento son debidos los intereses.
    Sentencia de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      F. Soto Gras, abogado de la apelante; A. Sarmiento, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso es como signe:

“Sucesores de Pérez Hermanos en liquidación por medio de su abogado Antonio Sarmiento ejercitan acción personal contra Suce-sores de Abarca en cobro de dinero y como causa de este pleito, alegan:
“1. Que la demandante y la demandada son sociedades mercan-tiles constituidas según el Código de Comercio vigente en Puerto Rico con domicilio en San Juan y que no ban sido declaradas legal-mente incapacitadas para comparecer en juicio y demandar o ser demandadas.
“2. Que la sociedad demandante recibió un giro expedido por los Sres. Sellés Casas y Cía. de San Lorenzo a la orden de los Sres. demandantes y a cargo de los demandados por $1,020.00 y que pre-sentado al pago dicbo giro en primero del corriente mes de junio a los dichos demandados éstos se apropiaron el giro, sin pagarlo ni hacer objeción a su pago, y han cargado su importe a los giradores.
“3. Que requeridos los demandados para que devolvieran el giro referido o su importe los demandados se han negado a hacer la devo-lución o la entrega.
“Por todo lo cual suplico a la corte que en su día dicte sentencia contra los demandados condenándolos al pago de los $1,020.00, inte-reses legales de esta suma desde la fecha en que debió ser pagado y las costas, gastos y honorarios de abogado.de los demandantes si se opusieran a esta demanda.”

La demandada formuló excepción previa, alegando que la demanda no aduce una causa de acción, y la corte de-claró sin lugar la referida excepción. La teoría que se sos-tiene en la excepción previa es que en la demanda no se alega que la obligación está vencida. A instancia de la de-mandada, la corte dictó entonces sentencia a favor de los demandantes, con intereses legales desde el día primero de junio.

Sostiene la apelante que Sucesores de Abarca aceptaron el giro y que por ello quedaron responsables del pago del mismo desde la fecha en qne venció y no antes. La ape-lante alega además qne la propia demandante reconoció qne debió existir nn documento con fecha fija al decir en el pá-rrafo final de sn demanda qne se condenara a la deman-dada a pagar la snma reclamada con intereses legales de dicha snma desde la fecha en qne debió ser pagada. El úl-timo párrafo no es nn modelo de claridad.

Esta no es nna acción establecida por virtnd de nna le-tra de cambio como tal. La demandante no alega la acep-tación del giro. Esto se asnmé en el alegato de la apelada y hasta cierto pnnto la suposición es nna admisión solemne contra sn interés. Sin embargo, la demandada no pnede regular la interpretación qne ha de darse a las palabras de la demanda. Lo qne la demanda sí expresa es qne al ser presentado el giro para sn pago, Sucesores de Abarca car-garon sn importe a los giradores, se apropiaron el giro, no lo pagaron ni hicieron objeción a dicho pago y se han ne-gado hacer la devolución del mismo. Esto pnede ser inter-pretado como una aceptación, pero de todos modos la de-mandante quedó privada de sn giro, y ha optado demandar fundada en la obligación consiguiente por la cual la firma de Sucesores de Abarca es responsable. El pleito pnede considerarse como uno por daños y perjuicios con motivo de la. retención del giro. La demandante no pnede negociar directamente el giro, asumiendo qne ha sido aceptado, ni tampoco proceder en contra de los girantes. En cnanto a dichos giradores existía una completa novación siendo sus-tituidos Sucesores de Abarca por los referidos giradores. Por consiguiente, la obligación principal era exigible desde el momento en qne Sucesores de Abarca se apropiaron el giro y la única cuestión dudosa es la reclamación en cnanto a los intereses.

La apelante nos haría inferir qne el párrafo final de la demanda indicaba qne la sociedad demandante estaba con-fiando en la fecha del vencimiento del propio giro, pero dicho párrafo no hace mención del giro y es susceptible de una interpretación mnclio más liberal. Al apropiarse la de-mandada el giro y negarse a entregarlo ella era responsa-ble por los daños y perjuicios inmediatamente, y el importe de estos daños puede interpretarse como vencido a partir de la fecha en que la apropiación tuvo lugar, esto es, en ju-nio Io. de 1922. El artículo 1074 del Código Civil prescribe lo siguiente:

“Art. 1074. — Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento.
“En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocida-mente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación."

Asumiendo la buena fe de Sucesores de Abarca, los inte-reses deben contarse sobre la suma principal desde la fecha en que la demandada quedó hecha responsable por los mis-mos, o sea, junio Io. de 1922. El artículo 1075 del Código Civil habla de intereses legales cuando no se estipulan in-tereses y los intereses legales son un substituto justo de los daños y perjuicios que sobrevienen por dejar de pagarse la obligación principal al hacerse el requerimiento.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    Romero et al., Demandantes y Apelados, v. Romero et al., y Solís, Demandados y Apelante la Última.
    No. 2806.

    Visto: Diciembre 3, 1923.

      Resuelto: Abril 30, 1924.
    Demanda Enmendada — Demanda Sustituida. — Guando se presenta una alegación enmendada como sustituta de la alegación original ésta última deja de ser parte de los autos excepto para decidir a los fines de la prescripción, cuándo fué en realidad comenzada la acción y si una nueva causa de aceión ha sido presentada, o algo por el estilo.
    Nulidad de Título — Reivindicación—Venta de Propiedad Litigiosa. — Una persona a quien se demanda en acción de nulidad, reivindicación, etc., no queda impedida de poder enajenar la propiedad en litigio a no ser que sea mediante una orden de la corte con tal fin. Lo más que podía decirse es que los com-pradores no pueden ser considerados de buena fe, o terceros.

      Id. — Partes Demandadas — Sentencia Académica. — La declaración de nulidad del título en cuanto a una demandada que babía enajenado sus derechos en la propiedad sería académica tanto si la enajenación tuvo lugar antes de serle notificada la demanda, como si fué después de tal notificación.
    SbntenCia de Luis Campillo, J. (Primer Distrito, San Juan), decla-rando con lugar la demanda, con costas.

      Revocada y desestimada la demanda en cuanto a un demandado.

      I. Hernández, abogado de la apelante; M. Moraza, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este fué un caso en el cual por el voto de tres contra dos la sentencia de la Corte de Distrito quedó revocada. Los demandantes y apelados solicitaron la reconsideración de dicha sentencia y uno de sus fundamentos era que el Juez Asociado, Sr. Aldrey, no había tomado parte en la vista del recurso. Esta fué una de las razones que tuvimos para ordenar una nueva vista.

El fundamento de la revocación fué que como éste era un pleito (y así fué considerado por la Corte inferior) prin-cipalmente con el fin de que se declararan nulos ciertos ale-gados títulos pendientes, o reclamaciones sobre bienes in-muebles, la sentencia en favor de los demandantes con res-pecto a uno de los demandados, María Solís, sería acadé-mica toda vez que de los autos aparecía que ella se había desprendido de su título y otro había surgido en el Regis-tro a favor de otras personas. Encontramos que ella se ha-bía desprendido del título antes de la radicación de la de-manda. «

Los demandantes, apelados, alegan ahora que la demanda original fué radicada antes de que la finca fuera vendida, y también invocan el artículo 290 del Código de Enjuicia-miento Civil.

• Si se examinan los autos no se encontrará ningún dato que indique cuando fué radicada la demanda original.

Asumiendo, sin embargo, que lo fué con anterioridad a la venta hecha por la demandada, encontramos entonces que existe una demanda enmendada en los autos, una entera-mente nueva y, según nuestra práctica como la entendemos, una alegación substituía. Cuando se presenta una alegación enmendada como sustituta de la alegación original esta úl-, tima deja de ser parte de los autos excepto para decidir a los fines de la prescripción, cuando fué en realidad co-menzada la acción y si una nueva causa de acción ba sido presentada, o algo por el estilo. Barber v. Reynolds, 33 Cal. 497; Kelly v. McKibben, 54 Cal. 192; Bedington v. Cornwell, 90 Cal. 50; Collins v. Scott, 100 Cal. 453; Tehama y. Sisson, 152 Cal. 179; Collins v. Gray, 3 Cal. App. 726; Boss v. Flynn, 189 P. 293; Hausen v. Goodrich (Mont.) 181 P. 739.

No podemos, sin embargo, asumir en apelación que la demandada María Solis, o alguna otra persona tuvo conoci-miento por la demanda original, de la acción como abora se presenta, ni de que la demanda enmendada no alegaba una causa de acción enteramente nueva o diferente.

Independientemente de todo esto nadie que se le demande en reivindicación o de otro modo, está impedido de poder enajenar la propiedad en litigio a no ser que sea mediante una orden de la corte con tal fin. Lo más que podía de-cirse es que los compradores no pueden ser considerados de buena fe, o terceros.

En Puerto Rico la' radicación de una demanda no cons-tituye una notificación implícita de una reclamación. Romeu v. Todd, 206 U. S. 358. Si un comprador acude al regis-tro y no encuentra ninguna anotación de lis pendens, él no está obligado a examinar más adelante y puede reclamar su condición de tercero. Llama bastante la atención en este caso las indicaciones que existen, por lo menos en el ale-gato de los demandantes de que no se ofreció en el regis-tro ninguna notificación de la demanda original.

Por tanto, si la demanda original fué o no radicada antes del traspaso, los derechos de los compradores a defen-derse contra dichas nulidades no han sido afectados. El artículo 290 del' Código de Enjuiciamiento Civil prescribe lo siguiente:

“Art. 290. — La acción para reivindicar propiedad real contra la persona en cuya posesión' estuviere, no puede ser perjudicada por ninguna enajenación que haga tal persona antes o después del comienzo del'■■ejercicio de la acción.”

Como hemos dicho, la característica principal de este pleito es obtener ciertas nulidades y no reivindicar. Consi-derado el origen de este artículo y el hecho de que en los Estados Unidos la acción reivindicatoría es teóricamente una posesoria, la idea era probablemente que una persona en posesión no podía anular el acto de recobrar la posesión desprendiéndose ella misma del título. Los autos no mues-tran una posesión física por parte de María Solis. Si la posesión se presumía por virtud de una' escritura (artículo 1365 del Código Civil) tal presunción queda destruida por la subsiguiente escritura como indica la inscripción en el registro.

Estamos, por tanto, convencidos de que cualquiera de-claración de nulidad contra, esta demandada, que. aparente-mente se ha desprendido de todo título e interés en la finca, no podía producir ningún cambio posible de cosas én la ley. Una sentencia generalmente produce algún cambio por traspasar la posesión, quitar obstáculos o declarar un dere-cho susceptible de cumplirse. Con la sentencia que aquí se solicitó y obtuvo en la corte inferior la situación de los de-mandantes no mejoraría en ningún sentido. La sentencia así obtenida no podía, como se ha sugerido, ni siquiera ser ofrecida como prueba contra los compradores, toda vez que tal sentencia sería enteramente res inter alios acta.

Debe revocarse la sentencia apelada y desestimarse la demanda en cuanto a María Solís.

Los Jueces Sres. Presidente del Toro y Asociado Hutchison disintieron.


author: El Juez Asociado . Señor Wole,

text:
    Flores, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    No. 588.

    Presentado: Abril 12, 1924.

      Resuelto: Abril 30, 1924.
    Usufructo de Solares Municipales; Inscripción de — Certificaciones de Se-cretarios Municipales; Requisitos. — La certificación del secretario municipal respecto a que un libro bajo su custodia contiene una anotación creditiva de que cierto solar del municipio ha sido dado en usufructo a determinada persona, no es suficiente para que ésta obtenga la inscripción del dereeho de usufructo. Lo que debe presentarse al registrador, más bien, es una copia certificada del acuerdo haciendo la concesión con expresión de la fecha en que fué adoptado por autoridad competente.
    Nota de L. Marquez, R. (Caguas), denegando inscripción en cuanto a derecho de usufructo.

      Confirmada.

      A. Mena, abogado de la recurrente; el Registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado . Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La parte pertinente de la nota del registrador es como sigue:

“Inscrito el precedente documento en cuanto a la segregación a favor del Municipio de Caguas, al folio 47 del tomo 93 de Ca-guas, de finca número 3584 inscripción primera; y deniego la ins-cripción en cuanto al derecho de usufructo en dicho documento contenido, por los defectos insubsanables siguientes: 1. — de no cons-tar que la cesión fuese hecha por acuerdo del Concejo Municipal, pues, sólo hace referencia al libro registro de solares, ni consta que haya sido ratificada a nombre de María Flores; y 2.- — por-que el Secretario Municipal carece de facultades para declarar que la cesión ha quedado convalidada en virtud de la Ley número 40 de 7 de marzo de 1912, pues, era el Concejo Municipal en aquella época o actualmente la Asamblea Municipal los únicos organismos que de acuerdo con la Ley tienen facultades para dicho acto; y extendida en su lugar anotación preventiva. ...” etc.

La recurrente tiene; por supuesto, razón al sostener que a partir del año 1912 las concesiones de usufructos queda-ron válidas y no era necesaria ratificación alguna, Soto Mayor v. El Registrador, 27 D.P.R. 856. El punto a investi-gar, sin embargo, no es si fué ratificada una concesión por un acto de la ley, sino si el registrador tuvo ante sí una prueba adecuada de la concesión del usufructo mismo.

La prueba presentada fué una certificación del secreta-rio del municipio de Caguas. Este documento- meramente acreditaba que un libro que estaba bajo la custodia de dicho secretario contenía una anotación de que la propiedad en cuestión había sido dada en usufructo. El secretario no certificó que el usufructo había sido concedido por ninguna asamblea municipal. La ley ahora exige que la Asamblea tome acción y anteriormente era el Concejo municipal.

Debe existir una certificación, como indica el registrador, de que el organismo debidamente 'autorizado para conceder' un usufructo había en realidad actuado. Sugerimos, para evitar cualquier duda, que el secretario del municipio debió certificar que en tal o cual fecha el Concejo o asamblea municipal aprobó una resolución, y que tal resolución debe copiarse. El secretario, según entendemos, en lo que. res-pecta a concesiones de usufructos previamente hechas, sólo tiene facultades para certificar con respecto a un récord que está en su poder y no puede certificar sobre la existen-cia real de un derecho de usufructo.

Por supuesto no importa que los registradores anterio-res o el mismo registrador permitieran que certificaciones informales fueran presentadas. Para los fines de certeza la certificación adecuada del acto real del correspondiente or-ganismo municipal debe certificarse en debida forma al re-gistrador.

Confirmada la nota recurrida.