author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila, JUEZ ASOCIADO SEÑOR ‘WOLF

text:
    Antonia Cabassa viuda de Fajardo, Rosalinda y Emilia Fajardo Dávila, peticionarias, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez y José A. Fajardo Dávila, demandados.
    No. 984.
    Sometido: Julio 16, 1934.

      Resuelto: Julio 28, 1934.

      José A. Poventud y Miguel A. García Méndez, abogados de la peti-cionaria Sra. Cabassa Yda. de Fajardo; C. Euiz Nazario, abo-gado de Rosalinda y Emilia Fajardo Dávila; Oscar Souffront y A. Ortiz Toro, abogados del promovente en el pleito principal y de varios hermanos más de éste.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

José Ángel Fajardo Dávila solicitó de la Corte de Dis-trito de Mayagüez la lectura y protocolización de un docu-mento que según se alega constituye el testamento ológrafo de don Mateo Fajardo Cardona, fallecido en la ciudad de Mayag-üez el día 6 de febrero de 1934. Se alegó en la solici-tud que el peticionario ignoraba basta el día 27 de junio de 1934 que su padre Mateo Fajardo Cardona hubiese otorgado testamento, pero que hallándose en dicho día en las oficinas de la Central Eureka examinando, buscando y revisando todos los papeles y documentos que se encontraban en tal oficina en busca de aquéllos que pudieran tener relación con su finado padre don Mateo Fajardo Cardona,- por haber sido requerido para ello por el Lie. Miguel Ángel García Méndez, abogado de doña Antonia Cabassa Texidor, y mientras hacía tal bús-queda en dicho día 27 de junio de 1934, encontró un sobre ama-rilloso pegado, que mide 12 pulgadas de largo por 9 de ancho, cuyo sobre tiene en su esquina superior izquierda escrito con lápiz, de puño y letra del causante, lo siguiente: “José A. Fajardo” y debajo la siguiente palabra: “entregúesele”; que el peticionario procedió a abrir dicho sobre habiéndose encontrado dentro del mismo ocho hojas de papel de escri-turas escritas con tinta de puño y letra del causante don Ma-teo Fajardo Cardona por ambas caras con excepción de la última, las que constituyen el testamento ológrafo de dicho Mateo Fajardo Cardona fechado en la ciudad de Mayagüez, Puerto Rico, el día veintiséis de abril del año mil novecientos veintiséis, encontrándose dicho documento doblado en dos y teniendo en la parte posterior de la última carilla escrito con lápiz la palabra “testamento” de puño y letra del propio testador y encontrándose todas y cada una de las páginas de dicho testamento firmadas con la firma auténtica del causante testador don Mateo Fajardo Cardona.

Solicitó el peticionario la citación de los hijos del Sr. Mateo Fajardo Cardona, y de su viuda, para que compare-ciesen el día que la corte señalase a fin de proceder a la iden-tificación, lectura y protocolización del testamento una vez cumplidos los requisitos de ley. En 5 de julio de 1934 dióse principio a la vista de la referida solicitud, compareciendo el promovente José A. Fajardo Dávila y sus hermanos Mateo, Carlos y María Luisa Fajardo Dávila, asistidos de su abo-bado Oscar Souífront. La viuda de don Mateo Fajardo Car-dona, doña Antonia Cabassa, compareció representada por' los letrados Miguel A. García Méndez y José A. Poventud, y las bijas de dicho causante, Rosalinda y Emilia Fajardo Dá-vila, comparecieron representadas por su ahogado Clemente Ruiz Nazario.

El ahogado Poventud impugna la jurisdicción de la corte para la identificación del pliego. Los abogados García Mén-dez y Ruiz Nazario hacen constar que comparecen sin some-terse a la jurisdicción del tribunal en este procedimiento y únicamente a los fines de cumplir con la citación hecha por la corte.

El Sr. Ruiz Nazario manifiesta que como las partes que representa tienen derecho, de acuerdo con el último pá-rrafo del artículo 642 del Código Civil, a hacer las obser-vaciones oportunas sobre autenticidad del testamento, y sus clientes no han tenido oportunidad de revisar ese documento y hacer esas observaciones oportunas, solicita de la corte que declare un receso, para que pueda mostrarse dicho testamento a sus clientes a fin de que lo examinen y le instruyan res-pecto a él. El juez signó y rubricó el alegado testamento y ordenó su entrega por el secretario a los interesados para que lo examinen en su presencia. Luego procedióse a la prác-tica de la prueba. Aparecen declarando los testigos Alfredo Arnaldo Sevilla, César A. Gómez y Francisco Llavat, los cua-les fueron interrogados por el abogado Oscar Souffront. Las notas taquigráficas tomadas durante la apertura y lectura del alegado testamento el día 5 de julio de 1934 no reflejan inter-vención alguna de parte de dichos interesados o de sus abo-gados durante el examen de los testigos.

La Sra. Antonia Cabassa viuda de Mateo Fajardo Car-dona y Rosalinda y Emilia Fajardo Dávila, basándose en que en la vista de la solicitud no se les permitió hacer observa-ciones y repreguntas a los testigos, y en que la corte inferior se negó a consignar en los autos las objeciones y repregun-tas de sus abogados, solicitaron de esta corte, en 6 de julio del corriente año, que se expidiera un auto de certiorari para revisar los procedimientos tramitados ante la Corte de Dis-trito de Mayagüez. En 7 de julio esta corte expidió el auto solicitado.

Según aparece de las notas taquigráficas, los días 6 y 7, previo señalamiento de la corte, tnvo lugar la continuación de la vista. El abogado Sr. Ruiz Nazario bizo constar que en el momento oportuno solicitó a nombre de sus represen-tadas que se les permitiera antes del examen de los testigos cotejar los documentos por medio de peritos calígrafos y hacer las alegaciones oportunas en cuanto a la autenticidad del documento, con vista del mismo, para que la corte permi-tiera hacerles varias preguntas a los peritos con respecto a la cuestión de autenticidad, y que la corte denegó y no permitió que constaran las observaciones del abogado en el acta de la vista ni la resolución dictada por el juez ni la excepción to-mada por las partes. Asimismo hizo constar el Sr. Ruiz Nazario que la corte no permitió que se hicieran preguntas de índole alguna a los testigos que fueron ofrecidos por el promovente, Sres. Alfredo Arnaldo Sevilla, César A. Gómez y Francisco Llavat, y que se privó a las partes interesadas del derecho de repreguntar a dichos testigos sobre su capa-cidad e idoneidad para servir como tales y sobre si determi-nadas' partes y palabras, cifras y guarismos que aparecen en el referido documento son o no aparentan ser escritas de puño y letra del testador. La corte hizo constar que lo ma-nifestado por el abogado es un relato fiel de lo ocurrido du-rante la vista que se celebró el día anterior.

El abogado Sr. Poventud hizo suyas las manifestaciones del Sr. Ruiz Nazario y consignó, para que constaran en los autos, las observaciones que, según manifiesta, surgen “a simple vista de un ligero examen del papel presentado en este caso por el promovente, que se titula testamento oló-grafo.” Solicitó el Sr. Poventud que se permitiera a las par-tes representadas por él, por Ruiz Nazario y García Méndez repreguntar a los tres testigos de identificación “que declara-ron ya por parte del peticionario en este procedimiento.” De primera intención la corte denegó la solicitud. Luego el Sd. Souffront a nombre de sus representadas, manifestó que se allanaba a que se examinasen nuevamente los testigos en relación con las observaciones hechas por los interesados me-diante una estipulación de todas las partes. El Sr. Poventud afirmó su derecho a repreguntar a los testigos y después de oídas las partes se dictó por el juez la siguiente resolución:

"La Corte ordena que sea anulado el testimonio dado por los tres testigos que declararon respecto a la firma y la letra del docu-mento que se presentó como el testamento de don Mateo Fajardo Cardona, y que sean citados de nuevo los testigos para comparecer mañana a las nueve de la mañana. Esos testigos serán informados de todas las observaciones que se han hecho y que están consignadas en el récord, y entonces se repreguntará por las partes que se oponen.”

Al día siguiente, 7 de julio, se modificó esta resolución en la siguiente forma:

"La corte va a enmendar su orden en cuanto a anular el testi-monio dado por estos testigos. Eso queda en el récord, o sea el tes-timonio que ellos dieron cuando fueron examinados. Ahora se les va a permitir declarar respecto a las observaciones hechas por los abogados de las partes opositoras.”

En la sesión celebrada el 6 de julio, el Sr. Euiz Nazario hizo constar en los autos la presencia del químico don Angel M. Pesquera y del perito calígrafo don Casto Vega, y solicitó el examen del alegado testamento a presencia de uno cLe los abogados de las partes y del secretario, a fin de hacer obser-vaciones en cuanto a la autencidad y letra del mismo, esta-bleciendo comparaciones con documentos indubitados del cau-sante, para que la corte estuviese en condiciones de resolver. Se autorizó el examen de dicho documento en la mesa de los jurados.

Al reanudarse la sesión el día 7, el Sr. Poventud expuso que la corte había perdido su jurisdicción para proceder a la lectura del alegado testaménto y a la práctica de las diligen-cias, por haber sido presentado' él día 2 del mes de julio y haberse señalado el día 5 para la práctica de las diligencias, a pesar de que el día 3 fue hábil y hubiera podido celebrarse la vista ese día.

Aunque esta cuestión jurisdiccional no ha sido discutida por los abogados de las peticionarias ni en su laborioso alegato ni en su argumentación oral ante esta corte, pasamos no obstante a resolverla porque se adujo en la solicitud y se planteó con insistencia en el tribunal inferior. La parte recurrida arguye que habiéndose radicado la solicitud de lectura, identidad y protocolización del testamento el día 2 de julio, no terminó basta el 5 de dicho mes el plazo de dos días que determina el artículo 641 del Código Civil para el señalamiento de la práctica de las diligencias, porque el día 4 de julio, siendo festivo, tenía que ser excluido y no podía tomarse en consideración. Aunque la ley dispone que el señalamiento para la práctica de las diligencias se hará dentro del segundo día a más tardar, la corte no está privada de ejercitar su discreción para fijar dicho señalamiento o para prorrogarlo, cuando las circunstancias lo exijan. Como dijimos en Más et al. v. Borinquen Sugar Co., 18 D.P.R. 309, esta facultad discrecional es inherente en los tribunales, pudiendo surgir causas de enfermedad, muerte, ausencia, incapacidad u otras semejantes, que bagan indispensable el señalamiento para una fecha posterior.

Después de planteada la cuestión que antecede y de modificada la orden de la corte con respecto al testimonio de los testigos, se ordenó que se leyesen a los mismos las observaciones hechas por las partes. El Sr. Poventud ofreció observaciones adicionales. El Lie. Souffront expresó sus deseos también de hacer algunas observaciones. Se opuso el Sr. Poventud por entender que de acuerdo con la ley estas observaciones debe hacerlas el promovente a través de sus testigos. Se autorizó al Sr. Souffront a ofrecer sus observaciones.

Comenzóse a practicar el examen de los testigos. Declaró en primer término el Lie. Alfredo Arnaldo Sevilla. El Sr. Poventud se encargó de examinar al testigo, cuya declaración copiamos en parte para dar una idea del carácter de las obje-ciones, de la extensión del interrogatorio y de las razones en que se basó la corte para negar que se hiciesen ciertas pre-guntas :

“Lie. Poventud:
(Al testigo Sr. Arnaldo). Compañero Amaldo, ¿usted dijo que conocía la firma del supuesto testador don Mateo Fajardo Cardona?
R. Sí, la conozco.
P. ¿Podría Ud. citar al Sr. Juez qué motivo tiene para eso?
R. He recibido la impresión de la firma de don Mateo durante muchísimos años y tengo la idea precisa de cuándo la firma es de él y cuándo no es de él.
P. ,¿Ud. posee algún documento de él; Ud. es notario?
R. Sí, señor, muchos ha otorgado ante mí.
P. ¿Usted tiene esos documentos originales en su notaría?
R. Sí. señor.
P. ,¿Ud. ha examinado este papel que le presentaron ayer?
R. Sí. señor.
P. Sírvase tomarlo en sus manos y fijarse en esa página que debe ser la primera.
R. Sí, página primera.
P. Mire a ver si observa escrituras en lápiz y en tinta . . .
Lie. Soulffront: Para oponernos.
Hon. Juez: El testigo puede declarar respecto a la letra y la firma nada más.
Lie. Poventud: ¿Y sobre las observaciones nuestras . . . ?
Hon. Juez: No, él es testigo de la identidad de la firma y letra, nada más. Las raspaduras o algo así no tienen nada que ver. La Corte va a resolver de una vez para no presentar un sinnúmero de veces la cuestión. Él puede declarar solamente sobre la letra y la firma. . ■ (
Lie. Poventud: > ,¿ Y sobre las tachaduras ?
Hon. Juez: No, si todo ha sido tachado no tiene que v'er el testigo, si ha sido cambiado. Solamente si ésa es la letra y la firma. Eso vendrá en un pleito ordinario, pero en este momento es la letra y la firma del que otorgó el testamento.
Lie. Poventud: Pero lo que yo quiero s'aber es si esos números son del testador.
Hon. Juez: ¡ Oh! sí, eso sí.
P. En la página' primera, ¿hay un número ahí?
R. Hay un número o algo que parece un número en la cabeza del pliego.
P. .¿Escrito en qué?
R. Con lápiz.
P. ,¿Y el resto del pliego?
R. Está en tinta.
P. ¿Ud. podría asegurar a la Corte si ese número es de puño y letra del testador ?
R. No lo puedo decir.
P. ¿Y la palabra ‘veinte’ del día del mes que aparece en ese testamento ?
R. Y seis . . .
P. .¿Quiere decirme las huellas? . . . ¿Podría decir el compa-ñero si observa que la palabra ‘veinte’ correspondiente' al día del mes está entre paréntesis, y si es de puño y letra del testador?
Lie. Souffront: Nos oponemos a la pregunta.
Hon. Juez: Si el ‘veinte’ es la letrá de él.
P. Sí, si el ‘veinte’ es la letra del testador.
R. Sí, la palabra ‘v'einte’ es del testador.
P. .¿Y el paréntesis?
Lie. Souiffront: Nos oponemos.
Hon. Juez: Sostenida la oposición.
Lie. Poventud: Tomamos excepción.
P. Diga el compañero si puede observar a simple vista sobre la palabra ‘veinte’ correspondiente al año en ese testamento, línea 4, si bay algo escrito sobre ese vocablo . . .
Lie. Souiffront: Nos oponemos.
Hon. Juez: Sostenida la1 oposición. La letra y la firma solamente. Lie. Poventud: Pero si es su letra la palabra ‘treinta’ no quiero sugerirlo al testigo.
Hon. Juez: No, eso no, solamente la letra y la firma nada más. Lie. Poventud: Tomamos excepción.
P. Haga el fav'or de ver en la página 4, ... ¿no tiene numera-ción ?
R. No, señor, no está numerada.
P. Haga el favor de ver si observa la cifra ‘ 6,000 ’ en tinta. .
R. Sí, señor, en tinta. .
P. ,¿ Qué observa 'sobre esa cifra ?
Lie. Souiffront: No, eso no.
Lie. Poventud: Yo no quiero sugerirle la contestación.
R. El número es de Mateo.
P. ¿No observa el testigo (a los efectos del récord) algo escrito sobre un ocho?
Hon. Juez: No, eso no.
Lie. Poventud: Tomamos excepción.
P. Hágame el favor de ver el compañero las páginas 8 y 9.
P. Sí, señor.
P. Sírvase decir el testigo si bay alguna huella de tachadura en esa página.
Lie. Souffront: Para oponernos a la pregunta. '
Hon. Juez: Sostenida la oposición. No es para el testigo.

Lie. Poventud: Tomamos excepción. En esta situación me parece que lo que procede es hacer constar en el récord que insistimos en hacer al testigo una pregunta sobre todas y cada una de las observa-ciones que nos autorizó la corte a dictar en este caso, y que según ya tratamos de demostrar son procedentes para con los testigos de iden-tificación que se traigan.

Hon. Juez: La! corte niega l'a moción.

Lie. Poventud: Tomamos excepción. ¿No nos permitiría la corte traer la prueba pericial?

Hon. Juez: ¡Oh! no, cuando llegue el momento, después de con-siderar todo, antes de dictar ninguna resolución si la Corte conviene que es dudoso el documento, entonces sí, a petición de las partes. Pero en este momento no se puede practicar esa prueba; eso depende si la corte es de opinión que procede.”

El Sr. Poventud hizó constar que había dado lectura al resto de las observaciones con el fin de interrogar al testigo y que la corte excluyó las preguntas al efecto formuladas. El juez admitió la exclusión de toda pregunta “que no se re-firiera a la firma y letra del testador.”

Basta lo expuesto para demostrar que la corte inferior limitó el interrogatorio del abogado Sr. Poventud a la letra y firma del alegado testador, impidiendo que se formulasen preguntas sobre otros .particulares. Las peticionarias no se sienten satisfechas e insisten en que la resolución de la corte inferior limitando el interrogatorio les negó el derecho de ser oídas, la protección igual de las leyes y un debido proceso de ley. Así lo hicieron constar sus abogados al comparecer ante esta corte y así lo manifiestan en su alegato, por entender que en la continuación de la vista que tuvo lugar los días 6 y 7, el tribunal a quo persistió en negarles el reconocimiento de sus derechos. En apoyo de sus conclusiones citan las dis-posiciones del Código Civil relacionadas con el testamento ológrafo y a los comentaristas Scaevola y Manresa. También se citan algunas decisiones de los tribunales americanos con el fin de demostrar que el objeto de la citación es ofrecer la opor-tunidad de comparecer, y ser oído y que si se niega una audien-cia (hearing) la notificación carece de efecto para cualquier propósito. Los artículos 641, 642 y 643 del- Código Civil, edi-ción 1930, dicen así:

“Art. 641. — Presentado el testamento ológrafo, y acreditado el fa-llecimiento del testador, la corte de distrito procederá a su lectura en audiencia pública y en día y hora señalados al efecto, dentro del segundo día a más tardar, abriéndolo si estuviere en pliego cerrado, rubricándolo los jueces con el notario en todas las hojas, y compro-bando a'eto continuo su identidad por medio de tres testigos que co-nozcan la letra y firma del testador, y declaren que no abrigan du.da racional de hallarse el testamento escrito y firmado de mano propia del mismo.
“A falta de testigos idóneos, o si dudan los examinados, y siempre que la corte de distrito lo estime conveniente, podrá emplearse con dicho objeto el cotejo pericial de letras.
“Art. 642. Para la práctica de las diligencias expresadas en el artículo anterior, serán citados con la brev'edad posible, el cónyuge sobreviviente, si lo hubiere, los descendientes y los ascendientes legí-timos del testador, y en defecto de unos y de otros, los hermanos.
“Si estas personas no residieren dentro del distrito judicial o se ignorase su existencia, o siendo menores o incapacitados carecieren de representación legítima, se hará la citación al fiscal.
“Los citados podrán presenciar la práctica de dichas diligencias • y hacer en el acto, de palabra, las observaciones oportunas sobre la autenticidad del testamento.
“Art. 643. — Si la corte de distrito estima justificada la identidad del testamento, acordará que se protocolice, con copia certificada de las diligencias practicadas en los registros del notario que los interesados designen, por el cual se librarán las copias o testimonios que proce-dan, que constituirán título bastante para la inscripción, total o par-cial, en el registro de la propiedad, de los bienes inmuebles en que consista la herencia. Si no hubiese conformidad entre los interesados, o si el notario designado por éstos estuviere incapacitado por alguna de las causas que señala la ley notarial, entonces la corte designará libremente un notario que tenga oficina abierta en su distrito.
‘ ‘ Cualquiera que sea la resolución de la corte de distrito, se llevará 'a efecto, no obstante oposición, quedando a salvo los derechos de los interesados para ejercitarlos en el juicio que corresponda.”

Scaevola, en sns Comentarios al Código Civil, tomo 12, páginas 400, 401 y 402, dice así:

“ ‘Observación oportuna’ sobre la autenticidad del testamento, puede incuestionablemente ser la que haga cualquiera de los referidos interesados alegando que dicho extremo no podrá de manera acertada comprobarse por medio de testigos o peritos, parientes próximos de .alguno de los herederos o legatarios de cuota de importancia o que con los mismos mantengan relaciones de íntima y estrecha amistad, por ejemplo.
"El Juez, si ha de dictar el 'auto de aprobación o desaprobación del expediente con arreglo a su conciencia y al resultado Verdad de las actuaciones, cual se lo encarga el art. 693 al ordenarle que acordará la protocolización ‘si estima justificada la identidad del testamento’, no tendrá otro remedio que aquilatar, dentro de los límites, claro es, señalados a la tramitación general de expedientes de jurisdicción vo-luntaria, el valor de los elementos probatorios que se le propongan o que él, de oficio, aporte a los autos.
"Si lo contrario fuera doctrina legal, por desconocimiento inexcusable del Juzgado, y bajo la sola afirmación del presentante del testamento, que puede estar, como ya hemos dicho, interesado en la herencia y tener derechos contrapuestos respecto a los demás se prac-ticarían, por mera rutina y como simple fórmula las diligencias de importancia y valor innegables, a que se refieren los 'artículos 690 a 693 de nuestro Código.
"Ya sabemos que el auto que ponga término al expediente de pro-tocolización cabe sea revisado en el juicio declarativo que corresponda, con tramitación más solemne y garantiza'dora para unos y otros in-teresados. Pero, aun siendo esto cierto, y refiriéndose, como se re-fiere indudablemente, a otras exigencias del procedimiento, ¿va a ser materia baladí el acreditar la autenticidad del testamento ológrafo, cuando esta justificación debe tener fundamental importancia, mucho mayor que tratándose de la manera' de elevar a escritura pública el testamento o eodieilo hechos de palabra, de la apertura de las memo-rias testamentarias, por lo mismo que esa' nueVa forma de testar, de peligrosa y delicada naturaleza, tiene su complemento más preciso y útil en la comprobación judicial ?
“Tampoco olvidamos que el Juez, bajo su responsabilidad, puede dejar de cumplir lo que con esas ‘observaciones oporhmas’ se pre-tenda, del propio modo que cuando las mismas versen sobre la oposi-ción a que se aprueben o no las diligencias practicadas; porque el Juzgado tiene, por el art. 693, en estos expedientes una' misión ex-clusiva, aunque regulada por razones de prudencia y de amplio cri-terio, inspiradas en la consideración de hallarse o no suficientemente acreditada la autenticidad del escrito presentado. Pero nosotros es-tablecemos el posstomus, la facultad en los parientes y en el Ministerio fiscal de poder intervenir, por ejemplo, en la forma indicada, y la po-sibilidad legal de que el Juez tenga medios de admitir, sin infracción de precepto alguno sustantivo o adjetivo, tales extremos para lograr el fin que él también, con igual o mayor empeño, debe perseguir.
“Las repetidas ‘observaciones, oportunas’ pueden, del propio modo, consistir en la aportación de documentos o justificaciones que se ofre-cieren por dichos parientes o por el Ministerio fiscal. El art. 1813 de la ley procesal civil, comprensivo de una de las disposiciones gene-rales sobre jurisdicción voluntaria, prevee el caso de que alguien que tenga interés legítimo en el expediente solicite que se le oiga en el mismo, en cuyo caso se le otorgará audiencia, poniéndosele aquél de manifiesto en la Escribanía por un breve término, que fijará el Juez según l'as circunstancias; pudiendo, a tenor del artículo siguiente, 1814, oírse también, cuando proceda, al que haya promovido el ex-pediente. De suerte que no han de ser de peor condición los que intervengan en las diligencias para protocolizar el testamento oló-grafo. ’ ’

El ilustre comentarista, en la página 394 del mismo tomo, y refiriéndose al último párrafo del artículo 693 del Código Civil español, equivalente también al párrafo último del ar-tículo 643, de nuestro código, se expresa del siguiente modo:

“La manera como está concebida la redacción del último ap'artado •de dicho precepto induce la conclusión de que siempre, o por lo menos en la mayor parte de los casos, el Juez debe acudir al criterio pericial para que le ilustre acerca de la autenticidad del testamento ológrafo, aunque ya estén insertas en los autos del expediente las declaraciones testificales. La prudencia con que el Juez debe de proceder en reso-luciones de trascendencia así lo exige, y la índole delicada y peli-grosa del testamento ológrafo lo bace necesario para mayor garantía de todos los intereses comprometidos en aquél.
“En efecto, el cotejo pericial de letras puede ser una confirmación facultativa del dicho profano de los testigos y un modo de desvanecer las últimas dudas que pudieran ocurrir al juez acerca de la autenti-cidad que trata de averiguar y declarar. Para eso se ha escrito la frase del citado último apartado, ‘siempre que el Juez lo estime con-veniente’, baya habido o no testigos y dudaran o no éstos respecto de los extremos por que son preguntados.”

Yernos que Scaevola nos dice que el juez llamado a decre-tar la protocolización del testamento si estima justificada su identidad, no tendrá otro remedio que aquilatar dentro de los límites señalados a la tramitación general de expedientes de jurisdicción voluntaria, el valor de los elementos probatorios que se le propongan, o que él, de oficio, aporte a los autos. Este comentarista, yendo aún más lejos, opina que las obser-vaciones oportunas pueden consistir en la aportación de do-cumentos. No dice Scaevola, sin embargo, que el derecho a hacer observaciones imponga al juez el deber de autorizar* un amplio interrogatorio sobre cuestiones que no se relacio-nen con la letra y firma del testador. ¿Cómo se comprueba la identidad del testamento? El código lo dice claramente: por medio de tres testigos que conozcan la firma y letra del testador y declaren que no abrigan duda racional de hallarse el testamento escrito y firmado de mano propia del mismo. El texto de la ley parece indicar que a los testigos se les llama para que declaren sobre la letra y la firma y no para otra cosa. Los interesados pueden hacer las observaciones que consideran pertinentes, pero en cuanto a los testigos, es evidente que no puede llevárseles, sin permiso de la corte, más allá de los límites que señala la misma ley. Si el juez, tiene a bien permitir repreguntas no incurre en ningún error al resolver que el contrainterrogatorio debe girar y desen-volverse dentro de los límites trazados por el interrogatorio, directo.

El Sr. Manresa, en sns comentarios sobre la Ley de En-juiciamiento Civil española, se expresa así: . ¡

“Declaraciones de los testigos. — -Deben ser tres, que conozcan lá letra y firma del testador, como se ba dicho: serán exaininhdos in-dividualmente bajo juramento, en la forma ordinaria, poniéndoles; de manifiesto el testamento para que puedán declarar, si así lo entien-den, que no abrigan duda racional de hallarse escrito y firmado -de mano propia del testador. Convendrá que expresen y se consignen también las razones o motivos que tengan para conocer la letra y firma de aquél. Podrán presenciar estas declaraciones los parientes citados que concurran, y hacer en el acto, de palabra, las observaciones opor-tunas sobre la autenticidad del testamento’ (art. 692 del Cód.'),-'a cuf yas observaciones habrán de contestar los testigos.
‘! Siempre que el juez lo estime conv'eni-ente, puede acordar el- co-tejo pericial de letras para asegurarse de la autenticidad del testa-mento, y debe 'acordarlo cuando los testigos examinados duden, o. no los haya que conozcan la letra y firma del testador.. Los péritos habrán de ser de exclusivo nombramiento del juez, el cual deberá también hacer por sí mismo el cotejo, como lo previene para caso análogo el art. 1963 de la ley, empleándose el procedimiento indicado en los formularios de los testamentos cerrados.
“Si el juez estima justificada la identidad o autenticidad del tes-tamento, dictará auto mandando protocolizarlo con las diligencias practicadas, en los registros del notario de la cabeza del partido, o si hubiere más de uno, en el que corresponda por turno, por el cual se darán a los interesados las copias o testimonios que procedan como se ha dicho en los formularios de los testamentos cerrados. En otro caso, denegará la protocolización, según se ordena en el art. 693 del Código.
“Contra dicho auto, conceda o niegue la protocolización, no se da recurso alguno, y ha de llevarse a efecto, no obstante oposición, que-dando a salvo el derecho de los interesados para ejercitarlo en el juicio declarativo que corresponda, como se ordena también en dicho ar-tículo.” 6 Manresa, Comentarios al Código de Enjuiciamiento Civil Español, p. 406, 407.

De las palabras de Manresa y Scaevola se deduce que la persona encargada de decretar o negar la protocolización del testamento es la llamada a resolver, dentro de una sana dis-creción y de acuerdo con las circunstancias del caso, el radio dé acción, qne debe abarcar el procedimiento para satisfacer su conciencia de juzgador. Convenimos en que aun cuando se trata de un expediente de jurisdicción voluntaria puede dársele a la práctica de las diligencias cierta latitud para que, ■sin desnaturalizar el procedimiento, todos los interesados aporten sus luces y la corte pueda recibir el beneficio de las mismas antes de llegar a una conclusión. Sin embargo, como liemos dicho, ésta es una función que debe ejercitar el juz-gador en el uso de sus facultades discrecionales.

Esta corte, en el caso de Vázquez v. Vázquez, 34 D.P.R. 241, declara que la protocolización de un testamento ológrafo es más bien un acto de jurisdicción voluntaria. En Collazo, Ex parte y Dávila, Opositora, 45 D.P.R. 609, se declara que el auto dictado concediendo o negando la protocolización.no autoriza un recurso de apelación y se dice:

“Es cierto que la medida tiene gran importancia. Ya hemos visto que por disposición expresa' de la ley las copias constituirán título bastante para la inscripción total o parcial, en el registro de la propie-dad, de los bienes inmuebles en que consista la herencia, pero está li-mitada también expresamente por la ley al reconocimiento de la auten-ticidad inmediato del documento, quedando a salvo los derechos de las personas a quienes pudiera perjudicar que deberán hacerlos valer en el juicio correspondiente.”

De la opinión emitida en el caso citado transcribimos dos párrafos que allí se copian del comentarista Manresa:

“En cuanto a la citación que el art. 692 manda hacer a las per-sonas expresadas en el mismo, nada tenemos que decir, pues no ne-cesita comentario alguno esta garantía, toda vez que esas personas son por su orden los interesados, en primer término, en que se de-pure la identidad y legitimidad del testamento, por ser los llamados por la ley a la sucesión legítima en el caso de que la protocolización de dicho testamento fuere denegada. Es natural y lógico que en el caso de concurrir dichas personas a las diligencias de protocolización, puedan hacer en el acto, de palabra, las observaciones que estimen oportunas sobre la autenticidad del testamento, pues precisamente para ese efecto son llamadas, y así lo dispone dicho artículo.”
“Pero téngase presente que si bien el juez habrá de tomar en consideración dichas observaciones para formar su juicio sobre la identidad del testamento, aunque se hagan con el carácter de oposi-ción, y aunque se formule ésta por escrito, tal oposición no puede producir en ningún caso el efecto de hacer contencioso el expediente de jurisdicción voluntaria, ni el de impedir que el juez dicte la reso-lución que estime procedente otorgando o negando la protocolización del testamento cerrado. Cualquiera que sea esta resolución, ha de llevarse a efecto, no obstante la oposición, quedando a salvo el dere-cho de los interesados para ejercitarlo en el juicio que corresponda, como se ordena en el párrafo 2o. del art. 693. Dicho juicio, para im-pugnar o sostener la identidad y validez del testamento, habrá de ser, por regla general, el ordinario de mayor cuantía.” 5 Manresa, Co-mentarios al Código Civil, 511, 519.

Del tomo 29, página 767, de la Enciclopedia Jurídica Es-pañola, tomamos el siguiente párrafo:

“Creemos conveniente advertir: 1, que cualquiera que sea la re-solución del juez se llevará a efecto, no obstante oposición, quedando a salvo el derecho de los interesados para ejercitarlo en el juicio que corresponda ('art. 693); 2, que por eso mismo y puesto que se trata de un acto de jurisdicción voluntaria, en materia que puede ser de nuev’o ventilada en juicio, contra la resolución de la Audiencia, si a ella hubiere ido el asunto en apelación de la sentencia del juez, no se da recurso de casación; 3, aunque el testamento no haya sido pro-tocolado, no por eso quienes se crean perjudicados por sus disposicio-nes están impedidos de defender su validez o impugnarlo judicialmente como nulo.”

Sánchez Román, discutiendo las reglas procesales que han de regular el procedimiento de protocolización de testamento ológrafo dice así:

“Cierto es que el art. 691 se refiere al supuesto de la presenta-ción del testamento ológrafo, y parece contiene en el texto las reglas de trámite que han de observarse en dicha presentación, completadas con la citación de ciertas personas 'a que se refiere el artículo siguiente; es decir, que todo el procedimiento señalado por el Código está en realidad contenido en dicho art. 691, con esa adición del 692, hasta el momento de la resolución judicial y sus efectos, a que se contrae el 693. Aquellas reglas procesales del 691 se limitan a lo siguiente:
“1. Presentación del testamento ológrafo.
“2. Justificación del fallecimiento del testador.
“3. Apertura por el juez del testamento, si estuviera) comprendido en pliego cerrado.
“4. Rúbrica del juez con el actuario en todas las bojas en que esté contenido el testamento.
'15. Comprobación de su identidad por medio de tres testigos que conozcan la letra y firma del testador, los cuales declararán que no abrigan duda racional de bailarse el testamento escrito y firmado de mano propia' del mismo.
"6. En defecto de testigos idóneos o si dudan los examinados y siempre que el juez lo estime conveniente, podrá emplearse con dicbo .objeto el cotejo pericial de letras.
“7. Y a lo anterior puede agregarse, según el 692, la citación para la práctica de las diligencias antes expresadas, y con la brevedad po-sible, al cónyuge sobreviviente, si lo hubiere, a los descendientes y as-cendientes legítimos del testador, y en defecto de unos y otros, a los hermanos o al Ministerio fiscal, cuando las personas antes indicadas no residieran dentro del partido, si se ignorara su existencia o fueran menores o incapacitadas sin representación legítima, pudiendo todos los citados presenciar la práctica de dichas diligencias y hacer en el acto de palabra las observaciones oportunas sobre la autenticidad del testamento.” Sánchez Román, Derecho Civil, tomo 6, pág. 376 y 377.

En las páginas 380 y 381 de la referida obra dice el mismo autor:

‘ ‘ Son únicamente dos los derechos, según se ha dicho, que expresa-mente reconoce el art. 692 a las personas citadas, por consecuencia de la citación: el de poder presenciar la práctica de las diligencias de protocolización, lo cual significa que su asistencia a ellas no es indispensable ni obligatoria, sino potestativa, no produciendo su falta, una vez citados, nulidad de las mismas; y el de su intervención en ellas mediante tan solo el de haber en el acto, de palabra, las observa-ciones oportunas sobre la autenticidad del testamento, lo cual no sig-nifica cosa semejante a especie de contención alguna, ni menos que estas observaciones puedan traspasar los límites y finalidad concreta y exclusiva, que es la de hallar elementos de información sobre dicha autenticidad, cualquiera que sea el derecho de impugnación de la resolución que el juez dicte otorgatndo o denegando la identidad y protocolización del testamento, cuya resolución causará estado y se llevará 'a efecto aunque hubiere interesados que la contradigan o a ella se opongan, los cuales no podrán formalizar su oposición y ejer-citar su derecho sino fuera y después del expediente de protocolización, y en el juicio correspondiente, según declara el 'artículo 693. Quiere esto decir, en suma que diebo espediente o diligencias de protocoli-zación, de evidente jurisdicción voluntaria, jamás se convertirán en contenciosas, y que toda oposición habrá de tramitarse promoviendo aparte el juicio correspondiente.”

T últimamente el Tribunal Supremo de España, en sen-tencia de 28 de enero de 1914, dice que “siendo el objeto de la protocolización el comprobar tan sólo un requisito de forma, cual es la identidad de la letra y firma del testador, es evi-dente que si en el documento que por su redacción, tiene los caracteres de un testamento ológrafo, .... se aprecian desde luego ordenaciones que afectan a su validez o que im-plican su nulidad, tanto respecto a las formalidades exigidas por el artículo 688 del citado Código, cuanto por causas que se refieran al fondo o contenido de sus cláusulas o disposi-ciones, puedan alegarse ejerciendo la acción oportuna por aquéllos a quienes perjudiquen, para conseguir esa declara-ción de nulidad, pues ninguna eficacia en contrario puede tener la protocolización pretendida, como expresamente se reconoce en el artículo 693, toda vez que, se acceda o no a aquélla, siempre queda a salvo el derecho de los interesados para ejercitarlo en el juicio que corresponda, siendo base de este precepto el principio de derecho de que lo que es nulo en su origen, por ser contrario a la ley, no puede convali-darse por una mera ritualidad de procedimiento.”

En el presente caso la corte permitió a las peticionarias examinar con sus peritos el alegado testamento. Las obser-vaciones hechas por sus abogados demuestran un estudio de-tenido del referido documento. Las peticionarias se quere-llan de que no se les permitió repreguntar a los testigos al iniciarse la práctica de las diligencias y de que tampoco pu-dieron hacer uso de este derecho con la amplitud debida du-rante la continuación de la vista. Los autos demuestran que se autorizó a los interesados para interrogar a los testigos sobre la letra y firma del alegado testador. Opinamos que la corte inferior tiene discreción para regular la práctica de las diligencias y que en el ejercicio de la misma puede per-mitir a los interesados toda aquella intervención que sea compatible con la naturaleza del procedimiento; pero si la dis-creción judicial se lia basado en la interpretación que le ba merecido la ley y no tenemos base para decir que esa ley ba sido erróneamente interpretada, es claro que este tribunal no debe intervenir para invadir funciones reservadas a la corte inferior en el uso de sus facultades discrecionales. En nues-tro sentir el juzgador puede actuar con liberalidad, abriendo su conciencia a la luz, basta donde lo permita la naturaleza del procedimiento, que no debe perder su carácter de juris-dicción voluntaria para adquirir la plenitud del juicio decla-rativo a que según el código tienen derecho los interesados, cualquiera que sea la resolución que se dicte.

Los interesados en este caso no pueden decir que se les ba privado fundamentalmente de ningún derecho. En el jui-cio declarativo pueden discutirse ampliamente aquellas cues-tiones relacionadas con la validez o nulidad del alegado tes-tamento. La protocolización no prejuzga cuestión alguna. Los interesados quedan en libertad de ejercitar sus derechos, sin trabas ni obstáculos, en un juicio plenario, basta que re-caiga una decisión judicial definitiva. Para proteger los de-rechos que puedan asistir a todas las partes interesadas nues-tras leyes sustantivas y adjetivas establecen amplias garan-tías que no se escapan a la agudeza y penetración de los dis-tinguidos abogados de las peticionarias.

Debe anularse el auto expedido y declararse sin lugar la solicitud.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado y con la mayor parte de la opinión, creyendo que el procedimiento pudo haber sido un poco más liberal en cier-tos extremos.

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR ‘WOLF

Dudo que los hechos discutidos durante la vista se halla-ran debidamente ante este tribunal. En otras palabras, si la prueba tomada ante la corte inferior formaba parte del récord en tal forma que fuera revisable por certiorari. El juez debe intervenir antes que los hechos puedan ser consi-derados como identificados y ciertos. El juez en el presente caso tal vez pudo haber hecho algunas correcciones a la trans-cripción taquigráfica, aun al extremo de demostrar la inter-vención concedida por él a las peticionarias. Como en este caso específico la orden fué librada para que se elevara la transcripción taquigráfica, podría asumirse hasta cierto punto el consentimiento del juez respecto a lo correcto de la trans-cripción. Aún sostengo que cuando es necesario agregar hechos, ore temos, a un récord, el recurso de certiorari muy corrientemente no es el remedio adecuado.

Aunque la opinión de esta corte analiza la prueba, basa su razonamiento en el hecho de que el verdadero remedio de las partes es acudir a un pleito ordinario. Esta es la opinión de los comentaristas, y a mi juicio, la letra de la ley.

El móvil principal de esta opinión concurrente es indicar mi teoría respecto a que una vez que la corte dió a las partes la oportunidad de hacer observaciones, la ley quedó cumplida. Entonces, cualquier error de apreciación de. parte del juez sólo podía ser atacado mediante un juicio plenario.

Ideas similares a las presentes fueron expresadas en mi opinión disidente en el caso de Asociación de Padres Capuchinos de Pennsylvania en Puerto Rico v. Corte de Distrito, 44 D.P.R. 973. Pué en esta forma que pensé complementar mi concurrencia con la opinión de este tribunal.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Josefina Fabián y Finlay, y Secundino Lozana Cepa, como albaceas del extinto Rafael Fabián y Fabián, demandados y apelantes.
    No. 6549.
    Sometido: Mayo 7, 1934.

      Resuelto: Julio 28, 1934.

      Hugh B. Francis, abogado de los apelantes; Son. Procurador General ! Benjamin J. Horton j Emilio de Aldrey, Subprocurador, aboga- ( dos del apelado.
   El Jijez Asociado Señok Cókdoya Díávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción ejercitada por el Pueblo de Puerto Rico contra Josefina Fabián Finlay y Segundo Lozana Cepa, en reclamación de la cantidad de $43,061.96, por concepto de contribución de herencia. Se alega en la demanda que Rafael Fabián y Fabián, con anterioridad al. mes de julio de 1930, era dueño de ciertos bienes que se distribuyen en dife-rentes partidas, fijándose una valoración a la propiedad des-crita en cada partida. Estos bienes en su totalidad ascien-den a la suma de $1,025,288.81. Falleció Rafael Fabián y Fabián el día 3 de julio de 1930, siendo dueño de los bienes descritos en la demanda. En su testamento, otorgado en Madrid ante notario, dejó como única y universal heredera a su legítima hija Josefina Fabián y Finlay, una de los de-mandados en este caso, siendo el otro demandado Segundo Lozana Cepa, albacea designado por el causante Rafael Fa-bián y Fabián en el testamento referido. La demandada Josefina Fabián Finlay aceptó la herencia de su difunto padre, y el albacea demandado, Segundo Lozana Cepa, se hizo cargo de los bienes de la herencia, asumiendo ambos la responsa-bilidad del causante Rafael Fabián y Fabián.

El Tesorero de Puerto Rico, con fecha 8 de junio de 1931, procedió a tasar los bienes descritos en la demanda, a los efectos de la contribución sobre herencia impuesta por el ar-tículo 2 de la Ley número 99, aprobada por la Asamblea Le-gislativa de Puerto Rico en 29 de agosto de 1925 (pág. 791), dándoles nn valor de $1,025,288.51. Esta tasación fné comu-nicada en julio 8 de 1931 al demandado Segundo Lozana Cepa, en su carácter de albacea de Rafael Fabián y Fabián, no ha-biendo establecido apelación alguna contra la tasación hecha por el Tesorero de Puerto Rico. No pagaron los demandados la contribución de herencia que les fue impuesta, ascendente a la suma de $43,061.96, y para recobrar dicha suma se inter-puso la presente acción.

Estos son los hechos alegados en la demanda, que según los apelantes no son suficientes para establecer una causa de acción. No expusieron los demandados argumento alguno en la corte inferior en apoyo de su excepción de falta de hechos, que fué desestimada en 30 de junio de 1932, concediéndose diez días a dichos demandados para formular su contestación. Se solicitaron dos prórrogas de quince días, que expiraron, sin que se radicase contestación alguna, y en 23 de diciembre de 1932, o sea cerca de seis meses después de haber sido de-sestimadas las excepciones previas, se anotó la rebeldía por la parte demandante. Celebrada la vista de la causa en 3 de enero de 1933, se dictó sentencia en contra de los deman-dados, quienes basando su recurso de apelación en la cuestión previa de falta de hechos, alegan:

“1. Que la Corte de Distrito erró en declarar sin lugar las excep-ciones previas radicadas en el caso de autos en cuanto al fundamento de que la demanda no ’aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción.
“2. Que la Corte de Distrito erró en estimar que una valoración de cada una de las partidas que componen el activo de una sucesión •constituyen la tasación a que se refiere el Artículo 6 de la Ley Núm. 99 aprobada el 29 de agosto de 1925.
“3. Que la Corte de Distrito erró en no resolver que la demanda, para tener hechos suficientes para una causa, de acción, tendría que hacer constar la tasación del valor neto de la sucesión, o sea el Valor neto de todos los bienes después de deducidas las bajas procedentes, o sea la diferencia; entre el activo y pasivo de la sucesión, de cuyo valor neto, el cómputo del importe de la contribución sobre herencia es automático.
“4. Que la Corte de Distrito erró en no resolver que en la demanda no se alegan becbos suficientes pai*a determinar una contribución de $43,061.96, o por cualquier otra suma.”

Aunque son cuatro los errores atribuidos a la corte inferior, la cuestión planteada es una y puede discutirse como-si se tratara de un solo error.

Arguyen los apelantes que en la demanda no se alega tasación alguna de los bienes de la sucesión de Rafael Fa-bián y Fabián, ni se fija el valor neto de los referidos bienes. Asumiendo que debe determinarse, como alegan los apelan-tes, el valor de los bienes después de deducidas las bajas pro-cedentes, no surge de la faz de la demanda que los referidos, bienes no bayan sido valorados en la forma indicada. Por el contrario, prevalece la presunción de que la tasación fue correcta y de que el Tesorero, por sí y a través de sus em-pleados, ha cumplido con los deberes determinados por el es-tatuto. El artículo 2 de la Ley número 99, aprobada en 1925,. para modificar y ampliar la contribución sobre transmisión, de bienes por herencia, y para otros fines, determina la con-tribución que debe pagarse según el caso, y el artículo 5 dice,, entre otras cosas, que será deber de todo administrador, al-bacea o fideicomisario, etc., trasmitir al Tesorero de Puerto-Rico, sesenta días después del fallecimiento de la persona a quien representen, una notificación jurada de dicho falleci-miento, haciendo constar, tan exactamente como sea posible,, el montante, valor, descripción y situación de los bienes del difunto. El artículo 6 de la misma ley, en vigor cuando fa-lleció el Sr. Fabián y cuando se notificó al albacea la tasación,, dispone que siempre que sea necesario el valor de todos los bienes de fallecidos se tasará por agentes de Rentas Internas,, y siempre que se necesiten los servicios de peritos en conta-bilidad para tasar los bienes de fallecidos, el Tesorero está, autorizado para nombrar uno o más de sus empleados, quie-nes harán una justa y acertada tasación de los bienes de los: fallecidos y resolverán de acuerdo con el artículo segundo do la ley; y los resultados de dicha tasación se pondrán en co-nocimiento, tanto del Tesorero de Puerto Rico como de los-administradores, albaeeas y fideicomisarios de dichos bienes. El artículo 7 dispone que “dentro de los treinta días después de haberse -ultimado la valoración y cómputo de la contribu-ción, podrá cualquier persona o beneficiario, a quien ésta afecte, apelar contra dicha valuación y cómputo al tribunal de distrito del distrito donde los bienes radiquen, a condición de que haya pagado todas las costas, o dado fianza para el pago de ellas, y además cualquiera contribución que hubiere sido impuesta sobre la manda, legado, donación o herencia; y dicho tribunal de distrito procederá a resolver el asunto tan pronto como sea posible.”

No interpusieron los demandados recurso de apelación contra la valuación y cómputo de la contribución, y ahora arguyen, para atacar la sentencia apelada, que en la demanda no se alega tasación alguna ni se fija el valor neto de los bienes de la sucesión de Rafael Fabián y Fabián. Desde que se desestimaron las excepciones previas hasta que se anotó la rebeldía los demandados tuvieron amplias oportunidades para establecer sus defensas. Si hubo error en la valuación, bien pudieron contestar la demanda y alegarlo en la contes-tación. Las alegaciones que los demandados entienden de-bieron formar parte de la demanda, en caso de ser pertinen-tes, constituyen materias de defensa que pudieron establecerse en su oportunidad, si querían valerse de las mismas.

La valoración está favorecida por la presunción de que ha sido honrada y consciente, de que los tasadores fueron debidamente nombrados y de que han ejecutado sus deberes de acuerdo con la ley. 61 C. J. 1728.

En el caso In re Pierce’s Estate, 104 Atl. 298, 89 N. J. Eq. 171, en que se apeló de la valoración en un caso de con-tribución de herencia, la corte dijo:

“No es el deber ni el privilegio de esta corte, en apelación, pesar la evidencia y saltar con respecto a la Valoración por encima del cri-terio del contador, y la valoración debe sostenerse si los principios le-gales han sido correctamente aplicados y la tasación está sostenida por la evidencia. La presunción está en favor de que la valoración fué correcta y corresponde al apelante puntualizar y establecer dónde está el error, y puesto que la valoración fijada por el contador está ampliamente sostenida por la prueba; debe ser confirmada.”

Los demandados arguyen que lian Leclio toda clase de es-fuerzos para evitar la necesidad de decir que se trata de un caso donde los intereses importantísimos de un contribuyente ban sido completamente abandonados, refiriéndose al abogado que representó a dichos demandados en la corte inferior. Se dice, además, que desgraciadamente, en vista de la decisión de El Pueblo de Puerto Rico mediante sus funcionarios, de valerse de los tecnicismos del caso y de no permitir a los apelantes entrar en los méritos del mismo ni administrativa ni judicialmente, dichos apelantes han tenido que hacer un esfuerzo supremo para conseguir la revocación de la senten-cia y obtener que este caso sea visto en sus méritos. Ya que hasta cierto punto se aducen razones de equidad en favor de los demandados, posiblemente con el propósito de que este caso vuelva a la corte inferior en bien de la justicia y para procedimientos ulteriores, vamos a permitirnos copiar los fundamentos que tuvo la corte inferior para dictar su fallo.. No se ataca el fallo de la corte inferior por las conclusiones de hecho que establece, sino porque está basado en una de-manda que no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción. Existe, por lo tanto, la presunción de que estos hechos son ciertos y están basados en la prueba. Dice la. corte en la opinión emitida en este caso:

“Don Rafael Fabián y Fabián falleció en el Sanatorio Auxilio Mutuo, en Hato Rey, Municipio de Río Piedras, P. R., el día 3 de junio de 1930, bajo testamento abierto otorgado en Madrid, España, el 12 de marzo de 1930 ante el notario Don Cándido Casanueva y Gorjón, en el que instituyó como su única y universal heredera a su hija legítima la demandada Josefina Fabián Finlay, casada con Se-gundo Lozana Cepa. Además, esta corte así lo declaró por resolución de 16 de julio de 1930, en el expediente No. 12803, incoado por dicha señora.
“En 25 de agosto de 1930, don Segundo Lozana Cepa, en su ca-rácter de administrador, albaeea o persona legalmente autorizada para administrar los bienes del fallecido, presentó bajo juramento al Tesorero de Puerto Rico la correspondiente notificación de defunción, de acuerdo con la sección 372 del Código Político de Puerto Rico, ha-ciendo una relación de los bienes de la herencia y su valor, montantes a $873,010.51 y con bajas a deducir ascendentes a $602,004.51.
“Doña Josefina Fabián y Finlay, asistida y. con licencia de su esposo Segundo Lozana Cepa, y por escritura pública de 8 de sep-tiembre de 1930, ante el notario don Damián Monserrat y Simó, hizo una declaración de ciertos bienes hereditarios, consistentes en varias fincas y derechos reales, para su inscripción en los registros de la propiedad, aceptando de este modo la herencia de Don Rafael Fabián Fabián y obligándose al pago de las contribuciones. Los bienes así declarados, según el valor expresado por la declarante, ascienden a $128,918.25.
“En julio 8 de 1931, el Negociado de Contribuciones sobre la Pro-piedad del Departamento de Hacienda hizo la liquidación de la he-rencia dejada por Don Rafael Fabián Fabián, con la descripción de las propiedades, su valor y tasación según la imposición de la contri-bución de herencia, ascendentes a $1,025,288.51, con deducciones al caudal hereditario en concepto de bajas montantes a $271,006.00, siendo el total líquido de los bienes de $754,282.51. Después de dedu-cida la exención correspondiente se impuso la contribución a pagar en una suma de $43,061.96. El tesorero notificó a Segundo Lozana Cepa, con fecha 8 de julio de 1931, el hecho de haberse impuesto la contri-bución y dev'engar intereses a razón de 10% anual desde el 3 de julio de 1931. Contra la tasación del tesorero y la imposición de la contri-bución no se estableció recurso alguno. La ley aplicable es la No. 99, de 28 de agosto de 1925, en su artículo 2.
“En 5 de octubre de 1931, el Tesorero de Puerto Rico interesó a la contribuyente el inmediato pago del importe de la contribución de herencia sobre los bienes relictos al fallecimiento de Don Rafael Fa-bián y Fabián, o de lo contrario que procedería al cobro por la vía de ■apremio, y en 9 de octubre de 1931 contestó el señor Segundo Lozana Cepa que estaban haciendo toda clase de gestiones y diligencias para obtener ingresos y que les era imposible pagar hasta después del 30 de junio de 1932 ...”

Opinamos que debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el resul-tado.

El Juez Asociado Señor Aldrey no intervino.


author: Él Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Los Esposos Polonio Ceballos y Juana Parrillas, demandantes; y Magdalena Osorio, subrogada y apelante, v. La Sucn. de Francisco Alvarez, compuesta de Juana y Enriqueta González Pardiño, demandada y apelada.
    No. 6403.
    Sometido: Mayo 4, 1934.

      Resuelto: Julio 28, 1934.

      'Ángel A. Vázquez, abogado de la apelante; Celestino Iriarte j F. < Fernández Cuyar, abogados de la apelada.
   Él Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En febrero 10, 1931, Polonio Ceballos y su esposa Juana Parrillas iniciaron un pleito en la Corte de Distrito de San Juan contra Juana y Enriqueta Pardiño, herederos de Francisco Alvarez, sobre nulidad de actuaciones y reintegro de rentas.

El pleito fue resuelto por sentencia de mayo 26, 1932, que contiene los siguientes pronunciamientos:

1 y 2, declarando nulo el procedimiento en ejecución de hipoteca seguido por el causante de las demandadas contra los demandantes que culminó en la adjudicación a dicho caú-sente de la finca de los demandantes hipotecada a su favor y nula dicha adjudicación y su inscripción en el registro;

3, condenando a las demandadas a dejar libre y expedita -a la disposición de los demandantes la finca en cuestión;

4, condenando además a las demandadas a pagar a los de-mandantes las rentas producidas por la finca desde septiem-bre 25, 1928, hasta la fecha del pago, a razón de sesenta dó-lares mensuales;

6, condenando a los demandantes a pagar a las demanda-das intereses al uno por ciento mensual sobre dicha hipoteca •desde junio 24, 1927, hasta su completo pago y a reintegrar-les además $180.71 que pagaron por concepto de contribucio-nes impuestas a la finca y $532.21 invertidos en reparaciones necesarias de la misma; y

7, condenando en costas a las demandadas.

Ninguna de las partes apeló y la sentencia quedó firme. Radicado por los demandantes su memorándum de costas as-cendente a $525, las demandadas lo impugnaron y'la corte por resolución de septiembre 13, 1932, lo redujo a $224.50. No •conformes aún las demandadas apelaron y su apelación fue •desestimada en marzo 8, 1933 (44 D.P.R. 596).

En noviembre 10, 1932, compareció en el pleito Magdalena Osorio y pidió que se la tuviera por subrogada en lugar de los demandantes en cuanto a la parte de la sentencia de mayo 26, 1932, que se refiere al pago impuesto a las demandadas de las rentas producidas por la finca en cuestión ascendentes a $2,954 y al importe del memorándum de costas ya aprobado ascendente a $224.50 por haberle dichos demandantes cedido los expresados créditos el día anterior, noviembre 9, 1932, y pidió además que siendo firme la sentencia, ordenara la eje-cución de la misma en cuanto a la suma de $2,954 importe de las rentas. El mismo día accedió a todo la corte.

Así las cosas, en noviembre 23, 1932, comparecieron las-demandadas y pidieron a la corte que dejara sin efecto su orden de noviembre 10, 1932, porque la cesión se había hecho sin su conocimiento ni consentimiento, porque eran al tiempo-de la cesión acreedores de los cesionarios a virtud de la pro-pia sentencia de mayo 26, 1932, en la suma de $2,963.42, por-que la moción de subrogación y ejecución ni la orden con-cediéndola, les fueron notificadas y porque a la fecha de la cesión ningún derecho que trasmitir tenían los demandantes. Se opuso Magdalena Osorio y la corte tomó el caso bajo su consideración.

En ese estado el asunto, aparece cumpliendo el márshal' de la corte en diciembre 7, 1932, un mandamiento que se le expidiera de acuerdo con la orden de subrogación y ejecución, vendiendo a la propia subrogada Magdalena Osorio por $675-los créditos reconocidos en la sentencia de mayo 26, 1932, a favor de las demandadas.

Una vez que se enteraron éstas, pidieron a la corte que-anulara también dichos procedimientos. Se opuso Magdalena Osorio y la corte finalmente, en febrero 24, 1933, resolviendo ambas cuestiones, declaró nula la cesión del crédito de $2,954 que estaba extinguido por compensación y nula la subasta y la adjudicación hecha a favor de Magdalena Osorio.

En marzo 23, 1933, Magdalena Osorio manifestó a la corte-que la apelación interpuesta por las demandadas contra la. resolución fijando las costas que debían satisfacer había sido-desestimada, procediendo por tanto qne se les requiriera para qne depositaran en la corte el importe de las mismas y si así no lo hicieren qne se librara el mandamiento de ejecución co-rrespondiente.

Accedió la corte, en marzo 24, 1933, se requirió a las de-mandadas y éstas en 24 de abril siguiente pidieron a la corte por las razones que en extenso expusieron que anulara su orden de marzo 24 y el mandamiento de ejecución dirigido al márshal, de acuerdo con la misma. Se opuso Magdalena Osorio y la corte en mayo 3, 1933, dictó la orden que motiva esta apelación. Por ella anuló su orden de marzo 24, 1933, y el mandamiento expedido al márshal, comunicándose a éste que se abstuviera de llevar a cabo la subasta que había seña-lado para mayo 16, 1933, a virtud del mandamiento.

Atribuye en su alegato Magdalena Osorio a la corte de-distrito la comisión de tres errores, como sigue:

“1. — La Corte erró al anular por motivos de compensación su or-den de 24 de marzo de 1933, porque el crédito por costas no era líquido y exigible en el momento de la cesión y, además, porque no estaba sujeto a compensación.
“2. — La Corte erró al anular su indicada orden de 24 de marzo de 1933, porque aun en el supuesto de qne el crédito por costas ob-jeto de la cesión fuera compensable, sin embargo para la sucesión demandada comenzaron los efectos de la cesión desde el 23 de no-viembre de 1932, fecha en qne se enteraron de ella y no la impug-naron.
“3. — -La Corte erró al anular su indicada orden de 24 de marzo de 1933, porque en virtud de actos realizados por la propia sucesión demandada ésta quedó impedida de alegar la compensación en cuanto al crédito por costas.”

A nuestro juicio ninguno de los errores señalados fué cometido.

No debe perderse de vista que todo emana aquí de una sola sentencia y en casos tales se ha resuelto por la juris-prudencia que:

“La cesión parcial de una sentencia sin el consentimiento del deu-dor por lo general no afecta a este último. Esto está de acuerdo con los principios que de ordinario rigen cesiones parciales de cansas de acción (choses in action). El acreedor no puede dividir su recla-mación, y mediante cesión de parte de la misma, imponer al deudor la obligación legal de pagar al cesionario.” 15 B.C.L. 781.

Las costas de que se trata se fijaron por la corte senten-ciadora en $224, en septiembre 13, 1932. Apelaron las de-mandadas sólo en lo referente a la cuantía de los honorarios. El contrato privado de cesión se celebró en noviembre 9, 1932. A esa fecha los cedentes a virtud de la propia sentencia que condenó en costas a las demandadas — costas que quedaron fijadas en una suma determinada antes de la cesión — debían a las demandadas una cantidad mayor que la que las deman-dadas debían a los cedentes. Siendo ello así, nada tenían los cedentes para trasmitir a la cesionaria y nada pudo ésta ad-quirir en consecuencia.

Es cierto que la apelación de la orden resolutoria del memorándum de costas suspendió sus efectos, pero una vez confirmada, dichos efectos se retrotraen al día de su constitución.

Dice el artículo 1073 del Código Civil, Ed. 1930:

“Artículo 1073.- — -Los efectos de la obligación condicional de dar, una vez cumplida la condición, se retrotraen al día de la constitución de aquélla. Esto no obstante, cuando la obligación imponga recípro-cas prestaciones a los interesados, se entenderán compensados unos con otros los frutos e intereses del tiempo en que hubiese estado pen-diente la condición. Si la obligación fuere unilateral, el deudor hará suyos los frutos e intereses percibidos, a menos que por la naturaleza y circunstancias de aquélla deba inferirse que fué otra la voluntad del que la constituyó.
“En las obligaciones de hacer y de no hacer, los tribunales de-terminarán, en cada caso, el efecto retroactivo de la condición cum-plida.”

Está admitido que la cesión de que se trata nunca fué no-tificada a las demandadas. A sus espaldas se hizo. No fué por ellas consentida. Y el Código Civil, Ed. 1930, en su ar-tículo 1152, prescribe:

“Artículo 1152. — El deudor- que hubiere consentido en la cesión de derechos hecha por un acreedor a favor de nn tercero no podrá oponer al cesionario la compensación qne le correspondería contra el cedente.
“Si el acreedor le hizo saber la cesión y el deudor no la consintió, puede oponer la compensación de las deudas anteriores a ella, pero no la de las posteriores.
“Si la cesión se realiza sin conocimiento del deudor, podrá éste oponer la compensación de los créditos anteriores a ella y de los posteriores hasta que hubiese tenido conocimiento de la cesión.”

De nada puede quejarse la cesionaria. Cuando ella ad-quirió el crédito de que se trata, sabía que emanaba de una sentencia que contenía otros pronunciamientos en contrario. La compensación surgió como una realidad de la que no po-día prescindirse desde el momento en que se reconocieron créditos y se impusieron obligaciones por la misma sentencia a ambas partes. Se babía verificado “ipso jure,” sin que las partes tuvieran necesidad de solicitarla expresamente, antes de la cesión.

Comentando Manresa el artículo 1198 del Código Civil Español igual al 1152 del nuestro que bemos citado dice:

“Hecha la distinción que precede, expondremos en cuanto a la compensación ya causada, que produciéndose aquélla ipso jure, sin intervención de los interesados,. habrá extinguido una y otra obliga-ción, y, por tanto, en la medida en que lo estén, no cabe cesión de crédito que produzca efecto contra el deudor, y sí tan sólo una re-clamación por evicción o dolo del cesionario contra el cedente.” 8 Manresa, Comentarios al Código Civil, 379.

Y en 12 C. J. 228, encontramos:

“La compensación legal por regla general tiene efecto ipso jure independientemente de la intención o aún del conocimiento de las partes.”

Es aplicable la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en el caso de Vicenty v. Vázquez, et al., 11 D.P.R. 287, 288, copiando del resumen:

“La cesión de un crédito hipotecario extinguido por compensación es nula, y esa nulidad envuelve la de la venta judicial verificada en el procedimiento seguido para el cobro de dicbo crédito, y aunque tal procedimiento puede ser válido, esa circunstancia no impide decretar la nulidad de dicha venta, la que reconoció como única causa la ce-sión del crédito extinguido.”

El hecho de que las demandadas tuvieran conocimiento de la cesión en noviembre 23, 1932, y no la impugnaran hasta abril 24, 1933, no tiene importancia. La cesión fné ineficaz en su origen y la ley no fija tiempo determinado para impugnarla, ni el transcurrido es bastante para considerar abandonado su derecho por parte de las demandadas. La interposición del recurso de apelación contra la orden fijando la cuantía de las costas explica la dilación.

Tampoco constituye impedimento alguno al ejercicio del derecho de las demandadas el hecho de que la indicada ape-lación se tramitara interviniendo como parte en ella la cesio-naria. Dicha apelación se interpuso en septiembre 20, 1932, y el contrato de cesión se celebró en noviembre 9, 1932. Siendo ello así, dentro de dicha apelación no cabía suscitar cuestión alguna sobre nulidad o ineficacia de la cesión. Com-pareció la cesionaria a virtud de habérsele tenido por subro-gada en lugar de los cedentes en la corte, de distrito, no es-tando envuelta la cuestión de si la subrogación estuvo o no bien decretada, en el recurso que, como repetidamente se ha dicho, versaba sobre la cuantía de los honorarios únicamente. En nada puede dañar a las demandadas el haberse circuns-crito dentro de la apelación a sus límites.

Debe declararse sin lugar la apelación y confirmarse la resolución de 3 de mayo de 1933.


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    Pilar Méndez Mercado, demandante y apelante, v. Sucrs. de Blanes, S. en C., demandada y apelada.
    No. 6145.
    Sometido: Junio 6, 1933.

      Resuelto: Julio 28, 1934.

      M. Acosta Velarde y D. Pellón, Jr., abogados de la apelante; Juan B. Soto, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

A virtud de moción de nonsuit, la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia en favor de la demandada. La deman-dante sufrió lesiones debido a un impacto con un automóvil perteneciente a la demandada, mas esta última adujo en efecto que la persona responsable del accidente no era agente ni tenía nexo o relación con la corporación demandada.

La demandada, que era una corporación, era agente de la Cotton Spool Co., y estaba domiciliada en Mayagüez. En San Juan tenía una agencia a cargo de Antonio Enricb. De conformidad con un contrato, la demandada proveyó a Enrich de un automóvil para los viajes que este último daba por la isla, y también le suministraba la gasolina. La demandada no le dió chauffeur a Enrich ni le autorizó para emplear uno. Enrich guiaba el automóvil él mismo. En cierta ocasión, allá para el 10 de marzo de 1932, mientras se hallaba en Cayey, el automóvil sufrió un accidente y Enrich se vió obligado a dejarlo en dicho pueblo para ser reparado. Un mecánico con-vino en hacer las reparaciones y en notificarle a Enrich cuando se terminaran éstas, a fin de que Enrich pudiera mandar a buscar el automóvil. Al ser así notificado y por- estar muy ocupado, Enrich mandó a José Morales Ayala para que le trajera el automóvil a San Juan. Morales era chauffeur y empleado del Garage Popular. Antes de salir, Morales llamó la atención del mecánico hacia el hecho de que el freno de la rueda izquierda trasera hacía más presión que los otros fre-nos, mas el último no dió importancia a este asunto. Entre Caguas y Cayey, al tratar de aplicar el freno de pedal, Morales notó que el automóvil se desviaba hacia la izquierda, pero prosiguió. Después de pasar el pueblo de Eío Piedras, el automóvil arrolló a la demandante. La prueba tendió a demostrar que a pesar del hecho de que el automóvil estaba haciendo zigzags Morales no se detuvo. Los deberes de Enrich consistían en vender la mercancía de la demandada y a él no se le impusieron directamente ningunos deberes como chauffeur.

De la prueba se desprendía tan fuertemente que Enrich no se hallaba en Cayey cuando el automóvil fué entregado a Morales que no discutiremos ciertas supuestas admisiones con-tenidas en la contestación. De igual modo era enteramente claro que Enrich no se hallaba en el automóvil en el momento del accidente.

La apelante insiste, con abundante cita de autoridades, que el agente de una corporación a cargo de un automóvil tiene autoridad para emplear un subagente. En algunos de estos casos el agente era empleado especialmente como chauffeur. La apelada presenta autoridades al efecto de que cuando un agente emplea a otro agente, la subagencia debe ser en la clase de trabajo para el cual el agente ha sido con-tratado. Desde luego, la demandada sabía que Enrich usaba un automóvil para entregar o vender la mercancía.

Nuestra impresión general es que la agencia de Morales para con Blanes & Co., la demandada, era demasiado remota para establecer una obligación por parte de esta última.

El artículo 1804 del Código Civil provee:

“La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.
“El padre y por muerte o incapacidad de éste, la madre, son res-ponsables de los perjuicios causados por los hijos menores de edad que viven en su compañía.
“Los tutores lo son- de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía.
“Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en los que tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones.
“El Pueblo de Puerto Rico es responsable en este concepto cuando obra por mediación de un agente especial; pero no cuando el daño hubiese sido causado por el funcionario a quien propiamente corres-ponda la gestión practicada, en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en el artículo anterior.
“Son, por último, responsables los maestros o directores de artes y oficios respecto a los perjuicios causados por sus alumnos o apren-dices, mientras permanezcan bajo su custodia.
“La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.”

Si lo que se trata de decir es que Blanes & Co., era una empresa dentro del significado de dicho artículo, entonces Morales no era en forma alguna un agente empleado en el ser-vicio del ramo a que Enrich estaba dedicado. Este xiltimo no era un chauffeur de la compañía. Quizá si Enrich hubiese empleado a Morales como subagente para vender efectos y hubiese permitido que este último usara el automóvil, Morales hubiese podido ser considerado como un sustituto de Enrich.

Aparece más positivamente que Morales fué empleado para realizar un acto enteramente independiente. En otras palabras, él fué empleado para trasladar un automóvil de un lugar a otro. Si por ejemplo el Garage Popular hubiese sido contratado para transportar el automóvil de Cayey a San Juan, no habría surgido cuestión alguna. El hecho de que Morales fuera un chauffeur individual, en vez de una corpo-ración dedicada al negocio de arrendamiento de servicios, no puede hacer diferencia alguna.

Algo en el sentido expresado en el párrafo anterior fue dicho en el caso de Condal v. Sociedad de Auxilio Mituo, 37 D.P.R. 874, así:

“De acuerdo con la ley según está abora en vigor, un hombre de negocios que pide por teléfono que le traigan su carro no sería res-ponsable de daños y perjuicios ocasionados por la negligencia de su empleado, el conductor, mientras éste se dirige a la ciudad en cum-plimiento de lo solicitado en la llamada. Pero si el mismo carro, mientras no está siendo utilizado por el mismo dueño, se utiliza para efectuar entregas en conexión eon el negocio del dueño, y ocurre un accidente debido a la negligencia del conductor mientras el vehículo está siendo así usado, entonces el dueño es responsable. Si el dueño de una central azucarera envía su carro privado con su chauffeur acompañado de un inspector de caña en un viaje de inspección por las fincas de los colonos que sean partes en contratos de molienda o de refacción agrícola efectuados con dicho dueño, éste sería respon-sable de cualquier accidente que pudiera ocurrir como resultado de la negligencia de su chauffeur. Si ocurriere un accidente similar mientras el chauffeur del mismo carro se dirigiera a un tea-tro con el fin de poner el vehículo a disposición del dueño y su fa-milia después de la función, de acuerdo con instrucciones recibidas del dueño, éste no sería responsable. La única base lógica para hacer tal distinción debe hallarse en el hecho de que en todos los casos en que puede hacerse responsable al dueño, el automóvil en cuestión, en el momento del accidente, está obteniendo para el dueño un beneficio pecuniario sobre el dinero invertido en el vehículo y su costo de man-tenimiento, incluyendo el-sueldo del chauffeur, mientras que en todos aquellos casos en que puede considerarse que el dueño está exento de responsabilidad, el carro es comprado y sostenido a un gasto considerable no con el fin de obtener un beneficio pecuniario sobre el dinero invertido en él, sino más bien para el solaz, comodidad, con-veniencia, placer y regocijo de tal dueño.”

En dicho caso consideramos el de Vélez v. Llavina, 18 D.P.R. 656, y los artículos 1803 y 1804 del Código Civil.

También se señaló como error el haberse dejado de con-ceder un nuevo juicio. Este señalamiento se dirigió hasta cierto punto a los hechos, pero sea ello como fuere, no halla-mos que se cometiera error.

La sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Benigno Rodríguez Pietri, demandante y apelante, v. María Concepción Irizarry, demandada y apelada.
    No. 6068.
    Sometido: Mayo 18, 1933.

      Resuelto: Julio 28, 1934.

      López de Tord & Zapas Pizarro, abogados de los apelantes; F. Parra Capó y F. Parra Toro, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso envuelve un supuesto incumplimiento de con-trato. La corte dictó sentencia en favor de la demandada. Hallamos en los autos una demanda, una demanda enmen-dada y una segunda demanda enmendada, sin razón aparente para que no se eliminaran las alegaciones anteriores. El de-mandante alega substancialmente. que babía comprado de la demandada, por conducto de su apoderado, la cosecha de chi-nas de cierta finca durante el período de 1929 a 1930; que el demandante pagó el precio de la compraventa mediante la entrega a la demandada de un cheque por la suma de $500 y dándole un crédito de $500 por provisiones adquiridas en el establecimiento del demandante; que la demandada permitió que el demandante pusiera en la finca a una persona de su confianza para que inspeccionara la recolección de la cosecha; que cuando el demandante se preparaba para recoger las chi-ñas para la exportación, la demandada se negó a permitir que el demandante, o cualquiera otra persona en su nombre, en-trara en la finca a recolectar las frutas, ocasionando así da-ños y perjuicios al demandante ascendentes a $1,000 como precio de la compraventa y a $10,000 por las utilidades de-jadas de percibir.

Entre otras alegaciones, la defensa principal fue la nega-tiva por información y creencia de que jamás se celebrara con el demandante contrato alguno de compraventa de chinas. La verdadera contienda giró sobre el hecho de que el contrato de venta que se suponía haber sido otorgado por el apode-rado no constaba por escrito o en documento auténtico, según las exigencias del Artículo 1232 del Código Civil (Ed. 1930) como fue enmendado por la ley No. 65 de 1912 (pág. .113).

La demandada admitió en su efecto total el recibo de los $500 por su cuenta y el pago de los $500 en provisiones, tal cual se describe en la demanda. Ella sostuvo, sin embargo, que los $1,000 no representaban el precio anticipado de una venta de frutas, sino que eran un préstamo refaccionario que debía ser abonado al precio pagado por las frutas en caso de que el demandante fuera el adquirente de las mismas o de-vuéltole en caso de que éstas fuesen compradas por un ter-cero. El caso fué a juicio; el demandante ofreció prueba ten-dente a sostener las alegaciones de su demanda; la deman-dada presentó una moción de nonsuit que la corte declaró con lugar.

Dado el hecho de que la demandada admitió el recibo de la suma de $1,000, o su equivalente, la lucha entre las partes giró sobre la naturaleza del contrato existente entre ellas. De acuerdo con la prueba aducida, la demandada admitió que había un contrato otorgado a su nombre por su hijo, o ella ratificó el mismo. Por consiguiente, el demandante tenía de-recho a tratar de probar un caso prima facie, demostrando la naturaleza del contrato. Él hizo esto prima facie, conforme hemos dicho, y la moción de nonsuit debió haberse declarado sin lugar. La cuestión de si el contrato había sido celebrado o no por escrito por el apoderado desaparece del caso, y la única cuestión qne realmente queda- por determinar es si el demandante y sus testigos merecían crédito, o quizá los que presentara la demandada.

Por tanto, la sentencia debe ser revocada en la forma so-licitada y devolverse el caso a la corte de distrito para ulte-riores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Rivas, Conde & Co., S. en C., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.
    No. 930.
    Sometido: Julio 18, 1934.

      Resuelto: Julio 28, 1934.

      E. Atiles Moréu, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito. *
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La recurrente comienza su alegato diciendo: “Ciertos bie-nes pertenecientes a Angel León Vega, contribuyente moroso, fueron vendidos para el pago de contribuciones, etc.” Si es-tas propiedades pertenecían o no exclusivamente a Angel León Vega, es precisamente la cuestión envuelta en este re-curso y no debe ser asumida. Estamos de acuerdo en que el Tesorero vendió estas propiedades y expidió los certificados correspondientes, tal cual si las mismas pertenecieran a Angel León Vega privativamente. Cuando la adquirente trató de inscribir los certificados en el Registro se confrontó con una nota del Registrador que lee como sigue:

“DeNbgada la inscripción del precedente certificado por resultar la finca inscrita a favor de Angel León Yega y su esposa Gregoria García González, sociedad de gananciales distinta a la que resulta del certificado del expediente de apremio, tomándose en su lugar .anota-ción por el término de ciento veinte días a favor de Rivas, Conde & Co. de su derecho de compra, con el defecto subsanable de no expre-sarse o acompañarse la escritura bajo la cual se constituyó dicha so-ciedad. ’ ’

Sucede que Angel León Vega fué casado dos o tres veces. La propiedad se bailaba inscrita primeramente a nombre de Angel León Vega, casado con Gregoria García González. Presuntivamente pertenecía a la sociedad de gananciales existente entre estas dos personas. El certificado demuestra una venta de la propiedad a nombre de León, casado con Angela Vargas. El certificado no demuestra ninguno de los pasos intermedios mediante los cuales una propiedad, que presuntivamente pertenece a una sociedad de gananciales, se convirtió en propiedad de otra sociedad de gananciales. Tampoco lo demuestra el registro. Convenimos con la recurrente en que el marido era o es el administrador de ambas sociedades, mas desde luego, no al mismo tiempo. Cuando Gregoria García González falleció o se divorció, los bienes, con alguna probabilidad, estaban sujetos a las reclamaciones de sus herederos o de ella misma. Al disolverse la sociedad conyugal alguien, en adición al esposo, tiene derechos. Es posible, desde luego, que al venderse las propiedades para pagar las contribuciones éstas’ pertenecieran presuntivamente a la segunda comunidad, pero el registrador está obligado a ver que el traspaso de los títulos se haga en debida forma. Nuocio Mamfre v. Registrador, 38 D.P.R. 191; Hernández v. Registrador, 30 D.P.R. 196. Podría suceder que los bienes pertenecieran enteramente al marido, mas la presunción contraria no fué destruida.

Tenemos el caso de Rivera v. Registrador, 14 D.P.R. 758. Cuanto decidimos allí — teniendo abora dudas el juez que sus-cribe y que tomó parte en aquella decisión — fué que el Re-gistrador estaba obligado a respetar el estado del registro. Un viudo redimió bienes a nombre propio y la inscripción se bizo a su nombre.

Non constat que personas distintas a Angel León Vega tuvieran reclamaciones contra la propiedad. El certificado no subsana defectos del título en el registro, donde se necesita que baya certeza.

Debe confirmarse la nota recurrida.


text:
    Victoria C. Dodd, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. C. Llauger Díaz, Juez, demandada.
    No. 942.
    Sometido: Febrero 12, 1934.

      Resuelto: Julio 28, 1934.

      M. A. García del Rosario, abogado de la peticionaria; R. Martínez Nadal, F. Navarro Ortiz y L. Llorens Torres, abogados de las interventoras, partes contrarias en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Victoria C. Dodd fué una acreedora por sentencia victo-riosa en procedimiento ejecutivo sumario, y la finca hipóte-cada fue adjudicada a ella. En una petición de certiorari alega que no pnede obtener la posesión de la finca debido a nna orden dictada por la corte embargando los frutos sobre la propiedad objeto del mencionado procedimiento ejecutivo. Lo que fia ocurrido fué que en otro pleito iniciado bajo un número distinto varias personas iniciaron un procedimiento ejecutivo sumario contra la peticionaria, Victoria C. Dodd, y otros, y la corte ordenó un embargo contra los mencionados bienes. El embargo consistió, en parte por lo menos, en or-denar el nombramiento de un administrador judicial para la finca objeto del pleito incoado por Victoria C. Dodd, y a esta última se le probibió que recobrara los frutos de la misma, etc.

Abora bien, la peticionaria compareció en el procedi-miento bipotecario por ella iniciado y solicitó varios reme-dios, que la corte le denegó. A Victoria C. Dodd se le dió oportunidad para comparecer en el pleito en que se babía designado al administrador, mas ella no lo bizo así. Tam-poco dió paso alguno tendente a anular’ dicbo embargo.

Estamos lejos de convencidos de que la corte inferior no pudiera designar a un administrador judicial en la forma en que lo bizo. Lo que sí resolvemos, sin embargo, es que basta que la peticionaria comparezca en el pleito en que se nombró un administrador y solicite algún remedio en el mismo, no debemos intervenir en el procedimiento seguido en la corte inferior. Podría ser que la orden que se tratara de dictar en el primer procedimiento ejecutivo fuera cor am non judice.

Sea ello como fuere, resolvemos que las cuestiones susci-tadas en el presente recurso de certiorari no ban sido venti-ladas debidamente en la corte inferior.

Por razones idénticas o similares, la moción solicitando se eleven los autos del segundo pleito debe ser declarada sin lugar.

Debe anularse el auto expedido.


author: El Juez Asociado Sbñoe Wolf,

text:
    Consuelo, Amparo y José Manuel Portela Pérez, demandantes y apelantes, v. Dolores P. Vda. de Portela y The National City Bank of New York, demandados y apelados.
    No. 5913.
    Sometido: Diciembre 15, 1933.

      Resuelto: Julio 28, 1934.

      M. A. García del Rosario, abogado de las apelantes; E. T. Fiddler, abogado del banco apelado.
   El Juez Asociado Sbñoe Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandados radicaron en la Corte de Distrito de San Juan una excepción previa a la demanda. La corte inferior sostuvo la excepción, los demandantes permitieron que se dic-tara sentencia en su contra y apelaron.

La demanda alegaba, entre otras alegaciones que es innecesario transcribir, que los demandantes y la deman-dada Dolores P. Yda. de Pórtela, componían la sucesión de Ramón B. Pórtela, quien falleció en 29 de enero de 1921; que los demandantes y Dolores P. Yda. de Pórtela, uno de los demandados, fueron declarados herederos universales de Ra-món B. Pórtela, la viuda en la cuota usufructuaria; que la partición de los bienes relictos de Ramón B. Pórtela no se llevó a cabo basta el año 1930 y durante todo el transcurso del tiempo desde la muerte del causante hasta que se llevó a efecto la partición, todas las negociaciones a nombre de la sucesión las verificaba Dolores P. Vda. de Pórtela; que desde la muerte de Ramón B. Pórtela hasta la fecha en que se efec-tuó la partición, Dolores P. Vda. de Pórtela no había adqui-rido ni adquirió posteriormente dinero por concepto alguno que implicara propiedad privativa con exclusión de los otros herederos que formaban la sucesión de Ramón B. Pórtela; que por la escritura de fecha 30 de octubre de 1926 los espo-sos Nicolás Pérez y Francisca Urbistondo confesaron adeu-dar la cantidad de $10,000, de los cuales adeudaban $5,000 a Dolores P. Vda. de Pórtela y $5,000 a Ramón Pérez, a la seguridad de cuyas cantidades constituyeron primera hipo-teca voluntaria sobre una finca de su propiedad radicada en el barrio Algarrobo, de Vega Baja, de 72 cuerdas; que la parte del crédito montante a $5,000 que aparecía a nombre de Dolores P. Vda. de Pórtela pertenecía a la sucesión de Ramón B. Pórtela, habiendo sido adquirida con dinero per-teneciente a dicha sucesión; que por la escritura de fecha 18 de enero de 1927 Ramón Pérez Carreras cedió por valor recibido el crédito hipotecario que tenía a su favor en la propiedad de Nicolás Pérez Carreras y Francisca Urbistondo, a favor de Dolores P. Vda. de Pórtela; que esta cesión se verificó con dinero perteneciente a la sucesión de Ramón B. Pórtela; que por la escritura mencionada anteriormente otor-gada en 18 de enero de 1927, Dolores P. Vda. de Pórtela con-firió poder a Carlos M. G-arcía del Rosario para que cediera el crédito de $10,000 al American Colonial Bank como garan-tía colateral de la deuda que tenía la mercantil Pórtela y Gándara, Sucrs. garantizada por ella; que posteriormente Nicolás Pérez Carreras y Francisca Urbistondo cedieron la finca a Dolores P. Vda. de Pórtela por la suma de $10,000, importe del crédito hipotecario existente a su favor; que en 21 de febrero de 1930 Dolores P. Vda. de Pórtela vendió la mencionada finca a la corporación Rnbert Hermanos, incor-porada, la cual corporación otorgó en pago cuatro pagarés garantizados con hipoteca sobre la misma finca, representando cada pagaré la suma de $2,250; que los pagarés que otorgó la corporación Hubert Hnos. fueron dados en prenda como garantía colateral al National City Banlc of New York como continuador del American Colonial Bank, en garantía de la deuda de la mercantil Pórtela y Gándara Suers.; que al efec-tuarse la partición de los bienes de Ramón B. Pórtela en 1930, no se incluyó como pertenencia de la sucesión la propiedad enajenada a Hubert Hnos., Inc., y que babía sido adquirida por Dolores P. Yda. de Pórtela con dinero perteneciente a la sucesión, ni se incluyeron tampoco como pertenencia de la sucesión los pagarés que otorgó Hubert Hnos.; que siendo todos los bienes de la herencia de Ramón B. Pórtela bienes gananciales, le correspondían dos de dichos pagarés a Dolores P. Yda. de Pórtela como su mitad de gananciales, y los otros dos le pertenecen a los demandantes en esta acción; que The National City Bank es tenedor en prenda actualmente de los dos pagarés otorgados a favor de Dolores P. Yda. de Pórtela y que vencen en 19 de junio de 1932 y 30 de junio de 1933, y que en una acción radicada ante la Corte de Dis-trito de San Juan el banco ha solicitado la enajenación en pública subasta de estos dos pagarés; que estos dos pagarés de que es tenedor en prenda The National City Bank son de la exclusiva propiedad de los demandantes en esta acción, como herederos universales de Ramón B. Pórtela, y no res-ponden de ninguna obligación de la Sucesión al demandado, The National City Bank of New York.

En la demanda se solicitaba se declarara que dichos dos pagarés eran propiedad de los demandantes. La corte inferior resolvió ante estos hechos que aparecía que la demandada Dolores P. Yda. de Pórtela adquirió los bienes para sí y que el hecho de que la herencia no estuviese dividida no creó pre-sunción de que los bienes así adquiridos por ella pertenecían a la sociedad de gananciales; que la adquisición por parte de la viuda se hizo en su propio beneficio; que si el dinero con el cual ella hizo la adquisición no le pertenecía, este hecho no podía afectar el derecho adquirido, pero que en cambio existía una deuda creada en su contra y en favor de la persona que era dueña del dinero (la sucesión), la cual podía incoar una acción personal para recobrarla, mas no una rei-vindicatoria, que corresponde únicamente al dueño, y alg'o más al mismo efecto. Luego la corte continúa diciendo que •como todos los bienes envueltos estaban inscritos en el regis-tro de la propiedad, y como el National City Bank, al adquirir los pagarés no tenía conocimiento de los hechos descritos en la demanda, la acción no procedía.

Los apelantes se fundan en el artículo 1046 del Código Civil, que lee así:

“La omisión de alguno o algunos objetos o valores de la herencia no da lugar a que se rescinda la partición por lesión, sino a que se complete o adicione con los objetos o valores omitidos.”

Los apelados dicen en verdad que antes de poderse apli-car este artículo la demanda debe demostrar que los dos pa-garés que se tratan de recobrar pertenecían a la sucesión. Lo que la demanda aduce en su efecto total es que la señora Pórtela obtuvo estos pagarés con dinero perteneciente a la sucesión. Esto no equivale a alegar que el título de los pa-garés en cuestión pertenecía a la sucesión.

Después de prestar debida consideración al asunto, conve-nimos con la corte de distrito en que lo que aquí se trató de hacer es recobrar dos pagarés específicos y, por ende, el pleito participa de la naturaleza de una acción reivindicatoría. Por otra parte, además, no había necesidad de hacer figurar al banco como parte en el litigio. Conforme la corte y el banco apelado indican, los demandantes quizá tengan una causa de acción contra la señora Pórtela en cobro del dinero de que ella se supone haberse apropiado, más no contra los bienes específicos que figuran a su nombre. No importa que la corte pudiera estar equivocada al decir que los bienes estaban ins-critos o que hiciera otras aseveraciones similares. También se desprende que ninguno de los pagarés fue identificado, mas los demandantes alegan tener derecho a dos de los cuatro pa-garés.

En lo que al banco se refiere, no vemos causa de acción posible, toda vez que Dolores P. Yda. de Pórtela era sui juris una persona capacitada para celebrar un contrato y nada hay en los autos que demuestre que ella fuera una tenedora o fiduciaria de la sucesión. Según indican los apelados, no resultaba ningún fideicomiso en favor de los demandantes.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    The Lawyers’ Co-operative Publishing Co., querellante y apelante, v. Juan Lastra, querellado y apelado.
    No. 6118.
    Sometido: Febrero 1, 1934.

      Resuelto: Julio 28, 1934.

      J. Henri Brown, C. Buis Nazario j C. E. González, abogados de la apelante; Juan Lastra, por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior dictó sentencia contra The Lawyers’ Cooperative Publishing Co. Se conviene en este recurso en que durante los años 1924-1925 The Lawyers’ Co-operative Publishing Co. vendió al Lie. Juan Lastra ciertos libros de de-recho por la suma de $615. Dicho comprador durante el pe-ríodo comprendido entre el Io. de julio de 1924 a mayo de 1927 pagó la cantidad de $145 a cuenta del precio de la compra-venta.

El 26 de' enero de 1931 la apelante presentó a Juan Las-tra un contrato que éste firmó y que por su forma partici-paba de uno de venta condicional de libros. El documento exigía de la apelante que remitiera ciertos libros por los cua-les el adquirente convenía en pagar determinadas sumas. Entonces se describían los libros y eran nominalmente los mismos que ya se habían entregado. Entonces se especifica el saldo adeudado. Ahora bien, era enteramente claro que con posterioridad a la fecha del contrato condicional no se enviaron más libros a Juan Lastra. Libros que se describían en igual forma ya estaban en su poder y eran de su propie-dad con anterioridad, por lo menos, a la fecha en que se firmó el contrato. El aludido contrato especificaba el pago de la suma de $10 mensuales y el apelado había dejado de pagar $110 que ya estaban vencidos.

La corte resolvió que no se había hecho la entrega de los libros especificados en el contrato y que por ende no surgía ninguna venta condicional que retuviera el título en poder de la vendedora. La apelante sostiene, en efecto, que las partes pueden celebrar cualquier contrato que deseen; que cuando Juan Lastra firmó el contrato admitió que el título corres-pondía a la demandante y apelante.

Los libros eran propiedad de Juan Lastra en el momento en que se firmó el contrato. Nada hay en el documento es-crito que demuestre la intención de parte de los contratantes de despojar a Lastra del título e investir del mismo a The Lawyers’ Co-operative Publishing Co. Conforme la corte dijo y según hallamos, el texto del contrato exigía la entrega de libros.

Durante el juicio se desprendió que las partes no habían tenido conversación alguna relativa al traspaso o reversión del título. Juan Lastra dijo que no leyó el contrato sino que lo firmó con la idea de que simplemente convenía en efectuar los pagos. Por otra parte, el Sr. Barry dijo que el doeu-mentó fué presentado a Lastra como un contrato condicional. Al preguntársele si explicó al demandado que los libros po-dían ser recuperados si no se efectuaban los pagos, el testigo dijo que el contrato hablaba por sí mismo y que el deman-dado lo leyó.

De la prueba aportada no podemos concebir ninguna idea de que hubiera una clara conjunción de voluntades respecto a que el título revertiría a la compañía. Con toda probabi-lidad si el apelado hubiese tenido la idea de que el título pa-saba a la apelante, él no lo hubiera'firmado. Como el con-trato por su forma especificaba una entrega futura que no fué efectuada, incumbía a la compañía demostrar que fué la intención de las partes que el título en realidad retornara a la compañía. Esto no se demostró a satisfacción de la corte inferior y la sentencia debe ser confirmada.