author: El Juez Asociado Se. Franco Soto,

text:
    The Porto Rican American Tobacco Company, Demandante y Apelante, v. Canel, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2998.
    Resuelto en noviembre 27, 1923.
    Evidencia — Admisión de Libros de Comerciantes — Prueba.—La ausencia de los requisitos con que deben ser llevados los libros de comerciantes o corpora-ciones de acuerdo con el artículo 36 del Código de Comercio no afecta la • admisibilidad de los mismos en evidencia, sino al alcance de su fuerza pro-batoria.
    Cuenta Corriente — Pago—Prueba de Pago. — Examinada la evidencia de este caso en la opinión, se resolvió: que la misma justifica la sentencia que de-claró sin lugar la demanda por haberse probado que el demandado pagó la deuda reelamádale.
    Costas — Discreción en la Imposición de Costas. — Para que el Tribunal Supremo intervenga con la discreción judicial del juez sentenciador al imponer costas, es preciso que se pruebe abuso de discreción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. J. H. Broivn & G. Ruis Nazario.

    Abogados del apelado: Sres. Texidor & de la Naba.

   El Juez Asociado Se. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una demanda en cobro de dinero. La de-mandante es una corporación que se dedica a la fabrica-ción y venta de cigarrillos y reclama del demandado la suma de $1370.22 por diferentes partidas que de dicho artículo vendió al demandado. Este último aceptó el hecho de las compras, pero alegó, como defensa, que pagó todas las fac-turas de cigarrillos tomados a la demandante.

La corte inferior declaró sin lugar la demanda, soste-niendo la defensa de pago del demandado, y no conforme la demandante con la sentencia, interpuso esta apelación.

La apelante señala como errores: 1. Haberse condenado a la demandante al pago de las costas; 2°., negar la admi-sión como prueba de los libros de la demandante, y 3°., no permitir ciertas preguntas dirigidas a testigos de la deman-dante.

Para el examen,,de los errores, invertiremos su orden, y empezaremos por los dos últimos que discutiremos con-juntamente.

Junto a la demanda y para que formara parte de la misma, se presentó una cuenta corriente conteniendo la venta de diversas partidas de cigarrillos y sus respectivos precios, al demandado. Para probar diclia cuenta corriente se ofrecieron los libros de contabilidad de la demandante, y el demandado basándose en que dichos libros no estaban llevados de acuerdo con lo que prescribe el art. 36 del Có-digo de Comercio, se opuso a su admisión, y la corte inferior sostuvo la oposición del demandado, rechazando dichos libros como materia de evidencia.

El artículo 36 del Código de Comercio, prescribe:

“Art. 36. — -Presentarán los comerciantes los libros a que se re-fiere el artículo 33, encuadernados, forrados y foliados, al juez municipal del distrito en donde tuvieren su establecimiento mercan-til, para que pongan en el primer folio de cada uno nota firmada de los que tuviere el libro.
“Se estampará además en todas las hojas de cada libro el sello del juzgado municipal que lo autorice.”

La apelante sostiene que dicho artículo 36 del antiguo código español es de carácter procesal y está en conflicto con el artículo 102 de la Ley de Evidencia en sus aparta-dos 4, 19 y 20 y que aquel artículo quedó derogado al apro-barse esta última ley.

Los apartados 4, 19 y 20 del artículo 102 citado estable-ceil ciertas presunciones de naturaleza no conclusiva, juris tantmi, que dicen:

“4. — Que toda persona cuida de sus propios asuntos con celo ordinario. ’ ’
“19. — Que las transacciones privadas fueron realizadas con rec-titud y en debida forma.
“20. — Que se ha seguido el curso ordinario de los negocios.”

La Ley de Evidencia fué aprobada en marzo 9 de 1905, pero el artículo 36 del Código de Comercio fué enmendado en fecha posterior, marzo 7, 1912, quedando enmendado en la siguiente forma:

“Art. 36. — Presentarán los comerciantes los libros a que se re-fiere el artículo 33, encuadernados, forrados y foliados, al juez municipal del distrito o al juez de paz de la localidad en donde tu-viere su establecimiento mercantil, para que ponga en el primer folio de cada uno nota firmada de los que tuviere el libro.
“Los jueces municipales y de paz deberán usar un sello uni-forme, que les será suministrado por el Departamento de Justicia, y habrá de imponerse en cada página de cada uno de los libros de los comerciantes a que se refiere este artículo; Disponiéndose, que el uso especial de dicho sello no se interpretará en el sentido de que las cortes municipales y de paz sean cortes de récord.
“Cada libro firmado y sellado en esa forma llevará un sello de rentas internas del valor de un dollar que se fijará y cancelará por el juez municipal o por el juez respectivo, escribiendo las ini-ciales de su nombre y la fecha de la cancelación en dicho sello de rentas internas, el cual se pagará por la parte interesada.”

El solo hecho ele haberse enmendado dicho artículo 36 por nuestra Legislatura en fecha posterior a la que fué aprobada la Ley de Evidencia, demuestra claramente que fué la intención de aquel cuerpo legislativo mantener la vi-gencia de. dicho artículo cualquiera .que fuera su naturaleza, ya substantiva o adjetiva. De manera que dicha disposi-ción legal está vigente y no derogada implícitamente por la Ley de Evidencia, como sostiene el apelante.

La cuestión ahora es determinar si las formalidades que exige el art. 36 en cuanto a los libros de comercio son re-quisitos que afectan su pertinencia {competency) o más bien se refieren a reglas para fijar su peso probatorio.

Desde luego que la teoría que inspira el artículo 36 es hacer intervenir al poder judicial para dar garantía de au-tenticidad a los libros y a las partidas en ellos consignadas; pero no se debe perder de vista que es una prescripción que no podemos tomar aisladamente y sí ponerla en relación y armonizarla con el artículo 48 del mismo Códig'o de Comer-cio, que es donde, como consecuencia del artículo 36, se fi-jan las regias para determinar la fuerza probatoria de los libros de comercio, según se lleven o no con las formalida-des que marca el repetido artículo 36. Esto hace que co-piemos el art. 48 del Código de Comercio que dice:

“Art. 48. — Para graduar la fuerza probatoria de los libros de los comerciantes, se observarán las reglas siguientes:
Ia.- — Los libros de los comerciantes probarán contra ellos, sin admitirles prueba en contrario; pero el adversario no podrá aceptar los asientos que le sean favorables y desechar los que le perjudiquen, sino que, habiendo aceptado este medio de prueba, quedará sujeto al resultado que arrojen en su conjunto, tomando en igual considera-ción todos los asientos relativos a la cuestión litigiosa.
“2a. — Si en los asientos de los libros llevados por dos comer-ciantes no hubiere conformidad, y los del uno se hubieren llevado con todas las formalidades expresadas en este título, y los del otro adolecieren de cualquier defecto o carecieran de los requisitos exi-gidos por este Código, los asientos de los libros en regla harán fe contra los de los defectuosos, a no demostrarse lo contrario por me-dio de otras pruebas admisibles en derecho.” (Las itálicas son nuestras.)
3a. — Si uno de los comerciantes no presentare sus libros, o mani-festare no tenerlos, harán fe contra él los de su adversario, llevados con todas las formalidades legales, a no demostrar que la carencia de dichos libros procede de fuerza mayor, y salvo siempre la prueba contra los asientos exhibidos por otros medios admisibles en juicio.
“4a. — Si los libros de los comerciantes tuvieren todos los requi-sitos legales y fueren contradictorios, el juez o tribunal juzgará por las.demás probanzas, calificándolas según las reglas generales de de-recho.”

La regia 2a. pone de manifiesto distintamente el criterio que venimos sustentando, o sea, que la ausencia de los re-quisitos que señala el artículo 36, no afectan la admisibi-lidad de los libros de comercio, sino más bien su fuerza pro-batoria, porque partiendo dicha regia 2a. de la base que los libros llevados con todas las formalidades legales prevalecen sobre los no llevados en iguales circunstancias o resultaren defectuosos, esto presupone necesariamente la previa admi-sión de los libros no llevados con todas o algunas formali-dades exigidas por el artículo 36, sujetos por consiguiente en tales Condiciones, al análisis del criterio judicial en cuanto a su fuerza probatoria. Llegamos pues a la conclusión de que la corte inferior cometió error al rechazar los libros ofrecidos por la demandante para probar la cuenta co-rriente, y como consecuencia también fué cometido el se-gundo error, pues el testigo a qiúen se le hacían las pre-guntas era tenedor de libros de la corporación y las pre-guntas tendían a probar extremos relativos a la cuenta co-rriente. La objeción del apelado Consistía en que la ma-nera de probar la cuenta corriente era mediante los libros de la corporación y no por prueba oral.

Pero la corte inferior, por otra parte, llegó a la conclu-sión de que el demandado había probado el pago por otros medios de prueba, procedentes de la misma parte deman-dante. Si esto es así la sentencia de la corte inferior en nada ha lesionado los derechos substanciales de la deman-dante. A ese efecto al fundar su opinión, la Corte inferior, en parte, dice:

“La importancia y el valor de las declaraciones del Sr. Pasarell, saltan a la vista. No podemos dudar de su veracidad. La deman-dante reclama el pago de varias partidas de cigarrillos, que, alega, le fueron tomadas por el demandado por valor de $1,370.22 desde el 30 de junio de 1919 a enero 12, 1921. No ha demostrado en forma alguna cuál partida, o cuál o cuáles facturas, en qué fechas, por cuántas cajas, y a qué precios dejó Canel de pagar. El demandado afirma que pagó todas las facturas recibidas en el curso de sus ne-gocios. Y entre los documentos para justificarlo, además de algu-nos recibos, se nos presentó un Memqrándum Ide Crédito expe-dido por la Compañía demandante a favor de Canel el 12 de enero de 1912, precisamente en la fecha en que terminaron las operaciones de la supuesta cuenta corriente. Ese memorándum dice lo siguiente:
“ ‘San Juan, P. R., enero 12 de 1921. Credit Memorandum, from Porto Rican American Tobacco Company of Porto Rico. — To Romualdo Canel, Puerta de -Tierra, San Juan, P. R. — -We credit your account this date, as follows:
‘Por diferencia en abono de 2% de descuento de pronto pago en las facturas de junio 30 de 1919 a la fecha que encontramos como sigue:
“‘Total de sus compras $4,658.04 — 2%-,- 93.16
“ ‘Abonádole durante la feelia citada según detalla el extracto de cuenta, de esta fecha- 72. 79
“ ‘Diferencia a su favor-L-$20.37
“ ‘2% extra sobre sus compras de cigarrillos del trimestre de octubre a diciembre- 8. 41
“‘Patente de octubre a diciembre_ 6.00
$34. 78.’
“Ddo. A.”
“Del preinserto Memorándum debemos deducir que, en la fe-cha del mismo, 12 de enero de 1921, Canel había pagado pronta-mente todas sus facturas desde el 30 de junio de 1919; que se ha-bía hecho acreedor a los descuentos que solía la vendedora acreditar a sus clientes cuando le pagaban dentro de los plazos de cada venta, y que se le acreditó su importe.
“Si por actos de otra u otras personas en los que no ha tenido necesariamente que intervenir el Sr. Canel, ni se ha probado que intervieniese, la demandante fué víctima de un fraude realizado, en relación con aquella parte de su contabilidad referente a las opera-ciones con Canel, no podemos, con la prueba aducida, hacer respon-sable a éste del importe defraudado, o sea la suma reclamada en la •demanda.’ ’

Eli relación con lo que puede probar el memorándum de -crédito en cuanto al pago de la deuda, se hace necesario saber lo que significan los descuentos que por dicho memorándum se hicieron al demandado. Esto mismo lo explica el testigo Pasarell, secretario y sub-tesorero de la demandante y quien tiene a su cargo el departamento de venta y crédito de la cor-poración. El afirma que a los clientes que pagaban pronta-mente sus facturas, o sea, dentro de un plazo de 30 días, se les hacía un descuento de un 2 por ciento del importe total de la factura al verificar el pago y otro descuento especial también del 2 por ciento que se liquidaba sobre el im-porte de las facturas o ventas realizadas y pagadas durante cada trimestre, y que al demandado se le concedieron tales plazos y descuentos. Estas manifestaciones dan valoh al memorándum de crédito en que se apoya para su decisión el juez inferior.

La cuenta corriente que se acompañó a la demanda em-pieza desde el 30 de junio de 1919 hasta enero 12 de 1921 y el importe total de las facturas o ventas alcanza a la suma de $4,658.04 y sobre esta suma total de compras es que se acredita al demandado por el memorándum que lleva fecha 12 de enero de 1921, la misma fecha en que se cierra la cuenta corriente, los descuentos a que alude el testigo Pa-sarell, significando dichos descuentos que el demandado ha-bía verificado el pronto pago de todas las facturas o ventas que se hicieron a él por la demandante. El testigo Pa-sarell intenta, sin embargo, explicar la confección de esa nota de abono al demandado, diciendo:

“Yo vi el contenido de ese documento. ‘Por diferencia en abono de 2% de descuento de pronto pago,’ quiere decir los pagos que ha-bía efectuado, el pronto pago quiere decir más o menos a los treinta días: ‘De 30 de junio a la fecha,’ es a la fecha que se pasó esta nota. Referente a si esa factura había sido pasada: precisamente yo hice hacer esa nota de abono al enviarle el extracto de cuenta a Canel a fin de que todos los descuentos le fueran liquidados y se sacara el saldo neto, y así se lo explicaba en la carta que le escribí y acompañándole esa nota de abono.”

La carta a que se refiere el testigo no aparece del récord y su tentativa de explicar que la nota de abono no se hizo más que con el simple objeto de acompañarla al extracto-de la cuenta corriente, está en pugna con el verdadero móvil con que se hacían los descuentos a todo cliente de la de-mandante. La corporación daba un plazo máximo de 30 días para el pago de las facturas y la persona que bacía el “pronto pago” dentro de ese plazo se le abonaba por la demandante el 2% sobre el importe de cada factura y tam-bién se le abonaba otro descuento adicional sobre el total de ventas en cada trimestre. Si el saldo de la cuenta co-rriente del demandado, desde el 30 de junio de 1919 a 12 de enero de 1921, montaba a $4,658.04 y el testigo Pasarell,. encargado del departamento de ventas, concedió al deman-dado el descuento del 2 por ciento que implicaba el pronto pago sobre el total de aquel saldo, ello indicaba que la de-mandante admitía por su propia nota de abono que implí-citamente el demandado había hecho el “pronto pago”' de cada factura dentro del plazo máximo que concedía la. corporación. De otra suerte si el demandado debía parte del saldo, pues una parte es la que se reclama, era lo más natural y lógico que la nota de abono del 2 por ciento, o me-morándum de descuentos, se aplicara a aquella parte de la cuenta que había sido prontamente pagada y no al total del saldo ni a la parte pendiente de cobro y que por morosidad del deudor daba lugar a acudir a los tribunales para su co-bro. Asimismo del memorándum aparece otro abono del 2 por ciento sobre compras del demandado que correspon-den al último trimestre de octubre a diciembre. T ese es un descuento adicional al primer descuento por el total de compras en cada trimestre. Si se abona el descuento sobre todas las facturas de un trimestre, hay que presumir dos cosas, 1°., el previo pago de cada factura, y 2°., que las fac-turas correspondientes a los trimestres anteriores han sido satisfechos. El trimestre de octubre a diciembre com-prende el final de la cuenta corriente, y ello implica por e-1 descuento que se abonó al mismo, que la cuenta en su totalidad había sido saldada.

En la prueba puede además observarse que la deman-dante trató de demostrar que en la cuenta corriente del demandado ocurrieron algunas' irregularidades, como cier-tos pagos que se alega que no fueron realmente hechos y aparecen sin embargo anotados en el libro mayor sin resul-tar del libro de caja. ' Se trató de demostrar también la manera como pudieron tener lugar tales irregularidades, pero nada demostró la conexión del demandado con las mismas. Por el contrario, el contador público W. T. Wood-bridge que declaró en el juicio como testigo de la deman-dante y quien había hecho un examen de la contabilidad de los libros de la corporación, explicando concretamente la forma en que se cometieron las irregularidades en la cuenta del demandado, admite la posibilidad de que se hicieran tales irregularidades o fraudes sin que fuera culpable el de-mandado. Las palabras de dicho experto en ese punto, fueron: “De modo que pudo haberse pagado el dinero y un empleado pudo haberse apropiado ese dinero y hacer aparecer los asientos falsos en -el libro, sin culpabilidad ni complicidad por parte de Canel.”

Examinado el primer error que se refiere a la imposi-ción de Costas a la demandante y visto el resultado del pleito, no podemos convenir que se haya cometido. Se alega por el apelante que ni la demanda es frívola ni la demandante actuó de mala fe al establecerla, pero al impo-ner las costas el juez inferior ejerció su discreción teniendo en Cuanto el grado de culpa o temeridad de la demandante al dictar su sentencia y contra dicha discreción no podemos ir en este caso a menos que se demostrara que se abusara de la misma.

Por las razones expuestas, la sentencia debe confir-marse.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Pbesidente Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    Pérez, Demandante y Apelada, v. Gandía, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2920.
    Resuelto en noviembre 27, 1923.
    Negligencia del Arrendador — Daños y Perjuicios — Demanda Suficiente. — El dueño de una casa que teniendo conocimiento del mal estado del inmueble, negligentemente deja de corregir el defecto, es responsable de los daños que pueda causar el desplome de la finca.
    Id. — Id.—La prueba de que el edificio ruinoso que causó daños pertenecía al demandado puede establecerse por otros medios que no sean precisamente la escritura de adquisición inscrita en el registro.
    Id. — Id.—-Prueba.—Examinada la prueba en este caso se resolvió: que las malas condiciones en que estaba la casa fueron causa del derrumbe.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. Caetán Barbosa.

    Abogado del apelado: Sr. G. J. Torres.

   El Juez Pbesidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda, base de este pleito, copiada a la letra, en lo pertinente, dice:

“1. — Que el demandado en este caso en agosto 12 del 1921 era dueño de la casa número 137 de la calle de San Agustín, Puerta de Tierra, Municipalidad de San Juan, cuya casa se dividía en habitaciones teniendo una de ellas alquilada a Conrado Rosario, con quien estaba y está la demandante haciendo vida matrimonial.
“2.- — Que el demandado había sido notificado por la sanidad con anterioridad al día 12 de agosto de 1921, que la casa de su propie-dad número 137, de la calle de San Agustín, Puerta de Tierra, se encontraba en malas condiciones.
“3. — Que el día 12 de agosto de 1921 se derrumbó dicba casa por estar en malas condiciones por la única y exclusiva negligencia de su dueño el demandado en este caso.
“i. — Que al derrumbarse dicba casa se encontraba legalmente en la habitación en que vivía la demandante quien estaba en estado de preñez y sufrió una contusión en la parte izquierda del pecho y otras en las caderas, que le obligaron a guardar cama del 12 de agosto al 10 de septiembre de 1921, teniendo asistencia médica todo ese tiempo.
“5. — Que aunque se le lia requerido al demandado que le in-demnice a la demandante por los sufrimientos físicos y morales debido única y exclusivamente al derrumbe de la casa en que vivía, que fué por la culpa y negligencia del demandado, éste se ha negado a indemnizarle.
“6. — La demandante estima los daños causados a su persona en la suma de mil quinientos dólares ($1,500).”

Traneurrido el término del emplazamiento sin que el de-mandado compareciera, fué anotada su rebeldía, pero la corte luego le permitió defenderse. Alegó primero la excep-ción de falta de causa de acción y fué desestimada, y enton-ces contestó así:

“Primero: — Que niega todos y cada uno de los hechos de la de-manda.
“Segundo: — Como defensa especial, el demandado alega especí-ficamente :
“Que la demandante fué requerida por el demandado varias ve-ces para que desalojara la habitación a que se refiere la demanda, fundando dicho demandado los requerimientos en el mal estado de la casa y que a pesar de los distintos requerimientos hechos por el demandado a todos los inquilinos de la expresada casa, la deman-dante no desalojó dicha habitación dentro de los términos que le fueron dados con tal fin, constándole de conocimiento propio a la demandante que la casa estaba en malas condiciones para ser ha-bitada.”

Trabada de tal modo la contienda, fué el p-ñto a juicio y practicada la prueba la corte dictó sentencia condenando al demandado a pagar a la demandante trescientos dólares y las costas.

No conforme el demandado apeló para ante este tribunal señalando en su alegato dos errores cometidos a su jui-cio por la corte de distrito 1, al desestimar la excepción pre-via y 2, al apreciar la prueba.

Discutiendo el primer error sostiene el apelante que no se alega en la demanda la existencia de contrato alguno vá-lido entre demandante y demandado y que en el caso de que pudiera deducirse la existencia del contrato de arren-damiento no se alega el pago del precio, ni que el arrenda-tario pusiera en conocimiento del arrendador la necesidad de hacer reparaciones en la casa arrendada.

Opinamos que el error no existe. La responsabilidad del demandado para con la demandante no se deriva de ningún contrato celebrado directamente con ella. Se alega en la de-manda la existencia de un contrato de arrendamiento entre el demandado, dueño de la casa, y Conrado Rosario. La ale-gación de que la demandante “estuviera haciendo vida matrimonial con Rosario,” era innecesaria. Rosario tenía de-recho a recibir huéspedes, visitas, en la casa que para vivir alquiló. Cualquier persona pudo entrar en ella dentro del curso ordinario de los neg’ocios. T para con todos tenía el dueño obligaciones. El dueño estaba en el deber de con-servar la casa en condiciones habitables y si teniendo cono-cimiento de su mal estado negligentemente dejó de corregir el defecto, es responsable del daño que con ello pudiera ha-ber ocasionado. Su responsabilidad surge del quasi con-trato a que se refiere el artículo 1803 del Código Civil en los siguientes términos: “El que por acción u omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obli-gado a reparar el daño causado.”

Basta lo anteriormente expuesto para concluir que no eran necesarias las alegaciones del pago del precio y de la notificación por parte del arrendatario al arrendador del defecto existente. Se alegó en debida forma el conoci-miento del defecto por parte del arrendador a virtud de la notificación que le hicieran las autoridades sanitarias, y° su negligencia al dejar de corregirlo.

Tampoco existe el segundo error. La prueba presenta a nuestro juicio un caso aún más fuerte que el que establece la demanda.

Se insiste en que no se probó qué el demandado fuera el dueño de la casa. La condición de dueño por parte del demandado quedó en cierto modo admitida en su contes-tación, y si ello no fuera bastante," en la prueba testifical de la demandante hay datos suficientes para llegar a esa conclusión. No es absolutamente necesario para probar la condición de dueño en un. caso de esta naturaleza que se presente la escritura de adquisición inscrita en el registro de la propiedad.

También se insiste en que no se demostró que las malas condiciones de la casa fueran las que ocasionaban el de-rrumbe y que el demandado fuera negligente. Rosario de-claró que la casa “estaba en tan malas condiciones, que se desplomó de noche.” Dominga Pérez dijo: “en ese mes el día doce como a las diez y media de la noche estando yo en el fregadero se derrumbó el ranchón, se cayó.” El inspector de sanidad depuso: “En el mes de julio notifiqué yo al Sr. Gandía para que reparara la casa en total por-que estaba en condiciones pésimas, y no hizo nada . . . . Lo denuncié. Varias ocasiones tuve que denunciarlo por esas casas .... Sí, señor, precisamente de esa fue la que más notificaciones le hice porque estaba en malísimas con-diciones .... La casa tendría como dos metros de alto por la parte que da a la vía del ferrocarril y como las ma-deras estaban completamente podridas se cayó y está en la tierra; no hay soco que la aguante, está en la tierra.” Ade-más la misma parte demandada dijo por medio de su tes-tigo Pedro Gandía Jr., apoderado del demandado, “que dió orden de pegar un cartel en el ranchón haciendo constar eso,» que corría peligro, y al mismo tiempo los inquilinos que buscasen donde mudarse.”

En cuanto a las lesiones sufridas por la demandante a consecuencia del derrumbe de la casa y a la cuantía de los daños, la prueba ampliamente sostiene la sentencia.

T por lo que respecta a la notificación por parte del dueño a los inquilinos alegada como defensa, bastará decir que la prueba resulta contradictoria, sin que se demostrara pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto por la corte al apreciarla.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia, recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sjr. Wole,

text:
    Lugo, Demandante y Apelada, v. Municipio de Lajas et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un procedimiento de injunction.

    No. 2940.
    Resuelto en noviembre 30, 1923.
    Injunction— Municipio — Oficiales y Agentes — Daños— Intromisión— Daño Irreparable- — Actos de OarActer Público — Funcionarios Municipales— Procederá el injunction contra -los oficiales y agentes de un municipio aún cuando éste no pueda ser condenado al pago de daños y perjuicios. Dicho remedio puede alcanzar a los oficiales municipales por una amenazada intro-misión que produce lo que en la ley se conoce por daño irreparable, o sea, uno que no puede ser fácilmente compensado mediante indemnización. Si son ilegales ciertos actos por los cuales el municipio no podía ser condenado al pago de daños, por ser actos de naturaleza pública distinta, los oficiales y agentes del municipio que realizan la intromisión pueden ser restringidos.
    Id. — Ip.—Id.-—Delegación de Poder — Ratificación—Cuestión de Hecho — Colore Officii — Facultad General — Actos Ilegales. — Si un acto ilegal de resul-tado perjudicial para un individuo estaba autorizado por el municipio por cualquier previa delegación de poder, o por alguna subsiguiente ratificación de actos particulares, es una cuestión de hecho que ha de resolverse por toda la prueba del caso. Por regla general el municipio no es responsable por los actos no autorizados e ilegales de sus oficiales, ya sean ejecutados colore officii, pues debe también aparecer que ellos estaban autorizados expre-samente por la administración municipal para realizar dichos actos, o que éstos se ejecutaron de buena fe y a virtud de una facultad general para actuar a nombre del municipio en el asunto con el cual guardan relación, o que en uno u otro caso tales actos fueron aprobados y ratificados por el municipio.
    Id.— Id.— Id.— Alegación— Contestación— Ratificación— Actos Ilegales ■— Responsabilidad Pecuniaria — Continuación del Injunction — Costas.-—-Aun-que la contestación formulada por un municipio en un procedimiento de injunction contra él y en la cual se insiste en que la propiedad era municipal y que el inspector de obras públicas estuvo justificado en destruir la cerca en ella levantada puede no ser una suficiente ratificación de los actos ilegales de sus oficiales para fijar una responsabilidad pecuniaria a dicho municipio, tal ratificación, sin embargo, es suficiente para justificar la conti-nuación del procedimiento de injunction contra el municipio y sus oficiales, pero el municipio no debe ser condenado en costas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. A. A. Vázquez.

    Abogados de la apelada: Sres. Benet & Souffront.

   El Juez Asociado Sjr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fné nna petición de injunction para retener la de-mandante la posesión de nna finca, establecida por virtnd de las leyes especiales de 1913 y 1917. Se siguió contra el municipio de Lajas. y el Comisionado de Servicio Pú-blico de dicho municipio, conocido comúnmente por Alcalde. La corte inferior dictó sentencia a favor de la demandante, declarando probado qne dicho comisionado, en sn carácter oficial, fné a la casa de la demandante y le ordenó destruir nna cerca diciendo qne si no lo hacía él lo haría, y qne los empleados del municipio, pagados por éste, destruye-ron y quitaron dicha cerca, y que estos actos fueron ejecu-tados por los referidos empleados con la autorización y con-sentimiento del expresado comisionado de servicio pú-blico.

El municipio se defendió en la corte inferior y en ape-lación alega tres fundamentos de error. Los dos primeros señalamientos, independientemente del alcance de las leyes cíe 1913 y 1917, levantan la cuestión de la responsabilidad del' municipio por los supuestos actos ilegales o ultra vires de sus funcionarios.

La conducta de Tomey, el alcalde, que era uno de los demandados, así como la de uno de sus testigos, fué sor-prendente en verdad, particularmente la de Tomey. Este se dispuso a negar y evadir cualquier pregunta que se le hiciera y hubo de ser reprendido por el juez repetidas ve-ces. Sin embargo, apareció con suficiente claridad que los funcionarios del municipio reclamaban la propiedad en cuestión para el municipio. Se vió suficientemente de la misma declaración del demandado que la cerca fué des-truida, sino alegándose existir un derecho para ello, al me-nos porque los diferentes funcionarios del municipio cre-yeron que la cerca impedía el libre tráfico de los ciudada-nos de Lajas. Esta fué la declaración del inspector do obras públicas y la inferencia inevitable del resto do la prueba era que él estaba sostenido por el alcalde. No te-nemos ninguna duda respecto a la responsabilidad del al-calde demandado, pero el problema que se presenta es dis-tinto en cuanto a la responsabilidad del municipio.

El injunction procederá contra los funcionarios y agen-tes do un municipio aun cuando el municipio mismo no pu-diera ser condenado por daños y perjuicios. Welton v. Dickson, 22 L. R. A. 496, donde se cita el caso principal de Watson v. Sutherland, 5 Wall. 74; Ferrer v. Gutiérrez, 28 D. P. R. 460; Minneapolis Brewing Company v. McGillivray, 104 Fed. 271; Carter et al., v. Warner, 89 N. W. 747. Estas autoridades indican que hasta puede alcanzarse a los funcionarios municipales por una amenazada intromisión que produce lo que en la ley se conoce por- daño irreparable, o sea, aquel que no puede fácilmente ser reparado por daños y perjuicios.

No tenemos que considerar la materia general de injunction con ninguna gran amplitud, porque la materia ob-jeto ele este pleito podría considerarse por virtud de la ley mím. 11 de noviembre 14, 1917, página 221 de las leyes de ese año, cuya sección primera es como sigue:

“Sección Ia. — Se concederá un- injunction para retener o' reco-brar la posesión material de propiedad inmueble, a instancia de parte interesada, siempre que ésta demuestre, a satisfacción de la corte, que lia sido perturbada en la posesión o tenencia de dicha propiedad, por actos que manifiesten la intención de inquietarle o despojarle, o cuando haya sido ya despojada de dicha posesión o tenencia. ’ ’

Con arreglo a esta ley un propietario en Puerto Rico está protegido contra los actos ilegales que en ella se es-pecifican en lo que respecta a cualquier otro individuo o en-tidad en particular. La ley es general y protegerá a una persona que sufre un daño debido a los actos de los agen-tes de una corporación.

Por tanto, la cuestión principal ante nosotros es si el municipo era responsable por el acto de sus agentes y fun-cionarios de tal modo que sus funcionarios y agentes po-drían ser restringidos de seguir ejecutando los actos que motivan esta petición de injunction. Incidentalmente pode-mos decir que las autoridades nos convencen de que ciertos actos por los cuales el municipio no podía1 ser condenado en daños y perjuicios por ser actos de un carácter público distinto, si diclios actos fueran ilegales los funcionarios y agentes de la corporación municipal ofensora todavía po-drían ser restringidos.

En el caso de Haskell v. The City of New Bedford, 108 Mass. 208, la acción fué por daños contra la ciudad por pe-penetrar en el sitio del demandante y colocar' allí un poste impidiéndole poder levantar un edificio en el mismo, lia-biéndose expresado la corte en estos términos:

“No fué ofrecida ninguna prueba sobre si el sitio en cuestión era o no un camino público. Si lo era, el edificio y poste consti-tuían estorbos públicos ('public nuisances) y el demandante no tenía ningún derecho de acción para quitarlos o sacarlos de la calle (se citan casos). Si no era un camino público, el alcalde carecía de autoridad, ya por virtud de sus facultades generales o como su-perintendente de caminos, para admitir o declarar dicho camino como tal de modo que obligue a la ciudad (se citan casos). Los actos realizados por el alcalde y miembros del concejo, o el alcalde solamente, para mantener las calles libres de obstrucciones, son ac-tos ejecutados por ellos como funcionarios públicos y no en su ca-rácter de agentes de la ciudad y por tales actos la ciudad no era responsable para poder ser demandada (se citan casos).
“Tales actos no están al mismo nivel que los ejecutados por los funcionarios municipales al tratar de conservar o reparar un edi-ficio perteneciente a la ciudad y por lo cual dicho municipio recibe una renta como cualquier otro propietario; Thayer v. Boston, 19 Pick. 511; Oliver v. Worcester, 102 Mass. 489; o al construir o reparar, dentro de la autoridad conferida por un estatuto que ha sido aceptado por la ciudad, un alcantarillado general, que por la ley ha sido declarado como propiedad de la ciudad, y se ha auto-rizado que los gastos del mismo se impongan a los propietarios co-lindantes (cita de autoridades), o de acuerdo con los votos de una población, en la reparación de un puente o camino que el pueblo está obligado a conservar en buenas condiciones, y que origina da-ños a la propiedad fuera de los límites del camino, como se dijo en Hawks v. Charlemont, 107 Mass. 414.” 108 Mass. Rep. 211.

Asimismo en el caso de Manners v. Haverhill, 135 Mass. 171, resolvió la corte que el acto motivo de queja no re-sultó haber sido ejecutado con 'arreglo a ningún voto del concejo municipal de la ciudad, o en relación a alguna pro-piedad que la ciudad alegaba poseer, o en la ejecución de cualquier obra que la ciudad estaba especialmente autori-zada para hacer o en la cual dicha ciudad tenía un interés corporativo distinto del de los habitantes en general de la comunidad, y se resuelve que el caso de Thayer v. Boston, 19 Pick 511, supra, no era aplicable.

Este último caso es el principal sobre la materia y tam-bién señala la excepción a la regia de la irresponsabilidad de una corporación municipal. Citaremos dos párrafos de la opinión emitida por el Juez Presidente Sr. Shaw, a saber:

“Hay una gran clase de casos en los cuales los derechos tanto del público como de los individuos particulares pueden estar inten-samente envueltos y en la cual no puede saberse al realizarse el acto, si es o no legal. El tener que hacerse una investigación legal en una corte de justicia puede indicar que era ilegal. Sin embargo, si no es conocido y tenido por ilegal entonces, si fué un acto eje-cutado por funcionarios con autoridad competente, ya por el voto expreso del gobierno municipal o por la naturaleza de las obligacio-nes y funciones de que están ellos investidos, por sus cargos, para actuar sobre la materia general en cuestión y especialmente si el acto fué realizado con un propósito honrado de obtener para el pú-blico algún beneficio o ventaja legítimos, la razón y la justicia exi-gen claramente que la ciudad, en su capacidad corporativa, sea responsable para reparar el daño sufrido por un individuo, como consecuencia de los actos de tal modo ejecutados. Sería asimismo perjudicial al individuo que sufre un daño, y para los agentes y personas empleadas por el gobierno municipal, el dejar a la parte perjudicada sin ningún remedio, excepto contra los agentes y em-pleados, y por lo que entonces parecía ser competente autoridad, para realizar los actos impugnados, pero los cuales se prueba que no están autorizados por - la ley. Y puede añadirse que sería per-judicial para la ciudad misma, en su carácter corporativo, por el hecho de paralizar las energías de aquellos que tienen la obligación de velar por sus más importantes derechos, puesto que todos los agentes, funcionarios y subalternos podrían muy bien negarse a ac-tuar de acuerdo con las instrucciones de su gobierno en todos los casos en que el acto fuere meramente motivo de queja y haya sido opuesto por cualquier individuo por ser ilegal, bajo cualquier simple pretexto; y de conformidad con el principio citado, ninguna obligación de indemnización podría valerles.
“Si un acto en particular, que produce un efecto perjudicial para una persona, estaba autorizado por la ciudad, por cualquier delegación previa de facultades, general o especial, o por la adop-ción subsiguiente y ratificación de actos particulares, es una cues-tión de hecho que ha de dejarse al jurado para ser resuelta por toda la prueba del caso. Por regla general la corporación no es responsable por los actos no autorizados e ilegales de sus oficiales, aunque sean ejecutados colore officii; debe resultar además que fue-ron expresamente autorizados para ejecutar los actos por el go-bierno de la ciudad, o que lo hicieron bona fide de acuerdo con la autoridad general que tiene la ciudad para actuar, sobre el particular a que se refieren; o que en uno u otro caso el acto fué adop-tado y ratificado por la corporación.”

Se verá, pues, que una corporación municipal puede ser hecha responsable por los actos dañosos de sus mismos ofi-ciales y agentes cuando la corporación municipal ratifica los actos de sus agentes y esto está sostenido por algunos casos notables de Louisiana, McGary v. The City of Lafayette, 4 La. Ann. 440; Wilde v. The City of New Orleans, 12 La. Ann. 15.

Decisiones semejantes pueden verse en los casos de Sheldon v. The Village of Kalamazoo, 24 Mich. 383; Persons v. Valley City, L. R. A. 1916 D. p. 1079, con su anota-ción en la página 1088. Véase asimismo a Dillon sobre Corporaciones Municipales, 1651 (971).

En la contestación formulada por los demandados bajo el epígrafe de “Nueva Materia,” aparece lo siguiente:

(a) El terreno en que está constituida la zona urbana del pueblo de Lajas pertenece al municipio de Lajas, y tal terreno, desde antes de las fechas a que se refiere la demanda, ha estado y osea en la posesión real y civil de dicho municipio;
“ (b) José Dolores Irizarry era el 15 de abril de 1922, y antes de esa fecha un Inspector de Obras Públicas en el municipio de Lajas, y habiendo la demandante desposeído materialmente al muni-cipio de Lajas, sin consentimiento de éste, de una faja de terreno, destinada a tránsito público, situada en la calle ‘Amistad,’ de La-jas, cercándola con una cerca de zinc podrido y antihigiénico, el. citado Irizarry, sin orden de ninguno de los demandados, sino cum-pliendo con reglas de urbanización procedió a destruir y destruyó dicha cerca, reponiendo la faja de terreno mencionada a su primi-tivo estado para tránsito público.”

Esta fué la contestación del alcalde y de la corporación municipal conjuntamente, y el alcalde, con arreglo al ar-tículo 29 de la ley municipal, tiene facultad para represen-tar a dicho municipio. Por consiguiente, la contestación, en tanto se refería al municipio, insistía en que la propie-dad era municipal y que el inspector de obras públicas es-tuvo justificado al destruir la cerca. Aunque podemos te-ner dudas de si esta contestación es una' ratificación sufi-ciente de los actos dañosos de los varios oficiales de la co-munidad para poder fijar una responsabilidad pecuniaria sobre la municipalidad, sin embargo creemos que es una latifieación suficiente para seguir el injunction contra el mu-nicipio, sus agentes y oficiales. De ningún otro modo po-día la demandante estar completamente segura de que los funcionarios del municipio no seguirían destruyendo su cerca. No creemos, sin embargo, que el municipio deba ser condenado en costas.

El tercer señalamiento, sin la debida especificación, se refiere a la prueba y en él se levantan varias cuestiones.

Encontramos que la propiedad, el patio en cuestión, fué identificado completamente.

El caso de García v. Rodríguez, 27 D. P. R. 305, citado por los apelantes, no tiene verdadera aplicación. Hubo una simple intrusión en ese caso, pero aquí los funcionarios del municipio penetraron en la propiedad alegando tener de-recho a ello, y la destruyeron. Por tanto, no importa que los actos no se repitieran. En verdad que hubiera sido difícil sin un injunction para la demandante restablecer su cerca bajo las amenazas directas o implícitas de los funcio-narios municipales. El caso de del Valle v. Rivera, 23 D. P. R. 632, fué anterior a la ley núm. 11 de 1917.

La sentencia debe ser modificada de modo que lea como sigue: Llamado el caso para vista la corte es de opinión que la ley y los hechos están a favor de la demandante; y en consecuencia dicta sentencia declarando con lugar la de-manda y ordenando que la demandante, María del Carmen Lugo, retenga la posesión del patio de la siguiente finca (describiéndose), y se requiere al demandado, Municipio de Lajas y su Alcalde, o cualquier otro agente o funcionario de dicho municipio, para que se abstengan en lo sucesivo, por sí o por medio de sus empleados, de cometer acto al-guno tendente a molestar o privar de la posesión en que se encuentra la demandante del patio de la finca descrita, ni perturbarla en modo alguno en la posesión material del mismo, y se condena al alcalde, José Tomey, al pago de las costas y honorarios de abogado, pero sin imposición de cos-tas contra el municipio demandado; y así modificada se confirma dicha sentencia.

Confirmada la sentencia apelada, modificán-dola.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Wolp,

text:
    Cruz et al., Demandantes y Apelados, v. Quiñones, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre filiación (memorándum de costas).
    No. 3049.
    Resuelto en noviembre 30, 1923.
    Honorarios de Abogado— Transcripción— Discreción Judicial— Memorándum de Costas.- — Cuando la transcripción en una apelación de la resolución al memorándum de costas no contiene las alegaciones ni la prueba, el Tribunal Supremo no puede resolver si la corte inferior abusó de su discreción a menos que la suma concedida fuese manifiestamente excesiva; y no parece serlo una sentencia de $600 para honorarios de abogado en un luchado pleito de filiación.
    Id. — Conocimiento Judicial de Récords de la Corte de Apelación.- — General-mente la Corte Suprema no tomará conocimiento judicial de una apelación anterior para suplir deficiencias en el récord de otra apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. P. Fajardo Martines.

    Abogado de los apelados: Sr. L. Torres Gran.

   El Juez Asociado Se. Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

Este fué un caso en el cual la Corte de Distrito de Ponce declaró que los demandantes eran los hijos naturales del demandado. La sentencia fué apelada y confirmada. Esta apelación se refiere a un memorándum de costas. Sostiene el apelante que la concesión de la suma de $600 para ho-iiorarios de abogado es excesiva, pero admite, por supuesto, que la concesión de honorarios de abogados es cosa que está dentro de la sana discreción de la corte.

En los autos sometidos a nuestra consideración no se han certificado a este tribunal ni las alegaciones, ni la prueba aducida al juicio. No tenemos, por tanto, datos su-ficientes para investigar sobre la cuestión de si la corté inferior abusó de su discreción. Hemos resuelto bajo estas condiciones, que a menos que resulte que la suma conce-dida fuese excesiva para cualquier caso de su clase, no es-tábamos en condiciones de poder revisar. Preston v. Vázquez, 31 D. P. R. 889; Lassalle v. Hill, 29 D. P. R. 503. Esta concesión de honorarios de abogado en una acción de filiación que fué muy luchada no parece ser excesiva.

La única cosa que'distingue este caso de los anteriores es que el apelante llama la atención a la primera apelación y nos pide que tomemos conocimiento judicial de los autos en ella. Por regla general la corte no tomará conocimiento de una apelación anterior para un fin afirmativo de un ape-lante. Aparicio Hnos. v. H. C. Christianson & Co., 25 D. P. R. 1. No vemos ninguna razón para hacer una excepción, especialmente toda vez que no consta que el apelante noti-ficara en alguna forma a los apelados de que él se propo-nía basar su derecho en los autos anteriores. Para que se vea lo necesario que puede llegar a ser tal notificación, y •suponiendo que ciertamente tomamos conocimiento judicial del récord anterior, sin embargo, tal récord podría no con-tener todos los elementos que la corte inferior tuvo ante sí para, juzgar sobre el trabajo del abogado de los apela-dos. En la apelación anterior los autos se limitaron a los errores alegados. No podríamos decir cuantas alegaciones, suprimidas había, o qué trabajo extra había tenido el abo-gado debido a las supuestas defensas o posibles demoras-Los apelados debieron, en todo caso, haber tenido una opor-tunidad de reproducir la situación como ocurrió en la corte inferior.

Debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Peesidente Se. del Tobo,

text:
    Porto Rico Distilling Company, Demandante y Apelante, v. Tesorero de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de A recibo, en pleito sobre devolución de contribuciones pagadas, bajo protesta.
    No. 3028.
    Resuelto en noviembre 30, 1923.
    Bentas Internas — Contribuciones sobre Alcoholes Desnaturalizados. — El alcohol "desnaturalizado para combustible," elaborado bajo la forma número-6 de los reglamentos aprobados por el Director de la Prohibición, no está sujeto al pago de la contribución impuesta por la sección 18, apartado 39r de la Ley Núm. 42 de 1923.
    Contribuciones — Libertad de un Artículo. — Cuando existe duda sobre si deter-minado artículo está sujeto al pago de contribuciones, la duda debe resol-verse en pro de la libertad del artículo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. A. Lens Cuena.

    Abogados del apelado: Eon. Attorney General y Sr.. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Peesidente Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, una corporación domiciliada en Arecibo. que se dedica a la fabricación y venta de alcohol desnatura-lizado, fue obligada a pagar y pagó bajo protesta la suma de $217.18 por 10,859 galones de alcohol de dicha clase, ela-horado bajo la forma No. 6 de lbs Reglamentos aprobados por el Director de la Prohibición, y luego entabló este pleito de acuerdo con la ley especial sobre la materia, para re-clamar la devolución de la expresada suma.

Sostiene la demandante que el alcohol de que se trata tanto por la ley federal como por la insular está exento del pago de todo impuesto. La demandada admitió que en efecto el alcohol ‘‘desnaturalizado para combustible” estaba exento, pero sostuvo que el alcohol en este caso conocido por “alcomotor,” fabricado y vendido como un sustituto de la gasolina, estaba sujeto al pago del impuesto de dos centavos por galón que la ley establece. Y la corte dió la razón a la parte demandada. En su opinión se expresó así:

“La demandante ‘Porto Rico Distilling Co.,’ fabricando alcohol bajo la fórmula No. 6, lo lanzó a la venta como combustible para motor ele automóviles bajo el nombre de ‘alcomotor,’ exclusivamente usado como motor, solo o en combinación con la gasolina, constitu-yendo así un artículo comercial, dicho ‘alcomotor,’ el cual como es-píritu destilado o alcohólico está sujeto, como artículo comercial, in-dependiente, al pago del arbitrio que exige la ley, considerándolo como un sustituto de la gasolina, sin que la circunstancia de que en algunos casos se haya usado en combinación con la gasolina, pueda hacer variar su carácter de sustituto, como pretende la parte au-tora, pues actúa como tal al sustituir la gasolina como motor com-pletándola en su acción de fuerza motriz.
“La exención del impuesto al alcohol desnaturalizado, lo fué, úni-camente para cuando se empleare como combustible, como artículo de arder; pero al presentar la demandante un producto nuevo al público bajo el nombre de ‘alcomotor,’ como combustible de motor, y sustituto de la gasolina, vendiéndose y utilizándose únicamente como motor, es claro evidente que tal uso de alcohol fabricado, se encuentra sujeto al impuesto que se determina en la sección 18 ap. 1 de la Ley de Arbitrios de 1919, y que se lija en la sección 18 inciso 39 de la Ley No. 42 de 1921.
“El testigo don Lorenzo Oliver, Vice-Presidente de la Corpora-ción demandante, en sus dos declaraciones prestadas en el juicio, admitió que la fórmula No. 6 sirve para fabricar alcohol para combustible de motor recibiendo el nombre de ‘alcomotor,’ no teniendo las demás fórmulas nombres específicos; e igualmente, declaró, ‘que el alcomotor necesita gasolina, pero que aún sin mezclarse, puede el alcomotor (fórmula No. 6) utilizarse como motor;’ también de-claró ‘baber anunciado el producto ‘alcomotor’ como combustible para motores, no recordando haberlo anunciado como sustituto.’
“El testigo Juan Colón, tiene un depósito de gasolina y ‘aleo-motor,’ como motores para automóviles, lo -que explota como su ne-gocio, y la patente que necesita y tiene para dicho negocio, la tiene sólo para la venta de ‘alcomotor.’
“Considero, por virtud de lo anteriormente expuesto, y por ra-zón del examen y apreciación de toda la prueba practicada en el pre-sente caso, que siendo verdaderamente, el alcohol fabricado por la demandante ‘Puerto Rico Distilling Co.,’ denominado, ‘alcomotor,’ imitación o sustituto de la gasolina; procede legalmente el cobro del impuesto de rentas internas que a razón de dos centavos por galón verificó el Tesorero de Puerto Rico, por el Agente de Rentas Internas, a la Corporación demandante el día 15 de septiembre de 1922, y cuyo pago hizo esta última bajo protesta; no habiendo lu-gar por tanto a la devolución de la cantidad pagada como arbi-trio por la demandante.”

La opinión de la corte de distrito no carece de funda-mento, pero nos parece que tratándose como se trata de la imposición de una contribución, la duda que existe debe re-solverse en favor de la libertad del artículo.

La sección 18, párrafo 39, de la Ley No. 42 de 1921, dis-pone que:

“Se impondrá, cobrará y pagará como impuesto de rentas in-ternas sobre toda gasolina, imitación o substituto de la misma que se fabrique, produzca, introduzca, o traiga a Puerto Rico, un' im-puesto a razón de dos centavos por galón.”

Si ése fuera el único precepto legal aplicable, la cues-tión sería clara en contra de la demandante porque la ver-dad es que dadas todas las. circunstancias que concurren bien puede considerarse el alcohol desnaturalizado prepa-rado bajo la fórmula número 6, como un sustituto de la ga-solina en relación con los automóviles, pero existen además las siguientes disposiciones a considerar:

Artículo 92 del Reglamento 61 de la Prohibición, página 71, que dice: “Alcohol desnaturalizado es alcohol etílico al cual se ha añadido alguna substancia que impida su uso para administración interna. Está libre de impuesto y se usa únicamente en las artes e industrias.” Y la sección 29 de la ley No. 55 de 1919, que dispone que “El Tesorero de Puerto Rico eximirá del pago del impuesto * * * los alcoholes destinados para combustible. '*

Si esos preceptos se interpretan además a la luz del pen-samiento del legislador que al destruir las industrias dedi-cadas a la fabricación del alcohol para beber, trató, para hacer el menor daño posible, de fomentar la fabricación y uso de los alcoholes desnaturalizados, como lo demuestra lo consignado en la sección 13 del título 3 de la Ley de Pro-hibición Nacional al ordenar al Comisionado respectivo, en-tre otras cosas, “promover el uso del alcohol en las espe-culaciones científicas y en el desarrollo de combustibles (development of fuels),” tendrá que concluirse aún con más fuerza todavía que la duda debe resolverse en favor del de-mandante.

Debe revocarse la sentencia recurrida y dictarse la que debió haber dictado la corte de distrito.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Al drey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Aldeet,

text:
    Martínez, Recurrente, v. El Registrador de Mayagüez, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Mayagüez denegando la inscripción de la venta de una finca rústica.
    No. 579.
    Resuelto en diciembre 5, 1923.
    Inscripción — Calificación de Títulos — Registradores; Facultades de los Mismos. — Presentada una escritura solicitando la inscripción de una de las varias fincas gananciales vendidas por el esposo por sí y como apoderado de la esposa, y no apareciendo que dicha escritura haya sido inscrita ante-riormente, sino relacionada en la inscripción de cierta finca, el registrador no está impedido al examinar la escritura de venta, de calificar la suficiencia del mandato, aunque éste aparezca haber sido relacionado en anteriores ins-cripciones de una finca. El impedimento de nueva calificación a que se refiere la resolución de este tribunal en el caso de Gerena v. TSl Registrador, 26 D. P. E. 87, es para documentos ya inscritos.
    Id. — Bienes Gananciales — Poder Expreso para Vender Bienes Gananciales.— Un poder en que la esposa faculta al marido para vender cualquiera clase de bienes, sin especificar los gananciales, no autoriza al apoderado para vender los bienes gananciales de la esposa.
    Id. — Id.—Id.—Haciéndose la venta de inmuebles gananciales bajo la vigencia del Código Civil Bevisado, el mandato expreso de la esposa es necesario aún cuando el matrimonio se hubiera contraído estando vigente el Código Civd Español.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El propio recurrente compareció por sí mismo.
    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Se. Aldeet,

emitip la opinión del tribunal.

Se solicitó del Registrador de la Propiedad de Maya-güez la inscripción de la venta que don Víctor P. Martínez, por sí y por su esposa, hizo en la escritura núm. 127 de 12 de julio de 1915 de una finca rústica reseñada con la letra B perteneciente a la sociedad conyugal de ambos, pero el registrador la negó por el siguiente motivo.

“Denegado este documento, con vista de un poder, por no tener dicho poder facultades suficientes para enajenar bienes ganancia-les, y tomada anotación preventiva por 120 días, a los efectos legales, al folio 122 vto. del tomo 15 de Las Marías, finca No. 673, anotación letra A, con el defecto subsanable de no acreditarse que la 'señora Milagros de los Ríos y Avila fuera la esposa del señor Martínez y González, al adquirir éste la finca, entendiéndose esta denegatoria en cuanto a la finca letra B de este documento, de que únicamente se lia solicitado inscripción.”

Contra esa negativa interpuso el vendedor, don Víctor P. Martínez, este recurso gubernativo con súplica de ■ que ordenemos la inscripción solicitada, fundándose en que es procedente porque en el mismo registro se han hecho otras insceripciones aceptando ese mandato como suficiente por lo que ahora está impedido el registrador de calificarlo de nuevo y de rechazarlo; y porque no tenía necesidad de nin-guna clase de poder de su esposa ni necesitaba de su con-sentimiento expreso o genérico para vender bienes ganan-ciales, toda vez que habiendo contraído su matrimonio con ■ella cuando regía el Código Civil español, que no exigía tal consentimiento, aunque el mandato y la venta se otorgaron después de regir el Código Civil Revisado que exige tal consentimiento, este precepto no puede perjudicar su dere-cho adquirido bajo el anterior código de vender como ma-rido los bienes de la sociedad conyugal, en virtud de lo dis-puesto en el artículo tercero del Código Civil Revisado y de la primera de sirs disposiciones transitorias:

La escritura número 127 que motiva este recurso fué otorgada en 12 de julio de 1915 y por ella el marido, por sí y como apoderado de su esposa, vendió varias fincas y créditos a Emiliano Bauschamp. No tiene nota alguna de haber sido inscrita sino de haber sido relacionada en la inscripción de cierta finca y la negativa de inscripción que motiva este recurso. En cuanto a la escritura de mandato, cuya fecha es de 19 de febrero, 1909, ■ otorgada por la esposa del recu-rrente a favor de su marido, tiene dos notas del Registra-dor de la Propiedad de Mayagüez de haberse hecho rela-ción de él en dos inscripciones de una finca radicada en el barrio Las Marías, sin que conste que las inscripciones a que se refieren esas notas de relación sean de algunas de las fincas que fueron vendidas por la escritura número. 127 de 12 de julio de 1915.

Por lo expuesto vemos que la escritura de venta número. 127 uo ha sido inscrita, y aunque el mandato ha sido rela-cionado o tenido en cuenta para hacer la inscripción de cierta finca del barrio de Las Marías, que no consta sea al-guna de las que.son objeto de la expresada escritura, no es esto obstáculo- para que el registrador pueda calificar nue-vamente ese mandato al solicitarse la inscripción de una de las fincas vendidas por la escritura número 127 porque el impedimento de nueva calificación a que se refiere la reso-lución de este tribunal en el caso de Gerena v. El Registrador, 26 D. P. R. 87, es para documentos ya inscritos pero no para éste en que el documento de venta no- fia sido ins-crito, por lo que el registrador no está impedido al exami-nar el documento para inscribirlo, de calificar la suficien-cia del mandato que tenía el marido al otorgar esa escri-tura.

Examinemos el otro motivo del recurso.

El poder en cuya virtud el esposo vende en nombre de su consorte contiene una cláusula que dice así:

“Segunda.- — Para que compren, vendan, .permuten o hipotequen cualquiera clase de bienes de la señora compareciente, ya sean mue-bles, inmuebles, derechos reales y créditos," otorgando los contra-tos por documentos privados o públicos como fuesen necesarios para la validez y firmeza de cada uno de dichos contratos.”

Hemos resuelto en varias ocasiones que un poder en que la e'sposa faculta al marido para vender cualquiera clase de bienes, sin especificar los gananciales, no autoriza al apo-derado para vender los bienes gananciales de la esposa, en cuyas decisiones encuentra apoyo la negativa del registra-dor en este caso. The Juncos Central Co. v. El Registrador de Caguas, 29 D. P. R. 89, y casos en él citados; y el hecho de que el matrimonio se contrajera durante la vigen-cia del Código Civil español no es obstáculo para la aplica-ción a este caso del artículo 1328 del Código Civil Revisado que exige el consentimiento expreso de la esposa para los con-tratos de venta de -bienes inmuebles, pues como se dijo en el caso Amadeo v. El Registrador, 3 D. P. R. 262, en que se trataba de una venta hecha por el marido después de regir el Código Civil Revisado, si bien con arreglo a la primera de las disposiciones transitorias del nuevo Código Civil las modificaciones introducidas por el mismo no tienen efecto retroactivo, este principio no tiene aplicación al caso toda 'Vez que no se trata de aplicar el precepto del artículo 1328 del nuevo código a ningún contrato de igual origen cele-brado con arreglo a las leyes anteriores, ni de perjudicar nin-gún derecho adquirido al amparo de la legislación civil anterior vigente en la Isla, sino de aplicar un precepto nuevo del código referente a un caso también nuevo que cae de lleno bajo su régimen por haberse celebrado con mucha pos-terioridad a la fecha en que empezó a regir el expresado código.

Por las razones expuestas la nota del registrador debe ser confirmada.

Confirmada la. nota recurrida. ,

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey, JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

text:
    Sanabria, Demandante y Apelado, v. Rosa et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2993.
    Resuelto en diciembre 6, 1923.
    Cuenta Corriente; su Liquidación — Demanda Suficiente — Alegaciones In-necesarias. — Para que sea suficiente una demanda en la cual se reclama del demandante el importe de mercaderías que le vendió y entregó en cuenta corriente el demandante, cuya cuenta liquidada arroja el saldo reclamado no es necesario alegar que éste fué reconocido y aceptado por el demandado, porque -la liquidación de una cuenta corriente depende de una simple ope-ración aritmética; y tampoco es insuficiente la demanda porque no detalle las diversas partidas que forman la cuenta. Jiménee v. Alf01100, 29 D. P. B. 322.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. A. Aponte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. F. González.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Simón Sosa apela de • una sentencia que lo condena a pagar a su demandante' la cantidad de $316.83.

La demanda alega que entre las partes existe una cuenta corriente por mercaderías vendidas y entregadas por el de-mandante al demandado, la que liquidada el día de la de-manda arroja a favor del demandante el saldo cuyo pago reclama, y que no le lia sido satisfecho por el demandado en todo ni en parte a pesar de haberlo requerido para ello.

Alega el apelante como único motivo de su recurso que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la ex-cepción previa que adujo contra la demanda, fundada en que no aduce hechos suficientes determinantes de causa de acción, porque reclamándose el saldo de una cuenta corriente liquidada ha debido alegarse que ese saldo ha sido recono-cido y aceptado por el demandado para que surja la obli-gación de pagar dicha cuenta como documento exigible o deuda liquidada.

Está equivacado el apelante. Tal alegación no es ne-cesaria para cobrar el saldo que arroje la liquidación de una cuenta, aunque será conveniente al demandante en el caso de que efectivamente su deudor haya estado conforme con la exactitud” del saldo resultante de la liquidación de la cuenta Corriente porque entonces no tendrá que probar las diversas partidas de dicha cuenta pues le bastará pro-bar que su demandado ha reconocido la certeza o exacti-tud del saldo de dicha cuenta para que sea procedente una sentencia Condenatoria. Una demanda, como la presente, en la que se alega que liquidada la cuenta arroja el saldo que reclama el demandante lo único que dice en este particular es que se han hecho las operaciones aritméticas necesarias con la dienta corriente para conocer el saldo que arroja, que es lo que significa liquidar una cuenta, operación que puede hacerse en cualquier tiempo. Por esto la demanda en este caso es suficiente porque si es cierto, como tenemos que dar por sentado ahora, que se estableció una Cuenta co-rriente entre las partes por mercaderías qne el demandante vendió y entregó al demandado, qne liquidada, o sea, he-días las operaciones aritméticas necesarias por el deman-dante, arroja a su favor el saldo qne reclama y qne no ha sido pagado en todo ni en parte, no puede caber duda de qne el demandante puede obtener sentencia a su favor por dicho saldo. Es cierto que en la demanda no se expresan las partidas que forman la cuenta corriente pero esto no era necesario según el artículo 124 del Código de Enjui-ciamiento Civil, el que impone al demandante la obligación de entregar copia de dicha cuenta al demandado si éste se la pide, sin cuyo requisito no podrá presentar prueba en apoyo de la misma. En el caso de Giménez v. Alfonso, 29 D. P. R. 322, la demanda era parecida a la presente y la declaramos suficiente, diciendo además que la doctrina en él establecida es la qne debe regular la cuestión en él plan-teada, qne fné la insuficiencia de la demanda por no alegar qne la liquidación de la cuenta se había practicado con in-tervención y conformidad del demandado y por no incluirse en ella las diversas partidas de la cuenta corriente.

En el caso de Pioner Fuel Co. v. Hager, de la Corte Suprema de Minnesota, 58 Northwestern Rep. 828, qne el ape-lante citó en apoyo de la- insuficiencia de la demanda no tiene aplicación al presente porque se fundó en que no se alegaba en la demanda qne las mercancías habían sido ven-didas por el demandante, alegación que se hace en la que estamos considerando.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf- firmó: “Conforme con la sentencia.”

OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

En este caso la demanda mostraba que el demandante había vendido y entregado mercaderías al demandado por las cuales el segundo debía un saldo de $316.83. Esto era una exposición de una causa de acción, quizás vagamente ex-presada. Los demandados hubieran tenido derecho a una cuenta detallada por las mercaderías vendidas y entregadas, solicitando las partidas. Ellos no tenían derecho a formu-lar excepciones previas.

En tanto la decisión de esta corte sostiene la suficiencia de la demanda, en cuanto a una Cuenta liquidada, creo que la opinión está equivocada. Es cierto que esta corte así lo resolvió en el caso de Giménez v. Alfonso, 29 D. P. R. 322, pero después de una consideración soy ele opinión que la verdadera doctrina quedó sentada en el caso de Rubio et al. v. Carrasco, 26 D. P. R. 255, y en cierto modo en el de Sucesores de Martínez v. Dávila, 18 D. P. R. 80. Una cuenta liquidada, según entiendo, requiere la conformidad de ambas partes. 1 R. C. L. 207. Unión Bank v. Knapp, 3 Pick (Mass.) 96; Chace v. Trafford, 116 Mass. 529.


author: El Juez Asociado Se. FeaNco Soto,

text:
    Rosa, Demandante y Apelante, v. Sucesión García, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 3029.
    Resuelto en diciembre 7, 1923.
    Herencia — Aceptación de la Herencia a Nombre de Menores — Beneficio de Inventario.- — Aún admitiendo que al renunciar la herencia la madre junta-mente con los hijos mayores la aceptó tácitamente para los menores, tal aceptación debería siempre entenderse a beneficio de inventario.
    Id.- — Id.—Repudiación de la Herencia. — No es posible concluir que constituye una aceptación tácita de la herencia que la sucesión del deudor había repu-diado por escritura pública, el hecho de que los herederos habían sido de-mandados por otro acreedor quien cobró su deuda mediante subasta pública de una finca de dicha sucesión, cuando lo cierto es que ésta no contestó Ja demanda ni compareció en el pleito; un acto así aislado sin demostrarse que los herederos estaban en posesión de los bienes relictos no es bastante para establecer la presunción que prescribe la ley.
    Id. — Prueba de la Aceptación de la Herencia. — Un demandante que alega en su demanda que los demandados eran los herederos del deudor, no puede oponerse a la admisión de la escritura en que tales herederos repudiaron la herencia bajo el fundamento de que no existía una declaratoria de herederos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. L. Mercader.

    Ahogado de la apelada: Sr. José B. Aponte.

   El Juez Asociado Se. FeaNco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Lucas Rosa Ruiz estableció demanda contra la sucesión de Juan García Reyes reclamando cierta suma de dinero, procedente de una obligación suscrita por el causante.

En la demanda se alega que Juan García Reyes falleció sin testar, dejando por sus únicos herederos a su viuda y cinco hijos, quienes aceptaron la herencia y que ni el cau-sante ni tampoco sus herederos han pagado el importe de la obligación reclamada.

La sucesión demandada hizo una negativa g’eneral de los hechos y además alegó que la herencia había sido repudiada y que los herederos no estaban en la obligación de satisfa-cer la deuda.

Se dictó sentencia por la corte inferior declarando sin lugar la demanda, y contra la misma se interpuso el pre-sente recurso.

Dos errores han sido asignados por el apelante, y ver-san sobre apreciación de las pruebas y la denegación de la corte para admitir prueba de refutación (rebuttal).

La única cuestión que se discute en la opinión en que funda su sentencia la corte inferior es la relativa a si los demandados aceptaron o nó la herencia. La conclusión fue negativa y la corte llegó a ese resultado después de pesar la prueba contradictoria presentada por una y otra parte.

El 2 de septiembre de 1922 la viuda y tres de los hijos ■mayores de edad otorgaron escritura renunciando la heren-cia de su causante Gerónimo García Buiz. La demanda de este caso fue archivada el 7 de septiembre de 1922.

El esfuerzo del apelante tiende a quitarle todo valor a ese documento, sosteniendo: 1°., que no ha sido otorgado por todos los componentes de la sucesión, y 2°., presentando ciertos actos aislados de los herederos Como indicativos o equivalentes de una aceptación.

La ley nos dice los casos en que una vez hechas, tanto la aceptación como la repudiación de una herencia, pueden ser impugnadas. Esto sólo puede hacerse cuando adolecieren de algunos de los vicios que anulen el consentimiento, o apareciere un testamento desconocido. Art. 963 del Código Civil. Y en la prueba del demandante nada existe en rela-ción con esta previsión de la ley.

La repudiación que hicieron los tres hijos mayores en nada afecta la situación legal de los dos hijos menores de edad. Partiendo aún del erróneo concepto que sostiene el apelante que el acto de repudiación de los mayores de edad pudiera • traducirse en una renuncia a favor de dichos me-nores de edad, la herencia en cuanto a estos últimos tenía que entenderse siempre aceptada a beneficio de inventario. Es cierto que tanto el Código Civil español como el nues-tro revisado, no dicen que los padres al aceptar la herencia de sus menores hijos, se entienda aceptada a beneficio de inventario, pero Scaevola, al comentar el artículo 996, equi-valente al 959 de nuestro código, dice que del mismo modo que se ha dicho respecto del tutor y de los pobres y del sordomudo, que la herencia se entiende aceptada por su re-presentante legal a beneficio de inventario, debe decirse del padre; y a este respecto añade:

“Es también principio de derecho que la ley dictada para un caso debe aplicarse a todos los demás que tiendan a la misma uti-lidad. Este principio está recibido en las leyes y en la jurispru-dencia, del Tribunal Supremo. Ubi eadem est ratio eadern clebet esse dispositio juris. Ahora bien: ¿se dirá que hay violencia en considerar semejantes el caso del padre y el del tutor? Fuera del vínculo que los une con el menor, ¿qué diferencia hay en la situa-ción que les produce la herencia cedida? Uno y otro obran por representación; en uno y otro caso se trata de no perjudicar al menor, sino de ejercitar sus derechos de la manera más provechosa. Pues si por la utilidad del menor se halla dispuesto en el art. 992 que la herencia aceptada por el tutor queda sujeta al beneficio de inventario, ¿por qué no establecer lo mismo respecto del padre, en cuyo caso se tiende a la misma utilidad en favor del heredero?
“Entendemos, por consiguiente, que el padre podrá aceptar por sí la herencia dé jada a los hijos menores constituidos en su po-testad, pero siempre a beneficio de inventario; y que, por lo mismo, no podrá nunca renunciarla, porque a esto equivale la imposición de dicho beneficio.” Scsevola, Comentarios al Código Civil, tomo 17, pág. 406.

El apelante insiste, sin embargo, en negar la repudia-ción, aleg*ando que los demandados habían previamente aceptado la herencia. La evidencia en ningún extremo con-firma esta afirmación del apelante. El artículo 966 define los c'asos en los que se entiende aceptada la herencia. Nin-gún acto comprendido en dicha disposición legal ha sido realizado por los demandados, ni tampoco se ha probado en forma suficiente y robusta ningún acto ejercitado por dichos demandados como herederos del causante y que su-pone necesariamente la voluntad de aceptar, lo que equi-valdría a una aceptación tácita conforme el artículo 964 del Código Civil. En este sentido el apelante alega el hecho de que la sucesión había sido demandada por otro acreedor, quien cobró su deuda mediante subasta de una finca de los demandados y que esto supone un acto de tácita aceptación. Aparte de que los demandados no contestaron la, demanda ni intervinieron en ninguna de las actuaciones del pleito, un acto así aislado sin demostrar que ellos estaban en pose-sión de los bienes de su causante, no es bastante para esta-blecer la presunción que prescribe la ley. El apelante, no obstante, sostiene además que los demandados, después del fallecimiento del cansante, le pagaron al demandante parte de la deuda y este hecho no solamente intenta presentarlo como otro acto de aceptación tácita sino que sirvió de base para pedir el demandante una enmienda a la demanda para que se dedujera la parte cobrada de la misma reclamada en la demanda, y así conformar dicha demanda con la prueba. Pero la corte inferior en este punto no creyó suficiente la declaración del testigo Enrique Rosa, hijo del demandante, y si algo pudiera desprenderse de los hechos en tal sentido, es que el demandante tomó posesión de bienes del causante para abonarlos a la obligación, sin que para ello intervinie-ran en la entrega los demandados y se determinara en al-guna forma el valor de los mismos.

Tampoco tiene importancia la objeción del demandante a la admisión de la escritura de repudiación alegando no haber sido, declarados previamente herederos los demanda-dos del causante, toda vez que, admitiendo solamente a los efectos de la argumentación, que la declaración previa fuera necesaria, en este caso el demandante en su demanda alega la condición de los demandados como tales herederos del ■causante.

En todo caso, como según los principios que quedan es-tablecidos, no puede darse por sentado que a nombre de los menores se entienda aceptada por sus representantes lega-les la herencia pura y simplemente, la acción del deman-dante, queda limitada para hacerse efectiva solamente sobre los bienes del causante y en este sentido y teniendo en cuenta además que según el artículo 948 del Código Civil en las sucesiones legítimas la parte del que repudia la he-rencia acrecerá siempre a los coherederos, el demandante puede continuar su acción contra dichos menores, por lo que la sentencia de la corte inferior debe confirmarse en Cuanto a la viuda y los tres hijos mayores y revocarse en lo que respecta a los menores y devuelto el caso para ulte-i’iores procedimientos no incompatibles con esta opinión y sin especial condenación de costas.

Confirmada en parte y en parte revocada la sentencia apelada, sin costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Cividanes, Peticionario, v. Corte de Distrito de Guayama, Demandada.
    .Solicitud para que se expida un auto de certiorari dirigido a la Corte de Distrito de Guayama, Hon. Gabriel Cas-tejón, Juez. Moción de reconsideración.
    No. 431.
    Resuelto en diciembre 11, 1923.
    'Traslado de Causa — Corte Insular — Corte de Distrito de los Estados Uni-dos — Jurisdicción.—Cuando una moción de traslado para la Corte de Dis-trito de los Estados Unidos se presenta a una corte insular, la segunda está obligada a resolver la cuestión de jurisdicción por sí misma, pero después de tal decisión, cuando se demuestra a satisfacción de la corte insular que una petición de traslado está pendiente ante la expresada Corte de Distrito de los Estados Unidos, la corte insular debe suspender los procedimientos basta que la Corte de Distrito de los Estados Unidos baya tenido la opor-tunidad de actuar.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. L. Bfomoz Morales.

    La parte demandada no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Estamos en completo acuerdo con el peticionario y la ■corte inferior en que una sociedad civil es una entidad en Puerto Rico; El Pueblo v. Rivera Zayas, 29 D. P. R. 454. Muy diferente a ese caso, en éste la Corte de Distrito de -Guayama declaró sin lugar la moción de traslado. Tal re-solución sostenemos que fué dictada debidamente, pero des-pués se demostró que estaba pendiente una solicitud, ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Bico, y asimismo resolvemos que la corte de distrito, a vir-tud de una petición, hizo bien en suspender los ulteriores procedimientos basta nueva orden. Tal vez la corte no de-bió haber usado las palabras “sine die,” pues entendemos que son superfluas.

La corte no declinó su jurisdicción como cree, según pa-rece, el peticionario en este recurso. Ella suspendió los pro-cedimientos hasta que fuera resuelta la cuestión principal por la Corte de Distrito de los Estados Unidos. Según su-gerimos en el caso de El Pueblo v. Rivera Zayas, supra, mediante una cita del caso de Chesapeake & Ohio Ry. Co. v. McCabe 213 U. S. 219 y otros, si la Corte de Distrito de los Estados Unidos decide que tiene jurisdicción, la Corte local debe suspender los procedimientos. Sin embargo, hasta que la Corte de los Estados Unidos actúe, la corte insular está obligada a resolver la cuestión de jurisdicción. Así lo hizo la Corte de Distrito de Guayama.

Una vez resuelta la' cuestión de jurisdicción, la cortesía, sin embargo, también exige que la corte local que sabe que ha sido invocada la jurisdicción de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, debe suspenderlos procedimientos hasta que la de los Estados- Unidos haya tenido una oportunidad de actuar. Chesapeake & Ohio Ry. Co. v. McCabe, 213 U. S. 219, supra; El Pueblo v. Rivera Zayas, supra, 427. Esta no es solamente ana cuestión de cortesía sino de justicia en el caso de que los Estados Unidos resuelvan que tienen ju-risdicción. De otro modo las partes podrían quedar sujetas a varios procedimientos.

La moción de reconsideración debe ser denegada.

No ha lugar.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Aparicio et al., Demandantes y Apelantes, v. Bouillerce, Etc., Demandado y Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un procedimiento de injunction. Memorándum de costas.
    No. 3089.
    Resuelto en diciembre 11, 1923.
    Memorándum de Costas — Honorarios de Abogado — Cuantía de los Honora-rios. — Para resolver que es excesiva la suma de $300 concedida al apelado en un memorándum de costas proveniente de un procedimiento de injunction, no es suficiente el mero hecho de que el mismo abogado hubiera represen-tado también al apelado en otro procedimiento de injunction análogo con motivo del cual obtuvo $300 para honorarios de abogado; cada caso ha de apreciarse por lo que de él aparezca.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. R. Muñoz Ramos.

    Abogado del apelado: Sr. D. Sepulveda.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El único motivo que alegan los apelantes en apoyo de su recurso contra la resolución de la corte inferior que aprobó un memorándum de costas con una partida de $300 por honorarios de abogado es que esa cantidad es excesiva, porque habiendo sido presentada contra el mismo apelado, al mismo tiempo, otra demanda de injunction de la misma naturaleza por otros demandantes y habiendo sido defen-dido por el mismo abogado, el estudio hecho para el otro caso ha debido servirle para el presente por lo que habién-dosele concedido en el otro procedimiento $300 por hono-rarios de abogado será suficiente en el presente la canti-dad de $75 por ese concepto.

El hecho en que se funda .el apelante no es suficiente para declarar que es excesiva la cantidad fijada por la corte inferior como honorarios de abogado del apelado aunque dichas demandas sean de igual naturaleza, pues cada caso ha de apreciarse por lo que de él aparezca, aparte de que pueden haber ocurrido actuaciones en este caso que no tu-vieran lugar en el otro, como parece haber sucedido, pues en el otro injunction no linbo juicio porque antes de que tu-viera lugar desistieron los demandantes del procedimiento.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Wolp,

text:
    González, Demandante y Apelante, v. Magín et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre nulidad de partición, etc.
    No. 3052.
    Resuelto en diciembre 13, 1923.
    Desestimación de Apelación por Palta de Sentencia. — Cuando en los autos propios no existe sentencia, la apelación debe desestimarse.
    Apelación — Anotación de Rebeldía — Sentencia en Rebeldía. — Aunque en una exposición del caso conste la anotación en rebeldía por el secretario, no cabe una apelación de tal anotación sin sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. C. Domínguez Rubio.

    Abogados de los apelados: Sres. Tous Soto & Pérez Marchánd.

   El Juez Asociado Sr. Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación debe ser desestimada. La Corte de Dis-trito de Guayama ordenó la apertura de la rebeldía de los demandados. De los autos propios (record proper) no aparece el registro de ninguna sentencia. Técnicamente sin existir tal sentencia en los autos la" transcripción ante nuestra consideración es de toda suerte incompleta lo que justifica una desestimación. Artículos 300 y 303 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Es cierto que en la exposición del caso parece existir una anotación de rebeldía registrada por el secretario, pero no hay ninguna sentencia.

La moción para abrir la rebeldía y los procedimientos relativos a ella no demuestran nada sino la anotación de nna rebeldía por parte del secretario. No' consta ninguna anotación de sentencia ni siquiera en lá exposición del caso y no- parece qne baya existido ninguna. El Código de En-juiciamiento Civil no autoriza una apelación contra una mera anotación de rebeldía.

Debe desestimarse la apelación.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados - Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez PkesideNte Se. del T-oeo,

text:
    Vega, Demandante y Apelado, v. Sucesión Vega, Demandados Y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en pleito sobre filiación y reclamación de bienes.
    No. 3083.
    Resuelto en diciembre 14, 1923.
    Filiación — Posesión de Estado Civil — Demanda Suficiente. — La posesión de estado a que se refiere el Código Civil, consiste en el concepto público en que fué tenido el hijo en relación a su padre natural, cuando este concepto se forma por actos directos del mismo padre o de su familia, demostrativos de un verdadero reconocimiento perfectamente voluntario, libre y espontáneo, puesto que el referido cuerpo legal no autoriza la pesquisa de la paternidad ni impone consiguientemente tal reconocimiento contra la voluntad del padre, sin que aparte de eso, sea preciso se haga tan ostentosamente como si fuera un hijo legítimo, habida cuenta de las ideas y consideraciones que puedan existir en las relaciones sociales; quedando por lo tanto la misión. de los tribunales, dentro de esta doctrina, reducida a apreciar en cada caso la índole, trascendencia y alcance de los actos de reconocimiento atribuidos al padre natural o a su familia. 95 J. O. 1021. Montalvo v. Montalvo et al., 25 D. P. R. 858-859. Examinadas a la luz de esa doctrina la demanda y las pruebas en este caso, se concluyó que la una y las otras eran suficientes y por tanto que procedía la confirmación de la sentencia recurrida.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. G. Domínguez Rtibio.

    Abogado de la apelada: .Sr. A. Porrata Doria.

   El Juez PkesideNte Se. del T-oeo,

emitió la opinión del tribunal.

María Magdalena Vega entabló una demanda en la corte de distrito competente sobre filiación y reclamación de he-rencia. La demanda fué excepcionada y la excepción de-clarada sin lugar. Celebrado el juicio, la corte por el re-sultado de las alegaciones y las pruebas, falló el pleito a favor de la demandante y los demandados interpusieron el presente recurso de apelación en el cual señalan dos errores cometidos a su juicio por la corte 1, al desestimar la ex-cepción previa, y 2, al dictar sentencia.

Argumentando el primer error sostiene la parte ape-lante que la demanda no alega becbos que demuestren que la demandante hubiera gozado de la posesión continua del estado de hija natural del padre de los demandados.

En la demanda se alega, en resumen, que la demandante es hija de Laó Vega y del causante de los demandados, Ve-nancio Vega, quienes sostuvieron relaciones amorosas-y como consecuencia de ellas nació la demandante el 25 de julio de 1899; que Venancio Vega visitaba la casa de Laó diaria y públicamente y sostenía sus gastos; que desde el naci-miento de la demandante, su padre la tuvo bajo su amparo, la sostuvo, la llamó hija suya en público y en presencia de sus amigos, realizando con ella actos de padre para con su hija no interrumpidos durante toda su vida que terminó con su muerte el 16 de abril de 1922, y que durante la con-cepción y alumbramiento de la demandante, sus padres eran solteros y estaban en condiciones de contraer matrimonio.

Siendo ello así, aunque en realidad la demanda pudo ser más específica, no cabe concluir que dejara de alegar he-chos suficientes tendentes a establecer el estado de hija natural reconocida.

El otro error se refiere a la prueba. A nuestro juicio la prueba es enteramente suficiente. Demuestra las rela-ciones de los padres de la demandante continuadas por largos añes y el nacimiento ele la demandante cuando sus padres pudieron haberse casado. Existen otros hijos que no pudieron asociarse a la demandante porque nacieron des-pués que el padre contrajo legítimo matrimonio con otra mujer. Pone de manifiesto la evidencia no sólo que el padre sostuvo y atendió a la hija, y públicamente la llamó tal, sino que cuando llegó el momento de la hija casarse inter-vino en la boda. A este respecto el testigo Enrique Santiago dijo: “Sabe que la tenía a ella como hija. Llegué a esa conclusión porque en las bodas de María Magdalena yo fui testigo llamado por Venancio Vega, para serlo de la hija que se iba a casar y así le serví. Siempre oí que la llamaba hija.” T revela la prueba que cuando su última enfermedad, el padre, llamó a su lado a su hija y ésta lo asistió por espacio de veinte y dos días hasta que murió. Tales hechos demuestran la posesión continua del estado de hija natural que, de acuerdo con la ley aplicable, permitía a la demandante reclamar su reconocimiento ante los tribunales de justicia.

La jurisprudencia de esta corte es abundante sobre la materia. Bastará citar el caso de Montalvo v. Montalvo et al., 25 D. P. R. 858, en donde esta corte adoptó y aplicó la siguiente doctrina establecida por el Tribunal Supremo de España en su sentencia de 26 de jimio de 1903.

“La posesión de estado a que se refiere el Código Civil, con-siste en el concepto público en que fué tenido el hijo en relación a su padre natural, cuando este concepto se forma por 'actos directos del mismo padre o de su familia, demostrativos de un verdadero reconocimiento perfectamente voluntario, libre y espontáneo, puesto que el referido cuerpo legal no autoriza la pesquisa de la pater-nidad ni impone consiguientemente tal reconocimiento contra la vo-luntad del padre, sin que aparte de éso, sea preciso se haga tan ostentosamente como si fuera un hijo legítimo, habida cuenta de las ideas y consideraciones que puedan existir en las relaciones sociales; quedando por lo tanto la misión de los tribunales, dentro de esta doctrina, reducida a apreciar en cada caso la índole, tras-ceiidencia y alcance de los actos de reconocimiento atribuidos al padre natural o a su familia.” Montalvo v. Montalvo et al., 25 D. P. R. 858-859.

Insisten los apelantes en lo dicho por esta corte en el caso de Morales v. Sucesión Cerame, 30 D. P. R. 843, para sostener que la prueba no es aquí suficiente. En Morales v. Sucesión Cerame, supra, se resolvió que “La mera prueba de la paternidad aun cuando vaya acompañada de actos de Caricias y afectos, regalos, o admisiones de la pa-ternidad, no será bastante para, conferir un derecho de ac-ción al reconocimiento. La intención del padre de recono-cer al hijo debe aparecer, y la prueba de filiación debe ser clara y convincente.”

La prueba en este caso llena las exigencias del de Su-cesión Morales. Es clara y convincente. ¿Puede existir un acto más demostrativo de la intención del padre que el que revelan las palabras del testigo Santiago que dejamos trans-critas ?

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados ’Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Presidente Se. del Tobo,

text:
    Lizardi, Demandante y Apelado, v. Marrero, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2821.
    Resuelto en diciembre 14, 1923.
    Cuenta Corriente — Causa de Acción — Demanda Suficiente. — Cuando se de-manda judicialmente el cobro de una euenta corriente no es necesario de-tallar en la demanda las diversas partidas que forman el total reclamado, ni tampoco que el saldo de la cuenta había sido aceptado por el demandado. Jiméneg v. Alfonso, 29 D. P. R. 322.
    Id. — Alegaciones—Prueba.—No habiéndose demostrado parcialidad, pasión, pre-juicio o error manifiesto en la apreciación de la prueba y siendo la demanda suficiente, pues si bien en ella se omitió expresar el año en que vencía la obligación, del contexto general de la misma se deduce que dicho año fué el 1921, debe confirmarse la sentencia recurrida.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. B. Arce.

    Abogados del apelado: Sres. G. Travecier y A. L. Lopes.

   El Juez Presidente Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El 7 de junio de 1921 se radicó en la Corte de Distrito-de Humacao la demanda en este pleito. Copiada, en lo per-tinente, dice así:

“II. — Que el demandante en distintas fechas del año mil nove-cientos veinte, entregó al demandado en diversas partidas de dinero para refaccionar una plantación de tabaco, ascendentes las sumas prestadas a üChocientos veinte y guateo dólabes cin-Cuenta Centavos, cuya cantidad por convenio de ambas partes de-vengaba el uno por ciento de interés desde el treinta y uno de mayo, feclia en que debía ser satisfecha la deuda hasta que ésta fuese totalmente solventada.
“III. — Que con igual fin en treinta y uno de mayo de mil no-vecientos veinte el demandante entregó al demandado la suma de-TRESCIENTOS DÓLARES la cual fué consignada en un pagaré otorgado firmado y entregado por el demandado al demandante y el cual venció en treinta y uno de diciembre de mil novecientos veinte y que copiado literalmente es como sigue: (Se transcribe el pa-garé).
“IY. — Que ambas deudas forman un total de mil ciento veinte y cuatro dólares cincuenta centavos más sus intereses los cuales no han sido pagados ni en todo ni en parte no obstante haber sido requerido de pago el demandado varias veces.”

El demandado alegó que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. La excep-ción fué declarada sin lugar.

Solicitó entonces el demandado que se produjera por el demandante una cuenta corriente y así lo hizo el deman-dante.

Contestó el demandado negando el hecho segundo de la demanda y alegando a su vez que era un agricultor de ta-baco y que el demandante .se comprometió a refaccionarlo a. razón de ciento cincuenta dólares por cada cuerda de siembra y con arreglo a determinadas otras condiciones que el demandante no cumplió llegando sólo a suplirle $138 en metálico y $246.70 en efectos, o sea un total de $384.70. Aceptó la existencia del pagaré a que se refiere el hecho tercero de la demanda y estableció una contrademanda re-clamando al demandante dos mil dólares por los daños y perjuicios que le causara a virtud del incumplimiento del contrato de refacción.

Fué el pleito a juicio. Se practicó una larga prueba y la corte finalmente dictó sentencia declarando la demanda con lugar y sin lugar la contrademanda. El demandado en-tonces interpuso el presente recurso de apelación señalando en su alegato cuatro errores cometidos a su juicio por la corte, 1, al desestimar la excepción previa; 2, al considerar exigible una obligación que no lo era; 3, al estimar sufi-ciente la prueba del demandante, 'y 4, al no apreciar debi-damente las defensas del demandado.

Discutiendo el primer error, sostiene el apelante que la demanda:

“(®) No expresa los días y meses del año 1920 en que el de-mandante supliera al demandado las diversas partidas de dinero, montantes a $824.50, que se relacionan por la alegación II; (6) N.i que el demandado tuviera reconocido y aceptado tal saldo; (c) Ni la fecha definida en que el supuesto deudor se hubiera obligado a devolver tal cantidad, puesto que simplemente se cita el día 81 de mayo, sin indicación de año alguno.”

No era necesario detallar en la demanda las diversas partidas de la cuenta, quedando obligado el demandante a entregar a la parte contraria, de acuerdo con lo establecido en el art. 124 del Código de Enjuiciamiento Civil, una copia de la cuenta. T eso fué lo que se hizo en el presente caso.

Tampoco era necesario alegar, dados los términos en que se estableció la demanda, que el saldo de la cuenta había sido aceptado por el demandado. Jiménez v. Alfonzo, 29 D. P. R. 322.

Realmente en el lieclio segundo de la demanda no se ex-presa el año en que vencía la obligación. Aparece el día y el mes. A nuestro juicio el contexto general de la alegación y de la fecha en que fué archivada, puede deducirse que el año era el 1921. Siendo ello así no creemos que la omisión pueda considerarse como error fundamental y por tanto que la corte de distrito no desestimó impropiamente la excep-ción.

Los otros errores señalados guardan relación con la prueba que fué apreciada por el tribunal sentenciador así:

“Por el resultado de la prueba practicada, la corte estima que el demandante ha probado tod’as las alegaciones de su demanda, excepto en cuanto se refiere a la obligación de pagar el demandado intereses del í% desde el 31 de mayo de 1921, por la cantidad de $824.50 por materiales y diner'o entregados; y que el demandado no ha justificado a satisfacción de la corte, que sólo está en deber al demandante la cantidad de $684.70, ni las demás alegaciones de su contestación y contrademanda en que reclama daños y perjui-cios por incumplimiento de contrato.”

Hemos leído cuidadosamente la prueba practicada. Es contradictoria en extremos esenciales. De haberle dado crédito a sus testigos, la corte debió haber fallado el pleito a favor del demandado. Pero la corte ño les dió crédito, creyendo por el contrario los testigos del demandante y aun-que hemos tenido algunas dudas al examinar por nosotros mismos la evidencia, no son dichas dudas en tal grado que nos permitan afirmar que el juez sentenciador errara de modo manifiesto.

Procede la Confirmación de la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, 'Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolu-ción de este caso.