author: El Juez Asociado. Su. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. París, Acusado y Apelante.
    Apel-aciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por luirto de menor cuantía.
    No. 1128.
    Resuelto en abril 10, 1917.

    ’.Sobreseimiento del Proceso — Aplazamiento por mús de Ciento Yeinte Días-Presunción. — Solicitado por im acusado el sobreseimiento del proceso por-que el juicio fue suspendido por la corte sin justa cansa por más de ciento veinte días, a contar desde la presentación de la acusación, debe exponer las razones que hubieron para el aplazamiento o que se hizo sin haber ra;ón alguna para ello, pues la presunción es, mientras no se demuestre lo con-trario, que hubo justa causa para ordenarlo.
    Hurto de Major Cuantía — Uso de la Palabra "Sustraer” — Objeciones a la Acusación.— Cuando en una acusación por delito de hurto de mayor cuan-tía se usa la palabra "sustraer,” ésta equivale de modo suficiente a una o más de las palabras inglesas “talcing,” “carrying,” “leading” o “driving away,” no pudiendo hacerse propiamente ninguna objeción a su uso.
    Acusación — Especificación de Particulares — '-Lugar de la Comisión del De-lito. — A menos que se solicite mayor especificación de particulares (bill of particulars), una acusación es generalmente suficiente en lo que respecta al lugar o sitio de la comisión del delito, si se prueba que dicho lugar está dentro del distrito de la corte.
    Desestimación de Acusación — Defecto en el Juramento de los Testigos.— De existí]- algún defecto en el juramento de los testigos de la acusación, debe alegarse, conforme a los artículos 144 y 152 del Código de Enjuicia-miento Criminal, antes del juicio. Ha de ser antes de darse lectura a la acusación {arraignment), a menos que la corte conceda un permiso especial para ello.

      'Id. — Excepciones Perentorias — Alegaciones—Tiempo Oportuno para Formu-larlas. — La moción para desestimar una acusación debe preceder a la excep-ción perentoria. Al formularse esta última, que debe serlo el día en que se lea la acusación o en cualquier otro momento fijado por la corte, o al hacerse una alegación, se renuncia a toda moción para desestimar. Al for-mularse una alegación, que deberá hacerse antes del día del juicio, se renun-cia a la excepción perentoria. Una corte está, por tanto, justificada al ne-garse a considerar una excepción si se presentare por primera vez en el día del juicio. La Corte Suprema estará dispuesta a hacer caso omiso de una ■excepción de tal modo presentada, a menos que sea de naturaleza privile-giada, como la de falta de jurisdicción o la de dejarse de imputar un delito público.
    Abogado do la apelante: Sr. Eduardo López Tizol.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

         En 20 ele abril de 1917 fué denegada una moción de reconsideración de la sentencia.

   Dos hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado. Su. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante fue acusada por un delito de lmrto de mayor-cuantía y declarada culpable de hurto de menor cuantía. El día del juicio y antes de que fuera llamado el jurado, presentó dicha apelante una moción a la corte solicitando el sobresei-miento del proceso, alegando en efecto, que el juicio había sido suspendido sin justa causa por más de 120 días a con-tar desde la presentación de la acusación. Pero la apelante nada dijo acerca de las razones que hubo para hacer los an-teriores aplazamientos, o ni siquiera que se hicieron sin ha-ber razón para ello. Como se admite que las anteriores sus-pensiones fueron hechas por la corte, la presunción que surge, a menos que se demuestre lo contrario, es que hubo justa causa para ordenarlas.

Inmediatamente de declarada sin lugar esta moción la acusada formuló una excepción perentoria. Los fundamen-tos de ésta excepción perentoria en realidad fueron objecio-nes de naturaleza formal y no de los méritos- de la acusación, siendo por lo demás insostenible. Con respecto al primero de dichos fundamentos, simplemente diremos que la palabra “sustraer” usada en la acusación, equivale de modo sufi-ciente a una o más de las palabras inglesas “taking,” “carrying,” “leading” o “driving away,” no pudiendo hacerse-propiamente ninguna objeción a su uso.

Recientemente hemos dicho en el caso de El Pueblo v. Oi-rán, (pág. 36) que una acusación es generalmente suficiente en lo que respecta al lugar o sitio de la comisión del delito, si se prueba que dicho lugar está dentro del distrito. Por tanto, era innecesario a falta de una moción interesando mayor especificación de los particulares de la acusación (bill of particulars) dar más detalles de la residencia del denun-ciante que decir que la casa en que el supuesto hurto tuvo lugar se encontraba en Santurce. En la descripción que se--hacía de la casa en la acusación se decía que en ella vivía el denunciante, dato que ayudaba más a su identificación si es que la acusada necesitaba más detalles. La descripción de la sortija que se alega fné robada era asimismo suficiente' a falta de la debida solicitud interesando más detalles.

También liemos resuelto en el caso de El Pueblo v. Girón, supra, que de existir algún defecto en el juramento de los tes-tigos de la acusación, deberá alegarse antes del juicio. Ha de ser antes de darse lectura a la acusación (arraignment), a menos que la corte baya concedido un permiso especial, como luego veremos. Los demás fundamentos no merecen consi-deración, especialmente de acuerdo con el criterio general que tenemos de las objeciones que no son de naturaleza privile-giada, como la falta de jurisdicción/dejar de imputarse un de-lito público, y quizás una o dos más.

El apelante sin baber solicitado'y obtenido primero per-miso de la corte, formuló estas objeciones en el día del juicio. Con la posible excepción de la falta'de un juicio rápido, to-das estas objeciones se bacen demasiado tarde. Tanto en los casos civiles como en los criminales bay un día señalado para bacer las alegaciones y en los casos criminales, según los artículos 144 y 152 este día es aquél en que se da lectura a la acusación.

Un número de acusados ha creído, con la tolerancia al pa-recer de algunas cortes, que el acusado puede formular cual-quier excepción perentoria (demurrer) u objeción a una acu-sación en el día del juicio. No existe autoridad alguna que sostenga este parecer. El artículo 145 expresa los casos en que será desestimada una acusación, pero dice el 146' que si el acusado no pidiere que la acusación sea desestimada, no podrá luego interponer las objeciones mencionadas en dicho artículo 145. Según los precedentes. y el lugar que ocupa en el mismo código, la moción para desestimar la acusación debe preceder a la excepción perentoria. Al formularse una excepción previa (demurrer) o alegación, lo mismo en casos civiles que criminales, se renuncia a todas las mociones para desestimar la acusación, o la demanda, a no ser que la corte en el ejercicio de su discreción permita que el caso vuelva a abrirse con tal fin.

Los artículos 144 y 152 del Código de Enjuiciamiento Criminal prescriben lo siguiente:

“Artículo 144. — Si al leer el acta de acusación, lo solicitare el reo, deberá concedérsele un término razonable, por lo menos un día, para contestar la acusación. En su contestación puede pedir que se desestime la acusación, interponer excepción perentoria, negar la acusación o confesarse culpable.
“Artículo 152. — Tanto la excepción perentoria, como la confe-sión o negación deberá hacerse en sala de justicia, bien al leerse el acta de acusación, o en cualquier otro tiempo que para ello le fuere concedido al acusado.”

La excepción perentoria deberá, pires, formularse el día «11 que se lea la acusación, o en cualquier otra fecha que para ello conceda la corte. Puede surgir la cuestión de si en este caso la corte no permitió que fuera presentada la excepción perentoria en el día del juicio. Pero no se hizo ninguna mo-ción solicitando permiso y podría interpretarse razonable-mente la acción de la corte en el sentido de haber desestimado la excepción perentoria porque fue presentada demasiado tarde. Al formularse la alegación se renuncia a la excepción perentoria. People v. Josephs, 7 Cal. 129; People v. Apple, id. 290; People v. Shotwell, 27 Cal. 394; Territory of Montana v. Duncan, 5 Mont. 478. Todas las alegaciones deberán presentarse antes del día del juicio y la corte está justificada en negarse a considerar una excepción perentoria como tal si se presenta por primera vez en el día del juicio. Creemos que las mismas cortes inferiores se ahorrarán mucho tiempo, así como a los testigos y jurados, si en los casos en que las exi-gencias de la justicia no requieran que se adopte otro sis-tema insisten en que se cumpla estrictamente con esta regía. No es justo que los jurados y testigos tengan que estar espe-rando el día en que se les cita mientras las partes discuten cuestiones de derecho que han debido ser resueltas anterior-mente. Tampoco es justo para los fiscales que se les presen-ten súbitamente las cuestiones: en el día del juicio. Ni que tenga la corte que considerar elidías cuestiones en forma tan sumaria. Si el abogado tiene que liacer una verdadera ob-jeción a la acusación, especialmente si es formal, o técnica, no deberá hacerla como de sorpresa en el juicio. Estaremos dispuestos a hacer caso omiso de una excepción perentoria de tal modo presentada sobre cualquier cuestión, como dicha excepción no sea de la clase que hemos llamado privilegiada.

No queremos dar a entender que en manera alguna deba el acusado quedar limitado estrictamente al formular obje-ciones a la acusación. Si solicita permiso para ello antes del juicio y especialmente si no ha estado representado por abo-gado en el acto de la lectura de la acusación, la corte deberá ser enteramente liberal, pero deseamos insistir en el punto de que una objeción de naturaleza formal formulada a la acu-sación en el día del juicio se presenta demasiado tarde. El tiempo para hacer alegaciones ha pasado, como también el de formular objeciones, a menos que éstas sean de carácter privilegiado. La corte debe oir y resolver una excepción perentoria (demurrer) antes del día del juicio y los abogados tienen derecho a insistir en este punto.

La única otra cuestión que presenta este caso se refiere a la suficiencia de la prueba. La prueba tendió a acreditar la propiedad y pérdida de la sortija, haber sido empeñada dicha sortija por la acusada y la oportunidad que tuvo ésta para cogerla, puesto que la acusada era sirvienta de la casa en que vivía el denunciante. El principal eslabón en esta ca-dena de prueba circunstancial fué la declaración del testigo Llompart. Al preguntársele quién era la persona que había empeñado la sortija no pudo decir si era negra, mulata o blanca, pero al ser confrontado con la acusada la identificó como la persona que empeñó la sortija. La cuestión relativa al peso de su declaración era para el jurado resolverla y no vemos que haya habido razón para atacar su veredicto. Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Srcs. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Áldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

license: Public Domain

text:
    Nogueras, Née Álvarez, Demandante y Apelada, v. Fernández et al, Demandados, y García, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre negatoria de servidumbre.
    No. 1537.
    Resuelto en abril 10, 1917.
    Negatoria de Servidumbre — Servidumbre de Paso — Prueba del Demandado. — • En los casos sobre negatoria de servidumbre una vez que el dueño del pro-dio sirviente ha probado su título, al demandado corresponde demostrar que existe la servidumbre.
    Id. — Id.—Conclusiones de Hecho. — Cuando en una acción sobre negatoria de servidumbre el apelante no somete a la consideración del Tribunal Supremo ningún análisis de la prueba con el fin de anular la conclusión hecha por la corte inferior de que la propiedad había tenido un solo dueño hasta la fecha en que se hizo la venta y, por tanto, que no podía surgir cuestión alguna de servidumbre y que dicha venta tuvo lugar unos cuarenta años antes del juicio, habiendo quedado demostrado positivamente este período do tiempo por los mismos testigos del demandado, debe confirmarse la sentencia dic-tada a favor del demandante.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco González.

    Abogado de la apelada: i.Sr. M. Tons Soto.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La acción ejercitada en este caso fué sobre negatoria de servidumbre. Se admite que en esta clase de acciones una vez que ei dueño del predio sirviente ha probado su título, al demandado corresponde demostrar que existe dicha servidum-bre. He celebró el juicio del caso y la corte dictó sentencia a favor del demandante.

Tres son los errores que han sido alegados por el apelante Carlos García Buso. Io. Que la corte erró al no declarar en su sentencia que el demandado había probado que el camino objeto del litigio estaba en uso. 2o. Que la corte erró apli-canelo indebidamente el artículo 547 del Código Civil vigente. La corte, sostiene el apelante, llegó a la conclusión de que el apelante se basaba en un contrato verbal, pero la verdad se-gún él es que fundaba su derecho en una servidumbre inme-morial y meramente presentó como prueba el contrato verbal celebrado para probar la ratificación. 3o. En este seña-lamiento de error el apelante admite que su defensa de la ne-cesidad de un camino para llegar a la carretera no hubiera podido alegarse en esta clase de acción si únicamente se hu-biera basado en la simple necesidad de dicho camino, pero alega que la existencia de esa necesidad demuestra por sí dicho uso inmemorial.

En el análisis final todos estos tres señalamientos de error dependen de la cuestión ele si la prueba en realidad de ver-dad tendió a establecer dicho uso inmemorial. La apelada cita jurisprudencia con el fin de demostrar que la frase “tiempo inmemorial” comprende un período de tiempo mayor de cua-renta años y que hemos aplicado esa jurisprudencia en el caso de Cividanes v. Amorós Hermanos, 8 D. P. R. 589. En lo que respecta a la cuestión de hecho podemos decir que el apelante no ha sometido a la consideración de este tribunal ningún aná-lisis de la prueba con el fin de anular la conclusión hecha por la corte inferior. Esta llegó a la conclusión de que la propie dad había tenido un solo dueño hasta la fecha en que se hizo la venta en este caso y por tanto que no podía surgir cuestión alguna de servidumbre, y que dicha venta tuvo lugar unos cuarenta años antes de la fecha del juicio. Este período de cerca de cuarenta años quedó demostrado positivamente por los mismos testigos del demandado y por consiguiente no ve-mos que exista nada en contra de la conclusión de la corte, debiendo, por tanto, confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Alclrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Audrey,

text:
    Quintero, Demandante y Apelante, v. Morales, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1496.
    Resuelto en abril 10, 1917.
    Cosa Juzgada — Identidad de Cosas, Causas y de Litigantes. — En este caso la prueba demostró que demandante y demandada lo fueron también en otro pleito; que en los dos han litigado en la misma calidad, pidiendo el demandante como heredero bienes que reclama de la demandada a quien cree con la obligación de entregarlos, o su equivalencia en dinero; que las cosas que en uno y otro pleito se piden son las mismas; y por último que la causa de acción es también igual. Se resolvió: que habiendo terminado el primer pleito por sentencia que declaró prescrita la acción de pedir, siendo firme, no pmede volver a reclamar el demandante, cualesquiera que sean los errores que en ella existan, por impedirlo la excepción de ser cosa juz-gada tal reclamación conforme al artículo 1219 del Código Civil.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogado de la apelada: Sr. José B. F. Savage.

   Los heclios están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sb. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Bernardo Quintero y otro hermano presentaron en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en el año 1913 de-manda contra Justina Morales en la que alegaron que a la muerte de su abuela materna María de León ocurrida en 1863 se hicieron en ese año las operaciones particionales de sus bienes en las que se adjudicaron por partes iguales a dichos dos hermanos, representados por su abuelo Felipe de León García, algunas reses y cierto número de cnerdas de terreno; que su dicho abuelo y tutor se hizo cargo de esos bienes hasta el año 1887 en que Bamón Oriozabala a quien los tenía entre-gados para su administración los entregó ante notario a Jus-tina Morales, esposa de su tutor, y a quien éste tenía confe-rido poder genera], entregando además metálico y algunos muebles; que la. demandada les ha entregado el terreno pero no los muebles, el dinero y el ganado, por lo que concluyeron suplicando que fuera condenada a hacer dicha entrega. Este pleito terminó por sentencia firme de 12 de agosto de 1913 por la que se declaró sin lugar la demanda como consecuen-cia de la excepción que a ella opuso la demandada alegando prescripción de la acción.

Posteriormente Bernardo Quintero solamente, presentó de-manda en el año 1914 contra Justina Morales en la que, enmen-dada, alegó: que en unión de su hermano Pedro heredaron de su abuela María de León por partes iguales varias reses, terrenos, muebles y metálico; que a la muerte de su abuela quedaron esos bienes en poder de Bamón Oriozabala quien más tarde los entregó por escritura pública a Justina Morales; que la demandada les lia entregado los terrenos, y que de no entregarle los otros bienes debe entregarle su importe por lo que concluyó suplicando que fuese condenada la de-mandada a hacer entrega de la mitad que en ellos le corres-ponde y en su defecto cierta cantidad de dinero.

Celebrado el juicio de este pleito se presentó, entre otras, pruebas,- la escritura de 26 de marzo de 1887. En ella com-parecen Oriozabala 3^ Justina Morales como mandataria general de su esposo Felipe de León y después de manifestar aquél que en 1883 había recibido de Felipe de León los. bienes de los menores Bernardo y Pedro Quintero para su adminis-tración hace entrega de ellos a Justina Morales, quien los re-cibe en su carácter de mandataria.

Otras de las pruebas fué el pleito y sentencia al principio reseñado.

Terminada la prueba del demandante pidió la demandada que se declarase sin lugar la demanda por versar sobre cosa juzgada 3T así lo resolvió la corte inferior por su sentencia de 11 de noviembre de 1915, cuya apelación por la parte deman-dante motiva este recurso.

Con los antecedentes expuestos aparece tan claro que la excepción de cosa juzgada fué propiamente alegada por la demandada y aplicada por el juez inferior que no necesita-remos tratar extensamente la cuestión. Los requisitos que para que ella exista requiere el artículo 1219 del Código Civil Revisado, o sea la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron, concurren en este caso. En ambos pleitos ha sido demandante Bernardo Quintero y demandada Justina Morales; en los dos han litigado en la misma calidad, pidiendo el apelante como heredero bienes que reclama de la apelada a quien cree con la obligación de entregarlos, o su equivalen-cia en dinero; las cosas que en uno y otro se piden son las mismas y por último la causa de acción es también igual. Por tanto, habiendo terminado el primer pleito por sentencia que declaró prescrita la acción de pedir, siendo firme, no puede volver a reclamar el demandante, cualesquiera que sean los errores que en ella existan, pues lo impide la excepción de ser cosa juzgada tal reclamación.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Peesidente Se. Iíeenández,

text:
    Royal Bank of Canada, Demandante y Apelante, v. A. McCormick & Co. et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en procedimiento de traslado de pleito en causa sobre cobro de dinero.
    No. 1582.
    Resuelto en abril 12, 1917.
    Traslado del Pleito — Residencia de los Demandados — Acción Personal para Cobro de Dinero. — En una acción personal para cobro de dinero cuando no existe más de un demandado y el pleito se inicia en un distrito que no es el de su residencia y no pide en forma debida el traslado del juicio al distrito correspondiente, la corte puede seguir conociendo del mismo; x1®1'0 cuando son dos los demandados, ambos residentes en un distrito distinto al que se inicia la acción, a pedimento de uno sólo de ellos debe decretarse el traslado del juicio al distrito correspondiente, aun cuando el otro no haya hecho igual reclamación. Ni la sumisión de uno, ni aún su consentimiento abierto para que la corte siga conociendo del caso, puede privar al otro del derecho que la ley le reconoce a que el juicio se vea en el lugar de la residencia do ambos.
    Abogados del apelante: Sres-. José A. y Alberto S. Po-ventud.

    Los apelados no comparecieron.
   Los lieclios están expresados en la opinión.

El Juez Peesidente Se. Iíeenández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación contra orden de la Corte de Distrito de Ponce de 24 de octubre de 1916 dispo-niendo el traslado de nn pleito a la Corte de Distrito de G-ua-yama.

The Royal Bank of Canada en 21 de junio de 1916 inter-puso demanda ante la Corte de Distrito de Ponce contra la corporación A. McCormick & Co. y José Muñoz Vázquez, con súplica de que los demandados fueran condenados a pagar al demandante solidariamente la suma de $61.0 con más los intereses legales sobre dicha cantidad desde la interposición de la demanda, con las costas, gastos, desembolsos y honora-rios de abogado.

Según las alegaciones de la demanda A. McCormick & Co., como deudora principal, y José Muñoz Vázquez y Clementina Texidor de Vergne como fiadores, firmaron en la ciudad de Guayama el 17 de octubre de 1914 un pagaré por $1,500 que se inserta en la demanda, a vencer un año después de su fecha y a la orden de los Sres. Smith & Nestle, de Nueva York, con intereses al tipo del 6 por ciento anual, cuyo pagaré fué en-dosado a favor del demandante The Royal Bank of Canada, habiendo satisfecho la co-fiaclora Clementina Texidor de Vergne $750, parte proporcional de su garantía, y la deudora principal $200, a cuenta de la cantidad total adeudada, de la que quedó pendiente de pago un saldo de $550 de principal y $60 de intereses hasta 31 de mayo de 1916, o sea un total de $610, cuyo pago es el que se reclama a los demandados.

Emplazados en la ciudad de Gfuayama los demandados con copia de la demanda, el día 5 de julio, el codemandado José Muñoz Vázquez archivó escritos alegando en uno de ellos con-juntamente la nulidad de los emplazamientos servidos y como excepciones previas la de que la demanda no aduce hechos, suficientes para determinar una causa de acción en contra del compareciente y la de indebida acumulación de. partes deman-dadas y a falta de ésta, la de defecto de partes demandadas^ habiendo presentado además moción en que pidió fuera tras-ladado el pleito a ía Corte de Distrito de Guayama en razón a que ambos demandados residían en la ciudad de Guayama. Se acompañaron affidavits suscritos por José Muñoz Vázquez, expresivos, uno de ellos, de que ambos demandados residían en la ciudad de Guayama, y el segundo, de que el demandado' José Muñoz Vázquez había explicado el caso a su abogado-habiéndole éste informado que tenía una buena defensa en los méritos de la acción.

El otro demandado, o sea la corporación A. McCormick & Co. no compareció a formular alegación alguna contra la de-manda, y la demandante solicitó que fuera anotada su rebel-día, sin que aparezca que realmente fuera anotada.

La corte resolvió en 24 ele octubre ele 1916 la moción de traslado, declarándola con lugar, y esa es la orden que, como dijimos al principio, ha sido apelada para ante esta Corte Su-prema por la parte demandante.

Como único fundamento del recurso alega la parte ape-lante que la Corte de Distrito de Ponce cometió error al de-cretar el traslado del caso a la Coree de Distrito de Guayama a pesar de haberse solicitado únicamente por el demandado José Muñoz Vázquez sin haberse unido a la codemandada A. McCormick & Co.

Para sostener el error apuntado alega la parte apelante que, siendo la acción ejercitada de carácter personal y habién-dose sometido a la jurisdicción de la Corte de Distrito de Ponce la demandada A. McCormick & Co., que es la deudora principa] en la obligación cuyo cumplimiento se pide, debe seguir conociendo del caso la expresada corte, toda vez que a la solicitud de traslado del codemandado José Muñoz Váz-quez no se lia unido la referida sociedad ni se lian expuesto razones por las cuales dejó de hacerlo.

Establece el artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil que “si el distrito en que se establece la demanda no es el en que deba seguirse el juicio, podrá, sin embargo, continuarse en aquél, a menos que el demandado, al comparecer a contes-tar o a formular excepciones, presente una declaración ju-rada y fundada y pida por escrito que el juicio se celebre en el distrito correspondiente.”

Con arreglo al anterior precepto es indiscutible que si no hubiera más parte demandada que A. McCormick & Co., no ha-biendo pedido ésta el traslado del juicio a la Corte de Distrito de Guayama en forma debida, la Corte de Ponee hubiera po-dido seguir conociendo del mismo. Pero ¿ sucede lo propio siendo dos los demandados, a saber, José Muñoz Vázquez y A. McCormick & Co., ambos no residentes en el distrito judicial de Ponce en que se comenzó la acción, y pidiendo uno de ellos solamente el traslado del juicio a la Corte de Distrito de Guayama, sin que el otro haga igual reclamación?

La Ley de Enjuiciamiento Civil, después de establecer en los artículos 75, 79 y 80, reglas de competencia para la cele-bración de los juicios en determinados asuntos civiles, entre los cuales no está comprendido el presente, en que se ejercita una acción personal para cobro de dinero, ordena en su ar-tículo 81 que en todos los demás1 casos el pleito deberá verse en el distrito en que residieren los demandados o algunos de ellos al iniciarse el litigio, (lomo se ve, la residencia de los demandados o de algunos de ellos es la que regula la juris-dicción de las cortes de distrito en los casos a que alude el artículo 81. Si ninguno de los demandados reside dentro del distrito, la corte sólo puede adquirir jurisdicción por sumi-sión de las partes. Y si todos los demandados son partes ne-cesarias y son todos no residentes, la corte no puede adqui-rir jurisdicción por la sumisión de alguno o, algunos de dichos demandados, sino que es necesaria la de todos ellos.

Así fué resuelto por la Corte Suprema de California en el caso de Wood, Curtis & Co. v. Herman Min. Co., 139 Cal. 716. Ese caso se originó en el condado de Sacramento en cobro de dinero contra varios demandados, de los cuales algunos ludieron el.traslado al condado de la Alameda, que era el sitio de su supuesta residencia, mientras que otros se sometieron a la corte del condado de Sacramento y se opusieron al tras-lado, habiéndose declarado éste sin lugar. Tal resolución fué apelada para ante la Corte Suprema de California, la que decretó su revocación, dejando consignada la siguiente doc-trina :

“Aparecía, sin embargo, del affidavit de los demandados peti-cionarios, y no se ha contradicho, ‘que ninguno de los demandados mencionados en la demanda presentada en este caso residían al ini-ciarse el litigio, o después, ni ahora, residen en dicho condado de Sacramento.’ Esto fué bastante para dar cumplimiento al artículo 395 en ese respecto. (Greenleaf v. Jacks, 133 Cal. 506.) El len-guaje empleado en el artículo 395 requiere que la acción sea vista en el condado en que residieren los demandados o algunos de ellos y no donde no residen. El consentimiento de determinados deman-dados no residentes del condado donde el litigio se inició, no puede privar a los demandados que no residían allí, del derecho a que la causa sea trasladada al condado de su residencia. Resolver otra cosa sería una infracción de las disposiciones del artículo 395. En el caso de Greenleaf v. Jacks, 135 Cal. 154, algunos de los deman-dados residían en el condado de San Luis Obispo cuando se inició el litigio, y otros de los demandados residían en San Francisco, y estos últimos pidieron que se cambiara el lugar del juicio, habiendo consentido los demandados residentes al traslado. Se resolvió que el demandante tenía derecho a presentar y proseguir su acción en el condado de San Luis Obispo y que no podía ser privado de tal derecho por el consentimiento de los demandados residentes. Por tanto, aquí, los demandados peticionarios tenían derecho a que se cambiara el lugar del juicio al condado de su residencia, si lodos los demandados residían fuera del condado de Sacramento, y de (‘..se derecho no podían ser privados por el consentimiento de algu-nos de estos demandados a que el juicio fuera celebrado en el con-dado de Sacramento.”

El demandado José Muñoz Vázquez llenó todos los requi-sitos prevenidos por el artículo 82 del Código de Enjuicia-miento Civil y no puede ser privado del derecho ni traslado solicitado.

Es verdad que la codemandada A. McCormick & Co. nada lia alegado contra la jurisdicción de la Corte? de Pernee, pero ni ese silencio, ni aun su consentimiento abierto para que dicha corte siguiera conociendo del caso, puede privar al otro demandado del derecho que la ley le reconoce a que el juicio se vea en el lugar de la residencia de ambos demandados. El demandante tiene derecho a presentar y proseguir su acción en el distrito en que residieren los demandados o alguno de ellos al iniciarse el litigio, j en el presente caso ni José Mu-ñoz Vázquez ni A. McCormick & Co. tenían su residencia en el distrito judicial de Ponce, sino en el de Gruavama.

Los casos citados por el apelante son aplicables solamente cuando uno o más de los demandados residen dentro del dis-trito en que se promueve el juicio 3^ la corte por esa razón tiene jurisdicción sobre alguno o algunos de ellos.

Es de confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Jvez Asociado Se. Audrey,

text:
    Municipio de Ponce, Demandante y Apelante, v. Solís, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre demolición de propiedad.
    No. 1523.
    Resuelto en abril 12, 1917.
    Demolición de Propiedad — Infracción de' Ordenanzas Municipales. — Guando una ordenanza municipal dispone que las obras que se lleven a cabo sin licencia, con abuso de ella o con infracción de la misma será demolida a costa del propietario, si fuere de las que no hubiere podido autorizarse su ejecución o no debiera permitirse su subsistencia o reforma, no basta con probar que se ha hecho una obra sin cumplir los requisitos de dicha orde-Danza, pues debe probarse además que no hubiera podido autorizarse la construcción o que es de tal naturaleza que no debe permitirse su subsis-tencia.
    Abogados del apelante: Sres. Llorens & Canales.

    El apelado no compareció.
   Los hechos están expresados on la opinión.

El Jvez Asociado Se. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En el Municipio de Ponce se hallaba en vigor en el año 3915 nna ordenanza aprobada en 22 de abril de 1909 según la cnal toda persona que deseare construir casas en la zona urbana tendría que obtener antes licencia del alcalde, presen-tar planos por duplicado de la nueva construcción indicando la planta del solar, la cimentación o distribución de pilares o zocos, las plantas sucesivas de los distintos pisos y techum-bres, la vigotería, la alzada de la fachada principal y latera-les, los cortes diversos del edificio, construir sumidero para (pie las aguas mueran en él, o en su defecto embutir en la pared conducto para que dichas aguas se viertan en la cuneta, dejar un espacio de un metro a cada lado de la casa que se construya y las contiguas, tener los dormitorios nueve metros cuadrados de superficie y ser el ingeniero municipal quien deba dar la línea para principiar la construcción.

Según la sección 45 de esa ordenanza toda obra que se lleve a cabo sin licencia, con abuso de ella, o con infracción de la ordenanza y de las demás vigentes en la materia, será demolida a costa del propietario, si fuese de las que no hu-biese podido autorizarse su ejecución o no debiera permi-tirse su subsistencia o reforma.

Fundándose el Municipio ele Ponce en que Juan Solís pidió y obtuvo permiso del Alcalde ele Ponce, allá por el 26 de agosto de 1914, para reparar una casa de su propiedad, terrera, de maderas, marcada con el número 53 de la calle Isabel de la ciudad de Ponce y que en vez de repararla hizo una nueva construcción de maderas, de dos pisos, sin cumplir con los requisitos antes mencionados, exigidos por la ordenanza que ■estaba vigente, presentó demanda contra él en la Corte de Dis-trito de Ponce en 4 de mayo de 1915 solicitando que se orde-nase la demolición de lo entonces construido. Seguido el pleito por sus trámites y aportadas las pruebas, recayó sentencia declarando sin lugar la demanda sin especial condena de cos-tas. contra la cual interpuso el demandante Municipio de Ponce el presente recurso de apelación.

En vista de que el demandante lia dejado de probar un liecbo esencial de su demanda, por cuyo motivo se sostiene la sentencia apelada, dejaremos a un lado las varias cuestio-nes que podrían surgir en este caso si el apelante hubiera pre-sentado dicha prueba.

En efecto, según la sección 45 que hemos transcrito de la ordenanza en cuestión, el mero hecho de infringirla no lleva consigo que la demolición .de lo que se construya haya de te-ner lugar sino que la construcción hecha en contravención de la ordenanza debe ser de tal naturaleza que no hubiera po-dido ser autorizada su ejecución o no debiera permitirse su subsistencia o reforma. Por consiguiente, no le bastaba al municipio probar que el apelado había Lecho una nueva cons-trucción de dos pisos sin cumplir con los requisitos a que se refiere la citada ordenanza sino que tenía que probar además que no hubiera podido autorizar la construcción que hizo Solís, o que es de tal naturaleza que no debe permitirse su subsistencia. La prueba aportada a este juicio para fallarlo no abarcó estos exlremos y, por tanto, de acuerdo con la má-xima de derecho adore non probante reus est absolvendus, se sostiene la sentencia que declaró sin lugar la demanda y debemos confirmarla.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Plernánclez y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Su. del Tobo,

text:
    García, Demandante y Apelante, v. García, Demandado y Apelado.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan,. Sección Primera, en pleito .sobro servidumbre de luces y vistas.
    No. 1441.
    Resuelto en abril 12, 1917.
    Servidumbre de Luces y Vistas — Vía Pública — Callejón de Servicio Pri-vado.' — No está incluido dentro del término “vía pública” a que se refiere • el artículo 591 del Código Civil, en relación con el 589 del mismo código, un callejón abierto por el propietario de un solar, dentro de éste, para con-veniencia de los vecinos que viven en un ranchón interior perteneciente al mismo propietario.
    Id. — Puertas y Ventanas en Pared Propia — Actos de Mera Tolerancia — Acto Obstativo — Prescripción.—Las puertas y ventanas abiertas en pared pro-pia que comuniquen con suelo y cielo ajenos, deben considerarse como de mera tolerancia salvo pacto en contrario, y no pueden ganarse por prescrip-ción sino computando ésta desde la ejecución de algún acto obstativo, con-sentido por el dueño de la finca, que tienda a privar a éste de la facultad de edificar en ella.
    Id. — Carreras—Techos—Definición de. — Se denominan carreras los maderos u otros materiales horizontales que se ponen sobre las zapatas de los pies-derechos, o sea lo que vulgarmente se llama vigas, destinadas a servir de enlace y sostén principal' a los distintos cruzamientos que separan los pisos de los edificios. V entiéndese por techo no sólo el último expuesto a la acción directa de los elementos, si que también la parte interior que recu-bre las habitaciones, existiendo en tal virtud varios techos en los edificios-que tienen varios pisos y por consiguiente tantas carreras como techos.

    Id. — Ventanas con Vistas Rectas — Huecos—Derecho del Dueño de la Pro-piedad Contigua — Tiempo para Ejercitarlo. — Si la ley ha prescrito que sólo pueden abrirse ventanas con vistas rectas a dos metros de distancia de la eoliu-dancia con la propiedad ajena y que en pared propia contigua a finca ajena sólo pueden abrirse huecos de treinta centímetros en cuadro a la altura de las carreras, implícitamente ha reconocido también al dueño de la propiedad ajena el derecho de exigir ante los tribunales de justicia el cumplimiento de tales prescripciones. Y si la jurisprudencia ha establecido que el simple hecho de abrir puertas y ventanas en contravención a las reglas fijadas por la ley, no crea derecho alguno a favor del dueño del edificio en que se abran y que la no oposición del dueño de la finca ajena debe considerarse-corno un acto de mera tolerancia, es natural que el dicho dueño tenga expe-dita su acción en cualquier tiemblo que desee ejercitarla.
    Abogados del apelante: Sres. Ramón Falcón y Adrián Agosto.

    Abogado del apelado: \Sr. Manuel Benitez Flores.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Su. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso sobre servidumbre de luces y vistas. Alegó el demandante que era dueño de un solar situado en el pueblo de Río Piedras, de 17 metros 26 centímetros de frente por 66 metros 45 centímetros de fondo, en el cual te-nía edificada una casa de dos plantas y un ranchón; que todo el solar estaba cercado y que a su izquierda, entrando, exis-tía un callejón para, el servicio ele un establecimiento mercan-til installaclo en la planta baja de la casa, y de los vecinos que habitaban el ranchón, y que lindando con ese callejón existía una casa adquirida recientemente por el demandado que éste estaba edificando de manipostería, abriendo en la pared puertas y ventanas sin guardar las distancias que prescribe la ley. El demandante pidió a la corte que en definitiva dictara sentencia condenando al demandado a tapiar las puer-tas y ventanas' abiertas en la pared indicada o sea en la de la casa del demandado que se levanta en la misma línea diviso-ria de los solares del demandante y del demandado

El demandado alegó que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. La corte desestimó su excepción y el demandado contestó entonces la demanda alegando que la casa propiedad del demandado existía en el mismo sitio desde hacían más de treinta años, con los mismos huecos y ventanas que tenía en la actualidad, “con-sistiendo la única reforma hecha por el demandado en haber sustituido las paredes de madera por concreto, dejando sub-sistentes los mismos estantes y la misma armazón de madera que tenía la casa cuando la adquirió el demandado,’ ’; que en-tre la casa del demandante y la del demandado existe un calle-jón que es una calle pública que forma parte de la población de Río Piedras y pertenece al municipio de dicha población;, que la casa del demandante fué construida con posterioridad a la del demandado, y que la acción que ejercita el demandante está prescrita por hacer más de treinta años que la casa del demandado está construida en el mismo sitio con los mismos huecos y ventanas que tiene en la actualidad. El demandado pidió que se declarara sin lugar la demanda, con las costas, gastos y honorarios de abogado al demandante.

Trabada así la contienda, se celebró la vista practicándose la amplia prueba ofrecida por las partes. La corte declaró probados los siguientes hechos:

“Que el demandante y el demandado son dueños de dos fincas contiguas, sitas en la calle del Comercio del pueblo de Río Piedras, P. R., dando ambas frente a la carretera.
‘“Qñe sobre el solar del demandado se halla construida una casa 'desde hace más de 28 años con las mismas eolindaneias y las mis-mas cabidas que tiene en la actualidad, consistiendo las reformas hechas por el demandado en haber sustituido las paredes de madera por c.oncreto; dejando subsistentes los mismos estantes y la misma armazón y el mismo techo que antiguamente tenía. Según la prueba del demandante esta casa, que en la actualidad tiene once venta-nas, sólo tenía seis antes de haber sido reformada, y según el deman-dado las ventanas abiertas hoy son las mismas que existían con an-terioridad.
“Que el demandante tiene construida sobre su solar una casa de manipostería o cemento, de altos y bajos, y con ventanas y puer-tas para el lado de la finca del demandado, que colinda con la del demandante, existiendo entre la casa de éste, y la pared de la casa del Sr. García Salgado, un callejón propiedad del primero, de más de tres metros de anchura, abierto al público sin exclusión de per-sonas y el cual da entrada a la casa del Sr. García Fernández y a una casa de vecindad, donde viven más de tres familias, que tiene edificada en el fondo de la misma finca.”

Basándose en esos hechos y además en la inspección ocular llevada a efecto, que demostró, a juicio de la corte, que las ventanas abiertas en la finca del demandado eu nada moles-taban a las personas que habitan la finca del demandante, se declaró sin lugar la demanda, con las costas al demandante, y éste interpuso entonces el presente recurso de apelación.

Examinada la opinión emitida por la corte de distrito para fundamentar su sentencia, se deduce que el motivo principal, tal vez único, que tuvo para desestimar la'demanda, fue la apiicación del artículo 591 del Código Civil Revisado, que, co-piado a la letra, dice así:

“Lo dispuesto en el artículo 589 de esta sección no es aplicable a los edificios separados por una vía pública.”

El artículo 589 a que se refiere el 591, es como sigue:

“No se puede abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre la finca del vecino, si no bay dos metros de- distancia entre la pared en que se construyan y dicha propiedad. ’ ’

El razonamiento de la corte sentenciadora, es éste:

“Ya hemos dicho que el callejón que media entre las casas de . ambos litigantes, ha sido abierto al público por su propietario el Sr. García Fernández, sin exclusión de persona, según ha quedado demostrado por la prueba practicada. ■ ¿ Puede considerarse el calle-jón que existe entrambas fincas como una vía pública? El mismo demandante dice en sus alegaciones que el callejón de referencia está abierto al servicio de un establecimiento y de los inquilinos de un ranchón fabricado en el fondo. Este establecimiento, es un es-tablecimiento mercantil del propio demandante. Comentando Man-resa el artículo 584 del Código Civil español equivalente al 591 del Código Civil Revisado, dice que todo lo relativo a la excepción de este artículo tiene que armonizarse con lo que dispongan las or-denanzas municipales. Según ordenanza municipal aprobada por el Municipio de Río Piedras, en junio de 1908, el dueño de terrenos que fabrique, está en la obligación de afirmar la calle, hacerle cune-tas y entregarla al ayuntamiento, etc. El demandante, según pudo ver la corte en su inspección ocular, cumplió con los requisitos exi-gidos en esta ordenanza, afirmando el callejón, abriéndole cune-tas, y dedicándolo al tránsito público. Glosando el artículo 58-1 del Código Civil español, ya citado, dice el ilustre comentarista Scae-vola:
“ ‘Pocos esfuerzos precisa la inteligencia y el alcance del ar-tículo 584 por lo claro de sus términos. La vía pública es de todos y de ninguno en particular. Nadie creerá establecido en ella el do-micilio privado de cada ciudadano, que es lo que trata de garantir la ley frente al derecho restringido de vistas; lo que se hace en la vía pública bien puede ser observado e inspeccionado por el que guste y desde el punto que le acomode. La citada frase, para los efectos y comprensión del referido precepto debe conservar toda la elasticidad posible en su significación, partiendo siempre de la intención, bien conocida del legislador, al exceptuar la vía pública de los terrenos o predios sobre los que hay derecho .a vistas ilimi-tadas. Y en este sentido denominaremos "vía pública” tanto a los caminos, calles, travesías, callejones, como a los canales, ríos, torrentes, puertos, y puentes construidos por el Estado, la provin-cia o el municipio; las riberas, playas, fuentes y aguas públi-cas, paseos, obras públicas de servicio general, y, en una palabra, todos aquellos bienes (entendido este vocablo jurídicamente) que (NO IMPORTE DE QUIÉN SEA LA PROPIEDAD) SOn disfrutados di 00-mún por los vecinos de un pueblo, sin exclusión de ninguno y que vulgarmente llamamos "servicios del público.” En efecto: los bie-nes que como ejemplo enumeramos, están considerados por los ar-tículos 339 y 344 de nuestro Código Civil de dominio y uso público.’
"Como se ve, el sabio comentarista, considera como vía pública, todos aquellos sitios disfrutados en común por los vecinos de un pueblo, sin parar mientes en la persona que pueda tener el domi-nio o derecho de propiedad sobre los referidos sitios. El callejón del demandante cae de lleno dentro del comentario del jurisconsulto español. Abierto al público, sin exclusión de personas y utilizado en común por los vecinos, debe considerarse como una vía pública para los efectos del artículo 591 del Código Civil Revisado.
"Pero hay más, el Reglamento de Sanidad No. 2 sobre casas do vecindad, su reglamento, etc., que aparece en el Boletín Adminis-trativo No. 44, y que fue promulgado por el Gobernador de Puerto Rico de acuerdo con la ley de 13 de julio de 3 912, establece lo siguiente:
" ‘REGLAMENTO SOBRE CASAS DE VECINDAD.
" ‘Art. Io. — Se considera por casa de vecindad cualquier edificio o parte de éste destinado a vivienda de tres o más familias que habi-ten en locales separados unos de otros y con derecho a uso común de una o varias dependencias de dicho edificio y de ciertos servicios del mismo y que cocinen por separado en la misma casa.
" ‘Art. 3o. — Todo edificio que se construya de ahora en adelante destinado a casa de vecindad, debe dar su fachada principal a una calle o vía pública, etc.
" ‘Art. 10°. — Guando se desee convertir en casa de vecindad cual-quier edificio destinado actualmente a otros usos, su construcción o reforma será sujeta a las reglas establecidas para las casas de ve-cindad de nueva construcción.’
"De manera que si el demandante construyó tal ranchón o casa de vecindad dejando abierto el callejón al tránsito público o usando las palabras de sus .mismas alegaciones, para el servicio de un esta-blecimiento de la planta baja y para los inquilinos del referido ranchón o casa de vivienda, cumplió con las ordenanzas municipales y con los requisitos que exigen los reglamentos sanitarios en cuanto a este particular, y cumplidos estos requisitos no es necesario ana-lizar más el punto debatido para llegar a la conclusión de que dicho callejón es y debe ser considerado como una vía pública para los efectos del artículo 591, porque así mismo ha sido admitido y reco-nocido por el propio demandante al establecer una casa de vecindad. ’ ’

Después de un cuidadoso estudio de los lieclios y la ley, no podemos convenir con la ilustrada corte sentenciadora en que el callejón de referencia sea una vía pública.

No obstante haberse demostrado que dicho callejón se usa por las personas que tienen relaciones comerciales con el es-tablecimiento mercantil que existe en la.planta baja de la casa del demandante y por los vecinos que viven en el ranchón y sus relacionados, y que seguramente en la actualidad, de he-cho, a nadie se obstaculiza el paso por el mismo, es lo cierto que continúa siendo una propiedad privada del demandante, no habiendo jamás llegado a convertirse en una vía pública ele la- naturaleza de las que tuvo en mente el legislador al es-tablecer la excepción contenida en el artículo 591.

“La vía pública es de todos y de ninguno en particular,” dice el mismo comentarista citado por la corte de distrito, y en este caso la propia, corte reconoce en sus hechos proba-dos que el callejón es de la propiedad particular del deman-dante. Y si bien dicho comentarista al especificar las distin-tas vías públicas, cita los callejones; se ve que su pensamiento estaba fijo en los callejones de “servicio público,” como lo son las callejuelas estrechas de las antiguas ciudades espa-ñolas, según puede comprobarse en esta misma 'ciudad de San Juan de Puerto Pico, y no en los callejones que puedan abrir los propietarios de solares cercados para conveniencia de los vecinos que viven en ranchones edificados por los mismos pro-pietarios, callejones de “servicio privado,” que pueden alte-rarse o clausurarse a voluntad del dueño en cualquier época. El alcance de la opinión ele Scaevola, está limitado por sn úl-timo período que dice: “En efecto: los bienes que como ejem-plo enumeramos, están considerados, por los artículos 339 y 344 de nuestro Código Civil de dominio y uso públicos.” Dichos artículos equivalen a los 327 y 328 del Código Civil Re-visado que disponen que son bienes de dominio público, los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos, to-rrentes, y otros análogos, y bienes del uso público en Puerto 'Rico y en sus pueblos los caminos insulares y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas, los paseos y las obras de servicio general, costeadas por los mismos pueblos o con fondos del Tesoro de Puerto Rico.

La misma ordenanza del municipio de Río Piedras citada por la corte sentenciadora, puede invocarse para sostener la conclusión de que el callejón del demandante no es una vía pública. El artículo 3 de dicha ordenanza dice así:

“Artículo 3. — En ningún solar se permitirá construir más ele una casa y las dependencias de ésta. Esta casa debe dar frente a una calle o vía pública sea cualquiera la distancia a que se sitúe dentro del solar, se entenderá por dependencia de la casa a los efectos de este artículo las habitaciones del servicio, cocina, lavadero, cochera, cuadra y almacén de útiles. Cuando el solar fuese suficientemente grande para admitir otras construcciones independientes se podrá utilizar la construcción previo informe favorable del inspector de sanidad y de un ingeniero del municipio, quienes tendrán en cuenta al informar, el ornato, la salubridad, y seguridad pública y que haya fácil acceso desde la calle o vía pública hacia las construc-ciones. ’ ’

El demandante adquirió su finca en el año de 1909. La ordenanza comenzó a regir en 1 de junio de 1908. El ranchón se fabricó por el demandante después de adquirida la finca 3r, por lo tanto, estando ya en vigor la ordenanza. El solar del demandante tiene más de diez y siete metros de frente por más de sesenta y seis de fondo, y la casa de dos plantas que en él se levanta con frente a la calle, sólo ocupa una su-perficie de diez metros de frente por diez y ocho do fondo. Quedaba, pues, una gran superficie desocupada y en parte do ella se fabricó el ranchón.

■Siendo esto así ¿no debe presumirse que se cumplió con la ley local vigente, y que el callejón establecido por el deman-dante dentro de su propia tierra se construyó simplemente para dar el fácil acceso requerido por la ordenanza desde la calle o vía pública a la construcción interior?

Con respecto al reglamento de sanidad No. 2, sobre casas de vecindad, invocado por la corte de distrito, cualquiera que sea su alcance, sólo diremos a los efectos de este pleito que empezó a regir el 13 de julio de 1912 y que aunque no consta de los autos la fecha exacta en que se fabricó el ran-chón por el demandante, todo induce a creer que lo fué con anterioridad al 13 de julio de 1912. Este es un pleito anti-guo. La demanda lleva fecha 29 de noviembre de 1913. No consta que el reglamento de que se trata fuera discutido por las partes en relación con este pleito mientras se celebraba el juicio.

No estando, pues, comprendido este caso dentro de la ex-cepción contenida en el artículo 591 del Código Civil Revisado, debemos estudiarlo y resolverlo a la luz de lo dispuesto en el 589 del propio cuerpo legal.

Dicho artículo está íntimamente enlazado con los artícu-los 587 y 588. Todos forman parte de la sección quinta del capítulo segundo, del título séptimo del Código Civil Revi-sado. El título trata en general de las servidumbres y la sec-ción de las servidumbres de luces y vistas. Los artículos 587, 588 y 589 son esencialmente iguales a los artículos 580, 581 y 582 del antiguo Código Civil vigente en España, y en Puerto-Rico hasta 1902.

El artículo 587 se refiere al caso de paredes medianeras y prescribe que ningún medianero puede, sin consentimiento del otro, abrir en pared medianera ventana, ni hueco alguno. El 588 trata de paredes no medianeras contiguas a finca ajena, y establece que el dueño de tales paredes puede abrir en ellas ventanas y huecos para' recibir luces a la altura de las carre-ras, o inmediatos a los techos, y ele las dimensiones de treinta centímetros en cnad.ro, y en todo caso, con reja de hierro re-metida en la pared y con red de alambre. Y establece además que no obstante la autorización concedida al dueño de la pared, el dueño de la finca o propiedad a ella contigua, podrá cerrar los huecos si adquiere la medianería, si no se hubiere pactado lo contrario, y podrá también cubrirlos edificando en su terreno o levantando pared contigua a la que tenga dicho hueco o ventana. Y el 589, por último, habla de las ven-tanas, y balcones y ordena que sólo cuando haya dos metros de distancia entre la pared y la finca del vecino, se podrán abrir ventanas con vistas rectas o balcones y otros voladizos semejantes, fijando para el caso de vistas de costado u obli-cuas sesenta centímetros en vez de dos metros. Se denomi-nan carreras los maderos u otros materiales horizontales que se ponen sobre las zapatas de los pies derechos, o sea lo que vulgarmente se llama vigas, destinadas a servir de enlace y sostén principal a los distintos cruzamientos de maderas, hierro o cemento armado, o cualquier otro material apropiado, que separan los pisos de los edificios. Véase 10 Scaevola 448. Y entiéndese por techo no sólo el último expuesto a la acción directa de los elementos, si que también la parte interior que recubre las habitaciones, existiendo en tal virtud varios te-chos en los edificios que tienen varios pisos y por consiguiente tantas carreras como .techos. Véase Choco contra Santama-ría, 21 Jurisprudencia Filipina 135, 141.

La pared de la casa del demandado no es medianera. No es aplicable, por tanto, el artículo 587. Dicha pared se encuen-tra edificada en la misma línea de la colindancia del solar del demandado con el solar del demandante. Sobre esto no hay cuestión. De acuerdo con el artículo 588, el deman-dado tendría derecho a recibir luces por ventanas o huecos abiertos a la altura de las carreras, sujeto desde luego ese derecho al del demandante de cubrir dichos huecos o venta-nas edificando en su terreno o levantando pared contigua a la del demandado. Pero éste tampoco es el caso. No se trata de huecos o ventanas ele treinta centímetros en cuadro, abier-tos a la altura de las carreras. El demandado ha hecho más: tiene abiertas en una pared contigua puertas y ventanas con vistas rectas que sólo tendría derecho a abrir de acuerdo con la ley — artículo 589 citado — si la pared de su casa estuviera •edificada a dos metros de la colinclancia de su solar con el solar del demand ante.

Así lo reconoce él mismo demandado; pero alegó, como lie-mos visto, que en su caso concurren circunstancias especia-les, a saber: la excepción de la vía pública y la prescripción.

Emitida ya nuestra opinión en lo que se refiera a si las puertas y ventanas de la casa del demandado clan o no a una vía pública, sólo nos resta considerar si el demandado ha ad-quirido o no algún derecho por prescripción, o si por algún motivo el demandante está impedido de ejercitar el claro de-recho (pie le concede la ley.

En cuanto a si la casa del demandado fué meramente re-compuesta como él sostiene, o si fué reedificada como alega el demandante, aceptaremos la conclusión más favorable al ■démanclado y consideraremos la casa actual como- si fuera la misma ele madera antigua que .adquirió, por compra hace ¡algunos años el demandado.

Por el hecho de abrirse puertas y ventanas en pared no medianera contigua a otra finca, ¿puede adquirirse la servi-dumbre de luces y vistas sobre dicha finca, a virtud del trans-curso del tiempo?

Desde 1877 dijo el Tribunal Supremo de España que “se-gún la le}7- 15, título 81, partida 3a., el uso no da derecho a man-tener en paredes propias huecos laterales o ventanas, con per-juicio del vecino que, disponiendo de su suelo y cielo, puede construir libremente en contigüidad, o dar mayor elevación a construcciones existentes, a no ser que se le hubiera con-trallado el álzumienio por que no se aliene la lumbre, consin-tiendo este acto obstativo, y transcurriendo después el tiempo fijado por la misma ley.” Sentencia de 13 de junio de 1877, 37 Jurisprudencia Civil, 188.

El mismo tribunal decidió en 1882 que “los liuecos abier-tos en pared propia y en correspondencia con suelo y cielo ajenos, son de mera tolerancia, salvo pacto o concesión ex-presa, y no pueden ganarse por prescripción, sino computando éstas desde la ejecución de algún acto obstativo, en razón a que cuando alguno se aprovecha de esas luces aspira a cons-tituir una servidumbre negativa para que el dueño de la finca a que afectan no pueda construir en contigüidad, ni por con-siguiente perjudicarlo; siendo por otra parte una verdad de todos sabida que no están autorizadas otras ventanas que las llamadas de órdenanza, y éstas solamente mientras el ve-cino no crea conveniente edificar e impedirlas según tiene de-recho a realizarlo.” Sentencia de 13 de mayo de 1882. 49 Jurisprudencia Civil, 172.

Hemos citado dos sentencias anteriores ál Código Civil, para demostrar que los principios que regían esta materia, eran esencialmente los mismos que informan dicho código. Y si bien es cierto que fué el Código Civil el que fijó la dis-tancia de dos metros para las vistas rectas, también lo es que jamás existió derecho alguno a tener dichas vistas por medio de puertas o ventanas abiertas en pared propia contigua a finca ajena. Y ese es el caso del demandado. Ni por la le-gislación antigua, ni por él Código Civil, pudieron el deman-dado, o su antecesor, abrir como lo hicieron en la pared de que. se trata las puertas 3r ventanas que en la misma existen. Su actuación fué contraria a la ley y no puede el demandado invocar el transcurso de los años para la adquisición de su alegado derecho a continuar teniendo abiertas las repetidas puertas y ventanas contra la voluntad del propietario del solar contiguo, a menos (pie hubiera demostrado la existencia del “acto obstativo” a que se refiere la jurisprudencia y a partir de él el transcurso del tiempo necesario para prescribir.

Comprendiéndolo así, presentó el demandado en el acto de la vista las declaraciones de Enrique Acosta, Eloy García Plá y llamón II. Patrón, quienes manifestaron, en resumen, que cuando unos veintiocho o treinta años atrás, se fabricó la casa que hoy corresponde al demandado, era dueño del solar del demandante el Padre Padilla quien les manifestó su in-conformidad con que se abrieran las puertas y ventanas de re-ferencia y quien estuvo quejándose en el Ayuntamiento de Pío Piedras y enterándose con respecto a las reglas aplica-bles al caso. Uno de esos testigos insinuó la existencia de un litigio, pero después dijo que no aseguraba que hubiera habido tal pleito.

Aun admitiendo como ciertas tales manifestaciones, no se habría demostrado a nuestro juicio la existencia del acto obstativo de que habla la jurisprudencia. El Padre Padilla pudo molestarse, pudo inquirir, pudo expresar sus deseos de oponerse, pero pudo pensar después en las molestias y gas-tos de un pleito y pudo ser informado de que la mera toleran-cia por su parte de las puertas y ventanas de que se trata, no podría ser fuente de derecho para el propietario de la pared en que se abrieron, y desistir de entablar acción alguna por aquel entonces. No hay prueba de que el antecesor del demandado controvirtiera el derecho del antecesor del de-mandante y lo venciera en la controversia de algún modo.

Veamos ahora, por último, si el demandante está impe-dido de ejercitar su acción en este caso.

No se concibe derecho sin acción dice Manresa tratando precisamente de las acciones que pueden surgir con motivo de los preceptos del Código Civil en materia de servidumbres. Véase el tomo 4 de sus comentarios, pág. 632. Y en verdad que si la ley ha prescrito que sólo pueden abrirse ventanas con vistas rectas a dos metros de distancia de la colindancia con la propiedad contigua y que en pared propia contigua a finca ajena sólo pueden abrirse huecos de treinta centíme-tros en cuadro a la altura de las carreras, implícitamente ha reconocido también al dueño de la propiedad contigua el de- ' recho" de exigir ante los tribunales de justicia el cumplimiento-de tales prescripciones.

¿Cuánto tiempo dura ese derecho? En sus comentarios al artículo 582 del Código Civil antiguo, igual al 589 del Código Civil Revisado, tomo 10, pág. 493, cita Scaevola, como pre-cedente el Libro TY, Tít. IY, ley 8a. del Fuero Yiejo de Cas-tilla, que dice, en lo pertinente, así: ‘ Si nn orne a una casa, o quier facer finiestras en la pared de la casa, e a cabo de aquellas casas ay otras casas, e corrales tras las casas, a de-lante (puede) facer tamaña finiestra, que non saque la cabeza por ella. E si ouier fecha de ante gran finiestra, e veyendolo el otro estovier año e día probandol’ ansi como es fuero, puede la finiestra tener fasta quel otro alce sua pared.”

Si esa ley estuviera en todo su vigor, tendría que recono-cerse que una vez transcurrido el año y el día a que la misma se refiere, sólo quedaba al propietario de la finca contigo a a la pared en que se había abierto la ventana el derecho de ce-rrarla alzando su propia pared, y por tanto que su acción para pedir la reducción de las ventanas a sus justos límites, sólo duraba un año y un día.

Pero la ley del Fuero viejo de Castilla que con más pro-piedad debería denominarse Fuero de los Fijos-dalgo, según dice Antequera en su Historia de la Legislación española, ter-cera edición, pág. 170, fué derogada por la Ley XIY, Tít. XXXI, Part. Ill, de las Siete Partidas. El Tribunal Supremo de España en sentencia de 13 de octubre de 1866, 14 Jurispru-.dencia Civil 453, a este respecto, resolvió lo que sigue: “Y considerando, por lo referente, al último sobre las Ventas que se abrieron en la pared medianera, que la disposición de la ley 8a., tít. 4°., libro 4°., del Fuero viejo de Castilla, que se cita como infringida, se halla también derogada por otras leyes posteriores que sólo permiten se constituyan las servidum-bres por contrato, por prescripción o última voluntad.”'

La sentencia del Tribunal Supremo citada confirmó otra de la Audiencia de Coruña por virtud de la cual se condenó al dueño de cierta casa a retirar la pared divisoria y reducir al reedificar nuevamente la referida pared las luces que en ella había abierto a las dimensiones de ordenanza. Y el mo-tivo por virtud del cual el propietario de la'pared alegó la ley del Fuero viejo de Castilla, fué el de que la pared con las odio ventanas que en la misma existían, se liabía edificado desde hacía cinco años, sin que nada se reclamara sobre el particular, “por lo cual debián continuar abiertas las venta-nas mientras los dueños de ella (la casa contigua) no la al-zasen, en cuyo caso desaparecerían, sin que el demandado pu-diera ni siquiera oponerse a ello.”

La existencia de los antiguos interdictos y el hecho' de que el antecesor del demandante no recurriera al de obra nueva para hacer valer sus derechos dentro del plazo fijado por la ley, ¿pueden influir en la decisión de este caso? En modo alguno. Los interdictos, como dice Manresa, “son unos jui-cios siunarísimos, que tienen por objeto decidir interinamente,, sobre la actual y momentánea posesión, o sea sobre el hecho de la posesión, sin perjuicio del derecho de los interesados, y también suspender o evitar un hecho que nos perjudica o puede causar daño,” y como sostiene Gómez de la Serna, ci-tado por Manresa, “las sentencias que en estos juicios se pro-nuncian, aunque definitivas, tienen un carácter especial, por-que si bien condenan o absuelven de la demanda intentada, y no puede, por lo tanto, reproducirse la cuestión bajo el mismo aspecto, no impiden que se vuelva a tratar del mismo ne-gocio en más amplio juicio, con más solemnes formas, con declaraciones que llevan, no el carácter interino y provisional del interdicto, sino estabilidad, permanencia, perpetuidad en los derechos que en el juicio se ventilen.” Véase 6, Man-resa, Enjuiciamiento Civil, 107.

El que el ejercicio de la acción para' hacer valer los dere-chos derivados de los preceptos del Código Civil que tantas veces hemos citado y de las leyes similares, que antes de ellos estuvieron en vigor, sea ilimitado, es consecuencia natural y lógica de la doctrina repetidamente sentada por el Tribunat Supremo de España de que los huecos abiertos en pared pro-pia que comuniquen con suelo y cielo ajenos deben conside-rarse como de mera tolerancia, salvo pacto en contrario, y no pueden ganarse por prescripción sino computando ésta desde la ejecución de algún acto obstativo que tienda a pri-var al dueño de la finca a que afecte de la facultad de edifi-car en la misma. Yéanse además de las sentencias del Tribunal Supremo de España, que dejamos citadas, las del mismo tribunal de 10 de mayo de 1884, 55 Jurisprudencia Civil 188; 12 de noviembre de 1889, 66 Jurisprudencia Civil 412; 31 de mayo de 1890, 67 Jurisprudencia Civil 714; 8 de febrero de 1899, 86. Jurisprudencia Civil, 213; 27 de mayo de 1899, 87 Ju-risprudencia Civil 303; 3 de marzo de 1905, 100 Jurispruden-cia Civil 448, y 9 de febrero de 1907, 107 Jurisprudencia Civil 291; la de 29 de diciembre, 1911, de la Corte Suprema de las Islas Filipinas, 21 Jurisprudencia Filipina 135, y la dic-tada por esta Corte Suprema de Puerto Rico en el caso de Días v. Guerra, 18 D. P. R. 819.

Si la mera tolerancia no crea dereclio alguno, no es de im-portancia la consideración del elemento tiempo. En cualquier época puede la persona que lia venido voluntariamente tole-rando, tomar otra actitud 3^ demandar y obtener el pleno reco-nocimiento de sus derechos.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra decla-rando con lugar la demanda y en su consecuencia condenando al demandado a tapiar dentro del décimo día las puertas y ven-tanas que existen en la pared de su casa contigua a la finca del demandante, que se describe en la demanda, sin perjui-cio de que pueda continuar recibiendo luces en la forma y con la limitación prescritas en el artículo 588 del Código Civil Re-visado, todo sin especial condenación de costas.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra declarando con lugar la demanda, sin especial condenación de costas.

Jueces-concurrentes: Sres. Presidente Hernández 3T Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


author: El Juez Asociado Sr. Aldbey,

text:
    Pedrogo et al., Demandantes y Apeladas, v. Sucesión Huertas, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte' de Distrito de Ponce en pleito sobre filiación (nuevo juicio).
    No. 1542.
    Resuelto en abril 13, 1917.
    Nuevo Juicio — Juramento.—No existe precepto alguno en el Código de Enjui-ciamiento Civil que requiera que la moción de nuevo juicio deba ser jurada. Lo exigido por el artículo 222, es, según el texto inglés, que cuando se funde en algunas de las causas mencionadas en los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 221 ha de apoyarse en declaraciones juradas (affidavits).

    Id. — Minutas de la Corte — Exposición del Caso. — Cuando una moción de nuevo juicio se basa en las minutas de la corte según el artículo 223 del Código de Enjuiciamiento Civil, párrafo 4°., no es necesaria una exposición del caso. Así lo demuestra el artículo 224 del mismo Código. El apartado tercero del No. 3 del 2231 sólo es aplicable cuando la moción se basa en una exposición del caso en la cual deberán especificarse los errores que se alegan.
    Id. — Filiación—Falta de Alegaciones — Abuso de Discreción. — Establecida una acción de filiación contra varias personas como componentes de una suce-sión, según el título de la demanda, sin hacerse alegación alguna de por qué esas personas son los componentes de la sucesión; y excepcionada la demanda por no aducir hechos determinantes de una causa de aeción, la corte desestima esta alegación, claramente incurro en error que produce c-omo resultado que el demandante vaya a juicio creyendo que las alega-ciones de su demanda son suficientes, y por tanto no es un abuso <le dis-creción el concederle un nuevo juicio.
    Abogado de la apelante; Sr. Manuel A. Rivera.

    Abogados de la apelada: Sres. Marniel y José Tons Soto.
   Los Lechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Declarada si lugar la demanda en este pleito por la sen-tencia en él dictada solicitaron las partes demandantes que se les concediera un nuevo juicio fundándose en accidente o sorpresa y en que el juez había cometido error de derecho al no permitirles la suspensión del juicio para poder presen-tar cierta prueba, cuya resolución había sido excepcionada, casos 2o. y 6o. del artículo 221 del Código de Enjuiciamiento Civil. La corte inferior concedió el nuevo juicio y de esta re-solución apelan los demandados.

El primer motivo de error que los apelantes atribuyen a la corte inferior respecto de esa resolución es porque no de-sestimó la moción de nuevo juicio por no estar jurada y porno presentarse una exposición del caso para sostenerla.

En cnanto al primer extremo no encontramos precepto-alguno en nuestro Código de Enjuiciamiento Civil que re-quiera que tal moción debe ser jurada sino que lo exigido por el artículo 222 es, según el texto inglés, que cuando se fondeen alguna de las causas mencionadas en los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 221 lia de apoyarse en decla-raciones juradas (affidavits), requisito que cumplieron los de-mandantes presentando la declaración jurada de José Q. Torres Sallaberry. Ni era tampoco necesario que se presentase-una exposición del caso, pues el artículo 223 concede a la parte que solicita el nuevo juicio que lo funde en declaraciones es-critas y juradas, en los autos y legajos del pleito, en las mi-nutas de la corte, en un pliego de excepciones o en una expo-sición del caso y habiendo anunciado los demandantes que-el segundo motivo lo basarían en las minutas de la corte cum-plieron con el requisito exigido por el artículo 223, párrafo-4°., porque fundándose el segundo motivo de la petición en error de derecho cometido en el juicio, la petición especificó dicho error. Que no es necesaria una exposición del caso-cuando la moción se funda en las minutas de la corto lo de-muestra el artículo 224 al disponer que la vista de la moción se celebrará cuanto antes fuera posible, si se fundare en las minutas de la corte, y en los demás casos después de la pre-sentación de las declaraciones escritas y juradas, pliego de-excepciones o exposición, según sea el caso, y que podrá ha-cerse referencia no sólo a las alegaciones y providencias de la corte constantes en los autos si que también a cualquiera declaración, pruebas documentales y notas del taquígrafo que consten en el testimonio de aquéllas. La cita que hacen los apelantes del apartado tercero del No. 3 del artículo 223 sólo* es aplicable cuando la moción se basa en una exposición del caso en la cual deberán especificarse los errores que se alegan., pero esto no significa que haya necesidad de hacer tal expo-sición cuando la moción se funda en las minutas de la corte.

El segundo error que se alega es por haberse negado la corte a aprobar la exposición del caso para esta apelación tal como se la presentaron los apelantes y haber ordenado la exclusión de ella de ciertos extremos. Sin embargo, nada tenemos que resolver sobre este particular porque esa orden de eliminación no ha sido apelada ni es materia de este recurso, el que versa únicamente sobre si fué errónea la resolución que concedió el nuevo juicio.

Los otros dos motivos de la apelación debemos conside-rarlos conjuntamente porque ambos plantean la cuestión que motiva este recurso, a saber, si la corte cometió error al de-clarar que los apelados tuvieron una sorpresa en el juicio, y por tanto al concederles un nuevo juicio ya que éste fué el fundamento que tuvo la corte para concederlo.

Los demandantes establecieron una acción de filiación contra varias personas como componentes de la Sucesión de Felipe Huertas, según aparece en el título de la demanda, pero no hicieron alegación alguna en ella de por qué esas personas eran los componentes de la sucesión; los demandados la ex-cepcionaron porque no aducía hechos determinantes de causa de acción y la corte desestimó esa alegación. El día del jui-cio los demandantes terminaron su prueba sin aducir alguna sobre ese extremo y cuando la corte les advirtió respecto de esto trataron de probarlo con testigos a lo que se opusieron los demandados con la aprobación de la corte, solicitaron en-tonces que el juicio se suspendiera para poder aportar esa prueba, les fué negado y se dictó sentencia declarando sin lu-gar la demanda por la ausencia de ella. Después pidieron un nuevo juicio alegando accidente o sorpresa porque según la declaración jurada de su abogado creía de buena fe que la demanda relacionaba a los demandados con la causa de ac-ción que se ejercitaba y que tal extremo había sido admitido por ellos. También alegaron error al no concedérseles la sus-pensión del juicio. Por su parte los demandados presenta-ron declaración jurada de su abogado contradiciendo la anterior, insistiendo en que la falta de tal conexión fué el mo-tivo en que fundaron su excepción.

Claramente bubo un error en la corte al desestimar la ex-cepción de los demandados que produjo como resultado que las demandantes fueran al juicio creyendo que las alegaciones de su demanda eran suficientes y, por tanto, que probando lo alegado tendrían éxito. En tales circunstancias estuvo jus-tificada la corte inferior al concederles el nuevo juicio que pidieron evitando de ese modo los efectos producidos por su equivocación y, por tanto, no podemos ver que abusara de la discreción que para tal resolución le concede la ley.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Tore no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. íIutchisoN,

text:
    Saint Laurent y Martínez, Sucs., S. en C., Demandantes y Apelados, v. Honoré, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1626.
    Resuelto en abril 17, 1917.
    Demanda Enmendada — Permiso para Presentarla a Fin de Conformarla con la Prueba — Sorpresa—Apelación Frívola. — Celebrado el juicio y antes de dictarse sentencia, el demandante, previa notificación al demandado, puede . solicitar y obtener permiso de la corte para enmendar su demanda a fin de conformarla con la prueba por él presentada y admitida sin objeción alguna, cuando el demandado no presenta prueba alguna y no existe nin-gún fundamento en qué basarse una alegación de sorpresa, ni que fuera el demandado de algún modo inducido a error en su perjuicio al sostener su defensa 'sobre los méritos del caso o que él tuviera alguna defensa sobre dichos méritos. Es frívola por su naturaleza una apelación establecida bajo tales circunstancias. Los artículos 136, 137, 140 y 142 del Código de Enjui-ciamiento Civil son de aplicación al caso.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogado de los apelados: Sr. José Sabater.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. íIutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda original qne fné presentada en este caso se alegaba lo siguiente:

“I. Que la demandante es una sociedad mercantil debidamente constituida de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, y tiene su do-micilio en esta ciudad.
“II. Que el demandado ha comprado maderas y efectos de cons-trucción a la mercantil demandante en diferentes partidas llevando ambas partes una cuenta corriente que liquidada por ambas partes en agosto 30 de 1914, produjo un saldo a favor de la demandante de $625.61 que reconoció el demandado.
“III. Que fue convenido que el saldo de cuenta a favor de la demandante devengaría intereses al tipo del 1 por ciento mensual y liquidada nuevamente dicha cuenta el 24 de agosto de 1916, ha pro-ducido un saldo a favor de la demandante de $617.96, que es la suma que debe el demandado a la demandante y que no ha pagado ni en todo ni en parte, a pesar de habérsele requerido varias veces para ello.”

El demandado contestó la demanda negando en términos generales todos y cada uno de los hechos de la demanda.

El demandante presentó como prueba sin ninguna obje-ción por parte del demandado, una escritura con el fin de acre-ditar la disolución de la Sociedad Saint Laurent y Martínez y la constitución de la nueva Sociedad Saint Laurent y Mar-tínez, Sucesores, Sociedad en Comandita, que es la deman-dante en esta acción, cuya escritura.fué otorgada por Gustavo Saint Laurent y Ponce de León, Juan Ramón Martínez y José Eerrer Rilloch, en tres de junio ele 1915, siendo sus cláusulas pertinentes las siguientes:

“Primera. — Queda disuelta a todos los efectos jurídicos desde el día en que expiró su período social la Sociedad ‘Saint Laurent y Mar-tínez,’ fundada por la ameritada escritura número 45, otorgada en esta ciudad a 28 de mayo de 1914, y se hará cargo de la sociedad extinguida, la que se constituye por las subsiguientes cláusulas, pa-sando a la naciente compañía todo el activo y pasivo de la fenecida con las condiciones que se estipularán; dando los socios de dieba mercantil extinguida los Señores Saint Laurent y Martínez por vá-lidas todas y-cuantas operaciones hubieran realizado en nombre de la sociedad disuelta y en su consecuencia ratifican en todas sus par-tes los documentos públicos que hubieran otorgado los socios sobre dichos bienes inmuebles y derechos reales de dicha sociedad.
“Segunda — Razón social. — Se crea y establece la nueva razón ‘Saint Laurent Martínez, Sucesores, Sociedad en Comandita,’ con domicilio en esta ciudad de Mayagüez y liquidadora de la disuelta ‘Saint Laurent Martínez’; quedando establecida en la calle del Comercio de esta ciudad, en la casa-almacén del socio Don Gustavo Saint Laurent, cuyos solares y depósitos cede en arrendamiento a la nueva sociedad en virtud de un contrato que separadamente se formalizará. ’ ’

El demandante presentó también como prueba y sin nin-guna objeción por el demandado el documento que pasamos a transcribir, después de dejar debidamente establecida su identidad.

“Mayagüez, P. R, Sept, de 1914. Sr. Sabás Honoré a Saint Laurent y Martínez. Valor al contado. Debe: 1914. Julio 30, a saldo a n/fr. Seg. Cta. Pasada, $619.42. Ag. 30, a intereses hasta hoy, $6.19. $625.61. B. u O. Conforme: S. Honoré.”

La prueba demostró, entre otros particulares, y asimismo sin objeción por parte del demandado, haberse hecho un abono a cuenta el día 24 de agosto de 1915, o sea, en fecha posterior a la constitución de la nueva sociedad.

El demandado no presentó prueba.

Celebrado el juicio y antes de que se dictara la sentencia, el demandante, después de notificar debidamente al deman-dado, solicitó y obtuvo permiso de la corte para enmendar su demanda a fin de conformarla a la prueba, siendo los pá-rrafos primero y segundo de dicha demanda enmendada los siguientes:

“I. Que la demandante es una sociedad mercantil debidamente constituida de acuerdo con las leyes de Puerto Rico y tiene su do-micilio en esta ciudad.
“II. Que el demandado ba comprado maderas y efectos de cons-trucción a la mercantil Saint Laurent y Martínez, antecesores de la mercantil demandante en diferentes partidas llevando ambas par-tes una cuenta corriente que liquidada por dieba mercantil ante-cesora Saint Laurent y Martínez con el demandado en agosto 30 de 1914, produjo un saldo a favor de dieba mercantil de $625.61 que reconoció el demandado; siendo la mercantil demandante la con-tinuadora de los negocios de la extinguida Saint Laurent y Mar-tínez, con quien liquidó dieba cuenta el demandado y reconoció; y habiéndose becbo cargo de la liquidación total de dieba sociedad extinguida Saint Laurent y Martínez la demandante, a la cual pasó todo el activo y pasivo de la fenecida.”

Los siguientes son los errores que han sido alegados por el apelante, a saber:

“I. La corte erró al admitir la nueva demanda presentada por la demandante.
“II. La corte erró al dictar sentencia en contra del demandado.”

Considerados los hechos como han sido expuestos a la luz de los artículos 136, 137, 140 y 142 del Código de Enjuicia-miento Civil, son por sí suficientes sin argumentación alguna para demostrar la naturaleza frívola de esta apelación. No sólo existe ningún fundamento en que basarse la alegación de sorpresa, la cual, en tanto aparece de los autos, se hace por primera vez en apelación, sino que se niega dicha alegación positiva y terminantemente en todas partes en la misma- ex-posición que hace del caso el apelante. En los autos no hay nada que indique que fuera el demandado de algún modo in-ducido a error en su perjuicio al sostener su defensa sobre los méritos. No existe absolutamente nada en los autos que su-giera que el demandado tenía alguna defensa sobre los méri-tos del caso. Según las circunstancias del caso con hacer cual-quier discusión minuciosa respecto a los supuestos errores sólo perderíamos tiempo y energía.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. del ToRo,

text:
    Municipio de Ponce, Demandante y Apelante, v. Sucesión Gely, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre demolición de propiedad.
    No. 1510.
    Resuelto en abril 17, 1917.
    Demolición de Pkopiedad — Infracción de Ordenanzas Municipales — Palta de Hechos Suficientes. — Cuando se presenta una demanda para que se ordene la demolición de una obra realizada en contravención de cierta ordenanza municipal que no permite reparación alguna en los edificios existentes en determinado sitio de la ciudad sin antes poner sus fachadas en relación con los filtimos construidos y el ornato exigido por la importancia de dicho sitio, no basta alegar que las reparaciones se hicieron “en violación de las ordenanzas municipales y sin que estén las mismas en armonía con el ornato de la ciudad,” sino que es necesario especificar por qué las dichas reparaciones no guardan relación con los otros edificios y no están en armo-nía con el ornato exigido.
    Leyes — Inconstitucionalidad de Leyes. — Sólo cuando la necesidad y la justicia lo requieran de consuno, deben los tribunales resolver que una ley-es incons-titucional.
    Ordenanzas Municipales- — Desarrollo y Embellecimiento de Modernas Ciu-dades.- — No puede negarse que el desarrollo y embellecimiento de las moder-nas ciudades exigen que los municipios tengan grandes facultades para adoptar y hacer cumplir medidas tendentes a ese fin, no importando lo radi-cales que a primera vista parezcan, siempre, desde luego, que no opriman de modo injustificado a los ciudadanos, ni los despojen de su propiedad sin el debido proceso de ley.
    Abogados del apelante: Sres. N. R. Canales y Alfonso Lastra Charriez.

    Abogado de la apelada: Sr. R. Martínez Nadal.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. del ToRo,

emitió la opinión del tribunal.

El Municipio de Ponce, representado por su alcalde, de-mandó a la sucesión de José G-ely, solicitando la adopción dé ciertas medidas referentes a ana casa reparada sin penniso del demandante. La demanda se divide en dos partes, tina titulada “Cuestión de seguridad pública” y otra “Cuestión de ornato.”

En la “Cuestión de seguridad pública” se alega, en re-sumen, lo que sigue: Que la demandada es dueña de una casa situada en Ponce en la esquina que forman la plaza de ‘' Le-ge tau” y la calle del “Amor.” La casa es de dos plantas: los bajos de manipostería y los altos de madera. Que el Al-calde de Ponce ordenó al ingeniero municipal que reconociera dicha casa y reconocida en efecto resultó que tenía podrida gran parte del balcón y constituía una amenaza para las per-sonas que traficaban por aquel sitio. Que el demandante en-tonces requirió al demandado para que procediera a destruir todo aquello que en la casa mencionada estuviese en condicio-' nes de amenaza a la seguridad pública, inclusos los balcones' de la misma, indicándole, además, que para verificar tal des-trucción tenía que proveerse del permiso exigido por las or-denanzas municipales. En la demanda se transcriben varias secciones de dichas ordenanzas: La 24, que se refiere a los edi-ficios que amenacen ruina y que dispone entre otras cosas que “comprobada la denuncia por los informes facultativos-que se crean necesarios la administración ordenará a los due-ños de las fincas ruinosas que las derriben o construyan de nuevo, dentro del término prudencial que según los casos se fije por el concejo municipal, quien, caso de no verificarse así por aquéllos, no obstante las denuncias judiciales que por órdenes desatendidas se hubieran presentado, dispondrá el derribo por cuenta del municipio con cargo al valor del solar vendiéndose en pública subasta si fuere necesario y sin per-juicio de exigir la responsabilidad criminal que el propie-tario hubiere contraído.” La 36 que prescribe que “las soli-citudes para hacer cambios (se especifican) se dirigirán a la alcaldía, la que les dará el curso correspondiente, exigién-dose la presentación de plano si se considerase indispensable a_los fines de lá concesión de la licencia y estimándose, desde luego, como necesario el acompañarlos siempre que se liaya de variar en algo importante la parte exterior de un edificio en las zonas número 1 y 2; Disponiéndose que en ningún caso se permitirá reparación alguna en los edificios de madera que existan en las plazas ‘Delicias’ y ‘Federico Degetau,’ y en los de manipostería y madera, tampoco podrá liaeerse repa-raciones de ninguna clase sin antes poner su fachada en re-lación con los últimos edificios construidos y el ornato exigido por la importancia de dichas plazas.” La 7 que determina que “la ejecución de toda clase de obra de construcción, repa-ración de edificios, casas y vías públicas, así como toda varia-ción! o traslación que pueda afectar al ornato público en las zonas números 1 y 2 necesita ser autorizado por la adminis-tración municipal, dentro de la legalidad vigente en la ma-teria. * * *” La 8 que exige que “en la zona número 1, en la subdivisión ‘Zona de Piedra,’ solamente podrá cons-truirse en manipostería o hierro, siendo requisito indispensable colocar la fachada del edificio precisamente sobre la ali-neación de la calle, y no se permitirá ninguna construcción nueva de madera, ni quitar o poner tabiques o divisiones que cambien la distribución de una casa de madera, exceptuando la parte que, en los de manipostería ya construidos, sea de madera,- * * *” y la 25 que dispone que “en todo solar en esquina, en toda nueva construcción o edificación en un solar que estuviese situado en esquina, en todo edificio que ocupe una esquina en el que se luciese modificación o alguna reparación, el municipio podrá ordenar el corte o chanflán, en una forma de triángulo en el cual cada uno de los lados inme-diatos a la calle medirá tres metros como mínimum, partiendo -de la esquina del solar, sin contar el ancho que corresponda a la acera, * * V’ Que al dicho requerimiento del de-mandante, contestó la demandada manifestando que estaba dis-puesta a sustituir los balcones de la casa por otros de madera y que esperaba que se le concediera el oportuno permiso para hacer la sustitución. Que el demandante contestó a la deman-•dada que para obtener tal permiso de acuerdo con las seccio-nes 34 y 35 de las ordenanzas, era necesario que expresara en la solicitud la extensión y objeto del trabajo, acompañando «1 plano del mismo. Al propio tiempo el demandante informó .■a la demandada que le concedía treinta días de plazo para de-rribar los balcones. Que la demandada comunicó entonces al •demandante que retiraba su solicitud de sustitución de los "balcones porque babía resuelto repararlos meramente a cuyo efecto pedía que se le autorizara para levantar el andamiaje necesario. Que el demandante se negó a conceder tal permiso. ■Que la demandada insistió en que se le otorgara permiso no ya para el andamiaje, sino para bacer las reparaciones que los balcones requerían, sin que para ello llenara los requisitos exigidos por las ordenanzas. Que con motivo de haberse des-prendido dos balaustres de los balcones, el demandante comu-nicó a la demandada la necesidad de proceder al derribo de los balcones. Que así las cosas, el demandante, el 3 de diciem-bre de 1915, paso una ordenanza por virtud de la cual, y des-pués de relacionarse todos los antecedentes de qrre se deja beebo mérito y de especificarse por qué se llegaba a la conclu-sión de que la casa de que se trata se encontraba en estado ruinoso, se declaró que elidía casa constituía un estorbo pú-blico (common nuisance), y se ordenó que una vez cumplido el término de treinta días que le babía sido concedido por el alcalde al representante de la sucesión demandada, el alcalde procedería a bacer cumplir las disposiciones que entrañaba la sección 34a. de la ordenanza, todo por cuenta, cargo y riesgo «de los dueños propietarios de la casa en cuestión.

En la “Cuestión de ornato,” se sostiene textualmente lo que sigue: “Décimo quinto: Que posteriormente, o sea el clia 15 de diciembre de 1915 el Señor Gispert, actuando como apo-derado y representante de la sucesión demandada, maliciosa y voluntariamente, burlando las ordenanzas municipales vi-gentes, sin pedir ni obtener permiso, procedió a eso de las einco de la tarde de diebo día 15 de diciembre a destruir los balcones del referido edificio, utilizando en dicho trabajo diez o más carpinteros, y actuando como director de la obra un señor llamado Jacobo Tur; que luego de destruidos los bal-cones de dicho edificio allí entonces, dicho Señor Gispert, uti-lizando los propios carpinteros y al director de la obra Señor Tur, prosiguió y procedió a hacer reparaciones en dicho edi-ficio en la parte exterior, habiendo trabajado durante toda la noche en dicha obra y reconstruyendo en parte el balcón, repa-rado éste en otra, puesto vigas nuevas y haciendo en fin,«una reparación de importancia, sin que, como ya se ha dicho antes, tuviera permiso del municipio, y habiendo hecho dichas repa-raciones en violación de las ordenanzas municipales y sin que estén las mismas en armonía con el ornato de la ciudad/’

La demanda termina suplicando que se condene a la su-cesión demandada: Primero: A que en bien del ornato público dicha sucesión destruya tocia la parte del edificio que ha sido reparado en violación de aquél y de las ordenanzas munici-pales vigentes; Segundo: A que si dicha sucesión demandada, luego de destruido lo que ha recompuesto ilegalmente, deseara reparar esto de nuevo que se le prohíba dicha reparación sin antes cumplir con las ordenanzas municipales vigentes, sobre ornato; Tercero: A que dicha sucesión demandada, no pueda reparar parto ni todo el edificio en cuestión, sin antes llenar los requisitos de las referidas ordenanzas municipales; Cuarto: A que se obligue a la sucesión demandada a destruir todo aquello que en el edificio ameritado se hallare podrido e inútil que signifique una amenaza para la seguridad pública y que en caso de que la referida sucesión querellada no hiciere esto último o lo anterior se ordene al márshal de este tribunal que lo efectúe a costa de la referida sucesión, pidiendo asimismo que ésta sea condenada a pagar las costas, y gas-tos de este procedimiento y honorarios de abogado.”

La parte demandada presentó un escrito de excepciones previas, alegando que ni el Municipio de Ponce, ni su alcalde, tenían capacidad legal para demandar en este caso, y que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. Oídas las partes, la corte de distrito, por sentencia de 15 de abril de 1916, declaró con lugar ambas ex-cepciones y desestimó la demanda, sin especial condenación de costas. Y contra esa sentencia interpuso el demandante el presente recnrso de apelación.

En cuanto a la "cuestión de seguridad pública,” la Corte ele Distrito de Ponee en una razonada opinión concluyó que la única entidad que en la actualidad tenía personalidad bas-tante en esta isla para pedir en las cortes de justicia la re-moción de un "perjuicio común,” era El Pueblo de Puerto Eico, por medio de sus fiscales, y que siendo ello asi, ni el Municipio de Ponee, ni su alcalde, tenían la capacidad nece-saria para ejercitar la acción que habían establecido.

No es preciso que resolvamos esa cuestión en este caso, pues, como también sostiene la corte sentenciadora, las ale-gaciones de la parte demandante contenidas en su “cues-tión de ornato,” demuestran que cuando la demanda se inter-puso la parte ruinosa del edificio había sido reparada.

No estamos, pues, trente al caso de un edificio ruinoso. La verdadera cuestión a resolver es la de si reparado un edi-ficio en la ciudad de Ponee en contravención a las ordenan-zas municipales, el municipio tiene derecho a obtener en una corte de justicia una sentencia que ordene la demolición de la obra de tal modo realizada.

En el caso del Municipio de Ponce v. Solís, decidido por esta Corte el 12 de abril actual, (pág. 125) interpretando cierta sección de la misma ordenanza invocada por el Municipio de Ponee en este caso, se estableció la siguiente doctrina:

"Guando unta ordenanza municipal dispone que las obras que se lleven a cabo sin licencia, con abuso de ella o con infracción de la misma, será demolida a costa del propietario si fuere de las que no hubiere podido autorizarse su ejecución o no debiera permitirse su subsistencia o reforma, no basta con probar que.se ha hecho una obra sin cumplir los requisitos de dicha ordenanza, pues debe probarse además que no hubiera podido autorizarse la construcción o que es de tal naturaleza que no debe permitirse su subsistencia.”

Examinemos las alegaciones de la demanda a la luz de la anterior doctrina.

El disponiéndose de la sección 36 de las ordenanzas arriba transcrito, expresamente dispone “que en ningún caso se permitirá reparación alguna en los edificios de madera que existan en las plazas ‘Delicias’ y ‘Federico Degetau,’ y en los de manipostería y madera, tampoco podrán hacerse repa-raciones de ninguna clase sin antes poner su fachada en rela-ción con los últimos edificios construidos y el ornato exigido por la importancia de dichas plazas.”

La casa en cuestión en este pleito se levanta con su frente a la plaza “Degetau” y es de manipostería y madera. En tal virtud, de acuerdo con la ordenanza, no podía hacerse en ella reparación de ninguna clase sin antes poner su fachada en relación con los últimos edificios construidos y el ornato exigido por la importancia de dicha plaza.

No obstante lo extenso de la demanda, (ocupa trece pá-ginas de la transcripción) no se especifica en ella, si la fachada de la casa de la demandada fue puesta o no en relación con los últimos edificios construidos, y por qué la reparación lle-vada a efecto no estaba en armonía con el ornato exigido por la importancia de la plaza “Degetau.”

Las alegaciones del demandante relativas a la “cuestión de ornato” las dejamos copiadas a la letra y como puede verse sólo contienen la conclusión de que las reparaciones se hicieron “en violación de las ordenanzas municipales y sin que estén las mismas en armonía con el ornato de la ciu-dad. ” Tal conclusión es insuficiente para que la corte esté justificada en decidir que se alegan hechos bastantes para determinar la necesidad de un decreto ordenando la demo-lición de la obra realizada.

La pai'te apelada en su alegato insiste en que este tribunal resuelva que la ordenanza del Municipio de Ponce es in-constitucional. Sólo cuando la necesidad y la justicia lo re-quieren de consuno, deben los tribunales declarar inconsti-tucional una ley. Además, y por lo que hace referencia a la naturaleza de las ordenanzas que se discuten en este caso, diremos que no puede negarse que el desarrollo y embelle-cimiento de las modernas ciudades exigen que los municipios tengan graneles facultades para adoptar y hacer cumplir me-didas tendentes a ese fin, no importando lo radicales que a primera vista parezcan, siempre, desde luego, que no opri-man de modo injustificado a los ciudadanos ni los despojen de su propiedad sin el debido proceso de ley.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.