author: El Juez Presidente Señ-oe Teavieso

text:
    Donatila Díaz y Lorenzo Cabrera, recurrentes, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., y G. Atiles Moréu, Administrador del Fondo del Estado, recurridos.
    Núm. 345.

    Sometido: Abril 2, 1945.

      Resuelto: Abril 25, 1945.

      Virgilio Brunet, abogado de los recurrentes; Angel de Jesús Matos, Joaquín Correa Suárez y A. Sandín del Manzano, abogados del Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrido.
   El Juez Presidente Señ-oe Teavieso

emitió la opinión del tribunal.

En octubre 4 de 1938, el obrero Lorenzo Cabrera sufrió un accidente del trabajo, recibiendo lesiones en la cabeza, en el pecho y en los riñones. El Administrador del Pondo del Seguro del Estado le fijó una incapacidad de un 10 por ciento de pérdida de las funciones fisiológicas generales. Apeló el obrero y la Comisión Industrial confirmó la decisión del Ad-ministrador, basando su resolución en el informe rendido por los médicos asesores de la Comisión y del Pondo, que dice:-

“En este caso, ambos médicos estiman que la'incapacidad seña-la dale al obrero es razonable, y acuerdan, además, que en cualquier época que el obrero sintiera algo que. pudiera estar en relación con su lesión, vuelva al Pondo del Estado, donde será atendido por los médicos.”

Contra la resolución de la Comisión, dictada en marzo 20 de 1939, no se estableció recurso de revisión.

En marzo 10 de 1944, el obrero fué hospitalizado por or-den del Pondo del Estado, por estar padeciendo de enajena-ción mental como consecuencia, según se alega, de las lesio-nes recibidas en 1938. El 16 del mismo mes el obrero falle-ció en el hospital.

En octubre 30 de. 1944, el Administrador denegó la com-pensación solicitada por los padres del obrero fenecido, ale-gando como fundamentos de su decisión: (a) que el obrero fué dado de alta definitiva en marzo 2 de 1939 y recibió el pago total de su compensación; y (b) que habiendo ocurrido la muerte mucho después de haber transcurrido los dos años que fija la ley en su sección 3, inciso 5o., el derecho de los beneficiarios a obtener compensación ha prescrito.

Los beneficiarios han establecido el presente recurso contra la resolución de enero 10 de 1945, por la cual la Comi-sión confirmó la decisión del Administrador.

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, núm. 45 de 1935, (1) página 251, dispone en su sección 3, inciso 5, lo siguiente:

“Si como resultado de las lesiones o enfermedad, sufrida en las condiciones especificadas en el artículo 2 de esta Ley, ocurriere la muerte del obrero o empleado dentro de dos (2) años de. ocurrido el accidente, y como consecuencia de éste, sin que el obrero o em-pleado dejare pariente alguno que de él dependiera para su sub-sistencia, el desembolso con motivo de esta muerte se limitará al pago de los gastos de funeral y tales gastos no serán mayores de la suma de cien (100) dólares, en adición a aquellos otros gastos de asistencia médica, hospitalización y medicinas en que se hubiere incurrido por orden del Administrador.
“Si el obrero o empleado dejare una viuda, padres, hijos, legí-timos o ilegítimos, o hijos postumos, fueran éstos o no naturales o adoptivos, o nietos, cualquiera de los cuales dependiera total o par-cialmente para su subsistencia de lo que ganaba el obrero o empleado fallecido al tiempo de su muerte, recibirán una compensación de mil (1,000) dólares a tres mil (3,000) dólares que se graduará en atención a la capacidad económica del obrero o empleado fallecido y sus probabilidades de vida, de acuerdo con las reglas que deberá preparar el Administrador del Fondo del Estado, las que tendrán fuerza de ley después de aprobadas por la Comisión Industrial y el Gobernador, y promulgadas de acuerdo con la Ley.”

Arguyen los recurrentes que el requisito legal del primero de los dos párrafos transcritos, al efecto de que la muerte del obrero debe ocurrir “dentro de dos (2) años de ocurrido el accidente, y como consecuencia de éste”, es únicamente aplicable a aquellos casos en que el obrero o empleado ha fallecido sin dejar pariente alguno que de él dependiera para su subsistencia, en los cuales casos solamente se puede recla-mar el pago de los gastos de funeral, por una suma no mayor de cien dólares; y que el mencionado requisito no es exigible cuando, como en el presente caso, el obrero ha muerto dejando a sus padres, quienes dependían de él para su subsistencia. Sostienen los recurrentes que. la interpreta-ción dada por la Comisión Industrial a las disposiciones le-gales que estamos considerando, hace que la ley sea anticons-titucional porque les niega la igual protección de las leyes; y que la clasificación de los beneficiarios, de acuerdo con la fecha en que ocurra el fallecimiento del obrero lesionado, para otorgar compensación si el fallecimiento ocurre dentro de los dos años y denegarla cuando ocurre pasados los dos años desde la fecha del accidente, es una clasificación capri-chosa y arbitraria y contraria a la filosofía y propósitos de la ley.

No nos parece aceptable la teoría de los recurrentes. Si sostuviéramos que los dos primeros párrafos del inciso 5 de la sección 3 de la ley, supra, deben ser considerados como dos disposiciones legales distintas y separadas y que nada de lo contenido en el párrafo primero es aplicable al segundo, tendríamos que llegar a la conclusión absurda de que la in-tención legislativa ha sido la de conceder compensación a los dependientes de todo obrero fallecido, aun en aquellos Casos en que la muerte no haya sido el resultado de lesiones sufridas en el curso del trabajo y como consecuencia del mismo, pues és en el primer párrafo que encontramos ese requisito, y no en el segundo.

Es regla de hermenéutica bien establecida la.que permite que para la interpretación de un estatuto se examinen las leyes anteriores y las contemporáneas. Ensenada Estates, Inc. v. Hill, Tesorero, 24 D.P.R. 491, 514. Examinando la ley anterior a la que ahora rige, o sea la número 85 de mayo 14 de 1928, encontramos que los dos primeros párrafos del inciso 5 de la sección 3 de dicha ley, disponían lo siguiente:

“5. Si como resultado de las lesiones sufridas en las condiciones especificadas en la sección 2, ocurriere la muerte del obrero dentro de un año de ocurrido el accidente, y como consecuencia de éste los padres, la viuda o viudo, los hijos legítimos y nietos legítimos, y los hijos ilegítimos, sean o no naturales, del obrero fallecido, que depen-dieran de modo razonable para su subsistencia de lo que ganaba aquél, al tiempo de su muerte, recibirán una indemnización de mil (1,000) dólares a tres mil (3,000) dólares, que se graduará en aten-uión a la capacidad económica del obrero fallecido y sus probabili-dades de vida y se distribuirá equitativamente entre todos los parientes mencionados en atención a la condición y necesidades y grado de parentesco y dependencia de cada uno.
“En defecto de. las personas antes mencionadas, el padre o madre de crianza, o el pariente de más cercano parentesco que dependiere de modo razonable de lo que ganaba el fallecido, recibirá una indem-nización de mil (1,000) dólares a dos mil (2,000) dólares, como máxi-mum, y si fuesen varios los parientes cercanos con derecho a indem-nización, ésta se distribuirá entre ellos en partes iguales.”

Comparando el estatuto anterior con el ahora vigente, salta a la vista que el propósito que tuvo el legislador al en-mendar el inciso 5 de la sección 3 fue el de aumentar a dos años,- contados desde la fecha del accidente, el período de tiempo dentro del cual dehe ocurrir la muerte del obrero le-sionado para que el Fondo del Seguro del Estado esté obli-gado a pagar: (a) los gastos de funeral, hasta la suma de $100, cuando el obrero muera sin dejar pariente alguno que de él dependiera para su subsistencia; o (fe) una compensa-ción de $1,000 a $3,000, si el obrero dejare dependientes. Tanto en un caso como en el otro, es requisito esencial e indispensable para que exista el derecho a reclamar compen-sación, que la muerte del obrero sea el resultado de las le-siones sufridas y que ocurra dentro de los dos años siguien-tes a la fecha del accidente. No creemos que la intención del legislador haya sido la de conceder a los dependientes de un obrero lesionado el derecho a reclamar compensación sin limitación alguna "en cuanto al tiempo en que ocurra la muerte del obrero.

La limitación de dos años contenida en el estatuto vigente no es arbitraria, ni tampoco injusta o irrazonable. Tampoco puede decirse que esa limitación prive a los dependientes del obrero del debido procedimiento de ley o que les niegue la igual protección de las leyes.

En el caso de Mattson v. Department of Labor, 293 U. S. 151, 79 L. ed. 251, la Corte Suprema Federal interpretó cier-tas disposiciones de la Ley de Compensaciones a Obreros' del Estado de Washington, que establecían limitaciones al de-recho a reclamar compensación. El estatuto vigente en la fecha en que el obrero Mattson fue lesionado, disponía, sin limitación alguna de tiempo, que si la incapacidad del obrero se agravase después de haberse fijado el tipo de compensa-ción, el Departamento podría, a petición del beneficiario, re-ajustar el tipo de compensación. La ley fue posteriormente enmendada en el sentido de disponer que la solicitud del be-neficiario para el reajuste de la compensación debía ser “he-cha dentro de tres años después de haberse fijado o de ha-ber terminado dicha compensación”. En enero 17 de 1928, Mattson recibió $240 como pago final por incapacidad par-cial permanente. En mayo 10, 1933 el obrero solicitó la re-apertura de su caso, alegando que su condición se había agravado como consecuencia de las lesiones. Su petición fue rechazada por haber sido presentada después de haber trans-currido el término de tres años fijado por el estatuto.

Al confirmar la sentencia recurrida, la Corte Suprema se expresó así:

“El apelante insiste en que en la fecha en que fué lesionado, el estatuto le confería no solamente el derecho de presentar su recla-mación original y recibir la compensación, si que también el de pre-sentar una reclamación adicional, sin limitación en cuanto al tiempo, y a recibir compensación reajustada en el caso en que. se agravara su condición como consecuencia de sus lesiones. Esto, alega él, es un derecho adquirido, es propiedad y su reconocimiento no puede ser abolido o limitado, sin infringir la cláusula del debido procedi-miento de la Enmienda Décimaeuarta do la Constitución Federal. Esta contención no puede ser sostenida.
“La Ley de Compensaciones a Obreros, de Washington, es com-pulsoria. Ejercitando su poder policíaco, el Estado ha abolido la acción por negligencia del derecho común y ha impuesto- a la indus-tria e.l pago de prim,as calculadas de acuerdo con el riesgo de lesiones a los trabajadores, ha colocado el dinero cobrado en un fondo admi-nistrado por el Estado, y sustituido el derecho de acción del traba-jador, reconocidó" por la ley común, por un derecho puramente esta-tutario a que se le pague del fondo una suma fijada de acuerdo con la naturaleza e importancia de las lesiones.”
“Que el Estado puede imponer condiciones razonables para la presentación de una reclamación, es asunto que no. admite discusión. 'Consideraciones que justifican una limitación razonable del tiempo dentro del cual puede solicitarse un aumento de la compensación, por haberse agravado la condición del reclamante, son tan obvias que no parece necesario exponerlas. El apelante no alega que el término preseriptivo de tres años para la presentación de una reclamación sea irrazonable, pero sí que está fuera de las facultades del Estado. La sección en controversia simplemente limita el tiempo para el ejercicio del derecho, afecta solamente el remedio, y ello en una forma que no es irrazonable, arbitraria u opresiva. Tal limitación del tiempo dentro del cual el remedio del apelante debe ser solicitado no le priva del debido procedimiento de ley.”

Véanse: Kannellos v. Great Northern Ry. Co., 151 Minn. 157; Monvoisin v. Plant, 147 La. 463, 85 So. 206; Ford v. Louisiana & A. Ry. Co., 196 So. 403.

Al dictar la resolución recurrida, la Comisión se abstuvo expresamente de considerar y resolver la cuestión planteada por los peticionarios, al efecto de que si el caso no fuese compensable como un caso de muerte, por haber ésta ocurrido después de haber expirado los dos años siguientes al acci-dente, los peticionarios tendrían derecho a recibir la compen-sación que hubiera correspondido al obrero por incapacidad total permanente. La Comisión resolvió “que este caso sea referido nuevamente al Administrador para que sea él quien determine si procede o no considerarlo como un caso de in-capacidad total permanente”.

La resolución recurrida debe. ser confirmada en cuanto sostiene give el derecho de los peticionarios a reclamar com-pensación por la muerte del obrero ha prescrito. El caso será devuelto a la Comisión para que de acuerdo con su reso-lución lo devibelva al Administrador para que éste considere y resuelva si los peticionarios tienen algún derecho a reclamar compensación por la alegada incapacidad permanente del obrero fenecido.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Todd, Jr., Juez Asociado Se. De Jesús,

license: Public Domain

text:
    María Sabá Lugo y Lugo, promovente y apelante, Ex parte; Rosalía Ortiz y Nilda Virginia Rodríguez Ortiz, opositoras y apeladas.
    Núm. 9008.

    Sometido: Noviembre 28, 1944.

      Resuelto: Abril 25, 1945.

      Raúl Matos, abogado de la apelante; Erasto Arjona 8iaca, abogado de las opositoras y apeladas.
   Opinión del

Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

con la cual con-curre el Juez Presidente Señor Travieso.

En el caso de Sosa Millán, et al. v. Sosa, et al., pág. 769, ante, quedó confirmada la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Jnan por el hecho de estar dividida por igual la opinión de los cuatro jueces de este tribunal. En la opinión emitida por el juez qne suscribe, con la cual con-currió el Juez Presidente, Sr. Travieso, se llegó a la conclusion de que el hijo adoptivo sólo tiene derechos hereditarios en la sucesión intestada del adoptante en el sitio que le co-rresponde sin perjudicar los derechos hereditarios de los he-rederos legítimos que a su vez tienen el concepto de forzo-sos, es decir, los hijos y descendientes legítimos, los ascen-dientes, los hijos naturales reconocidos del adoptante y res-petándose asimismo la cuota usufructuaria del cónyuge viudo.

El caso de autos es uno que concierne a la sucesión intes-tada de Enrique Alfonso Gordils y Lugo compuesta de su madre y su viuda habiendo dejado además una hija adoptiva. La madre solicitó de la corte inferior que las declarara a ella y a la viuda como únicas y universales herederas del causante. Se opusieron la viuda y la hija adoptiva y la corte, desestimando la petición de la madre declaró herede-ras a la madre, a la hija adoptiva y a la viuda “ésta en cuanto a la cuota usufructuaria que le señala la ley, o sea una tercera parte de la herencia relicta, que se sacará de la mitad libre. A la ascendiente, madre del finado, correspon-derá por su legítima la mitad de la herencia.

“En cuanto a la hija adoptiva, ella recibirá la porción libre que resta del caudal después de asignar como lo he-mos hecho, las cuotas de la viuda y la madre respectivamente, y en ella tendrá la hija adoptiva dos terceras partes, desde luego, y la restante tercera parte en nuda propiedad mien-tras la cónyuge supérstite goce el usufructo que le hemos señalado . . . ”.

No siendo, en nuestro concepto, el hijo adoptivo un heredero forzoso en la sucesión testada tampoco lo es en la intestada. Es por esto que interpretando el alcance del artículo 133 del Código Civil hemos colocado al hijo adoptivo en la sucesión intestada después de aquellos herederos legítimos que tienen el carácter de forzosos que es la única forma en qne podría asignársele alguna parte de la herencia sin perjudicar los derechos de aquéllos. La sucesión intes-tada no está dominada por la voluntad del adoptante expre-sada en testamento y por tanto tiene que ajustarse al man-dato del Código que señala quiénes deben heredar, su orden y la porción de la herencia que les corresponde. Cuando en la sucesión intestada no existen hijos del cansante heredan los ascendientes, pues el artículo 898 del Código Civil dis-pone que “A falta de hijos legítimos o ilegítimos reconoci-dos y sus descendientes, heredarán al difunto sus ascendien-tes con exclusión de los colaterales.” Este artículo hay que aplicarlo teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 768 al efecto de que “No dejando el testador descendientes, pero sí ascendientes, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a la tercera parte de la herencia en usufructo” pues de acuerdo con el artículo 761 sus disposiciones “serán aplicables del propio modo a la sucesión intestada que a la sucesión testa-mentaria.”

Tenemos, por lo tanto, que por mandato expreso de la ley, la madre del causante en el caso de autos, no existiendo hijos legítimos, tiene derecho a ser declarada heredera de sus bienes asignándosele, desde luego, al cónyuge viudo la ter-cera parte de ellos en usufructo. Siendo esto así no tiene derecho la bija adoptiva a>ser declarada heredera ábintes-tato del adoptante.

Debe revocarse la sentencia dictada por la corte inferior y en su lugar dictarse otra declarando a la apelante María Sabá Lugo y Lugo, madre del causante,, y a Rosalía Ortiz, su viuda, únicas herederas de Enrique Alfonso Gordils y Lugo, de acuerdo con los términos de esta opmión, con cos-tas sin que éstas incluyan honorarios de abogado.

Los Jueces Asociados Sres. De Jesús y Snyder están con-formes con el resultado por motivos que expresarán en opi-unión concurrente.

Opinión concurrente del

Juez Asociado Se. De Jesús,

con la cual concurre el Juez Asociado Se. Seydee.

La cuestión a resolver en este recurso es si una bija adoptiva tiene derecho a participar en la herencia intestada de su padre adoptivo cuando concurre con la madre y la viuda del adoptante.

En el caso de Sosa et al. v. Sosa et al., ante, pág. 769, los jueces de este tribunal estuvimos igualmente divididos en cuanto a si los hijos adoptivos en concurrencia con hijos na-turales solamente, tienen participación en la herencia testada de su padre adoptante. En la opinión emitida por el Juez Asociado Sr. Todd, Jr., en la cual concurrió el Juez Presi-dente Sr. Travieso, se sostuvo que el hijo adoptivo no es he-redero forzoso del adoptante, y consecuentemente no tiene derecho a participar en la herencia testada de éste cuando no lo instituye heredero. En la opinión emitida por el Juez Asociado Sr. Snyder, en la cual concurrí, se llegó a la con-clusión de que el hijo adoptivo tiene los derechos y deberes de un hijo legítimo en la familia del adoptante, y siendo un derecho del hijo legítimo participar en la herencia de sus padres, se sostuvo que el hijo adoptivo es un heredero for-zoso, sujeto desde luego a la condición impuesta por el ar-tículo 132 del Código Civil (ed. 1930), al efecto de que “La adopción no perjudicará en ningún caso los derechos que co-rrespondan a los herederos forzosos, y que subsistirán como si la adopción no se hubiese, verificado.” (Bastardillas nues-tras.)

Pin el presente caso el Juez Asociado Sr. Todd, Jr., emi-tió una opinión, en la que concurre el Juez Presidente Sr. Travieso, y consistente con lo que sostuvo en el caso de Sosa et al. v. Sosa et al., supra, concluye que no siendo el hijo adoptivo un heredero forzoso no tiene derecho a parti-cipar en la herencia intestada de su padre adoptivo en con-currencia con la madre y la viuda del adoptante.

Aunque estoy conforme con el resultado de la opinión emitida por el Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no lo estoy con sus fundamentos, sencillamente porque entiendo que el hijo adoptivo en nuestro derecho es un heredero forzoso sui ge-neris, toda vez que en ningún caso puede perjudicar los de-rechos de los otros herederos forzosos del adoptante. No repetiré aquí los argumentos que expuso el Juez Asociado Sr. Snyder en su opinión en el caso de Sosa et al. v. Sosa et al., supra, para demostrar el concepto de heredero forzoso del adoptante de que goza el hijo adoptivo. Tomo como punto de partida el principio de que el hijo adoptivo es un heredero forzoso, pero teniendo en cuenta en todo momento el precepto del art. 132, con arreglo al cual la adopción no perjudicará los derechos de los herederos forzosos del adop-tante, derechos que subsistirán como si la adopción no se hubiere verificado. Por consiguiente, para determinar cuá-les son los derechos de los herederos forzosos que no pue-den perjudicarse por la adopción, vamos a suponer que la adopción no se lia verificado.

Conforme prescribe el artículo 884 del Código Civil, tra-tando de la herencia intestada, el pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de represen-tación, y los parientes que se hallaren en el mismo grado heredarán por partes iguales, salvo lo dispuesto sobre el do-ble vínculo. Comentando Manresa el artículo 921 del Código Civil español, idéntico al 884 del nuestro, dice:

"La Lev llama a los parientes a la herencia, distribuyéndolos en ciertas clases y señalándoles determinado orden de preferencia para suceder. Estos órdenes son: 1°., el de los descendientes; 2°., el de los ascendientes; 3°., p1 de los colaterales, subdividido éste en dos: a) hermanos e hijos de hermanos; b) los demás colaterales dentro cle.1 sexto grado. En el sistema de la ley, los parientes pertenecien-tes al primer orden excluyen a los del segundo, y los del segundo a los del tercero; así, los ascendientes sólo son llamados a la herencia a falta de descendientes; los colaterales sólo a falta de ascendientes y de descendientes; los tíos y primos sólo a falta de hermanos e hijos de hermanos.
“El orden es, pues, preferente al grado y sólo con relación a cada orden ha de admitirse la primera regla general del artículo 921.” Comentarios al Código Civil Español (quinta edición, 1924), tomo VII, pág. 49.

No habiendo el finado dejado descendientes legítimos ni hijos naturales reconocidos, ni otro ascendiente que su ma-dre, correspondería a ésta la totalidad de la herencia, Có-digo Civil, artículo 898, luego de separada la cuota usufruc-tuaria que concede la ley al cónyuge viudo, cuota que en este caso asciende a la tercera parte de la herencia en usu-fructo, con arreglo al artículo 763, conservando la madre la nuda propiedad sobre dicha porción. Siendo esa la distri-bución que legalmente procedería si en este caso no existiera la hija adoptiva, y disponiendo expresamente el artículo 132 que “La adopción no perjudicará en ningún caso los dere-chos que correspondan a los herederos forzosos [que en la herencia intestada resultan ser los mismos parientes que se mencionan en el artículo 736 del Código Civil], y que sub-sistirán como si la adopción no se hubiere verificado,” es inescapable la conclusión de que ninguna participación puede tener en la herencia la hija adoptiva porque lo que se le concediera, perjudicaría los derechos legitimarios de la ma-dre o de la viuda, según se sacase la parte que se conce-diese a la hija adoptiva de la legítima correspondiente a una u otra heredera.

En el año 1910 en el caso de Julbe v. Guzmán, 16 D.P.R. 530, este tribunal se confrontó con una situación análoga a la de este caso, en relación con los derechos del cónyuge viudo en la herencia intestada antes de la enmienda de que fueron objeto los artículos 761 al 766 por la ley de 1911. La situación' era la siguiente:

El 30 de octubre de 1906 Victoria López Julbe falleció ab intestato en Humacao sin dejar descendientes. El 3 de diciembre de 1908 Dolores Julbe, madre de la difunta, soli-citó de la Corte de Distrito de Humacao que la declarase única y universal heredera de su hija. El cónyuge viudo, Julio D. Gruzmán, solicitó y obtuvo permiso para intervenir, pidiendo que se le declarase heredero de su esposa en la cuota usufructuaria que en relación con la herencia testada reconocía al cónyuge viudo la ley de 9 de marzo de 1905. La corte de distrito dictó sentencia declarando a la madre y al viudo, este último en la cuota usufructuaria, únicos y universales herederos de la finada. Apeló la madre alegando que no existía precepto legal alguno que concediese usufructo al cónyuge viudo en la sucesión iñtestada cuando concurría con ascendientes del cónyuge premuerto. La Ley de 1905 sólo reconocía cuota usufructuaria en la sucesión intestada al cónyuge viudo cuando concurría con hermanos o hijos de hermanos del cónyuge premuerto. Al igual que el Código Civil español, aquella Ley guardaba silencio sobre el dere-cho del cónyuge viudo en los demás casos en la herencia in-testada. Empero, el art. 795 del Código Civil revisado, en-tonces vigente, incluía al cónyuge viudo entre los herederos forzosos. Tres de los jueces de este Tribunal sostuvieron que como la Ley nada proveía acerca de la cuota usufruc-tuaria para el caso de concurrir el cónyuge viudo con ascen-dientes del finado, la herencia toda pasaba a la madre, y se revocó la sentencia apelada. La minoría del Tribunal, com-puesta por los Jueces Presidente Sr. Hernández y Asociado Sr. Ni güeras, fue de opinión — invocando la práctica general-mente observada que había sido reconocida por la Dirección General de los Registros de España en resolución de 14 de junio de 1897 — que como el cónyuge viudo era un heredero forzoso, debía entenderse que en la sucesión intestada le co-rrespondía la misma cuota usufructuaria que le hubiere co-rrespondido si hubiere existido testamento.

En el presente caso, aunque quisiéramos no podríamos aplicar por analogía el principio enunciado en la opinión disidente de los Jueces Presidente Sr. Hernández y Asociado Sr. Higueras, pues el caso de Julbe v. Guzmán, supra, es fácilmente distinguible del que nos ocupa. El cónyuge viudo era entonces, como es ahora, un heredero forzoso sin condi-ción alguna, mientras que el hijo adoptivo, si bien de con-formidad con la opinión del Juez Asoeiadó Sr. Snyder en el caso de Sosa et al. v. Sosa et al., supra, es un heredero forzoso, lo es sujeto a la condición impuéstale por el art. 132, al efecto de que en ningún caso la adopción perjudicará los derechos de los herederos forzosos, derechos que “sub-sistirán como si la adopción no se hubiese verificado.”

En la discusión que hemos tenido de este caso se ha ar-güido que el concepto de heredero forzoso sólo puede exis-tir en la herencia testada, y que siendo la condición impuesta por el artículo 132 del Código Civil al efecto de que la adop-ción no perjudica en ningún caso los derechos de los here-deros forzosos, dicha condición no es aplicable a la herencia intestada, donde no hay herederos forzosos. No nos deje-mos confundir por las palabras. Busquemos la sustancia y la intención legislativa. La frase “herederos forzosos” que aparece en el art. 132 es un término descriptivo de los pa-rientes más allegados al adoptante, las personas que con testamento o sin él vienen a ser los dueños de la herencia, teniendo en cuenta desde luego el orden de suceder. Los herederos forzosos son los parientes que tanto en el derecho romano como en la Le}*- de Partidas se les denominaba suyos. En la Partida Sexta, Título TIT, Ley XNT, se dice:

“Et, suyos son llamados aquellos que son fijos, ó nietos ó viznietos del faeedor del testamento . . . et llamaron los sabios antiguos á tales herederos como estos suyos, porque son como una persona et una co'sa ton el testador, et aun demás dixieron que son como señores de la herencia . . . porque han su vida et todo lo que les es menester de los bienes también como los padres ó los abuelos; et otrosi porque á la su fin non los pueden desheredar sin cierta et derecha razón.”

El estado de confusión en que se. halla nuestra ley con respecto a la adopción da por resultado que si el padre adop-tante otorga testamento, no puede impedir que el hijo adop-tivo participe en su herencia, sin perjudicar desde luego los derechos de los otros herederos forzosos, pero puede, sin embargo perjudicar al hijo adoptivo simplemente dejando de otorgar testamento. No podemos impedir ese resultado, en vista de las diferentes disposiciones del Código Civil rela-tivas a la sucesión testada y a la intestada. Esta anómala situación exige urgente subsanación, pero el remedio está exclusivamente en las manos de la Asamblea Legislativa.

Es por las razones expuestas que estoy conforme con el resultado a que se llega en la opinión suscrita por el Juez Asociado Sr. Todd, Jr., con la cual concurre el Juez Presi-dente Sr. Travieso.

      (1) El heredero forzoso siempre es un heredero legítimo pero no todos los herederos legítimos tienen la condición de forzosos. “Los herederos forzosos se llaman también legitimarios,” 6 Manresa 230, y a la pág. 241: “La legítima, como la sucesión intestada, tiene su origen en la ley, ’ ’ y más adelante: ”... los legitimarios son llamados a la herencia exclusivamente por la ley, aun contra la voluntad del testador, por lo que evidentemente las reglas para suceder en la legítima han de ser las mismas que rigen en la llamada sucesión legítima o abintestato. ” (Bastardillas nuestras.)

      (2)Aun cuando no está envuelta en este caso pues no concurren en esta sucesión hijos legítimos reconocidos, nos parece oportuno señalar el comentario que a este artículo hace el Sr. Muñoz Morales en su Anotaciones al Código Civil de Puerto Eíco a la pág. 040 cuando dice:
      “Empezando por el artículo 898, copia exacta del 909 del Código Revisado, que sustituyó al 935 del Español, y que concuerda con el 894 de la sección anterior, vemos su declaración de que los ascendientes suceden al difunto, a falta de los hijos legítimos o ilegítimos reconocidos y sus descendientes: esto es, que los hijos ilegítimos, junto con los legítimos, están en primer orden, anterior al de los ascendientes, y excluyendo a los colaterales.
      “Tal conclusión podía sostenerse mientras estaba vigente el artículo 913 del Código de 1902; pero ya desde la enmienda de 1905 empieza la duda, cuando fué reformado el artículo 795 (hoy 736) restableciendo en la sucesión testada el orden de los hijos naturales después de los ascendientes legítimos en la clasi-ficación de herederos forzosos; y cuando la Sección 15 de la misma ley de 1$05 restableciendo el artículo 841 del Código Español (hoy 768 de P. R.) fija el derecho de los hijos naturales reconocidos en concurrencia con los ascendientes legítimos, asignándoles una cuota que habrá de detraerse de la parte de libre disposición.

        "Pero la duda se disipa cuando la ley de 1911 en su sección 3a. deroga expre-samente el artículo 913 del Código de 1902 y en su lugar restablece en esta sección segunda, y en la sucesión intestada, la doctrina de los artículos 939 a 945 del Código Español, hoy contenidos en el artículo 90S, especialmente el apar-tado 4o., en relación con el artículo 768 de nuestro vigente Código.
      "En vista de esas enmiendas, y comparando con los artículos 7(58 y 902 de este mismo Código, resulta palmaria la contradicción y no es posible sostener hoy el texto del artículo 898, en cuanto declara que los hijos ilegítimos recono-cidos heredan con preferencia a los ascendientes legítimos, quedando éstos en segundo orden con respecto a aquéllos.
      "Y ahora veamos esa contradicción: este artículo 898 dice, en síntesis, que 'cuando existen hijos ilegítimos reconocidos y sus descendientes, no heredarán los ascendientes’. En cambio el artículo 902 en su apartado 4o. dice que ‘cuando los hijos naturales reconocidos concurran con descendientes o ascendientes legíti-mos, sólo percibirán de la herencia la porción que fijan los artículos 767 y 768’.
      "Conteniendo el artículo 902 una enmienda de fecha posterior a la que con-tiene el 898, es evidente la derogación de este último en la parte en que apa-rece él conflicto; y én consecuencia hay que sostener que implícitamente ha que-dado subsistente la doctrina del artículo 935 del Código Español y que esa fué la intención del legislador puertorriqueño al decretar la ley de 9 de marzo de 1911.” (Bastardillas nuestras.)

      (1)La cuota usufructuaria del cónyuge viudo varía en cada caso, según los herederos con quienes concurra. Artículos 761 al 766. Estos seis artículos se hallan bajo el Libro Tercero del Código Civil, Título III, Capítulo II, que trata de la herencia testada; pero el artículo 761, según fué enmendado por la Ley núm. 73 do 9 de marzo de 1911 (pág. 247), expresamente prescribió que las disposiciones del citado artículo y las de los siguientes, 762 al 766, referentes todos a los derechos del cónyuge viudo, serán aplicables del propio modo tanto a la sucesión testamentaria como a la intestada.

      (2) El artículo 736 prescribe:
      “Son herederos forzosos:
      “1. Los hijos y descendientes legítimos respecto de sus padres y ascendientes legítimos;
      “2. A falta de los anteriores, los padres y ascendientes legítimos respecto do sus hijos y descendientes legítimos.
      “3. El viudo o viuda, los hijos naturales legalmente reconocidos y el padre o madre de éstos, en la forma y medida que establecen los artículos 761, 762, 763, 764, 767, 768, 769, 770, 771 y 772, de este código.”

      (3)No se nos entienda que los colaterales o El Pueblo de Puerto Bieo puedan perjudicar los derechos del hijo adoptivo, porque ni unos ni otro tienen el con-cepto de herederos forzosos de conformidad con el artículo 736, y por consiguiente el hijo adoptivo los puede perjudicar.

      (4) Admitimos que hay varias teorías con respecto al fundamento de la suce-sión intestada, pero sea cual fuere el fundamento, el resultado es siempre el mismo, toda vez que los llamados herederos forzosos son los parientes que en la herencia intestada, aunque no con ese nombre y sí con el de legitimarios o herederos legítimos, heredan al finado con preferencia a los colaterales. Véase la discusión sobre esta materia en las Instituciones de Derecho Civil Español de E. Clemente de Diego, tomo 3, pág. 272 et seq.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    George M. Moffett, peticionario y apelante, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, y Banco Popular de Puerto Rico, demandados y apelados.
    Núm. 9081.

    Sometido: Abril 6, 1945.

      Resuelto: Abril 25, 1945.

      James R. Beverley, B. Castro Fernández y José López Baralt, abo-gados del apelante; Fon. Procurador General Interino Jesús A. González y Fernando B. Fornaris y Ramón Gandía Biscombe, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del Tesorero de Puerto Rico, apelado; Damián Monserrat, Jr., Gabriel de la Haba y Rafael Baragaño, Jr., abogados del Banco Popular, apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario solicitó una sentencia declaratoria sobre las siguientes cuestiones :

1. El Banco Popular de Puerto Rico, fiduciario (Trustee) de los accionistas comunes de South Porto Rico Sugar Company de New Jersey, recibió el 1 de julio de 1942, de la So-ciedad Russell <& Co., Sucesores, ciertas cantidades de dinero para ser repartidas entre dichos accionistas, como dividen-dos, a razón de cincuenta centavos por cada acción.

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Con-tribuciones Sobre Ingresos, vigentes en P de julio de 1942, —Sección 22, enmendada por la Ley 31 de abril 12, 1941 ((1) pág. 479); sección 12(a), enmendada por la Ley 159 de mayo 13 de 1941 ( (1) pág. 973) y sección 13(a), enmen-dada por la Ley 23 de noviembre 21 de 1941 ((2)’ pág. 73) —el Banco repartió la suma recibida, entre los accionistas, descontando y reteniendo a cada uno de ellos la contribución normal y la adicional provistas por las referidas secciones.

Al peticionario le correspondió como dividendo sobre 21,699 acciones, un total de $10,849.50. De conformidad con la ley entonces vigente, el Banco retuvo la contribución normal de 8 por ciento de dicha suma; y por ser el peticiona-rio un ciudadano americano no residente en Puerto Rico, re-tuvo como contribución' adicional la suma de $269.47. La suma total retenida al peticionario ascendió a $1,137.43.

Alega el peticionario que la sección 12(a) de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos “es inconstitucional y nula en cuanto discrimina entre ciudadanos americanos y extran-jeros, y entre ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico y ciudadanos americanos no residentes”, imponiendo a los residentes un tipo de contribución normal menor que el que se impone a los no residentes. Alega, además, que si se le impusiera la contribución al tipo fijado para los ciuda-danos americanos residentes en la Isla, el peticionario ten-dría que pagar un total de $1,067.43, en vez de los $1,137.43 que se le han descontado.

2. Por virtud de la Ley núm. 20 de diciembre 3 de 1942 ((2) pág. 97), las secciones 22(a) y 12 y 13 de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos fueron enmendadas, con efecto retroactivo al día 1° de julio de 1942. El efecto de dichas enmiendas es el de imponer a todo individuo no residente que no sea ciudadano de Puerto Rico una contribución normal de 28 por ciento del montante del ingreso neto.

Alega el peticionario que las disposiciones de dichas en-miendas son ilegales, inconstitucionales y nulas: (a) porque se impone al Banco retenedor, con efecto retroactivo, una obligación imposible de cumplir, por haber sido repartidos los dividendos el 1° de julio de 1942, o sea cinco meses antes de la aprobación de las enmiendas; y (b) porque discri-mina entre Jos individuos no residentes que no son ciudada-nos de Puerto Rico, a quienes se les impone una contribu-ción normal de 28 por ciento, y los ciudadanos de Puerto Rico, a quienes se les impone solamente el 5 por ciento del ingreso neto.

3. Entre los accionistas de South Porto Rico Sugar Company figuran varias corporaciones o sociedades extranjeras, las cuales no han sido autorizadas para hacer negocios en Puerto Rico. El Banco fiduciario dedujo y retuvo a esas corporaciones el 20 por ciento del montante de sus partici-paciones, de acuerdo con las secciones 28(a) y 35 de la Ley 23 de 1941, página 81, por virtud de las cuales se impone a las corporaciones extranjeras una contribución del 20 por ciento de sus ingresos netos, mientras que a las corporacio-nes domésticas se les impone una contribución de 18 por ciento. La Ley núm. 20 de diciembre 3 de 1942, enmendó dichas secciones, con efecto retroactivo al 10 de julio de 1942, aumentando los tipos contributivos a 22 por ciento y 20 por ciento, respectivamente.

El peticionario impugna la validez y eonstitucionalidad de todas dichas disposiciones legales y pide que se decrete la nulidad de las mismas y que se prohíba al Tesorero de Puerto Rico cobrar, y al Banco Popular de Puerto Rico pa-gar, las contribuciones a los tipos fijados por dichas leyes.

El Tesorero radicó una extensa contestación y como de-fensas especiales alegó la insuficiencia de los hechos alega-dos para determinar una causa de acción y que la corte inferior carece de jurisdicción tanto sobre la persona del Te-sorero como sobre la materia de la acción. Sometido el caso por las alegaciones, la corte inferior dictó sentencia deses-timando la demanda. El peticionario interpuso el presente recurso.

Si se examinan cuidadosamente las alegaciones de la petición, se verá que el peticionario se queja de cobros realizados por el Tesorero al amparo de la legislación de cuya constitueionalidad se trata en este procedimiento, sin alegar que el pago de las .sumas reclamadas por el Tesorero se hiciera bajo protesta. Se queja, además, el peticionario de la actitud del Tesorero, alegando que dicho funcionario insiste en aplicar la ley tal y como aparece redactada y en darle efecto retroactivo al l9 de julio de 1942. Contra los actos ya realizados por el Tesorero no se solicita remedio alguno. Contra los que pueda realizar en el futuro, al amparo de la legislación impugnada, se solicita especialmente el remedio de injunction.

Convenimos con la corte inferior en que en el presente caso no concurre ninguna de las consideraciones de equidad que pudieran justificar la expedición de un auto de injunction para impedir el cobro de contribuciones. El pago bajo protesta y la reclamación de la suma así pagada, mediante querella formulada ante el Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, es un remedio legal adecuado y suficiente para la protección del contribuyente. Y es un principio legal, por demás conocido, que cuando existe un remedio legal adecuado no procede el injunction.

Tampoco erró la corte inferior al resolver que en este caso no existe una verdadera controversia que pueda servir de base a una sentencia declaratoria. Como dijimos en Mayagüez Light, Power & Ice Co. v. Buscaglia, 59 D.P.R. 709, 713: “No procede una sentencia declaratoria para determinar el criterio que debe seguir otro tribunal, o una junta o funcionario administrativo, en cuanto a cuestiones de de-recho que pueden estar envueltas en asuntos pendientes ante dicho tribunal, junta o funcionario.” No debe permitirse de ordinario a los contribuyentes que eviten el pasar por el Tribunal de Contribuciones, utilizando el procedimiento de solicitar una sentencia declaratoria en la corte de distrito. La corte inferior ejercitó debidamente su discreción al de-clarar sin lugar la petición. Power Electric Co., Inc. v. Rafael Buscaglia, Tesorero, 63 D.P.R. 984; Mayagüez Sugar Co. v. Tribunal de Apelación, 60 D.P.R. 753; Miles Laboratories v. Federal Trade Commission, 140 P. (2d) 683.

La sentencia recurrida será confirmada.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Sixto Nieto y Raúl Martiz, acusados y apelantes.
    Núm. 10735.

    Sometido: Marzo 6, 1945.

      Resuelto: Abril 25, 1945.

      Enrique. Báez García, abogado de los apelantes; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Sixto Nieto y Raúl Martiz fueron acusados en la Corte de Distrito de Mayagüez del delito de adulteración de leche. Antes de celebrarse el juicio los acusados presentaron una moción solicitando juicio por jurado, alegando que si bien la acusación les imputaba que “ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, tenían para la venta con el fin de dedicarla al consumo humano, leche de vaca adulterada con agua aña-dida artificialmente,” la Ley núm. 77 de 12 de agosto de 1925 (pág. 559) había sido derogada por la Ley de Alimen-tos, Drogas y Comésticos de Puerto Rico (Ley núm. 72 de 26 de abril de 1940, pág. 493), en la cual se declara delito la adulteración de leche por ser ésta un alimento; que como en la Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos no se confiere jurisdicción exclusiva a la corte de distrito, por lo cual tra-tándose de un misdemeanor, la corte municipal tiene juris-dicción concurrente con la corte de distrito, es de aplicación el artículo 178 del Código de Enjuiciamiento Criminal (ed. 1935), a virtud del cual el acusado al ser enjuiciado-original-mente en la corte de distrito tiene derecho a ser juzgado por jurado. La corte desestimó la moción de los acusados, y ce-lebrado el juicio por tribunal de derecho, los declaró culpa-bles y los sentenció por el delito imputádoles.

En el recurso que han interpuesto contra la sentencia, el único error que señalan es el de no habérseles con-cedido el derecho que alegan tener de ser juzgados por ju-rado.

La contención de los apelantes está basada exclusiva-mente en que la Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos de 1940 ha derogado la Ley núm. 77 de 1925, sobre adultera-ción de leche.

Las dos leyes son in pari materia, pero la de 1940, que es de carácter general, no menciona la leche entre los ali-mentos de cuya adulteración se ocupa. Si no existiera la Ley especial núm. 77 de 1925, que define y castiga el delito de adulteración de leche, tendríamos que convenir con los apelantes en que la leche, siendo un alimento para el con-sumo humano, estaría comprendida dentro de la Ley general núm. 72 de 1940. Pero es regla bien establecida en ma-’ teria de interpretación de estatutos que una ley general no deroga una ley especial a menos que expresamente se con-signe en la general la derogación o sean incompatibles entre sí. Rivera v. Corte de Distrito, 39 D.P.R. 794 (1929); Tilén v. Mena, 24 D.P.R. 815 (1917). En el presente caso las dos leyes pueden subsistir sin conflicto alguno, la primera regulando todos aquellos alimentos que no se rijan por una ley especial que no haya sido derogada por la general, y la núm. 77 de 1925 regulando exclusivamente la adulteración de leche.

Arguyen los apelantes que al aprobarse la Ley núm. 63 de 28 de abril de 1931 (pág. 415) expresamente se consignó en su sección 8 que dicha Ley no derogaba “las leyes especiales aprobadas en fecha anterior por la Legislatura de Puerto Rico reglamentando la venta de leche, de café y el tráfico de leche desnatada en polvo, pero mantiene en pie todas las disposiciones que no estén en conflicto con aquellas tres leyes,” y que el no contener esa disposición la Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos de 1940, y guardar absoluto silencio sobre la ley de adulteración de lecbe de 1925, de-muestra la intención legislativa de derogarla. El haberse ex-presado en la Ley núm. 63 de 1931 que dicha legislación no derogaba la ley sobre adulteración de leche fue una manifes-tación completamente innecesaria, pues aunque no lo hubiera dicho no la hubiera derogado porque entre la ley de 1931 de carácter general y la de 1925 de carácter especial, no existía conflicto, ni la primera expresamente derogaba la se-gunda. Y el haberse guardado. silencio sobre esta cuestión en la Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos de 1940 no implica que sea la intención legislativa derogar la ley especial de 1925 sobre adulteración de leche, pues aparte de que las derogaciones implícitas no son favorecidas por la ley, la leche, por su naturaleza e importancia como alimento, siem-pre ha sido objeto de atención especial por parte del legis-lador.

El hecho de que en la acusación no se mencionase expresamente por su número y título la Ley núm. 77 de 1925, no implica, como indican los apelantes, que el delito imputado estuviese comprendido dentro de la ley general de 1940.

No habiéndose cometido el único error señalado por los apelantes, procede desestimar él recurso y confirmar la sen-tencia apelada.

      (1)py‘Ley proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de leche y para otros fines.”

      (2)“Ley para prohibir la venta, almacenaje o transporte de alimentos y dro-gas o medicinas adulterados o falsamente rotulados o que sean venenosos o perju-diciales a la salud, y para otros lines. ”


author: El Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Autonio Beltrán Benítez, acusado y apelante.
    Núm. 10782.

    Sometido: Marzo 19, 1945.

      Resuelto: Abril 27, 1945.

      Francisco García- Quiñones, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo j Luis Ne.grón Fernández, Fiscal Auxi-liar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné sentenciado por nn delito de mutilación. En el recurso que interpuso para ante este Tribunal no elevó la transcripción de la evidencia, pero el día señalado para la vista presentó una excepción previa basada en que la acusación no aduce becbos constitutivos del delito de mutilación. La cuestión, pues, a resolver es si la acusación imputa el delito de mutilación definido en el art. 212 del Código Penal (ed. 1937), a saber:

“Toda persona que ilegal y maliciosamente privare a algún ser humano de un miembro de su cuerpo, o lo mutilare, desfigurare o inutilizare, o le cortare o mutilare la lengua, sacare un ojo, sajare la nariz, oreja o labio, será reo del delito de mutilación.”

Con arreglo a este artículo, el delito consiste en ilegal y maliciosamente (a) privar a un ser humano de un miem-bro de su cuerpo; o (ó) mutilar, desfigurar o inutilizar dicbo miembro, o (c) cortadle o mutilarle la lengua, sacarle un ojo o sajarle la nariz, oreja o labio. En el presente caso la acusación imputa al apelante que “ilegal, voluntaria y maliciosamente y con intención criminal de mutilar, acome-tió y agredió con un instrumento cortante al ser humano Carmen Julia Malavé, infiriéndole una herida incisa en el lado izquierdo de la cara, desfigurándole el rostro y muti-lándola permanentemente. ’ ’

Bajo la ley común, el delito de mutilación estaba limitado a lesiones que afectaban los miembros del cuerpo que se usa-ban para combatir, ya fuere para atacar o para defenderse. El motivo por el cual se consideraba delito era, como decía Blaekstone, porque la mutilación tendía a privar al rey de la ayuda y cooperación de sus súbditos, o como decía Lord Coke, porque los miembros de los súbditos estaban bajo la protección de la ley a fin de que pudieran servir al rey y a su patria cuando la ocasión lo demandara. Mayhem as dependent on part of body injured and extent of injury, 16 A.L.R. 955; 1 Wharton’s Criminal Law (12a. ed.), sec. 767, págs. 1048 et seq.

Por la frase “un miembro de su cuerpo” se entiende las extremidades, State v. District Court, 173 N. W. 857 (Minn. 1919), pero como la herida en el presente caso fue inferida en un lado del rostro — no en la lengua, el ojo, la nariz, la oreja o el labio — y no en un miembro del cuerpo, aunque el rostro quede desfigurado no se comete el delito de mutila-ción. Véanse los casos acopiados en el subtítulo IV(a), Head, de la Monografía antes citada, pág. 962.

Resultando de la faz de la acusación en el presente caso que el apelante no privó a la perjudicada de un miembro de su cuerpo, ni se lo mutiló, desfiguró o inutilizó, ni le mutiló ninguno de los órganos que específicamente se mencionan en el artículo 212, tenemos que concluir que no se cometió el delito de mutilación.

El caso de El Pueblo v. Concepción, 30 D.P.R. 479 (1922), en tanto en cuanto del mismo se infiere que este Tribunal sostuvo que una herida en el lado derecho de la cara puede constituir el delito de mutilación, es erróneo y por consi-guiente debe considerarse revocado.

Procede por lo expuesto revocar la sentencia apelada y absolver al acusado.


author: El Juez Asociado SeñOR De Jesús

text:
    Juan Alemañy Sosa, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., y Guillermo Atiles Moréu, Administrador del Fondo del Estado, recurridos.
    Núm. 338.

    Sometido: Enero 15, 1945.

      Resuelto: Abril 27, 1945.

      Virgilio Brmiet, abogado del recurrente; Angel de Jesús Matos, Joa-quín Goirea Suárez y A. Sandín del Manzano, abogados del Admi-nistrador del Fondo del Estado, recurrido.
   El Juez Asociado SeñOR De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El Administrador del Fondo del Seguro del Estado fijó al patrono Juan Alemañy Sosa una prima preliminar para el año 1942-43, que consistió de una cantidad igual a su nó-mina final de 1941-42, más una penalidad de veinticinco por ciento sobre el montante de dicha nómina final. Apeló el patrono para ante la Comisión Industrial, alegando que el Administrador carecía de facultad para imponerle la pena-lidad, y que su imposición le privaba de su propiedad sin ' el debido procedimiento de ley, no sólp por la falta de fa-cultad para imponerla, sino por no habérsele dado una oportunidad de ser oído en relación con la misma.

El Administrador invoca como fuente de su autoridad la regla VI del Boletín Administrativo núm. 800, que es un re-glamento promulgado por él y aprobado por el Gobernador.

La Comisión resolvió que el Administrador tiene facul-tad para imponer penalidades o recargos a los patronos ase-gurados, y que esa facultad la deriva del artículo 24 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley núm. 45 de 18 de abril de 1935, (1) pág. 251), y no de los artículos 23 y 30 de la ley, como-alegó el Administrador; que aunque en su opinión el Boletín Administrativo era nulo por hallarse en conflicto con el artículo 24 de la ley, sin embargo, por no ser ella un tribunal de justicia carecía de ju-risdicción para declararlo nulo, y consecuentemente se abs-tuvo de hacer tal declaración. Sostuvo además la Comisión que el patrono tenía derecho a ser oído por el Administra-dor, antes de imponer la penalidad, y que no fue oído en, este caso, pero a pesar de ello la Comisión no revocó la decisión del Administrador, sino que se limitó a desestimar el re-curso. Solicitó el patrono la reconsideración, y le fué dene-gada.

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo expresamente autoriza al Administrador para dictar reglas razonables y apropiadas para regular la administración del Fondo, las cuales, al ser aprobadas por el Gobernador y promulgadas debidamente por el Secretario Ejecutivo, tienen fuerza de ley. Artículo 6. El artículo 23 de la ley lo auto-riza para emplear en la fijación de la prima de, ca>da riesgo el sistema que a su juicio haya sido mejor calculado para fijarla, fundándose en la experiencia de los accidentes ocu-rridos que consten en los archivos de cada patrono indivi-dualmente, debiendo a la vez tratar de estimular la evita-ción de accidentes, para todo lo cual formulará reglas fijas y equitativas. El artículo 30 tiene por objeto primordial autorizar al Administrador para hacer una distribución equi-tativa de las pérdidas entre las ocupaciones e industrias, y para hacer la bonificación que pueda ser concedida a cada pa-trono de acuerdo con sus 'riesgos, tomando como base la ex-periencia individual del patrono. Y por último, el artículo 24, según fue enmendado por la Ley núm. 162 de 14 de mayo de 1943 (pág. 525), lo autoriza para dictar las reglas que estime oportunas a fin de cobrar individualmente a cada pa-trono en la misma industria, además del porcentaje de pri-mas que a su juicio sea más justo, un recargo adicional so-bre dichas primas “cuando por no hacerse uso de aparatos de seguridad industrial, por mala administración o debido a otras razones que no puedan explicarse satisfactoriamente al Administrador, ocurra en la fábrica, establecimiento o sitio de trabajo de dicho patrono, una serie de accidentes fuera de toda proporción en número e importancia con los que ocurran en establecimientos, factorías o sitios de trabajo si-milares a los de otros patronos que se dediquen a la misma industria o negocio.”

El análisis que hemos hecho de estos artículos nos lleva a la conclusión de que es del artículo 24, y no de los otros, de donde surge la facultad del Administrador para dictar reglas imponiendo penalidades a los patronos comprendidos dentro de las condiciones que especifica el referido artículo. Examinemos ahora la sección del Boletín Administrativo relativa a penalidades para determinar si en efecto el Administrador se ajustó a las normas establecidas por el artículo 24 de la ley al aprobar la regla VI del Boletín. La regla, conforme aparece de la resolución de la Comisión, dice así:

“Cuando la frecuencia e importancia de los accidentes sufridos por los obreros de un patrono asegurado resulten en costos incurridos mayores que la cantidad asignádale para pérdidas, tal como Raya sido computada a tenor con la Tabla Básica de Asignaciones, el tipo básico de prima que según el Manual de Clasificaciones venga apli-cándosele, le será aumentado en un por ciento igual a 25 por ciento de la proporción obtenida de la diferencia entre los costos, incurridos y la Asignación para Pérdidas Incurridas; Disponiéndose, que en ningún caso, el tipo o tipos de seguro del patrono será aumentado en más de 25 por ciento del tipo básico dentro del período regular del año de póliza.”

Una simple lectura de la regla demuestra que el Admi-nistrador, al dictarla, no se ajustó a las normas establecidas por el artículo 24 de la ley. De conformidad con la regla VI, la base para la imposición de la penalidad es la frecuen-cia e importancia de los accidentes ocurridos'en la industria o sitio de negocio del patrono, y los costos incurridos en can-tidad mayor que la asignádale para pérdidas; mientras que con arreglo al artículo 24 de la ley, sólo pueden imponerse penalidades cuando (a) por no hacerse uso de aparatos de seguridad industrial, (5) por mala administración, o (c) de-bido a otras razones que no puedan explicarse satisfactoria-mente al Administrador, ocurra una serie de accidentes fuera de toda proporción en número e importancia con los que ocurran en sitios de trabajo similares a los de otros patro-nos que se dediquen a la misma industria o negocio.

No ajustándose la regla VI del Boletín Administrativo núm. 800 a las normas establecidas por el artículo 24 de la ley, tenemos que concluir que el Administrador se excedió en sus poderes al dictarla, y estando en conflicto con la ley, es por consiguiente nula. Pueblo v. Bou, ante, pág. 466. Eugene J. Keefe, Administrative Rule-Making and the Courts, 8 Fordham L. Rev. 303. Cf. Luce & Co. v. Junta Salario Mínimo, 62 D.P.R. 452 (1943); Pueblo v. Martinez, 62 D.P.R. 734 (1944).

Parece conveniente consignar que cualquier reglamento que a virtud del artículo 24 de la ley promulgue el Administrador debe disponer como condición precedente a la imposición de una penalidad, que el patrono tendrá una razonable oportunidad de explicar la causa del aumento en el número de accidentes ocurridos en su industria o sitio de negocio.

La Comisión Industrial es una junta cuasi judicial, y en el presente caso actuó judicialmente, puesto que tuvo que oír pruebas para a base de ellas decidir el caso. Administrative Rule-Making and the Courts, supra, pág. 305; Sweeney v. Young, 131 Atl. 155, 42 A.L.R. 757 (1925). Para poder decidir el caso ante ella, tenía que interpretar la ley, y encontrándose con dos disposiciones en conflicto, es decir, el artículo 24 de la ley y la regla VI del Boletín Administrativo, necesariamente para poder decidir tenía que determinar cuál era el precepto legal aplicable. Y no pudiendo subsistir un reglamento que está en conflicto con la ley, tenía el poder y era su deber desechar el reglamento y aplicar el artículo 24 de la ley.

El Administrador invoca el caso de Marmon Motor Car Co. v. Sparks, 161 N. E. 647 (Ind. 1928), para sostener que la Comisión carecía de facultad para declarar nula la regla VI del Boletín, y que tampoco tenía este tribunal jurisdic-ción al revisar la resolución de la Comisión para anular la referida regla. El caso invocado por el Administrador es inaplicable. Dicho caso está basado en un estatuto del Es-tado de Indiana que expresamente le quitaba esa facultad a la junta industrial y a la corte de apelación de Indiana, que tenía jurisdicción para revisar las decisiones de la junta industrial, y la confería exclusivamente a la Corte Suprema del Estado.

Procede por lo expuesto revocar las resoluciones de la Comisión Industrial y devolver el caso a la referida Comi-sión para que dicte una resolución de conformidad con los términos de esta opinión.


text:
    Florencio Flores Valentín, peticionario y apelante, v. J. Antonio Alvarado, Jefe Penitenciaría Insular, recucurrido y apelado.
    Núm. 9110.

    Sometido: Abril 3, 1945.

      Resuelto: Abril 30, 1945.

      J. A. Suris Agraíi, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Florencio Flores Valentín, al ser llamado a juicio- el 30 de septiembre de 1943 el caso que contra él pendía en la Corte de Distrito de Mayagüez por un delito de asesinato en segundo grado, solicitó permiso para retirar su petición de juicio por jurado. El fiscal pidió autorización a la corte para rebajar la calificación del delito al de homicidio volun-tario, la cual fue concedida. Leídale la acusación impután-dole un delito de homicidio voluntario, el acusado, asistido de su abogado, hizo alegación de culpable y, habiendo re-nunciado al término para dictar sentencia, fué condenado a tres años de presidio. Apeló para ante este tribunal y su recurso fué desestimado el 8 de mayo de 1944, ingresando en la Penitenciaría Insular en virtud de mandamiento ex-pedido por el secretario de la corte de distrito' el 12 de mayo de 1944.

Posteriormente presentó una solicitud de hábeas corpus en la Corte de Distrito de San Juan, alegando que la pri-sión a que se hallaba sometido en cumplimiento de la sen-tencia de la Corte de Distrito de Mayagüez era ilegal por-que había sido dictada sin jurisdicción sobre su persona. Basó su contención: (a) en que el 10 de agosto de 1942 fué sentenciado por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico a cumplir dos años de pre-sidio, y habiéndolos extinguido el 18 de marzo de 1944, ese mismo día quedó on probation sujeto a la jurisdicción de la corte Federal por un término de cinco años, por lo que, se-gún alega, la Corte de Distrito de Mayagüez no podía ad-quirir jurisdicción sobre su persona sin el consentimiento de la corte federal cuando fué sentenciado por la referida Corte de Distrito de Mayagüez; y (b) porque no habiendo pres-tado la corte federal su consentimiento para que se le juz-gara en la corte insular, la sentencia es nula por falta de jurisdicción y consecuentemente se halla ilegalmente privado de su libertad bajo la custodia del jefe de la Penitenciaría Insular.

La corte de distrito, luego de oír a las partes, denegó la petición de hábeas corpus, interponiendo entonces el peticio-nario esta apelación.

No es apropiado decir que en Puerto Rico existen, como en los Estados, dos distintas soberanías, la del Estado y la del Gobierno Federal, pues tanto las cortes insulares como la Federal, en el ejercicio de sus respectivas jurisdicciones, derivan sus poderes de una misma soberanía, la de los Estados Unidos. Puerto Rico v. Shell Co., 302 U. S. 258 (1937). Pero el Congreso de los Estados Unidos, a través de la Ley Orgánica, ha conferido a Puerto Rico mu-chos de los atributos de la cuasi soberanía que poseen los Estados de la Unión. Puerto Rico v. Shell Co., supra. Por esa razón en Puerto Rico se aplican por analogía, en casos de conflicto de jurisdicción entre la corte federal y las in-sulares, los mismos principios aplicables a los tribunales de los Estados en relación con los federales. Ex parte Corretjer, 50 D.P.R. 211, (1936).

Conforme resulta de la petición de hábeas corpus, cuando el apelante fue sentenciado por el delito de homicidio voluntario en la Corte de Distrito de Mayagüez debió hallarse cumpliendo la sentencia de dos años que le había impuesto la corte federal y que extinguió el 18 de marzo de 1944.

“Una persona acusada de delito tiene derecho a un juicio justo e impareial de acuerdo con las leyes del gobierno cuya soberanía se alega él ha ofendido, pero no tiene derecho a más. No debe per-mitírsele utilizar la maquinaría de una soberanía para obstruir su juicio en las cortes de la otra, a menos que la necesaria operación de esa maquinaria le impida tener un juicio imparcial. El acusado no puede quejarse si una soberanía renuncia su estricto derecho a mantenerlo en prisión para vindicar sus leyes, para que la otra pueda someterlo a juicio por el crimen contra ella. [Citas.] Tal renuncia es cuestión que descansa exclusivamente en la discreción de la soberanía que la hace y de sus representantes autorizados para hacerla.
“Una persona acusada de delito no puede, por supuesto, hallarse en dos sitios al mismo tiempo. Tiene derecho a estar presente en cada etapa de su juicio en cada jurisdicción, con completa oportu-nidad de defenderse. [Citas.] Si ese derecho se le concede no tiene motivos de queja. El hecho de que haya cometido dos delitos no le da inmunidad contra prosecución por cualquiera de ellos.” Pontzi v. Fessenden, 258 U. S. 254, 260 (1922).

En el presente caso no aparece del récord qué procedi-miento se siguió para sacar de la prisión al apelante para someterlo a la jurisdicción de la Corte de Distrito de Ma-yagiiez. Sea cual hubiere sido ese procedimiento, es lo cierto que él estuvo presente' en el juicio, y esto fué sufi-ciente para que la corte de distrito adquiriese jurisdicción sobre él, Robinson v. United States, 144 F. (2d) 392, 396 (1944); United States ex rel. Voight v. Toombs, 67 F. (2d) 744 (1933), sin que fuera de la incumbencia del acusado el procedimiento a virtud del cual fué traído a la corte insular, pues como antes se fia dicho, esa es una cuestión que concernía exclusivamente a la corte federal y a la insular, y no al acusado. Ponzi v. Fessenden, supra; Stamphill v. Johnston, 136 F. (2d) 291 (1943).

El propio acusado alega en su petición que cumplió los dos años de prisión que le impuso la corte federal; lo que demuestra que, una vez sentenciado por la corte insular, fué reintegrado a la prisión para continuar cumpliendo la sen-tencia impuéstale por la corte federal, y que después de ex-tinguida ésta y mientras se hallaba on probation fué que empezó a cumplir la que le impuso' la corte insular. Nada impedía que extinguida la sentencia de prisión de la córte federal, empezase el acusado a cumplir la impuéstale por la corte insular. El hallarse on probation no le concedía in-munidad alguna para impedir el ser recluido en prisión en cumplimiento de la sentencia impuéstale por la corte insular.

No siendo ilegal la prisión a que actualmente se halla sometido el apelante, procede confirmar la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

text:
    Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 1161.

    Sometido: Febrero 21, 1945.

      Resuelto: Abril 30, 1945.

      M. B. Pérez Mercado, abogado de la recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción sobre expropiación forzosa seguida por la Autoridad sobre Hogares de Puerto Rico contra la Compa-ñía Agrícola de Cagnas, la corte de distrito de dicha demar-cación ordenó al Registrador de la Propiedad que procediera a inscribir a favor de la Autoridad título de dominio sobre la finca rústica expropiada. Presentado el documento, el re-gistrador se negó a inscribirlo por no haberse acompañado $21 en sellos de rentas internas, importe de los derechos arancelarios de inscripción, y lo devolvió sin hacer opera-ción alguna. Para revisar esa actuación estableció la Auto-ridad el presente recurso, alegando que no está obligada a pagar derechos arancelarios, por ser ella una agencia del Gobierno de Puerto Rico y porque de acuerdo con la dispo-sición expresa de la Ley número 126 de 6 de marzo de 1938 (pág. 262) creando las Autoridades sobre Hogares, está exenta del pago de contribuciones.

En este caso, sin embargo, no se trata de una contribución. Los derechos arancelarios (fees) que se pagan como compensación de los servicios que presta el registrador no tienen el carácter de una contribución. En León y Rivas v. Registrador, 47 D.P.R. 890, 892, dijimos:

. ‘ ‘ Entendemos que un estado o territorio no está obligado a esta-blecer y ofrecer los servicios de una organización como el registro de la propiedad sin recibir retribución alguna. Federal Land Bank v. Crosland, 261 U. S. 374. El estado o territorio puede cobrar por sus servicios un derecho (fee) compensatorio. Este derecho, si es razonable, no puede considerarse como una contribución que releve de pago al Federal Land Bank, porque tanto las agendas federales como las locales deben contribuir a compensar el servicio que se les presta. . . .” (Bastardillas nuestras.)

A igual conclusión llegamos en los casos de Baetjer v. Registrador, 57 D.P.R. 175, 182; The R. F. C. Mortgage Co. v. Registrador, 60 D.P.R. 235; Irizarry v. Registrador, 61 D.P.R. 74, 79. Véase además Meléndez v. Registrador, 63 D.P.R. 1023, 1031.

De acuerdo con lo resuelto en estos casos, la exención del pago de derechos arancelarios solamente puede hacerse por la Legislatura, cuando así ló dispone expresamente, finali-dad que no se obtiene por el mero hecho de que se exima a una agencia o instrumentalidad del Gobierno del pago de contribuciones.

Rebe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Américo Miranda, demandante y apelado, v. José María Jarabo, demandado y apelante.
    Núm. 9098.

    Sometido: Abril 2, 1945.

      Resuelto: Mayo 2, 1945.

      Carlos D. Vázquez, abogado del apelante; Dubón é Ochoieeo j Otero Suro có Otero Sur o, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

En 1943 el demandante adquirió la casa objeto de este pleito. El 19 de mayo de 1944 solicitó del demandado — quien cuando el demandante la compró, ocupaba la casa bajo un contrato de arrendamiento entre el demandado y el anterior dueño — que se mudara. No habiéndose mudado el deman-dado, entonces el demandante radicó en la corte de distrito la presente acción de desahucio. El demandado ha apelado contra la sentencia ordenándole desocupe la casa.

Alega el demandado primeramente que la jurisdicción original en este caso pertenecía a la corte municipal y no a la de distrito. Su teoría consiste en que ésta no es una acción de desahucio en precario, sino una basada en un contrato con consideración menor de $1,000 al año. Su argumento es más o menos el siguiente: el demandado ocupaba la casa a virtud de un contrato de arrendamiento y por tanto no era un mero detentador; además, cuando se obtuvo ori-ginalmente la posesión bajo el contrato, la ocupación de la casa al expirar el contrato o después de su terminación, no es posesión en precario. En apoyo de su posición cita el artículo 1461 del Código Civil, Roger v. López Acosta, Juez de Distrito, 28 D.P.R. 563, y Cerra v. González, 29 D.P.R. 289.

Las autoridades citadas por el demandado no son de apli-cación a los hechos de este caso. Por el contrario, esta corte ha resuelto que cuando el comprador entabla una acción para desahuciar al inquilino que tenía un contrato con el dueño anterior la jurisdicción pertenece a la corte de distrito. (Sosa v. Río Grande Agrícola Co., Ltd., 17 D.P.R. 1149; Rourke v. Pacheco, 18 D.P.R. 981; Angleró v. Fernández, 31 D.P.R. 262, 264; Arrache et al. v. Carlsson, 33 D.P.R. 250; Flores v. Delgado, 34 D.P.R. 778). En Cuesta v. Ortiz, 29 D.P.R. 494, expresamente distinguimos los hechos del caso de Serra de los hechos aquí envueltos; y por las mis-mas razones no es de aplicación a este caso el de Padua v. Corte Municipal, 55 D.P.R. 810.

El demandado también trata de reforzar su teoría de que la corte de distrito carecía de jurisdicción, arguyendo que la Ley núm. 14, Leyes de Puerto Eico, 1941, Sesión Ex-traordinaria (pág\. 45), y los reglamentos de la O.A.P., tienen el efecto legal de prorrogar su contrato de arrendamiento, y que por tanto no detenta en precario. No creemos que esta contención tenga méritos. Se admite que el demandante nunca estuvo obligado por el contrato de arrendamiento y nunca continuó el mismo. La ley insular y los reglamentos Federales no tienen por miras crear las relaciones contractuales privadas. Debido a las condiciones de emergencia creadas por la guerra, los Gobiernos Federal é insular han asumido la tarea de proteger por fiat legislar tivo la posesión de las viviendas y exigir ciertas condiciones a ser cumplidas, antes de que se pueda terminar tal pose-sión. Pero nada encontramos en estas leyes que opere para crear relaciones contractuales privadas entre partes qne nunca las han convenido. Tampoco encontramos expresión alguna en la ley insular o los reglamentos Federales de la intención de transferir la jurisdicción en casos como el pre-sente de la corte de distrito a las cortes municipales. No hay mérito en la contención de que la corte de distrito ca-recía de jurisdicción en este caso.

La siguiente contención del demandado es que aun si la corte de distrito tuviera jurisdicción como proposición general, no fue invocada adecuadamente aquí porque la notificación para que se mudara no cumplió con los requisitos de los reglamentos de la O.A.P. El inciso 6(D)(1) de los reglamentos requiere que la notificación hecha por lo menos con diez días de antelación al tiempo fijado para desocupar deberá especificar en cuál de las razones expuestas en el inciso A basa el dueño su derecho a la posesión. Sin esta notificación no puede tener lugar el desahucio (véase Anotación, 150 A.L.R. 1462, 1467). Pero tal notificación se hizo debidamente al demandado y a la O. A. P. según lo exigen los reglamentos de ésta. Tenía fecha de 19 de mayo de 1944 .y decía que el demandante había comprado la casa “con el solo y único propósito de vivirla en unión de su familia”; que el demandado se ha negado y continúa negándose a desocuparla; y que “Como él reside en la actualidad en una casa que no es, ni ha sido nunca de su propiedad, por la presente le requerimos para que proceda a desalojar y entregarle su dicha casa en o antes del próximo día 31 de mayo de 1944” o de lo contrario se entablarían procedimientos judiciales para obtener la posesión de la misma.

Quizás habría sido mejor si la notificación hubiera dicho que se solicitaba la posesión de la casa “de buena fe” y para “ocupación inmediata”, toda vez que éstos son los re-quisitos de la Ley núm. 14 de 1941. Sin embargo, creemos que puede deducirse la necesidad de ocupación inmediata de los términos de la notificación en conjunto. Y en cuanto a buena fe, ése es uno de los requisitos que tiene la corte de distrito que hallar probados bajo la Ley núm. 14; la noti-ficación como tal, es exigida solamente por el reglamento de la O.A.P. Pero no podemos interpretar el reglamento de manera supertécnica para que las disposiciones de la Ley núm. 14 y las del reglamento tengan que repetirse palabra por palabra en la notificación. El propósito del requisito de que la notificación exprese los motivos para el lanzamiento es darle al inquilino suficiente información para impugnar la validez del requerimiento para que se mude de la casa, y en el caso adecuado concederle la oportunidad de poner coto a las infracciones de las obligaciones del arrendamiento sobre las que el arrendatario basa su derecho al desahucio. (Véase Anotación, 145 A.L.R. 1484, 1486). Aquí la notificación ma-nifestaba que el demandante necesitaba la casa para usarla como su residencia particular y que la casa que ocupaba nunca había sido ni era propiedad suya. Esto era suficiente para cumplir con el reglamento y para advertirle al deman-dado de sus derechos, si alguno tuviere, -bajo la Ley núm. 14 de 1941. No vemos fin práctico alguno en exigir como re-quisito indispensable de que el dueño de la casa exponga en la notificación su propia buena fe. El inquilino puede, de así elegirlo, impugnar en las cortes la buena fe del dueño. En verdad así lo ha hecho en este caso. Pero resolver ahora que el demandante, quien compró esta casa hace dos años para su residencia privada, no ha notificado debida-mente al demandado bajo todas las circunstancias aquí eon-j currentes de dicha intención según lo exigen la ley y el re-1 glamento, estaría en extremo fuera de la realidad. Resol-J vemos que la notificación fué suficiente. j

El último error se refiere a la apreciación de la prueba. El récord contiene suficiente evidencia para sostener las conclusiones de fiecho. Por tanto no estamos en libertad de alterarlas.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.

       Este caso es una secuela de Miranda v. Corte de Distrito, 63 D.P.R. 161. Allí no prosperó el desahucio porque en aquel entonces el demandante estaba ■dviendo una casa que había sido suya dentro del año anterior al comienzo de la acción (Ley núm. 14, Leyes de Puerto Bico, 1941, Sesión Extraordinaria, pág. :5). Cuando esta situación desapareció el demandante le envió la notificación de pie aquí se trata. Esta segunda notificación era necesaria debido al inciso 6 'D) (1) del Beglamento de la O.A.P. de que debe enviarse una notificación iára que se desocupe la casa con diez días de antelación al tiempo fijado para lesocupar o al inicio de cualquier acción de desahucio. Estos hechos prueban laxamente que el demandante en ningún momento continuó el contrato de arren-amiento anterior. Tampoco el demandado alega esta contención.

      Véase Miranda v. Corte de Distrito, 63 D.P.R. 161. I

      No hemos pasado por alto dos casos de la Corte Superior de California, Lester v. Isaac, 146 P. (2d) 524, y Wrenn v. Sutton, 150 P. (2d) 589, pero nol podemos seguirlos en lo que parece ser una regla demasiado técnica. ■ i


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Brugal & Co., C. por A., peticionaria y apelante, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8975.

    Sometido: Diciembre 19, 1944.

      Resuelto: Mayo 4, 1945.

      Géigel & Silva, abogados de la apelante; Hon. Procurador General Interino Jesús A. González y F. A. Rodríguez Forteza, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La corporación Borinquen Refining Co. era dueña de una finca rústica de seis cuerdas sita en el barrio Monacillos de Río Piedras. No habiendo pagado las contribuciones corres-pondientes a los años 1927 al 1931 se inició procedimiento de apremio que culminó en subasta celebrada en 2G de enero de 1932 en la cual se adjudicó el inmueble a El Pueblo de Puerto Rico por la suma de $8,380.42, importe de las con-tribuciones adeudadas, recargos e intereses. En el año 1934 el Comisionado del Interior arrendó el inmueble a Brugal & Co., C. por A. por un término de quince años y mediante el pago de un canon de $640 anuales. Brugal & Co., C. por A. es, desde el 11 de octubre de 1943, cesionaria de los dere-chos y acciones pertenecientes a la Borinqnen Refining Co. y de los pertenecientes al Banco Comercial de Puerto Rico como acreedor hipotecario con gravamen inscrito sobre la finca por la.suma de $60,000.

Basándose en los anteriores hechos y en lo' dispuesto en el artículo 348 del Código Político, según fue'enmendado por la Ley número 11 aprobada en 10 de abril de 1943 (pág.33), Brugal & Co. solicitó, tanto del Tesorero de Puerto Rico como de sus subalternos, la redención de la finca en su ca-rácter de cesionaria de los derechos y acciones de Borinquen Refining Co. y del Banco Comercial de Puerto Rico y al efecto consignó con el Colector de Corporaciones del Depar-' tamento de Hacienda un cheque certificado por la suma de $17,294.65 suma que representa la liquidación hecha por ■Brugal & Co. de lo adeudado al fisco por el importe de las contribuciones sobre la finca desde la fecha de la subasta hasta diciembre 31, 1943, con más intereses al 6 por ciento anual, recargos, etc., no habiendo sido aceptado dicho che-que por el Tesorero quien informó a Brugal & Co. que el mismo estaba a su disposición hasta tanto se resolviera si procedía o no la redención solicitada.

No habiendo el Tesorero de Puerto Rico resuelto nada en cuanto a la redención solicitada, Brugal & Co. radicó una petición en la Corte de Distrito de San Juan solicitando se expidiese un auto de mandamus contra dicho funcionario or-denándole que proceda a acceder a la redención de la finca a favor de la peticionaria, y a aceptar el depósito efectuado. El caso fue sometido a virtud de una estipulación sobre los hechos y limitándose las cuestiones en controversia a dos, a saber:

“ (o) Que el demandado alega que la peticionaria no tiene derecho ¡a la redención solicitada porque la cesión que a su favor hicieran la Borinquen Refining Co. y el Banco Comercial de Puerto Rico fue 'efectuada, en 11 de octubre de 1943, o sea, 11 años después de la fecha c!el certificado de compra de la finca en litigio a favor del Pueblo de Puerto Rico, entendiendo el 'demandado que las únicas' personas con derecho a redimir bajo las disposiciones de la Ley núm. 11 de abril 10 de 1943 son aquellas personas con derecho a redimirla dentro del año de la fecha del certificado de venta; entendiendo y alegando en contrario la peticionaria el tener derecho a la redención por ser ee-s;onaria de la dueña de dicho inmueble a la fecha de la subasta y dentro del año de la emisión del certificado de venta, o sea, Borin-quen Refining Co., y, del acreedor hipotecario sobre dicho inmueble a la fecha de la subasta y dentro del año de emisión de dicho certificado do venta, o sea, el Banco Comercial de Puerto Rico.
“ (b) Que el demandado alega que la peticionaria no tiene de-recho a la redención solicitada por entender que la finca objeto del litigio está siendo utilizada por El Pueblo de Puerto Rico por razón de estar la misma arrendada a la propia peticionaria que.paga por ello al Gobierno de Puerto Rico los cánones correspondientes; enten-diendo y alegando en contrario la peticionaria que el contrato de arrendamiento sobre dicha propiedad no significa que la propiedad esté siendo utilizada por El Pueblo de Puerto Rico, y además que la consecuencia única de la redención de la finca a favor de la peticiona-ria sería que ésta vendría obligada a respetar el contrato de arrenda-miento del Pueblo de Puerto Rico con la misma peticionaria, alegando afirmativamente la peticionaria en esta estipulación que está dispuesta a renunciar a todos los derechos y acciones que tenga en el mencio-nado, contrato de arendamiento con El Pueblo de Puerto Rico de ac-eederse a la redención de la finca, por confundirse entonces en la pe-ticionaria el carácter de dueña y arrendataria del inmueble.”

La corte inferior declaró sin lugar la petición de mandamus resolviendo las dos cuestiones planteadas a favor del demandado. La peticionaria apeló.

El artículo 348 del Código Político, según quedó enmendado por la Ley número 11 de abril 10 de 1943 dis-pone, en lo pertinente, que:

El que fuere dueño en la fecha de la venta de cualesquiera bienes inmuebles, que en lo sucesivo se vendieren a otra persona natural o jurídica o a El Pueblo de Puerto Rico para el pago de contribu-ciones, sus herederos o • cesionarios, o cualquier persona que en la fecha de la venta tuviere algún derecho o interés en los mismos, o sus herederos o cesionarios, podrá redimirlos dentro del término de un (1) año contado desde la fecha de la emisión del certificado de compra pagando al Colector de Rentas -Internas en cuya colecturía se hubiese verificado la venta de la propiedad o al comprador, herederos, o cesionarios, la cantidad total del valor de la compra, con interés a razón de seis (6) por ciento anual desde la fecha de; la venta, junto con todas las costas devengadas y contribuciones vencidas hasta la fecha de. la redención. . . . Cuando la propiedad haya sido adjudicada a El Pueblo de Puerto Rico, el Tesorero deberá, después de transcurrido un año desde la fecha de la emisión del certi-ficado de v'enta, acceder a la redención de la misma por cualquier persona con derecho a redimirla dentro del año, siempre que al soli-citarse la redención la propiedad no esté siendo utilizada por El Pueblo de Puerto Rico y o no haya sido Vendida o traspasada por éste, que la persona que solicite la redención deposite previamente en la colecturía de rentas internas correspondiente la cantidad por la cual se adjudicó la finca a El Pueblo de Puerto Rico, con intereses a razón del seis (6) por ciento anual desde la fecha de la venta, junto con todas las costas devengadas y las contribuciones que se habrían impuesto -sobre dicha propiedad de haber continuado la misma en poder de cualquier contribuyente, con sus recargos a intereses; Dis-poniéndose, que en esto's casos, una vez que el Tesorero haya accedido a la redención, se expedirá el certificado de redención y se cancelará la venta en el Registro de la Propiedad en la misma forma que se prescribe en este aitículo para los casos de redención dentro del año.”

Un examen cuidadoso de este artículo demuestra que el mismo abarca dos situaciones, a saber: 1, que pueden redi-mir dentro del año de emitido el certificado, el que fuere dueño del inmueble a la fecha de la venta a cualquier persona natural o jurídica o a El Pueblo de Puerto Eico, los herederos o cesionarios del dueño o cualquier persona que en la fecha de la venta tuviesen algún derecho o interés en el mismo o los herederos o cesionarios de dicha persona, y 2, qué se concede el mismo derecho de redención a las mis-mas personas cuando ha transcurrido más de un año desde la fecha de la emisión del certificado y el inmueble ha sido adjudicado a El Pueblo de Puerto Rico.

A nuestro juicio erró la corte inferior al resolver que “solamente tienen derecho a redimir, después de haber trans-currido el año de redención, aquella o aquellas personas quie-nes tenían algún derecho o interés sobre el o los inmuebles subastados el día de la venta o dentro del año.” Esta in-terpretación excluye del derecho de redención a aquellas personas naturales o jurídicas que hubieren heredado o fue-ren cesionarias del dueño después de transcurrido un año de efectuada la venta. Tanto las leyes que hemos citado al margen como la Ley número 11 de 1943 lo que hacen es extender el derecho de redención, cuando ha transcurrido más • de un año de la venta y adjudicación a El Pueblo de Puerto Eico, a las mismas personas que podrían redimirla dentro del año. Que el propio demandado le dió esta interpreta-ción se desprende de la carta circular número 49 que le dirigió a los Colectores de Rentas Internas el 15 de diciembre de 1943 (Exhibit B del demandado) en la cual, al explicar-les el alcance de la Ley número 11 de .1943, les decía:

“Existen dos clases de redenciones, de acuerdo con la ley; la re-dención dentro del año de haberse expedido el certificado de compra, y la redención después de transcurrido este período.
“Las personas que pueden redimir son las mismas en ambos casos. En todo caso tienen derecho a redimir las siguientes personas:
“1 — el que era dueño de la propiedad a la fecha de la subasta;
“2 — los herederos del que era dueño de la propiedad a la fecha de la subasta;
1 ‘ 3 — el cesionario del que era dueño de la propiedad a la fecha de la subasta, o sea, aquél a quien el que era dueño a la fecha de. la su-basta le haya cedido su derecho;
‘ ‘ 4 — los herederos de los cesionarios mencionados en el número que antecede;
“5 — cualquier persona que en la fecha de la subasta tuviere algún derecho o interés en los bienes; pero no puede ser un interés o derecho remoto o futuro, sino que tal derecho o interés debe ser real y tenía qne existir ya 'a la fecha de la subasta;
“6 — los herederos de la persona que a la fecha de la subasta tuviera algún derecho o interés en la propiedad;
“-7 — el cesionario del que a la fecha de la subasta tuviere algún derecho o interés en la propiedad;
<f8 — los herederos de los cesionarios mencionados en el número 7 que antecede.”

En el caso de Puerto Rico Ilustrado v. Buscaglia, infra, pág. 914, ratificamos jurisprudencia anterior nuestra, con cita de otras autoridades, en cuanto al alcance que deben dar las cortes, como guía interpretativa de un estatuto, a los reglamentos aprobados por el Tesorero en relación con una ley contributiva cuando dichos reglamentos han estado en vigor por largo tiempo. En el presente caso es cierto que la carta circular del Tesorero estableciendo la forma en que los Colectores de Rentas Internas debían interpretar la Ley número 11 de 1943 fué enviada pocos meses después de la aprobación de la ley, empero este hecho no milita en contra de su consideración judicial. Por el contrario, en 3 Sutherland, Statutory Construction 310, (3ra Ed.), se dice “Sin embargo, a tales reglamentos se les da gran peso por las cortes al resolver significados dudosos en las leyes contri-butivas, y esto es especialmente cierto cuando dichos regla-mentos han sido formulados contemporáneamente a la apro-bación del estatuto' y han estado en vigor largo tiempo.” (Bastardillas nuestras.) En la nota a la frase en bastardi-llas se cita el caso de Norwegian Nitrogen Products Co. v. United States, 288 U. S. 294, 77 L. Ed. 796, (1933), en el cual a la pág. 315 se discute por el Juez Cardozo el alcance que debe darse a la práctica administrativa interpretando una ley contributiva y termina diciendo: “La práctica tiene un peso peculiar cuando envuelve una interpretación contem-poránea de un estatuto por los hombres que tienen la res-ponsabilidad de poner en movimiento su maquinaria, de ha-cer que sus partes trabajen eficientemente y sin dificultad cuando aún no han sido probadas y son nuevas.”

Bajo los apartados 3 y 7, supra, no hay duda alguna de que Brugal & Co., como eesionaria de Borinquen Refining Co. y del Banco Comercial, que eran dueños y acreedor hi-potecario, respectivamente, a la fecha de la subasta, tenía derecho a redimir la propiedad. Si de acuerdo con la Ley núm. 11 de 1943 la Borinquen Refining Co. o el Banco te-nían ese derecho, al vender o ceder sus derechos y acciones, vendieron o cedieron ese derecho a Brugal & Co. Así lo resolvimos en el caso de Benítez Flores v. Llompart, 50 D.P.R. 670; “Adjudicada una propiedad al Pueblo de Puerto Rico en pago de contribuciones, el contribuyente tiene un derecho o interés transmisible sobre la finca — título en .equi-dad (equitable title) que le da derecho a redimirla. Tal de-recho de redención es el que él puede transmitir y en reali-dad transmite a uno que le compra la propiedad sabiendo de la adjudicación al Pueblo.” (Sumario 4.)

Erró la corte inferior al resolver la primera cuestión planteada bajo la letra (a) de la estipulación, supra, pues nada encontramos en la ley que exija que la venta o cesión de los derechos y acciones de aquel que podía redimir den-tro del año de efectuada la venta tenga que verificarse den-tro de ese mismo período de tiempo para que el comprador o cesionario pueda adquirir el derecho a redimir la propiedad.

Pasamos a considerar la segunda cuestión planteada.

El artículo 348, supra, establece que la propiedad rematada podrá redimirse “siempre que al solicitarse la re-dención la propiedad no esté siendo utilizada por El Pueblo de Puerto Rico y o no haya sido vendida o traspasada por éste ...” La corte inferior resolvió que no procedía la redención en este caso porque la propiedad había sido arrendada a la aquí peticionaria por un término de quince años a un canon de $640 anuales y que, como consecuencia El Pueblo de Puerto Rico está recibiendo provecho o bene-ficio de la propiedad. Fundamentó su decisión en la defi-nición que da el Diccionario de las palabras “utilizar” y “útil” al efecto de que significan “'aprovecharse de una cosa” y “que trae o produce provecho, comodidad, fruto o interés ’ ’, respectivamente.

Aun cuando la definición específica de una palabra usada en una ley puede servir de guía para determinar la inten-ción legislativa al aprobarla hay casos en los cuales la na-turaleza de la ley en su totalidad y el proceso legislativo a través de los años cuando ha sido objeto de distintas enmien-das es lo que debemos considerar para fijar con exactitud dicha intención.

Examinando las leyes que hemos citado en la nota (1) encontramos que en la Ley núm. 3 de 1932 la excepción se expresó en esta forma en la sección Ia: “ . . . siempre que tales bienes inmuebles así vendidos hubieren sido adjudica-dos en el remate al Pueblo de Puerto Rico, no hubieren sido traspasados a terceras personas, o no se estuvieren dedi-cando a servicios del Gobierno Insular o de los municipios.”

En la Ley núm. 23 de 1935 se varió el lenguaje en esta forma: “ . . . siempre que tales propiedades hubieren sido adjudicadas a El Pueblo de Puerto Rico y estén en su pose-sión y no estuvieren dedicadas a servicios del Gobierno Federal o Insular o de los municipios.” El propósito obvio fué incluir al Gobierno Federal además del Insular y el de los municipios. En esta misma forma se conservó el texto en las Leyes números 121 de 1937, 81 de 1938, 85 de 1940 y 17 de 1941. Al aprobarse la Ley número 11 de 1943, supra, como hemos visto, se varió la fraseología de nuevo, eli-minándose toda mención del G-obierno Federal y el de los municipios al sustituirse la frase “y no estuvieren dedica-dos a servicios del Gobierno Federal o Insular o de los mu-nicipios” por la que dice “Siempre que ... la propiedad no esté siendo utilizada por El Pueblo de Puerto Pico ...”

La variación en la fraseología usada en estas leyes nos parece más bien de forma que de fondo;

La idea dominante es que la propiedad al momento de ser redimida no esté siendo utilizada o dedicada a servicios del Gobierno, no en el concepto económico que pueden tener las palabras utilizar o servicios, sino en el sentido de que esté siendo usada por El Pueblo de Puerto Rico para fines de carácter gubernamental.

Es cierto que la palabra “útil” significa algo que produce provecho, fruto o interés. Sin embargo esta acepción puede estar limitada al campo del derecho civil según ve-mos en la Enciclopedia Jurídica Española, Tomo 30, pág. 677, donde se dice que: “El término útil que jurídicamente se refiere y debe referirse al Derecho civil, porgue 'él De-recho administrativo toma por norma la utilidad pública, como equivalente a provecho, es una noción variable según los deseos; según la posición subjetiva y objetiva en un caso y momento determinados. ...” (Bastardillas nues-tras.)

Como consecuencia, si dentro del Derecho administrativo en relación con los términos utilizar o útil debe prevalecer la norma de utilidad pública como equivalente a provecho, forzoso es concluir que la interpretación que damos a los mismos encarna la intención legislativa, expresada en dis-tinta forma a través de las leyes citadas, de que para que exista el impedimento a la redención la propiedad debe es-tar siendo utilizada o dedicada a algún servicio de utilidad pública del Gobierno y que el becbo de que exista un con-trato de arrendamiento con la propia entidad que tiene el derecho a redimir no es un impedimento legal a la redención.

Tomando en consideración que la finalidad de las leyes que conceden el derecho a redimir propiedades subastadas por no haberse pagado las contribuciones a ellas impuestas es el obtener el cobro de dichas contribuciones, se ha sostenido que estas leyes deben interpretarse liberalmente •a favor de la persona o entidad a quien se concede el-derecho de redención. 4 Cooley on Taxation 3064, Sec. 1558. Esta siempre ha sido la norma interpretativa en estos casos y así vemos que en el de Corbett v. Nutt, 10 Wall. (77 U. S.) 464 (1870) el Tribunal Supremo Nacional expuso la regla general, adoptada por la jurisprudencia, en esta forma: “Es la regla general de las cortes dar a los estatutos que autorizan la redención de propiedades subastadas (tax sales) una interpretación favorable a los dueños, especialmente cuando proveen, como en el presente caso, indemnización completa al comprador e imponen una penalidad al contribuyente moroso.”

De acuerdo con esta doctrina cualquier duda que pudiera haber en cuanto a la cuestión que discutimos, debemos resol-verla, interpretando liberalmente el estatuto a favor del con-tribuyente o su cesionario ya que El Pueblo de Puerto Rico no sufre perjuicio alguno al resarcirse en la totalidad de las contribuciones adeudadas, sus intereses y penalidades. Erró, también, por tanto, la corte inferior al resolver la segunda euestión planteada.

Siendo ésta la conclusión a que hemos llegado, procede la revocación de la sentencia y dictarse otra ordencmdo al demandado que proceda a accede,r a la redención solicitada por la peticionaria previo el pago de la suma por la cual se adjudicó la finca a El Pueblo de Puerto Rico, con más sus intereses y recargos, y de las contribuciones que, se hubieren impuesto sobre el inmueble de haber continuado el mismo ten poder de la contribuyente,, con más sus intereses y recargos.

      (1) La Ley número 11 de 1943 al enmendar el artículo 348 del Código Político tuvo el efecto de codificar en forma permanente lo que casi corrientemente venía haciendo la Legislatura al conceder prórrogas de un año para redimir aquellas propiedades que habían sido adjudicadas a El Pueblo de Puerto Rico. Véanse al efecto las siguientes leyes: Número '3, aprobada en 2 de abril de 1932 (Leyes de 1931-32, pág-. 173); 23, aprobada en 15 de abril de 1935 ( (1) pág. 187); 121, aprobada en 13 de mayo de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 284); 81, aprobada en 6 de mayo de 1938 (pág. 201); 85, aprobada en 29 de abril de 1940 (pág. 579); y 17, aprobada en 9 de abril de 1941 ( (1) pág. 357).

      (2)TJn ejemplo de que esto fué siempre la intención legislativa nos la da la sección 2 de la Ley número 17 de 9 de abril de 1941 ((1) pág. 357) que disponía lo siguiente:
      “Sección 2. — Cualquier heredero o cesionario de la persona a cuyo nombre fué rematada la propiedad, o cualquier persona que tenía algún derecho o interés en la propiedad subastada al ser ésta adjudicada a El Pueblo de Puerto Rico, tendrá el derecho a redención determinado en la sección primera de es-ta Ley.”

      (3)Véase el alcance que liemos dado a la palabra "use” en relación con la Ley de Bentas Internas en el caso de Puerto Rico Ilustrado v. Buscaglia, pág. 914, infra.