text:
    Francisco P. Cintrón, demandante y apelado, v. Insular Industrial & Agricultural Exposition Association, Inc., y Balbina Balbaño Vda. de Caso y Dr. José B. Caso, demandados y apelantes los dos últimos.
    Núm 8253.

    Sometido: Mayo 23, 1941.

      Resuelto: Junio 9, 1941.

      R. Rivera Zayas y Joaquín Velilla, abogado de los apelantes; Harry M. Besosa, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

En septiembre de 1934 la Insular Industrial i& Agricultural Exposition Assn., Inc., demandó a Francisco P. Cintrón en acción sobre cobro de dinero ante la Corte de Distrito de San Juan y solicitó y obtuvo el 11 de septiembre en asegu-ramiento de la sentencia que pudiera recaer y previa presta-ción de fianza, que prestaron Balbina Balbaño Yda. de Caso y José B. Caso, por $1,200, el embargo de bienes de Cintrón consistentes en unos aparatos denominados “Ola Giratoria”, “Sillas Voladoras”, una “Pica de picar”, una “pica de caballitos” y cuarenta planchas de zinc. El 3 de noviembre del mismo año Cintrón levantó el embargo prestando a su vez otra fianza. Siguió el pleito sus trámites y la corte de distrito el 26 de diciembre de 1935 declaró sin lugar la de-manda y no conforme la demandante apeló para ante este tribunal que confirmó la sentencia el 4 de febrero de 1938 (52 D.P.R. 631).

El día 3 de febrero de 1939 Cintrón radicó la demanda en este caso contra la Insular Industrial i& Agricultura! Exposition Assn., Inc., y Balbina Balbaño Vda. de Caso y José B. Caso, para recobrar $1,200 de daños que alegó haberle sido causados por el embargo de sus bienes en el pleito anterior. Los demandados contestaron la demanda negando todos los hechos de la misma y como defensas espe-ciales alegaron que la demanda no aducía hechos constitu-tivos de causa de acción y que ésta está prescrita de acuerdo con el inciso 2 del artículo 1868 del Código Civil, y que habiéndose comprometido los demandados en la fianza a “responderle al dicho demandado (Cintrón) de cualquier sentencia que. pueda recaer, en sn día, en favor suyo” y no habiendo obtenido dicho Cintrón adjudicación alguna a su favor en aquel pleito, la fianza prestada quedó sin efecto.

Celebrado el juicio correspondiente la corte inferior dictó sentencia declarando con lugar la demanda y condenando a los demandados a pagar mancomunada y solidariamente al demandante la cantidad de $600 como daños y perjuicios, costas y $100 de honorarios de abogado. No conformes los demandados establecieron este recurso en el que alegan que la corte inferior cometió error al permitir que el demandante radicara una demanda enmendada, al declarar sin lugar la excepción de falta de hechos interpuesta contra la demanda enmendada y la reproducida en la contestación; al admitir prueba del demandante cuando su causa de acción estaba prescrita; al declarar con lugar la demanda y condenar a los demandados en la forma antes expuesta; al declarar sin lugar la defensa especial de prescripción; al no consignar en su sentencia que el demandante no podría recobrar daños por los $53.25 embargados; al no declarar que no procedían los daños por haber el demandante levantado el embargo, y al no declarar que la fianza prestada por los demandados quedó sin efecto por no haber obtenido el demandante sen-tencia adjudicándole cantidad alguna en el caso anterior. Discuten los apelantes los errores primero, segundo, tercero, cuarto y sexto, conjuntamente, por envolver ellos, según alegan, la defensa de prescripción levantada ante la corte inferior y además por no haberse alegado en la demanda en este caso que la demandante en el caso anterior actuara mali-ciosamente y de mala fe al trabar el embargo.

Las cuestiones legales planteadas por estos señala-mientos fueron resueltas por la corte inferior, en el curso de su opinión, en la forma siguiente:

“Los demandados contestaron e interpusieron la excepción previa de falta de causa de acción por aparecer de la demanda que la acción había prescrito de acuerdo con el inciso 2 del artículo 1868 del Código Civil, diciendo que alegándose en la demanda que habiendo sido el embargo trabado en 11 de septiembre de 1934 y disuelto dos meses más tarde, desde la fecba de la disolución del embargo basta febrero 3, 1939, que fué presentada la demanda, había transcurrido con exceso el período prescriptivo marcado por el referido inciso 2 del artículo 1868 que dice como sigue:
“ ‘Artículo 1868. Prescriben por el transcurso de un año:.
“ ‘2. La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negli-gencia de que se trata en el artículo 1802 desde que lo supo el agraviado. ’
“No es de aplicación este artículo que sólo cubre, como clara-mente lo indica su texto, obligaciones que nacen de culpa o negli-gencia (torts) y que dan margen a una acción ex delicto; la acción que se ejercita en el presente caso es ex contractu y se funda en el documento de fianza cuya parte sustancial hemos copiado anterior-mente, y no teniendo conocimiento de que para ellas exista un tér-mino especial de prescripción rige entonces la segunda parte del artículo 1864 del Código Civil que fija en quince años el término prescriptivo que comenzó a correr en febrero 4 de 1938 fecba en que quedó firme la sentencia declarando sin lugar la demanda en el pleito anterior y hasta febrero 3, 1939, fecha de la presentación de la demanda en la presente acción faltaban todavía muchos años para que por prescripción quedase ella extinguida.
“Alegan los demandados que no son responsables por no haberse alegado ni probado que el embargo fuera practicado maliciosamente y sin causa probable. Esos elementos son únicamente necesarios cuando se ejercita la acción ex delicto de persecución maliciosa o por embargo ilegal, y no cuando la acción que se presenta, como la ahora instituida, es una contractual que surge del documento de fianza otorgado en el caso anterior y que fué la causa de que se decretase el aseguramiento y pudiera la allí demandante embargar los bienes del demandado; por esa razón no tienen aplicación alguna los casos citados por los demandados.”

Es cierto que en algunas jurisdicciones americanas esta acción se considera ex contractu, pero desde el año 1908 esta corte en el caso de Lowande v. Otero & Co., et al., 14 D.P.R. 571, resolvió que esta acción aun cuando se basa en la Ley para asegurar la efectividad de sentencias, dicha ley lo que hace es aplicar la doctrina del artículo 1802 del Código Civil. El tribunal se expresó por medio de su Juez Presidente Sr. Quiñones, en esta forma:

"La Ley de 9 de marzo de 1902 ‘para asegurar la efectividad de las sentencias,’ dice en su sección 4a. lo siguiente:
“ ‘Si consta claramente en documento auténtico, que la obliga-ción es exigible, el tribunal decretará el aseguramiento sin fianza. En cualquier otro caso exigirá fianza para decretarlo. La fianza que al efecto se prestare, responderá de los daños y perjuicios que se causen al demandado por consecuencia del aseguramiento.’
‘‘Es decir; que por el mero hecho de haberse solicitado y obte-nido el aseguramiento, o sea el embargo cuando éste se hubiera prac-ticado, si a consecuencia de él se causaren daños y perjuicios al demandado, esos daños y perjuicios, serán de la responsabilidad de los fiadores, y por consiguiente, de los deudores principales también, puesto que la responsabilidad de los unos y los otros es mancomu-nada y solidaria.
“Aplica la ley en este caso, la doctrina del artículo 1902 del antiguo Código Civil, que ha sido reproducida después por el, 1803 del vigente, y según el cual, ‘el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a responder del daño causado’; e indudablemente incurre en culpa, el que para asegurar las resultas de un pleito que sigue contra determinada persona, solicita y obtiene del tribunal el embargo de los bienes de su adversario, que después, o por no haber formulado bien la demanda, o por resultar ésta injustificada o temeraria, tiene que levantarse forzosamente, después de haber causado infinidad de daños y per-juicios en su crédito o en sus intereses al dueño de los bienes em-bargados.” (Itálicas nuestras.)

En el caso de Busó v. Martínez, 18 D.P.R. 1035, 1037, se distinguieron las acciones ex delicto y ex contractu en esta forma:

“La diferencia que existe entre las acciones fundadas en con-tratos y aquellas que surgen de la culpa {tort) ha sido bien definida e interpretada. TJn perjuicio (tort) consiste en la violación de un derecho que se concede o en la omisión de un deber impuesto por la ley. El incumplimiento de un contrato consiste en hacer caso omiso de un derecho que se ha concedido o de una obligación en que se incurre mediante un convenio celebrado entre las partes. (38 Cyc., 426, y casos citados en la nota 29.)”

Y, en el más reciente de Mejías v. López, 51 D.P.R. 21, 26, el Juez Presidente Sr. Del Toro, hablando a nombre de la corte, se expresó sobre la misma materia, así:

“A veces se hace difícil distinguir entre acciones ex contractu y acciones ex delicto, pero, en líneas generales ha quedado bien esta-blecido que las primeras se basan en el quebrantamiento de un deber que surge de un contrato expreso o implícito y las segundas se fundan en el quebrantamiento de un deber impuesto por la ley que ordinariamente surge a virtud de algún acto negligente o culpable sin referencia a contrato alguno celebrado entre las partes, pero que puede surgir lo mismo independientemente de cualquier contrato que con ocasión de ciertas relaciones contractuales, como se alega que surgió en el caso concreto que estamos considerando.” (Itálicas nuestras.)

En la obra “Restatement of the Law of Torts”, adoptada y promulgada por el American Law Institute, volumen III, pág. 443, la sección 674 dice así:

“Uno que inicia o promueve la iniciación de procedimientos civiles contra otro le es responsable por el daño que le cause, si
“(a) los procedimientos son iniciados (1) sin causa probable, y (2) principalmente con un propósito ajeno que el de conseguir la adjudicación de la reclamación en que se basan los procedimientos, y
“(6) excepto cuando son ex parte, los procedimientos' han ter-minado en favor de la persona en contra de quien se iniciaron.”

Entre los comentarios a esta sección está la marcada con la letra “d” que dice:

“Un procedimiento civil puede ser auxiliar a otros procedimientos. Así, un embargo puede librarse para asegurar el pago de una sen-tencia futura. Si el procedimiento principal se inició impropiamente, bajo la regla expuesta en esta sección, se pueden recobrar los daños causados por el procedimiento auxiliar, como parte de los daños por la improcedente iniciación del procedimiento principal. Aun cuando el procedimiento principal se iniciara correctamente, el procedimiento auxiliar pudo haberlo sido sin razón. En tal caso.. .la persona que lo inició es responsable... .Es más, la prestación de una fianza para librar a la propiedad del embargo, aunque pone término al embargo. . .no es una terminación a favor de la persona que obtuvo el embargo. En tal caso si la persona cuya propiedad fné embargada prueba que el mismo fue obtenido injustamente (wrongfully), puede recobrar por el daño causado por el embargo de su propiedad.” (Itálicas nuestras.)

La acción, por tanto, es nna ex delicto y así se resolvió en los recientes casos de Martí v. Hernández, 57 D.P.R. 819, y Sosa v. Sucn. Morales, 58 D.P.R. 360 en los que expresa-mente se dijo que el término prescriptivo era el de un año provisto en el artículo 1868, inciso dos, del Código Civil. La fianza lo que Lace es fijar el límite de los daños y per-juicios a recobrar de los fiadores como consecuencia del embargo y la responsabilidad hasta el montante de la fianza es solidaria entre los fiadores y el principal.

La causa de acción sobre daños y perjuicios en este caso se originó independientemente del contrato de fianza. Éste se otorgó precisamente para responder al aquí demandante de los daños y perjuicios que la actuación torticera de la demandada Insular Industrial & Agricultural Exposition Association, Inc., pudiera ocasionarle al embargar sus bienes en la acción anterior y por tanto, la acción surge y es consecuencia de la culpa (tort) de dicha demandada y no del contrato de fianza. Tan es así que lo que hacen el principal y los fiadores es comprometerse mancomunada y solidariamente a responder de los daños que puedan causarse y la acción por dichos daños puede dirigirse contra el deudor principal y los fiadores simultáneamente o contra cualquiera de ellos. Véanse los artículos 1097 y 1721 del Código Civil (ed. 1930) y Muriente v. Terrasa, et al., 22 D.P.R. 738. Por tanto, la acción en estos casos prescribe, como ya se había resuelto en los casos citados, al año y no a los quince como resolvió la corte inferior..

Veamos si había prescrito la acción en el caso de autos. Habiéndose dictado por esta corte la sentencia en el caso anterior el 4 de febrero de 1938, fué desde dicha fecha que pudo ejercitarse, Martí v. Hernández, supra. La de-manda original en el caso de autos se radicó en la corte inferior el día 3 de febrero de 1939, o sea nn día antes de vencer el año, pnes al computarse éste, debe excluirse el primer día e incluirse el último de acuerdo con el artículo 388 del Código Político. Parés v. Echandi, 55 D.P.R. 163, 166. Sostienen los apelantes, sin embargo, que habiendo sido declarada con lugar una excepción previa de falta de hechos, al radicarse la demanda enmendada el 11 de abril de 1939 ya había vencido el año y la acción estaba prescrita. No tienen razón los apelantes.

La regla general en estos casos está expuesta en 17 R.C.L. 821, en esta forma:

"La regla general es que una enmienda a una demanda que no establece una nueva causa de acción sino meramente amplía y da mayor precisión a las alegaciones en apoyo de la causa original-mente establecida, o expresa nuevos fundamentos o especificaciones afines a tales imputaciones o alegaciones, se retrotrae al comienzo de la acción y puede ser sostenida sin consideración al estatuto de prescripción. ’ ’

Al mismo efecto véase 37 C. J. 1068, Sección 507 y siguientes. En el caso de Mohn v. Tingley, 217 P. 733, (191 Cal. 470) se resolvió que:

"Si una demanda original no expone una causa de acción y una nueva o diferente no se levanta por la demanda enmendada, pero se le agregan materias nuevas sólo para completar la causa de acción original, la enmienda, aunque hecha después de expirado el término de prescripción, se retrotrae a la fecha de la radicación de la de-manda original.”

La demanda enmendada en el caso de autos no estableció una nueva causa de acción sino que amplió las alegaciones hechas en la original. Como se dijo en el caso de Ft. Wayne Iron & Steel Co. v. Parsell, 94 N. E. 770, 776: “hay una diferencia entre una causa de acción defectuosa y una defec-tuosa alegación de una causa de acción” y la enmienda de esta última se retrotrae al comienzo de la acción.

El otro fundamento de los errores que discutimos, o sea que no se alegó ni probó que el embargo fuera practicado maliciosamente y sin cansa probable, fné bien resuelto por la corte inferior pnes ya en el caso de Martí v. Hernández, supra, se resolvió que la malicia no es un elemento necesario en estas acciones.

Por el quinto señalamiento se atribuye error a la corte inferior al apreciar la prueba y condenar a los deman-dados a pagarle al demandante la suma de $600 por daños y perjuicios, y al imponerles las costas más $100 por con-cepto de honorarios de abogado.

Alegan los apelantes que como en el pleito anterior la corte declaró sin lugar no sólo la demanda sino también la contrademanda del demandado, por tanto éste no obtuvo sen-tencia alguna a su favor cubierta por la fianza, y además, que la prueba presentada en este caso se redujo a establecer que el demandado no pudo utilizar los bienes embargados, mientras estuvieron fuera de su dominio, en las fiestas patro-nales celebradas en San Juan y Vega Baja.

La fianza prestada por los demandados no tenía nada que ver con la contrademanda radicada por el demandado en la acción anterior. Esa fianza fué prestada para responder de los daños y perjuicios causados con motivo del embargo trabado por .el demandante en bienes del demandado, aquí demandante.

El hecho de que la fianza expresara que los demandados se comprometían con Cintrón “hasta la suma de $1,200 para responderle.... de cualquier adjudicación en sentencia que pueda recaer, en su día, en favor suyo” y que en el pleito anterior no se dictara sentencia afirmativa alguna a favor del aquí demandante, no significa que los demandados no sean responsables bajo la fianza. Esta, de acuerdo con la sección 4 de la Ley sobre aseguramiento de sentencias, res-ponde de los daños y perjuicios que se causen al demandado con motivo del aseguramiento y en el caso de Avilés v. Hijos de Rafael Toro, etc., 27 D.P.R. 671, se resolvió que “tal requisito o condición es parte del contrato de fianza aunque no se incluya expresamente en él, porque habiéndose amparado en él el demandante para solicitar el asegura-miento de la sentencia, no solamente se obligó en aquella parte de la ley que le favorece sino que también le alcanza la responsabilidad que en su perjuicio establece la misma.” Y al mismo efecto véase 9 C. J. 34 citado en dicho caso. Los demandados son responsables de los daños y perjuicios que con motivo del embargo de sus bienes sufriera el demandante.

En cuanto a la cuantía de los daños, hemos leído las declaraciones de los testigos del demandante, según aparecen de la transcripción de evidencia, las que no fueron contra-dichas por ninguna otra prueba de los demandados, y somos de opinión que sostienen la conclusión a que llegó la corte inferior. Esas declaraciones tendían a demostrar que el de-mandante había sufrido daños y perjuicios durante los cerca de dos meses que estuvo vigente el embargo ascendentes a más de $2,000, debido a las ganancias que dejó de obtener en la explotación de sus máquinas en las fiestas de San Mateo en Santurce y la Virgen del Rosario en Vega Baja, suma que la corte inferior consideró exagerada y rebajó a $600 tomando en consideración la declaración del demandante, la prueba pericial, las circunstancias concurrentes y especial-mente lo resuelto en el caso de Aviles v. Hijos de Rafael Toro, supra. En dicho caso se ratificó la doctrina expuesta en el de Muriente v. Terrasa, et al., 22 D.P.R. 738, al decirse lo siguiente:

“Entonces dijimos y hoy repetimos, que el artículo 1073 del Código Civil prescribe que la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor.”

No se cometió el error imputado.

Tampoco el séptimo, pues la corte inferior no concedió indemnización alguna por el embargo de los $53.25, ni el octavo porque el hecho de que el demandante levantara el embargo en el pleito anterior no le priva del derecho de reclamar los daños y perjuicios que se le ocasionaron durante el tiempo en que subsistió el embargo. El noveno señala-miento queda discutido y resuelto por lo que hemos dicho en relación con el quinto.

No abusó de su discreción la corte sentenciadora al consi-derar a l'os demandados temerarios y condenarlos a pagar $100 por concepto de honorarios de abogado.

Se confirma la sentencia apelada.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACION

Junio 18, 1941

Los apelantes solicitan la reconsideración de la sentencia dictada el 9 de junio de 1941 por la que confirmamos la de la corte inferior.

Insisten los apelantes en que dicha corte debió declarar con lugar la excepción previa de falta de hechos para cons-tituir una causa de acción interpuesta contra la demanda enmendada y como consecuencia no debió admitir prueba en apoyo de la misma, pues la acción estaba prescrita, y argu-mentan además que debió alegarse y probarse por el deman-dante que el embargo fué ilegalmente obtenido y qué él nada adeudaba a los demandados.

Es cierto que, a pesar de que los demandádos apelantes sólo discutieron en la corte inferior la excepción previa en cuanto por ella sostenían que la acción estaba prescrita, según aparece de la resolución dictada por la corte inferior (pág. 17 T. de A.), en su contestación reprodujeron como defensa especial no sólo la excepción de prescripción sino la de falta de hechos suficientes constitutivos de una causa de acción, pero no aparece que dicha excepción fuera discutida ni re-suelta. Sea ello como fuere, somos de opinión de que la demanda en este caso, aun cuando no es un modelo de per-fección, contiene hechos suficientes.

Se alegó la acción anterior, el embargo trabado sobre los bienes del aquí demandante, que se le privó de su posesión durante dos meses, que la acción anterior terminó dictándose sentencia, que es firme, en contra del embargante, y se alegan los daños sufridos.

La sentencia en el caso anterior demuestra que el aquí demandante nada adeudaba a la Insular Industrial & Agricultural Exposition Association, Ine., según resolvió esta Corte Suprema al confirmar la sentencia de la corte inferior (52 D.P.R. 631, 641) y, como consecuencia, dicha asociación no tenía derecho a embargar los bienes del demandante. El hecho de que en otras jurisdicciones se exijan determinadas, alegaciones en estos casos no implica que estamos obligados; a seguirlas. Debemos tratar de obviar los tecnicismos y simplificar las alegaciones en todos los procedimientos y que esa es la tendencia moderna no hay duda alguna.

Aun cuando las autoridades citadas no sostienen, en su totalidad, lo dicho a manera de dictum en el caso de Martí v. Hernández, 57 D.P.R. 819, 823, somos de opinión que debemos ahora ratificarlo formalmente, a saber:

“ ■ ■ . Todo lo que tiene que alegar y probar el demandante en una acción de esa naturaleza es que sus bienes fueron embargados; que la acción que contra él se entabló y en la cual se decretó el embargo terminó por sentencia firme a su favor; y los daños su-fridos .... ’ ’

Alegan además los apelantes en su moción que la sentencia apelada debió revocarse por no estar sostenida por la prueba. No nos convencen los apelantes de que se debió exigir al demandante que probara que había obtenido una concesión en las fiestas de San Mateo en Santurce y Virgen del Rosario, en Vega Baja, para explotar sus artefactos, pues si éstos estaban embargados, sin haber él podido aún prestar fianza para levantar el embargo, no podía exigírsele que probara que había conseguido un sitio donde colocarlos. Ya dijimos en nuestra opinión anterior que los demandados no presentaron prueba alguna para contradecir la del demandante en cuanto á la cuantía de los daños. La corte inferior, esto no obstante, rebajó de $2,000 a $600 la cuantía de los daños tomando en consideración la declaración del demandante, la prueba pericial y las circunstancias concurrentes. Y aplicó la doctrina establecida en los casos de Avilés v. Hijos de Rafael Toro, etc., 27 D.P.R. 671 y Muriente v. Terrasa, 22 D.P.R. 738, al efecto de que los daños incluyen no sólo el valor de la pérdida que se haya sufrido sino tam-bién el de. la ganancia que se deje de obtener.

Los demandados pudieron presentar prueba para contra-decir la del demandante y al no hacerlo la corte inferior estuvo justificada en su conclusión.

Se declara sm lugar la moción.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Francisco Crespo Escalera, demandante y apelado, v. Ernesto Fernando Schlüter e Insular Mercantile Company, demandados y apelantes.
    Núm. 8147.

    Sometido: Abril 17, 1941.

      Resuelto: Junio 10, 1941.

      A. Torres Braschi, abogado de los apelantes; Luis Mercader, abogado del apelado.

       Bemmció su representación a la fecha de la vista del caso.

   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La demanda origen de este pleito se presentó en la Corte de Distrito de Ponee por Francisco Crespo Escalera contra Ernesto Fernando Schlüter e Insular Mercantile Company en solicitud de una sentencia decretando la nulidad de cierto procedimiento ejecutivo hipotecario tramitado en dicha corte, la restitución de una de las fincas ejecutadas o su valor y el pago de los daños causados, con costas.

La primera causa de acción, o sea la de nulidad, se funda en que el demandado Schlüter en mayo de 1931 inició un procedimiento ejecutivo hipotecario contra el demandante en cobro de dos mil dólares de principal y trescientos cincuenta de intereses garantizados con hipoteca sobre dos fincas rús-ticas, una de 81 y otra de 122.98 cuerdas, que se describen debidamente, y que a virtud “de los hechos falsos y descrip-ción inexacta del inmueble de 122.98, el ejecutante consiguió e hizo que se requiriera al Sr. Crespo y que se vendieran en subasta pública, sin previa tasación, las fincas indicadas” que le fueron adjudicadas por quinientos cincuenta dólares en abono de su reclamación.

Como causas específicas de nulidad, se alegan las que siguen:

“(a) Falta de jurisdicción de este tribunal, por cuanto la finca de 122.98 cuerdas, de más extensión y valor que la de 81 cuerdas, se halla ubicada, desde hace más de 25 años en que se reajustó la fijación de la división entre los municipios de Barros y Cíales, en el último.
“(6) Porque la cantidad cobrada por capital o intereses era in-exacta y ficticia.
!í (c) Porque no se efectuó tasación de las fincas antes del remate realizado, al extremo que el ejecutante hizo vender las mismas, que valen más de $10,000, por la ridicula e ínfima cuantía de $550 como abono a la reclamación.
“(d) Porque luego de terminado dicho ejecutivo hipotecario el ejecutante, sin notificación ni audiencia al aquí demandante, consi-guió que esta corte le entregara los pagarés al portador base de dicha ejecución, y pertenecientes ya al ejecutado contra quien los había hecho efectivo.
“ (e) Porque a pesar de ultimada la ejecución, sin previa tasa-ción de las fincas hipotecadas, el ejecutante pidió y obtuvo nueva orden ele ejecución embargando viciosa e ilegalmente bienes del eje-cutado en cantidad mayor de $10,000, todo sin ninguna notificación ni audiencia al ejecutado.
“ (/) Porque a pesar de lo anterior, y sin notificar al demandante, el ejecutante solicitó de esta corte otras nuevas órdenes de embargo contra el demandante.”

Con respecto a la otra parte demandada, se dice:

"Que la demandada Insular Mercantile Company, que aparece como dueña nominal de la indicada finca de 122.98 cuerdas, es una corporación iniciada precisamente por el demandado Schlüter, y carece de interés efectivo en dicho inmueble, siendo el verdadero interesado el demandado Schlüter quien controla tal corporación, estando, además, ésta enterada de los vicios y causas de nulidad ya referidos no sólo por lo que aparece del Eegistro sino por la infor-mación completa que tiene de todos los hechos de esta demanda.”

Para fundar la segunda causa de acción se reproducen los hechos de la primera y se alega:

“Que con motivo de la ejecución efectuada, el ejecutante vendió a tercera persona la indicada finca de 81 cuerdas, que tiene un valor razonable de $5,000, privando así al ejecutado de dicho inmueble y los frutos desde dos años que razonablemente fijados, anualmente producen, líquidamente, $700; y por tal causa ha ocasionado daños y perjuicios en el valor de dicho inmueble y los frutos indicados, hasta hoy, $6,400, que no ha pagado al demandante en todo o en parte. ’ ’

Contestando el demandado Schlüter la primera causa de acción aceptó la existencia del ejecutivo hipotecario por él iniciado y la adjudicación que se le hiciera de las fincas, pero negó qne sn demanda contuviera hechos falsos y que la descripción del inmueble de 122.98 cuerdas fuera inexacta. También negó específicamente las otras alegaciones en que se funda la causa de acción y alegó que no tiene interés “en ni una sola de las acciones de la Insular Mercantile Company. ’ ’ '

Con respecto a la segunda causa de acción negó haber vendido a tercera persona la finca de 81 cuerdas y que esa finca tuviera un valor de cinco mil dólares. Negó haber ocasionado perjuicios al demandante.

Como defensas afirmativas adujo la constitución de la hipoteca y su ejecución por falta de pago; la venta de las dos fincas que se le adjudicaron, con otros siete inmuebles, a la Insular Mercantile Company por precio de trescientos dólares cada uno y que según su información y creencia la corporación vendió a una cuarta persona la finca de 80 cuerdas; que el demandante está legalmente impedido de negarle jurisdicción al tribunal para conocer del ejecutivo hipotecario, y que de existir alguna causa de acción a favor del demandante, habría prescrito por el transcurso de cuatro años, a tenor del artículo 1253 del Código Civil, ed. 1930.

El demandado Schlüter contrademandó además alegando los hechos determinantes de su crédito no satisfecho por el deudor Crespo y solicitó que se dictara sentencia en su contra por dos mil dólares importe del principal de los dos pagarés, sus intereses — $1,373.33 hasta noviembre 30, 1938, más los que se sigan devengando hasta el pago total — cuatrocientos dólares y noventa y ocho centavos por contribuciones pa-gadas, con el interés legal, y los trescientos cincuenta dólares convenidos para costas.

La Insular Mercantile Company archivó una contestación separada negando ser una corporación controlada por Schlü-ter, admitiendo ser dueña de la finca de 122.98 cuerdas. En cuanto a la otra de 80 cuerdas negó que valiera cinco mil dólares. Como defensa afirmativa alegó la prescripción basada en el artículo 1253 del Código Civil, ed. 1930.

El demandante contestó la contrademanda de Schlüter negando sus hechos y alegando que de obtenerse la nulidad solicitada, el contrademandante no tendría derecho al cobro de su reclamación.

Bajo esas alegaciones fue el pleito a juicio, practicándose una larga prueba documental y testifical. Analizando y pesando esa prueba a los fines de resolver la cuestión de nulidad basada en la falta de jurisdicción de la corte de distrito para conocer del ejecutivo hipotecario dentro del cual se vendieron las fincas que reclama el demandante, la corte sentenciadora declaró probado que la finca de 122.98 radicaba en el término municipal de Ciales y no en el de Barros, y que era la mayor y la de más valor según el registro, y en su consecuencia decidió que correspondiendo Ciales al distrito judicial de Arecibo, la Corte de Distrito de Ponce actuó sin jurisdicción. Decretó la nulidad del pro-cedimiento ejecutivo hipotecario y la cancelación de las ins-cripciones hechas en el registro a virtud del mismo a favor del demandado Schlüter y la de todos los traspasos poste-riores de las fincas y ordenó a los demandados la restitución de dichas fincas al demandante. No conformes los deman-dados interpusieron la presente apelación.

Estudiada la evidencia se encuentra que fue apreciada debidamente por el tribunal sentenciador y en cuanto a la aplicación de la ley por dicho tribunal, no hay duda de que lo fue rectamente. No está, pues, bien fundado el re-curso en este particular.

El último párrafo del artículo 170 del Beglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria, de modo terminante prescribe:

“Art. 170.— * * * * *
“Será Juez competente el del lugar en que radiquen todos los bienes hipotecados, sin que se admita sumisión en contrario. Cuando los bienes hipotecados radiquen en distintos distritos judiciales, será competente aquél de entre ellos al cual constare becha expresa su-misión en la escritura, y en defecto de tal sumisión, el del lugar en donde radique el inmueble de mayor valor o cualquiera de los varios inmuebles de mayor valor si lo tuvieren igual dos o más en la escri-tura. Si ésta fué inscrita con anterioridad a la ley y no expresa el valor de las fincas, se atenderá a la cuantía de la responsabilidad hipotecaria distribuida entre ellas.”

Y aquí los bienes hipotecados radicaban en distintos dis-tritos y no buba sumisión expresa en la escritura. La apli-cación de la reg'la es tan clara en el sentido que lo hizo la corte sentenciadora, que no se necesita de razonamiento adi-cional alguno para resolver la cuestión. Véanse los casos de Blondet v. Benitez, 33 D.P.R. 409, 410, y P. R. Leaf Tobacco Co. v. Ereño et al., 16 D.P.R. 100.

En cuanto a que la acción ejercitada no había prescrito por el transcurso de cuatro años, bastará, decir que no se trata de un procedimiento meramente anulable si que inexistente, por haber actuado la corte sin jurisdicción. Véase el caso de Sucn. Trías v. P. R. Leaf Tobacco Co., 50 D.P.R. 91 en el que se citan los anteriores de esta corte y se resuelve, copiando del resumen, que:

“Sólo cuando la acción reivindicatoría nace de la nulidad del título del poseedor del inmueble, es que el demandante en dicha ac-ción viene obligado a pedir y obtener la previa nulidad ele ese título para que la misma prevalezca.”
“La acción encaminada a establecer la nulidad absoluta de un procedimiento ejecutivo sumario, no prescribe por el transcurso de. quince años. ’ ’
“Un procedimiento sumarísimo seguido en todos sus trámites', excepto el de la radicación del" caso, ante una corte de distrito otra que la del distrito en que la finca radica, es absolutamente nulo.”

Y en cuanto a la responsabilidad de la demandada Insular Mercantile Company sin detenernos a analizar la prueba sobre sus relaciones con el demandado Schlüter, basta sólo invocar, para sostener la sentencia, lo resuelto en Ayala v. Flores, 50 D.P.R. 873, a saber: “Uno que adquiera una propiedad del comprador o adjudicatario en subasta en pro-cedimiento sumario hipotecario con conocimiento de las cons-tancias del registro de la propiedad y a sabiendas de que la validez de sn título depende de la del procedimiento mencio-nado, no es un tercero y queda afectado o perjudicado por la nulidad del título declarada judicialmente en pleito en que sea parte.”

También por su sentencia declaró la corte con lugar la contrademanda excepción hecha de la reclamación de los trescientos cincuenta dólares que se alegó en ella que se habían convenido para costas. Pidió reconsideración el demandante y la corte enmendó su sentencia “en el sentido de que el demandante en vez de pagar la suma de $1,373 33 de intereses devengados sobre los pagarés desde las fechas de sus respectivos vencimientos hasta el día 30 de noviembre de 1938, más los intereses que continúen devengándose al 10 por ciento anual desde el 30 de noviembre de 1938 hasta su total pago, dispone que el demandante pague intereses devengados sobre los pagarés desde las fechas de sus respectivos vencimientos hasta el 17 de mayo de 1932, fecha de la interposición del ejecutivo sumario hipotecario instado por Ernesto Fernando Schlüter contra Francisco Crespo Escalera, sin poder el codemandado Schlüter reclamar más intereses, de acuerdo con lo resuelto en el caso de Pontón v. Sucrs. de Huertas González, 46 D.P.R. 789.”

Apelaron los demandados de esta parte de la sentencia. Insisten en que debió concedérseles los trescientos cincuenta dólares y reconocérseles su derecho al cobro de intereses desde el vencimiento de la obligación hasta el pago de la misma.

A nuestro juicio no tienen razón los apelantes.

En el caso de Pontón v. Sucrs. de Huertas González, 46 D.P.R. 789, 797, citado por la corte sentenciadora, se dijo:

“No hay duda alguna de que anulado el ejecutivo hipotecario queda subsistente el crédito asegurado con la hipoteca. Que los de-mandados tienen derecho a recobrar los $4,500 que prestaron a los demandantes una vez que les reintegren el valor de la finca ya que ésta no puede devolverse, es evidente. Lo que sí creemos que no tienen derecho a percibir son las costas y honorarios de abogado, ni los intereses, ya que no es posible dejar de tomar en consideración que los honorarios se devangaron en un procedimiento nulo y que la finca pasó a sus manos indebidamente y la vendieron por $8,500, de cuya cantidad han venido beneficiándose desde que la percibieron. De acordarles tal derecho se les estaría reconociendo un doble bene-ficio ya que sólo se les condena al reintegro del valor ele la finca sin frutos o intereses. El pronunciamiento debe quedar redactado reconociendo a los demandados el derecho a cobrar de los demandantes $4,500 que los demandados descontarán de los $8,500 que deben sa-tisfacer a los demandantes.”

La situación aquí es semejante. La corte sentenciadora no concedió al demandante su reclamación de frutos produ-cidos por la finca de ochenta y una cuerdas, pero no pudo dejar de tomar en consideración el hecho en relación con los intereses reclamados por los demandados. Dentro de una compensación de intereses por frutos, es aparente que son los demandados los que resultan beneficiados, pues la finca valía más que el crédito.

Y en cuanto a equiparar la contrademanda con la demanda que hubiera tenido que iniciar Schlüter para cobrar de Crespo lo que éste le debía, a los efectos de justificar la imposición de la suma acordada en la escritura de hipoteca para costas en caso de reclamación judicial, no podemos convenir en que la analogía que pueda advertirse justifique la imposición de las costas. Las de este pleito se impusieron debidamente a los demandados porque la nulidad alegada por el demandante fué decretada por la corte y no sería equitativo que habiéndose aprovechado el demandado Schlüter del pleito para reclamar todo lo más a que tendría derecho si se resolvía a favor del demandante, que fué lo que hizo, se le reconozca también el derecho a-percibir unas costas que se pactaron para el caso de una reclamación independiente.

Por virtud de todo lo expuesto debe el recurso declararse sím lugar y confirmarse en todas sus partes la sentencia ape-lada.


author: El Juez Asociado- Señor De Jesús

text:
    Juan Feliciano y María Santana Falero, demandantes y apelados, v. J. Ramón Quiñones, Rafael Landrón y Landrón y Joaquín Velilla, en su carácter de miembros de la Comisión de Servicio Público, demandados y apelantes.
    Núm. 8314.

    Sometido: Mayo 28, 1941.

      Resuelto: Junio 10, 1941.

      Tomás Torres Pérez, oficial jurídico y de la Comisión de Servicio Público, abogado de los apelantes; Rafael Rivera Zoyas y Miguel Guerra-Mondragón, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado- Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La Comisión de Servicio Público de Puerto Pico instó este recurso para revisar el auto de injunction dirigido contra ella ordenándole qne por sí o por sns agentes o empleados se abstenga de ejecutar sn resolución de 29 de noviembre de 1938 dictada en el caso J-5828, por la que ordenó la abolición del paso a nivel qne actualmente existe en la calle Cerra, del barrio Santurce de esta ciudad.

Conforme resulta de los autos, el Comisionado del Interior de Puerto Rico, el 18 de agosto de 1938, elevó un escrito a dicha comisión en el que luego de señalar el constante peligro con que el referido paso a nivel amenaza a los que se ven obligados a transitar en vehículos por dicho sitio, solicita que se ordene su cierre, comunicándole a la vez el proyecto de construir, con fondos del Gobierno Federal, una variante en la Avenida Fernández Juncos, que partiendo de la parada 18, empalmará con el puente de báscula en la carretera núm. 2, de San Juan a Bayamón, variante que hará innecesario el mencionado paso a nivel.

Enterada del escrito, la American Railroad Co. of Puerto Rico, dueña de las vías tendidas en el paso a nivel, el pri-mero de septiembre siguiente compareció ante la Comisión y luego de especificar los peligros e inconveniencias del in-dicado paso a nivel, consignó su conformidad con lo solici-tado por el Comisionado del Interior.

Así las cosas, el primero de octubre de 1938 la Comisión de Servicio Público expidió un aviso que publicó en el diario “El Mundo” los días 3 y 5 de octubre de 1938, que literal-mente dice así:

“Anuncio. — Caso Núm. J-5828.
“En la Comisión de SERVICIO Público de Puerto Rico.
“Aviso: Audiencia pública respecto a solicitud del Hon. Comisio-nado del Interior para abolir el paso a nivel en la Calle Cerra, de la Parada 15, por la Carretera núm. 2, de San Juan a Bayamón, que cruza en ese sitio tres vías paralelas del ferrocarril de la American Railroad Company of Puerto Rico.
“Por el presente se hace saber para conocimiento del público en general que pende de resolución ante esta Junta la solicitud del epí-grafe, en la que expone y alega el Comisionado del Interior que el paso a nivel que existe en la actualidad en la Calle Cerra, Parada 15, de Santurce, por la carretera núm. 2 de San Juan a Bayamón, que cruza tres vías paralelas del ferrocarril de la ‘American Railroad Company of Puerto Rico’, constituye una amenaza a la seguridad pública y con el único propósito de prevenir accidentes fatales, se dispone, con los fondos asignados por el Gobierno Federal para tales fines, construir una variante a esa carretera que, partiendo de la Parada 18, de la Avenida Fernández Juncos, empalmará con el puente de báscula en la carretera núm. 2, de San Juan a Bayamón; que la abolición de ese paso a nivel en nada afectará el tránsito por la calle Cerra, que continuará teniendo acceso a la nueva carretera variada por medio de calles transversales antes y después del refe-rido paso a nivel, y que la construcción de la indicada variante no sólo pondrá fin a este inminente peligro de la seguridad pública, sino que también mejorará considerablemente las condiciones de tránsito existentes, ya que la misma tendrá espacio para 4 líneas de vehículos y doble línea de acera. Por lo qiie solicita el Comisionado del Interior de esta comisión ordene la abolición dei paso a nivel, todo ello de acuerdo con el apartado (s) del artículo 3 de la ley núm. 70 (Bey do Servicio Público), aprobada en 6 de diciembre de 1917.
“Toda persona que desee intervenir y ser oída en la audiencia pública que acerca de la anterior solicitud celebrará esta comisión el viernes, 7 de octubre de 1938, a las 10:00 A. M., deberá presentar antes de dicha fecha un escrito haciendo constar en detalle los he-chos en que funda su derecho a intervenir y ser oída, enviando copia del mismo al Comisionado del Interior y enviando prueba a esta ofi-cina de haberle notificado.
“San Juan, P. R., a 1 de octubre de 1938.
(Fdo.) Luis Freyre Díaz,
Secretario. ’ ’

El 7 de octubre de 1938, conforme se había expresado en el aviso transcrito, se celebró la sesión a la que compare-cieron el Comisionado del Interior representado por el Lie. Angel C. Calderón; el Gobierno de la Capital, por su Admi-nistrador Dr. Carlos M. de Castro; American Railroad Co. of Puerto Rico, por el Lie. Donald R. Dexter, y los opositores Antonio Lago, Angel Gelpí Arroyo, F. Negrón Rodríguez, Víctor Manuel Monsanto, Cruz Correa, Nicolás Monsanto Cirico, Luis Cortés y Fernando Noa.

El 29 de octubre de 1988 la Comisión declaró con lugar la petición del Comisionado del Interior, dictando la resolu-ción impugnada, cuya parte dispositiva dice así:

“Tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes en este caso, esta comisión resuelve autorizar la eliminación referida, condicionándola con que se establezcan los correspondientes viaductos o tímeles para viandantes así como también la circunstancia de no cerrarse al tránsito de vehículos de motor la calle que paralelamente corre desde Miramar hasta la Parada 21, así como tampoco la calle Cerra en sus partes que llegan hasta la vía de la American Railroad Company desde la Avenida Ponce de León hacia el sur y desde el puente de báscula que está en la carretera núm. 2 a la salida de la Parada 15, hacia el norte, hasta el cruce de referencia.
“Debe entenderse que esta autorización es sin perjuicio de que las partes que pudieran perjudicarse podrán reclamar, en cualquier forma legal autorizada por nuestros estatutos, la compensación corres-pondiente por los daños y perjuicios que sufran.
“Debe entenderse también que la eliminación de este paso a nivel de la. calle Cerra se autoriza con la condición de que no tendrá efec-tividad hasta que se construya otro paso, a desnivel, por el sitio indicado en el plano presentado en el acto de la vista, el cual se acompaña y se hace formar parte de esta orden. Los detalles de esta construcción deben aparecer en un proyecto que prepare al efecto el Departamento del Interior, el cual, para los fines de esta construcción, debe ser aprobado por esta comisión.”

Los demandantes apelados, alegando ser dueños de las dos propiedades adyacentes al paso a nivel, que no asistie-ron a la audiencia celebrada en la Comisión de Servicio Público, y que sólo fueron notificados mediante la publicación del aviso antes transcrito, recurrieron para ante la corte inferior alegando ocho razones por las cuales estiman ellos que la citada resolución es nula, siendo las más importantes, a nuestro juicio, por considerarlas de carácter jurisdiccional, las siguientes:

“(o) Porque los demandantes, en su carácter de dueños de pro-piedad adyacente al mencionado paso a nivel cuya eliminación o abolición ha sido ordenada, no recibieron el aviso debido de la Comi-sión de Servicio Público, ni de ninguna otra persona o entidad, para el acto de la vista que celebró el día 7 de octubre de 1938 a virtud dé la solicitud instada por el Comisionado del Interior, según se alega en el apartado 6 de esta demanda.
“ (e) Porque los demandantes, ni ninguno de los demás dueños de propiedad adyacente a dicho paso a nivel, tuvieron oportunidad de intervenir en dicha vista y ser oídos.”

Contestó la comisión oponiéndose a las pretensiones de la demanda, alegando entre otras razones que la resolución impugnada se dictó después de darse aviso público y cele-brarse audiencia, y que no era necesario avisar personal-mente a los dueños de propiedades adyacentes por no ser partes interesadas legalmente en el asunto, por razón de que “propiedades, materiales, etc., no habían de ser perju-dicados o destruidos en la abolición que se ordena.” La corte inferior, después del correspondiente juicio en el que estimó probado que los demandantes eran dueños de propie-dad adyacente y que no fueron citados excepto mediante la Xmblicación del aviso anteriormente transcrito, dictó el auto de injunction objeto de este recurso.

No hay duda alguna que los demandantes tienen el carácter de dueños adyacentes, pues el hecho de que entre el paso a nivel y sus propiedades exista una calle o carretera no les quita tal carácter. Véase el caso de Tallapoosa Lumber Co. v. Copeland, 164 So. 658, 659, 75 A.L.R. 1325.

¿Actuó la apelante eon jurisdicción al ordenar el cierre del paso a nivel sin citar personalmente a los demandantes como dueños de propiedad adyacente ? Ésa es la cuestión alrededor de la cual gira la controversia en este caso.

El precepto legal aplicable es el contenido en el párrafo tercero del artículo 34 de la Ley de Servicio Público de Puerto Pico (Leyes de 1917 (2), pág. 433), que dice así:

“La Comisión tendrá también poder exclusivo, de oficio o me-diante querella y después de celebrar audiencia según más adelante se dispone (de la cual se dará debido aviso a todas las partes intere-sadas, incluyendo a los dueños de propiedad adyacente), para ordenar que cualquiera de los antedichos cruces, ahora existentes, o que en lo sucesivo se construyeren, sean resituados, alterados, o abolidos de acuerdo con los planos y especificaciones que deberán aprobarse, y en los términos y condiciones justos y razonables que se prescri-bieren por la Comisión.”

La comisión no dio a los apelados el debido aviso que de manera expresa exige la ley que se dé a los dueños de propiedad adyacente. Cuando la ley exige que determinadas personas sean notificadas de un procedimiento, ya sea ante una corte de justicia o ante una junta administrativa, el aviso o notificación debe hacerse personalmente siempre que pueda llevarse a efecto mediante el ejercicio de razonable diligencia, pues el aviso por publicación, o constructivo, está predicado en la necesidad, y solamente puede recurrirse a él en aquellos casos en que la notificación no puede hacerse per-sonalmente, bien porque la persona que deba ser citada no sea residente o siéndolo se halle fuera del territorio o no pueda encontrarse, o se oculte para que no pueda citársele. 21 R.C.L. 1288, sección 32; McDaniel v. McElvy, 51 A.L.R. 731.

Como se dice en 51 C. J. 84, 85, citado por los apelados, procede el remedio de injunction para impedir que una -orden nula de una comisión de servicio público sea puesta en vigor, a menos que la ley prescriba otro remedio al cual deba recurrirse exclusivamente, y no existe en la ley un procedimiento exclusivo para casos como el presente. .

Es verdaderamente sensible que por un error como el señalado por los apelados tengamos que dejar sin efecto la resolución apelada, pero tratándose como se trata de un defecto jurisdiccional, puesto que la ley específicamente exige -que se dé a los dueños de propiedades adyacentes “debido aviso”, es inevitable la conclusión a que llegó la corte sen-tenciadora al decretar el injunction solicitado. Bien pudo la apelante, al advertírsele el error, dejar sin efecto la citada resolución y citar entonces en legal forma a los apelados. Seguramente que si así se hubiese procedido, hace tiempo que este asunto hubiese quedado definitivamente resuelto.

Por lo expuesto, procede la confirmación de la sentencia apelada.


text:
    Merino Rodríguez Hnos., S. en C., demandante y apelada, v. Juan Font Suárez, demandado y apelante.
    Núm. 8215.

    Sometido: Abril 24, 1941.

      Resuelto: Junio 11, 1941.

      E. Font Suáres j Diego O. Marrero, abogados del apelante; Orlando J. AntonsanH, abogado ele la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad mercantil en comandita Merino Rodríguez Hermanos demandó al Doctor Juan Font Suárez, dentista, en cobro de $389.49, intereses y costas, ante la Corte MunL cipal de San Juan, sección tercera, y obtuvo una sentencia favorable.

Apeló el demandado para ante la corte de distrito y tam-bién en ella se resolvió el pleito en su contra. Recurrió para ante este tribunal, señalando como errores dos, el haber actuado la corte sentenciadora con pasión, prejuicio y par-cialidad al apreciar la prueba y el haber admitido ilegal-mente en evidencia las facturas enviadas por la demandante-ai demandado.

Las alegaciones dos y tres de la demanda dicen, copiadas; a la letra: ,. , <

“2. — Que en sus negociaciones con la demandante, el demandado inició una cuenta corriente con la demandante por concepto de ciertos materiales y artículos de ferretería que fueron ordenados y recibidos por el demandado, y suministrados por la demandante, cuya cuenta arroja un saldo total a favor de la demandante por la suma de $389.49, cantidad que está vencida y es líquida y exigible.
“3. — Que para el cobro de la referida cantidad de $389.49 la demandante ha hecho múltiples gestiones y requerimientos al de-mandado, no habiendo sido pagada dicha suma ni en todo ni en parte, ni por el demandado ni por ninguna otra persona a su nombre.”

El demandado contestó esas alegaciones como sigue:

“2. — En cuanto al hecho segundo niega que su cuenta corriente con la demandante arroje un saldo a favor de ésta de $389.49. Y, en contrario, alega, según su mejor información y creencia, que la suma adeudada monta solamente a $50.
“3. — Que para garantizar la deuda contraída por el demandado a favor de la demandante, el demandado suscribió unos pagarés, al-gunos de los cuales fue recogiendo a su vencimiento, y si se negó a seguir pagando el resto de la deuda contraída fue debido a que la demandante se negó a presentar al demandado el resto de los pagarés-otorgados por el demandado a favor de la demandante, según se ha dicho anteriormente.”

.Y como materia nueva alegó:

j ' “ Que la demandante trata de cobrarle al demandado cierta deuda contraída por la señora Berta Vila de Font, ascendente a la suma de 1304.43, de la cual ésta ha hecho ciertos abonos, englobándola en la deuda del demandado, por materiales de construcción servidos por la demandante para un edificio que, en la época en que se con-trajo la deuda, estaba el demandado construyendo en la prolonga-ción de la calle Simón Bolívar, de Santurce, cuya deuda garantizó la señora Vila de Font mediante unos pagarés suscritos a favor de la demandante y el otorgamiento, en unión de la demandante, de un contrato de venta condicional. Que la señora Vila de Font debía al- demandado cierta suma de dinero y, según convenio entre ella y el demandado, tomó a crédito a la demandante la expresada suma de $304.43 en la forma expresada, para pagar al demandado, en esa forma, la deuda que con éste tenía contraída. Que los materiales de construcción comprados a crédito por la señora Vila de Font a la demandante fueron servidos al demandado para el edificio que éste estaba construyendo en la prolongación de la calle Simón Bolívar, de Santurce.”

Estudiados los autos y los alegatos creemos que asiste la razón al apelante. La prueba demuestra a nuestro juicio que es cierta la materia nueva que alegrara en su contestación el demandado y esa materia constituye una perfecta defensa.

Llamada a declarar en el- acto del juicio Berta Vilá de Font, se expresó así:

“R. — Resulta que yo tenía un negocio mío de un taller y necesi-taba comprar unas máquinas y no tenía el dinero suficiente y le hice un préstamo a mi cuñado por |300 y pasó un tiempo y yo no pude pagarlo porque el negocio iba malo y entonces empezó a fabricar y 'era muy natural que él me pidiera su dinero para fabricar y yo no lo tenía para devolvérselo y entonces le dije, ‘Bueno, yo voy a abrir una cuenta en una casa que vendan materiales y usted los utiliza y :así me da una oportunidad para pagar la cuenta mensualmente ya. (.que no puedo pagársela de golpe.’ Í¡1 estuvo conforme; al aceptar yo me fui a la casa de Merino, hablé con el Sr. Herrero y él me presentó al Sr. Vélez y yo hice una solicitud de crédito y me dijo que me contestaba por teléfono. Al otro día me llamó y fui allá entonces me dijo que aceptaron el crédito y yo firmé un contrato de venta condicional y unos pagarés y me fui para casa y yo di la direc-eión mía para que me cobraran los pagarés y les dije: ‘Los mate-riales me los envían a la calle Condado. ’
“P. — 4A casa de quién?
“R. — Del Dr. Font Suárez.
“P. — Mire a ver si ése es el documento que le' presentaron para usted firmar.
“R. — Sí, señor.
“P. — ¿Y en relación con ese documento fué que usted firmó unos pagarés ?
“R. — Sí, señor, mensualmente en distintas cantidades.”

El documento se presentó y se admitió en evidencia, y lo dicho por la señora Yilá fué reafirmado por el demandado, como sigue:

“En relación con la situación que se involucra a la cuenta de la señora Berta Yilá a un servidor debo decir que yo le había facili-tado un dinero a la señora Berta Yilá que es cuñada mía para cierto negocio que ella tenía de aguja. Entonces más tarde yo tuve que fabricar una casa y desde luego necesitaba todo el dinero que pudiera recoger y le solicité a mi cuñada a ver si podía pagarme el dinero cash y yo le dije: ‘Bueno, usted podría conseguir en alguna ferre-tería efectos de plomería, electricidad, luces, materiales de construc-ción y usted los compra y me los facilita y así me salda la cuenta’ y en esa forma quedó la deuda de ella conmigo zanjada.”

Siendo ésos los hechos, no comprendemos cómo pudo la corte sentenciadora concluir que el celebrado por la deman-dante y la Sra. Vilá de Font fuera un contrato de garantía de la cuenta del demandado. La señora Vilá y la deman-dante contrataron directamente, independientemente, y que ésa fué la interpretación que la propia demandante dió a lo pactado, lo demuestra la carta que la segunda dirigiera a la primera presentada en evidencia por el demandado en el acto del juicio. Dice:

“Sra. Berta Yilá de Font, Santurce, P. R. — Distinguida señora: Deseamos llamarle la atención nuevamente al asunto de sus obli-gaciones vencidas y al efecto le sugerimos nos visite para arreglar este asunto pues tiene usted cinco obligaciones sin pagar por un total de $136. Como recordará usted existe un contrato de venta condi-cional en esta operación y queremos evitar el tener que pasar el asunto a nuestro departamento legal para atención. No dudamos que usted se babrá dado cuenta al beclio de que hemos sido comple-tamente pacientes en nuestras gestiones de cobro y a cambio supli-camos su buena atención hacia la liquidación amigable de esta deuda. Aguardamos sus noticias y quedamos de usted, Atentamente, R. V. Dpto. de Crédito. RV/hma. ”

Fué cuando la demandante no logró cobrar su cuenta a su deudora que intentó hacerlo del demandado que recibió los materiales. Pero si el demandado recibió los materiales y lo hizo en efecto a las claras firmando los conduces, ello no quiere decir que asumiera la obligación de pagarlos a la demandante. Ésta, en sus peculiares términos, no es una transacción común, pero corriente es el tomar a préstamo cantidades para enjugar deudas, realizándose con ello con-tratos independientes, y, en el fondo, eso fué lo que se hizo en este caso.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra decla-rando la demanda sin lugar con costas incluyendo cien dólares para honorarios de abogado.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Sometido: Julio 22, 1941. Besuelto: Julio 23 1941.

Este recurso fué declarado con lugar, revocándose en su consecuencia la sentencia apelada y dictándose otra en contra de la demandante apelada el once de junio último. El veinte del propio mes la demandante apelada presentó una moción de reconsideración, señalándose el veinte y dos de julio en curso para oír a las partes sobre la misma, entendiéndose que si la corte resolviera que procedía la reconsideración en todo o en parte, no sólo la decretaría si que dictaría la sentencia que los hechos y la ley demandaren.

La audiencia fué celebrada en 'efecto. En cuanto a la cuestión de que el contrato celebrado entre la demandante y la señora Yilá de Font no fué uno de garantía de la cuenta del demandado con la demandante y por tanto que ésta no tuvo derecho a involucrar en dicha cuenta el saldo deudor de dicho contrato, nuestro criterio es el mismo. Queda por tanto en pie todo cuanto dijimos en nuestra opinión de junio once mil novecientos cuarenta y uno.

Pero en dicha opinión se omitió considerar y consiguien-temente se omitió resolver en la sentencia el efecto que en la decisión final del litigio pudieran tener las alegaciones dos y tres de la contestación del demandado que se transa criben en la opinión y por virtud de las cuales el demandado admitió que según su mejor información y creencia la suma que adeudaba montaba a cincuenta dólares y que si no la pagó fué porque para garantizar su deuda con la demandante firmó unos pagarés algunos de los cuales fué recogiendo a su vencimiento, negándose a seguir pagando porque la deman-dante se negó a presentarle el resto de los mismos, y ello requería y requiere consideración y resolución.

Declarando en el juicio el propio demandado dijo:

“R. — Antes de entablarse la demanda estuvo en casa el Sr. Fron-tera y me llevó un estado de cuenta creo que eran $107 poco más o menos.
“P. — ¿Recuerda en qué fecha fué que le llevó ese estado de cuenta!
“R. — No, la fecha exacta no, pero me llevó ese estado de cuenta el Sr. Frontera y yo tenía la convicción de que yo no le adeudaba esa cantidad a la firma de Merino Rodríguez y linos, y yo tenía cons-tancia, tenía una carta del Sr. Yélez escrita a mí con anterioridad a ese estado de cuenta en la que se me cobraba la cantidad de $50. Le dije que yo había suscrito unos pagarés a la firma de Merino aproximadamente por la cantidad de $125 y mi creencia era que de acuerdo con la correspondencia cruzada con el Sr. Yélez que era el jefe de crédito, mi creencia era que yo adeudaba $50 pero «que si se me presentaban nuevos pagarés suscritos por mí yo estaría dispuesto a responder a cuantos pagarés estuvieran suscritos por mí ... .
“P. — ¿.Usted niega haber recibido esa mercancía?
“R. — No, yo no niego recibir la mercancía porque ya le dije que la mercancía fué servida a través de una cuenta que abrió la señora Berta Yilá para pagarme un dinero a mí.
“P. — Entonces cuando se le agotó el crédito que abrió la señora de Font en la casa Merino Rodríguez y Hnos.
“R. — Entonces yo necesitaba otros materiales y entablé un cré-dito por la amistad que ya había y se me concedió, se me abrió un cré-dito de $125 a lo sumo.”

Lo admitido en la contestación se sostuvo y se explicó, pues, en el juicio.

En relación con los pagarés que se dice que se firmaron y cuya no entrega fué la causa de la negativa del deman-dado a seguir pagando su deuda, no hay prueba plena en los autos. En la evidencia aportada por la demandante bay datos sobre ciertos pagarés firmados por la señora Vilá que un empleado de la demandante dijo que cobró al demandado y que se le extraviaron luego, motivo por el cual se publicó un anuncio en “El Mundo”, pero no bay dato alguno sobre pagarés firmados por el demandado.

De todos modos, aunque se hubieran firmado en verdad los pagarés, ellos serían sólo la evidencia de la deuda que el demandado tenía la obligación de satisfacer, aclarando desde luego que los pagarés quedaban sin valor ni efecto.

Habiendo llegado a esas conclusiones ¿cuál debe ser la resolución del tribunal?

No bay duda alguna que la reconsideración procede en cuanto al extremo indicado ya que si bien el demandado no viene obligado a pagar la deuda que pudiera baber con-traído la señora Vilá para con la demandante, sí lo viene a satisfacer la suya propia, cuyo saldo deudor admitió que era el de cincuenta dólares.

Siendo ello así, se impone el pronunciamiento de una nueva sentencia exonerando por supuesto al demandado del pago del saldo deudor de la cuenta de la señora Vilá invo-lucrado en la suya, pero condenándolo a satisfacer cincuenta dólares.

Claro es que la condena lo será sin honorarios de abogado porque el demandado no fué temerario en defenderse, pero tendrá que serlo con costas atendidos los térmi-nos mandatorios de la ley sobre la materia. Artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como fue enmendado por la Ley núm. 69 de 1936, pág. 353; Hance v. R. Méndez & Hno., 54 D. P. R. 706, 708.

Si el demandado no se hubiera limitado a hacer lo que hizo si que hubiera ajustado sus actos al procedimiento mar-cado en el artículo 336 del Código de Enjuiciamiento Civil, entonces no sólo estaría hoy libre del pago de las costas si que sería la demandante la que vendría obligada a satis-facerlas.

Por virtud de todo lo expuesto debe reconsiderarse la sentencia de junio once último y dictarse otra condenando al demandado a pagar a la demandante por saldo de la deuda reclamada en la demanda la suma de cincuenta dólares, que-dando sin valor ni efecto cualquier pagaré o pagarés que hubiere firmado el demandado en reconocimiento de la misma, con las costas que procedan, sin honorarios de abogado.


author: El Juez Asociado Señok Travieso

text:
    Manuel González Martínez, demandante y apelante, v. Carmela Marvel, demandada y apelada.
    Núm. 8286.

    Sometido: Junio 4, 1941.

      Resuelto: Junio 11, 1941.

      Fernando Beiró Rovira, abogado del apelante; José G. Aponte y Tibaldo Aponte, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señok Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso lia sido interpuesto por el demandante y apelante contra la resolución dictada por la Corte de Dis-trito de Guayama en 25 de septiembre de 1940, aprobando el memorándum de costas formulado por la demandada.

Los antecedentes del caso son los siguientes:

Don Manuel González Martínez demandó a Carmela Marvel, en desahucio, y obtuvo sentencia a su favor, con las costas a la demandada, sin incluir honorarios de abogado. Dicha sentencia fué revocada por la de esta Corte Suprema, dictada en abril 4, 1940 (56 D.P.R. 466). Por los términos de dicha sentencia se declaró sin lugar la demanda, con las costas, sin incluir honorarios de abogado. El mandato fué expedido en mayo 24, 1940, y recibido en la corte inferior al día siguiente. El día 15 de abril, 1940, la demandada radicó ante la corte inferior un memorándum de costas y desembolsos. En mayo 29 la corte señaló el día 7 de junio para la vista del memorándum.. El demandante se opuso a la aprobación del memorándum, alegando que éste había sido radicado prematuramente, o sea antes de empezar a correr el término de treinta días siguientes al 25 de mayo de 1940 —fecha de radicación del mandato — a tenor de lo dispuesto en el artículo 340 del Código de Enjuiciamiento Civil. Sos-tuvo la demandada que el memorándum había sido radicado oportunamente, o sea dentro de los diez días siguientes a la fecha en que le fué notificada la sentencia de esta Corte Suprema, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 339 del mismo Código de Enjuiciamiento Civil.

El apelante en el presente recurso señala como único error de la corte inferior el haberse negado a eliminar el memorándum de costas.

La cuestión envuelta en el presente recurso ha sido some-tida a la consideración de este tribunal en distintas ocasiones. Véase el resumen que de la jurisprudencia sobre la materia se hace en United P. R. Sugar Co. v. Sucesión Sánchez, 54 D.P.R. 174.

Estamos de acuerdo con la corte inferior en que el procedimiento que debe seguirse para el cobro de costas concedidas por esta Corte Suprema, es el que marca el artículo 340 del Código de Enjuiciamiento Civil, que lee así:

“Artículo 340. — Siempre que una corte de apelación concediere costas a una parte, será deber de dicha parte entregar al secretario de la corte inferior, dentro de treinta días después de la devolución de los autos a dicho secretario, un memorándum de sus costas justi-ficado según se dispone en el precedente artículo, pudienclo después librarse orden de ejecución por dichas costas en la misma forma que por una sentencia.”

Véase: Martínez v. Pagán López & Co., 17 D.P.R. 613, 615.

Convenimos igualmente con la corte inferior en que las disposiciones del artículo 339 del mismo código son apli-cables solamente al cobro de costas impuestas por la corte de distrito al resolver un caso en primera instancia y no a casos como el de autos en que se trata del cobro de costas concedidas por un tribunal de apelaciones.

Es evidente que la radicación en abril 15 de 1940 de un memorándum de costas que de acuerdo con el artículo 340 del Código de Enjuiciamiento Civil debió radicarse dentro de los treinta días siguientes al 25 de mayo de ese mismo año, fué becba prematuramente. ¿Estaba obligada la corte inferior a decretar su eliminación por el solo fundamento de baber sido radicado prematuramente? Esa es la cuestión que debemos resolver.

La corte inferior, al negarse a eliminar el memorándum de costas, basó su resolución en la doctrina sentada por esta Corte Suprema en United P. R. Sugar Co. v. Sucn. Sánchez, supra, a saber:

“La fecha importante, a nuestro juicio, es aquella en que ha de expirar el período estatutario y no la fecha en que empieza a correr. Con anterioridad a la enmienda de 1917, por lo menos, la idea primordial en la mente de la Asamblea Legislativa fué que, como regla general, la radicación de un memorándum de costas no debe permitirse una vez transcurrido el lapso de tiempo especificado. Si, según se indica en el caso de Vicente v. Malavé, supra, el prorrogar cualquier tér-mino dentro del cual puede radicarse un memorándum de costas es cuestión que cae dentro de la sana discreción de la corte, entonces, a fortiori, parecería que la corte debe tener una discreción igual-mente amplia, o aun más amplia, al ser llamada a ejercitarla, para exonerar a una parte en un caso adecuado, de aquello que, al no pro-cederse así, podría ser el resultado de una radicación prematura.”

Y aplicando dicha doctrina al caso de autos, la corte inferior se expresó así:

“. . . De modo que si bien es cierto que dicho memorándum se radicó prematuramente, no es menos cierto que fué visto y discutido dentro del período de treinta días que fija el artículo 340. Enten-demos, al igual que la Corte Suprema, que la fecha importante es la ele expiración del período estatutario y no la fecha en que empieza a correr y asimismo que de declarar con lugar la moción de elimi-nación del memorándum de costas estaríamos privando a la deman-dada de las costas que le concediera la Corte Suprema e incurriendo por consiguiente en una injusticia. Creemos finalmente que la ra-dicación prematura del referido memorándum no causó perjuicio alguno al demandante, ya ■ que el mismo fué visto después de ser firme la sentencia de la Corte Suprema de Puerto Rico y después de haberse recibido en esta corte el mandato (remittitur) de dicho tribunal.
“Todas estas circunstancias justifican el ejercicio de nuestra dis-creción en el sentido de declarar sin lugar la moción de eliminación del demandante a que nos. hemos venido refiriendo y entrar a con-siderar el memorándum en su fondo y así lo resolvemos.”

Trata la parte apelante de establecer una distinción entre el citado caso de la United, P. R. Sugar Co. y el de autos, llamando nuestra atención hacia el hecho de que si bien es cierto que en aquel caso el memorándum fué radicado pre-maturamente, también lo es que posteriormente y antes de que expirara el término estatutario, los demandados radi-caron un memorándum enmendado, cosa que no se ha hecho en el presente caso. La distinción, aun cuando existe, carece a nuestro juicio de importancia. En el presente caso, ann cuando el memorándum fué radicado prematuramente, las partes fueron oídas dentro del término legal. La corte inferior en uso de su discreción se negó a eliminar el memo-rándum y permitió que éste quedase en pie para ser discutido y aprobado como si hubiese sido radicado dentro del término que aún no había expirado. Obligar a la demandada a radi-car de nuevo el mismo memorándum que ya tenía la corte ante sí, hubiera sido una formalidad hueca e innecesaria. La resolución de la corte en nada perjudicó los derechos del demandante y habiendo sido dictada en el ejercicio de una¡ sana discreción judicial, debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Manuel González Hernández, (a) Rasquiña, peticionario, v. Sixto M. Saldaña, Jefe del Presidio Insular, demandado.
    Núm. 146.

    Sometido: Junio 7, 1941.

      Resuelto: Junio 11, 1941.

      A. D. Marchancl Paz, abogado de oficio del peticionario; Hon. Pro-curador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados del demandado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos alegados en la petición de hábeas corpus y probados en la vista de este recurso son, en síntesis, los siguientes:

El peticionario, Manuel Gronzález Hernández (a) Ras-quiña fué condenado el 15 de octubre de 1935 por la Corte de Distrito de Arecibo a cumplir doce años de presidio por el delito de escalamiento en primer grado subsiguiente. Esta sentencia fué anulada el 15 de octubre de 1940 mediante recurso de ñábeas corpus, por el fundamento de no haber estado el acusado asistido de abogado en la corte inferior. El 19 de marzo de 1941 el fiscal de dicha corte radicó una nueva acusación contra el aquí peticionario imputándole el mismo delito que sirvió de base a la anterior acusación y el 25 de marzo de este año el acusado, debidamente repre-sentado por abogado, hizo alegación de culpabilidad y fué sentenciado a cumplir ocho años de presidio los que está cumpliendo.

Solicita el peticionario que ordenemos su excarcelación por ser nula esta última sentencia toda vez que la Corte de Distrito de Arecibo carecía de jurisdicción para dictarla debido a que el término dentro del cual debió iniciarse la acción penal había prescrito por haber transcurrido más de tres años computados desde la comisión del delito el 7 de mayo de 1935 hasta la fecha de la radicación de la nueva acusación el 19 de marzo de 1941 en violación del artículo 78 del Código Penal que dispone que:

“La acción penal por cualquier delito grave (felony) fuera de asesinato, malversación de fondos públicos o falsificación de docu-mentos públicos, deberá entablarse dentro de los tres años de su comisión. ’ ’

El peticionario admite que no suscitó ante la corte inferior, mediante excepción perentoria o a virtud de cualquiera otra alegación contra la acusación el hecho de que la acción penal estaba prescrita y formula y contesta las siguientes preguntas:

“¿Cabe sostenerse que su actuación conllevó una renuncia a ulterior levantamiento de tal cuestión por ser ésta un privilegio suyo acerca del cual debió llamar a tiempo la atención de la corte ? ¿ Cabe sostenerse que su actuación no conllevó una renuncia a ulterior levan-tamiento de tal cuestión, como en el presente recurso de babeas corpus la levanta, por ser ésta un derecho substancial de carácter jurisdiccional? De acuerdo con la jurisprudencia sentada por este Honorable Tribunal, que más adelante se dirá, cabe sostenerse lo primero. De acuerdo con la jurisprudencia actual (desde mayo 17, 1933) sentada por los tribunales de California, que más adelante se dirá, cabe sostenerse lo segundo.”

Tanto en el caso de El Pueblo v. Delgado, 32 D.P.R. 75 como en el de Morera y. Corte, 55 D.P.R. 742, esta corte resolvió que la cuestión relativa a la prescripción del proceso, debe suscitarse mediante excepción perentoria o a virtud de la alegación correspondiente a la acusación, por ser materia de defensa y un privilegio del acusado acerca del cual debe llamarse la atención de la corte. En el último caso citado se dijo lo siguiente:

“El acusado ha acudido ante este tribunal en solicitud de un auto de mandamus. Estamos plenamente convencidos de que no procede la expedición del auto, toda vez que la cuestión de pres-cripción debe .suscitarse mediante excepción perentoria o a virtud de la alegación correspondiente a la acusación. Entonces, luego de haberse suscitado una controversia de hecho o de derecho y de ha-berse dictado sentencia sobre la misma, el acusado ha podido apelar y solicitar que la cuestión sea revisada por este tribunal.
“Según sucede en los casos civiles la cuestión de prescripción, al igual que la de haber sido expuesto dos veces por el mismo delito (jeopardy), es un privilegio del acusado a que debe llamarse la aten-ción de la corte. Véase Pueblo v. Brau, 27 D.P.R. 779.”

Esta misma doctrina prevaleció en el Estado de California basta el año 1933 en que se resolvió el caso de People v. Hoffman, 132 Cal. App. 60, ratificado en el año 1934 por la Corte Suprema de dicbo Estado, en el caso de People v. McGee, 1 Cal. (2d) 611, por los que se adoptó la regla de cjue la interpretación que debe darse al artículo 800 del Código Penal de California concordante con el 78 de nuestro Código, es que la cuestión es jurisdiccional y que una acusación de cuya faz aparezca que el término estatutario de prescripción ha transcurrido “no aduce hechos constitutivos de un delito público” "j la cuestión puede levantarse en cualquier tiempo, antes o después de dictarse la sentencia. En un caso de Mbeas corpus resuelto posteriormente, el de In re Davis, 13 California App. (2d) 109 (1936) se dijo:

“Consecuentemente, por ser jurisdiccional el estatuto de limita-ciones, la insuficiencia de la información que aparece de la faz de ésta ... no se entiende renunciada porque no se presente excepción-perentoria o moción sobre desestimación de sentencia, y por el con-trario puede la prescripción levantarse por habeas corpus.” (Itá-licas nuestras.)

El auto de Mbeas corpus fué denegado en este caso por-que la acusación contenía un segundo “count” que no estaba prescrito.

La razón que se dió para llegar a la conclusión de que estaba envuelta una cuestión jurisdiccional se expone en el caso de People v. McGee, supra, así:

“Esto es, por supuesto, una regla esencialmente distinta de la que rige en acciones civiles, y ello es consecuencia de la índole dis-tinta en las dos clases de procedimiento. En las acciones civiles el estatuto es un privilegio que puede ser renunciado por la parte. En casos criminales, el estado, a través de su legislatura, ha decre-tado que no perseguirá delitos una vez transcurrido el término de limitación, y consecuentemente ha limitado el poder de las cortes para entender en la materia. (Véanse People v. Hoffman, supra; State v. Bilbao, 38 Idaho, 92 (213 Pac. 1025, 222 Pac. 785)). Se concluye que cuando aparece de las alegaciones del estado que el período del estatuto de limitaciones ha transcurrido, y nada se alega para que el caso no caiga dentro del estatuto, por ejemplo, que el acusado ha estado ausente del estado, no existe facultad para en-tender en el caso.”

Sin embargo, la regia general prevaleciente en las dis-tintas jurisdicciones en los Estados Unidos, es que la cues-tión de prescripción es una que el acusado debe levantar como defensa contra la acusación y no es base para su excar-celación por Mbeas corpus. Así, en 25 Am. Jur. 182, Sección 51, se dice:

“El auxilio del auto (de habeas corpus) no puede invocarse fundado en que la ofensa imputada está prescrita bajo el estatuto de limitaciones o que el peticionario ya ha sido expuesto por el mismo delito (former jeopardy)

Y en 29 C. J. 44 sección 36, se expone así:

“El estatuto de limitaciones es materia de defensa y no es funda-mento para excarcelar por bábeas corpus, aunque hay autoridad en contrario. ’ ’

En apoyo de la regia general se citan, entre otros, el caso de Biddinger v. Police Commissioner of New York, 245 U. S. 128, 62 L. ed. 193, que fué uno de hábeas corpus en el que el peticionario fué arrestado con el fin de ser extraditado a otro estado y levantó la cuestión de que el delito objeto de la extradición había prescrito, resolviéndose por la Corte Suprema de los Estados Unidos, según se expone en el syllabus, que:

“El estatuto de limitaciones es una defensa que debe ser alegada en el juicio por el acusado en casos criminales; y esta Corte ha resuelto frecuentemente que materias de defensa no pueden oírse en hábeas corpus para poner a prueba la validez del arresto en extradición, sino que deben oírse y resolverse en el juicio por las cortes del estado que solicita la extradición.”

Véanse asimismo los casos de In re Johnson, 230 P. 67; U. S. v. Cook, 17 Wall 168, 21 L. ed. 538; State v. Johnson, 238 N. W. 490.

Además de los casos resueltos por este tribunal y citados anteriormente, está el de Ex parte Sierra, 16 D.P.R. 830, recurso de hábeas corpus sometido al Juez Asociado Sr. Mac-Leary, personalmente, y en el que se planteó esta misma cuestión que fué resuelta por dicho magistrado en la forma siguiente:

“Si la sentencia .condenatoria era nula, desde luego que debería ponerse al peticionario en libertad; mas, si es sencillamente anulable y fué errónea, debió él haber apelado oportunamente contra la misma, y no haber solicitado un auto de hábeas corpus. Repetidamente se ha decidido, y de ello están bien enterados, tanto los jueces como los abogados, que el auto de hábeas corpus no hace las veces de una apelación, y el abogado del peticionario acepta este principio y alega la nulidad de la sentencia. Cita él el artículo 79 del Código Penal, que dice así: ‘La acción penal por cualquier misdemeanor deberá entablarse dentro del año de su comisión.’ El abogado del peticio-nario sostiene que este articulo del Código es imperativo, y que a menos que no se observe por el tribunal, toda jurisdicción de la cuestión, tanto de la materia objeto de la acción así como de la persona del peticionario, se pierde, y que cualquier sentencia que se dicte en tal caso, es completamente nula y de ningún valor. No soy de esa opinión con respecto a este punto. No cabe duda, según el caso aparece de la demanda la cual ha sido presentada como prueba, de que la corte de distrito tenía jurisdicción tanto en la persona del peticionario como de la materia objeto del delito. Si la acción-penal por el acto criminal cometido había prescrito, de conformidad con la citada ley fue materia de defensa, y no extinguía el delito y sí solamente amparaba al peticionario contra toda acción penal por el mismo. Podía aún ser culpable, por más que la ley lo exoneraba a causa del tiempo transcurrido. Tenía derecho a presentar esa defensa en él momento de la vista, y si la corte, por cualquier motivo, la hubiera considerado ineficaz, habría podido tomar excepción a esa resolución, y si hubiera sido declarado culpable y condenado a pri-sión, hubiera podido apelar ante este tribunal. Éste es él remedio que debió haber utilizado. Si la acción contra él había o no pres-crito, no es punto que me propongo resolver, y que dejo a la consi-deración y decisión del Tribunal Supremo, si se trajera el caso de-bidamente ante el mismo.” (Itálicas nuestras.)

Somos de opinión que la regia establecida en el caso de Morera v. Corte, supra, que es la misma expuesta por el Juez MacLeary en el de Ex parte Sierra, debe continuar pre-valeciendo en esta jurisdicción, es decir, que la cuestión de prescripción no es una que deba plantearse por primera vez en un recurso de bábeas corpus sino que debe suscitarse en el transcurso del proceso y si es resuelta adversamente al acusado puede ser revisada en apelación. Pueden existir casos en los que, aparentemente, de la faz de la acusación el delito baya prescrito, pero que, al suscitarse la cuestión, ol fiscal, mediante prueba, puede demostrar razones legales suficientes para su actuación tardía y no creemos que esté obligado a hacer esas alegaciones en la acusación.

Se declara sin lugar la petición y anula el auto expedido.