author: El Juez Peesidente Señob del Tubo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Pastrana, acusado y apelante.
    Núm. 6065.

    Sometido-: Enero 14, 1937.

      Resuelto: Enero 22, 1937.

      Juan Valldejuli Rodríguez, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Peesidente Señob del Tubo,

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal del distrito formuló acusación contra Ramón Pastrana imputándole la comisión de un delito de ataque para cometer asesinato consistente en haber acometido y agredido ilegal, voluntaria y maliciosamente, con un instru-mento punzo-cortante y con la deliberada intención de darle muerte, al ser humano José B. Caso, el día 8 de abril de 1934 y en la municipalidad de San Juan, infiriéndole varias heridas de carácter grave.

Alegó el acusado que era inocente y solicitó juicio por jurado. Celebrado el juicio fué declarado culpable de aco-metimiento y agresión grave. La corte lo condenó a seis meses de cárcel. No conforme, apeló. Señala en su alegato cinco errores. Por el primero sostiene que el veredicto es contrario a la evidencia y por los otros cuatro, de los cuales argumenta sólo tres, que la corte de distrito admitió inde-bidamente determinada prueba.

Nos referiremos primero a los señalamientos que versan sobre la admisión de prueba.

Declaró el agredido Dr. José B. Caso y después de haber explicado lo ocurrido y descrito las heridas que le infiriera el acusado, reconoció como la que tenía puesta en el mo-mento de la agresión una chaqueta que le presentó el fiscal, explicando cómo los agujeros que tenía coincidían con las heridas. El fiscal ofreció en evidencia la chaqueta y la corte la admitió con la oposición de la defensa. formulada como sigue:

“Me opongo, y el fundamento es que la chaqueta no forma parte del corpus delicti ni es evidencia esencial ni se ha demostrado que estuviera en las mismas 'condiciones que está, ni se ha demostrado quién tuviera a su cargo esa evidencia ni qué vicisitudes haya tenido esa evidencia, y además porque es inmaterial.”

No hubo error. Dada la amplia declaración del agre-dido y la prueba pericial practicada luego, pudo quizá El Pueblo prescindir de la evidencia de que se trata. Pero ello no quiere decir que fuera inmaterial. Tratándose de una acusación por atentado a la vida tal vez pensó el fiscal al ofrecerla poner de manifiesto el grado de fuerza que tuvo que ejercer el acusado para perforar la chaqueta y pene-trar con el instrumento punzo-cortante que empleara hasta el cuerpo de la víctima. En cuanto a la identificación, parece suficiente lo que declarara el perjudicado. De todos modos, de haberse cometido algún error, no se ha demostrado que tenga el carácter de perjudicial en grado tal que pueda ser-vir de base para la revocación de la sentencia.

Se opuso la defensa a que los testigos Binita Caso y Tomás J. Llorens declararan .sobre determinados hechos anteriores al suceso y sobre otras circunstancias que tendían a demostrar el móvil que impulsara al acusado a cometer el delito. También sobre ciertas manchas que el testigo'Llo-rens, Jefe de la Policía de Santurce, observara frente a la casa del agredido.

No hubo error en cuanto a los antecedentes y al móvil. Por lo que respecta a los antecedentes, bastará recordar que se trataba de una acusación en que el Pueblo venía obligado a probar la intención de asesinar para sostener su califica-ción del delito. Y por lo que respecta al móvil, sabido es que no es necesario probarlo, pero sabido es también que ello no quiere decir que no pueda probarse si se cuenta con evidencia suficiente para ello.

En cuanto a la mancha lo que dijo el jefe de policía Llorens fué que a la entrada del portón del garage de la familia Oaso “vi unas manchas de sangre, a mi juicio.” Como la defensa solicitara su eliminación, el fiscal preguntó al testigo: “¿Por qué dice usted ‘a mi juicio’?” Y el testigo contestó: “A mi juicio es que yo entendía que aquéllas eran manchas de sangre.” La corte declaró sin lugar la eliminación. Dados los términos del dicho del testigo y sus circunstancias personales, no creemos que hubo error, y si lo hubo que no fué perjudicial.

El primer señalamiento es el que se discute con mayor énfasis. Se cita extensamente y se- comenta por el apelante la evidencia practicada. Es contradictoria. Tiende la del Pueblo a demostrar que hallándose en su casa el Dr. Caso fué avisado de que alguien lo procuraba, que salió y fué agredido por el acusado produciéndole una herida, que se trabó entonces una lucha entre ambos, resultado Caso con siete heridas entre ellas varias de carácter grave. La del acusado admite la lucha pero tiende a establecer que el primero en la agresión fué Caso y que lo que hizo el acusado fué defenderse. El jurado decidió el conflicto en contra del acusado declarándolo culpable no del delito grave que se le imputara sino de uno menos grave en él necesariamente comprendido. Nada demuestra pasión, prejuicio, parcialidad o manifiesto error. A nuestro juicio de nada puede quejarse el acusado, habiendo recibido el beneficio de la duda en cuanto a la intención de cometer asesinato que le imputara el fiscal.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Charles Miller Lyn, acusado y apelante.
    Núm. 6213.

    Sometido: Enero 20, 1937.

    Resuelto: Enero 25, 1937.

      J. Valldejuli Rodríguez, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

Charles Miller Lyn, chófer, fné acusado por infracción del artículo 328 del Código Penal. En la denuncia se alega:

“. . . Que en 3 de enero, 9 F. M., de 1936, y en la carretera núm. 2, Km. 165, Hect. 2, Rincón, dentro del Distrito Judicial Municipal de Añasco, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Aguadilla-, P. R., el acusado Charles Miller Lyn, allí y entonces, ilegal, mali-ciosa y voluntariamente, en momentos que guiaba como chauffeur el auto-truclc núm. H. 111, propiedad de la FBRAi, por descuido inexcusable y negligencia temeraria conducía dicho truck por el centro de la carretera y a una velocidad exagerada mayor de 48 kms. por hora, dando lugar a que por estas faltas de precaución fuera a chocar con el automóvil núm. P-1002, propiedad de la Sra. Josefa Ramos, resul-tando del choque el truck con desperfectos y el automóvil con el lado izquierdo completamente destrozado, el chauffeur Miller Lyn con fuertes contusiones en el pecho, el chauffeur Jorge Díaz, que guiaba el auto P-1002, con fuertes contusiones en distintas partes del cuerpo, etc. ’ ’

Se alega además que otras personas que viajaban en el auto P-1002 sufrieron heridas y contusiones de mayor o menor importancia.

El acusado fué condenado por la Corte Municipal de Añasco, apeló para ante la Corte de Distrito de Aguadilla, y ésta le condenó a pagar una multa de $60 y las costas. El acusado interpuso el presente recurso y lo basa en la comi-sión de los siguientes errores:

1. Que la Corte de Distrito de Aguadilla no tenía jurisdicción para conocer del caso.

Alega el apelante que en la denuncia se dice que el sitio donde se cometió el delito está dentro del Distrito Judicial Municipal de Añasco, y que éste forma parte del Distrito Judicial de Aguadilla, cuando la cierto es que Añasco forma parte del Distrito Judicial de Mayagüez, siendo la Corte de Distrito de Mayagüez la que debió conocer del caso.

El error señalado carece de fundamento. En primer lu-gar, según aparece de su propio alegato, fué el mismo ape-lante quien interpuso su apelación para ante la Corte de Dis-trito de Aguadilla. Eso no sería, desde luego, causa, sufi-ciente para desestimar el error, toda vez que la jurisdicción no puede conferirse por la sumisión de las partes, pero no parece ser demostración de buena fe el acto de radicar una apelación ante una corte que el apelante cree no tiene juris-dicción sobre el caso, para después al resultar adversa la sen-tencia, negar la jurisdicción de la corte para dictarla.

El sitio de la comisión del delito, o sea “la carretera núm. 2, Km. 165, hectómetro 2, Rincón”, está dentro de la jurisdicción del Distrito Judicial de Aguadilla.

El artículo 1181 de los Estatutos Revisados, Edición de 1911, que se refiere a la creación de los distritos judiciales municipales de la Isla, en lo pertinente dice:

“ . . .Y dichos Distritos Municipales serán constituidos como sigue:
Distrito Judicial de Aguadilla. . . Distrito No. 11, Añasco y Rincón; capital en Añasco.”

De acuerdo con dicho artículo, los casos de misdemeanors cometidos en Añasco o en Rincón, deben verse ante la Corte Municipal de Añasco, como se vió el caso de autos.

El artículo 1148 de los mismos Estatutos Revisados, divide el territorio de Puerto Rico en siete distritos judiciales, y provee:

”... Disponiéndose, que dichos Distritos Judiciales comprende-rán en lo sucesivo los siguientes términos municipales .... El Dis-tr'to do Aguadilla comprenderá la ciudad de su nombre y los mu-nicipios de Aguada, Rincón, Isabela, Moca, San Sebastián y Lares, El Distrito de Mayagüez comprenderá la ciudad de su nombre y los municipios de Cabo Rojo, Añasco, Lajas, Maricao, Las Marías, San Germán y Sabana Grande.” . . . (Subrayado nuestro.)

Habiéndose cometido el delito imputado al acusado, se-gún se alega en la acusación y sostiene la prueba, dentro' de los límites del Municipio de Rincón, l'a apelación para ante la Corte de Distrito de Agnadilla, que comprende a dicho municipio dentro de su jurisdicción, fué correctamente interpuesta. Debemos, por tanto, desestimar el error seña-lado y sostener la jurisdicción de la corte sentenciadora. Véase: El Pueblo v. Rodríguez, 48 D.P.R. 8.

2. Que no se identificó ni conectó en ninguna forma ante el Tribunal. de Aguadillo, este proceso con la persona del acusado.

El apelante no ha elevado ante esta corte una transcrip-ción de evidencia que nos ponga en condiciones de poder con-siderar el alegado error. Y eso debería bastar para la de-sestimación de cualquier error relacionado con la suficiencia de la prueba.

La sentencia dictada por la corte de distrito, que aparece en la transcripción de autos, hace constar que el chófer Jorge-Díaz, que guiaba el carro contra el cual chocó el truck del acusado, declaró que conocía al acusado desde el día del ac-cidente; y que el truck H-lll, que ocasionó el choque, iba. guiado por el acusado. •

Opinamos que el acusado fué suficientemente identificado' y conectado con la comisión del delito que se le imputa, y qua la corte inferior no cometió el error señalado.

3. Que los hechos expuestos en la denuncia no constituyen el delito de infracción del Artículo 328 del Código Penal ni ningún otro delito.

Este error debe ser desestimado por frívolo. La denun-cia sigue prácticamente el lenguaje del estatuto y es sufi-ciente para informar al acusado sobre la naturaleza del de-lito imputádole. Y eso es todo lo que la ley requiere. Véase: El Pueblo v. Pagán, 49 D.P.R. 436.

Debe confirmarse y se confirma la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intevinieron.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Carmen Miranda Vda. de Rodríguez, demandante y apelada, v. José Méndez Rodríguez, demandado y apelante.
    Núm. 7006.

    Sometido: Abril 28, 1936.

      Resuelto: Enero 26, 1937.

      Luis López de Victoria, abogado del apelante; Leopoldo Tormes Gar-cía, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se-trata de una acción sobre daños y perjuicios. En la demanda se alega substancialmente que la demandante vivía en una casa que arrendó al demandado que tenía en mal estado la escalera de subir y bajar a la misma, hecho que había notificado al demandado: que el 9 de diciembre de 1933, al bajar la demandante por dicha escalera ésta se rom-pió, cayendo la demandante al suelo fracturándose la mano derecha, sufriendo intensos dolores, incurriendo en gastos y teniendo que guardar cama por un mes; que el accidente se debió exclusivamente a la culpa del demandado al mante-ner arrendada su casa en las condiciones expuestas. Se re-claman dos mil dólares con más las costas, gastos y honora-rios de abogado.

El demandado exeepcionó y contestó la demanda. Su ex-cepción de falta de hechos determinantes de una causa de acción fué declarada sin lugar. Por su contestación aceptó algunos hechos y negó otros entre ellos los de que la esca-lera estuviera en mal estado y que se le hubiera notificado dicho condición.

Celebrado el juicio, la corte dictó sentencia fijando la indemnización en trescientos dólares. Impuso además las costas al demandado.

Este apeló. Señalá tres errores cometidos a su juicio por la corte sentenciadora al apreciar la prueba comb de-mostrativa de que el demandado venía obligado a indem-nizar a la demandante; al desestimar la defensa de negli-gencia eontributoria por no haberse alegado expresamente en la contestación, y al imponerle las costas y honorarios de abogado.

Para el'debido estudio y resolución del primero de los errores señalados, partiremos de la base de los hechos declarados probados por la corte sentenciadora, a saber:

“La Corte, por la apreciación que ha hecho ele toda la prueba, es de opinión que la demandante ha probado, satisfactoriamente, las alegaciones esenciales de su demanda. Se probó que la demandante, Carmen Miranda, viuda de Rodríguez, tenía arrendada una casa de la propiedad del demandado, José Méndez Rodríguez, estando éste representado, como administrador o agente, por su padre José Ma. Méndez, ya que el demandado estaba ausente en New York; que la demandante notificó a dicho José Ma. Méndez del mal estado en que se encontraba una pequeña escalera que tenía la casa para bajar al patio, y que a pesar de dicha notificación, el demandado ni su agente o administrador hicieron arregio alguno a dicha escalera; que el 9 de diciembre de 1933, al ir la demandante a bajar por dicha esca-lera, la misma se desplomó cayendo la demandante al patio, a con-secuencia de cuya caída sufrió la fractura de la muñeca en su mano derecha, siendo asistida por el Dr. Rigau de Yauco; que como con-secuencia de dicha fractura la demandante sufrió intensos dolores, y que debido a su edad, de 50 a 60 años, aún cuando no ha quedado totalmente incapacitada en el uso de su mano y brazo derecho, sí le ha quedado la muñeca anquilosada, según declaración del Dr. Rigau; que el accidente se debió a la culpa y negligencia del demandado al no mandar a arreglar la escalera cuando fué avisado de su mal es-tado. Se probó además, que la demandante carece de medios de fortuna. ’ ’

Sostiene el apelante que de esos hechos lo que surge es la obligación de la demandante de arreglar por sí misma la escalera en cuestión, de acuerdo con el artículo 396 del Có-digo Civil,- que es el 323 de su edición de 1930, en relación con el párrafo tercero del artículo 1677 de la Ley de Enjui-ciamiento Civil antigua que alega que está vigente en ese extremo de conformidad con lo resuelto por esta corte en Mas v. Llona, 31 D.P.R. 30. Dice el artículo 323 del Código Civil, ed. 1930:

“Si un edificio, pared, columna o cualquiera otra construcción amenazase ruina, el propietario estará obligado a su demolición, o a ejecutar las obras necesarias para evitar su caída.
“Si no lo verificase el propietario de la obra ruinosa, la autori-dad podrá hacerla demoler a costa del mismo.”

Y ordena el artículo 1677, párrafo tercero, de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil:

“A la ejecución de estas medidas serán compelidos el dueño de la cosa ruinosa, su administrador o apoderado, y en su defecto el arrendatario o inquilino por cuenta de las rentas o alquileres. En defecto de todos éstos, suplirá los gastos el actor, a reserva de re-integrarse de ellos exigiendo su importe del dueño de la obra, por el procedimiento establecido para la vía de apremio en el juicio eje-cutivo.”

Basta la simple lectura de los preceptos legales invocados para concluir que no tiene razón el apelante. Se refieren a una situación distinta a la qne surge de los hechos de este caso. La cuestión aquí envuelta no es nueva ante este tribunal. Véanse los casos de Roa v. Puig et al., 19 D.P.R. 386, y Pérez v. Gandía, 32 D.P.R. 562, en el último de los cuales, pág. 564, la Corte se expresó así:

“La responsabilidad del demandado para con la demandante no se deriva de ningún contrato celebrado directamente con ella. Se alega en la demanda la existencia de un contrato de arrendamiento entre el demandado, dueño de la casa, y Conrado Rosario. La ale-gación de que la demandante ‘estuviera haciendo vida matrimonial con Rosario’, era innecesaria. Rosario tenía derecho a recibir hués-pedes, visitas, en la casa que para vivir alquiló. Cualquier persona pudo entrar en ella dentro del curso ordinario de los negocios. Y para con todos tenía el dueño obligaciones. El dueño estaba en el deber de conservar la casa en condiciones habitables y si teniendo conocimiento de su mal estado negligentemente dejó de corregir el defecto, es responsable del daño que con ello pudiera haber ocasio-nado. Su responsabilidad surge del cuasi contrato a que se refiere el artículo 1803 del Código Civil en los siguientes términos: ‘El que por acción^u omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negli-gencia, está obligado a reparar el daño causado.’ ”

La circunstancia ele que aquí la que recibiera el daño fuera la propia persona que tenía arrendada la finca, no varía la" situación. El deber de hacer en la cosa objeto del contrato de arrendamiento todas las reparaciones necesarias a fin de conservarla en estado de servir para el uso a que ha sido destinada, corresponde al arrendador, no al arrendatario. Artículo 1444 del Código Civil, ed. 1930. '

No fué cometido el primer error. Examinemos el segundo. Lijo el juez sentenciador en su relación del caso y opinión:

“Aún cuando el demandado, en su alegato discute la negligencia eontributoria de la demandante, su contestación no hace alegación alguna a ese efecto, y la jurisprudencia es unánime y terminante de que para qne pueda prosperar esa defensa, debe alegarse afirmativa-mente por el demandado y probarse. - Maldonado v. Hamilton, 32 D.P.R. 224; Rivera v. Central Pasto Viejo, 44 D.P.R. 244, 274.”

En el último de los casos citados por la propia corte sentenciadora, esta Corte Suprema, por medio de su Juez Asociado Sr. Córdova Dávila, en parte, se expresó así:

"Nosotros, luego de haber estudiado y analizado las alegaciones y la prueba aportada, no creemos justificada la conclusión de que el demandante tuvo necesariamente que ver y oír, por lo menos en tiempo oportuno para evitar el accidente. Por otra parte, esta corte ha declarado en repetidas decisiones que la negligencia contribuyente es una defensa que incumbe alegar y probar al demandado. Maldonado v. Hamilton, 32 D.P.R. 224; González v. Malgor, Luiña & Co., 29 D.P.R. 105; Truyol Co. v. West India Oil Co., 26 D.P.R. 369; Rosado v. Ponce Ry. & Light Co., 20 D.P.R. 564. Esta es la doctrina que prevalece generalmente' en los estados que han adoptado el moderno sistema de procedimiento, a menos que la negligencia contribuyente surja de las alegaciones de la demanda o la prueba del demandante, en cuyo caso el demandado queda relevado de alegar y probar lo que ya ha sido demostrado por el propio demandante. Esto no ocurre en el presente caso. La demandada establece en su contestación como única defensa la alegación de que el deman-dante colocó maliciosamente el automóvil en la vía. Esta ale-gación, que no ha sido probada, no puede cubrir ningún* otro acto de negligencia. La demandada no puede traspasar los límites que se trazara en su contestación, debiendo limitarse a probar la defensa especialmente alegada. Atchison T. & F. R. Co. v. Dickey, 41 Pac. 1073; Continental Ice Co. v. Mitchel, 112 So. 239; American Car & Foundry Co. v. Uss, 211 Fed. 862; Texas Midland R. R. Co. v. Brown (Texas Court of Civil Appeals), 207 S. W. 340; Heriford v. Kansas City Rys. Co., 220 S. W. 899.” Rivera v. Central Pasto Viejo, Inc., 44 D.P.R. 244, 274.

Fué, pues, la conclusión de la corte de distrito errónea en cuanto dejó de exponer por sus propias palabras la ex-cepción a la regla general, aunque quizá pueda concluirse que suplió lo omitido con la cita que Mzo del caso de Rivera, supra.

¿Cae el caso que estamos resolviendo dentro de la excep-ción? ¿Surge aquí la negligencia contributoria de las ale-gaciones de la demanda o de la prueba de la propia parte demandante ?

Tanto de la demanda como de la prueba de la deman-dante aparece que la demandante sabía que la escalera se en-contraba en mal estado y que pidió al dueño su reparación..

A nuestro juicio, tal becbo, por sí solo, no puede servir de base a una declaración de negligencia contributoria por parte de la demandante que anule su derecho a reclamar del demandado.

“La única conclusión lógica a que puede llegarse, al leerse todos los casos que ban considerado el derecho a re-cobrar por parte de aquéllos que han sido lesionados al afrontar voluntariamente am peligro reconocido”, dice la Corte Suprema de New Hampshire, “es que los hechos por ellos conocidos respecto al peligro, incidentales a la condi-ción de que se quejan, y voluntariamente afrontados, no son, de por sí, concluyentes de su derecho a obtener indemniza-ción, a menos que el riesgo sea de tal magnitud que un hombre corriente no hubiera hecho lo que ellos hicieron. En todos los demás casos, estos hechos constituyen meramente evidencia que debe ser considerada en unión a otros hechos relacionados con la cuestión en torno al cuidado por ellos ejercido.” Kambour v. Boston, etc., R. Co., 77 N. H. 33, 49, 86 A. 624, 632.

La escalera estaba en malas condiciones, la demandante lo notificó al demandado, éste prometió repararla y fué dilatando la reparación. No se ha demostrado que la deman-dante conociera que las malas condiciones de la escalera fueran tales que necesariamente debiera concluir que iba a desplomarse con su solo peso, al bajar. Pudo creer que era susceptible de usarse por algún tiempo más todavía.

Si el demandado siguiendo la regia general hubiera le-ventado en su contestación la defensa de negligencia contri-butoria, la cuestión hubiera podido dilucidarse con mayor precisión. No lo hizo y bajo las circunstancias concurren-tes, limitándonos a lo expuesto en la demanda y al resultado de la prueba de la propia demandante, no nos sentimos justi-ficados en resolver el caso en su favor revocando la senten-cia.

Resta sólo considerar el tercero de los errores señala-dos. Se refiere a la imposición de costas. No se lia demos-trado abuso de discreción. La corte rebajó considerable-mente la cuantía de la indemnización reclamada y quizá tuvo en cuenta al fijar la suma, la imposición de las costas al demandado.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse sin lugar el recurso, quedando confirmada la sentencia recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


text:
    Rafael Rodríguez Pacheco, demandante y apelante, v. Manuel Miguel Mudafor, demandado y apelado.
    Núm. 7272.

    Sometido: Enero 22, 1937.

      Resuelto: Enero 27, 1937.

      Monserrat & Monserrat y J. M. Calderón, abogados del apelante; V. Géigel Polanco, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante formuló ante la Corte de Distrito de San Juan una demanda de injunction, la que fué declarada sin lugar, con imposición de costas al actor. El memorándum de costas presentado por el demandado contenía dos parti-das, una de $7 por honorarios del Secretario y otra de $250 por honorarios de abogado. La primera partida ha sido aceptada. La segunda fué impugnada por el demandante por dos motivos: (1) porque el abogado del demandado era un empleado o funcionario del Gobierno de Puerto Pico, en el Departamento del Trabajo, en la fecha en que prestó sus servicios, y no podía legalmente ejercer su profesión; y (2) por ser excesiva la cantidad que fija como honorarios. La corte inferior dictó resolución por la que se aprueba el me-morándum sometido, pero rebajando a $125 la partida de honorarios. No conforme el demandante apeló.

Por la cuantía que envuelve, el caso carece de importan-cia. Sin embargo, el principio moral que el caso encierra es, a nuestro juicio, de importancia y trascendencia suficien-tes para que le demos cuidadosa consideración.

La Ley de Presupuesto núm. 32, aprobada en 20 de julio de 1935 (Leyes de 1935, (2) pág. 32), en su Artículo 4, dispone:

“Artículo 4. — Ningún empleado o funcionario del Gobierno de 'Puerto Rico podrá dedicarse a actividad particular alguna, al ejer-cicio de su profesión u oficio, durante el tiempo diario que deba pres-tar sus servicios al Gobierno Insular.”

Es un hecho admitido por ambas partes, que el abogado que representó al demandado en el procedimiento de injunction era, durante la tramitación del caso, un empleado o funcionario del Gobierno, adscrito al Departamento del Tra-bajo, a sueldo y obligado a prestar sus servicios al Gobierno durante las horas señaladas por éste para las labores ofi-ciales.

El fin moral' que persigue el estatuto es evitar que los funcionarios o empleados públicos, que han aceptado el cargo o empleo con conocimiento de la prohibición estatutoria, y con la obligación de dedicar las horas de oficina al servicio del Gobierno que les paga el sueldo que devengan, dediquen esas mismas horas de oficina a otras actividades partícula-res o profesionales, con el propósito de obtener paga o re-muneración por un tiempo que ya no les pertenece por ha-berlo cedido al G-obierno. Si esto pudiera hacerse, el esta-tuto que comentamos sería letra muerta, y el erario pú-blico sufriría menoscabo injustificado al pagar por horas de servicio que el empleado utilizara para fines de lucro personal.

Alega el apelado que el precepto del artículo 4, supra, es de orden administrativo, de orden interior en el meca-nismo del Gobierno de Puerto Pico, y que por tanto no in-cumbe al demandante apelante, y sí al jefe inmediato .del funcionario público que ejerce su profesión exigir a éste el cumplimiento de los deberes de su cargo. No podemos acep-tar ni como sana doctrina de gobierno, ni como buena regia de cultura cívica, el principio de que el velar por la obser-vancia y cumplimiento de las leyes por parte de los emplea-dos públicos sea de la exclusiva incumbencia de sus supe-riores. Todo ciudadano tiene derecho, más aún, tiene el de-ber de exigir que la ley sea acatada por los demás ciudada-nos, especialmente por los funcionarios públicos que han jurado acatarla y cumplirla y que han acejDtado el cargo que ocupan con pleno conocimiento de sus prohibiciones y li-mitaciones. Y no está obligado el ciudadano a cruzarse de brazos y a contemplar impávido la violación de las leyes por parte de los servidores de la comunidad por el hecho de que los superiores de éstos adopten una actitud de pasividad o indiferencia ante tales contravenciones.

Es cierto que el estatuto no dispone la sanción que deba aplicarse al funcionario o empleado público que infringe sus preceptos. Convenimos con el apelado en que la falta puede y debe ser corregida administrativamente. Pero no puede ni debe pretenderse que los tribunales de justicia ayuden al funcionario que ignoró o desatendió los preceptos impera-tivos de la ley a recoger el fruto de su contravención.

Arguye el apelado que los honorarios reclamados son, según la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, propie-dad del cliente y no del abogado, y que aquél no debe sufrir las consecuencias de los actos realizados por el abogado en contravención de la ley. El argumento es bábil, pero no es conveniente. Técnicamente, los honorarios son propiedad del litigante, pero en realidad esos honorarios son concedi-dos para ser pagados al abogado o para reembolsar al cliente por los que hubiere ya pagado.

El cliente, apelado en este caso, está obligado a conocer la ley y debe presumirse que sabía que ella prohibe a los funcionarios y empleados públicos ejercer su profesión du-rante el tiempo en que están obligados a servir al Gobierno. Al emplear para su defensa un abogado a quien la ley pro-hibe expresamente el ejercicio de su profesión, por ser un empleado público, el apelado se hizo copartícipe en una con-travención de la ley y no puede ahora invocar la ayuda judicial para que el hecho que la ley prohibe quede consu-mado.

Por las razones expuestas se modifica la resolución ape-lada, eliminando del memorándum de costas la partida de honorarios de abogado, y así modificada se confirma.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


author: . El Juez Presidente 'Señor Del Toro,

text:
    José Puig Morales, demandante y apelado, v. The Redemptorist Fathers of Porto Rico, demandada y apelante. José Puig Morales, demandante, apelante y apelado, v. The Redemptorist Fathers of Porto Rico, demandada, apelada y apelante.
    Núms. 7117 y 7123.

    Sometidos: Enero 27, 1937.

      Resueltos: Enero 29, 1937.

      B'. Rivera Zayas y 'José Puig Morales, abogados del demandante; Arturo Aponte, abogado de la demandada.
   . El Juez Presidente 'Señor Del Toro,

emitió da' opinión del tribunal.

'Este pleito sé inició por demanda- presentada en la Corte de Distrito de San"Juan eñ abril 4', 1934, en reclamación de las costas concedidas ál demandante eñ otro pleito qué si-guiera en la Corte de Distrito de Humacao contra J. Antonio Lorden, “un clérigo que forma parte- de la corpora-ción . . .ahora demandada.”

Por vía de excepción previa alegó la demandada que la demanda no aducía hechos suficientes para'determinar-una causa de acción. Oyó la corte a ambas partes y declaró'con lugar la excépeióñ. - De su -resolución transcribimos lo 'que sigue:

“El demandante trata de recobrar -en-esta'acción-qué establece contra una asociación;o corporación de carácter religioso, las costas que se le concedieron .en un pleito dé injunction para recobrar- po-sesión seguido 'contra un miembro de dicha asociación'o corporación. No existe relación o neio alguno entre el demandado en aquel pleito y la demandada en esta acción, queda haga responsable del pago de las costas causadas a manera dé indémnización de daños y perjuicios. La alegación de que J. Antonio Lorden forma parte, como clérigo, de la asociación ro corporación The Redémptórist'Fathers of Porto Rico y que dé ésta depende, no la hace responsable en’ todos los ór-denes y claáes de laé actuaciones de aquél. Tampoco se trata de' obli-gaciones nacidas de culpa o negligencia en que la '.deañandadap con-siderada como un establecimiento- o empresa,’ deba responder de los perjuicios causados por un ■ dependiente en el servicio del ramo en que estuviera empleado o con ocasión de sus funciones.”

Pidió reconsideración el demandante. Negó su petición la corte. Presentó entonces una demanda enmendada. Ar-chivaron una moción eliminatoria los demandados que fué declarada con lugar. Radicó el demandante una tercera de-manda enmendada que los demandados excepcionaron, pi-diendo además su eliminación. Oídas las partes, la corte declaró con lugar la excepción y ordenó que se registrara sentencia en contra del demandante con las costas pero sin incluir honorarios de ahogado. Registrada la sentencia, ape-laron contra ella el demandante y los demandados. Estos sólo en cuanto les negó los honorarios de ahogado.

La cuestión fundamental envuelta es la de si no habiendo sido partes los demandados en el pleito en que se concedieron las costas que se reclaman vienen obligados a pagarlas a virtud de lo dispuesto en los -artículos 1803 y 1804 del Código Civil y por haberse alegado en la demanda enmendada que los actos que dieron origen al primitivo pleito los realizó el allí demandado Lorden “por orden e instrucciones de la corporación” aquí demandada.

El alegato del apelante no contiene cita de jurispruden-cia alguna o de comentarios a los preceptos de ley que invoca que apoyen o por lo menos ilustren su contensión. Sus ar-gumentos no nos convencen. Son más bien que argumentos meras conclusiones de que le asiste el derecho que reclama.

Cuando una acción se establece exigiendo la obligación que impone el artículo 1804 del Código Civil, que es el 1803 de su edición de 1930, se dirige también contra la persona llamada a responder. Tuvo el demandante su día en corte cuando inició su procedimiento de injunction y ahora sin dárselo a los demandados pretende que se les condene a pagar las costas que en el injunction se impusieron y tasa-ron contra la persona que en él individualmente demandara a virtud de su propia elección. Si la corporación ahora de-mandada era responsable, debió demandársele en el indicado pleito. Quizá se hubiera dictado sentencia contra ella pero quizá pudo dictarse sentencia a ella favorable como conse-cnencia de las alegaciones que hubiera hecho o de la eviden-cia que hubiera introducido. Como bien dijo el juez senten-ciador en su resolución:

“La demanda no aduce ■ hecho alguno del que se infiera que la demandada fuera parte ni interviniera en el procedimiento de injunction para recobrar posesión que originó la condena de costas, autorizando o consintiendo la oposición al injunction o ratificando en forma alguna el acto personal o individual de J. Antonio Lorden.”

No cabe, pues, revocar la sentencia en cuanto por ella se declaró la demanda sin lugar. ¿Cabe revocarla en cuanto excluyó de las costas los honorarios de abogado? Se trata de una cuestión discrecional y, tomadas en consideración todas las circunstancias concurrentes, no nos sentimos justificados para concluir que la corte hizo mal' uso de su discreción.

Ambos recursos deben declararse sin lugar, quedando con-firmada en todas sus partes la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Oórdova Dávila no intervinieron.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alfonso Peña López, acusado y apelante.
    Núm. 6258.

    Sometido: Enero 27, 1937.

      Resuelto: Febrero 1, 1937.

      Faustino B. Aponte, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación formulada en contra del acusado apelante lee así:

“El referido Alfonso Peña López el día 29 de marzo de 1935, en. Júneos, dentro del Distrito Judicial de Humaeao, P. B-., ilegal y vo-luntariamente portaba sobre su persona un revólver, arma con la cual puede causarse daño corporal y con un disparo de la cual le dió muerte a Jesús María Hernández.”

En el acto del arraignment el acusado hizo la alegación de inocencia. En el día señalado para la vista, las partes sometieron el caso por la misma evidencia presentada en la vista de la causa que por asesinato de Jesris María Hernán-dez se seguía ante la misma corte en contra del acusado ape-lante; y éste suplicó a la corte que no dictara sentencia en este caso basta después que el jurado rindiese su veredicto en el de asesinato. Después de rendido el veredicto en contra del acusado éste se declaró culpable del delito de portar armas y la corte le impuso la pena de seis meses de cárcel, sin costas. Contra esa sentencia se ba interpuesto el pre-sente recurso, en el que alega el apelante que la corte erró al imponerle el máximum de la pena señalada por la ley sobre portación ilegal de armas, sin tener en cuenta que el acusado se babía declarado culpable.

En apoyo de su contención cita el apelante los casos de El Pueblo v. Laureano, 34 D.P.R. 209, y El Pueblo v. Liceaga, 36 D.P.R. 443, en los cuales esta Corte Suprema estableció la doctrina en cuanto al temperamento que debe adoptar la corte sentenciadora en aquellos casos en que el acusado confiesa su delito y se pone a merced de la corte para que ésta le imponga la pena a que se hubiere hecho acreedor, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada caso. Sería imposible enunciar dicha doctrina en frases más claras que las asadas por este Tribunal en los párrafos que copiamos a continuación:

“Cuando una acusación imputa un hecho corriente y de ella no surge circunstancia alguna que tienda a agravar el delito cometido y el acusado se confiesa culpable y no se practica prueba, no está jus-tificada la imposición del máximo de la pena.” El Pueblo v. Laureano, supra.
“Dicha regia no es contraria al principio de la discreción que tienen los jueces para fijar la pena dentro de los límites marcados por la ]ey. Tal discreción existe, pero no es arbitraria. El legisla-dor fijó un límite mínimo y otro máximo porque en su sabiduría conoce que un mismo acto criminal puede' cometerse bajo circunstan-cias que mitiguen o agraven la responsabilidad de su autor. Cuando ninguna circunstancia existe, la sana razón nos lleva a decidir que la adopción de un temperamento medio es lo justo y apropiado.” El Pueblo v. Liceaga, supra.

Dos son las circunstancias que deben concurrir para que podamos aplicar la doctrina de los dos casos citados y resolver que la corte inferior no estuvo justificada al imponer la pena máxima. Es necesario que el acusado se baya de-clarado culpable, haciendo innecesaria la celebración de un juicio; y en segundo lugar, el delito imputado al acusado debe estar libre de circunstancias que tiendan a agravarlo. No cae el caso de ¿utos dentro de los límites de la doctrina invocada por el apelante. En el acto de la lectura de la acu-sación, el acusado alegó ser inocente. Al ser llamado para juicio entró a él bajo su alegación de inocencia y sometió el caso por la misma prueba que ya había presentado en la causa' de asesinato, rogando al tribunal no dictase senten-cia hasta que el jurado rindiese veredicto, en la esperanza de que si éste era absolutorio, esa absolución eliminaría las. circunstancias que tendían a agravar el delito de portar un arma prohibida. Fué después de rendido el veredicto que le declaraba culpable del delito mayor que el acusado pensóen la doctrina de El Pueblo v. Laureno y decidió acogerse a. ella mediante una tardía declaración de culpabilidad.

El uso que se Raya Recto de mi arma proRiRida no debe tenerse en cuenta para determinar si el acusado es o no culpable del delito de portar esa arma ilegalmente, toda vez que una persona puede portar un arma legalmente y co-meter con ella un delito que nada tendría que ver con la le-galidad o ilegalidad de la tenencia del arma. Y podría suceder y sucede con frecuencia que el portador ilegal de un arma la usara legalmente para fines de defensa. Los dos delitos, el de portar el arma ilegalmente y el que con ella se cometiere son. distintos y separados y como tales deben ser juzgados. Por ejemplo, en una causa por asesinato, el RecRo de que el acu-sado no estuviere legalmente autorizado para portar el arma Romicida es absolutamente inmaterial, pues el permiso para portar un arma no autoriza ni atenúa la comisión de un de-lito con esa arma. Pero, una vez que el acusado lia sido declarado culpable de ambos delitos, del de portar el arma ilegalmente y del de Raberla usado para agredir o matar, entonces el uso ilegal del arma para fines de ofensa consti-tuye un agravante del delito de portarla» Y en ese caso no puede decirse que el juez sentenciador abusó de su discreción al imponer la pena máxima, como lo Rizo en el presente caso.

Por las razones expuestas se confirma la sentencia ape-lada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdbva Dávila no intervinieron.


author: El Juez PresideNte Señou del Tobo,

text:
    The National City Bank of New York, demandante y apelada, v. Bárbara F. Viuda de Echevarría, Francisca Látimer Viuda de Fernández y la Sucesión de Miguel Echevarría, compuesta de su viuda Doña Bárbara F. Vda. de Echevarría y sus hijos legítimos Lydia, José, Miguel e Idalia, menores de edad y su hija legítima emancipada Angela Echevarría Fernández, demandados y apelantes.
    Núm. 6867.

    Sometido: Mayo 6, 1936.

      Resuelto: Febrero 2, 1937.

      ■Francisco de la Torre y Arturo O’Neill, abogados de los apelantes; Fiddler, Córdova & McConnell y José 8. González, abogados de la apelada.
   El Juez PresideNte Señou del Tobo,

emitió la opinión, del ' tribunal.

El demandante pidió a la Corte de Distrito de San Juan que dictara sentencia contra los demandados condenándolos a pagarle tres mil dólares, intereses y costas, basándose en los siguientes hechos:

“I. Q!ue la demandante es una asociación bancaria ....
“II. Que en agosto 7, 1929, las demandadas Bárbara F. Vda. de Echevarría y Francisca L. Vda. de Fernández, así como también don Miguel Echevarría, mancomunada y solidariamente, suscribie-ron y entregaron al American Colonial Bank of Porto Rico, por valor recibido, un pagaré por la suma de $3,000, pagadero en sep-tiembre 15, 1929, con intereses al 9% anual desde la fecha de su ven-cimiento.” . . .
“III. Que posteriormente dicho American Colonial Bank of Porto Rico endosó y entregó a la demandante The National City Bank o£ New York, el referido pagaré del cual es hoy dicha demandante te-nedora y dueña.
“IV. Que don Miguel Echevarría falleció dejando como únicos, legítimos y universales herederos a su viuda doña Bárbara F. Vda.-de Echevarría en la cuota usufructuaria que le corresponde, y a sus hijos legítimos Angela, Lydiá, José, Miguel e Idalia Echevarría Fer-nández que forman y constituyen la Sucesión de Miguel Echevarría.
“V. Que dicho pagaré está vencido desde septiembre 15, 1929, y ninguno de los demandados, ni persona alguna a sus nombres han pagado el importe de dicho pagaré, ni en todo ni en parte, así como tampoco han pagado los intereses devengados sobre dicha suma desde noviembre 5, 1929, a pesar de los requerimientos que les ha hecho la demandante.”

El endoso del pagaré se hizo constar al pie del propio documento, como sigue:

“Pay to the order of the National City Bank of New York without recourse. — American Colonial Bank of Porto Rico — (Firmado) R. Torres Ramis, Assistant Cashier. — Abr. 22, 1930.”

Contestaron separadamente doña Francisca Látimer viuda de Fernández y doña Bárbara Fernández viuda de Echevarría por sí y por sus menores hijos. Admitieron como cierto lo alegado en los hechos primero y segundo de la demanda y del tercero el endoso del pagaré al demandante y su tenen-cia por parte del mismo. Negaron que el demandante fuera su dueño. La demandada Sra. Látimer admitió el hecho cuarto. También los otros demandados, pero alegando que no eran de hecho los herederos del Sr. Echevarría por no haber aceptado su herencia.

Todos los demandados reconocieron que el pagaré había vencido en septiembre 15, 1929, perp negaron su falta de pago, alegando en contrario que había sido satisfecho por cierta cesión que en vida hiciera Echevarría al American Colonial Bank, alegando además dicha cesión como defensa especial. Como defensa especial alegaron también que la demanda no aducía hechos suficientes determinantes de causa de acción.

Fué el pleito a juicio y la corte lo resolvió por sentencia declarando la demanda sin lugar en cuanto a doña Angela Echevarría Fernández que repudió la herencia paterna, y con- lugar en cuanto a los otros demandados a quienes con- • denó a pagar mancomunada y solidariamente la suma recla-mada, intereses y costas, pudiendo hacerse efectiva la sen-tencia en cuanto a los menores solamente hasta donde alcan-zaren los bienes que hubieren heredado de su causante.

No conformes los demandados perjudicados por la sen-tencia apelaron de ella para ante este tribunal. Sostienen que la corte de ditrito erró, 1, al declarar sin lugar su de-fensa de falta de causa de acción, y 2, al resolver, con vista de la prueba, que el banco demandante no estaba impedido como cesionario del American Colonial Bank, de proceder al cobro de la suma adeudada garantizada por la cesión que hi-ciera el deudor Echevarría al American Colonial Bank.

Argumentando su primer señalamiento sostienen las apelantes que la demanda no aduce causa de acción porque el endoso del pagaré no se ajusta a las prescripciones del Código de Comercio sobre la materia. Citan el artículo 533 de dicho cuerpo legal que ordena que los endosos de las libranzas y pagarés a la orden deberán extenderse con la misma expresión que los de las letras de cambio, el 461 que determina que la propiedad de las letras de cambio se transferirá por endoso, y el 462 que expresa los requisitos de éste, a saber:

“Io. El nombre y apellido, razón social o título de la persona o compañía a quien se transmite la letra. 2o. El concepto en que el cedente se declare reintegrado por el tomador, según se expresa en el núm. 5o. del artículo 444. 3o. El nombre y apellido, razón social o título de la persona de quien se recibe o a cuenta- de quien se carga, si no fuere la misma a quien se traspasa la letra. 4o. La fe-cha en que se hace. 5o. La firma del endosante o de la persona le-gítimamente autorizada que firme por él, lo cual se expresará en la .antefirma. ’ ’

También sostienen en su argumento que el pagaré no era susceptible de endoso porque estaba ya vencido cuando se intentó realizar su trasmisión. Citan el artículo 466 del Có-digo de Comercio que prescribe que: “No podrán endosarse las letras no expedidas a la orden, ni las vencidas y per-judicadas. Será lícita la transmisión de sn propiedad por los medios reconocidos en el derecho común; y si, no obs-tante, se hiciere el endoso, no tendrá éste otra fuerza que la de nna simple cesión.”

Comparando el endoso con el artículo 462 del Código de Comercio, encontramos qne el único requisito qne se dejó de cumplir fué el segundo. No aparece qne lo fuera por “valor recibido”, por “valor en cuenta” o por “valor entendido”.

¿Queda, por ello, sin fuerza el traspaso? El primer lu-gar no sólo el endoso si que la trasmisión del pagaré fueron expresamente admitidos en sus alegaciones por las apelan-tes. Y en segundo lugar refiriéndose al propio artículo 462, recientemente dijo esta corte por medio de su Juez Asociado Sr. Wolf:

“Tenemos la idea de que para fines mercantiles corrientes esta disposición del Código de Comercio (inciso 4, supra) por interpre-tación o en alguna otra forma, estaba en gran parte en desuso al tiempo de efectuarse el endoso en cuestión. Para el futuro, el nuevo Código de Comercio ha obviado esta clase de discusión.” Domenech, Tes. v. Suau, Fiol & Co., 49 D.P.R. 755, 758.

La corte se refiere a la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables que fué aprobada bajo el núm. 17 en abril 22, 1930, por virtud de la cual quedaron derogados y sustitui-dos los títulos X, XI y XII del Código de Comercio que com-prendían desde el artículo 353 al 566. De acuerdo con la ley vigente un documento se negocia cuando se traspasa por una persona a otra de modo tal que constituya al cesionario en tenedor del mismo. Si es pagadero al portador, queda ne-gociado por la entrega; si es a la orden, queda negociado por el endoso del tenedor, completado por la entrega. El endoso deberá escribirse en el mismo documento o en un pa-pel que se le adhiera, bastando la firma, del endosante, sin palabras adicionales, para que sea suficiente. Artículos 383 y 384 del Código de Comercio, ed. 1932.

Es cierto que las apelantes si bien aceptaron la existen-cia del endoso y de la entrega del pagaré, negaron que el de-mandante fuera dueño del mismo. Ello, sin embargo, no implicaría falta de causa de acción por parte del demandante que alegó en su demanda expresamente que era dueño y que probó que tenía en su poder el documento endosádole por su dueño, porque si el endoso en la forma en que consta, de acuerdo con la ley entonces vigente, no era suficiente para convertirlo por sí solo en dueño, lo era para conferirle una comisión de cobro, encontrándose en tal virtud debidamente ante la corte en el ejercicio de dicha comisión.

En el caso de Royal Bank of Canada v. Balle, 33 D.P.R. 984, 988, esta corte dijo:

“Ahora bien, si se aplicara como pretende el apelante la ‘lex loci solutionis’ y por tanto se concluyera que la ley de Puerto Rico es la que rige para fijar los efectos del endoso, surgiría la cuestión de si estando el endoso sin fecha no se entendía trasmitida al tenedor la propiedad, sino la simple comisión de cobranza. Esa misma cues-tión surgió en el caso de Noriega & Alvarez v. Cruz & Co., S. en C., de julio 14, 1924 (pág. 559), quedando abierta para ser decidida hasta que un caso de más importancia incitara ‘el interés de los abo-gados a hacer una investigación más acabada.’ No es éste en verdad ‘el caso de más importancia’ que tenía en mente el tribunal. Los abogados se limitan aquí a esbozar la cuestión y su decisión además no es necesaria para la resolución del litigio, porque aún aceptando que la propiedad no se hubiera trasmitido, siempre se concluiría que el banco demandante tenedor del documento estaba comisionado para su cobro por ‘Edward Jolles Co.,.Inc.’ y tenía autoridad para ini-ciar el pleito.”

T en el de Cintrón & Aboy v. Solá, 22 D.P.R. 262, 270, expresó:

“La alegación hecha ante esta Corte Suprema de que los hechos expuestos en la demanda no determinan una causa de acción cae por su misma base, pues ya se considere el endoso a favor de Cintrón y Aboy como una comisión de cobranza, ya sean éstos cesionarios de Sorba, pueden ejercitar los mismos derechos que éste, entre ellos el de cobro del documento, que están ejercitando. Existe causa de ac-ción.”

No fué cometido, pues, el primer error. Tampoco el segundo. Las' apelantes que ante la corte de distrito sostuvieron que la transacción realizada por Echevarría con su acreedor el American Colonial Bank cediéndole su participación en los bienes de la Miramar Realty Company, Ltd. saldó el pagaré, se limitan abora a sostener que el efecto jurídico de dicha cesión en garantía de la deuda representada por el pagaré no puede ser otro que el de suspender su cobro hasta que la garantía se liquide.

Del documento en que consta el contrato cuyo alcance se discute, transcribimos lo que sigue:

“Qiue habiendo convenido garantizar el pago de dichas obligacio-nes con la cesión al American Colonial Bank of Puerto Rico para su propio beneficio y para beneficio de los demás bancos, de todo in-terés y beneficio que le corresponda en dicha sociedad, lo lleva a cabo de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones:
“PeiMbra: El compareciente don Miguel Echevarría Navarro, con el consentimiento expreso de su esposa doña Bárbara Fernández de Echevarría, para garantizar todas y cada una de las obligaciones descritas en el párrafo cuarto anterior,
“Cede y Traspasa al American Colonial Bank of Porto Rico, todo su interés, derecho y acción en los beneficios o adjudicaciones que decidan repartir o adjudicarse los socios de la Miramar Realty Co., Ltd. bien en dinero o en solares o derechos reales, en cualquier tiempo, bien antes de la disolución de la referida sociedad, o como resultado de la misma, autorizando a los demás socios de dicha so-ciedad y a la sociedad para pagar, otorgar, y traspasar directamente 'al American Colonial Bank of Porto Rico el importe o participación que le corresponda.
“Segunda: Esta cesión se hace al American Colonial Bank of Porto Rico para su propio beneficio y para beneficio del Banco Popular de Puerto Rico y Banco de Nova Scotia, como Trustee de és-tos, y en proporción de sus respectivos créditos, quedando la misma en todo su vigor y efecto hasta que todas las obligaciones antes des-critas queden totalmente canceladas en cuyo caso se cancelará esta cesión. ’ ’

Tras un estudio cuidadoso del propio documento y de toda la argumentación de las apelantes, estamos convenci-dos de que su contención es insostenible.

Por la cesión lo que recibió el acreedor fué una garantía. Ni expresa ni implícitamente se obligó a posponer el cobro directo de su crédito basta la liquidación de la garantía. Una situación semejante quedó resuelta por esta corte en sentido contrario al que sostienen las apelantes en el caso de The National City Bank of New York v. Corte de Distrito de San Juan, 47 D.P.R. 128, así:

"En el presente caso, sin embargo, el tenedor de la prenda optó por radicar una acción personal contra los demandados, y esto tenía derecho a hacerlo. No hallamos nada en el artículo 1773 ni en nin-guna otra parte del Código Civil que obligue al tenedor de una prenda, antes de radicar una acción personal, a vender primeramente el artículo pignorado. Al dejar el deudor de satisfacer el importe del pagaré a su vencimiento, surgió el derecho del demandante a pro-ceder contra los demandados y sus bienes. A este respecto el caso es similar a los de Fernández v. Luyando, y Luyando v. Díaz, resueltos en 11 de mayo de 1934 (ante págs. 687 y 691) siendo la única diferencia existente que en dichos casos la propiedad en disputa era inmueble y la aquí envuelta es mueble. El artículo 1758 del Código Civil, y quizá algunos de los artículos siguientes, demuestran que la hipoteca y la prenda son garantías accesorias para el cumplimiento de un contrato principal.
"La jurisprudencia general en los'Estados Unidos sostiene estas conclusiones, es decir, que una persona que tiene una obligación principal garantizada con prenda o colateral, no está obligada a proceder primeramente contra la prenda o colateral, sino que puede iniciar acción personal contra su deudor. Lewis, trustee, v. United States, 92 U. S. 618, 622; Germania Saving Bank v. George Peuser, 40 La. Ann. 796, en el que se cita el caso anterior; Merrill v. National Bank of Jacksonville, 173 U. S. 140; nota en el caso de Robinson v. Hurley, 79 Am. Dec. 500; 49 C. J. 987 et seq.; véase también el caso de Baldrich v. Rivera, 32 D.P.R. 850.”

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila nó intervinieron.


text:
    Asunción Ayala, demandante y apelada, v. José Dolores Flores y Severiana López, demandados y apelante el primero.
    Núm. 6830.

    Sometido: Enero 20, 1937.

      Resuelto: Febrero 4, 1937.

      Antomo Qwirós Méndez y José E. Begarra, abogados del apelante;. Aureliano Rivas Rosario, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

El Banco de San Juan, dueño de un predio de 95,856 metros cuadrados de terreno, constituyó hipoteca sobre el mismo-a favor de Bernabé Sabalier para garantizar a éste el pago-de siete pagarés. Con posterioridad al otorgamiento de la hipoteca el Banco segregó del citado predio y vendió a la demandante un solar de 124.80 metros cuadrados, haciendo-constar que sobre la propiedad vendida no existía edifica-ción alguna. Dueña ya de dicho solar, la demandante edificó sobre el mismo una casa de madera de un valor de $1,000.

La Suceción de Bernabé Sabalier, dueña de los últimos cuatro pagarés hipotecarios del Banco de San Juan, fué de-mandada por un abogado en cobro de honorarios. Adjudica-dos dichos cuatro pagarés en pago de la sentencia por hono-rarios, el abogado adquirente de los mismos los endosó a la. demandada Severiana López. Ésta ejecutó la hipoteca su-mariamente a virtud de procedimiento seguido contra el Banco de San Juan y terceros adquirentes de las diversas porciones segregadas del predio hipotecado, entre los que figuró la demandante.

En su primera causa de acción alega la demandante que ella no fué requerida de pago ni se le hizo el apercibimiento ordenado por la corte; que el solar de la demandante fué vendido en pública subasta y adjudicado y vendido en 21 de septiembre de 1928 a la demandada Severiana López; y que la subasta, el remate y la adjudicación del solar son actos nulos e inexistentes, por no haberse practicado el requeri-miento y apercibimiento de la demandante.

En la segunda causa de acción se reproducen los becbos de la primera, y se alega que en 31 de enero de 1931 la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia por la que declaró nulos e inexistentes la adjudicación de los cuatro pagarés al abogado Quiñones y el endoso que éste hizo de dichos docu-mentos a la demandada Severiana López; que la apelación interpuesta fue desestimada por frívola por sentencia del Tribunal Supremo de fecha marzo 16, 1932, la que fué noti-ficada a todas las partes y es firme (Véase: Fernández v. Abella Blanco, et al., 43 D.P.R. 218); y que habiéndose de-clarado inexistente el título de Severiana López como acree-dora hipotecaria, el procedimiento ejecutivo es también nulo e inexistente.

Como tercera causa de acción, después de reproducir los hechos que ya hemos expuesto, se alega “que al ser vendido el solar de la demandante, no se tasó, ni se vendió el solar con la casa, sino el solar solamente, y no se pagó a la deman-dante el valor de la casa”; y que por esos alegados motivos el remate, la adjudicación y la venta a la demandada son ac-tos nulos.

Como cuarta causa de acción alega la demandante que en marzo 1, 1930, la demjandada Severiana López vendió la casa y solar al demandado José Dolores Flores, quien desde esa fecha entró en posesión de la finca.

En la quinta causa de acción se alega que el demandado Flores está detentando la posesión del inmueble; que desde febrero, 1929, hasta la fecha de la demanda el demandado ha recibido la suma de $800 por alquileres de la casa y solar; y que dicho demandado ha destruido la casa construida por la demandante y se ha apropiado los materiales.de la misma.

Pide la demandante se dicte sentencia declarando nulos todos los procedimientos y títulos mencionados en la expo-sición de hechos que antecede; que se la declare dueña y se le reponga en la posesión del inmueble; que se condene al demandado Flores a pagar a la demandante $1,000 como valor de la casa destruida y $800 por alquileres; y que se con-dene a ambos demandados al pago de las costas.

Negaron los demandados los hechos esenciales de la de-manda y como defensas especiales alegaron: (1) insufi-ciencias de los becbos alegados para constituir causa de ac-ción; (2) que la sentencia de nulidad del traspaso de los pa-garés a los abogados no afectó en absoluto la vabdez del pro-cedimiento ejecutivo sumario promovido por Severiana López contra la demfandante Asunción Ayala, ni confirió a ésta de-recho alguno, por no baber sido parte en el pleito en que se dictó diclia sentencia, ni afectó los derechos del demandado Flores, quien tampoco fué parte en dicho pleito; (í3) que la demandante está impedida de reclamar por las accesiones y mejoras que contenía el solar, (a) por no baber reclamado antes o en el acto de la subasta de la finca; y (b) por no ha-berse expresado en la escritura del Banco a la demandante que el solar no contenía construcciones de ninguna especie, y por no haberse notificado la inscripción de la venta a los acreedores hipotecarios anteriores, tal como se exige por el artículo 163 del Reglamento de la Ley Hipotecaria.

La corte de distrito dictó sentencia por la que declara nulos los procedimientos y títulos que constituyen la base de los alegados derechos de los demandados y condena al demandado Flores a pagar a la demandante, como valor de la casa destruida, la cantidad de $383 e intereses legales desde julio Io. de 1931. Ambos demandados fueron condena-dos al pago de costas y honorarios de abogado. Contra esa sentencia se ha interpuesto el presente recurso.

Los nueve errores señalados pueden reducirse a dos, así:

1. Erró la corte al admitir en evidencia una copia de la Relación del Caso, Opinión y Sentencia dictada en el caso civil de Antonia Fernández González v. López Cosme & Cía., pleito núm. 7180.

2. Fué error de la Corte al declarar nulo el procedimiento ejecutivo sumario, basándose para ello en la nulidad del requerimiento hecho a la demandante Asunción Avala.

Los discutiremos en el mismo orden en qne los hemos ex-puesto.

1. — -De la transcripción de autos aparece qne en el acto de la vista el abogado de la demandante manifestó que deseaba ofrecer en evidencia la opinión y sentencia dictada en el pleito núm. 7180 de Antonia Fernández v. Cosme López & Cía., pero que no estando el caso en el archivo por tenerlo en su poder la corte, ofrecía la copia que le había sido entregada. Se opuso el abogado de los demandados alegando que ninguno de los dos aquí demandados lo habían sido en el pleito núm. 7180, y además, que dicho caso no tenía relación alguna con el de autos. La resolución de la corte, admitiendo la copia ofrecida como prueba, dice así:

“Oídas las partes y admitiéndose que la copia presentada es una fiel y exacta de la Relación del Caso y Opinión y Sentencia en el caso de Antonia Fernández González v. Cosme López y Cía., Civil núm. 7180 sobre Nulidad de Subasta y otros extremos, en la que fué des-estimada una apelación interpuesta contra la sentencia por el de-mandado, siendo firme; y por cuanto el procedimiento núm. 6805 de cuya nulidad allí se trató aparece establecido por Severiana López, que fué luego sustituida por Cosme López y Co.,' siendo Severiana López una demandada en este caso, la Corte admite el documento para darle el valor probatorio que tenga, y se marca Exhibit 4.”

En su alegato arguyen los apelantes que el documento en cuestión no era admisible, por no ser ni el original ni una copia certificada por el Secretario. Esa objeción es tardía. Debieron formularla los demandados en el momento en que se ofreció el documento en evidencia, para que la corte inferior hubiese tenido una oportunidad de resolver sobre los méritos de la oposición. Al no hacerlo así renunciaron la objeción por el fundamento indicado y aceptaron el docu-mento ofrecido en evidencia como una copia fiel y exacta de su original.

El otro motivo de oposición, el de que los demandados no habían sido parte en el pleito núm. 7180, carece .de fundamento. Del mismo documento admitido en evidencia consta que Severiana López fué demandada en dicho pleito, dejó sin contestar la demanda y se le anotó la rebeldía; que más tarde ella y el demandado Samuel E. Quiñones contes-taron la demanda enmendada; que en 14 de agosto de 1929, con el consentimiento de ambos demandados, se ordenó la sustitución de Quiñones y Severiana López por la Sociedad Cosme López y Cía., por ser dicha sociedad la dueña en aquella fecha de los pagarés hipotecarios cuya venta en pú-blica subasta se trataba de anular. Es evidente que Seve-riana López fué parte en el pleito núm. 7180; .que tuvo una oportunidad de defenderse y de defender dentro de dicho pleito su derecho a instituir el procedimiento ejecutivo su-mario que instituyó en 16 de mayo de 1928 contra Asunción Ayala y otros para la ejecución de los mismos pag’arés, y la adjudicación que se le hiciera del solar de la demandante. Si la demandada Severiana López tuvo a bien retirarse como demandada de dicho pleito núm. 7180; en el que se discutía el título sobre los mismos pagarés que habían servido de base para el procedimiento ejecutivo seguido por ella en contra de Asunción Ayala, debemos resolver que dicha de-mandada está ahora impedida de alegar que la sentencia dictada en dicho pleito y admitida como prueba en el pre-sente, no puede perjudicarle. [3,4] El demandado José Dolores Flores, quien adquirió la finca envuelta en esta acción por venta que le hiciera la demandada ' Severiana López en marzo Io. de 1930, no puede tener un derecho superior al de su vendedora. Y si ésta carecía de título válido y suficiente sobre los pagarés hipotecarios para promover legalmente el procedimiento ejecutivo y para justificar la venta y la adjudicación de la finca de la de-mandante, su cesionario adquirió la finca sujeta a las mis-mas causas de nulidad que pudieran invocarse en contra de su vendedora. No cometió error la corte al admitir el exhibit núm. 4, ni tampoco al resolver que el procedimiento ejecutivo es nulo por carecer Severiana López de título legal sobre los pagaré garantizados por la hipoteca.

El certificado de diligenciamiento del requerimiento ordenado por la corte en el procedimiento ejecutivo sumario seguido por Severiana López v. Asunción Ayala, lee así:

‘ ‘ Certificado de diligenciamiento. — -CERTIFICO: que el manda-miento expedido en feeba 16 de mayo del 1928, por don Luis Vergne Ortiz, como Secretario encargado de los asuntos civiles de la Corte ■de Distrito de San Juan, en el juicio ejecutivo del título de este cer-tificado, h'a sido diligenciado por mí, en este día y término municipal,’ en cuanto al demandado (sic) Asunción Ayala, entregándole co-pia del mandamiento diligenciado y copia de este certificado, firmada por mí y fechada, esta última. — San Juan, P. R., 22 de mayo- del 1928. — Eduardo Urrutia, Márshal. — Por: (Fdo.) Manuel Prida, Márshal-Auxiliar. ’

Ni del certificado que acabamos de transcribir ni de la prueba practicada aparece que el márshal de la corte hiciera -el requerimiento de la deudora hipotecaria Asunción Ayala que prescribe el artículo 170 del Reglamento para la Ejecu-ción de la Ley Hipotecaria y que le fue ordenado por el auto ■expedido por la corte de distrito.

En Ojeda v. Registrador, 39 D.P.R. 241, en el certificado ■de diligenciamiento del márshal constaba que éste hizo un requerimiento de pago, el cual debía efectuarse a partir de dicho requerimiento, pero no mencionaba el término dentro del cual debía efectuarse tal pago. En otras palabras, del ■diligenciamiento no aparecía que el Márshal informara al deudor que debía pagar dentro del término de treinta días. El Registrador se negó a inscribir la escritura otorgada por ■el márshal, fundándose en que el auto de requerimiento no contenía el apercibimiento estatutario. Al sostener la nota •del registrador, esta corte dijo:

“ . . .Lo que la ley exige es un requerimiento de pago formal, acompañado del apercibimiento estatutario, y que la orden de la corte ■contenga ambas cosas. Pero- aun si la orden dirigida al secretario ordenándole que expida el correspondiente mandamiento se considera •que cumple substancialmente con el estatuto, el márshal ciertamente no puede suplir la omisión contenida en el mandamiento relativa a •tm apercibimiento formal, mediante un mero apercibimiento verbal.
“Las condiciones precedentes a una ejecución de hipoteca y venta de conformidad con la Ley Hipotecaria, son pocas y sencillas, per© en vista de la naturaleza sumaria y prácticamente ex parte del pro-cedimiento, estos requisitos jurisdiccionales deben ser observados es-trictamente. De lo contrario el resultado sería una venta judicial nula. Arvelo et al. v. Banco Territorial y Agrícola, 25 D.P.R. 728; Polanco v. Goffinet et al., 29 D.P.R. 120; López et al. v. Quiñones, 30 D.P.R. 342; y Cortés et al. v. Díaz et al., 31 D.P.R. 454.”

De acuerdo con la jurisprudencia citada, para que m requerimiento sea válido y suficiente para conferir juris-dicción a la corte sobre la persona del demandado es nece-sario: 1, que por el auto se ordene (a) requerir al que es-tuviere en posesión de la finca hipotecada para que dentro de treinta días verifique el pago de la suma reclamada con las costas, y (fe) bajo apercibimiento de procederse a la su-basta de los bienes hiptecados; y 2, que el Marshal cumpla formalmente la orden, haciendo el requerimiento y el aper-cibimiento en la forma dispuesta por la corte. Cuando el marshal, como en el presente caso, se limita a entregar al. deudor una copia del mandamiento diligenciado, con copia del certificado de diligenciamiento, el auto de requerimiento’ queda incumplido, la corte no adquiere jurisdicción sobre la persona del deudor y como consecuencia todos los actos sub-siguientes carecen de validez y fuerza legal y deben ser de-clarados nulos.

No erró la corte inferior al declarar nulo el procedimiento hipotecario y nulas la venta del solar a la ejecutante Severiana López y la venta hecha por ésta al otro demandado José Dolores Plores. Éste adquirió la finca con. conocimiento de las constancias del registro y a sabiendasde que la validez de su título dependía de la validez del procedimiento ejecutivo seguido contra la anterior dueña. Véase r Anaud v. Martínez, 40 D.P.R. 669.

Por las razones expuestas se confirma la sentencia ape-lada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila: no intervinieron.


text:
    Julio Olivieri Monsanto, demandante y apelante, v. Junta de Retiro de Funcionarios y Empleados Permanentes del Gobierno Insular de Puerto Rico, demandada y apelada.
    Núm. 7027.

    Sometido: Enero 19, 1937.

      Resuelto: Febrero 5, 1937.

      Pascasio Fajardo Martínez, abogado del apelante; Son. Procurador General B. Fernández García y Emilio de Álclr&ij, Subprocura-dor, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Julio Olivieri pidió a la Corte de Distrito de San Juan que, mediante un auto de mcmdamus, ordenara a la Junta de Retiro de los Funcionarios y Empleados Permanentes del Gobierno Insular, que le concediera el retiro y pensión que de ella solicitara, inclusive el pago de las pensiones atrasadas a partir del mes de febrero de 1929 en que expiró la segunda licencia que por enfermedad se le otorgara.

El caso se trasladó a la Corte de Distrito de Mayagüez, se tramitó en dicha corte de acuerdó con la ley y se resolvió finalmente por la misma en. contra del peticionario.

La opinión emitida por la corte para basar sn sentencia, es como signe:

“Los hechos en controversia respecto a este caso están contenidos en la estipulación de las partes y que consta en récord, siendo la principal cuestión a resolver si la solicitud de retiro se presentó o no en tiempo hábil de acuerdo con la Ley núm. 104 de 1925, sobre retiro de los funcionarios y empleados del Gobierno- Insular.
‘ ‘ La Corte, después de detenido estudio de la prueba aportada en el juic’o, de la ley y la jurisprudencia, ha llegado a la conclusión de que la solicitud de retiro fué radicada por el peticionario ante la Junta de Pensiones unos nueve meses después de haber cesado en el servicio activo del Gobierno Insular, no habiéndose probado que el peticionario tuviere excusa legal para no haberlo hecho en tiempo oportuno. ’ ’

No conforme el peticionario, apeló. Sostiene que la corte sentenciadora erró al reconocer facultades a la junta deman-dada para reconsiderar su resolución- anterior concediéndole el retiro y la pensión sin darle audiencia, al decidir que el fundamento de la última resolución de la junta era correcto y en todo caso al resolver que no existió excusa legal por parte del peticionario para presentar su solicitud en el tiempo en que lo hizo.

Muestran los autos que el peticionario era un guardia de cárceles del Gobierno Insular a quien se concedió un mes de licencia con sueldo por razón de enfermedad, concediéndosele otro sin sueldo por la misma causa. Expiró la licencia. Pasaron varios meses y al cabo de ellos, encontrándose el peticionario fuera ya del servicio, se dirigió a la junta demandada solicitando retiro y pensión. La junta ordenó su examen físico y declaró su solicitud con lugar, pero reconsideró su resolución declarando sin lugar la solicitud por entender que el peticionario carecía de derecho al retiro por haberlo solicitado después de haber cesado en sus funciones como empleado del Gobierno Insular.

Bajo las circunstancias concurrentes creemos que la junta estaba facultada para reconsiderar su resolución inmediata-mente después de haberse dado cuenta de que había actuado sobre una base falsa.

Nada se nos ha citado ni hemos podido encontrar en la ley o en la jurisprudencia que sea contrario a la facultad de reconsiderar en un caso semejante. Ningún derecho llegó a crearse bajo la primera resolución. Y la circunstancia de que la ley expresamente disponga que la junta podrá exi-gir a cualquier pensionado retirado que sea examinado de nuevo para cerciorarse de si continúa o no incapacitado y en caso negativo ordenar el cese de la pensión, no-quiere decir que sea ése el único caso en que la junta pueda volver sobre su acuerdo. Si queda convencida de haber actuado en contra de la ley en algo fundamental, dentro por supuesto de un período de tiempo razonable y cuando su actuación no im-plique la negación de derechos que hayan podido ser legíti-mamente adquiridos, puede, como en este caso, reconsiderar su resolución.

No fué, pues, cometido el primero de los errores seña-lados. Tampoco el segnndo. Hemos examinado las dispo-siciones de la ley sobre la materia que se invocan — Ley núm. 104 de 1925, leyes de 1925, pág. 949, secciones 3 y 6 — y a nuestro juicio la interpretación lógica de esos preceptos es la de que sólo cabe la solicitud de retiro cuando el empleado se encuentra en servicio activo, debiendo interpretarse que en casos de incapacidad física el empleado continúa en dicho servicio mientras sea mantenido como tal.

Eesta sólo considerar el tercero y último de los errores señalados. Alegó el peticionario en su solicitud que el hecho de haber dejado de pedir su retiro mientras se encontraba aún dentro del servicio, se debió a la -propia enfermedad que padecía que obscureció por completo sus facultades mentales. Aportó evidencia sobre su alegación en el juicio, y fué juzgándola que la corte sentenciadora decidió que no hubo prueba suficiente de la excusa.

Hemos examinado por nosotros mismos la evidencia, hemos tomado en consideración los argumentos del apelante en su alegato y no estamos convencidos de que la apreciación de la corte fuera errónea. Es más, encontramos que uno de los testigos del propio peticionario impugna sn teoría por-que si es cierto que Olivieri llamó en tiempo al testigo Arroyo encontrándose grave para pedirle que gestionara su pensión lo que seguidamente hizo el testigo, habiéndose ex-traviado la solicitud en manos del Alcaide de la Cárcel de Mayagüez, entonces la enfermedad de que padecía no era de tal naturaleza que le privara de pensar en y actuar sobre la pensión.

jDebe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Peesidente Señoe del Tubo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Urbina y José Murga Suárez (a) “Puyú”, acusados y apelantes.
    Núm. 6173.

    Sometido: Enero 21, 1937.

      Resuelto: Febrero 10, 1937.

      C. Iriarte, F. Fernández, Cuyar y H. González Blanes, abogados de los apelantes; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxilia/r, abogados de El Pueblo, • apelado.
   El Juez Peesidente Señoe del Tubo,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de la Corte de Distrito de Bayamón, acusó a Nicolás Serrano, Rafael Urbina y José Murga de baber ase-sinado a .Tulio A. Díaz, como sigue:

“Allá en o por el día 15 de julio de 1935, y en la calle ‘José R. Carazo,’ de la población de Guaynabo, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Bayamón, P. R., los referidos acusados Nicolás Serrano, (a) ‘El Oso’, Rafael Urbina y José Murga Suárez, (a) ‘Puyú1, de manera ilegal y voluntariamente, con malicia premeditada y propósito deliberado y firme de matar, y demostrando perversidad y malignidad de corazón, se pusieron en acecho armados de palos los dos primeros y de un revólver el último, y allí y entonces los tres actuando juntos y ayudándose mutuamente, atacaron y mataron al ser humano Tulio A. Díaz Silva, infiriéndole heridas graves de palo y de bala que le ocasionaron la muerte unos minutos después.”

Alegaron los acusados que eran inocentes. El jurado que los juzgó declaró no culpable a Serrano y culpables de ase-sinato en segundo grado a Urbina y a Murga. Solicitaron éstos un nuevo juicio. La corte negó la solicitud y dictó sentencia imponiendo a Urbina doce años de presidio y quince a Murga. No conformes, apelaron, señalando en su alegato seis errores. Por el primero alegan que la eviden-cia es insuficiente para sostener el veredicto del jurado. Por el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto que la corte erró en relación con sus instrucciones al jurado y por el sexto que erró también al negar la moción de nuevo juicio.

Hemos examinado la evidencia y es a nuestro juicio suficiente. La de cargo, que creyó el jurado, demuestra que dos de los acusados, Serrano y Urbina, fueron vistos de siete y media a ocho de la mañana del día del suceso en la plaza pública de G-uaynabo portando palos por un testigo que los escuchó hablar de darle una' paliza al interfecto, llegando en esos momentos el otro acusado Murga que se sentó junto a ellos. Otro testigo vió también algo más tarde a los acu-sados Serrano y Urbina armados de palos- en actitud sos-pechosa caminando y hablando frente a la oficina de la PEERA en Guaynabo el día de autos.

De la agresión hay varios testigos presenciales. Coin-ciden sus testimonios y de ellos se viene en conocimiento de que Díaz caminaba por una de las calles de Guaynabo en compañía de Lucas Rondón con dirección a las oficinas de la PEERA, siendo ambos atacados con palos por Serrano y Urbina, dando Urbina a Díaz un macetazo, apareciendo en-tonces Murga que le disparó cuatro tiros de revólver, hirién-dolo.

Díaz fué llevado a una clínica muriendo poco después. Las heridas que recibiera fueron dos, una que pudo ser in-ferida por instrumento contundente y otra de bala.

No existe, pues, el primer error señalado. Tampoco el segundo que se alega cometido por la corte al trasmitir al jurado la siguiente instrucción:

“ ... y es asesinato en segundo grado, todos los demás, o sea aquéllos en que se produce la muerte ilegal de un ser humano con malicia pero sin qué medie deliberación o premeditación.”

Para juzgar sobre la corrección de unas instrucciones, deben éstas estudiarse en su totalidad. La corte comenzó su instrucción sobre el punto en controversia, así:

“Asesinato es dar muerte ilegal a un ser humano con malicia premeditada. Dicha malicia premeditada puede ser de dos clases: expresa o tácita. Es expresa, cuando se manifiesta el propósito de-liberado de quitar la vida ilegalmente a un semejante. Es tácita, cuando no resulta notable provocación, o las circunstancias que con-curren a la muerte demuestran un corazón pervertido y maligno.”

Y la terminó como sigue:

“La ley divide el delito de asesinato en dos grados: primero y segundo. Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecbo o tortura, y toda clase de muerte voluntaria, deliberada y premeditada o cometida al perpetrarse o intentarse algún incendio, violación, robo, escalamiento o mutilación, constituye asesinato en primer grado. Y es asesinato en segundo grado todos los demás, o sea aquéllos en que se produce la muerte ilegal de un ser humano con malicia, pero sin que medie deliberación o premeditación.”

La corte había ya calificado de premeditada la malicia a que se refirió últimamente. No hubo error. Si alguna duda pudiera existir, quedó resuelta en contra de los ape-lantes recientemente por esta corte en el caso de El Pueblo v. Belardo, 50 D.P.R. 513.

Los señalamientos tercero y cuarto se refieren a instrucciones que no fueron objetadas específicamente. Eso no obstante fiemos estudiado todo cuanto dicen sobre ellas en su alegato los' apelantes y no estamos convencidos de que aunque se concluyera que no eran perfectamente correctas, podrían estimarse como perjudiciales, especialmente habiendo rendido como rindió el jurado un veredicto de asesinato en segundo grado.

El quinto error se formula así:

“La Corte cometió manifiesto error en sus insiruceiones al omitir en el resumen que hiciera de la evidencia el hecho importante de que Urbina portaba en el cinto un revólver en los instantes en que su-cedieron los hechos que culminaron en la muerte de Tulio A. Díaz. El abogado defensor tomó excepción específica de este error.”

Las instrucciones de la corte contienen un ~’x. "-men de la evidencia razonablemente completo. No estaba la corte obligada a entrar en detalles, a reproducir por entero las declaraciones de los testigos. Podía confiar en la memoria de los jurados que acababan de oírlas. No bubo error.

El sexto y último señalamiento queda resuelto con lo que anteriormente se fia expresado, pues las cuestiones que fie-mos discutido son las mismas que sirvieron de base a la moción de nuevo juicio declarada sin lugar por la corte de distrito.

Un estudio de la totalidad de los autos nos convence de que se hizo justicia substancial en el caso.

Por virtud de todo lo expuesto deben declararse sin lugar las apelaciones interpuestas contra la resolución ne-gando el 'tmevo juicio y contra la sentencia, quedando dichas resolución y sentencia confirmadas.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


text:
    The National City Bank of New York, demandante y apelante, v. Lorenzo Guarch, demandado y apelado.
    Núm. 6940.

    Sometido: Febrero 4, 1937.

      Resuelto: Febrero 10, 1937.

      ^Fiddler, Córdova & McConnell, abogados del apelante; Gonz&les Fa-gundo & González, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la , opinión del tribunal.

El banco demandante, como cesionario de The American Colonial Bank of Porto Rico, demandó a Lorenzo Gruarch en «obro de un pagaré de $7,000, otorgado mancomunada y so-lidariamente por el demandado Gruarch y por Celestino Be-nitez, en junio 18 de 1928, para vencer cuatro meses más tarde,, o sea en octubre 18, 1928. Al dorso del pagaré apa-recen constancias de haber sido prorrogado varias veces el ■vencimiento de la obligación, expirando la última prórroga ■concedida en abril 4 de 1932. Para garantizar a The American Colonial Bank of Porto Rico el pago de dicha obligación y de sus intereses al 9 por ciento anual, don Celestino Be-nitez y su esposa constituyeron hipoteca sobre una finca de 252 cuerdas, en la misma fecha del pagaré, en el cual se hace referencia al otorgamiento de la hipoteca como garantía co-lateral.

La contestación del demandado admite el otorgamiento ■del pagaré pero niega que él lo entregara al Banco Colonial; admite la concesión de las varias prórrogas, pero con la sal-vedad de que éstas fueron concedidas a instancias del deudor 'Celestino Benitez y sin el conocimiento o consentimiento del demandado; niega que el pagaré haya vencido el 14 de abril de 1930 y alega en contrario que el Banco Colonial, por es-critura pública de 20 de noviembre de 1929 renunció y sus-pendió su derecho a declarar la deuda vencida y a ejecutar la hipoteca o a proceder al cobro por la vía judicial de cual-quier suma que se le adeudara por virtud del pagaré. Alega ;además el demandado que aunque él firmó el pagaré como deudor solidario, lo cierto es que no recibió cantidad alguna del banco, ni entregó a éste el pagaré; que de acuerdo con los términos de la obligación, el demandado sólo es respon-sable en caso de que ejecutada la hipoteca que garantiza el pagaré no cubriere la deuda con sus intereses y costas; y que en virtud de las prórrogas concedidas por el banco acree-dor al deudor Benitez y del otorgamiento de la escritura de renuncia de derechos, cualquier responsabilidad que pu-diera tener el demandado ha quedado extinguida, quedando’ impedido el Banco de cobrar suma alguna al demandado.

Las partes contendientes han aceptado como hechos fuera de discusión que la obligación original tiene el ca-rácter de solidaria y que el banco demandante aceptó el pagaré con conocimiento pleno de los hechos y sujeto a las mismas defensas que pudieran interponerse en contra del banco cedente.

El presente recurso tiene por objeto la revocación de la sentencia por la que la corte inferior desestimó la demanda e impuso las costas al demandante. Se alega como base del recurso que la corte erró al resolver que el convenio cele-brado entre el Banco Colonial y la Comisión Rehabilitadora,. por escritura de 20 de noviembre de 1929, tuvo el efecto legal de relevar al demandado Gruarch de su obligación de hacer efectivo el pagaré, y que dicho convenio constituye un im-pedimento para que pueda instarse demanda contra Gruarch antes del primero de julio de 1939. De la interpretación que demos a los términos y condiciones de dicho convenio de-pende la resolución de esta apelación.

The American Colonial Bank, único otorgante de la referida escritura de 20 de noviembre de 1929, hace cons-tar en ella que la finca hipotecada por Celestino Benitez en garantía del pagaré a favor de dicho Banco Colonial fué damnificada por el ciclón de 13 de septiembre de 1928; que con el objeto de rehabilitar dicha finca Benitez solicitó un préstamo de la Porto Rican Hurricane Relief Commission que dicha comisión le impuso como condición para concederle el préstamo, que el acreedor renunciara y dejara en suspenso temporalmente su derecho a ejecutar la hipoteca o para entablar acción judicial alguna que pudiese obligar al deudor hipotecario a sacrificar su finca; que teniendo en cuenta el mejoramiento de la propiedad mediante la inversión en ella del importe del préstamo y el aumento considerable en el valor de la garantía hipotecaria y en consideración -también de la suma de un dólar pagado por el deudor Benitez al banco, éste otorga la renuncia y suspensión de derechos exi-gida por la Comisión Rehabilitadora, por la siguiente cláu-sula :

“Cláusula pexmeea: Que renuncia y suspende por. el término que se dirá a favor de los Estados Unidos de América, o sus legíti-mos representantes, el derecho que tiene bajo la referida escritura de hipoteca a declarar la deuda principal vencida, y su derecho a eje-cutar la hipoteca o a proceder al cobro por la vía judicial de cual-quier suma que se adeudare por falta de pago del principal o de los intereses convenidos o de un plazo acordado, o por violación de cualquiera de las condiciones mencionadas en ella.”

En la Cláttsula Segunda se hace constar que la renuncia. no efectará la obligación de pagar la deuda y sus intereses, y además, que se reconoce a la Comisión Rehabilitadora el derecho a renunciar, en cualquier momento antes de com-cluído el término de esta renuncia, a los beneficios que ella le concede. En la Tercera se expresa como objeto principal de la renuncia el de -permitir al deudor Benitez dedicar sus esfuerzos a rehabilitar la finca, con la seguridad de no verse obstaculizado por apremio y procedimiento de cobro judi-ciales que pudiera entablar el acreedor hipotecario. Por la Cuarta se estipula que el Banco no podrá proceder a ejecutar la hipoteca sin obtener previamente el consentimiento de la Comisión Rehabilitadora.” La Quinta fija como término de la renuncia y suspensión de derechos el día Io. de julio de 1939. Al dorso del pagaré el Notario hizo constar lo que sigue:

“Nota de Renuncia y Suspensión de Derechos. — Esta obligación queda sujeta al contenido de la cláusula de la escritura número se-tenta y uno de renuncia y suspensión de derechos firmada- por el acreedor hipotecario The American Colonial Bank of Porto Rico el día veinte de noviembre de mil novecientos veinte y nueve ante el Notario Salvador Suau Carbonell en virtud de la cual se renuncia y suspende, por un período (fe tiempo que empieza en la fecha de hoy y termina en el día primero de julio de mil novecientos treinta y nueve, a favor de los Estados Unidos de América, o sus legítimos representantes, el derecho que tiene bajo la escritura de hipoteca que garantiza la presente obligación, a declarar la cantidad principal vencida y sus derechos a ejecutar la hipoteca o a proceder al cobro por la vía judicial, de cualquier suma que se adeudare por falta de pago del principal o de los intereses convenidos o de un plazo acor-dado, o por violación de cualquiera de las condiciones mencionadas en ella, cuya renuncia y suspensión de derechos del acreedor hipote-cario, obligará a sus herederos, albaceas, sucesores o cesionarios, se-gún sea el caso. Puerto Rico, veinte de noviembre de mil novecien-tos veinte y nueve. — (Firmado) Salvador Suau Carbonell, Notario Público. ’ ’

Declaró el demandado, sin. ser contradicho, que nunca fné requerido de pago por el banco; que las prórrogas del pa-garé fueron concedidas sin su conocimiento y sin su consen-timiento; y que no recibió cantidad alguna de los siete mil dólares representados por el pagaré, pero esta última decla-ración fné eliminada por la corte a petición del abogado del banco.

Conviene hacer constar como último hecho que surge de toda la prueba, que aun cuando Celestino Benitez no figuró como parte en la escritura de renuncia otorgada por el Banco Colonial, dicho Benitez tenía necesariamente Conocimiento de sus términos y condiciones, pues de la misma escritura aparece que Benitez solicitó el préstamo; que la Comisión Rehabilitadora le impuso como condición la de que el banco acreedor otorgara dicha renuncia; y que Benitez pagó al banco la suma de un dólar como parte de la consideración estipulada.

Hemos considerado necesario hacer una minuciosa expo-sición de los hechos esenciales de este caso, para poder de-ducir las relaciones jurídicas creadas por virtud de los mis-mos entre (a) el banco, como acreedor y Benitez y Gruarch, como deudores solidarios del pagaré; y (b) Benitez y Gruarch, como cofirmantes de la obligación.

Está fuera de discusión que con anterioridad al otorga-miento de la escritura de renuncia y suspensión de derechos, al vencer la obligación el banco acreedor hubiera podido pro-ceder contra los dos deudores, Benitez y Guarcb, o contra uno de ellos solamente, por ser le obligación de carácter so-lidario. (Artículo 1097 del Código Civil, ed. 1930.) Y es igualmente indiscutible que si el banco hubiese dirigido su acción contra el deudor Guarcb y obligádole a hacer efectiva la obligación, dicho deudor hubiera podido exigir a su co-deudor Benitez el reintegro de la cantidad recibida por éste, ya fuera el todo o parte de la suma principal adeudada al banco y representada por el pagaré objeto de esta acción; y que el deudor Guarcb, al hacer efectiva la obligación de Benitez, tendría el derecho de subrogarse en todos los dere-chos y acciones del banco acreedor, incluso el de ejecutar la hipoteca constituida como garantía de la deuda por él satis-fecha. (Artículos 1098, 1164 y 1166 .del Código Civil, ed. 1930).

Arguye el apelante que no habiendo sido parte Benitez en el contrato entre el banco y la Comisión Rehabilitadora, no puede Benitez aprovecharse de dicho contrato; y que mu-cho menos puede beneficiarse Guarch, su codeudor. No nos convence esta argumentación. Es cierto que Benitez no fi-gura como parte formal en el contrato; pero no es menos cierto que el contrato se celebró a instancia y para beneficio de Benitez, quien no hubiera podido formalizar el préstamo con la Comisión Rehabilitadora si el banco se hubiese negado a renunciar sus derechos en la forma en que lo hizo por la nota al dorso del pagaré, arriba transcrita. No creemos ne-cesario citar jurisprudencia para sostener la doctrina de que cuando se celebra un contrato para beneficio de una tercera persona, ésta tiene derecho a exigir el cumplimiento de sus obligaciones al igual que si fuera una de las partes contra-tantes. No tenemos duda alguna de que Benitez tiene igua-les 'dérechos que la Comisión Rehabilitadora, a menos que ésta los renuncie de acuerdo con las estipulaciones del mismo con-trato.

Veamos ahora si el otro deudor, Guarch, tiene derecho al beneficio y protección de la renuncia y suspensión otorgada por el banco. Los derechos renunciados por el banco fueron:

1. El de declarar la deuda vencida.

2. El de ejecutar la hipoteca.

3. El de proceder por la vía judicial al cobro de, la suma principal o de sus intereses.

Si la intención del banco renunciante hubiese sido la de renunciar solamente su derecho a ejecutar la hipoteca y a cobrarse el importe del pagaré mediante la venta de la pro-piedad hipotecada, en ese caso le hubiera bastado con la pri-mera y la segunda renuncias. Debemos presumir que cuando el banco fué más allá y renunció también “el derecho de pro-ceder por la vía judicial al cobro de la sima principal/’ lo que tuvo en mente y lo que renunció fué el derecho a enta-blar una acción ordinaria en cobro de pesos para hacer efec-tivo el pagaré. No otra cosa puede significar la tercera de las renuncias que hemos enumerado.

Aceptando para los fines de esta argumentación que la renuncia o suspensión del derecho a proceder por la vía or-dinaria se hiciera en beneficio de Celestino Benitez y no en beneficio de su codeudor Lorenzo Guarch, cabe preguntar: ¿En"qué basa el banco su derecho a demandar a Guarch y a imponer a éste las desventajas y perjuicios que necesaria-mente habría de causarle la renuncia o suspensión otorgada por el acreedor hipotecario? Veamos cuáles son las desven-tajas y perjuicios a que nos referimos.

Lorenzo Guarch, como codeudor solidario o como fiador de Benitez, al ser demandado por el banco y obligado a satis-facer el importe del pagaré tenía el derecho de reclamar de su codeudor o fiado Benitez el pago de la suma que corres-pondía a Benitez pagar, con sus intereses. (Artículos 1098 y 1112 del Código Civil, ed. 1930.) Y tenía también el dere-■eho a exigir del banco acreedor que le subrogase en sns de-rechos como tal acreedor, inclnyendo sns derechos bajo la hipoteca otorgada por Benitez y su esposa en garantía del pagaré, para poder proceder a su ejecución en el caso de que Benitez dejara incumplida la obligación de reintegrarle la suma pagada por él al banco. (Artículo 1113 y 1164 del ■Código Civil, ed. 1930). Esos derechos que la ley establece en favor del codeudor o fiador solidario que se ve obligado ■a hacer efectiva la obligación de su codeudor o fiado, han sido perjudicados en el caso de autos por las renuncias contenidas ■en el convenio celebrado por el acreedor con la Comisión Re-habilitadora, para beneficio del codeudor Benitez, pues es in-dudable que el deudor Guarch, aun cuando fuese subrogado en todos los derechos del banco como acreedor hipotecario, no podría proceder a ejecutar la hipoteca antes de la expira-ción del plazo fijado por la renuncia, a menos que obtuviese el consentimiento previo de la Comisión Rehabilitadora. El deudor Guarch estaría obligado a esperar la expiración del plazo convenido, por haber tenido conocimiento de la renun-cia y suspensión de derechos antes de que quedase efectuada la subrogación. Sería injusto y en contra de la equidad sos-tener que Guarch está sujeto a las desventajas y obligaciones de un convenio celebrado sin su conocimiento y sin su consen-timiento, pero que no tiene derecho a gozar de las ventajas y derechos concedidos por el mismo convenio al otro deudor. Tampoco podemos sostener que Guarch podría recoger el pagaré, adquirir los derechos del banco como acreedor hipo-tecario y proceder a la ejecución de la hipoteca, sin tener en cuenta la renuncia de derechos otorgada por el banco y los derechos de la Comisión Rehabilitadora, pues ello equival-dría a resolver que el Banco tiene derecho a hacer indirecta-mente lo que expresamente se comprometió a no hacer. Ade-más, si hecha la subrogación a favor de Guarch éste proce-diese a ejecutar la hipoteca, seguramente la Comisión Reha-bilitadora podría, mediante un auto de injunction, paralizar la ejecución e impedir la violación de sn convenio con el banco.

No creemos necesario considerar o resolver si hubo o no hubo novación de la obligación, aunque nos inclinamos a opinar que la novación no llegó a efectuarse.

Por las rabones expuestas y por ser prematura la acción ejercitada por el demandante se confirma la sentencia ape-lada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.