author: El Juez Pbesibente Se. Quiñones,

text:
    Aranzamendi et al v. Loubriel et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan,.
    No. 28.
    Kesuelto en enero 11, 1904.
    Herederos — Cesión o Traspaso de Derechos. — Los herederos no pueden ceder o traspasar más derechos de los que a su causante correspondieran. (*)
    Id. — Personalidad o Capacidad. — Los herederos no pueden hacer cesión o tras-paso alguno de derechos, sin justificar antes su personalidad como tales herederos, bien con el testamento, o con la declaratoria judicial en que se les reconozca.
    Id. — Dominio—Derechos del Causante. — Promovida una información para acre-ditar el dominio de ciertos bienes a título de herencia, es necesario justificar en primer término el dominio del causante.
    Id. — Derechos de los Coherederos. — Promovida una información de dominio a nombre de determinados herederos, y no a nombre de la sucesión, no sería posible declarar el dominio de los bienes a fávor de los promoventes y decre-tar que se inscriban a su nombre en el registro de la propiedad, si constare acreditado en los autos la existencia de otros herederos, cuyos derechos y acciones no estuvieren legítimamente representados en la información.
    Id. — Insuficiencia de la Prueba. — Si la prueba presentada en una información de dominio no fuere suficiente para acreditar éste a favor de los promoventes, ni se hubiere probado tampoco que éstos no lo hubieren adquirido por prescrip-ción, o por algún otro título, la información deberá desestimarse.
    Costas. — Las costas se impondrán a las partes cuyas pretensiones se hubieren totalmente desestimado; pero si las peticiones de ambas partes no prosperaren en absoluto, cada una debe pagar las costas causadas a su instancia.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los autos seguidos en el Tribunal de Distrito de San Juan a instancia de D. Alfredo Solomon y D. José Asencio Smith, en representación de sus respectivas esposas, Doña Carmen y Doña Escolástica Aranzamendi, y continuados por fallecimiento de esta última por sus hijos Doña Isabel, Doña Estela, D. Alberto y D. Alfredo, representados por su legí-timo padre, Don Alfredo Solomon, sobre declaratoria de do-minio de dos fincas rústicas, .e incidente de oposición for-mulado por D. Jesús Loubriel y otros; pendientes ante nos a virtud del recurso de casación por infracción de ley, hoy de apelación, interpuesto por la representación de ambas partes contra la sentencia pronunciada por el referido tribunal del distrito en 28 de enero de mil novecientos dos, que declaró con lugar la oposición formulada al expediente de dominio promovido por los peticionarios D. Alfredo Solomon (*) yD. José Asencio Smitli en representación de sus res-pectivas esposas, Doña Escolástica y Doña Carmen de Aran-zamendi, y en sn virtud que a D. Jesús Loubriel Eosa, D. Pedro Sayans y su esposa, Doña Eosario López, y a Doña Carmen Aguilar y Santaella de Feliú, en representación de sus hijos, D. Agustín y Doña María Seculina Feliú y Aguilar, corresponden en posesión respectivamente las casas que se describen en la referida sentencia, se declaró sin lugar el expe-diente de dominio respecto a los témenos que con dichas ■ fincas se reclamaban y que no se hacía declaración alguna respecto a D. Antonio B. Caimares por no haber continuado su oposición, manifestando no encontrarse dentro de las par-celas reclamadas, sin especial condena de costas, y que luego .que fuera firme esta sentencia se diera cuenta para proveer respecto a las demás porciones de terreno sobre las que no 'había versado la oposición.

      Resultando: que en diez de enero de mil novecientos, el abogado D. Antonio Sarmiento a nombre de D. Alfredo Solomon y D. José Asencio Smith, en representación de sus res-pectivas esposas, Doña Escolástica y Doña Carmen Aran-zamendi presentó escrito al extinguido Juzgado de Primera Instancia del Distrito de la Catedral de esta- ciudad, ofre-ciendo información para acreditar el dominio de dos parcelas de terreno radicadas en el barrio de Cataño del término municipal de Bayámón, exponiendo que Don José Lucas de Aranzamendi y Elzabnru fué dueño de dichas parcelas de terreno y las había adquirido en el sorteo verificado en quince de octubre de mil ochocientos sesenta y uno entre los accio-nistas de la extinguida compañía de vapores de Puerto Eico y formaban parte del área total de terrenos que pertenecieron a la citada compañía, la que a sn vez los hubo de Doña Ana María Dávila en escritura de catorce de enero de mil ocho-cientos cincuenta y nno, ratificada por sn heredero el Pbro. Don Mariano Dávila por la de once de febrero de mil ocho-cientos noventa y dos; que muerto Don José Lucas de Aran-zamendi (*) en diez y seis de enero de mil ochocientos sesenta y ocho fueron declarados por sus herederos abintestatos la promovente Doña Carmen y sus hermanos, Don Alberto y Don (Jenaro, sucediendo a este último su hija la otra compare-ciente, Doña Escolástica, según constaba de la certificación que se acompañaba; que Don Alberto falleció el seis de abril de mil ochocientos ochenta y ocho, instituyendo por heredera a su esposa, Doña Matilde Larrínaga, la que también falleció en el año de mil ochocientos noventa y cuatro, sin dejar sucesión; y que careciendo de título bastante a los efectos del registro de las expresadas parcelas de terreno, porque el que tenían y presentaban tenía nota denegatoria de la inscripción, promovía el expediente de dominio que autori-zaba el artículo 395 de la Ley Hipotecaria y el 6 de la Orden Judicial de 4 de abril del año anterior, ofreciendo las pruebas de su derecho, y concluyendo con la solicitud de que, previa vista al Ministerio Fiscal, se le admitiera la información que ofrecía con citación de los propietarios de los predios colin-dantes y convocando por edictos y por término de sesenta días naturales a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudi-car la inscripción solicitada, que en su día se declarara justi-ficado el dominio de las parcelas descritas, mandando se hi-ciera en el registro de la propiedad de esta capital, la oportuna inscripción por medio del correspondiente testimonio del auto aprobatorio de la información propuesta.

      Resultando: que en unión del expresado escrito presentó el abogado defensor de los promoventes un testimonio del auto dictado por el mismo Juzgado de Primera Instancia de la Catedral en tres de febrero de mil ochocientos noventa y nueve, por el que declaró herederos del difunto Don Lucas de Aranzamendi a su legítima hija, Doña Carmen, y a su nieta, Doña Escolástica, del mismo apellido, en representa-ción esta última de su difunto padre, Don Genaro Aranza-mendi; y otro testimonio de la declaratoria otorgada por (*) Don José Ramón Fernández y Don Manuel García por escri-tura pública (en esta capital) ante el escribano público Don Manuel Camuñas en doce de abril de mil ochocientos sesenta y dos, en la que insertándose a la letra el acta de la junta celebrada por los accionistas de la extinguida Compañía de Vapores de Puerto Rico, en quince de octubre del año anterior, de la que re'sulta que reunidos en esta última fecha en la casa de los Sres. Sobrinos de Ezquiaga varios accionistas de la expresada compañía con objeto de acordar la manera de distribuirse los terrenos que poseía dicha sociedad en el barrio de Cataño y las demás pertenencias de la misma, que aun estaban pendientes de distribución, fué acuerdo unánime que dichos terrenos se dividieran en tantas parcelas como acciones componían el haber de la sociedad y que se distri-buyeran a la suerte entre los accionistas, adjudicándose a cada uno tantas parcelas como acciones le pertenecían, y que verificado el sorteo correspondieron al socio Don José Lucas de Aranzamendi las marcadas con los números 14 y 22 del plano general de los terrenos que habían formado al efecto,, y había sido aprobado por la junta, y comisionándose a los. accionistas Don José Ramón Fernández y Don Manuel Gar-cía para que, con copia del acta expresada, otorgaran la com-petente escritura pública para mayor firmeza de la propiedad adquirida por los accionistas sobre sus respectivas parcelas,, como así lo verificaron por medio de la citada escritura, de-clarando al efecto que los terrenos que componían la totali-dad de las parcelas distribuidas constaban de doscientas diez y siete mil varas cuadradas, que eran parte de las cuarenta cuerdas de terreno que la sociedad había adquirido por com-pra a Doña Ana María Dávila, según la promesa de venta que le había otorgado en catorce de enero de mil ochocientos cin-cuenta y uno ante el finado Escribano Don Eusebio Núñez, y que por virtud de dicha escritura desapoderaban y aparta-ban a la expresada sociedad del derecho de propiedad, do-minio y señorío que sobre dichos terrenos tenía y lo trans-ferían (*) a los agraciados en la parte que a cada uno había correspondido en el sorteo verificado.

      Resultando: que al pie de dicha escritura aparece una nota del registrador de la propiedad de esta capital que copiada a la letra dice así:
    “No admitida la inscripción del precedente documento, en cuanto a las parcelas números 14 y 22 únicas de que se ha solicitado, por omitirse la descripción de las mismas, no pudiendo por tanto averi-guarse si se hallan o nó inscritas en el moderno registro; porque apareciendo que formaban parte de la Compañía de Vapores de Puerto Rico todos los adjudicatarios de parcelas, no ha concurrido gran número de ellos a la sesión de quince de octubre de 1861 er-que se sortearon los lotes, no estando el acta de dicha sesión suscrita por todos los concurrentes; porque las escrituras de sociedad, la de promesa de venta y ratificación de la misma se refieren a la asocia-ción denominada ‘Compañía del Vapor de Cataño,’ no justificándose que esa sociedad sea la misma ‘Compañía de Vapores de Puerto Rico,’ a que se refiere la declaratoria sobre distribución de los terrenos de Cataño; porque en el auto de declaratoria de herederos de -Don José Lucas Aranzamendi se omite a su hijo Don Alberto que falleció con posterioridad y no pareciendo subsanables dichos defectos, no es admisible la anotación preventiva; y suspendida además porque Don Mariano Dávila otorgante de la escritura de ratificación, no justifica el carácter de heredero de sus padres con que comparece, y por no constar que el auto de declaratoria de herederos antes citado esté ejecutoriado. San Juan Bautista de Puerto Rico, primero de noviem-bre de mil ochocientos noventa y nueve. El registrador, José Benedicto.”

      Resultando: que admitida la información propuesta,'con citación de los colindantes, y convocándose por edictos en la Gaceta Oficial a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, comparecieron Don Antonio Caimares y Candelario, Doña Carolina Gutiérrez, Don Pedro Sayans y sn esposa, Doña Rosario López y Don Jesús Loubriel y Rosa, bajo la dirección de sus respectivos aboga-dos defensores, oponiéndose a la declaración pretendida, (*) y alegando que eran poseedores respectivamente de varias casas con sus solares, radicadas en los terrenos reclamados por los promoventes, las que tenían inscritas en el registro de la propiedad, por medio de los posesorios correspondientes, y las habían adquirido por los títulos y en las fechas que expre-san en sus respectivos escritos; y exponiendo además, entre otras razones, en apoyo de su derecho, que los promoventes no sólo carecían de título de dominio sobre las dos parcelas de terreno, cuya inscripción pretendían, sino que tampoco ha-bían tenido jamás la posesión de ellas, ni podían acreditar que hubiesen pagado un centavo de contribución; y en cambio ellos justificaban sus títulos de adquisición por medio de sus respectivos posesorios, inscritos en el registro de la propiedad, y la posesión continua y tranquila por un numero de años suficiente para adquirir el dominio, con arreglo al artículo 1957 del Código Civil, según el cual el dominio y los demás derechos reales “sobre bienes inmuebles, se prescriben por la posesión durante diez años entre presentes y veinte entre au-sentes, con buena fe y justo título; y pidiendo en conclusión, que en su día se declarara no haber lugar a la inscripción de dominio solicitada por los promoventes en lo que se re-fería a las casas descritas y a los solares en que se hallaban enclavadas, con imposición de las costas al que se opusiere a la declaración solicitada, continuando después la oposición por Doña Carolina Gutiérrez, Doña Carmen Aguilar y San-taella, a quien la primera trasmitió sus acciones y derechos sobre la casa que decía poseer, en representación de sus hijos, Don Agustín y Doña María Seculina Feliú y Aguilar.

      Resultando: que admitidas las pruebas propuestas por las partes, se trajeron a solicitud de los promoventes de la información propuesta, un testimonio del auto dictado por el extinguido Juzgado de primera Instancia de la Catedral de fecha dos de enero de mil novecientos, por el qne, acla-rando el qne dictara con fecha trece de febrero del año anterior, (*) declaró también heredero de Don José Lucas de Aran-zamendi a su hijo legitimó, Don Alberto, que falleció en seis de abril de mil ochocientos ochenta y ocho: otro testimonio de la escritura de veinte y siete de noviembre de mil ocho-cientos cuarenta y nueve sobre constitución de la Sociedad Anónima, denominada “Compañía del Vapor ele Cataño,” establecida en esta capital, con un capital de cincuenta mil pesos macuquinos, dividido en quinientas acciones de a cien pesos cada una, para facilitar por medio de buques de vapor las comunicaciones dentro de la bahía de esta capital, o sea desde el muelle a la costa de Cataño, y con los demás puertos de la Isla, y cuya duración y demás condiciones se detallan en dicho documento, otro testimonio de la escritura otorgada en esta capital ante el Escribano Real y del Juzgado de Guerra Don Eusebio Núñez, en catorce de enero de mil ocho-cientos cincuenta y uno, por la que declaró Doña Ana María Dávila que la junta directiva ele la sociedad “Vapor de Cataño” había acordado en sesión celebrada el tres de junio del año anterior, la aprobación de la compra de cuarenta cuerdas de terrenos ubicados en el sitio de Cataño, corres-pondientes a la otorgante, al respecto de veinte pesos cada una, siendo de por mitad los costos de la mensura, y de cuenta de ella la confección de la escritura de venta en de-bida forma, tan luego como se finalizara la testamentaría de su marido Don Tomás Dávila y Quiñones; que las menciona-das cuarenta cuerdas de terrenos habían sido ya mensura-das por el geómetra Don Santurnino Rivera, el que había ex-tendido la correspondiente certificación; que unida al plano que igualmente levantara, había entregado a la sociedad compradora, la que estaba en posesión del predio vendido, según la formal entrega que le había hecho Don Felipe Dá-vila, como apoderado general de la compareciente, a Don Nieasio Viñas, comisionado por. la expresada junta para re-cibirlo; que había recibido a su satisfacción los ochocientos pesos macuquinos a que ascendían las cuarenta cuerdas, al (*) respecto de veinte pesos una, constituyéndose por lo mismo a otorgar a la junta la escritura de venta con todas las solemnidades consiguientes, sin gravamen ni hipoteca alguna, tan inmediatamente como se terminara el expediente de testa-mentaría de su citado esposo, y obligando a la observancia del compromiso que por dicha promesa de venta contraía, todos sus bienes.

      Resultando: que también se trajo como prueba propuesta por los promoventes otro testimonio de la escritura otorgada en esta capital airte el Notario Don Mauricio Guerra Mon-dragón y Mejía en once de febrero de mil ochocientos no-venta y dos por el Presbítero Don Mariano Dávila y Dávila y Doña Dolores Taforó e Irizarry, por la que el primer com-pareciente, en su carácter de único y universal heredero de sus difuntos padres Don Tomás Dávila y Quiñones y Doña Ana María Dávila y Rivera, declaró: que habiendo sido requerido por la otra compareciente como representante de la sucesión de su difunto esposo Don Manuel de la Cruz, otro de los accionistas de la extinguida Sociedad del Vapor de Cataño, y poseedor de las parcelas números 3 y 8 que le ha-bían correspondido en el sorteo de que antes se ha hecho mérito, para que ratificara la escritura de promesa de venta que a favor de dicha sociedad había otorgado su difunta madre Doña Ana María Dávila, de las cuarenta cuerdas de los terrenos de Cataño, y otorgara la de venta que su citada madre no llegó a otorgar, así lo verificó el citado presbítero ratificando en todas sus partes la expresada promesa de venta, y trasmitiendo a favor de la junta directiva de la Sociedad del Vapor de Cataño, la propiedad y dominio que sobre dicho terreno pudiera eorresponderle como único here-dero de sus padres los expresados Don Tomás Dávila y Qui-ñones y Doña Ana María Dávila.

      Resultando: qúe también se trajeron a solicitud de los promoventes, nn testimonio del testamento nnncnpativo otor-gado por la citada Doña Ana María Dávila, en esta capital, (*) ante el Escribano Don Demetrio Giménez y Moreno el veinte y nno de agosto de mil ochocientos setenta y siete, por cuya cláusula tercera declaró que había sido casada con Don Tomás Dávila y Quiñones, en cuyo matrimonio habían tenido y procreado por sus legítimos hijos, Don Mariano, Doña Ana-cleta, Don José María Ruperto, Doña Justa, Don Raimundo, Doña Josefa, Don Manuel y Don Tomás Dávila, de los cuales sólo vivía en aquella fecha el primero, habiendo fallecido todos los demás sin dejar sucesión alguna; por la sexta legó el quinto líquido de todos sus bienes a su hijo de crianza Don Santiago Alberto Dávila, menor de edad entonces; y por la octava instituyó por su único y universal heredero de todos sus bienes, derechos y acciones a su hijo el citado pres-bítero Don Mariano Dávila y Dávila; una certificación li-brada por el secretario del Tribunal de Distrito de San Juan, en la que consta que dictado el auto de tres de febrero de mil ochocientos noventa y nueve, por el que hizo la declaratoria de herederos de Don José Lucas de Aranzamendi, se notificó dicho provisto a las partes interesadas y al Fiscal, y como no se interpusiera contra él recurso alguno, había quedado consentido y ejecutoriado; y otra certificación del registro civil de esta capital creditiva del fallecimiento de Doña Escolástica Aranzamendi y Villalón ocurrido el día dos de agosto de 1901; que a la fecha de su fallecimiento estaba casada con Don Alfredo Solomon, en cuyo matrimonio habían procreado cuatro hijos llamados Isabel, Estela, Alberto y Alfredo, y por último el informe emitido por el Alcalde de Bayamón, Don F. Matheu, del que resulta que el ayunta-miento de aquel pueblo no acostumbraba hacer cesiones o ventas de terrenos en Cataño para dedicarlos a solares, limi-tándose el concejo a conceder permisos para construcciones en aquel punto, en los sitios que los interesados expresaran en sns respectivas instancias, pero dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.

      Resultando: de las certificaciones del secretario y alcal-de (*) de Bayamón traídas a solicitud de los opositores, que Don Jesús Loubriel, Don Antonio Mauri, Doña Carolina Gu-tiérrez, Don Gabriel Cbiessa y Don Eduardo y Doña Rosario-López Cepero figuraban en los padrones de riqueza de aquel pueblo en los años y por los conceptos y con las cuotas de contribución que se expresan en dichos documentos; no así Don José Asencio, Don Alfredo Solomon, Doña Carmen Aranzamendi, Doña Escolástica y Don José Lucas del mismo apellido, los cuales no figuraban en los padrones de riqueza de dicha población con cuota alguna de contribución por terrenos en el barrio de Cataño.

      Resultando: que en el acto del juicio oral, el perito Don Armando Morales, que había sido nombrado a solicitud de los promoventes, se ratificó en el plano que había presentado y obraba en autos, de las parcelas objeto de la información propuesta; declarando los testigos de los opositores Don Eduardo Martorell, Don Liborio Fuentes, Don Arturo Iglesias y Don Raimundo Rodríguez que bacía muchos años vivían en el poblado- de Cataño, y que nunca habían conocido allí como propietarios ni poseedores de terrenos en aquellos contornos al difunto Don José Lucas de Aranzamendi, ni a sus hijas, Doña Carmen y Doña Escolástica, de igual ape-llido; que tampoco habían conocido allí a ningún colono ni arrendatario de terrenos poseyendo el todo ni parte de las parcelas que reclaman como suyas en estos autos las her-manas Aranzamendi, en nombre de éstas ni de su difunto padre Don José Lucas; y que hacía muchos años conocían a Don Jesús Loubriel y a los esposos Don Pedro Sayans y Doña Rosario López como poseedores y propietarios de casas y solares en el poblado de Cataño, sin que nunca hayan sido inquietados ni interrumpida su continuada posesión por reclamación ni acto alguno de las hermanas Aranzamendi, ni de otra persona a su nombre; y a preguntas del abogado de-fensor de los promoventes, qne no conocen los títulos en vir-tud de los cuales poseen diclios individuos; agregando ade-más (*) el testigo Don Eduardo Mortorell que reconocía como suyas la firma y rubrica estampadas en el documento obrante al folio 55, y el otro testigo Rodríguez que es poseedor de terrenos en Oataño por títulos de dominio y posesorio ad-quiridos de los anteriores dueños, y que es opositor en su carácter de concejal del ayuntamiento en un expediente de dominio promovido por Don J. Elzaburu; y Doña Carmen Aranzamendi que ignoraba si su padre, Don José Lucas, Rubiera estado' o nó en posesión de las dos parcelas de terreno, porque ella era muy niña cuando su padre murió, y en cuanto a ella,-que no lia estado en posesión por haberse marchado a Nueva York; que no le consta si se han pagado o nó contribuciones por las citadas parcelas, pues estaba en la creencia de que las pagaba su marido, y en cuanto a su padre se atiene a lo que había declarado antes; que como no conocía el sitio de las parcelas, no podía impedir que fabri-caran en ellas; que se considera con derecho, puesto que desde que llegó de Nueva York ha empezado a practicar gestiones sobre las citadas parcelas; y que no las ha declarado para el cómputo de la contribución, por no estar en posesión de ellas.

      Resultando: que terminado el juicio oral dictó sentencia el Tribunal de Distrito de San Juan en veinte y ocho de enero de mil novecientos dos, declarando con lugar la oposición formulada al expediente de dominio promovido por Doña María del Carmen y Doña Escolástica Aranzamendi, y por fallecimiento de ésta sus hijos, Doña Isabel, Doña Estela, Don Alberto y Don Alfredo, representados por su padre Don Alfredo Solomon, declarando en su virtud que a Don Jesús Loubriel Rosa, Don Pedro Sáyans y su esposa Doña Rosario López, y a Doña Carmen Aguilar y Santaella de Feliú en representación de sus hijos Don Agustín y Doña María Secu-lina Feliú y Aguilar, corresponden en posesión, respectiva-mente, las casas que se describen (*) en dicha sentencia; se de-clara sin lugar el expediente de dominio respecto a los terre-nos que con dichas fincas se pretende; que no se hace declara-ción alguna respecto a Don Antonio B. Caimares por no haber continuado su oposición, manifestando no encontrarse dentro de las parcelas reclamadas, sin especial condena de costas; y que firme que sea esta sentencia se dé cuenta para proveer respecto a las demás porciones de terreno de que no se ha hecho oposición.

      Resultando: que contra esta sentencia interpusieron re-curso de casación por infracción de ley los representantes de ambas partes, fundando el suyo la representación de los pro-moventes en los números 1, 2 y 7 del artículo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y citando como infringidos los artículos 1940, 1957 y 1973 del Código Civil y 394 de la Ley Hipotecaria en su párrafo 5, y la representación de los oposi-tores, como fundado en el No. 1 del mismo artículo 1690 de la citada ley de trámites y citando como infringido el artí-culo 63 de la Orden General No. 118, por cuanto habiéndose declarado con lugar en todas sus partes la oposición formu-lada al expediente de dominio, debió el tribunal, de acuerdo con las prescripciones terminantes de dicho- artículo, imponer todas las costas a los contrarios que temerariamente habían impugnado dicha oposición'; y admitidos dichos recursos y elevados los autos a esta Superioridad, con citación y empla-zamiento de las partes, personadas éstas y sustanciados los recursos interpuestos, se dió a los autos la tramitación mar-cada por la ley de la Asamblea Legislativa de esta Isla, trans-formando esta Corte Suprema en tribunal de' apelación y en su consecuencia, entregados los autos nuevamente para ins-trucción, y devueltos que fueron, se señaló día para la vista, que se celebró con asistencia e informe de los abogados defen-sores de las_ partes.
    Abogados de las promoventes: Sres. Sarmiento y Bosüh.

      Abogado de los opositores: Sr. Torres Monge.i*')

   El Juez Pbesibente Se. Quiñones,

después de exponer los lieclios anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Considerando: qne atendido el mérito de la documenta-ción presentada por los promoventes D. Alfredo Solomon y D. José Ascencio Smitli en representación de sus respectivas esposas Doña Escolástica y .Doña Carmen Aranzamendi, y las demás pruebas traídas a estos autos por los opositores D. Jesús Loubriel, Don Pedro Sayans y su esposa Doña Bosa-rio López y Doña Carmen Aguilar, no puede estimarse acre-ditado el dominio de las promoventes sobre las dos parcelas de terreno a que se refieren estos autos, pues alegándose haberlas adquirido por herencia de su difunto padre Don José Lucas de Aranzamendi, necesitaban acreditar que éste fuera legítimo dueño de ellas, lo que no han probado de nin-guna manera, toda vez que ni la extinguida sociedad del Vapor de Cataño, de quien se dice que las hubo el difunto Aranzamendi, llegó a adquirir el dominio de los terrenos de que se trata, por no habérselo trasmitido Doña Ana María Dávila por la escritura de catorce de enero de mil ocho-cientos cincuenta y uno, calificada por las mismas partes con-tratantes de simple promesa de venta, ni cumplido la obliga-ción y compromiso que se impuso en el citado documento de otorgarle la escritura de venta real tan pronto se finalizara la testamentaría de su difunto esposo Don Tomás Dávila y Quiñones, ni se ha probado en ninguna forma que dicha Doña Ana María fuera realmente verdadera dueña de los terrenos de que se trata, pues antes al contrario, habiendo aplazado el otorgamiento de la escritura de venta hasta que se ter-minara la testamentaría de su difunto marido, lo que lógica-mente se deduce de esto es, que no tenía título de propiedad sobre esas tierras y que esperaba el arreglo de la testamenta-ría de su esposo para obtenerlo y poder entonces trasmitír-selo válidamente a la Empresa o Compañía del Vapor de Cataño, con la qne Rabia contratado anticipadamente la com-praventa de los expresados terrenos.(*)

Considerando: que tampoco le presta mayor fuerza y efi-cacia a la titulación presentada por los promoventes, la escri-tura otorgada por el Pbro. Don Mariano Dávila en su carác-ter de heredero único y universal de sus difuntos padres Don Tomás Dávila y Quiñones y Doña Ana María Dávila a favor de la junta directiva de la Sociedad del Yapor de Cataño, en esta capital, a once de febrero de mil ochocientos’ noventa y dos, por la que ratificando el compromiso contraído por su citada difunta madre en la escritura de promesa de ca-torce de enero de mil ochocientos cincuenta y uno de otorgar a la Empresa del Yapor de Cataño la escritura de venta en forma de las enunciadas cuarenta cuerdas de terreno, le cede y traspasa la propiedad y dominio que en dichas tierras pu-diera corresponderle como tal único heredero de sus difuntos padres, pues ni como heredero de su citada madre Doña Ana María Dávila podía ceder y traspasar a la Empresa del Yapor de Cataño más derechos de los que a aquélla corres-pondían, y ya se ha expresado que no se ha probado los tuviera, ni consta que los hubiera adquirido de la testamen-taría de su difunto esposo, que no aparece haya sido apro-bada en ninguna forma, ni podía ceder ni traspasar tampoco los derechos que le correspondieran sobre esas tierras como único heredero que dijo ser de su difunto padre Don Tomás Dávila y Quiñones, cuando ni siquiera se ha probado su per-sonalidad con el testamento o declaratoria judicial que lo acreditara como tal único heredero de su citado difunto padre.

Considerando: por otra parte, que aún prescindiendo de los defectos de que adolecen los títulos de propiedad de las promoventes Doña Carmen y Doña Escolástica de Aranza-mendi, es evidente que habiendo promovido la información de que se trata en su propio nombre y no a nombre de la sucesión de su difunto padre, Don José Lucas de Aranza-mendi, no es posible declarar el dominio de los terrenos a favor de las promoventes y mandar que se inscriban a su (*) nombre en el registro de la propiedad, constando como consta acreditado en estos autos que fueron tres los herederos abin-testatos de Don José Lucas de Aranzamendi, su bija Doña Carmen, su nieta, Doña Escolástica, en representación de su padre Don G-enaro, hijo también del difunto Don José Lucas, y su otro hijo, D. Alberto, que falleció en seis de abril de mil ochocientos ochenta y ocho, y cuyos derechos y ac-ciones como tal heredero de su finado padre Don José Lucas no consta quién o quiénes los representen legítimamente en la actualidad.

.Considerando: por tanto que no siendo suficiente la docu-mentación presentada por los promoventes para acreditar el dominio de sus respectivas esposas, Doña Escolástica y Doña Carmen Aranzamendi, sobre las dos parcelas de terreno a que se refiere la presente información, y no habiéndose probado por otra parte que las hubiesen adquirido por prescripción, ni por ningún otro título, puesto que consta plenamente pro-bado que ni Doña Escolástica ni Doña Carmen Aranzamendi, ni su padre y causante Don José Lucas del mismo apellido poseyeran jamás por sí ni por mediación de ninguna otra persona los terrenos de que se trata; por todos cuyos mo-tivos procede que se desestime la información propuesta por Don Alfredo Solomon y Don José Asencio Smith en las re-presentaciones con que intervienen en estos autos.

Considerando: en cuanto a la oposición formulada por Don Antonio B. Caimares, Don Jesús Loubriel, Don Pedro Sayans y su esposa Doña Rosario López y Doña Carmen Aguilar en representación ele sus hijos menores Don Agustín y Doña María Seculina Feliú y Aguilar, que si bien han ale-gado como fundamento de su oposición que son legítimos poseedores respectivamente de varias casas con sus solares correspondientes, enclavados en los terrenos reclamados por los peticionarios y que los poseen con buena fe y justos títulos y por el tiempo que exige el artículo 1957 del antiguo Código Civil para adquirir por prescripción el dominio de los in-muebles, (*) no procede hacerse ninguna declaratoria respecto de dicha casas por ser materia extraña a la información pro-puesta, toda vez que sobre ellas no ha versado la reclama-ción establecida por los peticionarios; y que concretada la petición formulada por los opositores en sus respectivos escritos respecto de los solares en que aquellas están fabri-cadas a que se declare que no procede en lo que a ellos se re-fiere la inscripción solicitada por los promoventes, es ocioso que se haga respecto de dichos solares declaración especial alguna, toda vez que denegada la declaración de dominio de las dos parcelas de terreno pretendida por los promoventes, y por consiguente su inscripción en el registro de la pro-piedad, queda implícitamente resuelta la pretensión estable-cida por los opositores respecto de los expresados solares, y denegada por consiguiente su inscripción en el registro, que era precisamente lo que aquellos pretendían en la súplica de sus respectivos escritos.

Considerando: que según en regia 63 de la Orden General número 118, las costas deben imponerse a la parte cuyas pre-tensiones hayan sido totalmente desestimadas, -y que en los demás casos resolverá el tribunal conforme a equidad, es lógico deducir que, cuando las peticiones de ambas partes no prosperen en absoluto, como en el presente caso sucede, cada una de ellas debe pagar las costas causadas a su instancia.

Vistos los artículos 395 de la Ley Hipotecaria de esta Isla y 358 y 360, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Fallamos: que debemos declarar y declaramos no haber lugar a aprobar la información propuesta por Don Alfredo Solomon y Don José Asencio Smith en representación de sus respectivas esposas Doña Escolástica y Doña Carmen de Aranzamendi, y en su consecuencia que no procede declarar a favor de éstas el dominio de las dos parcelas de terreno a que se refiere la presente información. Se declara asimismo no haber -lugar a dictar pronunciamiento alguno respecto de. las casas reclamadas por los opositores Don Antonio B. (*). Calmares, Don Jesús Loubriel, Don Pedro Sayans y su esposa Doña Posarlo López y Doña Carmen Aguilar, en representa-ción de sus hijos menores; y en cuanto a los solares en que aquellas radican, estése a lo resuelto en esta sentencia res-pecto a las parcelas de terreno reclamadas por los promo-yentes, sin especial condenación'de costas de ambas instan-cias ; confirmándose en lo conforme y en lo que no, revocán-dose, la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández y MacLeary.

El Juez Asociado Sr. Pigueras no formó tribunal en la vista de este caso, y el Juez Asociado Sr. Sulzbacher no tomó parte en su resolución.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Su. MacLeary,

license: Public Domain

text:
    Méndez v. La Administración de Puerto Rico.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 7.
    Resuelto en enero 15, 1904.
    Impuestos — Tesorero de Puerto Rico. — Con arreglo a la Ley Orgánica el Teso-rero de Puerto Rico no puede adicionar o modificar los impuestos establecidos-por la Orden General de noviembre 7, 1899, pues es facultad exclusiva de la. Legislatura de Puerto Rico.
    Id. — Las leyes y demás disposiciones eu materia de impuestos y rentas no tienen carácter extraterritorial, estando circunscritos sus efectos a los límites terri-toriales del Estado que las decreta.
    Id. — Fabricantes.—La palabra fabricantes usada en el párrafo cuarto de la-Orden General No. 176 de 1899, no tiene aplicación a los fabricantes extran-jeros de líquidos alcohólicos.
    Id.- — Líquidos Alcohólicos. — Aunque los líquidos alcohólicos fabricados en el extranjero pueden gravarse indirectamente, es necesaria una disposición legaE que terminantemente obligue a los importadores al pago de los impuestos.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    Eu el recurso que en grado de apelación ante nos pende,, entre partes, de la una el Honorable Attorney General de (*),- Puerto Eico, representado y defendido por el Letrado Sr. Pon Emilio del Toro, el Fiscal, y de la otra Don Antonio Méndez, en su carácter de presidente del Centro de Detallis-tas, representado y defendido por el Letrado Sr. Don Jacinto Texidor, contra la sentencia de la Corte de Distrito de San •Juan, de cuatro de. mayo de mil novecientos tres, recaído en recurso contencioso administrativo, y gue copiada literal-mente dice así:
    “Sentencia. En la ciudad de San Juan de Puerto Eico a cuatro de mayo de mil novecientos tres. Visto este recurso contencioso ad-ministrativo seguido por Don Antonio Méndez, presidente del Centro de Detallistas, dirigido y representado primeramente por el Licenciado Don Herminio Díaz Navarro y después por el Letrado Don Jacinto Texidor, contra la Administración representada por el Acting Attorney General, sobre resolución del Honorable Tesorero de Puerto Eico.
    “1. Resultando: que en la Gaceta de 5 de junio de 1900 que en autos consta, se publicó la circular número 8 del Tesorero, fechada en 4 de dicho mes, expresando: que la contribución de rentas internas sobre licores alcohólicos impuesta por virtud de la Orden General .número 176, serie de 1899, y del acta del Congreso aprobada en 12 de .vabril de 1900, se pagará a no ser que ya se hubiese recaudado, por •todos los licores alcohólicos fabricados en Puerto Eico o importados -en Puerto Eico, mediante la fijación de un sello de rentas internas de tres centavo^ por cada litro o fracción de litro, en cada envase que • contenga más de un litro; debiendo llevar puestos los sellos cada 'botella de las expuestas al público para la venta al detalle y los para wenta al por mayor deben comprar y guardar los sellos para en cada venta entregar los sellos correspondientes.
    “2. Resultando: que a nombre de Don Antonio Méndez, presi-dente del Centro de Detallistas, acompañando dicha Gaceta, interpuso recurso contencioso-administrativo contra dicha circular y en 23 de marzo de 1901 demanda contra dicha resolución pidiendo se anule por ser contraria a la ley y que no ha podido decretarse ni cobrarse el impuesto a que la misma se refiere, sentando como hechos la circular mencionada y su contenido; que Méndez acudió en alzado al Gober-nador contra ella como lo prueban las comunicaciones de 12 y 16 de julio que en autos obran, sin éxito en la reclamación; siendo el derecho el párrafo 4o. de la Orden General (*) número 176 de 7 de noviembre de 1899; que ni esa orden ni la Ley Foraker se re-fieren a los licores introducidos en el país con anterioridad a la promulgación de dichas leyes ni a los que se siguieran importando del extranjero; que para aplicarlas era preciso las hubiera acordado' el Congreso de los Estados Unidos o las Cámaras Insulares; que las bebidas existentes en el país, al publicarse el Bill Foraker, no estaban ni podían estar sujetas a nuevos tributos porque ni la orden general ni el bill dicen una palabra sobre ello por no tener las leyes efecto retroactivo, porque esas bebidas importadas antes habían pagado toda clase de contribuciones, entre ellas, en los fielatos municipales, los de consumo y el recargo de cincuenta por ciento sobre arancel, según •orden publicada en 9 de noviembre de 1899.
    “3. Resultando: que el Ministerio Fiscal contestó se declarara sin lugar la demanda, sentando los hechos siguientes: el párrafo 4o. de la Orden General número 176 de 7 de noviembre de 1899; que al llevarse a la práctica esa orden general se suscitaron dudas, resol-viéndose las consultas, y la Tesorería con facultades dictó la circular número 5 de 24 de mayo de 1900 y la número 8 de 4 de junio del. mismo año, citando esta última íntegramente, que contra esta circular número 8 se ha interpuesto el recurso; citando como derecho: la circular, que no se opone al párrafo 4o. de la Orden General número 176 de 1899; que esa circular no aplica nuevas contribuciones, y lo único que exceptúa la orden general antes mencionada, es el licor que se exportó, y por ello la resolución recurrida está dictada en uso de sus legítimas facultades y en pro de los intereses del Tesoro, •sin violar derecho alguno.
    !í4. Resultando: que abierto a prueba el pleito, renunció el actor la prueba y no habiendo propuesto ninguna el Ministerio Fiscal, ■señalado día para la vista, previos los trámites legales, informaron las partes lo que creyeron conveniente a sus derechos. Siendo Po-nente el Juez Presidente Don Juan Morera Martínez. '
    “1. Considerando: que dictada por el Senado y el Congreso’ de los Estados Unidos en 12 de abril de 1900 la ley para proveer tem-poralmente de rentas y un gobierno civil a la Isla de Puerto Rico, la que empezó a regir el primero de mayo de 1900, disponiendo la sección 8o. de ella, quedaban en vigor las léyés y ordenanzas de Puerto Rico, excepto en lo que fueran enmendadas, alteradas o modificadas por la misma, o alteradas o modificadas por las órdenes militares, Fasta que sean alteradas, enmendadas o revocadas por la autoridad legislativa creada por la repetida ley para Puerto Rico, o por una ley del Congreso de los Estados Unidos.
    “2. Considerando: (*) que en 4 de junio de 1900 la Tesorería no tenía facultades, dado el razonamiento anterior, para adicionar los impuestos establecidos en la orden general de 7 de noviembre de 1899, por tener sólo derecho a modificarla, ampliarla o adicionarla la auto-ridad legislativa de la Isla creada por dicha ley de 12 de abril de 1900, como lo hizo en 31 de enero de 1901 la mencionada autoridad legislativa como la ‘Ley para proveer de rentas al Pueblo de Puerto Rico y para otros fines.’
    “3. Considerando: que la circular de 4 de junio referida vulneró un derecho adquirido por los reclamantes tenedores de hedidas alco-hólicas importadas, imponiéndoles una contribución a que no estaban, afectas en la época de la introducción, pues la frase ‘fabricantes” usada en el párrafo 4o. de la Orden General número 176 de 1899 no-puede incluir a los fabricantes extranjeros a los efectos de exigirles el pago de un impuesto por líquidos alcohólicos fabricados fuera de Puerto Rico, pues las leyes y demás disposiciones en materia de im-puestos y rentas no tienen carácter de extraterritoriales, estando circunscritos sus efectos a'los límites territoriales del Estado que las: decreta, y si bien indirectamente puede gravar la fabricación extran-jera, el medio adecuado de realizarlo es obligando a los importadores, al pago de los impuestos mediante prescripción legal terminante, que no existe en la orden general citada de 7 de noviembre de 1899.

      “Fallamos: que debemos declarar y declaramos con lugar la de-manda conteneioso-administrativa y en su virtud debemos anular y anulamos la circular número 8, publicada en la Gaceta Oficial nú-mero 129 de cinco de junio de 1900, en lo que se refiere a los licores, importados en esta Isla, que dicha circular menciona, sin especial condena de costas. Así por esta nuestra sentencia, definitivamente' juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

      Resultando: que notificada esta sentencia a las partes, la representación del Honorable Attorney General, interpuso-contra la misma recurso de apelación, que fué admitido para, ante este Tribunal Supremo, con citación y emplazamiento-de las partes, lo que tuvo lugar en los días 12 y 13 de mayo de 1903, a la parte recurrente y al Sr. Méndez respectivamente.

      Resultando: que elevadas a este tribunal las actuaciones. de primera instancia, compareció el Fiscal a sostener el re-curso (*) a nombre del Honorable Attorney G-eneral de Puerto Eico, así como también el Sr. Jacinto Texidor, a sostener los derechos del Sr. Antonio Méndez en sn carácter de presidente del Centro de Detallistas, a quienes se tuvo por comparecidos y se mandó redactar la correspondiente nota que se puso de manifiesto a las partes, y se señaló día para la vista que tuvo lugar el 3 de diciembre de 1903, con informe oral del Fiscal y de la parte apelada.
    Abogado del apelante: Sr. del Toro, Fiscal.

    Abogado del apelado: Sr. Texidor.

   El Juez Asociado Su. MacLeary,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia apelada, y, además,

Considerando: que el Tribunal de Distrito de San Juan no ha incurrido en error alguno en la decisión de esta causa, según se consigna en la sentencia anteriormente inserta en la presente.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia dictada en el Tribunal de Distrito de San Juan de 4 de mayo de 1903, sin especial condena de las costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández, Figueras y Sulzbacher.


author: El Juez PresideNte Sr. QuiñoNes,

text:
    Díaz Caneja v. El Registrador de la Propiedad.
    Eecueso gubernativo contra nota del Fiscal del Distrito de Humaeao en funciones de Eegistrador de la Propiedad.
    No. 7.
    Resuelto en enero 21, 1904.
    Derechos Reales — Traslado de los Mismos al Moderno Registro — Terceros.— Aunque los artículos 397 de la Ley Hipotecaria y 449 de su Reglamento, disponen que el traslado de los derechos reales anotados en el antiguo oficio de hipotecas a los libros del moderno registro de la propiedad, debía soli-citarse dentro del año siguiente a la publicación de dicha ley, esto (*) debe entenderse para que los derechos reales así trasladados iludieran surtir efecto en perjuicio de tercero; pero no existiendo terceros a quienes pueda perjudicar el traslado, éste puede solicitarse en cualquier tiempo.
    Id. — A los efectos de los artículos 397 de la Ley Hipotecaria y 440 de su Regla-mento, no pueden considerarse como terceros los que a la fecha de la publi-cación de la nueva Ley Hipotecaria en esta Isla, o dentro del año concedido para la traslación de los antiguos asientos al nuevo registro, hubiesen adqui-rido algún derecho real sobre las fincas gravadas.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por el abogado Don Jacinto Texidor y Alcalá del Olmo a nombre del Presbítero Don Manuel Díaz Oaneja, contra negativa del Fiscal del Distrito de Humacao en funciones de registrador de la propiedad de aquel partido, por impedimento del pro-pietario, sobre traslado de un censo de los antiguos a los modernos libros del registro.

      Resultando: que presentado escrito al Registrador de la Propiedad de Plumacao en 2 de julio último por el Pbro. Don Manuel Díaz Caneja como administrador de las Reverendas Madres Monjas Carmelitas de esta capital, en solicitud del traslado de los libros antiguos del oficio de hipotecas a los mo-dernos del registro de la propiedad, de un capital a censo por valor- de dos mil pesos impuesto por Don Francisco Surrillo a favor de su bija Doña Teresa, Monja Carmelita, sobre una estancia de su propiedad radicada en el barrio de la Cala-trambreña del término municipal de Yabucoa, de trescientas cuerdas de cabida, y de la que correspondía en propiedad una tercera parte a Don Ramón Pou y Buzó, por haberla adquirido por compra a Don Narciso Soler, por escritura pública otor-gada en la villa de ITumacao ante el Notario Don Eugenio de Torres, en 8 de septiembre de 1879, y que pasado el escrito al Fiscal del distrito, por impedimento del propietario para la resolución del traslado propuesto, (#) tan sólo sobre la tercera parte de la finca gravada, pertenciente a Don Ramón Pou, por haber pasado a tercero las otras dos terceras partes, denegó el traslado el Fiscal del distrito por las razones qne expuso en la nota que obra al pie de dicho escrito y que copiada a la letra dice así:
    “No practicado el traslado de los gravámenes’ que se interesan en el escrito que precede, por adolocer del defecto de haberse solid, tado con posterioridad al plazo que señala el artículo trescientos noventa y siete de la Ley Hipotecaria y resultar en perjuicio de ter-cero toda vez que en esta oficina aparece presentada una escritura otorgada en esta ciudad ante el Notario Don' Antonio de Aldrey en dos de noviembre de mil ochocientos noventa y nueve con la que Don Ramón Pou y Ríos por sí y como apoderado de los herederos de- Don Ramón Pou y Buzó vende a Doña María Ernestina Filomena Ortiz e Yraris la participación de una tercera parte que en esta finca tuviera su causante, cuya escritura por adolecer de defectos fué anotada pre-ventivamente bajo la letra D al folio 88 vuelto del tomo 19 de Ya-bucoa, finca número 239 duplicado, que es la misma sobre la que pesaban los gravámenes cuya traslación se solicita y tomada anotación preventiva de suspensión por el plazo de ciento veinte días, de acuerdo con la sección 7a. de la ley de 31 de marzo de 1902. Humaeao, tres de julio de mil novecientos tres. Luis Campillo, Fiscal. ’ ’'

      Resultando: que notificada la negativa del sustituto del Registrador al Pbro. Don Manuel Díaz Caneja, interpuso éste por conducto de su abogado defensor, Don Jacinto Texidor y Alcalá del Olmo, el presente recurso gubernativo para que se revocara dicha nota, y se ordenara al registrador sustituto la práctica del traslado propuesto.

      Resultando: que acordado para mejor proveer se librara carta orden al Fiscal del Distrito de Humaeao, en su carácter expresado, para que a la mayor brevedad remitiera, a este Tribunal Supremo certificación que acreditara el día del ven-cimiento de la anotación preventiva tomada a favor de Doña Ernestina Filomena Ortiz y Yraris, a la que se refería en su nota denegatoria del traslado, de la certificación librada por (*) dicho funcionario con fecha 11 del que cursa, y remitida al secretario de este tribunal con su carta' oficial del 18' y re-cibida aquí el día siguiente, aparece que diclia anotación fué tomada con fecha cuatro de febrero del año próximo pasado, venciendo por tanto á los 120 días de su fecha, o sea el 3 de junio siguiente; pero agregando además que sobre la misma finca había sido tomado también con fecha 3 de julio del mismo año otra anotación suspensiva por 120 días a favor de la Eeverenda Sor. Teresa de Jesús, Nuestra Señora de los Dolores María Manuela de Jesús Surillo, la que a su vez se hallaba igualmente cancelada por haber expirado el término en 30 de octubre del mismo año y no haberse acreditado en aquella oficina la interposición de recurso a dicha anotación durante dicho plazo; y que según el asiento número 385 hecho al folio ciento cincuenta del libro 12 del diario de aquel registro había sido presentada de nuevo la escritura de com-praventa otorgada' a favor de Doña María Ernestina Filo-mena Ortiz y que había dado lugar a la anotación preventiva tomada a favor de dicha señora, cuyo documento se hallaba pendiente de inscripción, surtiendo sus efectos legales el citado asiento de presentación.
    Abogado del recurrente: Sr. Texidor.

   El Juez PresideNte Sr. QuiñoNes,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Considerando: que si bien con arreglo a los artículos 397 de la Ley Hipotecaria de esta Isla y 449 del Reglamento dic-tado para su ejecución, el traslado de los derechos reales anotados en el antiguo oficio de hipotecas a los libros del moderno registro de la propiedad, debía solicitarse dentro ■del año siguiente a la publicación de dicha ley, esto debe en-tenderse para que los derechos reales así trasladados pudie-ran surtir efecto en perjuicio de tercero, pero que no exis-tiendo terceros a quienes pudiera perjudicar el traslado, podía éste solicitarse en cualquier tiempo.

Considerando: que para los efectos de los citados artícu-los (*) de la ley y Reglamento Hipotecarios y con arreglo a las aclaraciones contenidas en la Real Orden de 28 de noviembre de 1894, no pueden considerarse como terceros los qne a la fecha de la publicación de la nueva Ley Hipotecaria en esta Isla, o dentro del año concedido para la traslación de los an-tiguos asientos al nuevo registro, hubiesen adquirido algún derecho real sobre las fincas gravadas, y que haciendo apli-cación de estos principios al presente caso, es evidente qne ningún obstáculo podía oponerse a la traslación del censo solicitada por el Pbro. Don Manuel Díaz Caneja, toda vez qne ni Don Ramón Pon y Buzó, ni sus herederos, que venían pose-yendo la tercera parte de la finca de que se trata, podían con-siderarse terceros a los efectos de la traslación solicitada: el primero, por haberla adquiriólo con anterioridad a la publica-ción de la citada ley con .conocimiento de la existencia del gravamen y constituyéndose a su pago; y los segundos, porque como continuadores de la personalidad de su causante, están sujetos al cumplimiento de sus obligaciones; y en cuanto a Doña María Ernestina Ortiz, porque habiendo caducado la anotación preventiva tomada a su favor sobre la finca de refe-rencia, con anterioridad a la fecha de la presentación en el registro del escrito en solicitud del traslado, según resulta de la certificación elevada a esta superioridad por el sustituto del Registrador de Humacao, ningún efecto podía ya producir para impedirlo.

Considerando: que no viniendo en grado las demás cues-tiones que pueden surgir con motivo de las operaciones últi-mamente practicadas en el registro de la propiedad respecto a la finca de referencia a que también se refiere la certifica-ción del registrador, no pueden ser resueltas en el presente recurso.

Vistos los artículos citados de la Ley y Reglamento Hipo-tecarios y las Reales Ordenes aclaratorias de 19 y 30 de enero de 1894 y 18 de junio de 1895.

Se revoca la notá denegatoria del traslado puesta por el (*) Fiscal del Distrito de Humacao en funciones de registrador de la propiedad de aquel partido, al pie del escrito del Pbro. Don Manuel Díaz Caneja, y se declara con lugar el traslado del censo de dos mil pesos solicitado por el mismo presbítero-sobre la finca de que se trata en el presente recurso. Notifí-quese esta resolución al abogado defensor del recurrente con devolución de los documentos presentados y remítase copia certificada de la misma al Fiscal del Distrito de Iíumacao para su conocimiento y demás efectos procedentes.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández y MacLeary.

Los Jueces Asociados Sres. Figueras y Sulzbacber no in-tervinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. MacLeaby,

text:
    Ex Parte Cintrón.
    Solicitud para que se expida mandamiento de Rabeas Corpus.

    No. 27.
    Resuelto en enero 25, 1904.
    Apelación — Cortes de Distrito — Juzcados de Paz. — Las sentencias dictadas por las cortes de distrito en apelaciones de los juzgados de paz son definitivas y contra ellas no cabe, apelación para ante el Tribunal Supremo.
    Habeas Corpus — Modo de Preparar la Solicitud — Juramento de las Mismas.— Las solicitudes de habeas corpus deben contener una exposición clara de los Lechos sin alegaciones de derecho, y deben estar firmadas y juradas por el propio peticionario.
    Id.- — Solamente en los casos en que el peticionario fuere demente, o no le fuera fácil comunicarse con su abogado o por cualquier otra razón no pudiera hacer la solicitud personalmente, ésta podrá formularse por su abogado.
    Id.- — -Las solicitudes de habeas corpus deben estar juradas ante funcionarios com-petentes, pero en los casos en que sea el abogado el que haga la solicitud, si es miembro de una sociedad de abogados, no debe prestar el juramento ante otro miembro de la misma sociedad, que sea también notario.
    Id. — Su Objecto. — El auto de habeas corpus tiene por único objeto libertar al peticionario que esté sufriendo prisión ilegal, pero no puede invocarse a los efectos de una apelación o de un recurso por causa de error, o certiorari, ni para reparar perjuicios ocasionados por la prisión ilegal.(*)
    Id. — Competencia.—El hecho de que un tribunal declaro culpable a un acusado, a pesar de que la prueba aportada al juicio no. pudiera justificar tal de-claración, no afecta en lo más mínimo la competencia del tribunal, y no es motivo suficiente para decretar la excarcelación del prisionero en un procedi-miento de habeas corpus.

      Habeas Corpus — Sentencia Errónea y Sentencia Nula — Apelación o Eecurso por Causa de Error. — Una sentencia errónea sólo puede ser revisada en una apelación o en un recurso por causa de error, y si la ley no concede estos recursos, la sentencia es ejecutoria y debe subsistir, a no ser que los errores de que adolezca sean de tal naturaleza que produzcan su nulidad, en cuyo caso puede ser traída a discusión en un procedimiento de habeas corpus.

    Id. — Sentencia de Tribunal Competente. — En los casos en que aparezca que el peticionario está detenido por un mandamiento expedido a virtud de sentencia firme, dictada por tribunal competente, la solicitud de excarcelación por habeas corpus debe ser denegada.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los peticionarios: Sres. Díaz y Texidor.

    Abogado del Pneblo: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. MacLeaby,

emitió la siguiente opi-nión del tribunal:

En el mes de octubre próximo pasado los solicitantes fueron convictos en el juzgado de paz oeste del distrito de Ponce, por el delito de alteración de la paz pública, y con-denados al pago de veinte y cinco dollars de multa; contra esta sentencia interpusieron recurso de apelación para ante la Corte de Distrito de Ponce, en cuyo tribunal se revisó la causa de acuerdo con los estatutos, en 23 de diciembre, con-firmando la sentencia del tribunal inferior, fijando la multa en veinticinco dollars y las costas. La sentencia de la corte de distrito se pronunció por una mayoría de los tres jueces, presentando el juez presidente su voto particular. No cabe duda de que el juez de paz era competente para conocer de este caso, en primer lugar, y de que la corte de distrito tuvo jurisdicción final para decidirlo en apelación, y de tal sen-tencia no hay lugar a recurrir ante este tribunal. (Véase la sección 59 del Código de Enjuiciamiento Criminal.) La solicitud para auto de habeas corpus en este caso es un docu-mento (*) voluminoso, mucho más largo de lo necesario, y está expuesto a la crítica en varios particulares.' En primer lugar,, solicitudes para habeas corpus deben limitarse a una expo-sición clara de los hechos, según la sección 470 del Código de Enjuiciamiento Criminal. El segundo párrafo de dicha sec-ción no quiere indicar que el abogado debe liacer un largo argumento legal en la solicitud, para demostrar la ilegalidad de la detención. Se puede presentar el alegato, si es necesa-rio, en el juicio, pero no tiene lugar propio en la solicitud. Esta solicitud se hace por el Sr. Don Herminio Díaz Navarro, quien se denomina miembro de la sociedad profesional de Díaz y Texidor, y abogado de Eleuterio Cintrón y José Ma-yaza. Es cierto que dicho estatuto permite que la solicitud se haga por el detenido, o por su representante, pero el ejer-cicio en los Estados Unidos, y según yo entiendo, el propio ejercicio es, que en todos los casos que sea practicable, la soli-citud debe firmarse bajo juramento por el mismo detenido, y debe hablar en su defensa. No prescribe ninguna forma particular necesaria para la preparación de la solicitud, y el mismo detenido, si puede escribir, y si la necesidad lo exi-' giera, podría preparar un relato informal que serviría como solicitud para habeas corpus. Si el detenido sea demente, o fuera del alcance de su abogado, o si por cualquiera razón no puede hacer la solicitud, entonces se puede hacer por el abogado, pero de ninguna otra manera. La sección citada requiere que la petición se confirme por la persona que hace la solicitud. A la presente, el Sr. Díaz ha prestado su jura-mento ante su socio, el Sr. Jacinto Texidor, como notario público. Este es un ejercicio vicioso y no debe hacerse. Se censura y no se permite en muchos, sino en todos los Estados •de la Unión americana. A solicitudes para habeas corpus debe prestarse el juramento ante el secretario de este tribunal u ■otro oficial autorizado para administrar juramentos, pero cier-tamente no debe prestarse ante un miembro de una sociedad por otro de la misma. Estas observaciones (*) son propias, ■en vista de que el auto de habeas corpus es un remedio nuevo ■en esta Isla, y el ejercicio está principiando, y se estima de mucha importancia que se principie propiamente y que se •establezca bien en las primeras decisiones en ese asunto. La larga petición que se ha presentado trata el asunto como si fuera el auto de habeas corpus otra clase de apelación o re-curso por causa de error, y envuelve el voto particular del juez presidente de la corte de distrito y las objeciones hechas a la decisión de los jueces asociados. Esta idea del auto de habeas corpus es .enteramente errónea. Nunca ha sido la intención que se usara para el propósito de una apelación o recurso por causa de error. Su único objeto es de liberar de la detención ilegal cualquiera persona que se encuentre su-friendo prisión. No es para castigar al. acusado o para servir como reparación de su detención ilegal. “No fué for-mado para juzgar de nuevo cuestiones de hecho o para con-siderar de nuevo un procedimiento legal. No puede usarse como sustituto para un recurso de apelación, ni para recurso por causa de error o certiorari. Errores e irregularidades en el procedimiento que no llegan a ser cuestiones de compe-tencia, no pueden revisarse por habeas corpus.1 ’ Church on Habeas Corpus, sección 87. No ha lugar a la duda de que ésta es doctrina pura, pues ha sido declarada por muchos de los más altos tribunales del país, entre otros, el Tribunal Supremo de California, en el caso de Bird, ex parte, 19 Cal., 130, y el Tribunal Supremo de Texas, en el caso de Darrah v. Westerlage, 44 Tex., 388. Este principio también fué declarado por este tribunal en el caso de Antonio Torres, ex parte, de-cidido por este tribunal en 7 de diciembre próximo pasado. Además, los estatutos de Puerto Eico son claros y explícitos en cuanto a los casos en que debe concederse el habeas corpus, y en cuanto a las razones que deben guiar esta corte al desen-carcelar a un detenido en el juicio de tal auto. La sección 482 del Código de Enjuiciamiento Criminal a la letra dice:(*)

“Si no ha expirado el tiempo durante el cual puede estar dete-nida legalmente una persona, el juez o tribunal ordenará que continúe detenida dicha persona, si resulta que está detenida y en custodia:
“1. En virtud de mandamiento expedido por el Juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, en los casos en que dicho tribunal o juez tenga competencia exclusiva, o
”2. En virtud de orden de arresto o sentencia firme o decreto de cualquier tribunal competente en la jurisdicción criminal, o de cualquier mandamiento expedido en virtud de dicha orden de arresto, sentencia o decreto.”

La siguiente sección 483 dice que si resulta del auto dili-genciado que el preso está en custodia en virtud de manda-miento de cualquier tribunal o juez de Puerto Rico, o fun-cionario del mismo, el preso puede ser excarcelado en cual-quiera de los casos siguientes, con sujeción a las prescrip-ciones del artículo anterior:

“1. Cuando se ha traslimitado la jurisdicción de tal tribunal o funcionario. ’ ’

Después siguen seis párrafos que no son aplicables al caso. Se alega que el tribunal de distrito traslimitó su juris-dicción al pronunciar culpables a los acusados del delito de alteración de la paz pública, porque las pruebas presenta-das en la corte de distrito no correspondieron exactamente con la declaración jurada sobre la cual los presos fueron ori-ginalmente detenidos. Sin embargo, esto no desposeería la corte de distrito de su jurisdicción. El tribunal de distrito puede haber cometido un error al declarar culpables a los acusados, pero aun si así fuere, esta corte no sería justifi-cada bajo habeas corpus, en desencarcelar los detenidos por esa razón. Pero yo no deseo que se me entienda decir que la corte de distrito cometió error alguno. Los detenidos fueron convictos del delito de alteración de la paz pública por el tribunal inferior y también fueron convictos (*) del mismo delito por la corte de distrito, y la multa quedó la misma en ambos tribunales. Las palabras y acciones de los detenidos que fue-ron interpretadas por el policía que presentó la declaración como un insulto al Gobernador, podían-haber sido las mismas que se probó dijeron y cometieron en el juicio en la corte de distrito. No importa si fueron o no; el delito es el mismo; •que fue una alteración de la paz pública. Examinaremos los ■estatutos aplicables al caso bajo consideración. La sección 3 del Código de Enjuiciamiento Criminal provee que sentencias recurridas a la corte de distrito de cortes de juez de paz, “se juzgarán atendiendo a la primitiva denuncia o auto judicial. ’ ’ Estatutos Eevisados y Códigos de Puerto Eico, pp. 621, 622.

La sección 286 del mismo código provee que “el jurado podrá declarar al acusado culpable de la comisión de cual-quier delito necesariamente comprendido en el delito impu-' tádole. Estatutos Eevisados y Códigos de Puerto Eico, p. 742.

La sección 368 del Código Penal define el delito de per-turbación de la paz y prescribe el castigo máximo de $200 de multa y noventa días de prisión. Estatutos Eevisados y Códigos de Puerto Eico, p. 610.

El delito del cual fué acusado en la acusación original cons-tituyó una perturbación de la paz, y de aquel misdemeanor los solicitantes fueron convictos en el juzgado de paz y en la corte de distrito, en apelación. Así es que se ha cumplido .absolutamente con la ley y no se cometió error alguno. La sentencia que se pronunció por la mayoría de los jueces es, sin duda, correcta. El voto particular del juez presidente no alcanza los méritos del caso, sino solamente presenta ob-jeciones técnicas, las cuales fueron propiamente menosprecia-das por sus colegas. No es toda sentencia errónea de la corte de distrito la que puede atacarse con habeas corpus. Sola-mente son revisables las que son tan erróneas que resultan (*) nulas. Una sentencia errónea no puede ser revisada de otra manera más que por recurso de apelación, o recurso por causa de error, y cuando el estatuto no los prescribe, la sentencia tiene que ser firme. Se ha dicho por los tribunales más altos •que la sentencia de una corte inferior puede atacarse por habeas corpus solamente cuando las ilegalidades sean tales ■que la hacen nula.

¡ < * # *= Si apareciese en la sentencia sentada en las minutas de .la corte, en un caso criminal, que el tribunal era competente para eono-cer de la materia y de la persona del demandado, la sentencia no es nula, no obstante lo errónea que sea, si no es tan indecisa en sus térmi-nos que se considere nula por esa razón.

“La ilegalidad indica un defecto completo en el procedimiento.” Gibson, ex parte, 31 Cal., 625, 627 y 628.

“La jurisdicción de la corte que conoce de la causa, puede ser revocada siempre al demostrar el hecho que no existe la misma, pero ordinariamente ni error ni irregularidad en la sentencia de la corte inferior puede atacarse por habeas corpas.

“La falta del poder de oir y determinar, y no error o irregularidad en el ejercicio de dicho poder, hace nula a una sentencia.”

Winston, ex parte, 9 Nevada, 71; Sam ex parte, 51 Alabama, 54; Nye ex parte, 8 Kansas, 99; Shaw ex parte, 7 Ohio State Reports, 81; 70 Am. Dec., 55.

Este caso lia sido presentado bajo un concepto falso de las atribuciones del auto de.habeas corpus, y es claramente un intento de presentar de esta manera ante este tribunal los procedimientos de la corte de distrito en el juicio de los acusados, para la revocación de la sentencia, haciendo de esta manera servir el auto de habeas corpus como un re-curso por causa de error o certiorari, lo que los estatutos y todas las decisiones declaran no se puede hacer. Pues siendo manifiesto del auto en esta causa, que estos solicitantes están detenidos por no pagar la multa que propia y legalmente se les ha sido impuesta, por virtud del mandato y sentencia firme (*) de una corte competente, de jurisdicción criminal, y que la jurisdicción de dicha corte no se ha excedido, la solicitud para desencarcelamiento debe negarse, y los detenidos deben condenarse al pago de todas las costas de este procedimiento. Los presos, por lo tanto, deben reenviarse a la custodia del alcaide de la cárcel de Ponce, para los efectos de la sentencia que se ha pronunciado en contra de los mismos.

Denegada la excarcelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández y Pigueras.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacber no formó tribunal en lá. vista de este caso.


author: . ' El Juez Asociado SR. Figtjeras,

text:
    Diez y Arrarás v. Bascos et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 31.
    Resuelto en enero 29, 1904.
    Palta de Personalidad — Actuaciones.—Aunque lá falta de personalidad en una de las partes produce la nulidad de las actuaciones en que haya intervenido sin derecho para ello, la subsanaeión' de aquella falta convalida, ipso facto, todas las actuaciones.
    Contratos — Su Nulidad — Consentimiento Prestado por Error o Dolo. — Pruebas.. — El consentimiento de las partes es requisito indispensable para la validez de los contratos; mas el consentimiento prestado por error o dolo es nulo, y produce la nulidad del contrato, y el que invoque la causa de nulidad dehe probarla satisfactoriamente.
    Id. — Declaraciones Testificales.— Contratos Consignados i¡n Documento Público. — Declaraciones testificales aL efecto de que una de las partes en un contrato indujo a la otra a prestar su consentimiento, manifestándole que de no hacerlo así le sobrevendrían perjuicios a ella y a su familia, no son sufi-cientes para estimar que el consentimiento ha sido prestado por dolo, y para desvirtuar las estipulaciones contenidas en un documento público, que deben estimarse válidas y eficaces, mientras no se pruebe lo contrario.
    Id. — Acción de Nulidad — Término para Ejercitarla — Prescripción.—La acción de nulidad de los contratos sólo dura cuatro años, que en los casos en que se funde en error o dolo, deberán contarse desde la consumación del contrato; si no se ejercitare dentro de ese término, la acción queda preserita.-( *)
    Dolo y Error. — El dolo y el error no se presumen siendo necesario probarlo en todo caso.
    Acto de Conciliación — Interrupción de la Prescripción. — El acto de concilia-, eión no puede producir el efecto de interrumpir la prescripción, a no ser que se promoviere el correspondiente juicio dentro de los dos meses siguientes a. la celebración del acto sin avenencia.
    Costas. — Las costas deben imponerse a la parte cuyas pretensiones sean totalmente desestimadas.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    Vistos estos autos ejecutivos promovidos en la audiencia, de Mayagüez entre partes, de la una los .Sres. Diez y Arrarás como liquidadores de Sucesores de Antonio Diez dirigidos. y, representados en esta superioridad por el Letrado Don Rafael López Landrón como apelados y demandantes y de la otra Don José Bascos, Doña Monserra te. Barcia, su esposa, y Doña Narcisa Bascos a quienes representa y dirige el abo-gado Don Femando 'Vázquez como apelantes, y demandados, sobré cobro de un crédito hipotecario, pendiente ante nos en virtud de recurso de ’casación, hoy de apelación, interpuesto por los ejecutados contra la sentencia pronunciada que co-piada a la letra dice así:
    “Sentencia. En la ciudad de Mayagüez, á veinte y nueve dé enero de mil novecientos ,tres, visto en juicio oral y público los pre-senté autos ejecutivos seguidos entre partes; de una como demandante, el Letrado Don Antonio Manrique de Lara, en representación de la mercantil Diez y Arrarás, liquidadores de Antonio Diez, del domicilio de Añasco; y de la otra, como demandados, Doña Narcisa Bascos y ‘García, Don José Bascos y Doña Monserrate García, y en su nombre el Abogado Don .Eernapdo Vázquez-Ramos, sin que consten las gene-rales de ninguno. de lo,s demandados.

      '“Resultando: que la representación profesional de los Sres. Diez .y. Arrarás dedujo ante este -tribunal con fecha 5 de marzo de 1902 -demanda ejecutiva contra -Doña Narcisa Bascos y García, Don José •Bascos y Doña Mohserrat'e García fundándola en los siguientes hechos: «que por escritura pública' cuya primera copia se acompañaba, los cita-idos demandados reconocieron hallarse adeudando a sucesores de /Á-ntordo (*) Diez la suma de seis mil quinientos pesos provinciales, equivalentes a tres mil novecientos dollars, cantidad que se obligaron a restituir el día treinta y uno de diciembre de mil ochocientos noventa y 'siete; que la referida suma de seis mil quinientos pesos provinciales se comprometieron, a abonarla los deudores solidaria y mancomunada-mente, satisfaciendo íntérin sé efectuase el pago, el interés del uno por qiepto mensual; que-a la .seguridad de esta obligación hipotecaron los deudores una finca rústica de su propiedad radicada en el barrio de Ovejas, término municipal de Añasco, finca que se relaciona y describe-en la cláusula primera de-la-escritura de-hipoteca acompañada, y que sus mandantes habían en varias ocasiones requerido de pago a sus deudores, sin haberlo conseguido:, pidiendo en la súplica de su de-manda, que se despachas^ mandamiento de ejecución, contra los bienes de los deudores en cantidad suficiente a cubrir mil, digo, tres mil

      novecientos dollars intereses vencidos y por vencer, al tipo estipulado y costas que se originasen.

      “Resultando: que examinados1 los documentos en que el ejecutante basaba su acción, el tribunal por auto de siete de marzo de 1902 des-pachó la ejecución, habiéndose trabado embargo con fecha 12 del citado mes, sobre la finca rústica, casa-habitación, máquina de des-cascarar café, tanque y demás bienes que se describen en la diligencia de embargo al folio 26 de estos autos, citándose acto continuo a los deudores de remate personalmente con entrega de la correspondiente cédula, copia de la demanda y documentos acompañados.

      “Resultando: que habiéndose opuesto el Letrado Don Juan Quintero en nombre de Don José Bascos y de su esposa Doña Mon-serrate García, a la ejecución deducida, alegó en su oposición la falta de personalidad de los demandantes, fundándola en que las escrituras de sociedad de Sucesores de Antonio Diez, sociedad en comandita y la de la sociedad ejecutante, no habían sido inscritas en el registro mercantil, y carece además de personalidad por no haber acreditado el carácter de liquidadores de los Sres. Antonio Diez y Don José Arrarás, sin que tampoco se haya acompañado debidamente inscrita la escritura de aquella sociedad, solicitando que en su día se declarase con lugar la excepción alegada y en su consecuencia no haber lugar a pronunciar sentencia de remate con imposición de las costas a la sociedad ejecutante.

      “ Resitltando: que el Abodago Sr. Hidalgo, a nombre de Doña Nar-cisa Bascos, formuló su oposición bajo los siguientes términos: que Don José Bascos empezó a llevar cuentas con Don Antonio Diez desde (*) el 3 de febrero de 1887, cuenta que fué saldada en 16 de diciembre del propio año; que reanudada la cuenta en 1888, fué liquidada y saldada en 18 de diciembre del mismo año, continuándose posterior-mente, y liquidándose en 10 de enero de 1890, en cuya fecha quedó adeudando Bascos mil ochocientos treinta y ocho pesos con diez y ocho centavos; que anualmente se liquidaba la cuenta que llevaban Diez y Bascos, cargándose a éstos los intereses convenidos y cargán-dose, como primera partida el saldo de la cuenta después de balan-ceada, y de esta manera continuábanse las negociaciones entre ambos; que esta cuenta no sufrió ninguna interrupción nunca y que a fines de diciembre de 1894 se practicó una liquidación en la que resultó adeudando Bascos tres mil ciento setenta y nueve pesos veintiocho centavos; que al constituirse la sociedad Sucesores de Antonio Diez, S. en 0., de la que era comanditario Don Antonio Diez, vino a formar parte del capital de la misma, el saldo que a este señor adeudaba Narciso Bascos o sean los tres mil ciento setentinueve pesos veintiocho centavos ya nombrados, cuyo saldo figuró adeudando el Sr. Bascos a Sucesores de Antonio Diez, S. en C., a primero de enero de 1895; que Bascos continuó sus operaciones con la mercantil últimamente citada hasta que a principio de enero de 1898 se hizo una nueva liqui-dación, y en ella quedó adeudando seis mil y pico de pesos; que Doña Nareisa Bascos ni siendo menor de edad, ni tampoco cuando lo fué mayor de edad, llevó negociaciones de ninguna clase con Antonio Diez ni con Sucesores de Antonio Diez, S. en C., y que Don José Bascos mientras hizo negociaciones con las dos mercantiles citadas, era comerciante matriculado, a cuyo establecimiento iban destinadas las mercancías, motivo de la cuenta, y que por tanto nada podía adeudar Doña Nareisa que no era comerciante; que Don Antonio Diez primero y Sucesores de Antonio Diez después, siempre contrataron con Don José Bascos, hasta que vieron que este señor perdió a consecuencia de unos pleitos, una finca que poseía en el barrio de Miradero, de este término municipal, desde cuyo momento trataron de conseguir y lo consiguieron, con maquinaciones insidiosas que Doña Nareisa Bascos, con una finca que poseía a título de donación en el barrio de Ovejas, del término municipal de Añasco, garantizase la cuenta engendrada por su señor padre, garantía hipotecaria que se constituyó por escri-tura de 24 de febrero de 1898, ante el Notario Don Santiago R. Palmer, figurando en dicho otorgamiento además de Doña Nareisa Bascos, los padres de ella Don José Bascos y Doña Monserrate García, comprometiéndose en dicha escritura solidariamente (ÍS) al pago todos los otorgantes; y que no hacía un mes que su mandante Bascos había entablado juicio de conciliación en el juzgado municipal de Añasco para obtener la nulidad de la escritura hipotecaria a que se ha hecho referencia anteriormente, solicitando que se declarase nula la escri-tura que sirvió de título a la ejecución, y asimismo nulo el juicio eje-cutivo en lo que se refiere a Nareisa Bascos.

      “Resultando: que conferido traslado de la oposición formulada por Nareisa Bascos al ejecutante, la evacuó en los términos que se expresan; que José Bascos siempre contrató en utilidad y provecho de su familia y de los bienes de ésta; que su hija Nareisa Bascos no era desconocedora de estas operaciones, pues ella misma en varias-ocasiones se entendía con sus patrocinados directamente, solicitando avances y provisiones y reconociendo la solidaridad de la cuenta; que la escritura hipotecaria otorgada a favor de sus mandantes fué un. acto ejecutado espontáneamente por la Narcisa Bascos; y que la acción de nulidad que deducía estaba prescrita desde el 24 de febrero de 1901, solicitando que se declarase sin lugar la oposición propuesta y se mandase seguir adelante la ejecución.

      “Resultando: que los ejecutantes evacuaron el traslado de la opo-sición formalizada por José Bascos y Monserrate G-arcía de la manera siguiente: que José Bascos contrataba con Antonio Diez y Sucesores de Antonio Diez, llevando provisiones para el sostenimiento de su familia y atenciones de la finca que poseían en unión de su bija Nar-cisa Bascos; que libre y espontáneamente otorgaron la bipoteea. para garantizar el pago de la cuenta que adeudaba a Sucesores de Antonio Diez; y que esta sociedad tiene inscrito su contrato de sociedad en el registro mercantil, pidiendo que igualmente se desestimase la oposi-ción formulada, mandando seguir adelante la ejecución.

      “Resultando: que el ejecutante, en el día señalado para la pro-posición de pruebas, propuso la documental siguiente: certificación de bailarse inscrita en el registro mercantil la sociedad Diez y Arrarás; copia literal de la escritura social de Sucesores de Antonio Diez, copia del hecbo tercero de la escritura de disolución social de Sucesores de Antonio Diez; y además propuso la prueba de confesión en lo que respecta a Narcisa Bascos y como supletoria de ésta, la pericial para el cotejo de letras; y la ejecutada Narcisa Bascos propuso a su vez-la que a continuación se expresa: la de confesión documental, pericial, cotejo y testifical, cuyas pruebas fueron declaradas pertinentes (*)" por auto de veinte y seis de abril del año anterior y mandadas a practicar con citación de la parte contraria.

      “Resultando: que en el acto del juicio oral principiado el seis de diciembre de 1902 y continuado el veintiuno del mes en curso, se practicaron las pruebas propuestas, verificado lo cual procedieron a informar los abogados de las partes sobre aquellos puntos que cre-yeron conveniente al derecho de sus patrocinados, procediéndose a la votación de la sentencia el día señalado al efecto, constituido el tribunal en audiencia pública, siéndolo por unanimidad.

      “Resultando: que en la sustanciación del presente litigio se han guardado las reglas del procedimiento.

      “Visto, siendo Ponente el Juez Asociado Don Luis Méndez Yaz.

      “Considerando: que en la oposición formulada por los ejecutados, son dos los puntos que deben resolverse en esta sentencia, a saber: si la sociedad ejecutante Diez y Arrarás tiene personalidad para pro-mover esta ejecución en el carácter de liquidadores de Sucesores de Antonio Diez; siendo el segundo punto a resolver, el de si el título que sirve de base a la ejecución es válido, o si por el contrario adolece de algún vicio que envuelva la nulidad del mismo.
    ‘ ‘ Considerando: que en cuanto al primer punto, el de falta de per-sonalidad de la sociedad ejecutante, está completamente desprovisto de fundamento, por cuanto en la escritura de constitución social de Diez y Arrarás se establece de una manera que no deja lugar a dudas de ningún género, en la cláusula décimo tercera, que la nueva sociedad será liquidadora de Sucesores de Antonio Diez, estando inscrita dicba escritura, según es de verse por la certificación obrante al folio 126 de estos autos, en el registro mercantil de Ponce con fecha primero de abril de 1902, y aun cuando esta inscripción ha sido hecha con pos-terioridad a la interposición de la demanda ejecutiva, semejante cir-cunstancia carece de la importancia que le atribuye la representación profesional de José Bascos y Monserrate García, pues si bien la falta de personalidad produce la nulidad de las actuaciones en que haya intervenido el que sin derecho a ello ha gestionado en juicio, dichas actuaciones rivalidan ipso fact o tan pronto se subsane la citada falta, según tiene. declarado el Tribunal Supremo de España en repetidas sentencias.

      “Considerando: además que según resulta de la certificación obrante a los folios 127 siguientes de estos autos, la sociedad Sucesores de Antonio Diez, S. en C., está inscrita en el registro mercantil de Ponce desde el 28 de agosto de 1895, razón más para desestimar (*) la falta de personalidad invocada por la representación de José Bascos y su esposa.

      “Considerando: que si bien uno de los requisitos indispensables para la validez de los contratos es el consentimiento, y que es nulo a tenor de lo preceptuado en el artículo 1265 del Código Civil antiguo, el consentimiento prestado por error o dolo, es necesario, sin embargo, que el que invoca la causa de la nulidad la pruebe de una manera satis-factoria a los ojos del juzgador, lo que no ha sucedido en el presente caso, pues lejos de haberse demostrado que Doña Narcisa Bascos suscribió equivocadamente la escritura que sirve de base a la ejecución, inducida a ello por las maquinaciones insidiosas de sus acreedores, se ha demostrado hasta la saciedad que la referida Bascos otorgó dicha escritura con pleno conocimiento de causa por ser conocedora de las operaciones que con Sucesores de Antonio Diez sostenían tanto ella como sus padres, según puede comprobarse examinando las esquelas o papeles privados que suscritos por ella y por ella reconocidos en el acto del juicio oral, existen en estos autos ocupando los folios 52, 53, 54, 55 y 56 sin que argumento tan concluyente Raya sido desvirtuado por ninguna de las alegaciones de la parte ejecutada,, quien sólo se Ra limitado a traer para demostrar las maquinaciones insidiosas que precedieron al otorgamiento de la escritura'.hipotecaria, las declara-ciones de dos testigos, José Castillo y Vicente Luperroir, quienes únicamente manifestaron en el acto del juicio oral, el primero que en varias ocasiones vio en casa de Bascos a Luis Ortega, socio de Suce-sores de Antonio Diez, que concurría a dicRa casa con objeto de que. Narcisa de aquel apellido, le otorgase una hipoteca, manifestándole que de no hacerlo así, le pararían perjuicios a. ella y a su fa-milia, expresándose en análogos términos el segundo, sin que le conste que se otorgase la escritura de referencia, prueba que es a todas luces insuficiente para destruir el contenido de lo consignado en una escri-tura pública que debe reputarse válida y eficaz, ínterin de una manera evidente no se demuestre lo contrario.

      “Considerando: que no habiendo' demostrado los ejecutados la causa de nulidad invocada así como tampoco la falta de personalidad alegada, deben ser éstas desestimadas.

      “Vistos los artículos 1433, 1462, 1465, 1471, 1472 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; los del Código Civil,aplicables al caso y a la Orden General 118 de 1899.

      “Fallamos: que debemos mandar y mándamos seguir adelante la ejecución hasta hacer trance y remate de los bienes embargados y con (*) su valor satisfacer al ejecutante la cantidad de tres mil nove-cientos dollars, intereses convenidos a razón del 12 por ciento anual y costas causadas y que se causen hasta el definitivo pago. • ■>
    “Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Arturo Aponte, J. A. Erwin, Luis. Méndez Vaz.” •• .

      Resultando: que contra la expresada sentencia interpusié-ron Don José Bascos, su esposa Doña, Monserrate García y .la hija Doña Narcisa Bascos recurso de casación por infracción de ley y elevados los autos a esta Corté Supréma, sé sustanció’' el recurso como de apelación, cumpliendo1 con la ley de la Asamblea Legislativa dé doce de marzo, ultimo, señalándose' día para la vista, en la que los letrados dé las partes alegaróp cuanto estimaron conveniente a la defensa de .sus respectivas’ pretensiones. • :

      Abogado de los apelantes: Sr. Fernando Vázquez.

    .Abogado de los apelados: Sr. López Landrón.

   . ' El Juez Asociado SR. Figtjeras,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los resultandos-de la sentencia, y además;

Resultando: que a instancia de la ejecutada Doña Narcisa Bascos, se trajo en el inferior certificación expedida por el juzgado municipal de Añasco, en la que consta que dicha señora presentó ante dicho juzgado, con fecha 20 de febrero de 1902, demanda de conciliación para solicitar la nulidad de la' escritura hipotecaria de 24 de febrero de 1897, dice, debe ser de 1898, y en virtud de esa papeleta de demanda se citó a Don Antonio Diez 'y a Don José Arrarás, gestores de sucesores de D. Antonio Diez, pero no hay constancia alguna creditiva de que se celebrara dicho acto de conciliación, ni menos que se promoviera juicio sobre la nulidad del contrato.

Aceptando los fundamentos de derecho de la sentencia re-currida, y

Considerando: que lá acción de nulidad de los contratos (*) sólo dura cuatro años, que en el presente caso deben contarse desde que se ..consumó el impugnado, o sea, desde el 24 de febrero de 1898. •

Considerando: que el error y el dolo que alega en su favor Doña Narcisa Bascos'y que no se presumen nunca, no se han demostrado, pero aun suponiendo lo contrario, siempre re-sultará que la acción de nulidad ha prescrito por el transcurso del término legal que la ley concede para ejercitar con fruto ese derecho.

Considerando: que el acto de conciliación tampoco puede producir el efecto de interrumpir la prescripción si no se promoviere el correspondiente juicio dentro de los dos meses siguientes a la celebración al acto sin avenencia, y si esto es así, no puede el $oíq intento de la conciliación producir esos efectos.

Considerando: que debiéndose desestimar en su totalidad las pretensiones ele los apelantes, deben éstos ser condenados en todas las costas.

Vistos los textos legales qne en la sentencia se citan y ade-más los artículos 1300, 1301 del antiguo Código Civil, 1267, 1268 del revisado y 478 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Fallamos: qne debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia recurrida con las costas a los apelantes y ejecutados Don José Bascos, Doña Monserrate G-arcía y Doña Narcisa Bascos y García; y devuélvanse los autos al tribunal de Mayagüez con la certificación correspondiente.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández y MacLeary.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la vista de este caso.(*)


author: El Juez Asociado Sr. Figueras,

text:
    El Pueblo v. Abreu.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 50.
    Resuelto en febrero 2, 1904.
    Apelación — Alegaciones del Apelante. — Las alegaciones que se hagan ante el tribunal de apelación deben estar plenamente justificadas en los autos del caso, pues de lo contrario no pueden merecer consideración alguna.
    Nuevo Juicio. — Las resoluciones denegatorias de nuevo juicio deben expresar el fundamento de la negativa, pero la omisión de consignarlo no perjudica al acusado en cuanto a algún derecho sustancial, ni es motivo que justifique la revocación de la resolución y la concesión de un nuevo juicio.
    Id. — El hecho de que el Fiscal dirija una pregunta a un testigo y el juez la admita con la oposición y excepción de la parte contraria, no es causa re-conocida por el artículo 303 del Código de Enjuiciamiento Criminal para solicitar la celebración de un nuevo juicio.
    Apelación. — En una apelación interpuesta solamente eontra la resolución dene-gatoria de un nuevo juicio, no podrá considerarse ninguna objeción contra la validez de la sentencia.
    Los hecbos están -expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Figueras,

emitió la siguiente opi-nión del tribunal: .

Se trata de una causa por jurado en la que recayó vere-dicto “de culpabilidad con todas las-circunstancias atenuan-tes.” Los beclios en que se funda la acusación son los si-guientes :

“El citado Facundo Abren Cabán, en la tarde del día diez y sei^ del corriente mes en el término municipal de Aguadilla que forma-parte de este districto judicial, y en ocasión en que se encontraba en la casa-tienda de Fermín Valentín, tuvo un disgusto de palabra con Benito Pumarejo y como consecuencia del mismo, en un arrebato de cólera, sacó un cuchillo que portaba en el cinto, y con él asestó una1 puñalada al Pumarejo, infiriéndole una herida en la región supra-clavicular izquierda^ de la que falleció momentos después. Este hecho-es contrario a la ley para tal caso prevista, y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.” (*)

No se presentó ningún escrito de excepción en forma en el acto del juicio, y el acusado, que es el recurrente, no se-ña personado ante este tribunal por sí ni por medio de Abo-gado. Pero por medio de su abogado Sr. P. José Ramón Preyre, después del veredicto y antes de la sentencia, soli-citó del tribunal de Mayagüez un nuevo juicio, citando en apoyo de esta pretensión los párrafos 4o., 5o. y 6o. del artí-culo 303 del Código de Enjuiciamiento Criminal; pero en modo alguno consta en los autos que el veredicto se obtu-viese por suerte, o por cualquiera otro medio que no fuera una expresión verdadera de la opinión de todos los miembros-del jurado, ni que el tribunal hubiera informado errónea-mente a éste sobre algún punto de derecho, o se hubiera equi-vocado en la decisión de alguna cuestión surgida durante la sustanciación del juicio.. Esas afirmaciones están destituidas-de toda comprobación en los autos, y en tales condiciones no hay términos hábiles para entrar a considerar esos extre-mos. La forma empleada.para negar el nuevo juicio ha sido-también combatida por el defensor, pero si bien es cierto que es deficiente, porque debió contener el fundamento de la nega-tiva, no bay precepto alguno en la ley que obligue a adoptar una forma determinada, y por otra parte, ese defecto de ritua-lidad procesal no- sería suficiente para acceder hoy, por ese solo hecho, al nuevo juicio que se solicita, porque esa defi-ciencia ni ha perjudicado, ni tiende a perjudicar al acusado, en cuanto a algún derecho sustancial. Artículo 461 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal. El Fiscal en el acto del juicio preguntó al testigo Fermín Valentín “si ante el juez de paz había declarado que Abreu le había dicho que él y Pumarejo habían quedado desafiados.” La defensa se opuso a esta pregunta, el juez la admite, y el testigo manifiesta que “así lo. declaró” y se consigna en el acta solamente que el abogado toma excepción y sobre esto se llama la aten'ción por el letrado para robustecer la pretensión de un nuevo juicio, pero esa causa no está comprendida en ninguna (*) de las que expresa el artículo 303 del Código de Enjuicia-miento Criminal. En cuanto a que el veredicto fue contra-rio a derecho o a las pruebas a que se refiere el párrafo 6o. del artículo 303 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que es el principal argumento aducido por la defensa, bay que tener en cuenta que se trata de un delito de homicidio, cas-tigado según el artículo 204 del Código Penal; y al decla-rar el veredicto culpable al acusado, hay que suponer ■ que el jurado no encontró justificado el homicidio, porque las circunstancias concurrentes no fueron bastantes para exci-tar el temor de una persona razonable, ni consideraron que Facundo Abreu y Cabán obrase solamente bajo la influencia de dicho temor, según así se prescribe en el artículo 210 del Código Penal; y quizás juzgó que la muerte de Pumarejo fue a consecuencia de un desafío que tuvo con Abreu, según la declaratoria de Fermín Valentín, que es el principal tes-tigo de cargo. Pero si se entiende que la pena es exce-siva, puesto que el veredicto recomendó todas las circunstan-■cias atenuantes, esto sería impugnar la sentencia, que es donde se contiene el castigo para el culpable, pero contra ella no se lia interpuesto recurso de apelación. No bay, por tanto, razón que justifique la celebración de un nuevo juicio y es de opinión el ponente que debe desestimarse la solici-tud y confirmar la resolución del tribunal de Mayagüez de 3 de octubre del año anterior, que negó tal pretensión.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández y MacLeary.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacber no formó tribunal en la vista de este caso.(*)


author: El Juez Asociado Sb. MacLeabt

text:
    El Pueblo v. Izquierdo.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 49.
    Resuelto en febrero 3, 1904.
    Apelación — Pliego de Excepciones — Relación de Hechos. — No habiendo pliego de excepciones o relación de hechos, ni apareciendo tampoco error alguno en los autos, la sentencia de la corte inferior debe confirmarse. ,•
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sb. MacLeabt

emitió la siguiente opi-nión del tribunal:

El apelante en esta causa, fué acusado de asesinato en el segundo grado. Al comparecer ante el tribunal, alegó que no era culpable, y pidió un jurado. Fué juzgado por el tribunal ante un jurado, que dió un veredicto en el sentido de que era culpable, recomendando clemencia. El tribunal lo sentenció a quince años de presidio con trabajos forzados, y a pagar las costas del proceso.

Se alega que el asesinato fué cometido el 13 de marzo de 1903. El fué acusado en 22 de abril de 1903; compareció, ante el tribunal el 26 del mismo mes, y fué juzgado ante un jurado el día 12 de mayo de 1903, siendo condenado por el tribunal en 18 de mayo del mismo año.

Se interpuso recurso de apelación, y la causa fué elevada, a este tribunal en 9 de noviembre último. No bay en los autos. una, relación de los hechos, pero dichos hechos se consignan en la sentencia, como sigue:

‘ ‘ Que el 13 de marzo de este corriente año, el acusado en el camino.-que de la ciudad de San Germán conduce al barrio de Caín Alto, de dicha jurisdicción municipal, con malicia y premeditación, a conse-cuencia de resentimientos anteriores, infirió varias heridas a (*) Ra-món Arroyo Negrón, conocido vulgarmente con el nombre de Poloní,, con un instrumento cortante y punzante, yendo éste último, o sea, Poloní, sin arma alguna. Al recibir las dos primeras heridas, huyó Poloní, y su agresor Balbino Izquierdo Montaner le persiguió, dán-dole la última herida por la espalda en los momentos mismos en que escapaba de manos de Izquierdo, muriendo luego Poloní a consecuencia, de dichas heridas.”

No existe escrito de excepciones, ni se ha presentado ale-gato alguno en el Tribunal Supremo, ni se hizo ningún in-forme oral a favor del apelante, alegándose únicamente a su favor, en el escrito del recurso de apelación, que él inter-pone dicho recurso porque el delito cometido es el de homi-cidio con circunstancias atenuantes, demostradas por la buena conducta del procesado y los malos antecedentes del interfecto,, y que el delito no es asesinato en el segundo grado, por que ha sido condenado. Que en el juicio oral quedó probado el delito de homicidio con las circunstancias atenuantes alegadas.

No obstante el hecho de que no se ha presentado defensa, a favor 'del apelante, hemos examinado cuidadosamente los autos en esta causa, sin poder encontrar nada en los mismos,, ni de ley, ni de hecho, que tuviera la tendencia de atenuar el delito de que ha sido declarado culpable. En verdad, es. muy posible, por lo que consta de los autos, que se le Rubiera podido declarar culpable de un delito aun más grave, pero, puesto que sólo fué acusado de asesinato en el segundo grado, siendo declarado culpable de dicho crimen por el jurado, y puesto que los hechos, como constan en los autos, apoyan esa declaración de culpabilidad, y no habiéndose demostrado por parte del acusado que el tribunal haya incurrido en error de derecho ni de hecho, debe confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández y Figueras.(*)

El juez Asociado Sr. Sulzbacher no formó tribunal en la vista de esta causa.