author: El Juez Presidente Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

text:
    Oficina del Comisionado de Seguros, recurrida, v. Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, peticionaria

      Número: AC-2006-33

      Resuelto: 5 de junio de 2007

      Carlos R. Ríos Gautier, María Cristina Mullán Dávila y Elisa Bobonis Lang, abogados de la parte apelante; Yadira Rivera Cintrón, Ruth Martínez González, Lizzie ÍM. Pórtela y Brenda N. Pérez Fernández, abogadas de la parte apelada; Salvador J. Antonnetti Stutts, procurador general, Leticia Casalduc Rabell, procuradora general auxiliar, Maite D. Oronoz Rodríguez y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradoras generales
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

La Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Asociación) solicita la revisión de un dicta-men del Tribunal de Apelaciones que confirmó las determinaciones realizadas por la Comisionada de Seguros sobre alegadas violaciones al Código de Seguros relacionadas, en su mayoría, con la reducción del monto del beneficio del Seguro por Muerte Sobreseído. Por las razones que expondremos a continuación, revocamos el dictamen recurrido.

I

Desde 1921, la Asociación administra un Seguro por Muerte que estuvo fuera de la jurisdicción de la Oficina del Comisionado de Seguros hasta 1996. No obstante, a partir de esa fecha la Asociación quedó sujeta a la jurisdicción y a los poderes de la Oficina del Comisionado de Seguros en lo referente a sus negocios de seguros.

Actualmente, la Junta de Directores de la Asociación tiene la facultad de fijar —previa determinación actuarial— tanto las primas (cuotas) del seguro como los beneficios. Conforme a esa facultad, en 1970 la Junta de Directores estableció como monto del beneficio del Seguro por Muerte $15,500 y $9,500 para la primera y segunda categorías, respectivamente. Más tarde, se creó mediante legislación un Seguro por Años de Servicio y se desarrolló un fondo separado para éste.

Ya que el fondo del Seguro por Muerte estaba atravesando momentos de insolvencia, el 1 de julio de 1989 la Asociación cerró el ingreso de nuevos asegurados a ese seguro. Este seguro se conoce desde entonces como Seguro por Muerte Sobreseído. Sin embargo, la entidad mantuvo el seguro para los socios que ya estaban cubiertos por él. Ante esto, la Asociación decidió mantener las primas del Seguro por Muerte Sobreseído en fondos separados de las primas de los otros seguros que ofrece la entidad. De esta forma, las primas de estos nuevos seguros no ingresan al fondo de reserva para pagar los beneficios del Seguro por Muerte Sobreseído si fuera necesario.

Basándose en este panorama, en 1993 la Asociación comenzó una campaña para exhortar a los asegurados bajo el Seguro por Muerte Sobreseído a cambiarse al nuevo programa. No obstante, de un total aproximado de 80,000 asegurados, sólo 11,500 optaron por cambiarse.

En 1995 la Oficina del Comisionado de Seguros le ex-plicó al personal de la Asociación que para aliviar la crisis del Seguro por Muerte Sobreseído no era posible reducir los beneficios de los asegurados ya acogidos a éste. No obstante, el 10 de noviembre de 1999 la Junta de Directores de la Asociación redujo los beneficios del Seguro por Muerte Sobreseído a $8,000, y $5,000 en la primera y segunda categorías, respectivamente, basándose en un estudio actuarial preparado por el consultor Juan B. Aponte. La Asociación también pospuso el pago de las reclamaciones presentadas entre julio y noviembre de 1999 para aplicarles los nuevos valores establecidos.

En diciembre de ese mismo año, la Asociación le notificó el cambio a la Oficina del Comisionado de Seguros y ésta, al responder la comunicación, reiteró su posición original de que la reducción no se podía aplicar retroactivamente; es decir, que las reclamaciones presentadas ese año fiscal se tenían que pagar según los valores vigentes al momento del contrato. La Asociación, sin embargo, alegó que la Oficina del Comisionado de Seguros no tenía jurisdicción para intervenir en el asunto.

La reducción de los beneficios provocó la presentación de múltiples solicitudes de investigación ante la Oficina del Comisionado de Seguros. Los solicitantes pretendían que se les pagaran los beneficios a base de lo que se había pagado por más de treinta años, a saber, $15,500 en la primera categoría y $9,500 en la segunda. No obstante, esas solicitudes no llegaron a convertirse en querellas.

Posteriormente, en el 2003 la Oficina del Comisionado de Seguros emitió una Orden contra la Asociación. Le impuso una multa administrativa de $350,000 por violaciones al Código de Seguros, entre ellas, práctica injusta y engañosa por la reducción de los beneficios; falta de un contrato (póliza) que contenga los términos del acuerdo y los beneficios de los asegurados; reducción de los beneficios sin que se especificaran los términos y las condiciones del cambio en un contrato; divulgación de información engañosa; aplicación de diferencias injustas entre los asegurados; falta de información a los asegurados sobre la situación financiera del seguro, y no resolver las reclamaciones dentro de los noventa días que establece el Código de Seguros para ello.

En la Orden se le requirió a la Asociación restituir los beneficios del seguro a $15,500 y $9,500, lo cual —según la Asociación— implicaría un desembolso de más de $30 millones. Además, se le ordenó pagar todas las reclamaciones interpuestas con posterioridad al 1 de julio de 1999, a razón de $15,500 para los socios asegurados en primera categoría y $9,500 en segunda categoría, y presentar prueba sobre el cumplimiento con lo ordenado.

En junio de 2003, la Asociación solicitó el beneficio de una vista, que se celebró los días 27 y 28 de octubre de 2004, ante la presencia del oficial examinador Antonio Quiñones Rivera. Según se deduce de la transcripción de la vista, al inicio del proceso —y conociendo la práctica de la Comisionada de Seguros de no mostrar los informes de los oficiales examinadores— el representante legal de la Asociación le solicitó al oficial examinador que, una vez estuviera redactado, le mostrara el informe que recogía sus determinaciones de hecho. El oficial examinador contestó la solicitud; advirtió que el documento en cuestión es de uso interno y que es prerrogativa de la Comisionada de Seguros mostrarlo o no. Apéndice, págs. 842-843. Mediante mociones posteriores, la Asociación volvió a solicitar que se le diera acceso al informe del oficial examinador, mas sus intentos resultaron infructuosos. De hecho, el informe aludido nunca se puso a disposición de las partes ni formó parte del expediente administrativo.

Más adelante, la Comisionada de Seguros confirmó la Orden emitida por la Oficina del Comisionado de Seguros. Insatisfecha con el dictamen, la Asociación acudió en revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Básicamente, alegó que la comisionada no tenía jurisdicción sobre el asunto; que la ausencia del informe del oficial examinador que presidió las vistas invalida la determinación administrativa, y que la Junta de Directores de la Asociación sí tiene facultad en ley para reducir el monto del Seguro por Muerte Sobreseído. El foro intermedio no acogió sus planteamientos y confirmó la determinación de la Comisionada de Seguros, pero redujo las multas impuestas a $50,000.

Inconforme aún, la Asociación acude ante nos y alega, en esencia, que erró el foro apelativo al confirmar la Resolución de la Comisionada de Seguros en ausencia del informe del oficial examinador. Aduce, además, que erró el Tribunal de Apelaciones al sostener que la Oficina del Comisionado de Seguros tiene jurisdicción sobre el Seguro por Muerte Sobreseído aun cuando está regido por otra ley y la Oficina del Comisionado de Seguros no ha promulgado reglamentación para atender sus particularidades. Finalmente, la Asociación alega que erró el foro apelativo al no mostrar deferencia ante la interpretación que hizo la Asociación de la Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966 (3 L.P.R.A. sec. 862 et seq.), conforme a la cual la Junta de Directores de la Asociación tiene facultad en ley para variar el monto del Seguro por Muerte Sobreseído, previa determinación actuarial.

Acogimos el recurso presentado como una solicitud de certiorari por tratarse del recurso adecuado. La Comisionada de Seguros ha presentado su alegato. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, resolvemos.

II

Mediante su primer señalamiento, la Asociación alega que erró el foro apelativo al validar la determinación de la Comisionada de Seguros, aun cuando el informe del oficial examinador que presidió la vista no consta en el expediente administrativo. Aduce que la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. see. 2101 et seq.), así lo requiere y que, por lo tanto, se debe dejar sin efecto el dictamen en cuestión. Estamos de acuerdo.

La Sec. 3.13 de la L.P.A.U. dispone que “[l]a vista deberá grabarse o estenografiarse, y el funcionario que presida la misma preparará un informe para la consideración de la agencia, o emitirá la decisión por escrito si le ha sido delegada la autoridad para ello”. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. see. 2163. El lenguaje no discrecional empleado en la referida disposición demuestra que la L.P.A.U. requiere que se prepare un informe para que lo considere el jefe de agencia, secretario o director cuando quien preside las vistas no tiene la facultad para decidir.

Por otro lado, no cabe duda de que la L.P.A.U. requiere que ese informe se incluya en el expediente administrativo. Así surge de la Sec. 3.18, la cual dispone que

[e]i expediente incluirá, pero sin limitarse a:
(h) el memorando preparado por el funcionario que presidió la vista, junto con cualquier transcripción de todo o parte de la vista considerada antes de la disposición final del procedimiento, en aquellos casos en que el funcionario que presidió la vista no tenga facultades de adjudicar. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. see. 2168.

Conforme a lo anterior, estamos impedidos de avalar la práctica de la Comisionada de Seguros de mantener como confidencial el informe del funcionario que escuchó a las partes y ponderó la prueba, so pretexto de que se trata de un “informe interno” —mejor llamado “borrador de resolución”— para beneficio de la adjudicadora. Tampoco podemos endosar la pretensión de que se considere que la determinación administrativa corresponde íntegramente a la recomendación del oficial examinador. Todo ello contraviene las pautas claras establecidas en la L.P.A.U. y vulnera las garantías procesales reconocidas en los procesos adjudicativos ante las agencias administrativas.

A pesar de ello, la Comisionada de Seguros alega —entre otras cosas— que aun cuando falte el informe del oficial examinador en el expediente, esto no invalida la determinación administrativa porque en estos casos basta con que se le haga al adjudicador un informe oral o cualquier otro recuento mediante el cual se logre una decisión informada. La Comisionada de Seguros fundamenta su posición en ciertas expresiones incluidas en A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 875, 881 (1974), en particular, las siguientes:

En ausencia de requisitos específicos dispuestos por la Asamblea Legislativa, el debido proceso de ley en el trámite administrativo se cumple y satisface aun cuando no se transcriban las notas taquigráficas de la vista, ni se sometan determinaciones de hecho y conclusiones por los examinadores, ni hagan éstos un resumen o compendio escrito de la prueba para los comisionados, bastando en muchas ocasiones un informe oral de los examinadores a los miembros de la Junta o Comisión.

Esta normativa no aplica a los hechos de este caso. Primero, el caso antes citado es anterior a las disposiciones de la L.P.A.U., las cuales entraron en vigor en febrero de 1989 y requieren, sin duda, que el informe del oficial examinador sea parte del expediente administrativo. Segundo, debemos tener presente que en ese caso la controversia no se centró en la ausencia del informe del oficial examinador en el expediente administrativo, sino en otro asunto que —en ese momento— aún era objeto de discusión, a saber, la bifurcación del proceso de decisión administrativa, donde un funcionario es quien recibe la prueba y otro es el que decide. En particular, en esa ocasión se señaló el riesgo de que el adjudicador no tomara una decisión informada, mientras que aquí se plantea el peligro de que se limite la revisión de ese dictamen.

Finalmente, para establecer la inaplicabilidad de esa normativa a los hechos de este caso, basta con enfatizar el inicio de la expresión en que la Comisionada de Seguros sustenta su negativa a incluir el informe del oficial examinador en el expediente administrativo. Nos referimos a la frase inicial donde se aclara que aquella norma prevalecerá siempre que la Asamblea Legislativa no disponga otra cosa.

Precisamente, con posterioridad a A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, supra, la Asamblea Legislativa incorporó a los procedimientos adjudicativos de las agencias administrativas unas garantías mínimas que tienen su origen en reconocidos principios del debido proceso de ley. Almonte et al. v. Brito, 156 D.P.R. 475 (2002); Mun. de Ponce v. J. P., 146 D.P.R. 650 (1998); Torres Ramos v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 783 (1997); Magriz v. Empresas Nativas, 143 D.P.R. 63 (1997). Según esos principios, la See. 3.1 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2151, ordena, entre otras cosas, que toda decisión administrativa se base exclusivamente en el expediente. Específicamente, la disposición en cuestión establece que en todo procedimiento adjudicativo formal ante una agencia se salvaguardarán los derechos siguientes: (a) notificación oportuna de los cargos; (b) derecho a presentar evidencia; (c) derecho a una adjudicación imparcial, y (d) derecho a que la decisión se base en el expediente. Id.

Dado que la decisión administrativa se tiene que basar en el expediente, y ya que la L.P.A.U. requiere que el informe del oficial examinador que presidió las vistas se haga formar parte de éste, no cabe duda que el incumplimiento de este requisito conlleva, a su vez, no fundamentar el dictamen en el expediente del caso. Esa normativa se apoya en el interés de que, al momento de hacer las determinaciones, la agencia se base exclusivamente en evidencia y materias oficialmente admitidas, en las materias de que se tomó conocimiento oficial, y en todo aquello que sucedió en la vista. Véase D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed. rev., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 537. Dicha salvaguarda —en unión a las restantes pautas establecidas en la referida Sec. 3.1— constituye, además, un medio para asegurar que el organismo administrativo tendrá ante sí todos los elementos de juicio para emitir una decisión adecuada. Mun. de Ponce v. J.P., supra. Así se garantiza que el adjudicador ha ponderado todos los factores que pueden influir en su decisión, sobre todo aquellos que se relacionan con la evaluación de la prueba y las adjudicaciones de credibilidad. De esa forma, se le asegura al ciudadano que la agencia ha tomado en consideración toda la evidencia desfilada y que su participación en la vista fue realmente efectiva. Véase, en términos similares, Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 D.P.R. 105 (2002). Tal pauta es cónsona, a su vez, con el requisito de que las decisiones administrativas reflejen que el organismo ha considerado y resuelto los conflictos de prueba, y ha determinado los hechos probados así como los rechazados. Véanse: Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673 (2000); Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425 (1997).

Por otra parte, no cabe duda que el deber de incluir el informe del oficial examinador en el expediente administrativo incide directamente sobre la revisión judicial. En vista de que dicho requisito pretende salvaguardar el derecho a que la decisión administrativa se base en un expediente completo, lo que se afecta, en última instancia, es el derecho a la revisión judicial. Ello en vista de que “[l]a revisión judicial de la decisión administrativa se contrae y limita al récord o expediente del procedimiento adjudicativo”. Fernández Quiñones, op. cit, pág. 538. Si en el expediente administrativo no consta el documento que recoge la evaluación de la prueba hecha por el funcionario que presidió la vista, escuchó el testimonio de los testigos y observó su demeanor, queda trunca la posibilidad de refutar y cuestionar el dictamen administrativo y, por ende, se lesiona el derecho a que un tribunal apelativo revise su corrección. Por eso, hemos resuelto que

“[e]s sólo cuando la determinación administrativa se fundamenta en el expediente del caso que ha de ser resuelto que se garantiza a las partes la oportunidad de refutar la corrección del dictamen de la agencia y la posterior revisión judicial”. Magriz v. Empresas Nativas, supra, pág. 71.

En Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, supra, nos expresamos en términos similares. Allí examinamos el efecto de varios incumplimientos del Departamento de Salud con los requisitos establecidos en la L.P.A.U. para el proceso de reglamentación. Uno de esos requisitos es un informe que prepara el funcionario que preside las vistas públicas y que debe constar en el expediente del proceso. Aun cuando se trataba de un proceso de reglamentación, expresamos que la ausencia de ese informe en el expediente correspondiente limita severamente nuestra facul tad revisora. íd. Evidentemente, el rigor que se espera de los procedimientos adjudicativos es aún mayor.

De hecho, por la importancia que le reconocemos al informe del oficial examinador, desde antes que entraran en vigor las disposiciones de la L.P.A.U. habíamos resuelto que cuando la decisión del organismo administrativo es contraria e incompatible con dicho informe, nuestra función revisora debe tornarse más rigurosa. Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194 (1987). Si he-mos considerado que esos casos ameritan un examen más riguroso, ¿cómo ejercer ese examen más riguroso cuando ni siquiera existe el mencionado informe? El derecho a la revisión judicial precisa que el foro revisor conozca cabalmente la base del dictamen administrativo. Ese propósito, claramente, no se puede alcanzar si desconocemos la impresión y evaluación que hizo quien tuvo la oportunidad de ponderar la prueba y escuchar el testimonio de las partes. No podemos asegurarnos de que el adjudicador evaluó el informe del oficial examinador como se requiere, si no contamos con la posibilidad de estudiarlo durante el proceso de revisión.

Claramente, cuando avalamos la práctica de delegar en las agencias administrativas el poder de adjudicar controversias, partíamos de la premisa de que el ciudadano recibiría ciertas garantías. Dado que esas garantías mínimas están delimitadas en la L.P.A.U., no se puede decir que las agencias las desconocen y, por lo tanto, no existe razón para operar al margen de ellas. La alegación de la Comisionada de Seguros de que no se requería incluir el informe en el expediente administrativo porque la controversia es de derecho no nos convence. Establecer una norma caso a caso cuando el requisito de incluir el informe en el expediente administrativo consta expresamente en una ley, no se justifica. El cumplimiento de las leyes no constituye parte de la discreción que habitualmente le he-mos reconocido a las agencias administrativas.

De todas formas, conviene aclarar que en este caso existen asuntos fácticos que son objeto de controversia y que ameritan determinaciones de credibilidad de las que carecemos ante la ausencia del informe del oficial examinador en el expediente administrativo. Así, por ejemplo, conforme surge del expediente, existe controversia en cuanto a la alegación de que la Asociación les hizo falsas representaciones a los asegurados bajo el Seguro por Muerte. De la misma forma, existe controversia en cuanto a la cantidad y calidad de la orientación que se les proveyó a los asegurados para propiciar que se cambiaran a los nuevos planes de seguros. Finalmente, existe controversia sobre la naturaleza del Seguro por Muerte, ya que la Oficina del Comisionado de Seguros alega que se trata de un seguro de vida entero, mientras que la Asociación alega que se trata de un seguro por derrama. Todos estos aspectos fueron objeto de evidencia testifical de cuyas apreciaciones no nos hemos podido beneficiar.

Según lo anterior, resolvemos que no incluir el informe del oficial examinador en el expediente administrativo cuando, como en este caso, dicho funcionario no tiene la facultad de adjudicar, constituye una violación a la L.P.A.U. que conlleva invalidar el dictamen administrativo. Ya hemos resuelto que cualquier determinación administrativa que se haya hecho de espaldas a las pautas mínimas establecidas en la citada Sec. 3.1 de la L.P.A.U. —entre las que se encuentra el derecho a que la decisión se base en el expediente— no puede prevalecer. Mun. de Ponce v. J.P., supra.

Como este primer señalamiento de la Asociación dis-pone del caso en su totalidad, no atenderemos los restantes señalamientos.

III

Por los fundamentos que anteceden, revocamos el dicta-men del Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia, deja mos sin efecto el dictamen emitido por la Comisionada de Seguros. Devolvemos el caso a la Oficina del Comisionado de Seguros para que se incluya en el expediente administrativo el informe del oficial examinador que presidió la vista administrativa. De no existir el informe, ordenamos que el funcionario que presidió la vista prepare el informe requerido y, tras evaluarlo según el resto del expediente, la Comisionada de Seguros emita el dictamen correspondiente. Si no es posible preparar dicho informe, entonces procede celebrar una nueva vista adjudicativa.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión concurrente.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

En lo más esencial del caso de autos está en controversia un asunto de mucha importancia para decenas de miles de asegurados bajo el Seguro por Muerte Sobreseído de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado. Se trata de la reducción sustancial en los beneficios del seguro referido. En efecto, conforme a la determinación sobre el particular de la Junta de Directores de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado, los beneficios del seguro aludido se redujeron cerca de un cuarenta y ocho por ciento, casi la mitad de su valor.

Esta reducción sustancial de tan importante seguro, que afecta significativamente un vital derecho de tantas personas, debe ser objeto del más riguroso examen crítico. La determinación de la Comisionada de Seguros que ordena pagar los beneficios del seguro en cuestión —conforme a sus cantidades originales— debe mantenerse, salvo que existan poderosas razones que lo impidan. Por ello, es menester conocer el informe que aquí nos concierne. Es decir, es necesario conocer si del mismo surgen fundamentos imperiosos que justifiquen dejar sin efecto la determinación de la Comisionada de Seguros que ordena pagar los beneficios originales del seguro aludido.

Es por lo anterior que coincido con la mayoría del Tribunal en cuanto a que se produzca el informe del oficial examinador que presidió la vista sobre los beneficios del seguro. Pero debe quedar claro que en mi criterio lo verdaderamente importante en este caso no es si se cumplió o no un requisito de la L.P.A.U., sino si existen fundamentos sólidos para revocar la decisión crucial de la Comisionada de Seguros que avaló el foro apelativo. En el fondo de este caso está en riesgo un derecho esencial de los asegurados, que no debe limitarse salvo que existan razones legítimas que lo justifiquen. Este Foro no debe enfocarse en una cuestión procesal a costa del asunto mucho más importante —que es el derecho de los asegurados al pago debido— el cual la Comisionada de Seguros evidentemente ha procurado proteger vehementemente. Este Foro debería proceder de la misma manera.

       Ante unos hechos similares, donde la entidad adjudicativa se negó a proveer el informe del funcionario que presidió las vistas porque consideró que se trataba de un informe interno, el Tribunal Supremo de Estados Unidos calificó de anómala la práctica según la costumbre en el ámbito judicial y administrativo federal de descubrir los informes de los oficiales examinadores y de incluirlos en el expediente para beneficio de los foros apelativos. Ballard v. Commissioner, 544 U.S. 40 (2005).

       El Tribunal Supremo de Estados Unidos se expresó y sostuvo lo siguiente, a esos efectos, en Ballard v. Commissioner of Internal Revenue, supra, págs. 59-60:
      “The Tax Court’s practice of not disclosing the special trial judge’s original report, and of obscuring the Tax Court judge’s mode of reviewing that report, impedes fully informed appellate review of the TaxCourt’s decision.” (Énfasis suplido.)


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text:
    Santos A. Candelario Vargas, peticionario, v. Madeline Muñiz Díaz, recurrida.

      Número: CC-2006-214

      Resuelto: 7 de junio de 2007

      Félix L. Negrón Martínez, abogado de la parte peticionaria; Carlos J. Rivera Ruiz y Efraín Díaz Carrasquillo, abogados de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia medular que tenemos que atender en el presente caso gira en torno al alcance del derecho a hogar seguro; específicamente, si este derecho se puede reclamar sobre una propiedad privativa del padre de la menor para cuyo beneficio se ha solicitado.

I

La Sra. Madeline Muñiz Díaz y el Sr. Santos A. Candelario Vargas sostuvieron una relación consensual desde 1998 hasta el 2004, fruto de la cual nació una niña, la menor E.M.C.M., en el 2000. Durante su concubinato, las partes vivieron en una propiedad inmueble de dos niveles ubicada en Juana Díaz, Puerto Rico. Vigente la relación, el señor Candelario Vargas adquirió el referido inmueble mediante la compra de las particiones hereditarias de sus hermanos. Concluida la relación entre las partes, la señora Muñiz Díaz y la menor se instalaron en el segundo nivel del inmueble. La primera planta está alquilada a un tercero por el canon de $450, según ños informa el peticionario.

Así las cosas, el 10 de febrero de 2004 el señor Candelario instó una demanda de desahucio contra la señora Muñiz. En la demanda alegó que ésta se negaba a desalojar el inmueble objeto de esta controversia. Explicó que la propiedad era un bien privativo, por lo que su ex compañera no tenía ningún derecho a permanecer allí. Por su parte, la señora Muñiz presentó su contestación a la demanda, en la que reclamó el uso de la propiedad como ho-gar seguro de la menor y, en reconvención, solicitó la división de la comunidad de bienes.

Luego de varios trámites procesales, las partes estipularon que la demandada desistía de la reconvención sobre la comunidad de bienes que existió entre ellos. A cambio, el demandante le entregaría la cantidad de trescientos dólares por cualquier derecho que pudiese tener la demandada en la referida comunidad. Además, la demandada reconoció que el bien en controversia era privativo del demandante.

Luego de celebrar la vista en sus méritos, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en la cual declaró “con lugar” la demanda de desahucio y “sin lugar” la reconvención. Explicó que al ser privativo el bien, la demandada no tenía ningún derecho a reclamar hogar seguro. Como parte de sus conclusiones de hecho, determinó que el demandante pagaba la hipoteca del inmueble y, además, pagaba una pensión alimenticia de trescientos cincuenta dólares a favor de su hija. Determinó, además, que no existía ningún contrato de arrendamiento entre las partes y que la demandada no pagaba ninguna mensualidad en concepto de renta. El tribunal concluyó que la señora Muñiz recibía un sueldo neto de mil setenta y ocho dólares, que pagaba dos préstamos y que estaba acogida al capítulo trece de quiebra federal, por lo que pagaba doscientos cincuenta dórales mensuales.

Inconforme, la señora Muñiz acudió al Tribunal de Apelaciones para impugnar la determinación del Tribunal de Primera Instancia de no reconocer el derecho de hogar seguro sobre la propiedad privativa del padre de la menor. Mediante una sentencia emitida el 24 de enero de 2006, el foro apelativo intermedio revocó al foro primario y declaró como hogar seguro de la menor la residencia objeto del presente litigio. Explicó que aunque el inmueble en controversia fuera un bien privativo del padre, no se afectaba el derecho a hogar seguro de la niña. Sostuvo que éste no es un título adicional al de propiedad, por lo que no se afectaba el derecho de propiedad del demandante sobre el inmueble. Añadió que el derecho a hogar seguro de los menores emana de la obligación que tienen los padres de alimentar a sus hijos, obligación revestida del más alto interés público.

Tras una moción de reconsideración y su correspondiente réplica, el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia enmendada en la que reiteró su determinación original. En desacuerdo con dicha determinación, el señor Candelario acudió ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari en el que alegó, en lo pertinente, que había errado el foro apelativo al extender el derecho de hogar seguro a un bien de carácter privativo.

El 12 de mayo de 2006 expedimos el auto solicitado. Las partes han comparecido y contando con el beneficio de sus alegatos pasamos a resolver.

II

La figura del hogar seguro pasó a formar parte de nuestro ordenamiento legal, poco después del cambio de soberanía, mediante la aprobación de la Ley de 12 de marzo de 1903, conocida como la ley para definir el homestead (hogar seguro) y para exentarlo de una venta forzosa. Luego, dicha ley fue incorporada por la comisión codificadora al Código Civil como los Arts. 541-542 mediante una enmienda a la disposición final del Código Civil. Véase Ley Núm. 48 de 28 de abril de 1930. La ley de hogar seguro de 1903 proviene de la ley de hogar seguro de Illinois. L. Muñoz Morales, Apuntes sobre el derecho de homestead, IV (Núm. 3) Rev. Jur. U.P.R. 78, 88 (1935).

Posteriormente, la Ley Núm. 87 de 13 de mayo de 1936 (Ley Núm. 87 o Ley de Hogar Seguro) derogó la ley de 1903, aun cuando no hizo mención del Código Civil. La Ley Núm. 87 aparece codificada en el Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 1851-1857. Recientemente, las disposiciones sobre hogar seguro sufrieron enmiendas para aumentar la cuantía del hogar seguro. Ley Núm. 116 de 2 de mayo de 2003. Véase Rodríguez v. Pérez, 161 D.P.R. 637 (2004).

Este tipo de legislación se diseñó principalmente —tanto aquí como en Estados Unidos— para aislar el ho-gar familiar de los acreedores del deudor, así como para prohibir que su propietario lo enajenara sin el consentimiento de su cónyuge. G.L. Haskins, Homestead Exemptions, 63 (Núm. 8) Harv. L. Rev. 1288 (1950) (“[The] homestead laws, [were] designed to protect the family home from the reach of certain classes of creditors and to prevent alienation by the owner without the consent of his spouse”). Ello así aun en perjuicio de los reclamos válidos de un acreedor. Riggs v. Sterling, 27 N.W. 705, 708 (Mich. 1886). Véase, también, Morantz, There’s no Place Like Home: Homestead Exemption and Judicial Constructions of Family in Nineteenth Century America, 24 Law & Hist. Rev. 245 (2006). Sus orígenes se pueden rastrear a ciertos periodos de inestabilidad financiera durante el siglo XIX. Comentario, State Homestead Exemption Laws, 46 (Núm. 6) Yale L.J. 1023, 1031 (1937). Véase, también, Kleinert v. Lefkowitz, 259 N.W. 871, 872-873 (Mich. 1935). En tal sentido, el profesor Muñoz Morales nos indica que el homes tead es “una institución de origen Norte-Americano nacida con el propósito de estimular la adquisición y conservación de propiedad y evitar el completo desamparo de la familia”. Muñoz Morales, supra, pág. 78.

Para algunos, el propósito principal de estos estatutos era proveer seguridad y estabilidad a la familia del deudor, evitando que el hogar familiar pudiera ser ejecutado en cobro de una deuda. Wuicich v. Solomon-Wickersham Co., 157 P. 972, 973 (Ariz. 1916) (“Homestead statutes are enacted as a matter of public policy and in the interest of humanity. One of the objects is that everything shall not be taken from the family, and it left in a state of penury and pauperism, and its members perhaps a public charge”). Mientras, para otros el propósito principal era proteger al hombre terrateniente del infortunio económico en que podía sucumbir. Así, la jurisprudencia de esta época es un reflejo de las actitudes de la sociedad del siglo XIX sobre la tenencia de la tierra, los roles del hombre y la mujer en la familia, y los problemas de la dependencia económica. Véase Morantz, supra.

Con ello de trasfondo, abordemos el tema que nos ocupa.

III

Como indicamos, se cuestiona en este caso el derecho de la demandada a reclamar para su hija como hogar seguro el inmueble propiedad de su compañero consensual, con quien convivió poco más de cinco años y quien es el padre de la menor. Este inmueble fue donde el grupo familiar tuvo instalada su residencia conjunta, permanente y habitual, por lo que constituía el centro de la vida en común. Es decir, era su vivienda familiar habitual hasta que finalizó la relación afectiva de la pareja.

Como sabemos, la Ley Núm. 87, según enmendada, provee a todo jefe de familia el derecho a poseer y disfrutar de una finca, que le pertenezca o posea legalmente, en concepto de hogar seguro. Dicha finca estará exenta de venta por virtud de una sentencia o ejecución, a menos que se obtenga por ella una suma mayor de quince mil dólares. En caso de venta, la suma de quince mil dólares le corresponde al jefe de familia, una vez establezca su derecho a hogar seguro, y el exceso de dicha suma se pagará al acreedor. 31 L.P.R.A. sec. 1855.

La Sección 2 de la Ley de Hogar Seguro dispone, en lo pertinente, que el hogar seguro “y todo derecho o título sobre el mismo estará exento de embargo, sentencia, exacción o ejecución”. 31 L.P.R.A. sec. 1852. De otra parte, la sección siguiente establece que en caso de divorcio, “el tribunal que lo conceda deberá disponer del hogar seguro según la equidad del caso”. 31 L.P.R.A. sec. 1853.

Utilizando como norte el principio de equidad establecido en la Sección 3 antes transcrita, nuestras decisiones han adjudicado el derecho a hogar seguro sobre la vivienda conyugal al ex cónyuge que retenía la custodia de los hijos. Véanse: Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, 107 D.P.R. 655 (1978); Vega Acosta v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 408 (1963); Carrillo v. Santiago, 51 D.P.R. 545 (1937). No hay duda que el hilo conductor en estas decisiones fue la protección a la familia y los menores, impartiéndole al derecho de hogar seguro una interpretación liberal y expansiva. García v. Pérez, 46 D.P.R. 31 (1934). De esta forma nuestra jurisprudencia avaló la corriente doctrinal que preciaba la familia como el bien tutelado en las leyes referentes al ho-gar seguro. En Federal Land Bank v. Corte Mpal., 47 D.P.R. 942, 945 (1935), indicamos sin ambages que “la base fundamental del [derecho a hogar seguro] es la protección de la familia ...”.

Lo cierto es que la vivienda familiar es un patrimonio que, prescindiendo de su titular, se encuentra al servicio de la familia como colectivo. En tal rigor, la vivienda familiar es “como una especie de propiedad familiar que trasciende a los propios cónyuges”. A. Juanes Peces y J.R. Galván Arias, La naturaleza jurídica de la atribución de la vivienda familiar en los casos de crisis matrimonial, 1994-3 Rev. Jur. Esp. La Ley 969, 970 (1994). En otras palabras, es un bien de goce colectivo, al servicio de la familia, independientemente del origen o titularidad del inmueble. De ahí que la figura de hogar seguro, al garantizar la adscripción del inmueble/residencia habitual al padre custodio, lo hace en función del beneficio que representa para la familia. Esto es consecuencia obligada del principio ampliamente recogido en nuestro Derecho positivo y en nuestra jurisprudencia de proteger los mejores intereses de los hijos.

Acorde con lo anterior, en Carrillo v. Santiago, supra, concluimos que en caso de divorcio, el padre que retiene la custodia de los hijos conserva la característica de jefe de familia, por lo que le cobija el derecho a hogar seguro contenido en la Ley de 12 de mayo de 1903. Resolvimos que, en esos casos, el jefe de familia retendrá el derecho a hogar seguro sobre la propiedad que constituya la vivienda familiar, sin perjuicio de que el otro ex cónyuge pueda reclamar la mitad de dicha propiedad cuando por cualquier causa cese el referido derecho. De esta forma salvaguardamos el bienestar de los menores sin afectar el interés propietario de los ex cónyuges. Véase, además, López Rudón v. López, 48 D.P.R. 324 (1935).

Por otro lado, en Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, supra, págs. 660-661, señalamos la pauta a seguir al momento de adjudicar el hogar seguro, cuando indicamos:

La preservación del hogar seguro familiar para beneficio del grupo formado por madre e hijos tiene primacía sobre el derecho de propiedad del cónyuge en los activos de la disuelta sociedad conyugal. Su reclamación de gananciales en la vivienda que aloja a esta familia quedará paralizada por el tiempo que subsistan las circunstancias que le dan calidad de hogar seguro y mientras la recta razón de equidad ampare el derecho de sus ocupantes. Hemos reconocido que el derecho de dominio no es atribución absoluta de su titular y que está supeditado a intereses sociales de orden superior, significativamente la protección de la vivienda.

Añadimos que el límite monetario señalado en la legislación sobre hogar seguro no restringe el valor del hogar que en caso de divorcio se conceda a uno de los cónyuges, pues constituye una autorización del tribunal para el uso del inmueble en satisfacción de una legítima necesidad de la familia.

Como es de ver, nuestra jurisprudencia sobre este tema revela una tendencia marcada a proteger la vivienda familiar, evitando su desmembramiento y conservando su uso, atribuyéndosela a la parte que tenga la custodia de los hijos como medida de carácter proteccionista. Se desprende de nuestras expresiones que el bienestar de los hijos es un interés de mayor jerarquía que cualquier interés propietario que puedan tener los padres. Hemos reconocido también que como el derecho a hogar seguro se configura como una limitación al ejercicio del derecho que pueda tener uno de los padres sobre la vivienda familiar, cuando las circunstancias que motivaron la atribución original cesan, la atribución del uso puede cesar. Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, supra. Véase M.D. Cervilla Garzón, La atribución del uso de la vivienda familiar al cónyuge no titular, Madrid, Ed. Marcial Pons, 2005.

En 1997, la Asamblea Legislativa recogió en legislación la norma que establecimos en Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, supra, así como los principios antes enunciados. Véase Ley Núm. 184 de 22 de diciembre de 1997. Dicha ley enmendó el Código Civil para añadir el Artículo 109-A, 31 L.P.R.A. sec. 385a, el cual dispone lo siguiente:

El cónyuge a quien por razón del divorcio se le concede la custodia de los hijos del matrimonio, que sean menores de edad, que estén incapacitados mental o físicamente sean estos mayores o menores de edad o que sean dependientes por razón de estudios, hasta [los] veinticinco (25) años de edad, tendrá derecho a reclamar como hogar seguro la vivienda que constituyó el hogar del matrimonio y que pertenece a la sociedad de gananciales, mientras dure la minoría de edad, la preparación académica o la incapacidad de los hijos que quedaron bajo su custodia por razón de divorcio.
La propiedad ganancial que constituye el hogar seguro no estará sujeta a división mientras dure cualesquiera de las condiciones en virtud de las cuales se concedió. Disponiéndose, que el derecho de hogar seguro podrá reclamarse desde que se necesitare, pudiendo ser reclamado en la demanda de divorcio, durante el proceso, o luego de decretarse el mismo. Una vez reclamado, el juzgador determinará lo que en justicia procede de acuerdo con las circunstancias particulares de cada situación.
El cónyuge que reclama el derecho a hogar seguro podrá retener todos aquellos bienes de uso ordinario en la vivienda.
Cuando se reclame el derecho de hogar seguro luego de decretado el divorcio, el mismo podrá ser concedido por el tribunal que conoció del divorcio. (Enfasis nuestro.)

El propósito principal de esta legislación, según se desprende de su historial legislativo, fue, precisamente, “hace[rle] justicia a la institución de la familia”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 184 de 26 de diciembre de 1997, (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 918. Véase, además, Rodríguez v. Pérez, supra. Se trata de salvaguardar el bienestar de los hijos cuando por la separación de sus padres se encuentran en una situación de inestabilidad respecto a su vivienda. Véanse: XLVIII (Núm. 25) Diario de Sesiones (Senado), 6 de noviembre de 1997, pág. 6854; Comunicación de la Oficina de Asuntos de la Juventud, Oficina del Gobernador, sobre el P. del S. 194,14 de marzo de 1997. No hay por qué disgregar a los hijos del entorno que han conocido desde siempre. El interés propietario del padre tiene que tomar un segundo plano frente a lo que es el mejor bienestar de sus hijos. De ahí que el artículo aprobado no incluya límites de valor monetario al derecho de hogar seguro.

En Rodríguez v. Pérez, supra, nos enfrentamos a una controversia donde se cuestionaba si el hecho de que el Artículo 109-A del Código Civil, supra, hablara de la “propiedad ganancial que constituye el hogar seguro”, impedía que se reclamase como tal una propiedad que pertenecía en comunidad de bienes a los padres de la menor, habida cuenta que habían adquirido dicha propiedad antes de contraer matrimonio. Contestamos la interrogante en la negativa. Indicamos que independientemente del texto del Artículo 109-A, existía en nuestro ordenamiento amplia jurisprudencia bajo la Ley de Hogar Seguro y su mandato de equidad que no podíamos soslayar, y cuya vitalidad permanecía incólume, independientemente de la aprobación del Artículo 109-A. Indicamos, entonces, que

[n]o hay duda que las razones en equidad y de política pública que este Tribunal ha desarrollado sobre el tema del hogar seguro continúan vigentes y pueden, por lo tanto, aplicarse al caso de autos. Rodríguez v. Pérez, supra, pág. 654.

Tomando en cuenta la equidad y la política pública que procura el beneficio del menor, el favor filii, concluimos que el derecho a hogar seguro se extiende a la vivienda familiar aun cuando la misma no constituya un bien de carácter ganancial, sino un bien común entre ex cónyuges. En atención a la primacía de estos valores, nos negamos a aplicar mecánicamente el lenguaje expreso del Art. 109-A. Adviértase que el propio texto del Art. 109-A del Código Civil, supra, luego de establecer cómo se dis-pone del hogar seguro, le ordena al juzgador que “determin[e] lo que en justicia procedía] de acuerdo con las circunstancias particulares de cada situación”. 31 L.P.R.A. sec. 385a. Con este enunciado, el legislador autorizó al juzgador a atemperar el rigor de lo estatuido cuando la justicia así lo requiera. Rodríguez v. Pérez, supra.

Hoy nos corresponde continuar nuestra construcción dogmática sobre esta materia. Debemos atender en esta ocasión la controversia de si el derecho a hogar seguro se extiende también a la vivienda familiar habitual cuando ésta constituye un bien privativo del padre no custodio. Conforme nuestra trayectoria doctrinal y el claro mandato del propio Artículo 109-A de procurar siempre la solución justa, la respuesta a la interrogante planteada tiene que ser en la afirmativa. Son varias las razones que nos llevan a concluir así. Comenzamos señalando que al plantearnos esta controversia lo hacemos conscientes de “que los estatutos referentes a hogar seguro deben ser interpretados con toda la posible liberalidad para darle efecto al propósito de la ley ...”. García v. Pérez, supra, pág. 41.

Como primer criterio decisorio, opinamos que las mismas consideraciones de equidad y política pública que han permeado por décadas nuestra jurisprudencia sobre el derecho a reclamar el hogar seguro aplican con igual rigor en este caso. Estas consideraciones las resumimos en Rodríguez v. Pérez, supra, pág. 660, de la manera siguiente:

... [N]o existe argumento jurídico válido alguno que nos persuada a no reconocer el derecho a hogar seguro en el caso ante nuestra consideración. Al contrario, la equidad que gobierna el presente caso haya amplia base en nuestro ordenamiento para reconocer la propiedad aquí en controversia como hogar seguro de esta jefe de familia. El hecho de que ... el reconocimiento del hogar seguro no afecta la titularidad; que la propiedad se utilizó como el hogar conyugal; que es la única propiedad que la menor ha conocido, y que el derecho a dominio está supeditado a los intereses sociales de proteger a los menores, a la familia y al hogar donde éstos residen.

Tomamos en consideración, también, que en este caso la vivienda reclamada como hogar seguro había sido la vivienda familiar de las partes por un periodo de tiempo considerable.

Adviértase, además, que estamos frente a un derecho estrictamente de naturaleza familiar con lo cual, al atribuir la vivienda familiar al padre custodio no titular del inmueble en beneficio de su hija, buscamos “el mantenimiento de las mismas condiciones familiares existentes antes de la ruptura ... [lo que] constituye una forma de contribución a las cargas generadas con la separación o el divorcio que hay que afrontar ...”. E. Roca Trías, De los efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio, en Comentarios a las reformas del derecho de familia, Madrid, Ed. Tecnos, 1984, Vol. I, págs. 606-608. El derecho a hogar seguro tiene, por lo tanto, una íntima conexión con el derecho de alimento de los padres a los hijos. Cervilla Garzón, op. cit., pág. 163. Pues, como sabemos, corresponde a los padres el deber de alimentar a los hijos y entre los alimentos debe comprenderse la habitación. 31 L.P.R.A. sec. 561. La profesora Roca Trías señala certeramente lo siguiente:

Por lo tanto creo que es lo mismo contribuir al pago de los gastos que ocasione el alquiler o compra de una nueva vivienda que atribuir a los hijos y al cónyuge a cuyo cuidado queden el uso de la vivienda conyugal. Roca Trías, op. cit, pág. 608. Véanse: Artículos 143 y 153 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 562 y 601.

Es procedente reconocer que la concesión de la vivienda familiar a los hijos menores enraíza con la obligación de alimentos del padre para con sus hijos. Esta obligación tiene como “fundamento medular ... la relación paterno-filial”, es decir, garantizar las necesidades básicas de la vida de quien no puede cubrirlas por sí mismo. Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62, 70 (2001). Como bien expresáramos en Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, supra, págs. 661-662, al reconocer el derecho a hogar seguro frente a una reclamación de división de bienes gananciales, “queda vindicada la fundamental obligación legal y moral del padre ...de proveer albergue a su familia inmediata”. No hay duda, entonces, tal y como señala la profesora Roca Trías, que con la atribución de la vivienda familiar al padre custodio no titular del inmueble, lo que hacemos es reconocer una forma de contribución a la obligación de satisfacer alimentos que como resultado de la separación de la pareja le corresponde al padre alimentista.

Recordemos también lo que ya hemos resuelto, que

... [E]l deber de alimentar, educar y criar a los hijos menores es como resultado de ser padre o madre, y existe con todos los efectos patrimoniales, jurídicos y morales desde el momento en que nace el hijo, irrespectivamente de las circunstancias de su nacimiento. Chévere v. Levis, 150 D.P.R. 525, 539 (2000).

Por lo tanto, el hecho de que haya o no existido un matrimonio entre los padres de la menor es irrelevante al momento de determinar el alcance de la obligación que tendrá el padre alimentista de alimentar a su prole y el derecho del padre no custodio de reclamar a favor de su hija la vivienda familiar como hogar seguro.

En conclusión, el derecho a hogar seguro reconocido en el Artículo 109-A del Código Civil de Puerto Rico no depende del interés propietario que pueda tener sobre el bien el jefe de familia, pues ese es un mecanismo para proteger a la unidad familiar y lo que ha sido el centro de la vida en común. Además, ¿cómo mejor aplicar el mandato de justicia provisto en el artículo, que evitando que la menor sea desarraigada de su entorno y del único hogar que ha conocido en su corta vida?

Adviértase, además, que en este caso las partes poseyeron en forma compartida la vivienda familiar por varios años y ahora se pasa a una posesión exclusiva sobre la ésta. Esto sucede, evidentemente, porque las necesidades familiares ameritan una protección prioritaria frente a las titularidades protegidas por el derecho de propiedad. Es importante reiterar aquí que “al adjudicar controversias relacionadas con menores, los tribunales deben guiarse por el principio de asegurar el bienestar y los mejores intereses de éstos. [L]os derechos de los padres pueden limitarse en aras de proteger un interés apremiante del Estado, como lo es bienestar de los menores”. Rexach v. Ramírez, 162 D.P.R. 130, 147-148 (2004). Véanse: Ferrer v. González, 161 D.P.R. 172 (2004); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61, 71-72 (1987). Una vez atribuida la vivienda familiar al padre custodio en favor de los hijos en común, la atribución se convierte en una forma de contribuir a las cargas de manutención de esos menores y como tal se debe tratar.

Pasemos entonces a aplicar lo aquí discutido a los hechos particulares traídos ante nuestra atención.

IV

En el caso de autos, la señora Muñoz reclamó a favor de su hija menor el derecho de ésta a valerse de lo que ha sido la residencia habitual familiar por varios años como hogar seguro, aun cuando esta propiedad constituya un bien privativo de su padre. Por los fundamentos discutidos anteriormente, concluimos que le asiste la razón.

Como indicamos y recalcamos otra vez, el deber que tienen los padres de alimentar a sus hijos incluye el deber de proveerles para su habitación, por lo que el hogar seguro se configura precisamente como una forma de contribución a esa carga. El interés propietario que puedan tener los padres sobre la vivienda familiar habitual que se reclama como hogar seguro no es un factor determinante al momento de decidir si procede o no una petición de hogar seguro. Como tampoco es relevante el hecho de que haya o no existido un matrimonio entre los padres de la menor para determinar si a la menor le cobija este derecho, pues como ya hemos señalado, la obligación de alimentar a los hijos no está supeditada a la preexistencia de una relación matrimonial. La finalidad de la norma que anunciamos es atender las necesidades prioritarias del menor como lo es la habitación, así como la necesidad sentimental de continuar ocupando la vivienda familiar, lo que conlleva continuar residiendo en lo que ha sido el entorno social y afectivo de la menor (colegio, amigos, vecinos).

Sin embargo, el reconocimiento del derecho a ho-gar seguro no es automático; se basa en los preceptos de equidad vislumbrados según las circunstancias de cada caso y debe satisfacer una necesidad legítima. Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, supra, pág. 661. Hemos indicado con atino que el derecho a hogar seguro “no afecta la titularidad ni es un título adicional de propiedad”, ya que lo que cambia es el uso de la propiedad y no su título. Rodríguez v. Pérez, supra, pág. 655. Véase Vega Acosta v. Tribunal Superior, supra, pág. 412.

Lo cierto es que el padre titular sufre, en efecto, una limitación de derecho temporal cuyo propósito es, por supuesto, proteger la continuidad de la convivencia familiar en beneficio de sus hijos. Ahora bien, ese uso de la vivienda tiene, evidentemente, un valor susceptible de cuantificación económica y viene a integrar, en cierto modo, una prestación in natura, lo que a nuestro juicio exige que sea tenida en cuenta para calcular el importe de las cargas que pesan sobre el padre alimentista.

En vista de lo anterior, se modifica la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al foro primario para que evalúe, según lo aquí resuelto, si se debe modificar la pensión que en concepto de alimentos se le fijó al padre no custodio, en atención a que según los hechos de este caso, procede la atribución de la vivienda familiar a la menor representada por la madre custodia. Así modificada se confirma la determinación del foro apelativo intermedio.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Alegó, además, que erró el Tribunal de Primera Instancia al celebrar la vista en su fondo a pesar que la demandada no tuvo la oportunidad de cotejar la deposición que le fuese tomada, como lo dispone la Regla 27.7 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

       Cuando la doctrina española analiza el contenido y alcance de los Arts. 96 y 1320 del Código Civil español, discute ampliamente sobre la naturaleza jurídica del derecho que se le reconoce a quien se le atribuye la vivienda familiar. Un breve repaso de esa discusión doctrinal evidencia la falta de unanimidad de criterio sobre el particular. Rams Albesa sugiere que en estos supuestos se configura un derecho real de uso. J. Rams Albesa y R. Moreno Flórez, Comentarios al Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, T. II, Vol. 1, 2000, págs. 1015-1016. Roca Trías habla de la posesión compartida que pasa a ser exclusiva, sin que exista creación ninguna de derecho real o de crédito. E. Roca Trías, en la obra colectiva Comentarios a la reforma del derecho de familia, Madrid, Ed. Tecnos, 1984, Vol. I, págs. 606-608. O’Callaghan sugiere que el beneficiado con la atribución se le constituye un derecho de ocupación con un poder inmediato y absoluto sobre la cosa. X. O’Callaghan Muñoz, El derecho de ocupación de la vivienda familiar en las crisis matrimoniales, AC, Núm. 19/86, pág. 1329. Méndez Pérez considera que lo que se constituye es un derecho real de habitación. J. Méndez Pérez, La atribución judicial de la vivienda a uno de los cónyuges en los procesos de nulidad, separación o divorcio, 1987 Rev. Gen. Der. 6287. Para García Mouriño y Del Carpió Fiestas, este derecho es de naturaleza exclusivamente personal. García y Del Carpió Fiestas, Atribución del uso de vivienda familiar y actio communi dividundo, AC 19941, 75 y ss. O, como reconoce sabiamente la profesora Cervilla Garzón, en La atribución del uso de la vivienda familiar al cónyuge no titular, Madrid, Ed. Marcial Pons, 2005, pág. 42, dada la naturaleza híbrida o sui generis, “participan de rasgos pertenecientes a uno y otro tipo, lo que le impiden ser definidos de una forma con exclusión de la otra”.

       En Irizarry v. García, 58 D.P.R. 280 (1941), resolvimos que el padre custodio de los hijos podía reclamar del derecho a hogar seguro, aun cuando la propiedad estuviera a nombre de los hijos.

       Por contra, en Quiñones v. Reyes, 72 D.P.R. 304, 308 (1951), resolvimos que cuando la propiedad constituye un bien privativo de uno de los ex cónyuges, el otro, aunque retenga la custodia de los hijos, no tiene derecho a reclamar hogar seguro. Esta limitada interpretación del derecho a hogar seguro es incompatible con lo que aquí resolvemos, con lo cual lo allí dispuesto ha perdido eficacia y queda revocado por la decisión que hoy anunciamos.

       Véase M.D. Cervilla Garzón, La atribución del uso de la vivienda familiar al cónyuge no titular, Madrid, Marcial Pons, 2005, págs. 161-170.


text:
    Samuel Berríos Román, recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, peticionario.

      Número: CC-2005-734

      Resuelto: 7 de junio de 2007

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Rosa Elena Pérez Agosto, procuradora general auxiliar, Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, abogados del Estado Libre Asociado.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

Tenemos la ocasión de interpretar la extensión del requisito de la notificación al Estado, como condición previa a la presentación de una demanda por daños, en la que se reclama la responsabilidad del soberano por su culpa o negligencia. Específicamente, debemos examinar el alcance de la “justa causa” que exime al reclamante de cumplir con el requisito de la notificación al Estado, según la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 (Ley Núm. 104), según enmendada, 32 L.P.R.A. see. 3077 et seq.

I

El 27 de agosto de 2003, el Sr. Samuel Berríos Román (señor Berríos) presentó una demanda por daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado, la Autoridad de Carreteras, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y sus respectivas compañías aseguradoras. En su demanda, alegó que el 13 de octubre de 2002, mientras transitaba en su motora por la Carretera Núm. 30 Km 6.8, ubicada en el Municipio de Gurabo, sufrió un accidente que le causó varias lesiones corporales. Adujo que perdió el control de su motora y cayó al suelo por causa de las pésimas condiciones de la carretera, la cual se alegó que tenía varios huecos y el asfalto desprendido. Además, indicó que “por justa causa no se le notificó al Gobierno dentro del término de 90 días, ya que ... desconocía el procedimiento a seguir antes de radicar [sic] la demanda”. Véase el Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 40.

El 3 de septiembre de 2003 se diligenció el emplazamiento a nombre del Estado Libre Asociado. El 13 de mayo de 2003, por conducto de la representación legal del Departamento de Justicia, el Estado Libre Asociado presentó una moción de desestimación. En ésta alegó que procedía desestimar la demanda presentada por el señor Berríos, debido a que éste había incumplido con el requisito de remitirle una notificación escrita al Secretario de Justicia, según requiere el Art. 2A de la Ley Núm. 104 (32 L.P.R.A. sec. 3077a). Indicó que, a pesar de que los hechos ocurrieron el 13 de octubre de 2002 y que desde esa fecha el señor Berríos advino en conocimiento de los daños sufridos, éste no notificó al Secretario de Justicia los detalles del accidente ni presentó su demanda por daños dentro del término de noventa días, dispuesto en la Ley Núm. 104.

Por su parte, el señor Berríos alegó en su réplica a la solicitud de desestimación que no procedía desestimar su demanda, porque el Estado tenía constancia efectiva de la identidad de los testigos y no existía riesgo de pérdida de la evidencia objetiva. Véase el Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 11-13. Con el beneficio de los argumentos de las partes, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia el 27 de diciembre de 2004 y desestimó la demanda del señor Berríos por falta de la notificación al Estado.

Oportunamente, el señor Berríos presentó una moción de reconsideración, en la que alegó que no notificó oportunamente al Estado, porque luego del accidente estuvo hospitalizado, se sometió a dos cirugías y estuvo enyesado. Según indicó en su moción de reconsideración, esta condición de salud le impidió realizar gestiones oficiales de clase alguna durante los tres meses posteriores al accidente. Además, expuso que no había peligro de desaparición de evidencia debido a que los únicos testigos eran los miembros de la Policía que intervinieron en el accidente, el personal que le prestó los primeros auxilios y los propios médicos del Estado. Empero, el foro primario denegó la moción.

Insatisfecho, el señor Berríos acudió al Tribunal de Apelaciones. En síntesis, alegó que erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la demanda, pues de los hechos del caso surgía que el Estado fue el primero en en conocer los daños sufridos por el señor Berríos. Además, indicó que no existía riesgo de pérdida de la evidencia. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia del foro primario. Entendió que el Estado Libre Asociado no se encontraba en estado de indefensión o desventaja indebida en la preparación de su defensa debido a que la información pertinente al pleito estaba en manos de sus empleados u oficiales y no existía riesgo de que desapareciera.

Oportunamente, el Procurador General acudió ante nosotros mediante una petición de certiorari. Expedimos el auto el 18 de noviembre de 2005 y le concedimos el término a las partes para presentar sus alegatos. El Procurador General presentó su alegato el 24 de mayo de 2006. Luego de concederle un término final a la parte recurrida para presentar el suyo, procedemos a resolver la controversia ante nuestra consideración sin el beneficio de su comparecencia.

II

En su recurso de certiorari, el Procurador General presentó dos señalamientos de error. En esencia, adujo que erró el Tribunal de Apelaciones al eximir al señor Berríos de demostrar que tuvo justa causa para incumplir con el requisito de notificación al Estado y al concluir que éste podía incumplir con el requisito de notificación, debido a que la prueba pertinente en este caso consta en expedientes públicos y es de fácil corroboración para el Estado.

En primer término, el Procurador General alega que el señor Berrios nunca estableció la existencia de justa causa para incumplir con el requisito de notificación. Indica que, aun si aceptáramos que el señor Berrios tuvo justa causa para no notificar al Estado durante los tres meses posteriores al accidente por razón de su incapacidad, éste no demostró justa causa para no haber enviado la notificación entre enero de 2003, luego de que alegadamente cesó su incapacidad, y el 3 de septiembre de 2003, fecha cuando emplazó al Estado.

En segundo término, el Procurador General aduce que en ausencia de justa causa para no haber notificado al Estado la ocurrencia del accidente, no procede eximir al señor Berrios de cumplir con el requisito de notificación por el fundamento de que la prueba está en manos del Estado y es de fácil corroboración. Sobre esto, indica que los informes médicos del señor Berrios y el informe policial preparado no son las únicas piezas de evidencia necesarias para preparar la defensa del Estado y que era necesario realizar una inspección de las alegadas condiciones peligrosas de la carretera en la que el señor Berrios aduce que ocurrieron los hechos.

III

La doctrina de inmunidad soberana impide que se presenten reclamaciones judiciales contra el Estado a me-nos que éste consienta en ser demandado. Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, 134 D.P.R. 28, 40 (1993).

En 1913, la decisión del Tribunal Supremo federal en Porto Rico v. Rosaly, 227 U.S. 270 (1913), asentó la doctrina de inmunidad soberana en nuestro ordenamiento. El reconocimiento de esa inmunidad del Estado Libre Asociado propició que nuestra Asamblea Legislativa aprobara una serie de estatutos que, a través de los años, han autorizado cierto tipo de demandas contra el Estado. En 1916, nuestra Asamblea Legislativa autorizó demandas contra el Estado en acciones de reivindicación de bienes muebles o inmuebles y en acciones para reclamar daños y perjuicios contractuales. 1976 Leyes de Puerto Rico 155, 156-157. Véase, además, Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, supra, pág. 47. Luego, la Ley Núm. 11 de 18 de abril de 1928, enmendó la Ley Núm. 76 y permitió demandas contra el Estado por daños y perjuicios. 1928 Leyes de Puerto Rico 131, 133.

El desarrollo estatutario de la doctrina de inmunidad soberana en Puerto Rico continuó en 1955 con la aprobación de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104. Mediante dicho estatuto, el Estado consintió en ser demandado en daños y perjuicios por actuaciones y omisiones culposas o negligentes de sus funcionarios, empleados o agentes, en el desempeño de sus funciones. Art. 6 de la Ley Núm. 104 (32 L.P.R.A. sec. 3081).

Al aprobar la Ley Núm. 104, nuestra Asamblea Legislativa ejerció su prerrogativa de imponer las condiciones según las cuales el Estado renunciaría parcialmente a su inmunidad soberana. Véase Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, supra, págs. 57-59. De esta forma, la renuncia parcial a la inmunidad soberana del Estado Libre Asociado vino acompañada de limitaciones y salvaguardas procesales que rigen la forma como un perjudicado podrá reclamar indemnización del soberano.

Por ejemplo, en su Art. 6, la Ley Núm. 104 excluyó de su ámbito de aplicación las actuaciones intencionales o constitutivas de delito realizadas por funcionarios del Estado y las actuaciones discrecionales de éstos en el desempeño de sus deberes. 32 L.P.R.A. see. 3081. Otra cortapisa estatutaria a la facultad de demandar al Estado es el límite a la cuantía que todo reclamante puede obtener al demandar al soberano.

Al amparo de su poder para reglamentar la forma como un perjudicado puede demandar al Estado, nuestra Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 121 de 2 de junio de 1966 (1966 Leyes de Puerto Rico 396-397). Dicho estatuto enmendó la Ley Núm. 104 y añadió el requisito de notificación al Secretario de Justicia como condición previa de cumplimiento estricto para presentar una demanda contra el Estado. En virtud de dicha enmienda, desde 1966, el Artículo 2A de la Ley Núm. 104, supra, dispone que toda persona que tenga una reclamación contra el Estado Libre Asociado por los daños causados por su culpa o negligencia, deberá presentar al Secretario de Justicia una notificación escrita dentro de los noventa días siguientes a la fecha cuando tuvo conocimiento de los daños reclamados. En esa notificación, el reclamante debe hacer constar “la fecha, sitio, causa y naturaleza del daño sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos, y la dirección del reclamante, así como el sitio donde recibió tratamiento médico en primera instancia”. 32 L.P.R.A. sec. 3077a.

Según se desprende del contenido del P. de la C. 492, el cual le dio vida al requisito de notificación, la preocupación del legislador al añadir esta nueva exigencia procesal fue la siguiente:

... En muchos casos y por diversas razones, las acciones se radican cuando ya está para finalizar el término y ocurre que el Estado, por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los alegados daños, se encuentra con problemas de falta de información o información deficiente en cuanto a los hechos, y a[u]n con la circunstancia de la reorganización de una agencia o dependencia como resultado de lo cual se han extraviado los récords [sic] que hacen referencia al accidente u origen de los daños, así como con el movimiento de testigos presenciales, cuyo paradero se ignora al momento en que se notifica de la acción, todo ello en perjuicio de la oportunidad amplia que debe tener el Estado para hacer las alegaciones correspondientes y establecer las defensas en estos casos. 20 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Cámara), R de la C. 492, Sesión Ordinaria, 5ta Asamblea Legislativa, 18 de abril de 1966, T. 2 pág. 845.

Además, las discusiones de dicho proyecto en la Cámara de Representantes reflejan que el propósito de su aprobación fue requerir la notificación al Estado como condición para instar una demanda en daños y perjuicios al amparo de la Ley Núm. 104. A estos efectos, el señor Torres Gómez aclaró:

... Si se trata de una persona mayor de edad que puede reclamar por sí, por un alegado daño... contra el Estado, si esa persona teniendo conocimiento del accidente, no notifica al Secretario de Justicia bajo los requisitos de la notificación que se determinan dentro de los 90 días, pierde su derecho a demandar dentro del año. Es decir, que la acción ahí está limitada. (Enfasis nuestro.) P. de la C. 492, supra, pág. 846.

Conforme se deduce del historial legislativo de la Ley Núm. 121, el requisito de notificación opera como una limitación al derecho a demandar por daños y perjuicios al Estado por las actuaciones u omisiones culposas o negligentes de sus agentes, funcionarios o empleados. No obstante, en determinadas circunstancias, la Ley Núm. 104 extiende el período estatutario para notificar al Estado y exime al reclamante de cumplir con dicho requisito si demuestra la existencia de justa causa.

A estos efectos, el Artículo 2A de la Ley Núm. 104, supra, dispone que “si el reclamante estuviere mental o físicamente imposibilitado para hacer dicha notificación dentro del término prescrito ... {estará] obligado a ... notificar... dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que cese la incapacidad”. (Énfasis nuestro.) Por otro lado, la Ley Núm. 104 permite eximir al reclamante de cumplir con el requisito de notificación si hubo justa causa para el incumplimiento. Sobre esto, el Artículo 2A de la Ley Núm. 104, supra, dispone que “{ri\o podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por daños causados por la culpa o negligencia de aquél, si no se hubiese efectuado la notificación escrita dentro de los términos provistos en esta sección {artículo 2A de la Ley], a menos que no haya mediado justa causa para ello”. (Énfasis nuestro.)

Con esta normativa en mente, procedemos a examinar el tratamiento jurisprudencial que le hemos dado al requisito de notificación.

IV

“La norma general es que el requisito de notificación debe ser aplicado, de manera rigurosa, en acciones contra el Estado o los municipios por daños ocasionados por su culpa o negligencia de éstos.” (Énfasis en el original.) Acevedo v. Mun. de Aguadilla, 153 D.P.R. 788, 798 (2001). Sobre la importancia del requisito de notificación hemos señalado que éste “es una parte esencial de la causa de acción y, a menos que se cumpla con la misma, no existe derecho a demandar”. (Cita omitida.) Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491, 495 (1963); López v. Autoridad de Carreteras, 133 D.P.R. 243, 250 (1993). Su propósito es “poner sobre aviso al Gobierno de que ha surgido una probable causa de acción por daños en su contra de modo que pueda activar sus recursos de investigación prontamente”. Rivera de Vincenti v. E.L.A., 108 D.P.R. 64, 69 (1978). Véase Romero Arroyo v. E.L.A., 127 D.P.R. 724, 734 (1991).

Al analizar la naturaleza del requisito de notificación al Estado, hemos expresado que se trata de una exigencia de cumplimiento estricto que no alcanza el carácter de condición jurisdiccional. Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357, 359 (1977); Figueroa v. E.L.A., 113 D.P.R. 327, 331 (1982); Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, 151 D.P.R. 853 (2000). En atención a esto, y conscientes de que en determinados casos la notificación incumple con el propósito de proteger los intereses del Estado, “hemos excusado su cumplimiento en circunstancias especiales en las cuales resultaría una grave injusticia privar a un reclamante de una legítima causa de acción”. Rodríguez Sosa v. Cervecería India, 106 D.P.R. 479, 485 (1977). Véanse, e.g.: Romero Arroyo v. E.L.A., supra; Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, 96 D.P.R. 175 (1968); García v. Northern Assurance Co., 92 D.P.R. 245 (1965). Esto, sin embargo, no ha tenido el efecto de derogar dicho requisito estatutario, acción que le compete a nuestra Asamblea Legislativa. Loperena Irizarry v. E.L.A., supra, pág. 360.

En aras de hacer justicia y de imprimirle vitalidad al propósito rector de nuestra Asamblea Legislativa, al adoptar el requisito de notificación, nos hemos negado a aplicarlo de forma inexorable. Conforme a esto, hemos adoptado una trayectoria liberalizadora con el fin de “no extender... sin sentido crítico el requisito de notificación”, a situaciones en las que sus objetivos carecen de virtualidad y podrían conllevar una injusticia. Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 D.P.R. 618, 629 (1985).

Así, por ejemplo, en el contexto de una reclamación de impericia médica por daños alegadamente sufridos en un hospital administrado por el Estado, resolvimos que la notificación era innecesaria puesto que el riesgo de desaparición de la prueba objetiva era mínimo, había constancia de la identidad de los testigos y el Estado podía fácilmente corroborar e investigar los hechos. Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811, 815 (1983).

Siguiendo esta tendencia liberalizadora, en Passalacqua v. Mun. de San Juan, supra, eximimos al reclamante de cumplir con el requisito de notificación, cuando éste demandó y emplazó al municipio dentro del término de noventa días. Del mismo modo, concluimos en Rivera de Vincenti v. E.L.A., supra, que no procedía desestimar una acción de subrogación instada por el Fondo de Seguro del Estado para recobrar los gastos en que se incurrió en el tratamiento del obrero fundamentado en que no se notificó al Estado dentro del término dispuesto en la Ley Núm. 104. En Rivera Vincenti, la Administradora del Fondo presentó la acción contra el Estado luego de que advino final y firme su decisión, pero ocho años después de que el obrero sufrió el accidente. Examinadas las circunstancias particulares del caso, concluimos que existía justo causa para eximir al Fondo de cumplir con el requisito de notificación. En esa ocasión, expresamos:

... En todo caso en que la tardanza en exceso de 90 días de ocurrido el accidente, no imputable al demandante en daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado, torne inútil e inoperante la notificación previa ... tal notificación no será requerida, y el demandante será relevado de su observancia por justa causa. (Enfasis nuestro.) Rivera Vincenti, pág. 69.

Por otra parte, hemos excusado el cumplimiento con el requisito de notificación cuando se demanda en daños al funcionario a quien se le debe dirigir dicha notificación. Véanse: Romero Arroyo v. E.L.A., supra; Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, supra; Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra. En esas circunstancias expresamos que no se justifica exigir el requisito de notificación, pues el funcionario a quien se le dirige tenía conocimiento personal de los hechos.

Se desprende de estos pronunciamientos que sólo hemos excusado el fiel cumplimiento del requisito de notificación cuando se configura el elemento atemperante de la justa causa que, según dispone la Ley Núm. 104, libera al reclamante de notificar al Estado. Sin embargo, “la existencia de justa causa no tiene el alcance de una liberación absoluta de los términos expresos del estatuto. Sólo tiene el efecto momentáneo de eximir de su cumplimiento mientras ella subsista”. Rodríguez Sosa v. Cervecería India, supra, pág. 483. Por lo tanto, el reclamante debe acreditar detalladamente la existencia de justa causa para quedar liberado de cumplir con el requisito de notificación. Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729 (2005); Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714 (2003); Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122 (1998). Luego de que cese dicha circunstancia excepcional, el reclamante debe notificar al Estado, so pena de perder su derecho a reclamar una compensación.

Finalmente, debemos reiterar la vigencia y validez del requisito de notificación. Véanse: López v. Autoridad de Carreteras, supra; Rodríguez Sosa v. Cervecería India, supra; Torres Figueroa v. E.L.A., 104 D.P.R. 673 (1976); E.L.A. v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 160 (1975). Es menester puntualizar que nuestros pronunciamientos no han proclamado que el requisito de notificación es irrazonable o que su aplicación restringe de forma indebida el derecho de un perjudicado a reclamar una compensación al Estado. López v. Autoridad de Carreteras, supra, pág. 252. Todo lo contrario, hemos reconocido su validez y sólo hemos eximido al reclamante de notificar al Estado cuando dicho requisito incumple con los propósitos y objetivos de la ley y cuando jurídicamente no se justifica aplicarlo a las circunstancias de cada caso en particular, ya que no fue para ellas que se adoptó. Id. Véanse, además: Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, supra; Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra.

En vista de lo anterior, reiteramos que, como condición previa para presentar una demanda contra el Estado al amparo de la Ley Núm. 104, todo reclamante debe cumplir con el requisito de notificación. Sólo en aquellas circunstancias en las que por justa causa la exigencia de notificación desvirtúe los propósitos de la Ley Núm. 104, se podrá eximir al reclamante de notificar al Estado para evitar la aplicación extrema y desmedida de dicha exigencia.

V

En el caso ante nuestra consideración no está en controversia que el señor Berríos incumplió con el requisito de notificación al Secretario de Justicia. En sus intentos por justificar su omisión, el señor Berríos proveyó diversas explicaciones. Éstas, como veremos, no proveen justa causa para incumplir con el requisito estatutario de la notificación.

Al presentar su demanda, el señor Berríos adujo como justa causa que no conocía el procedimiento que debía seguir para instar una reclamación contra el Estado. Luego, adujo que durante los tres meses posteriores al accidente, su condición de salud le impidió realizar los trámites necesarios para notificar al Estado. Sin embargo, no expuso las razones por las cuales no notificó al Estado dentro de los treinta días siguientes al cese de su incapacidad. 32 L.P.R.A. sec. 3077a. Finalmente, el señor Berríos alegó como justa causa que el Estado tenía constancia efectiva de la identidad de los testigos y que no había riesgo de pérdida de la evidencia objetiva.

Luego de examinar las diversas explicaciones provistas por el señor Berríos para justificar la omisión de notificar al Estado, entendemos que éstas no han establecido la existencia de justa causa o de circunstancias excepcionales que nos permitan eximirlo de cumplir con el requisito de notificación. Tampoco surge de los hechos que la notificación carezca de vitalidad o propósito.

En primer lugar, la ignorancia sobre cuál era el procedimiento dispuesto en la Ley Núm. 104 para instar una reclamación por daños contra el Estado no excusa de su incumplimiento con el requisito de notificación. Es principio cardinal en nuestro ordenamiento que “la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”. Art. 2 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 2. En armonía con este principio, el alegado desconocimiento del Derecho, imputable a la inacción del señor Berrios, no provee justa causa para no haber notificado oportunamente al Estado.

En segundo lugar, la alegada incapacidad por enfermedad del señor Berrios tampoco justifica su omisión de notificar al Estado. El señor Berrios alegó que estuvo físicamente incapacitado durante los tres meses posteriores a la fecha cuando ocurrieron los hechos por los que reclama la indemnización. Empero, no obra en el expediente del caso evidencia sobre la referida incapacidad y su duración. Aun si aceptáramos las alegaciones del señor Berrios en torno a su incapacidad física, dicha justificación no lo exime de la responsabilidad de notificar al Estado dentro de los treinta días siguientes a la fecha cuando cesó dicha incapacidad.

Como indicamos, el señor Berrios alega que cesó su incapacidad para enero de 2003 (tres meses después de ocurridos los hechos). Sin embargo, no cursó notificación alguna al Secretario de Justicia dentro de los treinta días siguientes a dicha fecha. Cerca de ocho meses más tarde, demandó y emplazó al Estado. No hay duda de que era responsabilidad del señor Berrios notificar al Estado dentro de los treinta días siguientes a la fecha cuando cesó su incapacidad. Su incapacidad física sólo tuvo el efecto momentáneo de eximirlo de cumplir con la obligación de notificar al Estado mientras ésta subsistió. Véase Rodríguez Sosa v. Cervecería India, supra. Su incapacidad temporera, por lo tanto, no lo liberó de forma absoluta de su obligación de notificar al Estado. Ante estos hechos, es forzoso concluir que el señor Berrios perdió su derecho a demandar al Estado al amparo de la Ley Núm. 104, al no notificar oportunamente al Estado de su reclamación dentro de los treinta días siguientes al cese de su alegada incapacidad.

Por otro lado, debemos resaltar que este caso presenta una situación de hechos en la que el requisito de notificación cobra plena vigencia y propósito. Durante el período comprendido entre el 13 de octubre de 2002 (fecha del alegato incidente) y el 3 de septiembre de 2003, fecha cuando se diligenció el emplazamiento, el Estado no tuvo la oportunidad de investigar las circunstancias de los alegados hechos dañinos e inspeccionar la carretera en la que el señor Berríos alega que se cayó y sufrió daños. De haber sido notificado oportunamente, el Estado hubiese podido investigar los hechos para así evitar futuros sucesos dañinos y tramitar de forma expedita la reclamación del señor Berríos.

Entendemos que en este caso precisamente ocurrió la situación que el legislador quiso evitar. Se presentó una acción contra el Estado cuando estaba por finalizar el término prescriptivo de un año para demandar en daños; por el tiempo transcurrido el Estado está impedido de investigar adecuadamente el incidente; por causa de la omisión del señor Berríos, el Estado no cuenta con toda la información necesaria para presentar su defensa. Contrario a lo que concluyó el Tribunal de Apelaciones, entendemos que la prueba que se pueda encontrar en manos del Estado relacionada al tratamiento médico prestado al señor Berríos y los informes de la Policía, no son las únicas piezas de evidencia pertinentes y necesarias para investigar los hechos y preparar adecuadamente la defensa del Estado. Era necesario proveerle al Estado la oportunidad de investigar el lugar de los hechos en una fecha cercana a la que éstos ocurrieron. De esta forma, las autoridades estatales hubiesen tendido la oportunidad de tomar las medidas necesarias para tramitar prontamente la reclamación y evitar daños futuros.

En conclusión, la situación de hechos ante nuestra consideración no presenta circunstancias excepcionales que justifiquen eximir al reclamante de notificar al Estado. La omisión en la notificación es imputable a su propia inacción y no se justifica darle curso a una acción en daños contra el Estado, en la cual el reclamante no notificó al Secretario de Justicia según requiere la Ley Núm. 104. Habiendo incumplido con el requisito de notificación sin justa causa, resolvemos que el señor Berrios está impedido de proseguir con la demanda presentada contra el Estado en el caso.

Por los fundamentos antes expuestos, procede dictar sentencia para revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones y reinstalar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, que desestimó la causa de acción del aquí recurrido por falta de notificación al Estado Libre Asociado.

Se dictará sentencia de conformidad.

       La Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 (Ley Núm. 104), según enmendada, 32 L.P.R.A. see. 3077 et seq., dispuso que dicho límite sería de $15,000. En 1965, la Ley Núm. Ill de 30 de junio de 1965 (1965 Leyes de Puerto Rico 331) aclaró que la cantidad máxima compensable cuando la acción u omisión de un funcionario público cause daños a más de una persona o cuando el reclamante cuente con más de una causa de acción, será de $30,000. Empero, la Ley Núm. 30 de 25 de septiembre de 1983 (1983 Leyes de Puerto Rico 454) dispuso que la cuantía máxima compensable será de $75,000 y de $150,000 cuando, por acción u omisión, un funcionario público cause daños y perjuicios a más de una persona o cuando un reclamante tenga varias causas de acción. 32 L.P.R.A. sec. 3077. En Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, 134 D.P.R. 28 (1993), confirmamos la validez constitucional de esos límites económicos.

       El mismo tratamiento le hemos dado al requisito de notificación en el contexto de reclamaciones contra los municipios. Es menester resaltar que el Art. 96 de la Ley Municipal de 1960, Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960 (1960 Leyes de Puerto Rico 526, 560-5619), adoptó el requisito de notificación al municipio. Por su parte, el Art. 15.003 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 lo mantuvo, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 21 L.P.R.A. see. 4703.


text:
      In re Celeste Mattina Canales.

      Número: TS-4695

      Resuelto: 7 de junio de 2007

      Celeste Matinna Canales, pro se.

   RESOLUCIÓN

Vista la Petición de Reinstalación al Ejercicio de la Abogacía, se accede a la petición de reinstalación.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Jane Hoffman Mouriño.

      Número: CP-2005-9

      Resuelto: 7 de junio de 2007

      Osvaldo Toledo Martínez, abogado de la querellada; Jane Hoffmann Mouriño, pro se.

   RESOLUCIÓN

A la Segunda Moción de Reconsideración, presentada por la Leda. Jane Hoffman Mouriño, no ha lugar.

Se hace constar que la suspensión del ejercicio de la abogacía por el período de tres meses de la licenciada Hoffman Mouriño comienza a contar a partir de la notificación de esta resolución, en vista de que ya advino final y firme. Se ordena la notificación personal de esta resolución a la licenciada Hoffman Mouriño.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo