text:
      In re Heriberto Torres Villanueva, querellado.

      Número: AB-2003-216

      Resuelto: 20 de junio de 2006

      Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; Gilberto Rubén Cuevas Sanjurjo, querellante; Virgilio Mainardi Peralta y Luis J. Marín, abogados del abogado querellado; Heriberto Torres Villanueva, abogado querellado que comparece por derecho propio.
   per curiam:

El 5 de marzo de 2004, el Sr. Gilberto Rubén Cuevas Sanjurjo (señor Cuevas Sanjurjo) presentó ante nos una querella contra el Ledo. Heriberto Torres Villanueva (licenciado Torres Villanueva). El querellante alegó que éste y su entonces esposa, la Sra. Carmen Delia Bur-gos López, permutaron con la Sra. Wanda Ivette Pagán Rivera (señora Pagán Rivera) un apartamento de su propiedad localizado en el condominio Brisas de Solimar en Luquillo por una casa localizada en la urbanización Santa Isidra en Fajardo. El negocio se llevó a cabo mediante una escritura titulada “Permuta de Inmueble Asumiendo Hipoteca” otorgada ante el licenciado Torres Villanueva. En la referida escritura, cada parte asumió la obligación de continuar pagando el balance de la hipoteca del inmueble que estaba recibiendo.

La escritura no fue presentada en el Registro de la Propiedad y, por consiguiente, ninguna de las propiedades fue inscrita a nombre de los nuevos adquirientes. Así las cosas, la señora Pagán Rivera no cumplió con la obligación de seguir pagando la hipoteca del apartamento en el condominio Brisas de Solimar, según fue acordado en la escritura. Ante esta situación, el Banco Popular, acreedor hipotecario, presentó una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el señor Cuevas Sanjurjo y su entonces esposa. El Tribunal dictó sentencia en rebeldía contra el señor Cuevas Sanjurjo y la propiedad fue posteriormente vendida en subasta pública.

Con posterioridad a ese incidente, la señora Pagán Rivera, mediante escritura otorgada ante el notario querellado, vendió a la Sra. Hilda Burgos López, hermana de la ex esposa del querellante, la propiedad en la urbanización Santa Isidra que había permutado al señor Cuevas Sanjurjo. La Sra. Hilda Burgos López inscribió e hipotecó la mencionada propiedad. No obstante, según surge de una declaración jurada suscrita por la señora Pagán Rivera, el dinero que ésta recibió producto de la compraventa se lo entregó al señor Cuevas Sanjurjo inmediatamente luego del cierre de la transacción. La señora Pagán Rivera declaró, además, que tanto el señor Cuevas Sanjurjo como su entonces esposa, la Sra. Carmen Delia Burgos, tenían conocimiento acerca de la mencionada transacción.

Por los hechos antes relatados, el señor Cuevas Sanjurjo presentó orna querella ante este Tribunal contra el licenciado Torres Villanueva. Alegó que la negligencia del abogado querellado al no presentar la escritura de permuta al Registro de la Propiedad para su correspondiente inscripción le causó serios daños y perjuicios, ya que se enfrentó a una acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca de una propiedad que ya no le pertenecía. Sostuvo, además, que el abogado querellado fue negligente al autorizar una escritura de compraventa mediante la cual la señora Pagán Rivera le vendió a una tercera persona la propiedad en el condominio Brisas de Solimar, que había obtenido el señor Cuevas Sanjurjo de ella mediante una escritura de permuta autorizada por el mismo notario.

Oportunamente, el notario contestó la querella y alegó que nunca se obligó a presentar la escritura de permuta al Registro de la Propiedad, ya que existía un acuerdo entre las partes de no hacerlo hasta que el señor Cuevas y su esposa gestionaran un financiamiento. Explicó que al estar sujetas las hipotecas de ambas propiedades a una cláusula de vencimiento inmediato o due on sale, les convenía a los otorgantes esperar hasta que los bancos aprobaran los respectivos financiamientos antes de inscribir la escritura de permuta en el Registro de la Propiedad.

Sostuvo, además, que luego supo que el señor Cuevas Sanjurjo no cualificó para el referido financiamiento, por lo que éste acudió donde la Sra. Hilda Burgos López, hermana de su entonces esposa, para que ésta adquiriera la casa de la señora Pagán Rivera. Indicó que el señor Cuevas Sanjurjo estuvo presente durante el otorgamiento de la escritura de compraventa y que la señora Pagán Rivera le entregó el dinero que le correspondía de dicha transacción.

La Secretaria de este Tribunal le refirió el asunto a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) para la correspondiente investigación e informe. La ODIN compareció mediante un informe en el que indicó que, a raíz de la investigación realizada, entendía que el notario había violado la fe pública notarial y atentado contra su deber de sinceridad y honradez al servir de instrumento a las partes para alcanzar un fin que no era el expresado en la escritura. Solicitó a este Foro que tomara la acción disciplinaria que entendiera procedente, luego de que le requiriera a las partes su posición al respecto.

Emitimos una resolución en la que le concedimos al abogado querellado un término de veinte días para expresarse sobre el informe de la Directora de la ODIN. El abogado aceptó los hechos; no obstante, negó haber servido de instrumento a las partes para falsear hechos o alcanzar fines que no fueran los expresados en la escritura. Expresó, además, que de ser cierta la conclusión de la ODIN de que los otorgantes de las escrituras en controversia fueron “partícipes concientes de la simulación de un negocio jurídico”, éste no participó ni tuvo conocimiento de tales actuaciones. Moción en cumplimiento de orden, pág. 2. Finalmente, aceptó que pudo haber cometido errores en el ejercicio de su función notarial y precisó que no incurrió en ellos con el ánimo de causar perjuicio a las partes ni de lucrarse personalmente.

Le concedimos tanto al abogado querellado como a la ODIN un término de diez días para comparecer a este Tribunal e informar si daban el asunto por sometido, a los fines de que tomáramos la acción disciplinaria correspondiente. Ambos han comparecido con sus respectivos escritos. Contando con el beneficio de sus comparecencias, procedemos a resolver.

II

El Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico recoge el principio de la fe pública notarial, y sobre este particular dispone lo siguiente:

El notario es el profesional del Derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las'leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extra judiciales que ante él se realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Es su función recibir e interpretar la voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirlefs] autoridad a los mismos. La fe pública al notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento. (Corchetes en el original y énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. see. 2002.

“La fe pública notarial es la espina dorsal de todo el esquema de autenticidad documental notarial.” In re Collazo Sánchez, 159 D.P.R. 769, 774 (2003). El Estado le confiere a un documento autorizado por un notario una presunción de credibilidad y certeza de que lo afirmado en éste es cierto, correcto y concuerda con la realidad. Id. A tales efectos, este Tribunal ha resuelto que al autorizar un documento, el notario da fe pública y asegura que ese documento cumple con todas las formalidades de ley. El notario asegura, además, que el documento es legal y verdadero, y que se trata de una transacción válida y legítima. In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986); In re Vera Vélez, 148 D.P.R. 1 (1999).

Como corolario de lo anterior, el notario ejerce una función clave de inestimable importancia en los negocios jurídicos, ya que es custodio de la fe pública. “Una vez el notario se aparta de cumplir con las obligaciones y los deberes que le impone la ley y el ordenamiento ético, incurre en conducta que acarrea una sanción disciplinaria, ya que lesiona la confianza y la función pública en él depositadas.” In re Charbonier Laureano, 135 D.P.R. 575, 578-579 (2002). Nuestro ordenamiento jurídico condena enérgicamente la participación consciente de un notario en el asesoramiento, redacción u otorgamiento de documentos simulados o faltos de veracidad, independientemente del propósito que anime dicha conducta. In re Collazo Sánchez, supra, pág. 775.

Por otro lado, el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, establece, en lo aquí pertinente, lo siguiente:

La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. (Enfasis suplido.)

El referido canon impone a todo abogado unas normas mínimas de conducta indispensables para preservar el honor y la dignidad de la profesión. Cualquier hecho aseverado en un instrumento público por un notario que no concuerde con la verdad constituye una violación al Canon 35 del Código de Etica Profesional, supra, independientemente de si hubo intención de faltar a la verdad. In re Tejada Rivera I, 155 D.P.R. 175 (2001).

De otra parte, hemos establecido que para determinar la sanción disciplinaria aplicable a un abogado querellado, podemos tomar en cuenta factores como la reputación del abogado en su comunidad, su historial previo, si es su primera falta, la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento, si se trata de una conducta aislada, el ánimo de lucro que medió en su actuación, el resarcimiento al cliente y cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien a tenor con los hechos.

III

El licenciado Torres Villanueva fue admitido al ejercicio de la abogacía el 7 de noviembre de 1979 y el 21 de noviembre del mismo año prestó su juramento como notario. El 22 de junio de 1990 decretamos su suspensión temporal del ejercicio de la abogacía por no cumplir con diligencia los requerimientos de este Tribunal con relación a una queja presentada en su contra.

En el caso ante nuestra consideración, está claro que el notario violó la fe pública notarial. Al autorizar la escritura de compraventa de la propiedad en la urbanización Santa Isidra, el licenciado Torres Villanueva sabía, o debía conocer, que el inmueble ya había pasado a manos del señor Cuevas Sanjurjo mediante la escritura de permuta que el mismo notario autorizó. Sin embargo, en la mencionada escritura de compraventa aparecía como la parte vendedora la Sra. Wanda I. Pagán. Dicho de otro modo, el notario conocía que la parte vendedora no tenía la titularidad sobre el inmueble vendido, independientemente de que la escritura de permuta no se hubiera presentado en el Registro de la Propiedad.

Además, el abogado violó los deberes de sinceridad y honradez que le impone el Canon 35 del Código de Etica Profesional, supra.

Finalmente, hay que reconocer que el notario aceptó que violó la fe pública notarial al haber autorizado la escritura de compraventa sin antes haber dejado sin efecto o al me-nos hacer mención de la escritura de permuta otorgada previamente. Expresó, además, que los errores cometidos no fueron incurridos con el ánimo de causar perjuicio a las partes ni tuvo el propósito de lucro personal más allá de los honorarios notariales percibidos. No obstante, como mencionamos en la sección anterior, violar la fe pública notarial conlleva la imposición de sanciones disciplinarias, independientemente del propósito de dicha conducta.

En este caso, podemos tomar como atenuantes a favor del licenciado Torres Villanueva el hecho de que admitió lo ocurrido y no tuvo ánimo de lucro. No obstante, no se trata de su primera falta en el ejercicio de su quehacer profesional, aunque sí es su primera falta en el ejercicio del notariado.

En atención a lo expuesto, y considerando que la actuación del notario violó la fe pública en él depositada, se suspende al Ledo. Heriberto Torres Villanueva por un término de tres meses del ejercicio de la notaría en Puerto Rico. El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del licenciado Torres Villanueva y entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará la sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

license: Public Domain

text:
    Carmen Rivera Rodríguez, demandante y peticionaria, v. Esteban Rivera Reyes, demandado y recurrido.

      Número: CC-2004-616

      Resuelto: 20 de junio de 2006

      Néctor Robles Abraham, abogado de la parte peticionaria; Máximo Molina Fragosa, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

emitió la opinión del Tribunal.

Se nos solicita la revocación de una resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones. En virtud de ésta, el foro intermedio apelativo confirmó una resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, que declaró “con lugar” una solicitud de sentencia sumaria en una acción de ejecución de una sentencia de divorcio, dictada por la causal de consentimiento mutuo. Veamos los hechos que originan el recurso.

I

La Sra. Carmen Rivera Rodríguez (señora Rivera Rodríguez) y el señor Esteban Rivera Reyes (señor Rivera Reyes) contrajeron matrimonio el 24 de junio de 1972 al amparo de régimen económico matrimonial de sociedad legal de gananciales. Durante el matrimonio procrearon una hija de nombre Moira Grushesca Rivera Rivera.

El 17 de enero de 1991, la señora Rivera Rodríguez presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una demanda de divorcio contra su esposo por la causal de trato cruel. El 29 de abril de 1991, los esposos comparecieron ante dicho tribunal mediante una moción conjunta, en la que manifestaron haberse puesto de acuerdo para enmendar la demanda de divorcio presentada por la causal de trato cruel, por una petición de divorcio por consentimiento mutuo. Unieron e hicieron formar parte de dicha moción, la “DEMANDA ENMENDADA” que sería considerada por el tribunal. En ella, los esposos estipularon un inventario de sus bienes gananciales, su distribución y liquidación, las deudas a cargo de la Sociedad Legal de Gananciales y su asunción por la señora Rivera Rodríguez. También estipularon que la custodia de la hija la tendría la señora Rivera Rodríguez; que la patria potestad sería compartida; las relaciones paterno-filiales entre la menor y su padre, y la cuantía de la pensión alimenticia que éste se obligaba a pagar a su hija, quien tenía once años de edad. El 10 de mayo de 1991, el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia mediante la cual decretó la disolución del vínculo matrimonial por consentimiento mutuo. En la referida sentencia, dicho foro adoptó en su totalidad las estipulaciones de las partes incluidas en la “DEMANDA ENMENDADA” de divorcio por consentimiento mutuo y ordenó la liquidación del régimen económico matrimonial en conformidad.

En torno a los bienes de los ex cónyuges, la sentencia de divorcio dispuso lo siguiente:

Que durante dicho matrimonio, los peticionarios han adquirido los siguientes bienes:
A. Casa localizada en el barrio Santa María de Ceiba, P.R. que consta de cemento y bloques, de dos pisos.
B. Muebles y enseres del hogar.
C. Auto Mazda 323 año 1988.
D. Toyota corona año 1975
... Que la casa que se adquirió en matrimonio la seguirá viviendo la demandante, Carmen Rivera Rodríguez, con su hija Moira Grusheska; sin embargo, la misma se pondrá a la venta y una vez la misma se vendiese; luego de pagar cualquier gasto relacionado con la venta, el producto se dividirá igualmente entre ambas partes. El bien descrito en la letra B y el descrito en la C se le adjudicará a la demandante, Carmen Rivera Rodríguez y el bien descrito en la letra D al demandado, Esteban Rivera Reyes. Que las deudas serán asumidas por la demandante Carmen Rivera Rodríguez. (Enfasis nuestro.)

En conformidad con la referida sentencia, la señora Rivera Rodríguez continuó residiendo en la casa con la hija menor de edad del matrimonio. El 25 de junio de 1999, la hija contrajo nupcias y se mudó de la referida residencia. A pesar de ello, la señora Rivera Rodríguez continuó residiendo allí.

Así las cosas, el 26 de noviembre de 2002, el señor Rivera Reyes presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una moción de ejecución de sentencia para solicitar que se ordenara la venta de la casa que constituyó el hogar conyugal. Alegó que la señora Rivera Rodríguez se negaba, obstaculizaba e impedía su venta, condicionando tal venta a que se liquidara también el solar donde enclava, por considerarlo ganancial. Argüyó que la casa era un bien inmueble ganancial, a diferencia del solar donde enclava. Sostuvo que el solar en cuestión era un bien inmueble privativo suyo, que no tenía que formar parte, ni formó parte, de las estipulaciones del divorcio ni de la sentencia que adoptó esas estipulaciones. Fundamentó su alegación sobre el carácter privativo del solar en el hecho de que lo adquirió a título de compraventa antes de contraer matrimonio con la señora Rivera Rodríguez. Por otro lado, sostuvo que una tasación efectuada sobre la propiedad completa demostraba que la casa tenía un valor de $85,831. En virtud de ello, solicitó al tribunal que decretara que dicha cantidad representaba el valor de la casa y que de ella correspondía a cada parte $42,915.50, en concepto de las respectivas participaciones iguales que en común pro indiviso los ex cónyuges tenían sobre la casa. Solicitó que se le impusiera a la señora Rivera Rodríguez el pago de una renta mensual por razón de su disfrute exclusivo de la casa desde la fecha cuando la hija contrajo nupcias y se mudó, esto es, desde el 25 de jimio de 1999.

Por su parte, la señora Rivera Rodríguez compareció ante el tribunal mediante una moción escrita para oponerse a la liquidación solicitada. Planteó que, como parte del proceso de divorcio, las partes estipularon la venta del inmueble completo (la casa y el solar) y la división en partes iguales del producto de la venta. Argüyó que cuando estipularon lo anterior, el señor Rivera Reyes renunció a cualquier derecho de crédito o reclamación que tuviese sobre el solar. Argumentó que si era el interés del señor Rivera Reyes solicitar algún crédito sobre el inmueble, que en ese entonces pertenecía a la Sociedad Legal de Gananciales, debió hacerlo a través de las estipulaciones de las partes dentro del procedimiento de divorcio. Sostuvo que lo estipulado en un procedimiento de divorcio por consentimiento mutuo constituye un contrato de transacción judicial, con autoridad de cosa juzgada, por lo que el señor Rivera Reyes no podía pretender cambiar la naturaleza de lo acordado como parte de dicho proceso. Solicitó finalmente la ejecución de la sentencia de divorcio, según las estipulaciones de las partes.

El 20 de mayo de 2003, el señor Rivera Reyes presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una moción de sentencia sumaria, acompañada de una copia del informe de tasación de 25 de junio de 2001, rendido por el Sr. Jorge Isern Piñero, que determina que la casa en controversia tenía un valor de $85,831. También unió a su moción una copia de la escritura de segregación y compraventa del solar y la copia de una certificación registral literal que contiene las inscripciones primera y segunda del solar. Tanto la escritura como la certificación registral, demuestran que el solar fue comprado por el señor Rivera Reyes antes de contraer matrimonio con la señora Rivera Rodríguez. Así, solicitó que, de acuerdo con las estipulaciones de los cónyuges contenidas en la “DEMANDA EN-MEND ADA” de divorcio por consentimiento mutuo, en conformidad con la sentencia de divorcio que las adoptó, y a la luz de la tasación, escritura y certificación registral antes relacionadas, se decretara lo siguiente: (1) se reconociera su derecho propietario exclusivo sobre el solar en controversia, por ser un bien inmueble privativo aportado por él al matrimonio; (2) se ordenara únicamente la venta de la casa por ser de origen ganancial, dividiéndose el producto de la venta en partes iguales entre los ex cónyuges; (3) se le impusiera a la señora Rivera Rodríguez el pago de una renta por razón del disfrute exclusivo que tenía sobre la casa, desde junio de 1999 hasta la fecha cuando la desocupara, en conformidad con las normas de derecho que regulan la comunidad de bienes.

Por su parte, la señora Rivera Rodríguez presentó un Memorando de Derecho y Oposición a Sentencia Sumariad. Planteó que la sentencia de divorcio no dispuso que la casa y el solar fueran bienes separados ni que el solar era privativo del señor Rivera Reyes; mucho me-nos, le concedió a éste un crédito sobre el valor del solar por ser de naturaleza privativa. Sostuvo que, tanto en las estipulaciones del divorcio como en la referida sentencia, al inventariarse los bienes de los ex cónyuges, sólo se expresó que “ ‘la casa que se adquirió en matrimonio’ ‘se pondrá a la venta’ y ‘el producto se dividirá igualmente entre ambas partes’ ”. Argumentó que cuando las partes hicieron uso de la palabra “casa” en sus estipulaciones, se referían a la casa y al solar de forma integral. Añadió que la sentencia de divorcio recogió esa intención de las partes al referirse también a “la casa” como el bien ganancial a liquidarse. Argüyó que de no haber sido así, el señor Rivera Reyes habría solicitado al tribunal que declarara en la sentencia el carácter privativo del solar, a fin de que se le reconociera el crédito correspondiente, una vez se vendiera la casa y el solar. Reafirmó que al llegar a las estipulaciones contenidas en la “DEMANDA ENMENDADA” de divorcio por consentimiento mutuo, constitutivas de un contrato de transacción judicial, el señor Rivera Reyes renunció al derecho de crédito que tenía sobre el solar.

El 29 de diciembre de 2003, el Tribunal de Primera Instancia dictó una resolución sumariamente, y declaró “con lugar” la moción de ejecución de sentencia que presentó el señor Rivera Reyes. Determinó lo siguiente: (1) que el solar era un bien inmueble privativo del señor Rivera Reyes aportado por él al matrimonio; (2) que luego de éste casarse con la señora Rivera Rodríguez, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos construyó la casa que enclava en el solar; (3) que durante el proceso de divorcio, los cónyuges estipularon que la señora Rivera Rodríguez continuaría residiendo en la casa en cuestión en unión a la hija matrimonial, para luego venderla y distribuir entre ellos el producto de la venta en partes iguales; (4) que no surge de las estipulaciones contenidas en la “DEMANDA ENMENDADA” de divorcio por consentimiento mutuo ni de la sentencia de divorcio que las adoptó, que las partes sometieron a la consideración del tribunal el solar donde enclava la casa como un bien de la Sociedad Legal de Gananciales a liquidarse; (5) que el solar no formó parte de la sentencia de divorcio; (6) que la referida sentencia sólo ordenó la venta de la casa y la distribución de su producto en partes iguales entre los ex cónyuges, por lo que únicamente procedía la venta de la casa; (7) que la casa tenía un valor de $85,831, de los cuales correspondía a cada cual $42,915.50; (8) que desde el 25 de junio de 1999, fecha cuando la hija matrimonial se casó y se mudó de la casa, la señora Rivera Rodríguez residió sola en ésta, disfrutándola de forma exclusiva; (9) que ese uso exclusivo de la casa generó renta a favor del señor Rivera Reyes, que procedía ser descontada a la señora Rivera Rodríguez de los $42,915.50 que a ésta corresponden en concepto de su venta. Finalmente, señaló una vista para determinar el canon de renta que tenía que satisfacer la señora Rivera Rodríguez al señor Rivera Reyes desde junio de 1999 hasta que desocupara la casa, cantidad que se sumaría a los $42,915.50 que le correspondían al señor Rivera Reyes.

Inconforme, la señora Rivera Reyes acudió ante el Tribunal de Apeláciones mediante un recurso de certiorari. Evaluadas las posiciones de ambas partes, el foro intermedio apelativo confirmó la resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

Insatisfecha, la señora Rivera Rodríguez acudió ante nos, mediante un recurso de certiorari, señalando los errores siguientes:

PRIMER ERROR: INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE APELACIO-NES AL INTERVENIR Y ENMENDAR UNA SENTENCIA FINAL, FIRME E INAPELABLE, QUE SE HABÍA DICTADO HACE MAS DE DIEZ (10) AÑOS, PARA CAMBIARLA Y DARLE UNA INTERPRETACIÓN DISTINTA Y QUE CLARAMENTE CONSTITUYE COSA JUZGADA.
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIO-NES AL NO DISPONER QUE EL TRIBUNAL DE INSTAN-CIA, SALA SUPERIOR DE FAJARDO, SE HABÍA EQUIVO-CADO AL DECLARAR CON LUGAR UNA MOCION DE SENTENCIA SUMARIA, CUANDO DEL MISMO CASO SE DESPRENDE QUE PUEDE HABER CONTROVERSIA SOBRE LA INTENCI[Ó]N DE LAS PARTES AL CONTRATAR. TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL NO DETERMINAR QUE EN LA SENTENCIA CUANDO SE REFIERE AL TERMINO “CASA” DEBE ENTENDERSE “CASA Y SOLAR”, YA QUE ESA FUE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES.
CUARTO ERROR: INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE APELACIO-NES AL NO DETERMINAR QUE EL RECURRIDO, AL NO ESTIPULAR O REQUERIR QUE SE INCLUYERA EN LA SENTENCIA DE DIVORCIO, QUE EL TENIA UN CRÉDITO A SU FAVOR-PORQUE EL SOLAR ERA PRIVATIVO SUYO-ESTE RENUNCIO AL MISMO.
QUINTO ERROR: EN LA ALTERNATIVA ERRO EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL NO APLICARLE A ESTE CASO LA DOCTRINA DE ACCESIÓN A LA INVERSA, CUANDO COMO EN ESTE CASO, LA SOCIEDAD DE GANANCIALES CONSTRUYE UNA EDIFICACIÓN (CASA) EN SUELO PROPIO DE UNO DE LOS CÓNYUGUES, A EXPENSAS DE DICHA SOCIEDAD DE GANANCIALES. Petición de certiorari, pág. 10.

Atendido el recurso de certiorari presentado por la señora Rivera Rodríguez, concedimos a la parte aquí recurrida un término de veinte días para presentar su alegato. No compareció.

Sin el beneficio de su comparecencia nos encontramos en posición de resolver.

A. En primer lugar, nos corresponde determinar si, como plantea la peticionaria, el Tribunal de Apelaciones contravino la doctrina de cosa juzgada “al intervenir y enmendar” la sentencia final y firme que decretó el divorcio de las partes en 1991. Veamos.

En Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978), reconocimos el consentimiento mutuo como causal legítima de divorcio. Pautamos que la acción de divorcio al amparo de tal causal habría de ser tramitada mediante una petición conjunta de los cónyuges. Señalamos lo siguiente:

... no se aceptará petición alguna de divorcio bajo los principios enunciados sin que las partes adjunten las estipulaciones correspondientes sobre la división de sus bienes, el sustento de las partes y otras consecuencias del divorcio. (Énfasis suplido.) íd., pág. 277.

Las estipulaciones suscritas por las partes contenidas en una petición de divorcio por la causal de consentimiento mutuo constituyen un contrato de transacción judicial que las obliga. De ordinario, los jueces aceptarán los convenios y las estipulaciones a que lleguen los cónyuges para ponerle fin a la acción. Tales estipulaciones tienen efecto de cosa juzgada entre las partes. Por otro lado, la defensa de cosa juzgada fue incorporada en nuestra jurisdicción mediante el Art. 1204 del Código Civil, que dispone lo siguiente:

Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.

Dicha doctrina impide que se litigue en un pleito una reclamación que pudo haberse litigado y adjudicado en un pleito anterior entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción. No obstante, en Sucn. Román v. Shelga Corp., 111 D.P.R. 782, 787 (1981), expresamos que a pesar de que el contrato de transacción tiene el efecto de cosa juzgada, esto no opera para impedir que el juzgador interprete su extensión y aplicación al pleito judicial en que se levanta como defensa.

En su alegato, la señora Rivera Rodríguez sostiene que, aún en el supuesto de que el solar en controversia fuera un bien privativo del señor Rivera Reyes, y que por esa razón se omitiera su mención en las estipulaciones del divorcio, el Tribunal de Primera Instancia no tenía autoridad para intervenir con la sentencia de divorcio que las adoptó. Aduce que la ausencia de jurisdicción del foro primario obedecía a que la referida sentencia adquirió efecto de cosa juzgada, una vez advino final y firme. Argumenta, además, sin citar autoridad jurídica alguna que la apoye, que en tal supuesto el señor Rivera Reyes estaba obligado a salvaguardar clara e inequívocamente el carácter privativo del solar, antes de firmar las estipulaciones del divorcio. Añade que el alegado carácter privativo del solar es un asunto que el recurrido pudo haber litigado durante la acción de divorcio. Puntualiza que al no hacer reserva del carácter privativo del solar o al no litigar dicho carácter en aquel entonces, perdió la oportunidad de hacerlo, pues la doctrina de cosa juzgada le impide hacerlo ahora. No le asiste la razón.

Si partiéramos del mismo supuesto aducido por la peticionaria (que el solar fuera un bien privativo de su ex esposo), el señor Rivera Reyes no estaba obligado a hacer reserva del solar en las estipulaciones del divorcio. Cuando en Figueroa Ferrer v. E.L.A., supra, pág. 277, resolvimos que en casos de divorcio por la causal de consentimiento mutuo no se aceptará petición alguna de divorcio “sin que las partes adjunten las estipulaciones correspondientes sobre la división de sus bienes”, nos referimos a bienes de naturaleza ganancial. El propósito fue tratar de garantizar que, a partir del decreto de divorcio, no surgiesen controversias entre los ex cónyuges en relación con tales bienes gananciales. Allí nada expresamos en relación con sus bienes privativos.

En consecuencia, resolvemos que, durante un proceso de divorcio por la causal de consentimiento mutuo, los bienes que necesariamente tienen que ser objeto de avalúo, inventario, liquidación y adjudicación son aquellos adquiridos con fondos de la Sociedad Legal de Gananciales. Un cónyuge que aporta a un matrimonio contraído bajo dicha sociedad, bienes de naturaleza privativa, o que adquiere bienes de tal naturaleza luego de contraer matrimonio, no está obligado a hacer reserva de éstos ni a estipular asuntos relacionados a éstos durante el procedimiento de divorcio bajo la mencionada causal. Por la misma razón, tampoco está obligado a litigar y obtener una sentencia que declare el carácter privativo de dichos bienes, previo al decreto de divorcio. Al amparo del ordenamiento jurídico vigente, un juez no tiene que disponer de los bienes privativos de los ex cónyuges en una sentencia de divorcio por la causal de consentimiento mutuo. La sentencia que se dicte, una vez adviene final y firme, tiene efecto de cosa juzgada en relación con los bienes de naturaleza ganancial que fueron objeto de consideración judicial como parte del proceso de disolución matrimonial. No obstante, no tiene tal efecto sobre los bienes privativos de los respectivos ex cónyuges ni sobre los bienes gananciales que no fueron objeto de consideración judicial durante dicho proceso.

Del expediente ante nos surge que las partes informaron al tribunal durante el proceso de divorcio, mediante estipulación a esos efectos, que durante el matrimonio adquirieron una “casa localizada en el barrio Santa María de Ceiba, P.R. que consta de cemento y bloques, de dos pisos”. (Enfasis suplido.) De acuerdo con dicha afirmación estipulada, el tribunal ordenó en su sentencia la liquidación y venta de la casa. La sentencia no hace mención alguna del solar en controversia. Irrespectivo de si es un bien privativo o un bien ganancial, el solar no fue objeto de consideración ni adjudicación judicial. En tales circunstancias, la referida sentencia de divorcio no tiene autoridad de cosa juzgada sobre dicho solar. El Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones limitaron su intervención a interpretar la extensión y aplicación al caso de marras de las estipulaciones transaccionales de las partes, según adoptadas por la sentencia de divorcio. La doctrina de cosa juzgada no impide tal proceder. No se cometió el primer error señalado.

B. Por otro lado, mediante su cuarto señalamiento de error, la señora Rivera Rodríguez arguye que el Tribunal de Apelaciones incidió al no determinar que el señor Rivera Reyes renunció a sus derechos sobre el solar, por no haber estipulado o requerido que se incluyera en la sentencia de divorcio la existencia de tales derechos. Dicho error tampoco fue cometido. Veamos.

El Art. 1709 del Código Civil define al contrato de transacción como aquel por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado. Debido a su naturaleza, el contrato de transacción debe interpretarse de manera restrictiva, estando rigurosamente limitada tal interpretación a los objetos expresamente determinados en ella o que, por una inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en ésta. La renuncia general de derechos se extiende sólo a los que tienen relación con la disputa sobre la cual ha recaído la transacción. La razón para ello es que las transacciones se otorgan, por lo general, por razones complejas, matizadas por entregas u obligaciones recíprocas de los contratantes, con mutuos sacrificios de régimen excepcional en algunos aspectos. Por lo tanto, no deben interpretarse con extensión, sino restrictivamente.

En vista de que las estipulaciones a que llegaron las partes durante el procedimiento de divorcio constituyeron un contrato de transacción judicial, estamos obligados a interpretar su alcance y extensión de forma restrictiva. Con ello presente, vemos que tanto las estipulaciones como la sentencia de divorcio que las adoptó, versan expresamente sobre “la casa” del extinto matrimonio. No hacen mención alguna del solar donde enclava. Ambas partes guardaron silencio en relación con el solar en aquel momento. El silencio específico del señor Rivera Reyes de ninguna manera puede ser interpretado como una renuncia tácita a sus derechos sobre el solar. El hecho de no haber estipulado la existencia de tales derechos, no le priva de ellos.

C. Mediante su quinto señalamiento de error, la señora Rivera Rodríguez arguye que el Tribunal de Apelaciones erró al no aplicar al presente caso la doctrina de accesión a la inversa. Le asiste la razón. Veamos.

El Art. 1304 del Código Civil dispone:

Las expensas útiles, hechas en los bienes peculiares de cualquiera de los cónyuges mediante anticipaciones de la sociedad o por la industria del marido o de la mujer, son gananciales.
Lo serán también los edificios construidos durante el matrimonio en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo al cónyuge a quien pertenezca. (Enfasis suplido.

El segundo párrafo del transcrito artículo consagra la figura jurídica de la accesión a la inversa, que es una excepción al principio general de la accesión de superficies solo cedit que establece el Art. 294 del Código Civil. Dicho principio general establece que las edificaciones son accesorias al suelo. No obstante, cuando se construyen edificaciones a costa del caudal de la Sociedad Legal de Gananciales en suelo de la exclusiva propiedad de uno de los cónyuges, dicho principio general cede ante la excepción que enmarca la aplicación de la referida figura jurídica. Así, una vez ocurre la accesión a la inversa, el suelo pasa a tener la condición de ganancial, reconociéndose al momento de la liquidación de dicha sociedad un crédito por el importe del valor del suelo al cónyuge que lo aportó a ésta. Ello implica que, por el escenario de la excepción, el suelo es accesorio a la edificación. El instante que se toma como base para valorizar el crédito del cónyuge dueño del suelo, donde se construye con fondos gananciales, es el de la terminación de la edificación.

No está en controversia que el señor Rivera Reyes adquirió a título de compraventa el solar en cuestión antes de contraer matrimonio con la señora Rivera Rodríguez. Ello le otorgaba carácter privativo a dicho bien. Tampoco está en controversia que durante el matrimonio, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ellos construyó en el referido solar la casa que les sirvió de lecho conyugal.

Estos hechos indisputables configuraron la figura jurídica de la accesión a la inversa. Ciertamente, consumada la construcción de la casa en el solar privativo del señor Rivera Reyes, dicho solar dejó de tener tal carácter y se convirtió, de forma integral con la casa, en un bien ganancial. En ese momento, el señor Rivera Reyes adquirió un derecho de crédito por el importe del valor del solar. En su resolución, el Tribunal de Apelaciones determinó que, luego de construida la casa, el referido solar conservó su original naturaleza privativa. Erró al no aplicar a los hechos la doctrina de accesión a la inversa.

D. Finalmente, mediante los señalamientos de error segundo y tercero, la señora Rivera Rodríguez arguye que el foro intermedio apelativo incidió al determinar que el término “casa”, según fue utilizado en la sentencia de divorcio, no incluye al solar donde enclava, no empece a haber sido esa la intención de las partes. Sostiene que disponer sumariamente del caso era improcedente porque “podía haber controversia sobre la intención de las partes al contratar”, refiriéndose a las estipulaciones transaccionales del divorcio. Pasamos de inmediato a considerar ambos señalamientos conjuntamente.

La sentencia sumaria es el mecanismo procesal que confiere al juzgador discreción para dictar sentencia sin la necesidad de celebrar una vista en sus méritos. El tribunal, en el ejercicio de su discreción, puede dictarla cuando de los documentos admisibles en evidencia que se acompañan con la solicitud de sentencia sumaria, o que obran en el expediente del tribunal, surge que no existe una legítima controversia de hechos materiales y esenciales que tenga que ser dirimida en una vista evidenciaría y que sólo resta aplicar el Derecho.

De existir una controversia real en relación con hechos materiales y esenciales, no debe dictarse una sentencia sumaria y cualquier duda en torno a estos hechos debe resolverse contra la parte promovente de la moción, concediendo a la parte promovida el derecho a un juicio en su fondo. Por ello, el mecanismo de sentencia sumaria sólo debe utilizarse cuando el promovente ha establecido su derecho con claridad y ha quedado demostrado que el promovido no tiene derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte discernible de la prueba. Por otro lado, un tribunal, en el sano ejercicio de su discreción, debe abstenerse de resolver mediante el mecanismo de sentencia sumaria controversias en las que subyacen elementos subjetivos de intención, propósitos mentales o negligencia, y cuando el factor credibilidad sea esencial.

Por otro lado, el Art. 1233 del Código Civil establece que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Hemos establecido que cuando los términos de un contrato, sus condiciones y sus exclusiones son claros y específicos, y no dan margen a ambigüedades o diferentes interpretaciones, así deben aplicarse. En Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842, 852 (1991), señalamos que el cumplimiento de lo pactado está estrechamente vinculado con la buena fe de los contratantes. Allí, en relación con el principio de la obligatoriedad de los contratos, expresamos lo siguiente:

"... [Se] considera como un principio que debe regir en toda sociedad civilizada la idea de que los hombres deben poder contar con que aquellos con quienes tratan en el intercambio social actuarán de buena fe y por tanto llevarán a cabo las expectativas razonables que sus promesas o su conducta hayan creado razonablemente en los demás. La obligatoriedad del contrato se funda, pues, de acuerdo con esta idea en una norma ética derivada de la buena fe, que exige no defraudar la confianza que en otro pueda haber creado nuestra promesa o nuestra conducta. En definitiva, se trata de lo que el autor citado denomina la norma ética de veracidad en nuestras comunicaciones con el prójimo, y que ordinariamente se expresa como deber de atenerse a la palabra dada”. L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 2da ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Vol. I, pág. 99. (Énfasis suplido.) íd.

En su alegato, la señora Rivera Rodríguez arguye que como parte de las concesiones recíprocas que hicieron las partes a través de las estipulaciones transaccionales del divorcio, tuvieron la intención de dividir en partes iguales el producto de la venta de la propiedad completa; es decir, de la casa y el solar. Sostiene que al foro primario le estaba vedado disponer sumariamente del caso porque estaba en controversia cuál fue la intención de las partes al contratar. Señala que el Tribunal de Apelaciones erró al no revocar la resolución sumaria del Tribunal de Primera Instancia. Diferimos de la peticionaria.

Las estipulaciones a las que llegaron las partes durante el procedimiento de divorcio fueron redactadas de forma sucinta y con un lenguaje simple y claro. En lo pertinente, indican que durante el matrimonio las partes adquirieron “la casa”. Además, expresan que la “casa” se pondrá a la venta y que su producto se dividirá entre ambas partes. Nada más se expresa sobre la propiedad en controversia.

Como vemos, en las estipulaciones no se hizo referencia al solar. Tampoco trasluce de las estipulaciones intención de clase alguna de las partes en torno a éste. Mucho menos revelan una intención del señor Rivera Reyes de cederle a la señora Rivera Rodríguez sus derechos sobre el solar. De igual forma, la sentencia de divorcio no alude al solar en cuestión; sólo hace referencia a “la casa”, adoptando ad verbatim las estipulaciones de las partes al respecto. En fin, ni de las referidas estipulaciones ni de la sentencia de divorcio se desprende que el solar hubiese sido objeto de consideración, discusión o controversia entre las partes.

Por otro lado, el término “casa” se define como “edificio para habitar”. (Énfasis suplido.) Claramente, la definición excluye al suelo donde el edificio enclava. Tenemos que atribuirle buena fe tanto al señor Rivera Reyes como a la señora Rivera Rodríguez cuando utilizaron el término “casa” en sus estipulaciones. Obviamente, la peticionaria siempre ha conocido que el señor Rivera Reyes aportó el solar al matrimonio. Dicha aportación fue acreditada fehacientemente por el señor Rivera Reyes ante el foro primario. Ante tan elocuentes circunstancias, al interpretar las referidas estipulaciones, no vemos razones para apartarnos de su sentido literal. El término “casa” se refirió a la estructura de vivienda que los ex cónyuges construyeron, con exclusión del solar. Concluimos que este caso no presenta una controversia de intención de partes al contratar.

Al no haber una controversia real de hechos materiales y esenciales, sólo restaba aplicar el derecho sustantivo vigente. La sentencia sumaria era un mecanismo adecuado para disponer del caso.

II

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos al Tribunal de Apelaciones en todo lo que es incompatible con los pronunciamientos aquí vertidos. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que señale una vista y determine mediante tasación el valor de la propiedad completa, entiéndase, casa y solar. Deberá, además, determinar el valor del solar a la fecha cuando terminó la construcción de la casa, cantidad que constituirá el crédito del señor Rivera Reyes. Deberá ordenar, además, la venta en pública subasta de la propiedad completa. Adjudicará al señor Rivera Reyes la cantidad correspondiente a su derecho de crédito, y la cantidad restante, producto de la venta, la adjudicará en partes iguales entre los ex cónyuges, no sin antes descontar de la partida correspondiente a la señora Rivera Rodríguez, la mitad de los cánones de renta que dispuso en su resolución el Tribunal de Apelaciones.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton no intervino. La Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita.

       Autos originales del Tribunal de Apelaciones, caso Núm. KLCE0400173, “DEMANDA”.

       “DEMANDA ENMENDADA”.

       Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 18-20.

       íd., págs. 19-20.

       íd., págs. 23-32.

       íd., págs. 35-36.

       íd., págs. 87-125.

       íd., págs. 117-125.

       Escritura Núm. 97, otorgada en Fajardo, el 8 de mayo de 1971, ante el notario Guillermo Bird Martínez. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 28-32.

       Expedida por el Registro de la Propiedad, Sección de Fajardo, el 4 de mayo de 2000. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 111-116.

       Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 126-128.

       íd., págs. 129-145.

       íd., págs. 63-81. Cabe señalar que el Tribunal de Apelaciones modificó la parte de la resolución que dispuso que la allí peticionaria tenía que pagarle al señor Rivera Reyes renta sobre la casa desde junio de 1999. Dispuso, en cambio, que sólo procedía la imposición del pago de renta desde noviembre de 2002, fecha cuando el señor Rivera Reyes presentó su moción de ejecución de sentencia ante el foro primario. Por no formar parte de los señalamientos de error del recurso ante nos, no nos expresaremos sobre el particular.

        Igaravidez v. Ricci, 147 D.P.R. 1, 5 (1998); Magee v. Alberro, 126 D.P.R. 228 (1990); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61, 74 (1987).

        Igaravidez v. Ricci, supra; Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, supra, pág. 76.

       31 L.P.R.A. see. 3343.

        Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940 (1972); Isaac Sánchez v. Universal C.I.T. Credit, 95 D.P.R. 372, 382 (1967); Riera v. Pizá, 85 D.P.R. 268, 274 (1962); Capó Sánchez v. Srio. de Hacienda, 92 D.P.R. 837 (1965).

       “ALEGATO PARTE DEMANDANTE-PETICIONARIA”, págs. 6-8.

       Esto lo resolveremos al abordar el quinto señalamiento de error.

       Para facilitar la disposición del recurso ante nos, discutimos los señalamientos de error en el orden siguiente: primer error, cuarto error, quinto error y, finalmente, por estar íntimamente relacionados entre sí, el segundo y tercer error conjuntamente.

       La peticionaria se refiere al derecho de crédito que confiere la doctrina de accesión a la inversa. En la discusión del próximo señalamiento de error abordaremos esta figura jurídica y el referido derecho de crédito.

       31 L.P.R.A. see. 4821.

       Art. 1714 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4826; Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, supra, pág. 74.

       Art. 1714 del Código Civil, supra.

       Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1953, T. XXVIII, pág. 355.

       31 L.P.R.A. see. 3644.

       31 L.RR.A. see. 1161; Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 D.P.R. 219, 221-222 (1984).

        Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, supra.

       Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Malavé v. Oriental, 167 D.P.R. 593 (2006); García v. Darex P.R., Inc., 148 D.P.R. 364, 382 (1999); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563 (1997).

        Bonilla Medina v. P.N.P., 140 D.P.R. 294 (1996); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272 (1990).

        Malavé v. Oriental, supra; Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716 (1994).

        Rosario v. Nationwide Mutual, 158 D.P.R. 775 (2003); Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181 (2002); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 D.P.R. 294 (1994).

       31 L.P.R.A. see. 3471.

        Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842, 852 (1991); García Curbelo v. A.F.F., 127 D.P.R. 747 (1991); Casanova v. P.R. Amer. Ins. Co., 106 D.P.R. 689, 696-697 (1978).

       “ALEGATO PARTE DEMANDANTE-PETICIONARIA”, pág. 8.

        Diccionario de la Lengua Española, 22da ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 2001, T. I, pág. 468.


text:
    Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico, recurrido, v. Gobierno Municipal de Barceloneta y Sol Luis Fontanez Olivo, alcalde, peticionarios.

      Número: CC-2004-462

      Resuelto: 20 de junio de 2006

      Alejandro G. Carrasco Castillo, abogado de la parte peticionaria; Esperanza Esteban Rodríguez, abogada de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez,

emitió la opinión del Tribunal.

El Gobierno Municipal de Barceloneta (Municipio) cuestionó en este recurso la facultad del Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico (Consejo) para emitir, motu proprio, una orden para paralizar unos trabajos de mantenimiento y limpieza en un canal de escorrentía que efectuaba el Municipio. El Municipio adujo que el Consejo se excedió en sus facultades al paralizar dichas labores, ya que su ley orgánica no le facultaba para actuar así.

El foro apelativo intermedio sostuvo que el Municipio no agotó los procedimientos administrativos ante el Consejo, por lo que declinó revisar la determinación administrativa. El municipio peticionario rechazó esa conclusión y sostuvo que no al no existir facultad en ley para que el Consejo pudiera emitir dicha orden, ésta era nula, por lo que se dictó sin jurisdicción para ello; como resultado, no tenía que agotar los remedios administrativos.

Trabada así la controversia, pasamos a exponer el trasfondo fáctico del caso.

I

En la primera semana de noviembre de 2003, el Municipio se encontraba realizando unas obras públicas de mantenimiento y limpieza de cauces pluviales. Entre los lugares que limpiaba se encontraba el canal de escorrentía localizado al oeste del establecimiento comercial conocido como Prime Outlets. Este canal discurre en dirección norte, paralelo a la carretera estatal 140.

El canal se encontraba obstruido por chatarra abandonada, así como otros desperdicios sólidos, incluyendo unos treinta a cuarenta postes de hormigón que obstruían el canal. Los trabajos de limpieza consistían en la remoción de los escombros y del sedimento, y en la tala de la vegetación circundante al canal que obstruía el flujo normal del agua. El Municipio alegó que la obstrucción del canal producía inundaciones en las comunidades aledañas, por lo que era imprescindible su limpieza.

El 6 de noviembre de 2003, el arqueólogo Carlos Pérez Merced le notificó al Municipio un boleto de falta administrativa, imponiendo una multa de $10,000, bajo el fundamento de que los trabajos que desempeñaba el Municipio habían impactado un área arqueológica reconocida y, además, que el Municipio no había notificado al Consejo del hallazgo de materiales arqueológicos, como requiere la Ley Núm. 112 de 20 de julio de 1988, según enmendada, 18 L.P.R.A. see. 1551 et seq. (Ley Núm. 112). Se le ordenó al Municipio que en un término no mayor de quince días presentara ante el Consejo los planos, los permisos y el memorial explicativo que le autorizaban a llevar a cabo dichos trabajos. En esa misma fecha también le fue notificada una orden de paralización de los trabajos que se efectuaban.

El 12 de noviembre de 2003, el Consejo notificó al Municipio un nuevo boleto de falta administrativa por alegadamente haber hecho caso omiso tanto a la orden de presentar los planos y permisos correspondientes, así como a la orden de paralización. Inconforme con la acción del Consejo, el 14 de noviembre de 2003 el Municipio presentó una solicitud de reconsideración de la orden de paralización emitida. Indicó en ella que era imprescindible que ésta se dejara sin efecto, ya que los trabajos de limpieza del canal eran necesarios para aliviar el problema de inundaciones de áreas circundantes que se generaba como consecuencia de la obstrucción del canal pluvial.

El 21 de noviembre, el Municipio presentó una nueva moción ante el Consejo para notificar que retiraba la moción de reconsideración presentada, porque entendía que el Consejo se había excedido en sus facultades al emitir la orden de paralización.

El 24 de noviembre, el Consejo emitió una resolución en la que modificó su orden de paralización para indicar lo siguiente:

Vista la solicitud de reconsideración de orden de paralización, presentada por la parte querellada, la misma fue evaluada por los Miembros del Consejo.
Evaluada dicha solicitud, el cuerpo Consejal no tiene objeción a lo planteado y solicitado siempre y cuando se obtenga la autorización del dueño de los terrenos y se acredite que las personas a las que les solicita el permiso son los dueños regístrales de la porción a ser afectada. Apéndice, pág. 61.

En esta resolución nada se señaló sobre la moción para retirar la solicitud de reconsideración.

Así las cosas, el 8 de diciembre de 2003 el Municipio acudió ante el Tribunal de Apelaciones del dictamen del Consejo de paralizar las obras de mantenimiento y limpieza del canal pluvial. En su escrito, cuestionó la facultad del Consejo para dictar órdenes de paralización. Argumentó que la Sec. 11 de la Ley Núm. 112 (18 L.P.R.A. see. 1561) disponía que para procurar una orden de paralización el Consejo tenía que acudir al Tribunal de Primera Instancia para que fuera éste quien la emitiera. Argüyó que la letra de la ley era clara y no admitía una interpretación en contrario.

El 18 de diciembre de 2003, el Consejo se opuso al recurso instado por el Municipio fundamentado, principalmente, en que éste tenía que agotar los procedimientos administrativos disponibles de la Ley Núm. 112 y en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada (L.P.A.U.). Adujo, además, que tanto la Ley Núm. 112 como el Reglamento sobre Multas Administrativas promulgado a tenor de ésta, en su See. 9.04, facultaba al Consejo a ordenar dicha paralización para hacer cumplir el mandato de la Ley Núm. 112.

Mediante una sentencia de 16 de marzo de 2004, el foro apelativo intermedio confirmó la determinación del Consejo. Determinó que el Consejo no había emitido una resolución final sobre la controversia, por lo que declinaba revisar el recurso en esa etapa de los procedimientos. Indicó, además, que la orden de paralización no ocasionó un daño irreparable al Municipio y que no estaba claro si, en efecto, el Consejo carecía de jurisdicción para emitir un remedio de esa naturaleza.

Inconforme, el Municipio recurrió ante este Tribunal, vía certiorari, de dicha sentencia. En su escrito señaló la comisión de tres errores. El 25 de junio de 2004 denegamos la expedición del auto de certiorari presentado; en reconsideración, lo expedimos. Contando con la comparecencia de las partes, estamos en posición de resolver y así lo hacemos.

II

La Ley Núm. 112 declaró de utilidad pública y patrimonio del Pueblo de Puerto Rico a los yacimientos, objetos, artefactos, documentos o materiales arqueológicos, reconociendo así su valor incalculable, no tan sólo para la investigación y el análisis en el campo de la antropología, sino también para nuestra herencia cultural e histórica como pueblo caribeño. La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 112 claramente establece que el “fin primordial [de la ley] es estimular ... y asegurar el inventario científico y la protección de esa parte de nuestra herencia cultural e histórica. Con ello, se podrá estimular y facilitar la investigación antropológica y se atiende en forma satisfactoria y halagadora a las demandas de la cultura y del espíritu”. 1988 Leyes de Puerto Rico 497-498.

Para hacer efectivo el mandato de ley, el estatuto dispuso la creación del Consejo, que está adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña y tiene como objetivo “proteger y custodiar estos recursos arqueológicos y a la vez fomentar el inventario científico y el estudio de estos valores arqueológicos en armonía con la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. See. 2 de la Ley Núm. 112 (18 L.P.R.A. see. 1552).

La Ley Núm. 112 enumeró las potestades del Consejo, entre las cuales destaca la facultad para imponer multas administrativas, así como la de demandar y ser demandada. 18 L.P.R.A. sees. 1563 y 1554(j). Esta ley le reconoció al Consejo amplios poderes para implementar la política pública establecida por ésta, indicando que este organismo podrá “ejercer todas las acciones necesarias para lograr el eficaz cumplimiento de los propósitos de este capítulo”. 18 L.P.R.A. sec. 1554(d). A su vez, le facultó para “ejercer todos los poderes que sean incidentales y necesarios para el cabal desempeño de las responsabilidades y deberes que por ley se le asignan”. (Énfasis nuestro.) 18 L.P.R.A. sec. 1554(k).

La controversia en este caso gira en torno a la facultad conferida en la Sec. 11 de la Ley Núm. 112, donde se dispone:

Cuando se realicen obras de construcción, excavación, ex-tracción o movimiento de tierra sin la autorización requerida en la Sec. 1560 de este título, o se violen las condiciones impuestas en la autorización concedida!,] el Consejo podrá recurrir al Tribunal de Primera Instancia para que emita una resolución ordenando la paralización o suspensión de las obras de que se trate, hasta tanto se cumpla con los requisitos de este capítulo. El tribunal podrá obligar a demoler lo hecho y a restaurar o reconstruir el material, estructura o lugar si la obra realizada modifica o destruye la autenticidad o el valor del contenido arqueológico. Si el daño fuere irreparable, el responsable resarcirá al Pueblo de Puerto Rico por los daños causados.

El Municipio entiende que para obtener una orden de paralización de una obra, el Consejo tiene que acudir a los tribunales para que éstos la emitan, si así lo entiende procedente. Por el contrario, el Consejo arguye que, como parte de sus poderes incidentales y necesarios para cumplir con el mandato de la Ley Núm. 112, está facultado para emitir motu proprio las órdenes de paralización y evitar así daños mayores a los yacimientos arqueológicos.

Además, nos indicó que el lenguaje de la Sec. 11 de la Ley Núm. 112, supra, habla en términos potestativos no mandatarios, al indicar que el “Consejo podrá recurrir al Tribunal de Primera Instancia”. (Énfasis nuestro.) A base de lo cual concluye: “Toda vez que el verbo utilizado por el legislador, podrá, es uno de carácter optativo, dando así la libertad para hacer o no hacer.” Es decir, es discrecional del Consejo acudir o no al tribunal en búsqueda de una orden de paralización, y cuando opte por no hacerlo, puede emitirla motu proprio. Finalmente, indicó que la interpretación de un ente administrativo de su estatuto habilitador goza de gran deferencia, por lo que debemos acoger la interpretación propuesta por el Consejo.

III

Definida bajo estos términos la controversia ante nuestra consideración, debemos auscultar con mayor detenimiento el texto mismo de la sección en controversia, así como el historial legislativo de la Ley Núm. 112 en búsqueda de una respuesta.

A. La amplia delegación de facultades cuasilegislativas y cuasijudiciales a las agencias administrativas es una de las características sobresalientes del estado moderno. El arsenal administrativo contemporáneo requiere de la delegación de estos poderes, pues son los que permiten hacer efectivas y viables las funciones encomendadas al organismo administrativo.

La delegación de poderes cuasi judiciales incluye no sólo la potestad de resolver controversias, sino también la de dictar remedios. La orden de paralización u orden de cesar y desistir es uno de los remedios que le pueden ser delegados a las agencias administrativas. El profesor Schwartz nos señala:

Administrative agencies may also be given injunctive power, though the name “injunction” is not used. The cease and desist orders that may be issued by most regulatory agencies are the administrative equivalents of prohibitory injunctions. (Enfasis nuestro.) B. Schwartz, Administrative Law 3d, Boston, Ed. Little, Brown & Co., 1991, pág. 93. Véase, también, K.C. Davis, Administrative Law Text 3d, Nueva York, West Publishing, 1972, págs. 211-212.

Al repasar las leyes orgánicas de varias agencias administrativas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, encontramos tal facultad delegada expresamente. Así ocurre, por ejemplo, con el Art. 2(9) de la Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico (23 L.P.R.A. sec. 62j(9)); el Art. 25 de la Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos, 23 L.P.R.A sec. 71x; Ley sobre Política Pública Ambiental, 12 L.P.R.A. see. 1131(22); la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996 (27 L.P.R.A. see. 267f(b)(3)), y el Art. 4Z(b) de la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, 3 L.P.R.A. sec. 341Z(b). Como ya vimos, la Ley Núm. 112 también provee para la emisión de una orden de paralización. La pregunta ahora es a quién le corresponde la facultad de dictarla.

B. Una lectura integrada de las disposiciones de la Ley Núm. 112, específicamente de las Secs. 10 y 11, supra, nos provee la respuesta.

La Sec. 10 de la Ley Núm. 112, supra, describe las acciones que constituyen infracciones a la ley. En específico, se dispone que no se puede iniciar o continuar una obra de construcción o reconstrucción, u otros trabajos, en lugares en que previamente se ha identificado que yacen materiales arqueológicos, salvo que se obtenga previamente una autorización del Consejo. Por otro lado, cuando en cualquier otro lugar, y mientras se lleven a cabo unas obras, se descubran artefactos arqueológicos, procede que se notifique de inmediato al Consejo y no se continúe con los trabajos. Finalmente, la sección dispone qué una violación de lo allí dispuesto constituye un delito grave. 18 L.P.R.A. see. 1560.

La Sec. 11 de la Ley Núm. 112, supra, por su parte, dispone específicamente que cuando se realicen obras de construcción, excavación, extracción o movimiento de tierra sin la autorización que exige la mencionada See. 10 de la ley, “el Consejo podrá recurrir al Tribunal de Primera Instancia para que emita una resolución ordenando la paralización o suspensión de las obras de que se trate”. (Énfasis nuestro.) La sección también provee los remedios que el propio tribunal tiene disponible ante una violación de la Ley Núm. 112.

Hay que destacar que esta sección es la única sección en la ley que hace referencia a la paralización o suspensión de unas obras que se efectúan en violación al mandato de la Ley Núm. 112. Y como se puede apreciar, el lenguaje apunta a que quien la puede emitir es el tribunal, y no el Consejo. Esta parece ser la lectura más razonable de dicha sección.

El Consejo arguye, como apuntamos, que como la ley utiliza el vocablo “podrá” ello es indicativo de que es discrecional acudir o no al tribunal para solicitar dicho remedio y, cuando se opte por no acudir, el Consejo entonces queda facultado para, motu proprio, emitirla. Esta lectura se revela forzada y algo atropellada. La tesis del Consejo nos plantea varios inconvenientes. En primer lugar, aun cuando la primera parte de la aseveración es correcta, es decir, que será discreción del Consejo acudir o no al tribunal en búsqueda de una orden de paralización, la conclusión a que llega no es atinada. La discrecionalidad que se reconoce no es a que el Consejo pueda emitir por sí una orden de paralización, sino que éste puede, enfrentado con unas acciones que violen la Ley Núm. 112, escoger de entre sus poderes delegados la acción remedial que estime más adecuada. Así, puede optar por imponer una multa, demandar en el tribunal, presentar una querella criminal o solicitar del tribunal que expida una orden de paralización.

Por otro lado, aunque la regla general es que los términos permisibles como “podrá” deben interpretarse como que conceden discreción, y que los términos mandatarios como “deberá” deben interpretarse como que ordenan algo de forma concluyente —e.g., Capó v. A. Hartman & Cía, 57 D.P.R. 196, 200 (1940); Pueblo v. Díaz Torres, 89 D.P.R. 720, 732 (1963); Boneta et al., Ex parte, 39 D.P.R. 154, 166 (1929); Srio. de Justicia v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 158, 161 (1967)— hemos dispuesto que cabe interpretarlos indistintamente si de esa forma se logra cumplir con el propósito del estatuto. Espasas Dairy, Inc. v. J.S.M., 94 D.P.R. 816, 826 (1967). En este caso, “podrá” no tiene el alcance pretendido; se refiere más bien a que sólo procede la orden de paralización cuando la expida el tribunal. Sólo con esta interpretación hacemos cumplir el propósito de la ley.

Reiteradamente hemos señalado que el objetivo de la interpretación estatutaria es poner en vigor y hacer efectiva la intención del legislador, por lo que nuestra interpretación debe propender a hacer eficaz el objetivo perseguido por el legislador. Departamento de Hacienda v. Telefónica, 164 D.P.R. 195 (2005). Cuando el lenguaje es claro e inequívoco, “el texto de la ley es la expresión por excelencia de la intención legislativa”. Pérez v. Mun. de Lares, 155 D.P.R. 697 (2001). En este caso, como vimos, no tan sólo es claro el texto de la ley sino, como veremos también, lo es su historial legislativo.

IV

En 1985 se presentaron tres proyectos de ley con el propósito de crear un organismo administrativo para salvaguardar los yacimientos arqueológicos terrestres en Puerto Rico, a saber: el P. de la C. 8 Ira Sesión Ordinaria, lOma Asamblea Legislativa; el P. del S. 68, Ira Sesión Ordinaria, lOma Asamblea Legislativa, y finalmente, el P. de la C. 574, 4ta Sesión Ordinaria, lOma Asamblea Legislativa, que se convirtió en la Ley Núm. 112. En todos los proyectos se proveía para la expedición de las órdenes de paralización. El P. de la C. 8, contenía el lenguaje siguiente: “[c]uando se realicen obras sin la autorización aquí requerida o se violen las condiciones impuestas en la autorización concedida, la Comisión podrá, mediante orden judicial, ordenar la paralización de un proyecto hasta que se cumplan con los requisitos de esta ley”. (Enfasis nuestro.)

Por su parte, el P. del S. 68 contenía un lenguaje distinto, con el que específicamente facultaba a la Junta a emitir dichas órdenes. La sección pertinente disponía: “[l\a Junta podrá expedir órdenes provisionales de paralización de trabajos, obras, procesos de construcción, reconstrucción, excavación, movimiento de tierras o cualquier otro, para que se tomen medidas preventivas o de control necesarias para cumplir con los propósitos de la ley.” (Énfasis nuestro.) Vemos entonces que ambas cámaras legislativas abordaban este asunto desde perspectivas distintas. El Senado interesaba otorgarle al Consejo dicha facultad ex-presamente, mientras que la Cámara le confería la facultad al tribunal.

Durante el debate en el Senado sobre el P. del S. 68, el 24 de junio de 1985, el senador Fas Alzamora propuso que se enmendara la sección. La enmienda propuesta disponía lo siguiente: “[e]l Instituto de Cultura o la Junta podrá solicitar ante el organismo pertinente la paralización de las actividades antes mencionadas hasta tanto se cumpla con los requisitos de esta ley." (Enfasis nuestro.) La enmienda del senador Faz Alzamora asemejaba el proyecto en el Senado al texto del de la Cámara.

Posteriormente, los proyectos antes mencionados se sustituyeron por el P. de la C. 574, el cual finalmente culminó en la Ley Núm. 112. En este proyecto, el lenguaje que se incluyó inicialmente sobre las órdenes de paralización fue muy similar al lenguaje que contenía el P. de la C. 8 sobre éstas. A saber:

Cuando se realicen obras sin la autorización aquí requerida o se violen las condiciones impuestas en la autorización concedida, la Comisión podrá, mediante orden judicial, ordenar la paralización de un proyecto hasta tanto se cumplan con los requisitos de esta ley. (Énfasis nuestro.)

Una vez en el Senado, se enmendó nuevamente dicha sección para que dispusiera: “El Consejo podrá recurrir al Tribunal Superior”; así enmendada, quedó finalmente aprobada y se convirtió en ley.

A la luz del historial legislativo antes expuesto, no nos cabe la menor duda que la intención del legislador fue facultar sólo a los tribunales a dictar órdenes de paralización. Este fue un tema debatido ampliamente por la Rama Legislativa, de ahí los innumerables cambios introducidos una y otra vez sobre esta disposición. Finalmente, prevaleció aquella versión que dejaba en manos de los tribunales la facultad de emitir órdenes de paralización. No nos corresponde pasar juicio sobre la sabiduría del esquema favorecido por el legislador. Nuestra función se circunscribe a, mediante nuestra interpretación del estatuto, hacer viable aquello que originalmente quiso establecer el legislador.

Antes de finalizar, cabe destacar que la Ley Núm. 10 de 7 de agosto de 1987 (18 L.RR.A. see. 1501 et seq.), aprobada con anterioridad a la Ley Núm. 112, dispuso para la creación del Consejo para la Conservación y Estudio de los Sitios y Recursos Arqueológicos Subacuáticos, adscrito también al Instituto de Cultura Puertorriqueña y con funciones similares a las que después se le otorgarían al Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico. Esta ley, sin embargo, sí facultó expresamente al Consejo para la Conservación y Estudio de los Sitios y Recursos Arqueológicos Subacuáticos a emitir motu proprio órdenes de cese y desista o de paralización. Así, en su Art. 8(g) se dispuso expresamente: “El Consejo tendrá los siguientes deberes y poderes: ... (g) Expedir, previa notificación y vistas, órdenes de hacer o no hacer, cesar y, desistir .... El Consejo podrá comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia para solicitar que dicho tribunal ordene el cumplimento de cualquier orden o citación expedida por el Consejo.” (Énfasis nuestro.) 18 L.P.R.A. see. 1508(g). Aun cuando esta ley estaba vigente al momento de la aprobación de la ley que hoy nos ocupa, y a pesar que tratan de asuntos casi idénticos, el legislador no tuvo a bien autorizar al Consejo en la Ley Núm. 112 a emitir por sí órdenes de paralización. Debemos respetar la voluntad del legislador y no podemos, como nos invita el Consejo, a desatender la clara intención legislativa.

Resolvemos, por lo tanto, a base de la discusión que antecede, que la ley habilitadora del Consejo no le autorizó a emitir, motu proprio, las órdenes de paralización. Para ello, el Consejo tiene que solicitar el auxilio de los tribunales. Le corresponde a la Asamblea Legislativa modificar el estatuto para que se provea tal facultad con las salvaguardas correspondientes.

La orden emitida por el Consejo en el caso de referencia fue a todas luces nula y su actuación fue ultra vires. El Municipio, en su consecuencia, no tenía que agotar los remedios administrativos, ya que el ente administrativo actuó al margen de sus facultades delegadas. E.g., Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 D.P.R. 906 (2001); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R. 483 (1997); Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 D.P.R. 42 (1993); Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347 (1988).

Procede revocar la determinación del Tribunal de Apelaciones y dejar sin efecto la orden de paralización emitida contra el Municipio de Barceloneta.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 47.

       íd., pág. 46.

       íd., pág. 49.

       3 L.P.R.A. see. 2101 eí seq.

       Los errores señalados por el Municipio de Barceloneta fueron los siguientes:
      1. “Cometió error el Tribunal de Apelaciones al resolver que en la situación de hechos del caso el Municipio de Barceloneta debía agotar los remedios administrativos ante el Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico antes de recurrir al foro judicial, a pesar de que se trata de una situación clara en que el organismo administrativo actuó de forma ultra vires al dictar una orden decretando la paralización de unas obras públicas de mantenimiento que realizaba el Gobierno Municipal de Barceloneta ya que la Asamblea Legislativa no le delegó el poder de dictar órdenes de paralización.”
      2. “Procedía la revisión de la resolución administrativa ante el Tribunal de Apelaciones no obstante el hecho de que se trataba de una resolución interlocutoria. Por tratarse de una orden ultra vires, el Municipio de Barceloneta podía preterir el trámite administrativo y recurrir directamente en revisión judicial.”
      3. “Cometió error el Tribunal de Apelaciones al denegar el auto solicitado ya que el Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico carece de autoridad legal para emitir órdenes de paralización.” Petición de certiorari, págs. 5-6.

       La Sec. 10 de la Ley Núm. 112 de 20 de julio de 1988 (18 L.P.R.A. see. 1560) dispone como sigue:

        “Obras- Movimiento de tierras; autorización requerida

      “A partir de la fecha de aprobación de est[a] ley, no se podrá iniciar ni continuar obra de construcción o reconstrucción, ni trabajos de trabajos [sic] de excavación, extracción o movimiento de tierras en lugar alguno del que haya documentación previa o indicios fidedignos de presencia de material arqueológico, a menos que se obtenga la autorización del Consejo.
      “Cuando la obra de construcción o reconstrucción, de excavación, extracción o movimiento de tierras sea en un lugar del cual no haya documentación previa o indicios fidedignos de presencia de material arqueológico y, sin embargo, luego de iniciadas las mismas se descubra cualquier material arqueológico, el contratista o el dueño de la obra, según sea el caso, deberá suspender la misma y notificar al Consejo dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a dicho hallazgo, a fin de poder obtener la autorización correspondiente para la continuación de la obra o trabajos de que se trate.”

       Réplica a la Petición de certiorari, pág. 17.

       Presentado el 14 de enero de 1985.

       Presentado el 5 de febrero de 1985.

       Presentado el 11 de agosto de 1985.

       Este proyecto fue referido a las Comisiones de Recursos Naturales y Calidad Ambiental, de lo Jurídico Penal y de Hacienda, y su texto fue aprobado en votación final por el Senado, 16 de enero de 1985, lOma Asamblea Legislativa, Ira Sesión Ordinaria, pág. 12.

       Dicha sección sólo sufrió una enmienda: se sustituyó la palabra “Comisión” por “Consejo”.

       Este proyecto fue referido a las Comisiones de Desarrollo Social y Cultural, de Hacienda y de Gobierno Estatal, y su texto aprobado en votación final por el Senado, 16 de enero de 1986, lOma Asamblea Legislativa Ira Sesión Ordinaria, pág. 11.

       En el primer Informe Conjunto del Senado sobre el P. del S. 68, se hicieron unas enmiendas a dicha sección. Finalmente disponía que el Instituto de Cultura o la Junta “podrá ordenar la paralización de las acciones antes mencionadas hasta tanto se cumpla con los requisitos de esta ley”. Informe de las Comisiones de Desarrollo Social y Cultural de Hacienda y Gobierno Estatal, 6 de mayo de 1985, lOma Asamblea Legislativa, Ira Sesión Ordinaria, pág. 6. Posteriormente se sustituyó la palabra “Junta” por “Consejo”.

       Diario de Sesiones del P. del S. 68, 24 de junio de 1985, pág. 420.

       íd., pág. 417.

       Proyecto referido de las Comisiones de Recursos Naturales y Calidad Ambiental, y de Gobierno, y su texto fue aprobado finalmente por la Cámara, 7 de abril de 1986, lOma Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Extraordinaria, pág. 10.

       Diario de Sesiones, Procedimientos y Debates de la Asamblea Legislativa, Senado, sobre el P. de la C. 574, 23 de mayo de 1988, lOma Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Extraordinaria, págs. 2056 y 2061.

       Debe quedar meridianamente claro que no pasamos juicio sobre la corrección y la cuantía de la multa impuesta al Municipio de Barceloneta, ya que este asunto no se trajo ante nuestra consideración.
      Tampoco expresamos criterio alguno sobre si el Municipio de Barceloneta, advertido de que en el lugar donde trabajaba yacían materiales arqueológicos, podía, en virtud de lo dispuesto en la Sec. 10 de la Ley Núm. 112, supra, continuar sus labores de limpieza.
      El asunto en este caso es de carácter procesal, sobre cuándo y cómo procede una orden paralización según la Ley Núm. 112, supra.


text:
      In re Integración de Salas de Verano.

      Número: ES-2006-1

      Resuelto: 20 de junio de 2006
   RESOLUCIÓN

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 4(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 L.RR.A. Ap. XXI-A, se constituyen las Salas de Verano siguientes para funcionar durante el receso:

Del 1 al 9 de julio de 2006

Hon. Francisco Rebollo López, presidente

Hon. Efraín E. Rivera Pérez

Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez

Del 10 al 30 de julio de 2006

Hon. Federico Hernández Denton, presidente

Hon. Efraín E. Rivera Pérez

Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez

Del 31 de julio al 15 de agosto de 2006

Hon. Francisco Rebollo López, presidente

Hon. Efraín E. Rivera Pérez

Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez

Del 16 de agosto al 31 de agosto de 2006

Hon. Francisco Rebollo López, presidente

Hon. Jaime B. Fuster Berlingeri

Hon. Liana Fiol Matta

Del 1 al 10 de septiembre de 2006

Hon. Federico Hernández Denton, presidente

Hon. Jaime B. Fuster Berlingeri

Hon. Liana Fiol Matta

Del 11 al 17 de septiembre de 2006

Hon. Francisco Rebollo López, presidente

Hon. Jaime B. Fuster Berlingeri

Hon. Liana Fiol Matta

Del 18 al 30 de septiembre de 2006

Hon. Federico Hernández Denton, presidente

Hon. Jaime B. Fuster Berlingeri

Hon. Liana Fiol Matta

Los Presidentes de Sala quedan facultados para sustituir a los Jueces que no puedan intervenir en algún asunto ante su consideración y, asimismo, para convocar al Pleno del Tribunal cuando sea necesario. El Tribunal continuará emitiendo y certificando opiniones y sentencias durante este período.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo