author: El Juez Asociado' Señor De Jesús del Juez Asociado Sr. Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Rivera Beltrán, acusado y apelante.
    Núms. 11526 y 11527.
    Sometidos: Diciembre 2, 1946.

      Resueltos: Abril 17, 1947.

      Benjamín Ortiz y Alvaro Ortiz, abogados del apelante; Hon. Procu-rador General Interino' Luis Negrón Fernández (E. Campos del Toro, ex Procurador General, en el alegato), y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado' Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné acusado de dos delitos de asesinato, co-metidos en las personas de Máximo Velázquez y de Juan Ve-lázquez. Como los actos delictivos formaron parte de una misma transacción y la prueba, naturalmente, era la misma en ambos casos, éstos se consolidaron para los efectos del juicio. También ban sido consolidados. a los efectos de la apelación. El jurado lo declaró culpable: en el caso de Má-ximo Velázquez de asesinato en segundo grado y en el de Juan Velázquez de homicidio voluntario, siendo sentenciado a doce y cinco años de presidio, respectivamente. Apeló de las dos sentencias y señala cuatro errores. Los tres prime-ros se reducen a que el veredicto es contrario a la prueba y en el cuarto se queja de que la corte a quo no admitió el iestimonio de una hermana del acusado con el cual la defensa se proponía probar el móvil que tuvieron los hermanos Ve-lázquez para atacar al acusado y de ese modo establecer que Máximo y no el acusado fue el que primero atacó.

Pasemos a determinar si los veredictos encuentran apoyo en la prueba. Los testigos del fiscal que declararon sobre los hechos fueron Nicanor Burgos Vélez, Juan Rodríguez Soto, José Vega Delgado y Luis Velázquez Vélez.

Nicanor Burgos Veles declaró que era pariente de los in-terfectos; que se hallaba cerca del sitio de los sucesos la noche de autos y oyó un grito que decía: “Ya lo mató”; que acudió al sitio y vió al acusado en lucha con Juan Velázquez y a un lado vió a Máximo Velázquez quejándose en el suelo; que vinieron los Sánchez y recogieron los heridos y el acu-sado se marchó; que al irse el acusado, Juan Velázquez quedó herido en el suelo; que el acusado tenía una cuchilla en la mano, como de ocho pulgadas de largo y que no vió que Juan Velázquez tuviera arma alguna.

Juan Rodrigues Soto declaró que a las ocho de la noche del ■ día de autos se encontraba en una tienda que tenía el acusado a la orilla del camino real en el barrio Aguacate de Yabucoa; que llegaron a la tienda Máximo y Juan Veláz-quez, trayendo una botella de ron en las manos; que al llegar ellos, Máximo Velázquez dió un empujón al testigo y lo echó hacia el seto; que luego Máximo bajó al batey y le dijo al testigo: “Estamos bebiendo ron y si hay que pelear se pe-lea” y se fué a la esquina de la tienda y le dijo que él no intentaba tener disgustos con el testigo, que lo que él (Má-ximo) procuraba era que el acusado interviniese para enton-ces atacarlo; que cuando Máximo volvió a la tienda se pu-sieron a pelear los tres, o sea, los hermanos Yelázquez y el acusado; que vió cuando el acusado hirió a Máximo con la cuchilla que tenía en la tiendita; que cuando los tres estaban peleando llegó Luis Yelázquez y le dió con un palo al acu-sado; que cuando Luis Yelázquez lo atacó ya Máximo estaba herido; que Máximo fué el primero que sacó un cuchillo; que vió herido a Máximo, pero no vió herido a nadie más; que Juan Yelázquez le tiró un palo al acusado, pero no logró alcanzarlo y al dar en la luz la apagó; que antes de que el acusado hiriera a Juan Yelázquez éste le había atacado con el palo.

José Vega Delgado declaró que es pariente del acusado pero no lo era de Máximo ni de Juan Yelázquez; que estando el testigo en el ventorrillo del acusado llegaron allí Máximo y Juan Yelázquez en actitud alegre y saludaron y entraron trayendo Máximo una botella de ron; que Máximo dijo: “Se-ñores yo traigo esto aquí para que nos demos un palo,” pero las personas que estaban en el ventorrillo no aceptaron, ex-cepto Juan Rodríguez Soto que tomó con los dos hermanos; que Máximo soltó la botella y dijo: “Pues nosotros toma-mos y también si hay que pelear se pelea”; que entonces le .puso la mano sobre el pecho a Juan Rodríguez. Soto y le dió con el puño; que el acusado se metió por medio y dijo: “¿Qué es eso, Máximo? Dejen eso, dejen eso bendito”; que entonces Máximo dijo: “Está dejado”; que después no pasó nada más; que como un minuto después Juan Velázquez in-visitaba a Máximo a irse, pero Máximo se resistía y el testigo se fué para su casa; que no vió que el acusado ni los her-manos Velázquez tuvieran armas; que el acusado estaba so-brio; que Máximo y Juan Yelázquez estaban alegres porque habían tomado.

Litis Velásques, último testigo del fiscal, declaró que el día de autos se encontró a sus hermanos Máximo y Juan en la tienda del acusado donde el testigo llegó a comprar unos cigarros; que estaba oscureciendo y el testigo invitó a sus hermanos a retirarse; que el acusado bajó de la tienda con una cuchilla y le cayó a puñaladas a sus dos hermanos; que primero apuñaló a uno y entonces la emprendió con el otro y el testigo gritó y al gritar el acusado le asestó una puñalada que le cogió el lado izquierdo de la cara, mostrando la cica-triz al jurado; que el testigo se fué al ser herido; que Juan recibió seis puñaladas, cuatro se las dió estando Juan de pie y las otras dos después de haber caído; que cuando apuña-laba a Juan, Máximo estaba herido en el suelo; que Máximo no tenía armas ni Juan tampoco; que sus hermanos no ha-bían atacado a nadie.

La prueba de descargo consistió de la declaración de Miguel Montesuma y de la del acusado. Montezuma se con-cretó a declarar que la tarde del día de autos se encontró con Máximp y Juan Velázquez; que llegaron a la tienda El Bobo, en el barrio Aguacate de Tabucoa como a las 3:30 de la tarde; ' que ellos lo invitaron, a tomar licor y él aceptó; que lo invitaron a ir a la tienda del acusado y él les preguntó qué iban a hacer en casa del acusado y ellos le contestaron: “Pues nosotros vamos allá porque hoy matamos a Juan Rivera o Juan Rivera (el acusado) nos mata a nosotros”; que el testigo le dijo que no podía acompañarlos porque Juan Rivera era un hombre bueno, de buenas acciones y amigo suyo; que el testigo le dijo que iba para su casa y fué directamente a la tienda de Juan Rivera y le dijo: “Oigame, Máximo y Juan vienen para acá para matarlo a usted” y entonces el acusado le dijo: “¿Por qué, si yo no soy hombre de pelea? Yo no he hecho nada, lo único que uno de ellos está enamorado de una hermana mía pero yo no me he me-tido en nada de eso, así es que despreocúpese,” y el testigo se fué.

Declaró el acusado que el 31 de agosto de 1942, como' a las ocho de la noche, llegaron a su tienda por segunda vez los hermanos Velázquez; que al llegar dijo Máximo: “¿Qué pasa?” y el testigo contestó: “No pasa nada”; qne enton-ces dijo Máximo: “Pues si no pasa nada échate para abajo qne a pelear es qne venimos”; qne el acnsado se detnvo y Máximo snbió y sacó el pnño y le: dió nn puñetazo; qne en-tonces Máximo sacó nna cncMlla y le tiró nna pnñalada; qne era nn cnchillo de cocina como de cinco a seis pulgadas de, largo; qne Máximo le tiró la pnñalada y el acnsado la es-quivó; qne sn cnchillo de partir tocino y bacalao estaba en-cima del mostrador y le costó defenderse con él infiriéndole la herida a Máximo; qne al mismo tiempo subía Juan Veláz-quez y le tiró con nn palo de higuillo; qne al tirarle con el líalo bajó la cabeza, dobló el cuerpo y entonces el palo le dió a la luz y se apagó y empezaron a luchar cuerpo a cuerpo.

A preguntas del fiscal declaró qne Máximo era más alto, más grueso y más fuerte qne él; qne al quedarse a obscuras, el acnsado empezó a tirar a tientas y a locas; que no sabe cuántas heridas infirió a Juan Velázquez ;() qne el testigo sabía qne tiraba, pero como estaba a obscuras no sabe si el cuchillo se encajaba en el virote o en qué; qne el acnsado no salió herido. A preguntas de la defensa refiere la manifes-tación de Montezuma sobre el propósito de los hermanos Ve-lázquez de matarlo. . ,

Tal fué, en síntesis, la evidencia que tuvo ante sí el ju-rado. En verdad, las declaraciones de algunos testigos de cargo tienden a probar que fué Máximo Velázquez quien ini-ció la riña, e hizo uso de armas- antes que el acusado. En cambio, la del testigo Luis Velázquez tendió a probar que sus hermanos, los interfectos, estaban desarmados y que fué el acusado el primero en atacarlos. El jurado no venía obli-gado a traer un veredicto absolutorio por el hecho de que hubiese esa contradicción en los testigos de cargo. Su mi-sión era determinar la verdad y dar crédito a aquel testigo, que a su juicio, lo mereciese, no importa el número de los que declarasen lo contrario. Parecen pertinentes las pala-bras del Juez Mac Leary en el caso de El Pueblo v. Español, 16 D.P.R. 213, 231-32:

“Se afirma por el apelante que el veredicto del jurado es contrarío a. las pruebas, y se ha hecho un gran esfuerzo para demostrar ésto, comparando entre sí las declaraciones de los diferentes testigos, y señalando las contradicciones que se alega existen en distintas partes de las declaraciones de determinados testigos, y especialmente en las de la denunciante y su hermano. Hay, sin duda, muchas contradic-ciones en las declaraciones de los diferentes testigos, comparando las mías con las otras, y algunas incongruencias en las varias deposicio-nes hechas por algunos de los testigos de cargo. Esto sucede en casi todos los juicios celebrados en causas criminales que sean muy discu-tidas. Pero es atribución y deber del jurado aquilatar las pruebas y armonizar, hasta donde fuere posible, las incongruencias o contra-dicciones que existan en las declaraciones de los testigos, y de separar los granos de verdad de la masa de materia falsa que se encuentre en las mismas, de acuerdo con las debidas instrucciones del tribunal, y de este modo llegar a un veredicto justo, fundado en los hechos que se hayan probado. Por lo que vemos de una detenida lectura de los autos y de los alegatos, ese deber se ha cumplido imparcialmente por el jurado, y no nos creemos justificados a decir qué se haya cometido error alguno en cuanto a este particular. Otro jurado, en virtud de los mismos hechos, y bajo las debidas instrucciones, podía llegar a tm veredicto completamente distinto, y que nosotros sentiríamos la misma vacilación en revocar.
“No liay nada en estos autos que demuestre que el jurado que juzgó el presente caso en el tribunal inferior, haya sido movido, o en manera alguna haya sido influido por el apasionamiento, preven-ción o parcialidad; y en tales casos hemos declarado frecuentemente que este tribunal no modificará el fallo del juez sentenciador, ni anu-lará el veredicto del jurado.”

El jurado dió crédito a la declaración de Luis Velázquez y no lo dió a las de otros testigos de cargo, en cuanto ten-dían a establecer que el acusado había dado muerte a Máximo y Juan Velázquez en defensa propia. Examinando la decla-ración del acusado, se notará que al describir la llegada de los interfectos a su tienda y al relatar la forma en que se inició la riña, difiere del relato que hacen aquellos testigos de cargo, cuyas declaraciones favorecen al acusado. Según éste, los interfectos llegaron a su tienda como a las ocho de la noche, por segunda vez, el 31 de agosto de 1942, y todo lo que sucedió en esa ocasión fue lo siguiente: Que al llegar Máximo preguntó al acusado “¿qué pasa?” y al contestarle que no pasaba nada, Máximo replicó: “Pues si no pasa nada, échate para abajo que a pelear es que venimos,” y como el acusado se detuviera, Máximo subió y le agredió con el puño primero e inmediatamente después sacó un cuchillo y aco-metió al acusado sin lograr herirlo, siendo entonces que el acusado cogió un cuchillo que estaba sobre el mostrador y le infirió la herida que le causó la muerte.

El jurado probablemente consideró esta declaración del acusado en relación con las de José Vega Delgado y Juan Rodríguez' Soto, quienes hicieron, especialmente el último, una descripción minuciosa de la llegada de los hermanos Ve-lázquez a aquel sitio, distinta por completo de la que hizo el acusado y de la forma en que se inició la riña, según éste. Al considerar las declaraciones de dichos testigos de cargo, en relación con la del acusado y con la del testigo del fiscal Luis Velázquez, bien pudo el jurado llegar a la conclusión de que los testigos de cargo cuyas declaraciones favorecían al acusado, no eran dignas de crédito. Estando el veredicto sostenido por la declaración de Luis Velázquez, a quien el jurado tenía derecho a dar crédito, () no debemos alterarlo, especialmente teniendo en cuenta que el jurado vió y oyó de-clarar los testigos y por su comportamiento en la silla tes-tifical, estuvo en mejores condiciones que lo está ahora este Tribunal para determinar quiénes dijeron la verdad.

Concedemos que el veredicto de homicidio voluntario, en relación con la muerte de Juan Velázquez, es erróneo, debiendo ser asesinato en segundo grado. Opinamos que es erróneo porque, suponiendo que Juan Velázquez atacase al acusado-con un pálo,() todos están contestes en que el palo se rompió sin que el acusado fuese agredido. Al atacarlo el acusado en la forma en que lo hizo, infiriendo seis puñaladas a un hombre desarmado, demostró tener un corazón pervertido y maligno. El delito cometido en esas circunstancias es el de asesinato en segundo grado. Pero ese error, lejos de perjudicar, benefició al acusado, y por consiguiente no puede producir la revocación de la sentencia.

Réstanos determinar ahora si erró la corte al no admitir la declaración de Carmen- Rivera, hermana del acusado. Esta declaración se ofreció con el propósito de probar hosti-lidad contra el acusado por parte de Máximo Velázquez y la posibilidad de que fuera éste el que iniciara la» riña.

La declaración que anunció la defensa que prestaría dicha testigo era sustancialmente así: Que hacía como cuatro años Máximo Velázquez la requirió de amores y ella lo re-chazó; que para aquella fecha él penetró en la casa de ella teniendo que denunciarlo por alteración de la paz.

El juez sostuvo la oposición del fiscal por el fundamento de que esa prueba era remota. Entonces la defensa anunció que también se proponía probar con la testigo que el día anterior al de autos Máximo Velázquez volvió a la casa de ella y le preguntó si estaba casada o soltera.

No parece dudoso que- la primera parte de la propuesta declaración, es decir, lo ocurrido cuatro años antes, es re-mota. Pero de todos modos, la determinación de si la evi-dencia propuesta es o no remota, es cuestión que descansa en la sana discreción de la corte sentenciadora. 2 Wigmore, Evidence, (3ra. ed., 1940), see. 396.

En cuanto a la última visita del acusado el día anterior al de autos, aparte de que es increíble, () su propósito era tan baladí, que la admisión de esa prueba en nada hubiera podido influir en la mente del jurado.

Procede, por lo expuesto, confirmar las sentencias ape-ladas.

Opinión disidente

del Juez Asociado Sr. Todd, Jr.,

con la cual concurre

el Juez Presidente Sr. Travieso.

A mi juicio, la prueba de cargo, incluyendo la declara-ción de Luis Velázquez, demostró que el acusado actuó como consecuencia de una súbita pendencia provocada por los her-manos Máximo y Juan Velázquez, o un arrebato de cólera, también consecuencia de dicha provocación. Aun cuando des-cartemos, como lo hizo el jurado, la teoría de que el acusado actuó en defensa propia, tanto la prueba de cargo (excepto Luis Velázquez) como la de descargo, demuestran que el acu-sado estaba en su tienda y que fueron Máximo y Juan Ve- lázquez los que en estado de embriaguez llegaron allí y lo provocaron y agredieron. Es de notarse, además, que Luis Velázquez llegó a la tienda después que sus hermanos y fué entonces que quiso llevárselos y éstos se negaron. Es sig-nificativo este hecho, pues si Máximo y Juan nada malo es-taban haciendo, ¿qué motivo había para que su hermano Luis tratara de llevárselos?

En mi opinión el de autos no es un caso, como el de El Pueblo v. Español, 16 D.P.R. 213, citado por la corte, en el cual existan “contradicciones en las declaraciones de los. dife-rentes testigos, comparando las unas con las otras y algunas incongruencias en las varias deposiciones hechas por algu-nos de los testigos de cargo.” Aquí nos confrontamos con el hecho de que todos los testigos de cargo, con excepción de uno, Luis Velázquez, hermano de los interfectos, y quien tam-bién intervino en la reyerta y salió herido, () corroboran la teoría y la prueba del acusado de que éste actuó en oca-sión de una súbita pendencia o arrebato de cólera. La de-claración de Luis Velázquez es, además de interesada, increí-, ble. Es increíble porque no habiéndose demostrado que el acusado estuviera loco o borracho, es inexplicable que proce-diera a atacar con una cuchilla a tres personas sin que nada hubiera ocurrido entre ellos. T esto es lo que dicho testigo declaró. El sentido común y la razón natural nos indican que las cosas no ocurren así en la vida. Es cierto que co-rresponde al jurado dirimir el conflicto que pueda existir en la prueba y que generalmente respetamos su veredicto ba-sado en la credibilidad que le merecen los testigos, pero esto no quiere decir que si hubo un manifiesto error en la apre-ciación dé la prueba, o si ésta es de tal naturaleza que no justifica el veredicto, no podamos intervenir con el mismo.

A mi juicio la prueba fué suficiente para dejar demos-trado, más allá de duda razonable, que a lo más lo que allí ocurrió fué consecuencia de una súbita pendencia o arrebato de cólera (y así lo entendió el jurado en cnanto a nno de los veredictos) y'que en su consecnencia el veredicto que rindió de asesinato en segundo grado, en el otro caso, no está sos-tenido por la prueba y procede su revocación.

      (1) Según aparece del certificado de autopsia admitido en evidencia, el cuerpo de Juan Velázquez presentaba las siguientes heridas:
      “1. TJna herida incisa de 2% cms. en el aspecto anterior del hombro derecho en una penetración oblicua y superficial de 5 cms. en la región axilar derecha, sin causar daño en estructura de importancia alguna.

        “2. Herida similar en la región lateral izquierda del tórax entre las costi-llas séptima y octava sin penetración en la cavidad de la pleura.
      ”3. Herida similar en la región media de la espalda al nivel de la séptima vértebra dorsal de 2.5 cms. de profundidad sin penetración de la cavidad do la pleura ni daño alguno a estructura de importancia.

        “i. Herida similar en el lado izquierdo de la espalda a media pulgada de la línea media y al nivel del octavo espacio intercostal izquierdo de 2 ems. de penetración sin causar daño alguno a estructura de importancia.

        “5. Herida incisa de aspecto similar a las anteriores pero de 4 cms. de largo en el lado derecho de la espalda a dos pulgadas de la línea media y al nivel del undécimo espacio intercostal que penetró la cavidad do la pleura derecha, per-foró el diafragma en su parte posterior y penetró en el riñón derecho en el aspecto posterior de su polo superior, atravesando la parénquima de dicho ór-gano, terminando la herida debajo del peritoneo parietal que cubre la parto anterior del riñón.
      “6. Herida incisa de 2 ems. de larg'o a media pulgada do la anteriormente descrita, de 2 cms. do profundidad que no perforó la pared posterior abdominal.”

      (2) TTn testigo de cargo, Juan Rodríguez Soto, erróneamente diee al principio de su declaración que Luis Velázquez acometió con un palo al acusado, pero más adelante el mismo testigo rectifica imputando ese hecho a Juan' Velázquez. La participación de Luis Velázquez, según su declaración, fué que gritó cuando vió que mataban a sus hermanos y el acusado lo atacó entonces con el cuchillo cor-tándole la cara.

      (3)La evidencia revela que cuando Juan Velázquez ataeó al acusado con un palo, ya su hermano Máximo hahía recibido la puñalada y se hallaba imposibili-tado de continuar peleando.

      (4)Es increíble que viviendo Carmen Rivera y Máximo Velázquez en el mismo barrio por más de cuatro años por lo menos, con la oportunidad do verse a me-nudo y el interés que so pretende probar tenía él en ella, tuviese que ir Máximo a preguntarle lo que probablemente todos los vecinos del barrio sabían, es decir, si ella estaba soltera o casada.

      O Se probó que el acusado liabía sido absuelto en el proceso por haber he-rido a este testigo Luis Velázquez.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    Nelson A. Lugo, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1202.
    Sometido: Enero 13, 1947.

      Resuelto: Abril 17, 1947.

      Garlos García Méndez, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura número 83 otorgada en Cayey el día 8 de septiembre de 1939 ante el notario Víctor M. Pons, modifi-cada posteriormente por escritura número 75 otorgada ante, el mismo notario el 15 de junio de 1940, se llevó a cabo la partición de los bienes relictos al fallecimiento de don Aure-liano Peláez Santos. En dieba partición se le adjudicó a doña Julia Santos Santiago, en bienes, la suma de $2,900 para el pago de bajas del caudal hereditario consistentes en una hipoteca por $2,000 a favor del Hospital de la Concep-ción y $900 para gastos de documentación. Habiéndose can-celado la hipoteca, el Sr. Pons otorgó escritura el día 7 de .septiembre de 1946 ante el notario Angel M. Díaz haciendo constar que fue él el que como notario autorizó la documen-tación relacionada con la partición mencionada anterior-mente y que “desde antes de esta fecha le fue satisfecha por doña Julia Santos Santiago la suma de novecientos dólares a ella adjudicada para el pago de los gastos de documenta-ción; y en su consecuencia por medio de la presente escri-tura otorga la más formal carta de pago por la expresada suma de novecientos dólares que le fuera satisfecha por con-cepto de gastos de documentación;, deseando que con vista de esta escritura se proceda a la cancelación de dicho gravamen ...”

Presentada en el Registro de la Propiedad de San Ger-mán dicha escritura el Registrador denegó la cancelación so-licitada “por observar que según el Registro la baja men-cionada aparece como ‘novecientos dollars de gastos de documentación’ sin que se exprese específicamente el nombre del acreedor, no acreditándose debidamente que éste sea el Sr. Víctor M. Pons que ahora cancela ...”

El único motivo expuesto por el Registrador en su ale-gato para explicar su actuación es que “los términos gene-rales en que está concebida y consignada la mención no descarta la posibilidad de que haya otras personas con dere-cho a dicha baja por gastos de documentación. ...”

Creemos que el Registrador no tiene razón. Si de la do-cumentación ante su consideración aparece que fué el nota-rio Víctor M. Pons quien otorgó las dos escrituras relacio-nadas con la partición de bienes de don Aureliano Peláez Santos y que en ellas se consignó la suma de novecientos dó-lares para gastos de documentación, y luego el propio notario Sr. Pons otorga escritura haciendo constar que se le han sa-tisfecho dichos novecientos dólares por doña Julia Santos Santiago, precisamente por el concepto mencionado en la escritura de partición, ¿qué posibilidad puede haber de que existan otros acreedores con derecho a dicho crédito, preci-samente por el concepto de “gastos de documentación”? No debemos olvidar que es un notario quien en documento público bace constar que él fué quien realizó dicba labor— hecho comprobado por las escrituras otorgadas por él — y que fué pagado en la suma mencionada en la baja por la Sra. Santiago. Y nada tenía ante sí el Registrador recurrido que pueda impugnar la veracidad de lo consignado en la es-critura de cancelación.

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la cancela-ción solicitada.


author: El Juez Asociado Señok De Jesús

text:
    Francisco R. Orsini, demandante y apelado, v. José Sánchez Parra, demandado y apelante.
    Núm. 9334.
    Sometido: Diciembre 6, 1946.

      Resuelto: Abril 22, 1947.

      Guillermo 8. Pierluisi y C. II. Julia, abogados del apelante; B. Ar-jona 8iaca, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señok De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nna acción de desahucio por falta de pago iniciada en la corte inferior el 29 de octubre de 1945. El in-cumplimiento del contrato alegado por el demandante con-sistió en no'haber pagado el demandado el canon de $200 mensuales correspondiente al mes de septiembre de 1945.

Alegó el demandado que con arreglo al contrato de arren-damiento, el canon debía pagarse el día último de cada mes vencido, pero se estableció entre los contratantes la costum-bre de verificarse el pago dentro de los primeros cinco días siguientes al mes vencido; que el 2 de octubre de 1945 y en cuatro o cinco ocasiones más durante la primera quincena de aquel mes, ofreció al demandante un cheque por $200 en pago del mes de septiembre, rehusándolo el demandante; que por ese motivo el 15 de octubre le envió dicho cheque por correo certificado, devolviéndolo el demandante diez días después, en vista de lo cual el demandado acudió el 31 de oc-tubre a la Corte Municipal de Río Piedras — la finca arren-dada se halla en el municipio de Río Piedras — y radicó allí demanda de consignación, la cual, al radicarse la contestación, se encontraba aún pendiente de resolución final. Alegó ade-más que el 31 de octubre de 1945 entregó al demandante otro cheque en pago del canon de dicho mes, pero el demandante lo devolvió después.

La corte inferior declaró probado: Que nunca se estable-ció entye los contratantes la costumbre de efectuar el pago, dentro de los primeros cinco días después de vencido el mes, v que si bien en algunas ocasiones el pago se verificó dentro de diclios cinco días, se debió a prórrogas solicitadas expre-samente por el demandado, concedidas por el demandante; que el canon correspondiente al mes de septiembre de 1945 no fué pagado el día último del mes, sin que se hubiera so-licitado prórroga alguna para hacerlo después del venci-miento; que la consignación del canon correspondiente a septiembre hecha 31 días después del vencimiento es inefi-caz ; que el pago de la mensualidad de octubre intentado des-pués de radicada la demanda, tampoco fué legalmente consu-mado porque habiendo el demandante objetado la oferta de pago al hacérsele y habiendo devuelto el cheque al deman-dado el 3 de noviembre, no puede entenderse que renunciara al derecho de continuar la tramitación del pleito; que los cánones correspondientes a las mensualidades de octubre y noviembre fueron consignados en la corte inferior ei 14 de diciembre de 1945, o sea, 44 días después de vencida la men-sualidad de septiembre y 14 días después de vencida la de octubre; y que el pago de la mensualidad de diciembre de 1945 fué consignado en la Secretaría de la corte a quo el 10 ■de enero de 1946, es decir, diez días después de su venci-miento.

Basada en estas conclusiones de hecho la corte inferior declaró con lugar la demanda e impuso las costas al deman-dado, incluyendo la suma de $200 para honorarios de abo-gado.

La cuestión primordial en este recurso es determinar si es o no eficaz la consignación que del canon de sep-, tiembre de 1945 hizo el demandado en la Corte Municipal de Río Piedras. A los efectos de la discusión solamenté vamos a suponer — contrario a Id que declaró probado la corte inferior — que se había establecido la costumbre entre las partes de pagar los alquileres dentro de los primeros cinco días siguientes al vencimiento de cada mensualidad.

Con arreglo al art. 1445 del Código Civil el arrendatario está obligado a pagar el precio del arrendamiento en los tér-minos convenidos. El art. 1131 del mismo Código prescribe que la consignación será ineficaz si no se ajusta estricta-mente a las disposiciones que regulan el pago. Y como en el presente caso la mensualidad de septiembre, que según el de-mandante debió pagarse a más tardar el 5 de octubre, no fue consignada basta el 31 de octubre, dicba consignación es ine-ficaz y consecuentemente no surte el efecto del pago. Díaz v. Delgado, 41 D.P.R. 835 y Martí y. Corte, 51 D.P.R. 851. Además, conforme revelan los autos, la Corte Municipal de Río Piedras, ni en la fecba del juicio ni en ninguna otra posterior, ba declarado bien becba la consignación. Art. 1134 del Código Civil.

Arguye el demandado que la corte inferior debió archivar el pleito de desahucio por haber aceptado el demandante el canon de octubre después de establecido dicho pleito.

La prueba sobre este particular os contradictoria. De conformidad con el demandado y sus testigos, el demandante recibió el cheque del mes de octubre y prometió enviar el recibo más tarde por no llevar consigo el libro de recibos. El demandante, por el contrario, declaró que le fue entregado un sobre por uno de los testigos del demandado, manifestán-dole que era una carta de éste; que lo cogió y lo guardó sin abrirlo porque en aquellos momentos se dirigía precipitada-mente al Auxilio Mutuo por hallarse enfermo, y que al abrir luego el sobre y darse cuenta de que se trataba del cheque de la mensualidad de octubre, inmediatamente lo devolvió al demandado. La corte dió crédito a la declaración del deman-dante y aceptando como cierta su declaración, preciso es con-cluir que el recibo del cheque por el demandante en las cir-cunstancias en que la corte declaró que lo había recibido, no dió derecho al demandado a obtener la desestimación del pleito de desahucio.

También arguye el demandado que de conformidad con el contrato, había entregado al demandante un cheque ex-pedido por el Banco Crédito y Ahorro Ponceño a la orden de los dos y por la cantidad de $2,000, para garantizar el cumplimiento del contrato, y que pudiendo cobrar de dicho cheque los cánones adeudados, el demandante no tenía dere-cho a instar el procedimiento de desahucio. El hecho de que el demandante tuviera en su poder ese cheque, que dicho sea de paso no podía hacer efectivo sin el concurso del deman-dado, no le obligaba a renunciar al derecho a obtener una sentencia de desahucio por incumplimiento del contrato de arrendamiento.

Por último, en su alegato ante este Tribunal, solicita el demandado apelante que se archive el caso o se suspenda el lanzamiento de acuerdo con la sección 12(a) de la Ley núm. 464 de 25 de abril de 1946. No tiene razón el apelante pues dicha sección está en suspenso mientras la Ley Federal de Emergencia Sobre Control de Precios de 1942 esté en vigor. Latoni v. Corte Municipal, ante, pág. 140.

No existiendo los errores señalados por el apelante, pro-cede la confirmación de la sentencia.


text:
    Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Rodolfo Crisouolo, interventor.
    Núm. 92.
    Sometido: Junió 27, 1946.

      Resuelto: Abril 22, 1947.

      Hon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández y Oarlos Santana Becerra, abogados del peticionario; Miranda & Miranda Estove, abogados dol interventor, querellante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señok De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a decidir en este recurso es una de interpretación de estatutos. Los preceptos legales envueltos son los incisos 11 y 12 de la sección 16 de la Ley núm. 85, aprobada el 20 de agosto de 1925, según fueron enmendados por la Ley núm. 25, aprobada el 4 de diciembre de 1942 (Segunda y Tercera Sesiones Extraordinarias, pág. 127), los cuales dicen así:

“11. Fonógrafos, Instrumentos de Radio y Accesorios. — Sobre todo fonógrafo, o instrumento empleado en radio-telefonía o radio-telegra-fía, aparatos mecánicos para la reproducción de sonidos o cualquier otro instrumento para tomar o reproducir impresiones o sonidos de la voz humana, o cualquier otro instrumento para tomar o reproducir impresiones de dichas reproducciones, y sobre toda pieza o accesorio para los mismos, que se vendan, traspasen, fabriquen, usen o intro-duzcan en Puerto Rico, un impuesto de quince (15) por ciento sobre el precio de venta en Puerto Rico.”
“12. Sobre todo fonógrafo y aparato mecánico para la reproduc-ción de sonido provisto de mecanismo de amplificación del sonido, conocidas generalmente como velloneras, sinfonolas, grafonolas o con cualquier otro nombre por el que se le conozca, y cuyo funcionamiento se produzca mediante la introducción de monedas, que se fabrique, venda, traspase, use o introduzca en Puerto Rico, un impuesto de veinte (20) por ciento sobre el precio de venta en Puerto Rico.”

El interventor importó ciertas piezas y accesorios de ve-lloneras y sobre su precio de venta en Puerto Rico el Teso-rero cobró el impuesto de 15 por ciento fijado en el inciso 11 arriba transcrito. El interventor lo pagó bajo protesta y oportunamente recurrió ante el Tribunal de Contibucione's, e] cual declaró con lugar la querella y ordenó al Tesorero la devolución de los arbitrios con los intereses correspondien-tes. Resolvió el citado Tribunal que dichas piezas y acceso-rios no están sujetos a arbitrios porque el inciso 12, que se refiere a las velloneras, aunque impone un arbitrio de 20 por ciento sobre éstas, no impone arbitrio alguno a las piezas o accesorios para las mismas.

Es pertinente notar que la vellonera, implícitamente está comprendida dentro del vocablo genérico “fonógrafo” y también dentro de la frase “aparatos mecánicos para la re-producción de sonidos.” De la-misma suerte, las piezas y accesorios de velloneras están comprendidos entre las piezas y accesorios de fonógrafos y aparatos mecánicos para la re-producción de sonidos. Establecida esta premisa, fácil es concluir que si no existiera el inciso 12, tanto las velloneras como las piezas y accesorios para las mismas, estarían com-prendidos en el inciso 11 y sujetos al arbitrio del 15 por ciento impuesto por dicho inciso. Pero el legislador, como muy bien indica el abogado del Tesorero, considerando qui-zás que la vellonera tiene un uso comercial, quiso imponerle un arbitrio mayor que a los demás fonógrafos, y llevando a cabo su intención, la expresó en el inciso 12 que impone a la vellonera un arbitrio de 20 por ciento del precio de venta en Puerto Rico. El mismo resultado hubiera logrado el le-gislador, si en vez de expresar su intención en el inciso 12, lo hubiera hecho al final del inciso 11, diciendo:

“Disponiéndose, que sobre, todo fonógrafo conocido generalmente como vellonera, que se fabrique, venda, traspase, use o introduzca en Puerto Rico, se pagará un impuesto de 20 por ciento sobre el precio de venta en Puerto Rico.”

En otras palabras, el inciso 12 no tiene otro propósito que excluir del inciso 11 las velloneras, las cuales, de no ser expresamente excluidas, estarían incluidas en dicho inciso y sujetas al arbitrio de 15 por ciento. Pero el legislador no tuvo a bien imponer a las piezas y accesorios de las vellone-ras un arbitrio distinto del que impuso a las piezas y acce-sorios para los fonógrafos en general, y estando el arbitrio sobre las piezas y accesorios para velloneras implícitamente comprendido en el inciso 11, hubiera sido inútil repetición referirse a dichas piezas y accesorios en el inciso 12, a me-nos que la intención legislativa hubiera sido imponer un ar-bitrio distinto sobre las piezas y accesorios de las velloneras.

La decisión del Tribunal de Contribuciones, a nuestro jui-cio, es errónea. Procede anularla y devolver el caso a dicho Tribunal para que dicte otra desestimando la querella con imposición de costas al querellante.


author: Ei Juez Asociado- Señob, Swyder

text:
    Saturnina Montañez Montañez, en su carácter de madre con patria potestad de su hija menor Dulce María Montañez, demandante y apelada, v. Gerardo Rodríguez, demandado y apelante.
    Núm. 9422.
    Sometido: Abril 9, 1947.

      Resuelto: Abril 22, 1947.

      José C. Jusino, abogado del apelante; Manuel Torres Reyes, abogado de la apelada.
   Ei Juez Asociado- Señob, Swyder

emitió la opinión del tribunal.

El demandado apela de una sentencia declarando que Dulce María Montañez, bija de Saturnina Montañez, es su hija natural y ordenándole le pase la suma de diez dólares, semanalmente para alimentos.

La corte inferior resolvió que la niña era hija natural del demandado por el fundamento de que al tiempo de su concepción y nacimiento el demandado vivía con la madre en concubinato. El demandado alega que esta conclusión no está sostenida por la prueba.

La madre declaró que en 1941 ella era señorita cuando el demandado se la llevó de casa de su padre para vivir con él ; que desde 1941 hasta 1945 vivió con él en dos sitios diferen-tes, el último de los cuales era la casa de Amparo Rivera; que el demandado la llevó a vivir en estos sitios como su querida; qu.e le daba seis dólares semanales para pagar su hospedaje en casa de Amparo Rivera; que el demandado ve-nía a verla tres veces en semana y salía con ella cada vez que venía; que siempre entró públicamente a la casa y todo el mundo podía verlo venir a la misma; que ella vivía con el demandado cuando concibió a la niña y cuando ésta nació el 15 de febrero de 1945; que ella nunca ha vivido, con nin-gún otro, hombre y que el demandado es el padre de la niña; que el demandado la llevó a casa de Dominga Rivera, tía de Amparo Rivera y comadrona, donde se quedó hasta que na-ció la niña; que el demandado la visitó tres veces, y le pagó a la comadrona $35; que después de nacida la niña, el de-mandado le daba tres dólares a la semana; que venía con frecuencia a ver a la niña; y que dejó de venir a verla cuando la niña tenía ocho meses de edad.

En el contrainterrogatorio declaró que el demandado era mi h ombre casado desde que ella era una niña. Cuando vol-vió a la silla testifical en otra sesión de la corte, dijo la tes-tigo que después de la sesión del primer día, el demandado vino a verla y le dijo que ella tenía que entregarle la niña porque era de él y le pertenecía. Luego, se encontró con el demandado y la esposa de éste en la calle y la esposa le dijo la misma cosa.

Benigno G-aetán Santiago declaró que vió al demandado visitando a la madre de la niña en casa de Amparo Rivera y que salía con ella, y que sus relaciones continuaron du-rante el embarazo.

La madre también trajo a declarar a la comadrona, pero ésta negó que el demandado le trajera a la madre o que éste estuviera en modo alguno conectado con el nacimiento de la niña. En vista del beclio de que ella anteriormente babía suscrito ante un notario una declaración jurada en términos ■contrarios, la corte de distrito la acusó de desacato por per-jurio en corte abierta.

No nos cletenemos a examinar la declaración de un nú-mero de testigos del demandado, incluyendo al propio de-mandado y a Amparo Rivera, todos los cuales negaron la historia de la madre detalle por detalle. La corte inferior no dió crédito a su testimonio y nosotros por tanto lo des-cartamos. Toda vez que la corte de distrito dió crédito a la declaración de la madre, la aceptamos como cierta. Tam-bién tomamos en consideración la observación del juez de dis-trito de que la niña tenía un mareado parecido con el deman-dado. Sin embargo, la prueba es insuficiente pará sostener la sentencia.

La sec. 1 de la Ley núm. 229, Leyes de Puerto Rico, 1942 ((1) pág. 1297), elimina la'barrera del adulterio que en el pasado el art. 125 del Código Civil había levantado contra el reconocimiento de hijos como hijos naturales; pero la Ley núm. 229 fué aprobada a la luz del art. 125, y no eliminó sus otros requisitos. En su consecuencia, si bien un hijo adulterino nacido como en este caso después de entrar en vigor la Ley núm. 229, puede ahora reconocerse como hijo natural en virtud de la sec. 1 de dicha Ley, tiene todavía que cumplir con una de las disposiciones del art. 125 para obtener dicho status. Véanse Correa v. Sucn. Pizá, 64 D.P.R. 987; Vázquez v. De Jesús, 65 D.P.R. 900; Muñoz Morales, “La Ley Núm. 229 de 1942 y, sus Implicaciones”, La Toga, ed. de 16 de octubre de 1944, págs. 6-7. Cf. Cruz y. Andrini, 66 D.P.R. 124; Fernández y. Sucn. Fernández, 66 D.P.R. 881.

La corte inferior aparentemente reconoció este requisito. Resolvió qne las partes habían estado viviendo en concubinato, lo que traería a la niña dentro del art. 125. Pero la dificultad es que los hechos aquí envueltos revelan a lo sumo que la madre era la querida del demandado. Esto no constituye concubinato. Para que exista el concubinato la pareja debe hacer vida de esposos sin serlo. Vázquez v. De Jesús, supra, págs. 903-4, y casos en él citados.

La demandante basó su caso en la disposición sobre con-cubinato contenida en el art. 125 del Código Civil. No alegó, y la corte inferior no lo resolvió, que el padre estaba obligado a reconocer a la niña como hija natural debido a alguna otra disposición del art. 125. Por tanto, no hemos considerado dicha cuestión.

La sentencia de la corte de distrito será revocada y se dÁctará nueva sentencia declarando sin lugar la demanda.


author: El Juez PresideNte Señor Travieso

text:
    Sucn. J. Serrallés, demandante y apelante, v. Armando Loyola, demandado y apelado.
    Núm. 9440.
    Sometido: Marzo 3, 1947.

      Resuelto: Abril 22, 1947.

      Leopoldo Tormes (dar cía, abogado de la apelante; Frank Torrea, abo-gado del apelado.
   El Juez PresideNte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La Sucesión J. Serrallés, dueña de la Hacienda Merce-dita, radicó ante la Corte de Distrito de Ponce una demanda de desahucio contra uno de sus trabajadores, quien había sido empleado como “mayordomo de agua” en una de las colonias de cañas de la demandante. Se alegó en la demanda que el demandado percibía como sueldo anual por su trabajo más de $1,000, y que “con ocasión al contrato de arrenda-miento de servicios de dicho demandado para con la deman-dante, la misma le cedió para que habitara con su familia, y como una facilidad para dicho demandado, y en adición a su salario sin pagar renta alguna por ello, pero en el enten-dido que podría rentar no menos de $20 por mes,” la casa que se describe en la demanda. El demandado dejó de tra-bajar para la demandante y se negó a desalojar la casa.

Contestó el demandado alegando que la corte de distrito carecía de jurisdicción, por ser el canon convenido entre las partes el de $20 mensuales, o sea $240 anuales, cantidad in-suficiente para que dicha corte pueda conocer del caso origi-nalmente. El párrafo 2 de la contestación dice:

“3. Acepta el demandado que el canon mensual de la casa objeto de este desahucio lo es de $20 mensuales, pero alega además que esos $20 mensuales de canon de arrendamiento convenido entre las partes constituían parte de su contrato de servicios que le prestó a la de-mandante en su condición de mayordomo', y que dicho canon de arren-damiento fué siempre considerado como parte de su sueldo.”

La corte de distrito resolvió que'no tenía jurisdicción por no exceder de la cuantía jurisdiccional de mil dólares anua-les el precio o cantidad envuelta en el contrato entre las partes litigantes. La demanda fue desestimada y la deman-dante apeló.

La única cuestión que debemos considerar y resolver es si la corte inferior erró al desestimar la demanda por falta de jurisdicción.

La posesión del demandado en este caso no es precaria. Ya hemos resuelto en Cerra v. González, 29 D.P.R. 289, Padua v. Corte Municipal, 55 D.P.R. 810 y Fajardo Sugar Growers Association v. Rosa, 65 D.P.R. 314, que cuando se trata de un contrato de arrendamiento de servicios y habitación para el que los presta, si requerido éste para que entregue la casa al cesar en su empleo se nieg'a a entregarla, su posesión no puede calificarse de precaria y sí de una que tiene su origen en el contrato de arrendamiento de servicios. En Cerra v. González, supra, resolvimos que “La posesión precaria se origina generalmente por actos de liberalidad, o de mera tolerancia, o por abandono o desconocimiento del propietario. Cuando existe un contrato, la cuantía del mismo controla necesariamente la jurisdicción.”

El artículo 622 del Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933, dispone:

“Tendrán jurisdicción para conocer de las demandas sobre desa-hucio, los jueces municipales del distrito en que radique la finca, cuando el canon, de los arrendamientos o el precio o cantidad que, por virtud de cualquier contrato, deba pagarse, computado por una anualidad, no exceda de mil dólares.
“En todos los demás casos conocerán de dichas demandas las cortes del distrito en que la finca radique; ...”

El artículo 1477 del Código Civil, edición de 1930, dis-pone que la despedida de los empleados de labranza, 'menes-trales y demás empleados asalariados, “da derecho a despo-seerlos de toda herramienta y edificios que ocuparen por razón del contrato.” Igual derecho concede el artíclo 621 del Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933.

En Padua v. Corte Municipal, supra, el desahucio fué en-tablado para' desposeer al demandado del edificio que ocu-paba a virtud de un contrato de arrendamiento de servicios en que parte de la retribución por su trabajo se compensaba con la casa que habitaba, propiedad del demandante. La cuantía por los servicios se fijó en $30 mensuales y además el derecho á ocupar como vivienda la casa objeto del desahu-cio, pero no se fijó el valor que se daba a la ocupación de la casa. Resolvimos, citando las decisiones del Tribunal Supremo de España de julio 8 de 1898 y de 23 de diciembre de 1904, que “no excediendo de la cuantía jurisdiccional de mil dólares anuales el precio o cantidad envuelta en el contrato entre las partes litigantes, debemos resolver que la corte de distrito de Arecibo no erró al decidir que la Corte Municipal de Utuado tenía jurisdicción para decretar el desahucio.”

En Fajardo Sugar Growers Association v. Rosa, supra, donde tampoco se había estipulado por las partes el canon de arrendamiento de la casa ocupada por el demandado, resol-vimos que la jurisdicción para conocer de la demanda de des-ahucio radicada por la Central contra uno de sus trabaja-dores correspondía a la corte municipal y no a la de distrito.

En el caso de autos el juez de la corte inferior declaró probado que el demandado percibía un sueldo de $75 men-suales y como parte de su compensación, tenía derecho a usar la casa de vivienda antes referida. Es verdad que en la de-manda se alegó que la casa podía rentar $20 mensuales, pero esa alegación no implica que el demandado y la demandante hubieran pactado que él ocuparía la casa en concepto de arrendamiento por el canon de $20 mensuales-y que tal can-tidad no tenía que pagarla porque ambas partes lo conside-raban como una compensación adicional a los $75 mensuales que el demandado recibía por concepto de sueldo. Como dijo la corte inferior: . . la propia demandante dejó consig-nado, tanto en sns alegaciones como en sn prueba, que la casa . . . fue cedida al demandado para habitarla con su fa-milia como una facilidad de su empleo y sin pagar renta al-guna por ello.” (Bastardillas nuestras.) En tales circuns-tancias, debemos partir de la premisa de que la compensación lijada por el contrato de servicios era de $75 mensuales, o sea &900 anuales y siendo esa cantidad menor de la fijada por la ley para conferir jurisdicción a las cortes de distrito en casos de desahucio, no erró la corte inferior al desestimar la demanda por falta de jurisdicción.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    González Padín Co., Inc., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Rafael A. Buscaglia, Tesorero, interventor.
    Núm. 111.
    Sometido: Marzo 10, 1947.

      Resuelto: Abril 22, 1947.

      Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y II. González Flanes, alio-gados de la peticionaria; Ron. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández y J. B. Fernández Badillo, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor, querellado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Padín radicó una querella ante el Tribunal de Contribu-ciones contra una deficiencia del Impuesto de la Victoria. El Tribunal de Contribuciones desestimó la petición por falta de jurisdicción. En el recurso do certiorari número 76 re-vocamos al Tribunal de Contribuciones y le ordenamos que viera el oaso en los méritos. 66 D.P.B. 24. Padín no pagó la contribución bajo protesta antes de recurrir ante este Tribunal, y el Tesorero no alegó que por ese motivo carecíamos de jurisdicción.

Más tarde, el Tribunal de Contribuciones celebró una vista y nuevamente desestimó la petición, esta vez en los mé-ritos. Padín pagó la deficiencia bajo protesta y radicó el certiorari número 111, cuyo auto expedimos, para revisar esta segúnda decisión. El Tesorero lia solicitado la desesti-maeión de este segundo recurso. Alega que nunca obtuvi-mos jurisdicción en el número 76, porque Padín no pagó la contribución bajo protesta antes de invocar la jurisdicción de esta Corte. De conformidad con el Tesorero, toda vez que nunca tuvimos jurisdicción, nuestra decisión en el nú-mero 76 era nula. Concluye entonces que la decisión del Tribunal de Contribuciones sobre los méritos del caso, dictada de conformidad con nuestro mandato en el número 76 y cuya revisión Padín solicita aliora en el número 111, era nula tam-bién. Su posición es que la decisión original del Tribunal de Contribuciones desestimando la petición por falta de ju-risdicción está todavía en vigor, porque no teníamos juris-dicción para anularla en el recurso número 76. En su con-secuencia solicita que anulemos el auto expedido en el número 113.

Padín alega que aun suponiendo que no .teníamos ju-risdicción en el número 76 y que nuestra decisión en dicbo recurso es por tanto nula, la decisión original del Tribunal de Contri)iliciones desestimando la querella por falta de ju-risdicción, revocada por nosotros en dicbo recurso, ya no está en vigor. Padín contiende que aun sin un mandato vá-lido nuestro, deberíamos presumir que el Tribunal de Con-tribuciones estaba convencido’por los fundamentos de nues-tra opinión en el número 76 y por tanto corrigió su error a iniciativa propia, dejando sin efecto su decisión original, ce-lebrando una vista y dictando una nueva decisión sobre los méritos.

Sin embargo, aparte de la difícil cuestión del poder del Tribunal de Contribuciones para modificar a iniciativa pro-pia su decisión original mucho después de haber sido ren-dida, no atañe a este Tribunal especular en cuanto a si el Tribunal de Contribuciones habría cambiado su decisión original si no se hubiera sentido obligado a así hacerlo en vir-tud de nuestro mandato en el número 76, que nunca el Teso-rero atacó hasta que radicó la presente moción solicitando la desestimación del recurso número 111. “Según un anti-guo juez inglés, ‘el propio diablo desconoce la mente hu-mana,’ y una moderna corte de apelación no está en mejores condiciones para poner de manifiesto los procesos mentales no revelados.” National Lab. Rel. Bd. v. Donnelly Garment Co.,_U.S._,_, 91 L. ed. 673, 679. Por tanto forzoso es concluir que si presumiéramos que nuestra jurisdicción original en el número 76 es nula, esto conlleva el corolario de que cualquier actuación llevada a cabo de conformidad con su mandato ante el Tribunal de Contribuciones es también nula.

Padín seguidamente alega que teníamos jurisdicción en el número 76. Su contención aquí es que la sección 76(a) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos dispone la revisión mediante certiorari especial solamente si el Tribunal de Contribuciones determina una deficiencia; que en su primera decisión el Tribunal de Contribuciones no determinó una deficiencia, sino que sencillamente resolvió que carecía de jurisdicción para determinar si había o no una deficiencia; que no existe un remedio especial para revisar tal decisión; que nuestro auto en el número 76 no era por tanto un certiorari especial, que exige el pago bajo protesta, sino un auto de certiorari clásico expedido a tenor con los arts. 670 y 671 del Código de Enjuiciamiento Civil, que no exigen el pago bajo protesta; que el Tesorero, al no solicitar la desestimación del recurso número 76 por falta de jurisdicción, asumió la posición correcta de la ley; y por tanto que teníamos jurisdicción para emitir nuestra decisión, en el número 76 tal y como aparece publicada en 66 D.P.ít. 24.

Para poder resolver que el auto expedido en el número 76 era uno clásico, tendríamos que decidir (1) que el Tribunal de Contribuciones es una “corte” dentro del significado del artículo 670, cf. Mayagües Lt. P. & I. Co. v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 30, 36, nota 2; y (2) que la Legis-latura no tuvo la intención de hacer exclusivo el remedio de certiorari especial, provisto en la Ley de Contribuciones sobre Ingresos y en la Ley número 169, Leyes de Puerto Eico, 1943, para revisar las decisiones del Tribunal de Con-tribuciones.

Sin embargo, no es necesario qne consideremos estas dos cuestiones. Una decisión final del Tribunal de Contribucio-nes puede ser revisada por nosotros mediánte el certiorari especial provisto en la sección 5 de la Ley número 169. Y la decisión del Tribunal de Contribuciones en el recurso nú-mero 76, desestimando la querella por falta de jurisdicción, ciertamente era final y por tanto revisable por este Tribunal mediante tal certiorari especial. Véanse Mayagües Sugar Co. v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 60 D.P.R. 753; Ballester v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 60 D.P.R. 768. Por tanto, el único problema con-siste en si un contribuyente, para poder obtener la revisión ante este Tribunal de tal decisión, debe pagar bajo protesta la deficiencia.

En Clínica Días García v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 94, la peticionaria sostuvo en su alegato que la sección 76(a) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos exige el pago bajo protesta para poder invocar la jurisdicción de este Tribunal solamente cuando ‘‘un contribuyente no estuviere conforme con la deficiencia . . . determinada” por el Tribunal de Contribuciones; que cuando el Tribunal de Contribuciones se niega a asumir jurisdicción, no “ determina” una deficiencia; y por tanto que en el último caso tal decisión es revisable por este Tribunal mediante el certiorari especial sin necesidad de pagar bajo protesta. Indicó la peticionaria en diebo caso que si revocábamos al Tribunal de Contribuciones ordenándole que asumiera jurisdicción, y en la nueva vista el Tribunal de Contribuciones debedlo “determinaba” una deficiencia, entonces se podía invocar la revisión por este Tribunal solamente si se pagaba, bajo protesta, de conformidad con la sección 76(a). El Tesorero no expuso argumento en contrario en su alegato, y asumimos jurisdicción y procedimos a considerar los méritos. de la cuestión que se nos planteó. Aun cuando, contrario aL caso de Días García, ninguna de las partes expuso argumento alguno sobre esta cuestión en el recurso 76, de igual manera consideramos dicto recurso y lo resolvimos. El Tesorero, quien no se opuso al argumento afirmativo de la peticionaria en el caso de Días García, y quien se avino a nuestra actua-ción ál considerar el recurso número 76, sostiene abora que ambos casos fueron erróneamente resueltos sobre esta cues-tión. No estamos conformes y abora hacemos explícitas nuestras implícitas conclusiones en dichas dos decisiones, al efecto de que cuando el Tribunal de Contribuciones des-estima un recurso que envuelve una deficiencia de contribu-ciones sobre ingresos, por falta de jurisdicción, no es nece-sario el pago de la deficiencia bajo protesta, para poder llegar a este Tribunal mediante el certiorari especial con el fin de revisar la cuestión jurisdiccional.

Nada encontramos en contrario en el estatuto y en los casos federales. Bajo la sección 76(a) de nuestra Ley, este Tribunal tiene jurisdicción solamente si se paga bajo pro-testa una deficiencia “determinada” por nuestro Tribunal de Contribuciones. Bonet v. Yabucoa Sugar Co., 306 U.S. 505. Para obtener la revisión de una decisión de- la Corte Contributiva Federal ante la Corte de Circuito de Apelacio-nes, no se necesita el pago bajo protesta; pero si el contri-buyente quiere suspender el cobro de una deficiencia'“deter-minada” por la Corte Contributiva Federal mientras la revisión esté pendiente ante la Corte de Circuito de Apelaciones, debe prestar una fianza. 26 U.S.C.A., sección 1145. Entonces surge la cuestión de si debe prestarse tal fianza para suspender el cobro mientras la Corte de Circuito de Apelaciones revisa una decisión en la que la Corte Contri-butiva Federal no “determina” una deficiencia, sino que des-estima una petición del contribuyente por falta de jurisdic. ción.

Lo mismo que en nuestro sistema, la desestimación por la Corte Contributiva Federal de un procedimiento por falta de jurisdicción, constituye una decisión revisable por la Corte de Circuito de Apelaciones. Michael v. Commissioner of Internal Revenue, 56 F.2d 825 (C.C.A. 2, 1932); 9 Mertens, Law of Federal Income Taxation, sección 51.18, págs. 393-4. Si bien no hemos encontrado ningún caso federal perfecta-mente aplicable, tal desestimación por falta de jurisdicción no parece ser la “determinación” de una deficiencia de la Corte Contributiva Federal que requiere la prestación de una fianza a tenor con la sección 1145, para evitar el cobro mien-tras esté pendiente de revisión ante la Corte de Circuito de Apelaciones. El Título 26 U.S.C.A., sección 1117(o) parece en armonía con esta conclusión. Dispone que una decisión de la Corte Contributiva Federal (excepto una decisión des-estimando un procedimiento por falta de jurisdicción) será considerada como dictada el día en que se expida una reso-lución especificando el importe de la deficiencia; por otro lado, si la Corte Contributiva Federal desestima un proce-dimiento por falta de jurisdicción, la decisión de la Corte Contributiva Federal se considera cómo dictada el día en que se expida la resolución desestimando por falta de juris-dicción. Cf. Uncasville Mfg. Co. v. Commissioner of Internal Revenue, 55 F.2d 893 (C.C.A. 2, 1932); 9 Mertens, supra, sección 51.18, nota 17, pág. 394.

Recientemente resolvimos que debe radicarse un nuevo cómputo antes de poderle dar carácter de final a una decisión del Tribunal de Contribuciones enteramente adversa a un contribuyente. Buscaglia v. Tribunal de Contribuciones, Arcelay, interventor, ante, pág. 13. Pero toda vez que aquí resolvemos que el contribuyente n.o tiene que pagar bajo pro-testa para obtener la revisión ante este Tribunal de una de-cisión del Tribunal de Contribuciones desestimando por falta de jurisdicción una querella impugnando una deficiencia de contribuciones sobre ingresos, tal decisión es final sin el nuevo cómputo.

En vista del resultado a que hemos llegado, no tenemos que determinar si convendríamos con el siguiente argumento: Este no es un caso como el de Casanovas & Cía,, Sucrs., Inc. v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 61 D.P.R. 653, donde descubrimos que no teníamos jurisdicción antes de cerrarse el caso y motu proprio lo desestimamos por falta de jurisdicción. Tampoco se alega aquí que care-cíamos de jurisdicción sobre las partes o sobre la materia envuelta. Más bien, la contención aquí es que no existió en el recurso número 76 un beelio jurisdiccional. Teníamos ju-risdicción para determinar dicho hecho jurisdiccional, y por tanto para determinar si teníamos o no jurisdicción. Por nuestra decisión en el número 76 implícitamente determina-mos dicho hecho a favor de Padín. El Tesorero pudo pero no impugnó dicha conclusión. No puede ahora litigarse de nuevo aun cuando nuestra decisión original sobre dicha cues-tión pudo haber sido errónea. Véanse Restatement, Judgments, sección 10, incluyendo el comentario c a la página 62; United States v. John L. Lewis, _ U.S. _, 91 L. ed. 595, 614, nota 57, opinión concurrente del Juez Frankfurter, páginas 623-24; Angel v. Bullington, _ U.S. _, 91 L. ed. 557; Treinies v. Sunshine Min. Co., 308 U.S. 66; Stoll v. Gottlieb, 305 U.S. 165; Chicago Life Ins. Co. v. Cherry, 244 U.S. 25; Baldwin v. Traveling Men’s Assn., 283 U.S. 522; American Surety Co. v. Baldwin, 287 U.S. 156; Des Moines Nav. Co. v. Iowa Homestead Co., 123 U.S. 552; Yakus v. United States, 321 U.S. 414, 472-73, nota 23, opinión disi-dente del Juez Rutledge; Scott, Collateral Estoppel by Judgment, 56 Harv. L. Rev. 1, 18, nota 38; Medina, Conclusiveness of Rulings on Jurisdiction, 31 Col. L. Rev. 238; 26 Ill. L. Rev. 432; Gavit, Jurisdiction of the Subject Matter and Res Judicata, 80 U. of Pa. L. Rev. 386; Stumberg, Conflict of Laws, págs. 80, 110 Cf. Avellanet v. Porto Rican Express Co., 64 D.P.R. 693. ()

Se declarará sin lugar la moción de desestimación.

El Juez Asociado Sr. Marrero no intervino.

      (1)Si conviniéramos con el argumento expuesto en nuestro último párrafo, surgiría una cuestión subsidiaria, que encontramos innecesario también determi-nar aquí: Sería nuestra 'actuación en el número 76 res judicata en la teoría de que el Núm. 70 y el Núm. Ill son casos “diferentes”; o sería la ley del caso, Olmedo v. Rivera, 65 D. P. R. 49, 56, en la teoría de que el número 76 y el número 111 son un mismo caso que envuelve la misma controversia en etapas diferentes? Cf. National Lab. Rel. Bd. v. Donnelly Garment Co., supra.


text:
      In re Luis Abella Blanco, querellado.
    Núm. 68.
    Sometido: Marzo 6, 1947.

      Resuelto: Abril 22, 1947.

      Cayetano Coll y Cuchí, abogado del querellado; Joaquín Correa Juá-rez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Luis Abella Blanco, abogado, ocupó el cargo de Registra-dor de la Propiedad de Caguas durante algunos años basta que fue destituido por el Gobernador. Véase Abella v. Piñero, Gobernador, 66 D.P.R. 690. El Procurador General ba radicado esta querella de disbarment contra él. El Tribunal oyó prueba de ambas partes y se reservó el fallo en cuanto a ciertas cuestiones de derecho sometidas por Abella.

Primer Cargo. Abella solicitó $200 y obtuvo de Aída Grillo la suma de $100 para inscribir una cancelación de hi-poteca.

Aida Grillo declaró que Abella había enviado por su padre, Antonio Grillo, para discutir con éste en la casa de Abigail Aldrich, una escritura de cancelación de hipoteca que su padre había presentado en el Registro para su inscrip-ción. Toda vez que su padre, fallecido poco después, estaba enfermo y no podía ir, ella fué en su lugar. Abella le dijo que el documento era defectuoso,' pero que él podía inscri-birlo por $200. Ella se negó, diciendo que si el documento era defectuoso, no debía ser inscrito y que consultaría al abogado, de su padre.

Luego, se denegó la inscripción del documento y Abella envió por ella de nuevo. Le dijo que había algo irregular en el documento y que los Registradores tenían autoridad para enviar tales casos a la justicia para investigación. Le leyó al efecto de un libro titulado “La Ley Hipotecaria”. La Srta. Grillo contestó que, de acuerdo con el abogado de su padre, el documento no era fraudulento y que si quería enviar el caso a la justicia que así lo hiciera. El le dijo que no había necesidad, de hacer esto si le entregaba $200. Ella le dijo qne no podía hacer eso.

Se radicó un recurso gubernativo contra la nota del Re-gistrador, y este Tribunal la confirmó. Luego, Abella llamó a la Srta. Grillo por teléfono y le dijo qne él sabía qne el documento iba a ser enviado nuevamente al Registro para inscripción y qne él quería hablarle sobre el mismo. Abella la vió en la oficina de su abogado y le dijo qne él había ave-riguado qne ella pensaba enviar el documento nuevamente al 'Registro. Ella le dijo qne era cierto, que sería presentado con el testamento de la señora Martina García para probar que su padre no había sido el albacea testamentario de ésta. Abella le dijo que era testaruda y que debía entregarle el dinero con el fin de cerrar el caso, porque él pensaba tras-ladarse al Registro de Bayamón y él era la única persona que podía inscribir el documento ya que él era el único que había tenido los documentos en sus manos. La Srta. Grillo le dijo a Abella que su abogado le había informado que el documento era inscribible y ella no podía entregarle dicha cantidad. Entonces él le dijo que le debía entregar $100 para la inscripción. Ella le contestó que a pesar de que ella sabía que el documento era inscribible, le iba a entregar a él esa cantidad para lograr la inscripción.

La Srta. Grillo llevó el documento y el testamento al Re-gistro, y unos días más tarde, Abella la llamó por teléfono diciéndole que el documento había sido inscrito y que viniera a recogerlo llevándole el dinero. A tenor con esta conver-sación, fué al Registro, recogió el documento, y le entregó a Abella el dinero en efectivo. Cuando le hizo entrega del dinero, Abella le dedicó y regaló un ejemplar de su obra, “La República de Puerto Rico”.

En el contrainterrogatorio declaró la Srta. Grillo que firmó un libro de recibos que le presentó Pastor Batista, Primer Oficinista del Registro, en la oficina contigua a la del Registrador, después de haberle entregado Abella el docu-mento en su oficina, donde nadie presenció la escena en que ella le entregó el dinero. Ella le hizo entrega del dinero para acabar con el asunto. Abella le dijo que el documento podía inscribirse pero que él era el único que lo podía ins-cribir.

Abigail Aldrich declaró que era empleada del Registro en Caguas; que Abella almorzaba en su casa; que en dos ocasiones Aida G-rillo vino a su casa a verlo a él; que habla-ron acerca de un documento, pero que ella no oyó la conver-sación, y que Abella leyó algo de un libro a la Srta. Grillo.

Luis Morales Contreras, abogado, declaró que, según ma-nifestó Aida Grillo, ella era cliente suya en 1944, que ella se había visto con Abella en la oficina del testigo, y que vo-luntariamente los había dejado solos para que conversaran.

Pasemos ahora a la prueba ofrecida por Abella para re-futar este cargo. Indicamos primeramente que rechazamos los motivos expuestos por el Registrador — la posibilidad de fraude — para negarse a inscribir la escritura de cancelación. Grillo v. Registrador, 62 D.P.R. 679. No obstante, confir-mamos al Registrador por un motivo expuesto no en su nota, sino en su alegato; es decir, que toda vez que Antonio Gri-llo fué nombrado albacea en el testamento de Martina Gar-cía Reyes, aquél no podía, en virtud del artículo 1348 del Código Civil, adquirir por compra el crédito hipotecario de-jado por la finada a su hermana en el testamento.

Abella admitió en su declaración que era errónea la ma-nifestación contenida en su alegato al efecto de que Antonio Grillo fué nombrado albacea en el testamento de Martina García. Es dudosa su explicación en cuanto a cómo fué que él nos dió esa información errónea. Declaró que él pa-saba a maquinilla su alegato en ese caso mientras Pastor Batista le leía de los libros del registro, y que Batista le dijo: “Mire licenciado, aquí aparece que este señor Grillo es albacea testamentario y por consecuencia no puede ad-quirir ese crédito hipotecario.” Entonces incluyó esa con-tención en su alegato. En el Registro no había tal constan-cia. La cuarta inscripción de la propiedad decía solamente que en su testamento Martina García liabía nombrado a Gri-llo contador-partidor.

Difícil es creer que un Registrador acepte el mero ipse dixit de un empleado sobre un hecho fundamental que el Re-gistrador nunca levantó en su nota original. Es significa-tivo que Batista, testigo de Abella, declarara en su contra-interrogatorio que no se acordaba si le había dicho esto a Abella cuando le leía a éste los asientos del Registro. Es más, en la moción de reconsideración del recurso guberna-tivo, que denegamos porque fue radicada tardíamente, el abo-gado de la recurrente manifestó que Grillo nunca había sido albaeea. Abella fue notificado con esta moción y radicó una oposición a la misma, por el fundamento de que un albaeea y un contador-partidor eran la misma cosa a los efectos del artículo 1348.

Declaró que el asunto no volvió a relucir hasta diez me-ses después, cuando el abogado de la Srta. Grillo le habló a él sobre el mismo y él sugirió que volviera ella a presentar el documento. Cuando se. le presentó, reconoció su error y lo corrigió inscribiendo el documento sin defecto alguno. Cuando la Srta. Grillo trajo el documento para ser inscrito, ella le dijo que quería gratificar con parte a los empleados que iban a trabajar en el mismo, y que el resto sería para él. Él le dijo que allí no se permitían gratificaciones y que él lo que hacía era cumplir con su deber, porque ahora el documento se podía inscribir ya que ella había traído el tes-tamento del cual surgía que Grillo no era el albaeea.

Ella.le pidió un ejemplar de su obra “La República de Puerto Rico” y él le prometió dárselo más tarde, lo que hizo cuando ella fué a la casa de Abigail unos días después para hablarle a él del asunto. Él no le hizo entrega a ella del documento inscrito. Esto se hizo por un subalterno, como era la costumbre. Que con motivo de esta transacción, la Srta. Grillo se había vuelto enemiga suya y le atribuía la muerte de su padre a la contrariedad surgida debido a este asunto.

Batista declaró a favor de Abella que había recibido el documento de la Srta. Grillo para ser inscrito, que el tes-tigo se lo entregó a ella después de incribirse el mismo, y que el Registrador no estaba en el Registro en dicha fecha. En el contrainterrogatorio no pudo explicar por qué el do-cumento de la Srta. Grillo fué inscrito prontamente, fuera de turno, a pesar del hecho de que un número de documen-tos estaban pendientes de inscripción con anterioridad a aquél.

No tenemos que determinar si Abella realmente creyó que Grillo era el albacea cuando ¿sí lo hizo constar en su alegato ante este Tribunal. Sea ello como fuere, la declaración de la Srta. Grillo y todas las circunstancias concurrentes, nos convencen de que su declaración es cierta y de que Abella le pidió $200 para inscribirle el documento en la primera oca-sión, y que asimismo le pidió y obtuvo de ella $100 para re-gistrarle el documento, una vez que le confirmamos la nota denegatoria por haber expuesto erróneamente los hechos que constaban del Registro. En su consecuencia resolvemos que el primer cargo está sostenido por la prueba.

Segundo Cargo. Abolla solicitó del Lio. E. Martínez Rü vera la suma de $500 para inscribirle sin defecto alguno una escritura de cesión de crédito hipotecario.

Martínez, un abogado con bufete en San Juan, declaró que llevó a Caguas un documento para inseribrlo y que lo dejó con Abella. Algunos días después, Abella lo llamó por te-léfono y le invitó para que fuera a su casa en Santurce. Martínez fué y Abella le dijo que la • inscripción del docu-mento conllevaba bastante estudio y que si Martínez tenía prisa, sus empleados tendrían que trabajar horas extras y fines de semana, y había que pagarle compensación extra a los empleados.

Martínez convino en hablar con su cliente en cuanto a la compensación extra a los empleados del Registro por tra-bajar horas extras. El cliente le autorizó a gastar $50 en esto. Cuando Martínez le dijo esto a Abella, éste rechazó la proposición. Dijo que liabía estudiado el documento y liabía llegado a la conclusión de que no lo podía inscribir. Sacó de su bolsillo una minuta de la propuesta nota dene-gatoria de la inscripción y se la leyó a Martínez. Martínez le dijo que estaba equivocado y que debería volver a estu-diar la cuestión. Abella se negó, a lo que Martínez le dijo que dictara la nota y que él solicitaría la revisión ante esta Corte. Abella le dijo a Martínez que no debería correr ese riesgo’ en tan importante documento; que había tenido antes casos de esta naturaleza; que era fácil de arreglar; y que si le traía $500, el documento podría ser inscrito sin de-fecto. Martínez contestó que era el deber del Registrador denegar el documento si éste era defectuoso, y se fué.

Luego, Abella lo volvió a llamar por teléfono y le dijo que aún no había denegado la inscripción porque le quería dar otra oportunidad. Nuevamente Martínez se negó a considerar esta proposición. Se denegó la inscripción, y este Tribunal revocó la nota del Registrador y ordenó la ins-cripción del documento. Valiente v. Registrador, 63 D.P.R. 149.

Luis Blanco Lugo, abogado que trabaja en el bufete de Martínez, fue al Registro de Caguas sobre otro asunto. Se presentó al Registrador y le habló en un esfuerzo para con-vencerle de que estaba equivocado en otro caso. Durante el curso de la conversación se discutió el caso de Valiente, que estaba pendiente ante este Tribunal y en el cual Blanco Lugo había trabajado. Éste le explicó a Abella por qué él creía que también estaba equivocado en dicho caso el Registrador. Entonces Abella le dijo que ese caso se debía a la temeridad de Martínez por no haberle entregado la suma de $500.

La declaración de Abella, en contestación al segundo cargo, fué que le envió a Martínez una copia de la nota que le iba a poner al documento. . Dos o tres días después, Mar-tínez lo vino a ver a su casa en Santurce. Martínez le dijo que estaba equivocado y que Martínez ganaría el caso ante este Tribunal. Abella le dijo que el Tribunal Supremo de-cidiría el caso. Martínez le dijo que él quería ahorrar tiempo y evitar controversias judiciales, y que si Abella le inscribía el documento sin defecto alguno, Martínez habla-ría con su cliente para tratar de obtener $500 para Abella. Abella se ofendió y pensó en castigar a Martínez. Sugirió esperar. Martínez contestó que regresaría dentro de dos o tres días.

Al día siguiente Abella envió inmediatamente a Martínez el documento con la nota denegatoria. Dos días después, Martínez vino a verlo de nuevo. Le ofreció un sobre con $250, diciéndole que le daría el resto después de inscrito el documento y le daría $50 de su bolsillo para tramitar el asunto lo antes posible. Abella le dijo que estaba perdiendo su tiempo y que se guardara el dinero porque ya había dene-gado la inscripción del documento.

Abella declaró además que tuvo una conversación con Blanco en la que éste trató de convencerle de su supuesto error en el caso de Valiente. No le habló a Blanco en rela-ción con los $500 que Martínez debió entregarle.

La esposa de Abella declaró qué había oído a Martínez ofrecerle a su esposo $500 si le resolvía la situación con res-pecto a la inscripción de un documento.

Después de estudiar todas las circunstancias, llegamos a la conclusión que Martínez y Blanco y no Abella dijeron la verdad de lo ocurrido en relación con el segundo cargo. Por tanto resolvemos que este cargo también ha sido probado por la evidencia.

Tercer Cargo. Abella solicitó y obtuvo $45 de Santiago Soto para que inscribiera cierto documento sin presentar un ■recibo de las contribuciones sobre herencia que se alega se adeudaban en relación con la transacción.

Soto declaró que Genoveva Rivera Rodríguez le donó a su menor hijo,' Carlos Soto Rodríguez, mediante una escri-tura, la nuda propiedad en cierta finca, reservándose el usu-fructo para sí. A su muerte, Soto presentó el certificado de defunción al Registro con el fin de obtener una nota marginal consolidando a favor de Carlos el pleno dominio. Batista le dijo que esto no se podía liacer sin el pago de con-tribuciones sobre herencia. Véanse secciones 1 y 12, Ley núm. 99, Leyes de Puerto Rico, 1925 (pág. 791).

Soto le informó a su abogado, Andrés Mena Latorre, lo que había sucedido. Mena le dijo que hablaría con Abella. Dos días después, Mena lo llamó por teléfono y le dijo que viniera a su oficina. Abella estaba allí, y convinieron en que Abella obtendría $45 para inscribir el documento. Fué a su casa y buscó el dinero, regresando y entregándoselo a Abella.

Mena declaró lo mismo que Soto en relación con el pago de $45 a Abella.

Abella declaró en su defensa, sobre el tercer cargo, que Mena había sido su enemigo desde el asunto de Grillo, por-que había perdido a Grillo como cliente, como resultado de la denegatoria hecha por él de la inscripción del documento. Batista le dijo que había informado a Soto que tenía que pagar las contribuciones de herencia para poder inscribir el documento. Abella le contestó a Batista que eso no era así, y que el documento podía inscribirse sin pagarse tales con-tribuciones.

Mena lo llamó por teléfono un día invitándole que viniera a su oficina. Mientras estaba allí, Mena llamó a' Soto por teléfono para que trajera el dinero, diciéndole que eran $50. Soto aparentemente se opuso, porque dijo entonces que es-taba bien con $45. Abella estaba por irse, pero Mena insis-tió en que se quedara. Soto vino y puso el dinero sobre el escritorio de Mena y Abella se fué. Luego, después de for-mularse estos cargos, el día en que Abella entregaba el Re-gistro al Fiscal por haber sido suspendido de empleo y sueldo, Soto fué allí y le dijo a Abella que sentía que le hu-bieran formulado cargos ya que Soto había entregado el dinero a Mena en pago de los honorarios de este último.

Una vez más damos crédito a los testigos del Procurador General y no a Abella. En sn consecuencia resolvemos que el tercer cargo ba sido probado.

Eesta considerar ciertas cuestiones de derecho suscita-das por Abella. La sección 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 dispone que un abogado puede ser suspendido o desafo-rado si “[a] fuere culpable de engaño, conducta inmoral, delito grave o delito menos grave, en conexión con el ejerci-cio de su profesión o . . . [b] fuere culpable de cualquier de-lito que implicare depravación moral . . .”. Abella alega que (b) sólo puede establecerse .demostrando convicción ante una corte de jurisdicción competente. Y en cuanto a (a), alega que el desempeño de las funciones de un Registrador no constituye ejercicio de la profesión de abogado, Pereyó v. López et al., 22 D.P.R. 780, sección 9 de la Ley de marzo 10, 1904; y por tanto su conducta impropia como Registra-dor no puede castigarse de acuerdo con (a) de la Ley de 1909, porque tal conducta impropia para caer dentro de las disposiciones de (a) debe ocurrir en relación con el ejerci-cio de la profesión de abogado.

No podemos convenir con estas contenciones. En primer lugar, tenem.os poder inherente para disciplinar a los miembros del foro. La Ley de 1909 sólo es directiva, y no mandatoria para este Tribunal. Véanse In re Tormes, 30 D.P.R. 267; In re Bosch, 65 D.P.R. 248, 251; Ex parte Jiménez, 55 D.P.R. 54; Guerrero v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 60 D.P.R. 241. Bajo nuestro poder inherente, es nuestro deber desaforar a Abella si por su conducta ha demostrado, no necesariamente en el ejercicio de la profesión de abogado, que no es digno de ser un miembro del foro. In re Tormes, supra; In re Chernoff, 26 A.2d 335 (Pa., 1942); In re Welanshy, 65 N.E.2d 202, 204-5 (Mass., 1946); In re Alschuler, 58 N.E.2d 563, 567-8 (Ill., 1944); Brant v. State, 34 S.E.2d 735 (Ga., 1945); Ex parte Montgomery, 12 So.2d 314 (Ala., 1943).

Además, aim cuando ésta no ■ fuera la regla, sola-mente un abogado puede ser nombrado Begistrador. Sección 1 de la Ley de 10 de marzo de 1904, según fué enmendada por el articulo 1 de la Ley de 16 de marzo de 1909. Y en el desempeño de sus deberes un Registrador considera problemas legales y actúa con capacidad cuasi-judicial. • The R.F.C. Mortgage Co. v. Registrador, 60 D.P.R. 235, 239. Su conducta impropia en el desempeño de dichos deberes es, portanto, claramente pertinente para determinar si es digno de permanecer siendo miembro del foro. Resolver lo contrario equivaldría a decir en efecto que un juez no puede ser desaforado por aceptar sobornos. Véase Esc parte Grace, 13 So.2d 178 (Ala., 1943).

Abella alega que la Srta. Grillo y Soto eran cómplices, y que por tanto sus declaraciones debían ser corroboradas. En primer lugar, el récord demuestra tal corroboración. Además, el que da y el que recibe un soborno no son cómplices bajo la regla que exige que la declaración de un cómplice deba ser corroborada. Forastieri v. Calzada, 53 D.P.R. 251. Finalmente, éste no es un caso criminal sino un procedimiento sui generis de disbarment, en el que no es de aplicación dicha regla. Véanse Lopez de Tord & Zayas Pizarro v. Molina, 38 D.P.R. 823, 836-38; In re Ries, 37 A.2d 417, 419 (N.J., 1944).

Abella también alega que el haber él aceptado dinero para inscribir el documento de Grillo no constituye el delito de soborno en violación del artículo 83 del Código Penal, por el fundamento de que este delito surgiría solamente si Abella hubiera actuado contrario a derecho y aquí el documento inscrito era válido e inscribible. No nos detenemos a examinar ésta como una posible defensa en un caso criminal. Gf. Ex parte Montgomery, supra, pág. 317. Sólo indicamos que (1) el artículo 85 del Código Penal establece como misdemeanor el que un funcionario ejecutivo o administraüvo pidiere o admitiere cualquier gratificación por ejecutar algún acto oficial, of. Ley de 10 de marzo de 1904, que se en-«neutra a la pág. 363 del Código Penal, ed. de 1937; y que (2) aim sin referirse al Código Penal, 'tal conducta de un miembro del foro justifica medidas disciplinarias contra él en virtud de nuestro poder inherente.

Considerando la naturaleza de los cargos que han sido establecidos por la prueba, se dictará resolución separando a Abella del ejercicio de la profesión de abogado.

101 Juez Asociado Sr. Marrero no intervino.


author: El Juez Asociado Señoh Snyder

text:
    Eduvigis Cruz Rodríguez, demandante y apelante, v. Antonio Fernós Isern, en su carácter de Comisionado de Sanidad de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 9354.
    Sometido: Abril 1, 1947.

      Resuelto: Abril 22, 1947.

      Celestino Triarte, F. Fernández Guyar y II. González Manes, abo-gados de la apelante; Hon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández, (E. Campos del Toro, ex Procurador General, en el alegato) y Carlos Santma Becerra, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señoh Snyder

emitió la opinión del tribunal.

En 1943 la peticionaria, Primera Oficinista en el Servicio Civil Clasificado Permanente, ocupaba la plaza de Oficial de Requisiciones y Encargado de Suministros, en el Plospital de Distrito de Bayamón, con un haber anual de $1,020. El 22 de junio de 1943 el demandado le notificó que cesaba en dicha plaza el día 30 de junio de 1943 por el motivo de no haber sido incluida su plaza en el presupuesto de 1943-44.

Radicó la peticionaria esta solicitud de .mandamus, ale-gando que al cesar en su plaza ella era elegible para ocupar, en el Hospital de Distrito de Bayamón, las plazas de (1) Secretaria para el G-erente Comercial, con sueldo anual de $900, (2) Oficinista-Taquígrafa del Departamento de Patolo* gía, con sueldo anual de $720, (3) Oficinista para el Depar-tamento de Pacientes del Dispensario, con sueldo anual de $720, y (4) Oficinista-Taquígrafo para el Departamento Social, con sueldo anual de $720. Alegó que estas plazas exis-tían el 30 de junio de 1943, existen ahora, y han sido cubier-tas por empleados temporeros, sin status dentro del servicio civil clasificado, en violación de la Regla 40 de la Comisión de Servicio Civil, en virtud de la cual tenía derecho a que se le nombrara para uno de estos cargos. Solicitó la peti-cionaria- que se ordenara al demandado que la nombrara para cubrir una de estas plazas. Después de una vista en los mé-ritos, la corte inferior dictó sentencia a favor del deman-dado, apelando la peticionaria.

Este-no es un caso en que la peticionaria alega que tiene derecho a que se le reponga en el mismo puesto con. el mismo sueldo, por el motivo de no haberse eliminado dehecho su plaza. Cf. Colón v. Iglesias, 64 D.P.R. 851, y ea-sos allí citados. Aquí se admite su cargo fué eliminado. La única cuestión envuelta es si bajo la Eegla 40 la peticionaria tiene derecho a que se le nombre para ocupar alguna, de las otras plazas a las cuales es elegible y que están siendo des-empeñadas por otras personas.

La corte inferior resolvió que bajo la Eegla 40 el único derecho de la peticionaria era que se le incluyera en la co-rrespondiente lista de reposiciones, de suerte que se pudiera certificar su nombre para cualquier puesto al cual tuviera elegibilidad. La peticionaria se negó a llenar los impresos que la hubieran incluido en la lista de reposiciones, por el fundamento de que tenía derecho, de acuerdo con la Eegla 40, a ser nombrada para una de las plazas ya mencionadas. Y notamos de paso que el récord demuestra que algunos de estos puestos estaban cubiertos en agosto, 1943 por emplea-dos temporeros con la aprobación de la Comisión de -Servicio Civil. Si la peticionaria no se hubiera negado a que se. in-cluyera su nombre en la lista de reposiciones, quizás hubiera tenido derecho a que se le ofreciera una de estas plazas.

Convenimos, según resolvió la corte inferior, en que la Eegla 40 () sencillamente establece el orden en que los em-pleados de la misma categoría serán separados del servicio por falta de trabajo o falta de fondos. Si como en este caso no hay controversia en cuanto a no haber fondos bien para la plaza que ocupaba la peticionaria o para una de la misma categoría, el único derecho que asiste a la peticionaria bajo la Eegla 40 es que se le incluya en una lista de reposiciones y ser elegible a reposición según dispone la Eegla 15. ()

La peticionaria sostiene en efecto que tiene derecho bajo la Eegla 40 a desplazar a cualquier persona que ocupe una plaza inferior a la que ella ocupaba antes de eliminarse ésta, si es elegible a dicha plaza. Pero la Eegla 40 no contempla el que cualquier empleado con clasificación de Primer Ofici-nista pueda,- en caso de eliminarse su plaza por falta de fon-dos, escudriñar todo un Departamento para establecer que él ha sido más eficiente o es más antiguo que algún empleado de segundo o tercer grado, o que una plaza de segundo o ter-cer grado está siendo desempeñada por un empleado tempo-rero y el empleado tiene derecho a reemplazar al temporero. Si interpretáramos la Eegla 40 en esta forma crearíamos un caos administrativo. Cada vez que la Legislatura elimina una plaza se requerirían innumerables traslados en otras.

La Eegla 40 más bien dispone que si algunos empleados de la misma clase o categoría han de retenerse y otros se-pararse debido a falta de trabajo o falta de fondos, aquéllos a ser separados deben seleccionarse siguiendo las normas es-tablecidas en la Eegla 40. La peticionaria en este caso no probó que existían otras plazas de la misma categoría a la que ella desempeñaba, a-las cuales tuviera derecho debido a permanencia, eficiencia o antigüedad, según dispone la Ee-gia 40. Su único derecho bajo dicha Eegla 40 era, por tanto, que se le incluyera en la lista de reposiciones, para ser re-puesta de acuerdo con la Regla 15. Y como hemos visto la peticionaria rehusó acogerse a este derecho.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

      (1) La Eegla 40 dispone como sigue: “En caso de ser necesario en algún ■departamento, por falta de trabajo o falta de fondos o por otras causas, redu-cir el número de empleados en cualquier clase determinada, los empleados menos eficientes, según lo demuestre la calificación por servicios prestados durante el período de doce meses inmediatamente precedentes a la fecha del cese, serán los primeros en ser separados; Disponiéndose, sin embargo, que los empleados temporeros, provisionales o temporales, si hubiere algunos, serán separados en primer término y en el orden estipulado, a menos que a solicitud del jefe de departamento u oficina, la Comisión dispusiere otra cosa. A falta de cali-ficaciones satisfactorias por concepto de servicios se harán las separaciones en orden inverso al de antigüedad, de modo que la persona últimamente nombrada en la clase será la primera en cesar. Los nombres de las personas que sean separadas de acuerdó con esta regla serán colocados en el correspondiente regis-tro de reposiciones de la clase, conforme a las calificaciones por servicios o, a falta de éstas, de acuerdo con sus respectivos períodos de servicio. Tales personas serán elegibles a reposición, según se dispone en la Eegla XV.”

      (2)La Eegla 15 dispone en parte como sigue: "Siempre que un empleado permanente que ocupe un cargo en el servicio clasificado y liaya cumplido sus deberes satisfactoriamente fuere dejado eesante sin falta por su parte o le baya sido autorizada una licencia y dicho empleado esté ■ dispuesto a reasumir sus deberes en cualquier cargo vacante en su clase, o que baya renunciado su cargo en buenos términos o que en alguna otra forma haya sido separado del servicio sin culpa de su parte, la Comisión mediante solicitud escrita de dicho empleado y con el consentimiento del Departamento en que estuvo colo-cado, hará que su nombre sea incluido en el registro de reposiciones de la clase correspondiente. ’ ’


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Agustín E. Font, demandante y apelado, v. Pedro Antonio Echeandía Font, demandado y apelante.
    Núm. 9367.
    Sometido: Enero 16, 1947.

      Resuelto: Abril 22, 1947.

      Pedro E. Anglade, abogado del apelante; Héctor Reichard y Amador Ramírez Silva, abogados del apelado. '
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandado apelante, invocando los preceptos de la “Ley de Alquileres Razonables”, aprobada por la Legisla-tura el día 25 de abril de 1946, solicita que se decrete la suspensión del procedimiento de desahucio instado por el de-mandante, pendiente en apelación ante esta Corte, basta la terminación de la emergencia declarada por dicha ley.

Se alega en la moción que el demandante Agustín E. Font radicó ante la Corte de Distrito de Aguadilla una demanda de desahucio para recobrar la posesión de un edificio-cine arrendado al demandado apelante por el canon de |140 men-suales, basándose el desahucio en que el demandante había dado por terminado el arrendamiento el 31 de octubre de 1945; que el edificio objeto del desahucio está dedicado a finos comerciales o sea a teatro para exhibiciones cinemato-gráficas; que la corte inferior dictó sentencia a favor del demandante; y que el demandado apeló para ante el Tribunal Supremo.

El artículo 4 de la citada Ley de Alquileres Razonables provee que las disposiciones de dicha Ley se aplicarán, entre otras clases de propiedades de alquiler, a “ (á) edificios y locales para negocios, y propósitos comerciales e industriales, y solares en que radican tales locales o edificios, si éstos pertenecen a distinto dueño.” El artículo 12 de la misma Ley, en lo que es pertinente, dispone:

‘■Artículo 12. — Mientras el inquilino pague el alquiler básico o el alquiler razonable fijado por el Administrador, según fuere el caso, no podrá él propietario promover la acción de desahucio para reco-brar la posesión de una vivienda o de una casa o edificación que se use para negocios, oficinas profesionales o propósitos comercia-les o industriales, aunque haya expirado el término del contrato. A los electos de este Artículo se entenderá renovado el contrato por los plazos que estipule el Artículo 1471 del Código Civil durante todo el tiempo que dure la emergencia a que se refiere esta Ley.
“Sólo podrá promoverse el desahucio contra inquilinos en los siguientes casos:
'‘(a) Cuando el inquilino no pague en los términos convenidos el alquiler básico o el alquiler razonable fijado por el Administrador, según fuere el caso correspondiente a una o más de una men-sualidad ;
í (i* * # #
“A partir de la fecha de vigencia de esta Ley quedará en sus-penso, hasta la terminación de la emergencia declarada en la misma, todo procedimiento de desahucio que no se ajuste a las causas, con-diciones y términos fijados en esta Ley.” (Bastardillas nuestras.)

El artículo 27 dispone que. por ser de carácter urgente y necesaria, la Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación, “Entendiéndose, sin embargo, que las dis-posiciones de esta Ley empezarán a regir en cuanto a cada una de las clases de propiedades de alquiler que se relacio-nan en el artículo 4 de la misma cuando así lo declare el Con-sejo Ejecutivo de Puerto Rico mediante resolución aprobada a ese efecto.”

En julio 16 de 1946 el Consejo Ejecutivo de Puerto Rico aprobó una resolución disponiendo que a partir de las 12:01 a.m. del 17 de julio de 1946 entrarían en vigor las disposi-ciones de la Ley de Alquileres Razonables en cuanto a las propiedades de alquiler comprendidas en el inciso (a) del artículo 4 de dicha Ley o sea “edificios y locales para nego-cios, y propósitos comerciales e industriales.”

La explotación y funcionamiento de un cinematógrafo para la exhibición de películas al público, mediante paga, es sin duda alguna un negocio y por lo tanto el edificio o local utilizado para la explotación de dicho negocio está compren-dido dentro de las disposiciones del inciso (a) del artículo 4 de la Ley dé Alquileres Razonables, supra.

El demandado apelante alega en su moción que él ha continuado depositando las mensualidades, a medida que las mismas van venciendo, en la Secretaría de la Corte Municipal de San Sebastián, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Alquileres Razonables. Esta alegación no ha sido controvertida por el demandante apelado.

El precepto del artículo 12, supra, es claro y terminante. Mientras el inquilino de una casa o edificación qué se use para negocios pague las mensualidades convenidas, el dueño del inmueble no podrá promover la acción de desahucio, “aunque baya expirado el término del arrendamiento.” T todo procedimiento de desahucio que estuviere pendiente en la fecha en que comenzó a regir la Ley, quedará en suspenso hasta que haya terminado la emergencia.

Estando aún pendiente el procedimiento instado por el demandante y no estando comprendido dicho procedimiento dentro de ninguna de las excepciones enumeradas en el ar-tículo 12 de la Ley de Alquileres Eazonables, procede de-clarar con lugar la moción de suspensión del procedimiento hasta que haya terminado la emergencia declarada por la ci-tada Ley. Y así se ordenará.