author: El Juez Asociado Sbñoe De Jesús

text:
    West India Oil Company (P. R.), para beneficio de Caribbean Atlantic Air Lines, Inc., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado.
    Núm. 30.

    Sometido: Febrero 5, 1945.

      Resuelto: Mayo 28, 1945.

      II. S. McConnell y Joaquín Lago Padín, abogados de la peticionaria; Ron. Procurador General Interino Jesús A. González, M. Veláz-quez Flores y Ramón Gandía Biscombe, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del interventor, Tesorero de Puerto Rico, querellado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Sbñoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La Asamblea Legislativa de Puerto Eico concedió a la Caribbean Atlantic Air Lines, Inc., por un término de quince años, una exención del pago de contribuciones y arbitrios Durante algún tiempo después de concedida la exención, la compañía de transporte aéreo compró a la West India Oil Company la gasolina que su negocio requería, devolviendo el Tesorero a la vendedora el impuesto que ésta había pa-gado al introducir en Puerto Rico la gasolina vendida a la compañía de transporte aéreo. En 1942 el Tesorero publicó el Reglamento núm. 44 (Revisado), por el cual estableció el procedimiento para que el vendedor pudiese obtener el re-embolso del impuesto correspondiente a la gasolina que hu-biere vendido a la compañía exenta de su pago.

En el período comprendido entre mayo y diciembre de 1943 la West India Oil Company vendió a la compañía de transporte aéreo 77,500 galones de gasolina y, al presentar al Tesorero el informe requerido por el Reglamento núm. 44 para obtener el reembolso del arbitrio, el Tesorero dilató por algún tiempo el asunto y luego notificó a la vendedora que no podía devolver el impuesto a base de la ley que le concedía la exención. Manifestó, sin embargo, que estaba dispuesto a devolverlo bajo la Ley núm. 1 de 22 de junio de 1942 (Hegunda Sesión Extraordinaria, pág. 3), que eximía de impuesto a la gasolina introducida en Puerto Rico y consu-mida en el exterior. A. ese fin era preciso que el vendedor acreditase la cantidad de gasolina consumida en Puerto Rico y la consumida fuera de la Isla. Así lo hizo la vendedora, protestando que la presentación de ese informe no debía en-tenderse como una renuncia a la exención concedida a la compañía de transporte aéreo, a virtud de la cual reclamaba la devolución del arbitrio sobre la totalidad de la gasolina consumida por ella tanto dentro como fuera de la Tsla.

Del informe presentado al Tesorero resultó que de los 77,500 galones vendidos a la compañía de transporte aéreo, 72,601 habían sido consumidos fuera del país, y los restante.' 4,899 galones en los talleres de la compañía en esta Isla. El Tesorero devolvió el impuesto sobre la gasolina consu-mida fuera de Puerto Rico, pero rehusó reembolsar la can-tidad de $489.90, importe del arbitrio sobre la gasolina con-sumida en Puerto Rico. Basó su decisión en que la contri-bución sobre esa gasolina recaía sobre la West India Oil Company por el solo hecho de haberla introducido ella en Puerto Rico, y argüyó que si bien dicha contribución recaía económicamente sobre la consumidora, como ésta no había importado la gasolina directamente, no tenía derecho a re-embolso alguno, pues la West India Oil Company, antes de venderla a la consumidora, ya había satisfecho la contribu-ción que legalmente le incumbía pagar al introducir la ga-solina en .Puerto Rico.

Apeló la West India Oil Company para ante el Tribunal de Contribuciones, y éste, por la autoridad del caso de Alabama v. King & Boozer, 314 U. S. 1, 86 L. Ed. 3 (1941), in-vocado por el Tesorero, sostuvo su decisión.

El caso de Alabama no es de aplicación al que nos ocupa. En uno y otro se trata de dos inmunidades de distinto origen y do diferente alcance. En el caso de Alabama se trata de la inmunidad recíproca que a virtud de un principio constitucional gozan el Gobierno Federal y el de los Estados del pago de contribuciones impuestas por el otro. En el presente caso la inmunidad envuelta surge de una ley especial de la Asamblea Legislativa ele cuyos términos aparece el motivo y alcance de la exención.

Examinemos los hechos y la doctrina del caso de Alabama. Un estatuto del Estado de Alabama imponía una contribución de dos por ciento sobre el precio bruto de ma-teriales vendidos a los contratistas. Prescribía el estatuto que aunque la contribución se imponía al vendedor, a quien se le denominaba “el contribuyente,’’ éste tenía la obliga-ción de sumar el impuesto al precio de venta y cobrarlo todo del comprador. Una sección del estatuto excluía de la con-tribución las ventas sobre las' cuales el Estado no pudiese imponerla por virtud de la Constitución o leyes de los Es-fados Unidos. King & Boozer vendió materiales de cons-trucción a una persona que tenía con el Gobierno Federal \m contrato a base de “costo más una compensación fija.” La venta fuó hecha a nombre del contratista y éste en nin-gún momento actuó ni estuvo autorizado para actual1 a nom-bre del Gobierno de los Estados Unidos. Los materiales comprados habían de usarse en la construcción de un cam-pamento militar y el Gobierno se obligó con el contratista a reembolsarle el precio de los materiales, incluyendo cual-quier contribución sobre ellos tan pronto fuesen puestos en el sitio donde se iba a construir el campamento. King & Boozer cobró del contratista el precio de los materiales, pero dejó de cobrar la contribución por entender que como los materiales eran para el uso del Gobierno Federal, estaban exentos de la contribución. En el pleito instado por King & Boozer para evitar el cobro de la contribución por los funcionarios del Estado, la Corte Suprema nacional resol-vió : -que el estatuto de Alabama imponía al contratista la obligación de pagar el arbitrio; que como la compra se ha-bía hecho a nombre del contratista, a quien ninguna exen-ción le había concedido el Congreso, la carga legal de la contribución recaía sobre el contratista, y que aunque la carga económica de la contribución recaía sobre el Gobierno Federal, puesto que en última instancia reembolsaría al con-tratista el costo de los materiales y el impuesto, esa circuns-tancia no eximía del pago de la contribución, pues en tanto en cuanto el impuesto forma parte del costo de los 'materia-les que habrían de usarse en la obra del Gobierno, ello es tan sólo un incidente normal de la existencia dentro de un mismo territorio de dos soberanías independientes, cada una con poder para imponer contribuciones.

Donde mejor puede apreciarse el principio aplicado en ol caso de Alabama es en el de Trinityfarm Co. v. Grosjean, 291 U. S. 466 (1934). Allí se trataba de una contribución impuesta por el Estado de Luisiana sobre la gasolina intro-ducida y consumida en el Estado. Un contratista que rea-lizaba obras para el Gobierno Federal introdujo en el Es-tado una gran cantidad de gasolina que necesitaba para ope-rar la maquinaria que usaba en la construcción de la obra. La gasolina fue comprada a nombre del contratista. La cuestión a determinar era si por el hecho de que la gasolina habría de consumirse en una obra del Gobierno Federal, es-taba exenta de la contribución toda vez que en definitiva el Gobierno Federal reembolsaría al contratista tanto el costo de la gasolina como el impuesto sobre ella. Manifestó la Corte Suprema de los Estados Unidos que el contratista admitía que la maquinaria, los tanques de depósito, las he-rramientas y otras propiedades suyas que se usaban en la ejecución de la obra estaban sujetos a contribución por el Estado de Luisiana; que todos dichos implementos estaban tan íntimamente relacionados con la obra como lo estaba la gasolina sobre la cual se imponía el arbitrio; que no hay medio de distinguir entre la planta así empleada y la gaso-lina usada para producir fuerza motriz; y que si el pago de la contribución impuesta por el Estado sobre la propie-dad del apelante en algo afectara al Gobierno Federal, ello a lo sumo da lugar a una carga que es indirecta y remota y no una que es necesaria, inmediata o directa. La reclama-ción del contratista fue desestimada por carecer de mé-ritos.

Como antes hemos insinuado, surgiendo la exención del caso que nos ocupa de una ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Pico, es a la luz de los términos de esa Ley que debemos buscar la intención legislativa para determinar el alcance de la exención. La intención surge diáfana de la sección 1 de la Ley núm. 17 de 11 de abril de 1939 (pág. 327)7 Conforme se desprendede sns términos, el propósito legislativo fné proteger a la compañía de transporte aéreo prestándole cooperación a fin de asegurar el éxito de sn em-presa, para qne de ese modo pudiese continuar dando ser-vicio de transporte aéreo en esta Isla. No impuso como con-dición de la exención que la gasolina, para quedar libre del impuesto, tuviese que ser introducida directamente por ella. No cabe duda de que no pudo ser ésa su intención porque de imponer esa condición, estaría destruyendo con una mano lo que hacía con la otra, ya que el obligar a la compañía a importar directamente la gasolina, era exponerla al fracaso de su negocio, pues esto hubiera requerido la inversión de fuertes sumas de dinero para la construcción de tanques donde guardar la gasolina. Dado el volumen de su negocio, tal inversión no hubiera sido práctica para la compañía, como tampoco lo hubiera sido importar las grandes canti-dades de gasolina que hubiera tenido que comprar para jus-tificar el flete de barcos tanques para traer el producto a. Puerto Rico. De aplicarse el principio establecido en el caso de Alabama v. King & Boozer, supra, tendríamos que ir contra la intención del legislador, la cual es precisamente evitar que la carga económica de la contribución recaiga so-bre la compañía de transporte aéreo que se ha propuesto proteger.

La contención del Tesorero, basada principalmente en la decisión del caso de Alabama v. King & Boozer, supra, al efecto de que él carecía de facultades para promulgar el re-glamento a que hemos hecho referencia, no tiene méritos-. En el caso de Pyramid Products, Inc. v. Buscaglia, Tes., 64 D.P.R. 828, sostuvimos la validez de un reglamento — sustan-cialmente igual al núm. 44 revisado — aprobado por el Teso-rero bajo la autoridad de la sección 39 de la.Ley de Rentas Internas de Puerto Rico (Ley núm. 85 de 20 de agosto de 1925 (pág. 585), según fué enmendada por la Ley núm. 83 de 6 de mayo de 1931 (pág. 505) y de la Ley aprobada el 12 de febrero de 1904 (pág. 167), por el cual se estableció el procedimiento para la devolución de arbitrios pagados al introducir la gasolina en Puerto Rico que luego era expor-tada para Santo Domingo sin ser objeto de transacción al-guna en esta Isla.

Procede por lo expuesto anular la decisión recurrida dictada por el Tribunal de Contribuciones, y devolver el caso para que dicte otra decisión declarando con lugar la querella.

      Ley núm. 17 de 11 de abril de 1939((1) pág. 327).

      La Ley núm. 1 de 22 de junio de 1942 ( (2) pág. 3) eximió del impuesto, a partir del 15 de junio de 1942, a todos los productos de petróleo distribuidos desde Puerto Rico para uso fuera de la Isla durante el presente estado de guerra y hasta noventa días después de cesar las hostilidades por parte de los Estados Unidos. Pero la exención concedida a la Caribbean Atlantic Air Lines, lne., por la Ley núm. 17 de 1939 comprendía toda la gasolina consumida por ella tanto dentro como fuera del país por un período de quince años.

      La West India Oil Company radicó la querella para beneficio de la Caribbean Atlantic Air Lines, Ine., la cual se obligó a pagar a aquélla los $489.90 en caso de que el Tesorero no le reembolsara el arbitrio.

       El principio no lia sido expresamente consignado en la Constitución, pero necesariamente surge de los dos gobiernos, el Federal y el Estatal, que imperan dentro del mismo territorio. McCulloch v. Maryland, 4 Wheat. 316, 400, 436 (U. S. 1819); The Collector v. Day, 11 Wall. 113 (U. S. 1870). Este último fué revocado por el caso de Graves v. N. 7. ex rel. O’Keefe, 306 U.S. 466 (1939), en tanto en cuanto reconocía una implícita inmunidad constitucional contra el pago de contribución sobre ingresos sobre los salarios de los funcionarios o empleados del Gobierno Nacional o de los Estados Unidos o sus instrumentalidades.

       Refiriéndose al cambio que se lia operado en la doctrina de inmunidad recíproca del pago de contribuciones, se ha dicho: . . en vez de una doctrina de inmunidad recíproca del pago de contribuciones, se ha establecido una doctrina de contribución recíproca de las instrumentalidades de cada gobierno por parte de los Estados y del Gobierno Federal, ...” Hugh Evander Willis. Tendencies in American Constitucional Law, 4 IT. of Toronto L. J. 338, 348. Véase también Graves v. N. Y. ex rel. O’Keefe, 306 U. S. 466 (1939).

      La sección 1 de la Ley núm. 17 prescribe:
      “El desenvolvimiento de los negocios y el progreso de los pueblos, requieren las vías de comunicaciones más rápidas. Los gobiernos de todos los países prestan su cooperación más decidida al desarrollo de la aviación, y uno de los medios para el progreso de la aviación consiste en la costumbre del público a viajar por la vía aérea. Establecer esta clase de negocios en esta Isla, es correr una aventura y arriesgarse a perder dinero. Por la Ley número 196, aprobada por esta Asam-blea Legislativa en mayo 15 de 1938, se eximió de pagar contribuciones a la Corporación Aerovías Nacionales, Puerto Rico, Ine., y dicha corporación y la Powelson Air Line, hoy Caribbean Atlantic Air Lines, Ine., han venido transpor-tando pasajeros, la primera desde San Juan, Ponce y Mayagüez, y vice versa, y la segunda desde Ponce a San Juan, y vice versa, sin que estas líneas puedan ir a otros pueblos por falta.de sitios apropiados para aterrizar.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    Emma y Humberto Lizardi Silva, etc., demandantes y apelantes, v. Pablo Ramón Caballero, Insular Mercantile Co. y Rafael Angel Lizardi Umpierre, demandados y apelados.
    Núm. 8985.

    Sometido: Marzo 6, 1945.

      Resuelto: Mayo 28, 1945.

      E. Martínez Aviles, abogado de los apelantes; G-éigel & Silva, abo-gados de Monserrate Carrasquillo Vda. de Bnxó, quien fué citada en evieción y compareció en el pleito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El 24 de agosto de 1940 se inició el presente litigio sobre nulidad de expediente de dominio y reivindicación por parte de Emma y Humberto Lizardi Silva, únicos hijos sobrevi-vientes de José Lizardi y Justa Silva, acompañados por José Manuel e Irma Lizardi Vallejo, únicos hijos de José Lizardi Silva, y por Gladys Méndez Lizardi, única hija de Justa Lizardi Silva. Además de Pablo Ramón Caballero, ■figuran como demandados la Insula! Mercantile Co. y Rafael Angel Lizardi Umpierre porque siendo partes intere-sadas en la acción se negaron a concurrir como demandantes. Al citarse al demandado Pablo Ramón Caballero radicó mo-ción para que se citara en evicción a Monserrate Carras-quillo viuda de Buxó, a lo que accedió la corte, y es ella la persona que ha venido defendiéndose en este pleito.

Por las tres causas de acción de la demanda se solicita: (a) la nulidad de la resolución dictada por la Corte de Dis-trito de San Juan en 29 de abril de 1920 en una información de dominio sobre una finca de 25 cuerdas, y de la inscrip-ción hecha en el Kegistro de la Propiedad a virtud de dicha resolución, así como la nulidad de todas las subsiguientes inscripciones; (fe) la reivindicación de la finca objeto .del procedimiento de información de dominio y (c) el pago de una suma de $3,000 por concepto de frutos y productos de la finca dejados de percibir. Se alegó, en síntesis, que la finca objeto de la información de dominio se componía de tres parcelas diferentes que José María Umpierre había hecho agrupar, a saber: la finca de 15 cuerdas adjudicada a los demandantes en la partición de la herencia de su ma-dre Justa Silva de Lizardi, 8 cuerdas de otra finca de 10 cuerdas que también les fueron adjudicadas a ellos, y las cuales dos fincas habían sido vendidas por su padre José Lizardi Jiménez a Umpierre, sin que mediare autorización judicial y sin que actuare en nombre y representación de sus hijos, y, por último, 7y2 cuerdas de la finca de 23 cuerdas que en dicha partición fué adjudicada a José Lizardi Jimé-nez; que tal finca, la cual se proponían reivindicar los de-mandantes, tenía una cabida de 30)/2 cuerdas, ello no obs-tante siendo la misma finca de 25 cuerdas que fue objeto del expediente de dominio, debiéndose la diferencia aparente en la cabida a alegaciones falsas hechas por Umpierre en su solicitud para eludir la identificación de los tres predios de terreno que la componían; que al adquirir las dos fincas adjudicadas a los demandantes Umpierre sabía que Lizardi no podía venderle; que el expediente de información de do-minio estaba viciado de nulidad por no haberse citado todos los anteriores dueños de la finca, por no haberse jurado dentro del término de un año el diligenciamiento de la cita-ción de aquellos anteriores dueños que fueron citados, y por no haberse oído la prueba en el término de 180 días, todo ello con arreglo al artículo 395 de la Ley Hipotecaria; que todos los subsiguientes adquirentes de la finca de 30% cuer-das, inscrita con una cabida de 25, tenían necesariamente conocimiento de la nulidad de la inscripción del dominio a favor de Umpierre “por constar en documentos y registros públicos.”

Compareció la demandada Carrasquillo Vda. de Buxó mediante excepción previa alegando que la acción había prescrito de acuerdo con el artículo 1857 del Código Civil, la cual fue declarada sin lugar. Radicó entonces su contes-tación negando los hechos esenciales de la demanda, y ale-gando que del Registro de la Propiedad de San Juan no resultaba defecto de clase alguna y que por consiguiente to-dos los posteriores adquirentes de José María Umpierre ha-bían sido terceros de buena fe, y repitió como defensa especial la prescripción de las acciones incoadas en su contra.

Después de anotarse la rebeldía de los demandados Insular Mercantile Company y Rafael Angel Lizardi, la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia declarando sin lugar la demanda por resultar de la prueba que la acción había prescrito. Los demandantes solicitaron la reconsideración alegando que, aun aceptando que el demandado y sus pre-decesores en título hubieran poseído con buena fe y justo título por más de diez años, esta posesión se limitaba úni-camente a 21.63 cuerdas, según aparece la cabida de la finca de la inscripción décimoeuarta en el Registro, y que habiendo aumentado en 6.53 cuerdas la cabida de la finca en posesión del demandado, forzosamente tuvo que introducirse éste en la finca de 23 cuerdas heredada por los demandantes de su padre, José Lizardi Jiménez, colindante con la otra finca de 21.63 cuerdas, y de la cual ellos no estaban en posesión, por lo cual debería decretarse la reivindicación en cuanto a dicha parcela de 6.53 cuerdas. La corte declaró sin lugar la mo-ción y los demandantes apelaron.

De la prueba presentada en este caso aparecen probados los siguientes hechos: que Justa Silva de Lizardi falleció' el 16 de octubre de 1910 bajo testamento abierto en el que instituyó como únicos herederos a sus hijos menores de edad José, Justa, Emma y Humberto, y a su cónyuge José Li-zardi Jiménez, en la proporción señalada por ley; que al procederse en 1913 a las operaciones de partición del caudal hereditario, la Corte de Distrito de San Juan nombró a Marcelino Silva, abuelo de los menores como su defensor judicial, y en tal carácter compareció Silva con Lizardi Ji-ménez ante el notario P. Ramírez de Arellano, formalizán-dose mediante la correspondiente escritura pública la par-tición extrajudicial de los bienes relictos de la testadora. Por dicha partición se adjudicaron a los menores, en común proindiviso, dos fincas rústicas situadas en el barrio de Que-brada Arenas, municipio de Río Piedras, una de 15 cuerdas y otra de 10 cuerdas; y al cónyuge viudo se adjudicaron otras dos fincas, en el mismo barrio, de 23 cuerdas una y de 10 cuerdas la otra, en pago de su mitad de gananciales; que en 9 de junio de 1915, y ante el mismo notario P. Ra-mírez de Arellano, compareció José Lizardi Jiménez en es-critura de compraventa manifestando ser duéño de las fin-cas rústicas de 15 y 10 cuerdas adjudicadas en la partición a sus cuatro hijos menores de edad y traspasando dichos predios en venta a José María Umpierre.

Posteriormente, en 11 de abril de 1917 el mismo José Lizardi Jiménez otorgó testamento instituyendo herederos a sus cuatro hijos ya mencionados y a un quinto hijo, Rafael Angel, procreado en segundas nupcias con Josefina Umpie-rre, hija del referido José María Umpierre. En ese testa-mento Lizardi Jiménez nombró albacea a su cónyuge Josefina Umpierre, y para el cargo de tutor de sus cuatro hijos designó al mismo José María Umpierre.

El primero de mayo de 1917 falleció José Lizardi Jimé-nez, y el 26 de septiembre de ese mismo año José María Um-pierre acudió ante la Corte de Distrito de San Jnan promo-viendo expediente de dominio sobre nna finca rústica de 25 cnerdas situada en el barrio de Quebrada Arenas, en cuyo expediente alegó haber comprado la finca a José Lizardi Ji-ménez. La corte de distrito aprobó la información practi-cada en el expediente en 29 de abril de 1920, declarando jus-tificado el pleno dominio de la finca en el promovente y or-denando la inscripción a su favor en el Registro, operación que se practicó el 30 de abril de 1920, consignándose sin embargo el defecto subsanable de no expresarse en el expe-diente Al estado civil del promovente en la fecha en que ad-quirió la finca.

El 5 de mayo de 1920 José María Umpierre vendió la finca mencionada a José Martínez Llonín, quien la inscribió a su nombre en 8 de mayo del mismo año. Con esta inscrip-ción comenzó una serie de traspasos de la finca, todos ellos inscritos en el Registro de la Propiedad, hasta que en 13 de abril de 1928 su dueño, Bernardo Rosa Cuadrado, constituyó sobre ella hipoteca a favor de Monserrate Carrasquillo Vda.' de Buxó. En 1929 Rosa vendió la finca a Félix A. Thillet, quien a su vez la permutó por otra a Miguel Orvañanos. Contra este último siguió Monserrate Carrasquillo Vda. de Buxó ejecutivo hipotecario en cobro de su préstamo, orde-nándose la venta de la finca en pública subasta en 1933, en la cual se le adjudicó a ella, habiéndose inscrito a su favor en 7 de enero de 1938. En 10 de agosto de ese mismo año doña Monserrate vendió la finca a Pablo Caballero, quien la inscribió a su favor.

1. Los apelantes discuten conjuntamente los primeros seis errores cuya comisión imputan a la corte de distrito, á saber, al declarar con lugar la defensa de prescripción, al resolver que los dueños de la finca han poseído con justo título y buena fe, al resolver que los anteriores dueños de la finca fueron debidamente citados en la información de do-minio, al resolver que no se desprendía del Registro de la Propiedad la nulidad del títuM del demandado, al resolver que la corte de distrito actuó con jurisdicción al aprobar la información de dominio, y al declarar sin lugar la demanda en sus tres causas de acción.

Como bien dice la apelada en su alegato aun cuando los hechos envueltos en este caso aparecen complicados la cuestión fundamental a resolver es bien sencilla. Se reduce ella a la determinación de si los demandados son o no terceros y si la causa de nulidad del expediente de dominio aparece claramente del Registro de acuerdo con el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que en lo pertinente dispone:

'‘Artículo 34: — No obstante lo declarado en el artículo anterior, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, no se. invalidarán en cuanto a tercero, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante, en virtud de título anterior no inscrito o de causas que no resulten claramente del mismo Registro.”

Comentando Muñoz Morales en sus Anotaciones a la Ley Hipotecaria de Puerto Rico el concepto de tercero a que se refiere este artículo dice a la página 256 que “es aquél que adquiere de la persona que según el Registro aparezca con derecho para ello; es el que no tomó parte en el acto o con-trato que se declaró nulo; es el que habiendo adquirido así inscribió luego su derecho; es el definido en el artículo 27; y son también terceros los sucesivos adquirentes, pero todos han de fundar su derecho en un título inscrito para poder disfrutar del beneficio o excepción del art. 34 bajo el su-puesto o condición de que la causa de nulidad no conste cla-ramente en la inscripción anulada.”

Que los demandados y sus antecesores en título hasta llegar a Martínez Llonín que adquirió la finca en 8 de mayo de 1920 son terceros en este caso, no tenemos dnda. Ahora bien, ¿ aparecía la cansa de nulidad, del expediente de dominio claramente de sn inscripción en el Registro í Veá-moslo.

La primera inscripción de la finca, basada en el expe-diente de dominio promovido por Umpierre y en la resolu-ción de 29 de abril de 1920 dice así en lo pertinente:

. . Don José María Umpierre y Díaz, mayor de edad, propie-tario, casado con doña Vita Díaz y vecino de Río Piedras, represen-tado por el abogado Lorenzo Jiménez García, acudió a la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Sección primera, solici-tando acreditar el dominio de esta finca que adquirió por compra a José Lizardi Jiménez el nueve de Junio de mil novecientos quince; éste la compró a los esposos Felicita González y José Dolores González y Flores en mil novecientos seis, quienes a su vez la compraron a Manuel Díaz el año mil novecientos, quien poseyó por más de treinta años; siendo la posesión del promovente y anteriores dueños quieta, pública, pacífica y sin interrupción alguna. Admitida la información ante la Corte, fueron convocadas las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción, por medio de edictos que se fijaron en el estrado de la Corte y se publicaron por término legal en el periódico ‘La Democracia,’ que se edita en esta ciudad; habiéndose citado en forma legal a los anteriores dueños, practicándose en Corte abierta la información correspondiente; habiéndose presentado a la Corte prueba documental y testifical, recibo de contribuciones pa-gadas y el plano correspondiente de la finca; y habiéndose dado vista del expediente al Fiscal, quien intervino en el procedimiento, emitió dictamen favorable a la petición.” (Bastardillas nuestras.)

Una mera lectura de esta inscripción demuestra que la pregunta debe ser contestada en la negativa. De dicha ins-cripción aparece que se había citado en forma legal a los anteriores dueños. Arguyen los apelantes, sin embargo, que debió haberse hecho constar que se había citado a los ante-riores dueños “y a sus eausahabientes” de acuerdo con el artículo 395 de la Ley Hipotecaria y que del expediente de dominio aparece que sólo se citó a los anteriores dueños. Empero, en cuanto a los demandados, como terceros, ellos sólo tenían que atenerse a la inscripción en el Registro de la Propiedad para determinar si dicho motivo de nnlidad aparecía claramente de dicha inscripción. Una situación similar surgió en el caso de Menéndez v. Cobb et al., 28 D.P.R. 775 en el que se alegó que de la inscripción resultaba clara-mente que la corte no había adquirido jurisdicción sobre la persona contra quien se dictó una orden de ejecución de hi-poteca “porque no se hizo constar en ella (la inscripción) que fué debidamente citado y emplazado en forma legal... ” citándose varios casos por el apelante para sostener su con-tención y esta Corte dijo, a la pág. 780:

“Como se ve, estos casos no guardan relación con el punto á decidir que es el de si del registro resulta claramente que la corte que decretó la venta no tuvo jurisdicción sobre la persona del deman-dado pues todos ellos se. refieren a casos en que los registradores han entendido que no se les justificaba la jurisdicción de la corte. El presente caso es distinto pues el registrador hizo la inscripción de la venta y como de ella no aparece hecho alguno que demuestre la falta de jurisdicción de la corte no es posible que declaremos que Cobb sabía tal cosa por el registro. Por él solo hecho de que en la inscripción no se diga que él demandado fué diado en debida forma no puede sostenerse que él tercero supo que no fué citado< pu&s pudo haberlo sido aunque no lo diga la inscripción. El artículo 34 de la Ley Hipotecaria exige de modo categórico que las causas de nulidad resulten claramente del mismo registro y por tanto los hechos de los cuales resulten deben aparecer en él afirmativa y claramente. ’ ’ (Bas-tardillas nuestras.)

Y en Carmona v. Cuesta, 18 D.P.R. 180, se resolvió que a pesar de ser nulo un expediente de dominio por haber sido vendida originalmente la finca por quien no tenía autoriza-ción ni representación para ello, era improcedente la cance-lación de la inscripción que del mismo se hizo porque “los vicios de nnlidad no aparecían claramente del Registro y hay terceros .... adquirentes de buena fe que no pueden ser perjudicados por aquella nnlidad ...”

La alegación contenida en la demanda en el caso de autos al efecto de que los demandados tenían necesariamente conocimiento de la nulidad de la inscripción del dominio a favor de Umpierre “por constar en documentos y registros públicos” no es lo que exige el artículo 34, supra, pues con-sistentemente liemos resuelto que el motivo de nulidad debe resultar claramente del Registro de la Propiedad y no de otros documentos o registros públicos. De nuevo repetimos aquí lo dicho por el Juez Asociado Sr. Texidor en su opi-nión disidente en el caso de Pérez Casalduc v. Díaz Mediavilla, 41 D.P.R. 973, la cual prevaleció al ser revocado dicho caso en Díaz et als. v. Pérez, 54 F.2d 588:

“El artículo 34 que citamos es uno de los más discutidos y co-mentados de la ley. Era evidente que la circunstancia de hallarse inscrito un acto, o un contrato aparente, realizados en violación de Ja ley, no podría hacerlos prevalecer como buenos y perfectos. Pero, como la Ley Hipotecaria es de garantía con respecto a terceros, y como para la inscripción de actos y contratos, se exigen requisitos estrictos y la intervención y calificación de documentos por un regis-trador abogado, que tiene la facultad de negar la inscripción a los actos y contratos nulos, tenía que darse valor y eficacia a la inscrip-ción ya hecha, si de ella no resultara un vicio que hiciera nulo el acto o contrato. Si resultara, el futuro comprador', y el adquirente de derechos sobre la finca así inscrita, adquiriría a sabiendas de la existencia de una causa de nulidad, de la que estaba avisado por el mismo registro de la propiedad; y si la causa no resultara de la ins-cripción, el adquirente se hallaría protegido por ese hecho.
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“. . . Por esto, el artículo 34 no habla simplemente de causas que no resulten del mismo registro, sino de ‘causas que no resulten claramente del mismo registro’ (itálicas nuestras). Porque no se trata de requerir el estudio de un abogado experto en Ley Hipotecaria, sino de que cualquiera persona de mediana instrucción pueda v'er si resulta, o no, del registro, la causa de nulidad. La interpretación hecha por la jurisprudencia está de acuerdo con esta teoría. (Citas) ”

Más adelante el Juez Texidor cita un párrafo de la opi-nión en el caso de Ayllón y Ojeda et al. v. González y Fernández et al., 28 D.P.R. 67 aplicando el artículo 34 supra, y otro párrafo de la opinión’ del Juez Asociado Sr. Holmes cuando al revocarse la sentencia de la Corte de Circuito diclio caso fue confirmado en 266 U.S. 144 diciendo el Juez Texidor que “Conviene anotar aquí esta parte de la opinión, por la íntima relación entre la doctrina de ‘justo título’ y el contenido del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.” La parte de la opinión referida dice así:

“. . . La cuestión a dirimir es si los demandados poseían con título ‘justo’ o ‘propio,’ según se le designa indistintamente, dentro del significado de la ley que determina la prescripción de diez años en tal caso, en vez de los treinta años para los cuales no se precisa .justo título. Según observó la corte de Puerto Rico, un justo título no significa un título perfecto, pues de otro modo no sería menester la prescripción. Véase United States v. Chandler-Dunbar Water Power Co., 209 U. S. 447, 450. Si el título es bueno por su propia faz, y el poseedor a virtud,del mismo no tiene conocimiento de ningún defecto extrínseco, fundará Tin buen título en diez años. La orden de venta no revelaba defecto alguno, y la Corte Suprema resol-vió que, toda vez que fué librada por una corte con jurisdicción sobre los menores y el tutor, según hemos indicado, los compradores no estaban obligados a investigar más. No tenían conocimiento real de las omisiones del tutor, y, para los fines de una posesión de buena fe, eso satisface a la ley. Ellos tenían derecho a asumir que todos los requisitos necesarios habían sido cumplidos. No necesitamos considerar la observación adicional de la corte, también digna de respetarse, de que la omisión de inscribir en el registro de tutelas y de prestar fianza no anulaba la venta.”

Somos de opinión que la corte inferior no erró al resolver que la acción de los demandantes estaba prescrita de acuerdo con los artículos 1850, 1852, y 1857 del Código Civil porque “Desde mayo 5 de 1920, feolia en que José Martínez Llonín compró de la persona que según el Registro aparecía ser dueña de la finca, hasta agosto 24 de 1940, fecha de la radicación de la demanda, han transcurrido más de diez años, y habiendo el demandado Pablo Ramón Caballero, y los anteriores dueños de la finca, poseído la misma durante más de diez años entre presentes con buena fe y justo tí-tulo . . ., ” y en su consecuencia que tampoco cometió los demás errores señalados por .tener tanto los demandados como los anteriores dueños hasta Llonín el carácter de ter-ceros que contempla el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

Tampoco cometió el séptimo por el hecho de haber declarado sin lugar la moción de reconsideración de sentencia porque, como con razón dice la apelada “por medio de dicha moción la parte demandante , intentó plantear una cuestión que no había estado envuelta en el pleito original. La demanda .... no se refería a una parcela de terreno de siete cuerdas y media que resultase ser el exceso sobre la cabida informada en el Registro de la Propiedad y, por el contrario, se refirió exclusivamente a la totalidad de la finca de veinticinco cuerdas de la cual alegaron los demandantes ser dueños.”

Debe confirmarse la sentencia apelada.

K1 Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.

       El artículo 33 dispone que:
      "La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes.”


text:
    Clínica Díaz García, Inc., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico y Tesorero de Puerto Rico, demandados.
    Núm. 46.

    Sometido: Abril 23, 1945.

      Resuelto: Mayo 28, 1945.

      Héctor González Blanes y Enrique Górdova Díaz, abogados de la pe-ticionaria; Horn. Procurador General Interino Jesús A. González y M. Velázquez Plores, Procurador General Auxiliar, abogados del Tesorero demandado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El 12 de febrero de 1938 el Tesorero de Puerto Eico no-tificó a la peticionaria una deficiencia en sus contribuciones sobre ingresos correspondientes a los años 1933 al 1935. El 8 de marzo de 1938 la peticionaria radicó su alzada ante la Junta de Eevisión e Igualamiento. El 28 de julio del mismo año la peticionaria prestó fianza por una suma igual a la deficiencia notificada y dicha fianza fue aprobada por el Te-sorero. Estando pendiente de resolución la alzada se aprobó la Ley núm. 172 de 1941 ((1) pág. 1039) creando el Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Eico, y al amparo de las secciones 4 y 5 de dicha ley y de la Eegla de Práctica núm. 8 de dicho Tribunal, la peticionaria radicó ante el mismo el 18 de febrero de 1942 la correspondiente querella. En octubre 6 de 1943 el Tesorero, al contestar la querella, impugnó la jurisdicción del Tribunal por el funda-mento de que la fianza requerida por la sección 57(a) supra, había sido radicada fuera de tiempo. No fue hasta el 28 de febrero de 1945 y por el Tribunal de Contribuciones creado por la Ley 169 de 15 de mayo de 1943, que se dictó resolu-ción declarando con lugar la defensa de falta de jurisdicción establecida por el Tesorero por el fundamento de que la fianza debió haberse prestado por la peticionaria dentro del término de treinta días de notificada de la deficiencia o sea en o antes del 14 de marzo de 1938 y que si no lo hizo hasta el 28 de julio de 1938 “la extinta Junta de Revisión e Igua-lamiento no pudo adquirir jurisdicción .y, desde luego, el Tribunal de Apelación de Contribuciones no pudo adquirirla y que este Tribunal de Contribuciones no la tiene en la ac-tualidad.” Expedimos el auto de certiorari eon el fin de revisar dicha resolución.

Tanto el Tribunal recurrido en su titulado “Return y Memorándum”, como la peticionaria y el Tesorero en sus alegatos, se han enfrascado en una amplia discusión en cuanto a si la sección 3 de la Ley núm. 109 de 1943 (pág. 601) debe prevalecer o no sobre la sección 57(a) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos en relación con la prestación de una fianza como requisito previo jurisdiccional para que un contribuyente pueda acudir ante el Tribunal de Contribuciones. Esta cuestión ha sido resuelta por nosotros en el caso de The Mayagüez Light, Power & Ice Co., Inc. v. Tribunal de Contribuciones, pág. 30, ante, en el sentido de que el requisito de la prestación de una fianza de tres cuartas partes del montante de la contribución provista en la sec. 57(a) según enmendada por la Ley núm. 23 de 1941 (Sesión Extraordinaria) aún está en vigor no obstante las disposiciones de la see. 3 de la Ley núm. 169 de 1943. Por otros motivos, también resolvimos en dicho caso que el Tribunal de Contribuciones debía permitir que los contribuyentes que descansaron en cierta decisión anterior de dicho Tribunal, radicaran sus fianzas.

Empero, el caso de autos se rige, exclusivamente, pol-la interpretación que deba darse al Disponiéndose, contenido en la see. 57(a) según fue enmendada por la Ley núm. 102 de 1936, supra nota (1), al efecto de que para hacer uso del derecho de apelación para ante la Junta de Revisión e Igua-lamiento “el contribuyente tendrá que prestar fianza por una suma igual al montante de la contribución notificada y apelada sujeta a la aprobación del Tesorero”. Alega la pe-ticionaria y admite el Tesorero que la práctica administra-tiva establecida y aceptada en los recursos establecidos para ante la Junta de Revisión e Igualamiento no exigía que la fianza fuera prestada y aprobada dentro de los treinta días de notificada la deficiencia. Aun cuando el Tesorero admite esto arguye que siendo claro el alcance del Disponiéndose no debe prevalecer contra su observancia, de acuerdo con el artículo 5 del Código Civil, “el desuso, la costumbre, o la práctica en contrario.”

Una comparación de los términos de la sec. 57(a) tal y como regía en el año 1938 cuando se inició la alzada en este caso ante la Junta de Revisión e Igualamiento, con los de la misma sección 57(a) según fueron enmendados por la Ley núm. 23 de 1941 (Sesión Extraordinaria, pág. 73) cuyo al-cance interpretamos en el caso de la Mayagüez Light, Power & Ice Co., supra,, demuestra que en esta última ley fué que la Legislatura expresamente dió énfasis en cuanto al carác-ter mandatorio de la prestación de la fianza como requisito previo jurisdiccional. Si bien la Ley núm. 102 de 1936 exi-gía la prestación de la fianza, los términos del Disponién-dose no puede decirse que sean tan manifiestamente claros que justifiquen resolver en el año 1945, contrario a la prác-tica administrativa del año 1938 admitida por el propio Te-sorero, antes presidente de la Junta de Revisión e Iguala-miento, que dicha Junta no había adquirido jurisdicción so-bre el caso por el hecho de haberse prestado y aprobado la fianza de la peticionaria después de transcurridos treinta días de entablado el recurso.

Debe revocarse la resolución dél Tribimal de Contribu-ciones y devolverse el caso para ulteriores procedimientos.

       Este caso se rige por la see. 57 (a) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, según quedó enmendada por la Ley núm. 102 de 1936 ( (1) pág. 525) que decía así:
      “Sección 57. — (a) Si tratándose de algún contribuyente, el Tesorero deter-minare que bay una deficiencia con respecto a la contribución impuesta por este título, el contribuyente, excepto lo que dispone la subdivisión (d), será notificado de dicha deficiencia por correo certificado; pero dicha deficiencia será tasada solamente en la forma que más adelante se establece. Dentro de los 30 días después de la fecha en que dicha notificación haya sido depositada en el correo, el contribuyente podrá radicar una apelación ante la Junta de Revisión e Igua-lamiento, alegando por escrito y bajo juramento los hechos y fundamentos legales en que apoya dicha apelación; Disponiéndose, sin embargo, que para hacer uso de este derecho, el contribuyente tendrá que prestar fianza por una suma igual al montante de la contribución notificada y apelada sujeta a la aprobación del Tesorero. ’ ’


author: ' El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    The Shell Company (P. R.) Ltd., demandante y apelante, v. Rafael Buscaglia, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8984.

    Sometido: Marzo 8, 1945.

      Resuelto: Mayo 28, 1945.

      Sifre, Franceschi & Sifre y Rafael Pastor, abogados de la apelante; Hon. Procurador General Interino Jesús A. González y G. Benitez Gautier, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   ' El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Entre septiembre 24 de 1931 y abril 10 de 1932 The Shell Company (P. R.) Ltd., la cual en adelante llamaremos la compañía, introdujo en Puerto Rico más de millón y medio de galones de aceite diesel. La Ley núm. 15 aprobada el 24 de agosto de 1933 (Leyes de 1933, pág. 81) enmendando la Ley núm. 40 de 1931 (pág. 361) gravó por primera vez y prospectivamente el aceite diesel imponiéndole una contribu-ción de 4 centavos por cada galón que se “introduzca, fabri-que, use o consuma o que de otro modo se disponga de ellos para el consumo en Puerto Rico.”

Cuando comenzó a regir esta ley, la compañía aún tenía en sus tanques cierta cantidad de aceite sobre la cual pagó bajo protesta la suma de $46,912.66 y reclamó judicialmente. Este pleito fué fallado a favor del Gobierno, The Shell Co. (P.R.) Ltd. v. Sancho Bonet, Tesorero, 55 D.P.R. 576, pero en el mismo no estaban envueltas ningunas de las cuestiones que abora se plantean.

Después de pagada la contribución a que nos bemos re-ferido, el Tesorero de Puerto Rico con la aprobación del Auditor y del Gobernador, reintegró a la compañía la can-tidad de $14,088.57 de los $46,912.66 ya pagados. Este re-integro se debió al hecbo de que la compañía babía reexpor-tado distintas cantidades de aceite para su venta o refina-ción fuera de Puerto Rico. Es un hecho admitido, además, que sobre el aceite así refinado al ser traído de nuevo a Puerto Rico se pagó la contribución correspondiente y en cuanto a aquel que se vendió fuera de Puerto Rico que la compañía no cargó suma alguna equivalente a la contribu-ción al precio de venta.

Al aprobarse la Ley núm. 217 de mayo 12 de 1942 ((1) pág. 1151) a virtud de la cual la Legislatura “reimpuso” con carácter retroactivo al año 1931, las contribuciones so-bre gasolina y aceite diesel, el Tesorero exigió de la com-pañía el pago de los $14,088.57 que le habían sido reembol-sados, más $704.43 en concepto de recargos y $8,616.33 de intereses y entonces la compañía pagó estas sumas bajo pro-testa y radicó demanda para su recobro la cual en cuanto a los $14,088.57 reclamados en la segunda causa de acción fué declarada sin lugar. La compañía apeló.

La corte inferior resolvió:

1, que la compañía había “usado” el aceite diesel en Puerto Rico porque para reexportarlo “era necesario que se extrajese de los tanques donde estaba almacenado y esa ex-tracción constituía un uso del aceite en Puerto Rico, por cuyo privilegio debía pagarse la contribución tan pronto el aceite fuera 'extraído del depósito”; 2, qne la práctica adminis-trativa (qne prevaleció durante más de diez; años) al inter-pretar la Ley núm. 15 de 1933 en el sentido de qne dicho estatuto no gravaba el aceite cuando es introducido en Puerto Rico para ser posteriormente reexportado, es contraria a dicha ley y además, qne de acuerdo con la Ley núm. 217 de 1942 la Legislatura tenía poder para imponer con carácter retroactivo .... a un período posterior al 24 de agosto' de 1933 cuando ya se gravaba el privilegió de usar el aceite... ” ya que dicha ley “ . . . -no privó a la demándante de ningún vested right ... y estaba obligada moral y legalmente a -pagar las contribuciones que ahora reclama y a devolver los reintegros hechos . . . ” y 3ro., que la Ley de 12 de febrero de 1904 (pág. 167) no autorizaba al Tesorero a devolver las contribuciones objeto de este litigio porque “La redacción de dicho estatuto al hablar de una revisión y corrección de los recibos de contribuciones parece referirse únicamente a contribuciones sobre la propiedad y no a impuestos de ren-tas internas; pero en el supuesto no admitido qne dicha ley sea aplicable a toda clase de contribuciones, su texto habla únicamente de contribuciones cobradas en exceso o impropiamente y ya hemos visto que los arbitrios que ahora se discuten fueron propia y legalmente impuestos y cobrados.”

De acuerdo con nuestra decisión en el caso de Pyramid Products, Inc. v. Buscaglia, 64 D.P.R. 828, las conclusiones de la corte inferior son erróneas. La única diferencia en-tre dicho caso y el de autos es que allí estaba envuelto el impuesto de siete centavos sobre la gasolina y en éste el de cuatro centavos sobre el aceite diesel y que si bien en cuanto a la gasolina la Ley núm. 15 de 1933 impone la contribución por cada galón “que' se introduzca, fabrique, venda o con-suma o que de otro modo se disponga de ella para el con-sumo en Puerto Rico,” en cuanto al aceite en lugar de la palabra “venda”- se empleó la palabra “nse”. Expresa-mente resolvimos en dicho caso que “ . . . La frase ‘que de otro modo se disponga’ después de los verbos ‘introduzca, fabrique, venda o consuma’, indica otra forma de disponer del artículo, como por ejemplo, traspasar, usar o donar. Y si la gasolina de que de otro modo se dispone, o sea me-diante traspaso, uso o donación, solamente es tributable cuando de ella se dispone en cualquiera de esas formas para el consumo en Puerto Rico, no hay motivo para creer que fue la intención de la Asamblea Legislativa no imponer a la venta, que no es otra cosa que una forma de disponer, la misma condición de que para que sea tributable debe hacerse para el consumo en Puerto Rico. Y si la venta, uso, con-sumo, traspaso o donación de la gasolina sólo son tributa-bles cuando son para el consumo en Puerto Rico, tenemos que concluir que la intención del legislador no fue gravar la introducción de la gasolina cuando se hace para otros fines que no sea disponer de ella en cualquiera de las formas in-dicadas ‘para el consumo en Puerto Rico.’ ” (Bastardillas nuestras.)

El caso de Edelman v. Boeing Air Transport, 289 U. S. 249, apoyo principal de la corte inferior para sostener que la mera extracción del aceité de los tanques para su reex-portación constituyó un uso del mismo por la compañía, es fácilmente distinguible. En dicho caso se hizo constar ex-presamente que se estaba siguiendo la interpretación que la práctica administrativa había dado al estatuto en cuanto a que la contribución impuesta al “uso” de gasolina en el Es-tado de Wyoming incluía el hecho de sacarla de los tanques de almacenaje en un aeropuerto y echarla en los tanques de los aviones de la compañía Boeing. Dijo la corte, limitando el alcance de su decisión: “La controversia se limita a la única cuestión levantada por las alegaciones, si imponer con-tribución a la gasolina que la demandada saca de sus alma-cenes y la usa para ‘llenar’ sus aeroplanos impone una carga inconstitucional sobre el comercio entre los Estados. Por tanto limitamos nuestra decisión a esa cuestión.” Y resol-vió que esa interpretación administrativa no violaba ningún, derecho constitucional del demandante relacionado con dicho comercio, diciendo a las págs. 251, 252 y 253:

“Según el estatuto ha sido interpretado y aplicado adkniwistrati-vamente, la contribución no se impone al consumirse la gasolina para generar fuerza motriz para los aviones del demandado. La contri-bución se aplica a la gasolina almacenada según se extraiga de los tanques de almacenaje en el aeropuerto y puesta en los aeroplanos. . . La gasolina almlacenada se considera ‘usada’ dentro del Estado y por tanto sujeta a la contribución cuando es extraída de los tanques.
“Un Estado puede válidamente imponer una contribución al ‘uso’ que se le dé a la gasolina al removerla de almacenaje dentro cLel Estado y ponerla en los tanques de los aeroplanos, no obstante que finalmente su función sea la de generar fuerza motriz para llevar a cabo comercio int'erestatal. Tal contribución no puede distinguirse de aquélla considerada y declarada válida en Nashville, Chattanooga & St. Louis Ry. v. Wallace, supra. Allí se señaló que ‘no puede haber objeción válida a la imposición de contribuciones sobre el ejer-cicio de cualquier derecho o poder incidental a. . . propiedad de la gasolina, que dista mucho de ser una contribución impuesta directa-mente sobre su uso en comercio interestatal, cuya imposición se pro-hibió en Helson v. Kentucky, 279 U. S. 245. Como el ejercicio de los poderes sobre los cuales se impone la contribución, o sea el alma-cenaje y la remoción de la gasolina de dicho almacenaje, se completó antes de comenzar el comercio inter estatal, se resolvió que el peso de la contribución era demasiado indirecto y remoto de la función de comercio interestatal para infringir las limitaciones constitucionales.
“No obstante el hecho que la ley tal como fué aplicada es idéntica en su operación a aquélla sostenida en Nashville, Chattanooga & St. Louis Ry. v. Wallace, supra, arguye el demandado que, tal como está redactada la ley, la contribución se impone, sobre el consumo de la gasolina al impulsar sus aeroplanos en comercio interestatal, y que comio tal ella no es válida de acuerdo con Helson v. Kentucky, supra. En dicho caso una ley de Kentucky tributando el uso de gasolina se aplicó a la gasolina comprada y puesta en los tanques de un barco de paso fuera del Estado para usarse en hacerlo funcionar en comercio interestatal. Se resolvió que la contribución, la cual se impuso úni-camente con respecto a la gasolina consumida mientras el barco es-taba dentro de los límites del Estado, no era válida por ser, en su efecto, una contribución directa sobre el privilegio de llevar a cabo comercio interestatal.
“Pero los funcionarios de Wyoming, encargados de la adminis-tración de la ley que impone la contribución, no le están dando la aplicación que se le diera a aquella contribución en Helson v. Kentucky, supra, ni hay nada que sugiera que así lo harán. Todo lo que han hecho o han amenazado hacer, bajo su interpretación de la ley, no infringe ningún derecho constitucional del demandante. Bajo las circunstancias concurrentes, no se ha presentado ningún caso, tanto por las alegaciones o por la prueba, que requiera a una corte federal de equidad el resolv'er sobre la corrección de algima otra interpre-tación la cual puede ser que nunca sea adoptada por los funcionarios administrativos o por las cortes del Estado.” (Bastardillas nuestras.)

El estatuto interpretado en el caso de Nashville, Chattanooga & St. Louis Railway Co. v. Wallace, 288 U. S. 249, citado en el de Elderman, supra, disponía que: “La contri-bución impuesta por esta ley se aplica a personas, firmas o corporaciones, comerciantes o distribuidores, que almacenen cualquiera de los productos mencionados en esta ley (gaso-lina) y que los distribuyan o que permitan que sean sacados de almacenaje, aunque tal extracción sea para la venta u otro uso,” y la corte en dicho caso dijo: “El almacenaje de la gasolina y su extracción del mismo dentro del Estado para su uso o venta son, como ha resuelto la Corte Suprema del Estado, los hechos que, de acuerdo con los términos del es-tatuto, lo hacen entrar en vigor.”

Como puede verse tanto por el lenguaje usado en las le-yes envueltas en estos casos, como por la interpretación y aplicación administrativas que a ellas dieron los funcionarios llamados a ponerlas en vigor, la contribución fué sostenida como válida, 1, por ser una sobre “almacenaje y extracción” y 2, por no imponer carga alguna al comercio interestatal.

Por el contrario en Puerto Pico el lenguaje usado en la ley imponiendo arbitrios sobre la gasolina y el aceite, la his-toria legislativa de dicha ley y su interpretación administra-tiva y aim judicial, han sido en el sentido de qne la pa-labra “uso” no se refiere al almacenaje y extracción en sí de dichos productos por el importador y menos aún cuando se han extraído de los tanques con el fin de reexportarlos para su venta fuera de Puerto Rico sin incluir en su precio de venta el- importe de la contribución, o para refinarlos y al traerlos de nuevo a la isla han pagado el importe corres-pondiente.

El uso que contempla nuestra ley es algo más que la mera extracción del aceite de los tanques de almacenaje con el fin de reexportarlos para su venta o refinación fuera de Puerto Rico. No hay uso de clase alguna “para el consumo en Puerto Rico,” en esa operación. Como hemos resuelto en el caso de P. R. Ilustrado v. Buscaglia, 64 D.P.R. 914, inter-pretando la sección 16 a de la Ley de Rentas Internas que impone una contribución sobre ciertos artículos “cuando... sean fabricados, producidos o introducidos en Puerto Rico para uso o consumo doméstico sin fines comerciales,” la pa-labra uso en esta ley, tiene una raigambre económica: con-templa beneficio o satisfacción que proviene cuando el ar-tículo se.emplea para los fines con que se introdujo.” ■*

Consideramos innecesario repetir aquí lo que dijimos en el caso de la Pyramid, supra, en cuanto al alcance de la Ley núm. 217 de 1942, la validez de la práctica administrativa establecida por anteriores Tesoreros y la facultad de los funcionarios ejecutivos, Auditor y G-obernador de Puerto Rico, para autorizar la devolución de las contribuciones co-bradas indebidamente de acuerdo con la Ley de 12 de fe-brero de 1904 (See. 2365, Est. Rev., Ed. 1911, pág. 480).

Debe modificarse la sentencia apelada en el sentido de declarar con litgar la segunda causa de acción en su totali- dad y en su consecuencia, ordenar también al Tesorero de-mandado la devolución a la demandante de los reintegros as-cendentes a $14,088.57, con sus intereses.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.

       También se reclamó en otra causa de acción de la demanda la devolución de contribuciones pagadas bajo protesta correspondientes a aceite diesel importado por la compañía y vendido y usado antes de la vigencia de la Ley núm. 15 de 1933, pero como la corte inferior declaró con lugar dicha causa de acción y el Tesorero no apeló, esa cuestión no está envuelta en el presente recurso.

       Factores son éstos que deben ser tomados en consideración aun para determinar cuestiones jurisdiccionales. Cf. The Hoover Company v. Conway P. Coe, resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 30 de abril de 1945.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Dr. Carlos Encarnación Vega, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1165.

    Sometido: Mayo 12, 1945.

      Resuelto: Mayo 31, 1945.

      Miguel del Toro Colberg, abogado del recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura de 12 de octubre de 1944, don David Rene Sosa Vázquez, dueño de una finca rústica de 13 cuerdas, se-gregó de la misma, con el consentimiento de su esposa, una porción de terreno de 9.34 cnerdas y la vendió el Dr. Carlos Encarnación Vega, el recurrente. En la escritura se hizo constar que después de hecha dicha segregación, le quedaba al vendedor un remanente de 3.66 cnerdas, con la descripción que del mismo se hace en la cláusula sexta de la escritura.

La nota denegatoria de la «inscripción se basa en que el remanente de la finca principal, después de la segregación, resulta menor de 5 cuerdas, sin que se haya acreditado que tal lotificación fuera dispensada por la Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación, según lo prescrito por el ar-tículo 1 del Reglamento de Lotificación, el cual lee como sigue:

“Artículo 1. — Toda lotificación (urbanización) de terrenos en Puerto Rico, tanto urbanos como rurales, se regirá por las disposi-ciones del presente reglamento que se conocerá como Reglamento de Lotificación. A los fines de este Reglamento se entenderá por loti-ficaeión, la división o subdivisión de un solar, predio o parcela de terreno en dos o más partes para la venta, arrendamiento, traspaso, o para una nueva construcción, incluyendo urbanización como basta abora se ba usado en la legislación de Puerto Rico; Disponiéndose, que quedan exentas de las disposiciones de este Reglamento aquellas divisiones y lotificaeiones de fincas en la zona rural para fines agrí-colas, cuando, el área tanto del remanente como de. cada una de las nuevas fincas resulte de cinco (5) cuerdas o mayor.”

Los términos del artículo transcrito son bien claros y precisos. De acuerdo con ellos, la división de la finca de 18 cuerdas en dos parcelas, una de 9.34 cuerdas y otra, la remanente, de 3.66 cuerdas, debe ser consideraba como una lotificación. Si la finca se hubiese dividido en dos parcelas de 6.50 cuerdas cada una, la lotificación estaría exenta de las disposiciones del Reglamento, porque en ese caso y de acuerdo con el disponiéndose del primer párrafo del artículo 1, supra, “tanto el área del remanente como de cada una de las nuevas fincas” tendrían más de cinco cuerdas. La lotificación en el presente caso no está exenta de las disposiciones del Reglamento, porque aun cuando el área de la nueva finca segregada es mayor de 5 cuerdas, la de la parcela remanente después de la segregación es de 3.66 cuerdas solamente.

. El segundo párrafo del artículo 1, supra, dispone que cuando “el remanente o las nuevas fincas resulten, respecti-vamente, con nn área menor de cinco (5) cnerdas”, la loti-ficación o división de nna finca podrá ser dispensada expre-samente de cumplir con el Reglamento, por la Junta de Pla-nificación. Se dispone, además, que antes de inscribir esas divisiones o segregaciones, el Registrador requerirá de la parte interesada la certificación de la dispensa expedida por la Junta.

Sostiene el recurrente, a nuestro juicio erróneamente, que la finca de 9.34 cuerdas adquirida por él es inscribible, sin necesidad de la dispensa, porque aun cuando resulta ser una finca nueva, su cabida es mayor de 5 cuerdas; y que, por lo tanto, el recurrente no es la parte interesada a que se refiere el Reglamento. Se olvida el recurrente de que para que una lotificación esté exenta de las disposiciones del Reglamento y pueda ser inscrita sin la dispensa otorgada por la Junta, es necesario que el área de la finca segregada sea por lo menos de cinco cuerdas y que el área del remanente de la finca principal tampoco sea menor de cinco cuerdas.

Cuando la lotificación o segregación no está exenta de las disposiciones del Reglamento, la parte interesada, a los efec-tos del Registro, es aquella que acude al registro en solici-tud de que la escritura por virtud de la cual se trata de lle-var a efecto la lotificación sea inscrita.

La nota recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asocíalo Senior De Jesús

text:
    Matías Graniela, demandante y apelado, v. Yolande, Inc., y United States Fidelity & Guaranty Company, demandadas y apelantes. Primitivo Agosta Graniela y su esposa María Tomasa Ramírez, demandantes y apelados, v. Las Mismas, demandadas y apelantes. Ana Rosa Acosta Ramírez, demandante y apelada, v. Las Mismas, demandadas y apelantes.
    Núm. 8999.

    Sometido: Enero 19, 1945.

      Resuelto: Mayo 31, 1945.

      J. Alemañy Sosa, abogado de las apelantes; A. Ramírez Silva y Fernando Zapater, abogados de los apelados.
   El Juez Asocíalo Senior De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso envuelve tres pleitos de daños y perjuicios que por tener su origen en el mismo accidente fueron some-tidos en la corte inferior por la misma prueba y consolida-dos en este Tribunal.

Yolande, Inc., una corporación dedicada a la industria de la aguja, allá por el primero de julio de 1940 era dueña de un automóvil Mercury que utilizaba la gerente de la corpo-ración para trasladarse a los distintos sitios de la Isla en asuntos del negocio, y que a la vez era utilizado para otros asuntos de la corporación cuando así lo ordenaba la gerente. Como a las ocho de la noche del día indicado, mientras el automóvil en cuestión era guiado por la carretera que de San Germán conduce a Mayagüez, por Enrique Ramos Can-delario, chófer de la demandada, como a seis o siete kilóme-tros de Mayagüez fue tan negligentemente guiado que uno de sus guardabarros chocó con la baranda del puente de Río Hondo, rebotando hacia una torre que soporta alambres de corriente eléctrica y de allí fue lanzado sobre cinco señori-tas que caminaban por la carretera en la misma dirección en que venía el automóvil, produciendo la muerte de cuatro de ellas e hiriendo gravemente a la otra. La corte inferior dictó sentencia a favor de los demandantes: en uno de los casos, Matías Gramola, padre de dos de las jóvenes muer-tas-; en otro, Primitivo Acosta Graniela y su esposa, padres de las otras dos jóvenes que fallecieron; y en el tercero Ana Rosa Acosta Ramírez, quien demandó por su propio derecho por las lesiones que recibió.

En este recurso las demandadas Yolande, Inc., y la compañía aseguradora del automóvil, expresamente admiten en su alegato que la primera era la dueña del automóvil; que el chófer que lo guiaba en el momento del accidente era su empleado, y que la causa próxima del accidente fue la negligencia del chófer. Niegan, sin embargo, que mientras guiaba esa noche el automóvil, el chófer estuviese actuando en gestiones de la corporación. Por el contrario alegan que había actuado en desobediencia de las órdenes expresas que le dió la gerente como a las seis de la tarde de ese día para que guardase el automóvil en su garage, y que contrario a esas órdenes el chófer se fué de paseo con unos amigos hasta el pueblo de Cabo Rojo, sucediendo el accidente mientras regresaba. Con estas admisiones de las demandadas, la única cuestión en controversia es si en los momentos en que ocu-rrió el accidente el chófer estaba actuando dentro del ám-bito de su empleo.

La prueba de los demandantes, en adición a la forma en que ocurrió el accidente, es al efecto de que, una vez ocu-rrido éste, el chófer se dió a la fuga; que uno de los de-mandantes y otros testigos que llegaron al sitio del acci-dente inmediatamente después de ocurrido éste, vieron en la parte de atrás del automóvil varios paquetes relativamente grandes envueltos en papel. Este último detalle está corro-borado por la declaración de un testigo de los demandantes, quien manifestó que mientras él se hallaba en las afueras de Cabo Rojo, arreglando una goma de un camión, llegó a aquel sitio el chófer de la demandada, estacionando allí su auto-móvil ; que el testigo le pidió prestado una bomba, a lo cual contestó el chófer que él tenía una, pero que le era impo-sible facilitársela porque tenía que salir inmediatamente para Mayagiiez a llevar unos paquetes para la casa con quien trabajaba; que en aquellos momentos vió que una muchacha que estaba parada en la acera opuesta cruzó la calle con va-rios paquetes envueltos en papel, los cuales recibió el chó-fer, colocándolos en su automóvil y siguiendo viaje con rumbo a Mayagiiez. Por último, declaró por los demandan-tes el policía Arbona, manifestando que al presentarse en la casa del chófer con el propósito de arrestarlo, como a las dos de la mañana del día dos de julio, estaba el chófer sen-tado en un sofá con las puertas de la casa abiertas y las luces encendidas; que al entrar el policía a la casa, el chó-fer le dijo que sabía que venía a arrestarlo, pero que le su-plicaba que lo protegiera porqué temía ser atacado por los familiares de las víctimas del accidente; que la culpa de lo que había pasado la tenía la gerente de la corporación, por haberlo mandado a Cabo Rojo a buscar unos trabajos de costura cuando acababa de llegar de un viaje desde San Juan. L'as demandadas objetaron a la parte de la declara-ción del policía que repetía las supuestas manifestaciones del chófer, admitiéndola la corte fundándose en que eran parte del res gestae.

En apoyo de su recurso, las demandadas alegan que la sentencia debe ser revocada principalmente porque no existe prueba alguna dé que al ocurrir el accidente el chófer estu-viese actuando dentro del ámbito de su empleo. En apoyo de su contención alegan que la parte de la declaración del policía por ellas objetada era inadmisible, y que descartán-dola, sólo restaba la prueba de los demandantes referente a los paquetes que traía el chófer de Cabo Rojo en los mo-mentos del accidente. Con respecto a esta última prueba, presentaron evidencia al efecto de que personas que fueron al sitio del accidente poco después de ocurrido éste, no vie-ron en el automóvil los paquetes. Además presentaron la declaración de la encargada de la sucursal de la demandada en Cabo Rojo al efecto de que los trabajos que se hacían allí eran llevados a la casa principal en Mayagiiez en una guagua que la compañía tenía dedicada a ese fin, que era guiada por otro chófer, y cuando no eran transportados en la guagua eran llevados por la testigo personalmente; pero que ni en la fecha del accidente, ni en ninguna otra, el chó-fer Ramos Candelario transportó trabajos para la deman-dada.

Si consideramos que habían transcurrido seis horas desde que ocurrió el accidente hasta que el chófer fué arrestado, y especialmente si tomamos en cuenta la preocupación del chófer por la persecución de que temía ser objeto por parte de los familiares de las víctimas, resulta claro que la ma-nifestación que hizo el chófer al policía inculpando a la ge-rente de la corporación, no fué una manifestación espontá-nea, sino que fué hecha con miras de defenderse, tratando de justificar su conducta en relación con el accidente con el esfuerzo físico que tuvo que hacer para inmediatamente des-pués de llegar de un viaje de San Juan hacer otro hasta Cabo Rojo en busca de los materiales. No siendo espontá-neas las manifestaciones del chófer, y siendo la espontanei-dad elemento indispensable para que manifestaciones de esta naturaleza puedan ser admisibles como parte del res gestae, tenemos que concluir que erró la corte al admitir, sobre la objeción de las demandadas, las manifestaciones en cuestión. Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 54 D. P.R. 781 (1939); Torres v. Domínguez Conde, 35 D.P.R. 267 (1926); 6 Wigmore on Evidence (3a. ed.), see. 1750, pág. 142.

Pero descartando la prueba de las manifestaciones indebidamente admitidas como parte del res gestae, de la admisión por parte de las demandadas al efecto de que el automóvil era propiedad de Yolande, Inc., surge la presunción de que en los momentos de ocurrir el accidente el chófer — quien se admite era empleado de la demandada — estaba actuando dentro del ámbito de sus funciones. Aponte. v. Palacios, 55 D.P.R. 697 (1939); Morales v. Otero, 53 D.P.R. 569 (1938); Lotti v. The Charles McCormick Lumber Co., 51 D.P.R. 334 (1937); Sánchez v. Asiatic Petroleum Co., 40 D.P.R. 104 (1929); Guzmán López v. Ortiz, 39 D.P.R. 184 (1929); Monografía, 42 A.L.R. 898.

Esta presunción, desde luego, puede ser controvertida por prueba de la parte demandada. Como hemos visto, las demandadas presentaron evidencia con ese objeto. Si esa evidencia por ellas presentada no hubiera sido contradicha por la parte demandante — a menos que por su naturaleza o por' ser físicamente imposible no fuese digna de crédito — se impondría la revocación de la sentencia. 42 A.L.R. 898, 908. Pero en el presente caso la evidencia de las demandadas fue contradicha por la prueba de los demandantes referente a la existencia de los .paquetes que se alega el chófer recibió en Cabo Rojo para conducirlos a Mayagüez, a la cual la corte dió entero crédito. Y como la corte vió y oyó declarar a los testigos, por lo cual está en mejores condiciones que nos-otros para apreciar su credibilidad, y no siendo físicamente imposibles las declaraciones de los testigos de los demandan-tes, no debemos sustituir nuestro juicio por el de la corte inferior, quedando así en pie la presunción a favor de los demandantes.

Réstanos ahora considerar el montante de los daños y la razonabilidad de la cuantía concedida por concepto de honorarios de abogado. En el pleito seguido por Matías Graniela se concedieron $4,500 por los sufrimientos mentales que tuvo el padre por la pérdida de cada una de sus hijas, o sea un total de $9,000. Y la misma, cantidad se con- . cedió en el pleito seguido por Primitivo Acosta Graniela por la pérdida de sus dos hijas. En lo que respecta a Ana Rosa Acosta Ramírez, la corte le concedió $500. Como honorarios de abogado concedió $900 por cada uno de los dos primeros pleitos, y $150 por el tercero — un total de $1,950. Arguyen las demandadas que la cantidad concedida por concepto de daños y perjuicios es exagerada. No hay razón alguna que nos justifique intervenir con la discreción de la corte inferior. Las sumas concedidas por concepto de daños no son exageradas, sobre todo si se tiene en cugnta la tendencia actual de esta Corte de dar compensaciones más altas que las que se concedían anteriormente. Mercado v. American Railroad Co., 61 D.P.R. 228 (1943); Castro v. González, 58 D.P.R. 368 (1941). En lo que respecta a la compensación concedida a Ana Rosa Acosta Ramírez, lejos de ser exagerada, la consideramos más bien insuficiente, te-niendo en cuenta la gravedad de las lesiones recibidas por ella; pero como no estableció recurso de apelación, no po-demos alterar la sentencia.

En lo que respecta a los honorarios de abogado, su cuantía es sin duda exagerada. Si se tiene en cuenta que los tres pleitos envolvían exactamente la misma cuestión, que fueron vistos por la misma prueba, y que requirieron un solo esfuerzo por parte de los abogados, la compensación de- $1,950 no debe sostenerse, y reducirse a la cantidad de $1,150: $500 para cada uno de los dos primeros pleitos, y $150 para el tercero.

Así 'modificada, debe confirmarse la sentencia apelada.„


text:
    Jesús Ayala, et al., demandantes y apelados, v. Martín Martell, demandado y apelante.
    Núm. 9140.

    Sometido: Abril 6, 1945.

      Resuelto: Mayo 31, 1945.

      Otero Sioro & Otero Buró, abogados del apelante; Bauza & Bauza, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una. moción de desestimación radicada por los apelados contra apelación interpuesta por el patrono en un caso de reclamación de salarios de acuerdo' con la Ley núm. 10 de 14 de noviembre de 1917 (II pág. 217), según posteriormente enmendada. El apelante fué notificado de la moción y no ha radicado oposición alguna a la misma. De la certificación expedida por la Secretaría de la Corte de Distrito de San Juan aparece lo siguiente:

Acogiéndose al referido estatuto, dieciséis obreros radi-caron conjuntamente su querella contra el patrono Martín Martell ante la Corte Municipal de San Juan, la cual dictó sentencia en 30 de marzo de 1944. Apelado el caso ante la Corte de Distrito de San Juan, ésta a su vez dictó sentencia a favor de ocho de los querellantes concediéndoles las si-guientes sumas: Lorenzo Galindo, $220.40; Jesús Ayala, $46.80; Pedro Cruz, $114.40; Ramón Padilla Ríos, $97.02; José Pastrana, $185.60; Ramón Marcón, $206; Alberto lia-rraza, $145.60; y Eusebio Colón, $62.65, incluyendo dicha sentencia las costas. El querellado apeló para este Tribunal y los querellantes radicaron la presente moción para desestimar.

Sostienen los apelados, (1) que la cuantía determinante de la jurisdicción apelativa de este Tribunal en casos origi-nados en las cortes municipales es la cuantía de la senten-cia, pero que en este caso la sentencia obtenida individual-mente por ellos es menor de $300, y por tanto deben consi-derarse separadamente las sumas concedidas en la sentencia y no el total de las mismas, y (2) que, no llegando ninguna de ellas a $300 debe desestimarse la apelación pqr falta de jurisdicción.

No es cierto que nuestra jurisdicción apelativa en loa casos originados en las cortes municipales se limita exclusivamente a aquellos en que la cuantía de la sentencia apelada exceda de $300. El artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, Ed. 1933, dispone que:

“Podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones de las cortes de distrito en los casos siguientes:
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“2. De una sentencia de una corte de distrito dictada en ape-lación interpuesta contra resolución de riña corte inferior, dentro de los quince días después de registrada dicha sentencia, si el valor de la oosa redamada o cuantía ele la sentencia sin comprender frutos o intereses, excediera de trescientos dólares.” (Subrayado nuestro).

Desde 1913, en Nadal v. American Railroad Company, 19 D.P.R. 1080, interpretando dicho artículo se dijo:

“Para que podamos dar efecto a las palabras del estatuto debemos interpretarlo en el sentido de que al determinar la jurisdicción de esta Corte Suprema en casos de apelación contra sentencias de las cortes de distrito en casos procedentes de las cortes municipales, debe atenderse a la cuantía de la demanda o de la reclamación siempre cjue esa cuantía sea la ntateria a discutir en el recurso y a la cuantía de la sentencia cuando la de ésta y no la de la demanda sea la materia del recurso.”

La doctrina expuesta en este caso se ratificó en Gutiérrez v. Díaz, 20 D.P.R. 270, 271, Espinosa v. P. R. Telephone Co., 40 D.P.R. 518; Arzuaga v. Muñoz, 55 D.P.R. 106 y Filardi Hermanos v. Arbona, 59 D.P.R. 560.

De acuerdo con esta jurisprudencia, la cuestión a resolver en este recurso es la determinación de cuál es la cuantía de la sentencia de la cual apela el demandado Martell, es decir si debe tomarse como base de la cuantía jurisdiccional el total de las reclamaciones concedidas a los apelados o por el contrario la suma separada concedida a cada uno de ellos.

La cuestión es nueva en esta jurisdicción. Se trata de un caso iniciado bajo una ley especial la cual expresamente permite la acumulación de distintas reclamaciones de sala-rios en una misma demanda

La concesión de ese derecho ha sido hecha a favor de los obreros y empleados con el fin de acortar y facilitar los pro-cedimientos en la reclamación de sus salarios. ¿Implica esto que deban acumularse asimismo las sumas concedidas indi-vidualmente a cada obrero con el fin de cubrir la cuantía ju-risdiccional apelativa? La pregunta debe contestarse en la negativa.

La regla general prevaleciente a través de la jurispru-dencia se expone en 2 Am. Jur. 884 en el sentido de que “la acumulación en una demanda bien sea de demandantes o de demandados quienes ejercitan o se defienden de acciones se-paradas no tiene el efecto de ampliar la jurisdicción apela-tiva de una corte. Las reclamaciones de cada uno se consi-deran como pleitos separados y distintos y no pueden unirse o sumarse en apelación. Si la cuantía envuelta en cuanto a una de las partes no es suficiente para conferir jurisdicción Se desestimará el recurso en cuanto a ese apelante.” La regla fue aplicada por la Corte Suprema Nacional en el caso de Seaver v. Bigelows, 5 Wall 208 (1867) diciéndose: “Pol-lo tanto, sostener una apelación en esta clase de casos, donde intereses separados y distintos están en disputa, en una suma menor que la que requiere el estatuto, y donde la acu-mulación de partes es permitida por la mera indulgencia de la corte, para-su conveniencia y para ahorrar gastos, sería conceder un privilegio a las partes no concedido a otros liti-gantes lo que está prohibido por ley.”

La regla fue aplicada a una reclamación de salarios en el caso de Miller v. Carlisle, 59 Pac. 785, donde cinco deman-dantes se unieron en una sola acción para reclamar sus res-pectivos derechos (mechanics’ liens) por trabajo realizado para los demandados. La reclamación de cada demandante se hacía por separado en la demanda, y aunque el total as-cendía a $1,100, ninguna excedía de $300. Una ley especial permitía la acumulación de las acciones, disponiendo que “cualquier número de personas reclamando gravámenes [liens] podrán unirse en una misma acción y cuando se comen-zaren acciones por separado la corte podrá consolidarlas.” La corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la re-clamación de gravámenes (liens) pero resolvió que los de-mandados adeudaban cierta suma a los demandantes. Los demandados apelaron para ante la Corte Suprema de California, cuya jurisdicción apelativa para esa fecha no com-prendía casos en que la cuantía reclamada fuera menor de $300. La corte resolvió, en parte, que al no haber prueba que demostrara una deuda común, y al declararse sin lugar sus derechos reclamados (“where their liens are defeated”), la sentencia que pudiera recaer sería individual a favor de cada demandante, ya que las demandas no podían acumularse para los efectos de dar jurisdicción a la corte cuando cada demanda individual caía bajo la cuantía jurisdiccional seña-lada por la Constitución del Estado.

Un caso similar al de autos fue el de Wallins Greek Collieries Co. v. Marshall, 290 S. W. 519, en el cual varios de-mandantes reclamaron salarios y solicitaron sentencia por la suma adeudada a cada uno de ellos y además por la suma total. La corte dictó sentencia, no por la suma total, sino que concedió individualmente a cada demandante una suma menor de $500 que se le debía bajo el contrato de trabajo. El demandado apeló y los demandantes presentaron moción solicitando la desestimación. De acuerdo con el estatuto vi-gente la cuantía para poder apelar a la Corte de Apelacio-nes de Kentucky tenía que ser mayor de $500 a menos que dicha corte expresamente concediera una apelación si el valor de la cosa en controversia, sin incluir intereses y costas, llegara a $200. Al declarar con lugar la moción de desesti-mación, la corte dijo:

“Es obvio que cada pleito es uno por un número de demandantes sosteniendo reclamaciones separadas debido a la violación de un contrato para su beneficio por el mismo demandado e igualmente obvio que así lo consideró la corte sentenciadora.
“Es claro, por tanto, que ninguno de los demandantes tenía interés alguno en cualquier sentencia separada dictada para beneficio de otro de los demandantes, porque si cualquiera de ellos quisiera hacer cumplir la sentencia separada dictada a su favor tendría derecho a ejecutarla, únicamente por la cantidad de tal sentencia y no tendría derecho a ejecutar ninguna de las demás sentencias separadas dic-tadas para beireficio de los demás demandantes.
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“lia sido resuelto muchas veces por esta corte que reclamaciones separadas y distintas de varios demandantes contra un demandado no pueden sumaise con el fin de conceder jurisdicción a esta corte en apelación. Claramente, por tanto, si la corte inferior hubiera deses-timado la petición de los demandantes en estas dos acciones, habiendo ellos reclamado numerosas sumas que se les debían, separadamente, no habiendo ningún demandante cuya reclamación llegara a $500 o más, ninguno de ellos hubiera podido, como'cuestión de derecho, pro-seguir una apelación a esta Corte. . . es obvio que el demandado contra quien se dictaron estas sentencias separadas, tampoco deba tener tal derecho.” (Pag. 520).

En igual forma en el caso de autos cada uno de los de-mandantes obtuvo una sentencia a su favor por una suma ménor de $300. Al ejecutarla sólo podía hacerlo por la suma concedida a cada uno de ellos sin tomar en consideración la concedida a los demás. La sentencia, al conceder una suma determinada a cada'demandante, tiene el mismo efecto que de haberse radicado ocho demandas se hubieran dictado ocho sentencias separadas. La acumulación de las distintas re-clamaciones autorizada por la ley especial con el fin de fa-cilitar, tanto para los litigantes como para la corte estos procedimientos sobre reclamación de salarios, cuando los obreros reclamantes trabajaron para un mismo patrono en una empresa común, no debe tener el efecto de variar la cuantía jurisdiccional apelativa de esta Corte. La cuantía de las sentencias en estos casos siendo menor de $300 en cada caso, procede la desestimación del recurso por falta de ju-risdicción.

       El segundo párrafo de la sección 1 de dicho estatuto (Ley núm. 10 de 14 de noviembre de 1917, según ha sido subsiguientemente enmendada), dispone que:
      "Podrán acumularse en una misma querella las reclamaciones de todos los obreros y empleados de un mismo patrono que hubieran dejado de percibir sus salarios devengados en una obra común: . . .

      Aun la regla 20 (o) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil, la cual dispone ab initio que "Todas aquellas personas que aleguen cualquier derecho a un remedio, ya sea conjuntamente entre sí, separadamente, o en la alternativa respecto a o que sun'ja de la misma transacción, evento o serie de transacciones o eventos, podrán ser acumuladas en ima acción como demandantes, siempre que surja de la acción una cuestión de hecho o de derecho, común a todas. . . .” (Bastardillas nuestras), ha sido interpretada como únicamente una regla de pro-cedimiento cuyo propósito es el de remover los obstáculos procesales de la ley común, y sin efecto alguno en cuanto a los derechos sustantivos de las partes. Lansburgh & Bro. v. Clark, 127 F.2d 331.

      Al mismo efecto véanse Winrod v. Wolters, 74 Pac. 1037, 1038; Wallins Creek Collieries Co. v. Marshall, 290 S.W. 519, 520; Troy Bank v. Whitehead & Co., 222 U.S. 39; Clark v. Paul Gray, Inc. 306 U.S. 583, 589; Thomson v. Gaskill, 315 U.S. 442, 446-7; Bolling v. Old Dominion Power Co., Inc., 25 S.E.2d 266, 268 (1943); Blanken v. Braslow, 33 A.2d 742 (1943); Division 525, Order of Ry. Conductors of America v. Gorman, 133 F. 2d 273; Sturgeon v. Great Lakes Steel Corporation, 143 F. 2d 819, 821 (1944); Monografía en 72 A.L.R. 193, Criterion of 3wisdiotional amount where several claimants are interested; 26 California Law Review 463. Cf. Nota (21) Avellanet v. P. R. Express Co., 64 D.P.R. 693.


author: El Juez Asociado Señor Tiodd, Je.,

text:
    Rafael A. Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado.
    Núm. 42.

    Sometido: Abril 9, 1945.

      Resuelto: Junio 4, 1945.

      Son. Procurador General Interino Jesús A. González y Zoilo Dueño González, Procurador General Auxiliar, abogados del peticionario; James R. Beverley, R. Castro Fernández y José López Baralt, abogados del interventor, querellante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Tiodd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

El Tesorero de Puerto Rico notificó a Carlos R. Rossi el 3 de noviembre de 1943, haberle impuesto una contribución de 2.86 por ciento sobre ciertos bienes muebles y, entre ellos, sobre el balance de $2,250 en su cuenta con el Eoyal Bank of Canada y sobre $54,000 en Manager’s Checks expedidos por dicho Banco a la orden de Eossi. Este se negó a pagar dicha contribución y radicó querella ante el Tribunal de Contribuciones que la declaró con lugar. Expedimos certio-rari a petición del Tesorero para revisar dicha resolución.

El artículo 290 del Código Político, en lo pertinente, dispone: “Que toda propiedad no exenta expresamente del pago de contribuciones será tasada como imponible. . . . Los bienes muebles comprenderán dichas maquinarias, vasijas, instrumentos o implementos no adheridos al edificio o suelo, el ganado en pie, el dinero, bien en poder del mismo dueño o de otra persona, o depositado en alguna institución, . . . pero no comprenderán los créditos en cuentas corrientes, pagarés, ni otros créditos personales.” (Bastardillas nuestras).

El argumento principal del peticionario es que esta Corte erró en los casos de The Union Central Life Insurance Company v. Gromer, Tesorero, 19 D.P.R. 900; Fajardo Sugar Co. v. Richardson, Tesorero, 22 D.P.R. 311; New Córsica Centrale v. Gallardo, Tesorero, 41 D.P.R. 669, y Cortada v. Municipio de Ponce, 47 D.P.R. 615, al resolver que, de acuerdo con el artículo 290 del Código Político, los créditos persona-les están expresamente exentos del pago de contribuciones y solicita que revoquemos dichas decisiones. Arguye que el hecho de que la frase consignada al final del artículo 290 en el sentido de que los bienes muebles “no comprenderán los créditos en cuentas corrientes, pagarés, ni otros créditos per-nales” no significa que la Legislatura tuviera la intención “de eximir de tributación a dichos bienes, sino que única-mente establece que no se considerarán los mismos como bienes muebles,” y que los únicos bienes exentos del pago de contribuciones son aquellos mencionados en el artículo 291 del Código Político y entre los cuales no constan los créditos personales. La posición adoptada por el Tesorero es una aceptación de que el balance de la cuenta en un banco y los “manager’s checks” son meros créditos personales del con-tribuyente. En efecto, hemos resuelto en Tesorero de, P. R. v. Banco, 46 D.P.R. 308, copiando del sumario, que: “Dinero depositado en una institución bancaria no como depó-sito especial o de carácter específico, pasa al dominio del banco, estableciéndose ejitre éste y su cliente la relación de acreedor y deudor” y en el de Rodríguez v. Corte, 42 D.P.R. 766, también del sumario que: “Depositado un dinero en un banco, éste es un deudor más bien que un agente del depo-sitante.” Al mismo efecto' véase Tesorero v. Banco, 50 D.P.R. 562.

En cuanto a los manager’s checks, los cuales, en igual forma que el tribunal inferior, consideramos equivalentes a los llamados cashier’s checks, se ha resuelto que “Es una regla general de ley que un cashier’s check es meramente la evidencia de una deuda por parte del banco, ...” Charleroi Supply Co. v. Kelly, 40 F. 2d 297, y en el de In Re Liquidation of State Bank of Binghampton, 274 N.Y.S. 41, que: “Un cashier’s check es sólo el reconocimiento de una deuda y se diferencia radicalmente de un cheque corriente, que es una orden al banco aparentemente librada contra un depó-sito, una orden contra un balance específico depositado, mien-tras que un cashier’s check es meramente la evidencia o re-conocimiento de una deuda con un compromiso de pagar a presentación.” Véanse las Monografías en 73 A.L.R. 66 y 95 A.L.R. 676.

' Tánto el dinero depositado en un banco, en cuenta co-rriente o de ahorros, como los cheques del gerente (manager’s checks), que tenía Rossi establecieron una relación de acreedor y deudor entre él y el banco y como consecuencia constituían créditos personales.

Pasando ahora a considerar la cuestión fundamental planteada por el peticionario, al efecto de que los créditos personales no están exentos de tributación, nada encontra-mos en las razones y motivos que expone en su alegato que no haya sido objeto de consideración, tanto por esta Corte como por la del Primer Circuito, en los casos de Union Central Life Insurance Co. v. Gromer y Fajardo Sugar Co. v. Richardson, supra, habiéndose resuelto la cuestión adver-samente a las pretensiones del peticionario. Es más, cuando esta Corte en el caso de The Porto Rico Coal Co. v. Gallardo, 39 D.P.R. 637, intentó variar la doctrina establecida en los casos mencionados, su decisión fué revocada por la del Primer Circuito Federal en P. R. Coal Co. v. Domenech, 41 F. 2d 183, diciéndose por dicha Corte:

“• • • La Corte de Distrito ... se negó a excluir los créditos. El artículo 290 del Código dispone que los créditos en cuentas co-rrientes, pagarés y otros créditos personales nó serán bienes muebles. Las cortes locales, en los casos de Union Central Life Insurance Co. v. Gromer, 19 D.P.R. 900, 910-911, y en Fajardo Sugar Co. v. Richardson, Tesorero, 22 D.P.R. 311, 319-321, propiamente, a nuestro juicio, han resuelto que los créditos y cuentas a cobrar no están sujetos a tributación y no deben ser incluidos en la valoración de las corporaciones para fines contributivos hecha de conformidad con el artículo 317. Este último caso fué apelado para ante esta Corte, y en 327 Fed. 195, 196, dijimos: ‘Tanto la Corte de Distrito como la Corte Suprema de Puerto Rico en apelación prestaron debida con-sideración a las cuestiones de. 'derecho y llegaron a la conclusión de que al interpretarse debidamente las disposiciones del código, las par-tidas o “créditos” en disputa no estaban sujetos a tributación. No hallamos razón alguna para no convenir con el criterio de las cortes locales respecto a la ley local y no tenemos duda de que la interpre-tación dada a las disposiciones del código es correcta.’ Esta corte siempre dará debida consideración a la interpretación dada a un es-tatuto local' por una corte local de última instancia, mas cuando, como ocurre en este caso, ya ha aprobado una interpretación dada al artículo 317 por la Corte Suprema de Puerto Rico, no puede, si las decisiones de una corte de apelaciones sirven para algún fin, seguir toda nueva interpretación dada a este artículo por las cortes en Puerto Rico. Aquí no se aduce razón alguna para revocar nuestra decisión anterior. . .”

Posteriormente se planteó de nuevo la cuestión en el caso de New Córsica Centrale v. Gallardo, supra, y dijimos a la'pág. 674:

“. . . La Corte de Circuito de Apelaciones de Boston revocó la decisión en Porto Rico Coal Co., supra, y necesariamente resolvió que los referidos certificados debían considerarse co.mo créditos. Aquella corte, además revisó nuestra jurisprudencia anterior en Union Central Life Ins. Co. v. Gromer, en Fajardo Sugar Co. v. Tesorero, supra, la confirmación de la última de estas decisiones por la Corte de Circuito y resolvió, en efecto, que esas decisiones ante-riores eran ya derecho establecido. ...”

Por último, en el caso de Cortada v. Municipio, de Ponce, supra, después de hacerse una historia de la legislación con respecto a la cuestión planteada y una revisión completa de todos los casos resueltos anteriormente, se confirmó la sen-tencia que anuló una ordenanza municipal por la que se pretendió gravar todo capital' representado por préstamos, pagarés y otros documentos negociables, por estar los mis-mos exentos de tributación por el artículo 290 del Código Político.

Todas estas decisiones constituyen derecho establecido, stare decisis, sobre la cuestión planteada y en cuanto a la petición del tesorero de que las revoquemos nos limitamos a repetir lo dicho por la Corte de Circuito en el caso de P. R. Coal Co. v. Domenech: “Si el estatuto, tal y como ha sido interpretado por la Corte Suprema de Puerto Eieo en los últimos casos citados, con la aprobación de esta Corte, no es satisfactorio al Pueblo de. Puerto Rico, éste tiene una legislatura con autoridad para enmendarlo.”

Debe confirmarse, la resolución apelada.

       Aparentemente en la práctica bancaria local el cajero (cashier) no está •autorizado a expedir cheques a nombre del banco, correspondiendo únicamente dicha facultad al gerente (manager) de la institución.


text:
    Axton Fisher Tobacco Company, demandante y apelada, v. Rafael Buscaglia, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 9012.

    Sometido: Abril 6, 1945.

      Resuelto: Junio 4, 1945.

      Hon. Procurador General Interino Jesús A. González j G. Benitez Gautier, Subprocurador General, abogados de los apelantes; James R. Beverley, B. Castro Fernández j José López Baralt, abo-gados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso fué establecido por el Tesorero de Puerto Rico contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan que declaró con lugar la primera causa de acción de la demanda. Dicha corte resolvió que el caso se rige por nuestra decisión en P. R. Tobacco Corp. v. Buscaglia, Tes., 62 D.P.R. 811. Esta conclusión se señala como error.

En la primera causa de acción de la demanda la deman-dante atacó la constitucionalidad de la Ley núm. 22 de 18 de junio de 1939 ((2) pág. 95) según fué enmendada por la Ley núm. 149 de 6 de mayo de 1940 (pág. 895). Los hechos alegados son iguales a los que dieron base a nuestra deci-sión en el caso de P. R. Tobacco Corp. v. Buscaglia, snpra. La nnica cuestión que plantea el apelante en este recurso para sostener que dicha decisión no es aplicable es que, si bien acepta que la Ley núm. 22 de 1939 según fué en-mendada, es inconstitucional según resolvimos, arguye que cuando la corte inferior dictó sentencia en este caso en el año 1944, ya se había aprobado y estaba en vigor, desde el 3 de marzo de 1943, la Ley núm. 22 de 3 de diciembre de 1942 ((2) pág. 115), mientras que en el caso de P. B. Tobacco, se había dictado sentencia mucho antes de aprobarse y estar eñ vigor dicha ley y que fué por este motivo que esta Corte la declaró nula e inconstitucional. Sostiene ade-más que de acuerdo con el caso de McCullough v. Commonwealth of Virginia, 172 U.S. 102, citado en nuestra decisióp, la Legislatura tenía poder para aprobar la Ley núm. 22 de 1942 aunque afectara acciones pendientes.

Es cierto que lo expuesto por el apelante fué uno de los motivos que tuvimos para declarar nula e inconstitucional la Ley núm. 22 de 1942, empero, resolvimos también, des-pués de citar autoridades y jurisprudencia, que “es forzoso llegar a la conclusión de que la aplicación de la Ley núm. 22 de diciembre 3 de 1942 a la manufactura y ventas de ci-garrillos consumadas antes de la aprobación de dicha ley equivaldría a privar a la demandante de su propiedad sin el debido proceso de ley, en violación de sus derechos cons-titucionales. Véase Anotación, 146 A.L.B. 1011”. (Págs. 821.-2!).

Aceptando que la Ley núm. 22 de 1942 no sea nula en tanto en cuanto se aplica a acciones pendientes, los hechos de este caso son idénticos a los del caso de la P. B. Tobacco Corp., supra, en cuanto a que la manufactura y venta de los cigarrillos sobre los cuales se cobró la contribución ya se habían consumado mucho antes de la aprobación de la men-cionada ley, y, en su consecuencia, procede, confirmar la sen-tencia apelada.