source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Wole,

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text:
    Marcos, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recueso gubernativo contra resolución del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Ia
    No. 138.
    Resuelto en marzo 5, 1913.
    Inscripción de dos Casas Sobre tjn Mismo Solar. — Aunque la Ley Hipotecaria no exige que las casas se inscriban, bastando con la inscripción del solar, sin embargo, lia sido la práctica corriente inscribir las edificaciones, y el dueño de un solar que construye dos casas separadas sobre el mismo y marcadas con diferente número de calle, no está obligado a inscribirlas separadamente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del recurrente: Sres Bosch y Soto.

    El registrador no compareció.
   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Marcos Purón, que era dueño de un solar radi-eado en la Marina, otorgó en 31 de diciembre de 1912 nn acta sobre edificación ante notario sobre cierta construcción que tenía en proyecto, en cuya escritura hizo constar que babía destruido dos casas de madera techadas de zinc y enclavadas en dicho solar, fabricando en.su lugar otras dos que describía en el acta, siendo su intención que tales edificaciones se hicie-ran constar en la correspondiente inscripción. Al ser presen-tada esta escritura de acta de edificación al registrador de la propiedad, denegó éste su inscripción consignando la siguiente nota:

“Denegada la inscripción del precedente documento por los moti-vos siguientes:
■“Primero. Porque en él se pretenden inscribir como una sola finca, dos casas separadas y marcadas con diferente número de go-bierno, las cuales ban de formar con su solar respectivo dos fincas urbanas distintas a las que ban de darse números diferentes en el registro, inscribiéndose cada una en la forma que determina el artí-culo 8o. de la Ley Hipotecaria; y
“Segundo. Porque apareciendo,1 según el registro, edificada en el solar de que se trata una casa, no se determina si ésta es una de las dos a que el título se refiere, o si por el contrario esas han de ins-cribirse a más de la ya inscrita, en cuyo caso resultarían tres fincas distintas. ’ ’

La Ley Hipotecaria no exige que las casas deban ser ins-critas, pero ha sido la práctica corriente de los registradores el inscribir los particulares referentes a las edificaciones de una finca con el fin de la mayor claridad e identificación de las fincas, cuya práctica ha sido aprobada por la Dirección General de los Registros en su resolución de 22 y 31 de agosto de 1863. La cuestión relativa a si determinada finca ha sido divi-dida en dos o más, es en parte una de hecho, pero demuestra principalmente la intención del dueño.

En el caso que está sometido a nuestra consideración, no existe ninguna otra prueba que demuestre aue éstas son dos fincas' distintas, a menos que sea la que se refiere a que una de las casas está situada en la Calle Nueva, marcada con el nú-mero dos, y la otra en la Calle de la Princesa y señalada con el número nueve. Pero de esta especificación no resulta que la finca haya sido dividida en dos solares distintos.. De la misma acta sobre edificación aparece que no hubo intención de hacer división alguna, puesto que el apelante alega que lo que hizo fue solamente relacionar las edificaciones que había en su pro-piedad y que ya estaban inscritas. No existe precepto alguno en la ley que exija a un propietario dividir su finca en dos o, más, por el mero hecho de que construya dos edificaciones dis-tintas en la misma.

Además, creemos que resulta bastante claro del acta de edi-ficación, el hecho de que las dos casas que fueron construidas ocuparon el lugar de las otras dos que allí existían y que las dos que fueron destruidas eran las únicas que allí había.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y siguiendo la práctica establecida, entendemos que el registrador estaba en la obligación de hacer la inscripción de la referida escritura sobre edificación, y por la presente así se le-ordena.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado .Se. Wole, JUEZ ASOCIADO SR. DEL TORO. JUEZ ASOCIADO SEÑOR MACLEARY.

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Benítez et al., Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 422.
    Resuelto en marzo 6, 1913.
    Derecho Penal — Exposición Anterior por el Mismo Edicto (Former Jeopardy)- — Muerte del Juez Sentenciador. — Cuando el juez que conoce de una cause falleee antes de dictar sentencia, los acusados pueden ser juzgados por el juez sucesor, sin que esto constituya haber estado expuesto anteriormente por el mismo delito. Los principios que rigen esta alegación en juieios por jurado son aplicables a casos juzgados por un juez sin jurado.

      Id. — Suficiencia de la Denuncia. — Aunque la denuncia no está redactada con precisión, como dice que los acusados jugaban “con. dinero,” estas palabras son suficientes para informarles de que se trata de un juego en el cual mediaba dinero y que, por lo tanto, jugaban “por dinero”.
    Id. — Estatuto Tomado de Oteo Estado — Presunción.—Guando se toma un’ esta-tuto de otro Estado, la presunción es que la legislatura al adoptarlo lo hizo ‘ con la interpretación que se le ha dado en las cortes del Estado de proeedene:ai Id. — Juegos Prohibidos — Interpretación del Estatuto — ‘ ‘ Noscitur a So-cns.” — La palabra “jugar” empleada .en la primera parte del artículo 299 del Código Penal tal como se aprobó originariamente, equivalente al' 330 del Código Penal de California, incluye a toda persona que da las cartas, dirige o sostiene la jugada, y excluye a las personas qué juegan o apuestan en juegos prohibidos en el sentido en que estas palabras se usan en la segunda parte del mismo' artículo. Estas exigen la misma interpretación, de acuerdo con el principio de noscitw a soeiis. ' '

    Id. — Juegos Prohibidos — Interpretación del Estatuto. — De la jurisprudencia examinada, es evidente que el artículo 299 del Código Penal tal como se aprobó originariamente, tuvo por objeto suprimir todas las jugadas men-cionadas en el mismo cuando hubiera una persona que dirigía, abría o admi-nistraba la jugada y esa misma persona o alguna otra .recibía un beneficio o ganancia por el hecho de abrirla, administrarla o dirigirla.
    Id. — Juegos Prohibidos — Enmienda del Estatuto. — Como el artículo 299 de nuestro Código Penal fué enmendado en 1908 añadiéndole únicamente la palabra poker a la relación de juegos prohibidos sin alterar la naturaleza de dicho estatuto, el principio de noscitur a soeiis es igualmente aplicable a dicho artículo enmendado. ■
    Id. — “Poker.”—Aunque el poker puede ser jugado sin banquero o persona que lo dirija, también puede jugarse con. banquero que obtiene un. beneficio o tant.o-por ciento, y en este caso cae dentro de los juegos prohibidos por dicho-artículo enmendado. ’ '
    Id. — -Interpretación de Estatuto — “Noscitur a Sochs:” — Es regla de inter-pretación que cuando las palabras de una significación especial van seguida^ de palabras genéricas que no tienen una significación específica y limitada, éstas deben de ser interpretadas en el sentido - de hacer referencia a personas o cosas de la misma clase a que se refieren las palabras de significación par1 tieular, a menos que el contexto general claramente demuestre lo contrario.
    Id. — Juegos Prohibidos — Interpretación del Estatuto. — La intercalación de las palabras ‘ ‘ o cualquier juego de azar ” en el artículo 299 de nuestro-Código Penal por la enmienda de marzo 10, 1910, no "tienen otro objeto qué-el prohibir todo juego de naturaleza semejante a los ■ juegos en dicho artículo-enumerados, y en los que concurran las circunstancias, de haber una persona que eche las cartas, dirija, abra, sostenga, o juegue en 'el ‘sentídb en que-estas palabras se usan en la primera parte de dicho artículo. El principio noscitur a soeiis es igualmente aplicable a esta enmienda. .. . ......
    Id. — Juegos Prohibidos — Elementos del Delito. — Para .que uno pueda ser culpable del delito de jugar o apostar en un juego, es,necesario que haya pno que lo dirija, sostenga, eche las cartas 'o juegue dicho juego prohibido dentro' de la significación que estas palabras tienen fen.la-léyl 'i'r 1 . 1 ."-í

      Id. — Jugada de “Poker” en una Casa Particular. — El jugar paher en una casa ■ particular no está'prohibido en el estatuto, al .menos que haya una persona que *■ cobre barato o reciba un beneficio sosteniendo el juego o facilitando los medios para jugar.
    ID.- — Duda a Pavor deu Acusado — Toda. duda que se presente en la interpreta- ■ . ción de un estatuto criminal debe ser resuelta a favor del acusado.
    Jd. — Estatutos. • Criminales — -Interpretación.—Los estatutos criminales deben , ser interpretados restrictivamente en sus partes contrarias al acusado y libe-ralmente en los que las favorece,o exime del delito. A nadie se le puede , condenar aplicándole, el estatuto por deducción tácita.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del'Pueblo: 'Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Ahogado délos apelantes: Sr. Eugenio Benítes Castaño.

   El Juez Asociado .Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso en el cual la acusación parece haber sido pre-sentada de acuerdo con el artículo 299 del Código Penal, los apelantes presentan cuatro fundamentos por los cuales soli-citan la revocación de la sentencia apelada, a saber:

I. Insuficiencia de la denuncia.

II. Inaplicabilidad del artículo 299 del Código Penal a un ¿juego que tiene lugar en una casa particular,

i III. Desestimación' de la alegación de haber estado los acusados expuestos anteriormente por el mismo delito.

IV. Insuficiencia de la prueba.

.. Consideraremos en primer término la alegación de haber estado los acusados expuestos anteriormente por el mismo ..cielito (former jeopardy).' Esta alegación no ha estado bien fundada. Se 'basa la misma en el hecho de que habiéndose celebrado el juicio de esta calis a originalmente en la corte de distrito ajite el Juez Grill sin jurado y sometida al mismo toda. la prueba, dicho-juez-falleció hacia mediados de junio de 1911 sin' haber formulado conclusiones de hecho o dictado sentencia én dicho caso.'' Aunque es cierto que la alegación de haber estado el acusado anteriormente expuesto por el mismo delito puede en algunos -casos promoverse por virtud de una alega-ción al disolverse el primer jurado y juramentarse el segundo, esto no ocurre. así’cuando el primer jurado, debido a algún hecho o accidente ajeno a la voluntad del Fiscal, se encuentra imposibilitado de actuar como tal jurado como sucede cuando uno de los mismos fallece. Cuando así sucede, no bay posi-bilidad de que pueda emitirse un veredicto. La alegación de baber estado los acusados anteriormente expuestos por el mismo delito, queda sin efecto y debe entonces celebrarse un nuevo juicio. Aunque en este caso fué un juez el que cono-ció de los becbos, sin embargo, el principio es igualmente apli-cable por lo que el segundo juez sentenciador no cometió error alguno al resolver la alegación de jeopardy en contra de los acusados. Nugent v. State, 24 Am. Dec., 746; State v. McKee, 21 Am. Dec., 499; People v. Ross, 85 Cal., 383.

Al discutirse la cuestión referente a la suficiencia de la denuncia, dos cuestiones se presentan a la consideración de la corte. La primera se refiere a que la denuncia es defec-tuosa puesto que en eda se imputó a los acusados el becbo de jugar poker con fichas y dinero, en vez de alegar que jugaban por dinero o con fichas que representaban dinero o valores. En el caso de People v. Carroll, 80 Cal., 153, que ha sido citado por los apelantes, solamente se resuelve que una acusación en la que se alegue que el juego se “efectuaba por dinero” (conducted far money) no es equivalente a expresar “que se jugó por dinero” (played for money), según exige el estatuto, puesto que dicho juego podría llevarse a cabo por pasatiempo, pagando alguien que no estuviera tomando parte en el mismo para que dicho juego se efectuara. Si bien es cierto que la ■denuncia ha sido presentada en forma algo defectuosa, sin embargo, es suficiente para que los acusados tuvieran cono-cimiento de que se cambiaba- dinero en el juego, y, por tanto, que jugaban ellos por dinero.

La cuestión principal envuelta en este caso es si el artículo 299 del Código Penal, según ha sido enmendado por leyes pos-teriores, tuvo por objeto o fin el suprimir toda clase de juegos prohibidos por dinero o valor o su propósito fué impedir aquella clase de juegos en los que frecuentemente una o más personas recibían una ganancia o beneficio pecuniario, ya directa o indirectamente, arriesgando o nó dinero por sn parte o con nn tanto por ciento en sn favor.

El jugar con dinero no constituía delito, según la ley común,, a menos que dicho juego pudiera llegar a constituir una in-fracción o alteración de la paz o se convirtiera en un perjuicio público (nuisance). Una casa conocida ordinariamente como casa de juegos podía ser denunciada por ser un perjuicio pú-blico. Lord v. State, 41 Am. Dec., 730. Posteriormente se aprobaron otros estatutos en casi todo el país contra 'los juegos públicos y casas públicas de juegos, y a veces contra los jugadores de oficio.

El artículo 330 del Código Penal de California prescribe lo siguiente:

“Juegos prohibidos. Pena. — Toda persona que apunte, juegue, lleve a cabo, abra o hiciere abrir o que dirija como principal o em-pleado con remuneración o sin- ella, cualquier juego de faro, monte, ruleta, lansquenet, ruoge et noir, ronda, tan, fan-tan, stud-horse, poker, siete y media, veinte y una, hokey pokey, o cualquier juego de banca o interés con barajas, dados o de cualquier otra clase, por dinero, cheques, crédito o alguna otra cosa representando valores y toda persona que juegue o apueste a favor o en contra en cualquier^ de dichos juegos prohibidos, será culpable de un delito menos grave (misdemeanor) y podrá ser castigada con una multa que no sea me-nor de cien dollars, o con prisión en la cárcel que no excederá de seis meses, o con ambas penas, .multa y prisión. ’ ’

Se verá, por tanto, de una comparación que se haga, qne el artículo 299 del Código Penal, según fue aprobado original-mente por nuestra legislatura, era para todos sus fines idén-tico al estatuto de California. - Por consiguiente, habiendo sido tomado nuestro estatuto del de California, debe presumirse que la legislatura adoptó dicho artículo con aquella interpre-tación que le dieron al mismo las cortes de California. Pueblo de Puerto Rico v. Rivera, 7 D. P. R., 305; Pueblo de Puerto Rico v. Colón, 15 D. P. R., 680; James v. Appel, 192 U. S., 429; The Copper Queen Mining Co. v. Arizona, 206 U. S., 475; Kealoha v. Castle, 210 U. S., 154.

La palabra “jugar” {play) que aparece en la primera parte de ese estatuto ha sido invariablemente considerada por las cortes de California que se emplea en el mismo sentido general que las palabras “apuntar” {deal), “dirigir” (conduct), o “llevar a cabo” {carry on). La persona o personas que apunte, dirige o lleva a cabo, etc., maneja y controla las reglas del juego y fija las condiciones del mismo, y recibe beneficios por ello. La palabra “jugar” {play) un juego pro-hibido se emplea en esta parte del estatuto en tal sentido. En el caso de People v. Beatty, 14 Cal., 572, la acusación contenía las palabras “apuntó y jugó un juego de faro” {did deal and play a game of faro). La palabra “jugar” {play) según en la misma se usó, es equivalente a “abrir para jugar” {open for play) o “echar para jugar” {spread for play); porque podría, no obstante, considerarse que una persona se encon-traba tomando parte en el juego aun cuando la misma sola-mente era la dueña, controlaba o proporcionaba el medio para jugar. En el caso de People v. Gosset, 93 Cal., 641, se declaró que las palabras alegadas en la acusación en las que se impu-taba al acusado que “apuntó” {did deal) “jugó” {play) “dirigió” {conduct) y “llevó a cabo” {carry on) un juego de faro, eran constitutivas de un solo delito1 resultando de las mismas que la palabra “jugar” {play) se usaba en el mismo sentido general que “dirigir” {conduot) o “llevar a cabo” {carry -on). En el caso de El Pueblo v. Ah Own, 85 Cal., 585, la corte sostuvo una instrucción en la cual se expre-saba que la palabra “jugar” {play) según allí había sido usada, no se refería a aquellas personas que juegan o apuesten {play or bet at) a favor o en contra del juego, a saber, aquellos que aparecen especificados en la segunda parte de nuestro estatuto.

La palabra “jugar” {play) fué específicamente interpre-tada en el caso de People v. Ah Yem, 53 Cal., 247, en cuyo caso se declaró que una persona que jugaba o apostaba {play at or bet at) en un juego, no podía ser considerada como que jugaba {play) en el mismo sentido de dirigir o llevar a efecto, etc. (conduct, carry on, etc.). A la misma interpretación lia de llegarse de acuerdo con el principio de noscitur a sociis.

En el caso de People v. Sam Lung, 11 Pac., 673, se resolvió que el estatuto no estaba limitado a los dueños y empleados, pero el objeto de la resolución es sostener la teoría de que al-guien debe dirigir, llevar a cabo o controlar el juego.

Una interpretación parecida lia sido dada a un estatuto semejante en el Estado de Washington, State v. Preston, 95 Pac., 83; State v. Gaasch, 105 Pac., 817; State v. Hardwick, 114 Pac., 873. En el caso de State v. Gaasch la corte se expresó en los siguientes términos:

“La cuestión a discutir se refiere a la suficiencia de la acusación. Se verá que la misma no imputa a los acusados, ya como dueños, pro-pietarios, empleados o ayudantes, o que tuvieran de algún modo que pudiera ser castigado por el estatuto algo que ver con el juego. Según se expresó en el caso de State v. Preston, 49 Wash., 298, 95 Pac., 82, y en el de State v. Burns, 102 Pac., 886, el objeto del estatuto penal fue el de suprimir los sitios de juegos y castigar a aquellas perso-nas que se ocupaban en fomentarlos. Por tanto, considerando el objeto de la ley así como su letra, para que pueda dictarse una sen-tencia condenatoria por un delito grave (felony) debió haberse hecho en la acusación alguna alegación de la condición de ser dueño.' No es suficiente con expresar que la persona a quien se imputa el delito simplemente, jugó en el juego, sino que debe alegarse en dicha acu-sación su relación como dueño, propietario, empleado o ayudante de aquella persona que de modo determinado está relacionada con el referido juego. Este punto está “sostenido por las autoridades. State v. Dennison, 60 Neb., 157, 82 N. W., 383; Brazele v. State, 86 Miss., 286, 38 South, 314.”

Resulta claro de las palabras “jugar en” (play at) o “apostar” (bet) usadas en la parte última del artículo que no fué el objeto aplicar la palabra “jugar” (play) a la persona que simplemente tomaba parte o apostaba en un juego. People v. Sam Lung, 11 Pac., 673, arriba citado. Si la legislatura hubiera tenido la intención de prohibir todas las clases de juegos, pudo haber prohibido a toda persona que jugara cual-quier juego de azar por dinero. State v. Bryant, 2 S. W., 837.

De un examen de los anteriores casos, se verá claramente que el objeto fné el de suprimir todos los juegos especificados en el estatuto en los cuales alguna persona dirigía o mane-jaba el juego en el cual dicha persona o alguna otra recibía una ganancia o beneficio por el mero hecho de abrir, manejar o dirigir el referido juego. En todos los casos en que se han dictado sentencias condenatorias en los estados del Pacífico, el acto imputado ha sido uno de carácter público o un juego de banca como el de faro.

El artículo 299 de nuestro Código Penal quedó en vigor hasta el año 1908 en que se agregó al estatuto ,la palabra poker a la lista de juegos prohibidos. El juego de poker puede llevarse a efecto sin una banca, o persona que lo dirija, y dicho juego por lo general se efectúa privadamente o en nn club o casino, tocando el turno sucesivamente a cada uno de los jugadores. Sin embargo, puede efectuarse el juego de ma-nera tal que una persona bien como dueña, propietaria o ban-quero, pueda obtener una ganancia o beneficio exigiendo una pequeña suma en cada jugada, quedando entonces compren-dido el juego en la'prohibición estatutaria. Como la legisla-tura añadió la palabra poker y no hizo alteración alguna de ningún otro modo en la naturaleza del juego, es de aplicación el principio de noscitur a sociis del cual nos ocuparemos des-pués. .La legislatura aprobó por último en el año 1930 la siguiente ley:

“Sección Ia.- — El artículo 299 del Código Penal queda por la pre-sente enmendado del modo siguiente:
“ ‘Artículo 299. — Toda persona que jugare, tomare parte, o tu-viere establecido, abriere' o 'hiciere abrir o que dirigiere como principal o empleado, por alquiler o de' otro modo, cualquier juego de faro, monte, ruleta, fan-lan, poker, siete y media’ veintiuna, hokey-pokey o cualquier juego de azar, con barajas, dados o de cualquiera otra clase, por dinero, cheques, crédito o fichas representando valo-res, así como toda persona que jugase o apostare a favor o en contra, en cualquiera de dichos juegos prohibidos, será reo de misdemeanor, incurriendo en multa que no excederá' de quinientos dollars, o cárcel por un término máximo de seis meses, o ambas penas, las antedichas multa y prisión.
“ ‘Si una persona presta juramento ante un juez de paz, municipal o de distrito al efecto de que cree, o tiene motivo probable para creer de que ilegalmente se está usando de una casa u otro edificio, habitación o local para casa de juego pública con el fin de jugar dinero u otra clase de bienes, o de que se ocupa, utiliza, o se tiene para la explotación de una lotería, o para la explotación del juego conocido como “lotería de policy,” o “policy,” y que concurren allí personas con tal objeto, el mencionado juez de paz, municipal o de distrito, caso de que le fueren presentadas pruebas satisfactorias, dictará una orden de allanamiento ordenando a cualquier marshal u oficial de policía que entre en dicha casa, edificio, habitación o local, y arreste a los que la tuvieren, a toda persona que en forma alguna ayudare a la explotación de la misma, bien como conserje, portero, vigilante o de otro modo, a todos los que allí se encontraren participando del juego en alguna forma, y a todos los que estuvie-ren presentes, participaren o nó en el dicho juego, si se encontraren en dicho local cualesquiera billetes de lotería u otros implementos, aparatos o materiales de cualquiera forma de jugar, y que tome bajo su custodia todos los implementos, aparatos o materiales, de manera de poderlas presentar ante alguna corte o juzgado para su disposi-ción de acuerdo con la ley. Todo artículo y propiedad embargada según las disposiciones de esta sección, excepción hecha del dinero, será confiscado y destruido al probarse ante la corte que dichos artí-culos y propiedad se usaban para el juego, y todo el dinero que así se embargare ingresará en el Tesoro Insular, en la misma forma en que se ingresan las multas y costas. El mandamiento anteriormente mencionado no se extenderá a menos que hubiere causa probable, basada en la declaración escrita y jurada (affidavit) del denunciante, en la cual se nombre o describa la persona o personas acusadas de violar esta sección, así como la casa o edificio que haya de allanarse y registrarse; y el juez de quien se solicitase el mandamiento deberá antes de expedirlo, tomar declaración bajo juramento al denunciante y a cualquier testigo que presentase, tomando las declaraciones jura-das de dichos testigos por escrito, y haciéndolas firmar por las per-sonas que las prestasen.’ ”

Se lia sugerido que al adicionar las palabras poker y “cual-quier juego de azar” (any game of chance) la legislatura tuvo la intención de prohibir toda clase de juegos ilegales. Se verá, sin embargo, que los únicos cambios que se ban becbo en la parte principal del estatuto ban sido las palabras adicionales “o de cualquier juego de azar” (o>r any ganie of chance) de-biendo, por consiguiente, regir el principio de noscitur a sociis. La regla se expresa en el sentido de que cuando'en un estatuto las palabras de determinada significación van seguidas de otras palabras de sentido general que no son tan específicas y limitadas,- la palabra o palabras generales deberán ser inter-pretadas en el sentido de que son aplicables a las personas o cosas de igual clase, según se designan las mismas en la deter-minada palabra o palabras, a menos que aparezca que la intención ba sido distinta. Miller v. State, 23 N. E., 95. En ese caso se resolvió que una acusación presentada de confor-midad con un estatuto que prescribe que cualquier persona que “seduce o lleva a una mujer basta entonces reputada por pura del sitio en que se encuentre a una casa de mala reputa-ción o a algún otro sitio para fines de “prostitución,” no es suficiente a menos que en la misma se alegue que el sitio adonde fué llevada era una casa de mala reputación u otra por el estilo. Y no es suficiente-con que se alegme que el lugar adonde fué llevada era una casa habitación, y se cita el caso de Berg v. Baldwin, 31 Minn., 541. Otras palabras de sentido general ban sido interpretadas de tal modo en los siguientes casos: People v. Richards, 108 N .Y., 142-143; McCaffin v. City of Cohoes, 30 Am. Rep., 309; Burks v. Bosso, 180 N. Y., 341; State v. Lowry, 4 L. R. A., N. S., 535; Sims v. U. S. Trust Co., 103 New York, 478.

En el caso de State v. Bryant, 2 Southwestern Rep., 837 citado anteriormente, la acusación se fundó en el artículo 1548, el cual es como sigue:

“Art. 1548. Apuestas sobre juegos. — Toda persona que apueste cualquier cantidad de dinero o propiedad en una mesa de juego, banca o sistema de juego, que esté prohibido por el artículo anterior, o en o sobre cualquier otro sistema de juego, o que apueste en cual-quier juego que se efectúe o en dicha mesa de juego, u otro sistema de juego, o que prieste o facilite algún dinero o propiedad a cual-quiera otra persona para ser apostada en la forma específica anterior, y para que se emplee de tal manera, o que esté interesada de modo alguno en dicbo juego o apueste en el mismo, de ser declarada' culpable, será reo de'misdemeanor y, castigado con multa que no excederá de veinte y cincó dollars ni será menor de diez dollars.” •

El artículo precedente es corno sigue:

“ Mantenirkiento de sistemas de juego. — Toda persona que ponga o tenga una mesa o sistema de juego, conocido ordinariamente por A. B. C., banca de faro, E. O., ruleta, equality, heno, o cualquier clase de mesa o sistema de juegos, adaptada, dedicada y proyectada para el fin de jugar cualquier juego de azar por dinero o propiedad, y que induzca, atraiga o permita que cualquier persona apueste o juegue en o sobre dicha mesa de juego o sistema de juego o a favor o en contra del que lo conduce, será al ser declarada, culpable, reo de misdemeanor y castigada con multa que no excederá • de mil dollars. ”

Se alegó qne “el acusado había puesto una suma de dinero en un juego de azar que se efectuaba por medio de -una esco-peta para tirar al blanco, alegando además que dicha escopeta y rueda de blanco constituían un sistema de juego prohibido y la corte dijo:

“Pero prescindiendo de la conocida regia a que,ya se ha hecho referencia y teniendo en cuenta solamente la razón del caso, no es posible que la legislatura haya podido tener en cuenta que una ‘escopeta o fusil y rueda de blanco’ constitu-yeran un sistema de juegos ilícitos ‘adaptadas, dedicadas, y para el objeto de efectuar cualquier juego de azar por dinero o propiedad. ’ Si un fusil o escopeta y una rueda de blanco han de ser considerados como tales, entonces un juego de bolas de cristal también estaría comprendido dentro de las prescrip-ciones contenidas en el estatuto. Ciertamente que de acuerdo con esa interpretación tan lata, se hace difícil expresar cuáles sean los juegos que pueden estar prohibidos y castigados.”

Las palabras adicionales de nuestro estatuto “juegos de azar ’ ’ no pueden tener otro fin que el prohibir. cualquiera otro juego de igual o semejante naturaleza a los ya enume-rados y bajo ’’as mismas condiciones con respecto al apunte,, dirección, apertura y modo de llevar a efecto el- juego..

Si por casualidad un sistema diferente hubiera regido en Puerto Eico con anterioridad a la adopción del estatuto de California y todos los juegos de azar hubiesen sido castigados aquí, entonces podría haber razón para alegar que la legisla-tura tuvo la intención de restablecer el statibs qv,o. Perp el caso es distinto. De acuerdo con la ley española, el juego pú-blico que se castigaba era aquel en el cual alguien obtenía una ventaja o barato determinado. La costumbre tradicional en Puerto Rico es igual a la de California. Artículo 354 del Código Penal de Cuba y Puerto Rico y las sentencias del Tribunal Supremo de España de 13 de abril de 1880, 28 de diciembre de 1887 y 1o. de enero de 1889.

El estatuto, en todos sus particulares es solamente apli-cable a dichos juegos públicos o cuasi públicos, por ejemplo, como cuando una persona inicia o comienza un juego como dueño o fomenta el mismo de igual manera que si fuera el dueño, como sucede en el caso en que una persona recibe algún beneficio o ganancia aunque no juegue o apueste en dicho juego. Este principio resulta estar aún más sostenido por el párrafo que se ha adicionado en la ley de 1910. El manda-miento a que allí se hace referencia solamente puede dirigirse-contra una casa de juegos públicos. Creemos, por tanto, que-ni de la denuncia ni de la prueba quedaron establecidos los-elementos que prohibe el estatuto. No se hizo acusación al-guna ni se presentó prueba de que alguien se encontrara pre-cisamente dirigiendo o apuntando en un juego en el sentidoen que se expresa el estatuto. Solamente puede declararse-culpable a urna.persona por apuntar o jugar en un juego-cuando alquien dirige, apunta o juega en el- referido juego-prohibido, en el sentido en que estas palabras han sido inter-pretadas. El mero hecho de tomar -parte en un juego de-poker en una casa particular es una cuestión que‘ está fuera del alcance del estatuto, siempre que no exista alguna'persona. que cobre algún “barato” o se beneficie de algún modo por sostener o proporcionar el juego.

Cualquiera duda que pudiera surgir debe resolverse a favor de la libertad del individuo e inmunidad del acusado. 76 U. S. v. Wiltberger, 5 Wheaton, 76; State v. Anderson, 112 Pac., 931; State v. Hardwick, 114 Pac., 873, citado anteriormente; People v. Bryant, 2 S. W., 837.

En el último de los casos que han sido citados, la corte se expresó como sigue: “Además, el estatuto que se considera es uno penal y criminal y como tal debe ser estrictamente interpretado. Howell v. Stewart, 54 Mo., 400; Kritzer v. Woodson, 19 Mo., 327; Fusz v. Spaunhorst, 67 Mo., 256; U.S. v. Wilberger, 5 Wheat., 76. Deben dichos estatutos ser estric-tamente interpretados, o sea, de modo estricto en aquellas partes que están en contra del acusado pero liberalmente en las que le favorecen. Ninguna persona quedará sometida a ■dichos estatutos por meras deducciones, y cuando surgen du-ndas con respecto a su intervención, tales dudas deberán consi-«deradarse únicamente a favor del acusado. Bish. St. Crimes, [2 Ed.], secs. 193, 194, 227.”

Además, la prueba de la existencia de un juego de poker es defectuosa. Ninguno de los testigos declararon de modo categórico con respecto a dicho juego, sino que apareció a lo sumo de la prueba que se encontraban algunos hombres sen-tados alrededor de una mesa jugando con fichas en cambio de dinero por fichas y que se oyó decir a uno de los mismos “full de aces” (ace full). La minuciosa declaración hecha por uno de los testigos de que 7as palabras “full de aces” pertenecen al juego de poker no excluye la posibilidad de que dicha frase hubiera sido usada o fuera conocida como tal, se-gún ha sido alegado por el apelante en otro juego. Sin embargo, el fundamento principal de esta sentencia ha sido que ni la denuncia ni la prueba han demostrado la existencia de un juego prohibido.

Por las razones anteriores debe revocarse la sentencia apelada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

El Juez Asociado Sr. del Toro firmó haciendo constar estar conforme con la sentencia.

Juez disidente: Sr. MacLeary.

OPINIÓN COÍTCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. DEL TORO.

El verdadero motivo que tengo para estar conforme con la revocación de .la sentencia apelada, es el de que habiendo examinado cuidadosamente toda la prueba practicada, no la estimo suficiente para poder llegar a la conclusión de que el acusado en la fecha y en el sitio especificados en la denuncia jugó el juego prohibido denominado poker.

VOTO PARTICULAR DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR MACLEARY.

La Sección Segunda de la Corte de Distrito de San Juan dictó una sentencia en este cas,o el día 28 de octubre de 1911, declarando culpables a los acusados, del delito de jugar el juego prohibido conocido por poker, condenando a cada uno de dichos acusados a pagar una multa de $30 o en defecto de pago a 30 días de cárcel y la sexta parte de las costas. Contra esta sentencia se interpuso la debida apelación, habiendo sido los autos elevados a este tribunal el día 12 de marzo de 1912. En 25 de abril siguiente tuvo lugar la vista de esta apelación ante el tribunal en pleno, quedando luego sometido el caso a su consideración. Cerca de un año después ha sido resuelto a favor de los apelantes, revocándose la sentencia apelada y desestimándose la denuncia.

Estoy de acuerdo con la mayoría de los jueces de este tribunal en lo que respecta a la poca importancia de la alegación que ha sido presentada de haber estado los acusados expues-tos anteriormente por el mismo delito; pero no lo estoy en cnanto a los otros tres puntos que se mencionan, o sea, (1) la insuficiencia de la denuncia; (2) la inaplicabilidad del artículo 299 del Código Penal a un juego que tiene lugar en una casa particular, y (3) la insuficiencia de la prueba para fundar'en eda la denuncia que ha sido presentada en este caso.

No es preciso hacer ningún examen de la prueba. Ella aparece en toda su extensión en la transcripción y opino como la córte sentenciadora,' que es suficiente para fundar en ella e] delito que se ha imputado a los acusados. Además, ha-biendo la corte sentenciadora tenido todos los testigos ante sí y oído las declaraciones que fueron prestadas por cada uno de los mismos, tenía dicha corte mejor oportunidad para for-mar un criterio correcto en cuanto a la suficiencia de la referida prueba, que la que pudo haber tenido cualquiera de los jueces de la corte de apelación después de haber examinado ios autos.

No existe absolutamente nada en el estatuto propiamente considerado, que demuestre que no fuera la intención legis-lativa aplicar el artículo 299 del Código Penal a cualquier sitio comprendido dentro de los límites territoriales de Puerto Rico, ya sea éste una casa privada o pública, un club o una casa de juego. El estatuto no establece ninguna excepción y las cortes por consiguiente no tienen derecho a hacerla me-diante interpretación. La denuncia está hecha con arreglo a las palabras del estatuto y con bastante precisión a fin de que resulte el delito que se imputa, claro y libre de ambigüedad y puedan los acusados tener conocimiento de cuál ha sido el de que se les acusa. La ley que castiga el delito de juegos, prohibidos fué aprobada al redactarse primeramente el Có-digo Penal que se adoptó en Puerto Rico en el año 1902. En dicha ley tal como fué decretada originalmente no se hacía mención del juego de poker, habiendo existido por varios años cierta duda con respecto a si la legislatura tuvo el propósito' de incluirla en el estatuto. Para dejar resuelta este cuestión,, la Legislatura de Puerto Eico en el año 1910 aprobó una ley para enmendar el artículo 299 del Código Penal, en la forma siguiente:

“Toda persona que jugare, tomare parte, o tuviere establecido, abriere o hiciere abrir o que dirigiere como principal o empleado, por alquiler o de otro modo, cualquier juego de faro, monte, ruleta, fanian, poker, siete y media, veintiuna, hokey-pokey o cualquier juego de azar, con barajas, dados, o de cualquier otra clase, por dinero, cheques, crédito, a fichas representando valores, así como toda persona que jugase o apostare a favor o en contra, en cualquiera de dichos juegos prohibidos, será reo de misdemeanor, incurriendo en multa que no excederá de quinientos dollars, o cárcel por un término máximo de seis meses, o ambas penas, las antedichas multa y prisión.”

Desde que fué aprobado este estatuto, el juego de poker en Puerto Eico lia sido un delito de misdemeanor, sin que para nada tenga que ver el sitio en que se lia jugado. Esto resulta completamente claro de una mera lectura que se llaga del artículo a qxie liemos beclio referencia. No es necesario bacer ningún estudio del mismo.

Aun cuando la palabra poker hubiera sido incluida en la primitiva ley, resultaría tan claro este estatuto que cualquier caminante podría acercarse y leerlo, pero cuando ba sido incluida por la legislatura en una ley especial aprobada con tal fin ocbo años después de haber sido decretada la primera, entonces la intención de -la legislatura resulta demasiado clara para poder ser discutida. Indudablemente que el legis-lador tuvo la intención de prohibir el juego de poker en Puerto Eico, y así lo hizo precisamente, pues si se considera la naturaleza misma de dicho juego, se verá que no puede llevarse a cabo sin que medie apuesta de dinero, y que el objeto del mismo es la ganancia de dinero y no otra cosa. He sabido por un experto, que el juego de poker hasta puede jugarse por palillos de dientes, pero nunca se hace a menos que éstos representen moneda legal.

La primera regla de interpretación a la cual están subor-dinadas todas las demás, se refiere a que una ley deberá ser interpretada según la intención que aparezca de la faz de dicha ley haber tenido la legislatura, U. S. v. Fisher, 109 U. S. 145; Jones v. The Guaranty Co., 101 U. S., 625; Indianapolis Railroad Co. v. Horst, 93 U. S., 300; United States v. Hogg, 3 Fed. Rep., 294; United States v. Goldenberg, 168 U. S., 102.

También es una regla de interpretación bien establecida que cuando la ley ha sido expresada, en términos claros e ine-quívocos, ya sean, éstos generales o limitados, se entenderá que fue la intención de la legislatura la que aparece clara-mente de los mismos y por consiguiente que no hay lu,gar a hacer ningima interpretación. El Juez Asociado Sr. Lamar hizo referencia y estudió cuidadosamente este principio en el caso de Lake County v. Rollins, 130 U. S., 670, el cual ha sido también observado en los casos de Dewey v. United States, 178 U. S., 521; Calderón v. Atlas Steamship Co., 170 U. S., 280; Yerke v. United States, 173 U. S., 442; Folsom v. United States, 160 U. S., 127; Thornley v. United States, 113 U. S., 313; Doggett v. Florida Railroad Co., 99 U. S., 78; New Lamp Chimney Co. v. Ansonia Brass Co., 91 U. S., 663; Texas v. Chiles (21 Wallace), 88 U. S., 491, y en veintenas de otros casos que pudieran citarse.

No hay necesidad’y pudiera decirse que- es imposible inter-pretar un estatuto a no ser que sea ambiguo, y el artículo 299 del Código Penal no puede ofrecer ambigüedad alguna sino para un criterio microscópico. El tratar de dar una interpretación judicial a términos tan claros e inequívocos, solamente conduce a establecer dudas, no habiendo existido ninguna antes y para confundir el criterio del investigador. Es ocioso tratar de demostrar lo que es cierto por sí mismo. La lógica empleada con tal fin puede dirigir mal o .confundir la inteligencia de una persona, pero no puede dar fuerza algu-na a las convicciones anteriores de los hechos que claramente son evidentes por sí mismos. Mientras más se hable de un estatuto que es tan claro e inequívovo como éste, mayor será la confusión que resulte de la discusión. Desde el primer día que la cuestión fué sometida a este tribunal no tuve duda al-guna con respecto a la intención de la legislatura; y el hecho de haber sido necesario nn término de cerca de doce meses para interpretar mía. opinión según la cual esta intención puede resultar oscura tal vez, muestra por sí que la intención es demasiado clara para ser discutida. Los jueces no deben a] interpretar los estatutos y en sus investigaciones en busca de precedentes olvidar que son hombres, sino que deben seguir la norma fiel del sentido común como las demás personas.

La Ley Civil está en perfecta armonía con la Ley Común' con respecto a esta cuestión. El mismo principio referente a la interpretación de estatutos claros y libres de ambigüe-dades que ha sido tomado de las decisiones y Gitados en esta opinión, aparece expresado en términos categóricos en nuestro,. Código Civil que procede del Código Español y por medio de éste de la Ley Eomana. En el primer capítulo del mismo que trata de las leyes, sus efectos y regias generales para su apli-cación, declara en su artículo 13 en término inequívocos el pre-cepto que ^debemos observar.

Dicho artículo es el siguiente:

“Artículo 13. Cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu. ’ ’

Aunque esta declaración está comprendida en el Código Civil, es de aplicación lo mismo a las leyes pénales que civiles y no existe diferencia en uno u otro caso. En este precepto de nuestro código encontramos sabiduría doblemente purifi-cada, concentrada y reducida a una regla para gobierno de todas las cortes de Puerto Rico. Reconozco su autoridad y aplicación al presente caso, y a todos los casos.

Las leyes de Puerto Rico, según el criterio que tengo de ellas, han sido puestas en los libros estatutarios con el fin de que se cumplan y no creó que- es mi deber tratar de buscar argumentos y hacer una indebida aplicación de autoridades de manera tal que queden anulados los estatutos decretados por el poder legislativo, con elfin de regular la normarle con-ducta de nuestro pueblo de acuerdo con los dictados de la sana mpral.

Considerando como considero que la prueba es suficiente, y el estatuto claro y libre de ambigüedades, y que la demanda lia sido presentada de conformidad con el mismo, no abrigo duda alguna con respecto a la culpabilidad d‘e los acusados, y soy de opinión por tanto de que la sentencia debe ser confir-mada.


author: El Juez Asociado Sk. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Pillot, Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distinto de G-uayama.
    No. 597.
    Resuelto en marzo 10, 1913.
    Habeas Corpus — ApelaciÓN—Notas del ‘Taquígrafo. — Atendida la naturaleza de este caso y apareciendo que las declaraciones de los testigos no sólo están certificadas, como ‘exactas por el taquígrafo, sino que fueron aceptadas por , ambas, partes y certificadas por el propio juez sentenciador, se resolvió que el tribunal podía, considerarlas para la resolución del recurso.
    Id. — Causa Probable — Declaración del Fiscal. — En casos de esta naturaleza no es necesario que el Fiscal presente toda la prueba que tenga en contra del acusado. Una vez que el Fiscal haya presentado alguna prueba que real-mente tienda a establecer la responsabilidad del acusado, entonees el Fiscal puede referirse en general a la demás prueba que pueda tener en su poder, ’' y la corte que se niega a decretar la eliminación de una declaración prestada en esos términos, no comete error alguno.
    Id. — Causa Probable — Culpabilidad del Detenido. — Dentro de un procedimiento ■ • ■ de liabeas corpus iniciado para investigar la causa de la detención de un .. ciudadano, no se averigua ni se decide si el detenido es culpable o nó del delito del que se le acusa, sino simplemente si existe o nó un principio de ' ‘prueba que justifique su detención como presunto responsable del delito que ,, .se le imputa. Examinadas las pruebas practicadas en este caso, se resolvió , que existía causa probable para decretar la detención del peticionario.
    Ib.- — Fianza Excesiva — Norma para Fijarla. — No deben exigirse fianzas exce- , fgivas'.y la- corte deberá tener en cuenta para fijarla las condiciones y recursos de que dispone el detenido, sü- estado de pobrera, la naturaleza del delito, las probabilidades de culpabilidad que puedan existir, así como el sexo, rango ■ > y relaciones del acusado.
    Id.- — Fianza—Reducción p<?r la Corte Suprema. — Esta corte puede reducir en un procedimiento de habeas corpus una fianza excesiva.
    Id. — Fianza Excesiva. — Atendida la naturaleza de este caso y la situación pecu-•;'¡!-niaria del peticionario, se resolvió que la fiama de ocho mil dólares exigida . .era excesiva, pudiendo el peticionario acudir nuevamente a la corte de dis-trito solicitando la reducción y debiendo la corte resolver el caso de acuerdo r' ‘feon los principios establecidos en esta opinión.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Frank Martínez, Fiscal interino.

    Abogado del peticionario: Sr. G. Domínguez Rubio.

   El Juez Asociado Sk. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El 18 de febrero de 1913, Diego Pillot presentó una solici-tud de habeas corpus al Juez de Distrito de Guayama, ale-gando que se hallaba privado ilegalmente de su libertad por habérsele detenido sin causa razonable o probable para ello.

Expedido el auto, compareció el 19 de febrero de 1913, el alcaide de la cárcel con el peticionario, e informó que éste se encontraba bajo su custodia a virtud de un mandamiento expedido por el juez de paz. El mandamiento no ha sido im-pugnado por el peticionario. Como hemos dicho, el funda-mento de su solicitud descansa en la falta de causa justa para su detención. '

En el acto de la vista declaró además del alcaide, el Fiscal, y la corte, vistas las circunstancias del caso, resolvió que el peticionario no era acreedor a la excarcelación y ordenó que continuara detenido en tanto que fuera legalmente excar-celado, señalándole una fianza de ocho mil dólares para su libertad provisional.

Contra esa resolución, dictada el propio día 19 de febrero, se interpuso el presente recurso de apelación cuya vista tuvo lugar el 4 de marzo en curso.

Los autos se han elevado originales y entre ellos aparecen las declaraciones de los testigos tales como fueron tomadas por el taquígrafo. El Fiscal de este Tribunal Supremo alega que no es ese el medio apropiado de traer a este Tribunal Supremo la prueba testifical practicada en la corte inferior. Tal vez tenga razón el Fiscal, pero atendida la naturaleza de este caso y apareciendo que dichas declaraciones no sólo están certificadas como exactas por el taquígrafo, sino que fueron aceptadas por ambas partes y certificadas por el propio juez sentenciador, creemos que debemos considerarlas y tenerlas en cuenta para la resolución del recurso.

Tres son los motivos de error que alega el apelante:

1. Que la corte erró al no eliminar la declaración del Fiscal del distrito. 1

2. Que también erró al apreciar que la prueba practicada, era suficiente para decretar la detención del peticionario; y

3. Que la fianza es excesiva.

De los autos resulta que contra el peticionario no se había, formulado, a la fecha de la vista de su solicitud en la corte-inferior, acusación por el Fiscal del distrito. El peticionario fué detenido por orden del juez de paz de fecha 17 de febrero-de 1913, a fin de que respondiera del cargo que se le hacía de haber sobornado a ciertos miembros del jurado que actuóen el caso de El Pueblo v. Amy, entregándoles dinero con el fin de influir en el veredicto que debían rendir dichos jurados,, y el cargo se estaba investigando por el Fiscal del distrito.

En el acto de la vista de la solicitud de habeas corpus en la corte inferior, el Fiscal presentó como prueba la declara-ción prestada ante él bajo juramento por el testigo Pedro-Dessús, y firmada por el propio testigo. Dicha declaración en parte dice así: “Que el mismo día que llegó el testigo de los Baños de Coamo, Diego Pillot habló con el declarante y le dijo a preguntas del declarante, que si era verdad que se-habían vendido los del jurado, dijo que era verdad, que co-guieron el dinero y se lo habían repartido entre ellos. ’ ’

Luego el Fiscal declaró y dijo : “Tengo en mi poder decla-raciones de testigos que me merecen entero crédito, testigos, como he dicho antes, de consideración y de respecto, sobre-una cantidad de seiscientos dólares entregados por uno dé-los testigos a Diego Pillot, el acusado, y en mi poder tengo declaraciones corroborativas de la admisión hechas ante' De-ssús por Diego Pillot, y además 'de admisiones hechas ante otros testigos por el mismo Diego Pillot, y tengo en mi poder,, además, declaraciones tendentes a probar el soborno, por Pillot de cinco jurados más.que actuaron en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Arturo Amy, por delito de asesinato en segundo grado, y además tengo otras declaraciones sobre todas las circunstancias del soborno. Afirmo bajo juramento que tengo en mi poder' esas declaraciones corroborativas todas de la declaración prestada por Pedro Dessús.”

El defensor del acusado pidió que se eliminara la decla-ración del Fiscal por constituir prueba secundaria de los hechos a que se refería, siendo la primaria que debía pre-sentarse, las propias declaraciones escritas de los testigos. Entonces el juez preguntó al Fiscal si algún testigo había declarado positivamente, que presenciara la entrega del dinero y el Fiscal contestó que sí. El juez declaró no haber lugar a la eliminación solicitada y el abogado del peticionario tomó excepción. El dicho ahogado continuó interrogando al Fiscal y éste dijo: “Bueno, yo no tengo inconveniente en decir el nombre del testigo, éste es Don Juan Paraviccini, que ha declarado bajo juramento que le entregó seiscientos dólares al Sr. Pillot, y aquí está su declaración.” Entonces el abogado manifestó: “Yo me opongo a que se presente su declaración; yo solamente quería saber el nombre del testigo.”

Examinando en conjunto todo lo ocurrido con motivo de la declaración del Fiscal, no es posible concluir que la corte cometiera error fundamental alguno al negarse a ordenar que dicha declaración fuera eliminada del récord. Atendida la naturaleza de este caso, el Fiscal era competente para de-clarar en la forma en que lo hizo. Se trataba de averiguar si existía algún motivo justo para la detención del acusado. El Fiscal, el funcionario encargado de perseguir los delitos, presentó como prueba una declaración escrita, prestada ante él bajo juramento, por un testigo, tendente a probar la res-ponsabilidad del detenido y luego testificó que tenía más prueba de la culpabilidad del dicho detenido. Pero, aun cuando se llegara a la conclusión de que la corte había come-tido en principio el error que se le atribuye, tendría que llegarse también a la conclusión de que dicho error había quedado subsanado al ofrecer luego el Fiscal la declaración escrita del testigo Paraviccini y al negarse a admitirla el propio defensor del peticionario.

Veamos ahora si la detención del acusado es ilegal como se alega en la solicitud.

En nuestra Isla no sólo no puede condenarse a una persona sin que exista prueba en contra suya más allá de toda duda razonable y fundada, sino que tampoco puede dete-nerse a una persona sin que exista alguna causa justificada para ello.

Dentro de un procedimiento de habeas corpus iniciado para investigar la causa de la detención de un ciudadano, no se averigua ni decide si el detenido es culpable o nó del delito de que se le acusa, sino simplemente si existe o nó un principio de prueba que justifique su detención como pre-sunto responsable del delito público que se le imputa.

.Analizadas las pruebas practicadas en este caso y a las cuales nos fiemos referido anteriormente, es necesario con-cluir que existió un motivo justificado para decretar la deten-ción del peticionario y, por tanto, que dicfio peticionario no se fialla privado ilegalmente de su libertad.

Examinemos la cuestión de la fianza. El delito que se imputa al peticionario es grave. Sobornar a un jurado; ofre-cer y dar dinero a hombres que fian prestado juramento de juzgar a uno de sus conciudadanos de acuerdo con las prue-bas y la ley, para que falten a ese juramento; corromper de tal modo la administración de la justicia, es cometer uno de los actos más graves y de más funestas consecuencias que puedan realizarse.

Esto no obstante la fianza fijada por el juez parece a primera vista excesiva, si se tiene en cuenta que el acusado manifestó, y su manifestación no fué impugnada por el Fiscal, que carecía de bienes de fortuna.

Es un principio bien establecido el de que no deben exi-girse fianzas excesivas, porque ello equivaldría a impedir •el cumplimiento de la ley que permite la libertad provisional de los acusados, con la excepción que la misma ley establece.

“El hecho de que no se exigirá al acusado una fianza excesiva constituye una garantía constitucional. La fianza no deberá fijarse en una suma excesiva pues de ser así, esto equivaldría en substancia a una negativa de dicha fianza de acuerdo con el precepto constitucional, y deberán tenerse en cuenta las condiciones y recursos de que dispone el detenido, así como también su estado ele pobreza, todo en relación con la magnitud del delito, lo ignominioso del mismo y el castigo que lleva consigo. Además, se ha resuelto que al fijar.la corte la cuantía de la fianza deberá considerar la naturaleza del delito imputado y examinar todo el caso teniendo pre-sente las probabilidades de culpabilidad que puedan existir así como el sexo, rango, y relaciones del acusado, en todo aquello en que dichas circunstancias puedan estar relacio-nadas con la posibilidad de que dicho acusado comparecerá al juicio. La fianza no deberá tampoco ser completamente in-adecuada' al delito imputado ni su cuantía indebidamente crecida.” 5 Cyc. 90 y 91, y casos citados.

Habiendo en consideración todo lo expuesto, esta corte podría reducir la fianza exigida, United States v. Brawner, 7 Federal Reporter, 86, pero nos parece mejor que el peti-cionario acuda de nuevo a la corte de distrito y le exponga las razones que tiene para pedir la reducción de la fianza. La corte de distrito por su mayor conocimiento del asunto y por los datos que puedan proporcionarle el peticionario y en su caso el Fiscal, estará en mejores condiciones que nosotros para graduar la cuantía de la fianza, fijándola de manera que el principio de la no exigencia de fianzas excesivas quede reconocido, en armonía con los altos fines de la justicia, in-teresada en la persecución eficaz de los verdaderos culpables de delitos públicos.

El recurso debe declararse sin lugar, confirmándose la resolución apelada en los términos anteriormente expresados.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentesSres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary y Aldrey.

El Juez Asociado .Sr. Wolf firmó haciendo constar estar conforme con la sentencia.


author: El Juez Asociado SR. del Tobo,

text:
    Caneja, Apelante, v. Rosales & Co., Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 874.
    Resuelto en marzo 10, 1913.
    Acción Reivindicatoría — Pruebas—Inspección Ocular. — La prueba de inspec-ción ocular, aunque no necesaria, puede ser de importancia en casos de esta naturaleza, pues permite al juez fijar sobre el terreno los datos que propor-cionan las declaraciones de los testigos.
    Id. — Planos—Certificación de Mensura. — Un plano sin firma y una certifica-ción de mensura sin la conformidad de los dueños de los predios colindantes, sólo pueden considerarse como actos de una jiarte que no obligan a las otras partes que no intervinieron en los mismos.
    Id. — Descripción de la Finca — Insuficiencia de la Prueba. — En el presente caso so describió en la demanda la porción de terreno reclamada, pero la prueba de dielia descripción resultó tan confusa e incompleta, que no fué posible dictar, basándose en ella, la sentencia en términos claros y precisos que la ley requiere.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

    Abogados del apelado: Sres. Bosch y Soto.

   El Juez Asociado SR. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Marcos Tomás Caneja entabló demanda en la Corte de Distrito de San Juan contra Rosales y Compañía alegando que demandante y demandado tenían capacidad legal para demandar y ser demandados; que el demandante es dueño de cierta finca rústica de 123 cuerdas que describe; que la sociedad demandada es dueña de un predio que linda con la finca del demandante por el Sur y por el Oeste; que la línea divisoria de ambas propiedades está claramente determinada por -una mensura practicada en 1858 por el agrimensor Sá-rraga; que la sociedad demandada en enero de 1911 levantó una empalizada de espeques y alambres desde un punto lla-mado el “Bebedero,” a orillas del camino de Santnrce a Carolina, siguiendo el curso de dicho camino hacia el Sur, hasta una puerta de golpe en la eolindaneia Oeste en la finca del demandante; que al colocar la empalizada, la demandada invadió de tres a cuatro cuerdas de la finca del demandante; que no obstante la protesta del demandante, la demandada ha continuado en la posesión de la porción de terrenos detentada, y que la demandada al privar al demandante de la posesión de su terreno, le ha ocasionado daños y perjuicios por la suma de seiscientos dólares.

La demandada contestó aceptando los hechos relativos a la capacidad de las partes y negando los restantes. Alegó, además, que había adquiiido su finca por virtud de los títulos de los anteriores dueños y no por planos de fincas cercanas o contiguas levantados en 1858 u otros años, y que las colindan-cias de su dicha finca, están bien determinadas por signos y puntos naturales.

El demandante enmendó luego su demanda en el sentido de que la porción de terreno de que ilegalmente se había posesionado la demandada era de seis cuerdas y un céntimo de otra, describiendo, además, dicha porción como sigue:

“Por el Este, con el camino vecinal de la Carolina; por el Oeste, con la antigua hacienda 'Providencia,’ hoy Rosales y Compañía; por el Norte, con los terrenos antes denominados 'Los Frailes/ hoy Rosales y Compañía; y por el Sur, con los demás terrenos de la finca del demandante.”

Celebrada la vista, se dictó sentencia en 3 de febrero de 1912, declarando sin lugar la demanda. Y contra dicha sen-tencia se interpuso el presente recurso de apelación.

El fundamento que tuvo la corte sentenciadora para de-clarar sin lugar la demanda, fúé el de que la prueba aportada por el demandante no proporcionaba datos suficientes para describir la porción de terreno detentada por la sociedad demandada.

liemos examinado cuidadosamente toda la prueba practi-cada y a nuestro juicio no es en manera alguna suficiente para poder dictar una sentencia declarando con lugar la demanda.

Ya liemos visto que el demandante primero alegó que la porción de terreno que trataba de reivindicar tenía de tres a cuatro cuerdas y que luego enmendó su demanda alegando que 'la superficie de dicha porción era de seis cuerdas y un céntimo de otra.

Ninguno de los testigos del demandante dió una descrip-ción comprensible de la parcela reclamada. Sus colindancias por los puntos cardinales no fueron ni siquiera indicadas por los testigos. Estos dijeron que el camino de Santurce a la Carolina que a virtud de la cerca puesta por la sociedad demandada, constituye ahora .una de las colindancias de la finca de la demandada, pasaba antes por dentro de la finca del demandante. Aceptando como cierta esta afirmación, sería necesario concluir que la demandada había tomado al-gún terreno de la finca del demandante al extender su colin-daneia hasta el camino, pero aun así no habría base en la prueba para determinar la extensión superficial y todos los linderos de la porción tomada.

No se practicó ninguna inspección ocular, prueba que, aun-que no necesaria, puede ser de importancia en casos de esta naturaleza, pues permite al Juez fijar sobre el terreno los datos que proporcionan las declaraciones de los testigos y llegar a conclusiones más ciertas y seguras sobre los hechos controvertidos.

No se presentó ningún plano de la porción reclamada por el demandante. La superficie de dicha porción no se fija exactamente por los testigos en el número de cuerdas consig-nado en la demanda enmendada. El mismo demandante Cane ja, al declarar como testigo, dice que dicha porción está formada por dos cuchillas o triángulos de terreno uno de dos cuerdas y cuadro, y otro que no pudo medir y que calcula que debe tener también dos- cnerdas y cuadro. ■ Sumadas ambas. superficies, se obtiene un total de cuatro cuerdas y media que dista mucho de ser igual a la asignada al terreno reclamado en la demanda enmendada.

Se presentó también por el demandante una certificación de mensura practicada en el año de 1858 por el- agrimensor Sárraga y un plano levantado recientemente para demostrar gráficamente lo establecido en la mensura. El plano no tenía firma y en la mensura no constaba la conformidad de los dueños de los predios colindantes. Ambos documentos se admitieron con tales salvedades por la corte y sólo pueden en tal virtud considerarse como, actos de una parte que no obligan a las otras partes que no intervinieron en los mismos. Esto no obstante, fiemos examinado la mensura de 1858 y en ella no, consta que el camino de Santurce a Carolina pase por dentro de la finca del demandante.

Esta Corte Suprema de Puerto Rico, en el caso de Arturo Díaz v. El Pueblo de Puerto Rico, resolvió que no basta para dejar cumplido el precepto del artículo 125 del Código de Enjuiciamiento Civil, describir la finca de que forma parte el terreno reclamado, sino que éste debe describirse de modo tal que pueda identificarse en caso de ejecución de sentencia, sin necesidad de ulteriores explicaciones, que no es la finca total sino el terreno detentado el que fia de reivindicarse, y contra el poseedor de ese terreno es que se ejercita la acción reivindicatoría. Díaz v. El Pueblo et al., 17 D. P. R., 60.

En el presente caso, la porción de .terreno reclamada por el demandante se describió en la demanda, pero la prueba presentada para demostrar la verdad de la alegación del de-mandante, negada por la demandada, es tan confusa e in-completa que no permite concluir que tal alegación sea cierta.

Siendo esto así, no habiendo el demandante aportado los-datos necesarios para describir el terreno reclamado, no es-taba la corte de distrito en condiciones de dictar una sen-tencia en los términos claros y precisos que la ley requiere/

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Hernández, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra resolución del Registrador de la Propiedad de Mayagüez.
    No. 133.
    Resuelto en marzo 11, 1913.
    Anotación de Embargo — Deuda Particular de Uno de los Cónyuges — Bienes Gananciales. — Los bienes gananciales no pueden ser embargados por deudas particulares de uno de los cónyuges contraídas con anterioridad al matrimonio.'
    Id. — Bienes Gananciales — Deudas Hereditarias. — Los bienes gananciales no imeden ser embargados por deudas hereditarias de uno de los cónyuges, al menos que se llenen los requisitos del artículo 1325 del Código Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El recurrente compareció en nombre propio.
    El registrador no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Habiendo la Corte Municipal de Mayagüez dictado una sentencia a favor de Agustín Hernández Mena y contra Emilio, Manuel, Francisco y Agripina Clotilde Arán Cuascú como herederos de Inocencia Cuascú y Montaz, el ejecutante obtuvo orden de embargo sobre los bienes inmuebles pertenecientes á dos de los mencionados herederos, a saber: Emilio Arán y Cuascú y Francisco Arán y Cuascú. Al ser presentada dicha anotación de embargo para su inscripción en el registro de la propiedad, el registrador denegó la inscripción, haciendo cons-tar su negativa en una nota cuya parte sustancial es como sigue:

“No admitida la anotación de embargo a que se contrae este docu-mentó, en cuanto a siete octavas (y8) partes de la finca, por hallarse inscritas a nombre de Doña Alejandrina Blanco y Ramírez, quien las hubo por título de compra hallándose casada con Don Emilio Aran y Cuascú, que es uno de los demandados; y si bien la adquisición debe entenderse hecha para la sociedad conyugal por haberse verificado a título oneroso durante el matrimonio, sin que del registro aparezca que aquélla se hiciera con dinero exclusivo de dicha señora, la ano-tación pretendida no puede extenderse porqúe la deuda que se per-sigue es privativa del Don Emilio y los demás herederos de Doña Inocencia Cuascú, sin que quepa íampoco tomar anotación sobre la mitad ni parte alguna del referido condominio, puesto que en la socie-dad legal .no puede precisarse si hay o nó gananciales, ni, en caso, afirmativo, lo que corresponde a cada cónyuge mientras, por diso-lución del matrimonio, no se efectúa la liquidación del caudal; ha-biendo sido indispensable para la práctica de la anotación interesada respecto a dichas y8 partes, cuando no otra cosa, que el tribunal, a lo menos, hubiese expresamente autorizado el embargo de tales bienes matrimoniales, después de justificados a su satisfacción los extremos que determina el párrafo 3o. del artículo 1325 del Código Civil; y no admitida tampoco la anotación en cuanto a la octava parte (%) es-tante de la finca embargada, porque si bien se halla registrada a nombre de Don Francisco Aran y Cuascú, que es otro de los deman-dados, dicho señor efectuó la adquisición por compra durante su matrimonio con Doña Magdalena Zuzuárregui, por lo cual debe re-putarse hecha para la sociedad conyugal, y la deuda que se reclama al Don Francisco, al igual de la de Don Emilio, es puramente pri-vativa de estos dos últimos y de los demás herederos de Doña Inocen-cia Cuascú.”

El artículo 1325 dice lo siguiente:

“Artículo 1325. El pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer antes del matrimonio no estará a cargo de la sociedad de ga-nanciales.
‘ ‘ Tampoco lo estará el de las multas y condenas pecuniarias que se les impusieren.
“Sin embargo, el pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer con anterioridad al matrimonio, y el de las multas y conde-nas que se le impongan,, podrá repetirse contra los gananciales después de cubiertas las atenciones que enumera el artículo 1323, si el cónyuge deudor no tuviese capital propio o fuera insuficiente; pero al tiempo de liquidarse la sociedad se le cargará lo satisfecho por los conceptos expresados.”

No estamos enteramente de acuerdo con el registrador al decir que'no puede precisarse si hay o nó gananciales mien-tras nó se disuelva el matrimonio, pues de adoptarse ese cri-terio, el acreedor de uno de los esposos quedaría privado de todo recurso para el cobro de su crédito, y esto sería además contrario a la jurisprudencia establecida por este tribunal en el caso de Truyol v. Registrador, 18 D. P. R., 937, y casos allí citados. Para el acreedor existe siempre un recurso.

Convenimos, no obstante, con el registrador, en que los bienes de la sociedad de gananciales no pueden quedar afectos al pago de deudas contraídas por uno de los esposos con ante-rioridad al matrimonio e independientemente de la sociedad conyugal, hasta tanto no sea disuelto el matrimonio ya por muerte de uno de los esposos o por otra causa, o mientras no se establezca el debido procedimiento ante la corte por virtud del cual quede verificada la separación de los referidos bienes o pueden los mismos quedar sujetos al pago de deudas que han sido contraídas individualmente por los esposos, según determina y exige el artículo 1325 del Código Civil. No se ordenará que los mencionados bienes queden de tal modo separados o sujetos al. pago de las referidas deudas, según lo determina y exige el artículo 1325, hasta que no se haya probado que el cónyuge deudor no tiene capital propio de qué responder y se hayan cubierto las demás atenciones de dicha sociedad de gananciales.

En el presente caso las dos deudas ele referencia se origi-naron en el caudal de Inocencia Cuascú. Probablemente los herederos entraron en posesión de los bienes sin beneficio de inventario, pero haya o nó ocurrido esto, la participación que pueda tener cualquiera de'dichos herederos sobre los bienes que existen en una sociédad de gananciales, no podrá ser eje-cutada o decretarse un embargo contra la misma, sin que se demuestre que tal persona no tiene bienes propios o se cumpla de alguna otra manera con los demás requisitos del artículo 1325. Debe confirmarse la nota del registrador.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Air!rey.


author: El Juez Pbesidente Heenández,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Silva et al., Apelantes.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayama.
    No. 594
    Resuelto en marzo 11, 1913.
    Derecho Penal — Desacato por Perjurio — Jurisdicción.—La jurisdicción de una corte para castigar por el procedimiento sumario de desacato el perjurio cometido en corte abierta, de acuerdo con la ley de marzo 9, 1911, cesa cuando el caso en el cual se cometió el perjurio deja de estar pendiente, o sea cuando se dicte sentencia, y por tanto los procedimientos por desacato deben ser iniciados antes de dictarse sentencia. El Pueblo v. Yalaourt, 18 D. P. B., 484
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal, y Frank Martínez, Fiscal interino.

    Abogado de los apelantes: Sr. Tomás Bernardini de la Huerta.

   El Juez Pbesidente Heenández,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Guayama por sentencia de 15 de junio de 1912, de-claró a Vicente Silva y Dionisio Suárez culpables de un delito de desacato mediante perjurio cometido por los mismos al declarar ante dicha corte en juicio de desahucio seguido por Mike O’Rourke contra Eugenio Pacheco, e impuso a Silva la pena de un mes y medio de cárcel y a Suárez la de tres meses, contra cuya sentencia interpusieron ambos recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

La representación de los apelantes y el Sr. Fiscal están cqnformes en qne se revoque la sentencia apelada.

De la transcripción de antos resulta qne el juicio de desa-hucio en que se estimó cometido el desacato tuvo lugar el 23 de mayo de 1912, y que en ese mismo día la corte de Grua-yama lo terminó por sentencia que en igual fecha fué apelada por el demandado; mientras que las órdenes para que los apelantes explicaran las razones por las cuales no debieran ser castigados por desacato a la corte, fueron dictadas en 29 de mayo citado, habiendo sido oídos ambos en 11 de junio siguiente y dictádose la sentencia apelada en 15 del pro-pio mes.

Como se ve, las órdenes que originaron los procedimientos por desacato fueron dictadas 6 días después de pronunciada la sentencia en el juicio civil en que se presume fué cometido, y por tanto, el presente caso debe regularse por los mismos principios consignados en nuestra opinión que sirvió de fundamento a la resolución del caso El Pueblo v. Valcourt, 18 D. P. R., 484.

El sentido y alcance de la sección Ia de la ley número 41 para proveer un castigo sumario por el delito de perjurio cometido en corte abierta y para otros fines, aprobada en 9 de marzo de 1911, han sido expuestos en la opinión expresada y en la que sirvió de fundamento a la resolución posterior que dictó esta corte en el caso El Pueblo v. Guzmán, 18 D. P. R., 836. En ambos casos dejamos establecido el principio que los procedimientos por desacato deben iniciarse estando pen-diente ante la corte el caso en que se cometió, lo cual ocurre desde que se presenta la demandá basta que se dicta sentencia resolviendo la cuestión que se litiga. Cuando el caso deja de estar pendiente, la jurisdicción para castigar por desacato cometido mediante perjurio, cesa y el delincuente sólo puede ser procesado por el perjurio en la forma ordinaria.

Como la corte de G-uayama carecía de jurisdicción para iniciar los procedimientos por desacato en qne fné dictada la sentencia apelada, ésta debe revocarse.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del Tobó

text:
    García et al., Apelados, v. Savino et al., Apelantes.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 895.
    Resuelto en marzo 12, 1913.
    Bienes Muebles — Posesión—Prescripción—Dominio.—De acuerdo con el ar-tículo 466 del Código Civil Revisado, la posesión de bienes muebles adqui-ridos de buena fe equivale al título, pero no al dominio en el caso de que el vendedor no sea el verdadero dueño. Para adquirir el dominio en tal caso, se necesita además la posesión continuada por el período de tres años.
    Id. — Reivindicación — Prenda — Mandatario. — El mandatario que recibe unas joyas para. venderlas por precio determinado, no tiene facultad para empe-ñarlas, y si lo hace, la posesión adquirida por el acreedor en esa forma, aun cuando actúe de buena fe, no le confiere, el dominio sobre ellas, pudiendo su dueño reivindicarlas dentro del término de tres años.
    Los heclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante Miguel Savino: Sr. José Martínez Dávila.

    Abogado de los apelados: Sr. Martín Travieso, Jr.

   El Juez Asociado Se. del Tobó

emitió la opinión del- tribunal.

Adolfo García y su esposa entablaron demanda contra Miguel Savino y Gabriel Suro para recobrar la posesión de unas dormilonas de brillantes y esmera1 das y cierta cantidad por daños y perjuicios, alegando, en resumen, que la demandante Rosario Suárez de García es dueña de un par de dormilonas linas, compuesta cada una de odio brillantes y una esmeralda, ■valoradas aproximadamente en mil quinientos pesos; que e! 5 de mayo de 1911 el demandado_ Suro: valiéndose de la falsa y fraudulenta simulación de que había conseguido vender las referidas dormilonas al demandado Miguel Savino por mil trescientos pesos, obtuvo la posesión de las mismas para ven-derlas a Savino; que entregadas de tal modo y con tal objeto las dormilonas, Suro las empeñó a Savino para garantir la devolución de cuatrocientos treinta pesos; que Savino al recibir las dormilonas de manos de Suro, sabía que pertene-cían a los demandantes y nó a Suro, y que los demandantes han sufrido daños y perjuicios en la • suma de quinientos dólares.

El demandado Savino excepcionó la demanda .alegando que era ambigua y dudosa y que no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. Luego la contestó ale-gando, en resumen, que la demandante Rosario Suárez no es actualmente dueña de las prendas a que se refiere la demanda; que según información y creencia del demandado, lo cierto es que desde el mes de enero de 1911 los demandantes entregaron al demandado Suro, para que éste lo vendiera, el par de dor-milonas objeto del pleito; que obtenida en esa forma por el demandado Suro la posesión de las prendas, la conservó por espacio de cuatro meses, hasta qu.e en mayo de 1911 tomó a préstamo al demandado la suma de 430 pesos, dándole en ga-rantía las dormilonas, sin que el demandado sepa si Suro en-tregó a los demandantes el importe del préstamo, y que e! demandado sabía que Suro había obtenido de los demandantes desde enero de 1911 las dormilonas para hacer negocios con ellas. El demandado negó los hechos de la demanda en cuanto se opusieran a los por él establecidos y alegó además como ma-teria nueva de oposición, que el préstamo hecho a Suro estaba vencido desde mayo de 1911 y que según información y creen-cia del demandado, el- otro demandado Suro, dió a los deman-dantes en pago del precio del par de dormilonas un pagaré pol-la suma de mil trescientos pesos, cuyo pagaré fué aceptado por l.os demandantes.

El demandado Suro no aparece que contestara la demanda.

Celebrada la' vista en la que ambas partes presentaron y practicaron sus pruebas, la corte, el 23 de mayo de 1912, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda en cuanto al de-mandado Suro y con lugar en cuanto al otro demandado Savino, ordenándole que entregara a los demandantes las prendas en cuestión, sin especial condenación de costas.

Contra esa sentencia interpuso el demandado Savino el presente recurso de apelación.

Los Lechos declarados probados por el Juez sentenciador Sr. Córdova Dávila, pueden resumirse así:

“Allá por el mes de mayo de 1911, o con anterioridad a esa fecha, los demandantes entregaron a Gabriel Suro dos dormilonas de brillantes y esmeraldas, autorizándolo para venderlas en la cantidad de 1,300 dólares.
“Hallándose Suro en la posesión de dichas prendas, soli-citó de Savino, según afirma éste, un préstamo de $430 dán-dole en garantía del pago de esta suma el par de dormilonas que recibió de manos de los demandantes para venderlas.
“Requerido Suro por los demandantes para que entre-gara las prendas o el dinero, no hizo ni lo uno ni lo otro, ofre-ciéndoles únicamente un recibo provisional hasta tanto consi-guiera un documento con la fianza de Joaquín Suro y de Monserrat. Suro entregó el documento ofrecido a los deman-dantes allá por los días seis o siete de mayo de 1911, acep-tándolo éstos como un resguardo o comprobante de que habían entregado sus prendas al demandado. Dicho documento dice como sigue: ‘Debo y pagaré a Don Adolfo García o a su orden la suma de 1,300 dólares valor de un par de dormilonas con dos esmeraldas y diez y seis brillantes, las que he tomado para venderlas en dicha cantidad. Hemos convenido mutuamente, que en el día de mañana, día 8 de mayo de 1911, será canjeado este vale por un documento garantizado por el Sr, Monserrat y Joaquín Suro y el firmante garantizando esta deuda con todos sus bienes habidos y por haber. San Juan, P. R., mayo 6 de 1911.’ ”

Y las conclusiones a que llegara el juez sentenciador, pue-den resumirse así:

Las dormilonas pertenecían a los demandantes, éstos no se desprendieron del dominio de las mismas ni por sí, ni por su mandatario y lo conservan en la actualidad;

El documento entregado por Suro a los demandantes fué aceptado por éstos simplemente como un resguardo o com-probante de que habían entregado sus prendas a Suro. No constituye una novación de contrato;

El préstamo fué una operación personal entre Suro y Sa-vino y no a nombre de los verdaderos dueños de las prendas;

Suro no adquirió ilegalmente la posesión de las prendas, pero los demandantes fueron despojados ilegalmente de su propiedad desde el momento en que Suro, actuando como dueño empeñó las prendas, sin estar autorizado para ello;

Savino a virtud de la negociación que verificara con Suro no adquirió la propiedad de las prendas; únicamente las retuvo en su poder como garantía de la suma que prestara;

La posesión de los bienes muebles- adquiridos de buena fe equivale al título, pero no al dominio de la cosa. Para adquirir el dominio el adquirente necesita poseerlos además por el espacio de tres años fijado por la ley;

No habiéndose alegado en la demanda específica y detalla-damente los daños especiales reclamados, no ha lugar úi con-cederlos, y

Habiendo perdido el demandado Suro la posesión de las prendas, no procede contra él el ejercicio de la acción reivin-dicatoría.

El apelante sostiene que la corte erró al dar fuerza y valor probatorio a las declaraciones de los demandantes en el acto de la vista. Hemos examinado- dichas declaraciones y las anteriormente prestadas por los mismos demandantes en la causa criminal iniciada contra Suro por el delito de abuso de confianza, y, a nuestro juicio, la corte sentenciadora no cometió el error que se le atribuye. La contradicción que se advirtió entre las declaraciones del demandante Gí-arcía, fué aclarada satisfactoriamente. El demandante pudo haber en-tregado a .Suro con anterioridad al mes de mayo las dormi-lonas para que las vendiera, Suro no haberlas vendido y haberlas devuelto a sus dueños, y éstos habérselas vuelto a entregar a Suro en mayo para que las vendiera a Savino.

Sostiene también el apelante que la corte de distrito erró al no conceder todo el valor probatorio que tiene el "pagaré” que otorgara Suro a favor de G-arcía "en pago del valor del par de dormilonas.” Para el apelante dicho documento de-muestra que Suro adquirió el dominio de las dormilonas y pudo por tanto disponer de ellas libremente.

Veamos los motivos que tuvo el juez sentenciador para apreciar el documento, en la forma que dejamos consignada al resumir sus 'conclusiones. En su opinión el dicho juez se expresa así:

"Los demandantes declararon en el acto del juicio, que el referido documento les había sido entregado por Suro aceptán-dolo como un resguardo o recibo, demostrativo de que las dor-milonas habían sido entregadas a Suro. En este documento Suro aparenta no haber vendido las prendas, puesto que dice que las ha tomado para venderlas en dicha cantidad de 1,300 dólares. Este documento aceptado por los demandantes como un resguardo, no puede conceder a Suro un título de dominio, y así parece que lo entendió éste cuando se ofreció a vender las prendas por una cantidad determinada. El que adquiere un título absoluto de dominio ni tiene obligación de vender ni está competido a hacerlo por una cantidad fija. Los verda-deros dueños fueron siempre los demandantes, emanando de su voluntad la autoridad concedida a Suro para vender las prendas en una suma determinada, lo cual demuestra clara-mente que ambas partes conservaron las relaciones existentes entre mandante y mandatario.”

Atendidas todas las circunstancias concurrentes en este caso, opinamos que la apreciación del dócumento hecha por el juez sentenciador es la justa y procedente y que por lo tanto tampoco cometió este otro error que se le atribuye.

Y sostiene, por último, el apelante, que la corte de distrito erró al no' reconocer al demandado Savino 'como al verdadero dueño actual de las prendas en cuestión, ya que las adquirió de buena fe de la persona que estaba en lá posesión legal de las mismas. ■

A nuestro juicio tampoco cometió la corte sentenciadora este otro error que se le atribuye. Estudiemos -la cuestión envuelta. La ley aplicable está contenida en el artículo 466 del Código Civil revisado, que, copiado a la letra dice así:

“La posesión de los bienes muebles adquiridos de buena fe equi-vale al título. Sin embargo, el que hubiese perdido una cosa mueble o hubiese sido privado de ella ilegalmente, podrá reivindicarla de quien la posea.
“Si el poseedor de la cosa mueble perdida o sustraída la hubiese adquirido de buena fe en venta pública, no podrá el propietario ob-tener la restitución sin reembolsar el precio dado por ella.
“En cuanto a las cosas adquiridas en la bolsa, feria o mercado, o de un comerciante legalmente establecido y dedicado habitualmente al tráfico de objetos análogos, se estará a lo que dispone el Código de Comercio. ’ ’

Los párrafos segundo y tercero de dicho artículo no son aplicables. No se trata en el presente caso de una venta pú-blica, ni las prendas fueron adquiridas en bolsa, feria o mer-cado, ni de un comerciante legalmente establecido y dedicado habitualmente al tráfico de objetos análogos. Nuestro .estu-dio debe limitarse, pues, al párrafo primero:

Comentando el artículo 464 del Código Civil español, igual al 466 del Código Civil revisado, con la única excepción de que en el artículo 466 .se suprimió el párrafo tercero del 464 rela-tivo a las cosas empeñadas en los Montes de Piedad, dice el Sr. Sánchez Román, lo que sigue:

“Dicho artículo 348 establece el principio de que ‘el propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivim dicarla’; y puesto en relación con el alcance de esa equivalencia al título, en la posesión de los bienes muebles, no significa que esta posesión de buena fe, suficiente para prescribir por tres años el domi-nio de' los mismos, impida el - ejercicio y prosperidad de la acción reivindicatoría del dueño antes que dicha prescripción se consuma, sino, tan sólo que dicba acción reivindicatoría tendrá que ejercitarse y probarse bajo el supuesto, aquí de pura creación legal, de que se dirige contra un poseedor -de justo título, que es cosa distinta y de mayores exigencias en el pleito de reivindicación, que cuando se ejer-cita contra un poseedor sin título. La ley, pues; no suple por 'su minis-terio con la posesión de las cosas muebles,--a virtud de la declaración referida del artículo 464 y su concordante el 1955, más que la idea del título, pero no la del modo de adquirir, y sólo supliendo también esta circunstancia, podría reputarse consumada la adquisición del dominio a favor del poseedor y hacerse imposible la facultad de reivin-dicar, que, en general, y sin distinguir de bienes muebles ni inmue-bles, otorga el artículo 348 al dueño contra el tenedor o poseedor de la misma.”

3 Estudios de Derechos Civil, por F. Sánchez Román, 475.

Scaevola dedica más de cuarenta páginas de sus comentarios al estudio del artículo 464 del. Código Civil español. Comienza por establecer que dicho artículo no tiene prece-dente en el antiguo derecho español y que su origen se encuentra en el artículo 2279 del Código Civil francés. Luego expone las diversas opiniones de los jurisconsultos franceses entre los cuales sobresalen la de Marcaclé, que sostiene que a virtud del artículo 2279, la propiedad se adquiere inmediatamente por “prescripción instantánea,” j la de Aubri et Rau que man-tiene que lo que se adquiere es la presunción de la propiedad, y que por el transcurso del tiempo fijado por la ley para ad-quirir por prescripción los bienes muebles, se adquiere el dominio por completo. Seaevola dice que la jurisprudencia francesa' se ha pronunciado de un modo manifiesto en pro de la última teoría.

En los dos párrafos que transcribimos a continuación se condensa la opinión de Seaevola comentando directamente el articulo 464 ya citado.

“La buena fe, juntamente con la posesión, suple al título en las cosas muebles, pero mientras esta buena fe pueda ser controvertida, mientras la validez o invalidez del modo adquisitivo sea susceptible de constituir el contenido de una discusión jurídica, la posibilidad de la reivindicación salta a la vista.
“Ahora bien: ¿cuándo cesa esa posibilidad? La respuesta no puede ser más sencilla: cuando por el transcurso de tres años en el caso de existir posesión continuada y buena fe, o de seis en el de la mera tenencia, sin el concurso de ningún otro requisito, se adquiere el dominio por prescripción.”

8 Scaevola, Código Civil, 571.

También Manresa dedica varias páginas de su obra al estudio del artículo 464. En una de ellas se expresa así :

“La posesión equivale al título. Nada más que esto dice el pre-cepto que examinamos.
“ ¿ Es que a su vez el título, el justo título, si así se quiere, equi-vale al dominio ? Nada más distante de la realidad. Se trata de pose-sión y nada más.
“El poseedor de un inmueble es demandado de reivindicación a los dos años de poseer. Si la existencia de un justo título, con la buena fe, confiriese a ese poseedor el dominio, le bastaría probarlo. Sin embargo, lo prueba, y de nada le sirve si no lleva diez años de posesión, porque adquirió de quien no era dueño. La situación del poseedor de bienes muebles es la misma, sin prueba alguna, porque el justo título lo da por existente y probado la ley en el mero beeho de poseer; pero es poseedor, no dueño, y necesita poseer por tres años para adquirir el dominio, si adquirió de quien no era dueño.
“El alcance del artículo, en su regia general, no puede ser más que ese, porque nada más que eso dice la ley. Si, pues, el poseedor de buena fe de bienes muebles necesita tres años para prescribir, el dueño, con arreglo al artículo 1995 y el 1962, tiene los mismos tres años para reivindicar. Podrá haber prescripción instantánea de pose-sión, mas no de dominio. La ley concede el título, mas no afirma por ello que exista también modo de adquirir. ’ ’

4 Manresa, Comentarios al Código Civil, 326.

A nuestro juicio las opiniones de Manresa, Scaevola y Sánchez Bomán, todas acordes esencialmente, exponen la ver-dadera interpretación de la ley vigente sobre la materia en Puerto Bico.

Aplicada esa ley de tal modo interpretada al caso con-creto que estudiamos, es necesario concluir que favorece enteramente los derechos de los demandantes. Ellos no auto-rizaron a Suro para que dispusiera de las dormilonas y las empeñara a nombre suyo. Suro tomó las dormilonas de manos de los demandantes para venderlas en una cantidad determinada de dinero, y por lo tanto no tenía autoridad legal para empeñarlas, ni a nombre de los demandantes ni menos a nombre propio.

La misma contestación del demandado Savino y'el docu-mento de préstamo a Suro que obra transcrito en la exposi-ción del caso, demuestran que Savino sabía que las dormilonas pertenecían a los demandantes, y esto, no obstante, prestó directamente a Suro el dinero, se lo entregó y aceptó en garan-•tía un documento firmado solamente por él en su propio nombre y unas prendas, las dormilonas, que sabía que no eran de su propiedad.

Pero aceptando que el demandado Savino actuó de buena fe y que venció la deuda contraída por Suro y no fue pagada, por nadie, solo podría reconocerse en Savino un justo título, no para apropiarse inmediatamente la cosa dada en prenda, sino a lo sumo para retenerlas y proceder a su enajenación en la forma que la ley prescribe. Dicho justo título seria enteramente válido contra todo el mundo si Suro hubiera sido el verdadero dueño de las dormilonas, o hubiera tenido poder de sus dueños para empeñarlas, o bien si hubieran trancu-rriclo los tres años que marca la ley para adquirir por pres-cripción los bienes muebles; mas, como ninguna de estas últimas circunstancias concurren en este caso, y como los de-mandantes han ejercitado la acción reivindicatoría que expre-samente concede la ley, es necesario concluir que Savino no llegó a adquirir la propiedad de las prendas y que éstas deben entregarse por él, como ordenó la corte de distrito, a sus ver-daderos dueños, los demandantes.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    Pérez, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra resolución del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Ia.
    No. 137.
    Resuelto en marzo 13, 1913.
    Resolución Firme — Certificación del Secretario. — La afirmación hecha por el secretario de una corte en una certificación de una resolución de que la misma es firme, no es concluyente.
    Expediente de Conversión de Posesión en Dominio — Apelación.—El término de diez días prescrito en la ley de marzo 11, 1908, para regular apelaciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos civiles, es aplicable a los expedientes de conversión de posesión en dominio.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogados del recurrente: Sres. Bosch j Soto.

    El registrador no compareció.
   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera. s

El peticionario promovió ante la Corte Municipal de Río Piedras el correspondiente expediente para convertir en do-minio la posesión de una finca rústica de su propiedad, sita en el término municipal de Río Piedras. Aprobado el referido expediente, una copia certificada del mismo fué presentada para su inscripción en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Ia. El registrador de la propiedad de dicha sección inscribió debidamente el expediente verificando la conversión, pero “con el defecto subsanable de no expresarse que la resolución dictada en el expediente fuera firme.”

Según aparece en el primer párrafo de la copia certificada que lia sido presentada para su inscripción, ,el Secretario de la Corte Municipal de Eío Piedras manifiesta en ella: “que dicha resolución final es firme por no haberse interpuesto contra ella recurso de apelación.”

Esta afirmación del secretario de la corte municipal no es decisiva o concluyente y debemos examinar lá cuestión y de-terminar si la misma es o no correcta. Esta resolución lleva fecha de 4 de enero de 1913 y,la certificación del secretario fué expedida a quince del mismo mes, u once días después. De acuerdo con la ley de 11 de marzo de 1908, “para regla-mentar las apelaciones contra sentencias de las cortes munici-pales en pleitos civiles,” leyes de la sesión de 1908, página 124, cualquiera de las partes podrá interponer recurso de ape-lación para ante la corte de distrito, en cualquier caso civil, dentro de los diez días de dictada la sentencia. Por con-siguiente si este estatuto es aplicable a los casos en los cuales-se trata de convertir un título posesorio de una finca que ha sido debidamente inscrita en uno de dominio, el término que ha sido concedido había vencido en la fecha en que se expidió la certificación, y la resolución final era firme, puesto que después no podía interponerse recurso de apelación contra la misma.

Entendemos que un procedimiento tal como el que se encon-traba pendiente en la Corte Municipal de Eío Piedras y en el cual fué dictada resolución relativa' al dominio, es tin caso civil comprendido en el estatuto para regular las apelaciones. Por consiguiente, la afirmación hecha, por el secretario fué' correcta y debe por tanto revocarse la nota del registrador,, en cuanto al defecto subsanable que en ella se hizo constar. ■

Revocada.

Jueces concurrentes: .Sres. Presidente Hernández y-Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey. ■ . , , ■ .