author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    José Cabrera, en representación de su menor hijo Pedro Juan Cabrera, demandante y apelado, v. Juan Luis Boscio, demandado y apelante.
    No. 4134.

    Visto: Noviembre 22, 1927.

      Resuelto: Mayo 31, 1928.

      B. V. Pérez Marchand, abogado del apelante; E. Arjona Siaca, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José Cabrera en representación de su hijo menor de edad Pedro Juan Cabrera, demandó a Juan Luis Boscio en recla-mación de dos mil dólares por los daños y perjuicios que el demandado causara al menor al arrollarlo con su automóvil en la tarde del 27 de noviembre de 1925, en la ciudad de Ponce, y lanzarlo violentamente al suelo produciéndole graves contusiones en el brazo derecho- y el cráineo- y la fractura de la pierna derecha. Se imputa negligencia al demandado consistente en guiar el vehículo a gran velocidad, sin tocar claxon, sin ir por su derecha, sin tener en cuenta lo poblado del lugar y la proximidad del cruce de la calle de la Villa en que ocurrió el accidente con el sitio denominado Coto Sudo.

Alegó el demandado la excepción de que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción y su excepción- fué declarada sin lugar concediéndosele un término para archivar su contestación.

Como así no lo hiciera, el demandante obtuvo que su re-'beldía fuera anotada. Pidió el demandado la apertura y la corte a virtud de las razones alegadas y de 1a- prueba ofrecida y practicada, la decretó.

Fué el pleito a juicio practicándose una amplia prueba y dictándose finalmente sentencia concediendo lo pedido en la demanda, así:

“Por tanto: La Corte, de acuerdo con el resultado de la evi-dencia practicada y en consonancia con su opinión dada y unida a los autos, dicta sentencia declarando como declara con lugar la de-manda y en su consecuencia condena al demandado Juan Luis Bos-cio a pagarle al demandante Pedro Juan Cabrera, representado por su padre don José Cabrera, la suma de dos mil dollars ($2,000.00), importe de los daños y perjuicios causados por dicho demandado al demandante mencionado, cuya cantidad de $2,000.00, debe ser depositada en esta Corte para ser invertida en beneficio del menor de acuerdo con el Ministerio Fiscal y padres del referido menor, en fincas que produzcan rentas para vivir, educarse y suplir sus deficiencias naturales, a causa del accidente sufrido, el menor Pedro Juan Cabrera, todo ello con costas, desembolsos y honorarios de abogado."

No conforme el'demandado interpuso el presente recurso de apelación señalando en su alegato la comisión de nueve errores. Los indicados con los números 3, 4, 5 y 6 consti-tuyen uno solo. El noveno los comprende todos, quedando por tanto resuelto al decidirse los demás.

Los abogados de las partes no informaron en el acto de la vista. Sometieron su caso por medio de sus alegatos escritos.

Si bien es verdad que lo esencial es el récord y que un completo y bien documentado y razonado alegato por cada parte interesada es lo imprescindible, no puede negarse que los informes orales tienen una gran importancia. No es necesario que sean largos y se traten en ellos al detalle todas las cuestiones envueltas como en los alegatos escritos, pero brindan una espléndida oportunidad para llamar la atención a todos los miembros del tribunal sobre todas las cuestiones ■envueltas presentando con mayor énfasis aquellas de mayor relieve e influencia en la decisión del litigio. Y así cuando el caso se examina inmediatamente en la sala de consultas o cuando turnado a uno de los jueces para un estudio especial ■es sometido por él en dicha sala a sus demás compañeros y •se discuten sus méritos, todos los jueces se encuentran en condiciones de intervenir sin demora, a conciencia de que pueden formar en el acto su criterio en la seguridad de haber oído directamente a las partes por sus máis genuinos y hábiles defensores.

Examinemos el primer error. Se sostiene por la. parte apelante qne la demanda es insuficiente porque basándose en el art. 60 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como quedó enmendado por la ley No. 77 de 1921 no se alega en ella que el menor Pedro Juan Cabrera vive bajo el mismo techo con su padre y está bajo su protección y amparo.

En la demanda se alega que el demandante José Cabrera,, mayor de edad, casado, industrial y vecino de Ponce, com-parece como pa,dre con patria potestad sobre .su menor hijo-Pedro Juan Cabrera, y esto es suficiente a nuestro juicio.

“Los artículos 60 y 61 del Código de Enjuiciamiento Civil no son la fuente original de la concesión de daños por muerte causada por un acto ilegal sino los arts. 1803 y 1804 del Código Civil,” se resolvió por esta corte en el caso de Orta v. P. R. Railway Light & Power Company, 36 D.P. R. 743, y el principio incluye daños a la persona ocasionados por culpa o negligencia de otra.

Los artículos 1803 y 1804 citados forman parte de un cuerpo legal que contiene este otro precepto:

“Art. 223. — El padre y la madre tienen, respecto de sus hijos no emancipados:
“1. El deber de alimentarlos, tenerlos en su compañía, educar-los e instruirlos con arreglo a su fortuna, y representarlos en el ejer-cicio de todas las acciones que puedan redundar en su provecho.
*******"

Siendo ello así, estando el padre obligado a representar a su hijo en el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su provecho, y siendo la acción aquí ejercitada en provecho del hijo, lo alegado es bastante. Los términos, en que quedó redactada la sentencia no dejan lugar a dudas-de ningún género.

El segundo error carece de mérito. Es cierto que la demanda no está jurada, que la contestación lo está y que la corte sentenciadora dijo en su opinión que arabas alegaciones estaban juradas. Se trata de un simple error de la. corte sin influencia en la decisión del litigio. Cuando 1a. demanda se jura, entonces sí que el debate tiene que continuar en la forma que se plantea. Pero ningún demandante está obli-gado a jurar una demanda ordinaria, reclamando daños y perjuicios. Puede hacerlo o no, según lo estime procedente. ■Y si el demandado opta por presentar su contestación bajo juramento, no altera la situación del demandante. Aquí el hecho de aparecer jurada la contestación se debió al incidente sobre apertura de rebeldía a que nos hemos referido.

Los errores tercero, cuarto, quinto y sexto constituyen como hemos indicado en realidad de verdad uno solo. Se sostiene en diferentes formas y a virtud de varias manifes-taciones contenidas en la opinión emitida por el juez senten-ciador que no pudo dictarse sentencia condenando al deman-dado a" pagar al demandante la suma reclamada porque éste no probó en el juicio que fuera el padre del menor lesionado.

La parte apelada admite que durante el juicio no se pre-sentó prueba sobre el extremo indicado, pero sostiene que la condición de padre del demandante quedó establecida y hasta admitida por la propia parte apelante en el incidente sobre apertura de rebeldía.

No es necesario que investiguemos si tiene o no razón la parte apelada, para decidir que el error no existe. Basta examinar las alegaciones.

El hecho primero de la demanda dice:

“1: — Que el demandante. José Cabrera es mayor de edad, ca-sado, industrial, vecino de Ponce, y comparece en esta acción como padre con Patria Potestad sobre su menor hijo Pedro Juan Cabrera; el demandado es Juan Luis Boscio, mayor de edad, casado, comer-ciante- y vecino de Ponce, P. R.; teniendo ambas partes la necesa-ria capacidad legal para demandar y ser demandados.”

Luego bajo los números 2 al 7 se alegan los hechos de los cuales surge la causa de acción ejercitada, a saber-: ■ el accidente, la conducta .del demandado y las lesiones y sufri-mientos del menor.

La contestación se formuló así:

“Comparece ahora el demandado'Juan Luis Boscio, por su aho-gado que suscribe y, contra la querella del actor expone y dice:
“Que el demandado niega todos y cada uno de los hechos aquí alegados como causa de acción por el demandante.”

Luego sigue cierta alegación de “materia nueva constitu-tiva de defensa” en la que se sostiene que el demandado no fué negligente y que si el accidente ocurrió, se debió a la negligencia del menor o a algo que no. pudo evitarse.

Prescindiendo de la confusión que introducen las palabras “aquí alegados” que usa en su negativa el demandado y aceptando que se refieran a los hechos alegados en la demanda, y que “aquí” indique el pleito se observa que sólo se niegan los hechos aleg'ados “como causa de acción por el deman-dante.”

Siendo ello así, el primer hecho de la demanda que en modo alguno se refiere a la causa de acción, quedó admitido y por tanto el demandante relefvado' de probarlo en el acto del juicio.

El séptimo error se refiere al cometido a juicio del apelante por la corte al apreciar la prueba sobre la forma en "que ocurrió el accidente.

Hemos examinado cuidadosamente toda la evidencia. Es contradictoria. El conflicto fué resuelto por la corte en contra del demandado y no sólo no se ha demostrado pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto por parte de la corte, si que después del examen la conciencia del juzgador queda convencida de que la conclusión a que llegara es la única justa y procedente.

No sólo hay un testigo, un chauffeur que se encontraba .parado cerca del sitio en que ocurrió el suceso, que declara sobre la velocidad a que iba el demandado guiando su carro, sin tocar claxon y por el sitio indebido, si que compareció el policía que estaba cerca, de guardia, y se expresó como sigue:

“R. — Pues me encontraba prestando yo servicios en la calle de la Villa y un señor que responde al nombre de Rafael — no sé el ape-llido — me estaba dando conocimiento en ese momento de un gabán que le habían cogido de la casa la noche anterior; en ese momento pasaba Juan Luis Boscio guiando ún automóvil e iba a una veloci-dad .... No puedo decir porque yo no iba detrás; yo no sé si llevaba cierto número de millas, pero me impresionó. — P.—Pero se impresionó? — R.—Iba a una velocidad bastante . . . — P.—Pero, bas-tante qué? — R.—Una velocidad bastante avanzada; y al mismo tiempo, sabe, yo le dije: ‘Mire, como va ese carro.’ Y al momento, el accidente, y vi cuando el carro, sabe, le pasó por encima a un muchachito. — P.—Oyó usted tocar claxon a ese carro? — R.—Yo no sentí claxon ninguno. — P.—O alguna otra señal de alarma que no fuera claxon? — R.-—Ninguna.”

Y el liombre a qtúen. se refiere el policía declaró en los siguientes términos:

“R. — Estando yo frente al policía dándole cuenta de haberme faltado un gabán que me llevaron a mí, pues, venía este señor (re-firiéndose al demandado Sr. Juan Luis Boscio), en un carro a una velocidad muy grande; entonces don Luis me llamó la atención a él según la velocidad que llevaba, y entonces él no paró, siguió, y más adelante estaba un chiquito que se llama Pedro Juan Cabrera parado en la izquierda, y con la rueda delantera, de alante, se ha llevado al chiquito, y ha caído éste así: del lado izquierdo, y la ha pasado por encima de una pierna, de la pierna derecha.”

Por el octavo error se sostiene que la corte m> tuvo base para declarar probado que una radiografía demostraba que el menor tema la pierna derecha completamente fracturada como consecuencia del accidente.

Para decidir que no existe bastará transcribir lo que sigue de la declaración del doctor Antonio Mayoral prestada en el acto del juicio. Es así:

“P. — Allá para el veintisiete de noviembre de mil novecientos veinticinco era usted el radiólogo del hospital Santo Asilo de Da-mas de Ponce? — R.'—-Lo era. — P.—En el ejercicio de su profesión como tal radiólogo tomó usted alguna radiografía en algún miembro del cuerpo de un niño llamado Pedro Juan Cabrera? — R.—Las tomé. —P.—Usted pudo comprobar exactamente después de la radiografía las lesiones recibidas? — R.—Sí.—P.-—Cuál fué el resultado? — Cuál fué el diagnóstico de usted? — R.—Fractura completa del. tercio inferior del hueso de la pierna derecha. — P.—De acuerdo con la ra-diografía el niño tenía? . . . — R.—El tercio inferior de la pierna derecha completamente fracturado.”

No era absolutamente necesario que se presentara la radio-grafía. Tampoco la circunstancia de que el propio doctor declarara después que a un miembro fracturado y soldado por el proceso natural le queda el mismo valor fisiológico que antes de la fractura y que en su práctica ha tenido oportu-nidad de observar que años después no se encuentra “ni donde estuvo la fractura,” no destruye el hecho de la exis-tencia real de la fractura. La primera parte de la declara-ción versó sobre el hecho mismo. La segunda sobre la con-secuencia que el hecho pudiera tener en el futuro.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Bernardo Muñiz, demandante y apelante, v. Isabel Feliciano, demandada y apelada.
    No. 4444.

    Visto: Mayo 24, 1928.

      Resuelto: Mayo 31, 1928.

      O’Neill á O’Neill, abogados del apelante. La apelada no compareció.
   El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

emitió, la opinión del tribunal.

Bernardo Muñiz demandó a su esposa Isabel Feliciano en solicitud de divorcio. Alegó que el matrimonio se celebró en Lares el 5 de septiembre de 1918, que existen como conse-cuencia del mismo dos liijos y que la demandada

“desde hace algún tiempo y especialmente en los últimos dos me-ses ha venido maltratando a este demandante, tanto de palabras como de hechos, insultándole e injuriándole pública y gravemente en presencia de personas extrañas, produciendo fuertes escándalos y descuidando completamente de las obligaciones matrimoniales y se ha negado a vivir maritalmente con el demandante, a pesar de las reiteradas súplicas del mismo con tal fin.”

Emplazada la demandada, no contestó. Se anotó su rebel-día. Se celebró el juicio en su ausencia y la corte dictó final-mente sentencia declarando la demanda sin lugar.

No conforme el demandante interpuso este recurso seña-lando como.error el cometido a su juicio por la corte al no declarar que los hechos expuestos en la demanda se habíau probado en el juicio.

Toda la prueba practicada se ha incluido en una exposi-ción del caso así:

“Que la demandada Isabel Feliciano ha maltratado al deman-dante de palabras y de hechos, y se ha negado a vivir maritalmente con él, declarando a este fin el propio demandante que desde que em-pezó a trabajar como sereno, al regresar a su hogar en las horas del día, la demandada, Isabel Feliciano le ha insultado e injuriado pública y gravemente, en presencia de personas extrañas, dirigién-dole entre otras palabras obscenas e indecentes, las de chillo y ma-ricón, produciendo con esto fuertes escándalos e interrumpiendo la tranquilidad y paz del hogar.
“Continuó declarando el demandante que le había suplicado a Isabel Feliciano, aquí demandada, que depusiese su actitud, indi-cándole que él no estaba acostumbrado a tales cosas y espectáculos.
“Finalmente, y a preguntas del Honorable Juez de Distrito,' de-claró el demandante, que la demandada no quería ni había accedido a concederle el débito carnal.
“Declaró además, un testigo que también trabajabá ''de: noche, como sereno, aunque en otro sitio y el cual era vecino del deman-dante, corroborando las mismas declaraciones anteriores en cuanto se refiere a los insultos que dirigía la demandada al demandante y a los escándalos que producía en presencia de personas extrañas, ásí como a lo relacionado con las reiteradas súplicas del demandante hechas a su esposa, para que depusiese su actitud y volviera a vi-vir en armonía y paz con él.”

A nuestro juicio no liay base para revocar la sentencia recurrida. Tanto la declaración del demandante como la de su único testigo son deficientes por lo menos en la forma en que aparecen en la exposición del caso. Para romper el vín-culo matrimonial necesítase una prueba fuerte y completa. No basta que el esposo declare que la esposa le dirigió ciertas palabras insultantes “produciendo con esto escáldalos e in-terrumpiendo la tranquilidad y paz del bogar” y que se diga: que un testigo corrobora la declaración del esposo. Es nece-sario relatar la escena entera, con todos sus detalles, para deducir la responsabilidad de cada uno. Tampoco basta que se exprese como una conclusión que la demandada no “bahía accedido a concederle el débito camal.” En la demanda .-o expresa que el matrimonio se celebró en 1918 y que existen 'dos hijos; la demandada pudo estar enferma o pudo estarlo el propio demandante, u ocurrir otras circunstancias que jus-tificaran la negativa en el caso de ser cierta.

Debemos presumir que el Juez de Distrito actuó correcta-mente. El tuvo la oportunidad de escuchar de labios de los propios testigos su declaración, de observar su actitud y sus gestos y quizá a través de sus ojos penetrar en sus almas. ¿ Cómo puede pretenderse que nosotros sin esas oportunidades y sin las declaraciones completas podamos, sustituyendo nuestro juicio por el suyo, concluir que cometió el error que se le atribuye?

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez PResideNte SeñoR del Toro,

text:
    Antonia Q. de Soto Gras, demandante y apelada, v. Albert B. Boardman, demandado y apelante.
    No. 4606.

    Visto: Mayo 28, 1928.

      Resuelto: Mayo 31, 1928.

      O. B. Fraser & Castro Fernández, abogados del apelante; F. Soto Gran, abogado de la apelada.
   El Juez PResideNte SeñoR del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de desálmelo. La corte de distrito declaró la demanda con lugar el 24 de abril último. No conforme el demandado apeló el 28 del propio mes pidiendo a la corte el propio día que le lijara, la fianza que exige la sección 12 de la. ley especial sobre la materia (C'omp. 1911. p. 339) para perfeccionar el recurso. Inmediatamente la corte fijó en quinientos dólares la fianza y ésta, fue prestada y aprobada al día siguiente-.

•La uarte apelada solicita de esta corte que desestime el recurso porque la fianza se fijó y aprobó sin su intervención, porque no contiene los requisitos que determina el art. 355 del Código de Enjuiciamiento Civil y porque su cuantía es manifiestamente insuficiente. Alega además que debe de-sestimarse la apelación por frívola.

La parte apelante se opuso por escrito y ambas partes informaron oralmente en el día señalado para la vista de la moción.

A nuestro juicio no tiene razón la parte apelada.

La sección 11 de la Ley de Desahucio (Comp. 1911, p. 339) dice que las apelaciones en tales casos deberán interponerse en el término de cinco días contados desde la fecha de la sentencia como aquí se hizo. Y la sección 12 que sigue determina que no se admitirá al demandado el recurso si no consigna en secretaría el importe del precio adeudado hasta la fecha de la sentencia cuando el desahucio se funda en falta de pago, y en cualquier otro caso a menos que otorgue una fianza, a satisfacción del tribunal, para responder de costas y daños y perjuicios, debiendo tanto la consignación como la fianza quedar formalizadas dentro del término concedido para la apelación.

Nada dice la ley con respecto a que sea necesario oír a la parte apelada antes de fijar y aprobar la fianza. Dicha parte no ha citado ningún precepto de ley o jurisprudencia alguna que sostenga su pretensión.

Siendo ello así, dado lo perentorio del término, su natu-raleza jurisdiccional y las expresas palabras del legislador dejando que la fianza sea -“a satisfacción del tribunal,” de-bemos concluir que la. intervención del apelado1 no es indispensable.

No es necesario que en el mismo documentó de ¡lanza se consigne que en la corporación fiadora concurren los requi-sitos que exige el art. 355 del Código de Enjuiciamiento Civil que se invoca. Debe presumirse su existencia cuando la corte aceptó la fianza y la presunción no fia sido destruida por la parte apelada.

La cuantía es suficiente. Por los motivos que veremos el apelante lia venido consignando mes tras mes la suma de cien dólares como cánones de arrendamiento y así la fianza de quinientos dólares meramente lo fué para garantir daños y perjuicios que pudieran originarse y las costas del litigio.

Con la mera opinión de la corte, sin conocer las pruebas, no es posible decidir si se trata de una apelación frívola, especialmente cuando la propia opinión demuestra que existe una verdadera controversia entre las partes ya que la demandante alega que el demandado ocupa la casa de que se trata en precario y el demandado sostiene que la habita a virtud de un contrato escrito de arrendamiento y ambos aportaron prueba para sostener sus respectivas pretensiones.-

No ha lugar a desestimar el reoufs'o.


author: El Juez Presidente Señor, del Toro,

text:
    Antonia Matos, como madre con patria potestad del menor Rafael Pérez, demandante y apelada, v. Josefa Rodríguez, demandada y apelante.

      No. 4537.

    Visto: Abril 2, 1928.

      Resuelto: Mayo 31, 1928.

      Salvador Sumo, abogado del apelante; E. Martines Aviles, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor, del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación de la apelación interpuesta en este caso por tres motivos, a saber:

Porque al proveer la corte “como se pide” a la moción de la apelante suplicándole que ordenara al taquígrafo la pre-paración de la transcripción de la evidencia dentro del tér-mino legal, no le fijó plazo alguno; porque la apelante n,o lia tramitado el recurso con la debida diligencia, y porque la apelación es frívola.

En cuanto al primer motivo, bastará decir que fué resuelto en contra de lo que alega la parte apelada en el caso de Rodríguez Suárez v. Star Fruit Co., 37 D.P.R. 737.

En cuanto al segundo, si bien la apelación se interpuso desde octubre 13, 1927, y aún no se ban radicado los autos en este tribunal, es lo cierto que'se vienen solicitando y obteniendo prórrogas del juez del distrito para la preparación de la transcripción, y mientras no se demuestre que el dicho juez ha abusado de su discreción al concederlas, esta corte debe presumir que se le expuso una justa causa para ello.

Y en cuanto al tercero, quizá tenga razón la parte apelada, tal vez se trate de un mero conflicto de prueba decidido debidamente por el juez sentenciador, pero esta corte no puede llegar a esa conclusión con la sola opinión del dicho juez y su sentencia, que son los únicos documentos referentes al pleito que se acompañan a la moción de desestimación.

En tal virtud la moción debe ser declarada sin lugar.


text:
    Enrique Catoni, demandante y apelado, v. Carmen Martorell Vda. de Prado, María Rosa Prado Martorell y Pedro Tomás, Ester, Luis y Miguel Prado Martorell, representados estos últimos por su madre con patria potestad sobre los mismos, la demandada, Carmen Martorell Vda. de Prado, demandados y apelantes.
    No. 4264.

    Visto: Febrero 10, 1928.

      Resuelto: Mayo 31, 1928.

      Bubón & Ochoteeo, abogados de los apelantes; Juan B. Soto y C. M. Pesquera., abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinion del tribunal.

Enrique Catoni demandó a la Sra. Martorell de Prado y a sus hijos menores de edad en cobro de cinco mil dólares. La deuda se Rizo constar en nn pagaré a favor del deman-dante, o a su orden, otorgado por la señora demandada y su ■esposo que se transcribe en la demanda, alegándose no baber sido pagado a su vencimiento ni después en todo ni en parte.

Los demandados comparecieron y formularon una excep-ción previa en los siguientes términos:

“PRIMERA: — Que la demanda presentada no aduce hechos sufi-cientes para determinar una causa de acción.
“Por lo que, solicitan respetuosamente del tribunal se dicte sen-tencia desestimando la demanda, con imposición de costas, gastos y honorarios, de abogado de esta acción, al demandante.”

También pidiéronlos demandados que se eliminaran ciertos particulares de la demanda.

La corte, el 2 de febrero do 1927, dictó una resolución que copiada a la letra, en lo pertinente, dice:

“Vista la estipulación de las partes, y aprobada, la corte por la presente, declara :■—
“Io. — Con lugar en todas sus partes la moción eliminatoria; y
“2°. — Declara sin lugar las excepciones previas contra la de-manda, y concede 10 días al demandante para enmendar su demanda y 20 días a la demandada, para contestar dicha demanda enmen-dada; entendiéndose que dichos términos empezarán a contarse para ambas partes, desde el día en que fueren notificadas por el Secre-tario de la corte de la presente resolución.”

La estipulación a que la corte se refiere, no aparece de los autos.

El demandante formuló entonces una demanda enmendada. Vuelve en ella a transcribirse el pagaré origen de la recla-mación.

La parte demandada no compareció y el demandante pidió que su rebeldía fuera anotada. Así se Rizo por el Secretario quien, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 194, No. 1, del Código de Enjuiciamiento Civil, procedió a registrar la sentencia de acuerdo con lo pedido en la demanda.

Así las cosas, la parte demandada interpuso la presente apelación. Como único error alega que:

"Los demandados apelantes señalan y sostienen como único error el que la Corte de Distrito de San Juan, debió de haber declarad® con lugar la Excepción Previa de falta de causa de acción formu-lada a la demanda en este caso.”

Seguidamente, al disentir el error, di'clia parte invoca @1 art. 950 del Código de Comercio y la jurisprudencia de esta Corte Suprema establecida en los casos de Hernández v. Muñiz, 10 D.P.R. 17, Rosaly v. Alvarado, 17 D.P.R. 109, y Fernández v. Ruiz Soler, 27 D.P.R. 80.

El art. 950 dispone que las acciones procedentes de letras de cambio se extinguen a los tres años de su vencimiento, háyanse o no protestado y que igual regla se aplicará a las libranzas y pagarés de comercio, cheques, talones y demás documentos de giro o cambio, y a los dividendos, cupones e importe de amortización de obligaciones emitidas conforme al Código de Comercio.

.Y la jurisprudencia establece que la expedición de pagarés a la orden y sus endosos se reputan mercantiles y'por tanto-se presume que proceden de operaciones de comercio a menos que se demuestre lo contrario.

Basándose en todo ello la demandada sostiene que la sen-tencia apelada cae por su base porque habiéndose suscrito el pagaré el 23 de octubre del 1921 para vencer el 15 de enero-ele 1922 e interpuesta la demanda el 29 de julio de 1926, la obligación había prescrito por el transcurso de más de tres-años y carecía por tanto de toda eficacia legal.

Hemos estudiado cuidadosamente las cuestiones envueltas y a nuestro juicio debe confirmarse la sentencia recurrida, en primer lugar, porque cuando la parte demandante formulo su demanda enmendada, nada hizo la parte demandada-Adoptó una actitud de franca rebeldía y el secretario estuvo-enteramente justificado al registrar la sentencia en la forma en que lo hizo. Conocemos por la propia parte demandada-que su única defensa consistía en la prescripción. Dicha de-fensa constituye un privilegio personal que se entiende reuma-ciado sí no se alega, y así, renunciada la defensa ¿ a qué otra conclusión podía llegarse que no fuera a la de dictar sen-tencia a favor del demandante?

En segundo lugar, porque aún reconociendo a la excepción previa formulada eficacia en cuanto a la demanda enmendada, se llegaría siempre a la misma conclusión, ya que dados los términos en que fué redactada no levantó la cuestión de prescripción.

Desde 1905, en el caso de Guzmán v. Vidal, 8 D.P.R. 345 351, esta corte se expresó así:

“Queda establecido por las sentencias de las Cortes de California que una excepción previa, según el texto de la ley, a saber, que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, no puede considerarse como comprendida en la ley de prescripción y será desestimada. En algunos casos los demandados intentaron valerse de la ley de prescripción bajo esta objeción general. Una persona demandada sólo puede valerse de la ley de prescripción alegándola especialmente, ya sea por excepción previa, ya por contestación. Cuando la defensa tenga el carácter de un privilegio especial, del cual únicamente puede valerse la parte ale-gándolo, entonces su alegación, ya por excepción previa ya por con-testación debe especificar claramente el fundamento de su defensa.”

Parece conveniente citar además algo de la opinión de la Corte Suprema de California emitida en el caso de Burke v. Maguire, 154 Cal. 456. Dice:

“Se sostiene que este punto no puede ser considerado por esta corte en apelación porque tiende a suspender los procedimientos, y la excepción previa general manifiesta que esta alegación ‘no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción en contra de dicho demandado,’ sin especificarse que esta omisión constituye pre-cisamente el punto determinado que la hace defectuosa. Se resolvió en este estado poco después de la adopción de la Ley de Enjuicia-miento, la que a este respecto es idéntica al Código de Enjuiciamiento Civil actual, que una excepción previa general no necesita especifi-car los particulares sobre los cuales dejó la demanda de aducir he-chos suficientes para determinar una causa de acción, sino que, si se redacta en los términos arriba expresados, se interpone contra toda la demanda o la causa de acción contra la cual va dirigida, por cualquiera y por tocios los hechos esenciales que se dejen de alegar. (Ellison vs. Halleck, 6 Cal. 393; Williamson vs. Blattan, 9 Cal. 501.) Posteriormente, en el caso de Brown vs. Martin, 25 Cal. 91, se hizo una excepción a esta regla en aquellos casos en que la pres-cripción aparecía de la faz de la demanda. Aparentemente, aunque, no de un modo expreso, aplicando la regla familiar del derecho co-mún de que el beneficio de este estatuto es un privilegio personal que se renuncia a menos que se alegue específicamente, la corte, en aquel caso, resolvió que una excepción previa general que no espe-cificaba la prescripción como el defecto en que la misma se basaba, no era suficiente para presentar tal objeción. Este precedente ha sido seguido uniformemente desde entonces, en lo que se refiere a la prescripción."

Y en tercero y último lugar porque si bien es cierto que las llamadas excepciones privilegiadas de falta de jurisdicción y de lieclios pueden alegarse por vez primera en esta Corte Suprema, la de falta de hechos no comprende 1a, de prescripción en un caso como éste.

La contienda se suscitó y quedó trabada en la corte de distrito. La demandada alegó mal en la primera ocasión y dejó de alegar en la segunda su defensa de prescripción. Su actuación implica la renuncia de un privilegio y partiendo de la base de esa renuncia la demanda es enteramente suficiente, aduce todos los hechos necesarios para sostener la acción ejercitada y la sentencia dictada.

Por virtud de todo lo expuesto dehe declararse sin lugar la apelación y confirmarse la sentencia recurrida.


author: En Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    Emerenciana Resto, demandante y apelante, v. Jorge Juan, María Victoria, José Pio y Carmen Silva Sapia y Doña Narcisa Sapia Viuda de Silva, como herederos de Don José Tomás Silva y Rodríguez, conocido mejor por Don José Silva Jiménez, demandados y apelados.
    No. 4281.

    Visto: Febrero 8, 1928.

      Resuelto: Mayo 31, 1928.

      O’Neill & O’Neill, abogados del apelante; Acuña & Janer y Arturo Beicharcl, abogados de los apelados.
   En Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Establecida en este caso demanda titulada de filiación, la liarte demandada la excepcionó. • Oyó la corte ambas partes y dictó la siguiente resolución fundada:

“Los demandados en este caso ban presentado excepción previa a la demanda de no aducir hechos suficientes para determinar una causa de acción por aparecer de la faz de la misma prescrita la ac-ción de filiación natural, única que se ejercita.
“En la demanda se alega que la demandante nació el año 1876; que su presunto padre natural falleció en Francia, en los primeros días del mes de febrero de 1926 y que desde su nacimiento y hasta la muerte del padre, la demandante ha estado siempre en la pose-sión continua del estado de hija natural reconocida y tratada por él como tal.
“La demanda se presentó el 24 de enero de 1927.
“La demandante nació bajo el imperio de la Ley de Toro y de acuerdo con sus disposiciones la acción prescribía a los 20 años. Conforme la legislación anterior al Código Civil revisado, o sea el Código Civil 1889, un hijo podría ejercitar la acción de filiación mientras viviera el padre (Art. 137 del Código Civil antiguo); y de acuerdo con el Código Civil revisado de 1902, (Art. 199) sólo dos ■ años después de' haber arribado a la mayoridad o en casq de ser mayor de edad en 1902, sólo dos años después de la Vigencia de dicho Código.
“La demandante llegó a la mayoridad, esto es, a la edad de 25 años, de acuerdo con el Gódigo Civil Español, allá en el año de 1901, ,y tuvo hasta dos años después del 1902 para ejercitar la acción, lo que no hizo, y ahora está prescrita. Véase De Jesús vs. Sucesión Pérez Villamil, 18 D.P.R. 403; López vs, Sucesión Pérez, 18 D.P.R. 929; Osorio vs. Sucesión Pérez, 18 D.P.R. 932; Santiago vs. Sucesión Matta; 19 D.P.R. 169; Rosado vs. Sucesión Matta, 19 D.P.R. 307; Figueroa vs. Díaz, 20 D.P.R. 234; Orta vs. Arsuaga, et al.; 23 D.P.R. 263, y Ramírez vs. Ramírez, 30 D.P.R. 617.
“Pero se alega que en este caso lia habido una interrupción o renuncia del derecho por haber estado siempre la demandante desde su nacimiento en 1876 hasta la muerte del padre en 1926 en la po-sesión continua de estado de hija natural. Entendemos que” la ac-ción de la demandante caducó en 1904, o sea dos años después de la vigencia del Código Civil revisado, por ser mayor de edad en 1902, y que los actos del presunto padre posteriores a 1904 no pue-den dar vida a un derecho fenecido. López vs. López, 23 D.P.R. 828.
“La prescripción de los derechos de un hijo natural es de orden distinta a la prescripción ordinaria de las deudas y no puede ser interrumpida. Gual vs. Bonafoux, 15 D.P.R. 559; Ciuró vs. Ciuró, 31 D.P.R. 730.
“PoR las Razones expuestas, se declara con lugar la excepción previa establecida contra la demanda . .

La resolución fué registrada como sentencia y contra ella se interpuso el presente recurso de apelación.

liemos estudiado el alegato de la parte apelante y la cuestión envuelta no requiere una nueva consideración. Ha sido tratada desde todos sus ángulos en las opiniones de esta corte citadas en la resolución del juez de distrito que dejamos transcrita.

Los hechos del caso han sido debidamente expuestos por el juez sentenciador con excepción del relativo a la mayor edad de la demandante que no era de acuerdo con el Código Civil antiguo la de 25 años sino la de 23 y a la deducción consiguiente. El error no tiene influencia.

Aplicando a los hechos la jurisprudencia establecida, hay que concluir que la demanda fué debidamente desestimada. En su consemiencia el recurso debe declararse .sin. lugar y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.--


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    San Juan Racing & Sporting Club, Inc., demandante y apelada, v. Enrique Castro y Federico Rubert, demandados y apelantes.
    No. 4125.

    Visto: Abril 27, 1928.

      Resuelto: Mayo 31, 1928.

      JE. Rivera Zayas, abogado de los apelantes; Leopoldo FeUú, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del Iribnnal.

Jesils MediaviUa y Francisco Mesa demandaron el 10 de anayo de 1922 a la corporación San Jnan Racing & Sporting Club para que por la corte de distrito fuesen declarados nulos los acuerdos tomados por la corporación demandada prohi-biendo al demandante Mediavilla que durante seis meses co-rriese sus caballos en el hipódromo que la demandada sostiene y administra, y expulsando al otro demandante, que es jockey de Mediavilla, del expresado hipódromo y prohibiéndole la entrada en él. Como remedio auxiliar de esa demanda obtu-vieron los demandantes que la corte decretase un auto de injunction provisional contra la corporación demandada orde-nándole que se abstuviera de llevar a efecto sus acuerdos mientras el pleito de nulidad se resolvía, orden que se pondría en vigor si los demandantes prestaban una fianza por $10,000. La fianza fue prestada mancomunada y solidariamente por varias personas, siendo dos de ellas Enrique Castro/ y Federico Rubert, comprometiéndose a indemnizar a la corporación los daños y perjuicios que sufriera si se decidiera en defini-tiva que los demandantes no tenían derecho al injunction.

Habiendo sido citada la demandada, el 26 de mayo del mismo año, a petición de los demandantes, para que mostra-sen causa por la cual no debían ser' castigados por la corte por desobediencia a la orden de injunction, la demandada presentó en este Tribunal Supremo un auto de certiorari y otro inhibitorio en dicho asunto, que fueron expedidos y resueltos en definitiva en 9 de noviembre siguiente anulando la orden de injunction preliminar decretada por la corte y los procedimientos subsiguientes porque los peticionarios del injunction no tenían derecho a la expedición de ese auto.

En vista de esa resolución la San Juan Racing & Sporting' Club demandó a Enrique Castro y a Federico Rubert para que le pagasen la cantidad de $10,000 como indemnización por los daños que dicho auto le produjo, consistentes en los hono-rarios de su abogado en la representación y defensa de sus derechos en dicho injunction preliminar en la corte de distrito* y en el auto de certiorari aquí en el Tribunal Supremo; y en los gastos de la corporación en la tramitación y prosecu-ción de su defensa en ambos procedimientos.

Se opusieron los demandados a esa reclamación y cele-brado el juicio la corte de distrito dictó sentencia declarando-con lug-ar la demanda y condenando a los dos demandados a: pagar mancomunada y solidariamente a la corporación de-mandante la cantidad de $2,500 y también en igual forma all pago de las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abo-gado en este caso.

Contra ese fallo interpusieron los demandados el presente recurso de apelación alegando cinco motivos de: error, siendo el primero de ellos por haber declarado la corte inferior sin lugar la excepción previa opuesta a la demanda, fundada en que no aduce hechos determinantes de causa de acción.

Como fundamentos de esa excepción previa, alegada en la corte inferior y cuya resolución se dice ser errónea^ alegan los apelantes que la , fianza ha debido transcribirseíntegramente en la demanda. Esto lo hizo la apelada. También alega que los honorarios de abogado no pueden ser reclamados en una demanda de daños y pei'juicios como- la presente,, pero este tribunal ha resuelto lo contrario en los casos de Moreno v. Martínez, 14 D.P.R. 383, y de Quiñones v. The American Rairoad Co. of Porto Rico, 17 D.P.R.. 267, habiendorevocado en este último la sentencia apelada precisamentepara condenar al pago de cierta cantidad como indemnización, por honorarios del abogado de que tuvo que valerse la persona restringida por el injunction para la defensa de su$. derechos.

En el segundo motivo del recurso se dice que la. corte erró al admitir prueba oral del acuerdo que la demandante tomó conviniendo con el letrado Sr. Feliú el pago de sus honorarios y que este error se explica por sí. mismo y no hay necesidad de argumentarlo, bastando llamar nuestra atención a la Ley de Evidencia.

No .solamente dejan de argumentar ese alegado error los apelantes sino que tampoco citan 1a. página de la transcrip-ción de las pruebas, compuesta de 429 folios, donde ese inci-dente ée encuentra, ni si se opusieron a esa prueba, por lo que pódríamos prescindir de considerarlo. No obstante, diremos que no existió tal error porque el contrato sobre .hono-rarios del Sr. Feliú fué oral y por tanto era admisible la evidencia impugnada.

Se funda el tercer error en haber sido declarada con lugar la demanda; pero este señalamiento en su fundamento es una repetición del aducido en primer término pues se insiste en que no se pueden conceder honorarios de abogado en una reclamación de daños y perjuicios por la obtención de un •injunction que luego se declara improcedente, por lo que se sostiene que los apelantes no debieron ser condenados á pagar tales honorarios. Esa cuestión ya ha sido decidida ¿interiormente. No se hace referencia a la prueba, la que hemos examinado y sostiene la sentencia.

Gomo cuarto error se señala el de haber sido tomados como prueba y considerados como elementos de daños y perjuicios los expedientes de certiorari y de auto inhibitorio presentados en este Tribunal Supremo por la demandante en este caso, porque aun en el supuesto de que pudieran concederse honorarios de abogado cuando no han ocurrido daños propiamente dichos, sólo habría derecho a compensación por ^aquellos servicios que fueron estrictamente necesarios para ióbtener la disolución del injunction y que como no pueden concederse costas causadas en la apelación no pueden concederse por sus trabajos.

La indemnización por daños y' perjuicios causados por un injunction indebidamente obtenido comprende también el de los honorarios de abogado que una parte ha tenido que utilizar en la defensa de sus derechos, y como la apelada ahora, demandada en el pleito- en que se dictó el injunction provisional, fné restringida de poner en vig'or los acuerdos cuya nulidad fué solicitada, a pesar de haber expuesto sus razones en oposición a que se dictara dicho auto, y como se trató de castigarla por desacato, su mejor camino para con-seguir que se dejara sin efecto el injunction y la orden para mostrar causa para no ser castigada por desacato fué el acudir a este Tribunal Supremo con los expresados procedi-mientos, como lo demostró la sentencia de este tribunal y por tanto eran admisibles como pruebas los mencionados expe-dientes como parte del trabajo del abog*ado para conseguir el resultado que obtuvo.

Es el último motivo de error por la condena de costas hecha en este caso.

La;s personas que establecieron la demanda de nulidad y que obtuvieron el auto de injunction, sin derecho alguno para ello, según fué resuelto por este Tribunal Supremo, obtu-vieron que el auto fuera puesto en vigor por la fianza pres-tada por los apelantes: esa petición y expedición del auto ha motivado que tuviera que defenderse de él la hoy apelada, empleando los servicios de un abogado que tuvo que trabajar fuertemente en defensa de los derechos de su cliente hasta que obtuvo éxito consiguiendo que el auto fuera anulado; cuando se cobran los daños sufridos por la parte perjudicada por el injunction, entonces se oponen al pago de lo que esos servicios valgan, conducta que realmente es temeraria, sin que pueda decirse, como lo hacen los apelantes, que existe una doble condena en costas pues la condena principal en este pleito es por indemnización de los perjuicios causados por el injunction, y la condena en costas es por haberse opuesto temerariamente los demandados a pagar la indemnización de los perjuicios.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


author: El Juez Presidefte Señor del Toro,

text:
    Porto Rico Railway Light & Power Company, peticionaria, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Carlos Llauger Díaz, Juez, demandado.

      No. 589.

    Visto: Diciembre 5, 1927.

      Resuelto: Junio 4, 1928.

      J. H. Brown, G. Buis Nazaria y G. E. González, abogados de la peti-cionaria; M. Bemtez Flores, abogado del demandante en el pleito principal.
   El Juez Presidefte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de San Juan se presentó el 15 de julio de 1922 una demanda por Rosa Sánchez contra The-Porto Rico Railway Light & Power Company, en reclama-ción de daños y perjuicios. La reclamación se basa en que-la demandante a virtud de la negligencia de la demandada por medio de sus agentes al manejar uno de los carros eléctricos de que es dueña, en agosto de 1921, en Santurce, fue arro-llada y recibió varias contusiones que la obligaron a estar recluida en el Porto Rico Sanatorium durante veintitrés días y le ocasionaron una congestión pulmonar de la cual estaba padeciendo aún a la fecha de la interposición de la demanda.

Resuelta cierta moción de traslado presentada, la deman-dada, archivó su contestación el 9 de enero de 1925 o sea más de dos años después de radicada la demanda. Negó los hechos alegados en ésta y sostuvo que si la demandante fué arrollada, se debió única y exclusivamente a su propia negli-gencia

El 30 de marzo siguiente la demandante pidió la inclusión del pleito en el calendario y la vista del mismo fué señalada para octubre 5, 1925. Se suspendió y volvió a señalarse para el 26 de abril de 1927. Suspendióse de nuevo y se señaló para el 7 de octubre de 1927.

Así las cosas, la demandada el 26 de septiembre de 1927 presentó una moción solicitando el sobreseimiento y archivo del pleito basándose en que según su información y creencia la demandante había fallecido y se trataba de una acción personal que quedó extinguida con su muerte.

Pendiente de resolución la moción de sobreseimiento, Serafina, Juan, Manuel y Josefa Ortiz y Ceferino Sáinchez comparecieron por su abogado y alegando ser los únicos y universales herederos de la demandante fallecida, pidieron que se les permitiera continuar la acción de acuerdo con el artículo 69 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La corte tomó ambas mociones en consideración y las decidió por una sola resolución negando la primera y con-cediendo la segunda.

EntQnees la demandada se dirigió a esta Corte Suprema por medio de una solicitud de certiorari. El auto fué expe-dido, celebrándose la vista con la sola asistencia del abogado de la peticionaria, demandada en el pleito. La otra parte interesada en el pleito no compareció, ni ha presentado ale-gato alguno, no obstante habérsele citado debidamente. Ex-puestos estos hechos, procederemos al estudio y resolución de la interesante cuestión envuelta en el recurso.

El artículo 69 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que una acción o procedimiento no termina por la muerte o incapacidad de una de las partes, siempre que la causa de uno u otra subsista o continúe.

Y la parte demandada sostiene que tratándose como se trata de un precepto de origen americano, debe- aplicarse para interpretarlo' la jurisprudencia de los diferentes estados de la Unión, citando los casos de Harker v. Clark, 57 Cal. 245, y Chivers v. Roger, 50 La. Ann. 57, el primero de los cuales se limita a establecer que “el derecho de acción por prisión ilegal cesa con la muerte de la persona que la decretó. ’ ’ Al segundo nos referiremos luego en el curso de esta opinión.

Es cierto- que los propios herederos de la demandante in-vocaron el artículo 69 del Código de Enjuiciamiento Civil para pedir la sustitución y la continuación del litigio a nom-bre de ellos, pero también lo es que su derecho, si alguno tienen, no emana directamente de dicho precepto legal. Su raíz es más honda. Se encuentra- en los artículos 1803 y 1804 y en los 664 al 669 del Código Civil.

En el caso de Cabrera v. Boscio, 38 D.P.R. 314 dijimos:

“ ‘Los artículos 60 y 61 del Código de Enjuiciamiento Civil no son la fuente original de la concesión de daños por muerte causada por un acto ilegal sino los arts. 1803 y 1804 del Código Civil,’ se resolvió por esta corte en el caso de Orta vs. Porto Rico Railway Light and Power Co., 36 D.P.R. 743, y el principio incluye daños a la persona ocasionados por culpa o negligencia de otra.”

Convenimos con la parte demandada en que si la cuestión envuelta tuviera que resolverse aplicando las reglas de la Ley Común y gran parte de la jurisprudencia americana, nos veríamos obligados a decidir que la acción en este caso quedó extinguida con la muerte de la demandante.

Sin embargo, aún dentro de la misma jurisprudencia in-glesa y americana se observa una marcada tendencia a aban-donar el principio Áctio personalis moritur 'cuín persona que es la base que sustenta las antiguas decisiones, y a este res-pecto parece oportuno citar lo que sigue que tomamos de la opinión de la Corte Suprema de Tennessee emitida por el Juez Green en el caso de Harris v. Nashville Trust Co., 162 S. W. 584. Dice:

“La máxima Actio personalis moritur cum persona en modo al-guno es favorecida por las cortes. Está completamente descartada en el presente y ningún juez ni comentarista la ha defendido en los últimos doscientos años. .
“Su origen, según dijo el Juez Bowen en el caso de Finlay vs. Chirney, L.R. 20 Q.B. Div. 494, 508, es ‘oscuro y post-elásico.’ Un gran comentarista ha dicho que es una máxima bárbara y que des-cansa en una adjudicación de hecho. Pollock, Torts, 53.
“El Sr. Jaggard en su obra sobre actos torticeros, vol. 1, p. 328, dice que todas las razones que se han aducido en apoyo de esta re-gla son poco satisfactorias, si no absurdas.
“El Sr. Tiffany en su última edición de su tratado Muerte Oca-sionada por Actos Ilegales, revisa los casos que tratan de dar la. razón para la existencia de esta máxima y los rechaza todos por ser-insuficientes. Termina haciendo la siguiente cita de una corte de Nueva York: ‘No es de utilidad práctica investigar la razón de la. regla; permanece en la oscuridad. Green vs. Hudson River R. Co. 2 Abb. App. Dec. 277.’ Tiffany, Death by Wrongful Act, párrafo 16 y precedentes.
“La Corte Suprema de Michigan dijo: La regla descansa más-bien en una distinción artificial que en cualquier principio real y participa más bien de la lógica del escolástico que del sentido común. Hyatt vs. Adams. 16 Mich. 180.
“Podrían multiplicarse las citas de casos y de comentaristas que están de acuerdo con lo anterior pero bastará decir que nunca se ha aducido razón alguna para la existencia de esta regla que satisfaga, a un juez erudito de los tiempos modernos.
“Según se indica en el caso de Finlay vs. Chirney, L.R. 20 Q.B. Div. 494, se resolvió que- las acciones personales de cualquier clase que fueren cesaban a la muerte de las partes, en los primeros tiem-pos del derecho inglés. ‘La sobrevivencia de las causas de acción constituía una rara excepción. La no supervivencia era la regla."
“Sin embargo, las cortes inglesas muchos años ha comenzaron a hacer excepciones a la regla envuelta en la máxima que estamos, discutiendo. Los casos fueron revisados por Lord Mansfield en el caso de Hambly vs. Trott Cowp. Pt. 1, p. 373, en el año 1776, quien dijo, refiriéndose a estos casos:
“ ‘-Soy de opinión que de ellos pueden hacerse las siguientes con-clusiones :
“ ‘Primera, las acciones que pueden instituirse contra un alba-cea o que cesan a la muerte de la persona debido a la causa de ac-ción. Segunda, las acciones que pueden entablarse contra un al-baeea o que cesan a la muerte de la persona debido a la forma de la acción.
“ ‘Respecto a la primera, cuando la causa de acción se funda en cobro de dinero o en el cumplimiento de un contrato, en la ga-nancia o adquisición del testador, mediante el trabajo e industria, ó propiedad, de otra persona, o la promesa del testador, expresa o implícita — cuando éstas son las causas de acción, el pleito puede ser instituido contra el albacea. Pero cuando la causa de acción, se funda en un acto torticero, o surge ex delicto (según se dijo en T. Raym, 57, Hole vs. Blandford), y se supone baber ocurrido mediante la violencia y contra la paz del rey, en ese caso la acción cesa; como por ejemplo, agresión, prisión ilegal, daños maliciosos, calumnia e injuria, estorbo público, obstrucción de luces, desviación del cauce de las aguas¿, huir de las autoridades, y muchos otros ca-sos parecidos.
“ ‘Segundo, los que subsisten o cesan debido a la forma de la ac-ción. En algunos casos el demandado puede presentarse ante los tribunales para probar que no debe lo que se le pide, ni en todo ni en parte, y por tanto no procede una acción en esa forma contra un. albacea. Pero ahora se han substituido otras acciones en su lu-gar, fundadas en la misma causa, que subsisten y proceden contra Un albacea. No procede contra un albacea ninguna acción en que la forma de la declaración deba ser guare vi et armis, et contra pa-'cem, o donde la alegación, como en este caso, sea que el testador no es culpable. De la faz de los autos se verá que la causa de acción surge ex delicto; y todos los delitos o daños privados, así como to-dos los delitos públicos, cesan con la muerte de la persona que los comete. ’
“El alcance de la regla ha sido limitado por casos posteriores al de Hambly vs. Trott. No sería útil revisar tales decisiones al presente en vista de que además de los casos ahora existen estatu-tos en todas las jurisdicciones donde prevalece el derecho común •que proveen la supervivencia de casi toda clase de acciones.
“En el Estado de Tennessee se dispone que no cesará ninguna acción que nazca de ‘ daños que afecten el carácter del demandante. Shannon’s Code, 4569.
“Por consiguiente, la tendencia tanto de las decisiones como de los estatutos en todo tiempo ha sido limitar y circunscribir el efecto de la regla que prescribe que las acciones cesen a la muerte de las personas. No puede Rallarse ningún caso resuelto en los últimos dos siglos en el cual el alcance de esta regla Raya sido extendido o ampliado.
"Para ilustrar la tendencia de las cortes modernas nos referimos al caso de Dayton vs. Lynes, 30 Conn. 351, en el cual un sub-marsbal faltó a los deberes de su cargo y la parte perjudicada en-tabló una acción de daños y perjuicios contra el marshal. El marshal murió mientras la acción estaba pendiente y su albacea invocó la máxima de Actio personalis moritur cum persona. La corte, sin embargo, resolvió que esta máxima no era aplicable a un caso en que el acto torticero que motivaba la causa de acción era el daño ocasionado por un tercero y no el acto torticero del interfecto.”

Es conveniente recordar también que en el estudio de la jurisprudencia introduce cierta confusión el hecho de que gran parte de las decisiones sobre la materia que tratamos se refiere a casos que surgen con motivo de acciones expresa-mente concedidas por la ley al padre o a la madre o a los herederos, como en los de los artículos 60 y 61 del Código de Enjuiciamiento Civil y de la ley federal sobre respon-sabilidad de patronos que tienen su origen en la antigua ley' de Lord Campbell. En esos casos la. situación es distinta. Se trata de una acción nueva conferida expresamente a de-terminada persona, y muerta ésta se ha decidido por las cortes que la acción queda extinguida.

En ese sentido se manifestó la mayoría de la Corte Su-prema de Louisiana al establecer en la decisión citada por la demandada que “el derecho de acción que sobrevive a favor de ciertas personas designadas como beneficiarios, para la obtención de daños por injurias personales al fallecido, perece con el reclamante que fallece, aunque el pleito se haya iniciado y se haya trabado en él la contienda a virtud de la contestación.” Chiviers v. Rogers, 40 La. Ann. 57.

Expuesto lo que antecede, nos referiremos al caso de Torres v. Sucesión Córdova reportado en el volumen 31, pág. 897 de nuestra Decisiones. No es igual al presente, pero como en el de Orta, supra, se revela en él la tendencia de esta corte a buscar la fuente original para establecer el derecho, reconociendo así al ciudadano el pleno beneficio de los dos sistemas jurídicos que rigen en la isla, basta llegar a formar uno que integre lo mejor y lo más justo de ambos. Dice esta corte hablando por su Juez Asociado Sr. Wolf en el dicho caso de Torres, supra:

“El artículo 123 del Código Penal para Cuba y Puerto Rico prescribía lo siguiente:
“ ‘La obligación de restituir, reparar el daño e indemnizar los per-juicios se transmite a los herederos del responsable.
“ ‘La acción para repetir la restitución, reparación e indemni-zación se transmite igualmente a los herederos del perjudicado.’
“Ninguna de las partes ha discutido la aplicabilidad de este ar-tículo, pero sostenemos que no ha sido derogado expresamente por las disposiciones finales del Código Penal como han sido transcritas, y las derogaciones tácitas no son favorecidas. Específicamente sólo aquella parte del antiguo Código Penal fué derogada que se refería a los delitos y no a la responsabilidad civil proveniente de los mis-mos. En otras palabras como parte del derecho substantivo vigente en Puerto Rico la responsabilidad de los herederos, por lo menos aquellos que aceptan la herencia, es la misma que la del causante.
“Ahora bien, puesto que la seducción bajo promesa de matrimo-nio está castigada en Puerto Rico, la responsabilidad civil por vir-tud de los artículos que han sido citados de los códigos también le acompaña con todas sus consecuencias. No importaría que acciones semejantes no se transmitieran en los Estados Unidos.
“La máxima Adió personalis moritur eum persona era de muy vasta aplicación y por sus propios términos hubiera comprendido hasta los pagarés. En muchas jurisdicciones la responsabilidad, aun por daños, se ha hecho más extensiva que como era en la ley común. Sin embargo, las prácticas de los diferentes Estados no tienen apli-cación en Puerto Rico donde el principio de la sucesión universal, algo modificado en su forma, ha sido aceptado. La modificación tal vez es el beneficio de inventario, el derecho de deliberar y la acep-tación de la herencia.
“La apelante ha sugerido que la máxima citada es de aplicación muy limitada en Puerto Rico y se extiende únicamente a derechos y obligaciones, así como el usufructo, la patria potestad y otros de-rechos que se extinguen necesariamente con la persona.
“El artículo 41 del Código de Enjuiciamiento Civil se discute por las partes. Este fija tina limitación al ejercicio de la acción, pero por lo demás no favorece a la apelada. Es como sigue:
“ ‘Art. 41. — Si una persona con derecho a ejercitar una acción muriese antes de terminar el período de prescripción requerido para deducir aquélla, y la causa de la acción subsistiere, los representan-tes de tal persona podrán ejercitar dicha acción después de la ter-minación de aquel período y dentro de un año de la defunción. Si una persona contra la cual puede ejercitarse una acción, muriese antes de la terminación del período de tiempo requerido para dar principio a la misma, podrá deducirse dicha acción contra sus re-presentantes, después de la terminación de aquel período, y den-tro de un año después del nombramiento judicial del albaeea o ad-mistrador testamentario. ’
“En California aparecería- que la responsabilidad de los deman-dados se limita a acciones que sobreviven, pero esa limitación, quizá inteneionalmente, no se incluye en nuestro código, lo que es otro argumento más en favor de- la apelante.
“Aun cuando quedase duda de si alguna parte del Código Penal de España quedó en vigor, sin embargo, prevaleciendo el prin-cipio de la sucesión universal, ninguna acción contra un demandado se extinguiría a menos que lo indicara el código, y como hemos visto la máxima de la ley común no prevaleció en España. La tra-dición aquí es distinta.”

Por el artículo 1803 del Código Civil se establece que e! que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a- reparar el daño causado. Y por el 1804 que tal obligación es exigible no sólo por los actos u opiniones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.

De acuerdo con esos preceptos legales Rosa Sánchez de-mandó a la Porto Rico Railway Light & Power Company o La demandada contestó. El juicio fué señalado y suspen-dido varias veces. Si los hechos alegados son ciertos, la obligación de indemnizar por parte de la demandada es evi-dente. La demandada tenía una deuda contraída para con la demandante que ésta le pidió por la vía judicial que le pagara. Si se hubiera dictado sentencia favorable a la de-mandante y se hubiera, ejecutado, la demandante hubiera recibido cierta suma de dinero constitutiva de un bien material que Rubiera podido disfrutar plenamente en vida y que en caso de no haberse consumido hubiera pasado a sus herederos.

Sucesión es la trasmisión de los derechos y obligaciones del difunto a sus herederos, según, el artículo 664 a del Có-digo Civil Eevisado. La herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte, prescribe el artículo 667 del propio Código y se trasmite según el 665 del mismo desde el momento de la muerte. 13i fallecido continúa viviendo en la persona de sus herederos en cuanto la ficción es posible, o en la herencia yacente cuando los herederos no existen. Como dice la Corte Su-prema de los Estados Unidos por medio del Juez Sr. Holmes en el caso de Blackstone v. Miller, 188 U. S. 189, 204, “La sucesión universal es la continuación artificial de la persona de un fallecido por un albacea, heredero, u otro semejante, •en tanto en cuanto a la sucesión de derechos y obligaciones concierne.”

Claro es que existen ciertos derechos de tal modo per-sonales que no pueden trasmitirse al heredero. La diffe-rentia entre la ley común inglesa y nuestro derecho histórico y actual quizá puede decirse que es la que existe entre las palabras personal y personalismo.

Ni las partes han citado ni hemos podido encontrar nos-otros ninguna sentencia de la Corte Suprema de España, ni de esta de Puerto Pico, que resuelva directamente la cuestión envuelta.

Tampoco los comentaristas exponen una opinión concreta sobre el particular.

Es algo verdaderamente raro que una cuestión que ha debido presentarse muchas veces en la realidad no haya sur-gido en la práctica de los tribunales, ni en la mente de los autores.

Comentando Manresa el artículo 659 del antiguo Código Civil, igual al 667 del Revisado, en parte, dice:

“La herencia es la universalidad o el conjunto de bienes, dere-chos y obligaciones que constituyen el patrimonio del mismo. Perc para precisar aún más su sentido y evitar confusiones en su inteli-gencia, debemos consignar que no todos los bienes y derechos po-seídos por el causante al tiempo de su muerte deben considerarse como constitutivos de la herencia, pues algunos de ellos, por ser personalísimo su disfrute, desaparecen con la muerte.
“En ese caso se encuentra el usufructo, el uso y la habitación, la renta vitalicia que estuviera disfrutando el finado, la patria po-testad, los alimentos, la tutela, las servidumbres personales, y en general, todos los derechos personalísimos, pues todos ellos se extin-guen por el hecho del fallecimiento, y no se transmiten a los here-deros o sucesores, aún cuando en vida del causante formaran parte de su patrimonio.”

¿Puede equipararse el derecho a reclamar daños y perjui-cios por lesiones sufridas por una persona a virtud de la culpa o negligencia de otra ya ejercitado en la corte y trabada, la contienda, aunque no resuelto finalmente, al usufructo, at uso, a la habitación, a la renta vitalicia que estuviera dis-frutando el finado, a la patria potestad, a los alimentos, a la tutela, o a las servidumbres personales! La pregunta debe contestarse en la negativa.

No debe perderse de vista que se trata de una acción ejercitada. La persona que tenía el derecho demostró así su decidida voluntad de reclamarlo y lo reclamó en efecto' ante los tribunales de justicia. Se le debía algo tan susceptible de cobro como si se tratara del producto de su trabajo' personal o de daños causados a su propiedad.

Siendo ello así ¿puede sostenerse que la acción muera con el reclamante? Repetimos qne no, porque no se trata de algo que sea personalísimo que necesite de la vida natural de-la persona para continuar ejercitándose.

La obligación de la demandada surgió desde el momento' de la ocurrencia del accidente. Rué exigible desde entonces y a su debido tiempo fué exigida. Cabe perfectamente dictar-. la sentencia, reconociéndola a favor de los continuadores de la personalidad del primitivo reclamante como en el caso de-cualquiera otra reclamación. Si a otra conclusión se llegara, el heredero del demandante, el que recibiría el beneficio que debió recibir el demandante, no serían sus descendientes, ascendientes o parientes colaterales, sino la propia persona que le causó el daño. Entre las contingencias del pleito favorables al demandado estarían las dilaciones porque den-tro de ellas más probable sería la desaparición del deman-dante.

Por virtud de todo lo expuesto opinamos que actuó de-bidamente la corte de distrito al negarse a sobreseer y ar-chivar el caso, y al permitir la sustitución de la demandante por sus herederos. El auto expedido debe ser anulado y el pleito devuelto a la corte de distrito de su orignn para que continúe tramitándolo de acuerdo con la ley.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    The United Porto Rican Bank, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 722.

    Sometido: Mayo 22, 1928.

      Resuelto: Junio 8, 1928.

      .Joaquín Vendrell, abogado del recurrente; el registrador, recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Bosch Brothers, sociedad mercantil, es dueña de una finca rústica de 107 cnerdas y 27 centésimas en Cayey. Para preparar, sembrar y cultivar caña de azúcar en cincuenta cuerdas de esa finca, para las zafras de 1929 y 1930, necesitó Bosch Brothers fondos, y acudió a The United Porto Pican Bank que, por escritura otorgada, ante el notario don Joaquín Vendrell en 31 de enero de 1928, convino en conceder a Bosch Brothers un crédito refaccionario para tal fin, apare-ciendo de la cláusula B de la copia de la escritura ante nosotros que el crédito se da para, atender a los g’astos de preparación del terreno, siembra, sostenimiento, cultivo, recolección y administración de las cañas sembradas en la finca para la zafra de mil novecientos veinte y nueve, hasta la suma de cincuenta dollars por cada cuerda sembrada do cañas de gran cultivo o plantilla, y de veinte y cinco dollars por cada cuerda cuando las cañas tengan la condición de i otoños. Se obligó el Banco citado a entregar las sumas en cantidades parciales, según se necesitaran para el cultivo, reservándose el derecho de inspección de las plantaciones, y' la prestataria a pagar con el azúcar que produjeran las cañas sembradas para la zafra de 1929, cuya azúcar se entregaría a la citada institución baucaria, aunque el número de cuerdas sembradas excediera al señalado en el contrato. Y asimismo se reservó The United Porto Pican Bank el derecho de admi-nistrar las. cañas sembradas para la. zafra de 1929, si la pres-tataria agotase el importe del préstamo refaccionario que le concedía; y la opción para anticipar a tal prestataria las sumas necesarias para terminar la recolección y corte y de-más gastos, cargando las tales sumas a la cuenta de refac-ción. Y en cuanto a la liquidación, se hizo constar lo que sigue:

“ (F) — La liquidación y pago del préstamo refaccionario conce-dido a la Sociedad Mercantil Boscb Brothers por The United Porto Rican Bank, de todos los gastos o anticipos que en exceso de esta .suma haya suplido el Banco acreedor a la referida Sociedad Mer-cantil, de conformidad con la cláusula anterior, así como-, de los intereses1 al nueve por1 ciento anual sobre el importe total que xy-suite, se llevará a efecto el día treinta de junio de mil novecientos veinte y nueve, y cuya fecha se fija para el vencimiento definitivo de este contrato, comprometiéndose la Sociedad Mercantil Bosch. Brothers a suscribir pagarés a favor del Banco acreedor por las cantidades que reciba a cuenta del préstamo refaccionario.”

Presentada 1a. escritura al Registro de la Propiedad de Guayama., para anotación en el registro de contratos agrí-colas, el registrador puso la siguiente nota:

“Anotado en el Registro de Contratos Agrícolas el presente do-cumento, con vista de otro complementario y sólo en cuanto al capital del préstamo refaccionario concedido, al folio 50 vto. del tomo 11 de Cayey, finca No. 424, anotación B; denegándose la anotación en cuanto a las sumas que se concedieron en exceso del préstamo así como en cuanto a los intereses, por no determinarse cantidad al-guna para garantizar esos extremos y se toma en su lugar anotación preventiva, por 120 días, en la misma anotación.”

Contra esa nota se interpone el presente recurso.

La nota del registrador es correcta. El contrato de refacción, o debe tener cantidad determinada al empezar la refacción, o debe fijarse en él una forma de liquidar exacta y precisa. Sólo de esa manera se fija el gravamen que ese contrato significa, y se cumple con el principio de especialidad, en toda su extensión. Sólo así puede el tercero que con relación a esa finca vaya a contratar, tener conocimiento cabal de las responsabilidades de carácter real que afectan a la finca.

El artículo 1 de la Ley sobre refacción agrícola al definir el dicho contrato habla de que una de las partes recibe, con carácter devolutorio, determinadas cantidades. La determi-nación es requisito exigido por la ley.

En la resolución en el caso Rosenstadt & Waller, Inc. v. Registrador de Guayama, 32 D.P.R. 475, ha dicho este tribunal:

“La ley de 1910 y 1911, Compilación, página 11 y siguientes, en el artículo 5, prescribe que el préstamo agríeola puede contener cualesquiera pactos lícitos, pero el artículo 6, que abarca la inscrip-eión en el Registro de la Propiedad, a diferencia del registro de préstamos agrícolas prescribe que cuando el contrato comprende la constitución, modificación o extinción de un derecho real, habrá de inscribirse de acuerdo con las prescripciones de la ley hipotecaria.
“La ley hipotecaria y su reglamento en varios artículos exigen que la suma por la cual una finca ha de responder debe ser especi-ficada en la escritura.”

Es claro que este tribunal sostiene la vigencia de la Ley Hipotecaria, en sus principios fundamentales-, tales como aparecen traducidos en los artículos de la misma, y en el reglamento.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Braulio Maldonado, acusado y apelante.
    No. 3416.

    Visto: Mayo 31, 1928.

      Resuelto: Junio 8, 1928.

      F. Gervony Gely, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué convicto del delito de ataque para cometer homicidio, y alega qne la corte inferior erró al negarse a sobreseer el caso por haber radicado el fiscal de distrito nna nueva acusación en la secretaria de la corte, sin permiso de ésta y por haberse negado posteriormente a sobreseer una acusación anterior presentada después de liaber expirado los ciento veinte días siguientes a la fecha del arresto del acusado.

Bastaría decir que no se hace un señalamiento de errores separados, y que el alegato del apelante no contiene indi-cación alguna respecto a la página o parte de la transcripción de la evidencia en que se puedan encontrar los hechos en que se funda.

Tampoco un examen somero de los autos revela base satisfactoria alguna para la contención del apelante. La 'única acusación que se ha elevado a este tribunal es una que fué suscrita y jurada por el fiscal de distrito el Io. de noviembre de 1926. A esta acusación el acusado, en noviembre 16, hizo la alegación de inocente. La transcripción taquigráfica dice que al comenzar el juicio, el letrado del apelante solicitó el archivo del caso por el fundamento de que, después del sobreseimiento de una acusación presentada el. 28 de octubre de 1926, por no haber sido radicada dentro de los ciento veinte días siguientes a la fecha de la detención del acusado, el fiscal de distrito presentó una nueva acusación sin permiso del tribunal y dejando de presentarla eu corte abierta, según lo exige la ley. Los autos nos informan, ademas, que el fiscal se opuso al archivo solicitado, que la corte declaró no haber lugar a la moción, y que el acusado anotó excepción. A falta de indicación alguna respecto a los fundamentos que tuvo el fiscal de distrito para oponerse a la moción, o a los motivos que indujeron a la corte a sostener la objeción, no podemos asumir, como lo hace el. apelante, que los hechos a que se hace referencia en la moción solicitando el archivo eran materia de récord en la corte inferior al tiempo de hacer tal moción. Hasta tanto se haga aparecer lo contrario, debe presumirse que los procedimientos han sido regulares y que ha sido coinecta la resolución del juez sentenciador.

De todos modos, el presente caso parecería regirse por la doctrina sentada en el de El Pueblo v. Barbosa, 34 D.P.R. 112. Los casos de People v. Heider, 11 L.R.A. (N. S.) 257, e In re Begerow, 56 L.R.A. 528, en qne se basa el apelante, no son aplicables. El 'fiscal de esta corte los ba distinguido del presente caso en forma tal que nos releva de la necesidad de hacer una discusión adicional.

La otra indicación, al efecto de que el veredicto es con-trario a la prueba, también carece de mérito.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


text:
    Fidel Benero Rivera, demandante y apelado, v. Enrique Alvarado, Alejandro Laborde, y M. Benítez Rexach, demandados y apelantes.
    No. 4548.

    Visto: Mayo 28, 1928.

      Resuelto: Junio 8, 1928.

      Tous Soto & Quiñones, abogados del apelante Benitez Bexach; José E. Díaz, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una moción para que se continúe el recurso de apelación en cuanto afecta a uno de los demandados, Manuel Benitez Rexach.

La apelación en este caso fué desestimada a moción del f.pelado (ante p. 136).

Ahora aparece que el abogado Antonio J. Amadeo, que fué el notificado de la sentencia por los demandados, no re-presentaba al demandado Manuel Benitez Eexach. Siendo esto así, la apelación presentada en 27 de febrero de 1928, por los abogados Tons Soto & Quiñones, en representación de los demandados, pnede tener eficacia en lo que se refiere a Manuel Benitez Bexaeh, ya que éste no fué notificado en 25' de enero de 1928 por el Secretario.

La moción, en realidad, es más bien de reinstalación de apelación en cuanto a este demandado, que de reconsidera-ción.

Vistas las alegaciones de diclia moción, creemos que el caso es uno propio para decretar que continúe la apelación en cuanto a Manuel Benítez Rexach; y en ese sentido debe resolverse.


author: Ee Juez Presidente Señor del, Toro,

text:
    Santiago Colón Suárez, demandante y apelado, v. Pedro Pablo Giorgi, demandado y apelante.
    No. 4399.

    Visto: Mayo 9, 1928.

      Resuelto: Junio 11, 1928.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; Pérez Marohand & Suli-veres, abogados del apelado.
   Ee Juez Presidente Señor del, Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Santiago Colón Suárez demandó a Pedro Pablo Giorgi en la Corte Municipal de Ponce en cobro de trescientos diez dólares y obtuvo sentencia favorable. No conforme el de-mandado apeló para ante la corte de distrito y dicha corte, celebrado el juicio de nuevo, dictó también sentencia favorable al demandante. Para ejecutarla se vendieron en pública subasta un solar y una casa enclavada en el mismo pertene-ciente al demandado.

Así las cosas, el demandado Giorgi presentó una moción en la corte municipal alegando que el solar y la casa ven-didos cuyo valor ascendía a $736, estaban ocupados por él como su hogar seguro y en tal virtud pedía que se le reco-nociera en ellos el derecho de homestead fijado por la ley en Í500. Se opuso el demandante Colón, que fue también el comprador, y la corte municipal declaró sin lugar la reclama-ción. Apeló el reclamante para ante la corte de distinto que llegó a la misma conclusión que la corte municipal. Y ahora apela para ante esta Corte Suprema.

La corte de distrito declaró probados los siguientes hechos:

“Resulta probado de la evidencia practicada en este caso, que el solar y la casa en cuestión, fueron vendidos por el demandado Giorgi al demandante Colón Suárez, con pacto de retro, por escri-tura de 12 de marzo de 1921, otorgada ante el notario M. Alberto Salierup; que al efectuarse este contrato la casa que está abora en el solar, estaba entonces en un solar de don José Romaguera, en la calle del Peligro, número 106, barrio quinto de esta ciudad; que esta casa fué trasladada posteriormente por el demandado al solar vendido en el barrio Machuelo Abajo, de Ponee; que al efectuarse el referido contrato de venta con pacto de retroventa, el demandado Giorgi vivía en una casa en el barrio Canas, de Ponce.
* * * * * * *
“En 12 de mayo de 1921, cuando se realizó el contrato de venta con retroventa, que debe considerarse como un contrato de hipoteca de acuerdo con la ley de 13 de abril de 1916 el reclamante vivía en el barrio Canas, y no tenía su bogar constituido en la finca sobre la cual trata que se le reconozca su homestead. Tampoco formaba parte de la finca la casa que más tarde fué trasladada al solar por Giorgi y donde actualmente vive con su familia.”

El apelante alega que la prueba fué erróneamente apre-ciada. La liemos examinado y creemos que sostiene la conclusión de la corte sentenciadora. Es más, creemos que no obstante la diferencia de fechas de los documentos presen-tados, la prueba demuestra también que es cierto lo dicho por el demandante y apelado Colón al declarar como testigo, a saber: que el dinero que en 1921 prestara al demandado y apelante Giorgi lo fué para comprar la casa que luego Giorgi trasladó al solar que previamente había adquirido, sólo que para poder aparecer vendiendo con pacto de retro — hipote-cando de hecho — la. casa y el solar tenía que aparecer pri - mero comprando la casa. Tía confusión se debe a la censurable costumbre de hacer aparecer como ventas contratos de préstamo, vicio que tendió a corregir y ha corregido en gran parte la Ley No. 47 de 1916, Leyes de 1916, p<. 103.

Fijados los hechos, la aplicación del derecho es fácil.

De acuerdo con la ley y la jurisprudencia sólo puede reclamarse .el hogar seguro cuando queda constituido con {interioridad al gravamen impuesto por su propietario.

“Que todo jefe de familia, tendrá derecho a una finca de homestead, hasta el valor de quinientos dólares en una es-tancia, plantación o predio do terreno y en los edificios con-tenidos en el mismo, que le pertenezcan o que posea legal-mente, en virtud de arrendamiento o en otra forma y estu-viere ocupado por él o ella como su residencia. ...” dice la ley de Puerto Pico sobre la materia, (Comp. 1911, p. 230'), y la jurisprudencia establece:

'‘ Cuando se exige que la finca esté ocupada para que surja el derecho de bogar seguro, no puede alegarse la exención si la pro-piedad no está siendo materialmente usada como residencia en el momento del embargo; y es obvio que la regla general expresada anteriormente será aplicable cuando se trata de alegar tal exención contra sentencias, hipotecas y otros gravámenes, o aún contra recla-maciones generales existentes con anterioridad al momento en que se ocupó la propiedad para los fines del hogar seguro.” 29 C. J. 861.
“Por regla general, las leyes sobre exención deben ser interpre-tadas en relación con el estado de cosas existentes al tiempo de tra-barse el embargo, o al tiempo en que surgió el gravamen; y si el derecho no existe en ese momento, no puede ser creado por ningún acto posterior del deudor. Así, cuando la propiedad no tiene el ca-rácter de hogar seguro al tiempo de surgir el gravamen, el hecho de que después llegara a tenerlo no priva al reclamante del gravamen de su derecho.” 13 E.C.L. 601.

El caso de Dávila v. Sotomayor, 35 D.P.R. 794 que invoca el apelante, no es contrario a la anterior doctrina. En dicho caso los esposos Sotomayor-Pizarro tenían constituido en la tinca en cuestión su bogar desde bacía unos treinta años y la gravaron después conociendo Dávila que los esposos vivían en ella con sus hijos.

Pero aunque existiera alguna duda sobre el particular, la sentencia dictada siempre se sostendría. Es evidente que sobre el solar no tenía Giorgi constituido su bogar seguro. Comenzó a vivir en él con su familia cuando a él trasladó su casa, la prueba demuestra que el dinero prestado por Colón a Giorgi se empleó por ésta en comprar la dicha casa y expresamente la ley dispone que la exención no será aplicable, refiriéndose a la finca, “a la deuda o gravamen incurrido para (por) la compra de la misma.” See 4 de la ley, Comp. 1911, p. 231. Véase Arroyo v. Corte de Distrito, 38. D.P.R. 10.

Por virhtd de todo lo expuesto debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Aboy, Jr., acusado y apelante.
    No. 3277.

    Resuelto: Junio 11, 1928.

      Feliú & La Costa, abogados del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Fueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una moción solicitando la concesión de un recurso de error para ante la Corte de Circuito de Apela-ciones. El acusado y apelante fue sentenciado en la Corte de Distrito de San Juan por el delito de portar armas pro-hibidas. Esa sentencia fue confirmada por esta corte el 26 de abril de 1928. El 5 de mayo de 1928 el acusado y apelante, acompañándola con el correspondiente señalamiento de error, radicó una moción solicitando se le concediera un recurso de error. Dicha moción fue declarada sin lugar el 7 de mayo de 1928, por el fundamento de que no se levantaba cuestión •alguna que autorizara el recurso. Tres días después el ■apelante radicó una moción solicitando permiso para radicar un señalamiento de errores enmendado. El señalamiento de ’errores enmendado se acompañó a diclia moción. Abora por •primera vez, y según revelan los autos, sin baber levantado cuestión constitucional alguna en la corte de distrito o ante ■este tribunal, el apelante lia presentado el siguiente señala-miento de error:

“Que ese Hon. Tribunal erró al confirmar la sentencia de la CSorte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, condenando al demandante en el recurso de error por el delito de portar armas prohibidas, ya que dicha Ley de Portar Armas es nula, por contravenir y violar el párrafo del artículo 2 de la Carta Orgánica de Puerto Rico, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 2 de marzo de 1917, infringiendo dicha ley tanto las dis-posiciones relativas al debido procedimiento de ley, como las refe-rentes a la ig'ual protección de las leyes.”

La Ley Jurisdiccional del Congreso, que empezó a regir el 13 de mayo de 1925, dispone que proceden recursos de apelación o de error contra las sentencias finales para ante la Corte de Circuito de Apelaciones “en todos aquellos casos, civiles o criminales, en que estén envueltos la Constitución, un estatuto o tratado de los Estados Unidos, o cualquier autoridad ejercida de conformidad con los mismos.” Este •es el supuesto derecho invocado para solicitar que se admita la apelación o el recurso de error.

Hemos considerado este caso como si procediera un re-curso de error o una apelación para ante la Corte de-Circuito de Apelaciones, pero según tenemos entendido, el 31 de enero «ae 1928 lo siguiente fue estatuido por el Congreso- de los Estados Unidos:

“Decrétase por el Senado y Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso, ■ Que el recurso de error en todos los casos, tanto civiles como criminales, queda abo-lido. Todo remedio que basta abora podía obtenerse mediante un recurso de error, será obtenible por virtud del recurso de apelación. "

Según fue aprobada la ley originalmente contenía una sección designada con el número 2. Esta fue enmendada el 26 de abril de 1928, de manera que lee como sigue:

“Los estatutos que regulan el derecho a establecer un recurso de error, que definen el remedio que puede obtenerse mediante el mismo, y que prescriben la forma de ejercer ese derecho y de invo-car ese remedio, incluyendo las disposiciones relativas a costas, su-persedeas, y mandatos, serán aplicables a la apelación que de acuerdo con la anterior sección sustituye al recurso de error.”

De todos modos, parece que en la actualidad solamente se permite el recurso de apelación, cuya concesión debe soli-citarse primeramente en esta corte.

Tenemos la idea de que la ley es que toda cuestión constitucional debe ser levantada en las cortes inferiores, pero la ley actual no lo dice así, aunque aparentemente tal,, era la práctica de acuerdo con la sección 246 del Código Judicial que regulaba los recursos de error y de apelación para ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Véase la decisión en forma de resolución emitida por el Juez Asociado Sr. Franco Soto en el caso de El Pueblo v. Juan de Gracia, el 13 de agosto de 1923, decisión que fue rendida durante el período de vacaciones, después de haber consultado con el tribunal en pleno antes de declararse en receso. Véase también 25 O. J. 948, et seq. Sin embargo, basaremos nuestra decisión en otro fundamento. La sección 246 del Código Judicial que permite las apelaciones para ante la Corte Suprema de los Estados Unidos fué derogada por la citada Ley Jurisdiccional de 1925.

En lo que respecta a nuestra Carta Orgánica, la constitu-cionalidad de la Ley No. 14 del 25 de junio de 1924, sesión extraordinaria, leyes de ese año, páginas 115 et seq., ha sido atacada frecuentemente. Algunos de los casos en que se trató esta cuestión son: El Pueblo v. Vadi, 34 D.P.R. 462; El Pueblo v. Rodríguez, 35 D.P.R. 277; y El Pueblo v. Díaz, 35 D.P.R. 634. Finalmente, la ley fue atacada por varios fundamentos constitucionales en el caso de El Pueblo v. Díaz Cintrón, 36 D.P.R. 571, que fueron resueltos en forma adversa al acusado. La sentencia de este tribunal en dicho caso fué apelada para ante la Corte de Circuito de Apelaciones, y se presentó un señalamiento de errores que contenía varios mo-tivos de anticonstitucionalidacl. En la Corte de Circuito de Apelaciones, según se desprende de la opinión de dicha corte, se abandonaron todos los fundamentos de la apelación ex-cepto uno, o sea, si la Corte de Distrito de Ponce había sido reorganizada en forma tal que el apelante no dejaba de ser un juez de la misma, y que por tanto, tenía derecho a portar armas. Díaz v. People of Porto Rico, 24 Fed. (2d.) 957. La Corte de Circuito de Apelaciones tuvo ante sí la ley, y no declaró que fuera anticonstitucional, y seguramente los letra-dos que intervinieron en dicho caso tampoco hallaron que lo fuera. Por tanto, por el presente llegamos a la conclusión de que la apelación es frívola. Yéase la resolución del Juez Ásociado Sr. Franco Soto, supra.

No solamente encontramos que la apelación es frívola porque la Ley No. 25 de 1924 se ha convertido, en el sentido' constitucional, en una ley autoritativa, sino que el señalamiento de errores substancialmente deja de llamar la atención de este tribunal o de la Corte de Circuito de Apelaciones a razón alguna por qué dicha ley debe ser declarada anticonstitucional. No es suficiente decir en forma general que la ley es contraria a la Carta Orgáfcúca o algo parecido, sino que es necesaria una especificación mayor.

También tenemos algunas dudas respecto a si después de nuestra negativa a conceder un recurso de error tenemos poder o autoridad para permitir una enmienda, espe-cialmente cuando no se lia presentado una moción solicitando se reconsidere nuestra resolución anterior.

Debe declararse sin lugar la moción.


text:
    Eleuterio Pagán Molina demandante y apelado, v. Serafina Santiago, demandada y apelante.
    No. 4438.

    Visto: Junio 8, 1928.

      Resuelto: Junio 12, 1928.

      Garcia Méndez & Garda Méndez, abogados de la apelante; B. Este-ves, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Eleuterio Pagán, el 4 de abril de 1927, presentó en la Corte de Distrito de Aguadilla una demanda para recobrar la posesión de propiedad inmueble dirigida contra Serafina Santiago. Alegó en resumen qne era dueño de nna finca de odio cnerdas situada en el barrio Salto, del Municipio de San Sebastián, y que el 22 de diciembre de 1927 la demandada acompañada de otras personas penetró en ella en actitud violenta, y amenazadora, arrancó cercas de mayas y alambres y tomó varios racimos de palmas y otros frutos contra la voluntad del demandante, volviendo a penetrar el 26 de marzo de 1927 fijando esta última vez una cerca de espeques de madera con alambre de púas por virtud de la cual privó al demandante de una porción de su finca.

La demandada excepcionó y contestó a la-vez la demanda. Negó que hubiera penetrado violentamente en la finca del demandante y alegó que si bien el 26 de marzo de 1927 había puesto la cerca a que se refiere la demanda, lo cierto era que lo' hizo de acuerdo con el propio demandante. Como materia nueva alegó que era dueña de una finca de unas dos cuerdas que colinda con la del demandante y que habiendo surgido diferencias entre ambos en relación con la línea de la colindancia, amigablemente convinieron en practicar un deslinde que llevó a efecto el agrimensor público don Enrique García el 26 de diciembre de 1926 aceptándose el resultado y tirándose la cerca de común acuerdo siguiendo las estacas que fijó el agrimensor.

Fué el pleito a juicio. Declaró el propio deman-dante en armonía con las alegaciones de su demanda. Al ser repreguntado negó que hubiera ido agrimensor alguno a des-lindar su finca. Insistió en que cuando la demandante le-vantó la cerca que lo despojó de un cuadro de terreno, él estaba en posesión de ese cuadro.

Hay un momento en que su declaración es confusa y en que parece admitir que desde antes de las fechas expresadas en la demanda, la demandada, al par que él, “metía cerdos” en el terreno en disputa y cogía las yaguas de las palmas. Sin embargo, estudiada la declaración en su totalidad, tal confusión desaparece, quedando en pie que los actos de per-turbación ocurrieron a partir del 22 de diciembre de 1926, no habiendo transcurrido por tanto un año desde esa fecha hasta la de la interposición de la demanda.

Juan de Dios Hernández, testigo del demandante, declaró que el 22 de diciembre de 1926 observó que la demandada y sus bijas “garateaban con el señor Eleuterio Pag’án, uno que arrancaba la maya y otro que no daba el permiso para arran-car la maya y el alambre .... que esa maya y ese alambre eran de Eleuterio Pagán y que bacía como veinte años que ■estaba viendo la maya y el alambre allí.”

Y en igual sentido declaró el otro testigo del demandante, Juan Núñez. En las repreguntas admitió que vió al agri-mensor García practicando un deslinde, ■ pero dijo que no sabía quién se lo babía encargado.

Por la parte demandada declararon ella misma, Cleofe y Flor Jiménez y el agrimensor García.

La declaración de la demandada es larga. Parece conve-niente transcribir textualmente la parte que sigue:

“Interviene el Juez y ella declara: Que él los llamó y dijo: 'se va a medir con estas condiciones, si me cogen a mí conforme con la mensura como si le cogen a Uds. también conforme y que el agri-mensor plantó un deslinde donde él mismo le marcó arriba; que él no le cogió a nadie terreno; que ese pedazo de terreno en que ella se metió resultó ser de ella; que esos 25 céntimos que según la men-sura resultaron de ella y que según él ella se metió allí violenta-mente son esos mismos; que después de la mensura resultó ella favorecida y no él; que si en lugar de resultarle favorecida la men-sura que Rizo el agrimensor, Rubiera resultado que era contraria, él tendría los 25 céntimos aRora; que después que se Rizo la men-sura él quedó conforme; ....
“Repreguntada otra vez por la parte demandante, contesta: Que él también utilizaba ese terreno, amarraba animales, amarraba puer-cos; que él los denunció por meterse en ese terreno a coger las ya-guas y las palmas; que después de la mensura él le dió las quejas .al Juez de 'San Sebastián porque no se Ralló conforme; que él es-tuvo conforme; pero que uno puede estar conforme y mañana no.”

Cleofe y Flor Jiménez declararon favorablemente a la demandada y el agrimensor García sostiene que practicó el deslinde llamado por el propio demandante. Debe transcri-birse la parte de su declaración que sigue:

“. . . que la señora y el señor tenía una colindancia con la cual no estaba ele acuerdo ninguno, porque el señor reclamaba terreno que estaba dentro de tres puntos y la señora decía que estaba solamente en dos puntos, y el señor, y el señor Pagán le trajo a él una copia de la escritura del Registro de la Propiedad, y esa copia mencio-naba seis puntos y según él le decía y se lo repitió como cinco ve-ces, tenía siete puntos, y entonces llegaron a la conclusión de que el punto que no estaba inscrito en el Registro de la Propiedad era ese punto o sea el séptimo, cuando la copia decía que desde el quinto punto, que la última línea era el sexto punto al primero, y no de un séptimo al primero, y ellos estuvieron de acuerdo, el señor Pa-gán y otros señores, la señora y unos señores más que estaban inte-resados en la línea, entre todos ellos pagar el deslinde para quitarse la controversia y más disgustos y tener su finca limpia, y que en-tonces él practicó con el consentimiento del señor Pagán y de los señores demandados el deslinde entre ambos puntos, con lo cual es-tuvieron ellos en completa conformidad; que la diferencia que ellos tenían allí era como de 30 o 35 céntimos; que al tirar las líneas y hacer el deslinde el pedacito de terreno ese -resultó de la 'señora de-mandada; ....
“Interviene el Juez y el testigo contesta: Que no existía cerca, que había una maya, pero no estaba entre dos puntos, una maya virada, pero fuera de los dos puntos; que había un cordón de maya pero que estaba fuera de los dos puntos, dentro de la propiedad de la señora; que entre el deslinde que él hizo con los espeques y las estacas que se clavaron y la maya el área de terreno comprendida ahí figuraba un triángulo oblicuando, agudo.”

Se llamó a declarar nuevamente al demandante e insistió ' en que él no llamó al agrimensor. Dijo “que él estaba pre-sente ese día y que no pagó al agrimensor, que ellos le pa-garon. ’ ’

•Terminado el juicio la corte dictó la sentencia recurrida, favorable al demandante. Para ello emitió una opinión de la que debe transcribirse lo que sigue:

“La acción ejercitada en este caso es la que a todo poseedor compete por la ley No. 43 de 13 de marzo de 1913, enmendada por la No. 11 de 14 de marzo de 1917.
“Dicha acción, denominada injunction para recobrar la posesión e's por naturaleza semejante a los interdictos o procedimientos suma-rísimos en qué]' según la -Legislación española, observábanse brevísi- mos trámites, teniendo como objeto único la consecución de una po-sesión interina y precaria.
“En estos interdictos, como dice Manresa, las resoluciones re-caídas no deciden nada en definitiva, deteniéndose siempre en el hecho sin penetrar en el campo del derecho.
“De manera que para que tal acción proceda basta que aquel contra quien se pide haya realizado el acto de perturbación y des-pojo de la posesión en que estaba aquel que la ejercita,, al tiempo de-tal despojo y perturbación.
“Con estas ligeras consideraciones previas, veamos ahora cuáles-han sido las resultancias de la prueba del caso. De ella aparece, haciendo caso omiso .de los actos realizados el 22 de diciembre de 1926, que el 26 de marzo'del año en curso la demandada por medio-de sus hijos Concepción y Cleofe y dos peones a sus órdenes volvie-ron a penetrar, en actitud violenta y amenazadora, en la finca del demandante, quien se hallaba en posesión de la misma, poniendo-un punto por la colindancia del Poniente, desde el cual tiraron una línea de espeques con alambres de púa, privándole al demandante-de la porción de terreno en forma de cuchillo, inscrita en un espa-cio-delimitado por un antiguo seto vivo de mayas, que fué con an-terioridad removido por la demandada, y la expresada línea de es-peques con alambrado de púa.
“Estos últimos hechos han sido aceptados por la demandada^ aunque alegando que tal colindancia fué puesta con el beneplácito-del demandante en virtud de haberse convenido entre ambos intere-sados el deslinde de sus respectivas fincas colindantes entre sí.
“Aunque por la prueba al juzgador se le hace difícil admitir-corno hecho cierto la aquiescencia del demandante en tal deslinde, aceptándolo concesivamente como cierto, entendemos que esto no-quita peso a la razón del demandante para acogerse al remedio de injunction, pues como dice nuestro Tribunal Supremo, ‘el hecho de-que el dueño de una finca rústica no se oponga a la práctica de una-mensura y deslinde de una propiedad colindante con la suya no le priva de su derecho a acudir al remedio de injunction que provee-la ley de 13 de marzo de 1913’ D.P.R. 28, 636.
“Ni hace al caso la cuestión de si la colindancia es o no la ver-dadera. Como expone Scaevola glosando a Laurent, las acciones-posesorias (interdictos) se conceden en razón de una presunción de-propiedad. Hay un motivo de orden público; si la perturbación y la violencia se traducen en hechos, la ley no puede permitirlo, aun cuando sean ejercitados por el que pretende tener derechos sobre la-, cosa, pues si tiene alguno, debe ejercitarlo ante los Tribunales.
“Aún admitiendo que, según parece insinuar la prueba de la demandada, ésta venía verificando actos de posesión al igual que el demandante en el área de terreno abora en discusión, nos parece que debe mantenerse la situación de beebos pre-existente. ”

Con excepción del criterio expresado en el último párrafo, la apreciación de los hechos y la ley de la corte sentenciadora resiste las hábiles impugnaciones que contiene el alegato de la parte apelante.

Si la prueba demostrara que la situación no era de plena posesión por parte del demandante un año antes de la inter-posición de la demanda, sino de una posesión compartida de hecho entre demandante y demandada, no sería el procedi-miento escogido el apropiado para dilucidar el conflicto, y la demanda hubiera debido declararse sin lugar. Richardson v. Martínez, 35 D.P.R. 1036.

Algo nos hizo vacilar en ese sentido la propia declaración del demandante como dejamos expuesto, pero un examen cuidadoso de toda la prueba practicada nos lleva a concluir que era el demandante el que con anterioridad al 22 de diciembre de .1926 tenía la plena posesión del pequeño pedazo de tierra en discusión. Hay un hecho de gran importancia para decidir el conflicto y es la existencia de la antigua cerca de mayas y alambres admitida finalmente por el mismo agri-mensor ele modo tal que revela que había sido levantada cuando fue a practicar el deslinde.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.