text:
    Humberto Lizardi, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon Marcelino Romany, Juez, demandada.
    Núm. 1216.

    Sometido: Julio 1, 1940.

      Resuelto: Julio 5, 1940.

      E. Martínez Aviles, abogado del peticionario;
    el juez recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 10 de mayo último el peticionario radicó un procedi-miento ex parte en la corte inferior, interesando se nombrase un defensor judicial (guardian ad Utem) a sus sobrinos de once años de edad José e Irma Lizardi. En la petición, que fue debidamente jurada, se alegó que bajo el número de radicación 32397 de dicba corte, se había instado un pleito por Emma Lizardi et al. v. Pablo Ramón Caballero, etc., sobre deslinde, en el cual es también demandante el peticionario, y que indebidamente se hizo figurar a dichos menores como demandados en dicho pleito, cuando el interés que ellos tienen en el mismo exige que figuren como demandantes; que el nom-bramiento de defensor se solicitaba a fin de enmendar la demanda en el pleito de deslinde, de forma que los menores figurasen como demandantes; que además del pleito antes mencionado, los demandantes se proponen instar una acción reivindicatoria en dicha corte contra el mismo Pablo Eamón Caballero en el cual los indicados menores deberán aparecer como demandantes, por lo que es necesario para el caso de reivindicación, que dichos menores estén debidamente repre-sentados por un defensor judicial. Termina la solicitud con súplica de que se nombre a Rodrigo Manzano Dávila defensor judicial.

El mismo día 10 de mayo se celebró la vista y la corte dictó la siguiente resolución:

“No ha lugar al nombramiento de un defensor judicial. Debe solicitarse dentro del pleito principal. Dada en Corte abierta, en San Juan, Puerto Rico, hoy día 10 de mayo de 1940.”

El peticionario radicó en este tribunal una petición de certiorari para revisar la orden transcrita y habiéndose dene-gado la expedición del auto el 22 de mayo de 1940, el 25 del mismo mes recurrió de nuevo a la corte inferior y radicó una moción de reconsideración a la citada resolución de 10 de mayo, recayendo la siguiente orden:

“Denegada, porque de acuerdo con el artículo 56 del Código de Enjuiciamiento Civil esta solicitud debe hacerse al juez donde se halle pendiente el pleito y dentro de él. (Fdo.) M. Romany, Juez.-— 5/29/40.”

De nuevo lia solicitado el peticionario un auto de certio-rari para revisar los procedimientos habidos en este caso en la corte inferior.

El artículo 56 del Código de Enjuiciamiento Civil, en que basó su resolución el juez inferior, dice así:

“Artículo 56. — Cuando un menor, demente o persona incapaci-tada es parte en un litigio, deberá comparecer bien por medio de su tutor general o de un defensor nombrado por la corte que entienda en el asunto, en cada caso, o por el juez de la misma. El defensor puede ser nombrado en cualquier caso, cuando la corte que conoce del asunto, o el juez de la misma, juzgare conveniente que el menor, demente o persona incapacitada sea representado por dicho defensor, aun cuando tuviere tutor general y haya comparecido por medio de éste.”

El precepto transcrito, que procede del Código de Enjui-ciamiento Civil de California, donde figura con el número 372, ha sido interpretado por los tribunales de aquel Estado en el sentido de que el nombramiento de defensor puede hacerse ex parte y deberá hacerse el nombramiento antes de que se radique la demanda en que el menor haya de figurar como demandante. 13 Cal. Jur., pág. 206, see. 54, y casos citados. Véase especialmente In re Cahill, 74 Cal. 52, 15 P. 364.

La interpretación dada por la corte inferior conduce al absurdo y debe por consiguiente rechazarse, pues si el deman-dante que se propone litigar es menor de edad y por consi-guíente carece de capacidad para demandar, ¿cómo es posi-ble exigirle que radique una demanda que legalmente no puede presentar por falta de capacidad, para después, dentro de ese procedimiento así viciado, solicitar que se le nombre un defensor? Lo lógico es que solicite el nombramiento de defensor en un procedimiento ex parte y una vez completada su personalidad, radique el pleito en que ba de figurar como demandante.

Abora bien, lo dicho no releva al juez de distrito de su deber de exigir que se le presente un proyecto de la demanda que a nombre de los menores intente radicarse, para determinar antes de nombrar el defensor judicial si es conveniente a sus intereses que se extienda dicho nombramiento. Si a juicio del juez de distrito la acción que: intenta establecerse es frívola o en cualquier forma puede perjudicar los intereses de los menores, es su deber negarse a nombrar el defensor judicial.

En lo que respecta al pleito de deslinde, en el cual los demandantes que figuran en la demanda originabnente radicada son mayores de edad, pudo haberse solicitado el nombramiento dentro de dicho pleito; pero como se solicita también que se nombre un defensor judicial para que represente a los menores en el pleito de reivindicación que se proponen radicar, nada impide, de acuerdo con la jurisprudencia citada, que en la misma resolución dentro del procedimiento sobre nombramiento de defensor, se extienda dicho nombramiento para representarlos en uno y otro caso.

Como no se presentó, ni exigió la corte un proyecto de la demanda que intentaba establecerse en la acción reivindica-toría, y toda vez que las resoluciones de 10 de mayo de 1940, y 29 del mismo mes denegando la reconsideración de la pri-mera, son erróneas, procede anularlas y devolver los autos originales a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Sixto Charneco Murillo, demandante y apelante, v. Amparo Piñol Román, demandada y apelada.
    Núm. 8036.

    Sometido: Junio 21, 1940.

      Resuelto: Julio 5, 1940.

      Enrique Báez Garda, abogado del apelante;

      C. II. Juliá, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 8 de octubre de 1938, Sixto Oharneeo Murillo presentó demanda de divorcio contra su esposa Amparo Piñol Román. En la misma fecha fué emplazada personalmente la deman-dada, quien no habiendo comparecido a oponerse a las pre-tensiones del demandante, le fué anotada la rebeldía el día 20, celebrándose el juicio en su ausencia el día 21 del mismo mes y decretándose el divorcio en igual fecha.

La sentencia fué notificada por correo el 22 de octubre de 1938, archivándose a la vez una copia de la notificación, la que fué devuelta por la oficina de correos de Mayagüez a la secretaría de la corte el 4 de noviembre siguiente, por no haberse reclamado el pliego que la contenía. Así continua-ron las cosas hasta que justamente el día en que se cumplían seis meses de haberse intentado la notificación de la senten-cia, la demandada radicó en la corte a quo una moción jurada titulada “Moción sobre reapertura de este caso,” en la que después de exponer los hechos anteriormente reseñados, agregó:

“Que la demandada nunca recibió dicha notificación de senten-cia.
“Que en todas las fechas arriba mencionadas la demandada se encontraba en estado avanzado de gravidez habiendo estado enferma de cuidado y en ciertos momentos en ese intervalo en estado de gravedad.
“Que durante todas las fechas antes mencionadas la demandada estuvo en cama todo el tiempo y no pudo encargar su defensa a ningún abogado ni pudo en forma alguna comparecer en persona a defenderse en corte de las imputaciones hechas en la demanda.
“Que la causal alegada por el demandante es la de trato cruel e injurias graves, siendo falso todo lo alegado en dicha demanda, y teniendo la demandada una buena defensa contra las imputaciones así hechas.
“Que para el 31 de octubre de 1938 y siguiente hasta los prime-ros días del mes de enero de 1939 en que dió a luz un niño, la demandada no se encontraba en la residencia de Mayagüez, motivo por el cual no recibió nunca la notificación de sentencia de la corte.
“Que en este caso hubo sorpresa por parte del demandante para con la demandada, ya que éste sabía que por su estado precario de salud la demandada no estaba en condiciones de contestar la de-manda, comparecer en juicio a defenderse.
“Que por parte de la demandada hubo una excusable negligencia al no contestar, comparecer a defenderse, ya que su estado precario de salud la imposibilitaba físicamente para ello.” (T. de A pág 11.)

La referida moción fné notificada al demandante, quien con fecha 5 de mayo de 1939 radicó nn escrito también jurado que tituló “Moción de oposición a la reapertura de este caso”, en el que, luego de señalar ciertos defectos en el procedi-miento seguido por la demandada para conseguir la reaper-tura del caso, alega:

“Guarió. — Que el demandante niega por falta de información y creencia que la demandada Amparo Pinol Román diera a luz un hijo o bija del demandante o de cualquier otra persona basta los primeros días del mes de enero de 1939, alegando que dicba deman-dada Amparo Pinol Román regresó del Perú el 3 de mayo de 1938, donde vivía completamente separada de su esposo desde el 24 de septiembre de 1937 y a donde se marchó sin el consentimiento de su esposo el demandante, no constándole al demandante si el dicho niño es sietemesino o de edad uterina regular normal, sin que en ningún momento la demandada le baya comunicado al demandante, en ninguna forma el hecho de que tuviera un niño.”

Señalada la moción de la demandada para el día 5 de mayo de 1939, comparecieron ambas partes por sus respec-tivo abogados. La demandada sometió su moción sin ofrecer evidencia en apoyo de la misma. El demandante tampoco ofreció prueba y la corte, el 14 de junio siguiente, dictó reso-lución por la que dispuso la reapertura del caso, dejó sin efecto la rebeldía que se había anotado, dejando sin efecto también la sentencia de divorcio, restituyendo el caso al estado que tenía al ser emplazada la demandada, a quien con-cedió un plazo de diez días para contestar, a partir de la fecha en que le fuera notificada la resolución.

Apeló el demandante, radicando un extenso alegato en el que levanta distintas cuestiones' legales que consideraremos en el curso de esta opinión. La apelada nos ha privado de su informe oral así como de su alegato escrito.

Sostiene el apelante que no debió declararse con lugar la moción de la apelada, toda vez que no venía acompañada de un affidavit de méritos y además de un proyecto de excepción previa o contestación a la demanda.

Tendría razón el apelante si no se tratase, como se trata, de nn pleito de divorcio en el qne el Estado tiene cierto inte-rés independiente del de los litigantes en qne el matrimonio no se disnelva sin nna amplia audiencia qne garantice no sólo la justicia de la sentencia, si qne también qne no lia sido ésta obtenida mediante fraude, colusión o sorpresa. Es por esa razón qne, interpretando el artículo 473 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, del cual, según regía en 1904, fné tomado el 140 del nuestro, se lia venido sosteniendo repetidamente por el más alto tribunal de aquel Estado que en casos de divorcio no es necesario affidavit de méritos para que pueda dejarse sin efecto una sentencia en rebeldía. McBlain v. McBlain, 77 Cal. 507; Cottrell v. Cottrell, 83 Cal. 457; Mulkey v. Mulkey, 100 Cal. 91, 34 P. 621, y elmás reciente de Hammond v. Hammond (1928) 92 Cal. App. 212, 215, donde se cita con aprobación de Rehfuss v. Rehfuss, 169 Cal. 86, 92, 145 P. 1020, y se dice lo siguiente:

“Las reglas de práctica aplicables a las acciones de divorcio difieren en muchos respectos de las que rigen en otras acciones. En una acción de divorcio, las cortes con una prueba insignificante (slight showing) dejan sin efecto una rebeldía siempre que la peti-.ción se radique en tiempo. Y aunque en otros casos la parte que solicita la reapertura de rebeldía debe apoyar su moción en un affidavit de méritos, tal affidavit no es necesario para dejar sin efecto una sentencia en un caso de divorcio. La ley es siempre muy solícita de preservar la integridad de la familia, base de la sociedad. No puede destruirse el vínculo, por mero consentimiento o capricho de los cónyuges, ni puede ser objeto de estipulaciones en procedi-mientos judiciales. Sólo puede destruirse la relación con el con-sentimiento del Estado y por motivos legales presentados de buena fe en una corte de justicia competente. La acción de divorcio no sólo concierne a las partes inmediatamente interesadas, si que tam-bién al Estado. Los abogados en el caso representan a las partes respectivas — la Corte en cierto sentido representa al Estado, de acuerdo con la letra y política de la ley, para impedir estrictamente el fraude, colusión o imposición de las partes cuando uno de los cónyuges trata de romper los vínculos que los unen.”

El apelante nos cita un párrafo del artículo 473 del Código de Enjuiciamiento Civil de California para sostener que es requisito indispensable para que se pueda dejar sin efecto una sentencia, orden o procedimiento, que la petición venga acompañada de una copia de la contestación o de otra alega-ción que él demandado se proponga radicar en el pleito. El párrafo invocado por el apelante dice así:

y disponiéndose, además, que dieba petición debe venir acompañada de una copia de la contestación u otra alegación que se proponga radicar en el pleito. De lo contrario la penitición será denegada.” (Bastardillas nuestras,)

El párrafo transcrito no aparece en el artículo 140 de-nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, ni aparecía tampoco, en el 473 del de California al adoptarse por nuestra Asamblea. Legislativa en 1904.

Compárese el citado artículo 473 como aparece redactadoen Kerr’s Cyclopedic Codes of California (ed. 1908) y como, aparece en Deering Civil Procedure and Probate Courts-(1937) después de las enmiendas de que fue objeto por las: leyes de 1917, pág. 242, y las de 1933, pág. 1851.

Este tribunal ba resuelto reiteradamente que para dejar-sin efecto una anotación de rebeldía o sentencia en rebeldía,, es necesario un affidavit de méritos o un proyecto de contes-tación jurada de donde aparezca que el demandado tiene una buena defensa en los méritos de la acción; pero esa jurispru-dencia no es aplicable a los pleitos de divorcio en que por el interés especial que tiene el Estado, antes aludido, la negli-gencia de uno de los cónyuges en defenderse oportunamente no puede en manera alguna afectar el derecho y el deber del tribunal a cerciorarse de que en efecto bay razones legales-suficientes para justificar la ruptura del vínculo matrimonial.

La petición de la demandada para que se dejara sin efecto la sentencia y se le concediera “la oportunidad de contestar la demanda, aportar su prueba y comparecer a juicio-, a defenderse,” no será un modelo de su clase, pero interpre-tándola con la liberalidad que la jurisprudencia demanda en estos casos, no podemos convenir con el apelante en que la petición es insuficiente.

Se alega que la corte erró al dejar sin efecto la rebeldía, puesto que tal remedio no se había solicitado. ¿No equivale a tal petición el solicitar la oportunidad de contestar la demanda y aportar su prueba, como aparece de la súplica de la moción de la demandada?

Se queja el apelante de que la corte inferior declarase con lugar la moción de la demandada cuando ésta noofreció prueba en su apoyo en la audiencia que se celebró al efecto. Sin embargo, de los autos no aparece que el demandante apelante en alguna forma hubiera insistido en la corte inferior en que la demandada ofreciese prueba en adición a la moción jurada que había radicado. Por el contrario, el demandante también se abstuvo de presentar evidencia. En tales circunstancias, es de presumirse que una y otra partes sometieron la cuestión por los méritos de la moción y de la oposición, ambas juradas. Así parece haberlo entendido la corte a quo cuando en su resolución dice:

“Se señaló la discusión de la moción de la demandada y su oposición para el día 5 de mayo del corriente año, en que compareció-el demandante por su abogado, Lie. Enrique Báez García, y la de-mandada por el suyo Lie. C. H. Juliá, sometiendo su moción a la. corte para su resolución.” (T. de A., pág. 21.)

El demandante estuvo presente en el acto de la vista y bien pudo, si era que no deseaba que la moción fuese some-tida por sus alegaciones, insistir que la demandada presen-tase su prueba, o en caso contrario, pedir en el acto que la moción fuese desestimada; pero no aparece que una u otra cosa hiciera el demandante, y por consiguiente indujo a creer que estaba -conforme en que la cuestión quedase así sometida a la consideración del tribunal.

El hecho de que la demandada después de concedida su moción haya solicitado prórroga para contestar, en nada puede afectar la resolución apelada. Si la prórroga solici-tada era indefinida, como alega el apelante, pndo él solicitar de la corte que al concederla, si era qne la concedía, fijase un término razonable a la demandada para radicar su con-testación.

Procede, por lo expuesto? desestimar el recurso y confir-mar la resolución apelada.


author: El Juez Presidente Señor Deu Toro

text:
    Victoria Capella, por sí y como apoderada de su madre Antonia Martínez Vda. de Capella, Antonio Capella, Concepción, Estrella y Raúl García Capella, demandantes, apelados y apelantes, v. Francisco Carreras Márquez, Arturo Lluberas Rodríguez y la Sucesión de Rosa Lluberas, Etc., demandados, apelantes y apelados. Los Mismos, demandantes, apelantes y apelados, v. Los Mismos, demandados, apelados y apelantes.
    Núms. 8002 y 8004.

    Sometidos: Abril 5, 1940.

      Resueltos: Julio 9, 1940.

      Estrella García Cap ella y C. Coll Cuchí, abogados de los demandan-tes, apelados y apelantes;

      B. Cuevas Zequeira, abogado de los demandados, apelantes y apelados.
   El Juez Presidente Señor Deu Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito sobre perturbación, menoscabo y volun-taria violación del derecho de propiedad con indemnización de daños y perjuicios, resuelto en contra de los demandados. Lo alegado por las partes, la evidencia aportada por la demandante y su alcance, las cuestiones de derecho envueltas y el criterio de esta corte sobre las mismas, constan de la opinión emitida por su Juez Asociado Sr. Córdova Dávila para fundar su sentencia revocando la primeramente dictada por la corte de distrito y devolviendo el caso para ulteriores procedimientos. Capella v. Carreras, 48 D.P.R. 830.

Ambas partes apelaron de la segunda sentencia por vir-tud de la cual los demandados fueron condenados a pagar ocho mil dólares por concepto de daños y perjuicios y las costas, gastos y honorarios de abogado. La demandante pidió a la corte que reconsiderara y enmendara la parte dis-positiva de su sentencia y la corte se negó a ello por reso-lución de febrero 24, 1936. Entonces dicha parte apeló del particular de la sentencia que fija en ocho mil dólares los daños y perjuicios por entender que se probó una cuantía mayor y de la resolución de febrero- 24, 1936. También pidió reconsideración de la sentencia la. demandada y le fué negada por la misma resolución de febrero 24, 1936, y apeló para ante este tribunal. Consideraremos ambas apelaciones en esta sola opinión, comenzando por la interpuesta por los demandados, y las resolveremos por una sola sentencia.

Seis errores señalan en su alegato los demandados como cometidos por la corte sentenciadora, 1, al aplicar al caso, en definitiva, la doctrina expuesta en 48 D.P.R. 830, sin afir-mar la existencia de la calle que se dice obstruida; 2, al deses-timar las defensas de cosa juzgada y prescripción; 3, al fijar en ocho mil dólares los daños y perjuicios; 4, al condenar solidariamente a todos los demandados; 5, al imponer a éstos las costas, desembolsos y honorarios de abogado, y 6, ai decla-rar sin lugar la moción de reconsideración.

Examinemos el primer señalamiento de error. Para ello parece conveniente transcribir de la relación de hechos y opinión de la corte sentenciadora, lo que sigue:

“Cuando resolvimos este caso allá para el día 14 de abril de 1932, teníamos en mente que una acción de perturbación no podía ser establecida sino por aquella parte que realmente estuviese en posesión de la cosa perturbada, y tratándose de una calle, creíamos que era el Municipio la única entidad realmente interesada en el libre uso y disfrute de la misma. Asimismo creíamos que no es-tando la calle atendida por el Municipio, cualquier obstáculo que pusiera un vecino en la misma y que pudiera perturbar el libre goce y disfrute de una propiedad, no daba causa de acción; y así resol-vimos con lugar una moción de nonsuit alegada por la parte de-mandada; el Tribunal Supremo revocó nuestra decisión en 48 D.P.R. 830, y en su opinión se resuelve que una vez trazado un plan de urbanización sobre un terreno dividido en solares y calles, los dueños de los solares adquieren el derecho del uso de las calles trazadas y si alguien obstaculiza el uso y disfrute de la propiedad, se establece a su favor una causa de acción, y resuelve asimismo que tales dueños de los solares tienen derecho a utilizar las calles destinadas a uso público, y a exigir que desaparezca cualquier es-torbo o perturbación que constituya un menoscbo a su derecho. Dispuso el Tribunal Supremo que el caso fuese devuelto a nosotros para ulteriores procedimientos, y entonces lo señalamos de nuevo, celebrándose la vista el día 1 de noviembre del año en curso.
“Practicó el demandado su prueba documental y testimonial, . . .
“La prueba testimonial del demandado, sustancialmente, es la siguiente: Francisco Carreras se casó en 1922 con doña Rosa Llu~-beras, y vivió desde esa fecha en Miramar, en la casa que colinda con la de las demandantes; conoce a éstas y sabe que existía una controversia debido a la cerca que había en el patio de la casa; que ya esta cerca existía cuando él se casó, y allí permaneció durante' unos'odio u once años; que dicha cerca no interceptaba la calle, y que su señora quiso una vez comprar a las demandantes la propie-dad de éstas, pero no hubo acuerdo en el precio; que según su mejor recuerdo, la cerca existía desde 1916 ó 1917; que había un camino estrecho por donde pasaban las demandantes, que era un camino público.
Etienne Totti es ingeniero; conoce el terreno y conoce la casa de la señora Lluberas; ha estado hace poco en el sitio; no ha visto aceras ni calles asfaltadas, y que podría hacerse una calle en aquel sitio, pero habría que hacer una inversión considerable.
“Julio Montilla es ingeniero del Gobierno de la Capital desde hace más de once años; hace estudios y proyectos para calles; co-noce el sitio en donde está radicada la casa de la señora Lluberas; manifiesta que hoy no existe la cerca que antes había, y que no se ha construido calle alguna allí; que hace algún tiempo él fué a hacer un estudio para la calle en proyecto, pero que la cerca que existía le interrumpió el curso de su trabajo.
“La señorita Estrella García Capella, una de las demandantes, declaró que en la actualidad no existe la cerca porque la retiraron en junio de 1935 ó 1934 por orden del señor Arturo Lluberas.
“. . . . En cuanto a la documental, el demandado ofreció los autos del pleito Núm. 4306 de este tribunal, seguido en las mismas partes litigantes en el pleito que estamos resolviendo, excepto que en aquél don Arturo Lluberas no figuraba como demandado.”

Se refiere el juez al resultado de la primera inspección practicada en 1931, describe luego el sitio como se encontraba en 1935 y termina así:

“La situación de hechos que la corte aprecia en este sitio es completamente distinta a la que existía en noviembre 21 de 1931, y esta nueva situación de hechos ha sido creada por la remoción de la verja que se prolongaba y acortaba el espacio, hoy libre, pero que la corte puede identificar como el mismo no sólo por el recuerdo que tiene del sitio, sino también por los árboles a que antes ha hecho referencia y el poste con la bombilla que está en el mismo sitio.”

Y razona y concluye como sigue:

“Descartadas, pues, las defensas de los demandados, y analizada la prueba que éstos han producido, la misma no contradice la de las demandantes, tal como se analiza en la opinión del Tribunal Supremo, a que antes hacemos referencia. Esta opinión del Tribunal Supremo es la ley del caso; a ella debemos atenernos. La prueba aportada por las demandantes, dice el Tribunal Supremo, tiende a establecer, prima facie, la existencia de una perturbación causada por la demandada señora Lluberas. La prueba aportada por los demandados no destruye, a nuestro juicio, esta evidencia, sino más bien la robustece. La defensa invocada, además de la que estudia-mos, de falta de alegaciones en la demanda determinantes de causa de acción, ha sido resuelta también por el Tribunal Supremo al dejar establecida la. doctrina de que los compradores de un solar dentro de un plan de urbanización, tienen derecho a utilizar las calles destinadas al uso público y a exigir que desaparezca cualquier perturbación o estorbo que constituya un menoscabo de su derecho.”

La exposición del curso de los procedimientos que hace el juez sentenciador es correcta. También su apreciación de la prueba y su razonamiento.

Se insiste en que la corte de distrito fue más lejos de lo-que esta Corte Suprema indicó en el párrafo final de su opi-nión de julio 11, 1935, a saber:

"No es nuestra misión emitir juicio alguno en estos momentos acerca del peso que pueda merecer esta prueba. Estamos resol-viendo una moción que se dirige a la suficiencia de la evidencia aportada, que en la nomenclatura legal americana se conoce con el nombre de nonsuit. Nos limitamos a considerar esa prueba para determinar si se ha establecido o no un caso prima facie en favor de las partes demandantes y respondemos esta cuestión en la afirmativa, porque creemos que la prueba producida es bastante para que se decida el caso en sus méritos, después que los demandados hayan tenido la oportunidad de producir su prueba y establecer sus de-fensas.
"Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso a la corte inferior para procedimientos ulteriores no incompatibles con esta opinión.” Capella v. Carreras, 48 D.P.R. 830, 846.

No estamos conformes. Como hemos visto el juez de dis-trito comenzó expresando las razones que tuvo en 1932 para declarar con lugar la moción de nonsuit. Ninguna de ellas se refiere a que no creyera la prueba de la parte demandante. La opinión de esta Corte Suprema de julio 11, 1935, contiene una exposición y un análisis completos de la evidencia de dicha parte y establece las conclusiones deducidas demostra-tivas de un caso prima facie en su favor. Vuelve el pleito a la corte de su origen y se da a la parte demandada la opor-tunidad de practicar su evidencia y la practica. A ella se refiere en su relación del caso y opinión la corte sentencia-dora y concluye que no contradice si que más bien robustece la de la parte demandante. T siguiendo el criterio legal del Tribunal Supremo como era procedente, declara la demanda con lugar.

La corte de distrito creyó a los testigos de la parte deman-dante no porque se sintiera ombligada a ello por el fallo de esta Corte Suprema. Les dió crédito por sí misma, como se lo había dado en 1932 al resolver la moción de nonsuit. Si decidió entonces el pleito en contra de la demandante no fué porque no creyera a sus testigos si que porque estimó que sus testimonios no, establecieron un caso prima facie, por las razones que expresa en el comienzo de su opinión tres años después.

Para que exista una calle con derecho a ser usada por los compradores de solares con arreglo a un plan de urba-nización que la traza en el plano y la deja en la realidad sobre el terreno a su libre uso y al del público, no es necesario que dicha calle esté afirmada o asfaltada o que tenga cunetas y aceras y sistema sanitario.

Si la calle existe sobre >el terreno, esto es, si hay el terreno libre suficiente, no puede ser cercada u obstruida a voluntad por otro comprador como sucedió en este caso, sin incurrir en la responsabilidad consiguiente por los daños y perjuicios que cause con su acto.

El primer error no fué, pues, cometido. Tampoco el segundo. Una vez que la corte sentenciadora relacionó la presentación de los autos del pleito introducido en evidencia por la parte demandada para probar sus defensas de cosa juzgada y prescripción se expresó así:

“Un breve análisis del pleito Núm. 4306, es lo que sigue: versa también este pleito sobre perturbación y menoscabo de propiedad con indemnización; se radicó en jnnio 14 de 1927 y tras varios incidentes, se dictó una resolución por este tribunal en junio 29 de 1929, declarando sin lugar una moción de los demandantes sobre suspensión de juicio y con lugar una moción de desestimación de la demanda por abandono, presentada por los demandados; con la misma fecha se registró sentencia desestimando la acción y orde-nando el archivo y sobreseimiento del caso, sin especial condena de costas; de esta sentencia apeló la parte demandante, y el Tribunal Supremo, con fecha 3 de febrero de 1930, dictó resolución teniendo a la parte demandante y apelante por desistida, a su perjuicio, de la apelación.
“No hay que hacer mayor hincapié para determinar que esta sentencia no tiene la autoridad de cosa juzgada, y que nada impedía que los demandantes en enero 25 de 1930 iniciaran el pleito que estamos ahora resolviendo. Tampoco es de considerarse la defensa de prescripción, toda vez que en la fecha que se inició el pleito, todavía existía el obstáculo o perturbación que dió lugar a la causa de acción.”

Asiste la razón a la corte del distrito. La sentencia que se dice que juzgó esta controversia, se dictó por abandono. No resolvió el pleito en sus méritos. Tampoco entró en los méritos la desestimación del recurso contra ella interpuesto. No tiene en tal virtud la autoridad de cosa juzgada.

La propia parte apelante se expresa como sigue en su alegato:

“No perdemos de vista que la jurisprudencia de las cortes ame-ricanas tiende a establecer el principio de que una sentencia que no se dicta sobre los méritos del caso, no puede servir de base para la defensa de res judicata. Sin embargo, si se examinan las decisiones aplicables habrá de encontrarse que en casi todos los casos en que se llegó a semejante conclusión, la sentencia original se pronunció dejando a salvo el derecho de la parte actora para entablar nueva acción, usándose por los tribunales sentenciadores la expresión without 'prejudice-, de donde se infiere que cuando no ha existido la concesión especial para la radicación de nueva demanda, o cuando la sentencia original se dictó with prejudice, dicha sentencia cons-tituye un impedimento legal para el ejercicio de una nueva acción.”

La inferencia final no está justificada. El derecho no lo da ni lo quita la corte con el uso o el no uso de las palabras without prejudice. Surge de la naturaleza misma de la sen-tencia. No es posible en justicia reconocer autoridad de cosa juzgada a la sentencia que no juzgó. T en cuanto a las palabras with prejudice, sólo pueden tener al ser usadas su propio alcance, como por ejemplo el pago de las costas, tratas-curso del término prescriptivo, etc., pero nunca el de aumen-tar el efecto del fallo haciendo que aparezca como que juzgó los méritos cuando hablando por sí mismo dice que no fue así.

Tampoco puede invocarse con éxito la acción ejerci-tada en el indicado primer pleito para sostener que cuando este segundo fué iniciado había prescrito la acción, ya que se trata de daños y perjuicios causados por actos conünuos que están latentes hasta que cesa la causa que los genera. Bien puede decirse que en tal caso la acción dañosa se renueva de día en día, de hora en hora, de minuto en minuto, de segundo en segundo. Lo dicho dispone también de la parte final del alegato de los demandados apelantes que sostiene que la demanda no aduce una causa de acción por aparecer que había prescrito por el transcurso de un año la ejercitada en la misma.

El tercer señalamiento de error relativo a los daños y perjuicios será estudiado conjuntamente con el único, que, se señala en el alegato presentado para sostener el recurso interpuesto por la parte demandante.

Por el cuarto señalamiento de error se sostiene que) la corte no pudo condenar al comprador del solar Arturo Llu-beras a satisfacer los daños y perjuicios causados por el acto torticero de la vendedora Rosa Lluberas, ni tampoco a los herederos de ésta.

Un estudio completo de la documentación demuestra que el demandado Arturo Lluberas dueño del solar cuya cerca por el oeste se levantó en sitio que incluía la calle dentro del solar, lo vendió a su hermana Rosa, readquiriéndolo después de ella. La indicada colindancia del solar al ser comprado por el dicho demandado era con la Avenida de la Palma y esa colindancia fné variada cuando el solar se vendió a la hermana, variación que tiende a amparar la perturbación. Todo en los autos demuestra que el demandado Lluberas al readquirir el solar estaba enterado del acto realizado por su hermana. La demandante le pidió por carta que removiera la cerca. No sólo no lo hizo si que al contestar la demanda negó que se hubiera levantado cerca alguna sobre la Avenida Palma y que estuviera impidiendo el tránsito por vía pública alguna, negando la existencia de la calle en el sitio en que la cerca se encontraba, habiendo demostrado por el contrario la evidencia que a sabiendas se cercó como solar lo que era calle.

En el caso de Fuller v. Andrew, 230 Mass. 139, se recla-maron daños y perjuicios por mía muerte ocurrida con motivo del desplome de un muelle que se alegó que era un estorbo público por extenderse dentro de la orilla del mar sin autoridad para ello y que había sido cedido al deman-dado al ser abandonado por el que lo construyó, decidiéndose que el demandado era responsable aun cuando no se hubiera solicitado de él que destruyera el estorbo. En el curso de la opinión la corte se expresó así:

“Aquel que no es responsable de la construcción de un estorbo privado, no puede responder de su subsiguiente sostenimiento por el mero hecho de haberse trocado en dueño del mismo. La regla general es al efecto de que debe pedírsele previamente que abata el estorbo, o que debe tener conocimiento de que constituye un estorbo y de que es perjudicial a otros, antes de que se le pueda hacer res-ponsable por el mismo. Pero ésta no es la regla prevaleciente en lo que concierne al sostenimiento de estorbos públicos. General-mente la responsabilidad surge del sostenimiento de estructuras que constituyen un estorbo público, ya sean construidas por la persona a quien se le imputa o por cualquiera de sus predecesores. Esta regla está bien establecida, y la distinción entre estorbos privados y públicos con respecto a la necesidad de notificación para destruir el estorbo, está definitivamente arraigada en nuestra jurispruden-cia.”

Tratándose de la obstrucción de una calle pública, público es el estorbo en este caso, pero aunque se considerara privado dados el origen y la naturaleza de la reclamación, la prueba demuestra su conocimiento por parte del demandado desde un principio, habiéndosele además pedido que lo removiera no haciéndolo hasta después de dictada la sentencia de esta Corte Suprema en 1935.

En cuanto a los otros demandados o sean los herede-ros Ortiz Lluberas, todo lo que se dice en el alegato de los demandados y apelantes es lo que sigue:

“Los menores Ortiz Lluberas han sufrido, en lo que a la sen-tencia se refiere, la misma suerte que cupo a don Arturo Lluberas. Invocamos, pues, todos los razonamientos aducidos anteriormente.
“ 'Inheriters of a public nuisance are not liable in the absence of evidence showing any act of theirs in relation to or connection therewith.’ Bruce v. State, 87 Ind. 450.
“ 'The heirs or personal representatives of the originator of a nuisance are not liable for damages resulting from its continuance after his death, except on neglect to abate it after notice.’ Sloggy v. Dilworth, 38 Minn. 179, 36 N. W. 451, 8 Am. S. R. 656.”

Las citas no son aplicables porque aquí no se ha deman-dado a los herederos como mantenedores del estorbo, si que iniciado el pleito en contra de su causante, habiendo ésta falle-cido durante su tramitación, se trajo al litigio a sus here-deros como continuadores de su personalidad. Ellos acep-taron la herencia sabiendo que existía la reclamación y son claramente responsables de la sentencia resolutoria de la misma.

En cuanto a la concesión y cuantía de los daños, dijo el juez de distrito en su opinión:

“Eepasando de nuevo la prueba de la parte demandante, sos-tenemos la conclusión a que llegamos antes de que las demandantes han sufrido realmente un menoscabo en el disfrute de su propiedad, con motivo de la cerca allí establecida; pero no creemos que tal menoscabo pueda ameritar un fallo de $49,425 que piden las de-mandantes en su demanda, o de $79,000 a que hacen subir después los daños en el estudio de su prueba.”

Y resolvió por su sentencia que debía condenar como con-denó “a los demandados, mancomunada y solidariamente, y por concepto de daños y perjuicios, a pagar la cantidad de $8,000 que estima el tribunal justa y razonable por concepto de indemnización de la perturbación a que las demandantes ban venido sometidas en el disfrute de su propiedad basta la fecha en que se removió la verja colocada por la causante de la sucesión codemandada, doña Eosa Lluberas, . . .

La parte demandante y apelante en el breve alegato que presentara para fundar su apelación, nombra sus testigos con indicación de las páginas de la transcripción en que aparecen sus declaraciones y dice:

“No creemos necesario hacer una transcripción en este alegato ele las declaraciones de estos testigos, que no tendría otro objeto que extenderlo fuera del límite apropiado.
“Realmente, en esta apelación no se trata de .una cuestión de hecho, sino de una cuestión de derecho. Esta cuestión la plantea-mos sencillamente ante el tribunal para su resolución, a saber:
“Establecida por la demandante con prueba directa y pertinente el montante de los daños sufridos por cada una de las demandantes, tal y como fueron alegados, específicamente, sin prueba alguna por parte de la demandada tendente a controvertir esos daños o a re-ducirlos, i, podía la corte del distrito hacer una estimación discre-cional de los mismos, sin estar obligada a aceptar las constancias de la prueba? En nuestra opinión la corte del distrito carece de esta discreción, en un caso de esta naturaleza.”

No estamos conformes. El juez sentenciador lo es de la credibilidad de los testigos. En casos como éste en que se trata de la apreciación por parte de los declarantes del valor de propiedades, de reparaciones, de productos, de sufrimien-tos físicos y morales, de entorpecimientos en negocios, etcé-tera, el juez puede creer en principio a un testigo sin que esté obligado por el alcance de su testimonio en toda su exten-sión. Usando de su criterio y con la aspiración de ser justo para con todos los intereses envueltos, puede reducir dicho alcance basta el límite que le parezca más en armonía con la realidad de los hechos.

En las reelamaciones de daños y perjuicios la experien-cia demuestra que los testigos de cada parte tienen la ten-dencia a exagerar, y el juez no está obligado a aceptar como verdad la exageración. De otra suerte, si no pudiera el juez reducir a sus justos límites la apreciación del testigo, se vería obligado a desechar por completo su testimonio y ello sería contrario a los propios intereses de la causa a cuyo favor fue a declarar.

Tendría que demostrarse que el juez al reducir la cuan-tía desechó datos exactos que se le presentaran, no tomó en consideración circunstancias evidentes en sí mismas, en una palabra, abusó de su discreción, para que la corte de apela-ción se decidiera a sustituir su juicio por el suyo, y esa demostración no se ha hecho en este caso. No está en su consecuencia bien fundado el recurso de la parte deman-dante.

La parte demandada sostuvo en su moción de recon-sideración que “tratándose de una acción sobre perturbación y reclamación de daños y perjuicios, que se funda en el artículo 1803 del Código Civil Revisado, la parte actora sólo tendría derecho a ser indemnizada de los daños y perjuicios sufridos dentro del término de un año, inmediatamente anterior a la radicación de la demanda, de acuerdo con el Art. 1869, apartado segundo, del mencionado cuérpo legal. Colls v. Municipio de Lares, 23 D.P.R. 866.”

El caso que se invoca no sostiene la contención del ape-lante en reláción con los hechos de éste. En él se resolvió, copiando del resumen, que:

“De acuerdo con los artículos 1869 y 1803 del Código Civil Revisado, prescribe por el transcurso de un año la acción contra un municipio para reclamar daños y perjuicios nacidos de la construc-ción de una supuesta perturbación (nuisance), consistente en una cloaca, muro de contención y terraplén hechos con objeto de levantar el nivel de una calle, en ausencia de prueba alguna de daños y perjuicios que resulten del mantenimiento de dichas obras como un estorbo o perturbación continuada (continuing nuisance).” Colls v. Municipio de Lares, 23 D.P.R. 866, 867.

Aquí los daños reclamados resultaron no sólo de la cons-trucción de la cerca suprimiendo la calle si que del manteni-miento de la cerca que prácticamente arruinó la propiedad de las demandantes. Se trata, como ya dijimos, de una per-turbación continuada.

“La aparente discrepancia sobre esta materia en la juris-prudencia americana quizás pueda aminorarse,” se dice en ± Sutherland on Damages, tercera edición, pág. 3051, “asu-miendo que, cuando la perturbación (más/mce) consiste de una estructura de carácter permanente — intentándose por el demandado tal permanencia — o en el uso o invasión de la propiedad del demandante, o en la privación de algún bene-ficio a ella inherente por un período de tiempo indefinida-mente largo en el futuro, la parte perjudicada tiene la opción de querellarse de la estructura considerándola como un per-juicio permanente y puede recobrar daños por todo el tiempo apreciando su duración de acuerdo con los propósitos del demandado al crearla o continuarla; o tratarla como un mal temporal que será compensado mientras continúe, esto es, hasta que el acto imputado se trueque en legal por concesión, condena de propiedad o cese al ser abatido.”

La fijación de la cuantía no se discute en detalle en el alegato de la parte demandada. No se' analiza la prueba ■con respecto a ello. No se dice por qué erró el juez al fijar la suma de ocho mil dólares, aparte de las cuestiones de ley suscitadas. Siendo ello así y no encontrando por nosotros mismos que se hubiera cometido por la corte error fundamental alguno, debemos aceptar su apreciación como la justa y procedente.

Resta sólo considerar el error que se refiere a la imposi-ción de las costas a los demandados. No existe a nuestro juicio. Un examen del pleito desde sus comienzos, de cuanto dijo esta corte en su anterior opinión, de los autos todos, en fin, demuestra que el pago de las costas y honorarios fue impuesto de acuerdo con los hechos y la ley y bien usando de su discreción la corte sentenciadora. No hubo error.

En su consecuencia procede declarar sin lugar ambos recursos, gueda/ndo confirmada en todas sus partes la sen-tencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señok De Jesús

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta de los Sres. M. León Parra, Presidente, y F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, demandada; y Juan de Dios Rivera, peticionario ante la Comisión.
    Núm. 186.

    Sometido: Enero 22, 1940.

      Resuelto: Julio 9, 1940.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm (E. Campos del Toro, Ex-Procurador General Interino, en el alegato), B. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar y Víctor J. Vidal González y G. Atiles Moréu, Asesores Legales los dos últimos del Fondo del Estado, abogados del recurrente;

      M. A. Casiano y Virgilio Brunet, abogados del peticionario ante la Comisión.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señok De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En el mes de octubre de 1936 West India Oil Oo. tenía establecida una estación de servicio de gasolina en el pueblo de Morovis bajo la dirección de Manuel Díaz, Jr. De acuerdo con el contrato que existía entre ellos, Manuel Díaz, Jr. venía obligado a pagar el arrendamiento del local ocupado por la estación y a vender allí los productos de la compañía. Ésta, a su vez, estaba obligada a suministrar tanques, bombas y demás artefactos necesarios para el funcionamiento del puesto, obligándose además la compañía a arreglar por su cuenta los desperfectos del equipo y en caso necesario suplirlo por otro nuevo. Para la fecha indicada, hubo necesidad de trasladar el puesto de gasolina a otro local en el mismo pueblo, por lo que tuvieron que sacar el tanque del puesto donde estaba, para llevarlo al nuevo local, y durante la noche del día en que fué sacado para colocarlo al día siguiente, una mano criminal le hizo un taladro, sin que fuese advertido por nadie. Después de colocado el tanque en el nuevo, local se observó que la gasolina se escapaba. Se avisó entonces a la West India Oil Co. y vino su agente del distrito a que per-tenecía Morovis, el Sr. Juan N. Sotomayor. Ordenó éste que se sacara el tanque y al advertir el taladro, dijo que avisaría a la compañía a San Juan para que viniese su mecánico a arreglarlo; pero enterado luego de que Antonio Rivera tenía un taller de herrería en Morovis y que sólo cobraría de $2 a $3, más o menos, por el trabajo (R. págs. 30 y 31), con-trató con Antonio Rivera el trabajo. Ordenó Sotomayor que pusieran el tanque cerca de la boca de incendio para que estuviese recibiendo agua toda la noche, de manera que al día siguiente pudiesen proceder a efectuar la soldadura. El día señalado al efecto vino el mecánico Antonio Rivera a hacer el trabajo auxiliado por su sobrino Juan Ciro Rivera y de su hijo Artemio Rivera. Cuando este último aplicó el soplete para hacer la soldadura, explotó el tanque, causando, entre otras desgracias, la muerte de Juan Ciro Rivera.

Artemio Rivera empleaba menos de cuatro obreros en su taller y no estando comprendido en la Ley de Compen-saciones por Accidentes del Trabajo, no estaba asegurado a los efectos de dicha ley. West India Oil Co., por el con-trario, era un patrono asegurado en el Fondo del Seguro del Estado, por lo que Juan de Dios Rivera, padre del inter-fecto, reclamó del Fondo del Estado la compensación corres-pondiente por la muerte de su hijo.

El Administrador denegó la compensación solicitada. Recurrió entonces el peticionario a la Comisión Industrial y ésta, por decisión de 10 de marzo de 1939, desestimó la ape-lación, confirmando la decisión del Administrador del Fondo del Seguro del Estado. Solicitó después reconsideración el padre del obrero, y la Comisión Industrial reconsideró su decisión de 10 de marzo y dictó otra el 20l de octubre de 1939 por la que declaró compensable el accidente sufrido por el obrero y ordenó al Administrador que pagase al peticio-nario la indemnización provista por la ley. De esta reso-lución recurrió el Administrador para ante este tribunal, imputando a la Comisión tres errores, a saber:

“1. La Comisión Industrial cometió error al resolver que entre Antonio Rivera y la West India Oil Company mediaban relaciones de patrono y contratista independiente.
“2. La Comisión Industrial de Puerto Rico cometió error al resolver que el trabajo llevado a cabo por Antonio Rivera no era uno de los expresamente exceptuados por el artículo 2 de la ley supra, por ser de carácter accidental o casual y no estar cubierto dentro del negocio, industria, profesión n ocupación de su patrono.
“3. Asumiendo para la discusión, sin aceptar en modo alguno, que Antonio Bivera fuera el contratista independiente a que se refiere la ley, y Juan Ciro Bivera un trabajador de este contratista independiente, alegamos que la Comisión Industrial cometió error al resolver que Juan Ciro Bivera tenía derecho a la protección del estatuto habiéndose probado fuera de toda duda y no habiendo con-tención alguna en cuanto al hecho de que Antonio Bivera no estaba obligado a asegurarse por no emplear cuatro o más trabajadores de los comprendidos en la Ley.”

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, aprobada en 18 de abril de 1935 (Leyes de ese-año, (1) pág. 251), en sus secciones 2, 19 y 38, en lo pertinente prescribe:

“Art. 2. Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a todos los obreros y empleados que trabajen para los patronos a que se refiere el párrafo siguiente ... Se exceptúan expresamente aquellos obre-ros y empleados dedicados al servicio doméstico y aquéllos cuya labor sea de carácter accidental o casual y no esté comprendida dentro del negocio, industria, profesión u ocupación de su patrono y además aquellas personas que trabajen en sus domicilios.
“Art. 19. Todo patrono asegurado al dar cuenta con sus nó-minas anuales, deberá incluir en tales nóminas los salarios pagados a todos los obreros y empleados que estuvieren trabajando o fuere a emplear bien por ajuste, o ya bajo una persona con quien ajustó el patrono o bajo un contratista . o subcontratista independiente empleado o contratado por dicho patrono, y toda cuenta, o impuesto cobrado por el Estado se basará sobre la nómina corriente del pa-trono, en las cuales deberán estar incluidos los trabajadores antes mencionados; Disponiéndose, que esta disposición no será aplicable a los patronos para quienes se hiciere trabajo por un contratista independiente que estuviere asegurado como patrono de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.
“Art. 38. Se entiende por ‘obrero’ o ‘empleado’ toda persona al servicio de cualquier individuo, sociedad o corporación que emplee regularmente obreros comprendidos bajo las disposiciones de esta Ley; Disponiéndose, que se excluyen expresamente los obreros y empleados dedicados al servicio doméstico y aquéllos cuya labor sea de un carácter accidental o casual y no esté comprendida dentro del negocio, industria, profesión u ocupación, aquéllos que trabajen en sus domicilios, y los de patronos exentos de las obligaciones de esta Ley.
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“ 'Carácter accidental o casual’, lo que constituye un trabajo accidental o casual lo determinará la Comisión Industrial por re-glamento aprobado por el Gobernador de Puerto Rico, tomando en cuenta la clase de trabajo que se realiza, el costo que representa el mismo al patrono, el período de duración de dicho trabajo, y prin-cipalmente su relación con el negocio o industria del patrono del obrero o empleado que sufre el accidente.”

No habiendo contratado directamente la West India Oil Co. a Juan Ciro Rivera para que trabajase para ella, y resul-tando de la prueba que Antonio Rivera no era un patrono asegurado y que empleaba en su taller menos de cuatro obre-ros, las cuestiones suscitadas en este recurso de revisión se reducen a dos, a saber:

1. ¿Era Antonio Rivera un contratista independiente con respecto a la West India Oil Co.?

2. En caso de que lo fuera, ¿era el trabajo en cuestión de carácter casual o accidental, no comprendido dentro del negocio u ocupación a que se dedicaba la West India Oil Co.?

Conforme resulta de la prueba que tuvo ante sí. la Comisión Industrial, Antonio Rivera bacía el trabajo bajo su propia dirección, seleccionaba sus auxiliares y no estaba sujeto a ser dirigido por la West India Oil Co. o sus agentes en cuanto a la forma de efectuar la soldadura.

En la obra “Words and Phrases” (Permanent Edition, 1940, tomo 9, págs. 329 et seg.), se citan, entre otras, las siguientes definiciones de la palabra “contratista”, en dis-tinción de la de la palabra “empleado”:

“Cuando la persona que emplea a otra puede prescribir lo que se ha de hacer, pero no cómo ha de hacerse ni quién lo hará, la persona que se obligue a hacer el trabajo es un 'contratista’ (contractor) y no un 'empleado’ (servant), aunque el trabajo haya de realizarse bajo la dirección y a satisfacción de personas que re-presentan al que emplea.” Joslin v. Idaho Times Publishing Co., (1935), 53 P. (2d) 323, 329, 56 Idaho 242.
“Cuando se celebra un contrato de trabajo que ha de ser rea-lizado por otro, en el que el dueño (contract ce) no se reserva la fa-cultad de determinar los medios de hacerlo, sino simplemente exige el resultado del trabajo, el empleo es independiente y establece la relación de dueño (contractce) y contratista (contractor) y no la de patrono y empleado.” Penn. R. R. Co. v. Allegheny County, 188 A. 178, 179, 324 Pa. 216.

Es evidente, de acuerdo con los hechos probados, que Antonio Rivera era un contratista independiente con res-pecto a la West India Oil Co.

Se alega por el Administrador, sin embargo, que Juan N. Sotomayor no celebró ningún contrato con Antonio Rivera y además que dicho Sr. Sotomayor no estaba autorizado para celebrar esta clase de contratos a nombre de la compañía.

En cuanto a lo primero, una ligera lectura del récord nos convencerá que hubo evidencia tendente a demostrar la cele-bración del contrato, a la cual dió entero crédito la Comisión, y siendo ésa una conclusión de hecho, este tribunal no puede alterarla cuando existe en el récord evidencia que la sostiene. En lo que a la facultad de Juan N. Sotomayor para celebrar este contrato se refiere, la prueba demuestra que él era el representante de la compañía en un distrito que comprendía varios pueblos, entre ellos el de Morovis, y por limitadas que fueran sus facultades, fácil es comprender que cualquier persona con quien él contratase un trabajo para la compañía, cuyo valor fuese de $2 ó $3, tenía derecho a creer que estaba autorizado como tal representante de un distrito para cele-brar tal contrato. En otras palabras, podía considerarse al Sr. Sotomayor un agente ostensible (ostensible agent).

No es exacto que el Administrador hubiese demostrado que Sotomayor no estaba autorizado para celebrar tal con-trato. Por el contrario, nada aparece de la prueba a ese efecto. Tomamos de la declaración de Enrique Amado, Jefe del personal en la West India Oil Co.:

“P. ¿El señor Sotomayor i
“R. También lo conozco.
“P. ¿Qué es él?
“R. Agente del distrito de Manatí.
“P. ¿Agente de quién?
“R. De la West India Oil Co.
“P. ¿Usted sabe si Sotomayor puede emplear alguna persona para hacer algún trabajo para la West India?
“R. Actualmente no puede emplear a nadie sin tener autoriza-ción.
”P. ¿Pero allá para octubre de 1936?
“R. En aquella fecha yo no era jefe del personal.
“P. ¿Usted no era un jefe del personal entonces? ¿Desde cuándo es Ud. jefe del personal?
“R. Desde el 1937.
“P. ¿Desde el 1937, con posterioridad al accidente?
“R. Sí.
“P. Y en octubre de 1936, ¿qué era Ud., si ocupaba algún puesto ?
“B. Chief clerk.”

La Comisión Industrial hasta la fecha no ha determinado por reglamento, como prescribe el artículo 38 de la ley, lo que se entiende por “carácter accidental o casual”, por lo que debemos recurrir a la jurisprudencia para determinar en cada caso particular si se trata del empleo incidental o casual a que se refiere la ley.

El trabajo que se realizó en este caso fue meramente incidental. No era de los trabajos que regularmente se rea-lizan en el curso ordinario de los negocios de la compañía. Por consiguiente, no hay duda alguna de que el mismo era un trabajo incidental o casual. Véase a ese efecto la defi-nición de las palabras “casual employment” en 6 W. & P. 289 et seq.

Pasemos ahora a la última de las cuestiones planteadas, a saber: ¿Podía considerarse el trabajo en este caso realizado por Antonio Rivera, como de los comprendidos dentro del negocio, industria u ocupación de la West India Oil CoJ

El autor de una extensa monografía sobre la materia en 58 A.L.R. 872, 882, refiriéndose al carácter del trabajo, dice:

“Si el trabajo que el contratista o subcontratista independiente emprende está dentro de las disposiciones legales que requieren que esté comprendido en el negocio o industria del principal, o una disposición semejante, es una cuestión que se suscita frecuentemente y sobre la cual no puede formularse una regla fija para resolver todos los casos aun en una misma jurisdicción.”

En otras palabras, la cuestión lia de resolverse por los hechos de cada caso en particular. Siendo ello así, es natural que las autoridades estén en conflicto, hallándose juris-dicciones que sostienen que determinados hechos justifican la conclusión de que el trabajo está comprendido dentro del negocio o industria del patrono, mientras en otras, se inter-pretan hechos similares en sentido contrario. Por ejemplo,, en la monografía anteriormente citada, que aparece en el tomo 58 A. L. R., nos encontramos con los siguientes casos: El de Fox v. Fafnir Bearing Co., resuelto por la Corte Suprema de Connecticut en 1928 (139 A. 778), en el que un fabricante de cajas de bolas contrató con un obrero para que le lavase las ventanas de la fábrica, se sostuvo que el lavar las ventanas de la fábrica era una parte del proceso en el negocio u ocupación del principal. Sin embargo, en el caso de American Radiator Co. v. Franzen, resuelto por la Corte Suprema de Colorado en 1927 (254 P. 160), se decidió que un contrato para lavar las ventanas de una fábrica de radiadores (aparatos de calefacción) no estaba dentro del negocio o industria a que se dedicaba el dueño de la fábrica.. Véanse además los casos citados en las monografías que apa-recen en 58 A.L.R. 872, 882, y 105 A.L.R. 580, 588.

En el presente caso, si bien el negocio principal de la West India Oil Co. parece ser la venta de gasolina, sin embargo, para llevar a efecto ese negocio, hemos visto que tenía establecidas estaciones en distintos pueblos de la isla, bajo las condiciones anteriormente expresadas, entre las cua-les se hallaba la de suministrar el equipo, manteniéndolo en buenas condiciones y en caso de no servir, suministrar otro nuevo. Consideradas todas las circunstancias . con-currentes en este caso, opinamos que los techos probados justifican la conclusión de que reparar un artefacto de los por ella suministrados para llevar a efecto su negocio, está dentro de la industria o negocio a que la compañía se dedi-caba.

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y confir-mar la resolución apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez PeesideNte Señob, Del Tobo

text:
    Sergio Torruella Cortada, demandante y apelante, v. Sucn. J. Serrallés, demandada y apelada.
    Núm. 7993.
    Sometido: Abril 23, 1940.

      Resuelto: Julio 10, 1940.

      Raúl Matos, abogado del apelante;

      Francisco Parra Capó y Francisco Parra Toro, abogados de la apelada.
   El Juez PeesideNte Señob, Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito de injunction iniciado por Sergio Torrue-lla Cortada en la Corte de Distrito de Ponce contra la socie-dad civil agrícola e industrial Sucesión Serralies en solicitud de que se dicte sentencia ordenando a la demandada que se abstenga perpetuamente de extraer agua de los pozos cons-truidos en su propiedad a la distancia en que los mismos se encuentran de otro pozo perteneciente al demandante cons-truido en su finca, con imposición de costas, gastos y hono-rarios de abogado.

Contestó la demandada, fué el pleito a juicio y la corte lo resolvió por sentencia de abril 27, 1939, declarando la demanda sin lugar, con costas, pero sin incluir honorarios de abogado por tratarse de cuestiones técnicas debatibles. Y es contra esa sentencia que se ha interpuesto el presente recurso de apelación, habiendo una y otra parte presentado amplios alegatos reveladores de un estudio detenido e inte-ligente de todas las cuestiones envueltas.

De las alegaciones y dé la estipulación que ambas partes presentaron para los efectos del juicio en su fondo, resultan aceptados los siguientes hechos:

El demandante es dueño de una finca rústica de treinta y ocho cuerdas, según los títulos, y cincuenta y cuatro, según mensura, ubicada en el barrio de Machuelo Abajo, sitio Monte Grande, término municipal de Ponce, y la demandada es dueña de un condominio de úna tercera parte y arrendataria del remanente de otra finca colindante con la del demandante, de novecientas veinte y ocho cuerdas.

Ambas fincas estuvieron arrendadas a una sola persona, qúien, hace más de treinta años, a fin de regar las cañas dulces que en una y otra cultivaba, alumbró aguas del sub-suelo de las dos, estableciendo una planta de irrigación com-puesta de doce pozos tubulares en batería conectados por un tubo horizontal, quedando enclavados siete de los pozos y el aparato de succión en la finca del demandante y cinco pozos y el punto de descarga en la finca de la demandada.

Con esa planta, movida por un solo motor, regaba el arren-datario diez y seis cuerdas de la finca del demandante y cierto número de cuerdas de la finca de la demandada — de ciento setenta y cinco a ciento ochenta, según declaración del tes-tigo de la demandada no controvertida por el demandante, James Marvin Giles.

El riego de ambas fincas continuó en la misma forma después que el arrendatario cesó de cultivarlas por haber terminado su contrato, pasando la de novecientas cuerdas a la demandada y la de treinta y ocho al demandante que la arrendó a Vidal Febles por término de cuatro años a partir de julio 1, 1937, subarrendándola Febles a la demandada, hasta que recientemente la demandada, sin permiso ni licen-cia del demandante y contra su voluntad, construyó dos pozos, profundos a 18.15 y a 34.42 metros del último pozo del deman-dante que es uno de los construidos hace más. de treinta años por el arrendatario entonces de su finca, quedando los tres pozos en línea recta. Una vez instalados los nuevos pozos, la demandada abandonó los antiguos y riega sus cultivos en ambas fincas con el agua que de ellos obtiene.

Hasta ahí los hechos no controvertidos. El conflicto surge cuando el demandante sostiene que la demandada actuó en contra de la ley — artículos 22, 23 y 24 de la Ley de Aguas- — • y su actuación le causa daños de consideración, de difícil jus-tiprecio e imposible reparación, porque se apropia de aguas del subsuelo de su finca, distrayéndolas de su corriente natural, con detrimento de sus labores agrícolas, careciendo para hacer valer su derecho de todo otro recurso rápido y eficaz -en el curso ordinario -de la ley que no sea el de injunction perpetuo que ejercita, y cuando la demandada replica que habiéndose alumbrado al mismo tiempo las aguas para el riego de ambas fincas en las proporciones indicadas y nsá-dose los doce pozos construidos en ellas como una unidad de riego, la construcción de los nuevos pozos es una mera sustitución de los viejos y no un nuevo alumbramiento, y que el injunction no procede por no baber el demandante demos-trado que ba sufrido perjuicios, ya que sigue contando a vir-tud del producto de sus pozos antiguos no obstante la merma advertida, con más agua que la que proporcionalmente corres-pondió a su finca desde un principio.

Conocemos cómo decidió el conflicto la corte sentenciadora. ¿Fue su decisión correcta? Véamoslo.

Para no bacer demasiado extensa esta opinión y para no incurrir en repeticiones innecesarias, en vez de estudiar separadamente cada uno de los errores que señala el apelante en su alegato de más de ciento cincuenta páginas, algunos de los cuales se refieren a los razonamientos de la sentencia y no a la sentencia misma, nos enfrentaremos desde un principio al problema a decidir en su totalidad, partiendo de los becbos aceptados y de los que siguen que declaró probados la corte sentenciadora, correctamente a nuestro juicio, fundándose en la evidencia practicada. Son así:

“La planta de doce pozos, antes de establecerse los dos posos profundos, producía alrededor de ochocientos galones por minuto y, cuando la bomba vieja estaba en mejores condiciones, producía hasta mil quinientos galones por minuto.
“Los pozos profundos construidos por la demandada producen de novecientos a novecientos veinticinco galones por minuto.
“La bomba vieja que había en los terrenos del demandante tenía un motor de cincuenta caballos de fuerza y la bomba que tiene ahora el demandante Torruella tiene un motor de siete y medio caballos de fuerza.
“Actualmente con el agua de los dos pozos profundos se riegan ochenta cuerdas de la finca de Sucesión J. Serrallés y once o doce de la finca del demandante Torruella, que están sembradas de caña.
“Se ha probado, además, que los dos pozos profundos construi-dos por la demandada, cuando están funcionando, merman las aguas que surgen por' los pozos instalados en la finca del demandante Torruella.
"Según la declaración del Ingeniero Fernando Sosa, perito del demandante, la bomba de siete y medio caballos de fuerza que fué instalada por el demandante Torruella en su finca y que cubre dos de los siete pozos que quedan en la misma, extrae de esos dos pozos una cantidad de agua de cuatrocientos o cuatrocientos cincuenta galones por minuto. Y declaró, además: que cuando funcionaban al mismo tiempo l'a bomba de la Sucesión J. Serrallés y la bomba del demandante Torruella, la del demandante Torruella daba menos agua; es decir, una diferencia (merma) de cien galones por minuto.”

La ley que rige la materia es la de Aguas que es en substancia la misma Ley de Aguas de junio 13, 1879, hecha extensiva a Puerto Pico en 1886 — Compilación de 1911, pág. 485 y siguientes — y los artículos que de ella se invocan, dicen, copiados a la letra:

"Artículo 22. Cuando se buscare el alumbramiento de aguas subterráneas por medio de pozos artesianos, por socavones o gale-rías, el que las hallare e hiciese surgir a la superficie del terreno será dueño de ellas a perpetuidad, sin perder su derecho aunque salgan de la finca donde vieron la luz, cualquiera que sea la direc-ción que el alumbrador quiera darles mientras conserve su dominio.
"Si el dueño de las aguas alumbradas no constituyese acueducto para conducirlas por los predios inferiores que atraviesan y las de-jase abandonadas a su curso natural, entonces entrarán los dueños de estos predios a disfrutar del derecho eventual que les confieren los artículos 5 y 10 respecto de los manantiales naturales superiores, y el definitivo que establece el 10, con las limitaciones fijadas en los artículos 7 y 14.
"Artículo 28. — El dueño de cualquier terreno puede alumbrar y apropiarse plenamente por medio de pozos artesianos y por so-cavones o galerías las aguas que existen debajo de la superficie de su finca, con tal que no distraiga o aparte aguas públicas o privadas de su corriente natural.
"Cuando amenazare peligro de que por consecuencia de las labo-res del pozo artesiano, socavón o galería se distraigan o mermen las aguas públicas o privadas destinadas a un servicio público o a un aprovechamiento privado preexistente, con derechos legítimamente adquiridos, el Alcalde, de oficio, a excitación del Ayuntamiento en el primer caso, o mediante denuncia de los interesados en el segundo, podrá suspender las obras.
“La providencia del alcalde causará estado si de ella.no se re-clama dentro del término legal ante el Gobernador de la provincia, quien dictará la resolución que proceda previa audiencia de los interesados y reconocimiento y dictamen pericial.
Artículo 24. Las labores de que habla el artículo anterior para alumbramientos no podrán ejecutarse a menor distancia de 40 metros de edificios ajenos, de un ferrocarril o carretera ni a menos de 100 de otro alumbramiento o fuente, río, canal, acequia 6 abrevadero público sin la licencia correspondiente de los dueños, o en su caso del ayuntamiento, previa formación de expediente, ni dentro de la zona de los puntos fortificados sin permiso de la autoridad militar.
“Tampoco podrán ejecutarse estas labores dentro de una perte-nencia minera sin previa estipulación de resarcimiento de perjuicios. En el caso de que no hubiera avenencia la autoridad administra-tiva fijará las condiciones de la indemnización, previo informe de peritos nombrados al efecto.”

Para la debida comprensión de la realidad existente en este caso y por tanto para la recta aplicación de la ley, debe tenerse bien presente que el derecho del dueño de una finca a las aguas que corren por el subsuelo de la misma, no es absoluto. “Nuestra legislación positiva”, se dice en A. Maura, Dictámenes, seleccionados y clasificados por Miguel Maura Gamazo y José Komero Valenzuela, Tomo II, pág. 403, “no atribuye la vena subterránea al dueño del suelo, tam-poco al minero del subsuelo; adjudícala a quien se la apropia con obras de alumbramiento, captándolas, Haciéndolas surgir y Habilitándolas para el disfrute.”

Hace más de treinta años el arrendatario de las fincas colindantes de ambas partes en este pleito alumbró las aguas que corrían por su subsuelo, las captó, las Hizo surgir .y las Habilitó para ser disfrutadas como las disfrutó regando- diez y seis cuerdas de la finca del demandante y ciento setenta de la finca de la demandada. Y así continuó el disfrute por mucHos años. Terminó el contrato y el arrendatario rein-tegró a sus arrendadores la posesión material de sus fincas con la valiosa mejora de los pozos en ellas construidos for-mando una unidad de riego.

Como de hecho ambas fincas siguieron siendo cultivadas bajo nna sola dirección, se continuó regándolas sin dificultad. La dificultad surgió cuando la demandada, dueña de una parte y arrendataria del resto de la finca de mayor extensión, actuando por su propio acuerdo, construyó en ella dos nuevos pozos para el disfrute de las aguas y como obtuviera resul-tado favorable, abandonó los antiguos y continuó regando con los pozos nuevos tanto las tierras cultivadas en su finca como las cultivadas en la finca del demandante que tenía subarrendada.

La construcción de los nuevos pozos se hizo a 18.15 y 34.42 metros del último de los antiguos existentes en la finca del demandante. Como sabemos, la ley ordena que la distancia cuando las labores para el alumbramiento se realizan exis-tiendo otro alumbramiento, no deberá ser menor de cien metros. En tal virtud si dichos nuevos pozos implicaran un nuevo alumbramiento, bastaría simplemente aplicar la ley a los hechos sin más razonamientos para decidir el caso en favor del demandante.

Pero ¿constituye dicha construcción un alumbra-miento distinto del realizado por el arrendatario de ambas fincas desde hace más de treinta años? Si esa pregunta puede contestarse en la negativa, entonces la situación cambia por completo y el caso debe resolverse en contra del demandante como lo resolvió la corte sentenciadora.

Volvamos a la ley. “Cuando se buscare el alumbramiento de aguas subterráneas por medio de pozos .... el que las hallare .... será dueño de ellas a perpetuidad . . . .” dice el art. 22 de la ley transcrito íntegro anteriormente. Aquí el arrendatario de ambas fincas buscó aguas en el subsuelo de las mismas, las halló y se apropió de ellas para regar sus tierras labrantías en la proporción que conocemos. El alum-bramiento se hizo al mismo tiempo y al mismo tiempo surgió por consiguiente el derecho de ambos dueños para cuyo bene-ficio último actuó su arrendatario. Ni el derecho de la deman-dada es preexistente al derecho del demandante, ni el de éste al de aquélla.

¿Estaban supeditados esos derechos ja la obtención de las aguas por los medios usados por el arrendatario o podían emplearse otros a voluntad de los dueños?

A nuestro juicio una vez que las aguas se alumbraron, los medios de utilización de las mismas deben considerarse como algo accesorio sujeto a variación de acuerdo con las necesi-dades y el progreso de los tiempos. Y siendo ello así, cons-truidos por la demandada los nuevos pozos en sitio contiguo a los antiguos a los efectos de seguir utilizando las aguas del subsuelo de su finca alumbradas al propio tiempo que las del subsuelo de la finca del demandante, la nueva construcción, el nuevo medio de utilización, no puede considerarse como un nuevo alumbramiento, al que deban aplicarse las reglas de la ley tomando como base la preexistencia del derecho del demandante, preexistencia que hemos visto que no existe. Una respuesta negativa se impone, pues, a la pregunta for-mulada.

Ahora bien ¿puede la demandada a virtud de nuevos medios de utilización, despojar de su derecho al demandante? Claro es que no. ¿Implica lo hecho hasta ahora por la deman-dada el despojo de ese derecho? Veámoslo.

No se ha demostrado que demandante y demandada regu-laran por sí mismos la extensión de sus derechos. El anti-guo arrendatario común actuó seguramente no pensando en ellos sino en su propio beneficio. Hecho por él el alumbra-miento y construidos los pozos, los utilizó para el mayor ren-dimiento de sus cultivos, pero terminado su contrato, la mejora quedó para los dueños. La misma situación continuó porque el demandante volvió a arrendar su finca que quedó controlada a virtud de subarriendo por la demandada, y el cultivo y el riego siguieron bajo una sola dirección, de modo que nunca hubo una fijación entre las partes del derecho al uso de las aguas alumbradas a la vez hace treinta años en cuanto a su extensión, viniendo en cierto modo a recaer esa fijación en los tribunales dé justicia a virtud de este pleito.

Hemos dicho en cierto modo porque entendemos qno dada la naturaleza del remedio ejercitado por el demandante, no debe hacerse en definitiva sino incidentalmente a los únicos fines de determinar si hasta ahora se ha demostrado la exis-tencia de un verdadero perjuicio.

Aplicando el principio fundamental relativo al dominio de las aguas del subsuelo que expusimos y lo preceptuado en los artículos de la ley especial sobre la materia invocados por el propio demandante, veremos que el derecho al disfrute-ulterior de las aguas alumbradas en cuanto a cantidad, se-determina por el todo o la parte que se usare desde el prin-cipio y aquí resulta claro que al alumbrarse simultáneamente las aguas en ambas fincas, se usaron para regar diez y seis cuerdas en la del demandante y más de ciento cincuenta en la de la demandada y que así continuó el disfrute — siendo-últimamente la proporción doce-ochenta — hasta que surgió el desacuerdo entre las partes, y como resulta claro también a. virtud de la propia evidencia introducida por el demandante, que no obstante la merma que se advierte en sus pozos cuando funcionan los pozos profundos de la demandada, la cantidad, que obtiene en sólo dos de ellos movidos por bombas de escasa potencia es superior a la que se usó y se ha venido usando-para el riego de su finca, precisa concluir que no se ha demos-trado la existencia de un perjuicio actual que pueda servir de base a la expedición del injunction. Las' mismas auto-ridades citadas por el demandante y apelante — 62 C. J. 520-y 521, Larned v. Jenkins, 169 N. W. 723, 724, 102 Neb. 796— exigen como condición necesaria para el injunction la exis-tencia del perjuicio y el perjuicio fue alegado y se sostiene-que existe por el demandante.

En cuanto a si los pozos profundos construidos por la, demandada pueden llegar a sustraer en el futuro todas las-aguas del subsuelo de la finca del demandante, es algo espe-culativo. Debe existir un perjuicio actual, evidente. Si el caso llegare en la realidad, medios tendrá el demandante .de hacer valer su derecho. Hasta ahora lo probado por él. es una merma, perfectamente explicada por tratarse de las mismas aguas subterráneas, que aún deja un margen favorable a su derecho.

Bajo esas circunstancias, no es posible revocar la senten-cia recurrida. Se ajusta a los hechos, a la ley y a la juris-prudencia. El recurso interpuesto contra ella debe en su consecuencia declararse sin lugar, quedando confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Manuel A. Frías, demandante y apelado, v. José y Faustino Berríos Sánchez, demandados y apelantes.
    Núm. 7961.

    Sometido: Marzo 25, 1940.

      Resuelto: Julio 10, 1940.

      F. González Fagundo, abogado de los apelantes;

      R. Palacios Rodrí-guez y Géigel & Silva, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

El apelado demandó en cobro de la suma de $1,500 como, servicios médicos. La corte inferior le concedió $750, basada •en gran parte en el testimonio de otro médico, y los here-deros del paciente apelaron. El apelado solicita la deses-timación del recurso por frívolo. La única cuestión suscitada es, según se alega, lo excesivo de los honorarios concedidos.

El caso presentado por el apelado no nos convence suficientemente de que los cargos no fueran altos. Lo que resalta es que el médico tratara de recobrar $1,500 por 52 visitas. Tomando un promedio de $6 por visita ello hubiera hecho que la suma a recobrarse ascendiera a unos $300, Es menester que el apelado presente un caso mejor.

Durante la vista ante este tribunal los apelantes presen-taron una supuesta “minuta” que fué ofrecida en evidencia -en la corte inferior y que no vino incluida en el pliego de excepciones ni en la exposición del caso. El certificado sus-crito por el Secretario de la Corte de Distrito de Humacao dice que la minuta fué presentada en evidencia, mas conve-nimos con el apelado en que una porción aislada de la prueba no puede hacerse formar parte de los autos ante este tribunal. Esta es la regla. Por vía de ilustración podríamos decir que si la misma se hubiera ofrecido en la corte inferior hubiera habido motivos para excluirla o la parte contraria tal vez hubiese podido insistir en que declaraciones o certi-ficados adicionales fueran incluidos en el pliego de excep-ciones o exposición del caso.

Tenemos serias dudas en torno a la cuantía de la recla-mación y en su consecuencia la moción para desestimar el recurso por frívolo no puede prevalecer y debe ser declarada ■sin lugar.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison1

text:
    José González Reyes y Juana Reyes Torres, demandantes y apelados, v. Manuel González Reyes y Ernesto Fernando Schlüter, demandados y apelantes.
    Núm. 7677.

    Sometido: Noviembre 7, 1939.

      Resuelto: Julio 10, 1940.

      Bubón & Ochoteco, abogados de los apelantes;

      Francisco Vizcarrondo, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison1

emitió la opinión del tribunal.

Ernesto Fernando Seblüter, nno de los aqní demandados, radicó en marzo 28 de 1936 en la corte de distrito una moción para que se dejara sin efecto mía sentencia dictada a favor de los demandantes en febrero 27 del mismo año. Las razo-nes aducidas fueron:

Como a las dos de la tarde del día 27 de marzo, en el café La Mallorquína de Caguas, Jesús Hernández, de Caguas, le había co-municado a Sehlüter que el caso se había señalado para juicio, que éste se había celebrado y que se había dictado sentencia en favor de los demandantes. Hasta que recibió esta información Sehlüter no sabía que se hubiera celebrado el juicio ni dictado sentencia o que se hubiese señalado el caso para juicio. El había sido represen-tado por el licenciado Joaquín Yendrell de San Juan, P. B., quien algún tiempo antes se había retirado del caso y había sido sustituido por los licenciados Dubón y Ochoteco, de San Juan. Inmediata-mente después de recibir dicha información, Sehlüter se comunicó con sus abogados y les informó lo sucedido, lo cual ellos también ignoraban, y prometieron hacer una investigación. Esa misma tarde tuvieron una entrevista con Francisco Yizcarrondo, abogado de los demandantes, cuya oficina estaba en el mismo edificio y contigua a la de ellos, y Yizcarrondo confirmó lo relativo al juicio y la sen-tencia. Sehlüter y Dubón se habían cerciorado entonces de los hechos mediante un examen de los autos en la oficina del secretario y habían descubierto que en diciembre 24 de 1935 la corte había señalado el caso para verse a las nueve de la mañana de febrero 14 de 1936; que en enero 4 se había notificado a Francisco Yizcarrondo, como abogado de los demandantes, y a Joaquín Yendrell, como abo-gado de Sehlüter; que el juicio se había celebrado en febrero 14, estando presentes los demandantes y su abogado; que se había dic-tado sentencia en favor de los demandantes en febrero 27; que ésta se había notificado a Joaquín Yendrell, como representante de Sehlüter, en febrero 28. Sehlüter tenía una defensa buena, justa y meritoria contra la demanda y desde el principio se había defen-dido diligentemente sin abandonar dicha defensa en ningún mo-mento, la cual sostenía de buena fe y en la firme creencia y convicción de que le asistía toda la razón, participando de esta misma opinión tanto sus actuales abogados como los que le habían venido re-presentando con anterioridad, después de haberles hecho una exposición completa y detallada de todos los hechos del caso.
Allá para el día 6 de mayo de 1930, se había iniciado otro pleito bajo el número 15,100, sobre los mismos hechos en que se fundaba la presente acción, en el cual el demandado también se defendió diligentemente y obtuvo una sentencia a su favor en 9 de junio de 1931, que apelada para ante el Tribunal Supremo, fué confirmada en julio 15 de 1932 (43 D.P.R. 826), iniciándose entonces el presente caso. En el caso de autos los demandantes solicitaron un injunction, el cual fué denegado por resolución de noviembre 23, 1933. La apelación al Tribunal Supremo había sido desestimada en abril 17 de 1935, y pedida la reconsideración, ésta fué denegada por los fundamentos que aparecen en una opinión dictada en julio 16 de 1935 (48 D.P.R. 863). En todos estos procedimientos Schlüter se había defendido diligentemente y había sostenido sus derechos en la firme creencia y convicción de que le asistía toda la razón, y nunca abandonó su defensa.
Si a Schlüter se le hubiese informado el señalamiento para la vista del juicio, habría comparecido a dicha vista para ofrecer toda la prueba con que contaba en apoyo de sus contenciones y en opo-sición a las alegaciones de los demandantes. Él siempre había estado listo y dispuesto para presentar su prueba.
Aunque no aparecía de la faz de los autos que Joaquín Vendrell había cesado en su representación de Schlüter y que había sido sustituido por Dubón y Ochoteco — razón por la cual se le había notificado el señalamiento a Vendrell y no a Dubón y Ochoteco — • Francisco Vizcarrondo, el abogado de los demandantes, tenía cono-cimiento personal de que Dubón y Ochoteco eran los abogados de Schlüter. Esto, no sólo porque ellos habían comparecido en repre-sentación de Schlüter ante la Corte Suprema (a la vista de la última moción de reconsideración presentada en la apelación inter-puesta por los demandantes contra la resolución dictada por la corte de distrito en noviembre 23 de 1933 rehusando la expedición de un auto de injunction en el presente caso), sino también, y mu-cho antes de señalarse la vista del caso, que Dubón y Ochoteco habían comparecido a nombre de Schlüter ante la corte de distrito en otros incidentes iniciados por los demandantes en otro recurso relacio-nado con la misma finca y basados en los mismos hechos. La ausencia de Schlüter en el juicio se debió a su negligencia excusable y/o a la de sus abogados Dubón y Ochoteco de hacer que figurara en los autos que Vendrell se había retirado del caso y que ellos eran los nuevos letrados, toda vez que de haberse hecho eso, el secretario habría notificado a los abogados de Schlüter que el caso había sido señalado, y él hubiera acudido a juicio 3^ habría podido presentar su prueba en oposición a la reclamación de los demandantes. Viz-earrondo nunca informó a los abogados de Schlüter hasta el día antes de radicarse la moción del demandado que el caso había sido señalado, aunque los vió y se encontró con ellos diariamente, y no obstante las visitas mutuas que se hacían y las conversaciones fre-cuentes que sostenían en sus respectivas oficinas.
Schlüter estaba dispuesto a pagar todos los gastos incurridos por los demandantes como resultado de su comparecencia acompa-ñados de su letrado en el juicio celebrado el 14 de febrero de 1936, así como cualesquiera costas que la corte pudiera imponerle como condición previa a cualquier orden que pudiera dictar dejando sin efecto su sentencia.
Si a Schlüter no se le daba la oportunidad de presentar la prueba que tenía en su poder para sostener sus contenciones y en oposición a la de los demandantes, él sería grandemente perjudicado en sus derechos y sería privado de una propiedad que le había costado no menos de $12,000; esto, además de otras responsabilida-des impuéstasle por la sentencia y en adición de todos los gastos incurridos por él en su defensa, desde que se inició el primer recurso allá para el 6 de mayo de 1930.

Durante la vista de la moción presentada por el deman-dado, Yendrell declaró, en síntesis, lo siguiente:

Actuó como abogado de Schlüter en el caso número 16,859, in-titulado José González Reyes y Juana Reyes Torres v. Manuel González et al., hasta abril, mayo o junio de 1935. Desde junio de 1935 no ha intervenido en el caso. En mayo o junio Schlüter le dijo por teléfono que toda vez que no le podía pagar ningunos ho-norarios, el licenciado Franco se había ofrecido voluntariamente para llevarle el caso y le solicitó que le entregara los papeles a Franco. El testigo le manifestó que no tenía objeción alguna. Como una hora más tarde Schlüter y Franco se presentaron en su oficina y después de una conversación breve el testigo les entregó todos los papeles que estaban en su poder junto con el escrito renunciando la representación de Schlüter como abogado de récord. Franco le llamó la atención hacia el hecho de que el juicio estaba señalado para dentro de dos días y a que no tendría tiempo suficiente para estudiar el caso. El testigo le indicó que debía ver a Vizcarrondo para que suspendiera la vista. Entonces el testigo llamó a Vizcarrondo por teléfono y le anunció que había preparado y firmado un escrito renunciando la representación de Schlüter y le suplicó que se allanara a la suspensión porque Franco no tenía tiempo suficiente para estudiar los hechos y preparar la prueba. Vizcarrondo contestó que era imposible acceder a su peti-ción porque el caso ya se había suspendido dos veces y tenía interés en que se viera definitivamente en su fondo. El testigo insistió y Vizcarrondo le sugirió que le dijera a Franco que pasara por su oficina, que ya se entenderían. Schlüter y Franco salieron y el tes-tigo no sabe lo que sucedió después. Como a los quince o veinte días de eso el testigo se enteró de que la corte había suspendido la vista del caso, previo pago de costas por Schlüter. Dos o tres días más tarde se le presentó Dubón para que le hiciera una breve re-lación de los hechos porque él había asumido la representación de Schlüter en el caso. Que Franco renunciaba o no podía atenderlo por haber conseguido una colocación en la P.R.R.A. o en algún organismo del Nuevo Trato. Pocos días después se señaló en el Tribunal Supremo la vista de una moción de reconsideración pre-sentada por Vizcarrondo — la reconsideración de una resolución dictada por el Tribunal Supremo en el recurso interpuesto contra una orden de la corte de distrito en un procedimiento de injunction. Entonces el testigo le indicó a Dubón que no debía comparecer a la vista de esa moción de reconsideración porque él entendía que el Tribunal Supremo había sido consentido (sic) en este caso y que eso estaba de más. Dubón le contestó que era necesaria la compa-recencia porque se habían planteado ciertas cuestiones y la moción se había declarado con lugar. Como un mes después, Vizcarrondo había hablado con el testigo sobre el Caso en varias ocasiones, men- ■ cionándole el hecho de que había habido muchos cambios de abogados y que ahora no sabía “si era Francis o quién era”; pero que tenía ' conocimiento de que ya el testigo no era abogado de récord de Schlüter, porque sabía que el testigo no había podido lograr que él accediera a la suspensión del juicio ya qué era otro abogado el que iba a asumir la representación de Schlüter. ' Desde entonces el tes- ' tigo no había sabido más del easo hasta ahora'. No había sido no-tificado de que el caso estuviera señalado para juicio. Si el testigo hubiera sabido de la notificación o hubiera recibido el avisoj le ' hubiera informado a Dubón o a Schlüter o' tal vez habría remitido"' a Schlüter el aviso; toda vez que él ño tenía interés'en retenerlo, . yá que no era abogado en el caso. El procedimiento de injunction ' fué iniciado en el mismo caso, como parte del mismo récord.

Francisco Vizcarrondo declaró como testigo. La médula de su declaración es la siguiente:

Después del 6 de junio de 1935 Vendrell no ha hablado con el testigo sobre este caso ni sobre ninguno otro entre Schlüter y los demandantes en el presente caso. El 6 de junio de 1935 Vendrell lo llamó por teléfono y le informó que Franco estaba allí, quien había ido a discutir con él sobre la vista de dos casos de injunction que habrían de verse al día siguiente. Vendrell solicitó una nueva suspensión de la vista. En esa ocasión Vendrell no dijo al testigo que había renunciado la representación de Schlüter. El testigo contestó a Vendrell que la semana anterior, a fin de que Franco se pusiera de acuerdo con Vendrell, había concedido una suspensión en los mismos casos, cuya vista iba a tener lugar la semana antes,, el 30 de mayo, y que el caso había sido señalado luego para el 7 de junio; que el 6 de junio Franco volvió a la oficina del testigo' y le informó que no había podido ponerse de acuerdo con Vendrell y solicitó una nueva suspensión, a lo cual el testigo contestó que a esto no podía acceder, pero que él no tenía inconveniente de que. a, la vista del día siguiente fuesen Vendrell y Francis, a quien también mencionó Franco. Franco manifestó entonces al testigo que vería a Vendrell para ponerse de acuerdo y ver entonces de concurrir ambos. Entonces, como a medio día, Vendrell llamó al testigo por teléfono; que después de eso el testigo y Vendrell no se han cruzado una sola palabra más en relación con el asunto. -El testigo no tiene conocimiento fijo de quién habría de ser el abogado que habría de representar a Schlüter en la vista del 14 de febrero, debido a los innumerables y constantes cambios de abogado en este caso y en otros en relación con éste.

Conforme se indica en el caso de Fernándes v. Pescay, 26 D.P.R. 808, 813:

“En el caso de Gutiérrez v. Foix, 23 D.P.R. 73, 75, al interpre-tar el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, citamos con aprobación de un caso de California lo siguiente:
“ ‘Éste es un precepto reparador, y, de acuerdo'con las prescrip-ciones del artícirio 4 del propio código el. opal exige-que sea' libéraímente interpretado Con el fin de que -se..cumplan sus finés y promueva la justicia,, se observa- mejor .resolviendo, los casos por 'Sus, méritos sustanciales más bien que atendiendo estrictamente a. las reglas técnicas de procedimiento. Lá‘ ■ discreción dé la corte 'debe' siempre ser ejercitada de conformidad con el espíritu de la ley y de tal modo que más bien ayude que impida o destruya los fines de la justicia, considerando los meros tecnicismos como obstáculos que ban de ser vencidos más bien que como principios a los cuales ha de darse efecto en derogación del derecho sustancial’.”

En Sierra v. P. Longo & Co., 45 D.P.R.. 807, 811, este tribunal dijo:

“El caso está en la línea. El error del abogado lo sufre la parte. Ésa es la regla. De otro modo serían interminables los liti-gios. Pero hay casos extraordinarios en que es tan evidente el error y lá cuestión envuelta tan técnica y se está tan al principio del pleito, que no dar una oportunidad de ir a los méritos, consti-tuiría una notoria injusticia cuya comisión debe evitarse mientras sea posible.
“En cuanto al tercer error,, nuestro criterio es distinto. Existe a nuestro juicio. Algo debe sufrir la parte que obtiene el beneficio. El demandante hizo uso de un- derecho que la ley y la jurispru-dencia le reconocen de consuno al pedir la anotación de rebeldía y registro de la sentencia, y al sostener luego el reconocimiento de su derecho por parte del secretario y de la corte. Pudo la corte de distrito y debió, dadas las circunstancias que en el caso concurren, imponer como condición para acceder a lo solicitado el pago de una suma razonable — cincuenta dólares, a nuestro juicio — como reintegro de las costas, gastos y honorarios de abogado en que incurriera el demandante.”

El juez de distrito declaró sin lugar la moción de Schlütér por no aparecer justa causa. No discutió los hechos ni adujo los motivos que tuvo para llegar a la conclusión a que llegó de que los hechos que tenía ante sí eran insuficientes para justificar la reapertura del caso.

Tomando todo en consideración, estamos convencidos de que el caso presentado por Schliiter en apoyo de su moción era suficiente y de que el juez de distrito, en ejercicio de una sana discreción judicial, según se indica en los casos de Gutiérrez v. Foix, supra, Fernández v. Pescay, supra, y Sierra v. P. Longo & Co., supra, debió haber dejado sin efecto la sentencia, pero, desde luego, sujeto a ciertas condiciones.

Sehlüter solicitó de la corte de distrito que reconsiderara su sentencia. La moción fuá declarada sin lugar debido a que ya se había apelado de la sentencia.

El presente recurso ha sido interpuesto contra la senten-cia y contra la orden declarando sin lugar las dos mociones de Sehlüter. La sentencia fué dictada por un juez y las dos mociones fueron declaradas sin lugar por otro. La moción de reconsideración se basó en tres motivos distintos. Por lo menos dos de estos fundamentos nunca fueron traídos ante el juez que dictó la sentencia. El juez que declaró sin lugar la moción de reconsideración no pasó sobre los méritos de la misma. Es preferible que tales cuestiones sean resueltas en primera instancia por las cortes de distrito. Por este motivo y en vista de la conclusión a que ya hemos llegado respecto a haberse declarado sin lugar la moción para que se dejara sin efecto la sentencia, no es menester que discu-tamos ahora otras cuestiones levantadas en el señalamiento de errores.

La resolución que declaró sin lugar la moción para dejar sin efecto la sentencia de febrero 27 de 1936 debe ser revo-cada; dicha sentencia será dejada sin efecto y el caso devuelto para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión — todo ello a condición de que Sehlüter, dentro del término de (Mes días contado a partir de la fecha en que se radique el mandato en la corte de distrito, deposite en la oficina del secretario de dicha corte, para ser entregada a los demandantes o a su letrado, la suma de $400; de lo con-trario la orden declarando sin lugar la moción para dejar sin efecto la sentencia será confirmada y la sentencia subsistirá sujeta a condición ulterior y determinación final de las cues-tiones envueltas en el recurso interpuesto contra tal sentencia y contra la orden declarando sin lugar la moción de recon-sideración.