author: El Juez Asociado Sr. HutchisoN,

text:
    Martínez, Peticionario, v Crosas, Juez de Distrito, Demandado.
    Procedimiento para que se expida un auto de certiorari contra el Hon. Andrés B. Crosas, Juez de la Corte de Distrito de Aguadilla, P. E.
    No. 228.
    Resuelto en febrero 28, 1919.
    Apelación — Jurisdicción Voluntaria — Oposición—Conversión de un Caso Es-parte en Pleito Contencioso. — Cuando se baee oposición a una solicitud pidiendo el nombramiento de un administrador judicial el caso viene a ser contencioso, y la apelación entonces debe regirse por los preceptos de loa artículos 297 y 298 del Código de Enjuiciamiento Civil. Véase también Martínez v. Martínez, 26 D. P. R. 156, 157.
    Apelación. — Jurisdicción Voluntaria — Oposición—Efectos de la Sentencia Apelada. — La apelación para ante esta Corte Suprema de la sentencia que dicte una corte de distrito en un asunto de jurisdicción voluntaria, que por virtud de oposición de parte legítima se baya convertido en pleito de jurisdicción contenciosa, como cuando, como en el presente caso, se decreta la administración judicial y se desestima la oposición a dieba administra-ción, priva a la corte de distrito de sus facultades para seguir actuando en el asunto basta tanto se resuelva por esta corte la apelación establecida, que-dando por tanto suspendidos los efectos de la sentencia apelada.
    Apelación' para Ante la Corte de Circuito — Cuando Surte Efectos de Su-persedeas. — En apelación contra sentencia dictada por esta Corte Suprema para ante la corte de circuito, es preciso que el apelante preste una fianza; y esta fianza, para que pueda surtir efectos de supersedeas, deberá proveer para responder tanto de los daños y perjuicios como de las costas.
    Fianzas Judiciales — Defectos no Impugnados Oportunamente — Su Revisión por Certiorari. — Cuando la fianza que se presta en un caso de administra-ción judicial viene a impugnarse por primera vez en un alegato suplemen-tario tres días antes de la vista del caso ante esta Corte Suprema dentro de un recurso de certiorari, sin que dicha fianza, ni sus supuestos deíeetos se hayan mencionado en la petieión, y sin que aparezca claramente que en el affidavit de justificación de los fiadores se haya dejado de cumplir sustan-cialmente con los requisitos estatutorios, ni se demuestra perjuicio alguno, semejante impugnación llega demasiado tarde y no demanda seria considera-ción en procedimientos de revisión por certiorari.

    Certiorari — Materias Revisarles — Requisitos que han de Reunir. — Para que puedan ser revisadas por certiorari, es preciso que las materias sugeridas para su revisión hayan sido mencionadas en la petieión del certiorari, se hayan impugnado en la corte inferior y que no puedan ser eficazmente re-visadas en apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del peticionario: Sres. Víctor P. Martínez y Feliú & Alemañy.

    Abogado del demandado: Sr. Juan B. Soto.

   El Juez Asociado Sr. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

En la petición interesando la expedición de nn auto de certiorari presentada en este caso se alega que en la Corte de Distrito de Aguadilla en el caso sobre administración judicial de los bienes del finado Víctor Martínez y Martínez se nombró un administrador en mayo 7 de 1917; que en la ape-lación interpuesta por el peticionario en este caso, opositor en aquellos procedimientos, esta corte con fecha 19 de febrero de 1918 confirmó la resolución de la corte de distrito; que contra la sentencia dictada por esta corte se estableció recurso de apelación que está pendiente ante la Corte de Circuito de Apelaciones sita en Boston; que el peticionario presentó una moción en esta corte para que una vez perfeccionada la ape-lación contra la resolución de mayo 7 de 1917 se tuviesen por suspendidos los efectos de la sentencia, y que esta corte así lo resolvió en su citada sentencia de febrero 19 de 1918; que la corte de distrito en mayo 10 de 1918 separó de su cargo al administrador, concediéndole treinta días para liquidar y ren-dir sus cuentas; que a pesar de todo ésto la corte de distrito siguió tramitando los mencionados procedimientos y ejecu-tando la referida resolución apelada, dictando entre otras re-soluciones, las siguientes:

En mayo 20 de 1918, una orden disponiendo el pago de $132 por el administrador a un notario por el inventario otor-gado ante él en septiembre 16 de 1917, y copia del mismo, •resolución que le fué notificada el mismo día al administra-dor, pero el peticionario no fué notificado ni de dicha reso-lución, ni de la solicitud de la misma.

En mayo 10 de 1918, una orden disponiendo el pago de $2,500 por el administrador a ciertos abogados por supuestos servicios profesionales y desembolsos en defensa del juez (sic) y de los menores y en conesión con la apelación pen-diente ante la Corte de Circuito, sin notificación al peticio-nario de dicha resolución ni de la solicitud de la misma.

En febrero 5 de 1918, a instancias del administrador, dos órdenes notificando a diferentes deudores hipotecarios para el pago a dicho administrador de créditos debidos al peticio-nario, notificando a dichos deudores hipotecarios pero sin no-tificar al peticionario en cada instancia la citada orden, ni la solicitud de la misma.

Que en mayo 8 de 1918, el peticionario fué notificado de que se había nombrado por la corte un contador-partidor, y que al mismo tiempo fué citado para una partición que había de llevarse a cabo el día veinte de dicho mes, sin previa no-tificación o conocimiento por el peticionario del nombra-miento de dicho contador-partidor, ni de sus aptitudes y con-diciones para el cargo, habiéndose desestimado en mayo 20 de 1918 una moción de reconsideración presentada por el peti-cionario.

Que la moción del administrador para que se ordenase al peticionario y a su mayordomo a comparecer a mostrar causa por qué no debieran ser castigados por desacato por razón de los supuestos actos cometidos fuera de la corte, sin especi-ficar el lugar en que ocurrieron, la corte inferior señaló para la vista de dicha moción el día 2 de noviembre de 1917, y por su sentencia de mayo 21 de 1918, impuso al peticionario una multa de $200 y condenó tanto al peticionario como a su. mayordomo a treinta días de cárcel, de la cual sentencia no> se le dio copia al peticionario a pesar de haberla reclamado.

Que el administrador, por moción de mayo 8 de 1918, de-claró y afirmó que el ingreso obtenido en la referida admi-nistración basta mayo 5 de 1918, alcanzaba a $7,519.78.

En la petición se señalaron como errores las siguientes ‘ ‘ infracciones ’ ’;

A. De los artículos 297 y 298 del Código de Enjuiciamiento Civil en relación con la doctrina sentada por esta corte en su sentencia de febrero 19 de 1918;

B. De los artículos 354-356 del Código Civil en relación con el artículo 1186 del mismo código y con los artículos 24. 25 y 26 de la Ley Hipotecaria;

C. Del artículo 135 del Código de Enjuiciamiento Civil y la regla 4a. de las de la corte de distrito;

D. De la Ley de Procedimientos Legales Especiales de marzo 9 de 1905 en relación con el artículo 1816 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1885, y de la jurisprudencia esta-blecida por esta corte en el caso de Sabater v. Escudero, 23 D. P. R. 854, y de la sentencia del Tribunal Supremo de España de 21 de abril de 1896.

E. Del artículo 67 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales tal cual fué enmendada por la ley de mayo 8 de 1906;

P. De los artículos 1221 y 1224 del Código Civil en rela-ción con la Ley de Procedimientos Legales Especiales y el artículo 1226 del mismo Código Civil;

G. Del artículo 355 del Código Civil en relación con la' Ley de Procedimientos Legales Especiales de 1905.

En la súplica se pide que se anulen las resoluciones de octubre 27 de 1917, febrero 5 y mayo 20 de 1918 y la orden nombrando el contador-partidor, que se urdene la entrega al peticionario de los $7,519.78, y los demás que se hubieren cobrado por ser rentas y productos de los bienes partícula-res del peticionario, y la entrega al peticionario de todos los bienes de su propiedad que le ban sido indebidamente ocu-pados y cuya exclusión se solicita con sus rentas y produc-tos por el certiorari No. 227, porque habiéndose separado al administrador, dichos bienes se hallan abandonados y consis-ten en su mayor parte de cultivos de café, cañas y frutos me-nores; y que le concedan las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abog’ado.

En el acto de la vista el peticionario estuvo representado por un compañero suyo que radicó un “alegato adicional”, suscrito por él mismo y por el peticionario, presentando en una forma más o menos plausible las principales cuestiones formuladas en el alegato original y levantando una o dos cuestiones nuevas.

En el alegato suplementario somete el peticionario los puntos siguientes:

I.

Que la apelación para ante esta corte de la sentencia dic-tada por la corte de distrito decretando la administración judicial y desestimando la oposición a dicha administración priva a la corte de distrito de sus facultades para seguir, actuando en el asunto hasta tanto se resuelva por esta corte la apelación establecida.

II.

Que la apelación interpuesta contra la decisión de esta corte para ante la Corte de Circuito de Apelaciones y la re-misión de los autos a aquella corte transfiere la jurisdicción a esta última.

III.

Que la fianza prestada por el administrador judicial, en la que uno de los fiadores es abogado de dicho administra-dor y en la que los fiadores no llenan los requisitos que la ley prescribe, es nula, y también lo son los actos realizados por el administrador bajo esa garantía.

IY.

La sentencia condenando al peticionario por desacato es totalmente nula.

V.

Otros Motivos de Nulidad.

1. La corte aparece resolviendo incidentes sustanciales sin celebrar vista alguna sobre los mismos y dar así oportu-nidad a las partes para la debida presentación y sumisión de las cuestiones planteadas. Así ocurrió: (a) en cuanto a la primitiva fianza del administrador; (ó) con-referencia a la suspensión del procedimiento; (c) con referencia a la reso-lución ordenando al deudor Méndez el pago de ciertas sumas al administrador; (d) con referencia a la resolución sobre fianza siispensiva y de reconsideración de la misma; y (e) otros casos sobre los cuales, en interés de la brevedad, sólo cita el peticionario los pasajes del récord en que se encuen-tran.

2. También se invita la atención de esta corte hacia los pagos autorizados por la corte de distrito con cargo a los fondos de la administración, especialmente en lo que se re-fiere a los honorarios de abogado y la moción pidiendo el pago de los mismos:

Se impugna también la validez de los pagos ordenados por cuanto se autorizaron cuatro días después de haberse dictado una orden destituyendo al administrador.

El nombramiento del contador-partidor es también, según el peticionario, nulo e ineficaz.

En el caso de Martínez v. Crosas, 25 D. P. R. 789, 791, refiriéndose a la orden de mayo 7 de 1917, dijo esta corte:

“Sin que entremos a considerar si dicha resolución es apelable o no opinamos que en el caso de que lo sea lo será únicamente en un solo efecto.”

Más tarde, en el de Martínez v. Martínez, 26 D. P. R. 156, 157, refiriéndonos a la anterior decisión que acabamos de mencionar, indicamos que—

“El certiorari fué propiamente denegado en ese caso y aunque se admitiera que cuando se bace oposición a una solicitud pidiendo un administrador judicial el caso viene a ser contencioso, y la apelación' entonces debe regirse por los preceptos de los artículos 297 y 298 del Código de Enjuiciamiento Civil, la denegatoria del certiorari siempre se sostendría por las razones expuestas en el último párrafo de la opinión. ’ ’

Aunque no fué entonces necesario decidir y no lo decidi-mos en tantas palabras, como lo pretende el peticionario en este caso, que la apelación perfeccionada contra la sentencia de mayo 7 de 1917 produjo la suspensión de los procedimien-tos, sin embargo el pasaje citado volvió a abrir la cuestión para ulterior consideración y así lo quiso y fué entendido por esta corte en aquella fecha. En realidad de verdad, nos in-clinábamos a creer entonces y ulteriores reflecciones nos han convencido de que el criterio más correcto sobre la materia es el que sostiene el apelante en el caso de Martínez v. Martínez, el peticionario en este caso.

La segunda proposición del peticionario, aunque es cier-ta por lo general, no puede sostenerse,en el sentido en que se pretende en el presente caso. En apelación contra sen-tencia de esta corte, la fianza, para que pueda surtir efectos de supersedeas, deberá proveer para responder tanto de los daños y perjuicios como de las costas. Foster’s Fed. Prac., tomo 3, p. 2482, sec. 703; 3 C. J. págs. 1273, 1294, 1296; 2 R. C. L. págs. 117, 122, 124; Taylor, Jurisdiction and Procedure of the U. S. Sup. Ct., 214; Ann. Cases, 1912 A, 259; Covington Stock Yards v. Keith, 121 U. S. 248.

Los únicos actos del administrador que se pretende hallar-se viciados de los alegados defectos de la fianza son la toma de posesión en mayo 29 y junio 4 y la presentación de un informe y cuentas de gastos. Que los fiadores en el affidavit de justificación no cumplieron sustancialmente con los requi-sitos estatutorios no aparece de manera alguna fuera de toda duda. Poco después se sustituyó con una nueva fianza y no se lia demostrado perjuicio' alguno. La aprobación de la pri-mera fianza por la corte de distrito no lia sido impugnada en la petición, ni la fianza en ella mencionada. Dadas las cir-cunstancias, la indicación hedía por primera vez en el ale-gato suplementario tres días antes de la vista llegó dema-siado tarde y no demanda seria consideración. •

La orden disponiendo la expedición de un mandamiento al marshal mandándole a poner al administrador en posesión'de determinados bienes raíces, cuya ejecución resistió el peticio-nario, fuá dictada en septiembre 29 de 1917, como resultado de una moción presentada el día anterior. La orden para mostrar causa por la que no debiera castigarse al peticionario por desacato está fechada en octubre 27 de 1917, y le fué servida dos días después. La vista se celebró en noviembre 2 de 1917.

Así pues, no sólo todos los procedimientos relativos al desacato, salvo solamente la sentencia pronunciada en mayo 21 de 1918, sino que también los incidentes que les precedie-ron y que produjeron semejante resultado tuvieron lugar mientras la apelación interpuesta contra la orden nombrando el administrador estaba pendiente de resolución ante esta corte. Como corolario de la conclusión a que hemos llegado con referencia a los efectos de dicha apelación, se sigue que la corte inferior no tenía facultades para actuar. 13 C. J. 54. Debe añadirse,- además, que todo el procedimiento tuvo lugar después de nuestra decisión de julio 28 de 1917, en el caso de Martínez v. Crosas, supra, y que la corte de distrito, sin duda, descansó en la opinión de ese caso.

La cuestión de la validez de los procedimientos por desa-cato es lo que motivó la expedición de este auto, y no nece-sitamos discutir detalladamente cada uno de los puntos téc-nicos que han podido sugerir la ingenuidad del peticionario o de su abogado. Eespecto de las materias no resueltas an-teriormente, algunas de ellas ni siquiera se mencionan en la petición, otras no fueron impugnadas en la corte inferior, ni se ha demostrado perjuicio sustancial alguno, y la mayor parte, si no todas ellas, pudieron revisarse en apelación.

La sentencia de mayo 21 de 1918 y las órdenes de octubre 27 de 1917 y febrero 5 de 1918 deben ser revocadas.

Revocadas las órdenes de octubre 27, 1917, febrero 5 de 1918 y mayo 21, 1918 recu- ■ rridas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey disintieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

license: Public Domain

text:
    Monllor, Demandante y Apelante, v. Hon. J. J. Acosta, Juez Municipal, Demandado y Apelado, y González, Interventor.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en • procedimiento de certiorari.

    No. 1926.
    Resuelto en febrero 28, 1919.
    Deudor Próximo a Ausentarse con Intención de Defraudar Acreedores— Arresto en Acción Civil — Declaración Jurada (Affidavit). — Un affidavit del demandante en el cual expresaba que le constaba de propio conocimiento por confesión del demandado, así como por la prensa, que el demandado estaba para ausentarse do la Isla de Puerto Eieo hacia la de Cuba en donde pensaba residir en lo sucesivo, con intención de defraudar al declarante sin dejar responsabilidad alguna en la isla, es suficiente para sostener una mo-ción solicitando un mandamiento de arresto del demandado, por ser un deudor que huye para eludir el pago de sus deudas.
    Id. — Id.—Diligenciamiento de Ordenes de Arresto en Acciones Civiles — Cer-tiorari. — La negativa de la corte de distrito a anular el procedimiento a virtud de la alegación de no haber sido cumplimentado el mandamiento de arresto por el debido funcionario, si fuera así no es razón para la expedición de un certiorari, teniendo el apelante otros remedios.
    Id. — Id.—Prisión bor Deuda. — Los estatutos que autorizan el arresto en acciones civiles deben ser interpretados, estrictamente, pero no impiden que el brazo fuerte de la justicia detenga a los deudores que huyen para eludir el pago de sus deudas no obstante el precepto constitucional que prohibe la prisión por deudas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abog’ado del apelante: Sr. Eduardo Flores Colón.

      El demandado no compareció.
    Abogados del interventor: Sres. L. Torres Gran y Tomás-Torres Peres.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del .tribunal.

La presente es una apelación interpuesta contra sentencia de la Corte de Distrito de Ponce por la que dicha corte de-claró sin lugar o anuló una solicitud interesando un auto de certiorari dirigido a J. J. Acosta, Juez Municipal de Ponce.

La apelación se refiere a una orden de la Corte Municipal de Ponee por virtud de la cual la referida corte libró un mandamiento de arresto contra Manuel Monllor, alegando actuar de acuerdo con los artículos 144, 145 y 146 del Código de Enjuiciamiento Civil, de los cuales copiamos los párrafos pertinentes al caso:

“Artículo 144. — El demandado puede ser arrestado como a con-tinuación se dispone en los casos siguientes:
1. En una acción en cobro de dinero o por el importe de los perjuicios ocasionados en un pleito motivado por contrato expreso o tácito, cuando el demandado estuviese para irse de la Isla de Puerto Rico con intención de defraudar a sus acreedores, o cuando la acción es por ofensa voluntaria a la persona, o a su reputación, o daño a la. propiedad, sabiendo que ésta pertenece a otro.
*##### •*
“Artículo 145. — La orden de arresto del demandado habrá de obtenerse del juez de la corte ante la cual se ejercita la acción.
“Artículo 146. — La orden podrá librarse siempre que en la opi-nión del juez resultare, de la declaración escrita y jurada del deman-dante, o de alguna otra persona, que existe suficiente causa de acción, y que el caso es uno de los mencionados en el artículo 144. La de-claración escrita y jurada habrá de ser o positiva o fundada en in-formes y opinión del declarante; y cuando se basare en tales informes: u opinión, habrá de consignar los hechos en que estuvieren basados, dichos informes y opinión. Si se librare la orden de arresto la de-claración escrita y jurada será archivada por el secretario de la corte ’ ’.

El primer error que se alega es que el affidavit en este caso expone solamente una conclusión legal y no expresa he-chos suficientes para cumplir con los artículos 144 y 146. Hemos examinado el caso de Burrichter v. Cline, 28 Pac. 367. Este caso constituye autoridad solamente para probar que un affidavit que contenía todos los fundamentos enumerados en el estatuto, todas conclusiones de ley, no alegaba ningún becbo por el cual la corte pudiera estar legalmente satisfecha de que debía dictarse un mandamiento de arresto. El caso de Ex-parte Yonetaro, 120 Cal. 316, fue uno que-mostraba un affidavit insuficiente, puesto que las alegaciones de que el de-mandado “se irá del estado defraudando y engañando de tal modo a este demandante,” no son equivalentes a las palabras del estatuto. La corte continúa diciendo que cuando el de-clarante (affiant) se aparta del lenguaje del estatuto debe, a su riesgo, emplear palabras de igual significación. Así pues, la corte insinúa que es suficiente seguir las palabras del estatuto como se infiere del artículo 146, pero no necesitamos basar nuestra decisión exclusivamente en este punto. El affi. davit contenía mucho más, puesto que en él se decía bajo jura-mento del demandante que le constaba de propio conocimiento por confesión del demandado, así como por la prensa, que el demandado estaba para ausentarse de la Isla de Puerto Rico hacia la de Cuba con intención de defraudar al declarante (affiant) sin dejar responsabilidad alguna en la isla y que dicho Monllor iba a embarcarse al día siguiente para Cuba, en donde pensaba residir en lo sucesivo. Este affidavit era' suficiente.

Alega el apelante que el marshal de la corte municipal no tiene derecho, de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil, para cumplimentar un mandamiento de arresto de esta clase. La razón que alega, según entendemos, es que dicho Código menciona únicamente al marshal de la corte de distrito y que éste, de conformidad con las subsiguientes secciones es responsable con su fianza; que en el año 1904, cuando el mencionado código fué aprobado, los marshals de las cortes municipales no estaban obligados a prestar fianza, sino sola-mente en el año 1907. Dejando a un lado el hecho de no apa-recer claramente si el funcionario que cumplimentó el auto era tin marshal de la corte municipal o nn sub-marshal y que las leyes de 1907 y las anteriores tendían a dar a las cortes municipales todas las facultades de las cortes de distrito den-tro de sus debidas jurisdicciones, y ann cuando tuviéramos por otro motivo alguna duda, no intervendríamos en la dis-creción de la corte de distrito al negarse a dejar sin efecto los procedimientos por este fundamento. El apelante pudo haber tenido otros remedios suficientes además del certiorari.

La única otra cuestión es que el arresto fué de prisión por deuda y por tanto en violación de la Ley Jones. La corte inferior resolvió esta alegación con decir que no era un arresto sino solamente un remedio provisional (mesne process), y hace referencia a 3 Cyc. 398-99. El apelante nos cita el tomo 2 de R. C. L., página 482 y el 34 de L. R. A., página 634. Estas citas muestran que los estatutos como el presente deben ser interpretados estrictamente, pero no im piden que el brazo fuerte de la ley detenga a los deudores que huyen para eludir el pago de sus deudas.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez,

text:
    Sucesión del Rosario et al., Demandantes y Apelantes v. Rosaly, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre reivindicación y daños y perjuicios.
    No. 1742.
    Resuelto en febrero 28, 1919.
    Alegaciones — Prescripción—Hechos Hipotéticos — Contestación.—Es admisi-ble la alegación de prescripción basada en nn hecho hipotético, pues las prue-bas pueden convertirlo en un heeho absoluto y positivo. El artículo 114 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe que el demandado podrá de-ducir en su contestación todas las alegaciones en contrario y reconvenciones que tuviere, y bajo precepto tan general tiene cabida la alegación hipotética, sin que pueda decirse que eon ella el demandado elige a su capricho el campo de aceión para el torneo judicial.

      Id. — Excepción Previa a la Contestación.' — Cuando los hechos alegados en la contestación tienden prima facie a destruir la acción, no procede contra aquélla la excepción de no constituir una oposición a la demanda.
    Id. — Reivindicación—Cabida de la Finca — Evidencia Sobre la Posesión.— Cuando a pesar de tener la finca que se trata de reivindicar menor cabida que la que posee el demandado, éste alega la defensa de prescripción por ser posible que aquella finca esté comprendida dentro de ésta, es admisible evidencia para probar la posesión de la de mayor cabida.
    Id. — Prueba Impertinente. — En una acción reivindicatoría, si la demanda está redactada en la forma corriente, alegando que el demandante es dueño en pleno dominio de la finca descrita, y que el demandado ilegalmente la de-tenta, la negación general de la demanda admite prueba de todo lo que sea tendente a destruir el título que el demandante trata de establecer en el juicio. Pero cuando esa prueba es prima facie impertinente, comete error la corte al admitirla, a menos que mediante prueba adicional, se demuestre su pertinencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. R. Martines Nadal.

    Abogado del apelado: Sr. Gustavo Rodrigues.

   El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 18 de septiembre de 1915 la sucesión de los consortes Manuel del Rosario Rodríguez y Casimira Medina y Díaz inició pleito ante la Corte de Distrito de Ponce contra Manuel Rosaly y Castillo para obtener la reivindicación de una finca rústica de la propiedad de sus causantes, restitu-ción del valor de los frutos producidos por dicha finca du-rante su detentación por el demandado, apreciados en $5,000, y pago de $1,000 rúas en concepto de daños y perjuicios.

Las alegaciones fundamentales de la demanda son las si-guientes :

Que los consortes Manuel Rosario Rodríguez y Casimira Medina y Díaz fallecieron, el primero en el año de 1877, y la segunda haría diez años, sin haber otorgado testamento, siendo sus únicos y universales herederos, unos por cabeza y otros por estirpe, los demandantes.

Que a su fallecimiento Manuel del Rosario Rodríguez dejó como único caudal adquirido durante su matrimonio con Ca-simira Medina y Díaz, una “finca rústica de cuatro cuerdas más bien más que menos de cabida, fincadas de café y plá-taños, en el barrio del Anón de Ponce, colindando por el norte con el vendedor Juan Bautista Medina y Rivera, boy Mannel Rosaly; por el snr, con don Sebastián Playa, boy con don Mannel Rosaly; por el oeste con don Ramón Rosaly, boy el demandado Mannel Rosaly; y por el este con Jnan Diana Santiago, boy con la hacienda “Vista Alegre”, de doña Asun-ción Torruella, viuda de Valdivieso, y sus hijos.”

Que el causante de los demandantes, Manuel Rosario Ro-dríguez, bubo la finca descrita por compra a Juan Bautista Medina y Rivera, según escritura No. 394 otorgada el 14 de junio de 1876 ante el notario don Juan Mayoral, cuyo docu-mento fue inscrito en el Registro de la Propiedad de Ponce en 8 de febrero del año 1905.

Que por el año 1900 el demandado Manuel Rosaly y Castillo, por medio de engaños, ejerciendo coacción y amena-zando con acciones judiciales sin causa legal para ellas, a Ca-simira Medina y Díaz, consiguió sacarla de dieba finca, pro-piedad de ella y de sus hijos, y así se apoderó de ella deten-tándola ilegalmente desde entonces, sin justo título y de ma-la fe.

Que desde el año expresado, 1900, el demandado se ba be-neficiado de los frutos de la finca, de los cuales el café re-presenta la cantidad de $4,500 y los frutos menores $500 basta la fecha de la demanda.

Y que estiman los daños y perjuicios causados en la can-tidad de $1,000.

El demandado ai contestar la demanda niega todos los hechos que la fundamentan y además alega ‘ ‘ que es dueño en pleno dominio- y legítima propiedad de un trozo de terreno de 7 cuerdas más o menos, radicado en el barrio del Anón del término municipal de Ponce, fincado de café, plátanos, árboles frutales, palmas de yaguas y maleza, lindando por norte y sur con terrenos del demandado; por el este con Juan Esteban Morales Cruz; y por el oeste con la hacienda “Vista Alegre”; que dicha finca le fué adjudicada en pago de deuda en pleito civil seguido con doña Casimira Medina en cobro de pesos; y que una vez en posesión de la finca promovió información de dominio de la misma ante la Corte de Distrito de Ponce, la que declaró probado el dominio por sentencia firme, habiéndolo inscrito en el registro de la propiedad con fecha 2 de octubre de 1903.”

Como defensa especial alega el demandado que desde la adquisición de la finca descrita, que fue anterior al 1º. de octubre de 1903, la viene poseyendo a nombre propio a tí-tulo de dueño, quieta, pública y pacíficamente, sin interrup-ción, con justo título y de buena fe, habiendo vivido siempre la anterior dueña, Casimira Medina Díaz, y los demandantes en la isla, sin ausentarse de ella, por cuya razón el dominio de la finca descrita, si forma parte de la reclamada por los demandantes, ha prescrito en favor del demandado de acuer-do con lo que prescriben los artículos 1841 y 1858 del Código Civil vigente, y 35 de la Ley Hipotecaria, párrafo 3º.

La representación de la parte demandante presentó mo-ción a la corte para que fueran eliminadas tanto la alega-ción específica de la contestación a la demanda como la de-fensa especial de prescripción, alegando al efecto que no apa-rece que la finca descrita por el demandado sea la misma des-crita en laMemanda, que se trata de reivindicar. Dicha mo-ción fue declarada sin lugar por orden de 26 de julio de 1916.

A la contestación del demandado opusieron entonces los demandantes la excepción de que los hechos alegados como materia de oposición y como defensa especial no constituyen una buena defensa porque aun en la hipótesis de que fueran ciertos los hechos expuestos en la contestación acerca de la forma como adquirió el demandado la finca que describe, los demandantes afirman que dicha finca es la misma que tra-tan de reivindicar y describen en la demanda, y que el de-mandado cambió maliciosamente la cabida y las colindancias al promover el expediente de dominio en atención a que no podía inscribirla con sus verdaderas colindancias y cabida por estar inscrita a nombre de Manuel Rosario Rodríguez, causante de los demandantes. Agregan además los demam dantes en sn impugnación a la contestación que el demandado promovió sin cansa y maliciosamente un pleito contra Casi-mira Medina en cobro de una cantidad qne ya le había sido pag’ada, aprovechando la circunstancia de haberse extraviado el recibo de saldo, y que la finca que embarg’ó como de Casi-mira Medina era la dejada por el causante de los demandan-tes sin que se hubiera hecho la liquidación de gananciales de Casimira Medina ni la partición de bienes de la herencia entre sus herederos, de los cuales, Juan, Alejandro y otros eran mayores de edad.

La impugnación a la contestación fue declarada sin lugar por la corte, ordenando ésta se procediera a la vista del caso.

Celebrado el juicio, la corte dictó sentencia en dos de marzo de 1917, por la que declara sin lugar la demanda, con-signando por modo expreso, en su opinión, que los deman-dantes no han probado el dominio sobre la finca de cuatro cuerdas que reclaman en la demanda, pues en oposición abier-ta a lo alegado por los demandantes y a la prueba que pre-sentaron para demostrar que son dueños de dicha finca, apa-rece de una certificación expedida por el Registrador de la Propiedad de Ponce en 25 de octubre de 1916, presentada por el demandado y admitida en evidencia, que Casimira Medina y Díaz, madre de los demandantes, y sus hijos Alejandra, Bautista y Antonio Rosario y Medina, en 19 de abril del año 1900 y ante el notario don Felipe Rodríguez, en Juana Díaz, Puerto Rico, vendieron a la sociedad mercantil E. Fran-ceschi & Compañía, de Juana Díaz, la misma finca rústica que se trata de reivindicar, cuya venta fué inscrita en el Re-gistro de la Propiedad de Ponce el 12 de junio de 1900. La corte expresa, además, que habiendo llegado a la anterior conclusión no necesita analizar más en el caso para dictar una sentencia en contra de los demandantes, no obstante lo cual quiere hacer constar que resultan probados satisfacto-riamente todos y cada uno de los hechos alegados por el de-mandado como materia nueva en su contestación.

Contra la sentencia pronunciada interpuso la representa-ción de la parte demandante recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Examinemos los motivos del recurso.

Primer motivo. — La corte erró al declarar sin lugar la moción eliminatoria por orden de' 26 de julio de 1916.

Para combatir el error apuntado nos parecen aceptables las manifestaciones becbas por la representación del deman-dado apelado en su alegato escrito ante esta corte:

“En la demanda que motiva este recurso se alega que el deman-dado detenta una finca de la sucesión demandante, cuya finca se describe, y el demandado contestó que esto no era cierto. Pero co-mo él había adquirido por adjudicación judicial en pleito contra Ca-simira Medina una finca en el mismo barrio Anón, de mayor cabida pero de eolindancias similares, y el demandado no conocía en el barrio otros bienes pertenecientes a la sucesión demandante, alegó que poseía esa finca adjudieádale y si ella formaba parte de la que re-clamaban los demandantes, había prescrito entonces a favor del de-mandado. Se ve pues que el demandado aquí admitió claramente la posesión de la finca para los efectos de su posesión siempre que la .descrita por él resultare de las pruebas del juicio que era la misma que se describía en la demanda. ’ ’

No importa que la prescripción se base en un becho hipo-tético pues el resultado de las pruebas puede convertirlo en absoluto y positivo. El artículo 114 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, equivalente al 441 del de California, prescribe que el demandado en su contestación podrá deducir todas las alegaciones en contrario y reconvenciones que tu-viere. Bajo precepto tan general tienen cabida la alegación especial y defensa bipotética comprendidas en la contesta-ción a la demanda.

Las circunstancias del caso abonan dieba conclusión, pues la alegación del demandado de ser dueño en pleno dominio del trozo de terreno que describe y la excepción bipotética de prescripción no eran arbitrarias y caprichosas, sino que tenían fundamento racional en el hecho de que ambas fincas colindaban por el norte y sur con Manuel Rosaly, la del de-mandante por el este con la hacienda “Vista Alegre,” cuya co-lindancia era la misma de la finca del demandado por el oeste, colindando la finca del demandante por el oeste también con Mannel Rosaly y la del demandado por el. este con Juan Esteban Morales Cruz. De modo que tres colindantes de la finca del demandante son iguales a la de la finca del deman-dado, no habiendo más diferencia, que la de que el otro colin-dante por parte del demandante era también Manuel Rosaly, y del demandado, Juan Esteban Morales Cruz. En esas con-diciones, aunque prima facie ambas fincas no fueran idénticas bien podía el demandado abrigar duda racional de si la finca del demandante era la misma, o formaba parte de la que es-taba poseyendo, y alegar por tanto la prescripción en sen-tido hipotético. La alegación del demandado, lejos de cau-sar perjuicio alguno al demandante, en cierto modo favorecía a éste, dado que admitía aunque hipotéticamente, estar pose-yendo la finca que se reclamaba.

Ciertamente que en todo juicio, el demandante es el que tiene derecho a elegir el campo de acción y en ese campo es que debe batirse el demandado, sin que le sea permitido ele-gir a su capricho otro campo distinto, como ya dijimos al resolver el caso de Clausells v. Ramírez, 19 D. P. R. 859; pero no puede, en el caso presente, decirse que el demandado ha tratado de elegir a su capricho otro campo distinto para el torneo judicial, pues las circunstancias expuestas no lo de-muestran. Aun más, las posteriores alegaciones del deman-dante y sus pruebas revelan lo contrario, por más que ni las unas ni las otras nos sirvan de base para apreciar que la corte no cometió error al dictar la orden denegatoria de eli-minación.

Segundo motivo. — La corte erró al declarar sin lug’ar la excepción previa alegada por los demandantes contra la con-testación a la demanda.

Para apreciar si los hechos alegados en la contestación como materia de oposición a la demanda y como defensa especial son o no suficientes a los fines que persigue el deman-dado, deben ser examinados aquéllos en relación con la de-manda, sin adicionar otros qne el demandante plegue alegar para impugnar la contestación. Los hechos alegados en la contestación tienden prima facie a destruir la acción reivin-dicatoría que ejercitan los demandantes. Si es cierto que el demandado posee la finca de 7 euprdas que describe en la con-testación, adquirida del modo que explica, y se admite que en ellas están comprendidas las 4 cuerdas que tratan de rei-vindicar los demandantes, es forzoso concluir que el deman-dado está poseyendo esas 4 cuerdas de terreno a virtud de un título de dominio originado por su adjudicación en pago en pleito seguido contra Casimira Medina en cobro de pesos. Dicho título que la contestación no demuestra ser ineficaz en derecho para la prescripción, juntamente con la posesión ale-gada y la buena fe también invocada, es bastante para la pres-cripción y constituye una buena -defensa sin perjuicio de que ésta pueda ser contrarrestada por el mérito de las pruebas que aportaran al juicio los demandantes.

No es el momento oportuno para discutir si el demandado nombró maliciosamente la cabida y colindancias de la finca a que se refiere, al promover el expediente de dominio, para evitar apareciera ser la misma que reclaman los demandantes, ni si promovió sin causa y maliciosamente el pleito contra Ca-simira Medina en cobro de una cantidad que ya le había sido pagada, ni si la finca embargada para ejecutar la sentencia pronunciada en dicho pleito, que dejó Manuel Rosario Rodrí-guez a su fallecimiento, había sido dividida entre la viuda y herederos de Rodríguez. Esas alegaciones podrán servir a los demandantes en contra de la defensa del demandado pe-ro no para oponer a la contestación la excepción de no cons-tituir una oposición a la demanda, pues para considerar esa excepción debemos atender únicamente como hemos dicho antes a las alegaciones que la fundamentan en relación con las de la demanda.

Tercer motivo. — La corte erró al admitir en evidencia una certificación del Registrador de la Propiedad de Ponce, credi-tiva del título de dominio del demandado Manuel Rosaly so-bre una finca de 7 cuerdas en el barrio de Anón, de Ponce..

La certificación del Registrador de la Propiedad de Ponce presentada en evidencia por el demandado se refiere a una finca descrita así: “Rústica. Trozo de terreno radicado en el barrio de Anón del término municipal de esta ciudad (Ponce) con cabida de 7 cuerdas más o menos, equivalente a 2 hectá-reas, 75 áreas y 3 centiáreas, fincada de café, plátanos, ár-boles frutales, palmas de yagua y maleza. Linda por el norte y sur con terrenos de don Manuel Rosaly y Castillo; por el este con finca de Juan Esteban Morales y Cruz; y por el oeste con tierras de la hacienda “Vista Alegre” de la sucesión de don Luis Valdivieso, antes de don Temístocles Laguna.”

La excepción tomada por la representación de los deman-dantes contra la admisión de la anterior certificación en evi-dencia se funda en que dicha certificación se refiere a una fin-ca de 7 cuerdas, con cabida distinta de la reclamada en la de-manda y también con una colindancia distinta cual es la de Juan Esteban Morales, no pudiendo por tanto admitirse para sostener una defensa de prescripción por posesión de más de diez años.

La excepción no se sostiene por los motivos en que des-cansa pues los demandantes al alegar que la contestación no. expone hechos suficientes para constituir una oposición a la demanda afirman que ambas fincas, la de la demanda y la de la contestación, son una misma, y así han tratado de demos-trarlo en el acto del juicio. Además el demandado ha' ale-gado que si de la finca de siete cuerdas que posee forman par-te las cuatro cuerdas reclamadas en la demanda, la acción de los demandantes se ha extinguido por prescripción, y por tanto no puede privarse al demandado del derecho de justi-ficar el dominio de la totalidad de la finca de 7 cuerdas que-es a lo que tiende la certificación presentada.

Invoca la parte apelante en su alegato escrito otras ra-' zones para sostener su excepción a la prueba de que se trata, pero hacemos caso omiso de ellas por no haberse alegada oportunamente. “Para que una objeción pueda ser conside-rada no solamente debe ser sobre un punto sustancial que afecte los derechos de las partes, sino que también el funda-mento de la misma debe expresarse precisamente. ’ ’ Killer v. Kimbal, 10 Cal. 268. “Cuando una parte presenta objeción a la admisión de prueba durante el juicio, debe expresar el fundamento de su objeción al tiempo de formularla * * * . La parte debe señalar con su dedo durante el juicio el punto preciso contra el cual objeta; de otro modo la excepción no podrá ser tomada en consideración.” Martin v. Travers, 12 Cal. 245. La doctrina expresada fué invocada por esta mis-ma corte en los casos de Falero v. Falero, 15 D. P. R. 124, e Ibáñez v. Diviñó, 25 D. P. R. 303.

Cuarto motivo. — La corte erró al admitir en evidencia una certificación del Registrador de la Propiedad de Ponce cre-ditiva de que la finca de cuatro cuerdas descrita en la de-manda fué vendida a E. Prancescbi & Co. en el año 1900 por escritura ante el notario Felipe Rodríguez.

La certificación a que alude la parte apelante se refiere a mía finca con la siguiente descripción: “Rústica. Predio de terreno que radica en el término municipal de Juana Díaz, barrio de Oollores, con cabida de 4 cuerdas, equivalentes a una hectárea, 57 áreas, 21 centiáreas, conteniendo fincas de café y guineos, colindando al este con terrenos de Juan Esteban Morales, antes Juan Diana Santiago, al norte con los de don Ramón Rosaly, antes Juan Bautista Medina, al oeste el mismo Rosaly y al sur los de don Sebastián Playa.” Se-gún expresa dicha certificación, Casimira Medina y Díaz y sus hijos Alejandro, Bautista, y Antonio Rosario y Medina, como dueños, la primera de la mitad indivisa de la finca y los otros tres de tres séptimas partes, indivisas de.la misma por conse-cuencia del fallecimiento de su esposo y padre respectivamen-te, vendieron los expresados condominios por escritura públi-ca de 19 de abril de 1900, ante el notario don Felipe Rodrí-guez, a la sociedad mercantil E. Franceschi & Cía. por precio de 150 pesos moneda provincial, recibidos antes del otorga-miento de la escritura.

La admisión de la anterior certificación presentada por el' demandado faé excepcionada porque del mismo documento aparece una colindancia al este con terrenos de Juan Esteban Morales, cuya colindancia no aparece en la finca materia de reivindicación; porque bay otra colindancia al norte con terre-nos de don Ramón Rosaly cuando al Norte colinda boy con terrenos de don Manuel Rosaly, antes Juan Bautista Rodrí-guez ; y porque la colindancia anterior de don Manuel Rosaly era al oeste. Agrégase además como motivos de excepción, que el documento presentado no puede afectar los derechos de otros herederos" que no sean Alejandro,. Juan Bautista y Antonio Rosario Medina, que no se ha probado con testigos la identificación que hubiera sido necesaria hacer para que la corte con ayuda de esas declaraciones pudiera llegar a cual-quiera conclusión con vista del documento y que la escritura de venta a la mercantil E. Franceschi & Cía. nada tiene que ver con el demandado Manuel Rosaly Castillo.

El juicio realmente fue establecido bajo la teoría, de que los demandantes eran dueños por título hereditario de la finca que describen en la demanda y de que el demandado es-taba poseyendo ilegalmente esa finca y debía por tanto resti-tuirla a aquéllos con la indemnización correspondiente por razón de los frutos de que se había aprovechado y de los daños causados con la detentación. El demandado negó en términos generales los hechos fundamentales de la demanda, pero como materia nueva y defensa especial alegó que estaba en posesión de la finca de 7 cuerdas que describe en la con-testación y que si en ella' estaba comprendido el terreno que se trataba de reivindicar lo había adquirido ya por prescrip-ción. Manifestaron los demandantes al impugnar la contes-tación que la finca que confesaba poseer el demandado era la que trataban de reivindicar no obstante ser distinta la cabida y diversas las colindancias, y para identificar la finca recla-mada con la que poseía el demandado, como también para demostrar su dereclio a la indemnización pedida, produjeron prueba testifical constituida por las declaraciones de algunos testigos, mientras que el demandado a su vez aportó prueba documental consistente en las diligencias del juicio ejecutivo seguido contra Casimira Medina en el que le fue adjudicada la finca que posee, y en la certificación de la inscripción a su favor en el registro, de esa misma finca, mediante expediente de dominio instruido al efecto.

Como se ve las pruebas de las partes demandante y de-mandada a que fiemos fieefio referencia giraron sobre lo que propiamente constituía la materia específica litigiosa; pero como la contestación entrañaba una negación general de los fieefios alegados en la demanda dentro de“ esa alegación general cabía y era admisible toda prueba que tendiera a sos-tenerla, pues bajo una negación general el demandado puede^ propiamente introducir prueba de' materias afirmativas si ten-dieren a controvertir los fieefios alegados por el demandante. 31 Cyc. 693—94.

En una acción para recuperar la posesión de fincas, si la demanda está redactada en la forma corriente alegando me-ramente que el demandante es dueño en pleno dominio de la finca descrita y con derecho a su posesión y que el demandado ilegalmente detenta la posesión de la misma, la negación general admite prueba de todo lo que sea tendente a destruir el título que trata el demandante de establecer en el juicio. Pomeroy Code Remedies, sección 555, p. 781.

Bajo los anteriores principios es incuestionable que el de-mandado tenía derecho a suministrar pruebas justificativas de que no él sino otra persona distinta estaba poseyendo la finca reclamada y por tanto bajo su negación general podía pro-bar que a la fecha en que el demandante había radicado su demanda era la sociedad E. Erancescfii & Cía. la legítima dueña y poseedora del terreno en cuestión, sin necesidad de que hubiera alegado específicamente ese fieefio como materia nueva dé oposición a la demanda.

Y la corte hubiera procedido con razón derecha al admitir dicha prueba si de la faz de la certificación se Rubiera des-prendido que se refería a lá misma finca que reclamaba el de-mandante; pero como no fue así, pues las colindancias no eran idénticas y eran distintos los barrios y términos muni-cipales en que ambas fincas estaban situadas, radicando la finca descrita en la demanda en el barrio de Anón, término municipal de Ponce, y la descrita en la certificación en el barrio de Collores, de Juana Díaz, la excepción por ese funda-mento a la admisión de la certificación aludida estaba bien fundada y la corte procedió erróneamente al admitir dicha certificación.

Quinto motivo. — La corte cometió error al-denegar la mo-ción solicitando la reconsideración de la resolución por la que admitió en evidencia el título de venta a favor de E. Frances-chi & Cía.

Como la parte demandada no practicó prueba tendente a demostrar que la finca a que se refería la certificación y la descrita en la demanda eran las mismas, la corte cometió error al no disponer que fuera eliminada del juicio la expresada certificación.

El error que discutimos y el anterior fueron sustanciales, pues perjudicaron los derechos de la parte apelante hasta e! extremo de que la corte decidiera el caso fundándose precisa-mente en el resultado probatorio de la certificación de que se trata cuando todas las pruebas suministradas por la parte demandante tendían a justificar- que la finca reclamada era la poseída por Manuel Bosaly y no por la sociedad E. Fran-ceschi & Cía.

Sexto motivo. — La corte erró al apreciar la prueba ofre-cida por ambas partes.

Nos abstenemos de prestar consideración al anterior mo-tivo en que se funda el recurso por ser innecesario en aten-ción a que en vista de los errores cuarto y quinto cometidos por la corte inferior debe revocarse la sentencia y procederse a la celebración de nuevo juicio.

Es de revocarse la sentencia apelada y procederse a la celebración de nn nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada y ordenada la celebración de un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Franceschi et al., Peticionarios, v. Sepúlveda, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se espida un auto de certiorari dirigido al Juez de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 234.
    Resuelto en febrero 28, 1919.
    Citación — Jurisdicción—Comparecencia General. — Cuando un abogado en re-presentación de una parte comparece ante la corte solicitando que fuera ci-tada de evicción una tercera persona, tal- comparecencia se reputa general y equivale al emplazamiento personal de la parte compareciente, quedando sometida a la jurisdicción de la corte para todo procedimiento subsiguiente, pero no de un modo retroactivo que convalide procedimientos anteriores vicia-dos de nulidad.
    Emplazamiento Nudo — Apertura de Rebeldía Después de una Comparecencia General — Citación de Evicción.' — -La comparecencia general de una parte no le impide que pueda solicitar la apertura de la rebeldía anotada anterior-mente, y, por tanto, es prematuro afirmar que por haber transcurrido el término señalado para contestar la demanda ha perdido el demandado su derecho para solicitar la citación de evicción.
    Citación de Evicción — Sus Efectos. — La citación de evieeión con notificación de la demanda sólo estU llamada a producir los efeetos que el código señala, entre el demandado y la. persona de quien deriva su derecho, pero no afecta al demandante.
    Los hechos' están expresados en la opinión.
    Abogado de los peticionarios: Sr. Rafael B. Béres Mercado.

    Abogado del demandado: Sr. José Tons Soto.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios arriba expresados Carlota Fránceschi Rivera et al., presentaron en esta Corte Suprema solicitud jurada en demanda de un auto de certiorari contra el Juez del Distrito de Ponce, a fin de que fneran revisados los proce-dimientos seguidos por dicho .juez en pleito civil contra Carlos Toro Labarthe y la corporación Santa Isabel Sugar Company sobre nulidad de adjudicación de finca rústica y reivin-dicación de la misma con sns productos.

El auto fue expedido y el pleito original elevado a esta. Corte Suprema.

Del récord original y de las alegaciones de los peticiona-rios resultan los siguientes hechos:

1º. Los peticionarios alegaron en el pleito de que se trata la nulidad de cierta adjudicación de una finca rustica hecha al viudo Tiberio Franceschi y Yega en las operaciones particio-nales de los bienes de la sociedad de gananciales que tenía con su difunta esposa Epifania Rivera y Torres para pago de deudas sin haberse solicitado y obtenido la previa autoriza-ción judicial, habiendo menores de edad, cuya finca vendió Ti-berio Franceschi y Veg’a a Héctor Santí Franceschi y éste al demandado Carlos Toro Labarthe quien la vendió igualmente a la corporación demandada, Santa Isabel Sugar Company. La demanda concluyó con la súplica de que declarando nulas la adjudicación hecha a Tiberio Franceschi y Vega y las ena-jenaciones sucesivas de la finca adjudicada se ordene la en-trega de la misma a los demandantes, por la corporación Santa Isabel Sugar Company que actualmente la posee, conde-nando además a dicha corporación y al demandado. Carlos To-ro Labarthe a pagar a los demandantes las sumas de $55,650 y de $15,900 respectivamente, en concepto de frutos producidos, por la finca durante el tiempo de la posesión hasta la fecha de la interposición de la demanda. .

2º. El demandado Carlos Toro Labarthe fué emplazado para contestar la demanda en 15 de junio de 1918 y no habién-dola contestado, los demandantes solicitaron del secretario de la corte en 9 de julio siguiente que le fuera anotada la rebel-día, como así lo hizo el secretario en la misma fecha.

3º. Dos días después, o sea, en 11 de julio, compareció en el juicio Toro Labarthe y solicitó que de conformidad con el artículo 1385 del Código Civil fuera citado de evieción Héctor Santí Franceschi con el fin de que compareciera y con-testara en el término legal correspondiente.

4º. Al día siguiente, 12 de julio, los demandantes presen-taron moción a la corte con súplica de que se eliminara la moción de citación de evieción por ser extemporánea e infrin-gir el artículo 1385 del Código Civil.

5º. En 17 de julio el demandado Toro Labarthe se opuso a la moción eliminatoria de la parte actora por el fundamento de que el término para contestar la demanda no había ven-cido, pues el servicio del emplazamiento a Toro Labarthe era' nulo y por tanto no había podido correr el término de 20 días para contestar la demanda de dicho servicio, alegando al efecto varios motivos para sostener la nulidad del emplaza-miento.

6º. A las anteriores mociones recayó resolución en 26 de julio que dice así: •

“La corte declara nulo el servicio de emplazamiento de Carlos del Toro Labarthe y en su consecuencia se declara sin lugar la moción eliminatoria del demandado de 12 de julio de 1918, y consecuentemente se declara con lugar la moción de citación por evieción presentada por el demandado Carlos del Toro Labarthe en julio 11 de 1918, y se ordena se cite de evieción a Héctor Santí de Juana Díaz, de acuerdo con el artículo 1385 del Código Civil.”

Los demandantes radicaron al día siguiente, en 27 de ju-lio otra moción con súplica a la corte de que reconsiderara su resolución del día anterior declarando subsanados los de-fectos de que pudieran adolecer los emplazamientos servidos a Oarlos del Toro Labarthe y declarara al mismo tiempo sin lu-gar la moción de citación de evieción por ser extemporánea. Esa moción de reconsideración sin ser discutida fué declara-da sin lugar por resolución de 30 de julio citado.

La vista del recurso de certiorari se celebró ante esta Corte Suprema en 25 de noviembre de 1918 con asistencia de los peticionarios por su abogado sin que las demás partes intere-sadas comparecieran al acto.

Los artículos 98 y 323 del Código de Enjuiciamiento Civil disponen respectivamente, que la comparecencia volunta-ria del demandado es equivalente a la diligencia de su citación personal y entrega ele la copia de la demanda, y el segundo que un demandado comparece en un pleito cuando contesta, opone excepción previa, o notifica por escrito su comparecen-cia al demandante o cuando un abogado liace constar su com-parecencia por dicho demandado.

El abogado José Tons Soto en representación del deman-dado Carlos Toro Labarthe compareció ante la corte de Ponce en moción de 11 de julio de 1918 solicitando que fuera citado de evicción para contestar la demanda, Héctor Santí Frances-chi, y esa comparecencia fué general, equivaliendo por tanto al emplazamiento personal del demandado Toro Labarthe. Hernáiz Targa & Co. v. Vivas, 20 D. P. R. 106, y Aparicio Hermanos v. H. C. Christianson & Co., 23 D. P. R. 493. Desde que el demandado Toro Labarthe hizo su comparecencia general ante la corte de Ponce quedó sometido a su jurisdicción para todo procedimiento subsiguiente, pero no de un modo retroactivo que convalidara procedimientos anteriores vicia-dos de nulidad. 2 Puling Case Law (párrafo 13) p. 332.

La comparecencia general de Toro Labarthe no impide que pueda solicitar la apertura de la rebeldía anotada anterior-mente y por tanto es prematuro sostener en términos absolu-tos que por haber transcurrido el término señalarlo para con-testar la demanda ha perdido el derecho que le otorga el ar-tículo 1385 del Código Civil de solicitar la notificación de dicha demanda al vendedor Héctor Santí Franceschi. Esa no-tificación está llamada a producir los efectos que dicho có-digo señala, entre el demandado y la persona de quien deriva su derecho, pero no afecta al demandante. No vemos que la mera notificación, cause al demandante por ahora perjuicio alguno efectivo; y si llegare a causársele alguno en contra de la ley, ocasión tendrá de hacer valer sus derechos en el recurso ordinario de apelación que pueda entablar en su día contra la sentencia definitiva en el caso de que le fuera ad-versa.

Por lo que atañe a la denegación de la moción de reconsi-deración sin previa vista de la misma no vemos qne la corte, atendida la índole especial de tal moción, cuya tramitación está sujeta a su discreción, haya cometido error alguno de procedimiento.

De todos modos, atendidas las circunstancias del caso no nos sentimos inclinados a revisar los procedimientos de la corte inferior.

Debe anularse el auto de certiorari espedido y devolverse el pleito original a la Corte de Distrito de Ponce para que continúe tramitándolo de acuerdo con la ley.

Anulado el auto de certiorari expedido. .

Jueces concurrentes: Sres.'Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey

text:
    Morell, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra notas del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo‘denegando la inscripción de contratos de venta y subsiguiente hipoteca.
    No. 363.
    Resuelto en marzo 6, 1919.
    Actos de Comercio • — ■ Compraventa Mercantil de Bienes Inmuebles. — De acuerdo con el artículo 2 del Código de Comercio de 1885, vigente actual-mente en Puerto Rico, la compraventa de bienes inmuebles puede reputarse mercantil, por lo que un contrato de esta índole, celebrado por el gestor de una sociedad mercantil al cual se ha confiado el uso de la firma social y la facul-tad do otorgar escrituras públicas, como ocurre en el presente caso, es inscri-bible en el registro de la propiedad siempre que reúna los requisitos que exige ■ la Ley Hipotecaria para la inscripción de los contratos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del .recurrente: Sr. Gustavo Rodríguez.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey

emitió la opinión del tribunal.

•Uno de los gestores de la sociedad mercantil Cosío & Pri-mo vendió en nombre de la sociedad una finca rústica a Don Antonio Morell por precio que en parte recibió de contado y que en parte quedó aplazado con hipoteca constituida por el comprador sobre la misma finca.

Presentada la escritura de hipoteca en el registro de la propiedad, el registrador negó su inscripción fundándose para ello en que el gestor carece de facultades para verificar la vénta de bienes inmuebles de la sociedad, y no habiendo hecho esa inscripción negó también la de la hipoteca por no estar la finca inscrita a nombre del deudor Sr. Morell.

Interpuesto el presente recurso gubernativo por. el com-prador y deudor, expone el registrador en su alegato escrito que las facultades de los gestores de Cosío & Primo están li-mitadas por el contrato de sociedad a operaciones de comercio y que como la venta de un bien inmueble no es operación mer-cantil necesitan sus gestores de poder especial para esa clase de operaciones.

Mientras estuvo en vigor el Código de Comercio del año 1829 la compraventa de bienes inmuebles nunca era acto de co-mercio porque el artículo 360 de aquel Código expresamente así lo declaraba, según fue reconocido por la sentencia del Tribunal Supremo de España de 25 de octubre de 1873; pero cuando se redactó el Código de Comercio vigente del año 1885 se suprimió ese precepto y su artículo 2º. se escribió de tal modo que permitiese que la compraventa de bienes inmuebles fuese mercantil, diciendo al efecto que serán actos de comercio los comprendidos en el código y cualesquiera otros de natu-raleza análoga, por lo cual no puede sostenerse hoy que la compraventa de bienes inmuebles no puede ser mercantil. Con tal motivo en la exposición de motivos del código vigente se dice lo que sigue:

“Por manera, que no puede admitirse, como principio absoluto, el consignado en el código vigente, que niega a toda venta de bienes raíces el carácter de mercantil. Esta calificación dependerá de las cir-cunstancias que concurran en cada caso, la cual fiarán los tribunales, aplicando los principios generales sobre la naturaleza de los actos de comercio. Y para qne no sea obstáculo a la decisión judicial el texto del código vigente que cierra la puerta a toda interpretación, el pro-yecto ha prescindido de él, al redactar nuevamente la.s reglas espe-ciales sobre este contrato. Por lo demás, la compraventa de bienes inmuebles aunque se califique de acto comercial, se verificará con su-jeción a las formalidades establecidas en las leyes especiales sobre ad-quisición y transmisión de la propiedad territorial.”

Pndiendo, pues, ser mercantil la compraventa de bienes inmuebles, la cuestión de si lo es o no lia de ser resuelta por los tribunales de justicia en el juicio correspondiente; y cuan-do el contrato se celebra por un gestor de la sociedad a quien se ha confiado el uso de la firma social y la facultad de otor-gar escrituras públicas, como ocurre en el presente caso, el registrador debe verificar la inscripción. Resoluciones de la Dirección de los Registros de la Propiedad de España de 18 de julio de 1899 y 11 de agosto de 1908.

Una vez inscrita la finca a nombre del deudor habrá desa-parecido el obstáculo que impidió la inscripción de la hipoteca.

Debe ser inscrita la venta a que se refiere este caso y subsiguientemente debe verificarse la inscripción de la hi-poteca.

Revocadas las notas recurridas ordenándose al registrador inscriba la venta y subsi-guientemente la hipoteca.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Bracero, Acusada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por infracción al artículo 287 del Código Penal.
    No. 1332.
    Resuelto en marzo 7, 1919.
    Delitos Contra la Honestidad Pública — Alegaciones—Casa de Lenocinio— Denuncia Insuficiente. — Una denuncia en la cual no se exprese que la casa de lenocinio establecida por el acusado es frecuentada para la prosti-tución o lascivia, es fatalmente defectuosa, porque no imputa, conforme al artículo 287 del Código Penal, el hecho delictivo en toda su extensión.
    Delitos Contra la Honestidad Pública — Lenocinio—Residencia Voluntaria en Casa de Lenocinio. — El artículo 287 del Código Penal prevé dos me-dios de cometer el delito penado por el mismo, a saber: (1) estableciendo una casa de lenocinio, frecuentada para la prostitución y lascivia; y (2) residiendo voluntariamente en ella. Examinada la denuncia en este caso, se resolvió: que no imputaba dieho delito bajo ninguna de sus formas.
    Delitos Contra la Honestidad Pública — Casa de Lenocinio — Su Concepto Legal. — Para que el lugar- constituya una casa de lenocinio, debe ser frecuen-tada más de una vez para el propósito de la prostitución y lascivia por otros que no sean el propietario, aunque no se necesita que sea usado habitual-mente o por un período considerable de tiempo para tal propósito. Un número de actos ilícitos con el propietario no convertirá, por sí sólo, el lugar en una casa de lenocinio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. S. Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Josefa Bracero fue acusada de violar el artículo 287 del Código Penal. La denuncia le imputa la comisión del si-guiente hecho: En Mayaguez, en los meses de julio y agosto de 1918, “ilegal, maliciosa y voluntariamente tenía estable-cida una casa de lenocinio, en donde dicha acusada ejercía o practicaba con su cuerpo actos carnales de prostitución y las-civia. ’ ’

En la corte de diátrito, al leerse la denuncia a la acu-sada, ésta, por medio de su abogado, alegó que no aducía hechos suficientes para constituir materia delictiva.

La corte oyó los argumentos orales de los abogados de ambas partes y desestimó la excepción. Luego se celebró la vista y, oída la evidencia, la corte declaró culpable a la acu-sada del delito previsto en el artículo 287 del Código Penal, y la condenó a sufrir un año de cárcel. La acusada apeló, quedando en libertad bajo fianza.

La transcripción que se ha elevado a esta Corte Suprema no contiene la prueba practicada. Nuestra misión está limi-tada, pues, a considerar y a resolver si los hechos que se imputan a Josefa Bracero constituyen o no el delito especi-ficado en el artículo 287 del Código Penal.

Dicho precepto legal es como sigue:

“Artículo 287. — Toda persona que estableciere o tuviere estable-cida en Puerto Rico una casa de lenocinio, frecuentada para la pros-titución y lascivia, o que voluntariamente residiere en ella, será reo de misdemeanor.”

El texto inglés dice:

“Every person who keeps a house of ill fame in Porto Pico, resorted to for the purpose of prostitution, or lewdness, or who wilfully resides in such house, is guilty of a misdemeanor.”

De acuerdo con la ley, existen, pues, dos medios de co-meter el delito a que se refiere el artículo 287, a saber: 1°., estableciendo una casa de lenocinio, frecuentada para la pros-titución y lascivia, y 2°., residiendo voluntariamente en dicha casa.

¿Cuál de dichos dos medios se imputa a la acusada? Directamente se alega en la denuncia que “tenía establecida una casa^de lenocinio.” Pero la acusada sostiene que esto no es bastante, sino que debió consignarse en ■ la denuncia que dicha casa era “frecuentada para la prostitución y lascivia.”

¿Qué efecto pueden tener las últimas palabras de la de-nuncia, esto es, “en donde dicha acusada ejercía o practicaba con su cuerpo actos carnales de prostitución y lascivia? ¿Se imputa por ellas a la acusada la comisión del delito en la se-gunda de sus formas, esto es, la residencia voluntaria en una casa de lenocinio, frecuentada para la prostitución y lascivia, o puede considerarse que suplen la omisión de las palabras del estatuto “frecuentada para la prostitución y lascivia?”

Examinemos la jurisprudencia a los efectos de contestar debidamente las anteriores preguntas.

“Una casa de lenocinio (g house of ill fame) se define así: ‘una casa establecida para la conveniencia y refugio de personas que desean tener comercio sexual ilegal, y en la cual tal comercio se practica.’ United States v. Snow, 9 Pac. 501, 504, 4 Utah 280; Posnett v. Marble, 20 Atl. 813, 816; 62 Vt. 481. 11 L. R. A. 162, 22 Am. St. Rep. 126." 4 Words & Phrases Judicially Defined, 3359.
“Una casa de lenocinio es un estorbo público (nuisance) según la .ley común, porque sostiene abierto un incentivo para la comisión de obeenidades que corrompen la moral pública. Las palabras ‘ill fame’ se usan para dar nombre y caracterizar la casa, y no se re-fieren a su reputación. Lo mismo en la ley común que en el len-guaje usual las palabras ‘home of ill fame’ significan una casa fre-cuentada o visitada para el propósito de la prostitución. State v. Plant, 32 Atl. 237, 67 Vt. 454, 48 Am. St. Rep. 821.” 4 Words & Phrases Judicially Defined, 3359.

EscricRe en su “Diccionario de Legislación” define “casa pública” como “la de mujeres de mal vivir,” y Race refe-' rencia a tur del, que quiere decir “la casa pública de mujeres mundanas que antiguamente Rabia en mucRas ciudades,” y entonces Race referencia a lenocinio, acerca del cual se ex-presa así:

“El infame comercio de prostitución de mujeres. La ley 1°., tít. 22, part 7ª., divide en cinco clases las personas que se dedican a este oficio: 1ª., de los bellacos que guardan las rameras públicas en el burdel, tomando parte de su ganancia; 2ª., de los que como cha-lanes, corredores o mediadores andan solicitando a las mujeres que están en sus propias habitaciones, para los hombres que les dan algún interés en premio de su vileza; 3ª., de los que tienen en su casa mozas que se prostituyen, con el objeto de percibir la ganancia que ellas hacen por este medio; 4ª., de los viles maridos que sirven de alcahuetes a sus mujeres; 5ª., de los que por algún lucro consienten en su casa la concurrencia de mujer casada u otra de buen lugar para hacer fornicio, sin ser sus medianeros ni sus cómplices. Todas estas personas se llaman lenones, rufianes o alcahuetes; pueden ser acu-sadas por cualquiera del pueblo, y probado el delito, incurren en las penas siguientes: el lenon o rufián de la 1ª. clase, será desterrado del pueblo con las rameras que guardaba; el de la 2ª., perderá la casa para el fisco y pagará diez libras de oro; el de la 3ª., ha casar y dotar la mujer, o haber la pena de muerte; y en ésta incurren también los de la 4ª. y 5ª.; bajo el concepto de que lo dicho tiene lugar igualmente respecto de las mujeres alcahuetes: ley 2ª., tít. 22, part. 7ª.
“Las leyes de la Recopilación, sin hacer clases ni diferencias de rufianes, las imponen por la primera vez que se les aprehenda, como tengan ya diez y siete años, las penas de vergüenza pública y diez años de galeras; por la segunda vez las de cien asotes y galeras per-petuas; por la tercera la de muerte de horca, habiendo de perder siempre las armas y ropas que llevaren consigo al tiempo de la apre-hensión, con .destino al juez y acusador por mitad; y cualquiera persona puede por su propia autoridad prender a los rufianes donde quiera que los halle, y presentarlos sin dilación a las justicias; bajo el concepto que por el delito de lenocinio quedan desaforados los militares, y su jurisdicción ha de proceder a la averiguación del delito, y probado que sea, declarará ser caso de desafuero, y entregará los reos con los autos a la justicia ordinaria: leyes 1ª., 2ª.; 4ª. y 5ª., íít. 27, y ley 2ª., tít. 14, lib. 12, Nov. Recop.
“Mas ni las penas de las Partidas, ni las de la Recopilación están ya en observancia; y el suplicio capital se conmutó por costumbre general de los tribunales con la pena de azotes, con la de sacar a los alcahuetes emplumados, o bien con una coraza en que se ven pin-tadas varias figuras alusivas a sus delitos, y con el destino de los hombres a presidio y de las mujeres a la galera; y a los maridos consentidores se les' emplumaba, se les ponía pendientes del cuello una sarta de astas de carnero, y luego se les enviaba a presidio. Pero habiendo caducado algunas de estas penas, no podían aplicarse otras que las de destierro, o presidio y galera. V. Burdel, Alcahuete, Mujer pública y Prostitución.
“Actualmente, se castiga el delito de lenocinio con las penas mar-cadas en el Código Penal, expuestas en el artículo de esta obra Corrupción de menores

A primera vista parece que siendo el significado de- una casa de lenocinio, a house of ill fame, tan bien conocido en Castellano y en inglés, las palabras “frecuentada para la prostitución y lascivia,” resorted to for the purpose - of prostitution, or lewd'itess,” eran innecesarias. Sin embargo, el legislador las empleó y ello revela su clara intención de de-finir él mismo el alcance del hecho que consideraba delictivo. No basta que la casa de lenocinio se establezca. Es necesario que actualmente sea frecuentada para la prostitución o las-civia. Siendo esto así, opinamos que la corte de distrito de-bió haber declarado con lugar la excepción de la acusada. Una denuncia en la cual no se exprese que la casa de leno-cinio establecida por el acusado, es frecuentada para la pros-titución o lascivia, es fatalmente defectuosa, porque no im-puta al acusado el lieclio delictivo en toda su extensión.

La circunstancia de alegarse en la denuncia que la acu-sada ejercía o practicaba en la casa'que tenía establecida,, con su cuerpo, actos carnales de prostitución y lascivia, no. es bastante. No imputa el delito en la segunda de sus for-mas, o sea la residencia voluntaria en una casa de lenocinio»-frecuentada para la prostitución y lascivia, Trecho general-mente cometido por esas desgraciadas mujeres desprovistas de todo pudor, sin energía para luchar dignamente en el mun-do, que no son sólo el objeto del vicio camal en sí, sino del comercio que con motivo de tal vicio realizan hombres o mujeres más indignos que ellas todavía. Además, aunque se pudiera concluir que implícitamente se alegaba la residencia voluntaria, siempre nos encontraríamos con que la casa de lenocinio a que se refiere la denuncia no está calificada de acuerdo con la ley.

Tampoco puede sostenerse que las últimas palabras com-plementan las primeras de modo que pueda concluirse qué se imputa a la acusada la comisión del delito en la primera de sus formas, pues se ha decidido que “para que el lugar cons-tituya una casa de lenocinio, debe ser frecuentada más de una vez para el propósito de la prostitución y lascivia por' otros que no sean el propietario, aunque no se necesita que sea usado habitualmente o por un período considerable de tiempo para tal propósito. Se ha decidido que un número, de actos ilícitos con el propietario no convertirá el lugar en una casa de lenocinio. ” 9 R. C. L. 219 y casos citados.

Por virtud de lo expuesto, debe revocarse la sentencia re-currida y absolverse a la acusada.

jRevocada la sentencia recurrida y absuelta la acusada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Díaz et al., Promoventes, v. Cuevas Zequeira, Juez de Distrito, y Barceló y Benítez Flores, Demandados.
    Solicitud para que se expida un auto inhibitorio contra el Juez de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 18.
    Resuelto en marzo 7, 1919.
    Apelación — Jurisdicción—Apertura de Rebeldía — -Anulación de Sentencia— Auto Inhibitorio. — La 'apelación interpuesta por el demandante contra la sentencia dictada en rebeldía contra el demandado, no priva a la corte de jurisdicción para oir y resolver la moción del demandado de que se deje sin efeeto la rebeldía y la sentencia contra ól registrada, siendo tal moeión análoga a la de nuevo juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los promoventes: Sr. Luis Llorens Torres.

    Abogado del demandado Antonio R. Barceló: Sr. M. Be-nítes Flores.

    El juez demandado compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

A instancias de Don José Agustín Díaz en representación de su hija menor de edad Ana María Díaz y de Don José Ni-colás Díaz libramos un auto prohibitorio condicional en el pleito seguido por los peticionarios contra Don Antonio R. Barceló en cobro de pesos. El juez y la parte demandada en el pleito contestaron el auto y tuvo lugar la vista de él ante nosotros.

Los hechos en este caso, en cuanto son pertinentes a la cuestión que hemos de resolver, son que el día 8 de enero último y a petición de los demandantes en el pleito, el secre-tario de aquella corte de distrito registró la rebeldía del de-mandado y también sentencia por la que el demandado debía pagar a los demandantes la cantidad de quince mil dólares, intereses y costas; sentencia que está de acuerdo con la peti-ción de la demanda y con el escrito pidiendo al secretario que registrase sentencia en rebeldía. A pesar de esto la parte demandante presentó el mismo día al secretario de la corte escrito de apelación de esa sentencia porque no con-dena al pago de desembolsos y humor arios ele abogado de los demandantes. Tres días después la parte demandada pidió a la corte qne dejara sin efecto la anotación de su rebeldía y también la sentencia, contra él registrada por el secretario y habiendo la corte señalado día para oir a las partes res-pecto de esa preteneión del demandado acudieron entonces los demandantes ante nosotros con el presente recurso extra-ordinario de prohibición alegando como fundamento de ella que por virtud de su apelación la corte inferior había per-dido jurisdicción e33. el asunto y no podía por tanto resolver la moción del demandado que tenía por efecto anular y dejar sin efecto la sentencia que estaba pendiente de su recurso de apelación.

La cuestión que surge de los hechos expuestos es si la apelación interpuesta por el demandante priva a la corte inferior de jurisdicción para resolver la moción del deman-dado de que se deje sin efecto su declaración de rebeldía y también la sentencia registrada en este caso, moción que se basa en el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil según el cual la corte puede a su arbitrio eximir a alguna persona o a sus represe3itantes legales de los efectos de una sentencia, orden o procedimiento que se hubiere dictado contra ella por causa de equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia; y también cuando por cualquiera ra-zón que la corte o el juez de la misma estime satisfactoiúa la parte agraviada hubiere dejado de solicitar algún recurso legal durante el período judicial en que se dicte dicha sen-tencia, orden o procedimiento objeto de la queja, dicha corte o juez en vacaciones podrá conceder el remedio mediante soli-citud presentada dentro de un plazo razonable que no exce-derá de seis meses, contados desde la expiración del período judicial.

Aunque los demandantes y peticionarios del auto de pro-hibición alegan que la resolución favorable de la moción del demandado les privaría de su derecho de revisar mediante apelación la sentencia que se dictó por la corte inferior, noso-tros no vemos qué perjuicio real y verdadero pueden sufrir toda vez que. si su teoría de que la corte perdió jurisdicción sobre el asunto por su apelación es cierta e impedimos que la moción sea resuelta, habrán obtenido una revisión técnica por su apelación, ya que si después prospera la moción del de-mandado, la sentencia registrada por el secretario caería to-talmente por su base, se anularía y no habría obtenido bene-ficio alguno por su apelación. Siendo éste el resultado de dicha ínoción en caso de que prospere, no comprendemos por qué no pueda considerarla y resolverla el juez ahora a pesar de la apelación pendiente, pues si la niega quedarán en pie la sentencia y la apelación, y si es procedente se obtendría en este momento el resultado que luego habría de dar y se evitaría una actuación que no ha de producir beneficio algu-no a los apelantes, como no sea el de molestar a esta Corte Suprema sin resultado práctico alguno para el apelante.

La moción del demandado en este caso es análoga a una moción de nuevo juicio porque por distintos fundamentos tra-ta de conseguir el mismo resultado de anular y dejar sin efecto la sentencia, y pudiendo el juez resolver una moción de nue-vo juicio aun después de establecida una apelación, según ha declarado este Tribunal Supremo en los casos de Altuna v. Ortiz, Horton et al. v. Robert, y Aguayo v. García, 11 D. P. R. 30, 196 y 274 respectivamente, al aplicar el artículo 297 del Código de Enjuiciamiento Civil según el cual a pesar de que la apelación suspende todo procedimiento en la corte inferior respecto a la sentencia u orden apelada, o a las cuestiones comprendidas en ellas, sin embargo podrá la corte inferior proseguir el pleito en lo que respecta a cualquier extremo del mismo no comprendido en la apelación, no vemos razón al-guna para que de acuerdo con este precepto legal no -pueda el juez resolver la moción para anular.la sentencia, aun es-tando pendiente una apelación contra ella, pues parafraseando la opinión en el caso de Horton v. Robert podemos decir que esta práctica incidentalmente evita la necesidad de corregir sentencias que puedan ser anuladas y disminuye la labor de los tribunales de justicia, pues en el caso de que la moción prospere la apelación cae por su base.

Los casos de Peycke v. Keefe, 114 Calif. 212 y de Vosburg v. Vosburg, 137 Calif. 493 citados por el peticionario deman-dante para demostrar que por su apelación perdió, la corte inferior su jurisdicción para resolver la moción de que veni-mos tratando, no son de aplicación porque lo que se resuelve en el primero de esos casos es que denegada la moción del demandado Keefe para que se dejara sin efecto, el fallo e interpuesta por él apelación contra esa resolución y contra la sentencia, la corte no podía por su propia moción anular el fallo apelado; y lo que se resolvió en el segundo fue que estando pendiente de apelación una sentencia de divorcio que resolvía también respecto a la custodia de los hijos menores de edad, el juez inferior no tenía jurisdicción después de ha-ber sido apeladá para cambiar o modificar el fallo en cuanto a la custodia de los niños. El otro caso también citado de State v. Superior Ct., 19 Was. 128, mencionado en 22 Ruling Case Law, página 22, tampoco tiene aplicación a la presente cuestión porque lo que decide es que una corte no tiene juris-dicción para anular su fallo mediante una petición hecha mu-chos años después de haber sido rendida la sentencia por no estar el demandante ante la corte y que . el demandado debe establecer alguna acción en equidad o de otro modo para anu-lar el fallo.

Por las razones expuestas, el auto de prohibición condicio-nal librado debe dejarse sin efecto.

Anulado el auto condicional de prohibición.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado del Toro.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison firmaron conformes con la sentencia.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Ortiz, Peticionario, v. Texidor, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se espida un auto de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera.
    No. 243.
    Resuelto en marzo 8, 1919.
    Causa de Acción — Remedios—Alegaciones.—Las causas de acción son clara-mente distintas de los remedios a que puedan dar lugar; y la misma causa de acción puede dar lugar a varios remedios. Una demanda puede, sin expo ner más de una causa de acción independiente, exigir la determinación de varias materias incidentales al remedio principal, y será considerada como que no expone sino una causa de acción, aunque en ella se soliciten distintos y varios remedios, cuando todos ellos sean germanos a la conseeueión de un solo derecho fundamental. Así, pues, en un pleito para obligar al cum-plimiento de un contrato sobre venta de terreno, la demanda no expone sino una sola causa de acción, aunque persiga además del cumplimiento personal (specific performance) del contrato, la indemnización por concepto de rentas y ganancias.
    Partes Demandadas — Causa de Acción — Acumulación de-Acciones. — La mul-tiplicidad de partes no aumenta necesariamente el número de causa de ac-ción, y una demanda puede exponer tan sólo una causa de acción aunque afecte a un número de personas, ya como demandantes, ya como deman-dadas, o pueda afectar distintas parcelas de terreno separadamente poseí-das por diferentes personas. Esto es especialmente cierto en acciones de naturaleza equitativa que requieren el agotar y ajustar los derechos y obli-gaciones de un número de personas y el ejercicio de diferentes formas de las facultades de equidad y la concesión de diferentes formas de remedios, siendo procedente en tales acciones el acumular como partes a todas las personas interesadas sin que sean necesariamente afectadas de la misma ma-nera o con el mismo alcance.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del peticionario: Sr. José B. F. Savage.

    Abogados de los interventores: Sres. J. y M. Tous Soto.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda enmendada en este caso se alega en sín-tesis que .Antonio Manjón, vecino de Barcelona, España, es' dueño de cierta parcela de terreno; que en abril 26 de 1917 el demandante ofreció, por carta, comprar dicha finca junto' con la cosecha de café pendiente de recolectar en la misma, por la suma de nueve mil dollars pagaderos, cuatro mil al contado y el resto c-n-hipoteca, o en caso de no querer el dueño vender la finca, arrendarla por setecientos dollars anuales; que en nna carta fechada en Barcelona, de junio 9, 1917, Man-jón aceptó la proposición del demandante en nna forma mo-dificada en cnanto al pago especificando cinco mil dollars al contado y los cuatro mil restantes en cuatro años, devengando el 6 por ciento de interés anual, debiendo verse el demandante con Teodoro Hoscoso, agente y apoderado de Manjón, quien tenía poder suficiente para el otorgamiento de la escritura; que por carta fechada julio 2, 1917, el demandante aceptó la modificación a su proposición original e informó a Manjón que Hoscoso había sido notificado; que inmediatamente al recibo de la carta de junio 9, allá por el día 25 de junio de 1917, el demandante notificó a Moscoso por correo que el de-mandante había aceptado la proposición ele Manjón y que el demandaíite estaba listo para llevar a cabo el convenio y exi-gió el otorgamiento de la escritura de venta; que esta noti-ficación fue repetida en 7 de julio de 1917; que en julio 7 Mos-coso replicó que él no podía otorgar la escritura de venta pór faltarle instrucciones del señor Manjón; que en julio 13 el demandante envió a Manjón un cable aceptando las condicio-nes de venta, pidiéndole que ordenara por cable el otorga-miento de la escritura; que en julio 18, 1917 el demandante escribió a Manjón confirmando la carta de julio 2 y el cable del día 13 e informándole de la manifestación hecha por su agente, también que el demandante había sido perjudicado por la pérdida de los frutos de dicha finca, los que un tercero estaba recogiendo y, por último, exigiéndole que diera instruc-ciones inmediatamente para el otorgamiento de la escritura;-que Manjón estaba en posesión de dicha finca, la que estaba también ocupada por los demandados Fernández y Cartagena, quienes alegan tener algún interés en los frutos de dicha fin-ca, por cuyo motivo los hacen parte demandada en este liti-gio ; que en el mes de julio de 1917 el demandante notificó a los. dichos demandados Fernández y Cartagena que la propiedad: había sido vendida al demandante por el dueño de la misma,, el demandado Manjón; que en el mes de julio de 1918, cuando; pi demandante aceptó las condiciones de la venta propuestas por el demandado señor Manjón había pendiente de recolectar en la finca una cosecha de café por valor de tres mil dollars más o menos, como también habían en dicha finca madera, carbón y frutos menores de un valor de más de $500; que desde julio de 1917 los demandados Fernández y Cartagena han recolectado dichas cosechas pretendiendo ser dueños de las mismas, y han cortado muchos árboles y mucha madera en dicha finca y últimamente han abandonado dicha finca de tal manera que ha disminuido su valor; que el demandante en julio 2 de 1917 y en todo tiempo posterior, ha estado y aún está listo, dispuesto y en condiciones para llevar a cabo la compra de la finca de acuerdo con los términos convenidos con el demandado señor Manjón y que hasta la fecha en que se radicó esta demanda ha sido imposible conseguir que el de-mandado Sr. Manjón ni su apoderado Sr. Moscos'o otorguen a su favor la escritura de traspaso de dicha finca. En la sú-plica . se solicita se dicte sentencia obligando al demandado Manjón o a su agente y apoderado Sr. Moscoso para que a nombre de aquél otorgue a favor del demandante la escri-tura de venta de dicha finca con todas sus pertenencias por el precio y bajo las condiciones estipuladas entre las partes y disponiéndose que en caso de que dichos demandados dejaran de otorgar esta escritura dentro del término que para ello le conceda la corte, que se otorgue dicha escritura por el marshal de la misma, quedando en ese caso depositados en la oficina del secretario a disposición del demandado los $5,000 o la parte de los mismos que la corte ordene y que habría de pagar el demandante de contado al otorgarse dicha escritura; y obligando a dicho demandado Sr. Manjón a pagar asimismo al demandante el importe de las rentas y ganancias' produ-cidas por dicha finca desde la fecha en que se perfeccionó el convenio de vénta hasta que le sea otorgada al demandante lá' escritura de compraventa, y los daños y perjuicios causa-dos en dicha finca desde julio 13, 1917 con más los gastos, costas y honorarios de abogado, todas cuyas cantidades serán deducidas del precio de venta de $9,000; y obligando a los de-mandados Manjón, Moscoso, Fernández y Cartagena, una vez otorgada la escritura de compraventa, a entregar al deman-dante la ameritada finca con todas sus pertenencias incluyen-do toda cosecha- de café recolectado en dicha finca desde el día 13 de julio de 1917 hasta la resolución definitiva de este litigio, y concediendo al demandante cualquier otro remedio que sea justo y equitativo en tales.casos y a lo- cual tenga de-recho.

En la demanda original en adición a las materias anterior-mente mencionadas, se alega por información y creencia que el demandado Fernández estaba negociando con el demanda-do Manjón el traspaso de dicha finca al citado Fernández y que si el demandado Fernández obtuviese a su favor seme-jante escritura de venta, el demandante quedaría irreparable-mente defraudado de su compra, por cuanto Manjón no tenía en Puerto Rico ninguna otra propiedad que la que en la de-manda se describe; y solicitó un auto de injunction para im-pedir al demandado Moscoso como agente y apoderado de Manjón y Fernández otorgase semejante escritura de tras-paso, y a los demandados Fernández y Cartagena de disponer del café recolectado o que había que recolectarse en la citada finca con posterioridad al 13 de julio de 1917, y de seguir cortando madera o leña en dicha propiedad o de disponer de la misma o de ningún otro producto hasta la resolución final de este caso.

Los demandados bajo la teoría de una acumulación de tres causas distintas de acción, a saber: "una en contra de Man-jón para el otorgamiento de la escritura; otra en contra de Manjón y Moscoso para impedir la enajenación de la finca, y otra en contra de todos los cuatro demandados por daños y perjuicios, pidieron que el demandante fuera requerido a presentar una nueva demanda exponiendo separadamente es-tas así llamadas distintas causas de acción, lo que así fué ordenado por la corte.

En la orden eliminando la demanda enmendada de los autos por haber dejado de cumplir con la orden previa de la corte, se hace constar que la alegación enmendada es subs-tancialmente la misma que la originalmente presentada, salvo la eliminación de la súplica del injunction con los hechos en que se basaba en este sentido, y que la misma aun expone tres distintas causas de acción, a saber: una en contra de Manjón para el cumplimiento del convenio de venta; otra en contra de Hoscoso para obligarle al otorgamiento de la es-critura y la tercera en contra de todos los demandados para la entrega de posesión.

Los casos de McCarty v. Fremont, 23 Calif. 196; Haskell v. Haskell, 54 Calif. 262; Baldwin v. Ellis, 68 Calif. 495; y Hopkins v. Costa County, 106 Calif. 566 citados por la corte inferior en apoyo de esta resolución no son de aplicación.

La acción del demandante está basada en su aleg’ado de-recho contractual a la propiedad y posesión del inmueble en cuestión, y sobre la supuesta invasión de ese derecho por los demandados. El juez de distrito parece haber confundido la idea de partes y de remedios con la cuestión de lo que cons-tituye una causa de acción, a diferencia de varias causas dis-tintas de acción.

“Por acumulación de acciones, o con más propiedad, por acumu-lación de causas de acción se entiende la unión de dos o más preten-siones o dercchos.de acción en una acción; la exposición de más de una causa de acción en una demanda. La manera por la cual las cau-sas así acumuladas deben ser expuestas es una cuestión diferente y constituye una cuestión de alegaciones {pleading). Acumu-lación de causas es también una cuestión distinta de la de acumulación de partes y la una no envuelve necesariamente la otra; * * * .
“La cuestión de acumulación de causas de acción envuelve en de-terminados casos la pregunta preliminar respecto de si dos o más causas de acción han sido expuestas, porque obviamente no puede ha-ber cuestión alguna sobre defecto de acumulación de causas si la de-manda no expone sino una sola causa de acción o ninguna causa de acción en absoluto; pero si se llegare a determinar que se han ex-puesto doS o más distintas causas de acción, entonces se hace nece-sario determinar si son de tal naturaleza que puedan con propiedad acumularse en la misma acción. * * * '.
“La prueba de si más de una causa de acción se ba expuesto en una demanda es la de si existe más de un derecho fundamental o asunto en controversia presentado para hacerla efectiva o para su decisión, y no si existen distintas clases de*remedios solicitados u objetos perseguidos. Al aplicarse esta prueba es de observarse que sin dar lugar a más de una causa de acción, el derecho fundamental del demandante y la infracción del mismo por el demandado, que to-mados en conjunto constituyen la causa de acción, puede cada uno ser muy complicado, y puede envolver un número de derechos subor-dinados o materias incidentales. Al determinar esta cuestión, debe tenerse en cuenta más bien la substancia que la forma de la demanda porque una demanda puede de hecho exponer diferentes causas de acción aun cuando estén expuestas en forma de una sola, o puede exponer tan sólo una causa de acción, a pesar de hallarse redactada en forma de varias. En casos dudosos puede estimarse procedente considerar la forma de la demanda o el remedio pedido o el objeto perseguido; pero ninguno de los dos es decisivo {controlling). '* * *
“De acuerdo con los principios anteriormente expuestos si los he-chos alegados en una demanda o petición no demuestran sino un de-recho fundamental distinto por parte del demandante y un agravio o transgresión por parte del demandado que envuelva ese derecho, no se ha expuesto sino una sola causa de acción. Esto es cierto aun-que se aleguen razones incidentales en conexión con el derecho fundamental, que hagan otras partes que no sean los demandados prin-cipales partes propias o necesarias al litigio, o aunque se expongan hechos que, germanos al propósito principal de la acción, pueda cons-tituir fundamentos independientes de remedio; y cuando una sola transacción sea su fundamento, la demanda necesariamente no expone dos causas de acción, porque los hechos alegados puedan revelar una responsabilidad tanto por infracción de contrato como por infracción de ley (m contract and in tort). No es necesario que el agravio con-sista de un solo acto o que los daños resultantes consistan de más de un elemento; y que el importo pedido pueda ser computado por varias pérdidas. * * *
“Aunque algunas veces confundidas las causas de acción, ha-blando con propiedad, se distinguen claramente de las razones de pe-dir (remedial rights) a que puedan dar'lugar; y puesto que el re-medio pedido no forma parte de la causa de acción, la misma causa de acción puede dar lugar a varias razones de pedir (remedial rights), la cuestión de si se han expuesto una o más causas de acción no ha de determinarse en vista de si diferentes clases de re-medios han sido pedidos o diferentes objetos perseguidos. Una de-manda puede, sin exponer más de una causa de acción indepen-diente, exigir la determinación de varias materias incidentales- al remedio principal que^se pida, especialmente en acciones de natu-raleza equitativa. Una demanda será por lo tanto considerada como que no expone sino una causa de acción, aunque pueda solicitar dis-tintas y varias formas de remedios, cuando todos ellos sean ger-manos a la vindicación de un solo derecho fundamental, y aunque la consideración y fundamento (control) de las reclamaciones de distintas personas, o el ejercicio de diferentes formas de las facul-tades equitativas sean consideradas necesarias para dar efecto (accomplish) al propósito principal y se invoquen o generalmente cuando la demanda tiene un solo objeto principal y las diferentes formas del remedio pedido sean meramente incidentales a la mis-ma. * * *
“En un pleito para obligar el cumplimiento de un contrato para la venta de terreno, la- demanda no expone sino una sola causa de acción, aunque persiga tanto el cumplimiento personal •(specific performance) del contrato y como incidental a la misma, la indem-nización por concepto de rentas y ganancias. * * *
“La multiplicación de partes no aumenta necesariamente el nú-mero de causas de acción, y una demanda puede exponer tan sólo una causa de acción, aunque afecte a un número de personas, ya como demandantes, ya como demandados, o pueda afectar distintas parcelas de terreno separadamente poseídas por diferentes personas. Esto es especialmente cierto en acciones de naturaleza equitativa que requiere el agotar y ajustar los derechos y obligaciones de un número de personas y el ejercicio de diferentes formas de las fa-cultades de equidad y la concesión de diferentes formas de re-medios, siendo procedente en tales acciones el acumular como partes todas las personas' interesadas sin que sean necesariamente afecta-das de la misma manera o con el mismo alcance. * * * ”

1 C. J. pp. 1055 et seq.

La orden de la corte de distrito de noviembre 8, 1918, por la que se elimina la demanda enmendada de los autos y-la orden de 12 de diciembre de 1918 anulando el embargo por falta de la demanda para sostenerla, deben ser revocadas.

Revocadas las resoluciones dictadas por' la corte de distrito, por las cuales se ordenaba la eliminación de la demanda enmendada y .se levantó el embargo practicado, devolvién-dose el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.