text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Serrano Claudio, acusado y apelante.
    Núm. 11463.

    Sometido: Junio 13, 1946.

      Resuelto: Julio 24, 1946.

      R. A. Arroyo Ríos, abogado del apelante; Hon. Procurador General E. Campos del Toro, Luis Negrón Fernández, Primer Procurador General Auxiliar, y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El 4 de febrero de 1946 se radicó en la Corte Municipal de San Lorenzo una denuncia contra Pedro Serrano Claudio por el delito de acometimiento y agresión 'grave y en ella se hizo constar que los hechos ocurrieron el 27 de octubre de 1946, es decir, más de ocho meses después de radicada la denuncia. Fundado en estos hechos y en los artículos 78 y 82 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el acusado soli-citó de la corte inferior el archivo y sobreseimiento' de la denuncia. Desestimó la corte la moción, citando los casos de Pueblo v. Ramos, 28 D.P.R. 800, y Pueblo v. Albino, 38 D.P.R. 215, y el acusado hizo entonces alegación de culpa-bilidad y contra la sentencia que lo condenó a sufrir un año de cárcel estableció el presente recurso.

Como único error señala el cometido por la corte inferior al desestimar su moción de archivo y sobreseimiento.

De acuerdo con el artículo 78 del Código dé Enjuiciamiento Criminal no es necesario alegar en la acusación el momento preciso en que el delito fué cometido pues puede alegarse que lo fué “en un momento cualquiera anterior” a la presentación de la acusación, exceptuándose aquellos casos en los cuales es una circunstancia esencial el momento en que se cometió; y el artículo 82 dispone que la acusación es suficiente, si de ella se deduce: “. : . 5. Que el delito fué cometido en época anterior a la fecha de la presentación de la acusación.”

Los dos casos citados por la corte inferior al resolver la moción del acusado no son aplicables al de autos. En am-bos se resolvió que no erró la corte al permitir, a moción del fiscal, enmiendas a una acusación y a una denuncia, en cuanto a la fecha en que se cometieron los hechos imputados, para ajustarlos a la prueba presentada. En el caso de autos no se presentó prueba alguna y el fiscal en ningún momento trató de enmendar la denuncia. La corte, per se, después de citar los casos antes mencionados, resolvió que “el defecto apuntado en la acusación (sic) en cuanto a la fecha es un mero error clerical y que habiéndose radicado la denuncia en 4 de febrero de 1946, hay que concluir que el año que debió haberse alegado en el contexto de la denuncia en cuanto a la ocurrencia de los hechos era el año 1945.”

Este razonamiento estaría ajustado a derecho si, como en los casos citados, existiera alguna prueba que lo justifi-cara. Sin embargo, ¿qué base hay para presumir que el error clerical a que se refiere la corte inferior se contrae únicamente al año 1945 y que necesariamente los hechos tu-vieron que ocurrir en dicho año y no en 1944? A los efec-tos de la prescripción de un año establecida por el artículo 79 del Código-Penal, el acusado tenía derecho a saber si no la fecha exacta por lo menos que el término prescriptivo de un año no había expirado. Como dijimos en Pueblo v. Díaz, 61 D.P.R. 696-8: “La fecha no es un elemento esencial del delito de adulteración de leche siempre que se alegue y pruebe que el delito se cometió con anterioridad a la fecha de la presentación de la acusación y dentro del límite de prescripción. ...” (Bastardillas nuestrás.) - '

Con opinión Per Curiam en el caso de Pueblo v. Ortiz el 25 de abril de 1945 revocamos las sentencias condenatorias impuestas al acusado por los delitos de portar armas e in-fracción a la Ley núm. 14 de 1936 ((2) pág. 129), por apa-recer de la prueba de cargo — única-presentada—que los he-chos habían sido realizados con posterioridad a la radicación de las acusaciones.

El fiscal auxiliar de esta Corte sostiene que debemos aplicar la doctrina establecida en People v. Myers, 37 P.2d 191, y los casos en él citados, interpretando el inciso 5 del artículo 959 del Código Penal de California, equivalente al artículo 82, supra. Veamos.

En el caso de Myers la acusación por el delito de esca-lamiento en.primer grado se radicó el 5 de abril de 1934 y se alegó en ella que el delito se cometió el 20 de diciembre de 1934. Se celebró el juicio sin que el acusado objetara en forma alguna la acusación. La prueba de cargo demostró que el delito se cometió el 20 de diciembre de 1933. Fué en . apelación que por primera vez el acusado levantó la cues-tión de que la acusación no imputaba delito alguno y la corte resolvió que habiéndose resuelto en el caso de People v. Squires, 99 Cal. 327, 33 P. 1092, que “acusar a una persona de cometer un delito es imputar que fué cometido con an-terioridad a la acusación,” la acusación, aunque defectuosa, imputaba un delito público. Resolvió, además, la corte que, habiendo demostrado la prueba que el delito se cometió antes de radicarse la acusación y no habiéndose señalado ante la corte inferior ningún error en cuanto al defecto en la acusación, el apelante no había sufrido perjuicio alguno de-bido a la fecha equivocada en la acusación la cual era cla-ramente un error clerical.

Ahora bien, la frase usada en el caso de Squires, citada en el de Myers, lo fué en relación con una acusación radi-cada el 7 de junio de 1892 en la que se imputaba un delito de soborno cometido el mismo día 7 de junio y la corte dijo:

“Acusar a una persona de cometer un delito es imputar que fué cometido con anterioridad a la acusación. Cuando la acusación ex-presamente dice que una ofensa fué cometida en una fecha posterior al día de la acusación, imputa un acto imposible. Pe la faz de la acusación, por tanto, el acusado no puede ser culpable. Bajo un esta-tuto como el nuestro creo que esto es todo lo que puede haber sobre un punto de esta naturaleza. Pero ése no es este caso. Uno puede ser acusado de una ofensa el mismo día en que se cometió, y como hemos dicho, acusar es manifestar que el acto imputado fué anterior a la acusación. (Bastardillas nuestras.) .

Como puede verse, los casos de People v. Myers y People v. Squires, supra, son claramente distinguibles, por sus he-chos, del de autos. En el primero, hubo prueba de la fecha en que se cometió el delito, anterior a la fecha de la acusa-ción y dentro del término preseriptivo y además nunca se atacó la suficiencia de la acusación; y en el segundo lo que se resolvió fué que se podía radicar una acusación el mismo día en que se cometió el delito ya que al acusarse a una persona de haber cometido un delito el mismo día de radicarse la acusación se le estaba imputando que lo había cometido con anterioridad a su radicación. Sin embargo, en el mismo caso de Squires se resolvió que un acusado no podía ser culpable de un delito que, de la faz de la acusación, imputaba que se babía cometido en una fecha posterior a su radica-ción. En todos estos casos se cita el de People v. Moody, 69 Cal. 184, 10 P. 392, en el que se resolvió que: “La acu-sación radicada no exponía ningún delito por la comisión del cual los acusados pudieran ser enjuiciados, debido a que el día de la alegada comisión del delito era un día posterior a la radicación de la acusación; por tanto no se imputó delito alguno.”

Arguye el fiscal que al declararse culpable el acusado aceptó que la resolución de la corte inferior era correcta y que la acusación imputaba un delito y que “si realmente no cometió el delito, pudo haberse confrontado con la prueba en su contra para probar una vez más que esa prueba era imposible, por cuanto no había cometido delito alguno, porque la fecha del mismo estaba en la matriz del porvenir.”

No estamos conformes. Hemos resuelto que: “La con-fesión de culpabilidad hecha por un acusado al leérsele la acusación y después de desestimada una excepción, si los hechos imputádosle no constituyen delito alguno, no impide que en apelación se considere si la acusación le imputó al-gún delito y que se le absuelva en caso negativo.” Pueblo v. García, 23 D.P.R. 730. Un acusado, al declararse culpable, renuncia a todas las defensas excepto aquella en que alega que -la acusación no imputa un delito; Kachnic v. United States, 53 F.2d 312 (C.C.A. 9); y admite únicamente los actos imputados pero esto no le impide sostener que tales hechos no constituyen un delito. State v. Bergeron, 152 La. 38, 92 So. 726.

Aceptando, sin resolverlo, que el error en la fecha especificada en la denuncia fuera uno meramente clerical, lo que resolvemos es que la corte inferior no podía presumir que la fecha que debió alegarse en la denuncia, en cuanto al año, debió haber sido el 1945 en vez del 1946, sin que se hu-biese liecbo enmienda alguna al efecto en la denuncia. No estaba envuelta únicamente la cuestión de si el delito se ha-bía cometido con anterioridad a la fecha en que se radicó la denuncia sino también que no había expirado el término pres-criptivo de un año que provee el artículo 79 del Código Penal para los delitos menos graves. Es cierto que el acusado sólo planteó la cuestión de que en la denuncia no se alegó que el delito se había cometido con anterioridad a la fecha en que se radicó la denuncia. Pero, si 'el hecho imputado ocurrió, por ejemplo, en 1944 también pudo' haber atacado la denuncia, por haber expirado el término prescriptivo de un año que provee el artículo 79 del Código Penal para los delitos menos graves. Si bien no es necesario’ alegar el mo-mento preciso en que el delito fue cometido, siempre que lo fuere en época anterior a la fecha de la radicación de la de-' nuneia o acusación, cuando exista un límite prescriptivo es-tatuido para los delitos, debe alegarse alguna fecha que caiga dentro de dicho término.

Así se ha resuelto en California diciéndose en el. caso de People v. Miller, 12 Cal. 291, 4:, “El objeto de la alegación es informar a la parte del cargo específico que se le hace y para darle la oportunidad de defenderse y de tener todos sus derechos y privilegios legales. Es generalmente cierto que todo hecho esencial debe alegarse en la acusación; y esto quiere decir todo hecho material al delito por el cual puede condenarse al acusado; y la alegación de un día den-tro del término de prescripción es material, siempre que el delito esté sujeto a prescripción. (Whart. Cr. Law, 111 y 114.). . .

“Es cierto que el estatuto de prescripción excluye de sus cómputos el tiempo que el acusado'haya permanecido fuera del Estado, pero la regla es, que la excepción debe expo-nerse en la acusación. Prima facie, el transcurso del tiempo es una buena defensa y si se descansa en la excepción esta-tutaria, el Estado debe alegarla. Esta es la regla en ale-gaeiones civiles bajo nuestro sistema, y no es menos estricta en casos criminales.” (Bastardillas nuestras.)

En el caso de People v. McGee, 1 Cal.2d 611 (1934), des-pués de decirse que existía alguna confusión en cuanto a si el término prescriptivo en casos criminales es jurisdiccio-nal, se dijo lo siguiente:

“Es necesario que esta confusión sea eliminada y que la regla que gobierne los procesos en este Estado sea declarada. En nuestra opinión, la regla más deseable es que el estatuto (prescriptivo) es jurisdiccional y que una acusación o denuncia que demuestre de su faz que el proceso está prescrito deja de exponer un delito público. La cuestión, por tanto, puede levantarse en cualquier momento, antes o después de sentencia.”

¿En qué forma puede un acusado levantar la cuestión de prescripción si de la faz de la acusación o denuncia no apa-rece fecha alguna cierta que pueda servir de base para de-terminar si ha transcurrido el término de prescripción? Consideramos que siendo la alegación de una fecha que caiga dentro del término prescriptivo una cuestión jurisdiccional debe aparecer alegada en la acusación o denuncia.

En el caso de autos existiendo la posibilidad de que pueda radicarse una nueva denuncia, procede revocar la sentencia y devolver el caso a la corte inferior para ulteriores proce-dimientos.

El Juez Asociado Sr. Snyder disintió.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado SeÍtor Snyder

license: Public Domain

text:
    Rafael de J. Cordero, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, Etc., demandante y apelado, v. American Railroad Co. of Porto Rico, demandada y apelante. El Mismo, demandante y apelado v. La Misma, demandada y apelante. Eagle Indemnity Company, demandante y apelada, v. La Misma, demandada y apelante.
    Núms. 9263, 9262 y 9261.

    Sometidos: Abril 2, 1946.

      Resueltos: Julio 24, 1946.

      Mariano Acosta Velarde, Daniel Pellón la Fuente y Donald R. Dexter, abogados de la apelante; R. Rivera Zayas y G. Rivera Gestero, abogados de la apelada en el caso núm. 9261; Ángel de Jesús Matos y A. Rondín del Manzano, abogados del Administrador del Fondo del Seguro del Estado, apelado éste en los casos 9262 y 9263.
   El Juez Asociado SeÍtor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Agustín Guadalupe Pérez era el chófer y Manuel Comas el pasajero de un automóvil que chocó con nn tren de la de-mandada en un paso a nivel, ocasionando como resultado la muerte de Guadalupe y lesiones a Comas. • Por haber sido muerto Guadalupe en el curso de sn empleo, el Administra-dor del Fondo del Seguro del Estado, de conformidad con el artículo 3, inciso 5, de la Ley núm. 45, Leyes de Puerto Pico, 1935 ((1) pág. 251), pagó a los padres e hijos natu-rales de éste la suma de $1,882.40 como compensación del trabajo.

De conformidad eon el artículo 31 de la Ley si una ter-cera persona es responsable de un accidente en virtud del cual el Fondo del Estado venga obligado a compensar al obrero o a sus beneficiarios, el Administrador del Fondo queda subrogado en los derechos del obrero o de sus bene-ficiarios contra el tercero y podrá entablar acción contra dicho tercero a nombre del obrero o de sus beneficiarios. Si en dicho pleito el Administrador obtiene de la tercera persona una suma mayor que la que le fue pagada al obrero o a sus beneficiarios en calidad de compensación, dicho exceso será pagado a estos últimos.

El Administrador radicó uno de los tres casos aquí en-vueltos contra la demandada “a nombre y en subrogación de los derechos de” los hijos naturales y padres de Guadalupe, alegando que éste había sido muerto como consecuen-cia de la negligencia de la demandada. Después de un jui-cio en los méritos, la corte inferior dictó sentencia contra la demandada por la suma de $2,907.60, ordenando que se re-integrasen al Fondo $1,882.40 y se pagase a los hijos natu-rales y a los padres del occiso el remanente.

Al apelar contra esta sentencia, la demandada alega que ésta debe ser revocada toda vez que no se demostró que los beneficiarios por quien se subrogó el Administrador eran los únicos herederos del finado. La demandada se apoya en nuestros casos que resuelven que en una acción por muerte ilegal los demandantes deben probar que son los únicos herederos del finado. Rivera v. Olabarrieta, 58 D.P.R. 432, 448; Méndez v. Serracante, 53 D.P.R. 849, 852, 855-56; Carbou v. Mir, 36 D.P.R. 809; artículo 61, Código de Enjuiciamiento Civil.

Alega el Administrador que estos casos y el artículo 61 no son de aplicación, por el fundamento de que el artículo 31 de la Ley núm. 45 creó una acción contra la tercera persona cuya negligencia cause'la muerte de un obrero en el curso de su empleo, a favor de los beneficiarios del obrero fallecido, según define a éstos el inciso 5 del artículo 3, y por tanto derogó la acción civil ordinaria que de otro modo podía radicarse bajo el artículo 61 del Código de Enjuicia-miento Civil por los herederos del interfecto contra tal ter-cera persona.

Si el obrero es muerto en el curso de su empleo, la com-pensación que reciben sus beneficiarios bajo la Ley núm. 45 constituye su remedio exclusivo contra un patrono asegu-rado. Artículo 20 de la Ley núm. 45; Onna v. The Texas Co., Inc., 64 D.P.R. 520; De Jesús v. Osorio, 65 D.P.R. 640. Pero el artículo 20 no es aplicable a la reclamación contra tercera persona si el obrero fue muerto debido a la negli-gencia de dicha tercera persona. Como se indicó en los ca-sos do Olabarrieta, Serracante y Mir, la responsabilidad de dicho tercero por la muerte siempre ha existido a favor de los herederos del finado, independientemente de la Ley núm. 45. El artículo 31 de la Ley núm. 45 no tiene por miras de-rogar esta causa de acción. Tampoco sustituye dicha acción por una a favor de los beneficiarios bajo el inciso 5 del ar-eulo 3. El artículo 31 más bien dispone sencillamente que si un beneficiario tiene tal acción, el Administrador queda subrogado en ella. En esta forma se han interpretado es-tatutos similares al nuestro. Reidy v. Old Colony Gas Co., 53 N. E.2d 707 (Mass., 1944); Doleman v. Levine, 295 U. S. 221; Joel v. Peter Dale Garage, 206 Minn. 580 (1940); Matter of Babb v. Conboy & Brown Constr. Co., 264 N. Y. 357, 362 (1934). Cf. Uva v. Alonzy, 163 A. 612 (Conn., 1933). Además, si adoptáramos la interpretación del artículo 31 sugerida por el Administrador, tendríamos que decir que la Legislatura tuvo la intención de derogar la acción ordina-ria por muerte ilegal, perteneciente a aquellos herederos que no recibieron compensación alguna bajo la Ley núm. 45, por no estar dependiendo del obrero para su sostenimiento. Na creemos que ésta fue la intención de la Legislatura. Horovitz on Workmen’s Compensation, pág. 335.

No hay problema si los beneficiarios bajo la Ley núm¿ 45 y los herederos son idénticos. En dicho caso en virtud del artículo 31 el Administrador puede demandar por loa daños a que tendrían derecho los beneficiarios en su carácter de herederos, retener como reintegro la suma pagádales como beneficiarios, y entregarles el remanente. La dificultad surge si los herederos y los beneficiarios son diferentes o si los herederos no eran dependientes del. obrero para su sostenimiento.

Toda vez que el Administrador ocupa el mismo sitio dé los beneficiarios' en tanto en cuanto éstos tienen una recla-mación como herederos, al demandar a un tercero por la muerte ilegal, el Administrador viene obligado, de acuerdo con los casos aquí citados, a alegar y probar que los here* deros en cuyos derechos se subrogó son los únicos herederos, del obrero. .Debido a que el Administrador no alegó ni probó en este caso que los beneficiarios eran los únicos he-rederos, debe revocarse la senteneia y devolverse el easo con el único fin de determinar (a) sidos beneficiarios son here-deros del causante, y (6). si existen algunas personas, que no son beneficiarios bajo la Ley núm. 45, que también sean herederos. Este es de. acuerdo con la forma-en que devol-vimos los casos de Mir y de Olabarrieta. Si {a) y (b) son contestadas en la afirmativa, el Administrador .tendrá de-recho a recibir, con el 'fin de acreditarlas a las suma-s que Ids' pagó a los beneficiarios, solamente aquellas cantidades a que tendrían derecho los beneficiarios como partes proporciona-les en calidad de herederos.- - • :

Conocemos los'casos , de Estados'Unidos que resuelven, que cuando existen algunos herederos que no son beneficia-tíos, la acción por la muerte ilegal no puede instituirla el ase-gurador subrogado, sino que dichos daños deben reclamarse solamente mediante acción iniciada por el representante personal del finado. Reidy v. Old Colony Gas Co., supra. Horovitz, supra, pág. 346, afirma que estos casos representan el peso de las autoridades. Pero dichos casos descansan por .lo menos en parte en el concepto del derecho común de un ¡.administrador o albacea que tiene amplios poderes sobre la .herencia hasta que ésta se distribuye. De acuerdo con nues-tro derecho, la administración toma poco tiempo, tiene poco alcance, y los propios herederos dominan la herencia. Pérez v. Sucrs. de M. Pérez & Co., 41 D.P.R. 852. Toda vez que nuestra ley no prohibe la* acción por los herederos pro-piamente dichos, no vemos razón alguna por qué el adminis-trador no pueda instituir dicha acción, siempre y cuando tenga la obligación de acumular los otros herederos, si los beneficiarios, en cuyos derechos se subrogó, no son los úni-cos herederos. Reconocemos la contundencia del argumento de que no debe fraccionarse la causa de acción. Doleman v. Levine, supra, pág. 226; pero la conclusión a que llegamos no requiere nada más que un pleito. Si los beneficiarios no son los herederos del finado, no tienen derecho alguno, en los cuales pueda subrogarse al Administrador, bajo el ar-tículo 31. Sin embargo, si los beneficiarios y otros son los -herederos, el Administrador, habiéndose subrogado en los derechos de los beneficiarios bajo el artículo 31, debe per-mitérsele unirse a los otros herederos en un pleito en el que pueda recobrar la parte proporcional de los beneficiarios como herederos, de la cual retiene la compensación que ya les había pagado, en su carácter de beneficiarios, antes de que les entregue el remanente. Como ya se ha indicado, al devolverse el caso a la corte inferior, ésta debe sostener su sentencia si los beneficiarios son los únicos herederos, revo-carla si los beneficiarios no son herederos, y modificarla si todos o algunos de los beneficiarios son herederos junto a otras personas, después que éstas hayan sido incluidas como partes necesarias en la acción. .

Manuel Comas, el pasajero del automóvil, resultó lesionado en el curso de su empleo. El Administrador le pagó $1,241.26 como compensación del trabajo, y demandó a la compañía en el segundo de los tres casos' aquí envueltos, eñ subrogación de los derechos de Comas. La corte de distrito dictó sentencia por $2,750, ordenando que se reintegraran al Fondo del Estado $1,241.26, y se le entregara a Comas el sobrante. La demandada apeló esta sentencia. Ya que no hay duda de que el Administrador tiene derecho a instituir esta acción a tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley núm. 45, pasemos a los méritos de la apelación.

Este accidente ocurrió en un paso a nivel formado por los raíles de la demandada y un camino. El maquinista ma-nejaba la locomotora hacia atrás y la corte inferior resolvió que no tocó pito o campana. La mayoría de los errores se-ñalados por la demandada se refieren a la apreciación de la prueba por la corte de distrito. Alega que la corte de distrito cometió error al fesolver que (1) Comas no podía ver la locomotora; (2) la visibilidad de un maquinista de locomotora que va hacia atrás es inferior a la de un maqui-nista cuya locomotora camina hacia adelante; (3) la locomo-tora chocó con el automóvil; (4) el accidente no ocurrió mientras la locomotora estaba en el medio del paso a nivel, sino en el instante en que ésta salió al paso a nivel; (5) que cierta prueba pericial de la demandada era puramente es-peculativa; (6) que el maquinista manejaba la locomotora de espaldas al sitio por donde iba a pasar; y (7) que el automóvil corría a poca velocidad porque solamente dejó huella en la carretera de 5.75 metros.

Creemos innecesario examinar cada una de estas conclu-siones, por sí sola, para determinar si la corte inferior co-metió error al dictar sentencia a favor del demandante. La evidencia oscila en peso en cuanto a cada una de ellas. Basta decir que hay alguna evidencia- suficiente para justificar la-conclusión de la corte inferior en cada cuestión. Además,' aun si concluyéramos que la corte inferior cometió error en una o más de estas conclusiones, no podemos decir que la comisión ,de cualquiera de estos supuestos errores justifica-ría la revocación de esta sentencia. Estamos convencidos que dicha sentencia está sostenida por la evidencia al consi-derarse ésta en conjunto.

La demandada también se queja de la actuación de la corte inferior al admitir sobre su oposición, evidencia de que un guardabarrera — cuyo jornal se pagaba de por mi-tad por la demandada y por el patrono de G-uadalupe y Comas, que explotaba una central azucarera por allí cerca estaba anteriormente estacionado en este paso a nivel, perot había sido retirado un año antes del accidente. Arguye la demandada que Comas no podía confiar en la señal del guar-dabarrera, ya que manifestó que tenía conocimiento de que. éste había sido retirado hacía un año. Pero esta prueba era admisible, no con referencia a cualquier obligación estatu-taria y no obstante el conocimiento que Comas tenía de que se había descontinuado la práctica, sino para demostrar que - la demandada reconoció en el pasado voluntariamente que el estacionar un guardabarrera en este paso a nivel era una precaución saludable. Véanse López v. American R. R. Co., 50 D.P.R. 1, 15-16; cf. Just v. Moreno, 63 D.P.R. 673.

La demandada señala como error la actuación- de la corte inferior, al declarar sin lugar su objeción a la declara- , ción del maquinista en su-contrainterrogatorio, al efecto de' que durante ese mismo año había tenido otro accidente ,en-el mismo paso a nivel. Bajo las circunstancias de este caso no encontramos que sea errónea la -actuación de la .corte inferior; Véanse Blanco v. Municipio de Mayagüez, 57 D.P.R. 482; Pueblo v. Cabrera, 59 D.P.R. 135; Casanovas v. The Ponce Electric, 38 D.P.R. 126.

En una conferencia anterior al juicio las partes estipularon que el camino Ma. Belén era un camino municipal. La corte de distrito resolvió que es un camino insular “aunque no es una carretera insular declarada”, citando la Ley núm. 143, Leyes de Puerto Rico, 1937, pág. 356. Alega la demandada que dicho camino no es una carretera insular, en vista de la estipulación y de la certificación del Departa- ' mentó admitida en evidencia al efecto de que dicho camino no está en conservación por el Departamento. También alega la demandada que de cualquier modo la sección 6 de la Ley núm. 80, Leyes de Puerto Rico, 1936, expresamente exime los caminos municipales conservados por el Departamento de los efectos del inciso q de la sección 3 de la Ley núm. 70, Leyes de Puerto Rico, 1917, Tomo II, que exige a la compañía de ferrocarril “conservar cadenas, portones u otros aparatos adecuados de protección, en todos los cruces a nivel de las carreteras públicas insulares . . . ”.

De ser éste un paso a nivel sujeto al inciso q, el no man-tener allí un aparato de protección constituyó negligencia per se. Línea Borinquen, Inc. v. American Railroad Co., 53 D.P.R. 309. Sin embargo, en su corta exposición sobre este punto, la corte de distrito no indicó claramente si creía o no que la demandada tenía la obligación de conservar en este cruce específico los aparatos de protección contemplados por el inciso q. Pero, supondremos, sin decidirlo, que la carre-tera era una en donde la demandada no tenía la obligación de tomar estas medidas. Sin embargo, no podemos ver de qué manera esto pueda afectar este caso en el que la con-troversia sustancial envolvía la cuestión de negligencia al acercarse al paso a nivel y consecuentemente la cuestión de los aparatos de protección desempeñó un papel sin impor-tancia en la decisión del.caso.

Creemos innecesario discutir los restantes errores seña-lados por la demandada, excepto para decir que nada encon-tramos en ellos que justifique la revocación de las sentencias.

El tercer caso aquí envuelto era una sentencia a favor de la Eagle Indemnity Company que pagó $930 al patrono como dueño del automóvil por los daños ocasionados a estecen el accidente. La compañía aseguradora radicó pleito contra la demandada en virtud de la póliza que la subrogaba en los derechos del dueño del automóvil. Nuestras conclusiones en el segundo caso son de igual manera aplicables a éste.

La .sentencia en el primer caso será revocada y se devol-verá el caso para ulteriores procedimientos de conformidad con esta opinión. Las sentencias en el segundo y tercer casos serán confirmadas.

      E1 único caso citado por el Administrador, Harris v. Louisville N.R. Co., 186 So. 771 (Ala., 1939), es distinguible. Allí el estatuto disponía que el obrero podía a su opción radicar una acción ordinaria contra la tercera persona, o aceptar la compensación de obrero, pero no ambas. Habiendo elegido aceptar la compensación de obrero, no podía luego demandar al tercero, quién respondía. solamente al asegurador por subrogación.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Alfredo Luis Ríos, representado por la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, peticionario, v. Puerto Rico Cement Corporation y La Unión de Canteros, Operadores y demás Empleados de la Industria del Cemento demandados.
    Núm. 1.

    Sometido: Julio 5, 1946.

      Resuelto: Julio 24, 1946.

      Hon. Procurador General E. Campos del Toro y Luis Venegas Cortés, abogado especial éste del Procurador General, abogados ambos del’ peticionario; Víctor M. Bosch y Francisco Colón Gordiany, abo-gados de la Unión de Canteros, etc., demandada; Enrique Cornier Martínez, como amicus curiae.

   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario, Alfredo Luis Ríos, estuvo durante más-de cuatro años trábajando como empleado en la planta de la Puerto Rico Cement Corporation, siendo durante todo ese tiempo miembro de la “Unión de Canteros, Operadores y demás Empleados de la Industria del Cemento”, organizada el 20 de abril de 1941. El 21 de noviembre de 1945, el peti-cionario fué expulsado de la Unión,- según se alega, porque siendo Secretario de la misma se opuso a la entrega de la suma de $500 de los fondos de la Unión, becha por el Pre-sidente, sin previa autorización de los miembros do la or-ganización, a la Confederación General de Trabajadores de Puerto Rico, “sector Colón Gordiany”.

Decretada la expulsión del peticionario, la Unión re-quirió a la Puerto Eico Cement Corporation para qne pro-cediera a despedir de su empleo al peticionario, de confor-midad con las estipulaciones del convenio colectivo entre la Unión y la compañía, celebrado el 12 de noviembre de 1945, por virtud de las cuales se convino que “todos los emplea-dos que fueren miembros de la Unión en la fecha en que se firme este convenio, y todos los empleados nuevos manten-drán su condición de miembros de la Unión como condición de empleo, durante la vigencia de este convenio”. (Sección 5.) La Puerto Eico Cement Corporation, notificó al peticio-nario que lo suspendería de empleo y sueldo si no apelaba oportunamente para ante la Comisión de Quejas y Agravios establecida por el convenio colectivo, y que si así lo hacía, podría continuar en su empleo hasta que la Comisión dictara su decisión. En diciembre 12 de 1945 el peticionario apeló. La Comisión de Quejas y Agravios, constituida por dos de-legados de la Unión, dos representantes del patrono y un de-legado del Comisionado del Trabajo, después de celebrar au-diencias a las que asistieron todas las partes interesadas, el 21 de enero de 1946 rindió el siguiente laudo arbitral:

“Lo siguiente fué aprobado por la mayoría que subscribe al calce:
“TERCERO: Entendemos que al renunciar a sus derechos, a pesar de las oportunas aclaraciones que a la parte querellante le hiciera el Comité, en más de una ocasión, equivalía virtualmente a no presentar caso alguno y por el contrario le concedía a la parte querellada ventaja ilimitada para desvirtuar los cargos que no se vieron, y, desde luego, no se probaron. ‘De todo lo cual se infiere que por la forma peculiar en que el caso fué conducido por la parte querellante,'procede ía resolución, aprobada por mayoría, revocando la expulsión del señor Alfredo Luis Ríos como quemador de la Puerto Rico Cement Corporation. Se acordó, además, que la minoría — en este caso, los dos miembros de la Unión — explicaría su voto por escrito como efectiva-mente lo hizo, y que lo mismo harían los dos representantes de la Compañía en calidad de tales, y el quinto miembro como tal.
“Aprobada hoy lunes 21 de enero de 1946 en San Juan, Puerto Rico.
" Comité de Quejas y Agravios de da Puerto Rico CemeNt Corporation y la Unión de Canteros, Operadores- y Demás Empleados de la Industria del Cemento.
“A favor de la no expulsión:
“1. José R. Benitez (fdo.)
"2. Luis V. Rodríguez (fdo.)
“3. Julio Machuca (fdo.)
"En contra:
"1. Francisco Ortega (fdo.)
"2. Julio Amaro (fdo.)”

En la petición de injunction radicada ante este Tribunal a virtud de las disposiciones del inciso 2(c), art. 9, Ley núm. 130 de 8 de mayo, 1945 (pág. 407), enmendada por la núm. 6 de 7 de marzo de 1946 ((1) pág. 19), el peticionario alega que la Unión demandada, en violación del fallo dictado por la Comisión de Quejas y Agravios, de los términos del con-venio colectivo y de la política pública enunciada en las men-cionadas leyes, se ha negado a reponer al peticionario en su matrícula y ha ratificado su expulsión por un nuevo acuerdo adoptado el 22 de enero de 1946, requiriendo del patrono la inmediata suspensión del peticionario como empleado de la planta de cemento; que el patrono demandado, actuando a requerimiento y por instigación de la Unión, separó de em-pleo y sueldo al peticionario el 28 de enero de 1946 y se ha negado y se niega a reponerle en su empleo; que la Unión y el patrono se han combinado para privar al peticionario de su derecho a ganarse la vida mediante su trabajo y para privarlo de sus derechos de propiedad derivados del contrato colectivo; que las actuaciones de los demandados causan da-ños irreparables al peticionario, quien por carecer de otro recurso legal adecuado solicita se dicte a su favor una sen-tencia de injunction por la cual se ordene (1) que los de-mandados se abstengan de violar o de continuar violando el fallo rendido por la Comisión de Quejas y Agravios; (2) que el patrono reponga inmediatamente al peticionario en su em-pleo y le pague los salarios que dejó de devengar mientras estuvo suspendido de empleo y sueldo; y (3) que se ordene la inmediata reposición del peticionario en la-matrícula de la Unión.

La Puerto Rico Cement Corporation contestó la demanda alegando en substancia que no' pudo dar cumplimiento al laudo de la Comisión de Quejas y Agravios por haberse ne-gado la Unión a admitir al peticionario nuevamente a. su seno; que de baber efectuado la reposición del peticionario, la corporación demandada hubiera incurrido en una viola-ción del artículo 5 del convenio colectivo, que dispone que todos sus empleados deberán mantener su condición de miem-bros de la Unión como condición de empleo; y que la corpo-ración está dispuesta a reponer al peticionario en su empleo tan pronto tal acción no apareje una violación del contrato colectivo.

La Unión demandada interpuso como primera defensa que esta Corte Suprema carece de jurisdicción para conocer de este asunto en primera instancia, por no haberse agotado los recursos ordinarios que conceden las leyes vigentes. Sostiene la Unión demandada, que es la Junta de Relacio-nes del Trabajo, creada por la Ley de Relaciones del Tra-bajo de Puerto Rico (Ley núm. 130 de 8 de mayo de 1945, enmendada en 7 de marzo de 1946), la que tiene jurisdicción para conocer en primera instancia de todos los conflictos y problemas que a diario surgen entre obreros y patronos; y que la intención del legislador al crear este organismo fué la de que el mismo • entendería en todos esos asuntos en pri-mera instancia.

La cuestión jurisdiccional planteada por la Unión demandada carece de méritos. Veamos.

El contrato colectivo de 12 de noviembre de 1945 obliga a los empleados de la corporación que fueren miembros de la Unión a mantener esa condición, como requisito o condi-ción de empleo, durante lá vigencia del contrato. La com-pañía se obliga a emplear solamente afiliados a la Unión en los trabajos especificados en el convenio; y se compromete, además, a suspender de empleo y sneldo a cualquier em-pleado ' qne dejare de ingresar en la Unión dentro del tér-mino especificado en el párrafo VI del contrato, cnando lá Unión así lo solicite por escrito.

Por el artícnlo 11 del mencionado contrato colectivo, se establece nna Comisión de Quejas y Agravios compuesta de dos representantes dé la Unión, dos representantes de la compañía y un quinto miembro designado por el Comisio- • nado del Trabajo, para considerar y resolver por mayoría de votos las querellas, incidentes o cuestiones que surjan en-tre las partes contratantes que ■ envuelvan actos de indisci-plina o la interpretación, cumplimiento o violación del con-venio. El citado artículo 11 dispone, además, lo siguiente:

“Disponiéndose, además, que en el caso de que un empleado sea dado de baja por la Unión, el empleado o la compañía podrán someter el caso al Comité de Quejas y Agravios para su solución final.
“El fallo o decisión de la Comisión aprobado por mayoría de tres de sus miembros será final e inapelable . . . Tal fallo o decisión será inmediatamente obligatorio para las partes siempre y cuando no esté en conflicto con, y no obligue a una de las partes a violar o implique la violación por ella de cualquier estatuto de Puerto Rico que no sea rennnciable por contrato.” (Bastardillas nuestras.)

La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico fue creada por el artículo 3 de la citada Ley de Relaciones del Trabajo. Dicha Junta, adscrita al Departamento del Tra-bajo, tiene facultad (o) para evitar que cualquier persona se dedique a cualesquiera de las prácticas ilícitas de trabajo que se enumeran en el artículo 8; (b) para llevar a cabo una investigación preliminar de todos los cargos y peticiones que se radiquen ante ella, a los fines de determinar si se insti-tuyen procedimientos adicionales y se celebran audiencias; y (c) para obtener evidencia, expedir citaciones, examinar testigos y tomar. juramentos en cualquier asunto que esté bajo investigación.

El .artículo 8 de la mencionada Ley define como “Práeti- - cas Ilícitas del Trabajo”, entre otras, las siguientes:

“ (1) Será práctica ilícita de trabajo el que un patrono, actuando individualmente o concertadamente con otros:
* # * * <* # «
“ (f) Viole los términos de un convenio colectivo, incluyendo un acuerdo en el que se comprometa a aceptar un laudo de arbitraje, esté o no dicho acuerdo incluido en los términos de un convenio colectivo; etc.
* * * # «= , *
“(i) Deje de emplear o reponer a su antigua posición y de no existir ésta a otra posición sustaneialmente equivalente a la anterior, a un empleado despedido en violación al artículo 8(2) (b).
* * ‘ * •* * # *
“ (2) Será práctica ilícita del trabajo el que una organización obrera, actuando individualmente o concertadamente con otros:
“(a) Viole los términos de un convenio colectivo, incluyendo un acuerdo en el que se comprometa a aceptar un laudo de arbitraje, esté o no dicho acuerdo incluido en los términos de un convenio colectivo; etc.
“ (b) Excluya o suspenda injustificadamente de la matrícula de una organización obrera a cualquier empleado en una unidad de nego-ciación colectiva y en cuya representación la organización obrera haya firmado un convenio de afiliación total, o de mantenimiento de ma-trícula de la unión.”

El artículo 9 de la Ley trata sobre 'la prevención de las. prácticas ilícitas de trabajo y enumera los casos que podrán ser sometidos a la Junta de Relaciones del Trabajo para su ac-ción en la forma y con el propósito determinados por la misma ley. El citado artículo 9, en su párrafo 2, inciso (c) dispone:

“(c) A los fines de promover la negociación colectiva, la Junta podrá, en el ejercicio de su discreción, ayudar a poner en vigor laudos de arbitraje emitidos por organismos competentes de arbitraje, bien designados de acuerdo con cualquier convenio colectivo firmado por un patrono y una organización obrera, o en virtud de cualquier acuerdo firmado por una organización obrera y un patrono. Des-pues de emitido un laudo de arbitraje, la Junta, a solicitud de cual-quiera de las partes en el procedimiento de arbitraje, podrá dar su' consejo o podrá, si fuere requerida para ello, a nombre de la parte que lo solicite, entablar acción legal adecuada ante la Corte Suprema de Puerto Rico para que se ponga en vigor el laudo de arbitraje.”

En el procedimiento incoado en el presente. caso no se trata de poner en vigor o de revisar una orden de la Junta' de Relaciones del Trabajo, para lo cual se confiere jurisdic-ción a esta Corte Suprema por el artículo .9, párrafo .2, in-cisos (a) y (fe) de la Ley. La petición radicada por la Junta de Relaciones del Trabajo a instancia y en representación del obrero Alfredo Luis Ríos, lia sido formulada de confor-midad, con • las disposiciones del inciso (c) del párrafo 2 del citado, artículo 9, supra, y en ella se invoca la jurisdicción y facultad conferida- a esta Corte para poner en vigor y ba-. cer respetar el laudo de arbitraje dictado en .21 de enero de 1946 por el Comité de Quejas y Agravios constituido de con-formidad* con los términos del. convenio colectivo celebrado entre la Puerto Rico Cement Corporation y la Unión.

Opinamos, y así. lo resolvemos, que ■ esta Corte tiene ju-risdicción para considerar y resolver si el laudo de arbitraje dictado a favor del peticionario debe ser puesto, en vigor.

Un laudo de arbitraje ocupa -una' posición muy si- - milar a- lá de una sentencia o decreto judicial. Como reglageneral puede ser impxignado o anulado si existe' algún de-'feeto o insuficiencia en la sumisión o en el laudo mismo'-que lo invalide, o cuándo el procedimiento seguido se ba desviado de -manera substancial y perjudicial de las reglas que go-' biernan los procedimientos por y ante ‘árbitros. Los tribu-'nales no se inclinan fácilmente a decretar la nulidad de un laudo de arbitraje, y no deben permitir que los mismos 'sean impugnados a menos que contra ellos pueda levantarse uriá ■ de ■ las- objeciones antes mencionadas - o que -se -alegue y pruebe fraude o mala conducta o lá comisión dé'un gravé y perjudicial error que equivalga a una violación del de-recho a un debido procedimiento de ley.

Contra el laudo dictado a favor del peticionario no se ha hecho alegación alguna de fraude, ni tampoco de que el Co-mité de Quejas y Agravios se desviase en manera alguna de las reglas de procedimiento. Solamente se ha alegado que el Comité de Quejas y Agravios que lo dictara actuó sin ju-risdicción, porque dicho Comité “no puede entender en los asuntos administrativos de la Unión, como lo es la expulsión de uno de sus miembros.”

La alegación de que el Comité de Quejas y Agravios ac-tuó sin jurisdicción carece de méritos. En el convenio co-lectivo de 12 de noviembre de 1945, denominado “colectivo” según se hace constar en el mismo, “porque es negociado y firmado por el representante de la mayoría de los trabaja-dores a nombre de todos sus compañeros de trabajo,” se es-tipuló expresamente que “en el caso de que un empleado sea dado de baja por la Unión, el empleado o la compañía po-drán someter el caso al Comité de Quejas y Agravios para su solución final.”

El peticionario, al ser expulsado de la Unión, hizo uso de sus derechos bajo el convenio colectivo y recurrió al Co-mité de Quejas y Agravios, el cual quedó constituido de acuerdo con los términos del convenio. La Unión asistió a las audiencias celebradas por el Comité y, según alega en su contestación, '“por conducto de su representación, sometió aquella prueba documental y testifical que estimó procedente y material a los méritos del caso.” La Unión tuvo su “día en corte” y amplia oportunidad para presentar prueba y convencer al Comité de Quejas y Agravios de que la expul-sión del peticionario estaba justificada.

El lando rendido en este caso es válido y tanto la Unión demandada como la Puerto Rico Cement Corporation están obligadas por los términos expresos del convenio colectivo a acatarlo.

Se ha alegado que la Unión demandada no está obligada a reponer al peticionario en su matrícula porque el Comité de Quejas y Agravios se limitó en su laudo a revoca#’ la expulsión de Alfredo Luis Ríos como quemador de la Puerto Rico Cement Corporation y no ordenó expresamente su reposición en la matrícula de la Unión. La alegación carece, a nuestro juicio, de méritos y debe ser descartada como un mero subterfugio para evadir el cumplimiento de un laudo que es tan obligatorio para la Unión como lo es para el patrono.

La Puerto Rico Cement Corporation no actuó por su pro-pia iniciativa, ni tampoco injustificadamente, cuando suspen-dió de empleo y sueldo al peticionario. La expulsión del pe-ticionario del seno de la Unión obligó a la Corporación a suspenderlo en su empleo, por ser condición expresa del con-venio colectivo que todos los empleados de la planta de ce-mento “mantendrán su condición de miembros de la Unión como condición de empleo.7’ La revocación de la suspensión de Alfredo Luis Ríos como quemador de la Puerto Rico Cement Corporation es un reconocimiento implícito de que su expulsión de la matrícula de la Unión fué injustificada; y la orden para su reposición en su empleo conlleva la de su reposición en la matrícula de la Unión, toda vez que de acuerdo con los términos del convenio colectivo es condición esencial para poder trabajar en la planta de cemento que el obrero esté afiliado a la Unión.

La Puerto Rico Cement Corporation después de conocer el laudo emitido en enero 21 de 1946, se negó a acatarlo y el 28 del mismo mes y año separó de empleo y sueldo al peticionario. Habiendo optado por no cumplir el laudo y acatar el acuerdo de 22 de enero de 1946, por el cual la Unión ratificó la expulsión del peticionario y exigió que se le suspendiese de empleo y sueldo, la corporación está ahora obligada no solamente a reponer al peticionario en s.u em-pleo si que también a “pagarle los ingresos que normalmente hubiese devengado,” de acuerdo con lo estipulado en el ar-tículo 11 del convenio colectivo.

Por las razones expuestas procede declarar con lugar la petición y dictar sentencia en los términos siguientes:

1. Ordenando a la Puerto Rico .Cement Corporation, la inmediata reposición del peticionario en el empleo que antes-ocupaba en la planta de cemento, debiendo pagarle a dicho peticionario los 'jornales que éste hubiese devengado desde el 28 de enero de 1946 hasta, la fecha en que sea repuesto en su empleo. ' - ■

2. Ordenando a la TJnión obrera demandada y a sus directores, funcionarios y miembros la inmediata reposición del peticionario Alfredo Luis Ríos en la matrícula de la Unión.'

       6 C.J.S. secs. 102, 103 y 104; Bisnovich v. British American Assur. Co., 123 A. 339; Johns v. Security Ins. Co., 174 S.E. 215; Larson v. Nygaard, 180 N.W. 1002; Arundel Corp. v. U.S., 79 Ct. Cl. 343.


author: El Juez Pkesidente Señok Travieso

text:
    Juan J. Gerardino, demandante y apelante, v. Rafael A. Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 9256.

    Sometido: Marzo 18, 1946.

      Resuelto: Julio 24, 1946.

      Alberto Gerardino y R. Atiles Moréu, abogados del apelante; Hon, Procurador General E. Campos del Toro y J. Rivera Barrerasr abogado éste del Departamento de Justicia, abogados ambos del apelado.
   El Juez Pkesidente Señok Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso contiene 21 causas de ac-ción prácticamente iguales y el total reclamado asciende a $1,009.24, importe de contribuciones pagadas bajo protesta por el demandante. La corte inferior declaró con lugar la excepción previa de falta de cansa de acción, y a solicitud de ambas partes dictó sentencia desestimando la demanda,, don costas al demandante, sin incluir honorarios de abogado. Contra dicha sentencia se ha interpuesto el presente recurso de apelación.

Estando envueltas idénticas cuestiones en todas las cau-sas de acción de la demanda, nos limitaremos a discutir la primera de ellas, ya que resuelta ésta, quedarán ipso facto, resueltas las demás.

En la primera causa de acción el demandante, en sínte-sis, alega, que como comerciante dedicado al ramo de com-praventa de efectos eléctricos, celebró un contrato con la JBonce Air Base (Losey Field), institución militar del G-o-Tbierno de los Estados Unidos de América, radicada en el •.término municipal de Juana Díaz, Puerto Rico, y que en ■virtud de dicho contrato compró a la Superior Porcelain Company, de Parkersburg, West Virginia, E. U. A., en 10 de diciembre de 1940, e introdujo en la Isla de Puerto Rico para y a consignación de la Ponce Air Base varios efectos eléc-tricos valorados en total en la suma de $131.63; que dicha mercancía recibida y usada por la Ponce Air Base, una agen-cia militar de los Estados Unidos de América, está exenta del pago de contribución o arbitrio de acuerdo con las leyes federales e insulares; y que no obstante esto, el Tesorero le cobró y él pagó bajo protesta la suma de $8.89, o sea $3.89 por concepto del impuesto, su recargo e intereses hasta ju-nio 12 de 1942, .y $5 en pago de la multa administrativa que se le impuso. Termina la demanda solicitando la devolu-ción de las contribuciones pagadas bajo protesta.

Alega el apelante que la corte inferior erró al declarar con lugar la excepción previa.

De la opinión de la corte inferior copiamos lo. si-guiente :

“En cuanto a la excepción previa resolvemos que debe declararse con lugar puesto que en el hecho segundo de la primera causa de acción que es idéntica a las demás 20 causas que se alegan, dice que eí demandante tenía un contrato con la Ponce Air Base (Losey ■Field) pero no se alega que ese contrato hecho por el demandante con la referida base militar de los Estados Unidos de América fuese un contrato a base de costos más honorarios fijos.
“El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió en el caso de Porto Rico Iron Works v. Buscaglia, Tes., 62 D.P.R. 868: (citando .del sílabo)
‘Las mercancías o efectos que se introduzcan en Puerto Rico y se vendan o traspasen a los Estados Unidos, sus agencias o instru-•mentalidades, incluyendo contratistas a base de costo más honorarios fijos, para ser empleados en obras de ese gobierno' están exentos del pago de arbitrios de acuerdo con la sección 2 de la Ley núm. 158 de 1941 ((1) pág. 949).’
“En este caso no se ha alegado esa naturaleza del contrato exis-tente entre el demandante y la Base Losey Field, por esa razón y con. apoyo de los casos citados por el Tribunal Supremo de 'Puerto Rico en la opinión que antecede, se declara con lugar la excepción previa y se conceden 10 días a la parte demandante para que en-miende su demanda si puede.”

Alega el apelado para sostener su excepción previa y la sentencia dictada por el tribunal inferior que si se alegara en la demanda que el contrato celebrado por el apelante con la Base Aérea era de los denominados de “costo más hono-rarios fijos”, entonces aduciría hechos suficientes para cons-tituir causa de acción.

Alega en contrario el apelante que las referidas mercan-cías están exentas del pago de contribuciones o arbitrios por la Ley de Rentas Internas, por la razón única de haber sido introducidas en Puerto Rico para su venta o traspaso a una agencia o instrumentalidad del Gobierno de los Estados Uni-dos de América, siendo innecesario alegar en la demanda que el comprador de las mismas, que luego las enajenara a favor de la referida entidad, fuera o no un contratista a base de costo más honorarios fijos (cost plus fixed fee contractor). Ambas partes contendientes descansan sus respectivas ale-gaciones en los preceptos de la sección 2 de la Ley núm. 158 de 13 de mayo de 1941 ((1) pág. 949). Dicha sección lee como sigue:

"Sección 2. — Existiendo nna emergencia con respecto a las obras de Defensa Nacional en Puerto Picó, se dispone que, a partir de la vigencia de esta Ley y durante el término de un año, todo artículo, efecto o mercancía fabricada o introducida en Puerto Rico, que se venda o traspase a los Estados Unidos de América, sus agencias e instrumentalidades, incluyendo contratistas a base de costo más hono-rarios fijos (cost-plus-fixed fee contractors) para su empleo en obras del Gobierno de los Estados Unidos, queda por la presente exenta del pago de cualquier contribución por concepto de arbitrios que se haya impuesto bajo las disposiciones de cualquier ley vigente en Puerto Rico; Disponiéndose, que el Tesorero de Puerto Rico queda por la presente facultado- para devolver, y se le ordena que de-vuelva, cualquier arbitrio que después del 7 de abril de 1941 se haya pagado al Tesoro Insular sobre cualquier artículo, efecto o mercancía vendida o traspasada a los Estados Unidos de América, sus agencias e instrumentalidades, incluyendo contratistas a base de costo más ho-norarios fijos (cost-plus-fixed fee contractors), y que haya sido em-pleada en alguna obra del Gobierno de los Estados Unidos." (Bas-tardillas nuestras.)

.En el caso de Porto Rico Iron Works v. Buscaglia, Tes., 62 D.P.R. 868, 883, citado por el apelado para sostener su ex-cepción previa a la demanda, la corporación demandante alegó que introdujo en Puerto Rico efectos y mercancías que fueron vendidos y traspasados a Estados Unidos directa-mente o a través de sus agencias o instrumentalidades, ex-cepto algunos que fueron vendidos o traspasados por la de-mandante a McCloskey & Co. para ser usados en contratos que dicha compañía tenía con los Estados Unidos de Amé-rica a base de costo más honorarios fijos (cost plus fixed fee contracts), a pesar de todo lo cual, el demandado o sea el Tesorero de Puerto Rico, sin causa justificada e ilegalmente impuso a la demandante arbitrios .por la introducción de dichos efectos y mercancías, los cuales fueron pagados bajo protesta por la demandante. El demandado, igual que en el caso que ocupa ahora nuestra atención, interpuso excep-ción previa por falta de hechos constituvos de causa de ac-ción, y declarada ésta sin lugar, la corte de distrito, a so-licitud del referido demandado, dictó sentencia declarando con lugar la demanda y condenó al demandado al pago de la suma de dinero reclamada más intereses de 6 por ciento sobre dicha cantidad desde la fecha de la interposición de la demanda, más las costas. Contra dicha sentencia el de-mandado interpuso recurso de apelación, y este Tribunal in-terpretando y aplicando la sección 2 de la Ley núm. 158, supra, se expresó así (pág. 884):

"Como se ve, esta sección de la Ley núm. 158 de 1941, demuestra la intención expresa de nuestra Legislatura de eximir, del pago de tributación, durante un año, a todos aquellos artículos, efectos o mercancías fabricados o introducidos en Puerto Rico que se vendieren o traspasaren a los Estados Unidos, sus agencias e instrumentalidades, incluyendo contratistas a base de costo más honorarios fijos, para su empleo en obras del Gobierno de Estados Unidos. Indudablemente las mercancías y efectos introducidos por la demandante enumerados en la séptima causa de acción de la demanda caen de lleno dentro de la exención establecida por dicho estatuto.”

El principal fundamento de la excepción expuesto por el demandado para sostener su tesis es que no siendo el de-mandante un contratista a base de costo más honorarios fijos, debe pagar el arbitrio impuéstole al introducir en la Isla la mercancía que comprara á la Superior Porcelain Co. por ser él un comprador que no puede ampararse en la exención de la Ley, ya que no es el contratista que ésta contempla ni una agencia o instrumentalidad del Gobierno de Estados Unidos. Creemos que la corte inferior erró al interpretar y aplicar la Ley en este caso. Nuestro estatuto es claro y terminante en sus preceptos. Sólo exige para que un artículo o mer-cancía quede exento de tributación que sea fabricado o intro-ducido en Puerto Pico y se venda o traspase a los Estados Unidos de América, sus agencias e instrumentalidades, in-cluyendo contratistas a base de costo más honorarios fijos, para su empleo en obras del Gobierno de los Estados Uni-dos, sin tener en cuenta ningún otro requisito o considera-ción. El hecho de que el demandante fuera un comprador de los artículos introducidos en Puerto Rico que fueron tras-pasados luego a la Ponce Air Base (Losey Field), no sujeta a éstos al pago de tributo alguno. Basta solamente su in-troducción y traspaso a la entidad aludida para quedar den-tro de la exención de la ley. Indudablemente los artículos o mercancías introducidos por el demandante que se numeran en las 21 causas de acción de la demanda caen de lleno den-tro de la exención establecida por dicho, estatuto.

La cuestión a resolver es si de acuerdo con los hechos y la ley el demandante tiene derecho a la' devolución que solicita.

Alega el demandante que el 10 de diciembre de 1940 com-pró a una firma continental e introdujo en Puerto Rico cierta mercancía que se recibió y se usó en una base aérea del Ejér-cito. Sobre dicha mercancía no pagó arbitrios hasta el 12 de junio de 1942, en que lo hizo bajo amenaza de embargo.

El demandante reclama la exención de' dichos arbitrios en virtud de la sección 2 de la Ley núm. 158 de 1941 que dispone que “a partir de la vigencia de esta Ley y durante el término de nn año, todo artículo .... introducida en Puerto Rico, que se venda o traspase a los Estados Unidos de América, sus agencias e instrumentalidades, incluyendo contratistas a base1 de costo-más-honorarios-fijos .... del Gobierno de los Estados Unidos, queda por la presente exenta del pago de cualquier contribución por concepto de arbitrios .... Disponiéndose, que el Tesorero .... queda por la presente facultado para devolver, y se le ordena que devuelva, cualquier arbitrio que después del 7 de abril de 1941 se haya pagado al Tesoro Insular . . . ”.

La parte dispositiva de la sección 2 indudablemente dis-pone que todas las ventas hechas a contratistas en Puerto Rico sobre la base de eosto-más-honorarios-fijos o la intro-ducción en Puerto Rico para uso de tales contratistas que ocurran durante el período de nn año a contar desde agosto. de 1941 — fecha de vigencia de la ley — estarán exentas de ar-bitrios. Si la ley no fuera más allá de ese pnnto sería obvio qne la venta envuelta en este caso no estaría exenta, ya qne ocurrió con anterioridad a la aprobación de la ley. >

Sin embargo, la cuestión a dilucidar es la que se refiere aí significado y propósito del Disponiéndose. Si se lee en forma absolutamente literal, la contención tal vez sería en el sentido de qne no importa cuándo se efectuó la venta u ocurrió la introducción — en cualquier época desde 1925 a 1942 — debe efectuarse el reembolso, siempre y cuando que el pago se haga después del 7 de abril de 1941. Sin embargo, suponiendo, sin decidirlo, que aceptáramos esta interpreta-ción literal de la ley, el Disponiéndose a lo más faculta a re-clamar su reembolso al que paga el arbitrio entre abril y agosto. No creemos que pueda ser interpretado en el sen-tido de proveer que el individuo que como aquí vendió a un contratista sobre la base de costo-más-honorarios-fijos con ■ anterioridad a la aprobación de la ley y aunque obligado a pagar el arbitrio inmediatamente no lo pagó hasta junio de 1942, cuando lo hizo bajo protesta debido a la amenaza de embargo, está cobijado por el estatuto.

Existe otra interpretación de la ley que nos ■ lleva al mismo resultado en este caso. Si la parte dispositiva de la ley y el Dispoméndose se leen conjuntamente y se tiene en mente el propósito de la ley, se podría argumentar con-vincentemente que la exención sólo cubre las ventas efectua-das después de agosto de 1941 y que la fecha en abril fué seleccionada para permitirle obtener su reembolso al impor-tador que importó mercancía entre abril y agosto, pagó el arbitrio antes de agosto, y vendió la mercancía después de agosto a un contratista sobre la base de eosto-más-honora-rios-fijos.

Existe aun úna posible tercer teoría: la ley exime ventas entre abril y agosto, lo mismo que aquéllas hechas después sde agosto. Aquí tampoco procede la exención, ya que la venta ocurrió antes de abril de 1941.

Por tanto vemos que las tres teorías, cuando son aplica-das a los hechos de este caso, no le dan derecho al deman-dante a obtener el reembolso. Importó y vendió las mercan-cías antes de la aprobación del estatuto. Pagó el arbitrio, ao entre abril y agosto del 1941 sino en junio de 1942. Si hubiera pagado el arbitrio dentro de los diez días que pro-vee la ley y el reglamento, no hubiera podido reclamar la exención. El hecho de que en violación de la ley haya re-tenido el pago hasta 1942 no puede servir de base para re-clamar la exención.

La sentencia recurrida será confirmada.


text:
    Angel Figueroa, demandante y apelante, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co. y Miguel Wiewall, Jr., demandados y apelados. Domingo Fuentes Vargas, demandante y apelante, v. Los Mismos, demandados y apelados. Laureano González, demandante y apelante, v. Los Mismos, demandados y apelados. Gertrudis Torres Vda. de García, demandante y apelante, v. Los Mismos, demandados y apelados.
    Núms. 9071, 9072, 9073 y 9074.

    Sometidos: Abril 3, 1946.

      Resueltos: Julio 24, 1946.

      Ismael Soldevila, abogado de los apelantes; Brown, Newsom & Cor-dova, abogados de la apelada Porto Rico Railway, Light & Power Co.,; Hugh R. Francis y Vicente M.Ydrach, abogados de Miguel Wiewall, Jr., apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de- San Juan se presentaron cuatro demandas en reclamación de daños y perjuicios contra la Porto Rico Railway, Light & Power Co. y Miguel Wiewall, Jr., la primera, por Domingo Fuentes con motivo de lesiones que recibiera, la segunda, por Angel, Figueroa por la muerte de su hijo Félix Figueroa, la tercera, por Lau-reano González por la muerte de sn hijo Carlos González, y la enarta, por Gertrudis Torres vda. de García por la muerte • de su hijo Lorenzo García Torres, que fueron radicadas-bajó los números 30933, 3097Ó, 30984 y 31023, respectivamente; La alegación fundamental de estas demandas y sobre la cual descansan su acción los demandantes según el caso incoado por la muerte de-Félix Figueroa, que copiamos a continua-ción, no haciéndolo en cuanto a los demás por ser idénticas las demandas, reza como sigue:

“1. El fallecimiento del referido hijo del demandante se debió a la coetánea y conjunta negligencia e imprudente temeridad de ambos demandados, Porto Rico Railway, Light & Power Co. y Miguel "Wie-wal, Jr., de los cuales la primera tenía totalmente descubierto y sin aislación, red o protección alguna, el alambre o cable conductor en cuestión, a pesar de estar situado en lugar bien poblado y a poca distancia de casas habitadas en calle de. mucho tránsito dentro de la zona urbana, y a pesar de conocer su obligación en tal sentido; no colocó letreros, como le incumbía, para indicar el peligro que ofre-cía dicho alambre por la intensidad de la corriente que continuamente llevaba y lleva; no tenía ni tiene interruptores de circuitos o algún dispositivo que, automática e inmediatamente, cortara el paso de la corriente si el alambre hacía contacto,con algún cuerpo extraño, no interrumpió o paralizó a tiempo la transmisión del flúido eléctrico por el mencionado alambre o cable conductor al ocurrir el contacto, ni adoptó medida eficaz alguna para evitar la muérte de Félix Figueroa, todo lo cual pudo haber hecho; y de los- cuales demandados, el segundo no advirtió a Félix Figueroa, quien lo ignoraba, el peligro que podía haber, no instruyó a ninguna de las personas que traba-jaban en el sitio para que no permitieran contacto alguno con el alambre conductor de la Porto Rico Railway, Light i& Power Co., no proveyó de guantes de goma o de material adecuado a Félix Figueroa o le explicó su necesidad o conveniencia para caso de que hubiera contacto con algún alambre cargado de electricidad, ni siguió proce-dimiento alguno para evitar el percance, como pudo haberlo evitado. ’

Por estipulación de las partes contendientes los cuatro casos antes referidos fueron consolidados para los fines de la vista del juicio, y asimismo sometidos a nuestra conside-ración; y del juicio seguido sobre esas demandas y sus res-pectivas contestaciones, la corte inferior el 19 de diciembre de 1941 dictó sentencia declarándolas sin lngar y condenando a los demandantes al pago de las costas. Apelaron los de-mandantes y para sostener su recurso, señalan la' comisión de seis errores, a saber:

“1. Incurrió en error la corte de distrito al no decidir que la referida demandada fué negligente debido a su violación de la Orde-nanza Municipal que la exigía eubierta protectora a los alambres, aviso de peligro en los postes con primarios y red en los ángulos.
“2. La corte de distrito'cometió error al resolver que el deman-dado Miguel Wiewall, Jr„ no fué negligente ni tiene que responder de los daños sufridos por los demandantes.
“3. La corte de distrito erró al decidir que si los trabajadores dejaron que el tubo en cuestión se cayera e hiciera contacto con los alambres, ese acto y no el descuido del demandado fué la causa pró-xima del suceso.
“4. Constituyó error de la corte de distrito haber resuelto que la demandada Porto Rico Railway, Light & Power Co. no fué negligente al mantener sus cables eléctricos sin aislación o cubierta protectora por no haber obligación suya en tal sentido.
“5. Erró la corte de distrito al no considerar probado el hecho de que la empresa eléctrica carecía de adecuados dispositivos y no cortó la corriente a tiempo, por lo cual debe responder de los daños causados.
“6. Es errónea y contraria a derecho la sentencia dictada contra los demandantes-, cuando debió ser contra los demandados por su negligencia concurrente o contra cualquiera de ellos si uno solo fué responsable del accidente.”

Para la mejor inteligencia de las cuestiones a considerar y resolver en el presente recurso, será conveniente que ba-gamos abora un breve relato de los becbos resultantes de la prueba practicada en estos casos.

Allá por el 11 de junio de 1938, el demandado Miguel Wiewall, Jr., decidió colocar en el patio de la casa de su cuñado Jorge Dávila, sita en la calle Miramar número 11, de Santurce, Puerto Rico, una antena para radio que habría de colocarse en el tope de dos tubos o postes de hierro gal-vanizado y con tal propósito y para que le ayudaran en esa labor llamó o hizo llamar al demandante Domingo Fuentes, a Félix Figueroa, Carlos González y Lorenzo García. En la calle Miramar se encuentran los alambres de la deman-dada Puerto Rico Railway, Light & Power Co., los que para sostenerlos, y frente a la misma casa, hay dos postes con sus crucetas; en la superior, hay seis hilos de alambres y tres en la inferior; el primero de los alambres a la derecha de la cruceta superior, yendo de norte a sur, no tiene co-rriente eléctrica durante las horas del día; el segundo, “es tierra” y lleva alguna; los terceros, cuarto y quinto cargan una corriente de 2,300 voltios, y el sexto, está en iguales con-diciones que el primero. La cruceta inferior tiene tres alam-bres de 110 voltios cada uno, se llaman secundarios y son usados para dar servicio a las residencias. Entre estos dos postes hay una distancia de 60 pies. La casa que nos ocupa •queda en el trayecto entre las Avenidas Fernández Juncos y Nueva Palma, haciendo esquina cqn esta última. El poste más cercano a la primera avenida mide 35 pies, y el otro, situado en la esquina Nueva Palma y Miramar, mide 40 pies de alto. Los alambres de la cruceta superior, llamados pri-marios están a 32 pies de altura sobre el nivel de la calle. La cruceta inferior está a dos pies de distancia de la superior y a 29 pies de la tierra con los alambres en ella enhila-dos. Estos postes están en el encintado de la calle Miramar, uno de ellos a 8 pies de distancia, y el otro, un poco más distante, de la verja que separa la acera del solar de la casa, y ésta queda, a su vez, a una distancia de 13 pies de la verja, mediando, por tanto, 21 pies entre la casa y el poste. El día en cuestión se cavó un hoyo dentro del patio de la casa como a una distancia de 6 pies de la verja donde habría de encla-varse un tubo de hierro galvanizado como de 40 pies de largo. Bajo la dirección del codemandado Wiewall empe-zaron los obreros a realizar el trabajo y mientras Carlos González sujetaba el tubo para colocarlo en el hoyo, Domingo Fuentes, Félix Figueroa y' Lorenzo García, al igual que Wiewall, cada uno, sostenía un viento para mantener el equilibrio del tubo y cuando éste ya estaba parado vertical-mente en el boyo, sin que se pudiera determinar cómo, cayó e hizo contacto con el tercer alambre de la cruceta superior que. llevaba una corriente eléctrica de 2,300 voltios causando un corto circuito con los cuerpos de los trabajadores y Wie-wall que ocasionó la muerte de Lorenzo García, Carlos Gon-zález y Félix Figueroa, y lesiones á Domingo Fuentes y Wiewall.

Alegan los apelantes que la corte erró al no declarar que fué negligente la demandada Porto Rico Railway, Light & Power Co. debido a su violación a la ordenanza municipal de la ciudad de San Juan que le exigía tener cubierta protectora a los alambres de sus líneas, aviso de peligro en los postes con alambres primarios y red en los ángulos a fin de proteger vidas y propiedades. En contra de esta contención, alega la compañía apelada que la referida ordenanza es nula, y así lo resolvió la corte inferior, por entender que el Municipio de San Juan carecía de facultades para aprobarla. No vamos a entrar a considerar la validez o no de esta ordenanza puesto que para los fines de esta opinión lo creemos innecesario, ya que nuestro criterio es el que expusiera el extinto Juez Asociado de este Tribunal, Sr. Texidor, en su opinión concurrente en el caso de Arreche v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., 40 D.P.R. 299, 305. En este caso se expresó así:

“En cuanto a que de lá prueba no aparece que hubiera reglamen-tación expresa en cuanto a velocidad *en el sitio en que ocurrió el accidente, ni aparece deber impuesto por ley u ordenanza, con res-pecto a tocar la campana en aquel sitio, si las hubieren, la falta de tales reglas y ordenanzas, constituiría culpa; y, de no haberlas, la falta cae dentro del concepto de negligencia, u omisión de la pru-dencia ordinaria requerida para evitar accidente.”

Vamos a considerar conjuntamente los errores se-ñalados bajo los números 2, 3 y 4 por versar s.obre la misma cuestión o sea la negligencia imputada a los demandados por los apelantes. La cuestión fundamental a considerar y resolver en este recurso, según las alegaciones y la prueba, es si la negligencia imputada a los demandados fue la causa próxima del accidente.

¿Tenía Miguel Wiewall, Jr., la obligación de prevenir a sus peones u obreros contra posibles accidentes y de equipar-los de medios para proteger sus vidas! ¿Fué el defecto de aislar los alambres imputado a la compañía o las omisiones imputadas a Wiewall la causa próxima del accidente!

No podemos perder de vista que el trabajo que Wiewall encargara a sus obreros a realizar no estaba relacionado directa ni indirectamente con corriente eléctrica alguna y que teniendo en consideración >la prueba en estos casos, el sitio donde debería efectuarse el trabajo estaba a cierta distancia de los alambres de alta tensión conductores de corriente eléc-trica instalados en los postes a 32 pies de altura sobre el nivel de la calle, existiendo, por tanto, la posibilidad, pero no la probabilidad, de que un tubo de hierro galvanizado de 40 pies de largo al levantarse verticalmente sobre la tierra pudiera caer sobre los alambres eléctricos en cuestión y que al hacer contacto se produjera un corto circuito que ocasio-nara el accidente antes relatado. No podemos dar por sen-tado que Wiewall pudiera anticipar que él tubo de metal habría de caerse y al así suceder venir en contacto con los alambres de la-compañía demandada. La regla aplicable a casos de esta índole es que las consecuencias de un acto ne-gligente que debió preverse son las que están dentro de las probabilidades y no dentro de las posibilidades. Véase la obra de Shearman & Redfield On Negligence, Revised Edition de 1941, Vol. 1, pág. 95, párrafo 35, que dice así:

“Las consecuencias de un acto negligente deben estar dentro del campo de las probabilidades según las percibe una persona corriente, y las consecuencias que son meramente posibles no pueden ser consi-deradas probables o naturales. Las consecuencias alegadas del acto aquí considerado negligente no son tales que podrían haber sido razo-nablemente previstas o anticipadas. Uno debe solamente anticipar las razonables y naturales consecuencias de sus actos. ’ ’
"Probabilidad de una consecuencia implica expectación o espera de la misma. Uno no es responsable de aquellas consecuencias que son meramente posibles, pero sí de las que son probables de acuerdo a la experiencia corriente. Las consecuencias probables pueden an-ticiparse, pero no aquellas que solamente son posibles. Las naturales y probables consecuencias son aquellas que la mente humana puede prever. ’ ’

En el supuesto caso de que Wiewail hubiera tenido el deber de advertir a sus trabajadores de la existencia de un peligro y de protegerlos contra éste, nos preguntamos, ¿fue tal omisión la causa próxima del accidente? Opinamos que no. La regla general al efecto es la de que aun cuando un patrono no ejerciera la debida precaución para proteger la vida de sus empleados, sólo puede hacérsele responsable de los daños sufridos por éstos cuando existe relación causal entre su negligencia y el daño causado. Véase la obra American Jurisprudence, Vol. 35, pág. 555, párrafo 126, de la que traducimos lo siguiente:

"No obstante ser un patrono culpable de no ejercer el debido cuidado de sus empleados según lo dispone la ley común o por el incumplimiento de un deber estatutario impuesto para beneficio de éstos, él puede, en ausencia de cualquier imposición de responsabilidad estatutaria, ser responsable de los daños sufridos por los mismos sola-mente si existe conexión o relación causal entre su negligencia y el daño de que se queja el empleado.
"Un patrono no es responsable por daños sufridos por un em-pleado a menos que el daño sea el resultado próximo de la conducta indebida imputable a aquél.”

La causa próxima del accidente según resulta de la prueba fué el hecho de venir en contacto con los alambres eléctricos el tubo de metal y no la omisión de dar instruct eiones el demandado Wiewail a sus trabajadores ni la falta' de proveerle guantes de gomas u otros medios de protec-ción; en otras palabras, en este caso concurrió una causa in-terventora e independiente no producida por acto u omisión imputable a Wiewall, la que fue causa próxima del accidente. Véase Colón v. Shell Co. (P. R.) Ltd., 55 D.P.R. 592, 618.

Discutido todo lo relacionado con el demandado Wiewall, pasamos ahora al estudio y consideración de los hechos constitutivos de negligencia imputados a la compañía demandada. Teniendo o no la compañía demandada la obligación de mantener cubiertos los alambres de alta tensión que pasaban por la calle Miramar a una altura de 32 pies sobre el nivel de la calle, ¿ fue la omisión de aislar o cubrir los alambres y de poner aviso de peligro en los postes d& los alambres primarios la causa próxima del accidente!

La jurisprudencia sobre la cuestión levantada en este pleito sostiene que un alambre trasmisor de una corriente eléctrica de alta tensión constituye un serio peligro para vi-das y propiedades-, por el hecho de que el más ligero con-tacto con el mismo puede causar la muerte de un ser hu-mano y destrucción de propiedades. Por ello, la jurispru-dencia exige que los que se dedican al negocio de generar y distribuir electricidad usen sumo grado de cuidado en evi-tación de daño, no obstante sostener que las personas o em-presas dedicadas a este negocio no tienen la responsabilidad de un asegurador, pues solamente son responsables en aque-llos casos en que por su culpa o negligencia causan daños al no usar el debido cuidado o diligencia en proporción al pe-ligro que el uso de la electricidad conlleva. Véase Matos v. P. R. Railway, Light & Power Co., 58 D.P.R. 160, 164.

Ya este Tribunal en el caso de Matos v. P. R. Railway, Light & Power Co., supra, por voz del Juez Asociado Sr. De Jesús, ha sentado la doctrina a seguir en casos similares al presente en relación con el deber de aislar mediante cu-bierta los alambres eléctricos de alta tensión en aquellos si-tios donde puede esperarse razonablemente que personas vengan en contacto con ellos. Al efecto dijo:

“Como el alambre trasmisor de corriente de alta tensión no ofrece peligro a menos que venga en contacto con las personas, la jurispru-dencia exige que se cubra con material que impida que se escape la ¿corriente sólo cuando haya la probabilidad de que pueda existir tal •contacto.”

En 9 Ruling Case Law, 1213, sección 21, se expone la iregla en los siguientes términos:

'“Aislación en determinados puntos o sitios. Es razonable que el deber de proveer aislación esté limitado a puntos o sitios donde haya motivos para sospechar que las personas puedan venir en contacto con los alambres, y la ley nó obliga a compañías generadoras o distri-buidoras de electricidad a aislar sus alambres en todas partes, sino en aquellos sitios donde la gente pueda ir a trabajar, a negocios o por placer; es decir en aquellos sitios donde razonablemente pueda espe-rarse que vayan.”

Citaremos a continuación varios casos para ilustrar la doctrina enunciada en que varios tribunales la ban aplicado.

En Webb v. Louisiana Power & Light Co., (La.) 199 So. 451, la corte resolvió que no existía causa de acción contra Ia~ compañía por la electrocución de una persona que dejó un tubo venir en contacto con una línea de distribución des-cubierta que quedaba a 24 pies del suelo, ya que la compa-ñía no podía razonablemente anticipar que el causante iba a manipular un tubo de 30 pies en forma tal que viniera en contacto con lá línea. ‘ La corte se expresó en dicho caso como sigue:

“Aparece ante nos que el demandado cumplió todos los deberes legales que le fueran impuestos. Aunque los alambres en cuestión no estaban aislados se dió cumplimiento a otra alternativa, esto es, la de situarlos más allá de la línea de peligro de contacto con seres humanos. Mientras estuviesen ocupados en el curso ordinario de sus asuntos, los viandantes no podían recibir daño alguno de ellos. El demandado no podía razonablemente anticipar que el interfecto retí-raría de la tierra un tubo de más de 30 pies de largo que estaba conectado a un pozo y que haría contacto con la línea dé tras-misión. ’ ’

En el caso de Bujol v. Gulf State Utility Co., (La.) 147 So. 545, también se trataba de un tubo que vino en contacto con alambres de alta tensión y se resolvió que la compañía no tenía la obligación de cubrir los alambres ya que ella no estaba obligada a esperar que un tubo viniera en contacto con sus líneas. La corte dijo:

“No se discute que los alambres de la compañía demandada en este sitio de sus líneas no estuvieren aislados, mas la evidencia de-muestra que una línea de esta clase no es generalmente aislada, y que la National Bureau of Standards cuyas reglas rigen en sus cons-trucciones no exijen tal requisito. El deber de aislar parece estar limitado de acuerdo a las autoridades según nosotros las leemos ‘a aquellos puntos o sitios dónde hay razón para temer que personas-puedan venir en contacto con los alambres, y la ley no obliga a las compañías de electricidad a aislar sus alambres donde quiera, sino únicamente en aquellos sitios donde la gente pueda ir a trabajar, a negocios o por placer, esto es donde razonablemente pueda esperarse que vayan.’ ’’

Eu la hipótesis que la omisión de la compañía demandada de aislar los alambres en cuestión pudiera considerarse como negligencia, ésta, a nuestro entender, no fué la causa próxima y directa del accidente. En el caso de Colón v. Shell Co. (P. R.) Ltd., 55 D.P.R. 592, 618, refiriéndonos a la intervención de un agente independiente como causa próxima de un accidente, dijimos:

“Para que pueda sostenerse con éxito que el daño causado a otro es el resultado de la intervención de un agente independiente, es requisito sine qua non que al tiempo de ponerse en acción la fuerza que culminó en el daño, no existiera todavía el agente independiente, o en caso de existir ya, lo ignorase el demandado y no pudiese razona-blemente preverlo, pues en caso de existir entonces y conocerlo el demandado, o no conociéndolo pudiendo razonablemente preverlo, en-tonces el supuesto agente independiente no es otra cosa que una situación de hecho o circunstancia que debió tener en cuenta el deman-dado al actuar o dejar de actuar en la forma en que lo hizo.’’

• En el caso de autos a no. mediar la intervención de un agente independiente, no hubiese ocurrido el accidente. Este agente fué, sin lugar a dudas, la caída de un tubo de 40 pies de largo sobre los alambres de alta tensión de la compañía demandada, sin que la prueba de la parte apelante haya de-terminado la causa de su caída y si ésta se debió a algún acto de negligencia imputable a los demandados. Bajo tales circunstancias, ¿estaba obligada la compañía demandada a anticipar usn acto independiente de esta naturaleza y tomar medidas y precauciones para evitar sus consecuencias? Sos-tenemos la negativa y la fundamos en lo ya resuelto por este tribunal en el caso de Matos v. P. R. Railway, Light & Power Co., supra. Véase Green v. West Penn. Rys. Co., (Pa.) 246 Pa. 340, 92 Atl. 341. Opinamos que la demandada no podía haber previsto razonablemente las circunstancias que moti-varon el accidente de los casos de autos. No podía prever razonablemente que alguien que no fuera su empleado o es-tuviese relacionado con ella dejaría caer sobre sus líneas eléctricas un tubo de 40 pies de largo. La doctrina sentada en el caso de Matos v. P. R. Railway, Light & Power Co., supra, es de perfecta aplicación al caso de autos. Todo lo resuelto en cuanto a la negligencia imputada a la compañía demandada por la omisión de aislar los alambres se hace extensivo al acto negligente de no colocar letrero en los pos-tes primarios dando aviso de la existencia de peligro y de no usar red en los ángulos. De existir tal deber, su omisión no fué la causa próxima del accidente. Por los fundamentos expuestos entendemos que no se cometieron los errores se-ñalados.

Sostienen los apelantes en su quinto señalamiento que la causa próxima del accidente fué el hecho de carecer la compañía demandada de adecuados dispositivos o interruptores y de no cortar la corriente a tiempo. En el caso de autos, declararon por la compañía demandada dos ingenieros electricistas, o sean los señores Carlos Zabater y Ma-' miel Font. Se contrajeron sus declaraciones al funciona-miento y propósito de los interruptores automáticos. Decla-raron, además, que los interruptores automáticos no pueden evitar el peligro de que la corriente pase por un cuerpo hu-mano al hacerse contacto con los alambres, pues en tal caso la corriente que pasa por el cuerpo humano es la que produce el corto circuito que trae por consecuencia el funciona-miento del interruptor automático de la corriente; pero cuando funciona el interruptor automático, especialmente cuando se trata de una corriente de 2,300 voltios, ya el daño se ha producido. En otras palabras, el propósito del fun-cionamiento del interruptor automátic.o es dar aviso de la existencia de un accidente o peligro y no su evitación. Según la prueba y la corte inferior así lo declaró probado, las muer-tes y lesiones fueron ocasionadas instantáneamente. Esta prueba no aparece controvertida por la que presentaron los apelantes y, por lo tanto, tenemos que aceptarla como cierta. Entendemos que tampoco es causa del accidente que después del suceso, no tratara la compañía demandada de cortar la corriente inmediatamente, pues ya había ocurrido la desgra-cia. No se ha cometido el error alegado.

Y, por último, alegan los apelantes que es errónea y contraria a derecho la sentencia dictada contra los demandantes, criando debió ser contra los demandados por su negligencia concurrente o contra cualquiera de ellos si uno solo fue responsable del accidente. Hemos hecho, un estudio detenido de la prueba aducida ,en estos casos y de los autos no hay base para concluir que la corte inferior cometiera manifiesto error en su apreciación de la prueba y que la sentencia no se ajusta a derecho.

Por todo lo expuesto; las sentencias apeladas deben ser confirmadas.

El Juez Asociado Sr. Córdova se inhibió.


author: El Juez Peesidente Señoe Tkavieso

text:
    María Antonia Detres, peticionaria, Ex parte; Juana Ramona del Rosario Alvarez, conocida por Rosario Alvarez, peticionaria y apelante, Ex parte.
    Núm. 9336.

    Sometido: Junio 3, 1946.

      Resuelto: Julio 24, 1946.

      Jorge Díaz Cruz, abogado de la apelante; Enrique Báez García, abo-gado de la peticionaria Detres, viuda del causante.
   El Juez Peesidente Señoe Tkavieso

emitió la opinión del tribunal.

José Nazario Alvarez, hijo natural de Juana Ramona del Rosario Alvarez, falleció intestado el día 17 de diciembre de 1945 dejando bienes, parte de los cuales son gananciales y parte privativos.

En enero 26 de 1946, María Antonia Detres, viuda de Nazario, acudió ante la Corte de Distrito de Ronce solici-tando la administración judicial de los bienes del finado y pidiendo que se la designase a ella para el cargo de admi-nistradora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 564 del Código de Enjuiciamiento Civil. En la misma fecha, la ma-dre del finado radicó otra solicitud de administración judicial y pidió que se designase a Rubén Nazario como admi-nistrador judicial interino. La corte declaró con lugar la petición de la madre, designó a Nazario como administrador interino y señaló el 2 de abril de 1946 para la vista de am-bas solicitudes.

Celebrada la vista de ambas solicitudes, en las cuales se pedía que se decretase la administración judicial, la corte, después de oír la prueba de ambas partes, decretó la admi-nistración y designó para el cargo de administrador judicial en propiedad a la viuda María Antonia Detres, citando en apoyo de su resolución el artículo 564 del Código de Enjui-ciamiento Civil y las decisiones de este Tribunal en Díaz et al. v. Cividanes, 23 D.P.R. 847; Sabater v. Escudero, 23 D.P.R. 854 e Iturrino v. Iturrino, 24 D.P.R. 78, por las cuales se reconoce una preferencia a favor del cónyuge viudo en cuanto al nombramiento de administrador. La corte hizo constar en su resolución que “no se ha consignado ningún hecho concreto demostrativo de que la cónyuge viuda esté incapacitada para el ejercicio del cargo de administradora.”

En abril 10 de .1946, Juana Eamona del Eosario Alvarez, peticionaria en el caso Núm. 3956, radicó un escrito de ape-lación en el que alega:

“Que no está conforme con la resolución dictada por esta Hon. Corte el 9 de abril de 1946 por la que se designa a la viuda María Antonia Detres administradora judicial de los bienes del finado José Nazario Alvarez, por lo que apela de dicha resolución para ante la Hon. Corte Suprema de Puerto Eico.”

La parte apelada solicita la desestimación del recurso, alegando entre otros motivos que si bien puede apelarse de una orden decretando la administración judicial, la apelación en este caso no ha sido interpuesta contra dicha orden, la cual fue solicitada por la propia apelante, y sí contra la de-signación hecha a favor de la viuda para el cargo de admi-nistradora, la cual no es apelable.

La moción de desestimación no puede prosperar. La resolución nombrando a la viuda administradora judicial de los bienes hereditarios es y debe ser considerada como parte integrante de la resolución decretando la Administración Judicial, dictada el 9 de abril de 1946. Dicha resolución tiene el Carácter de una sentencia definitiva pronunciada en un procedimiento especial, siendo por tanto apelable de confor-midad con lo dispuesto en el artículo 295, inciso 1, del Có-digo de Enjuiciamiento Civil. Además, si decidiéramos que la resolución nombrando a la viuda Administradora Judicial no forma parte de la sentencia declarando con lugar la ad-ministración, dicha resolución siempre sería apelable por ser una providencia especial dictada después de la sentencia de-finitiva, según lo dispuesto en el inciso 3 del citado artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. .

No habiéndose elevado a esta Corte la transcripción de la evidencia presentada a la corte inferior, este Tribunal no está en condiciones para poder deterpiinar si el recurso es o' no frívolo.

Se declara sin lugar la desestimación solicitada.