text:
    No. 5161.
    Cruz, aplda., v. Franco, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Junio 16, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Córdova Lávila.)

Por cuanto, en este caso se promovió recurso de. apelación por el demandado Ignacio Franco Alonso contra una resolución de la Corte de Distrito de Bayamón desestimando un recurso de apelación inter-puesto contra la sentencia dictada por la. Corte Municipal de liío Piedras;

Por cuanto, estando pendiente la apelación ante este Tribunal se radicó una moción por la demandante apelada Sinforiana Cruz Yda. de Caballero, alegando que el demandado Ignacio Franco había falle-cido y que la demandante apelada ha transigido con los herederos del demandado su reclamación sobre homestead, mediante el pago por parte de los dichos herederos del demandado apelante de la suma de $300.00, moneda corriente americana, cantidad que han satisfecho por medio do dos cheques números 97 y 98 expedidos contra, el National City Bank of New York, San Juan Branch, el primero por la suma de $100 y el segundo por la suma de $200, ambos expedidos a favor de la demandante apelada y firmados por el Sr. B. Franco como apo-derado de doña Filomena Y. Yda. de Franco, quien representa la sucesión;

Por cuanto, la demandante apelada alega-que dicha suma de $300 es en pago total de toda acción y derecho, participación c interés que a la demandante apelada le corresponde por su derecho de homestead que en esta acción por ella se reclama, declarándose la demandante apelada pagada y satisfecha.

POR CUANTO, el abogado del demandado fné notificado de la moción presentada por la demandante apelada, manifestando su conformidad:

PoR tanto, en vista de que cualquier resolución que esta corte dictara resultaría académica, toda vez que no existe cuestión litigiosa, desde el momento en que las partes han llegado a un acuerdo en virtud de una transacción, se desestima por la presento el recurso de apela-ción interpuesto por la parte demandada.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    No. 275.
    Martínez, peticionario, v. Junta Insular de Elecciones, dmda.

    Julio 11, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Examinados los alegatos nuevos presentados por las partes, así como la evidencia aducida en la última vista celebrada el día 23 de junio, y la Ley número 3, titulada “Ley para enmendar las Secciones 1, 13, 14, 35, 36, 37, 47, 64 y 77 de la Ley No. 79, titulada ‘Ley para establecer la ley de inscripciones y elecciones’, aprobada en junio 25, 1919, según fue enmendada por leyes subsiguientes, para dejar sin efecto aquellas disposiciones de la Sección 40 do la referida Ley No. 79 de 1919, tal cual fué enmendada subsiguientemente, y que estén en conflicto con lo que en esta ley se dispone, y para otros fines,” aprobada en 6 de julio de 1932, y apareciendo que las cuestiones planteadas por la parte promovente en tanto y en cuanto no han sido resueltas por las dos opiniones ya emitidas en abril 29, 1932 y mayo 31, 1932, son ya académicas, no ha lugar al auto de mandamus solici-tado..


text:
    No. 5346.
    Berrizbeitia et als., apldos., v. The Times Publishing Co., aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 3, 1932.
   Vista la moción de desistimiento presentada por la parte apelante con la conformidad de los apelados, y no habiendo este tribunal tomado acción alguna sobre el escrito de apelación prosentádole, se tiene a la demandada, por desistida de la apelación interpuesta para ante la. Corto de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito de los Estados Unidos, y envíese, a la corte de distrito correspondiente el mandato de esta Corte Suprema.


text:
    No. 4579.
    Pueblo, apldo., v. Bosch, aplte.
    C. D. Ponce.
    Febrero 8, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Por cuanto, esta apelación fué interpuesta contra sentencia que condenó al acusado a sufrir la pena de treinta días de cárcel por el delito de portar un revólver en una carretera pública:

Por cuanto, estando vacante el cargo de uno de los jueces' de este tribunal y opinando dos de los restantes por la revocación de la sen-tencia apelada y los otros dos por la confirmación fué dictada sen-tencia dejando subsistente la de la corte inferior:

Por cuanto, en vista de esos hechos el apelante nos pide que dejemos sin efecto la sentencia dictada y ordenemos una nueva vista para cuando el tribunal esté constituido por sus cinco jueces:

Por cuanto, nos parece razonable la petición del apelante dado que tratándose de un caso criminal las cuestiones por él propuestas no ban sido resueltas por una mayoría de este tribunal:

Por tanto, se deja sin efecto la sentencia dictada en este caso el 26 de enero de 1932 y se ordena una nueva vista que tendrá lugar cuando el tribunal esté constituido por sus cinco jueces.


text:
    No. 4637.
    Pueblo, apldo., v. Sánchez, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Marzo 24, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, los únicos errores señalados son que la Corte de Distrito de Bayamón erró:

“Primero: Al estimar y resolver que el acusado cometió el delito de acometimiento y agresión grave que se le imputó.
“Segundo: Al imponer al acusado la pona de dos meses de cárcel.; ’

Por cuanto, no encontramos error manifiesto por parte del juez de distrito en la apreciación de la prueba, no siendo aplicable a los hechos de este 'caso, en el cual las circunstancias agravantes consisten en que la agresión fué realizada en un baile donde se hallaban varias personas reunidas con fines lícitos, la única jurisprudencia citada por el apelante o sea el caso de State v. Cass, 41 Tex. Rep. 553;

Por cuanto, tampoco estimamos excesiva la pena de dos meses de cárcel impuesta por el juez sentenciador:

Por tanto, se confirma la sentencia dictada por la Corte de Dis-trito de Bayamón con fecha 20 de julio de 1931.


text:
    No. 4187.
    Pueblo, apldo., v. Zayas, aplte.
    C. D. Ponce.
    Mayo 3, 1932.
   Habiendo sido revocada en febrero 25, 1932, por la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Cir-cuito, la sentencia de este Tribunal de diciembre 19, 1930, que revocó la que dictó la Corto de Distrito de Ponce en enero 10, 1930, en el caso de epígrafe, por los fundamentos de la opinión emitida .por la expresada Corte de Circuito se confirma la sentencia apelada, debiendo enviar el Secretario-Repórter de este Tribunal a la Corte de Distrito de Ponce una copia certificada del mandato remitido por la Corte de Circuito antes mencionada a los fines de la ejecución de la sentencia.


text:
    No. 4734.
    Pueblo, apldo., v. Ugarte, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Mayo 27, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado señor Wolf.)

PoR cuanto, si bien el apelante ha presentado en su alegato un análisis do la prueba para tratar de convencernos de que la Corte erró al apreciarla, sin embargo hubo prueba bastante fuerte para sos-tener la acusación y no encontramos que el juez se equivocó al declarar •a dicho acusado culpable del delito de portar armas;

PoR cuanto, en su llamada relación del caso el apelante sólo' pre-senta una narración de aquella prueba que le favorece y no relata la prueba del fiscal consistente en las declaraciones de por lo menos cuatro testigos que manifestaron durante el juicio que el acusado portaba un puñal por la vía pública de Arecibo; por lo que el acusado ha dejado de cumplir con el Reglamento de esta Corte y su recurso podría desestimarse por este motivo:

PoR tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Arecibo con fecha 30 de octubre, 1931.


text:
    No. 4705.
    Pueblo, apldo., v. Rivera, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 31, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Siendo cuestiones de hecho las únicas levantadas por el apelante .y no apareciendo que la corte de distrito haya cometido error alguno al apreciar la prueba y al resolver el conflicto en contra del acusado, ■se confirma la sentencia apelada dictada en junio 18 de 1931.


text:
    No. 4780.
    Pueblo, apldo., v. Cordero, aplte.
    C. D. Ponce.
    Junio 2, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)

Por cuanto, dictada sentencia por la Corte de Distrito de Ponce •declarando culpable a Santos Cordero del delito de Portar Armas, apeló para ante esta Corte Suprema alegando que “la Corte por pre-juicio cometió error dándole crédito a la prueba de cargo”; y

Por CUANTO, examinados los alegatos y la prueba nada encoja-tramos en ellos que nos lleve a concluir que so cometiera en verdad el error señalado; y

PoR cuanto, la denuncia es suficiente y es bastante la prueba resuelto como fue el conflicto de la misma en pro de la de cargo:

PoR tanto, se declara sin lugar el recurso y so confirma la sen-tencia apelada de noviembre 18, 1931.


text:
    No. 4741.
    Pueblo, apldo., v. Carreras, aplte.
    C. D. Humacao.
    Junio 3, 1932.
   Por Cuanto, aunque el apelante en su alegato suscita algunas, dudas sobre la veracidad de los testigos del Gobierno, sin embargo, nada hay en los autos que nos convenza de que la corte inferior no tenía derecho a creer la evidencia tendente a demostrar que el acusado-arrojó dentro do una- tienda una pistola que portaba; y este Tribunal tampoco puede decir que la corte inferior erró al no dar crédito a los testigos de la. Defensa, que afirmaron que la pistola era • propiedad del dueño de la tienda en que aquélla se encontró;

Por tanto, debemos confirmar, y por la presente confirmamos, la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao con fecha 3 de noviembre de 1931, en el caso arriba expresado.


text:
    No. 4724.
    Pueblo, apldo., v. Soto, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Junio 8, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Visto el caso con la sola asistencia del fiscal; examinado el alegato' del apelante; siendo las únicas cuestiones presentadas cuestiones de hecho; y no apareciendo error manifiesto alguno en la apreciación de la prueba hecha por el juez sentenciador al resolver el conflicto en contra del acusado, se confirma la sentencia a]) ciada que dictó la Corto-de Distrito de Aguadilla en 4 de marzo de 1931.


text:
    No. 4733.
    Pueblo, apldo., v. Soto, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Junio 8, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Visto el caso con la sola asistencia del fiscal; examinado el ale-gato del apelante; siendo las únicas cuestiones presentadas cuestiones de hecho; y'no apareciendo error manifiesto alguno en la apreciación de la prueba hecha por el jurado al resolver el conflicto en- contra del acusado, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Dis-trito de Aguadilla en 4 de marzo do 1931.


text:
    No. 4768.
    Pueblo, apldo., v. Villaveitia, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 24, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede, por la presente se enmienda la última oración del penúltimo párrafo de la opinión de esta corte emitida en junio 3, 1932, para que se lea, en el texto inglés, como sigue: "The trial judge must be presumed to have passed upon this question of fact when he overruled the motion and, while a specific finding of fact would have been far more satisfactory, we do not feel that we would be justified in disturbing the result, ’ ’ y, en el español, como sigue: "Debe presumirse que el juez sentenciador consideró esta cuestión de hecho al declarar sin lugar la moción y si bien una conclusión de hecho específica hubiese sido mucho más satisfactoria, no creemos que estaríamos justificados en alterar el resultado,” y así modificada la opinión, no ha lugar a la reconsideración solicitada.


text:
    No. 4825.
    Pueblo, apldo., v. Sierra, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Julio 12, 1932.
   No siendo de la incumbencia de este Tribunal la fijación de fianzas en causas criminales en primera instancia, remítase el anterior escrito del confinado Miguel Sierra Rivera a la Corte de Distrito de Bayamón para que actúe como estime procedente.


text:
    No. 4668.
    Pueblo, apldo., v. Arroyo, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Julio 22, 1932.
   (Por la corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)

PoR cuanto, el único error que se señal a-en este caso es el de que las Cortes Municipal y de Distrito que intervinieron en el mismo carecían de jurisdicción porque tratándose do una infracción a una ley federal como 1a. Nacional de Prohibición la denuncia fué presen-1 tada por un policía insular que no es un funcionario de los Estados Unidos de América; y

Por cuanto, esa misma cuestión se ha resuelto en el día de hoy en sentido contrario a la contención del apelante, en el caso de El Pueblo v. Chaparro:

Por tanto, se declara el recurso sin lugar y se confirma la sen-tencia recurrida que dictó la Corte de Distrito de Aguadilla el 11 de octubre de 1931.


text:
    Nos. 4816, 4817, 4818.
    Pueblo, apldo. v. Ferrer, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 29, 1932.
   Las cuestiones de hecho y de derecho envueltas en estos casos son sustancialmente, las mismas que han quedado resueltas en el caso No. 4819, de El Pueblo de Puerto Rico contra el mismo acusado.

Por las razones expuestas en la opinión emitida en dicho caso, se confirman las sentencias apeladas que dictó la Corte de Distrito de San Juan con fecha 27 de enero de 1932.


text:
    No. 4710.
    Pueblo, apldo., v. Rodríguez, aplte.
    C. D. Humacao.
    Julio 29, 1932.
   Por los motivos consignados en la opinión emitida en el día de hoy en el caso criminal número 4579, El Pueblo v. Eloy Bosch, no ha lugar a la reconsideración solicitada.


text:
    No. 4705.
    Pueblo, apldo. v. Rivera, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 18, 1932.
   Llamada para vista la moción de desestimación, compareció el apelante por su abogado, quien informó, solicitando nuevo término para radicar la transcripción de evidencia debidamente aprobada. El tribunal, atendidas las circunstancias concurrentes, concedió al apelante un nuevo término de veinte días para el objeto indicado y declaró sin lugar la moción de desestimación.-


text:
    No. 4644.
    Pueblo, apldo., v. Serrano, aplte.
    C. D. Ponce.
    Marzo 29, 1932.
   No siendo suficiente las razones alegadas por el apelante para que el tribunal haga uso de su discreción, concediendo un nuevo término para la presentación do alegato en el presente caso, radicado desdo octubre 26, 1931, no ha lugar.


text:
    No. 4765.
    Pueblo, apldo., v. Delgado, aplte.
    C. D. Humacao.
    Julio 20, 1932.
   En uso de su discreción, el Tribunal admite el alegato radicado hoy por el apelante y en su consecuencia declara sin lugar la moción de desestimación presentada por el apelado y cuya vista se celebró en la tarde del día de ayer.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Elvira Juana Manuela Joaquina García Fernández, peticionaria y apelada, ex parte, Jusefa Aguayo Casals, interventora y apelante.
    No. 5812.

    Sometido: Junio 17, 1932.

      Resuelto: Noviembre 9, 1932.

      Tous Soto <& Zapater, abogados de la apelante; Guerra Monclragón <& Soldevila, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación contra una senten-cia de la Corte de Distrito de Ponce dictada en un procedi-miento sobre declaratoria de herederos.

La transcripción del récord está formada por los siguien-tes documentos: Petición de declaratoria de herederos for-mulada por Elvira Juana Manuela Joaquina García Fernán-dez, Moción de intervención presentada por Graciela García y Aguayo y Josefa Aguayo y Casals, Relación del caso y opi-nión de la corte de distrito, Sentencia de la corte y Escrito de apelación de las interventoras. Aparece entonces copia de una exposición del caso que, en lo pertinente a los efectos de esta opinión, dice:

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“Celebrada la vista la Corte dictó su resolución en fecha 8 de junio de 1931.
“De la prueba de la promovente y las admisiones de la interven-tora y de dicha promovente resulta probado:
“Que don Juan García Villarraza, natural de Málaga, provincia de Andalucía, Península Española, dentista, casó en primeras nup-cias con doña Manuela 'Fernández, natural de la Habana, de la que hubo una hija legítima, que es la peticionaria en este caso, Elvira García Fernández.
“Que fallecida su primera esposa, don Juan García Villarraza contrajo segundas nupcias en Ponce, Puerto Rico con doña Josefa Aguayo Casals, natural de Ponce, P. K>. en 29 de noviembre de 1891, de la que tuvo una hija legítima, llamada Graciela García Aguayo.
“Que teniendo su domicilio y bienes en Ponce, Puerto Pico, y estando único en matrimonio con doña Josefa Aguayo y Casals, don Juan García Villarraza, encontrándose accidentalmente en la ciudad de Pará, Brasil, falleció en el mes de abril del año 1899, sin haber otorgado testamento, estando, al fallecer, aún casado con doña Josefa Aguayo Casals.
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Al pie de la exposición! consta el juramento de haberse re-mitido una copia de la misma por carreo al abogada de la promovente y luego lo que signe:

“Apkobación Exposición del Caso: Llamado este caso para la vista de la moción sobre aprobación de la Exposición del Caso, com-parece el Ledo. Fernando Zapater en representación de la parte opo-sitora Josefa Aguayo Casals sin que la promovente compareciera en forma alguna, no obstante haber sido notificados sus Abogados Gon-zález Fagundo y González Jr., la Corte aprueba la Exposición del Caso. — (Del Libro de Minutas, No. 16, sala primera, sesión del día 28 de julio de 1931, presidida por el Hon. Juez Todd, Jr.) Copia remitida a los abogados los Ledos. González Fagundo y González Jr., Humacao y José Tons Soto & Zapater, Ponce. — Certifico: E. Gotay Purcell, Secretario, Pior E. Cornier. — Sub-Sécretario.”

Termina el documento con la certificación de su corree-ción expedida por los abogados de la promovente y de las opositoras.

En su alegato, la parte apelada suscita la siguiente

“Cuestion Preliminar. — En el presente recurso no bay eviden-cia que pueda considerarse, ya que la exposición del caso presentada en la Corte de Distrito no vino acompañada, al incluirse en los autos elevados a este Non. Tribunal, del correspondiente certificado de aprobación ni siquiera de la firma del Sr. Juez que entendió en la vista de la causa. Para que la exposición sea válida y surta efectos es menester que le baya dado su visto bueno, bajo su firm‘d, el m-ag'is-trado ante el cual se celebró el juicio-. Faltando como faltan esos requisitos en el presente recurso, este Hon. Tribunal se ve impedido de penetrar en la prueba evacuada ante la Corte inferior. Artículo 216 del Cód. de Enj. Civ.—Rubio v. Charvounier, 20 D.P.R. 315.— Orama v. Oyanguren, 19 D.P.R. 314.—Axtmayer v. Ortiz, 19 D.P.R. 499.—Calaf v. Calaf, 16 D.P.R. 835.—Sucesión Blondet et al. v. Fautauzzi Hnos., 14 D.P.R. 313.”

Creemos que tiene razón la parte apelada. El artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil según quedó enmendado en 1911, Comp. 1911 p. 902, de modo terminante dispone que impartida su aprobación, “Certificará el juez al pie del pliego su contenido tal como lo haya aprobado, y pasará en tal forma a formar parte del legajo de la sentencia. ” Disponiendo ade-más dicho artículo que el récord de la apelación lo constituirá “la certificación que librará el Secretario- del tribunal a quo o los abogados de las partes del legajo de la sentencia y de la notificación de apelación.”

De la certificación de los abogados en este caso sólo consta lo que dice el Libro- de Minutas con respecto a la aprobación. No aparece que el juez certificara el pliego y que éste auten-ticado de tal modo llegara a formar parte del legajo de la sentencia. De la parte de la exposición que transcribimos aparece que hubo prueba y que fundándose en su resultado y en el de las admisiones de la interventora y de la promo-vente fué que se dictó la sentencia recurrida. Siendo ello así, no hay base para entrar en la consideración y decisión del recurso, que debe en tal virtud ser desestimado.


author: El Juez Asociado Sbñob, Aldret,

text:
    Manuel Muñiz Cintrón, demandante y apelado, v. Francisco Vivas Capó y Francisca Rodríguez González, demandados y apelantes.
    No. 6146.

    Sometido: Noviembre 7, 1932.

      Resuelto: Noviembre 10, 1932.

      Angel Fiol Negrón, abogado de los apelantes; Francisco R. Cortés, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Sbñob, Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

Uno de los motivos aleg’ados por el apelado para que desestimemos este recurso es porque la orden de la corte para que el taquígrafo prepare la transcripción de evidencia para la apelación debe expedirse inmediatamente que se radique el escrito de apelación y nunca debe esperar la corte que el apelado solicite dicha orden. La ley dice lo contrario, pues la No. 27 de 27 de noviembre de 1917 (Leyes de 1917 (II) p. 275) proveyendo para la substitución, ^ opción de parte, del pliego de excepciones y exposición del caso por tina, trans-cripción de la evidencia preparada por el taquígrafo dispone en sn sección primera qne la solicitad para qne se prepare la transcripción por el taquígrafo deberá presentarse dentro de diez días después de haberse archivado el escrito de apelación.

También alega el apelado qne al conceder la corte inferior prórrogas al taquígrafo en exceso de sesenta días violó la expresada ley, según quedó enmendada su sección tercera por la Ley No. 81 de 26 de -junio de 1919 (Leyes de 1919, p. 675). La sección tercera enmendada dispone que el término concedido al taquígrafo para preparar la transcripción de la evidencia puede ser prorrogado por la corte y que si dejare, sin excusa legítima, de preparar dicha tanscripción en el término de sesenta días, deberá ser competido a ello por la corte usando, los medios coercitivos procedentes. Puesto que la corte concedió otra prórroga al taquígrafo y no usó medios coercitivos contra él debemos suponer que justificó ante la corte excusa legítima para no haber hecho la transcripción dentro de los sesenta días y la, apelación no debe ser desestimada por el motivo alegado.

De las constancias del pleito traídas ante nosotros aparece que en él se cobra cierta cantidad de dinero, e intereses de un préstamo constituido a favor del demandante garantizado con hipoteca, constante en escritura pública; que esa obligación está vencida y no ha sido pagada; que el demandado-apelante es dueño, actualmente de la finca hipotecada por haberla adquirido por permuta según consta en escritura pública, en la que el demandado adquirente consignó que se hacía cargo del pago del capital y de los intereses al acreedor hipotecario y se reservó dinero para dicho, pago; que el demandado y su esposa negaron generalmente los hechos chía demanda y en el juicio presentó el demandante prueba documental y testifical, sin que los demandados presentasen prueba alguna; y que recayó la sentencia condenatoria apelada.

Los hechos expuestos demuestran la frivolidad de esta apelación, pues constando en escritura pública la deuda hi-potecaria reclamada y habiendo adquirido los demandados la finca hipotecada haciéndose cargo de pagar la hipoteca y sus intereses y reservándose dinero del precio de la permuta para pagar esa deuda, como consta de otra escritura pública, y no habiéndose presentado prueba en -contrario', no* cabe duda de que el actual dueño está obligado a pagar esa hipo-teca, por lo que es frívola la apelación interpuesta contra la sentencia condenatoria de pago y por ese motivo debe ser desestimada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Arthur W. Kuenzli, demandante, apelado y apelante, v. Joseph Symister, demandado, apelante y apelado.
    No. 5241.

    Sometido: Mayo 19, 1931.

      Resuelto: Noviembre 10, 1932.

      Adrián Agosto, abogado del demandado-apelante; A. Marín Marión, abogado del demandante-apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado Symister apela de aquella parte de una sentencia sobre las alegaciones en que la. corte de distrito declaró nula e ineficaz una sentencia en rebeldía registrada por el secretario de una corte municipal en un pleito anterior. 'Se alega en la demanda en este caso que el procedi-miento anterior era uno en cobro de dinero. He la contesta-ción aparece que Symister, demandante en la acción anterior, era un acreedor hipotecario y que los demandados en ella eran deudores hipotecarios. No consta si se trataba de un ejecutivo hipotecario o sólo de una acción en cobro de dinero. Sin embargo, también se alega en la demanda qne no se em-plazó personalmente a los demandados en el procedimiento anterior, sino qne fueron citados por edictos solamente. En la contestación se admite la veracidad de esta aseveración.

Los incisos 1 y 3 del artículo 194 del Código de Enjuicia-miento Civil leen como sigue:

“1. En un pleito que nazca de un contrato sobre pago de dinero o para obtener perjuicios solamente, si no se hubiere presentado la contestación al secretario de la corte, dentro del término señalado en la citación, o de su prórroga, si se hubiese concedido; el secreta-rio, a instancia del demandante, deberá hacer constar la rebeldía del demandado, y acto seguido anotará en el récord de la corte la sen-tencia para el pago de la cantidad especificada en la citación, con más las costas contra el demandado, o contra uno o más de losi varios demandados, en los casos previstos en el artículo 96.
( i ■.? ,s& # % sft
‘ 3. En pleitos en que la citación fuere hecha por edictos, una vez vencido el término para la contestación, podrá el demandante, previa prueba de la publicación de los edictos y de no haberse presentado contestación, pedir que se dicte sentencia, en vista de lo cual deberá la corte exigir prueba de lo pretendido en la demanda; y si el de-mandado no residiere en la isla, deberá disponer que el demandante o su representanté, sea examinado bajo juramento respecto a cuales-quiera pagos que hayan sido hechos al demandante o a algún otro para su uso, a cuenta de la cantidad reclamada, y podrá dictar sen-tencia por el saldo a que tuviere derecho.”

El secretario de la corte municipal carecía de facultad para registrar una sentencia en rebeldía en el caso anterior, y la sentencia así registrada es nula.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Alejandro Torres Patrón, demandante y apelado, v. Miguel Méndez, demandado y apelante.
    No. 5648.

    Sometido: Febrero 4, 1932.

      Resuelto: Noviembre 10, 1932.

      Leopoldo Tornes y L. López de Victoria, abog'ados del apelante; Luis B. Blasco, abogado del apelado-.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado apela de una sentencia adversa en una acción entablada contra un patrono no asegurado a causa de lesiones personales recibidas por un obrero.

Alega que la corte de distrito erró al desestimar una excep-ción previa a la demanda; al resolver que la Ley de Indem-nizaciones a Obreros aprobada el 14 de mayo de 1928 (Ley No. 85 de 1928, p. 631) comenzó a regir el 12 de agosto de ese año; y al no fallar el caso a tono con las disposiciones de la ley anterior de 1918 (Ley No. 10 de 1918, p. 55) según fue enmendada en 1921 y 1925 (Leyes No. 61 y No. 102 de 1921 y 1925, págs. 473 y 905, respectivamente). La excepción previa se fundaba en falta de Lechos suficientes para consti-tuir causa de acción por no. contener la demanda ciertas ale-gaciones exigidas por la ley de 1918.

Los artículos 388 y 389 del Código Político leen como sigue:

“Artículo 388. El tiempo en que cualquier acto prescrito por la ley debe cumplirse, se computará excluyendo el primer día e inclu-yendo el último, a menos que éste sea día de fiesta, en cuyo caso será también excluido.
“Artículo 389. Cuando algún acto haya de ejecutarse bajo la ley o en virtud de contrato en un día señalado, y tal día ocurriere en día de fiesta, dicho acto podrá realizarse en el próximo día de trabajo, teniendo el mismo efecto' que si se hubiera realizado en el día señalado.”

El accidente ocurrió el domingo 12 de agosto de 1928. La Ley de Indemnizaciones por accidentes del trabajo empezaba a regir noventa días despnés de sn aprobación en mayo 14. Eso fné en efecto el día del accidente a menos qne ese día baya de ser excluido, por ser de fiesta legal, al computar el tiempo. Los noventa días en cuestión no eran “el tiempo en que cualquier acto prescrito por la ley” debía “cumplirse”. La ley no señaló acto alguno a realizarse el día 12 de agosto.1 No podemos convenir con el apelante en que la ley empezó a regir el lunes 13 de agosto simplemente porque el domingo 12 de agosto fuera día de fiesta.

Otros señalamientos alegan que la sentencia es contraria a derecho y a los hechos; y qne la corte de distrito erró al conceder costas, incluyendo honorarios de abogado, al deman-dante. Carecen igualmente de mérito.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Davila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    Frank E. Adams, demandante, apelado y apelante, v. Roberto Quintero, demandado, apelante y apelado.
    No. 4726.

    Sometido: Diciembre 3, 1931.

      Resuelto: Noviembre 15, 1932.

      Henri Brown, C. Buis Nazario, G. E. González y G. Benitez Gautier, (,Salvador Suau y F. Prieto Azúar, en el alegato) abogados del demandado apelante; L. Feliú, (Feliú & La Costa en el alegato), abogado del demandante apelado.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante reclama daños por la suma de $2,280 a causa de la pérdida del uso de un automóvil damnificado y por la cantidad de $500 como el costo estimado de su repara-ción. La corte de distrito, después de un juicio sobre los méritos, rechazó la reclamación por pérdida de uso y dictó sentencia a favor del demandante por $353.40 para cubrir el costo de las reparaciones. Ambas partes apelan.

La corte de distrito no erró al resolver que el accidente se debió a la negligencia del demandado, ni al conceder daños y perjuicios al demandante en una suma igual a la ya .gastada por una compañía de seguros al efectuar las reparaciones bajo una póliza tomada por el demandante.

El juez de distrito basó su negativa a conceder indemnización por pérdida de uso en un obiter dictum en el caso de Morales v. Caraballo, 27 D.P.R. 591. En aquél caso estuvimos inclinados a convenir con el apelante en que el dinero gastado por el demandante para alquiler de automóviles no constituía una medida adecuada de .daños, pero la cuestión no fué definitivamente resuelta, y el caso fué fallado por otros fundamentos. En González v. Malgor, Luiña & Co., 29 D.P.R. 105, 108, en que el automóvil averiado había sido dedicado al transporte de pasajeros a base de alquiler, esta corte resolvió que la indemnización de $10 por día por la pérdida del uso era adecuada.

El aquí demandante usaba su carro primariamente en ir a su oficina y regresar de ella, y en llevar sus niños a la es-cuela y de allí a la casa. También lo usaba como un vehículo para la familia. En una acción para recobrar el costo de las reparaciones cuando el carro es utilizado de esa manera, la pérdida del uso durante el tiempo razonablemente necesario para tales reparaciones es nn elemento propio de indemniza-ción. 42 C. J. 1291, sección 1167.

Es nn hecho admitido que el carro del demandante pndo haber sido restaurado al estado en qne se hallaba antes del accidente. Ciertas partes, no obtenibles en la Isla, fueron pedidas al continente. No se ha explicado satisfactoriamente por qué las reparaciones no fueron completadas dentro de cuatro meses. Nada hay qne demuestre lo que hubiera sido nn tiempo razonable para efectuar, tales reparaciones. El demandado no era responsable de cualquier demora innece-saria bien por el demandante o por la compañía de seguros. Dando al demandado el beneficio de cualquier duda respecto al límite de tiempo requerido, creemos que tres semanas sería un cálculo conservador.

No hallamos que se cometiera abuso de discreción al con-ceder costas al demandante.

La sentencia apelada debe ser modificada de modo que incluya la concesión de $210 por concepto de daños y per-juicios en favor del demandante como pérdida por no haber podido usar su automóvil, y así modificada se confirma.


author: El Juez Asociado Señok Hutchison,

text:
    Moscoso Hnos. & Co., S. en C., demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 5698.

    Sometido: Junio 22, 1932.

      Resuelto: Noviembre 15, 1932.

      Tous Soto <& Zapater, abogados de la apelante; Son. Attorney General de Puerto Rico Charles E. Winter y M. Rodríguez Sorra, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señok Hutchison,

emitió la opinión, del tribunal.

Virtualmente, la única cuestión envuelta en este caso es la de si los socios gestores de la demandante, una sociedad en comandita, son empleados de la misma.

Con anterioridad al 1927, la sección 32-a de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos [Leyes de 1925, págs. 401, 477) leía en parte como sigue:

"Al computar el ingreso neto de una corporación o sociedad r.¡-jeta a la contribución impuesta por la sección 28, se admitirán como deducciones:
"(1) Todos los gastos ordinarios y necesarios pagados o incurri-dos durante el año contributivo en la explotación de cualquier in-dustria o negocio, incluyendo una cantidad razonable para sueldos u otra compensación por servicios personales realmente prestados. . .”

Según fue enmendado en 1927 (Leyes de ese año, pág. 489), el inciso primero dice: (bastardillas nuestras)

"(1) Todos los gastos ordinarios y necesarios pagados o incurri-dos durante el año contributivo en la explotación de cualquier indus-tria o negocio, incluyendo una cantidad razonable para sueldos y compensación a empleados por servicios personales realmente pres-tados. . .” .

A virtud de la Ley de 1925 la deducción por concepto de sueldos se limitaba a “una cantidad razonable para sueldos u otra compensación por servicios personales realmente pres-tados. ” Esto, desde luego, incluía los sueldos que se pagaban a los empleados. El objeto de la enmienda fue distinguir entre los empleados y los funcionarios cuando se trataba de una corporación, y entre los empleados y los socios gestores de una sociedad en comandita. Se hizo con el fin de fijar una limitación adicional sobre la cantidad de la rebaja. La deducción por salario se circunscribía a los satisfechos a los empleados. La inferencia ineludible es que se excluyeron los sueldos pagados a los socios gestores de una sociedad en comandita o a los funcionarios de una corporación como tales socios gestores o funcionarios. ’

La demanda alega que la demandante se dedica al negocio de drogas; que sus socios gestores, Teodoro e Ismael Hoscoso, han tenido larga experiencia en los ramos del tráfico de la sociedad y dedican todo su tiempo y actividad personal al servicio de dicha sociedad y a la gestión de sus negocios; que el capital de la sociedad, $220,000 (con la excepción de $3,000 aportados por los socios activos), está representado por ac-ciones transferibles por endoso pertenecientes a los socios comanditarios; y que la junta de socios, por acuerdo de la misma, señaló como retribución de Teodoro e Ismael Hoscoso, por su trabajo personal como tales gestores, un sueldo anual de $12,000 y $10,000 respectivamente.

La apelante nos cita 20 C. J. 1241, en que se dice que el término empleado “no tiene ni en su uso técnico ni en el general un significado restringido por el cual se designe determinado empleado o servicio, y no cabe dudar que puede tener distintos significados con relación a diferentes extre-mos.” A esto luego sigue la aserción de que: (bastardillas nuestras) “El contexto y el modo en gibe se le usa deben determinar en grado sumo si en un caso en particular el término incluye .... el director de una corporación,” o “el gerente de una corporación.” Nuestra impresión de un exa-men superficial de los casos en que se ha resuelto que el director de una corporación o el gerente de la misma son o no empleados dentro de la significación de otros estatutos, es que esos casos no militan contra la conclusión a que ya hemos llegado en torno al propósito y significado de la enmienda que estamos considerando.

A otro respecto, la apelante cita de 47 C. J. 1273, sección 1009:

“Los rasgos característicos ■de una sociedad en comandita soñ: (1) Organización con arreglo a los términos de un estatuto sobre la materia. (2) Uno o más socios generales que controlan el negocio. (3) Uno o más socios especiales o comanditarios, o en commendam, que contribuyen a su capital y que participan de sus beneficios, pero que no tienen facultades para dirigir el negocio, y que no son per-sonalmente responsables de las deudas de ésta. (4) Limitación de los derechos de sus acreedores al fondo de la sociedad y a los socios colectivos. ’ ’

El artículo 145 del Código de Comercio dispone que:

“En la escritura social de la compañía en comandita constarán las mismas circunstancias que en la colectiva.”

Según los términos del artículo 125, la escritura social de la compañía colectiva deberá expresar “las cantidades que en su caso se asignen a cada socio gestor anualmente para sus gastos particulares.” Nada se dice respecto a sueldo, pero el párrafo-final del artículo dispone que: “se podrán también consignar en la escritura todos los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios quieran esta-blecer. ’ ’

El artículo 148 contiene el siguiente párrafo:

“Los socios comanditarios no podrán hacer acto alguno de admi-nistración de los intereses de la compañía, ni aun en calidad de apo-derados de los socios gestores.”

La demanda no revela la manera en que se constituyó la “junta de socios” aludida, ni la fuente de que emanaba su facultad, en caso de que la tuviera, para actuar a nombre de la sociedad en la celebración de un contrato entre ella y sus socios gestores. Cabe inferir que los dos socios gestores ac-tuaron conjuntamente como la 6 ‘ junta de socios. ’ ’ El becbo de que los dos socios gestores estaban capacitados, merced a una larga experiencia, para asumir la dirección del negocio, el becbo de que dedicaban todo su tiempo y sus actividades per-sonales al servicio de la sociedad y a la gestión de sus nego-cios, el becho de que el capital constaba de acciones que en su mayoría pertenecían a los socios comanditarios, y el becbo de que los referidos socios gestores fijaron ciertos sueldos anuales como remuneración por sus servicios personales como tales gestores, no les convirtió en empleados de la sociedad dentro del significado de la ley tal como fue enmendada en 1927. No sólo esos hechos dejan de establecer entre la so-ciedad y sus socios la relación de patrono y empleado, si que también se sostiene la alegación de que los sueldos se desti-naban al pago de servicios prestados como socios gestores, y la sociedad no tenía derecho a una rebaja por-salarios así pagados.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    María Leocadia Morales, demandante y apelada, v. Carlos Febles, demandado y apelante.
    No. 6172.

    Sometido: Noviembre 14, 1932.

      Resuelto: Noviembre 15, 1932.

      Miguel Babamonde, abogado del apelante; B. Atiles Moreu y F. Pérez Begis, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Estando en tramitación la demanda de una esposa para que su marido le pague alimentos, solicitó la mujer que la corte le concediese alimentos provisionales mientras se resol-vía su reclamación principal y la corte se los concedió. Contra esta resolución se interpuso la presente apelación cuya deses-timación se nos pide por el fundamento de no ser apelable tal resolución interlocutoria.

La apelación interpuesta no está autorizada por el artículo 84 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales (Comp. 1911, 1623) ni por el artículo 295 del Código de Enjuicia-miento Civil, pues no se trata de sentencia definitiva pronun-ciada en el procedimiento especial de alimentos ni de ninguno de los casos a que se refiere el párrafo tercero del artículo citado, por lo que esta apelación debe ser desestimada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón y Gustavo Quiñones y Julián Dávila, demandados y apelantes.
    No. 6132.

    Sometido: Noviembre 7, 1932.

      Resuelto: Noviembre 15, 1932.

      G. Triarte y F. Fernández Gmjar, abogados de los. apelantes; R. Bus-eaglia, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

A una demanda contra cuatro personas fundada en un pagaré, demanda que aparentemente era del todo buena y así lo resolvió la corte inferior, uno de los demandados com-pareció y presentó excepción previa. Los otros tres deman-dados no comparecieron y se registró sentencia en rebeldía en su contra. Dichos tres demandados presentaron una mo-ción para abrir la rebeldía, que la corte declaró sin lugar.

Se ha radicado una moción para desestimar por frívola la apelación incoada en este caso.

Los apelantes comparecieron a la vista y desean-saron en nn alegato ya radicado. La corte inferior dió varias razones para negarse a dejar sin efecto la rebeldía.' Los apelantes sostienen principalmente que radicaron nn affidavit de méritos en el cual se decía que habían expuesto el caso a su abogado y éste era de opinión qne ellos tenían una buena defensa. No se demostró nada más.

Los apelantes igualmente citan jurisprudencia al efecto de que tal aseveración generalmente hace que una corte abra una rebeldía. No tenemos duda de esta proposición general.

Sin embargo, de los autos se desprende que originalmente todo lo que los demandados hicieron o trataron de hacer fue archivar una excepción general. La corte inferior basó en parte su decisión en el fundamento de que la excepción pre-sentada o que se intentó presentar no podía favorecer a los demandados-apelantes. Ellos no convencieron a la corte inferior ni a este tribunal de que la excepción fuese buena. Por el contrario, sostienen que la excepción no es una defensa. Una excepción previa, si es interpuesta generalmente, puede ser una defensa completa en un caso.

La inadvertencia alegada consistió en el hecho de que el abogado tuvo la intención de archivar una excepción a. nombre de los cuatro demandados, mas la interpuso nominal-mente tan sólo en favor de uno de ellos.

Si bien de ordinario, conforme hemos indicado, una re-beldía debe ser abierta cuando el affidavit de méritos revela que las partes han relatado su defensa a su abogado y éste la considera buena, no obstante, creemos que en este caso algo más era necesario. Los demandados sólo acompañaron una excepción a su affidavit de méritos. En ningún momento indicaron a la corte cuál era la naturaleza de su verdadera defensa. Podría ser que el affidavit se refiriera a la excep-ción archivada con el mismo. Creemos que era el deber de los demandados, mediante una contestación jurada o en alguna otra forma, haber puesto a la corte en condiciones de tener una idea de la naturaleza de su defensa.

Si bien, según sostienen los apelantes, puede hacerse una distinción en los lieelios del caso de Schlüter v. González, 36 D.P.R. 767, éste es de suficiente aplicación.

No hallamos abuso de discreción y la moción debe ser declarada con lugar.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Vargas Nivas, acusado y apelante.
    No. 4582.

    Resuelto: Noviembre 15, 1932.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El recurso interpuesto en este caso se resolvió en julio 22, 1932, confirmándose la sentencia apelada, 43 D.P.R. 860. En agosto Io. se pidió la reconsideración de la sentencia. Hallán-dose la corte en vacaciones se ordenó por el Juez de Turno que se diera cuenta con la moción al tribunal en su primera sesión, y así se hizo.

Se sostiene que no puede quedar en pie el fallo condena-torio de la corte de distrito porque la causa no se siguió a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, citándose la decisión de esta corte en el caso de El Pueblo v. Chaparro, 43 D.P.R. 852, y se agrega:

“Es verdad que este motivo de falta de jurisdicción im fué sus-citado en nuestro alegato sosteniendo el recurso, pero ello fué debido a que en la época en que se estableció la apelación, 24 de junio de 1931, pág. 6 transcript y en la que el alegato fué presentado, así comn en la que se celebró la vista del recurso1 an)t© esta Iíon. Corte Suprema, todavía uo había sido revocada por la Corte de Circuito de Apelacio-nes de los Estados Unidos para el primer Circuito, febrero 25, 1932, la decisión dictada por esta Hon. Corte Supremja en el caso de El Pueblo vs. Zayas, sinp, que tal decisión permanecía en toda su fuerza y vigor; pero como las cuestiones jurisdiccionales pueden plantearse en cualquier momento, aun después de dictada sentencia firme, según la constante jurisprudencia, no hemos vacilado1, como un deber pro-fesional, en defensa de los intereses del acusado, en someter a la decisión de esta Hon. Corte Suprema la reconsideración de la senten-cia, por los fundamentos antes enunciados.”

Es cierto que de modo terminante se lia resuelto en esta jurisdicción que las causas que por infracción a la ley federal de prohibición se sigan en las cortes insulares, deben serlo a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, y también lo es que en el encabezamiento de la denuncia se omitió el nombre de El Pueblo de Puerto Rico.

Sin embargo, de hecho y de derecho la causa fue seguida a nombre y por la autoridad de El Pueblo de Puerto Rico. Si se examina la transcripción se verá que el documento que sigue a la denuncia es la moción sobre archivo y sobresei-miento presentada por el propio acusado. Su título dice: “El Pueblo de Puerto Rico v. Ramón Vargas. ” Vienen luego la resolución de la corte a la moción, el acta del juicio, y el escrito de apelación, todos titulados: “El Pueblo de Puerto Rico v. Ramón Vargas Nivas.” La omisión que se observa en la denuncia quedó así subsanada en el curso del proceso.

No ha lugar a la reconsideración solicitada.


text:
    Ex parte Cayetano Coll Cuchí Jr., peticionario.

      Resuelto: Noviembre 16, 1932.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario solicita de esta corte qne “se sirva conce-derle licencia para ejercer la profesión de abogado en todas las cortes de esta Isla de Puerto Rico”, basándose en los siguientes beclios:

“1. — Que es mayor de 21 años de edad, vecino de San Juan, P. R., y ciudadano de los Estados Unidos de América, en virtud de la ley del Congreso aprobada el 2 de marzo de 1917.
“2. — Que ha cursado sus estudios regulares en la Universidad de Louisville, Ky., y además ha tomado un curso' especial de Eviden-cia bajoi el Dean Wigmiore, en Northwestern University; y que es abogado, admitido a postular en la Corte Suprema (Court of Appeals) de Kentucky; en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Kentucky, y en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico según lo acreditan las certificaciones que se acompañan a esta solicitud.
“3. — Que de acuerdo con la sección 4d de la ley No. 17 aprobada el 20 de mayo de 1925, titulada “Ley para enmendar la sección 4:!. de la “Ley No. 38 determinando reglas para el ejercicio de la pro-fesión de abogado en Puerto Rico”, aprobada en 13 de abril de 1916, — el peticionarioi ha estado ejerciendo activamente su profesión durante estos últimos dos años, o sea a partir del día 23 de sep-tiembre de 1930, día que fué admitido a postular ante la Corte Su-prema (Court of Appeals) del Estado de Kentucky; e incluyendo más de un año de práctica ante la Corte de los Estados Unidos para Puerto Rico, o sea a partir del día 28 de octubre de 1930, día que fué admitido a postular ante dicha Corte.”

La ley aplicable al caso es en efecto la “Ley No. 38 deter-minando reglas para el ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Rico”, aprobada en 13 de abril de 1916 (Leyes de 1916, p. 92), que cita el peticionario, pero esa ley no sólo fué enmendada por la No. 17 de 1925 (Leyes de 1925 p. 135) que invoca, si que también por la No. 78 de 1928 (Leyes de 1928 p. 533).

La sección 4 de la Ley No. 38 de 1916, tal como qnedó en-mendada en 1928, contiene nn último disponiéndose que dice:

“. . . Y disponiéndose, finalmente, que toda persona que en o antes del 20 de mayo de 1925, no estuviere facultada para ejercer la profesión de abogado en la Corte de Distrito de los Estados. Unidos para Puerto Rico, para poder ser admitida a ejercer en las cortes in-sulares, además de llenar los requisitos exigidos anteriormente, tendrá que poseer un diploma de abogado expedido por una universidad acre-ditada a satisfacción de la Corte Suprema de Puerto Rico.”

Siendo ello así, es de absoluta necesidad que el peticionario posea el diploma de abogado expedido por una universidad acreditada a satisfacción de esta Corte que la ley exige, para que su solicitud pueda ser declarada con lugar.

El peticionario dice que lia cursado estudios regulares en la Universidad de Louisville, Ky., y que La tomado un curso especial de Evidencia en la Northwestern University, pero no expresa que posea un diploina de abogado expedido por alguna de dichas universidades o por cualquiera otra debida-mente acreditada.

A igual resolución tendría que llegarse aunque la que es-tuviera vigente fuera la ley tal como quedó enmendada en 1925 que es la que invoca el mismo peticionario, pues la sec-ción 4 de dicha ley a virtud de la enmienda de 1925 contenía también un último disponiéndose que exigía el diploma como requisito imprescindible en un caso como el del peticionario, a saber:

“. . . 3f disponiéndose, finalmente, que toda persona que seis meses después de la aprobación de esta Ley no estuviere'' facultada para ejercer la profesión die abogado en la corte de distrito de los Es-tados Unidos para Puerto Rico, para poder ser admitida a ejercer en las cortes insulares, además de llenar los requisitos exigidos anterior-níente, tendrá que poseer im diploma de abogado expedido por una universidad acreditada a satisfacción de la Corte Suprema de Puerto Rico. ’ ’

La solicitud debe ser declarada sin hogar.


text:
    Blanco Fresno & Cía., S. en C., demandante y apelada, v. Royal Insurance Company, demandada y apelada, y Porto Rican & American Ins. Co., interventora y apelante.
    No. 6155.

      Sometido: Noviembre 9, 1932.

      Resuelto: Noviembre 17, 1932.
    H. Brown, C. Buiz Nazario y G. E. González, abogados de la apelante; A. García Bucos, abogado de la demandante apelada y José Sabo-ter, abogado de la demandada y apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Un pleito seguido por Blanco Fresno & Cía., S. en C., contra Boyal Insurance Co. terminó por sentencia que de-claró sin lugar la demanda con costas. Fundada la demandada en esa sentencia solicitó el embargo de bienes del demandante en cantidad de $1,200 para asegurar el pago de las costas. El embargo fue decretado sin fianza y se trabó en igual can-tidad que el demandante tenía en metálico en un banco, pero después fiué substituido por la fianza que prestó la Porto Biean & American Insurance Co. por $1,500. Al ser firme la sentencia presentó la demandada su memorándum de costas que fué impugnado por la demandante; y la corporación fiadora presentó en el pleito una moción interesando de la corte que le concediera permiso para intervenir a fin de solicitar la nulidad de la fianza que prestó y para impugnar el memorándum de costas radicado. A esa moción acom-paño otra expresando sus motivos para que se annle la orden de embargo, el que se trabó y la fianza que ella prestó, así como los motivos en que funda su impugnación al memo-rándum de costas, que son substancialmente los mismos de la demandante. La corte resolvió la petición de la fiadora dictando dos resoluciones: una, negándole permiso para in-tervenir, aunque permitiéndole oírla como amicus curiae en cuanto al memorándum de costas, y otra, resolviendo la im-pugnación de la demandante al memorándum de costas, el que aprobó con ciertas rebajas que hizo. Esas dos resolu-ciones fueron apeladas por la Porto Pican & American Insurance Co. y se nos pide que las desestimemos por los siguientes motivos: 1, porque la compañía fiadora no es parte en el procedimiento ni se le ña permitido que inter-venga en él; 2, porque la petición de intervención es pre-matura porque no ñay actualmente procedimiento contra ella; 3, porque una orden negando permiso para intervenir no es apelable; y 4, porque las■ apelaciones interpuestas son frívolas.

Si la petición de intervención es prematura o no, como se alega en el segundo fundamento para la desestimación, o en otras palabras, si la fiadora no tiene actualmente derecho a intervenir, es cuestión para ser decidida en la apelación-y no es motivo para desestimar los recursos interpuestos.

Los motivos primero y tercero pueden ser tratados conjuntamente. Es cierto que la Porto Rican & American Insurance Co. no es parte en el pleito ni se le ha permitido intervenir en él, pero también lo es que la resolución que niega una intervención es apelable porque decide finalmente para la persona que solicita la intervención que ella no tiene derecho a intervenir y equivale a una sentencia dictada contra ella en relación con las cuestiones que suscita para la intervención. 20 Cal. Jur., pág. 528, y casos en él citados. G-eneralmente se ha declarado que la resolución negando una intervención es un fallo o una orden final en cuanto al peticionario se refiere y sujeta a apelación. 3 C. J., pág. 478.

Dice la demandada apelada como fundamento del último motivo para la desestimación que la apelación es frívola porque cuando la corporación fiadora sea requerida de pago tendrá la oportunidad de defender sus derechos y de presentar sus defensas. Sin embargo, reconociendo la apelada que la corporación fiadora tiene derecho a defenderse cuando se le requiera de pago, no puede sostenerse que sea frívola su apelación por el hecho de haber presentado su petición de intervención antes de tal requerimiento.

Las mociones de desestimación deben ser declaradas sin lugar.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez'Asociado Señor Hutchison,

text:
    Luisa Expósito Aviles, peticionaria y apelante, v. María Guzmán Vda. de Expósito, opositora y apelada.
    No. 6148.

    Sometido: Noviembre 7, 1932.

      Resuelto: Noviembre 17, 1932.

      Ga/rcía Méndez & García Méndez, abogados de la apelante; Arturo Reichard., abogado de la apelada.
   El Juez'Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión dei tribunal.

La apelada nos pide la desestimación del presente re-curso fundándose, (1) en que el escrito de apelación no fué radicado dentro del término prescrito por la ley, y, (2) en que la apelante está impedida (estopped) a virtud de la doc-trina de elección de remedios. El escrito de apelación fué radicado dentro de treinta días después de la notificación formal de la sentencia. Este aviso de haberse dictado sen-tencia, sin embargo, no fue dado basta después que este tribunal había expedido un auto de certiorari y lo había anu-lado posteriormente porque la orden impugnada era apela-ble. Expósito v. Corte de Distrito, 43 D.P.R. 631.

El término para interponer una apelación empieza a correr desde el día en que el secretario archiva copia de la notificación de la sentencia que está en el deber de enviar a la parte perdidosa o a su abogado. La interposición de una apelación constituye una renuncia de este aviso. Veve v. Fajardo Sugar Growers Ass’n., 17 D.P.R. 1036. En Torres v. Calaf, 17 D.P.R. 1183, hay un obiter dictum al efecto de que es innecesario cumplir con los requisitos estatutarios cuando la parte perdidosa' tiene conocimiento real de la sentencia. 2 Cyc. 799; Maquesten v. Morrill et al., 41 Pac. 57; Braeley v. Marks, 45 Pac. 27, se citan en apoyo de esta teoría. El mejor punto de vista, sostenido por las decisiones más recientes y por el peso de las autoridades, es que “el conocimiento real de la sentencia u orden no .justifica el que se 13rescinda del requisito estatutario de la notificación.” 3 C. J. 1060, sección 1061; 168 Cal. 433; (Cal.) 162 Pac. 1023; 25 Cal. A. 732; (S.D.) 197 N.W. 227; (Utah) 251 Pac. 26.

En el presente caso el aviso de haberse dictado sentencia hace mención al fallo de este tribunal en el procedimiento de certiorari en que se resolvió que la resolución de la corte de distrito era apelable, e indica que el secretario de la corte inferior, hasta aquel momento había estado bajo la impresión de que no podría apelarse de la misma. La solicitud del auto de certiorari se hizo sobre la misma teoría. Por razones obvias, no hubo una elección concluyente, ni impedimento por elección de remedios. La solicitud de certiorari, por supuesto, demostraba que la peticionaria es-taba _ enterada del hecho de haberse dictado la decisión im-pugnada. No envolvía renuncia alguna del derecho a apelar de esa decisión ni del de esperar que se enviara por correo una notificación formal por el secretario y el archivo de copia de ese aviso como el paso requerido por el estatuto a fin de que pudiera comenzar el transcurso del término para apelar. La apelante pudo haber radicado su escrito de ape-lación en cualquier momento sin esperar la actuación del secretario, pero no estaba obligada a proceder así porque por disposición taxativa del código el tiempo para apelar debe contarse desde la fecha de tal actuación.

No ha hogar a la desestimación solicitada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Planas, acusado y apelante. El Mismo, demandante y apelado, v. José Balasquide, acusado y apelante.
    Nos. 4650 y 4651.

    Sometidos: Marzo 10, 1932.

      Resueltos: Noviembre 17, 1932.

      Sergio Gelpí y G. Ruiz Razarlo, abogados de los apelantes; E. Díaz Viera, Fiscal Auxiliar, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En cada uno de estos casos un viandante fue arrollado por un tranvía. En ambos el motorista fue convicto de aco-metimiento j agresión.

Rodrigo Rodríguez era un policía de tránsito. Estaba de servicio en la parada 22, en Santurce, donde los rieles del tranvía están situados en la parte sur de la avenida Ponee de León. En la parada 22, la Calle Europa parte de la Ave-nida en dirección sur. Pocas yardas hacia el este, la Avenida de Diego se extiende hacia el norte. Ni la Calle Europa ni la Avenida de Diego cruzan la Avenida Ponee de León. Rodríguez se hallaba de pie en el lado sur de la Avenida Ponee de León, de espaldas a los rieles del tranvía, y de frente hacia la Avenida de Diego, dirigiendo el tránsito. Había poco espacio entre los rieles del tranvía y el tránsito en dirección este en la Avenida Ponee de León. Rodríguez estaba parado como a un pie o dos del riel norte. Tenía por costumbre dejar la vía franca a los tranvías que pasaban y echar hacia atrás nuevamente para dar paso a los automó-viles que por allí cruzaban. Pué golpeado en el lado izquierdo de la espalda, en la parte superior de los riñones, por el pasamanos que está cerca de la puerta delantera de un tran-vía que se dirigía hacia el este.

En el momento del accidente, o sea, como a las doce y' media de la tarde, había mucho tránsito. Poco antes del accidente el conductor de un automóvil “Dodge”, que venía por la Avenida de Diego, hizo señal demostrativa de su inten-ción de cruzar la Avenida Ponee de León en dirección a la Calle Europa. Rodríguez hizo al conductor señal de que prosiguiera. El conductor no la obedeció. La explicación ofrecida por Rodríguez mismo es que el conductor del “Dodge” había visto el tranvía. La inferencia es que el tran-vía ya empezaba a cruzar la entrada a la Calle Europa. También es inferencia lógica que cuando Rodríguez dió al conductor del “Dodge” la señal de que cruzara la Avenida Ponee de León también detuvo otros vehículos en la Avenida, a fin de permitir que el “Dodge” cruzara, de suerte que no había ningún tránsito de vehículos de motor en dirección este que impidiera a Rodríguez que se saliera de la vía del “trolley”. Rodríguez había visto el tranvía detenerse al lado oeste de la Calle Europa, a unos quince o veinte metros de donde se bailaba. No le vió cuando dió marcha nueva-mente, ni después, hasta que fué arrollado, ni oyó el ruido de su aproximación. En aquel momento llovía y Rodríguez usaba sobre su uniforme una capa de agua con una caperuza que le cubría la cabeza. El motorista no.tocó la campana.

En el segundo caso el viandante salió de una calle trans-versal, en la intersección de la misma con la Calle del Parque, en la parada 43%, en Santurce, como a las 11% de la noche, y chocó con un tranvía que corría a gran velocidad por la calle del Parque.

Podría admitirse que en cada uno de estos casos el moto-rista fué negligente. En el primer caso el motorista Planas pudo haber sido negligente al medir la distancia entre el riel norte y el sitio en que Rodríguez estaba de pie, al no tomar en cuenta en sus cálculos el pasamanos que proyectaba, al asumir que Rodríguez tenía conocimiento de su posición peligrosa y se saldría de la vía, o al tratar de pasar junto a Rodríguez sin dar aviso alguno. En el segundo caso podría suceder que el motorista Balasquide fuera negligente al con-ducir su carro por un cruce de calles a gran velocidad y al no prever que algún viandante pudiera salir de una calle transversal y descuidadamente penetrar en la vía o acercarse a ella arriesgadamente, no obstante lo avanzado de la hora y el ruido que el carro producía.

En ninguno de estos casos fué la negligencia tan crasa que justifique la inferencia de una intención de causar daño, que es elemento esencial en todo acometimiento y agresión. En ninguno de ellos se estableció el mens rea fuera de duda razonable.

Ambas sentencias deben ser revocadas.


author: El Juez Asociado Señoe Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Silvestre Gutiérrez, acusado y apelante.
    N. 4752.

    Sometido: Mayo 18, 1932.

      Resuelto: Noviembre 21, 1932.

      B. Cuevas Zequeira, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Silvestre Gutiérrez fué convicto de ofrecer un soborno a Rafael Emmannelli, sargento de policía con el fin de lograr inmunidad de ser perseguido por la explotación de ciertas máquinas conocidas por traganíqueles (slot machines). El fiscal de distrito exhibió un número de billetes y preguntó al testigo denunciante si los billetes ofrecidos como soborno eran similares a los mostrados. Después de haber contestado el testigo afirmativamente, el letrado de la defensa se opuso a la pregunta y el juez manifestó que todos los billetes eran similares. El acusado tomó excepción y se señaló como error la observación hecha por el juez de distrito. Esto no fué un error que da lugar a la revocación.

Posteriormente, al admitir estos billetes como prueba con la objeción del acusado, el juez de distrito se expresó así:

“La corte entiende que no es necesario identificar tan específica-mente los billetes en este caso. Aun en el caso de que n'o se hubiera ocupado el billete, el delito se habría cometido independientemente de eso.”

Convenimos con el abogado del apelante en que esta ob-servación era superfina. No podemos convenir en que quizá pudo haber dado al jurado la idea de que la oferta del dinero no era un elemento esencial del delito. Evidentemente lo que el juez quiso significar fué que importaba poco que los billetes ofrecidos como prueba fueran o no los mismos billetes que habían sido ofrecidos para el soborno; que la cuestión a resolver por el jurado era si el acusado había ofrecido dinero al testigo denunciante, y que a fin de establecer este hecho no era necesario presentar el dinero mismo como prueba. En esto no hallamos error alguno.

La declaración de Emmanuelli revela que Gutiérrez poseía y tenía el dominio de ciertas máquinas traganíqueles. Gutiérrez al tiempo de cometer el delito y de ser arrestado llevaba un maletín conteniendo algunas llaves y ciertas herramientas pequeñas. Emmanuelli declaró que estas llaves eran usadas para abrir las máquinas. Luego este maletín y su contenido fueron ofrecidos y admitidos como prueba por el juez de distrito como tendentes a establecer la propiedad de las máquinas. En respuesta a la objeción del acusado a que se admitieran estos artículos en evidencia, el juez de distrito dijo que él era de opinión que esta prueba tendía a corroborar la declaración de Emmanuelli en lo referente al interés que tenía el acusado en las máquinas. La relación del acusado con estas máquinas fué admitida y establecida por la prueba de la defensa. El error del juez de distrito, de haberse cometido, no puede ser considerado ahora como motivo de revocación.

No se cometió error alguno al permitir a Emmanuelli, con la objeción del acusado, que describiera la forma en que estas máquinas son manipuladas, a fin de demostrar que una máquina traganíqueles, al ser usada como un mecanismo de juego de azar, es una lotería.

Durante el curso de la repregunta por el acusado del tes-tigo estelar Emmanuelli, el fiscal manifestó que había varias de estas máquinas en la oficina del secretario y pidió que una de ellas fuese mostrada al jurado. El acusado se opuso y el juez de distrito dijo:

“El jurado seguramente ha visto esas máquinas. Son muy co-rrientes; todo el mundo las conoce.”

Esta era una forma de sostener la objeción del acusado. El comentario era innecesario, mas no fué claramente perju-dicial.

Bosario Negrón declaró, como testigo de la defensa, que ella y el acusado eran empleados de una misma firma; que su jefe le había dictado una carta para el sargento Emmanue-lli ; que ella había escrito a máquina la carta, la había colocado en un sobre cerrado y entonces había puesto el sobre en la ga-veta de su escritorio, donde había otro sobre cerrado que contenía diez dólares en billetes, el saldo del sueldo sema-nal que la testigo había separado para su uso; y que cuando Gutiérrez le pidió la carta, que él llevaría a Emmanuelli, la testigo por equivocación le entregó el sobre que contenía su sueldo. Después que el letrado de la defensa y el fiscal ha-bían terminado con el examen de esta testigo, el juez de distrito le preguntó por qué no había puesto la dirección en el sobre que contenía la carta para Emmanuelli. Su res-puesta fué que no era costumbre dirigir los sobres que conte-nían cartas personales que iban a ser entregadas por un em-pleado. El acusado no se opuso a la pregunta hecha por el juez. Aun si el letrado se hubiese opuesto y hubiera to-mado excepción a una resolución adversa a tal objeción, la conducta del juez de distrito no podría ser considerada como un abuso de discreción.

El juez de distrito declaró sin lugar una moción de nuevo juicio. El fundamento principal de la moción fué que el veredicto era contrario a la prueba. La esencia del argumento es que no había acusación pendiente contra Gutiérrez y que cuanto él manifestó en el momento de hacer la oferta revelaba el propósito de lograr que se le eximiera de ser perseguido, más bien que de ser procesado. El apelante asume la necesidad de un proceso pendiente. No se cita autoridad alguna en apoyo de esta teoiia. Varios días antes del incidente que dió origen a la presente acusación el sargento Emmanuelli se había incautado de dos de estas máquinas que estaban en poder de un tal Cortés y puso el caso ante el jefe de policía del distrito. Gutiérrez acudió y persuadió al jefe de la policía para que le entregaran las máquinas a él. El jefe de la policía se allanó a ello porque en su opinión-no había prueba suficiente para justificar la presentación de una denuncia en ese caso específico. Al mismo tiempo instruyó a Emmanuelli en presencia de Gutiérrez que desplegara una campaña vigo-rosa contra la explotación de máquinas traganíqueles y para que hiciera esfuerzos por conseguir prueba más satisfactoria. Pné en la mañana del siguiente sábado que Gutiérrez se dirigió a Emmanuelli para tratar sobre la cuestión relativa a protección policíaca. El sábado en la tarde era el momento en que con mayores probabilidades se bailarían las máquinas en funcionamiento. Gutiérrez manifestó a Emmanuelli que la campaña policíaca contra las máquinas que representaba Gutiérrez le costaba mucho dinero; que él estaba perdiendo dinero y que él, Gutiérrez, deseaba estar en armonía con la policía. Emmanuelli le respondió que la única forma en que podían armonizarse era dejar de usar las máquinas para el juego de azar, pues de lo contrario era el deber de la policía incautarse de las mismas y que él estaba dispuesto a acabar con ellas. Gutiérrez entonces le dijo: “Nosotros podemos arreglar,” y Emmanuelli contestó: “No hay arreglo. El único arreglo posible es que no jueguen a lo prohibido.” En-tonces Gutiérrez sacó un sobre del bolsillo y dijo: “Yo le traigo esto aquí y yo le ofrezco que de acuerdo a como marche-el negocio yo le traigo semanalmente su parte.” El jurado-estaba justificado al hacer la inferencia de que Gutiérrez tra-taba de comprar protección policíaca. El veredicto no fue contrario a la prueba y el juez de distrito no cometió error al declarar sin lugar la moción de nuevo juicio.

En el último señalamiento se alega error en un número de extractos aislados de las instrucciones al jurado. Algunas de estas instrucciones están sujetas a críticas. Si la defensa hubiese llamado la atención del juez sentenciador hacia estos defectos, él hubiese tenido la oportunidad de corregirlos. No se tomó excepción a parte alguna de las instrucciones según fueron dadas e interpretando la fraseología criticada ahora por el apelante a la luz del contexto no hallamos error fundamental en las instrucciones en su totalidad.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe. Hutchison,

text:
    Sucrs. de A. Mayol & Cía., Inc., Antilles Electric Corporation, Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico y Compañía Industrial de Santurce, S. en C., demandantes y apelantes, v. L. A. McLeod, Auditor de Puerto Rico, demandado y apelado
    No. 5736.

    Sometido: Mayo 18, 1932.

    Resuelto: Noviembre 21, 1932

      J. J. Oriiz Alibrán, abogado de los apelantes; Hon. Attorney General Charles E. Winter y T. Torres Pérez, Subprocurador, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señoe. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios, alegando ser los únicos acreedores y cesionarios de nn contratista, solicitaron nn mandamus para obligar al querellado, como Contador de Puerto Rico, a que les entregara cierto cheque que se suponía haber sido expe-dido por el Contador a favor del contratista por el saldo adeudado sobre un contrato del gobierno ya consumado. Este contrato disponía el pago de determinado tanto por ciento del precio del contrato retenido por el Comisionado del Interior después de liquidado el contrato por dicho Comisio-nado del Interior y después que el contratista hubiese ofre-cido prueba satisfactoria del pago de todas las reclamaciones presentadas contra él debido a trabajo hecho o a material suministrado, o por los daños y perjuicios ocasionados a terratenientes durante el curso de la obra. El juez de dis-trito ordenó que se notificara la solicitud al querellado y que éste mostrara causa por la cual no debía expedirse el auto, y señaló día para la vista. El día fijado para la vista fue pospuesto para otra fecha y en el de la vista el querellado radicó una contestación en que negaba que los peticionarios fuesen los únicos acreedores del contratista, admitía otras alegaciones de la demanda y alegaba: que el demandado, en ejercicio de sus facultades como Auditor de Puerto Rico y en cumplimiento de las disposiciones del artículo 124 del Código Político, en noviembre 12 de 1930, había remitido al Tesorero de Puerto Rico el cheque núm. 1714, fechado 18 de julio 1930, a la orden del contratista, por la suma de $6,053.80, para aplicar el importe del mismo al pago de con-tribuciones atrasadas y adeudadas por el citado contratista a El Pueblo de Puerto Rico, ascendentes a la suma de $6,325.16; que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción; que los peticionarios care-cían de capacidad legal para exigir el remedio solicitado; y que existía una imposibilidad material para entregar el cheque, en vista de la disposición del mismo hecha ya por el querellado.

El artículo 124 del Código Político lee en parte como signe:

“No se pagará dinero a ninguna persona p'or concepto de salario, o reclamación entablada contra la Tesorería Insular, si el interesado se hallare en descubierto con El Pueblo de Puerto Rico, por deudas •atrasadas, y así consta en los libros del Contador, mientras no hubiere aquél arreglado sus cuentas con el Tesorero de Puerto Rico y satis-fecho a éste todas las cantidades de las cuales fuere responsable. . .
“En todos l'os casos en que la paga o salario de alguna persona, o una cantidad por reclamación reconocida como buena contra El Pueblo de Puerto Rico, se retuviere en cumplimiento de este artículo, deberá el Contador abonar a cuenta de la deuda 'o persona alcanzada la cantidad así retenida o la parte de ella que fuere necesaria para satisfacer o extinguir dicha deuda.”

Durante la vista no se presentó prueba alguna. Nuestra única fuente adecuada de información respecto a lo ocurrido en aquel entonces es la, “relación del caso, opinión y sen-tencia” dictadas por la corte inferior.

El juez de distrito, después de hacer una reseña de las varias defensas aducidas por el querellado, dice que las partes habían acordado que “estas cuestiones de derecho” fuesen resueltas con anterioridad a las de hecho. Para este fin, y como cuestión ordinaria de derecho, aceptó entonces como ciertas las alegaciones de la contestación al igual que las de la demanda. Los peticionarios ahora alegan que tan sólo fueron sometidas dos cuestiones de derecho, a saber, la relativa a la suficiencia de la demanda y la referente a la capacidad legal de los demandantes para demandar el remedio solicitado.

Podría asumirse que no era necesaria réplica alguna y que en ausencia de cualquier estipulación en contrario, el juez de distrito no debió haber asumido que las alegaciones de la contestación eran ciertas. Empero, las partes estaban en libertad para someter la suficiencia de los hechos aducidos en la contestación, sin la formalidad de presentar prueba ten-dente a establecer esos beebos, y esto, según el juez de distrito, es lo que ellos hicieron. En ausencia de cualquier estipula-ción escrita, de un pliego de excepciones, o de algo que en los autos indique que el juez de distrito estuviera equivocado, debemos aceptar como cierta su versión del convenio cele-brado por las partes.

También podría admitirse, tan sólo para los fines de la argumentación, que la corte de distrito cometió error al resolver que la demanda no aducía beebos suficientes para determinar una causa de acción, así como al decidir que el auto de mandamus no cae dentro de la reserva referente “al derecho de acción que en contrario pueda disponerse por la ley” contenida en el artículo 21 de la Carta Orgánica. Estos son los tínicos fundamentos de la apelación, especificados en el señalamiento de errores. El hecho de que el contratista adeudara dinero a El Pueblo de Puerto Pico por contribuciones vencidas ascendentes a una suma en exceso del saldo adeudádole de conformidad con el contrato, y el hecho de que el Contador por esta razón retuvo el pago de conformidad con la autoridad conferídale por el artículo 124 del Código Político, bastaban para justificar al juez de distrito a negarse a librar el auto de mandamus solicitado. A juzgar por la opinión del juez de distrito, tomada en su totalidad, parece razonablemente claro que éste fue uno de los fundamentos, si no el principal, en que se basó la sentencia declarando sin lugar la petición.

Los peticionarios no aducen, tal cual lo hizo el peticionario en el caso de Axtmayer v. Kessinger, 32 D.P.R. 915, las razones aducidas por el Contador para negarse a cumplir con el requirimiento héchole. La alegación hecha en este caso fue que los peticionarios en agosto 11, 1930, habían solicitado entrega del cheque, y el Contador, en carta fechada noviembre 12, 1930, sin justa causa para ello, se había negado a entregar el mismo. Es tin hecho significativo qne la fecha de esta negativa coincida con la fecha en qne el Contador remitió el cheque al Tesorero de Puerto Rico con el objeto de qne el importe del mismo fnese acreditado a la denda qne el contratista tenía con el Gobierno Instilar. Evidentemente, si los peticionarios hubiesen alegado qne el Contador había ba-sado sn negativa en la actuación así tomada en armonía con el artículo 124 del Código Político, y hubiesen tratado de contrarrestar esta explicación diciendo simplemente que la misma no era suficiente justificación o “justa causa”, aun entonces no hubiesen tenido derecho a que se expidiera una orden para mostrar causa por la cual un auto de mandamios no debía ser expedido. Si la aseveración de que el Contador “carecía de justa causa” no es insuficiente como una mera conclusión de derecho, ella vino a ser más o menos negatoria por la alegación ulterior de que los peticionarios habían ape-lado de la decisión del Contador y el G-obernador la había confirmado.

El mandamus es un auto extraordinario. Es ley familiar que el peticionario debe establecer un claro derecho legal para exigir el cumplimiento del acto que el querellado se ha negado a cumplir. Los peticionarios, después de alegar que la negativa del Contador estaba contenida en una carta fe-chada el 12 de noviembre de 1930, que ellos habían apelado de su decisión y que el Gobernador la había confirmado, de-bieron haber expuesto la razón aducida por el Contador para tal negativa, toda vez que, sin información alguna a este respecto, la corte no estaba en posición de determinar para sí misma si tal negativa carecía o no de “justa causa.” En ausencia de tal alegación, el juez de distrito hubiese estado justificado al denegar la solicitud sin exigir del querellado que mostrara causa por la cual no debía librarse un auto de mandamus.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Crédito y Ahorro Ponceño, Inc., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 875.

    Sometido: Noviembre 14, 1932.

      Resuelto: Noviembre 21, 1932.

      M. Marcos Morales, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El Crédito y Ahorro Ponceño, Inc., una corporación ban-caria, presentó dos instrumentos notariales para su inscrip-ción en el registro de la propiedad. Uno de ellos era una cesión de un crédito hipotecario, otorgada por el acreedor a favor del banco. El otro era una escritura de enajenación al banco de la propiedad hipotecada, y nna cancelación del crédito hipotecario cedido al banco y de otras hipotecas que ya éste tenía. Ambos instrumentos fneron inscritos con el defecto subsanable de no haberse acreditado que el banco hubiera archivado sus artículos de incorporación en la Secre-taría Ejecutiva de Puerto Pico. En ambos, un agente de-bidamente autorizado compareció “en nombre y representa-ción del Crédito &, Ahorro Ponceño, Inc., que es un banco constituido de acuerdo con las leyes de Puerto Rico e inscrito en la Secretaría del Ejecutivo de esta Isla, con oficina principal y domicilio en Ponce.” Esto, a nuestro juicio, bastaba para establecer el carácter corporativo del banco a fin de poder inscribir a sn nombre la propiedad qne adquirió.

Debe revocarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Andrés Quintana Reyes, acusado y apelante.
    No. 4355.

    Sometido: Mayo 26, 1931.

      Resuelto: Noviembre 21, 1932.

      Mamiel A. Martines Alvares j R. Días Gollaso, abogados del apelante; R. A. Games, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación ha sido interpuesta por Andrés Quintana Reyes contra la sentencia que lo condena a sufrir la pena de tres años de presidio con trabajos forzados como consecuencia del veredicto de culpabilidad rendido contra él por el jurado que conoció del juicio.

La acusación imputa al apelante que en el mes de octubre de 1929 ilegal, voluntaria y maliciosamente sustrajo, removió y ocultó de la secretaría de la Corte de Distrito de San Juan una moción titulada “Moción para que se requiera a los fiadores para la devolución y entrega del truck objeto de este litigio y pago de indemnización,” cuyo documento estaba depositado en dicha oficina pública para ser radicado en los autos del caso civil No. 1182 de Quintana & Borges v. Rafael Porras y Juana Martín, sobre cumplimiento de contrato y otros extremos. En la acusación también se expresa que dicho Andrés Quintana Reyes antes de la comisión del hecho que ahora se le imputa fué convicto en 8 de abril de 1908 por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico del delito de presentar para su pago, en una oficina de correos de los Estados Unidos, un giro postal falsificado, a sabiendas de que lo estaba, y condenado por dicho delito a la pena de dos años seis meses de presidio con trabajos forzados, cnya pena extinguió en la penitenciaría de San Jnan, Puerto Rico.

Uno de los motivos alegados por el apelante para sostener este recurso es qne la sentencia es contraria a la prueba y asimismo contraria a derecho. Para resolverlo tenemos qne hacer nn resumen de la evidencia que fué presentada en el juicio.

Resulta de la prueba del fiscal qne la sociedad civil agrí-cola Quintana & Borges, compuesta por Andrés Quintana Reyes y Juan S. Borges, presentó demanda jurada el 28 de marzo de 1926 en la Corte de Distrito de San Juan, que fué radicada con el No. 1182, contra Rafael Porras y Juana Martín para que se les condenase a cumplir un contrato por el cual vendieron a la sociedad demandante un autocamión de carga marca “Day Elder.” En esa demanda se alegó qne los demandados viven en concubinato bajo el mismo techo, que Rafael Porras se hizo pasar como dueño del autocamión y lo tenía en su garaje y qne el negocio fué en venta condi-cional. En ese pleito obtuvo la sociedad Quintana & Borges la entrega provisional del autocamión 'mediante fianza de $1,500 que prestaron Andrés Quintana Reyes y Enrique Rincón Plumey. En 29 de noviembre de 1926 fué presentada una demanda complementaria al solo fin de establecer que la sociedad Quintana & Borges fué disuelta en julio de ese año habiendo quedado encargado de su disolución el socio gestor y capitalista Andrés Quintana Reyes. La sentencia que en 5 de marzo de 1927 puso término al pleito declaró sin lugar la demanda, siendo uno de sus fundamentos que la prueba demostró que el autocamión es propiedad de Juana Martín, a cuyo nombre está inscrito en el Departamento del Interior, siendo el otro demandado Porras su administrador para los negocios -y arrendamiento de dicho vehículo, sin que se pro-base a satisfacción de la corte que los demandados viven en concubinato como marido y mujer. De esa sentencia apeló Quintana y Borges para ante este Tribunal Supremo pero después el pleito no fué encontrado en la corte de distrito y esa apelación fué desestimada. Posteriormente fueron re-construidos los autos del pleito a instancia del demandado Porras, quien presentó en la secretaría una moción para que se requiriese a los fiadores para la devolución y entrega del truck objeto del litigio, moción que es la que lia motivado esta causa criminal.

Presentó además el fiscal varios testigos. Rafael Burgos, contra quien puso el pleito la sociedad Quintana & Borges, se limitó a relatar la negociación habida entre él, Juan S. Borges y Andrés Quintana Reyes con respecto al autocamión marca “Day Elder” y nada dijo con referencia a que el apelante sustrajera, removiera u ocultara dicha moción. Luis Toro Cabañas es el abogado del testigo anterior en ese pleito y dijo que los autos se perdieron después de la sentencia, que fueron reconstruidos a instancia de su cliente, que pre-sentó después la moción a que se refiere esta causa criminal el 14 de octubre de 1929 y que dos o tres días después supo por la señora que hace las radicaciones que esa moción se había perdido, por lo que la hizo de nuevo; pero nada declaró con respecto a quien hiciera desaparecer la moción. Josefina Naranjo declaró ser empleada de la Corte de Distrito de San Juan y ser una de sus obligaciones radicar todas las mociones que se presenten en la secretaría; que radicó una moción para requerir a los fiadores a la devolución y entrega del truck a que se refiere el pleito; que le puso nota de radica-ción y su firma al final de ella, la colocó en la canasta que tiene en su escritorio y mandó a buscar el expediente al archivo para agregársela y darle cuenta al juez porque tenía que firmar una orden; que en la tarde de ese día llegó el acusado Quintana, vió la moción y dejándola dijo que no tenía importancia; que al siguiente día se la pidió otra vez para verla con más detenimiento y se sentó a leerla en un escritorio de la secretaría que está a la vista de la testigo; que ella se entretuvo después despachando su trabajo y no se ocupó más de la moción y que cuando el archivero le llevó por la tarde el expediente encontró que no estaba la moción, la que no le fué devuelta personalmente; qne con frecuencia se han extraviado expedientes allí y algunos aparecen des-pués de algún tiempo; qne después de las horas de oficina cualquier persona puede llevarse una moción sin necesidad de pedírsela; que allí no hay seguridad alguna y los expedientes están encima de la mesa y puede cualquiera coger un papel y llevárselo; que ninguna otra persona le pidió la moción; que se han dado casos de que alguna persona interesada se lleve un documento equivocadamente y lo devuelva después ; que esa moción no apareció y fué reconstruida. José Otero, portero y archivero auxiliar de la corte, declaró que ha visto muchas veces al acusado en la secretaría de la corte, casi siempre en las primeras horas laborables de la oficina; que un día le dijo Quintana que le mostrara la moción y el testigo haló la gaveta derecha del escritorio y la buscó sin encon-trarla y le dijo: “Mire a ver si la Sra. Naranjo la tiene en su canasta” y fué y la buscó y entonces lo vió sentado leyendo la moción; no vió cuando él se levantó de donde estaba leyén-dola; fué buscada sin que apareciera; que otras veces se han desaparecido mociones y han sido reproducidas. Sixto Sal-daña, otro de los testigos del fiscal, en nada se refirió a la comisión del hecho perseguido en este proceso pues se limitó a identificar la hoja histórico penal del apelante por el delito anterior en la que consta su retrato y circunstancias perso-nales, cuya hoja original fué presentada por el fiscal como evidencia. Tal es toda la prueba del fiscal.

No relacionaremos la prueba presentada por la defensa porque nada resulta de ella que tienda a probar la culpa-bilidad del apelante.

No hubo prueba alguna directa del fiscal respecto a que el apelante sustrajo, removió y ocultó la moción a que se refiere la acusación. No vamos a hacer un nuevo resumen de esa prueba pero sí diremos que lo más que resulta de ella es que siendo el apelante uno de los fiadores para que fuese entre-gado provisionalmente el autocamión en litigio a la deman-dante, solicitó en la secretaría de la corte y le fué entregada para leerla la moción a que venimos refiriéndonos, sentándose con tal fin en un escritorio que estaba a la vista de los em-pleados de la corte; que no la devolvió personalmente a la empleada que se la entregó y que en la tarde de ese día no fué encontrada la moción, la que fué reproducida después.

Esa prueba es circunstancial. Con respecto a esta clase de prueba ba declarado este tribunal, citando a Greenleaf, vol. 1, see. 34, que cuando se trata de probar una acusación criminal por medio de evidencia circunstancial, la prueba debe ser no sólo compatible con la culpabilidad sino incompatible con cualquiera otra conclusión racional. El Pueblo v. Neváres, 10 D.P.B. 102. En el presente caso la prueba circuns-tancial es de tal naturaleza que no excluye la conclusión de que no fuera el apelante el que sustrajera dicha moción, pues racionalmente permite llegar a la de que la pusiera en la canasta en que antes estaba y que después se haya extraviado como con frecuencia se han extraviado mociones y pleitos en dicha corte, tanto más cuanto que la extracción de tal moción no reportaba beneficio ninguno al apelante porque podía ser reproducida como lo fué a los pocos días, circunstancia que el apelante debía conocer por ser un agente judicial y por haber sido reconstruido antes el mismo pleito. Entendemos que esa prueba no es suficiente para sostener una sentencia con-denatoria.

La sentencia apelada debe ser revocada y absolverse al acusado.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    María Dueño Vda. de García, demandante y apelada, v. Eva, Elíseo y Rafael Angel Mangual Santana, demandados y apelantes.
    No. 5807.

    Sometido: Junio 16, 1932.

      Resuelto: Noviembre 22, 1932.

      González Fagundo & González Jr., abogados de los; apelantes; Arturo Aponte, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Da. Aurelia Santana viuda de Mangual reconoció en un pagaré ser deudora a la demandante de cierta cantidad de dinero y pocos meses después de ocurrir su fallecimiento fueron demandados sus tres hijos y únicos herederos, me-nores de edad, para que pagasen esa deuda. Los deman-dados alegaron como defensa que la herencia de su madre fuá aceptada a beneficio de inventario por su tutor. En el juicio se probó que el tutor de dichos menores hizo un inven-tario de los bienes relictos por la causante de ellos y no se presentó evidencia de que obtuviera autorización judicial para aceptar esa herencia sin beneficio de inventario. La sentencia dictada en el pleito se limitó a condenar a los demandados al pago de la cantidad reclamada y contra ella interpusieron los demandados este recurso de apelación porque no declara qne sólo son responsables de esa denda con los bienes que heredaron-de la madre, citando como infringidos los artículos 959 en relación con el 282 apartado décimo y 989, todos del Código Civil Bevisado.

El artículo 959 dispone que la herencia dejada a los menores de edad podrá ser aceptada a tenor de lo dispuesto en el apartado décimo del artículo 282 y que si la aceptara por sí el tutor, la aceptación se entenderá hecha a beneficio de inventario. El artículo 282 y su párrafo 10 declara que el tutor necesitá autorización judicial de la corte de distrito competente para aceptar sin beneficio de inventario cualquiera herencia; y el 989 que el beneficio de inventario produce en favor del heredero los siguientes efectos: que no queda obligado a pagar las deudas y demás cargas de la herencia sino hasta donde alcancen los bienes de la misma: que conserva contra el caudal hereditario todos los derechos y acciones que tuviera contra el difunto; y que no se confundan para ningún efecto, en daño del heredero, sus bienes particulares con los que pertenezcan a la herencia.

Como no hubo prueba de que al tutor de los menores apelantes se le concediera autorización judicial para aceptar sin beneficio de inventario en nombre de sus pupilos la herencia que lés dejó su madre Da. Aurelia Santana viuda de Mangual, la conclusión necesaria de acuerdo con los preceptos legales citados es que la aceptación de la herencia por el tutor se entiende hecha a beneficio de inventario y, por consiguiente, que los apelantes sólo están obligados a pagar la deuda reclamada hasta donde alcancen los bienes que heredaron de su madre. Así debió declararlo la corte inferior al dictar su sentencia condenatoria, sosteniendo la defensa que alegaron y probaron los demandados, y al no hacerlo infringió los mencionados preceptos del Código Civil.

No sabemos los motivos que tuvo la corte sentencia-dora para pronunciar su sentencia en la forma que lo hizo pero la demandante apelada dice que no debe ser modificada porque cuando se embarguen bienes para cumplirla es que mediante tercería de dominio surgirá la cuestión de si los demandados sólo son responsables con los bienes heredados de la madre; fundándose en la sentencia del Tribunal Supremo de España, tomo 81 de la Jurisprudencia Civil, página 1007.

No estamos conformes con la proposición de la apelada, pues al reclamar la demandante el pago de la deuda contraída por la causante de los demandados surgió propiamente la cuestión de que sus herederos sólo responden de ella con los bienes heredados de su madre por haber sido aceptada su herencia a beneficio de inventario. En cuanto a la sentencia citada declara que “si por una deuda hereditaria se embar-garan bienes privativos del heredero, puede éste impugnar el embargo utilizando la tercería de dominio, que es el recurso adecuado para mantener su derecho, igual en tal caso al de todo tercerista, por consistir en que los bienes propios no responden al pago de las deudas ajenas”; pero esa sentencia no es aplicable al caso presente porque fué dictada en un I procedimiento permitido por la ley de enjuiciamiento espa-ñola, en el que sin demanda y por la sola petición de los procuradores que representaron a sus deudores se embar-garon bienes de los herederos, no teniendo éstos, por tanto, otro recurso para mantener sus derechos en defensa de los bienes embargados que la tercería de dominio, mientras que en el caso que resolvemos existe una demanda y su contesta-ción alegando la expresada defensa.

La sentencia apelada debe ser modificada en el sentido de declarar que los demandados son responsables de la deuda de su madre Da. Aurelia Santana viuda de Mangual hasta donde alcancen los bienes que heredaron de ella. Así modi-ficada debe ser confirmada.


text:
    Santiago E. Roble, asistido de su esposa Doña Josefa Hilera Mora, y Juan B. García Méndez, peticionarios y apelantes, v. Cipriana Pellot, opositora y apelada.
    No. 5535.

    Sometido: Junio 19, 1931.

      Resuelto: Noviembre 22, 1932.

      J. B. Garda Méndez, abogado de los apelantes; A. Miramda, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Santiago R. Roble compró en octubre de 1927 el solar objeto de este recurso en la subasta pública que el colector de rentas internas de Aguadilla verificó para cobrar las con-tribuciones que por el mismo debía Cipriana Pellot. El colector notificó esa venta a Cipriana Pellot y entregó certi-ficado de la compra a Santiago R. Eoble. Este vendió después al abogado Juan B. García Méndez un condominio en el solar y a los dos meses de haber transcurrido el año que la ley concedía a Cipriana Pellot para redimir el solar sin que lo hiciera, Roble y G-areía Méndez promovieron ante la Corte de Distrito de Aguadilla nn expediente para justificar el dominio de ese solar alegando qne entre ellos y los anteriores posee-dores, Cipriana Pellot, Epifania Dnprey Reina, Celestina Reina y Jnan Cantalicio Reina, han transcurrido más de treinta años de posesión en concepto de dnéños pública, pací-ficamente y sin interrupción y qne carecen de título escrito inscribible. Se opuso Cipriana Pellot a la solicitud de los peticionarios alegando entre otras cosas que es ella la que está poseyendo el solar, y practicadas las pruebas la corte de distrito declaró sin lugar la solicitud de referencia fun-dándose en qne los peticionarios no tienen la posesión material de la finca. Contra esa sentencia fue interpuesta esta, apelación.

La cuestión a resolver es si Roble y García Méndez están poseyendo el solar que el primero compró en la subasta, pues-si están poseyéndolo, entonces, la prueba es clara de que' uniendo a su posesión el tiempo que han poseído las personas, nombradas al principio ha transcurrido el término requerido-por la ley y los requisitos por ella exigidos para que se-declare que tienen un título de dominio del solar por pres-cripción extraordinaria de treinta años. De la prueba tam-bién resulta que Roble y García Méndez tienen el título de la finca por la compra qne el primero hizo y por el condo-minio que el segundo adquirió; que ellos no han realizado acto alguno de posesión material del solar y que después de la venta hecha por el colector ha continuado Cipriana Pellot viviendo en el solar, no en nombre de los apelantes sino como antes lo hacía, en una-casita qne en él hay.

Para que en nn expediente o información de dominio tramitado de acuerdo con el artículo 395 de la Ley Hipotecaria pueda declararse justificado el dominio de un inmueble por prescripción de treinta años, como se interesa en este caso, es necesario probar qne se ha tenido la posesión por dicho tiempo en concepto de dueño, pública, pacíficamente y sin interrupción, pudiendo el poseedor actual unir al suyo el de su causante. Artículos 1859 y 1860 del Código Civil, edición del año 1930.

En esa clase de expediente ló que se declara es el dominio por posesión, no si el que lo promueve tiene derecho a la posesión por.tener título a la finca, y por lo tanto tiene que acreditarse la posesión como hecho y no como derecho a ella. Por esto es necesaria la posesión material del inmueble.

El documento público de venta equivale a la entrega de la cosa objeto del contrato si de la misma escritura no resultare o se dedujere lo contrario, según el artículo 1351 del mismo código, pero esa entrega simbólica no da la posesión material requerida para que se declare justificado un título de dominio por prescripción. En el caso de Martínez v. Colón, 35 D.P.R. 754, se trataba de un expediente de dominio en el que la promovente compró por escritura pública y esta corte declaró correcta la manifestación de la corte inferior de que para obtener un título de dominio la peticionaria debió demostrar una posesión material; y también dijimos “Antes de radicarse una reclamación para un título de dominio el peticionario debe tener la posesión material.” En el caso de García v. Altuna, 17 D.P.R. 459, que fue un pleito de reivindicación, aunque el demandante tenía un título de dominio inscrito en el registro por un expediente de dominio, se declaró que no tenía derecho a reivindicar la finca objeto del pleito porque no estaba en la posesión material del terreno que reclamaba como suyo y que por el contrario la tenían los demandados por más de treinta años. También en el caso de Pérez v. Colom, 40 D.P.R. 401, se dijo con referencia al artículo 1365 del Código Civil, que es el 1351 de la edición de 1930, que cuando se trataba de prescripción una entrega simbólica es insuficiente.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe confirmarse.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.