text:
    Roberto H. Todd, José Portilla, Rafael M. Pietrantoni, Eduardo G. González, Joaquín S. Ledesma, Luis Colón y Rafael Lamadrid, demandantes y apelantes, v. Hon. Benjamin J. Horton, Procurador General de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 6668.

    Sometido: Enero 14, 1937.

      Resuelto: Abril 15, 1937.

      Miguel Guerra-Mondragón, abogado de los apelantes; TIon. Procu-rador General B. Fernández García, B. Corclovés Arana, Procu-rador General Attxiliar, Emilio de Aldrey y T. Torres Pérez, Subprocuradores, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Roberto H. Todd, José Portilla, Rafael M. Pietrantoni, Eduardo G. González, Joaquín S. Ledesma, Luis Colón y Rafael Lamadrid comparecieron ante la Corte de Distrito de San Juan el 13 de diciembre de 1933 y le pidieron que orde-nara la expedición de un auto de mcmdamus contra Benjamin J. Horton, entonces Procurador General de Puerto Rico, basándose en los siguientes hechos:

“3. — Con fecha 19 de octubre de 1933 solicitaron del demandado aludido firmase una solicitud dirigida a la Corte de Distrito de San 'Juan para que ésta autorizase a su vez la presentación de una pe-tición de quo warranto contra Jesús Benitez Castaño, Rafael Rivera Zayas, Eduardo R. González, Gabriel de la Haba, Ramón Ramos Casellas y Germánico S. Belaval encaminada a impugnar la validez y legalidad de los cargos que el primero ocupa, de Admi-nistrador de la Capital, y, de Comisionados, los demás. Dichas so-licitud y petición se acompañan a la presente, como ‘exhibit A’, para que formen parte integrante de' la misma.
”4. — Con fecba 28 de octubre de 1933 el demandado dirigió a los peticionarios, por conducto de los abogados que suscriben, una comunicación oficial, que se acompaña a esta petición como ‘exhibit B’ para que forme parte integrante de la misma, negándose a darle curso oficial a la petición de quo warranto mencionada por las ra-zones que en dicha negativa con más particularidad aparecen.
“5. — El demandado Benjamín J. Horton, en su carácter de Pro-curador General de Puerto Rico, tenía y tiene el deber ineludible de firmar, presentar y someter a la Corte de Distrito de San Juan la ameritada solicitud de vuestros peticionarios interesando la co-rrespondiente autorización para que dicha Corte permitiera entablar la petición de quo warranto mencionada, ya que dicha petición, así como los documentos que la acompañaban, estaban, como están, re-dactados y presentados en la forma legal debida.
“6. — El demandado no tiene facultad discrecional alguna para negarse, como se ha negado, a firmar y someter a la Corte de Dis-trito de San Juan la mencionada solicitud de quo warranto alegada en el párrafo o apartado 3 de esta petición de mandamus.
“7. — El demandado Benjamín J. Horton, al negarse a tramitar y darle curso a la petición de quo warranto aludida, ha ocasionado a vuestros peticionarios daños y perjuicios en la suma de $11,000.00 que se descomponen así: a Roberto H. Todd, $5,000.00; y a cada uno de los peticionarios restantes, $1,000.00.
“8. — Los peticionarios carecen de todo otro recurso adecuado, rá-pido y eficaz, en el curso ordinario de la ley, que no sea éste de mandamus para obtener el remedio que más adelante se solicita.”

Ordenó la corte que compareciera el demandado el 26 de diciembre de 1933, a mostrar cansa, si alguna tuviese,. para que no se expidiera el auto solicitado.

Oyó la corte en efecto a ambas partes en el día señalado. Las razones que expuso el Procurador General para explicar su actitud fueron que a su juicio la ley que trataban de impugnar los peticionarios era constitucional y que tratán-dose como se trataba de una cuestión de interés público, su discreción para autorizar o no el auto de quo warrcmto era absoluta.

El 7 de febrero de 1934 la corte negó la expedición del auto. Apelaron los peticionarios. En abril 9 siguiente radi-caron la transcripción. Solicitaron nueve prórrogas .de treinta días cada una para presentar sn alegato. Venció la última en febrero 8, 1935, sin que el alegato se archivara y la corte fijó en marzo 21 la audiencia del 8 de abril para que expusieran las razones que tuviesen para que no se deses-timara su apelación por abandono. En dicho día las partes estipularon que los apelantes tuvieran hasta el once para presentar su alegato y la corte aprobó la estipulación. No se presentó el alegato y otra vez se citó a los apelantes para mostrar causa para no desestimar por abandono el recurso. En el día señalado, junio 17, 1935, el apelado se unió a los apelantes para pedir-que no se desestimara el recurso por haber finalmente archivado dichos apelantes su alegato el día anterior. La corte accedió y el caso permaneció en el calendario, celebrándose su vista después de varias suspen-siones el 14 de enero de 1937.

El alegato- de los apelantes sólo contiene siete páginas en maquinilla. Señala dos errores cometidos a su juicio por la corte sentenciadora al declarar que la discreción del Pro-curador General era absoluta y al decidir que los apelantes carecían de derechos individuales para instar el quo war ramio.

Argumentando su primer señalamiento de error invocan los apelantes la sección 2 de la ley de quo warranto de 1902, citan las decisiones de esta Corte Suprema en Pueblo v. Oliveras, 33 D.P.R. 743; Pueblo v. López, 29 D.P.R. 810; Cupril v. Parra, 33 D.P.R. 757; Barrera et al. v. Corte, 10 D.P.R. 190, y Ex rel. Pérez v. Manescáu, 33 D.P.R. 739, 742, y las de People v. Healy, 231 Ill. 629 y People v. Crowe, 327 Ill. 106, de la Corte Suprema de Illinois.

La ley invocada, que es en verdad la aplicable, en lo pertinente dice: “Cuando alguna persona usurpare o ilegal-mente ejerciere o desempeñare funciones de algún cargo pú-blico. ... el Fiscal General o cualquier fiscal de la respectiva corte de distrito, ya obrando por su propia iniciativa, ya a instancia de otra persona, podrá presentar a la corte de dis-trito que tenga jurisdicción en el asunto, una solicitud de que se abra una información de la naturaleza del ‘quo warranto1 a nombre de El Pueblo de Puerto Eico. ...” See. 779 de los Estatutos Revisados de Puerto Rico de 1902, p. 305: Art. 641 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, p. 264.

Y las decisiones de esta corte que se citan resuelven “que los funcionarios municipales son empleados o funcionarios públicos y contra ellos cabe ejercitar procedimientos de quo warranto”: Barrera et al. v. Corte, supra; que “cuando se trata de si un miembro del concejo de administración elegido por la asamblea municipal debe cesar o no por estar incapa-citado para desempeñar dicho cargo, el procedimiento ade-cuado es el quo warranto”: Pueblo v. López, supra; que “cuando un funcionario público municipal ha cometido o permitido alguna acción que de acuerdo con las disposiciones de la ley envuelva la pérdida de su cargo, procede el quo warranto”: Ex rel. Pérez v. Manescáu, supra; que “el Attorney General de Puerto Rico tiene capacidad para de-mandar en procedimiento de quo warranto la destitución de un alcalde que usurpe el cargo”: Pueblo v. Oliveras, supra, y que “un funcionario no puede sostener una demanda en equidad para impedir su separación y el nombramiento de su sucesor. Si su sucesor ha sido nombrado, su remedio es el quo warranto”: Cupril v. Parra, supra.

Estamos conformes con los apelantes en que de acuerdo con esa ley y esas decisiones su caso cae dentro del proce-dimiento de quo warranto-, pero no es ésa la cuestión envuelta en el mcmdamus. Lo que aquí debe estudiarse y resolverse es si habiéndose negado el Procurador General a autorizar el quo warranto> puede y debe ordenársele que lo autorice.

Es a ese respecto que los apelantes citan los casos de People v. Healy, supra, y People v. Crowe, supra, ambos de Illinois, Estado en el cual el precepto legal que autoriza el quo warranto en relación con cargos públicos es igual al de Puerto Rico.

En el primero de dichos casos se decidió:

“Un procurador del estado no tiene discreción arbitraria e ilimi-tada para presentar o negarse a presentar una información de la na-turaleza de un quo warranto a solicitud de una persona que tenga un derecho personal protegido por ese procedimiento; y si una persona que tuviere un agravio personal o privado, para el cual el procedi-miento fuese el único remedio, presenta una solicitud en forma al procurador, con prueba de los hechos necesarios para establecer su derecho, el procurador debe solicitar permiso para presentar la infor-mación, y, si se negase a ello, puede ser obligado por medio de mandamus.” 83 N. E. 453.

Y en el segundo:

“Cuando un individuo que tiene un derecho privado exigible a tenor de las disposiciones de la ley de quo warranto, presenta una pe-tición para radicar una información de la naturaleza del quo warranto al Procurador del estado para su firma, es el deber de éste, si la pe-tición está en debida forma y el affidavit de méritos que la acom-paña es prima facie suficiente, firmar la petición y presentarla a la corte, y puede compelérsele a ello mediante mandamus.” 158 N. E. 451.

Al actuar la corte sentenciadora tuvo en cuenta la doc-trina que enuncian dichos casos y negó el mmudamns porque estimó que el interés público envuelto era.predominante. Dijo, con' razón, a nuestro juicio:

“Procede entonces que determinemos si la petición de quo warranto en este caso sometida al Procurador General, está inspi-rada en un derecho individual o particular de los demandantes o si por el contrario comprende una cuestión de interés público.
“No se trata aquí del caso corriente de quo warranto en que un individuo alega que otro le ha privado de y ocupa ilegalmente un cargo existente al tiempo de presentarse la petición. Se solicita que los peticionarios sean repuestos en cargos que dejaron de existir hace tres años, para cuya reposición habría que declarar previamente anticonstitucional la. ley creadora de los cargos ocupados por los ac-tuales incumbentes. Para que los peticionarios pudítesen ser re-puestos en los cargos a que alegan tener derecho, será necesario, como antes hemos indicado, declarar anticonstitucional y pór con-siguiente nula ab initio, la ley núm. 99 de 1931 (pág¡ 627), por la que se creó la corporación pública denominada ‘Capital de Puerto Rico.’ Tal declaración llevaría consigo la nulidad de todas las ac-tuaciones del Gobierno Municipal de la Capital de la Isla durante los tres últimos años, toda vez que los actuales incumbentes no po-drían ser considerados ni siquiera como funcionarios de facto, pues para que exista el funcionario de facto, es indispensable que exista un cargo (office) de jure. En otras palabras, para que pueda exis-tir el funcionario de facto es indispensable que la ley creando el cargo sea constitucional. Véase 22 R. C L. 590; 1 Bouvier’s Law Dictionary (3rd. Ed.) 762; Dillon Municipal Corporation, see. 276, y último párrafo de la nota que se baila en 21 L. R. A. 141.
“Bastaría considerar los graves trastornos que al público oca-sionaría declarar anticonstitucional la Ley núm. 99 de 1931, para llegar a la irresistible conclusión de que la cuestión levantada por los demandantes es de un interés público de tal magnitud que hace que la discreción del Procurador General para autorizar o no la presentación del quo warranto sea absoluta o arbitraria, y no pro-ceda el auto de mandamus, a pesar de los derechos individuales que puedan tener los peticionarios. Pero a mayor abundamiento y por creerlo muy pertinente al caso de autos, tomemos de la Corte Su-prema de Iowa lo siguiente:
“ ‘Pero en cuestiones de interés público en que el pueblo se ha or-ganizado de conformidad con las disposiciones de la ley en cuerpos municipales corrientes y año tras ano ha recaudado contribuciones, hecho mejoras y ejercido sus franquicias corrientes, sus derechos son propiamente considerados como que dependen tanto de la aquies-cencia como de la regularidad de su origen y no puede permitirse que una investigación ex post facto destruya su existencia corpo-rativa. Irrespectivamente de cuáles sean los derechos de los indi-viduos con anterioridad a tal aquiescencia general, el status cor-porativo de la comunidad no puede por más tiempo estar sujeto a impugnación. El caso cita el de Rumsey v. People, 19 N. Y. 41, y el de Lanning v. Carpenter, 20 N. Y. 447. El Sr. Cooley, en su obra sobre limitaciones constitucionales (pág. 312, cuarta ed.) dice: “En aquellos procedimientos en que surge eolateralmente la cues-tión de si existe o no una corporación; las cortes no permitirán que su naturaleza corporativa sea impugnada, si aparece que ella ha estado actuando de conformidad con la ley y ha sido reconocida por el estado como tal.... Y entendemos que la regla no sería dis-tinta si la Constitución misma prescribiera la forma de hacer la incorporación. Aun en ese caso, prueba de que la corporación ac-tuaba como tal, por acción .legislativa, sería suficiente prueba del de-recho, excepto contra el estado, y las personas particulares no podrían entrar a disentir ninguna cuestión de regularidad. Y el estado mismo podría justamente ser excluido, bajo el principio de estoppel, de plan-tear tal objeción, cuando ha habido una aquiescencia y reconocimiento por largo tiempo.” Éste, es cierto, es un procedimiento directo inter-puesto por el estado. Y si bien el lenguaje usado se aplica en parte a procedimientos colaterales, parece también incluir acciones inter-puestas directamente por el estado.’ ” State ex rel, West v. Des Moines, 31 L. R. A. 186, 192.

Véase el caso de Santiago v. Feuille, Fiscal General, 10 D.P.R. 432, 438, resuelto por esta Corte Suprema desde el año 1906.

Como sabemos, la sentencia de la corte de distrito- se dictó en febrero de 1934. Tres años más han transcurrido. Los trastornos que pudiera ocasionar la expedición del auto serían boy aun mayores, y la dilación se debe a los propios apelantes.

Quizá sea conveniente agregar que aunque en su alegato no discuten los apelantes los méritos del quo warranto, hemos leído la documentación presentada al Procurador General y a la corte de distrito para basar la petición y no nos sentimos impresionados en el sentido de que resulte claro que la ley creadora del Gobierno de la Capital sea anticonstitucional.

Debe -declararse sm Tm-gar el recurso y confirmarse la- sen-tencia ■apelada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison

license: Public Domain

text:
    Joaquín Fernández Velázquez, demandante y apelado, v. Pedro Orcasitas Muñoz, demandado y apelante.
    Núm. 7008.

    Sometido: Abril 23, 1936.

      Resuelto: Abril 15, 1937.

      González Fagimdo & González, Jr., abogados del apelante; E. Ontrón Lastra, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El demandado apeló para ante la corte de distrito de una sentencia dictada a instancias suyas por una corte municipal luego de haber declarado sin lugar una excepción previa de falta de hechos para determinar una causa de acción. EE juez de distrito también desestimó la excepción previa. El demandado solicitó permiso para presentar una contestación.. Se le denegó. Entonces de conformidad con los artículos 139' y 140 del Código de Enjuiciamiento Civil solicitó permiso para eontéstar. La corte de distrito desestimó esta moción y dictó sentencia a favor del demandante.

El juicio que se celebra en la corte de distrito cuando se apela de una corte- municipal es de novo. Nos inclinamos a convenir con el apelante en que él no perdió el derecho a contestar al solicitar la sentencia sobre las alegaciones en la corte municipal. La corte dé distrito debió haber procedido al igual que lo hubiera hecho en un recurso debidamente iniciado ante ella. Carreras v. Corte, 48 D.P.R. 972; González v. Malgor, Luiña & Co., 29 D.P.R. 105; Matos Hnos. & Co. v. Ortiz, 19 D.P.R. 77, 79; Fradera v. Morales, 19 D. P.R. 1122; Gelabert Hnos. v. Córdova, 17 D.P.R. 1200; Hernández v. Corte, 17 D.P.R. 454.

La cuestión a resolver es si la negativa de permitir que se radique una contestación al solicitarse oportunamente luego de declararse sin lugar una excepción previa es nn ■error qne da lugar a la revocación. La concesión o negativa de tal solicitud es cuestión que descansa en gran parte en la discreción de la corte sentenciadora. La regla es que debe concederse permiso para contestar en los términos que la corte considera justos a menos que se desprenda que la excep-ción era claramente frívola. Morales v. Iglesias Silva, 49 D.P.R. 235. Esto nos lleva a la cuestión de si en el presente caso la excepción previa era claramente frívola.

El recurso fué interpuesto para establecer el derecho de hogar seguro. La propiedad había sido anunciada para la subasta en un procedimiento ejecutivo sumario, mas nó se había vendido aún. La teoría de la excepción fué que el recurso era prematuro. El caso de Veve v. Keith, 49 D.P.R. 185, no había sido aún resuelto al momento que se dictó la resolución en el presente caso. Podría admitirse que tanto la corte municipal como la de distrito estuvieron en lo cierto al desestimar la excepción previa. De ello no se deduce que la excepción fuera frívola. Aparentemente fué interpuesta de buena fe y no meramente como un recurso dilatorio. Nuestra conclusión es que al demandado debió habérsele per-mitido radicar su contestación.

La sentencia apelada debe ser revocada y devolverse el oaso para ulteriores procedimientos -no inconsistentes con esta opinión.


text:
    Alfonso E. Arana, peticionario y apelante, v. Manuel A. del Valle, Rafael A. González, Pedro A. Castro, David Ramírez y Amador Jiménez, en su carácter de miembros de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, demandados y apelados.
    Núm. 7114.

    Sometido: Febrero 21, 1936.

      Resuelto: Abril 20, 1937.

      Abelardo Casanova Prats, abogado del apelante; Hon. Procurador General B. Fernández García y T. Torres Pérez, abogados de los ape-lados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento de mcmdamus encaminado a obligar a la Jnnta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agri-mensores a expedir una licencia para practicar la ingeniería civil, la corte de distrito annló un auto alternativo previa-mente librado y declaró sin lugar la petición.

La última actuación de la Junta Labia sido la expedición de una licencia como agrimensor e ingeniero de caminos, canales y puertos.

La corte de distrito resolvió que la experiencia de Arana, tal como surgía de su solicitud para que se le expidiera licen-cia y de su declaración jurada en relación con la misma, no le daba derecho a una licencia de ingeniero civil. La esencia de la declaración jurada de Arana se expone por el juez de distrito de la manera siguiente:

“En la declaración de Alfonso E. Arana, jurada ante el notario A. Casanova Prats, el 17 de enero de 1928, único documento pre-sentado en este juicio acerca del ejercicio de la profesión de inge-niero civil por el solicitante y que sometió a la consideración de la junta, manifiesta que es de 24 años de edad, y que desde el 5 de septiembre de 1923, o sea a les 20 años, venía ejerciendo la profe-sión de ingeniero civil, siendo su instrucción, preparación y expe-riencia, la de haber cursado estudios desde 1920 a 1923 en el Colegio de Agricultura e Ingeniería de Mayagüez, hasta el segundo año de la carrera, y desde 1923 a 17 de enero de 1928, en las Escuelas Inter-nacionales de Scranton, Pa., sin terminar dichos estudios.
“En cuanto a la experiencia y trabajo realizado aparece'de la declaración que el peticionario desde el 5 de septiembre de 1923 hasta el 17 de enero de 1928 fué un empleado en el Departamento de Co-mercio de los Estados Unidos, en el Servicio de Paros, y que realizó trabajos consistentes en estudios, presupuestos, construcción y prepa-ración en el noveno distrito de faros de Estados Unidos, realizándose obras bajo su dirección y supervisión consistentes en un muelle marginal, reserva de faros; una carretera de hormigón en el faro de Bor nquen, la instalación de un faro automático en la isla de Navassa; reparaciones de los faros de Maunabo y Cabo Rojo, de las carreteras de los mismos, y el muelle de Guantanamo, Cuba; y alteración de la casa del Superintendente. Hallándose en uso de licencia en 1924, manifiesta que fué director técnico de las obras de construcción de un puente sobre el Río Boca Prieta, de Humacao.”

El puente tenía cuarenta metros de largo. La impor-tancia del otro trabajo realizado aparece de la siguiente decla-ración detallada relativa al costo:

“Relación de ExpeRiencia
‘ 1 Tiempo : Desde, Hasta: Obras realizadas en el servicio de Paros desde Sept. 1923, hasta el presente, bajo mi dirección y supervisión.
“Por quién empleado: Bureau of Lighthouse. Clase de trabajo. Detallado: 1. — Muelle marginal, reserva faros, $100,000. 2. — Carre-tera hormigón, faro de Borinquen, $11,000. 3. — Instalación faro au-tomático, Navassa Is., $11,000. 4. — Reparación faro Maunabo, $6,000. 5. — Reparación faro Cabo Rojo, $6,000. 6. — Carretera faro Manatí, $30,000. 7. — Carretera faro Cabo Rojo, $3,000. 8. — Muelle repara-ción de Guantánamo, Cuba, $3,000. 9. — Alteración casa superinten-dente, $6,000. Reparación y construcción en el distrito con presu-puesto anual de $20,000.00.”

Es indudable que todos estos trabajos constituían pro-yectos de ingeniería. Fueron presentados como prueba de lo que Arana había hecho en su carácter de ingeniero. En vista de su declaración jurada al efecto de que él había reali-zado este trabajo como ingeniero, el peso de la prueba recaía sobre la Junta para demostrar que el mismo no. había sido planeado, diseñado y ejecutado por él como ingeniero, asu-miendo que así fuese. Serra v. Junta, 43 D.P.R. 759; Llovet v. Junta, 40 D.P.R. 583; Arán v. Junta, 40 D.P.R. 589; González v. Junta, 40 D.P.R. 591; Flores v. Junta, 40 D.P.R. 592; Isern v. Junta, 45 D.P.R. 582.

La expedición de una licencia como ingeniero de caminos, canales y puertos constituía en efecto una admisión de que el trabajo había sido realizado por Arana como ingeniero. Echando a un lado por el momento otros aspectos del caso, la única cuestión ante la corte de distrito fué al efecto de si la junta no debió haber expedido una licencia de ingeniero civil en lugar de una licencia de agrimensor e ingeniero de caminos, canales y puertos.

Los artículos 9 y 10 de la Ley núm. 31, aprobada en abril 26, 1927 (Leyes de ese año, págs. 183, 187), disponen lo siguiente:

“Sección 9. — En cualquier tiempo dentro de los seis meses sub-siguientes a la fecha en que esta Ley empiece a regir, la Junta expe-dirá una licencia para el ejercicio de la profesión de ingeniero, ar-quitecto o agrimensor a cualquier persona que, una vez satisfechos los derechos que más adelante se estipulan:
“ (a) Haya terminado el curso de ingeniero, arquitecto o agrimen-sor en una escuela o universidad; o
“ (b) Haya estado en el ejercicio de la profesión de ingeniero, arquitecto o agrimensor por no menos de tres años con anterioridad a la fecha de la aprobación de esta ley.
“A menos que exista prueba en contrario, la Junta aceptará como evidencia satisfactoria la declaración jurada, expresada en la soli-citud, de que el solicitante ha ejercido la profesión de ingeniero, ar-quitecto o agrimensor por un período de tres años.
“Sección 10. — La Junta expedirá las licencias indicando en ellas la rama de ingeniería para la cual la persona a quien le haya sido expedida esté autorizada a ejercer, como ingeniero civil, mecánico, electricista., etc.; Disponiéndose, que cualquiera persona que haya recibido un certificado autorizándole a ejercer la profesión de inge-niero civil, podrá a la vez ejercer como agrimensor.”

De Nelsom’s Encyclopedia, Vol. 4, pág. 405, tomamos el siguiente extracto:

“Ingeniería, Civil, término que se usaba originalmente para abar-car toda la práctica de ingeniería que no estaba incluida bajo el encabezamiento de ingeniería militar, pero ’ que está ahora limitado a la preparación de planos y a la construcción de estructuras fijas de carácter utilitario, a distinción de estructuras o máquinas movi-bles, que están dentro dél campo del ingeniero mecánico, y de es-tructuras esencialmente decorativas, que son campo del arquitecto. Sus principales aplicaciones o campos de actividad son: (a) Ase-gurar el terreno contra fuerzas naturales, por medio de muros de contención, alcantarillado, trabajos de protección contra inundacio-nes, malecones, rompeolas, revestimientos de riberas, adoquinados, etc.; (5) la construcción de vías de comunicación, ya sean carrete-ras, ferrocarriles, canales, dragados, faros, túneles y puentes; (c) abastecimiento de agua a la zona urbana, mediante la construcción de pozos, represas, grandes estanques, acueductos, filtros, etc.; (d) alcantarillado para la zona urbana mediante cañería, filtros de des-agüe y tanques purificadores, hornos, crematorios, etc.; y (e) cons-trucción de edificios, plataformas, desembarcaderos y muelles. In-cluye también la mensura del terreno mediante la agrimensura (q.v.) que también es requerida en casi todo proyecto de ingeniería civil.
“Con anterioridad al siglo XIX, prácticamente toda obra era realizada por arquitectos, artesanos e ingenieros militares. La cons-trucción de máquinas, que era entonces un campo muy limitado, y la minería eran solamente ocupaciones especiales. A fines del siglo XYIII, el aumento y la complejidad de las construcciones crearon una demanda para hombres de habilidad excepcional y experiencia o preparación especial, para planear y dirigir la construcción de carreteras, acueductos, faros, puentes y otras grandes estructuras fijas. Así surgió-una clase de hombres preparados tanto en el es-tudio analítico de estructuras como en la utilización práctica de ma-teriales. Para distinguir a estos últimos de los ingenieros militares, que se dedicaban a problemas similares de naturaleza militar, se les llamó ingenieros civiles. Con el desarrollo de la máquina a vapor a principios del siglo XIX, surgió una demanda para ingenieros pre-parados especialmente en el diseño y construcción de artefactos me-cánicos, y esto gradualmente condujo al desarrollo de un campo pro-fesional distinto llamado ingeniería mecánica. (Véase, ingeniería, mecánica.) La explotación de minas también empezó a exigir la aplicación de experiencia y conocimientos científicos, y luego la uti-lización práctica de la ciencia de la electricidad desarrolló otra es-cuela especial de ingeniería. El campo dejado a la ingeniería civil es aun, empero, bastante amplio. El campo de sus actividades sobre-pasa de una manera notable los ámbitos de un solo individuo y de una sola especialización, y ésta es la regla, como sucede en el diseño de puentes, ingeniería de abastecimiento de' aguas, y el trazado de vías, etc.”

Véase también 20 C. J. 1260 y el Century Dictionary, Vol. 3, pág. 1931.

El artículo 9 de la ley habla de “ingeniería, arquitectura o agrimensura” solamente en términos generales. El ar-tículo 10 dispone que las licencias expedidas por la junta indicarán (bastardillas nuestras) “la rama de ingeniería para la cual la persona a quien le haya sido expedida esté autorizada a ejercer, como mgemeno •civil, mecánico, ■electri-cista, etc.” La juntaren su reglamento, dividió la ingeniería en ocho campos de actividad, así:

“Ingeniería civil, ingeniero de minas, ingeniero agrónomo, in-geniero 'de montes, ingeniero mecánico, ingeniero químico, ingeniero electricista, ingeniero electroquímico.”

Entonces subdividió el campo de ingeniería civil de la . manera siguiente:

“Ingeniero topográfico, ingeniero de caminos ordinarios y de hierro, de puertos y canales, o de vías de comunicación; ingeniero municipal y sanitario, ingeniería estructural e ingeniería hidráu-lica. ’

Esta subdivisión de la ingeniería civil no es una clasi-ficación tal como las previstas y autorizadas por el artículo 10. El “etcétera” debe ser interpretado en armonía con el con-texto. Así interpretado significa solamente aquellos amplios campos de actividad que actualmente son considerados como departamentos separados e independientes de la ingeniería, hayan sido o no segregados del campo, originalmente más extenso, de la ingeniería civil. Los ejemplos dados por el artículo 10, o sea ingeniería civil, mecánica y eléctrica, son tales departamentos separados e independientes de la inge-niería. No importa cuál sea el estado actual de la ingeniería de caminos, canales y puertos, ella está clasificada por la propia junta como una subdivisión de ingeniería civil. Por tanto, no es una rama de la ingeniería “tal”, como lo son la “ingeniería civil, mecánica o eléctrica”. Es una subdi-visión del campo de la ingeniería civil.

Conforme demuestra parte del testimonio aducido durante el juicio, la ingeniería civil anteriormente incluía ingeniería y arquitectura, y la ingeniería mecánica en una época incluía ingeniería eléctrica. La ingeniería de caminos, canales y puertos, según indica también este testimonio, puede incluir toda la experiencia material demostrada por la declaración jurada de Arana, excepto la partida relativa a las repara-ciones de la casa del Superintendente, en Guantánamo, a un costo de $6,000. Incluye igualmente proyectos de ingeniería en que Arana nunca ha tenido experiencia efectiva, como por ejemplo, los planos, el diseño y construcción de canales y ferrocarriles.

Por más de un cuarto de siglo con anterioridad al año 1927 no existían restricciones sobre la práctica de ingeniería. Fue por esta razón, sin duda alguna, que la Legislatura no exigió experiencia anterior en todas las ramas de la inge-niería “como ingeniero civil, mecánico, electricista, etc.”, que el solicitante de una licencia Rubiera estado practicando. Sea ello como fuere, por esta razón es que este tribunal, basta abora, ba interpretado la ley algo liberalmente en favor del solicitante. Véanse los casos citados, supra.

La Enciclopedia de Nelson define la ingeniería eléctrica así:

“Ingeniería, Eléctrica, aquella rama de la ingeniería que tiene como idea básica el control de la energía eléctrica para el servicio humano con la mayor eficiencia que sea compatible con la inver-sión económica. Piiede dividirse de acuerdo con la clase de servicio envuelto en: telefónica, telegráfica, electroquímica, electroferroviaria, generación y trasmisión de energía, aplicaciones industriales, alum-brado, etc. No se puede hacer una clasificación rígida, sin embargo, ■toda vez que muchos de estos servicios dependen entre sí.
■ “En todas las divisiones pueden observarse más o menos clara-mente tres clases de esfuerzo: (1) esfuerzo inventivo que abarca la investigación de los fenómenos, y el diseño y construcción de apa-ratos para utilizar descubrimientos; (2) el esfuerzo para el desa-rrollo del servicio, que abarca el estudio de las condiciones naturales, agrupación de la maquinaria y estudio y construcción de obras com-pletas a fin de utilizar las fuerzas naturales y las invenciones humanas; (3) esfuerzo o gestión relativa al funcionamiento, que abarca la ma-nipulación diaria de las máquinas y el suministro del servicio.”

En Isern v. Junta Examinadora de Ingenieros, supra, el solicitante babía trabajado con el Gobierno Insular como telegrafista y había estado empleado por una compañía de luz eléctrica. Como empleado de la compañía de la luz atendía por el día a la extensión de líneas y por la noche al cuadro de distribución y a las dínamos. Por espacio de dos años .actuó como director de la planta eléctrica de Arecibo. Durante cinco años trabajó como inspector de las instala-ciones hechas por la P. R. Railway, Light & Power Co., para el alumbrado público. Más tarde, y para la época en que hizo su solicitud, estuvo empleado en la agencia de Humacao de dicha compañía donde atendía a la extensión de las líneas de la compañía, tanto primarias como secundarias, montaje de transformadores, motores, cocinas, calentadores y toda clase de aparatos tanto en Hnmacao, como en Yabucoa, Naguabo y Las Piedras.

La Junta Examinadora apeló de úna sentencia adversa en un procedimiento de mcmdamus fundándose, entre otras cosas, en que el peticionario no había estado practicando como ingeniero electricista. La apelación fué desestimada por frívola.

A menos que debamos abandonar la doctrina del caso de Isern, Arana había estado practicando como ingeniero civil por espacio de más de tres años con anterioridad a la ley de 1927 y tenía por ende derecho a que se le expidiera licencia como ingeniero civil. Como base para su experiencia prác-tica ya él había completado dos años de instrucción en una escuela de ingeniería. El estaba, para decir lo menos, tan bien preparado como la mayoría, si no como todos los solici-tantes cuyos casos han venido hasta el presente ante este tribunal. ■ No hallamos razón satisfactoria para revocar el ratio decidendi del caso de Isern.

La corte de distrito también resolvió que los aquí demandados no tenían deber ministerial que cumplir toda vez que no eran miembros de la junta en junio de 1928, cuando ésta, según estaba entonces constituida, se negó a expedir una licencia de ingeniero civil y en su lugar expidió una como ingeniero de caminos, canales y puertos. El presente caso se rige, a nuestro juicio, por el de Romero v. Gore, 46 D.P.R. 378, y no por los de Negrón v. Superintendente de Elecciones, 11 D.P.R. 366, y Honoré v. Wilson, 32 D.P.R. 827.

La corte de distrito también resolvió que el'peticionario era culpable de incuria {laches). El peticionario radicó su solicitud para que se le expidiera ana licencia, en enero de 1928. Le fué denegada en marzo del mismo año. Solicitó la reconsideración en abril. Ésta le fué denegada en mayo 29. En junio el solicitante insistió en su súplica y se le concedió una vista el 19 del mismo mes. La junta entonces emitió opinión al efecto de que toda vez que el peticionario había estado empleado como sobrestante en el servicio de faros, su experiencia no había sido la de. un ingeniero civil e hizo constar que le expediría licencia como agrimensor e inge-niero de caminos, canales y-puertos. Explicó que este título se otorgaba en España a los ingenieros civiles después de ocho años de estudios académicos y que era por ende idéntico al título de ingeniero civil mencionado en la ley de 1927. El peticionario, fundándose en esta información, aceptó la licen-cia de agrimensor, e ingeniero de caminos, canales y puertos.

Arana no supo que no estaba autorizado para ejercer la profesión de ingeniero civil hasta septiembre de 1933, cuando el Departamento de Sanidad rechazó ciertos planos que él había firmado y sometido a dicho Departamento para su aprobación. En octubre del referido año reanudó su soli-citud para que se le expidiera una licencia como ingeniero civil, y la Junta Examinadora, por carta fechada 3 de julio de 1934, una vez más le denegó su solicitud. Arana entonces radicó su petición de mandamus el 12 de marzo de 1935. En su declaración jurada hacía constar todos los hechos ante-riores, los cuales al no ser negados fueron admitidos por los demandados. Esos hechos presentan una explicación satis-factoria para la larga demora. El peticionario no fue culpable de incuria (laches). Véase: 38 C. J. 833, sec. 534; State v. New Orleans Port, 153 La. 705, 96 S. 539; Blanco v. Domenech, 45 D.P.R. 853.

El juez de distrito también dijo que si Arana era un ingeniero civil debió haber sabido que la licencia expedídale por la junta y aceptada por él no tenía valor alguno y com-prendía tan sólo- una rama de la ingeniería civil. Sin embargo, Arana no profesaba ser un ingeniero civil en el sentido en que el juez de distrito usó la frase. La ley no exigía que él fuera una ingeniero civil en ese sentido para obtener una licencia para ejercer como tal. El único requisito previo a la expedición de tal licencia era la práctica anterior de tres años en ingeniería civil, con o sin los requisitos exigidos a aquellos que no hubieran tenido tal experiencia anterior.

La sentencia apelada debe ser revocada y expedirse el auto de mandamus de conformidad con la súplica del peti-cionario.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José L. Soto, Márshal de la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, Ramón Rodríguez Babilonia y Plácido Martínez y su esposa Carmen Colón de Martínez, demandados, y apelante el segundo.
    Núm 7223.

      Sometido: Abril 15, 1937.

      Resuelto: Abril 20, 1937.

      Lids Bíos Algarín, abogado del apelante; Hon. Procurador General B. Fernández García y Harry B. Lienza, Oficial Jurídico, División de Hogares Seguros, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El Pueblo de Puerto Pico, representado por el Comisio-nado del Interior, en 23 de noviembre de 1929 cedió en arren-damiento a los cónyuges Plácido Martínez y Carmen C. de Martínez un solar radicado en el Barrio Obrero de San Juan. Los arrendatarios edificaron en el solar una casa de concreto, de un valor de mil dólares, dedicada a vivienda.

El contrato de arrendamiento se llevó a efecto de acuerdo con lo dispuesto por el artículo sexto, párrafo (e), de la Ley núm. 53 de 11 de julio de 1921 (pág. 387), tal como quedó enmendado por la Ley núm. 60 de 30 de abril de 1928 (pág. 467), que dice:

“ (e) Que los solares asignados a solicitantes de acuerdo con esta Ley, y todas las construcciones levantadas en los mismos, no serán nunca objeto de embargo o hipoteca, u otros gravámenes de ninguna clase, y sólo podrán venderse o heredarse de acuerdo con las dispo-siciones de esta Ley; Disponiéndose, que este artículo no será apli-cable a embargo o venta alguna efectuada, para obligar al pago de contribuciones, o al pago de cánones de arrendamiento adeuda-dos.”

En 10 de febrero de 1934, los esposos Martínez- constitu-yeron hipoteca sobre la casa, a favor del demandado Ramón Rodríguez Babilonia, en garantía de la suma de $160 y de un crédito adicional de"$40 para el caso de ejecución. El acreedor hipotecario radicó demanda ante la Corte Municipal de San Juan, para la ejecución de la ameritada hipoteca. Anunciada la subasta de la casa para el día 8 de octubre de 1935, El Pueblo de Puerto Eico acudió a la Corte de Distrito de San Juan en solicitud de un auto de injunction para im-pedir que se llevara a efecto la subasta y suspender los pro-cedimientos ejecutivos.

La demanda se basa en la alegada nulidad de la hipoteca y del embargo trabado por el marshal de la corte municipal; y en la alegación de que la celebración de la subasta ocasio-naría una multiplicidad de procedimientos judiciales.

Decretado el entredicho de los demandados y requeridos éstos para mostrar causas por las cuales no debiera expe-dirse el injunction solicitado, compareció el demandado Ra-món Rodríguez Babilonia y negó específicamente, por care-cer de informes suficientes, los hechos esenciales de la petición. Radicó además una moción para que se declare la nulidad del artículo sexto, párrafo (>e), supra, por ser anticonstitucional y contrario a las disposiciones del párrafo 5 del artículo 2 de la Ley Orgánica de Puerto Rico, “por menospreciar 1dicha disposición legal el valor de los contratos y la libre contra-tación que están garantizados por mi/estra Carta Orgánica y por la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica.”

Por estipulación de las partes, en la que el demandado admitió los hechos de la demanda, el caso fue sometido a la corte inferior para su resolución en cuanto a la cuestión le-vantada sobre la constitucionalidad del citado estatuto.

En 18 de noviembre de 1935, la corte de distrito decretó el injunction preliminar, sosteniendo que el precepto legal im-pugnado es constitucional. El demandado Ramón Rodríguez Babilonia interpuso el presente recurso.

El propósito fundamental del artículo 1, sección 10, cláusula 1 de la Constitución Federal y del párrafo 5 del ar-tículo 2 de la Ley Orgánica de Puerto Rico, al prohibir que se pongan en vigor leyes que menoscaben las obligaciones contraídas por virtud de los contratos, es el de proteger a las partes contratantes, que han pactado sus respectivas obliga-ciones contractuales al amparo de la legislación vigente en la fecha de la celebración del contrato, contra el efecto re-troactivo que por disposición legislativa o por interpretación judicial se dé o se trate de dar a alguna ley aprobada con posterioridad a la fecha de la celebración del contrato.

La ley de cnya constitneionalidad se trata fné aprobada el 11 de julio de 1921 y enmendada en 30 de abril de 1928. El solar del Pueblo de Puerto Rico fué cedido a Plácido Mar-tínez en noviembre de 1929, bajo las condiciones especificadas en el artículo sexto, párrafo (e), supra. Esa era la ley vi-gente y obligatoria para las partes contratantes cuando éstas celebraron el contrato de hipoteca de 10 de febrero de-1934, cuyas obligaciones se alega han sido menoscabadas por dicha ley. Al otorgarse la hipoteca, el demandado Ramón Rodrí-guez Babilonia sabía, por disponerlo así la ley vigente y el título de su deudor, que éste no tenía derecho alguno a hipo-tecar el solar, ni las edificaciones levantadas en el mismo. El contrato de hipoteca era nulo desde el momento en que se celebró, por haber sido otorgado en contravención de un esta-tuto que ya estaba en vigor. La alegación de que ese es-tatuto menoscaba las obligaciones del contrato de hipoteca carece en absoluto de fundamento. Para que una ley pueda ser declarada anticonstitucional, por menoscabar las obliga-ciones de un contrato, son requisitos indispensables que haya sido aprobada con posterioridad a la fecha del contrato y que se trate de aplicarla retroactivamente. En el caso sometido a nuestra consideración no se han cumplido esos requisitos. Véanse: Denny v. Bennett, 128 U. S. 489; Brown v. Smart, 145 U. S. 454; Diamond Glue Co. v. U. S. Glue Co., 187 U. S. 611; Blackstone v. Miller, 188 U. S. 189; Cross Lake Shoting, etc. Club v. Louisiana, 224 U. S. 632; Shawnee Sewerage Co. v. Stearns, 220 U. S. 462; Detroit United Railway v. Michigan, 242, U. S. 238.

Alega además el apelante que la ley es contraria al derecho constitucional que tiene todo ciudadano a disponer libremente de sus bienes; que.es una ley de privilegios, por referirse solamente a aquellas personas que tienen su hogar seguro (homestead) en terrenos del Pueblo de Puerto Rico; y por último, que es inmoral porque permite al dueño de tai homestead tomar dinero a préstamo, en la seguridad de que su propiedad no podrá ser ejecutada para hacer efectiva su obligación.

La jurisprudencia citada en el alegato del apelante no es aplicable al caso de autos. Las decisiones citadas sostienen que la Legislatura de un estado no puede prohibir al dueño de un homestead que lo enajene o lo hipoteque voluntaria-mente, aunque sí puede prohibir la venta forzosa del inmueble. En los casos citados la persona que hipotecó o vendió el in-mueble era dueño absoluto del mismo, sin que en su título de adquisición constasen cláusulas o estipulaciones restric-tivas de su derecho a disponer libremente del inmueble o a hipotecarlo. El caso de autos presenta una situación com-pletamente distinta.

La Legislatura de Puerto Rico, en ejercicio de la facultad “para decretar leyes para la protección de la vida, salud y seguridad de empleados y obreros,” expresamente otorgá-dale por el artículo 2, párrafo 10, de la Ley Orgánica, aprobó en el año 1921 la Ley núm. 53 (Leyes de 1921, pág. 387), cuyo fin piincipal era la organización y sostenimiento de un Barrio Obrero en la ciudad Capital, donde las familias de empleados y obreros pudieran establecer sus hogares, protegidos y am-parados contra los reveses de la fortuna y las ambiciones de los prestamistas. A esos fines dedicó El Pueblo de Puerto Rico los terrenos públicos en donde radica en pleno desarrollo el Barrio Obrero de San Juan. Se reservó El Pueblo el do-minio de los solares y concedió a los peticionarios de los mis-mos el derecho a usufructuarlos por vida. Y para asegu-rarle a los concesionarios el goce y disfrute del solar y de la vivienda que en el mismo se construyese, dispuso la ley que ni el solar ni la casa podrán ser embargados, hipotecados o en alguna otra forma gravados. Aceptaron los concesio-narios esa restricción que les impuso la ley y que forma parte de sn contrato con el Gobierno; y bajo esas condiciones se edificó la casa objeto del presente litigio.

No es el concesionario quien comparece abora ante nos a reclamar y defender sn derecho para contratar libremente. Quien invoca ese derecho es el prestamista.

El apelante no puede alegar sorpresa ni desconocimiento de las restricciones existentes en el título de su deudor. Con-trató con él a sabiendas de que la ley y su contrato con el Gobierno prohibían la constitución de un gravamen hipote-cario sobre el hogar de la familia del obrero. Plácido Mar-tínez.

Las restricciones impuestas por la ley y por la concesión del solar son, a nuestro juicio, justas, razonables y absolu-tamente necesarias para el éxito y para la existencia misma del Barrio Obrero de San Juan. Y la consecuencia de la declaración de nulidad que se solicita sería tal vez lanzar a la calle a innumerables familias, que hoy viven en su propio-hogar, convirtiendo el Barrio Obrero en campo de explota-ción de esas mismas familias, obligadas a convertirse en in-quilinos de los prestamistas.

El argumento de que la ley es inmoral porque permite la contratación de un préstamo y prohíbe la hipoteca que lo garantiza, es por demás falaz. El que presta dinero al dueño de ima casa edificada en solares del Barrio Obrero, bajo las condiciones del presente caso, lo hace a sabiendas de que el prestatario no puede ofrecerle garantía hipotecaria. Na puede, por tanto, llamarse a engaño si se decreta la nulidad de su garantía. La obligación de devolver el importe del préstamo subsiste. Lo que no existe ni ha existido nunca es la hipoteca que se trata de ejecutar.

Debe confirmarse la or dm apelada.


text:
    Santos Buxó, Jr., peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arjona Siaca, Juez, demandada.
    Núm. 68.

    Sometido: Marzo 15, 1937

      Resuelto: Abril 20, 1937.

      ■González Fagundo & González Jr., abogados del peticionario; Miguel A. Burset, abogado de los Sres Sellés y Villafañe.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Santos Buxó, hijo, alega que el juez recurrido le ha anu-lado su derecho a ejecutar una sentencia dictada a su favor por la Corte de Distrito de Hnmacao el día 13 de marzo de 1934, y solicita de este tribunal la expedición de nn auto inhi-bitorio que impida al recurrido todo procedimiento en ese sentido. Se expidió nn auto alternativo, y a la vista del recurso comparecieron por sus ahogados, además del recu-rrente, Emigdio Osvaldo Sellés Boldán y Pedro Villafañe Cuevas, como partes interesadas, quienes han radicado una moción para que se anule y deje sin efecto el auto alterna-tivo expedido.

Alega el recurrente que el día 13 de marzo de 1934 obtuvo a su favor una sentencia contra Emigdio Osvaldo Sellés Rol-dán, Pedro Villafañe Cuevas y su esposa María Collazo, dic-tada por la Corte de Distrito de Humacao en el pleito núm. 17,415 sobre cobro de dinero; que los demandados en aquel pleito apelaron de la sentencia y solicitaron además nuevo juicio, que les fué concedido por resolución de 29 de junio de 1934, resolución que fué posteriormente revocada por este Tribunal Supremo (véanse: Buxó, Jr. v. Sellés, 48 D.P.R. 827 y 49 D.P.R. 219); que en 26 de junio de 1936 esta corte desestimó, a petición de él, la apelación establecida contra la sen-tencia de 13 de marzo de 1934 (véase Buxó, Jr. v. Selles 50 D.P.R. 230); que, firme por tanto, la sentencia dictada en el caso núm. 17,415, la Corte de Distrito de Humacao, en el pleito núm. 17,056, sobre extinción de obligaciones y cancela-ción de hipoteca, seguido por Emigdio Osvaldo Sellés Roldán y Pedro Villafañe Cuevas contra Santos Buxó, “variando el título del caso y llamando al demandado Santos Buxó, hijo,” dictó a petición de los demandantes una orden ex parte sobre aseguramiento de sentencia, que dice, en lo que es necesario transcribir, así:

“Vista la moción de los demandantes, Emigdio Osvaldo Sellés Eoldán j Pedro Villafañe Cuevas, solicitando aseguramiento de la efectividad de la sentencia que pretenden obtener contra Santos Buxó, Jr.,...; examinadas la demanda original y complementaria... se decreta el aseguramiento de la efectividad de la sentencia que es objeto de la petición de los demandantes .... exigiéndose como requi-sito para la ejeeutabilidad del decreto .... una fianza en metálico a favor de dicho demandado .... por una. cuantía de $900.
“Como medida de aseguramiento se prohibe al demandado Santos Buxó, Jr., instar en forma alguna la ejecución de la senten-cia dictada por esta Corte de Distrito de Humacao, el día 13 de marzo de 1934, en el caso civil núm. 17,415, sobre cobro de esos cánones de arrendamiento, decretándose la suspensión de todo pro-cedimiento de ejecución de ella, apercibido el demandado .'Santos Buxó, Jr., de ser procesado por desacato y de las demás responsabili-dades civiles en caso de desobediencia.” (Bastardillas nuestras) ;

que los demandantes en el pleito núm. 17,056 acompañaron con la moción solicitando el aseguramiento de la sentencia que pudiera recaer, una demanda complementaria contra Santos Buxó, Rijo, “que no ha sido admitida por la corte inferior”; que el juez recurrido carecía de jurisdicción para decretar el aseguramiento de sentencia que se le solicitó, porque Santos Buxó, Jr., no es parte en el pleito núm. 17,056, y porque este pleito se encuentra pendiente de resolución ante esta Corte Suprema, para ante la cual apeló el demandado Santos Buxó, de un incidente del mismo que le fue adverso-; que la orden de aseguramiento tiende a anular el derecho legal que tiene a ejecutar la sentencia de 13 de marzo de 1934, y que no puede apelar de ella por no ser parte en el pleito en que fue dictada.

En su escrito de oposición a la solicitud, que no viene, como aquélla, jurado, alegan Emigdio Osvaldo Selles Roldán y Pedro Villafañe Cuevas, que procede anular y dejar sin efecto el auto expedido:

“1. Porque siendo el auto inhibitorio un recurso extraordinario de naturaleza preventiva y no remedial, no puede ser utilizado como pretende el peticionario a manera de recurso de revisión, auto de error, certiorari o apelación.
“2. Porque el auto ''nhibitorio no puede ser utilizado nada más que para prevenir o impedir a un tribunal inferior en la comisión de actos o hechos en exceso de su jurisdicción, o para evitar e im-pedir actuaciones de la corte infer'or que tiendan a anular un dere-cho legal ele una parte, y nunca procede su expedición para deshacer o revocar actuaciones ya realizadas y terminadas.
“3. Poreue el auto inhibitorio es improcedente por ser tardío y haber el peticionario úrcurrido en laches.
“4. Porque el peticionario o recurrente no ha demostrado en su petición que la actuación del tribunal recurrido le ocasiona daños y perjuicios extraordinarios, y por tanto no es procedente su expe-dición.
"5. Porque el auto inhibitorio siendo un recurso extraordinario no procede cuando el recurrente en su petición no demuestra que carece ele un remedio adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley, y porque el peticionario tiene en el curso ordinario de la ley un remedio adecuado y eficaz de que valerse.”

La cuestión a determinar es si Santos Bnxó, hijo, ha de-mostrado satisfactoriamente no ser nno de los demandados en el pleito núm. 17,056, seguido por Osvaldo Selles Roldán y Pedro Villafañe Cuevas, ante la Corte de Distrito de Hu-macao. Porque si no ha hecho esa demostración, entonces la presente solicitud debe declararse sin lugar y anularse el auto alternativo expedido.

En el párrafo sexto de la solicitud sostiene el recurrente que con la “moción de aseguramiento de sentencia fué radicada una demanda complementaria contra Santos Buxó, Jr., que no ha sido admitida por la corte y entonces la Corte de Distrito de Humacao, ex parte, sin oír al demandado en el caso núm. 17,056, Santos Buxó, ni oír a Santos Buxó, Jr., demandante en el caso 17,415, y quien tenía una sentencia a su favor, dictó una orden que copiada literalmente dice así.” Aquí transcribe íntegramente la orden de aseguramiento dictada por la córte, cuyas disposiciones esenciales a la solución de este recurso, hemos copiado anteriormente, apareciendo de sus términos que el juez recurrido, consideró y pesó el alcance de la demanda complementaria, y hasta la dió por admitida, antes de dictar la orden de aseguramiento, pues como hemos visto, dice en ella “examinadas la demanda original y complementaria ... se decreta el aseguramiento de.la efectividad de la sentencia” etc. La solicitud del recurrente aparece, pues, controvertida a sí misma, en un hecho de vital importancia al éxito de su recurso. Debemos presumir, según el inciso 18 del artículo 464 del Código de Enjuiciamiento Civil (Ley de Evidencia) que al solicitar Emigdio Osvaldo Sellés Roldán y Pedro Villafañe Cuevas permiso para presentar una demanda complementaria, en el pleito núm. 17,056, a tenor de lo dispuesto en el artículo 134 del Código de Enjuiciamiento Civil, el juez recurrido resolvió la cuestión. Así aparece que lo hizo, de acuerdo con la orden de aseguramiento de sentencia que dictó. Las alegaciones en contrario, que hace el recurrente en su solicitud, no son sufi-cientes a destruir el efecto de esa presunción. No aparece de los autos que el juez negara el permiso solicitado para presentar la demanda complementaria contra Santos Buxó, hijo. Apareciendo de la orden de aseguramiento de sentencia que el juez consideró y dió por admitida la demanda comple-mentaria, debemos llegar a la conclusión de que Santos Buxó, hijo, no ha acreditado satisfactoriamente ante este tribunal que no es uno de los demandados en el pleito núm. 17,056 antes citado. Aunque no de estricta aplicación al caso de autos, consúltense: Díaz Molinari v. Cividanes, 37 D.P.R. 297; Ruiz v. Juez Municipal, 33 D.P.R. 175; Sucrs. de Abarca v. Central Vanina, 23 D.P.R. 566; Gaddis v. Grant, 39 Cal. App. 437; Segerstrom v. Scott, 16 Cal. App. 256; Burnham v. Abrahamsom, 21 Cal. App. 248; Erving v. Napa Valley Brewing Co., 18 Cal. App. 135; Livermore v. Webb, 56 Cal. 489; Canadian, etc. Co. y. Clarita, etc. Co., 140 Cal. 672; Riverside County v. Stockman, 124 Cal. 222.

El artículo 3 de la Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencias dispone, entre otras cosas, que “ningún asegura-miento de sentencia podrá decretarse sin la presentación de la correspondiente demanda y de la solicitud de asegura-miento.” La demanda complementaria se radicó en el caso-núm. 17,056, e iba dirigida contra Santos Buxó, hijo. El recurrente no ha demostrado, como hemos visto, que el juez recurrido negara el permiso para radicaría. Luego entonces cabía ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia que obtuvo Santos Buxó, hijo, en el pleito núm. 17,415, en vista de lo resuelto por esta corte en Coffinet et al v. Polanco, 30 D.P.R. 826:

“El otro aspecto de la cuestión que presentan los demandantes es que si el demandado ejecuta su sentencia por $9,923.00 sin esperar a la resolución del pleito principal en que se solicita este injunction, dichos demandantes quedarían sin remedió para compensar su recia-mación, que es mayor, con la ele $9,923.00 del demandado. Cree-mos, sin embargo, que no es el injunction el remedio adecuado en este caso. Ei remedio adecuado lian podido encontrarlo los demandantes en la ley sobre aseguramiento de sentencias, aprobada en marzo 1, 1902. La sección 2 de dicha ley establece las reglas a que se ha de ajustar el aseguramiento. Algunas de esas reglas surten el mismo efecto que una orden de injunction y llenan la misma finalidad, y además de especificarse en sus disposiciones los casos a que son apli-cables, se establece por la regla (h) una regla general que cubre los casos que no estuvieren previstos por las reglas anteriores y en donde la corte inferior tiene un poder discrecional y equitativo para adoptar las medidas procedentes para asegurar la efectividad de una sen-tencia, caso de prosperar la acción que se ejercita.”

No aparece, pues, como sostiene el recurrente, que se le haya anulado derecho legal alguno, como tampoco aparece comprobado que el juez recurrido actuara sin jurisdicción para dictar la orden de aseguramiento de sentencia en el pleito núm. 17,056, por estar el presente caso ante esta Corte Suprema en grado de apelación, ya que la Corte de Distrito de Humacao no perdió su jurisdicción para acordar el ase-guramiento, de acuerdo con el caso de Gandía v. Porto Rico Fertilizer Co., 30 D.P.R. 262.

Por las razones expiáoslas, y sin considerar las ackbcidas por Emigdio Osvaldo Selles Roldan y Pedro Villafañe Cue-vas, debe ■declararse sin hogar la solicitud presentada y imp-larse el auto 'alternativo expedido el 23 de febrero de 1937. '.


author: El Juez Presideute Señor Del Tubo

text:
    Valiente & Co., demandante y apelada, v. Sucn. de Abdón Fuentes Marrero, compuesta de sus hijos Aurelia, Elisa, María, Florentino, Aureliana, Carmela, Rosalía, Manuela y Francisca Fuentes Suárez y su Viuda Rosalía Suárez Morales, demandada y apelante.
    Núm. 6486.

    Sometido: Febrero 5, 1987.

      Resuelto: Abril 21, 1937.

      Bubón & Ochoteco, abogados de las apelantes; R. Díaz Gintrón, abo-gado de la apelada.
   El Juez Presideute Señor Del Tubo

emitió la opinión del tribunal.

Valiente & Co., nna sociedad mercantil con domicilio en Corozal, P. R., demandó en cobro de dinero a la Sucesión de Abdón Puentes, compuesta de sus hijos Aurelia, Elisa, María, Florentino, Aureliana, Carmela, Rosalía, Manuela y Francisca Fuentes y de su viuda Rosalía Suárez, radicándose la demanda en la Corte de Distrito de San Juan en junio 3, 1929.

Emplazados los demandados, sólo contestaron Aurelia por su abogado Pedro G. Quiñones y Rosalía Fuentes por los suyos de la Torre &¡ Ramírez, anotándose en junio 18, 1929 la rebeldía de los demás.

Llamado el pleito para juicio en diciembre 18, 1929, com-parecieron la demandante y las demandadas Aurelia y Ro-salía Fuentes por sus abogados, y el día último de dicho mes y año, la corte dictó sentencia declarando la demanda con lugar. Se trataba del cobro de dos pagarés y de una cuenta corriente del causante de los demandados, habiendo sido la defensa alegada por sus bijas Aurelia y Rosalía la de inca-pacidad de su padre para contraer las obligaciones reclama-das por causa de demencia. Pesando la prueba, la corte de distrito concluyó que las obligaciones reclamadas eran ciertas y que Abdón Fuentes “tenía capacidad para realizar toda, clase de contratos” de acuerdo con “un decreto judicial, que no ba sido impugnado”, habiendo rebatido la demandante victoriosamente “las defensas de locara invocadas” y en su consecuencia condenó “a la sucesión demandada” a pagar a la demandante $12,738.61, con más los intereses legales y las costas.

Apelaron las demandadas Aurelia y Rosalía Fuentes y esta Corte Suprema por sentencia de julio 29, 1933, decidió que la sentencia apelada debía revocarse “en lo que a las dichas demandadas ... se refiere ’ ’, dictándose otra ‘ ‘ en el sentido de que en cuanto a tales demandadas concierne, la demandante no puede cobrar, todo ello sin especial pronun-ciamiento de costas.” Valiente & Co. v. Sucn. Fuentes, 45 D.P.R. 617, 627.

Así las cosas, en septiembre 5, 1933, las demandadas Elisa, María, Carmen, Manuela y Francisca Fuentes y Rosalía Suárez por medio de sus abogados archivaron un escrito en la corte sentenciadora por el que haciendo constar que se da-ban por notificadas de la sentencia dictada en su contra en diciembre 31, 1929, apelaban de ella para ante este tribunal. Forma parte de la transcripción una certificación del secre-tario de la corte de distrito creditiva de no aparecer de los autos que la sentencia fuera notificada en fecha alguna a dichas demandadas.

Manifestaron las nuevas apelantes a la corte sentencia-dora que elegían tramitar su recurso por medio de una expo-sición del caso que presentaron en efecto dentro del plazo que les concediera la corte y que ésta aprobó con la oposi-ción de la demandante el 10 de noviembre de 1933.

Formalizado el recurso ante este tribunal, la demandante apelada presentó una moción en enero 18, 1934, pidiendo que se fijara “la extensión del mismo” y se eliminara la exposi-ción del caso, que fue discutida ampliamente por las partes y resuelta en marzo 26 siguiente declarándola sin lugar sin perjuicio de que las cuestiones suscitadas en la misma pu-dieran levantarse luego al someterse definitivamente el caso a la decisión del tribunal.

Tras un gran número de prórrogas quedó radicado el alegato de las apelantes, señalándose la vista del recurso para marzo 1, 1936. Suspendida a petición de la apelada, volvió a señalarse para mayo primero y a suspenderse tam-bién a petición de dicha parte:, celebrándose por último el 21 de enero de 1937, en cuyo día habiéndose presentado un ale-gato complementario por las apelantes se concedió permiso a la apelada para replicar. Así lo hizo el 5 de febrero úl-timo, quedando en tal fecha el caso definitivamente sometido a la consideración y resolución del Tribunal.

En su alegato las apelantes señalan como errores que la sentencia recurrida e-s contraria a la prueba, por demostrar ésta la demencia de su causante, y a derecho, porque condena a la sucesión demandada al pago de una obligación inexis-tente.

La apelada insiste en el suyo en que las apelantes per-dieron su derecho de apelación al no ejercitarlo dentro del término de ley y en que de tenerlo estaría limitado al examen de la demanda, no pudiendo extenderse al de la prueba que aportaron las demandadas que comparecieron en apoyo de la defensa que alegaron en sus contestaciones.

En Puerto Rico el término para apelar se regula por la sección 2 de la Ley núm. 70 de 1911, Código de Enjuiciamiénto Civil, ed. 1933, p. 138, que impone al secretario de la corte el deber de “enviar a la parte perjudicada, o a su aboi gado, al dictarse la sentencia, de la cual pueda establecerse recurso de apelación, una notificación escrita informándole que la sentencia fia sido dictada” y el de archivar “una copia de esa notificación.... con los autos” y que dispone que “el término para establecer el recurso de apelación, empezará a correr desde la fecfia del archivo de diefia notificación con los autos.” T como de una sentencia dictada en rebeldía se puede apelar, el precepto se fia considerado aplicable a diefia clase de sentencias.

Se trata de una cuestión de ley que fia sido ya resuelta repetidas veces, y mientras 1a. ley esté en vigor, el único re-medio que existe para que no ocurran casos como éste, es que la parte victoriosa se cuide de que la ley se cumpla de-bidamente.

¿Pueden las apelantes.valerse de la defensa alegada y de la prueba practicada por las demandadas que comparecieron e invocar como ley del caso la decisión de esta Corte Suprema de julio-29, 1933?

La contestación de la pregunta depende de la naturaleza de la acción ejercitada, de cómo fueron todos los demanda-dos llamados a responder y de la clase de defensa alegada por los demandados comparecientes.

Sabemos que se trata de un pleito en cobro de dinero basado en pagarés otorgados por Abdón Puentes y en una cuenta corriente por él mismo autorizada; que Abdón Puen-tes murió y que por la demanda se reclama de los demam dados — -sus fiijos y su viuda — en concepto de fierederos suyos el pago de la deuda contraída por su causante.

Sabemos además que dos de los fierederos comparecieron y alegaron que la obligación reclamada no existía porque su causante al autorizar los pagarés y la cuenta estaba loco no teniendo por tanto capacidad para contratar y que esa de-fensa declarada sin lugar por la corte de distrito prosperó finalmente en esta Corte Suprema y está en pie.

Y sabemos por último que las demandadas apelantes fueron emplazadas y nada fiicieron, anotándose su rebeldía, siendo condenadas al pago de las obligaciones de su causante por la sentencia general resolutoria del pleito que fné apelada por y revocada en cuanto a las demandadas comparecientes.

Descansando en esos hechos creemos que es aplicable la regla general sobre la materia que, basada en el gran número de autoridades que se citan, aparece expuesta en 78 A. L. ít. 939, como sigue:

“La cuestión de si una defensa alegada con éxito por uno de varios codemandados puede operar en beneficio de un demandado en rebeldía depende de la naturaleza, alcance y extensión de la defensa interpuesta por los demandados que contestan y, basta cierto punto, sobre la naturaleza mancomunada o solidaria' del derecho alegado.
“Las cortes han convenido casi unánimemente que en acciones contra varios demandados conjuntamente, cuando la defensa inter-puesta por el demandado que contesta no es personal a él (como lo es la de minoridad, estado civil o quiebra por parte del que formula la alegación), sino común a todos, como cuando va dirigida al dere-cho del demandante para recobrar en alguna forma, a diferencia del derecho que tiene de recobrar de cualquier demandado en particular, o impugna los méritos o validez en general de la causa com-pleta del demandante, o su derecho a demandar, tal defensa, si pros-pera, redunda en beneficio de los demandados en rebeldía, tanto en acciones en derecho como en equidad, con el resultado de que la sen-tencia final debe dictarse no meramente en favqr del demandado que contestó, sino también en favor de los demandados que no compare-cieron. ’ ’

En su tratado sobre “The Law of Judgments” expone H. C. Black la esencia de las autoridades sobre la materia, en el mismo sentido, así:

“En una acción basada en un contrato interpuesta contra varios demandados, si uno de ellos deja de comparecer, y otro bajo una negativa general, establece y aduce una defensa que niega el derecho del demandante a recobrar de cualquiera de los demandados y de-muestra que éste no tenía causa de acción, el demandante no tendrá derecho a una sentencia en contra del demandado* en rebeldía, y por el contrario, la defensa que ha prosperado redundará en beneficio de este último, y debe dictarse sentencia en favor de ambosi demandados. Así, pues, si un demandado presenta una objeción por vía de excep-ción y ataca el derecho del demandante a recobrar, y no plantea mera-mente una cuestión personal que le exima de responsabilidad, que es sostenida, y se dicta sentencia a sn favor, ella beneficiará a su co-demandado. Pero esta regla puede ser modificada por las actuaciones de un codeudor. De ahí que bajo una disposición al efecto de que puede dictarse sentencia contra uno o más de varios demandados, se sostenga, que cuando tres personas son demandadas como socios, y dos de ellas no comparecen, pero la otra contesta, negando que fuera un miembro de la firma, pueda dictarse sentenc’a contra las que están en rebeldía aunque se dicte en favor del demandado que contestó. También en una acción basada en una obligación mancomunada y solidaria contra dos demandados, uno solo de los cuales compareció y contestó, puede ser juzgada, y rendirse veredicto y sentencia a favor o en contra de la parte que contestó, sin tomar en considera-ción los procedimientos en contra de su codemandado.
“For otra parte, si uno de los demandados no' comparece y el otro va a juicio, esto suspende la sentencia contra el demandado' en rebc’día basta que se determine el resultado del juicio, y si el de-mandante obtiene un veredicto favorable, tiene entonces derecho a un fallo común contra todos los demandados. En tal caso no existe la necesidad de que se obtenga previamente una sentencia interloeu-tora en rebeldía contra la parte que no contestó. Cuando en una acción conjunta ex contractu contra dos demandados, uno de cuales no comparece y el otro sí lo hace, se dictan sentencias separadas contra ambos, si el demandado que compareció solicita una revisión, esto tiene el efecto de suspender la ejecución de la sentencia para ambos demandados y de transferir todo el caso para el próximo término, aun cuando se hubiere registrado una sentencia separada contra el demandado en rebeldía.” .Black on Judgments, Yol. I (2da. ed.), pág. 310.

Siendo la expuesta la regla aplicable, es claro que pu-diendo invocar las demandadas apelantes la defensa que ale-garon y probaron las demandadas que obtuvieron la senten-cia de esta Corte de julio 29, 1933 (45 D.P.R. 617, 621), dicha sentencia constituye también para ellas la ley del caso y deben sus beneficios extendérseles expresamente según lo solicitan.

Procede, en tal virtud, declarar el recurso con lugar, re-vocar la sentencia recurrida en cuanto por ella se condenó a las demandadas apelantes como componentes de la Suce-sión de Abdón Fuentes a pagar las obligaciones reclamadas por la demandante y dictar otra decretando que en lo que a las dichas demandadas apelatües concierne, nada puede recobrar la demandante, todo sin especial condenación de costas.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor ' Córdova Dávila

text:
    Dionisio Lotti, demandante y apelado, v. The Charles McCormick Lumber Co., demandada y apelante.
    Núm. 7168.

    Sometido: Febrero 17, 1937.

      Resuelto: Abril 21, 1937.

      Wilson P. Colberg, abogado de la apelante; F. Zapaíer, Cayetano Coll y Cttchí y Guillermo Silva, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor ' Córdova Dávila

emitió la opinión del tribunal.

En 11 de mayo de 1983 Dionisio Lotti viajaba por 1a. Ca-rretera Central en dirección de Río Piedras a Caguas en un automóvil Ford que había fletado, manejado por el conductor Francisco Bermúdez. Como a las 5:30 de la tarde, al llegar al kilómetro 24.5, donde hay una cuesta, dieron alcance a un camión que caminaba en la misma dirección. Bermúdez dió aviso con su bocina al conductor del camión para, que le diera paso. En el momento de pasar, a una distancia d¡e treinta o treinta y cinco metros del punto más alto de.la pendiente, apareció xm automóvil Chevrolet que venía en dirección con-traria conducido por José Engenio G-éigel. Cuando Bermu-dez alineaba el automóvil Ford a su derecha, después de ha-berse adelantado al camión, el automóvil Chevrolet, que venía a una velocidad de treinta a cuarenta millas y por el centro de la carretera, topó con el automóvil Ford por su lado iz-quierdo. Como resultado de la colisión Dionisio Lotti su-frió la fractura de la quinta costilla derecha en dos partes, y de la sexta, séptima y octava costillas del mismo lado, ha-biendo sufrido lesiones que ocasionaron una pleuritis plás-tica localizada alrededor de la quinta y sexta costillas.

Dionisio Lotti inició la presente acción reclamando de la demandada la cantidad de $3,000 por los daños y perjuicios sufridos en el referido accidente, alegando, entre otras cosas, que el automóvil Chevrolet que le causó las lesiones perte-necía a la referida demandada The Charles McCormick Lumber Co., en la fecha en que ocurrió el accidente, e iba conducido negligentemente a una velocidad exagerada por José Eugenio Géigel, empleado de la demandada, en el mo-mento de ocurrir la colisión, cuando caminaba de Caguas a Río Piedras en funciones de su empleo.

La Corte de Distrito de San Juan declaró con lugar la demanda y dictó sentencia concediendo al demandado una compensación de $1,350.

En los errores primero, segundo y quinto, que podemos discutir conjuntamente, se alega que el tribunal a quo erró al estimar probado que José Eugenio Géigel era, el día 11 de mayo de 1933, un empleado o agente de la demandada, y que actuaba, en el momento de ocurrir el accidente, en el curso y desempeño de sus funciones como empleado, y al sostener que la prueba de la propiedad del- vehículo y de que el conductor era agente de la demandada hace surgir la presunción de que dicho conductor actuaba, al ocurrir lp, colisión, como tal agente en el desempeño d.e sus funciones y en el curso de su empleo.

La Corte de Distrito de San Juan, en una juiciosa y bien redactada opinión escrita por el Hon. Juez Llauger sostiene que habiéndose probado por el demandante que el automóvil Chevrolet que ocasionó las lesiones pertenecía a la corporación demandada en la fecha en que ocurrió el accidente, surge la presunción juris tantum de que José Eugenio Géigel era, el 11 de mayo de 1933, un empleado de la demandada, en el ejercicio de sus funciones como tal en el momento de ocurrir el accidente, a tenor de la regla procesal establecida por esta Corte Suprema en el caso de Sánchez, v. Asiatic Petroleum Co., 40 D.P.R. 104. Entiende el tribunal •a guo que tal pre-sunción no quedó controvertida por la prueba de la deman-dada.

Del interrogatorio a que fué sometido Arturo Ií. Géigel, representante de la demandada en Puerto Rico y hermano de José Eugenio Géigel, copiamos lo siguiente:

“A. Dígame testigo, ¿cuántos empleados tiene usted bajo su dirección como representante de esta casa en Puerto Rico ?
T. Mi persona y mi hermano.
A. Dígame, testigo ... ¿ dice usted que tiene nada más que dos em-pleados, usted y su hermano?
T. Sí, señor.
A. ¿ Cómo se llama su hermano ?
T. José Eugenio Géigel.
A. ¿Qué puesto ocupa ahí?
T. Asistente de un servidor.
A. Dígame usted, además de su hermano y de usted, que son los que realizan el trabajo de oficina, ¿tiene usted algún otro empleado?
T. Ninguno; en absoluto.
A. ¿Y quién le corre a usted los trucks que tiene, los carros de la compañía?
T. El automóvil Chevrolet, que guío yo o mi hermano.
A. Ese carro, ¿es de la compañía?
T. Sí, señor.
A. ¿Y no lo guía su hermano?
T. También.
A. Entonces ¿lo guían los dos?
T. Los dos, sí, señor.”

No creemos que la corte inferior incurriera en error al estimar probada la relación de agencia entre José Eugenio G-éigel y la demandada.

Nuestro Código Civil dispone como regia general de derecho qne aquél qne por acción n omisión canse daño a otro interviniendo cnlpa o negligencia, está obligado a reparar el daño cansado, no sólo por los actos n omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes deba responder, y provee expresamente qne los dueños o directores de un establecimiento o empresa son responsables de los daños y perjuicios cansados por la negligencia de sns dependientes en el sérvicio de los ramos en qne los tuvieren empleados o con ocasión de sns funciones.

Interpretando los preceptos del Código, esta corte esta-bleció, desde 1917, que cualquier empresa o establecimiento' qne sea dueño de un automóvil, es responsable de los dañosy perjuicios qne negligentemente cause un empleado suyo' mientras maneja dicho automóvil en el curso de sns funcio-nes. Truyol v. West India Oil Co., 26 D.P.R. 361. También, ha dicho este tribunal qne en una acción entablada con mo-tivo de los daños y perjuicios cansados por un automóvil de' cualquier empresa o establecimiento mientras esté negligen-temente manejado por un empleado o agente de éste al ocurrir el accidente, surge la obligación de probar, entre otros ele-mentos de la acción, (1) que al ocurrir el accidente el cau-sante de los daños era un empleado o agente de la empresa demandada, y (2) qne éste iba actuando en ese momento en el desempeño de sus obligaciones como tal. Vélez v. Armstrong Hnos., 40 D.P.R. 709.

En el caso de Ramos de Anaya v. López, 36 D.P.R. 499,. se resolvió qne probado que el camión perteneciente al de-mandado iba conducido por su agente al ocurrir el accidente, debe presumirse que dicho agente actuaba en el desempeño de sus atribuciones. Esta regla fué aplicada nuevamente en el caso de Guzmán López v. Ortiz, 39 D.P.R. 184, en que se revocó una sentencia de la corte inferior basada en que ■•aunque' el vehículo perteneciente al demandado iba guiado •al ocurrir el accidente por el conductor del mismo, no se probó afirmativamente que dicho conductor estaba entonces • actuando en el ejercicio de sus funciones. Esta corte re-solvió, al revocar dicha sentencia, que una vez probado que «1 vehículo pertenecía al demandado y que era conducido por nn empleado de éste, no era necesario probar afirmativamente que dicho empleado actuaba en el ejercicio de sus funciones.

En el citado caso de Sánchez v. Asiatic Petroleum Co., supra, se reclamó indemnización de la empresa mencionada por los daños y perjuicios causados al demandante por un truch de la demandada dedicado a transportar gasolina o petróleo. El .demandante no presentó prueba alguna de que la persona que manejaba el autocamión de la demandada era un empleado de ésta y que estuviera en el ejercicio de sus funciones como tal en el momento de ocurrir el accidente. El demandante probó, sin embargo, que dicho autocamión tenía pintado el nombre de la demandada, The Asiatic Petroleum Co., que esta corporación hacía negocios en Puerto Pico, y que tenía dicho autocamión inscrito a su nombre en el Departamento del Interior en la fecha en que ocurrió el acci-dente. La corte inferior declaró con lugar una moción de nonsuit radicada por la demandada al terminarse la presen-tación de la prueba de cargo, y dictó sentencia desestimando la demanda por el fundamento de que el demandante no pre-sentó prueba sobre los referidos extremos. Al revocar dicha sentencia este tribunal, por voz del Juez Asociado Sr. Aldrey, se expresó en los siguientes términos:

“Cuando, negligentemente se causa daño a una persona o a su propiedad por un vehículo de un establecimiento o empresa en una carretera o camino público, no es necesario que el perjudicado pruebe que dicho vehículo estaba manejado en ese momento por un em-pleado de tal establecimiento o empresa y que estaba en el cumpli-miento de sus deberes como tal empleado, pues surge la presunción de que era manejado por el empleado en el cumplimiento de sus deberes para con su principal. No es presunción que descanse en otra presunción como dice la apelarla, pues la presunción juris tantum de pertenecer en este caso el autocamión a la apelada descansa en el heclio de estar registrado a su nombre, mientras que la presunción de igual naturaleza de estar manejado por un empleado de ella en el cumplimiento de sus deberes como tal empleado surge de otro hecho, cual es el de estar manejado por una persona en una carre-tera o camino público. No puede exigirse a una persona que sufre daños de esa naturaleza que tenga que averiguar y probar los hechos que en muchas ocasiones no están en su conocimiento. Sería un completo fracaso de la justicia que tal prueba se exigiera por ser ló-gico suponer, mientras no se pruebe lo contrario, que regularmente los vehículos dedicados al negocio de un establecimiento o empresa están manejados por el dueño o por sus empleados en el cumplimiento de sus funciones.”

En Almodóvar v. Acosta, 43 D. P. R. 200, se probó que el vehículo' que ocasionó el daño se hallaba bajo el dominio del demandado en el momento en que ocurrió el accidente. Esta corte declaró que existía una fuerte presunción de que dicho vehículo era conducido por uno de los empleados del demandado.

La parte apelante arguye en sú aleg’ato que las autorida-des más respetables en las jurisdicciones continentales se pronuncian en contra de lo resuelto por la Corte de Distrito de San Juan y que, asumiendo a los efectos de la argumen-tación solamente que esta presunción fuera posible, hubiera .sido necesario prueba directa de la agencia y sus caracte-rísticas, facultades y limitaciones, ya que de hacerlo por infe-rencias, como ocurriría en este caso, sería establecer una presunción basada en otra presunción, principio repudiado por la jurisprudencia.

Este argumento aparece contestado por esta corte en Sánchez v. Petroleum Co., supra, y por la mayoría de los tribunales continentales. Es muy cierto que en un número de jurisdicciones norteamericanas se sostiene que la mera prueba de que al ocurrir el accidente el demandado era dueño del automóvil que causó los daños no es suficiente para estable-cer la presunción o inferencia prima facie de que la persona que manejaba el automóvil era agente o empleada del deman-•dado y de que actuaba dentro de los límites de tal agencia o empleo. Estos tribunales sostienen que el demandante tiene la obligación de probar ambos elementos de su causa de acción con prueba directa y afirmativa. El argumento que generalmente aducen las cortes que sostienen esta regla es el mismo utilizado por la. parte apelante en su alegato, quien sostiene que si se considera la prueba de la propie-dad del automóvil como evidencia prima facie de que la persona que lo conducía al ocurrir el accidente era agente del demandado y actuaba en el ejercicio de sus funciones, se establece una presunción basada en otra presunción, lo cual está en pugna con ol conocido principio de que una presun-ción sólo puede estar basada o fundada en bechos probados directa y afirmativamente y no en otra presunción. Para sostener esas teorías cita un número de decisiones de diver-sos tribunales estaduales.

Esta doctrina, sin embargo, no es la regla predominante en la mayoría de las jurisdicciones americanas ni está consi-derada como la mejor y la más justa. En la actualidad la mayoría de los tribunales sostiene el criterio de que la prueba de que el demandado era dueño del automóvil que causó los daños en la fecba en que ocurrió el accidente, crea la pre-sunción juris tcmíum de que en dicha fecba la persona que manejaba dicho automóvil negligentemente era empleada o agente del demandado’ y actuaba en el curso y desempeño de sus atribuciones. Véase la nota que aparece en 42 A.L.R. 900-902.

La Corte Suprema de Arizona, en el caso de Baker v. Maseeh, 20 Ariz. 201, 179 P. 53, se expresa así:

“Arguye el demandante que la moción para que se ordene un veredicto fué propiamente denegada por la razón de que la prueba del hecho de que el. demandado era dueño del automóvil que causó-el daño constituye evidencia prima facie de que el vehículo iba con-ducido por él y de que actuaba en el curso de sus negocios, siendo este criterio, a nuestro juicio, el más correcto. En la obra de Shearman & Redfield sobre ‘Negligencia’, vol. 1, párrafo 158, se dice:
“ ‘Cuando el demandante ha sufrido daño causado por la negli-gencia en el manejo de un vehículo, como un bote, carro o carruaje, es suficiente demostrar que el demandado era dueño de la cosa, para establecer evidencia nrima facie de que la negligencia era imputable a él sin necesidad de probar afirmativamente que la persona a cargo de la cosa era sirviente del demandado. Corresponde a éste probar que dicha persona no era su sirviente, debiendo demostrar, si puede, que la propiedad no estaba bajo su control al tiempo del accidente, el cual fue ocasionado por la falta de un extraño, un contratista independiente u otra persona por cuya negligencia el dueño no sería responsable.’ ”

Más adelante dice la misma corte:

“La regla de que la prueba del dominio establece un caso prima facie está basada en las mejores razones. Cuando el carro de una persona es conducido por otro, es de asumirse que de este hecho tiene conocimiento el dueño, quien puede prontamente demostrar que el vehículo no estaba manejado por él, si ésta es la verdad.... Una persona a quien se causan daños corporales o en su propiedad por un automóvil negligentemente manejado por otra persona distinta del dueño, carece usualmente de información con respecto a las rela-ciones que medien entre el conductor y el dueño. Si se le exigiera que ofreciese prueba afirmativa de la relación, quizás no podría nunca hacerlo, por justa y meritoria que fuese su causa de acción basada en el manejo negligente de un vehículo.
“Por otra parte, si se sostuviera, mediante prueba del dominio y de la negligencia, que incumbe al demandado demostrar que el carro era guiado al tiempo del accidente por un extraño u otra persona no conectada con sus negocios, la persona que tenga un caso merito-rio resultaría protegida y no se cometería injusticia alguna con el dueño.
“Los tribunales no están completamente de acuerdo en cuanto a la proposición de que la prueba del dominio establece un caso prima facie. Se han adoptado puntos de vista opuestos en varios casos. (Citas.)
“En esta jurisdicción, sin embargo, la cuestión presenta un caso de primera impresión, y, por las razones arriba expuestas, hemos adoptado la regla más liberal y sostenemos que la prueba del dominio constituye evidencia prima facie de que el conductor de un vehículo que causa daños debido a su negligencia es el sirviente o agente del dueño y que usa dicho vehículo en el curso de los negocios de éste.”

En Enea v. Pfister, 180 Wis. 329, 192 N.W. 1018, se argumenta en parecidos términos cuando se dice:

“Es fácil generalmente probar el dominio del carro que causó el daño. Los archivos públicos producen evidencia de este hecho. Pero la cuestión de si el carro, al tiempo de ser manejado, se utilizaba en los negocios del demandado, es una cuestión que descansa péculiarmente dentro del conocimiento del demandado y que en oca-siones es excesivamente difícil de probar por parte del demandante. Las exigencias de la justicia requieren la aplicación de esta regla, que nosotros aprobamos y adoptamos.

El comentarista Wigmore se expresa en igual sentido en la segunda edición de su obra, sección 2510 a, Vol. V, pág. 502; Guzmán Lopez v. Ortiz, supra.

Las decisiones que hemos citado demuestran claramente la necesidad y la conveniencia de adoptar esta regla que ya lia sido reconocida por este tribunal en distintas decisiones. No sería justo variar esta regla por un fundamento como el argüido por la parte apelante, de que la misma establece una presunción basada en otra presunción. En realidad no se trata sino de dos presunciones independientes que surgen de un mismo hecho que el demandado, en estos casos, puede fácilmente, si le asiste la razón, rebatir mediante evidencia directa. En el presente caso el demandado no ha ofrecido prueba alguna para rebatir estas presunciones. Tampoco cabría variar dicha regla por el hecho de que el demandante podría en determinadas ocasiones obtener de la corte una orden de subpoena duces tecum. El demandante estaría obli-gado a especificar en su moción qué documentos desea que la empresa demandada traiga ante el tribunal. % Cómo podría exigirse que tenga conocimiento de los documentos de la demandada en que aparecen datos que puedan utilizarse como evidencia directa de los dos extremos a que nos hemos refe-rido? La distinción que trata de establecer la parte ape-lante entre este caso y el de Sánchez v. Asiatic Petroleum Co., supra, carece de importancia. Los casos son completamente idénticos en cuanto a la presunción establecida por la regia que lia adoptado este tribunal. Deben desestimarse los erro-res apuntados.

Se alega como tercer error la resolución de la corte inferior declarando sin lugar la excepción previa a la última demanda enmendada radicada en 13 de junio de 1934, sobre falta de hechos para constituir una causa de acción. Este error no aparece argumentado por la parte demandada y lo desestimamos porque de un estudio que hemos hecho de la demanda entendemos que en la misma se aducen hechos bas-tantes para sostener la acción ejercitada.

Se alega también que la corte inferior erró y abusó de su discreción al imponerle a la demandada las costas, gas-tos y desembolsos incurridos por la parte actora. Sobre este particular, después de un estudio de los autos, nos incli-namos a respetar el criterio sostenido por el tribunal a quo en el uso de su discreción.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.