text:
    Francisco Cruz, menor representado por su madre con patria potestad, Alejandrina Franco, demandante y apelante, v. Central Pasto Viejo, Inc., demandada y apelada.
    No. 5599.

    Sometido: Mayo 6, 1932.

    Resuelto: Enero 11, 1933.

      Arüiro Aponte y F. Gallardo Díaz, abogados del apelante; W. L. Newsom, Jr., y J. Henri Brown, abogados de la apelada.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda enmendada que sirve de base a esta acción se alegan los siguientes hechos:

Que el demandante Francisco Cruz es un niño de nueve años de edad, huérfano de padre, estando representado en esta acción por su madre con patria potestad, Alejandrina Franco, vecina de Humacao, siendo la demandada, Central Pasto Viejo Inc., una corporación organizada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, teniendo su domicilio legal dentro del distrito judicial de Humacao.

Que el día 4 de mayo de 1928, así como antes y después de dicha fecha, la demandada era dueña de una finca de cañas denominada Colonia “Muías”, situada en la municipalidad de Humacao, siendo dueña asimismo de las plantaciones, bueyes, carros e implementos de labranza utilizados por ella eomo parte de sn negocio lucrativo de siembra, molienda y manufactura de azúcar de caña.

Que el demandante nació el día último de junio de 1918 y el día 4 de mayo de 1928, estando trabajando al servicio de la demandada en el oficio de dar “rabo” u boj as de cañas a los bueyes de la demandada mientras dichos bueyes estaban uncidos a los carros destinados a transportar las cañas cor-tadas y en el oficio de recoger las cañas que se cayeran de los carros durante el acarreo, ganando un jornal de $0.50 diarios en la mencionada finca “Muías”, y debido a la negli-gencia de la demandada, se volcó uno de los carros men-cionados, cayendo parte del mismo sobre el cuerpo del de-mandante, fracturándole el cráneo e hiriéndole gravemente, a consecuencia de lo que hubo de ser recluido en un hospital por algunos meses, sufriendo intensos dolores físicos y an-gustias mentales, perdiendo la visión natural de sus ojos, quedando parcialmente paralítico y quedando permanente-mente inútil para todo trabajo.

Que dicho menor fue empleado de dicha corporación sin habérsele exigido el certificado requerido por la ley, no siendo su madre inválida ni su padre tampoco, ni dependiendo ellos del demandante para su subsistencia.

Que la demandada ha causado daños y perjuicios al de-mandante por la suma de $50,000 que son los que se reclaman en esta acción en concepto de daños y perjuicios, más las costas.

Esta demanda fué contestada por la demandada Central Pasto Yiejo Inc., aceptando el hecho primero de la misma, que se refiere a la capacidad de las partes, y el segundo en lo que se refiere a que la demandada, en 4 de mayo de 1928, era dueña de la finca denominada Colonia “Muías” y de las plantaciones de caña, bueyes, carros e implementos de la-branza utilizados por ella eomo parte de su negocio lucrativo de siembra, molienda y manufactura de caña, pero se alega que el menor Francisco Cruz, el día en que ocurrió el supuesto accidente no se encontraba trabajando al servicio de la cor-poración demandada,, ni de ninguno de sus administradores, ni empleados, y que el accidente ocurrió por baber ordenado el padre de dicbo menor, el Sr. Raimundo Cruz, al menor de-mandante que se trasladara a otra de las colonias que es propiedad de la demandada, ordenándole que se montara en uno de los carros que iba para el referido lugar, y que con tal motivo y a consecuencia de haberse volcado el carro, sufrió el menor demandante varias contusiones en el cuerpo, de las que fué curado en el Hospital Presbiteriano de Humacao.

; Como materia nueva de defensa y de oposición a la de-manda enmendada, la demandada alegó que por escritura número 115 de fecha 2 de junio de 1928, otorgada en Hu-macao, P. R., por Raimundo Cruz, padre del menor deman-dante Francisco Cruz, y actuando como padre con patria potestad sobre su menor hijo aquí demandante, y don Fernando Margarida en su carácter de vicepresidente de la cor-poración demandada, celebraron un convenio de transacción, por virtud del cual don Raimundo Cruz, en su carácter de padre con patria potestad sobre el menor demandante, exo-neró de toda responsabilidad directa o indirecta a la corpora-ción demandada con motivo del accidente ocurrido a su menor hijo Francisco Cruz, y recibiendo por virtud del expresado convenio de transacción la suma de $450 como justa com-pensación por todos los daños y perjuicios que pudieran reclamarse contra la corporación demandada, con motivo del accidente mencionado, y en adición a la expresada suma, la corporación demandada se obligó asimismo a pagar todos los gastos de estadía en el Hospital Presbiteriano de Humacao, del referido menor demandante, por todo el tiempo que tuviera necesidad de estar recluido en el referido hospital, a consecuencia de las lesiones recibidas en el accidente men-cionado, todos cuyos gastos fueron pagados por la corpora-ción demandada, y que ascendieron a la suma de $40.

Que la corporación demandada no lia tenido intervención directa ni indirecta en el accidente del menor demandante, siendo la cansa inmediata de la misma la negligencia del padre del demandante, Sr. Baimundo Cruz, quien ordenó a su menor hijo que se montara en uno de los carros que se dirigían hacia una de las colonias propiedad de la corpora-ción demandada.

Celebrado juicio y declarada sin lugar la demanda, el demandante interpuso el presente recurso de apelación.

Basa su fallo la corte inferior en el convenio celebrado por la demandada con B.aimundo Cruz, en representación de su hijo menor, el cual, según dicha corte, constituye una transacción y tiene el carácter de cosa juzgada. Copiamos a continuación el mencionado contrato:

“NÚMero Quince. — Convenio de Transacción. — En la ciudad de Humacao, Isla de Puerto Eico, a los dos días del mes de junio de 1928, — Ante Mí, — Joaquín Vendrell Joubert, abogado y notario público, con residencia en la ciudad de Caguas y estudio abierto en la calle Gautier Benitez de la misma, asistido de los testigos que al final se expresarán: — 'Comparecen:—De una parte, Don Raimundo Cruz, mayor de edad, casado, jornalero y vecino de esta ciudad, en representación como padre con patria potestad sobre su menor hijo Francisco Cruz. — -Y de la otra parte, Don Fernando Margarida, mayor de edad, casado, Ingeniero Químico y vecino de Caguas, en su carácter de Vice-presidente de la Central Pasto Yiejo Inc., que es una corporación organizada con arreglo a las leyes del país, con oficinas principales en la ciudad de Caguas, registrada en la oficina del Secre-tario Ejecutivo de Puerto Rico y autorizada para hacer negocios en esta Isla.-^-Yo, el Notario, doy fe del conocimiento personal de los comparecientes, así como por sus propias manifestaciones de su edad, estado, profesión y vecindad. — Aseguran tener y tienen a mi juicio la capacidad legal necesaria para este otorgamiento sin que me conste nada en contrario y libremente Exponen:
“Primerio. — Manifiesta don Raimundo Cruz que desde hace algún tiempo viene trabajando con la Central Pasto Yiejo por medio de ajus-tes en el deshierbo y cultivo de las plantaciones de cañas que se hallan en la finca denominada “Muías”, propiedad de la corporación Central Pasto Yiejo Inc., y que ha venido utilizando a su hijo el menor Francisco Cruz como aguador para distribuir el agua a los traba-jadores que utilizaba el referido Baimundo Cruz en los deshierbos.
“ Segundo. — Que posteriormente y a consecuencia de haberse ter-minado este trabajo uno de los mayordomos de la colonia ‘Muías’ lla-mado Luis Rivera ordenó a dicho Baimundo Cruz que fuera a tra-bajar en el bombeo de cañas en un carro que hay en la colonia llamada Muías.
“TeRCbro. — Que con el fin de utilizar el compareciente a su hijo menor Francisco Cruz, le ordenó a éste para que se dedicara a darle rabos de caña a los bueyes.
“Cuarto. — Que inmediatamente el niño Francisco Cruz, hijo del compareciente don Baimundo Cruz, montó en uno de los carros tirados por bueyes que iba hacia el cerro, con tan mala suerte que el carro se volcó, resultando el niño con una fractura en el cráneo y a conse-cuencia de este accidente hubo que llevarle al Hospital Presbiteriano de Humacao, donde se encuentra en la actualidad recluido bajo tra-tamiento médico, gastos que bondadosamente se están haciendo por cuenta de la Central Pasto Viejo.
“Quinto. — Que en este accidente no ha tenido intervención directa ni indirecta ninguno de los empleados de la corporación Central Pasto Viejo Inc., y que el trabajo que estaba realizando el hijo del compareciente don Baimundo Cruz fué por mandato del compare-ciente don Raimundo Cruz, padre del menor Francisco Cruz.
“Y habiendo convenido los comparecientes Baimundo Cruz como padre con patria potestad sobre su menor hijo Francisco Cruz, y don Francisco Margarida, en su carácter de Vicepresidente de la Corpora-ción Central Pasto Viejo Inc., en celebrar un convenio de transacción, al efecto por las siguientes cláusulas, Otorgan:
“A. — Que con el fin de ayudar al compareciente don Raimundo Cruz por la desgracia ocurrida a su hijo Francisco Cruz en momentos en que estaba obedeciendo órdenes de dicho compareciente Baimundo Cruz, la Corporación Central Pasto Viejo Inc., por conducto de su representante el compareciente don Femando Margarida le ha ofre-cido a dicho compareciente don Baimundo Cruz la suma de Cuatro-CIENTOS CINCUENTA Dólares que el dicho compareciente don Bai-mundo Cruz acepta gustoso y cuya cantidad recibe en este mismo acto y en mi presencia en un cheque por igual suma expedido bajo el número 1983 a favor y orden de dicho Baimundo Cruz contra The National City Bank of New York, Caguas Branch, por lo que otorga a favor de la corporación Central Pasto Viejo la más eficaz carta de pago.
“B. — Que aunque la corporación Central Basto Viejo Inc. por me-dio de sus empleados ni por ninguna otra persona en su nombre no ba tenido responsabilidad directa o indirecta en el accidente ocurrido a su menor bijo Francisco Cruz; y con el propósito de evitar cualquier litigio que pudiera sobrevenir con motivo de este accidente, la canti-dad aquí consignada y entregada al Sr. Raimundo Cruz en su carác-ter de padre con patria potestad sobre su menor bijo Francisco Cruz, se entenderá como una justa compensación por todos los daños y perjuicios que pudieran reclamarse contra la referida corporación con motivo del accidente referido, y al efecto el compareciente don Rai-mundo Cruz como padre con patria potestad sobre su menor bijo Francisco Cruz, se obliga a no iniciar ninguna acción contra la cor-poración Central Pasto Viejo Inc., con motivo de dicbo accidente, por entender que la cantidad aquí recibida cubre cualquier perjuicio que pudiera reclamar en representación de su menor bijo con motivo del referido accidente.
“C. — La corporación Central Pasto Viejo Inc. en adición a la cuantía aquí pagada por vía de indemnización de daños y perjuicios, se obliga asimismo a pagar todos los gastos que se originen por la asistencia médica, medicinas y gastos de estadía en el Hospital Pres-biteriano de HumacaO' durante todo el tiempo que el menor Francisco Cruz tenga necesidad de estar recluido en el mencionado Hospital Presbiteriano por el accidente referido.
“D. — Manifiestan el compareciente don Raimundo Cruz y el com-pareciente don Fernando Margarida que el menor Francisco Cruz no estaba empleado ni trabajaba por cuenta de la corporación Central Pasto Viejo Inc., en el día en que ocurrió el accidente.
“Las partes aceptan esta transacción por ser conforme a lo con-venido.
“V yo el notario bice a los otorgantes las advertencias legales per-tinentes por este acto.
“Así lo dicen, otorgan por ante mí y los testigos presentes, mayo-res de edad, sin tacha legal para serlo y vecinos de esta ciudad, según aseguran don Cruz Pérez y don Mareos Ojeda.
“Leída esta escritura a otorgantes y testigos porque renunciaron el derecho de leerla por sí, del que les advertí, bailándole conforme, la ratifican los otorgantes y la firman todos ante mí, que de todo cuanto en la presente se consigna, yo, el Notario, doy fe. — Raimundo Cruz. — F. Margarida.- — Cruz Pérez. — Marcos Ojeda.- — Signado, y fir-mado, Joaquín Vendrell, Notario Público. — -Hay cancelados sellos de rentas internas por valor de un dollar y el de la notaría.
“Concuerda bien y fielmente con el original de su contenido a que me remito. En fe de ello y a pedimento de la Central Pasto Viejo Inc., libro la presente copia que firmo, sello y signo en Caguas, Puerto Rico, boy día de su otorgamiento. — Joaquín Vendrell, Notario.”

El documento que antecede fné firmado por las partes en 2 de jnnio de 1928. Con anterioridad a.esta fecha, o sea el 24 de mayo del mismo año, la corporación demandada com-pareció ante la Corte de Distrito de Hnmacao, solicitando sn aprobación a nn convenio de transacción celebrado por la demandada con Raimundo Cruz, padre del menor Francisco Cruz, con motivo del accidente que sufrió este ultimo el día 4 de mayo de 1928. En este convenio la corporación deman-dada ofrece $450 a .Raimundo Cruz, que éste acepta como una justa compensación por todos los daños y perjuicios que pudieran reclamarse contra la mencionada corporación con motivo del accidente referido. La corte de distrito celebró una vista sobre esta solicitud de aprobación judicial, con intervención del fiscal y del abogado F. Gallardo Díaz, quien compareció como interventor. El fiscal y el Sr. Gallardo se opusieron a la solicitud y la corte se reservó su resolución. Mientras tanto las partes, sin esperar la resolución de la corte, celebraron el convenio que se alega como materia nueva en la contestación a la demanda.

La primera cuestión a considerar es si Raimundo Cruz tuvo o no autoridad para transigir los derechos que hubiere podido tener su hijo contra la corporación demandada, prescindiendo de la aprobación judicial.

La transacción es un convenio mediante el cual dos o más personas evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado. Toda transacción envuelve conce-siones recíprocas para evitar o terminar un litigio y resolver definitivamente un estado de incertidumbre de las partes sobre una relación de derecho. “La capacidad para tran-sigir”, dice Manresa, “está condicionada por la capacidad para disponer de los bienes, puesto que,” según dicho comen-tarista, “las mutuas concesiones de las partes equivalen a actos de enajenación.”

Con respecto a la capacidad de los representantes legales de nn menor para transigir sobre los bienes y derechos de éste, el Código Civil establece ciertas diferencias entre las facultades qne se conceden al tutor y aquéllas que se con-ceden al padre. El tutor necesita la autorización expresa de una corte de distrito para transigir y comprometer en árbitros las cuestiones en que el menor estuviere interesado, mientras que el padre, o en su caso la madre, puede transigir sobre los bienes y derechos del hijo qne estuviere bajo su patria potestad, con la salvedad de que la transacción no surtirá efecto sin la aprobación judicial, cuando el valor del objeto sobre qne recaiga exceda de $500. “El fundamento legal de dicha diferencia”, dice Manresa en el tomo 12, pá-gina 107, de sus Comentarios al Código Civil Español, “es-triba en la mayor confianza que al legislador ha debido y debe merecer siempre el interés que por los hijos tienen en todo tiempo los padres, y por eso los faculta para transigir sobre sus bienes y derechos cuando el valor de los que sean objeto de la transacción tenga tan corta importancia que no exceda del tipo fijado por la ley, pues pasado éste necesitarán la autorización judicial, porque sin ella no podrá surtir efecto alguno.”

De acuerdo con el artículo 159 del Código Civil, edición 1930, el ejercicio de la patria potestad no autoriza al padre ni a la madre para enajenar o gravar bienes inmuebles de clase alguna o muebles cuyo valor exceda de $500 pertene-cientes al hijo, y que estén bajo la administración de aquéllos, sin autorización de la corte de distrito en que radican los bienes, previa comprobación de la necesidad o utilidad "de la enajenación o el gravamen. De acuerdo con el inciso quinto del artículo 212 del Código Civil, edición 1930, el tutor necesita autorización de la corte de distrito competente para enajenar o gravar bienes inmuebles que constituyan el capital de los menores o incapaces, o hacer contratos o actos sujetos a inscripción, así como para enajenar bienes muebles, cuyo valor pase de $200. La doctrina que prevalece en Estados Unidos concede al tutor facultades más amplias que al padre en su carácter de tal, sobre los derechos y bienes de los menores. El padre, por ejemplo, en su carácter de tal, no puede, en ausencia de un estatuto que así lo disponga, transigir reclamaciones en favor o en contra de su hijo. E) tutor o guardián, en ausencia de una disposición restrictiva, está autorizado para transigir reclamaciones existentes en favor de su pupilo siempre que actúe de buena fe. Los es-tatutos de algunos estados, sin embargo, reservan a las cortes la facultad de autorizar las transacciones, y bajo estos es-tatutos el tutor no puede transigir sin haber obtenido auto-rización judicial. En el estado de Louisiana se necesita la autorización del consejo de familia. Las facultades que se reconocen al tutor, en ausencia de disposiciones restrictivas, se basan en que éste es en realidad un brazo de la corte a cuya autoridad se somete en el desempeño de sus funciones. El tutor es un comisario o “trustee” que responde de la fiel ejecución de sus deberes y de todos los bienes que per-tenezcan a su pupilo y caigan bajo su dominio o control. El padre es el guardián natural de la persona del hijo y debe ser preferido sobre cualquier otra persona para el nombra-miento de tutor general, lo mismo que la madre en caso de que haya muerto el primero. Esta es la regla general de la jurisprudencia, a menos que existan razones poderosas para prescindir de los padres como cuando así lo requieren el bienestar y la felicidad del menor. Cuando el padre se convierte en tutor, tiene, como es natural, las mismas facul-tades que un tutor general sobre los derechos y bienes de sus hijos.

En el estado de Minnesota, donde la ley concede al padre el derecho de promover una acción por daños ocasionados al hijo, se ha sostenido que el padre está autorizado para transi-gir, pero la Corte Suprema de dicho estado dice que este estatuto ha sido sostenido contra objeciones constitucionales por tratarse al padre como un comisario legal (statutory trustee). Hannula v. Duluth, 130 Minn. 3, 153 N. W. 250. Y en el caso de Picciano v. Diluth, etc. R. Co., 102 Minn. 21, 112 N. W. 885, resuelto por la misma corte, se dice que habiéndose creado por el estatuto una relación de comisaría (trusteeship), la corte retiene jurisdicción de la materia y del comisario, y que las negociaciones de éste, con respecto al menor, pueden ser revisadas en cualquier tiempo por justa causa cuando lo requiera la protección del menor.

La Corte de Minnesota, teniendo en cuenta la relación creada por la ley, no impone limitaciones al padre ]5ara transigir, por razón de la cuantía, en un caso comprendido dentro del estatuto. Nuestro Código Civil establece la regla general de que la transacción no surtirá efecto cuando el valor del objeto sobre que recaiga exceda de $500. La auto-rización al padre, o en su caso a la madre, para transigir, sin necesidad de aprobación judicial, cuando el valor del objeto sobre que recaiga la transacción no exceda de $500, constituye una excepción a la regla general basada en la corta importancia de la cantidad.

Ahora bien, esta facultad que se concede al padre para transigir, sin aprobación judicial cuando el valor del objeto no exceda de $500, ¿le autoriza para fijar la cuantía y pres-cindir de la autorización judicial cuando surge un derecho de acción en virtud de daños ocasionados al hijo? El Código Civil Español, en su artículo 274, autoriza al consejo de familia para oír el dictamen de uno o más letrados cuando se trata de transacciones solicitadas por el tutor. La legislación española, penetrada de la transcendencia de una transacción, reconoce la conveniencia de la intervención de letrados cuando la importancia del asunto lo aconseja. En el presente caso se trata de una reclamación de daños y perjuicios por lesiones que recibiera el menor, y sabido es que las mismas cortes de justicia en casos de esta naturaleza necesitan de un estu-dio laborioso para fallar a conciencia al fijar la' cuantía de los daños y perjuicios ocasionados. Es verdad que el derecho de acción que surge por daños inferidos a la persona es gene-ralmente de carácter dudoso e incierto y que el valor del objeto puede ser afectado por la incertidumbre y las dudas que se abriguen con respecto al resultado definitivo en una acción judicial; pero siendo varios los elementos a con-siderar para juzgar la importancia del caso, como por ejem-plo las lesiones inferidas, los daños ocasionados, la negli-gencia, etc., bay que examinarlos todos en conjunto para apreciar, siquiera sea aproximadamente, el valor del objeto que es el derecho de acción. La duda y otras circunstancias pueden influir en la cantidad que se fije para la transacción, ya que este contrato supone mutuas concesiones, el valor del objeto puede exceder de $500, y la transacción llevarse a cabo por una suma menor; pero la ley no faculta al padre para prescindir de la autorización judicial tomando como base la cantidad que juiciosa o caprichosamente fije para la transac-ción, sino el valor del objeto sobre que recaiga dicha transac-ción.

TJna corte de distrito puede, por ejemplo, autorizar una transacción por una cantidad menor de $500, aunque el valor del objeto exceda de esa suma, teniendo en cuenta lo dudoso del derecho, las inconveniencias de un litigio, las concesiones mutuas inherentes a toda transacción, y otras circunstancias dignas de consideración; pero esto no quiere decir que el padre hubiese estado autorizado para transigir y prescindir de la autorización judicial en este caso por el hecho de que se fijara para la transacción una suma menor de $500. Nosotros entendemos que en un caso como éste, en que el valor del objeto depende de la naturaleza del caso, y en que no es empresa fácil determinar ese valor, la corte de distrito competente y no el padre, es la autoridad llamada a inter-venir en última instancia para aprobar o desaprobar la transacción iniciada por el padre, según lo aconsejen los intereses del menor. Natural es que en una acción de daños y perjuicios, surjan dudas acerca del valor del objeto o de-recho de acción, y cuando existan estas dudas, por el interés del menor, en Men de la justicia, y de acuerdo con el espíritu de la ley, en vez de aplicarse la excepción, debemos regirnos por la regla general que requiere la aprobación judicial para que surta efecto la transacción.

En el presente caso, la demandada entregó $450 a Rai-mundo Cruz, haciendo constar las partes que esta suma se entenderá como una justa compensación por todos los daños y perjuicios que pudieran reclamarse contra la referida cor-poración con motivo del accidente, obligándose Raimundo Cruz, en representación de su hijo, a no iniciar ninguna acción contra la corporación demandada, por entender que la cantidad recibida cubre cualquier perjuicio que pudiera reclamar en representación de su menor hijo con motivo del referido accidente.

Y a renglón seguido la corporación demandada dice que en adición a la cuantía aquí pagada por vía de indemnización, se obliga asimismo a pagar todos los gastos que se originen por la asistencia médica, medicinas y gastos de estadía en el Hospital Presbiteriano de Humacao, durante todo el tiem-po que el menor Francisco Cruz tenga necesidad de estar recluido en el mencionado hospital.

El documento ofrecido como prueba demuestra con cla-ridad que el convenio no se llevó a efecto exclusivamente por la cantidad de $450, sino que se tuvieron también en cuenta los gastos de hospital, médico y medicinas que se obligaba a pagar la demandada. El accidente ocurrió en 4 de mayo de 1928, y en 2 de junio del mismo año, cuando se autorizó el convenio, el menor llevaba veintinueve días de reclusión en el hospital, según se desprende del mismo convenio. De modo que si nos atenemos exclusivamente al convenio cele-brado por las partes, de la faz del mismo resulta que, amén de los $450 entregados a Francisco Cruz, la demandada se obligó a pagar una cantidad indefinida por los gastos oca-sionados y que pudieran ocasionarse durante todo el tiempo que el menor tuviese necesidad de permanecer recluido en el hospital. Añádase a esto que el contrato de transacción im-plica mutuas concesiones, y que siendo razonable suponer de parte de Francisco Cruz alguna concesión con respecto a la cuantía, surge lógicamente del mismo convenio la deduc-ción de que las partes tuvieron m mente, al apreciar el valor del objeto, una cantidad mayor de $500.

Si nos atenemos a la prueba, veremos que la demandada, en la alegación que establece como materia nueva, fija en $40 la cantidad pagada por los gastos, pero no ofrece evidencia alguna para sostener esta alegación que, de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil, debe considerarse como ne-gada. El único testigo que declara sobre los gastos, Agustín Martínez de Andino, administrador de la demandada, dice que se pagó la cuenta del hospital donde estaban incluidas todas las radiografías que se tomaron al niño y los gastos de medicina en la farmacia, pero no fija la suma que se pagó ni a cuanto ascendieron esos gastos. Las partes con-tratantes en el momento en que se llevó a cabo el convenio, ignoraban a cuánto podrían ascender estos gastos, puesto que el menor continuaba en el hospital y la demandada se obligó a cubrir dichos gastos durante todo el tiempo que dicho menor tuviese necesidad de permanecer allí, y el Dr. Segarra, médico de la demandada, cuando ocurrió el accidente, y quien asistió al niño después de practicada la primera cura por la- Dra. Skent, dice que Francisco Cruz estuvo en el hospital como dos o tres meses. Así lo dice también la corte inferior en sus conclusiones de hecho.

Resulta claro, a nuestro juicio, de la faz del propio con-venio, que el contrato do transacción no adquirió vida legal, toda vez que no se cumplió con el requisito de someterlo a la aprobación judicial.

Los ilustrados abogados de la parte demandada citan en su abono la sentencia de 8 de junio de 1917 del Tribunal Supremo de España, en la cual este tribunal declara que el convenio de transacción queda perfeccionado por el consentimiento de los padres, aunque para su consumación, esto es, para que surta efecto, necesita de la aprobación judicial. En este caso se celebró un contrato de transacción con la madre de nnos menores en representación de éstos. Pasado algún tiempo se solicitó por la otra parte la rescisión del contrato y el Tribunal Supremo de España dice que habiéndose opuesto la madre en el pleito a la demanda de nulidad de la transacción, en vez de someterla a la sanción judicial en el plazo que medió basta la interposición de la demanda, es evidente que por 'Su parte dejó incumplida una obligación recíproca y condicionada que da lugar a la rescisión del con-trato, según el artículo 1124 del Código Civil Español (1077 de nuestro Código Civil, edición 1930). Conviene tener en cuenta que, según el artículo 1290 del Código Civil Español, equivalente al 1242 de nuestro Código Civil, edición de 1930, los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse en los casos establecidos por la ley.

En esta sentencia el tribunal español dice que el contrato de enajenación otorgado sin autorización judicial es nulo por falta de capacidad de los padres, pero no así el contrato de transacción que se perfecciona por el consentimiento de éstos.

No podemos estar conformes con la conclusión que esta-blece el Tribunal Supremo de España, por más que sus deci-siones nos merecen el más profundo respeto. La perfección se determina por la convención de las partes, completa, acabada, definitiva, en cuanto a las relaciones creadas y a las obligaciones establecidas. Una vez perfeccionado el con-trato, las partes quedan obligadas a darle efectividad me-diante el requisito de la consumación. Si, como dice la Corte Suprema de España, el contrato queda perfeccionado por el consentimiento de los padres, aunque para su consumación, esto es, para que surta efecto, necesita de la aprobación judicial, sería éste el único caso en que la perfección no surta efecto sin el requisito de la consumación. La consumación es una consecuencia necesaria de la perfección. A ella quedan obligadas las partes una vez perfeccionado el con-trato. A ella no puede quedar obligado un tribunal de justicia por el becbo de que el padre de un menor baya con-venido nna transacción. No acertamos a comprender cómo podría nna de las partes contratantes obligar a nn tribunal de justicia a impartir sn aprobación a nn contrato con el cnal no está de acuerdo, para cumplir el requisito de la con-sumación. Si aceptamos el criterio del Tribunal Supremo de España nos bailaríamos en presencia de un contrato per-feccionado, cuya consumación no puede exigirse, porque no depende de la voluntad de las partes, sino de la voluntad de un tribunal competente que en el ejercicio de sus facultades discrecionales puede lo mismo aprobar que desaprobar la transacción. Desaprobar equivale a no consentir, y si la transacción no se aprueba, el contrato que el Tribunal Supremo de España considera perfeccionado por el consenti-miento de los padres, quedaría ipso facto en el aire, por falta de consentimiento y no surtiría efecto, a pesar de su supuesta perfección. La aprobación judicial no es una fun-ción mecánica a la cual viene obligado el tribunal después de convenida una transacción por el padre. Cuando el legis-lador dispuso que la transacción convenida por el padre no surtiría efecto sin la aprobación judicial, quiso significar algo y no realizar un acto inútil e innecesario, carente de fuerza legal. Estas palabras resultan claras y diáfanas, forman parte de la ley, tienen su significación en nuestro idioma, y no pueden ser ignoradas por una decisión judicial.

La diferencia entre la enajenación y la transacción, cuando es necesaria la intervención judicial, estriba en que en la primera la autorización judicial es un requisito previo y en la segunda la aprobación o desaprobación puede recaer luego de aceptadas las bases del convenio. En la transacción el padre está autorizado a prestar su consentimiento, pero sujeto a la condición de que sea aprobada por la corte. Son dos entidades las que intervienen en este consentimiento: la autoridad paternal y la autoridad judicial. • Sin la aproba-ción de la última falta el complemento necesario para que el consentimiento se manifieste en toda su plenitud. Puede decirse que ambas entidades se complementan pero no se substituyen. El vínculo jurídico que crea las obligaciones y determina su exigibilidad no queda establecido por el mero consentimiento del padre mientras no se baya obtenido la aprobación judicial.

Veamos lo que nos dice Scaevola, comentando el artículo 1258 del Código Civil Español:

“ ‘Perfección del contrato’ equivale a terminación, a acabamiento en su formación, a contrato perfecto, terminado o concluido de gene-rar, dando a entender tal concepto que cíesele entonces produce todos sus efectos, o sea el cumplimiento de lo expresamente pactado. Por el mero concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa constitutivas del contrato, éste queda perfeccionado y las partes obligadas a su cumplimiento.
“Atañe esto a lo sustancial, a lo intrínseco del contrato, con inde-pendencia de aquellos casos en que extrínseca o formalmente son nece-sarios determinados requisitos para su validez (arts. 1280, 1628, 1661, 1667, 1668, 1812, 1857, 1863 y 1665), ritualismo no afectante a la entraña de la norma imperante en el artículo comentado, la cual ba de regir siempre bien sola, bien en combinación con la expresada, según la explícita declaración de la base 20 de la ley de 11 de mayo de 1888, de que ‘los contratos . . . continuarán sometidos al principio de que la simple coincidencia de voluntades entre los contratantes establece el vínculo, aun en aquellos casos en que se exigen solemnidades deter-minadas para la transmisión de las cosas, o el otorgamiento de escri-tura . . .’
“Hablamos de terminación o acabamiento, como sinónimo de per-fección, en el sentido de que desde tal instante quedan definitivamente creadas y establecidas las relaciones jurídicas constitutivas del con-trato. Éste adquiere vida; en una palabra: Nace, cerrándose allí el período de gestación o de elaboración de los derechos y obligaciones en la mente de los otorgantes. El ayuntamiento de las voluntades genera las obligaciones, correlativas a su vez de otros tantos derechos, cuyo conjunto forma el cuerpo jurídico del contrato.
“Por el consentimiento se perfecciona el contrato, y la perfección indica la terminación de un período de su vida y el punto de partida de otro, el de consumación, realización o efectividad.” (Tomo 20, Co-mentarios al Código Civil, págs. 558 y 559.)

Y Manresa, comentando el mismo artículo, se expresa así:

“I. La perfección y la consumación del contrato. — Períodos o fases sucesivas en el desenvolvimiento, en la vida del contrato, son la gene-ración, la perfección y la consumación del mismo, por el orden en que acabamos de enumerarlos. Acomodándonos nosotros al que no sin mo-tivo sigue el Código, dejamos para el comentario del artículo 1362 lo relativo a ese proceso preparatorio, que lleva desde la proposición, por todo el camino, a veces intrincado, de las negociaciones, basta la conformidad exacta de las partes, que origina la perfección del con-trato, de que abora nos toca hablar.
“La perfección viene a significar el nacimiento, la aparición del contrato como tal vínculo obligatorio, resultado de la conformidad a que se llega. La perfección de un acto jurídico supone la concurren-cia de aquellos requisitos que su esencia exige, y que determinan la producción de las consecuencias obligatorias que le son propias. Ese instálate se produce en los contratos por el mero consentimiento: poco importa que se exija por la ley el otorgamiento de escritura u otra forma especial, porque, aparte de ser válido el cumplimiento de las demás obligaciones aun sin ese requisito, su exigencia sólo supone que es una obligación más; pero obligación que, por serlo y hacerse exi-gible, patentiza que se verificó la perfección del contrato por el con-sentimiento en el que tiene origen.” (Tomo 8, Comentarios al Código Civil, págs. 584, 585.)

El artículo 1210 de nuestro Código Civil, equivalente al 1258 del Código Civil Español, no deja lugar a dudas. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Perfeccionado el contrato, surte inmediatamente sus efectos, porque adquiere vida jurídica y obliga a su cum-plimiento, sin necesidad de la consumación. Es claro que el padre puede convenir la transacción y que sus actos son válidos mientras actúe de acuerdo con las facultades que le concede el inciso segundo del artículo 1710 del Código Civil; pero si las partes contratantes, en vez de someter lo pactado al tribunal competente, prescindiendo de su intervención, dan por finalizado el contrato y actúan con carácter definitivo, entonces ese contrato, falto de vida jurídica, no surte efecto alguno, porque carece del requisito de la aprobación judicial. Las partes deben ser diligentes y procurar asegurar cuanto antes la sanción judicial para que se cumplan los propósitos de la ley. Sostener lo contrario equivaldría a dejar al transcurso del tiempo el cumplimiento de un requisito que bailó cabida en el Código Civil para beneficio del menor y cuya prolongación por tiempo indefinido daría al traste con el espirita y propósito de la misma ley.

El Tribunal Supremo de España atribuye a las partes en la transacción obligaciones recíprocas, y dice que el con-trato es rescindible cuando se dejan incumplidas estas obli-gaciones. La obligación recíproca en este caso consiste, según dicho tribunal, en someter la transacción a la aproba-ción judicial. Nosotros no nos explicamos cómo puede una parte solicitar la rescisión, cuando no ha cumplido con su propia obligación. Las obligaciones recíprocas a que se re-fiere la ley son aquellas que surgen del mismo contrato una vez perfeccionado, y no las que se relacionan con los requi-sitos esenciales para que la transacción adquiera vida ju-rídica y surta sus efectos como tal. No se puede pedir la rescisión de un convenio que no ha llegado a ser, que no se ha convertido en contrato, y que no puede surtir efecto legal. Los actos realizados por el padre en el uso de sus facultades para transigir son válidos; pero el contrato no lo es mientras no reciba la sanción judicial.

El alto tribunal español ha declarado, en su sentencia de 4 de enero de 1866, que “el que no cumple la obligación que se impuso en su compromiso, no tiene derecho a exigir, siendo mutuos y correlativos los deberes, que la otra parte haga lo que se comprometió a hacer”; y en la de 11 de julio de 1871, que “cumplido un contrato por una de las partes contratantes, debe obligarse a la otra a que cumpla a su vez aquello a que se convino.”

Los abogados de la corporación demandada sostienen que el convenio de transacción alegado en la materia nueva de su contestación no puede ser atacado colateralmente, y citan decisiones de los tribunales supremos de España y Louisiana, y una decisión de esta Corte Suprema (Matienzo v. González, 26 D.P.R. 474), en la cual se advierte la tendencia a aceptar la doctrina de que un convenio de transacción no está sujeto a impugnación colateral, sostenida por la Corte .Suprema de Louisiana. Esta doctrina se basa en preceptos sustantivos de la ley que tanto en España como en Louisiana y Puerto Pico equiparan la transacción, que tiene el carácter de cosa juzgada, a la decisión de una controversia por un .tribunal de justicia.

Nosotros creemos que cuando de la faz de la misma tran-sacción surge un defecto sustancial, como cuando falta la aprobación judicial en los casos en que se exige por la ley, el contrato carece de validez y puede ser atacado colateral-mente sin necesidad de solicitarse previa y directamente su nulidad.

La doctrina aplicable a las sentencias en general, Pacién-dolas inmunes a impugnaciones colaterales, no es aplicable a las transacciones que no hayan sido objeto de confirmación judicial. 12 C. J. 341.

El procedimiento generalmente adoptado por las cortes americanas exige confirmación judicial para que la transac-ción resulte inmune a un ataque colateral; nuestro Código Civil exige la aprobación judicial para que la transacción surta efecto, cuando es .el padre o la madre quien transige sobre los bienes o derechos de un hijo y el valor del objeto excede de $500. Nosotros creemos que debe adoptarse la doctrina que permite el ataque colateral, cuando la transac-ción requiere autorización o aprobación judicial y no se ha cumplido con ninguno de estos requisitos.

Copiamos de la opinión emitida por el Juez Brown en el caso de Gibson v. Nelson, 111 Minn. 183, 126 N. W. 731:

“Llegamos entonces a la cuestión relativa a si la estipulación sobre transacción y desistimiento puede ser anulada en este pleito, o si los procedimientos en el litigio anterior debieron ser tomados para dicho fin Los letrados de la -parte demandada presentaron este aspecto del caso con mnebo entusiasmo, y nosotros hemos dado al asunto seria y cuidadosa consideración, con el resultado de que no nos es posible concurrir con su criterio relativo a las reglas de derecho pertinentes a la materia. La doctrina contraria a ataques colaterales es aplicable casi exclusivamente a sentencias de cortes debidamente constituidas, o a los procedimientos y decisiones de funcionarios judiciales o cuasi judiciales en asuntos que caen dentro de su jurisdicción. No tiene aplicación a contratos, a estipulaciones o convenios en pleitos o proce-dimientos que no son seguidos por confirmación judicial. Todos los documentos privados, contratos y convenios,' están sujetos a ser ata-cados por fraude o por falta de autoridad de parte del agente para celebrar el mismo, cuandoquiera o doquiera que se aleguen derechos bajo los mismos. Es innecesario atacarles mediante un procedimiento directo.
“La estipulación en cuestión se refería a una transacción del liti-gio, o sea a un contrato que no fué seguido por una sentencia, y cae dentro de la regla sentada. No puede ser diferenciada ele una tran-sacción y exoneración corrientes, anteriores a la institución de un pleito. En casos de esa naturaleza, ele conformidad con las autorida-des generales, hemos resuelto uniformemente que la parte perjudicada puede pasar por alto la exoneración, instituir un litigio fundándose en la causa de que ha exonerado, y al radicarse una contestación alegando la transacción y exoneración, contestar que éstas fueron obtenidas mediante fraude, que no eran válidas por algún otro motivo y que carecían de fuerza obligatoria: Christianson v. Chicago etc. Ry. Co., 61 Minn. 249, 63 N. W. 639, 67 Minn. 94, 69 N.W. 640; Peterson v. Chicago etc. Ry. Co.; 36 Minn. 399, 31 N.W. 515.
“Fundándose la estipulación en una transacción dél litigio y en un contrato de exoneración de responsabilidad al demandado, ésta cae dentro de la regla y está sujeta a ser atacada, en este procedi-miento precisamente tal cual si no se hubiese incluido en el mismo disposición alguna sobre el desistimiento del litigio. Si se hubiese dic-tado una sentencia formal, es probable que hubiera sido necesario un procedimiento directo para anularla; más no se dictó tal senten-cia hasta que el litigio estaba fuera de la jurisdicción de la corte a virtud del desistimiento personal del demandado. Por tanto resolve-mos que era innecesario atacar la estipulación mediante moción o en alguna otra forma en el litigio anterior.
“Las autoridades citadas por la parte demandada en apoyo de la contención de que la estipulación tiene el mismo peso y efecto que una sentencia, no sostienen la posición, y la investigación que hemos hecho no ha traído a la luz ningún caso en que la regla aducida haya sido aplicada a una estipulación en que no se dictó sentencia.”

La Corte Suprema de Minnesota se refiere a transacciones que no fian sido objeto de confirmación judicial. En el pre-sente caso consideramos aplicable y saludable esta doctrina, por tratarse de un contrato en que intervienen menores y que requiere aprobación judicial, y porque además el fiecfio de que el padre no estaba autorizado para transigir, pres-cindiendo de la aprobación de la corte de distrito competente, surge de la misma transacción.

El demandante, por conducto de su abogado, solicita de este tribunal el pronunciamiento de la sentencia que debió fiaber dictado la corte inferior, de acuerdo con el artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil.

En sns conclusiones de fiecfio dice la corte inferior que la prueba relativa a si el menor demandante era o no un empleado de la demandada es en un todo contradictoria, pero que es un fiecfio cierto que el referido menor trabajaba en la central, con conocimiento y aquiescencia de la demandada, si bien se alega por ella que el trabajo lo bacía por cuenta de su padre Raimundo Cruz. Examinemos la prueba para ver si resulta probada o no la alegación de que el accidente de que fue víctima Francisco Cruz se debió a la negligencia de la corporación demandada, en momentos en que el deman-dante trabajaba al servicio de la referida corporación.

El testigo Flor Cruz declara que es carretero, que allá por el mes de mayo del año pasado (1928) trabajaba en la colonia Muías de la Central Pasto Viejo, colonia que se de-dica a sembrar cañas, que Francisco Cruz trabajaba con él en el carro y que su trabajo era darle cohollos a los bueyes y recoger las cañas, que este empleo que el niño desempeñaba se conoce con el nombre de rabero, que el testigo y el niño estaban empleados con don Luis Rivera, mayordomo de la central, que el niño fiabía estado trabajando como cuatro o cinco días antes de ocurrir el accidente, que el caso pasó arriba, al subir el cerro a mediados del camino, que cuando ocurrió el suceso el' testigo estaba carreteando caña de las piezas para las grúas, que yendo para la pieza de caña, a mediados del camino, había un callejón que cruzaba el cerro, y que a mediados del cerro la rueda de un lado del carro resbaló, porque el carro estaba más alto de un lado que del otro, y que el testigo trató de picar el buey de abajo, o sea tocarlo con la vara, y el buey era un poco pesado y no obedeció y como el otro buey era más arisco siempre el carro se viró y cogió debajo al niño, y entonces el declarante lo recogió. “Yo no iba montado”, dice el testigo, “iba del lado de abajo picando la yunta de bueyes y como el novillo de arriba era más arisco que el otro, yo piqué con la vara y al mismo tiempo resbaló y fue a picar al de abajo, y el de abajo me (sic.) obedeció y viró el carro.” Continúa decla-rando el testigo y dice que conoce a Raimundo Cruz y que éste no estaba en el sitio del suceso, que estaba al frente de la casa en una pieza de caña con una brigada, al pie de donde se conducía la caña, que vió al padre cuando le en-tregó al niño en el camino y no antes, que lo vió en la casa, en una pieza de caña donde estaba trabajando y lo llamó, que el declarante y Juan Martínez llevaban al niño en los brazos y allí vino el padre y recibió al niño.

El testigo Juan Martínez declara que hace tres o cuatro años trabaja como cuartero, que conoce bastante la cuestión de carros y bueyes, que el cuarteo consiste en enyugar una yunta de bueyes, o dos o tres, y el cuartero es quien la guía y la conduce, que sabe muy bien cómo se conducen los bueyes y que ha tenido experiencia en ello; que trabajaba de cuar-tero en la colonia Muías, que vió a Francisco Cruz empleado en la profesión de rabero como cuatro o cinco días y que al que da rabos se le llama rabero, que la colonia en que desem-peñaba ese empleo era “Las Muías”, de la Central Pasto Viejo, que los euarteros eran cuatro y el carretero Flor Cruz, que lo primero que hacían todos los días al empezar los trabajos era ir al chiquero a enyugar, que allí enyugaban y salían para la pieza, carretero, rabero, cuartero y capataz, que el día del accidente de Francisco Cruz el testigo vio a éste por la mañana en el chiquero enyugando yuntas y arreando bueyes, y después lo vió detrás del carro de Flor Cruz, yendo el testigo de cuartero; que salieron del chiquero el carretero, el cuartero, el rabero y el capataz, que iban a pie Flor Cruz y el niño, y al llegar a un sitio que era un callejón, que al lado le quedaba un callejón, un risco, iba un buey arisco y otro más calmoso y el carretero hincó al buey arisco y entonces el carro se volcó y cogió al niño, que en el camino había una zanja grande y el carro cayó allí dentro,

' que el carro se viró debido a que el carretero hincó al buey que no era y que cuando lo hincó el buey brincó y el carro se viró, que el carretero se equivocó porque hincó al buey arisco que era bastante arisco y que si no lo hubiese hincado quizá no le pasa nada al niño, porque si no lo hinca no hubiera caído el carro al hoyo; que el menor iba apareado al carro y cuando éste dió la vuelta lo alcanzó, que el camino es malo, y que en los días anteriores habían pasado por ese mismo camino con el niño Francisco Cruz, que se dirigían a la pieza en que se había de llenar la caña, en el mismo trabajo que habían tenido los días anteriores, que al testigo le pagaba la Central Pasto Viejo $1.25 diarios y que sabe que al niño le pagaban porque nadie va a trabajar gratis.

Juan N. Torres declara que estaba carreteando el día que ocurrió el accidente, que conoce al niño demandante pero no recuerda su nombre, que no recuerda si el accidente ocu-rrió en el mes de mayo o en el mes de junio, que vivía en Las Muías desde mucho antes de golpearse el niño, cerca de la casa de éste, que lo cierto es que el accidente ocurrió yendo el testigo en un carro para llenarlo de cañas a un cerro que había más arriba de la casa donde vivía el testigo, que iban más carros, y que no recuerda cuántos eran, que iba detrás de Flor Cruz, que el niño iba al lado de Flor Cruz y Juan Martínez delante, que el testigo trabajaba con Luis Bivera, mayordomo de la colonia Muías, que la Central Pasto Viejo le pagaba al testigo por mediación de Luis Bivera, y que sabe que al niño le pagaba la Central porque trabajaba en dicha Central, que está seguro que el niño tra-bajaba en la Central Pasto Viejo porque estaba allí traba-jando en presencia suya porque también le pagaba la Central, porque el niño trabajaba con don Luis y don Luis trabajaba también en la Central Pasto Viejo, que iba a cobrar con el niño y vió cuando le pagaban el dinero, que pocos días antes del accidente estuvo en casa del niño, que estaban allí la madre del niño y don Luis Rivera pero no el padre, Rai-mundo Cruz, y que oyó cuando don Luis le dijo al niño que se fuese a dar rabos con Flor Cruz que ganaría igual; que cuando subían una jar dita vió que Flor Cruz bincó al buey de la parte arriba y el otro buey era un poco arisco y se fué para encima del otro y al írsele encima el carro se viró; que el carretero hincó al buey de la parte arriba, al arisco, que el carro se volcó porque el carretero hincó al buey que no era, que hace mucho tiempo que el testigo es carretero y que si se hubiera hincado al buey de abajo no se habría volcado el carro, que el carretero le clavó el clavo al buey más arisco, al de la parte de arriba, y como era arisco el buey se tiró encima, del otro y el carro resbaló y se viró y cogió al niñito.

Alejandrina Franco, madre del niño, declara que se mu-daron de Río Blanco a la colonia Muías a indicación del ma-yordomo Luis Rivera, que cuando su hijo vivía en Naguabo estaba en la escuela y que el mayordomo le dijo a su esposo que el niño no iba a encontrar escuela, que lo pusiera a trabajar, y entonces le dijo que se fuera a dar agua que le pagarían a 50 centavos, que lo mandó a dar agua a una pieza de peones, que su hijo estuvo dando agua como dos semanas y entonces vino don Luis y dispuso que al otro día se fuera con Flor Cruz a darle rabos a los bueyes, que le pagaría lo mismo, que el niño le entregaba semanalmente lo que ganaba trabajando en la Central Pasto Viejo, que no sabe con quién trabajaba, porque no conocía a los capataces, que su esposo Raimundo Cruz trabajaba en la misma colonia, pero que el niño ño iba a trabajar con sn padre.

Lnis Rivera declara que allá por el día 4 de mayo de 1928 trabajaba en la colonia Millas de Pasto Viejo, qne co-noce a Raimundo Cruz y a un niño que se llama Francisco Cruz y conoce también a Alejandrina Franco y que estas personas vivían en la colonia Muías, que el testigo estaba entonces empleado como mayordomo de la demandada, cargo que estuvo desempeñando durante tres años, que no es mayor-domo de esa colonia desde el día 5 de abril de este año (1929), que las obligaciones del testigo eran autorizar los trabajos agrícolas de todo lo que hay que hacer en la colonia, des-yerbo, arado, corte y recolección de cañas, zanjeo, todo lo que hubiera que hacer, que el testigo era quien nombraba el personal de la colonia Muías para la distribución del trabajo, que en la semana del 26 de abril al 3 de mayo de 1928 tra-bajaron muchas personas en la colonia, que entre ellas tra-bajaba Raimundo Cruz y estaba también Francisco Cruz trabajando con su padre, que Raimundo Cruz estaba des-yerbando por ajuste y que éste utilizaba a Francisco Cruz en su ajuste como aguador, que era el padre quien le pagaba el jornal a Francisco Cruz, que el testigo no podía figurar el jornal del personal que trabajaba por ajuste, que lo figu-raba el que hacía el ajuste con el mayordomo, y que el testigo aunque no anotase el personal lo que hacía era contarlo y saber el número de personas que tenía trabajando, y le hacía un ticket del total del trabajo, que el ajustador coge un ticket y se lo da al ajustado, que entonces éste tiene su gente y le da la nota al ajustador y éste le paga el importe que cobra del total de ese ticket, que el menor Francisco Cruz era el que estaba en el trabajo y Raimundo Cruz, el padre, era el que trabajaba por ajuste, porque el testigo no podía hacer un contrato de ajuste con un niño como Francisco Cruz, que el niño iba a la escuela unas veces y otras no, y andaba con el padre por allí, que veía al niño jugando por allí y andando, que lo veía en el trabajo con el padre como aguador, traba--jando para los peones qne tenía el padre y por eso dice qne estaría trabajando, qne Baimundo Cruz se dedicaba a bacer ajnste de desyerbo, a bacer cnnetas, zanjeo, y si no había trabajo por ajnste, a bombear cañas, a cortarlas y a llenar carros de caña, qne cuando Baimnndo Crnz terminó el tra-bajo de desyerbo como a mitad de la semana en qne ocnrrió el accidente, lo mandó a bombear cañas, qne el día del acci-dente lo mandó a bombear cañas a la pieza donde estaban los carros cargando cañas, qne la pieza estaba cerca de la colonia, en la parte arriba, qne trabajaban allí ocho o diez personas, nn carretero y más nadie, qne la caña se recogía y se bacía el primer bombeo estando en nn alto y se bacía otro bombeo si era necesario hasta qne se bombeaba en nna joya y allí la recogía el carretero, qne la caña se bombeaba basta sacarla a nn sitio en qne pndiera el carro llenar, porqne primero se hace el bombeo y despnés del bombeo se hacen otras cosas, y nn carro viene y coge las. cañas, qne el carre-tero manda nn hombre o dos o tres a recoger la caña qne qneda en nn montón para qne cuando venga el carro enenentre la caña recogida y pueda, dar más viajes, qne eso era lo qne hacía Baimnndo Crnz el día 4 de mayo de 1928, en qne ocnrrió el accidente, del cnal se enteró despnés de ocnrrido. A preguntas del abogado Sr. Gallardo contestó este testigo qne había estado en la oficina del Ledo. Aponte para hablar del caso, qne el abogado Sr. Gallardo le dijo qne necesitaba qne fnera su testigo y que él contestó que vivía en la colonia Muías y no podía hacer ninguna acción hasta que se saliera de ella, qne despnés tendría en su pensamiento qué debería hacer. Luego, contestando al Sr. Aponte, dice qne recibió nna carta del Sr. Gallardo donde le decía qne el caso estaba señalado para el día Io. de agosto y debía venir, qne no está declarando a petición del Sr. Gallardo, qne si sn declaración está en favor de la compañía, pues está con la compañía, qne es la compañía qne representa el Sr. Vendrell. Pregun-tado si Gallardo sabía lo qne venía a declarar, contestó; “Como usted comprenderá a un enemigo no se le va-a decir que venga a declarar. Me parece que no sabía lo que venía a declarar, porque no estuve hablando de declaración con él.”

Se presentaron por la demandada varias listas de pago {pay-rolls) para demostrar que en la fábrica trabajaba un individuo llamado Francisco Cruz, que no es el demandante, y que Raimundo Cruz bacía trabajos de ajuste. En la lista que corresponde a la semana del 26 de abril al 3 de mayo de 1928, Raimundo Cruz aparece trabajando por día a $1.25 el día, y el 4 de mayo, fecha del accidente, no aparece su nombre en la lista.

La demandada alega en su contestación, bajo juramento, que no ha tenido intervención directa ni indirecta en el accidente del menor demandante, siendo la causa inmediata del mismo la negligencia del padre del demandante, Sr. Rai-mundo Cruz, quien ordenó a su hijo que se montara en uno de los carros que se dirigían hacia una de las colonias pro-piedad de la corporación demandada. En el contrato que se trató de celebrar entre la demandada y Raimundo Cruz, en representación de su hijo, dice el padre que con el fin de utilizar a su hijo menor Francisco Cruz le ordenó que se dedicara a darle rabos de cañas a los bueyes. El mayordomo Luis Rivera declara que Raimundo Cruz trabajaba por ajuste y que si no había trabajo de ajuste se dedicaba a bombear, cortar o llenar carros de caña. Añade dicho mayordomo que la semana del accidente, cuando Raimundo terminó el ajuste de desyerbo, lo mandó a bombear cañas, precisamente el mismo día del accidente. La declaración del mayordomo concuerda con la lista de pagos presentada por la demandada. Raimundo Cruz, lejos de aparecer trabajando por ajuste, figura trabajando por día en la lista que corresponde a la semana del 26 de abril al 3 de mayo de 1928, y el 4 de dicho mes, o sea el día del accidente, su nombre no aparece en ninguna parte. Don Luis Rivera mandó ese día a Raimundo Cruz a bombear cañas, que era uno de los trabajos a que se dedicaba cuando no había trabajos de ajuste.; Cuando dofi Luis dió esta orden ya Raimundo había terminado el des-yerbo del ajuste. Es evidente que el padre del niño en la fecha del accidente no trabajaba por ajuste y sí por día. Su ocupación en ese día fue bombear cañas. Raimundo Cruz no derivaba ventaja alguna de utilizar los servicios de su hijo. El trabajo que el menor realizaba en la Central cuando ocurrió el accidente beneficiaba exclusivamente a la corpo-ración demandada. Queda demostrado que el menor traba-jaba con el consentimiento y aquiescencia de la demandada, como dice la corte inferior, y que prestaba sus servicios a dicha demandada en los momentos en que ocurrió el accidente. Es de notarse que Raimundo Cruz no aparece en el sitio donde ocurrió el accidente. Sobre este extremo no hay con-tradición en la prueba. El carretero Flor Cruz declara que cuando llevaba el niño en los brazos en unión de Juan Mar-tínez encontró a Raimundo trabajando con una brigada frente a su casa, en una pieza de caña. Toda la prueba demuestra, sin dejar lugar a dudas, que el niño no trabajaba ese día al lado de su padre. La misma prueba de la corporación de-mandada demuestra que el niño había sido enviado a darle rabos a los bueyes, aunque se hace constar que por órdenes del padre.

El artículo 7 de la Ley No. 73 de 1919, regulando el tra-bajo de mujeres y niños y protegiéndolos contra ocupaciones peligrosas, dice que ningún niño menor de doce años será empleado o se le permitirá que trabaje en alguna ocupación lucrativa. El artículo 5 de la misma ley, copiado textual-mente de nuestra Carta Orgánica, dice que queda prohibido el empleo de niños menores de catorce años en cualquier ocupación perjudicial a la salud o a la moral que ponga en riesgo su vida o parte de su cuerpo. Por el artículo 14 de esta ley se fija una penalidad a todo patrono que infrinja cualquiera de sus disposiciones. El artículo 3 de la Ley No. 75 de 1921, para reglamentar el empleo de menores, dis-poniendo la asistencia obligatoria de los niños de Puerto •Rico a las escuelas y para otros fines, dispone, según fue enmendado en 1925, qne ningún niño, será empleado ni se le permitirá ni tolerará qne trabaje en ningnna ocnpación lncrativa ni en relación con ella, excepción becha del trabajo doméstico y en granjas y jardines, según lo dispuesto en el artículo 21 de esta ley, por mási de seis días consecutivos en una sola semana, ni más de cuarenta y ocbo boras en una semana, ni más de ocbo boras en un solo día, ni antes de las ocbo de la mañana ni después1 de las seis de la tarde. De acuerdo con el artículo primero de esta ley, enmendado en 1925, la palabra niño significará cualquier persona menor de diez y seis años. El artículo 8 de la ley mencionada de 1921 dice así:

“Ningún niño de catorce y menor de diez y seis años será em-pleado, ni se le permitirá ni tolerará que trabaje en ninguna ocupación lucrativa ni en relación con ella, excepción lieeha del trabajo domés-tico y en granjas y jardines a menos que su patrono procure y conserve en sus archivos, y accesible para cualquier funcionario, inspector u otra persona autorizada para obligar o ayudar al cumpli-miento de esta Ley, un permiso para trabajar durante el curso es-colar expedido ele acuerdo con lo que más adelante se dispone en esta Ley, y que fije una lista completa de todos estos niños empleados en tal ocupación en un sitio visible del local donde tales niños están empleados. ’ ’

El artículo 19 de esta ley impone una penalidad a cual-quier persona que emplee, procure emplear o permita que se emplee a un menor con infracción de cualquiera de las disposiciones de esta ley de 1921.

Puede que esta ley de 1921 y otras análogas a ella bayan sido aprobadas principalmente con el propósito de garan-tizar la educación del niño, pero no así la Ley de 1919, que contiene disposiciones contra ocupaciones peligrosas y que tiene por objeto principal proteger a las mujeres y a los niños contra determinadas ocupaciones. Todas estas leyes probiben el empleo de niños menores de diez y seis años en ocupaciones lucrativas. La probibición contenida en la ley de 1919 se refiere a menores de doce años, y la de 1921, enmendada en 1925, contiene la misma probibición con res-pecto a niños menores de diez y seis años, pero autoriza la ocnpaeión de nn niño en trabajos domésticos y en granjas y jardines.

Ocupación Incrativa, según la sección 15 de la ley de 1919, inclnye toda obra o trabajo en factorías, molinos, centrales, talleres de maquinarias o establecimientos o sitios de cual-quier clase donde baya una fábrica o empresa mecánica; en almacenes, tiendas, establecimientos o sitios de cualquier clase donde se realicen operaciones mercantiles; en fincas, haciendas, estancias o sitios de cualquier clase en los cuales se dirijan empresas agrícolas, de horticultura o pastoreo, y en toda empresa de minería o pesquería.

“Plantación” incluye toda hacienda, estancia u otro lote de tierra en que se ejerza alguna ocupación lucrativa.

El texto inglés del párrafo que acabamos de copiar, al definir las palabras ocupación lucrativa, incluye trabajos en “farms” y “plantations”, como significando cosas distintas. La enmienda aprobada en 1925 excluye de la prohibición los trabajos domésticos y los que se realicen en granjas y jar-dines (el texto inglés usa las palabras farms and gardens), pero no excluye trabajos en plantaciones y como esta palabra incluye toda hacienda, estancia u otro lote de tierra en que se ejerza alguna ocupación lucrativa, resulta claro que la corporación demandada autorizó, permitió y toleró que Francisco Cruz trabajara en una ocupación prohibida por la ley. El texto castellano resulta más claro que el texto inglés, porque este último, al establecer la excepción aprobada en 1925, usa las palabras “farms and gardens” y el texto caste-llano habla de granjas y jardines. Es claro y evidente que Francisco Cruz no trabajaba ni en una granja ni en un jardín.

El apelante invoca la doctrina sentada en Rivera v. Ribas, 81 D.P.R. 361. En este caso la corte resolvió por mayoría que el empleo de niños en contravención de la ley constituye negligencia per se. La corte además declaró que la ocupa-ción de dar rabos de caña a los bueyes y recoger las cañas que se caen mientras los carros cáminan es esencialmente peligrosa. La minoría de la corte sostuvo que la ocupación de dar rabos de caña a los bueyes no es una ocupación peli-grosa que constituya negligencia per se. Irrespectivamente de la interpretación que pueda darse a esta ocupación desde el punto de vista del peligro que envuelva, la verdad es que la corporación demandada autorizó, toleró y permitió que Francisco Cruz, niño que aun no babía cumplido diez años de edad, se ocupara el día del accidente en un trabajo prohi-bido por la ley. Cualquiera que sea el alcance probatorio de la violación del estatuto, ya se considere como negligencia per se o como prueba prima facie de negligencia, entendemos que la prueba aportada demuestra que la demandada es res-ponsable del accidente.

La corte inferior nos dice en sus conclusiones de hecho que no hay contención alguna en cuanto a la forma en que ocurrió el accidente, así como con respecto al punto de que el niño fue lesionado al caerle el carro encima. Los testigos Juan Martínez y Juan N. Torres declaran que había un buey arisco y que el carretero que guiaba el carm hincó a este buey. Juan N. Torres dice que el buey, como era arisco, se tiró encima del otro y el carro se viró; Juan Martínez de-clara que el buey brincó y el carro se viró y cayó en una zanja grande que allí había. Ambos testigos afirman que si no se hubiera hincado al buey arisco el carro no se habría virado. Flor Cruz, quien guiaba el carro que ocasionó el accidente, declara que hincó al buey de abajo, el cual era un poco pesado y no obedeció y como el otro buey era más arisco, siempre el carro se viró. Luego , dice: “Como el novillo de arriba era más arisco que el otro, piqué con la vara y al mismo tiempo resbaló y fué a picar al de abajo, y el de abajo me (sie.) obedeció y viró el carro.” La decla-ración de este testigo es algo confusa. Dice que como el novillo de arriba era más arisco picó con la vara que al mismo tiempo resbaló y fué a picar al de abajo. Tal parece qae al picar el carretero a ano de los baeyes con la vara, ésta resbaló y faé a picar al otro, al de abajo, qae era el manso, y si esto es así, y picó primero al baey de arriba, o sea al arisco, y laego al manso, sa declaración no está en conflicto en este extremo con el testimonio de Jaan Martínez y Jaan N. Torres qae declaran qae dicbo carretero hincó al baey arisco.

En cnanto a la descripción del sitio donde ocarrió el acci-dente, la praeba no es tan clara como faera de desear pero arroja bastante laz para, qae podamos darnos caenta de las circanstancias qae conearrieron al ocurrir el accidente. Flor Craz declara qae el accidente ocarrió al sabir el cerro, qae había an callejón qae crazaba el cerro y qae a mediados del cerro la raeda de an lado del carro resbaló, porqae el carro estaba más alto de an lado qae del otro; qae trató de picar al baey de abajo qae no obedeció y como el otro baey era más arisco siempre el carro se viró. El testigo Jaan Mar-tínez dice qae al llegar a an sitio qae era an callejón, qae al lado le qaedaba an callejón, an risco, faé qae ocarrió el accidente; qae en el camino había ana zanja grande y el carro cayó allí dentro, qae el camino es malo y qae en los días anteriores habían pasado por el mismo con el niño Francisco Craz. Jaan N. Torres dice qae lo cierto es qae el accidente ocarrió yendo en an carro a llenarlo de cañas a an cerro qae había más arriba de la casa del testigo y qae caando sabían ana jar dita faé qae Flor Craz hincó al baey arisco y se viró el carro.

La praeba demaestra qae el carretero iba a pie y qae caando hincó al baey arisco el carro sabía ana pendiente y estaba más alto de an lado qae del otro y el niño se encon-traba a ana distancia donde podía ser alcanzado, como efec-tivamente lo faé, por el carro qae se viró y cayó en ana zanja qae allí había. Qaeda demostrado qae la demandada utili-zaba an baey arisco, qae permitió al niño trabajar de rabero con este buey y pasar con el carro por nn camino malo donde había nna zanja y mientras el carro snbía una pendiente, qne el accidente ocurrió cuando fue hincado el buey arisco, que se estaban violando por dicha demandada las disposi-ciones de la ley y que todo esto se hacía con un menor de nueve años y meses, de cuyos servicios se beneficiaba. A nuestro juicio todos estos actos ponen de relieve la negli-gencia de la parte demandada.

Bástanos ahora determinar la cuantía de la indemnización. La corte inferior, en sus conclusiones de hecho, dice que el niño fuá lesionado al caerle el carro encima, habiendo sufrido como consecuencia de las lesiones recibidas una fractura en la base del cráneo, lesión de carácter grave que lo tuvo recluido en el Hospital Presbiteriano por espacio de dos o tres meses, así como privado del conocimiento por espacio de ocho o diez días, presentando una parálisis del lado izquierdo de la cara y habiendo sufrido desperfectos en los órganos visuales que le producen la doble vista, o sea el ver los objetos repetidos, sufriendo además fuertes dolores físicos. Refiriéndose a la parálisis de que habla la corte inferior, el Dr. Segarra, único perito que declaró en este caso, dice que el niño no puede pestañear normalmente porque hay una parálisis del lado izquierdo total, absoluta, y que esta parálisis es de carácter permanente. Añade el perito que el niño está igual a como lo vió cuando se levantó del hospital. El pronóstico de este niño es sombrío, “porque tenemos dos clases de parálisis, en la cara y en la frente.” El niño tenía nueve años y gozaba de buena salud, y ganaba cincuenta centavos diarios, según declara la madre. Entendemos que debe concedérsele una indemnización de $5,001.00.

Debe revocarse la sentencia apelada, sin especial conde-nación de costas.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Aldrey disintieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Audrey,

license: Public Domain

text:
    Carlos Carle Dubois, demandante y apelante, v. José J. Benítez, demandado y apelado.
    No. 6220.

    Sometido: Enero 9, 1933.

      Resuelto: Enero 12, 1933.

      Largó & Acevedo, abogados del apelante; González Fagundo & Gon-zález Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Para cumplir una sentencia condenatoria de pago en pleito de Carlos Carie Dubois contra José J. Benítez fué embargada y anunciada para venta en subasta una finca como perteneciente al demandado; subasta que fue suspendida por orden de la corte dictada en un mjimction provisional decre-tado en otro pleito que sobre tercería por esa finca estableció la comunidad de bienes José J. Benítez e Hijos contra Carlos Carie Dubois y José J. Benítez. Posteriormente ordenó la corte que se sacara a remate el título, derecho e interés que José J. Benítez tenga en dicha finca, pero luego, a instancia del demandado José J. Benítez, fué dejada sin efecto esa orden de ejecución y el demandante interpuso esta apelación contra dicha resolución, la que se nos pide desestimemos por el fundamento de no ser apelable tal resolución.

El único apartado del párrafo 3o. del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil donde puede estar autorizada esta apelación es el que dice que se puede apelar “de una providencia especial dictada después de una sentencia defini-tiva”.

Entendemos que la resolución objeto de este recurso es apelable por ser una providencia especial dictada después de sentencia definitiva, pues impide que el acreedor pueda hacer efectiva su sentencia en el derecho, título o interés que tiene o pueda tener sn deudor en determinada finca. Es una re-solución que obstaculiza la efectividad de su sentencia y tiene derecho a que se resuelva en apelación si es errónea o no.

La moción de desestimación de la apelación debe ser de-clarada sim, lugar.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Pedro Juan Serrallés Galiano, demandante y apelado, v. Rafael Saurí Tristani y Elisabeth Tyrell de Saurí, demandados y apelantes.
    No. 5540.

    Sometido: Junio 14, 1932.

      Resuelto: Enero 12, 1933.

      B. V. Pérez Marchand, abogado de los apelantes; A. S. Poventud, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Bafael Saurí y su esposa incoaron un procedimiento contra William W. Woolard y otros, para obligarles a cum-plir un contrato sobre enajenación de bienes. En el mismo procedimiento trataron de anular una escritura de enajena-ción otorgada por Woolard y otros demandados a favor de Pedro Juan Serrallés y de recobrar los terrenos en poder de éste. Estando pendiente de resolverse el caso, los demandan-tes obtuvieron un injunction mediante el cual se prohibió a Serrallés cercar o cultivar la tierra o abrir pozos en la misma para fines de riego, todo lo cual estaba realizando o iba a realizar. El procedimiento original fué resuelto por esta corte en abril de 1927. Saurí et al. v. Woolard et als., 36 D.P.R. 662. Serrallés instituye ahora este recurso por los daños y perjuicios provenientes de la errónea expedición del auto de injunction, y los aquí demandados apelan de una sentencia adversa.

La corte de distrito denegó la excepción previa de falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción.

Se citan Acevedo v. Orr, 100 Cal. 293; Lacey v. Baudry, 53 Cal. 693; 3 Bancroft’s Code Pleading 2575, y 4 Bancroft’s Code Practice & Remedies, 4687, en apoyo de la teoría del apelante, de que el dejar el demandante de alegar malicia y falta de causa probable al iniciar y proseguir el recurso original fué fatal. Tal es la regla del derecho común. Es seguida en la mayoría de las jurisdicciones. Tanto las cortes estaduales como federales, de un estado por lo menos, han rehusado adoptarla. Miller Surfacing Co. v. Bridgers, 269 S. W. 838, y Corpus Christi Cas Co. v. City of Corpus Christi, 46 Fed. (2d) 962.

El artículo 7 de la ley que regula la expedición de autos de injunction en Puerto Rico (Estatutos Revisados 1911, art. 1360) dispone lo siguiente:

' '‘Al concederse un injunction . , la corte o juez deberá ■exigir al solicitante una fianza por escrito, con fiadores abonados, comprometiéndose a satisfacer a la parte requerida los daños y per-juicios dentro de una suma especificada, que pudiere ocasionarle el injunction, si resolviese definitivamente el tribunal que el solicitante no tenía derecho a establecerlo.”

Esta disposición presupone la responsabilidad del peti-cionario por todos los daños ocasionados por la expedición del auto si se probase luego que fue expedido equivocada-mente. La ley no limita esa responsabilidad a la cuantía especificada en la fianza. No limita el remedio a una acción sobre la fianza. No bace que la alegación y prueba de malicia o falta de causa probable sea una condición precedente a un fallo favorable en cualquier otro procedimiento.

De acuerdo con la fraseología del artículo 1803 de nuestro Código Civil (Estatutos Revisados 4909), “el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negli-gencia, está obligado a reparar el daño causado.” Con esta amplia base para el resarcimiento de daños, no bay necesidad de recurrir a una acción por abuso de procedimiento o por persecución maliciosa, o a ninguna otra acción especial sobre el caso. La razón por la cual la regla del derecho común ■requiere la alegación y prueba de malicia o falta de causa probable es que la acción del derecho común por daños causados debido a la expedición errónea de un injunction, participa de la naturaleza de una acción por persecución maliciosa. En un procedimiento iniciado de conformidad con . el artículo 1803 de nuestro Código Civil, no hay mayor razón para que se requieran tal alegación y prueba que la que habría para igual requisito en una acción sobre la fianza. '

El presente caso se inició dentro de nn año de la fecha en que expiró el término dentro del cual se hubiera podido apelar de la sentencia de esta corte en el caso de Saurí v. Woolard, 36 D.P.R. 662. Esto aparece claramente de la faz de la demanda. La cuestión de si el injunction fué librado en debida forma quedó definitivamente resuelta por dicha sentencia. El término dentro del cual el presente caso hubiera podido iniciarse debe contarse a partir de la fecha en que expiró el período en que hubiera podido ape-larse. Código Civil, artículo 1872. La acción no había pres-crito.

El demandante alegó que había celebrado un contrato con ciertos constructores de pozos para cavar un pozo en la finca; que estos constructores llevaron maquinaria de Yauco a Aibonito y habían empezado a trabajar en el pozo; que dejaron esta maquinaria en la tierra varios meses después de expedido el injunction hasta que se llegase a una decisión; y que durante este retraso, que se extendió por un período de ciento setenta días, el demandante se vió obligado a pagarles a razón de cierta cantidad por día. El demandante también alegó que había tomado a préstamo el dinero para la compra, sobre el cual había pagado intereses a razón del ocho por ciento durante el tiempo que estuvo privado del uso de la finca. Trató de recobrar como daños y perjuicios las cantidades así reclamadas. No podemos convenir con los apelantes en que tales daños y perjuicios eran especulativos o remotos.

El juez de distrito no cometió error al declarar sin lugar la excepción previa.

Podría admitirse que la corte de distrito erró al sostener, si lo sostuvo, como alegan los apelantes, que la acción fué ex-contractu basada en una obligación proveniente del artículo 1725 del Código Civil. Lo que la corte dijó fué:

“Siendo la acción ejercitada en este caso ex-contractu, no tiene aplicación a la misma el inciso 2 del artículo 1869 del Código Civil Revisado. Elisa Ruiz Merlo, et al. v. Sociedad Agrícola de Mario Mercado e Hijo. 38 D.P.R. 586.”
“La corte estima que es y era innecesario hacer parte en esta acción a los fiadores, pues optándose por exigir el importe total de los daños reales y efectivos alegados por el demandante como con-secuencia del injunction establecido por los demandados, es ésta una obligación que nace de la ley, en virtud del injunction radicado, que queda reconocida por virtud de la prestación de la fianza y que no puede existir sin una obligación válida. (Art. 1725, Código Civil Revisado.) ’ ’

Este no fue un error que da lugar a la revocación.

Podría admitirse también que la corte de distrito erró al dejar.de reconocer (en tanto en cuanto dejó de hacerlo) que ésta era una acción ex-delicto basada en el artículo 1803 del Código Civil. El resultado fué correcto y no debe alterarse debido a cualquier error en el razonamiento del juez senten-ciador.

La corte de distrito no erró al dictar sentencia en favor del demandante.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchisoh,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Andrés Lomba y Antonio Miranda, acusados y apelantes.
    No. 4560.

    Sometido: Noviembre 24, 1931.

      Resuelto: Enero 13, 1933.

      Armandot A. Miranda, abogado de los apelantes; E. Díaz Viera, Fiscal Auxiliar, abogado de El Fuéblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchisoh,

emitió la opinión del tribunal.

La sección primera de la “Ley proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de leche y para otros fines,” Leyes de 1925, pág. 559, dispone que “Toda persona que usare leche adulterada o diluida para fines industriales, cuando se destina a la preparación de alimentos para el con-sumo humano, será culpable de delito menos grave (misdemeanor).” La acusación en este caso alega que los acusados usaban leche adulterada en la preparación y venta de “Lindberghs” para el consumo humano. No es necesario que la acusación siga la fraseología del estatuto para que pueda imputar un delito. Que los acusados usaban la leche referida para fines industriales, aparece suficientemente de la imputación de que la utilizaban en la preparación de “Lindberghs.” La leche usada por los acusados había sido diluida mediante la adición de 22 por ciento de agua. Entonces se le agregó azúcar para endulzarla y vainilla para darle sabor, y ya congelada, fue vendida en pequeños cubos que el público conoce como “Lindberghs” o “euadritos de crema.” Esos cubos eran alimentos. Véase 26 C. J. sección primera, pág. 750; 11 R.C.L. Sección 15, pág. 1108; Com. v. Pflaum, Ann. Cas. 1913E 1287; Harkey v. State, 17 A.L.R. 1276, y Saleh v. State, 21 A.L.R. 752.

Podríamos admitir que pueden surgir casos que estén dentro de la letra del estatuto, aunque no dentro de su espíritu y finalidad. Recetas “standard” para la preparación de ciertos alimentos pueden requerir la adición de otros ingredientes líquidos a la leche en proporciones tales que la mezcla resultante no contenga el tanto por ciento estatutario de grasa láctea. Bien podríamos vacilar al sostener una condena basada en el uso de leche dilnída en esa forma. No es ése el presente caso.

Aquí la contención es qne la leche dilnída se congela más fácil y rápidamente y se derrite más despacio en la mano o la boca qne la leche sin diluir, qne el público prefiere nn “cuadrito de crema” hecho de leche dilnída, y qne hay ma-yores beneficios en la fabricación y venta de esos cnbos qne en las de los preparados con leche qne se ajusta al grado legal. No se ha intentado alegar qne la leche de calidad (standard) no se congela, ni qne la congelación de esa leche es comercialmente impracticable, ni qne los cnbos así hechos no tienen aceptación en el mercado. Nada hay qne demuestre que el uso de agua es el único medio por el que puede con-seguirse qne la leche se congele más fácilmente y qne el producto preparado se disuelva más despacio, o qne el mismo resultado no puede lograrse por la adición de cualquier otro ingrediente inofensivo, agradable al paladar y sano, sin nece-sidad de diluir la leche. La aseveración final hecha por uno de los acusados en el interrogatorio redirecto, después de ser re-preguntado por el juez de distrito y por el fiscal, al efecto de qne el público prefiere los cnbos preparados con leche dilnída porque se disuelven más despacio, puede o no ser verdad. La declaración de este testigo puede servir para explicar, mas no para variar, el hecho de qne los acusados usaban leche diluida en la preparación de alimentos para el consumo humano.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Juan S. Marchán, demandante y apelante, v. José Pedro, Delfina Josefa Antonia y Manuel Eguen Otazabal, herederos de Adolfo Graciano Eguen Otazabal, demandados y apelados.
    No. 5595.

    Sometido: Diciembre 16, 1931.

      Resuelto: Enero 13, 1933.

      B. Días Collazo, abogado del apelante; Large & Acevedo, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Adolfo Graciano Eguen y Otazabal murió el 19 de junio de 1927 en el pueblo de Barceloneta de esta Isla y en marzo del año siguiente fueron demandados sus herederos por el doctor en medicina Juan S. Marchán cobrándoles $22,000 por servicios profesionales que alega haber prestado a Eguen desde 1917 hasta su muerte y por otros prestados a varias personas durante dicho período de tiempo, a requerimiento del fallecido Eguen.

Casi todos los servicios médicos a que se refiere la de-manda se alega haber sido prestados antes de tres años de la muerte de Eguen. Los demandados alegaron como de-fensa la prescripción de tres años, y fundándose en ella la corte declaró con lugar la demanda solamente en cuanto a $50 por los servicios que fueron prestados por el demandante a Eguen el día en que murió, sin especial condena de costas.

En esta apelación se sostiene como primer motivo de error, que es el fundamental, que la acción del apelante no prescribe a los tres años de prestados los servicios médicos sino a los quince años, por no tener el código una prescripción de acción especial de dicho tiempo para cobrar los médicos los servicios que prestan.

Nuestro Código Civil es el mismo que regía en España cuando ocurrió en esta Isla el > cambio de soberanía, salvo muy pequeñas modificaciones, y contiene un capítulo que trata de la prescripción de las acciones, exactamente igual al código de España. En ese capítulo se fijan los términos de prescripción de las acciones reales sobre bienes muebles en seis años: la misma acción sobre inmuebles en treinta años; la de acción hipotecaria en veinte años; las personales que no tengan término especial de prescripción en quince; fija en cinco años la de exigir el cumplimiento de ciertas obliga-ciones, como pensiones alimenticias, el precio del arrenda-miento de fincas rústicas o urbanas y la de otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves; y fija en un año la acción para recobrar o retener la posesión y para exigir responsabilidad civil por injuria y calumnia y por las derivadas de culpa o negligencia. Existe también una pres-cripción de tres años contenida en el artículo 1868, que lee así: “Por el transcurso de tres años prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1, La de pagar a los jueces, abogados, registradores, notarios, peritos, agentes y curiales sus honorarios y derechos, y los gastos y desembolsos que hubiesen realizado en el desempeño de sus cargos u oficios en los asuntos a que las obligaciones se refieran. 2, La de satisfacer a los farmacéuticos las medi-cinas que suministraron; a los profesores y maestros sus honorarios y estipendios por la enseñanza que dieron, o por el ejercicio de su profesión, arte u oficio. 3, La de pagar a los menestrales, criados y jornaleros el importe de sus ser-vicios, y de los suministros o desembolsos que hubiesen hecho, concernientes a los mismos. 4, La de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolo se dediquen a distinto tráfico. El tiempo para la prescripción de las acciones a que se refieren los tres párrafos anteriores se contará desde que dejaron de prestarse los respectivos servicios. ’ ’

Como se ve, el párrafo primero se refiere a los jueces, abogados, registradores, notarios, peritos, agentes y curiales; y el párrafo segundo a los farmacéuticos y a los profesores y maestros.

El primer significado de la palabra “profesor” es, según el diccionario de la Academia Española, la persona que ejerce una ciencia o arte. De igual manera se define en el Diccionario Enciclopédico Hispano-Amerieano, donde se agregan palabras de un escritor que dicen así: '“. sacándola Dios con vida de los brazos de la muerte, contra la desesperación de la Medicina y de sus Profesores más peritos. P. José Cascani.” Escriche en su diccionario de Legislación y Jurisprudencia, edición de 1876, tomo 4, pág. 730, se, refiere a los médicos como profesores de medicina. De modo que de acuerdo con esas definiciones la palabra “profesores” usada en la ley comprende a los médicos. Así lo ha entendido también el Tribunal Supremo de España al usar ambas palabras como sinónimas en su sentencia de 19 de abril de 1882, tomo 49 de la Jurisprudencia Civil, pág. 66, al declarar que a los médicos es aplicable la prescripción de tres años para el cobro de sus servicios como tales, usando la palabra “médico” como equivalente a “profesor”; inter-pretación que debemos entender tuvo en cuenta el legislador cuando promulgó el Código Civil, y, por tanto, que al usar en la ley la palabra “profesores” quiso significar con ella los médicos, de acuerdo con la jurisprudencia sentada en dicho caso. La conclusión a que se llegó en esa sentencia parece que ha sido aceptada como definitiva porque después de ella y del Código Civil, que usa la palabra “profesores,” no se nos lia citado ni liemos encontrado sentencia alguna en que se trate esa cuestión. Además, la lectura de los dis-tintos términos de prescripción del citado capítulo del código nos convence más de la justicia de la sentencia citada, pues siendo similares los servicios de los abogados a los de los médicos, aunque cada uno en su respectiva materia, no se comprende por qué las acciones de los primeros ban de pres-cribir a los tres años de prestados y la de los médicos a los quince. Como dice el artículo 16 del Código Civil, cuando las palabras de una ley son dudosas, su sentido debe ser buscado por el examen y comparación de las frases dudosas con otras palabras y sentencias que les estén relacionadas, en el orden de una buena investigación, para llegar a su verdadero significado; principio que también aplicó la refe-rida sentencia de España al decir que en una buena norma de interpretación debe atenderse no sólo al tenor literal de las leyes sino también a su objeto y alcance y que los hono-rarios de un médico se contraen y pagan confidencialmente, se presumen satisfechos subsiguientemente al ser recibidos, por constituir los medios de subsistencia del profesor, y que transcurrido largo tiempo son de difícil o imposible-prueba por no consignarse su origen más que en la memoria de los interesados o en apuntes o asientos unilateralmente faltos de forma y autenticidad. En conclusión, la prescripción de acción para el cobro de servicios médicos está fijada en el número segundo del artículo 1868 del Código Civil y por tanto prescribe a los tres años de haber sido prestados los servicios, por lo que la corte inferior no cometió el error que se le atribuye. .

De los servicios que se alegan haber sido prestados personalmente a Eguen hay solamente cuatro partidas marcadas con los números 9, 10, 11 y 12 que no están prescritas, siendo la última por los servicios profesionales que el demandante prestó a Eguen el día de su muerte, cuyos servicios no fueron negados por los demandados y a cuyo pago han sido condenados. En cnanto a los comprendidos en los mi-meros 9, 10 y 11, declaró la corte inferior, aplicando el ar-tículo 162, párrafo 5, de la Ley de Evidencia, que no fueron probados los servicios a que se refiere, consistentes en trata-miento de impotencia sexual de diciembre de 1925 a mayo de 1926; de un catarro bronquial agudo en febrero de 1926 y de un ataque agudo de colitis en junio de 1926.

Tampoco caen dentro de la prescripción de tres años los servicios prestados por el apelante a personas distintas del Sr. Eguen durante los años 1926 a 1927, marcados con los números 14, 28, 30 y 50. Respecto de éstos declaró la corte inferior sin lugar la demanda po^ no haberse alegado ni probado que el Sr. Eguen se hiciera responsable del pago de dichos servicios, aplicando nuestra sentencia en el caso de García v. Preston, 17 D.P.R. 586. A esos particulares se refieren los motivos de error aducidos con los números 2, 3, 5 y 6 de este recurso.

Con respecto a la partida novena que se refiere a ser-vicios prestados a Eguen desde diciembre de 1925 hasta mayo de 1926 por tratamiento de impotencia sexual, el demandante, íntimo amigo de Eguen, en cuya casa pasaba algunas tem-poradas y a quien durante una de ellas asistió, declaró que esa impotencia era producida por su inflamación específica gonorraica y también por su sífilis, por lo que hizo el trata-miento de la sífilis y de la gonorrea prostática; que el sín-toma que consideró para diagnosticar la sífilis fué la exis-tencia de un chancro; que él no hizo análisis de la sangre de! Eguen para la sífilis y que esa enfermedad exigía que diariamente fuese a ver al enfermo, y su constante presencia junto a él, porque envolvía además de su estado orgánico su estado moral. En oposición fué presentada una carta que Eguen escribió al Dr. Marchán el 7 de abril de 1926 en la que le decía: “Hace tiempo que no le veo. Ya no viene usted por aquí como antes acostumbraba, parece que se está olvidando.” José Torres Vargas, agricultor que vivía en la casa de Eguen y con quien comía a la mesa, declaró que Eguen atendió a la zafra de 1926, que empieza en enero y termina en julio, y que durante ese tiempo no tuvo que guardar cama por alguna circunstancia. Fernando Mariani, que era empleado de la oficina de Eguen y vivía cerca de su casa, declaró en términos parecidos al anterior testigo. El Dr. Susoni, íntimo amigo también de Eguen y médico suyo por espacio de unos veinticuatro años, dijo que nunca cobró sus servicios como médico a Eguen, que éste era de estado relativamente saludable, que jamás le manifestó que pade-ciera de impotencia, que padecía de afecciones puramente del aparato digestivo, que una vez se le quejó de inflamación prostátiea, la cual le curó; que es necesario el análisis de la sangre para determinar si una persona está sifilítica y que cuando se presenta un chancro siempre hay que deter-minar clínicamente la característica del chancro, ya que éstos pueden ser específicos, sifilíticos y simples. En 1922 el Dr. Isaac González Martínez felicitó a Eguen por el resultado negativo del examen de su sangre y en 5 de mayo de 1926 el Dr. Rafael del Valle Sárraga hizo el examen de la sangre de Eguen por sífilis dando un resultado francamente negative).

La partida décima se refiere a la asistencia por un catarro bronquial en febrero de 1926 y la undécima a la de un ataque agudo de colitis en junio de 1926: ambas en la misma época a que se refiere la partida noventa antes mencionada.

Respecto del catarro bronquial declaró el Dr. Marchán que Eguen tuvo que guardar cama todo el mes de febrero. La carta de Eguen cuyo párrafo hemos copiado antes y las declaraciones de Torres Vargas y de Mariani tienen relación con esa partida.

Con respecto a la colitis o inflamación aguda del colon, en junio de 1926, que es la partida No. 11, dijo el Dr. Mar-chán que retuvo a Eguen enfermo todo el mes de junio; que era más grave en él que en cualquier otro paciente debido a que era un sifilítico crónico y también un hombre que pa-decía de bronquitis crónica aguda intermitente. Los exá-menes de sangre de Eguen con respecto a sífilis también tienen relación con esta partida, así como las declaraciones de Torres Vargas y de Mariani.

En vista de esa prueba y a pesar de que Carmen Martínez, que fué ama de llaves de Eguen desde 1919 a 1923, declaró que Eguen se enfermaba continuamente, no podemos declarar que la corte inferior cometiese error al estimar, haciendo aplicación del artículo 162, apartado quinto, de la Ley de Evidencia, que la preponderancia de la prueba estaba a favor de los demandados y al declarar consiguientemente que el demandante no probó los servicios a que dichas tres partidas se referían.

De los servicios que el demandante alega haber prestado a otras personas a requerimiento de Eguen, que no están cubiertos por la prescripción de tres años, se alegó en la demanda que habían sido prestados a requerimiento de Eguen, pero no se alegó ni se probó en el juicio que dicho señor se comprometiera a pagarlos. Lo único que se ha probado es que Eguen acompañó alguna vez al Dr. Marchán a visitar a alguno de esos enfermos, que eran empleados de la sociedad Florida Agrícola Company, que Eguen administraba.

En el caso de García v. Preston, 17 D.P.R. 592, declaró este tribunal, según aparece del resumen que consta en el mismo, que en las demandas que se establecen por un médico para el cobro de honorarios por servicios profesionales pres-tados a un enfermo a petición de otra persona que no está obligada a suministrarle asistencia médica, para que la de-manda alegue una causa de acción es necesario exponer los hechos tendentes a demostrar que la persona que llamó al médico se hizo responsable del pago de sus honorarios y que en ausencia de tal alegación la demanda es insuficiente. Tam-bién se declaró que la relación de patrono y empleado exis-tente entre el enfermo y la persona qne llamó al médico no es bastante por sí sola para hacer responsable al patrono qne ha llamado a nn médico para qne asista a sn empleado enfermo, a menos qne exista por parte del patrono la oferta de remunerar tales servicios.

Hemos dicho al principio qne la demanda se limitó a decir qne esos servicios fneron prestados a requerimiento del Sr. Egnen, y la prueba no ha suplido la falta de alegar qne él se hizo responsable del pago de los servicios del Dr. Marchán a esas personas, por lo qne no existe cansa de acción contra sus herederos de acuerdo con la sentencia antes citada, qne es aplicable a este caso pues el hecho de qne Egnen acompañara alguna vez al médico a la casa de alguno de esos enfermos no equivale a hacerse responsable del pago. Así queda resuelto el cuarto motivo de la apelación. Además, esos enfermos no eran empleados al servicio personal de Egnen sino de la sociedad Florida Agrícola Company, persona jurídica distinta de la persona de Egnen.

Por ultimo, los testigos José Torres Vargas y Mariani fneron creídos por la corte inferior y ellos declararon, entre otras cosas, qne presenciaron cuando a fines de noviembre de 1925 y en ocasión en qne el Dr. Marchán solicitó y obtuvo de Egnen nn préstamo de $3,000 con garantía hipotecaria de una finca de su esposa, manifestó Egnen al Dr. Marchán qne cómo arreglaban los picos que le había facilitado anterior-mente, y qne el Dr. Marchán le contestó: “Sálveme con los $3,000 ahora y dejemos lo qne le debo de viejo por algunos servicios profesionales qne yo le haya prestado, qne yo con esto me considero pagado y satisfecho de todo”; a lo qne Egnen contestó, sonreído, qne siempre salía perdiendo con él pero qne aceptaría su proposición de darse por saldado de todo y qne le facilitaría los $3,000 qne le pedía. Ese prés-tamo se constituyó por escritura publica.

. Como consecuencia de la conclusión a que llegamos es in-necesario considerar los motivos- séptimo y octavo del recurso, fundados en que la corte inferior dejó de considerar la evi-dencia pericial ofrecida para' determinar el justo y verdadero valor de los servicios profesionales del demandante apelante y al no imponer las costas a la parte demandada.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.