author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Agustín Rodríguez, demandante y apelado, v. Arturo Arocho Vázquez, demandado y apelante.
    Núm. 8635.

    Sometido: Junio 15, 1943.

      Resuelto: Diciembre 15, 1943.

      Luis Mercader y J. Córdova Rivera, abogados del apelante.; E. Mar-tínez Aviles, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Jnlio Arocho Vargas compró a Eafaela Mercado Arocho nna casa con solar en el pueblo de Barceloneta. Al otorgárse-la escritura ante el notario José E. Díaz el 7 de noviembre de 1931, a petición de Julio Arocho Vargas se consignó que él verificaba la compra para y en representación de su hijo-de seis años de edad Arturo Arocho Vázquez. El precio con-venido fué de $600, de los cuales la vendedora recibió en el acto del otorgamiento la cantidad de $400. Los $200 restan-tes los retuvo el comprador para satisfacer una hipoteca que-gravaba la finca por dicha cantidad. En efecto, la hipoteca fué luego cancelada por escritura de 27 de septiembre de. 1934 ante el mismo notario. Libre la finca del gravamen hi-potecario, por otra escritura de 5 de diciembre de 1934 ante-el notario Severo .O’Neill Torres, Julio Arocho y su esposa, en concepto de dueños, la vendieron a Agustín Rodríguez por $700, pero a petición de éste el título se extendió a favor de-su hermana María Rodríguez. No obstante esta enajenación a favor de María Rodríguez, Julio Arocho, con fecha 22 de julio de 1935, sin poner en conocimiento de -ello a Agustín Rodríguez, solicitó y obtuvo la inscripción de la escritura de 7 de noviembre de. 1931 a favor de su menor hijo el deman-dado.

Julio Arocho falleció el 20 de diciembre de 1938, y en 12 de febrero de 1941 Agustín Rodríguez instó demanda contra el menor Arturo Arocho Vázquez en la que después de ex-poner los anteriores hechos y alegar en adición que el título que se había extendido a favor de Arturo Arocho era simu-lado — toda vez que según se alegó, el verdadero adquirente por la escritura de 7 de noviembre de 1931 era el propio-julio Arocho — -se solicitó una sentencia declarando

(1) que la citada escritura de 7 de noviembre de 1931 es nula e ineficaz en cuanto a la enajenación que se simuló a favor del menor demandado y que en sú consecuencia se or-dene la cancelación de la inscripción que dicha escritura causó a favor de dicho menor en el Registro de la Propie-dad, y

(2) que la escritura otorgada a favor de María Rodrí-guez es válida y eficaz y que se condene al demandado al pago de costas y honorarios de ahogado.

El menor, por conducto de su tutor, compareció en el pleito, radicando un escrito en el que interpuso excepción previa de insuficiencia de hechos para aducir una causa de acción. Por vía de contestación negó los hechos esenciales •de la demanda y al mismo tiempo contrademandó solicitando ■sentencia por la cantidad de $1,500 que alegó era el mon-tante de las rentas producidas por el inmueble y recibidas por el demandante desde que fué privado de la posesión de la finca a virtud de la escritura de 5 de diciembre de 1934 •hasta la radicación de la contrademanda el primero de mayo de 1941, más las rentas que se devengaren, a razón de $20 'mensuales, hasta que la finca fuese puesta a disposición del -demandado, más las costas, incluyendo honorarios de abo-gada.

Celebrado el juicio, la corte estimó probados los hechos alegados en la demanda, manifestando expresamente que no daba crédito a la prueba del demandado; y sin que aparezca discutida ni resuelta la excepción previa contra la demanda, dictó sentencia declarándola con lugar y sin'lugar la contra-■demanda, con los siguientes pronunciamientos:

(1) Declaró que el menor demandado no adquirió perso-nalmente ni tiene título alguno a la finca descrita en la de-manda y ordenó al Registrador de la Propiedad que proce-diese a cancelar la inscripción practicada a favor de dicho menor; y

(2) Declaró que a virtud de la escritura de 5 de diciem-bre de 1934 ante el notario Severo O’Neill, Julio Arocho y su esposa vendieron la mencionada finca que habían adqui-rido de Rafaela Mercado al demandante Agustín Rodríguez “según también fné admitido por la hermana de éste y consta de la prueba en juicio; correspondiendo al demandante ha-cer las gestiones pertinentes para arreglar su titulación en forma conveniente, toda vez que sólo aparece el menor como parte demandada y hubo cierta evidencia sobre el remate de la finca por contribuciones.” Se concedieron también las cos-tas al demandante.

El demandado no estuvo conforme con la sentencia, por lo que interpuso el presente recurso.

Antes de iniciar la discusión de das cuestiones envueltas en este recurso, parece conveniente consignar ciertos hechos que resultan de la prueba, aunque no constan de las alega-ciones, con excepción de la ligera alusión que hace el tribunal en la sentencia respecto al remate de la finca por con-tribuciones. Dichos hechos son:

(a) Que el 17 de mayo de 1940 la finca en cuestión, que se hallaba amillarada a nombre de Arturo Arocho, fué ven-dida a Eusebio Rivera por falta de pago de contribuciones, habiéndose notificado de la venta tanto a Arturo Arocho como a Agustín Rodríguez;

(b) Que dentro del término legal, es decir, el 14 de marzo de 1941, Arturo Arocho, por su tutor Domingo Arocho, re-dimió la finca mediante el pago de la cantidad de $63 a Eu-sebio Rivera;

(c) Que se recibió en evidencia un documento privado de fecha 5 de diciembre de 1934 suscrito por María Rodríguez y su esposo Pedro Meléndez a favor de Agustín Rodríguez, •en el cual dichos esposos hacen constar que si bien por la -escritura de 5 de diciembre de 1934 María Rodríguez se ha-bía hecho aparecer como compradora de la finca en cuestión, el comprador en realidad lo había sido Agustín Rodríguez y qué dichos esposos se obligaban a transmitir el título de la finca en cuestión a Agustín Rodríguez tan pronto éste los requiriese para ello;

(d) En el acto del juicio y con la anuencia del abogado del demandado, se permitió enmendar la demanda haciendo partes demandantes a María Rodrigues y a su esposo Pedro Meléndez (T. de E., pág. 5);

(e) Que en el acto del juicio declaró María Rodríguez como testigo del demandante, identificando las firmas de los suscribientes del documento privado antes mencionado y aceptando que la finca en controversia no era de ella ni de su esposo, sino de su hermano el demandante (T. de E., pág. 23).

En su alegato el apelante no insiste en su excepción pre-via de falta de hechos constitutivos de causa de acción. A nuestro juicio dicha excepción no podía prosperar puesto que la demanda, especialmente después de enmendada con la con-formidad del demandado, aunque no puede tenerse como un modelo de las de su clase, sin embargo aduce hechos consti-tutivos de causa de acción. Se señalan cuatro errores, los cuales virtualmente se reducen a dos, a saber:

1. No haberse hecho partes demandadas a Rafaela Mercado Arocho y a la sucesión de Julio Arocho, y

2. Error en la apreciación de la prueba.

No precisa esfuerzo mental alguno para concluir queni Rafaela Mercado ni la sucesión de Julio Arocho son partes necesarias en este pleito. Ningún remedio se solicita contra ellos y la sentencia que pueda dictarse ni puede beneficiarles ni tampoco perjudicarles, ya que no resulta de las alegaciones ni de la prueba que dichas personas tengan o aleguen tener interés en la materia en controversia en oposición ' al del demandante, ni son ellos necesarios para la completa determinación del título o arreglo de la cuestión litigiosa.

La prueba fué contradictoria. Ya conocemos la del demandante, que fué a la que dió entero crédito la corte inferior. Debemos agregar, sin embargo, que el notario José E. Díaz, declarando como testigo del demandante, manifestó que al otorgarse ante él la escritura de 7 de noviembre de 1931, Julio Arocho le manifestó qne él tenía muchos hijos ilegítimos y algunos acreedores, y qne para protegerse tanto de unos como de otros deseaba poner la casa qne compraba a nombre de su hijo de seis años de edad Arturo Arocho Vázquez. A esta declaración se opuso el demandado por el único fundamento de que ya Julio Arocho había muerto, e invocó la sección 3 de la Ley de 10 de marzo de 1904 (pág. 121), que dice así:

“En las demandas por o en contra de los albaceas testamenta-rios, administradores o tutores en las cuales pueda dictarse sentencia a favor o en contra de ellos como tales, ninguna de las partes podrá declarar contra la otra en lo referente a transacciones eon, o rela-ciones hechas por el testador, intestado o pupilo, a menos que fuere llamado a declarar por la parte contraria; y las prescripciones de esta sección se aplicarán a todas las demandas por o en contra de los herederos y representantes legales de un finado, que se suscitaren de transacciones habidas con éste.”

La objeción fué correctamente desestimada, pues la pro-hibición, de acuerdo con los propios términos de la ley invo-cada, está limitada a las partes, y José E. Díaz no lo era, siendo por el contrario un mero testigo sin interés alguno en el pleito. Freyre v. Sucn. Sevillano, 28 D.P.R. 396; Wilcox v. Axtmayer, 23 D.P.R. 343, 346; Lezcano v. Sucn. Sifonte, 42 D.P.R. 400, 402; Sánchez v. Sánchez, 58 D.P.R. 577; Viera v. Sucn. Goitía, 60 D.P.R. 653.

También declaró Francisco Díaz Marehán, testigo del de-mandante, que en su presencia Julio Arocho manifestó a Agustín Eodríguez que -aunque la casa estaba a nombre de su hijo, él, Julio Arocho, era el verdadero dueño de la misma.

La explicación que da el demandado de cómo adquirió la casa es que su abuelo le regaló $400 en efectivo cinco o seis meses antes del ciclón de San Felipe y que en pago de la finca dió $150 en efectivo y dos vacas, haciéndose cargo ade-más de la hipoteca de $200. Eefiriéndose a esta prueba del demandado, dijo la corte en su opinión: “Ni remotamente pudo convencernos la forma como quiere probarse que el menor tenía dinero para adquirir la finca.” No podemos convenir con el apelante en que la corte cometió manifiesto error en la apreciación de la prueba. Con alguna frecuencia padres ignorantes se valen de sus hijos menores de edad para adquirir bienes bajo la errónea creencia de que al así adquirirlos los ponen fuera del alcance de sus acreedores.

Es de notarse que la sentencia apelada no se ajusta estrictamente a la súplica de la demanda; pero es innegable que el remedio concedido por la corte es compatible con las alegaciones de la demanda según fue enmendada y con los hechos probados, y se ajusta perfectamente a la realidad, haciendo justicia sustancial sin perjudicar indebidamente los derechos del demandado. Sin embargo, debe modificarse la sentencia en cuanto a su forma, de suerte que la parte dispositiva de la misma diga así: “Se declara que el menor demandado no adquirió para sí ni tiene título alguno a la finca que se describe en la demanda y se ordena al Registrador de la Propiedad de Arecibo que cancele la inscripción practicada a su favor a virtud de la escritura de 7 de noviembre de 1931 otorgada ante el notario José E. Díaz, debiendo entenderse que dichá escritura transmitió el título de la finca a Julio Arocho Vargas, cuyas circunstancias perso-, nales al tiempo de la adquisición deberán ser acreditadas, y asimismo deberá inscribirse la escritura número 94 de 5 de diciembre de 1934 otorgada ante el notario Severo O’Neill Torres, sustituyendo como comprador a Agustín Rodríguez en vez de María Rodríguez”, debiendo eliminarse de la sentencia apelada aquella parte que dice así: “correspondiendo al demandante hacer las gestiones pertinentes para arreglar su titulación en forma conveniente, toda vez que sólo aparece el menor como parte demandada y hubo cierta evidencia sobre el remate de la finca por contribuciones.” Así modificada, y sin perjuicio de la acción que pueda asistir al demandado para recobrar del demandante Agustín Rodríguez la cantidad de $63 pagada por el primero• por concepto de contribuciones' sobre la finca en controversia, procede confirr mar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Tiodd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico Ex rel. Félix López, querellante y apelado, v. Modesto Velázquez Flores, querellado y apelante.
    Núm. 8306.

    Sometido: Diciembre 8, 1943.

      Resuelto: Diciembre 17, 1943.

      Bubón é Ochoteco, M. Velázquez Flores y Herminio A. Concepción, abogados del apelante; Cayetano Coll y Cuchí, abogado del relator.
   El Juez Asociado Señor Tiodd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El día 9 de agosto de 1940' El Pueblo de Puerto Rico ra-' dicó una moción en la Corte de Distrito de Humacao a ins-tancias de Félix López solicitando se admitiera la solicitud del relator para que se expidiera un auto de quo warranto contra Modesto Velázquez Flores. Dicha solicitud también se radicó el 9 de agosto de 1940 y en ella se alegó que el querellado estaba usurpando y desempeñando ilegalmente el cargo de Alcalde del Municipio de Las Piedras. Expedido el auto y señalada la vista correspondiente el querellado ra-dicó su contestación en la cual alegó que si bien había sido nombrado Alcalde del Municipio de Las Piedras por la Asam-blea Municipal de dicho pueblo había “cesado ... en el des-empeño de dicho cargo por renuncia voluntaria que presen-tara oportunamente la cual le ha sido aceptada”. A peti-ción del relator el querellado hizo más específica su contes-tación y dijo que “presentó su renuncia el día 7 de agosto de 1940 y que esa misma fecha le fué aceptada por la Asam-blea Municipal de Las Piedras habiendo hecho entrega in-mediatamente en esa misma fecha del car go ... al Presi-dente de la Asamblea Municipal.”

El querellado ofreció como prueba una certificación ex-pedida por el Secretario Auditor del Municipio de Las Pie-dras la cual no fué admitida por la corte inferior y tampoco le permitió declarar en cuanto a los hechos alegados en su contestación, basando su negativa (a) en el hecho de que la certificación hacía referencia a la carta de renuncia del que-rellado sin transcribirla y tampoco se transcribía el acuerdo aceptando la renuncia y por tanto la certificación no era una copia fiel y exacta del acta; y (b) que el querellado no po-día declarar sobre hechos que debían constar por escrito en el acta de la Asamblea Municipal. Como consecuencia la corte declaró con lugar la querella y que el quered ado es-taba “ocupando ilegalmente el cargo de Alcalde ... y usur-pando las funciones del mismo” y ordenó sn destitución y declaró vacante dicho cargo, condenando al querellado a pa-gar las costas y $100 de honorarios de ahogado. Contra dicha sentencia estableció el querellado el presente recurso en el que alega que la corte inferior erró al no admitir la copia certificada del acta de la Asamblea Municipal, al no permitirle declarar y al declarar con lugar la querella y con-denarle a pagar costas y honorarios de ahogado.

La certificación ofrecida y no admitida dice así:

“Gobierno Municipal, Oficina del Alcalde, Las Piedras, P. R.
“Acta. — En Las Piedras, P. R., a 7 de agosto de 1940, previa convocatoria debidamente expedida y circulada se reunió esta Hon. Asamblea Municipal de Las Piedras en la casa Alcaldía a las ocho de la noche. Se pasó lista y contestaron presente ocho de los nueve miembros de la Asamblea.
“Se leyó una carta del Hon. Modesto Yelázquez Flores, Alcalde de este Municipio presentando su renuncia como tal Alcalde de este-Municipio.
“Fué acuerdo aceptar y se aceptó la referida renuncia del Al-calde Modesto Yelázquez y éste hizo inmediata entrega del cargo de Alcalde al Presidente de la Asamblea.
“Se levantó la sesión hasta mañana a las ocho. (Fdo.) Felipe Dávila. — (Fdo.) Antonio Márquez Carrión.
“Yo, Felipe Dávila, Secretario Auditor del Municipio de Las Piedras, CeRtibtoo que la precedente es copia fiel y exacta del acta de reunión de la Asamblea Municipal de Las Piedras, celebrada el día 7 de agosto de 1940. (Fdo.) Felipe Dávila.”

El único caso citado por la corte inferior para sostener que el acta no era admisible como prueba es el de Pueblo v. Márquez, 43 D.P.R. 46 en el que se resolvió — citamos del su-mario — que “Una certificación del registro civil que no re-presente ser una copia fiel y exacta del asiento de nacimiento de una persona, al ser objetada, no es admisible en eviden-cia para probar la edad de dicha persona”. Empero, la certificación ofrecida en evidencia en dicho caso era una -en relación del acta de nacimiento y no una copia fiel y exacta del acta misma, y por lo tanto, claramente inadmisible. Mercado v. American Railroad Co., 61 D.P.R. 228.

En el caso de autos el Secretario Auditor del Municipio de Las Piedras certificó que “la precedente es copia fiel y exacta del acta de la reunión de la Asamblea Municipal de Las Piedras celebrada el 7 de agosto de 1940”. Es cierto que en el acta no se transcribe la carta del querellado pre-sentando su renuncia como Alcalde, pero ese Lecho en sí no hace que la copia certificada deje de ser “una copia fiel y exacta” de lo que el acta misma contiene. El mismo razo-namiento es aplicable al hecho de que en el acta no se trans-criba detalladamente la resolución de la asamblea aceptando la renuncia. En ella se hizo constar que “se aceptó la re-ferida renuncia del Alcalde” y que “éste hizo inmediata en-trega del cargo .... al Presidente de la Asamblea”. La certificación era claramente admisible. Si el Secretario Auditor del Municipio cumplió o no con los deberes de su cargo por no haber hecho constar en el acta los particulares men-cionados no es cuestión que pueda perjudicar los derechos del querellado que sólo tenía a su alcance para probar los hechos alegados en su contestación lo que del acta de la Asamblea Municipal aparecía. Es más, de haberse presen-tado el libro original de actas lo único que podía aparecer del acta del 7 de agosto de 1940 es lo mismo que'se hizo cons-tar en la copia certificada antes mencionada, pues tenemos que presumir que es cierta la manifestación del secretario de que la misma era una copia fiel y exacta.

Erró, por tanto, la corte inferior al no admitir esta prueba y el error conlleva la revocación de la sentencia, pues el acta de la Asamblea Municipal demuestra que dos días antes de radicarse la petición de quo warranto ya el querellado había renunciado como Alcalde, la Asamblea Municipal le había aceptado la renuncia y el querellante había hecho entrega del cargo.

Se revooa la sentencia, apelada y se dicta otra declarando sin lugar la petición de quo warranto, con >costas.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jb.,

text:
    Domingo Torres, demandante y apelante, v. Municipio de Ponce y Sixto Luccioni Valeri, demandados y apelados.
    Núm. 8724.

    Sometido: Noviembre 16, 1943.

      Resuelto: Diciembre 17, 1943.

      Antonio V. Acosta, abogado del apelante; Francisco M. Susoni Lens y R. Hernández Matos, abogados, respectivamente, de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jb.,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver en este recurso es si aduce hechos suficientes constitutivos de una causa de acción por daños y perjuicios una demanda en la cnal se alega que un patrono asegurado con el Fondo del Seguro del Estado incurrió en negligencia al no informar al Administrador del Fondo, en violación de la Ley sobre Compensaciones por Accidentes del Trabajo, un accidente que el demandante sostiene le ocurrió en el curso de su empleo y que, como consecuencia de dicha negligencia, dejó de percibir la compensación a que por la referida ley tiene derecho. Los hechos son los siguientes:

Domingo Torres en su demanda alegó que el 22 de sep-tiembre de 1941 el Municipio de Ponee contrató un truck perteneciente al codemandado Sixto Luecioni, para dedicarlo a la limpieza de las calles de Ponce y en relación con dicha limpieza y manejo contrataron al demandante para que tra-bajara como chófer; que el día 23 de septiembre de 1941 al personarse el demandante al trabajo fué ordenado a que llevara el truck a engrasar y preparar al Garage Popular y que allí sufrió un accidente en el curso de su-trabajo en la forma siguiente:

“Mientras el truck estaba sobre el burro de engrasar pero con las ruedas en el pavimento, el demandante se paró en el estribo del truck para colocar las alfombras dentro del mencionado truck, y al irse a bajar, sin haber notado que el engrasador había alzado el truck por sobre el pavimento, se cayó de espaldas sobre el pavimento desde la altura en que estaba el truck.”

Que como consecuencia del accidente el demandante fué hospitalizado el mismo día, permaneciendo seis meses en el hospital; que como consecuencia también del accidente no ha podido volver a trabajar por haber quedado con las si-guientes lesiones permanentes:

“La fractura completa de los apófisis transversos de la segunda, tercera y cuarta vértebras lumbares, con separación de los fragmen-tos distales. Descomposición general del organismo e inhábil para trabajo de clase alguna.”

Alegó además el demandante que notificó al Municipio de Ponce y al codemandado Luecioni del accidente y que se-gún información y creencia del demandante ninguno de los demandados informó al Fondo del Seguro del Estado del accidente de acuerdo con el artículo 19 (sic) de la Ley núm. 45 de 1935; que como consecuencia de la negligencia de los demandados, el demandante hasta el presente no ha sido compensado ni resarcido de los daños y perjuicios sufridos, y que calcula en $514.50 por jornales dejados de obtener du-rante 49 semanas, y $2000 por daños personales consistentes en la fractura y lesiones recibidas, dolores, sufrimientos, an-.gustia mental y padecimientos.

Los demandados formularon excepciones previas alegando que la demanda no aduce hechos constitutivos de causa de acción, las cuales fueron declaradas con lugar por la corte inferior quien procedió a dictar sentencia desestimando la demanda por entender que la misma no era susceptible de enmienda.

La corte inferior sostuvo (a) que no siendo el accidente alegado en la demanda uno que le ocurriera al obrero en el curso de su empleo y como consecuencia del mismo, el pa-trono no estaba obligado a informar el caso al Administra-dor del Fondo; (6) que no habiéndose alegado en la demanda que el accidente ocurriera debido a la negligencia de los de-mandados éstos no eran responsables de las dietas y com-pensación que pudo haber recibido el obrero del Fondo; (c) que el caso se rige por lo resuelto en el de Castro v. Marrero, 54 D.P.R. 201; y (d) que el remedio provisto en la Ley núm. 45 de 1935 es exclusivo para casos de patronos asegurados •con el Fondo como lo es el municipio demandado.

El artículo 13 de la Ley núm. 45 sobre Compensaciones por Accidentes del Trabajo aprobada el 18 de abril de 1935 ((1) pág. 251) impone al patrono asegurado el deber, claro, y preciso, de informar al Administrador del Fondo cualquier accidente que le haya ocurrido a un obrero o empleado suyo, en el curso de su ocupación. Le señala un plazo corto y li-mitado, cinco días, para cumplir dicho deber, con el fin de que el Administrador del Fondo pueda investigar los hechos a la mayor brevedad posible después de ocurrido el accidente. Si el patrono no informa el accidente por considerar-, erró-neamente, que no ocurrió en el curso del empleo, se expone a la penalidad que establece la ley. Si está sujeto también a la acción civil de daños y perjuicios es la cuestión a resolver en este recurso.

Pasamos, por tanto, a considerar la conclusión de la corte inferior al efecto de que no habiéndose alegado negligencia por parte de los demandados en relación con el accidente la demanda no aduce hechos suficientes de acuerdocon lo resuelto en el caso de Castro v. Marrero, supra.

Los hechos en dicho caso son distintos a los del que con-sideramos. En aquél se trataba de un patrono no asegurado, y el artículo de la Ley núm. 35 de 1935 interpretado y apli-cado fue el 15 que, en parte, dispone que “Si cualquier pa-trono que emplee cuatro (4) o más obreros o empleados de-jare de asegurar el pago de compensaciones por accidentes del trabajo de acuerdo con esta Ley, cualquier obrero perju-dicado o sus beneficiarios pueden proceder contra tal pa-trono radicando una petición para compensación ante la Co-misión Industrial, y, además, pueden ejercitar una acción contra el patrono por daños y perjuicios, lo mismo que si esta Ley fuera aplicable, ...” resolviéndose que, como en este artículo 15 se había suprimido un disponiéndose que con-tenía la sección 31 de la Ley núm. 85 de 1928 (pág. 631), a. virtud del cnal se presumía la negligencia del patrono en. relación con el accidente, nna demanda contra nn patrono no asegurado que no alegara dicha negligencia no aducía hechos suficientes. Como la acción por daños y perjuicios que se-concede al obrero es adicional a la reclamación ante la Co-misión, expresamente se dijo en el caso de Castro, supra, que: “El patrono, por el hecho de no asegurarse no escapa, pues a las efectos de la ley ni deja de estar sujeto a la ju-risdicción de los organismos que crea ni a las disposiciones de la misma que le sean aplicables. El obrero queda siem-pre garantido.” (Bastardillas nuestras.)

En el caso de autos el obrero alegó que notificó a los de-mandados del accidente y que permaneció seis meses en el hospital. El patrono, en violación del art. 13, supra, no in-formó el accidente al Administrador del Fondo y esta omi-sión es la que el demandante imputa como negligencia al amparo — según sostiene en su alegato — del artículo 1802 del Código Civil y arguye que la omisión del patrono .de infor-mar al Fondo el accidente constituyó la negligencia en este, caso.

Sostuvo la corte inferior, sin embargo, que el remedio-provisto en la Ley núm. 45, supra, es exclusivo para patro-nos asegurados con el Fondo de acuerdo con el artículo 20 que dispone que el derecho establecido en dicha ley para ob-tener compensación “será el único remedio en contra del patrono.” En la determinación de la correcta solución del problema jurídico que presenta un caso como el de autos-hay que tomar en consideración no sólo el artículo 13, supra, que impone un deber al patrono, sino también el párrafo 4 del artículo 5 de la Ley núm. 45 en su disponiéndose que dice :•

“ • • • Disponiéndose, que si el obrero o empleado no se presen-tare al médico dentro de un término que no excederá de cinco (5) días después de la ocurrencia del accidente para tratamiento facul-tativo, ni explicare satisfactoriamente su demora al Administrador-éste podrá privarlo de su derecho a recibir compensación alguna,. pero no podrá negarse al obrero o empleado bajo ninguna circuns-tancia, la asistencia médica que a juicio del Administrador se consi-dere necesaria basta tratar de lograr su total restablecimiento; ...”

En los casos de Torres v. Comisión Industrial, 55 D.P.R. 438 y Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 56 D.P.R. 286, esta Corte tuvo ante su consideración resolver sobre el alcance e interpretación de dicho “Disponiéndose” en rela-ción con los derechos del obrero y sus beneficiarios. En el de Torres ni el patrono ni el obrero notificaron el accidente .al Administrador del Fondo y los beneficiarios del obrero lo hicieron una vez fallecido éste, mes y medio después de ocu-rrido el alegado accidente, y se resolvió que a menos que la omisión quede satisfactoriamente explicada, la falta del obrero lesionado de presentarse a examen ante el médico del Fondo •dentro del término de ley, privaba tanto al obrero como a sus beneficiarios del derecho de obtener compensación por-que “El Pondo tiene un derecho estatutario a ser informado del accidente dentro de cinco días de su ocurrencia, ya por el informe del patrono o por la comparecencia del iempleado iante el médico del Fondo.” (Bastardillas nuestras.)

Posteriormente, en el caso de Montaner v. Comisión, supra, esta Corte aclaró y limitó el alcance de su decisión anterior y se dijo a la página 291 lo siguiente:

“Este Tribunal no resolvió en el caso de Torres, supra, que el •dejar de informar un accidente dentro de cinco días priva a la Co-misión Industrial de toda facultad para actuar sobre una solicitud •de compensación, no obstante haber el Administrador del Fondo del Estado renunciado al requisito estatutario. En dicho caso no estaba •envuelta semejante cuestión.”

Se continuó analizando el caso de Torres y se especificó •que la conclusión a que en él se llegó “debe interpretarse a la luz de la cuestión y de los hechos que la corte tuvo ante sí ...” y que “Interpretado en esa forma, ello no significa •que el derecho estatutario en cuestión no pueda ser renun-ciado por el Administrador del Pondo del Estado.” Des-pués de citarse los artículos 13 y 5 de la ley, supra, expre-samente se resolvió lo siguiente:

"El dejar el obrero lesionado de presentarse a examen dentro del término de cinco días después de ocurrir el accidente o de explicar la demora, no es un impedimento absoluto a que se reciba compen-sación. Evidentemente, es cuestión que cae dentro de la sana discre-ción del Administrador, para ser ejercitada de acuerdo con las cir-cunstancias de cada casa específico.” (Bastardillas nuestras.)

En el caso de autos el obrero alegó que notificó a su pa-trono del accidente tan pronto ocurrió y que luego perma-neció en el hospital seis meses, pero no alegó si notificó en alguna forma al médico del Fondo. Tampoco contiene la de-manda alegación alguna en cuanto a si el Fondo le denegó compensación por no habérsele notificado por el patrono el 'accidente o porque el obrero no hubiese explicado satisfac-toriamente su demora en presentarse al médico del Fondo y si, de haber el Fondo dictado tal resolución apeló de efia para ante la Comisión Industrial y este organismo la con-firmó y solicitó entonces su revisión ante esta Corte Su-prema. Todas estas alegaciones eran necesarias. Agotados los remedios que le concede la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo y alegado el hecho de su imposibi-lidad de acudir dentro del término de cinco días de ocurrido' el accidente ante el médico del Fondo podría entonces resol-verse si la demanda alegaba hechos suficientes. Su causa de acción surgiría de la omisión del patrono en cumplir con el deber que le impone la ley de informar el accidente. Aun cuando el artículo 20, supra, dispone que el remedio conce-dido por la ley es de carácter exclusivo, somos de opinión que en un caso apropiado, y el de autos puede que lo sea, ya que en la demanda se alega que el apelante estuvo re-cluido en el hospital seis meses, un obrero que alegue su falta absoluta de culpa en dejar de presentarse al médico del Fondo y que a pesar de esto no ha podido obtener com-pensación por el hecho fundamental de no haber su patrono informado el accidente, sn demanda al efecto alegaría hechos suficientes. El artículo 13, supra, como hemos dicho impone un deber al patrono. El hecho de que al mismo tiempo im-ponga una penalidad al patrono por no cumplir con ese de-ber no compensa en forma alguna los daños que- pueda ha-ber sufrido el obrero. En un caso como el de autos, en el -cual el obrero alega que ha quedado incapacitado permanen-temente como consecuencia del accidente, sería injusto que se le privara de todo remedio, si está a su alcance alegar y probar, entre otros, los hechos que anteriormente hemos es-pecificado.

Tampoco estamos conformes con. la conclusión a que llegó la corte inferior de que los hechos alegados en la demanda demuestran que el accidente no ocurrió en el curso ■del empleo y como consecuencia del mismo. Es cierto que se alega que el demandante fué empleado como chófer para manejar un truck utilizado en la limpieza del municipio, pero también se alega que el patrono le ordenó que llevara el vehículo' a engrasar y preparar en un garage y que fué -en dicho sitio y mientras el demandante estaba colocando las alfombras del carro que ocurrió el accidente. De manera que si bien el demandante fué empleado como chófer también 'se le ordenó por el patrono realizar otros deberes. La determinación de -si el colocar las alfombras correspondía al engrasador y no al chófer, que hace la corte inferior es una -conclusión a la cual sólo podía llegar después de conocer la prueba y no por lo que en la demanda se alega. No es eata uma cuestión sobre la cual pueda tomar conocimiento judicial una corte, y si algo hay en las costumbres del país sobre la cual basar una presunción sería contraria a dicha conclusión pues de todos es conocida la extensión de los deberes que a veces se imponen por un patrono a un chófer los cuales no siempre están limitados al hecho físico' de conducir o guiar un vehículo. Si era o no un deber del chófer quitar y poner las alfombras antes y después de engrasado el vehículo son hechos a ser probados y entonces podrá la corte determinar si el accidente ocurrió o no en el curso del empleo y como consecuencia del mismo. .

En cuanto al codemandado Sixto Luccioni la propia corte inferior admite en su opinión que se debió alegar en la demanda que él se obligó por contrato con el municipio a hacer la limpieza de las calles y que para tal trabajo empleara al demandante. Asumiendo, sin resolverlo, que dicha alegación fuera necesaria, lo que demuestra la conclusión déla corte inferior es que también en cuanto al codemandado Luccioni la demanda podía ser enmendada.

Bajo todas las circunstancias concurrentes somos de opi-nión que la corte inferior erró al desestimar la demanda por considerar que la misma no era susceptible de ser enmen-dada. Por el contrario, consideramos que al apelante debe dársele la oportunidad de enmendarla, si puede, de acuerdo con las pautas señaladas en el curso de esta opinión.

Debe revocarse la sentencia apelada y -devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no incon-sistentes con esta opinión.

      (1) “Artículo 13. — Todo patrono deberá llevar un registro de las lesiones graves o leves recibidas por sus obreros o empleados en el curso de su ocupa-ción, o de aquellas enfermedades que protege la ley. Dentro de los cinco días después de ocurrir un accidente deberá el patrono presentar un informe escrito .al Administrador del Fondo en blancos suministrados por éste. Dicho informe contendrá el nombre y la naturaleza de la ocupación del obrero o empleado, jornal que ganaba, la situación del establecimiento, el nombre, edad, sexo y ■ocupación del obrero o empleado lesionado, indicará la fecha y hora de cual-quier accidente que haya causado la lesión, la naturaleza y causa de la lesión y cualquier otra información requerida.
      Los patronos que rehusaren o descuidaren hacer los informes requeridos por-este artículo serán castigados por la corte municipal donde reside el patrono, con una multa que no excederá de cien (100) dólares.”


author: El Juez Asociado Señoe SnydeR

text:
    Rafael de J. Cordero, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada, y Jesús Laureano, obrero lesionado.
    Núm. 274.

    Sometido: Diciembre 6, 1943.

      Resuelto: Diciembre 17, 1943.

      Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos, G. Benitez Gautier, Procurador General Auxiliar y Angel de Jesús Matos, Joaquín Correa Suárez y Joaquina Pérez Cordero, abogados los tres últimos del Fondo del Estado, abogados todos del recurrente; la Comisión demandada y el obrero lesionado no comparecieron.
   El Juez Asociado Señoe SnydeR

emitió la opinión del tribunal.

El 19 de abril de 1913 Jesús Laureano sufrió un accidente mientras trabajaba para un patrono asegurado. El Fondo del Seguro del Estado le proporcionó tratamiento médico-hasta el 28 de mayo de 1943, cuando el Administrador, de-bido a los informes de los médicos del Fondo, le dió de alta y le fijó una incapacidad permanente equivalente a la pér-dida de un diez por ciento de las “funciones fisiológicas dei brazo por el hombro izquierdo.”

Laureano apeló de esta decisión para ante la Comisión Industrial. Entonces fue examinado por un médico de la Comisión. Basándose en el informe de dicho médico, y sin. celebrar una vista del caso, la Comisión ordenó al Adminis-trador que proveyera a Laureano tratamiento médico adi-cional. El Administrador radicó una moción de reconside-ración, alegando que la Comisión había resuelto el caso to-mando como base un informe ex parte de su médico y sin proporcionar al Administrador una oportunidad de ser oído. La Comisión declaró sin lugar su moción. Expedimos el auto en la solicitud de revisión radicada por el Adminis-trador.

Alega la Comisión en su resolución que el artículo 5 dé-la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo es aplicable a los hechos aquí envueltos. Dicho artículo lee en parte como sigue:

“Durante el período de inhabilitación, el obrero o empleado le-sionado o enfermo, bajo las circunstancias que cubre esta Ley, se-dejará tratar y examinar a horas y en sitios oportunos por un mé-dico competente designado por el Administrador; Disponiéndose, que si el Administrador no proveyera asistencia adecuada al obrero o. empleado, éste podrá acudir ante la Comisión Industrial y ésta, pre-via investigación por un médico designado al efecto ordenara la asis-tencia que convenga al caso y el Administrador cumplirá con la orden de la Comisión; . . . ”.

Por otro lado, el Administrador alega que el artículo 3 es el pertinente. Dicho artículo lee en parte como sigue:

“Todo obrero o empleado que sufriere lesiones o enfermedades oeupaeionales dentro de las condiciones de esta Ley y tal como se establece en el artículo 2, tendrá derecho:
“Asistencia Médica. 1. A la asistencia médica y medicinas que le fueren prescritas, incluyendo servicios de hospital cuando fuere necesario, pero cuando a juicio del Administrador del Fondo del Estado tales servicios médicos o de hospital deban descontinuarse, el obrero o empleado podrá apelar ante la Comisión Industrial.”

Es correcta la contención del Administrador. El artículo 3 tiene por miras los hechos específicos de este caso. Dis-pone que, después que se le ha proporcionado tratamiento médico al obrero, dehe suspenderse el tratamiento cuando a juicio del Administrador el obrero no necesite más trata-miento. Eso es precisamente lo que ocurrió en el presente caso. De no estar conforme el obrero, puede apelar para ante la Comisión. Pero en dicho caso el Administrador tiene el derecho de ser oído. Resolver lo contrario equivaldría a imponerle al Pondo incalculables obligaciones sin darle su día en corte.

El artículo 5 regula los casos en que el obrero tiene to-davía que someterse a tratamiento. Bajo tales circunstan-cias, si el Administrador rehúsa proporcionarle tratamiento, el obrero puede acudir ante la Comisión, la que, sin necesi-dad de celebrar una vista, puede ordenarle al Administrador que provea el tratamiento. Aparentemente, la Asamblea Le-gislativa creyó que la urgencia de tal situación justificaba este procedimiento sumario. -Ésta es una de las raras oca-siones en que la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo contempla la celebración de procedimientos origi-nales por la Comisión en vez de procedimientos en apelación. (Véanse González v. Comisión Industrial, 60 D.P.R. 622, y Cordero, Admor. v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 466). Pero el artículo 3 contempla nna situación enteramente dife-rente para la cual la Asamblea Legislativa dispuso la sal-vaguardia del procedimiento apelativo.

En su resolución la Comisión expresó su opinión de que el resultado a que Remos llegado retardaría seriamente el tratamiento médico adicional en aquellos casos en que se ne-cesitara inmediatamente. La Comisión debe tomar los pasos necesarios para resolver esta dificultad, prestando a dichos casos atención preferente y rápida. ' .

' La resolución de la Comisión será revocada y devuelto el oaso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señoe De Jesús

text:
    Juan y José Fuentes Leduc, demandantes y apelantes, v. Antero Aponte, demandado y apelado.
    Núm. 8682.

    Sometido: Noviembre 2, 1943.

      Resuelto: Diciembre 22, 1943.

      F. González Fagundo, abogado de los apelantes; E. Arjona Siaca y A. Figueroa Rivera, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura de 3 de enero de 1929, Antero Aponte, en garantía de un préstamo por $400 con intereses a razón de 1 por ciento mensual y término de tres meses, constituyó hi-poteca voluntaria sobre una casa y solar de su propiedad, a favor de Francisco Fuentes. Al final de dicha escritura, des-pués de la cláusula séptima en la que el notario consignó que las partes aceptaban la escritura y que les hizo las ad-vertencias legales pertinentes, adicionó la cláusula octava que dice así: “Se pacta por las partes que la suma de ciento veinticinco dólares será satisfecha por don Antero Aponte para sufragar gastos y honorarios de abogado, caso que el acreedor tuviese que ejercitar su derecho por la vía jurí-dica. ’ ’

Vencido el préstamo y no satisfecho, el acreedor instó un procedimiento ejecutivo sumario para su cobro, terminando el procedimiento con la adjudicación de la finca al acreedor demandante. Inmediatamente después de la adjudicación, es decir, en el mes de agosto de 1934, el deudor demandado ce-lebró un contrato de arrendamiento con el nuevo dueño de la propiedad, su anterior acreedor, siendo el canon de arren-damiento a razón de $8 mensuales, el cual pagó hasta la ter-minación del año 1938. El total de dichos cánones pagados ascendió a la cantidad de $424. Posteriormente el arrenda-tario, que fue el anterior dueño de la finca, presentó en la corte inferior un pleito solicitando la nulidad del procedi-miento ejecutivo y la corte declaró con lugar la demanda por sentencia de 18 de noviembre de 1941, por el fundamento de haberse reclamado dentro del procedimiento ejecutivo el cré-dito de $125 convenido para honorarios de abogado, no es-tando dicho crédito garantizado con la hipoteca, según resol-vió la corte. Declarado nulo el procedimiento ejecutivo, la sucesión del acreedor Francisco Fuentes, los ahora apelan-tes, instaron un pleito en cobro de dinero en la corte inferior, reclamando la cantidad de $400 que su causante había prestado al ahora apelado, pidiendo además en la súplica se adicione a los $400 importe del préstamo, la cantidad de $125 por concepto de honorarios de abogado que el demandado se había obligado a pagar en caso de reclamación judicial. Contestó el demandado, aceptando que existió el préstamo,, pero que se había extinguido la obligación por el pago, y solicitó sentencia desestimando la demanda, con imposición de costas, gastos y honorarios de abogado a los demandantes.

Fundándose en los hechos expuestos y en las conclusio-nes de derecho a que nos referiremos más adelante, se de-claró sin lugar la demanda.

En la opinión que sirve de fundamento a la sentencia apelada, el juez inferior discute ampliamente los méritos del caso, para concluir que los demandantes, de acuerdo con la prueba, no tienen causa de acción, pero inmediatamente después estudia el caso desde otro ángulo y resuelve que además de llegar a la conclusión de que la deuda recla-mada fué pagada en su totalidad, la corte no adquirió juris-dicción en ningún momento para conocer del caso porque la suma envuelta es menor de $500. Parece lógico que si la corte inferior no tuvo jurisdicción del caso en ningún mo-mento, cualquier pronunciamiento que haga respecto a los méritos del mismo es coram non judice.

Examinaremos en primer término la cuestión jurisdic-cional.

En la demanda se alega la obligación que contrajo el de-mandado de pagar al causante de los demandantes la canti-dad de $400 en el término de tres meses a partir del 3 de enero de 1929, con intereses a razón de 1 por ciento mensual, y se alega que dicha deuda no ha sido satisfecha. Como in-dicáramos anteriormente, en el cuerpo de la demanda nada se expone sobre la obligación de pagar honorarios de abo-gado en caso de reclamación judicial, pero en la súplica se dice: “Por lo que suplica de la corte dicte sentencia conde-nando a Antero Aponte a pagar $400 de capital más $125 que en la escritura de préstamo se convinieron para satis-facer costas y honorarios en caso que tuviera el acreedor que ejercitar su derecho por la vía jurídica.”

Se ha sostenido repetidamente tanto por este Tribunal como por las jurisdicciones del continente americano, que la súplica de la demanda a menudo sirve para determinar, en caso de duda, la naturaleza de la acción ejercitada. Pero la suficiencia de la demanda no depende de la súplica, sino de los hechos alegados como constitutivos de la causa de acción. De igual modo, la cuantía jurisdiccional debe apa-recer de las alegaciones de la demanda, por lo que, si de dichas alegaciones no resulta la cuantía jurisdiccional, el hecho de que en la súplica se solicite sentencia por una cantidad no reclamada en la demanda, no debe tomarse en cuenta o los efectos de determinar la cuantía jurisdiccional. 1 Bancroft’s Code Pleading, sección 188, y casos citados; 1 Bancroft’s Code Practice and Remedies, sección 629, y casos ci-tados.

En el presente caso, sin .embargo, el defecto de la de-manda no fné traído a la consideración de la corte a virtud de excepción previa ni de ningún otro modo antes de ser considerado el caso en sn fondo. De haberse excepcionado la demanda por ese fundamento, de acuerdo con las autori-dades citadas hubiéramos convenido con la corte inferior en que la cantidad reclamada en la demanda era la de $400, y por lo tanto insuficiente para conferir jurisdicción a la corte inferior. Pero no fue eso lo sucedido. La corte misma, sua spowte, después de recibida la prueba y sometido el caso, en-tró a considerar la suficiencia de la demanda, sin tener en cuenta que el defecto había sido subsanado por la evidencia presentada por el propio demandado, sin objeción del deman-dante. Dicha evidencia consistió de cierta parte de los autos del caso número 2929 de la corte inferior (T. de E., pág. 14), de la cual aparecía que la obligación ahora reclamada en la demanda de este caso consistía de la suma de $400 más un crédito adicional de $125 para costas y honorarios de abo-gado en caso de reclamación por la vía judicial.

Pero la corte inferior fué más lejos aún y a pesar de resolver que no tenía jurisdicción por razón de la cuantía, penetró en los méritos del caso para concluir que la obligación de $400 había sido pagada conforme alegaba el demandado. Resolvió entonces que la evidencia revelaba que el demandado no adeudaba la obligación principal de $400,-que la obligación accesoria de $125 para costas y honorarios de abogado se pactó para el caso de que el acreedor tuviese que reclamar una obligación existente, pero no para la reclamación de una previamente extinguida; y congruente con ese razonamiento, resolvió que el demandante no tenía derecho a cobrar en este caso el crédito accesorio que reclamaba en la demanda; que eliminada dicha partida de $125, la reclamación quedaba reducida a $400, cantidad insuficiente para conferir “jurisdicción a la corte inferior.

El razonamiento del juez inferior pierde de vista que se reclaman dos partidas: una por $400 que es el crédito principal y otra por $125 para costas y honorarios de abogado que es un crédito accesorio del primero. Si los demandan-tes prueban en todo o en parte el crédito principal, ipso facto tendrán derecho a una sentencia por la suma realmente adeudada más el crédito accesorio de $125. Si no lo prue-ban, la demanda deberá ser desestimada. Así pues, los dos créditos son inseparables y caen o subsisten juntos; pero en uno u otro caso la suma reclamada en la demanda, según quedó enmendada por la prueba, siempre será la de $525.

Resuelta esta cuestión, consideraremos el caso en sus méritos.

Sostiene la corte inferior que al anularse el .procedi-miento sumario ejecutivo se restableció el status existente antes de iniciarse dicho procedimiento. Que siendo ello así, los cánones de arrendamiento que Aponte pagó a Fuentes o a su sucesión durante los años 1934 a 1938 inclusive, los había pagado por concepto de arrendamiento de una finca que era de la propiedad del arrendatario, y por lo tanto los había percibido el arrendador sin derecho a ellos. Que en tales circunstancias, Antero Aponte tiene derecho a que dichos $424 le sean acreditados al préstamo de $400, y al así hacerse dicho crédito 'de $400 reclamado en la demanda re-sulta pagado con exceso.

Posiblemente el contrato de arrendamiento a que se re-fiere la corte inferior, fué celebrado bajo el error de que el arrendador tenía un título válido sobre el inmueble. Pero ese error no es de los que vicia el consentimiento. Para que lo invalidara, era preciso que fuese de los comprendidos en el artículo 1218 del Código Civil, que prescribe:

"Para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer so-bre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente-hubiesen dado motivo a celebrarlo.
“El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiere sido la causa principal del mismo.
“El simple error de cuenta sólo dará lugar a su corrección.”

Los romanos entendían por error sobre la sustancia de la cosa el que recae sobre la naturaleza física de la misma, y Potbier decía que “el error anula la convención no sólo cuando recae sobre la cosa misma, sino también cuando es sobre la cualidad de la cosa que los contratantes tuviesen principalmente como mira y que forman su sustancia. ’ ’ Enciclopedia Jurídica Española, tomo 14, pág. 440.

Planiol y Eipert discuten el error en la sustancia en los siguientes términos:

“El error en la substancia es causa de nulidad del arrendamiento. La dificultad estriba, desde luego, en determinar si la cualidad con-templada es o no es substancial. Hay que investigar si, de hecho, esa cualidad es la que decidió a contratar a la parte víctima del error. Existe error en la substancia en los casos en que una persona arrienda tierras de labor creyendo arrendar pastos. En ese sentido se ha fallado que hay que considerar como substancia el error sobre la cuestión de saber si el inmueble es apto para el uso para que fué arrendado. El error en las cualidades no substanciales es indife-rente a la validez del arrendamiento.” Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, tomo 10, pág. 498.

Mantesa, tratando de la misma cuestión, al comentar el artículo 1266 del Código Civil español, idéntico al 1218 del nuestro, dice:

“Por eso el error que siempre lo invalida [al consentimiento] es aquel que recae sobre la sustancia de la cosa, debiendo entenderse por sustancia, no sólo la materia que lo constituya, sino en general la naturaleza de aquélla, lo que la distingue, sea genérica o especí-ficamente, de las demás.” 8 Manresa, Código Civil Español, 646.

Finalmente, la Enciclopedia Jurídica Española, al folio y tomo citados, ilustra así con ejemplos prácticos el error sobre la sustancia o condiciones de la cosa:

“Para un coleccionador de objetos antiguos, la substancia de la cosa comprada (una ánfora numantina, por ejemplo) será que la misma pertenezca a aquella época; para otro que se dedique a co-leccionar objetos pertenecientes a un personaje, el que fueran de uso o pertenencia del mismo. De modo que la naturaleza física de la cosa Contratada, su forma, el origen, o su derivación, sus cualidades ordinariamente secundarias y, en fin, todo aquello que según la in-tención de los contratantes pueda adquirir carácter jurídico de subs-tancia de la cosa, tendrá este carácter.”

El error, como hemos visto, no recayó sobre la sustancia de la cosa. Tampoco sobre aquellas condiciones de la cosa que principalmente pudieron dar motivo a celebrar el con-trato. Recayó sobre el derecho que asistía a las partes so-bre la cosa; pero ése no es de los que invalida el consenti-miento, según resolvió el Tribunal Supremo de España en su sentencia de 12 de febrero de 1898 (83 J. C. 326).

Demostrado que no existió error que invalidase el consentimiento, procede discutir ahora si el contrato de arrendamiento es inexistente por falta de causa. Artículo 1213 del Código Civil.

La sentencia que declaró nulo el procedimiento ejecutivo tuvo el efecto legal de anular áb imtio el título de dominio que había adquirido Fuentes y restablecer el status que exis-tía antes de dictarse la sentencia en dicho procedimiento ejecutivo. En contemplación de la ley Aponte en ningún momento perdió su derecho al goce y disfrute de su propie-dad. Siendo ello así, al pagar él los cánones de arrenda-miento ninguna prestación recibía por parte de Fuentes a que no hubiera tenido derecho por ser dueño de la finca arrendada. [6] Por consiguiente, el contrato de arrenda-miento era nulo por inexistencia de causa. [7] Pero no obs-tante ese pago indebido, Aponte no puede oponer compensa-ción de la suma así pagada, respecto a la reclamación de los causahabientes de Fuentes, sencillamente porque el pago he-cho por Aponte, si bien fue indebido, lo fué por error de de-recho. Silva v. Sucesión Caratini, 51 D.P.R. 778.

Por lo expuesto, procede declarar con lugar ei reciorso, revocar la sentencia apelada y dictar otra condenando al de-mandado a pagar a los demanda/irtes la camtidad de $400 de principal, con intereses legales desde la mterposición de la demanda el 30 de marzo de 194,2, más $125 estipulados para costas y honorarios de ahogado.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Angel Arrieta Ríos, acusado y apelante.
    Núm. 10158.

    Sometido: Noviembre 12, 1943.

      Resuelto: Diciembre 22, 1943.

      Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y II. González Blames, aboga-dos del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Angel Arrieta fue convicto de un delito de daños mali-ciosos y en este recurso sostine que la corte inferior erró,, “al dejar de considerar y aplicar ... la regla al efecto de-que para que la ofensa supuestamente cometida por el acu-sado constituya un delito de daños maliciosos, debe aparecer que el daño (mischief) por él realizado fue en sí el objeto y propósito de su actuación, no existiendo el delito si el daño . . . era incidental a otro acto del acusado, bien fuera dicho-otro acto uno legal o ilegal”, porque en el presente caso no existe el grado de malicia necesario y porque la sentencia es contraria a la prueba.

La prueba creída por la corte sentenciadora demostró que el día 26 de septiembre de 1942 varias personas,, propagandistas políticos, se dirigieron en un automóvil por un camino, público según unos testigos y privado según otros,, que atraviesa terrenos pertenecientes a la Central Juanita de Bayamón; que en dicho automóvil había instalado un amplificador c'onectádó a unos micrófonos a través de los cuales se hacía propaganda en contra de la Central Juanita y sus dueños; que dichas personas continuaron hasta la terminación del camino y al regresar encontraron al acusado que había interceptado el tránsito con su automóvil; que el acusado se dirigió al automóvil de los propagandistas y arrancó del mismo una bandera que portaba y con el asta rompió los amplificadores inutilizándolos.

Nada hay en la prueba, ni aún en la de defensa, que de-muestre que los propagandistas políticos profirieran frases ofensivas para el acusado personalmente. Por el contrario,, el testigo de la defensa Enrique Rodríguez declaró que lo que allí se dijo por los que iban en el automóvil “fué todo en relación con la Central Juanita, Inc., no se refirieron en ningún momento a don Angel.”

El apelante en su alegato no ataca la sentencia porque niegue que él realizara el daño a los amplificadores o alto-parlantes, sino que se limita a sostener que no se probó que-él actuara con malicia siendo ésta un elemento esencial del delito imputado. Creemos que la prueba creída por la corte inferior es suficiente para sostener la sentencia. En el re-ciente caso de Pueblo v. Hernández, 61 D.P.R. 586, hicimos un resumen de la jurisprudencia sobre la materia y resolvi-mos, según aparece del sumario, que: “ ... la malicia puede inferirse de declaraciones, de actuaciones anteriores y aun de la malignidad peculiar del acto” y que “Cualquiera que-sea la clase o grado de malicia necesaria para constituir el delito- de daños maliciosos, el motivo que indujo al acusado es el medio que hay para probar la criminalidad del acto.”

Bajo las circunstancias concurrentes en el presente caso el motivo que tuvo el acusado para romper los amplificado-res fue el hecho de haberse hecho propaganda política en contra de la Central Juanita, empero ese hecho en sí no jus-tificó su intención pues como hemos dicho nada hay en la prueba que demuestre que a él personalmente se le insultara o provocara. Si los propagandistas no tenían derecho a transitar por el camino y si en alguna otra forma violaron la Ley, no correspondía al acusado actuar en la forma en -que lo hizo-. Para eso existen los tribunales de justicia.

No consideramos que la actuación del acusado fué incidental a otro acto suyo y que por tanto no hubo malicia, pues la prueba creída por la corte demostró que el incidente a que se refiere el acusado ocurrió con posterioridad y como -consecuencia de haber él destruido los amplificadores.

Debe confirmarse la sentencia ajelada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


text:
    Manuel Antonio Emanuelli, peticionario, v. Alberto S. Poventud, Juez de la Corte de Distrito de Ponce, demandado.
    Núm. 393.

    Sometido: Diciembre 23, 1943.

      Resuelto: Enero 12, 1944.

      Garlos E. Colón, abogado del peticionario.
   El Juez Presideete Letteriepo Señor Travieso

emitió la opi-nión del tribunal.

Manuel Antonio Emanuelli, demandante en una acción de divorcio contra su esposa Alicia Coll, radicó en esta Corte: Suprema una petición solicitando un auto de mandamus dirigido al Hon. Alberto S. Poventud, Juez de la Corte' de-Distrito de Ponce, ordenándole que expida una orden para que la demandada, residente en Nueva York, sea emplazada por medio de edictos.

De la petición ante nos aparece que en diciembre 20 de 1943 el Juez recurrido dictó una resolución por la que de-claró no haber lugar a la expedición de la orden para la pu-blicación del emplazamiento por edictos, por el fundamento-de que a su juicio la demanda no aduce hechos suficientes para constituir la causa de acción que se 'ejercita.

La Regla 4 (e) de las de Enjuiciamiento Civil (Ar-tículo 94, Código de Enjuiciamiento Civil) invocada por el peticionario, exige como requisito para que proceda la or-den para la publicación de edictos (a) que se compruebe a satisfacción de la corte o del juez de la misma, por medio de declaración jurada, que la persona que debe ser empla-zada reside fuera de la Isla o se ha ausentado de ella, y (&) que aparezca también de dicha declaración o de la demanda jurada presentada que existe causa de acción contra el de-mandado que ha de ser emplazado o que dicho demandado-es parte legítima en el pleito.

Al considerar y al dictar su fallo sobre la suficiencia de la declaración jurada y sobre la suficiencia de los hechos-alegados en la demanda jurada para constituir causa de ac-ción, la corte o el juez de la misma está ejerciendo funcio-nes judiciales de carácter discrecional y no cumpliendo un deber ministerial. Para que pueda ordenarse y ser efectiva: la citación por edictos es necesario' que se cumpla estricta-mente con el artículo 94 del Código de Enjuiciamiento Civil, Roy Regla 4 (e) de las de Enjuiciamiento Civil. Vázquez v. Corte Municipal, 52 D.P.R. 257.

La demanda radicada en este caso no está jurada, y la declaración jurada presentada a la corte inferior como base de la petición para la publicación de edictos no lia sido sometida a nuestra consideración. Pero es que aun cuando conociéramos su contenido y opináramos que es suficiente, no estaríamos autorizados para expedir un auto de mandamus ordenándole al juez recurrido que altere su discreción judicial para conformarla a la nuestra. El auto de mandamus no se ha hecho para eso.

La petición debe ser declarada sin lugar.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Roque Martínez Baz, acusado y apelante.
    Núm. 10045.

    Sometido: Diciembre 20, 1943.

      Resuelto: Enero 12, 1944.

      Géigel & Silva, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abo-gados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue convicto y sentenciado por infracción a la Ley núm. 6 de 17 de noviembre de 1941 (Primera Sesión Extraordinaria, pág. 15). Consistió la. infracción en que el 4 de marzo de 1942, siendo el apelante un comerciante ma-yorista, ilegal, voluntaria y maliciosamente vendió al comer-ciante detallista Luis Antonio Ruiz cinco quintales de arroz a un precio más alto que el fijado por la Comisión de Ali-mentos y Abastecimiento General.

El apelante no controvierte los hechos que se le imputan, pero alega que debemos revocar la sentencia:

(1) Porque la ley que se alega infringida es nula por ■contener una delegación inconstitucional de poderes.

(2) Porque la corte inferior actuó sin jurisdicción al sen-tenciarlo toda vez que la denuncia no expresa que el precio convenido por la referida Comisión hubiese sido previamente aprobado por el Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, y

(3) Porque cualquier determinación que válidamente hu-biese podido hacerse por la Comisión en cuanto al precio de venta del arroz, que es un producto agrícola, dejó de tener efecto y validez el 30 de enero de 1942 al comenzar a regir la Ley del Congreso de los Estados Unidos titulada “Emergency Price Control Act of 1942”.

I. ¿Concierne la ley impugnada tona delegación inconstitucional de poderes¶

El artículo 1 de la Ley mám. 6 de 1941, luego de crear la Comisión de Alimentos y Abastecimiento General prescribe que la Comisión declarará con la aprobación del Gobernador los artículos que habrán de considerarse de necesidad. Más-adelante, en el inciso 4 del mismo artículo 1, le confiere po-der, sujeto a la aprobación del Gobernador, para determinar los precios a que podrán venderse los artículos de necesidad por personas particulares y prescribe la pena en que incu-rrirán las personas que vendan esos artículos a un tipo más alto que el determinado por la Comisión, o en cantidades o-a personas prohibidas por la Comisión. Así pues, los pode-res de la Comisión están circunscritos a los artículos de ne~ cesidad.

Arguye el apelante que en ninguna parte de la ley se define directa o indirectamente la frase artículos de necesidad; que la legislatura no fijó ninguna norma o pauta para guiar a la Comisión en la determinación de los artículos que ha-brán de considerarse de necesidad, y como la ley no contiene limitación alguna a ese efecto, puede la Comisión actuar ar-bitraria y caprichosamente al hacer la determinación. Alega, también el apelante que la frase artículos de necesidad es-completamente vaga e indeterminada y está sujeta a distin-tas interpretaciones de acuerdo con las inclinaciones y gus-tos de las distintas personas llamadas a interpretarla.

Concedemos que la ley no define expresamente la frase artículos de necesidad, pero de su contexto y de su “Decla-ración de Principios” es evidente que dicha frase está cir-cunscrita a artículos alimenticios de primera necesidad. La “Declaración de Principios” dice:

“Es la política de esta Ley hacer frente a la inflación y especu-lación en los precios de los artículos para el sustento de los habitan-tes de Puerto Rico, debidas a las actuales condiciones mundiales, al programa de defensa nacional de los Estados Unidos, y a la emer-gencia proclamada por el Presidente, mediante el establecimiento de una agencia gubernamental que sirva y actúe como factor estabili-zador en el mercado local para proteger al pueblo de la miseria eco-nómica.” (Bastardillas nuestras.)

Y del artículo 1 de la Ley tomamos los siguientes párra-fos demostrativos de que la frase artículos de necesidad, conforme se usa en la ley, significa artículos alimenticios de primera necesidad:

“La Comisión hará estudios de las necesidades del pueblo de Puerto Rico en materia de alimentación, de los jornales prevalecien-tes, del poder adquisitivo en general, y del costo de los artículos de necesidad.
“Teniendo en cuenta los jornales y sueldos prevalecientes, el po-der adquisitivo en general, y el costo de los artículos de necesidad, la comisión tendrá los siguientes poderes:
“1. Podrá comprar aquellos artículos que secm necesarios para el sustento da los habitantes de Puerto Rico.
“9. Tendrá poder para tomar cualesquiera medidas que estime necesarias en relación con la siembra y cultivo de productos alimen-ticios para usarse durante el período de la actual emergencia y por el tiempo subsiguiente que fuere necesario, incluyendo el poder de comprar semillas y raíces y sembrarlas y cultivarlas en terrenos per-tenecientes a El Pueblo de Puerto Rico o a cualquier municipio del mismo, para arrendar o expropiar las tierras de personas particu-lares con el fin y por el período de tiempo que fuere necesario, siem-pre que el uso de dichas tierras particulares no pueda obtenerse de algún 'Otro modo. Tendrá poder para distribuir los productos de las mismas en la forma dispuesta para los artículos comprados por ella.
“10. Tendrá poder para organizar y dirigir cooperativas de pro-ducción de productos de primera necesidad, así como cooperativas de consumo que funcionen en coordinación con las cooperativas de pro-ducción.” . (Bastardillas nuestras.)

La jurisprudencia no requiere, para que la delegación de poder sea constitucional, que la norma se exprese con pre-cisión o exactitud matemática. La mayor o menor amplitud en el lenguaje dependerá del grado de complejidad de la materia 'que deba ser reglamentada. A menos que la norma no se exprese, o que sea tan sumamente vaga que como cues-tión de hecho la norma no exista, la presunción de constitu-cionalidad que conlleva toda ley bastaría para sostener su validez. Por ejemplo, en el caso de National Broadcasting Co. et al. v. United States et al. (Mayo, 1943) 319 U.S. 190, se atacó la constitucionalidad del estatuto federal titulado “Communications Act of 1934”, alegándose que contenía una delegación inconstitucional de poderes. Los poderes de la Federal Communications Commission se exponían en la sec-ción 303 de la ley en los siguientes términos:

“Excepto como de otro modo se provee en esta ley, la Comisión de tiempo en tiempo, conforme lo requieran la' conveniencia, el in-terés o las necesidades públicas,
“(a) clasificará estaciones de radio;
“(6) prescribirá la naturaleza del servicio que deberá ser pres-tado por cada clase de estaciones autorizadas y por cada estación de cualquier clase; . . .
(t % # # >;:< *>:« # #
(/) hará aquellos reglamentos no inconsistentes con la ley que puedan estimarse necesarios para impedir interferencias entre esta-ciones y para llevar a efecto las disposiciones de esta Ley; . . .
“ (g) estudiará nuevos usos del radio, proveerá para usos expe-rimentales de frecuencias, y en general estimulará el uso mayor y más efectivo del radio en beneficio del interés público;
“(i) tendrá autoridad para hacer reglamentos aplicables a esta-ciones de radio dedicadas a transmisiones en cadena;
“(r) dictará reglas y reglamentos, y prescribirá restricciones y condiciones no inconsistentes con la ley, que puedan ser necesarias para llevar a cabo las disposiciones de esta Ley ...”

La Corte Suprema de los Estados Unidos, por voz de su Juez Asociado Sr. Frankfurter, al declarar dichas normas suficientes a los efectos de la delegación de poder, dijo:

“El criterio que rige el ejercicio del poder de la Comisión para expedir licencias es ‘el interés público, la conveniencia o la necesi-dad.’ Secciones 307 (a) (d), 309 (a), 310, 312.”

Y más adelante se dice:

“La Comisión, sin embargo, no fné dejada sin restricciones en la ejecución de este deber. La piedra de toque provista por el Con-greso fué ‘el interés público, la conveniencia o la necesidad,’ norma tan concreta como lo puedan permitir los complicados factores para dictaminar en ese campo de autoridad delegada.”

Y en el caso de McGrew v. Industrial Comm. (Utah, 1938) 85 P. (2d) 608, citado con aprobación en el de Luce & Co. v. Junta de Salario Mínimo, 62 D.P.R. 452, 467, la norma es-tablecida por la legislatura de Utah en relación con nna ley de horas y salarios para mujeres y menores empleados en negocios al detall, era que los salarios pagados en la indus-tria no fuesen inadecuados para sioplir el coste de una vida apropiada o que las horas de trabajo no fioesen perjudicia-les a la salud, a la moral o al bienestar de los trabajadores. La suficiencia de la norma fué sostenida. Se dijo entre otras cosas que la norma no tiene que ser expresada con exactitud matemática o en tal forma que no pueda llegarse a más de una conclusión.

El hecho de que en la ley que nos ocupa se use la frase artículos de necesidad y no de primera necesidad, como se usó posteriormente en la Ley núm. 228 de 12 de mayo de 1942 ((1) pág. 1269), que crea la Administración General de Suministros y que derogó la ley de 17 de noviembre de 1941 no significa que la norma establecida en la ley derogada fuera insuficiente. Si como sucedió en el presente caso, trató de atacarse la validez de la ley por la- insuficiencia de la norma, era prudente que la legislatura tratase de evitar la objeción al aprobar la nueva ley.

II y III. Efecto del estatuto federal titulado Emergency Price Control Act of 1942 sobre la Ley insular creando la Comisión de Alimentos y Abastecimiento General.

Iniciaremos la discusión del segundo y tercer señala-mientos de error reproduciendo lo que sobre esta materia dijimos en el caso de Luce & Co. v. Junta de Salario Mínimo, supra:

“Para que pueda sostenerse que un estatuto federal excluye una ley insular encaminada a proteger la salud y el bienestar del público, no basta que las dos leyes abarquen la misma materia. Es preciso que la insular por sus propios términos o en su administración prác-tica esté en conflicto con la ley del Congreso o manifiestamente in-frinja la política pública de la ley federal.”

En el presente caso el delito fné cometido el 4 de marzo de 1942. Es verdad que el estatuto federal titulado “Emergency Price Control Act of 1942” fue aprobado el 30 de enero de 1942. También es verdad que el estatuto federal por sus propios términos es aplicable a Puerto Rico y que su sección 945 expresamente dispone que ninguna ley en vigor el 30 de enero de 1942 deberá interpretarse en el sen-tido de autorizar acción alguna inconsistente con las dispo-siciones de la citada ley federal. Pero no es menos cierto que aunque el Emergency Price Control Act de 1942 empezó a regir el 30 de enero de 1942, el reglamento aprobado por la Office of Price Administration fijando precios de confor-midad con la autoridad conferídale por la sección 901 de la citada ley no empezó a regir basta el 18 de mayo de 1942, y como dicho reglamento no tiene efecto retroactivo y por consiguiente se aplica solamente a ventas efectuadas des-pués de su aprobación, es evidente que el 4 de marzo de 1942, fecha en que se cometió el delito en este caso, no po-día existir conflicto alguno entre la ley federal y la insular. Schreirer v. Siegel (1942) 36 N.Y.S. (2d) 97, 178 Misc. 711. Estando entonces la ley insular en toda su fuerza y vigor, no era necesario que en la denuncia se alegase que el precio que la Comisión de Alimentos y Abastecimiento General ha-bía fijado para arroz había sido previamente aprobado por el Secretario de Agricultura de los Estados Unidos.

Se confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Sbñok De Jesús

text:
    Ricardo Casals, demandante y apelante, v. Francisca Dumas Vda. de Padial, demandada y apelada; Insular Mercantile Co., interventora y apelante.
    Núm. 8676.

    Sometido: Noviembre 4, 1943.

      Resuelto: Enero 12, 1944.
    Cr. Cruzado Silva, abogado del demandante apelante; Géigel & Silva, abogados de la apelada; Eduardo Coll Cuchí, abogado de la in-terventora apelante.
   El Juez Asociado Sbñok De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Elena Cámara de Sehlüter fue dueña de una casa con solar radicada en la calle Duffiaut de Santurce hasta que por escritura de 26 de agosto de 1937 la vendió a Insular Mercantile Co. Dicha escritura fue inscrita en el Registro de la Propiedad el 5 de noviembre de 1938. La Insular Mercantile Co. alquiló la casa a Francisca Dnmas viuda de Pa-dial.

En mayo de 1940 el Colector de Rentas Internas de San-turce instó un procedimiento de apremio contra Elena Cá-mara de Schlüter para el cobro de ciertas contribuciones adeudadas por la referida finca, correspondientes al segundo semestre del año fiscal 1938-39, a las de 1939-40, y 18 pla-zos de la Ley 23, de 16 de julio de 1936 (Leyes de 1936, Se-sión Extraordinaria, pág. 161), todo lo cual ascendió a $226.02. La subasta tuvo efecto el 4 de octubre de 1940, adjudicán-dose la propiedad al postor Ricardo Casals. No fue hasta el-17 de diciembre de 1940 que por- primera vez se notificó a la Insular Mercantile Co. de este procedimiento. En cuanto a la Sra. Cámara, el Colector consignó en el certificado de compra de bienes que la había notificado por correo certifi-cado el 15 de enero de 1941.

En mayo de 1942 Casals radicó la demanda de desahucio en precario contra Francisca Dumas viuda de Radial. La contestó la demandada con una negación general a la vez que interpuso excepción previa de falta de jurisdicción en la corte inferior. Asimismo alegó que estaba poseyendo el inmueble a virtud de contrato de arrendamiento celebrado entre ella y la propietaria del mismo, Insular Mercantile Co. La excepción previa fue oportunamente desestimada. El 10 de junio de 1942 la Insular Mercantile Co. presentó en la corte inferior una moción solicitando permiso para interve-nir en su carácter de dueña de la finca y acompañó un pro-yecto de demanda de intervención. En dicho día se dió prin-cipio a la segunda comparecencia, continuándose la vista el día 12 del mismo mes. En esta segunda ocasión, es decir, en la vista celebrada el 12 de junio, se trajo a discusión la moción de la Insular Mercantile Co. Se opuso el deman-dante a que se concediera la intervención, alegando que la Insular Mercantile Co. trataba de alegar cuestiones de tí-tulo, y tales cuestiones, alegó el demandante, no podían sus-citarse dentro de una demanda de desahucio sino en el ini-cio plenario correspondiente. Resolvió la corte qne como la demandada Dumas había levantado como defensa el título qne tenía su arrendadora, a lo qne tenía derecho según la corte inferior, se hacía innecesaria la intervención de la Insular Mercantile Co. y por ese motivo denegó la moción de intervención. Por último, terminada la prueba del deman-dante y de la demandada, la corte declaró que se había esta-blecido un conflicto de títulos y desestimó la demanda.

Apelaron el demandante y la Insular Mercantile Co., esta última por habérsele denegado su alegado derecho a inter-venir.

No hay duda que se estableció un conflicto de título en el presente caso, pero ese conflicto no podía suscitarlo la arrendataria. Dispone el artículo 1450 del Código Civil que “el arrendador no está obligado a responder de la perturbación de mero hecho, que un tercero causare en el uso de la finca arrendada; pero el arrendatario tendrá acción directa contra el perturbador.” Prescribe además dicho artículo que “no existe perturbación de hecho cuando el tercero, ya sea la administración, ya un particular, ha obrado en virtud de un derecho que le corresponde.”

Para determinar si la arrendataria en este caso, la Sra. Dumas, tenía derecho a invocar el título de su arrendador y suscitar de ese modo el conflicto de títulos a que se refirió la corte inferior, es preciso previamente determinar si M perturbación en el goce de la finca arrendada es una per-turbación de hecho o de derecho. Si lo primero, la arren-dataria tiene acción directa contra el perturbador, en este caso el demandante, y puede invocar el título de su arren-dador. Si lo segundo, es decir, si se trata de una perturba-ción de derecho, es al arrendador a quien exclusivamente incumbe repelerla, no teniendo la arrendataria más recurso que el de dirigirse contra el arrendador. [2] En el presente caso el demandante impugna- el título de la arrendadora ale-gando qne tiene derecho a la posesión de la finca a título de dueño a virtud de ñañería comprado en el procedimiento de apremio. La perturbación es claramente de derecho. Pero si alguna duda pudiese existir sobre la naturaleza de la per-turbación, la disipa Manresa al decir que cuando como en este caso la perturbación es judicial, la sola consideración de acudir el perturbador a los tribunales es indicio - seguro de que no se trata de una perturbación de mero hecho. Man-resa, Comentarios al Código Civil Español, tomo 10, págs. 563 et seq. [3] Tratándose, pues, de una perturbación de derecho que no podía repeler la arrendataria, erró la corte inferior al basar su sentencia en las alegaciones y la prueba de una parte que no tenía derecho a oponerse a las preten-siones del demandante. [4] En cambio no permitió interve-nir a la arrendadora, quien por tratarse de una perturbación de derecho, era quien podía oponerse a las pretensiones del demandante.

El error de la corte al fallar el caso a favor de la de-mandada Dumas requiere que revoquemos la sentencia ape-lada. Pero como también erró al negar a la Insular Mercantile Co-, el permiso para radicar demanda de intervención, no procede que dictemos sentencia declarando con lugar el desahucio, ya que de hacerlo así privaríamos a la Insular Mercantile Co. de sus derechos sobre la finca sin darle opor-tunidad de ser oída.

Lo procedente dentro de las circunstancias concurrentes es revocar la sentencia apelada y devolver el caso a la corte inferior con instrucciones de permitir la intervención solici-tada, hecho lo cual continuará la tramitación del pleito de manera no inconsistente con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


text:
    Partido Popular Democrático, Luis Muñoz Marín y Vidal González Rolón, peticionarios, v. Junta Insular de Elecciones de Puerto Rico, etc., demandada.
    Núm. 394.

    Sometido: Enero 10, 1944.

      Resuelto: Enero 12, 1944.

      Samuel R. Qttiñones, abogado de los peticionarios.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 4 de enero de 1944, durante el receso de Navidad qne expiró el 9 del actnal, los peticionarios radicaron en este Tribunal la solicitud de mandamus de este caso. El propó-sito perseguido por los peticionarios es que mediante un auto perentorio de mandamus ordenemos a la Junta Insular de Elecciones de Puerto Rico a qne, contrario a lo resuelto por ella, establezca colegios de inscripción en la zona rural de ciertos municipios que se mencionan en la petición. Expo-nen los peticionarios las razones qne a su juicio les asisten para que se expida el auto de mandamus, las más importan-tes de las cuales son:

(a) Que en los distintos barrios rurales en que los peti-cionarios solicitan se establezcan colegios de inscripción, existen locales apropiados para ese efecto;

(b) Que en muchos de esos barrios rurales no existen adecuados medios de comunicación que faciliten a los nuevos electores trasladarse con la necesaria rapidez a los colegios'-de inscripción en la zona urbana respectiva;

(c) Que -en la actualidad existen menos vehículos, tanto públicos como privados, en comparación con los que para esta misma fecha existían hace cuatro años;

(d) Que existe escasez de gasolina con motivo de la si-tuación de guerra prevaleciente desde el 8 de diciembre de 1941;

(e) El hecho de haberse reducido a dos, uno para varo-nes y otro para mujeres, los días disponibles para la inscrip-ción, mientras que hace cuatro años se concedieron muchos^ más días para ese objeto;

(/) Que de no establecerse los colegios de inscripción en las zonas rurales como lo solicitan los peticionarios, la mayor parte de los nuevos electores del Partido Popular De-mocrático resultarían privados de su derecho a inscribirse y consecuentemente de su derecho al sufragio;

(g) Que con motivo de haberse establecido todos los co-legios electorales en la zona urbana durante las elecciones-celebradas el 5 de noviembre de 1940 no ejercieron su de-recho al sufragio 146,109 de los electores inscritos, quienes-tendrán que inscribirse nuevamente por haber sido elimina-dos de las listas electorales;

(h) Que la población electoral actualmente capacitada, para votar excede de 959,259 ciudadanos, de los cuales úni-camente aparecen inscritos 568,851, y consecuentemente de-berán inscribirse para votar más de 390,408 ciudadanos, dé-los cuales más de dos terceras partes residen en los barrios-^ rurales de Puerto Rico;

(i) Que el propósito de la Ley núm. 19 de 10 de junio de 1939 Para Establecer un Nuevo Sistema de Inscripción de-Electores, es el de que hasta donde fuere posible los cole-gios de inscripción se establezcan en los barrios de las resi-dencias de los electores respectivos.

No es ésta la primera vez que el Partido Popular Demo-crático acude a este Tribunal en solicitud del mismo reme-dio contra igual resolución de la Junta Insular de Elecciones de Puerto Rico. En efecto, el 19 de diciembre de 1939 ra-dicó una petición de mandamus basada en razones similares a las que abora expone en apoyo de la presente solicitud.

Siendo aquella la primera vez que se suscitó la cuestión,, este Tribunal estimó oportuno entonces expedir un auto al-ternativo de mandamus. Oída una extensa evidencia y los informes de los abogados de las partes, se dictó una breve resolución desestimando la petición de mandamus.

Vuelve el peticionario a recurrir a este Tribunal en soli-citud del mismo remedio, pero las razones adicionales que' ahora se exponen no ameritan una decisión distinta de la que dictáramos en el caso anterior, por lo que es inútil ex-pedir el auto alternativo, ya que en todo caso tendríamos-que llegar indefectiblemente a la misma conclusión a que-llegáramos en el caso anterior. Sin embargo, por deferen-cia a los peticionarios, toda vez que se han expuesto ahora las razones adicionales de que hemos hecho mención, parece conveniente decir algo más en apoyo de nuestra decisión.

La disposición legal reguladora del caso es la sección 12 de la Ley núm. 19 de 10 de junio de 1939 (Segunda Sesión Extraordinaria, pág. 57) que literalmente dice:

"Los colegios de inscripción se establecerán en los edificios pú-blicos bien sean insulares o municipales, basta donde sea posible ob-tenerlos.
"Estos colegios podrán establecerse en las zonas rurales siempre que haya locales apropiados. La Policía Insular proveerá el servicio de policía que fuere menester en cada colegio de inscripciones. La Junta Insular de Elecciones deberá tener en cuenta que es el propósito de esta Ley el que,, hasta donde fuere posible, los colegios de inscripción se establezcan en los barrios de las residencias de los= electores respectivos." (Bastardillas nuestras.)

Aunque el legislador manifestó expresamente en el pre-. ■cepto transcrito su propósito de que hasta donde fuere po-sible los colegios de inscripción se establecerán en los barrios -de las residencias de los electores respectivos, es evidente su propósito de dejar a la sana discreción de la Junta el deter-minar la cuestión, al prescribir que los colegios podrán esta-blecerse [en la edición inglesa “may be established”] en las ■zonas rurales siempre que hayan locales apropiados. Se no-tará que el legislador autoriza, pero no ordena a la Junta que establezca dichos colegios en las zonas rurales. Y si bien •expresó su propósito de que en lo posible se establezcan en los barrios donde residan los electores respectivos, esa ma-nifestación de la Legislatura es una mera recomendación que la Junta sin duda tuvo en cuenta al ejercitar su discreción estableciendo colegios en las zonas rurales de algunos muni-cipios y negándose a establecerlos en aquéllos a que se re-fiere la solicitud. Esta misma interpretación de la ley al efecto de que el deber de la Junta envuelto en este caso no ■es un deber ministerial, fue lo que nos obligó a desestimar - la petición de mandamus el 23 de diciembre de 1939 (55 D.P.R. 987). Desde entonces la Asamblea Legislativa de Puerto Rico se ha reunido cuatro veces en sesión ordinaria y no ha •estimado conveniente adoptar la legislación necesaria para evitar la interpretación que hemos dado a dicho precepto legal. ¿Acaso no es esa circunstancia la mejor evidencia de •que la interpretación que entonces dimos a la ley se ajusta al verdadero propósito legislativo? Tal vez se alegan ahora ■razones de más peso que las que se alegaron entonces, sur-gidas de la situación anormal por que atravesamos con mo-tivo del estado de guerra en que se encuentra la Nación, Pero ese estado de guerra existe desde el 8 de diciembre de 1941 y la situación que ahora prevalece ha existido desde entonces, y sin embargo en las dos últimas sesiones ordina-rias nada se ha hecho por la Asamblea Legislativa para va-■riar el texto de la ley. Sea como fuere, todas las nuevas razones que ahora se exponen, sin dada fueron tenidas en cnenta por la Junta, lo mismo qne los inconvenientes que podrían alegarse en contra de la medida interesada por Ios-peticionarios, y la Jnnta nsó su discreción en el sentido que ya conocemos.

La Junta actuó. De no haber actuado el auto de mandamus procedería para, sin indicarle en qué sentido debía ha-cerlo, compelerla a actuar. Pero dictada por ella la decisión,, sea en uno u otro sentido, el mandamus no tiene aplicación. Pueblo v. La Costa Jr., 59 D.P.R. 179.

Parece conveniente repetir aquí lo que sobre el alcance del recurso extraordinario de mandamus ha dicho Ja Corte Suprema de Estados Unidos:

“Bajo la regla bien establecida, el auto de mandamus no puede servir el propósito de un pleito ordinario. Se expedirá solamente cuando el deber que deba ser ejecutado sea ministerial y la obliga-ción de actuar perentoriamente esté claramente definida. La ley debe no sólo autorizar la acción que se requiera del funcionario, sino exigirla; el deber debe ser claro e indiscutible. U. S. ex rel. International Contracting Co. v. Lamont, 155 U. S. 303, 308; Louisiana v. McAdoo, 234 U. S. 627, 633; Work v. Rives, 267 U. S. 175.” (Bastardillas’ nuestras.) U. S. v. Wilbur (1931) 283 U. S. 414, 420.

En el presente caso no existen los requisitos que deben concurrir para que el auto de mandamus pueda ser expedido. La ley que interpretamos autoriza a la Junta a actuar en la forma que pretenden los peticionarios. Pero no le exige que necesariamente actúe de esa manera. Por consiguiente pro-cede delegar la solicitud de mandamus.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señok De Jesús

text:
    Jorge Colón Meléndez, peticionario, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. R. A. Gadea Picó, Juez, demandada; Eduardo Rivera Colón, opositor.
    Núm. 1538.

    Sometido: Diciembre 6, 1943.

      Resuelto: Enero 12, 1944.

      .Ramón G. Goyco, abogado del peticionario; Leopoldo Bojcos Flores, abogado del opositor.
   El Juez Asociado Señok De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Eduardo Rivera Colón obtuvo un acto preliminar de injunction dirigido contra Jorge Colón Meléndez, ordenándole que se abstuviese de seguir cultivando cierta finca de la que el demandante alegaba ser dueño. El injunction preliminar fué decretado previa fianza por $500 en la cual se obligaron solidariamente el principal y los fiadores a resarcir al de-mandado de los daños y perjuicios que pudieran causarle con motivo del injunction en caso de resolverse en definitiva que el peticionario no tenía derecho a ese remedio. Poste-riormente se dictó un injunction perpetuo, pero este Tribunal revocó la sentencia y anuló el auto de injunction. Una vez revocada la sentencia, el demandado, como un iñcidente del pleito de injunction, radicó una moción en la corte inferior titulada “Moción sobre Confiscación de Fianza”. En dicha moción, luego de referirse a la fianza y de alegar que 'había sufrido daños por la cantidad de $622, solicitó se con-fiscase la fianza. Se opuso el demandante por el fundamento de que esa reclamación sólo podía hacerse mediante un pleito plenario de daños y perjuicios y no por moción, y la corte sostuvo la contención del demandante.

El título de la moción, así como algunas de sus alegacio-nes, parecen indicar que el demandado cree que por el solo hecho de alegar los daños sufridos tiene derecho a que la corte le conceda por vía de compensación el montante de M fianza, como si esta última hubiese sido prestada en un caso 'criminal. Conviene aclarar que el demandado sólo tiene de-reclio a la compensación de los daños realmente sufridos y en ningún caso la sentencia contra los fiadores podrá exce-der del montante de la fianza.

No abrigamos duda alguna de qne el demandado pnede reclamar sus daños mediante nn pleito plenario como resol-vió la corte. Pero ello, no implica qne no pueda reclamarlos mediante moción como nn incidente del pleito de injunction. Se lia resnelto por el Tribunal Supremo de los Estados Uni-dos que los fiadores en el pleito de injunction son cuasi par-tes y al prestar la fianza se someten a la jurisdicción del tribunal en relación con el pleito de injunction. Babbitt v. Finn, 101 U. S. 7, 15, citado con aprobación en Pease v. Rathbun-Jones Eng. Co., 243 U. S. 273. Siempre que el principal y los fiadores sean debidamente notificados de la moción y ten-gan su día en corte, el procedimiento para recobrar los da-ños sufridos cumple con la cláusula del debido proceso de ley.

La cuestión que suscitó el demandante y sostuvo la corte inferior ha sido discutida repetidas veces por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en relación con procedi-mientos de injunction originados en las cortes federales. Como es sabido, hasta que las Eeglas de Procedimiento en Casos Civiles fueron aprobadas por dicho Tribunal Supremo, en las cortes federales se mantuvo la separación de la ju-risdicción de equidad de la ley. A pesar de esta separa-ción, la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Ponidos ha sostenido que dentro del injunction, que es una acción en equidad, el demandado puede reclamar los daños sufridos con motivo de dicho, procedimiento a pesar de que este último es una acción en ley. Ha dicho el Tribunal que una vez que -la corte de equidad adquiere jurisdic-ción sobre el caso principal, la tiene sobre sus incidentes aunque éstos sean de naturaleza legal y no de equidad. Se ha dicho también por el mismo Tribunal que es mejor prác-tica resolver la cuestión como un incidente del pleito de injunction, toda vez que el procedimiento es más rápido y me-nos costoso para las partes y que a ningún fin práctico con-duciría obligarlas a recurrir a nna acción separada de da-ños y perjuicios. Russell v. Farley, 105 U. S. 433, 444; Pease v. Rathbun-Jones Eng. Co., supra, a la pág. 278; y el más reciente de Commission v. Brashear Lines, (1941) 312 U. S. 621, 629. Y si esto podía hacerse en una corte de equidad, con mucha más razón puede hacerse en nuestras cortes de distrito, donde no existe la división entre la ley y la equidad.

Los casos de este Tribunal citados por la corte inferior en apoyo de su resolución no están en conflicto con la regla que acabamos de exponer. El caso de Quiñones v. The American Railroad Co. of P. R., 17 D.P.R. 267, uno de los citados por la corte inferior, contiene un dictum al asegurar que el procedimiento a seguir para hacer efectiva la fianza debe ser mediante un pleito de daños y perjuicios, y cita con apro-bación un antiguo caso de California que así lo sostiene. Pero en dicho caso de Quiñones se trataba de una fianza en metálico depositada por la demandante en la corte inferior y por consiguiente no existían fiadores personales contra los cuales pudiese seguirse procedimiento alguno. Y el caso de San Juan Racing and Sporting Club v. Castro, 38 D.P.R. 335, sólo establece que el demandado en el caso de injunction que reclame los daños sufridos con motivo de dicho pro-cedimiento, puede incluir en su reclamación lo que por con-cepto de honorarios de abogado hubiese tenido que pagar al defenderse del caso de injunction. En el mismo sentido que el anterior se pronuncian los casos de Burgos Macías v. Esteves, 38 D.P.R. 443, y Sucesión Jiménez v. Cruz, 31 D.P.R. 254. En el de Serrallés v. Saurí, 44 D.P.R. 402, tampoco se discute la cuestión aquí envuelta sino la de la clase de da-ños que pueden reclamarse contra el principal y los fiadores. Y por último, no vemos qué aplicación pueda tener a este caso lo resuelto en Cintrón v. Insular, etc., y Balbaño, 58 D.P.R. 821.

A nuestro juicio la corte inferior cometió error al dene-gar las pretensiones del demandado por el solo hecho de no haber recurrido a una acción de daños y perjuicios indepen-diente del pleito principal de injunction.

Por lo tanto, procede anular la orden recurrida y devol-ver el caso a la corte inferior para ulteriores procedimier,t-tos no inconsistentes con <esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.