text:
    Catalina Ramírez, demandante y apelante, v. Pedro Rivera y Jaime Masjuán, demandados y apelados.
    No. 6217.

    Sometido: Febrero 5, 1935.

      Resuelto: Julio 26, 1935.

      Armando A. Miranda, abogado de la apelante; José C. Jusino, abo- ■ gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Catalina Ramírez interpuso esta apelación contra senten-cia de la Corte de Distrito de Bayamón que declaró sin lu-gar su demanda para que anulase ciertos pleitos y para que le concediese indemnización por perjuicios.

El día de la vista de esta apelación fué discutida también una moción de la parte apelada para que desestimemos este recurso. Uno de los motivos es que de la certificación puesta por el secretario al pie de varios documentos que 'nos han sido presentados como transcripción de los autos no aparece qne sean copias fieles y exactas de los documen-tos qne constituyen el legajo de la sentencia. Esos docu-mentos son los que realmente tienen que constituir el legajo Re sentencia en este caso, y el secretario certifica que son copias fieles y exactas de sus originales, por lo que no es sostenible ese motivo de desestimación. Véase el caso de Rivera v. Martínez, 26 D.P.R. 139. El otro motivo de 'desestimación es el de que no consta la fecha en que el es-crito de apelación fué presentado en la corte inferior. Esto es cierto, pero ese defecto aparece subsanado con una cer-tificación presentada por la apelante y librada por el se-cretario de dicha corte- de la que aparece que el escrito de •apelación fué radicado en ella el mismo día en que está fechado.

Pedro Rivera estableció demanda contra Catalina Ra-mírez en la Corte Municipal de Bayamón en reclamación de $90 vencidos el 17 de julio de 1927, sin intereses hasta su vencimiento. La corte, siguiendo el procedimiento especial para reclamaciones por cantidades no mayores de $100, dictó en rebeldía de la demandada sentencia condenatoria •de pago. Para su cumplimiento fué vendida una casa de la demandada por precio de $50 que pagó Jaime Masjuán, •a quien le fué adjudicada en la subasta. Siguió después Masjuán juicio de desahucio para el lanzamiento de Catalina Ramírez de la finca que fué subastada.

Después de lo expuesto, Catalina Ramírez presentó de-manda en la Corte de Distrito de Bayamón solicitando que se anulase el procedimiento qne se siguió contra ella en la Corte Municipal de Bayamón, que ordenó su condena, la venta de su casa y también el juicio de desahucio que in-terpuso Masjuán para lanzarla a ella, y para que le indem-nizara por los perjuicios que le fueron producidos con esas actuaciones, en cantidad de $5,000.

Contra la sentencia de la corte de distrito que declaró sin lugar la demanda de Catalina Ramírez, ésta alega en la apelación que interpuso, qne la corte cometió quince erro-res de los cuales sólo resolveremos algunos de ellos porque los otros o no están suficientemente alegados o no han sido argumentados o no aparece prueba alguna respecto de ellos.

El primero que consideraremos y resolveremos es el referente a si el juicio en cobro de dinero se siguió propiamente por el procedimiento de cantidades no mayores de $100 en la corte municipal.

Para sostener la apelante que no debió ser ese procedi-miento porque la cuantía de la reclamación era superior a. $100, dice que los $90 con intereses al uno por ciento men-sual desde la fecha de vencimiento suman más de $100. Sin embargo, según la obligación los intereses serían los legales a contar desde el vencimiento de ella, que dan un total hasta la fecha de la demanda de ocho dólares y centavos,, que no montan la cuantía de la reclamación a $100.

También dice la apelante que en la venta de su casa hubo error porque la sentencia condenatoria dictada contra ella no le fué propiamente notificada. Según los autos de la corte municipal presentados como prueba, el abogado de la parte entonces demandante le notificó dicho fallo a la demandada por correo, a Cataño, sitio de su residencia.. Según la Ley Núm. 13 de 1917 ((2) pág. 225) emnendatoria de otra anterior (marzo 11, 1908), una vez dictada sentencia se podrá interponer apelación dentro de los diez díassiguientes a la en que se hubiere notificado la sentencia. Ésa era la ley vigente cuando se dictó la sentencia en la cortemunicipal, pues aunque la apelante se refiere a otra ley, la Núm. 2 de 1929 (pág. 123), que dispone que la notificación la hará el secretario, tal ley no estaba vigente a la fecha en que se dictó la sentencia. Por consiguiente, el abogado de la parte demandante pudo hacer propiamente la notificación de la sentencia a la demandada.

Asimismo dice la apelante que la notificación no debió ser hecha por correo, como fué practicada en aquel caso, toda vez que Cataño era un barrio de Bayamón. Pero desde dos años antes de dictarse la sentencia había dejado de ser Cataño nn barrio de Bayamón para convertirse en municipio independiente, por precepto de la Ley Nnm. 30 de 1927, por lo qne podía hacerse la notificación por correo.

Se alega también qne la sentencia de la corte municipal no aparece en los antos de aquella corte. Sin embargo la misma apelante expone en sn demanda qne esa sentencia fné dictada y registrada, con cita del tomo y folio del libro de sentencias de dicha corte.

En cnanto a que los edictos de la subasta celebrada por el márshal de la corte municipal no fueron publicados por el término de ley, ya que no mediaron veinte días entre la publicación del primero y la del úítimo, será suficiente expresar que aparece de los autos que entre el primer edicto y la subasta mediaron veintitrés días, que es suficiente según hemos declarado en Arvelo v. Banco Territorial y Agrícola, 25 D.P.R. 728, y Thyboe v. San Juan Fruit Co., 36 D.P.R. 892.

El anuncio de la subasta fué publicado en un periódico, y el hecho de que el márshal consignara en su certificado que también anunció la venta en los sitios de costumbre, sin que dijera cuáles eran esos sitios, no invalida la subasta de acuerdo con el caso de Lawton v. Porto Rico Fruit Exchange, 42 D.P.R. 301.

Otro extremo de nulidad que se suscita es el de que el secretario de la corte municipal expidió sin previa orden de dicho tribunal mandamiento para la ejecución de la sentencia, pero nos bastará ahora decir que como la sentencia conde-natoria no consta en los autos no puede afirmarse que la orden de ejecución fuera librada sin que en la misma sen-tencia se decretase así.

No siendo nulo el juicio celebrado ante la Corte Municipal de Bayamón, son improcedentes las peticiones de nu-lidad del juicio de desahucio y de indemnización de perjui-cios que se solicitan como consecuencia de las nulidades alegadas.

En vista de lo expuesto la sentencia apelada dele ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Galo Carreras, peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. Rafael Arjona Siaca, Juez, demandada.
    No. 1034.

    Sometido: Junio 3, 1935.

      Resuelto: Julio 26, 1935.

      González Fagundo <& González, Jr., abogados del peticionario; la parte contraria, demandados en la acción que motivó el certiorari, no compareció.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Galo Carreras demandó en la Corte Municipal de Ca-gnas a María Polo viuda de Ferrari en solicitud de sentencia condenando a la demandada a recibir del demandante dos-cientos dólares y a otorgar a su favor escritura de retro-cesión de cierto crédito hipotecario por mil cien dólares, dando de tal modo cumplimiento a un contrato de préstamo celebrado entre demandante y demandada. Luego se en-mendó la demanda incluyendo como demandado a Ángel Ortiz a quien la demandada cedió simuladamente, según se alega, el crédito en cuestión.

El demandado Ortiz exeepcionó la demanda, alegando que la corte municipal no tenía jurisdicción por razón de la cuantía, que existía indebida acumulación de partes de-mandadas y de acciones y que la demanda era ambigua, ininteligible y dudosa.

Al resolver las excepciones la corte municipal estudió primero la de jurisdicción y concluyó que estaba bien fun-dada porque a su juicio la cuantía envuelta en el litigio no era la de doscientos dólares sino la de mil cien, valor del crédito hipotecario, y se declaró sin competencia para se-guir conociendo del asunto.

Pidió entonces el demandante que la corte se sirviera “dictar y registrar sentencia . . . por los méritos de las alegaciones” y la corte accedió en los siguientes términos:

“Vista la moción del demandante, en que pide se dicte sentencia definitiva sobre las alegaciones, por los fundamentos expuestos en la resolución de las excepciones previas, se dicta sentencia declarándose esta corte incompetente por la cuantía de este caso, en cnanto a ambos demandados, sin especial condena de costas.”

De esa “sentencia” apeló el demandante para ante la corte de distrito. Radicados en ella los autos, se señaló para la vista del caso en su fondo el 24 de mayo de 1934 en cuyo día las partes discutieron las excepciones formula-das en la corte municipal y una moción del demandado Ortiz pidiendo la eliminación de la demanda enmendada, re-servándose la corte de distrito su resolución que dictó en junio primero siguiente declarando la moción y las excep-ciones sin lugar y concediendo a los demandados diez días para contestar.

Archivaron en efecto los demandados su contestación. El demandante pidió a la corte que dictara sentencia sobre las alegaciones por entender que la contestación en la forma en que estaba redactada admitía los hechos alegados en la demanda y la corte el 11 de octubre de 1934 declaró sin lugar su petición.

El 18 de enero, 1935, se llamó el caso para su vista, ce-lebrándose ésta en efecto con la comparecencia de las partes representadas por sus abogados y el caso quedó así defini-tivamente sometido a la corte de distrito. Ésta en 21 de febrero siguiente dictó en él una resolución que dice:

"La sentencia apelada en este caso no resuelve definitivamente las deudas (sic) de las partes. Es inapelable para ante esta Corte. Se desestima por ello la apelación interpuesta.”

Pidió reconsideración el demandante y la corte la negó el 9 de mayo último y fué entonces que se dirigió a esta Corte Suprema por medio de esta petición de certiorari. Expedido el auto, se remitió el récord original del pleito del que cons-tan los hechos que dejamos narrados. A la vista del recurso sólo acudió el peticionario por su abogado. No hemos te-nido, pues, el beneficio de un debate en el asunto. En su alegato el peticionario sostiene que:

"Las dos resoluciones insertas infringen los artículos 139 y 140 del Código de Enjuiciamiento Civil toda vez que aun admitiendo que procedieran las excepciones previas que era lo único que estaba pen-diente de discusión, el demandante podía enmendar su demanda o solicitar sentencia final por el mérito de las alegaciones para apelar para ante la Corte Suprema y las resoluciones dictadas por la Corte de Distrito de Humacao privan al demandante de ser oído en corte por desestimar la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte Municipal resolviendo que es inapelable dicha sentencia contraria también esta afirmación a la ley sobre apelaciones de 1929.
"Las leyes antes citadas han sido interpretadas por esta Hon. Corte Suprema en los siguientes casos:
"García vs. Humacao Fruit Co., 23 D.P.R. pág. 247.
"Gutiérrez vs. Foix, 23 D.P.R. pág. 73.
"González vs. Malgor, Luiña & Co., 29 D.P.R. pág. 106.
"Gelabert vs. Córdova, 17 D.P.R. pág. 1200.
"Garriga vs. Sepúlveda, 26 D.P.R. pág. 47.
"Fradera vs. Morales, 19 D.P.R. pág. 1122.
"Matos vs. Ortiz, 19 D.P.R. pág. 77.”

Hemos consultado las decisiones de esta corte que se in-vocan. Establecen que en las apelaciones interpuestas para ante las cortes de distrito de sentencias dictadas por cortes .municipales lo que procede es un juicio de nuevo. Así, si la corte municipal dictó sentencia a virtud de excepción pre-nda de falta de hechos a la demanda determinantes de causa ■de acción, por ejemplo, y la corte de distrito estima que la •demanda es suficiente, no dehe devolver el caso a la corte .municipal, sino seguir conociendo de él por todos .sus trá-.mites hasta resolverlo de acuerdo con los hechos y la ley. .Es cierto que en ninguna de ellas la sentencia dictada lo fué por estimar la corte que no tenía jurisdicción para inter-venir en el litigio como aquí sucede, pero en ausencia de una demostración en contrario, creemos que debe aplicarse la misma regla para que exista fijeza en el procedimiento.

La ley' — Ley No. 2 de 1929, Leyes de ese año, pág. 125 — autoriza la apelación en los siguientes términos: ■“Cuando una corte municipal hubiere dictado sentencia en un asunto civil, resolviéndolo definitivamente, ...” Y sentencia, según el artículo 188 del Código de Enjuiciamiento Civil, “es la decisión definitiva sobre los derechos de las partes en un pleito o procedimiento.”

¿Quedaron los derechos de las partes definitivamente resueltos por la sentencia de la corte municipal de que apeló ■el demandante para ante la corte de distrito? A nuestro juicio quedaron en el sentido de haber la corte municipal, bajo la base de carencia de jurisdicción, rehusado conside-rarlos. Acudió entonces la parte interesada en apelación de acuerdo con la ley al tribunal del distrito correspondiente y éste, también de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, adquirió plena jurisdicción para entrar de lleno en el conoci-miento del pleito.

Y así lo hizo en un principio, declarando sin lugar las excepciones y disponiéndose a juzgarlo por sus méritos, no estando en tal virtud justificada su última actuación limitada a desestimar el recurso.

En el caso de Matos Hermanos & Cía. v. Ortíz, 19 D.P.R. 77, 79, citado con aprobación en el de Fradera v. Morales, et al., 19 D.P.R. 1122, 1125, se dijo por esta Corte por media de su Juez Asociado Sr. Wolf:

“Aunque es cierto según alega el apelante que las cortes muni-cipales tienen jurisdicción para resolver casos en que la suma en-vuelta es menor de $500, y que esa jurisdicción no es concurrente, sin embargo, como en el presente caso la Corte Municipal de Yaueo había resuelto que la sociedad demandante no tenía ninguna recla-mación que hacer con arreglo a la ley, el único remedio que le quedaba a dicho demandante era el de la apelación, y según la ley que regula las apelaciones de las cortes municipales a las de distrito en asuntos civiles, el caso debía celebrarse de nuevo en dicha corte de distrito. La corte de distrito adquirió jurisdicción sobre todo el caso y tenía facultades para proceder precisamente del mismo modo que hubiera procedido la corte municipal en el pleito original. Por tanto, al desestimar la corte la excepción previa tenía facultad para obligar al demandado a presentar su contestación, como lo hizo en definitiva.”'

Y en el de González v. Malgor, Luiña & Co., 29 D.P.R. 105, 107, se expresó y resolvió lo que sigue:

“Alega la parte apelante que la corte de distrito actuó sin juris-dicción. La cuantía de la reclamación no llega a quinientos dólares. Esto es cierto, pero como la corte de distrito no conoció originalmente, del pleito, sino que el asunto se presentó en la corte municipal y fué en apelación a la corte de distrito, la jurisdicción de ésta es clara.
“La apelante admite que eso es así, pero sostiene que tenía de-recho a un juicio en la corte municipal, a otro, de novo, en la corte-de distrito, y a una apelación en el Supremo, y que como el pleito en la corte municipal se falló al resolver una excepción y por tanto sin celebración de juicio, con el procedimiento seguido se le privó de su derecho a un juicio en la dicha corte municipal.
“No estamos conformes. La sentencia dictada en la corte municipal puso fin a la controversia ante ella suscitada. Si no hubiera sido apelada, dicha sentencia, al igual que si hubiera sido dictada después de la celebración de un juicio, hubiera decidido en definitiva los derechos de las partes. Fué apelada, y la corte de distrito ad-quirió plena jurisdicción sobre la totalidad del caso. Declaró sin lugar la excepción y entró en.la celebración del juicio y dictó la sentencia que ha sido recurrida para ante este Tribunal Supremo.
“¿De qué pueden quejarse válidamente los apelantes? Si la cuantía de la reclamación hubiera sido mayor, sólo la corte de dis-trito hubiera intervenido en el juicio. La alegación de los apelantes está, pues, desprovista de todo fundamento.”

Por virtud de todo lo expuesto, debe anularse la resolu-ción de febrero 21, 1935, y devolverse los autos originales reclamados a la corte de distrito de su origen para que con-tinúen tramitándose de acuerdo con la ley.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Manuel Rubio Salinas, demandante y apelante, v. Salvador R. Nin, Inc., demandada y apelada.
    No. 5942.

    Sometido: Abril 10, 1934.

      Resuelto: Julio 26, 1935.

      Diego' O. Marrero y Alejandro Lamour, abogados del apelante ;■ Wilson P. Colberg y Antonio E. Parceló, Jr., abogados de la. apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal-

Copiamos de la opinión de la corte inferior como sigue:.

"Manuel Rubio Salinas compró a Salvador R. Nin Inc. una-pianola marca ‘Milton’ bajo contrato de venta condicional y por el’ convenido precio de $1,500 y en pago parcial de precio, al entregár-sele la pianola ‘Milton’ el comprador entregó a la vendedora una: pianola ‘Howard’ que la vendedora aceptó por valor de $600 yr además $30 en efectivo, que bace un total de $630, quedando un balance a favor de la vendedora montante a $870 que se pagarían por el comprador a razón de $30 mensuales. Con posterioridad a la entrega el comprador hizo pagos mensuales por valor de $360, que-dando un saldo a favor de la vendedora por la cantidad de $510. Cuando sólo se debía esta cantidad, o sea $510, la pianola Milton, juntamente con otros muebles del comprador condicional, fue total-mente destruida por un incendio, sin culpa alguna por parte del comprador. La pianola, al igual que otros muebles del comprador condicional, había sido asegurada contra incendio y al ocurrir el siniestro el asegurado presentó su notificación a la compañía asegu-nadora y oportunamente archivó también su ‘proof of loss’ y las facturas y comprobantes que le exigió la aseguradora en relación con los muebles destruidos por el incendio. En la lista que presentó el ■demandante contentiva de los muebles destruidos por el incendio, se halla la pianola ‘Milton’. Mientras el demandante gestionaba el. cobro de su póliza, la vendedora, Salvador E. Nin Inc., hacía ges-tiones con el comprador para que le pagase los $510 que como resto del precio le estaba adeudando. Las gestiones de la vendedora cul-minaron en el embargo de la póliza cuyo cobro gestionaba el ahora demandante y enterado éste del embargo, se vió precisado a hacer un arreglo con la vendedora y satisfacer los $510 que le adeudaba. El demandante cobró su póliza y aunque no le pagaron todo lo que re-clamaba, le pagaron por concepto de la pianola una cantidad pro-porcional, es decir, rebajaron un 30 por ciento de la totalidad de la cantidad reclamada por todos los muebles.
“El contrato de venta condicional contiene dos cláusulas, sobre las cuales gira toda la controversia en este caso, las que para mejor com-prensión del caso transcribimos a continuación. Dichas cláusulas dicen así:
“ ‘Io. — Que los mencionados efectos quedan de la propiedad abso-luta de los vendedores, sus herederos, cesionarios o causahabientes, hasta que el comprador haya satisfecho el importe total de los plazos arriba estipulados y hasta que haya cumplido todas y cada una de las condiciones a cuyo cumplimiento se hubiere obligado mediante este contrato, siendo, únicamente entonces, que dichos efectos pasarán a ser de la propiedad del comprador.
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“6o. — Que- si- los vendedores, o sus sucesores, no hicieren uso del derecho que les confiere la cláusula número 5 de este contrato, en el término estipulado' en la misma, entonces, dichos vendedores o sus sucesores quedarán obligados a hacerse cargo de los efectos en cuestión, descontando del importe total de los plazos que el comprador o sus sucesores hubieren pagado, la cantidad que resulte de un cargo de $30 por cada mes que dichos efectos hubieren estado en poder del comprador, o sus sucesores, entendiéndose que una fracción de quince días o menos no se contará y que toda fracción de más de quince días se contará por un mes; y entendiéndose además que este cargo se ha convenido por ambas partes como justo y razonable por el uso de tales efectos.’
! ‘ Con estos hechos por base, el demandante, Manuel Rubio Salinas, ha formulado su demanda que consta de dos causas de acción. Por la primera solicita que la demandada sea condenada a devolverle la cantidad de $540, o sea la diferencia entre la cantidad total pagada por el demandante, $990 y $450 que es el valor del uso de la pianola durante quince meses que la tuvo el comprador, a razón de $30 mensuales, fundándose para ello el demandante en lo dispuesto en la cláusula 6a. antes transcrita.
“Por la segunda causa de acción solicita el demandante que la demandada sea condenada a devolverle los $510 que le pagó inde-bidamente después de haberse destruido la pianola. Se pretende que tal pago se hizo por error y la alegación con respecto a las causas por las cuales hizo el pago son las siguientes:
“ ‘Que el demandante por inadvertencia, error y obligado por las circunstancias apremiantes de penuria en que se encontraba con motivo del incendio a que antes se ha hecho referencia, al ver trabar embargo sobre su póliza de seguro que cubría riesgos de dicho in-cendio fué obligado a verificar el pago de la referida suma de $510 sin perjuicio de poder ejercitar en cualquier momento la acción corres-pondiente para cobrar la cantidad que indebidamente pagó a la de' mandada.’ (Párrafo cuarto, Segunda Causa.de Acción).
“Estudiemos separadamente las dos causas de acción. La pri-mera, como antes hemos dicho, pretende fundarla el demandante en la cláusula sexta del contrato. De una simple lectura de dicha cláusula, se verá claramente que el vendedor se reserva dos recursos para el caso en que el comprador no cumpla con los términos del contrato. El primer recurso es el ordinario que le concede la ley sobre ventas condicionales, expresado en la cláusula quinta del con-trato, o sea incautarse del objeto vendido, retenerlo por espacio de treinta días y después venderlo en pública subasta para con su pro-ducto pagarse los plazos adeudados por el comprador, más el importe total de los gastos ocasionados por retirar, almacenar y vender el objeto, incluyendo honorarios de abogado si los hubiere.
“El segundo recurso que se reserva el vendedor es el expresado en la cláusula sexta, o sea no seguir el procedimiento indicado en el párrafo anterior, y en su lugar descontar del importe total de los plazos que el comprador o sus sucesores hubieren pagado, la cantidad que resulte de un cargo de $30 por cada mes que los efectos hubieren estado en poder del comprador o sus sucesores.
“Los hechos de este caso no justifican la aplicación del recurso que se reserva el vendedor en la cláusula sexta del contrato. El comprador en el presente caso no ha dejado de pagar los plazos a que venía obligado ni mucho menos se ha incautado el vendedor del objeto vendido. El objeto vendido fué destruido sin culpa del vendedor, y no existiendo no puede el vendedor incautarse del mismo y retenerlo. No aparece en el contrato ninguna cláusula que dis-ponga que en caso de destruirse la pianola la vendedora estaría obligada a devolver suma alguna al comprador condicional y de in-terpretar la cláusula sexta en la forma que pretende hacerlo el de-mandante, equivaldría a incluir en el contrato una condición que no convinieron las partes, y los tribunales no tienen facultades para ello. Este principio de derecho lo expone con toda claridad el Código Civil cuando tratando de la interpretación de los contratos dice:
“ ‘Art. 1250. — Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas dis-tintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar.’
“Por las razones expuestas debe desestimarse la demanda en cuanto a la primera causa de acción.
“La segunda causa de acción que la titula el demandante sobre cobro de lo indebido, debe regularse por el artículo 1796 del Código Civil Revisado, idéntico al 1895 del Código Civil Español, que dice así:
“ ‘Art. 1796. — Cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar, y que por error ha sido indebidamente entregada, surge la obligación de restituirla.’
“De acuerdo con este precepto, para que exista el cuasi contrato del cobro de lo indebido, deben existir dos condiciones:
“1. — Que la persona que recibió la cosa no tenía derecho a cobrarla.
“2. — Que la cosa haya sido indebidamente entregada por error.
“Y de acuerdo con la jurisprudencia, tanto española como ameri-cana, el error debe ser de hecho y nunca error de derecho.
“La prueba del demandante no nos ha demostrado la existencia del primer requisito indispensable para qne proceda la acción del cobro de lo indebido. Sostenemos por el contrario, que la prueba demuestra que la demandada tenía derecho a cobrar los $510 que cobró al demandante y éste le pagó.”

Entonces la corte cita del caso de Montalvo v. Valdivieso, 38 D.P.R. 545, 552, y continua diciendo:

“Si como dice nuestro Tribunal Supremo, en una venta de esta clase, los bienes vendidos pasan al comprador, quedando solamente al vendedor el derecho de resolver la venta en caso de que la con-dición no se cumpla, entonces al destruirse la cosa vendida antes de resolverse la venta, es de perfecta aplicación la antigua máxima legal que dice: ‘Re perit domino,’ o sea ‘la cosa perece para su dueño.’
“La situación jurídica del comprador es la misma que la de aquel que compra a crédito una cosa y después de hecha la entrega y antes de terminar de pagar el precio, se destruye la cosa. A nadie se le ocurriría pensar que por el hecho de haberse destruido la' cosa vendida antes de completarse el pago del precio cesaría la obligación del comprador de pagar el resto del precio.
“A la misma conclusión han llegado los tribunales americanos aunque por distinto razonamiento, interpretando preceptos análogos a los de nuestra ley sobre contratos de ventas condicionales. (Hace citas).
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“Tampoco puede decirse que el demandante hizo el pago por error de hecho, ni siquiera por error de derecho. De acuerdo con el párrafo cuarto de la segunda causa de acción, cuyo párrafo hemos transcrito en esta opinión, el demandante alega que hizo el pago ‘por inadvertencia, error y obligado por las circunstancias apre-miantes de penuria en que se encontraba con motivo del incendio’ a que antes se ha hecho referencia, al ver trabar embargo sobre su póliza de seguro que cubría riesgos de dicho incendio, fué obligado a verificar el pago de la referida suma de $510 sin perjuicio de poder ejercitar en cualquier momento la acción correspondiente para cobrar la cantidad que indebidamente pagó a la demandada.
' “.No hay ni el más ligero indicio de prueba tendente a demostrar que el demandante al tiempo de verificar el pago se reservase el de-recho de recobrarlo más tarde por medio de una acción judicial o en cualquiera otra forma.
“A propósito de las alegaciones del demandante en relación con las causas que motivaron el pago, lia dicbo el Tribunal Supremo de España:
“ ‘De ahí se sigue que cuando el pago indebido se efectúa a sabiendas de que el supuesto acreedor no tenía derecho a percibirlo, por pura liberalidad, por no quedar incurso en responsabilidades generadoras de otros perjuicios, por fuerza mayor, por acciones o amenazas, sale el hecho de la esfera propia del cuasi contrato, para entrar de lleno en otro orden de relaciones jurídicas.’ Sentencia de 20 de marzo de 1911.
“Con lo expuesto queda demostrado que no existe el segundo requisito exigido por el Art. 1796 del Código Civil, es decir, que el pago haya sido hecho por error.
“Hay además en este caso una circunstancia que a nuestro juicio sería suficiente para declarar sin lugar la demanda en todas sus partes y es el hecho de que el demandante aseguró la pianola, hizo la correspondiente reclamación a la compañía aseguradora y cobró el seguro de la misma, asumiendo, desde, luego, en todos los momentos, que era el dueño o propietario de la cosa asegurada. La pianola debía perderla la vendedora, según pretende el demandante, pero si aquélla debía perderla, entonces ¿por qué la aseguraba a su nombre? ¿Por qué cobró el seguro sobre la misma y se apropió su importe? Esta actitud del demandante es inconsistente con la acción que ahora ejercita. No puede alegar que la pianola era de la propiedad de la demandante (sic) para pedir que se le devuelva el precio pagado por la misma y al mismo tiempo alegar ante la compañía de seguro que la pianola era de su propiedad a los efectos de cobrar el seguro.
“Por todo lo cual, procede en este caso una sentencia declarando sin lugar la demanda, con costas al demandante.”

Estamos de acuerdo con las consideraciones generales de la opinión citada.

Habíamos abrigado la esperanza de definir un poco más claramente la posición de las partes bajo una venta condicional en Puerto Rico. Sin embargo, estamos convencidos, de conformidad con el caso de Montalvo v. Valdivieso, 38 D.P.R. 545, con los otros casos que le siguen, y con el reciente caso de El Pueblo v. Flores, ante, pág. 589 que el título de los bienes comprados en venta condicional pasa al adquirente sujeto a una condición resolutoria. Según indica la apelada, existe algún conflicto de autoridades, pero la mejor regla parece ser, bajo las circunstancias expuestas, que cuando propiedad sujeta a venta condicional es des-truida por incendio el adquirente debe sufrir la pérdida. En el presente caso el comprador recobró de la compañía de seguros el precio de la pianola menos una rebaja de poca importancia. No fue meramente el importe pagado al ven-dedor lo que él recobró, sino el valor total de la propiedad destruida, menos una rebaja hecha por la compañía asegu-radora.

El comprador demandante alega haber pagado al vendedor en este caso bajo un error de hecho; que el vendedor le embargó una póliza de seguro y ante tal presión se sintió obligado a pagar. De conformidad con las autoridades citadas por la corte inferior, y por nuestra propia impresión, no vacilamos en decir que éste no fué un pago efectuado bajo un error de hecho, sino lo que debe calificarse de un pago voluntario. No vemos que haya habido ningún error de hecho, toda vez que el comprador, si estaba en lo cierto, podía oponerse con éxito al embargo.

Por tanto, no importaría que alguno de los pronuncia-mientos de la corte inferior fuesen erróneos, suponiendo que en realidad lo sean.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Laura María Pérez, representada por su madre María A. Vda. de Pérez, demandante y apelante, v. The White Star Bus Line, Inc., demandada y apelada.
    No. 6334.

    Sometido: Febrero 6, 1935.

    Resuelto: Marzo 19, 1935.
   Se trata de un pleito de daños y perjuicios ocasionados al una guagua de la demandada arrollar a la niña Laura Ma-ría Pérez en los momentos en que ésta cruzaba la Avenida Ponce de León, parada 26%. La corte inferior declaró la demanda sin lugar al concluir que se trataba de un hecho casual, desgraciado e inevitable, y, no conforme la demandante, apeló para ante esta Corte Suprema.

Por los errores señalados, todo-se reduce a si la corte inferior apreció o no bien la evidencia, dependiendo la ley apli-cable de esa apreciación. Estando convencido dicho Tribunal del estudio del caso en su totalidad de que la conclusión a que llegó la corte inferior no.podía ni debía alterarse, y siendo ése el resultado del examen y del juicio de dicho Tribunal, se confirmó la sentencia recurrida.


author: JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLF

text:
    El Pueblo de Puerto Pico, demandante y apelado, v. Horacio Figueroa, acusado y apelante.
    No. 5467

      Nota: Véase la opinión de la mayoría en la página 754, 984

   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLF

Disiento.

Czarra v. Board of Medical Supervisors, 25 App. D.C. 443. En la página 447 la corte hace un resumen de los he-chos en la siguiente forma:

“El apelante fué llevado primeramente ante la junta de inspec-tores médicos en enero, 1904, y al acusársele de conducta lesiva a la profesión y deshonrosa por distribuir literatura pornográfica, se ordenó se le cancelara la licencia. La literatura obscena consistía en un folleto que tendía a relatar la causa, prevención y cura, entre otras cosas, de enfermedades venéreas y secretas, y de ciertas cos-tumbres y prácticas impúdicas e indecentes. En apelación para ante este tribunal la orden fué revocada por insuficiencia de la querella. Czarra v. Medical Supervisors, 24 App. D.C. 251.”

En el caso de United States v. Capital Traction Co., 34 App. D.C. 592, la corte dice a la página 597:

“Este tribunal en el caso de Czarra v. Medical Supers. 25 App. D.C. 443, interpretando un estatuto que proveía que cualquier persona que.hubiere obtenido una licencia de la junta estaría sujeta a que la misma le fuese revocada al ser declarada culpable de conducta deshonrosa y lesiva a la profesión, dijo: ‘La única cuestión a de-terminarse es si independientemente de las causas mencionadas, “con-ducta deshonrosa y lesiva a la profesión”, tal como se declara en la ley, son suficientemente específicas y ciertas para justificar una convicción, y para el ejercicio del poder de cancelar licencias poseído por la junta de inspectores médicos. . . . En toda causa criminal el derecho del acusado a ser informado de la naturaleza y causa del delito que se le imputa, le está reservado por la Enmienda Sexta. A fin de que pueda estar así informado por la acusación presentada contra él, el requisito primordial y básico es que el delito u ofensa que se le imputa haya sido definido con razonable certeza. Debe haber sido informado por la ley al igual que por la acusación, de qué actos o conducta están prohibidos y son punibles. En el ejer-cicio de su facultad para reglamentar la conducta del ciudadano, dentro de las limitaciones constitucionales, y para declarar qué cons-tituye un delito u ofensa penable, la legislatura debe informarle con razonable precisión qué actos se intenta prohibir.’ ”

Empero, en el caso de Czarra la corte también dijo:

“ ‘Todo hombre debe estar en posición de saber con certeza cuándo está cometiendo un delito.’ ” United States v. Reese, 92 U.S. 214, 220, 23 L. Ed. 563, 565,

y luego siguió diciendo:

“Este deber claro ha de ser ejercido por la legislatura misma y no puede delegarse al poder judicial. Indudablemente el mismo puede efectuarse mediante el uso de palabras o frases de significado ya establecido o que indiquen delitos bien conocidos y definidos por el derecho común. Certeza razonable, en vista de las circunstancias, es cuanto se exige, y al ser posible debe darse siempre efecto liberal a la intención legislativa. Pero cuando la legislatura declara un delito en palabras de significado indeterminado, o su lenguaje es tan general e indefinido que puede abarcar en su significación no sólo actos reconocidos de ordinario como reprensibles, sino también otros que sería irrazonable presumir se tuvo la intención de castigar, las cortes, que no poseen una discreción arbitraria para hacer un discrimen entre aquellos actos que se tuvo la intención y los que no se intentó castigar, no pueden hacer otra cosa que declarar el estatuto nulo por incertidumbre.”

Y más adelante en el caso de Czarra la corte manifestó:

“Indudablemente toda persona inteligente y razonable, conven-drá con la opinión de la junta de inspectores médicos, en que el acto imputado al apelante en el presente caso equivalía tanto a conducta lesiva a la profesión como deshonrosa. Pero esto no es la prueba a que se somete la validez de la cláusula específica del es-tatuto. La cuestión fundamental envuelta en todos los casos que pueden surgir, es si las cortes pueden sostener y hacer cumplir un estatuto cuya fraseología, amplia e indefinida, puede ser aplicada no sólo a determinado acto, sobre el cual existe poca o ninguna divergencia de criterio, si que igualmente a otros respecto a los cuales podría haber diferencias radicales, llevando así a los tribunales que están investidos con la aplicación de la ley, el ejercicio de un poder arbitrario de discrimen, entre las varias clases de actos.”

De United States v. Capital Traction Co., supra, podemos citar del sumario lo siguiente:

“Una ley del Congreso que castigue como delito el hecho de que cualquier compañía ferroviaria en el Distrito de Columbia opere un número insuficiente de carros para acomodar las personas que deseen montar en los mismos, sin aglomeración, es demasiado indefi-nida e incierta en su definición del delito que se trata de crear para sostener una acusación. (Interpretando la sección 16 de la Ley del Congreso de mayo 23, 1908, 35 Stat. at L. 246, capítulo 190, y siguiendo el caso de Czarra v. Medical Supers. 25 App. D.C. 443).”

Y eu la página 598 bailamos lo que sigue:

“En una causa criminal deben exponerse y definirse los ele-mentos que constituyen el delito con tal claridad que sólo admitan razonablemente una interpretación. De lo contrario, habría falta de uniformidad en su cumplimiento. La línea divisoria entre lo que es legal y lo que es iLegal no puede dejarse a conjeturas. No puede hacerse que los ciudadanos respondan de estatutos penales cuyas disposiciones son tan inciertas que admiten razonablemente diversas interpretaciones. Un estatuto penal no puede descansar sobre una base incierta. El delito y los elementos que le constituyen deben estar tan claramente expresados que una persona corriente pueda elegir inteligentemente por anticipado qué curso puede seguir de acuerdo con la ley. Los estatutos penales que prohiben la reali-zación de ciertos actos y disponen un castigo por su infracción, no deben estar sujetos a doble interpretación, de tal suerte que el ciu-dadano pueda concebir sus requisitos en una forma y las cortes en otra. Conforme se dijo en United States v. Reese, 92 U.S. 214, 23 L. Ed. 563: ‘Si con el estatuto la legislatura trata de definir un nuevo delito, y castigar su infracción, ella debe expresar su voluntad en lenguaje tal que no lleve a engaño al ciudadano de inteligencia ordinaria. Toda persona debe saber con- certeza cuándo es que está cometiendo un delito. . . . Sería realmente peligroso si la legis-latura pudiera construir una red lo suficientemente grande para prender a todos los posibles infractores, y dejara que las cortes in-tervinieran para decir quiénes están legalmente detenidos y quiénes deben ser puestos en libertad. Esto, hasta cierto punto, sustituiría el poder legislativo con el judicial.’ ”

United States v. L. Cohen Grocery Co., 255 U.S. 81, es un caso en que los dos primeros sumarios leen así:

“La sección 4 de la Ley sobre el Control de Alimentos, de agosto 10, 1917, según fué enmendada en octubre 22, 1919, al castigar y prescribir una pena de multa o prisión para cualquier persona que ‘fije un precio injusto e irrazonable para cualquier artículo de pri-mera necesidad en que trafique’, debe ser interpretada en el sentido de que prohibé y castiga el exigir un precio excesivo en la compra-venta de cualquier artículo de consumo corriente.
“Toda vez que no determina un grado fijo de culpabilidad, la sección a ese respecto es contraria a las Enmiendas Quinta y Sexta de la Constitución, que exigen un debido proceso de ley y que las personas acusadas de delito sean debidamente informadas de la naturaleza y causa de la acusación.”

En dicho caso el acusado presentó excepción perentoria basada prácticamente en que el estatuto era tan indefinido que no permitía conocer qué era lo que se prohibía, y por ende, equivalía a una delegación por parte del Congreso del poder legislativo a las cortes y jurados a fin de que éstos de-terminaran qué actos debían ser considerados delictivos y punibles. La Corte Suprema de los Estados Unidos cita de la opinión de da corte inferior en la siguiente forma (pág. 87):

"Por tanto, por ser la ley vaga, indefinida e incierta, y por no determinar un grado inmutable de culpabilidad, sino que deja tal grado a los diversos criterios de las distintas cortes y jurados que puedan ser llamados a hacerla cumplir, y por no informar al acu-sado de la naturaleza y causa de la acusación en su contra, soy de opinión que es constitueionalmente nula, y que la excepción peren-toria interpuesta por el acusado debe ser declarada con lugar.”

Entre otros casos la Corte Suprema cita el de United States v. Capital Traction Co., 34 App. D.C. 592, supra. Entonces la corte siguió refiriéndose a otros casos que se in-sistía sostenían el criterio opuesto, indicando, a mi juicio, en la página 92, que en el caso que tenían ante sí no se había exigido grado (standard) alguno y la corte llegó a la conclu-sión que el estatuto era inconstitucional.

Connally v. General Construction Company, 269 U.S. 385, fué un caso en que los Estatutos Revisados del estado de Oklahoma, imponían castigos severos y acumulativos a aque-llas personas que contratando con el estado, pagaran a sus obreros menos “del jornal corriente en la localidad en que se efectuaba el trabajo”. Este estatuto fué declarado nulo por impreciso. La Corte Suprema cita de la opinión emitida en el de United States v. Capital Traction Co., supra, así:

"El estatuto castiga el qrie las compañías ferroviarias del Dis-trito de Columbia operen un número insuficiente de carros para aco-modar a las personas que deseen montar en los mismos, sin que haya aglomeración. ¿Qué servirá de guía a las cortes o al jurado al determinar qué constituye una aglomeración? Lo que puede ser considerado como aglomeración por un jurado puede no serlo por otro. Lo que puede constituir un número suficiente de carros en opinión de un juez, puede ser considerado como insuficiente por otro. . . . Existe una ausencia total de la definición de lo que constituirá una aglomeración en un carro. Este importante ele-mento no puede dejarse a conjeturas, o ser suplido por la corte o el jurado. Ya a la misma esencia de la ley, y sin él el estatuto resulta demasiado incierto e indefinido para sostener una acusación.”

En el caso de State of West Virginia v. Lantz, 26 A.L.R. 894, citando nuevamente del sumario, se dijo:

“Una ley de la legislatura (Leyes de 1921, capítulo 112) que castiga como delito el conducir un automóvil por cualquier curva de una vía pública sin tener el dominio del mismo o sin reducir la velocidad a una marcha razonable y adecuada, infringe los incisos 10 y 14 del Artículo 3 de la Constitución del estado y es nula por incierta e indefinida.”

Parece que el estatuto específico que se interpretaba en esa opinión era demasiado indefinido, y entre otros casos, la corte cita el de United States v. Capital Traction Co., supra. En una nota al mismo en la página 905, el comentarista dice lo siguiente:

“En Texas, donde el Código Penal prescribe que su objeto es definir en términos claros todo delito cometido contra las leyes del estado así como que a fin de que el sistema penal pueda ser completo y de que no se recurra a ningún sistema extranjero de leyes escritas o no escritas, se dispone que ninguna persona será castigada por ninguna acción u omisión, a menos que la misma sea declarada delito público y se fije a ella una pena por la ley escrita del estado, se declaró nulo un estatuto a base de que era indefinido e incierto, proveyendo dicho estatuto que el conductor de un vehículo de motor conducirá o manejará tal vehículo en forma cuidadosa, y teniendo en cuenta la seguridad y conveniencia de los peatones y la de los vehículos que transiten por la vía pública.”

State v. Diamond, 20 A.L.R. 1527, envolvía la libertad de palabra y la corte cita del caso de Czarra v. Medical Supervisors, supra, y del de United States v. Reese, supra, así como del de United States v. Capital Traction Co.

Véase también Cinadr v. State, 300 S.W. 64, que cita otroscasos de Texas, en que estaba envuelto el principio. Las palabras específicas del estatuto eran al efecto de que todo aquel que innecesariamente produzca la muerte de un animal es culpable de un delito.

Stevenson v. Houston T.C.R. Co., 19 S.W. (2d) 207, fué un caso en que se resolvió que el Código Penal de Texas re-sultaba ineficaz por indefinido al prescribir como delito el manejar por la vía pública un vehículo de motor que no es-tuviese provisto de frenos adecuados y en buen funciona-miento.

La ley en el caso ante nos provee:

“Artículo 12.— (a) Las personas que manejen vehículos de motor en los caminos públicos, deberán, en todo tiempo, ejercer el de-bido cuidado y tomar precauciones razonables para garantizar la seguridad de vidas y propiedades.”

Me parece que al amparo de las autoridades citadas el estatuto es nulo por indefinido. Toda persona que cometiera un acto de negligencia como en el caso de" autos, y que or-dinariamente estaría sujeta sólo a un pleito civil de daños y perjuicios, podría ser procesada por un delito público. No puedo creer que fuera, la intención legislativa bajo el artículo citado hacer a las personas criminalmente responsables ante las cortes por negligencia. Si bien es cierto que dicho, pá-rrafo existe independientemente de los demás, y trata de im-putar un delito separado, sin embargo bajo las decisiones mencionadas a mi entender no puede ser sostenido.

El caso de Pueblo v. Borque, 25 D.P.R. 594, tiende más bien a demostrar que es necesaria una infracción específica de uno de los otros párrafos.

No me parece que haya dos líneas de decisiones en la Corte Suprema de Estados Unidos. La verdadera regla ha sido expuesta a mi modo de ver en el caso de Cohen, supra. Luego, lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha hecho es decir en efecto, que ciertas bien conocidas infraccio-nes no necesitan ulterior definición. Con los otros casos ci-tados en la opinión de la mayoría no tengo disputa alguna. Ellos deciden que los estatutos que disponen que ciertas formas de correr a velocidad indebida constituyen un delito o cosa así, no necesitan mayor definición. Dichos casos no varían el principio de que es la legislatura y no las cortes quien debe decir qué es un delito y qué no lo es.


author: JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE

text:
    Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, y La Comisión de Servicio Civil de Puerto Rico, Etc., demandados.
    No. 1012

       Nota: Véase la opinión de la corto en la página 642.

   OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE

En el caso de Pérez Marchand v. Garrido Morales, Comisionado, 48 D.P.R. 457, por vía de disentimiento expresé mi opinión de que era la intención general de la Ley de Ser-vicio Civil otorgar a la Comisión de Servicio Civil amplios poderes, y de que dicha ley transfería el derecho a oír los cargos en todos los casos, ora fueren éstos o no políticos o religiosos, del jefe ejecutivo a la Comisión. Mi idea era, o es, que la Comisión de Servicio Civil tan sólo puede ordenar la restitución del empleado cuando su remoción tiene por base motivos religiosos o políticos. Por otra parte, fui del cri-terio de que la Comisión de Servicio Civil tenía derecho a oír los cargos y a actuar en su carácter de consejera en todos los casos. En el presente caso la Comisión rindió su in-forme, por así decir, al Tesorero, pero éste continuaba in-sistiendo en la remoción del peticionario. Conforme leo la Ley de Servicio Civil el Tesorero tenía derecho a destituir un empleado a pesar del informe, y por tanto convengo con la decisión de la mayoría.


text:
    José González Reyes y Juan Reyes Torres, demandantes y apelantes, v. Manuel González Reyes y Ernesto Fernando Schlüter, demandados y apelados.
    No. 6595

      Nota: Véase la opinión de la corte en la página 863.

   OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLF

Según la ley, una. persona qne esté genninamente en po-sesión de una finca, especialmente si lia disfrutado de tal po-sesión por largo tiempo, no puede ser privada de la misma mediante un pleito dirigido contra un tercero. No obstante, cuando un demandante acude a una corte de equidad en so-licitud de un auto de injunction, debe, en un caso como el pre-sente, demostrar no sólo que está en la posesión material de la finca, sino también que tiene algún derecho de posesión. Una de las cosas que quiero excluir con esto es la posibilidad de que después de haberse librado un mandamiento en un procedimiento de desahucio contra una persona, pueda subs-tituirse con otra que se oponga a la ejecución de dicho auto. Tal posibilidad frecuentemente haría que el procedimiento de desahucio resultara ilusorio. Por ende, los demandantes es-taban obligados a probar no sólo que se hallaban en pose-sión al tiempo de la supuesta ejecución del mandamiento, sino también que tal posesión tenía visos de certeza (color-able).

La forma en que José González Reyes y su hermana transmitieron esta finca a Manuel González Reyes fue por escritura notarial. Tal escritura, de ordinario, transfiere simbólica-mente la posesión de la finca, y no es necesario tomar pose-sión material de la misma. Fuertes v. Nogueras, 32 D.P.R. 284, confirmado en 8 Fed. (2d) 115. De suerte que era tanto más necesario para los demandantes demostrar que después de otorgada esta escritura, mediante algún convenio o en-tendido se les autorizó a permanecer en la posesión material de la finca. Aun entonces, surgiría la cuestión de si tal po-sesión material se disfrutaba en carácter distinto al de meros agentes de Manuel González Reyes.

Si los demandantes no se bailaban en posesión material de la finca, es indudable que ellos no tienen derecho a nn anto de injunction. Si estaban en posesión tan sólo como agentes de Manuel González Reyes, tampoco tenían defensa alguna en nn procedimiento de desabncio.

Todas estas cuestiones no se desprenden claramente de los procedimientos habidos en este caso, mas hay suficientes-hechos en el mismo para que fuera el deber de los deman-dantes, al acudir a una corte de equidad, excluir estas posibi-lidades.

Por haber creído que la mera alegación de posesión no se-ría suficiente, me he sentido impelido a escribir esta opinión concurrente.


text:
    No. 6321.
    Ceballos, aplte. v. Sucn. Alvarez, apldos.
    C. D. San Juan.
    Febrero 4, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Examinados los autos y los .alegatos y oído el informe del abogado de la parte apelada, único que compareció a la vista del recurso, por los motivos consignados en la opinión emitida por este tribunal en el caso de Osorio v. Sucesión Alvarez, 47 D. P. R. 398, se declara sin lugar el recurso y se confirma la resolución apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en febrero 24, 1933.


text:
    No. 6727.
    Garzot, apldas. v. Garzot y Fuertes, apldos. y National City Bank, aplte.
    C. D. Humacao.
    Febrero 13, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr.. dél Toro.)
   Por cuanto, las partes interesadas por medio de sus abogados presentaron en este caso una estipulación que filé aceptada por esta corte y que, en lo pertinente, .dice:

“1. Que ésta es una apelación de una orden de la Corte de Distrito de Humacao anulando y dejando sin efecto un embargo en aseguramiento de sen-tencia decretado a instancia de la interventora-apelante, fundándose la Corte de Distrito de Humacao en que la demanda de la interventora-apelante no aduce -hechos constitutivos de causa de acción y es además ambigua.
“2. Que ante este Hon. Tribunal está pendiente la apelación entablada por la interventora-apelante de la sentencia de la Corte de ■ Distrito' de Humacao, 'declarando sin lugar la demanda por considerar que no aduce hechos’ constituti-vos de causa de acción, y es además ambigua, llevando dicha apelación -el número civil 6650.
“3. Que dependiendo esta apelación de la resolución que recaiga en la No. 6650, las partes desean someter, y por la presente someten este caso sin argu-mento ni alegato para que-sea resuelto de acuerdo con el fallo que rinda este Hon. Tribunal en el caso No. 6650.”

Por cuanto, el recurso No. 6650 a que se refiere la estipulación fué declarado sin lugar en el día de ayer, confirmándose la sentencia recurrida;

Poe TANTO, por los motivos consignados en la opinión emitida para fundar la sentencia en el dicbo recurso No. 6650, se declara sin lugar éste recurso No. 6727 y se confirma la resolución apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao el 17 de abril de 1934 dejando sm efecto su orden de -embargo de abril 6, 1934.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    No. 6467.
    The Shell Co. (P. R.) Ltd., aplda. v. Skerret, apltes.
    C. D. San Juan. Cobro de dinero.
    Febrero 19, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por cuanto, el demandado en un pleito en cobro de dinero solí • citó la anulación de un embargo efectuado de acuerdo con una orden de la corte de distrito, por los motivos siguientes:

“3. Que eu cumplimiento de dielia orden, el márshal de está corte procedió a embargar y embargó en el Banco Popular de San Juan, la suma de $120.54 que tenía allí en cuenta corriente el demandado Sr. BicardoJ Skerret.
“4. Que además, la demandante, presentó una moción al márshal para que embargara las rentas de las casas No. 29 de la Calle Hipódromo, No. 27% de la misma calle, notificando de dicho embargo a los inquilinos de las mismas.
“5. Que de ninguna de .estas mociones ni órdenes, se notificó a los deman-dados en tiempo ni forma alguna y la primera noticia que éstos tuvieron de dichos embargos, órdenes y procedimientos, fué al devolvérsele un cheque ex-tendido para el Banco Popular y al llamarle la atención los inquilinos de las casas antes referidas.
"6. Que en la rnoeióu de aseguramiento de sentencia presentada en esta corte, la demandante alegó que la obligación constaba en documento auténtico, pero no expresó en su moción, ni creen los demandados que la corte tuviera no-ticia do ello, que admás de estar reconocida la obligación en documento autén-tico, la misma se encuentra debidamente garantizada con hipoteca, según consta de la propia escritura No. 14 sobre constitución de hipoteca, otorgada a 10 de marzo de 1932, ante el Notario de Ponee, don Bafael Hernández Matos, presen-tada por la demandante. Y tal garantía asegura la efectividad de la sentencia.
“7. Que estando en tal forma garantizada la deuda, no procedía el embargo solicitado por la demandante y seguramente esta corte no lo hubiera de-cretado si hubiera tenido en cuenta este hecho, ya que ello equivaldría a ga-rantizar doblemente la misma obligación, en perjuicio de los intereses y derechos de los demandados, sin que se les diera una oportunidad para ser oídos. Y ésta no es la finalidad de la ley para asegurar la efectividad de sentencias, vigente en Puerto Bieo.”-

Por Cuanto, habiendo apelado de la orden declarando sin lugar su moción sobre nulidad de embargo, el demandado alega como úni-cos fundamentos de su apelación que la corte de distrito erró:

"Primer error: Al decretar mi embargo, cuya única finalidad es garantizar una obligación qne estaba de antemano garantizada por la hipoteca.
"Segundo error: Al declarar sin lugar la moción sobre nulidad de embargo."

P>OR Cuanto, de la referida escritura de hipoteca resulta que se trata de una segunda hipoteca sobre una casa valorada en $5,000 y sujeta ya a una primera hipoteca por la suma de $4,000, con sus adicionales para honorarios de abogado en caso de ejecución judicial, todo esto en el supuesto de que la existencia de una hipoteca fuese óbice para la expedición de un mandamiento de embargo;

Por CUANTO, el apelante no ha citado ley alguna que requiera la notificación al demandado del embargo del dinero en manos del banco y de las referidas rentas, ni demostró ante la corte de distrito la alegada suficiencia de la segunda hipoteca, ni aún el montante de las rentas embargadas,

PoR tanto, se confirma la orden apelada 'que dictó la Corte de Distrito de San Juan, en primero de agosto de 1933.


text:
    No. 6547.
    Pol, apldo. v. Suau, Fiol & Co., aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Febrero 21, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por Cuanto, los únicos errores señalados por la parte apelante son:

"1. La corte cometió grave error al no admitir como prueba los autos del caso Civil No.10027, (No. 6302. de este Tribunal, aún no señalado) sobre todo en cuanto a la Relación de Hechos, Opinión y Sentencia.
"2. La corte cometió grave error al conceder como honorarios de abogado la suma de $400."

Por cuanto, la parte apelante en su alegato ha dejado de demos-trar la existencia del primero de dichos dos supuestos errores y no encontramos motivo suficiente para reducir la cantidad fijada como honorarios de abogado,

Por tanto, se confirma la resolución apelada dictada por la Corte de Distrito de Aguadilla en 26 de octubre de 1933.


text:
    No. 6931.
    González, apldo. v. Corte Municipal, dmda. y García, aplte.
    C. D. San Juan.
    Febrero 21, 1935.
   Por los motivos consignados en la opinión emitida en el día de hoy en el caso No. 6895, Joaquín Vendrell, peticionario apelado, v. Corte Municipal de San Juan, Sección Primera, Hon. Manuel Gaetán Barbosa, Juez, demandado apelado, y Ernesto Fernando Schlüter, interventor apelante, (ante, pág. 161) se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan con fecha 10 de enero de 1935 en el caso arriba titulado, y se devuelve el mismo a la Corte de Distrito de su origen para ulteriores procedimientos no inconsis-tentes con esta opinión.


text:
    No. 6710.
    Rodríguez, apldo. v. López, etc., apltes.
    C. D. San Juan.
    Marzo 12, 1935.
   Examinados los autos y los alegatos, por los motivos consignados en la opinión emitida en el día de boy para decidir el recurso Núm. 6709, Rufino Rodríguez Domínguez, demandante y apelado, v. Carmen Sánchez Martínez y Rafael López Cepero, demandados y apelantes, (ante, pág. 236) se declara sin lugar el recurso de apelación in-terpuesto y se confirma la sentencia recurrida que dictó la Corte de Distrito de -San Juan en marzo 6, 1934.


text:
    No. 6152.
    G. Llinás & Co., S. en C., aplda. v. Sucn. Mariani, etc., apltes.
    C. D. Ponce. Cobro de dinero.
    Marzo 15, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   Vista la moción de la parte demandante en este caso para qué comuniquemos nuestra sentencia a la corte inferior, a la que no se han opuesto los demandados;

Apareciendo que admitida la apelación de los demandados para ante la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos, Primer Circuito, el 14 de diciembre de 1934 para ser presentada allí dentro de 60 días después de la citación y habiendo sido citada la demandante para ello, sin que a pesar del tiempo transcurrido hayan prestado los apelantes la fianza que les fué fijada para suspender la ejecución de nuestra sentencia, comuniqúese nuestro fallo a la corte inferior para su cumplimiento.


text:
    No. 6451.
    P. R. Sugar Development Co., aplte. v. Domenech, Tesorero, apldo.
    C. D. San Juan.
    Abril 5, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Examinados los autos y los alegatos y apareciendo que la cues-tión envuelta es substancialmente la misma que la que se acaba de resolver en el recurso No. 6450, Central Coloso, Inc. v. Manuel V. Domenech (ante, pág. 339), en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, sobre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta, por los motivos consignados en la opinión emitida para fundar la sen-tencia dictada en el dicho recurso No. 6450, se revoca la sentencia recurrida que dictara la Corte de Distrito de San Juan en agosto 16, 1932, y se declara la demanda con lugar condenándose al demandado a devolver a la demandante la suma de $1,537.62 pagada bajo pro-testa el 30 de septiembre, 1930, con intereses legales a partir de la feeba de diebo pago, sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resultado.


text:
    No. 944.
    Baetjer, recurrente, v. Registrador, recurrido.
    Abril 11, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   A la moción de los recurrentes de marzo 18, 1935, notificada en igual feeba al registrador a quien se concedió basta el 10 de abril actual para ser oído sin que nada baya manifestado, visto lo resuelto por esta Corte Suprema en el caso de Baetjer, et als. v. Registrador, 48 D. P. R. 335, se ordena al Registrador de la Propiedad de Guayama que a continuación de la anotación letra A, finca 2496, folio 137 vto.; tomo 58 de Cayey, consigne lo 'que sigue: “Quedan extendidos los efectos de esta anotación basta el 31 de mayo, 1935, por orden del Tribunal Supremo de abril 11,1935, dictada en el recurso gubernativo’ interpuesto contra la negativa a que la misma se refiere.”


text:
    No. 6595.
    González, etc., apltes. v. González, etc., apldos.
    C. D. Humacao.
    Abril 17, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por cuanto, en abril 25, 1934, antes de haberse radicado el ale-gato de los apelantes y en la creencia de que al presentar dicho ale-gato los apelantes podrían quizás establecer algún fundamento que justificara una revocación de la resolución apelada, esta Corte por mayoría declaró sin lugar una moción sobre desestimación del pre-sente recurso por frívolo;

PoR cuanto, los únicos errores señalados son:

“1. La Corte de Distrito de Humacao cometió manifiesto error al negar la solicitud de injunction, basando su opinión en la jurisprudencia aplicable al caso de Ortiz v. Aguayo, 26 D. P. R. 725, cuyo caso no tiene analogía con el caso de autos.
“2. La Corte cometió manifiesto error al no considerar los méritos del caso en relación con la jurisprudencia aplicable al caso de León v. Colón, 21 D. P. R. 273 invocado por estos demandantes-apelantes”;

Por cuanto, de la resolución apelada se desprende el hecho de haberse practicado prueba documental en la vista de la solicitud so-bre injunction pendente lite, prueba que no tenemos ante nos y por ende desconocemos si fueron subsanadas las deficiencias de dicha so-licitud o si fueron establecidos hechos que pudieron servir de base satisfactoria para la resolución apelada, a pesar de los supuestos errores alegados por los apelantes;

Pob cuanto, aunque tuviera razón el apelante en cuanto a la existencia de los dos errores señalados, no estaríamos en condiciones de revocar la resolución apelada;

Por TANTO, se confirma la resolución dictada por la Corte de Distrito de Humacao en 23 de noviembre de 1933.

Por las anteriores y por otras razones el Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con la sentencia.


text:
    No. 6642.
    Peña, Vda. Balbás, apltes. v. Corte Municipal, aplda.
    C. D. Mayagüez.
    Abril 29, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por Cuanto, los únicos supuestos errores señalados por el ape-lante son:

“Primero.- — La corte de distrito cometió error al proceder a oír pruebas al demandado en el acto de la comparecencia de éste para mostrar causa, y en ausencia de los demandantes.
“Segundo. — La corte cometió abuso de discreción al imponer las costas, gastos y honorarios de abogado a los demandantes.”

Por cuanto, la comparecencia del demandado obedeció a una orden para mostrar causa por qué no debería dictarse contra él un auto de mandamus solicitado por el demandante, ahora apelante, y en tal virtud no existe el primero de dichos supuestos errores;

Por cuanto, si bien no tenemos ante nos la prueba practicada por el demandado, consta de la sentencia apelada que la solicitud de mandamus fué radicada algunos dos días después de dictada por el juez municipal demandado la sentencia objeto de dicha solicitud, habiendo transcurrido más de un mes desde la fecha de ésta hasta la fecha de la comparecencia del demandado para mostrar causa, sin que atendidas las circunstancias especiales del caso exista abuso de discreción en la imposición de las costas;

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez en enero 12, 1934.


text:
    No. 7077.
    Arzuaga, apldo. v. Ramírez, aplte.
    C. D. Humacao.
    Julio 16, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede, se enmienda la resolución dictada en julio 5, 1935, de modo que empezando en la línea trece, las pala-bras “sin constancia alguna de que el demandante en dicho procedi-miento ejecutivo sea el mismo demandante-apelado en este caso,” lean como sigue, “sin constancia alguna de que el demandante en dicho procedimiento ejecutivo, o sea el mismo demandante-apelado en este caso”, corrigiendo así un error clerical, y, enmendada en esta forma la dicha resolución, no ha lugar a la reconsideración solicitada.


text:
    No. 6153.
    Solivellas & Co., Sucres., apldos. v. Sucn. Mariani, etc., apltes.
    C. D. Ponce.
    Julio 16, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta-del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   Celebrada la vista de esta apelación sin que asistieran los aboga-dos de ambas partes y apareciendo que los hechos en este recurso son substancialmente iguales a los del caso de G. Llinás & Co., S. en C., v. Sucn. Mariani Bartoli, 47 D. P. R. 574, y que los errores alegados ahora son los mismos que fueron señalados, considerados y resueltos en el caso citado, por los motivos expuestos en dicha deoisión debe confirmarse, y se confirma, 3 a sentencia apelada.


text:
    No. 5858.
    De la Torre & Ramírez, aplda. v. Bengoechea, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 24, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Por cuanto, después de presentada la fianza de supersedeas en este caso, la demandante apelada con fecha 15 de junio de 1935 pre-sentó un escrito solicitando:

1. La modificación de la fianza a fin de que responda no sólo de daños y perjuicios sino del importe de la sentencia;

2. Que se acrediten las facultades de los representantes de la fiadora, y de la principal; y

3. Que se deje sin efecto la aprobación de la fianza concediéndose un nuevo término a la demandada para formalizar una nueva debida-mente otorgada;

Poe cuanto, la parte apelante ha radicado con fecha 12 del co-rriente una nueva fianza que parece cumplir en la letra y en el es-píritu con los requisitos exigidos por la ley y el reglamento de la Corte de Circuito;

PoR cuanto, la compañía fiadora Maryland Casualty Company ha acreditado satisfactoriamente las facultades del apoderado que autoriza dicha fianza que ahora suscribe directamente la demandada y fiada;

Pos tanto, se aprueba la referida fianza radicada el día 12 del corriente y agregúese la misma a los autos a los fines procedentes.


text:
    No. 7095.
    Rodríguez, aplte. v. Torres, apldo. y Grimm, etc., dmdos.
    C. D. San Juan.
    Julio 26, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   A la moción de la parte apelante presentada a los efectos de que esta Corte dicte a semejanza de lo dispuesto en la Regla 64 una orden al taquígrafo para que prepare una transcripción de la evidencia: visto lo resuelto en jubo 24 actual (ante, pág. 917), pudiendo dicha parte apelante basándose en ello acudir de nuevo a la Corte de Dis-trito' y obtener una resolución favorable a sus pretensiones, no ba lugar.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    No. 958.
    Font, recurrente, v. Registrador, recurrido.
    Julio 26, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   POR Cuanto, tenemos ante nos una nota denegatoria que dice así:

“Denegada la inscripción del documento que precede, con vista de otros complementarios, y tomada en su lugar anotación preventiva por el término de 120 días, a favor del comprador don Juan Biginio Pont, de su dereclio de com-pra de las dos fincas que en el mismo se describen, a los folios 129 vuelto y 64 de los Tomos 81 y 51 de Cayey, fincas números 2691, duplicado, y 966, anota-ciones ‘A’, por el motivo de que el título trasmitido en este caso se llalla en poder del trasmátente, en su carácter oficial, a virtud de un fideicomiso legal expreso, instituido por la sección 70 de la Ley de Quiebras Federal, vigente en la actualidad, sin que el trasúntente, ‘trustee’ o fiduciario, haya inscrito pre-viamente su título sobre los bienes, de acuerdo con el Artículo 20 de la. ley •hipotecaria en armonía con el artículo 871 del Código Civil (ed. 1930). Las fincas se hallan afectas a la hipoteca principal y subsidiaria que se mencionan en este documento. T3n las anotaciones preventivas de referencia se consignó, además, el defecto subsanable de que el informe del ‘trustee’ lleva fecha 4 da septiembre de 1933, y no obstante aparece del násmo que la venta se efectuó el 27 de dicho mes y año.”

Por cuanto, tenemos ante nos nna escritura de venta becba por el “trustee” en la quiebra de Ramón Bernard, confirmada por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico;

Por cuanto, tenemos ante nos un certificado del “Referee” de quiebras, Sr. González, del cual aparece que dicbo “trustee” babía sido debidamente nombrado por el concurso de. acreedores,-

Por cuanto, bajo la ley federal de quiebras el título del que-brado es trasmitido al “trustee” by operation of law y el “trustee” después de baber tomado posesión de su cargo como tal llega a ser a su elección substituido en la persona del quebrado;

Por .cuanto, aunque el “trustee” no ba seguido las disposiciones de la ley expresadas en la ley- federal de quiebras como sigue:

“The trustee shall, 'within thirty days after the adjudication, file a certified copy of the decree of adjudication in the office where conveyances of real estate are recorded in every county where the bankrupt owns real estate not exempt from execution, and pay the fee for such filing. . . .’’(sección 47, inciso e);

sin embargo, para los fines del recurrente, tal “trustee” ba becbo una cosa equivalente al vender una propiedad debidamente identi-ficada ;

Por CUANTO, suponiendo que el “trustee” tuvo facultad para hacer la venta antes citada, el quebrado,' el “trustee” y cualquier persona que reclamare título de uno u otro de ellos, estarían impe-didos ' de impugnar la suficiencia del título reclamado por el recu-rrente.

Por tanto, se revoca la nota del Registrador y se ordena la ins-cripción.


text:
    No. 1009.
    National City Bank, peticionario v. Corte, dmda.
    Febrero 28, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Examinada la solicitud y oídas ambas partes, siendo apelable la orden cuya revisión se pide y siendo dicho recurso rápido y eficaz de acuerdo con las circunstancias concurrentes, no ha lugar.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.

Por la Corte, a propuesta de sus distintos jueces, se declaró no haber lugar a expedir los autos solicitados en los siguientes casos:

Certioraries: Nos. 1007, 1008, 1009, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1027, 1028, 1040, 1041, 1042, 1043, 1046.

Autos inhibitorios: Nos. 63, 64


text:
    No. 298.
    —Rodríguez, peticionaria, v. González Blanes, Secretario, dmdo.
    Abril 1, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
    San Juan, Puerto Rico,
    abril 1, 1935.
   Examinada la solicitud, no constando de ella que se haya acudido primeramente a la Corte de Distrito para la resolución del problema que en la misma se plantea, visto lo resuelto por esta Corte en los casos de López v. González Blanes, 46 D. P. R. 968, Abarca v. Ortiz Toro, 44 D. P. R. 666 y Palmer v. Guerra, 9 D. P. R. 555, no ha lugar.


text:
    No. 299.
    Criado, peticionario, v. Sepúlveda, Juez, dmdo., y Soldevila, interventora.
    Julio 26, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. "Wolf.)
    San Juan, Puerto Rico,
    julio 26, 1935.
   Oídas las partes sobre la procedencia de un auto de mandamus en que el peticionario se quejó de la paralización, de un pleito de divorcio iniciado por él hasta que él pagase los alimentos provisio-nales y honorarios de abogado decretados por la corte inferior; y

Vistos los casos de Farrar v. Farrar, 45 Cal. Ap. 584; Schummer v. Schummer, 248 N. W. 492-493; Allen v. Superior Court, 133 Cal. 504 y además las notas contenidas en 1 Cal. Jur. 988 y 62 A. L. R. 664.;

Se niega el anto solicitado.


text:
    No. 301.

    Ex Rel. González, peticionario, v. Winship, dmdo.
    julio 26, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
    San Juan, Puerto Rico,
    julio 26, 1935.
   Celebrada la audiencia ordenada por nuestra resolución de julio 11, 1935, y apareciendo que la Ley Núm. 70 de 1931 en que se funda el relator, fue enmendada en su sección 7 a. por la Ley Núm. 18 de 1935, aprobada por el Gobernador en julio 15 de 1935, para regir inmediatamente, consistiendo dicha enmienda en la eliminación del disponiéndose que autoriza al Gobernador a asignar y pagar a los policías pensionados con sobrantes de asignaciones presupuéstales, no ha lugar al auto de mandamus solicitado.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resultado y el Juez Asociado Sr. CórdoYa Dávila no intervino.


text:
    No. 5987.
    Martínez, aplte. v. Central Cambalache, Inc., aplda.
    C. D. Arecibo.
    Julio 29, 1935.
   A la moción interesando reconsideremos nuestra resolución de julio 19, 1935 admitiendo la apelación a la Corte de Circuito de Ape-laciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito en el caso de epígrafe, no ha lugar.

Por la Corte, a propuesta de sus distintos jueces, se declaró no haber lugar a las reconsideraciones solicitadas en los siguientes casos:

Nos. 938 , 6154, 6214, 6312, 6389, 6489, 6571, 6636, 6734, 6855, 6895, 6916, 6958, 6966.

(B) Desestimaciones.

(a) EN GENERAL.

      Recurso Gubernativo.


text:
    No. 6944.
    Asencio, apldo. v. Rodríguez, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Febrero 5, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   No habiendo presentado el demandado en la corte inferior la fianza requerida por la ley de desahucio para su apelación contra la sen-teneia dictada por dicha corte el 6 de noviembre de 1934 se deses-tima el presente recurso.


text:
    No. 6974.
    Sucn. Belaval, aplda. v. Colón, etc., apltes.
    — C. D. San Juan.
    Marzo 6, 1935.
   No habiendo el apelante-demandado en el pleito de desahucio presentado la fianza que exige la ley sobre la materia, se declara con lugar la moción de la parte apelada y en su consecuencia se desestima la apelación establecida en este caso contra sentencia dic-tada por la Corte de Distrito de San Juan en febrero 5, 1935.


text:
    No. 6350.
    Torres, etc., aplte. v. White Star Bus Line, Inc., aplda.
    C. D. San Juan.
    Abril 23, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)
   Por Cuanto, con .fecha 8 de abril de 1935, al llamarse este caso para que la parte apelante mostrara razones en virtud de las cuales no debería desestimarse el recurso interpuesto, la referida apelante radicó en la secretaría de este tribunal un documento a manera de alegato que consta de 51 páginas;

Por cuanto, en el referido documento se dedican 49 páginas a copiar verbatim las alegaciones de la demanda, las alegaciones de la contestación, la relación de hechos, opinión y sentencia de la corte inferior, notificación de sentencia por el Secretario de la Corte de Distrito a la parte demandada, el escrito de apelación presentado por ésta, amén de una narración de las declaraciones prestadas por todos los testigos que comparecieron ante la corte inferior;

Por cuanto, el documento referido no contiene una relación con-cisa de la causa, siendo más bien una transcripción de autos donde no se hace un señalamiento de errores de acuerdo con los reglamentos de este tribunal;

Por cuanto, la parte apelante se limita a decir que ha habido abuso discrecional de la corte inferior y que es manifiesta la parcia-lidad con que apreció en su conjunto las alegaciones y la prueba el tribunal sentenciador, sin 'que del documento que se presenta a ma-nera dé alegato surja dicha parcialidad ni abuso alguno de discreción;

Por tanto, se declara con lugar la moción presentada por la parte apelada y se desestima el recurso interpuesto.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino.

Por la Corte, a propuesta de sus varios jueces, se declaró no ha-' ber lugar a las desestimaciones solicitadas en los siguientes casos:

Nos. 6964, 6983, 6989, 6715, 6728, 7020, 7021.

(b ) PALTA DE DILIGENCIA O BUENA PE EN LA TRAMITACION DEL RECURSO.

Llamados los siguientes casos para que se demostraran razones por las cuales no deberían desestimarse por abandono, la corte, oídos los apelantes, ordenó que los recursos siguieran tramitándose con-forme a ley:

Nos. 6614, 6625, 6852, 6871 y 7098.

En los siguientes casos, a propuesta de sus distintos jueces, la Corte desestimó los recursos interpuestos por el fundamento arriba expresado:

Nos. 6373, 6528, 6610, 6832, 6860, 6927, 6928, 6937, 6941, 6960, 6986, 7011, 7019, 7024, 7026, 7053, 7067, 7076, 7093, 7099.

En los siguientes casos, a propuesta de sus distintos jueces, la corte declaró no haber lugar a desestimar los recursos interpuestos:

Nos. 6836, 6878, 6915, 6922, 6964, 6978, 6998, 7050, 7077, 7084.

(c) FRIVOLIDAD DE RECURSOS.


text:
    No. 6806.
    Manescau, aplda. v. Manescau, etc., apltes.
    C. D. Ponce.
    Febrero 28, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Por cuanto, dictada sentencia en este caso el 27 de octubre, 1933, declarando la demanda con lugar, la demandada apeló, radi-cando la transcripción en septiembre 4, 1934; y

Por cuanto, la parte apelada ha solicitado la desestimación del recurso por frívolo por moción cuya vista se celebró el 11 de febrero actual sin asistencia de las partes y volvió a celebrarse el 25 de fe-brero para dar una nueva oportunidad de defenderse a la apelante, sin que tampoco concurriera; y

Por cuanto, examinada la transcripción de los autos resulta que se trata de una acción en cobro de cánones de arrendamiento de so-lares habiendo la demandante presentado prueba documental y tes-tifical suficiente, limitándose la demandada a contradecirla con su propia declaración, resolviendo la Corte el conflicto en contra de la demandada sin que surja la existencia de pasión, prejuicio, par-cialidad o manifiesto error;

Por tanto, se declara la moción con lugar y en su consecuencia se desestima, por frívolo, el' recurso.


text:
    No. 7002.
    The National City Bank of New York, apldo. v. Gobierno Municipal de Ponce, etc., aplte. el primero.
    Mayo 6, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   Por CUANTO, el demandante nos pide que desestimemos por frí-vola la apelación que ba interpuesto el demandado, Gobierno Municipal de Ponce, contra la sentencia recaída en este caso ;

Por cuanto, Tlie National City Bank of New York demandó al municipio de Ponce y a su tesorero para que le devuelvan ciertas cantidades de dinero que les pagó bajo protesta, que le fueron im-puestas como patente municipal por el privilegio de hacer negocios banearios en la ciudad de Ponce;

POR Cuanto, también alega el demandante que es un banco na-cional organizado de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos de América, con oficina principal en la ciudad de Newí York, auto-rizado para hacer negocios en Puerto Rico, y que paga contribución al Tesoro Insular por su ingreso neto y por su propiedad inmueble, por lo que el municipio carece de facultad para imponer al deman-dante la patente municipal que se le cobra;

Por Cuanto, los demandados admitieron en su contestación to-dos los hechos alegados en la demanda excepto que la patente se le impuso por hacer negocios en Ponce y que el municipio de Ponce carezca de facultad para cobrarle esa patente;

Por cuanto, en vista de esas alegaciones la Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia declarando con lugar la demanda, la que fué apelada por el Gobierno Municipal de Ponce, quien ha presen-tado su alegato para sostener su recurso;

Por Cuanto, ha sido resuelto por este tribunal y por la Corte de Circuito del Primer Circuito de Boston que por ser el National City Bank of New York un banco nacional sólo tiene que pagar en Puerto Rico contribución por su ingreso neto y por su propiedad inmueble (The National City Bank of New York v. Domenech, Tesorero, 47 D.P.R. 29, y The National City Bank of New York v. Domenech, 71 Fed. Rep. 2d, p. 13, que fué confirmado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en febrero 4, 1935) ;

Por cuanto, la Ley No. 26 de marzo de 1914 a que se refiere el apelante en su alegato es claramente para que los municipios puedan imponer patentes sobre los negocios, que como hemos dicho no pueden ser impuestas a bancos nacionales;

Por cuanto, la demanda no deja de aducir hechos determinantes de causa de acción porque no alegue que de acuerdo con las secciones 13 y 14 de la citada ley-se hizo una protesta ante el Concejo Municipal por la imposición de la patente al demandante, pues dichas see-clones se refieren al caso en que el contribuyente considere injusta la cantidad que se le asignare para el pago, ya que en este caso no es cuestión de cantidad sino de improcedencia del impuesto al de-mandante, aparte de que tal hecho no se alega como defensa por los demandados;

P'OR cuanto, por ser los municipios criatura de la Legislatura no pueden imponer contribución que la Legislatura no puede fijar;

Poe tanto, se desestima la apelación del demandado, Gobierno Municipal de Ponce, por ser frívola.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.


text:
    No. 7106.
    Brockway Motor Truck Corporation, aplda. v. Cruet, etc., apltes.
    C. D. San Juan.
    Julio 24, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Por cuanto, dictada por la Corte del Distrito sentencia decla-rando la demanda con lugar el seis de junio último, apeló la deman-dada para ante esta Corte Suprema, y la apelada pidió la desesti-mación del recurso por frívolo por moción de julio 13, vista con la sola asistencia de su abogado en julio 22 actual; y

Por cuanto, de la moción y de los documentos acompañados a la misma resulta que se trata de una acción en cobro de pesos ba-sada en tres pagarés que se hicieron formar parte de la demanda, consistiendo la contestación del demandado en una negación general; y

Por cuanto, señalada debidamente la vista del pleito, sólo com-pareció la demandante que introdujo en evidencia dichos pagarés, dictando la Corte el mismo día sentencia en su favor;

Por tanto, de acuerdo con los hechos y la ley, tratándose como se trata de una apelación claramente frívola interpuesta aparente-mente con el mero propósito de dilatar la ejecución de la sentencia, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima el recurso.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.

En los siguientes casos, a propuesta de sus distintos jueces, ,1a corte se negó a desestimar, por frívolos, los recursos, por no ser, aparecer, resultar, haberse demostrado o estar convencida la corte de la supuesta frivolidad.

Nos. 6221, 6668, 6721, 6758, 6759, 6760, 6795, 6805, 6836, 6860, 6863, 6871, 6959, 6980, 6981, 6988, 7102. '

(d) FALTA U 'OMISIÓN DE NOTIFICAR EL ESCRITO DE APELACIÓN AL APELADO, O NOTIFICACIÓN FUERA DEL TÉRMINO.


text:
    No. 6830.
    Ayala, aplda. v. Flores, etc., aplte. el primero.
    C. D. San Juan.
    Abril 17, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Siendo dudoso si cabe la desestimación por haberse dejado de notificar la apelación a la codemandada Severiana López, dadas las circunstancias que concurren, y existiendo una diferencia de opinión-sobre si el recurso es o no frívolo, no ha lugar.

(e) TRANSCRIPCIÓN DE AUTOS NO RADICADA DENTRO DEL TÉRMINO.


text:
    No. 6956.
    Pacheco, etc., apldo. v. Pomales, etc., apltes.
    C. D. .San Juan.
    Febrero 19, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Por Cuanto, declarado sin lugar el traslado del pleito en diciembre 10, 1934, los demandados apelaron para ante "este tribunal en diciembre 22, 1934, habiendo transcurrido con exceso el término de treinta días dentro del cual debió archivarse la transcripción de los autos sin que se haya verificado el archivo y sin que se haya pe-dido la prórroga del término; y

Por 'Cuanto, basándose en ello la parte apelada solicitó la deses-timación del recurso por moción de febrero 9 actual notificada a la parte apelante el propio día y cuya vista se celebró con la sola asis-tencia de la parte apelada por su abogado el 18 de febrero en curso;

Por tanto, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, siendo éste un caso que no requiere para tramitarse exposición del caso ni trans-cripción de evidencia, se declara la moción con lugar y se desestima,, por abandono, el recurso.

Los siguientes casos fueron desestimados por el fundamento arriba •expresado:

Nos. 6197, 6926, 6994, 7031, 7088.

(/) FALTA DE ALEGATO O PRESENTACIÓN DEL MISMO FUERA DEL TÉRMINO


text:
    No. 6629.
    Tomasini, aplte. v. Municipio de Ponce, apldo.
    C. D. Ponee.
    Junio 10, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Córdova Davila.)'
   Celebrada la audiencia previamente señalada en este easo parai que la parte apelante expusiera las razones que pudieran existir para, que no se desestime el recurso por abandono a causa de no haberse; presentado el alegato a pesar de que la transcripción se radicó en febrero 24, 1934, el Tribunal, atendidas las rabones alegadas por dicha parte apelante en moción radicada conjuntamente con su ale-gato el mismo día en que se celebró la audiencia ya expresada, .acuerda admitir, como admite, dicho alegato y autorizar la continua-ción del recurso.


text:
    No. 6884.
    Pereda, aplte. v. Padín, etc., apldos.
    C. D. San -Juan.
    Junio 28, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vistas las dos mociones que anteceden y atendidas las circuns-tancias especiales del caso, se declara sin lugar la moción sobre des- • estimación por falta de alegato y con lugar la moción sobre nuevo término solicitada por el apelante y se admite el alegato acompañado a dicha moción.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.

Los siguientes casos fueron desestimados por abandono, a causa 'de no haberse presentado el alegato dentro del término:

- Nos. 6219, 6231, 6502, 6503, 6525, 6529, 6573, 6576, 6660, 6670, 6733, 6755, 6857, 6925, 6929.

(g) RECURSOS ACADÉMICOS O SIN FINALIDAD PRÁCTICA.


text:
    No. 6919.
    The Federal Land Bank, apldo. v. García, etc., apltes.
    C. D. Ponce.
    Marzo 8, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)
   Habiéndose resuelto por esta Corte el caso de Roque Santi Galletti, et als., demandantes-apelantes, v. Federal Land Bank of Baltimore, et al., demandados-apelados, que lleva el número 6855 (ante, pág. 102), se desestima, por académico, el recurso de apelación inter-puesto contra la resolución dictada por la Corte de Distrito de Ponce en 10 de septiembre de 1934, decretando la entrega de la posesión de la finca al banco demandante.


text:
    No. 6966.
    Zayas, aplte. v. López, apldo.
    C. D. San Juan.
    Abril 29, 1935.
    .'.. "(Por al Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   PoR cuanto, se ha solicitado la'desestimación de este recurso por "’ser inapelable toda vez que el demandado-apelado ha renunciado a ■las'cbstás'cóiicédidas por la corte inferior; ' ¡

PoR cuanto, si la única cuestión envuelta en esta apelación es la concesión de costas, tal renuncia convertiría en académica la cues-tión suscitada;

Pob cuanto, la parte apelante insiste en que en la sentencia dictada por la Corte de Distrito fuera de la estipulación de las par-tes se consignó un pronunciamiento en los siguientes términos: . . dando al demandante por desistido de la presente acción, a su perjuicio, con las costas de este litigio,” y la parte apelante in-siste en que la sentencia tiene no sólo un pronunciamiento de costas sino también el pronunciamiento de que la sentencia es a su perjuicio;

Pob cuanto, como regla muy general cuando se dicta una sen-tencia teniendo al demandante por desistido de su acción el único .perjuicio que podría tener éste sería la condena en costas;

Por cuanto, aunque este caso sea una excepción. a la regla,, la apelante no nos convence de que su situación ba sido empeorada por la resolución de la Corte;

Por tanto, a ruego del demandado-apelado se desestima el re-curso por inapelable.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino.


text:
    No. 7051.
    Garzot, etc., apldos. v. Garzot & Fuertes, apldos., y The National City Bank of New York, aplte.
    C. D. Humacao.
    Julio 19, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   A la moción de la parte apelada para que se desestime el recurso interpuesto en este caso por frivolidad y carencia de finalidad prác-tica, vista con asistencia e informe de los abogados de ambas partes, estudiados la oposición de la interventora y el alegato del apelado en apoyo de la moción y apreciadas todas las circunstancias concu-rrentes, no estando convencido el Tribunal de que la apelación. 'sea 'claramente frívola y de que carezca de finalidad práctica por lo menos en parte, no ha lugar; debiendo señalarse la vista del re-curso en su fondo para el término más breve 'que sea posible, ya que es aparente la urgencia de su resolución definitiva.

(7l) RECURSOS INTERPUESTOS FUERA DEL TERMINO. '

La corte, a propuesta de sus distintos jueces,. desestimó los si-guientes recursos por haberse interpuesto después de vencido el tér-mino para apelar:

Nos. 7033, 7072 y 7094.

(i) CARÁCTER APELABLE DE LA RESOLUCIÓN U ORDEN APELADA.


text:
    No. 6995.
    Peláez & Co. S. en C., etc., apldos. v. Rodríguez, dmdo. y Cruet, Interventor.
    G. D. Guayama.
    Marzo 27, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   A la moción de la parte apelada notificada al abogado de la parte apelante el 13 de marzp actual, pidiendo la desestimación del re-curso por no ser apelable la orden recurrida ordenando dar pose-sión al ejecutante de la finca ejecutada dentro de un procedimiento sumario hipotecario, vista el 25 de marzo en curso con la sola asis-tencia de la parte apelada por su abogado, no siendo en verdad dicha orden apelable de acuerdo con la ley y lo resuelto por esta Corte en el caso de Roig Commercial Bank v. Bustelo, 44 D. P. R. 541, se desestima, por tal motivo, el recurso.


text:
    No. 6964.
    Franceschi, etc., apltes. v. López de Tord, etc., apldos.
    C. D. Ponce.
    Marzo 27, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede con la sola asistencia del apelante y no habiéndosenos convencido de que la sentencia apelada no sea apelable ni 'que el presente recurso sea claramente frívolo, no ha lu-gar, por ahora, a la desestimación solicitada.


text:
    No. 6408.
    Marchán, etc., apldos. v. Fernández, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 7, 1935.
    (Por ]a Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Por Cuanto, la apelación en este caso se interpuso contra una orden nombrando un síndico;

Por CUANTO, la parte apelada solicitó la desestimación del re-curso por no ser apelable la orden recurrida, por mbción de abril 17 notificada a la parte apelante y al abogado del Síndico cuya vista se celebró sin asistencia de las partes el día 6 de mayo en curso; yá

Por Cuanto, esta Corte Suprema en los casos de Salvá et al. v. Sucesión Borrás, 8 D. P. R. 201, Fernández v. Foix, 16 D. P. R. 262, Balasquide v. Rossy, Juez de Distrito, 18 D. P. R. 33 y Gómez v. American Colonial Bank, 31 D. P. R. 951 ha resuelto que una orden nombrando un síndico no es apelable;

Por tanto, de acuerdo con lo,s hechos y la ley, se declara con lugar la moción y se desestima, por falta de jurisdicción, el recurso.

(C) Desistimientos.

(a) CASOS EN QUE SE TUVIERON POR DESISTIDOS A LOS APELANTES, A SU PROPIA INSTANCIA, • DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS.

Nos. 6240, 6381, 6501, 6507, 6559, 6567, 6613, 6667, 6689, 6730, 6761, 6783, 6872, 6882, 6899, 6922, 6933, 6948, 6955, 6968, 6982, 6991, 7016, 7023, 7025, 7040, 7048, 7066, 7068, 7078, 7080, 7081, 7089, 7115, 7128.

II. CASOS CRIMINALES.

(A)- Bn GENERAL.


text:
    No. 5647.
    Pueblo, apldo. v. Plazuela Sugar Co., aplte.
    C. D. Arecibo.
    Enero 21, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Por cuanto, los únicos errores.señalados son:

"1. La Corte de Distrito de Areeibo cometió error al declarar convicta a la acusada mediante prueba que no sostiene los hechos alegados en la acu-sación.
“2. La Corte de Distrito de Areeibo erró al intervenir excesivamente en la práctica de la prueba, extralimitándose en su facultad discrecional y de-mostrando prejuicio y pasión.'’

Por cuanto, examinada la prueba a la luz de los dos alegatos no encontramos motivos suficientes para revocar la sentencia apelada;

POR tanto, se confirma la sentencia dictada por la Corte de Dis- ■ trito de Arecibo en febrero 2 de 1934.


text:
    No. 5592.
    Pueblo, apldo. v. Ramos, aplte.
    -C. D. San Juan.
    Enero 30, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   Por cuanto, acusado Juan Ramos Seda de un delito de asesinato por haber dado muerte el 31 de marzo de 1932 a José Reyes con una pistola un jurado rindió el 14 de marzo de 1934 veredicto de culpabilidad por un delito de homicidio voluntario, siendo condenado por la corte a la pena de dos años de presidio;

Por cuanto, en el recurso de apelación interpuesto contra esa Sentencia no ha sido traída ante nosotros la prueba que se practicó ante el jurado ni el apelante nos ha presentado su alegato;

Por cuanto, el día de la vista de esta apelación ante nosotros Sometió el apelante su recurso con la prueba que había sido pre-sentada en la causa de asesinato de Narciso Gotay;

POR cuanto, no teniendo nosotros la prueba presentada ante el segundo jurado no estamos en condiciones de declarar que el vere-dicto sea contrario a la prueba y a la ley; '

Por cuanto, aunque se tomara en cuenta la prueba practicada en la causa por asesinato contra Juan Ramos Seda por la muerte de Narciso Gotay, cuya apelación hemos resuelto en el día de hoy en el expediente número 5495, de esa prueba resultaría justificada la declaración de culpabilidad del apelante por homicidio voluntario por la muerte de José Reyes;

POR tanto, debemos confirmar y confirmamos la sentencia ape-lada que dictó la Corte de Distrito de San Juan el día 23 de marzo de 1934.


text:
    No. 5519.
    Pueblo, apldo. v. Ramos, aplte.

    C. D. San Juan.
    Enero 30, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado, Sr. Aldrey.)
   Por ouanto, habiendo sido acusado Juan Ramos Seda de un delito de portar armas el día 31 de marzo de 1932 interpuso esta apelación contra la sentencia que lo declara culpable de dicho delito;

Por cuanto, el apelante somete este caso por la prueba practi-cada en el caso número 1772 de la Corte de Distrito, que corres-ponde al número 5592 que resolvemos hoy por homicidio de José Reyes, en el cual no ha sido traída ante nosotros la prueba sometida al jurado que lo declaró culpable de dicho delito;

Por cuanto, habiendo sometido también este caso el apelante ante nosotros por la prueba que fué presentada en el caso de asesi-nato por la muerte de Narciso Gotay, de ésta resulta que el apelante portaba el 31 de marzo de 1932 una pistola, de la cual hizo uso;

Por tanto, debemos confirmar y confirmamos la sentencia ape-lada que dictó la Corte de Distrito de San Juan el día 23 de marzo de 1934.


text:
    No. 5495.
    Pueblo, apldo. v. Ramos, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 30, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   Por cuanto, Juan Ramos Seda fué acusado en la Corte de Dis-trito de San Juan de un delito de asesinato porque el 31 de marzo de 1932 ilegal, voluntariamente y con malicia premeditada infirió varias heridas de bala con una pistola a Narciso Gotay, causándole la muerte;

Por cuanto, celebrado el juicio en los días 1 y 2 de febrero de 1933 ante un jurado éste lo declaró culpable de asesinato en segundo grado y el 7 del mismo mes la corte de distrito le impuso la pena de diez años de presidio; ■ ..

Por cuanto, el acusado alega en su recurso, de apelación que el veredicto del jurado fué contrario a la evidencia presentada y que no se ajusta a la ley y al derecho; i

PoR cuanto, la prueba del fiscal, que fué creída por el jurado,-es suficiente para sostener el veredicto que rindió; •

PoR cuanto, si bien de la prueba aparece que algunos de los,-disparos de pistola hechos en esa ocasión por Juan Ramos Seda mató a José Reyes, el acusado no se opuso a que se declarase sobre ese extremo y la corte instruyó al jurado que no debía tener en cuenta para su veredicto lo ocurrido con Reyes;

PoR tanto, debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan el día 7 de febrero de 1933.


text:
    No. 5481.
    Pueblo, apldo. v. Díaz, aplte.
    C. D. Ponce.
    Enero 30, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Poe cuanto, el apelante en su alegato pide la revocación de la. sentencia por ser inverosímil la prueba del Gobierno;

PoR cuanto, leída la evidencia en conexión con el alegato .del apelante parece que los testigos de cargo vieron el arma prohibida en las manos del acusado y no encontramos nada inverosímil en sus declaraciones, apareciendo del examen total del caso que se trata de uno sobre apreciación de prueba;

PiOR tanto, se declara sin lugar el recurso y en su consecuencia se confirma la sentencia apelada.