text:
      In re Francisco J. Amundaray Rodríguez, querellado.

      Número: CP-2006-4

      Resuelto: 24 de agosto de 2007

      Carmen A. Riera Cintrón, procuradora general auxiliar, Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, querellan-tes; Crisanta González Seda, comisionada especial; Eric R. Ronda del Toro, de Mercado & Soto, abogado del quere-llado; Francisco Amundaray Rodríguez, pro se.

   per curiam:

La Corporación para el Fomento Económico de la Ciudad Capital (COFECC), representada por el CPA José Miguel Barletta, presidente de su Junta de Directo-res, presentó una queja contra el Ledo. Francisco J. Amun-daray Rodríguez el 1 de julio de 2004. Alegó que el licen-ciado Amundaray compareció a una reunión de la Junta de Directores de COFECC a la cual no fue invitado y en au-sencia de los abogados de esa entidad, a pesar de ser el abogado del Municipio de San Juan en una demanda contra COFECC que estaba ventilándose en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Expuso el CPA Barletta que

[c]uando se le hizo saber al licenciado Amundaray que ante la falta de notificación y la ausencia de los abogados de CO-FECC, él debía abandonar la reunión, el licenciado Amunda-ray interfirió con los trabajos de la Junta de Directores de COFECC, pretendió dictar pautas de quiénes podían y quié-nes no podían estar presente durante la reunión y pretendió intimidar a los miembros de la Junta de Directores que deci-dieron cumplir con lo que entienden es su deber fiduciario. ...
El licenciado Amundaray también pretendió aconsejar a los miembros de la Junta de Directores de COFECC e incurrió en conducta que pudo inducirlos a error. ...
Inicialmente el licenciado Amundaray rehusó abandonar la reunión y continuó interfiriendo con la orden del día, argu-mentó cuestiones de derecho con los miembros de la Junta de Directores de COFECC, expuso su versión de los hechos del caso número 03-1917(JAG) y exhortó a miembros de la Junta a que abandonaran la reunión. Querella por conducta profe-sional, 1 de julio de 2004, pág. 2.

La querella imputa al licenciado Amundaray haber vio-lado con esta conducta la letra y el espíritu del Canon 28 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, que pro-híbe la comunicación de un abogado con una parte repre-sentada por otro abogado en ausencia de éste.

En su contestación, presentada tras varios requerimien-tos y prórrogas el 8 de julio de 2005, el licenciado Amun-daray expuso los pormenores del caso incoado por el Muni-cipio de San Juan contra COFECC en el tribunal federal y adujo que su presencia en la reunión de la Junta de Direc-tores de COFECC respondió a instrucciones del municipio, quien era su cliente, “con el fin de asesorar a los miembros de la Junta de Directores nombrados por el Municipio de San Juan, para que no participaran de la aprobación de ningún préstamo con los fondos delegados, en vista del pleito pendiente en aquel entonces ante la Corte Federal [sic] Contestación a querella, 8 de julio de 2005, pág. 2.

Recibido y examinado el Informe del Procurador General y transcurrido el término concedido al licenciado Amun-daray para expresarse en cuanto a dicho informe sin que éste compareciera, ordenamos al Procurador presentar la querella correspondiente. Así se hizo el 10 de febrero de 2006.

En la querella se imputa al letrado haber comparecido a la mencionada reunión de directores de COFECC, sin que se le hubiera invitado y sin que hubiera notificado previa-mente de su comparecencia a los abogados del COFECC, mientras representaba al Municipio de San Juan en el li-tigio instado por éste contra COFECC en el foro federal. Además:

Durante la comparecencia del letrado querellado a la re-unión se le indicó que, ante la falta de notificación sobre su asistencia y la ausencia de los abogados de COFECC, él debía abandonar la reunión. El letrado querellado se negó a aban-donar la misma, argumentó cuestiones de derecho con los miembros de la Junta, expuso su versión de los hechos del caso pendiente ante el Tribunal Federal y exhortó a miembros de la Junta a abandonar la reunión. Según surge de la trans-cripción de la reunión, que forma parte de la queja, el letrado querellado interfirió con los trabajos de la Junta y brindó ase-soramiento a los miembros de la Junta de Directores. Querella del Procurador General, 10 de febrero de 2006, pág. 2.

Por estos hechos el Procurador General imputó al licen-ciado Amundaray haber violado el Canon 28 del Código de Etica Profesional, supra, en cuanto éste establece que

[e]l abogado no debe, en forma alguna, comunicarse, negó-ciar ni transigir con una parte representada por otro abogado en ausencia de éste. Particularmente, debe abstenerse de aconsejar o incurrir en conducta que pueda inducir a error a una parte que no esté a su vez representada por abogado.

Adujo el Procurador General que el licenciado Amunda-ray era el representante legal del Municipio de San Juan en un pleito en el cual la corporación COFECC era la parte demandada, por lo cual no podía tener comunicación con ningún miembro de la Junta de Directores de dicha corpo-ración, particularmente sobre un asunto que estaba ínti-mamente relacionado con la causa de acción del caso ins-tado por el Municipio contra la corporación. Según la Querella: “Independientemente de que el Municipio de San Juan haya designado ciertos miembros de la referida Junta, éstos continúan siendo funcionarios de la corpora-ción demandada por el Municipio de San Juan.” (Enfasis suprimido.) Querella del Procurador, supra, pág. 4.

En su contestación a la querella, el licenciado Amunda-ray expone que actuó de acuerdo a las instrucciones de su cliente, el Municipio de San Juan, con el fin de asesorar a los miembros de la Junta de Directores nombrados por el Municipio sobre el curso de acción que debían tomar en vista del pleito pendiente. Indica que nunca intentó dar asesoramiento a otros miembros de la Junta y que ante la oposición del Presidente de la Junta a que se diera el ase-soramiento solicitó a los miembros nombrados por el Mu-nicipio que abandonasen la reunión. Argumenta, además, que el Municipio no sólo puede nombrar miembros de la Junta de Directores sino que püede intervenir en las deci-siones de ésta, en el ejercicio de sus facultades como reci-piente de los fondos federales que asigna a COFECC y au-ditar el uso de dichos fondos. Indica el querellado que

... como funcionario tanto de los Tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como de las Cortes Federales venía obligado a advertir a los miembros de la Junta nombrados por el Municipio de consecuencias legales que podría acar[r]ear para ellos la aprobación de préstamos con los fondos delega-dos, en contravención a las instrucciones impartidas por el Municipio al sub-recipiente, a un Reporte y Recomendación de un Magistrado Federal y a su deber de fiducia hacia el Municipio. Según surge de la transcripción de la reunión de la Junta de Directores de COFECC celebrada el pasado 26 de mayo de 2005, el consejo legal impartido por el suscribiente se limitó única y exclusivamente a hacer tales aclaraciones y ad-vertencias legales a los miembros de la Junta nombrados por el Municipio. Contestación a querella, 23 de marzo de 2006, págs. 5-6.

Concluye el licenciado Amundaray en su contestación como sigue:

El suscribiente entiende que no merece ser sancionado a la luz de las circunstancias particulares de este caso; máxime cuando su norte ha sido siempre la defensa honrada y ética de los intereses de sus clientes. En momento alguno hubo inten-ción de su parte de tomar ventaja en la referida reunión o de dar consejo legal a aquellos miembros de la Junta que no fue-ron nombrados por el Municipio. Tal y como reconoce el Con-tralor del Municipio, el deber de dichos miembros no puede ser otro que el de velar por los mejores intereses del Municipio de San Juan y de sus residentes. Si dichos miembros responden al Municipio, ¿cómo puede entonces argumentarse que cuando existan intereses encontrados entre éstos y la Corporación, no pueda el Municipio procurarles asesoramiento legal para que su posición ante la Junta sea cónsona con los intereses del ayuntamiento? Id., págs. 6-7.

El 31 de julio de 2006 designamos a la Leda. Crisanta González Seda como Comisionada Especial para recibir la prueba en este caso. Celebrada la vista y tras la presenta-ción de prueba por ambas partes, la Comisionada rindió su informe el 5 de abril de 2007. En éste encontró que la evi-dencia documental y testifical estableció el cargo imputado. Señaló específicamente que el licenciado Amun-daray era abogado de una parte contraria a COFECC en un litigio vigente al momento en que intervino en una re-unión de la Junta de Directores sin invitación previa de sus miembros ni de los abogados de la corporación. Con-cluyó que la transcripción de lo acontecido en la reunión demuestra que el querellado hizo expresiones y argumen-taciones relacionadas a las controversias del caso pen-diente, “utilizó vocabulario que podría resultar intimidante para los miembros de la Junta que estaban allí presentes e interrumpió y retrasó la consideración de los asuntos pen-dientes para la discusión de ese día, instando a miembros de la Junta a abandonar la reunión”. Informe de la Comi-sionada Especial, 5 de abril de 2007, págs. 20-21. También encontró probado que la intervención del licenciado Amun-daray “provocó una discusión sobre aspectos ante la consi-deración de la Corte Federal, sin que el Presidente de la Junta y los otros directores contaran con el beneficio del asesoramiento legal de sus abogados ...”. íd., pág. 21.

Se demostró durante la vista que tal como adujera el querellado en sus escritos, su comparecencia en la reunión de la Junta de Directores obedeció a instrucciones de su cliente, el Municipio de San Juan, por voz de la asesora legal del Municipio, Leda. Elsie Prieto. En cuanto a esto expresa la Comisionada:

... el querellado debió negarse al requerimiento de la licen-ciada Prieto para que él, que era abogado del Municipio en el pleito contra COFECC, asistiera a la reunión. La relación contractual de un abogado con un cliente y su obligación de defender los intereses de éste, con la mayor dedicación y fervor, no significa, que con tal propósito, el o la abogada incurra en violaciones a los cánones de ética profesional. Informe de la Comisionada Especial, supra, pág. 22.

Por último, concluye la Comisionada que COFECC era una entidad corporativa que actúa mediante su junta. Por eso sus directores, por razón de la autoridad que tienen para vincular a la corporación deben considerarse partes en el pleito, sujetos a la prohibición del Canon 28 del Có-digo de Etica Profesional, supra. Señala además la Comi-sionada que

... el querellado ha insistido en que su conducta fue correcta y no ha hecho expresión alguna de arrepentimiento, que nos permita pensar que no ha de repetir dicha conducta, de pre-sentarse una situación similar. Informe de la Comisionada Especial, supra, pág. 22.

Las partes fueron notificadas del Informe de la Comisio-nada sin que conste en autos ninguna comparecencia posterior.

I

En reiteradas ocasiones hemos resuelto que el Canon 28 del Código de Ética Profesional, supra, prohíbe toda comunicación entre un abogado y una parte adversa que tiene representación legal, para evitar que los abogados de una parte hagan acercamientos inapropiados a esas perso-nas para obtener ventaja. In re Martínez Lloréns, 158 D.P.R. 642 (2003). También tiene la finalidad de prevenir que los abogados induzcan a error a personas que carecen de representación legal. De esa manera se salvaguarda tanto el derecho de los litigantes a obtener representación legal como el privilegio abogado-cliente. In re Castillo Herrera, 159 D.P.R. 276 (2003). En In re Soto Cardona, 143 D.P.R. 50 (1997), señalamos que el Canon 28 aplica inde-pendientemente del nivel de educación de las partes y la intención del abogado que intenta el contacto con dicha parte.

Precisamente, en In re Castillo Herrera, supra, reiteramos el criterio previamente expresado en In re Andréu, Rivera, 149 D.P.R. 820, 829-830 (1999), en cuanto al significado de la palabra “parte” cuando se trata de una corporación. Allí señalamos que

... a pesar de que constituye un principio básico del derecho corporativo que las corporaciones poseen personalidad jurídica separada de sus directores, accionistas y oficiales, resulta in-negable que la realidad funcional de éstas les impide transigir pleitos, comunicarse o hacer negocios si no es por conducto de las personas naturales que dirigen sus negocios. Por lo tanto, el hecho de que una entidad corporativa sea la parte nominal en una acción judicial, no excluye la posibilidad de que existen personas, por ejemplo, empleados de la corporación, quienes por razón de las funciones que desempeñan y por su autoridad para vincular y para hablar en nombre de la corporación, de-ban considerarse parte del pleito. Por ende, están incluidos en la prohibición establecida por el Canon 28. (Enfasis suplido.)

El abogado querellado plantea en sus escritos que nues-tra decisión en In re Andréu, Rivera, supra, no aplica al caso de autos, porque el Municipio de San Juan, es decir, su cliente, “tiene no sólo un interés en proteger la integri-dad de los fondos delegados a C.O.F.E.C.C., sino que ade-más es participante activo de la Junta, por conducto de los miembros nombrados por el ayuntamiento”. Contestación a querella, supra, págs. 3-4. Entiende que los miembros de la Junta de Directores nombrados por el Municipio respon-den o deben responder “a los mejores intereses del Munici-pio de San Juan y de sus residentes”. íd. Argumenta res-pecto a esto que su visita y participación en la reunión de la Junta de Directores “solo obedeció a una petición del Municipio de San Juan de que le auxiliara en el cumpli-miento de su deber ministerial de velar por el buen uso y utilización de los fondos delegados por el Municipio de San Juan a COFECC ...”. íd.

El querellado no tiene razón. No hay tales diferencias significativas entre su caso y los anteriores en los que he-mos resuelto que empleados o directores de corporaciones se consideran partes para efectos del Canon 28 del Código de Etica Profesional, supra. Al igual que los miembros de la Junta de Directores de COFECC a quienes los licencia-dos Andréu Ramírez y Rivera Vicente dirigieron sus comu-nicaciones en In re Andréu, Rivera, supra, los miembros de la Junta de Directores de COFECC a la fecha de la inter-vención del licenciado Amundaray son los que dirigen los negocios y tiene autoridad para vincular a la corporación. Al igual que los licenciados Andréu Ramírez y Rivera Vicente en el caso anterior, el licenciado Amundaray repre-sentaba a una parte adversa a COFECC en un litigio pendiente. Al igual que en aquella ocasión, la intervención del abogado querellado tenía el objetivo de adelantar la causa de su cliente y convencer a miembros de la Junta a actuar de determinada manera acorde a los intereses de su cliente en el pleito pendiente. En el contexto ético no hay diferencia entre este caso y aquél, con dos excepciones: en aquel caso COFECC era una parte interventora y aquí era la parte demandada por el cliente del licenciado Amunda-ray y en aquella ocasión señalamos que aplicaríamos pros-pectivamente la norma por ser la primera vez que nos ex-presábamos sobre el particular, mientras que en esta ocasión resulta norma trillada.

II

También es norma trillada y reiterada ad nauseam por este Tribunal que el deber de lealtad de un abogado a la justicia no es menor que la lealtad debida a su cliente:

Nuestro sistema adversativo tiene límites, la justicia le sirve de norte y la ética como principio rector lo circunscribe a fines superiores sobre los cuales descansa nuestra convivencia. Be-rrios v. U.P.R., 116 D.P.R. 88, 91 (1985).

Es en atención a este principio rector que el Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, no sólo impone al abogado el deber de representar diligente y com-petentemente a su cliente sino que demarca la extensión y los límites de ese deber al disponer que

[e]ste deber de desempeñarse en forma capaz y diligente no significa que el abogado puede realizar cualquier acto que sea conveniente con el propósito de salir triunfantes en las causas del cliente.

Al interpretar esta disposición hemos sido enfáticos en imponer límites éticos a la entrega del abogado a la causa de su cliente. Es claro, pues, que el deber de diligencia profesional no autoriza a realizar cualquier acto que sea conveniente con el propósito de adelantar la causa del cliente. In re Díaz Ortiz, 150 D.P.R. 418 (2000). Tampoco sirve para justificar el traspasar barreras éticas por cum-plir instrucciones del cliente, como sucedió en este caso.

III

Resulta evidente que el licenciado Amundaray incurrió en las violaciones éticas imputadas. Al determinar la san-ción correspondiente a su conducta tomamos en considera-ción que se trata de una primera falta y que la prueba recibida no indica que se haya ocasionado perjuicio a la corporación querellante. Sin embargo debemos sopesar también que el licenciado Amundaray no ha reconocido en ningún momento que su conducta fue incorrecta ni ha ma-nifestado arrepentimiento.

Por los fundamentos expuestos, resolvemos que el licen-ciado Amundaray Rodríguez infringió el Canon 28 del Có-digo de Etica Profesional, supra, por lo cual decretamos su suspensión inmediata del ejercicio de la profesión por el término de tres meses. Este término comenzará a transcu-rrir a partir de la notificación personal de esta opinión per curiam y sentencia. Se le impone el deber al Ledo. Francisco J. Amundaray Rodríguez de notificar a todos sus clientes de su presente inhabilidad para seguir represen-tándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados, e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país. Además, deberá certificarnos el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30 días, a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Presidente Se-ñor Hernández Denton. Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez.

license: Public Domain

text:
    Westernbank Puerto Rico, recurrente, v. Hon. Gloriana Ruiz Jiménez, Registradora de la Propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Sección de Humacao, recurrida.

      Números: RG-2005-1
    RG-2005-2

      Resueltos: 24 de agosto de 2007

      Francisco J. Biaggi Landrón y Francisco J. Biaggi Landrón, abogados de la parte recurrente; Gloriana Ruiz Jiménez, Registradora de la Propiedad, recurrida.
   SENTENCIA

Westernbank de Puerto Rico (Westernbank) recurre ante nosotros de una determinación emitida por la Hon. Gloriana Ruiz Jiménez, Registradora de la Propiedad de Humacao (Registradora), que denegó la inscripción de dos escrituras —“Hipoteca en Garantía de Pagaré con Vigencia Extendida”— por entender que adolecían de claridad al te-ner la hipoteca dos fechas de vencimiento.

I

Westernbank presentó en el Registro de la Propiedad de Humacao, para su inscripción correspondiente, dos escritu-ras suscritas a su favor sobre “Hipoteca en Garantía de Pagaré con Vigencia Extendida”. Los pagarés garantiza-dos por estas escrituras constan emitidos a la orden de Westernbank.

La Registradora, ejerciendo su facultad de calificación, se negó a inscribir ambas escrituras porque adolecían de claridad por tener la hipoteca dos fechas de vencimiento. En cuanto a la Escritura Núm. 377, apoyó su negativa a inscribir en la cláusula siguiente:

—PRIMERO: En este acto el deudor Hipotecante suscribe ante mí un pagar [é] a la orden de WESTERNBANK PUERTO RICO, pagadero a la presentación ....
---------------------------TITULOS Y CARGAS- — ------------------------ LA VIGENCIA DE LA HIPOTECA CONSTITUIDA ME-DIANTE LA PRESENTE ESCRITURA SERA DE TREINTA Y CINCO (35) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRE-SENTACION DE LA COPIA CERTIFICADA DE LA MISMA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRES-PONDIENTE. (Énfasis suplido.) Apéndice del Recurso Guber-nativo Núm. RG-2005-02, págs. 1-3.

En cuanto a la Escritura Núm. 619, se apoyó en la cláu-sula siguiente:

—PRIMERO: En este acto el Deudor Hipotecante suscribe ante mí un pagaré a la orden de WESTERNBANK PUERTO RICO, pagadero a la presentación ....
—-----------------------TITULOS Y CARGAS- — ------------------------ LA VIGENCIA DE LA HIPOTECA CONSTITUIDA ME-DIANTE LA PRESENTE ESCRITURA SERA DE TREINTA (30) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTA-CION DE LA COPIA CERTIFICADA DE LA MISMA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE. (Én-fasis suplido.) Apéndice del Recurso Gubernativo Núm. RG-2005-01, págs. 1-3.

Insatisfecho, Westernbank presentó una Solicitud de Recalificación para ambas denegatorias. Adujo que no re-sulta en una ambigüedad que impida la inscripción en el Registro de la Propiedad el disponer que el vencimiento del pagare será a la presentación y, al mismo tiempo, expresar que la vigencia de la hipoteca es por un término de treinta o treinta y cinco años en cada caso. Sostuvo que el venci-miento del pagaré se refiere a la exigibilidad del crédito principal, mientras que el plazo de vigencia de la hipoteca existe para efectos de regir los aspectos de la prescripción de la acción hipotecaria correspondiente. Además, expresó que, en caso de no extenderse la vigencia de la hipoteca a los mismos treinta o treinta y cinco años, según expresado en las escrituras, se crearía la posibilidad de que los prés-tamos en cuestión no estuviesen garantizados por la hipo-teca durante los últimos años.

No obstante, la Registradora sostuvo la calificación original y extendió la correspondiente anotación preventiva de denegatoria. Reiteró su posición en cuanto a que cons-tituye un defecto que impide la inscripción en el Registro de la Propiedad el que se establezca en la escritura que el pagaré será pagadero a la presentación y, a su vez, se in-cluya un término específico para la vigencia de la hipoteca. Concluyó que tal proceder era contrario al principio de es-pecificidad contenido en la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad y a las disposiciones de la Ley de Instru-mentos Negociables y Transacciones Bancarias. Esta úl-tima ley, según alega la Registradora, establece que el pa-garé puede ser pagadero a la presentación o en fecha específica, pero nunca ambas cosas.

Inconforme, Westernbank recurre ante este Foro me-diante dos recursos gubernativos en los que solicita que revoquemos la denegatoria final emitida por la Registradora. Alega que las cláusulas en controversia no son incompatibles entre sí, ya que nada impide establecer que el vencimiento de la obligación principal será a la pre-sentación y, al mismo tiempo, expresar una vigencia para la hipoteca mayor de veinte años. La Registradora compa-reció y reiteró sus argumentos.

Por presentar ambos recursos gubernativos idéntica controversia de derecho, decidimos consolidarlos. Luego de un examen de las escrituras en controversia y del derecho aplicable, confirmamos la calificación final de la Registra-dora en cuanto deniega la inscripción de las escrituras de hipoteca en controversia.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Her-nández Denton y la Juez Asociada Señora Rodríguez Ro-dríguez emitieron sendas opiniones de conformidad. Los Jueces Asociados Señores Fuster Berlingeri y Rivera Pérez no intervienen.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Presidente Se-ñor Hernández Denton.

Estamos conformes con la sentencia de este Tribunal sobre la calificación final emitida por la Hon. Registradora de la Propiedad de Humacao, la cual denegó la inscripción en el Registro de la Propiedad de las escrituras de hipoteca en controversia. No obstante, consideramos preciso expre-sarnos de forma particular para hacer constar nuestra po-sición sobre la controversia que origina este recurso gubernamental.

El caso de autos requiere que determinemos si un docu-mento denominado “Hipoteca en Garantía de Pagaré con Vigencia Extendida”, en el cual se busca garantizar una obligación principal evidenciada en un pagaré que vence a la presentación y establecer un término de vigencia para la hipoteca mayor de veinte años, viola las disposiciones de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. 2001 et seq. (Ley Hipotecaria). En particular, debemos resolver si esta escritura puede inscribirse en el Registro de la Propiedad.

HH

La hipoteca se concibe como un “ ‘derecho real de reali-zación del valor, en su función de garantía de una obliga-ción pecuniaria, de carácter accesorio e indivisible, de cons-titución registral, que recae directamente sobre bienes inmuebles, ajenos y enajenables, que permanecen en la po-sesión del propietario’ J.M. Chico y Ortiz, Estudios sobre Derecho Hipotecario, 3ra ed., Madrid, Ed. Marcial Pons, 1994, T. II, pág. 1282, citando a Roca Sastre. El Código Civil dispone los requisitos esenciales para su constitución:

(1) Que se constituya para asegurar el cumplimiento de una obligación principal.
(2) Que la cosa pignorada o hipotecada pertenezca en pro-piedad a la persona que la empeña hipoteca.
(3) Que las personas que constituyan la prenda o la hipoteca tengan la libre disposición de sus bienes o en caso de no te-nerla, se hallen legalmente autorizadas al efecto. (Enfasis suplido.) Art. 1756 (31 L.P.R.A. sec. 5001).

De igual forma, es requisito indispensable para que una hipoteca quede debidamente constituida el que conste en una escritura pública y se inscriba en el Registro de la Propiedad. Art. 1774 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5042; Bco. Central Corp. v. Yauco Homes, Inc., 135 D.P.R. 858 (1994).

De los requisitos esbozados es preciso enfatizar el carác-ter accesorio del derecho real de hipoteca. Por su natura-leza como derecho de garantía, la accesoriedad es un requi-sito esencial e indispensable para su constitución. Así, la hipoteca está subordinada a la obligación principal en su existencia y extinción. Liechty v. Descartes Saurí, 109 D.P.R. 496 (1980). Véase, además, L. Muñoz Morales, Lec-ciones de Derecho Hipotecario, San Juan, Ed. U.P.R., 1946, T. II, pág. 15. Es decir, carece de objeto el contrato de hi-poteca cuando no existe una obligación principal que garantizar. Gautier v. Registrador de Humacao, 24 D.P.R. 704 (1917). Por lo tanto, un contrato de hipoteca requiere de la existencia de dos figuras jurídicas, a saber, una obli-gación principal y la hipoteca en sí, la cual sirve de garan-tía al acreedor de la primera. Carreras v. Am. Colonial Bank, 35 D.P.R. 90 (1926). Como señala el ilustre trata-dista Ramón Roca Sastre, la hipoteca no es un derecho in-dependiente sino que vive al servicio de un crédito. R. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 6ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1968, T. IV, Vol. I, pág. 190.

Según la Ley Hipotecaria, la obligación principal o el crédito garantizado por la hipoteca puede evidenciarse en un título transferible por endoso o al portador. En tales casos, el gravamen hipotecario queda constituido desde que se otorga e inscribe la hipoteca. Desde ese momento, existe un deudor conocido, un acreedor o acreedores gené-ricos —no importa el nombre, sino más bien el carácter de endosatarios o de tenedores— una obligación determinada y una garantía de ésta. Srio. de Hacienda v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 436 (1967). En síntesis, es posible consti-tuir una hipoteca para garantizar los títulos transferibles por endoso o al portador siempre que se cumpla con los demás requisitos para su constitución, como el otorga-miento de una escritura pública y la inscripción en el Re-gistro de la Propiedad.

En el caso del derecho real de hipoteca, la inscripción es de naturaleza constitutiva. Art. 1774 del Código Civil, supra. Es decir, si la hipoteca no se inscribe en el Registro de la Propiedad, no adviene a la vida jurídica. En armonía con lo anterior, para que un documento tenga acceso al Registro de la Propiedad debe cumplir con ciertos princi-pios hipotecarios de la Ley Hipotecaria. En particular, el principio de especialidad —que cobra mayor importancia en el caso del derecho real de hipoteca— exige la especifi-cación e individualización de las fincas, los derechos que recaen sobre ellas y los titulares de dichos derechos. L. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorri-queño, 2da ed., San Juan, Jurídica Eds., 2000, pág. 210. En otras palabras, la especialidad requiere que los documen-tos que se presenten en el Registro de la Propiedad sean claros y específicos en cuanto al contenido del derecho, su extensión y su titularidad. Cabañas v. Registrador, 8 D.P.R. 73 (1905).

En particular, la Ley Hipotecaria requiere, entre otras cosas, que en la escritura de hipoteca se detallen circuns-tancias como la descripción del bien, el importe del crédito y la fecha de vencimiento. Rivera Rivera, op. cit, pág. 486. En cuanto a las hipotecas en garantía de títulos endosables o al portador, el Art. 196 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2615, refleja con mayor rigor el principio de especiali-dad al disponer los pormenores que deben constar en este tipo de escrituras. Así, además de las circunstancias pro-pias de la constitución de todo crédito hipotecario, se deben incluir las relativas al “número y valor de los títulos que se emitan, la serie o series a que los mimos correspondan, la fecha o fechas de la emisión, el plazo y forma en que han de ser amortizados y cualquiera otras que sirvan para deter-minar las condiciones de dichos títulos”. 30 L.P.R.A. see. 2615.

Así, pues, vemos cómo la vigencia de la hipoteca es una de las circunstancias que debe constar en cualquier escri-tura de hipoteca. Su inclusión responde a la necesidad de que los terceros que tengan derechos sobre la propiedad conozcan con exactitud la vida del gravamen hipotecario. Además, la vigencia de la hipoteca va a determinar el mo-mento cuando puede cancelarse su asiento. Por todo ello, del Registro de la Propiedad debe surgir de forma clara y precisa la vigencia de la hipoteca. De no ser así, se viola el principio de especialidad con la consecuencia de que el do-cumento no podrá tener acceso al Registro de la Propiedad.

En cuanto a la vigencia de la hipoteca, cabe señalar que, como consecuencia del principio de accesoriedad, ésta no es del todo independiente de la vigencia de la obligación principal. Por el contrario, el carácter accesorio del derecho real de hipoteca influye de una manera decisiva en su na-cimiento, vida y desarrollo. Chico y Ortiz, op. cit, pág. 1691. De este modo, la norma general es que la duración de la hipoteca va a ser la misma que la de la obligación principal. Sobre este particular, afirma Puig Brutau que no tiene razón de ser la hipoteca considerada aisladamente, sino como garantía de un derecho de crédito. íd., pág. 1691.

No obstante, reconocemos que existen otros supuestos en los que la hipoteca puede tener una vigencia diferente a la de la obligación principal. Se trata, por ejemplo, de aque-llos casos en los que las partes convienen en que la garan-tía hipotecaria tenga una vigencia menor a la de la obliga-ción principal que garantiza. No obstante, en virtud del principio de accesoriedad, nunca podrá ser a la inversa. Sobre este particular, resulta pertinente lo expresado por Roca Sastre en cuanto a que estos casos “no se refiere [n] a hipotecas en garantía de obligaciones a término o condición resolutoria, pues [en] éstas, expirado el plazo o cumplida la condición, el crédito queda extinguido, y, por consecuencia también la hipoteca; aquí se está ante una hipoteca consti-tuida con una duración predeterminada, o cuya subsisten-cia se ha hecho depender de un hecho futuro e incierto de efecto resolutorio”. Sin embargo, esa no es la situación en el caso ante nuestra consideración.

Ahora bien, para atender debidamente la controversia que nos fue planteada, debemos determinar cuál es la vi-gencia de un pagaré hipotecario vencedero a la presenta-ción para así concluir si en este caso se violó el carácter accesorio de la hipoteca y el principio de especialidad. Para ello, debemos examinar las disposiciones de la Ley de Ins-trumentos Negociables y Transacciones Bancarias (Ley de Instrumentos Negociables), 19 L.P.R.A. sec. 501 et seq.

B. El Art. 2-104(a) de la Ley de Instrumentos Negocia-bles, 19 L.P.R.A. sec. 504(a), dispone que un “instrumento negociable” es una promesa u orden incondicional de pago de una cantidad específica de dinero, con o sin intereses u otros cargos descritos en la promesa u orden, si el instru-mento: (1) es pagadero al portador o a la orden al momento de su emisión, o cuando primero adviene a la posesión un tenedor, o (2) es pagadero a la presentación o en una fecha específica. De la disposición transcrita surge la alternativa de constituir un pagaré con fecha de vencimiento a la presentación. A esos fines, el Art. 2-108 (19 L.P.R.A. see. 508) dispone que un pagaré es pagadero a la presentación cuando: (1) en el propio documento se indica que es paga-dero, (2) el tenedor lo exija o (3) no se especifica ninguna fecha de pago.

Aclaramos, sin embargo, que aunque el tenedor de un instrumento negociable pagadero a la presentación puede elegir cuándo cobrarlo, ello no significa que pueda esperar eternamente. En atención a esos casos, la propia Ley de Instrumentos Negociables dispone un plazo prescriptivo para exigir su cobro. M.R. Garay Auban, Derecho cambia-rio de Estados Unidos y Puerto Rico: Código Uniforme de Comercio de EE.UU, Ley de Transacciones Comerciales de Puerto Rico, Ponce, Ed. Rev. Der. Pur., 1999, pág. 75. En específico, el Art. 2-118(h) dispone que “ [i]ndependiente de cualquier disposición en contrario aquí contenida, una ac-ción para exigir el cumplimiento de una obligación, de una parte de pagar un pagaré garantizado por una hipoteca sobre bienes inmuebles, y todo interés devengado por tal obligación, deberá iniciarse dentro del término dispuesto por la sec. 5294 del título 31 para el ejercicio de la acción hipotecaria”. 19 L.P.R.A. sec. 518(h). El Art. 1864 del Có-digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 5294, establece un plazo pres-criptivo de veinte años para la acción hipotecaria.

Así, pues, vemos como la Ley de Instrumentos Negocia-bles nos refiere a la sección del Código Civil que regula el término prescriptivo de la acción hipotecaria. Debemos concluir que el crédito evidenciado en un pagaré hipoteca-rio vencedero a la presentación es exigible en cualquier momento, pero nunca en exceso del término de veinte años para el ejercicio de la acción hipotecaria. Por ende, luego de transcurrido el término de veinte años desde el momento de la inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propie-dad, el tenedor de dicho pagaré no tiene acción para exigir su cumplimiento.

C. Finalmente, debemos examinar la normativa en re-lación con la prescripción de la acción hipotecaria, ya que Westernbank alega que el término de vigencia de la hipo-teca señalado en la escritura se refiere al término de la acción hipotecaria y que puede pactarse en exceso de veinte años. En primer lugar, aclaramos que la prescrip-ción tiene lugar por mandato de ley. ESJ Towers, Inc. v. Registrador, 150 D.P.R. 298 (2000); Chico y Ortiz, op. cit., pág. 1708. Precisamente, el Art. 1864 del Código Civil, supra, dispone que la acción hipotecaria prescribe a los veinte años y el Art. 180 de la Ley Hipotecaria establece que “[l]a acción hipotecaria prescribirá a los veinte (20) años, contados desde que pueda ser ejecutada”. 30 L.P.R.A. see. 2576. Lo anterior significa que dicho término de veinte años comienza a transcurrir el día en que vence el crédito o desde el momento cuando es exigible la obligación principal, según se consignó en el título. R. Roca Sastre, op. cit., pág. 1135; Rivera Rivera, op. cit., pág. 509. Conforme a lo resuelto anteriormente, un pagaré hipotecario vencedero a la presentación es exigible desde su constitución, y en cual-quier momento, pero nunca luego de transcurrido un tér-mino ininterrumpido de veinte años desde que se inscribe la hipoteca en el Registro de la Propiedad. Por lo tanto, el plazo prescriptivo para ejercer la acción hipotecaria no puede exceder esos veinte años. Lo anterior como conse-cuencia de que, transcurrido dicho término, operara la prescripción extintiva del crédito hipotecario por ministe-rio de la ley. ESJ Towers, Inc. v. Registrador, supra.

En consonancia con lo anterior, el Art. 145 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2496, establece que los regis-tradores cancelarán las hipotecas que tengan más de veinte años de vencidas o, si no tienen término de venci-miento, de constituidas. En el caso de una hipoteca en ga-rantía de un pagaré vencedero a la presentación, en el que el término prescriptivo del pagaré comenzará a transcurrir desde la constitución de la hipoteca, ésta no puede expre-sar una vigencia mayor de veinte años. Conforme a ello, el Registrador de la Propiedad podrá cancelar el asiento de hipoteca una vez transcurrido dicho término.

II

En los dos recursos gubernativos ante nuestra conside-ración, Westernbank alega que no existe ambigüedad al expresar que el pagaré hipotecario es “pagadero a la pre-sentación” y, por otro lado, disponer una vigencia para la hipoteca mayor de veinte años. Sostiene que la fecha de exigibilidad de la obligación principal representada por el pagaré es independiente y distinta de la duración que ten-drá la garantía hipotecaria del cumplimiento de dicho pagaré. Entendemos que no le asiste la razón.

A raíz del carácter accesorio del derecho real de hipoteca, no puede argumentarse que ésta es independiente de la obligación principal que garantiza. Por el contrario, la norma general es a los efectos de que la vigencia de la hi-poteca depende de la vigencia de la obligación principal. Por esa razón, una escritura de hipoteca en garantía de un pagaré vencedero a la presentación no puede expresar, sin violar el principio de accesoriedad, que la hipoteca tendrá una vigencia superior a veinte años desde su inscripción. Lo anterior, como consecuencia de que el pagaré hipoteca-rio vencedero a la presentación no va a ser exigible trans-curridos veinte años desde la inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad.

Del mismo modo sostenemos que la posición de Wester-nbank contribuye a crear inexactitud registral cuando la obligación principal evidenciada mediante el pagaré a la presentación no sería exigible transcurrido el término inin-terrumpido de veinte años, mientras que el Registro de la Propiedad publicaría una hipoteca vigente. No estamos dispuestos a admitir tal resultado. En nuestro sistema re-gistral, los asientos se reputan exactos y concordantes con la realidad jurídica. Rivera Rivera, op. cit, pág. 279. Es por ello que al Registro de la Propiedad sólo tienen acceso los documentos válidos y perfectos. Kogan v. Registrador, 125 D.P.R. 636 (1990); U.S.I. Properties, Inc. v. Registrador, 124 D.P.R. 448 (1989). Por lo tanto, el Registrador de la Propiedad, en su facultad calificadora, debe velar siempre por la legalidad de dichos títulos.

En vista de lo anterior, estamos conformes con la sen-tencia emitida por este Tribunal, ya que las escrituras en controversia son contrarias al Derecho por ignorar el ca-rácter accesorio del derecho real de hipoteca, al establecer una vigencia para una hipoteca en garantía de un pagaré vencedero a la presentación mayor de veinte años.

Opinión de conformidad emitida por la

Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez.

Estoy conforme con la determinación anunciada en la sentencia, que hoy se dicta, donde se concluye que las es-crituras objeto de este recurso no son inscribibles en el Registro de la Propiedad. Según las alegaciones de las par-tes en el caso, entiendo pertinentes unas expresiones res-pecto a la diferencia entre el vencimiento y la vigencia de las obligaciones. Por otro lado, estimo que este caso re-quiere un análisis sobre la legislación aplicable a los paga-rés hipotecarios para determinar si las escrituras, objeto de la controversia, son inscribibles en el Registro de la Propiedad. Los hechos de este caso se encuentran resumi-dos adecuadamente en la sentencia por lo que no habremos de repetirlos.

HH

A. Para resolver la controversia ante nuestra conside-ración debemos aclarar la diferencia entre el vencimiento de una obligación y su vigencia. El vencimiento es la “[germinación del plazo establecido legal o convencional-mente para el cumplimiento de una obligación”. M. Osorio, Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, Bue-nos Aires, Ed. Heliasta, 1992, pág. 1004. Es la “[flecha en la que se debe hacer frente al pago de una obligación finan-ciera por haberse hecho exigible”. Diccionario de Contabili-dad y Finanzas, Madrid, Ed. Cultural, 2003, pág. 272.

Cuando vence una obligación garantizada por una hipo-teca y ésta no ha sido pagada, el acreedor puede pedir la ejecución de la hipoteca para satisfacer su crédito. First Federal Savs. v. Registrador, 113 D.P.R. 857, 860-861 (1983). Es decir, la hipoteca se considera vencida cuando vence la obligación que garantiza.

Por otro lado, cuando hablamos de vigencia nos referi-mos al “[pjeriodo durante el cual las leyes, costumbres o contratos están en vigor y desarrollan todos los efectos ju-rídicos que le son característicos”. Diccionario de Contabi-lidad y Finanzas, op. cit., pág. 273. Véase, además, Osorio, op. cit., pág. 985. De lo anterior se desprende que, mientras una obligación o un contrato permanezca vigente, tendrá los efectos jurídicos que le son característicos. Así, mien-tras una obligación tenga efectos jurídicos, estará vigente. Por el contrario, cuando una obligación no tenga ningún efecto jurídico, habrá perdido su vigencia.

Por lo tanto, mientras un acreedor hipotecario tenga la facultad legal para ejecutar su hipoteca, ésta permanecerá vigente. Una vez el acreedor pierde todo derecho a ejecu-tarla, ésta habrá perdido su vigencia y no tiene efecto jurí-dico alguno. Precisamente eso es lo que ocurre cuando prescribe la acción hipotecaria, pues el acreedor hipoteca-rio pierde el derecho de ejecutarla. Es ésta la razón por la cual, una vez prescribe la acción hipotecaria, procede la cancelación del asiento hipotecario en el Registro de la Pro-piedad, ya que éste no tiene ningún efecto. Art. 145 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Hipo-tecaria), 30 L.P.R.A. sec. 2469. Véase ESJ Towers, Inc. v. Registrador, 150 D.P.R. 298, 307-308 (2000). Mediante la prescripción, la hipoteca pierde su vigencia.

Según lo expuesto, el vencimiento de una hipoteca no es lo mismo que su vigencia. Por lo tanto, cuando una escri-tura de hipoteca establece una fecha de vencimiento y a su vez establece un término de vigencia distinto, no podemos concluir que tiene dos fechas de vencimiento como concluye la Registradora.

II

Aclarada la diferencia entre el vencimiento de una obli-gación y su vigencia, abordemos la legislación aplicable a los pagarés hipotecarios pagaderos a la presentación. Es-pecíficamente, es preciso determinar cuál es el término prescriptivo de un pagaré hipotecario pagadero a la pre-sentación y cuándo comienza a transcurrir dicho término.

A. En un esfuerzo por modernizar nuestra legislación sobre instrumentos negociables se adoptaron en Puerto Rico los preceptos sobre instrumentos negociables que con-tiene la See. 3 del Código Uniforme de Comercio, mediante la aprobación de la Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, conocida como la Ley de Instrumentos Negociables y Tran-sacciones Bancarias (Ley de Instrumentos Negociables). Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995 (1995 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 1012). No obstante, tal curso de acción suponía insertar en nues-tro ordenamiento legal un cuerpo de normas procedentes del derecho común, cuyos contornos no armonizan necesa-riamente con figuras del Derecho Civil.

La Ley de Instrumentos Negociables, según enmen-dada, dispone que un instrumento negociable se denomina pagaré si es una promesa. Sec. 2-104(e) de la Ley de Ins-trumentos Negociables, 19 L.P.R.A. sec. 504(e). De igual forma, la ley dispone que una promesa es “un compromiso escrito de pagar dinero suscrito por la persona que se obliga a pagar”. Sec. 2-103(a)(9) de la Ley de Instrumentos Negociables, 19 L.P.R.A. sec. 503(a)(9). Es decir, al hablar de pagarés nos referimos a una promesa de pago que se hace constar por escrito en un documento suscrito por el deudor.

Existen distintas clases de pagarés. Algunos pagarés contienen una fecha específica de vencimiento. Como ya explicamos, esto significa que el deudor debe pagar su obli-gación en esa fecha Sec. 2-108(b) de la Ley de Instru-mentos Negociables, 19 L.P.R.A. sec. 508(b).

Por otra parte, existen los pagarés vencederos o pagade-ros a la presentación. Un pagaré es pagadero a la presen-tación si “especifica que es pagader[o] a la presentación o de otra forma indica que es pagaderfo] cuando el tenedor lo exija, o ... no especifica ninguna fecha de pago”. See. 2-108(a) de la Ley de Instrumentos Negociables, 19 L.P.R.A. sec. 508(a). Este tipo de instrumento no contiene una fecha cierta de vencimiento, lo que lo convierte en exi-gible desde el momento de su emisión. Así, el tenedor de un pagaré de este tipo puede exigir el pago de la obligación en cualquier momento desde su emisión y en ese momento se considerará vencido M.R. Garay Auban, Derecho cam-biarlo de Estados Unidos y Puerto Rico: Código Uniforme de Comercio de EE. UU, Ley de Transacciones Comerciales de Puerto Rico, Ponce, Ed. Rev. Der. Pur., 1999, pág. 73.

B. La Ley de Instrumentos Negociables también re-gula lo referente a la prescripción de los pagarés. La pres-cripción es una institución de derecho sustantivo, no pro-cesal, que constituye una de las formas de extinción de las obligaciones. Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 560, 566—567 (1995); Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740, 750 (1992); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943 (1991); Ortiz v. P.R. Telephone, 162 D.P.R. 715 (2004). Dicho de otro modo, la prescripción es una de las formas mediante las cuales una obligación pierde su vigencia.

La prescripción es una institución de alto relieve en nuestro sistema de derecho. “[E]l propósito de la prescrip-ción es fomentar el pronto reclamo de los derechos a la vez que se procura la tranquilidad del obligado frente a la eterna pendencia de una acción civil en su contra [y se elimina] la incertidumbre de las relaciones jurídicas Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, 170 D.P.R. 205, 212-213 (2007), opinión de conformidad. Véanse: Ortiz v. P.R. Telephone, 162 D.P.R. 715 (2004); Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308 (2004). Véanse, además: J. Santos Briz, Tratado de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2003, T. 1, pág. 763; J. Puig Brutau, Caducidad, Prescripción Extin-tivay Usucapión, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1996, pág. 32; L. Diez-Picazo, La prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1984, pág. 93; L. Diez-Picazo y Ponce de León, La prescripción extintiva en el Código Civil y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, Ed. Thomson-Civistas, 2003. “La institución de la prescripción extin-tiva aspira a asegurar la estabilidad de la propiedad y la certidumbre de los demás derechos.” Agulló v. ASERCO, 104 D.P.R. 244, 248 (1975). Véanse: Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 243 (1984); Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 D.P.R. 403, 410 (2000); Maldonado v. Russe, 153 D.P.R. 342, 347 (2001). Mediante la prescripción de las acciones relacionadas a los derechos reales se le provee certeza al estado de derecho propietario.

La Ley de Instrumentos Negociables establece los tér-minos prescriptivos de las acciones para exigir el cumpli-miento de pago de un pagaré. Generalmente, los términos prescriptivos comienzan a transcurrir desde la fecha de vencimiento del pagaré. Conforme a ello, la ley establece que “una acción para exigir el cumplimiento de una obliga-ción Madrid, de pagar un pagaré que es pagadero en una fecha específica deberá comenzarse dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha ... de vencimiento estipulada”. Sec. 2-118(a) de la Ley de Instrumentos Negociables, supra. En otras palabras, cuando el pagaré establece una fecha de vencimiento, el tenedor del pagaré tendrá tres años para instar una acción para cobrarlo a partir de la fecha de vencimiento. Al transcurrir el término de tres años, la acción estará prescrita y la obligación no será exi-gible judicialmente.

Asimismo, la acción para exigir el cumplimiento de una obligación evidenciada por un pagaré pagadero a la presen-tación, deberá comenzarse dentro del término de tres años, contados a partir del requerimiento del pago al deudor. Si no se hace un requerimiento de pago, la acción para exigir el pago de la obligación prescribe, si el principal o los inte-reses no han sido pagados durante un periodo continuo de cinco años. Sec. 2-118 de la Ley de Instrumentos Negocia-bles, supra. Con lo cual debemos concluir que el término prescriptivo para instar una acción para exigir el pago de un pagaré vencedero a la presentación será de tres años. Este comenzará a transcurrir una vez se reclama el pago al firmante del pagaré, pues éste es el momento en que se considera vencido. Así también, en los casos cuando no me-die un requerimiento de pago, el término prescriptivo será de cinco años y comenzará a transcurrir en la fecha del último pago de intereses o del principal realizado por el firmante del pagaré. En este caso, el término prescriptivo no comienza a transcurrir desde la fecha de vencimiento del pagaré, sino desde la realización del último pago de principal o intereses.

Por otra parte, para atemperar la Ley de Instrumentos Negociables a nuestro derecho registral —de claro entron-que civilista— la Ley de Instrumentos Negociables con-tiene una disposición específica referente a la prescripción de los pagarés hipotecarios. Memorial Explicativo del P. de la C. 1815 de 8 de junio de 1995, pág. 4. Este Memorial Explicativo establece que:

Independientemente de cualquier disposición en contrario aquí contenida, una acción para exigir el cumplimiento de una obligación, de una parte de pagar un pagaré garantizado por una hipoteca sobre bienes inmuebles, y todo interés deven-gado por tal obligación, deberá iniciarse dentro del término dispuesto por la sección 5492 del Título 31 para el ejercicio de la acción hipotecaria. See. 2-118(h) de la Ley de Instrumentos Negociables, 19 L.P.R.A. sec. 518(h).

El estatuto nos refiere al Art. 1864 del Código Civil, el cual a su vez dispone que “la acción hipotecaria prescribe a los veinte (20) años”. 31 L.P.R.A. sec. 5294. De esta forma, la Ley de Instrumentos Negociables establece una pres-cripción especial para los pagarés que están garantizados por una hipoteca sobre bienes inmuebles, imponiéndoles el mismo término prescriptivo de la acción hipotecaria. Surge claramente del informe del Senado sobre la medida que las reglas de prescripción establecidas en la Ley de Instru-mentos Negociables de 1995, antes discutidas, “no aplican a los pagarés hipotecarios, [los cuales] continuarán sujetos a lo dispuesto en el Artículo 1864 del Código Civil”. In-forme sobre el P. de la C. 1815, 11 de julio de 1995, pág. 48. En fin, el término prescriptivo de un pagaré hipote-cario es veinte años.

HH l-H I — I

Ahora bien, nos resta determinar cuándo comienza a transcurrir el término prescriptivo de un pagaré hipotecario. Como ya advertimos, generalmente los térmi-nos prescriptivos comienzan a transcurrir desde la fecha de vencimiento del pagaré. En este sentido, el pagaré hipo-tecario no debe tratarse diferente a los demás tipos de pagarés. Por lo tanto, cuando tenemos un pagaré hipoteca-rio que establece una fecha cierta de vencimiento, el tér-mino prescriptivo para instar la acción para exigir su cum-plimiento comenzará a transcurrir en esa misma fecha. Lo anterior es conforme a la Sec. 2-118(h) de la Ley de Instru-mentos Negociables, supra, pues de igual manera, el tér-mino prescriptivo de la acción hipotecaria de una hipoteca con fecha cierta de vencimiento, comenzará a transcurrir en esa fecha. Art. 145 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2469.

Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un pagaré hi-potecario pagadero a la presentación, la situación es diferente. Este tipo de pagaré carece de una fecha especí-fica de vencimiento, pues se considera vencido en el mo-mento cuando el tenedor del pagaré reclama el pago de la obligación. Lo anterior hace imposible que se establezca en la escritura de hipoteca una fecha cierta de vencimiento en la cual comience a transcurrir el término prescriptivo.

La Ley Hipotecaria establece que “[l]a acción hipoteca-ria prescribe a los veinte (20) años, contados desde que pueda ser ejercitada con arreglo al título inscrito”. Art. 180 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2576. Dicho de otra manera, generalmente el término prescriptivo de la acción hipotecaria comienza a transcurrir desde la fecha de su vencimiento. Conforme con ello, la Ley Hipotecaria esta-blece, además, que "[a] petición de parte, ... los registrado-res cancelarán las hipotecas que tengan más de veinte (20) años de vencidas o, si no tuvieron término de vencimiento, de constituidas”. Art. 145 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2469. Así, cuando una hipoteca no tiene fecha de vencimiento, la Ley Hipotecaria dispone que el término prescriptivo de veinte años que dicta el Código Civil co-mienza a transcurrir desde la fecha de inscripción de la hipoteca Id. Una escritura de hipoteca que garantiza un pagaré hipotecario vencedero a la presentación no contiene una fecha cierta de vencimiento. Este es uno de los supues-tos en los que el término prescriptivo para ejercitar la ac-ción hipotecaria comienza a transcurrir desde el momento de la inscripción.

Como hemos expresado, la Ley de Instrumentos Nego-ciables hace un llamado a la disposición sobre la prescrip-ción de la acción hipotecaria contenida en el Código Civil para establecer el término prescriptivo de los pagarés hi-potecarios, independientemente de las reglas de prescrip-ción que adopta la ley, en aras de mantener la uniformidad entre la vigencia de la obligación principal y la garantía hipotecaria. Así, la Sec. 2-118(h), supra, establece que la acción para exigir el pago de un pagaré hipotecario deberá iniciarse dentro del término dispuesto para el ejercicio de la acción hipotecaria. Dicho de otro modo, el acreedor pierde el derecho de instar la acción, si transcurre el tér-mino de veinte años dispuesto para el ejercicio de la acción hipotecaria. Por lo tanto, se hace imperativo determinar que el término prescriptivo de un pagaré hipotecario paga-dero a la presentación comienza a transcurrir en el mismo momento en que comienza a transcurrir el término pres-criptivo de la hipoteca que lo garantiza, o sea, una vez se inscribe la hipoteca en el Registro de la Propiedad. Es de-cir, un pagaré hipotecario que no contenga una fecha de vencimiento prescribirá y perderá su vigencia trascurridos veinte años desde de que se inscriba la hipoteca que lo garantiza en el Registro de la Propiedad. Al igual que ocu-rre cuando ni el principal ni los intereses de un pagaré pagadero a la presentación han sido pagados por un pe-riodo continuo de cinco años, este es otro supuesto en el cual el término prescriptivo de un pagaré no comienza a transcurrir en la fecha de su vencimiento.

Anteriormente hemos manifestado que “no es posible admitir un plazo distinto de prescripción del crédito y de la garantía, debe entenderse que los créditos garantizados con hipoteca no prescriben a los quince años, sino a los veinte, aunque en tal supuesto se da la anomalía de que lo accesorio influye sobre lo principal”. ESJ Towers, Inc. v. Registrador, supra, pág. 308, citando a C. Díaz González, Iniciación a los estudios de Derecho Hipotecario, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1967, T. III, pág. 307. Véanse, ade-más: Altuna v. Ortíz et al., 12 D.P.R. 332, 344 (1907); San-tini Fertilizer Co. v. Albert E. Lee & Son, 44 D.P.R. 223, 227 (1932); Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 D.P.R. 137, 148-149 (2001). De igual forma, es insostenible para nuestro sis-tema registral que el término prescriptivo de un pagaré hipotecario vencedero a la presentación comience a trans-currir en el momento en que se hace un requerimiento de pago al deudor, pues su vigencia podría extenderse indefinidamente. Según este supuesto, no existiría una fe-cha cierta que surgiera del Registro de la Propiedad que permitiera determinar la existencia de la acción hipoteca-ria, lo que trastocaría el principio de publicidad. Un tercero no podría conocer con exactitud si existe o no un gravamen hipotecario sobre un bien inmueble.

No obstante lo anterior, debemos advertir que en este caso la Ley de Instrumentos Negociables estableció un tér-mino prescriptivo para el pagaré hipotecario igual al tér-mino prescriptivo de la acción hipotecaria. Por lo tanto, es en virtud de la Ley de Instrumentos Negociables, y no de la legislación referente a la hipoteca, que resolvemos en esta ocasión que el término prescriptivo de un pagaré hipoteca-rio vencedero a la presentación es veinte años. Trascu-rrido dicho término, el pagaré hipotecario pierde su vigencia.

Dada la naturaleza accesoria de la hipoteca, ésta sólo puede subsistir por el tiempo en que subsista la obligación principal que garantiza. "La hipoteca se extingue en todo caso que se extinga la obligación garantizada.” L.R. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 2da ed., San Juan, Jurídica Eds., 2002, pág. 508. Estable-cido que un pagaré hipotecario que venza a la presentación prescribe a los veinte años y en ese momento pierde su vigencia, necesariamente la hipoteca que lo garantiza sólo puede tener una vigencia máxima de veinte años. Una vez transcurrido dicho término, el tenedor dél pagaré hipoteca-rio está impedido de instar una acción para cobrar su acreencia y, de igual forma, está impedido de ejecutar la hipoteca que garantiza dicho pagaré.

> H — I

En este caso, las escrituras de hipoteca establecen que el pagaré hipotecario es pagadero a la presentación. Por otra parte, establecen un término de vigencia de la hipo-teca de treinta y treinta y cinco años. El pagaré hipotecario pagadero o que venza a la presentación tiene un término prescriptivo de veinte años que comienza a transcurrir desde el momento de la inscripción en el Registro de la Propiedad de la escritura de hipoteca que lo garantiza. Transcurrido dicho término, el pagaré prescribe y pierde su vigencia. La hipoteca se extingue una vez se extingue la obligación principal. Por lo tanto, las hipotecas que garan-ticen este tipo de pagaré se extinguen transcurridos veinte años desde su inscripción, al igual que la obligación que garantizan.

En vista de lo anterior, las escrituras de hipotecas objeto de esta controversia no contienen dos fechas de venci-miento diferentes como concluyó la Registradora de la Pro-piedad, sino que claramente garantizan obligaciones ven-cederas a la presentación. Además, las escrituras de hipoteca en cuestión tendrán una vigencia de veinte años. La cláusula que establece una vigencia mayor de veinte años no surte efectos reales, pues la hipoteca tendría una vigencia mayor que el pagaré hipotecario que garantiza, esto en contraposición con el carácter accesorio de la hipoteca. Al establecer en las escrituras de hipoteca vigen-cias incorrectas de treinta y de treinta y cinco años, se viola el principio de especialidad, por lo que dichas escritu-ras no son inscribibles en el Registro de la Propiedad.

       Ambas escrituras son idénticas en su contenido. Estas son la Escritura Núm. 377 de 12 de septiembre de 2002 y Escritura Núm. 619 de 16 de agosto de 2002.

       La Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Hipotecaria) dispone normas específicas para los casos de hipotecas en garantía de títulos endosables o al portador. Véase, a modo de ejemplo, el Art. 138 (30 L.P.R.A. see. 2462); el Art. 138 (30 L.P.R.A. see. 2614); Art. 138 (30 L.P.R.A. sec. 2615).

       Estas hipotecas se distinguen de las ordinarias en aspectos como su consti-tución, cesión y cancelación en el Registro de la Propiedad. J.M. Chico y Ortiz, Es-tudios sobre Derecho Hipotecario, 3ra ed., Madrid, Ed. Marcial Pons, 1994, T. II, págs. 1282 y 1547. No obstante, para efectos de la controversia ante nuestra consi-deración, no es preciso abundar en cuanto a estas diferencias.

       La importancia de la cancelación estriba en que, aun cuando se haya extin-guido la obligación principal y por consiguiente la garantía hipotecaria hiera del Registro de la Propiedad, no surtirá efecto frente aterceros hasta su cancelación. Art. 199 (30 L.P.R.A. see. 2618).

       Existen otros tipos de pagarés con diferentes vencimientos que no son nece-sario mencionar para propósitos de esta opinión. Véase: M.R. Garay Auban, Derecho cambiario de Estados Unidos y Puerto Rico: Codigo Uniforme de Comercio de EE.UU., Ley de Transacciones Comerciales de Puerto Rico, Ponce, Ed. Rev. Der. Pur., 1999, págs. 72-84; Sec. 2-108(c) de la Ley de Instrumentos Negociables y Transac-ciones Bancarias (Ley de Instrumentos Negociables), 19 L.P.R.A. sec. 508(c).

       La Sec. 2-105(a) de la Ley de Instrumentos Negociables, 19 L.P.R.A. see. 505(a), define emisión como “la primera entrega del instrumento hecha por el fir-mante o librador, bien sea a un tenedor o a un no tenedor, con el propósito de conce-derle derechos en el instrumento a cualquier persona”.

       Asimismo, en el Informe de la Cámara sobre la medida se establece que “[e]n la sección 2-118 se imponen reglas sobre la prescripción respecto a acciones deriva-das bajo este capítulo ... [s]e hace una excepción en el caso del pagaré hipotecario donde se establece que el término prescriptivo será el que dispone el Código Civil en su artículo 1864”. Comisión Especial de Asuntos Bancarios de la Cámara de Repre-sentantes de Puerto Rico, Informe del P. de la C. 1815, 6 de junio de 1995, pág. 11.

       Es importante señalar que uno de los requisitos para la constitución de la hipoteca es la inscripción. Es decir, la hipoteca no nace hasta que se inscribe en el Registro de la Propiedad. Art. 1774 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5042.

       Alas hipotecas en garantía de títulos al portador no le aplican rigurosamente los requisitos de las hipotecas regulares incompatibles con las características de dichos títulos. Véase FDIC v. Registrador, 111 D.P.R. 602, 604-605 esc. 3 (1981).


text:
      In re Jane Hoffman Mouriño.

      Número: TS-6150

      Resuelto: 24 de agosto de 2007

      Marla D. Ríos Díaz, directora interina de la Oficina de Ins-pección de Notarías; Osvaldo Toledo Martínez, abogado de la querellada.
    Sala de Verano integrada por el Juez Presidente Señor Hernán-dez Dentón, el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri y el Juez Asociado Señor Rivera Pérez.
   RESOLUCIÓN

A la Moción para la readmisión al ejercicio de la aboga-cía y notaría presentada por la Sra. Jane Hoffman Mouriño, “no ha lugar”.

Efectivo el 5 de septiembre de 2007, la señora Hoffman Mouriño quedará reinstalada a la abogacía solamente. No se considerará la reinstalación a la notaría hasta tanto co-rrija los defectos señalados en el Informe de la Oficina de Inspección de Notarías y entregue las Escrituras allí identificadas.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re José Raúl Pérez Benabe.

      Número: TS-5020

      Resuelto: 24 de agosto de 2007
    José Raúl Pérez Benabe, pro se.
    Sala de Verano integrada por el Juez Presidente Señor Hernán-dez Denton, el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri y el Juez Asociado Señor Rivera Pérez.
   RESOLUCIÓN

Vista la Moción, presentada por José Raúl Pérez Be-nabe, para su reinstalación, se autoriza ésta al ejercicio de la abogacía y la notaría.

Se le apercibe de que, al descargar sus responsabilida-des profesionales, debe observar rigurosamente una con-ducta profesional correcta y que cualquier incumplimiento con sus deberes acarreará sanciones severas.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: PER CURIAM:

text:
      In re Luís E. Delannoy Solé, querellado.

      Número: CP-2002-14

      Resuelto: 27 de agosto de 2007

      Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general, Héctor Cle-mente Delgado, subprocurador general interino, y Minnie H. Rodríguez, procuradora general auxiliar, querellantes; Igrí Rivera de Martínez, comisionada especial; Andrés Díaz Nieves, abogado del querellado; Luis E. Delanoy Solé, pro se.

   PER CURIAM:

I

El Ledo. Luis E. Delannoy Solé (licenciado Delannoy Solé) fue admitido al ejercicio de la abogacía y de la notaría el 19 de mayo y 19 de junio de 1975, respectivamente.

En respuesta a una queja instada por la Sra. Gladys Mendoza Vicente (señora Mendoza Vicente o quejosa), el 18 de octubre de 2002, mediante una resolución a esos efectos, instruimos al Procurador General de Puerto Rico para que presentara una querella contra el licenciado Delannoy Solé. El Procurador General de Puerto Rico, en cumpli-miento de nuestra orden, presentó la querella correspon-diente el 9 de diciembre de 2002, en la que le formuló dos cargos al licenciado Delannoy Solé. En el primer cargo le imputó haber violado el Canon 24 del Código de Etica Pro-fesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, al no acordar los honorarios de abogado que cobraría en el procedimiento de liquidación de la Sociedad de Bienes Gananciales de la señora Mendoza Vicente. Además, en el segundo cargo, le imputó una viola-ción al Canon 23 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, al retener indebidamente un cheque a favor de la señora Mendoza Vicente con el propósito de ir junto con ella a cambiarlo, para así poder cobrar sus honorarios. El licenciado Delannoy Solé presentó su con-testación a la querella el 3 de enero de 2003.

El 31 de enero de 2003 nombramos a la honorable Ygrí Rivera de Martínez, ex jueza del anterior Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones, para que, en presencia de las partes, fungiera de Comisionada Especial, recibiera la prueba per-tinente y nos rindiera un informe con sus determinaciones de hecho y recomendaciones de Derecho. Concluida la en-comienda, la Comisionada Especial presentó su informe el 28 de febrero de 2005.

El caso quedó sometido para nuestra consideración el 15 de abril de 2005. Pasamos a resolver.

I — i

A continuación, exponemos los acontecimientos según surgen de las determinaciones de hecho del Informe de la Comisionada Especial.

La relación profesional entre el licenciado Delannoy Solé y la señora Mendoza Vicente comenzó en agosto de 1997, cuando ésta procuró los servicios profesionales del licenciado para tramitar su divorcio. En aquel momento pactaron verbalmente que el licenciado Delannoy Solé re-cibiría trescientos dólares por cada vista ante el Tribunal de Primera Instancia. Los honorarios finales ascendieron a dos mil quinientos dólares, suma que la señora Mendoza Vicente pagó en su totalidad. Terminado el pleito de divor-cio, la señora Mendoza Vicente volvió a requerir los servi-cios del licenciado Delannoy Solé, esta vez para la liquida-ción de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales. Aunque entre el licenciado Delannoy Solé y la señora Mendoza Vicente nunca se redactó un contrato de honorarios de abo-gado, el licenciado le informó a la quejosa que para este tipo de casos él acostumbraba pactar los honorarios contin-gentes que fluctuaban entre el diez y el quince por ciento de la participación que se le adjudicara finalmente a su representado. La señora Mendoza Vicente, entonces, ade-lantó trescientos dólares para los gastos iniciales del proceso.

El licenciado Deiannoy Solé hizo los arreglos pertinen-tes para la presentación de la demanda y otras compare-cencias escritas. Además, representó a la señora Mendoza Vicente en dos vistas ante el Tribunal de Primera Instan-cia, Sala Superior de Carolina, y realizó varias gestiones para identificar los activos y pasivos pertenecientes a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales. A su vez, defendió los intereses de la señora Mendoza Vicente en cuanto a créditos que ésta ostentaba frente a la sociedad conyugal y frente a alegaciones sobre el carácter privativo de ciertas propiedades. Los esfuerzos y la labor del licenciado Deian-noy Solé culminaron en una estipulación firmada por los ex esposos, correspondiéndole a la quejosa la suma de $91,997.

El 10 de enero de 2002 llegó a la oficina del licenciado Deiannoy Solé un cheque por la cantidad de $15,445 a favor de la quejosa. La secretaria del licenciado se comunicó con la señora Mendoza Vicente para informarle sobre este hecho y le propuso que pasara por la oficina al día si-guiente para recogerlo e ir con el licenciado Deiannoy Solé a cambiarlo. Así, éste cobraría sus honorarios. Al inquirir sobre el monto de éstos, la señora Mendoza Vicente se en-teró de que ascendían a ocho mil dólares, suma que le pa-reció excesiva por el trabajo realizado. Así se lo hizo saber al licenciado, quien se mantuvo firme en cuanto a que los honorarios acordados habían sido entre el diez y el quince por ciento de lo adjudicado en la división ganancial. Ex-presó el licenciado que la cifra solicitada era, incluso, me-nor al equivalente del diez por ciento de la participación adjudicada a la quejosa en la división de la extinta Socie-dad Legal de Bienes Gananciales. Surgieron discrepancias entre la señora Mendoza Vicente y el licenciado Delannoy Solé y, aunque varias veces acordaron ir al banco para cambiar el cheque, nunca se concretó la visita, pues las diferencias subsistían.

Así las cosas, el 16 de enero de 2002 el licenciado Delan-noy Solé le cursó una misiva a la señora Mendoza Vicente, en la que le informó que el 7 de diciembre de 2001 había presentado ante el foro de instancia una moción para que dictara sentencia basándose en la estipulación de los ex esposos. En esta carta le indicó, además, que tomando en consideración el total de activos que había obtenido en vir-tud de la estipulación, sus honorarios ascendían a $9,199; es decir, el diez por ciento de los activos que le fueron adjudicados. El Tribunal de Primera Instancia aprobó la estipulación de los ex esposos y dictó una sentencia a esos efectos.

En forma paralela, debido a que el licenciado Delannoy Solé continuaba en posesión del cheque a favor de la se-ñora Mendoza Vicente y ante la poca probabilidad de que las diferencias entre ambos se sosegaran, esta última soli-citó al librador del cheque que requiriese una suspensión de pago para que éste no pudiera cambiarse. Así se hizo el 24 de enero de 2002. La señora Mendoza Vicente, además, instó la queja que dio curso al presente procedimiento disciplinario.

El 14 de marzo de 2002 el licenciado Delannoy Solé pre-sentó ante la Sala Superior de Carolina del Tribunal de Primera Instancia, una demanda en cobro de dinero contra la señora Mendoza Vicente. El licenciado exigió el pago de $9,199 por los servicios profesionales, a los cuales ya he-mos hecho referencia. La señora Mendoza Vicente, por su parte, presentó una reconvención en la que alegó que el licenciado se había apropiado ilegalmente de un cheque de su pertenencia por la cantidad de $15,445. Argüyó, tam-bién, que había sufrido humillaciones constantes por parte del licenciado Delannoy Solé y que éste fue negligente en el manejo de su caso, razón por la cual reclamó $50,000 por daños emocionales. La señora Mendoza Vicente, al mismo tiempo que ocurrían estos eventos, presentó una petición para acogerse a los beneficios que provee el Código Federal de Quiebras.

Luego de diversos incidentes en los casos ante la Corte de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y el foro de instancia, el licenciado Delannoy Solé y la señora Mendoza Vicente llegaron a un acuerdo en el que ésta se comprometió a pagar al primero cinco mil dólares en concepto de los honorarios adeudados. La Corte de Quiebras acogió el acuerdo y dictó una sentencia a esos efectos el 28 de octubre de 2003. Por su parte, el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia en la que aceptó el desistimiento con perjuicio de las causas ante su consideración.

Fundamentándose en las determinaciones de hecho re-señadas, la Comisionada Especial entendió que el licen-ciado Delannoy Solé había incurrido en la conducta que le atribuyera el Procurador General. En esencia, determinó que el licenciado Delannoy Solé no había reducido a escrito el acuerdo de honorarios con la señora Mendoza Vicente, y que luego había retenido indebidamente un cheque de ésta. Enfatizó, sin embargo, que la retención del cheque no fue con la finalidad de apropiarse de éste, sino con el pro-pósito de acompañar a la quejosa a cambiarlo para así po-der cobrar los honorarios adeudados.

HH HH HH

En nuestra jurisdicción, está firmemente establecido que el contrato de servicios legales es un contrato sui géneris. Esto porque, aunque se trata de un contrato de arrendamiento de servicios profesionales al amparo del Art. 1473 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4111, el con-trato de servicios legales está regido por las consideracio-nes éticas relativas a la profesión legal. Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360, 369 (1989); Méndez v. Morales, 142 D.P.R. 26, 33 (1996).

Cónsono con lo anterior, el Canon 24 del Código Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, establece lo referente a la fijación de honorarios de abogados. Dispone, específicamente, que “[l]a fijación de honorarios profesionales debe regirse siempre por el principio de que nuestra profesión es una parte integrante de la administración de la justicia y no un mero negocio con fines de lucro”. íd. Aconseja, además, que el abogado y el futuro cliente lleguen a un acuerdo sobre los honorarios por servicios profesionales al inicio de la relación profesional, y que éste se reduzca a escrito. Id. “[T]anto los cánones de ética profesional como la jurisprudencia, indican que la mejor práctica la constituye el acordar, por escrito y con claridad, los honorarios y designar una cantidad fija o una fórmula para computarla o determinarla”. Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161, 173 (1989).

Es evidente que plasmar por escrito los acuerdos sobre los honorarios profesionales es una precaución cada vez más necesaria, tanto para el beneficio de la ciudadanía que procura servicios legales, como para el beneficio de los abogados y de la imagen de la profesión. Ello, porque reducir el acuerdo sobre honorarios a escrito disminuye significativamente las posibilidades de desavenencias entre los abogados y sus clientes.

Por otro lado, el Canon 23 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, sobre la adquisición por parte del abogado de intereses en litigio y el manejo de los bienes del cliente, caracteriza las relaciones entre abogado y cliente como de naturaleza fiduciaria. Por esta razón, el canon referido requiere explícitamente “que éstas estén fundadas en la honradez absoluta”. íd. Exige al abogado, además, dar “pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen”. Id. Ya hemos manifestado que “la confianza entre abogado y cliente, en particular, el escrupuloso manejo de fondos, constituye ele-mento inseparable que se proyecta no sólo dentro del foro togado puertorriqueño, sino en el respeto y la estima ante la imagen pública”. In re Fernández Paoli, 141 D.P.R. 10, 16 (1996), y casos allí citados.

Según el propio texto del Canon 23, supra, y en virtud de la confianza que enmarca la relación, el abogado tiene la obligación de rendir cuentas al cliente sobre cualquier dinero o bienes de este último que estén en su posesión. In re Rodríguez Mercado, 165 D.P.R. 630 (2005). Por esta razón, repetidamente hemos resuelto que la retención por parte del abogado de cualquier cantidad de dinero perteneciente al cliente viola el Canon 23 del Código de Ética Profesional, supra. Esto es así independientemente de que la retención sea sin ánimos de apropiación. Es decir, la mera dilación innecesaria en la entrega es suficiente para infringir el citado Canon 23. In re Rodríguez Mercado, supra; In re Rivera Irizarry, 155 D.P.R. 687, 693 (2001); In re Vázquez O’Neill, 121 D.P.R. 623, 628 (1988); In re Arana Arana, 112 D.P.R. 838, 844 (1982). Tal actuación por parte de un abogado demuestra menosprecio a sus deberes. In re Rivera Irizarry, supra.

Consideramos, en mérito de lo expuesto y de los hechos probados ante la Comisionada Especial, que el licenciado Delannoy Solé, en su relación con la señora Mendoza Vicente para el caso de división de los bienes gananciales, faltó a los deberes impuestos por los Cánones 23 y 24 del Código de Ética Profesional, supra. Delannoy Solé no detalló por escrito el acuerdo sobre los honorarios que cobraría por sus servicios ni puntualizó de forma específica la cantidad que cobraría o la fórmula para computarla, pues sólo informó previamente a la cliente que él acostum-braba cobrar entre un diez a un quince por ciento de la participación que finalmente se le adjudicara, sin precisar cuánto exigiría concretamente. Entendemos que este pro-ceder no es cónsono con las normas del Canon 24 del Có-digo de Etica Profesional, supra. De igual modo, estima-mos que, al retener el cheque dirigido a la señora Mendoza Vicente, el licenciado Delannoy Solé transgredió los debe-res impuestos por el Canon 23 del Código de Ética Profe-sional, supra. Sus actuaciones vulneraron la confianza y transparencia que deben regir las relaciones entre los abo-gados y sus clientes.

No obstante, no podemos soslayar que el licenciado De-lannoy Solé ha gozado de buena reputación dentro de nues-tra profesión por más de treinta años y que durante ese período nunca se había enfrentado a un procedimiento disciplinario. Tampoco podemos obviar que realizó con es-mero las tareas para las cuales fue contratado y que nunca se pudo probar que su desempeño fuera deficiente. Ade-más, es menester tener presente que el licenciado Delan-noy Solé y la señora Mendoza Vicente llegaron, a final de cuentas, a una estipulación sobre los honorarios que reci-biría el primero, y que esta estipulación fue aprobada por el Tribunal de Primera Instancia y por la Corte de Quiebras. Finalmente, debemos destacar que el licenciado Delannoy Solé aceptó los hechos que se le imputaron y que durante el procedimiento se mostró arrepentido y apesa-dumbrado por su conducta.

I — I <¡

Por todo lo anterior, resolvemos que el licenciado Delan-noy Solé no observó cabalmente lo requerido por los Cáno-nes 23 y 24 del Codigo de Ética Profesional, supra. Lo amo-nestamos por sus actuaciones que, por no estar a la altura de lo que se espera de la profesión legal, no contribuyen a mantener su buen nombre. Lo apercibimos que de repetirse en un futuro la conducta que dio curso a la presente quere-lla, seremos más severos en nuestra sanción.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.


author: per curiam:

text:
      In re Iván F. González Carmona, querellado.

      Número: CP-2004-5

      Resuelto: 27 de agosto de 2007

      Mariana Negrón Vargas, subprocuradora general, Kenneth Pamías Velázquez, subprocurador general, y Noemí Rivera de León, procuradora general auxiliar; Ygrí Rivera de Mar-tínez, comisionada especial; Efraín Guzmán Mollet, abo-gado del querellado.
   per curiam:

El 10 de mayo de 2004, la Oficina del Procu-rador General presentó un informe para someter a la con-sideración de este Tribunal cierta conducta incurrida por el querellado en su gestión profesional. Mediante Resolución de 12 de julio de 2004, ordenamos al Procurador General presentar la querella con los cargos correspondientes, a fin de continuar con el procedimiento disciplinario. Así se hizo el 22 de septiembre de 2004.

La querella presentada en este caso contra el Ledo. Iván F. González Carmona le imputa haber violado el Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, el cual dispone, entre otras cosas, que un profesional no debe re-presentar intereses encontrados.

Adujo el Procurador que el querellado, siendo el repre-sentante legal de uno de los miembros de una Sociedad Legal de Gananciales en liquidación, aceptó ser y compa-reció ante los tribunales como el representante legal de posibles deudores de dicha sociedad. De esa forma incurrió, según el Procurador General, en un evidente conflicto de intereses “en tanto su deber era abogar (en beneficio del miembro de la extinta sociedad ganancial en liquidación) por aquello a que debía oponerse (en beneficio de los posi-bles deudores de la sociedad)”. Querella, pág. 2. El licen-ciado González Carmona negó la violación ética imputada. Adujo que, contrario a lo alegado, sus representados tenían intereses en común y reclamos similares, no habiendo pues el conflicto de intereses contemplado por el canon.

El 10 de febrero de 2005 designamos a la Leda. Igrí Rivera de Martínez, ex jueza del Tribunal de Apelaciones, como Comisionada Especial para recibir la prueba del caso y rendir un informe con las determinaciones de hechos y recomendaciones pertinentes.

I — I

El proceso judicial que dio origen a la queja que inició el procedimiento disciplinario comenzó con una demanda de 11 de febrero de 1999 en el caso Teresa López v. Arturo Núñez Salgado, Civil Núm. DAC-99-0165(406), Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. El licen-ciado González Carmona asumió la representación legal de la demandante, Sra. Teresa López, después de comenzado el caso. En este proceso, la señora López solicitaba la liqui-dación de los bienes de la Sociedad de Bienes Gananciales habida con el Sr. Arturo Núñez Salgado, que se había ex-tinguido por sentencia de divorcio decretado el 8 de junio de 1998. Específicamente, la señora López reclamó la divi-sión de los haberes gananciales consistentes en su interés pecuniario en dos bienes inmuebles.

El señor Núñez Salgado contestó la demanda el 10 de mayo de 1999. En agosto de 2002 presentó demandas contra el tercero demandado Paul Parson, contra la “cuarta demandada”, Luz María Rodríguez García, y contra la “quinta demandada”, Natalia Teresa Marín López.

Respecto al señor Parson, quien era compañero consensual de la señora López, el señor Núñez reclamó una deuda por el alegado uso de bienes inmuebles pertenecientes a la Sociedad Legal de Gananciales. En cuanto a la señora Ro-dríguez García, denominada “cuarta demandada”, el señor Núñez alegó que ésta adeudaba a la Sociedad Legal de Gananciales, veintiún mil dólares de un supuesto pagaré que se otorgó en 1988 como resultado de la compraventa de una propiedad ganancial. A la “quinta demandada”, Natalia Teresa Marín López, hija de la demandante Teresa Ló-pez Reyes, el señor Núñez le reclamó un dinero que alega fue apropiado por ella, perteneciente a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales.

El Ledo. Iván González Carmona asumió la representa-ción legal de todas las partes demandadas y contestó las tres demandas de forma separada. En dichas contestacio-nes el licenciado González planteó que las deudas y recla-maciones alegadas por el señor Núñez eran inexistentes, irreales y sin fundamento alguno. En vista celebrada el 11 de abril de 2003 se informaron al tribunal unos acuerdos entre las partes, que de forma definitiva pusieron fin a las demandas tercera y quinta. Acorde con ello, el foro de ins-tancia dictó sentencia el 17 de septiembre de 2003, notifi-cada el 7 de octubre de 2003, mediante la cual archivó con perjuicio las reclamaciones contra Paul Parson y Natalia Marín. La reclamación contra Luz M. Rodríguez García quedó pendiente.

Una vez advino final y firme la sentencia aludida, y mientras se dilucidaban en el foro de instancia otros asun-tos relativos a la custodia de una menor, hija de la señora López y el señor Núñez, se presentó la queja que ha moti-vado el procedimiento disciplinario el 25 de noviembre de 2003. Posteriormente, el 16 de junio de 2004, el licenciado González Carmona renunció a la representación legal en el caso sobre liquidación de bienes. También lo hizo en el caso de divorcio, dentro del cual se dilucidaba lo relativo a la custodia de la menor, hija del señor Núñez y la señora López.

El señor Núñez ya había solicitado la descalificación del licenciado González Carmona, durante el proceso de divor-cio, imputando violación al Canon 21 del Código de Etica Profesional, supra. El Tribunal de Primera Instancia, me-diante Resolución de 3 de marzo de 2004, determinó que ello no procedía.

II

El Canon 21 del Código de Ética Profesional dispone:

El abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad completa. Este deber incluye la obligación de divulgar al cliente todas las circunstancias de sus relaciones con las par-tes y con terceras personas, y cualquier interés en la contro-versia que pudiera influir en el cliente al seleccionar su consejero. Ningún abogado debe aceptar una representación legal cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses personales.
No es propio de un profesional el representar intereses encontrados. Dentro del significado de esta regla, un abogado representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente.
La obligación de representar al cliente con fidelidad incluye la de no divulgar sus secretos o confidencias y la de adoptar medidas adecuadas para evitar su divulgación. Un abogado no debe aceptar la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de otro cliente anterior ni servir como árbitro, especialmente cuando el cliente anterior le ha hecho confidencias que puedan afectar a uno o otro cliente, aún cuando ambos clientes así lo aprueben. Será altamente impropio de un abogado el utilizar las confi-dencias o secretos de un cliente en perjuicio de éste. (Énfasis suplido.)

En In re Avilés, Tosado, 157 D.P.R. 867, 882 (2002), citando a In re Sepúlveda Girón, 155 D.P.R. 345, 355 (2001), expresamos lo siguiente:

El conflicto de intereses dispuesto en el Canon 21 del Código de Ética Profesional, presenta tres situaciones que deben ser evitadas por todo abogado: “que en beneficio de un cliente se abogue por aquello a lo que el letrado debe oponerse en cum-plimiento de sus obligaciones para con otro cliente; que un abo-gado acepte la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de un cliente anterior, y que un abogado acepte una representación legal, o que continúe en ella, cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses personales.” Es decir, dicha norma ética pretende evitar una conducta profesional que mine el principio cardinal de confianza en que debe fundamentarse toda relación fiduciaria entre un abogado y su cliente. (Énfasis suplido.)

En Otaño v. Vélez, 141 D.P.R. 820, 826 (1996), indicamos lo siguiente:

El citado Canon 21 le impone a todo abogado el deber de evitar tres situaciones básicas, a saber: (1) aceptar la repre-sentación legal cuando a su juicio ésta puede verse afectada por sus expectativas o intereses personales; (2) aceptar la re-presentación legal simultánea de dos clientes distintos con in-tereses contrapuestos, y (3) aceptar la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar cualquier interés de un cliente anterior. (Énfasis suplido.)

Hemos explicado que para que entre en vigor la prohibición sobre el conflicto de intereses del citado Canon 21 se requiere la existencia de una relación de abogadocliente dual. In re Soto Cardona, 143 D.P.R. 50 (1997). Existente ésta, se debe determinar si ello implica representar intereses encontrados o incompatibles (In re Pizarro Santiago, 117 D.P.R. 197 (1986)) o que puedan serlo potencialmente (Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985)). Cabe recordar que la representación simultá-nea de partes con un potencial conflicto de intereses es éticamente impermisible. Id.

En este caso, el licenciado González Carmona aceptó la representación legal de clientes con intereses contrapuestos. Representaba a la señora López y a varias de las personas demandadas por el señor Núñez. De con-cederse lo solicitado en dichas demandas, se acrecentaría el caudal de la extinta Sociedad Legal de Gananciales, lo cual sería negativo para los demandados que él represen-taba pero beneficiaría a la señora López. Por el contrario, de triunfar los demandados que él representaba, se redu-ciría el caudal potencial de la comunidad post matrimonial, perjudicando a la señora López. Esta era la realidad procesal, inalterada por la falta de interés de la señora López en reclamarle pago alguno a dichos demandados ni el convencimiento moral del abogado de que éstos nada adeudaban.

La realidad del conflicto de intereses en que se ubicó el licenciado González Carmona se hace más patente en la situación de la cuarta demandada, Sra. Luz Rodríguez. El querellado insistió en que la señora Rodríguez no le adeu-daba ningún dinero a la sociedad conyugal; que el pagaré que ésta suscribió a favor de esta sociedad se hizo en ánimo de favorecerla en un proceso de quiebra y con el consenti-miento tanto del señor Núñez y como de la señora López. Esa reclamación a la fecha cuando se presenta la querella y se emite el Informe de la Comisionada Especial estaba aún pendiente de adjudicación ante el Tribunal de Primera Instancia. Es decir, la señora Rodríguez sigue siendo, po-tencialmente, deudora de la Sociedad Legal de Ganancia-les una vez compuesta por la señora López y el señor Núñez. Más aún, a quien único le compete resolver si la señora Rodríguez y los demás demandados representados por el licenciado González Carmona realmente debían algo a la sociedad de gananciales es al Tribunal de Primera Ins-tancia, a base de la prueba presentada por un abogado libre de conflictos. En vez, basándose en la información que le ofreció la señora López, el querellado decidió, él mismo, que los señores Parson, Marín y Rodríguez no debían nada a la Sociedad Legal de Gananciales, lo cual le permitía asumir la representación de todos ellos y continuar con la de la señora López sin conflictos de interés.

III

En su oposición al Informe de la Comisionada Especial el licenciado González Carmona reitera los argumentos vertidos a lo largo del proceso disciplinario. Expone prime-ramente que nunca representó a la Sociedad Legal de Ga-nanciales compuesta por la señora López y el querellante señor Núñez, sino que siempre fue representante de la se-ñora López. Indica que no hubo prueba respecto a si “exis-tía o podía existir acreencias que causaban el conflicto de interés” y cuestiona el que la Comisionada haya arribado a conclusiones respecto a ello “a base de meras alegaciones”.

A pesar del énfasis que da a ese argumento, no encon-tramos en el Informe de la Comisionada Especial que se hubiera concluido que el licenciado González Carmona fuera en algún momento representante legal de la Socie-dad Legal de Gananciales. Tampoco resulta pertinente al cargo imputado. En cuanto a las “acreencias”, la Comisio-nada no llegó a otra conclusión que no fuera que eran los tribunales quienes podían determinar si éstas existían y no el licenciado González Carmona, y que precisamente por esa razón éste no debió haber asumido la representa-ción de las partes “tercera, cuarta y quinta demandadas”, confiado en su certeza personal de que no había tales deudas. Por otra parte, no es en el procedimiento discipli-nario que debe litigarse la existencia de las deudas alega-das por el señor Núñez, sino en el Tribunal de Primera Instancia.

Tampoco resulta determinante, en cuanto a la violación ética imputada, que la parte representada por el licenciado González Carmona no reclamara nada a sus otros representados. Lo importante, según hemos explicado, es que si ellos efectivamente debían algo a la extinta Sociedad Legal de Gananciales, como alegaba el señor Núñez y sólo podía resolver el tribunal, el pago de lo adeudado benefi-ciaría a la señora López, dado el interés que ésta tenía en los bienes aún no liquidados de dicha sociedad. Por eso, el verse obligado a alegar que sus nuevos clientes no adeuda-ban nada a la extinta Sociedad de Gananciales confligía potencialmente con el interés de su primera cliente.

El licenciado González Carmona reitera en varias oca-siones que la sentencia donde se archivaron con perjuicio las reclamaciones, en cuanto a los demandados tercero y quinto, demuestra que nunca existieron sus alegadas deu-das con la Sociedad de Gananciales. Ello no es pertinente. La violación al Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra, no dependía de que no se archivaran las reclamacio-nes contra los posibles deudores de la Sociedad Legal de Gananciales. Esto no cambia la realidad de que se incurre en conflicto de interés al representar a un miembro de una sociedad conyugal en liquidación y al mismo tiempo repre-sentar a presuntos deudores de dicha sociedad.

Como hemos señalado, tampoco es pertinente a la eva-luación de un posible conflicto de intereses el que todos los clientes hayan consentido a ser representados simultánea-mente por el licenciado González Carmona. El que las par-tes den sus consentimientos para que el abogado los repre-sente a todos no elimina el conflicto de interés ni le permite a éste aceptar dicha representación. Otaño v. Vélez, supra. Cuando el licenciado González Carmona aceptó la repre-sentación legal del tercero, cuarto y quinto demandado, la controversia en torno a la existencia de deudas de éstos a favor de la Sociedad Legal de Gananciales de la cual su dienta formó parte y cuya liquidación estaba pendiente, se encontraba ante la consideración del Tribunal. Al así ac-tuar el abogado violó el Canon 21 del Código de Ética Pro-fesional, supra.

IV

En el Informe de la Comisionada Especial, pág. 18, se señala, como atenuantes, los siguientes:

(1) El querellado no ha tenido nunca queja alguna, por lo que no se había visto en al situación de enfrentar un proceso disciplinario, siendo ésta la primera vez.
(2) No hay prueba de que los motivos del querellado hayan sido lucrarse indebidamente o cualquier otro propósito que no fuere lo que equivocadamente consideró era su deber, ante la convicción íntima y moral de que lo que le indicaron sus clien-tes sobre la falsedad de las deudas, era cierto.
(3) No hay prueba de que su actuación haya causado daño a ninguna de las partes, por lo que no existe reclamación judicial alguna de la cual tengamos conocimiento al día de hoy contra el licenciado González Carmona. De hecho, como parte del acuerdo transaccional de las partes, según consta en la sentencia de fecha 17 de septiembre de 2003, el quejoso y allí demandado, Sr. Arturo Núñez, desistió, con perjuicio, de su demanda contra el tercero demandado y la “quinta” demandada.

Según nuestros pronunciamientos, y tomando en consi-deración todas la circunstancias del presente caso, en especial que la conducta del querellado no parece haber per-judicado a terceros, limitamos la sanción impuesta al licenciado González Carmona a una censura severa y le apercibimos de que, en el futuro, debe ejercer mayor cautela al evaluar las situaciones que pudieran generar un con-flicto de intereses o una apariencia de impropiedad.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió sin opinión escrita.