author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Benvenutti, Demandante y Apelante, v. Vázquez y Neri, Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre nulidad y otros extremos.
    No. 1908.
    Resuelto en febrero 26, 1920.
    Procedimiento Ejecutivo Hipotecario — Juez Competente para Conocer del Procedimiento. — Si el pueblo en que radican los bienes objeto de un pro-cedimiento ejecutivo hipotecario pasa a formar parte de otro distrito judicial, a la corte de este distrito corresponde seguir conociendo de dicho pro-cedimiento de conformidad con el artículo 170, párrafo 3°., del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.
    Tercero — Defectos del Título que no Constan del Registro. — Aunque sea nula la cancelación de los plazos de una hipoteca posteriores al ejecu-tado, por no haberse prorrateado el precio de la subasta entre todos los plazos pendientes ni haberse consignado la parte proporcional correspon-diente a dichos plazos posteriores, esa nulidad no puede afectar a quien compra después de verificada la cancelación de tales plazos, cuando no consta de la inscripción que dejara de consignarse o de pagarse la parte pro-poreional correspondiente a los plazos ■ cancelados. Para qne la nulidad del título perjudique al tercero que inscribió su derecho, la causa de nulidad debe aparecer claramente del registro.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. Tous Soto.

    Abogados de los apelados: Sres. Benet y Souffront.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

En 15 de enero de 1896 don Pablo Coronado hipotecó tres fincas a don Tomás Benvenntti para garantizarle el pago de seis mil pesos de la moneda entonces circulante qne le pagaría en seis anualidades. Esas fincas las inscribió des-pués Coronado como una sola de 29 cnerdas en el registro de la propiedad y entonces el acreedor Benvenntti hizo ins-cribir su hipoteca en la finca agrupada.

Pagó el deudor los dos primeros plazos y habiendo el acreedor cedido a don Luis Campillo y éste a don Fernando Vázquez la mitad del tercer plazo correspondiente a 1898, equivalente aquella a trescientos dólares, el cesionario Váz-quez presentó en 1902 demanda ejecutiva para su cobro por el procedimiento hipotecario en la Corte de Distrito de Ma-vagüez a cuya demarcación correspondía entonces el pueblo de Las Marías donde la finca radica. El acreedor por los plazos posteriores Benvenntti fue notificado del auto que or-denó el requerimiento de pago al deudor y se anunció por dos veces la subasta de la finca sin que hubieran licitadores. En junio de 1904 pidió Vázquez que se verificara una tercera subasta pero el procedimiento quedó entonces paralizado.

En julio de 1904 el pueblo de Las Marías pasó a formar parte del Distrito Judicial de Aguadilla y en 2o de enero de 1905, estando los autos expresados en esta corte de dis-trito, pidió Vázquez otra vez la subasta de la finca. El Se-cretario de dicha corte libró mandamiento al marshal para la subasta haciendo constar en él que así se había dispuesto. En esa subasta fué adjudicada la finca al acreedor por su acreencia y las costas, ascendente todo a $581.10 dólares. Por ley de 9 de marzo de 1905 volvió el pueblo de Las Marías a ser incorporado al distrito judicial de Ma3ragüez ante cuya corte de distrito compareció Vázquez en 23 de abril de 1906 pidiendo que se ordenase la cancelación de los plazos pos-teriores de la hipoteca, moción que fué notificada a don To-más Benvenütti y que el juez, después de diversas conside-raciones rehusó tomar en consideración en 7 de mayo de 1906 y se abstuvo de hacer pronunciamiento Ínterin no se acreditase con el documento correspondiente la realidad de la venta de la finca hipotecada. Días después presentó Váz-quez en dicha corte la escritura de venta que le otorgó el márshal de distrito de Aguadilla el 23 de mayo de 1906 en la que han a constar que la finca fué adjudicada a Vázquez el 9 de marzo de 1905, habiendo transcurrido doce meses sin que fuera redimida, y la acompañó con moción reproduciendo su anterior solicitud. Fué resuelta en 31 de mayo de 1906 ordenando la corte la cancelación de dichos plazos y de.los gravámenes posteriores por no haber alcanzado el valor de la finca adjudicada a cubrir más del crédito reclamado. Li-brado mandamiento por el secretario al registrador para que verificase las cancelaciones decretadas, acompañado de cer-tificación de que la resolución era firme, las cancelaciones-fueron hechas en el registro el 20 de julio de 1906. Después de todo esto, en 29 de diciembre del mismo año compró, don Felipe Nery Quiñones dicha finca a Vázquez, se inscribió su título en el registro el 14 de enero de 1907 y en 1912 pagó a don Tomás Benvenütti la otra mitad que no había sido cancelada del plazo de 1898.

Fn 27 de agosto de 1915 don Tomás Benvenütti cedió los plazos posteriores al ejecutado a don Juan Benvenütti, quien presentó en noviembre de 1916 demanda en la Corte de Distrito de Mayagüez contra Vázquez y contra Nery Qui-ñones en la que interesó se declarase la nulidad de las su-basta de la finca y de la orden de cancelación de los plazos posteriores • al ejecutado; pleito que terminó por sentencia que declaró sin lugar esas peticiones y contra la cual el de-mandante interpuso el presente recurso de apelación en el qne sostiene la procedencia de sus pretensiones.

Alega el apelante qne la Corte de Distrito de Agnadilla carecía de jurisdicción y competencia para decretar la ter-cera subasta qne originó la venta de la finca porque iniciado el pleito en Mayagüez allí debió continuar y porque no existe orden qne lo trasladara a Aguadilla.

Si bien el procedimiento comenzó en Mayagüez porque a su demarcación judicial correspondía el pueblo de Las Ma-rías donde la finca agrupada radica, habiendo pasado luego' este pueblo a formar parte del distrito judicial de Aguadilla, a la corte de este distrito correspondía seguir conociendo de este asunto, aunque nada dispuso la ley de reorganización de los tribunales sobre ese particular, porque el artículo 170, párrafo tercero del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria dispone que será > juez competente en asuntos como el que nos ocupa el del lugar en que radican los bienes hipotecados, sin que se admita sumisión en contrario; tras-lado que pudo hacer la corte de Mayagüez motu propio. No consta en los autos la orden de traslado, pero esto no de-muestra por sí sólo que la orden no existiera teniendo en cuenta el hecho del traslado y que desde julio de 1904 en que empezó a regir el Código de Enjuiciamiento Civil, las órde-nes y resoluciones se hacían constar en los libros de minu-tas de la corte y que generalmente no se llevaban a los autos, lo que dió lugar a que en 1906 la Legislatura ordenase que el secretario llevase a ellos certificación de las resolu-ciones que se insertaban en el libro de minutas.

Alega también el apelante como vicio ele nulidad que las tres fincas hipotecadas se vendieron conjuntamente.

Como las tres fincas hipotecadas por el deudor fueron inscritas como una sola finca en el registro de la propiedad, hecho conocido por don Tomás Benvenutti quien hizo ins-cribir su hipoteca en la finca agrupada, no vemos que exista nulidad porque el márshal vendiera la finca como constaba inscrita en el registro, pues de acuerdo con éste había de otorgar el título de propiedad. Además, no se ha alegado ni probado perjuicio para el apelante por haberse verificado la venta en esa forma.

Se queja el apelante de que la subasta'se verificó sin su-jeción a tipo. Así procedía hacerla de acuerdo con el Có-digo de Enjuiciamiento Civil vigente cuando la subasta tuvo lugar sin que el hecho de que se ejecutase la 'mitad de un plazo pudiese alterar esa regla.

■ Sostiene también el apelante como vicio de nulidad que no fue notificado de que se iba a celebrar dicha subasta. Sin embargo esto no era necesario porque él tenía conocimiento de que Vázquez había establecido procedimiento ejecutivo ■ hipotecario para el cobro de su acreencia, pues fué notificado del auto requiriendo de pago al deudor, y sabía qué si den-tro de treinta días no era satisfecho el crédito de Vázquez se verificaría la subasta de los bienes hipotecados.

En el procedimiento ejecutivo no se hallan las diligencias .practicadas por el marshal con respecto al anuncio de la su-basta, quizás por la razón de que entonces no se hacía un solo expediente con todas las actuaciones, pero como el már-shal hace constar en el acta de remate que se publicaron edic-tos anunciando la venta en el periódico “La Bandera Americana” y también el registrador hizo constar al inscribir la venta a favor de Vázquez que los edictos fueron debidamente publicados, debemos suponer que en efecto fueron publicados j, por tanto, no es sostenible la alegación de nulidad que por ese motivo hace al apelante.

El segundo motivo del recurso se refiere a la cancelación de los plazos pertenecientes a Benvenutti, posteriores al eje-cutado.

Como el precio de la venta no alcanzó a cubrir los pla-zos posteriores al ejecutado el juez ordenó la cancelación de ellos fundándose en una resolución de la Dirección General de Gracia y Justicia' del Ministerio de Ultramar de 10 de enero de 1889 que declaró pertinente la cancelación en un caso como el presente, pero cuando posteriormente esta cues-tión fué presentada a este Tribunal Supremo en los casos de American Trading Co. contra Monserrat y contra Que-vedo, 19 D. P. E. 978 y 998, declaramos qne en tales casos debe prorratearse el precio del remate entre el plazo ejecu-tado y los posteriores de la misma hipoteca o consignarse la parte a ellos correspondiente para que puedan cancelarse.

Como los plazos posteriores al ejecutado estaban cance-lados en el registro de la propiedad cuando el apelado Nery Quiñones compró la finca en diciembre de 1906 surge la cues-tión de si siendo nula esa orden de cancelación afecta a dicho comprador.

Según el artículo 33 de la Ley Hipotecaria, la .inscripción en el registro no convalida los actos' o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes; pero dispone el 34 que, no obstante lo declarado en el artículo anterior, los actos o con-tratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el re-gistro aparezca con derecho para ello, no se invalidarán en cuanto a tercero, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud del título anterior no inscrito o de causas que no resulten claramente del mismo registro.

Como consecuencia de esos preceptos la cuestión que te-nemos que considerar ahora es si Nery Quiñones tiene el concepto de tercero a quien no puede perjudicar una cance-lación indebida de los plazos posteriores al ejecutado por Vázquez porque del registro no resultaba claramente que fuera nula la orden de cancelación.

Cuando compró Nery Quiñones la finca constaba en el registro que la cancelación se había ordenado porque el pre-cio del remate no alcanzó a cubrir los plazos posteriores de la misma hipoteca. No aparece de él que el precio ele la venta fuera prorrateado con los plazos posteriores pendientes ni que se. hubiera consignado la parte proporcional a ellos co-rrespondiente, pero como cuando alguna de estas dos cosas se hacen es procedente la cancelación si el precio de’ la venta no alcanza a cubrir el importe de los plazos posteriores, tenía derecho el comprador a suponer que se había cumplido la ley y que cuando el juez ordenó la cancelación se había pro-rrateado el precio o se había consignado la parte proporcio-nal a ellos correspondiente; y como no consta del registro que dejara de pagarse o de consignarse la parte proporcio-nal correspondiente a los plazos cancelados, no podemos de-clarar que del registro resultaba claramente la nulidad de dicha orden para que el comprador pierda su condición de tercero y le perjudique la causa de nulidad de dicha orden.

Tampoco resulta del registro que Benvenutti, acreedor por los plazos posteriores, no fuera oido para decretar la cancelación de sus plazos y si es que no fue oido, esto no puede perjudicar al comprador Nery Quiñones.

Por-las razones expuestas la sentencia apelada debe cor confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. "Wolf,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Moreno, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por homicidio involuntario.
    No. 1425.
    Resuelto en febrero 26, 1920.
    Homicidio Involuntario — Acusación — Alegación de Negligencia — ‘ ‘ Bill of 'Particulars.” — Cuando se imputa negligencia en términos generales y se ale-gan las circunstancias bajo las cuales dicha negligencia tuvo lugar, el hecho de no especificar la naturaleza particular de la negligencia, de ser un de-fecto, lo es-de forma; y cuando el acusado necesita especificación de par-ticulares debe solicitarla en tiempo o solicitar la desestimación de la acu-sación o el sobreseimiento del proceso si entiende que la acusación contiene defectos de forma; pero estas cuestiones no pueden ser levantadas por pri-mera vez en apelación.
    Id. — Especificación de la Negligencia. — La especificación de la negligencia a que se refieren la Ley de Automóviles de 1916 y la jurisprudencia estable-cida en los ea'sos seguidos por violación de dicha ley, no es necesaria en un caso esta.bleeido bajo un precepto del Código Penal.

      Culpa Lata (Gross Negligence) — Automóviles.—Un chauffeivr es culpable de culpa lata (gross negligence) sí al entrar en un callejón estrecho que está habitado, no reduce la velocidad de su automóvil hasta tal punto que pueda detenerlo casi instantáneamente.
    Id. — Prueba del Fallecimiento de la Víctima. — Si el acusado deja de objetar oportunamente la evidencia presentada para probar la muerto de la víctima del accidente, se entiende que renuncia a la necesidad de la mejor prueba.
    Id. — Instrucciones al Jurado. — Si el acusado no está conforme con alguna de las instrucciones al jurado o desea que se dé una instrucción en particular, a su defensa incumbe levantar estas cuestiones en la corte inferior.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante en la Corte Suprema: Sr. M. A. Muñoz.

    Ahogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. "Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El primer error alegado es que siendo la acusación por homicidio en ella no se alegaron hechos constitutivos de un delito público. La acusación es como sigue:

“El Fiscal formula acusación contra Avelino Moreno por un de-lito de homicidio involuntario, felony, cometido de la manera si-guiente: El citado Avelino Moreno, allá el día 11 de abril de 1917, en San Juan, que forma parte del distrito judicial del mismo nom-bre, ilegal y voluntariamente y.en ocasión de guiar un automóvil sin la debida prudencia o circunspección, por negligencia o descuido, arrolló al niño Manuel Reyes, infiriéndole varias contusiones que le produjeron la muerte a los pocos momentos. Este hecho es con-trario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad del Pueblo de Puerto Rico.”

La teoría sustentada por el apelante es que los actos de negligencia o descuido no han sido especificados, pero euando se- imputa negligencia en términos generales como en el pre-sente caso y se alegan las circunstancias bajo las cuales dicha negligencia tiene lugar, el hecho de no especificar la naturaleza particular de la negligencia, de ser un defecto lo es de forma. Además, si no es un defecto y el acusado necesita más especificación de particulares para su defensa .-debe hacer solicitud a la corte pidiendo una especificación de particulares. Si es un defecto de forma, la solicitud deberá ser para que se desestime la acusación o mediante moción soli-citando el sobreseimiento como se hizo en el caso de United States v. Holtzhauer, 40 Fed. 76, citado por el apelante. No bubo tal procedimiento en este caso y la cuestión no puede ser levantada por primera vez en esta Corte, El Pueblo v. París, 25 D. P. R. 111; El Pueblo v. Ramírez, 25 D. P. R. 263; y casos citados. El Pueblo v. Cintrón, 26 D. P. R. 246; People v. Byron, 103 Cal. 675. Nos inclinamos a creer que el su-puesto defecto ni siquiera fue de forma, puesto que el acu-sado fue notificado de que se le imputaba el hecho de guiar un automóvil negligentemente y sin la debida circunspección y baber arrollado a un niño en el día y lugar que se men-cionan. De haberlo solicitado en debida forma dicho ■ acu-sado hubiera tenido derecho a una especificación' de parti-culares. Sin embargo, al ir al juicio renunció a todas estas cosas.

Los casos de El Pueblo v. Borque, 25 D. P. R. 594, y El Pueblo v. Rivera, 26 D. P. R. 439, fueron establecidos de acuerdo con la Ley de Automóviles. No. 75, de 1916, en los que dicha especificación en cuanto a la negligencia en particular era necesaria, pues establecían delitos de misdemeanor que no dependían necesariamente de ninguno de los principios del actual Código Penal.

El segundo señalamiento de error es el más importante. Sostiene el apelante que el veredicto es contrario al peso de la prueba. Hubo prueba tendente a mostrar el hecho de que el apelante, que es un chauffeur, acompañado por otro chauffeur, estaban probando un automóvil perteneciente a el “Atlas Commercial Company”. El accidente tuvo lugar en un callejón o calle estrecha de San Juan donde no hay aceras en ninguno de sus lados, Según el único testigo de la defensa el acusado no tenía ninguna necesidad particular de entrar en este lugar estrecho, pero resolvió pasar por allí. Es una calle por donde raras veces pasan los automóviles. En el juicio un número de testigos declaró que vivían en esta calle y en ambos lados de la misma. Estas personas tienen que entrar y salir, y desde lnego como es una calle de poco tránsito, las personas la cruzan libremente y los niños juegan allí, a todo lo cual tienen derecho. Ninguno de ellos está en la obligación de estar en vela de los automó-viles, aun cuando la negligencia eontributoria fuera gran factor en el caso, y en cuanto a esto las instrucciones de la corte fueron sumamente liberales para el acusado. Puede inferirse de la prueba que la calle estaba bien habitada. Da-dos estos hechos, un automóvil que dobla por una esquina y entra en este callejón tiene que hacerlo con gran cuidado y para no ocasionar alguna muerte o daño a una persona debe estar dispuesto a detenerse casi inmediatamente, pues donde no hay aceras el entrar doblando una esquina es cosa que se hace muy de repente y puede uno ir a chocar contra una persona. Esto todos sabemos que sucede al doblar a pie una esquina de una calle de la ciudad. Es asimismo cierto, que es difícil, sino imposible, que un automóvil doble una esquina como ésta al salir de otra calle estrecha con gran velocidad.

Un niño de cuatro años de edad regresaba a su casa por el callejón de “Norzagaray” y acababa precisamente de do-blar la esquina cuando fué cogido por el automóvil que con-ducía el acusado y que bajaba por la calle en la misma dirección, ocasionándole lesiones de las cuales, según aparece, falleció el niño el mismo día. El automóvil agolpeó al niño con su guarda lodo delantero parando entonces a una dis-tancia de una yarda o un metro del lugar donde el choque ocurrió. Los testigos declararon que el automóvil iba con velocidad, bastante aprisa, pero no existe prueba que de-muestre si esta velocidad era mayor o menor de quince mi-llas por hora, o sea la fijada para la zona urbana. A soli-, citad del acusado el jurado hizo una inspección ocular del callejón o calle, pero no se llevó a los autos constancia al-guna del resultado de esta inspección ocular.

' Sostiene el apelante que el G-obierno no probó que el automóvil caminaba a.una velocidad excesiva, o que llevaba tal velocidad que dentro de las circunstancias del caso cons-tituía culpa lata (gross negligence) o “sin miramiento al-guno” (an litter disregard of human life).

Con respecto a la velocidad arguye el apelante que puesto que el automóvil fué parado dentro de una- yarda del lugar en que ocurrió el choque, era imposible que fuera rápida-mente. Este es el punto en el cual se insiste principalmente. Independientemente del hecho de que el jurado tenía derecho a juzgar la velocidad teniendo en cuenta las palabras y com-portamiento de los testigos, dos cosas resultan muy claras. La primera es que chocando el automóvil con el niño con su guarda fango delantero, corrió a una distancia igual a su tamaño y riña yarda más. La segunda es que el chauffeur puede haber.visto al niño poco antes de cogerlo, e inmedia-tamente empezó a rebajar su velocidad. De modo que el jurado tenía derecho a suponer de esto que el automóvil iba tan ligero como podía correr al doblar una esquina como esa.

Que las cortes condenan por menos de un acto realizado “sin miramiento alguno”, aparece de los casos de El Pueblo v. Blandford, 23 D. P. R. 625, y El Pueblo v. Francis, 19 D. P. R. 692, y los casos citados. Que el automóvil en este caso no iba tan ligero' como en el caso de Blandford es cosa que no puede afectar a nuestra decisión. El accidente en el caso de Blandford no tuvo lugar en una zona urbana. El jurado tenía derecho a creer en vistá de la prueba que se le presentó, que el niño no se puso repentinamente frente al automóvil.-

Por estas consideraciones y sin insistir en la cuestión de la velocidad nos sentimos obligados a declarar que el jurado tenía derecho a llegar a la conclusión de que el acusado do-bló por este callejón sin la circunspección o cuidado que la ley?- exige y hay prueba suficiente para concluir que actuó con culpa lata (gross negligence). El niño fué cogido muy cerca de la pared izquierda de la calle y el jurado sabía si la vuelta que daba el acusado era o no hacia el lado de-recho o izquierdo. Al entrar en este^ callejón estrecho, es-tando como está habitado, un chauffeur es culpable de culpa lata (gross negligence) si no reduce su velocidad hasta tal punto que pueda parar su automóvil casi inmediatamente. El hecho de que llevara menos velocidad que el límite fijado por la ley no establece diferencia alguna. El fijar un límite de velocidad como es natural no confiere a un chauffeur de-recho alguno de llevar tal velocidad en todas las ocasiones pero la velocidad a que puede ir está regulada por la posi-ción topográfica del camino que recorre. Fué también una circunstancia, que hubo prueba tendente a mostrar que el chauffeur no olió aviso.

El jurado debió conocer, en vista de la inspección ocular que hizo de la calle, un número de cosas de las cuales no •podemos tomar conocimiento judicial. Cualquier duda que pueda haber en este sentido debe resolverse en contra del apelante, pues no tenemos plano alguno del callejón o de la calle que a él conduce. Véase en cuanto a este punto el caso de El Pueblo v. Blandford, 23 D. P. R. 625.

El tercer señalamiento de error se funda en la supuesta omisión de establecer el corpus delicti. Aparentemente nadie en la corte inferior dudó que el muchacho fué muerto por el automóvil. El juez ni siquiera mencionó la muerte en el resumen que hace de los hechos y si de dicha exposición de hechos puede inferirse razonablemente la muerte originada por el golpe según las manifestaciones de los testigos que constan en los autos sin la prueba directa de un médico, dicha inferencia puede hacerse en la apelación. La madre dijo, sin que se le hiciera objeción, que su hijo fué muerto por el automóvil que guiaba el acusado. Muchos de los testigos manifiestan que el automóvil le pasó por encima al niño. Otro testigo dijo que él lo recogió, que se lo quitaron y lo llevaron al hospital donde murió. 'De estas manifestaciones aunque fueran de referencia, lo que no consta, el jurado a falta de objeción, ten'a derecho a inferir que el niño había muerto, que murió casi inmediatamente y que su muerte fué debida a haber sido arrollado por el automóvil. El acusado renuncia a la necesidad de la prueba directa cuando permite que se presente otra prueba en el juicio.

El cuarto señalamiento de error se refiere a las instruc-ciones y son de aplicación los casos de El Pueblo v. Días, 19 D. P. R. 520; El Pueblo v. Lassalle, 18 D. P. R. 421; El Pueblo v. Ramírez de Arellano, 25 D. P. R. 263. El lieelio de que la corte en sus instrucciones manifestara que los tes-tigos del G-obierno dijeron que el automóvil- iba a una velo-cidad mayor que la corriente, a lo sumo fue una exposición de un liecho que no obligaba al jurado. Fue la interpreta-ción que la corte dió a estas manifestaciones, pero el jurado estaba libre para creerlas o no según le instruyó la corte al ■jurado al hablar de una duda razonable. Puesto que la corte está en el deber de hacer un resumen dé la prueba, es la-defensa la que. tiene que llamarle la atención respecto a cual-quier extralimitación que se alegue. Asimismo a falta de la debida solicitud interesando una instrucción era innecesario para la corte decir al jurado que debían dar consideración especial al hecho de que el automóvil paró a la distancia de una yarda, hecho, que, según el examen que hacemos de la prueba no era necesariamente decisivo en el caso.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado. Sr. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Torres, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, • Sección Segunda, en causa por infracción al artículo 328 del Código Penal.
    No. 1451.
    Resuelto en febrero 27, 1920.
    Non Suit. — Cuando un acusado, a quien se desestima una moción de non suit, prosigue el juicio y presenta su prueba, se entiende que renuncia a su moción de non 'suit.

      Prueba Contradictoria. — Cuando a pesar de ser la prueba ligeramente contradic-toria el peso de ella justifica la sentencia, ésta será confirmada, aun sin ne-cesidad de aplicar la doctrina general de que siendo la prueba contradictoria el Tribunal Supremo aceptará la apreciación que de ella haya hecho la corte inferior.
    Automóviles — Velocidad.—El hecho de creer que el camino que tiene una persona ante sí está libre, no justifica la marcha a cualquier velocidad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Fruncís y de Jesús.

    ■ Abogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado. Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se imputó al acusado José Gregorio Torres, por virtud de una denuncia radicada en la Corte Municipal de Río Pie-dras, el delito de haber infringido el artículo 328 del Código Penal como quedó enmendado, alegándose en dicha denuncia que el referido acusado el d% diez de febrero de 1919 en el barrio de Hato Rey, de Río Piedras, conducía un automóvil de modo tan negligente e ilegal que chocó con un automóvil de carga causando varias contusiones a José Bascarán, sa-liendo además el propio acusado con contusiones con motivo de tal choque.

Los errores que han sido alegados son dos, a saber: Pri-mero, que la corte debió haber declarado con lugar una mo-ción de non siát que le fué presentada; y segundo, que la prueba era insuficiente para declarar culpable al acusado.

Respecto al primer señalamiento de error podemos sim-plemente manifestar que hubo prueba suficiente prima facie para declarar culpable al acusado, como se verá de la dis-cusión que hacemos de la prueba en conjunto. Además, un acusado que prosigue y presenta su propia prueba, como ocu-rre en este caso, renuncia a su moción de non suit. El Pueblo v. Ojeda, 26 D. P. R. 438.

Para sostener su alegación de que la prueba ante la corte de distrito no justificó la sentencia dictada contra él, sos-tiene el acusado que la velocidad que llevaba en el lugar del accidente no era excesiva, siendo solamente de 25 ó 30 millas por llora, y para justificar .que el acusado iba de tal manera dentro .del límite de velocidad fijado por la ley, el apelante trata de .probar que a una distancia de cien pies del sitio en que ocurrió el accidente se vió obligado a parar el auto-móvil que guiaba 3r que era imposible que un automóvil de la clase que él iba manejando, pudiera desarrollar una velo-cidad mayor de 25 ó 30 millas por hora.

Un policía que no .prestó declaración directa en cuanto a ia velocidad, declaró que el truck entró en la carretera que va de San Juan a Bío Piedras, en la parada 27 y media con dirección a Efo Piedras; que entró por el lado derecho del camino; que estaba completamente en la carretera cuando el automóvil del acusado chocó con la rueda trasera derecha del referido truck, haciendo que el pesado carro de carga diera una vuelta redonda quedando de frente a San Juan y ocasionando fuertes desperfectos tanto en el truck como en el automóvil.

Uno de los hombres que trabajaban en el carro prestó de-claración tendente a mostrar el hecho de que el truck salía de un callejón al lado derecho de la carretera que va hacia Río Piedras y giró hacia Río Piedras estando completamente en la carretera cuando llegó el automóvil del acusado y le cogió por la rueda trasera derecha; que los que iban en el truck miraron para ambos lados antes de entrar en la carre-tera y no vieron nada hasta cierta distancia por uno u otro' lado; que el golpe fue tan fuerte que hizo que la máquina diera una vuelta redonda quedando de frente a San Juan.

El otro-testigo del Grobierno fue cierta persona que de-claró que había vivido en la carretera desde hacía tres años;-que presenció el choque y que el automóvil del acusado co-rpa a una velocidad espantosa; que algunos de los vecinos-le llamaron la atención gritándole “mire cómo corre ese-automóvil”; que durante el tiempo que vive allí nunca había-pasado un automóvil corriendo tanto como aquél.

Todos estos testigos prestaron declaración tendente a po-ner de manifiesto el hecho de que dos de los pasajeros det automóvil del acusado fueron lesionados, recibiendo golpes más o menos fuertes.

Creemos que éste fué evidentemente un caso prima facie de negligencia de acuerdo con el artículo 328 del Código Penal.

Uno de los testigos del acusado, el hombre que sufrió más fuertes golpes, prestó declaración tendente a mostrar que el automóvil iba a una velocidad de 40 ó 50 millas por hora. Es cierto'que al seguírsele preguntando dijo que el recuerdo que tenía del suceso no era muy claro pero la corte-tenía derecho a- creer en vista de su declaración, corroborada por las demás pruebas, que la apreciación que hizo de la velo-cidad no era exagerada.

El acusado y otros testigos también prestaron declaración’ tendente a mostrar que dicho acusado iba solamente a una' velocidad de 25 ó 30 millas cuando ocurrió el accidente; tam-bién declaró el acusado que el truck había parado cuando éM lo vió y que como dicho truck necesariamente tuvo que haber oido su klaxon) él creyó que tenía derecho a pasar y mani-festó además que había visto el truck desde antes.

Una de las principales teorías de la defensa, según re-vela la declaración de un perito de la defensa era- que como el automóvil del acusado tuvo que parar por encontrarse con un carro de pasajeros y siendo la distancia que quedaba en-tre el sitio donde tenía que parar el acusado y aquél donde ocurrió el accidente tan corta, hubiera sido imposible para el acusado desarrollar una velocidad de 40 ó 50 millas por hora.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el primer testigo de la defensa dice que el conductor del carro de pasajeros manifestó que el acusado, lo mismo en el caso de haberse parado o no, pasó por su lado a una velocidad de ocho o diez millas por hora..

La contestación a esta teoría del acusado es que la corte" tenía derecho á creer en vista de las declaraciones de los tes-tigos, que el acusado llevaba una velocidad de cuarenta o cincuenta millas por liora, si no más, independientemente del hecho de si la prueba del acusado era o no incompatible con esta teoría; que la distancia entre los dos sitios pudo haber sido mayor que la que el testigo de la defensa creyó que había; que el acusado pudo haber reducido insuficientemente su velocidad para evitar el choque al ver el truck; que el acusado no paró el automóvil, sino que solamente redujo su velocidad para pasar por el lado del carro de pasajeros, y aun que los testigos estuvieron completamente equivocados.

Los hechos físicos y la declaración de los testigos del Gobierno presentan un caso tan fuerte que todas las teorías incompatibles de la defensa tendrían que doblegarse aun sin hacerse aplicación de la práctica corriente de este tribunal al negarse a revocar las conclusiones de la corte inferior cuando no está convencida de que su resolución estaba muv claramente en contra del peso de la prueba, o que el acu-sado no tuvo un juicio imparcial.

Puesto que esta teoría del acusado no puede ser soste-nida con éxito, no tenemos duda alguna de que el acusado, ;si bien se admitió que por lo general era un chauffeur cui-dadoso, estaba infringiendo la ley.

i Sin referirnos en particular a este acusado, no podemos combatir con bastante fuerza la idea de que por el hecho de haber visto dicho acusado, o creer que había visto el camino delante de él libre de obstáculos tenía derecho a seguir a cualquiera velocidad. Todo el mundo tiene igual derecho al camino, como se estableció en el caso de El Pueblo v. Blandford, 23 D. P. R. 625, y en los casos citados. Un gran nú-mero de chauffeurs tienen al parecer la idea de que porque el camino aparentemente esté sin obstáculos eso justifica el empleo de cualquier velocidad. En State of Ohio v. E. E. Schaefer, L. R. A. 1918-B, 451, que fué un caso de alegado homicidio ocasionado por manejar indebidamente un auto-móvil, la corte se expresó en los siguientes términos:

“Los que se ocupan de las estadísticas han hecho el cálculo de que cuando se confiere mucho poder al tipo corriente de los hombres, un diez por ciento de éstos se convierte en tiranos o en tontos. El cálculo es muy conservador. En verdad, que de haber algún error es por razón de que la cifra es demasiado baja y bien puede dudarse si la proposición queda reducida considerablemente en el caso de poner 300,000 automóviles con su tremenda velocidad, fuerza y pro-pulsión bajo el gobierno y dirección, o falta de cuidado de conduc-tores corrientes. El diez por ciento de los 300,000 serían 30,000 que están en manos de tiranos, tontos o personas incompetentes y ma-niáticos en velocidad, que son una amenaza constante y un peligro para el noventa por ciento de conductores de automóviles prudentes, j'ara otros conductores de vehículos y para los millones de viandantes.
“La idea de ‘seguridad primero’ no debe ser sacrificada por la de ‘velocidad primero.’ La prensa diaria está llena de accidentes que se evitan por milagro, desde lesiones insignificantes por una parte, basta muertes instantáneas por otra. Bien puede decirse ‘que la lo-comotora del ferrocarril ha ocasionado centenares de muertes, pero que el automóvil está ocasionando la muerte a millares.’ ”

La velocidad de cuarenta o cincuenta millas por hora si bien está fuera .del límite señalado por la le}7-, puede ser buena de- no ocurrir un accidente. TJna persona que va a esta velocidad y particularmente la que se excede de ella, debe estar muy segura de no invadir los derechos de los de-más. Cualquier persona que mire a una distancia razonable hacia ambos lados del camino y no vea nada que se aproxime tiene derecho a cruzar dicho camino. Un chauffeur debe te-ner tal dominio de su aparato que pueda evitar el tener que ocasionar daños a los vehículos, o a los viandantes que tienen el derecho de cruzar el camino y lo hacen comedidamente.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. "Wole,

text:
    Zayas, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    . Recurso gubernativo’interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas denegatoria de la inscripción de una escritura de compraventa judicial.
    No. 456.
    Resuelto en febrero 27, 1920.
    Venta Judicial — Documentos Suficientes para la Inscripción. — Para la ins-cripción de una venta hecha por el marshal en procedimiento ejecutivo hipo-tecario, es suficiente con que aparezca la orden de la corte decretándola, siendo innecesario que aparezca la entrega de esa orden por el secretario al marshal pues la orden en sí y no dicha entrega es lo que da autoridad al marshal para verificar la venta. Es innecesario que del acta de subasta aparezca detalla-damente la forma en .que se publicaron o fijaron los edictos.
    Contribución de Herencia. — Cuando en un procedimiento ejecutivo hipotecario el deudor ha fallecido no es necesario para la venta la inscripción previa a favor de los herederos, por lo que el ejecutante no tiene que probar que la contribución de herencia ha sido pagada.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado dél recurrente: Sr. A. Mena.

    El registrador recurrido, Sr. Grómez Lasserre, compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. "Wole,

emitió la .opinión del tribunal.

El documento cuya inscripción ha sido denegada en este caso fue una escritura otorgada por el márshal por virtud de una venta llevada a cabo de acuerdo con el procedimiento ejecutivo de la Ley Hipotecaria. La nota del registrador es como sigue:

“Denegada la inscripción del documento que precede, que es la escritura número 476 ante el Notario Andrés Mena Latorre, con vista de una certificación expedida por A. Ramírez, Jr., Secretario de la Corte de Distrito de Humaeao creditiva de la orden de ejecu-ción dictada por el Juez de dicha corte y de otra certificación expe-dida por igual funcionario creditiva del acta de subasta, ambas de fecha 8 de noviembre actual, y extendida en su lugar anotación pre-ventiva durante el término de 120 días a favor de José Antonio Zayas al folio 199 vuelto del tomo 39 de Caguas, finca número 1866. anotación letra A, por la razón siguiente: porque ni de la escritura ni del segundo de los dos documentos complementarios de la misma, arriba relacionados, se revela que en este casó se haya seguido el debido procedimiento de ley para el cobro de dicbo crédito hipote-cario, resultando, por tanto, nula e irrita la venta en pública subasta celebrada por el marshal: (a) porque no consta de los mencionados documentos, únicos presentados, si la orden de subasta fue librada al marshal por el secretario de la Corte de Distrito de Humacao, para la ejecución de la sentencia; (b) porque habiéndose dictado dicha sentencia con fecha 22 de agosto de 1919, fué celebrada la subasta por el marshal el día 15 de septiembre de dicho año, esto es, a los veinte y cuatro días, sin que hubieran transcurido los treinta que tenía para apelar del fallo definitivo el referido demandado, después de cuyo plazo únicamente debía el mencionado secretario ex-pedir la orden de ejecución de la sentencia; (c) porque no consta del acta de subasta que fueran fijados ni publicados durante el término legal los avisos describiendo el inmueble detalladamente, con expre-sión del lugar en que había de verificarse la venta; y (d) porque no se ha presentado recibo creditivo del pago de la contribución de he-rencia o documento justificativo de exención de tal pago. Todo en contravención de las secciones 3a. y 6a. de la ley relativa a las senten-cias y la manera de satisfacerlas, de marzo 9 de 1905, del artículo 251 del Código de Enjuiciamiento Civil, del artículo 379 del Código Político y de la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la materia, a saber: 10 D. P. R. 128; 13 D. P. R., 119; 21 D. P. R. 554; 22 D. P. R. 755'; 23 D. P. R. 707; 27 D. P. R. -; Mayo 19 — caso 399 — Caguas, 18 de noviembre de 1919.— (Fdo.) Pedro Gómez Lasserre, Registrador.”

Con respecto al defecto anotado “a” es suficiente con decir que aun sin existir la presunción de la entrega de la orden de venta del secretario al márslial, la autoridad de éste último para liacer la venta está justificada por la orden • de la corte. El vende por virtud de esa orden y no por ra-zón de la entrega que le Race el secretario. El secretario certifica acerca de la existencia de la orden.

En cuanto al defecto marcado “b” el registrador ha re-tirado su objeción.

Con respecto al defecto marcado con la letra “c” debe tenerse en cuenta que el registrador expresa que el acta de subasta no muestra que los edictos fueron fijados o publi-cados por el término legal, describiéndose en ellos la propie-dad y el sitio donde hab'a de efectuarse la venta. El acta de subasta es solamente para acreditar los por menores de la venta como lia sido efectuada y no existe precepto legal que sepamos que baga necesario que esta acta de subasta con-tenga los particulares que menciona el registrador. La venta es solamente uno de los muchos actos que son necesarios para otorgar el título.

Respecto al defecto marcado “ d”, convenimos con el re-currente en que cuando un acreedor hipotecario desea eje-cutar una hipoteca y el deudor ha fallecido, no es necesario que el acreedor ejecutante pruebe que la contribución de he-rencia ha sido pagada. No es- necesario para la venta la inscripción a favor de los herederos. Pasalacqua Hnos. y Cía. v. El Registrador, 6 D. P. R. 42. La contribución se impone solamente sobre el producto neto de la herencia.

No podemos comprender por qué el registrador no pudo haber aclarado todos estos defectos consultando con el recu-rrente y especialmente aquellos marcados “a”, “lo” y “d”.

La nota recurrida debe ser reArocada y ordenada la ins-cripción.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción denegada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. "Wole,

text:
    Solís, Recurrente, v. Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas denegatoria de inscripción de ratificación hecha por el municipio.
    No. 451.
    Resuelto en febrero 27, 1920.
    Inscripción del Usufructo de Solares Municipales — Documento Suficiente para Causar Inscripción — Certificación del Secretario Municipal.- — Para inscribir en el registro el derecho de usufructo concedido por el municipio a un particular sobre solares municipales segregados de una finca inscrita de mayor cabida, así como para inscribir la segregación, no es de necesidad indispensable el otorgamiento de escritura, siendo bastante el presentar al registrador una certificación del secretario municipal creditiva del acuerdo re-lativo a la segregación y a la concesión o en su caso a la ratificación de la concesión.
    Estado Civil del Esposo Según el Registro. — Al objeto de conformar la des-cripción que tenían dos casas según el registro, con la que tienen después de haber sido reformadas, el esposo consignó en una escritura que tanto la com-pra como la reconstrucción de ambos inmuebles se realizaron “en constante matrimonio con su esposa aquí comparecida con quien está casado en prime-ras nupcias." Habiendo señalado el registrador como defecto subsanable el no haberse acreditado que la esposa actual fuera la misma esposa del otor-gante cuando edificó las casas, se resolvió: que no existe el defeeto, puesto que las partes mismas han manifestado en la escritura que están casadas en primeras nupcias.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. R. Arce.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Se. "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente era dueño de dos antiguas casas en Oaguas donde el municipio tenía el título de dominio del solar. De-seaba hacer mejoras en dichas casas y que su- derecho de usufructo fuera ratificado por el municipio. El municipio accedió a su petición de ratificación del usufructo como puede verse de la certificación de su secretario, expedida ele acuerdo con la ley municipal. El registrador denegó la inscripción tanto de la ratificación hecha por el municipio como de la escritura de rectificación de inscripciones. Las siguientes son las notas denegatorias de dichas inscripciones:

“Denegada la inscripción del documento que precede, y exten-dida en su lugar -anotación preventiva por el término de 120 días a favor del Municipio de Oaguas al folio 187 vuelto y al 183 del tomo 2 de Oaguas, fincas números 96 y 97 anotaciones letras A por la razón siguiente: porque apareciendo del registro que dicho munici-pio tiene inscrito mediante título escrito de su propiedad a folio 92 del tomo 11 de este ayuntamiento, el dominio de 1a. finca de la cual se segrega la de este número, no cabe verificar dicha inscripción pre-sentando una certificación del secretario del citado municipio, como se hace en este caso, sino que es preciso una escritura pública, toda vez que existe título escrito e inscrito de la propiedad del susodicho municipio, y debe por tanto inscribir a su favor las segregaciones-que haga de la finca principal aludida con sujeción a las reglas es-tablecidas para las inscripciones de los particulares, pues es de do-minio, y no posesorio, el título registrado de la mencionada corpora-ción, todo con arreglo al artículo 33 del Reglamento de la Ley Hi-potecaria en conexión con el 31-34 y 36 del mismo y el 3 de la ci-tada ley. — Caguas a 18 de noviembre de 1919.— (Firmado) Pedro Gómez Lasserre.”
“Denegada la inscripción de las edificaciones a que se refiere el documento que precede que es la escritura No. 139 pasada en Caguas el 11 de noviembre de 1919 ante el Notario Rafael Arce Rollet, por observar que los solares donde enclavan las casas, son propiedad del Municipio de Caguas, y no constan inscritos previamente a nombre del mismo; y extendida en su lugar anotación preventiva durante el término de ciento veinte días en favor de los esposos José María Solís Martinó y Asunción Sariego Espina, a folios 188 v. y 184 del tomo 2 de Caguas, fincas números 97 y 96 anotaciones letras B, con el defecto subsanable de no haberse acreditado que la señora Sariego fuera la misma esposa del señor Solís cuando edificó las casas. — Ca-guas, noviembre 18 de 1919. — (Firmado) Pedro Gómez Lasserre.-”

La certificación del Municipio era un documento suficiente de acuerdo con los artículos 2 y 3 de la Ley Hipotecaria y 51 de su Reglamento. Titulo III, artículos 1 y 2 de la Ley de Evidencia. Plana v. El Registrador de Caguas, 26 D. P. R. 399; Cubarons v. El Registrador de Caguas, 27 D. P. R. 828.

Estando inscrito el primer documento como debe estar, la objeción a inscribir la segunda escritura desaparece, pues la única razón en que se basaba, dicha objeción era que no constaban inscritos a favor del municipio los solares donde enclavan las casas, estado de cosas que lia quedado remediado por la inscripción del primer documento.

Tampoco existe el defecto subsanable, puesto que las par-tes mismas lian manifestado en su escritura que son casados en primeras nupcias.

Deben revocarse las notas del registrador y verificarse las inscripciones, como se lia indicado.

Revocadas las notas recurridas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Ramírez, Demandante y Apelado, v. Pumares et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre reivindicación e indemnización.
    Moción sobre desestimación de apelación.
    No. 1900.
    Resuelto en febrero 27, 1920.
    Compraventa por Precio Alzado — Prueba de los Términos de un Contrato Escrito. — El que compra una finca por precio alzado y no a un tanto por unidad de medida, no está obligado a devolver el exceso que resultare en la cabida o a pagar su valor; y cuando del contrato no resulta que el com-prador ha reconocido algún derecho a favor del vendedor o de otra persona, no será admisible prueba de ese reconocimiento, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Evidencia, a menos que se tratare de un contrato indepen-diente y como tal se probare, para lo cual, tratándose de un derecho domi-nical, se requiere prueba robusta y convincente.
    Apelación — Partes Contrarias — Notificación de Apelación — Desestimación de Apelación.- — No procede la desestimación del recurso por el motivo de no haberse notificado la apelación a las personas citadas de evicción, cuando la sentencia que ha de dictar el Tribunal Supremo no privará al comprador en todo o en parte de la finca comprada. En tales casos las personas cita-das de evicción no son partes contrarias.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. R. del Toro Soler.

    Abogado del apelado: Sr. J. Sabater.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un recurso de apelación interpuesto por los demandados contra la sentencia que' dictó la Corte de Dis-trito de Mayagüez el 29 de mayo de 1918 en los términos que luego expresaremos.

Son hechos aceptados por ambas partes y probados ade-más en el juicio, los siguientes:

Que por escritura pública otorgada en la ciudad • de Ma-yagüez a 20 de abril de 1908 ante el Notario Rodolfo Ra-mírez Vigo, Severiano Ramírez, con el consentimiento de su esposa Isolina Marini, vendió a Rosalía Pabón viuda de Col-berg, por precio de $500, una finca con cabida de cien cuer-das y casa-habitación para vivienda radicada en el barrio de Boquerón del Municipio de Cabo Rojo, lindante al norte con Francisco Ays, antes, boy Francisco Aimat, al sur con Se-veriano Ramírez, al este con Josefa Carbonell, antes, boy Rodolfo Colberg y Antonio Martí, y al oeste con el mar, cuya finca es una disgregación de otra de doscientas cuerdas nom-brada “Casabe”, de la propiedad del vendedor. Dicha escri-tura contiene una cláusula en virtud de la cual “la compra-dora reserva al vendedor el derecho a hacer medir la finca para dividirla por mitad dentro de los puntos que reconoz-can los colindantes y renuncia a su favor toda responsabili-dad que pudiera exigirle con motivo de la venta, del terreno vegetal dentro de los puntos a que se ha hecho mención.”

Por otra escritura otorgada en la misma ciudad de Ma-yagüez y ante el propio Notario Ramírez Vigo a 12 de mayo ' de 1908 Rosalía Pabón viuda de Colberg vendió a Pantaleón Rodríguez y a Monserrate Acosta, por precio de $600, la finca que había adquirido de Severiano Ramírez.

Por otra escritura otorgada en Cabo Rojo a 27 de mayo de 1915 ante el Notario Plinio L. Castro, Pantaleón Rodrí-guez, con el consentimiento de su esposa Ana Padilla y Arroyo, vendió a los menores Consuelo, Amparo y Donato Pumares y Valle, representados por su padre Donato Pu-mares Escabí, por precio de $800, la participación dominical indivisa que tenía en la expresada finca de cien cuerdas, con cuantos derechos y acciones le correspondieran o pudieran corresponderle en dicho ■ condominio, sin reservación alguna.

Por otra escritura otorgada en Io. de julio de 1916 en el poblado de “Boquerón” del Municipio de Cabo Rojo ante el Notario Miguel del Toro Colberg, Monserrate Acosta, con el expreso consentimiento de su esposa María Padilla, vendió a Miguel Cario Pabón por precio de $500 el condominio de una mitad indivisa de la finca de cien cuerdas que le corres-pondía por compra a Rosalía Pabón.

Con motivo de la anterior venta Donato Pumares Escabí, en representación de sus menores hijos. Consuelo, Amparo y Donato Pumares y Valie, interpuso demanda de retracto contra Miguel Carlo Pabón y sn esposa Mercedes Aimat para-ser subrogado en el derecho de condominio adquirido por Miguel Cario en la finca de cien cuerdas de que los menores expresados eran condueños, habiendo obtenido sentencia a su favor los menores demandantes en 18 de agosto de 1916, y en su consecuencia por escritura pública de 9 de octubre del mismo año ante el Notario Ricardo del Toro Soler, el márshal de la Corte de Distrito de Mayagüez traspasó a favor de dichos menores el dominio que los consortes Miguel Cario Pabón y Mercedes Aimat habían adquirido por com-pra a Monserrate Acosta, en las mismas condiciones en que fué hecha esa adquisición.

Todos los documentos mencionados fueron inscritos en el Registro de la Propiedad de San Germán y no hay discu-sión alguna sobre los contratos en ellos envueltos.

Pero Severiano Ramírez al consignar dichos contratos en su demanda, alega que al vender él la finca de cien cuerdas a Rosalía Pabón se calculó entre los contratantes que la finca principal tenía una extensión de doscientas cuerdas según aparecía de la documentación, y posteriormente se practicó una mensura de la finca principal, resultando ésta con una cabida de doscientas cuarenta cuerdas, habiendo convenido entonces los contratantes en que el demandante tenía derecho a un excedente de veinte cuerdas que estaban incluidas en la parte segregada o sea en la finca vendida por Ramírez a Rosalía Pabón; que con motivo del exceso de veinte cuerdas se convino que éstas estaban situadas en la parte sur de la finca principal de doscientas cuerdas, colindando esas veinte cuerdas al norte con-las cien cuerdas vendidas a Rosalía Pa bón; hoy de los demandados menores hijos de Donato Pu-mares, al sur con el resto de la finca principal propiedad del demandante, al este con terrenos de Josefa Carbonell, que hoy son de Miguel Cario y Pabón, y al oeste con el mar; que se convino además entre Severiano Ramírez y Rosalía Pabón inmediatamente después de practicada la mensura, un que la compradora continuaría poseyendo las veinte cuerdas bajo condición de que babía de entregar al demandante en cada cosecha la tercera parte de los frutos que se recolecta-ran en esa parcela de terreno; que al vender Rosalía Pabón a Pantaleón Rodríguez y Monserrate Acosta en común y pro-indiviso la finca de cien cuerdas, reconocieron los'comprado-res al verificarse la venta que la parcela de veinte cuerdas era propiedad del demandante y continuaron con .éste el con-trato ' de entregarle la tercera parte de las cosechas que se recolectaran en la parcela de veinte cuerdas, como así lo ha-bían cumplido los compradores; que al vender Pantaleón Ro-dríguez su mitad proindivisa en la finca de cien cuerdas a Donato Pumares en representación de sus menores hijos Consuelo, Amparo y Donato reconoció Donato Pumares, por ha-bérselo advertido el vendedor Rodríguez al verificarse la venta, el derecho de dominio que tenía el demandante a la parcela de veinte cuerdas y el contrato de usufructo que exis-tía entre Pantaleón Rodríguez y Severiano Ramírez, habiendo convenido Donato • Pumares en julio de 1916 con el deman-dante Ramírez en que le entregaría la tercera parte de la cosecha que se recolectara en la parcela de veinte cuerdas y le entregaría además una vez terminada la cosecha la parcela misma por no convenirle continuar con el contrato de usu-fructo; que al vender Monserrate Acosta su condominio a MigueJ Carlo y Pabón también reconoció éste como de la pro-piedad del demandante la parcela de veinte cuerdas que es-taban incluidas en el perímetro cercado de la mitad de la finca principal; que Donato Pumares sembró de maíz la par-cela de veinte cuerdas y en la cosecha de 1917' recolectó 600 quintales de ese fruto que vendió a razón de $3 el quintal, rindiendo dicha cosecha la suma de $1,800 sin que le haya entregado los $600 que le correspondían como importe de la tercera parte de la cosecha, y que además había sembrado nuevamente de maíz la parcela de veinte cuerdas, cuya co-secha sería por lo menos de 600 quintales que a razón de $3 el quintal habían de rendir $1,800; y que la parcela de veinte cuerdas tiene actualmente un valor de $1,000.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia condenando al demandado Donato Pumares a pagar al demandante la suma de $1,200 por razón del maíz produ-cido y además lá suma de $1,000 como precio de la parcela de terreno, declarándose en caso de que el demandado se negare a verificar ese pago que el demandante es la única persona dueña de la parcela de terreno y én su consecuencia le sea entregada.

A la anterior demanda opusieron tanto el demandado Do-nato Pumares a nombre propio como Antonio Valle, defen-sor de los menores hijos de Pumares, las excepciones previas de que la demanda no aduce hechos suficientes para determi-nar una causa de acción en contra de ellos, y aun en el su-puesto de que la adujera, tal acción habría prescrito según los artículos 1372 al 1375 del Código Civil, cuyas excepcio-nes fueron desestimadas por la corte.

A petición de Donato Pumares fueron citados de evicción Pantaleón Rodríguez, Monserrate Acosta y Miguel Cario Pa-bón, anteriores vendedores de la finca en litigio.

Donato Pumares y sus menores hijos contestaron la de-manda aceptando los diversos contratos de venta en ella re-lacionados, pero negando en absoluto que los terrenos vendi-dos fueran mensurados y resultaran con un exceso de cabida de veinte cuerdas y que sobre ese exceso hubiera él celebrado convenio alguno con sus vendedores.

También contestaron la demanda Pantaleón Rodríguez, Monserrate Acosta y Miguel Cario Pabón, y después de acep-tar las alegaciones en ella contenidas suplicaron se les libre de toda responsabilidad al. dictarse la sentencia correspon-diente.

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 29 de mayo de 1918 por la que decreta y ordena que Severiano Ramírez es el único y exclusivo dueño de la parcela de veinte cuerdas, que se describe, cuya parcela debe ser entregada al deman-dante, y asimismo decreta y ordena que Severiano Ramírez recobre y obtenga del demandarlo Donato Pumares Escabí, la suma de $600 importe de la parte de las cosedlas que lia recolectado en dicha parcela de terreno, con costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado a cargo del demandado,

Contra la anterior sentencia interpuso la representación de Donato Fumares y sus hijos recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, y alegan como-motivos del recurso: 1°., que la corte cometió error al desestimar la excepción pre-via de que la demanda no aduce hechos suficientes para de-terminar una causa de acción; 2°., que igualmente erró al desestimar la excepción de prescripción de la acción ejerci-tada; y 3°., que también cometió otro error al dar a la evi-dencia del demandante un valor probatorio que no tiene.

Para sostener el primero y segundo error apuntados, alega la parte apelante que los menores hicieron la adquisición de las dos partes que constituyen la finca de cien cuerdas se-gregada de la de doscientas cuerdas de Severiano Bamírez por un precio alzado y no a razón de un tanto por unidad de medida, sin que, por tanto, hayan incurrido en la obli-gación de entregar al demandante el exceso que resulte o su valor; pero como Severiano Bamírez funda su acción no so-lamente en el exceso de- veinte cuerdas que resultó en los terrenos que por título originariamente derivado de Bamí-rez adquirió Fumares sino también en un convenio que con éste hizo de continuar en posesión de esas veinte cuerdas ■con obligación de entregárselas luego y hacerle partícipe de la tercera parte de las cosechas que recolectara, entendemos que los preceptos del Código Civil invocados por los apelan-tes para sostener sus excepciones no son aplicables al pre-sente caso.

Examinemos el tercer error consistente en la errónea apre-ciación de las pruebas.

Declara Severiano Bamírez que al pasar la escritura de venta a Bosalía Pabón mandaron medir la finca; que hizo la mensura un agrimensor de Lajas que no recuerda, y cree que murió; que el agrimensor no hizo plano alguno de la finca pues la mensura se practicó iónicamente para ver si había o no doscientas cuerdas, y resultó que había veinte cuerdas de más en lo vendido; que cuando Donato Pumares compró las dos pertenencias de Monserrate Acosta y Pan-taleón Rodríguez convino con el Ramírez en quedarse con las .veinte cuerdas y trabajarlas a la tercera, dándole el beneficio de la tercera parte del producto, sin que después haya res-petado el convenio; que Ramírez intervino en la venta hecha por Pantaleón Rodríguez a Donato Pumares, aconsejando el negocio a Pumares y como había diez cuerdas más en la parte vendida por Pantaleón fué pactado que Pumares recibiría la escritura de las cincuenta cuerdas y se quedaría con las diez cuerdas trabajando a la tercera según hacía Pantaleón Rodríguez, y que cuando Miguel Cario le compró a Monse-rrate Acosta éste advirtió al comprador que había sesenta cuerdas en el terreno que le vendía pero que él le vendía solamente cincuenta cuerdas, pues las otras pertenecían a Ramírez, con cuya manifestación no estuvo conforme Cario por lo que mandó medir la finca por un agrimensor y encon-tró que en efecto había en las dos pertenencias veinte cuer-das, las que trató Miguel Cario de comprar a Ramírez por-que no le convenía quedarse con terrenos a la. tercera, y como Ramírez no accediera a sus deseos, convino Cario en que-darse con las veinte cuerdas para sembrarlas a la tercera; que las ciento veinte cuerdas forman un solo cuerpo sin que materialmente las veinte cuerdas puedan identificarse por puntos, por más que quedan en la colinclancia de Severiano Ramírez.

Declara Pantaleón Rodríguez que él y Monserrate Acosta compraron a Rosalía Pabón una finca de cien cuerdas, pero como la vendedora les dijo siempre que en la finca había veinte cuerdas más que eran de Severiano Ramírez, se que-daron con ellas para trabajarlas dando a Ramírez la mitad del producto cuando él daba la semilla, y la tercera parte cuando ellos ponían bueyes y semilla, como así lo cumplie-ron; que al vender a Donato Pumares su parte explicó a Pu-mares lo que ocurría con Ramírez y aceptó el negocio bajo esa base; que compraron la finca sin medirla y mientras fue-ron dueños de ella no se cuidaron de hacerlo, pero se midió después cuando fué de Donato Pumares y Monserrate Acosta.

Monserrate Acosta declara que-compró en unión de Pan-taleón Rodríguez a Rosalía Pabón una finca de cien cuerdas y como en ella había veinte cuerdas de más, de la propie-dad de Severiano Ramírez, también se quedaron con ellas dando a éste la tercera parte del beneficio durante los siete o seis meses que las poseyeron; y que cuando vendió a Miguel Cario Pabón se lo hizo saber y para él desengañarse si había las veinte cuerdas de más llamó a un agrimensor, quien las mensuró, resultando de la mensura ciento veinte cuerdas; que al comprar la finca la aceptaron como si tuviera una cabida de ciento veinte cuerdas, sin que se cuidaran de me-dirla ; que el agrimensor a que ha aludido se nombraba Grullé y que sabe que la mensura que se practicó dió ciento veinte cuerdas porque él mismo se lo dijo y le cobró $18.34, habién-dose ajustado el trabajo a veinte centavos la cuerda, y que cuando él y Pantaleón Rodríguez trabajaban la finca sabían donde estaban las veinte cuerdas de Severiano Ramírez, a saber, en la colindancia de ellos y de Severiano Ramírez, formando una punta de tierra.de Saliente a Poniente.

Miguel Cario declara que compró a Monserrate Acosta una finca de cincuenta cuerdas qué era parte indivisa de una finca mayor de cien cuerdas, y que el Acosta le expresó que había sesenta cuerdas, de las cuales eran diez de Severiano Ramírez; exigió a Acosta que practicara la mensura, habiendo buscado entonces a don Gil quien mensuró el terreno saliendo ciento veinte cuerdas, habiendo pagado el testigo la mensura por orden de Acosta, o sean $16 ó $17, sin que se levantara plano alguno de la finca; que cuando compró a Monserrate Acosta las cincuenta cuerdas, le escribió a Severiano Ramí-rez que si quería venderle las diez cuerdas que le correspon-dían o si quería un deslinde, y habiendo contestado Ramírez que estaba conforme en deslindar los terrenos, Donato Pu-mares se opuso y no pudo hacerse el deslinde, y que las diez cuerdas quedaban en la parte del sur, a lo largo de Saliente a Poniente.

Gumersindo Luna declara que una noclie se encontraba'’ en la casa de Severiano Ramírez y por la madrugada llegó > Donato Pumares a decirle que no mandara a don Gil a me-dir las veinte cuerdas porque no quería verlo allí y que éi se quedaría con las veinte cnerdas, dándole la tercera parte de los productos.

. En relación con la anterior declaración de Gumersindo ■ Luna explica el demandante Severiano Ramírez que sabedor/ Miguel Cario de que Donato Pumares había depositado un-dinero para retraer la finca que Cario había comprado a Mon-serrate Acosta, salió a comprar al testigo las veinte cuerdas; a que se refiere el presente pleito y el testigo le dijo que las haría mensurar y deslindar para ver si le convenía vender-las ; que escribió al agrimensor encargándole que el lunes pró-ximo fuera a medir la finca para deslindar las veinte cuerdas de Monserrate Acosta y de Pantaleón Rodríguez, y también escribió a Pumares y a Miguel Cario dándoles aviso de la mensura que se iba a practicar con el fin de que fueran a presenciarla; que un mismo peón llevó ambas cartas a sus. destinatarios y Pumares dijo que como el asunto estaba en los tribunales no permitía que nadie entrara en el terreno ni él iría tampoco allí y entonces por medio del mismo peón expresó a Pumares que al día siguiente pediría el deslinde judicial por la corte; que Pumares queriendo evitar la rea-lización de esa idea llamó al testigo serían las 4 ó las 5 de la mañana y convinieron, para evitar disgustos, en que Pu-mares se quedara con las veinte cuerdas a la tercera según las tenían Pantaleón Rodríguez y Monserrate Acosta; que Pumares aceptó las veinte cuerdas en esas condiciones y en una ocasión, o sea en 8 de noviembre de 1916 escribió al tes-tigo una caída en que le pedía semilla de algodón para sem-brar en las veinte cuerdas, y que un hermano de Pumares. llamado José Escabí en la colindancia de esas veinte cuerdas-, con otros terrenos del Ramírez y en una extensión de diez cuerdas sembró también maíz y algodón, por el año de 1915 a 1916. Severiano Ramírez presentó la carta a que alude en su declaración, la que fue reconocida por Donato Pumares, y dice así:

“Amigo don Sebero: El terreno lo tengo rompido Race tiempo pero no he podido sembrarlo, he pensado, como es muy tarde, sein-brarlo de algodón y habichuelas, así es que necesito semilla de algo-dón; dígame si Ud. tiene para mandar a buscar una poca para com-pletar. Contésteme si la hay porque enseguida que haya dos o tres días de seca voy a sembrar. Suyo afectísimo, (firmado) D. S. Ps.”

Donato Pumares, conocido por Donato García Escabí, re-fiere que no tuvo con Pantaleón Rodríguez otra transacción que la que consta en la escritura de venta de su condominio en la finca de cien cuerdas y que Pantaleón Rodríguez nada le advirtió sobre que hubiera en la finca veinte cuerdas de Ramírez, lo cual oyó decir posteriormente o sea desde que llevó a Miguel Carlo a la corte ejercitando la acción de re-tracto; que en terrenos de Severiano Ramírez separados de los su3ros ha sembrado maíz pues para ello le pidió un cer-cado y mandó a arar como veinte y dos cuerdas, llegando a sembrar veinte solamente, pero esa finca era independiente ■de la del testigo y separada de ésta por guardarraya de alam-'.bre; que la siembra produjo 350 y pico de pesos; que a Se-veriano Ramírez entregó a cuenta de lo que le correspondía por anticipado $70 en una orden contra Antonio Valle a su favor y además le hizo entrega de 37 pesos y centavos en billetes y monedas y que la carta que ha reconocido, pre-sentada por Severiano Ramírez, se refiere a semilla para sembrar en el terreno que le había cedido Ramírez y no a otros terrenos.

La orden de $70 a que se refiere Pumares es un cheque expedido en Io. de febrero de 1917 a la “Caja de Economías y Préstamos” de Cabo Rojo a la orden de Se\Teriano Ramírez y firmado por Antonio Valle, cuyo cheque confiesa Severiano Ramírez haber cobrado, como también le pagó Donato Gar-cía 37 pesos y centavos, refiriéndose esas cantidades al pago que debía hacerle José Escabí, hermano de Donato Primares, por el in^aíz cosechado en los terrenos que le había dado para siembra.

El testigo Sebastián Arroyo afirma haber trabajado, en unas cnerdas de terreno de Severiano Ramírez que éste cedió a Donato Pumares para sembrar maíz, colindantes con terre-nos de Pumares.

Tales son, en síntesis, las pruebas traídas al juicio en re-lación con los fines que persigue el demandante en su de-manda.

Sean cuales fueren los convenios de Severiano Ramírez con Rosalía Pabón, de ésta con Pantaleón Rodríguez y Mon-serrate Acosta, y de Monserrate Acosta con Miguel Cario Pabón, con motivo del exceso de veinte cuerdas que se presume había de más en la mitad de la finca de doscientas cuer-das de la propiedad de Ramírez, de cuya mitad llegaron a ser dueños los menores hijos de Donato Pumares en virtud de sucesivos traspasos, esos convenios no afectan ni obligan bajo concepto alguno al representante de dichos menores, pues no fueron inscritos en el registro de la propiedad. T aunque admitamos que los menores compradores adquirieron la parte de los terrenos de Pantaleón Rodríguez con conoci-miento dado por éste de que Ramírez era dueño de veinte •cuerdas que había de más en las cien cuerdas de que formaba parte el terreno vendido a los menores, esa circunstancia no .se hizo constar en la escritura de venta que fué la última •expresión de la voluntad de las partes contratantes y a ella, por tanto, debían atenerse. Cintrón & Aboy v. Solá, 22 D. P. R. 262.

En cuanto a la adquisición hecha de Miguel Cario por los menores a virtud de derecho de retracto, adquirieron de Cario sin reconocer en la escritura derecho dominical alguno a favor de Ramírez, y esa escritura vino a ser la ley del con-trato.

Estimamos aplicable, al presente caso el artículo 25 de la Ley de Evidencia de 9 de marzo de 1905, que dice así:

“Art; 25. — Cuando las condiciones de un convenio se bayan con-signado por las partes en un documento, se considerará que contiene éste todas dichas condiciones, por lo que no cabrá entre las partes y sus representantes o sucesores en interés, evidencia alguna de las condiciones del convenio, fuera de lo contenido en el documento, ex-cepto en los siguientes casos:
1. Cuando una equivocación o imperfección en el documento fuere alegada en el litigio.
2. Cuando la validez del convenio constituyere el hecho contro-vertido.
Pero este artículo no excluye otra evidencia de circunstancias bajo las cuales fuere hecho el convenio, o con las cuales se relacio-nare, según lo definido en el artículo veinte y ocho, o para explicar una ambigüedad extrínseca, o probar ilegalidad o fraude. La pala-bra ‘convenio’ incluye escrituras y testamentos, así como contratos entre las partes.”

Y el artículo 28 reza como sigue:

“Art. 28. — Para la debida interpretación de un documento, las circunstancias bajo las cuales fuese otorgado, inclusa la situación del objeto a que se eontrayere, así como la de las partes, podrán también demostrarse, a fin de que el juez se coloque en la situación de las personas cuyo lenguaje estuviere llamado a interpretar.”

Es de notar .que la parte demandante no alega equivoca-ción o imperfección en los títulos de propiedad de los me-nores demandados ni impugna la validez de los mismos, ni los somete a la interpretación judicial, por lo que no con-curriendo las excepciones que marca el art’culo 25 transcrito, tenemos que llegar a la conclusión de que las escrituras de-27 de mayo de 1915 y 9 de octubre de 1916, en virtud de las cuales adquirió Donato Pumares para sus hijos los terre-nos que hoy poseen, deben considerarse como que contienen todas las condiciones de los contratos de compraventa con-signados en aquellos documentos.

“Dicha regla”, como ya dijimos en el caso de Morales v. Díaz et al., 24 D. P. R. 739, “es algo'más que una mera cuestión de prueba. Es una declaración de la política que debe observarse, liecba por la Legislatura. Tiene por objeto, lo mismo que el estatuto inglés de fraudes, de donde deriva su origen, el evitar controversias de la naturaleza de la que ahora consideramos.”

Pero aun admitiendo que fuera un contrato completamente independiente el de reconocimiento del dominio de las veinte cuerdas de terreno por Pumares a favor ele Severiano Ra-mírez, a que se refieren tanto Severiano Ramírez como los testigos Miguel Carlo y Gumersindo Luna, y cuyo contrato niega Donato Pumares, la prueba de ese contrato, para ad-mitir su existencia, debe ser “robusta y convincente, dada la circunstancia de tratarse del reconocimiento de un derecho real de dominio a favor de Ramírez sobre parte de terrenos adquiridos por escrituras públicas para sus menores hijos 'sin reserva de tal derecho.

Cuando se trata de actos o contratos en que de ordinario suelen intervenir escrituras, documentos privados o algún principio de prueba por escrito, como sucede con la creación, trasmisión, modificación o -extinción ele derechos reales sobre bienes inmuebles, recomienda el artículo 1216 del Código Civil que los tribunales cuiden de evitar que por la simple coin-cidencia de algunos testimonios, a menos que su veracidad sea evidente, queden definitivamente resueltos los negocios envueltos en tales actos o contratos.

La prueba aportada al juicio por el demandante, lejos de ser robusta y convincente es muy defectuosa. No nos satis-face. Ni siquiera se sabe con fijeza cuál fué el perito que mensuró los terrenos, pues el demandante dice que hizo la mensura un agrimensor de Lajas que no recuerda y cree que murió, el testigo Monserrate Acosta lo designa con el nombre de Grullé, y el testigo Miguel Carlo con el nombre de Gil, y por más que los tres afirman que se practicó la mensura, no se formó de ella plano alguno, ni quedó cons-tancia escrita, como era lo natural y corriente en toda persona que cuida de sus propios asuntos con celo ordinario.

El demandante-apelado solicitó la desestimación del re-curso por no haber sido notificado el escrito de apelación a los qne fueron citados de evicción, Pantaleón Rodríguez, Monserrate Acosta y Miguel Cario Rabón, y para la discu-sión de esa moción fué señalado el mismo día de la vista del recurso.

Ciertamente que la notificación del escrito de apelación no se hizo a los individuos anteriormente relacionados, pero entendemos que esa notificación no era necesaria por no ser partes contrarias en el caso, pues según .hemos declarado re-petidas veces, el concepto de parte contraria (adverse party) a que se refiere el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil, afecta únicamente a las partes que pueden ser afecta-das por una modificación o revocación de la sentencia ape-lada. Galafar v. Sucesión Morales, 22 D. P. R. 491.

Al revocarse la sentencia apelada, a cuya conclusión úl- • tima hemos de llegar,. Pantaleón Rodríguez, Monserrate Acosta y Miguel Cario Pabón no sufren perjuicio alguno, pues según el artículo 1378 del Código Civil, la evicción ten-drá lugar cuando se prive al .comprador por sentencia firme y a virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada, y por la sentencia que hemos de dictar los compradores demandados, a cuya instancia se hizo la citación de .evicción, no han de ser privados de todo o parte de los terrenos que compraron.

Por las razones expuestas procede que, declarándose sin lugar la moción de desestimación del recurso, se revoque la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez en 29 de mayo de 1918, absolviéndose de la demanda a los demandados, sin especial condenación de costas.

Sin lugar la moción de desestimación, revo-cada la sentencia apelada y desestimada la demanda sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    López, Demandante y Apelado, v. Central Vannina, Demandada y Apelante.
    At elación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre desahucio. Incidente sobre memorandum de costas.
    No. 2117.
    Resuelto en febrero 28, 1920.
    Costas — Desembolsos—Honorarios de Abogado — Revocación de Sentencia.— La Corte Suprema de Puerto Rico revocó la sentencia dictada por la corte de distrito. Establecida apelación para ante la Corte Suprema de los Es-tados Unidos, este tribunal revocó a su vez la sentencia apelada o sea la de la Corte Suprema de Puerto Rico. Surgió la cuestión de cuál ley debía aplicarse para interpretar el pronunciamiento de la sentencia relativo a costas y se decidió que habiendo quedado en pie finalmente la primitiva sen-tencia de la corte de distrito, la ley aplicable lo era la que ¿staba en vigor cuando dicha sentencia fué dictada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. D. Monserrat, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. L. Muñoz Morales.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de desahucio y la cuestión a resolver se refiere al pago de las costas, desembolsos y honorarios de abogado. La Corte de Distrito de San Juan desestimó la demanda “con imposición de las costas” a la parte deman-dante. Dicha parte apeló y esta Corte Suprema revocó la sentencia y declaró con lugar la demanda. Recurrió entonces la demandada para ante la Corte de Circuito y este último tribunal dictó sentencia, en los siguientes términos:

“The judgment of the Supreme Court of Porto Rico is reversed and the case is remanded to that court for further proceedings not inconsistent with this opinion, with costs to the appellant.”

Recibido el mandato, esta Corte Suprema se limitó a darle curso transmitiéndolo a la corte de distrito que dictó la pri-mera sentencia. Ya en dicha corte el asunto, la parte deman-dada presentó un memorandum de costas comprensivo de las siguientes partidas: Honorarios del secretario $5; indem-nización de testigos, $12; sellos de rentas internas para cer-tificación de apelación a Boston, $56.61; preparación de ape-lación y gastos de taquígrafo, traducciones, etc., $250; hono-rarios de abogado, $5,000. En junto $5,323.61.

La demandante impugnó el memorandum con excepción de la partida de $5 por honorarios del secretario, y celebrada la vista, la corte de distrito resolvió el caso, en lo pertinente, así.:

“Segundo. — En cnanto a las partidas de cincuenta y seis dollars ($56.00), por sellos de Rentas Internas para la apelación a Boston, y doscientos cincuenta dollars ($250.00) por preparación de apela-ción, gastos de taquígrafo, traducciones, etc., la corte declara que no tiene jurisdicción alguna en cuanto a este extremo por tratarse de gastos hechos dentro de la apelación ante la Corte de Circuito de Boston, cuya corte a entender de ésta ha tasado las costas legales de tal apelación, como única corte con autoridad sobre esta materia. Por consiguiente, se sostiene la objeción como correcta.
“Aparte de esto, la sentencia dictada en este caso el 10 de febrero de 1917, condenó en costas a la parte demandante, sin hacer expre-sión de gastos y desembolsos; y d'e acuerdo con la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Puerto Rico, la palabra cosías en este caso, y con arreglo a la ley vigente en la fecha en que esta sen-tencia se dictó, o sea la de 12 de marzo de 1908, debe interpretarse restrictivamente.
“Tercero. — En cuanto a honorarios de abogado, partida de cinco mil dollars ($5,000) en este concepto, la corte sostiene la objeción e impugnación y declara que esta partida no debe ser pagada por la demandante. Se trata de una sentencia dictada el 10 de febrero de 1917, bajo el imperio de la ley de 12 de marzo de 1908, artículo 327, Código de Enjuiciamiento Civil y jurisprudencia sentada en 29 de junio d!e 1912, por nuestra Corte Suprema en el caso de Veve v. FA Municipio de Fajardo. En la sentencia dictada en este caso en la fecha citada, se dice únicamente ‘con imposición de costas a la de-mandante’ pero no se habla especialmente de honorarios de abogado.”

La parto demandada estableció entonces el presente re-curso de apelación, señalando en su alegato dos errores, a saber: el cometido por la corte al declararse sin jurisdic-ción para conocer ele las partidas de $56.61 y de $250: y al no aplicar a elidías partidas y a la de honorarios de abo-gado las leyes de 12 de abril y 19 de noviembre de 1917.

1. La regla 31 de las de la Corte de Circuito de Ape-laciones del Primer Circuito en sus incisos 4 y 6, dispone que: “El importe de la transcripción de los actos de la corte inferior será tasado en ésa corte como costas del caso”, y que: “Al concederse costas en este tribunal será el deber del secretario incluir su importe en el mandato n otra orden adecuada remitida a la corte inferior, debiendo agregar al mismo la relación de las partidas tasadas en detalle.” 26 D. P. R. LNNYII.

No consta si la demandante solicitó que los desembolsos áhora reclamados se incluyeran en el mandato a que se re-fiere la regia anterior, ni conocemos si la cuestión aquí en-vuelta ha sido resuelta en algún sentido por la Corte de Circuito en este o en algún otro caso procedente de Puerto Rico.

La condena de costas qué contiene la sentencia de la Corte de Circuito claramente se refiere y está limitada a las costas ele la apelación, costas que al parecer han sido ya tasadas y pagadas, y la negativa del juez de distrito a or-denar el pago de los desembolsos, se sostiene por cualquiera de los siguientes fundamentos: Si se trataba de costas que debieron incluirse en el mandato de la Corte de Circuito, la demandada no reclamó a tiempo su derecho; si se trataba de desembolsos hechos “bajo la autoridad de la Corte Suprema de Puerto Rico”, como sostiene la apelante, la ley, artículo 8 del Código de Enjuiciamiento Civil, no permite su cobro, y, por último, si para percibir dichos desembolsos la deman-dada se basa en la sentencia que obtuvo originalmente en su favor en la corte de distrito, tal sentencia no condenó a la parte demandante al pago de desembolso alguno, sino que se limitó a la imposición de las costas.

2. Con lo dicho, hemos en verdad indicado nuestro, cri-terio en cuanto al segundo error. Resta sólo explicar ese criterio.

Estamos conformes con la jurisprudencia que cita la parte apelante relativa a que la revocación de una sentencia la des-truye por completo, pero aquí la revocación de la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan por la de esta Corte Suprema no llegó a producir tal efecto, debido a la apela-ción interpuesta contra ella para ante la Corte de Circuito y la acción tomada por este último tribunal. La sentencia que quedó en pie finalmente fué la dictada por la corte de distrito. Y siendo ello así, para ejecutar su pronunciamiento relativo a costas, es necesario aplicar la ley que estaba en vigor en el momento en que tal pronunciamiento se hizo, o sea el 10 de febrero de 1917. Esa ley es la misma citada por el juez de distrito en su resolución que dejamos trans-crita y fué interpretada por este tribunal, así:

“La sentencia que condena únicamente al pago de costas, sólo se refiere a costas, y no a desembolsos y honorarios de abogados, pues las sentencias relativas a costas, lo mismo que las leyes sobre cos-tas, dteben interpretarse estrictamente.”
“ Tanto los honorarios de abogados como los desembolsos, única-mente son exigibles cuando en la sentencia que condena al pago de costas, se condena expresamente al pago de honorarios de abogados y desembolsos, y cuando en una sentencia sólo se condena al pago de costas, no puedíe reclamarse honorarios de abogados ni desem-bolsos como parte de las costas.” Veve v. El Municipio de Fajardo, 18 D. P. R. 764. Gandía v. Pizá, 19 D. P. R. 36, 38.

Las leyes que invoca la parte apelante son posteriores a la sentencia de la cual émanan sus derechos y no pueden, en tal virtud, .aplicarse en su favor.

Por todo lo expuesto opinamos que debe declararse sin lugar el recurso establecido y confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Sánchez, Peticionario y Apelante, Ex parte.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo de una orden sobre declaratoria de herederos.
    No. 2134.
    Resuelto en febrero 28, 1920.
    DECLARATORIA DE HEREDEROS— ALEGACIONES NECESARIAS — CONCLUSIONES LEGA-LES. — La simple alegación en una solicitud de declaratoria de herederos, ins-tada por Jos hermanos legítimos del difunto, de que éste al morir dejó por sus únicos herederos a dichos hermanos legítimos peticionarios, entraña una con-clusión legal, por lo que dicha solicitud es defectuosa, pues lo que debe hacer la parte es alegar y probar los .hechos que lleven a la corte a esa conclusión, o sea: que el difunto falleció abintestato y en estado de soltería, que antes que él habían fallecido sus ascendientes, que no dejó hijos naturales y que sus parientes, más próximos son sus hermanos legítimos, los peticionarios.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. L. Mercader.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En 16 de septiembre de 1919 Cristino Sánchez Mercado promovió expediente ante la Corte de Distrito de Arecibo para que él y sus hermanos legítimos Andrea, Eustaquio, Felipe Segundo, y Juan Sánchez Mercado fueran declarados únicos y universales herederos, de su difunto hermano Felipe de los mismos apellidos, alegando al efecto que el Felipe Sán-chez Mercado falleció en 29 de julio del año expresado, sin testar, y que dejó por sus únicos herederos a sus cinco her-manos ya mencionados.

El peticionario suministró, como pruebas una certificación del registro civil creditiva del fallecimiento de Felipe Sánchez Mercado, la partida de matrimonio de Tomás Sánchez con Ignacia Mercado, y cinco partidas de bautismo de Cristino, Andrea, Eustaquio, Felipe 2o. y Juan Sánchez Mercado, hijos legítimos todos de Tomás Sánchez e Ignacia Mercado. Ade-más declararon como testigos Juan Rodríguez Feliciano y Victoriano Rniz en el sentido de que Felipe Sánchez Mercado había muerto dejando como herederos a sus cinco, hermanos Cristino, Andrea, Eustaquio, Felipe 2o. y Juan Sánchez Mercado, habiendo conocido a los padres de éstos, Felipe Sánchez e Ignacia Mercado.

La corte de Arecibo dictó resolución en 24 del*propio sep-tiembre declarando no haber lugar a la declaratoria de here-deros solicitada, por el fundamento de que en la herencia y sucesión abintestato el pariente más próximo en grado ex-cluye al más remoto, correspondiendo la sucesión en primer lugar a la línea recta descendente, a falta de ésta a la ascendente, luego a los hijos naturales reconocidos, y a falta de tales personas a los parientes colaterales, entre ellos, en primer lugar, los hermanos, citando los artículos 895, 904, 909, 912 enmendado por Ley de 9 de marzo de 1911, y 914 del Código Civil Revisado, y en la solicitud ni se alega ni tampoco se ha justificado con medio alguno de prueba que Felipe Sánchez Mercado al tiempo de su fallecimiento no dejara hijos legítimos o naturales y que hayan fallecido To-más Sánchez e Ignacia Mercado, padres del finado, y demás ascendientes del mismo.

La anterior resolución ha sido apelada para ante esta Corte Suprema por Cristino Sánchez Mercado, y alega que la corte de distrito cometió error al dictarla en los términos en que lo hizo pues en la petición por modo expreso se alega que el difunto Felipe Sánchez Mercado al morir dejó por sus únicos herederos a sus hermanos legítimos, en cuya ale-gación está incluida la de que no dejó ascendientes ni des-cendientes o cualesquiera otros herederos que no fueran sus legítimos hermanos, y las pruebas han sido más que sufi-cientes para justificar tal carácter de únicos herederos.

No cometió la corte de Arecibo el error que se le atri-buye. La alegación de que Cristino, Andrea, Eustaquio, Felipe 2o. y Juan Sánchez Mercado, como legítimos hermanos de Felipe Sánchez Mercado, eran sus únicos herederos abin-testato, entraña una conclusión legal y la parte ha debido establecer en su petición hechos en virtud de los cuales la corte hubiera podido llegar a tal conclusión. Esos hechos eran que Felipe Sánchez Mercado había fallecido abintes-tato en estado de soltería, que antes de él habían fallecido los ascendientes del mismo, que no dejó liijos naturales v que sus parientes más próximos son sus hermanos legítimos qué se relacionan en la petición. Probados esos hechos, hu-biera venido como conclusión legal para la corte la de que los hermanos legítimos de Felipe Sánchez Mercado eran sus únicos y universales herederos abintestato. Tal prueba no existe, y por tanto, no es posible afirmar que haya suplido la deficiencia de las alegaciones del escrito inicial del pro-cedimiento.

Es de confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: Ejl Juez Pbesideette Se. Hbrváudbz,

text:
    Díaz, Peticionario, v. Foote, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari contra el Hon. Charles E. Foote, Juez de la Corte de Distrito de Mayagiiez en procedimiento hipotecario sumarísimo.
    No. 259.
    Resuelto en febrero 28, 1920.
    Procedimiento Ejecutivo Hipotecario — Cancelación Judicial de Plazos Pos-teriores no Vencidos. — Constituida hipoteca por A a favor de B sobre dos fincas por $1,700 a pagar en cuatro plazos vencederos en 1915, 1916, 1917 y 1918, el acreedor reclamó en procedimiento hipotecario el resto insoluto del primer plazo y la totalidad del segundo, con sus intereses y gastos, montante todo a $793.50. Adjudicadas las fincas al mejor postor O por $875, el marshal pagó los $793.50 reclamados nor B reteniendo los $81.50 restantes que quedaron sujetos a embargo trabado por otra persona contra el deudor A. A petición del comprador O la corte ordenó que los plazos vencederos en diciembre de 1917 y 1918 fueran cancelados por extinción de la hipoteca. Ape-lada dicha orden fué anulada porque no habiéndose entregado al ejecutante el importe total de la venta para que así quedaran pagados proporcionalmente todos los plazos, puesto que el prorrateo huelga cuando es un mismo acreedor el dueño de los plazos posteriores, la deuda no quedó extinguida totalmente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: $r. Angel A. Vázquez.

    El demandado no compareció.
   Ejl Juez Pbesideette Se. Hbrváudbz,

emitió la opinión del tribunal.

Están sujetos a nuestra revisión los procedimientos ori-ginales seguidos en la Corte de Distrito de Mayagüez por Benigno Díaz contra Juan Pagán Díaz, sobre cobro de cré-dito hipotecario, procedimientos elevados a esta Corte Su-prema a virtud de recurso de certiorari ejercitado por Be-nigno Díaz contra el juez de dicha corte para que se declare nula la orden que dictó en 9 de septiembre de 1919 decre-tando la cancelación de la hipoteca constituida sobre dos fin-cas rústicas en cuanto garantizaba los dos últimos plazos de dicho crédito hipotecario.

De los procedimientos expresados y de las alegaciones del peticionario resulta que por escritura pública del 11 de agosto de 1915 inscrita en el registro, Juan Pagán Díaz hi-potecó a favor de Benigno Díaz dos fincas rústicas para ga-rantizar un préstamo de $1,700, a pagar en partidas de $400 en cada mes de diciembre de los años 1915, 1916 y 1917, y el resto de $500 en igual mes de 1918; que del primer plazo de dicha obligación el deudor no satisfizo $150 y también dejó insolutos los $400 del segundo plazo; que el acreedor reclamó en procedimiento hipotecario el pago de las ante-riores cantidades ascendentes a $550 con más $43.50 por in-tereses de esa suma y $200 por gastos y costas, o sea por un total de $793.50; que las fincas hipotecadas fueron ven-didas en pública subasta y adjudicadas al mejor postor Emi-liano Pol por la suma de $875, de los cuales entregó el már-shal $793.50 al acreedor ejecutante en pago de la suma re-clamada, y retuvo el sobrante de $81.50 que quedó sujeto a embargo ordenado por la Corte Municipal de Mayagüez en caso seguido ante dicha corte por Emiliano Pol contra Juan Pagán Díaz, sobre cobro de dinero; que de las fincas subas-tadas se otorgó escritura de venta a Emiliano Pol en 10 de octubre de 1917’; que Emiliano Pol radicó moción en el mismo procedimiento en 3 de septiembre de 1919 con súplica de que en cumplimiento con el artículo 125 de la Ley Hipotecaria según fné enmendado por la Ley No. 31 de 7 de marzo de 1912, se ordenara que los plazos hipotecarios vencidos en diciembre de los años 1917 y 1918 fueran cancelados en el Registro de la Propiedad de Mayagüez por haberse extin-guido la hipoteca que gravaba las fincas rematadas; que a la anterior moción se opuso Benigno , Díaz y la corte por orden de 9 de septiembre citado declaró con lugar la moción, invocando los mismos preceptos legales citados por la re-presentación de Emiliano Pol y estableciendo no ser nece-sario que para ordenar la cancelación de dichos plazos se hubiera procedido a prorratear nuevamente el importe ele] remate puesto que esos plazos no pertenecían a diferentes personas entre las cuales hubiera de hacerse el prorrateo o distribución para hacerles pago de sus respectivos plazos, sino que el propio demandante ejecutante es dueño de los mismos y a él pertenece íntegramente el importe del remato sin que tenga que distribuirlo con ninguna otra persona.

Esa es la orden cuya nulidad se interesa en el presente recurso de certiorari.

El artículo 125 de la Ley Hipotecaria, tal como quedó enmendado por la Ley No. 31 de 7 de marzo de 1912, des-pués de ordenar los trámites que deben seguirse en los casos de que sobre una o varias fincas graviten créditos hipote-carios de varios acreedores y lleguen a venderse o a adju-dicarse para el pago al primer acreedor, sin que el valor de lo vendido o adjudicado iguale o no supere al crédito hipo-tecario que se realiza, establece en su último apartado el siguiente precepto:

“Salvo pacto en contrario, siempre que el pago de un crédito asegurado con hipoteca se dividiere en varios plazos, aún formali-zándose documentos endosables o títulos al portador, y cuando en una misma escritura se constituyeren dos o más hipotecas sobre 3 a misma finca, se entenderá que ninguno die dichos plazos o hipotecas tiene preferencia sobre los otros, gozando todos de igual condición jurídica, a los efectos de esta ley. Pero, en el caso de que vendidos judicialmente los bienes gravados, el precio obtenido en la subasta no cubriese el total de todos los plazos o hipotecas, dicho precio se repartirá a prorrata entre los diversos plazos o acreedores, en pro-porción al interés de cada uno, y si alguno de los plazos o hipotecas no estuviere vencido, y el comprador de la finca no quisiere consignar la parte de precio correspondiente, adquiriendo la finca con el gravamen, entonces se hará constar en el registro de la propiedad, en virtud de mandamiento, judicial, la reducción operada en el importe de los créditos no vencidos, conforme a lo anteriormente expresado.”

La ley anteriormente transcrita no ha sido cumplida en el presente caso, puesto que no aparece que el precio por el cual adquirió Pol las fincas hipotecadas se haya repartido a prorrata entre los diversos plazos del crédito en proporción al interés de cada uno de ellos, ni que se haya consignado la parte correspondiente a los plazos no vencidos, a la dispo-sición del dueño de los mismos que es Benigno Díaz; y antes por el contrario, la suma de $81.50 que quedó después de haber sido reintegrado el ejecutante de la suma reclamada, no fué percibida por Díaz sino retenida con motivo de embargo ordenado en otro juicio seguido por el adjudicatario Emiliano Pol, no contra Benigno Díaz, el acreedor, sino contra Juan. Pagan. Díaz, el deudor, sobre cobro de dinero.

Como al ejecutante, acreedor de todos los plazos pos-teriores, no fué entregado todo el precio de la venta para que así quedasen pagados proporcionalmente todos los pla-zos, la deuda en su totalidad no quedó extinguida y era, por tanto, improcedente la cancelación ordenada.

Entendemos que no es bastante para la cancelación que el comprador entregue todo el precio sino que es necesario que se paguen a prorrata los plazos vencidos, consignándose en su caso la parte de precio correspondiente a los plazos, no vencidos, pues el pago es lo que clá lugar a la cancelación y nó la sola entrega al márshal o al secretario. Por supuesto,, que si todo el precio de la venta se hubiera entregado al eje-cutante Díaz no hubiera habido necesidad de hacer el pro-rrateo con el mismo en cuanto a los plazos posteriores, toda vez que él es el dueño de ellos, y no había de practicarse' tin prorrateo con él sólo, por lo que la entrega debía enten-derse .lieclia para pagar cada tino de los plazos en la pro-porción que resultara del prorrateo.

Parece qne ni Pol actuó bajo la idea de que todo el pre-cio de la venta debía corresponder a Benigno Díaz para pa-garle todos los plazos de su crédito, sino que creyó que el resto después de pagados los plazos vencidos pertenecía al dueño de la finca subastada, Juan Pagan Díaz, "cómo lo de-muestra el embargo trabado a instancia de Pol, y que tam-bién el acreedor Díaz lia actuado bajo la idea errónea de que la hipoteca debe seguir garantizando los plazos insolutos en su totalidad; pero sean cuales fueren los puntos de vista de las partes, es un hecho que el total de la deuda no ha sido satisfecho en la forma prevenida por la ley y que en su consecuencia la corte de Mayagüez procedió con error al ordenar la cancelación de la hipoteca.

Y dicho error puede ser revisado mediante recurso de certiorari pues su causa no ha sido otra que la infracción o falta de cumplimiento de una regla de procedimiento estatuida por la Ley No. 31 de marzo 7, 1912, cuya ley tiene su pre-cedente histórico en la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil española. American Trading Co. v. Monserrat, 19 D. P. R. 987. En ese mismo caso dejamos establecido que el artículo 131 de la Ley Hipotecaria no tiene aplicación cuando el pre-cio de la venta no alcanza a cubrir todos los plazos posteriores con sus intereses.

Por las razones expuestas debe ser anulada la orden de la Corte de Distrito de Mayagüez de 9 de septiembre, 1919, devolviéndose los autos originales a dicha corte para proce-dimientos no inconsistentes con la presente opinión.

Anulada la orden apelada y devuelto él caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Aldrey. El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la re-solución de este caso.