author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Bernadette Virkler, peticionaria.

      Número: CC-2007-74

      Resuelto: 27 de agosto de 2007

      Félix A. Cifredo Cancel, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogado de la parte peticionaria; Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 23 de febrero de 2006 el Tribunal de Primera Instan-cia, Sala Superior de Fajardo, determinó causa probable para arresto contra Bernadette Virkler por violación al Art. 109 del nuevo Código Penal y al Art. 76 de la Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez, Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003 (8 L.P.R.A. sec. 450d). Según surge de la denuncia, se le imputó a Bernadette Virkler haber ocasionado negligentemente la muerte de su hijo, Peter Elias Virkler, al no proveerle la debida atención mé-dica a pesar de que era notable que éste respiraba con dificultad y que presentaba varios hematomas en su cuerpo.

El 11 de julio de 2006 el Tribunal de Primera Instancia celebró la correspondiente vista preliminar, en la cual se determinó causa probable para acusar a Virkler. Tras va-rios incidentes procesales, el Ministerio Público presentó contra ésta los pliegos acusatorios correspondientes por los delitos tipificados en los Arts. 109 y 76 antes mencionados. Según se deduce del expediente, igualmente se presentó una denuncia y acusación contra William Elias Rodríguez, padre del menor, por los mismos hechos y delitos. El tribunal de instancia señaló juicio para el 7 de noviembre de 2006, el cual se celebraría de forma conjunta contra Bernadette Virkler y William Elias Rodríguez. Previo a la ce-lebración del juicio, Virkler solicitó un juicio por separado en virtud de lo establecido en la Regla 91 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Alegó que el Ministerio Público se propone presentar como evidencia varias manifestaciones hechas por William Elias Rodríguez a los testigos de cargo, que constituyen prueba de referencia inadmisible en su contra debido a que en el juicio conjunto, William Elias Rodríguez —el coacu-sado y autor de dichas manifestaciones— no estará dispo-nible para ser interrogado sobre la existencia, veracidad y extensión de las manifestaciones que se le atribuyen. Adujo que dichas manifestaciones, aun cuando no son in-criminatorias, le afectan adversamente y que su presenta-ción en juicio viola su derecho constitucional a confrontar la prueba que se presenta en su contra.

Por su parte, el Estado presentó una oportuna oposición a la moción de juicio por separado presentada por Bernadette Virkler. Adujo, en síntesis, que las Reglas 91 y 92 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, se refieren a una situación especial como fundamento para la separa-ción de juicios, a saber: cuando uno de los acusados ha hecho declaraciones que incriminan al otro coacusado, por lo cual surge el problema de que esas declaraciones po-drían resultar inadmisibles contra el coacusado en un jui-cio conjunto, y que unas instrucciones del tribunal al Ju-rado podrían resultar insuficientes. Señaló que en este caso no está presente la situación de declaraciones de un acusado que incriminen al otro acusado, por lo cual resul-tan inaplicables las Reglas 91 y 92 de Procedimiento Criminal, ante, en cuestión. De igual forma, alegó que la se-paración solicitada tampoco procede bajo el criterio general de perjuicio establecido en la Regla 90 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, porque el perjuicio aducido por Virkler —entiéndase, que las manifestaciones de Elias son prueba de referencia inadmisible en su contra— es insuficiente. Al respecto el Ministerio Público sostuvo que las manifestaciones atribuidas a Elias no cualifican como prueba de referencia debido a que no se traen para probar la veracidad de lo aseverado ni constituyen prueba de re-ferencia independientemente admisible contra Bernadette Virkler.

Trabada así la controversia, el 30 de octubre de 2006 el tribunal de instancia emitió una resolución en la cual de-claró “no ha lugar” la solicitud de juicio por separado por el fundamento de que las alegadas expresiones de William Elias Rodríguez no son incriminatorias en relación con la coacusada Virkler. En dicha resolución expresó, además, que “[e]n su deber de evitar perjuicio a cualquiera de las partes, ... tomará las medidas necesarias de surgir el mismo en cualquier momento de los procedimientos”. Apéndice, pág. 39.

Bernadette Virkler acudió de dicha determinación —mediante un recurso de certiorari— al Tribunal de Apelaciones. El foro apelativo intermedio denegó la expedi-ción del recurso señalando, en síntesis, que la coacusada Virkler no tiene derecho a que su juicio se separe del de William Elias Rodríguez, pues las manifestaciones de este último no la incriminan y no ha presentado prueba sobre el perjuicio que sufriría de continuar los juicios consolidados.

Inconforme, Bernadette Virkler acudió —mediante un recurso de certiorari y en auxilio de jurisdicción— ante este Tribunal. Aduce que procede revocar la resolución emitida por el tribunal apelativo intermedio debido a que éste incidió

... al confirmar al Tribunal de Primera Instancia al declarar sin lugar la solicitud de separación de juicios de la peticionaria cuando, como en este caso, el Fiscal se propone ofrecer como prueba varias declaraciones del coacusado, pues ello es contra-rio a los derechos constitucionales a confrontar el testimonio adverso y al debido proceso de ley, y a sus salvaguardas esta-tutarias en las Reglas 91 y 90 de Procedimiento Criminal. Pe-tición de certiorari, pág. 4.

El 28 de febrero de 2007 expedimos el recurso y, en auxi-lio de nuestra jurisdicción, paralizamos los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo. Contando con la comparecencia de las partes, y estando en posición de resolver, procedemos a hacerlo.

I

Conforme al trasfondo fáctico antes expuesto, nos co-rresponde resolver las controversias siguientes:

1. ¿Procede el juicio por separado en virtud de la citada Regla 91 de Procedimiento Criminal ante las manifestacio-nes atribuidas a un coacusado que no incriminan ni incul-pan al acusado que solicita la separación?

2. De no proceder la separación de juicio al amparo de la Regla 91 de Procedimiento Criminal, ante, ¿se dan en el presente caso las circunstancias necesarias para justificar una separación de juicio en virtud del criterio general de perjuicio establecido en la Regla 90 de Procedimiento Criminal, ante?

II

La Regla 91 de Procedimiento Criminal, ante, dis-pone, en lo pertinente, que

[a] solicitud de un coacusado el tribunal ordenará la celebra-ción de un juicio por separado cuando se acusare a varias per-sonas y una de ellas hubiere hecho declaraciones, admisiones o confesiones pertinentes al caso que afectaren adversamente a dicho coacusado, a menos que el fiscal anunciare que no ofre-cerá tales declaraciones, admisiones o confesiones como prueba y que tampoco hará^ en forma alguna, referencia a las mismas durante el juicio. (Enfasis suplido.)

La separación compulsoria contemplada en la Regla 91 de Procedimiento Criminal, ante, tiene como fundamento principal el derecho constitucional de todo acusado a confrontar la prueba que se presenta en su contra, pues, de ordinario, la presentación en evidencia de las declaraciones incriminatorias de “A”, que afectan adversamente al coacusado “B”, implica una violación potencial al derecho a confrontación de “B” y constituyen prueba de referencia en su contra, habida cuenta de que “A” no estará disponible para ser contrainterrogado por su derecho constitucional a no declarar. Véase E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 207.

En Estados Unidos se ha discutido ampliamente la pro-tección y extensión del derecho constitucional a la confron-tación, en relación con la separación de juicios y la admi-sión en evidencia de declaraciones o manifestaciones de un coacusado en un juicio conjunto. El caso normativo original lo es Bruton v. United States, 391 U.S. 123 (1968), en el cual el Tribunal Supremo federal determinó que se viola el derecho constitucional a la confrontación cuando en un jui-cio conjunto se admite en evidencia la declaración de un coacusado que incrimina o implica al otro acusado como participante en el crimen, independientemente de que se le instruya al Jurado que la declaración no puede ser utili-zada para determinar la culpabilidad del acusado que no hizo la declaración. En dicho caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos expresó que:

... there are some contexts in which the risk that the jury will not, or cannot, follow instructions is so great, and the consequences of failure so vital to the defendant, that the practical and human limitations of the jury system cannot be ignored. Such a context is presented here, where the powerfully incriminating extrajudicial statements of a codefendant, who stands accused side by side with the defendant, are deliberately spread before the jury in a joint trial. Not only are the incriminations devastating to the defendant but their credibility is inevitably suspect, a fact recognized when accomplices do take the stand and the jury is instructed to weigh their testimony carefully given the recognized motivation to shift blame onto others. The unreliability of such evidence is intolerably compounded when the alleged accomplice, as here, does not testify and cannot be tested by cross-examination. It was against such threats to a fair trial that the Confrontation Clause was directed. (Escolios omitidos y énfasis nuestro.) Id., págs. 135-136.

Posteriormente, en Richardson v. Marsh, 481 U.S. 200 (1987), el Tribunal Supremo federal delimitó el alcance de sus expresiones en Bruton v. United States, ante. Resolvió que no se viola el derecho constitucional a la confrontación cuando, con la debida instrucción limitativa, se admite en evidencia la confesión de un coacusado redactada de tal forma que elimina el nombre del otro acusado y cualquier referencia a la existencia de éste. Por su pertinencia, es-bozamos a continuación las expresiones en el referido caso del Tribunal Supremo federal:

In Bruton ... [w]e held that a defendant is deprived of his Sixth Amendment right of confrontation when the facially incriminating confession of a nontestifying codefendant is introduced at their joint trial, even if the jury is instructed to consider the confession only against the codefendant. ...
There is an important distinction between this case and Bruton, which causes it to fall outside the narrow exception we have created. In Bruton, the codefendant’s confession “expressly implicated] the defendant as his accomplice. Thus, at the time that confession was introduced there was not the slightest doubt that it would prove powerfully incriminating.” By contrast, in this case the confession was not incriminating on its face, and became so only when linked with evidence introduced later at trial ....
One might say, of course, that a certain way of assuring compliance would be to try defendants separately whenever an in criminating statement of one of them is sought to be used. That is not as facile or as just a remedy as might seem. Joint trials play a vital role in the criminal justice system, accounting for almost one-third of federal criminal trials in the last five years. ...It would impair both the efficiency and the fairness of the criminal justice system to require, in all these cases of joint crimes where incriminating statements exist, that prosecutors bring separate proceedings, presenting the same evidence again and again, requiring victims and witnesses to repeat the inconvenience (and sometimes trauma) of testifying, and randomly favoring the last-tried defendants who have the advantage of knowing the prosecution’s case beforehand. Joint trials generally serve the interests of justice by avoiding inconsistent verdicts and enabling more accurate assessment of relative culpability — advantages which sometimes operate to the defendant’s benefit. Even apart from these tactical considerations, joint trials generally serve the interests of justice by avoiding the scandal and inequity of inconsistent verdicts. The other way of assuring compliance with an expansive Bruton rule would be to forgo use of codefendant confessions. That price also is too high, since confessions “are more than merely desirable, they are essential to society’s compelling interest in finding, convicting, and punishing those who violate the law.” The rule that juries are presumed to follow their instructions is a pragmatic one, rooted less in the absolute certitude that the presumption is true than in the belief that it represents a reasonable practical accommodation of the interests of the state and the defendant in the criminal justice process. On the precise facts of Bruton, involving a facially incriminating confession, we found that accommodation inadequate. As our discussion above shows, the calculus changes when confessions that do not name the defendant are at issue. While we continue to apply Bruton where we have found that its rationale validly applies, we decline to extend it further. We hold that the Confrontation Clause is not violated by the admission of a nontestifying codefendant’s confession with a proper limiting instruction when, as here, the confession is redacted to eliminate not only the defendant’s name, but any reference to his or her existence. (Citas y escolios omitidos, y énfasis nuestro.) Richardson v. Marsh, ante, págs. 207-211.

Luego de resuelto Richardson v. Marsh, ante, el análisis se enfoca en determinar si la declaración en cuestión incri-mina al coacusado y a cuál grado. “Only those statements by a nontestifying defendant that directly incriminate a codefendant will generally give rise to a constitutional violation. Depending on the level of implication, instructions to the jury to avoid inferring any link between code-fendants redacted statement and the defendant may adequately protect the defendant’s Sixth Amendment rights.” 25 Moore’s Federal Practice 3rd Cap. 614, Sec. 614.06 (2007). Véase, además, 1A Wright, Federal Practice and Procedure Sec. 224 (1999) (“There is no Bruton violation if the confession of one defendant does not refer to the other defendant ...”).

Bajo un análisis similar al utilizado por el Tribunal Supremo federal en Richardson v. Marsh, ante, varios tribu-nales de circuito federales han resuelto que no se configura una violación al derecho constitucional a la confrontación y, por ende, no se justifica una separación de juicios cuando la manifestación o declaración del coacusado no implica o incrimina de su faz, o directamente, al otro acusado y se brindan las debidas instrucciones limitativas al Jurado. Véanse: U.S. v. Fong Chen, 393 F.3d 139 (2do Cir. 2004); U.S. v. Williamson, 339 F.3d 1295 (7mo Cir. 2003); U.S. v. Hernandez, 330 F.3d 964 (7mo Cir. 2003); U.S. v. Rahsepa-rian, 231 F.3d 1267 (10mo Cir. 2000); U.S. v. Lage, 183 F.3d 374 (5to Cir. 1999); US. v. Mann, 161 F.3d 840 (5to Cir. 1998); U.S. v. Moore, 149 F.3d 773 (8vo Cir. 1998); U.S. v. Cobleigh, 75 F.3d 242 (6to Cir. 1996); U.S. v. Olano, 62 F.3d 1180 (9no Cir. 1995); United States v. Di Gregorio, 605 F.2d 1184 (1er Cir. 1979); United States v. Hicks, 524 F.2d 1001 (5to Cir. 1975).

Aun cuando nuestra Constitución es de factura más ancha, no encontramos razón de envergadura que justifique apartarnos de la normativa antes esbozada. En un efectivo balance entre el derecho a la confrontación y los intereses que se protegen mediante la celebración de juicios consolidados —entre éstos, intereses sociales y de efectiva, justa, rápida y económica administración de la justicia— consideramos que la separación compulsoria establecida en la Regla 91 de Procedimiento Criminal, ante, procede únicamente cuando las declaraciones, admi-siones o confesiones de un coacusado incriminan directa-mente al coacusado que solicita la separación; situación que, realmente, impide que el perjuicio causado sea sal-vado por una efectiva instrucción del tribunal al Jurado.

Ciertamente, ante manifestaciones que en nada incriminarían al acusado que solicita la separación, o cuando el perjuicio que pudiera causarse es mínimo, el balance de intereses se inclina a favor de la celebración de juicios consolidados, pues, según expusimos en Pueblo v. Maya Pérez, 99 D.P.R. 823, 825-826 (1971):

... [L]a celebración conjunta de varios casos contra distintos acusados, tiene el propósito de acelerar la administración de la justicia. ...
... [C]elebrar conjuntamente la vista de varias acusaciones contra distintas personas, es beneficioso para la sociedad que reclama una justicia rápida, pero puede, por otro lado, aca-rrearles peijuicios a los acusados. Si el perjuicio es mínimo, debe ceder ante el beneficio que representa la vista conjunta .... (Citas omitidas y énfasis nuestro.)

Coincidimos con el profesor Chiesa en cuanto a que

... existe un innegable interés social en la acumulación de cau-sas y la celebración de un solo juicio. La duplicación de juicios, en relación con actos delictivos que se originan en unos mis-mos hechos, acarrea serias inconveniencias, al gobierno y a las personas afectadas. Así, habrá que citar a los mismos testigos a que comparezcan a las distintas vistas que haya que cele-brar, se utilizarán mayores recursos judiciales, se incurrirá en mayores gastos, habrá que seleccionar un jurado distinto para cada juicio, etc. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 187.

Resulta pertinente señalar que en el pasado, aun cuando no habíamos abordado frontalmente la situación, en varias ocasiones intimamos el resultado al cual hoy llegamos. En Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 299, 323 (1991), nos enfrentamos a un señalamiento de violación al derecho a confrontación por no haberse conce-dido un juicio por separado, a pesar de que se admitieron en evidencia manifestaciones de un coacusado que implica-ban a la acusada Lydia Echevarría. Allí, aunque no nos vimos en la necesidad de expresarnos sobre la norma esta-blecida en Bruton v. United States, ante, y su progenie —debido a que las manifestaciones fueron hechas durante la vigencia de una conspiración— expresamos que Bruton v. United States, ante, era el caso normativo en cuanto a la inadmisibilidad de una declaración de un coautor que in-crimina al otro en base al derecho constitucional a la confrontación.

Por otro lado, en Pueblo v. Meliá León, 143 D.P.R. 708, 730 (1997), y citando con aprobación al profesor Chiesa, señalamos que el efecto práctico de la Regla 91 en cuestión es establecer una separación compulsoria únicamente cuando un coacusado hubiera hecho declaraciones incrimi-natorias que afecten inevitablemente al coacusado que so-licita la separación.

Incluso, ya en Reyes v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 29 (1961), caso en el cual resolvimos conforme al contenido de la Regla 91 de Procedimiento Criminal, ante —la cual ha-bía sido recién adoptada por este Tribunal y remitida a la Asamblea Legislativa— intimamos que la declaración, con-fesión o admisión del coacusado debe hacer referencia al acusado que solicita la separación. Expusimos entonces que “debe ser norma de los tribunales de instancia exami-nar la declaración [del coacusado] que intenta presentar el fiscal y determinar si la alusión que en ella se hace al otro acusado le afectaría adversamente”. (Enfasis nuestro.) Reyes v. Tribunal Superior, ante, pág. 37.

En fin, resolvemos que las declaraciones, admisiones o confesiones que justifican un juicio por separado, al amparo de la referida Regla 91 de Procedimiento Criminal, son aquellas que incriminan directamente al acusado que solicita la separación; situación que, repetimos, es tan per-judicial que, en realidad, no puede ser “salvada” por una instrucción al Jurado. Resolver lo contrario sería brindarle a la Regla 91 un efecto excesivamente amplio y abarcador ante circunstancias que, conforme al desarrollo doctrinal, no configuran una violación al derecho a confrontación.

i — I HH WH

En el caso hoy ante nuestra consideración, no existe controversia respecto a que las manifestaciones de William Elias Rodríguez no incriminan o inculpan a Bernadette Virkler. Aun cuando no tenemos a nuestra disposición las distintas manifestaciones que se le atribuyen a Elias Ro-dríguez, de la resolución emitida por el Tribunal de Pri-mera Instancia y de los escritos presentados por las partes surge que las manifestaciones en cuestión fueron hechas por William Elias Rodríguez a médicos y paramédicos en relación con la alegada condición física del menor previo a su muerte. Éstas no mencionan ni involucran en grado al-guno a Bernadette Virkler. En consecuencia, las manifesta-ciones de Elias Rodríguez no constituyen justificación sufi-ciente para ordenar una separación de juicio en virtud de la Regla 91 de Procedimiento Criminal, ante.

En todo caso —según se expusiera en Richardson v. Marsh, ante— cualquier alegación de violación al derecho a confrontación de Bernadette Virkler podría subsanarse mediante las debidas instrucciones al Jurado respecto a que las manifestaciones de William Elias Rodríguez no son admisibles contra ésta. Ello, claro está, si dichas manifes-taciones no son independientemente admisibles contra Vir-kler bajo la normativa prevaleciente que regula la prueba de referencia.

IV

Por último, nos corresponde determinar si procede orde-nar la separación del juicio bajo el criterio general de per-juicio establecido en la Regla 90 de Procedimiento Criminal, ante.

La Regla 90 de Procedimiento Criminal, ante, dis-pone que

Mi se demostrare que un acusado o El Pueblo han de per-judicarse por haberse unido varios delitos o acusados en una acusación o denuncia, o por la celebración del juicio conjunta-mente, el tribunal podrá ordenar el juicio por separado de de-litos o de acusados, o conceder cualquier otro remedio que en justicia proceda.

Mediante esta disposición reglamentaria, “el acusado que solicita la separación puede invocar cualquier poten-cial de perjuicio significativo que engendra la consolida-ción, pero que se desvanece o se reduce marcadamente con la separación”. (Énfasis nuestro.) Chiesa Aponte, op. cit., pág. 215.

En el presente caso, Bernadette Virkler basa su alega-ción de perjuicio, principalmente, en que las manifestacio-nes de William Elias Rodríguez son prueba de referencia inadmisible en su contra y que en un juicio conjunto no podrá llamar como testigo a Elias Rodríguez para que tes-tifique sobre la existencia, veracidad y extensión de las manifestaciones que se le atribuyen. Por su parte, el Es-tado sostiene que el perjuicio aducido por Virkler es espe-culativo debido a que presume que las declaraciones de Elias son prueba de referencia porque se traen para probar la verdad de lo aseverado o que son prueba de referencia inadmisible en su contra. Le asiste la razón al Ministerio Público.

La existencia o no del perjuicio aducido por Bernadette Virkler depende de que, en efecto, las manifestaciones de William Elias Rodríguez constituyan prueba de referencia porque se traen para probar la veracidad de lo aseverado y que, a su vez, sean inadmisibles en su contra conforme a la normativa prevaleciente sobre prueba de referencia. No es-tamos en posición de resolver dichos asuntos, pues su re-solución y la determinación de si con ello se cumple el grado de perjuicio requerido al amparo de la Regla 90 de Procedimiento Criminal, ante, le corresponde en su debido momento al tribunal de instancia. De lo contrario, estaría-mos resolviendo un asunto que aún no ha sido atendido en su fondo por el tribunal de instancia y sin el beneficio del contenido específico de cada una de las manifestaciones que se le atribuyen a William Elias Rodríguez.

Incluso, el que existan manifestaciones de William Elias Rodríguez que constituyan prueba de referencia, inadmisi-bles contra Bernadette Virkler, no necesariamente justifica la separación del juicio si el tribunal de instancia deter-mina que el perjuicio que pueda provocarse se subsana me-diante una instrucción limitativa al Jurado, según estable-cido en Richardson v. Marsh, ante, o si el Estado se allana a no presentar las manifestaciones inadmisibles contra Bernadette Virkler.

Por consiguiente, procede devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que dilucide si las manifestaciones de William Elias Rodríguez son prueba de referencia inad-misible contra Bernadette Virkler y si, de serlas, su admi-sión enjuicio conjunto —aun mediando instrucciones limi-tativas al Jurado— configura un grado de perjuicio significativo que justifique la separación de un juicio con-forme a la Regla 90 de Procedimiento Criminal, ante.

V

En mérito de lo antes expuesto, procede confirmar los dictámenes recurridos y devolver el caso al Tribunal de Pri-mera Instancia para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí expresado y resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton concurrió con el resultado sin opinión escrita.

         El Art. 109 del nuevo Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4737, tipifica el delito de homicidio negligente y dispone, en lo pertinente, que “[t]oda persona que ocasione la muerte a otra por negligencia incurrirá en delito menos grave, pero se le impondrá la pena de delito grave de cuarto grado”.

       Dicha sección establece que “[t]odo padre, madre o persona responsable por el bienestar de un menor que por acción u omisión cause daño o ponga en riesgo a un menor de sufrir daño a su salud e integridad física, mental o emocional, será sancio-nada con pena de reclusión por un término fijo de dos (2) años o multa que no será menor de cinco mil (5,000) dólares ni mayor de ocho mil (8,000) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal.
      “De mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá ser aumen-tada hasta un máximo de tres (3) años; de mediar circunstancias atenuantes, la pena podrá ser reducida hasta un mínimo de un año. La negligencia a que se refiere la presente sección puede configurarse en conducta repetitiva o en un incidente aislado u omisión imprudente que se incurra sin observarse el cuidado debido y que cause una lesión física, mental o emocional, o coloque en riesgo sustancial de muerte, a un menor.
      “Cuando la conducta tipificada en el párrafo anterior se produzca mediante un patrón de conducta negligente que cause daño o ponga en riesgo a un menor de sufrir daño a su salud e integridad física, mental o emocional, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de cuatro (4) años o multa que no será menor de ocho mil (8,000) dólares ni mayor de diez mil (10,000) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal. De mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de seis (6) años; de mediar circunstancias atenuantes, la pena podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.” 8 L.P.R.A. sec. 450d.

       La Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 327, reconoce el derecho de todo acusado a la confrontación y establece, en lo pertinente, que “[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho ... a carearse con los testigos de cargo”. La Constitu-ción de Estados Unidos reconoce este mismo derecho en su Enmienda Sexta.

       En el ámbito federal, la separación de juicios se encuentra regulada en la Regla 14 de Procedimiento Criminal Federal, 18 U.S.C.A. Rule 14, la cual establece: “(a) Relief. If the joinder of offenses or defendants in an indictment, an information, or a consolidation for trial appears to prejudice a defendant or the government, the court may order separate trials of counts, sever the defendant’s trials, or provide any other relief that justice requires, (b) Defendant’s Statements. Before ruling on a defendant’s motion to sever, the court may order an attorney for the government to deliver to the court for in camera inspection any defendant’s statement that the government intends to use as evidence.”

       Véase, además, Lee v. Illinois, 476 U.S. 530 (1986).

       Posteriormente, en Gray v. Maryland, 523 U.S. 185 (1998), el Tribunal Supremo federal resolvió que no es aceptable reemplazar el nombre del acusado con un espacio en blanco o con la palabra “deleted”.

       Del expediente surge que el Ministerio Público aduce que las manifestacio-nes de William Elias Rodríguez no son prueba de referencia debido a que no se traen para probar la veracidad de lo aseverado, sino para probar que lo manifestado es falso con los fines de demostrar un designio común entre los coacusados de encubrir lo que realmente ocurrió en el hogar. Sostiene que lo que ocurrió con el niño no se va a probar con dichas manifestaciones, sino con evidencia científica independiente. En la alternativa, alega que las manifestaciones constituyen prueba de referencia admi-sible de forma independiente contra Bernadette Virkler, aun en un juicio separado.

       Bernadette Virkler también alega que la celebración conjunta del juicio le provocará perjuicio debido a que se generaría un espectáculo frente al Jurado, lo cual impediría una más completa asistencia de abogado. Ello tampoco nos corresponde resolverlo debido a que no se alegó dicho perjuicio ante el Tribunal de Primera Instancia. Cualquier determinación al respecto le corresponde al foro de instancia.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

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text:
      In re Samuel Nieves Rodríguez, querellado.

      Número: CP-2006-11

      Resuelto: 28 de agosto de 2007

      Maité D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, y Celia M. Molano Flor, procuradora general auxiliar; María D. Álamo Figueroa, querellante; Wilfredo Alicea López, comi-sionado especial; Alberto Oscar Couret Torres, abogado del querellado; Samuel Nieves Rodríguez, pro se.

   per curiam:

El 13 de julio de 2004 la señora María D. Álamo Figueroa presentó una queja contra el Ledo. Samuel Nieves Rodríguez ante este Tribunal. En dicha queja, alegó que, luego de sufrir dos accidentes automovilísticos, uno en el 2001 y otro en el 2002, acudió a la oficina del licenciado Nieves Rodríguez para que éste presentara las correspondientes demandas en daños y perjuicios en rela-ción con los mencionados accidentes. Álamo Figueroa sos-tiene que el licenciado Nieves Rodríguez aceptó represen-tarla y, a su vez, le requirió doscientos dólares para comenzar el trámite del primer caso, los cuales ella satis-fizo entregándolos a la secretaria del abogado.

Luego de satisfecha la mencionada suma de dinero, Álamo Figueroa alega que el licenciado Nieves Rodríguez nunca más se comunicó con ella. Además, indicó que las veces en las cuales intentó comunicarse con el abogado para conocer el status de su caso, la secretaria le informaba que éste no se encontraba en la oficina. Ante dicha situa-ción, el 23 de junio de 2003 Álamo Figueroa le envió una carta certificada al licenciado Nieves Rodríguez, de la cual no recibió respuesta.

Álamo Figueroa también sostiene que en las pocas oca-siones en las cuales logró comunicarse con el licenciado Nieves Rodríguez, éste se dirigió a ella de forma grosera. Por dicha razón, Álamo Figueroa le solicitó al aquí quere-llado que le devolviera los doscientos dólares que ella había adelantado para la tramitación del primer caso. Alega tam-bién que el licenciado Nieves Rodríguez le indicó que cuando tuviese el dinero se lo devolvería.

El licenciado Nieves Rodríguez contestó la queja presen-tada en su contra. En su contestación explicó que su prác-tica mayormente se ha enfocado en las áreas de derecho de familia y de derecho criminal. Por dicha razón, cuando en su oficina se presenta un potencial cliente con un caso so-bre daños y peijuicios, él acostumbra referirlo, previa au-torización del cliente, a unos abogados de su confianza, quienes analizan la procedencia de la causa de acción y deciden si aceptan el caso o no.

El licenciado Nieves Rodríguez indicó, además, que en el 2002 confrontó problemas con su secretaria, quien lle-vaba laborando para éste por espacio de once años. Dicha secretaria defraudó a varios potenciales clientes al retener, sin autorización, los casos de daños y perjuicios que debie-ron ser referidos; al retener, además, los casos que los li-cenciados Ruiz y Reyes devolvían, por éstos estimar que no tenían mérito, informándole falsamente a los clientes que sí se había asumido la representación legal, y por último, al requerirle a los clientes dinero a nombre de Nieves Ro-dríguez para sufragar los alegados costos de tramitar el caso.

Específicamente en cuanto a la queja que presentara Alamo Figueroa, Nieves Rodríguez aseguró haberle infor-mado el procedimiento que él suele seguir en relación con los casos de daños y perjuicios, y que ésta lo aceptó. En vista de ello, el licenciado Nieves Rodríguez sostuvo que le refirió el primer caso de Álamo Figueroa a los licenciados Ruiz y Reyes, quienes decidieron no aceptarlo por entender que no existía nexo causal entre la alegada condición física de ésta y el accidente ocurrido. Nieves Figueroa indicó que, acto seguido, instruyó a su secretaria a que citara a Álamo Figueroa para devolverle su expediente.

Nieves Rodríguez sostuvo, por último, que luego de im-partir dichas instrucciones, le dio seguimiento al asunto, a lo que su secretaria le informó que Álamo Figueroa había recogido su expediente mientras él se encontraba fuera de la oficina. Por esta razón, el querellado entendió que dicho asunto había concluido sin necesidad de seguimiento ulterior.

El 27 de diciembre de 2004 referimos la queja a la Ofi-cina del Procurador General para que llevaran a cabo la investigación pertinente. Luego de los trámites de rigor, instruimos al Procurador General para que procediera con la querella. El 20 de marzo de 2006 se presentó formal-mente la querella contra el licenciado Nieves Rodríguez. En ella, el Procurador General le imputó haber violado los Cánones 18, 19 y 26 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Contestada la querella por el licenciado Nieves Rodríguez, el 30 de junio de 2006 designamos al ex Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, Ledo. Wilfredo Alicea López, para que en calidad de Comisionado Especial y en presencia de las partes, recibiera prueba y rindiera un informe con sus determinaciones de hechos y recomendaciones.

Posteriormente, el 28 de octubre de 2006, la señora Álamo Figueroa expresó que interesaba retirar la queja que originalmente había presentado ante este Tribunal contra Nieves Rodríguez. El 7 de noviembre de 2006 las partes pactaron ante el comisionado Alicea López someter el caso por el expediente. El 30 de enero de 2007 el Comi-sionado Especial emitió un informe en el cual recomendó el archivo y sobreseimiento de la presente querella. Con el beneficio de dicho informe, procedemos a resolver.

HH

En reiteradas ocasiones hemos sostenido que todo abogado tiene el deber de defender diligentemente los intereses de su cliente, de acuerdo con el Canon 18 del Código de Etica Profesional, ante. In re Laureano Molina, 161 D.P.R. 58 (2004); In re Laborde Freyre, 159 D.P.R. 697 (2003); In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70 (2001); In re Águila López, 152 D.P.R. 49 (2000); In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999). Según el referido canon, “[e]s deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable”. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 18.

Como corolario de lo anterior, el abogado debe mantener informado al cliente en cuanto a los asuntos importantes que surjan del caso una vez decide asumir la representa-ción profesional de éste. Por dicha razón el Canon 19 de Etica Profesional, ante, establece que “ [e] 1 abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. No hacerlo viola la ética profesional. In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987); In re Rosario, 116 D.P.R. 462 (1985); In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978).

Conforme a dicho canon hemos expresado que “[e]l deber de informar al cliente es un elemento impres-cindible de la relación fiduciaria del abogado y el cliente”. In re Alonso Santiago, 165 D.P.R. 555, 563 (2005). Véase In re Hernández Nazario, 159 D.P.R. 63 (2003). Consecuente-mente, en numerosas ocasiones hemos sostenido que si un abogado mantiene a su cliente ajeno a las incidencias de su caso, ello constituye una violación al Canon 19, ante, y al proceso de impartir justicia en general. In re Laborde Fre-yre, ante.

Referente a la diligencia que el abogado debe desplegar al realizar sus tareas, el Canon 26 del Código de Ética Profesional, ante, en lo pertinente, dispone que “[e]s impropio de un abogado relevarse de responsabilidad por actos u omisiones negligentes en su gestión profesional”. Ello no obstante, este canon no impide que un abogado indemnice extrajudicialmente a un cliente si en el desempeño de su función actuó negligentemente. Sin embargo, un abogado no puede liberarse de dicha responsabilidad con antelación a la tramitación del caso. In re Pagán Ayala, 117 D.P.R. 180 (1986).

En ausencia de interés público mayor, cuando un abogado incurre en negligencia profesional pero satisface el perjuicio sufrido por el cliente, el asunto puede ser objeto de archivo. No obstante, el ejercicio final de la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal no depende de la existencia de un acuerdo de transacción entre el abogado y el cliente perjudicado. In re Pagán Ayala, ante.

II

En el caso ante nuestra consideración, el licenciado Nieves Rodríguez pagó a Álamo Figueroa cinco mil dólares con el propósito de resarcir los daños que ésta pretendía reco-brar en al menos uno de los casos que en su día quiso presentar. En vista de ello, Álamo Figueroa presentó una solicitud de desistimiento en la cual expresó no tener inte-rés alguno en continuar con la presente querella. Mani-festó, además, que está convencida que la falta de comuni-cación entre ella y el licenciado Nieves Rodríguez se debió al problema que éste confrontó con su secretaria.

Resulta meritorio, entonces, abundar sobre la seriedad de la situación que se alega propició la secretaria del licen-ciado Nieves Rodríguez. Como expusiéramos anterior-mente, se alega que ésta incurrió en un esquema de fraude el cual perjudicó a múltiples clientes de Nieves Rodríguez. En síntesis, conforme informa Nieves Rodríguez, dicho es-quema consistió en requerir dinero a clientes con el falso pretexto de que éste había aceptado llevar el caso y que, para tramitar la causa de acción, necesitaba un adelanto monetario. Para ocultar sus acciones, se alega que dicha empleada se apropiaba o escondía expedientes, borraba re-gistros, falsificaba documentos y realizaba falsas represen-taciones, entre otras cosas.

Dicha versión es corroborada en parte por el hecho de que Nieves Rodríguez, una vez supo de las actuaciones de su secretaria, la despidió inmediatamente e informó a la Fiscalía del Distrito de Carolina de la situación. Fue de esa intervención de la Fiscalía que Nieves Rodríguez supo que el Ministerio Público había comenzado una investigación, la cual se inició luego de que otras personas alertaran a las autoridades al respecto. Tras aproximadamente un año de investigación, el Ministerio Público exoneró al licenciado Nieves Rodríguez de toda participación en los actos come-tidos por su secretaria.

Entretanto, el licenciado Nieves Rodríguez se dio a la tarea de identificar a los clientes perjudicados por los refe-ridos actos. En la medida que pudo, tomó acción correctiva en protección de los derechos de éstos, de manera que re-embolsó dinero pagado y realizó encomiendas profesiona-les por las cuales originalmente lo pretendieron contratar. No obstante sus esfuerzos, el licenciado Nieves Rodríguez asegura no haberse topado con indicio alguno de que Álamo Figueroa figurara entre los clientes perjudicados, razón por la cual no la contactó.

Nieves Rodríguez sostiene que supo de la situación particular de Álamo Figueroa tras recibir una llamada de ésta en enero de 2003. A raíz de dicha comunicación, Nieves Rodríguez aceptó presentar una demanda por el segundo accidente sufrido por Álamo Figueroa. Ello no obstante, a Nieves Rodríguez le resultó imposible emplazar a la parte demandada y al tratar de comunicar dicha situación a Álamo Figueroa, tampoco pudo localizarla. Posterior-mente, Álamo Figueroa presentó la queja ante nos.

Luego de analizar el expediente, resulta razonable con-cluir que Álamo Figueroa acudió a la oficina del licenciado Nieves Figueroa en la cúspide del esquema que se alega fue propiciado por la secretaria de éste y que las repercu-siones sufridas por Álamo Figueroa fueron causa directa de ello. Las actuaciones de la secretaria del licenciado Nieves Rodríguez ciertamente crearon una situación anómala que rebasó la expectativa de diligencia en la práctica de éste, no sólo para con Álamo Figueroa, sino también para con los demás clientes que resultaron afectados.

Por las razones anteriormente expuestas, consideramos que el licenciado Nieves Rodríguez no violó la ética profesional. De hecho, cabe recalcar que no bien supo de los actos de su secretaria, actuó diligentemente e hizo todo en su poder para remediar los daños sufridos por sus clientes, incluyendo a la querellante en el presente caso. Consecuen-temente, acogemos la recomendación del Comisionado Especial y archivamos la querella instada contra el licenciado Nieves Rodríguez.

Se dictará sentencia de conformidad.

       El licenciado Nieves Rodríguez fue admitido al ejercicio de la abogacía el 15 de enero de 1987 y al ejercicio de la notaría el 10 de junio de 1987.

       Del expediente surge, como única identificación, que los abogados a quienes el licenciado Nieves Rodríguez acostumbra referirle los casos sobre daños y perjui-cios son los licenciados Ruiz y Reyes.

       Dicho canon también dispone:
      “Ningún abogado está obligado a representar a determinado cliente y es su derecho el aceptar o rechazar una representación profesional. Es altamente impropio aconsejar transacciones o actos en contra de la ley, entablar pleitos viciosos, instigar falsas defensas sin que pueda el abogado justificar dichos actos con el pretexto de que al actuar así, lo hizo siguiendo las instrucciones de su cliente. El abogado debe obe-decer siempre su propia conciencia y no la de su cliente.” 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 26.

       Del expediente surge que Álamo Figueroa admitió haberse ausentado de la jurisdicción para atender a una hija enferma en Estados Unidos, detalle que el li-cenciado Nieves Rodríguez desconocía en aquel momento.


text:
      In re Francisco Ruiz Nieves.

      Número: TS-4227

      Resuelto: 11 de septiembre de 2007

      Lourdes I. Quintana Llórens, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías; Francisco Ruiz Nieves, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción Informativa sobre el Estado de la Obra Notarial Incautada, presentada por la Oficina de Ins-pección de Notarías, se concede al Lie. Francisco Ruiz Nieves su reinstalación al ejercicio de la notaría a partir de que se notifique esta resolución.

Notifíquese por telefax y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re José Rodríguez Rivera.

      Número: TS-7685

      Resuelto: 13 de septiembre de 2007

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías; Luis F. Camacho Botet, abogado del querellado; José Rodríguez Rivera, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la moción titulada “Moción Informativa y Solicitud de Orden”, del licenciado José Rodríguez Rivera, se ordena su reinstalación al ejercicio de la notaría a partir de la notificación de la presente resolución.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    Perfect Cleaning Services, Inc., recurrido, v. Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe et al., peticionarios.

      Número: CC-2007-236

      Resuelto: 18 de septiembre de 2007

      Eileen Landrón Guardiola, Eduardo Vera Ramírez y Luis A. Alvarado Hernández, del bufete Landrón & Vera, aboga-dos de la parte peticionaria; Héctor L. Banchs Pascualli, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Dentón

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión nos corresponde determinar si procede una acción en daños y perjuicios a favor de una licitadora que no resultó favorecida en una subasta gubernamental. En específico, debemos resolver si actuó correctamente el Tribunal de Apelaciones al concluir que Perfect Cleaning Service, Inc., licitadora perdidosa en una subasta realizada por el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, puede reclamarle a esta última los gastos y desembolsos en que incurrió para participar en la subasta. Por entender que un licitador a quien no se le adjudicó una subasta cuyo resultado es posteriormente revocado no tiene a su favor una causa de acción en daños y perjuicios contra la entidad gubernamental de que se trate, revocamos el dictamen recurrido.

I

Los hechos de este caso no están en controversia. El Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe (Centro Cardiovascular) invitó al público a participar de una su-basta para la contratación de servicios de limpieza. A la referida subasta comparecieron varias entidades, entre ellas, Perfect Cleaning Service, Inc. (Perfect Cleaning) y NBM Enterprises. La subasta finalmente fue adjudicada a favor de esta última.

Inconforme con la decisión, y tras varios trámites ante la Junta de Subastas, Perfect Cleaning presentó un re-curso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones adu-ciendo que NBM Enterprises no había cumplido con el pliego de especificaciones y que, por lo tanto, no se le debió conceder la buena pro. El foro apelativo revocó la adjudica-ción de la subasta por entender que, en efecto, NBM Enterprises no cumplió cabalmente con los requisitos aplicables. En vista de ello, más tarde se celebró una nueva subasta cuyo resultado también fue revocado en la etapa de revisión. En esa ocasión, el Tribunal de Apelaciones or-denó expresamente la celebración de una nueva subasta.

Amparándose en el dictamen del foro apelativo que re-vocara la adjudicación hecha a favor de NBM Enterprises, Perfect Cleaning presentó una demanda sobre daños y per-juicios contra el Centro Cardiovascular y su Junta de Subastas. Sostuvo que la subasta antes mencionada fue ilegalmente adjudicada a favor de NBM Enterprises y que dicha actuación le ocasionó daños, ya que —a su enten-der— fue el postor más bajo que cumplió con todas las exigencias. En vista de ello, solicitó una compensación de $2,008,800.

En respuesta a la referida demanda, el Centro Cardiovascular presentó una Moción de Desestimación, para adu-cir que la demanda incoada por Perfect Cleaning dejaba de exponer una reclamación que ameritara la concesión de un remedio. Perfect Cleaning se opuso a la solicitud de deses-timación utilizando como fundamento la opinión emitida en RBR Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836 (1999), ya que —a su entender— allí se reconoció una causa de acción en daños y perjuicios a favor de los licitadores perjudicados por la adjudicación ilegal de una subasta.

Tras varios incidentes procesales, el Tribunal de Pri-mera Instancia dictó sentencia desestimando la demanda. Determinó que no procedía la indemnización solicitada porque el foro apelativo no resolvió que la subasta le co-rrespondía a Perfect Cleaning.

Insatisfecha con el dictamen, y tras haber solicitado in-fructuosamente la reconsideración de éste, Perfect Cleaning acudió nuevamente ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho foro revocó la determinación recurrida por entender que Perfect Cleaning podía reclamarle al Centro Cardiovascular los gastos y desembolsos realizados para partici-par de la subasta al amparo de las doctrinas de culpa in contrahendo y abuso de derecho.

El Centro Cardiovascular acude ante nos y aduce que erró el foro apelativo al resolver que Perfect Cleaning tiene a su disposición una causa de acción al amparo de las doc-trinas mencionadas, meramente por haber participado en una subasta cuya adjudicación fue posteriormente revocada.

Examinada la petición, le concedimos un término a Perfect Cleaning para mostrar causa por la cual no debamos revocar el dictamen recurrido. Perfect Cleaning compare-ció oportunamente. Con el beneficio de sus respectivas po-siciones, procedemos a resolver.

II

Al evaluar el recurso de autos, partimos de la premisa de que las subastas son invitaciones que hace determinada entidad para que se presenten ofertas para la realización de obras o la adquisición de bienes y servicios. La normativa que regula las subastas gubernamentales busca proteger los intereses del pueblo, procurando conseguir los precios más bajos posibles; evitar el favoritismo, la corrup-ción, el dispendio, la prevaricación, la extravagancia y el descuido al otorgarse los contratos, y minimizar los riesgos de incumplimiento. Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 D.P.R. 821 (2007); Empresas Toledo v. Junta de Subas-tas, 168 D.P.R. 771 (2006).

Los licitadores que participan de dichos eventos lo hacen con el fin de presentar sus cotizaciones con respecto a las obras, bienes o servicios objeto de la subasta. No obstante, dichos postores no tienen un derecho adquirido meramente por su participación en la subasta. Torres Prods. v. Junta Mun. Aguadilla, 169 D.P.R. 886 (2007); Empresas Toledo v. Junta de Subastas, supra. Ello responde, entre otras cosas, al hecho de que generalmente el momento en que una agencia gubernamental queda obligada en un proceso de subasta es cuando se otorga el contrato y no cuando se adjudica la buena pro. Véase Justiniano v. E.L.A., 100 D.P.R. 334, 340 (1971). En conformidad con ese principio, las agencias poseen discreción para seleccionar el postor que más convenga al interés público y pueden, incluso, revocar la adjudicación de una subasta antes de que se formalice el contrato correspondiente. Véanse: Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 D.P.R. 237 (2007); A.E.E. v. Maxon, 163 D.P.R. 434 (2004).

Ahora bien, hemos reconocido que existen circunstancias en las cuales, aunque no se formalice el vnculo contractual, las partes pueden incurrir en responsabilidad civil. A esos efectos, en Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113 D.P.R. 517, 528-530 (1982), resolvimos que el rompimiento injustificado de las negociaciones constituye un hecho ilícito que puede generar responsabilidad civil extra-contractual bajo la llamada culpa in contrahendo. En esa ocasión, aclaramos que dicha responsabilidad precontrac-tual puede surgir en circunstancias particulares al amparo de figuras tales como la culpa, el dolo, el fraude, la ausen-cia de buena fe, el abuso de derecho o bajo otros principios generales del derecho.

Esta normativa fue invocada posteriormente en RBR Const, S.E. v. A.C., supra, págs. 847-848. En ese caso, un licitador recurrió ante este Foro para que se declarara la ilegalidad y arbitrariedad de la anulación de la subasta concernida. Su posición descansó en la ausencia de funda-mentos para la anulación y en la demostración de que a él se le debió conceder la buena pro. Tras analizar el contexto en que surgió la controversia, determinamos que la anula-ción de aquella subasta no respondió a un fin legítimo en protección del interés público, sino que representó un abuso de derecho y un acto arbitrario plagado de irregularidades. En vista de ello, resolvimos que —a pesar de que ya se había celebrado una nueva subasta— la con-troversia no se había tornado académica porque la actua-ción de la entidad gubernamental en cuestión podía tener consecuencias colaterales tales como una causa de acción en daños y perjuicios en la que el licitador perjudicado po-dría recobrar los costos incurridos para participar de la subasta arbitrariamente anulada.

En el caso de autos, el foro apelativo se amparó, preci-samente, en la norma de RBR Const., S.E. v. A.C., supra, para resolver que no procedía la desestimación de la de-manda incoada por Perfect Cleaning contra el Centro Cardiovascular. Concluyó que, dado que Perfect Cleaning participó como licitadora en la subasta cuyo resultado fue posteriormente revocado, y puesto que no obtuvo la buena pro, ésta puede reclamar por los costos en que incurrió para participar en la subasta y otros gastos relacionados.

Por su parte, el Centro Cardiovascular aduce que el dic-tamen recurrido extiende desmesuradamente el alcance de la norma adoptada en RBR Const., S.E. v. A.C., supra, y avala una causa de acción inexistente en nuestra jurisdic-ción, a saber, aquella a favor de un licitador que no resultó favorecido en una subasta cuyo resultado es posterior-mente revocado por un error de derecho. Sostiene, además, que dicha postura no encuentra apoyo en la norma estable-cida en el precedente mencionado, ya que la situación tác-tica que dio lugar a ésta es totalmente distinguible de la que nos ocupa. Le asiste la razón.

En RBR Const., S.E. v. A.C., supra, la Junta de Subas-tas de la Autoridad de Carreteras y Transportación anuló una subasta sin exponer justificación alguna y se negó a adjudicarla a favor de RBR Const., S.E. levantando un fun-damento arbitrario e insuficiente. Posteriormente la Junta presentó como fundamento para anular la subasta el hecho de que no hubo una lectura en voz alta de los precios uni-tarios por partida de las tres licitaciones más bajas. Sin embargo, tras analizar el pliego de especificaciones y el reglamento correspondiente, nos percatamos de la inexis-tencia de dicho requisito, así como de la insuficiencia de las razones utilizadas para no adjudicar la subasta a favor de RBR Const., S.E.

Preocupados por las irregularidades mencionadas, des-tacamos la importancia de la secretividad en la etapa anterior a la apertura de la licitación para que el trámite de subasta sea de competencia efectiva y honesta, y expresa-mos que la anulación arbitraria de una subasta válida-mente celebrada derrota ese objetivo. Véase RBR Const., S.E. v. A.C., supra, pág. 849. Especificamos que una vez se abren las licitaciones, todos los postores conocen las cotiza-dones de los demás, lo cual permite que los más poderosos económicamente tengan la oportunidad de reducir sus ofertas en la segunda subasta para eliminar a sus contendientes.

A la luz de lo anterior, en esa ocasión determinamos que la discreción que se le reconoce a las agencias para rechazar las licitaciones o anular una subasta está sujeta tanto a los objetivos del estatuto que las regula como al interés público. Resolvimos que “[s\ólo en relación a estos fines ... puede ejercerse la discreción administrativa delegada para anular una subasta válidamente adjudicada”, y expresamos que lo contrario sería permitir el abuso y la arbitrariedad. (Énfasis suplido.) RBR Const., S.E. v. A.C., supra, pág. 852.

En el caso que nos ocupa, sin embargo, no hubo una anulación abusiva o arbitraria de la subasta realizada por el Centro Cardiovascular. Más bien, lo que ocurrió fue una adjudicación errónea que ni siquiera presenta indicios de arbitrariedad o abuso de derecho. Dicho error en la adjudi-cación surgió porque, como cuestión de derecho, no corres-pondía otorgarle la buena pro a NBM Enterprises, ya que dicha entidad no había cumplido cabalmente con el pliego de especificaciones. Al resolver el asunto, el foro apelativo corrigió el error cometido por lo que, incluso, todavía existe la posibilidad de que Perfect Cleaning pueda resultar favo-recida en el resultado de una nueva subasta.

El análisis anterior demuestra que, en efecto, el foro apelativo hizo una interpretación equivocada de la opinión emitida en RBR Const., S.E. v. A.C., supra. Por un lado, obvió que la norma allí establecida surgió en el contexto de la anulación abusiva y arbitraria de una subasta válida-mente celebrada y no de una mera adjudicación errónea. Por otro lado, desatendió las razones que nos movieron a reconocer una posible causa de acción en aquel escenario, a saber: la necesidad de evitar la competencia desleal que puede ocurrir al anularse una subasta después que se han abierto las licitaciones.

Más aún, consideramos que el dictamen recurrido sen-taría un peligroso precedente en cuanto apoya la disponi-bilidad automática de una causa de acción en daños y per-juicios a favor de todo licitador perdidoso en una subasta cuya adjudicación fuera posteriormente revocada. No pode-mos perder de vista que con cierta frecuencia los resulta-dos de las subastas son revisados y alterados tanto por el Tribunal de Apelaciones como por este Foro, sin que eso haya generado nunca una causa de acción a favor de los licitadores que inicialmente no fueron favorecidos.

Téngase presente, además, que cualquier determinación en este contexto debe ser cónsona con las normas que rigen las subastas gubernamentales. En particular, debemos re-cordar que las subastas son sólo invitaciones a presentar ofertas, por lo que la mera participación en dichos eventos no confiere derechos. Asimismo, no podemos desatender el principio de que los entes gubernamentales tienen discre-ción a la hora de adjudicar las subastas y que pueden, in-cluso, revocar la adjudicación de éstas antes de que se for-malice el contrato correspondiente. Claramente, tal como indicamos en RBR Const., S.E. v. A.C., supra, dicha facul-tad se mantiene siempre que se ejerza de forma razonable y para fines legítimos de la entidad o del interés público. En este caso, no existen razones para considerar que el Centro Cardiovascular ejerció su discreción de forma abu-siva o irrazonable, ni que la empleó en la consecución de objetivos ajenos al interés público.

Evidentemente, un resultado que conlleve la imposición de responsabilidad a una agencia por una mera adjudicación de subasta errónea, en ausencia de circunstancias extraordinarias como las que dieron lugar a la norma adoptada en RBR Const., S.E. v. A.C., supra, sería contrario al interés público, al mejor manejo de los fondos del erario y a las pautas que regulan las subastas gubernamentales.

Aunque ante una moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, corresponde tomar como ciertos los hechos bien alegados en la demanda e interpretarlos de forma favorable para el demandante, lo cierto es que cuando se demuestra que éste no tiene derecho a remedio alguno, procede conceder la desestimación solicitada. Colón v. Lotería, 167 D.P.R. 625 (2006).

En este caso, dado que Perfect Cleaning descansó úni-camente en la norma pautada en RBR Const., S.E. v. A.C., supra, y ya que dicha norma no aplica a los hechos de este caso, debemos concluir que dicha entidad no tiene derecho a remedio alguno aún interpretando sus alegaciones de la forma más favorable posible. Conforme a ello, resolvemos que Perfect Cleaning no tiene a su disposición una causa de acción en daños y perjuicios para reclamarle al Centro Cardiovascular los gastos y desembolsos realizados para parti-cipar de la subasta en la que no resultó favorecida. Por lo tanto, erró el Tribunal de Apelaciones al negarse a desesti-mar la demanda presentada.

III

Por los fundamentos que preceden, se expide el auto so-licitado, se revoca el dictamen del Tribunal de Apelaciones y se desestima la demanda presentada por Perfect Cleaning.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez se inhibió.

       Para la normativa equivalente con respecto a los municipios véase Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 D.P.R. 718 (2007), y Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 D.P.R. 237 (2007).

       Para precisar lo que constituye un rompimiento injustificado de las negocia-ciones establecimos que se debe considerar lo siguiente: (1) el desarrollo de las ne-gociaciones, (2) cómo comenzaron, (3) el curso que siguieron, (4) la conducta de las partes durante su transcurso, (5) la etapa en que se produjo el rompimiento y (6) las expectativas razonables de las partes en la conclusión del contrato, así como cual-quier otra circunstancia pertinente conforme a los hechos del caso. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113 D.P.R. 517, 530 (1982).

       Dicha norma fue discutida y reiterada recientemente en Colón v. Gla-mourous Nails, 167 D.P.R. 33 (2006).


text:
    Yanice G. Vázquez Figueroa, peticionaria, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Pedro Toledo Dávila, Superin-tendente de la Policía, y otros, recurridos.

      Número: CC-2006-1046

      Resuelto: 19 de septiembre de 2007

      Nelson Vélez Lugo, abogado de la parte peticionaria; Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Rosa Elena Pérez Agosto, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Dentón

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión nos corresponde determinar si erró el Tribunal de Apelaciones al reducir de $75,000 a $10,000 la compensación otorgada por el Tribunal de Primera Instan-cia, Sala Superior de Mayagüez, a favor de la Sra. Yanice G. Vázquez Figueroa por los daños sufridos a causa de un registro ilegal al que fue sometida en su propio estableci-miento comercial. Por entender que la reducción realizada por el foro apelativo fue exagerada y no guarda suficiente proporción con los daños sufridos por la señora Vázquez Figueroa, modificamos el dictamen recurrido para aumen-tar la indemnización a $50,000.

I

La peticionaria, Sra. Yanice G. Vázquez Figueroa, tra-baja para la Policía de Puerto Rico y, en su tiempo libre, opera un negocio en el pueblo de Sabana Grande conocido como “La Caverna del Pirata”. El referido negocio perte-nece a la señora Vázquez Figueroa y a su padrastro, el Sr. Luis A. Soto Ruiz.

El 4 de diciembre de 1999 alrededor de treinta y cinco agentes de la Policía, acompañados por funcionarios de la Administración de Reglamentos y Permisos, del Departa-mento de Bomberos y del Departamento de Hacienda, rea-lizaron un operativo en el negocio de la peticionaria. Dicho operativo se realizó sin una orden judicial por tratarse de una intervención de apoyo a agencias gubernamentales. La intervención respondió a una alegada confidencia de que en el negocio de la señora Vázquez Figueroa había trasiego de drogas y venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

Durante el operativo, la peticionaria fue registrada en presencia de aproximadamente cuarenta clientes. En dicho acto le registraron la cartera y le ocuparon el arma de reglamento. Concluida la intervención, un funcionario de la Administración de Reglamentos y Permisos ordenó el cierre del negocio bajo el fundamento de que el permiso otorgado no incluía algunas de las actividades que se esta-ban realizando en el local, tales como el uso de una barra y la presentación de música en vivo.

Después de la referida intervención, los agentes de la Policía denunciaron a la señora Vázquez Figueroa por ale-gada venta de bebidas alcohólicas a menores, pero la de-nuncia no prosperó. A pesar de ello, la Policía le ofreció a los diarios El Vocero de Puerto Rico y El Nuevo Día infor-mación que incluía aseveraciones en cuanto a que la se-ñora Vázquez Figueroa era un miembro de la Policía que había “sido sorprendida vendiendo licor a menores de 18 años”.

Como consecuencia de lo anterior, la señora Vázquez Figueroa tuvo que recibir tratamiento psicológico porque, se-gún testimonio pericial, comenzó a padecer sentimientos de persecución, paranoia, hostilidad, ansiedad, insomnio, depresión e incomodidad gastrointestinal. De hecho, al cabo de una semana de lo ocurrido, y a causa de la falta de sueño que había estado experimentando, la señora Váz-quez Figueroa sufrió un accidente automovilístico.

A raíz de estos hechos, la señora Vázquez Figueroa en-tabló una demanda en daños y perjuicios por persecución maliciosa y registro ilegal contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Superintendente de la Policía, Ledo. Pedro Toledo Dávila, y contra algunos agentes de la Policía. Posteriormente desistió de la reclamación contra varios agentes y enmendó sus alegaciones para aclarar que los restantes funcionarios estaban siendo demandados en su carácter oficial.

Celebrado el juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia determinó que la forma en que la Policía inter-vino con la peticionaria, sin una orden judicial, constituyó un registro ilegal que violó sus derechos constitucionales. Señaló que la Policía no tenía un protocolo para realizar allanamientos de este tipo y que el alegado apoyo a las agencias administrativas constituía tan sólo un pretexto para intervenir con la peticionaria sin la correspondiente orden judicial. Finalmente, el foro de instancia sostuvo que el testimonio del agente de la Policía presentado por el Estado fue contradictorio y estereotipado, y que el Estado no logró presentar “ni un ápice de prueba que justificase la intervención de la Policía de Puerto Rico con la persona y la propiedad de la demandante”. Apéndice, pág. 7.

En conformidad con dichas determinaciones, el tribunal de instancia resolvió que los agentes de la Policía actuaron de manera negligente, descuidada y arbitraria al registrar a la demandante y al allanar su propiedad. En consecuen-cia, declaró “con lugar” la demanda presentada en cuanto a la causa de acción sobre registro ilegal y ordenó el pago de $75,000 a favor de la señora Vázquez Figueroa por las angustias mentales sufridas.

Inconforme con el dictamen, el Estado recurrió ante el Tribunal de Apelaciones cuestionando esencialmente la cuantía concedida a favor de la señora Vázquez Figueroa. Dicho foro modificó el dictamen para reducir la indemniza-ción a $10,000 por entender que el único acto ilegal du-rante el operativo fue el registro físico de la señora Váz-quez Figueroa y que ésta, dada su experiencia y preparación como miembro de la Policía, debía estar capa-citada para lidiar con una situación como la que dio lugar al caso que nos ocupa.

Ahora la señora Vázquez Figueroa acude ante nos adu-ciendo que el Tribunal de Apelaciones incumplió con la norma de deferencia que rige el proceso de revisión judicial en lo concerniente a la evaluación de la prueba. Además, sostiene que la cuantía finalmente otorgada por el Tribunal de Apelaciones es irrisoriamente baja y no guarda pro-porción con los daños sufridos.

Examinada la petición, le concedimos un término al Es-tado para mostrar causa por la cual no debamos modificar el dictamen recurrido y aumentar la compensación otor-gada por daños y angustias mentales a la cantidad de $50,000. Con el beneficio de las posiciones de ambas par-tes, procedemos a resolver.

II

Al evaluar el recurso de autos, partimos de la premisa de que la tarea judicial de estimar y valorar los daños resulta difícil y angustiosa, debido a que no existe un sistema de computación que permita llegar a un resultado exacto en relación con el cual todas las partes queden satisfechas y complacidas. Nieves Cruz v. U.P.R., 151 D.P.R. 150, 169-170 (2000); Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 339 (1998).

Precisamente por la dificultad que entraña esta gestión, existe una norma de abstención judicial de parte de los foros apelativos fundada en criterios de estabilidad y defe-rencia a los tribunales de instancia. Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643, 647-648 (1975). Conforme a dicha norma, los tribunales apelativos no deben intervenir con la aprecia-ción de la prueba y con la determinación de daños que un tribunal de instancia haya emitido, a menos que las cuan-tías concedidas sean ridiculamente bajas o exagerada-mente altas. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 D.P.R. 457 (2007); Alberto Bacó v. ANR Construction, Corp., 163 D.P.R. 48 (2004). Ello, claramente, responde al entendido de que los jueces de instancia están en mejor posición que los tribunales apelativos para hacer esta evaluación, ya que tienen contacto directo con la prueba presentada. Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 339; Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 451 (1985).

Con esto en mente, pasamos a disponer del caso ante nuestra consideración. No obstante, como paso de umbral debemos disponer de una moción de desestimación presen-tada por el Estado, en la cual aduce que procede desesti-mar el recurso de autos porque éste no ha sido debida-mente perfeccionado. En específico, sostiene que el apéndice del recurso presentado por la señora Vázquez Figueroa está incompleto por no contener documentos tales como la transcripción de la prueba oral vertida en el juicio.

Con respecto a este planteamiento, debemos aclarar que generalmente nos hemos movido a desestimar recursos por tener apéndices incompletos cuando esa omisión no nos permite penetrar en la controversia o constatar nuestra jurisdicción. Cordova v. Larín, 151 D.P.R. 192, 197 (2000). En el caso de autos, sin embargo, la ausencia de la transcripción de la prueba oral vertida en el juicio no incide sobre nuestra capacidad para cerciorarnos de nuestra jurisdicción, ya que ésta surge de otros documentos incluidos en el apéndice del recurso. Dicha omisión tampoco impide el ejercicio de nuestra facultad revisora, ya que las razones por las que el foro apelativo modificó el dictamen del tribunal de instancia no se relacionan directamente con la credibilidad de los testigos. De hecho, el foro recurrido prácticamente no alteró las determinaciones de hechos ni las adjudicaciones de credibilidad del tribunal de instan-cia, sino que —a partir de esas mismas determinaciones— formuló sus propias conclusiones de derecho y ejerció un juicio independiente con respecto al valor de los perjuicios sufridos por la peticionaria. Por lo tanto, la controversia que nos ocupa se limita estrictamente a la valoración de los daños sufridos por la señora Vázquez Figueroa, para cuya gestión podemos prescindir de la transcripción de la prueba oral, ya que —al igual que el Tribunal de Apelacio-nes— descansaremos en las determinaciones fácticas del Tribunal de Primera Instancia.

Aclarado lo anterior, debemos resolver si erró el Tribunal de Apelaciones al reducir a $10,000 la compensación otorgada por el tribunal de instancia a favor de la señora Vázquez Figueroa por daños y angustias mentales.

III

La señora Vázquez Figueroa alega que, al decretar la drástica reducción mencionada, el foro apelativo desaten-dió la normativa prevaleciente con respecto a la evaluación de la prueba a nivel apelativo. Aunque ésta no cuestiona que se haya hecho una reevaluación de los daños para de-terminar la cuantía que mejor corresponda, sí sostiene que el foro apelativo ejerció su función revisora de forma exce-siva y con poca o ninguna deferencia al criterio del juzga-dor de instancia. En particular, alega que la cuantía final-mente concedida por dicho foro es irrisoriamente baja y no guarda proporción alguna con los daños sufridos. Estamos de acuerdo.

Tal como se desprende de los hechos relatados, la señora Vázquez Figueroa fue víctima de un registro y allana-miento ilegales en su propio establecimiento comercial. Como parte de la intervención, la cartera de la peticionaria fue registrada en su totalidad y se le ocupó el arma de reglamento. Dicho acto fue realizado por un grupo de aproximadamente treinta y cinco agentes de la Policía, acompañados por funcionarios de diversas agencias guber-namentales, en presencia de unos cuarenta clientes de la peticionaria.

Al concluir el operativo ilegal, se clausuró el negocio de la señora Vázquez Figueroa. Poco después, a consecuencia de la pérdida de sueño que este evento le provocó, la señora Vázquez Figueroa tuvo un accidente automovilístico. Asi-mismo, a raíz del registro, ésta comenzó a padecer de sen-timientos de persecución, paranoia, hostilidad, ansiedad, depresión e incomodidad gastrointestinal.

De lo anterior surge con meridiana claridad que la se-ñora Vázquez Figueroa sufrió daños considerables a raíz del operativo cuya ilegalidad no está en discusión. Tales daños incluyen, no sólo la humillación provocada por la presencia de numerosos clientes en la escena, sino además el surgimiento de varias condiciones médicas que sin duda afectan adversamente su calidad de vida. La magnitud de los daños sufridos por la señora Vázquez Figueroa se puso de manifiesto a tan sólo siete días del operativo ilegal, cuando ésta se vio involucrada en un accidente automovi-lístico debido al insomnio que había comenzado a padecer.

Aunque la valoración de los daños puede generar múltiples criterios, lo cierto es que la decisión debe descansar —dentro de lo posible— en el juicio del juzgador de instancia, quien tuvo la oportunidad de ver la prueba de cerca y de examinar la credibilidad de los testigos. En este caso, el contacto con la prueba generó en el juez de instancia la impresión de que los daños de la señora Vázquez Figueroa debían ser compensados con $75,000. Aunque coincidimos con el Tribunal de Apelaciones en el carácter un tanto excesivo de dicha suma, lo cierto es que tampoco podemos endosar su actuación de reducir la cuantía concedida a una cifra irrisoria que no guarda ninguna proporción con los daños sufridos.

La imposibilidad de sostener dicho dictamen queda aún más clara si tomamos en cuenta que la actuación del foro apelativo respondió esencialmente a un fundamento que no debe tener cabida en la evaluación de este tipo de controversia, a saber: en el trabajo que desempeña la peticionaria en el cuerpo de la Policía y en la preparación que éste conlleva. Resulta evidente que los miembros de la Policía, como todos los ciudadanos, tienen derecho a que se les trate con dignidad y a que la intervención con su persona y su propiedad se haga de forma razonable. Por lo tanto, no cabe duda de que una disminución tan drástica en la indemnización concedida a favor de la peticionaria no puede sustentarse en semejante argumento.

El proceder del Tribunal de Apelaciones nos obliga a intervenir con su dictamen para atemperar sus efectos y ordenar un aumento que guarde relación con la magnitud de los daños sufridos. Tras ponderar nuevamente los daños sufridos por la señora Vázquez Figueroa, así como las cir-cunstancias de este caso, consideramos que procede modi-ficar el dictamen recurrido para aumentar la cuantía con-cedida a $50,000. Entendemos que dicha cuantía es razonable y guarda la proporción necesaria con los daños sufridos por la peticionaria. Al resolver de esta manera, tomamos en cuenta el sentimiento de humillación y des-honra que experimentó la señora Vázquez Figueroa du-rante el registro y allanamiento ilegal, así como las condi-ciones médicas que le sobrevinieron tras el incidente. Aunque la compensación otorgada no pueda borrar la hue-lla que dejó en la peticionaria el evento ocurrido el 4 de diciembre de 1999, estamos convencidos de que representa una suma considerable capaz de hacerle justicia a su reclamo.

IV

Por los fundamentos que preceden, se expide el auto so-licitado y se modifica la sentencia del Tribunal de Apela-ciones para aumentar la cuantía concedida a favor de la Sra. Yanice G. Vázquez Figueroa, por daños y angustias mentales, a $50,000.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Conviene mencionar qne dos meses antes del operativo que dio lugar al caso de autos el negocio de la señora Vázquez Figueroa fue sometido a una intervención similar con idénticos fines, sin que la gestión haya rendido fruto alguno.

       No obstante, el tribunal a quo determinó que no se presentó suficiente evi-dencia con respecto a la causa de acción sobre persecución maliciosa, por lo que decretó su desestimación con perjuicio.