text:
    Administración del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recurrida, v. Procurador de Relaciones de Familia, Ex parte, peticionario.

      Número: CC-2014-0783

      Resuelto: 30 de noviembre de 2016

      Tanaira Padilla Rodríguez, Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradoras generales auxiliares, y Lesy A. Irizarry Pagán, procuradora general auxiliar, abogadas del Procu-rador de Relaciones de Familia, parte peticionaria; Isaías Ojeda González, abogado de la Administración del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

El caso de autos requiere que nos expresemos en tomo a la intervención de los Procuradores de Asuntos de Familia en controversias que se refieren a la consignación judicial de cierta cuantía de dinero. Originalmente, la controversia se limitaba a determinar —cuando un proceso de consigna-ción se refiere a un menor de edad— si era preciso obtener autorización judicial y, en consecuencia, requerir la inter-vención de la Procuradora de Asuntos de Familia para que ésta compruebe la corrección de la cuantía consignada.

Ahora bien, tras un cambio en el trasfondo fáctico de la controversia —acaecido durante el trámite apelativo—, es preciso resolver si la imposición de estos requisitos aplica-ría igualmente cuando el procedimiento de consignación se realice a favor de una persona mayor de edad declarada incapaz judicialmente por la imposibilidad de regir su persona y sus bienes. En cualquier caso, la respuesta sería la misma. Veamos.

El Sr. Samuel Echevarría Colón falleció el 19 de marzo de 2013. Al momento de su fallecimiento, el señor Echeva-rría Colón pertenecía a la matrícula de la Administración del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA). Con rela-ción a las aportaciones que éste había acumulado por años de servicio como empleado público, el señor Echevarría Co-lón había designado como beneficiarías a su esposa, la Sra. Socorro Pérez Valentín, y a su hija, procreada con la Sra. Marilú Carrión Hernández, Socorro Echevarría Carrión. Tras la muerte del señor Echevarría Colón, la señora Pérez Valentín recibió oportunamente el pago de los beneficios correspondientes. La hija del señor Echevarría Colón y de la señora Carrión Hernández, sin embargo, no recibió el pago que le correspondía, en razón de ser menor de edad y, consecuentemente, carecer de capacidad para aceptarlo. En los procedimientos, la menor fue representada por su madre con custodia y patria potestad, la señora Carrión Hernández. En atención a esto, la Administración del Sis-tema de Retiro (Administración) presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, una petición de consignación por $34,291.41 en beneficios que le correspondían a la menor.

A pesar de tener ante sí todos los documentos relaciona-dos con la participación de la menor en los beneficios del Sistema de Retiro de su padre, el Tribunal de Primera Ins-tancia, mediante resolución y orden notificada el 16 de abril de 2014, denegó la petición de consignación y ordenó que ésta se enmendase para incluir a la menor como parte demandada. Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la devolución del dinero consignado.

Luego de que la reconsideración solicitada fuera decla-rada no ha lugar, el 16 de junio de 2014 la Administración acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. El 30 de junio de 2014, el foro apelativo inter-medio emitió una sentencia revocando el dictamen del foro primario. Además, ordenó motu proprio que se iniciara un procedimiento de autorización judicial y que la Procura-dora de Asuntos de Familia comprobara que la cuantía que se le debía a la menor era correcta previo a la consignación y consiguiente liberación del deudor.

Inconforme con tal determinación, el Procurador de Asuntos de Familia, por conducto de la Procuradora General, presentó una Comparecencia Especial en Solicitud de Reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones. En ésta sostuvo que el Tribunal de Apelaciones había errado al atribuirle al Procurador de Asuntos de Familia funciones y deberes que por ley no le correspondían. Específicamente, arguyo que el Procurador no estaba facultado en ley para participar de un procedimiento de consignación con el pro-pósito de corroborar la corrección del monto adeudado, aun cuando la beneficiaría fuese una menor.

El Tribunal de Apelaciones, por su parte, declaró no ha lugar la reconsideración presentada. Al así proceder, el foro apelativo intermedio razonó que la aceptación de la consig-nación afectaba los intereses de la menor, ya que el pago extinguiría el crédito existente. Expresó el Tribunal de Apelaciones que “[e]mitir un dictamen sobre lo solicitado no resulta oneroso para la Procuradora y constituye una precaución razonable para proteger los derechos de la menor”. Apéndice, págs. 3-4.

Así las cosas, el 19 de septiembre de 2014 la Procura-dora General, en representación del Procurador de Asuntos de Familia, presentó una petición de certiorari ante este Foro. Planteó, en esencia, que el Tribunal de Apelaciones había errado al ordenar al Procurador de Asuntos de Fa-milia intervenir en un procedimiento de consignación. Alegó, además, que el Tribunal de Apelaciones había errado al ordenar que, previo a la consignación, se iniciara un procedimiento de autorización judicial. Argumentó, por lo tanto, que el foro apelativo intermedio erró al pretender consolidar dos procedimientos legales distintos en uno solo. El 12 de diciembre de 2014 expedimos el auto solicitado

Conforme lo dispuesto en la Regla 21 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, según enmen-dado, tanto la Procuradora de Asuntos de Familia como la AEELA presentaron sus correspondientes alegatos. En lo pertinente, la Procuradora trajo a nuestra atención que, pendiente la expedición del recurso de certiorari, la menor advino a la mayoría de edad. Asimismo, nos informó que la señora Carrión Hernández presentó el 11 de febrero de 2015, ante el Tribunal de Primera Instancia, una acción sobre declaración de incapacidad y nombramiento de tutor referente a la señora Echevarría Carrión. Ello, pues alegó que ésta sufría de condiciones mentales incapacitantes.

En sus correspondientes alegatos, tanto la Procuradora como la AEELA argüyeron que este cambio fáctico no tor-naba académica la controversia ante nuestra considera-ción, por lo que no debía afectar la disposición del presente recurso. Asimismo, posteriormente, el Procurador de Asun-tos de Familia presentó un escrito titulado Moción del Pro-curador de Asuntos de Familia Solicitando se Acepten Do-cumentos Pertinentes al Presente Caso, que Surgieron con Posterioridad a la Presentación de la Petición de Certiorari. En síntesis, incluyó ciertos documentos relacio-nados con el procedimiento de declaración de incapacidad y nombramiento de tutor con tal de reiterar su posición en torno a la vigencia de la controversia planteada.

En aras de auscultar el resultado del procedimiento de declaración de incapacidad y nombramiento de tutor ins-tado por la señora Carrión Hernández, el 7 de octubre de 2016, emitimos una Resolución en la que ordenamos a las partes a que nos informaran sobre el estado de este proceso. Asimismo, las partes debían expresase en torno a cómo el referido procedimiento repercutía en la disposición del recurso ante nuestra consideración.

Oportunamente, el 1 de noviembre de 2016, el Procura-dor presentó la Moción del Procurador de Asuntos de Fa-milia en Cumplimiento de Resolución. Mediante ésta, nos informó que, el 28 de septiembre de 2016, el foro primario declaró incapaz a la señora Echevarría Carrión y nombró a su madre, la señora Carrión Hernández, como su tutora.

Por otra parte, el Procurador reafirmó su postura de que la controversia ante nuestra consideración no se ha tornado académica. En esencia, informó que los fondos en cuestión todavía no han sido pagados. Por ello, tras la de-claratoria de incapacidad, se “mantiene vigente la necesi-dad de que los $34,291.41 de los que [éjsta es beneficiara sean consignados en el Tribunal, hasta tanto se solicite la utilización de los mismos mediante el procedimiento correspondiente”. Moción, pág. 4. Por último, reiteró su ar-gumento de que la cuestión planteada era una recurrente ante los tribunales.

Considerado todo lo anterior, procedemos a resolver.

\—i

En nuestro ordenamiento, la figura de la con-signación judicial procura brindar a un deudor un meca-nismo mediante el cual pueda liberarse de su obligación. De esta manera, la consignación supone una forma de pago que le permite al deudor solicitar a un tribunal que ordene la cancelación de la obligación. Véase Art. 1134 del Código Civil, 31 LPRA see. 3184. Asimismo, el Artículo 1134 del Código Civil establece que “[mjientras el acreedor no hu-biere aceptado la consignación, o no hubiere recaído decla-ración judicial de que está bien hecha”, la obligación podrá subsistir si el deudor retira la cuantía consignada. íd. Es decir, la consignación surte el efecto liberatorio que persi-gue en dos instancias distintas, a saber: (1) mediante la aceptación de la cuantía consignada por parte del acreedor, o (2) por vía de una declaración judicial a los efectos de que la consignación se realizó conforme a derecho. Para la con-creción de esta última, el Tribunal deberá evaluar, entre otras cosas, el cumplimiento con los requisitos que el Có-digo Civil dispone para el pago por consignación.

Según el Código Civil, la consignación, de ordina-rio, debe estar precedida por una oferta de pago. 31 LPRA see. 3180. De ahí que la consignación ostente un carácter coactivo, pues permite la extinción de la deuda aun ante la negativa por parte del acreedor a recibir el pago. íd. En caso de que el acreedor se encuentre ausente o incapaci-tado para recibir el pago, el Artículo 1130 del Código Civil preceptúa que “ [1] a consignación por sí sola producirá el mismo efecto [liberatorio]”. 31 LPRA see. 3180. No obs-tante, para que se produzca ese efecto, es necesario que el deudor anuncie a las personas interesadas en la obligación su intención de consignar lo debido. 31 LPRA see. 3181.

Posterior al anuncio, el deudor depositará “las co-sas debidas a disposición de la autoridad judicial, ante quien se acreditará el ofrecimiento en su caso, y el anuncio de la consignación en los demás”. 31 LPRA see. 3182. Efec-tuada la consignación, los interesados deberán igualmente ser notificados de ésta. 31 LPRA see. 3182. Por último, el Artículo 1131 del Código Civil establece que “[lja consigna-ción será ineficaz si no se ajusta estrictamente a las dispo-siciones que regulan el pago”. 31 LPRA see. 3181. Es decir, para que se considere bien hecha la consignación y pueda decirse que ésta constituye el pago de lo debido, es indispensable que el pago se haga “a la persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación, o a otra autorizada para recibirla en su nombre”. 31 LPRA see. 3166.

Al examinar las exigencias para la realización de la con-signación, se puede colegir que, en aquellos casos en los que el acreedor esté incapacitado para recibir el pago, se puede prescindir del previo ofrecimiento de pago. Esto es, “la consignación por sí sola producirá el mismo efecto libe-ratorio de la figura, sin que el propio texto de la ley re-quiera la oferta previa contemplada en el párrafo primero”. (Enfasis suprimido). M. J. Vera Vera, La oferta de pago y la consignación: su eficacia liberatoria en el pago dinerario a menores mediante el procedimiento de jurisdicción volun-taria, 36 Rev. Der. PR 211, 220 (1997).

Por otro lado, cabe recordar que la incapacidad supone la falta de la voluntad que la ley considera necesaria para que de los actos humanos deriven efectos jurídicos. Véase A, von Tuhr, Derecho civil: teoría general del derecho civil alemán, Madrid, Marial Pons y Ediciones Jurídicas y So-ciales, Vol. I2 (Las Personas), 1999, págs. 379-380. En lo que nos concierne, tanto la minoría de edad como la de-mencia figuran como restricciones a la capacidad de obrar. 31 LPRA see. 82. Ciertamente, ante estos supuestos de in-capacidad, la restricción o limitación a la capacidad de obrar se puede suplir mediante la figura de la patria potes-tad o la institución de la tutela. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 678 (2012).

Por lo tanto, en aquellas instancias donde una persona mayor de edad ha sido declarada judicialmente incapaz, le compete a su tutor actuar como su represen-tante legítimo en un proceso de consignación en el que el incapacitado tenga un interés propietario sobre la cuantía consignada. Ello, pues, “[e]l tutor representa al menor o incapacitado en todos los actos civiles, salvo aquellos que por disposición expresa de la ley pueden ejecutar por sí solos”. 31 LPRA see. 781.

De forma similar ocurre en instancias donde la incapa-cidad del acreedor consiste en la minoría de edad. Claro está, en estos supuestos corresponderá a quien ostente su patria potestad actuar como su representante legítimo en el proceso de consignación. Esto, puesto que, según lo pres-crito el Artículo 153 del Código Civil, “[e]l padre y la madre tienen, respecto de sus hijos no emancipados el deber de [...] representarlos en el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su provecho”. 31 LPRA see. 601. Véanse, además: Biaggi v. Corte, 68 DPR 407, 409 (1948); Agostini v. Registrador, 39 DPR 577 (1929). Asimismo, el Artículo 154 del Código Civil dispone que " [1] a administra-ción de los bienes de los hijos que estén bajo la patria po-testad pertenece, en ausencia de decreto judicial al efecto, a ambos padres conjuntamente o a aquel que tenga bajo su custodia y potestad al menor”. 31 LPRA see. 611.

Por último, es importante destacar que, en aque-llos casos en los que los padres tengan intereses opuestos a los de sus hijos, el Artículo 160 del Código Civil establece que “el Tribunal de Primera Instancia nombrará a éstos un defensor judicial que los represente enjuicio y fuera de él”. 31 LPRA see. 617. También en aras de salvaguardar los intereses de los menores, el Artículo 159 exige, además, una autorización judicial previa en lo que concierne a actos de administración de los bienes de un menor cuyo valor exceda los $2,000. 31 LPRA 616. Esta autorización judicial, a su vez, tiene el propósito de suplir la falta de capa-cidad del menor en la transacción. In re García Cabrera et al., 188 DPR 196, 209 (2013).

I—I H-l

Como hemos visto, para que una consignación judicial a favor de un incapaz o de un menor surta el efecto de liberar al deudor y, consiguientemente, extinga la obligación, es preciso que el representante legítimo de éste supla la falta de capacidad y acepte la cuantía consignada. En ausencia de tal aceptación, el deudor podrá quedar igualmente libe-rado cuando recaiga una declaración judicial a los efectos de que la consignación estuvo bien hecha. 31 LPRA see. 3184. En este caso, al instar su petición de consignación ante el Tribunal de Primera Instancia, la Administración presentó todos los documentos relacionados con la partici-pación de la señora Echevarría Carrión en las aportaciones que su padre hiciera en vida al Sistema de Retiro. Asi-mismo, la Administración cumplió con el requisito de noti-ficar a ésta y al Procurador de Relaciones de Familia, como parte interesada, de la solicitud para consignar los fondos. A pesar de estos trámites, el foro primario, en lo perti-nente, denegó la petición de consignación y ordenó la devo-lución del dinero consignado.

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones concluyó que previo a la consignación, resultaba necesario iniciar un procedimiento de autorización judicial y que la Procura-dora de Asuntos de Familia debía comparecer para com-probar la corrección de la cuantía consignada. Esto, por tratarse de una transacción que extinguiría un crédito cuya suma excedía los $2,000. El Tribunal de Apelaciones fundamentó su determinación de requerir la iniciación de un procedimiento de autorización judicial y la comparecen-cia de un procurador de familia en el hecho de que la acep-tación de la consignación afectaba los intereses de la se-ñora Echevarría Carrión. Esto, a pesar de que no surge del expediente que la madre de ésta hubiese solicitado el re-tiro, utilización o liquidación de los fondos consignados.

Por último, es importante señalar que el Artículo 75 de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia delimita los asuntos relacionados con menores en los que los procura-dores de asuntos de familia deben intervenir. Específica-mente, el inciso (a) establece que, “[e]n procedimientos so-bre autorización judicial, declaratoria de herederos y administración judicial cuando la cuantía de los bienes ob-jeto del procedimiento no exceda de mil dólares ($1,000)”. 3 LPRA sec. 295a(a). Claramente, no nos encontramos ante ninguna de las situaciones que ese inciso regula. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones, al requerir la interven-ción de la Procuradora de Asuntos de Familia, amplió in-debidamente las facultades conferidas a esa servidora por Ley.

En este caso, los intereses de la señora Echevarría Carrion están adecuadamente representados por su progeni-tora, quien, como se indicó, no tiene intereses incompatibles con los de su hija. Siendo ella la persona que ostenta la tutela de la señora Echevarría Carrión, es la responsa-ble de representar a ésta en el procedimiento judicial de consignación. Esto, sin necesidad de autorización ulterior. A esos efectos, la Regla 15.2 de Procedimiento Civil esta-blece diáfanamente que “[u]na persona mayor de edad o emancipada que esté judicialmente incapacitada deberá comparecer por medio de su tutor(a) general”. Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Asimismo, en casos en que se trate de una persona menor de edad, el represen-tante legítimo será quien ostente la patria potestad. íd. Por ende, según adelantamos, en ambos supuestos le co-rresponderá al tutor general o al progenitor con patria po-testad la facultad de aceptar la consignación realizada por el deudor.

V

Por los fundamentos que anteceden, erró el Tribunal de Apelaciones al supeditar el procedimiento de consignación a un procedimiento de autorización judicial que, en este caso, era totalmente innecesario. Consiguientemente, se re- voca el dictamen recurrido y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe el procedimiento de consignación en conformidad con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez concurrió con el resultado sin opinión escrita. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco disintió sin opinión escrita. El Juez Aso-ciado Señor Rivera García disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervino.

       El Tribunal de Primera Instancia estimó que la solicitud presentada por la Administración constituía una solicitud de interpleader al amparo de la Regla 19 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Esto, a pesar de que la intención de la Admi-nistración era meramente consignar la cuantía en beneficio de la menor, cual bene-ficiarla, y no obligar a partes adversas a litigar entre sí, tal y como requiere la referida regla.

       Por otro lado, el Procurador informó que el 14 de octubre de 2016 la señora Carrión Hernández presentó una moción de reconsideración con tal de aclarar dos determinaciones de hecho. Mediante una Resolución y Orden, notificada el 20 de octubre de 2016, el Tribunal de Instancia proveyó con lugar la reconsideración, mas no alteró el resultado del caso. Consecuentemente, el Procurador hizo constar que la referida determinación aún no es final y firme, ya que no han culminado los términos correspondientes para recurrir en alzada.

       Además de estar contemplada en nuestro Código Civil, la autorización judicial está regulada por el Artículo 614 del Código de Enjuiciamiento Civil. En lo que atañe al caso ante nuestra consideración, basta con subrayar que solo se requiere la autorización “[e]n todos los casos en que según el Código Civil necesitan los padres o el tutor de un menor o incapaz autorización judicial para actos o contratos que se refieren a la guarda de dicho menor o incapaz y de sus bienes”. 32 LPRA see. 2721. En atención a que claramente no nos encontramos ante uno de esos casos, estimamos innecesario una discusión prolija de los contornos sustantivos y procesales de esta figura.

       Destacamos, además, que sería irrazonable requerir que los procuradores de asuntos de familia daban comparecer y corroborar la corrección de la cuantía en todo procedimiento ex parte de consignación. Es función del tribunal, en base a los docu-mentos presentados, determinar la corrección de la cuantía consignada en este tipo de casos y determinar si la consignación cumple con los requisitos esbozados anteriormente.

       Reconocemos que este dictamen aplica a supuestos fácticos que cambiaron durante el transcurso del trámite apelativo ante este Tribunal. No obstante, consi-deramos que el caso ante nuestra consideración no se tornó académico. Según co-mentamos, las aportaciones acumuladas en AEELA aún continúan en espera de ser percibidas por la beneficiarla. Claro está, ello en consecuencia del dictamen del foro apelativo intermedio.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re William López Méndez, querellado.

      Números: AB-2014-483
    AB-2015-352
    TS-15,735

      Resueltos: 7 de diciembre de 2016

      Luis E. Matos Román, queja AB-2014-483, quejoso; Eliezer Chardón Vázquez, queja AB-2015-352, quejoso.
   per curiam:

Una vez más nos vemos obligados a suspender del ejercicio de la abogacía y la notaría a un miembro de la profesión legal que, en reiteradas ocasiones y por sepa-rado, incumplió con las órdenes de este Tribunal. Veamos.

H—i

El licenciado William López Méndez fue admitido al ejercicio de la abogacía el 31 de enero de 2006 y al ejercicio de la notaría el 28 de febrero del mismo año. En contra de éste se presentaron dos quejas por presunta negligencia en el desempeño de sus funciones, las cuales atenderemos en conjunto.

Así las cosas, procedemos a exponer el contenido y trá-mite procesal de ambas quejas por separado.

Queja AB-2014-483

El 18 de diciembre de 2014, el Sr. Luis E. Matos Román (señor Matos Román) presentó una queja en contra del li-cenciado López Méndez en la que solicitó, entre otras co-sas, que se realizara mía investigación en contra de este último, ya que presuntamente había abandonado sus res-ponsabilidades profesionales, no lo representó adecuada-mente y no le había devuelto la cantidad de $1,000 que le fueran pagados por honorarios de abogado, a pesar de ha-berse comprometido a hacerlo.

En esencia, el señor Matos Román alegó haber contra-tado al licenciado López Méndez para que le realizara cier-tas gestiones tras el fallecimiento de su padre en Puerto Rico. Específicamente, el licenciado López Méndez estaba obligado a realizar los trámites necesarios para que el que-joso pudiera continuar realizando pagos de una hipoteca de una propiedad de su fenecido padre y, asimismo, para que el quejoso obtuviera la tutela de su hermana. El señor Ma-tos Román alega que el licenciado López Méndez nunca realizó gestión alguna y tampoco renunció oportunamente en el pleito incoado por este último en cuanto al asunto de la tutela. Ello, a pesar de que el señor Matos Román tuvo que contratar los servicios de otro abogado.

El 4 de enero de 2015, este Tribunal envió una comuni-cación al licenciado López Méndez, en la que le concedió un término de diez días para que presentara su contestación a la queja presentada. El licenciado López Méndez no com-pareció, por lo que el 6 de julio de 2015 se le remitió una segunda comunicación en la que se le concedía un término de diez días para que compareciera con sus comentarios y reacciones por escrito en torno a la queja en cuestión. Nue-vamente, el licenciado no compareció ante nos.

Así pues, el 26 de agosto de 2015 emitimos una Resolu-ción en la que le concedimos al licenciado López Méndez un término final de cinco días, contados a partir de la notifi-cación de la Resolución, para que compareciera ante este Tribunal y contestara la queja presentada en su contra. En la referida Resolución se le apercibió de que su incumpli-miento podría conllevar sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión al ejercicio de la profesión. A esta última, tampoco respondió.

Queja AB-2015-352

Por otra parte, el 29 de septiembre de 2015, el Sr. Elie-zer Chardón Vázquez (señor Chardón Vázquez) presentó, por separado, una queja ante este Tribunal en contra del licenciado López Méndez en la que alegó que, en relación con unas escrituras, el letrado recibió unas notificaciones de faltas por parte del Registrador de la Propiedad, las cuales no se corrigieron a tiempo, ocasionando que cadu-cara el asiento. Por lo tanto, el señor Chardón Vázquez quedó impedido de realizar transacción alguna con la pro-piedad debido a la falta de trámite registral.

El 8 de octubre de 2015, este Tribunal envió una comu-nicación —fechada al 6 de octubre de 2015— al licenciado López Méndez, en la que le concedió un término de diez días para contestar la queja presentada en su contra. Dicha comunicación fue enviada a la dirección oficial de noti-ficaciones del licenciado López Méndez que está activa en nuestro Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA). El correo postal devolvió esta comunicación y este Tribunal la recibió el 4 de marzo de 2016.

Tras no recibir contestación oportuna por parte del li-cenciado López Méndez, el 28 de diciembre de 2015 le en-viamos una segunda notificación en la que le concedimos diez días para que presentara su contestación a la queja. Una vez más, el licenciado López Méndez no compareció.

Así las cosas, el 22 de abril de 2016 emitimos una Reso-lución en la que le concedimos un término final e improrro-gable de cinco días para que compareciera ante este Tribunal y contestara la queja presentada en su contra. Respecto a ésta, el 27 de abril de 2016, el Lie. Juan E. Dávila Rivera, Secretario del Tribunal Supremo, nos remi-tió un diligenciamiento negativo, presentado por la Oficina de Alguaciles del Tribunal Supremo, donde se hizo constar que se visitó la residencia del licenciado López Méndez en Caguas, Puerto Rico, y que la misma estaba abandonada desde, aproximadamente, el 26 de agosto de 2015. A pesar de todos los intentos realizados por este Tribunal, el licen-ciado López Méndez no ha comparecido en ninguno de los procedimientos en su contra.

Es, precisamente, a la luz del marco fáctico y procesal antes expuesto que procedemos a resolver este asunto sin ulterior trámite.

H—i

Como es sabido, los cánones de ética profesional buscan promover el ejercicio profesional y personal del abogado a tono con los más altos principios de conducta decorosa, lo que redunda en beneficio de la profesión, de la ciudadanía y de las instituciones de justicia del país. In re Suárez Jiménez, 192 DPR 152 (2014); In re Castro Colón, 177 DPR 333 (2009); In re Izquierdo Stella, 154 DPR 732 (2001).

En particular, y en lo pertinente al caso que nos ocupa, el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, puntualiza que todo abogado “ ‘debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto’ ”. (Énfasis suplido). In re Montalvo Delgado, 196 DPR 541, 549 (2016). Véanse, además: In re Torres Rodríguez, 188 DPR 304 (2013); In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189, 196 (2012). Así pues, y como corolario del respeto profundo que deben tener los abogados y abogadas hacia el foro judicial, dicho canon les ordena comparecer a los seña-lamientos notificados por el tribunal. In re Rivera Navarro, 193 DPR 303 (2015); In re Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011). Véase, además, In re Otero Fernández, 145 DPR 582 (1998). Lo anterior incluye el deber de todo abogado y abogada de responder con diligencia los requerimientos y las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos disciplinarios. In re Rivera Navarro, supra; In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553 (2015); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2014).

En esa dirección, hemos señalado que procede la suspensión del ejercicio de la abogacía cuando se des-atienden los requerimientos formulados por este Tribunal y los abogados o abogadas se muestran indiferentes ante nuestros apercibimientos de imponerles sanciones. In re Pérez Román, 191 DPR 186 (2014); In re Betancourt Medina, 183 DPR 821 (2011); In re Lloréns Sar, 170 DPR 198 (2007).

Más aún, la naturaleza de la función del abogado requiere de una escrupulosa atención y obediencia a las ór-denes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos relacionados con su conducta profesional. In re Rivera Trani, 188 DPR 454 (2013); In re García Incera, 177 DPR 329 (2009); In re Colón Rivera, 170 DPR 440 (2007). Desatender las órdenes judiciales constituye, pues, un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra. In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485 (2015); In re García Incera, supra; In re Maldonado Rivera, 147 DPR 380 (1999).

III

Cónsono con lo anterior, y en aras de garantizar que los miembros de la profesión legal atiendan con la pre-mura requerida las comunicaciones de este Foro, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, impone la obligación a todo abogado y abogada de mantener sus datos actualizados en RUA. In re Ramos Fernández, 195 DPR Ap. (2016); In re Cepero Rivera et al., 193 DPR Ap. (2015); In re López González et al., 193 DPR Ap. (2015). “El fiel cumplimiento con este precepto reglamen-tario garantiza el ejercicio eficaz de nuestra facultad de velar po[r q]ue los miembros de la clase togada cumplan con sus deberes ético-profesionales, es decir, que atiendan con prontitud y diligencia las comunicaciones que se le remitan”. In re Marichal Morales, 195 DPR 678, 687 (2016). Véanse, además: In re Ezratty Samo et al., 194 DPR Ap. (2016); In re Guzmán Ortiz, 193 DPR Ap. (2015).

Cuando un miembro de la profesión legal incum-ple con esta obligación, obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria. In re Arroyo Acosta, 192 DPR 848 (2015); In re Torres Martínez, 192 DPR 291 (2015); In re Arroyo Rosado, 191 DPR 242 (2014). El incumplimiento con esta obligación, además, constituye fundamento sufi-ciente e independiente para decretar la separación inme-diata del ejercicio de la abogacía. In re Ramos Fernández, supra; In re Cepero Rivera et al., supra; In re Toro Soto, 181 DPR 654 (2011).

> I—1

En lo que respecta al caso de autos, como pudimos apre-ciar, el licenciado López Méndez, en dos instancias distin-tas, ha hecho caso omiso a nuestras órdenes. Asimismo, se ha mostrado indiferente ante nuestro apercibimiento de imponerle sanciones disciplinarias por su conducta hacia el Tribunal. Dicho de otro modo, ha abandonado los procedi-mientos disciplinarios en su contra, sin más.

Además, no ha actualizado su información y dirección residencial en RUA. Dicho proceder también ha obstaculi-zado el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria.

En fin, la conducta desplegada por el licenciado López Méndez, sin lugar a dudas, constituye un patrón de desidia y refleja falta de interés en continuar ejerciendo la profesión. En vista de ello, se le suspende inmediata e in-definidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría.

Se impone al licenciado López Méndez el deber de noti-ficar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos, devolver cualesquiera honorarios recibi-dos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal debe incautar la obra y el sello notarial del abogado suspendido y entre-garlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe. Notifí-quese inmediatamente por fax, teléfono, correo electrónico y por la vía ordinaria.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
    CIC Construction Group, S.E., peticionario, v. Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales, recurrida, Junta de Subastas de Mejoras Permanentes de la Universidad de Puerto Rico, Aireko Construction, LLC y F&R Construction Group, Inc., partes con interés; Aireko Construction Corporation, S.E., recurrida, v. Junta de Subastas de Mejoras Permanentes de la Universidad de Puerto Rico y Universidad de Puerto Rico, peticionarias; F&R Construction Group, Inc., recurrido, v. Junta de Subastas de Mejoras Permanentes de la Universidad de Puerto Rico y Universidad de Puerto Rico, peticionarias.

      Números: CT-2016-0006
    CC-2016-0347

      Resueltos: 7 de diciembre de 2016

      Eddalee Quiñones-Pedrogo y Tomás Correa Acevedo, de Co-rrea Acevedo & Abesada Law Offices, P.S.C., abogados de CIC Construction Group, S.E., parte peticionaria; Allan E. Charlotten-Rivera y Carlos J. Torres Vélez, de Charlotten-Rivera Law Offices, abogados de la Junta de Subastas de Mejoras Permanentes de la Universidad de Puerto Rico, parte peticionaria; Francisco Ramos Martínez, de Martí-nez-Álvarez, Menéndez Cortada & Lefranc Romero, PSC, abogado de F&R Construction Group, Inc.; Femando E. Agrait Betancourt y Norma Berrios Silva, abogados de Ai-reko Construction LLC, parte con interés.
   El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón

emitió la opinión del Tribunal.

Tenemos ante nuestra consideración una pugna juris-diccional suscitada entre un organismo administrativo y el foro judicial. A través de estos recursos se cuestiona, espe-cíficamente, si la revisión de una determinación de la Junta de Subastas de Mejoras Permanentes de la Univer-sidad de Puerto Rico (JSMP-UPR), mediante la cual se ad-judicó la buena pro de un proyecto tomando en considera-ción la reputación e integridad comercial de los proponentes, le corresponde en primera instancia al Tribunal de Apelaciones o si, por el contrario, es menester acudir inicialmente ante la Junta Revisora de Subastas de la Ad-ministración de Servicios Generales (JRS-ASG).

i—I

Trasfondo procesal

Durante agosto de 2014, la JSMP-UPR publicó el Aviso de Solicitud de Cualiñcaciones (RFQ) JSMP 15-001-RFQ (Request for Qualifications o RFQ) con el propósito de seleccionar empresas aptas para someter propuestas para el desarrollo y la construcción de las instalaciones de los laboratorios de neuroplasticidad y síntesis química, así como las instalaciones de un vivarium, en el edificio de Ciencias Moleculares de la Universidad de Puerto Rico (UPR). De los nueve solicitantes iniciales, únicamente las tres empresas que obtuvieron la mejor puntuación en el proceso de RFQ se certificaron como cualificadas para pos-teriormente someter propuestas dirigidas a ejecutar las obras. Estas fueron: Aireko Construction Corp. (Aireko), F&R Construction Group., Inc. (F&R), y CIC Construction Group, S.E. (CIC). Acorde con lo anterior, el 12 de junio de 2015, la JSMP-UPR le cursó una invitación a estas tres corporaciones para que sometiesen sus respectivas pro-puestas selladas atinentes al desarrollo programado JSMP 15-001-RFP, a través del método de requerimiento de pro-puestas “RFP” {Request for Proposal o RFP).

Luego de varios incidentes procesales, el comité evalua-dor nombrado para asistir en el proceso de análisis de las propuestas, unánimemente recomendó a CIC para llevar a cabo el proyecto. Entendió que CIC ofreció la mejor opción en comparación con las otras dos empresas participantes dentro de los parámetros de selección previamente estable-cidos por la JSMP-UPR.

El 26 de octubre de 2015, la JSMP-UPR emitió un primer Aviso de Adjudicación de la Propuesta Sellada a favor de CIC. El documento no detalló las razones para la selección. Además, se apercibió un término equivocado y más corto que el aplicable para los afectados tramitar una solicitud de reconsideración. Inconformes con tal decisión, Aireko solicitó reconsideración ante la JSMP-UPR, mien-tras que F&R acudió directamente al Tribunal de Apelacio-nes mediante un recurso de revisión judicial. Eventual-mente, el Panel de Reconsideración #2 de la JSMP-UPR dejó sin efecto la determinación impugnada y ordenó a la JSMP-UPR que emitiera un nuevo aviso de adjudicación del proyecto JSMP 15-001-RFP, conforme a derecho.

A tono con lo anterior, el 23 de diciembre de 2015, la JSMP-UPR notificó un segundo Aviso de Adjudicación de la Propuesta Sellada (RFP). Nuevamente escogió a CIC como la agraciada, conforme a la recomendación del comité eva-luador, a base del criterio de mejor valor o Best Value, se-gún dispuesto en el RFP.

Se anejaron al aviso las tablas preparadas para cada uno de los tres participantes, donde se desglosó la puntuación que otorgó el comité evaluador en los renglones concernien-tes a los componentes técnicos del proyecto (Technical Evaluation Criteria) con la explicación correspondiente. Igual-mente, se incluyeron los puntos concedidos a base de los precios sugeridos por los proponentes conforme a una fór-mula fijada en el RFP (Price Evaluation Criteria).

En el aviso se indicó, además, que el comité evaluador también había tomado en consideración la reputación e in-tegridad comercial de los proponentes, según la información provista por estos, así como por información difundida públicamente. A esos efectos, se reseñaron ciertos procesos iniciados en el foro federal contra dos entidades relaciona-das a F&R, así como contra Aireko y dos de sus emplea-dos, por violaciones a estatutos ambientales federales.

Como fundamento para su determinación, la JSMP-UPR destacó que CIC obtuvo la mejor puntuación en el renglón técnico seguida por Aireko (CIC 807.5 y Aireko 776.25). Además, señaló que era el único licitador que con-taba con la reputación e integridad comercial requerida para realizar un proyecto de la magnitud y relevancia de la propuesta en cuestión, particularmente porque esta con-lleva la utilización de fondos federales provenientes de un Grant del National Institute of Health.

Tanto Aireko como F&R solicitaron una reconsideración de la adjudicación ante el Panel de Reconsideración #2 de la JSMP-UPR. Además, Aireko presentó simultánea-mente una reconsideración ante la JRS-ASG. El 15 de enero de 2016, el Panel de Reconsideración #2 de la JSMP-UPR denegó ambas solicitudes de reconsideración. Enton-ces, los dos proponentes acudieron al Tribunal de Apelacio-nes mediante sendos recursos de revisión judicial; posteriormente, fueron consolidados allí.

El 17 de febrero de 2016, estando los recursos aún pen-dientes ante el Tribunal de Apelaciones, la JRS-ASG emi-tió una Resolución inicial donde concluyó que tenía juris-dicción para atender la reconsideración presentada por Aireko. A pesar de que la JRS-ASG admitió que la UPR está excluida de las disposiciones del Plan de Reorganiza-ción Núm. 3 de 21 de noviembre de 2011, según enmen-dado (Plan), 3 LPRA Ap. XIX, concluyó que la JSMP-UPR se había sometido voluntariamente a su autoridad revisora en virtud del Art. 22 del Plan, 3 LPRA Ap. XIX (Art. 22). Señaló que, en el proceso de cualificar a los proponentes para el proyecto a través del RFQ, la JSMP-UPR les requi-rió certificar que no habían sido descalificados (debarred) para participar en contratos con el gobierno estatal. Adujo, además, que la Administración de Servicios Generales (ASG) es la única entidad competente para pasar juicio sobre dicha capacidad, a través del mecanismo del Registro Único de Licitadores (RUL). Razonó que, por lo tanto, la JSMP-UPR había aceptado tácita y voluntariamente los procedimientos atinentes al RUL, incluso la autoridad de la JRS-ASG para atender la impugnación presentada por Aireko. No obstante, por entender erróneamente que aún quedaba pendiente una solicitud de reconsideración ante la JSMP-UPR, decidió esperar a que concluyera este trámite administrativo para entonces resolver en sus méritos el asunto planteado por Aireko.

Entre tanto, el 2 de marzo de 2016, la JSMP-UPR some-tió una Moción Informativa ante el Tribunal de Apelaciones para notificar que el 1 de febrero de 2016, el System for Award Management del Gobierno de Estados Unidos había publicado un Exclusion Summary en el que alertaba que Aireko Construction, LLC quedaba inelegible de participar en contratos en que se utilicen fondos federales mientras se realizaba la investigación pertinente a los hechos antes relatados. Luego, el 8 de marzo de 2016, CIC solicitó al Tribunal de Apelaciones que desestimara el recurso presentado por Aireko por académico a base de su alegada inelegibilidad.

Mediante Sentencia de 10 de marzo de 2016, el Tribunal de Apelaciones adoptó las expresiones de la JRS-ASG en su Resolución de 17 de febrero de 2016. Así, pues, dictaminó que a pesar de la UPR estar excluida de las disposiciones del Plan, esta se acogió voluntariamente a los procesos del RUL por utilizar o beneficiarse de alguna manera de este registro para cualificar a los licitadores. Igualmente, apoyó su determinación en el Art. 22 del Plan. A base de lo anterior, concluyó que le correspondía a la JRS-ASG resolver los cuestionamientos relacionados a la reputación e integridad comercial de Aireko para poder competir en la propuesta.

El 16 de marzo de 2016, la JRS-ASG emitió una Reso-lución y Orden en la que, entre otros asuntos, ordenó la paralización de toda acción relacionada a las propuestas del proyecto en controversia y anunció que pronunciaría su decisión sobre la impugnación de Aireko en treinta días a partir del 11 de marzo de 2016.

El 31 de marzo de 2016, CIC presentó ante este Foro una Solicitud de Certificación Interjurisdiccional acompa-ñada de una Moción en Auxilio de Jurisdicción mediante las cuales cuestionó la jurisdicción de JRS-ASG para inter-venir en la adjudicación objetada por Aireko.

El 6 de abril de 2016 expedimos el auto solicitado por CIC, acogido como un recurso de certiorari, y paralizamos los procedimientos en el caso. Del mismo modo, el 29 de abril de 2016 expedimos el auto de certiorari presentado por la JSMP-UPR y ordenamos la consolidación de ambos recursos.

1—i HH

Derecho aplicable

A. Jurisdicción

Por tratarse de un planteamiento de naturaleza jurisdic-cional, debemos resolver, en primera instancia, si el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al desestimar los recursos pendientes ante sí hasta tanto la JRS-ASG dispu-siera de la solicitud de reconsideración presentada por Aireko. ()

El término jurisdicción denota el poder o la autori-dad que posee, ya sea un tribunal o un organismo adminis-trativo, para atender asuntos sometidos a su consideración. Ayala Hernández v. Consejo Titulares, 190 DPR 547 (2014); DACo v. AFSCME, 185 DPR 1 (2012); ASG v. Mun. San Juan, 168 DPR 337 (2006). Similar al caso de los tribunales, las agencias administrativas están impedidas de asumir ju-risdicción donde no existe. Ayala Hernández v. Consejo Titulares, supra; DACo v. AFSCME, supra.

El ámbito de autoridad de una entidad adminis-trativa dependerá de la delegación de aquellos poderes que le hayan sido específicamente conferidos por la Asamblea Legislativa. Ayala Hernández v. Consejo Titulares, supra; DACo v. AFSCME, supra; López Nieves v. Méndez Torres, 178 DPR 803 (2010); D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., Colombia, Ed. Forum, 2013, Sec. 2.1, págs. 35-36. Es por ello que se hace necesario, como paso inicial para precisar la capacidad de un ente administrativo de poder intervenir en determinado asunto, examinar su ley habilitadora, también conocida como ley orgánica. Ayala Hernández v. Consejo Titulares, supra; DACo v. AFSCME, supra; ASG v. Mun. San Juan, supra.

Conforme a lo anterior, un organismo administrativo no puede asumir jurisdicción sobre un asunto a menos que esté claramente facultado en ley para ello. Ayala Hernández v. Consejo Titulares, supra; DACo v. AFSCME, supra; ASG v. Mun. San Juan, supra. A esos efectos, hemos indicado que, “ni la necesidad, ni la utilidad, ni la conveniencia pueden sustituir al estatuto en cuanto a la fuente de poder de una agencia administrativa”. ASG v. Mun. San Juan, supra, pág. 343. Véanse, además: DACo v. AFSCME, supra; Ayala Hernández v. Consejo Titulares, supra. Consiguientemente, aquellas actuaciones que no encuentren apoyo en el estatuto habilitador de una entidad administrativa, se reputarán nu-las por constituir trámites ultra vires. Ayala Hernández v. Consejo Titulares, supra; DACo v. AFSCME, supra.

B. Hermenéutica

Como regia general en materia de hermenéutica legal, el texto de la ley se impone si no existe margen de duda sobre su acepción; así lo dictamina nuestro ordenamiento. Spyder Media Inc. v. Mun. de San Juan, 194 DPR 547 (2016); Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763 (2014); Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR 196 (2014). A esos efectos, el Art. 14 del Código Civil, 31 LPRA sec. 14, dispone que “[c]uando la ley es clara libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”.

Sin embargo, debemos ser cautelosos al llevar a cabo nuestro análisis, ya que los estatutos han de interpre-tarse de manera integral, acorde con la intención legislativa que los inspira. Anteriormente, hemos advertido que “la le-tra de la ley no debe seguirse ciegamente cuando ello iría en detrimento de su espíritu y su fin”. Rivera Fernández v. Mun. Carolina, supra, pág. 202. Como cualquier otro esta-tuto, al estudiar las leyes habilitadoras es menester exami-nar las expresiones de la Legislatura al promulgarlas. Igualmente, han de sopesarse la política pública y el interés social que se intenta promover. Ayala Hernández v. Consejo Titulares, supra. Véanse, además: DACo v. AFSCME, supra; D.A.Co. v. Fcia. San Martín, 175 DPR 198 (2009); ASG v. Mun. San Juan, supra.

C. El Plan de Reorganización

En el 2011 se aprobó el Plan con el propósito de brindar uniformidad y agilizar los procesos en la ASG ati-nentes al trámite de compras y adquisición de bienes y servicios no profesionales para los diversos componentes de la Rama Ejecutiva. Aun cuando el trámite de compras a través de la ASG quedaba circunscrito a la Rama Ejecu-tiva, se autorizó a las corporaciones públicas y a los muni-cipios a acogerse de manera voluntaria a los procesos esta-blecidos por la ASG para estos propósitos. A tales efectos, el Plan fijó su alcance de la manera siguiente:

Las disposiciones de este Plan regirán los procesos de com-pras y adquisición de bienes y servicios no profesionales en la Rama Ejecutiva, según definida en este Plan, En el caso de las corporaciones públicas y los municipios, éstas tendrán la op-ción de acogerse y beneficiarse de forma voluntaria de los sis-temas que habrán de desarrollarse para adquirir bienes y ser-vicios no profesionales por medio de un proceso a establecerse para las compras del Gobierno Estatal de Puerto Rico [...] (Én-fasis suplido). Art. 3 del Plan, 3 LPRAAp. XIX.

Por otra parte, la definición del término “Rama Ejecu-tiva” provista en el estatuto específicamente exceptuó a la UPR del esquema normativo del Plan, a menos que se dis-pusiera otra cosa.

A grandes rasgos, el Plan consta de tres esquemas que impactan su viabilidad. El primero de ellos atiende lo re-lacionado a la logística y las formalidades requeridas para efectuar las compras del Gobierno. Por otra parte, se estableció el RUL y se encomendó su funcionamiento a la ASG. Por último, se creó la JRS-ASG.

1. Adquisición de bienes y servicios no profesionales

A pesar de que el Plan está dirigido a suplir las necesi-dades de la Rama Ejecutiva, a través de su Art. 3 se le reconoció igualmente a las corporaciones públicas y a los municipios el derecho a utilizar de manera voluntaria los métodos de adquisición dispuestos por la ASG. Esta alter-nativa se hace viable a través de pactos mediante los cua-les las entidades gubernamentales exceptuadas del Plan, a su entera discreción, acuerdan expresamente con la ASG para que gestione sus compras. El Art. 22 del Plan dispone lo siguiente sobre este particular:

La Administración [ASG] tramitará a través de un sistema centralizado y automatizado, las compras de bienes y servicios no profesionales de la Rama Ejecutiva y las corporaciones pú-blicas y municipios que voluntariamente decidan utilizar los servicios de la Administración y negociará contratos abiertos para las compras regulares. [...]
La Administración podrá hacer extensivo mediante acuerdo entre la partes, cualquiera de estos servicios a aquellos muni-cipios, corporaciones públicas o ambos, que así lo soliciten. La participación de dichos municipios o corporaciones públicas bajo este Plan será voluntaria y podrá ser para todas o sólo algunas de las adquisiciones de bienes y servicios no profesio-nales [...] (Énfasis suplido). 3 LPRAAp. XIX.

2. Registro Único de Licitadores (RUL)

El RUL consiste de un listado de licitadores aspirantes a participar en los procesos de compra de bienes y servicios no profesionales de ciertas entidades gubernamentales que han sido previamente calificados por la ASG. Según le-gislado, le corresponde a la ASG verificar, mediante crite-rios objetivos, la probidad y condición financiera de aque-llos individuos o empresas interesadas en hacer negocios con dependencias del Gobierno según designadas por el Plan. Consiguientemente, la ASG tiene la responsabili-dad de verificar la integridad y capacidad económica de los licitadores potenciales para asegurar que los entes guber-namentales concernidos “solamente contraten con perso-nas naturales o jurídicas de probada solvencia moral y eco-nómica [...] ”. Art. 42(a) del Plan, 3 LPRA Ap. XIX. Parte de este trámite investigativo incluye cotejar que los aspiran-tes no hayan sido convictos de los delitos de fraude, mal-versación o apropiación ilegal de fondos públicos conforme estas violaciones aparecen detalladas en el Art. 3 de la Ley Núm. 458-2000, según enmendada, 3 LPRA sec. 928b.

La inscripción en el RUL es obligatoria para “[t]oda persona natural o jurídica interesada en entrar en el mercado de adquisición de bienes y servicios de la Rama Ejecutiva, las corporaciones públicas y municipios del Gobierno de Puerto Rico [...] ”. (Énfasis suplido). Art. 40 del Plan, 3 LPRA Ap. XIX. Por lo cual, es necesario que estos indivi-duos o empresas cumplan con los requisitos allí dispuestos para poder hacer negocios con aquellas entidades cubiertas por el RUL. De esta manera, los componentes guberna-mentales concernidos están obligados a examinar las cons-tancias del registro como condición previa a contratar para sus compras. Art. 39 del Plan, 3 LPRA Ap. XIX,

Con el propósito de asistir en la implementación del RUL, se promulgó el Reglamento del Registro Único de Licitadores del Gobierno de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8182, ASG, 20 de abril de 2012 (Reglamento Núm. 8182). En este documento se consignan, entre otros, los procedi-mientos atinentes al ingreso, así como a la denegatoria de ingreso al RUL. También se provee el trámite aplica-ble a la suspensión de licitadores. En esa línea, existen dos procesos diferentes para remover a los licitadores del RUL. Primeramente, se provee para un trámite “ordina-rio”, que inicia la ASG cuando conoce que el licitador incu-rrió en alguna de las causales de suspensión consignadas en el Reglamento Por otra parte, si la controversia sobre la aplicación de alguna de estas causales es incidental a un proceso asociado a una subasta, la Junta de Subastas de la ASG lo atenderá como parte del trámite de la adjudicación. Este procedimiento se denomina “extraordinario”

El Reglamento Núm. 8182 también excluyó a la UPR de los procesos atinentes al RUL.

3. Junta Revisora de Subastas ASG—Ley Núm. 153-2015

En el Plan original se le delegó a la JRS-ASG la responsabilidad de evaluar únicamente las impugnaciones a las determinaciones de la Junta de Subastas de la ASG. Mediante la Ley Núm. 153-2015 se insertaron unas en-miendas al Plan, las cuales ampliaron la jurisdicción de la JRS-ASG para que, además de la facultad de revisar las determinaciones de la Junta de Subastas de la ASG, según originalmente pautado, la JRS-ASG pudiese evaluar adju-dicaciones de las demás Juntas de Subastas de “las agen-cias o instrumentalidades de la Rama Ejecutiva”. (Enfasis suplido). See. 3 de la Ley Núm. 153-2015, enmendadora del Art. 51 del Plan, 3 LPRAAp. XIX. Sin embargo, la Ley Núm. 153-2015 expresamente limitó las instituciones im-pactadas por la enmienda a aquellas no exceptuadas por el Plan En otras palabras, las nuevas facultades revisoras de la JRS-ASG se extendieron únicamente a aquellas enti-dades gubernamentales específicamente cobijadas por el Plan, que no hubiesen sido previamente exceptuadas.

Estos cambios en el trámite procesal ante la JRS-ASG hicieron necesario realizar ciertos ajustes en las disposicio-nes pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) con el propósito de fijar el trámite co-rrespondiente a los nuevos procesos administrativos y a una eventual revisión judicial. En las enmiendas a la LPAU, según introducidas por la Ley Núm. 153-2015, se reconoce que en los casos de impugnación de subasta no siempre se tendrá que acudir a la JRS-ASG, pues su juris-dicción no abarca a todas las agencias de la Rama Ejecutiva. Del mismo modo, al detallar los principios que rigen las determinaciones relacionadas a las subastas para adecuarse a la normativa de la LPAU, nuevamente se hace la salvedad de las exclusiones consignadas en el Plan:

Todas las agencias, entidades o instrumentalidades de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no excluidas de las disposiciones del Plan de Reorganización Núm. 3-2011 [...] deberán cumplir con los siguientes criterios o estándares generales de evaluación o adjudicación en sus pro-cesos de subastas, requerimiento de propuestas o requeri-mientos de cualificaciones [...] Sec. 11 de la Ley Núm. 153-2015 (3 LPRA see. 2169 n.) (Supl. 2016).

rH 1—! 1—I

Discusión

A. Artículo 22 del Plan de Reorganización

De entrada, debemos señalar que, en su Resolución, la JRS-ASG reconoció que la UPR estaba exenta de los trámi-tes de revisión provistos en el Plan. No obstante, concluyó que la JSMP-UPR se sometió voluntariamente a la juris-dicción de la JRS-ASG al requerirle a los proponentes que, como parte del proceso de cualificarlos a través del RFQ, certificaran que no estaban impedidos de contratar con el Gobierno. Consecuentemente, resolvió que le correspon-día a la JRS-ASG atender la controversia presentada por Aireko, atinente a su reputación e integridad comercial previo a que este licitador pudiese acudir al foro judicial. La JRS-ASG explicó su razonamiento en la Resolución emitida a tales efectos, de la forma siguiente:

Si la Junta de Subastas [de la UPR] de alguna forma utilizó o se benefició del proceso del Registro Único de Licitadores (RUL) para certificar, cualificar, evaluar y lo aprobar los licitadores en el RFP, tenemos que concluir que la Junta de Subastafs] se so-metió, implícitamente a los procedimientos de la ASG. A[u]n cuando fue la Junta de Subastafs] de la UPR la que llevó a cabo la evaluación del RFP, esta Junta Revisora mantiene jurisdic-ción sobre cualquier reconsideración administrativa del mencio-nado RFP. (Énfasis suplido). Caso Núm. CC-2016-347, Pieza 1, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 211.

La JRS-ASG apoyó su determinación en las disposicio-nes del Art. 22 del Plan, supra, las cuales permiten a las entidades excluidas de este esquema utilizar los servicios disponibles a través de la ASG para adquirir bienes y ser-vicios no profesionales. El Tribunal de Apelaciones coinci-dió con la postura de la JRS-ASG;, por lo que le remitió a este organismo administrativo la jurisdicción inicial para atender el planteamiento de Aireko.

Procedemos a analizar los argumentos expuestos por la JRS-ASG utilizando como base los principios cardinales de hermenéutica antes reseñados, atendiendo en primera ins-tancia el texto claro del estatuto que nos ocupa, así como las enmiendas relevantes de manera integral. Al realizar esta tarea, también debemos estar atentos a las facultades delegadas estatutariamente al organismo administrativo, las cuales delimitan su autoridad.

Primeramente, cuestionamos la aplicabilidad del citado Art. 22 a gestiones ajenas a la adquisición de bienes y ser-vicios no profesionales a través de la ASG. En el contexto de la controversia que tenemos ante nuestra consideración, la interpretación adoptada para justificar la supuesta su-misión de la JSMP-UPR a los procesos ante la JRS-ASG concerniente a esta disposición resulta forzada.

Cabe señalar que nos encontramos ante un postulado claro, libre de ambigüedad. Según indicamos anterior-mente, el Art. 22 del Plan, supra, posibilita, por vía de excepción, que entidades gubernamentales excluidas por el propio Plan puedan aprovecharse de los trámites de com-pra implementados por la ASG. De este modo, se les per-mite participar, voluntariamente y mediante acuerdo, de los trámites para procurar bienes y servicios no profesiona-les a través de los procesos establecidos por la ASG. Ambas condiciones se encuentran ausentes en este caso. De una parte, no consta en autos acuerdo alguno entre la UPR y la ASG conforme lo exige taxativamente la medida.

Los hechos presentados en estos recursos tampoco inci-den con la compra de bienes y servicios a tenor del Plan. Todas las gestiones encaminadas a atraer proponentes para el desarrollo del proyecto se encauzaron mediante el proce-dimiento provisto en el Reglamento de Adjudicación de Pro-yectos de Mejoras Permanentes de la Universidad de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8369, Universidad de Puerto Rico, 5 de jimio de 2013, y estuvieron a cargo exclusivamente de la JSMP-UPR, sin intervención alguna de la ASG.

Por último, aun asumiendo que el Art. 22 del Plan, supra, aplica a los hechos de este caso, contrario a lo inti-mado por la JRS-ASG y el Tribunal de Apelaciones, el re-querimiento de información atinente al RUL, per se, no implica que la JSMP-UPR haya consentido a allanarse a los trámites de revisión provistos en el Plan.

No existe en autos documentación que evidencie algún acto deliberado por parte de la JSMP-UPR que sustente su intención de acogerse a los procesos relacionados a la JRS-ASG. Como parte del trámite de cualificar a los proponentes mediante el RFQ, la JSMP-UPR simplemente les requirió verificar que no estaban impedidos de contratar con el Go-bierno de Puerto Rico. De esta manera, la UPR se asegura que estos han sido cualificados bajo los estándares estable-cidos en el RUL. Sin embargo, ello no implica que la ad-judicación que, eventualmente, haga la JSMP-UPR relacio-nada con una propuesta estará sujeta a la jurisdicción de la JRS-ASG. Por el contrario, cualquier parte inconforme con la determinación de la UPR deberá solicitar revisión judicial directamente ante el Tribunal de Apelaciones, a tono con la See. 4.2 de la LPAU, según enmendada, 3 LPRA see. 2172, sin interferencia de la JRS-AGS.

B. Aireko

Por su parte, Aireko sostiene que la Ley Núm. 153-2015 extendió la jurisdicción revisora de la JRS-ASG a todas las entidades regidas por la LPAU sin excluir a la UPR. Sin embargo, contrario a lo argumentado por Aireko y según mencionamos anteriormente, al ampliar el alcance de los procesos de revisión a través de la JRS-ASG, la Ley Núm. 153-2015 cualificó el nuevo ámbito de autoridad de este cuerpo revisor a las determinaciones de agencias, instru-mentalidades o entidades gubernamentales de la Rama Eje-cutiva “no excluida[s] del [...] Plan”. See. 5 de la Ley Núm. 153-2015, enmendadora del Art. 55(a) del Plan, 3 LPRAAp. XIX.

Del mismo modo, las enmiendas a la LPAU referentes a reconsideraciones en casos de adjudicación de subastas y a los procesos de revisión judicial hacen la salvedad que será la JRS-ASG o la entidad apelativa que corresponda quien deba intervenir. Por lo tanto, el propio estatuto reconoce que el trámite ante la JRS-ASG no resulta obligatorio para todos los componentes gubernamentales afectados.

En fin, a base del texto inequívoco, así como de una lectura integral del Plan y sus enmiendas, concluimos que la JRS-ASG carecía de autoridad para intervenir en la determinación de la JSMP-UPR. Debemos tener presente que, siendo su jurisdicción limitada, las agencias adminis-trativas únicamente están autorizadas a asumir aquellas funciones que se le hayan delegado expresamente me-diante mandato legislativo.

Resolvemos, por lo tanto, que erró el Tribunal de Apela-ciones al declararse sin jurisdicción y referir las controver-sias consignadas en los recursos de epígrafe a la JRS-ASG para su disposición.

IV

Conclusión

Por los fundamentos anteriormente indicados, se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones emitida el 10 de marzo de 2016 y se devuelven los autos al foro apelativo intermedio para procedimientos ulteriores conforme a lo aquí dispuesto.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Este mecanismo, según provisto en el Art. 20 del Reglamento de Adjudicación de Proyectos de Mejoras Permanentes de la Universidad de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8369, Universidad de Puerto Rico, 5 de junio de 2013, se utiliza para aquellos casos en que, debido a las particularidades del proyecto del que se trata, no existe una lista de empresas cualificadas para realizar la obra. De este modo, se identifican pro-ponentes potenciales que cumplan con unos requisitos mínimos de aptitud, experien-cia y capacidad económica en función de las exigencias propias de la labor programada.

       En español, vivario se define como “[u]na instalación para conservar anima-les vivos de pequeño tamaño [...] M. Moliner, Diccionario de uso del español, 3ra ed,, Madrid, Ed. Gredos, 2007, Vol. II, pág. 3065. En este caso, el vivario será desti-nado para fines de observación e investigación científica.

       Véase Aviso de Lista de Proponentes Potenciales de 5 de marzo de 2016. Caso Núm. CC-2016-347, Pieza 6, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 1556.

       El requerimiento de propuestas, o RFP (por sus siglas en inglés), representa una alternativa al proceso de subasta para la adquisición de bienes y servicios por parte del Gobierno. Se distingue por ser un mecanismo informal que permite nego-ciaciones entre las partes, tanto en lo concerniente a los términos de la propuesta como en el precio, previo a la adjudicación de la buena pro. Maranello et al. v. O.A.T., 186 DPR 780 (2012) (Sentencia); Caribbean Communications v. Pol. de PR, 176 DPR 978 (2009); R & B Power v. E.L.A., 170 DPR 606 (2007).

       El 27 de mayo de 2016, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), presentó ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico una reclamación en contra de F&R Contractors Corp. y F&R Contractors, LLC por violaciones a varias disposiciones del Clean Water Act (CWA). U.S. v. F&R Contractors Corp., et al., Civil No. 16-1666. Según la demanda, entre enero de 2004 y octubre de 2007, en el proceso de administración y construcción de ciertos proyectos residenciales, las empresas concernidas descargaron ilegalmente escorrentías pluviales contaminadas, las cuales discurrieron hasta cuerpos de agua de Estados Unidos, según definidos en el estatuto. Todo esto ocurrió en contravención con las disposiciones del CWA. En esa misma fecha se sometió un acuerdo entre las partes titulado Consent Decree. En el documento se indicó que F&R comparecía voluntaria-mente para asegurar su implementación. Posteriormente, se presentó una modifica-ción al acuerdo para, entre otros asuntos, clarificar que tres de los accionistas de las entidades demandadas eran dueños, en parte, de F&R.

       En mayo de 2012, durante un proceso de demolición y renovación llevado a cabo en el noveno piso de la Torre Norte del Centro Gubernamental Minillas en San Juan, Puerto Rico, se removió de instalaciones dentro del edificio, se arrojó en con-tenedores de basura en el exterior del edificio y posteriormente se trasladó material contaminado con asbesto sin tomar las debidas precauciones. En ese momento, Ai-reko operaba en calidad de contratista de la obra y, a su vez, había subcontratado los servicios de otra compañía para ayudar en la demolición.
      Como resultado de lo anterior, se iniciaron procesos criminales en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico en contra de Aireko y dos de sus empleados por violación a varias disposiciones federales de protección ambiental. A esos efectos, según consta en los expedientes correspondientes del foro federal, pri-meramente, el 6 de diciembre de 2013 se sometieron cargos en contra de Kenneth M. Báez-Alers, empleado de Aireko, quien para esa fecha se desempeñaba como Project Manager (era responsable de las operaciones de demolición y renovación en el lugar). U.S. v. Kenneth M. Báez-Alers, Criminal No. 13-871. Posteriormente, el 13 de julio de 2015, Aireko fue acusada por un Gran Jurado Federal. U.S. v. Aireko Construction Company, Criminal No. 16-448. Finalmente, el 19 de agosto de 2016 se sometió una acusación en contra de Edgardo Albino, vicepresidente de operaciones de Aireko. U.S. v. Edgardo Albino, Criminal No. 15-527.
      En diferentes fechas durante el 2013, 2015 y 2016, cada uno de los acusados llegó a un arreglo con el Departamento de Justicia federal y suscribió un acuerdo o Plea Agreement, mediante el cual aceptó los hechos constitutivos de violaciones a las leyes y a la reglamentación federal, según relatados anteriormente. Véanse: Plea Agreement, Docket Núm. 6, presentado el 6 de diciembre de 2013 en U.S. v. Kenneth M. Báez-Alers, Criminal Núm. 13-871; Plea Agreement, Docket Núm. 43, presentado el 11 de enero de 2016 en U.S. v. Aireko Construction Company, Criminal Núm. 15-448, y Plea Agreement, Docket Núm. 4, presentado el 19 de agosto de 2015 en U.S. v. Edgardo Albino, Criminal Núm. 15-527.

       Aireko solicitó la reconsideración el 8 de enero de 2016, mientras que F&R hizo lo propio el 12 de enero de 2016. Resolución Panel de Reconsideración #2 JSMP-UPR.

       Aireko recurrió al foro apelativo intermedio el 20 de enero de 2016 y F&R el 27 de enero de 2016.

       Esta notificación no se envió ni a OIC ni a F&R.

       Reglamento del Registro Único de Licitadores del Gobierno de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8182, Administración de Servicios Generales, 20 de abril de 2012 (Reglamento Núm. 8182).

      (11) Es preciso señalar que únicamente Aireko aboga por la jurisdicción de la JRS-ASG como último foro revisor en el trámite administrativo con facultad para entender en el asunto que nos ocupa. Tanto los peticionarios en ambos recursos, como P&R, coinciden en que la tarea revisora recae en el Tribunal de Apelaciones.

       A continuación reproducimos la definición de “Rama Ejecutiva” consignada en el Art. 4 del Plan de Reorganización Núm. 3 de 21 de noviembre de 2011, según enmendado (Plan), 3 LPRAAp. XIX:
      “Para los propósitos de este Plan, los siguientes términos tendrán el significado que se dispone a continuación, salvo que del propio texto del Plan se desprenda lo contrario, [...]

      “(s) Rama Ejecutiva.—Todos los departamentos, dependencias, agencias e ins-trumentalidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, excepto las cor-poraciones públicas y subdivisiones políticas del Gobierno de Puerto Rico, la Oficina de Ética Gubernamental, la Universidad de Puerto Rico y la Comisión Estatal de Elecciones. (Énfasis nuestro).

       Arts. 22-38 del Plan, 3 LPRAAp. XIX.

       Arts. 39-43 del Plan, 3 LPRAAp. XEX.

       Arts. 51-68 del Plan, 3 LPRAAp. XIX.

       Art, 39 del Plan, 3 LPRAAp. XIX.

       Art. 42 del Plan, 3 LPRAAp. XIX,

       Art. 42(a) del Plan, 3 LPRA Ap. XIX.

       Arts. 4.1-4.3 del Reglamento Núm. 8182.

       Art. 5.1 del Reglamento Núm. 8182, supra.

       El Art. 5.3 del Reglamento Núm. 8182, supra, enumera las causales para suspender a un licitador previamente inscrito y, como consecuencia, excluirlo del Re-gistro Único de Licitadores (RUL).

       5.4 (jei Reglamento Núm. 8182, supra.

       Art. 5.5 del Reglamento Núm. 8182, supra.

       El Art. 1.7(r) del Reglamento Núm. 8182, supra, pág. 8, define el término “Rama Ejecutiva” de la manera siguiente:
      “[Tjodos los departamentos, dependencias, agencias e instrumentalidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Ricp, incluyendo los municipios y corpora-ciones públicals]. Se excluye a la Oficina de Ética Gubernamental, a la Universidad de Puerto Rico y a la Comisión Estatal de Elecciones”. (Énfasis suplido).

       Conforme a esta pieza legislativa, le corresponde a la JRS-ASG, además de revisar las adjudicaciones de la Junta de Subastas de la ASG, intervenir en impug-naciones de subastas “hechas por cualquier otra agencia, instrumentahdad o entidad gubernamental de la Rama Ejecutiva no excluida del presente Plan". (Énfasis suplido). See. 5 de la Ley Núm. 153-2015, enmendadora del Art. 55(a) del Plan, 3 LPRAAp. XIX.

       Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 LPRA see. 2101 et seq.).

       Así surge del propio texto de la Ley de Procedimiento Administrativo Uni-forme (LPAU) al disponer que en estos casos la parte adversamente afectada podrá solicitar reconsideración ante la agencia o acudir ya pea a la JRS-ASG “o la entidad apelativa que corresponda en ley o reglamento [...] (Énfasis suplido). Art. 9 de la Ley Núm. 153-2015, enmendador de la Sec. 3.19 de la LPAU, 3 LPRA see. 2169.
      Igualmente, se reconoce que concurren vías alternas al establecer los términos para presentar la revisión judicial de una orden o resolución final de “la agencia, de la Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales, o de la enti-dad apelativa de subastas, según sea el caso [...] (Énfasis suplido). Sec. 10 de la Ley Núm. 153-2015, enmendadora de la See. 4.2 de la LPAU, 3 LPRA see. 2172.

       Sobre este particular, la Sección 6e del Request for Qualifications for General Contractor Prequalification (RFQ) dispone:

        “Debarment Status: By signing below, the interested General Contractor certifies that it is not currently debarred from performing public work for the Commonwealth of Puerto Rico”. (Énfasis suplido). Caso Núm. CT-2016-0006, Pieza 5, Apéndice de la Solicitud de Certificación Intraiurisdiccional, pág. 1450.

      8) La JSMP-UPR puede establecer aquellos requisitos o criterios que estime necesarios para determinar la elegibilidad de los proponentes a proyectos ante su consideración.

       Asimismo, Aireko argumenta que, en virtud de la Ley Núm. 153-2015, el esquema provisto en el RUL le aplica a la UPR. No obstante, esta ley enmendatoria no amplió la facultad revisora de la JRS-ASG a determinaciones de la UPR. Por lo tanto, el planteamiento atinente al RUL resulta irrelevante al asunto de índole es-trictamente jurisdiccional que nos ocupa.

       Seos. 9 y 10 de la Ley Núm. 153-2015, enmendadoras de las Secs. 3.19 y 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sees. 2169 y 2172, respectivamente,

       Conforme a la determinación que hemos tomado, se hace innecesario dispo-ner del resto de los errores presentados en ambos recursos.