text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Soto, acusado y apelante.
    No. 3630.

    Sometido: Diciembre 3, 1929.

      Resuelto: Enero 16, 1930.

      F. Cervoni, abogado del apelante; B. A. Gomes, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en este caso fué como sigue:

“El referido acusado Pedro Soto, durante los meses de abril y mayo de 1925, y en San Juan, P. R., que forma parte del Distrito Judicial del mismo nombre, y en ocasión de actuar como agente Ten-dedor de la corporación Gillies & Woodward, siendo su.'s deberes como tal agente Tendedor, entre otros, el de recibir los dineros proce-dentes de las distintas Tentas que a nombre de la corporación Gillies & Woodward bacía, de una manera voluntaria, maliciosa y fraudu-lenta, se apropió en su beneficio y con perjuicio de la corporación Gillie's & Woodward, de una cantidad de dinero no menor de tres mil dólares, y cuya cantidad babía sido confiada al acusado y reci-bida por éste en el curso de sus deberes como tal agente Tendedor de dicha corporación Gillies & Woodward, defraudando de esta manera de dicba cantidad a la referida corporación Gillies & Woodward. Todo lo cual es contrario a la ley para tal caso becba y pre-vista y contra la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.”

Oído el caso, el jurado lindió veredicto declarando al acu-sado culpable de abuso de confianza (felony), y la corte le condenó a sufrir tres años de presidio con trabajos forzados. De esta sentencia apela el acusado.

Se señalan cinco errores, de los que se dejan sin argumentar específicamente dos, que aparecen bajo los números 4• y 5. Este último se refiere a que la corte permitió al fiscal que preguntase a un testigo acerca de determinados extremos; como la parte apelante no argumenta, y no nos sentimos obligados a adivinar las posibles razones del señalamiento de error, no fiemos de considerarlo.

Los dos primeros señalamientos dicen así:

“1. La, corte cometió error al desestimar nuestra primera moción de archivo y sobreseimiento, por haber transcurrido más de cien días, digo doscientos días, desde la detención del acusado hasta la pre-sentación de la acusación.
“2. La corte cometió error al deséstimar nuestra solicitud de ar-chivo y sobreseimiento por haber transcurrido más de 60 días desde 3a presentación de la acusación hasta 3a celebración del juicio.”

Se discuten estos señalamientos conjuntamente en los alegatos de las partes.

Del récord aparece que este acusado fué arrestado en 22 de abril de 1925, por orden del fiscal Sr. Massari. En ese tiempo el territorio de San Juan se bailaba dividido en dos distritos judiciales: el primer distrito correspondía ai fiscal Sr. Massari; y el hecho perseguido se babía realizado en territorio del segundo distrito; el fiscal Sr. Massari envió' el caso al fiscal del segundo distrito Sr. Gómez; y éste archivó el caso por baber transcurrido más de 60 días de la detención, y expidió una nueva orden de arresto el 28 de agosto de 1925; no aparece que esta orden se cumplimentara nunca. En 15 de octubre de 1925 el fiscal Sr. ítomaní ex-pidió la orden de arresto contra est© acusado, que fué arrestado y prestó fianza. La acusación fué presentada el 4 de noviembre de 1925. Se señaló la vista del caso para el 1 de marzo de 1926 ; el acusado pidió, y obtuvo, la suspensión de tal vista, para la que se señaló de nuevo, para el 13 de mayo del mismo año; y entonces el fiscal, alegando la ausencia de sus testigos más importantes, pidió la suspensión, señalándose de nuevo para el 14 de junio de 1926, y suspendiéndose la vista. En 22 de junio de 1926 el acusado radicó una moción en la que renunció a un juicio rápido dentro de los 120 días. Y en 28 de octubre el acusado pidió suspensión del juicio, que, al fin, se celebró el 30- de marzo de 1927.

En cuanto al primer error entendemos que no se ba come-tido. La orden de arresto dictada por el fiscal Sr. Massari, no tenía fuerza legal, porque él no tenía jurisdicción en el distrito en que se cometió el delito. Y esa orden quedó sin efecto alguno, basta el aparente, cuando se archivó el caso. En realidad el arresto del acusado se hizo cuando' se cumpli-mentó la orden del fiscal Sr.' Lomaní, de 25> de octubre; y la acusación se presentó dentro de los 60 días siguientes a ese arresto.

En cuanto al término' de 120 días siguientes a la acusación, para que se oiga el caso por el tribunal, encontramos en el récord la renuncia que por el acusado se hizo a los beneficios de ese término. No vamos a ir más allá de lo que el propio acnsado pndo ir. El renunció el beneficio, y no puede boy invocarlo en favor de su apelación.

No bay necesidad legal de que el fiscal obtenga el permiso de la corte para librar un nuevo mandamiento de arresto en un caso como el presente.

El tercer señalamiento de error es como sigue:

“3. La corte cometió error al desestimar nuestra solicitud de ar-chivo y sobreseimiento, por haberse negado el Fiscal a proporcionar un bill of particulars al acusado.”

Como se ve el motivo del señalamiento no es precisa-mente la negativa del fiscal a suministrar el bill of particulars, sino la resolución de la corte denegando la solicitud de archivo y sobreseimiento.

Ante todo, no vemos en el récord que el fiscal se negara arbitrariamente a suministrar tal bill of particulars. El aparentemente se bailaba en la imposibilidad de haberlo, y para atribuirle una neg'ativa infundada era necesaria alguna prueba; y si esa prueba no se ofreció y practicó, no vemos en qué podía la corte fundarse para acceder a lo que pedía el acusado. Al denegar la moción no incurrió en error.

Por las rosones expuestas procede la confirmación de la ■ sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Texidor,

license: Public Domain

text:
    Juana Francisca Sepúlveda y Román, peticionaria, v. Angel Acosta Quintero, Juez de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, P. R., demandado.
    No. 680.

    Sometido: Diciembre 23, 1929.

      Resuelto: Enero 16, 1930.

      Cristino B. Colón, abogado de la peticionaria; Agustín 2?. Font y F. Fa/rra Capó, abogados del juez demandado y del interventor en el pleito principal, respectivamente.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se trata de un litigio iniciado por Juana Francisca Sepulveda contra Rufino Gruilliotty Pagan, para, que se declarase nula una escritura de compraventa. En. el récord aparece una moción firmada por los abogados de ambas partes, por la cual se llega a una transacción decla-rándose válida y eficaz la escritura de que se trata, y obli-gándose el demandado a bacer ciertos pagos. La Corte de Distrito de Ponce, ante la que se bailaba el pleito, dictó en él una sentencia por transacción, de acuerdo con los términos de ésta, y la sentencia fué notificada. Cambió entonces de abogado la demandante; y presentó moción para que se de-jara sin efecto la sentencia. En la vista de esta moción in-tervino el abogado Sr. Parra Capó, que antes babía repre-sentado a la demandante, y que presentó una contestación jurada, acerca de su intervención, y de la forma en que se llegó a la transacción. Se oyó la prueba testifical que se presentó, y se unió la documental. Y el juez Sr. Acosta Quintero, dictó una resolución, por la que declaró que la sen-tencia de que se trata, es definitiva y final; que contra ella no se interpuso recurso alguno; que la transacción que fue base de la misma, es correcta, y tiene autoridad suficiente; y declarando sin lugar la moción. Del récord aparece que en 5 de noviembre de 1929, Juana Francisca Sepulveda apeló de la resolución dictada, para ante este Tribunal Supremo, y luego pidió transcripción de la evidencia. En 6 de noviem-bre de 1929, la misma apelante formuló su petición de certio-rari acerca de la que resolvemos.

Tenemos, pues, como primer elemento de estudio, el becbo de que la misma resolución es objeto de dos recursos; el de apelación, y el certiorari. Sobre este extremo se llama nuestra atención por los demandados e interventores.

Creemos conveniente señalar aquí el evidente abuso que se está haciendo en relación con los procedimientos especiales. Es muy frecuente abandonar los procedimientos ordinarios de la ley, para acogerse a los especiales, sin recordar que éstos requieren la existencia de circunstancias extraordina-rias para la justificación de su uso.

En el recurso de certiorari, la cuestión de jurisdicción, y la de procedimiento' son las determinantes. Y cuando la parte tiene un remedio legal adecuado, y no se demuestra que ese remedio sea de tal suerte tardío que sin acudir a otro procedimiento se perjudicarían los fines de la justicia, no usan los tribunales de su discreción en el sentido de abrir paso a los remedios extraordinarios, sino en el de dar vigor a los corrientes en la ley.

Se fia dicho por este tribunal:

“No ba podido ser la intención, del Legislador dar al auto de certiorari un alcance tal, que mediante él puedan enmendarse por un tribunal superior los errores de fondo o de forma cometidos en un procedimiento por un tribunal inferior, cuando ese fin puede con-seguirse por la interposición del recurso ordinario de apelación, pues si se aceptara la doctrina contraria, holgaría y 'sería, superfluo dicho recurso de apelación en los casos en que está autorizado por la ley.'' Nogueras v. Corte Municipal de Cayey, 7 D.P.R. 576.

Es verdad que esta doctrina no es de tal manera estricta, que no permita acudir al certiorari siempre que existe el recurso de apelación. Pero en los casos decididos por este tribunal admitiendo que se puede utilizar ese procedimiento, aun habiendo el de apelación, se ha establecido claramente cuál debe ser la situación que lo autorice. Y se ha dicho:

“. . . Es doctrina bien establecida que el recurso de certiorari procede en los casos en que los reeur'sos ordinarios de apelación o por causa de error sean inadecuados como remedio o recurso, ya por lo que respecta a la rapidez, o ya por lo que se refiera a la eficacia del mismo, de tal modo que pueda dar por resultado un completo o parcial fracaso de la justicia.” Méndez v. Soto Nussa, Juez, 13 D.P.R. 379.

Y después, se dijo :

“Bu repetidos casos hemos declarado que no es procedente el recurso extraordinario de certiorari cuando la ley concede el recurso ordinario de apelación, a menos que ésta no resulte en el caso ade-cuada, rápida y eficaz para lo's fines de la justicia, circunstancia que no se nos ha demostrado que concurren en el presente caso . . . Guevara v. Corte de Distrito, 37 D.P.R. 956.

Y en otro caso:

“La apelación que se alega en la petición que ha sido establecida contra la orden preliminar de injunction parece que sería un obs-táculo para tomar en consideración y resolver la petición de certiorari. Sin embargo, el principio general de que habiendo el reeur'so ordi-nario de apelación no cabe el de certiorari no es tan absoluto. En el caso de la Núñez v. Soto Nussa, supra, fué una cuestión muy bien debatida y se resolvió que en dicho caso concreto la apelación no era un obstáculo para que procediera el auto de certiorari. En este caso se cita la regla adoptada por la Corte Suprema de Mis’souri, que dice:
“ !La existencia de un remedio mediante apelación o recurso por causa de error no es suficiente para constituir un obstáculo al auto de certiorari, a menos que dicho remedio sea adecuado para llenar los requisitos del cáso; es decir, que sea igualmente beneficioso, rá-pido y suficiente, no meramente un remedio que algún tiempo en lo futuro efectuará la revocación de la sentencia recurrida, sino un re-medio que librará al peticionario, de un modo rápido, de los efectos perjudiciales de la sentencia y de los actos de la corte o tribunal inferior. ’
“Este caso está comprendido dentro de la anterior doctrina, por-que habiendo la corte inferior actuado en exce’so de su jurisdicción al decretar el injunction preliminar, y estando amenazada la peti-cionaria de un procedimiento por desacato, el recurso de apelación representaría en este caso un medio tardío que no sería tan adecuado, rápido y eficaz como lo es el certiorari, para librar de este modo, en bien de la justicia, a la peticionaria de los actos de la corte inferior.”

En el caso Borinquen Sugar Co. v. López, Juez, 17 D.P.R. 1022, se había dicho por este tribunal:

"No es nuestra intención resolver especialmente ninguna de las cuestiones indicadas en la presente, pues creemos que toda cuestión que se plantee por la peticionaria, puede ser revisada por nosotros en la apelación. Lo's autos que se nos han trasmitido', demuestran que se ha. interpuesto recurso de apelación. Puede concederse, a veces, un auto de certiorari, aunque el peticionario tenga también derecho a un recurso de apelación. Pero, en el presente caso, el demandado, según se admite, se baila en la posesión de la finca. Se admite que el efecto de una apelación es su’spender los procedimien-tos. La peticionaria no nos demuestra nada que nos induzca a creer, que la apelación no sea el recurso ordinario, rápido' y adecuado para la revisión del error alegado.”

Especialmente la doctrina enunciada en este último caso tiene exacta aplicación al presente.

En resumen: la tendencia de este tribunal es la de con-servar la eficacia del recurso ordinario de apelación, pero cuando se demuestra la existencia de un caso en el que el recurso ordinario ofrece una solución tardía, inadecuada, y peligran los intereses de la justicia, dar paso al recurso extra-ordinario de certiorari, en protección de esa misma justicia.

En el caso Hamburger Brothers & Co. v. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 393, hemos sostenido que:

"... Es de hacer constar, una vez más, que el mero hecho de que la resolución no sea apelable, no determina la procedencia del auto de certiorari, ya que la, parte que lo solicita debe demo’strar una violación de las reglas que determinan la jurisdicción, o que son norma del procedimiento, y presentar un caso que requiera el ejercicio de la sana discreción del tribunal a que acude.”

En el presente caso encontramos:

1. Que la resolución de que se trata ha sido apelada, y sus efectos se hallan en suspenso.

2. Que no existe exceso o extralimitación de jurisdicción, o error de procedimiento en tal resolución.

3. Que se trata de que directa o indirectamente, revisemos par certiorari el juicio que a la corte merecieron los hechos y la prueba en cuanto a la moción de nulidad.

Con estos elementos para juicio, es necesario decidir, de-clarando sin lugar el recurso, y ordenando la anulación del auto expedido; y así se resuelve.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gregorio Osorio Alvarez, acusado y apelante; El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gregorio Osorio Alvarez, acusado y apelante.
    Nos. 3941-3942.

    Sometidos: Diciembre 17, 1929.

      Resueltos: Enero 16, 1930.
    .El acusado compareció en persona; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Gregorio Osorió Alvarez fué acusado de un delito de asesinato en la siguiente forma:

“El Fiscal- formula acusación contra Gregorio Osorio Alvarez y Daniel Sánchez y Sánchez, por un delito de asesinato, felony, come-tido de la manera siguiente: los referidos Gregorio Osorio Alvarez y Daniel Sánchez y Sánchez, allá por uno de los días del mes de noviembre de 1928, y en la municipalidad de Guaynabo, Puerto Rico, que forma parte del distrito judicial de San Juan, ilegal, voluntaria y maliciosamente, con malicia premeditada y deliberación y propó-sito decidido y firme de dar muerte, demostrando tener un corazón pervertido y maligno, acometieron y agredieron con revólver, arma mortífera, al sér Rumano Enrique García Ubarri, disparándole e in-firiéndole una Rerida de carácter grave, a consecuencia de la cual falleció instantáneamente allí y entonces, o sea, el día 18 de no-viembre de 1928.
“Este RecRo es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.”

También se le hizo otra acusación igual por la muerte de Manuel Rivera Colón.

El 23 de mayo de 1929 se constituyó un jurado para cada uno de esos casos pero antes de comenzar los. juicios el acu-sado se declaró culpable en cada uno de ellos del delito de asesinato en segundo' grado y conforme el fiscal la corte instruyó al jurado sobre ese particular, rindiendo el jurado veredicto de culpabilidad de asesinato en segundo grado en cada uno de esos casos, y la corte lo condenó a sufrir treinta años de presidio por la muerte de Enrique García Ubarri y veinte años por la de Manuel Rivera Colón, con trabajos for-zados.

De ambas sentencias apeló el acusado para ante nosotros por el único motivo de que la pena es excesiva.

El apelante personalmente en sus escritos en esta apela-ción y en sus manifestaciones verbales ante esta Corte el día de la vista dice como fundamento para qué rebajemos las penas que le han sido impuestas que si se confesó culpable en ambos casos de delito de asesinato en segundo grado fuá porque su abogado le comunicó que había llegado a un arreglo con los que habían de condenarlo, en el que acordaron impo-nerle la pena de veinte años de presidio por los dos delitos si se declaraba culpable de ellos.

Nada de lo expuesto por el apelante aparece de las trans-cripciones que tenemos ante nosotros por lo que podríamos prescindir de tener en cuenta dichas manifestaciones, pero, sin embargo, queremos decir que aunque haya ocurrido lo que dice el apelante eso no sería motivo suficiente para declarar nosotros que las penas impuestas son excesivas y modificar las sentencias apeladas.

Si los juicios se hubieran celebrado y el fiscal hubiera probado en ellos que el apelante dió muerte a Ubarri y a Eivera en la manera que dicen las acusaciones podía, ser con-denado en cada una de esas causas por delito de asesinato en primer grado y condenado a reclusión perpetua en el pre-sidio de acuerdo con la Ley No. 42 de 1929, y habiendo evitado con sus confesiones de culpabilidad que se le impu-sieran esas penas no encontramos justificada su alegación de que en tales circunstancias sean excesivas las penas que le fueron impuestas. Su desgracia ha estado en haber come-tido no uno sino dos delitos de asesinato y en que por esto las penas impuestas en ambos casos sumen una gran cantidad de años de presidio.

Las sentencias apeladas deben ser confirmadas.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Ramón Pujals Carlo, peticionario, v. Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    No. 661.

    Sometido: Julio 15, 1929.

      Resuelto: Enero 17, 1930.

      Pedro Amado Rivera y A. Rimas, abogados del peticionario; M. Acosta Velarde, abogado del demandado en la acción principal.

       Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la reconsideración de la sentencia que dictó' esta corte en este caso el 26 de julio último porque aunque se llegara a la conclusión de que la corte municipal tenía jurisdicción para actuar en un pleito sobre reivindicación de “una franja de terreno de nueve metros cuadrados con treinta y cinco céntimos,” siempre resultaría que actuó sin jurisdicción por razón de la cuantía. En la demanda la cuantía se alegó así:

“Que 1a. descrita parcela, como antes se ha dicho, forma parte de la finca principal propiedad del demandante y tiene un valor no menor de cien dollars ($100.00).”

Según los autos elevados a virtud del certiorari, en la corte municipal se formuló la excepción de que la demanda no aducía hechos suficientes para constituir una buena causa de acción, sin expresarse por qué, como es la práctica acep-tada. Después de la excepción sólo aparece la resolución de la corte declarándola sin lugar, la contestación — en la que no se levanta cuestión alguna relativa a la cuantía — y la sentencia declarando la demanda sin lugar después de prac-ticada la evidencia, por entender la corte que el demandante no había probado su derecho a reivindicar la franja de terreno de que se trata.

Apeló el demandante para ante la corte de distrito y señalado el juicio de nuevo presentó “oralmente contra la-demanda la excepción de falta de jurisdicción, porque la acción que se ejercita es una reivindicatoría de bienes inmue-bles, sobre la cual no tenía jurisdicción original la corte municipal y, en su consecuencia, que tampoco esta corte la tiene para conocer en grado de apelación, citando el caso de Colón v. El Registrador, 38 D.P.R. 653”.

La corte de distrito declaró con lugar la excepción basán-dose especialmente en el caso invocado de Colón v. El Registrador, 38 D.P.R. 653, y en su consecuencia desestimó la demanda por falta de jurisdicción para conocer de ella y ordenó el archivo y sobreseimiento del caso.

Fue esa resolución de la corte de distrito la que esta Corte Suprema revisó y anuló en este procedimiento de certiorari por entender que las cortes municipales tienen jurisdicción para, conocer en acciones reivindicatorías siempre que la cuantía de la cosa reclamada no exceda de quinientos dólares.

Es cierto que al oponerse al auto de certiorari en esta Corte Suprema la parte demandada en el pleito levantó también la cuestión de la cuantía que abora renueva, y que esta corte dejó de considerarla en su opinión.

La corte se limitó a la cuestión que realmente motivó la solicitud de certiorari y dejó de tratar la otra porque aunque en verdad resulta defectuosamente alegada la cuantía por haberse usado la palabra “menor” en vez seguramente de la palabra “mayor,” — error que, atendidas todas las circuns-tancias que concurren en el caso, es aparente, — el defecto pudo quedar corregido en la corte municipal y puede corre-girse también en la de distrito a la que vuelven los autos a virtud de la resolución dictada en el recurso de certiorari.

Siendo ello así, la moción de reconsideración debe decla-rarse sin lugar.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


author: El Juez Asociado SeñoR TexidoR,

text:
    Antonio Correa, peticionario, v. Hon. Angel Acosta Quintero, en su carácter de Juez de la Corte de Distrito de Ponce, demandado.
    No. 683.

    Sometido: Diciembre 23, 1929.

      Resuelto: Enero 17, 1930.

      Felipe Colón Díaz, abogado del peticionario; Agustín E. Font, por ’sí y como abogado del juez demandado.
   El Juez Asociado SeñoR TexidoR,

emitió la opinión del tribunal.

En la petición en este caso, se alega sustancialmente : Que Antonio Correa es el tutor de la incapaz Victoria Almodóvar, legalmente nombrado; que esa incapaz tuvo antes como tutora a doña Teresa Almodóvar, la que sostuvo un litigio con José Rentas, y que en ese caso se dictó por la corte de distrito de Ponce una sentencia de remoción de la tutora, y de rendición de cuentas, las que fueron rendidas a instancia del nuevo tutor Antonio Correa, quien las impugnó judicialmente, y la corte nombró un árbitro; que estando pendientes esos litigios, en uno de ellos compareció el abogado don Agustín Pont, con una moción para que se le pagaran honorarios por servicios prestados a la anterior tutora en la rendición de cuentas, y en que la referida señora fué demandada como tutora de la incapacitada; que a esta petición se opuso el actual tutor; y la corte dictó resolución concediendo lo pedido por el abogado Sr. Font, y fijando el montante de los honorarios en seiscientos; dólares, resolución que se copia en la petición; que la resolución es contraria a derecho, y lesiona los intereses de la incapacitada y que los honorarios han debido reclamarse en acción civil distinta, y haciendo parte a la ex-tutora Teresa Almodóvar, y-se alegan algunas razones más; que en el pleito en que se dictó la indicada resolución no se ha pronunciado sentencia, y el peticionario no tiene el derecho de apelación, ni otro remedio qne el de certiorari.

Del return aparece confirmada la alegación de haberse presentado por el abogado Sr. Font en el caso civil No. 8786, de la corte de distrito de Ponce, Teresa Almodovar y Cortés, Ex-parte, la moción para el pago de honorarios, así como la oposición del aquí peticionario, y la resolución de la corte en el sentido de conceder seiscientos dólares de hono-rarios al letrado, y también la apelación interpuesta contra tal resolución por Antonio Correa en 18' de octubre de 1929; y asimismo un mandamiento de embargo para satisfacer los $600 citados, cumplimentado' por el márshal, aunque no por la suma total.

No está comprendida una resolución como la de que se trata, entre las apelables de acuerdo con el artículo 295' del Código de Enjuiciamiento Civil.

El problema, reducido a sus términos más sencillos, es éste: ¿Puede un abogado cobrar sus honorarios en un asunto ex-parte en trámite, por medio de una moción en el mismo asunto, o tiene que ejercitar su acción por separado, some-tiendo al procedimiento corriente la declaración de su de-recho ?

La corte de distrito, en este caso, ha tenido en cuenta, para su resolución, los artículos 327 y 339' del Código de Enjuiciamiento Civil, que tratan de la discreción de la corte en la concesión de honorarios, y de la forma en que éstos deben pedirse, y reconoce que el abogado Sr. Pont no ha presentado memorándum jurado, sino una moción. Cita luego' el artículo 293 del Código Civil, que establece que los gastos de rendición de cuentas de la tutela corren a cargo' del menor o incapaci-tado. Y ordena que el letrado Sr. Font jure su moción y le concede $600 como honorarios.

Del return aparece que en pleito civil No. 821, el abogado Sr. Font defendió a la demandada Teresa Almodóvar que era tutora de la incapacitada. La sentencia que en ese caso se dictó fué contra dicha demandada, sin especial imposición de costas.

No creemos que la reclamación hecha por el abogado Sr. Font se regule por los preceptos de los artículos 327 y 3391' del Código de procedimientos. Pero los honorarios que por el Sr. Font se cobran, son uno de tantos cargos O' expensas que tiene la tutela de la incapacitada, y caen dentro de lo previsto por el artículo 293 del Código Civil, que lee así:

“Los gastos de la rendición de cuentas correrán a cargo del menor o incapacitado.”

T la corte de distrito tiene sin duda alguna jurisdicción general para entender en esa materia. No hallamos que el hecho de concederse .esos honorarios en un expediente que a la tutela se refiere, y en el que han sido oídas las dos partes, sea en violación de regla alguna de procedimiento, o en exceso de jurisdicción.

Estos razonamientos nos llenan a negar la petición del promoverte, y ordenar se anide él auto de certiorari dictado.


text:
    Domingo Falagán y Lobato, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 788.

    Sometido: Noviembre 9, 1929.

    Resuelto: Enero 17, 1930.

      J. 8abater, abogado del recurrente; el ^Registrador recurrido compareció por e'scrito.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión, del tribunal,

Aparece de los alegatos, y del documento presentado, que Domingo Falagán y Lobato, por escritura de fecba 1 de Octu-bre de 1929, vendió a la mercantil Falagán y Co., S. en O., de la que el vendedor, era a la sazón socio gestor, dos fincas urbanas. En la escritura compareció Domingo Falagán por sí como vendedor, y en representación de la social compra-dora.

Presentada la copia del documento al registro de la pro-piedad de Mayagüez, el registrador no admitió la inscripción, poniendo la siguiente, nota denegatoria:

“Denegada la inscripción solicitada de la compraventa qne com-prende el documento qne precede que es la escritura número 179, otorgada en esta ciudad, a Io. de octubre en Curso ante el notario José Sabater y García, con vista de otro documento, y en su lugar tomada la correspondiente anotación preventiva a favor de la mer-cantil adquirente allí donde se indica al margen de la descripción de cada finca, tomándose dicba anotación por término de 120 días a todos lo's efectos legales, porque de acuerdo con el derecho civil es inexistente el contrato a que se refiere la citada escritura por faltar el requisito del consentimiento cuya, esencia es el concurso de dos voluntades distintas, ya que el otorgante señor Falagán no podía prestárselo, ni legal ni psicológicamente, a sí mismo en su pretendido doble carácter de vendedor por sí y comprador como mandatario de la mercantil adquirente; y además, por la razón de que aun admi-tiendo la existencia del contrato é’ste fué otorgado con infracción del artículo 1362 del Código Civil, y es nulo con arreglo al artículo 4o. del mismo, por cuanto dicho señor Falagán no podía comprar con bienes de su mandante de cuya administración estaba encargado los que él le vendía por su propia cuenta.”

Contra esa nota recurre Domingo Falagán. En cuanto al segundo motivo de denegación, la nota es errónea. El artículo 1362 del Códig'o Civil de Puerto Rico prohíbe a los mandatarios comprar los bienes de cuya administración o enajenación están encargados. Falagán como mandatario de la social Falagán y Compañía, S. en C., no ha adquirido por compra bienes algunos de esa social de cuya administra-ción o enajenación esté encargado. No se encuentra este caso en la esfera del No. 2, artículo citado.

En cuanto al primer motivo de denegación, la nota del registrador es correcta. Es cierto que la sociedad Falagán y Co., S. en C., es una personalidad distinta de la de sus socios. Pero precisamente una de las más notables diferencias entre las personas individuales y las colectivas, legales, está en la forma de consentir. En el individuo su propia determinación, expresada por él mismo, es la regla corriente. En las personas jurídicas colectivas, la determinación, y el consentimiento no pueden expresarse más que a través de uno de los individuos que las componen o rigen. La abstracción con relación a los individuos no llega al ex-tremo que supone el apelante.

En este caso, Domingo Falagán hace la oferta, y Domingo Falagán la acepta. Este sería un caso rarísimo de consen-timiento. No hay concurso de voluntades (así en plural) o meeting of minds, porque no hay aquí miás que un solo cerebro que determine, y que mueva la voluntad. Cualquiera que sea la fuerza de una creación legal, ella no puede destruir las leyes dei la naturaleza.

En el caso Eastman et al. v. Wright et al., 6 Peck (Mass.) 316, 320, dijo la corte:

“. . . Pero es principio primordial que no importa las distintas capacidades en que una pér'sona pueda actuar, nunca puede con-tratar consigo misma, ni sostener un litigio contra sí misma. En forma alguna puede una persona obligar y estar obligada al mismo tiempo al cumplimiento de una prestación.”

Esta doctrina legal es esencialmente la misma del caso Gorham v. Mencham, 22 Atlantic Reporter 572.

No se ve contrato alguno en este caso, por falta del requi-sito esencial del consentimiento.

El caso Oxios v. Registrador, 39 D.P.R. 447, es distinto de éste en sus hechos fundamentales.

Se confirma la nota del Registrador de May agüéis en su primer motivo, y se revoca en lo demás.


text:
    Joaquín Mariño, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 751.

    Sometido: Marzo 7, 1929.

      Resuelto: Enero 17, 1930.

      E. Campillo, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.

       Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de San Juan se siguió un pleito en el que es demandante Joaquín Marino y demandado Justo Cabrera; en el mismo en 22 de noviembre de 1928 en proce-dimiento para aseguramiento de efectividad de sentencia se decretó el embargo de bienes, trabándose sobre una finca urbana radicada en Río Piedras. Al presentarse al registro de la propiedad el mandamiento de embargo para los fines de la anotación, el registrador la denegó poniendo la siguiente nota:

‘1 DeNBGAda la anotación del embargo ordenado en el precedente mandamiento, por figurar inscrita la finca a nombre de Celestino López Bivera, per'sona distinta del demandado Justo Cabrera, y to-mada en sn lugar anotación preventiva por ciento veinte días, etc.’’

Celestino López Rivera no es parte en el pleito en que se decretó este embargo; él no ba sido oído, ni tenido oportunidad de defenderse; y su propiedad se. grava sin que él pueda hacer oposición previa al acto del marshal.

El registrador ha cumplido con lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 20 de la Ley Hipotecaria, que lee así:

“En el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen los Begistra-dores denegarán la inscripción 'solicitada.”

La inscripción a favor de persona distinta es un obstáculo insuperable.

El demandante, por lo que aparece de los antecedentes, no está reclamando en este litigio la propiedad del inmueble embargado, ni la constitución, modificación, declaración, o extinción de ningún derecho real sobre el mismo. El número 1 del artículo 42 no tiene aplicación al caso. Y en cuanto al número 2 del mismo artículo, se exige allí que se haya obtenido mandamiento de embargo que se haya hecho efectivo en bienes raíces del deudor. Los bienes raíces en que se ha hecho efectivo el embargo en este caso, según el registro de la propiedad son de una tercera persona que no es el deudor demandado

Se nos cita el caso González v. Registrador, 38 D.P.R. 854. Pero es distinto del presente. En aquél la venta aparecía hecha a un menor, hijo del deudor demandado*, sin que apareciera que “el dinero de la compra procedía de fondos no suministrados por su padre, quien estaba vivo y en el ejercicio de la patria potestad sobre dicho menor.” (Véase la opinión en el caso.) Se citó allí el artículo 226 del Código Civil, y la presunción establecida por la jurispru-dencia española; y asimismo el artículo 42 de la Ley Hipo-tecaria, y al tratar de este último se dijo:

“De acuerdo con este artículo un acreedor que trata de dejar sin efecto una enajenación fraudulenta, o que alega que los bienes de una persona pertenecen a otra, tiene derecho a que se baga una anotación, según ba sido definida en el presente artículo. La ano-tación nada resuelve; es meramente un aviso al mundo en general de que el acreedor reclama un derecho.”

En el presente caso no hay presunción alguna que se parezca a la del caso anterior; ni se trata en la demanda de anular enajenación fraudulenta, ni hay alegación de que ios bienes pertenezcan al demandado y no al tercero.

Como una interesante cuestión de hecho, conviene decir que la finca de que se trata aparece vendida a Celestino López Rivera por escritura de 12 de junio d© 1928, según afirmó el recurrente; y el embargo, es de 27 de noviembre del mismo año.

Se confirma la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


author: Bl Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Ramón Torres Ramos, F. Mariani, R. Casanova, R. Rosado, R. Pérez Viera, R. Suria, R. Martínez Tirado, M. Olmo, D. Díaz Camacho y Juan Navarro, demandantes-apelantes-apelados, v. Junta Insular de Elecciones, demandada, y Juan de la Torre, L. Molina Medina, F. Reyes, M. Caballero Vélez, E. Collazo, M. Colón, A. Soler, L. de Jesús, F. Santana y A. de León, Interventores-apeladosapelantes.
    No. 4889.

    Sometido: Abril 1, 1929.

      Resuelto: Enero 17, 1930.

      J, Valide juli, abogado de los demandantes-apelantes; Attorney General Son. James R. Beverley y Tomás Torres Pérez, Sub Pro-curador, abogados de la demandada; Bolívar Pagan, abogado de Io's interventores.
   Bl Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal,

Ramón Torres Ramos, Fernando Mariani, Ramón Casanova, Bamón Bosado, Bamón Pérez Viera, Bafael Suria, Bamón Martínez Tirado, Mariano Olmo, Diego Díaz Oamaobo y Juan Navarro, presentaron ante la Corte de Distrito de San Juan, nna petición de arito de certiorari contra la Junta Xnsnlar de Elecciones, alegando qne ellos, los peticionarios, son electores capacitados qne votaron en las elecciones en Puerto Bico el 6 de noviembre de 1928, en el precinto electoral de Barceloneta, y que en esas elecciones los peticionarios fueron puestos en el ticket electoral como candidatos de la Alianza Puertorriqueña, para Alcalde de Barceloneta el primero, y los demás para miembros de la Asamblea Municipal de Barceloneta, frente a otra candidatura del partido socialista constitucional; que la Junta Insular de Elecciones hizo el escrutinio general de las efectuadas en Puerto Bico, y como resultado de las de Barceloneta, proclamó electos a Juan de la Torre, para Alcalde, y Luis Molina, Felipe Beyes, Miguel Caballero, Eugenio Collazo, Martín Colón, Acisclo Soler, Lorenzo de Jesús, Fernando Santana y Alfonso de León, para miembros de la Asamblea Municipal de Barcelo-neta ; que al bacer el escrutinio general en el colegio número 4 de Barceloneta, declaró válidas seis papeletas de voto, que venían marcadas con signos de identificación y las adjudicó a los candidatos socialistas; y en el del colegio No. 5, tres papeletas en la misma forma, baciendo igual adjudicación; y lo mismo en los colegios No. 7, cinco papeletas, No. 9, veinte y siete papeletas con doble cruz, No. 11, cinco pape-letas con doble cruz, No. 13, cinco papeletas, No. 15, una papeleta; marcadas con dos cruces, una bajo el bacbo y otra bajo el elefante; y todas fueron adjudicadas a los candidatos del partido Socialista-Constitucional; que Oscar Cbiesa que fue juez en el colegio No. 5 precinto de Barceloneta, repre-sentando al partido Alianza Puertorriqueña, dos días después de las elecciones publicó en el diario “El Tiempo,” órgano del partido Socialista Constitucional, un artículo titulado “Se acabó el chupón” que era indicatorio de que Cbiesa al tiempo de desempeñar sus funciones como juez de aquel colegio se Rallaba en combinación con el partido Socialista Constitucional, y en ese colegio donde esperaba el partido Alianza una mayoría de 80 votos, tuvo su contrario una mayoría de 11 votos ; que asimismo fueron contadas por los jueces e inspectores de distintos colegios del precinto de Bar-celoneta, en favor del partido Socialista Constitucional, 152 papeletas marcadas con dos cruces, una bajo el Radio y otraj bajo el elefante, detallando la demanda los números y cole-gios; que la resolución de la Junta Insular de Elecciones es errónea e ilegal, y los demandantes fueron perjudicados por ella; que en el colegio No. 15 de Barceloneta hubo irre-gularidad y fraude, porque la Alianza, según información y creencia de los peticionarios obtuvo una mayoría de más de 60 votos, que en vez de serle adjudicados se le dió a sus adversarios. Sobre estas bases pidieron un auto de certio-rari contra la Junta Insular de Elecciones para que remitiera los documentos pertenecientes a los diversos colegios, y los demás relacionados con el precinto de Barceloneta, y proce-diera la corte a bacer un escrutinio judicial.

La corte se reunió m bank, con sus tres jueces, para oír a las partes acerca de la procedencia del remedio; citando a ese efecto. Intervinieron en forma legal los candidatos que aparecían electos. T éstos, y la Junta demandada presen-taron mociones para declarar sin lugar la demanda, anulando la orden expedida e imponiendo las costas a los peticionarios. Las mociones se fundaron en falta de becbos suficientes, falta de jurisdicción de la corte para anular las resoluciones de la Junta Insular en adjudicación' de papeletas protestadas,, validez de las papeletas marcadas con doble cruz, y falta de poder en la Junta Insular y en las cortes para anular papeletas declaradas válidas de común acuerdo por las juntas locales de colegios electorales.

Sobre estas mociones se dictó la resolución que es objeto de apelación en su totalidad por los peticionarios, y de la que también apelaron los interventores en cuanto a las costas y a retención de los certificados. Este último particular se llalla decidido en otra resolución de este Tribunal (Towner v. Corte de Distrito, 39 D.P.R. 505).

La Corte de Distrito de San Juan, en la citada resolu-ción, después de un profundo estudio de las cuestiones plan-teadas declaró sin lugar la petición de auto de certiorari, sin especial condena de costas.

De los cuatro señalamientos de error que por los peti-cionarios y apelantes, se establecen en el alegato, empeza-remos por los que requieren menos discusión. Así el tercer error, cuyo señalamiento se bace en esta forma:

“Tercer error. — Haber declarado que la alegación de fraude es-tablecida en la demanda no es suficiente.”

Con cuyo señalamiento se relaciona íntimamente el cuarto, que, en su texto es así:

“Cuarto error. — Iíaber declarado que el beeho de baber un inspector de colegio, representante de la Alianza en los comicios, pu-blicado un artículo contra el partido que representara, no es un hecho suficiente para presumir la parcialidad de dicho repre-sentante.”

Ante todo es procedente declarar aquí que el recurso de certiorari que da la Ley Electoral no tiene el alcance que por la parte apelante se le ba querido dar. No tiene este remedio los mismos efectos que cualquier acción para anular determinados actos; ni ése es el sentido de la jurisprudencia de Puerto Rico.

En el “Disponiéndose” de la Sección 17 de la Ley No. 1, de 18 de junio de 1924, que enmienda la Sección 89 de la ley anterior se lee:

“Y disponiéndose, además, que el resultado del escrutinio de unas elecciones según se declarare por la Junta Insular de Elecciones y publicare por el Superintendente General de Elecciones, será defini-tivo, a menos que fuera impugnado por certiorari u otro procedimiento legal autorizado .... y por la presente se autoriza en esos casos el procedimiento de certiorari en la corte de distrito de San Juan.”

¿Quiere esto significar que el certiorari lia sido cambiado en su esencial e íntima naturaleza, y convertido en una acción ordinaria? No encontramos en la ley nada que así lo estatuya expresamente, o que permita una interpretación en ese sentido.

Como consecuencia debemos declarar que el posible fraude cometido por un inspector o juez de mesa electoral, sin que se protestara su comisión, y. sin que en él baya tenido, directa o indirectamente, nada que ver la Junta Insular de Elecciones, no es, no puede ser, de acuerdo con la ley, parte ni objeto de un recurso de certiorari que se da contra los procedimientos de aquella junta en el escrutinio.

D:e todas formas, en la alegación de fraude que aparece en la petición de certiorari, no resulta otra cosa que la con-clusión o juicio de los peticionarios acerca de que “bubo un fraude.” Y ésta no es alegación suficiente, ya que no ofrece hecho alguno constitutivo de tal fraude. Tomemos, a este fin, las propias palabras de la corte de distrito, que expresan perfectamente el concepto.

££(3) Cierto es que cuando existe fraude o se cometen graves in-fracciones de la ley, las cortes pueden y deben intervenir; pero una alegación de fraude debe ser clara, concreta y e'specífiea. No basta con alegar el fraude en términos generales y como una conclusión de hecho derivada de una mera creencia o información. Debe haber una alegación de hecho específica que ponga al Tribunal en condicio-nes de poder determinar, dando como cierta dicha alegación, la exis-tencia real y efectiva del fraude cometido. En la demanda sólo se alega (hecho 14) ‘que en el colegio número 15 de Bareeloneta, pre-cinto electoral de Bareeloneta, hubo irregularidad y fraude, toda vez que la Alianza Puertorriqueña, según información y creencia de los peticionarios obtuvo una mayoría de más de 60 votos en dicho colegio y la cual en vez de serle adjudicada contándole dieho's votos, le fué quitada adjudicándosela al partido Socialista Constitucional.”
“Pero no se dice en qué basan su creencia, los demandantes, ni cuáles son sus fuentes de información, ni a virtud de qué actos no fee les adjudicaron los votos que dicen obtuvieron de mayoría. Si hubo fraude ¿quién lo realizó? ¿Y cómo se realizó?
“Los inspectores y secretarios de los colegios electorales son fun-cionarios debidamente nombrados por la Junta Insular a propuesta de los partido’s que toman parte en la contienda electoral. Les co-bija la presunción de que sus actuaciones fueron conformes a la ley, y para tacharlas de fraudulentas debe hacerse la alegación específica del acto fraudulento cometido. Ellos juran desempeñar fielmente su deber, y mientras no se alegue concretamente en qué forma faltaron al mismo, debe pre'sumirse que lo cumplieron leal y eficazmente. Es en esta confianza en el ejercicio del deber, y aprendiendo a virtud de sus éxitos o fracasos, que se asientan y funcionan debidamente las democracias. Por otra parte, si bubo fraude en el escrutinio par-cial celebrado por las Juntas de Colegio, no e's este recurso de certio-rari el remedio adecuado para dilucidar tal cuestión, porque tales or-ganismos no son parte en este procedimiento, que sólo tiene por fin revisar las actuaciones de la Junta Insular de Elecciones.”

No es preciso decir más, ya que las declaraciones son tan completas y adecuadas.

La parte apelante insisto en que la alegación de que Rodríguez CMesa publicó, dos días después de las elecciones un artículo titulado “Se acabó el chupón,” en el periódico órgano de los que habían sido sus adversarios políticos, demuestra la existencia del fraude, deducido de que aquel ciudadano se hallaba ya de acuerdo con el partido político adversario del que le nombró, y pudo realizar, o permitir, el fraude. Nos parece que los apelantes van, en !su juicio, muy lejos. No sabemos cuándo se produjo en el juez o interventor del partido Alianza Puertorriqueña, el fenómeno que pudiéramos llamar de patología política, de convertirse en adversario de los que le nombraron para representarles. Pero la indicación es de que si surgió, fue después de las elecciones, que es cuando publicó- el artículo. Y ello no da pie a la creencia de que hubiera un fraude, ni nosotros hemos de dejar volar la imaginación, allí donde nuestro juicio debe descansar en el sólido terreno de la ley y los hechos.

Niégase así la ocurrencia de los errores señalados bajo los números tercero y cuarto.

Se enuncia el segundo señalamiento en esta forma;

‘ ‘ Segundo error. — Haber declarado la corte inferior que las ac-tuaciones de los inspectores y secretarios de las juntas de colegios no pueden ser investigadas por el tribunal.”

En efecto; la corte hizo esa declaración, y actuó de con-formidad con ella. No hubo error alguno en hacerlo así. El certiorari que se da por la sección de la ley a que antes nos referimos, se da contra determinadas actuaciones de la Junta Insular de Elecciones; y como afirma la corte a quo en su resolución este tribunal tiene ya sentada doctrina acerca del particular. En el caso Diez de Andino et al. v. Junta Insular de Elecciones, 35 D.P.R. 99, se dijo;

“Nos inclinamos a convenir con la apelada en la corte inferior en que por este auto de certiorari sólo podemos revisar los actos eje-cutados ante la junta. En el caso del Pueblo v. Oms. 34 D.P.R. 455, manifestamo's que quizá en ciertos casos podría ofrecerse la prueba testifical, pero la idea que tenemos es que tal prueba testifical sólo podía esclarecer lo que en realidad había tenido lugar ante la junta.”

Como primer error se ha señalado el siguiente:

“Primer error.. — -Haber declarado que la demanda de los peticio-narios no tiene hechos suficientes para constituir la causa de acción que se per'sigue.”

Creemos que los apelantes se equivocan al sostener con todo empeño que lo que ellos hicieron fue ejercitar una acción para impugnar las elecciones. Claro es que en su finalidad el certiorari que ellos piden vendría a darles algo como la impugnación de una elección. Pero no estamos conformes con que la acción sea la misma, ni aun con que los resultados de un certiorari y los de otra acción, abierta, franca y directa para impugnar unas elecciones, sean idénticas. En un pro-cedimiento de certiorari, la base, el modo de proceder, la esfera de acción de la corte, y la extensión de su autoridad al resolver, son diferentes de los de una acción ordinaria.

Verdaderamente, en la petición se alegó que la Junta Insular había adjudicado erróneamente a los candidatos socia-listas 52 papeletas protestadas; y que los jaeces del precinto de Barceloneta habían adjndicado a los mismos candidatos, ileg'almente 152 papeletas o votos marcados con doble cruz.

En cuanto a la resolución de los jueces de colegios, de acuerdo entre ellos, sin oposición o protestas, nada tiene que hacer tribunal alguno, en procedimiento de certiorari. Los jueces de los dos partidos resolvieron, y no vemos cómo podría levantarse ahora cuestión acerca, de lo resuelto. Pero, aparte de esto, el certiorari no se da contra los actos de los jueces de colegios, que, a más, vienen libres de protesta; se da contra las resoluciones de la Junta Insular, con las limita-ciones que crea la ley.

Reducida la cuenta a las 52 papeletas o votos adjudicados por la Junta Insular, veamos cómo lo ha decidido la corte. En su resolución leemos lo que sigue-.

“El primer error no existe. Si, como alegan los peticionarios, la mayoría adjudicada a los candidatos triunfantes, fué de 121 votos, descontando los 52 votos adjudicados por la Junta Insular deman-dada, todavía tendrían mayoría de 69 votos. Un simple cálculo aritmético no's lleva a esta conclusión. De suerte que no varía en ninguna forma el resultado de la elección el escrutinio hecho por la Junta Insular de Elecciones. La concesión de un auto de certiorari para revisar esta actuación de la demandada, sería ineficaz y de resultados puramente académicos. Ningún fin práctico tendría su expedición. El remedio de certiorari que la ley electoral concede, debe ejercitarse cuando hay que corregir algún error de ley o in-fracción de procedimiento que haya causado daño o perjuicio al pe-ticionario, pero no cuando la actuación de la Junta Insular de Elec-ciones en nada afecta y varía el resultado de un escrutinio ya hecho por la Junta de Colegio.”

Estamos de completo acuerdo con esas declaraciones. Y siendo así, no encontramos el error señalado.

Podemos resolver aquí la apelación de los interventores en cuanto a la no imposición de costas. Esta es materia en la que tiene gran peso la discreción de la corte; y si ella no ha encontrado no sólo temeridad, sino suficiente temeridad para imponer las costas, sería preciso que se nos demostrara que abusó de su discreción; y no encontramos la demostración satisfactoria de tal abuso.

Debe confirmarse la sentencia apelada, en lo que de la misma se halla subsistente, o sea, con la excepción de la orden de retención de los certificados, que ha sido resuelta en otro caso ante este tribunal.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Santini Fertilizer Company, demandante y apelada, v. Juan Soboco, demandado y apelante.
    No. 5172.

    Sometido: Diciembre 23, 1929.

      Resuelto: Enero 20, 1930.

      A.ntonio L. López, abogado del apelante; Tí. Buscagüa, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se dictó sentencia en rebeldía contra el apelante. La apelada solicita la desestimación de la apelación por frívola.

Entre otras cosas, el apelante se opone a la desestimación del recurso porque sostiene que la rebeldía fué anotada pre-maturamente. Una moción para eliminar la demanda fué declarada sin lugar, y se ordenó al demandado- que contestara dentro del término de diez días. Esta orden fué notificada al demandado el 30’ de septiembre, 1929. El 10 de octubre, la demandante solicitó que se anotara la rebeldía, y posterior-mente obtuvo sentencia. Hasta abora no estamos conven-cidos de que la contención del apelante no sea la correcta.

Debe declararse-sin lugar la moción de desestimación.


author: El Juez Asociado Señor HtjtohisoN,

text:
    Juan Rivera Michel, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, P. R., recurrido.
    No. 749.

    Sometido: Diciembre 2, 1929.

      Resuelto: Enero 21, 1930.

      Andrés Mena, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor HtjtohisoN,

emitió la opinión del tribunal.

En una moción solicitando la cancelación de una hipoteca, el deudor hipotecario, Juan Rivera Michel, alegaba que en febrero 9, 1925, el acreedor hipotecario, Manuel G-arrido Farizo, cedió la hipoteca a José Garrido Farizo; que José Garrido Farizo murió intestado en julio de 1927, y que no. se había hecho declaratoria judicial alguna de herederos; que en acción de daños y perjuicios entablada por Isabel Polanco Santiago contra María Puig, John Doe y Richard Roe, como-herederos desconocidos y como componentes de la sucesión de José Garrido Farizo, dicha hipoteca fué embargada, y el embargo anotado en el registro de la propiedad; que en noviembre 26, 1927, se dictó sentencia a favor de la deman-dante, y el márshal, en 18 de abril de 1928, vendió la citada hipoteca a Félix Baerga, pero que el registrador de la pro-piedad se negó a inscribir la escritura otorgada por el márshal; y que el supradicho Juan Rivera Michel había con-signado la cantidad adeudada por concepto de esa hipoteca en la secretaría de la corte.

En agosto 29, 1928, la corte de distrito ordenó que la consignación fuese satisfecha a Félix Baeriga como dueño de la hipoteca, y ordenó la cancelación de ésta y de su inscrip-ción en el registro.

El 17 de mayo de 1929 se anotó un aviso de lis pendens en el registro de la propiedad, demostrativo de que en mayo Io. María Puig Torres, Antonio Garrido y Vicenta Farizo habían instado acción para anular los procedimientos judi-ciales y por daños y perjuicios contra Isabel Polanco Santiago, Antonio L. López, Félix Baerga, Juan Delfaus y Jacinto Polanco, en la cual solicitaban los demandantes que la venta pública y la adjudicación de la hipoteca en cuestión a favor de Félix Baerga fuesen declaradas nulas y sin efecto alguno, y que el demandado Baerga, en unión a los otros de-mandados, fuese competido a pagar a los demandantes la cantidad de $10,000 por daños y perjuicios, así como las costas, desembolsos y honorarios de abogado — además, que una transacción habida en cierto pleito entre un administra-dor judicial (Jesús Rivera) e Isabel Polanco Santiago fuese declarada nula e ineficaz, y que la sentencia dictada contra la viuda y herederos de José Garrido Farizo fuera declarada carente de valor y eficacia.

En septiembre 23, 1929, el registrador de la propiedad Se negó a cumplir la orden de la corte de distrito decretando la cancelación de dichas inscripciones, fundándose en que la hipoteca de que se trata estaba sujeta al aviso de lis pendens.

La venta judicial, la adjudicación a Félix Baerga, el traspaso a favor de él, la consignación hecha por Juan Rivera Michel de la suma adeudada por concepto de la hipoteca, la orden de pago a Baerga del dinero así consignado, y la orden sobre la cancelación • de la hipoteca y de los asientos en el registro fueron todos hechos antes de radicarse el aviso de lis pendens, y antes de entablarse la acción a que en el mismo se hace referencia. Baerga no fué un comprador pendente lite. Ninguna de las órdenes de que se trata fué hecha pendente lite (Paniagua v. Corte de Distrito, 34 D.P.R. 674). La hipoteca se extinguió con el pago. La inscrip-ción no cancelada de la misma en el registro no podía mam tenerla con vida. La radicación posterior de un aviso de lis pendens no podía resucitarla. La anotación de tal aviso en el registro no actúa retroactivamente, y no es óbice para que se cumpla una orden anterior de cancelación- del asiento de inscripción de una hipoteca ya extinguida.

La nota recurrida debe ser revocada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Juan José Torres, demandante y apelado, v. Porto Rico Racing Corporation y Andrés Salazar, demandados y apelante la primera.
    No. 4698.

    Sometido: Mayo 3, 1929

    Resuelto: Enero 21, 1930.

      A. Díaz Viera y Manuel A. Martínez, abogado's de la apelante; Leopoldo Tomes y F. M. Toro, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La Porto Rico Racing Corporation apela de una sentencia por daños y perjuicios resultantes del quebrantamiento de un contrato debido a negligencia. La apelante se dedica al negocio hípico y sostiene un hipódromo con ese fin. El contrato en cuestión consistía de una papeleta o combina-ción preparada por Juan José Torres en un impreso sumi-nistrado por la demandada y que ella aceptó al serle devuelto por Torres, para los fines y bajo las condiciones 'que más adelante se expondrán. La combinación o lista de nombres de caballos elegidos por Torres iba precedida de un párrafo impreso, que él firmó, en que solicitaba de la demandada o de su agente debidamente autorizado — Andrés Salazar — que enviara la combinación para ser jugada en el pool del Hipó-dromo Quintana, con sujeción a las condiciones enumeradas al dorso de la papeleta. En el párrafo impreso suscrito por Torres se dice que estas condiciones habían sido leídas cuida-dosamente por él. La duodécima de las mismas lee como sigue:

‘ ‘ 12. Las combinaciones serán enviadas por mediación de la Porto Rican Express Company o en automóvil, y en caso que no llegasen a tiempo a manos del Administrador del Pool para ser selladas, 'será devuelta la cantidad especificada en la misma, no habiendo derecho a más ninguna otra reclamación.”

El Hipódromo Quintana está ubicado en Río Piedras. Era costumbre del agente en Ponce, Salazar, asistir personal-mente a las carreras y llevar consigo las combinaciones reci-bidas de su clientela en Ponce. Al llegar al hipódromo era su costumbre transcribir estas combinaciones en otros im-presos oficiales antes de presentarlas para ser selladas..

En la mañana del día en que la combinación del deman-dante iba a ser transcrita y presentada con el fin de sellarla para convertirla en una papeleta del pool, Salazar llegó al hipódromo con tiempo amplio para atender el asunto. En vez de hacer eso en seguida, se fué a visitar ciertas cuadras, y como resultado de esa tardanza la combinación del deman-dante no fué transcrita ni sellada. De lo contrario, le hubiese ganado un premio ascendente a más de doce mil dólares.

Las condiciones impresas al dorso del contrato fueron redactadas por la corporación. Es ley familiar, según se expresa en 13 C. J. 544, sección 516, que:

“Cuando un contrato es ambiguo,, será interpretado más fuerte-mente contra la parte que lo preparó o que utilizó las palabras que dieron lugar a la duda. El fundamento de esta regla es el de que un hombre e's responsable de las ambigüedades de sus propias expre-siones y no tiene derecho alguno a inducir a otro a contratar con él bajo la suposición de que sus palabras quieren decir una cosa, mien-tras que espera que la corte adopte una interpretación por virtud de la cual significarían otra cosa que lo beneficie más . . . Desde luego, las regla's anteriormjente expuestas son aplicables peculiar-mente cuando un contrato consta, en un impreso preparado por una de las partes.”

Yéase además la sección 1255 del Código Civil.

La estipulación y renuncia contenidas en la última parte de la duodécima cláusula, supra, no pueden separarse del contexto e interpretarse * aisladamente.

El pensamiento predominante en la mente de las partes fué la posibilidad de una demora en el tránsito y la consi-guiente imposibilidad física de transcribir las combinaciones procedentes de Pone© después de la Helgada al hipódromo y antes de que se cerrara el pool. Fué con el fin de resguar-darse de esta posibilidad, y con ningún otro, que la corpo-ración, al preparar su impreso, estipuló que si la papeleta no llegaba a manos del administrador del pool a tiempo para; ser sellada, su precio sería devuelto al apostador sin ulterior responsabilidad de parte de la corporación.

La transcripción de la papeleta provisional en otros im-presos oficiales en blanco (sólo obtenibles en el hipódromo) era una condición previa al acto de sellarla. Al aceptar la corporación la papeleta en forma provisional, asumió la obligación de convertirla en una papeleta del pool. El apos-tador que pagó su papeleta en Ponce no tenía motivo alguno para suponer que la corporación intentaba evadir esa obli-gación rehuyendo toda responsabilidad por la negligencia de sus agentes o empleados a este respecto, de acuerdo con los términos de la duodécima cláusula. Si tal fué la intención de la corporación al tiempo de redactar el impreso, hubié-rale sido completamente fácil decirlo en lenguaje claro e inequívoco. Inmiscuir en el contrato ante nos semejante in-tención, siguiendo la letra de la duodécima cláusula y pasando por alto todo lo demás, sería (parafraseando a Corpus Juris, supra) permitir que la corporación induzca a sus clientes a contratar con ella bajo la suposición de que sus palabras quieren decir una cosa, mientras que espera que la corte adopte una interpretación por virtud de la cual significarían otra cosa que la beneficie más.

Resolvemos, por consiguiente, que a tenor del significado de la cláusula duodécima, la papeleta de que se trata llegó a poder del administrador del pool a tiempo de ser sellada, por baber llegado al hipódromo bajo la custodia del agente de la demandada con tiempo amplio para ser transcrita por él o por otros agentes o empleados de la corporación, de acuerdo con los términos del contrato, y para ser presentada con el fin de sellarla y depositarla en el pool.

La corte de distrito admitió como prueba una carta escrita por el secretario-tesorero de la corporación y suscrita por él como gerente. Se señala como error la admisión de esta carta. La carta fué escrita en respuesta a una indagación becba por un ciudadano de Ponce, y decía que Andrés Salazar era el agente de la corporación en esa ciudad. El argumento parece ser que ese funcionario de la corporación que firmaba como gerente no era tal, que las admisiones de un gerente no obligarían a la corporación a menos que fuesen hechas en cumplimiento de sus deberes como tal, y que la mejor prueba respecto a la existencia de una agencia en Ponce hubiese sido copia certificada de una resolución de la junta de directores, o la manifestación del secretario de la corporación, o una copia certificada expedida por la oficina de la Comisión Hípica Insular. Las únicas autoridades citadas son 14 C. J. 849, sec. 1291; id. 920, sec. 1435 ; 3 L.R.A. (N. S.) 551; y 7 R.C.L. 660, 661, sec. 662. Ninguna de estas autoridades llega al extremo de decir que una corporación puede repudiar las manifestaciones hechas por su secretario en respuesta a una indagación dirigida a la corporación, meramente porque el secretario firmó como gerente y no como secretario. Mucho menos sostienen que una corporación puede evadir toda responsabilidad en cuanto a una agencia así acreditada por su secretario después de haber recibido los beneficios derivados de tal agencia como resultado de haberlo así asegurado al público.

Cuando la carta fué ofrecida como prueba los únicos fun-damentos de objeción fueron que la persona que escribió la misma si bien admitía haber escrito la carta, había manifes-tado en una deposición que no era el tesorero de la corpora-ción demandada; que la carta fué escrita a un tercero que no era parte en el litigio; y que el documento no había sido identificado debidamente. La segunda y tercera de estas objeciones han sido abandonadas y la cuestión relativa a cuál hubiese sido mejor prueba con relación a la existencia de una agencia en Ponce no puede suscitarse por primera vez en apelación.

Otra contención es que la corte de distrito cometió error al declarar que Andrés Salazar era agente de la corporación demandada. La carta aludida no fué la única prueba tendiente a establecer la relación de agente y principal. La prueba aliunde fué amplia. Aun si la corte inferior hubiese cometido error al admitir la carta en evidencia, o aun si esa carta nunca se hubiese escrito, no podría haber vacilación alguna en cuanto a la confirmación de la sentencia. De todos modos, y dejando a un lado cualquier cuestión de la agencia en sí, bastaba (según indicó el juez sentenciador en su relación del caso y opinión) que Salazar hubiera sido investido con autoridad aparente y tenido para con el público por la; corporación como su agente.

La apelante también se queja de la admisión en evidencia de una circular impresa por no ser la mejor prueba y porque no se demostró que la corporación demandada tuviera conexión alguna con la misma. Sólo el primero de estos dos fundamentos fué sugerido durante la vista del caso y la objeción fué debidamente declarada sin lujgar por la razón de que el impresor que identificó la circular ya babía declarado respecto a la destrucción del original.

La única objeción aducida en la corte inferior a la admisión de cierta declaración dada por un testigo llamado Domingo Quevedo, Jr., se basaba en que la misma era impertinente. No era impertinente, ma!s si lo hubiese sido, el error al desestimar la objeción no podría suscitarse con éxito en apelación, toda vez que no se anotó excepción alguna al anunciar el juez sentenciador que la prueba sería admitida con la condición de que más tarde sería eliminada si resultara impertinente. Convenimos muy bien con la apelante en que las objeciones a la admisión de prueba deben ser resueltas definitivamente al ser levantadas y que la admisión tentativa de prueba objetable contra la protesta de una de las partes no es el procedimiento adecuado', pero1 aquí no bubo protesta alguna.

Otras cuestiones relativas a la suficiencia de la demanda y de la prueba en tanto en cuanto no hubiesen sido ya resueltas no requieren una extensa discusión. La más seria de estas contenciones fué¡ la cuestión primeramente discutida y resuelta. Sin embargo, la cuestión en que más hincapié hace la apelante es que el contrato definido- en la demanda y más arriba reseñado era un contrato de juego de azar.

La demandada no explotaba un pool “o el sistema conocido por par i mutueldentro del significado de los ar-tículos 38 y 39 de la Ley Hípica, aprobada el 4 de mayo de 1927, Leyes de ese año, páginas 207, 225. El cuadro en cuestión nunca fué ‘ ‘ sellado o inscrito ’ ’ dentro del significado del artículo 40 de dicha ley sino que debía sellarse e inscri-birse después de haberse transcrito y preparado debidamente para ese fin por la demandada. El papel entregado a Torres no era el-“billete, participación o interés, o ningún papel o billete en forma de tarjeta que se presume ser o represente pari mutuél, o cualquier combinación que dependa del resul-tado de cualquier carrera o carreras de caballos,” a que se refiere el artículo 44. La demandada no “abrió, estableció o conservó” en Ponce ninguna “oficina o sitio para la pre-paración de billetes o listas, cuadros o papeletas que se pre-sumen ser o representar cualquier participación o interés en cualquier pool, banca alemana o combinación que dependa del resultado de cualquier carrera o carreras de caballos,” dentro de la prohibición del artículo 46. Lo que la corpora-ción se comprometió a hacer fué suministrar tal papeleta o combinación después de haber sido preparada por dicha cor-poración al llegar oportunamente los documentos provisio-nales o contratos ejecutorios celebrados en Ponce. De todos modos, si el contrato que tenemos ante nos pudiera ser interpretado como la venta de la papeleta o cuadro previstos por el artículo 46, no había presunción alguna, y Torres no tenía motivo para asumir que la corporación hípica había abierto la oficina de Ponce sin la aprobación de la Comisión Hípica, y, por tanto, en violación de las disposiciones con-tenidas en dicho artículo 46. La falta de tal aprobación, de haber sido alegada por la demandada, tal veiz podía ser o no un fundamento legítimo de defensa, pero al demandante no incumbía alegar o probar como parte de su causa de acción que la demandada había obtenido la aprobación expresa de la Comisión Hípica como condición precedente a la apertura de la oficina de Ponce.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    Cerame López & Co., S. en C., demandante-tercerista-apelada, v. Emilio Alfaro Díaz y Angel Eurípides Manzano, demandados-apelantes.
    No. 5173

    Sometido: Enero 20, 1930.

      Resuelto: Enero 22, 1930.

      Luis Villaronga, abogado de los apelantes; J. Valldejuli, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita que se desestime el recurso de apelación interpuesto en este caso por haberlo sido fuera del término de ley.

Se trata de un pleito sobre tercería. La sentencia dictada) se notificó a la parte perjudicada el 25 de noviembre de 1929' y la notificación de apelación se archivó el 13 de diciembre del propio año.

La ley de 14 de marzo de 1907 que regula el procedimiento sobre tercerías en su sección 19 (5279 Comp. 1911) establece que contra las sentencias dictadas en dichos casos podrá ape-larse en el término de diez días y en la forma dispuesta por el Código de Enjuiciamiento Civil sobre las apelaciones’ en general.

Siendo ello así, no hay duda alguna de que cuando la ape-lación se interpuso en este caso había ya vencido el término concedido por la ley para apelar.

La parte apelante admite que los hechos son tales como quedan expresados, pero alega que esta corte en bien de la justicia y a virtud de ciertas causas que expone, debe, con-siderar justificada y en su consecuencia bien interpuesta la apelación el día 13 de diciembre de 1929.

Repetidamente esta corte fia decidido que el término para apelar fijado por la Ley no puede por ella prorrogarse, pues se trata de un término jurisdiccional. La corte carece de discreción para apreciar cualquier motivo que pudiera justi-ficar la dilación.

La jurisprudencia sobre el particular es uniforme. Nos limitaremos a citar el caso de Williams v. Long, 130 Cal. 58, en el que se resolvió lo que sigue: “Las leyes que limitan el tiempo para apelar son de naturaleza jurisdiccional y manda-toria, y las cortes no tienen poder, a ménos que les sea con-ferido por el estatuto, para prorrogar el término.” La ley de tercería ni otra alguna que sepamos concede ese poder a esta corte.

A virtud de todo lo expuesto, debe declararse con lugar la moción, de la parte apelada y en su consecuencia desesti-marse el recurso.


author: El Juez Presidente Seño®, del Tobo,

text:
    Cándido Noriega, como cesionario de “Noriega & Rangel”, demandante y apelado, v. La Sucesión de Don Santiago Colón y Suárez, demandada y apelante.
    No. 5170

    Sometido: Diciembre 23, 1929.

      Resuelto: Enero 22, 1930.

      li. Y. Pérez Marehmd, abogado de la apelante; B. Arjcma Siaca, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Seño®, del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso interpuesto en este caso por haberse archivado la notificación de apelación fuera del término de ley.

La sentencia se registró y notificó a la parte perjudicada el 5 de noviembre de 1929 y la apelación se interpuso el 6 de diciembre siguiente.

La parte apelada sostiene que el término venció el 5 de diciembre de 1929. La parte apelante alega que venció el seis, porque tratándose de un mes calendario debe tenerse en cuenta el número- de días del mes en que vence el término y como el mes de diciembre tiene en el calendario treinta y un días, treinta y uno y no treinta eran los días que tenía para apelar.

La ley vigente en nuestra Isla fija el término para apelar como sigue: “Dentro de un mes después de haberse regis-trado la sentencia.” Artículo 295, No. 1, Código de Enjui-ciamiento Civil.

El artículo 8 del Código Civil, dispone:

“Artículo 8. — Si en las leyes se habla de meses, días o noches, se entenderá que los meses son de treinta días, lo’s días de veinte y cuatro horas, y las noches desde que se pone hasta que sale el sol.
“Si los mese's se determinan por sus nombres, se computarán por los días que respectivamente tengan.”

Aplicando la regla fijada por el mismjo -.legislador, es necesario concluir que la razón asiste en este caso a la parte apelada y no a la apelante. El legislador concedió para apelar el término de un mes sin determinar el mes por su nombre. Siendo ello así, de acnerdo con el articulo 8 trans-crito, treinta días constituyen el mes concedido.

Ta esta misma corte en el caso de Volkers v. The American Railroad Co. of Porto Rico, 20 D.P.R. 403, expresó su criterio sobre la materia, así:

“De acuerdo con el artículo 8 del Código Civil en relación con el párrafo 4 del artículo 392 del Código Político, el término de un mes concedido por el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por las leyes de marzo 11, 1908, y No. 70 de marzo 9, 1911, significa un mes de 30 días, e interpuesta una apelación fuera de este tiempo debe ser desestimada.”

La parte apelante invoca el artículo 392, No. 4, del Código Político que dice:

“La palabra ‘año’ empleada en este Código significa un año natural, y ‘mes’ un mes común (calendar month), a no precisarse otra cosa.”

Como puede verse el Código Político fija el alcance de sus propios términos mientras que el precepto del Código Civil es general. Además la decisión de esta corte en el caso de Volkers, supra, se dictó tomando en consideración el dicho artículo 392 del Código Político.

Pero es que aunque sólo existiera el precepto del Código Político y tratándose de una ley de origen americano se' tomara en consideración lo resuelto por las cortes del con-tinente para interpretarlo, aun así tendría que reconocerse siempre que asiste la razón a la parte apelada porque la regla en el continente es que se tome en consideración el número de días del mes en que empieza el término a correr y no el del en que vence, y como en este caso fué noviembre el mes en que empezó el término y noviembre tiene treinta días, treinta y no treinta y un días era lo que tenía la parte perjudicada para apelar.

Parece conveniente transcribir el resumen de la jurispru-dencia a que acabamos de referirnos, tal como lo formula Cyc.

“En los Estados Unidos una gran mayoría de los e'stados han aprobado estatutos que definen el significado de este término (mes), y boy en 'día es regla, tanto de conformidad con el estatuto como en cualquier otra forma, que la palabra ‘mes’ al ser usada 'sin cali-ficativo alguno significa mes del -calendario. La frase ‘mes del ca-lendario’ significa ún mes según ba sido designado en el calendario independientemente del número de días que contenga-, debe compu-tarse no contando el número de días ’sino examinando el calendario y empieza a correr desde determinado día en un mes basta el día correspondiente del mes siguiente, excepto cuando el mes posterior no tenga tantos días, caso en el cual expira en el último día de diebo mes. ’ ’
“El número de días en un m,ete varía de acuerdo con esta regla y está limitado necesariamente por el. número de días que contenga el mes en que se comience la eomíputación. Así, un término de un mes que comience en un mes de treinta días consiste solamente de ese número de días (People v. Ulrich, 2 Abb. Pr. N.Y. 29; Minard v. Burtis, 83 Wis. 267, 53 N.W. 509); y cuando el mes en que debe empezar la computación tiene treinta y un días, mientras que el mes en que termina sólo tiene treinta días, un mes del calendario que empiece el día treinta contendrá un día más que un mes que empiece el treinta y uno toda vez que ambos meses deben terminar el día treinta (Parkhill v. Brighton, 61 Iowa 103, 15 N.W. 853).” 38 Cyc 313.

A virtud de todo lo expuesto, habiéndose establecido la apelación después de transcurridos los treinta días que constituyen el mes que concede la ley, tratándose como se trata de un término jurisdiccional, no existe apelación y el recurso debe en su consecuencia ser desestimado.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    The National City Bank of New York, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 785.

    Sometido: Octubre 30, 1929.

      Resuelto: Enero 22, 1930.

      llartzell, Kelley & Hartzell j R. O. Fernández, abogados del recu-rrente; el registrador recurrido compareció por e'scrito.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad mercantil Cobián, Solares & Cía., Sucrs-, S. en C., suscribió un pagaré a favor de The National City Bank of New York, sucursal de San Juan, por $20,000 recibidos en préstamo de dicho banco y para garantía de su pago, de sus intereses y de cierta cantidad para costas otorgó escritura pública por la cual entregó en prenda a su acreedor varios pagarés otorgados a favor de la mercantil y en adición a esa garantía cedió y traspasó al banco varios créditos hipotecarios, conviniéndose por la cláusula décima lo siguiente:

“Si por cualquier circunstancia la mercantil Cobián, Solares & Compañía, Suce'sores, Sociedad en Comandita, dejare de pagar el capital del préstamo o sus intereses, a sn vencimiento o al venci-miento de las prórrogas que se hubieren concedido, o si dicha mer-cantil dejare de cumplir cualquiera de los términos o condiciones estipulados en la obligación garantizada, anteriormente descrita, cligo transcrita, o contenidos en la presente escritura, podrá Tbe National City Bank of New York disponer de los referidos cré-ditos hipotecarios en venta pública o privada, a su opción, sin re-querimiento o notificación de clase alguna, a los cuales renuncia dicha mercantil, quedando el Banco autorizado para transferir en absoluto dichos créditos hipotecarios al comprador; y el Banco aplicará el producto de dicha venta al pago del capital má's sus intereses y gastos que hubiere; pero si por el contrario, la mercantil deudora cum-pliere todos los términos y condiciones de la referida obligación y de esta escritura, y pagare completamente el capital del préstamo, sus intereses y gastos, a su vencimiento o al vencimiento de la’s prórro-gas que se hubieren concedido, entonces, The National City Bank of New York volverá a traspasar a dicha mercantil los créditos hipote-carios antes relacionados.”

En la décimotercera se estipuló lo que sigue:

t!Los intereses sobre el préstamo representado por la obligación garantizada transcrita en el hecho primero de esta escritura, serán pagaderos por mensualidades vencidas, entendiéndose que si se fal-tare al pago de cualquier mensualidad de intereses a su vencimiento, 'se considerará vencido desde luego dicho préstamo y quedará el acreedor en aptitud de proceder a su cobro y a ejecutar las garantías constituidas en esta escritura.”

Esos créditos se hallan inscritos en varios registros y presentada esa escritura en el de la propiedad de G-uayama el registrador la inscribió, haciendo constar lo siguiente:

“Inscrito el documento que precede, que es la escritura número 21 de fecha 25 de junio de 1929, otorgada en San Juan ante el no-tario Rafael O. Fernández García, con vista \además de tres docu-mentos complementarios, y ’sólo en cuanto al derecho de hipoteca que con el número ‘5’ se describe en la página 21 de la escritura ci-tada, al folio 107 vuelto del tomo 15 de Barranquitas, finca número 718, inscripción 4a., denegándose la consignación de la cláusula dé-eima de la expresada escritura en aquella parte en que faculta al cesionario para ‘disponer de los referidos créditos hipotecarios en venta, pública o privada, a su opción, sin requerimiento o notificación de clase alguna, a los cuales renuncia dicha mercantil, quedando el Banco autorizado para transferir en absoluto dichos créditos hipote-carios al comprador; y el Banco aplicará el producto de dicha venta al pago del capital más su’s intereses y gastos que hubiere,’ por el motivo de que el pacto contenido en el párrafo transcrito es nulo y contrario a la Ley Hipotecaria, toda vez que siendo el contrato de cesión en este caso, en su esencia, una subhipoteea, es ilegal por parte del acreedor apropiarse y disponer libremente de la garantía hipo-tecaria, sin ante's ejecutar la misma de acuerdo con las prescripcio-nes y trámites de ley; y asimismo se deniega la consignación de la cláusula décimotercera por ser igualmente ilegal e ineficaz, dada la naturaleza del contrato, en lo que a esta cesión de hipoteca se refiere, tomándose en ambos caso’s anotación preventiva, etc.”

Por la negativa que contiene la nota de inscripción ha sido interpuesto este recurso.

El contrato referido no es en su esencia una sub-id p oteca, como entiende el registrador, pues le falta la condición esencial y característica de los contratos de subhipoteea de seguir el subhipotecante siendo dueño del crédito hipotecario, ya que la mercantil Cobián, Solares & Oía., ha traspasado y cedido sus créditos hipotecarios al banco aunque con las condiciones convenidas en las cláusulas décima y décimatereera transcritas. Tampoco puede calificarse ese contrato como de subhipoteea por el hecho de que haya sido convenido que el banco traspasará nuevamente a la mercantil los créditos hipotecarios si le es satisfecha la deuda reconocida en el pagaré, pues aun considerada comn venta de los créditos no cae dentro de las disposiciones de la Ley No. 47 de abril 13 de 1916 que presume hipoteca la venta con pacto de retro, entre otros casos cuando el vendedor paga intereses al comprador por el precio de la venta aunque se denomine canon de arrendamiento o se le dé otro nombre cualquiera, porque esa lejr por sus términos se refiere a venta de propiedad inmueble y en este caso lo que se traspasa y cede smi derechos hipotecarios, y porque por tales cesiones o ventas no paga, interés el cedente sino por la obligación garantizada con esas cesiones condicionadas. Por consiguiente, dicho contrato' no puede ser considerado como subhipoteea.

En cuanto a las condiciones que el registrador se negó a inscribir en sus libros no encontramos que sean contra-rias a la Ley Hipotecaria por no ser el contrato celebrado snbliipoteca, como hemos dicho, ni nnlas porque aunque no está expresamente regulado por el Código Civil, éste permite en sn artículo 1222 que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral o al orden público, y el pacto de que el cesionario de los créditos hipotecarios pueda disponer de dichos créditos en.venta pú-blica o privada, a su opción, sin requerimiento o notificación de clase alguna, a los cuales renuncia dicha mercantil, y autorizado el banco para transferirlos al comprador apli-cando su producto al pago del capital adeudado, no reúne ningnno de los caracteres a que se refiere el artículo citado, pues no faculta esa cláusula al cesionario para apropiarse dichos créditos, como cree el registrador, sino para venderlos y por eso no cae dentro del precepto de la sección 2a. de la Ley No. 47, supra, que declara nulo el pacto autorizando al hipotecario a. adjudicarse la finca vendida por incumplimiento del contrato garantizado por la hipoteca; precepto que implícitamente parece admitir la legalidad de la cláusula que consideramos. Lo dicho es aplicable a. la cláusula décimo-tercera.

La nota recurrida debe ser revocada en la parte que lo ha sido.


text:
    Pedro González Levy y J. Clivillés y Co., Sucs., peticionarios, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Domingo Sepúlveda, Juez, demandada.
    No. 679.

    Sometido: Diciembre 2, 1929.

      Resuelto: Enero 22, 1930.

      De La Torre & Ramírez y Largó & Acevedo, abogados de los peticio-narios; A. Ii. De Jesús, por la parte demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión 'leí tribunal.

En este caso expedimos un auto de certiorari contra la Corte de Distrito de San Juan a instancia de J. Clivillés & Co. y de Pedro González Levy reclamando los autos originales del pleito a que Lace referencia.

De dichos autos aparece que la sociedad mercantil Malgor & Co. demandó en juicio ordinario a la mercantil J. Clivillés & Co. y a Pedro González Levy para que le pagasen cierta cantidad de dinero importe de dos hipotecas, fundándose en que siendo Manuel Montalvo dueño de cierta finca constituyó sobre ella dichos gravámenes: que J. Clivillés & Co. demandó a Montalvo en cobro de dinero y para ejecutar la sentencia condenatoria que obtuvo fué vendida en pública subasta la finca hipotecada la que fué adjudicada a J. Clivillés & Co., haciéndose ésta responsable de pagar esas hipotecas: que posteriormente J. Clivillés & Co. vendió la finca a Pedro González Levy subsistentes tales gravámenes: que Malgor & Co. adquirió por cesión dichos créditos hipotecarios, los que no le han sido pagados, y estableció demanda contra J. Cli-villés & Co., y contra Pedro González Levy en la que solicitó; sentencia condenatoria contra ambos y también que se orde-nase. la venta de la finca hipotecada, disponiéndose además que si su producto no cubriese la cantidad reclamada se expidiera orden de ejecución contra J. Clivillés & Co. por el déficit qne resultare.

Contra esa demanda fueron formuladas excepciones pre-vias por ambos demandados bajo la representación de una firma social de abogados pero fueron declaradas sin lugar y, entonces, la misma firma de abogados contestó la demanda y se opuso a ella en nombre de J. Clivillés & Co., sin que se presentase contestación por Pedro González Levy ni a nombre suyo.

El día señalado para el juicio compareció a él la misma firma de abogados, dictándose sentencia condenatoria contra ambos demandados en los términos solicitados por la deman-dante, sentencia qne fué notificada por el secretario de la corte a la firma profesional de abogados dicha. Esa senten-cia fué apelada por J. Clivillés & Co., y posteriormente fué librada orden de ejecución contra Pedro González Levy y vendida la finca mencionada en pública subasta a una tercera persona.

El abogado que comparece en un tribunal en nombre de una parte conserva la representación de ella mientras no se haga constar en los autos que tal representación ha termi-nado. Begla 28 de las cortes de distrito de esta Isla: 6 C. J. 674. Por consiguiente, habiendo comparecido en el pleito que originó este recurso una firma de abogados en represen-tación ele Pedro González Levy y de J. Clivillés & Co. formu-lando excepciones previas contra la demanda no era necesaria la anotación de rebeldía de González Levy para que la corte pudiera celebrar juicio y dictar sentencia, pues el solo pro-pósito de esa anotación es limitar el tiempo durante el cual el demandado puede contestar. Drake v. Duvenick, 45 Cal. 462; Herman v. Santee, 102 Cal. 519; 42 A.R.S. 145; Hibernia Sav. etc. Soc. v. Mathai, 116 Cal. 424. T como la sentencia fué notificada a la,firma de abogados representante de González Levy no puede sostenerse que hubo error en cumplir en cuanto a él la sentencia después de pasado el período que tuvo Gronzález Levy para apelarla.

El auto de certiorari librado debe ser anulado.


author: El Juez Asociado Señor. Hutchison,

text:
    Victoria Hernández Burgos, demandante y apelante, v. Francisca Burgos y Eleuterio Hernández Burgos, demandados y apelados.
    No. 4505.

    Sometido: Abril 10, 1929.

    Resuelto: Enero 22, 1930.

      V. Ortiz León y B. A. Arroyo, abogados de la apelante; González Fagundo <& González Jr., abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Al terminarse la presentación de la prueba de la deman-dante, la demandada Francisca Burgos anunció que no tenía prueba que ofrecer, y alegó como cuestión de derecho que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción en cuanto a ella, toda vez que los hechos ex-puestos demostraban una novación del contrato. La corte de distrito adoptó esta teoría y desestimó la acción.

Los hechos alegados en la demanda son, substancialmente, que en 1921 Victoria Hernández Burgos prestó a su madre Francisca Burgos $1,900 y tomó como garantía una hipoteca sobre cierta finca rústica; que en 1922 Francisca Burgos traspasó todos sus bienes a sus dos hijos Eleuterio y Octavio Hernández Burgos, sujetos a las hipotecas pendientes, in-cluyendo la perteneciente a la demandante; que en 1923, por vía de transacción de un pleito entablado contra los dos hijos y de acuerdo con un convenio celebrado por todas las partes interesadas (Francisca Burgos inclusive) la finca hipotecada fué vendida con el objeto de pagar a la aquí demandante y a otros acreedores; la hipoteca que pesaba sobre la citada finca fué cancelada y la demandante recibió $900 en efectivo y un pagaré por $1,000, otorgado por Francisca Burgos y Eleuterio Hernández Burgos; que poco después la deman-dante nuevamente prestó a su madre los citados $900 en diferentes plazos con el fin de colocarla en posición de pagar sus contribuciones y llenar otras necesidades suyas, y que en octubre 15, 1925, con el objeto de responder y garantizar dicha cantidad, así como los noil dólares, importe del pagaré, Eleuterio Hernández, autorizado expresamente por su madre Francisca Burgos, en su nombre y representación, otorgó a favor de la demandante un pagaré (describiéndolo) por mil novecientos, dólares (1,900), al ser devuelto el pagaré por $1,000 suscrito por Francisca Burgos y Eleuterio Hernández Burgos; y que el pagaré de $1,900 no fué firmado por Francisca Burgos y sí por su Rijo Eleuterio Hernández Burgos porque los bienes de la primera figuraban entonces a nombre del segundo y estaban bajo su administración y gobierno a virtud del traspaso ya mencionado, traspaso que posterior-mente resultó ser simulado y fraudulento. Santini Fertilizer Co. v. Burgos, 34 D.P.R. 869.

Durante la vista del caso Victoria Hernández declaró que Eleuterio firmó el pagaré por $1,000 en vista de que tenía toda la finca; que de los $900 anticipados a Francisca Burgos, $600 eran para pagar una hipoteca, $125 para pagar contri-buciones, $40 para comprar zinc para la casa de ella, y $97 para contribuciones; que su madre Francisca Burgos auto-rizó a Eleuterio Hernández Burgos para que otorgara un pagaré por $1,900 porque éste tenía la finca a nombre de él; que la testigo prestó los $1,900 a su madre Francisca Burgos; que en la primera ocasión la testigo le prestó a ella $1,000 y retuvo $900; que la madre de la testigo le adeudaba $1,900; que de esta cantidad $900 fueron pagados en efectivo y $1,000 fueron garantizados por un pagaré suscrito’ por Francisca Burgos y Eleuterio Hernández; que el pagaré anterior fué entregado y destruido cuando el nuevo pagaré fué suscrito por Eleuterio Hernández y no por Francisca Burgos porque la. madre tenía todo a nombre de su hijo y él era el que bacía y desbacía en la casa de ella; y que ella le indicó que lo firmara para que tuviera más garantía y porque los bienes estaban a su nombre, pero que fué doña Francisca Burgos quien recibió el dinero.

Creemos que el juez sentenciador tomó un aspecto dema-siado estrecho del caso.

Es cierto que de conformidad con las disposiciones del artículo 1247 del Código Civil, cuando la cuantía de las prestaciones envueltas en la transacción exceda de $300, un poder debe constar por escrito. Si no estuviera ante nos otra cosa que el pagaré por $1,900 otorgado por Eleuterio Hernández y la declaración de Victoria Hernández respecto a la autorización verbal o poder oral de Francisca Burgos, tal vez podríamos convenir con la corte inferior. Empero, no se trata simplemente de nn litigio en cobro de pagaré. Esta es nna cansa en cobro de dinero recibido por la demandada Francisca Bnrgos, en calidad de préstamo, de sn bija Victoria Hernández. El caso no gira sobre la suficiencia del poder conferido a Eleuterio Hernández para otorgar el pagaré por $1,900, sino más bien sobre la cuestión de novación.

Aquí también debe admitirse que la entrega y destrucción del primer pagaré de $1,000 suscrito tanto por Francisca Burgos como por Eleuterio Hernández es una circunstancia significativa. Por sí sola bastaría para esta-blecer una novación. No obstante, es prueba prima facie solamente de tal intención y una novación es siempre una cuestión de intención. En el presente caso esa intención debe inferirse de todas las circunstancias que rodean el otorga-miento del nuevo pagaré y no meramente del becbo de que tal otorgamiento fuera verbalmente autorizado, ni del becbo de que el primer pagaré fuera entregado y destruido, ni de estos dos hechos tomados conjuntamente.

El préstamo original de $1,900 fué heclm directamente a Francisca Burgos y garantizado con hipoteca. Cuando los bienes hipotecados fueron vendidos, Victoria Hernández recibió $900 en efectivo y el pagaré por $1,000 suscrito por Francisca Burgos y Eleuterio Hernández. La declaración incontrovertida de Victoria Hernández indica que ninguna parte de la causa (consideration) para el otorgamiento de este pagaré pasó de manos de ella como un préstamo' a Eleuterio Hernández. De haber éste recibido algo de dicha transacción, debió haberlo recibido de la dueña de los bienes hipotecados, o sea, de Francisca Burgos y no de Victoria Hernández. Sin embargo, todos los bienes pertenecientes! a Francisca Burgos estaban en aquella época a nombre de Eleuterio y de Octavio Hernández. El importe de un pagaré otorgado por Francisca Burgos solamente hubiera dependido de la buena disposición de Eleuterio Hernández y de que estuviese en condiciones de pagar. La conclusión lógica es que Eleuterio Hernández era un mero fiador.. De todos modos, si el pagaré era, por su forma, solidario, y,mancomu-nado, Francisca Burgos seguía siendo responsable del im-porte total del mismo. Si solamente era mancomunado, no sólo de hecbo sino también por su forma, Eleuterio Hernández era a lo sumo responsable de la cantidad de $500.

Cuando en octubre de 1925 se otorgó el- nuevo pagaré por $1,900, la enajenación becba por Francisca Burgos de todos sus bienes en favor de sus dos hijos Eleuterio y Octavio Hernández ya babía sido declara fraudulenta y nula por la corte de distrito y se bailaba pendiente ante esta corte un recurso de apelación. La sentencia de la corte de distrito fué confirmada en enero de 1926. Es lógico asumir que la posi-bilidad de tal confirmación fué tenida en mente por las partes en el momento de efectuarse la alegada novación. Ellas sabían que el efecto de una confirmación sería privar a los dos bijos de su título aparente, así como de la posesión y administración de los bienes traspasándoles por Francisca Burgos. Sabían, además, que el resultado de una confirma-ción baria que el nuevo pagaré fuera inservible, al igual que lo sería una obligación suscrita por Francisca Burgos indi-vidualmente en caso de una revocación. Besolver que cuando Francisca Burgos ordenó el otorgamiento del nuevo pagaré por Eleuterio Hernández intentó eximirse a sí misma de toda responsabilidad mediante una novación de su contrato original, sería imputar a ella la intención deliberada de de-fraudar a su bija Victoria. Es axiomático que nunca debe presumirse una intención fraudulenta. La única prueba sobre el particular revela un propósito claro por parte de la madre de convertir a su bija Victoria en una, acreedora preferente.

Nuestra conclusión es que la intención de todas las partes interesadas fué convertir al aparente dueño de los bienes en deudor aparente, y no efectuar una novación de la obligación preexistente.

Todavía está pendiente una moción para desestimar la presente apelación, fundada en que el escrito de apelación no fué notificado al demandado Eleuterio Hernández. El era una parte nominal, aunque propia. No era ni una parte necesaria ni adversa. Se solicitaba una sentencia contra Francisca Burgos solamente. La corte inferior declaró sin lugar la acción en su totalidad; no obstante la rebeldía de Hernández. La apelante no trata de obtener la revocación de esa sentencia en tanto en cuanto se refiere al demandado Hernández. Una revocación en cuanto a la demandada Francisca Burgos y el dictar esta corte en su lugar una sentencia no afectará el status actual del demandado Eleuterio Hernández. Aun si la acción no hubiese sido declarada sin lugar en cuanto a él, una revocación de la sentencia declarando sin lugar la demanda en lo que a Francisca Burgos se refería y el dictarse una sentencia solamente contra ella, tendería a eliminar cualquier cuestión de responsabilidad por parte de Hernández, y basta ese extremo el resultado sería favorable a él.

Debe declararse■ sin lugar la moción de desestimación y revocarse la sentencia apelada.