author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Radamés Cintrón, acusado y apelante.
    Núm. 8522.

    Sometido: Marzo 21, 1941.

      Resuelto: Marzo 28, 1941.

      Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y H. González Flanes, aboga-dos del apelante; Son. Procurador General George A. Malcolm y R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal S%ipremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Radamés Cintrón fné acusado y declarado culpable de un delito de infracción al artículo 328 del Código Penal. La acusación en este caso dice así:

“El referido acusado Radamés Cintrón, con anterioridad a la fecha de la presentación de esta acusación, o sea, el día 30 de abril de 1939, y en el término municipal de Ciales, P. R., que forma, parte del distrito judicial de Areeibo, P. R., allí y entonces, mientras guiaba como chauffeur el automóvil marea Pontiac núm. 1240 por la carretera que conduce de Ciales a Manatí, P. R., que es un camino público, y al llegar al kilómetro 11, heetómetro 2, donde hay una gran curva, y mientras marchaba en dirección a Manatí, P. R., ilegal, y voluntariamente, sin guardar la debida prudencia, cuidado y cir-cunspección, y estando dicho acusado en estado de embriaguez, guiando dicho vehículo de motor a una velocidad excesiva por dicho camino público, por negligencia temeraria y descuido desvió dicho automóvil hacia la orilla derecha de la carretera, metiéndose al batey de la casa del señor Rafael Martínez Rodríguez y dejándolo chocar con un árbol de aguacate que hay allí, a consecuencia de cuyo choque ocasionó varias heridas graves a Iraida Muñoz McCormick (ser humano), que viajaba en dicho automóvil, cuyas heridas le produjeron la muerte en la Clínica Mimiya en Santurce, P. R., el día primero de mayo de 1939.”

El acusado apela de la sentencia que le impuso la Corte •de Distrito de Arecibo 'condenándolo a cumplir un 'año y seis meses de presidio. Siete errores atribuye a la corte inferior, los que pasamos a considerar separadamente. El pri-mero 'dice así:

“Cometió error sustancial y perjudicial al acusado, la corte inferior, al negarse a admitir prueba pericial sobre la rotura del me-canismo que servía para controlar los movimientos del guía del auto-móvil Pontiac, así como al negarse a ordenar la citación de Enrique Sandoval, la persona que transportó el automóvil desde el sitio del accidente al sitio donde dicho vehículo fué examinado por el perito mecánico. 77

Para una mejor comprensión de lo ocurrido, es conveniente transcribir el incidente que dió lugar a la no admisión de la prueba pericial ofrecida por el acusado. Después de haberse cualificado, sin oposición del fiscal, como perito mecánico, continuó el interrogatorio del testigo Juan Cruz .Almentero así:

“P. |Conoce a Radamés Cintrón? — Sí, señor.
P. ¿Dónde? — En Arecibo. y
P. ¿Cuándo lo conoció, si lo recuerda? — Hace como cinco meses, mas o menos.
P. ¿Dónde lo conoció? — En Arecibo.
P. ¿ Con motivo de qué ? — Con motivo de que fué a mi taller soli-citando los servicios míos como mecánico, como experto, y el día que fué no pude acompañarlo.
P. ¿A dónde? — A Ponee.
P. ¿Fué a Pónce? — Si, señor; con el joven Radamés.
P. ¿A dónde? — Fui al taller de la Pontiac.
P. ¿Qué sucedió allí? — Cuando llegamos me dijo a qué me llevaba j entonces me enseñó el carro y me dijo que lo examinara.
P. ¿De qué marca era el carro? — Un Pontiac.
P. ¿Modelo? — 1938.
P. ¿Lo examinó? — Si, señor.
P. ¿Cuál fué el resultado de ese examen?
Hon. Fiscal. Me opongo. No se ha dicho cuándo lo examinó ' y se ha dicho que fué a 'Ponee y no se sabe quién lo llevó allí, a Ponee, y si estaba en la misma condición que en el día del choque.
P. ¿Quién le identificó el carro? — El joven Radamés, y el me-cánico de la casa.
P. ¿Ese carro estaba en buenas condiciones o no?
Hon. Fiscal. Me opongo basta que no se pruebe, porque va a declarar como perito, el estado del carro, y en mi opinión no se puede declarar sobre el estado del carro si ese carro no lo examinó el mismo día del accidente o el día después, y se demuestra que el carro cuando lo examinó el mecánico estaba en la misma condición que después del choque.
Hon. Juez. Be la única manera que lo admitiría la corte era que se refiriera al mismo día del suceso.
Abogado señor Reyes Delgado. Nuestro propósito es el establecer las condiciones internas de la máquina del carro.
Hon. Juez. No lo voy a admitir y que se retire el jurado para que no lo oiga.
Hon. Fiscal. Que se retire el testigo también. El Jurado se re-tira de sala bajo la custodia del mársbal.
Abogado Sr. Reyes Delgado. El propósito es demostrar que des-pués del accidente se examinó el carro y que se encontró que el mismo estaba, además de las condiciones visibles a simple vista de una persona profana se examinó su motor y toda su maquinaria (sic). (Argumentó).
Hon. Juez. ¿Después del accidente?
Abogado Sr. Reyes Delgado. Después, si, señor.
Hon. Juez. Menos admisible. Después de un accidente un carro sufre mucho.
Abogado Sr. Reyes Delgado. Que el carro fué chocado en el lado derecho o izquierdo y que toda esa parte del lado izquierdo o derecho, no sé con fijeza cuál es el lado, estaba destruido con señas y evidencia de haber sido destruido con el impacto que recibió al chocar con el árbol de aguacate, y que la otra parte del carro, izquierdo o reverso, estaba en perfecta condición, con excepción de que hubo en un me-canismo en el bloque, donde no había señas que hubieran llegado los graves efectos del impacto, había un pequeño mecanismo que estaba roto y que sirve para controlar los movimientos del guía del carro, etc. (Argumentó).
Hon. Fiscal. Mi oposición no es el que el compañero pruebe cómo quedó el carro después del accidente por dentro o por fuera. Mi oposición es a la forma^como se trae la prueba. En otras pala-bras : el testigo ha declarado que es mecánico y examinó el carro en Ponce. No nos ha dicho en qué fecha lo examinó y puede haber sido días después o un mes después, y no ha dicho quién llevó el carro de dales a Ponce y en manos de qué personas estuvo y si estaba en la misma condición en que estaba el dia del accidente. Existe la posi-bilidad de que ese carro, durante todo el trayecto de dales a Ponce, haya estado en otro taller y le hayan roto una pieza y el mecánico la encuentre rota y es und\ prueba que puede preparar el acusado. Ahora, si se demuestra que estaba en el mismo estado, que no lo tocó nadie y lo llevó una persona a Ponce y estuvo guardado en un sitio y el acusado no lo pudo tocar, entonces.
Ambas partes argumentaron.
Hon. Juez. Sostenida la objeción del fiscal.
Abogado Sr. Reyes Delgado. Solicitamos que se ordene la cita-ción de Enrique Sandoval, la persona que condujo el automóvil del sitio de los sucesos al almacén de la casa Pontiac en Ponce.
Hon. Juez. La corte no puede suspender el juicio para espe-rar a ese testigo. Ese testigo debió ser traído por la defensa, si quería probar su caso en una forma admisible, y la corte la citación ahora la deniega.” (Itálicas nuestras.)

Después de anotar su excepción el abogado defensor, la corte dijo lo siguiente:

“Hon. Juez. La corte hace constar, que admitirá cualquier prueba sobre un examen del carro en el sitio donde ocurrieron los sucesos, por un mecánico, en el momento o algún tiempo después; pero esa prueba, después que un carro ha sido trasladado a Ponce, no podría nunca ser admisible, mucho más cuando había sucedido un choque y no podría nunca determinarse si cualquier desperfecto que se notara en el carro en Ponce hubiera sido causa del traslado y con mo-tivo también del choque que había recibido, violento, al chocar contra un árbol en la carretera. Sería una prueba que confundiría al jurado. ’'

El error imputado envuelve dos fundamentos, primero el no haber permitido la corte al perito mecánico declarar sobre el resultado del examen que hizo en Ponce del automóvil del acusado, y segundo, el haberse negado a citar al testigo Sandoval suspendiendo la vista del caso hasta que llegara.

Argumentando el primer fundamento el apelante cita jurisprudencia para sostener que la' prueba pericial ofrecida era admisible y que la objeción del-fiscal y la resolución de la corte podían afectar, a lo sumo, el peso que a dicha evi-dencia podía darle el jurado.

Convenimos con el apelante que los motivos expuestos por el juez de la corte inferior al no admitir esta prueba fueron, en parte, erróneos, pero la resolución en sí, no lo fue. No hay duda alguna de que prueba pericial, en casos apropiados y sentándose las bases necesarias, es admisible para demos-trar las condiciones en que quedó un automóvil u otro vehículo después de un accidente. 11 R.C.L. 630, sec. 50; 5 Am. Jur. 862, sec. 653, y véase la anotación en 77 A.L.R. 559.

Pero es requisito indispensable demostrar primero que el automóvil, en el momento en que fué examinado por el perito está en las mismas condiciones en que quedó después del accidente y que no ha sido objeto de manipulaciones que hayan podido variar dicho estado. Queda a la discreción judicial determinar, en este caso, si debe o no admitir la prueba, no siendo el tiempo transcurrido desde el accidente hasta el examen el factor principal a considerar, sino si se ha pro-bado que el vehículo está en las mismas condiciones en que quedó al ocurrir el accidente.

En la anotación en 129 A.L.R. 438 se expone la regla a seguir, así:

“En general, evidencia en cuanto a la condición de un automóvil después»de un accidente puede ser admitida como un medio para de-terminar la responsabilidad por el accidente, cuando la evidencia no es muy remota del día en que ocurrió el mismo, y cuando se prueba que la condición del automóvil no ha cambiado desde él accidente. Si la evidencia ofrecida es algo remota del día del accidente puede que no tenga tanto peso como aquella que se refiera a condiciones exis-tentes al momento en que ocurrió, pero la admisibilidad de tal evi-dencia no será afectada. Por otra parte, si no hay prueba demos-trando que la condición del automóvil después del accidente no ha cambiado, desde que ocurrió éste, evidencia en cuanto a la condición del automóvil después del accidente no es admisible.” (Itálicas nues-tras.)

Entre los casos que han aplicado esta regla están los de Cleasby v. Taylor (1934) 176 Wash. 251, 28 P. (2d) 795; Rotche v. Buick Motor Co. (1934) 358 Ill. 507, 193 N. E. 529; Kelly v. Huber Baking Co. (1924) 145 Md. 321, 125 A. 782; Ison v. Stewart, 94 P. (2d) 701; Rix v. Rix (1932) 85 N. H. 529, 161 A. 38; Neal v. Smith, (1914) 147 N. W. 183.

En el caso de Gleasby, supra, se resolvió que prueba en cuanto al estado del automóvil del demandado (abolladuras en el guardalodo y condición de los faroles delanteros) cua-renta días después del accidente fué erróneamente admitida, cuando los. testigos no especificaron que el estado del auto-móvil era igual al que existía inmediatamente después del accidente.

El caso de Riso, supra, fué uno extremo, pues la evidencia admitida se refirió a las condiciones del automóvil dos años ‘después del accidente, pero, en apelación, se sostuvo que no se cometió error pues era discrecional en la corte su admisión. Pero en este caso se probó, previamente, que el vehículo había permanecido en un garage desde el día del accidente sin haber sido manipulado ni reparado.

En el de Rotóhe, supra, se resolvió que había sido errónea la admisión de evidencia para probar el estado de ciertos pasadores del freno de un automóvil varias semanas después del accidente sin que se hubiera probado antes que el estado de dichos pasadores no había cambiado desde que ocurrió el accidente.

Somos de opinión que esta regla, que es la que sirvió de base a la objeción formulada por el fiscal a la declaración del perito, es la que debe prevalecer, pues de lo contrario sería muy fácil variar el estado en que quedó un vehículo después de un accidente y luego tratar de probar que fué un defecto mecánico del mismo el que motivó el accidente. Por eso decimos antes, que si bieu los motivos expuestos por el juez de la corte inferior al no admitir la declaración del perito Almentero fueron erróneos, ya que dió la impresión de- que esta clase de prueba nunca es admisible, su resolución debe ser sostenida en apelación, por no haber el acusado sentado las bases para que dicha prueba fuera admisible. Y esto nos lleva a considerar el segundo motivo del error imputado, o sea, la negativa del juez a expedir citación al testigo. Sandoval, que fue el que se dice llevó el automóvil del acusado desde el sitio del suceso hasta Ponce, suspendiendo, la vista del caso mientras llegaba dicho testigo.

Al comenzar la vista del caso en la corte inferior las partes anunciaron que estaban listas para el juicio y esto implicaba que tenían sus testigos en la corte. Este tribunal, en el caso de Pueblo v. Sarria, 57 D.P.R. 882, resolvió que no abusa de su discreción el juez que se niega a citar un testigo del acusado cuando la moción al efecto se presenta después de haber terminado toda la prueba de cargo y de descargo, en un juicio bastante largo y cuando el testigo tenía que ser citado en Río Piedras para comparecer en Ponce. En el caso de autos ya había terminado la prueba de cargo y la del acusado quedó, de hecho, terminada al no haber podido declarar el perito Almentero, pues el acusado no sentó las bases para que pudiera hacerlo, dependiendo dichas bases precisamente de la presentación de otros testimonios que demostraran el estado del automóvil al ocurrir el accidente y el hecho de que no había sido manipulado desde ese’momento hasta aquél en que lo examinó el perito mecánico. El acusado debió haber tenido esa prueba en corte y no se hizo esfuerzo alguno por él para demostrar los motivos que hubieran podido existir por qué el testigo Sandoval no había comparecido con los demás testigos del acusado y puesto bajo las reglas de la corte. Tampoco se demostró si el testigo Sandoval estaba en la ciudad de Arecibo, que era donde se estaba celebrando el juicio, o si residía en Ponce, ciudad a la que llevó el automóvil. A falta de dicha demostración, no abusó de su poder discrecional el juez al negarse a suspender el juicio mientras se localizaba, citaba y comparecía dicho testigo. Además, con la sola declaración de dicho testigo no hubiera podido llenarse la laguna que existía en la prueba del acusado para dejar sentadas, previamente, las bases necesarias a la admisión del testimonio del perito Al-mentero. Se dijo que Sandoval declararía que fué él quien llevó el automóvil desde el kilómetro 11 de la carretera de Ciales a Manatí hasta Ponce. La prueba de cargo demostró que el automóvil permaneció en el sitio del accidente tres días y además no sabemos cuántos días estuvo en el garage en Ponce hasta el momento en que fué examinado por el perito Almentero. Al acusado incumbía probar la teoría de su defensa y, para hacerlo, debió haber presentado la prueba necesaria para demostrar que el automóvil no fué manipu-lado durante los tres días que estuvo en la carretera y, asi mismo, durante el tiempo que estuvo en el garage. La sola declaración del testigo Sandoval en cuanto a que llevó el automóvil desde el sitio del suceso hasta Ponce no hubiera hecho admisible la declaración del perito Almentero.

Debe desestimarse el primer error. El segundo dice así:

“II. Cometió grave error el juez sentenciador al instruir al jurado en la siguiente forma: ‘El acusado dice que algo pasó en el auto-móvil que el guía no respondía; que hizo esfuerzos para sostener él control, pero que no pudo y se fué hacia un árbol. Ahora ustedes tienen que determinar si ustedes han creído eso o si ustedes han creído que el acusado venía a una gran velocidad; si había tomado licor, es decir, que su temperamento estaba en tal forma que si bien él podía guiar, no tenía el control de la persona que está sobria y que al tomar la curva y debido• a la velocidad a que venía ese automóvil, entonces ustedes pueden determinar si esa gran velocidad y ese estado de ánimo que él traía le produjeron el descuido, la falta de pericia en que no pudo dominar el carro y que el carro se fué hacia el batey de la casa y produjo la muerte y los daños de que nos ha hablado la prueba.’ ”

Arguye el apelante que el juez asumió la certeza de los hechos que aparecen en itálicas en la instrucción copiada, porque los expresó en presente de indicativo y en forma afirmativa, lo que no permitió que el jurado fuera el que determinara si se probaron esos hechos y si ellos constituyen descuido o imprudencia temeraria. Leída a la ligera la ins-trucción podría interpretarse en esa forma, pero a poco que se analice se verá que el juez sometió una disyuntiva a ser resuelta por el jurado en su apreciación de la prueba de una y otra parte. Primero expone la teoría del acusado: que algo le pasó en el guía del automóvil, que bizo esfuerzos por sos-tener el control, pero no pudo y se fue bacia un árbol. In-mediatamente le dijo al jurado que ellos tenían que deter-minar si creían eso o si creían que el acusado venía a gran velocidad, si babía tomado licor, que su temperamento estaba en tal forma que si bien podía guiar no tenía el mismo control que la persona que está sobria y debido a la velocidad que traía, entonces ellos podrían determinar si esa velocidad y ese estado de ánimo le produjeron el. descuido y falta de pericia que motivó el que no pudiera dominar el carro. El juez no dió por probada ni la, teoría del acusado ni la del fiscal, sino que las sometió al jurado para que determinara si una u otra debía prevalecer y, siendo esto así, carece de méritos el error imputado.

Los señalamientos tercero y cuarto, que también se refieren a las instrucciones, pueden resolverse conjuntamente. Dicen así:

“III. Erró seriamente la corte de distrito al transmitir al jurado instrucciones definiendo el delito imputado al acusado e ignorando la esencial distinción entre la negligencia civil y la negligencia crasa y criminal requerida por el artículo 328 del Código Penal.
“IV. Cometió error sustancial y perjudicial a los derechos del acusado el juez de la corte inferior al instruir al jurado que el acu-sado había cometido el delito que se le imputaba si se había demostrado que él fué descuidado o negligente, pasando por alto la cuestión de causa próxima.”

Las instrucciones afectadas por estos señalamientos son las siguientes:

“Los señores del jurado tienen que fijarse en que la ley dice, im-prudencia temeraria o descuido. Es decir, que el fiscal no tiene que probar qrre el acusado tuvo voluntad en el acto, o sea, en el choque que ocasionó la muerte. Lo que tiene que presentar el fiscal es un caso del que resulte que ese choque se debió a imprudencia temeraria o des-cuido del acusado. Es decir, que uo es un delito en que se necesite que sea voluntario, como el homicidio, sino que es un delito que lo que se pena es el descuido, la negligencia de la persona.
“Un descuido o imprudencia temeraria es aquella conducta des-cuidada o falta de pericia, grave, que pone en riesgo indebido de muerte o de daño a otras personas. El descuido o la imprudencia temeraria se demuestra por las circunstancias que resultan del becbo mismo que ba sido motivo del accidente. Es decir, que bay. que deducirlo, pero deducirlo lógicamente de aquellas circunstancias que rodearon el accidente para poder entonces con lógica razonable de-ducir si en realidad bubo tal descuido o impradencia temeraria, grave, en el caso. ¿Cómo se puede determinar esa circunstancia? Por la prueba que aquí se ba presentado. Es decir, que los Sres. del Jurado para determinar si hubo tal descuido o imprudencia te-meraria no tienen que ir a buscar suposiciones fuera de la evidencia que aquí se ba presentado, sino la conclusión a que tienen que llegar de si hubo o no descuido tiene que surgir de la evidencia, del con-junto de la evidencia presentada aquí por ambas partes.” (Itálicas nuestras.)
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“Si los Sres. del Jurado, después de examinar toda la prueba en conjunto y fuera de duda razonable llegan a la conclusión, que Ra-damés Cintrón, allá para el 30 de abril de este año y mientras guiaba mi automóvil lo hizo en tal forma descuidada y con imprudencia temeraria, descuido e imprudencia temeraria grave y que a virtud de ese descuido e imprudencia temeraria se desvió y al desviarse chocó contra un árbol y a virtud de ese choque se produjeron heridas a la Srta. Iraida Muñoz McCormick, de las cuales falleció, Sres. del Jurado, vuestro deber es traer un veredicto de culpable.
“Si los Sres. del Jurado después de examinar toda la prueba en conjunto, en forma imparcial llegaran a la conclusión de que Ra-damés Cintrón no fue o no cometió ningún descuido o imprudencia te-meraria y que el choque que ocasionó la muerte de Iraida Muñoz obedeció a otra cosa que no fuera ese descuido, es decir, ajeno a su control, o si los Sres. del Jurado tienen duda razonable de si el acu-sado es culpable, en cualquiera de ambos casos deben traer un vere-dicto de no culpable.” (Itálicas nuestras.)

Cita el apelante los casos de El Pueblo v. Rodrigues, 47 D.P.R. 600 y El Pueblo v. Agosto, 50 D.P.R. 462, en los que esta corte revocó las sentencias porque las instrucciones eran en substancia y efecto en el sentido de que cualquier des-cuido u omisión, equivaliera a un descuido craso o no, era suficiente para justificar un veredicto condenatorio y que, las instrucciones en el caso de autos, son iguales o parecidas a las transmitidas en dichos casos.

El caso de Rodrígiies, supra, no fué revocado porque las instrucciones fueran erróneas sino porque este tribunal con-sideró que la prueba aportada no era bastante para justificar un veredicto de culpabilidad, no siendo, por lo tanto, apli-cable.

En cuanto al de El Pueblo v. Agosto, es cierto que fué revocado por la insuficiencia de las instrucciones en cuanto a que el juez se limitó a decir que cualquier descuido u omi-sión de un deber, equivaliera o no a un descuido craso era suficiente, y además porque pasó por alto y no dió instruc-ciones sobre la cuestión de la causa próxima.

En el caso de autos el juez no se limitó a seguir las palabras del estatuto al definir la infracción al artículo 328 del Código Penal sino que repetidas veces llamó la atención del jurado hacia el hecho de que el descuido o imprudencia temeraria tenía que ser “aquella conducta descuidada o falta de pericia, groove, que pone en riesgo indebido de muerte o de daño a otras personas.” Pudo haber sido más amplia, más específica la instrucción, pero no puede sostenerse que sea a tal extremo defectuosa que el jurado fuera inducido a error perjudicial para el acusado.

Tampoco tiene razón el apelante al decir que la corte no instruyó al jurado en cuanto a la causa próxima del accidente. El penúltimo párrafo de las instrucciones antes citadas cubrió esta cuestión debidamente. No se usaron por el juez las palabras “causa próxima”, pero al decirle al jurado que si después de examinar la prueba resolvía que el acusado mientras guiaba el automóvil lo hizo en tal forma descuidada y con imprudencia temeraria grave, que fué a virtud de estos hechos que el carro se desvió y chocó con el árbol y como consecuencia del choque se produjeron las heridas a la Srta. Muñoz, de las cuales falleció, les estaba diciendo que tenían que resolver si esos hechos fueron o no la causa próxima de la muerte.

La situación que surgió en el caso de El Pueblo v. Agosto, supra, fue muy distinta. Allí se trataba de un choque entre la locomotora de un tren y un automóvil, en un paso a nivel, estando envuelta además la conducta observada por un guardabarrera, y esta corte resolvió que si le hubiesen dado las instrucciones debidas al jurado pudo haber con-cluido “que la causa próxima del choque lo fue que el conductor del vehículo negligentemente dejó de observar y obe-decer la señal de peligro.”

En el caso que resolvemos la prueba no presentaba nin-gún hecho semejante o parecido. No se probó que la inter-vención de alguna otra persona pudiera haber sido la causa próxima del accidente que requiriera una instrucción especí-fica como la que se consideró indispensable en el caso de Agosto, por las circunstancias especiales que en él concurrie-ron.

El quinto señalamiento dice así:

“Erró el juez sentenciador al instruir al jurado respecto a que existe una presunción de que el conductor de un auto es descuidado y tiene falta de pericia de la requerida por el artículo 328 del Código Penal cuando se demuestra que dicho conductor va a gran velocidad, que ha tomado y que se desvía de la carretera y penetra en una pro-piedad fuera del camino público, ya que al así instruir al jurado el juez sentenciador creó una presunción legal que no existe y suplió la prueba del fiscal con un elemento adicional de evidencia.”

Se refiere este error a aquella parte de las instrucciones que dice así:

“Señores del Jurado: Debo también instruiros, que a falta de una prueba convincente se presume que un conductor de automóvil que va a gran velocidad y que ha tomado y que se desvía de la carretera y penetra en una propiedad fuera del camino público la presunción legal en ese caso, si quedara probado todo eso, es que el conductor fué descuidado y tuvo falta de pericia, o sea, falta de cuidado y falta de pericia de que nos habla el artículo 328 del Có- digo Penal, porque todo conductor de automóvil, cuando está co-giendo una curva tiene la obligación de reducir la velocidad y tiene la obligación de mantenerse en la carretera, a no ser que algo que no obedezca a su, descuido o voluntad le haga tomar otro curso.” (Itálicas nuestras.)

Ha sido esta instrucción la que más nos lia hecho pensar si pudo o no haber inducido a error al jurado, pero el mismo apelante admite en su alegato que ‘ ‘ es correcto afirmar, quizá, que los hechos que la instrucción menciona constituyen, de ser creídos y a falta de una prueba en contrario y de ser los mismos la causa directa y próxima del choque, una infrac-ción al art. 328.”

Veamos cuál fué la evidencia presentada a la considera-ción del jurado.

La prueba del fiscal tendió a demostrar que el acusado después de haber tomado licor en Ciales, iba guiando un automóvil, a una velocidad exagerada, por la carretera que conduce a Manatí; que la velocidad que llevaba era tan grande que dos personas que iban por la carretera tuvieron que tirarse a la cuneta para evitar ser arrollados; que al llegar a una curva en el kilómetro 11 de dicha carretera se salió de ella, entró al batey de una casa arrollando a tres personas que allí habían y fué a chocar contra un árbol de aguacate; que el impacto con el árbol fué tan fuerte que la Srta. Muñoz, que iba sentada al lado del acusado, fué lan-zada y pillada entre la puerta del automóvil y el árbol, oca-sionándosele como consecuencia la fractura de la pelvis, la perforación del peritoneo y golpes en la cabeza que fueron la causa de su fallecimiento al día siguiente; que el aliento del acusado era alcohólico y su comportamiento después del accidente como el de una persona embriagada; que él también recibió una pequeña herida de carácter leve en la frente; que dentro del automóvil se encontró una botella de whiskey a medio tomar y unos vasos sanitarios; que dicha botella fué comprada por el acusado en Ciales y destapada en la casa de un amigo y de ella se tomaron dos “high balls” momentos antes de salir hacia Manatí. Se probó que no había ningún obstáculo o vehículo en la carretera en el mo-mento del accidente.

El acusado, al declarar, admitió que él había comprado la botella de whiskey en Ciales y tomó dos high balls, y asi-mismo que llevaba la botella en el automóvil, pero negó que hubiera bebido en el camino o que estuviera embriagado; negó que fuera caminando a una velocidad exagerada, y explicó el accidente como uno debido a que el guía no le respondió cuando entró a la curva, y como consecuencia el automóvil se salió de la carretera y fué a chocar con el árbol a pesar de él haber metido los frenos. Su otra prueba tendió a demostrar que no estaba ebrio después del accidente y que no corría a velocidad exagerada.

El artículo 5 inciso (l) de la Ley núm. 75, para regla-mentar el uso de vehículos de motor en Puerto Rico, apro-bada el 13 de abril de 1916, dispone que “ninguna persona podrá manejar un vehículo de motor mientras estuviere en estado de embriaguez”, y las violaciones a dicha ley se con-sideran delitos menos graves de acuerdo con su artículo 19.

En el año 1912, mucho antes de entrar en vigor dicho precepto legal, esta corte en el caso de El Pueblo v. De Jesús, 18 D.P.R. 960, había resuelto lo siguiente:

“Nada se dispone en la ley de carreteras, ni en el reglamento de automóviles en relación con el uso de bebidas alcohólicas por parte de los conductores de vehículos. Pero es bien sabido el efecto que tales bebidas causa en los sentidos y en las facultades intelectuales y aun morales de las personas, y cuando aquella que tiene el deber de guiar una máquina que viaja por caminos públicos, acto que re-quiere el 'ejercicio de los sentidos y en cierto modo de las facultades intelectuales y morales, toma tales bebidas en exceso embotando vo-luntariamente sus sentidos y perturbando sus facultades, puede con-cluirse que ha ■sido descuidada en el fiel cumplimiento de los deberes de su cargo.” (Itálicas nuestras.)

En el caso de People v. Townsend, 214 Mich. 267, 183 N. W. 177, se resolvió que:

“Constituye negligencia crasa y culpable el que un hombre em-briagado guíe y opere un automóvil en una carretera pública y uno que así lo hace y que ocasiona perjuicios a otro, causándole la muerte, es culpable de homicidio. Era ilegal para el acusado manejar su automóvil en una carretera pública mientras estaba intoxicado, un hecho ilegal de acuerdo con el estatuto, y malo per se, y constituyó descuido criminal el hacerlo y es culpable de homicidio, si la muerte fué la causa próxima de su acto ilegal.”

Y véase 42 C. J. 898, Sec. 603.

Algo similar a la instrucción dada en el caso de autos fué la que se impugnó como errónea, en el de State v. Kline (1926), 209 N. W. 881, en el que se le dijo al jurado que: “guiar un automóvil estando ebrio es un delito estatutario y la violación de esa ley levanta una presunción de negli-gencia.” Se resolvió que la instrucción era correcta expre-sándose la Corte Suprema de Minnesota así:

“Desde luego, como se dijo en el caso de State v. Goldstone, 175 N. W. 892, la violación de un statuto en cuanto al manejo de ve-hículos de motor ... no prueba la existencia de negligencia culpable. . . Pero la violación de un estatuto cuya intención es la protección de otro, que causa o resulta en un daño a ese otro, debe sostenerse que es negligencia culpable.”

Se cita entonces el estatuto, similar al inciso {i) artículo 5, supra, y continuó diciendo la corte:

“Fué la intención el hacer ilegal el que una persona ebria ma-nejara un carro. Evidentemente esto fué para salvaguardar la vida, persona y propiedad. Y la corte estuvo claramente correcta al decirle al jurado que la presunción es que, cwmdo una persona maneja un automóvil en violación de la ley, es negligente. Pero la corte tuvo cuidado al dejar al jurado determinar si su intoxicación se demostró de tal modo en su manejo en contra de Stodola (el perjudicado) que el jurado podía decir que dicho manejo constituía negligencia culpable.”

En el caso de autos, la corte inferior advirtió al jurado en su instrucción, que a falta de una prueba convincente y “si quedaba probado que un conductor de automóvil iba a gran velocidad, que había tomado, que se desvió de la carre-tera y penetró en una propiedad fuera del camino público, si quedaba probado todo eso” entonces surgía la presunción de que el conductor fue descuidado y tuvo falta de pericia. Todas las premisas se dejaron a la consideración del jurado para ser resueltas de acuerdo con la evidencia presentada.

Bajo todas las circunstancias del caso el jurado estuvo justificado en creer la prueba de cargo, y que la causa próxima del accidente fue la velocidad máxima a que iba corriendo el acusado en su automóvil, unido al hecho de que él no estaba en su estado normal, como consecuencia del licor, que había tomado constituyendo estos hechos indiscutiblemente actos negligentes del acusado. Somos de opinión que el error debe desestimarse.-

Por el sexto error se imputa al juez inferior haber demostrado pasión, prejuicio y parcialidad contra el acusado durante la celebración del juicio. Llama la atención el ape-lante en su alegato a un incidente que aparece a las páginas 67 y 68 de la transcripción de la evidencia, en que dice el apelante que el juez al resolver una objeción del fiscal dijo: “admito prueba de que este testigo vió (al acusado) beber una cantidad de licor, etc.,” y más adelante repitió lo mismo así: “La corte ha dicho que puede presentarse prueba, si es que la hay, de cuando se vió beber al acusado, etc.”

Hemos examinado las páginas mencionadas y en ellas apa-rece que lo que el juez dijo fué: “Admito prueba de que este testigo vió o no beber (al acusado) etc.,” y, “de cuando se vió o no beber al acusado.”

Es cierto que las palabras “o no” aparecen escritas con tinta, entre líneas, en las páginas mencionadas, pero esta transcripción de evidencia es la original, debidamente certi-ficada por el taquígrafo y aprobada por el juez de la corte inferior y tiene la presunción de ser auténtica a falta de prueba en contrario. (Incisos 15 y 17 del art. 102, Ley de Evidencia, art. 464 Código de Enjuiciamiento Civil, 1933).

El otro incidente a que llama la atención el apelante y que aparece a las páginas 113 y 114 de la transcripción, al estar anotando el abogado defensor sus excepciones a las instrucciones, no ocurrió en presencia del jurado y no pudo influir para nada en su veredicto La sentencia impuesta al acusado, tomando en consideración la forma en que ocurrió el accidente y sus consecuencias, es el mejor indicio, como dice el fiscal de este tribunal, de que el juez no actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad.

El séptimo y último error se refiere al hecho de haberse declarado sin lugar una moción de nuevo juicio, cuyos funda-mentos eran los mismos errores imputados a la corte inferior y que, en el curso de esta opinión, hemos discutido y resuelto en contra del apelante.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresiubNte Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Francisca Sallaberry, demandante y apelante, v. Domingo Mundo Rodríguez, demandado y apelado.
    Núm. 8205.

    Sometido: Abril 1, 1941.

      Resuelto: Abril 3, 1941.

      M. Quzmán Texidor, abogado de la apelante; Luis F. Camacho, abo-gado del apelado.
   El Juez PresiubNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver en este caso es la de si bubo o no un cumplimiento substancial de la ley núm. 31 de 1934, sección 3, páginas 293, 295.

'Se trata de un pleito sobre daños y perjuicios iniciado en la Corte Municipal de Salinas. Dictada sentencia en contra de la demandante ésta apeló para ante la Corte de Dis-trito de Guayama radicando los autos el 2 de octubre, 1939. El 13 de diciembre siguiente el demandado y apelado pidió que se desestimara el recurso porque la apelante no babía pedido la inclusión del pleito en la primera lectura del calen-dario subsiguiente a la fecba de la radicación que tuvo lugar el once de diebo mes.

Así las cosas, el 18 del propio diciembre, mientras se pro-cedía a la segunda lectura del diebo calendario y al seña-lamiento de casos para juicio, la apelante radicó una moción para que su pleito fuera incluido en el mismo, acompañando los derechos correspondientes, o sea, cinco dólares en un sello de rentas internas. Se opuso el apelado porque la inclusión no se babía pedido al verificarse la primera lectura y por-que ya por tal motivo babía pedido por escrito que el recurso fuera desestimado. Oyó la corte a ambas partes y al día siguiente declaró sin lugar la inclusión y con lugar la deses-timación.

En su resolución expresó el juez que de la evidencia cons-taba '“que en la lista de pleitos listos para juicio preparada de antemano por el secretario a los efectos del primer lla-mamiento aparecía incluido el caso por diebo funcionario.” Puso énfasis en lo claro del precepto legislativo que ordena que “el apelante deberá solicitar la inclusión del pleito en el calendario o lista de señalamientos en la primera lectura que del mismo baya de celebrarse subsiguientemente a la radicación del caso”, y que “si el apelante dejase de soli-citar la inclusión del pleito en el calendario, el juez de dis-trito declarará desierto el recurso, imponiéndole las costas; y el secretario remitirá inmediatamente la cansa a la corte inferior para la ejecución de la sentencia apelada”, y se preguntó: “¿Quedó el apelante relevado del cumplimiento de este deber por razón de que su caso apareciera incluido en la lista provisional preparada por el secretario?”, res-pondiendo :

“Entendemos que no por las siguientes razones: porque la lista de pleitos que prepara el secretario para ser leída al principio de cada término civil de la corte, de acuerdo con el artículo 200 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico y la Regla 1 de las cortes de distrito en casos civiles, incluye todos los pleitos que apa-rezcan listos para juicio, hayase o no solicitado su inclusión en dicha lista por las partes, de manera que se pueda dar cumplimiento a lo que disponen las Reglas 2 y 3 en el sentido de hacer dos llamamien-tos de calendarios: uno preliminar para averiguar el carácter y la condición de los pleitos anotados en la lista preparada por el se-cretario y el otro para preparar para juicio los pleitos y hacer la corte los señalamientos correspondientes (Regla 2), así como ordenar el sobreseimiento y archivo de todas aquellas acciones o procedimien-tos pendientes en los cuales no se hubiere hecho progreso alguno por un período mayor de un año, debido a la negligencia de las partes (Regla 3) ; porque de acuerdo con la Ley (núm. 17) de marzo 11 de 1915 (pág. 45), regulando el cobro de derechos y costas en casos civiles, la parte que tenga interés en que su caso sea visto tiene que pagar $5 por la actuación del secretario de incluirlo en el calendario y señalarlo para juicio y por consiguiente la actuación del secretario consistente en anotar en la lista provisional todos los pleitos que estén listos para juicio no equivale a su inclusión en el calendario de la corte; porque la anotación de este caso en la lista de pleitos de esta corte no impedía que el apelante cumpliera con el deber que le impone la sección 3a. antes mencionada de la Ley reglamen-tando las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos civiles; porque para que se entienda perfeccionada una ape-lación civil procedente de una corte municipal, el apelante tiene que cumplir con el .deber que le impone dicha ley de solicitar la inclusión de su caso en la primera lectura que se haga del calen-dario o lista de señalamientos civiles de la corte de distrito y porque no habiéndose satisfecho los derechos de calendario el día 11 de diciembre de 1939, fecha en que se hizo el primer llamamiento del calen-dario o lista de señalamientos de esta corte correspondientes al tér-mino de enero y febrero, la actuación del secretario anotando este caso .en dicba lista no equivalía a su inclusión en el calendario de esta corte. ’ ’

La jurisprudencia interpretativa de la ley de que se trata es también clara y abundante. Véanse los casos de Marrero v. Muller, 35 D.P.R. 369; Morales Ramos & Co. v. Corte de Distrito, 35 D.P.R. 909; Guerra v. Carrión, 47 D.P.R. 798; Manrique v. Corte, 48 D.P.R, 619; Cobián v. Espina, 50 D.P.R. 185; Schwab v. Corte, 55 D.P.R. 208; A. S. Aloe & Co. v. Talavera, 56 D.P.R. 198; Alvarez v. Corte, 57 D.P.R. 644, y Rodríguez v. Banco Popular, 57 D.P.R. 938.

No bay duda de que la apelante no cumplió estrictamente con el estatuto. Ella misma lo admite, pero sostiene que su actuación constituye un cumplimiento substancial de la ley y por tanto que la corte no debió desestimar su apelación.

Conocemos los razonamientos de la corte sentenciadora. Son de peso en verdad, pero nos parece que de acuerdo con la jurisprudencia establecida en uno de los casos que aca-bamos de citar, el de Alvarez v. Corte, que no estaba deci-dido cuando la corte de distrito dictó la resolución apelada, puede concluirse que la apelante al actuar en la forma en que lo bizo cumplió substancialmente con la ley y que su caso en vez de desestimarse pudo y debió haberse señalado para juicio en la segunda lectura del calendario.

Fijemos el alcance dé la decisión de Alvares v. Corte, supra. El apelante para ante la corte del distrito no soli-citó que su caso fuese incluido en el calendario subsiguiente a su radicación como ordena la ley y el apelado instó la desestimación del recurso, pero como de los autos resultara que con anterioridad a la fecba de la lectura de dicbo calen-dario el apelante babía pedido el señalamiento de la vista para una fecba anterior a la que de cualquier modo le hubiese correspondido de haberse incluido el caso en el calendario y babía satisfecho los derechos correspondientes, esta corte diferenció el caso del de Marrero v. Muller, 35 D.P.R. 369 que se invocaba para pedir la desestimación y decidió que habiéndose cumplido sustancialmente con el estatuto, la corte sentenciadora había actuado derechamente al negarse a des-estimar la apelación. Y dijo:

“El propósito del legislador al insertar la sección 3 a en la ley que regula las apelaciones contra sentencias de las cortes munici-pales, no ftié otro que obligar al apelante a proseguir su apelación con la debida diligencia, evitando así, que careciendo éste de interés en el resultado del recurso, no solicite inclusión en el calendario y obligue al apelado a pagar por él los derechos de la apelación para poder llevar el caso adelante. No es el propósito de dicho precepto legal restringir el recurso de apelación, sino por el contrario acele-rarlo, y aunque aceptamos que la sección 3 a es de carácter impera-tivo, sostenemos que el requisito de incluir el caso en el calendario no es de naturaleza jurisdiccional, . . . .” Alvarez v. Corte, 57 D.P.R. 644, 647.

Y entre los casos citados también se encuentra el de Schwab v. Corte, en el que si bien se sostuvo que procedía la desestimación por falta del debido cumplimiento de la ley, en el curso de la opinión se dijo:

“El apelante, aun el mismo día que se leía o se iba a leer el ca-lendario, es decir, el 23 de junio de 1938, hubiera tenido tiempo de solicitar se incluyera el caso en el mismo. La inclusión del caso en el calendario hubiera acelerado la resolución de la moción para deses-timar presentada por los apelados. La misma ley indica esto. El apelante no hace caer su caso dentro de ninguna excepción.” Schwab v. Corte, 55 D.P.R. 208, 210.

El curso aconsejado fué seguido aquí por la apelante. Ésta actuó cuando aun los fines de rapidez en que la ley se inspira podían cumplirse. Bien o mal es lo cierto que en la lista preparada por el secretario de la corte de dis-trito figuraba el pleito. La primera lectura del calendario se celebró el once de diciembre, la desestimación se pidió el trece y el diez y ocho, al celebrarse la segunda lectura, la apelante hizo lo que debió haber hecho el once o sea siete días antes. Todavía el calendario, el mismo calendario sub-siguiente a la fecha de la radicación, estaba abierto. Era en su segunda lectura, en la del diez y ocho, en la que se seña-lsíbain las vistas y no en la primera, de' suerte qué si el juez hubiera accedido a la petición de' la apelante, la vista pudo haberse señalado lo mismo que si se hubiera pedido la inclu-sión del caso formalmente siete días antes en la primera lectura.

Siendo ésas las circunstancias que concurren, la resolución apelada debe revocarse, y el caso' devolverse a la cófte' de distrito para ulteriores procedimientos de acuerdo con la ley.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    José A. Hernández Pérez, demandante y apelante, v. Santiago Iglesias Silva, demandado y apelado; y Henry G. Molina St. Remy, interventor y apelado.
    Núm. 8156.

    Sometido: Marzo 19, 1941.

      Resuelto: Abril 3, 1941.

      Francisco González Fagundo, abogado del apelante; G. Cruzad»■ Silva, abogado del demandado apelado; Henry G. Molina, pro se y S. de la Fuente, abogado del interventor apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Santiago Iglesias Silva y su esposa eran dueños de una finca rústica de 19.40 cnerdas radicada en el barrio Gayar guas, de San Lorenzo, que, entre otras de los mismos due-ños, liabía sido hipotecada a la corporación General Cigar Co., Inc., en garantía de un crédito por la cantidad total de $6,700, a vencer el primero de junio de 1933, respondiendo esta finca de la cantidad de $1,500 de principal, sus intereses y $100 para costas en caso de reclamación judicial.

El 3 de diciembre de 1937, General Cigar Co., Inc. cele-bró un contrato con Henry G. Molina, formalizado en docu-mento privado suscrito ante el notario Raúl Benedicto, a virtud del cual la primera cedió al segundo todos dichos créditos hipotecarios por precio de $1,225 que la cedente reci-bió del cesionario, estipulándose en dicho contrato que la primera autorizaba al segundo a instituir a nombre de aquélla los pleitos que fueren necesarios a fin de hacer efectivos dichos créditos, conviniéndose en que serían de cuenta del Sr. Molina todos los gastos y costas, y quedando relevada la General Cigar Co., Inc. de cualquier responsabilidad que pudiera surgir como consecuencia de tales litigios.

En vez de proceder a ejecutar los créditos hipotecarios, el Sr. Molina convino con Santiago Iglesias Silva en poner en venta la finca de 19.40 cuerdas por precio inferior al mon-tante del crédito de que respondía, ya que su valor no alcan-zaba a cubrirlo, en el entendido de que lo que se obtuviese por ella iría a manos del Sr. Molina en satisfacción del cré-dito de que la finca respondía, obligándose el Sr. Iglesias y su esposa a transmitir directamente a favor del comprador el título de dominio que sobre ella tenían. En armonía con el indicado convenio, el 28 de enero de 1938 Santiago Igle-sias Silva y Henry G. Molina de una parte, y de la otra Evaristo Contreras, suscribieron un contrato privado ante el notario Santiago de. la Fuente, a virtud del cual se vendía la finca de 19.40 cuerdas a Contreras por precio de $1,000, a pagarse en la siguiente forma: $500 al otorgarse la escri-tura, y el remanente en dos plazos de $250 cada uno que vencerían respectivamente uno y dos años después de la fecha últimamente aludida. Fue condición de dicho contrato que los Sres. Iglesias y Molina garantizaban al comprador la ins-cripción de la finca en el registro de la propiedad absolu-tamente libre de gravámenes.

Con anterioridad a la cesión del crédito al Sr. Molina, la finca en cuestión había sido adjudicada al Pueblo de Puerto Pico en un procedimiento administrativo para el cobro de cierta contribución sobre ingresos adeudada por el Sr. Iglesias. Como dicha contribución sobre ingresos se había devengado con posterioridad a la constitución de la hipoteca a favor de la General Cigar Co., Inc., y por consiguiente no tenía prelación sobre el crédito hipotecario, el Sr. Molina, en cumplimiento del contrato con Contreras y para anular la adjudicación a favor del Pueblo de Puerto Pico, instituyó un pleito en cobro del crédito hipotecario, a nombre de General Cigar Co., Inc. contra Santiago Iglesias, su esposa y El Pueblo de Puerto Rico, y como consecuencia de dicho pleito obtuvo sentencia a favor de la demandante el 28 de marzo de 1938, por la que, entre otros pronunciamientos, se decretó la nulidad del título del Pueblo de Puerto Rico sobre la finca a que venimos refiriéndonos. Cancelado el título del Pueblo de Puerto Rico en el registro de la propiedad, en vez de cele-brarse la subasta de la finca para el pago del crédito hipo-tecario, optaron General Cigar Co., Inc., Molina e Iglesias por que se cancelara, como en efecto se canceló, el crédito hipotecario, quedando así la finca libre de cargas, a favor de Iglesias y su esposa, quienes a su vez venían obligados á transmitir su título a Contreras, en el entendido de que el precio sería recibido por el Sr. Molina en satisfacción del crédito previamente cancelado para facilitar la transacción. En otras palabras, aunque el título de la finca aparecía en el registro a nombre de Santiago Iglesias y su esposa, su verdadero dueño era el Sr. Molina.

Así las cosas, el 26 de julio de 1938 el Lie. Santiago de la Puente, de la oficina del Sr. Molina, dirigió una carta al Lie. J. A. Hernández Pérez, acompañándole el manda-miento de la Corte de Distrito de San Juan en el que se ordenaba la cancelación de la inscripción a favor del Pueblo de Puerto Rico y la copia certificada de la escritura de cancelación de hipoteca, invitando a dicho Sr. Hernández Pérez a aconsejar a su cliente, Contreras, que firmase la escri-tura de compraventa, pagando los $500 de contado según habían convenido, y que inmediatamente tomase posesión de la finca. Contestó el Lie. Hernández Pérez que su cliente no estaba ya en condiciones económicas de cumplir su con-trato, y habiendo adquirido dicho Sr. Hernández Pérez un pagaré que por $2,000 había suscrito Santiago Iglesias Silva el 12 de abril de 1932, a vencer el 31 de julio del mismo año, a la orden de Anicasio Rodríguez Montañez, demandó a Iglesias en cobro de dicha obligación el 3 de agosto de 1938, y para asegurar la efectividad de la sentencia, solicitó y obtuvo el embargo de dicha finca como de la propiedad del demandado Santiago Iglesias Silva.

Precisa ahora Consignar que el Lie. Hernández Pérez, con motivo- de la relación de abogado y cliente que existía entre él y el Sr. Contreras, había sostenido conferencias con el Sr. Molina y con el propio Sr. Iglesias, y récibido cartas del Sr. Molina que le informaban perfectamente de los con-venios y transacciones antes reseñados, y con conocimiento de todo ello, adquirió el pagaré- y embargó la finca cuando tenía en su poder la documentación acreditativa de que se-hallaba libre de cargas, a nombre del Sr. Iglesias.

Enterado Molina del pleito instituido por Hernández Pérez contra Santiago Iglesias Silva en cobro del pagaré de $2,000, solicitó y obtuvo permiso para intervenir en dicho pleito por el interés que alegaba tener en la finca embargada. Itadicó la demanda de intervención, que notificó al deman-dante Hernández Pérez, pero no así al demandado • Iglesias Silva. Excepcionó primero, y desestimada la excepción de falta de hechos constitutivos de causa de acción, contestó Hernández Pérez la demanda de intervención.

En este estado del caso, Santiago Iglesias y su esposa, y Henry G. Molina por su propio derecho y como apoderado de la suya, por escritura núm. 35 de 10 de junio de 1939 ante el notario Santiago de la Puente, vendieron la finca de 19.40 cuerdas a Juan Muñoz por precio de $1,000, de los cuales recibió el Sr. Molina la cantidad de $600 al otorgarse la escritura y el remanente también lo recibió el mismo Sr. Molina en un pagaré al portador garantizado con hipoteca sobre la finca vendida. En la escritura se expresó que el precio lo recibía el Sr. Molina “en su carácter de dueño de la finca.” Se consignó además como condición esencial de la venta que la finca era vendida libre de carga o gravamen y que si alguno aparecía en el registro de la propiedad, los vendedores se obligaban a procurar su cancelación, a cuyo efecto tendrían un término razonable.

El 14 de julio de 1939, o sea poco más de un mes después de vendida la finca, se celebró el juicio en el incidente de intervención y el 2 de octubre siguiente recayó sentencia decretando la nulidad del embargo trabado en el pleito principal, imponiendo las costas al demandado en intervención, J. Hernández Pérez, y condenándole a pagar al interventor la cantidad de $100 por concepto de honorarios de abogado. Pué contra esta sentencia que estableció Hernández Pérez el presente recurso.

Alega el apelante que la corte inferior erró al celebrar la vista del incidente de intervención y dictar sentencia sin que antes hubiera sido notificado el demandado Iglesias con copia de la demanda de intervención y sin haberse resuelto el pleito principal.

En verdad el Sr. Iglesias no fué notificado con copia de la demanda de intervención. Muy fácil hubiera sido notifi-carlo; pero, i era el Sr. Iglesias una parte necesaria o indispensable para que la corte pudiese llegar a una completa resolución de la controversia en el incidente de intervención? Si no era parte necesaria o indispensable, no erró la corte al proceder a celebrar el juicio. Artículo 74, Código de Enjuiciamiento Civil. Iglesias no era en nuestra opinión una parte indispensable cuya ausencia de los autos impidiese resolver completamente la controversia. En la demanda de intervención ningún remedio se solicitaba contra él. El único propósito de dicha demanda era que se decretase la nulidad del embargo trabado sobre una finca que el propio Iglesias había vendido un mes antes del juicio y sobre la cual, por consiguiente, no tenía interés, y la sentencia dictada al resolver completamente la controversia ningún pronunciamiento contenía contra él. Por lo tanto, actuó la corte en perfecta armonía con el citado artículo 74, dispositivo de que “la corte podrá resolver cualquier controversia entre las partes, siempre que fuere posible hacerlo sin perjudicar los intere-ses de otros, ...” Quizá sería oportuno consignar aquí que hasta la fecha el Sr. Iglesias no ha protestado en manera alguna de que no se le hiciera parte en el procedimiento de intervención, a pesar de que el día del juicio se hallaba en corte, según se consignó en la transcripción de evidencia.

¿Era necesario o indispensable para que la corte pudiese dictar sentencia en el incidente de intervención que se hubiese resuelto previamente el pleito principal? El procedimiento seguido por el Sr. Molina no era el de tercería, Cuyo artículo 14 contiene una disposición a ese efecto. Ningún precepto legal existe en nuestros estatutos que exija ese requisito en los casos de intervención. Gran parte de su alegato dedica el apelante a esta cuestión, tratando de demostrar que al procedimiento de intervención son aplicables los preceptos de la ley de tercería, incurriendo así en el lamentable error de confundir ambos procedimientos. Hace diez años que este tribunal, en el caso de Casanovas v. Carballeira, Juez, 41 D.P.R. 850, 852, dejó establecido que el remedio de intervención contenido en el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil y la ley de tercería son dos remedios distintos que pueden subsistir independientemente y que el hecho de que el supuesto vendedor tenga algún otro remedio adecuado para la protección de su derecho no es óbice para que pueda recurrir a la intervención. El caso de Casanovás, supra, fue citado con aprobación en Murray v. Tabacaleros de Bayamón, Inc., 43 D.P.R. 210, 212, en el de Benitez v. Tabacaleros, etc., y Fed. Int. Credit Bank, 50 D.P.R. 791, 795, y por último en el más reciente de Reyes & Pagán v. Corte, 52 D.P.R. 654, 656, citado por el propio apelante. Y al resolver este tribunal que el hecho de que el interventor pueda hacer uso del remedio de tercería no es óbice para el ejercicio de su derecho de intervención, no erró, sino que siguió la interpretación que al artículo 72 se le ha dado en California, de donde se tomó ese precepto legal, y donde, al igual que en el Estado de Idaho (Art. 4111, Revised Codes) —que también lo tomó de California — , se ha resuelto que el hecho de que el interventor tenga algún otro remedio adecuado para la protección de su derecho no es óbice para que pueda recurrir al remedio de intervención. Coffey v. Greenfield, 55 Cal. 382; Bogue v. Roeth (Cal.) 276 P. 1071; Elms v. Elms, 52 P. (2) 223; 20 Cal. Jur. 521; y Potlach Lumber Co. v. Runkel, 16 Idaho 192, anotado en 23 A.L.R. (N.S.) 536.

En el tercer y cuarto señalamientos de error se alega que la sentencia es contraria a derecho y a la prueba y que la corte erró al admitir en evidencia el contrato de 3 de diciembre de 1937 celebrado por la General Cigar Co., Inc. y el Lie. Henry G. Molina, autorizado por affidavit núm. 2420 ante el Notario Baúl Benedicto.

Argumentando el tercer error, se dice que la sentencia es contraria a derecho porque no han sido oídas todas las partes, refiriéndose a Santiago Iglesias, y que es contraria a la prueba porque el embargo fué trabado el 3 de agosto de 1938 y no aparece de la prueba que con anterioridad a esa fecha Henry G. Molina tuviese título alguno que deter-minara que la finca embargada era de su exclusiva propiedad. Nada tenemos que agregar a lo dicho con respecto a la falta de notificación a Iglesias. Es verdad que la cesión de los créditos hipotecarios a favor de Molina no se hizo por escri-tura pública, pero ello no es óbice para que él adquiriese título sobre dichos créditos. “'Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado sino también a todas sus consecuencias que según su naturaleza sean confor-mes a la buena fe, al uso y a la ley,” prescribe el artículo 1210 de nuestro Código Civil. Concedemos que “la cesión de un crédito, derecho o acción,” conforme dispone el artículo 1416 del Código Civil (ed. 1930), “no surtirá efecto contra tercero ... si se refiere a un inmueble, sino desde la fecha de su inscripción.en el registro.” Pero ¿acaso puede Her-nández Pérez alegar la condición de tercero en este caso? Se ha sostenido repetidamente por este tribunal que un acree-dor por embargo no puede perjudicar los derechos del com-prador perfeccionados con arreglo a la ley antes de trabarse el embargo aunque a la fecha de la anotación no se hubiera cumplido la formalidad de elevar dicho contrato a escritura pública. Vélez v. Camacho, 8 D.P.R. 37, 45. Véanse además Sola v. Morera, 7 D.P.R. 7; Fernández v. Márquez & Co., 3 D.P.R. 210 (2a. ed.).

Con anterioridad a la fecha del embargo, Molina, para llevar a efecto el .contrato con Contreras, había cancelado la hipoteca cedídale por General Cigar Co., Inc., pero no obs-tante, de acuerdo con lo pactado con Iglesias, Molina era el verdadero dueño de la finca, a pesar de que ésta se hallaba inscrita a nombre de Iglesias, pues conforme prescribe el artículo 1339 del Código Civil (ed. 1930), “la venta se per-feccionará entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa objeto del con-trato y en el precio, aunque ni la una ni la otra se hayan entregado.” Esta transacción la conocía Hernández.

No hay duda alguna de que si Iglesias se hubiese negado a reconocer el tituló de Molina, éste hubiese podido obligarlo a otorgar la escritura mediante la acción correspondiente, de acuerdo con el artículo 1339 del Código Civil antes citado; y si el título de Molina era válido con respecto a Iglesias, necesariamente tenía que serlo con respecto a Hernández, que por ser un mero acreedor de Iglesias no podía adquirir sobre los bienes de éste más derechos que los que tenía su deudor. Pero aparte de estas consideraciones, tampoco podía Hernández Pérez ser considerado tercero en este caso, puesto que él tenía conocimiento personal aun mucho antes de adquirir el pagaré, de los derechos que sobre la finca tenía Molina, y es elemental en esta jurisdicción que no puede considerarse tercero aquél que tiene conocimiento al adquirir el inmueble de las cargas que lo.afectaban, aunque no haya intervenido en el contrato inscrito. Váldés v. Valle, 1 D.P.R. 75; Carmona v. Cuesta, 18 D.P.R. 180.

Cuando Molina estableció su demanda de intervención, tenía, como hemos visto, el título de dueño sobre la finca, aunque dicho título no había sido elevado a escritura pública y esto le daba suficiente interés para poder presentar la demanda de intervención. Es verdad que cuando se cele-bró el juicio la finca había sido vendida a Juan Muñoz, pero no es menos cierto que en la escritura de venta se constituyó una hipoteca para garantizar un pagaré al portador por $400, entregado al Sr. Molina'según consta de la referida escritura, núm. 35 de 10 de junio de 1939 ante el Notario Santiago de la Fuente, escritura que fué presentada en evidencia por el propio apelante.

El contrato privado de 3 de diciembre de 1937 por el cual fueron cedidos los créditos hipotecarios a favor del Sr. Molina era claramente admisible en evidencia pues como hemos visto era un documento válido y no siendo Hernández Pérez tercero, no podía impugnar su validez.

Procede, por lo expuesto, desestimar el recurso y confir-mar la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor Bel Toro

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., recurrida, y Santos Jiménez, menor representado por su madre con patria potestad Andrea Gautier Félix, peticionario ante la Comisión.
    Núm. 220.

    Sometido: Marzo 31, 1941.

      Resuelto: Abril 4, 1941.

      B.on. Procurador General George A. Malcolm, E. de Aldrey, Procu-rador General Auxiliar y Víctor J. Vidal González, abogado éste del Fondo del Seg-uro del Estado, abogados del recurrente; Vir-gilio Brunet, abogado del peticionario ante la Comisión.
   El Juez Presidente Señor Bel Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn recurso de revisión interpuesto por el Admi-nistrador del Fondo del Seguro del Estado contra una reso-lución de la Comisión Industrial dictada en la apelación esta-blecida ante -ella por el menor beneficiario Santos Jiménez en el caso de la muerte del obrero Isidoro Jiménez.

Declarado compensable el caso del dicho obrero por reso-lución de la comisión confirmada por sentencia de esta corte de julio 18, 1940, 57 D.P.R. 330, volvió al administrador quien el 7 de agosto, 1940, designó beneficiario al indicado menor, fijándole una compensación de $1,975 pagadera a razón de cuarenta dólares mensuales con efecto retroactivo a la fecha de la muerte del obrero acaecida en marzo 25, 1939, debiendo verificarse los pagos hasta diciembre 17, 1940, en que el menor cumpliría diez y ocho años.

El seis de septiembre siguiente el beneficiario por su abo-gado apeló para ante la comisión manifestando que estaba conforme en que los plazos mensuales terminaran en la fecha fijada por el administrador pero no en que éste retuviera el balance de la compensación.

Al escrito proveyó la comisión así:

“Se trata ele un beneficiario, el joven Santos Jiménez, que lo es del obrero muerto en accidente del trabajo, Isidoro Jiménez, su padre, cuyo beneficiario alcanzará la edad de 18 años allá en el mes de diciembre próximo. La compensación correspondiente por la muerte de su padre, asciende a la cantidad de $1,975, la que se viene pagando a dicho beneficiario por el Administrador del Fondo del Estado en cantidades mensuales de $40. Parece que este beneficiario solicitó del Sr. Administrador del Fondo del Estado, amparándose en lo dispuesto en el párrafo 4to. del apt. 5 del art. 3, de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo en vigor, que se le pagase de una vez el montante completo de la compensación, con el fin de bacer una inversión de resultado provechoso para él, opo-niéndose a tal pretensión el Administrador e insistiendo en los pagos parciales. Es obvio que de continuarlos así, al llegar en el mes da diciembre próximo el beneficiario a la edad de 18 años, el Fondo del Seguro del Estado se beneficiará con el sobrante dejado de pagar a aquél de la compensación; y el obrero por conducto del abogado-Sr. V. Brunet, apela de esta resolución para ante esta Comisión Industrial por su escrito de 6 del próximo pasado septiembre.
“La parte de la ley a que acabamos de hacer referencia lee corno-sigue :
“ ‘Art. 3. — .
“ ‘La compensación concedida a los beneficiarios que resultaren-con derecho a recibirla, se hará efectiva por pagos parciales men-suales, y en los casos en que el administrador así lo decida se pagará, la compensación en total y de una sola vez, sujeto .a la aprobación de la Comisión Industrial por el voto unánime de sus miembros, si de los hechos investigados por el administrador o la Comisión Industrial, se probare que no hay peligro alguno de efectuar este pago y que la inversión ha de resultar provechosa al beneficiario y a los fines que persigue esta ley. En tales casos el administrador y la Comisión Industrial harán constar en su resolución el resultado de los hechos investigados, y las razones que tuvo para conceder el pago-total y de una sola vez.
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“¿Quiso decir el legislador que el Administrador del Fondo del Seguro del Estado es soberano absoluto para decidir la forma de-verificar el pago de la compensación a los beneficiarios de un obrero-muerto en accidente del trabajo, o su decisión ha de ser tomada con vista de que no 'haya peligro de efectuar el pago de una sola vez y que la inversión que se haga con el importe de la compensación que se paga en total ha de resultar provechosa al beneficiario ? Dudamos de que el legislador hubiera querido conceder al Administrador del Fondo del Estado poder tan absoluto. . . .
“De todas maneras es una cuestión no resuelta hasta ahora . . . y consideramos necesario escuchar al Fondo del Estado y a dicho beneficiario antes de resolverla definitivamente. En consecuencia or-denamos la celebración de una vista oral y pública, a cuyo efecto se señala. . . ”

Celebróse la vista ordenada. Tanto el administrador como el beneficiario tuvieron oportunidad de exponer . sus razonamientos y los expusieron ampliamente. La comisión se reafirmó en su criterio y resolvió:

“Así pues, es nuestra conclusión, que de acuerdo con esta dis-posición de la ley antes transcrita, si el beneficiario hiciera una proposición de inversión de su compensación en total al Adminis-trador del Fondo del Estado, o a la Comisión Industrial, y la in-vestigación que realizare cualquiera de estas dos entidades probara que no hay peligro alguno de efectuar el pago en tal forma, y que la inversión ha de resultar provechosa al beneficiario y a los fines que persigue esta ley, el Administrador del Fondo del Estado está obligado a conceder el pago en total, y la Comisión Industrial a aprobarlo unánimemente. . . .
- “En el caso de autos, el beneficiario, Santos Jiménez, propuso en tiempo al Sr. Administrador del Fondo del Estado invertir el total de la compensación que quedaba por pagar, en la compra de una casa; inversión ésta que prima facie parece beneficiosa para ■Jiménez, y de acuerdo con los fines de la ley. El Fondo del Estado •o la Comisión Industrial en su caso, debió investigar esta inversión y.si hubiera considerado que era beneficiosa para el peticionario, el Administrador del Fondo del Estado con la aprobación unánime de la Comisión Industrial, debió acceder a la pretensión del beneficiario. Y no importa que tal proposición del beneficiario le hubiera sido hecha dos meses o un mes antes de llegar a la edad de 18 años, puesto que su derecho a pretender tal inversión, estaba vigente hasta que llegare el día en que cesaba tal derecho; y por ende a reclamar su efectividad hasta el último momento, o sea, hasta llegar a la edad de diez y ocho años; según dice la ley.
' “Por ,1o expuesto resolvemos, que el Sr. Administrador del Fondo del Estado, está obligado a pagar el total de la compensación que corresponda al beneficiario Santos Jiménez, para ser invertida por éste en la compra de la casa, que dice; si de la investigación que practique de los hechos el Sr. Administrador del Fondo del Estado o la Comisión Industrial, se probare que no hay peligro alguno de. efectuar este pago y que la inversión propuesta ha de resultar pro-vechosa al beneficiario Santos Jiménez, y a los fines que persigue la ley.”

Pidió reconsideración el administrador y le fui negada. Acudió entonces ante este tribunal, señalando tres errores como cometidos por la comisión al dar curso a una apelación no autorizada por la ley, al invadir la facultad discrecional del administrador y al vulnerar lo dispuesto en el art. 3, inciso 5, párrafo 5 de la ley núm. 45 de 1935 (Leyes de 1935 (1) pág 251).

Al argumentar sus señalamientos de error en su alegato no sigue el administrador el orden establecido por él mismo, si que dedica páginas y páginas a discutir la cuestión de si el derecho a la compensación es o no un derecho adquirido, con cita de un buen número de decisiones que no son en verdad aplicables a la exacta solución del problema aquí en-vuelto. Ceñiremos nuestro estudio a los justos límites del caso.

Veamos si la comisión tuvo facultad para tramitar y resolver la apelación que para ante ella se interpuso. La ley a interpretar se transcribe en la primera resolución de la comisión, artículo 3, inciso 5, párrafo 4 de la Ley núm. 45 de 1935, pág. 267. No hay duda que de acuerdo con ella es al administrador al que corresponde actuar en primer término, pero tampoco la hay de que de acuerdo con ella y con el sistema puesto en práctica por la ley en general la comisión puede y debe intervenir en el asunto cuando hubiese desacuerdo entre el obrero o sus beneficiarios y el administrador, existiendo además un reglamento por virtud del cual se concede al obrero o sus beneficiarios un término de treinta días para apelar a la comisión de cualquier resolución del administrador. Y es que dentro del sistema ambos organismos — el Fondo y la Comisiór — se entrelazan y complementan a fin de asegurar la debida administración de la ley en beneficio de todas las personas y de todos los intereses envueltos. Véanse entre otros los casos de Montaner v. Comisión Industrial, 52 D.P.R. 924 y Montaner v. Comisión Industrial, 53 D.P.R. 183, 186.

Aquí el administrador actuó primero negándose a entre-gar al beneficiario en globo el balance de la compensación fijada por él mismo y el beneficiario acudió a la comisión. Siguió, pues, la norma general establecida por la ley y su reglamento. No bubo error.

¿Invadió la comisión la facultad discrecional del administrador? No la invadió, a nuestro juicio. Actuó en el ejercicio de sus propias facultades.

El administrador, en agosto 7, 1940, fijó la indemnización como sabemos en $1,975 y dispuso además que se pagaran al menor beneficiario designado cuarenta dólares mensuales con efecto retroactivo a la feeba de la muerte del obrero ocurrida en marzo 25, 1939, debiendo las mensualidades ter-minar en diciembre 17, 1940, en que el menor beneficiario cumpliría diez y ocbo años. Una simple operación aritmé-tica demuestra que cuarenta pesos mensuales pagados desde marzo 1939 basta diciembre 1940 no cubren la suma de $1,975.

Convenimos en que la mejor política a seguir en la mayo-ría de los casos es la del reparto de la compensación en pagos parciales cada mes y que cuarenta dólares mensuales fué una suma discretamente fijada. Pero no podemos convenir en que el remanente desaparezca para el beneficiario.

No es éste un caso usual. Lo corriente es que existan varios beneficiarios y entonces la compensación a repartir apenas les alcanza para satisfacer sus necesidades más peren-torias, pero por el becbo de que exista un solo beneficiario no debe dejar de pagársele la indemnización que de acuerdo con los hechos y la ley le corresponda y le fuera fijada.

El Pondo sustituye en lo posible la protección que de] obrero, de haber continuado vivo y trabajando, hubiera reci-bido el menor. Esa protección, siendo uno solo el protegido, también hubiera sido mayor que si hubieran sido varios, y no se comprendería que por el hecho de ser uno' el que depen-diera del obrero fuera éste a reducir la ayuda, calculándola a base de la que le hubiera correspondido de tener tres, cinco u ocho personas a quienes sostener. Dejemos al menor que tiene esa fortuna en medio de su desgracia, en este caso, que reciba el beneficio que le corresponde por completo. T eso fue lo resuelto por la comisión apreciando los hechos y la ley.

Además la comisión limitó su resolución al hecho básico del pago total del remanente, dejando al administrador que actuara en primera instancia en la investigación sobre la inversión segura del mismo.

Con respecto al argumento de que el beneficiario aceptó en toda su integridad la resolución del administrador de agosto 7,1940, estando en su consecuencia impedido de impug-narla, bastará decir que hemos leído el escrito de que se trata y no tiene en nuestra opinión el alcance que se le atribuye. El beneficiario por su abogado comunicó al administrador que estaba conforme con su decisión “sólo en cuanto al mon-tante de la compensación y en cuanto al montante de la pen-sión”, y eso no quiere decir que renunciara al remanente. Su solicitud casi inmediata de que el remanente se invirtiera en la compra de una pequeña casa es congruente con la acepta-ción.

Tampoco creemos que se cometiera el tercero y último de los errores señalados. A nuestro juicio la resolución de la comisión no vulnera las disposiciones legales contenidas en el párrafo quinto, inciso quinto del artículo tres del estatuto, a saber:

“Al volver a casarse la viuda o viudo los pagos parciales conce-dídosle para su beneficio cesarán por completo; y cesarán igual-mente al morir cualquiera otro de los beneficiarios a quien se estu-viere haciendo tales pag’os parciales y en casos de menores cesarán igualmente tales pagos al llegar éstos a la edad de 18 años, a menos que estuvieran incapacitados para el trabajo.”

Como ya indicamos se trata en este caso de una pequeña indemnización pero que, relativamente, era crecida en cuanto a su distribución por tratarse de un solo beneficiario. Para satisfacerla se adoptó el mejor método, o sea el de pagos mensuales, pero actuando con prudencia esos pagos no se elevaron demasiado y la suma total de los mismos hasta la época en que la ley ordena que cesen no .agotaba la com-pensación. Antes de esa época, se pidió que el remanente se invirtiera de acuerdo con la ley. Se negó el administrador. Se apeló a la comisión y ésta entendió que debía accederse. Con ello no vulneró la ley. La interpretó en su propio espí-ritu, asegurando ■ para el menor mediante el procedimiento adecuado a seguir por el administrador, todo el beneficio que la ley y los hechos le concedían.

Debe declararse el recurso sin lugar y devolverse los autos, a fin de que el administrador cumpla lo resuelto por la comisión.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Harry N. Baetjer, et als., peticionarios, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Roberto H. Todd, Jr., Juez, demandada.
    Núm. 1199.

    Sometido: Noviembre 12, 1940.

      Resuelto: Abril 4, 1941.

      Fiddler, McConnell & González, abogados de los peticionarios; Ti. Arjjona, Siaca, pro se, opositor en el caso principal; Ilon. Procura-

      dor General George A. Malcolm j Pablo Defending Subprocurador Auxiliar, abogados de El Pueblo, opositor en el caso principal; T. Torres Pérez, Asesor Legal de la Comisión de Servicio Público.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

No estando conformes con la sentencia que en abril 26 de .1940 dictamos en el presente caso (56 D.P.R. 596), los peti-cionarios solicitan su reconsideración. Las partes fueron oídas en cuanto a la procedencia de la reconsideración, soli-citada en audiencia celebrada el 12 de noviembre de 1940. „

La cuestión legal planteada por los peticionarios es la siguiente:

Los peticionarios solicitaron de la Comisión de Servicio Público una franquicia para tomar agua del río Humacao y usarla en el riego de sus plantaciones de cañas. El Pueblo de Puerto Rico se opuso a la concesión de dicha franquicia. La comisión, por el voto de su presidente y de uno de sus miembros y con el voto en contra del otro comisionado, en 20 de junio de 1939 dictó una resolución recomendando que se otorgue a los peticionarios una franquicia de acuerdo con su solicitud. Apeló El Pueblo de Puerto Rico para ante la Corte de Distrito de San Juan, la cual admitió el recurso y dictó una orden de suspensión (supersedeas) sin fianza.

La petición de certiorari radicada ante esta Corte Su-prema se basó en la alegación de que El Pueblo de Puerto Rico, como opositor a la concesión de la franquicia, no tiene derecho de apelación para ante la Corte de Distrito de Sap Juan.

Insisten los peticionarios en que las disposiciones del artículo 78 de la ‘‘Ley de Servicio Público de Puerto Rico,” Leyes de 1917, Vol. II, página 433, por las cuales se concede a cualquiera de las partes en él procedimiento .afectada por ella el derecho de apelar para ante la Corte de Distrito de San Juan contra cualquier declaración o decisión por la comisión, no son aplicables a un caso como el de autos en que se trata de una concesión para la toma de agua para fines de riego; y en apoyo de su contención citan el artículo 2 de la mencionada Ley de Servicio Público, que en lo que es pertinente lee así:

•“Son compañías ele servicio público, a los efectos de esta ley, las personas naturales o jurídicas que se dediquen en Puerto Rico a cualesquiera de los fines o negocios siguientes:
“(a) Transporte de personas o carga utilizando en todo o en parte las vías marítimas, fluviales o terrestres.
“(á) Comunicaciones telegráficas y telefónicas, ya sean alámbri-cas, inalámbricas o por cable.
“(c) Muelles de todas clases y astilleros.
“ (d) Generación de fuerza motriz de cualquier origen y con destino a cualquier fin, excepto fuerza animal.
“ (e) Alumbrado, calefacción y refrigeración.
“ (/) Acueducto, alcantarillado y construcción de sistemas de tu-berías para cualquier fin.
(g) Regadío y canales de navegación o riego.
“ (h) Cualesquiera otras que se dediquen a negocios o fines de naturaleza análoga a los enumerados anteriormente.
“Dichas compañías no estarán sujetas a las disposiciones de esta ley, en lo que respecta a cualquier negocio que hicieren o a cualquiera propiedad perteneciente a ellas fuera de Puerto Rico; ni se interpre-tarán las disposiciones de esta ley en el sentido de aplicarse a ningún asunto o cosa con respecto al cual el Congreso ha dictaminado con exclusión del poder de Puerto Rico. Ninguna de las disposiciones de esta ley será aplicable al desarrollo, transmisión, o distribución de electricidad; a la manufactura o distribución de gas; al abasteci-miento o distribución de agua; o a la producción, entrega o abas-tecimiento de vapor o de cualquier otra substancia para calefacción o fuerza motriz por un productor, que de otro modo no fuera una com-pañía de servicio público, para el uso exclusivo de dicho productor, o para el uso de los inquilinos de dicho productor, y no para la venta a otros.”

No estamos de acuerdo en absoluto con la interpretación que al artículo 2, supra, da el peticionario.

Los propósitos fundamentales de la “Ley de Servicio-Público de Puerto Rico ’ ’ aparecen así expresados en su título: “Ley definiendo las compañías de servicio público y prove-yendo lo necesario para su reglamentación; prescribiendo, definiendo, reglamentando y limitando sns derechos, faculta-des y deberes; prescribiendo y definiendo las facultades y deberes de la Comisión de Servicio Público y los de sus fun-cionarios; prescribiendo y reglamentando la práctica y el procedimiento ante dicha comisión y en apelación, y para otros fines.”

El artículo 2, supra, empieza definiendo lo que se entiende por compañía de servicio público, y continúa excluyendo de esa definición y de las disposiciones de la ley, las siguientes actividades o servicios:

(a) desarrollo, transmisión, o distribución de electricidad.
(5) manufactura o distribución de gas. v'
(c) Abastecimiento o distribtición de agua; y '
(d) producción, entrega o abastecimiento de vapor u otra subs-tancia para calefacción o fuerza motriz. y

Para que dichos servicios no puedan ser considerados como servicios públicos y las personas que desarrollan, trans-miten o distribuyen electricidad o gas o abastecen o distri-biiyen agua, calefacción o fuerza motriz no sean considerados como compañías de servicio público, es requisito indispensable que la electricidad, el gas, el agua y la fuerza motriz sean usados exclusivamente por el productor de los mismos o por sus inquilinos, y que no sean vendidos a otras perso-nas. Así, por ejemplo, el dueño de un edificio de aparta-mientos que monta una bomba o un pozo artesiano o un tanque para el abastecimiento y distribución de agua a sus inquilinos, no puede ser considerado como una “compañía de servicio público” ni obligado a cumplir con las disposiciones de la Ley de Servicio Público, primero, porque la misma ley le excluye expresamente de sus disposiciones; y, segundo, porque para la prestación de esa clase de servicios, a sí mismo o a sus inquilinos, el productor de electricidad o gas y el abastecedor y distribuidor de agua o fuerza motriz no está obligado a obtener un permiso o franquicia de la Comi-sión de Servicio Público. Por las mismas razones, una central azucarera que poseyendo una cantidad de agua la dedicase al abastecimiento de y distribución entre sus colonos, no se convertiría por ese solo hecho en una compañía de servicio público ni quedaría obligada a cumplir las obligaciones que la Ley de Servicio Público impone a dichas compañías.

Los peticionarios en el caso de autos no están dedicados al abastecimiento o distribución de agua. Ellos han acudido ante la Comisión de Servicio Público, alegando que necesitan agua para regar sus cañas y solicitando una franquicia que les permita tomar ciertas cantidades de agua del río Huma-cao “bajo los términos y condiciones que tenga a bien dictar esta Hon. Comisión.’’

Las facultades de la Comisión de Servicio Público de Puerto Eico emanan de dos fuentes distintas — la Ley Orgá-nica y la “Ley de Servicio Público de Puerto Eico.”

La Ley Orgánica, en lo que es pertinente, dispone ío siguiente:

“Artículo 38. — Toda franquicia, derecho, privilegio y concesión de carácter público o cuasi público, será otorgada por una Comisión de Servicio Público compuesta de. . . . Dicha Comisión queda fa-cultada para desempeñar, y se le ordena que desempeñe, todas las funciones ejecutivas relacionadas .con las corporaciones de servicio público que hasta ahora se han conferido por la ley al Consejo Eje-cutivo, y aquéllos deberes y funciones adicionales que se confieran a dicha Comisión por la Asamblea Legislativa.” (Itálicas nuestras.)

Como se ve, el Congreso concedió a la Comisión de Ser-vicio Público la facultad de otorgar franquicias de carácter público o cuasi público solamente; y no le concedió facultad alguna para otorgar ninguna clase de franquicias o concesio-nes para fines particulares. Pué la Asamblea Legislativa Insular — haciendo uso de la facultad concedídale por el ar-tículo 38 de la Ley Orgánica, supra, para conferir a la Comi-sión de Servicio Público deberes y funciones adicionales — la que confirió a dicha comisión la facultad adicional necesaria para poder otorgar cierta clase de franquicias para fines par-ticulares. T a ese efecto, la Ley de Servicio Público dispone:

“Artículo 52. — Concesiones que se hicieren. — La Comisión ten-drá poder para otorgar franquicias, derechos, privilegios o conce-siones para fines públicos o cuasi públicos incluyendo el derecho de usar o cruzar carreteras, caminos o cauces de agua públicos; y para otorgar franquicias, derechos, privilegios o concesiones para el apro-vechamiento de las aguas públicas para fines públicos o particulares. No estará facultada para conceder el dominio o aprovechamiento de terrenos o propiedades públicas o para otorgar franquicias, derechos, privilegios o concesiones para usos particulares, excepción hecha del aprovechamiento de aguas públicas, sin la aprobación de la Asam-blea Legislativa.” (Itálicas nuestras.)

La contención de los peticionarios de que ninguna de las disposiciones de la Ley. de Servicio Público es aplicable a un caso como el presente, en el que se solicita una franquicia para el aprovechamiento de aguas públicas para fines parti-culares, no es sostenible. Para sostenerla, tendríamos que concluir que las disposiciones del artículo 52, supra, que son las que confieren a la comisión la facultad y poder necesarios para otorgar la franquicia que interesan los peticionarios, no son aplicables, pues sólo así podríamos decidir, conforme a justicia y razón, que tampoco son aplicables las disposi-ciones del Capítulo YII (artículos 62 a 91) de la Ley de Servicio Público, que regulan la práctica y procedimientos ante la comisión y en las apelaciones contra sus órdenes o decisiones.

Es cierto que la Ley Orgánica otorgó a la Comisión de Servicio Público la facultad exclusiva de otorgar franquicias y concesiones de carácter público o cuasi público. Pero tam-bién es cierto que al no disponer nada en contrario por la Ley Orgánica, el Congreso dejó a la Asamblea Legislativa Insular plenos poderes y facultades para legislar con refe-rencia al otorgamiento de franquicias o concesiones para el aprovechamiento de aguas públicas para fines particulares. En el ejercicio de esos poderes la Asamblea Legislativa fa-cultó a la Comisión de Servicio Público para otorgar esa clase de franquicias para fines particulares, y concedió a la parte interventora agraviada por la decisión de la comisión el dere-dio de recurrir en apelación ante la Corte de Distrito de San Juan. Véanse: People of P. R. v. Shell Co., 302 U. S. 253, 263; y People of P. R. v. Rubert Hermanos, Inc., 309 U. S. 543.

Por las razones expuestas debemos resolver que no pro-cede la reconsideración solicitadla.

El Juez Asociado Sr. Todd. Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Seños De Jesús

text:
    Ana Lidia (conocida por Ana Dilia) Gutiérrez Rosa e Inés María (conocida por Inés) Gutiérrez Rosa, ésta asistida por su padre Rosendo Gutiérrez Figueroa, demandantes y apelantes, v. Félix Mauro Ginorio Igartúa, demandado y apelado.
    Núm. 8210.

    Sometido: Abril 2, 1941.

      Resuello: Abril 4, 1941.

      Isaías M. Crespo, abogado de los apelantes; Lwis Mercader, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Seños De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia que motiva esie recurso fué dictada a base de una excepción previa de falta de hechos constitutivos de causa de acción. Para determinar la suficiencia de dicha demanda, precisa que hagamos una exposición de sus alega-ciones esenciales, las que pueden resumirse así: las deman-dantes compraron una casa y solar en Arecibo por precio de $1,500, pero como el inmueble se hallaba afecto a dos hipo-tecas, la primera por la suma de $1,200 que en la fecha de la compra había sido reducida a $400 y la segunda en garan-tía de un pagaré al portador por $1,000, las demandantes sólo tuvieron que pagar la cantidad de $100, ya que se hicieron cargo de atender al pago de los dos créditos hipotecarios. El demandado Félix Mauro Grinorio era dueño de la primera hipoteca y tenedor del pagaré al portador garantizado con la segunda. Pagaron las demandantes en distintos plazos los $400 de la primera hipoteca, sin que se hubiera otorgado la correspondiente escritura de cancelación, y así las cosas, la casa, que estaba asegurada contra incendio y cuya póliza era pagadera al acreedor hipotecario Sr. Grinorio, fué des-truida por un incendio. Como el Sr. Grinorio no hiciera las gestiones necesarias para el cobro de la póliza, las deman-dantes necesitaron encomendar ese trabajo al Lie. Isaías Crespo, logrando éste que la compañía pagase al Sr. Grinorio la cantidad de $1,000 en que se estimó la pérdida sufrida. No obstante haber recibido el acreedor el pago de sus crédi-tos, dejó de otorgar la correspondiente escritura de cancela-ción, obligando así a las demandantes a instituir contra él un pleito con ese propósito, pleito que fué ganado por ellas. Se presentó entonces en la Corte Municipal ele Arecibo esta acción en reclamación de daños y perjuicios, consistentes éstos, según la demanda, en los $100 que tuvieron que satis-facer las demandantes al Sr. Isaías Crespo por los indicados servicios, y en que con motivo de la dilación en otorgarse las referidas escrituras y . . por motivos de aparecer el solar gravado con la hipoteca original de $1,200 del Sr. Grino-rio y la hipoteca de $1,000 del bono hipotecario, las deman-dantes se vieron impedidas de vender el solar a otras personas que ofrecieron comprárselo, por lo cual se les han ocasionado daños y perjuicios a las demandantes que son relativamente inapreciables, pero que razonablemente ascienden a una can-tidad de $300, cantidad que se niega el demandado a pagar a pesar de las diligencias de cobro hechas por las deman-dantes.”

Más adelante continúan alegando que vendieron el solar a Pablo Pérez por la suma de $800 y termina la demanda con s.úplica de una sentencia que condene al demandado a pagar a las demandantes la cantidad de'$400 por los indicados Con-ceptos, más las costas y gastos del litigio.

Con manifiesto error, el juez inferior aceptó en evidencia, con la anuencia de las partes, cierta prueba documental en apoyo de la excepción previa. Es elemental que una excepción previa admite los hechos correctamente alegados en la demanda, surgiendo entonces una cuestión de derecho que consiste en determinar si de la faz de la misma exclusivamente, surge una causa de acción, por lo que resulta improcedente admitir evidencia para determinar la suficiencia de una demanda. Quedando sometida la cuestión en la forma expuesta, la corte inferior declaró con lugar la excepción previa y desestimó la demanda con costas a las demandantes.

Si las dos únicas partidas de daños reclamados en la demanda, bien por su naturaleza, ya por la forma en que han sido alegadas, no son recobrables, es evidente entonces la insuficiencia de la demanda.

Consideremos en primer término la primera partida, ascendente a $100. La póliza, pagadera al Sr. Ginorio en consideración a sn interés sobre el inmueble como acreedor hipotecario, no es otra cosa que una garantía adicional que le dieron sus deudores. No aparece de la faz de la demanda que fuera obligación del Sr. Ginorio, en caso de siniestro, gestionar por su cuenta el cobro de la póliza. No resultando así, eran los deudores los obligados a practicar por su cuenta dichas gestiones, y una vez puesta la referida suma a disposición del acreedor, si la misma bastaba para el pago total de la deuda, y el acreedor se negaba a recibirla, en tal caso, podían las demandantes consignar el montante de la deuda en la corte competente y previos los trámites legales obtener la extinción de la obligación. Lo expuesto nos lleva a la conclusión de que la partida de $100 no es recobrable por las demandantes.

Pasemos ahora a la partida de $300 por concepto de daños y perjuicios por no haber podido las demandantes verificar la venta con' anterioridad a la que llevaron a efecto por precio de $800.

Hemos transcrito el párrafo noveno de la demanda, en el que aparece la alegación de esta partida de daños. Ni en dicho párrafo, ni en ningún otro, se expone el precio que hubieran las demandantes recibido en caso de efectuar la venta en aquella fecha. Sólo consta de otro párrafo que ven-dieron el solar en $800. Claro es que si el precio que hubie-ran recibido en caso de vender el solar en la primera ocasión hubiera sido superior a |800, la diferencia entre una y otra cantidad constituiría el montante de los daños por ese con-cepto; pero si por el contrario, al vender el solar en $800 recibieron ellas una cantidad superior a la que se les ofrecía en la primera ocasión, evidentemente lejos de causarles daños la tardanza del demandado en otorgar la escritura de can-celación — asumiendo que la dilación hubiera sido injustifi-cada — , les produjo beneficio.

La alegación de que “se les han ocasionado daños y per-juicios a las demandantes que son relativamente inaprecia-bles, pero que razonablemente ascienden a una, cantidad de $300”, sin exponer los hechos sobre los cuales descansa esa conclusión, no corrige el defecto de la demanda, pues cons-tituyendo ésa una mera conclusión legal, su certeza no se entiende admitida por la excepción previa, que sólo admite como ciertos los hechos correctamente alegados en la demanda. Méndez v. Serracante, 53 D.P.R. 849.

Habiéndose admitido la evidencia a que nos hemos refe-rido con la anuencia de las partes y no habiendo dicho error causado perjuicio a las apelantes, puesto que la demanda, conforme resulta de su faz, es claramente insuficiente para constituir una causa de acción, procede desestimar él recurso y confirmar la sentencia apelada.