text:
    Gladys García Rubiera, Domingo A. Corporan Suárez, Adalberto Rodríguez, Lourdes Matos, José R. Maldonado y otros, peticionarios, v. Asociación de Suscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, Puerto Rican American Ins. y otros, recurridos.

      Número: CC-2004-518

      Resuelto: 12 de julio de 2005

      Antonio J. Amadeo Murga y Wanda I. Concepción Figueroa, abogados de la parte peticionaria; Luz Nereida Carrero Muñiz y Mario Arroyo Dávila, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso tiene su génesis en una demanda en cobro de dinero, intereses y honorarios presentada, por va-rios demandantes,() contra la Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio() (la Asociación). En dicha demanda se alegó, en síntesis, que durante los años 1997 al 2000 los demandantes pagaron las primas de una póliza de seguro, bajo alguna asegura-dora privada, conocida como póliza del seguro tradicional de responsabilidad y que, de igual forma, pagaron también primas del Seguro de Responsabilidad Obligatorio creado por la Ley Núm. 94 de 20 de agosto de 1997 (26 L.P.R.A. secs. 8051-8056), según enmendada, conocida como Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor. Los demandantes alegaron que, en virtud de la Ley Núm. 94, ante, y del reglamento para la instrumentación de dicho estatuto, las compañías aseguradoras codeman-dadas tenían la obligación de devolver las primas pagadas en exceso en concepto del Seguro de Responsabilidad Obligatorio. Por tal razón, solicitaron el reembolso de la suma de dinero que representa los pagos realizados para obtener una póliza del Seguro de Responsabilidad Obligatorio.

Los demandantes presentaron la referida acción como un pleito de clase a favor de todos los consumidores que, alegadamente, han sido privados ilegalmente del reem-bolso de las cantidades pagadas por la prima del Seguro de Responsabilidad Obligatorio. Conforme a ello, el 20 de no-viembre de 2001 los demandantes le solicitaron al foro pri-mario que la acción fuese certificada como un pleito de clase. En la referida solicitud se alegó que el pleito se había instado en representación de más de doscientas mil perso-nas a quienes la Asociación no les había devuelto o reem-bolsado las primas pagadas en concepto del seguro obliga-torio, a pesar de que éstas habían cumplido con el requisito de tener una póliza tradicional. Se indicó que en el pre-sente caso se cumplían los requisitos para que la acción se certificara como un pleito de clase, a saber: que las cues-tiones de hecho y de derecho eran comunes a los miembros de la clase, que éstas predominaban sobre las cuestiones que afectaban solamente a los miembros individuales y que el remedio de la acción de clase era superior a otros medios disponibles para la adjudicación eficiente de la controversia. En virtud de lo anterior, solicitaron que el tribunal señalara una vista para determinar si procedía o no la acción como un pleito de clase.

Posteriormente, la Asociación se opuso a la referida solicitud,() sosteniendo que no procedía la certificación de la acción como un pleito de clase, ya que la parte promovente no había presentado argumentos suficientes que demostra-ran la procedencia de su reclamo. Conforme lo anterior, alegó que la parte que solicita la certificación de un pleito de clase no puede descansar en meras alegaciones, sino que tiene que demostrar el cumplimiento con los requisitos establecidos por la Regla 20 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Sostuvo que la parte demandante no había establecido, ni siquiera preliminarmente, que cumplía con los requisitos necesarios para la certificación solicitada ni había expuesto fundamentos suficientes que sustentasen la procedencia de la acción como un pleito de clase.

Así las cosas, el 19 de marzo de 2002, sin celebrar la vista solicitada, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, emitió una resolución en la que denegó la certificación del pleito como un pleito de clase. Expresó que para determinar si el pleito era de clase, le correspon-día a los promoventes demostrar que la acción cumplía con los requisitos expuestos en la Regla 20.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

El foro primario señaló que no resultaba práctico conce-der la certificación en el presente caso, ya que ello conlle-varía la necesidad de demostrar que cada miembro de la clase pagó ambos seguros y que no recibió un reembolso de la Asociación a su nombre, un cheque del Secretario de Hacienda o un crédito de su seguro privado. Determinó que, de obtenerse una sentencia favorable de índole general, y llegado el momento de ejecutar la sentencia, los miembros representados ausentes de la clase tendrían que ratificar con prueba individual su derecho a beneficiarse del pleito de clase. Por último, determinó que certificar el pleito como de clase no propendía a la eficiencia procesal.

Inconformes con tal determinación, los demandantes acudieron —vía certiorari— ante el Tribunal de Apelaciones. El 30 de abril de 2004 el referido foro emitió una resolución mediante la cual denegó la expedición del auto solicitado y confirmó, de este modo, la resolución del foro primario. Fundamentó su determinación, entre otras razones, en el hecho de que, al promover la certificación como un pleito de clase, los peticionarios habían presen-tado una escueta moción de dos páginas en la cual no ex-pusieron hechos o datos adicionales ni anunciaron prueba que demostrase que su solicitud cumplía con los requisitos pertinentes que justificaran que el pleito se certificara como de clase. Conforme lo anterior, resolvió, que estando la moción desprovista de los hechos, los datos, la evidencia o la oferta de prueba que demostrara, prima facie, que los peticionarios cumplían con los requisitos mínimos que jus-tificaran la certificación del pleito como un pleito de clase, el Tribunal de Primera Instancia no había abusado de su discreción al denegar ambas, la certificación de pleito de clase y la celebración de la vista solicitada para estos efectos.

Aún inconforme, la parte demandante recurrió —vía certiorari— ante este Tribunal. Alegó que procede revocar la resolución emitida por el tribunal apelativo intermedio debido a que dicho foro judicial incidió al

... resolver denegar la expedición del auto solicitado conclu-yendo que el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de San Juan actuó correctamente al denegar la certificación de clase, bajo el fundamento de que los demandantes no demos-traron prima facie que cumplían con los requisitos mínimos para la certificación de un pleito de clase.
... resolver que no abusó de su discreción el Tribunal de Pri-mera Instancia Sala Superior de San Juan al negarse a seña-lar, previa a su resolución de que no procedía la certificación de un pleito de clase, una vista evidenciaría a esos fines, según solicitaran los recurrentes. Petición de certiorari, págs. 18-19.

El 27 de agosto de 2004, mediante resolución a tales efectos,() le concedimos un término a la parte demandada recurrida para mostrar causa por la cual este Tribunal no debía expedir el auto solicitado, dictar sentencia revocato-ria de la resolución emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones y devolver el caso al tribunal de ins-tancia para la celebración de una vista. La parte demandada recurrida ha comparecido en cumplimiento de la mencionada resolución.

Contando con la comparecencia de ambas partes y es-tando en posición de resolver el recurso presentado, proce-demos a hacerlo.

A. Como es sabido, la acción de clase es un procedimiento que permite la representación de un nutrido grupo de personas con reclamaciones típicas basadas en los mismos hechos o cuestiones de derecho, de manera que la adjudicación tenga la extensión y la profundidad necesarias para resolver las controversias presentadas. Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650, 684 (1988); Cuadrado Carrion v. Romero Barceló, 120 D.P.R. 434, 445-446 (1988).

Este Tribunal ha señalado que la figura del pleito de clase adelanta los objetivos siguientes: (1) fomenta la economía judicial en la medida que disminuye el número de casos que deben resolver los tribunales al permitirles adjudicar de una vez todas las cuestiones comunes a varios litigios, evitando la posibilidad de reclamaciones múltiples y repetitivas; (2) permite hacer justicia a personas que de otra manera no la obtendrían, especialmente cuando las sumas individuales en controversia no son cuantiosas y, por lo tanto, las personas agraviadas no se sienten motiva-das a litigar, y (3) protege a las partes de sentencias inconsistentes. Rivera Castillo v. Municipio de San Juan, 130 D.P.R. 683, 691 (1992). Véase Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, ante, pág. 446.

Las acciones o los pleitos de clase están regulados por la Regla 20 de Procedimiento Civil, ante. La Regla 20.1 (32 L.P.R.A. Ap. III), dispone lo siguiente:

Uno o más miembros de una clase podrán demandar o ser demandados como representantes de todos los miembros de la clase solamente si: (1) la clase fuere tan numerosa que la acu-mulación de todos los miembros resultare impracticable; (2) existieren cuestiones de hecho o de derecho común a la clase; (3) las reclamaciones o defensas de los representantes fueren típicas de las reclamaciones o defensas de la clase; y (4) los representantes protegerían los intereses de la clase de manera justa y adecuada.

Sin necesidad de entrar a analizar cada uno de estos requisitos, los cuales ya han sido ampliamente discu-tidos por nuestra jurisprudencia,() reiteramos que, previo a certificar una acción como un pleito de clase, el tribunal debe cerciorarse que se cumplen con los referidos criterios de numerosidad, comunidad, tipicidad, y adecuacidad. Au-sente cualquiera de estas condiciones no procede la certificación. Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, ante, pág. 458.

Para que proceda la certificación como pleito de clase, sin embargo, no basta con el cumplimiento de los cuatro requisitos de la Regla 20.1 de Procedimiento Civil, ante, sino que, además, es necesario que se satisfaga, al menos, uno de los requisitos adicionales establecidos por la Regla 20.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Es-tos requisitos adicionales son los siguientes:

(a) la tramitación de pleitos separados por o en contra de miembros individuales de la clase crearía un riesgo de
(1) adjudicaciones inconsistentes o variadas con respecto a miembros individuales de la clase, que establecerían normas de conducta incompatibles para la parte que se opone a la clase, o
(2) adjudicaciones con respecto a miembros individuales de la clase, que para todos los fines prácticos dispondrían de los intereses de los otros miembros que no sean partes en las adjudicaciones o, empeorarían, o impedirían sustancialmente su habilidad para proteger sus intereses; o
(b) la parte que se opone a la clase ha actuado o ha rehu-sado actuar por razones aplicables a la clase en general, en forma tal que resulte apropiado conceder finalmente un reme-dio mediante interdicto o sentencia declaratoria correspon-diente con respecto a la clase en general; o
(c) el tribunal determina que las cuestiones de hechos o de derecho comunes a los miembros de la clase predominan sobre cualesquiera cuestiones que afecten solamente a miembros in-dividuales, .y que el pleito de clase es superior a otros métodps disponibles para la justa y eficiente adjudicación de la controversia. Los asuntos pertinentes para las determinacio-nes incluyen:
(1) el interés de los miembros de la clase en controlar individualmente la tramitación o defensa de pleitos separa-dos;
(2) la naturaleza y alcance de cualquier litigio relativo a la controversia ya comenzado por o en contra de miembros de la clase;
(3) la deseabilidad de concentrar o no el trámite de las reclamaciones en el foro específico;
(4) las dificultades que probablemente surgirían en la tramitación de un pleito de clase.

Hemos expresado que la determinación de si un pleito puede tramitarse como una acción de clase no puede descansar en la mera especulación y que el peso de la prueba recae en el promovente de la certificación. Véase Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, ante. De este modo, corresponde al promovente demostrar el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos por la Regla 20.1 y, además, al menos uno de los requisitos de la Regla 20.2, ante.

En cuanto a la determinación de si un pleito se tramitará como una acción de clase, la Regla 20.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que, tan pronto como sea factible, luego de la presentación de un pleito traído como pleito de clase, el tribunal determinará, mediante una orden, si se mantendrá como tal. Una orden bajo este inciso podrá ser condicional y podrá ser alterada o enmendada antes de la decisión en los méritos.

B. El texto de nuestra Regla 20 de Procedimiento Civil, ante, corresponde sustancialmente al de la Regla 23 de Procedimiento Civil federal, 28 U.S.C.A. Debido a la corre-lación entre la regla federal y la nuestra, en términos de su desarrollo y su contenido, hemos expresado que la juris-prudencia interpretativa de sta resulta altamente persuasiva. Véase Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, ante.

Al interpretar la Regla 23 de Procedimiento Civil federal, ante, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ex-presado que el tribunal debe conducir un análisis riguroso previo a la certificación de un pleito de clase. Aun cuando el tribunal de instancia tiene amplia discreción, para de-terminar si concede o no esta certificación, dicho ejercicio discrecional debe realizarse luego de examinar detenida-mente el cumplimiento de los requisitos de la Regla 23. General Telephone Co. of Southwest v. Falcon, 457 U.S. 147 (1982); Gulf Oil Co. v. Bernard, 452 U.S. 89 (1981).

El requisito de realizar un “análisis riguroso” significa que un pleito de clase no se mantiene por la mera alega-ción del promovente a los efectos de que se cumplen con los requisitos de la Regla 23, ante, sino que es el tribunal quien tiene la obligación de determinar si, en efecto, se cumple con éstos. Aunque la celebración de una vista a estos efectos no es mandatoria, para que el tribunal se en-cuentre en posición óptima de cerciorarse de que se satisfa-cen los requisitos establecidos por la referida regla, la cele-bración de ésta es conveniente. En General Telephone Co. of Southwest v. Falcon, ante, el Tribunal Supremo federal —al revocar la determinación de un tribunal apelativo en la cual se confirmaba la certificación de un pleito de clase realizada por un foro primario sin, previamente, haberse celebrado una vista— expresó que, en algunas instancias, será necesario que el tribunal “rebusque” más allá de las alegaciones antes de resolver el asunto de la certificación.

Por otro lado, en Weathers v. Peters Realty Corporation, 499 F.2d 1197 (6to Cir. 1974), se expresó que, en algunos casos, será necesario darle a las partes la oportunidad de presentar evidencia referente al asunto de la certificación. En este caso se reafirmó que la mera repetición del lenguaje de la Regla 23, ante, no era suficiente, sino que se necesita-ban unas alegaciones fácticas que indicaran que cada uno de los requisitos de la regla se cumplía. Lo anterior puede desprenderse de las alegaciones de la demanda si contiene los datos suficientes para que se satisfagan los requisitos de la referida Regla 23, pero, de ordinario, la determinación de si procede o no que se certifique el pleito de clase requiere más información de la que se provee en la demanda.

Por esta razón, resulta aconsejable y conveniente que se le brinde a las partes la oportunidad de presentar —en una vista— evidencia a favor, o en contra, del mantenimiento de la acción como pleito de clase. Esto es, la vista es en beneficio de ambas partes. La determinación que sobre ello haga el tribunal, natural y forzosamente, es discrecional.

Discreción, naturalmente, significa tener poder para decidir en una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción.” Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). Sin embargo, el adecuado ejercicio de la discreción está “inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. (Énfasis suprimido.) Íd.

Anteriormente hemos señalado las varias maneras en que se puede manifestar un abuso de discreción. Sobre este aspecto, hemos expresado que un tribunal de justicia incurre en abuso de discreción, entre otras formas y en lo pertinente:

... cuando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material impor-tante que no podía ser pasado por alto; cuando por el contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos mate-riales e importantes y descartar los irrelevantes, el juez livia-namente sopesa y calibra los mismos. (Enfasis nuestro.) Pueblo v. Ortega Santiago, ante, págs. 211-212.

Por otro lado, y como reiteradamente hemos ex-presado, en nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909, 913 (1986); Ortiz Rivera v. Agostini, 92 D.P.R. 187, 193 (1965).

HH HH HH

En el presente caso, en consecuencia, nos corresponde resolver si constituyó un abuso de discreción por parte del tribunal de instancia el denegar la certificación del pleito de clase sin celebrar una vista en la que se le diera oportu-nidad a los demandantes de presentar evidencia que de-mostrase el cumplimiento de los criterios requeridos por la Regla 20 de Procedimiento Civil, ante, y que tuviera el efecto de poner al tribunal en posición óptima de hacer la determinación de si, en efecto, éstos se cumplen o no.

Como ya indicáramos —y según correctamente expresara el tribunal de instancia— el promovente de la certificación de una acción como pleito de clase tiene el peso de la prueba de demostrar que se cumplen con los requisitos establecidos por la Regla 20 de Procedimiento Civil, ante, lo cual significa que éste tendrá que demostrar —a satisfacción del tribunal— que se cumplen con cada uno de los re-quisitos establecidos por la citada Regla 20.1 y con al menos uno de los requisitos adicionales dispuestos por la Regla 20.2, ante. Ello no releva al tribunal de su deber de realizar un análisis riguroso previo a certificar, o no, el pleito como de clase. Esto conlleva la obligación de cerciorarse de que, efec-tivamente, se cumplen con los mencionados requisitos, sin los cuales no podrá concederse la referida certificación. So-mos del criterio que, precisamente, para estos efectos fue que se solicitó la vista evidenciaría en el presente caso. Erró el foro de instancia al denegarla.

En la resolución que emitiese el tribunal de instancia, éste expresó, como único fundamento para denegar la cer-tificación, que no resultaba práctico conceder la certifica-ción en el presente caso ya que, de obtenerse una sentencia favorable de índole general y llegado el momento de ejecu-tar la sentencia, los miembros representados ausentes de la clase tendrían que ratificar con prueba individual su derecho a beneficiarse del pleito. Este fundamento —de que sería muy difícil para el tribunal determinar quiénes se beneficiarían de una sentencia en contra de las deman-dadas— no derrota, por sí solo, la posibilidad de que el presente pleito pueda ser certificado como de clase. Recor-demos que, tal y como señaláramos, uno de los propósitos principales del pleito de clase es, precisamente, acumular un gran número de personas que tengan cuestiones de he-cho o de derecho comunes de modo que, mediante una sola sentencia, se resuelvan estas cuestiones para ese número de personas.

Se desprende de la resolución emitida que el tribunal de instancia no explicó ni expuso las razones por las cuales no se cumplían con los requisitos del pleito de clase ni las razones para denegar la vista solicitada. Reiteramos que la decisión de celebrar una vista evidenciaría es un asunto discrecional. Ello no obstante, la denegatoria a esos efectos debe ser fundamentada; de lo contrario, no podría un tribunal apelativo revisar dicha determinación en forma responsable.

De la solicitud de certificación se desprende que los pe-ticionarios alegaron que la clase era numerosa, que las cuestiones de hecho y de derecho eran comunes a toda la clase, y que las cuestiones comunes prevalecían sobre las individuales. Ante estas alegaciones, el tribunal debió ha-ber celebrado una vista, ya que podía proceder la referida solicitud si se le daba a la parte promovente la oportunidad de presentar evidencia a estos efectos.

Somos del criterio, en consecuencia, que constituyó un abuso de discreción la determinación del foro de instancia de denegar la certificación sin el beneficio de la vista, ya que surge de la solicitud la probabilidad de que se cumplie-ran los requisitos de la Regla 20 de Procedimiento Civil, ante.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita.

      (1) Gladys García Rubiera, Domingo A. Corporan Suárez, Adalberto Rodríguez, Lourdes Matos, José R. Maldonado, José Pérez Caníbal, Manuel Molina Godinez, David Castro, Adalberto Avilés, Jorge Plard, Laura Plard Ocasio, Ginova Tbro Morales y Noemí Valentín Marrero.

      (2) Figuran como codemandadas: Puerto Rican American Ins. Co., Universal Ins. Co., Preferred Risk Ins. Co., National Ins. Co., Cooperativa de Seguros Múltiples, American Internacional Ins. Co., Royal & Sun Alliance Ins. Co., Caribbean Alliance Ins. Co., All State Ins. Co., y X, Y, Z Companies.

      (3) A dicha oposición se unieron las codemandadas Seguros Triple-S Inc., Caribbean Alliance Insurance Co. y Royal & Sun Alliance Ins. Co. of Puerto Rico.

      (4) Sala Especial de Verano integrada por los Jueces Asociados Señor Rebollo López, Señor Corrada Del Río, Señor Rivera Pérez y Señora Fiol Matta.

      (5) A estos efectos, véase Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 120 D.P.R. 434 (1988).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    Zoraida García Morales y otros, demandantes y recurridos, v. Iván Padró Hernández y otros, demandados y peticionarios.

      Número: CC-2004-1063

      Resuelto: 14 de julio de 2005

      Alinda Sandoval Matos, abogada de la parte peticionaria; Joaquín Peña Peña y Allan A. Peña Ríos, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Con motivo de una muerte ocasionada por un accidente, ocurrido entre dos vehículos de motor en el Km. 11.6 de la Carretera Estatal Núm. 22, el 4 de octubre de 1996 Zo~ raida García Morales —por sí y en representación de sus hijos menores de edad M.J.A. y J.A.E.G.— Esthefanny Pauline Caraballo García y Helen Peña Esteves() presen-taron ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, una demanda de daños y perjuicios contra Iván R. Padró Hernández, Efraín Benitez Morales, el Se-cretario del Departamento de Transportación y Obras Pú-blicas, la Autoridad de Carreteras y Transportación (Auto-ridad de Carreteras), General Accident Insurance Company y la Compañía de Seguros X.()

En la referida demanda se alegó, en síntesis, que el 1 de mayo de 1996, mientras Iván Esteves Peña transitaba() a velocidad moderada en horas de la mañana por la Carre-tera Núm. 22, se encontró de súbito —al llegar al Km. 11.6 en el sector Cataño— con una máquina barredora() pro-piedad de la Autoridad de Carreteras, produciéndose un fatal impacto entre ambos. Se adujo que la barredora de la Autoridad de Carreteras no tenía señal alguna —conforme a los requisitos mínimos establecidos para identificar dicha función— que advirtiese al público que se estaban llevando a cabo labores de limpieza o reparación de la carretera; alegaron, además, que esta negligencia de la Autoridad de Carreteras y de sus empleados al no tomar las medidas de seguridad necesarias —exigidas por las mejores normas de diligencia y la ley— fue lo que provocó el accidente y, en consecuencia, la muerte de Iván Esteves Peña.()

Luego de varios trámites e incidentes procesales, el 14 de octubre de 1999 la parte demandante enmendó su demanda() y presentó, a su vez, una Moción de Desisti-miento sin Perjuicio, en relación con Padró Hernández y Benitez Morales. Mediante sentencia a esos efectos, el foro primario declaró “con lugar” la referida moción.

Posteriormente, el foro de instancia —a solicitud de am-bas partes—() ordenó la bifurcación del caso. Conforme a lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia señaló una vista únicamente para determinar si la Autoridad de Ca-rreteras incurrió en negligencia en la gestión de limpieza de la autopista que se realizaba con la barredora el día del accidente objeto del pleito.

Celebradas las correspondientes vistas,() y luego de que las partes sometieran sendos proyectos de sentencia, el tribunal de instancia emitió un dictamen mediante el cual dispuso finalmente del aspecto de negligencia del caso.() A esos efectos, resolvió que —a la luz de la evidencia docu-mental y testifical recibida— el camión barredora no es-taba equipado con los aditamentos de aviso y seguridad adecuados y necesarios para llevar a cabo una operación de limpieza de carriles en una avenida de gran magnitud y densidad de tránsito, como lo es la Carretera Núm. 22. Determinó que la Autoridad de Carreteras no tenía señales efectivas para alertar a los conductores del peligro exis-tente en la carretera, ya que el reflejo solar disminuía en gran medida la efectividad del biombo que tenía colocado. En virtud de lo anterior, concluyó que la Autoridad de Ca-rreteras fue negligente —debido a su conducta y omisio-nes— y su negligencia fue la única causa del accidente que ocasionó la muerte de Esteves García.

Insatisfecha con tal determinación, el 13 de septiembre de 2004 la Autoridad de Carreteras acudió, vía recurso de apelación, ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó como único señalamiento de error que había incidido el foro pri-mario en su evaluación de la prueba presentada en la vista de negligencia al concluir que el accidente de tránsito se debió única y exclusivamente a la negligencia de la Auto-ridad de Carreteras.()

Acogido el recurso como un certiorari, por tratarse de una resolución de naturaleza interlocutoria, el 30 de sep-tiembre de 2004 el foro apelativo intermedio, mediante re-solución a esos efectos y sin discutir el error planteado, denegó el auto solicitado. Fundamentó su determinación en que de acogerse el recurso se podría causar un fraccio-namiento indebido del pleito y la dilación innecesaria para la adjudicación final sobre la cuantía de los daños. El tribunal apelativo intermedio, a esos efectos, expresó:

... [gratándose de una resolución interlocutoria, la cual no puede ser apelada por no ser final y ejecutable, el peticionario ... deberá esperar que se resuelva el aspecto de la cuantía de daños para poderla revisar. Nuestra intervención en esta etapa del proceso, como dispone la jurisprudencia, sería a des-tiempo pues de no probarse los daños por la parte demandante aquí recurrida, se convertiría en “ilusoria” la adjudicación [de] daños, ya sea por transacción o en los méritos, entonces la sentencia emitida por el tribunal de instancia será final, eje-cutable y apelable. Apéndice, pág. 761.

Inconforme con tal determinación, el 15 de noviembre de 2004 la parte demandada recurrió oportunamente ante este Tribunal —vía certiorari— imputándole al foro apela-tivo intermedio, en síntesis y en lo pertinente, haber errado al denegar el recurso de certiorari presentado por el fundamento de que, intervenir en esta etapa de los proce-dimientos, dilataría innecesariamente la resolución final del pleito.

Atendida la petición de certiorari, le concedimos veinte días a la parte demandante recurrida para mostrar causa por la cual este Tribunal no debía expedir el auto solicitado y dictar sentencia revocatoria de la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones. Contando con la comparecencia de las partes y estando en condiciones de resolver el re-curso, procedemos a hacerlo. Revocamos', veamos por qué.

i — <

Como es sabido, la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill,() define el término “sentencia” como “cualquier determinación del tribunal que resuelva finalmente la cuestión litigiosa”. U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 D.P.R. 962, 967 (2000). Véanse: Román v. K-mart Corp., 151 D.P.R. 731, 739 (2000); Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 838 (1999); De Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., 145 D.P.R. 899, 903 (1998). Es decir, es aquella determinación que “pone fin a la controversia existente entre las partes mediante una adjudicación final”. U.S. Fire Ins. v. A.E.E., ante, pág. 967. Véanse: Román et al. v. K-mart Corp. et al., ante, pág. 739; Rodríguez v. Tribl. Mpal., 74 D.P.R. 656, 664 (1953).

A tono con lo anterior, este Tribunal ha indicado que “ ‘[ulna sentencia es final o definitiva cuando resuelve el caso en sus méritos y termina el litigio entre las partes, en forma tal que no queda pendiente nada más que la ejecución de la sentencia’ ”. Feliberty v. Soc. de Gananciales, ante, pág. 838, citando a Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 655 (1987). Véanse: Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20 (1986); Cortés Román v. E.L.A., 106 D.P.R. 504, 509 (1977); Dalmau v. Quiñones, 78 D.P.R. 551, 556 (1955). Véanse, además: J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. II, pág. 680; H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, pág. 351.

Por otro lado, este Tribunal ha definido el término “resolución” como aquel dictamen que “pone fin a un incidente dentro del proceso judicial”. U.S. Fire Ins. v. A.E.E., ante, pág. 967. Véanse: Román et al. v. K-mart Corp. et al., ante, pág. 739; De Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., ante, pág. 904; Rodríguez v. Tribl. Mpal., ante, pág. 664. Véanse, además: Cuevas Segarra, op. cit., pág. 682; Sánchez Martínez, op. cit., pág. 351. Dicho de otra manera, la resolución es aquella “decisión en la cual se adjudica un incidente respecto al procedimiento o a los derechos y obligaciones de algún litigante o en cuanto a algún aspecto de la reclamación o reclamaciones que se dilucidan en el proceso, bien sea antes o ya sea después de dictarse la sentencia”. Sánchez Martínez, op. cit., pág. 351.

Conforme a lo anterior, este Tribunal ha indicado, respecto a la interrelación existente entre una resolución y una sentencia, que, específicamente, “[n]inguna de las dos constituyen un término genérico dentro del cual pueda entenderse comprendida la otra”. U.S. Fire Ins. v. A.E.E., ante, pág. 967. Véanse: De Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., ante, pág. 904; Rodríguez v. Tribl. Mpal., ante, pág. 664. De este modo, hemos reiterado que existe una "dife-rencia conceptual categórica” entre una sentencia y una resolución.() U.S. Fire Ins. v. A.E.E., ante, pág. 967; De Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., ante, pág. 904; Rodríguez v. Tribl. Mpal., ante, pág. 664.

En virtud de lo anterior, "[n]o es el nombre lo que determina si tal dictamen es una resolución o es una sentencia. Un dictamen judicial puede titularse sentencia y ser realmente una resolución y viceversa”. (Enfasis suprimido.) Sánchez Martínez, op. cit., págs. 351-352. A esos efectos, este Tribunal ha señalado que “si un tribunal dicta una resolución, pero ésta verdaderamente pone fin a todas las controversias entre las partes, se constituye en una sentencia final de la cual puede interponerse recurso de apelación”. U.S. Fire Ins. v. A.E.E., ante, pág. 967. Véanse: Román et al. v. K-mart Corp. et al., ante, pág. 739; De Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., ante, pág. 903. Véanse, además: Cuevas Segarra, op. cit., págs. 679-680; Sánchez Martínez, op. cit., págs. 351-352.

De igual forma, si el tribunal dicta una sentencia parcial que no cumple con los requisitos de la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III,() la sen-tencia dictada por no ser final no es apelable, sino que es una resolución que sólo puede ser revisada mediante un recurso de certiorari.

Específicamente, este Tribunal ha aclarado que cuando un tribunal bifurca una acción de daños y perjuicios, y fracciona los elementos básicos de negligencia y daños, aunque disponga del primer aspecto (la negligencia) no se resuelve de forma definitiva la cuestión litigiosa de la cual pueda apelarse. Por tal razón, el referido dictamen es “de carácter interlocutorio [que] no es final por no ser aún ejecutable”. U.S. Fire Ins. v. A.E.E., ante, pág. 968. Véase Díaz v. Navieras de P.R., 118 D.P.R. 297, 301-302 (1987). En virtud de lo anterior, el dictamen relativo al aspecto de negligencia, por no ser final, no es apelable; es una resolución que sólo puede ser revisada mediante un recurso de certiorari.

HH HH

Por otra parte, el auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999). Se trata de un recurso extraordinario en el que se solicita que este Tribunal ejerza su discreción para corregir un error cometido por el Tribunal de Primera Instancia. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79 (2001). Distinto a los recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional. Es decir, descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no el auto solicitado. Véase Sánchez Martínez, op. cit., pág. 560.

Específicamente, este Tribunal ha definido “discreción” como el “poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). Es decir, “ ‘[discreción es, pues, una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una con-clusión justiciera (Énfasis suprimido.) Pueblo v. Ortega Santiago, ante, pág. 211, citando a Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).

Sin embargo, la aludida discreción del foro apelativo no es absoluta, ya que como hemos indicado el mencionado concepto “no significa poder para actuar en orna forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de discreción”.() Negrón v. Srio. de Justicia, ante. Véanse: Pueblo v. Ortega Santiago, ante, pág. 211; Pueblo v. Sánchez González, ante, pág. 200. Esto es así, ya que “el adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. (Énfasis suprimido.) Pueblo v. Ortega Santiago, ante, pág. 211. Véase Pueblo v. Sánchez González, ante, pág. 200.

En virtud de lo anterior, y con el fin de que el Tribunal de Apelaciones pueda ejercer de forma sabia y prudente su facultad discrecional de atender o no los méritos de los asuntos que le son planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de ese Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, señala los criterios que debe tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari.() Negrón v. Srio. de Justicia, ante. La referida regla dispone lo siguiente:

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema.
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y ma-nifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Pri-mera Instancia.
(D) Si el asunto planteado exige consideración más dete-nida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración.
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio.
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

Vale la pena destacar que la acción de un tribunal de apelaciones, denegatoria de un auto de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión planteada, por lo cual puede ser reproducido nuevamente mediante el correspondiente recurso de apelación. Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 D.P.R. 749, 755-756 (1992). En consecuencia, la parte afectada por la decisión que finalmente tome el Tribunal de Primera Instancia, no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez se resuelva el pleito. Íd.

H-[ 1-H HH

La parte peticionaria alega que incidió el Tribunal de Apelaciones al denegar la expedición del recurso de certio-rari en el presente caso por el fundamento de que interve-nir en esa etapa de los procedimientos dilataría innecesa-riamente la resolución final del pleito. Le asiste la razón; veamos por qué.

En el presente caso se bifurcó el pleito de daños y per-juicios para que se adjudicara primeramente la negligencia y luego los daños. Luego de una vista de negligencia que se extendió por 19 días, el foro primario determinó que la ne-gligencia de la Autoridad de Carreteras fue la única causa del accidente que le ocasionó la muerte a Esteves Peña.

Inconforme con tal determinación, la Autoridad de Ca-rreteras acudió, vía recurso de apelación, ante el Tribunal de Apelaciones. Correctamente dicho foro acogió el recurso de apelación como recurso de certiorari', esto en virtud de que, como mencionamos anteriormente, se trata de la revi-sión de una resolución interlocutoria.

Inexplicablemente, sin embargo, el foro apelativo inter-medio se negó a expedir el auto. No hay duda de que dicho dictamen no podía ser apelado por no ser una sentencia final y ejecutable; sin embargo, esto no significa que dicho foro apelativo intermedio estuviese incapacitado para revi-sar dicha resolución mediante el auto de certiorari.

Sorprende que el foro apelativo intermedio considerara que entrar en los méritos del recurso equivaldría a un frac-cionamiento indebido y a una dilación innecesaria para la adjudicación final sobre la cuantía de los daños, y que ex-pedir el auto en esa etapa del proceso era incurrir en un acto a destiempo, pues de no probarse los daños por la parte demandante recurrida, se convertiría en “ilusoria” la adjudicación sobre negligencia que hizo el tribunal.

Resulta increíble que el foro apelativo intermedio con-cluyera que no debía expedir el auto —en un caso donde acuden al tribunal una viuda, una madre que perdió a su único hijo y unos niños que se quedaron sin padre— debido a que existe la posibilidad de que la parte demandante no pueda probar daños. ¿Puede concluirse que la muerte de un ser humano no le causa daño alguno a su esposa, a sus hijos y a su madre?

Reconocemos que dicho foro tiene amplia discreción para determinar qué recurso expedir. Sin embargo, enfati-zamos que dicha discreción no es absoluta e ilimitada. No hay duda que erró el Tribunal de Apelaciones al no expedir el auto solicitado ya que, contrario a lo resuelto, ese era el momento más oportuno para examinar la determinación que sobre la negligencia hiciera el foro de instancia. Dicha revisión promueve la economía procesal debido a que, tal vez, la disposición del recurso haría innecesaria la ulterior determinación de daños si el foro apelativo intermedio en-tendiera que la Autoridad de Carreteras no fue negligente, o podría promover, en última instancia, que las partes lle-garan a un acuerdo transaccional, de confirmarse al foro de instancia sobre el aspecto de negligencia.

Estamos convencidos, en fin, de que expedir el auto so-licitado en el presente caso no causa un fraccionamiento indebido de éste, no se afecta el desarrollo normal del liti-gio ni se demora su pronta solución; todo lo contrario. Con-forme a lo anterior, resulta forzoso concluir que el foro ape-lativo intermedio abusó de su discreción al resolver de forma contraria a derecho y no sopesar los factores antes detallados.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

      (1) Los codemandantes recurridos son la esposa, los hijos, la hija de crianza y la madre del occiso, respectivamente.

      (2) Alguna de estas últimas codemandadas tenía una póliza de seguros expedida a favor de la Autoridad de Carreteras y Transportación (Autoridad de Carreteras) para cubrir daños como los que se alegaban en la demanda.

      (3) Al momento del accidente, Esteves Peña conducía un Ford Van, modelo Eco-noline, tablilla 361-957, propiedad de Federal Express, Corp.

      (4) La barredora de la Autoridad de Carreteras —conducida al momento de los hechos por Padró Hernández— era un camión Ford 1992, modelo 7000, tablilla 461— 138.

      (5) En virtud de lo anterior, los codemandantes solicitaron que los codemanda-dos pagaran solidariamente la suma de $2,400,000 como pago, entre otras cosas, de los sufrimientos experimentados por el occiso a causa del terrible dolor que sintió luego del accidente y antes de morir, los ingresos dejados de percibir por el occiso, los daños sufridos por su madre por la pérdida de su único hijo, y la falta de afecto y compañía.

      (6) La demanda se enmendó para sustituir a Helen Peña Esteves —por haber fallecido—por sus herederos M.J.A.G. y J.A.E.G. El foro primario concedió la refe-rida solicitud.

      (7) Las partes acordaron que sería conveniente celebrar unas vistas separadas para que el Tribunal de Primera Instancia determinara a través de la prueba la negligencia, si alguna, de las partes involucradas en el accidente con el propósito de mover a una posible transacción. Luego, si fuera necesario y no se llegara a un acuerdo, se procedería entonces con otra vista para desfilar la evidencia relacionada con los daños alegados por la reclamante.

      (8) Las vistas sobre negligencia se celebraron los días 23 de febrero de 2000; 16-24 de octubre de 2000; 22, 24, 25 y 28 de enero de 2002; 22-24 de enero de 2003; 17, 19, 21, 24 de marzo de 2003, y 7 y 8 de julio de 2003.

      (9) El dictamen fue titulado Relación del Caso, Determinaciones de Hechos, Conclusiones de Derecho y Sentencia sobre la Negligencia. Éste fue emitido el 10 de mayo de 2004 y notificado el 14 de junio de 2004. Vale la pena destacar que el volante de notificación utilizado fue el reservado para la notificación de sentencias, mediante el cual se apercibe a las partes sobre el derecho a instar un recurso de apelación. „

      (10) Se alegó, específicamente, que el accidente ocurrió debido, únicamente, a que Esteves conducía ilegalmente y a exceso de velocidad, se cambió del centro del carril al de la izquierda precipitadamente y sin examinar las condiciones del carril hacia el cual se dirigía, lo cual no reflejó un comportamiento prudente y razonable. Se alegó, además, que el conducir a exceso de velocidad fue lo que impidió que Este-ves Peña tuviera el pleno dominio de su vehículo de manera que pudiera reaccionar a tiempo y evitar el accidente tan pronto se percata de la situación peligrosa en la cual expuso su seguridad y vida, así como la de los demás. Se adujo que, debido a ello, no logró frenar por completo su vehículo para impedir el choque ni regresar al carril del centro, ya que había alcanzado el vehículo que se encontraba al frente suyo en el carril del centro. En virtud de lo anterior, se indicó que ningún artefacto de advertencia hubiese sido efectivo para evitar el accidente. Por último, alegaron que las actuaciones de Esteves no podían ser previstas por la Autoridad de Carreteras, y que por tal razón no podía imponérsele responsabilidad ya que únicamente respon-día si hubiese violado el deber de previsibilidad conforme al Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141.

      (11) La Regla 43.1 (32 L.P.R.A. Ap. III) dispone lo siguiente:
      “Según se usa en estas reglas, el término ‘sentencia’ incluye cualquier determi-nación del Tribunal de Primera Instancia que resuelva finalmente la cuestión liti-giosa de la cual pueda apelarse.
      “El término ‘sentencia’, cuando es dictada por un tribunal de apelación, se re-fiere a la determinación final de ese tribunal en cuanto a la apelación ante sí o en cuanto al recurso discrecional en el cual el tribunal de apelación ha expedido el auto solicitado. La determinación final del tribunal de apelación cuando éste deniega dis-crecionalmente el auto solicitado se denomina ‘resolución’. La determinación final del tribunal de apelación cuando éste desestima por cualquier causa o archiva por desistimiento un recurso de apelación, se denomina ‘sentencia’.”

      (12) Existe entre ambas además, una diferencia en la práctica seguida para la notificación. Cuando se trata de una resolución, el tribunal notifica a las partes sin advertirles de su derecho a apelación. Cuando se trata de una sentencia, el secretario le notifica a las partes sobre la adjudicación final, su derecho a apelar y la fecha exacta del archivo de dicha notificación en los autos, que es la que determina desde cuándo empieza a transcurrir el termino para apelar. U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 D.P.R. 962, 967 (2000); De Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., 145 D.P.R. 899, 904 (1998); Rodríguez v. Tribl. Mpal., 74 D.P.R. 656, 664 (1953).

      (13) La referida Regla 43.5 (32 L.P.R.A. Ap. III) establece el mecanismo procesal que tienen a su disposición los tribunales cuando en un pleito de múltiples reclama-ciones o múltiples partes se dicta sentencia para adjudicar menos del total de las reclamaciones o de los derechos o las obligaciones de menos de la totalidad de las partes. Es decir, esta regla permite darle finalidad a una sentencia parcial que úni-camente resuelva los derechos de una de las partes en un pleito. U.S. Fire Ins. v. A.E.E., ante, pág. 968; Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20 (1986).

      (14) Este Tribunal ha expresado que un tribunal de justicia incurre en abuso de discreción, entre otras y en lo pertinente, “cuando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el juez livianamente sopesa y calibra los mismos”. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211-212 (1990).

      (15) Vale la pena destacar que ninguno de los criterios antes expuestos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, es determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no constituye una lista exhaustiva. H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, pág. 560.


text:
      In re Extensión de Términos por Motivo del 26 de Julio de 2005.

      Número: EM-2005-05

      Resuelto: 20 de julio de 2005
    Sala de Verano integrada por el Juez Asociado Señor Rebollo López, como su Presidente, y las Juezas Asociadas Señora Fiol Matta y Señora Rodríguez Rodríguez.
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente Interino, Hon. Francisco Rebollo Ló-pez, ha concedido a los empleados y funcionarios de la Rama Judicial el día martes, 26 de julio de 2005, libre con cargo a vacaciones.

A tales efectos, y en virtud de nuestra facultad para reglamentar los procedimientos judiciales, al computar los términos dispuestos en las distintas leyes y reglas aplica-bles a los procedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A. sees. 72 y 73) y se considerará el martes, 26 de julio de 2005, como si fuera un día feriado completo. Cualquier término por vencer ese día se extenderá hasta el jueves, 28 de julio de 2005, próximo día laborable.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Heriberto García Parra, peticionario.

      Número: CC-2004-361

      Resuelto: 29 de julio de 2005

      Wanda T Castro, abogada de la parte peticionaria; Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde examinar si, en conformidad con la Re-gla 180(e) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, un tribunal puede disponer que una sentencia ha de cum-plirse consecutivamente con otra que todavía no ha sido dictada. Confirmamos por entender que para la imposición obligatoria de sentencias consecutivas en virtud de la Re-gla 180(e), supra, lo determinante es si el delito fue come-tido mientras el acusado se encontraba bajo fianza y no el orden en que fueron dictadas las respectivas sentencias.

El Ministerio Público presentó cinco acusaciones contra el Sr. Heriberto García Parra (señor García Parra) en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (Sala de Ponce) por los delitos de secuestro, tentativa de violación, actos lascivos e impúdicos, agresión agravada grave y una infracción al Art. 4 de la entonces vigente Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sec. 414. Luego de que se le encontró causa probable para arresto, el señor García Parra prestó la fianza que se le impuso, quedando así en libertad provisional hasta la celebración del juicio.

Algunos meses después, por hechos ocurridos mientras disfrutaba de libertad bajo fianza, el señor García Parra fue imputado de nuevos delitos de secuestro y violación, esta vez en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (Sala de Carolina).

Estando pendiente el primer proceso penal, la Sala de Carolina dictó sentencia contra el señor García Parra, de-clarándolo culpable de los hechos imputados en el segundo. Este fue sentenciado a cuarenta y cincuenta años de reclu-sión por los delitos de secuestro y violación, respectiva-mente, a cumplirse concurrentemente. Nada se dispuso en cuanto a la naturaleza concurrente o consecutiva de esta sentencia en relación con la que en su día pudiera dictar la Sala de Ponce.

Casi tres años más tarde, culminó el primer proceso penal iniciado contra el señor García Parra. Este fue decla-rado culpable y se le sentenció a cuarenta años de prisión por el delito de secuestro a cumplirse concurrentemente con las penas impuestas por los delitos de tentativa de vio-lación, actos lascivos e impúdicos, agresión agravada grave e infracción al Art. 4 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra. La Sala de Ponce no expresó si dichas penas serían cumplidas concurrente o consecutivamente con cuales-quiera otros términos de prisión que estuviera cumpliendo el acusado.

Poco tiempo después de que la Sala de Ponce dictara sentencia, la Administración de Corrección presentó ante la Sala de Carolina una moción al amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II (Regla 185).() Solicitó, en esencia, que se enmendaran las senten-cias impuestas por dicha Sala al señor García Parra para que se cumplieran de forma consecutiva con las emitidas por la Sala de Ponce. Alegó que, en conformidad con la Regla 180(e) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II() (Regla 180(e)), la sentencia dictada por la Sala de Carolina no podía ser cumplida concurrentemente con la sen-tencia emitida posteriormente por la Sala de Ponce. Esto porque los delitos enjuiciados en la Sala de Carolina fueron cometidos mientras el señor García Parra estaba libre bajo fianza. Posteriormente, el Ministerio Público se unió a dicha solicitud.

Oportunamente, la defensa se opuso y adujo que la sen-tencia emitida por la Sala de Carolina era totalmente legal, por lo que no procedía que se enmendara. Argumentó que el tribunal sentenciador actuó correctamente pues, al no existir otro dictamen judicial al momento de emitirse dicha sentencia, no podía disponerse su consecutividad con una sentencia futura cuya existencia era incierta.

Luego del examen de rigor, la Sala de Carolina acogió el planteamiento del Ministerio Público y procedió a enmen-dar las sentencias impuestas al señor García Parra para que fueran cumplidas consecutivamente con las impuestas por la Sala de Ponce. De este dictamen la defensa acudió al Tribunal de Apelaciones. Dicho foro confirmó la actuación del tribunal de instancia. Señaló que lo esencial en este caso es que el señor García Parra cometió los delitos mien-tras estaba bajo fianza por un delito previo y no la fecha en que fue sentenciado.

Inconforme, el señor García Parra acude ante nos cues-tionando el dictamen del foro apelativo. Reitera su argu-mento de que las sentencias dictadas originalmente por la Sala de Carolina eran válidas y que, por lo tanto, no pro-cedía la enmienda solicitada por el Ministerio Público. Luego de expedir el auto solicitado y examinar las compa-recencias de las partes, procedemos a resolver.

A. Para expresarnos sobre la temática que nos con-cierne, es necesario aclarar el significado y alcance de las Reglas 179 y 180(e) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

La Regla 179, supra, preceptúa que cuando el tribunal omita determinar que las sentencias habrán de cumplirse de forma consecutiva, la sentencia impuesta habrá de cumplirse concurrentemente con cualquier otra. La consecuencia de la referida regla es que, como regla general, el tribunal tiene discreción para establecer si las sentencias se cumplirán consecutiva o concurrentemente.

Sin embargo, la Regla 180 contiene una serie de circunstancias en las que el juez tiene la obligación de establecer que la sentencia impuesta se cumplirá consecutivamente con otra que esté cumpliendo el acusado.

Dicha regla dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

No podrán cumplirse concurrentemente los términos de pri-sión que deban imponerse en los siguientes casos:
(e) Cuando el reo fuere sentenciado por delito cometido mientras estuviere bajo fianza. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 180.

El historial de la Ley Núm. 106 de 4 de junio de 1980 revela que la intención legislativa al añadir el inciso (e) a la Regla 180 fue la de disuadir a futuros ofensores de co-meter delitos mientras se encuentran disfrutando de liber-tad provisional bajo fianza. Por tal razón, en la Exposición de Motivos de dicha ley, la Asamblea Legislativa expresó que

[l]a presente medida tiene el propósito de adicionar el inciso (e) a los términos de sentencia que no podrán cumplirse con-currentemente .... Entendemos que la medida aquí propuesta, por su efecto disuasivo en cuanto a la comisión de delito o delitos bajo la situación antes expuesta [mientras el acusado está libre bajo fianza] habrá de resultar en una mejor aplica-ción de la justicia en nuestro sistema. (Énfasis suplido.) 1980 Leyes de Puerto Rico 367.

En Pueblo v. Casanova Cruz, 117 D.P.R. 784 (1986), tuvimos la oportunidad de expresarnos sobre el alcance de la referida regla. En ese caso, el acusado fue encontrado culpable y sentenciado en el foro estatal por el delito de apro-piación ilegal agravada. Mientras se encontraba bajo fianza por el anterior delito, el acusado cometió el delito de conspiración, por el cual fue posteriormente encontrado culpable en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. El Tribunal Superior alteró la sentencia emitida por el delito que dio lugar a la fianza para impo-nerla de forma consecutiva con la dictada por el foro federal. El acusado cuestionó la jurisdicción y autoridad del tribunal para tomar dicha determinación.

Al revocar al Tribunal Superior, reconocimos que la única sentencia que obligatoriamente tiene que ser impuesta de forma consecutiva a otra es la que se emite por los delitos cometidos mientras el acusado estaba bajo fianza. Resolver lo contrario equivaldría a invertir la norma establecida por la referida Regla 180(e), pues le imprimiríamos carácter consecutivo a la sentencia que fue dictada por los delitos iniciales y no a aquella que fue im-puesta por los delitos cometidos mientras el acusado se encontraba bajo fianza. Pueblo v. Casanova Cruz, supra, pág. 787. Según se ha comentado sobre este caso:

Es inaplicable la Regla 180(e), pues el delito de apropiación ilegal por el cual fue sentenciado localmente el acusado no fue cometido mientras éste se hallaba en libertad bajo fianza. (En-fasis suplido.) E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 560.

El caso Pueblo v. Casanova Cruz, supra, presentaba la ulterior complicación de que la sentencia por los delitos cometidos mientras el acusado estaba bajo fianza fue dic-tada por el tribunal federal. En ese contexto, expresamos que, siendo los delitos federales los que fueron cometidos mientras el acusado estaba bajo fianza, “no tenemos auto-ridad para exigir [al Tribunal Federal] que otorgue a su sentencia efectos consecutivos a la nuestra en lugar de concurrentes”. Íd., pág. 788. Es decir, reconocimos que en nuestra jurisdicción sólo existía una sentencia y que, al no existir otra sentencia dictada por los foros locales, la cues-tión de disponer de la consecutividad de la sentencia emitida “no es de nuestra competencia”. Íd., pág. 789.

Un año más tarde tuvimos la oportunidad de aclarar la norma antes expuesta en el caso Pueblo v. Valentín Rivera, 119 D.P.R. 281 (1987). En este caso el acusado cometió una serie de delitos mientras se encontraba en libertad bajo fianza. La defensa solicitó que se consolidaran todos los casos y el acusado se declaró culpable tanto de los delitos que dieron lugar a la fianza como de los delitos cometidos mientras disfrutaba de la libertad bajo fianza. Se solicitó al Tribunal Superior que dispusiera que la sentencia por los delitos cometidos mientras estaba bajo fianza se cumpliría consecutivamente con la de los delitos que dieron lugar a la imposición de la fianza. El Tribunal Superior se negó por entender que nuestra decisión en Pueblo v. Casanova Cruz, supra, se lo impedía. Interpretó que esa decisión exigía una “primera sentencia” a la cual se le pudiera imponer de forma consecutiva una “segunda sentencia”. Según su cri-terio, dicho requisito estaba ausente en este caso, pues se dictaron todas las sentencias simultáneamente en un mismo acto o pronunciamiento y, por ende, no existía una “sentencia previa” a la cual se le pudiera imponer otra de forma consecutiva.

Al revocar al Tribunal Superior reconocimos que el hecho de que las sentencias sean dictadas en un mismo día y acto “no afect[a] la realidad fáctica de que lo realmente importante son las fechas en que se cometieron los delitos graves y si [el acusado] estaba en libertad bajo palabra o bajo fianza”. (Enfasis suplido y en el original.) Pueblo v. Valentín Rivera, supra, pág. 285. Una vez el acusado acepta su culpabilidad por los delitos cometidos bajo fianza, el tribunal está obligado a imponerle esa sentencia de forma consecutiva con cualquier otra aunque no exista una “primera sentencia” a la cual imponer una “segunda sentencia” de forma consecutiva.

En esa ocasión, aprovechamos la oportunidad para aclarar el verdadero alcance de nuestras expresiones en Pueblo v. Casanova Cruz, supra, sobre la importancia del orden temporal de las sentencias. Ahí dijimos lo siguiente:

El alcance verdadero de estos pronunciamientos debe exami-narse a la luz del contexto fáctico peculiar allí presente. Bajo esta óptica, la única norma racional y razonable que decisoria-mente aflora es que, obviamente, para que una sentencia sea consecutiva tiene siempre que haber otra. Y en Pueblo v. Casanova Cruz, supra, sólo existía una (1) dictada en nuestra juris-dicción, pues la otra fue posteriormente emitida por el foro federal. (Enfasis suplido.) Pueblo v. Valentín Rivera, supra, págs. 284-285.

En fin, según señalamos en Pueblo v. Valentín Rivera, supra, nuestra decisión en Pueblo v. Casanova Cruz, supra, sólo implica que para imponer un término de reclusión consecutivamente con otro es necesario que existan dos sentencias. Señalamos, además, que lo verdadera-mente importante era si el acusado estaba bajo fianza mientras cometió el delito y no las fechas en que se impu-sieron las sentencias.

En Pueblo v. Valentín Rivera, supra, nos expresamos acerca de cómo aplicar la Regla 180(e) cuando la sentencia por los delitos que dieron lugar a la fianza fue dictada en el mismo tiempo y acto que la sentencia por los delitos come-tidos mientras el acusado estaba bajo fianza. Sin embargo, en el pasado no habíamos tenido la oportunidad de aclarar cuál debe ser la norma cuando la sentencia por los delitos cometidos mientras el acusado se encuentra bajo fianza es emitida antes que la sentencia por los delitos que dieron lugar a la fianza.

No obstante, existen ciertos pronunciamientos en la es-fera federal que, a modo ilustrativo, nos ayudan a aclarar esta controversia. Así, hace más de cien años, en Blitz v. United States, 153 U.S. 308, 318 (1894), el Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló la práctica de imponer una sentencia consecutiva con otra aun cuando el contenido es-pecífico de esta segunda sentencia era todavía incierto. Más recientemente, en un caso similar al de autos, el Tribunal de Apelaciones para el décimo circuito expresó:

In his brief Anderson contends that no court has the authority to impose a sentence consecutive to something that does not exist. A sentence in a criminal case must be definite and certain. Though uncertain at the time, depending upon a possible contingency that no sentence will result from the pending state charge, it will be made certain by the event. No uncertainly can be said to exist here for the court clearly meant the sentence to be consecutive to any [state] confinement under which Anderson would become obligated .... (Enfasis suplido y citas omitidas.) Anderson v. United States, 405 F.2d 492, 493 (10mo Cir. 1969).

En fin, conforme a esta jurisprudencia es permisible im-poner una sentencia consecutiva con otra que aún no se ha dictado, pero que en su día recaerá —bien a modo de abso-lución o de convicción— en un proceso que todavía está pen-diente contra un acusado.

B. Por otro lado, la Regla 185(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, dispone que “el tribunal sentenciador podrá corregir una sentencia ilegal en cualquier momento”. Además, en virtud de esta regla, se pueden corregir sentencias erróneas en cualquier momento. Pueblo v. Pérez Rivera, 129 D.P.R. 306, 322 (1991); González de Jesús v. Jefe Penitenciaría, 90 D.P.R. 31, 33 (1964).

Una sentencia es ilegal cuando es dictada en violación a la ley penal. La violación usualmente surge en relación con los términos y las condiciones que limitan la pena por condena por cierto delito. Un ejemplo de una sentencia ilegal o errónea es la que se impone de forma concurrente con otra a pesar de que la Regla 180 requiere que se cumpla de forma consecutiva. Véase Chiesa Aponte, op. cit, pág. 563. Por tal razón, en Pueblo v. Casanova Cruz, supra, reconocimos que el vehículo adecuado para corregir sentencias impuestas en contravención a la Regla 180(e), supra, es el provisto por la Regla 185, supra.

C. En conformidad con esta normativa, un tribunal sentenciador puede disponer, para cumplir con el mandato de la Regla 180(e), supra, que la sentencia impuesta habrá de cumplirse consecutivamente con la que en su día recaiga en el proceso que se ventila contra el acusado por los delitos que dieron lugar a la fianza.

Incluso, en tales casos el tribunal está obligado a dispo-ner que su sentencia habrá de cumplirse consecutivamente con la que en su día recaiga contra el acusado en el caso pendiente por los delitos que dieron lugar a la fianza. De no hacerlo, la sentencia emitida sería errónea. Sólo así se cum-ple con el mandato de la citada Regla 180(e) de que la sen-tencia emitida por la comisión de delitos mientras el reo se encontraba bajo fianza se imponga de forma consecutiva a la sentencia por los delitos que dieron lugar a la fianza.

Cuando un tribunal incorrectamente omita disponer que la sentencia impuesta por ciertos delitos se ha de cumplir consecutivamente con la que en su día recaiga en un proceso pendiente por otros delitos, el vehículo co-rrecto para remediar dicho error es enmendar el dictamen mediante la Regla 185(a), supra.

A la luz de esta normativa, pasemos a discutir la situa-ción que tenemos ante nos.

HH HH t — 4

A. El señor García Parra sostiene que ciertas expresio-nes nuestras en Pueblo v. Casanova Cruz, supra, apoyan su contención de que la enmienda solicitada por el Minis-terio Público a la sentencia dictada por la Sala de Carolina no procedía. Ese caso, según aclarado en Pueblo v. Valentín Rivera, supra, es distinto al de autos. Allí se pretendía co-rregir la sentencia impuesta por el delito que dio lugar a la fianza para que fuera cumplida consecutivamente con la dictada por el delito cometido mientras el acusado estaba bajo fianza. La mencionada Regla 180(e) no permite tal cosa. En el caso de autos, por el contrario, se cumplió con el mandato contenido en dicha regla, pues se corrigió una sentencia dictada por un delito cometido mientras el acu-sado se encontraba bajo fianza para que se cumpliera con-secutivamente con la sentencia por el delito que dio lugar a la fianza.

El señor García Parra también nos señala que, como cuestión procesal, aun cuando los delitos imputados en la Sala de Carolina fueron cometidos mientras él se encon-traba bajo fianza, dicha sala no podía disponer la consecu-tividad de sus sentencias con la emitida por la Sala de Ponce. Esto porque la sentencia de la Sala de Ponce no existía al momento en el que la Sala de Carolina debía dictar su sentencia. Por tal razón, la defensa alega que, al momento de dictarse, las sentencias impuestas por la Sala de Carolina eran válidas. Alega, además, que la Regla 185, supra, solamente permite que se modifiquen aquellas sen-tencias que son ilegales y que, siendo legales las dictadas originariamente por la Sala de Carolina, no era posible uti-lizar dicha regla para enmendarlas. Tampoco le asiste la razón.

Tal y como expresamos anteriormente, es legítimo que un tribunal disponga que la consecutividad de una sentencia habrá de comenzar en el momento en que termine un procedimiento que aún está pendiente de resolución final. Esa precisamente era la única manera en que la Sala de Carolina podía cumplir con el mandato de la citada Regla 180(e).Cualquier sentencia emitida en casos como el de autos que incumpla con dicho mandato es errónea. Por tal razón, la sentencia original emitida por la Sala de Carolina, en tanto no dispuso que habría de cumplirse consecutivamente con la que en su día fuera dictada en el proceso iniciado contra el acusado en la Sala de Ponce por los delitos que dieron lugar a la fianza, era errónea desde el momento que fue emitida. Por lo tanto, la Sala de Carolina actuó correctamente al enmendarla para conformarla al mandato de la Regla 180(e).

Por todo lo anterior, no podemos acoger un razona-miento que llevaría al absurdo procesal de que la imposi-ción de sentencias consecutivas dependa del fortuito deve-nir de los procesos judiciales. Nótese que, de acoger los planteamientos de la defensa en el caso de autos, se daría lugar a que un acusado evite la aplicación obligatoria de la Regla 180(e) mediante manipulaciones de calendario.() Bajo tal interpretación, se perdería el efecto disuasivo que pretendía tener dicha regla.

IV

En fin, el Tribunal de Primera Instancia de Carolina actuó correctamente al acoger la solicitud de enmienda a la sentencia dictada en el caso de autos, ya que era errónea porque no dispuso que se habría de cumplir consecutiva-mente con la que en su día recayera en el proceso pen-diente contra el acusado en la Sala de Ponce. Solamente así se cumple con el mandato de la Regla 180(e), supra, de que la sentencia emitida por la comisión de delitos mien-tras el reo se encontraba bajo fianza se imponga de forma consecutiva a la sentencia por los delitos que dieron lugar a la fianza. El orden en que fueron emitidas dichas senten-cias es irrelevante.() Por ende, procede confirmar el dicta-men del Tribunal Apelativo.

Se dictará la sentencia correspondiente.

      (1) Dicha regla le permite al tribunal sentenciador corregir una sentencia erró-nea en cualquier momento.

      (2) La Regla 180(e) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, es la que obliga al tribunal sentenciador a disponer la consecutividad de la sentencia impuesta por delitos cometidos mientras el reo estaba bajo fianza con cualesquiera otras que el convicto esté cumpliendo.

      (3) Se fomentaría, por ejemplo, que un acusado se declare culpable con el fin de adelantar la culminación del proceso en el que se le acusa de haber cometido un delito mientras estaba libre bajo fianza y, simultáneamente, dilate los procedimien-tos en el caso por los delitos que dieron lugar a la fianza. Así, de acogerse la inter-pretación de la Regla 180(e) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, que la defensa propone, el acusado evitaría la imposición de sentencias consecutivas pues la sentencia por los delitos cometidos mientras se estaba bajo fianza se dictaría antes que la de los delitos que dieron lugar a la fianza.

      (4) En casos como éste procede, a manera de excepción, que el convicto termine de cumplir la condena que se le impuso por los delitos cometidos mientras estaba bajo fianza y luego empiece a cumplir la condena por los delitos que dieron lugar a la fianza. En el caso de autos, por lo tanto, el acusado debe terminar de cumplir la condena que se le impuso en la Sala de Carolina para luego empezar a cumplir la que se le impuso en la Sala de Ponce.


author: per curiam:

text:
      In re José Luis Novas Dueño.

      Número: AB-2003-219

      Resuelto: 1 de agosto de 2005

      Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general; Adrián O. Díaz Díaz, abogado del querellante; Richard Hartel, que-rellante; José Luis Novas Dueño, querellado.
   per curiam:

Mediante un informe de 16 de octubre de 2003, el Procurador General de Puerto Rico trajo a nuestra atención una queja que ante su oficina presentara el Sr. Richard Hartel contra el abogado José Luis Novas Dueño.() En el referido informe, el Procurador General concluyó que el mencionado abogado “incurrió en violacio-nes a la Ley Notarial y al Canon 18 de Ética Profesional”.

El 14 de noviembre de 2003, mediante resolución a esos efectos, le concedimos un término al licenciado Novas Dueño para que se expresara sobre el Informe del Procu-rador General. Habiendo hecho caso omiso el abogado a dicha resolución, el 1 de abril de 2005 le concedimos un término nuevo para que expresara su posición al respecto. En esta ocasión, apercibimos al licenciado Novas Dueño de que su incumplimiento con la resolución emitida “conlleva-ría su inmediata suspensión del ejercicio de la abogacía”. El 21 de julio de 2005 le concedimos un término improrro-gable de cinco días para cumplir con las resoluciones emitidas. En esta resolución se le apercibió “que su incum-plimiento conllevará su suspensión inmediata e indefinida, del ejercicio de la abogacía y la notaría”. Dicha resolución fue notificada personalmente el 22 de julio de 2005. El licenciado Novas Dueño no ha comparecido. Resolvemos.

HH

Resulta verdaderamente sorprendente el hecho de que un abogado ponga en riesgo su título y el ejercicio de su profesión por desacatar las órdenes que, con relación a su conductá profesional, emita este Tribunal. Nos llama la atención la frecuencia con la que este Tribunal se enfrenta a esta clase de situación. Somos del criterio que el tiempo y esfuerzo invertidos en obtener su grado académico, y los sacrificios que conlleva la admisión a la profesión, deberían ser incentivos suficientes para que los miembros de la clase togada actúen de manera distinta ante los requeri-mientos que les hace este Tribunal.

En reiteradas ocasiones hemos expresado que el compromiso de todo abogado de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz, con el propósito de lograr la más completa confianza y apoyo de la ciudadanía, se extiende no sólo a la esfera de la litigación de causas, sino también a la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal. In re Cuevas Vélez, 157 D.P.R. 129 (2002); In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128 (1997). Asimismo, hemos sido enfáticos al señalar que la naturaleza pública de la profesión de abogado le impone a la clase togada la obligación de observar rigurosamente los requerimientos de este Tribunal, particularmente cuando se trata de asuntos disciplinarios sometidos ante nuestra consideración. In re Vázquez Santiago, 155 D.P.R. 926 (2001).

En ese sentido es importante resaltar que el incumplimiento por parte de un abogado con las órdenes emitidas por este Tribunal dentro del procedimiento disciplinario, constituye una falta ética separada y distinta a los méritos de la queja, que conlleva la imposición de sanciones disciplinarias severas.( ) Ello si se considera que “[e]l patrón de dejadez e incumplimiento con nuestras órdenes en la esfera disciplinaria es incompatible con el ejercicio de la abogacía”. In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55, 62 (1998).

Como señaláramos en In re Escalona Colón, 149 D.P.R. 900, 901 (1999), el “[d]esatender nuestras órdenes en el curso de un procedimiento disciplinario, revela una gran fisura del buen carácter que debe exhibir todo miembro de la profesión legal”. Dicho proceder constituye un acto de indisciplina, desobedien-cia, displicencia, falta de respeto y contumacia hacia este Tribunal que, definitivamente, no estamos dispuestos a aceptar. Reiteramos que “no toleraremos la incomprensible y obstinada negativa de un miembro de nuestro foro de cumplir con [nuestras] órdenes”. In re Guemárez Santiago I, 146 D.P.R. 27, 28 (1998). Véase, además, In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717,
718 (1992). (Citas y corchetes en el original.) In re Vega Lasalle, 164 D.P.R. 659, 662 (2005).

hH

La actitud de dejadez y desidia que ha demostrado el Ledo. José Luis Novas Dueño ante la orden emitida por este Tribunal constituye prueba incontrovertible de que éste no interesa continuar siendo miembro de la profesión. Dicho proceder constituye una falta de respeto a este Tribunal que, bajo ningún concepto, estamos dispuestos a tolerar.

Por los fundamentos antes expresados, se decreta la sus-pensión, indefinida e inmediata, de José Luis Novas Dueño del ejercicio de la abogacía y de la notaría en nuestra juris-dicción, hasta que otra cosa disponga el Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

      (1) La queja, en síntesis y en lo pertinente, le imputa al referido abogado haber incurrido en negligencia en tomo a la transferencia de título de un apartamento “de tiempo compartido” en el Condominio ESJ Towers, a saber: los padres del señor Hartel compraron un “time share” en un apartamento del referido condominio el 24 de febrero de 1989, actuando como notario el licenciado Novas Dueño. No obstante el tiempo transcurrido y de que se le pagaron los correspondientes honorarios al licen-ciado Novas Dueño, al día de hoy no se ha hecho la transferencia de título a favor de los compradores.

      (2) In re Pérez Brasa, 155 D.P.R. 813 (2001); In re Vázquez Santiago, 155 D.P.R. 926 (2002); In re Figueroa Carrasquilla, 153 D.P.R. 132 (2001); In re López López, 149 D.P.R. 82 (1999); In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55 (1998); In re Ríos Acosta I, 139 D.P.R. 117 (1995); In re Pérez Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Ribas Dominicci I, 131 D.P.R. 491 (1992); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717 (1992).


text:
    Miguel Morán Ríos et al., demandantes y recurridos, v. Oscar Martí Bardisona et al., demandados y peticionarios.

      Número: CC-2004-780

      Resuelto: 5 de agosto de 2005

      Jorge L. Suárez Montes, abogado de la parte peticionaria; Roberto Vélez Báez, abogado de la parte recurrida.
   per curiam:

Nos corresponde resolver en esta ocasión si procede revocar la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones por carecer ese tribunal de jurisdicción para dilucidar los méritos de la apelación presentada, por cuanto el recurso instado incumplía con los requisitos exi-gidos por el Reglamento del Tribunal de Apelaciones y las Reglas de Procedimiento Civil que regulan el contenido de un escrito de apelación. Por entender que el foro apelativo asumió jurisdicción impropiamente, revocamos su determinación.

Los hechos del caso de autos son sencillos y sobre éstos no hay controversia alguna.

El 19 de agosto de 1997 los demandantes, el Sr. Miguel Morán Ríos, la Sra. Iris Trinidad Vélez, por sí y en repre-sentación de la menor J.M.T. (demandantes o esposos Mo-rán-Trinidad), instaron una demanda en daños y perjuicios contra el Sr. Oscar Martí Bardisona, su esposa y la socie-dad legal de gananciales formada por éstos (demandados o esposos Martí). Los demandantes reclamaron por unos da-ños alegadamente sufridos como resultado de un accidente automovilístico que involucraba a los demandados.

El caso de autos ha proseguido un trámite azaroso en el fallido intento de la parte demandante de diligenciar los emplazamientos a los esposos Martí. Baste señalar que seis años después de presentarse la demanda, aún los de-mandados no han sido emplazados correctamente.

La demanda en este caso se instó en agosto de 1997. Once meses más tarde, los demandantes solicitaron que los esposos Martí fuesen emplazados mediante edicto. Así se hizo, y posteriormente se les anotó la rebeldía. Los deman-dados y su compañía de seguros acudieron al tribunal de instancia y, sin someterse a la jurisdicción del tribunal, impugnaron el emplazamiento mediante edicto y la anota-ción de rebeldía. Eventualmente ese planteamiento fue dilucidado ante el Tribunal de Apelaciones, el cual anuló los emplazamientos mediante edicto y dejó sin efecto la anota-ción de rebeldía, ordenando que se emplazara nuevamente.

Devuelto el caso a instancia, los demandantes procura-ron diligenciar los emplazamientos de los demandados. To-dos los intentos fueron infructuosos. Eventualmente, el tribunal de instancia les concedió un término final de treinta días para diligenciarlos. Advirtió en su orden que habían transcurrido ya seis años desde que se presentó la de-manda sin que se hubiese adquirido jurisdicción sobre los esposos Martí, por lo que su orden era final e improrroga-ble y su incumplimiento acarrearía la desestimación de la demanda. Esta determinación fue notificada tanto a la re-presentación legal de la parte demandante como a los es-posos Morán-Trinidad. Los demandantes incumplieron y el foro primario desestimó la demanda. La sentencia fue dic-tada el 18 de noviembre de 2003 y archivada en autos el 8 de diciembre de 2003.

Inconforme con esa determinación, el 19 de diciembre de 2003, dentro del término jurisdiccional para apelar, la parte demandante acudió ante el Tribunal de Apelaciones mediante un escrito que tituló en su carátula Apelación Solicitud Término. El cuerpo del escrito presentado consta de cinco acápites, a saber: el primero invoca la jurisdicción del tribunal; el segundo describe la sentencia apelada; el tercero contiene una muy sucinta relación de los hechos del caso; en el cuarto acápite se identificó como error lo si-guiente: “Erro [sic] Instancia al decretar la desestimación de la demanda sin celebrar una vista en sus méritos, para determinar la responsabilidad de la Aseguradora, en las circunstancias de este caso, estando bajo la jurisdicción del Tribunal” —(énfasis nuestro) Apéndice, pág. 5— y el quinto acápite se tituló Solicitud de Término para Apelar. El texto completo informa lo siguiente:

El abogado que suscribe tiene previamente programado pa-sar fuera de Puerto Rico el periodo navideño, junto a sus hijas y nietos en Washington y Boston, y no regresamos hasta pa-sado los Reyes, por lo que le será imposible preparar el recurso de Apelación dentro del término jurisdiccional exponiendo en detalle los fundamentos a los errores cometidos por Instancia. Ante esta situación con el mayor de los respetos solicitamos de este Hon. Tribunal nos permita, el término de treinta días para apelar ha (sic) partir del 15 de enero de 2004. (Énfasis nuestro.) Íd.

El escrito presentado obvió por completo la discusión del error señalado en éste. Luego de esta sección sólo aparece la súplica, la firma del abogado y la certificación de notifi-cación a las partes.

El 3 de marzo de 2004, fuera del plazo para apelar, los demandantes presentaron un Escrito Suplementario a Apelación. En este documento, hay un intento de discusión del error señalado que, como vimos, no se hizo en la apela-ción presentada dentro del término jurisdiccional para apelar. Ahora bien, cabe destacar que en este documento los demandantes modificaron el error originalmente seña-lado y cuestionaron, por primera vez en alzada, que no se les concediera una prórroga para diligenciar los emplazamientos. ()

La parte demandada se opuso a que el Tribunal de Ape-laciones atendiera la “apelación” presentada y solicitó del foro apelativo que la desestimara por falta de jurisdicción. Apuntó en su escrito que el demandante había presentado una solicitud de prórroga, no una apelación. Indicó tam-bién que el apéndice del recurso estaba incompleto, por lo que no cumplía con las exigencias del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (Reglamento).

El 28 de mayo de 2004 el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia, revocando al tribunal de instancia e imponién-dole al abogado del demandante una sanción económica de $500. Como cuestión de umbral, el tribunal discutió el asunto sobre su jurisdicción. Sobre este particular, el foro apelativo enmarcó su discusión en la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003 (4 L.P.R.A. see. 24 et seq.), donde se promueve el mayor acceso de la ciudadanía a los procesos judiciales “eliminando obstáculos y . barreras que impidan impartir justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos”. Art. 4.002 de la Ley Núm. 201, ante, 4 L.P.R.A. sec. 24u. Así pues, concluyó:

... [A] un, cuando es sucinto y sencillo [el escrito de apelación] en su exposición, -unido a los documentos provistos en su apén-dice, es lo necesariamente particular para que este Tribunal pueda comprender el error planteado por los apelantes y pro-ceda con la revisión conforme a derecho. Aunque dicho escrito no representa la calidad y laboriosidad que debe caracterizar todo recurso apelativo, esto no significa, que carecemos de ju-risdicción en el caso. Es nuestro deber entender en todo escrito de apelación presentado dentro del término jurisdiccional, in-dependientemente de que éste no sea el más idóneo. (Enfasis nuestro.) Apéndice, págs. 79-80.

Inconforme con esta determinación, la parte deman-dada, ahora peticionaria, acudió ante nosotros señalando que erró el foro apelativo al asumir jurisdicción en el caso de epígrafe.

Acordamos revisar, y contando con la comparecencia de las partes, pasamos a resolver.

Todo abogado tiene la obligación y el deber de cumplir a cabalidad y con rigurosidad con los requisitos dispuestos en las leyes y en los reglamentos respecto el perfeccionamiento de los recursos apelativos presentados. Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122 (1998); Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 122 (1975). Los abogados deben “demostrar celo, cuidado y diligencia en la tramitación de todos los asuntos judiciales”. Pellot v. Avon, 160 D.P.R. 125 (2003). No puede quedar al arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuáles no. Matos v. Metropolitan Marble Corp., ante, pág. 125. Las partes, o el foro apelativo, no pueden “soslayar injustificadamente el cumplimiento del regla-mento de[l tribunal de apelaciones]”. Arriaga v. F.S.E., ante, pág. 130.

Por otro lado, en reiteradas ocasiones hemos indicado que los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y el foro judicial no tiene discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839, 842 (1980). Véase, además, Pellot v. Avon, ante; Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003); Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522, 530 (1988); Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R. 712, 716 (1953). La sentencia dictada por un tribunal sin jurisdicción es nula, por lo cual carece de eficacia. Vázquez v. A.R.Pe., 128 D.P.R. 513, 537 (1991).

Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal, por ser privilegiadas, deben resolverse con preferencia a cualesquiera otras. Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436 (1950). Es nuestro deber desestimar ün recurso acogido por el Tribunal de Apelaciones sin jurisdicción, y declararlo así. Arriaga v. F.S.E., ante; Dalmau v. Quiñones, 78 D.P.R. 551 (1955); Ponce v. F. Badrena e Hijos, Inc., 74 D.P.R. 225, 249 (1952).

La Regla 52 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, establece el marco legal de referencia para tramitar los recursos de apelación, certiorari y certificación. A esos efectos, la Regla 52.1 (32 L.P.R.A. Ap. III) ordena que el procedimiento ante el Tribunal de Apelaciones para atender y disponer de un recurso de apelación se tramitará “de acuerdo con la ley aplicable, estas reglas, y con las reglas que adopte el Tribunal Supremo”.

El término jurisdiccional para presentar una apelación es de treinta días, contados a partir del archivo en autos de la copia de la notificación de la sentencia. Regla 53.1(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834 (1999); González Santos v. Bourns PR., Inc., 125 D.P.R. 48, 56 (1989); López Rivera v. Autoridad Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414, 419 (1963). Precisamente, por ser jurisdiccional el tér-mino no admite prórroga.

De otra parte, la Regla 53.1(l)(1)(2), 32 L.P.R.A. Ap. III, faculta al Tribunal de Apelaciones, a solicitud de parte o motu proprio, a desestimar un recurso de apelación instado por falta de jurisdicción o por no haber sido perfeccionado de acuerdo con la ley y con el reglamento aplicable.

En cuanto al contenido de la apelación, la Regla 53.2(a)(7) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, indica específicamente que “contendrá señalamientos y discusión de los errores que a juicio del apelante cometió el tribunal apelado”. (Énfasis nuestro.) Ello es así ya que la propia regla reconoce que “[e]l escrito de apelación constituirá el alegato del apelante. No se considerará ningún señalamiento de error omitido o no discutido en el escrito de apelación”. (Énfasis nuestro.) Regla 53.2(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Por lo tanto, nuestro ordenamiento procesal apelativo exige que la apelación presentada contenga una discusión de los errores que se le imputan al foro primario, pues no se habrá de admitir alegato o memorando de autoridades con posterioridad a la presentación del escrito de apelación. Hace claro también la regla de que el señalamiento de error omitido o no discutido se tendrá por no puesto, por lo que no se considerará por el foro apelativo intermedio.

Este mismo principio lo recoge la Regla 16 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, regla ésta que describe el contenido del escrito de apelación en casos civiles. El inciso (C) de dicha regla describe específicamente el contenido del cuerpo de la apelación. La Regla 16(C), en sus subincisos (e) y (f), exige que el escrito presentado contenga lo siguiente:

(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que a juicio de la parte apelante cometió el Tribunal de Primera Instancia.
(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo las disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicables. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.

Por otro lado, la Regla 16(C)(2), claramente indica lo siguiente:

El escrito de apelación será el alegato de la parte apelante. No se permitirá la presentación de un alegato o memorando de autoridades por separado. La argumentación y los fundamen- ' tos de derecho deberán incluirse en el cuerpo del escrito de apelación. (Énfasis nuestro.) 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.

La normativa antes reseñada ordena de forma clara y precisa que el escrito de apelación civil presentado ante el Tribunal de Apelaciones señale, discuta y fundamente el error o los errores que se le imputan al foro de instancia. De lo contrario, el tribunal estará impedido de considerar el señalamiento de error planteado. El apelante tiene la obligación de poner en posición al foro apelativo de aquilatar y justipreciar el error anotado. Solamente mediante un señalamiento de error y una discusión fundamentada, con referencia a los hechos y a las fuentes de derecho en que se sustenta, podrá el foro apelativo estar en posición de atender los reclamos que se le plantean. Aceptar poco menos de eso convierte la apelación presentada en “[un] breve y lacónico anuncio de la ‘intención de apelar’ ”. Srio. del Trabajo v. Gómez Hnos., Inc., 113 D.P.R. 204, 207 (1982). Además, y más importante, el craso incumplimiento con estos requisitos impide que el recurso se perfeccione adecuadamente privando de jurisdicción al foro apelativo.

Como se observa, la Regla 53.2(b) de Procedimiento Civil y la Regla 16(C)(2) del Reglamento, ante, establecen que el escrito de apelación hará las veces del alegato del apelante. Ya en el pasado habíamos expresado que el alegato es un instrumento fundamental en la práctica apelativa no sólo porque trae a la atención del foro apelativo las normas de derecho y la jurisprudencia aplicable sino, además, porque sirve “para discutir a fondo los errores alegados y para exponer de forma adecuada los funda-mentos de la apelación”. In re Santiago Torres, 144 D.P.R. 496, 499 (1997). Véase Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 D.P.R. 467, 469 (1989). Ahí reside su importancia.

La apelación en nuestro sistema no es automática; presupone una notificación, un diligenciamiento y su perfeccionamiento. Se presume, además, que nuestros tribunales actúan con corrección, por lo que compete al apelante la obligación de demostrar lo contrario. Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102, 107 (1974); Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 1 (1974); Pueblo v. Reyes Morales, 93 D.P.R. 607, 628 (1966). El apelante tiene, por lo tanto, la obligación de perfeccionar su recurso según lo exige la ley y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, para así colocar al foro apelativo en posición de poder revisar al tribunal de instancia. Si no se perfecciona un recurso dentro del término jurisdiccional provisto para ello, el foro apelativo no adquiere jurisdicción para entender en el recurso presentado.

Procede entonces que apliquemos la normativa aquí re-señada a los hechos de este caso. Veamos.

HH H-i H-i

Aun bajo la óptica más liberal y flexible posible, no cabe concluir que los esposos Morán-Trinidad presentaron un verdadero escrito de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Lo que se presentó fue una moción de pró-rroga revestida de una fina patina con visos de apelación. Soslayar esa realidad y concluir que en efecto se presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones, es desvir-tuar los procesos apelativos y hacer caso omiso de los dic-támenes de este Tribunal, la propia Ley de la Judicatura de 2003 y las reglas y reglamentos correspondientes. A to-das luces la apelación presentada era claramente improce-dente y su efecto práctico no es otro que sobrecargar inne-cesariamente al tribunal, en perjuicio de la eficiente administración de la justicia.

El documento presentado inicialmente no contenía dis-cusión alguna de la controversia planteada en éste. Hay que destacar, además, que en ese documento se señaló como error exclusivamente, como indicamos ya, la desesti-mación de la demanda contra la compañía aseguradora. No es sino hasta marzo de 2004, cuando se presentó una “ape-lación suplementaria”, que se enmendó el error para im-pugnar también que no se concediera un término adicional para diligenciar los emplazamientos. Esta última contro-versia fue el asunto que resolvió el foro apelativo primario, a pesar de que este asunto nunca estuvo ante su conside-ración dentro del plazo jurisdiccional para apelar.

La práctica apelativa requiere y ordena que se cumplan con los requisitos procesales que establecen las Reglas de Procedimiento Civil y el Reglamento del Tribunal de Ape-laciones; lo que no ocurrió en este caso. Estos requisitos le imparten certeza y orden al proceso ante un foro apelativo, a la vez que facilitan la revisión del foro primario. No puede quedar al arbitrio de los litigantes, o de los distintos paneles del Tribunal de Apelaciones, determinar qué requi-sitos procesales se deben cumplir. Hace ya muchas décadas conminamos a la clase togada a cumplir con su obligación de tramitar correctamente los recursos apelativos. Así, en Bonilla v. Echeandía, 34 D.P.R. 333, 334 (1925), dijimos: “cada vez se hace más necesario que los abogados presen-ten sus casos cumpliendo con las reglas de la corte ideadas para la más justa, clara, rápida y fácil resolución de los asuntos.”

Si bien la Ley de la Judicatura de 2003 tuvo como uno de sus propósitos hacer más accesible la justicia apelativa a la ciudadanía, flexibilizando los procesos apelativos, ello no supuso dar al traste con los requisitos mínimos exigidos para atender ordenadamente los recursos que se presentan ante el foro apelativo intermedio. Mucho menos pretendió eliminar los términos jurisdiccionales, permitiendo que se pudiera solicitar prórroga para presentar un recurso de apelación cuyo término para acudir en alzada, sabemos, es de naturaleza jurisdiccional. Actuar en contravención de ello es no apurar adecuadamente cuál fue el verdadero alcance de la Ley de la Judicatura de 2003.

Este caso no trata, como parece concluir el foro apela-tivo intermedio, de una apelación deficiente en su redac-ción y discusión de las controversias planteadas, o donde los planteamientos esgrimidos para revocar al foro prima-rio no se analizan con la rigurosidad debida. Todo lo con-trario, en este caso no hubo el más mínimo esfuerzo de discutir el error señalado. Se trata entonces de un recurso que meramente anuncia una intención de apelar. Es por eso entonces que se solicitó la prórroga, la cual se basa, sor-prendentemente, en que el abogado va a tomar sus vacacio-nes navideñas y no tiene tiempo para dedicárselo al escrito. Eso no es otra cosa que no tener tiempo para dedicárselo a los asuntos de su cliente. Tal postura es insostenible. Un tribunal no puede, con sus acciones, validar tal pretensión. Al atender el recurso presentado, así como posteriormente el "alegato suplementario” y resolver el caso en los méritos revocando al foro primario, el foro apelativo prorrogó de facto el término jurisdiccional para apelar una decisión del Tribunal de Primera Instancia al Tribunal de Apelaciones.

La exigencia de que el escrito de apelación contenga un señalamiento de error y su discusión no es un mero precio-sismo inconsecuente. Es en la discusión del error donde se enmarca la actuación alegadamente errónea del foro pri-mario cuya revocación se ha solicitado, a la luz de los he-chos y del derecho aplicable. Es lo que se ha denominado “el corazón” de la apelación o “la artillería pesada”. F.M. Coffin, On Appeal: Courts, Lawyering, and Judging, New York, W.W. Norton & Company, 1994, Cap. 6, pág. 107 et seq. No podemos olvidar que el derecho, particularmente el derecho o práctica apelativa, es rogado. Pueblo v. Prieto Maysonet, ante, pág. 107.

Resolvemos, por lo tanto, que el Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción para atender en la apelación pre-sentada por los demandantes en este caso. Su actuación en contrario fue claramente errónea.

No podemos concluir sin expresamos sobre la conducta del Ledo. Roberto Vélez Báez durante el trámite apelativo en este caso. Invariablemente hemos exigido “celo, cuidado y diligencia” en la tramitación de asuntos judiciales. In re Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758 (1976); Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974). A la luz de nuestros pronunciamientos anteriores respecto la obligación de todo abogado, bajo los Cánones 18 y 19 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, de salvaguardar el de-recho de un cliente de apelar un fallo adverso, referimos la conducta del licenciado Vélez Báez a la Oficina del Procura-dor General para investigación e informe. Véanse: In re Santiago Torres, 144 D.P.R. 496 (1997); In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987); In re Rosario, 116 D.P.R. 462 (1985); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984).

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la senten-cia dictada por el Tribunal de Apelaciones y se ordena la desestimación de la demanda instada en este caso, tal y como lo había dispuesto el Tribunal de Primera Instancia. Se refiere la conducta del Ledo. Roberto Vélez Báez a la Oficina del Procurador General para la investigación e in-forme correspondientes.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió con el resultado sin opinión escrita.

      (1) El error señalado ahora lee de la manera siguiente:
      “Erro [sic] Instancia al decretar la desestimación de la demanda sin celebrar una vista en sus méritos, para determinar la responsabilidad de la Aseguradora en las circunstancia de este caso, estando bajo la jurisdicción del Tribunal. Así también al no ampliar el término para emplazar al demandado y emitir la orden solicitada requiriendo el acceso para diligenciar el emplazamiento.” (Énfasis nuestro.) Apén-dice, pág. 25.