author: Eli Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Ramón Cuevas Olivo, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Utuado, recurrido.
    Núm. 1067.

    Sometido: Abril 15, 1940.

      Resuelto: Mayo 8, 1940.

      Gaspar Genera Bras, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   Eli Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Presentada en el Registro de la Propiedad de Utuado una escritura sobre segregación y compraventa, otorgada el día 13 de marzo de 1940 por don Dolores Matías Colón a favor de don Ramón Cuevas Olivo, el registrador denegó la ins-cripción mediante nota que dice así:

“Denegada la inscripción del documento que precede, que es una copia de la escritura número 23, otorgada en Utuado el día 13 de marzo de 1940, ante el notario Gaspar Gerena Bras, por no estar inscrita en este Registro a nombre del otorgante Dolores Matías Colón, mayor de edad, divorciado, propietario y vecino de Utuado, la finca rústica de 91 cuerdas, sita en el barrio Ángeles, de Utuado, tal como se describe en el título presentado, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Hipotecaria; en cuanto a la segregación de las cinco y media cuerdas que de aquella finca hace Dolores Matías Colón y de la venta aue de la parte segregada otorga a favor de Ramón Cuevas Olivo; tomando en su lugar anotación preventiva por el término legal de 120 días en favor del dicbo Ramón Cuevas Olivo; ...”

Contra dicha nota ha interpuesto el recurrente don Ramón Cuevas Olivo el presente recurso.

Entre los documentos que obran en autos aparece la escri-tura número 39, otorgada el día 17 de mayo de 1938 por don José María Jirau Soto y don Dolores Matías Colón, por virtud de la cual el primero transmitió al segundo a título de venta, el dominio de la finca que a continuación se describe :

“RÚSTICA: Radicada en el barrio Ángeles, término municipal de Utuado, Puerto Rico, compuesta de noventa y una cuerdas de terreno, equivalentes a 35 hectáreas, 37 áreas y 36 centiáreas, colindando: al norte, con la Sucesión de Pri-mitivo González Feo, José Reboyras, Ramón Flores y Juan Acevedo; saliente, Buenavetura Sella y el Río Ángeles; al sur, Esteban Padró y Manuel Soto Toledo; y al oeste, Juan Matías.
“Inscrita al folio ciento cincuenta del tomo ciento cincuenta y cuatro de Utuado, finca número seis mil cuatrocientos setenta y tres por su inscripción primera.”

El vendedor don José Ma. Jirau Soto hizo constar que de la descrita finca se fian hecho varias segregaciones, ha-biendo quedado actualmente reducida la misma a veinticinco -cuerdas con setenta y cinco céntimos de otra más o menos.

Por la escritura número 23, que es objeto del presente recurso, don Dolores Matías Colón segregó de la finca que adquirió por la escritura núm. 39 a que ya se ha hecho men-ción, cinco cuerdas y media que vendió al recurrente Cuevas Olivo, pero el notario en vez de describir la finca principal de donde se segregaba la de menor cabida objeto de la com-praventa, describió la finca primitiva así:

“Primero: Que don Dolores Matías Colón es dueño del siguiente inmueble:
“Rústioa radicada en el barrio Ángeles, de Utuado, tér-mino municipal de Utuado, compuesta de noventa y una cuerdas de terreno, equivalentes a 35 hectáreas, 37 áreas y 36 centiáreas, colindando al norte, Sucesión Primitivo Gon-zález, José Reboyras, Ramón Flores y Juan Acevedo; saliente, Buenaventura Sella y el río Ángeles; al sur, Esteban Padró y Manuel Soto Toledo; al oeste, Juan Matías.
“Inscrita al folio 150 del tomo 154 de Utuado, finca número 6473, inscripción primera.
“Segundo: Sigue manifestando don Dolores Matías que de la descrita finca se ban hecho varias segregaciones.
“Tercero: Y expuestos los hechos anteriores las partes convienen en segregar de la finca descrita la siguiente parcela:
“RÚSTICA racjieada en el barrio Ángeles, de Utuado, com-puesta de cinco cuerdas y media más o menos, equivalentes a 2 hectáreas, 16 áreas y 17 centiáreas, con lindes al norte, José Reboyras, Ramón Flores y Ramón Cuevas; saliente, José Morales; poniente, resto de la finca principal y Juan Acevedo; y por el sur, Pascual Soto.”

De acuerdo con lo que tan repetidamente tiene resuelto este tribunal,

“La regla es que la finca principal de la cual va a tomarse la finca, que está por segregarse y venderse, debe describirse en la escritura de segregación y venta. Cadillo v. Registrador, 19 D.P.R. 80. En caso de una segregación y venta posteriores, el resto del predio original se convierte en la finca principal para los fines de tal venta posterior. Kennedy v. El Registrador, 26 D.P.R. 789; Figueroa v. El Registrador, 31 D.P.R. 377.” Irizarry Cruz v. El Registrador, 38 D.P.R. 501.

Aplicando esa regla al caso de autos, es evidente que la escritura cuya inscripción el registrador de Utuado denegó, adolece del defecto de no contener una descripción de la finca principal de 25 cuerdas de donde se segregaron las cinco que le fueron vendidas al recurrente. Ese defecto, sin embargo, es subsanable, según lo tiene ya resuelto este tribunal en los siguientes casos, además de los citados: Rivera v. Registrador, 55 D.P.R. 104; Soto Gras v. Registrador, 49 D.P.R. 415; Cuevas v. Registrador, 40 D.P.R. 27; Ramírez v. Registrador, 38 D.P.R. 771; Medrano v. Registrador, 38 D.P.R. 821; Rodríguez v. Registrador, 36 D.P.R. 17, y Franceschi v. Registrador, 13 D.P.R. 227. Véanse también las Resolu-ciones de la Dirección General de los Registros del primero de diciembre de 1892 y 20 de noviembre de 1889. No obs-tante, el registrador consideró el defecto como insubsanable v denegó la inscripción. De su alegato transcribimos las razones que tuvo para ello:

“El recurrente comete un grave error al afirmar: que el pre-sente caso es el mismo ele Kennedy et al. v. El Registrador de San Juan, 26 D.P.R. 789, donde se sienta la doctrina:
“Que ‘constituye un defecto subsanable el de no aparecer del documento que se trata de inscribir la descripción de la finca principal de donde se ha segregado el solar objeto de la inscripción, aun cuando la finca principal constituya el resto de otra, de que asimismo fué segregada.’ .
“En el caso que acaba de citarse, los vendedores Benjamín E. de Sola y su esposa fueron dueños de la finca de 57,076 metros cua-drados que describieron en la escritura y de la que se hicieron varias segregaciones, y el solar enajenado a la compradora Ana Teresa Kennedy de Bishop fué tomado o segregado ‘del resto de la finca primitiva,’ lo que aquéllos podían realizar porque a su nombre es-taba inscrita la totalidad de la finca primitiva, siendo finca principal lo que quedaba de aquélla luego de quitar de ella las tierras segre-gadas y vendidas. En la escritura se describió la finca primitiva y se omitió describir la finca principal que era de donde real y efectivamente podía segregarse el solar vendido a la Sra. Bishop, y esto es lo que constituye el defecto subsanable de no aparecer del documento que se trata de inscribir la descripción de la finca principal de donde se ha segregado el solar objeto de inscripción, aun cuando la finca principal constituya el resto de la otra, de que asi-mismo fué segregada. Éste es un caso casi idéntico al de la escri-tura núm. 39 que obra en autos, y por la cual Dolores Matías Colón adquirió las 25 cuerdas con 75 céntimos, más o menos, como resto de las 91 cuerdas de la que se habían verificado varias segregaciones, por venta que le hizo José María Jirau Soto que era dueño de la finca primitiva, y que se inscribió con el mismo defecto subsanable de la jurisprudencia antes referida.
“Pero el caso que discutimos es absolutamente distinto. El Dolores Matías Colón vendedor del recurrente, nunca ha sido dueño ni ha tenido inscrita a su nombre en el Registro la citada finca de 91 cuerdas, de la que tan sólo adquirió lo que de ella restaba luego de repetidas segregaciones, o sea veinticinco cuerdas con veinticinco céntimos, más o menos, resto que se inscribió a su nombre con el de-fecto subsanable de no describirse este resto de la finca luego de hechas las anteriores ■ segregaciones. Y a pesar de que sólo es dueño y tiene a su nombre inscrito el resto de la finca mencionada, el Dolores Matías Colón en la escritura núm. 23 cuya inscripción hemos negado, omite por completo hacer referencia a dicho resto de finca, y falsamente declara ser dueño de la finca de noventa y una cuerdas repetida, y segrega de ella una parcela de cinco y media cuerdas, más o menos, y la vende al recurrente Eamón Cuevas Olivo.”

El artículo 110 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria le sienta a los registradores de la propie-dad la pauta que deben seguir al calificar defectos como subsanables o insubsanables. Dispone dicho artículo que:

“Para distinguir las faltas subsanables de las que no lo sean, y hacer o no en su consecuencia una anotación preventiva, según lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de la ley, atenderá el registrador a la validez de la obligación consignada en el título. Si ésta fuese nula por su naturaleza, condiciones, calidad de las personas que la otorguen u otra causa semejante, independíente de su forma extrín-seca, se considerará la falta como no subsanable. Si la obligación fuese válida, atendidas las circunstancias dichas, y el defecto estu-viese tan sólo en la forma externa del documento que la contenga, y que se pueda reformar o extender de nuevo a voluntad de los inte-resados en la inscripción, se tendrá por subsanable la falta.”

Indudablemente que el defecto apuntado por el registra-dor de Utuado no invalida la obligación consignada en el título. El otorgamiento de una escritura aclaratoria en que se describa la finca principal subsanaría el defecto.

Debe revocarse la nota del registrador y ordenarse la ins-cripción con el defecto subsanable de no constar descrita la finca principal.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Seño® De Jesús

license: Public Domain

text:
    Partido Popular et al., peticionarios, v. Carlos Gallardo, en su carácter de Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, demandado.

      Núm. 338.

    Sometido: Abril 30, 1940.

      Resuelto: Mayo 8, 1940.

      Rodolfo Ramírez Patón, V. Gutiérrez Pranqui, P. M. Susoni, Jr., Miguel Parga, Jorge V. Toledo, Ldelmiro Soldevila, Jaime J. Saldaña y Samuel R. Quiñones, abogados de los peticionarios; Hon. Procurador General George A. Malcolm y Luis Janer, Piscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados del demandado; Dubón & Ochoteco, abogados del Partido Liberal Puertorriqueño, interventor.
   El Juez Asociado Seño® De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes ban recurrido a la jurisdicción original de este tribunal en solicitud de un auto de mandamus diri-gido al Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, Hon. Carlos (Jabardo, ordenándole que acepte las peticiones que para la inscripción del Partido Popular lian archivado en su oficina ciertos electores del municipio de Río Piedras y que proceda a inscribir dicbo partido y sus candidatos conforme dispone la ley.

Alegan los demandantes que en las elecciones generales de 1936 el voto total para todos los candidatos, para Comi-sionado Residente en los Estados Unidos en el precinto electoral de Río Piedras fué de 12,131 electores; que con anterioridad al 19 de enero de 1940, más de 1,250 electores capacitados del precinto electoral de Río Piedras, debida-mente inscritos en dicbo precinto, presentaron en la Secre-taría Ejecutiva de Puerto Rico sendas peticiones en las cuales se expresaron las circunstancias que requiere la ley, entre ellas los nombres y residencias de los candidatos, cargos para los cuales eran respectivamente nombrados, y nombre y emblema del partido político cuya inscripción inte-resaban, radicando también, los candidatos nombrados, una declaración jurada por cada uno de ellos, manifestando su propósito de aceptar y desempeñar sus respectivos cargos en caso de ser electos.

El Secretario Ejecutivo aceptó las peticiones e inscribió el partido y los candidatos nombrados, pero advirtiendo luego que más de 200 de dichas peticiones habían sido jura-das en Río Piedras ante los Jueces Municipales de Gayey y Patillas respectivamente, y actuando de acuerdo con la opinión legal del Procurador General de Puerto Rico soste-niendo que los juramentos autorizados por dichos jueces municipales fuera de sus respectivos distritos eran nulos, canceló la inscripción del Partido Popular en Río Piedras, basando su resolución en qne siendo nulas las peticiones juradas ante dichos funcionarios por carecer de juramento válido, las restantes archivadas no eran suficientes en can-tidad para cubrir el 10% requerido por la sección 37 de la Ley Electoral vigente, lo que notificó al Partido Popular por conducto de su Presidente en la siguiente comunicación:

"LA FORTALEZA
Puerto Rico.
San Juan, 19 de enero de 1940.
"Sr. Luis Muñoz Marín,
Presidente Partido Popular,
Altos de la Democracia,
San Juan, Puerto Rico.
"Señor:
"Me refiero a nuestra carta del día 26 de diciembre próximo, pasado en relación con la impugnación de la inscripción del Partido Popular en Río Piedras para informarle que acabamos de recibir del Procurador General de Puerto Rico, en contestación a nuestra con-sulta, una opinión en la que sostiene que los Jueces Municipales de Cayey y Patillas, Sres. Ángel M. Díaz y Miguel Bauzá, carecen de facultad para recibir juramentos en Río Piedras; que son nulos los juramentos por ellos tomados dentro de dicho distrito judicial, y que, finalmente, son nulas las peticiones de inscripción en las cuales aparecen dichos juramentos.
"En tal virtud, esta oficina resuelve que las peticiones del Partido Popular en Río Piedras juradas ante los Jueces arriba mencionados, son nulas y sin valor. Por lo tanto, la inscripción del Partido Popular en Río Piedras queda cancelada por no haberse radicado peticiones en debida forma, de acuerdo con la ley, en número suficiente para cubrir el 10% que requiere la sección 37 de la Ley Electoral vigente.
"Atentamente,
(Fdo.) C. Gallardo,
Secretario Ejecutivo.
By: D. Brown,
Assistant Executive Secretary.”

Alegan los demandantes que despnés del 19 de enero último, fueron presentadas al Secretario Ejecutivo de Puerto Rico más de 100 peticiones en adición a las mencionadas, juradas todas ante los Jueces Municipales de Río Piedras, alcanzando así el número total de peticiones a más de 1350, de las cuales más de 200 no adolecen del defecto señalado por el demandado.

Fundamentando su petición de momdcm/m, alegan los demandantes que el acto de administrar un juramento es de carácter ministerial y que por consiguiente la facultad que la ley concede a los jueces municipales para autorizarlos no está limitada a su distrito judicial municipal; que el Secretario Ejecutivo de Puerto Rico carecía y carece de facultad para cancelar las referidas peticiones y para cancelar la inscrip-ción del Partido Popular en Río Piedras, porque la facultad que para inscribir candidatos y partidos por petición le con-fiere la Ley Electoral, es de naturaleza ministerial, estando limitada a recibir las candidaturas por petición que se radi-quén en su oficina, careciendo de discreción en cuanto a dichas peticiones concierne y no pudiendo tomar resolución alguna en cuanto a efias después de radicadas en su oficina y menos aún después de aceptadas por él; que la sección 37 de la Ley Electoral, según fué enmendada por la Ley número 74 de 30 de julio de 1923 (Leyes de ese año, pág. 561), es inconstitucional (expresando los motivos), por lo que basta-rían 200 peticiones para la inscripción del Partido Popular y sus candidatos en el precinto de Río Piedras.

Seiudado el 18 del mes pasado a las dos de la tarde para oír a las partes sobre la procedencia del recurso, compa-recieron las partes, el demandado representado por el Pro-curador General, quien radicó una moción oponiéndose a que asumamos jurisdicción original del caso, y sin renunciar a dicha moción, en el mismo acto presentó una excepción pre-via impugnando la suficiencia de la solicitud de mandamus. Al dar principio a la audiencia, el Partido Liberal solicitó permiso para intervenir con carácter de amicus curiae, y permitida su intervención, radicó también nn escrito de excepción previa impugnando la suficiencia de la petición de mandamus, quedando sometido el caso luego de oír informes orales, cuando el 30 del mes pasado radicaron los deman-dantes su réplica al alegato del amicus curiae.

Como .cuestión previa, determinaremos en primer término si las circunstancias concurrentes en este caso ameritan que asumamos la jurisdicción original invocada por los demandantes.

Se trata de un pleito contra uno de los principales fun-cionarios del Gobierno Insular; las cuestiones envueltas son de gran interés público, y, sobre todo, el derecho de los demandantes a una razonable oportunidad de presentar nue-vas peticiones en caso de sostenerse la contención del deman-dado, requiere una pronta y definitiva resolución, lo cual no podría conseguirse si el caso se radicase originalmente en la Corte de Distrito y hubiese que esperar hasta que en apelación pueda ser resuelto por esta corte.

Consideradas las circunstancias concomitantes y el hecho adicional de que en ocasiones anteriores hemos asumido jurisdicción en casos similares, precisamente contra el Secre-tario Ejecutivo (Martínez Nadal v. Saldaña, Secretario Ejecutivo, 38 D.P.R. 446), opinamos que el uso de una sana discreción exige que asumamos la jurisdicción invocada por los demandantes. Pasemos ahora a disponer de las cues-tiones legales planteadas.

La primera es: % Tiene facultad un juez municipal para autorizar juramentos fuera de la demarcación territorial de su distrito judicial municipal?

El artículo 2 de la ley autorizando a determinados fun-cionarios para que tomen declaraciones juradas, etc. (Comp. 13), según fué enmendado por la ley de 9 de marzo de 1910 (Leyes de ese año, pág. 78, Comp. 13), al determinar qué funcionarios están autorizados para tomar juramentos, declaraciones juradas, etc., en lo pertinente dispone:

“Todo juramento, declaración jurada o afirmación que sea nece-saria o conveniente o que la ley requiera, podrá prestarse en Puerto Rico y expedirse una certificación al efecto, ante cualquier magis-trado de la Corte Suprema, o ante cualquier juez de una corte de distrito, o ante cualquier secretario de cualesquiera de las cortes antedichas, o ante cualquier juez de paz o municipal o ante cual-quier notario público, o ante cualquier comisionado de los Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico; ...”

En el caso de Soto v. Tesorero de Puerto Rico. 53 D.P.R. 950, 953, invocado por una y otra partes, se impugnó la facul-tad del- subsecretario de la Corte de Distrito de San Juan para autorizar un juramento que había de presentarse -en relación con un pleito que se tramitaba en la Corte de Dis-trito de Mayagüez, alegando el apelante que el subsecretario de una corte de distrito no puede autorizar juramentos en relación con documentos que han de utilizarse en pleitos pendientes en una corte distinta de aquélla donde el funcio-nario ejerce su cargo. Sosteniendo la facultad del subsecre-tario y la consiguiente validez del juramento, dijimos enton-ces:

“La ley sobre declaraciones juradas (affidavits, juramentos y afirmaciones), en su artículo 2, según fué enmendado por la ley de 9 de marzo de 1910, autoriza a cualquier secretario de una corte de distrito o del Tribunal Supremo para tomar juramentos y no establece diferencia entre su autoridad a este efecto y la conferida a los jueces del Tribunal Supremo, jueces de distrito y jueces municipales y de paz. No existe disposición alguna, como antes in-dicamos, que limite la facultad de los secretarios de las cortes de distrito para tomar juramentos a pleitos ó procedimientos que se tramitan ante la corte donde ellos actúan. Sólo se ha resuelto en el caso de Pérez v. López, 18 D.P.R. 651, que un secretario de una corte municipal no tiene facultades para tomar el juramento de una de-manda que ha de presentarse ante una corte de distrito; pero la ley que autoriza a los secretarios de las cortes municipales a tomar juramentos- es la de 8 de marzo de 1906, pág. 101, distinta de la sec-ción 2 antes citada, que autoriza a los secretarios de las cortes de distrito, jueces del Supremo, etc., para administrar juramentos.”

Al así expresarnos, teníamos en mente la cuestión ante nosotros, es decir, si una declaración autorizada por el sub-secretario de una corte de distrito puede ser utilizada o pre-sentada en cualquier parte de la Isla de Puerto Eico fuera de la jurisdicción territorial de la corte en que dicho sub-secretario ejerce sus funciones. De ahí que, limitando el lenguaje quizá un tanto amplio de la primera parte del párrafo transcrito, dijéramos a continuación:

“No existe disposición alguna, como antes indicamos, que limite la facultad de los secretarios de las cortes de distrito para tomar juramentos a pleitos o procediimientos que se tramitan ante la corte donde ellos actúan.”

La facultad en sí es igual en todos los funcionarios judi-ciales cualquiera que sea su jerarquía. Es el artículo 30 del Código de Enjuiciamiento Civil el que limita, no la facultad en sí, sino el territorio dentro del cual pueden ejercerla aquellos funcionarios judiciales que no sean Jueces del Tribunal Supremo o de las cortes de distrito, al prescribir:

“Art. 30. Los Jueces de la Corte Suprema y los Jueces de las cortes de distrito tienen facultad en cualquier parte de la isla para recibir y certificar:
“1. .......
“2. Una declaración jurada o deposición (la edición española dice ‘testimonio’) que baya de utilizarse en esta Isla.” (Bastardi-llas y paréntesis nuestros.)

Guarda silencio el citado precepto legal con respecto a los demás funcionarios judiciales autorizados para tomar juramentos, por lo que al interpretar el alcance del citado artículo 30, debe entenderse que estos últimos funcionarios no pueden ejercer esa facultad fuera de la jurisdicción territorial de la corte para la cual han sido nombrados. Expres-sio unius est exclusio alterius.

Si la intención del legislador hubiera sido conferir igual facultad a los demás funcionarios judiciales, fácil le hubiera sido expresar su propósito, ya mencionándolos juntamente con los Jueces del Tribunal Supremo y los de las cortes de distrito, o lo que hubiera sido más fácil, eliminando total-mente el inciso 2 del artículo 30,' supra, quedando entonces como única disposición legal sobre la materia el artículo 2 de la ley primeramente mencionada, que, como bemos visto por lo transcrito, no establece diferencia alguna en la facul-tad de los distintos funcionarios judiciales para tomar jura-mentos.

Se arguye por los peticionarios que el artículo 2 de la ley general sobre declaraciones juradas, etc., según fué enmendado en 1910, es de fecba posterior al artículo 30 del Código de Enjuiciamiento Civil, y que por consiguiente diebo artículo lia quedado tácitamente derogado.

Al así argumentar, olvidan los demandantes que el ar-tículo 2 en cuestión, tal y como fué redactado originalmente en 1903, decía así:

“Art. 2. Todo juramento, declaración jurada o afirmación que-sea necesaria o que la ley requiera podrá prestarse ante cualquier magistrado de la Corte Suprema, o ante cualquier Juez de una Corte de Distrito, o ante cualquier Secretario de cualesquiera de las ante-dichas Cortes, o ante cualquier Juez de Paz o Municipal, o ante cualquier Notario Público, cuyos funcionarios podrán expedir la cer-tificación correspondiente. ’ ’

De manera, pues, que el artículo 2 en 1903 estaba redac-tado, en lo que a la facultad de los funcionarios para tomar juramentos se refiere, sustancialmente igual que como quedó a virtud de la enmienda de 1910. Ambos preceptos legales, el del artículo 2 y el del 30 del Código de Enjuiciamiento Civil, ban venido subsistiendo desde 1904 sin que la enmienda de 1910 antes referida alterase en forma alguna la situación legal prevaleciente con respecto a ellos. Puesto que las derogaciones tácitas no son favorecidas por la ley, y como nada impide que uno y otro preceptos coexistan, no .podemos convenir con los demandantes en que el artículo 30, supra, ba sido derogado por la ley general anteriormente mencio-nada.

En el caso de Kollock v. Russell, 294 N.Y.S. 712, confirmado por la Appellate Division de Nueva York en In re Kollock, 294 N.Y.S. 714, se sostiene que los métodos exigi-dos por el estatuto para autenticar las peticiones de nomina-ción tienen por objeto evitar la posibilidad de fraude, engaño o confusión, y deben ser estrictamente cumplidos,

A nuestro juicio, los juramentos autorizados por los jue-ces municipales de Cayey y Patillas fuera de sus respectivos distritos judiciales municipales son nulos, y exigiendo la Ley Electoral que las peticiones de inscripción sean juradas, carecen de tal requisito las que ante dichos funcionarios se pretendió jurar y son por consiguiente nulas.

La segunda cuestión suscitada por los demandantes es: ¿Está el Secretario Ejecutivo autorizado por la ley para rechazar una petición que no reúna las condiciones prescritas por la ley, y puede él ejercer tal facultad y dejar sin efecto la aceptación de peticiones después de haberlas aceptado e inscrito el partido?

En nuestra opinión tiene una y otra facultades. La Ley Electoral, en su sección- 37, según fué enmendada por la Ley núm. 114, de 15 de mayo de 1936 (Leyes de ese año, pág. 589), detalladamente determina los requisitos que debe llenar la petición de inscripción, y la que no reúna tales condiciones no es la petición que contempla la ley y por con-siguiente no debe ser aceptada. Es deber del Secretario Ejecutivo examinar las peticiones para determinar si reúnen los requisitos legales, entre los cuales se halla el de que “cada una de dichas, peticiones deberá ser debidamente jurada ante un funcionario judicial de Puerto Pico autori-zado para tomar juramentos.” Véase por vía de ilustra-ción el caso de Clark v. Nash, 19 A.L.R. 304, 307.

Consciente el legislador de -la facultad que el artículo 37 de la Ley Electoral concede al Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, la limitó en el párrafo final de dicho artículo en la siguiente forma:

“El Secretario Ejecutivo no está autorizado y no tendrá poder de juzgar sobre la elegibilidad de cualquier candidato cuyo nombra-miento se archive en su oficina.”

Si ninguna facultad se le hubiera concedido al Secretario Ejecutivo, ¿a qué fin conduciría limitar un poder que no existe?

El hecho de que inadvertidamente hubiera aceptado como válidas peticiones que no reunían los requisitos legales no era óbice para que al advertir el error lo subsanase inme-diatamente, dando a los peticionarios una oportunidad de presentar nuevas peticiones, para lo cual la propia sección 37 les garantiza un plazo que no expirará hasta las doce del mediodía del 25 de agosto de 1940.

Réstanos considerar ahora la alegada inconstitucionalidad del artículo 37 de la Ley Electoral en tanto en cuanto exige que el número de peticiones debe ser igual al 10% del voto total depositado para todos los candidatos para Comisionado Residente en los Estados Unidos, en el precinto, municipio, distrito o isla, según fuere el caso; en las elecciones precedentes respectivamente.

Corpus Juris expone el criterio que debe aplicarse para determinar la constitucionalidad de una ley de esta índole. Dice así:

“Número de firmantes. — El requisito en cuanto al número de peticiones es preceptivo. La determinación de lo que deba enten-derse como un número razonable de firmantes es cuestión reservada a la asamblea legislativa y no a los tribunales; pero la asamblea legislativa no puede imponer limitaciones irrazonables o innecesarias que puedan privar a cuerpos independientes, de igual oportunidad de hacer nominaciones.” 20 C. J. 111, sec. 107, y casos citados.

Un estatuto del Estado de Nueva York exige que las nomi-naciones independientes para cargos por elección en cual-quier subdivisión política del Estado sólo pueden hacerse a petición del 5% del número total de votos depositados para Gobernador en la última elección, disponiendo además que en ningún caso se exigirá más de tres mil peticiones. Se trataba de la nominación de nn juez municipal para la ciudad de Nueva York y' se alegaba que el estatuto no era razo-nable y por consiguiente era inconstitucional, toda vez que requería para la nominación de un juez municipal el mismo número de peticiones que para el cargo de alcalde de Nueva York o de fiscal de un condado, que son mucho más impor-tantes que el de juez municipal. Resolvió la corte que el argumento de los apelantes debía dirigirse a la asamblea legislativa y no a los tribunales de justicia, y confirmó la sentencia que denegó el auto de mandamus por no haberse presentado el número de peticiones exigido por la ley. Matter of Greenwald v. Boyle, 179 App. Div. 672, confirmado en una opinión per cwiam de la Corte de Apelaciones de Nueva York en 221 N.Y. 688; In re Richards, et al., 117 N.E. (Court of Appeals of New York) 615.

No vamos tan lejos como los casos arriba citados al sos-tener que la razonabilidad del número de peticiones exigido por la ley es cuestión reservada exclusivamente a la asam-blea legislativa. Opinamos, por el contrario, que las cortes tienen la facultad de declarar inconstitucional tanto éste como cualquier otro estatuto, pero para que tal facultad se ejercite, teniendo en cuenta la presunción de constitu-cionalidad que existe a favor de las leyes y la mutua con-sideración que debe existir entre las tres ramas del G-obierno, es preciso que el estatuto sea tan manifiestamente irrazonable que equivalga a la negación de un derecho.

En el caso de autos, el número de peticiones que requiere la sección 37 de la Ley Electoral no traspasa los límites de la razonabilidad. La mejor prueba de ello, es la propia solicitud de mandamus en este caso radicada. No solamente alegan los demandantes que han archivado en Secretaría Ejecutiva la cantidad de peticiones requerida por la ley — ■ que en este caso particular sería 1213 — si que han radicado más de 1350 peticiones (Petición, párr. 12). Además, con-forme aparece del párrafo primero de la petición, el par-tido demandante ha registrado en Secretaría candidatos por petición para las próximas elecciones “en más de las tres cuartas partes de los precintos electorales de todo Puerto Rico y en más del 10% del voto total depositado para todos los candidatos para el cargo de Comisionado Residente de Puerto Rico en los Estados Unidos en las últimas elecciones precedentes. ’ ’

En tales circunstancias, ¿ cómo es posible sostener que el número de peticiones exigidas por la sección 37, supra, sea tan exagerado que equivalga a la negación del derecho a ins-cribir candidatos por petición? La realidad elocuentemente demuestra lo contrario.

Arguyen los demandantes que en el caso de Martínez Nadal v. Saldaña, Secretario Ejecutivo, 38 D.P.R. 446, este tribunal declaró inconstitucional la sección 37 que nos ocupa.

Tal aseveración no es exacta. Lo único que en dicho caso se dijo sobre el particu1ar aparece en la página 462 y fue como sigue:

“Tal vez si la ley sobre inscripción por petición hubiese sido más liberal, quizás podría decirse algo en favor del nombramiento de candidatos por petición. La Legislatura no ha creído prudente en-mendar la sección 37 que exige el 10% del voto total, aun mediante petición, a pesar de que se considera crecido y que un juez de esta Corte en 1924 expresó su criterio de que tal disposición era incons-titucional.”

El párrafo transcrito dista mucho de expresar que este tribunal haya hecho tal declaración de inconstitucionalidad. Parece oportuno agregar aquí que aunque ocho años des-pués la Asamblea Legislativa enmendó la sección 37 de la Ley Electoral (Ley núm. 114 de 15 de mayo de 1936, (2) pág. 589), no estimó prudente alterar el requisito del 10%.

Finalmente alegan los peticionarios que la parte de la sección 37 que fija el número de peticiones requeridas para el nombramiento de candidatos por petición, es nula por incierta, puesto que dicha sección exige que el 10 por ciento se compute sobre el voto total depositado para todos los candidatos para “Comisionado a los Estados Unidos”, y como ese cargo no existe en Puerto Rico, no hay base alguna para calcular el 10 por ciento a que la misma se refiere.

Tal argumento es por' demás sutil. La Ley Orgánica crea el cargo de “Comisionado Residente en los Estados Unidos,” haciéndolo de elección popular. No se elige ningún otro Comisionado a los Estados Unidos. Luego, fácil es com-prender que el “Comisionado a los Estados Unidos” a que se refiere la sección 37 de la Ley Electoral no es otro que el “Comisionado Residente en los Estados Unidos” creado por la Ley Orgánica.

Por lo expuesto, procede declarar con lugar la excepción previa de falta de causa de acción y desestimar la petición de mandamus.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Félix Feliciano Morales, demandante y apelante, v. Antonio Roig, Sucrs., S. en C. y Eulogia Guzmán Viuda de Roig, demandados y apelados.
    Núm. 8037.

    Sometido: Mayo 3, 1940.

      Resuelto: Mayo 8, 1940.

      Burseb & Pérez Pimentel, abogados del apelante; F. González Fa-gundo, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión cleL tribunal.

El pleito que motivó este recurso tuvo por objeto la re-clamación de los daños y perjuicios que alegó baber sufrido el demandante al destruirle los demandados ciertas plantas que tenía en un solar arrendado por él a José y Julia María G-uzmán Pérez. De la prueba resulta que allá por el año 1934, José y Julia María Guzmán Pérez arrendaron al de-mandante cierto solar radicado en la ciudad de Humacao por el canon de $2 mensuales; que el demandante sembró en el inmueble plátanos, guineos, gandules, etc., pero no vivía en el solar, no existiendo en el mismo edificación alguna; que en el año 1935 los dueños de la finca la vendieron a la sociedad Antonio Roig, Sucesors, S. en C., por escritura número 72, de 26 de julio de 1935, ante el notario don Francisco González Fagundo, y que una vez otorgada la escritura,, la sociedad demandada tomó posesión material del solar, construyendo en él poco después una casa, para lo cual tuvo necesidad de destruir las plantas de guineos y plátanos; que en ningún momento tuvo conocimiento la demandada que el demandante fuese dueño de dichas plantas, resultando de la prueba del demandante que éste se enteró que la sociedad demandada estaba destruyendo la plantación y construyendo en el solar sin que en ningún momento hiciera reclamación alguna en relación con sus alegados derechos; que después de cons-truida la casa, la finca fué vendida por la sociedad a. la code-mandada Eulogia Guzmán viuda de Roig. Uno de los tes-tigos de la demandada declaró que el demandante no estaba en posesión del solar en la fecha a que se refiere la demanda por haberlo entregado mucho antes a los arrrendadores; pero esta cuestión de hecho no fué determinada en forma al-guna por el juez sentenciador.

Con esta prueba y con. la relativa al montante de los ale-gados daños, la corte inferior desestimó la demanda, sin im-posición de costas.

Apeló el demandante y .el único error que señala es el de que la sentencia es contraria a derecho y a la prueba.

A nuestro juicio, son aplicables a este caso las disposiciones de los artículos 1357 y 1439 del Código Civil (edición 1930), que dicen así:

“Art. 1357. El vendedor deberá entregar la cosa vendida en el estado en que se bailaba al perfeccionarse el contrato.
“Todos los frutos pertenecerán al comprador desde el día en que se perfeccionó el contrato.
“Art. 1439. Con relación a terceros, no surtirán efecto los arren-damientos de bienes raíces que no se hallen debidamente inscritos en el registro de la propiedad. ’ ’

No estando inscrito en el registro el contrato de arrenda-miento, no pudo, de acuerdo con el artículo 1439 antes citado, surtir efecto alguno contra la sociedad, que indudablemente era un tercero, y como el 1357 le da derecho al comprador a recibir la cosa vendida en el estado en que se hallare al per-feccionarse el contrato y le reconoce además desde ese mo-mento el derecho a los frutos, no teniendo la demandada co-nocimiento ni motivos para creer que tales plantas pertene-ciesen al demandante, quien como hemos visto ningún aviso dió a la demandada cuando ésta empezó a destruir lo sem-brado a pesar de tener él conocimiento de ello, no vemos, en qué precepto legal puede él basar su causa de acción contra la sociedad.

Contra la otra demandada, ninguna prueba se presentó. Sólo resulta de los autos que ella compró la finca después de edificada la casa.

Si algún derecho tuviera el demandante en este caso, sería contra los vendedores, quienes no obstante el arrendamiento —si es que estaba vigente — vendieron la finca sin hacer re-serva alguna a favor del arrendatario.

El caso de Iturrino v. De Jesús, 31 D.P.R. 75, no es aplicable. Allí se trataba de que el demandante estaba en po-sesión de la finca, alegando ser dueño de ella, y el demandado, que también alegaba título de dominio, penetró en ella y cortó ciertos árboles, realizando también otros actos que se le im-putaron, todo ello sin el consentimiento del actual poseedor. Se dijo entonces:

“Si una persona tiene la posesión de una finca y otra se cree dueña de ella, su remedio no es meterse en la finca y apoderarse de ella, sino ejercitar la acción judicial correspondiente para que sea declarado su derecho y se prive de ella al poseedor ilegal. El ar-tículo 448 del Código Civil declara que todo poseedor tiene derecho a ser respetado en la posesión. ’ ’

En el caso de autos, como hemos visto, la sociedad de-mandada como compradora recibió la posesión de la finca, tanto la simbólica como la material, sin que encontrase incon-veniente alguno por parte del demandante, que no vivía en la finca, ni indicó a la demandada en ningún momento anterior a la toma de posesión el derecho que él alegaba tener sobre el solar en controversia.

El artículo 279 del Código de Enjuiciamiento Civil tam-poco es aplicable al presente caso, pues se refiere al corte de leña, maleza, árbol o madera, etc., dentro de una finca perteneciente a otra persona o en tierras o caminos públicos de una ciudad o pueblo, etc.

Deseamos llamar la atención al hecho de que de acuerdo con la ley de costas vigente (art. 327, Código de Enjuiciamiento Civil), según fué enmendada en 1936 (Leyes de ese año, pág. 353, Ley núm. 69), no concede discreción alguna a la corte sentenciadora con respecto a la imposición de costas, siendo imperativo el imponerlas a la parte contra quien se dicte la sentencia; pero como en este caso la parte apelada no estableció recurso alguno contra ese pronunciamiento, nos abstenemos de hacer el que de otro modo hubiéramos hecho.

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel Angel Ilarraza, acusado y apelante.
    Núm. 8137

    Sometido: Mayo 7, 1940.

      Resuelto: Mayo 9, 1940.

      M. Velázquez Flores, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de. El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En el juicio de novo que en grado de apelación celebró en este caso la Corte de Distrito de Humacao, declaró convicto al acusado del delito de acometimiento y agresión con circuns-tancias agravantes y lo sentenció a cumplir un año de cárcel. En el recurso de apelación que interpuso para ante este tribunal, alega el acusado que la denuncia es nula por haber sido radicada en la Corte de Paz de Fajardo, la cual carece de jurisdicción para conocer del delito imputádole; que tanto la Corte Municipal de Fajardo, donde se celebró el juicio en primera instancia a base de una denuncia radicada en la Corte de Paz, como la Corte de Distrito de Humacao en grado de apelación, carecen de jurisdicción por razón del delito real-mente imputado en la denuncia, y finalmente que no se pro-baron los elementos constitutivos del delito de acometimiento con circunstancias agravantes.

De los autos no resulta que la denuncia hubiese sido radicada originalmente en la Corte de Paz. Lo único que aparece es que fué jurada ante el Juez de Paz.

El hecho de que la denuncia haya sido jurada ante el Juez de Paz de Fajardo en dicha ciudad, no afecta su validez, pues siendo el Juez de Paz un funcionario autorizado para admi-nistrar juramentos y habiéndolo autorizado en este caso dentro de la jurisdicción territorial del tribunal que preside dicho funcionario, el juramento es tan válido como si lo hu-biera recibido el propio Juez Municipal de Fajardo. Soto v. Tesorero de Puerto Rico, 53 D.P.R. 950, 953, y especialmente Partido Popular et al., v. Gallardo, Secretario Ejecutivo, ante, pág. 706.

La denuncia, en lo pertinente, dice así:

“En la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Fa-jardo, P. R. — Estados Unidos de América, El Presidente de los Es-tados Unidos. — El Pueblo de Puerto Pico v. Miguel Angel Ilarraza Pastrana . . . Yo, José A. López Yélez, Cabo, P. I., vecino de Fa-jardo, P. R, calle de Luis Muñoz Rivera, número . . . mayor de edad, formulo denuncia contra Miguel Angel Ilarraza Pastrana por delito de acometimiento y agresión grave, cometido de la manera si-guiente : Que en 4 de enero, 2:00 P. M., de 1939, y en la barriada obrera de Fajardo, P. R., del Distrito Judicial Municipal de Fajardo, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Humacao, P. R., el referido acusado, Miguel Angel Ilarraza Pastrana, allí y entonces, ilegal, voluntaria y maliciosamente y con la intención criminal de causar grave daño corporal en la persona de la menor Angélica Soto, que es una semejante, la agarró por un brazo mientras ésta se encon-traba en la letrina de su casa, tapándole la boca, balándola para ti-rarla al suelo, causándole contusiones en la cara, en los brazos, y desgarrándole el traje que vestía el cual se presenta como evidencia. El agravante de este caso consiste en que el acusado es un varón adulto de grandes fuerzas corporales, habiendo cometido este delito en la persona de una niña de 13 años (menor de -edad). — Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico ...”

■ De la faz de la denuncia claramente resulta que el delito imputado es el de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes. Se alega que el acusado es un “varón adulto de grandes fuerzas corporales”, que la perjudicada es una menor, y que el acusado la agarró por un brazo, tapándole la boca, balando para tirarla al suelo, causándole contusiones en la cara y en los brazos, y desgarrándole el traje que vestía. Como las cortes municipales tienen jurisdicción sobre el de-lito de acometimiento y agresión con circunstancias agravan-tes, claro es que en apelación pudo conocer del caso la corte de distrito.

Sostiene el apelante que el delito imputado es el de ataque para cometer violación y no el de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes. El delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes está incluido en el de ataque para cometer violación y siendo ello así, y habiéndose optado por denunciar el acusado por el delito menor, nada impide su convicción aun en el supuesto de que los hechos probados pudieran demostrar la comisión del delito mayor. Véase el caso de El Pueblo v. Reyes, 55 D.P.R. 834.

Arguye el apelante que de la prueba no resulta que el acusado fuera un varón adulto y de fuerzas corporales, como se alega en la denuncia. Es verdad que no se presentó prueba directa con respecto a la edad del acusado, pero de la evidencia resulta que al tiempo de realizarse el acto delictivo él era un hombre casado, con hijos, y que había sido conocido por la madre de la perjudicada hacía 7 u 8 años trabajando como carpintero en la casa de don Rafael Calderón. Es de conocimiento general que para ser él carpintero y estar trabajando como tal, necesariamente debió tener no menos de catorce años, que sumados a los 7 u 8 a que se re-fiere la testigo, demuestran que la edad del acusado para dicta fecha debió ser de 21 ó 22 años.

Además, el juez sentenciador, que pudo ver al acusado en el juicio, lo consideró mayor de 21 años, desde el momento en que lo declaró culpable de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, y no aparece del.récord que en ningún momento el acusado levantara la cuestión en la corte inferior.

En el Estado de Tejas, de donde procede nuestra ley de acometimiento y agresión, se ha dicho por la Corte de Ape-laciones :

“Como se dijo anteriormente, la acusación en este caso imputaba un delito de acometimiento con circunstancias agravantes por un varón adulto a una mujer, y para justificar una convicción, el gobierno es-taba obligado a probar la alegación que se bacía en la denuncia, esto es, que el acusado era un varón adulto. ‘Adulto’ significa una persona que ha llegado a la edad de 21 años. George v. State, 11 Tex. App. 95; Schenault v. State, 10 Tex. App. 410. No hay prueba po-sitiva directa en la relación del caso al efecto de que el acusado es o fuera un varón adulto, pero encontramos que se habla de él ‘como un hombre’ (as a man) y ‘un ayudante de ferrocarril’ (a railroad hand) y no se levantó cuestión alguna en el juicio con respecto a este hecho. Por el contrario, el acusado parece haber sido conside-rado por todas las partes en el juicio y por la corte como un adulto. La regla parece haber quedado bien establecida ya sobre esta materia al efecto, de que cuando no se levanta cuestión o controversia en cuanto a este punto en la corte inferior ni es sugerida por los hechos en evidencia, el caso no será revocado por falta de una prueba espe-cífica del hecho. (Citas)”. Henkel v. State, 11 S. W. 671, 672, y casos citados.

Véase además el caso más reciente de Priest v. State (Tex. 1932), 47 S. W. (2d) 280.

No existiendo ninguno de los errores señalados por el acu-sado, y estando la sentencia impuesta dentro de los límites que determina la ley para este delito, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    América Díaz Escribano, demandante y apelada, v. Manuel Pérez Almela y Raimundo Faura, demandados y apelantes.
    Núm. 7832.

    Sometido: Mayo 12, 1939.

      Resuelto: Mayo 10, 1940.

      Julio Reguero, abogado de los apelantes; F. B. Aponte, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Estamos ante un recurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada por la Corte de Distrito de Humacao, en un procedimiento de injunction para retener la posesión. América Díaz Escribano, la aquí demandante, y Manuel Pé-rez Almela, el demandado, son dueños de casas enclavadas en solares contiguos en la ciudad de Caguas, P. E. La casa de la demandante ocupa basta la línea divisoria del solar, de suerte que su pared del lado Oeste está en la colindancia del mismo. En la planta inferior existen tres ventanas que abren hacia el solar del demandado Pérez. Los dueños han usado estas ventanas por espacio de más de veinte años. En octubre 29, 1937, el demandado hizo que su empleado Rai-mundo Paura construyera una verja alta en todo el lado Oeste de la casa de la demandante (y en la línea del solar). Ésta obstruía las ventanas de la casa de la demandante. Dicha pared o palizada fue más tarde, a instancias de la deman-dante, removida o destruida parcialmente.

La demandante radicó petición de injunction, alegó que había estado en posesión de una servidumbre de luces y vistas por espacio de más de un año inmediatamente anterior a la radicación de la demanda, que se le había perturbado en su posesión, y solicitó que se prohibiera al demandado Pérez Abuela y a su empleado Raimundo Paura de perturbar a la demandante, suplicando a la corte les prohibiera construir cualquier palizada o estructura que la privara de su derecho a utilizar las ventanas. En otra parte de la demanda se ha-cía referencia nuevamente a.una servidumbre.

Luego de celebrarse el juicio, la corte dictó sentencia a favor de la demandante y resolvió, podríamos decir, que ésta había estado en posesión de ciertas ventanas que daban luces y vistas y tenía derecho a ser protegida en su posesión. Se ordenó a los demandados se abstuvieran de realizar cualquier acto que pudiera perturbar a la demandante en el disfrute de sus ventanas.

Los demandados apelaron y señalan tres errores:

“1. — La Corte de Distrito de Humacao erró al resolver que la de-mandante tenía el derecho de conservar abiertas las tres ventanas del lado Oeste de su casa y el extremo Oeste del balcón de la misma, en colindanc;a con la finca del demandado Pérez Almela, y que éste no podía cubrir dichos huecos levantando una pared en su finca sin antes entablar una acción judicial ordinaria negatoria de servidumbre contra la demandante.
“2.' — La Corte de Distrito de Humacao erró al resolver que la demandante tenía derecho a ser protegida en el uso de sus ventanas y balcón, contra los actos de perturbación, de los demandados, después que ella violentamente se reintegró en el disfrute de dichos huecos.
“3. — La Corte de Distrito de Iiumacao erró al condenar a los de-mandados al pago de las costas y de $150 de honorarios de abogado de la demandante.”

Los apelantes sostienen que la demandante no probó el derecho a la servidumbre; que el mero hecho de abrir ven-tanas en lina pared contigua no medianera no crea una ser-vidumbre, citando el caso de García v. García, 25 D.P.R. 128; que el tiempo de posesión requerido para adquirir una ser-vidumbre es de veinte años, bajo ciertas circunstancias espe-ciales, citando el caso de Díaz v. Guerra, 18 D.P.R. 819. Los apelantes además sostienen que las ventanas medían más de 30 centímetros en cuadro y no estaban construidas a la al-tura de las carreras; y que ellas eran mayores del tamaño permitido por la ley (Código Civil, artículo 517); que aun-que hubieran sido del tamaño permitido por la ley, los de-mandados tendrían el derecho a construir su pared sin tomar en consideración las ventanas.

Además los apelantes sostienen que nadie tiene derecho a abrir ventanas a menos que exista una distancia de dos metros entre la pared en que éstas están construidas y la pro-piedad contigua, cuestión que ya hemos discutido en varios casos; que las ventanas construidas en una pared contigua no medianera existen por mera tolerancia y que el vecino puede construir libremente al lado; y cita Sentencias del Tribunal Supremo de España de junio 13, 1877 (37 J. C. 188); de mayo 13, 1882 (49 J. C. 172); Laurent, Principios de Derecho Civil, Edición Española 1912, Tomo 8, pág. 65; y Enciclopedia Jurídica Española, tomo 28, pág. 699; que en su consecuencia la demandante no tiene causa de acción porque los demandados meramente ejercitaban los derechos que la ley les concede al tratar de construir una empalizada sobre su propio solar. Los apelantes presentaron otros ar-gumentos relativos a la forma en que se inició el litigio y sobre lo que la demandante había tratado de hacer.

La corte inferior, luego de oír las declaraciones de los tes-tigos y de hacer nna inspección ocular, dictó la siguiente opi-nión y sentencia:

. “Considerando que, al recurrir a este procedimiento especial, el propósito de la demandante es obtener el amparo judicial para man-tenerse en el uso de ciertas ventanas de su propiedad, descritas en la demanda, como medio para derivar luces y vistas del fundo contiguo perteneciente al demandado, sin que éste pueda perturbarla, liasta que otra cosa se resuelva, en la correspondiente acción, en el uso de tal derecho, poseído por la demandante durante más de veinte años con anterioridad a la fecha en que se interpuso la demanda con que se inició esta acción, y especialmente durante el último año con ante-rioridad a la m'snia, motivando su recurrencia judicial la perturba-ción de que en tal uso fué objeto como consecuencia de los actos del de-mandado alegados en dicha demanda; considerando que, independien-temente del derecho de la demandante a establecer una acción ordinaria sobre declaratoria o reconocimiento de servidumbre de luces y vistas, así como del derecho del demandado para establecer otra sobre negatoria de servidumbre, ambas con relación a los fundos que respectivamente alegan y reconocen pertenecerles, el referido uso de su propiedad por la demandante es materia claramente susceptible de protección legal por medio del interdicto previsto para casos de tal naturaleza; con-siderando que la existencia o inexistencia de una servidumbre a favor o en contra de la demandante, sobre la finca del demandado a que se refiere la demanda, como predio sirviente, a favor de la suya como predio dominante, no es materia para ser dirimida en esta acción especial en la que sólo se ventila únicamente el hecho posesorio, o cuasi posesorio si se quiere, sin que lo resuelto en este procedimiento obste para que las partes recurran a la correspondiente acción ordinaria en sostenimiento de sus respectivas posiciones con relación a la con-tienda dominical que parece existir entre ambas; resultando de la prueba que las alegaciones fundamentales de la demanda han quedado satisfactoriamente probadas y que la demandante tiene derecho a lo solicitado en la misma, se declara con lugar esta demanda y al efecto se dicta sentencia ordenándose a los demandados Manuel Pérez Al-íñela y Raimundo Paura, que, mientras otra cosa se resuelva, ni se-parada ni conjuntamente, ni por sí ni por cualquier empleado, agente o persona bajo su autoridad, realicen acto alguno tendiente a inquie-tar o a perturbar a la demandante en la posesión y disfrute de las ventanas colocadas en la pared Oeste de la casa descrita en su de-manda, así coñio que procedan a construir de nuevo a su Cargo, el alero o pestaña que desapareció de las ventanas de referencia con mo-tivo de las obras realizadas en su fundo por el demandado Manuel Pérez Almela, imponiéndose a los demandados las costas en la acción incluyendo éstas una suma de $150 que se estima razonable para pagar los honorarios de abogado de la demandante.”

La apelada descansó en su posesión por más de un año de una casa con ventanas abiertas, y señala los casos de Fernández v. González, 41 D.P.R. 726 y Fajardo Sugar Growers v. Central Pasto Viejo, 41 D.P.R. 825. Estos casos, en los que el suscribiente disintió, afectaban solamente la supuesta posesión de una servidumbre, a distinción del derecho en sí.

Aquí, sin embargo, conforme los apelantes insisten, con citas apropiadas, supra, el demandado principal, Pérez, es-taba ejercitando un derecho sobre su propio terreno. La ley y las autoridades son claras al efecto de que de ordinario el apelante tenía derecho a levantar un muro hasta el límite de su solar.

Manresa dice (Manresa, Comentarios al Código Civil, 5a. ed., tomo 4, pág. 706, párr. 3):

“La apertura de los huecos para las luces no establece servidum-bre a favor de quien la abre, pues son de mera tolerancia, y el pro-pietario del fundo contiguo puede cerrarlos si adquiere la medianería (salvo pacto en contrario) y cubrirlos si edifica pared contigua.
“Para adquirir verdadera servidumbre de luces será necesario ga-nar esos huecos por prescripción, y como la servidumbre en pared propia se reputa negativa (sentencias de 27 de mayo de 1896 y 9 de febrero de 1907), el tiempo necesario para esa prescripción se ha de contar, no desde la apertura del hueco, sino desde que hubo acto obstativo, siendo este requisito necesario para la adquisición de la servidumbre. ¿Por qué hasta el.momento del acto obstativo no co-mienza a contarse el tiempo? Porque, como dice Castriño, el acto obstativo constituye la causa eficiente del nacimiento de la posesión de la servidumbre, y sin el acto obstativo la servidumbre no nace, y no naciendo no se puede poseer, y si no se posee ese derecho, porque no ha tenido lugar su nacimiento, sería absurdo condenar al colin-dante por haber realizado el despojo d.e la posesión de un derecho que no ha nacido. La existencia del hueco, pues, en la hipótesis es-tudiada, no puede implicar ‘per se’ posesión del derecho de servi-dumbre, debiendo entenderse (salvo prueba en contrario) que el aprovechamiento de las luces y la utilidad de las vistas, son de mera tolerancia.
“Esta doctrina es la formulada constantemente por la jurispru-dencia del Tribunal Supremo de una manera repetida. Dice ésta, en sentencia de 31 de mayo de 1892 (confirmatoria de las de 6 de marzo de 1875, 13 de junio cíe 1877, 13 de mayo de 1882, 10 de mayo de 1884 y 12 de noviembre de 1889), que los huecos abiertos en la pared propia, en correspondencia con suelo y cielo ajenos, son de mera tolerancia, salvo pacto en contrario, y no pueden ganarse por pres-cripción, sino computando ésta desde la ejecución de algún acto obs-tativo que tienda a privar al dueño de la finca a que afecte, de la facultad de edificar sobre la misma.”

La demandante, además, no podía descansar en nna ser-vidumbre con ventanas abiertas en contravención de la ley. (Artículo 517, Código Civil (1930).)

Scaevola dice (Scaevola, Código Civil, Tomo 10, pág. 477):

“Sección Quinta. De la servidumbre de luces y vistas,
“La sección contiene preceptos de naturaleza distinta; unos son ■afirmativos de la servidumbre de luces y de la de vistas, otros no implican ésta. El código regula en esta sección el derecho de vistas, bien derive del de propiedad, bien traiga su origen de una servi-dumbre.
“El primer artículo de la sección, el 580, prueba lo acabado de afirmar. Se trata más bien que de una servidumbre de una manifes-tación del derecho de propiedad común ...
“Decimos lo mismo del art. 581, aunque a primera vista ocurra pensar lo contrario. Es cierto que al concederse al dueño de una pared no medianera, contigua a finca ajena, el derecho de abrir en ella huecos con las' condiciones que en el mencionado artículo se indi-can, parece establecerse una servidumbre en cuanto se le otorga el derecho de recibir luz del fundo ajeno e inspeccionar éste; pero como a su vez se reconoce al dueño del predio contiguo la facultad de edi-ficar en éste tapiando los huecos, resulta que ambos derechos no son sino manifestaciones recíprocas dél derecho de propiedad. En puri-dad, no puede decirse que hay servidumbre cuando una persona usa libremente de su cosa sin adquirir o sin restringir un uso de otra.
“El propietario del edificio, al abrir los huecos determinados en el art. 581, no hace sino usar libremente de su propiedad, y lo mismo el del terreno lindante construyendo al lado del edificio de los huecos. La servidumbre supone algo que se prolonga material o idealmente sobre el fundo ajeno, cuando no hay esta expansión jurídica, cuando el propietario se mantiene dentro de su cosa, los derechos que ejercite sobre ella los ejerce por derecho de propiedad.”
Al mismo fin dice Manresa:
“El art. 581, declara la sentencia de 3 de marzo de 1905, no re-gulariza en realidad la servidumbre de luces, sino que concede un derecho al dueño de una pared no medianera contigua a finca ajena, derecho no permanente, y cuya eventualidad se patentiza por la fa-cultad que al propietario del terreno contiguo se otorga para edificar en el mismo sin trabas ni restricciones. Por esto, no puede ser ese artículo aplicable a una servidumbre de luces, con mayor razón si ésta existía con anterioridad al Código, y las circunstancias y dimensiones de los huecos por donde ha de recibirse la luz, deben ajustarse a las costumbres de la localidad (cuando no existe la ley aplicable ni pacto alguno) y no al precepto de aquel artículo.
“Los huecos abiertos en pared propia, dice la sentencia de 19 de enero de 1909, no arguyen servidumbre sobre otra finca, ni pueden subsistir si sus dimensiones exceden de 30 centímetros en cuadro, límite fijado en el art. 581.” (Manresa, Código Civil, Tomo IV, pág. 707, párrs. 2 y 3.

Véanse también Manresa, op. cit., Tomo IV, págs. 701 et seq.; Scaevola, op. cit., Tomo X, págs. 477, 504; Sánchez Román, Código Civil Español, 2a. ed., Tomo III, pág. 635.

En todo caso, dados los derechos de Pérez, el remedio de la demandante, si algnno tenía, hubiera sido traer una acción confesoria de servidumbre, o algún otro pleito ordinario para establecer tal derecho.

Debe revocarse la sentencia apelada, declararse sin lugar la demanda y condenarse a la demandante al pago de las cos-tas sin incluir honorarios de abogado.


text:
    Antonio Diez Urrutia, Sucesión, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, demandada.
    Núm. 196.

    Sometido: Mayo 6, 1940.

      Resuelto: Mayo 10, 1940.

      Luis Mercader, abogado de la recurrente; Víctor J. Vidal González y G. Atiles Moréu, abogados del Fondo del Seguro del Estado.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Roberto Ramos Torres trabajaba como mensajero en una farmacia en Areeibo perteneciente a Antonio Diez Urrutia y el 14 de agosto de 1939, mientras corría en una bicicleta, fué lanzado al pavimento por un camión perteneciente a la em-presa de José S. Mera. El camión iba conducido por Carlos Colón. El obrero falleció unos días después y el fiscal pre-sentó contra el chófer una acusación por el delito de homici-dio involuntario.

Aunque nada hay en los autos que demuestre que estuviera autorizado para ello, un empleado de la farmacia, Agustín Diez Urrutia, informó a la Comisión Industrial del accidente y ésta no examinó sus propios archivos para ver si Antonio Diez Urrutia estaba asegurado o no. Como consecuencia de este aviso la Comisión incurrió en ciertos gastos ascendentes a $29.25.

Antonio Diez Urrutia compareció ante la Comisión y alegó que ésta carecía de jurisdicción toda vez que él empleaba me-nos de tres obreros y en vista de que el accidente fué ocasio-nado por la intervención criminal de un tercero.

La beneficiara o heredera de Ramos Torres radicó de-manda contra José S. Mera, pero por transacción entre las partes el caso fué resueltq por la Corte de Distrito de Arecibo mediante sentencia favorable a la demandante y ella acudió ante la Comisión y solicitó que el caso pendiente ante ésta fuera archivado toda vez que la peticionaria no tenía interés alguno. La Comisión así lo hizo. Sin embargo, en 31 de enero, 1940, la Comisión dictó una resolución por la cual or-denó a Antonio Diez Urrutia que pagara los $29.25 a que nos hemos referido. No obstante la moción de reconsideración presentada la Comisión insistió en su fallo.

La idea de la Comisión parece haber sido que cuando un empleado radica una reclamación ante ella, el patrono debe ser responsable.

De esta decisión el peticionario apeló. El Adminis-trador del Fondo del Estado ha radicado ante este tribunal una moción en solicitud de que se desestime el recurso por no habérsele notificado el mismo. Estamos dispuestos a admitir que el administrador tiene cierto interés en todos los asuntos que van ante la Comisión, mas él no nos indica nin-gún precepto positivo de derecho que exija se le notifique un recurso en que la Comisión llega a una conclusión final similar a la dictada en este caso. El recurso fué notificado a la Comisión por correo el 14 de marzo, 1940, y una notificación similar fué remitida a la heredera de Ramos Torres. lia moción del administrador no puede prevalecer. La notifi-cación del recurso a la Comisión cubría suficientemente el caso y de ser necesario ésta podía notificarle al Administrador del Fondo del Estado, quien en realidad acudió ante este tribunal para argumentar el caso. Por el presente, somos del criterio que cuestiones de apelación en esta clase de recursos no deben ser interpretadas demasiado estrictamente.

Entrando entonces en los méritos del caso, es claro, desde luego, que Antonio Diez Urrutia no era un patrono asegurado, especialmente por emplear menos de tres obreros.

Aunque aparentemente la persona que radicó la reclama-ción ante la Comisión estaba emparentada con Antonio Diez Urrutia, ella no estaba autorizada para hacer tal cosa. Con mucha frecuencia sucede que un patrono asegurado ratifica el acto de uno de sus empleados al notificar éste a la Comisión de un accidente. Empero, no podemos ver que la notificación hecha en este caso caiga dentro de ninguna de las reglas del mandato (agency) que hacen al principal responsable del acto de su empleado. La comunicación hecha por este último no caía dentro de los deberes de su cargo.

Deben revocarse las resoluciones recurridas y exonerarse de responsabilidad al patrono.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Gregorio A. Rivera, demandante y apelante, v. Sucesión de Bernabé Caraballo Aquino, compuesta de sus hijos legítimos José, Flor, Toribio y Cruz Caraballo González, y de su nieto Luis Angel Díaz, representado por su padre con patria potestad, Luis Díaz; y José Caraballo Pagán, demandados y apelados.
    Núm. 7992.

    Sometido: Marzo 13, 1940.

      Resuelto: Mayo 20, 1940.

      J. C. Rivera, abogado del apelante; Francisco Rodríguez Alverio, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre inexistencia de contrato de com-praventa, reivindicación de finca rústica, pago de frutos e in-demnización por daños y perjuicios. Pallado en contra del demandante, apeló éste, señalando en su alegato dos errores cometidos a su juicio por la corte de distrito al resolver que debió haberse solicitado previamente la rescisión del contrato de que se trata y al decidir que dicho contrato no fue simu-lado. La parte apelada no presentó alegato ni compareció a la vista del recurso.

En la demanda se ejercitan tres causas de acción. Para fundar la primera se alega que el demandante es dueño de “un condominio representado por la mitad indivisa de un predio de terreno” de doce cuerdas situado en el barrio de Hato Nuevo, de G-urabo; que por escritura pública de marzo 4, 1933, el causante de los demandados, Bernabé Caraballo, traspasó simuladamente al demandado José Caraballo Pagán, el condominio reclamado en la demanda, sin que mediara pre-cio o consideración y con el único propósito de defraudar a sus acreedores entre los cuales se encontraba el demandante, continuando en su posesión hasta la fecha de su muerte, ne-gándose el demandado José Caraballo Pagán a traspasárselo no obstante saber que le pertenecía.

Como base de la segunda causa de acción se reproducen los hechos pertinentes de la primera y se agrega que la su-cesión demandada, en primer término, desde qne el deman-dante adquirió el condominio, y en unión del otro demandado José Caraballo Pagán, en segundo término, viene poseyéndolo contra la voluntad del demandante y se niega a entregárselo.

Y para establecer la tercera causa de acción, se reproducen los hechos pertinentes de la primera y se alega que desde agosto 4, 1934, en que el demandante adquirió el condominio, la Sucesión Caraballo primero y en unión del demandado José Caraballo Pagán, después, ha utilizado los frutos natu-rales e industriales del inmueble cuyo valor razonable as-ciende a cien dólares, y que además el demandante con mo-tivo de la detentación de su propiedad por los demandados ha sufrido daños y perjuicios que fija en otros cien dólares.

Contestaron los demandados negando todos los hechos en que se fundan las tres causas de acción, con excepción del que se refiere a sus circunstancias personales que aceptaron. Como defensa alegaron que el demandante en tiempo alguno pidió la rescisión del contrato de venta de Bernabé Caraballo a José Caraballo Pagán como acreedor del primero, ni ha obtenido sentencia firme a su favor declarando la nulidad de dicho contrato, sin que pueda alegar colateralmente el fraude o la simulación en este pleito.

Fallado el caso por la Corte Municipal de Caguas donde fué iniciado, fué en apelación a la del distrito, Humacao, celebrándose la vista en enero 18, 1939. La prueba del de-mandante consistió en su propia declaración, en la de los testigos Julio Santana y Cosme Delgado y en dos copias de escrituras públicas. La de los demandados en las declara-ciones de José Caraballo Pagán y G-uillermo Díaz.

Declaró el demandante a preguntas de su abogado:

‘'.... que se dedica al comercio desde hace muchos años; que co-noce a José Caraballo Pagán, el demandado, quien era sobrino del fenecido Bernabé Caraballo; que tuvo un pleito anterior con éste en cobro de dinero, como resultado de relaciones comerciales que existieron entre ambos; que el fallo en el pleito anterior referido fué favorable al demandante, y para hacer efectiva la sentencia em-bargó a Bernabé Caraballo el condominio a que se refiere este pleito, y lo adquirió en pública subasta en el año 1934; que el Márshal de la Corte Municipal de Caguas le entregó la posesión material de dicho condominio al declarante y éste tomó posesión del mismo, con el conocimiento y el consentimiento de Bernabé Caraballo y de José Caraballo Pagán; que Caraballo Pagán vivía entonces cerca de dicho condominio,, en terrenos colindantes de su padre Enrique Cara-bailo; que después de darle posesión el márshal, procedió a medir las 6 cuerdas que el márshal le había entregado uno o varios días antes; que cuando el márshal le dió posesión de las 6 cuerdas, Ca-raballo Pagán, en conversación con el demandante y en presencia del márshal y del padre de Caraballo Pagán, Sr. Enrique Cara-bailo, confesó que aquellas seis cuerdas eran de Bernabé Caraballo; que como un año antes de la publicación de los edictos para la venta en publica subasta de las <6 cuerdas de terreno, ya sabía el deman-dante que éstas habían sido traspasadas simuladamente por Bernabé Caraballo a José Caraballo Pagán; y que Bernabé Caraballo murió en agosto de 1936, y desde entonces Caraballo Pagán empezó a rea-lizar actos de posesión en las 6 cuerdas, pero juntamente con los demás, demandados, y así han continuado posteriormente; que Ca-raballo Pagán sin embargo nunca ha sembrado frutos de ninguna especie en dichas 6 cuerdas; que solamente se le ha. visto por ellas desde que murió Bernabé Caraballo, cortando árboles o espeques, y utilizando los frutos naturales del terreno, o cuidando algún ganado allí; que los que han seguido siempre cultivando frutos menores allí son los demás demandados; que José Caraballo Pagán no em-pezó a pagar las contribuciones de las seis cuerdas objeto de este pleito, hasta después de haber sido resuelto este caso por la Corte Municipal de Caguas, en marzo de 1938, esto es, el único recibo de contribuciones pagado por José Caraballo Pagán a su nombre y fa-ver es el correspondiente al año económico de 1938 a 1939, o sea el del año en curso; que requirió personalmente a Caraballo Pagán en distintas ocasiones antes de radicarse este caso en la Corte Municipal de Caguas, para que le entregara la posesión de dichas seis cuerdas; y que en vida de Bernabé Caraballo le hizo igual requerimiento en distintas ocasiones a éste también; que José Caraballo Pagán, en vida de Bernabé Caraballo, le dijo al declarante que él estaba dis-puesto a entregarle el terreno y hasta hacerle una escritura, si Ber-nabé Caraballo lo disponía así, porque Bernabé Caraballo era en verdad el dueño de las 6 cuerdas; que los demandados todos se han beneficiado por la posesión de las 6 cuerdas en la cantidad de $100.00 por lo menos, y que le han causado además daños civiles ascendentes a otros $100.00, durante los últimos cuatro años; que el título que tienen las 6 cuerdas en la actualidad no es inscribible.
“Repreguntado por el abogado de los demandados con respecto a la fecha en que había sabido de la venta o traspaso que se alega fué simulado, hecho de las 6 cuerdas por Bernabé Caraballo Pagán, contestó así:
“Que él hacía tiempo que venía cobrándole a Bernabé Caraballo el importe de un pagaré de $100:00 más o menos, que él había fir-mado como consecuencia de relaciones comerciales existentes entre ambos; que esas gestiones de cobro las había hecho por escrito y verbalmenie a Bernabé Caraballo allá por los años de 1931 y 1932; que después de dichas gestiones y en vista de que todas resultaban infructuosas, se enteró de que Bernabé Caraballo había traspasado simuladamente las 6 cuerdas a José Caraballo Pagán; que eso fué allá por el año de 1933, pero que no puede recordar con exactitud la fecha; que como un año antes de publicarse el edicto para la venta en pública subasta de las 6 cuerdas que le fueron adjudicadas al demandante, ya éste sabía que Bernabé Caraballo le había hecho el traspaso simulado a José Caraballo Pagán de dichas 6 cuerdas; que si no hubiese sabido antes del pleito anterior que dicho tras-paso era simulado, no hubiera podido nunca presentar esta demanda.
“Repreguntado también por el abogado de la parte contraria ¿por qué no presentó este pleito antes de 1937, en Caguas? el de-mandante contestó así: Porque esperaba obtener un resultado favorable con las gestiones que venía haciendo con los demandados, para evitarlo, ya que no creía que la temeridad de ellos fuese tan grande, sobre todo después de muerto Bernabé Caraballo, y cuando le tocaba resolverlo a José Caraballo Pagán solamente, quien como dije antes había confesado la simulación del traspaso y su deseo personal de entregarme el terreno.”

Santana declaró que trabajó en Gurabo como apremiador de contribuciones y en 1933 apremió a José Caraballo Pagán para el pago de las contribuciones adeudadas por el condo-minio que se reclama en este pleito y le contestó que el que tenía que pagar las contribuciones por las doce cuerdas com-pletas era Bernabé Caraballo por ser su único dueño; que entonces se dirigió a Bernabé quien le confesó que era cierto lo que José dijo, prometiéndole pagar como en efecto lo hizo.

Y Delgado que era propietario colindante con las tierras aquí redamadas, que allá por el 1934 el Mársbal de la Corte Municipal de Caguas, Eafael Batalla, le notificó como colin-dante que el demandante era el dueño de las seis cuerdas de las que le dió posesión en presencia de Bernabé y de José Caraballo; que nadie se opuso a que el demandante tomara posesión; que los frutos percibidos por los demandados va-len cien dólares y otros cien las rentas que debió producir el terreno.

Los documentos consistieron en copias de la escritura que ante notario otorgara a nombre de Bernabé Caraballo el Marshal de la Corte Municipal de Caguas en octubre 2, 1934, vendiendo al demandante el condominio de que se trata, em-bargado en el pleito que siguiera contra Bernabé en cobro de pesos en la dicha corte municipal, y de la escritura cuya simu-lación se alega y que aparece otorgada en marzo 4, 1933, por Bernabé Caraballo a favor de José Caraballo Pagán, ven-diéndole el dicho condominio.

Como ya dijimos la evidencia aportada por los deman-dados consistió en las declaraciones del demandado José Ca-raballo Pagán y del testigo Guillermo Díaz.

Dijo el primero contestando a preguntas de su abogado:

“Que el 4 de marzo de 1933 compró a Bernabé Caraballo Aquino la cantidad de 10% cuerdas de terreno, 6 en un predio y 4 en otro, que le había pagado en diciembre Io de 1932 en presencia de Guillermo Díaz y Marcelino Hernández; que había pagado $230 por dichos terrenos en 10 billetes de $20, 2 de $10 y 2 de $5; que el deman-dante Gregorio A. Rivera fué a requerirle para que le entregara la finca objeto de este pleito después que Bernabé Caraballo le hizo la escritura; que el dinero lo reunió vendiendo tabaco, y con el pro-ducto de dos animales; que nunca tuvo entrevistas con Gregorio A-Rivera (el demandante) ; que nunca ha visto al apremiador Julio Santana; que posee la finca desde 1933, y desde entonces viene uti-lizando los frutos de la misma con los demás demandados.”

Y a preguntas del abogado del demandante:

“Que antes y después de hacerse la escritura que se alega simu-lada ha trabajado siempre como peón y ganado solamente 60 centavos por día, cuando trabaja; que no trabaja en la Central porque prefiere trabajar con propietarios vecinos, como Marcelino Hernán- áez, con quien ha trabajado y sigue trabajando aunque pocos días cada semana por ser un pequeño propietario el Sr. Hernández; que para convertirse en propietario presentó a la PURA una solicitud en compañía de Marcelino Hernández, éste como propietario y el declarante como peón permanente, y que eso fué en el año 1935 ó 1936, cuando los propietarios pequeños se estaban acogiendo al be-neficio del plan tabacalero; que dichas solicitudes se hacían bajo palabra de honor, en cuanto a la veracidad del contenido de las mis-mas por un propietario y un peón permanente, y en la solicitud los peones permanentes hacían constar bajo palabra de honor que no eran propietarios; que después la PRRA lo hizo propietario de 3 cuerdas.
“Que es cierto que el demandante le requirió para que le entre-gara los terrenos objeto de este pleito, y que también es cierto que el Márshal de la Corte Municipal de Caguas en el año 1934 fué a darle al demandante posesión de dichos terrenos sin que el decla-rante se opusiera, sino que permaneció callado cuando el márshal lo hizo, y que el márshal lo había hecho en presencia de su padre Enrique Caraballo, como colindante también; que reunió el dinero del precio vendiendo tabaco, pero que no recuerda a quién le ven-dió el tabaco aquel año, ni la fecha en que lo vendió; que el resto del dinero lo hizo vendiendo dos animales o reses a unos matarifes, en Gurabo, pero que no recuerda su nombre, ni la fecha en que se los vendió; que no ha vivido nunca en los terrenos objeto de este pleito porque siempre ha vivido como agregado de su padre Enrique Caraballo, en otros terrenos, en una casita o bohío que tiene cons-truido allí con su familia; que Bernabé Caraballo siguió pagando las contribuciones de los terrenos objeto de este pleito como si no se hubiese otorgado escritura alguna entre el otorgante y Bernabé Ca-raballo, por los años de 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1935-36, 1936-37 y 1937-38.
“Que había pagado por primera vez las (contribuciones) del año 1938-39, y que había hecho esto después de fallar la Corte Municipal de Caguas a su favor este mismo pleito, y que él debe las contribu-ciones anteriores a Bernabé Caraballo; que ha visto al apremiador Julio Santana en Gurabo, en el pueblo, pero no en su casa en las Masas; que Bernabé Caraballo era tío carnal del declarante José Caraballo Pagán.”

Y Díaz declaró, a preguntas del abogado de los deman-dados, “que conoce a José Caraballo Pagan y conoció a Ber-nabé Caraballo Aqnino; qne presenció nna transacción habida entre Bernabé Caraballo Aqnino y José Caraballo Pagán, el Io de diciembre de 1932; qne vió cnando Caraballo Pagán le entregó $230 a Bernabé Carabalb Aqnino como precio de 10y2 cnerdas de terreno qne le iba a comprar; qne conoce a Lnis Díaz, esto es, a sn hijo y cnñado de José Caraballo Pa-gán.”

Repreguntado si tenía algún interés en este asunto, con-testó :

“Que no tenía ningún interés, pero qne era cierto qne sn hijo Lnis Díaz casó con Isabel Caraballo González, hoy fenecida, con qnien había procreado nn hijo qne figura como demandado aqní con el nombre de Lnis Angel Díaz, pero qne el declarante no tenía interés en el pleito a pesar de esto.”

Tomó la corté bajo sn consideración el caso y lo resolvió por sentencia de febrero 16, 1939. De sn opinión transcri-bimos lo qne sigue:

“La teoría del demandante es de qne Bernabé Caraballo Aqnino, con el único propósito de defraudar y perjudicar a sus acreedores, fraudulentamente hizo el traspaso de la mitad de la finca qne se describe en la demanda, de lo cual, según se desprende de la prueba del propio demandante, tenía .éste conocimiento nn año antes de ha-ber obtenido por venta judicial la posesión civil de la misma finca. Se solicita en la demanda qne se declare inexistente el contrato ce-lebrado entre Bernabé Caraballo Aqnino y José Caraballo Pagán por falta de causa o consideración y porque el mismo se hizo con el único propósito de defraudar y perjudicar a sus acreedores. Con respecto a este primer aspecto, opina la Corte qne el demandante debió haber solicitado la rescisión de dicho contrato en nna acción independiente a ésta de conformidad con el art. 1243 del Código Civil. No habiendo entablado esta acción corresponde a este Tribunal determinar si hubo o no contrato entre Bernabé Caraballo Aqnino y José Caraballo Pagán. La prueba del demandante demuestra qne era de conocimiento público el contrato de compraventa celebrado entre Bernabé Caraballo Aqnino y José Caraballo Pagán. La prueba asimismo demuestra qne el demandante en ningún momento ha reali-zado actos de posesión material sobre el predio qne adquiriese según la escritura núm. 19 de venta judicial otorgada ante el Notario don Luis Morales Contreras. Aparece de las nrsmas alegaciones de la demanda que el causante Bernabé Caraballo Aquino y el demandado José Caraballo Pagán estuvieron siempre su posesión de la finca. La prueba del demandante tiende a demostrar que José Caraballo Pagán no pagó nada por la finca que compró a Bernabé Caraballo Aquino y que carecía de medios para ello. Se ba demostrado que José Cara-bailo Pagán trabajaba en la finca de Bernabé Caraballo Aquino, que sembraba tabaco y que tenía dos o tres cabezas de ganado. Se lia demostrado asimismo que para los años 1932 y 1933 José Caraballo Pagán cosechó tabaco y lo vendió a buen precio. Todo ello nos lleva a la conclusión de que José Caraballo Pagán reunió recursos suficien-tes para la compra de la finca objeto de esta demanda. En la prueba del demandante hay un hecho que pudiera, en cierto sentido, levantar sospechas con respecto al derecho de propiedad que José Caraballo Pagán tuviese sobre la finca que compró. Es la situación de que se acogió al plan tabacalero de la PRRA, pero este hecho por sí solo no destruye la posibilidad de que José Caraballo Pagán hubiese tenido fondos suficientes para comprar a su tío la mitad de una finca de doce cuerdas. De que todos continuasen viviendo en la finca y la disfru-tasen colectivamente, es costumbre entre nuestros campesinos. A ve-ces la ley no puede destruir lo que ha sido costumbre por siglos. En la unidad de una familia campesina predomina, como regla invariable, la autoridad de los mayores. No es extraño que Bernabé Caraballo Aquino, después de haber vendido su terreno a su sobrino, continuase conjuntamente con éste realizando actos de posesión. De la misma prueba del demandante se infiere que la venta no fué simulada. De ello se tenía conocimiento público y especialmente el demandante Gregorio A. Rivera, quien declara que desde el año anterior a la venta judicial, ya sabía que Bernabé Caraballo Aquino había ven-dido la finca a su sobrino. De ello también tenía conocimiento Julio Santana, testigo del demandante, quien declara que fué a cobrarle las contribuciones a José Caraballo Pagán, que pagó más tarde su tío, pero que muerto éste, empezó a satisfacerlas inmediatamente el sobrino. La parte demandante no ha ofrecido prueba suficiente, a nuestro jui-cio, para demostrar que no hubo causa o consideración en el contrato de compraventa celebrado entre Bernabé Caraballo Aquino y José Caraballo Pagán. Según aparece de la escritura núm. 19 de venta judicial, otorgada por el márshal don Rafael Batalla Córdova a favor de don Gregorio A. Rivera ante el notario don Luis Morales Contreras, en la ciudad de Caguas, a 2 de octubre de 1934, fué en el mes de mayo de 1934 que el demandante radicó su acción en cobro de dinero ■contra Bernabé Caraballo Aquino. Ya bacía más de nn año que se babía realizado el contrato de compraventa entre Bernabé Caraballo Aquino y José Caraballo Pagan.”

Procederemos primero al estudio del segundo señalamiento de error o sea el que se refiere a la apreciación de la prueba.

La simple lectura de la evidencia aportada por ambas partes deja la impresión de la simulación del contrato. Su estudio detenido reafirma la impresión.

El error de la corte sentenciadora al apreciarla es mani-fiesto. Por ejemplo, dijo dicba corte:

“¡Se ba demostrado que José Caraballo Pagan trabajaba en la finca de Bernabé Caraballo Aquino, que sembraba tabaco y que tenía dos o tres cabezas de ganado. Se ba demostrado asimismo que para los años 1932 y 1933 José Caraballo Pagan cosechó tabaco y lo vendió a buen precio. Todo ello nos lleva a la conclusión de que José Cara-bailo Pagan reunió recursos suficientes para la compra de la finca objeto de esta demanda.” (Itálicas nuestras.)

Y todo lo que manifestó el propio demandado, único que declaró sobre ese extremo, fue:

Contestando a preguntas de su abogado, “que el dinero lo reunió vendiendo tabaco, y con el producto de dos anima-les."

Respondiendo al abogado del demandante: “Que antes y después de hacerse la escritura que se alega simulada ha trabajado siempre como peón y ganado solamente 60<¡; por día, cuando trabaja; . . . que para convertirse en propietario presentó a la PERA una solicitud en compañía de Marcelino Hernández, éste como propietario y el declarante como peón permanente, . . . que dichas solicitudes se hacían bajo pala-bra de honor, en cuanto a la veracidad del contenido de las mismas por un propietario y un peón permanente, y en la solicitud los peones permanentes hacían constar bajo pala-bra de honor que no eran propietarios.”

Y contestando otra vez a su abogado: ‘ ‘ Que reunió el dinero del precio vendiendo tabaco, pero que no recuerda a quién le vendió el tabaco aquel año, ni la fecha en que lo vendió; que el resto del dinero lo hizo vendiendo dos animales o 'reses a unos matarifes, en Gurábo, pero qne no recnerda sn nombre, ni la fecha en qne se los vendió.” (Itálicas nues-'tras.)

Carecen, pnes, de base hechos esenciales qne la corte dió por probados para llegar a la conclusión qne le llevara a resolver qne el contrato existió. Y así en otros extremos. Por el contrario la prueba del demandante es persuasiva y completa, terminante.

También fné cometido el primer error señalado. Siendo el contrato simulado, esto es, no existiendo contrato válido alguno, no era necesario que se pidiera por el demandante su rescisión por haberse celebrado en fraude de acreedores o su nulidad de acuerdo con el artículo 1252 y siguientes del Código Civil, ed. 1930.

En el caso de González Rodríguez v. Fumero, 38 D.P.R. 556, 565, esta propia corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Texidor, se expresó como sigue:

“En los casos de simulación de contrato, es evidente que falta el-consentiminto, y en general, falta la causa. Y entonces, como ba dicho Manresa, el caso es el más claro de inexistencia.
“El Tribunal Supremo de España, en sentencia de fecha 30 de noviembre de 1909, pág. 501 et seq., tomo 116, Jurisprudencia Civil, ha dicho lo que sigue:
“ ‘Considerando que no es dable confundir un contrato simulado con un contrato nulo o rescindible, toda vez que la simulación signi-fica indudablemente por su propia naturaleza la inexistencia del con-trato, al contrario de lo que acontece respecto de los segundos; en los que, supuesta su realidad y certeza, es obligado examinar las con-diciones de su celebración para resolver acerca de la procedencia de la nulidad o rescisión, examen absolutamente improcedente por con-tradictorio cuando el contrato no ha existido, ya que de la inexisten-cia no se pueden deducir más consecuencias jurídicas que las que ne-cesariamente se derivan de esta misma inexistencia, o sean los proce-dentes cual si no se hubiese intentado siquiera la celebración de tales supuestos contratos;
“ ‘Considerando que esto sentado, como la Audiencia de Cáceres estima justificado que los de que se trata fueron simulados, es decir que no existieron, habiendo sido realmente fingidos para burlar por este procedimiento los derechos de los nietos reclamados al morir la abuela doña María del Rosario'Fernández de Aguilar y González, es manifiesto que cualquiera que sea la propiedad con que el Tribunal sentenciador declara la rescisión de los contratos discutidos, como bay que partir del hecho de la simulación o inexistencia de los mismos por no impugnarse en el recurso, ninguna aplicación tienen las re-glas y preceptos que .regulan la materia de la rescisión ni aun los de la misma nulidad, sino solamente las consecuencias que el mismo Tribunal deduce, cuales son las que, como queda expuesto, producen el hecho culminante de la inexistencia, o sean las de que los bienes sobre que versa la cuestión del pleito no salieron realmente del poder de la supuesta vendedora, y que por lo mismo constituyen parte del haber hereditario a su fallecimiento.’
“En el caso de que se trata había unos pretensos contratos de compraventa, con el verdadero objeto de traspasar a una persona gra-tuitamente bienes que, en el futuro podían contarse como herencia de la cedente. No hubo ni una transmisión efectiva de las fincas, ni un precio real y cierto. De las escrituras aparecía la compraventa, como aparecían la transmisión del título y la entrega del precio. La realidad era otra, y contraria a las manifestaciones de los otorgantes. De aquí la simulación. ’ ’

Y años antes se había resuelto en el caso de El Pueblo v. Dimas, 18 D.P.R. 1061, 1062, que: “La doctrina legal de que cuando se ejercita la acción reivindicatoría contra personas que están en posesión de la cosa objeto del pleito en virtud de un título que se tenía por legítimo, es preciso que antes se pida la nulidad de éste, sólo tiene aplicación cuando la nulidad produce la acción, pero no cuando el derecho de reivindicar es independiente de ella.”

Véanse además los casos de Sucesión Suro v. Sucesión Prado, 21 D.P.R. 241; Oliver et al. v. Oliver, 23 D.P.R. 181, y Amy v. Sucesión Verges, 33 D.P.R. 372.

Si la venta de Bernabé Caraballo a su sobrino el deman-dado José Caraballo Pagán hecha constar en la escritura de marzo 4, 1933, fué simulada, que es lo mismo que si no -hubiera existido, bien pudo, ignorarla el márshal municipal cuando en la ejecución de la sentencia dictada contra Bernabé Caraballo vendió al demandante el condominio de qne se trata qne lo era en una finca que jamás salió de la propiedad del deudor, y lo puso en la posesión material del mismo, debiendo en su consecuencia reconocerse a dicha venta todos sus efec-tos, entre ellos el de reivindicar lo adquirido del que lo está detentando.

Aun cuando el pleito en cobro de pesos se iniciara como dice el juez sentenciador en su opinión después de otorgada la dicha escritura de marzo 4, 1933, debe siempre prosperar la reivindicación porque aquí el demandante no comparece a pedir la rescisión de un contrato otorgado en fraude de acree-dores, si que a reclamar como suyo un condominio en una finca que le fué vendido en la. ejecución de una sentencia que obtuvo en contra del dueño de la misma y de cuyo condominio se le puso en posesión en presencia y sin protesta del dicho dueño y del supuesto comprador anterior, el demandado José Caraballo Pagán.

En cuanto a la reclamación de frutos y daños y perjuicios, no consideramos la evidencia aportada suficiente. Ni el de-mandante, ni el otro testigo que declaró sobre el particular, aportaron dato específico alguno para sostener o explicaron siquiera el fundamento de sus conclusiones, y siendo ello así no hay base para fijar las cantidades a reintegrar.

Debe, por virtud de todo lo expuesto, revocarse la sen-tencia recurrida y dictarse otra declarando que el contrato, que aparece en la escritura núm. 87 otorgada en Caguas el 4 de marzo de 1933 ante el notario Andrés Mena Latorre es ineficaz, por simulado, en cuanto al condominio reclamado se refiere, y ordenando a los demandados que entreguen y dejen a la libre disposición del demandante el dicho condominio, sin que haya lugar a la condena de devolución de frutos y daños y perjuicios solicitada, con imposición de las costas a los demandados incluyendo la suma de cincuenta dólares para honorarios de abogado.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Inés Rodríguez Otero, demandante y apelada, v. Ell Tee, Inc., y Great American Indemnity Co., demandadas y apelantes.
    Núm. 8077.

    Sometido: Mayo 6, 1940.

      Resuelto: Mayo 20, 1940.

      J. Validejuli Rodríguez, abogado de las apelantes; E. Martínez Avi-les, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En 4 de octubre de 1938 Inés Rodríguez Otero instó de-manda ante la Corte de Distrito de Arecibo contra Ell Tee, Inc. y la Great American Indemnity Co. El 19 del mismo mes y año, a instancias de la demandante, el secretario de la corte de distrito anotó la rebeldía de la demandada Eli Tee, Inc. De los autos en sí no se desprende qué pasos se dieron contra la Great American Indemnity Co. Sin embargo, en la opinión de la corte de distrito, emitida posterior-mente, se expresa que en el momento del juicio la deman-dante desistió de la demanda contra la Great American Indemnity Co. Tal vez podríamos dar por sentado, y así lo dice la corte inferior, que en lo que a la Great American Indemnity Co. se refiere el pleito fué sobreseído.

El caso fué a juicio el 4 de noviembre de 1938 y el mismo día la corte dictó sentencia contra Ell Tee, Inc., por la suma de $600. En la demanda original se reclamaban $1,060.

En diciembre 3 de 1938 ambas demandadas acudieron ante la corte y radicaron nn escrito qne intitularon moción solicitando se deje sin efecto la sentencia, se levante la rebeldía anotada y se admita la contestación qne se acom-paña. Los antos qne tenemos ante nos contienen la trans-cripción de evidencia del juicio celebrado con motivo del accidente qne dió lugar a la reclamación de daños y per-juicios. Igualmente contienen la transcripción de la eviden-cia sobre ia moción de las demandadas para que se deje sin efecto la sentencia, etc.

En 26 de enero de 1939 la corte declaró sin lugar la'refe-rida moción de la Ell Tee y de la Great American Indemnity Co. El 28 del mismo mes, es decir, dos días después de dictada la orden de la corte, las dos demandadas por me-diación de sus letrados apelaron de la sentencia dictada por la corte inferior, así como de la resolución declarando sin lugar la moción para que se dejara sin efecto dielia sentencia.

Los procedimientos a que nos bemos referido fueron radi-cados ante este tribunal el 10 de octubre de 1939. Al siguiente día la demandante apelada radicó una moción para deses-timar el recurso. Las demandadas se opusieron a la deses-timación. El recurso fué visto el 12 de febrero de 1940. Esta moción fué declarada sin lugar por el tribunal sin per-juicio del derecho de la demandante a presentar otra, cosa que hizo el 22 de abril de 1940. El caso fué señalado de nuevo para el 6 de mayo de 1940.

La primera moción para desestimar se basaba en el su-puesto fundamento de que la apelación fué interpuesta de-masiado tarde y en que la misma era frívola. La segunda moción para desestimar se funda exclusivamente en que la apelación fue interpuesta tardíamente. Una de las ideas de la apelada es que la moción para dejar sin efecto la sen-tencia, radicada por las demandadas en 3 de diciembre de 1938, es una moción para reconsiderar la sentencia. Tocios necesariamente convendrían en que la Great American Indemnity Co. no tendría derecho a radicar una moción de reconsideración, puesto que ella no fué parte en el juicio ni en la sentencia de la Corte de Distrito de Arecibo. Cualquier moción presentada por la compañía de seguros necesaria-mente sería una actuación independiente para que se dejara sin efecto la sentencia, y como la otra demandada se unió a ella en la moción para dejar sin efecto la sentencia, 'dicha moción no puede considerarse sino como una dirigida a la discreción de la corte. Ha sido presentada, a nuestro juicio, de conformidad con el artículo 140 del Código de Enjuicia-miento Civil y, desde luego, si estamos en lo cierto en ese respecto, la moción puede ser radicada dentro del término de seis meses.

En lo que la demandante apelada se fundó fué en la Ley núm. 67 de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 199), que preceptúa que las mociones de reconsideración deben ser radicadas dentro de quince días. Creemos innecesario discutir con más amplitud la cuestión de si el recurso de apelación contra la sentencia fué interpuesto a tiempo o no por haberse ape-lado también de la orden negándose a dejar sin efecto la referida sentencia. La acción conjunta o individual de ambas demandadas al apelar fué dirigida contra la referida orden y archivada dos días después. Es claro que la Eli Tee, Inc. tendría derecho a apelar de la orden de la corte de distrito negándose a dejar sin efecto la sentencia.

La posición de la Great American Indemnity Co. es algo distinta. Sin embargo, de conformidad con la sección 175 de la Ley de Seguros de Puerto Rico (Código de Comercio de Puerto Rico, ed. 1932, págs. 484, 582) la acción de daños y perjuicios podrá presentarse conjuntamente contra el asegurado y la compañía aseguradora. Probablemente es cierto, según insiste la apelada, que ésta o estas apelaciones han sido en realidad interpuestas por la compañía de seguros. La apelada llama además nuestra atención hacia el hecho de que no existe una sentencia contra la compañía de seguros; y a que ella podría defenderse de un pleito interpuesto por Ell Tee, Inc. debido al hecho de que esta última, conforme exigía la póliza, no notificó a la Great American Indemnity Co. del pleito instruido contra la referida Ell Tee,. Inc. Hasta cierto punto la apelada está en lo correcto, mas. por otra parte, cuando se hace que una compañía de seguros responda de una sentencia dictada contra una persona que ella ha asegurado, no es cosa inusitada que tal compañía apele a la discreción de la corte y le permita defenderse por haber sido demandada, o de no poderse hacer esto, que le autorice a intervenir en el caso a fin de que se ventilen todos-ios derechos de las partes en un solo litigio. Tenemos 1a. idea de que si el recurso se hubiera interpuesto tan sólo contra Ell Tee, Inc., la Great American Indemnity Co. hu-biese tenido derecho a intervenir, alegando estar interesada en el resultado del litigio. Por tanto, la moción por ésta radicada en diciembre 3 de 1938, de no estar por otro lado-la demandada debidamente ante la corte, podría conside-rarse en cuanto a ella como una moción de intervención. Además, creemos que de haber alguna duda a este respecto la discreción de la corte inferior pudo, si es que se iba a ejercitar en alguna forma, haberse ejercido en favor de la demandada Ell Tee, Inc. para permitir más tarde que la Great American Indemnity Co. interviniera.

En su orden declarando sin lugar la moción para deses-timar la corte inferior se refiere al hecho de que la reclama-ción entablada contra la Ell Tee, Inc. era enteramente elara-Es raro que tal manifestación pudiera determinarse como-cierta de manera definitiva, cuando ninguna de las dos de-mandadas fué en realidad oída por la corte.

Hemos tocado estas cuestiones sin penetrar demasiado en el ejercicio de la discreción por la corte inferior. No obs-tante, a nuestro juicio, este caso fué uno en que la corte de distrito tenía absoluta discreción para reabrirlo y permitir a la Great American Indemnity Co. que interviniera. En la apelación en sus méritos puede decidirse si la corte abusó o no de su discreción al negarse a abrir el caso de nuevo.

Debe declararse sin lugar la moción para desestimar-