author: El Juez Asociado Señor Cordova Dávila

text:
    Elvira Ramos, demandante y apelante, v. Sucesión de J. Serrallés, demandada y apelada.
    Núm. 6946.

    Sometido: Febrero 11, 1937.

      Resuelto: Abril 22, 1937.

      Cayetano Coll Cuchí y Víctor A. Coll, abogados de la apelante; Fernando B. Fornaris, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Cordova Dávila

emitió la opinión del tribunal.

Elvira liamos solicita indemnización por daños y perjni-.cios por la muerte de una bija de tres años y medio de edad que atribuye a la negligencia de la parte demandada. La corte inferior declaró sin lugar la demanda y la demandante ba establecido el presente recurso de apelación.

La sociedad demandada se dedica, entre otras activida-des, a la siembra de caña y a la producción de azúcar. En una de sus plantaciones, denominada Colonia Segunda Cin-trona, existe un poblado donde viven empleados y peones de la demandada que trabajan en dicha colonia. Este poblado consiste mayormente de un callejón o plazoleta a lo largo del cual se agrupan dos hileras de establecimientos, inclu-yendo una tienda, un cuartel para peones, la casa del mayor-domo y varias casas habitaciones. En una de estas habitacio-nes vivía la demandante al ocurrir los hechos origen de este litigio. En el vecindario habitan niños de distintas edades, quienes suelen jugar en el referido camino o plazoleta.

Todos los años, en el período de la zafra, la demandada acostumbra tender una vía férrea portátil que comienza desde la pieza de caña inmediata al caserío, pasa a lo largo del callejón o plazoleta que separa los mencionados estableci-mientos, y empalma con las vías principales de su ferroca-rril. La demandada transporta por dicha vía la caña de dicha pieza en vagones de ferrocarril tirados por yuntas de bue-yes. Luego engancha estos vagones a una máquina de vapor y los lleva a la factoría.

En la zafra del año 1933, la demandada tendió esta vía a lo largo del callejón. El día 9 de junio de 1933, se estaba transportando caña en cinco vagones tirados por tres yuntas de bueyes conducidas por dos carreteros. Como a las tres y media de la tarde de ese día, los carreteros se vieron obli-gados a detener los vagones, por hallarse una calesa en medio de la vía. El último de los vagones quedó estacionado más o menos al frente de la casa de la demandante. Un peón encargado de cuidar del ganado aprovechó esta oportunidad para con la ayuda de los carreteros dar alimento a las yun-tas de bueyes. Una vez terminada su labor, dicho peón dió aviso a los carreteros para que reanudaran la marcha. No bien comenzaron a moverse los vagones, tuvieron que ser detenidos, al escucharse los gritos de una señora que desde el balcón de su casa avisaba que uno de los vagones había atrapado una niña.' Al volver la vista el peón encargado del ganado y ver a Juanita Ramos, hija mayor de la deman-dante, revolcándose sobre la vía, corrió en su auxilio. La niña murió aquella misma tarde a consecuencia de las heridas reci-bidas.

La [Darte apelante se querella de que no se hayan apli-cado a este caso las doctrinas de peligro atrayente (attractive nuisance) y res ipsa loquitur.

Los tribunales que han adoptado la primera de dichas doctrinas han decidido que cuando una persona crea en su propiedad o en la de otro o en un sitio público una condición peligrosa capaz de atraer niños de tierna edad, esa persona está obligada a tomar aquellas precauciones que razonablemente aconseja la prudencia para evitar daño a los niños que acudan o puedan acudir al sitio de peligro.

Esta corte, en Rivera v. P. R. Drug Co., 32 D.P.R. 510, hace una relación del criterio sustentado por importantes tribunales, transcribiendo sus puntos de vista sobre esta impor-tantísima cuestión y acepta esos principios en esta jurisdic-ción. También en casos posteriores ha sido ratificada esta doctrina. González v. P. R. Ry. Light & Power Co., 34 D.P.R. 573, Alvarez v. Santa Isabel Sugar Co., 37 D.P.R. 105, Acosta v. P. R. Ry. Light & Power Co., 37 D.P.R. 414; Berrios v. Garáu, 46 D.P.R. 799.

Son numerosas las decisiones judiciales sobre esta deba-tida cuestión y muy diversos y variados los comentarios a que ha dado lugar. Aún en aquellas jurisdicciones en que la doctrina ha sido aceptada, las cortes no se muestran com-pletamente conformes en cuanto a las condiciones bajo las cuales debe ser aplicada.

El Juez Clarke, en su opinión disidente en el caso de United Zinc & Chemical Co. v. Van Britt, 258 U. S. 268, 36 A.L.R. 32, nos dice que las cortes del país se han divi-dido con respecto a los principios de ley aplicables a los casos de peligro atrayente. “A. la cabeza de un grupo,” dice, “desde el año 1873 hasta hoy, la Corte Suprema de los Esta-dos Unidos lia aplicado lo que lia sido designado como la doc-trina humana. En el lado opuesto y a la cabeza del otro grupo, aparece la Corte de Massachusetts, aplicando lo que ha sido designado como una doctrina severa y draconiana.”

Es cosa sabida que la Corte Suprema de los Estados Uni-dos adoptó por primera vez esta doctrina en el caso de Sioux City, etc. P. R. Co. v. Stout, 17 Wall. 657, 21 L. ed. 745, decidido en 1873. Su origen se remonta al año 1841, en que se decidió el caso de Lynch v. Nurdin, 1 Q.B. 29, 113 Eng. Reprint 1041. Desde que la referida doctrina halló cabida en la jurisprudencia americana, ha sido objeto de críticas y encomios que han tratado de poner de relieve su fortaleza y su debilidad. Es innegable que la doctrina ha sobrevivido a la crítica severa de que ha sido objeto en un número de jurisdicciones, que ha demostrado su vitalidad en el hecho de su supervivencia, y que está inspirada no solamente en sentimientos de humanidad sino también en principios de justicia y de innegable legalidad.

En el caso de Lucas v. Hammond, 150 Miss. 369, resuelto en 1928, se dice que la doctrina ha sido repudiada por una mayoría de los tribunales y que necesita una exposición muy cuidadosa para no convertirla en un requisito injusto e impracticable. No compartimos esta opinión. Es verdad que la referida doctrina ha sido repudiada por tribunales tan importantes como los de Massachusetts, New Jersey, New York y Pennsylvania, aunque estos dos últimos estados no han dejado de sentirse influidos por sus principios en los casos en que el peligro atrayente se encuentra localizado en un camino público o en cualquier sitio donde el niño tiene derecho a estar; pero no es menos cierto que tribunales pres-tigiosos se han declarado partidarios de la doctrina en cues-tión y que éstos exceden en número a los primeros. Lo que sí puede decirse es que hay cierta tendencia a restringirla más bien que a ensancharla.

El argumento principal en contra de la adopción de esta doctrina por los tribunales que la repudian es que la misma constituye un ataque contra la santidad, de los derechos domi-nicales del dueño de la propiedad.

“Esta regla,” dice la Corte Suprema de Maine en Nelson v. Burnham & M. Co., 114 Me. 213, 95 Atl. 1029, “consti-tuye una innovación sobre los principios del derecho común. Nunca se pensó, hasta los años más recientes, que el dueño se viera en circunstancia alguna obligado a proteger a los intrusos (trespassers), ya se tratase de adultos o de niños. La regla convierte lo que puede ser considerado como un deber sentimental en un deber legal, e infringe el saludable y necesario principio de que el dueño puede hacer lo que le plazca en su propiedad en tanto en cuanto no intervenga con los derechos legales de otro. Esta regla constituye una restricción injustificable sobre el derecho de un dueño para conducir sus negocios en la forma que crea conveniente. Al mismo tiempo que constituye una carg'a sobre sus negocios, favorece al intruso que en violación de sus derechos penetra en la propiedad.”

Tras este reducto de la propiedad individual y de su libre disfrute por el dueño, se abroquelan los tribunales que se resisten a la aplicación de esta doctrina.

En un artículo publicado por Jeremías Smith en 11 “Harvard Law Review” 349, se analizan ambos puntos, el que se relaciona con el uso de la propiedad y con el daño que ese uso pueda ocasionar en determinadas circunstancias. Aunque el Juez, Smith se expresa con bastante imparcialidad, sus argumentos parecen favorecer la tendencia de los tribu-nales que se acogen a la teoría tradicional del dominio para negarse a aceptar principios basados, según la Corte Su-prema de Maine, en lo que puede considerarse como un deber sentimental. Este deber, según dicho tribunal, infringe el principio de que el dueño puede hacer lo que le plazca en su propiedad en tanto en cuanto no intervenga con los derechos legales (legal rights) de otro. Y ¿qué se entiende por de-rechos legales? Aquí está precisamente la muralla que se interpone para que estos tribunales acepten la referida doc-trina. Un niño, por tierna que sea sn edad, que penetra en el territorio de otro es simplemente un intruso (trespasser) y por esta razón el dueño de la propiedad que crea en la misma una condición peligrosa, no contrae responsabilidad por los daños que ocasione a ese niño en virtud de la atrac-ción, toda vez que, siendo el niño un intruso, a juicio de esos tribunales no puede decirse que se baya intervenido con sus clereclios legales. La ley tiende a establecer reglas para preservar la vida y proteger a los seres ñumanos de serios daños corporales, y no parece que este propósito quede cum-plido, cuando se permite al dueño el uso de su propiedad, sin adoptar las debidas precauciones, a sabiendas de que ese uso puede ocasionar el sufrimiento de un grave daño a los niños de cierta edad que penetren en sus dominios. La doctrina está basada en un sentimiento humano, pero no por eso dejan sus principios de ajustarse a la legalidad. La humanidad y la ley no pueden estar en pugna. Ambas cosas resultan com-pletamente compatibles, siendo esta compatibilidad necesaria en ciertos casos para la protección de la vida y para evitar que pueda ocasionarse grave daño corporal.

El eminente tratadista Francis H. Bohlen, Profesor que fue de la Universidad de Harvard y que lo es en la actualidad de la Universidad de Pennsylvania, en un artículo que acaba de publicarse en 50 “Harvard Law Review” 737, se expresa así:

“Sin embargo, la más grande irrupción en la tradicional inmu-nidad de un poseedor de terreno es la llamada doctrina del peligro atrayente que, al igual que muchas nuevas doctrinas, ha sido extra-vagantemente extendida y arbitrariamente restringida en los estados que la han adoptado. De la confusión de casos innumerables han surgido ciertos puntos de guía o una más o menos definida aproxima-ción a la solución de cada caso individual. Dos requisitos son esen-ciales para determinar la responsabilidad; primero, que se mantenga una condición en la propiedad que sea claramente conocida como peligrosa para aquéllos que se acerquen a ella ignorando el carácter peligroso de la condición, y, segundo, la probabilidad de que niños, incapaces de darse cuenta del peligro, penetren en la propiedad y sean tentados a caer en el peligro. Contra estos dos factores, que determinan la magnitud del riesgo, se opone la necesidad de per-mitir a los dueños del terreno hacer uso del mismo en la forma que deseen y por lo tanto debe tenerse en cuenta la intervención de ese uso razonable que puede ser limitado por las precauciones necesarias para evitar el peligro de la condición. Es inevitable qu.e en la apli-cación de este método los resultados variarán en las diferentes juris-dicciones de acuerdo con el relativo valor que en cada caso se preste a los dos intereses en conflicto, para garantizar la seguridad de los niños y el interés de permitir la mayor libertad al propietario. Aun en aquellas jurisdicciones en que la doctrina del peligro atrayente ha sido repudiada, hay casos que aplican sus básicos principios cuando el peligro es extremo y los medios de prevenirlos ligeros, o cuando el peligro se mantiene en una estrecha proximidad a un camino o a 'otro sitio públicos.
“Todos estos casos en que el dueño de la propiedad ha sido res-ponsable a un intruso, adulto o infante, constituyen una amplia des-viación de la soberanía del dominio tradicionalmente adscrito al dueño del terreno. Si el dueño es soberano en su propio dominio, las leyes del Rey no pueden interponerse en su camino (una idea análoga a la que todavía .domina la ley relativa a daños ocasionados y recibi-dos dentro del círculo de la familia), y en lo que a los tribunales del Rey concierne, el dueño puede hacer lo que le plazca a menos que haya hecho que su terreno caiga dentro de la jurisdicción de dichas cortes permitiendo la entrada de personas que no sean miembros del grupo de su hogar. Es lamentable que esta antigua idea de la san-tidad peculiar del dominio del propietario haya echado tan profun-das raíces en muchas partes ele los Estados Unidos. Y es aún más lamentable que la devoción a este principio de dominio público de un gran juez haya dado lugar a que la Corte Suprema de los Estados Unidos adopte una limitación sobre la doctrina del peligro atrayente que no se relaciona con las únicas razones que pueden servir de apoyo a dicha doctrina. En United Zinc Chemical Co. v. Britt. la Corte Suprema de los Estados Unidos, en una opinión emitida por el Juez Holmes, cuyo criterio en materias públicas de importancia general es tan excelente, niega indemnización porque el demandante no tenía conocimiento de que las aguas del tanque en que se bañó estuviesen envenenadas, hasta después de haber penetrado como un intruso en el terreno del demandado. De modo que la doctrina del peligro atrayente fué restringida a casos en los cuales puede consi-derarse que los dueños han atraído al demandante sobre su propiedad por algún acto que mediante un tour, de force lo hizo caer dentro de la categoría de invitación, consentimiento o tentación. ’ ’

En la opinión criticada por el comentarista, el Juez Holmes afirma qne el deber de nn dueño hacia un invitado de no in-ducirlo a caer en una trampa está firmemente establecido y que si bien es cierto que tentación no equivale a invitación, puede sostenerse que establecer y exponer a sabiendas, sin cercas, algo que seguramente ha de atraer a los niños en una edad en que ellos han de seguir la carnada mecánicamente, como un pez, tiene el efecto legal de una invitación, aunque no lo tenga con respecto a un adulto. Añade que el princi-pio debe ser cautelosamente aplicado. Conviene advertir que en el referido caso disintieron el Juez Presidente Taft y los Jueces Asociados Day y Clarke, siendo este último quien escribió la opinión disidente.

Como se ve, el Juez Holmes toma como base para for-mular sus conclusiones el principio establecido de la invita-ción a un niño que estando fuera de la propiedad se siente atraído por el peligro. Cuando el niño penetra en los terre-nos del dueño antes de percatarse de la condición creada, no surge responsabilidad de parte del segundo. Partiendo de esa base, no es extraño, aunque parezca injusto, que se sos-tenga el principio de que el dueño no tiene deber alguno con respecto al niño que después de haber penetrado en su pro-piedad, fué atraído por el peligro, toda vez que en estas con-diciones no puede considerársele técnicamente como un invi-tado para invadir la propiedad.

Sobre este punto se hace el siguiente comentario en una nota que aparece en 36 A.L.R. 137:

“La razón de la presencia del niño tiene importancia únicamente para determinar si esa presencia pudo haber sido razonablemente an-ticipada. Debe, sin embargo, admitirse que algunas cortes han soste-nido que es esencial a la responsabilidad que la presencia del niño se haya debido a la atracción. Este punto de vista es una consecuen-cia lógica de la doctrina de la invitación implícita, puesto que un niño cuya presencia no se atribuye a la atracción no puede decirse que ha aceptado la invitación extendida a él por la misma. Este punto de vista se basa también en la teoría de que el deber del dueño se limita solamente a los niños que son inducidos por la atracción, de modo que no existe tal deber para aquellos niños cuya presencia no puede atribuirse a esa atracción. Pero este criterio parece constituir una concepción muy limitada de los deberes del dueño y es incompatible con la teoría (aceptada en Atlanta, & W.P.R. Co. v. Green, 158 C.C.A. 632, 246 Fed. 676) de que una persona lesionada por acudir al rescate de un niño que lia sido inducido por la atracción a un sitio de peligro, puede obtener indemnización. En principio, por lo tanto, parece que si bubo razón para anticipar la presencia de niños, no tiene importancia' la forma y manera en que el niño lesionado vino a la propiedad.”

Esta es, a nuestro juicio, la doctrina más aceptable. La otra descansa en la falacia de una invitación que no esiste y que lógicamente no puede existir en el campo de la reali-dad. Lo natural es que el dueño del terreno esté deseando que no penetren niños en su propiedad, sin que pueda de-cirse que surge un consentimiento tácito del liecño de la atrac-ción. El dueño puede, como con frecuencia se hace, colocar letreros en su propiedad haciendo constar que está prohibido el paso. Esta es una demostración expresa de su estado de ánimo. ¿ Puede decirse que ha existido invitación, por el hecho de que la persona que penetra en su finca sea un niño que se siente atraído por la condición peligrosa? Indudable-mente que no. Esta falacia ha dado origen a extravíos y confusiones que han complicado la aplicación de la doctrina del llamado peligro atrayente y que han dado lugar a que se hayan enunciado teorías a todas luces lamentables, porque apartándose de la realidad, no cubren todos los casos que tie-nen derecho a ser colocados bajo el palio protector de la ley.

Estimar que el niño, para que surja responsabilidad, ha sido atraído a la propiedad por algún acto que mediante un tour de force pueda caer en la categoría de invitación, con-sentimiento o tentación, no es una buena doctrina, como apunta el Profesor Bohlen y como sostiene el comentarista en la nota que aparece en el tomo 36 A.L.ít. 292.

De acuerdo con el derecho común, el dueño u ocupante de la propiedad únicamente tiene para con el intruso el deber de abstenerse de causarle daños maliciosa o aviesamente (toilful and wanton injury). Esta regia se basa en que el dueño tiene derecho a presumir que las demás personas obe-decerán la ley y se abstendrán de penetrar en sn propiedad.

Para eludir esta regia con respecto a los niños de corta edad ha surgido la teoría de qne los mismos no son técnica-mente intrusos, debiendo considerárseles como invitados. Según el comentarista, un examen del deber hacia los intru-sos demuestra que no es necesario hacer una excepción en favor de los niños de corta edad. “¿Bajo qué circunstan-cias,” se pregunta, “es responsable el dueño u ocupante de propiedad privada para con un transgresor adulto?” De un lado tenemos que el dueño es responsable por lesiones oca-sionadas a un transgresor por medio de escopetas automá-ticas (spring guns) o trampas mecánicas {mam-traps).

En el caso de United Zinc & Chemical Co. v. Britt, supra,, se dice que esta responsabilidad no surge del hecho de que-el dueño se ha basado en la presunción de que las personas; obedecerán la ley y no penetrarán en la finca, sino por el contrario, en el hecho de haber esperado al transgresor y preparado un artefacto para causarle daño. De modo que en este caso se descarta la presunción y se exige responsabilidad al dueño por haber preparado adrede y premeditadamente un artefacto para causar daño a los intrusos. No hay duda de que el dueño en este caso ha anticipado la presencia de esos intrusos y de que estando seguro de su penetración en la finca ha preparado trampas para atraparlos. La responsabilidad, por lo tanto, surge, a pesar de ser transgresor, por el hecho de haberse anticipado la presencia de los intrusos.

También es responsable el dueño de las condiciones por él creadas en la proximidad a las vías públicas, como, por ejemplo, una excavación dentro de la cual pueda caer inad-vertidamente una persona que se desvíe de la carretera.. Aquí, igualmente, su responsabilidad surge claramente del hecho de que la presencia del transgresor ha sido antici-pada.

La responsabilidad de una persona que deja de proteger algún aparato que ba dejado en la vía pública, y que resulta atractivo para los niños — responsabilidad que ba sido reco-nocida por algunas de las cortes que ban negado indemniza-ción cuando tal atracción se baila dentro de la propiedad privada — es otro caso en que el deber para con el transgresor surge del becbo de que su presencia y contacto con el ar-tefacto peligroso ban sido anticipados.

“¿No es razonable,” se pregunta el comentarista, “con-cluir que el motivo por el cual un intruso, de ordinario, no puede obtener indemnización por las lesiones sufridas por él con motivo del estado de la propiedad en que ba penetrado no es que sea un transgresor cuya presencia es ilegal, — ya que la persona lesionada por la escopeta automática o por la trampa mecánica, o que inadvertidamente se desvía de la carretera, y el niño que manipula algo en la calle que no tiene derecho a manipular, son igualmente transgresores,— sino que la verdadera razón es que su presencia no ba sido anticipada, de tal modo que no existe el deber de tomar pre-cauciones para su seguridad?”

Cita el comentarista en apoyo dé sus conclusiones los casos de Johnson v. Atlas Supply Co., 183 S. W. 31, y McAllister v. Jung, 112 Ill. App. 138. En el último de dichos casos se dice que “una razón para la regla con respecto a los intru-sos puede quizás encontrarse no necesariamente en que sean transgresores, sino en el becbo de que al penetrar por su propio placer o conveniencia en la propiedad de otro que tiene derecho a hacer uso de esa propiedad creyendo que los ex-traños se conservarán alejados de un sitio donde no tienen derecho a estar, tales personas no solamente resultan con-tribuyentes al daño que puedan sufrir, sino también activos en infligirse esos daños. ’ ’

Termina diciendo el comentarista que “la doctrina del peligro atrayente, lejos de ser una excepción, está de acuerdo con la regla general que determina la responsabilidad de los terratenientes a los intrusos, puesto que es esencial para que pueda aplicarse dicha doctrina que exista alguna razón para anticipar la presencia de niños.” Estamos conformes. Si el dneño de la propedad tiene motivos fundados para anti-cipar la presencia de niños al establecer una condición peli-grosa, su deber es adoptar precauciones adecuadas y razona-bles para evitar daños y salvar su responsabilidad. No im-porta que el niño sea un intruso. No es necesario, por lo tanto, que haya sido inducido por el peligro a penetrar en la propiedad. Basta con que haya podido anticiparse razona-blemente su presencia. Véase ‘/Restatement of the Law of Torts,” páginas 920, 921.

En el presente caso no se trata de una transgresora. La hija de la demandante vivía en la finca de la sucesión demandada. El sitio en el cual la demandada tendió la vía es el callejón que queda frente a la casa donde vivían la demandante y su hija, a tres metros próximamente de la vía.

La muerte de la niña tuvo lugar en el momento en que los carreteros emprendían la marcha después de haber estado detenidos los vagones durante el tiempo empleado para darle comida a los bueyes. Nadie presenció el accidente, pero es-tuvieron presentes en el lugar del suceso el testigo de la demandante Antonio Suárez y los carreteros, testigos de la demandada, Andrés Marcucci y Cornelio Colón. Fuera de estas personas no había ninguna otra por aquellos alrede-dores.

La demandante, Elvira Ramos, declara que en la plaza donde transitaban los vagones, bueyes y carros, hay muchos niños, quienes iban a recoger cañas y a pegarse de los va-gones, y que a veces los mismos que iban con las vagonetas les daban cañas para que ellos se retiraran.

La prueba demuestra que varios niños acostumbraban a jugar en la plazoleta al lado de la vía por donde transita-ban los vagones de caña, aun cuando les estaba prohibido por la demandada. A pesar de esta prohibición los niños del vecindario solían correr detrás de los vagones para coger pedazos de caña y montarse en ellos si los vagones estaban vacíos.

El testigo de la demandante, Antonio Suárez, declara, entre otras cosas, que luego de haber terminado su labor de darle de comer a los bueyes en unión de los carreteros dijo a éstos que podían emprender la marcha; que entonces se retiró, y estando de espaldas, vió que la joven Ana María Lugo, quien se hallaba asomada por la ventana, se puso la mano en la frente, se tapó la vista y que entonces vió la ni-ñita revolcándose y concurrió y le metió los brazos. Dice que por el frente donde él estaba no se veía a nadie, que por los vagones no se divisa, porque como llevan cierta altura no se veía; que no vió a ningún muchacho ni a nadie por allí; que para venir acá, de los bueyes a las bolas, tenía la vista franca siempre que mirase; que no vió a la niñita; que hasta donde pudo apreciar y ver la vía, no había ningún peligro, y que por lo pronto no había motivo para suponer que hubiese algún peligro allí; que ha visto a los niños ha-lando cañas y los ha regañado; que ha visto que ha pasado el tren de vagones vacío y se han montado atrás, y que los ha reprendido porque eso es un peligro.

El carretero Andrés Marcucci, testigo de la demandada, declara, entre otras cosas, que el encargado del ganado, Antonio' Suárez, les dijo que había que darle comida a los bueyes, ahora que había tiempo; que entonces él fue y trajo la co-mida de los bueyes y todos la repartieron; que el testigo le dió comida a los bueyes del lado izquierdo y luego se cambió a los del lado derecho; que en ese intermedio sacaron la ca-lesa que estaba en la vía y que entonces Antonio Suárez si-guió andando para abajo y dijo: “Ya se terminó, ustedes pueden seguir viaje”; que al emprender la marcha miraron para abajo y no vieron a nadie y siguieron para arriba con los vagones; que “no vió a la chiquita porque estaba pen-diente de sus bueyes y no estaba en condiciones de poderla ver; que como no veía a nadie atrás no iba a ver a nadie”; que al iniciar la marcha se montaron en el yugo de los bueyes; que cuando fué a montar miró y no vió a nadie; que la señora del mayordomo, quien se hallaba en el balcón de una casa, dijo: “Un vagón golpeó una nena; que volaron sobre el lado de los bueyes de la derecha y corrieron a prestar auxilio donde pasó el caso; que ya el Sr. Antonio Suárez la había cogido en los brazos y se la había entregado allá para la casa.

Cornelia Colón, carretero de la demandada, declara, entre otras cosas, que como de tres a cuatro de la tarde llevaban un tren de caña con cinco vagones; que tuvieron que parar por estarse ensillando en la vía un coche del mayordomo; que le dieron alimento a los bueyes y que en ese intermedio salió el coche para afuera, diciéndole Antonio Suárez: “Pue-den halar ya”; que halaron y cuando iban un poco “alante” les gritó la señora del mayordomo: “Párense, que una va-goneta ha pisado una niñita”; que cuando iban a coger la niña ya el Sr. Antonio la había recogido y la llevaba en los brazos para entregársela a los papás; que se detuvieron allí como diez minutos o una cosa así; que cuando se fué a mon-tar miró la vía y no había nadie.

La corte inferior, en sus conclusiones de hecho, declara probado, entre otras cosas, que el sitio en que estaba la casa en que vivía la demandante era una especie de pueblito, con una plaza, alrededor de la cual existían varios estableci-mientos propiedad de la demandada, como tiendas, casas de mayordomos, etc., y que además al borde de un camino que desemboca en dicha plaza, existían alineadas una al lado de otra, cuatro casas iguales, una de las cuales era la que ha-bitaba la demandante; que también había allí cuarteles de peonaje, y que en el vecindario habitan niños de distintas edades, los cuales solían jugar en el espacio comprendido en-tre dicho camino y la plaza; que la niña Juanita Ramos, mo-mentos antes de ocurrir el accidente, estaba como a ocho varas de su casa en compañía de la demandante que estaba lavando ropa y que ésta la envió a su casa a tomar café, advirtién-dole que tuviera cuidado; que la niña llego a su casa y es-taba detrás de la cocina instantes antes de ocurrir el suceso; que el sitio por donde traficaban los vagones era uno peli-groso para los niños y que la demandada tenía prohibido que éstos se acercasen a coger caña ni para ningún fin a los va-gones que por allí transitaban, habiéndose probado, además, que la propia señora del mayordomo no permitía a su bija que bajara a la plaza de la colonia cuando comenzaba el trá-fico de dichos vagones.

La demandante invoca la doctrina del peligro atrayente. Aunque técnicamente no pueda considerarse un vagón cargado de cañas como un attractive imisance, la verdad es que no puede negarse que ejerce cierto poder de atracción sobre los niños. En Davis v. Malvern Light & P. Co., 186 Iowa 884, 173 N. W. 262, se dice que la doctrina no debe extenderse hasta el extremo de incluir toda maquinaria u objeto capaz de causar daño o lesión a los niños, o que pueda en forma alguna atraerlos al sitio de peligro, ya que hacer tal cosa equivaldría a imponer a los dueños de terrenos una obligación irrazonable y a restringirles indebidamente el derecho que les asiste de usar su propiedad.

En la obra “Bestatement of the Law1 of Torts”, sección 339, pág. 925, se analiza y se compara el riesgo que corren los niños con la utilidad que pueda reportar la condición peligrosa, del modo siguiente:

“P'ara determinar si una condición específica mantenida por el poseedor de una finca, donde pueden acercarse niños, envuelve un riesgo irrazonable con respecto a dichos niños, es importante compa-rar el riesgo a que están sujetos con la utilidad al poseedor del hecho de mantener la condición peligrosa. El libre uso de una finca por su poseedor es una cuestión de interés público. Por lo tanto no se considera que una condición específica constituya un riesgo, irrazonable con respecto a niños transgresores, a menos que envuelva un grave riesgo que pudiera ser evitado sin menoscabar sustaneialmente el uso de la finca por su poseedor. La maquinaria agrícola y cosas similares envuelven un peligro inevitable para los niños que jueguen o que se entretengan con ellas. Sin embargo, es esencial para la agricultura permitir que se usen y se mantengan, si se conservan en un sitio y en una condición adecuada. Por otra parte, si la instalación de pre-cauciones que eviten que la maquinaria se ponga en moción fuese fae-tibie y no resultase costoso ni menoscabase seriamente la utilidad de la maquinaria, sería entonces irrazonable el que un agricultor man-tuviera esa maquinaria sin adoptar las debidas precauciones en un sitio notoriamente abierto a niños transgresores. Una plataforma giratoria (turntable) puede ser esencial al funcionamiento de un fe-rrocarril. El simple hecbo de su mantenimiento en un stio donde se sabe que los niños pueden penetrar, no arroja responsabilidad so-bre la compañía bajo la regla estatuida en esta sección. Sin embargo, si dicha plataforma puede protegerse contra los niños intrusos mediante un artefacto que sirva para cerrarla, sería irrazonable man-tenerla en tal lugar sin adoptar tal precaución....”

A tenor de la jurisprudencia citada, el grado de responsa-bilidad o de cuidado que debe ejercer el demandado varía de acuerdo con la utilidad del objeto peligroso- En este caso, es innegable que el uso de los vagones para transportar cañas es de utilidad para la demandada y para la industria a que se dedica. También bay que reconocer que la industria de caña es de utilidad a la comunidad. No es necesario, por lo tanto, esperar de la demandada precauciones extraordinarias, en la hipótesis de que se trate de un attractive nuisance, por-que esto equivaldría a imponerle una carga excesiva sobre una industria que es socialmente útil; pero creemos firme-mente que dicba demandada estaba obligada a adoptar pre-cauciones ordinarias, actuando con el debido cuidado para evitar el accidente. Aunque el objeto peligroso resulte de utilidad, de acuerdo con la jurisprudencia citada, el dueño o poseedor de dicbo objeto tiene la obligación de adoptar aquellas medidas que resulten pertinentes para evitar el daño siempre que resulten razonables, que no sean onerosas, y que no destruyan la utilidad del objeto.

No bay duda de que los vagones, vacíos o cargados de cañas, ya estén detenidos o en moción, constituyen una atrac-ción para los niños. La demandada debió anticipar la pre-sencia de niños en el sitio de peligro y ejercer el debido cui-dado para evitar accidentes al ponerse los vagones en moción. En nuestro sentir, la responsabilidad de dicba demandada es manifiesta, tanto si nos atenemos a la teoría del attractive nuisance, como si nos basamos en aquellos principios gene-rales qne se aplican en casos ordinarios de negligencia. La prueba demuestra que los carreteros que conducían los va-gones se encontraban entretenidos dándole comida a los bue-yes. Aunque se ha demostrado que en aquel momento no había niños cerca de la vía, la verdad es que en otras oca-siones acostumbraban aproximarse al peligro y que, como ya hemos dicho, la demandada debió haber anticipado la pre-sencia de niños allí. Denver City Tramway Co. v. Nicholas, 84 P. 813. Los carreteros debieron estar alertas para evitar que alguno de los niños de los vecinos que residían en las casas próximas a la vía se acercasen al sitio de joeligro. Si hubieran ejercido alguna vigilancia es de presumirse que hubiesen visto a la niña y evitado el accidente, ocurrido al ponerse los vagones en moción. Esta vigilancia no le oca-sionaba gasto alguno a la demandada ni le imponía precau-ciones irrazonables. Louisville & N. R. Co. v. Steele, 201 S. W. 43, 44, et seq.

La única precaución que adoptaron los carreteros fué mi-rar en el momento en que se iniciaba la marcha de los vago-nes y se montaban en los yugos de los bueyes. Estando como estaban entretenidos en dar alimento a los bueyes, sin ejercer vigilancia alguna para observar a algún niño que pudiera acercarse a la vía, no creemos que hayan adoptado las pre-cauciones razonables que debieron ejercer, y que hubieran, indudablemente, de haber sido' ejercitadas, evitado el ac-cidente.

Todo induce a creer que la niña se coló entre dos vagones y fué atrapada por los mismos al emprender la marcha. Los carreteros no ejercieron el debido cuidado, porque de haber mirado detenidamente y de haberse fijado habrían visto a la niña y se hubiera evitado el accidente.

Opinamos que si hubo razón para anticipar la presencia de niños, como ocurrió en el presente caso, no tiene importan-cia la forma y manera en que la hijita de la demandante se acercó a los vagones.

Debe revocarse lia sentencia apelada y dictarse otra en su lugar condénemelo a la dememdada <a satisfacer a la demán-damete la suma de $2,500, con las costas, -ecochoyendo honora-rios de abogado-, por \entender qtee, dada la natu/raleza de las cuestiones planteadas, no- puede decirse que la referida de-memdada haya incurrido en temeridad.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Junio 15, 1937

Apelación — Vista y Nueva Vista o Reconsideración — Reconsideración le Sentencia — Fundamentos o Causa de Reconsideración — Cuestiones no Objeto de Apelación.- — Una parte carece de autoridad para solicitar la reconsideración de una sentencia basada en una cuestión que no ha sido objeto de apelación.

La parte demandada solicita la reconsideración de nuestra sentencia, alegando que incurrimos en error al pasar por alto y no dar peso a la siguiente defensa especial alegada en la contestación a-la demanda:

“La demandante Elvira Ramos con fecba 19 de junio de 1933, mediante suficiente consideración, relevó y eximió a la demandada de cualquiera y todas las acciones, reclamaciones y demandas a que tuviera derecho ella como madre investida con patria potestad sobre su bija menor, Juanita Ramos, por eí accidente oeurrídole el día 9 de junio de 1933 y a virtud de la muerte de dicha menor, reconociendo bajo juramento que el accidente ocurrido se debió a una simple des-gracia y eximiendo expresamente de culpa a la demandada.”

La actitud de la demandada constituye para nosotros una sorpresa. Esta cuestión jamás ha sido suscitada ante este tribunal. Es verdad que la demandante se anticipó a rebatir la defensa establecida por la parte demandada, haciendo constar cuando declaraba ante la corte sentenciadora que aceptó un cheque por la cantidad de $50 en la creencia de que recibía dicha cantidad de parte de la sucesión demandada en pago de los gastos incurridos por ella con motivo del accidente. La demandada ofreció como prueba- el documento suscrito por la demandante Elvira Ramos acusando recibo de la cantidad de $50 y relevando de toda responsabilidad, rela-cionada con el accidente ocurrido a su bija, a la Sucesión J, Ser ralles y a Maryland Casualty Company.

La corte sentenciadora desestimó la demanda, luego de oída la prueba, sin hacer pronunciamiento alguno con res-pecto a la defensa establecida por la parte demandada. No solicitó ésta de la corte inferior que resolviese la cuestión planteada ni estableció recurso alguno sobre este particular. En su extenso y laborioso alegato presentado ante este tribunal, la referida demandada nada dice acerca de esta de-fensa. Es después de revocada la sentencia de la corte inferior que la demandada invoca una defensa que nunca fue planteada ni en los alegatos ni en la audiencia pública cele-brada ante este tribunal. Y es precisamente la parte que ha observado esta conducta la que nos apremia para resolver una cuestión tácitamente abandonada.

A nuestro juicio, la parte demandada, que no llamó la atención de la corte inferior acerca de su omisión ni estableció recurso alguno para ante este tribunal, carece de autoridad para solicitar la reconsideración de la sentencia basada en una cuestión que no ha sido objeto de apelación.

En cuanto a los demás particulares tratados por la parte apelada, nos atenemos a las conclusiones establecidas en la opinión y sentencia de este tribunal.

No ha hogar a la reconsider ación solicitada.

      Nota: A solicitud del abogado de récord Fernando B. Fornaris, el Tribunal ordenó se baga constar que diebo abogado rehusó representar a la demandada en la moción de reconsideración.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob Teavieso

license: Public Domain

text:
    Olegario Torres, lesionado y apelante; Compañía Azucarera del Toa, patrono, y Fondo del Seguro del Estado.
    Núm. 11.

    Sometido: Abril 14, 1937.

      Resuelto: Abril 22, 1937.

      Benigno Dávila, abogado del apelante.
   El Juez Asociado Señob Teavieso

emitió la opinión del tribunal.

Olegario Torres fué lesionado mientras trabajaba para la Compañía Azucarera del Toa, el viernes 8 de octubre de 1936. El día 12 del mismo mes se personó por primera vez ante el Dr. Ramón L. Rodríguez, médico del Fondo del Se-guro del Estado, para recibir tratamiento facultativo. Le exigió el médico un documento que acreditase los hechos del accidente, y el lesionado volvió a verle el día 13 de octubre, en cuya fecha el doctor Rodríguez le envió a la Clínica Industrial del Fondo del Seguro del Estado, donde empezó a recibir tratamiento el día 15 del mismo mes.

En diciembre 8, 1936, el Administrador del Fondo del Se-guro del Estado dictó su resolución negándole a Torres el derecho a recibir compensación por el fundamento de que el lesionado se presentó a solicitar tratamiento médico siete días después del accidente, sin haber explicado satisfactoriamente su demora. Apelada dicha resolución para ante la Comi-sión Industrial, ésta la confirmó, negándose también a recon-siderarla. Por el presente recurso se solicita la revisión y revocación de dicho fallo.

El único error que se imputa a la Comisión industrial y que merece consideración es el de haber interpretado que los cinco días que prescribe el artículo 5 de la Ley núm. 45 de 1935 (pag. 251) deben computarse -desde la fecha del accidente al día en que el obrero empezó a recibir tratamiento facultativo.

El citado artículo, en lo pertinente, lee así:

“La negativa u oposición sin justa causa, del obrero o empleado a someterse al examen médico o tratamiento facultativo provisto por el Administrador surtirá el efecto de privarlo de su derecho a recibir compensación de acuerdo con esta Ley o entablar o seguir procedi-miento de acuerdo con la misma para obtener tal compensación; Disponiéndose, que si el obrero o empleado no se presentare al mé-dico dentro de un término que no excederá de cinco (5) días des-pués de la ocurrencia del accidente para tratamiento facultativo, ni explicare satisfactoriamente su demora al Administrador, éste podrá privarlo de su derecho a recibir compensación alguna, pero no podrá negarse al obrero o empleado bajo ninguna circunstancia, la asistencia médica que a juicio del Administrador se considere nece-saria hasta tratar de lograr su .total restablecimiento; Y disponiéndose, además, que para apreciar y comprobar la incapacidad con que queda afecto el obrero o empleado, el Administrador, podrá compeler la comparecencia personal del lesionado por cuenta del Fondo del Es-tado.”

El lenguaje del estatuto es tan claro que no es necesario hacer esfuerzo alguno para descubrir la intención del legis-lador. El obrero lesionado que desee recibir compensación debe presentarse- al médico y someterse a su examen o trata-miento dentro de los cinco días siguientes al día del accidente. Si no lo hiciere así, el Administrador del Fondo del Estado podrá negarse a concederle compensación.

En el caso de autos aparece que el lesionado se presentó al médico dentro de los cinco días siguientes al del accidente, para que le curase, pero le exigió al médico que no hiciera informe alguno sobre el accidente. Negóse el médico a acep-tar esas condiciones y el lesionado se marchó sin que se le hiciera cura alguna. Cuando el lesionado se sometió por fin a tratamiento médico, el día 15 de octubre de 1936, ya el tér-mino legal había expirado.

Hemos examinado cuidadosamente las conclusiones de he-cho que aparecen en el dictamen de la Comisión, y no encon-tramos justificada la alegación de que el Administrador del Fondo del Estado abusara de su discreción al negarle com-pensación al lesionado recurrente. El obrero lesionado debe presentarse al médico, para que éste le examine o le someta a nn tratamiento, dentro del término fijado por la ley, y sin imponer al médico condición alguna para el cumplimiento de su deber profesional.

Debe confirmarse la resolución recurrida.


author: El Juez Asociado Señor, Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Carrillo, acusado y apelante.
    Núm. 6350.

    Sometido: Abril 13, 1937.

      Resuelto: Abril 22, 1937.

      Eugenio V. Iglesias la Cruz y Francisco Susoni, Jr., abogados del ape-lante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor, Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acusación contra Francisco Carrillo por un delito de portar armas, formulada así:

“.allá por el día 10 de enero, 1936, y en Río Grande, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., ilegal, vo-luntaria y maliciosamente portaba sobre su persona con fines de ofensa y -defensa un revólver ‘que es un arma mortífera con la cual allí y entonces podía causarse grave daño corporal. Este -hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.”

Oída la prueba de cargo y de descargo, dictó sentencia la Corte de Distrito de San Juan declarando al acusado culpable del delito que se le imputaba y condenándole a cumplir treinta días de cárcel, sin costas. Apeló para ante este tribunal, y señala los siguientes tres errores:

1. Que la corte carecía de jurisdicción para condenarle, por cuanto no se probó el lugar en que se cometió el delito.
2. Abuso de discreción y error en la apreciación de la prueba.
3. Que no se identificó el arma.

El segundo y tercer error pueden ser considerados conjuntamente; el primero lo trataremos separadamente. Veamos lo que declararon los testigos en relación con el mismo. Adolfo Díaz, testigo de cargo, declaró a preguntas del fiscal, como sigue:

“P'. ¿Cómo se llama?
“R. Adolfo Díaz.
“P. ¿Estaba en Río Grande en la fecha ésta a que se refiere Álamo el día 10 de enero de 1936?
“R. Sí, señor.
££P. ¿Le vió algo al acusado en las manos?
££R. Sí, señor, un revólver.
££P. ¿Qué hacía él con ese revólver?
££R. Convidaba a Álamo; le decía: ‘Véngase a los puños o a los tiros’ ”.

Eulalio Rodríguez, testigo del acusado, declaró a pregun-tas de la defensa lo que sigue:

££P. ¿Cómo se llama?
££R. Eulalio Rodríguez.
££P. ¿Dónde vive?
“R. Aplmer (sio), Río Grande.
££P. Para el 10 de enero, 1936, ¿dónde se encontraba usted?
“R. En esa fecha salía yo con mi señora en un carro y otra fa-milia. Iba Manuel Figueroa y este muchacho y otro amigo y salie-ron de el pueblo para Mameyes y el señor Álamo dice: ‘Aquí va este charlatán. ’
“P. ¿Y el acusado Carrillo, qué intervención tuvo en ese asunto?
“R. El venía en la parte afuera del carro y se bajó también y se bajó Figueroa. El se bajó en la misma actitud del otro a inter-venir pero ya el guardia Nazario nos había separado que nos fué-ramos. ’ ’

De acuerdo con esas declaraciones, el fiscal probó que el delito se cometió en Río Grande. El testimonio de sus tes-tigos revela que fuá muy cerca del zaguán de la casa ocupada por la corte de dicho pueblo. No se cometió el primer error. Sin embargo, pudo ser más clara y convincente esa prueba, por lo que debe aquí reproducirse lo dicho en El Pueblo v. Amorós, 31 D.P.R. 506, y más tarde en El Pueblo v. Canales (a) La Boa, 34 D.P.R. 394, 397, a saber:

“....y no deben los fiscales confiar enteramente en que esta corte confirme toda sentencia en caso criminal, sin tener en cuenta la forma en que se ha celebrado el juicio por el solo hecho de demos-trarse que el acusado ha cometido un delito.”

No se cometieron tampoco los errores segundo y tercero. Agustín Álamo, testigo de El Pueblo, contestó a preguntas del fiscal que estaba seguro de que el acusado tenía en la mano un revólver; a preguntas de la defensa contestó que el revólver era negro; que vió de él la parte que el acusado no tenía en la mano (el cañón); que “era un revólver” y no “cualquier otra cosa que tuviera la forma de un revólver.” Por último, al preguntarle la defensa si él “vió una cosa en forma de revólver,” contestó: “No, yo vi un revólver.” Adolfo Díaz, el otro testigo del fiscal, también declaró al fiscal y a la defensa que le vió: al acusado un revólver.

No erró la corte, pues, ni al apreciar la prueba ni al declarar que el arma quedó identificada. No era necesario que se presentara el arma en evidencia. El Pueblo v. Cartagena, 37 D.P.R. 281; El Pueblo v. Alvares Pesante, 50 D.P.R. 104. Tampoco podemos decir que hubo abuso de discreción.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    La O Flores Salazar, demandante y apelado, v. Angel Arroyo Rivera, María Aurora Estrada Espinet y Juana Rivera Gutiérrez, demandados y apelantes.
    Núm. 7020.

    Sometido: Mayo 5, 1936.

      Resuelto: Abril 23, 1937.

      Angel Arroyo Rivera, por sí y como abogado de la Sra. Estrada de Es-pinet, apelantes; Pedro Baigés Gomes, abogado de la Sra. Rivera, apelante, y R. Rivera Zagas y José E. Segarra, abogados del ape-lado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

La O Flores inició este recurso para anular una escri-tura de compraventa, el asiento de presentación de la misma en el registro de la propiedad, y cualquier inscripción en caso de que la escritura hubiese sido inscrita. Flores alegó subs-tancialmente : que babía adquirido los solares a, b, c, d, y e, del comprador en dos subastas en ejecución de hipoteca; que el demandado Arroyo aparecía en el registro como dueño de los solares a, b y c, y de dos hipotecas sobre los solares d y e; que estas dos hipotecas se habían extinguido y Arroyo había dejado de ser el dueño de los tres solares a, b y c, debido a las referidas subastas; que Arroyo, sabiendo que no era el dueño de los solares a, b y c, y que las hipotecas sobre los solares d y e se habían extinguido, maliciosamente y con el propósito de defraudar al demandante y de perju-dicar su título y su derecho de propiedad sobre los cinco sola-res, había otorgado la escritura en cuestión, por la que le vendió a Juana Rivera Gutiérrez los solares a, b y c y las hipotecas en los solares d y e, escritura que fué presentada por Arroyo mismo en el Registro de la Propiedad de San. Juan, haciéndose el correspondiente asiento de presentación.

Juana Rivera excepcionó por falta de hechos suficientes, para determinar una causa de acción en cuanto a ella. El juez de distrito declaró sin lugar esta excepción y concedió-a los demandados diez días para contestar. Ella no lo hizo-así y se le anotó la rebeldía. Luego de otros procedimientos, y de un juicio al cual no comparecieron los demandados, la corte de distrito dictó sentencia en favor del demandante.

En nuestra opinión, la corte de distrito debió haber declarado la excepción previa con lugar y desestimado el recurso.

No había alegación alguna respecto a la falta de causa o de cualquier otro hecho tendente a demostrar la participa-ción de Juana Rivera en el supuesto móvil fraudulento de Arroyo. El demandante no alegó hecho alguno que demos-trara que Juana Rivera tuviera conocimiento de que Arroyo-no era el dueño de los solares a, b y cx o de que las hipotecas-sobre los solares d y e se habían extinguido, o de que Arroyo-tenía un motivo o designio impropios al disponer de los sola-res e hipotecas en su carácter de dueño en el registro. Juana Rivera fué una adquirente de buena fe. Yéase 8 O. J. 1146; 9 C. J. 1222, see. 123; 27 O. J. 506, see. 175; Id. 679, see. 474.

El artículo 33 y la parte pertinente del 34 de la Ley Hipo-tecaria leen como sigue:

“Artículo 33. — La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes.
“Artículo 34. — No obstante lo declarado en el artículo anterior, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el .'Registro aparezca con derecho para ello no se invalidarán en cuanto .a tercero, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el ■derecho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito o de ■causas que no resulten claramente del mismo Registro.
“Solamente en virtud de un título inscrito, podrá invalidarse, en perjuicio de tercero, otro título posterior también inscrito, salvo lo dispuesto en el artículo 389.
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El artículo 389 prohíbe que se ofrezca en evidencia “nin-gún documento o escritura de que no se haya tomado razón en el registro por el cual se constituyeren, transmitieren, reconocieren, modificaren o extinguieren derechos sujetos a inscripción, .... si el objeto de la presentación fuese hacer efectivo en perjuicio de tercero el derecho que debió ser inscrito.” Sin embargo, “también podrá admitirse el expre-sado documento cuando se presente para pedir la declara-ción de nulidad y consiguiente cancelación de algún asiento que impida verificar la inscripción de aquel documento.”

En tanto en cuanto los anteriores preceptos tienden a pro-teger un adquiriente por causa adecuada y de valor, que no participa en ningún fraude por parte del vendedor, y que no tiene conocimiento o aviso de la intención fraudulenta de éste o de hecho alguno que lo pongan sobre aviso, ellos son, al igual que el Estatuto 13 de Isabel, sostenidos por princi-pios generales de equidad y de justicia común.

Entre dos adquirentes de buena fe del mismo predio de terreno cuando el segundo ha inscrito su título y el primero no lo ha hecho, surge la cuestión de si el caso debe regirse por el artículo 33 o por el 34, si debe prevalecer la regla general prescrita por el artículo 389 o la excepción a tal regla. La respuesta a esta cuestión se encuentra en el artículo 1362 del Código Civil (ed. de 1930). El adquirente que primero inscribió su título es el dueño.

Esta corte ha resuelto que la presentación de una escri-tura de compraventa para su inscripción en el registro de la propiedad, seguida del asiento de presentación, es, en tanto en cuanto el efecto de esa anotación ahora nos concierne, equivalente a una inscripción de la escritura en sí. Flores v. Arroyo, 43 D.P.R. 97; Id., 43 D.P.R. 282.

En ausencia de algo que demuestre que Juana Rivera no fué una adquirente de buena fe, la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción contra ella.

Toda vez que el único remedio que se solicitó fué la can-celación de la escritura y de los asientos en el registro de la propiedad respecto a ella, lo antes expuesto prácticamente dispone del caso. No obstante, podemos referirnos breve-mente a una de las cuestiones planteadas en el alegato de Arroyo.

Arroyo, después que se declaró sin lugar su excepción previa, contestó la demanda. A moción del demandante, el juez de distrito eliminó de la contestación un número de sus alegaciones. En algunos casos, el juez estuvo en lo cierto; en otros, estamos inclinados a convenir con Arroyo en que las alegaciones no debieron haberse eliminado. De todos modos, de la contestación quedó lo suficiente para que ésta constituyera una defensa substancial. Arroyo no estaba en rebeldía. 34 Corpus Juris, 169, sec. 381; Herman v. Riesenberg, (Cal. App.) 34 Pac. (2d) 163; Warden v. Lamb, 98 Cal. App. 738, 277 Pac. 867; Millikan v. Booth, 46 Pac. 489; Alexander v. Stewart, 23 Ark. 18; McMurtry v. State, 26 N. W. 915; Berry v. Crowell, 203 Pac. 838; Dalton v. Rhodes Motor Co., 120 So. 821.

No obstante, se anotó la supuesta rebeldía a instancias del demandante, y el juez entonces actuó bajo la teoría de la rebeldía, a pesar de la protesta de Arroyo y de su excep-ción a cierta orden de la corte. En vista de la conclusión a que hemos llegado, no necesitamos considerar la cuestión de si el error aquí referido sería, sin más, motivo suficiente para la revocación.

Debe revocarse la sentencia apelada y ■declararse sin lugar la demanda.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Matilde Rodríguez, recurrente, v. Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 982.

    Sometido: Noviembre 20, 1936.

      Resuelto: Abril 23, 1937.

      E. Báez García, abogado de la recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

En agosto 21, 1936, Eulalio Quiñones Bivera y su esposa vendieron un solar a Matilde Bodríguez, la aquí peticiona-ria, por la suma de $925. Como la projiiedad estaba sujeta a una hipoteca por $260, el acreedor hipotecario compareció' en la escritura de compraventa y aceptó de la compradora el importe de su préstamo. La escritura contenía las cláu-sulas corrientes de tales transacciones y, en adición, la siguiente:

“Tercero: i por tenerlo así convenido, por la presente don Eu-lalio Quiñones Rivera, con el expreso consentimiento de su esposa, doña Mercedes López González, vende la finca descrita en el hecho-primero de esta escritura a favor de doña Matilde Rodríguez, tras-mitiéndole la posesión y dominio de la misma, con todos sus usos y derechos inherentes, sin reservación alguna, incluyéndose en esta venta el derecho de hogar seguro que tengan o puedan tener los esposos Quiñones-López en la misma, a fin de que pueda disfrutar de ella como única y legítima dueña.”

La adquirente trató de inscribir su título en el registro-de la propiedad, mas el registrador se negó a inscribir la cláusula arriba copiada fundándose en que era contraria a los preceptos de la Ley de Hogar Seguro (Ley núm. 87, aprobada el 13 de mayo de 1936, leyes de ese año, pág. 461). La nota del registrador lee así:

“Inscrita la compraventa y beeha la cancelación ele la hipoteca a que se refiere el documento que precede que es la escritura nú-mero ciento setenta otorgada en Mayagüez, a 21 de octubre actual ante el notario Enrique Báez García, pero observando que en dicha escritura se pacta incluir en el precio de dicha venta el derecho de Hogar Seguro que tengan o puedan tener los vendedores en la finca vendida, deniego la inscripción solicitada en cuanto al referido pacto en relación con dicho hogar seguro por ser nulo de acuerdo con la ley para tal caso prevista, tomándose en su lugar anotación preven-tiva por el término legal a favor de la adquirente, todo al folio dos-cientos uno del tomo 205 de esta ciudad, finca número 7203, inscrip-ción tercera. Inscrita dicha finca parte en dominio y parte en po-sesión y gravada con un embargo a favor de El Pueblo de Púerto Rico por $20.28 de contribuciones y $2.39 de recargos. Mayagüez, octubre 8 de 1936.”

De esta nota es aparente que al así proceder el registra-dor se basaba en la última oración de la sección primera de la Ley de Hogar Seguro, supra. Esa oración reza del modo siguiente:

“Sección 1.— . . . . ...
Este derecho de homestead es irrenunciable; y cualquier pacto en contrario se declara nulo.”

La cuestión a decidir en este recurso gubernativo es si una venta de propiedad inmueble en que se hace constar que el derecho de hogar seguro está incluido en el precio de la compraventa constituye un pacto contrario a la disposición legal arriba copiada. A nuestro juicio no lo constituye.

El hecho de que el hogar seguro sea irrenunciable no sig-nifica que una vez creado y en existencia, no pueda, cuando sea en beneficio de la persona poseedora de tal derecho, ser vendido, permutado o estar sujeto a otros posibles inciden-tes del dominio.

Cuando una persona tiene el dominio absoluto de una propiedad y la vende, teniendo con ello la intención de ena-jenar o de disponer de su título e interés completos, el dere-clio de hogar seguro necesariamente se amalgama (merges) en el derecho mayor de dominio. In praesentia majoris cessat potentia minoris.

TJna interpretación distinta, cuando toda la propiedad valga menos de $500, pondría un obstáculo a la libre enaje-nación y podría, en su consecuencia, dar lugar a una cues-tión constitucional.

Por tanto, se revoca la nota recurrida y se ordena la ins-cripción denegada.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro

text:
    Municipio de Guayanilla, demandante y apelante, v. Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, demandada y apelada; Jesús Stella Rodríguez, interventor y apelado.
    Núm. 7509.

    Sometido: Abril 19, 1937.

      Resuelto: Abril 23, 1937.

      Ismael Soldevila y Pedro M. Porrata, abogados del apelante; Leopoldo Tormes García, abogado del interventor apelado; y Hon. Procurador General B. Fernández García y T. Torres Pérez, Sub-procurador, abogados de la Comisión apelada.
   El Juez PresideNte Señor del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La parte interventora apelada solicita la desestimación del recurso interpuesto en este caso por el Municipio de Gua-yanilla, demandante, por no haberse radicado los autos de la apelación dentro del término de ley. Se opuso el munici-pio alegando que pende actualmente de aprobación en la corte sentenciadora una transcripción de la evidencia preparada a los efectos de perfeccionar su recurso, no habiendo, por tanto, empezado aun a correr el término de ley para el archivo de los autos en este tribunal, solicitando además para el caso de que este tribunal resolviese que la transcripción de evi-dencia era improcedente que, en consideración a los motivos que expone, se le conceda un nuevo término para el archivo de la transcripción de los autos en la secretaría de esta corte.

Se trata de una apelación de una resolución de la Comi-sión de Servicio Público interpuesta por el Municipio de G-uayanilla en la Corte de Distrito de San Juan resuelta en contra del municipio por sentencia de febrero 16, 1937, contra la cual recurrió el municipio para ante esta Corte Suprema.

Si los autos estaban listos para ser certificados y eleva-dos a esta corte en el momento de interponerse el recurso, tendría razón la parte apelada al sostener que ha transcu-rrido el término de ley — treinta días — sin que la transcrip-ción se radicara y procedería por tal motivo la desestima-ción del recurso a menos que se concediera el nuevo término que se solicita.

Si se está tramitando válidamente una transcripción de evidencia en la corte sentenciadora a los efectos del debido perfeccionamiento del recurso, entonces la razón estará de parte del municipio apelante.

Prescribe el artículo 90 de la Ley de Servicio Público, Leyes de 1917, Vol. II, página 535:

“Artículo 90. — Apelaciones para ante la Corte Suprema. — Cual-quiera ele las partes en autos agraviada por la sentencia, orden o decreto final de la antedicha corte, podrá apelar de ella para ante la Corte Suprema. Dicha apelación se interpondrá y se tramitará en la misma forma y manera que en otros casos de apelación para ante dicha Corte Suprema.'’

Examinemos la naturaleza del procedimiento en la corte de distrito. La ley lo titula “apelación”. Por su artículo 78 dispone que: “Dentro de los treinta días después de archivada cualquier declaración o decisión por la Comi-sión .cualquiera de las partes en el procedimiento afectada por ella, podrá apelar para ante la Corte de Dis-trito de San Juan, . . . .” Y la Corte Suprema de los Esta-dos Unidos en el caso de Commission v. Havemeyer, 296 U. S. 506, 519, concluye que esa apelación es a modo de un pleito entablado para obtener la nulidad de la resolución que se impugna.

La demanda la constituye la petición de apelación en la que deberán hacerse constar específica y concisamente los errores que se alegan cometidos en la declaración, deci-sión u orden de la Comisión.

Notificada ésta, dentro de treinta días, certificará los autos que comprenderán las declaraciones tomadas y sus con-clusiones de hecho, si las hubiere, órdenes y opinión, y archi-vará su contestación. Cualquiera otra parte interesada podrá intervenir en el procedimiento con permiso de la corte.

No se admitirá nueva evidencia en la Corte de Distrito. La evidencia que servirá de base al decreto de la corte será la comprendida en la certificación de la Comisión, constitu-yendo las órdenes de la Comisión prueba prima facie de la razonabilidad de las mismas, recayendo el peso de probar lo contrario sobre la parte que apela.

A virtud de lo que dejamos consignado que aparece con mayor fijeza, detalle y extensión en los artículos 78 al 89 de la citada ley, se concluye que el decreto de la corte de dis-trito que se apela para ante esta Corte Suprema se dicta basado en el mérito de las alegaciones archivadas original-mente en la corte y de los documentos presentados y eviden-cia practicada en la Comisión y de sus órdenes, que se en-vían a la corte certificados por la propia Comisión.

Siendo ello así, todo estaba debidamente autenticado en la corte de distrito cuando ésta resolvió la apelación y listo, por tanto, para ser transcrito y elevado a esta Corte Su-prema dentro clel término de treinta días que fija el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil en su último párrafo, sin necesidad de tener que recurrir al taquígrafo para que preparara la transcripción de la evidencia de acuerdo con la ley especial sobre la materia aprobada en noviembre 27, 1917 (Ley núm. 27, (2) pág. 275), Código de Enjuiciamiento Civil, edición 1933, página 286.

Abora bien, como se trata de un término que es susceptible de extensión, como la ley es nueva y el tiempo transcurrido es poco y la parte apelante lia demostrado su diligencia, creemos que debemos ejercitar nuestra discreción concediéndole el nuevo término que solicita para el archivo en la secretaría de esta Corte Suprema de una copia certificada por el secretario de la corte de distrito o por los abogados de las partes de los autos, incluyendo por supuesto en ella la de la certificación de la Comisión.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Manuel Espina Rivera, demandante y apelado, v. Narciso Cobián Rivera, demandado y apelante.
    Núm. 7506.

    Sometido: Abril 19, 1937.

      Resuelto: Abril 26, 1937.

      F. de la Forre, abogado del apelante; B. Ramírez Santibáñee y C. Andréu Ribas, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La demanda interpuesta en este caso tenía por objeto el cobro de un crédito hipotecario por el procedimiento ordi-nario. El demandado excepcionó la demanda, alegando la insuficiencia de los hechos alegados. La corte inferior de-claró con lugar la excepción y concedió al demandante un tér-mino de diez días para.enmendar su demanda. Algunos días después el demandante presentó una moción para que se le permitiese desistir de la acción entablada, sin perjuicio de su derecho a iniciar una nueva acción en cobro de dinero. En 23 de febrero de 1937 la Corte de Distrito de Bayamón dictó sentencia declarando con lugar la moción de desistimiento e imponiendo las costas al demandante. En 5 de marzo de 1937 el demandado radicó un memorándum de costas, ascen-dente a $6 con la siguiente súplica:

“El demandado suplica a la Hon. Corte se sirva ordenar que por la parte demandante sean satisfechas dichas costas.”

El 11 de marzo de 1937, el demandante depositó en la Se-cretaría de la corte inferior el montante de las costas solici-tadas por el demandado, y éste cobró dichas costas el 27 del mismo mes.

En la misma fecha en que radicó su memorándum de cos-tas, el demandado apeló para ante este tribunal de la sentencia de desestimación, alegando que la corte inferior erró al no condenar al demandante al pago de honorarios de abogado.

El demandante apelado solicita la desestimación del re-curso por considerar que es frívolo y que ha sido interpuesto con el único propósito de obstaculizar y dilatar al deman-dante apelado en el ejercicio de su acción en cobro de dinero.

El artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, según quedó enmendado por la Ley núm. 69 de 11 de mayo de 1936, leyes de ese año, página 355, en lo pertinente dis-pone :

“En caso de que cualquier parte baya procedido con temeridad la corte debe imponerle en su sentencia el pago de los honorarios del abogado de la otra parte, estableciendo en su sentencia el montante de dichos honorarios, teniendo en cuenta el grado de culpa en el litigio y el trabajo necesariamente prestado por el abogado de la otra parte.”

No habiendo la corte inferior impuesto al demandante el pago de honorarios de abogado, debemos presumir que la corte se abstuvo de hacerlo porque entendió que el deman-dante no había procedido con temeridad.

Hemos examinado cuidadosamente los autos del caso y a nuestro juicio no surge de ellos la alegada temeridad del de-mandante apelado. El hecho de que él desistiera de la de-manda entablada para el cobro de un crédito hipotecario, con el expresado propósito de iniciar una acción ordinaria en co-bro de una suma de dinero, no es por sí solo suficiente para que pueda considerarse al demandante como un litigante te-merario y justificar una imposición de pago de honorarios de abogado.

Consideramos que el recurso es evidentemente frívolo y como tal debe ser desestimado, debiendo imponerse al ape-lante ~el pago de las costas del recurso, las que mchoirán la sioma de $10 como honorarios del abogado del apelado.


author: El Juez Presidente Señor del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Ortiz, acusado y apelante.
    Núm. 6465.

    Sometido: Marzo 19, 1937.

      Resuelto: Abril 27, 1937.

      Pedro E. Anglade, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Juan Ortiz fué acusado de liaber violado las disposiciones de la ley para regular el uso de vehículos de motor en los caminos públicos de Puerto Rico al conducir en el camión H. P. 198 un exceso de cinco mil ciento noventa libras de carga.

Juzgado y condenado por la corte municipal, apeló para ante la de distrito en la que presentó una moción de sobresei-miento y excepción perentoria que fué declarada sin lugar, celebrándose el nuevo juicio que ordena la ley y dictándose sentencia por virtud de la cual se le declaró culpable y se le impuso el pago de una multa de cincuenta dólares. Apeló para ante este tribunal.

En su alegato señala tres errores, siendo el primero el co-metido a su juicio por la corte al declarar sin lugar su mo-ción de sobreseimiento.

La moción, fechada el 8 de septiembre, 1936, se basó en cuanto al sobreseimiento en que habiendo sido condenado el acusado por la corte municipal en abril 28, 1936, y apelado el mismo día, el nuevo juicio en la corte de distrito se señaló para el 9 de septiembre siguiente, mediando entre una y otra fecha más de los ciento veinte días que fija la ley.

Se opuso el fiscal, se practicó prueba sobre lo ocurrido con motivo del señalamiento y la corte estimando que existió justa causa para el transcurso de los ciento veinte días sin que el juicio se celebrara, declaró no haber lugar al sobresei-miento.

Examinemos la evidencia. Demuestra que los autos se radicaron en la corte de distrito en mayo 6, 1936, siendo ésta y no la de abril 28, la fecha que debe tomarse como punto de partida para la computación del término de ciento veinte días que fija el número 2 del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y demuestra además que el juicio se señaló el 7 de agosto, 1936, para verse el 9 de septiembre siguiente citándose al acusado. La corte estuvo en vacacio-nes durante julio y agosto reanudando sus sesiones el 2 de septiembre en que comenzaron a verse una serie de apela-ciones procedentes de las cortes municipales entre las cuales figuraba ésta de Juan Ortiz.

Una simple operación aritmética permite concluir que el término de ciento veinte días venció el 3 de septiembre y que por tanto había transcurrido a la fecha de la celebración del juicio. ¿Pudo, sin embargo, invocar su derecho el acu-sado cuando lo hizo, esto es, el 8 de septiembre, o sea un día antes del juicio, no obstante haberse hecho el señalamiento desde el 7 de agosto anterior, según la cédula de citación que tuvo a la vista al declarar el secretario de la corte de dis-trito ?

A nuestro juicio no pudo. Una simple moción suya re-clamando su derecho presentada inmediatamente después de citársele, hubiera permitido a la corte adelantar para el 2 de septiembre el señalamiento hecho por el secretario inad-vertidamente para el 9 del mismo mes. El derecho de que se trata es renunciable expresa o implícitamente y la con-ducta del acusado en este caso constituye un acto de renun-cia implícita.

En el caso de People v. Holmes, procedente de California y reportado en 109 Pac. 489, se resolvió que:

“Cuando tanto el acusado como su letrado se Rallaban presentes en la corte en el momento de señalarse el juicio, y no hicieron ob-jeción a que el mismo se fijara para una fecha posterior a más de sesenta días contados a partir del en que se radicó la acusación, la corte se negó propiamente a desestimarla de conformidad con el ar-tículo 1382 del Código Penal por dejarse de someter al acusado a juicio dentro del término de sesenta días.”

En tal virtud y sin entrar a considerar los otros motivos que tuvo la corte para negar el sobreseimiento, su resolución se sostiene a nuestro juicio por el que dejamos expuesto. No existe el primero de los errores señalados.

Tampoco el segundo que se alega cometido por la corte al negar la excepción perentoria del acusado y resolver que la denuncia le imputa la comisión de un delito público.

La excepción se basó en que alegándose en la denuncia que el becbo se babía cometido en la calle de Morse de Arroyo, no constituía delito porque el derecho a reglamentar el uso de sus calles corresponde al municipio.

El artículo 18 de la Ley núm. 75 de 1916, leyes de 1916, p. 144, tal como quedó enmendado por la Ley núm. 9 de 1926, leyes de 1926, p. 27, prescribe:

“Artículo 18. — Toda persona, firma, sociedad o corporación que por sí misma o por medio de sus agentes, transportare en los vehículos pesados de motor, o en los vehículos comerciales, más carga que la autorizada por esta Ley, será multada con cincuenta (50) dólares por la primera infracción; cien (100) dólares por la segunda, y por la tercera infracción le será revocada la licencia del vehículo. A los chauffetors que condujeren por caminos públicos un ve-hículo pesado de motor o un automóvil comercial con más carga que la autorizada en esta Ley, o a mayor velocidad que la en esta Ley establecida, o desprovisto del aparato para limitar la velocidad que se dispone en el apartado (c) del artículo 13 de esta Ley, le será suspendida la licencia por el término de un mes por la primera infracción; seis meses por la segunda, y por la tercera infracción le será revocada la licencia definitivamente. Las infracciones a las otras disposiciones de esta Ley, serán consideradas como delitos menos graves. ’ ’

El 9 de la propia ley apartado (c), tal como fué enmen-dado por la Ley núm. 9 de 1926, leyes de 1926, p. 23, dispone:

“Artículo 9.— (c) La proporción entre gomas y el peso del ve-bíenlo cargado, en el caso de vehículos pesados de motor será deter-minada en la forma siguiente: El ancho de las gomas en las ruedas delanteras y traseras de un vehículo pesado de motor o máquina de tracción será tal, que la presión por pulgada de diámetro y por pul-gada de ancho de la goma no será mayor de diez y seis libras. Nin-gún vehíctdo de motor cuyo pesa exceda de cinco y media toneladas descargado, ni de diez toneladas cuando esté cargado, será permitido en los caminos públicos, con excepción de los vehículos pesados de motor que, con anterioridad a la aprobación de esta Ley, hubieren obtenido licencia con arreglo a la ley; Disponiéndose, que el Comi-sionado del Interior podrá expedir licencias especiales a vehículos de motor cuyo peso cargado sea mayor de diez toneladas y no ex-ceda de catorce toneladas, para transitar solamente por aquellas carre-teras de primera clase que a- su juicio puedan resistir estas cargas. AI expedir estas licencias especiales el Comisionado del Interior co-brará los derechos de acuerdo con el artículo 10 de esta Ley.”

Y qué se entiende por “camino público” lo definió el le-gislador en la repetida ley, leyes de 1916, p. 145, como sigue:

“ ‘Camino público’ significará cualquier camino, insular o municipal, o cualquier calle o callejón de cualquier municipio.”

Bastarían esas citas y la del caso del Municipio de Manatí v. Comisionado de Sanidad, 50 D.P.R. 827, para concluir que la ley opera válidamente lo mismo en los caminos que en las calles, pero en este caso concreto bay más pues la calle Morse de Arroyo pasó a ser un trozo de la carretera insular núm. 3, de acuerdo con la Ley núm. 49 de 1917, Leyes de 1917, Vol. II, pág. 357, y el plano de los caminos y carreteras de la Isla por el Departamento del Interior de junio 30, 1930.

El tercer señalamiento imputa error a la corte al consi-derar la prueba de cargo suficiente. No estamos conformes. La fiemos examinado y a nuestro juicio sostiene la sentencia condenatoria dictada.

Bebe declararse el'reciírso sin lugar y confirmarse la sen-sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    José del Carmen de Jesús y Petronila Burgos, demandantes y apelantes, v. Manuel Colón y su esposa María Fontán, demandados y apelados.
    Núm. 7001.

    Sometido: Abril 23, 1936.

    Resuelto: Abril 28, 1937.

      Luis Mercader, abogado de los apelantes; V. Polanco de Jesús, abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación se refiere a un recurso iniciado con el fin de obtener la nulidad de un procedimiento ejecutivo suma-rio. Sucede que en 8 de diciembre de 1928 los demandantes otorgaron hipoteca a favor de Manuel Colón y su esposa para garantizar el pago de una deuda de $4,080.21. La hipoteca vencería a las 15 años y devengaría intereses al 6 por ciento anual a contar del Io. de noviembre de 1930: Contenía dos cláusulas cuyo incumplimiento adelantaba el vencimiento del contrato (accelerating ¿lauses). La primera de ellas tendría efecto si los deudores dejaban de pagar un año de intereses; la segunda si dejaban de cuidar y cultivar debidamente la finca hipotecada. La hipoteca fué ejecutada por haberse de-jado de cumplir con ambas condiciones.

La demanda que tenemos ante nos aducía que las alega-ciones en el procedimiento ejecutivo relativas a la falta de pago de los intereses de un año y a la falta de los deman-dantes de cuidar debidamente la finca eran falsas y malicio-sas. Los demandantes también alegaron como causa de nu-lidad que los autos dejaban de demostrar 1a, publicación de edictos. La otra causa de acción de la demanda aducía una penetración injustificada en la finca con los consiguientes da-ños a los demandantes. La contestación negaba los becbos alegados y también contenía una contrademanda en cobro del principal más los intereses y otros gastos incurridos en el cuido de la finca, incluyendo las contribuciones pagadas. Luego de un juicio sobre los méritos la corte declaró sin lugar la demanda de nulidad.

La corte sentenciadora bailó que bubo un incumplimiento, sustancial en el pago de los intereses correspondientes al. primer año; que los deudores no cultivaron propiamente ní. cuidaron la finca de acuerdo con el convenio y entendido entre' las partes; y que la ausencia en los autos del ejecutivo su-mario de demostrar afirmativamente la publicación de edictos; requeridos por la ley fué posteriormente subsanada con prueba oral y declaraciones juradas, que la llevaron al con-vencimiento de que éstos en realidad fueron publicados.

Los demandantes en el presente recurso trataron de pro-bar que no babía intereses vencidos y en descubierto al tiempo en que se ejecutó la hipoteca. Trataron de demos-trar que los intereses correspondientes al primer año, ascen-dentes a $244.81 habían sido pagados, en lo que a $112 de los; mismos se refería con la entrega al acreedor hipotecario de cierto café y con su reconocimiento escrito al efecto de que solamente estaban en descubierto $133.60 por concepto de in-tereses. En lo que a este saldo se refería sostenían que el mismo fué pagado a virtud del hecho de que el acreedor hi-potecario, Colón, así ellos sostenían, había servido de fiador a uno de los hijos de los deudores en el arrendamiento de la finca hipotecada y por tal concepto les debía $150, cantidad que cubría en exceso el saldo mencionado.

Los apelantes fian señalado cinco errores. Los tres pri-meros se refieren a las conclusiones de la corte inferior so-bre: (a) la falta de los apelantes de pagar los intereses del primer año; (b) la falta de cultivar y cuidar debidamente la finca; y (c) el hecho de que la propiedad fue vendida por 'el márshal sin que existieran en autos declaraciones juradas para probar que se habían publicado edictos.

Los últimos dos errores se dirigen a la apreciación de la ;prueba y a haber dejado la corte de conceder costas a los ^apelados.

En lo que al primer señalamiento se refiere, creemos que la corte no cometió error alguno al dar más peso a la prueba aducida por los demandados en la corte inferior. Considerado el testimonio en su totalidad, el mismo tiende más bien a demostrar que lo que los apelados convinieron fue en ayudar al hijo de los apelantes, que era su propio yerno, más la corte estuvo justificada al concluir que Colón en efecto no garantizó una cantidad específica de las rentas a los deudores hipotecarios ni que en realidad tuvo en mente algo similar a un contrato de fianza. La prueba es clara al efecto de que los acreedores aceptaron $32 en café por $112 del arrendamiento. Esto es enteramente consistente con el testimonio del yerno de los apelados al efecto de que de una manera informal convinieron en ayudarlo en el arrendamiento de la finca a su padre. La responsabilidad de un fiador debe establecerse claramente y convenimos con la corte inferior en que esto no se hizo en el presente caso.

Aunque nos inclinamos a considerar la discusión del, se-segundo error como de poca importancia después de llegar a la conclusión de que la hipoteca podía ser ejecutada por el incumplimiento en el pago de parte de los intereses del primer año, sin embargo, estamos contestes con la corte inferior en que los apelantes dejaron de cumplir con la otra cláusula por la cual la hipoteca vencía inmediatamente. El cumplimiento de la condición de cultivar y cuidar debida-mente una finca es una proposición en gran parte relativa. No creemos que la corte inferior cometiera ningún error al concluir que se babía quebrantado tal condición.

En lo relativo a edictos lo importante es que en efecto se publiquen y cualquier omisión oficinesca o cualquier inadvertencia respecto a bacer que el hecho de la publicación aparezca en los autos puede subsanarse en cualquier momento posterior mediante prueba concluyente a ese respecto. En el caso que tenemos a la vista, el expediente en el procedimiento ejecutivo muestra una declaración del editor de La Democracia, periódico local, al efecto de que los edictos fueron debidamente publicados. Esta declaración, sin embargo, no está jurada. Más tarde, un affidavit debidamente jurado conteniendo la misma declaración fué suministrado. Somos ■ del criterio de que éste bastaba para subsanar la omisión original. En la escritura otorgada por el mársbal a los acreedores bipotecarios se bace constar igualmente la publicación de los edictos.

Por la anterior discusión se hace innecesario considerar el error relativo a la cuestión de costas.

Encontramos que la corte inferior no cometió error ma-nifiesto en la apreciación de la prueba y que la sentencia apelada debe ser confirmada.