author: El Juez Asociado Sr. HutchisoN,

text:
    Rodríguez, Recurrente, v. El Registrador de Matagüez, Recurrido.
    Recurso Gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Mayagüez denegando la inscripción de una escritura de venta.
    No. 349.
    Resuelto en diciembre 24, 1917.
    INSCRIPCIÓN de Títulos- — Compraventa—Estado de Derecho Creado por Ins-cripciones Anteriores. — Un registrador no debe denegar la inscripción de una escritura de venta otorgada por el dueño de la finca según el registro fundado en que habiendo denegado la subsanaeión de un defecto consignado en la inscripción a favor del vendedor o sea por la que adquirió la finca que trasmite al comprador, adolece la adquisición de un vieio de, nulidad que incapacita al dicho vendedor para trasmitirla, pues el estado de derecho creado por inscripciones anteriores debe ser respetado hasta que sea mo-dificado de algún modo conocido en derecho. La tentativa de un registrador de pasar sobre la validez de otro instrumento ya inscrito, constituye una arrogación de la privativa facultad de los tribunales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Angel A. Vázquez.

    El registrador recurrido, Sr. Rafael Tirado Verrier, com-pareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

En el 1909 se inscribió una escritura otorgada por un apoderado en el Registro de la Propiedad de Mayagüez' con un defecto subsanable consistente en que el poder no se acompañó ni copió en escritura de venta.

En el caso reciente de Agostini v. El Registrador, esta corte confirmó una nota del registrador en la que se soste-nía que un poder sometídole para subsanar el defecto en cuestión era defectuoso e insuficiente para los fines indicados por cuanto en el mismo no se identificaba claramente la des-cripción de la finca a que el mismo se contraía.

El presente recurso fia sido interpuesto contra una nota denegando la inscripción otorgada por la dueña de la finca según el registro, “porque habiéndose denegado la subsana-ción del defecto consignado en la inscripción 8a. de la finca de que se trata, o sea por la que adquirió la vendedora la finca que transmite al comprador, por no considerarse bas-tante él poder otorgado por' la causante de la Señora Agos-tini y Maristany ni rectificado por el affidavit con que se acompañó dicho poder, según la nota marginal de la inscrip-ción citada, adolece la adquisición de la vendedora Señora Agostini y Maristany de un vicio de nulidad que incapacita a dicha señora, para transmitir a su vez la propia finca. ’ ’

En el caso de Sucesión Blanco v. El Registrador, 16 D. P. R. 67, al presentarse copias certificadas de una sentencia y una orden, se cancelaron ciertos asientos sujetos al defecto subsanable por no aparecer que la sentencia que ordenaba la cancelación fuera firme. La subsanación de este defecto fue denegado posteriormente porque el certificado demostra-tivo de que la sentencia era firme mostraba a su vez que no lo fué en realidad de verdad al tiempo de la inscripción ve-rificada en virtud del mismo, calificando así el registrador nula y sin efecto legal alguno la cancelación de la-inscripción. Esta corte sostuvo entonces que el estado de derecho creado por inscripciones una vez verificadas debe ser respetado hasta que fuese modificado de algún modo conocido en dere-cho, que el registrador debió concretarse a determinar si se subsanaba o no con el documento presentado a su conside-ración el defecto anotado en la inscripción y que la tenta-tiva de' pasar sobre la validez de otro instrumento ya ins-crito constituía una arrogación de la privativa facultad de las cortes. Aquella decisión se basó en una expresa dispo-sición legal aún vigente y qu'e se transcribe literalmente en la opinión.

En el presente caso tanto el recurrente como todo el mundo tenían conocimiento por el registro no sólo de que el título inscrito de la vendedora está sujeto a un defecto sub-sanable, sino además de que ha fracasado la tentativa que se hizo para subsanarlo. La validez del título de la vende-dora, según aparece del poder a que se contrae el caso de Agostini v. El Registrador y por la anotación a que el mismo se refiere, depende de una cuestión de identidad de determi-nada finca vendida por un apoderado y no de una cuestión de capacidad del apoderado para transmitir, como lo arguye el registrador. El defecto puede ser subsanado en cualquier tiempo por escritura pública que- demuestre que la casa a que se contrae el poder es la misma casa vendida por el apoderado y que ahora después de revendida trata de ins-cribirse a nombre del recurrente. Nos parece que es sufi-ciente notificacióh para todas las personas que tengan algo que ver con la finca que puede que sean distintos los hechos y que cuando menos la cuestión está abierta a la duda. Puede muy bien concebirse que precisamente casos como el presente, en que todas las partes interesadas al parecer conocen los hechos y prefieren que permanezca un defecto técnico en el título inscrito ■ antes de tener que pasar por la molestia y gastos que ocasionan la súbsanación inmediata, estuvieron en la mente del legislador cuando con el fin de evitar inne-cesarios inconvenientes, dificultades o dilaciones ordenó qtie “los registradores no suspenderán por defectos subsanables la inscripción, anotación o cancelación de ningún título,” y que “en la inscripción harán constar los defectos que con-tenga el título y en cualquier tiempo que se presente la docu-mentación para subsanarlo, se hará constar la subsanación por medio de nota marginal. ’ ’

La calificación del registrador debe ser revocada y de-volverse el caso con instrucciones para que inscriba la escri-tura en cuestión con el defecto subsanable mencionado en las precedentes inscripciones.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Hidalgo et al., Peticionarios, v. Cuevas Zequeira, Juez de Distrito, Demandado, y Cruz, Interventor.
    Solicitud 'para que se espida un auto' de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Humacao en un procedimiento sobre aprobación de exposición del caso.
    No. 207.
    Resuelto en diciembre 24, 1917.
    Exposición del Caso — Facultades del Juez Sentenciador para Corregir Erro-res Después de Archivada en la Corte de Apelación. — Un juez sentencia-dor tiene, aun después de archivada la transcripción en apelación, facultades para corregir una exposición del caso de modo que exponga la verdad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los peticionarios: Sres. M. Tons Soto y R. Arce Rollet.

    El Juez demandado no compareció.
    Abogado del interventor: Sr. Luis Mendín. ■

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En un caso intitulado Luis Cruz v. John Doe y Richard Roe, la Corte de Distrito de Humacao aprobó, en 26 de abril de 1917, una exposición del caso con determinadas enmiendas que fueron propuestas.

En 14 de mayo se sometió a la corte una segunda exposi-ción sin notificarse a la parte contraria, y al día siguiente el juez sentenciador la certificó como verdadera y correcta.

El letrado de los apelados nada snpo de esto hasta el momento en que le servieron la transcripción de los autos, por lo que compareció, primero ante esta corte y luego ante la de distrito, alegando que la segunda exposición, tal como fué aprobada por él juez sentenciador, no contenía las enmiendas cuya inclusión habíase ordenado, y suplicando se corrigiesen los autos a este respecto.

El apelante se opuso a la moción presentada en esta corte, por falta de jurisdicción, citando el caso de Benet v. Hernández, 22 D. P. R. 494, y en la vista' los apelados, aparente-mente convencidos de su error, pidieron y obtuvieron per-miso 'para desistir de la moción.

Al tiempo del desistimiento de la moción en esta corte, se discutió la cuestión ante el juez de distrito quien, al -día siguiente, sin tratar siquiera de diferenciar en forma alguna el caso de Benet v. Hernández, sobre el que los apelados lla-maron su atención, dictó la siguiente orden:

“Oídas ambas partes acerca de la presente moción, y apareciendo que la misma. cuestión ha sido suscitada ante la Corte Suprema, a virtud de hallarse este pleito en grado de apelación ante aquel tribunal, se deniega lo solicitado por el demandado.”

Parece bien claro que el juez sentenciador procedió ba-sado en la teoría de que, a pesar de la regla enunciada por esta corte, carecía de facultades para actuar por razón de haberse radicado la transcripción de los autos para la ape-lación, aunque esto no aparece tan claramente de la propia orden como de los autos del presente recurso solicitando la revisión de la misma.

El criterio de esta corte según fué enunciado en el caso de Benet v. Hernández se resume en el .primer párrafo del sumario, del modo siguiente:

“Cuando existe conflicto respecto al contenido de una exposición del caso archivada en la corte de apelación, debe recurrirse al juez sentenciador para que lo dirima pues no obstante dicho archivo, tiene poder para cancelar su certificación puesta al pie de la misma, si se convenciere de que su acción fue errónea o realizada inadvertida-mente.” 22 D. P. R. 494.

En la obra Corpus Juris, tomo 4°., pág. 493, sección 2240, se dice que—

“En cuanto al poder de la corte inferior para enmendar, después de haberse archivado en la corte superior la transcripción de los autos o constancia de su entrega (return), salvo en casos de errores insignificantes o de mera forma, la jurisprudencia de los tribunales está en desesperanzado conflicto. Algunas cortes han sostenido que puede corregirse un error en la corte inferior aun después de enta-blada la apelación; y tal enmienda llega a formar parte de los autos de la corte de apelación desde el momento en que se archive en la misma, previo permiso obtenido a tal fin, y siempre y cuando que estuviere certificado, en debida forma. El derecho a. enmendar des-pués de establecido el recurso de apelación ha sido denegado en otras jurisdicciones. ”

En ciertos casos bien considerados en que se sostiene la -afirmativa se La dicho que—

“Si bien es cierto que una corte de circuito pierde su jurisdicción sobre un caso por virtud del recurso de apelación, retiene, sin embargo, facultad suficiente sobre sus propios expedientes para autori-zarla a dictar una orden nunc pro tunc a fin de corregir un pliego de excepciones de modo que exponga la verdad. Que este camino es el propio se evidencia por aquella teoría de que solamente debe y de hecho puede propiamente corregirse un error allí donde se cometió. (Johnston v. Ragan, 178 S. W. 159.) La facultad para ultimar unos autos, es una de aquellas que en manera alguna depende de la existencia, en la persona o cuerpo que ha de ultimar dichos autos, de jurisdicción sobre la acción que originó los autos. La persona que actúa como juez sentenciador está facultado para ultimar un ex-pediente después de haber cesado en sus funciones de juez. (State v. Leggett, 142 N. W. 974.) ‘La cuestión envuelta es puramente una cuestión de práctica.’ (Bloch v. Sammons et al., 55 Pac. 438.) ‘A pesar de que es la práctica corriente, y muy recomendable por cierto, que sea el abogado del apelante quien prepare y someta el pliego de excepciones a la corte para su aprobación, sin embargo; (citando el código) * * * se presume que la corte conserva los autos del pleito y prepara el pliego de excepciones cuando el caso sea apelado; de lo que se deduce que, cualquiera que baya sido la causa de la inadvertencia, ante la ley ba sido un error de la corte que ba juzgado el caso, y, una vez que se le baya llamado la atención a la misma sobre el error, previa notificación en tiempo becba a los interesados, la .corte tiene facultades para corregir el pliego de ex-cepciones y para ajustarlo a los hechos que se han querido incluir en el mismo.’ (McGregor v. Oregon R. & N. Co., 14 L. R. A., nueva Serie, 668.) ‘Si por razón de alguna práctica indebida se obtuviese en un pliego de excepciones la firma del juez sentenciador, cuando éste no llegó a comprenderlo, ni' tuvo la intención de firmarlo, * * * es de la competencia de la corte ante la que se celebró el juicio, a moción presentada a tal fin, el eliminarlo de los autos * * La corte sentenciadora tiene la facultad, en un procedi-miento adecuado, previa pru.eba adecuada, de enmendar sus autos para que se ajusten a la verdad, aun cuando la jurisdicción del caso baya pasado a una corte de apelación.’ (East Line & Red River R. Co. v. Culberson, 10 S. W. 706.) ‘Puesto que la jurisdicción de las cortes de apelación, * * * tiene por objeto la corrección de los errores cometidos en el curso de los procedimientos antes de y relacionados con el pronunciamiento de la sentencia y está limitada a los autos tal como se formaron por la corte sentenciadora * * * es una cuestión de capital importancia en la administración de jus-ticia la de que de los autos de las cortes sentenciadoras aparezca la verdad. Si han sido mutilados, falsificados, intervenidos y cambia-dos en tal forma que aparezca que hizo la corte sentenciadora lo que en realidad de verdad no efectuó, no estamos en condiciones de poder corregirlos; y de no corregirse en las cortes sentenciadoras, que tie-nen la custodia y jurisdicción sobre sus expedientes en tanto cuanto han sido por ellas formados, los mismos han de quedarse sin corregir y sufrir en apelación grave . detrimento la justicia. ’ (Johnston v. Arrendale, 71 S. W. 44.) ‘La corte sentenciadora tenía el derecho de hacer que los autos se ajustaran a la verdad, y que las objeciones en efecto levantadas y resueltas aparezcan del pliego de excepciones. Si en el primer pliego de excepciones sé cometió algún error al rela-cionar los procedimientos entonces ante él, tenía derecho a corre-girlo; y creemos que debemos presumir que el hacerlo mediante una orden y pliego sustituto estuvo bien hecho puesto que no se ha ape-lado de aquélla.” (Neville v. Miller, 171 S. W. 1109.)

Véase también los casos de Corralitos Co. v. Mackay, 72 S. W. 624; Harris v. Stark, 110 S. W. 737; Beaumont and G. N. R. R. v. Elliott, 148 S. W. 1125.

La doctrina, sentada en los casos de East Line & Red River R. Co. v. Gulverson y de McGregor v. Oregon R. & N. Co., supra, está adoptada por la obra Ruling Case Law sin citar otras autoridades, en el tomo 2°., pág. 150, see. 123.

Aparte de cualquier distinción que pueda hacerse entre aquellas jurisdicciones donde se remita en apelación el ex-pediente original y otras donde, como en Puerto Rico, el ex-pediente se queda en la corte 'inferior,' — siendo de la incum-bencia y deber estatntorio del juez sentenciador, y no de la corte, de hacer en la exposición original aquellas correcciones que estimare prudente, — cualesquiera que fueren los méritos que pudieran encontrarse en el razonamiento técnico de los casos que sostienen que la corte inferior carece de semejante facultad después de archivada la transcripción en la corte de apelación, están más que contrapesados por las considera-ciones de la justicia común y de la simplicidad, brevedad y diligencia en cuestiones de procedimiento.

La orden recurrida debe ser revocada y devolverse los autos para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Anulada, la orden recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. López, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por delito de acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes.
    No. 1227.
    Resuelto en enero 21, 1918.
    Acometimiento y Agresión oon Circunstancias Agravantes--Agresión a un Funcionario Legal — Cumplimiento de Deberes Oficiales. — Para que exista la agravante a que se refiere el apartado l'cle la sección 6 de la ley de marzo-10, 1904 sobre la materia, es necesario que al realizarse el acometimiento» y agresión en la persona de un funeionrrio público, éste se baile en el cumpli-miento de sus deberes oficiales.
    Id. — Id.'—Acometimiento y Agresión Simple. — Una acusación por acometi-miento y agresión a un funcionario en la que no se alega que éste se hallaba en el ejercicio de su cargo al realizarse el acto, sólo imputa la comisión de un delito de acometimiento y agresión simple.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Celestino Iriarte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fué condenado como autor de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.

La acusación dice así:

“El citado Joaquín López Díaz, allá el día 10 de abril de 1917, en Santuree, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, ilegal, voluntaria y maliciosamente acometió y agredió al detective de la Policía Insular, Manuel G-. G-alvarín, infiriéndole con una pie-dra una fuerte contusión en la región costal derecha, cuya agresión llevó a efecto a sabiendas de que Manuel G-. Galvarín era un detective de la Policía Insular.”

El apelante compareció por su abogado al acto de la vista del recurso. Alegó únicamente que la acusación no le impu-taba un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, sino un delito de acometimiento y agresión simple.

Tiene razón el apelante. La sección 6 de la ley para deter-minar y castigar acometimiento, etc., aprobada el 10 de marzo de 1904, copiada en lo pertinente, dice así:

“Sección 6. — Todo acometimiento y agresión será considerado con circunstancias 'agravantes en los siguientes casos: 1. Cuando se co-meta en la persona de un funcionario legal en el cumplimiento de sus deberes, en caso de saberse o haberse hecho saber a la persona que cometiere el hecho, que la persona agredida era un funcionario en el desempeño de un deber oficial. * *

La agravante consiste, pues, en que el acometimiento y agresión se realice en la persona de un funcionario legal que se baile en el cumplimiento de sus deberes oficiales. ‘Un policía puede encontrarse en su casa y tener una cuestión puramente privada con otra persona que sabe que él desem-peña tal cargo y ser agredido por esa otra persona. La circunstancia de que el agresor supiera que el agredido era un funcionario público, no agrava por sí sola el delito. La dignidad personal de un funcionario es igual que la de cual-quier ciudadano particular. La ley no distingue en este ex-tremo. Lo que agrava el delito, repetimos, es el bailarse el funcionario en el ejercicio de su cargo. Es la dignidad del servicio público lo que el legislador tuvo en cuenta para hacer la distinción.

En tal virtud no alegando la acusación que el detective G-alvarín se bailara en el ejercicio de las funciones de su cargo, no imputa al acusado la comisión de un delito de aco-metimiento y agresión grave, sino simple, y la sentencia dictada debe modificarse para armonizarla con la acusación, base del proceso.

Confirmada la sentencia apelada pero modifi-cándola en el sentido de declarar al acusado culpable del delito de acometimiento y agre-sión simple.

Jueces concurrentes: - Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolu-ción de este caso.


text:
    Otero y Striker, Peticionarios y Apelante el Primero, v. El Pueblo, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en procedimiento de declaratoria de herederos.
    No. 1691.
    Resuelto en enero 21, 1918.
    Declaratoria de Herederos — Hijos Naturales — Reconocimiento en la Partida de Bautismo del Año 1851 — Documentos Auténticos. — En un procedi-miento ex "parte sobre declaratoria de herederos y en defecto de alguna ■ alegación de fraude, una partida auténtica de bautismo celebrado por un cura párroco en 1851 en que expresamente se refiere a nn documento del ar-chivo parroquial para probar la verdad de lo que en la misma se hace cons-tar respecto del estado civil de un hijo natural reconocido, identifica sufi-cientemente un documento de la misma feeha, hallado en el archivo local después de más de sesenta años, en el que se reproducen las constancias de la inscripción, lleva la firma del pretenso padre putativo, y contiene la siguiente manifestación: “Reconozco este niño que consta en la partida que antecede por mi hijo natural, queriendo sea este documento de reeono- - cimiento en forma.”
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. José Sabater y Abraham - Peña.

    Abogados del apelado: Sres. Jaime Sifre, Jr., Fiscal Especial y N. B. Canales, Oficial Jurídico.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Trátase de nn recurso de apelación interpuesto contra una orden que reza en parte como sigue:

“Resolviendo la moción del promovente Julio Otero Rivera, de fecha. 13 de junio de 1917, solicitando la reconsideración de la orden de 9 de junio del año en curso 1917 denegando aprobar la declara-toria de herederos del finado Dionisio Eleuterio Arroyo y Striker, y acompañando una nueva certificación expedida por el cura párroco de esta .ciudad; la corte es dé opinión que tampoco la nueva certifi-cación acredita que el causante Dionisio Eleuterio Arroyo y Striker era hijo reconocido de Isidoro Arroyo. Si bien es verdad que el cura párroco certifica que se encuentra en los archivos parroquiales un documento que dice así:
“ ‘Dionisio Eleuterio, No. -, a 9 de octubre del año pasado, hijo reconocido de Don Isidoro Arroyo y de Doña Oeferina Striker, abuelos paternos Don Isidoro Arroyo, difunto y Doña Juana Budia y maternos Don Enrique Striker difunto y de Doña Manuela Seguinó. Padrinos Don Martín Más y Doña Pilar Cario.
‘Reconozco este niño que consta en la partida que antecede por mi hijo natural, queriendo sea este documento de reconocimiento en forma. Mayagüez y marzo 16 de 1851. Isidoro Arroyo. ’
“No aparece de modo alguno hechos que demuestren que es un documento auténtico y que el reconocimiento se hizo por Isidoro Arroyo de acuerdo con las leyes en vigor en la fecha en que celebró el bautismo del dicho .Dionisio Eleuterio Arroyo y Striker, no siendo por tanto la nueva certiñeación un documento fehaciente. La corte deniega de nuevo hacer la declaratoria de herederos que se interesa. ’ ’

Con la certificación descrita en la orden que se acaba de citar se acompañó otra, que no menciona el juez de distrito; cuyo1" tenor literal es como sigue:

“Dionisio Eleuterio. — B; En esta parroquia de Nuestra Señora de Candelaria de la Villa de Mayagüez a diez y seis de marzo de mil ocho-cientos cincuenta y uno: yo Presbítero Don Domingo de Villanueva, Caballero de la Real Orden Americana, de Tsabel la Católica, y Cura Teniente de ella: bauticé solemnemente, puse óleo y Crisma a Dionisio Eleuterio que nació a nueve de octubre del año pasado, hijo natural reconocido de Don Isidoro Arroyo y Me Doña Ceferina Striker de esta feligresía, como consta del documento que obra en este archivo, abuelos paternos Don Isidoro Arroyo, difunto, y Doña Juana Budia, y maternos Don Enrique Striker y Doña Manuela Seguinó. Fueron sus padrinos, Don Martín Más y Doña Pilar Carlos a quienes advertí el parentesco espiritual y obligaciones de que doy fe. Domingo de Villanueva. Hay un sello que dice: Parro-quia de Nuestra Señora de Candelaria, Mayagüez, P. R. La par-tida anterior es una copia exacta y fiel de la original folio 117, libro 20. Firmado: Juan'A. Lynch, C. ss. R., Vicario.”

La certificación de la partida de bautismo expresamente se refiere a un documento que se halla en el archivo parro-quial como prueba de la verdad de lo que en la misma se hace constar respecto al estado civil del niño. Después de sesenta y seis años se encuentra en el archivo parroquial el documento inserto en la orden contra la que se ha interpuesto ol presente recurso. Es de la misma fecha de la partida de marzo 16 de 1851. Los términos en qne está concebido el primer párrafo de la misma signen a los de la partida bau-tismal palabra por palabra, con la sola excepción de la pala-bra “natural” al describir el estado civil del niño y la adición de la palabra “difunto” qne signe al nombre del abnelo materno. Luego se refiere a “la partida qne antecede” para mayor identificación del niño. No existe indicación algnna de frande.

Con anterioridad al año 1885 los cairas párrocos eran los encargados del registro civil y por ende funcionarios públicos, ante quienes se reconocían los hijos naturales, y bastaban sus certificaciones expedidas al efecto para acreditar el acto de reconocimiento. El clero constitnyó un departamento del •Estado basta la fecba en que ocurrió el cambio de soberanía. Además, nuestras cortes de justicia “se inclinan siempre a favor del hijo natural cuando él reconocimiento resulta claro y públicamente, cualquiera que pueda ser la forma en que se verifique, siempre que quede de él constancia autén-tica y fehaciente.” Iturrino v. Iturrino, 24 D. P. R. 474.

En el caso de Péres, Villamil et al. v. Romano et al., 19 D. P. R. 883, esta corte se expresó en los siguientes términos:

* * las cortes se inclinan siempre a favor del hijo natural cuando el reconocimiento resulta claro y públicamente, cualquiera que pueda ser la forma en que dicho reconocimiento se verifique, siempre que quede de él constancia auténtica y fehaciente. Los ape-lantes no nos han citado ningún caso del Tribunal Supremo de Es-paña que sea semejante en absoluto en cuanto a los hechos, y en au-sencia de alguna cita de esta naturaleza debe prevalecer la interpre-tación natural y humana.”

La cuestión allí planteada era respecto de la autenticidad de determinadas firmas dubitadas que aparecían en deter-minados documentos en un procedimiento seguido ante “un juez de paz,” en relación a lo cual esta corte dijo:.

“Oreemos, además, que estos procedimientos habidos en el juz-gado de paz, constituyeron un documento público suficiente. . A pe-tición del juez de paz ambas partes expresaron su asentimiento fir-mando el acta. Ningún documento notarial podría ser más solemne.”'

Y otra vez en la misma opinión, (página 884), se dice:

“Además, convenimos con la corte sentenciadora, en que como el origen de este documento procedente del Juzgado de Paz de Carolina, había quedado probado satisfactoriamente, la prueba que había de presentarse para impugnar su autenticidad tendría que ser muy clara. A la vez, este documento es de más de 30 años y parece estar comprendido en las disposiciones'del artículo 102 de la Ley de Evi-dencia, párrafo 33.”

Yéase también el artículo 89 de la propia Ley de Evidencia.

Este procedimiento siguió su curso puramente ex parte basta la fecba en que se dictó la orden declarando sin lugar la solicitud de declaratoria de herederos, en la que el juez dispuso que pasara el expediente al fiscal, “por el interés que pueda tener en este caso El Pueblo de Puerto Rico.” La orden contra la cual se ha establecido el presente recurso de apelación, dictada tres semanas después dispone además que se libre un mandamiento al mársbal de la misma, mandán-dole.a tomar posesión de los bienes que a la sazón se bailaban en poder del administrador interino, a quien a su vez se le re-quería rindiese cuentas de su administración dentro de las cua-renta y ocbo boras. .Del escrito de apelación fué notificado el fiscal y El Pueblo de Puerto Rico compareció por primera vez ante este tribunal, pidiendo que se confirmarse la orden dictada por la corte inferior.

La fraseología de la primera oración del párrafo anterior envuelve cierta reserva por razones que nada tienen que ver con este recurso, por lo cual es innecesario enumerarlas. Los becbos expuestos ban sido relatados como una mera in-dicación del alcance de esta decisión y a fin de evitar posibles interpretaciones erróneas debido al título de la acción y a la manera de designarse las partes en esta apelación, pero no con la intención de implicar que la orden negando la declara-toria de herederos y los procedimientos subsiguientes hayan convertido el procedimiento eco parte en uno contencioso. En cnanto a esto, no expresamos opinión alguna.

La orden apelada debe ser revocada y el caso devuelto para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.

Revocada la orden apelada y devuelto él caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

. Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-diey no intervinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del'Tob.o,

text:
    Gerena, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao denegando la inscripción de una es-critura de partición de bienes.
    No. 338.
    Resuelto en enero 24, 1918.
    Inscripción de Documentos — Calificación de Títulos — Registradores: Fa-cultades de los Mismos. — La facultad concedida a los registradores por el artículo 18 de la Ley Hipotecaria para calificar la legalidad de las escritu-ras y la capacidad de los otorgantes, se refiere a los documentos no inscritos en el mismo registro. Una vez verificada la inscripción, el registrador que la verifica o los que le sucedan en el cargo no pueden tener los documentos inscritos como ineficaces o nulos, cualesquiera que sean los vicios o defectos de que adolezcan, mientras no se declare la nulidad por quien corresponda y en la forma que proceda. La anterior doctrina no se opone a que se cali-fique de nuevo un documento cuya inscripción fuá denegada, si el registra-dor se convenciere luego de la injusticia de su negativa.
    Id. — Partición de Bienes. — Aplicando la anterior doctrina se decidió en este caso que inscrito un documento contentivo de una partición de bienes en cuanto a determinadas adjudicaciones, no puede negarse luego su inscripción en el mismo registro en cuanto a las restantes por motivos que tuvieron necesariamente que ser considerados al verificarse la inscripción primera.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: F>V. Francisco González Fagundo.

      El registrador recurrido, Sr. Francisco G. Descartes, com-pareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. del'Tob.o,

emitió la opinión del tribunal.

Nicolás Cruz y Eosa, como contador partidor nombrado <en su testamento por Alejo Cruz Sánchez; Calo Cruz Sán-chez, por su propio derecho como legatario, y como tutor testamentario de Angela y Juan de los Santos Cruz, y Se-cundino Cruz Eosado, por su propio derecho, se reunieron y practicaron la división del caudal dejado a su fallecimiento por el dicho Alejo Cruz Sánchez. El tutor fué previamente autorizado por la corte para llevar a efecto la división, y una vez que ésta fué practicada, se sometió a la corte para que le impartiera, como le impartió en efecto, su aprobación.

La documentación fué presentada en el Eegistro de la Propiedad de Humacao por Galo Cruz Sánchez a los efectos de que se inscribieran a su favor los bienes que se le habían adjudicado y así lo- hizo el registrador por medio de la siguiente nota:

. “Inscrito este documento, con vista de otros, en cuanto a las ad-judicaciones hechas a favor de Galo Cruz y Sánchez únicas de que se ha solicitado inscripción, en los tomos 23 y 34 de Yabucoa, a los folios 194 y 164, fincas números 1106 y 1472, inscripciones 2a. y Ia., respectivamente. Humacao,. 27 de abril de 1917. “Francisco Socorro, Reg. interino.”

.La misma documentación, con la nota que antecede figu-rando al pie de ella, se presentó de nuevo en el mismo registro a los efectos de inscribir ciertas adjudicaciones hechas a favor del heredero mayor de edad, Seeundino Cruz Eosado, y de los herederos menores de edad, Angela y Juan de los Santos Cruz, y el registrador se negó a practicar la inscripción soli-citada, por medio de la siguiente nota:

“Denegada la inscripción de este documento en cuanto a las 37 cuerdas, resto de la finca descrita con la letra d, y en cuanto a la finca descrita con la letra d, adjudicadas proindiviso a los herederos Se-cundino Cruz Rosado, Angela y Juan de los Santos Cruz Burgos, imica. de que se solicita inscripción, por los siguientes defectos: pri-mero — porque Nicolás Cruz Rosa, G-alo Cruz Sánchez y Secundino Cruz Rosado practicaron privadamente y con fecba 21 de marzo de 1917, las operaciones de división y adjudicación, y sus firmas no ban sido autenticadas debidamente, ni han ratificado por documento pú-blico las citadas operaciones; segundo — porque habiendo compare-cido Galo Cruz en la partición por su propio derecho como legatario y tutor de los menores Angela y Juan de los Santos Cruz, y resul-tando también ser acreedor de la herencia, tiene por tanto intereses encontrados con los indicados menores que representa; tercero— porque habiendo menores de edad en la partición los bienes han de-bido ser valorados por peritos extraños; y cuarto — porque la finca de diez cuerdas adjudicada al legatario Galo Cruz se ha segregado de otra de 47 cuerdas descritas en la partición con la letra B, y las legadas según testamento son parte de una de ciento.sesenta cuerdas, y aunque en la partición se dice que la citada finca letra B con las letras C_. D. y E. forman aquellas, es lo cierto, que resultan tener, según el mismo documento, ciento noventa y cinco cuerdas; habién-dose tomado en su lugar la correspondiente anotación por 120 días a favor de los citados adjudicatarios, en los tomos 2 y 9 de Yabucoa, a los folios 183 y 94 vuelto, fincas Nos. 85 y 456, anotaciones letra A., respectivamente. — Humacao, P. R., agosto 10 de 1917. — El Registra-dor, Francisco G. Descartes.”

Contra esta nota de 10 de agosto último, se-interpuso el presente recurso gubernativo, alegándose, entre otras ra-zones, la de que el registrador no podía negar la inscripción del documento, porque ya había sido inscrito en el registro.

Hemos estudiado cuidadosamente esta cuestión y a nues-tro juicio está bien fundada la alegación del recurrente. Como veremos en seguida, se ha resuelto repetidas veces por la Dirección General de los Registros de España, interpre-tando el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, que es el mismo precepto legal actualmente en vigor en Puerto Rico, que el registrador no debe calificar los documentos ya inscritos en el mismo registro o en la antigua anotaduría.

El 16 de enero de 1882, dicha Dirección insistió en la siguiente doctrina:

' ‘ CONSIDERANDO: que la facultad concedida a los registradores de la propiedad por el artículo 18 de la Ley Hipotecaria para calificar la legalidad de las escrituras y capacidad de los otorgantes, se re-fiere única y exclusivamente a los documentos no inscritos o que por primera vez se presenten para su inscripción en el registro, según repetidamente se ha declarado por este Centro en las citadas reso-luciones.
‘ ‘ CONSIDERANDO: que si los registradores pudiesen calificar los do-cumentos ya inscritos, vendría por este medio, a prejuzgarse acerca de la validez de los asientos verificados, lo que sólo corresponde a los tribunales de justicia en el juicio correspondiente.”

El 21 de enero de 1897, volvió a aplicarla, así:

‘ ‘ Considerando : que hallándose ya inscrita literalmente la parte del expresado documento en que se estipuló la celebración del con-trato de compraventa a que alude la recurrente, no hay términos hábiles para reproducir la inscripción que ya está practicada, ni por consiguiente tiene competencia o atribución el registrador para calificar de nuevo la validez o nulidad del referido contrato:
“Considerando: que según doctrina de esta Dirección, consignada en varias resoluciones, los actos o contratos inscritos producen los efectos que las leyes les tienen señalados, sin que los registradores que suceden en el ejercicio del cargo al funcionario que los inscribió puedan tenerlos como ineficaces o nulos, cualesquiera que sean los vicios o defectos de que adolezcan, mientras no se declare su- nulidad por quien corresponda y en la forma que proceda. ’ ’

Y el 17 de octubre de 1898, la ratificó como sigue:

‘ ‘ Considerando : que el registrador ha denegado la inscripción de la escritura.de donación otorgada por doña Josefa Antonia Inocencia de Zayo, viuda de don Juan Pedro de Zayo, del expresado caserío de Laurizgoicoa y sus pertenecidos en favor de su hijo don Mateo de Zayo, en cuanto a la mitad proindiviso de dicha finca, porque el poder testatorio que los nombrados esposos se confirieron mutuamente en la escritura de capítulos matrimoniales anteriormente mencionada no se había otorgado con arreglo a las formalidades prevenidas en la Ley 8a., tit. XIX lib. X de la Novísima Recopilación:
‘ ‘ Considerando : que según la doctrina de los citados artículos de la Ley Hipotecaria, reiteradamente declarada por está Dirección en diferentes resoluciones, también mencionada, los registradores de la propiedad y sus superiores jerárquicos en el orden administrativo no tienen competencia para calificar los títulos inscritos, los cuales, mientras los tribunales no declaren su nulidad deben tenerse y re-putarse'como válidos para el efecto de inscribir a continuación los actos o contratos otorgados por personas que, según los asientos del registro, tengan derecho para ello.”

Creemos que la anterior doctrina es aplicable a este caso porque si bien es cierto que las 'operaciones divisorias se presentaron por vez primera en el registro a los efectos de la inscripción de determinadas adjudicaciones, es lo cierto que al verificarse tal inscripción implícitamente reconoció el registrador la validez de la totalidad de las operaciones y por tanto la no existencia de los defectos que señaló después en su nota denegatoria.

El hecho de que el registrador que inscribió el documento fuera una persona distinta del que negó la inscripción, no tiene importancia tratándose como se trata del mismo regis-tro. Es al estado de derecho creado en el registro al que hay que atender y no al criterio personal de los diversos funcionarios que desempeñan el cargo.

Nos parece conveniente, a los efectos de fijar bien' los límites de la doctrina que aplicamos a la resolución de este caso, citar con aprobación el criterio de G-alindo sobre la materia. Después de consignar que el registrador no debe calificar los documentos ya inscritos en el mismo registro, dice:

“Lo que sí puedo y debo calificar es los títulos que antes hayan sido calificados o inscritos o rechazados en otros registros, y cuya inscripción se pretenda en el suyo, porque cada registrador es res-ponsable de sus actos.
“¿Y podrá el registrador calificar de nuevo, documentos ya ca-lificados de no inscribibles por él mismo,' si reconoce que esta califi-cación no fué acertada? Por indudable tenemos que sí. El regis-trador califica siempre bajo su responsabilidad y no hay precepto alguno en la legislación hipotecaria que le impida que si reconoce su error, modifique su calificación sin necesidad de que se interponga recurso gubernativo.
“Y si después de practicada una inscripción y antes de devolver el título, entiende el registrador que aquella no era su procedente, ¿podrá dejarla sin efecto en virtud de su facultad de calificar?
“La Dirección en Resolución de 8 de junio de 1896, se declaró incompetente para resolver si tenía o no esas atribuciones, lo cual corresponde a los tribunales.
“Nosotros creemos que después de firmada la inscripción y puesta nota en el título ya no puede volver sobre su acuerdo,” 2 Galindo. Legislación Hipotecaria, 18.'

En tal virtud, por el motivo indicado, debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscripción solicitada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Peesidente Se. Hernández,

text:
    Collazo, Demandante y Apelante, v. Rivera, Demandada y Apelada.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en pleito sobre divorcio.
    No. 1709.
    Resuelto en enero 25, 1918.
    Divorcio — Parte Contraria — Sentencia en Rebeldía — Apelación—Palta de Notificación del Escrito al Demandado Rebelde — Desestimación de Ape-lación. — Parte contraria es aquella que puede ser perjudicada o afectada por una revocación o modificación de la sentencia apelada, y por tanto es necesario, según el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil, notificar la apelación a la parte que pueda ser perjudicada o afectada por la sentencia que se dicte en apelación, sin que el hecho de que esa parte sea rebelde exima del cumplimiento del estatuto, que es general y no establece excepción alguna. En el presente caso se apeló de una sentencia dictada en rebeldía en pleito de divorcio y fué desestimado el recurso por no haberse notificado el escrito de apelación a la demandada rebelde.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Enrique Rincón.

    Abogado'de la apelada: Sr. Benjamín Guerra.

   El Juez Peesidente Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal-.

Se trata de un recurso de apelación interpuesto por el demandante Juan Collazo López contra sentencia que en rebeldía de la demandada María Rivera Hernández dictó la Corté de Distrito de San Juan, Sección 2a., en 6 de junio de 1917, declarando sin lugar la demanda de divorcio con costas a dicho demandante.

Antes de celebrarse la vista del recurso, la parte apelada presentó moción escrita' a esta corte para que fuera deses-timada la apelación por el'fundamento- de no habérsele noti-ficado el escrito de apelación, cuya moción fué discutida en el acto de la vista sin que el apelante hiciera otra impugnación a ella que la creencia de que el'artículo 323 del Código de Enjuiciamiento Civil la eximía del deber de hacer la notifi-cación cuando se trataba de un demandado rebelde.

La moción de desestimación está bien fundada.

El artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil dice que una apelación se interpone entregando al secretario de la corte en que fué dictada o registrada la sentencia o pro-videncia apelada, un escrito manifestando que se apela de ella, o de determinada parte de la misma, y presentando idéntica manifestación a la parte contraria o a su abogado.

Parte contraria es aquélla que puede ser perjudicada o afectada por.una revocación o modificación de la sentencia apelada, y por tanto, es necesario según nuestro estatuto notificar la apelación a la parte que puede ser perjudicada o afectada por la sentencia que se dicte en apelación/sin. que el hecho de que esa parte sea rebelde exima del cumplimiento del estatuto siendo como es' general y no estableciendo excep-ción alguna. Candelas v. Ramírez, 20 D. P. R, 34; Martínez v. Sucesión Laurido, 21 D. P. R. 31; Galafar v. Sucesión Morales, 22 D. P. R. 491; y Ninlliat v. Suriñach et al., 25 D. P. R. 548.

Haciendo' aplicación al presente caso de la doctrina ex-puesta, tenemos que la apelada es parte necesaria en el recurso, pues si se revoca la sentencia apelada según pre-tende el recurrente, la resolución necesariamente afectaría a la demandada-apelada.

Procede desestimar el recurso sin discutirlo en su fondo o méritos.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf, del Toro y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Pbesidente Se. PIeRnándbz,

text:
    Negroni, Demandante y Apelante, v. Collazo, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre divorcio.
    No. 1701.
    Resuelto en enero 28, 1918.
    Divobcio — Abandono—Mera Sepabación. — La voluntad firme y deeidida de uno de los cónyuges de no vivir con el otro cumpliendo los deberes que le imponen la ley natural y la civil, sostenida esa voluntad por más de un año es lo que constituye el abandono que como causa de divorcio señala el artículo 164 del Código Civil Revisado. La mera separación con consentimiento y basta con agrado del otro cónyuge no puede constituir abandono. Es requisito indispensable para el abandono la nolición del otro cónyuge.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José de J. Esteves.

    Abogado del apelado: Sr. Juan B. Soto.

   El Juez Pbesidente Se. PIeRnándbz,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación contra sentencia que en 7 de abril de 1917 pronunció la Corte de Distrito de Aguadilla declarando sin lugar la demanda de divorcio inter-puesta por-Rafael Negroni Sánchez contra su legítima esposa Juana Collazo y Martí.

Fúndase la demanda en haber abandonado la esposa al esposo por más de un año y en injurias por la primera al segundo.

El juez estima probado que en el mes de enero de 1914 los dichos esposos vivían én el barrio Islote de Arecibo, donde el demandante estaba empleado como mayordomo en un departamento de la Plazuela Sugar Co., llamado “El Caño de Tiburones”; que debido a disgustos anteriores la demandada salió del bogar conyugal que tenían los dichos esposos establecido en una casa de dicha Plazuela Sugar Company en el lugar de referencia, el día 13 de enero de 1914, y llevó consigo la mayor parte de los muebles a otra casa de la dicha compañía habitada por Guillermo Gracia, el primer ma-yordomo del antedicho departamento, en donde vivió algunos meses; que Guillermo Gracia intermedió infructuosamente a pedimento del demandante para conseguir la reconciliación entre los dichos esposos, pero el demandante, personalmente, no hizo gestión alguna a este fin; que la demandada luego se colocó de maestra de escuela en Barceloneta para sub-venir a sus necesidades y después se fué a vivir a Aguada con su familia en donde ha estado de maestra de escuela hasta la fecha; que repetidas veces ha tratado de reconciliarse con su marido sin lograr conseguirlo, y qué en la actualidad está dispuesta a vivir con él como esposa.

La parte- apelante alega en síntesis, como motivo del re-curso, error en la apreciación de las pruebas.

Hemos examinado toda la evidencia aportada al juicio y la de la demandada tiende a probar que al abandonar la casa donde vivía con su esposo lo hizo instigada y amenazada por éste, y que aún después viviendo ella en Barceloneta donde ejercía el cargo de profesora, en una ocasión en que se encontraron ambos consortes en el “Caño de Tiburones,” el esposo dijo a la esposa en voz alta y áspera que era una descarada, que no la quería volver a ver más.

La voluntad firme y decidida de uno de los cónyuges de no vivir con el otro cumpliendo los deberes que le imponen la ley natural y la civil, sostenida esa voluntad por más de. un año es lo que constituye el abandono que como causa de divorcio señala el artículo 164 del Código' Civil Revisado. La mera separación con consentimiento y basta con agrado del otro cónyuge no puede constituir abandono. Es requisito indispensable para el abandono la nolición del otro cónyuge. Jirot v. Crispín, 23 D. P. R. 822.

No aparece que el abandono del demandante por la de-mandada obedeciera a la voluntad firme y decidida por parte de ésta de no vivir con aquél,- pues fué debido a instigaciones y amenazas para que abandonara 'el bogar. En tales circuns-tancias fué más bien el; esposo quien abandonó a la esposa.

Ciertamente que después de haberse separado la esposa del esposo éste intentó que volviera donde él, pero ese intento no fué sostenido, pues habiéndose encontrado posteriormente con ella la dijo que no quería volver a verla.

Como el juez estimó que los hechos están en contra del demandante y a favor de la demandada, cualquier conflicto en las pruebas debe estimarse decidido en sentido favorable a la sentencia.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Méndez, Peticionaria y Apelada, v. Martínez, Opositor y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de AguadilM ■ en procedimiento sobre declaratoria ele herederos.
    No. 1686.
    Resuelto en enero 30, 1918.

    Alegato del Apelante — Exposición de Errores — Errores no Fundamenta-les. — No es suficiente el expresar en forma narrativa en el alegato una • a una las alegadas infracciones. Una exposición de errores por separado debe ser presentada a fin de que la corte pueda conocer en qué descansa el ape-lante sus pretensiones. Es la alegación del apelante. La argumentación debe concretarse a los errores señalados y la corte no considerará error al-guno que no sea fundamental.
    Declaratoria de Heredero — Oosa Juzgada. — Un procedimiento ex liarte en que-se ha obtenido una declaratoria de-heredero no puede sér considerado como-cosa juzgada a tal extremo que una sentencia válida declarando el status-de unos hijos no pueda ser utilizada para facilitar el que sean declarados; herederos además de otro que lo ha sido ya.
    Hijos Naturales — Herederos.—Cuando el status de un hijo natural reconocido debidamente declarado por sentencia de corte competente es aquel de un heredero, el hecho declarado de ser un hijo natural reconocido lo hace un heredero de su padre sin ulterior declaración.
    Declaratoria de Heredero — Herederos no Incluídos en la Misma. — Un pro-cedimiento ex parte sobre declaratoria de heredero no perjudica ni excluye a otros herederos que no hayan sido incluidos en él, ni constituye un impe-dimento para los mismos.
    Hijos Naturales — Herederos—Testamento.—Un hijo natural reconocido es un heredero y tiene por tanto todos los derechos y responsabilidades de un hijo legítimo diferenciándose sólo uno de otro en grado y cantidad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El apelante compareció en nombre propio y representado por sn ahogado Sr. Luis Muñoz Morales.
    Abogados de la apelada: Sres. Garlos Franco Soto y Juan B. Soto.

       En febrero 18 denegada reconsiderad án.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

De la decisión de la Corte de Distrito de Aguadilla apa-rece qne Cecilia Méndez, en representación de sus dos hijos menores, Pedro Ángel y Laura, presentó una petición a dicha corte solicitando qne, además de Víctor P. Martínez, hijo-legítimo, los dichos Pedro y Laura, que son hijos naturales reconocidos, sean declarados herederos abintestato de Víctor Martínez y Martínez; que el causante común de todos estos hijos fue Víctor Martínez, que residía y falleció en San Se-bastián, del distrito judicial de Aguadilla, el 26 de agosto de 1912; que por sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez el dicho Víctor P. Martínez fné declarado único y universal heredero abintestato de Víctor Martínez y Martínez; que los dichos menores, hijos naturales reconocidos, fueron decía-vados tales en 4 de enero de 1915 por sentencia dictada en ■pleito seguido contra el referido Víctor P. Martínez ante ^aquella corte, y que la sentencia fué confirmada en apelación por la Corte Suprema de Puerto Pico, y es firme. Por lo cual, dicha corte declaró que, habiéndose llenado todas las for-malidades de ley, los susodichos menores eran también, ade-más de Víctor P. Martínez, herederos abintestato de Victor Martínez y Martínez en la porción que determina la ley.

Esta orden o decisión fué dictada ex parte el 26 de enero de 1917. En 25 de abril, 1917, Víctor P. Martínez presentó a la Corte de Distrito de Aguadilla una extensa moción de oposi-ción. Contra esta moción la apelada presentó otra intitulada de impugnación. Tanto la moción de oposición como la de im-pugnación, fueron sometidas, sin argumentos, a la decisión de la corte. El 7 de mayo de 1917, la corte dictó una orden deses-timando la moción do oposición. La presente apelación es contra esa orden.

El apelante no ha radicado la exposición de errores que exigen las reglas de esta corte. No es suficiente el expresar en forma narrativa en el alegato, una' a una, las alegadas infracciones. Una exposición de errores por separado debe ser presentada a fin de que la corte pueda conocer en qué descansa el apelante sus pretensiones. Es la alegación del apelante. 3 C. J. 1328. La argumentación debe concretarse a las errores señalados y la corte no considerará error alguno que no sea fundamental. En el índice el apelante resume las infracciones alegadas y esto ha sido de alguna utilidad a la corte.

No es un error fundamental el que la apelada, en repre-sentación de sus hijos, registrara en la Corte de Distrito de Aguadilla su petición de declaratoria de herederos. El ape-lante no alega categóricamente que no tuviera conocimiento de la petición de Cecilia Méndez, pero sólo que no fué noti-ficado.' Además, como veremos más adelante, el litigio entre ■estas partes fué decisivo para el apelante quizás por razón •de una de las mismas máximas que él invoca, a saber, que “lo accesorio sigue a lo principal.” La invocada sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez a favor del apelante, fué dictada ex parte. En los presentes procedimientos debe' tenerse como cierto que Víctor Martínez y Martínez falleció dentro del distrito judicial de Aguadilla y que Aguadilla, más bien que Mayagüez, era la adecuada jurisdicción.

Un procedimiento ex parte en que se ba obtenido una declaratoria de heredero no puede ser considerado cómo cosa juzgada a tal extremo que una sentencia válida declarando el status de unos hijos no pueda ser utilizada para facilitar el que sean declarados herederos además de otro que lo ha sido ya. El fallo declarando el status de los-hijos tiene una fecha posterior a la sentencia de Mayagüez.

La segunda infracción que se alega se refiere a no haber la corte citado al peticionario para comparecer ante ella, cuando fué presentada la solicitud de Cecilia Méndez. ' Dis-pondremos de esta supuesta infracción, al considerar la cuestión principal levantada en la tercera de las infracciones alegadas.

La cuarta infracción se refiere a no .haberse anotado en el registro civil el status de los hijos, procedimiento que era inútil entre las partes como se verá más -adelante en la dis-cusión principal.

De las otras infracciones que han sido alegadas, unas carecen de importancia, y otras quedarán destruidas por razón de la cuestión principal en el caso.

La única cuestión verdaderamente sustancial es si Laura y Angel.no tenían derecho a ser declarados herederos de su padre. En otras palabras, la cuestión surge con respecto a si los hijos naturales reconocidos, así debidamente declarados por una corte competente, son herederos de su padre. Para considerar una de las cuestiones subsidiarias diremos que si el status de un hijo natural debidamente reconocido es aquél de un heredero, entonces el hecho declarado de ser un hijo natural reconocido le hace un heredero sin ulterior de-claración. La muerte del causante en el caso de hijos legí-timos les hace inmediatamente herederos. Por..analogía, los derechos de los hijos naturales reconocidos, cualesquiera que sean, nacen del hecho de la muerte del padre. Si un hijo tiene que entablar una acción-para establecer estos derechos, existe sin embargó un derecho adquirido a tener un status o condición determinada por la muerte del padre, y este derecho viene a quedar perfeccionado cuando se dicta la sen-tencia en favor del hijo natural, Un hijo legítimo está sujeto a una declaratoria de herederos, por razones diversas que son más bien adjetivas que sustantivas por su naturaleza. Un heredero legítimo debe, contra todo el mundo, identifi-carse como tal heredero. La declaratoria de heredero es el modo establecido de verificarlo, pero no es en todos los casos el único medio. Hemos resuelto varias veces que si en una causa de acción" fuera esencial el derecho hereditario, debe ser probado como cualquier otro hecho y que una declara-toria no es indispensable. Morales et al. v. Landrau et al., 15 D. P. R. 782; Soriano v. Rexach, 23 D. P, R. 573; Fortis v. Fortis, 25 D. P. R. 69, y 75 y 76. Siendo un procedimiento ex parte, no perjudica ni excluye a cualquier otro heredero que no haya sido incluido en la misma. Por ejemplo, si un viudo casare otra vez sin que llegue a conocimiento de sus herederos del primer matrimonio, la declaratoria en favor de tales herederos no sería decisiva para los herederos poste-riores. Si algún procedimiento hubiera sido comenzado por los primeros herederos, los segundos habrían de ser permi-tidos intervenir, en cualquier estado del caso, mediante prueba de su calidad de herederos. Si ésta fuera impugnada, la corte podría ordenar que mientras no se resolviera la cuestión no se concedería la intervención, pero una mera declaratoria a favor'de un heredero, nunca constituiría un impedimento para los otros.

Venimos ahora a la cuestión de si nn hijo natural reco-nocido es un heredero. La más fuerte opinión en contrario la hallamos en los comentarios de Falcón a los artículos 939 et seq. del Código Civil Español, 3 Falcón 326, que dicen: -

“El hecho que pronosticábamos antes de conocer la ley, se ha realizado ya después de la promulgación del Código. Los hijos na-turales tienen ya un estado en la familia legítima, pues llevan el apellido de sus padres, están sometidos a su patria potestad, reciben alimentos y educación, tienen derecho a su defensa y protección, y el Código les designa una legítima y les coloca antes que a todos los colaterales en la sucesión intestada.' ¿ Qué les distingue ya de los hijos legítimos? Poco más que nada: que no le heredan cuando existen descendientes o ascendientes legítimos.
“Pero la ley carece de lógica: si les concedió porción legítima, con la misma razón ha debido admitirles en concurrencia con los legítimos a la sucesión intestada. Son derechos recíprocos que na-cen uno en pos del otro; Quien es considerado como heredero for-zoso para la sucesión testada, debe conservar el mismo carácter en la sucesión intestada. Eso han hecho todos los códigos, y en realidad, habrá más o menos justicia en sus disposiciones, pero a lo menos hay lógica. En la legislación, donde el hijo natural, el espúreo o el cónyuge son considerados como herederos forzosos, son también llamados a la sucesión intestada, y comparten en una o en otra .por-ción con los descendientes y ascendientes legítimos, la herencia del padre o madre natural que murió intestado.
“Pero aparte de esta inconsecuencia de nuestra .ley novísima, hay que confesar que todas sus concesiones a la descendencia natural son otros tantos actos de debilidad. Nuestro derecho histórico fundó siempre el derecho sucesorio en la familia legítima. Las leyes tra-dicionales, para los efectos de sucesión, no reconocían más parientes que los que formaban el matrimonio legítimo. El nuevo código ha pretendido defender este principio-; pero temiendo a la vez aparecer intransigente, no se ha atrevido a defenderlo en su totalidad. Los parientes colaterales quedan sacrificados, y éste es el sacrificio que la nueva ley ofrece a las exigencias de la época, que van teniendo en menos los lazos santos de la familia legítima.”

Esto fue interpretando el Código Civil Español. Sin embargo, en 1902, nuestra legislatura dijo en castellano “Son herederos forzosos,” pero en inglés, The following are heirs, al tratar de los herederos forzosos e incluyendo a los hijos naturales reconocidos. Esta fué la ley hasta 1905 en que fné enmendada, pero la intención de la legislatura, como hemos indicado en el caso de Celis Alquier v. Méndez, 18 D. P. R. 88, fué el sustituir los hijos naturales por hijos ilegítimos. Es cierto que el texto inglés fué también enmendado al mismo tiempo para que se leyera forced heirs, pero no se deduce necesariamente del uso de la palabra forced que la legis-latura tuviera la intención de que los hijos naturales reco-nocidos fueran herederos sólo cuando hubiera testamento. Esta.fué una situación vacilante, .como claramente lo reco-noce Falcón, y bastó una leve presión por parte de nuestra legislatura para inclinar la balanza en todos los casos a favor del derecho hereditario de los hijos naturales reconocidos.

A excepción de ligeras indicaciones que hemos encontrado aquí y allá en los comentarios de Falcón y de Manresa, no hallamos razón lógica alguna para decir que los hijos natu-rales reconocidos no son herederos. El Código Español y la ley de 1905 proveen que los hijos naturales legalmente reco-nocidos tendrán derecho a una porción igual a la mitad de la que corresponde a los hijos legítimos. El Código Español, en su artículo 843, claramente establece que los derechos así reconocidos son transmisibles a sus descendientes. ¿Qué es un heredero? En el derecho romano era una prolongación de la personalidad del causante. Uno no puede percibir bie-nes sin responder de las deudas, y su devolución y la respon-sabilidad era-n en un principio imperativas. Más tarde se permitió' al heredero rehusar la herencia. Bajo el Código Español el hijo natural reconocido llevaba el apellido de su padre. Becibía determinada porción de su caudal, con de-recho a traspasarla, y, de hecho, los gastos de los funerales recaían primero sobre el tercio de libre disposición asignable a los hijos naturales reconocidos en casos de herencia for-zosa. Nadie puede dudar que la responsabilidad sería similar en sucesiones intestadas y que los acreedores podrían sujetar a embargo tales porciones hereditarias al igual que si pertenecieran a herederos legítimos. Los hijos naturales reconocidos, por tanto, tienen todos los derechos y todas las responsabilidades de un hijo legítimo. Aquellos y éstos sólo se diferencian en grado y cantidad.

Si la legislatura hubiera .dicho que 'los hijos naturales reconocidos no habrían de ser herederos forzosos cuando hu-biere descendientes legítimos, non constat que ellos fileran herederos en la porción asignada dentro del tercio de libre disposición sobre el que el testador tiene opción. Esto sig-nificaría, como en los países donde no existe la legítima, que un testador, al igual que aquí se puede hacer en contra de. los herederos colaterales, podría disponer de la porción co-rrespondiente a los hijos naturales a falta de testamento. No estaría obligado entonces a respetar la herencia de sus hijos naturales cuando tuviera hijos legítimos. Pero 'nos parece que el sostener que los hijos naturales son herederos forzosos cuando hay testamento, sería reconocer que existe la herencia no forzosa. Que tales hijos no tengan derechó a una porción legal, no destruye su status o condición de here-deros. Históricamente, las sucesiones intestadas precedieron a las sucesiones testadas. La sucesión universal existió mucho tiempo antes de que fueran creadas las porciones legítimas. El heredero forzoso es un producto posterior de la jurispru-dencia romana. Si "hijos son herederos forzosos cuando no hay hijos legítimos y tienen derecho a una específica porción hereditaria cuando no hay testamento o cuando de alguna parte no se lia hecho disposición, ellos tienen un derecho hereditario y son necesariamente herederos. Esta corte ha con-ceptuado generalmente, a los hijos naturales reconocidos como herederos, tanto antes como después de la ley de 1905. Ex parte Smith et al., 14 D. P. R. 664; Puente v. Puente, 16 D. P. R. 582; Rivera v. Cámara, 17 ., P. R. 529; Casiano v. Luchetti, 24 D. P. R. 114.

Si, pues, el efecto de una sentencia es poner a un hijo natural reconocido en la misma relativa posición en que se encuentra antes de la declaratoria un hijo legítimo, entonces lo más que puede exigírsele a un hijo natural es que obtenga una declaratoria, como se hizo en este caso. Entre estos hijos naturales y Víctor P. Martínez no era necesaria una absoluta formalidad, pues él necesariamente tenía' conoci-miento del hecho legal establecido por la sentencia de enero 19, 1915. Ningún hecho podía haber quedado más solemne-mente establecido. Pero aparte de esto, creemos que no era necesaria acción alguna de nulidad de una declaratoria anterior para obtener el formal reconocimiento de un derecho posteriormente perfeccionado. No es posible imputar aban-dono a estos hijos o alégar prescripción, especialmente por-que era dudoso que la sentencia de enero 19, 1915, pudiera ejecutarse hasta que en 1916 fue confirmada por esta Corte Suprema. Ni puede favorecer al apelante el que los hijos no inscribieran su status en el registro civil. Ellos tenían algo más solemne en la sentencia de la corte. No podemos repetir demasiado que el status o condición legal de estos hijos quedó establecido por la sentencia de enero 19, 1915, y contra la única persona que tenía un interés contrario tal como fué declarado por la Corte de Distrito de Mayagüez. La sentencia de enero, 1915, destruyó cualquier efecto que la sentencia de Mayagüez hubiera podido tener en contra de dichos hijos. El si eran o no tales herederos, es la única cuestión impor-tante a determinar en esta apelación, y la misma ha quedado decidida en sentido adverso al apelante.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. del Toro,

text:
    Mercado, Peticionario, v. López Acosta, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Gruayama en causa por delito de conspiración.
    No. 204.
    Resuelto en febrero 2, 1918.
    Conspiración — Derecho Constitucional — Gran Jurado — Cuestión Académi-ca. — En Puerto Rico no rige actualmente el precepto de la Constitución Americana que garantiza el derecho a un gran jurado, por lo que resulta de in-terés meramente académico el disentir en este caso si el delito de conspira-ción es o no infamante, a los efectos de resolver si el acusado se encuentra dentro de los términos de diebo precepto constitucional.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados Ciel peticionarioSres. José A. Poventud y Gustavo Rodrigues.

    El Juez demandado, Hon. J. A. López Acosta, compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario fué acusado por el Fiscal del Distrito de Gruayama como autor de un delito de conspiración y al leér-sele la acusación pidió que fuera desestimada por no haberse formulado por un gran jurado. Alegó el peticionario que por virtud de la nueva Ley Orgánica de Puerto Rico, apro-bada el 2 de marzo de 1917, la isla había sido incorporada a los Estados Unidos y en tal virtud regía en ella la dispo-sición constitucional que dispone que ninguna persona será procesada por un delito infamante sino mediante acusación presentada por un gran jurado. La corte declaró sin lugar la solicitud del peticionario.

Después de dictada esa resolución por la corte de dis-trito, esta Corte Suprema decidió el caso de Murati, 25 D. P. R. 568, en el cual se estableció que Puerto Rico era un territorio organizado e incorporado a la Unión, y el acu-sado Mercado pidió a la Corte de Distrito de Gruayama que reconsiderara su anterior resolución. La corte de distrito

I reconoció la fuerza de la doctrina establecida por esta Corte Suprema, pero estimando que el delito de conspiración no era infamante, negó la reconsideración solicitada. El peti-cionario entonces archivó su petición de certiorari en esta Corte Suprema y expedido el auto y oídas las partes el caso quedó definitivamente sometido a nuestra consideración y resolución. t

Como se ve hay dos cuestiones envueltas en el recurso, la de si la Constitución de los Estados Unidos rige en Puerto Eico en todas sus partes por virtud del Acta del Congreso de 2 de marzo de 1917, y la de si aceptando que rija es o.no infamante el delito de conspiración. Sin embargo, la segunda cuestión está enteramente supeditada a la primera.

Si en Puerto Rico no rige la ley constitucional que garan-tiza el derecho a un gran jurado, resulta de interés mera-mente académico el discutir si el delito de conspiración, que fué el' imputado al peticionario, es o no infamante a los efec-tos de colocar al acusado dentro de los términos de la dicha ley constitucional.

La decisión de esta Corte Suprema en el caso de Murati, supra, fué apelada para ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La apelación se decidió el 21 de enero de 1918. La Corte Suprema se limitó a revocar la sentencia de esta corte por la autoridad del caso de El Pueblo v. Tapia, decidido el mismo día por medio de un per curiam basado en los casos de Downes v. Bidwell, 182 U. S., 244; Hawaii v. Mankichi, 190 U. S. 197; Dorr v. The United States, 195 U. S. 138; Rassmussen v. United States, 197 U. S. 516; Kopel v. Bingham, 211 U. S. 468; Dowdell v. United States, 221 U. S., 91; Porto Rico v. Rosaly, 227 U. S., 270, 274; Ocampo v. United States, 234 U. S., 91, 98. — Oficial Bulletin, No. 214.

Como se ve, el fundamento primordial en que descansaba la solicitud del peticionario ha caído por su base a virtud de las sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos dé 21 de enero último que hemos citado. Aplicando dichas sentencias a este caso no cabe dictar otra resolución qne no sea la de anular el mandamiento de certiorari qne se babía expedido y devolver los autos originales en la cansa de El Pueblo v. Rafael Arcelay y Julio Mercado sobre conspiración a la- corte de distrito de sn origen para qne continúe trami-tándolos de acnerdo con la ley.

Anulado el mandamiento expedido.

Jneces concnrrentes: Sres. Asociados Wolf y Hntcbison.

Los Jneces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


text:
    Schluter, Peticionario, v. Texidor, Juez de Distrito, Demandado y Muñoz Díaz et al., Interventores.
    Solicitud para qne se expida nn auto de certiorari, al Jnez de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Ia., en nn procedimiento sobre nombramiento de administrador judicial.
    No. 210.
    Resuelto en febrero 4, 1918.
    Certiorari — Cobro de Dinero — Sociedades Mercantiles — -Acreedores—Inte-rés en el Fondo Especial. — Cuando la teoría de una demanda en cobro de dinero seguido contra una mercantil es la de que los demandantes son meros acreedores, excluyendo la idea de que interesen la liquidación de la sociedad en la que tienen un interés o una responsabilidad a pro rata en las deudas por razón de ser herederos de uno de los socios, tal reclamación es entera-mente adversa a los intereses de los otros socios y a los de cualesquiera acree-dores de la sociedad, por lo que, no siendo el pleito en manera alguna uno sobre liquidación de cuenta puesto que los demandantes sostienen que la suya fué balanceada y reconocida por el socio gestor como cierta y debida, la condición de los demandantes no se diferencia de la de cualquier otro mero acreedor eontraactual, y no hay lugar a la pretensión de que ellos tienen un interés en el fondo especial de la sociedad.
    ■Id. — Acreedores—Cortes de Equidad — Sentencia.—Para que un acreedor pueda invocar la jurisdicción de una corte de equidad no es siempre necesaria una sentencia cuando el deudor admite la existencia de la redamación, aun cuando esta reclamación pueda ser impugnada por otros acreedores.
    Id. — Administrador Judicial — Jurisdicción.—El nombramiento de un adminis-trador judicial descansa en la sana discreción de la corte, pero esto es siempre que la jurisdicción haya sido invocada en forma adecuada.
    Id. — Id.—Oposición de Socios y Acreedores — Contrato de Sociedad no Reno-vado. — El mero hecho de que algunos de los socios de una. mercantil estén conformes en poner los asuntos de la sociedad en manos de un administrador, no impide que los demás socios y acreedores se opongan e insistan en que los negocios de la sociedad sean liquidados, cuando el contrato de sociedad ha expirado sin ser formalmente renovado ni prorrogado.
    Id. — Id.—Equidad—Bemedios en Lev. — -De acuerdo con la equidad, la regla es-tablecida es que los demandantes- en una acción de la naturaleza de este caso, deben agotar todos sus remedios en ley.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario: Sres. H. B. Francis y A. Ar-naldo Sevilla.

    El juez demandado no compareció.
    Abogados de los interventores: Sres. Eduardo Acuña y Henry G. 'Molina.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Fernando Schluter solicitó un auto de certiorari para anu-lar el nombramiento de un administrador. Gustavo Muñoz Díaz y María Belén Muñoz Pérez Moris habían establecido una demanda intitulada “Acción para el nombramiento de un administrador judicial.” Sin embargo, en la súplica de la demanda, estos demandantes pidieron que se dictara una sentencia por la suma de $13,373.98, y, como una medida provisional, que se nombrara un administrador. La solicitud sobre nombramiento de administrador se alega estar basada en el artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Civil, y, en verdad, la corte al conceder lo solicitado basó su decisión en el párrafo 1 del referido artículo. El artículo, transcrito totalmente, es así:

“Art. 182. — Un síndico podrá ser nombrado por la corte en que un pleito esté pendiente o se baya fallado, o por el juez de dicha corte:
“1. En una acción entablada por un vendedor para anular una compra fraudulenta de bienes, o por un acreedor para someter a su reclamación cualesquiera bienes o fondos, o entre socios, u otras per-sonas que en común posean o estén interesadas en bienes o fondos, mediante solicitud del demandante o de cualquiera parte, cuyo de-recho o interés en dichos bienes o fondos o productos de los mismos sea presumible, siempre que se probare que los bienes o fondos co-rren peligro de perderse, trasladarse o sufrir daños de consideración.
“2. Después de la sentencia, para dar cumplimiento a la misma.
‘ ‘ 3. Después de la sentencia, para disponer de los bienes de acuerdo con la misma, o para conservarlos mientras se resuelve una apelación; o en los procedimientos auxiliares para dar cumplimiento a la sen-tencia, cuando la orden de ejecución de la misma, ha sido devuelta incumplimentada, o el deudor declarado tal en la sentencia se niega a entregar su propiedad para dar cumplimiento al fallo.
“4. En los casos en que una corporación haya sido disuelta, o se hallare insolvente, o en inminente peligro de insolvencia, o hubiere perdido sus derechos como tal corporación.
“5. En todos los demás casos en que como hasta -el presente se han nombrado síndicos, conforme a los usos de las cortes de equidad. ’ ’

La demanda, como fué redactada originalmente, contenía la alegación de que la suma de $13,373.98 era el saldo de cierta cuenta corriente adeudada por el demandado Pérez Moris, Lynn & Compañía a los demandantes, como herederos de María Belén Pérez Moris. Más tarde los demandantes, como consecuencias de una excepción previa que fué radicada por el peticionario Fernando Schluter, demandado en la corte inferior, enmendaron su demanda en el sentido de que apa-reciera de la misma que la referida suma de $13,373.98 tenía su origen en el hecho de que María Belén Pérez Moris había sido uno de los socios de la firma de Pérez' Moris, Lynn y Compañía; pero fué también claramente alegado que su cuenta había sido balanceada en agosto 2 de 1917, y que tal suma líquida no había sido pagada a los demandantes porque las condiciones actuales de Pérez Moris, Lynn y Compañía no permitían que tal pago se efectuara. No podemos con-venir con la corte inferior en que los demandantes hayan demostrado interés especial alguno en ninguna propiedad o fondos de Pérez Moris, Lynn y Compañía. Por el contrario, la teoría de la demanda es que ellos son meros acreedores. Lo contenido en la demanda excluye la idea de que ellos inte-resan la liquidación de una sociedad en la que tienen un interés o una responsabilidad a pro rata en las deudas. Su reclamación es enteramente adversa a los intereses de los otros socios y a los de cualesquiera acreedores de la sociedad. El pleito no es en manera alguna uno sobre liquidación de cuenta, puesto que ellos sostienen que su cuenta fué balanceada en agosto 2, 1917, y reconocida por el socio gestor como cierta y debida. La condición de los demandantes no se diferencia de la de cualquier otro mero acreedor contractual. No bay lugar a la pretensión de que ellos tienen un interés en el fondo especial. Carter Bros. v. Hightower, 79 Tex. 135.

Tendremos por tanto que examinar los procedimientos para ver si el nombramiento del administrador puede ser sostenido bajo el inciso 5 del referido artículo 182, esto es, si existe algún precedente en las cortes de equidad que pu-diera justificar el nombramiento de administrador hecbo. La teoría de los interventores está basada, como nosotros la entendemos, en tales precedentes de las' cortes de equidad.

El peticionario alegó que, antes de que un acreedor pueda invocar la jurisdicción de una corte de equidad, debe haber agotado todos sus remedios legales, por ejemplo, obteniendo una sentencia y tratando infructuosamente de ejecutarla. El caso más corriente es aquel en que existe algún impedi-mento para ejecutar la sentencia, como un traspaso frau-dulento o un fideicomiso, de modo tal qué el título legal no, esté a nombre del deudor. Pero bay también otros funda-mentos dentro de las jurisdicciones de equidad. Puede de-cirse de paso que no es siempre necesaria una sentencia cuando el deudor admite la existencia de la reclamación, pero no dudamos que la reclamación podría ser impugnada por otros acreedores.

No intentaremos enumerar los casos que justifitíarían el nombramiento de un administrador, porque estamos conven-cidos de que no se ba establecido en la demanda fundamento alguno en equidad.' En ella se alegaba en sustancia que los demandantes eran los únicos herederos de María Belén Pérez Moris Lynn; que la demandada, Pérez Moris, Lynn y Com-pañía, era una sociedad limitada dedicada al negocio de im-prenta y a publicación de periódicos, especialmente del Bole-tin Mercantil de Puerto Rico; que la referida sociedad estaba constituida mediante escritura de junio 26, 1910, y que ha-biendo expirado la prórroga en junio 3, 1915, los demandados Ramón Pérez Moris, Fernando Schluter Rennenberg, y María Canals Texidor continuaron el funcionamiento de la so-ciedad, cuyo término había expirado, bajo el mismo nombre, y bajo la misma dirección de Ramón Pérez Moris Lynn; y que los demandados lo eran en tal carácter de socios. La de-manda entonces expresa el origen de la deuda de $13,373.98, a que ya nos hemos referido, y que los demandados habían tratado de recuperar dicha suma del socio gestor.

En el párrafo quinto los demandados dicen que la com-pañía' demandada debe a varias personas, entidades y cor-poraciones, crecidas sumas de dinero que no puede satisfacer ni podrá cubrir en un futuro inmediato por su carencia de metálico y de créditq.

El sexto párrafo dice que varios acreedores han expre-sado sú inconformidad a esperar más para el pago de sus deudas o a prorrogar los vencimientos de sus obligaciones.

El séptimo párrafo establece que la demandada es dueña de un importante y acreditado establecimiento litográfico, con toda la maquinaria moderna necesaria para hacer toda clase de trabajos litografíeos, y que también es dueña del periódico conocido con el nombre de Boletín Mercantil de Puerto Rico; y que aún cuando el establecimiento es fuente de considera-bles negocios y beneficios para la demandada, las circunstan-cias de la actual guerra, por razón de las dificultades de tráfico, han causado una paralización de sus negocios que le hace imposible cumplir sus compromisos pendientes, y que requiere el auxilio de la corte para que ordene que la pro-piedad de la demandada no quede sujeta a los embargos que los acreedores están por ejecutar ni a su venta en ejecución mediante subasta a precios ruinosos tanto para los acreedores como para la propia demandada.

Que por razón de las circunstancias apuntadas la deman-dada está en inminente peligro de insolvencia, que podría ser remediado en beneficio de ambas partes si la corte, en pro-tección de los intereses de las partes, tomara a sn cargo Ios-negocios de dicha firma y nombrara nn administrador. La demanda conclnye con nna súplica adecnada. El demandad» Scblnter excepcionó, los otros demandados registraron sns contestaciones; la contestación del socio gestor admitió la denda, y ambas contestaciones expresamente muestran con-formidad con el nombramiento del administrador.

El demandado Fernando Scblnter radicó, además, de sns excepción, nn escrito de oposición al nombramiento del ad-ministrador, en el cual admitía la insolvencia de la compañía demandada, Pérez Moris, Lynn y Compañía, pero también establecía una reclamación como acreedor por cantidad debí-dale en su capacidad de socio industrial, desde enero a octu-bre de 1917. Ernesto Fernando Scblnter registró nna soli-citud de intervención y fué admitido como parte. El alega que era nn acreedor de Pérez Moris, Lynn y Compañía por la suma de $10,682.40 y que registró nna demanda para reco-brar la misma y oponiéndose al nombramiento de un adminis-trador. Aparece en alguna parte de los procedimientos » fué admitido por las partes, que Ernesto Fernando Scbluter es hijo de Fernando Scblnter y es dueño del interés que re-clama por traspaso bécbole por sn padre. Hubo nna com-parecencia acerca de la moción para el nombramiento de nn administrador, en la que se bizo oposición por los demandados Scblnter fundada principalmente, como aparece de sns ale-gaciones, en que los demandantes no habían presentado el caso en una'forma propia para la intervención de equidad,, porque dichos apelantes no agotaron primero los remedios adecuados en ley.

Examinaremos los argumentos de los interventores, de-mandantes en la corte de distrito. Ellos trataron de distin-guir los principios generales, como están enunciados en High on Receivers, párrafos 403, 406, diciendo que este caso tiene nna faz distinta por cuanto en él se trata de nna sociedad en comandita en estado de insolvencia. Una sociedad en coman-dita tiene sus peculiaridades, pero no se nos cita caso alguno en que, a falta de estatuto, se le considere como favorecida especialmente por las cortes de equidad. Los casos de New York — Hardt v. Levy, 25 N. Y. Supp. 248, 72 Hun. 225; Gray v. Levy, 26 id. 861, 75 Hun. 96 — hacen referencia al caso pri-mitivo de Innes v. Lansing, 7 Paige, 582. En ese caso el can-ciller demostró que la jurisdicción de equidad es de hecho estatutoria, pues en casos de insolvencia la ley convierte los bienes de una sociedad en comandita en un fondo especial para beneficio de todos los acreedores., el cual ha de distri-buirse a pro rata. En otras palabras, ningún acreedor po-dría obtener una preferencia, y por tanto ninguno de los acreedores quedaba obligado a agotar sus remedios en ley. Los casos -citados de New York demuestran asimismo que una sociedad en comandita puede fácilmente convertirse en una general y de ese modo no caer dentro de la excepción indicada por el canciller en el caso de Innez. Sería muy complicado y hasta cierto punto innecesario, que tratáramos de establecer la diferencia entre sociedades en los Estados Unidos y sociedades en Puerto Pico, pero no nos sentiríamos inclinados a equiparar las sociedades en comandita que aquí existen a las sociedades en comandita existentes en otras partes.

El Asunto de Reisenberg, 208 U. S. 109-10, para los fines de este procedimiento, decide únicamente que un demandado puede renunciar la defensa contra un remedio legal por no haberla levantado prontamente. Pero el caso de Hollins v. Brierfield C. & I. Co., 150 U. S. 371-80, muestra claramente que la defensa contra un remedio legal puede ser utilizada siempre si es establecida al tiempo de presentarse la solicitud sobre nombramiento de un administrador; y en cuanto a haber sido levantada en tiempo esa, defensa, no hay duda al-guna en este caso.

No podemos convenir con los interventores en que el caso de Smith v. Superior Court, 97 Cal. 348, esté falto de autori-dad. No sólo son sus hechos muy parecidos al presente caso sino que el artículo 182 antes mencionado, sigue sustancial, si no literalmente, al estatuto de California. Que tenía aún carácter de autoridad en 1909, está evidenciado por el caso -de First National Bank v. Superior Court, 12 Cal. App. 343, en el cual se reestablece la doctrina del caso de Smith. Am-bos casos resuelven que un remedio legal no queda cambiado en un remedio en equidad por razón de la' insolvencia del de-mandado, y que esta es la ley general queda demostrado pol-las citas que más adelante haremos.

El peticionario tenía interés bastante para defenderse y aún para intervenir. Las cortes de equidad, creemos, oirán siempre a un acreedor, cuando el litigio sea sólo entre meros acreedores sin garantía. En otras palabras, el acreedor Schluter tenía tanto derecho a ser oído en equidad como los demandantes. Si había alguna duda respecto al derecho de un acreedor contractual, queda en pie el hecho de que el pe-ticionario era un socio y fué expresamente hecho parte de-mandada. No vemos inconsistencia alguna en que haga su reclamación como acreedor, especialmente cuando él era sólo xm socio industrial sin responsabilidad alguna por las deudas.

Convenimos con los interventores en que el nombramiento de un administrador descansa en la sana discreción de la corte pero esto os siempre que la jurisdicción haya sido in-vocada en forma adecuada. En verdad, dudamos si en este caso, suponiendo que haya habido el cumplimiento formal de los requisitos de la jurisdicción de equidad, la situación justifica claramente el nombramiento de un administrador. Tenemos un Código de Comercio que es bastante explícito en sus disposiciones sobre liquidación de una sociedad disuelta, y no hay alegación alguna de que los socios, que son también los liquidadores de acuerdo con las cláusulas de la sociedad, sean incompetentes o de que deban ser privados de la ad-ministración. Si entendemos bien las autoridades, parte de' la idea fundamental en la no intervención de equidad es que el deudor debe ser permitido manejar sns propios bienes y arreglar sns propias deudas mientras no se demuestre una poderosa razón que justifique lo contrario. El mero becbo de que alguno de los socios esté conforme en poner los asuntos en manos de un administrador no impedirá que los demás socios y acreedores se opongan e insistan en que los negocios de la sociedad sean liquidados, cuando, como en este caso, el contrato de sociedad babía expirado sin ser formalmente re-novado ni prorrogado.

’Ño pondremos en duda que bubo en este caso una con-troversia, a pesar del becbo de que el título de la acción y las actuaciones de los demandantes tendentes a que se conti-nuaran los negocios parecen demostrar basta cierto punto una intención distinta. En otras palabras, los interventores estaban deseosqs de continuar los negocios del establecimiento biográfico como una empresa viviente. Se menciona la gue-rra y los precios ruinosos, pero ni los demandantes ni nosotros tenemos idea de cuándo habrán de ser éstos mejores. Los precios son elevados en Puerto Rico como en todas partes, -pero la isla está próspera; y los demandantes no nos de-muestran que alguna otra época habrá de ser mejor para hacer la realización del activo de la demandada. Parece que la corte inferior mediante su orden tenía la idea de continuar' los negocios de la demandada indefinidamente, pero ni las alegaciones ni ningún becbo conocido por nosotros justifican tal acción. La demanda en este caso carecía peculiarmente de toda alegación de la cual la corte pudiera formar una idea exacta del activo y pasivo de la demandante o de la naturaleza de sus bienes, a excepción de la alegación de que es una im-prenta moderna que publica un periódico importante. No se demuestra razón alguna salvo la voluntad de los deman-dantes, para que no se arreglen los asuntos de la demandada Pérez Moris, Lynn y Compañía.

Los interventores también nos dicen que la ley sobre ad-ministraeión de sociedades es progresiva y las cortes deben ser liberales, y se nos cita con especialidad el Volumen 30, Harvard Law Review, 273-78, 289, en qne se bace nna revi-sión del caso de Thompson’s Receivership, 44 Pa. Co. Ct. 518. Una persona con nn activo do alrededor de $70,000,000, consistente en sn mayor parte en terrenos, y nn pasivo de $22,000,000 de los' cuales $15,000,000 estaban garantizados y $7,000,000 no lo estaban, se encontraba en nna difícil situa-ción financiera por no tener dinero a mano para cnbrir sns obligaciones. Dos de los acreedores sin garantía entablaron acción solicitando .un administrador, alegando los hechos anteriores, y además qne si los acreedores con garantía eje-cutaban sns reclamaciones contra la propiedad, los acreedo-res sin garantía no podrían ser pagados; mientras que, si los acreedores con garantía esperaban algún tiempo, proba-blemente todos cobrarían. No tenemos qne disentir al autor de la revisión qne el principio fundamental del nombramiento de un administrador para nna compañía de ferrocarriles en estado de insolvencia no puede ser snstancialmente distinto del principio de lid nombramiento en el caso de la insolven-cia de cualquier otro deudor. Cuando menos, sin embargo, el nombramiento, tratándose de ferrocarriles se ha convertido en el uso establecido de las cortes de equidad, debido gran-demente a la aplicación de la máxima salus populi est suprema lex. Parece que las cortes inferiores del país, al nombrar administradores para las centrales, lo han hecho aplicando liberalmente esa máxima, cuyo alcance puede difícilmente extenderse hasta abarcar los hechos del presente caso, su-poniendo, sin resolverlo, que tal extensión fuera propia. En Pueito Rico la teoría normal es que la liquidación sea hecha por los socios. Aquí, como en los Estados Unidos, un acree-dor diligente, excepción hecha de lo que dispone la ley de quiebra, puede obtener una preferencia. Si la legislatura cree propio poner & todos los acreedores en todo tiempo al mismo nivel, tiene un derecho innegable'a hacerlo; pero las cortes no. Suponiendo qne el caso de la administración Thompson estuviera basado en apios sanos (no ha sido revisado por la corte más alta de1. .Estado) tiene ciertos ele-mentos que no existen aquí. Los demandantes en aquel caso alegaron hechos indicativos de una gran probabilidad de que la situación podría aliviarse con el tiempo, y también de que de otro modo perderían totalmente sus reclamaciones, — casi equivalentes, si es que no son más amplios, a la alegación de que los demandantes no tenían remedio alguno legal. Como hemos demostrado, aquí no sé han establecido hechos en los cuales pueda basarse una conclusión definida.

TTua de las dudas en favor de los interventores en este caso es que k-.c rh los acreedores y varios de los socios con-vinieron sobre la intervención de la corte de equidad, pero este convenio no puede prevalecer contra la objeción de las partes que tienen derecho a insistir en que la ley siga su de-bido curso.

El peticionario alagó que de acuerdo con la equidad, la regla establecida era que los demandantes debían agotar su remedio en ley, y las autoridades lo sostienen. High on Receivers, pars. 339, 403; Hollins v. Brierfield, C. & I. Co., 150 U. S. 371; Smith v. Superior Court, 97 Cal. 348; Minkler v. United States Sheep Co., 33 L. R. A., y nota; Ziska v. Ziska, 23 L. R. A. (N. S.) 1, y notas, págs. 46, 80, 88, 111.

La orden nombrando un administrador debe ser anulada.

Anulada la resolución y orden de 8 y 10 de diciembre de 1917, recurridas.

Jueces concurrentes: Sres, Asociados'del Toro y Hutchi-son.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado A.1drey no intervinieron.