text:
      In re César R. Cabrera Acosta.

      Número: TS-17,371

      Resuelto: 7 de julio de 2015

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe.
   per curiam:

En esta ocasión nos corresponde suspender inmediata e indefinidamente a un miembro de la profesión legal de la práctica de la abogacía y la notaría por su incumplimiento con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y de este Tribunal, y por no haber actualizado su información en el Registro Unico de Abogados (RUA).

I

El Ledo. César Cabrera Acosta fue admitido al ejercicio de la abogacía el 4 de febrero de 2009 y al ejercicio de la notaría el 8 de mayo de 2009. El 31 de octubre de 2014, el Director de la ODIN envió al licenciado Cabrera Acosta una carta por correo certificado con acuse de recibo a la dirección que constaba en el RUA. En ésta notificó al notario que adeudaba un total de treinta Indices mensuales de actividad notarial correspondientes a los meses de abril a diciembre de 2012, enero a diciembre de 2013 y enero a septiembre de 2014. Además, le informó que adeudaba los Informes estadísticos anuales de actividad notarial correspondientes a los años naturales 2011 a 2013.

En la misiva se orientó al licenciado Cabrera Acosta sobre las disposiciones legales aplicables y se le advirtió sobre la gravedad de su incumplimiento y de las posibles consecuencias disciplinarias que éste acarrearía. Así, se le concedió al licenciado Cabrera Acosta un término de diez días para presentar los documentos que adeudaba. Por último, se le apercibió de la posibilidad de acudir ante este Foro para la evaluación disciplinaria correspondiente conforme a los Artículos 12 y 13-A de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA see. 2023 y 2031a. El servicio postal federal, sin embargo, devolvió la carta.

Así las cosas, el 16 de enero de 2015, el Director de la ODIN envió una segunda comunicación al licenciado Cabrera Acosta, esta vez, por correo certificado y correo electrónico. En este segundo apercibimiento se le indicó al licenciado que tendría hasta el 6 de febrero de 2015 para cumplir con lo requerido y se le apercibió nuevamente de las consecuencias de su incumplimiento. Esta segunda carta fue devuelta igualmente por el servicio de correo, por lo que el 13 de febrero de 2015 se envió una tercera comunicación. Una vez más se utilizó el correo electrónico y la dirección postal de notificaciones que constaban en el RUA. En esta tercera misiva, además, se le informó al licenciado Cabrera Acosta que una actualización del sistema reflejó que adeudaba los índices mensuales de actividad notarial hasta diciembre de 2014, así como el índice anual de actividad notarial para ese mismo año. En la carta se le concedió al licenciado un término final hasta el 25 de febrero de 2015 para cumplir con lo requerido por la ODIN. Esta comunicación, al igual que las previas, fue devuelta.

Ante el reiterado incumplimiento del licenciado Cabrera Acosta y la imposibilidad de establecer contacto mediante correo postal y electrónico, el 5 de marzo de 2015 la ODIN intentó comunicarse por vía telefónica. Sin embargo, el número telefónico que constaba en el RUA estaba fuera de servicio.

El 16 de marzo de 2015, el Director de la ODIN, Ledo. Manuel E. Avila de Jesús, presentó ante este Foro un Informe especial sobre incumplimiento de la Ley Notarial y su Reglamento; solicitando incautación preventiva e inmediata; y otros remedios. En este informe detalló el incumplimiento del licenciado con la entrega de los índices mensuales de actividad notarial y los informes estadísticos anuales. Además, señaló que desde el 2010 el licenciado Cabrera Acosta no ha renovado su fianza notarial y que tampoco ha presentado informe alguno durante el año en curso. Mediante el informe se le solicitó a este Tribunal que: (1) ordenara la incautación preventiva e inmediata de la obra notarial del licenciado Cabrera Acosta; (2) le concediera un término de cinco días laborables para presentar los índices mensuales y los informes anuales adeudados; (3) ordenara al licenciado la actualización de su información personal en el RUA; (4) requiriese al licenciado la presentación de evidencia acreditativa del pago de la fianza notarial a partir del 2010; (5) evaluara el suspender inmediata e indefinida al licenciado, y (6) impusiera una sanción económica de $500 por el reiterado incumplimiento con los requerimientos de la ODIN.

Evaluado el Informe presentado por el Director de la ODIN, el 13 de mayo de 2015 emitimos una Resolución mediante la cual ordenamos la incautación preventiva e inmediata de la obra protocolar y el sello notarial del licenciado Cabrera Acosta. Ordenamos también al licenciado Cabrera Acosta a que compareciera, en un término de diez días, para mostrar causa por la cual no debía ser suspendido indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría en nuestra jurisdicción. Se ordenó, por último, que se diligenciara la Resolución personalmente al momento de incautar la obra notarial. No obstante, al no localizar al licenciado Cabrera Acosta, el diligenciamiento personal de la Resolución no pudo llevarse a cabo. Aún hoy, el licenciado Cabrera Acosta no ha comparecido. Evaluado detenidamente el expediente, estamos en posición de ejercer nuestra jurisdicción disciplinaria.

II

El Artículo 12 de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial), 4 LPRA see. 2023, impone a todos los miembros de la profesión legal admitidos al ejercicio de la notaría el deber de remitir mensualmente a la ODIN un índice que contenga sus actividades notariales no más tarde del décimo día del mes siguiente al informado. La Regla 12 del Reglamento Notarial, 4 LPRAAp. XXIV, suplementa dicha disposición, detallando los requisitos formales de los índices y reiterando las facultades del Director de la ODIN con relación a las remisiones tardías. Asimismo, la Regla 13 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRAAp. XXI-B, reafirma ese deber de remitir todos los meses un índice informativo de todas las escrituras y testimonios autorizados. La Regla 13 dispone, además, que todo notario está obligado a notificar cualquier cambio de residencia o de oficina notarial, no solo a este Foro, sino también al Director de la ODIN. Véase Id.

Por otro lado, el Artículo 13-A de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2031a, impone a los notarios la obligación de presentar ante la ODIN informes estadísticos anuales de su actividad notarial. Tal y como ocurre con el Artículo 12, el Reglamento Notarial complementa esa disposición, elaborando los requisitos y las formalidades que éstos deben satisfacer y las facultades del Director de la ODIN con relación a su remisión tardía.

Recientemente, en In re Santiago Ortiz, 191 DPR 950 (2014), inequívocamente afirmamos que apartarse de alguna disposición contenida en la Ley Notarial o en su Reglamento expondría a un notario a sanciones disciplinarias graves. Véase, además, In re Da Silva Arocho, 189 DPR 888, 892 (2013). Esto, en atención a que no acatar rigurosamente las exigencias de la Ley Notarial y su Reglamento constituye una falta grave a los deberes que la fe pública notarial impone al notario. Véase In re Miranda Casasnovas, 175 DPR 774, 778 (2009). Así, el incumplímiento con el requisito de presentar los informes notariales que requieren los Artículos 12 y 13-A de la Ley Notarial menoscaba la fe pública investida en los notarios del País. Después de todo, “los índices mensuales e informes anuales de actividad notarial garantizan la certeza de los documentos en [los] que intervienen los notarios y evitan el riesgo de manipulación y fraude”. In re Santiago Ortiz, supra, pág. 961.

Según los hechos reseñados, el licenciado Cabrera Acosta incumplió con las disposiciones de la Ley Notarial y su Reglamento con relación a la remisión de los índices mensuales e informes anuales al Director de la ODIN por un periodo de casi cuatro años. El licenciado Cabrera Acosta también incumplió con el requisito ineludible dispuesto en el Artículo 7 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2011. Este artículo exige, como requisito para ejercer la notaría en nuestra jurisdicción, la prestación de una fianza no menor de $15,000. Este requisito responde a la necesidad imperiosa de proteger el tráfico jurídico y la confianza que la ciudadanía deposita en los documentos notariales. Véase In re Asencio Márquez, 176 DPR 598, 599 (2009).

Resulta preciso advertir que “[c]uando un notario contraviene una ley, como la Ley Notarial, incurre en una práctica que, al mismo tiempo, constituye una violación del Canon 18 del Código de Ética Profesional [...]”. In re Muñoz Fernós, 184 DPR 679, 685 (2012). En la medida en que la dejadez y el incumplimiento del licenciado Cabrera Acosta con la Ley Notarial inciden sobre su responsabilidad como profesional del Derecho y garante de la fe pública que como Notario se le encomienda, no tenemos otra alternativa que ordenar su suspensión inmediata del ejercicio de la notaría.

III

Es importante destacar que la dejadez y la falta de responsabilidad profesional del licenciado Cabrera Acosta trascienden el ámbito de la práctica de la notaría. Como es sabido, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, impone la obligación a todo abogado de mantener sus datos actualizados en el RUA. Hemos sido enfáticos en recordar a los miembros de la profesión legal que incumplir con esta obligación obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria. In re Arroyo Rosado, 191 DPR 242 (2014). El incumplimiento con esta obligación, además, constituye fundamento suficiente para decretar la separación inmediata del ejercicio de la abogacía. Id.

Por otro lado, el Artículo 7 de la Ley Notarial, supra, al detallar los requisitos para el ejercicio del notariado, establece que el notario está obligado a notificar a la ODIN cualquier cambio en cuanto a la dirección de su residencia física o postal y la dirección de su oficina notarial dentro de los cinco días siguientes al cambio. La actualización de esta información personal facilita que la ODIN notifique requerimientos o deficiencias en la obra notarial.

En este caso, la ODIN intentó infructuosamente, en tres ocasiones distintas, notificar al licenciado Cabrera Acosta su incumplimiento con los requerimientos de la Ley Notarial relacionados con los índices mensuales y los informes anuales. Incluso, al intentar establecer contacto con el licenciado por la vía telefónica, la ODIN se percató de que el número que constaba en el RUA estaba fuera de servicio. Hemos sido categóricos al afirmar que los requerimientos que hace la ODIN a un notario se equiparan a aquellos que hace este Tribunal, por lo que deben atenderse con la misma premura y diligencia. Véase In re Padilla Santiago, 190 D DPR 535, 538 (2014).

De igual manera, hemos sostenido que eludir los requerimientos de este Tribunal constituye, de por sí, una falta ética independiente que podría conllevar la imposición de sanciones disciplinarias severas. In re Chardón Dubós, 191 DPR 201, 207-208 (2014) (“los abogados tienen una obligación inexcusable de responder diligentemente a nuestros requerimientos, así como a los de la ODIN y del Procurador General” (énfasis suprimido)). Por no haber actualizado su información en el RUA, la Resolución emitida por este Tribunal el 13 de mayo de 2015 no pudo diligenciarse personalmente. Esto a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por los alguaciles de este Tribunal para localizar al licenciado. A esos efectos, su incomparecencia constituye una violación adicional a los preceptos éticos que rigen en nuestro ordenamiento. Específicamente, el Canon 9 del Código de Ética Profesional dispone que todo “abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. 4 L LPRA Ap. IX. Como anticipamos, al interpretar esta disposición hemos afirmado que un abogado que incumple con las órdenes de este Tribunal demuestra menosprecio hacia nuestra autoridad e infringe el referido canon. Véase In re Chardón Dubós, supra. Consiguientemente, procede la suspensión indefinida e inmediata de la abogacía y la notaría cuando un abogado ignora los requerimientos de la ODIN y de este Tribunal. Véanse: In re Chardón Dubós, supra; In re Montes Díaz, 184 DPR 90, 94 (2011); In re Torres Rodríguez, 163 DPR 144, 148 (2004).

IV

El informe presentado por el Director de la ODIN en este caso apunta a un incumplimiento craso y reiterado por parte del licenciado Cabrera Acosta con distintos preceptos de la Ley Notarial y el Reglamento de este Tribunal. Además, el licenciado no compareció ante este Tribunal cuando se le requirió mediante Resolución. Resulta forzoso, pues, ordenar la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Cabrera Acosta del ejercicio de la abogacía y la notaría. Además, concedemos un término de quince días al licenciado Cabrera Acosta para certificar su cabal cumplimiento con los requerimientos de la Ley Notarial y con el deber de actualizar sus datos personales en el RUA. El licenciado Cabrera Acosta también deberá acreditar el pago de su fianza notarial para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Por último, el licenciado Cabrera Acosta tiene el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de continuar representándolos, devolverles los honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar prontamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del País. Deberá presentar una certificación a esos efectos dentro de los treinta días siguientes a la notificación de esta Opinión per curiam. En atención al hecho de que el licenciado Cabrera Acosta presuntamente se encuentra fuera de Puerto Rico, la notificación deberá, además, enviarse vía correo certificado con acuse de recibo a la dirección obtenida mediante el sistema ROCIC.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera García no intervino.

       La razón para la devolución fue: “Unclaimed — Unable to Forward”.

       La razón para la devolución fue: “Attempted — Not Known — Unable to Forward”.

         Bn esta tercera ocasión, el sobrp fue devuelto con una anotación no oficial en manuscrito con el mensaje siguiente: “El no vive aquí. Se mudó a los Estados Unidos hace alrededor de tres años”.

       Según surge del Informe de CasoNúm. TS-17,371 de 22 de mayo de 2015, dos alguaciles de este Tribunal intentaron localizar al licenciado Cabrera Acosta personándose a las distintas direcciones residenciales de éste, según constaban en el Registro Unico de Abogados y Abogadas (RUA). Estos esfuerzos no rindieron frutos. Así las cosas, los alguaciles se dirigieron al Departamento de Justicia para verificar la última dirección registrada del licenciado en el sistema ROCIO (Regional Organized Crime Information Center). La dirección más reciente que refleja ese informe indica que el licenciado Cabrera Acosta actualmente reside en la ciudad de Maple Valley, en el estado de Washington.

       Es importante señalar que, conforme al Artículo 60 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA see. 2095, los testimonios que no son incluidos en el índice notarial son nulos hasta tanto el notario subsane y certifique fehacientemente su cumplimiento con la remisión de los informes a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN).


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Cruz A. Valentín Malavé.

      Número: TS-6,642

      Resuelto: 8 de julio de 2015

      Manuel E. Avila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe.
   per curiam:

Una vez más nos vemos obligados a suspender a un abogado por su incumplimiento con las órdenes emitidas por este Tribunal.

I

El 9 de octubre de 2014, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) compareció a este Tribunal mediante una Moción en Auxilio del Tribunal para Incautación de Obra Notarial y Otros Remedios. En la misma, informó que el Ledo. Cruz A. Valentín Malavé desatendió sus requerimientos en múltiples ocasiones desde el 2012. Por ello, pidió que ordenáramos la incautación de la obra y el sello notarial del abogado y decretáramos su separación del ejercicio de la notaría. El historial de incumplimiento del licenciado Valentín Malavé se detalla a continuación.

El 20 de agosto de 2012 ODIN notificó al abogado un Informe en el cual se desglosaban las deficiencias de su obra notarial y le concedió quince días para que presentara cualquier objeción al Informe y atendiera las deficiencias señaladas. Entre los señalamientos de ODIN se incluyó la omisión de presentar varios índices de actividad notarial y la existencia de una deuda arancelaria ascendente a $1,069.50. El 31 de agosto de 2012, el licenciado Valentín Malavé aceptó el contenido del Informe y las deficiencias señaladas, e informó que no había podido efectuar las correspondientes correcciones por dificultades económicas. Aun así se comprometió a comprar los sellos adeudados.

El 26 de junio de 2013, ODIN le requirió al abogado que detallara las gestiones que había llevado a cabo para comenzar el proceso de subsanación. Transcurrido un año sin que se hubiesen subsanado las deficiencias señaladas, el 12 de junio de 2014 ODIN volvió a cursar al notario una comunicación por correo certificado en la que le advirtió que la omisión de atender sus requerimientos podría conllevar que el asunto se refiriera al Tribunal Supremo.

El licenciado Valentín Malavé desatendió los requerimientos de ODIN. Por ello se nos remitió el asunto para que tomáramos la acción correspondiente. El 16 de octubre de 2014 ordenamos la incautación del sello y de la obra notarial del abogado, y le concedimos un término de diez días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido de la profesión de la abogacía y la notaría por su reiterado incumplimiento con los requerimientos de ODIN. Dicha Resolución le fue notificada personalmente al abogado el 23 de octubre de 2014.

El 20 de enero de 2015, el Director de ODIN compareció nuevamente ante este Foro. Informó que la deuda arancelaria aún prevalecía, así como subsistían las deficiencias notariales. Además, llamó nuestra atención al hecho de que el término para mostrar causa ante este Foro había vencido sin que el abogado contestara. Aún hoy, el licenciado no ha cumplido nuestra orden ni ha subsanado las deficiencias señaladas por ODIN.

II

El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene el poder inherente de regular la profesión legal, por lo que nos corresponde asegurar que los miembros admitidos a la práctica de la abogacía y la notaría ejerzan sus funciones responsable, competente y diligentemente. Con el propósito de mantener la excelencia de la clase togada, hemos enfatizado repetidamente la obligación que tienen los abogados de cumplir fiel y cabalmente con todos los cánones de ética que rigen nuestra profesión. Una de las disposiciones de mayor envergadura en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. EX, que impone a los abogados el deber de “observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. La desatención de las órdenes y los requerimientos judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales, lo que representa una infracción al Canon 9. Por tal motivo, hemos decidido que procederá la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría de aquellos miembros que no atiendan con diligencia nuestros requerimientos, así como los emitidos por ODIN y la Oficina del Procurador General.

III

A pesar de los múltiples requerimientos que la ODIN ha cursado al licenciado Valentín Malavé desde el 23 de agosto de 2012, el abogado aún no ha comenzado el proceso de subsanación de su obra notarial ni ha entregado los sellos adeudados. Tampoco ha contestado la Orden que emitimos el 16 de octubre de 2014, en la que le requerimos que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía y la notaría por su incumplimiento con los requerimientos de ODIN. Por las razones antes expuestas, nos vemos obligados a decretar su suspensión del ejercicio de la abogacía y la notaría de forma inmediata e indefinida.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se ordena la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Cruz A. Valentín Malavé de la práctica de la abogacía y la notaría. El licenciado Valentín Malavé deberá notificar a sus clientes que, por motivo de su suspensión, no podrá continuar proveyéndoles consultorio ni representación legal. Asimismo, devolverá los expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de resolución y los honorarios que haya percibido por trabajos no realizados. De igual manera, tendrá la responsabilidad de informar su suspensión a cualquier foro judicial o administrativo en el que tenga algún caso pendiente y mantendrá a este Tribunal informado de cualquier cambio en su dirección, teléfono y correo electrónico. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior dentro del término de treinta días, contados a partir de la notificación de la presente Opinión “per curiam” y Sentencia. Además, el licenciado Valentín Malavé deberá atender los señalamientos de ODIN dentro del término de noventa días, incluyendo el pago de aranceles.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       Posteriormente, la Sra. Sonia Carcaña Pérez envió una misiva a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) en la que alegó que el licenciado Valentín Malavé no estuvo disponible para entregarle una copia certificada de un testamento abierto que su padre había otorgado ante éste. El 16 de julio de 2014 y el 26 de agosto del mismo año ODIN le requirió al abogado que atendiera la solicitud de la señora Carcaña Pérez.

        In re Vera Vélez, 192 DPR 216 (2015).

        In re Sosa Suárez, 191 DPR 261 (2014).

        In re Bryan Picó, 192 DPR 246 (2015); In re Pérez Román, 191 DPR 186 (2014); In re Martínez Romero, 188 DPR 511 (2013).

        In re Martínez Romero, supra, pág. 515.


text:
    Hons. María M. Charbonier Laureano, Waldemar Quiles Rodríguez, Pedro J. Santiago Guzmán y Luís G. León Rodríguez, peticionarios, v. Hon. Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico, Hon. César A. Miranda Rodríguez, Secretario de Justicia, y Hon. Ana Ríus Armedáriz, Secretaria de Salud, recurridos.

      Número: CT-2015-0007

      Resuelto: 16 de julio de 2015

      Juan M. Gaud Pacheco, Carlos Pérez Toro, Carlos Efraín Rivera Justiniano y Víctor Vázquez González, abogados de la parte peticionaria; Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y Andrés González Berdecía, procurador general auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, parte recurrida.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción en Auxilio de Jurisdicción, así como el Recurso de Certificación Intrajurisdiccional presentados por la parte peticionaria de epígrafe, se provee “no ha lugar” a ambas.

Notifíquese por teléfono y facsímil.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió un voto particular de conformidad, al que se unió la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco certificaría el asunto de epígrafe e hizo constar las expresiones siguientes:

Al igual que en otras ocasiones, por ser un caso de alto interés público y en el que solo existen controversias de derecho, hubiera certificado el caso de autos. Véanse: Rivera Schatz v. ELA et als., 191 DPR 449 (2014); AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II, 190 DPR 88 (2014). No obstante, es mi opinión que ante el derecho aplicable, los peticionarios no tienen probabilidad de prevalecer en los méritos de la controversia, por lo que conviene atenderla inmediatamente para no dilatar más los procedimientos en nuestros tribunales.
En el esquema constitucional federal, Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos sujeto a los poderes plenarios del Congreso por virtud de la Cláusula Territorial de la Constitución federal. Harris v. Rosario, 446 US 651 (1980); Franklin California Tax-Free v. Puerto Rico, 2015 WL 4079422 (1er Cir. 2015); Pueblo v. Sánchez Valle et al., 192 DPR 594 (2015). Siendo ello así, el Tribunal Supremo federal ha decidido que las garantías constitucionales que se denominen como fundamentales aplican a Puerto Rico por su propia fuerza, ya sea por virtud de la Decimocuarta o de la Quinta Enmienda de la Constitución federal. Torres v. Puerto Rico, 442 US 465, 471 (1979).
El 26 de junio de 2015 el Tribunal Supremo federal resolvió el caso Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584, 192 L. Ed.2d 609. En este se determinó que al amparo del interés libertario garantizado por la cláusula de debido proceso de ley de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución federal, existe un derecho fundamental al matrimonio. Es decir, la decisión de nuestro más alto foro judicial fue diáfana al reconocer un derecho fundamental que emana del debido proceso de ley, el cual se garantiza tanto en la Decimocuarta como en la Quinta Enmienda de la Constitución federal. Por lo tanto, soy del criterio que lo resuelto en Obergefell v. Hodges, supra, aplica ex proprio vigore al territorio de Puerto Rico.
La Rama Judicial del territorio de Puerto Rico, al igual que los tribunales de los estados de la unión, no tiene poder para revisar o cuestionar una decisión del Tribunal Supremo federal.

El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo expediría para pautar. El Juez Asociado Señor Rivera García desea hacer constar la expresión siguiente:

Entiendo que el recurso de certificación intrajurisdiccional peticionado se trata de un asunto de alto interés público concerniente a una controversia de estricto derecho para la cual los peticionarios demandantes aducen argumentos que bajo el actual estado de derecho son improcedentes a la luz de la opinión emitida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584, 192 L. Ed.2d 609. En ese caso, la Corte Suprema federal resolvió específicamente que la prohibición del matrimonio entre parejas del mismo sexo es inconstitucional. Esto fundamentado en las garantías propias de libertad y debido proceso de ley cobijadas en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Es innegable que dictámenes como el anterior aplican al territorio de Puerto Rico. Véase, e.g., Examining Bd. v. Flores de Otero, 426 U.S. 572, 600 (1976). Siendo así, cualquier disposición en nuestro ordenamiento que no sea cónsona con ello pierde cualquier validez jurídica. Puerto Rico no puede negarse a reconocer los matrimonios entre la personas del mismo sexo. Ese es el derecho vigente y según el cual todos los tribunales, incluyendo esta Curia, deben regirse. En atención a lo anterior, expediría el recurso solicitado y finiquitaría la controversia de forma expedita.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular de conformidad emitido por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, al que se une la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez.

Cuando los funcionarios del Estado promueven una acción para negarles a sus ciudadanos las protecciones que dispensa la Constitución e impedirles el ejercicio de un derecho fundamental palmariamente reconocido al amparo de esta, no cabe duda de que nuestro ordenamiento constitucional está bajo asedio. Más aún, cuando para ello esgrimen argumentos harto artificiosos que, a lo sumo, denotan un desconocimiento alarmante de las normas cardinales que rigen nuestro ordenamiento constitucional. Así, dado que el recurso de epígrafe pretende impedir la efectiva materialización de un derecho fundamental debidamente reconocido por la Constitución federal, la cual indefectiblemente vincula los poderes públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), me veo obligada a suscribir este voto particular de conformidad. Ello, con el fin de atender el asunto principal planteado en el caso de epígrafe, a saber, la aplicabilidad, en nuestra jurisdicción, de lo resuelto por el Tribunal Supremo federal en Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584; 192 L. Ed. 2d 609 (26 de junio de 2015).

I

El 26 de junio de 2015, el Tribunal Supremo de EE. UU., en Obergefell, resolvió que la prohibición de matrimonios de parejas del mismo sexo es inconstitucional, de acuerdo con la libertad protegida por la cláusula del debido proceso de ley de la Decimocuarta Enmienda. Ello en la medida en que tal prohibición incide en el legítimo ejercicio del derecho fundamental a contraer nupcias, esto es, al matrimonio. Asimismo, ese Foro aludió al principio de igualdad contenido en esa enmienda como fundamento ulterior de lo allí resuelto. Véase Obergefell v. Hodges, No. 14-556, slip op., pág. 22 (“[T]he right to marry is a fundamental right inherent in the liberty of the person, and under the Due Process and Equal Protection Clauses of the Fourteenth Amendment couples of the same-sex may not be deprived of that right and that liberty”), http://www.supremecourt.gov/opinions/ 14pdf714-556-3204.pdf

Así las cosas, el 9 de julio de 2015, los peticionarios presentaron una demanda contra el ELA y varios de sus funcionarios. En esta alegaron que lo resuelto por el Tribunal Supremo de EE. UU. en Obergefell no aplica en la jurisdicción del ELA, puesto que este es un territorio y no un estado sujeto a las limitaciones que supone la Decimocuarta Enmienda de la Constitución federal. Es decir, los peticionarios argumentaron que la presunta condición territorial del ELA es un fundamento legítimo para distinguir la decisión del Tribunal Supremo federal, puesto que esta se fundamentó en la Decimocuarta Enmienda, la cual es únicamente aplicable a los estados.

Además, solicitaron que se paralizaran los efectos de la Orden Ejecutiva OE-2015-021, mediante la cual el Gobernador del ELA—Hon. Alejandro García Padilla— ordenó a las agencias y dependencias de la Rama Ejecutiva que atemperaran sus procedimientos administrativos con tal de acatar lo resuelto por el máximo foro federal en Obergefell. Adujeron, pues, que la orden ejecutiva en cuestión es inconstitucional, toda vez que contraviene la doctrina de separación de poderes.

El 10 de julio de 2015, por su parte, el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden, en la que denegó la solicitud de paralización presentada por los peticionarios. Asimismo, el foro primario determinó que la controversia planteada por los peticionarios era de estricto Derecho. Por ende, concedió a los demandados un término de cinco días para que estos expresaran su postura.

Inconformes, el 13 de julio de 2015, los peticionarios recurrieron de esta orden ante este Tribunal, a través de un recurso de certificación intrajurisdiccional, acompañado de una moción en auxilio de jurisdicción. En estos, se limitan a reiterar los argumentos presentados ante el foro primario y, en consecuencia, solicitan que este Tribunal obvie el trámite juridicial ordinario y atienda las controversias planteadas en primera instancia.

El ELA, por su parte, se opuso y señaló, entre otros particulares, que no se satisfacían los requisitos para la expedición del recurso de certificación intrajurisdiccional ni de la moción en auxilio de jurisdicción. Además, cuestionó los méritos de los planteamientos esbozados por los peticionarios, así como la legitimación activa de estos.

Hoy, una mayoría de este Tribunal rechaza la invitación que le cursaran los peticionarios. En el mejor de los casos, tal rechazo no es más que un reconocimiento tácito de cuán inmeritorios —acaso frívolos— son los planteamientos que aducen los peticionarios. Así, con tal de disipar cualquier duda respecto a estos, conviene dilucidar someramente la controversia medular que presenta el recurso de epígrafe: lo resuelto por el Tribunal Supremo de EE. UU. en Obergefell, ¿aplica al ELA?

II

De entrada, conviene destacar que el ámbito de libertad protegido por la Decimocuarta Enmienda, en virtud de la cláusula del debido proceso de ley, es virtualmente idéntico a aquél protegido por la Quinta Enmienda. Véanse, por ejemplo: Wallace v. Jaffree, 472 US 38, 48-49 (1985); E. Chemerinsky, Constitutional Law.: Principles and Policies, 3ra ed., Nueva York, Aspen Pub., 2006, págs. 506-507. Por lo tanto, es indudable que la vertiente sustantiva del debido proceso de ley que tutela la Decimocuarta Enmienda limita las prerrogativas de los estados en la misma extensión que la cláusula análoga de la Quinta Enmienda, la cual hace lo propio respecto al gobierno federal. Chemerinsky, op. cit., pág. 507 (“From a practical perspective, except for the requirements of a 12-person jury and a unanimous verdict, the Bill of Rights provisions that have been incorporated apply to the states exactly as they apply to the federal government”).

En lo que atañe al ELA, y en atención a su particular situación en el andamiaje constitucional norteamericano, el Tribunal Supremo de EE. UU. ha dicho expresamente que las protecciones que consagra la cláusula del debido proceso de ley —dimane ésta de la Decimocuarta o de la Quinta Enmienda— limitan los poderes públicos que este ejerce en sus límites territoriales.

The Court’s decisions respecting the rights of the inhabitants of Puerto Rico have been neither unambiguous nor exactly uniform. The nature of this country’s relationship to Puerto Rico was vigorously debated within the Court as well as within the Congress. Coude, The Evolution of the Doctrine of Territorial Incorporation, 26 Col.L.Rev. 823 (1926). It is clear now, however, that the protections accorded by either the Due Process Clause of the Fifth Amendment or the Due Process and Equal Protection Clauses of the Fourteenth Amendment apply to residents of Puerto Rico. The Court recognized the applicability of these guarantees as long ago as its decisions in Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 283-284, 21 S.Ct. 770, 785, 45 L.Ed. 1088 (1901), and Balzac v. Porto Rico, 258 U.S. 298, 312-313, 42 S.Ct. 343, 348, 66 L.Ed. 627 (1922). The principle was reaffirmed and strengthened in Reid v. Covert, 354 U.S. 1, 77 S.Ct. 1222, 1 L.Ed.2d 1148 (1957), and then again in Calero-Toledo, 6 U.S. 663, 94 S.Ct. 2080, 40 L.Ed.2d 452 (1974), where we held that inhabitants of Puerto Rico are protected, under either the Fifth Amendment or the Fourteenth, from the official taking of property without due process of law. (Enfasis suplido). Examining Bd. v. Flores de Otero, 426 US 572, 599-601 (1976). Véanse, también: Torres v. Puerto Rico, 442 US 465, 471 (1979); Caledo-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416 US 663, 668 esc. 5 (1974).

En consecuencia, no existe controversia en torno a la aplicación de la cláusula del debido proceso de ley en el ELA, al margen de si ésta proviene de una enmienda u otra. La indeterminación respecto a la enmienda según la cual la cláusula en cuestión aplica al ELA es, en cualquier caso, inocua. Esto, ya que, según se dijo, esa cláusula, en ambas enmiendas, tiene el mismo alcance.

Por otro lado, el Tribunal Supremo federal ha reconocido que el matrimonio es un derecho fundamental al amparo de la libertad protegida por la cláusula del debido proceso de ley, en su vertiente sustantiva. Véanse: Obergefell v. Hodges, No. 14-556, slip op., págs. 22-23; United States v. Windsor, 133 S.Ct. 2675, 2695 (2013); Zablocki v. Redhail, 434 US 374, 384 (1978); Loving v. Virginia, 388 US 1, 12 (1967). Véase, además, Chemerinsky, op. cit., págs. 798-801. Así, es imperativo concluir que el derecho a contraer nupcias es de carácter fundamental con independencia de la enmienda de la Constitución federal que se invoque para su vindicación. Por ende, dado que el ámbito de protección de tales enmiendas es virtualmente el mismo, es inmeritorio cualquier planteamiento que pretenda distinguir entre una enmienda y otra, so pena de atentar contra el carácter fundamental del derecho en cuestión. Valga enfatizar que lo verdaderamente fundamental en ese derecho es el reconocimiento que supone de la libertad individual que la vertiente sustantiva del debido proceso de ley protege.

H-1 H-1 1—(

En consideración de lo anterior, es innegable que lo resuelto por el Tribunal Supremo federal en Obergefell es aplicable en el ELA, sea bajo la Quinta o la Decimocuarta Enmienda. Más aún, dado el carácter fundamental del derecho concernido, este aplicaría al ELA incluso bajo la lógica de los Casos insulares. Según esta, la Constitución federal no aplica ex proprio vigore a los territorios no incorporados, salvo lo atinente a derechos fundamentales. Véanse, por ejemplo: Flores de Otero, supra, pág. 599 esc. 30; E. Rivera Ramos, The Legal Construction of Identity: The Judicial and Social Legacy of American Colonialism in Puerto Rico, Washington, DC, American Psychological Association, 2001, pág. 91; E. Rivera Ramos, The Legal Cons truction of American Colonialism: The Insular Cases (1901-1922), 65 Rev. Jur. UPR 225, 261 (1996). En consecuencia, establecido el carácter fundamental del derecho que nos ocupa, la tutela de este sería insoslayable en nuestra jurisdicción. El planteamiento sustantivo de los peticionarios, por tanto, es patentemente inmeritorio. Lo resuelto por el Tribunal Supremo de EE. UU. en Obergefell, en tanto reafirma el carácter fundamental del derecho al matrimonio y en cuanto delimita la extensión de este, es incuestionablemente aplicable en el ELA.

IV

Por los fundamentos previamente expuestos, y puesto que los argumentos sustantivos de los peticionarios carecen de mérito alguno, estoy conforme con la determinación de proveer “no ha lugar” tanto al recurso de certificación intrajurisdiccional como a la moción en auxilio de jurisdicción.

       A saber, los legisladores María M. Charbonier Laureano, Waldemar Quiles Rodríguez, Pedro J. Santiago Guzmán y Luis G. León Rodríguez.

       En otros contextos, además, se ha reiterado que incluso los derechos fundamentales incorporados a través de la cláusula del debido proceso de ley de la Decimocuarta Enmienda tienen la misma extensión que sus formulaciones originales en las primeras diez enmiendas de la Constitución federal (llamadas, en conjunto, Bill of Rights). Véanse, por ejemplo: McDonald v. Chicago, 561 US 742, 766 (2010); Malloy v. Hogan, 378 US 1, 10-11 (1964).

       Véase, por ejemplo, Examining Bd. v. Flores de Otero, 426 US 72, 596 (1976) (“We readily concede that Puerto Rico occupies a relationship to the United States that has no parallel in our history”).


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Ángel M. Venegas González, recurrido.

      Número: CC-2015-0419

      Resuelto: 21 de julio de 2015

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y Danielle Rivera Moenck, procuradora general auxiliar.

      Sala de Verano integrada por la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez como su Presidenta, la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Rivera García.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Solicitud de Certiorari presentada por la parte peticionaria de epígrafe, se provee “no ha lugar”.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió un Voto particular disidente.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

La controversia que nos ocupa versa sobre la autenticación de un documento conforme a las Reglas de Evidencia en un procedimiento criminal en el que se le imputa al Sr. Ángel M. Venegas González una violación al Artículo 12.005 del Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, 16 LPRA see. 4235, por el alegado fraude electoral acontecido en las primarias del 2012 celebradas por el Partido Nuevo Progresista en el municipio de Guaynabo. Por entender que el documento presentado por el Ministerio Público constituye una copia certificada de un documento público que, consecuentemente, no requiere evidencia ex-trínseca de autenticación, estimo que el foro apelativo intermedio erró al determinar que éste no había sido debidamente autenticado. Por los fundamentos que esbozo a continuación, expediría el recurso presentado.

I

El asunto probatorio ante nuestra consideración tiene su origen en la admisión en evidencia, por parte del Tribunal de Primera Instancia, de un documento intitulado Actualización de Datos del Elector 0410165 del Sr. Ángel M. Venegas González. Según se desprende del expediente, luego de escuchar la prueba presentada y de que se le concediera a la defensa la oportunidad de llevar a cabo un voir dire, el foro primario determinó que el Ministerio Público había autenticado el documento en cuestión conforme a los requerimientos de la Regla 901(B) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. No obstante, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia mediante sentencia emitida el 23 de abril de 2015. El foro apelativo intermedio fundamentó su dictamen en el hecho de que el Sr. Walter Vélez Martínez, Secretario de la Comisión Estatal de Elecciones, no era un testigo con conocimiento conforme a los preceptos de la Regla 901(B)(1). El Tribunal de Apelaciones explicó que, a la fecha en que se expidió la certificación del documento, al señor Vélez Martínez no le constaba de su propio y personal conocimiento que éste fuese una copia fiel y exacta del original. Véase Apéndice, págs. 59-60. En atención a lo anterior, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el foro primario había errado al admitir en evidencia el documento.

Ante el Tribunal de Primera Instancia, el señor Vélez Martínez testificó que el documento que figuraba como Identificación Núm. 7 del Ministerio Público —la Actualización de Datos del Elector 0410165 del Sr. Ángel M. Venegas González— era una copia fiel y exacta del original que obraba en el expediente digital del archivo de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Además, el testigo ex-plicó que, a pesar de que no había sido él quien había preparado la actualización de datos, ésta había sido producida por la Junta Especial de Secretaría (Junta), cuyos miembros eran representantes de los distintos partidos políticos y quienes habían certificado la integridad del documento. El señor Vélez Martínez indicó en su testimonio que, una vez recibió el documento en el que se hacía constar la actualización de los datos del señor Venegas González, procedió a certificarlo como copia del contenido en el archivo digital. Aclaró, también, que no tiene acceso directo a la información contenida en el archivo digital y que todos los trámites se efectúan mediante la referida Junta. A esos efectos, explicó en detalle el procedimiento que la CEE ha establecido para la certificación de copias de documentos que obran en los archivos y cómo, en el caso del señor Venegas González, este procedimiento había seguido su curso ordinario.

Conforme a los hechos reseñados en la Resolución del Tribunal de Primera Instancia, durante el voir dire por parte de la defensa, el señor Vélez Martínez abundó en el funcionamiento de la Junta y el procedimiento mediante el cual se certifican documentos que reflejan el contenido de los archivos digitales. Así, aclaró, a preguntas relacionadas con su conocimiento personal de la producción de la copia, que el documento no había estado sujeto a un proceso de corroboración, puesto que los integrantes de la Junta unánimemente le entregaron el documento para la certificación correspondiente. Es decir, no hubo discrepancia entre los integrantes de la Junta con relación a la integridad del documento que fue certificado por el señor Vélez Martínez.

Como adelantamos, a pesar del testimonio que expuso ante el Tribunal de Primera Instancia el señor Vélez Martínez con relación a la autenticidad del documento y la oportunidad que se le dio a la defensa de realizar el voir dire correspondiente, el Tribunal de Apelaciones decretó la inadmisibilidad de éste, fundamentando su dictamen en una apreciación incorrecta de la naturaleza misma del documento.

II

Como cuestión de umbral, es preciso aclarar que nos encontramos, propiamente, ante una copia de un documento público certificada por un funcionario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esto, conforme a la definición provista por la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico, la cual establece, en su Artículo 3, que un documento público es

[t]odo documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley o en relación con el manejo de los asuntos públicos y que de conformidad con lo dispuesto en [el Artículo 4 de esta ley (3 LPRA sec. 1002)] se haga conservar que se requiera conservar permanentemente o temporalmente como prueba de las transacciones o por su valor legal. Incluye aquellos producidos de forma electrónica que cumplan con los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos. Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955 (3 LPRA sec. 1001(b)).

El documento que se presentó como evidencia ante el foro primario es una copia fiel y exacta —según ésta fue certificada por el Secretario de la CEE— del documento público que obra en el expediente digital de dicha entidad gubernamental. Así, el documento original evidentemente satisface lo dispuesto en la última oración de la precitada disposición legal. Es decir, es un documento producido de forma electrónica, originado en una dependencia gubernamental como lo es la CEE, que cumple con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

En nuestro ordenamiento probatorio existen presunciones de autenticidad que relevan al proponente de cierta evidencia de tener que presentar prueba extrínseca que sirva como medio para su debida autenticación. Al establecer estas presunciones probatorias, la Regla 902 de Evidencia dispone que “[n]o se requerirá evidencia extrínseca de autenticación como condición previa a la admisibilidad de [...] [(Documentos públicos bajo sello oficial” cuando éstos contengan el sello oficial de un departamento, agencia pública, corporación pública o funcionario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entre otros. 32 LPRA Ap. VI. Asimismo, la Regla 902(e) establece que no se requerirá evidencia extrínseca de autenticación cuando el documento sea una copia “de un documento archivado en una oficina pública conforme a disposición de ley o reglamento público, [...] si están certificadas como correctas por la persona a cargo de su custodia o por la persona autorizada en ley para expedir este tipo de certificación [...]”. 32 LPRAAp. VI. De esta manera, nos explica el profesor Ernesto L. Chiesa, el custodio no tendrá que comparecer para autenticar el documento ni para probar su contenido. Véase E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009: análisis, San Juan, Pubs. JTS, pág. 302.

Con relación a la autenticación del documento que nos ocupa, es importante señalar que el Artículo 3.013 del Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, en sus incisos (f) y (g), otorga expresamente al Secretario de la CEE las facultades de: (1) expedir certificaciones y constancias de los documentos, opiniones y otras determinaciones de la Comisión, y (2) custodiar y mantener adecuadamente ordenados todos los expedientes y documentos de naturaleza electoral. 16 LPRA sec. 4023(f) y (g). Esta disposición legal, en conjunción con lo dispuesto en la Regla 902 de Evidencia, apuntan a la autenticación prima facie del documento identificado como Actualización de Datos del Elector 0410165 del Sr. Ángel M. Venegas González.

Es forzoso concluir, por lo tanto, que el Tribunal de Apelaciones erró al acudir a la Regla 901 de Evidencia para justificar la inadmisibilidad del documento. A todas luces, lo procedente era prescindir del testimonio del señor Vélez Martínez. Esto, puesto que el documento gozaba de una presunción de autenticidad que hacía innecesaria cualquier prueba extrínseca para determinar su admisibilidad. Ejerciendo las facultades que el Código Electoral le confiere al Secretario de la CEE, el señor Vélez Martínez certificó el documento al estamparle su firma y el sello de la CEE. Al tratarse de una instancia de autenticación prima facie de una copia de un documento público, correspondía a este Foro decretar su admisibilidad atendiendo el recurso presentado. Por tal razón, hubiese declarado “ha lugar” el certiorari presentado, en aras de aclarar la aparente confusión de los foros recurridos con relación a la naturaleza del documento presentado. Estimo, además, que la particularidad de la controversia que se dilucida ante el foro primario —y sus posibles repercusiones en el funcionamiento de nuestro sistema electoral— ameritaban un análisis minucioso de los principios probatorios aplicables. Lamentablemente, otros miembros de este Tribunal, por fundamentos que no son producto de ese análisis, optan por avalar la exclusión del documento y, mediante esa determinación, dificultar la labor del Ministerio Público en el esclarecimiento de delitos que atentan contra la integridad de nuestro sistema democrático de gobierno.

       Los medios de autenticación, a su vez, están enumerados de manera ilustrativa, no taxativa, en la Regla 901(b) de Evidencia. Entre ellos, se encuentra la autenticación mediante el testimonio de un declarante con conocimiento de que un documento es, en efecto, lo que se alega que es. Véase Regla 901(b)(1) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Ese testimonio, sin embargo, no se requiere cuando el tipo de evidencia presentada goza de la autenticación prima facie que contempla la Regla 902 de Evidencia, 32 LPRAAp. VI.

       Nótese que la autenticidad de un documento no implica la veracidad de su contenido. Nos explica el profesor Chiesa que, en lo que atañe a probar la verdad de la información contenida en el escrito, el que se opone a su admisibilidad deberá acudir a la Regla 805(H) pues se trata, propiamente, de un asunto de prueba de referencia y no de autenticidad. Chiesa Aponte, supra, pág. 302.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Christian Serrano Chang, recurrido.

      Número: CC-2015-0368

      Resuelto: 21 de julio de 2015

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, e Iván E. Rivera Labrador, procurador general auxiliar, abogados de la parte peticionaria; Javier E. Santiago Santos, Goodwin Aldarondo Jiménez y Harry Olivero Llorens, abogados de la parte recurrida.
   RESOLUCIÓN

Atendida la petición de certiorari presentada por la Oficina de la Procuradora General, se provee “no ha lugar”.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo expediría. El Juez Asociado Señor Rivera García emitió un voto particular disidente, al cual se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Rivera García, al cual se unen la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.

Respetuosamente disiento del curso decisorio que hoy ha optado seguir una mayoría de este Tribunal al determinar no expedir el recurso de certiorari de epígrafe. Estoy convencido de que esta Curia ha desatendido la oportunidad de expresarse sobre importantes asuntos revestidos de un alto interés público. Por un lado, deniega revisar una determinación del Tribunal de Apelaciones que ordenó la celebración de un nuevo juicio en un caso en que se juzgó a un ciudadano por cometer el delito de asesinato en primer grado contra un niño de dos años de edad. Por el otro, el Sr. Christian Serrano Chang, en su apelación ante el foro apelativo intermedio, presentó sendas alegaciones relacionadas con presuntas violaciones de sus derechos constitucionales durante ese proceso criminal. Entre estas, violaciones a la garantía de un debido proceso de ley y al derecho a tener un juicio justo e imparcial.

En síntesis, son dos las razones que me compelen a disentir con vehemencia. Primeramente, debo destacar que los asuntos de interés público implicados en este caso ameritaban ser auscultados con más detenimiento, contrario a como se hizo en el corto periodo en el que se estudió el expediente para decidir si se expedía o no el auto. En segundo lugar, el trámite que prosiguió este caso me obliga a expresarme sobre los fundamentos por los cuales se decide expedir o no un recurso de certiorari y enfatizar que, la decisión de proceder de una u otra manera, no refleja la determinación que eventualmente haya de tomar este Foro respecto al pronunciamiento judicial recurrido. Dicho esto, procede exponer una apretada síntesis de los hechos procesales acaecidos en este caso y argüir el razonamiento que me induce a diferir del criterio mayoritario.

En el recurso de epígrafe, un jurado emitió un veredicto de culpabilidad contra el señor Serrano Chang por el delito de asesinato en la modalidad estatuida en el Art. 93(b) del Código Penal, 33 LPRA see. 5141, con el delito base de maltrato intencional. Luego de dictada la correspondiente sentencia, el convicto acudió al Tribunal de Apelaciones y argüyó, entre otros señalamientos de error, que el Tribunal de Primera Instancia incidió al permitir que el Ministerio Público “presentara prueba irrelevante, impertinente, inflamatoria y perjudicial al acusado con el único fin de crear pasión, prejuicio indebido y parcialidad en el jurado”. Así también, sostuvo que el foro primario había incidido al “no permitir objeciones en los argumentos de cierre del juicio, permitiendo argumentos altamente inflamatorios por parte del fiscal de los cuales no se pasó prueba”. Una de las contenciones del peticionario fue que el Ministerio Público presentó en su turno de cierre una nueva teoría del caso “creando pasión, prejuicio indebido y parcialidad, confusión e indujo a error a los miembros del jurado”. En específico, el peticionario planteó que el fiscal tergiversó la prueba presentada para hablar sobre delitos que no estaban incluidos en el pliego acusatorio.

Luego de estudiar estos y otros argumentos, el foro apelativo intermedio dictó sentencia el 24 de febrero de 2015, notificada a las partes el día siguiente. Al hacerlo, decidió revocar la sentencia apelada y ordenó la celebración de un nuevo juicio. En esencia, el Tribunal de Apelaciones concluyó que los referidos errores fueron cometidos y que ello violó los derechos del peticionario a tener un juicio justo e imparcial y un debido proceso de ley. El tribunal expresó que los siguientes asuntos conmocionaron su ánimo judicial: (1) manifestaciones hechas por el Ministerio Público durante el juicio que catalogó como altamente inflamatorias y no sustentadas por la prueba; (2) que el Ministerio Público presentó una nueva teoría basada en la conducta sexual del acusado, y (3) que se le permitió al fiscal indicarle al Jurado que podía consultar con una psicóloga, que era miembro de ese Jurado, en cuanto a si una testigo decía o no la verdad. Veamos estos puntos con más detalle.

El Tribunal de Apelaciones consideró que las manifestaciones siguientes de índole sexual relacionadas con el peticionario, hechas por el Ministerio Público en los argumentos finales, fueron altamente inflamatorias:

[...] El acusado encima de Dylan. La nena hacía así con la cadera. ¿Qué juego es ese? Un padrastro a un niño. ¿Qué juego es ese? Le hizo creer que era un juego, una persona que ya había sido descubierta que tenía una doble vida, bisexual. Homosexual, que eso se respeta, eso son derechos, no, no, no me vayan a malinterpretar. Pero no podía descargar ese derecho en un niño. No podía. Eso es inmoral, eso es delito. Y ese era el jueguito que le tenía a Dylan. Ahora es que podemos entender por qué el acusado le decía a Dylan “ven aquí ahora”. “Ven aquí ahora”. “Ven aquí ahora”. “Dylan, ven aquí ahora”. ¿Y qué hacía Dylan? Llorando, llorando iba como un cordero al matadero sin que nadie lo pudiera ayudar. Y allí lo metió en el cuarto, porque ya Dylan sabía lo que venía. Ahora es que podemos entender porque se, se, se aterrorizaba, el niño, cuando veía al acusado. [...] Le hacía lo que dijo [NGS] que hacía. ¿Qué son (sic) eso? ¿Fantasías sexuales del acusado? ¿El acusado toqueteaba a Dylan? Esa es la razón por la que este niño, se aterraba.

Otra de las expresiones reseñadas por el foro apelativo intermedio fue cuando el fiscal hizo alusión a que no dejaran al acusado libre en la calle “como maestro de educación especial [...] como un lobo rapaz, para comerse a esos niños en la escuela”. A juicio del foro recurrido, esas manifestaciones fueron impertinentes, altamente inflamatorias, no encontraban apoyo en la prueba e imputaron la comisión de un delito de abuso sexual que no formó parte de la acusación. La sentencia del Tribunal de Apelaciones lo consigna de la manera siguiente:

Las manifestaciones reseñadas nos ocasionan un profundo sentido de rechazo por dos razones fundamentales: (1) por ser peyorativas, impertinentes, altamente inflamatorias; (2) porque no encuentran apoyo en la prueba presentada y; (3) porque le imputó la comisión de lo que el Ministerio Público catalogó explícitamente como un delito que no formó parte de la acusación. Destacó la aparente orientación sexual del apelante de bisexual u homosexual con una carga moral indebida al indicar que tenía una doble vida. Más importante aún, tergiversó el testimonio de la menor de edad. [N.G.S.], para insinuar que el apelante abusaba sexualm.ente de la víctima, Dylan. Reiteró que el apelante descargaba sus fantasías sexuales sobre el menor Dylan. Incluso catalogó esa conducta como inmoral y constitutiva de un “delito .”
En el juicio, al ser contrainterrogada por la Defensa, la menor [NGS] testificó sobre los juegos que ella y su hermano Dylan jugaban con el apelante. En ningún momento [NGS] expresó que el apelante se le trepara encima a Dylan ni mucho menos que lo “toqueteara” de manera inapropiada. Lo que sí pudimos apreciar fue la insistencia del Ministerio Público en forzar su interpretación de lo que la menor testificaba. (Énfasis y subrayado en el original).

Finalmente, el Tribunal de Apelaciones concluyó que las instrucciones que emitió el Tribunal de Primera Instancia no fueron suficientemente específicas, completas, enérgicas y severas para reparar el perjuicio creado al acusado. Además, sostuvo que el foro primario incidió al no permitir objeciones durante esas argumentaciones finales. Sin embargo, coligió que a pesar de ello, y considerando que las manifestaciones impropias por parte del Ministerio Público fueron numerosas, las objeciones que presentó la defensa en esa etapa fueron oportunas y suficientes.

Inconforme con esa determinación, la Procuradora General compareció a esta Curia mediante el recurso de certiorari de epígrafe y señaló la comisión de los cuatro errores siguientes:

1. Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que el Juez del T.RI. privó mediante sus instrucciones, al acusado de levantar objeciones durante la argumentación final.

2. Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que la defensa objetó de manera oportuna los alegados comentarios impropios que realizara el Ministerio Público durante su argumentación final.

3. Erró el Tribunal de Apelaciones al utilizar la Regla 105 de Evidencia para evaluar los alegados comentarios impropios del Ministerio Público durante la argumentación final, y al ordenar la celebración de un nuevo juicio, cuando el mecanismo apropiado para evaluar dichos comentarios, bajo los hechos de este caso, es la Regla 106 de Evidencia (Error extraordinario).

4. Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que el efecto acumulativo de los alegados comentarios impropios que realizara el Ministerio Público durante su argumentación de cierre tuvieron un efecto sustancial en el fallo de culpabilidad que emitiera un jurado compuesto por los pares del Sr. Christian Serrano Chang.

Como parte del trámite ordinario, la Procuradora General presentó su petición de certiorari el 8 de mayo de 2015. Subsiguientemente, la Sala de Despacho III, en su reunión de 5 de junio de 2015 recomendó expedir el recurso. De esta forma, el caso se incluyó como parte de los recursos que habrían de ser discutidos en la reunión del Pleno de 26 de junio de 2015. Ese día, una mayoría de este Tribunal decidió no expedirlo. Sin embargo, tal y como mencioné, luego de estudiar la petición de la Procuradora, en unión a la transcripción de la prueba oral vertida en el juicio, me veo precisado a pronunciarme sobre las razones por las cuales disiento del curso decisorio de denegar la expedición del recurso. Me explico.

Cabe destacar la necesidad de que este Tribunal estudiara detenida y sosegadamente la totalidad del expediente de este caso, incluyendo sus autos originales. Ello, pues es más que evidente que los argumentos presentados por la Procuradora General no podían analizarse en un vacío. Nótese que las razones por las que el Tribunal de Apelaciones revocó el veredicto del Jurado se sostienen en situaciones suscitadas durante la celebración del juicio. Y como es de esperarse, las partes citan en los respectivos escritos que han presentado ante este foro y ante el Tribunal de Apelaciones, únicamente fragmentos aislados de la transcripción de la prueba oral, que entienden, son los que sustentan sus posturas. Por consiguiente, este análisis era absolutamente necesario, pues de lo contrario, ¿cómo podría reclamar este Tribunal que ejerció su deber discrecional de manera informada y responsable? ¿Cómo podría la ciudadanía tener la confianza de que la causa presentada ante este Foro se estudió y analizó con la atención necesaria?

Ciertamente, no todos los recursos que llegan ante este foro requieren el mismo grado de análisis y rigurosidad. Ahora bien, entiendo que el que hoy nos ocupa sí lo exigía. Ante los errores puntualizados por la Procuradora General, la mayoría que decidió no expedir debió reflexionar, como mínimo, sobre las interrogantes siguientes. Como cuestión de derecho, ¿el alcance de las manifestaciones del Ministerio Público fueron lo suficientemente graves para concluir que hubo perjuicio indebido al acusado, justificando un nuevo juicio? ¿Cuál es la base fáctica que existe para concluir que los comentarios de la fiscalía afectaron los derechos sustanciales del acusado? ¿Fue influenciado el veredicto por la conducta presuntamente impropia del fiscal? De no haberse cometido el alegado error, ¿el resultado del veredicto del Jurado hubiera sido el mismo? ¿Cuáles fueron las instrucciones generales y específicas impartidas a los miembros del Jurado por la juez que presidió el juicio? Esas instrucciones, ¿subsanaron el perjuicio, si alguno, causado al acusado debido a las manifestaciones del Ministerio Público? ¿Pudo la defensa objetar de manera suficiente y oportuna las manifestaciones presuntamente impropias? ¿Qué efecto, si alguno, tuvieron las instrucciones dictadas por la juez que presidió el juicio en el intento de la defensa de objetar esas manifestaciones?

Contestar cada una de estas interrogantes era un ejercicio imperativo para poder ejercer responsablemente nuestra discreción al determinar si se expedía o no este recurso. Ello requería un análisis profundo y sosegado del expediente del caso y de la norma legal aplicable. Cumplir con ello exigía de forma insoslayable examinar la prueba presentada en el juicio en su totalidad. Esto implica una rigurosa evaluación de la transcripción del juicio en su fondo, consistente en sobre más de 1,700 páginas, además de aquilatar toda la prueba desfilada en el juicio. Es decir, era indispensable apreciar el testimonio de todos los testigos y de la prueba pericial forense. Así también, era preciso revisar el contenido comprensivo de las instrucciones que el tribunal le impartió al Jurado durante el transcurso del juicio y luego de finalizados los informes finales. Por último, y no menos importante, era necesario estudiar con detenimiento el contenido y el fundamento de cada una de las objeciones de la defensa y de la fiscalía para así escudriñar su efecto jurídico.

Es ineludible que las cuestiones de alto interés público inmersas en esta controversia exigían de este Tribunal una valoración imparcial de la prueba, y un estudio sereno y sensible sobre la pureza del procedimiento judicial. Lamentablemente, me veo impedido de afirmar que, en efecto, esto haya ocurrido así. La confianza depositada por el Pueblo en sus instituciones de justicia exige que ejerzamos nuestra discreción de manera cautelosa y ponderada. Es desafortunado que, en este caso, la mayoría optara por denegar el recurso de autos, bajo el palio de la discreción. En vista de lo anterior, reafirmo mi criterio de que el recurso de título debió haber sido expedido. Precisamente, la propia Regla 30(8) del Reglamento del Tribunal Supremo dispone que, al momento de determinar si se expide o no un recurso discrecional, el Tribunal deberá considerar “si la cuestión planteada exige una consideración más detenida a la luz de los autos, los cuales deban ser elevados y de alegatos más elaborados”. (Énfasis suplido). 4 LPRAAp. XXI-B. Cónsono con ello, procede elaborar el segundo fundamento que sostiene mi postura a favor de la expedición de este certiorari. Veamos.

Estoy convencido de la inclinación errada de algunos miembros de esta Curia, que postulan que un recurso de certiorari se expide necesariamente para revocar la determinación de la cual solicita revisión. Nada más lejos de la verdad. Los asuntos planteados en este caso merecían una expresión de este Tribunal independientemente de cuál hubiese sido el resultado final de nuestra adjudicación. En el análisis de las controversias esbozadas, posiblemente se hubiese llegado a la misma conclusión a la que llegó el Tribunal de Apelaciones, o se hubiese decidido por otro curso decisorio. Empero, el que eventualmente se fuera a resolver de una u otra manera no debe incidir o afectar nuestro ejercicio discrecional para expedir un recurso de certiorari. Es mi convicción que este recurso reunía los requisitos necesarios, conforme a los criterios pautados en la Regla 30 del Reglamento del Tribunal Supremo, supra, para inclinar la balanza de nuestra discreción a favor de que este se expidiera.

Como se sabe, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene la jurisdicción para revisar, mediante auto de certiorari ex-pedido discrecionalmente, las sentencias finales del Tribunal de Apelaciones que dispongan de un recurso de apelación, de revisión administrativa o de certiorari presentado ante el Tribunal de Apelaciones. Art. 3.002 de la Ley Núm. 22-2003 (4 LPRA sec. 24s). Este tipo de recurso es un vehículo procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). Y aunque ha sido catalogado como “altamente discrecional”, esa discreción no opera en el vacío, pues existen unos parámetros que la guían. Es de conocimiento general que el concepto discreción necesariamente implica la facultad de elegir entre diversas opciones. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Sin embargo, en el ámbito judicial, la discreción no debe hacer abstracción del resto del Derecho, pues como hemos reiterado, la discreción “es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una condición justiciera”. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).

Como bien nos explica el entonces Juez Presidente de este Tribunal Supremo, Señor Federico Hernández Denton, este Foro, en el ejercicio de su poder inherente para lograr los fines básicos de la justicia, fue ampliando progresivamente la naturaleza del recurso de certiorari, alejándose de los criterios rígidos que en antaño lo constreñían. F. Hernández Denton, El certiorari en el proceso apelativo de Puerto Rico y Estados Unidos, en: 13 Sistemas judiciales: una perspectiva integral sobre la administración de justicia 33 (2008). Adoptó así múltiples excepciones con el fin de lograr la justicia sustancial. Id. De este modo, el Reglamento del Tribunal Supremo contiene criterios que han de guiar el ejercicio de nuestra discreción. Específicamente, la Regla 30, supra, preceptúa los distintos puntos que deberá considerar este Tribunal para determinar si expide o no un recurso. Estos son los siguientes:

(1) Si el remedio y la disposición de la sentencia o resolución recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho tomando este último en su más amplia acepción.

(2) Si la cuestión planteada es novel.

(3) Aun cuando no sea novel, si la expresión de la norma es importante para el interés público.

(4) Si los hechos expuestos presentan la situación más indicada para el análisis del problema planteado.

(5) Si la norma existente debe ser redefinida o variada.

(6) Si existe conflicto entre decisiones de las salas del Tribunal de Primera Instancia o entre paneles del Tribunal de Apelaciones sobre el asunto en cuestión.

(7) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el tribunal de instancia.

(8) Si la cuestión exige una consideración más detenida a la luz de los autos, los cuales deban ser elevados y de alegatos más elaborados.

(9) Si la etapa en que se presenta el caso es la más propicia para su presentación.

(10) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable respecto a la solución final del litigio.

(11) Si la concesión del auto o la emisión de una orden de mostrar causa contribuyen de otro modo a las funciones de este tribunal de vindicar la ley y pautar el derecho en el país.

(12) Si se ha cumplido con los otros requisitos que establece el reglamento [del Tribunal Supremo].

(13) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evitan un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro). 4 LPRAAp. XXI-B.

Muchos de estos elementos coinciden con los contenidos en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, sin embargo, como la función de ese y este Foro judicial es distinta, hay criterios que aplican únicamente al Tribunal Supremo porque están orientados a “la función preeminente de [este] foro como tribunal de última instancia de pautar el derecho en el país”. H.A. Sánchez Martínez, Derecho procesal apelativo, San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2001, pág. 560. En específico, los cinco criterios siguientes son atinentes a la función exclusiva de esta Curia: (1) si la cuestión planteada es novel; (2) si, aun cuando no sea novel, la expresión de la norma es importante para el interés público; (3) si la norma existente debe ser redefinida o variada; (4) si existe un conflicto entre decisiones de las salas del Tribunal de Primera Instancia o entre paneles del Tribunal de Apelaciones sobre el asunto en cuestión, y (5) si la concesión del auto contribuye de otro modo a las funciones del Tribunal Supremo de vindicar la ley y pautar el derecho en el país. Sánchez Martínez, op. cit., pág. 726. De estos, quiero hacer énfasis en los principios segundo y quinto.

Con respecto al segundo de estos parámetros, nos ex-plica el autor Hiram Sánchez lo siguiente:

En ocasiones, la controversia no plantea una cuestión novel porque se trata de un asunto resuelto anteriormente, pero su importancia, por el interés público que conserva, es evidente. En tales casos, el Tribunal Supremo considera que es conveniente a dicho interés reiterar la norma esbozada anteriormente. No se puede olvidar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo desempeña una función social de importancia, en particular, ante conflictos que afectan la convivencia entre los ciudadanos o el trato de los ciudadanos con el Estado y viceversa. (Enfasis nuestro). Sánchez Martínez, op. cit, pág. 727.

Por su parte, tenemos el criterio que este autor denomina como “la cláusula residual”. Me refiero a que la expedición del recurso contribuya de otro modo a las funciones del Tribunal Supremo de vindicar la ley y pautar el derecho en el país. Al respecto, el autor añade:

Este criterio es más bien una cláusula residual que alude a la función preponderante del Tribunal Supremo de vindicar la ley y pautar el derecho. Lo de vindicar la ley resuena en el ánimo de esclarecer el verdadero sentido de la legislación de manera que las personas sepan lo que la ley implica y puedan ajustar su comportamiento y cumplir con sus obligaciones de acuerdo con ésta. Cuando la decisión proviene del Alto Foro y, además, se emite por opinión, su interpretación obliga a todos por igual y no únicamente a las partes en el litigio. Si el recurso no cualifica bajo alguno de los demás criterios, siempre puede ser atendido a tenor con éste.

Y “por si quedara duda”, este último criterio “amplía al máximo la potestad cognoscitiva del Tribunal Supremo”. Hernández Denton, op. cit., pág. 34. En fin, como nos ilustrara el pasado Juez Presidente Hernández Denton, “en el ordenamiento jurídico puertorriqueño basta que la concesión del auto de certiorari contribuya de algún modo a las funciones del Tribunal de vindicar la ley y pautar el derecho en el país para que el Tribunal decida expedirlo si entiende que es el momento propicio para hacerlo”. (Enfasis nuestro). íd.

Si atendemos a los parámetros enunciados, es forzoso colegir que era importante para el interés público expresarnos sobre la norma aplicable en las controversias planteadas en este caso. En nuestra función revisora, era preciso dilucidar el derecho aplicable cuando el Ministerio Público realiza expresiones que se aduce que causan perjuicios sustanciales a un acusado. Así, esta Curia tenía la oportunidad de revisitar el derecho sobre lo que constituye un error extraordinario y la jurisprudencia de este Tribunal en torno a cuándo procede decretar un nuevo juicio por alegaciones como las planteadas. Al mismo tiempo era oportuno revisar el derecho atinente a las instrucciones que deben impartirse al jurado ante manifestaciones presuntamente inflamatorias y perjudiciales por parte del fiscal durante los informes finales. En ese sentido, la intervención de este Tribunal era un imperativo para expandir la jurisprudencia puertorriqueña en torno a asuntos importantes que inciden directamente sobre los contornos de las exigencias del debido proceso de ley durante un procesamiento criminal, particularmente en el contexto de un juicio por jurado.

Por las razones que anteceden, estoy convencido de que los compañeros de mayoría erraron al negarse a expedir el recurso. Ello, no solo por la necesidad de estudiar con más detenimiento los planteamientos esgrimidos por la Procuradora General, sino para también retomar y pautar el derecho aplicable ante situaciones como las acontecidas en este proceso judicial. No hay duda de que estamos ante un recurso de naturaleza enteramente discrecional. Empero, la discreción no es un pretexto para desatender las responsabilidades que tiene este Tribunal como foro de última instancia en Puerto Rico. Es evidente que los criterios preceptuados en la Regla 30 del Reglamento del Tribunal Supremo, supra, se conceptualizaron con un claro propósito. Precisamente, ese fin ulterior es que una determinación tan importante como lo es expedir o no un recurso sea el producto de un análisis concienzudo y minucioso. El dictamen de “no ha lugar” por el simple hecho de que se trata de un recurso discrecional no puede tratarse livianamente.

En atención a las consideraciones expresadas, disiento con vehemencia de la mayoría de este Tribunal que se niega a atender un asunto revestido del más alto interés público. Por ello, expediría el recurso de certiorari presentado por la Procuradora General.

       Véase Alegato de la parte apelante, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 58.

       íd.

       íd.

       Para propósitos de proteger la confidencialidad de la identidad de la menor se proveen únicamente sus iniciales.

       Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 27-28.

       íd., pág. 34.

       íd, pág. 28.

       Petición de certiorari, pág. 9.

       Tanto el suscribiente como la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados Señores Kolthoff Caraballo y Feliberti Cintrón expedirían.

       Véase H.A. Sánchez Martínez, Derecho procesal apelativo, San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2001, pág. 386.