author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

text:
    Ángel Luis Romero, recurrido, v. Jorge L. Reyes Rivera, su esposa Myriam Carrasquillo Santiago y la Sociedad Legal de Gananciales constituida entre ellos, peticionarios.

      Número: CC-2000-559

      Resuelto: 28 de abril de 2005

      Jorge L. Rivera Miranda y Rafael Angulo Rivera, abogados de la parte peticionaria; Wilfredo R. Picorelli, abogado de la parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

Jorge L. Reyes Rivera, Myriam Carrasquillo y la socie-dad legal de gananciales compuesta por ambos comparecen mediante una petición de certiorari para solicitar la revo-cación, por falta de partes indispensables, de la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia que fue con-firmada por el Tribunal de Apelaciones el 19 de mayo de 2000. En esa sentencia —de 29 de diciembre de 1999— el Tribunal de Primera Instancia ordenó la anulación en el Registro de la Propiedad de los asientos provocados por la escritura de compraventa otorgada entre las partes, por determinar que ese negocio fue simulado. Procedemos a resolver si el foro de instancia actuó correctamente al per-mitir que se enmendaran las alegaciones mediante el in-forme de la conferencia con antelación al juicio y si debe-mos revocar la sentencia recurrida por entender que eran partes indispensables en el presente litigio el notario auto-rizante de la escritura de compraventa que el foro de ins-tancia declaró simulada y el Western Federal Savings Bank, acreedor garantizado con hipoteca sobre el inmueble objeto del contrato de compraventa.

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El 25 de agosto de 1995 el recurrido Ángel Luis Romero presentó una demanda de cobro de dinero y reivindicación. En la demanda sólo se incluyeron como demandados a Jorge L. Reyes Rivera, su esposa Myriam Carrasquillo y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos (los peticionarios). Se alegó que los peticionarios le adeudaban a Romero parte de la suma acordada por concepto de la venta de un inmueble y que, por esta razón, esa compra-venta no se había consumado. Romero solicitó que se le ordenara a los peticionarios pagar la cantidad adeudada, los intereses acumulados, las costas del proceso y $10,000 de honorarios de abogado. En la alternativa, Romero alegó que era el dueño legítimo de la propiedad en controversia porque el contrato de compraventa no se había consumado y que, por lo tanto, procedía que se le entregara la finca.

El 20 de septiembre de 1995, los peticionarios contesta-ron la demanda. Negaron todas las alegaciones; adujeron como defensa afirmativa que era Romero quien le adeu-daba dinero a los peticionarios y que en la escritura de compraventa el demandante había aceptado haber recibido la totalidad del precio pactado por el referido inmueble.

El 25 de noviembre de 1997, luego del proceso de descu-brimiento de prueba, el Tribunal de Primera Instancia ce-lebró la conferencia con antelación al juicio y aprobó el in-forme que sometieron las partes. Al aprobar el informe, el foro de instancia le permitió al demandante enmendar la demanda para añadir la alegación siguiente:

En la alternativa se alega que la venta realizada entre las partes fue una simulada con el propósito de que se pagasen unas deudas y que posteriormente el título de dominio se pa-saría por los demandados al demandante y este [sic] asumiría el pago de la hipoteca vigente. Los demandados se han negado a devolver el título y se lucran con las rentas que produce el inmueble.

Habiéndose celebrado el juicio en su fondo, el foro de instancia recibió la prueba, sin objeción de la parte deman-dada, sobre esa alegación y determinó que las partes ha-bían llevado a cabo una venta simulada con el propósito de que los peticionarios gestionaran el financiamiento necesa-rio para obtener dinero para pagar las deudas del demandante. El Tribunal de Primera Instancia determinó en su sentencia los hechos que resumimos a continuación.

Romero enfrentó problemas económicos que provocaron el embargo del inmueble. Por su crédito estar afectado, se vio impedido de obtener el financiamiento necesario para pagar sus deudas, por lo que solicitó la ayuda de los peti-cionarios, Reyes y su esposa Myriam Carrasquillo, quien era prima de Romero, para llevar a cabo una venta simulada. El 28 de noviembre de 1990 las partes otorgaron la escritura de compraventa Núm. 145 ante el notario José M. Biaggi Junquera. En ésta se hizo constar que el precio de venta de $210,000 se había pagado antes del referido acto. En esa misma fecha y ante el mismo notario, se otorgó la escritura Núm. 146 de constitución de hipoteca sobre el inmueble objeto de la compraventa en garantía del préstamo concedido a los peticionarios. Según el Exhibit III (Loan Settlement Statement) sometido por estipulación de las partes el 29 de noviembre de 1990, el Western Federal Savings Bank (Banco) le concedió a los peticionarios un préstamo hipotecario por $157,000. Con el producto de ese financiamiento, los peticionarios saldaron las deudas de Romero y le entregaron a éste el remanente. Cabe señalar que después de haberse presentado el pleito —el 5 de octu-bre de 1998— los peticionarios refinanciaron la deuda.

En su sentencia, dictada el 29 de diciembre de 1999, el foro de instancia declaró “con lugar” la demanda, deter-minó que la compraventa celebrada entre las partes fue simulada y ordenó “la anulación en el Registro de los asientos que provocó tal escritura, de tal forma que el do-minio del inmueble en ella descrito permanezca inscrito” a favor de Romero. Ordenó, además, que los peticionarios le entregaran a Romero la posesión del inmueble y le ordenó a éste pagar a los peticionarios la suma de $8,603.84 o lo que correspondiera a la diferencia entre las rentas cobra-das y el pago de la hipoteca hasta la entrega del inmueble. Se le impusieron a los peticionarios las costas del proceso y $1,500 en honorarios de abogados, por entender el foro de instancia que fueron temerarios al litigar este pleito. In-conformes con la determinación del Tribunal de Primera Instancia, los peticionarios acudieron al Tribunal de Ape-laciones y éste confirmó la sentencia recurrida. En conse-cuencia, acuden ante este Tribunal para señalar que el foro apelativo erró: (1) al no resolver que se viola el debido pro-ceso de ley cuando se permite enmendar la demanda en el informe de conferencia con antelación al juicio; (2) al no resolver que el notario que autorizó la escritura de compra-venta y el banco que era el acreedor hipotecario eran par-tes indispensables; (3) al imponerle honorarios de aboga-dos a la parte demandada, cuando la sentencia dictada obliga a la parte demandante a pagarle a ellos una suma de dinero.

Expedimos el auto de certiorari con el beneficio de la comparecencia de ambas partes. Revocamos la sentencia recurrida por las razones que pasamos a exponer.

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La Regla 37.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, que regula los procedimientos de la conferencia con antelación al juicio, dispone como sigue:

En cualquier pleito el tribunal podrá, en el ejercicio de su discreción, ordenar a los abogados de las partes que comparez-can a una conferencia para considerar:
(a) La simplificación de las cuestiones litigiosas.
(b) la necesidad o conveniencia de enmendar las alegaciones.
(f) Cualesquiera otras medidas que puedan facilitar la más pronta determinación del pleito.
El tribunal dictará una orden en que expondrá lo acordado en la conferencia, las enmiendas que se hubieren permitido a las alegaciones y las estipulaciones de las partes en relación con cualesquiera de los asuntos considerados y que limiten las cuestiones litigiosas a ser consideradas en el juicio, a aquellas no resueltas mediante admisiones o estipulaciones de los abo-gados; y dicha orden, una vez dictada, gobernará el curso sub-siguiente del pleito, a menos que sea modificada en el juicio para impedir manifiesta injusticia. (Enfasis suplido.)

Esta regla es consecuencia necesaria del principio básico de nuestro sistema procesal de garantizar una solución justa, rápida y económica de las controversias. Su propósito es simplificar, reducir y hasta evitar el juicio si es posible. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. I, pág. 620. Hemos señalado que la conferencia con antelación al juicio le ofrece a las partes la oportunidad para someter al tribunal posibles enmiendas a las alegaciones antes de la vista en su fondo. Ortiz Díaz v. R. & R. Motors Sales Corp., 131 D.P.R. 829, 837 (1992). Además, las enmiendas pueden am-pliar una de las causas de acción alegadas en la demanda original, añadir una o más causas de acción o plantear nuevas teorías. Cruz Cora v. UCB/Trans Union P.R. Div., 137 D.P.R. 917, 922 (1995). Un cambio de teoría por sí sólo no es suficiente para denegar el permiso a menos que cause perjuicio al demandado. Cuevas Segarra, op. cit, pág. 317.

Por otro lado, la Regla 13.1 de Procedimiento Civil permite a las partes enmendar sus alegaciones “una vez en cualquier momento antes de habérsele notificado una alegación respondiente ...”. 32 L.P.R.A. Ap. III. Posterior a ello sólo se podrá hacer “con permiso del tribunal o mediante el consentimiento por escrito de la parte contraria; y el permiso se concederá liberalmente cuando la justicia así lo requiera”. (Énfasis suplido.) íd.

De ambas reglas se deduce que la decisión de permitir que se enmiéndenlas alegaciones es discrecional del tribunal. Sin embargo, hemos establecido varios criterios para demarcar el ejercicio adecuado de esa discreción. Estos son: (a) el momento en que se solicita la enmienda; (b) el impacto de la solicitud en la pronta adjudicación de la cuestión litigiosa; (c) la razón o ausencia de ella para la demora e inacción original de quien promueve la enmienda; (d) el peijuicio que ésta causaría a la otra parte, y (e) la naturaleza y los méritos intrínsecos de la defensa que se plantea. Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 D.P.R. 793, 796 (1975). Por eso, si bien se ha estatuido la liberalidad como parámetro general para la concesión del permiso, no es infinita, sino que está condicionada por un juicioso ejercicio de discreción, que se ponderará según los criterios antes mencionados. El principal de éstos es el perjuicio que se le pueda causar a la otra parte al conceder la enmienda:

No [son] permisible [s] enmiendas a la demanda cuando se introducen nuevas y separadas causas de acción o cuando hay incuria, mala fe o propósitos dilatorios, causando perjuicio. (Énfasis suplido.) Cuevas Segarra, op. cit, pág. 321.

En el caso de autos, el demandante enmendó sus alegaciones mediante el informe de la conferencia con antelación al juicio para alegar, como teoría alterna para recuperar el inmueble, que la compraventa celebrada con los peticionarios fue simulada. Según se deduce de la minuta preparada cuando se celebró la conferencia con antelación al juicio, el foro de instancia aprobó ese informe y, por consiguiente, la enmienda solicitada. Cabe señalar que ni del informe ni de la minuta ni del expediente surge que los peticionarios hayan objetado la enmienda propuesta y, mucho menos, que expresaran que ésta les peijudicaba

A la luz de los criterios que el tribunal debió considerar al ejercer su discreción, es forzoso concluir que el foro de instancia no erró al permitir la enmienda solicitada ni violó el debido proceso de ley de los peticionarios. La en-mienda se solicitó en un momento apropiado, si considera-mos que los peticionarios no alegaron peijuicio ni presen-taron objeción alguna, y que uno de los propósitos del informe con antelación al juicio es lograr un juicio justo, evitar dilaciones y considerar la necesidad de enmendar las alegaciones. Además, no se demostró falta de diligencia de parte del demandante ni demoras injustificadas que nos obliguen a intervenir con la discreción del juez de instancia. Mediante la enmienda, el demandante alegó que la venta fue simulada, lo cual tuvo el único efecto de incluir una nueva teoría. Según mencionáramos anteriormente, un cambio de teoría por sí sólo no es suficiente para dene-gar una solicitud de enmienda.

El debido proceso de ley “le impone al Estado la obligación de garantizar que la interferencia, con los intereses de libertad y de propiedad del individuo, se haga a través de un procedimiento que en esencia sea justo y equitativo”. C.E.S. U.P.R. v. Gobernador, 137 D.P.R. 83, 109 (1994). En el caso de autos, el juez de instancia actuó dentro del marco de su discreción para garantizar un procedimiento justo. No erró al permitir la enmienda solicitada.

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Examinemos ahora si el acreedor hipotecario y el nota-rio que autorizó la escritura de compraventa que el foro de instancia declaró simulada son partes indispensables en el presente litigio.

El mecanismo de acumulación de parte indispensable está regulado por la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, la cual dispone:

Las personas que tuvieren un interés común sin cuya pre-sencia no pueda adjudicarse la controversia, se liarán partes y se acumularán como demandantes o demandadas según corresponda. Cuando una persona que deba unirse como de-mandante rehusare hacerlo, podrá unirse como demandada.

Los tratadistas son contestes en que la interpretación de esta regla requiere de un enfoque pragmático, es decir, requiere de una evaluación individual a la luz de las circunstancias particulares que se presentan y no de una fórmula rígida para determinar su aplicación. Por lo tanto, los tribunales tienen que hacer un juicioso análisis que considere la determinación de los derechos de un au-sente y las consecuencias de no ser unido como parte en el procedimiento. Es importante determinar si el tribunal po-drá hacer justicia y conceder un remedio final y completo sin afectar los intereses del ausente. 7 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil See. 1601, págs. 9-18 (2001); Cuevas Segarra, op. cit., pág. 368. Cabe señalar que el “interés común” al que se hace referencia en la citada Regla 16.1 no es cualquier interés en el pleito, sino que tiene que ser de tal orden que impida producir un decreto sin afectarlo. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 369. Además, el interés afectado tiene que ser real e inmediato, al extremo de impedir que se elabore un decreto adecuado, ya que “[b]ajo la Regla 16.1 una parte indispensable es aquella persona cuyos derechos e intereses podrían quedar destrui-dos o inevitablemente afectados por una sentencia dictada, estando esta persona ausente del litigio”. (Énfasis suplido.) Cuevas Segarra, op. cit., pág. 371.

En diversas ocasiones hemos reiterado que la regla sobre acumulación indispensable de partes tiene el propósito de proteger a la persona que no está presente de los efectos legales de la sentencia y así evitar que se multipliquen los pleitos. Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 D.RR. 623, 627 (1994). La falta de parte indispensable constituye un planteamiento tan relevante y vital que puede presentarse en cualquier momento, es decir, se puede presentar por primera vez en apelación e, incluso, un tribunal apelativo puede suscitarlo sua sponte, ya que en ausencia de parte indispensable, el tribunal carece de jurisdicción. Además, la omisión de traer a una parte indispensable al pleito constituye una violación al debido proceso de ley que la cobija. Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 625 (1983); Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, supra, pág. 625.

La Regla 16.1, supra, pretende evitar que la persona ausente se vea privada de su propiedad sin un debido proceso de ley y busca que el remedio adjudicado sea completo. Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, supra, pág. 624. Por lo tanto, de reconocerse que está ausente una parte indispensable, debe desestimarse la acción. Sin embargo, esta desestimación no tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos con efecto de cosa juzgada. 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 39.2(c); Banco de la Vivienda v. Carlo Ortiz, 130 D.P.R. 730, 737 (1992).

Aplicando los criterios antes esbozados, concluimos que el notario que autorizó la escritura simulada no es parte indispensable en este litigio. Ello es contrario a la situa-ción del acreedor hipotecario, según explicaremos más adelante. Veamos.

El notario es el custodio de la fe pública notarial y le imparte veracidad, autenticidad y legalidad a los instrumentos públicos y notariales que autoriza. S. Torres Peralta, El Derecho Notarial Puertorriqueño, San Juan, Pubs. STP, Inc., ed. especial 1995, pág. 1.9. Por eso, hemos resuelto que, como tal,

[a]l autorizar un documento presuntivamente da fe pública y asegura que ese documento cumple con todas las formalidades de ley, formal y sustantivamente, que el documento es legal y verdadero, y que se trata de una transacción válida y legítima. In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269, 275 (1986).

En el desempeño de su gestión notarial, el abogado está obligado a cumplir con los deberes que surgen de la ley, los cánones del Código de Ética Profesional y el contrato entre las partes. La inobservancia de esos deberes expone al notario a una posible acción en daños por los perjuicios causados y a nuestra jurisdicción correctiva y disciplinaria. In re Cruz Tollinche, 114 D.P.R. 205, 207 (1983). La responsabilidad civil del notario por los daños que cause la violación de sus deberes notariales se ex-tiende también a terceros que hayan sufrido daños por las actuaciones notariales del funcionario, en su función dual de asesoramiento y de instrumentar el documento. Torres Peralta, op. cit., pág. 1.38.

Respecto a la intervención de un notario en un negocio simulado, hemos señalado que

... en tal situación se está atentando contra la propia natu-raleza de lo que la fe notarial y pública representa en una sociedad que ha depositado confianza en manos de dicho funcionario.
[L]a validez de los actos y documentos públicos no puede dejarse al arbitrio de una norma ética débil, y que la partici-pación de un abogado como tal o como notario en negocios simulados es conflictiva con los mejores postulados de con-ducta que deben regir a los miembros de nuestra profesión de abogado y en su consecuencia ello de ordinario constituye su-ficiente base para el desaforo. In re Vélez, 103 D.P.R. 590, 598-599 (1975).

En Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 D.P.R. 403 (2003), resolvimos una controversia similar a la que nos ocupa. En ese caso se alegó que el notario que autorizó el testamento impugnado era parte indispensable. La alegación de nulidad se basaba en que el testamento no cumplía con las formalidades requeridas por el Código Civil. Resolvimos lo siguiente:

Somos del criterio que para resolver esa controversia el nota-rio Nolla Amado no resulta ser una “parte indispensable”. [Ello por razón de que e]n cualquier caso de esta naturaleza, en que efectivamente se decrete la nulidad absoluta de un testamento otorgado ante notario, dicha determinación nece-sariamente no conllevaría perjuicio para éste. Podría suceder que el perjudicado por dicha determinación judicial sobre nu-lidad testamentaria no presente acción judicial, en daños y perjuicios, contra dicho notario. Aun si así lo hiciera dicho per-judicado, éste, repetimos, tendría que demostrar que la falta en que incurrió el notario provino de su malicia o negligencia o ignorancia inexcusables. (Énfasis suprimido.) Deliz et als. v. Igartúa et als., supra, pág. 436.

Concluimos, entonces, que el notario no es parte indispensable,

... por razón de que el posible peijuicio o lesión, que pueda sufrir dicho notario no es real e inmediato [, siendo el mismo, p]or el contrario, [uno] contingent[e], esto es, supeditadlo] a que ocurran en el futuro una serie de eventos y circunstancias que, necesariamente, no tienen que darse. Deliz et als. v. Igartúa et als., supra, pág. 438.

Resulta evidente que en el caso de autos el notario no es parte indispensable en la acción para anular un contrato por simulación que éste autorizó, pues su interés en esa controversia no es real e inmediato, sino contingente a la consecuencia de la acción instada. El notario autorizante no se verá privado de su derecho al debido proceso de ley por no ser parte en la acción para anular el contrato, ya que su interés aún no se ha concretado y depende, por el contrario, de un sinnúmero de factores que podrán mani-festarse, si acaso, luego de ser final y firme la anulación del contrato por simulación. Incluso, de presentarse una ac-ción disciplinaria o una acción civil contra el notario a raíz de esa determinación, habrá que dilucidar si éste es res-ponsable conforme a la normativa aplicable. Por lo tanto, en el caso de autos el notario no constituye una parte sin cuya presencia “no pued[a] dictarse un decreto final entre las otras partes sin lesionar y afectar radicalmente sus derechos”. Deliz et als. v. Igartúa et als., supra, pág. 433.

Con respecto al banco acreedor hipotecario, la situación es diferente. El contrato de hipoteca, como todo contrato, requiere para su validez que concurran los elementos esenciales de consentimiento, objeto y causa. 31 L.P.R.A. see. 3391. La validez del contrato de hipoteca depende, además, de que se cumplan los requisitos siguientes: (1) que se constituya para asegurar el cumplimiento de una obligación principal; (2) que la cosa hipotecada pertenezca en propiedad al que la hipoteca; (3) que las personas que constituyan la hipoteca tengan la libre disposición de sus bienes o, en caso de no tenerla, se hallen legalmente autorizadas para ello, y (4) que la escritura se inscriba en el Registro de la Propiedad. 31 L.P.R.A. sees. 5001 y 5042.

Al respecto, la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad dispone:

Son hipotecas voluntarias las convenidas entre partes o im-puestas por disposición del dueño de los bienes o derechos so-bre que se constituyan y únicamente podrán ser establecidas por quienes tengan la libre disposición de dichos bienes o de-rechos o, en caso de no tenerla se hallen autorizados para ello con arreglo a las leyes. 30 L.P.R.A. see. 2601.

Además, requiere que el contrato de hipoteca se haya acordado en escritura pública y que la escritura se haya inscrito en el Registro de la Propiedad. 30 L.P.R.A. see. 2607.

Como sabemos, la hipoteca presupone la existencia de una obligación por la cual, como regla general, el deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros. Por lo tanto, el acreedor hipotecario tiene el derecho de hacer efectivo su crédito contra todo el patrimonio del deudor y, además, posee un derecho real sobre un bien determinado que responde de la deuda aunque haya pasado a manos de un tercero. L.R. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, San Juan, Jurídica Editores, 2000, pág. 496.

En el caso de autos, el demandante Romero y los peti-cionarios suscribieron un contrato de compraventa simu-lado, lo cual tiene serias implicaciones para el acreedor hipotecario ausente en el pleito. Este contrató con los peti-cionarios, actuando éstos como dueños de la propiedad hi-potecada como consecuencia de la compraventa simulada. Se trata, según surge de los hechos probados en instancia, de una simulación absoluta que conlleva, no el descubri-miento de otro negocio lícito y verdadero, sino la nulidad absoluta. 31 L.P.R.A. see. 3433; M. Albaladejo, Comenta-rios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Edersa, 1993, T. XVII, Vol. IB, págs. 455-456 y 580. Así lo decretó el foro de instancia. Por consiguiente, el contrato simulado no produjo efectos jurídicos. Díaz García v. Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1 (1989). Al anularse la compra-venta simulada en este caso, la titularidad del inmueble hipotecado nunca perteneció a los peticionarios y éstos no tenían la facultad de gravarlo. La ausencia de esta facul-tad ciertamente incide en el convenio de garantía hipote-caria y puede afectar el interés del Banco sobre el inmue-ble que garantiza el pago del préstamo. Albaladejo, op. cit, pág. 597; Sentencia del Tribunal Supremo de España de 19 de diciembre de 1964.

Por otro lado, la declaración de la nulidad de un contrato por simulación representa un problema para los acreedores de ambos simuladores, cuyos intereses estarán en riesgo porque

[a] los del vendedor fingido les interesa que el patrimonio de su deudor no se vea disminuido con la pérdida del bien; a los del adquirente fingido les conviene, por el contrario, que el activo de su deudor quede aumentado. Los primeros tienen legitimación para impugnar el negocio por tener interés legí-timo en que la simulación se declare, y los segundos en coadyuvar judicialmente a que se mantenga aquel negocio. L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 9na ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1997, Vol. I, pág. 523.

Los derechos del Banco como acreedor de la parte peti-cionaria en este caso indudablemente se verán amenaza-dos al declararse nula la compraventa mediante sentencia válida. El Banco no sólo verá disminuido el patrimonio de su deudor al revertir la titularidad del inmueble al deman-dante, sino que, más importante aún, podría afectarse el derecho real que posee sobre el inmueble en controversia, que garantiza el préstamo concedido a los peticionarios.

A la luz de lo antes expuesto, resulta forzoso concluir que el Western Federal Savings Bank es parte indispensable en este pleito. Ciertamente, al Banco se le privó de su derecho al debido proceso de ley, al no incluírsele como parte en el presente litigio y al pretender declarar como final una sentencia que declaró la nulidad del contrato de compraventa y que ordenó la anulación en el Registro de la Propiedad de los asientos provocados por esa escritura. Al Banco, como acreedor hipotecario, debió habérsele dado la oportunidad de defender sus intereses, ya que la sentencia del foro de instancia podía lesionarlos directamente. En estas circunstancias, la falta de incluir al Banco como parte en el presente litigio conlleva la revocación de la sen-tencia recurrida.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sen-tencia recurrida y desestimamos la presente acción contra los peticionarios, sin perjuicio. En vista de esta determina-ción, resulta innecesario discutir el cuarto señalamiento de error en que se solicita que revisemos la imposición de ho-norarios de abogados.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez se inhibió.

      C1) Además, la evidencia que se presentó en el juicio y que demostró la simula-ción de la compraventa a satisfacción del foro de instancia no se objetó oportunamente. Esto tuvo el efecto de enmendar las alegaciones conforme a lo dis-puesto por la Regla 13.2 de Procedimiento Civil, que dispone:
      “Cuando con el consentimiento expreso o implícito de las partes se sometan a juicio cuestiones no suscitadas en las alegaciones, aquéllas se considerarán a todos los efectos como si se hubieran suscitado en las alegaciones.” 32 L.P.R.A. Ap. III.


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text:
      In re Reinaldo Ramos Valentín.

      Número: TS-4658

      Resuelto: 29 de abril de 2005

      Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías.
   RESOLUCIÓN

Vista la Moción en Cumplimiento de Orden, presentada por la Leda. Carmen H. Carlos, Directora de la Oficina de Inspección de Notarías, se autoriza la reinstalación del Lie. Reinaldo Ramos Valentín al ejercicio de la notaría.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Francisco L. García Enchautegui, querellado.

      Número: AB-2004-189

      Resuelto: 3 de mayo de 2005

      Milagros Martínez Mercado, oficial investigador del Colegio de Abogados; Francisco L. García Enchautegui, abogado querellado; Gloria H. Quintero Carmona, querellante.
   per curiam:

El 14 de diciembre de 1967 Francisco L. Gar-cía Enchautegui fue admitido al ejercicio de la profesión de abogado, y el 3 de junio de 1968 fue admitidio al ejercicio de la notaría.

El 18 de marzo de 2004 se presentó una queja juramen-tada contra García Enchautegui ante el Colegio de Aboga-dos de Puerto Rico (Colegio de Abogados). Conforme al pro-cedimiento de rigor, el Colegio de Abogados le requirió varias veces a García Enchautegui que contestara la queja aludida. Se le hizo tal requerimiento repetidamente el 7 de abril de 2004, el 18 de mayo de 2004, el 17 de junio de 2004 y el 13 de julio de 2004.

En vista de que García Enchautegui no contestó nin-guno de los cuatro requerimientos que le había hecho el Colegio de Abogados, éste compareció ante nos el 19 de agosto de 2004 y solicitó nuestra intervención.

El 17 de diciembre de 2004, mediante una resolución que se le notificó personalmente por un alguacil del Tribunal, le ordenamos a García Enchauteghi que contestara los requerimientos del Colegio de Abogados y mostrara causa ante nos por la cual no debía ser disciplinado por incumplir con su deber de atender expeditamente los requerimientos referidos. Le apercibimos, así mismo, que incumplir con lo ordenado en la Resolución podría conllevar sanciones dis-ciplinarias severas, incluyendo su suspensión del ejercicio profesional.

A la fecha de hoy García Enchautegui no se ha comuni-cado con el Colegio de Abogados ni ha comparecido ante nos, todo ello en craso incumplimiento con nuestra Resolu-ción de 17 de diciembre de 2004.

Reiteradamente hemos resuelto que los abogados tienen la ineludible obligación de responder diligentemente a las órdenes de este Tribunal, así como a los requerimientos del Colegio de Abogados con respecto a las quejas que éste investiga. La indiferencia de un abogado al no atender nuestras órdenes ni los requerimientos del Colegio de Abo-gados en casos disciplinarios acarrea la imposición de se-veras sanciones disciplinarias. In re Torres Torregrosa, 161 D.P.R. 66 (2004); In re Fernández Pacheco, 152 D.P.R. 531 (2000); In re Corujo Collazo, 149 D.P.R. 857 (1999); In re Ron Menéndez, 149 D.P.R. 105, 107 (1999); In re Rivera Rodríguez, 147 D.P.R. 917, 923 (1999).

En el caso ante nos, el licenciado García Enchautegui ha hecho caso omiso a una orden nuestra al incumplir con nuestra Resolución de 17 de diciembre de 2004 y al ignorar los cuatro requerimientos del Colegio de Abogados referi-dos anteriormente. Así mismo se ha mostrado indiferente ante nuestro apercibimiento de imponerle sanciones disciplinarias. Evidentemente no le interesa continuar ejerciendo la profesión.

En vista de lo anterior, se le suspende inmediata e inde-finidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone a Francisco L. García Enchautegui el deber de no-tificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios reci-bidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y adminis-trativos del país. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam”y sentencia. Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incautarse de la obra y sello notarial del abo-gado suspendido y entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investi-gación e informe.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.


text:
      In re Wendy Lind Casado.

      Número: AB-2004-245

      Resuelto: 4 de mayo de 2005

      Antonio Arraiza Miranda, presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados; Carmen Serrano Hernández, se-cretaria de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados; Wendy Lind Casado, abogada querellada que comparece por derecho propio.
   RESOLUCIÓN

La abogada de epígrafe fue suspendida del ejercicio de la profesión el pasado 8 de abril de 2005. La conducta que motivó esa sanción fue su incumplimiento con nuestra Re-solución de 17 de noviembre de 2004, en que le concedimos un término para contestar una queja presentada ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados y, además, le ordenamos comparecer ante este Tribunal a exponer las razones por las cuales no debía ser disciplinada por su in-atención a los requerimientos del Colegio de Abogados.

El pasado 21 de abril de 2005, tanto Wendy Lind Ca-sado como el Colegio de Abogados comparecieron ante nos con sendas mociones informativas. Expresaron que luego que emitiéramos la Resolución de 17 de noviembre de 2004, la abogada había contestado oportunamente a la Co-misión de Ética la queja presentada y que posteriormente ésta había sido archivada. Además, el Colegio de Abogados adujo que por inadvertencia no se nos había notificado an-teriormente ese trámite.

Acogida la moción informativa de la abogada suspen-dida como una de reconsideración, la declaramos “no ha lugar” porque según constaba en nuestra Resolución de 17 de noviembre de 2004, Wendy Lind Casado estaba obligada a contestar la queja ante el Colegio de Abogados y compa-recer ante este Tribunal. Aun cuando contestó la queja se-gún le ordenamos, incumplió con nuestra orden de compa-recer ante este Foro.

El 27 de abril de 2005 la abogada suspendida presentó una segunda moción de reconsideración. En ella aceptó su incumplimiento con nuestra Resolución de 17 de noviem-bre de 2004 y expresó que su comportamiento fue el resul-tado de la confusión y la inexperiencia, puesto que creyó que con contestar los requerimientos del Colegio de Aboga-dos cumplía cabalmente con nuestra Resolución.

En atención a lo anterior, se concede la solicitud de Wendy Lind Casado y se ordena su reinstalación a la abo-gacía y a la notaría, con el apercibimiento de que en el futuro sea más cuidadosa en el cumplimiento de nuestras órdenes.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Humberto J. Ramírez Ferrer, querellado.

      Número: AB-2003-193

      Resuelto: 6 de mayo de 2005

      Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general; Teresa Maldonado y Gypsy Córdova, querellantes; Humberto J. Ra-mírez Ferrer, abogado querellado.
   per curiam:

Luego de evaluar una queja que contra el Ledo. Humberto J. Ramírez Ferrer presentaran el Sr. Gipsy Córdova Martínez y la Sra. Teresa Maldonado Oli-veras, y la comparecencia del referido abogado, el Procura-dor General de Puerto Rico nos rindió un informe el 16 de abril de 2004, en el cual concluyó “que el querellado incu-rrió en violación al Canon 21 de Ética Profesional”.

Mediante Resolución de 5 de mayo de 2004, le concedi-mos un término al licenciado Ramírez Ferrer “para expre-sarse sobre el Informe presentado por la Oficina del Procu-rador General”. Éste no compareció en cumplimiento de dicha resolución. El 16 de julio de 2004 le concedimos al licenciado Ramírez Ferrer un segundo término “para ex-presarse sobre el Informe del Procurador General”. El re-ferido abogado tampoco compareció. Mediante Resolución de 11 de febrero de 2005, pág. 1, le concedimos un nuevo término al licenciado Ramírez Ferrer “para mostrar causa por la cual no deba ser disciplinado por incumplir con nuestras Resoluciones de 5 de mayo y de 16 de julio de 2004, acción disciplinaria que, incluso, puede conllevar el desaforo”. (Énfasis suplido.)

En esta tercera ocasión, ordenamos que la resolución emitida fuera notificada personalmente al licenciado Ramí-rez Ferrer por la Oficina del Alguacil de este Tribunal. Así se hizo el 17 de febrero de 2005. Al día de hoy, el licenciado Ramírez Ferrer no ha comparecido ante el Tribunal en cumplimiento de lo ordenado. En otras palabras, ha trans-currido en exceso de un (1) año sin que el mencionado abo-gado se haya dignado a cumplir con nuestras órdenes.

Resulta verdaderamente sorprendente el hecho de que un abogado ponga en riesgo su título y el ejercicio de su profesión por desacatar las órdenes que, con relación a su conducta profesional, emita este Tribunal. Nos llama la atención la frecuencia con la que este Tribunal se enfrenta a esta clase de situación. Somos del criterio de que el tiempo y esfuerzo invertidos en obtener su grado acadé-mico, y los sacrificios que conlleva la admisión a la profe-sión, deberían ser incentivos suficientes para que los miembros de la clase togada actúen de manera distinta ante los requerimientos que les hace este Tribunal.

En reiteradas ocasiones hemos expresado que el compromiso de todo abogado de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz, con el propósito de lograr la más completa confianza y apoyo de la ciudadanía, se ex-tiende no sólo a la esfera de la litigación de causas, sino también a la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal. In re Cuevas Vélez, 157 D.P.R. 129 (2002); In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128 (1997). Asimismo, hemos sido enfáticos al señalar que la naturaleza pública de la profesión de abogado le impone a la clase togada la obligación de observar rigurosamente los requerimientos de este Tribunal, en particular cuando se trata de asuntos disciplinarios sometidos ante nuestra consideración. In re Vázquez Santiago, 155 D.P.R. 926 (2001).

En ese sentido, es importante resaltar que el incumplimiento por parte de un abogado con las órdenes emitidas por este Tribunal dentro del procedimiento disciplinario, constituye una falta ética separada y distinta a los méritos de la queja, que conlleva la imposición de sanciones disciplinarias severas. Ello considerando que “ [e] 1 patrón de dejadez e incumplimiento con nuestras órdenes en la esfera disciplinaria es incompatible con el ejercicio de la abogacía”. In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55, 62 (1998).

Como señaláramos en In re Escalona Colón, 149 D.P.R. 900, 901 (2000), el “[djesatender nuestras órdenes en el curso de un procedimiento disciplinario, revela una gran fisura del buen carácter que debe exhibir todo miembro de la profesión legal”. Dicho proceder constituye un acto de indisciplina, desobediencia, displicencia, falta de respeto y contumacia hacia este Tribunal que, definitiva-mente, no estamos dispuestos a aceptar. Reiteramos que “no toleraremos la incomprensible y obstinada negativa de un miembro de nuestro foro de cumplir con [nuestras] órdenes”. In re Guemárez Santiago I, 146 D.P.R. 27, 29 (1998). Véase, además, In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717, 718 (1992).

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La actitud de dejadez y desidia que ha demostrado el Ledo. Humberto J. Ramírez Ferrer ante la orden emitida por este Tribunal constituye prueba incontrovertible de que éste no interesa continuar siendo miembro de la profesión. Dicho proceder constituye una falta de respeto a este Tribunal que, bajo ningún concepto, estamos dispuestos a tolerar.

Por los fundamentos antes expresados, se decreta la sus-pensión indefinida e inmediata de Humberto J. Ramírez Ferrer del ejercicio de la abogacía y de la notaría en nues-tra jurisdicción.

Se dictará sentencia de conformidad.

      0 In re Pérez Brasa, 155 D.P.R. 813 (2001); In re Vázquez Santiago, 155 D.P.R. 926 (2001); In re Figueroa Carrasquilla, 153 D.P.R. 132 (2001); In re López López, 149 D.P.R. 82 (1999); In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55 (1998); In re Ríos Acosta 1, 139 D.P.R. 117 (1995); In re Pérez Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Ribas Dominicci I, 131 D.P.R. 491 (1992); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717 (1992).


text:
      In re Juan A. Morales Lozada.

      Número: AB-2003-224

      Resuelto: 6 de mayo de 2005

      Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general.
   per curiam:

El 13 de enero de 1992, el Ledo. Juan A. Morales Lozada fue admitido al ejercicio de la profesión de abogado, y el 28 de julio de 1992 fue admitido al ejercicio de la notaría.

El 7 de julio de 2004 el Procurador General de Puerto Rico nos rindió un informe en el que nos indicó que, en su opinión, el licenciado Morales Lozada había violado los Cá-nones 12, 18 y 20 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. En vista de ello, emitimos una Resolución el 25 de octubre de 2004, en la cual le dimos un término al licenciado Morales Lozada para expresarse sobre dicho informe. El término venció, sin que Morales Lozada hu-biese comparecido ante nos. En vista de ello, el 4 de marzo de 2005, mediante una segunda resolución que se le noti-ficó personalmente por medio de un alguacil del Tribunal, le concedimos a Morales Lozada un término final de diez días para que cumpliera con nuestra anterior resolución, apercibiéndole de que su incumplimiento con ésta conlle-varía su suspensión inmediata del ejercicio profesional, sin procedimiento ulterior.

A la fecha de hoy Morales Lozada tampoco ha compare-cido ante nos, todo ello en craso incumplimiento con nues-tra Resolución de 4 de marzo de 2005.

HH

Reiteradamente hemos resuelto que los abogados tienen la ineludible obligación de responder diligentemente a las órdenes de este Tribunal. La indiferencia de un abogado al no atender nuestras órdenes en casos disciplinarios aca-rrea la imposición de severas sanciones disciplinarias. Véanse: In re Torres Torregrosa, 161 D.P.R. 66 (2004); In re Fernández Pacheco, 152 D.P.R. 531 (2000); In re Corujo Collazo, 149 D.P.R. 857 (2000); In re Ron Menéndez, 149 D.P.R. 105, 107 (1999); In re Rivera Rodríguez, 147 D.P.R. 917, 923 (1999).

En este caso, el licenciado Morales Lozada ha ignorado dos órdenes nuestras, al incumplir con las resoluciones de 25 de octubre de 2004 y de 4 de marzo de 2005. Así mismo, se ha mostrado indiferente ante nuestro apercibimiento de imponerle sanciones disciplinarias. Evidentemente no le interesa continuar ejerciendo la profesión.

En vista de lo anterior, se le suspende inmediata e inde-finidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone a Juan A. Morales Lozada el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir represen-tándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su sus-pensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cum-plimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia. Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del abogado suspendido y entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la investigación y el informe correspondientes.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.


author: per curiam;

text:
      In re Nelson Vélez Lugo, querellado.

      Número: AB-1999-62

      Resuelto: 11 de mayo de 2005

      Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general; Nelson Vélez Lugo, abogado querellado; Rafael Pérez Román, querellante.
   per curiam;

El 5 de junio de 1998 el Ledo. Nelson Vélez Lugo fungió como notario en el otorgamiento de una escri-tura de hipoteca en garantía de pagaré. Los otorgantes fue-ron el Sr. Rafael Pérez Román y su esposa. También jura-mentó el correspondiente pagaré al portador, que garantizaba la suma de $90,000. Más adelante, el licen-ciado Vélez Lugo obtuvo ese mismo pagaré en garantía de una deuda que tenía el señor Pérez Román con dicho letrado. De esa manera obtuvo interés en un negocio ju-rídico en el que él intervino como notario.

Al no poder cobrar el dinero adeudado y surgir desave-nencias entre los miembros de la Junta de Directores de la corporación Metro Specialty Services, Inc., en la que tanto el licenciado Vélez Lugo como el señor Pérez Román eran miembros, el abogado querellado interpuso una demanda contra el señor Pérez Román, su esposa y la sociedad legal de gananciales, y presentó como evidencia de la deuda a su favor el pagaré juramentado por él. En este pleito se dilu-cidaba una controversia relacionada con un documento ju-ramentado por dicho abogado como notario y se requería el pago de las prestaciones prometidas en éste. Es importante subrayar que en dicho pleito existía la controversia sobre cómo el abogado obtuvo el pagaré y la firma de uno de los otorgantes. Posteriormente, al fallecer su abogado en el pleito civil, el licenciado Vélez Lugo se representó por de-recho propio desde el 15 de junio de 2000 hasta que ter-minó el pleito mediante transacción el 13 de agosto de 2003. Entre los acuerdos figuraba la devolución por parte del licenciado Vélez Lugo de la Escritura Núm. 27 de 1998 sobre hipoteca y el pagaré correspondiente en garantía de hipoteca al señor Pérez Román y a su esposa.

El 3 de junio de 1999, luego de ser emplazado, y mien-tras iniciaba el pleito de injunction y por cobro de dinero en el caso Nelson Vélez Lugo y otros v. Metro Specialties Services, Inc., y otros, Civil Núm. CPE 1999-0091, el señor Pérez Román presentó una queja ante este Foro contra el licenciado Vélez Lugo. En ella alegó, en síntesis, que su esposa y él habían firmado en fechas separadas el pagaré, que el licenciado Vélez Lugo se apropió ilegalmente del pa-garé y que nunca se los entregó. Además, alegó que el nú-mero de licencia de conducir que aparece bajo la firma de su esposa no es el de ella. El 29 de julio de 1999 el abogado contestó la queja, negando haberse apropiado ilegalmente del pagaré y señalando que éste le fue entregado en garan-tía del pago de $90,000 que le debía Metro Specialties Services, Inc. Por último, planteó que el número de la licencia que aparece en el pagaré es el que le dio la propia quejosa y que, al ésta leerlo, no lo impugnó. El 5 de agosto de 1999 la Secretaria del Tribunal Supremo refirió el expediente a la Oficina del Procurador General.

Luego de varios incidentes procesales, mediante resolu-ción emitida el 30 de enero de 2004, ordenamos al Procu-rador General a continuar con la investigación y someter su informe. Así lo hizo el 9 de diciembre de 2004 y concluyó que la conducta del licenciado Vélez Lugo constituye una posible violación a la Regla 5 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, y al Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. El informe aclara que el Procurador General no pudo comunicarse con el que-joso, lo que le impidió constatar su alegación de que el li-cenciado Vélez Lugo juramentó el pagaré sin que el otor-gante lo hubiera firmado en su presencia.

El 7 de febrero de 2005 el licenciado Vélez Lugo pre-sentó una réplica al informe del Procurador General. En ésta aclara que, cuando otorgó el pagaré, ni él ni el quejoso “tenían idea de que posteriormente iba a servir de colate-ral” para la deuda que el quejoso alegadamente contrajo con él. También alega que al juramentar el pagaré observó todos los requisitos legales pertinentes. Además, aduce que el abogado —que lo representaba en el pleito contra el se-ñor Pérez Román— falleció y que sus gestiones para susti-tuirlo fueron infructuosas, por lo cual decidió continuar en el pleito por derecho propio.

La Regla 5 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, supra, dispone como sigue:

La práctica de la profesión de abogado puede ser en algunas ocasiones incompatible con la práctica de la notaría.
El notario autorizante de un documento público está impe-dido de actuar posteriormente como abogado de una de las partes otorgantes para exigir en un litigio contencioso las con-traprestaciones a que se haya obligado cualquier otra parte en el documento otorgado ante él.
El notario está impedido de representar como abogado a un cliente en la litigación contenciosa y, a la vez, servir de notario en el mismo caso por el posible conflicto de intereses o incom-patibilidades que puedan dimanar del mismo.
Las normas recogidas en los dos párrafos precedentes apli-carán al notario personalmente y no a aquellos notarios y abo-gados que sean o hayan sido sus socios o compañeros de oficina. No obstante, los socios o compañeros de oficina del notario autorizante no podrán representar a una parte otor-gante en un documento público autorizado por éste, cuando en un litigio se impugne la validez de cualquiera de los acuerdos que surgen del documento o se alegue que se omitieron acuer-dos relativos al asunto objeto del mismo, o cuando por alguna otra razón se cuestione la actuación del notario autorizante.
No obstante, podrá actuar el abogado como notario en toda acción ex parte, de jurisdicción voluntaria, y en los recursos gubernativos a menos que su actuación esté expresamente prohibida por ley o doctrina jurisprudencial. También, podrá actuar el notario como abogado en un mismo asunto cuando el notario antes de un litigio sólo haya dado fe de la autenticidad de firmas y en el litigio no estén en controversia las firmas ni el documento donde aparezcan tales firmas sea el objeto principal de la reclamación.
Queda siempre al sano juicio del notario y sus socios o com-pañeros de oficina, dentro de su responsabilidad profesional, decidir cuándo deben abstenerse de actuar aun en casos en que su actuación estuviere permitida, pero que por sus parti-culares circunstancias en la dimensión ética podrían generar un potencial de conflicto o la apariencia de conducta impropia. (Énfasis suplido.)

Al interpretar la Regla 5 del Reglamento Notarial antes citada, hemos sostenido que es impropio que un abogado combine las funciones de notario y de abogado en un mismo asunto. In re Chiques Velázquez, 161 D.P.R. 303 (2004); In re Avilés, Tosado, 157 D.P.R. 867 (2002).

Por otra parte, hemos reiterado, en numerosas ocasiones, que en el ejercicio de la profesión los abogados tienen la obligación ética de evitar, tanto en la realidad como en la apariencia, la impresión de conducta conflictiva e incorrecta. In re Pizarro Santiago, 117 D.P.R. 197 (1986). Así surge de la primera oración del Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra, según la cual “[e]l abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia”. Es importante recalcar, en este sentido, que los cánones de ética establecen unas pautas mínimas de conducta que deben guiar a los abogados en el ejercicio de su profesión. In re Ortiz Brunet, 152 D.P.R. 542 (2000); In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710 (1988).

El licenciado Vélez Lugo actuó como abogado en un li-tigo que involucraba una escritura pública —hipoteca— que fue otorgada ante él y de la cual dio fe en su capacidad como notario. Además, se cuestionaba otro documento —un pagaré— que fue juramentado ante él, también en su capacidad como notario. Precisamente, una de las contro-versias principales del litigio giraba en torno a la validez de dicho pagaré. Su proceder generó un conflicto potencial y, a todas luces, tiene la apariencia de conducta impropia. Por todo lo anterior, lo censuramos enérgicamente.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Rivera Pérez no intervinieron.

      C1) En su informe, el Procurador General señala que, de los documentos que constan en el expediente, no pudo determinar la fecha exacta en que se negoció el pagaré.


text:
    Luis Javier Rivera Fábregas, demandante y recurrido, v. Ruth Sanoguet Asencio y otros, demandados y peticionarios; Ángel A. Vázquez González, interventor.

      Número: CC-2003-270

      Resuelto: 13 de mayo de 2005

      Agustín F. Fortuno y Jorge O. Sosa Ramírez, abogados de la parte peticionaria; Juan Jesús Ramírez Rivera y José R. Ramírez Ramos, abogados de la parte recurrida; S'onia Ra-mírez Sanoguet, por derecho propio.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar si es válido un legado de cosa específica y determinada cuando sobre dicho objeto opera la figura del retorno sucesorio.

h-H

El Sr. Juan Ramirez Sanoguet (señor Ramírez Sano-guet) falleció en febrero de 1994. Era soltero y no tenía hijos o descendencia alguna. Sus parientes más cercanos y legitimarios eran sus padres, el Sr. Juan Ramírez Seda (señor Ramírez Seda) y la Sra. Ruth Sanoguet Asencio (se-ñora Sanoguet Asencio).

Unas semanas antes de morir, el señor Ramírez Sano-guet otorgó un testamento abierto en el que dispuso que la mitad de su caudal se le entregara a sus padres y legitimarios. Además, ordenó que la casa donde residía fuera entregada al Sr. Luis Rivera Fábregas (señor Rivera Fábregas) en calidad de legado. Prohibió expresamente que se dividiera el inmueble y expresó que, de ser necesa-rio, debía utilizarse toda la mitad de libre disposición para pagar dicho legado.

El referido inmueble había sido propiedad del matrimo-nio compuesto por los padres del testador. Al divorciarse éstos, el señor Ramírez Seda donó su participación del cin-cuenta por ciento, por partes iguales, a los hijos de su ma-trimonio con la señora Sanoguet Asencio, es decir, al señor Ramírez Sanoguet y su hermana, la Sra. Sonia Ramírez Sanoguet. Un tiempo después, el señor Ramírez Sanoguet compró de su hermana su participación del veinticinco por ciento. Posteriormente, la señora Sanoguet Asencio donó su mitad del inmueble al señor Ramírez Sanoguet, consti-tuyéndose este último como único dueño de la propiedad.

En atención a lo dispuesto por el señor Ramírez Sano-guet en su testamento, el señor Rivera Fábregas reclamó su legado. No obstante, la señora Sanoguet Asencio y la sucesión del señor Ramírez Seda, quien había fallecido unos meses después que su hijo, se opusieron. Adujeron que en virtud del retorno sucesorio, tenían derecho a que se les entregara el inmueble.

Evaluados los planteamientos de las partes, el Tribunal de Primera Instancia sumariamente declaró nulo el legado. Inconforme, el señor Rivera Fábregas acudió al Tribunal de Apelaciones. Dicho foro revocó el dictamen de ins-tancia, tras concluir que, como los legados de cosa especí-fica y determinada se adquieren inmediatamente con la muerte del causante, en la sucesión del señor Ramírez Sa-noguet no quedaba ya un bien sobre el cual podía operar el retorno sucesorio.

De esa sentencia recurren la señora Sanoguet Asencio y la sucesión Ramírez Seda. En síntesis, señalan que erró el Tribunal de Apelaciones al sostener que no aplicaba el re-torno sucesorio a un inmueble donado por unos ascendien-tes a un descendiente que les premurió sin dejar posteri-dad, cuando ese inmueble ha sido objeto de legado. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos.

H-i I — I

A. En Puerto Rico, la norma relativa al retorno sucesorio, que aplica tanto a la sucesión testada como a la intestada —Art. 901 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2654— está consagrada en el Art. 740 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2366 (Art. 740), el cual dispone:

Los ascendientes suceden con exclusión de otras personas en las cosas dadas por ellos a sus hijos o descendientes muer-tos sin posteridad, cuando los mismos objetos donados existan en la sucesión. Si hubieren sido enajenados, sucederán en to-das las acciones que el donatario tuviera con relación a ellos, y en el precio si se hubieren vendido, o en los bienes con que se hayan substituido, si los permutó o cambió.

Los antecedentes históricos del retorno sucesorio se re-montan a los tiempos romanos, cuando la dote pagada por los padres al casarse sus hijas retornaba a ellos si éstas los premorían. J. Vallet de Goytisolo, Panorama del derecho de sucesiones: Fundamentos, Madrid, Ed. Civitas, 1982, T. 1, pág. 935. En España, de donde proviene nuestro Art. 740, el precepto se incorporó al Código Civil de 1889, usando como modelo el código francés. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y forál, 8va ed., Madrid, Ed. Reus, 1979, T. VI, Vol. II, pág. 526. A pesar de que usó como base la disposición francesa, el legislador español se alejó de ésta al ampliar los supuestos en los que podía operar el retorno. Así, el Código Civil español ordena el retorno en la sucesión testada y en la intestada, mientras que en Fran-cia sólo se conocía en la sucesión intestada. Véanse: A. Román García, El derecho de reversión legal: análisis del Art. 812 del Código Civil español, Madrid, Ed. Montecorvo, 1984, pág. 73; L. Gómez Morán, Las reservas en el Derecho español y en el comparado, Madrid, Ed. Reus, 1949, pág. 108.

En Puerto Rico se incorporó la norma a la usanza española. Nuestro Art. 740 corresponde exactamente al Art. 812 del Código Civil español. Además, al igual que en España, la figura del retorno aplica a la sucesión testada y a la intestada. De ahí que nuestro retomo sucesorio, como se expondrá más adelante, se configurara de forma que tuviese un amplio alcance.

B. No hemos tenido ocasión de expresarnos sobre la figura regulada por el citado Art. 740. Esta disposición otorga un derecho condicional a un ascendiente donante que ha de suceder a su descendiente donatario en los bienes que le haya donado, o en lo que haya tomado el lugar de ellos en la sucesión del causante. Se trata de un derecho que surge únicamente cuando ocurre una donación de un ascendiente a un descendiente. Véanse: X. O’Callaghan Muñoz, Compendio de derecho civil: derecho de sucesiones, Madrid, Ed. Edersa, 1987, T. V, pág. 298; J. Santos Briz, Derecho Civil, Teoría y Práctica, Madrid, Ed. Edersa, 1979, T. VI, pág. 597.

Para que aplique el Art. 740 se exige que haya un ascendiente que sea, además, donante, y que el beneficiado por la donación sea un descendiente de éste. En atención al objeto, el Art. 740 dispone que esta sucesión operará sobre el mismo bien donado cuando éste exista en el caudal. Si no existe, pero en su posición se ha subrogado el precio de venta (en caso de que hubiese sido vendido), u otro bien (si es que el objeto de la donación ha sufrido permuta), el retorno operará sobre ellos. Incluso cuando en el caudal no existe el mismo bien donado, ni una cantidad de dinero que haya sido pagada en virtud de una compraventa, ni otro bien que se haya adquirido por permuta con lo donado, el retomo operará sobre las acciones que el descendiente donatario tuviera en relación con el bien.

El ascendiente sucede, entonces, en el bien donado o lo que en su lugar exista en el caudal. Debe notarse que la orden es de suceder y con exclusión de cualquier otra persona. El ascendiente sustituye al causante por causa de muerte y, específicamente, con relación al bien donado. No se expresa, ni es necesario, si esa sucesión es a título de heredero o legatario. En resumidas cuentas, ambas son formas en que se puede suceder. Véase Vallet de Goytisolo, op. cit, pág. 19.

Esta sucesión, sin embargo, que sólo se dará a favor del ascendiente donatario y sobre el objeto donado o lo que haya sustituido al caudal, está sujeta a dos condiciones: (1) que el causante premuera a su ascendiente donante, y (2) que no haya tenido descendencia propia. En ausencia de cualquiera de esas condiciones, el retorno no operará. Véase O’Callaghan Muñoz, op. cit

Ante el supuesto de una donación hecha por un ascendiente a un descendiente, y cumplidas las dos condiciones antes señaladas, inmediatamente después de la muerte del causante operará el retorno sobre el bien donado o lo que en su lugar se encuentre en el caudal. Véase O’Callaghan Muñoz, op. cit Este efecto inmediato no se afecta por la presencia de un testamento, pues como se indicara antes, por disposición expresa del Art. 901 del Código Civil, supra, el retorno sucesorio aplica a la sucesión intestada y a la testada.

Es necesario aclarar que, aunque el retorno sucesorio regula el destino de los bienes donados, una vez acontece la muerte del descendiente donatario en las circunstancias antes descritas, no afectará en nada la plenitud de los derechos que en vida tiene el causante sobre el objeto. Vallet de Goytisolo, op. cit., pág. 946. El descendiente puede gravar, enajenar, donar o de cualquier modo disponer del bien donado por negocio inter vivos sin que el Art. 740 lo impida. M. Royo Martínez, Derecho sucesorio “mor- tis causa”, Sevilla, Ed. Edelce, 1951, pág. 217; Vallet de Goytisolo, op. cit., págs. 944 y 946. Las limitaciones que esta figura impone aplican a la disposición mortis causa de los bienes donados. Véase Royo Martínez, op. cit.

h — I hH HH

La figura del legado se encuentra reglamentada en varias disposiciones del Código Civil. Aunque no suple una definición para este concepto, en el Art. 609 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2091, se expresa que el legatario es quien sucede a título particular, diferente al heredero, que sucede a título universal.

Con referencia al vacío en la definición del legado, Puig Brutau ha expresado que resulta difícil proveer una definición que abarque todos los supuestos en que se puede dar un legado. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1977, T. V, Vol. II, pág. 398. Por eso, nos explica, Lacruz ofrece una definición negativa del legado: cualquier disposición mortis causa que confiera derechos al favorecido pero que no sea una institución de heredero. Puig Brutau, op. cit., pág. 402. Con mayor especificidad, el profesor González Tejera define legado como una atribución que hace el testador a favor de una o varias personas, determinadas o determinables, por la cual ordena a uno o a más de sus herederos, al albacea o, incluso, a otro legatario a que —a su debido tiempo— proceda a ceder o a hacer al legatario un derecho, una cosa o un servicio, o entregar una fracción del activo neto hereditario. E. González Tejera, Derecho de sucesiones: la sucesión testamentaria, San Juan, Ed. U.P.R., 2001, T. II, pág. 390.

A la definición de legado Puig Brutau añade que los legatarios son el tercer grupo de sujetos, después de los acreedores del causante y de la herencia, y de los legitimarios, cuyo interés prevalece sobre el peculiar del heredero y de sus propios acreedores. Puig Brutau, op. cit., pág. 400. De ahí que los legatarios cobren posterior a los acreedores y que su atribución patrimonial pueda ser reducida a peti-ción de los legitimarios si es inoficiosa o excesiva. González Tejera, op. cit, págs. 402-405.

De otra parte, el análisis de la figura del legado debe particularizarse en atención al tipo de legado del que se trate. En cuanto al legado de la cosa específica y determinada, el Código Civil especifica que el legatario adquirirá la propiedad desde que muere el testador (Art. 804 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2493) aunque no pueda ocupar la cosa legada por su propia autoridad, sino que tendrá que pedir la entrega y posesión al heredero o al albacea, si está autorizado para darla. Art. 807 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2496. Se trata de una disposición exclusiva al legado de la cosa específica y determinada del testador, puesto que los demás legados sólo le proveen al legatario un derecho de crédito contra la persona a la que se le ha impuesto el pago del legado. Puig Brutau, op. cit, pág. 412.

Ese derecho a adquirir la propiedad del legado de la cosa específica y determinada del testador desde su muerte misma, sin embargo, no impide que los acreedores, legitimarios o legatarios preferentes puedan cobrar lo que les corresponda, aún a costa del legado de la cosa específica. La propiedad que se adquiere inmediatamente a la muerte del causante en virtud de un legado de cosa específica es especial, condicionada y con consecuencias distintas de la verdadera propiedad. Narváez v. Registrador, 156 D.P.R. 1 (2002). Así, el legatario de cosa específica y determinada propia del testador adquiere la propiedad del legado desde la muerte misma de éste, pero por la subordinación del legado a los intereses de otros sujetos, como los acreedores, legitimarios y legatarios preferentes, éstos pueden obtener luego que se borren los efectos del referido legado. M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y com- pilaciones forales, Madrid, Ed. Edersa, 1981, T. XII, Vol. I, pág. 283.

IV

El testador, señor Ramírez Sanoguet, adquirió el se-tenta y cinco por ciento de un inmueble en virtud de sendas donaciones hechas por sus padres. Posteriormente murió, sin dejar descendencia, sobreviviéndole sus padres y do-nantes del inmueble. En virtud de un testamento abierto, el inmueble fue legado al señor Rivera Fábregas; es decir, a una persona diferente a los ascendientes que le donaron tres cuartas partes de la propiedad.

Al ser instituido el señor Rivera Fábregas como legata-rio de cosa específica y determinada del testador, adquirió la propiedad de ésta desde la muerte misma del señor Ra-mírez Sanoguet. No obstante, conforme señaláramos ante-riormente, la propiedad que adquirió fue especial y condi-cionada, y podía tornarse ineficaz ante el supuesto que lesionara algún derecho preferente. Narváez v. Registrador, supra; Albaladejo, op. cit.

Entendemos que los ascendientes llamados en virtud del Art. 740 a suceder con exclusión de cualquier otra persona en los bienes donados por ellos a un descendiente, que les premuera sin descendencia, forman parte del grupo de sujetos que pueden, mediante el ejercicio de la acción legal pertinente, obtener que se borren los efectos de la adquisición inmediata del legado. Al expresar el Código Civil que el ascendiente donante “sucede con exclusión de otras personas” en un bien donado si se cumplen con las condiciones allí expuestas, y al disponerse expresamente que esa norma aplica en la sucesión testada e intestada, se faculta al ascendiente donante a reclamar que se impida que el objeto donado pase por disposición mortis causa a otro que no sea él mismo. Resulta indiferente si el título por el que el descendiente donatario pretenda disponer del objeto en ocasión de su muerte a favor de un tercero sea el de heredero o el de legatario. El texto del Art. 740 no per-mite otra interpretación que no sea que el ascendiente do-nante llamado tenga preferencia sobre las demás personas, incluido el legatario de cosa específica y determinada, so-bre el objeto de la donación.

No empece las críticas que se puedan hacer a la figura regulada por el Art. 740, supra, por ser foránea a nuestro ordenamiento, o por ser arcaica, como señaló el señor Rivera Fábregas, debe notarse que el legislador decidió incor-porarla en nuestro Código Civil y la hizo aplicable tanto a la sucesión testada como a la intestada. De este modo ins-tituyó otro derecho que, como las legítimas, predomina so-bre la voluntad individual del testador. La decisión de si esa figura es indeseable en nuestro ordenamiento corres-ponde al legislador, que está facultado para eliminarla o modificarla de la manera que estime prudente.

Estando vigente el Art. 740 de nuestro Código Civil, y cumpliéndose en este caso con las condiciones necesarias para su aplicación —es decir, que un ascendiente haya do-nado un bien a un descendiente, que éste haya muerto antes que el ascendiente y sin descendencia propia— los as-cendientes donantes señora Sanoguet Asencio y señor Ramírez Seda (su sucesión) deben suceder con exclusión de cualquier otra persona en las porciones del inmueble dona-das por ellos al señor Ramírez Sanoguet. En cuanto a dichas participaciones en el inmueble, el legado al señor Rivera Fábregas resultó ser inoficioso, por lo que procede reducirse. Véase el Art. 745 (31 L.RR.A. sec. 2371).

Al resolver que el Art. 740 impide que se legue un bien sobre el que operaría dicho artículo coincidimos con un im-portante sector de la doctrina española, que entiende que esta figura le impide al descendiente donatario disponer mortis causa del bien donado. Véanse: Royo Martínez, op. cit., pág. 217; J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Có-digo Civil Español, 8va ed., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. VI, Vol. I, pág. 628. Algunos autores han expresado que esta figura implica la exclusión de la herencia de los bienes do-nados a personas que de otra forma hubiesen tenido dere-cho a suceder en ellos. L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 7ma ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1997, Vol. IV. Otros no se han dirigido al tema específicamente, concentrándose en vez en aspectos de la figura que, dada la parquedad con la que el Código la regula, pueden dar mar-gen a cierta confusión.

V

Lo anterior no dispone enteramente de esta controversia. Según se señalara anteriormente, estamos ante dos donaciones independientes y hechas por personas diferentes. Cada ascendiente donante recibirá, en virtud de lo dispuesto en el Art. 740, en la misma proporción en que donó. De esta forma la sucesión del señor Ramírez Seda recibirá el veinticinco por ciento del inmueble y la señora Sanoguet Asencio recibirá el cincuenta por ciento. El restante veinticinco por ciento, sin embargo, no es ob-jeto del citado Art. 740, puesto que no fue adquirido por el señor Ramírez Sanoguet a título de donación, sino por compraventa. No procede, pues, que se le atribuya esta última participación ni a la sucesión Ramírez Seda ni a la señora Sanoguet Asencio.

La señora Sanoguet Asencio propone, en su alegato, que dicha porción del veinticinco por ciento se refunda en la masa hereditaria. Arguye que, al testador haber prohibido la división del inmueble no procede que se entregue esa participación en el inmueble al señor Rivera Fábregas, en virtud del legado instituido por el testador. No nos con-vence su argumento.

El Sr. Juan Ramírez Sanoguet hizo uso de la facultad que otorga el Art. 1005 del Código Civil, 31 L.RR.A. see. 2871, y prohibió la división del inmueble que legó al señor Rivera Fábregas. El referido artículo dispone, en lo pertinente, que el testador puede prohibir expresamente la división de la herencia salvo en cuanto a los bienes que constituyen la legítima de los herederos. Añade que, en cualquier caso, procederá la división por alguna de las causas que dan motivo a la extinción de la sociedad.

La prohibición que hizo el señor Ramírez Sanoguet de dividir el inmueble no impide que el veinticinco por ciento de éste que no es objeto del retorno se le entregue al señor Rivera Fábregas como legado. La prohibición en la división de una herencia afecta la identidad de las personas que deban recibir determinado bien de ésta. El artículo no se refiere a la exclusión de sujetos en la herencia, sino al trato que ha de dársele al objeto afectado por la prohibición. Además, si el argumento implícito de la señora Sanoguet Asencio es que para respetar la prohibición de división que hiciera el testador no se puede atribuir el inmueble a más de una persona, éste se desploma ante la operación del Art. 740 cuando existen dos ascendientes donatarios distintos, uno de ellos sustituido por las varias personas que constituyen su sucesión, sobre un mismo objeto. Ante la realidad innegable que este inmueble ya pertenece en diferentes proporciones a varias personas, no puede objetarse que se sume una más, sobre todo aquella que el testador quería instituir como propietaria de la casa, por razón de la prohibición de división.

Al resolver de esta manera, actuamos conforme a nuestro ordenamiento sucesorio, que dispone que las cláusulas testamentarias no deben interpretarse de forma aislada y ajena a la voluntad del testador que se desprenda del conjunto de todas ellas. Véase Licari v. Dorna, 148 D.P.R. 453, 462 (1999). Además, nuestro rol es cumplir con la voluntad del testador en lo que no sea contraria a la ley. Torres Ginés v. E.L.A., 118 D.P.R. 436, 445 (1987).

De acuerdo con todo lo anterior, procede que el inmueble se le atribuya a la señora Sanoguet Asencio en la misma porción en que ella lo donó a su hijo premuerto sin descen-dencia; a la sucesión del señor Ramírez Seda en la misma proporción en que éste hizo la donación a su hijo premuerto sin descendencia, y en el remanente al señor Rivera Fábre-gas en calidad de legatario. Lo anterior, por supuesto, está sujeto a que se efectúen los trámites sucesorios necesarios, incluyendo el pago de las deudas del caudal.

VI

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el dicta-men del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez concurrió con el resultado sin opinión escrita.

      C1) Dicha casa está ubicada en la calle Fátima de la urbanización El Palmar en Isla Verde (en adelante denominado el inmueble o la propiedad).

       Otra diferencia notable es que en Francia, si el objeto donado había sido enajenado por una venta, el ascendiente donante sólo podía suceder en cuanto al precio que aún quedara por pagar. Además, los otros supuestos de subrogación que se incluyeron en el Art. 812 del Código Civil español, equivalente al Art. 740 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2366, no formaban parte de la norma francesa. A. Román García, El derecho de reversión legal: análisis del Art. 812 del Código Civil español, Madrid, Ed. Montecorvo, 1984.

        s) De ahí que no nos convenza el razonamiento del Tribunal de Apelaciones. En síntesis, ese foro determinó que el legado remueve el objeto de la sucesión de forma que, al abrirse, no se encuentra ya el objeto y no hay nada que pueda retornar a los ascendientes. Esa conclusión sería contraria al claro texto del Art. 740, supra, que dispone que el ascendiente sucederá con exclusión de otras personas, tanto en la sucesión testada como en la intestada, Art. 901 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2654. Al legislador expresar que aplicaba el retomo en la sucesión testada, no hizo distinción entre la sucesión a título de legatario y aquella a título de heredero. Al ambas formas sucederse por testamento, quedaron afectadas por el retorno sucesorio.
      Además, conforme señaláramos, la adquisición de la propiedad del legado de cosa específica es especial y sucumbe ante derechos que hayan sido tratados prefe-rentemente por el legislador. El texto usado en la disposición sobre el retomo suce-sorio —su aplicación a la sucesión testada y su inclusión en la parte del Código Civil que regula las legítimas— indican un trato privilegiado en cuanto a este derecho.

       Así ocurrió en Francia en 1972, cuando el legislador francés derogó el Art. 747, quedando así fuera de su código la disposición análoga a los Arts. 812 español y 740 puertorriqueño. Véase E. González Tejera, Derecho de sucesiones, San Juan, Ed. U.P.R., 2001, T. 1, pág. 364.

      6) Así ocurre, por ejemplo, con X. O’Callaghan Muñoz, Compendio de derecho civil: derecho de sucesiones, Madrid, Ed. Edersa, 1987, T. V, pág. 298, con M. Alba-ladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Edersa, 1982, T. XII, Vol. I, pág. 144, con F. Bonet Ramón, Compendio de Derecho Civil, Madrid, Ed. Edersa, 1965, T. V, pág. 606, y con J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 8va ed., Madrid, Ed. Reus, 1979, T. VI, Vol. II, pág. 528. De lo expuesto por estos autores, sin embargo, tampoco podría sostenerse que el legado de cosa específica y determinada derrote la operación del retomo sucesorio. Los prime-ros tres tratadistas opinan que los bienes objeto del retorno conforman una sucesión especial, separada y distinta de la sucesión ordinaria del causante. Según estos au-tores, será esta última sucesión, y no la primera, la que deba responder por el pago de legítimas y a base de la cual se calcularán tanto éstas como la parte de libre disposición. Castán, por su parte, sostiene que el retomo alcanza incluso los bienes que el descendiente donatario hubiese donado en vida a otra persona. Ante tales exposiciones, difícilmente se podría argüir que estos autores de forma alguna favo-recen que el legado sustraiga de la sucesión del causante la cosa donada de forma que no pueda aplicarse el retomo sucesorio.

       Por ejemplo, por muchos años los autores discutieron el efecto que la descen-dencia no legítima del descendiente donatario pudiese tener sobre el retomo. Véase J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1973, T. VI, Vol. II. Tras la reforma en la legislación española de los años setenta y ochenta del siglo pasado, el debate se tomó académico, puesto que la descendencia adoptiva y la habida fuera de matrimonio vieron sus derechos equiparados a la llamada descendencia legítima. Véase Albaladejo, op. eit., pág. 135.

       Según se desprende del expediente, aún quedan múltiples trámites de la sucesión que deben llevarse a cabo, entre ellos el pago de las cuantiosas deudas que dejó el causante y por las cuales debe responder todo el caudal, incluidos los bienes objeto de retorno sucesorio.