author: El Juez Asociado Se. Wole

text:
    Ponce Lighter Company, Apelada, v. El Municipio de Ponce et al., Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 764.
    Resuelto originalmente en mayo 24, 1912.

       Resuelto en reconsideración en junio 20, 1913.
    Contribuciones por Patentes de Industria y Comercio — Facultades de los Municipios en Puerto Rico para Imponerlas — Constitución—Comerció Entre Estados. — La demandante en este caso es dueña de varios ancones .situados en el.puerto de Ponce y dedicados a la carga y descarga de.vaporeü procedentes de los Estados Unidos y del extranjero. El municipio de Ponee, de acuerdo con la Ley Municipal de marzo 8, 1906, votó una ordenanza para reglamentar la imposición y cobro de contribuciones por patentes de industria y comercio y entre otras cosas impuso dichas patentes a los lanchones marí-timos clasificándolos en tres clases e imponiendo una patente máxima de $10 por cada lanchón. Se resolvió:
    1. Que aun en el supuesto de que los ancones de la compañía demandante fueran embarcaciones que pudieran dedicarse al comercio entre Estados y se utilizaran únicamente para descargar barcos que navegaran exclusivamente entre los Estados Unidos y Puerto Eico, dichos ancones no estarían exentos 'de la contribución que les ha sido impuesta por el municipio de Ponee.
    2. Que la sección 12 de la Ley Eoraker autoriza al Gobierno Insular y al municipal para imponer contribuciones por patentes de industria y comercio de cualquier naturaleza que sea.
    3. Que la contribución impuesta por el municipio de Ponce a la compañía demandante no es inconstitucional ni constituye un gravamen sobre el comercio entre Estados.
    4. Que todo barco tiene una residencia (situs) para los fines de imponerle contribución, cuyo sitio generalmente es el puerto del domicilio de la com-pañía propietaria.
    RECONSIDERACIÓN DE SENTENCIA.
    Reconsideración de Sentencia. — La parte demandante solicitó la reconsideración de la sentencia dictada en este caso entre otros fundamentos, porque la con-tribución impuesta por el municipio de Ponee constituye una ocupación sobre la industria de anconaje, cuya industria en este caso tiene el carácter de comercio entre Estados, habiendo pagado ya la compañía demandante la con-tribución correspondiente sobre el valor de los ancones. Se resolvió:
    1. Los ancones de la compañía demandante no pueden ser considerados como embarcaciones dedicadas al comercio entre Estados, pues aun cuando estos ancones se dedican a descargar vapores que vienen de los Estados Unidos y del extranjero, por lo que respecta al puerto de Ponee puede decirse que al anclar el barco ha terminado su viaje y los ancones de la compañía deman-dante empiezan a prestar servicios después que ese viaje ha sido consumado.
    2. Es el deber de los tribunales acatar la voluntad del poder legislativo expresada por medio de sus leyes y nunca debe ser declarada nula una ley por inconstitucional, al menos que se pruebe fuera de toda duda razonable que •dicha ley es contraria a la Constitución, pero cualquier duda en ese sentido •debe ser interpretada a favor de la validez de la ley.
    3. El mero hecho de que una compañía esté dedicada al comercio entre Estados no impide el que esté sujeta al pago de contribución de patentes do industria y comercio por ejercer dicha industria o comercio, siempre y cuando •que la ley u ordenanza que imponga dicha contribución sea uniforme y no establezca distinciones perjudiciales.
    4. El hecho de que la contribución de patentes de industria y comercio sea impuesta a la compañía demandante clasificando en tres clases los ancones, según el tonelaje de cada uno, no transforma la naturaleza de. dicha .contri-bución en impuesto de tonelaje, ni invalida dicha ordenanza.
    5. La ley de julio 14, 1906', reglamentando el servicio de muelles y puertos de Puerto Eico no ha derogado los preceptos de la ley municipal de 1906 autorizando a los municipios para imponer contribuciones de patentes de industria y comercio.
    6. No hay nada en la Ley Foraker que limite las facultades del Gobierna Insular y de los municipios de Puerto Eico en el sentido de prohibirles im-poner contribuciones de patentes de industria y comercio.
    7. Examinada la demanda la corte llega a la conclusión de que los ancones en cuestión no están dedicados exclusivamente al comercio entre Estados.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Nemesio IR. Canales.

    Abogado de la apelada: Sr. José A. Poventud.

      Este 'caso no.'fué insertado' en el tomo 18 por estar pendiente de reconsideración;

   El Juez Asociado Se. Wole

emitió la opinión del tribunal.

Se inició este pleito mediante una demanda que fue pre-sentada en la corte municipal de Ponce. Los demandados formularon una excepción previa a la. demanda y al ser ésta desestimada, formularon su contestación en la que virtual-mente admitían todos los hechos de la demanda. La corte municipal declaró con lugar la demanda, adoptando en sustancia la corte de distrito aquel procedimiento. Los hechos con-tenidos en la demanda son sustancialmente los siguientes:

Que la corporación demandante es y ha sido desde antes de enero 1 de 1909, una corporación creada con arreglo a las leyes de Puerto Eico y es dueña y posee en el puerto de Ponce 23 ancones, con los que se dedica y se ha dedicado siempre en el expresado puerto de acuerdo con sus cláusulas de incor-poración, al negocio de descargar las mercancías, efectos y demás carga traída a este puerto de Ponce por vapores y bu-ques procedentes del extranjero y de los puertos de los Esta-dos Unidos, dedicándose también a cargar los mismos con mercancías, efectos y demás cargas que de este puerto salen para el extranjero y otros puntos y puertos de los Estados Unidos, siendo este negocio absolutamente indispensable para que dichos vapores y buques, ocupados en el comercio y trans-porte de carga entre los Estados de la Unión, las naciones extranjeras y Puerto Eico, puedan descargar sus expresa-das mercancías y efectos en este' puerto como asimismo trans-portarlos de aquí para los referidos puntos, debido ello a la circunstancia de ser la había y puerto de esta ciudad de Ponce snmanente llano, qne todos los indicados vapores y bnqnes tienen qne anclar y fondear como a media milla próxi- ' mámente de distancia de tierra.

Qne en la playa de la municipalidad de Ponce no existe ni lia existido, ningún muelle, atracadero n otro adelanto o construcción perteneciente al municipio demandado, qne nti-lice o pueda ntilizar la' demandante en sn referido negocio de anconaje, ejerciendo el mismo exclnsivamente en el pnerto de Ponce, qne es propiedad, y está bajo la absoluta jurisdic-ción del Almirantazgo del Gobierno de los Estados Unidos.

Qne el municipio de Ponce es una corporación municipal creada por las leyes de Pnerto Eico, con capacidad, para de-mandar y ser demandada, siendo los otros dos demandados el Tesorero e investigador municipal del mismo, encargados de cobrar y recaudar las patentes y derechos de industria y comercio impuestos por el referido municipio de Ponce.

Que la demandante tiene, y ba tenido desde antes de 1 de enero de 1909, además, un contrato con la corporación extranjera “The New York & Porto Rico Steamship Co.” para descarga de sus vapores en este puerto de Ponce, ha-ciendo viajes dichos vapores, con carga y pasajeros, entre los puertos de New York City, New Orleans, San Juan y Ponce.

Que la demandante paga y ha pagado siempre, contribu-ciones insulares y municipales al Tesorero de Puerto Rico sobre el valor de sus referidos ancones, de acuerdo con las leyes de esta Isla sobre esa materia; de cuyas contribuciones sobre la propiedad el municipio de Ponce recibe y ha recibido siempre su parte proporcional.

Que en virtud de una “Ley para reglamentar el servicio de muelles y puertos en Puerto Rico,” aprobada por la Legis-latura Insular en 14 de julio de 1906, dicha demandante tiene y ha tenido siempre registrados todos sus expresados lan-chones en la oficina del Capitán de Puerto de Ponce, pagando también los derechos anuales que esa ley impone por obte-ner, como tiene y ha tenido siempre obtenidas, las corres-pondientes licencias de la capitanía de puerto para poderse dedicar al indicado negocio de anconaje.

Que la actora lia tenido que obtener, como tiene obtenida otra licencia para trasportar mercancías con sns lanchones en el Puerto de Ponce, librada por el Colector de Aduana de San Juan, P. R., previa fianza que tiene allí prestada de $4,000 por ejercer dicho negocio, todo ello de acuerdo con los “Customs Regulations of the U. S. of 1899.” Luego sigue una copia de la licencia.

Que el municipio de Ponce para el año económico de 1910 a 1911, y en ’junio de 1910, aprobó una ordenanza para la imposición y cobranza de patentes de industria y comercio, o sea para el cobro de derechos sobre licencias por el ejer-cicio de ciertos negocios, siendo la parte de esa ordenanza que se refiere al negocio de la demandante, coino sigue:

“Ordenanza para la imposición y cobranza de la tarifa para pa-tentes de industria y comercio para el año económico de 1910 y 1911.
“Por cuanto, según las disposiciones de la ley votada por la Asam-blea Legislativa de Puerto Rico titulada “Ley para establecer un sistema de Gobierno Local” y para otros fines, aprobada en ocho de marzo de 1906, los concejos municipales tienen facultades para derivar sus rentas del producto de cualquier patente comercial o industrial impuesta de acuerdo con las disposiciones de' dicha ley.
“Por cuanto, el concejo municipal de Ponee tiene necesidad de cubrir parte de los gastos de su presupuesto para el año económico de 1910 a 1911 con el producto de las patentes fie industria y comercio.
“Por cuanto, todas las patentes municipales para el ejercicio de 1910 a 1911 y todas las contribuciones que hayan de imponerse por el municipio para ser recaudadas durante el propio ejercicio se ajus-tarán a los términos de la ley antes citada y de la que enmendó la sección 74 de la misma, aprobada en marzo 14 de 1907.
“Por tanto, ordénese por el concejo municipal de Ponce: Sección Unica. Que durante el año económico que comenzará en primero de julio de 1910 y terminará en 30 de 1911, en los subsiguientes, mientras que por el concejo no se dispusiere otra cosa, se impongan y cobren para cubrir las atenciones del municipio, contribuciones por patentes de industria y comercio con sujeción a la siguiente: Tarifa para paten-tes de industria y comercio. Grupo 8o. Misceláneas. Lanchones Ma-rítimos. Clase Ia. de más de 30 toneladas, $10. Clase 2a. Hasta 30 toneladas, $8. Clase 3a. Hasta 10 toneladas, $4.”

Que por otra ordenanza del mismo municipio, aprobada en el mismo mes y año que la anterior, para regular el cobro de patentes e impuestos municipales y otros fines, se establece que, para el ejercicio de cualquier negocio u ocupación de los comprendidos en las tarifas acordadas por el concejo municipal, entre las que se encuentra la que se deja transcrita en el liecbo anterior, es indispensable que los que deseen estable-cerlo presenten una solicitud al tesorero municipal, especifi-cando la naturaleza y clase del mismo. También se dispone en esta ordenanza que incurrirá en multa de $2 a $50 según la cuantía de la cuota contributiva, toda persona que empren-diere negocios sin la patente expedida. Luego siguen algu-nas prescripciones que determinan mas claramente la natu-raleza de la ordenanza. Luego continúa la demanda expre-sando que los demandantes pagaron al municipio de Ponce la cantidad de $190 siendo esa suma el importe de la contri-bución o patentes municipales correspondientes al año 191.1, e igual suma por el año que terminó en 1910. Se expresa ade-más en la demanda que la fijación de tales contribuciones está en pugna con las siguientes disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos: Enmienda 14, artículo 1°., sección 8a., párrafo 3; artículo 4°., sección 3, párrafo 2; artículo 1°.. sección 10, párrafo 3; y es contrario a las siguientes leyes Federales: artículos 34, 13, 9, 14 y 38 de la Ley Foraker; Ley del Congreso de marzo 3 de 1899; secciones 4385 y 1891 de los Estatutos Revisados de los Estados Unidos; y “Customs Regulations of 1899,” artículos 1079, 1104, 1105 y 1107. Alega la demandante que con arreglo a esta prohibición de la Constitución y Leyes Federales tiene derecho a estar exenta dé las expresadas contribuciones o patentes municipales me-diante devolución de las mismas.

La corte inferior resolvió debidamente que el Estado podía cobrar contribuciones así como también que el municipio tenía derecho a fijar contribuciones para explotar un negocio, y que la contribución fijada por el municipio no sería inválida, y se hicieron citas de autoridades, pero la corte sostuvo la demanda por otras razones.

La alegación principal hecha por la demandante y ape-lada es que el cobro de estas contribuciones por parte de la municipalidad de Ponce constituye un gravamen indebido al comercio entre Estados y es por tanto inconstitucional y nulo. La corte cita numerosas autoridades en apoyo de este principio: Sinnot v. Davenport, 22 How., 227; Foster v. Davenport, 22 How., 246; The Daniel Ball, 10 Wall, 557; Moran v. New Orleans, 112 U. S., 69; Gloucester Ferry Co. v. Pennsylvania, 114 U. S., 196; Robbins v. Shelby County, 120 U. .S., 489; Leloup v. Port of Mobile, 127 U. S., 640; Lyng v. Michigan, 135 U. S., 161; Crutcher v. Kentucky, 141 U. S., 47; Ficklen v. Shelby Co., 145 U. S., 1; Brennan v. Titusville, 153 U. S., 297; Telegraph Co. v. Adams, 155 U. S., 695; Osborne v. Florida, 164 U. S., 652.

El principal caso sobre este punto es el de Leloup v. Port of Mobile, 127 U. S., 640.

En la página 648 de ese volumen la corte dice lo siguiente:

“En nuestra opinión tal interpretación de la Constitución nos lleva a la conclusión de que ningún Estado tiene derecho a imponer una contribución sobre el comercio entre Estados en forma alguna, ya sea a manera de impuestos fijados sobre la transportación de los efec-tos de ese comercio, o sobre los beneficios obtenidos por dicha trans-portación, o sobre la ocupación o negocio de llevarlo a efecto; y la razón es que tal contribución es un gravamen sobre ese comercio y equivale a una reglamentación del mismo, lo cual pertenece exclusiva-mente el Congreso. Este ha sido el resultado a que se ha llegado en un sinnúmero de recientes casos, haciéndose casi innecesario el hacer citaciones. ’ ’

Pero la corte continúa expresándose en los siguientes tér-minos :

“Podemos repetir aquí lo que a menudo hemos dicho antes, que esta exención del comercio entre Estados y extranjero de la reglamenta-ción del Estado no impide a éste fijar una contribución a la propiedad de aquellos que se dediquen a dicho comercio y cuya propiedad esté situada dentro del Estado, de igual modo que se fija una contribución a cualquier propiedad de otros ciudadanos, ni de reglamentar ciertas cuestiones de interés local qua puedan indirectamente afectar, al co-mercio; así como aquellas que se relacionan con el muellaje, pilotaje, y otras semejantes. No hace mucho que estuvo sometida a nuestra consideración la cuestión referente al derecho de fijar una contribución a la propiedad de una compañía de telégrafo, en el caso de Western Union Telegraph Co. v. Massachusetts, 125 U. S., 530.”

Suponiendo por un instante que estoja lanchones de la de-mandante son embarcaciones o medios de transporte del co-mercio y que corresponden a la' clase de embarcaciones que podrían dedicarse al comercio entre Estados, resulta claro de la demanda, que dichos lanchones no solamente están some-tidos al comercio entre los Estados Unidos y Puerto Rico, sino que también se usan para descargar buques que proce-den de puertos extranjeros. Considerando las admisiones de la demanda, no podría decirse que esta compañía se dedica exclusivamente al comercio entre los Estados Unidos y Puerto Rico y aun cuando estos lanchones fueran embarcaciones per-tenecientes a una compañía incorporada en Puerto Rico y que viajan solamente entre el puerto de Ponce y el puerto de New York, las autoridades se expresan claramente en el sen-tido de que aun en ese caso estarían sujetas a la fijación de una contribución local. Se establece una diferencia entre alguno de los casos citados por el juez de distrito en el caso de Old Dominion Steamship Co. v. Virginia, 198 U. S., 308, en los que la misma corte establece la diferencia de que los barcos o embarcaciones que se encuentren temporalmente en un puerto no están sujetos a la fijación de una contribución por el G-obierno de la jurisdicción, sino que debe imponerse la contribución en los puertos de sus matrículas en donde tienen su lugar (situs). Cuando tienen su sitio (situs) en determinado Estado, se dice en la opinión, que quedan incor-porados a los otros bienes muebles del Estado. El principio relativo al derecho a quedar exento de la fijación de una con-tribución y sus excepciones, se acentúa aún más en el caso de Atchison, Topeka and Santa Fe Railway Co. v. Sowers, 213 U. S., 55. De nuevo la Corte Suprema en el caso de Southern Pacific Co. v. Kentucky, 222 U. S., 63, suscita la cuestión de que cualquier barco tiene un lugar (situs) donde puede fijársele una contribución y recientemente en el caso de Gromer v. The Standard Dredging Co., 224 U. S., 362, tanto en la opinión de la mayoría como en el voto particular, la corte resuelve y presenta de modo claro el liecho de que todo barco tiene un lugar (situs) donde puede fijársele una contribución. Además, estos lancbones de la demandante estaban sujetos a alguna jurisdicción y al pago de una contribución. No se encontraban dentro de la jurisdicción exclusiva de los Esta-dos Unidos. Por el hecho de que estuvieran en el puerto de Ponce y no se encontraran agregados a algún muelle o embar-cadero no están exentos de que se les imponga una contribución. (Gromer v. Standard Dredging Co., citado anteriormente.

Alga además la apelada.que la contribución fijada a estos lancbones es nula e inconstitucional por ser un impuesto de tonelaje. Propiamente hablando, la contribución fijada no es una por tonelaje porque ella no es proporcional al ver-dadero tonelaje de los lancbones, pues divide dichos lancbones en tres clases, de acuerdo con su actual capacidad o tonelaje. En los casos de State Tonnage Tax Cases, 12 Wall., 204, y siguientes, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ba declarado que las contribuciones fijadas con arreglo a cada tonelada de las que se encuentren registradas, es contrario a una prohibición de la Constitución, y que el caso, no varía por el hecho de que los barcos no solamente perte-necían a ciudadanos de los Estados Unidos, sino que se encon-traban dedicados exclusivamente al comercio en sitios com-prendidos entre los Estados. Sin embargo, el objeto de esta prohibición contra la fijación de un impuesto por tonelaje es el de evitar que los Estados impongan contribuciones a barcos por el mero privilegio de que gozan, de entrar a' un puerto o puertos de los respectivos Estados. El propósito de la pro-hibición fue el de no establecer ninguna restricción en el libre tráfico de barcos entre puerto y puerto. En el caso de Transportation Co. v. Parkersburg, 107 U. S., 698, la corte esta-blece una diferencia entre lo que es y no es un derecho por tonelaje y lo define como un derecho que se fija sobre un barco por el privilegio que tiene de arribar a un puerto. En este caso se declaró válido un derecho de muellaje que se había fijado tomando-en consideración la capacidad de los barcos por tonelada. Otro caso en el que aparece igual distinción es el de Cannon v. New Orleans, 20 Wall., 577. Estos lan-chones no eran embarcaciones según el sentido en que gene-ralmente esa palabra se usa, ni viajaban entre puerto y puerto. Estaban dedicados exclusivamente al negocio de anconaje en el puerto de Ponce.

Oreemos además que el artículo 12 de la Ley Orgánica auto-riza a los Gobiernos insular y municipal para imponer una contribución por una licencia o negocio de cualquier clase que se lleve a efecto dentro de los límites reconocidos de la municipalidad. La municipalidad qra un mandatario de El Pueblo de Puerto Eieo y toda clase de negocios obtiene la protección del Estado y del municipio por medio de orde-nanzas que emanan del municipio, de la sanidad o del poder administrativo.

Antes de que podamos confirmar la sentencia en este caso hubiéramos tenidos necesidad de resolver que el comercio entre New York y Puerto Eico es comercio entre Estados, según el significado relativo al comercio entre Estados a que se refiere la cláusula de la Constitución de los Estados Uni-dos. Puesto que nuestra sentencia es revocatoria, no creemos necesario discutir esta cuestión. La sentencia debe revocarse y dictarse otra a favor de la demandada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sr. Presidente Plernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.

HabxbNdosb pResentado con posterioridad una moción de reconsideración de sentencia, se celebró una segunda vista, y el Juez Asociado Sr. Wolf, en junio 20, 1913, emitió la si-guiente opinión del tribunal:

■ Varios son los fundamentos y razonamientos sometidos a nuestra consideración para la reconsideración de este caso.

(a) La parte apelada al discutir la primera opinión emi-tida en este caso, trata de la cita' que hicimos allí del final de la opinión emitida en el caso de Leloup v. Mobile, 127 U. S., 648, 649, y sostiene en sustancia, que la Corte Suprema en ese naso se limitó a excluir la contribución sobre la propiedad de la regla en dicho caso establecida; que en el caso de autos :se trata de contribución impuesta exclusivamente sobre el negocio u ocupación de anconaje; que el anconaje a que se dedica la parte apelada en este caso tiene el carácter de co-mercio entre Estados y que la parte apelada ha pagado con-tribución sobre el valor de los ancones.

Una gran parte de los informes de las partes en este caso trata la cuestión de jurisdicción para imponer contribución a éstos ancones, sosteniendo la parte apelada, o sea el deman-dante, en la corte inferior, en el párrafo 2o. de la demanda, -que el puerto de Ponce está bajo la jurisdicción exclusiva del Almirantazgo de los Estados Unidos. La apelada no ha vuelto a reiterar esta cuestión del almirantazgo, la cual ha sido definitivamente resuelta en el caso de Gromer v. The Standard Dredging Company, 224 U. S., 362. Pero en el caso de Leloup v. Mobile, la corte también dijo lo siguiente:

“A las ocupaciones corrientes se les imponen contribuciones de distintas maneras y en la mayoría de los casos están legalmente impuestas. Pero no podemos comprender cómo puede un Estado imponer contribución a una ocupación comercial, si no puede impo-ner la contribución al negocio en sí. Desde luego que el cobro de una contribución por concepto de licencia como condición previa para ejercer determinado negocio, constituye una contribución sobre la ocupación, y tal - clase de impuesto indudablemente es una con-tribución sobre el negocio en sí. .

■ Nosotros creimos y seguimos creyendo que en - el caso de Leloup v. Mobile, la Corte Suprema de los Estados Unidos manifestó su intención de no tratar de reglamentar asuntos que por su naturaleza esencial eran de carácter local. La parte apelada sostenía que los ancones situados en el puerto de Ponce estaban fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Esta cuestión de jurisdicción no sólo fue planteada por la parte apelada en el párrafo 2o. de su demanda, sino que además el abogado al citar en la demanda las leyes que él creyó que habían sido infringidas por el municipio, citó artículos de la Ley Foraker y de los Estatutos Revisados de los Estados Unidos que necesariamente hacen referencia a cuestiones de jurisdicción marítima, y para demostrar aún más el principio que establecen las citas del caso de Leloup v. Mobile, véanse los casos de Pullman’s Palace Car Company v. Pennsylvania, 141 U. S., 23; Brennan v. Titusville, 153 U. S., 303. Tanto en el alegato de la parte apelada como en lá opi-nión del tribunal sentenciador en la cual se apoya en gran parte la apelada, se citan casos en los cuales la corporación o persona a quien se ha impuesto la contribución y que im-pugna la ley u ordenanza que la autoriza, era una corpora-ción o persona que no estaba sujeta a la jurisdicción local o que representaba a una corporación o persona que tampoco lo estaba.

No hemos pasado por alto el hecho de que la apelada alegó que ejercía el comercio entre Estados, pero lo que se deducía principalmente de la demanda era que tal comercio entre Estados no podía ser reglamentado por Puerto Rico por ser ejercitado dicho comercio en aguas fuera de su jurisdicción. Bajo tales circunstancias, ya consideremos la contribución como una contribución sobre la propiedad o sobre una ocu-pación, las razones para declararla nula coincidirían. Estos ancones que es de presumir estaban en el puerto de Ponce, no podrían, por tanto, estar sujetos al poder contributivo de Puerto Rico sino por medio de una contribución sobre la fran-quicia de la corporación del país como tal.

(5) En nuestra opinión original expresamos la duda acerca de si estos ancones eran en realidad medios o instru-mentos para el comercio. Surgió la idea de que probable-mente estas pequeñas embarcaciones solamente se utilizaban después que había quedado consumado el negocio entre Es-tados. El hecho de que en otros puertos sé necesiten embar-caciones o ancones para rendir el viaje, no es aplicable a este caso, si la embarcación ha llegado a su destino. En Ponce y en otros puertos el barco que entra, ancla en la bahía den-tro de la jurisdicción de Puerto Eico y puede estimarse que el viaje entre Estados ha sido rendido. Además, ya hemos tenido ocasión de ver en el caso de Pagán López y Compañía v. Mayagüez Dock and Shipping Company, 18 D. P. R., 396, que en siete conocimientos de embarque de la “New York and Porto Rico Steamship Co.,” dicha compañía reclamaba el derecho de poder entregar al consignatario a opción del capitán, las mercancías al costado del buque o alquilar anco-nes por cuenta de los dueños de las mercaderías descargán-dolas en ellos. Besolvimos en dicho caso que el consigna-tario podía ejercitar el mismo privilegio de opción. Desco-nocemos si este privilegio de opción se hace constar en todos los conocimientos de embarque, pero si así fuera, demuestra claramente que el viaje entre Estados termina, según pode-mos razonablemente presumir, al anclar el barco. Tal vez los hechos en dicho caso no estén directamente sometidos a esta corte, pero creemos que para que la demandante ale-gara una causa de acción era necesario que expresara que la “New York and Porto Rico Steamship Co.” por medio de sus contratos o por otro medio, se obligaba a hacer el transporte de pasajeros y carga a la playa.

(c) En la opinión original hicimos alusión al hecho de que los ancones de la [Darte apelada se utilizaban no solamente en el comercio entre Estados, sino también con el extranjero y la apelada hace hincapié en esta manifestación para expresar que el comercio con el extranjero también está bajo la dirección exclusiva del Congreso. Lo que en realidad teníamos en nuestra mente, y más adelante discutiremos el punto, fué que estos ancones no podía presumirse que pertenecieran a un comercio de índole especial, sino de un carácter general. Eso también se deduce de otro modo de la demanda misma. En el párrafo 4o. de ésta, la demandante alega que tiene un contrato con la corporación extranjera “The New York and Porto Eico Steamship Co.” que hace viajes con carga y pasa-jeros entre los puertos de New York, New Orleans, San Juan y Ponce. Si aun ésta no fuera una manifestación especí-fica, la corte tendría conocimiento judicial del itinerario de las líneas de vapores y de que dicha compañía no sólo se de-dica al comercio entre Estados sino también intraestados en los distintos puertos de Puerto Eico y este comercio intra-estado en lo que toca al transporte marítimo es casi exclusivo de dicha compañía. El contrato de la “Ponce Lighter Company” con la “New York and Porto Rico Steamship Co.,” según se desprende del mismo párrafo, es descargar los vapores de dicha compañía.

(d) Ahora se aducen nuevos argumentos en apoyo de la reconsideración de este caso, los cuales aunque no alteran la opinión en definitiva de esta corte, hacen él que sea conve-niente tratar de explicar de una manera más amplia entre otras cosas, la índole de la cuestión constitucional envuelta y la significación verdadera de lo que es carga o gravamen sobre el comercio entre Estados.

El municipio de Ponce ha cobrado derechos de patentes a la apelada por utilizar determinados ancones en el puerto de Ponce, y la apelada, habiendo pagado dichas patentes bajó protesta trata ahora de recobrarlos. La corte inferior al emitir su opinión específicamente hace constar que no es su intención el declarar nula la ordenanza del municipio que impone los derechos de patentes y, al parecer, sólo resolvió que dicho municipio no-tenía derecho a cobrarlas a la apelada por estar ésta dedicada al comercio entre Estados. De modo que nos encontramos al parecer con una sentencia que declara inconstitucional el ejercicio de determinada facultad por una comunidad y, por tanto, que declara que la ordenanza es nula e inconstitucional en lo que respecta a la apelada, cuya reso-lución a nuestro juicio equivale a decir que un Estado no puede cobrar derechos de patentes por el ejercicio del comer-cio a aquella parte de sus ciudadanos que se dedica al comer-cio entre Estados y que un individuo o corporación queda exento de la carga del pago de contribuciones pagadas por otra parte de la comunidad que se dedica al mismo comer-ció u otro parecido, .por el mero -hecho de que este comercio es de la índole de entre Estados y no interior. Asumimos por lo menos de momento, que la apelada está dedicada exclu-sivamente al comercio entre Estados.

Es el deber del tribunal seguir la voluntad de la legisla-tura, al menos que el derecho que se trata de ejercitar sea claramente contrario a la Constitución. Mr. Cooley, en su obra “Constitutional Limitations,” página 216, dice:

“Un jurisconsulto eminente ha dicho que cuando se acude a los tribunales para que declaren la nulidad de' una ley aprobada con todas las formalidades y ceremonias necesarias para que tenga la fuerza de tal, dichos tribunales tratarán la cuestión con gran cau-ción, la estimarán bajo todos sus aspectos y la discutirán mientras su deliberación y detenido estudio pueda arrojar alguna luz sobre ella y nunca declararán nula una ley, al menos que la nulidad de la ley quede establecida a su juicio fuera de toda duda razonable. Esta debe ser resuelta en sentido favorable al poder legislativo y declarar válida la ley.
“La cuestión de si una ley es nula por estar en oposición a la constitución es siempre muy delicada, que debe muy raras veces ser resuelta en sentido afirmativo en casos de duda. El tribunal cuando se ve en el deber de pronunciar sentencia en ese sentido, no sería digno de su jerarquía si no tuviera presente la obligación solemne que le impone el cargo; y ni las deducciones ligeras ni las conjeturas abstractas podrán servir de fundamento para declarar que la legislatura se ha excedido en sus poderes y que sus leyes son nulas. La contradicción entre la constitución y la ley debe ser tal que el juez sienta una convicción clara y terminante de la incom-patibilidad entre ambas. El Juez 'Washington aduce una razón en apoyo de esta doctrina, que ha sido enunciada repetidas veces en otros casos que ya hemos citado. Después de expresar la opinión de que la cuestión especial que allí se trataba y que la constitucionalidad de una ley de un Estado que allí se debatía estaba envuelta en gran dificultad y duda, dijo él: ‘Pero si yo pudiera fundar mi opinión a favor de la constitucionalidad de la ley que se discute aunque no fuera nada más que en la duda que tengo y que reconozco, eso por sí solo sería a mi juicio una defensa suficiente a favor de ella. El presumir que toda ley es válida hasta que se pruebe fuera de toda duda razo-nable que infringe la constitución, no es más que tributar el respeto debido a la sabiduría, la integridad y el patriotismo del poder legisla-tivo que aprueba la ley.’
“Por tanto, la presunción es a favor de la constitucionalidad de la ley, porque la legislatura primeramente resolvió la cuestión actuando como es de presumirse que actúe, con integridad y con el deseo justo de mantenerse dentro de las limitaciones impuestas por la constitución a sus actos, así lo declaró. ' * * * ’ ’

Véase también el caso de Brown v. Maryland, 12 Wheaton, 419, 458.

Con esta presunción principalmente en nuestra mente es que hemos vuelto a considerar la validez de la ordenanza del municipio de Ponce, por lo que toca a la parte apelada.

La dificultad en determinar la línea divisoria entre la fa-cultad de un Estado y la de los Estados Unidos para regias mentar el comercio, ha sido reconocida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en casi todos sus casos sobre la mate-ria. Y para tener una idea de los principios fundamentales no estará demás el referirnos a algunos de dichos casos.

En el caso de Providence Bank v. Billings, 4 Peters, 514-563, la corte por medio de su juez presidente, Sr. Marshal, declaró que el poder legislativo y por consiguiente el poder contributivo actúa sobre todas las personas y propieda-des que constituyen el cuerpo político y que esto constituyó él principio original que tuvo como fundamento la misma socie-dad, que fué concedido por todos para el beiíéficio de todos y que radicó en el gobierno como parte del mismo, y que por absoluto que sea el derecho de un individuo,'éra esencial a ese derecho el contribuir proporcionalmente a las cargas públi-cas y esa proporción debe ser determinada por la legislatura; que este poder vital puede ser abusado, pero la Constitución de los Estados Unidos no se hizo con el fin de servir de correc-tivo a todo abuso de poder que pudiera ser cometido por los gobiernos de los distintos Estados. Aunque este caso, estric-tamente hablando, no trata del comercio entre Estados, es muy ■conveniente como base de donde arrancar, para determinar el concepto fundamental del poder contributivo de un sobe-rano. Véase el caso de Bradley v. The City of Richmond, 227 U. S., 477.

Uno de los casos más importantes de la Corte Suprema de los Estados Unidos es el de Woodruff v. Parham, 8 Wall., 123. En él se declaró por la corte, que la imposición de una contribuciórt uniforme por ordenanza de la ciudad de Mobile, en virtud de la autorización dada por la Legislatura de Alabama, sobre.todas las ventas en pública subasta que se cele-bren en dicha ciudad era constitucional, porque era una con-tribución simple sobre todas las ventas de mercancías, im-puesta con igualdad sobre todas las ventas hechas en Mobile, ya se verificaran en .el Estado de Alabama o en otro Estado y ya se tratara de.la, venta de mercancías que fueran manu-facturadas en. el Estado o en otro Estado.. No se trataba de establecer, una desigualdad perjudicial a las manufacturas de otros. Estados o a los derechos de sus ciudadanos, y la corte resolvió que no se trataba de coartar el comercio entre los Estados ni de privar a los ciudadanos de los otros Esta-dos de derechos o privilegios de que gozaran los ciudadanos de Alabama. Es conveniente tener muy en cuenta en este particular la importancia de los elementos de igualdad y uniformidad, para determinar si un soberano ha impuesto un gravamen o ha coartado el comercio entre Estados.

En el caso de Hinson v. Lott, 8 Wall., 153, se resolvió por la corte., que la ley de un Estado en virtud de la cual se im-ponía una contribución de 50 centavos por galón que debía • pagar el destilador por todos los licores intoxicantes que importara en el Estado para su venta, era constitucional, por el fundamento de que no se imponía una contribución mayor a los licores que se introducen en el Estado que la impuesta a aquellos que se fabricaban dentro del mismo, y que si bien la contribución impuesta al destilador era al parecer la forma más expedita de asegurar su cobro sobre los licores fabrica-dos dentro del Estado, la contribución impuesta a aquellos que vendían licores importados de otros Estados no era más que una disposición suplementaria indispensable para que la contribución impuesta fuera igual sobre todos los licores vendidos en el Estado y la ley en discusión no produjo el efecto de establecer preceptos que actuaran distintamente en contra de los productos de los otros Estados, sino que únicamente les imponía la misma contribución que pagaban artículos semejantes fabricados dentro del Estado. En el caso de Ward v. Maryland, 12 Wall., 418, una ley de Maryland que exigía a los. que residían fuera del Estado de proveerse de una patente más alta que la de los residentes del Estado, fué declarada inconstitucional ■ por su desigualdad. En el caso de Welton v. Missouri, 91 U. S., 275, también se declaró inconstitucional una ley de Missouri por razón de su desigualdad. En el caso de Robbins v. Shelby County Taxing District, 120 U. S., 489, se resolvió que .una ley de Tennessee que exigía a “todos los agentes viajeros y a todas aquellas perso-nas que no tuvieran una casa de comercio con la correspon-diente patente en el distrito donde se imponía la contribución, que ofrecieran en venta o vendieran por medio de muestras artículos, efectos o mercancías” que pagaran semanal o men-sualmente cierta cantidad de dinero en concepto de patente, fué declarada inconstitucional por ser contraria a la facultad del Congreso para regular el comercio entre los distintos Estados, en cuanto se refería a aquellas personas que gestio-naban órdenes en nombre de casas comerciales establecidas en otros Estados.

Son numerosos los casos en los cuales la corte lia decla-rado inconstitucional • aquellas leyes que imponen contribu-ción a los agentes viajeros que meramente representaban per-sonas establecidas fuera del Estado, que imponían contribu-ciones a compañías de express en concepto de patentes o en otra forma, que únicamente tenían establecida una agencia en sitio determinado; que imponían contribuciones a com-pañías de telégrafos y a otras semejantes, cuyos negocios se hacían necesaria y principalmente fuera del Estado, sin distinguir los negocios que hacían dentro del Estado, de los que hacían entre los distintos Estados. Sin embargo, en el caso de Emmert v. Missouri, 156 U. S., 296, la corte resolvió que la ley de un Estado en virtud de la cual se exigía a los vendedores ambulantes de mercancías que andan de sitio en sitio dentro del Estado, para vender, que sacaran y pagaran una patente bajo pena si no lo hacían, sin establecer diferen-cia entre los vendedores residentes y las mercancías del Es-tado y la de otros Estados, no era contraria a la facultad con-cedida por la Constitución al Congreso para reglamentar el comercio entre los distintos Estados, en cnanto dicha ley se ■refería a los vendedores ambulantes de mercancías que les habían sido enviadas por manufactureros de otros Estados. La corte examinó en dicho caso un gran número de decisiones, algunas de las cuales hemos citado anteriormente y entre ellos el caso de Machine Co. v. Gage, 100 U. S., 676, habiendo apro-bado expresamente la doctrina sentada en.este caso. En ese caso la Corte Suprema de Tennessee resolvió, que la ley de dicho Estado en virtud de la cual se imponía una contribu-ción anual a todos los vendedores ambulantes dé máquinas de coser, que hacían sus ventas por medio de muestras y que imponía dicha contribución a todos sin distinguir con respecto al sitio de producción de los materiales o de su fabricación, no infringía la Constitución de los Estados Unidos.

En el caso de Nathan v. Louisiana, 8 How., 73, la corte expresamente resolvió que el Estado tenía el derecho de impo-ner contribución a sus ciudadanos por el ejercicio de una in-dustria o profesión cualquiera dentro del Estado. La corte dijo:

“La facultad de un Estado para imponer contribución a sus ciu-dadanos por el ejercicio de una industria o profesión cualquiera dentro del Estado, no ba sido puesta en duda. Y así vemos que en todos los Estados a los corredores de cambio de dinero, los vende-dores de mercancía de fabricación nacional o extranjera, los deta-llistas de licores de quemar, los dueños de tabernas, los almonede-ros, los que ejercen una profesión de estudio y toda clase de pro-piedad que no esté exenta por la ley, se les impone contribución.”

Y así también:

“Ningún Estado puede imponer una contribución de exportación ni de importación como tal, excepto con las limitaciones que marca la Constitución. Pero antes de ser un artículo de exportación o después de dejar de ser un artículo de importación por confundirse con otros bienes en el Estado, está sujeto al pago de contribuciones impuestas por el Estado. A cada comisionista de algodón se le puede exigir que pague una contribución sobre su industria, o que pague una patente, aun cuando se dedique a la venta y compra de algodón para la expor-tación extranjera.”

Y además, la corte resolvió, que una contribución impuesta al negocio de un corredor de cambio que se dedica a la compra y venta de letras para el extranjero, no era contraria a las facultades del Gobierno Federal.

En el caso de Kirtland v. Hotchkiss, 100 U. S., 499, se tra-taba de un deudor extranjero y la corte dijo, que como la deuda se entendía existente en el sitio de residencia del acree-dor, tanto el deudor como la deuda para los fines de la impo-sición de contribución estaban dentro de la jurisdicción del Es-tado y, por consiguiente, al Estado le tocaba determinar en ar-monía con sus leyes fundamentales si tales bienes pertene-cientes a uno de sus residentes deberían contribuir por medio del pago de contribuciones a mantener los gastos del go-bierno ; y que su facultad discrecional en ese particular no podría ser revisada ni dirigida por uno de los Departamen-tos del Gobierno Federal, porque tal contribución no infringía los preceptos del Gobierno Federal, y en apoyo de esa doctrina se citaba el caso de Nathan v. Louisiana ya mencionado anteriormente.

En el caso de Transportation Company v. Wheeling, 99 U. S., 273, la corte resolvió qne los vapores que navegan entre distintos puertos de nn río navegable, estaban sujetos, como bienes muebles bajo la ley de un Estado, a la imposición de contribuciones por la ciudad en donde la compañía propie-taria de los mismos tenía su oficina principal y- que al mismo tiempo constituía el puerto principal de salida, aun cuando •estuvieran matriculados y se les ■ Rubiera expedido licencia •como vapores costaneros, de acuerdo con las leyes de los Esta-dos Unidos, y que todos los derechos y cargas pagadas a dichos vapores bajo dichas leyes estaban bien pagadas. La corte dijo: “Varios casos resueltos sobre, esta materia en distintas partes han negado al Estado la facultad de imponer contribuciones sobre barcos que sirven de medio -al comercio, pero en todos esos casos, de una manera expresa o tácita se reconoce que el Estado puede imponer contribución a los due-ños de tales bienes'muebles por la participación que tienen en los mismos. Idénticos conceptos expresa Mr. Burroughs en su valioso tratado sobre contribución. Dice él que los barcos ¡de todas clases están sujetos al pago de contribuciones como bienes, en la misma forma que otros bienes muebles poseídos por ciudadanos del .Estado, La prohibición de imponer la contribución surte sus efectos cuando no se les impone dicha contribución en la misma forma que se les impone a otros bienes de los ciudadanos o cuando la contribución se impone sobre la embarcación, considerándola como un medio para el •comercio, sin tener en cuenta el valor del barco.”

En el caso de Moran v. New Orleans, 112 U. S., 75, la corte resolvió, que el poder . del Estado . para imponer contribu-ciones, al menos que sea restringido por los preceptos de la constitución federal, se extiende y abarca, a todas las per-sonas, bien-es e.industrias de sus ciudadanos, aunque no siena-pre era fácil en casos determinados tirar la línea divisoria entre ambos poderes.

The Kansas City Live Stock Exchange era nna asocia-ción de personas no incorporadas dedicada a negocios en sus corrales de ganado situados, algunos en Kansas City, Missouri, y otros al otro lado de la línea divisoria que separa Kansas City, Missouri, de Kansas City, Kansas. El nego-cio de sus asociados consistía en recibir individualmente con-signaciones de ganado, cerdos y otros animales, directamente de sus dueños, no sólo procedentes de los Estados de Missouri y Kansas, sino también de otros Estados y Territorios, ali-mentar ese ganado y ponerlo en condiciones para el mercado' con objeto de venderlo, recibir los productos de la venta de los respectivos compradores y pagar a los dueños la parte proporcional del precio, deduciendo las cargas, gastos y can-tidades adelantadas a cuenta de los mismos. Sus asociados acostumbraban a solicitar cada uno consignaciones de los dueños de ganado adelantándoles dinero a cuenta del mismo. Los estatutos de la asociación prohibían a sus asociados el que compraran ganado a comerciantes comisionistas de Kansas City que no fueran socios de dicha asociación. Tam-bién fijaban el importe de la comisión por la venta del ganado, prohibían el empleo de agentes para solicitar consignaciones a menos que estuvieran a sueldo fijo y también prohibían enviar telegramas pagados o mensajes telefónicos dando in-formes acerca del Estado del mercado. También disponían que ningún asociado podría hacer negocios con ninguna persona con infracción de dichos estatutos o con nn asociado que hubiera sido expulsado o suspendido después que fuera noti-ficado de la infracción de tales estatutos, y la Corte Suprema resolvió que el estar situados los corrales de ganado, parte en Kansas y parte en Missouri, era un hecho que no tenía sig-nificación alguna; que tal industria u ocupación de los dis-tintos asociados de dicha asociación no tenía la índole de comercio entre Estados en el sentido en que lo entiende la' ley de julio 2, 1890, capítulo 647, “Para proteger la indns-tria y el comercio contra monopolios y restricciones ilegales ’ ’ y que dicha ley no abarcaba, ni fué su fin abarcar, conve-nios de esa naturaleza y la corte dijo:

“Pero entre todos los casos elevados a este tribunal no bay uno en que se haya negado la distinción que existe entre una ordenanza que directamente afecta y perjudica a la industria o comercio entre Esta-dos y otra que únicamente sea un impuesto que se paga por la facili-dad que una localidad da para el ejercicio del comercio. Por el con-trario los casos ya citados demuestran la existencia de esa distinción y la validez de un impuesto por utilizar esa facilidad.” Hopkins v. United States, 171 U. S., 578-597.

En el caso de American Steel and Wire Company v. Speed, 192 U. S., 500, en el cual la opinión fué emitida por el Juez Asociado .Sr. White, la corte resolvió que las mercan-cías que se traen en sus envases originales desde otro Estado, después que lian sido recibidas en el punto de destino y per-manecen dentro del Estado con la protección que las leyes del mismo dispensan, se les puede imponer contribución de la misma manera que a otros bienes que radican dentro del Es-tado, sin hacer distinción alguna entre ellos, y sin infringir el artículo de la Constitución relativo al comercio, aunque estén entonces almacenados en el punto desde donde serán distribuidos en los mismos envases originales, por la compa-ñía almacenista a los distintos compradores de varios Esta-dos. En este caso, la corte después de examinar varias deci-siones ratifica la doctrina sentada en los casos de Woodruff v. Parham y Emmert v. Missouri, citados anteriormente.

Otro caso reciente e interesante' que trata del comercio entre Estados es el de Hatch v. Reardon, 204 U. S., 161, en el cual la corte resolvió, que el artículo de la constitución federal relativo a la protección del comercio no podía ser invocado para anular la ley de un Estado por la cual se impone una contribución pagadera por medio de sellos a los negocios que se hagan dentro del Estado, impugnada por el fundamento de que perjudica bienes radicados fuera del Estado o por-que algunas de las personas a quienes afecta proceden de otros Estados, y la corte cita los casos de Nathan v. Louisiana, Woodruff v. Parham, Emmert v. Missouri y American Steel and Wire Company v. Speed que ya hemos citado anteriormente.

En el caso de Brown-Forman Company v. Kentucky, 217 U. S., 572, la corte dijo:

“Llegamos abora a la cuestión de si esta ley establece una dis-tinción arbitraria entre distintas personas o corporaciones que se dedican al mismo negocio. La cuestión es, después de todo, de clasi-ficación de materias, industrias y ocupaciones, con el 'fin de imponer la contribución y ataña al poder discrecional de los Estados para establecer los métodos, materias y tipo de la contribución. Esta facultad del Estado para ejercer la función de imponer contribu-ciones tan fundamental como es para su existencia, está sujeta, sin embargo, a la restricción beneficiosa de que no podrá ser ejercitada de tal modo que niegue a todos la protección uniforme de la ley. ’ ’

En el caso de U. S. Express Company v. Minnesota, 223 U. S., 335, la corte dijo: “La facultad del Estado para impo-ner contribución a la propiedad, aun cuando ésta se use en el comercio entre Estados, está bien sentada. Postal Telegraph Cable Company v. Adams, 155 U. S., 688; Pullman’s Palace Car Co. v. Pennsylvania, 141 U. S., 18; Ficklen v. Shelby County, 145 U. S., 1-22. La dificultad fia consistido y con-siste en distinguir entre el ejercicio legítimo del poder del Estado de imponer contribución y aquellas leyes que bajo la apariencia de imposición de contribuciones, en realidad imponen gravámenes al comercio entre Estados como tal. Esa dificultad lia sido reconocida en el caso de Galveston, Harrisburg y San Antonio Ry. Co. v. Texas, 210 U. S., supra, en cuyo caso se explica y comenta la distinción que al parecer existe entre los casos de Philadelphia Steamship Co. v. Pennsylvania, 122 U. S., supra, y Maine v. Grand Trunk Ry. Co., 142 U. S., supra. El Juez Asociado, Sr. Holmes, hablando a nombre del tribunal, dijo:

“Cualquiera que sea el nombre que se le dé a la contri-bución si no es otra cosa más que una contribución corriente sobre la propiedad o sn equivalencia determinada por medio de aquélla, no puede ser impugnada por el fundamento de ser contraria a la constitución. Postal Telegraph Cable Co. v. Adams, 155 U. S., 688-697. Véase el caso de New York, Lake Erie and Western R. R. Co. v. Pennsylvania, 158 U. S., 431, 438, 439. El punto es si esta contribución es de esa clase. Tal vez de lo que se ha expuesto se ve claramente que noso-tros debemos buscar una distinción positiva y no filosófica o lógica. ' Al Estado le debe ser permitido imponer contri-bución sobre la propiedad haciéndolo sobre su valor real como si se tratara de un negocio activo. Por el contrario, el Es-tado no puede imponer contribución sobre el comercio entre Estados. Estos dos extremos difícilmente permiten una re-conciliación lógica y absoluta y, sin embargo, tal distinción no carece de fundamento. Cuando una legislatura únicamente trata de tasar la propiedad no tiene tantas probabilidades de caer en el error de una reglamentación perjudicial, como si tratara directamente de los ingresos procedentes del comer-cio entre Estados. Estudiando todo el sistema contributivo en conjunto puede llegarse a trazar una línea divisoria posi-tiva. Eso debe hacer este tribunal como mejor pueda.”

Tal vez sea éste el nervio de la cuestión. El Juez Holmes no hace distinción entre los conceptos contribución sobre la propiedad o contribución sobre una ocupación, cuando el fin primordial del Estado es imponer contribución a sus ciuda-danos sin favores ni distinciones.

Pueden citarse otros casos en los cuales se ha declarado válida la imposición de una contribución sobre el ejercicio de una industria que por su índole tiene el carácter de ser entre Estados. Ficklen v. Shelby County, 145 U. S., 1; American Harrow Co. v. Shaffer, 68 Fed., 750; State of Maryland v. Applegarth, 12 L. R. A., 812, y véase la nota al pie del caso del Pueblo v. Wemple, 27 Am. State Rep., 562, en el cual se expresan las distinciones existentes entre los distintos casos.

Otra decisión que enfáticamente establece la doctrina a favor del derecho de un Estado para imponer contribuciones es la emitida en el caso de Pennsylvania R. R. Co. v. Knight, 192 U. S., 21, en la cual resolvió el tribunal, que una empresa de coches de la Pennsylvania Railroad Co. dedicada al trans-porte de pasajeros desde su estación terminal en la ciudad de New York, por cuyo servicio se cobra una cantidad distinta de la que se cobra por otra clase de transportes, y cuyo servi-cio era exclusivamente dentro del Estado de New York, no tenía el carácter de comercio entre Estados a pesar de que todos los pasajeros que hacían uso de dichos coches de acuerdo con los estatutos de la compañía, eran personas que seguían viaje para el Estado de New Jersey o venían del mismo uti-lizando los vaporcitos de la compañía; resolvió, además, que dicha empresa de coches estaba sujeta a la inspección del Estado de New York y que dicha compañía de ferrocarriles no estaba exenta por el mero hecho de dedicarse al comercio entre Estados, de pagar la contribución impuesta por el Es-tado por dedicarse al negocio de empresa de coches de alqui-ler entre puntos radicados dentro del Estado.

Del examen de estos casos es evidente que si un Estado impone una contribución sobre todas las ocupaciones de deter-minada clase que existen dentro del Estado, una corporación cualquiera no puede eludir el pago de la contribución ale-gando para ello el estar dedicada al comercio entre Estados, al menos que demuestre que la ley que impone dicha contri-bución grava de un manera especial y peculiar o restringe el comercio entre Estados. En los casos citados, el Estado no ha impuesto la contribución por el hecho de estar el con-tribuyente dedicado al comercio entre Estados, sino por resi-dir dentro del territorio o jurisdicción del Estado; y sobre este punto véase el caso de Pullman’s Palace Car Co. v. Pennsylvania, 141 U. S., 18. El hecho en sí solo de estar dedicada al comercio entre Estados una corporación del país,- no es sufi-ciente para eximirla del pago de contribuciones si no se esta-blece distinción alguna contra ella. Es necesario que con-curra algún otro elemento además de la mera imposición de la contribución. Un fabricante dueño de una factoría en Kansas City, Missouri, que se dedicaba a vender en Kansas y otra factoría situada al otro lado de la línea divisoria en Kansas 'City, Kansas, que vendía en Missouri, no pudo evitar el pago de la contribución sobre la industria en ambos Esta-dos por la razón de estar dedicado al comercio entre Estados. Algunas veces, de los casos resueltos no se desprende clara-mente la doctrina favorable al derecho del Estado de impo-ner contribuciones sobre las ocupaciones, pero las excepciones definen la regla. Las leyes declaradas inconstitucionales ■constituyen claramente la excepción.

El caso de Norfolk, etc., R. R. Co. v. Pennsylvania, 136 U. S., 114, citado por la parte apelada, era un caso en el cual se trataba de una contribución impuesta a una compañía de ferrocarriles extranjera que servía de enlace a varios ferro-carriles y cuya contribución se impuso por el privilegio de tener oficina en el Estado de Pennsylvania. La ley se dirigía contra corporaciones extranjeras.

El caso de Daniel Ball, 10 Wall., 557, era un caso en el cual se le exigió a un barco que obtuviera una licencia antes de poder navegar por las aguas navegables de los Estados Unidos. Allí no se discutió la cuestión de imposición de con-tribución al barco ni a la propiedad ni a la ocupación, como en el caso de autos. Dicho caso fue explicado en el de Pennsylvania R. R. Co. v. Knight, 192 U. S., supra, pág. 27.

En el caso de Moran v. New Orleans, 112 U. S., 74, que ya hemos citado anteriormente, la contribución que se dis-cutía era para gozar del privilegio de navegar por aguas de los Estados Unidos, o sea por el río Mississippi y la ley le prohibía al dueño del barco que navegara hasta que hubiera pagado la contribución.

En el caso de Gloucester Ferry Company v. Pennsylvania, 114 U. S., 196, la corporación de New Jersey no tenía negocios ni bienes en Pennsylvania, excepto el negocio de conducción de carga y pasajeros en vaporcitos al muelle de Gloucester, New Jersey.

En todos estos casos que lia citado la parte apelada la contribución u ordenanza impugnada se imponía al barco o al negocio entre Estados como tal. No se trataba de imponer a una empresa local las cargas corrientes de contribución.

Es verdad que en el caso de Foster et al. v. Davenport, 63 U. S., 244, se resolvió que el negocio de anconaje o de remol-que constituía una continuación del viaje-de los barcos, a los cuales se les ayudaba a llegar en esa forma a su puerto de destino. Pero también en ese caso la ley de Alabama exigía a los dueños de vapores que navegaban en las aguas del Es-tado, que antes de que salieran del puerto de Mobile presenta-ran una manifestación escrita expresado el nombre del barco, el nombre de su dueño y otros requisitos semejantes y se les imponía un castigo por la infracción de dicha ley, y la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió, que esa ley estaba en pugna con la ley del Congreso, en cuanto la ley del Estado incluía en sus términos barcos que ya estaban provistos de licencias y debidamente matriculados al amparo de la ley del Congreso relativa a la navegación de cabotaje. La orde-nanza impugnada no se refería a barcos dedicados al servi-cio dentro del Estado, sino que abarcaba todo barco que en-trara en el puerto y 'le exigía que se inscribiera. Al barco en cuestión le era además necesario, para que rindiera su viaje dentro de la había de Mobile, otro barco. Todos los lanchones en cuestión eran barcos dedicados a la navegación o cabotaje debidamente matriculados y con licencia. Ese caso no tiene aplicación a la imposición de una contribución sobre el nego-cio de anconaje efectuado dentro de la jurisdicción de Puerto Rico y sin hacer distinción alguna. En ese caso no se disciir tió cuestión alguna de contribución y la ley de Alabama cons-tituía una infracción de una ley determinada del Congreso. Además, este caso queda explicado por la doctrina sentada en el caso de Knight ya citado.

La parte apelada hace también hincapié en el caso de Leloup v. Mobile, 127 U. S., 640, citado anteriormente, para comprobar que aun en el caso de que los lanchones se dedi-quen al comercio local, como también al comercio entre Estados, están exentos del pago de contribución local por concepto de patentes. La parte realmente interesada en este caso era “The Western Union Telegraph Co.” y la corte resolvió que el Estado de Alabama no podía exigirle a Leloup, agente de la compañía de telégrafos, que sacara una licencia como requi-sito previo para dedicarse a ese negocio. El caso cae dentro del precepto general o de la excepción según el caso, tal como ha sido sentado o explicado por el Juez Asociado Sr. White en el caso de la American Steel and Wire Co. v. Speed, 122 U. S., 500, y también en el caso de Bacon v. Illinois, 227 U. S., .504. Además la “Western Union Telegraph Co.” era una corporación incorporada bajo las leyes del Estado de New York. No se hace indicación alguna en ese caso ni en ningún otro de los que hemos examinado, en el sentido de eximir a una corporación de carácter local de contribuir en la parte proporcional que le corresponde en las contribuciones al igual que otras dedicadas al mismo negocio.

(e) La parte apelada sostiene en cuanto a la cuestión del impuesto de tonelaje, que los casos citados por esta corte en su primera opinión, apoyan la teoría de que no se puede impo-ner contribución por tonelaje por entrar, traficar o perma-necer en el puerto. Es evidente de los casos citados y de otros, que la idea fundamental es de que la contribución se imponga por un soberano a los barcos de otro por el hecho de dedicarse a negocios dentro de sus puertos o bahías. lía sido admitido el que las contribuciones por concepto de muellaje pueden ser impuestas por tonelada y, sin embargo, no consti-tuir una contribución de tonelaje. De la misma manera, un Estado puede reglamentar determinado negocio y exigir que contribuya a los gastos del Estado y determinar el derecho a' imponer la contribiición tomando por base el tonelaje o cual-quier otro medio conveniente. Si se permite imponer con-tribución de muellaje a los barcos extranjeros tomando por base el tonelaje, indudablemente, del mismo modo, en com-pensación por la protección que dispensa a sus ciudadanos y a las corporaciones domiciliadas dentro del Estado, puede éste imponer nna contribución a tales cindadanos. Nos referiremos en particular a lo dicto en el caso de Transportation v. Parkersburg, 107 U. S., 698. “El tecto de que el tipo de la contribución sea impuesto y determinado por el tamaño o tonelaje de los barcos, no tiene significación alguna.en este sentido.” Esta es una contribución sobre un negocio o bienes dentro de Puerto Eico y no una contribución de tonelaje, pues para que tenga este carácter es necesario que se imponga por el privilegio de usar el puerto. Además, estas contribu-ciones no están calculadas por el tonelaje.

La Legislatura de Puerto Eico dió el dereeto al munici-pio de imponer basta $10 por cada ancón, pero también le dió la facultad de clasificar los ancones en tres clases. Pudo haberse impuesto la contribución por razón del tamaño y el hecho de que se le impusiera a los ancones bajo la base anterior por exceder de cierto tonelaje, sin que la contribución pudiera exceder de $10, no constituye una contribución de tonelaje. Tal contribución no se imponía a los barcos extran-jeros y tampoco fué fijada en proporción al peso o medida de la embarcación. Los casos siguientes son también apli-cables a éste: Inman Steamship Co. v. Tinker, 94 U. S., 243; Packet Co. v. Keokuk, 95 U. S., 80; Words and Phrases, vol. 8, pág. 6998, 7 Cyc., 643; Machine Co. v. Gage, 100 U. S., 677; Packet Co. v. Catlettsburg, 105 U. S., 559.

(/) En nuestra opinión original hicimos referencia al he-cho de que para poder revocar nuestra sentencia era indispensable resolver si el comercio que aquí se discute és real-mente entre Estados o nó. La duda consistía en si Puerto Eico, siendo un soberano o cuasi-soberano creado por los Estados Unidos con poderes derivados directamente de los Estados Unidos, era distinto de los Estados Unidos dentro del espíritu del artículo del comercio entre Estados, pero como este caso queda resuelto por otros fundamentos y como Puerto Eico puede ser considerado como un Estado para los efectos de la ley del comercio entre Estados, creemos inne-cesario disentir más esta cuestión.

(g) No creemos que la ley aprobada en la sesión extra-ordinaria del 14 de julio de 1906, leyes de 1907, páginas 64 y 66, titulada “Ley para reglamentar el servicio de muelles y puertos de Puerto Rico,” derogara las disposiciones de la ley de marzo de 1906 autorizando a los municipios para impo-ner contribuciones a los ancones. La contribución en este caso lia sido impuesta por la Isla a los ancones. No se tras-luce intención alguna en esta ley de derogar la facultad de los municipios para imponer contribuciones por industrias a sus ciudadanos. Las derogaciones tácitas no son favore-cidas.

(h) La parte apelada nos llama la atención hacia el hecho de que en la Ley Foraker no hay precepto alguno que expre-samente autorice la imposición de contribuciones sobre indus-trias u ocupaciones. Pero tampoco hay limitación alguna. El artículo 38 establece que pueden imponerse contribuciones a la propiedad y prohíbe ciertas contribuciones y no se puede deducir de una manera ligera que el poder para imponer con-tribuciones haya sido limitado, cuando el Congreso en varios artículos de dicha ley ha dado poderes legislativos y guber-namentales a Puerto Rico. Además, la facultad de imponer contribuciones a la industria u ocupación existía en los muni-cipios antes de la" implantación de la Ley Foraker y íué conti-nuada por las órdenes militares y posteriormente por la misma Ley Foraker al déclarar que continuaban en vigor las leyes y órdenes vigentes entonces.

(i) Para reasumir. La ley de marzo de 1906 concedió a los municipios el derecho de imponer contribuciones a deter-minadas industrias, o sea a ancones según el caso. No cons-tituye tal contribución un impuesto de tonelaje por las varias razones que hemos aducido, sino una fijación de las tres clas.es mencionadas en dicha ley. El municipio puede haber im-puesto una contribución uniforme dé $10 sobre cada clase de ancón y como lo más incluye lo menos, no podemos decir que se tratara de imponer contribución por .tonelaje. La con-tribución tal como fné autorizada por la legislatura recaía sobre todos los ancones dentro de los puertos o bahías de Puerto Rico y no excedería de $10 por ancón. No se esta-bleció distinción por la legislatura con respecto a ancones de distintas clases o grados, ni es injusto ni desigual el que la legislatura haya delegado la facultad de subdividir la con-tribución en tres grados.

Esta contribución, ya sea considerada como una contribu-ción específica sobre los ancones o sobre el negocio de anco-naje, actuó igualmente en toda la isla y en todos los puertos y bahías que están bajo el dominio de El Pueblo de Puerto Rico y sus respectivos municipios y sobre todos los ancones en Puerto Rico dedicados a toda clase de negocio. Estos ancones no solamente se dedican a la descarga de barcos ex-tranjeros o al comercio entre Estados, sino que también se usan en el comercio interior. En.la había de San Juan, por ejemplo, los ancones se usan para el transporte de carga y pasajeros desde la playa a los barcos y también se usan para conducir carga de playa a playa. La fruta, la sal y otros productos se transportan en ancones.

Considerando que la parte apelada está dedicada exclu-sivamente al comercio entre Estados, no puede pretender exi-mirse del pago de su parte proporcional de la carga de con-tribuciones que indistintamente recae sobre todos los ancones existentes en los puertos y bahías de Puerto Rico. Sin embargo, como hemos visto y como lo demuestra el párrafo 4o. de la demanda, la “Ponce Lighter Company” no puede con-siderarse que esté dedicada exclusivamente al comercio entre Estados. Los barcos de la “New York and Porto Rico Steamship Co.” rinden su viaje en los distintos puertos de Puerto Rico y, por lo tanto, no es necesario nada más para que quede completo el viaje, pero de cualquier modo que sea, no hemos podido ver ningún caso ni regla de equidad ni de igualdad que nos induzca a creer que la contribución de que se trata en este caso, constituye en modo alguno un gravamen sobre el comercio entre Estados. Por sn natura-leza es, o una contribución sobre bienes de ciudadanos de Puerto Eico o sobre sus industrias y como bemos visto, tanto los bienes como la industria u ocupación pueden ser objeto de contribución si así lo exige la legislatura.

La sentencia debe ser revocada.

Denegada la reconsideración.

Jueces concurrentes: ■ Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PeesideNte Se. HERNÁNDEZ

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Barquet et al., Apelantes.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 455.
    Resuelto en junio 20, 1913.
    Infracción de la' Ley de Bentas Internas — Sentencia Condenatoria Contra Una Sociedad en Virtud de Denuncia Contra sus Socios Individual-mente — Jurisdicción de la Corte de Distrito. — Presentada denuncia ante la Corte Municipal de Ponce contra Narciso y Juan Barquet, después de celebrado el juicio bajo la alegación de inocentes hecha por el abogado a nombre de la sociedad mercantil Barquet Hermanos, dicha corte dictó sen-tencia condenatoria contra la sociedad. Celebrado juicio de novo ante la corte de distrito fué confirmada la sentencia apelada, y esta Corte Suprema revocó en grado de apelación dicha sentencia, ordenando la celebración de un nuevo juicio. En el acto del nuevo juicio los acusados alegaron la excep-ción perentoria de que la corte de distrito no tenía jurisdicción para conocer de este caso en grado de apelación, por no haber dictado la corte municipal sentencia contra los acusados sino contra la sociedad mercantil y la corte de distrito declaró culpables a los acusados individualmente. Se resolvió:
    1. Que la Corte de Distrito de Ponee tenía jurisdicción para conocer en nuevo juicio del delito imputado a los acusados y también la tenía sobre éstos, no pudiendo ser materia de dicho juicio las irregularidades que se hubieran cometido en la corte municipal.
    2. Que los acusados como socios de la sociedad Barquet Hermanos son res-ponsables de la infracción 'de la ley de rentas internas cometida por un dependiente de la misma en su tienda, sin que les exima de esta responsa-bilidad el hecho de que pueda haber otros socios no comprendidos en la denuncia.
    Los lie dios están expresados en la opinión.

      Abogado de los apelantes: Sr. Felipe Casalduc.

    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez PeesideNte Se. HERNÁNDEZ

emitió la opinión del tribunal.

La presente cansa se originó en la Corte Municipal de Ponce a virtud de denuncia que copiada a la letra dice así:

‘ ‘ Corte Municipal de Ponce. Estados Unidos de América, SS: El Presidente de los Estados Unidos. El Pueblo de Puerto Rico v. Narciso Barquet y Juan Barquet. Yo, Manuel de la Cruz, vecino de Ponce, calle de Méndez Vigo, No. 35, de 23 años, formulo denuncia contra Narciso Barquet y Juan Barquet por delito contra las Leyes de Rentas Internas, secciones 87 y 100 cometido de la manera siguiente: que en 21 de septiembre de 1910, en la calle Atocha de Ponce, del Distrito Judicial Municipal de Ponce, los indicados Nar-ciso Barquet y Juan Barquet, como a las diez y media de la mañana, ilegal y fraudulentamente vendieron, en su establecimiento comercial, situado en la calle antes mencionada, por medio de uno de sus dependientes, llamado Juan Burgos, tres cápsulas de revólver de 12 milímetros al individuo Ernesto Marcano, sin que para ello tuviesen la licencia prescrita por la Ley de Rentas Internas; siendo todo ello contrario a la ley para tales casos hecha y prevista, y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico. Siendo testigos: F. W. Rideout, Ernesto Marcano y Juan Burgos de la casa Barquet Hermanos, vecinos de Ponce. Manuel de la Cruz, denunciante. Jurada ante mí hoy 24 de septiembre de 1910. J. A. López Acosta, Juez de la Corte Municipal de Poñce.”

Celebrado el juicio bajo la alegación de inocente becba por el abogado Felipe Casalduc a nombre de la sociedad mer-cantil Barquet Hermanos, compuesta de Narciso y Juan Bar-quet, la expresada corte dictó sentencia en 23 de diciembre de 1910 condenando a la referida sociedad a la pena de $100 de multa y costas del juicio, contra cuya sentencia interpuso el abogado Casalduc en la representación indicada, recurso de apelación para ante la Corte de Distrito de Ponce.

Ante dicba corte se celebró el juicio de novo, el cual ter-minó por sentencia dictada en 20 de febrero de 1911, confirma-toria de la de la corte municipal y contra ella la representa-ción de Barquet Hermanos interpuso recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, resuelta en 24 de octubre de 1911 (El Pueblo v. Barquet et al., 17 D. P. R., 1033), revocando la sentencia apelada y ordenando la celebración de un nuevo juicio, por el fundamento de que no era posible sos-tener una sentencia que en lugar de resolver sobre la respon-sabilidad de las dos personas naturales acusadas, condenaba a una entidad jurídica contra la que no se había seguido el proceso.

Al empezar el nuevo juicio ante la Corte de Distrito de Ponce, los acusados formularon excepción perentoria a la de-nuncia, fundada en el número 4o. del artículo 153 en relación con el 161 del Código de Enjuiciamiento Criminal, por cuanto la corte de distrito no tiene jurisdicción para conocer de este caso en grado de apelación, de la corte municipal, de senten-cia que no se ba dictado contra los acusados comparecientes, excepción legal que excluye toda acción. La excepción fué desestimada y los acusados tomaron excepción contra la orden de la corte.

Declararon en el juicio como testigos F. W. C. Rideout, Manuel de la Cruz, Ernesto Marcano y Juan Burgos.

Rideout dice que era agente de rentas internas y desem-peñaba1 ese cargo en Ponce en septiembre de 1910; que en 21 de dicho mes ordenó a su agente, Manuel de la Cruz, que investigara si vendían balas sin patente en alguna de las casas de comercio de dicha ,ciudad y el Cruz condujo a su presencia a Ernesto Marcano a quien tomó declaración, des-pués de la cual fué a la tienda y registró donde le había dicho Cruz que había balas, en una gaveta del mostrador, encon-trándolas allí en número de 83, las que recogió, habiendo allí también botones y otras cosas; que eso fué en la casa de Juan y Narciso Barquet; que en la tienda habló con Juan Barquet, quien dijo no estaba presente cuando se efectuó la venta de balas y que en esa casa de comercio no tenían patente para venderlas y sí para vender perfumería; que esas balas fue-ron ocupadas en una.tienda que está en la calle Atocha, es-quina a la del Sol, en Ponce, y cnya casa de comercio se cono-cía como de la razón social de Barqnet Hermanos, la qne tiene patente de perfumería a nombre de la razón social de Barqnet Hermanos.

Crnz declara qne siendo agente de rentas internas de Ponce, en 21 de septiembre de 1910 recibió orden del agente Rideout de investigar la venta fraudulenta de armas de fuego o municiones, y como medio de investigación mandó a Mar-cano a que tratara de comprar balas en algunas casas; que Marcano fué a la casa de Barquet siguiéndole el testigo y cnando llegaba a la tienda de Barquet ya salía Marcano con las balas; que dió cuenta de ello a Rideont y juntos fueron a la casa de Barquet y ocuparon el resto de las balas y que éstas fueron ocupadas en la casa de Narciso y Juan Barquet o sea la tienda de comercio que está- en la calle de Atocha esquina a la calle Sol en Ponce, y es mercantil que gira baja la razón social de Barquet Hermanos.

Marcano refiere que en 21 de septiembre de 1910 le en-cargó Manuel de la Cruz fuera a la casa de Narciso y Juan Barquet a comprar unas balas y que con dinero que le en-tregó Cruz compró tres al dependiente, pagando 5 centavos por cada una; que esas balas se sacaron de una gaveta frente al mostrador y que no conoce a Juan y Narciso Barquet; y que sabe que la tienda es de Barquet Hermanos, porque lo lia leído allí y está situada en la calle de Atocha esquina a Sol.

Juan Burgos depone que en la repetida fecha 21 de sep-tiembre de 1910 era empleado de Juan y Narciso Barquet, en la tienda de Barquet situada en la calle de Atocha esquina a Sol en Ponce, que gira bajo la razón social de Barquet Her-manos ; que en dicho mes de septiembre se presentó un indi-viduo en la tienda y preguntó si había balas allí, contestán-dole en sentido negativo; que el individuo se marchó y al llegar a la puerta volvió para atrás y le dijo que sí había balas, que la buscara en un cajón qne estaba al lado del decla-rante; que entonces recordó que allí había unas balas viejas las que un peón había recogido del suelo, y tomó tres de ellas y se las. vendió en 15 centavos; que después llegó el investi-gador y se llevó el resto de las balas, las que estaban en la parte del público tiradas en un cajón, donde también había botones, no habiendo en toda la tienda más armas ni muni-ciones, pues los dueños de la casa no se dedicaban a ese nego-cio ; que en la casa existían Don Antonio, Don Narciso, Don Juan, Don José y Doña Bosa Barquet, ignorando si Juan y Narciso eran socios de la misma; que para colocarse en la casa había sido comprometido mediante carta suscrita por Barquet Hermanos y al llegar a ella habló con Juan, con Narciso y con José Barquet a los que tiene como principales y jefes de la misma.

El juicio terminó por sentencia que dictó la Corte de Dis-trito de Ponce en Io. de marzo de 1912, por la que declaró a Juan Barquet y Narciso Barquet convictos del delito de in-fracción a las Leyes de Eentas Internas y los condenó a la pena de $100 de multa cada uno-y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel cada uno por cada $10 que dejaren de satis-facer y al pago de las costas de la causa én la proporción de una' mitad de las1 mismas cada unoj contra' cuya sentencia interpusieron ambos recurso de apelación.

A dos pueden reducirse los motivos legales que invoca la representación de los apelantes en apoyo del recurso :

Primero. Error de la corte inferior al desestimar la ex-cepción perentoria a la denuncia;

Segundo. Insuficiencia de la prueba para sostener la sen-tencia.

La excepción, como hemos dicho," se basa en el párrafo 4o. ■del- artículo 153 en relación con el 161 del Código de Enjui-ciamiento Criminal.

Esos artícnlos dicen así:

“Artículo 153. El acusado podrá poner reparos a la acusación, ■cuando de su contenido resultare cualquiera • de las circunstancias siguientes:
“4, Contener cualquiera materia que, de ser cierta, constituiría una justificación o excusa legal del delito denunciado, o excepción legal que excluya la acción.
“Artículo 161. Cuando las objeciones mencionadas en el artí-culo 153 resulten de la acusación, sólo podrán alegarse mediante excepción perentoria, salvo que la excepción por la que se decline la jurisdicción del tribunal, o se alega que los hechos denunciados no constituyen delito público, podrán deducirse en el juicio, cuando se niega la acusación o después del juicio, para pedir el sobreseimiento o suspensión del fallo.” /

La Corte de Distrito de Ponce tenía jurisdicción para co-nocer del delito imputado a los apelantes y también tenía jurisdicción sobre éstos. Para conocer de dicho delito en grado de apelación le bastaba atender a la primitiva denun-cia según el artículo 3o. del Código de Enjuiciamiento Criminal, y como el recurso había de resolverse mediante la celebración de un nuevo juicio, no podían ser materia del mismo las irregularidades que en la corte inferior o a quo pudieran haberse cometido.

La simple relación de los hechos expuestos en la denuncia bastaba para demostrar que esos hechos habían tenido lugar en el distrito de la Corte Municipal de Ponce, que esa corte municipal tenía jurisdicción para conocer de ellos y que, por tanto, también era clara la jurisdicción de la corte de dis-trito en grado de apelación.

En cuanto a los apelantes, como éstos eran los acusados y no la sociedad mercantil Barquet Hermanos, aquéllos como presuntos culpables estaban sujetos a la jurisdicción de dicha corte de^ distrito.

No había falta de jurisdicción ni por razón de la materia ni por razón de los acusados.

En cuanto a la insuficiencia de la prueba para sostener la sentencia contra Juan y Narciso Barquet, entendemos que ella demuestra suficientemente que el delito se cometió en la casa mercantil de Barquet Hermanos, por un dependiente de la misma qne actuaba dentro de las funciones de su cargo y y demuestra, además, que los acusados son socios e .inter-vienen directamente en los negocios de dicha casa mercantil, la que no es una corporación sino una sociedad. Siendo ello así es bien claro que dichos acusados pueden ser perseguidos y castigados individualmente por una violación de la Ley de Rentas Internas cometida por un dependiente que actuó por y para la sociedad.

Podrá haber otros socios, además, de Juan y Narciso Parquet, pero como en este caso la denuncia se presentó única-mente contra ellos, sólo es necesario averiguar si el delito se cometió en la forma especificada en la misma y si los acusados son socios o no.

Ambos extremos se han justificado cumplidamente.

En apoyo de la doctrina expuesta podemos citar las si-guientes autoridades:

“Una sociedad {partnership) no puede ser acusada bajo su razón social; la acusación debe formularse contra sus miembros como indi-viduos.” Peterson & Fitch v. The State, 32 Tex. Rep. 477.
“Una acusación contra los socios A. & B., que comercian bajo la razón de A. & B., se considerará como si lo fuera contra las partes individualmente.” State v. Powell, 71 Tenn., 164.
“La sociedad, lo mismo que cualquiera de sus miembros, es res-ponsable por los actos de sus agentes o empleados, siempre que dichos actos sean ejecutados por dichos agentes o empleados en el curso de su agencia o empleo.” 30 Cyc., 536.
“Cualquiera violación de la ley de rentas que lleve consigo una penalidad cometida por un socio en el curso de los negocios de la sociedad, es, dentro de los propósitos de la ley, el acto de todos los socios, y cada uno de ellos está sujeto a la pena.” 22 Cyc., 1678. .

Procede la confirmación de la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Peesidente Se. Hernández

text:
    Cobos, Apelante, v. Clausel, Apelada.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 923.
    Resuelto en junio 20, 1913.
    Divorcio — Injurias Graves — Delaciones Amorosas con Una Tercera Persona. — El hecho fundamental de la demanda de divorcio en este caso es que la demandada ha injuriado gravemente al demandante sosteniendo relaciones amorosas con una tercera persona. Para probar este hecho el demandante presentó una carta amorosa dirigida por Eosa a Lola, la cual dice el deman-dante que quitó a su esposa la demandada en momentos en que ésta iba a echarla al correo bajo sobre dirigido a su amante y dos cartas más sin fecha -y sin firma que el demandante afirma fueron escritas por su esposa, habiendo además declarado el demandante. Se resolvió que aun admitida la auten-ticidad de las tres cartas mencionadas por haber sido unidas a la demanda sin negarse por la demandada, no prueban que la demandada fué la que bajo la filma de Eosa dirigió a su amante, bajo el nombre de Lola, la carta que el marido le quitó, y por tanto no se han probado las relaciones amorosas que se alegan como'fundamento de la injuria grave.
    Id. — Injurias Graves — Crueldad.—Para obtener un divorcio a causa de injurias graves, tales injurias graves deben llegar al extremo de crueldad.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Bosch y Soto.

    La parte apelada no compareció.
    Abogado del Pueblo: Sr. Frank Martínez, Fiscal interino.

   El Juez Peesidente Se. Hernández

emitió la opinion del tribunal.

Se trata de un pleito de divorcio seguido por G-regorio Co-bos contra su esposa Luisa Clausel, que comenzó por demanda presentada a la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en 23 de marzo del año próximo pasado, en la que se alega como becbo fundamental de la acción, que la demandada ba inju-riado gravemente al demandante sosteniendo relaciones amo-rosas con el individuo José Manuel de Loira, según cartas que se acompañan a la demanda para que formen parte de la misma.

Emplazada Luisa Clausel para que contestara la demanda, no lo bizo en tiempo y le fué anotada la rebeldía en 8 de abril del año expresado; y habiéndose celebrado el juicio con la sola comparecencia del demandante, la corte dictó sentencia en 30 de agosto de 1912 declarando sin lngar la acción con las costas al demandante, el cual interpuso contra ella recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Fúndase el.recurso en que dicha sentencia es contraria a derecho y a las pruebas, por haberse infringido los artículos 164, inciso 4o. del Código Civil y 119 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Las pruebas ofrecidas en evidencia por el demandante consisten en una carta amorosa dirigida por Rosa a Lola con fecha 13 de octubre del año 1902, la cual dice el demandante quitó a su esposa la demandada, en momentos en que ésta iba a echarla al correo bajo sobre a José Manuel de Loira; en dos cartas más sin fecha y sin firma que el demandante afirma fueron escritas por su esposa, impetrando perdón del deman-dante por una falta que no expresa cual sea, y en la declara-ción del demandante expresiva de que hace más de diez años que está separado de su esposa con motivo de la carta que le quitó cuando trataba de echarla al correo.

Las tres cartas de referencia son las mismas que se acom-pañaron a la demanda .y su- autenticidad debe considerarse admitida, por no haberse negado por la demandada, de con-formidad con lo que previene el artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil; pero esa autenticidad no puede tener más alcance que el que revelan las mismas cartas, sin que por tanto podamos llegar a la conclusión de hecho, de que la demandada fué la que bajo la firma de Rosa dirigió a José Manuel de Loira, oculto bajo el nombre de Lola, la carta de 13 de octubre de 1902, aunque aceptemos que ella fué la que pidió perdón a su esposo en las otras dos cartas por una falta que ignoramos cuál fuera.

No hay, pues, prueba de las relaciones amorosas de Luisa Clausel con José Manuel de Loira que constituyen, según el demandante, las injurias graves en que se funda la demanda.

Además, hemos resuelto en los casos de Cruz v. Domín guez y de Quiñones v. Rodríguez, que para obtener un divorcio a causa de injurias graves, tales injurias graves deben llegar al extremo de crueldad; 8 D. P. R., 580; 9 D. P. R., 322, respectivamente.

No existe evidencia.de crueldad en este caso.

Véase el caso de Axtmayer v. Ortiz, resuelto en mayo 19 del corriente año, (pág. 499.)

La sentencia apelada debe confirmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo

text:
    El Pueblo, Apelado, v. David, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 602.
    Resuelto en junio 23, 1913
    Falsificación de Pruebas — Alteración Fraudulenta de Una Carta. — Exami-nadas la ley y las pruebas en este caso fe resolvió, que quedaron demostrados los tres elementos esenciales del delito de falsificación de pruebas perseguido, a saber: 1. La existencia de un procedimiento legal; 2. Una carta ante-datada fraudulentamente; y 3.,La presentación por el acusado como prueba en el dicho procedimiento legal, de la expresada carta como genuína sabiendo que había sido antedatada fraudulentamente..
    Veredicto del Jurado — Regularidad en la Manera de Rendirlo. — Después de presentado el veredicto del jurado la corte preguntó individualmente a cada uno de los jurados si ese era el veredicto y todos contestaron afirmativamente) añadiendo uno de ellos que el veredicto que había dado había sido muy for-zado, porque era un hombre muy ocupado, tenía su señora enferma y muchas cosas en su cabeza, pero a preguntas del juez ratificó que ese era su veredicto. Se resolvió que las manifestaciones hechas por aquel jurado no viciaban de nulidad el veredicto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Willis Sweet y Manuel F: Rossy.

    Abogado del Pneblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en este caso, en lo pertinente, dice así:

“El citado Albert A. David allá el día 26 de diciembre de 1911, en el Distrito Judicial de San Juan, en un juicio civil seguido por el citado Albert A. David contra J. Ross Smith en la Corte Municipal de San Juan, ofreció en prueba, como genuina, una carta, sabiendo que había sido alterada fraudulentamente.”

' El acusado hizo la alegación de no culpable y solicitó juicio por jurado. El juicio se celebró el 16 de mayo de 1912 y el jurado después de oir las alegaciones, las pruebas y las instrucciones de la corte, rindió su veredicto declarando culpable al acusado.

Albert A. David pidió la celebración de un nuevo juicio. La corte la negó por resolución de 27 de mayo de 1912 y acto seguido procedió a dictar sentencia condenando al convicto a sufrir la pena de seis meses de presidio con trabajos forzados. Contra la resolución denegatoria del nuevo juicio interpuso David el presente recurso de apelación, cuya vista tuvo lugar ante este Tribunal Supremo el 10 de junio de 1913.

Los motivos alegados para solicitar el nuevo juicio fue-ron dos, a saber-:

“1. Porque el veredicto fué contrario a la prueba, porque no se probó que el documento que se alegó había sido falsificado, fué ofrecido como prueba por el acusado, en la corte municipal, y porque la prueba en su conjunto, no era suficiente para probar la culpabili-dad del acusado fuera de una duda razonable.
“2. Porque el veredicto que dió el jurado era informal, irregular, o ilegal, porque no era una expresión libre de la voluntad de todos los miembros del jurado; que no era unánime, y fué dado por el jurado Sr. Félix Negrón, contra su voluntad, y obligado por ra-zones fuera de la prueba que se presentó en el caso, como se acredita por una parte del récord que va adjunta y que se hace una parte de esta moci-m.'” ■ ■

Procederemos a examinar en primer término la prueba practicada, para ver si es o nó suficiente para sostener el veredicto del jurado, y luego examinaremos la cuestión rela-tiva a las manifestaciones hechas por el jurado Señor Negrón.

La ley sustantiva reguladora de este caso está contenida en el artículo 126 del Código Penal que, copiado a la letra, dice así:

“Artículo 126. Toda persona que en algún juicio, procedimiento, acusación o investigación autorizada por la ley, ofreciere en prueba, como genuino o verdadero, algún libro, papel, documento, registro, s u otio instrumento escrito, sabiendo que lia sido falsificado, alterado, o antedatado fraudulentamente, será culpable de delito grave (felony).”

Para que se entienda perpetrado el delito perseguido es, pues, necesario que se demuestre la existencia de tres ele-mentos esenciales: ■

■ 1. IJn procedimiento, acusación o investigación autorizado por la ley?

2. Un libro, papel, documento, registro u otro instrumento escrito falsificado, alterado o antedatado fraudulentamente;

3. Una persona que conociendo la falsificación, alteración o antedatación del libro, papel, documento, registro u otro instrumento escrito, lo ofrezca en prueba como genuino o verdadero, en el procedimiento, acusación o investigación autorizado por la ley.

La existencia del primer elemento quedó demostrada. Un pleito civil en cobro de pesos seguido en una corte municipal, es un procedimiento autorizado por la ley, y en este caso por las declaraciones del juez y del secretario de la Corte Municipal de San Juan y por los mismos autos originales, se pro-bó que Albert A. David entabló una demanda en dicha corte municipal contra James Smith en cobro de pesos.

También quedó demostrada la existencia del segundo ele-miento. Una carta fné alterada fraudulentamente. La carta dice así:

“September 18, 1911. Dear Sir: If you find a purchaser for my contract on the Guy II. Oyster property any time within four months for the sum of $6,000, or more, I will allow you a commission of 5 per cent. If sold for less than the above sum, the commissidi hi be 5 per cent on the first $1,000 and 2 1/2 per cent on the buhiuce of the price sold for. J. Boss Smith to Capt. A. A. David. N. B. The above agreement or offer is not to prevent me from selling the property in the meantime if I find an independent purchaser. J. Boss Smith.’’

La alteración fraudulenta de la carta consiste en haberse sustituido las palabras “one month” por las palabras “four-months.” La alteración como hecho se admitió por el propio acusado, y que fue fraudulenta se demuestra como sigue:

David, el.acusado, declaró que la alteración la había hecho el mismo Smith, firmante de la carta. El jurado no creyó a David, sino a Smith que dijo que él había escrito la carta, pero no las palabras alteradas; que el original que entregó a David decía “one month,” y que no volvió a ver el docu-mento hasta que ‘sé presentó en el juzgado; al juez municipal que declaró, que cuando se presentó el documento como prueba Smith se sorprendió y lo impugnó como falso, y al litógrafo Julio Snach que depuso, exponiendo los motives que lo llevaban a sostener tales conclusiones, que las enmien-das no se habían hecho por la misma persona qu'e escribió el documento y que las tintas usadas para escribir la en-mienda y la carta en su totalidad se diferenciaban. El perito de la defensa, Señor Timothée, se limitó a declarar, en resu-men, que no podía determinarse por el solo examen de la carta si el que la escribió fué el mismo que hizo las enmiendas.

T por último, también quedó demostrada la existencia del tercer elemento. Una persona, el acusado, sabiendo que la carta había sido alterada fraudulentamente, la presentó en prueba como genuina, en el pleito seguido por él contra Smith en la corte municipal en cobro de pesos. La prueba demuestra que Smith, en 18 de septiembre de 1911 comisionó a David para que le vendiera una finca de su propiedad que estaba embargada y que iba a subastarse el 1 de diciembre de 1911, dándole para ello el plazo de un mes y ofreciendo pagarle cierta suma por sus gestiones. Pasó el mes y la finca no fue vendida, siéndolo luego por su propio dueño, sin inter-vención de David. Este reclamó su comisión a Smith y Smith se negó a pagarla. Entonces David entabló el pleito ante la corte municipal y presentó en prueba la carta alterada frau-dulentamente, carta que era de gran importancia en el pleito porque si las palabras cuatro meses "eran ciertas, entonces la venta se había verificado dentro del período de la comisión conferido por Smith a David.

Yisto, pues, el resultado de la prueba, teniendo en cuenta la forma en que aparece la enmienda hecha aparentemente con la intención de que no se notara y que el plazo de cuatro meses que vencía después del día fijado para la subasta era innecesariamente largo, ya que el propósito de Smith era encontrar un buen comprador antes de la subasta, y apre-ciando todas las circunstancias del caso, es necesario concluir que la prueba sostiene el veredicto del jurado.

Examinemos la segunda cuestión suscitada. Guando vol-vió el jurado con su veredicto a la sala de la corte ocurrió lo siguiente: El juez preguntó: “¿Quieren las partes que se pr.egunte personalmente a cada jurado si ése es su vere-dicto?” Falcón: “Sí señor.” “Señor Angel Rivero, ¿es ése su veredicto?” “Sí señor,” “Señor José A. Rexacb, ¿es ése su veredicto?” “Sí señor.” “ Señor Ramón Dau-bón, ¿es ése su veredicto?” “Sí señor.” “Señor Carlos Preston, ¿es ése su veredicto?” “Sí señor.” “Señor Jus-tino Díaz, ¿es ése su veredicto?” “Sí señor.” “Señor Jorge Fernández Látimier, ¿es ése su veredicto?” “Sí señor.” “Señor Segundo Más, ¿es ése su veredicto?” “Sí señor.” “Señor Manuel Campos, ¿es ése su veredicto?” “Sí señor.” “Señor Ramón Berrios, ¿es ése su veredicto?” “Sí señor.” “Señor José Escalera, ¿es ése su -veredicto?” “Sí señor.” “Señor José Gr. Nieves, ¿es ése su veredicto?” “Sí señor.” “Señor Félix Negrón, ¿es ése su veredicto?” “Sí señor. Ese es mi veredicto, pero debo hacer constar que yo soy un hombre de trabajo, muy ocupado, y en segundo lugar tengo mi señora enferma, y me ha causado mucho trabajo el veredicto.” Juez: “Esa es otra cuestión.” Falcón: “Yo de-seo que conste esa manifestación del jurado. De lo que el jurado ha dicho se deduce que le han obligado a dar el vere-dicto * * *.” Juez: “No es eso: no anticipe la defensa ideas que no han sido expresadas por el jurado. Siéntese.” Juez: “¿Qué ha querido decir usted, jurado?” Jurado: “He querido decir que es un veredicto muy forzado el que he dado, porque yo soy un hombre muy ocupado, y además, tengo mi señora enferma, y tengo muchas cosas en la cabeza.” Juez: “No tenemos que ver las razones que ha tenido para dictar ese veredicto; la pregunta es si ése es su veredicto o nó. ” Jurado: “Ese es mi veredicto.” Juez: “Se acepta el vere-dicto por ser formal, y la corte declara al acusado convicto del delito de falsificación de prueba, y señala para dictar sen-tencia el lunes a las nueve de la mañana.” Falcón: “La de-fensa toma excepción de la resolución de la corte, fundada en las manifestaciones que ha hecho el jurado.”

Opinamos que habiendo finalmente contestado el jurado categóricamente: “Ese es mi veredicto,” el rendido es válido, y para ello nos fundamos en la jurisprudencia que .citamos a continuación.

“No hay nada que levante una sospecha de que el vere-dicto no fué el resultado de la convicción consciente y uná-nime de los jurados. Uno de ellos dudó al principio, como cualquier hombre puede dudar en ocasión tan solemne, pero, después de haber consultado con sus compañeros y delibe-rado, se' unió a ellos pública y espontáneamente en el veredicto.” State v. Godwin, caso de N. Carolina, reportado en 44 Am. Dec., 42 y 44.

“No hubo error al desestimar la moción por el sexto de sus fundamentos, a saber: que uno de los jurados, al tomár-sele el voto, respondió que se había conformado con el vere-dicto pero con disgusto. La conformidad del jurado con el veredicto es suficiente de acuerdo con la ley. Si se fueran a desestimar los veredictos porque algunos jurados los rin-dieran a disgusto, muy pocos veredictos quedarían en pie en casos importantes.” Parker v. State. Caso de Georgia reportado en 6 Southeastern Reporter, 600, 601.

“Después que el jurado había entregado su veredicto, se le tomó el voto individualmente, y todos los jurados contes-taron que el entregado era su veredicto, excepto uno, el Señor Chaplin, que primeramente contestó que había consentido bajo protesta y después contestó: ‘Yo consentí bajo protesta.’ La corte entonces dijo al jurado: ‘Señor Chaplin, jes éste su veredicto?’ y el jurado contestó: ‘Lo es, pero he consen-tido bajo protesta.’ La corte disolvió al jurado. Inmediata-mente después de la disolución del jurado, y no antes, el abo-gado del demandante se opuso'a que se recibiera el veredicto, y la corte desestimó la oposición. Bajo las circunstancias del caso, creemos que no se cometió error en este respecto.” Wyley v. Bull, caso de Kansas reportado en 20 Pacific Reporter, 855, 857.

“Se consignó expresamente en el veredicto que el jurado encontró culpable al acusado de asesinato en primer grado, como se imputa en la acusación, y que el reo fué acusado en la acusación como principal y no como cómplice. Cuando los jurados contestaron que ese era su veredicto, debe presumirse que entendían el significado del mismo. Creemos que nunca se ha entendido que al permitirse tomar el voto a un jurado se permita interrogar a los jurados más allá que esta pre-gunta directa a cada uno: ‘¿Es este vuestro veredicto?’ Si responde en la afirmativa, su repuesta es concluyente, y no se permite mayor investigación. Si la regla fuera otra, cada jurado podría ser sujeto a un examen escudriñador con la mira de mostrar que se había equivocado en el veredicto que había rendido y que había anunciado como tal solemnemente; práctica que no sería razonable y que redundaría en perjuicio de los fines de la justicia.” Bean v. The State, 17 Texas Court of Appeals, 60, 69.

Por virtud de todo lo expuesto y habiendo examinado la transcripción de los autos y llegado a la conclusión de que no aparece que se baya cometido error fundamental alguno, opi-namos que debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.