text:
      In re Carlos Quiñones Capacetti.

      Número: AD-2015-3

      Resuelto: 5 de abril de 2016

      Aída N. Molinary de la Cruz, presidenta de la Comisión de Disciplina del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en in-forme; Cristina Guevara Cáceres, directora, y Larissa Ortiz Modestti, asesora legal, ambas de la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de los Tribunales, en informe; Fernando M. Quiñones Bodega, abogado de Carlos Quiñones Capacetti.
   per curiam:

El Canon 31 de Ética Judicial, infra, impone unas restricciones claras y sencillas que constituyen parte de las limitaciones que conlleva el cargo de juez o jueza. En específico, que cuando estos o estas comparezcan como parte ante un foro judicial o un foro administrativo adjudi-cativo, se les prohíbe que sea por derecho propio.

I

El 3 de marzo de 2015 la Directora Administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales presentó un In-forme de Investigación con relación a la conducta del Hon. Carlos Quiñones Capacetti, juez municipal (juez Quiñones Capacetti). Del referido informe surge que el juez Quiñones Capacetti incurrió en una conducta violatoria del Canon 31 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, cuando el 17 de septiem-bre de 2014 solicitó la revisión de tres boletos por infracción a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22-2000 (9 LPRA see. 5001 et seq.), a saber: por utilizar el teléfono mientras conducía el vehículo de motor, tintes inde-bidos y transitar desprovisto de registration. Al así hacerlo, el juez Quiñones Capacetti compareció por derecho propio. Del informe también surge que el magistrado compareció sin representación legal a la vista pautada para el 17 de octubre de 2014 ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. En esa fecha, la juez que presidía la Sala le indicó que no podía atender el asunto y que el Juez Admi-nistrador proveería para un nuevo señalamiento.

Tras evaluar el referido informe, se determinó causa probable para presentar una querella contra el juez Quiñones Capacetti por violar el Canon 31, supra. En consecuen-cia, se procedió a presentar la correspondiente querella. El cargo imputado es el siguiente:

El Querellado al presentar un recurso de revisión de boletos de tránsito por derecho propio y acudir a una vista sin repre-sentación legal, compareció como parte en un procedimiento judicial sin estar asistido de abogado o abogada, en contraven-ción con lo dispuesto en el Canon 31 de Ética Judicial. Informe de la Comisión, pág. 2.

Durante los procedimientos de rigor ante la Comisión de Disciplina Judicial (Comisión), el juez Quiñones Capacetti adujo que la mera presentación del recurso de revisión no constituyó una comparecencia ante el foro primario. Asi-mismo, argüyó que compareció a la vista señalada para solicitar solamente su transferencia porque su represen-tante legal no podía asistir. Alegó que no tuvo la oportuni-dad de expresarlo ante el foro primario, ya que la juez que presidió la sala indicó inmediatamente que no podía aten-der el caso y que consultaría con el Juez Administrador. Asimismo, el juez Quiñones Capacetti señaló que el 24 de octubre de 2014 su representante legal presentó una mo-ción mediante la que asumió representación legal y para solicitar señalamiento de vista. Posteriormente, las par-tes estipularon los hechos y presentaron sus respectivas posturas, y así quedó sometida la querella ante la Comi-sión sin la necesidad de celebrar una vista evidenciaría.

La Comisión rindió su informe el 20 de octubre de 2015, en el cual recogió los hechos antes expuestos. De igual forma, hizo constar que la querella presentada es el primer proceso disciplinario instado contra el juez Quiñones Capacetti. La Comisión señaló que lo acaecido refleja que el magistrado compareció al proceso judicial cuando presentó un recurso de revisión judicial en el que reclamó que los boletos no procedían. Destacó también que al completar el formulario de revisión, el juez Quiñones Capacetti no anun-ció que sería representado por un abogado en el apartado correspondiente y que esperó cinco semanas para informar quién sería su abogado. Asimismo, recalcó que durante su comparecencia a los procesos señalados para el 17 de sep-tiembre de 2014, tampoco anunció su representación legal.

De igual forma, la Comisión descartó el planteamiento del juez Quiñones Capacetti a los efectos de que imponerle a los jueces y las juezas el requisito de que comparezcan con abogado o abogada ante un proceso adjudicativo en reclama-ciones judiciales o en foros administrativos es contrario a derecho y a la igual protección de las leyes. En este sentido, la Comisión expresó que cuando el juez Quiñones Capacetti aceptó el cargo de juez lo hizo con ciertas restricciones a su conducta, tanto en sus funciones judiciales como en otras actividades. Por lo tanto, se autoimpuso la norma ética al aceptar el cargo. Igualmente, la exigencia de que los jueces y las juezas comparezcan representados con abogado o abo-gada es razonable, pues responde y persigue el fin público de que no se afecte la imagen e integridad del sistema judicial.

Finalmente, la Comisión concluyó que se probó con prueba clara, robusta y convincente que el juez Quiñones Capacetti incurrió en una conducta violatoria del Canon 31, supra. En consecuencia, la Comisión recomendó la sus-pensión temporal de las funciones y del sueldo del juez Quiñones Capacetti por un periodo de seis meses.

Por su parte, el juez Quiñones Capacetti compareció ante nos y reiteró su postura de que el mero hecho de completar un formulario para solicitar la revisión del boleto de tránsito no equivale a una comparecencia. A estos fines, argumentó que ello solo tiene el efecto de calendarizar los procesos sin que se adjudique cualquier planteamiento. A su vez, en-tiende que el Canon 31, supra, pretende salvaguardar la etapa adjudicativa de los procesos. En cuanto al hecho de que asistió sin representación legal a la vista del 17 de sep-tiembre de 2014, el juez Quiñones Capacetti señaló que asistió con el fin de informar que su abogado no podía acudir a dicha vista, pero no pudo expresarse porque la jueza que presidía la Sala indicó que no podía atender el caso. Por lo tanto, sostiene que no existe evidencia de su intención de representarse. Así, entiende que no violó el Canon 31, supra.

No obstante, y en la alternativa de que este Tribunal en-tienda que se violó la referida disposición ética, sostiene que la medida disciplinaria recomendada es excesiva. En este sentido, expone que tal recomendación no considera que ha sido un servidor público abnegado, con un expediente inta-chable y excelente reputación. Destaca que desde que fue admitido a la práctica de la abogacía en el 2008 trabajó por cuenta propia y que luego fue designado a la Comisión de Donativos Legislativos, sin ser objeto de señalamientos por falta ética o corrupción. Asimismo, expone que desde su nombramiento como juez municipal se le ha reconocido su laboriosidad y compromiso con la Rama Judicial e, incluso, se le ha designado en más de veinte ocasiones para actuar como Juez Superior, una de éstas por un periodo de tres meses, y nunca ha sido objeto de algún señalamiento. Por lo tanto, entiende que la sanción de suspensión de seis meses de sueldo es desproporcionada e injusta porque se distancia de sanciones impuestas en casos similares y le priva, como padre de familia, del sustento necesario para mantener su hogar y la manutención de su hija.

II

Este Tribunal posee la autoridad exclusiva para atender los procedimientos disciplinarios relacionados con los jueces y las juezas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones. Art. V, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. En ese ejercicio, se aprobó un cuerpo de normas mínimas que rigen la conducta de los jueces y las juezas del sistema judicial. Véanse: In re Quiñones Artau, 193 DPR 356 (2015); In re Claverol Siaca, 175 DPR 177, 188 (2009).

El Preámbulo de los Cánones de Ética Judicial pro-mueve una serie de aspiraciones dirigidas a proteger la in-dependencia judicial, la administración efectiva e imparcial de la justicia y la confianza de la ciudadanía. Por ello, los cánones constituyen unos principios consustanciales al co-rrecto ejercicio de quienes están llamados a impartir justicia. 4 LPRA Ap. IV-B, I. De igual forma, pauta que cuando el juez o la jueza asume su cargo acepta también ciertas restricciones a su conducta, tanto en el ejercicio de sus funciones judiciales como en sus demás actividades, ya sean personales o profesionales. íd. Tales limitaciones no les privan de sus derechos como miembros de nuestra sociedad, sino que responden a los sacrificios que se requieren para enaltecer la integridad e independencia de su ministerio y estimular la confianza y el respeto en la Judicatura. Id. Vé-anse, además: In re Cancio González, 190 DPR 290, 297 (2012); In re Berríos Jiménez, 180 DPR 474 (2010); In re Nevárez Zavala, 123 DPR 511, 524-525 (1989).

La política de que los jueces y las juezas se conduzcan de forma que enaltezcan su cargo cobija incluso la aparien-cia de conducta del juez o jueza, de forma tal que se erra-dique cualquier interrogante sobre la función judicial. In re Ramos Mercado, 170 DPR 363, 392-393 (2007).

Dentro de las normas éticas avaladas por este Tribunal, se aprobó el Canon 31, supra, que dispone lo si-guiente:

Cuando las juezas y los jueces comparezcan como partes ante el foro judicial o ante un foro administrativo adjudicativo, estarán asistidos por abogado o abogada.
Las juezas y los jueces no comparecerán por iniciativa pro-pia a procesos judiciales como testigos de reputación.

El Canon 31, supra, incorporó lo establecido en el Canon 23 de Etica Judicial de 1977 y añadió la primera oración para atender la preocupación de este Tribunal con relación a la comparecencia de los jueces y las juezas a procedimientos adjudicativos. Antes de la aprobación del Canon 31, supra, este Tribunal consignó su insatisfacción de que un juez asu-miera su propia representación legal durante un trámite de litigio ante el tribunal de primera instancia. A estos efectos, este Tribunal manifestó que “[n]o alcanzamos a ver justifi-cación para que no se hiciera representar por un abogado de su selección”, ya que “[l]os jueces debemos ser cautelosos cuando nos vemos obligados a ser parte en un pleito, espe-cialmente de parte de quienes puedan interpretar que esta-mos tomando ventaja de nuestra posición”. Bonilla v. Citibank, 116 DPR 705, 709 esc. 3 (1985).

La incorporación del Canon 31, supra, a las normas éti-cas mínimas que deben seguir los jueces y las juezas del sistema judicial atendió dos situaciones particulares. La pri-mera, concerniente a que un miembro de la Judicatura com-parezca como parte ante el tribunal o ante un organismo administrativo con facultades adjudicativas, y la segunda, cuando comparece como testigo de reputación. Estas compa-recencias incluyen tanto los procedimientos adversativos como los ex parte. Véase In re Aprobación Cánones Ética 2005, 164 DPR 403, 463 (2005).

En particular, el Canon 31, supra, responde al in-terés de evitar que se empañe la imagen de imparcialidad de la Judicatura con la impresión de que se ejerce influen-cia en el ánimo del juzgador o la juzgadora de los hechos de un caso, o que se pretende tomar ventaja del cargo judicial cuando los jueces o las juezas comparecen como parte ante un compañero o compañera miembro de la Judicatura. In re Aprobación Cánones Ética 2005, supra, págs. 463—464.

Así, el Canon 31, supra, evita que se pueda interpretar que algún miembro del sistema judicial tome ventaja de su cargo cuando comparece por derecho propio ante un pro-ceso adjudicativo, ya sea en el foro judicial o en el administrativo. La norma ética cobija, incluso, la compare-cencia a los procedimientos ex parte. Véase In re Aprobación Cánones Ética 2005, supra. Obviamente, el propósito es erradicar cualquier apariencia que atente contra la in-dependencia judicial, evitando que se entienda que el juez o jueza que comparece ante el foro busca aprovecharse de su cargo para obtener una decisión a su favor.

En este sentido, y con el fin de erradicar hasta la mera apariencia de conducta impropia, basta que un juez o una jueza presente por derecho propio su petición ante el foro judicial o adjudicativo en solicitud de algún remedio. Desde ese instante, el juez o jueza se somete a la jurisdic-ción del foro y se convierte en parte del proceso en el cual solicita un remedio o se defiende de una instancia en su contra. Asimismo, el juez o la jueza no puede asistir a una vista señalada sin estar acompañado por la correspon-diente representación legal, pues podría crearse la percep-ción de que se le concederá cualquier petición por razón de su función judicial. Permitir tal conducta lesiona el propó-sito de la norma atendida por el Canon 31, supra.

Como corolario, no podemos avalar la postura del juez Quiñones Capacetti a los efectos de que su solicitud de re-visión no constituyó una comparecencia como parte y, mu-cho menos, su alegación no creída por la Comisión de que solo acudió a la vista pautada para informar y solicitar que se transfiriera la vista para otra fecha porque su represen-tación legal no podía acudir. Claramente, es este tipo de actuación la que puede dar la impresión de que se favorece y otorga lo solicitado a un compañero juez o compañera jueza del sistema judicial por razón de su cargo. Esa ver-sión no está avalada por la prueba. Además, el represen-tante legal del juez Quiñones Capacetti podía haber infor-mado y solicitado la transferencia de la vista mediante una moción. Por consiguiente, concluimos que el juez Quiñones Capacetti infringió el Canon 31, supra.

I—I HH (—i

Por último, el juez Quiñones Capacetti cuestiona la re-comendación de la Comisión en cuanto a la medida disci-plinaria que se le impondría. Sobre este particular, es norma conocida que la Comisión realiza la importante fun-ción de aquilatar la prueba para formular las determina-ciones de hechos, conclusiones de derecho y recomendacio-nes que estime pertinentes. In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 253 (2006). Así, las determinaciones de hechos que realice merecen nuestra deferencia. In re Saavedra Serrano, 165 DPR 817, 829 (2005). No obstante, este Tribunal retiene la facultad para aplicar la acción disciplinaria que estime adecuada, por lo que no estamos obligados a aceptar las recomendaciones del comisionado especial so-bre la querella disciplinaria. In re Sierra Enríquez, 185 DPR 830, 853 (2012); In re Muñoz, Morell, 182 DPR 738, 749-750 (2011); In re Ruiz Rivera, supra, pág. 278; In re Hon. Maldonado Torres, 152 DPR 858, 869 (2000).

La imposición de la medida disciplinaria sirve como una guía que estimula el cumplimiento con la importante enco-mienda que conlleva un cargo en la Judicatura. Por ello, hemos considerado la buena reputación profesional del juez o la jueza, la actitud desplegada, el grado de la conducta y las sanciones impuestas a conductas análogas para imponer la medida disciplinaria que estimemos pertinentes. Véanse: In re Claverol Siaca, supra, pág. 197; In re Suárez Marchán, 159 DPR 724 (2003); S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 368.

De esta manera, debemos recordar que en In re González Acevedo, 165 DPR 81 (2005), una jueza municipal instó en el tribunal —en el cual estaba designada como juez— dos re-cursos de revisión de boletos administrativos por violación a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, ello con pleno conocimiento de que la sala carecía de competencia para considerar el recurso y que éstos serían asignados a su com-pañera de oficina. Al así hacerlo, la jueza municipal solo expuso como fundamento para cuestionar los boletos que no se cometió la falta. A su vez, como estaba de vacaciones, procedió a delegar la presentación del recurso de revisión a una secretaria del tribunal. Así las cosas, y sin celebrar vista, la compañera de oficina de la juez municipal decretó el archivo de los boletos. Como consecuencia, se le imputó a la jueza municipal que solicitó la revisión de los boletos, haber lesionado la imagen de imparcialidad, procurar trato desigual para sí y crear la impresión de influir en el proceso. Este Tribunal determinó que la jueza municipal compareció como parte promovente ante el foro en el cual adjudicaba controversias, y que sus actuaciones dan base para que se crea que ejerció o pretendió ejercer influencia indebida en el ánimo de otro juez. Por consiguiente, se le impuso como me-dida disciplinaria la suspensión de empleo y sueldo por el término de tres meses.

En la imposición de medidas disciplinarias, entendemos que casos similares ameritan sanciones análogas. In re González Acevedo, supra, pág. 104. Al evaluar los actos cometi-dos por el juez Quiñones Capacetti, entendemos que la con-ducta incurrida es de la severidad de la acontecida en In re González Acevedo, supra. En primer lugar, el juez Quiñones Capacetti acudió al foro con competencia, en el cual no ejer-cía su cargo como juez municipal. Además, eventualmente éste contrató representación legal y así siguió el proceso de revisión correspondiente, hasta que finalizó. Tampoco esta-mos ante un esquema dirigido a recibir un trato preferencial por razón de su cargo como juez municipal. Así, concluimos que el término de seis meses recomendado por la Comisión resulta excesivo y desproporcionado, máxime considerando el desempeño jurídico del juez Quiñones Capacetti. Ahora bien, es innegable que el juez Quiñones Capacetti infringió el claro lenguaje del Canon 31, supra, por lo que procede una suspensión de empleo y sueldo por el término de tres meses, la cual resulta una medida proporcional a las accio-nes desplegadas por el magistrado.

IV

Por los fundamentos expuestos, decretamos la suspen-sión de empleo y sueldo por el término de tres meses del juez Quiñones Capacetti.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión de conformidad, a la cual se unió la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.

Opinión de conformidad emitida por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a la que se une la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.

Estoy conforme con el dictamen emitido por este Tribunal y la correspondiente sanción impuesta al juez Carlos Quiñones Capacetti por violar las disposiciones del Canon 31 de Ética Judicial de 2005, 4 LPRA Ap. IV-B. Estimo que aquellos miembros de nuestra Judicatura que actúan en contravención a los postulados normativos que rigen tanto su gestión profesional como su vida personal, los sobrelleva una preocupante irreflexión. Esto, pues olvidan que las consecuencias de su proceder no se limitan a su persona, sino que pueden producir efectos que estremecen el cimiento de nuestro sistema de justicia, a saber, la confianza que el pueblo deposita en su Judicatura. Mi repudio a actuaciones como éstas me obligan a emitir estas expresiones.

I

El 17 de septiembre de 2014, el juez Quiñones Capacetti instó, por derecho propio, tres escritos intitulados Recurso de Revisión (OAT-960) ante el Tribunal de Primera Instan-cia, Sala de San Juan, con relación a varias multas expedi-das en su contra por infracciones a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22-2000 (9 LPRA see. 5001 et seq.). Transcurrido un (1) mes desde la presentación de los referidos recursos, el 17 de octubre de 2014 se celebró la vista correspondiente. El juez Quiñones Capacetti compa-reció a ésta sin representación legal.

Según surge del expediente, el juez Quiñones Capacetti planteó que compareció a la referida vista únicamente con la intención de solicitar la transferencia de ésta. Ello, debido a que su representación legal no podía asistir. No obstante, éste argüyó que no cumplió su cometido ya que, comenzada la vista, la Hon. María de Lourdes Camareno Dávila le in-formó que no podía atender el caso y detuvo los procedi-mientos para consultar el asunto con el Juez Administrador.

Ahora bien, surge de los hechos estipulados por las par-tes que, posteriormente, la juez Camareno Dávila regresó a sala e informó para récord que referiría el caso al Juez Administrador. En ese momento, contrario a lo argüido por el juez Quiñones Capacetti, éste tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal. No obstante, se limitó a indagar sobre la fecha para la que sería reseñalada la vista. Por lo tanto, resulta evidente que el juez Quiñones Capacetti, a pesar de tener la oportunidad de hacer constar para récord que éste contaba con representación legal y la razón para su incom-parecencia, no hizo mención alguna sobre ello.

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La Parte IV de los Cánones de Ética Judicial de 2005 (4 LPRA Ap. IV-B) regula lo referente a las actuaciones extra-judiciales de los miembros de la Judicatura. En particular, nos concierne lo dispuesto en el Canon 31, que en lo perti-nente reza como sigue: “[c]uando las juezas y los jueces comparezcan como partes ante el foro judicial o ante un foro administrativo adjudicativo, estarán asistidos por un abogado o abogada”. 4 LPRA Ap. IV-B.

Este precepto disciplinario persigue evitar que se man-cille la imagen de imparcialidad de los miembros de la Ju-dicatura en ocasiones donde se pueda interpretar que éstos aparentan tomar ventaja del cargo judicial que ostentan para ejercer una influencia indebida sobre un juzgador. El fundamento para esta medida profiláctica descansa en la idea que, en nuestra sociedad, el cargo de juez está reves-tido de prestigio e influencia. Véase In re Suárez Marchán, 159 DPR 724, 738 (2003); In re Comunicación Juez Pérez Giménez, 112 DPR 683, 685 (1982). Por ello, incluso previo a la redacción del precitado Canon 31, expresamos que un juez no debe asistir a procedimientos judiciales sin repre-sentación legal. Bonilla v. Citibank, 116 DPR 705, 709 esc. 3 (1985).

Ahora bien, una conducta similar a la que nos ocupa fue analizada por este Tribunal en In re González Acevedo, 165 DPR 81 (2005). En lo pertinente, en esa ocasión pasamos juicio sobre las actuaciones de la juez Karen Pagán Pagán quien, sin representación legal, presentó ante el Tribunal de Primera Instancia dos recursos de revisión de boletos administrativos por violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. Es preciso destacar que esta con-troversia fue resuelta al amparo del Canon XXIII de Ética Judicial de 1977 (4 LPRA Ap. IV-A). Contrario al Canon 31 de Ética Judicial de 2005, dicho cuerpo normativo no contaba con una disposición que proscribiera, de forma literal y taxativa, la comparecencia de un juez, por derecho propio, a procesos administrativos o judiciales.

En consideración a lo anterior, la conducta que este Tribunal tildó como reprochable fue el que la juez Pagán Pa-gán haya presentado los recursos de revisión en una sala que carecía de competencia y a sabiendas de que su com-pañera de oficina, la juez Jeannette González Acevedo, se-ría quien las atendería.

III

Todo miembro de la Judicatura tiene el deber ministerial de dar fiel cumplimiento a la ley. En atención a ello, el Preámbulo de los Cánones de Ética Judicial de 2005 dis-pone que “los jueces serán [...] rigurosos al estudia[r] [los cánones] y aplicarlos a sus realidades particulares”. 4 LPRAAp. IV-B, C. I. Este principio ineludible se encuen-tra, además, consagrado en el Canon 1: “los jueces respe-tarán y cumplirán la ley y serán fieles al juramento de su cargo”. 4 LPRA Ap. IV-B.

Por otra parte, el cargo judicial requiere desplegar un comportamiento ejemplar en todo momento, tanto dentro como fuera del tribunal, ya que “[l]a confianza que deposita el pueblo en la justicia exige que los jueces actúen correc-tamente y promuevan la impresión de que actúan con-forme a los más altos niveles de principios morales”. In re Quiñones Artau, 193 DPR 356, 376 (2015). Véase, también, In re Claverol Siaca, 175 DPR 177 (2009); In re Grau Acosta, 172 DPR 159 (2007).

Como corolario de lo que antecede, los miembros de la Judicatura tienen que aceptar ciertas restricciones a su con-ducta, tanto en el ámbito de su función judicial como en el contexto de su vida profesional y personal. Estas “limitacio-nes constituyen sacrificios en su vida pública y privada que tienen el propósito de enaltecer la integridad e independen-cia de la Judicatura”. In re Claverol Siaca, supra, pág. 188.

IV

La Judicatura puertorriqueña se encuentra en un mo-mento clave de su historia. Desafortunadamente, este hito se caracteriza por la erosión en la confianza depositada por la ciudadanía en el sistema de justicia. Para atajar esta crisis, la Rama Judicial se ha dado a la tarea de revitalizar los procedimientos de disciplina judicial para facilitarle a la ciudadanía la presentación de quejas contra miembros de la Judicatura y proveerle a los procesos disciplinarios la agili-dad y transparencia debidas para atender las quejas de la forma más efectiva.

Ahora, más que nunca, tenemos la responsabilidad de garantizarle a la ciudadanía una Judicatura honesta e íntegra. La consecución de este cometido no puede ser me-nospreciada, ya que una ciudadanía sin confianza en su Ju-dicatura corre el riesgo de quebrantar la legitimidad de su estado de derecho. En fin, es necesario ejercer nuestro que-hacer disciplinario con el rigor necesario.

“Los jueces deben ser fieles cumplidores de la ley y de las normas que rigen los procedimientos judiciales desde el estrado y fuera de él”. In re González Acevedo, supra, pág. 103. El juez Quiñones Capacetti violó el Canon 31 de Etica Judicial de 2005 de varias formas. En primer lugar, pre-sentó el formulario Recurso de Revisión (OAT-960) sin in-cluir la información de su alegada representación legal. Por otra parte, el juez Quiñones Capacetti se cruzó de brazos durante un (1) mes —transcurrido desde la presentación de los recursos hasta la fecha de la vista— y no informó al tribunal que ostentaba representación legal. Por último, éste compareció a la vista y no hizo constar en récord —evi-denciada la oportunidad que tenía de hacerlo— que éste te-nía representación legal, mas no podría comparecer a la vista.

No es preciso concluir sin reiterar, una vez más, el hecho de que el canon bajo análisis en esta ocasión establece ta-jantemente la obligación de todo miembro de la Judicatura de comparecer ante procesos administrativos y judiciales mediando representación legal. Asimismo, puntualizamos que surge con claridad de la jurisprudencia antes reseñada que la conducta en que incurrió el juez Quiñones Capacetti fue vedada por este Tribunal aun con anterioridad a la apro-bación del Canon 31 de Ética Judicial de 2005.

El juez Quiñones Capacetti tenía que dar fiel cumpli-miento a aquellos preceptos éticos que juró acatar. Su con-ducta, según surge de los hechos, denotan una patente desidia a las normas que deben regir su proceder o, igual-mente preocupante, un desconocimiento de las mismas.

V

El dictamen que hoy emite este Tribunal sirve como cor-tapisa para estas actuaciones, desafortunadamente reite-radas, de algunos miembros de la Judicatura que optan por ultrajar la imagen de imparcialidad y honradez que encarna la toga que juraron llevar. Tenemos una obligación inquebrantable de “rendir cuentas” sobre nuestras actua-ciones, tal y como nos recordó la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez en ocasión de su juramento: “[L]a rendición de cuentas exige que atendamos con prontitud y con el mayor rigor posible cualquier alegación de conducta reñida con los principios éticos por parte de quienes componemos el sistema de justicia. En palabras llanas: cuando fracasemos en nuestro ministerio, tiene que haber consecuencias”.

A su vez, invito a que nuestro pronunciamiento sea aco-gido por todos aquellos que acuden a nuestros tribunales como proclama del compromiso incansable de este Tribunal en defensa de nuestro sistema de justicia y como demostra-ción de la rigurosidad con que atenderemos señalamientos de esta índole para salvaguardar la confianza que el pueblo ha depositado en su Judicatura.

       La vista fue señalada para el 18 de diciembre de 2014 y, mediante Resolución notificada el 30 de diciembre de 2014, se declararon “con lugar” los recursos de revisión presentados.

       Este canon proscribía aquella conducta o actuación de un juez que pudiera dar base a la creencia de que éste ejercía, o pretendía ejercer, una influencia indebida sobre otro juez en consideración a un caso. Asimismo, le instruía a los miembros de la Judicatura a no ejercer influencia, directa o indirectamente, para colocarse en una mejor posición que otro ciudadano respecto a sus causas personales. Por otra parte, disponía que un juez no podía dar la impresión, ni permitir que otros la dieran, de que un tercero podría tener influencia sobre éste. Finalmente, disponía, categórica-mente, que un juez no debía prestar testimonio, por iniciativa propia, como testigo de reputación. Véase 4 LPRA Ap. IV-A, C. XXIII (derogado). Cabe señalar que los pri-meros dos párrafos del Canon XXIII se convirtieron en el Canon 30 de Ética Judicial de 2005. Véase 4 LPRA Ap. IV-B, C. 30.


source: Caselaw Access Project

author:
(.Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo
     Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

license: Public Domain

text:
    Héctor R. Díaz Vanga, peticionario, v. Comisión Estatal de Elecciones, recurrida.

      Número: CC-2016-306

      Resuelto: 6 de abril de 2016

      Héctor R. Díaz Vanga, pro se, parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdic-ción, se declara “con lugar”. En consecuencia, se paraliza el sorteo, la preparación de papeletas y cualquier otro proce-dimiento de la Comisión Especial de Primarias del PNP y de la Comisión Estatal de Elecciones relacionado con las primarias al cargo de Senador por el Distrito de Arecibo. Se ordena a la parte recurrida que muestre causa, en el tér-mino final e improrrogable de cinco días, por la cual no procede revocar al Tribunal de Apelaciones.

Notifíquese inmediatamente por teléfono, vía facsímil y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez emitió un Voto particular disidente. La Jueza Aso-ciada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervinieron.

(.Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Por entender que los argumentos sustantivos del peti-cionario carecen de mérito y que debemos abstenernos de atender una controversia que no fue planteada ante el foro revisado, discrepo del curso de acción de una mayoría de este Tribunal en el caso de epígrafe.

El Artículo 8.012 de la Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es claro al establecer que “[l]os en-dosos requeridos por [esta ley] deberán ser recibidos y remi-tidos a la Comisión desde la certificación de la candidatura por el partido político o desde que se solicita una candida-tura independiente hasta el 15 de febrero del año de las elecciones generales”. 16 LPRA sec. 4122(2)(b). Asimismo, el Artículo 8.011 dispone que “[l]a hora límite en todos los ca-sos serán las 12:00 del mediodía; cuando alguna de estas fechas cayere en un día no laborable, la misma se correrá al siguiente día laborable”. 16 LPRA see. 4121.

Luego de examinar las disposiciones legales pertinen-tes, es forzoso concluir que no nos encontramos propia-mente ante un término cuya extensión pueda regirse por lo dispuesto en la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. VI, sino más bien ante una fecha límite para la cual su vigencia está específicamente pautada y predetermi-nada por disposición expresa de la ley electoral. De esta ma-nera, según dispone la ley, su extensión depende de que el día pautado no sea laborable para el ente gubernativo en cuestión, es decir, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Según surge del expediente, el 15 de febrero de 2016, la fecha puntualmente fijada en la ley electoral para presentar las peticiones de endoso fue un día laborable en la CEE y esta entidad estaba abierta para recibir endosos. Más aún, es innegable que, para el peticionario, esa era la fecha en la que tenía que presentar sus endosos, habida cuenta de que acudió a la CEE a las 3:34 p. m. para entregarlos. Ello a pesar de que tenía hasta las 12:00 del mediodía para presentarlos. En ese momento, justificó su tardanza con pre-suntos inconvenientes de tráfico y desperfectos mecánicos que le impidieron llegar a la hora requerida. Conveniente-mente, el 16 de febrero de 2016, a las 8:00 a. m., se personó nuevamente a la CEE para presentar otros endosos que, según alegó, había olvidado involuntariamente en el vehí-culo que el día anterior había sufrido desperfectos. Además, justificó su tardanza en entregar todos los endosos en su-puestas dilaciones de la CEE en el proceso. No fue hasta que presentó su recurso de revisión ante el Tribunal de Primera Instancia que el señor Díaz Vanga argumentó, por primera vez, que el 15 de febrero de 2016 era un día feriado.

Por entender que los argumentos del peticionario son inmeritorios, que sus acciones fehacientemente demues-tran que era consciente de la fecha límite para entregar sus endosos y dado que éste tenía conocimiento de que el 15 de febrero de 2016 era un día laborable en la CEE, proveería “no ha lugar” tanto a la moción en auxilio de jurisdicción como al recurso de certiorari presentados por él.

       Precisamente, un término es distinguible de una fecha límite porque éste comienza a transcurrir luego de un evento o incidente determinado. Por otra parte, una fecha límite no depende de la ocurrencia de un evento, puesto que está fijada con exactitud.

       En cuanto a este proceder, cabe recordar que en nuestro ordenamiento cons-tituye una norma establecida firmemente que los foros apelativos no adjudicarán controversias que no se plantearon ante el foro revisado. Véase Abengoa, S.A v. American Intl. Ins., 176 DPR 512, 526 (2009); Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 DPR 340, 351 (1990).


text:
    Pablo Meléndez Rivera, peticionario, v. Corporación del Pondo del Seguro del Estado, recurrida.

      Número: CC-2014-633

      Resuelto: 7 de abril de 2016

      Luis A. Rivera Cabrera, del Bufete Luis A. Rivera Cabrera, PSC, abogado de la parte peticionaria; Juan Manuel Cor-dero Morales y Javier Montalvo Cintrón, de Delgado & Fernández, LLP, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar cuándo comienza a trans-currir el término prescriptivo para acudir al foro judicial tras haberse interpuesto una solicitud de reconsideración en torno a la determinación de la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos sobre una causa de acción de discrimen laboral.

I

En el 2007, el Sr. Pablo Meléndez Rivera acudió a la Unidad Antidiscrimen (Unidad Antidiscrimen) del Depar-tamento del Trabajo y Recursos Humanos (Departamento) para reclamar que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) lo discriminó por razón de edad. Específica-mente, sostuvo que el Director de Area de Asuntos Actua-riales lo llamó “viejo” y realizó una serie de vejámenes e injusticias, despojándolo de funciones y evaluándolo por debajo de sus ejecutorias. Alegó que ese patrón de hostiga-miento le afectó en su desempeño, por lo que no fue acree-dor de aumentos salariales. A su vez, solicitó que los cargos se atendieran tanto por la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) como por el foro local.

Luego de los trámites correspondientes, el 4 de diciem-bre de 2008, la Unidad Antidiscrimen le notificó al señor Meléndez Rivera una determinación de “no causa probable” de discrimen por edad en el empleo. En ésta le advirtió de su derecho a solicitar reconsideración ante el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Secretario). Oportunamente, el señor Meléndez Rivera so-licitó reconsideración y señaló que la determinación de “no causa probable” no consideró la prueba documental y tes-tifical ofrecida.

El 18 de mayo de 2010, el Secretario declaró “ha lugar” la solicitud de reconsideración y remitió el caso al proceso correspondiente ante el Negociado de Asuntos Legales (Negociado).

A raíz de ello, el 19 de mayo de 2011, el Negociado pre-sentó una Querella (Primera Querella) ante el Tribunal de Primera Instancia, para reclamar que hubo actuaciones discriminatorias contra el señor Meléndez Rivera que pro-vocaron que no fuera acreedor de un aumento salarial, así como daños y angustias mentales. Empero, al no diligen-ciarse el emplazamiento en el término correspondiente, la Primera Querella presentada fue desestimada sin perjuicio mediante Sentencia emitida el 16 de noviembre de 2011, archivada en autos el 5 de diciembre de 2011.

Subsiguientemente, el 20 de abril de 2012, el Negociado acudió ante el foro primario mediante Querella (Segunda Querella) contra la CFSE y alegó discrimen por razón de edad. Por su parte, la CFSE negó haber discriminado y solicitó la desestimación de la Segunda Querella.

En lo pertinente, la CFSE alegó que los reclamos esta-ban prescritos. Adujo que los procesos de reconsideración de la determinación tomada por la Unidad Antidiscrimen no suspenden o congelan los términos para presentar una reclamación por discrimen. Por ello, sostuvo que los térmi-nos para ejercer cualquier reclamación comenzaron a transcurrir desde la determinación original de “no causa probable” de la Unidad Antidiscrimen emitida el 4 de diciembre de 2008. Por otra parte, el señor Meléndez Rivera se opuso a la solicitud de desestimación al señalar que su acción no estaba prescrita, debido a que el término se man-tuvo en suspenso, mientras el Secretario atendió la solici-tud de reconsideración y fue interrumpido posteriormente con la presentación de la Primera Querella instada el 19 de mayo de 2011. Así las cosas, la CFSE insistió que la causa estaba prescrita porque, aún según ese supuesto, la Pri-mera Querella fue presentada un día tarde.

Analizadas las posturas de las partes, el 13 de noviem-bre de 2013, el Tribunal de Primera Instancia declaró “no ha lugar” la solicitud de desestimación presentada por la CFSE. Inconforme, la CFSE acudió ante el Tribunal de Apelaciones para alegar que erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar la Segunda Querella presen-tada por el señor Meléndez Rivera.

El Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia revo-catoria el 25 de junio de 2014. Al así proceder, el foro ape-lativo intermedio determinó que, siendo la Unidad Antidis-crimen la responsable de administrar e investigar querellas, el proceso ante ésta culminó con la notificación del Secretario de su determinación de reconsiderar y remi-tir al Negociado para los trámites ulteriores. A partir de ese momento, entendió que comenzó a transcurrir el tér-mino para presentar la causa de acción por discrimen. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones concluyó que la Pri-mera Querella fue presentada un día tarde, porque no tuvo el efecto de interrumpir el término para instar la Segunda Querella.

En consecuencia, el señor Meléndez Rivera acude ante este Tribunal y señala que erró el foro apelativo intermedio al concluir que el término prescriptivo para instar la causa de acción por discrimen se reinició a partir de que el Secre-tario acogió la moción de reconsideración. En síntesis, plantea que la determinación del Secretario no finalizó el proceso ante la agencia, ya que éste fue referido al Negociado. Por otra parte, la CFSE se opuso a la expedi-ción del recurso presentado por entender que el término prescriptivo comenzó a decursar con la notificación del Se-cretario, que declaró “ha lugar” la solicitud de reconsidera-ción y refirió el asunto al trámite correspondiente.

Mediante la Resolución emitida el 12 de diciembre de 2014, expedimos el recurso ante nuestra consideración. Posteriormente, las partes nos solicitaron acoger como ale-gatos los escritos presentados ante este Tribunal. Así pro-cedimos, por lo que nos corresponde atender en los méritos esta controversia.

HH ⅜—i

En Puerto Rico, la Constitución prohíbe el dis-crimen por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosas. Art. II, Sec. 1, Const. PR, LPRA, Tomo 1. Por su parte, en el ámbito labo-ral, la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmen-dada (Ley Núm. 100), 29 LPRA see. 146 et seq., regula lo concerniente al discrimen por razón de edad en el empleo, de tal forma que se ofrezca una protección eficaz a los trabajadores. Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 DPR 142, 148 (1998). Específicamente, el Art. 2A de la Ley Núm. 100 impone responsabilidad civil a todo patrono que discrimine contra una persona por razón de edad, raza, color, sexo, origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas, entre otras. 29 LPRA see. 147.

Con el propósito de implantar la política pública para erradicar el discrimen en el empleo, se facultó al Se-cretario —a iniciativa propia o mediante querella presen-tada— a realizar aquellas investigaciones e inspecciones que considere convenientes y necesarias. 29 LPRA see. 150. En este ejercicio se crea un procedimiento informal en el Departamento ante la Unidad Antidiscrimen, la cual cons-tituye la entidad encargada de investigar los reclamos de los empleados contra los patronos por alegado discrimen. Asimismo, el 21 de noviembre de 2000 se adoptó el Regla-mento Núm. 6236, Reglamento General de la Unidad An-tidiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Hu-manos (Reglamento). No obstante, la Ley Núm. 100 no impone el requisito de agotar el proceso ante la Unidad Antidiscrimen previo a instar una acción judicial; es decir, el empleado puede optar por acudir directamente al tribunal para vindicar sus derechos. Matos Motero v. Roche Products, Inc., 132 DPR 470, 476 (1993).

El procedimiento ante la Unidad Antidiscrimen no cons-tituye un procedimiento adjudicativo, sino investigativo y conciliador dirigido a determinar si procede dar acceso a la reclamación por discrimen ante los tribunales. No se trata de un procedimiento en el cual se adjudica de manera de-finitiva si hubo o no el alegado discrimen. Véase el Informe de la Comisión de Trabajo y Asuntos del Veterano de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 1199 de 19 de marzo de 1991, 5ta Sesión Ordinaria, lima Asamblea Legislativa, pág. 3. Véanse, además: Asoc. Alcaldes v. Contralor, 176 DPR 150 (2009); Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 355 (2001). El Secretario tampoco goza de la facultad para adjudicar propiamente los derechos y las obligaciones de los empleados y patronos implicados en casos de su-puesto discrimen. Éste, no obstante, posee la autoridad para presentar la demanda en representación de los obre-ros afectados, a iniciativa propia o a instancia de parte. 29 LPRAsec. 149.

En consecuencia, la Unidad Antidiscrimen se limita a dilucidar la posibilidad de una causa de acción por discrimen. Este proceso comienza con la presentación de una querella instada por cualquier persona que entienda o tenga conocimiento personal sobre actuaciones discrimina-torias de un patrono contra uno o varios trabajadores o de uno o varios aspirantes a empleo. Una vez presentada, un representante de la Unidad Antidiscrimen recibe la quere-lla e información básica para determinar si el Departa-mento tiene la facultad para intervenir y orientar al traba-jador; además, se notifica al patrono querellado. Al así actuar, considera que: (1) la controversia sea relacionada al trabajo; (2) el querellado sea patrono de acuerdo con la Ley Núm. 100; (3) la controversia surja por algún discrimen por raza o color, origen o condición social, religión, sexo, edad, ideas políticas, afiliación política, matrimonio, origen nacional o impedimento físico o mental; (4) la reclamación haya sido presentada en el término prescriptivo, y si (5) el perjudicado tiene interés en cooperar con la investigación. Una vez formulada la querella, ésta no podrá ser retirada o desistida por el querellante sin la autorización escrita y previa del Secretario. Véase el Art. 5 del Reglamento. Em-pero, éste puede incoar una acción independiente ante los tribunales si así lo notifica a la Unidad Antidiscrimen y el Secretario lo autoriza, en cuyo caso se dan por terminados los procedimientos mediante el cierre administrativo del caso sin perjuicio de la facultad que el Secretario ostenta para intervenir en el pleito. Véanse los Arts. 5 y 6 del Reglamento.

Durante el proceso de investigación, la Unidad Antidis-crimen realiza un descubrimiento de prueba y promueve la solución alterna y conciliación de los conflictos. Sin embargo, de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, la Unidad Antidiscrimen determina si existe la posibilidad de alguna práctica discriminatoria y notifica por correo a las partes, advirtiéndoles de su derecho a instar una acción judicial en el término de un año a partir de la notificación. Véanse los Arts. 8—11 del Reglamento. De razonar que la querella ca-rece de méritos, notifica un Aviso de Determinación de No Causa Probable de Discrimen. En cualquiera de estas ins-tancias, las partes tienen derecho a solicitar una reconsi-deración al Secretario, quien tendrá la facultad de modifi-car, confirmar o revocar en todo o en parte la acción de la Unidad Antidiscrimen. A estos efectos, el Secretario emite la decisión correspondiente y refiere a los procedimientos ulteriores mediante la orden apropiada. Véase Art. 12 del Reglamento.

1—I HH I—I

En lo atinente al asunto que nos ocupa, debemos repa-sar los efectos de la prescripción y las expresiones de este Tribunal relacionadas a las acciones al amparo de la Ley Núm. 100. Veamos.

La prescripción es una figura jurídica que regula el tiempo que posee una parte para reclamar y hacer valer un derecho frente a un deudor. Estos términos buscan el balance entre el tiempo que posee una persona para recla-mar un derecho y el hecho de que una causa de acción contra otra no tenga vida eterna. Véanse: Orraca López v. ELA, 192 DPR 31, 48-51 (2014); Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 372-373 (2012); Ortiz v. PR Telephone, 162 DPR 715, 733 (2004); Galib Frangle v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 566 (1995); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 243 (1984). Los plazos prescriptivos responden a una política firme que persigue solucionar de forma expedita la resolución de las reclamaciones y casti-gar la inercia en tramitar un reclamo, por lo que la pres-cripción acarrea, de ordinario, la extinción de un derecho. 31 LPRA see. 5291.

En su origen, la Ley Núm. 100 no disponía de un término prescriptivo para presentar una acción ante los tribunales por actos de discrimen. No obstante, tal laguna fue suplida por este Tribunal al resolver Olmo v. Young & Rubicam ofP.R., Inc., 110 DPR 740, 745-748 (1981), donde se determinó que las reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 100 tienen un término prescriptivo de un año. Como todo término prescriptivo, éste puede interrumpirse por su ejercicio ante los tribunales, la reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier reconocimiento de deuda por parte del deudor. Art. 1873 del Código Civil, 31 LPRA see. 5303. Veánse, además: S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 831-834 (2011); Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 DPR 142, 150-152 (1998).

Debido a tal realidad, y en ausencia de una disposición estatutaria, este Tribunal, en Srio. del Trabajo v. F.H. Co., Inc., 116 DPR 823 (1986), analizó que el proceso seguido ante la Unidad Antidiscrimen constituye una reclamación extrajudicial cuyo efecto es el de interrumpir el término prescriptivo de un año. Razonamos que, como la ley faculta al Secretario a presentar querellas en favor de los trabaja-dores, sus acciones pueden interrumpir el periodo prescriptivo. Advertimos que resolver lo contrario sería ad-verso a la política pública del Estado para que los trabaja-dores acudan inicialmente ante el Departamento. Id., págs. 827-828.

Posterior a nuestras determinaciones, se aprobó la Ley Núm. 10-1991 (Ley Núm. 10) que enmendó la Ley Núm. 100. En particular, se incorporó lo resuelto en Olmo v. Young & Rubicam of P.R. Inc., supra, a los efectos de que el término prescriptivo para reclamaciones de discrimen es de un año. Asimismo, se integró y elaboró lo establecido por este Tribunal en Srio. del Trabajo v. F.H. Co., Inc., supra, por lo que se dispuso que se interrumpe el periodo pres-criptivo al notificarle la querella al patrono o querellado, siempre que ello se haga en el término fijado. A tales efec-tos, la Ley Núm. 10 establece como sigue:

Cuando se presente una querella por discrimen en el Depar-tamento del Trabajo y Recursos Humanos, el término pres-criptivo de un año para iniciar la acción judicial quedará inte-rrumpido al notificársele la querella al patrono o querellado, siempre y cuando que la notificación se efectúe dentro de dicho término prescriptivo. Dicho término prescriptivo quedará, ade-más, en suspenso o congelado mientras la querella se continúe tramitando en el Departamento del Trabajo y Recursos Huma-nos y no se haya notificado al querellado la determinación del Secretario de dicho Departamento sobre la reclamación. Si mientras se está tramitando la reclamación en el Departa-mento del Trabajo y Recursos Humanos, el querellante solicita que se le permita retirar la querella o manifiesta que no desea continuar con dicho trámite, el término prescriptivo antes alu-dido comenzará nuevamente a partir de la fecha en que el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos notifique de su determinación a las partes. En los demás casos, el término prescriptivo se interrumpirá con la reclamación extrajudicial, con la radicación de la acción judicial correspondiente o por el reconocimiento de la deuda por parte del patrono o de su agente autorizado. (Énfasis suplido). 29 LPRA see. 150.

Tal enmienda a la Ley Núm. 100 evaluó la experiencia en el trámite y la disposición de las querellas que se pre-sentan ante la Unidad Antidiscrimen. Asimismo, consideró el hecho de que con los estatutos federales y el proceso ante la EEOC y sus agencias delegadas, se paralizan los térmi-nos para recurrir al tribunal. Véase el Informe de la Comi-sión de Trabajo y Asuntos del Veterano de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 1199 de 19 de marzo de 1991.

Conforme a tales preocupaciones, el estatuto estableció no tan solo la interrupción del término prescriptivo, sino su congelación o suspensión mientras se continúe tramitando la querella ante la Unidad Antidiscrimen, hasta que el Se-cretario notifique al patrono o querellado su determinación. Ello, con el fin de proteger al máximo la causa de acción de los querellantes que acuden ante ese organismo y evitar que en el trámite judicial posterior se invocara la prescripción como defensa. Véanse: el Informe de la Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos del Senado de 9 de abril de 1991 en el P. del S. 978, 5ta Sesión Ordinaria, lima Asamblea Legislativa, págs. 2-3, y la Ponencia del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 27 de febrero de 1991 con relación al P. del S. 978.

El cambio incorporado por la Ley Núm. 10 es significativo. Como es sabido, la interrupción del término prescriptivo puede ser de dos tipos. La doctrina distingue entre una interrupción de carácter instantáneo, lo que lla-mamos interrupción y una paralización de efectos más du-raderos, a lo que nos referimos como congelación. En aque-llas suspensiones que constituyen una interrupción del término prescriptivo se comienza a computar nuevamente desde el mismo momento en que fue paralizado. En aque-llas instancias en las que estamos ante una congelación, el periodo prescriptivo comienza a transcurrir hasta un mo-mento posterior. L. Diez-Picazo, La prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, pág. 138. Véanse: Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 354 esc. 5 (2001); Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 DPR 142, 150-151 (1998). La Ley Núm. 10 no tan solo incorporó la norma jurídica establecida en Srio. del Trabajo v. F.H. Co., Inc., supra, sino que expresamente concedió una garantía mayor cuando dispuso la congelación del término prescriptivo hasta que se culmine el trámite y se notifique la determi-nación del Secretario. 29 LPRA see. 150.

Posterior a ello, este Tribunal aplicó la norma legislada en Suárez v. The Bankers Club of P.R., Inc., 143 DPR 58 (1997). En ese entonces, expresamos que el término pres-criptivo queda suspendido por el interés en la protección de los obreros y la preservación de la paz industrial. En aque-lla ocasión, aunque no tuvimos la necesidad de adentrar-nos en los efectos de la reconsideración como ocurre en el caso ante nos, resolvimos que la acción judicial presentada fue interpuesta a tiempo porque el término prescriptivo quedó congelado por las acciones en la Unidad Antidiscri-men hasta que los querellados fueron notificados de la de-terminación tomada por el Secretario. Id., págs. 62-63.

Luego, al resolver Matos Motero v. Roche Products, Inc., supra, atendimos lo que sucede cuando se insta una que-rella ante la EEOC. Allí determinamos que la norma enun-ciada en Srio. del Trabajo v. F.H. Co., Inc., supra, aplica a las querellas presentadas ante la EEOC por la relación existente entre ésta y la Unidad Antidiscrimen. Así, expu-simos que el efecto práctico de presentar un cargo ante la EEOC equivale a instarlo ante la Unidad Antidiscrimen. Matos Motero v. Roche Products, Inc., supra, págs. 485-487. Además, recalcamos que la política pública, tanto en la esfera federal como en la local, es la de proveer mecanis-mos administrativos necesarios para hacer viable la conci-liación y resolución extrajudicial de los problemas laborales. Apuntamos que se debe considerar el hecho de que desde la presentación de la querella el patrono es cons-ciente y preparado para una posible acción judicial una vez finalicen los trámites, por lo que la espera no lo perjudica. Id., pág. 488. Como consecuencia, concluimos que el tér-mino prescriptivo de un año para presentar una demanda al amparo de la Ley Núm. 100, supra, “queda suspendido durante el procesamiento del cargo”. íd. En otras palabras, el término prescriptivo queda congelado o suspendido hasta que la Unidad Antidiscrimen culmine con la investi-gación, pues ni ésta ni el Secretario del Departamento go-zan de facultad para conceder algún remedio.

Tal norma fue reiterada en Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, supra, págs. 151-152, en donde expresamos que el tér-mino comienza nuevamente a computarse al darse por ter-minados los procedimientos ante la Unidad Antidiscrimen. Recientemente, en S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, supra, recalcamos que “ese término prescriptivo estará sus-pendido, mientras la querella continúe su trámite en la Unidad Antidiscrimen y no se haya notificado la determi-nación del Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, sobre la reclamación”. íd., pág. 833.

A la luz de la jurisprudencia antes citada, debe quedar palmariamente establecido que el término pres-criptivo de un año para entablar una reclamación judicial por discrimen laboral se suspende o congela con la presen-tación de una querella ante la Unidad Antidiscrimen noti-ficada al patrono en el referido término fijado. El efecto que acarrea la referida congelación es que no comienza a trans-currir el término para acudir al foro judicial hasta un pe-riodo posterior. Claro está, lo expuesto no puede acarrear la congelación o suspensión del término prescriptivo al infinito. Como establecimos, la congelación de un término prescriptivo presupone que éste comenzará a correr en un momento posterior. Ante ello, la Ley Núm. 10 fijó expresa-mente el momento de partida para el reinicio del periodo prescriptivo para instar la acción judicial al disponer que estará supeditado a que el Secretario notifique su decisión. 29 LPRA see. 150. En aquellas instancias en las que existe una determinación de causa probable, se culmina el pro-ceso ante la Unidad Antidiscrimen con la notificación que hace el Secretario.

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A pesar de ello, la controversia de autos suscita la inte-rrogante de si la norma expuesta se limitó a la determina-ción original de causa o no causa probable que emite la Unidad Antidiscrimen y no a aquellas instancias en las que se solicita al Secretario una reconsideración de esa de-terminación original. En consecuencia, las partes están discordes en cuanto al efecto que ello conlleva sobre el tér-mino prescriptivo para entablar la correspondiente acción judicial.

Por un lado, el señor Meléndez Rivera expone que el término prescriptivo se mantiene en suspenso o congelado por el referido del Secretario al Negociado de Asuntos Le-gales hasta que éste inste la acción judicial. Por su parte, la CFSE interpreta que el término comenzó desde la deter-minación original de “no causa” emitida por la Unidad An-tidiscrimen y, en la alternativa, desde que se emitió la de-terminación del Secretario declarando “con lugar” la solicitud de reconsideración presentada por el señor Me-léndez Rivera. Amalicemos.

Al examinar los fundamentos que promulgaron la apro-bación de la Ley Núm. 10, resalta el objetivo de proteger al máximo a las personas que son víctimas de actos de discri-men en el entorno laboral y la aspiración de atajar este tipo de situación de una forma conciliadora. De igual forma, se contempló la importancia de que el patrono que-rellado conozca que se ha interpuesto una reclamación en la Unidad Antidiscrimen en su contra, por alegado discri-men en el término prescriptivo para ello y la necesidad de que las últimas gestiones realizadas en la Unidad Antidis-crimen sean notificadas al patrono. Ello, pues de esta ma-nera se consideran “los intereses de ese trabajador que alega ha sido discriminado sino también a aquellos patro-nos que puedan ser víctimas de querellas y reclamaciones frívolas e infundadas”. Ponencia de la Asociación de Indus-triales de 5 de marzo de 1991 con relación al P. del S. 978, pág. 2. Esto, con el propósito de limitar el tiempo en el cual el patrono está sujeto a reclamaciones de discrimen y mi-nimizar la incertidumbre que ello acarrea. íd.

De lo discutido surge de forma diáfana que la Ley Núm. 10 dispone que el término prescriptivo de un año queda congelado mientras se continúen los trámites ante la Unidad Antidiscrimen y no se notifique la determinación del Secretario. 29 LPRA see. 150. Como expusimos, el proceso ante la Unidad Antidiscrimen reconoce a las partes su derecho a solicitar una moción de reconsideración ante el Secretario e, incluso, le concede a éste la prerrogativa de ordenar motu proprio la revisión de esa determinación. De así proceder, el Secretario emite la decisión correspon-diente y refiere para los procedimientos ulteriores. Art. 12 del Reglamento.

Ciertamente, durante la dilucidación de la reconsidera-ción oportunamente presentada, los procesos ante la Uni-dad Antidiscrimen no han culminado como tampoco el Se-cretario ha notificado su decisión. El proceso termina cuando el Secretario determina si confirma, modifica o re-voca la determinación original de la Unidad Antidiscrimen. Por lo tanto, el periodo prescriptivo se mantiene suspen-dido o congelado de igual forma cuando existe una recon-sideración pendiente hasta tanto el Secretario no la atienda y notifique su decisión según lo dispuesto por la Ley Núm. 10. Ello, pues no es hasta ese momento que cul-minan los procedimientos ante la Unidad Antidiscrimen.

La norma expuesta custodia y salvaguarda al máximo la política pública en cuanto a erradicar el discrimen al permi-tir a un agraviado incoar y reparar mediante acción judicial tal vejamen. Asimismo, en nada afecta al patrono, quien desde la presentación de la querella conoce de la suspensión del término prescriptivo para acudir al tribunal por razón del proceso investigativo oportunamente presentado.

Como resultado, el término prescriptivo de una acción de discrimen laboral queda suspendido o congelado cuando se presenta oportunamente una querella en la Uni-dad Antidiscrimen del Departamento, hasta que se notifi-que la determinación del Secretario sobre la reconsidera-ción que le fuera presentada conforme al Reglamento. A partir de ese momento comienza a transcurrir el término prescriptivo de un año para instar el reclamo por el ale-gado discrimen.

V

Con el referido marco jurídico, nos corresponde diluci-dar si procedía la desestimación de la Segunda Querella presentada. Para ello, debemos recordar que procede apli-car rigurosamente el principio de que el examen de una solicitud de desestimación debe ser liberal a favor de la parte que reclama un derecho al tribunal. Como corolario, se consideran como ciertas las alegaciones presentadas en la demanda, para la cual slo se requiere una relación su-cinta y sencilla del derecho que se reclama. Accurate Sols, v. Heritage Enviromental, 193 DPR 423 (2015); Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569-570 (2001). Máxime cuando estamos ante una solicitud de desestimación de una acción fundada en un estatuto remedial a favor de la clase trabajadora que pretende castigar una conducta discriminatoria.

De los hechos ante nuestra consideración surge diáfana-mente que no existe controversia alguna que la querella presentada en la Unidad Antidiscrimen paralizó el término para instar una acción judicial por discrimen laboral. Así las cosas, el término comenzó a transcurrir desde que se notificó la determinación del Secretario de declarar “ha lu-gar” la solicitud de reconsideración presentada por el señor Meléndez Rivera y referir el asunto al Negociado para pre-sentar la acción judicial correspondiente. A partir de esa notificación, el señor Meléndez Rivera tenía un año para acudir al foro judicial.

Del expediente se desprende que la determinación del Secretario en cuanto a la solicitud de reconsideración fue emitida el 18 de mayo de 2010. Asimismo, resalta que el Negociado presentó su Primera Querella en el Tribunal de Primera Instancia el 19 de mayo de 2011, la cual fue des-estimada por falta de emplazamiento. Sin lugar a dudas, el señor Meléndez Rivera tenía un año para instar su re-clamo ante el Tribunal a partir de 18 de mayo de 2010. Habiéndose presentado la Primera Querella el 19 de mayo de 2011 ésta definitivamente fue presentada transcurrido por un día el periodo preseriptivo para entablar el reclamo por discrimen. Consiguientemente, la Primera Querella no interrumpió el término preseriptivo por un año, por lo que la Segunda Querella presentada el 20 de abril de 2012 de-finitivamente está prescrita.

De acuerdo con esto, procedía la desestimación de la Se-gunda Querella presentada por ser un hecho cierto que la Primera Querella fue tardíamente presentada y no inte-rrumpió el término preseriptivo.

VI

Por los fundamentos esgrimidos, procede confirmar al Tribunal de Apelaciones.

El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       La Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) y la Unidad Anti-discrimen poseen un Worksharing Agreement para ofrecer un procedimiento eficiente que minimize la duplicidad de los esfuerzos con el fin de alcanzar la consistencia máxima en las determinaciones relacionadas con casos de discrimen.

       Es importante recordar que basta con la presentación de la demanda para que se interrumpa el término prescriptivo. Véanse: Martínez v. Soc. de Gananciales, 145 DPR 93, 103 (1998); Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 DPR 142, 151 (1998); Durán Cepeda v. Morales Lebrón, 112 DPR 623, 625 (1982), y casos allí citados; Feliciano v. A.A.A., 93 DPR 655, 660 (1966).

       Nótese que en las instancias en las que la persona agraviada solicite retirar la querella o manifieste que no desea continuar con el trámite, la Ley Núm. 10 dispone que el término prescriptivo aludido comenzará nuevamente a partir de la fecha cuando el Secretario notifique “de su determinación a las partes”. 29 LPRA see. 150.

        Quaere si el Departamento actuó negligentemente al instar la acción trans-currido el término preseriptivo de un año.


author: per curiam:

text:
      In re Verónica del C. Crespo Peña.

      Número: AB-2013-0526

      Resuelto: 8 de abril de 2016

      Hon. José A. Alicea Rivera, juez superior, en Orden.
   per curiam:

Nuevamente tenemos que suspender a una abogada del ejercicio de la abogacía por desatender reite-radamente las órdenes de este Tribunal.

I

Este caso tiene su génesis en una acción civil instada por el Sr. Edwin Ortiz Rivera contra la Sra. Sheila Taina Bermúdez Mateo. Según se desprende del expediente, la Leda. Verónica del C. Crespo Peña contestó la demanda y compareció en varias instancias en representación de la señora Bermúdez Mateo. Así, el 20 de febrero de 2013, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Coamo, emitió una orden para iniciar el procedimiento dispuesto en la Regla 37 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Consecuentemente, ordenó que los abogados coordinaran una reunión y prepararan el correspondiente informe para el manejo del caso.

A pesar de que el representante legal del señor Ortiz Rivera remitió varias misivas para programar la reunión, la licenciada Crespo Peña nunca contestó. El foro primario reiteró su mandato y advirtió las consecuencias de desaca-tar lo ordenado. No obstante, la licenciada Crespo Peña no tomó acción alguna ni cumplió con la referida orden.

En vista de que la letrada incumplió repetidamente con su mandato, el Tribunal de Primera Instancia anotó la re-beldía a la señora Bermúdez Mateo y señaló el día para el juicio en su fondo. Oportunamente, la señora Bermúdez Mateo compareció por derecho propio y expuso que no ha-bía podido entablar comunicación con la licenciada Crespo Peña, pues hacía meses que esta no aparecía. Asimismo, detalló los esfuerzos que realizó para intentar comunicarse con la letrada y solicitó que se le proveyese un tiempo ra-zonable para buscar un nuevo representante legal. Argüyó que no debía ser penalizada por la inacción de su represen-tante legal.

El Tribunal de Primera Instancia le impuso a la licen-ciada Crespo Peña una sanción de quinientos dólares y le concedió diez días improrrogables para expresarse sobre sus incumplimientos continuos. Sin embargo, la letrada no proveyó contestación alguna. Tras el incumplimiento, una vez más, de la letrada, el foro primario le concedió una última oportunidad para responder, so pena de elevar el expediente a este Tribunal. Debido a que la abogada no contestó, el Tribunal de Primera Instancia remitió el expe-diente del caso a esta Curia para evaluar la conducta de la letrada por una posible infracción de los cánones del Có-digo de Etica Profesional.

Una vez recibimos el expediente en cuestión, le concedi-mos a la licenciada Crespo Peña un primer término de veinte días para expresarse al respecto. Sin embargo, esta ignoró nuestra orden. Como resultado, le otorgamos a la abogada un término improrrogable de treinta días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendida del ejercicio de la abogacía por incumplir con lo requerido por este Tribunal. La letrada tampoco obedeció esta última or-den en el término provisto.

En vista de que la licenciada Crespo Peña nunca con-testó, a pesar de que le concedimos dos oportunidades para ello y le apercibimos de las consecuencias que su incumpli-miento podría conllevar, procedemos a suspenderla indefi-nidamente del ejercicio de la abogacía.

II

El Código de Ética Profesional, supra, recoge las normas de conducta que rigen a los miembros de la profesión legal en Puerto Rico para beneficio de la ciuda-danía, la profesión y las instituciones de justicia. In re Rivera Navarro, 193 DPR 303, 310 (2015). En específico, el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, dispone que los abogados deben “observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Como corolario de ese deber, se exige que los abo-gados cumplan pronta y diligentemente las órdenes de to-dos los tribunales. In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 34 (2011).

Por esa razón, hemos enfatizado que todo letrado debe responder diligente y oportunamente a los requerimientos de este Tribunal, particularmente los relacionados con los procedimientos disciplinarios. In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485, 493 (2015). Cuando un abogado no cumple nues-tras órdenes relacionadas con un procedimiento disciplina-rio, menosprecia nuestra autoridad e infringe las disposi-ciones del Canon 9, supra. In re Martínez Rodríguez, 192 DPR 539, 542 (2015). “Asumir una actitud de menosprecio e indiferencia ante nuestras órdenes, denota falta de res-peto hacia nuestra autoridad, por lo que viola dicho canon”. In re Dávila Toro, 193 DPR 159, 163 (2015).

En esa misma línea, hemos resuelto que “ [e] 1 in-cumplimiento con nuestras órdenes y la indiferencia a nuestros apercibimientos sobre sanciones disciplinarias constituyen causa suficiente para la suspensión inmediata de los abogados”. In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 375 (2014). Esa violación es completamente independiente de los méritos que pueda tener la queja presentada contra el abogado. In re Pestaña Segovia, supra, pág. 493.

III

La licenciada Crespo Peña desatendió los requerimientos y las órdenes de este Tribunal en varias ocasiones. Esa con-ducta, en sí misma, constituye una violación del Canon 9, supra. Al igual que hemos hecho antes, no dudaremos en disciplinar a los abogados que incumplan con los términos finales concedidos para contestar nuestras órdenes. In re Pestaña Segovia, supra. Con su conducta, la licenciada nos ha demostrado que no tiene interés en practicar la abogacía.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, ordenamos la sus-pensión inmediata e indefinida de la Leda. Verónica del C. Crespo Peña de la práctica de la abogacía y notaría. Por su parte, los méritos que pueda tener el referido del juez superior, Hon. José A. Alicea Rivera, quedarán pendientes para evaluación una vez la licenciada Crespo Peña solicite la readmisión al ejercicio de la abogacía.

La licenciada Crespo Peña deberá notificar a sus clien-tes que, por motivo de su suspensión, no podrá continuar proveyéndoles consultoría ni representación legal, y les de-volverá los expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de resolución y los honorarios que haya perci-bido por cualquier trabajo no realizado. De igual manera, tendrá la responsabilidad de informar de su suspensión a todos los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar a este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior dentro del término de treinta días, contados a partir de la notificación de la presente Opinión per curiam y Sentencia.

Se ordena al Alguacil de este Tribunal incautar inmedia-tamente la obra y el sello notarial de la licenciada Crespo Peña y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe. Notifíquese personalmente esta Opinión per curiam y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.


text:
      In re Antonio M. Peluzzo Perotín.

      Número: TS-11,446

      Resuelto: 11 de abril de 2016

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general; Tanaira Padilla Rodríguez, subprocuradora general, Yaizamarie Lugo Fontánez, procuradora general auxiliar; Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías.
   per curiam:

En este caso suspendemos sumariamente a un abogado por resultar convicto en el foro federal, en con-formidad con la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 LPRA see. 735).

M

El Ledo. Antonio M. Peluzzo Perotín (licenciado Peluzzo Perotín) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 18 de enero de 1996 y al de la notaría el 13 de febrero de ese mismo año. Luego de trascender en los medios de comuni-cación que el letrado había sido arrestado y enfrentaba car-gos federales por un alegado esquema mediante el cual gestionaba licencias falsas de portación de armas, el 27 de diciembre de 2013 emitimos una Resolución en la que le ordenamos a la Procuradora General (Procuradora) y al Director de la Oficina de Inspección de Notarías investigar el asunto. Ante las serias imputaciones vinculadas a la labor profesional del licenciado Peluzzo Perotín como abo-gado y notario, concedimos treinta días a ambos funciona-rios para que rindieran sus respectivos informes.

En respuesta a una solicitud de información por parte de la Procuradora General, el 13 de enero de 2014 el fiscal federal auxiliar, José Capó Iriarte (fiscal Capó Iriarte), en-cargado del caso para ese entonces, envió una misiva en la cual confirmó que el licenciado Peluzzo Perotín estaba acu-sado de cientos de cargos criminales a nivel federal. En síntesis, se le imputó la producción, fabricación y falsifica-ción de documentos judiciales, incluyendo la firma de va-rios jueces de Sala Superior, así como los sellos del Tribunal de Primera Instancia, para facilitar que numerosas personas obtuvieran permisos fraudulentos de portación de armas de fuego. Por tal razón, el fiscal Capó Iriarte indicó que el licenciado Peluzzo Perotín estaba sumariado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) pendiente a la celebración del juicio en su contra. El funcionario federal incluyó copia de los docu-mentos judiciales que corroboraban el proceso penal se-guido contra el abogado.

El 12 de febrero de 2014 acogimos una solicitud de la Procuradora y paralizamos la investigación disciplinaria ordenada hasta tanto concluyera el procedimiento criminal federal que enfrentaba el letrado. Así las cosas, el 16 de septiembre de 2014 el abogado hizo una alegación de cul-pabilidad por el cargo 500 contenido en la Acusación del Gran Jurado Enmendada de 1 de mayo de 2014 (Second Superseding Indictment). A base de ello, el 25 de marzo de 2015 el licenciado Peluzzo Perotín fue hallado culpable de infringir lo dispuesto en 18 USC sec. 1028(a)(1) y (2)(B), por producir ilegalmente documentos o artículos de auten-ticidad y por complicidad (“[u]nlawful production of documents or authentication features and aiding and abetting”). El licenciado Peluzzo Perotín fue sentenciado a cumplir noventa meses de prisión en una institución co-rreccional federal ubicada en Pensacola, Florida, y a tres años adicionales en libertad supervisada. En esa misma fecha, la Secretaria del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico nos remitió una copia certificada de la Sentencia dictada por ese foro en el caso United States of America v. Antonio M. Peluzzo-Perotín, Caso Criminal Núm. 14-017-01(FAB). En vista de lo anterior, el 6 de abril de 2015 le otorgamos al abogado un término de veinte días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido de la profesión legal en nues-tra jurisdicción, a tenor con la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra. Hasta el presente, el licenciado Pe-luzzo Perotín no ha comparecido ante nosotros.

HH M

La facultad inherente de reglamentar el ejercicio de la profesión legal en Puerto Rico recae en este Tribunal. In re Segarra Aponte, 194 DPR 653 (2016). Por ello tene-mos la autoridad de disciplinar éticamente a cualquier miembro de la abogacía sin que estemos circunscritos por lo dispuesto en estatuto alguno, siempre y cuando se le otorgue la oportunidad al letrado de ser escuchado en su defensa. Id.

La See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra, provee un procedimiento de separación sumaria de la pro-fesión legal en aquellos casos en que recaiga un dictamen de culpabilidad contra un abogado. S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 356. Específicamente, todo abogado convicto de cualquier delito relacionado directa-mente con la práctica legal o de cualquier delito que impli-que depravación moral, está sujeto a ser desaforado sumariamente. Ese mecanismo hace innecesario el pro-ceso disciplinario ordinario que fija la Regla 14 del Regla-mento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B.

Las funciones inherentes al profesional del Derecho como oficial del Tribunal provocan que un abogado convicto en esas circunstancias no pueda descargar sus deberes éti-cos profesionales. In re Zúñiga López, 177 DPR 385 (2009); In re Boscio Monllor, 116 DPR 692 (1985). Es importante recalcar que los abogados están llamados a asistir al sis-tema judicial en la recta administración de la justicia y a servir de instrumentos de orden en nuestra sociedad. In re Boscio Monllor, supra.

“[C]uando de una sentencia federal surge la admi-sión de unos hechos que implican depravación moral y falta de honradez, corresponde la separación inmediata de un miembro de la profesión legal”. In re Vázquez Torres I, 182 DPR 431, 433-434 (2011). La depravación moral su-pone que se haya actuado contrario a la ética, la honradez, los más altos principios o la justicia. In re Colón Ledée, 190 DPR 51 (2014); In re Vázquez Torres I, supra; In re Calderón Nieves, 157 DPR 299 (2002).

En general la consideramos como un estado o condición del individuo, compuesto por una deficiencia inherente de su sen-tido de la moral y la rectitud; en que la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana y todo lo que hace es esencialmente malo, doloso, fraudulento, inmoral, vil en su naturaleza y dañino en sus consecuencias. Morales Merced v. Tribunal Superior, 93 DPR 423, 430 (1966). Véanse, además: In re Colón Ledée, supra; In re Zúñiga López, supra; In re Boscio Monllor, supra.

Hemos estimado que todo aquel delito que involucre fraude o engaño como elemento esencial implica torpeza moral. In re Calderón Nieves, supra.

III

De los autos surge que el licenciado Peluzzo Perotín, luego de aceptar los hechos, fue condenado por cometer un delito grave vinculado directamente al ejercicio de la profesión legal, entiéndase, la abogacía y la notaría. Al mismo tiempo, ese delito implica engaño, falta de honradez y falsedad.

En virtud de lo anterior, a tenor con la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra, y con la facultad inherente de este Tribunal de regular la práctica de la profesión legal en Puerto Rico, decretamos la suspensión inmediata e in-definida del Ledo. Antonio M. Peluzzo Perotín del ejercicio de la abogacía y de la notaría. Ordenamos, además, la eliminación de su nombre del registro de abogados autorizados a postular en nuestra jurisdicción.

El Sr. Antonio M. Peluzzo Perotín deberá notificar a to-dos sus clientes de su inhabilidad para continuar represen-tándolos y devolverles tanto los expedientes de los casos pendientes como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos, e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos en los que tenga algún asunto pendiente. Asimismo, deberá acreditar y certificar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Opinión per curiam y Sentencia. Notifíquese esta Opinión per curiam y Sentencia al señor Peluzzo Perotín a todas las direcciones postales que obran en el Registro Único de Abogados y Abogadas.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       El 8 de enero de 2014 emitimos otra Resolución en la que ordenamos la incautación de la obra notarial del Ledo. Antonio M. Peluzzo Perotín (licenciado Peluzzo Perotín). Como aparece consignado en el Informe de Seguimiento de la Ofi-cina del Alguacil de este Tribunal de 14 de enero de 2014, el diligenciamiento de esta orden fue negativo, ya que, según informara la Sra. Marianne Martínez, esposa del letrado, la obra en cuestión estaba bajo la custodia del Negociado Federal de Inves-tigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). La obra del licenciado Peluzzo Perotín formó parte de los documentos recopilados durante el allanamiento realizado por los oficiales de esta agencia federal en la residencia del abogado, donde, además, ubi-caba su sede notarial.
      Más adelante, el 27 de enero de 2014, la Fiscalía Federal autorizó la entrega de la obra protocolar del abogado a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Según indicó el Director de la ODIN, la agencia federal no entregó el sello notarial del letrado. Después de que la obra incautada fuera inspeccionada y tras varios inciden-tes relacionados con ésta, el 18 de marzo de 2016 este Tribunal ordenó su aprobación con las deficiencias señaladas en el Informe Final sobre Estado de Obra Incautada, presentado por la ODIN.

       En conformidad con la Acusación del Gran Jurado de 9 de enero de 2014, el fiscal federal auxiliar, José Capó Iriarte, explicó, entre otras cosas, que el licenciado enfrentaba trescientos cargos federales por violar lo dispuesto en 18 USO sees. 505, 1028(a)(1) y 1028A. Esta acusación fue posteriormente enmendada el 1 de mayo de 2014 para imputarle más de doscientos cargos adicionales.

       La vista de acusación estaba señalada para el 22 de enero de 2014.

       El cargo 500 contenido en la última Acusación del Gran Jurado, le imputaba al licenciado Peluzzo Perotín, conjuntamente con otros acusados, lo siguiente:
      “[T]he defendants herein, aiding and abetting another, did willfully and knowingly cause, without lawful authority, production of identification documents, authentication features, and false identification documents, to wit, Commonwealth of Puerto Rico Concealed Carry Weapons Permits, to be produced without lawful authority and the production of the identification documents, authentication features, and false identification documents was in or affected interstate or foreign commerce [...]”. Second Superseding Indictment, pág. 53.
      El resto de los cargos que pesaban en su contra fueron desestimados a petición de los representantes del Gobierno Federal.

       Véase Judgment in a Criminal Case, United States of America v. Antonio M. Peluzzo-Perotín, Caso Criminal Núm. 14-017-01(FAB).

       La See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 dispone:
      “El abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral (malpractice), de-lito grave {felony) o delito menos grave (misdemeanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La persona que siendo abogado fuere convicta de un delito grave come-tido en conexión con la práctica de su profesión o que implique depravación moral, cesará convicta que fuere, de ser abogado o de ser competente para la práctica de su profesión. A la presentación de una copia certificada de la sentencia dictada al Tribunal Supremo, el nombre de la persona convicta será borrado, por orden del Tribunal, del registro de abogados. Al ser revocada dicha sentencia, o mediante el perdón del Presidente de los Estados Unidos o del Gobernador de Puerto Rico, el Tribunal Supremo estará facultadlo] para dejar sin efecto o modificar la orden de suspensión”. (Énfasis suplido). 4 LPRA see. 735. Véase, además, In re Colón Ledée, 190 DPR 51 (2014).

         Del expediente surge que, luego de inspeccionada, la obra notarial del abogado permanece depositada en el Archivo Notarial de San Juan.