text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Morillo y Arcadio Rodríguez acusados y apelantes.
    Núm. 6207.

    Sometido: Diciembre 4, 1936.

      Resuelto: Diciembre 16, 1936.

      Diego O. Marrero, abogado de los apelantes; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Jan&r, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor HutohisoN,

emitió la opinión, del tribunal.

Morillo, dueño de un café, y Rodríguez, mozo, fueron convictos de tener y ofrecer a la venta leche adulterada en violación de la sección primera de la “Ley proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de leche, y para otros fines”, aprobada el 12 de agosto de 1925 (Leyes de ese año, núm. 77, «pág. 559).

Los apelantes especifican tres fundamentos para su apelación, así:

“Primer error. La corte cometió manifiesto error al dictar una sentencia condenatoria contra los acusados apelantes, cuando no apa-recen en la evidencia ofrecida y admitida elementos probatorios su-ficientes para sostener el delito imputado a los acusados.
“Segundo error. La corte de distrito cometió manifiesto error al dictar una sentencia condenatoria contra los acusados, cuando de existir una prueba en este caso, la misma resultaría ser manifiesta-mente incongruente con la acusación.
“Tercer error. La corte de distrito cometió manifiesto error al dictar una sentencia condenatoria en contra del acusado Antonio Morillo, cuando quedó preponderantemente probado que dicho acu-sado, en la fecha que se señala como la de la comisión del delito, no era el dueño del cafetín en donde se ocupó la leche. ’ ’

Hubo suficiente prueba al efecto de que la leche en cues-tión era tenida para la venta. No era necesario probar una venta. La prueba tendente a demostrar que la lecbe se tenía para el uso de los parroquianos que deseaban mezclarla con café o agregarle azúcar a la mezcla así beeba antes de to-marla, no alteró el becbo de que la lecbe se tenía para la venta. Véanse Pueblo v. Blasco, 33 D.P.R. 342; Pueblo v. Bermúdez, 35 D.P.R. 596; y Pueblo v. Lomba, 44 D.P.R. 406. La ley no bace distinción alguna entre los dueños o propietarios de depósitos de lecbe y los dueños o propietarios de cafés. Ubi lex non distingu/it, neo nos distinguere de-bemus.

La teoría del segundo señalamiento es que los acusados no eran culpables del delito imputado sino de otro delito, o sea, del uso de leche adulterada o diluida para fines industriales en “la preparación de alimentos para el con-sumo humano.” Hubo alguna prueba tendente a demostrar que Morillo vendía lecbe tan sólo después de mezclarla con café. Asumiendo para los fines de la argumentación que la lecbe así vendida podría decirse que se usaba “para fines industriales” dentro del significado de la ley, el alegato de los apelantes deja de convencernos de que Morillo no era también culpable de tener lecbe a la venta, según resolvió la corte de distrito. Sin perjuicio de dar consideración ulterior a la cuestión, si es que puede presentarse prueba más fuerte en cualquier caso futuro, convenimos con la corte de distrito en que la lecbe se tiene para la venta ora la supuesta venta sea una de la lecbe solamente o de ésta después de haber sido mezclada con café.

La cuestión relativa a si Morillo era dueño del estable-cimiento al tiempo de cometerse el delito era una de hecho y no podemos convenir con el letrado de los apelantes res-pecto a la supuesta preponderancia de prueba sobre este punto.

La única duda que hemos abrigado ha sido en torno a si un mozo de un restaurante cuando no se demuestra una venta efectiva o una oferta de venta por parte suya puede ser convicto de tener a la venta la lecbe así tenida por el dueño o propietario del establecimiento. Aunque esta cues-tión no lia sido discutida en el alegato, nos sentimos incli-nados a dar al acusado Rodríguez el beneficio de nuestra propia duda sobre el particular.

La sentencia apelada debe ser revocada en lo que a Ro-drigues concierne y confirmada en cuanto a todos los demás aspectos.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso,

license: Public Domain

text:
    Bolívar Pagán y Leopoldo Figueroa, como miembros propietarios de la Junta Insular de Elecciones, peticionarios, v. Hon. Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arjona Siaca, Juez, demandada.
    Núm. 1084.

    Sometido: Noviembre 23, 1936.

      Resuelto: Diciembre 17, 1936.

      Celestino Triarte, F. Fernández Cuyar, Ii. González Flanes y Miguel A. Burset, abogados de los peticionarios.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

Francisca Pabón de Rodríguez y 136 otros peticionarios presentaron solicitudes a la Junta Insular de Elecciones para ser inscritos como electores capacitados del municipio de Patillas. ' Dichos peticionarios fueron recusados por ca-recer de residencia legal y la Junta Insular de Elecciones, después de practicar la investigación que ordena la ley, sos-tuvo la validez de la inscripción de dichos peticionarios ha-ciendo constar sus nombres en las listas provisionales de electores. Las personas que habían suscrito las peticiones de exclusión apelaron de la resolución de la Junta, en cada caso para ante la Corte Municipal de Patillas, la cual, des-pués de celebrar una vista, a la que no comparecieron los electores, ordenó la exclusión de los mismos. Y no estando conformes con la resolución de la corte municipal, cada uno de dichos electores presentó una petición de certiorari ante la Corte de Distrito de G-uayama, para revisar y anular la sentencia dictada por la corte municipal. No es pertinente discutir en este momento los méritos de dichas peticiones de certiorari, las cuales están aún pendientes de ser resueltas por la corte de distrito.

En vista de que la Corte de Distrito de G-uayama no to-maba acción alguna para considerar y resolver las solicitu-des de certiorari presentadas por los 137 electores, éstos acu-dieron en 24 de septiembre de 1936 ante la Corte de Dis-trito de Humacao en solicitud de una orden de injunction, para hacer efectiva la jurisdicción de dicha corte y para que se ordenase a la Junta Insular de Elecciones que se abstuviera de eliminar de las listas electorales los nombres de los peticionarios y que en caso de haber sido ya elimi-nados procediese a reponerlos en las listas mientras se re-suelve en definitiva sobre los derechos de las partes litigan-tes. La Corte de Distrito de Humacao, después de oír a la Junta Insular de Elecciones, declaró con lugar la solicitud y dictó una orden de injunction en consonancia con la súplica de la petición.

Para revisar y anular la orden de injunction dictada por la Corte de Distrito de Humacao, los peticionarios en este caso han presentado ante esta corte la solicitud de certiorari que ahora debemos considerar y resolver.

La solicitud de certiorari en este caso fué radicada en esta corte el día 2 de noviembre, cuando era ya absolutamente imposible poder expedir y diligenciar el auto so-licitado y mucho más imposible el que esta corte pudiese dictar una resolución con anterioridad a la hora señalada para la celebración de las elecciones que de acuerdo con la ley habían de celebrarse el día 3 de novimbre de 1936.

No tenemos constancia alguna de que los 137 electores a que se refiere este caso hayan votado en dichas elecciones, ni tampoco en el caso de que hubieran votado, si fueron re-cusados de acuerdo con la ley. Pero para los fines de esta resolución asumiremos que dichos electores votaron y que las partes interesadas en negarles el derecho al voto los recu-saron oportunamente.

Bajo estas circunstancias, la solicitud de certiorari, que tiene como único objeto revisar y anular la orden de injunction en virtud de la cual se permitió a dichos electores que tomasen parte en las elecciones, resulta claramente acadé-mica, pues habiéndose realizado el acto que autorizó la orden de injunction, ninguna de las partes litigantes sería afectada por la resolución que pudiéramos dictar en este caso sobre sus méritos.

No es posible considerar como parte de esta solicitud de certiorari si los 137 electores están o no capacitados para figurar como tales electores en las listas electorales del municipio de Patillas. Ni la petición ante nos ni el return de la corte de distrito contienen datos suficientes para que esta corte pueda resolver sobre los derechos de los peticionarios. Además, estando pendientes ante la Corte de Distrito de Gnayama las _ solicitudes de certiorari presentadas individualmente por cada uno de los 137 peticionarios, debemos dar a dicha corte amplia oportunidad para considerar y resolver por sus méritos dichas solicitudes.

Por las razones expuestas y considerando que la revi-sión solicitada tiene en la actualidad un carácter puramente académico, resolvemos que debe declararse sin lugar la so-licitud de certiorari y denegarse la expedición del auto so-licitado.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


text:
    The Texas Company (P. R.), Inc., demandante y apelada, v. Juan Estrada, demandado, y Bernardo Alvarez Santos, interventor y apelante.
    Núm. 6923.

    Sometido: Noviembre 20, 1936.

    Resuelto: Diciembre 18, 1936.

      Arturo Aponte y R. García Gintrón, abogados del apelante; R. Castro Fernández, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

The Texas Co. (P. R.) Inc. entabló demanda para recobrar 1a, suma de $2,617.86, importe de gasolina y otros productos vendidos al demandado, en cuenta corriente, y embargó tres automóviles pertenecientes a Juan Estrada. Bernardo Alvarez Santos radicó demanda de intervención, en la que alega que en fecha 13 de junio de 1932, el demandado constituyó hipoteca a favor del interventor sobre los tres automóviles embargados por The Texas Co., para garantizar un pagaré de $3,000 otorgado por el demandado a favor del interventor y que había de vencer el 13 de junio de 1933. La referida hipoteca fue inscrita en el Registro de Hipoteca de Bienes Muebles, en Caguas. Alega el interventor que la hipoteca no ha sido satisfecha, ni tampoco el semestre de intereses anticipados que venció en diciembre 14, 1932; que la demandante no ha consignado en la Secretaría de la corte de distrito el importe de dicha hipoteca e intereses, según lo preceptuado por la Ley núm. 71 de 1930 (pág. 449), y que por esas razones debe anularse el embargo y ordenarse al márshal que devuelva al demandado los tres automóviles embargados, hasta que la demandante deposite el importe de la hipoteca a favor del interventor.

En su contestación a la demanda de intervención, alegó la compañía demandante que el contrato de hipoteca y el pagaré por el mismo garantizado son simulados, nulos e inexistentes por falta de causa o consideración, por no ha-ber prestado suma alguna el interventor al demandado Juan Estrada, y que la inscripción de dicha hipoteca debe ser cancelada en el Registro.

La corte inferior, por su Juez Interino, Hon. Tomás Torres Pérez, resolvió “que se trata de una simulación llevada a cabo entre el demandado Juan Estrada y el interventor,* mediante el otorgamiento de una hipoteca para garantizar un préstamo que no se ha probado ni aparece del documento de hipoteca que entregara el acreedor al deudor cantidad alguna de dinero y sí la mera manifestación que se hace en el documento de haberla recibido con anterioridad a la fecha del otorgamiento del pagaré”; y declaró sin lugar la in-tervención y sostuvo la validez del embargo practicado por la demandante. Contra esa resolución se interpuso el pre-sente recurso alegándose como único error de la corte inferior el siguiente:

“Que la Corte de Distrito de Iíumacao erró al resolver que la hipoteca sobre bienes muebles otorgada por Juan Estrada a favor del apelante Bernardo Álvarez Santos, y el pagaré que dicha hipoteca garantizaba, eran nulos por haber sido celebrados en fraude de acree-dores. ’ ’

En realidad lo que se imputa a la corte inferior es haber decretado la rescisión de un contrato entre un deudor y un tercero, como celebrado en fraude de acreedores, sin que se haya alegado y probado el fraude, o en otras palabras, que la prueba practicada es insuficiente para justificar la senten-cia apelada. Esto nos obliga a hacer un examen detallado de la prueba.

El interventor presentó en evidencia una copia del con-trato de hipoteca de bienes" muebles, con la nota de su ins-cripción en el registro, y el pagaré que la misma garantiza, en el que se hace constar que los $3,000 fueron recibidos por Juan Estrada en dinero efectivo y en calidad de préstamo con anterioridad al acto del otorgamiento.

La parte demandante ofreció la siguiente prueba testi-fical:

Carlos del Río, Gerente del National City Bank en Ca-guas, declaró que de los récords del Banco no aparece que Bernardo Alvarez Santos tuviera cuenta alguna con dicho banco, ni que éste le haya hecho préstamo alguno al interventor, ni que descontara papel alguno que tuviera su firma.

Antonio Grillo, Auditor Municipal de Caguas, declaró que en las nóminas de pago del Municipio, que están a su cargo, aparece el nombre de Bernardo Alvarez Santos, como inspector de la limpieza pública desde agosto, 1930, a mayo de 1931, con sueldo de $12.64 semanales.

Juan Cebollero, agente de The Texas Co. en Caguas, de-claró que no conoce al interventor; que éste está casado con una hermana de la señora del demandado, siendo por tanto concuñados; que ’en junio 13 de 1932 el demandado adeu-daba dinero a The Texas Co.; que nunca recibió ningún cheque, pagaré a comprobante firmado por el interventor; que el declarante estuvo en el registro y que allí no apare-cía más que una sola hipoteca a favor del interventor; que no le conoce bienes al interventor; que el demandado Estrada hacía mensualmente abonos a su cuenta con la Texas Co. T repreguntado por el abogado del interventor declaró: Que no ha hablado con el interventor, no sabe dónde vive éste ni conoce a su señora; que no podría decir la cantidad que Estrada debía a la Texas en junio 13, 1932, pero con vista de una cuenta corriente puede decir que eran $1,970.85; que esa cuenta está garantizada con hipoteca sobre una casa de Estrada por $1,200, hipoteca que fué otorgada en junio 26, 1931, y está aún vigente.

Presentó la demandante una certificación del registrador en la que hace constar la inscripción de la hipoteca de los tres automóviles, y, además, que de los libros del registro no apa-rece ninguna otra propiedad o derecho a favor del interventor Alvarez Santos.

De la opinión emitida por el juez sentenciador extracta-mos como fundamentos'de sn resolución los siguientes:

1ro. Que a pesar de que la hipoteca y los intereses vencidos eran exigióles desde diciembre de 1932, el interventor no inició procedi-miento de ejecución y permitió que los bienes fuesen embargados por la demandante en marzo de 1933, dejando transcurrir noventa días sin practicar gestión alguna para hacer efectiva la hipoteca.
2o. Que no hay evidencia alguna en cuanto a la entrega material del importe del préstamo por el interventor al demandado.
3ro. Que cuando el demandado liquidó su cuenta con la Texas, en diciembre de 1932, y aceptó la deuda de $2,495.46, para esa misma fecha ya estaba vencida la hipoteca a favor del interventor. ‘

Opina el juez sentenciador, que de esos hechos que acaba-mos de enumerar surge una fuerte presunción de que el otorgamiento del pagaré fué una simulación hecha con el único objeto de salvar para el demandado los automóvi-les embargados más tarde por la demandante; que para la fecha en que se practicó el embargo y para la fecha de la intervención la garantía hipotecaria ha debido estar ya eje-cutada de haber sido cierta y efectiva; y que los hechos pro-bados son símbolos evidentes de fraude.

Las conclusiones de derecho a que ha llegado la corte sentenciadora son insostenibles. No están ellas basadas en una prueba suficiente e incontestable, de la que deba surgir como consecuencia inevitable la presunción legal de que la transacción impugnada está viciada por el fraude.

La doctrina legal sobre la alegación del fraude como base de una causa de acción o como defensa, aparece enunciada así en Corpus Juris:

“La regla general es que el fraude ‘que es criminal en su esencia,’ y envuelve por lo menos torpeza moral, nunca se presume, sino que debe ser afirmativamente probado. Es decir, en acciones en ley y cuando el cargo específico de fraude va envuelto en casos en equi-dad, ‘no solamente no se presume nunca el fraude, sino que debe ser afirmativamente alegado y probado por la parte que se basa en él, ya sea con el propósito de atacar o de defenderse. ’ Por el contrario, un litigante no está obligado a probar la no existencia de un fraude que no ha sido directa o tácitamente probado por la parte que lo alegara. La presunción, si existe alguna, es en contra de la exis-tencia del fraude y en favor de la inocencia, de la honradez, y de la pureza de la transacción. Aun cuando es costumbre casi universal de las cortes la de declarar que el fraude nunca se presume, a veces se expresa al principio con más exactitud al decir ‘la ley nunca presume el fraude.' ”
27 C. J., párr. 170, pág. 44.

La cita que acabamos de hacer está sostenida por copiosa jurisprudencia, que creemos innecesario examinar en detalle. Entre los casos allí citados figura el de Mancheño v. Le Brun, 14 D.P.R. 474, en el que esta Corte Suprema dijo:

“El error y el dolo que vagamente se indican por los apelantes en modo alguno se derivan del documento mismo como se supone y estos motivos de nulidad que vician el consentimiento no se presu-men nunca y hay que demostrarlos, cosa que tampoco se ha intentado siquiera por la parte que estaba a ello obligada por ser la que im-pugna la validez del contrato que la otra parte sostiene en toda su integridad. ’ ’

En decisiones posteriores a la del caso de Mancheño v. Le Brum, supra, esta corte lia reconocido y aplicado la regia general de que el fraude nunca se presume y que el que lo alega debe probar su existencia con' hechos incontestables, pues no puede estimarse establecida la existencia del fraude por sim-ples conclusiones, conjeturas y sospechas; y que las pruebas demostrativas del fraude deben ser sólidas, claras y convin-centes. Véanse: Ana María Sugar Co. v. Castro, 28 D.P.R. 241; Gómez v. American Colonial Bank, 34 D.P.R. 148; Ortiz v. Clausells, 34 D.P.R. 536; Sucrs. de Igaravídez v. Rubert Hnos., 23 D.P.R. 302; y Arenas v. Batalla 48, D.P.R. 31.

En el caso de autos, la demandante no hizo alegación específica de fraude. Se limitó a alegar, en contestación a la demanda de intervención, por información y creencia, que el pagaré y la hipoteca a favor del interventor son simula-dos, nulos e inexistentes por falta de cansa o consideración. No se alegó en manera alguna que la hipoteca y pagaré fue-ran otorgados con el fin o propósito de defraudar a la de-mandante, como acreedora del demandado, ni tampoco que la demandante no pudiera cobrar de otro modo la cantidad que le adeuda el demandado.

Participamos basta cierto punto de las dudas que este caso lia despertado en la mente del juez sentenciador, en cuanto a la realidad o existencia legal de la hipoteca que reclama el interventor. Pero esas dudas, esas conjeturas o deducciones, que son bijas de la experiencia y del conocimiento de las flaquezas humanas, adquiridas en el curso de la vicia judicial, y que en el presente caso no están sostenidas por hecho específico alguno, no pueden dar origen ni servir de base a la presunción legal de que la hipoteca fué hecha con el propósito de defraudar a la acreedora demandante.

No se ha llamado nuestra atención hacia precepto o doc-trina legal que nos autorice a presumir que una hipoteca de bienes muebles, otorgada en garantía de un pagaré negocia-ble, es fraudulenta y como tal nula, por el solo hecho de que en el pagaré por ella garantizado se hace constar que el im-porte del préstamo fué recibido por el prestatario con ante-rioridad a la fecha del pagaré y no en el acto • de su otorga-miento. El interventor, como tenedor del instrumento nego-ciable, que es la obligación principal, tiene a su favor la pre-sunción legal de que el pagaré es válido y de que fué otor-gado por causa justa y onerosa. Véase: Artículo 25 de la Ley (núm. 17) de Instrumentos Negociables (Leyes de 1930, pág. 183).

La demandante, que es la que pide que se declaren nulos e inexistentes, es la que lleva el peso de la prueba para justificar su alegación de que el pagaré y la hipoteca carecen de fuerza legal por falta de causa y consideración y por haber sido otorgados en fraude de acreedores.

¿Ha sostenido la demandante el peso de la prueba? Creemos que no. Opinamos que los que la corte inferior llama “hechos probados”, o sea que el interventor no tenía cuenta en el National City Bank en Caguas; que fué empleado municipal durante un par de años anteriores a la fecha de la hipoteca, devengando un modesto sueldo; que el interventor y el demandado son concuñados; y que el primero no tenía propiedades inscritas en el Registro de Caguas con excepción de la hipoteca en cuestión, no son suficientes para que de ellos pueda deducirse como una conclusión legal que la hipoteca es fraudulenta. Todos esos hechos, asumiendo que estén sostenidos por la evidencia, son perfectamente compatibles con la legalidad de la hipoteca. El hecho de que el interventor no tuviera cuenta en el banco, no es prueba de que no tuviese en alguna otra parte la suma necesaria para hacer el préstamo al demandado; y tampoco lo es el hecho de que dos años antes de hacerse el préstamo, el interventor estuviera ganando un pequeño sueldo semanal. La relación de parentesco por .afinidad entre el interventor y el demandado, asumiendo que se haya establecido, podría a lo sumo ser considerada como una circunstancia sospechosa, pero no puede bastar por sí sola para justificar una declaración de nulidad. Véanse: Calzado v. Carrero, 15 D.P.R. 369; Moral & Co. v. Diez, 16 D.P.R. 332; González v. López, 46 D.P.R. 843. La cita de Corpus Juris que hace la parte apelada, 27 C. J. Sec. 717, contiene una sabia doctrina que ayudaría grandemente al éxito de su contención si se hubiesen establecido las bases necesarias para hacerla aplicable.

Traduciremos la cita para que se vea claramente su ina-plicabilidad al presente caso:

“Cuando las partes en el traspaso están emparentadas entre sí, este hecho, en relación con otros hechos, puede ser suficiente para levantar una presunción de fraude y transferir el peso de la prueba al cesionario para que establezca la buena fe por su parte al aceptar el traspaso y se ha sostenido que se requiere solamente una prueba ligera para hacer pasar el peso de establecer la buena fe de la tran-saceión. Se levanta ima presunción de fraude y se impone el peso de la prueba de buena fe al cesionario, cuando en conexión con el hecho del parentesco, se han establecido otros hechos, tales como la insolvencia o circunstancias embarazosas de la parte que hizo el tras-paso.” (Bartardillas nuestras.)

En el caso de autos no existe alegación alguna, ni se pre-sentó evidencia por la parte demandante, en relación con la solvencia o insolvencia del demandado antes, en el mo-mento o después que éste otorgó el pagaré y la hipoteca. Tampoco aparece de la evidencia que la situación econó-mica del demandado fuese en aquellos momentos o en fecha posterior difícil o embarazosa. La prueba demuestra más bien lo contrario, pues de ella aparece que el demandado era dueño de otra propiedad, sobre la cual constituyó hipoteca para garantizar $1,200 de su deuda a la demandante; que tenía un negocio de gasolina en Caguas; y que gozaba de crédito con la demandante hasta febrero 4 de 1933, fecha en que la demandante le hizo la última entrega de mercan-cías, con cargo a su cuenta corriente.

Estableceríamos un precedente sumamente peligroso si sostuviésemos que basta probar la existencia de relaciones de parentesco entre deudor y acreedor hipotecario, para que el acreedor del primero tenga derecho a que se presuma que ha habido fraude en la negociación y se dicte sentencia anu-lando el contrato de hipoteca. La jurisprudencia requiere algo más que la simple prueba de parentesco, que es la única que se ha presentado en este caso.

La jurisprudencia establecida por este Tribunal sostiene que para que una acción de la naturaleza de la que se ejercita en este caso pueda prosperar, el demandante, o sea el que alega el fraude, debe probar: (a) la existencia de una deuda a su favor; (.&) que su deudor enajenó sus bienes con el propósito de defraudarle; (c) que ha sido perjudicado por la enajenación; y (d) que no tiene otro recurso legal para poder hacer efectivo su crédito. Véanse: Domenech v. Rola, 9 D.P.R. 95; Vázquez v. Martínez, 10 D.P.R. 453; Sucn. Almazán v. López, 20 D.P.R. 537; Martínez v. Sucrs. de Cosío y Primo, 38 D.P.R. 240, y González v. López, supra. Ni las alegaciones de la contestación, ni la prueba aducida por The Texas Co. cumplen con los requisi-tos que hemos enumerado. No se ha hecho alegación al-guna, ni se ha presentado evidencia, al efecto de que el de-mandado careciera de otros bienes sobre los cuales pudiera hacerse efectivo el crédito de la demandante.

Debe revocarse la resolución recurrida y en su lugar dictarse sentencia por esta corte declarando nulo y sin efecto el embargo trabado sobre los bienes hipotecados, por no haberse practicado de acuerdo con los requisitos exigidos por la Ley núm. 71 de 1930 (pág. 449).

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Serapio Rosa Arias, acusado y apelante.
    Núm. 6321.

    Sometido: Diciembre 16, 1936.

      Resuelto: Diciembre 18, 1936.

      Obdulio Bauzá y Gaspar Gerena Bras, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Serapio Rosa Arias, declarado culpable de un delito de alterar la paz, apela de la sentencia alegando que de acuerdo con la prueba aportada la corte inferior ha debido decretar su absolución.

Declararon en este caso, por parte del Pueblo, los policías insulares Pascasio Lamourt y José Nieves Hidalgo. El primero dice que en 13 de diciembre de 1935, por la noche, en la calle San José, de Lares, él y su compañero el guar-dia Nieves Hidalgo vieron como a una distancia de 25 a 30 metros a dos individuos peleando; que se acercaron y en-contraron que los individuos que reñían eran Serapio Rosa y José Viera, a quienes aguantaron; que Serapio tenía una contusión en la sien izquierda por donde estaba echando sangre y el otro estaba con una piedra en la mano; que se aglomeró gente en el sitio del suceso y se alteró la paz; que no sabe cómo se inició la riña, y que arrestaron a ambos acu-sados.

José Nieves Hidalgo declara que él y su compañero* pudieron observar que había dos personas peleando y pe-gándose mutuamente, que vió a Serapio Rosa Arias con una. herida sobre la sien izquierda y José Viera Cruz con una. piedra en la mano, pero que cuando llegaron al sitio ya ha-bían separado a los contendientes. Agrega que no sabe; nada más.

El testigo de la defensa Felipe Vargas declara que lá noche a que se refiere la denuncia caminaba hacia el cafetín de Salvador Barreto con el fin de comprar un pan y que vió a Pepe Viera discutiendo con otro señor allí; que Pepe Viera empujó a este otro señor, diciéndole Serapio que no le diera a ese infeliz; que entonces Pepe Viera le contestó: “Le doy a él y a tí también”, e inmediatamente le dió con el puño a Serapio en la mejilla; que Serapio le dijo: “Yo no te estoy dando a tí”, y que entonces los separaron; que Pepe Viera “cayó allá con una piedra en la mano” y Serapio Rosa san-grando por una mejilla. .

Silas Ortiz, testigo también de la defensa, declara que en el mes de diciembre, sin que recuerde exactamente la fecha, se encontró con un grupo de personas que sostenían una conversación animada, conociendo entre ellas a Serapio Rosa, a Viera y a Fernando Irizarry; que en esos momen-tos llegó un muchacho, un gambo-, que es un infeliz y hombre físicamente inferior, y que Viera empujó a ese hombre; que.-entonces Serapio Sosa trató de evitar que 'Viera le diera al infeliz ése y le dijo: “¿Cómo vas a darle a ese infeliz?”; que Viera, en actitud desafiante, cogió una piedra y agredió a Serapio, quien trató de aguantar al hombre y lo agarró; que al momento llegó la policía y todavía estaba Viera en actitud amenazante con una piedra en la mano; que el acu-sado trató de evitar que Viera le diera a ese infeliz. Luego de terminada la prueba de la defensa, compareció nueva-mente el policía Nieves Hidalgo, quien declara que Serapio .Rosa y José Viera estaban cambiando golpes agarrados, pero que al llegar él y su compañero, ya los habían separado.

Compareció también el testigo Pascasio Lamourt, quien declara que ambos contendientes estaban agarrados y force-jeaban, pero que no sabe si en el movimiento ese que ellos tenían se daban; que como venían lejos los vió agarrados forcejeando, pero no sabe si se daban. En la denuncia que aparece jurada por este policía, se dice que Serapio Rosa y José Viera promovieron una alteración de la paz pública en una liña que mutuamente sostenían con los puños, agre-diéndose. Se le presenta la denuncia y entonces declara que ambos individuos se agredían así, con los puños, y se suje-taban. A preguntas de la defensa responde que en la ca-rrera que llevaban cuando se dirigían al sitio del suceso se veía el movimiento de ellos como que se daban; que cuando estaban agarrados los dos se sujetaban, se cogían y se daban.

Ésta es toda la prueba practicada. Es verdad que el po-licía Lamourt, al comparecer nuevamente como testigo, des-pués de practicada la prueba de la defensa, dice, bajo la presión del interrogatorio del juez, cuando se le muestra la denuncia jurada por él, que Viera y Serapio se pegaban mutuamente. La verdad es que estos policías se hallaban a alguna distancia cuando vieron a estos dos individuos em-peñados en una lucha. No vieron dichos policías cómo fué que se inició esta lucha. Los testigos de descargo declaran de una manera categórica y explícita, sin que hayan sido con-tradictos, que Serapio Rosa intervino para decirle a Viera que no le diera a “un muchacho, un zambo, que es un in-feliz y xin hombre físicamente inferior” a Viera; y que fué en estos momentos que el referido Viera agredió a Se-rapio Rosa, quien recibió una herida en la mejilla. Los mis-mos policías declaran que cuando llegaron al sitio del suceso Viera estaba con una piedra en la mano y que el acusado sangraba. Dada la. prueba aportada por el pueblo y por la defensa, entendemos que no se ha probado que el acusado sea culpable del delito de alterar la paz. Si como declaran los testigos de descargo fué realmente agredido y únicamente trató de defenderse de la agresión, no puede decirse que haya incurrido en el delito que se le imputa. No hay prueba de que el acusado agrediera a Viera. Tínicamente existe el testi-monio de los policías que dicen que vieron a ambos individuos empeñados en una lucha. No hay conflicto entre el testimo-nio de los policías insulares y las declaraciones de lo testigos de la defensa. La evidencia por ambas partes aportada puede armonizarse perfectamente. El hecho de que los po-licías hubiesen visto la lucha entre ambos individuos soste-nida no quiere decir que el acusado.estuviese agrediendo vo-luntariamente a José Viera. Ha podido estar defendiéndose del ataque de que fué víctima, sin que por eso sea culpable de la riña que se le imputa. Ha podido estar sujetando a su agresor, como dijo primeramente el policía Pascasio La-mourt, quien manifestó que vió que estaban en movimiento los dos, sin poder notar si se daban puños o no. Los únicos testigos que presenciaron lo ocurrido desde sus comienzos, exoneran de toda culpa a Serapio Rosa. No puede decirse que el acusado maliciosa y voluntariamente perturbara la paz, porque la prueba no justifica esta conclusión.

En el caso de Pueblo v. Torres, 18 D.P.R. 932 se revocó la sentencia y se declaró absuelto al acusado por no haberse probado que voluntaria y maliciosamente perturbara la paz. En dicho caso se alegó también una riña mutuamente soste-nida entre dos personas. Esta doctrina fué ratificada más tarde en el caso de Pueblo v. Franquis, 24 D.P.R. 615.

Debe revocarse la sentencia y declararse absuelto al acu-sado.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Felipe Sanabria, hoy su Sucesión compuesta de su esposa doña María Antonia Navarro y sus hijos Felipe Juan y Carmen Sanabria y Navarro, representados por su madre Doña Antonia Navarro, demandante y apelante, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelada.
    Núm. 7170.

    Sometido: Diciembre 11, 1936.

      Resuelto: Diciembre 18, 1936.

      Daniel Pellón, Jr. y Mariano Acosta Velarde, abogados de la ape-lante; Celestino Triarte, F. Fernández Cuyar y TI. González Blanes, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 21 de mayo de 1931, Felipe Sanabria fué arrollado por una de las guaguas de la demandada mientras dicho Sa-nabna prestaba servicios como policía ele tráfico en la Ave-nida Ponce de León, frente a la Iglesia San Agustín, en el barrio Puerta de Tierra de esta ciudad de San Juan.

El lesionado Felipe Sanabria radicó demanda ante la Corte de Distrito de San Juan el día 18 de mayo de 1932, reclamando indemnización por las lesiones que le fueron causadas por la guagua referida de la demandada. Seis meses después de radicada la demanda, y antes de celebrarse el correspondiente juicio, falleció Felipe Sanabria, y año y medio después de ocurrido este hecho la sucesión de Felipe Sanabria compareció ante la corte de distrito dentro del pleito radicado por su causante y solicitó se le sustituyera en su lugar para que continuara la acción, a nombre de los herederos, tal como si no hubiese fallecido Felipe Sanabria. Así lo declaró la corte inferior, y luego de contestada la demanda fué el pleito a juicio, habiendo dictado la corte a quo sentencia mediante la cual declaró sin lugar la de-manda sin especial condenación de costas.

No hay controversia con respecto a las cuestiones fun-damentales que sirven de base a la acción ejercitada. Am-bas partes, en virtud de estipulación, han aceptado los si-guientes hechos:

Que Felipe Sanabria, en la fecha del accidente, perte-necía al Cuerpo de la Policía Insular de Puerto Pico, y a la hora de dicho accidente prestaba servicios como tal po-licía en la Avenida Ponce de León y frente a la Iglesia San Agustín, de Puerta de Tierra, atendiendo y regulando el tráfico de personas en dicho sitio; que la guagua que arrolló a Felipe Sanabria era propiedad de la demandada y en los momentos del accidente era conducida por un em-pleado de dicha demandada que actuaba dentro de los de-beres de su cargo y con ocasión del mismo; que Felipe Sa-nabria fué arrollado por dicha guagua y sufrió la fractura de la tibia y peroné de la pierna izquierda, heridas incisas en la región frontal-parietal izquierda, herida contusa del carrillo izquierdo acompañada con pérdida transitoria del co-nocimiento; que Felipe Sanabria fué sometido a tratamiento médico el día 21 de mayo de 1931 en la Clínica Santurce y en junio 29 de 1931 recluido por orden de la demandada en la Clínica Neurológica del Doctor Juliá, donde perma-neció basta mayo de 1932; que las lesiones mencionadas recibidas por Felipe Sanabria se debieron a la negligencia de la demandada, sin que mediara culpa o negligencia alguna por parte de dicho Felipe Sanabria; que desde el 21 de mayo de 1931 basta el día 17 de noviembre de 1932 Felipe Sana-bria quedó físicamente imposibilitado para su trabajo de policía insular y dejó de percibir en consecuencia la suma de $81 mensuales que ganaba en concepto de sueldo como policía insular; que estando asegurados todos los funciona-rios de la Policía Insular en el Fondo del Estado contra ac-cidentes de trabajo, el accidente sufrido por Felipe Sanabria fué referido a la Comisión Industrial; que el causante de los demandantes recibió de dicha comisión, en concepto de anticipos a cuenta de su indemnización, la suma de $583.75, además de $1,142 en concepto de hospitalización y rayos X, quedando a la fecha del fallecimiento de dicho Felipe Sa-nabria un remanente de $916.25, de cuya cantidad se ordenó pagar a la viuda, Antonia María Navarro, la suma de $316.25, y a los hijos Felipe, Juan y Carmen Sanabria, la suma de $600.

La corte inferior resolvió que los demandantes no tienen causa de acción contra la demandada, por haber recibido compensación de la Comisión Industrial. La demandada apelada admite que esta cuestión ha sido resuelta por esta corte en el caso de Machado v. The American Railroad Co., 49 D.P.R. 843, y que por lo tanto la sentencia del tribunal inferior debe ser revocada.

A juicio de la parte apelada, un caso como el presente puede ser devuelto a la corte inferior con la instrucción de que el patrono sea hecho parte, a fin de que cualquier com-pensación que haya sido pagada por él pueda ser deducida de la sentencia, satisfaciéndose el balance a los demandan-íes; pero para el caso de que esta corte resuelva dictar sentencia fijando la cuantía de la indemnización, llama la atención hacia los elementos de daños que surgen de la esti-pulación, únicos que a su juicio deben ser tenidos en cuenta por este tribunal. Añade además que dadas las circunstan-cias del caso, debe relevársele del pago de las costas.

Sostiene la parte apelada que el costo de tratamiento mé-dico y hospitalización en la Clínica Santurce y en la del Dr. Juliá no pueden ser elementos de daños en esta acción.

Los abogados del demandante durante la vista se mani-festaron conformes con la demandada, agregando que ellos no han incluido estos gastos en su reclamación. Es un hecho, sin embargo, que por orden de la Comisión Industrial se sa-tisfizo a Felipe Sanabria la suma de $583.75, y que se ha ordenado el pago de otras sumas a la viuda y a los hijos del policía fallecido, amén de $1,142 satisfechos en concepto de hospitalización y Rayos X. Nos parece que para proteger los derechos del Fondo de Seguro del Estado éste es un caso que debe ser devuelto a la corte inferior.

En Machado v. Am. R.R. Co. of P.R., supra, citamos el caso de Black v. Chicago Great Western R. Co., 174 N.W. 774, 780, donde se inició una acción por el obrero después de haber recibido compensación de acuerdo con la ley de ac-cidentes del trabajo. La corte confirmó el fallo de la corte inferior, expresándose así al terminar la opinión que emi-tiera en dicho caso:

“Bajo las peculiares circunstancias demostradas, se devuelve el caso con la instrucción de que el patrono sea hecho parte, a fin de que cualquier compensación que haya sido pagada por él pueda ser deducida de la sentencia y satisfecha a él y el balance al deman-dante. ’1

Toda vez que este caso tiene que devolverse al tribunal a quo, entendemos que debe dársele la oportunidad a dicho tribunal de fijar la indemnización y de resolver la cuestión referente a las costas. No se devuelve el -caso para la ce-lebración de un nuevo juicio, sino para que, partiendo de la base de las cuestiones resueltas, se cite al Fondo del Es-tado a fin de que tenga la oportunidad de defender sus de-rechos y se bagan además los pronunciamientos a que nos fiemos referido sobre la cuantía de la indemnización y las costas de este litigio.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el Caso a la corte inferior para procedimientos ulteriores no incompatibles con esta opinión.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señou Córdova Dávila,

text:
    Santini Fertilizer Co., demandante y apelante, v. Felipe G. Dávila, demandado y apelado. Santini Fertilizer Co., demandante y apelada, v. Felipe G. Dávila, demandado y apelante.
    Núms. 6625 y 6731.

    Sometidos: Enero 24, 1936.

      Resueltos: Diciembre 18, 1936.

      R. Buscaglia, abogado de la demandante, apelante y apelada; Arturo Aponte, abogado del demandado, apelado y apelante.
   El Juez Asociado Señou Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción en cobro de una serie de pagarés, in-tereses y honorarios de abogado convenidos, iniciada por San-tini Fertilizer Co. contra Felipe Gr. Dávila. Admitió el de-mandado el otorgamiento de los pagarés, pero alegó que había pagado algunos en los cuales era tínico deudor y que había sido exonerado del pago de los demás, en algunos de los cuales aparecía firmando solidariamente con Francisco Rodríguez y en otros con Ramón Díaz. Se trata, pues, de tres grupos de pagarés que mencionaremos en lo sucesivo como los pagarés de Dávila, de Rodríguez y de Díaz res-pectivamente. La prueba del demandado tiende a demostrar que allá para mayo de 1930 la demandante venía insistiendo en que el demandado saldara los pagarés de Dávila y los de Rodríguez. Con tal motivo se llevó a cabo una confe-rencia en esa fecha en el banco de Tabucoa, estando pre-sentes, entre otros, el demandado, "W. B. Almon, empleado de la demandante, y Rafael Buscaglia, abogado de la refe-rida firma.

El demandado expuso que él no podía pagar las obliga-ciones de Rodríguez. Almon le dijo que si satisfacía sus propios pagarés se le daría un plazo a Rodríguez hasta ju-nio 30, 1930, y si no pagaba entonces, se demandaría a Ro-dríguez. El demandado explicó que no podía pagar sus pro-pias obligaciones en esa fecba, pero ofreció a Almon una carta qne éste aceptó, dirigida por el demandado a la Ya-bucoa Sugar Co., autorizando a esta compañía azucarera para pagar a la demandante una suma igual al montante de dichos pagarés, del producto de ciertas cañas que venía moliendo el demandado en la factoría de la compañía men-cionada. Aseguró el demandado a Almon que si el producto eje las cañas no alcanzaba a cubrir sus pagarés, él salda-ría cualquier déficit en junio de 1930. Llamó el demandado la atención a Almon sobre los pagarés de Díaz y le mani-festó que no podía hacerse cargo de ellos, a lo que contestó Almon que lo de Díaz estaba bastante garantizado y que la demandante se entendería directamente con Díaz. Por su-gestión de su abogado, el demandado solicitó de Almon que se hiciera constar por escrito lo convenido y Almon le con-testó que no podía hacer constar nada por escrito, que no había recibido dinero alguno, que cuando recibiera el dinero expediría un recibo haciendo constar que el demandado ha-bía satisfecho sus propios pagarés y quedaba relevado de su obligación por concepto de los pagarés de Díaz y de Bodrí-guez. Pocos días después Almon escribió a Bodríguez con-cediéndole un plazo hasta junio 30, 1930, para satisfacer sus pagarés.

La prueba de la demandante no difiere esencialmente de la del demandado, excepto en cuanto a los pagarés de Bo-dríguez y Díaz. Sobre este particular los testigos de la de-mandante, Almon y Buscaglia, negaron que se hubiese ha-blado de relevar a Dávila de su obligación en cuanto a dichos pagarés, y afirmaron que sólo se le dijo al demandado que la demandante haría esfuerzos para cobrarle a Bodrí-guez y a Díaz directamente.

La demanda se radicó en junio 9, 1930. En esa fecha Ya-bucoa Sugar Co. no había hecho remesa alguna a la de-mandante ni se había obligado en forma alguna para con la misma.

La corte inferior declaró con lugar la demanda en cuanto aí principal de todos los pagarés de Dávila, sin lugar en cnanto a las costas, intereses y honorarios de abogado con-venidos en dichos pagarés, y sin lugar en cuanto a los pa-garés de Bodríguez y de Díaz. Aunque la opinión de la corte no es clara, aparentemente creyó probada la defensa de exoneración del demandado en cuanto a los pagarés de Bodríguez y de Díaz y no creyó probada la defensa de pago de los pagarés de Dávila. Dice la corte, no obstante, que la demandante procedió incorrectamente al demandar en co-bro de los pagarés de Dávila y por esa razón, aunque con-dena a Dávila a pagar el principal de los pagarés, le niega a la demandante los intereses y honorarios convenidos. No expone la corte los fundamentos que tuvo para su conclu-sión de que procedió incorrectamente la demandante. Su resolución, sin embargo, nos da la impresión de que proba-blemente consideró la corte que la demanda fué prematura, que los pagarés de Dávila no eran exigibles sin antes re-clamarse su pago de la Yabucoa Sugar Gq.

Como es natural, ambas partes han recurrido de la sen-tencia dictada, habiéndose argumentado y sometido ambas apelaciones conjuntamente. La demandante señala como errores, entre otros que no consideramos pertinentes al caso, los que sostiene cometió la corte al no conceder intereses ni costas en los pagarés de Dávila, y al resolver que el deman-dado fué exonerado del pago de los pagarés de Díaz y de Bodríguez. El demandado señala como errores los que dice cometió la corte al no declarar la demanda sin lugar en su totalidad y al no condenar a la demandante en costas.

Consideremos en primer término los errores apuntados por el demandado. Es obvio que la corte inferior erró al condenar al demandado al pago de uno de los pagarés de Dávila, montante a $42.34, pues de la propia demanda aparece que no estaba vencido al iniciarse este liti-gio. La demanda fué radicada en 9 de junio de 1930 y el pagaré mencionado no vencía hasta julio 18 de dicho año. En cuanto al resto de los pagarés de Dávila, sostiene el demandado que se le concedió un plazo, hasta junio 30, para su pago, que la demanda fué por lo tanto prematura, y que erró la corte al condenarle al pago del principal de dichos pagarés. No alegó el demandado esta defensa en su contestación. Lo que se alegó es que los pagarés se pagaron mediante entrega a la demandante de la carta dirigida por el demandado a la Yabueoa Sugar Oo. Además, la prueba no demuestra que se concediera tal plazo. Es cierto que al entregar la carta el demandado ofreció liquidar la deuda el 30 de junio de 1930, pero no aparece que la demandante se obligara a esperar hasta dicha fecha. El mero hecho de que un deudor ofrezca pagar una deuda vencida en una fecha determinada o con anterioridad a la misma, no basta para establecer una prórroga. Es necesario que el acreedor se obli-gue, y en el, caso de autos ni se alegó ni se probó que el acreedor conviniera en una prórroga. No puede decirse, por lo tanto, que incurriera en error da corte inferior al no resolver que se concedió una prórroga o al condenar al de-mandado al pago de los pagarés de Dávila.

Sostiene además el demandado, aunque en forma un tanto ambigua, que los pagarés de Dávila fueron pagados mediante la entrega de la carta dirigida por el demandado a la Yabueoa Sugar Co. Decimos que es ambigua la posición del demandado, porque a veces sostiene que la carta se entregó en pago, y a veces que se entregó como garantía colateral. Entiende el demandado que dicha carta es un giro, una letra de cambio mercantil. Si la demandante hubiese convenido en recibir una letra de cambio aceptada por la Yabueoa Sugar Co., en sustitución de los pagarés de Dávila, no hay duda que éstos hubiesen quedado extinguidos. Tal cosa no surge de la prueba. La carta dice como sigue:

“Banco de Yabucoa.
Yabucoa, Puerto Rico,
mayo 1 de 1930.
The Yabucoa Sugar Co.,
ITumaeao, Puerto Rico.
Muy Sres. míos y amigos:
Espero que tan pronto se cubra la cantidad de $3,129 que le adeudo al Banco de Yabucoa, más un dollar para corte y arrimo por cada tonelada de caña que Uds. me liquiden, espero tengan la ama-bilidad de remesar a los Sres. Santini Fertilizer Co., de San Juan, $1,000, y así sucesivamente hasta que se cubra la cantidad de $2,359.01 en dos liquidaciones más.
Anticipándoles las gracias por su atención a este asunto, quedo de Uds., atto. amigo y s. s.
(fdo.) Felipe G-. Dávila
O. K. Banco de Yabucoa
(ido.) D. L. Corretjer,
Manager. ’ ’

Es evidente que no se trata de una letra de cambio, pues la carta referida no envuelve una orden incondicional de pagar dinero. Aunque así fuera y aunque hubiese sido acep-tada por la Yabucoa Sugar Co., la prueba del propio deman-dado, que ya hemos expuesto, establece definitivamente que la demandante se negó expresamente a aceptar la carta en pago de los pagarés. No cometió error la corte inferior al no resolver que los pagarés de Dávila quedaron extinguidos mediante la entrega de la carta.

El último error señalado por el demandado consiste en no haberse condenado a la demandante en costas. Es inne-cesario decir que este error debe ser desestimado.

Hemos resuelto los errores atribuidos a la corte inferior por el demandado. Pasamos ahora a considerar los que señala la compañía demandante. No hay duda de que la corte inferior erró al negarle a la misma los intereses convenidos sobre los pagarés de Dávila, exceptuando, desde luego, el pagaré que no había vencido al iniciarse la acción. Si los pagarés exigibles no habían sido pagados y si procedía sentencia por el importe de los mismos, no existe razón al-guna ni la expone la corte inferior, para negarle a la de-mandante el derecho a los intereses convenidos.

Se alega además que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la demanda en cuanto a los pagarés de Díaz. A juicio del tribunal inferior la demandante exoneró al demandado de estas obligaciones. La prueba más favorable al demandado es al efecto de que el Sr. Almon ofreció a dicho demandado relevarle del pago de los pagarés de Díaz si pagaba los suyos propios y que Almon se negó ex-presamente a exonerar al demandado del pago de los pagarés de Díaz hasta tanto no recibiera el importe de los pagarés de Dávila. Sin detenernos a considerar si Almon tenía a no autoridad para exonerar al demandado de sus obligaciones para con la demandante, y sin parar mientes en la cuestión de si una exoneración gratuita surte efecto de acuerdo con el derecho civil, creemos que la prueba claramente demuestra que no hubo tal exoneración, sino una mera oferta del Sr. Almon al demandado de exonerar en el futuro, siempre que el demandado pagase sus propios pagarés. Esta oferta podía ser retirada en cualquier momento antes de ser aceptada, y en efecto lo fué al radicarse la demanda en que se reclama el importe de los pagarés de Díaz, junto con los demás. Debemos hacer constar, sin embargo, que entre estos pagarés hay tres que no habían vencido cuando se radicó la demanda. Los referidos pagarés, cuyo importe asciende a $758.64, vencían en los días 12, 13 y 14 de junio de 1930, y como ya dijimos antes, la demanda se radicó en 9 de junio de dicho año. Erró, por lo tanto, la corte inferior al declarar sin lugar la demanda en cuanto a los pagarés de Díaz, exceptuando los tres pagarés que acabamos de mencionar.

En lo que atañe a los pagarés de Rodríguez, sostiene la demandante que la corte inferior incurrió en error al declarar sin lugar la demanda. El pronunciamiento de la corte se basa no solamente en la exoneración, sino" también en la prórroga concedida a Rodríguez basta junio 30, 1930. La prueba demuestra que Almon ofreció prorrogar, y que posteriormente la demandante escribió a Rodríguez conce-diéndole una prórroga basta dicba fecba. Como quiera que Rodríguez y el demandado se obligaron solidariamente, la prórroga concedida a Rodríguez benefició al demandado, siendo por lo tanto prematura la acción que se ejercita en cuanto a los pagarés de Rodríguez. No incurrió en error el tribunal a quo, al desestimar la demanda en cuanto a estos pagarés.

Como ya bemos indicado, la resolución de la corte inferior nos parece correcta en cuanto se relaciona con las costas. La demandante insiste, sin embargo, en que los pagarés suscritos por el demandado lo obligan expresamente al pago de los gastos en que incurra su tenedor al cobrarlos, incluyendo los honorarios de abogado. Es cierto que el demandado convino en satisfacer al demandante “todos cuantos gastos ocasione el cobro de las obligaciones, honorarios de abogado inclusive. ’ ’ En la demanda se • alega esta obligación y se dice que la demandante ba satisfecho a su abogado la cantidad de $1,200 para tramitar este litigio. Se ofreció prueba en apoyo de esta alegación; pero como hay obligaciones cuyo pago ba sido exigido prematuramente, la demandante no puede obtener gastos que se le hayan ocasionado en el cobro de las obligaciones que resultan prematuras. Teniendo en cuenta estas circunstancias y la prueba aportada, nos permitimos fijar en la suma de $500 los gastos de honorarios de abogado en que ba incurrido la parte demandante.

La sentencia apelada debe modificarse en el sentido de declarar con lugar la demanda en cuanto a los pagarés nu-merados del 4 al 14 y del 16 al 23 inclusive, con intereses convenidos al 12 por ciento anual desde el vencimiento de cada pagaré basta su completo pago, y sin lugar en cuanto a los pagarés numerados 1, 2, 3, 15, 24, 25 y 26. Debe, además, condenarse al demandado a satisfacer a la deman-dant'e los gastos por honorarios convenidos, que se fiján en $500, sin especial condenación de costas, y así modificada, confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Salvador Suau Carbonell, peticionario y apelado, v. Capital de Puerto Rico y la Junta Administrativa del Acueducto, compuesta ésta de Jesús Benítez Castaño, Bolívar Pagán y José E. Codom, demandados y apelados.
    Núm. 6886.

    Sometido: Abril 24, 1936.

      Resuelto: Diciembre 18, 1936.

      J. ValidejvM Rodríguez, abogado de los apelantes; Salvador, Suau por su propio derecho y F. Prieto Azuwr, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal. En 20 de junio de 1933 el peticionario, Salvador Suau, adquirió cierta finca urbana- radicada en el barrio de San-turce. Este inmueble perteneció primero a don Juan Bar-bosa. Lar a y más tarde a don Luis Wolff. En la fecha en que fue adquirida la finca por el peticionario Sr. Suau, los anteriores dueños de la misma debían $165.56 al Municipio de San Juan por concepto de agua suministrada por el acue-ducto de esta ciudad. Para suministrar agua a esta casa, exigió la Junta de Administración del acueducto al Sr. Suau que satisficiese la suma que los anteriores dueños debían por el concepto indicado. Finalmente la Junta accedió a su-ministrar el agua previa prestación de una fianza que debía prestar el Sr. Suau para garantizar el pago de la suma adeu-dada. Se concedió al peticionario un plazo de veinte días para el pago de dicfia cantidad, amonestándole con suspen-derle el servicio si no saldaba la deuda dentro del término -estipulado.

El Sr. Suau pidió la revisión y anulación de los acuerdos •de dicbo organismo en una solicitud dirigida contra la capital -de Puerto Rico y la Junta administrativa del acueducto, •compuesta de los Sres. Jesús Benitez Castaño, Bolívar Pagan y J. E. Colom, siendo el primero administrador de la capital. Alegó el peticionario que tenía derecho a utilizar el recurso de certiorari de acuerdo con el artículo 46 de la Ley núm. 99 de 15 de mayo de 1931 (Leyes de 1931, pág. 627).

La corte inferior expidió el auto solicitado y luego de oír a las partes dictó sentencia anulando los acuerdos adop-tados por la Junta Administrativa del acueducto.

De esta sentencia apelaron los demandados alegando en primer término que la corte inferior incurrió en error al aplicar a este caso el artículo 46 de la Ley núm. 99 anteriormente citado, transcribiéndolo como lo fiaremos más tarde.

Se arguye que la Ley núm. 99 de 1931 en ninguno de sus artículos fia creado la entidad llamada Junta Administrativa del Acueducto y que en el presente recurso no se demanda a ninguna de las personas expresamente mencionadas en el citado artículo 46, sino a la Capital de Puerto Rico y a la Junta Administrativa del acueducto.

Creemos que la petición en este caso fué debidamente instada y que la corte inferior adquirió jurisdicción de la persona o personas necesarias a ser demandadas.

Los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley man. 99 de 1931 dis-ponen :

“Artículo 1. — El Municipio de San Juan, de Puerto Rico, tal como se encuentra constituido por la legislación vigente, queda por la presente abolido. En su lugar se crea una corporación política y jurídica de gobierno local, con los mismos límites territoriales que pertenecen en la actualidad al Municipio de San Juan.
“Artículo 2.- — La palabra ‘Capital’ aplicada en el texto de esta Ley, se referirá a la corporación política y jurídica que se crea de acuerdo con el artículo anterior.
“Artículo 3. — Los habitantes de la capital por la presente, y desde la fecha de la vigencia de esta Ley, quedan constituidos en una corporación política y jurídica que llevará el nombre de ‘Capital de Puerto Rico’, y como tal corporación jurídica y política tendrá personalidad perpetua, y disfrutará de todos los derechos, facultades y privilegios y cumplirá todas aquellas obligaciones que actualmente de acuerdo con la legislación vigente tiene el Municipio de San Juan, Puerto Rico, todo lo cual disfrutará y ejercerá la capital de acuerdo con las limitaciones y poderes provistos en la pre-sente Ley; Disponiéndose, que la capital quedará subrogada, a to-dos los efectos, en los derechos, acciones y obligaciones del Municipio de San Juan.
“Artículo 4. — La capital de Puerto Rico o ciudad de San Juan como tal corporación política y jurídica, tendrá facultades para (a) adoptar y usar el sello oficial; (b) demandar y ser demandada en las cortes de justicia; (c) reclamar el cumplimiento de acciones de derecho, defenderse debidamente, y ejercer toda clase de proce-dimientos judiciales; (d) adquirir, mediante los trámites reconocidos en derecho, toda clase de bienes muebles e inmuebles, por compra, permuta, donación, legado, expropiación forzosa, en virtud de pro-cedimientos judiciales o por cualquier otro medio sancionado por la ley; (e) disfrutar el dominio, la posesión y administración de bienes muebles e inmuebles, por los medios sancionados por la ley; (/) enajenar, gravar, arrendar, y ceder el uso de cualquier propiedad suya, de acuerdo con las disposiciones sancionadas por la ley; y (á) ejercer todas aquellas facultades expresadas en la presente ley.’’

Por tanto, es evidente que el Municipio de San Juan, conocido como la Capital de Puerto Rico, es una corporación municipal con los mismos poderes que cualquiera otra cor-poración municipal y con la capacidad para demandar y ser demandada tenida por cualquiera otra corporación de esa naturaleza. ' El funcionario a ser notificado para dar a la corte jurisdicción envuelve cuestión distinta.

En general, un municipio es responsable de los actos debidamente autorizados de sus agentes o subordinados. En su consecuencia la Capital de Puerto Eico era responsable de lo que sus agentes “Junta Administrativa del Acueducto” hicieron o realizaron. No se sostiene que Jesús Benitez Castaño, Bolivar Pagan, y J. E. Colom, que nominalmente constituían la Junta Administrativa del Acueducto, no fue-ran una junta interna del municipio con ciertos deberes im-puéstosles por dicho municipio. Esta junta intema en nuestra opinión no era una entidad legal capaz de ser de-mandada como tal, sino que era un conjunto de individuos. Pueden hallarse analogías en sociedades, sucesiones y aso-ciaciones voluntarias.

De igual modo la Junta Administrativa no era una enti-dad legal capaz de ser demandada por los actos que propia-mente corresponden a la capital. Esta última junta es similar a una legislatura o asamblea, conforme se provee en la sección 11 de la Ley núm. 99, supra.

Creemos por tanto que el demandante cometió un error al tratar de demandar a cualquiera de estas juntas. Sin embargo, no se presentó objeción alguna a la petición por este motivo. Por ende, si la Capital de Puerto Eico fue debidamente traída ante la Corte de Distrito de San Jtian, la tentativa de demandar a cualesquiera otras personas puede considerarse como superfina.

Ahora bien, antes de aprobarse esta Ley de 1931, supra, el derecho de los ciudadanos a obtener indemnización fue definido por otras leyes de la Legislatura de Puerto Eico y en ellas no se concedió el remedio de revisar por certiorari los actos específicos de que se quejan en este caso. (Véase a este respecto Wys v. Junta de Subastas del Concejo, etc., 30 D.P.R. 83). Por tanto, a menos que la sección 46 de la Ley núm. 99 otorgara al peticionario el derecho a instituir un certiorari, ese remedio específico no procedía.

Entramos entonces a considerar el artículo 46 de la Ley núm. 99 en que se fundan ambas partes. Este lee así:

“Artículo 46. — La Corte de Distrito de San Juan tendrá juris-dicción a instancia de parte perjudicada:
“(a) Para revisar o anular cualquier acto legislativo o adminis-trativo de la Junta de Comisionados, de la Junta Administrativa o de cualquier funcionario de la capital que lesione derechos consti-tucionales de los querellantes o sea contrario a la Ley Orgánica y a las leyes de Fúerto Rico, mediante certiorari;
. “(ó) Para suspender, mediante injunction, la ejecución de cual-quier ordenanza, acuerdo, resolución u orden de la Junta de Comi-sionados, de la Junta Administrativa y cualquier funcionario de la Capital que lesione derechos garantizados por la Ley Orgánica o por las leyes insulares;
“ (c) Para compeler mediante auto de mandamus, al cumpli-miento de deberes ministeriales por los funcionarios de la capital;
“ (d) Para conceder, mediante juicio ordinario, compensación de daños y perjuicios a los perjudicados por actos u omisiones de los funcionarios de la capital por malicia, negligencia o ignorancia in-excusables. ’ ’

El apelante o los apelantes, según sea el caso, sostienen que los demandados no eran ninguna de las personas espe-cificadas en dicho artículo. Empero el inciso (a) supra con-fiere a las cortes el derecho a revisar los actos de cualquier funcionario de la capital, de la Junta de Comisionados o de la Junta Administrativa. Resolvemos que las personas que constituyen la “Junta Administrativa del Acueducto” eran funcionarios de la capital. Sin embargo, si no lo eran, los actos por ellos realizados lo fueron como agentes de la Junta de Comisionados o de la Junta Administrativa; en otras palabras, como funcionarios o agentes de la Capital de Puerto Rico.

Licha sección no define las personas que deben o pueden ser demandadas sino que meramente expone a la Capital de Puerto Rico a ser demandada por cualquiera de los actos mencionados en los párrafos en ella especificados. Otorgó al peticionario o a otros nn derecho sustantivo y un reme-dio especial mediante certiorari bajo el inciso (a). 'La ma-nera de llevar a un municipio a los tribunales existe entonces al igual que en cualquier otro caso en que un municipio es responsable bajo la ley.

La Capital de Puerto Pico fue debidamente designada como demandada en la petición o demanda aquí presentada. El auto fué notificado a Jesús Benitez Castaño como Admi-nistrador de la ciudad y como Presidente de la Junta Admi-nistrativa. Hay más.

' Luego de. notificado este auto, el Sr. Juan "Víalldejuli Ro-dríguez archivó una contestación a nombre de los deman-dados, de los cuales la Capital de Puerto Rico era uno. Esta era una comparecencia — de ser una comparecencia ne-cesaria — ’totalmente suficiente para llevar a la Capital de Puerto Rico ante la Corte de Distrito de San Juan. El de-mandado responsable, la Capital de Puerto Rico, dejó de hacer en la corte inferior objeción alguna por indebida acu-mulación de partes en la causa y no planteó la cuestión de que la corte no tiene jurisdicción sobre dicho municipio. Solamente se defendió sobre los méritos de la contención del peticionario. Estando todas las partes ante la corte, bien por haber sido debidamente notificadas o por comparecen-cia voluntaria, la Corte de Distrito de San Juan tenía ju-risdicción para determinar las cuestiones planteadas por el peticionario.

En-la teoría de que la Junta Administrativa del Acue-ducto era una entidad y de que podía ser demandada como tal, ella de igual modo se hallaba enteramente dentro de la jurisdicción de la corte de distrito.

En lo que al segundo error señalado por la apelante se refiere, cuanto necesitamos ’decir es que la interpretación dada a la ordenanza por la Junta Administrativa del Acueducto tomó la forma de una orden que amenazó menoscabar los derechos del peticionario. Esta violación inminente de derechos colocó al peticionario claramente dentro de las dis-posiciones del inciso' (a) del artículo 46, supla. A este res-pecto la corte inferior dijo:

“La ordenanza es perfectamente válida y razonable. Lo que no es razonable ni correcto es la interpretación qne en .este caso le ha dado la Junta de Administración del Acnedncto. Como mny bien dice la Sección transcrita, una vez aprobada por el ALcalde la soli-citud de suministro de agua, se crea un contrato entre el solicitante y el Municipio de San Juan, quedando entendido que el dueño de la propiedad es el responsable al Municipio del agua que se consuma en su propiedad; pero esto no quiere decir que un dueño posterior que no fué parte en dicho contrato deba ser responsable del agua consumida por dueños anteriores. De dar tal interpretación a la ordenanza, tendríamos que declararla ilegal, porque en Puerto Rico no existe ningún precepto creando un gravamen (lien) a favor de los municipios o compañías suministradoras de agua sobre los in-muebles por el agua suministrada a los- mismos. Véase al efecto el caso de Truner v. Revere Water Co., 171 Mass. 329, 40 L. R. A. 657, donde se sostiene que para poder constituir un gravamen a favor del municipio o de la compañía suministradora de agua es necesario que así se autorice por una ley y que un mero reglamento de la com-pañía suministradora del agua no es suficiente. '
“Véase también el caso de City of Covington v. Ratterman, 17 L. R. A. (N. S.) 923.
“No existiendo en Puerto Rico ninguna ley estableciendo un gravamen (lien) a favor de los municipios o compañías suministradoras de agua por el agua suministrada a los inmuebles, carece de facul-tades la Junta de Administración del Acueducto para exigir al pe-ticionario que pague el agua consumida por anteriores dueños como condición precedente para darle servicio, y siendo por consiguiente ilegales los acuerdos objeto de este recurso, procede en este caso una sentencia declarándolos nulos y sin ningún valor ni efecto legal.”

Nada tenemos que agregar a ese razonamiento.

Tampoco estamos convencidos de que el remedio sugerido por la apelante de acudir a la Comisión de Servicio Público afectaría en forma alguna el derecho o la libertad del peti-cionario de - aprovecharse del remedio especial concedídole por la ley aquí envuelta.

El último error se refiere a la apreciación de los Reclios alegados en la petición. Nada hallamos en ella que sea con-tradictorio o inconsistente con la opinión de la corte senten-ciadora.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Miguel J. Arzuaga, demandante y apelado, v. Cándido Ramírez Muñoz, demandado y apelante.
    Núm. 7431.

    Sometido: Noviembre 23, 1936.

      Resuelto: Diciembre 22, 1936.

      Llorens Torres & O’Neill, abogados del apelante; González Fagundo <& González, Jr., abogados del apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante Miguel J. Arzuaga adquirió el título de cierta propiedad a virtud de un procedimiento ejecutivo su-mario iniciado por él contra Cándido Ramírez Muñoz. Más tarde el referido Miguel J. Arzuaga inició un pleito de desa-hucio contra Cándido Ramírez Muñoz y obtuvo sentencia a su favor, la cual fué apelada a la Corte Suprema por el de-mandado y ésta con fecha de mayo 29, 1936 dictó sentencia revocando la dictada por la Corte de Distrito de Humacao, porque Cándido Ramírez Muñoz tenía un derecho de hogar seguro sobre la finca ejecutada (ante pág. 106). El señor Arzuaga, después de terminado el pleito de desahucio con-signó en la Corte de Distrito de Humacao, dentro del eje-cutivo hipotecario la suma de quinientos dólares, importe de dicho hogar seguro, toda vez que dentro de ese ejecu-tivo fué que se presentó la reclamación. Posteriormente el derdandante radicó nueva demanda de desahucio, y es de la sentencia declarando con lugar esa demanda que ahora se apela.

El efecto de la decisión de esta corte fué que el deman-dante no tenía causa de acción al tiempo de iniciar el primer pleito de desahucio, ya que el demandado tenía un derecho de hogar seguro.

El demandante en algún período de estos procedimientos, conforme ya se ha dicho, depositó quinientos dólares en el ejecutivo sumario. Colegimos de los autos que están ante nos y de las admisiones de las partes, que el demandado fué debidamente notificado de este depósito. No existe conten-ción alguna en sentido contrario.

El punto principal suscitado por el apelante en la corte inferior y en este tribunal ahora es que los quinientos dó-lares debieron haberse depositado en corte a virtud de un procedimiento ordinario de consignación; que el pag'o del dinero en el procedimiento ejecutivo no era suficiente, es-pecialmente toda vez que el deudor no era parte en dicho recurso.

No se insiste grandemente en el hecho de que el deudor no era parte, y no le daremos especial consideración por las razones que aparecerán más adelante. El apelado ha so-licitado se desestime el recurso por frívolo.

Nos sentimos obligados a resolver, y el apelante no nos convence de lo contrario, que cuando una persona obtiene el título de una finca* sujeto a la reclamación de hogar se-guro, ella puede deshacerse de esa reclamación pagando al que tiene ese derecho la suma de quinientos dólares. De-cidimos que este pago puede hacerse en efectivo, quizá por cheque certificado, y de seguro puede efectuarse mediante depósito en corte, con notificación del mismo al deudor hi-potecario. Parece probable que la idea del apelante es re-tener la posesión de la finca por un período mayor del qué dura su derecho de hogar seguro, y las cortes uo deben prestarle otra ayuda que uó sea protegerle en tal derecho.

Los hechos de este caso no están controvertidos y el ape-lante mismo ha elevado las notas taquigráficas para demos-trar las cuestionés que se hallan pendientes.

En la corte inferior se plantearon otras defensas, pero han sido abandonadas o no se ha insistido en ellas ante este tribunal.

Debe desestimarse el recurso por frívolo.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Córdova Dávila no intervinieron.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.


text:
    F. Febles & Cía., S en C., demandante y apelada, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 6914.

    Sometido: Abril 2, 1936.

      Resuelto: Diciembre 22, 1936.

      Ilon. Procurador General B. Fernández García (Jesús A. González, como Procurador General Interino, en el alegato) y Angel G. Calderón, Sub pro curador, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante y apelada sostenía que bajo la Ley núm. 74 de 1925 (pág. 401), tenía derecho a una rebaja de $5,000 de sus ingresos netos al calcular su contribución sobre in-greso, mientras que el Tesorero solamente le permitía una rebaja de $3,000. El Tesorero seguía o trataba de seguir la Ley núm. 18 de 1927 (pág. 487), que, según él, solamente concedía a la apelada derecho a la deducción menor. La sección 34 (b) de la Ley nhm. 74'de 1925 (Leyes de ese año, página 483), antes de ser enmendada leía así:

“Sección 34. Para los fines de la contribución impuesta por la sección 28 solamente se concederán lós siguientes créditos:
“(«) • ..
“(ó) En el caso de una sociedad o corporación doméstica cuyo ingreso neto no exceda de veinte y cinco mil dólares, un crédito específico de $5,000 y en los- demás casos, un crédito específico de $4,000.”

La sección 6 de la Ley núm. 18 de 1927 (Leyes de ese año, página 491) que enmendó la sección 34 (6), supra, lee ahora de la manera siguiente:

“Sección 6. — Que el apartado (6) de la Sección 34 de dicha Ley queda por la presente enmendado en la forma siguiente:
“ ‘ (ó) En el caso de una sociedad o corporación doméstica cuyo ingreso neto no exceda de diez mil (10,000) dólares, un crédito espe-cífico de tres mil (3,000) dólares y en los casos en que el ingreso neto exceda de diez mil (10,000) dólares no se concederá crédito alguno. Las corporaciones o sociedades extranjeras (aún cuando tengan oficina o sitio de negocios en Puerto Rico), no tienen derecho al crédito de tres mil (3,000) dólares que se concede a las corporaciones y socie-dades domésticas.’ ”

Bajo los preceptos de la ley de 1927 a una sociedad o corporación con un ingreso neto de más de $10,000 no se le concede rebaja alguna. La ley de 1927 fué atacada como discriminatoria. La corte de distrito resolvió que la dispo-sición arriba copiada de la ley de 1927 es inconstitucional.

Existen dudas en la mente de algunos de los miembros de la Corte respecto a la constitucionalidad de la ley, cues-tión que no discutiremos ahora por los motivos siguientes:

La demandante tuvo un ingreso durante cada uno de los tres años de que se queja de menos de $10,000 y por tanto no fué afectada por las disposiciones de la Ley de 1927, que no otorgaba crédito alguno a las personas que recibieran más de $10,000. Nadie dudaría que la Legisla-tura tenía el derecho bajo un estatuto que por otra parte fuera constitucional, a fijar la rebajá en $3,000 más bien que en $5,000, si así lo hubiera deseado, como lo deseó. La loarte del estatuto que concedía exenciones solamente a per-. sonas que recibían menos de $10,000 es un precepto inde-pendiente y el dejar de exentar a las personas que reci-bían más de $10,000 no está entrelazado con el hecho, ni de él depende, de que las personas que reciban menos de $10,000 tengan una exención. Una persona que recibe me-nos de $10,000 no queda perjudicada a no ser por la rebaja de su exención de $5,000, existente bajo la ley de 1925, a $3,000 baj.o la ley actual. Indudablemente la demandante podría ser beneficiada al declararse la ley inconstitucional pero por el presente se halla solamente en la posición de tener derecho a una rebaja de $3,000 más bien que de $5,000. Una entidad que reciba más de $10,000 es la que sufriría verdadero perjuicio, de sufrirlo. Fácilmente podría suce-der que las personas que reciben más de $10,000 nunca ata-quen el estatuto porque la ley podría ser derogada o en-mendada antes de que éstas pudieran ser por ella afectadas. Por tanto, nos sentimos obligados a resolver que la deman-dante no fué afectada por la disposición legal y en su con-secuencia que no tenía status ante la corte para atacar la validez del estatuto. Hatch v. Reardon, 204 U.S. 152, 160; Dillingham v. McLaughlin, 264 U.S. 370; Roberts & Schaeffer v. Emmerson, 271 U.S. 50, 55; Standard Stock Food Co. v. Wright, 225 U.S. 540, 550; Southern Railway Co. v. King, 217 U.S. 524, 534; Cooley on Taxation, Vol. 1, sec. 367; véase nota en 19 Amer. & Eng. Annotated Cases, y casos en ella citados.

Debe revocarse la sentencia.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Cor-dova Dávila no intervinieron.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Martínez León, acusado y apelante.
    Núm. 6080.

    Sometido: Noviembre 17, 1936.

      Resuelto: Diciembre 22, 1936.

      Baúl Colón, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer., Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Martínez León fué acusado de infringir el artículo 372 del Código Penal por haberse apropiado para su uso particular, o para el de otra persona, la suma de $88.48 per-teneciente a El Pueblo de Puerto Pico, el que resultó de-fraudado en la expresada suma. Luego de un juicio el ju-rado trajo un veredicto de culpabilidad. El acusado radicó una moción de nuevo juicio que fué denegada y la corte le sentenció a un año de presidio.

Un examen de los autos y de los errores señalados demuestra que la defensa principal levantada por el apelante fué que no se había demostrado suficientemente la apropiación. Tenemos nnos antos imperfectos ante nos en los cuales, para los fines del acusado, sólo aparece la prueba de cargo. La teoría específica del acusado es que el dinero no fué apropiado sind depositado por él en el Roig Commercial Bank a nombre del Negociado del Telégrafo Insular. El acusado estaba a cargo de la oficina del Telégrafo en Juncos, Puerto Rico. Bajo el sistema de contabilidad vi-gente en dicho negociado, una persona en la posición del acusado debe informar mensualmente las cantidades recibi-das por él, pendientes de pago por varias corporaciones, entidades o individuos. Las sumas aquí envueltas fueron recibidas mas no informadas.

El depósito en fin banco más o menos bajo el dominio del depositante prueba poco o nada. El hecho fué que el acusado recibió el dinero que se alega fué apropiado y no envió constancia alguna del mismo en la forma acostum-brada. El Gobierno tiene la forma número 202, en la cual debe hacerse figurar el dinero de hecho recibido por una persona como el acusado. No hay duda de que por la prueba el jurado tuvo derecho a creer que el acusado había reci-bido $88.48 y no había rendido cuenta de ellos. Esto cons-tituía una apropiación fraudulenta (conversion) a menos que el acusado demostrara alguna justificación, cosa que no se desprende de los autos ante nos.

El primer señalamiento es que la corte erró al declarar sin lugar una moción de nuevo juicio. Si se examina esa moción se verá que en esencia ataca las instrucciones de la corte más o menos por los motivos siguientes:

“Apaetado A. — Erró la corte en las instrucciones al jurado.
“Apreciadas en conjunto las instrucciones dadas por el Hon. Juez, Rafael Arjona Siaca al Jurado, de éstas aparece claramente que la Corte dió las instrucciones al Jurado relacionando la prueba practicada, pero sin que se hiciera constar en dichas instrucciones, que ■ era requisito indispensable para condenar al acusado, que se había apropiado fraudulenta, maliciosa y criminalmente la suma de ochenta y ocho dollars cuarenta y ocho centavos para su uso particular.”

En otras palabras, sostiene por las razones ya expues-tas, que no hubo tal apropiación fraudulenta. El mero he-cho de que el acusado no se metiera el dinero en el bolsillo inmediatamente y de que lo depositara como ya hemos dicho, no lo eximió de un acto de apropiación fraudulenta. El fiscal discute este punto más ampliamente, pero no es necesario darle mucha atención por dos razones: primero, porque a la corte no se le dió una oportunidad de corregir sus instrucciones; y segundo, por el estado incompleto de los autos.

Los otros señalamientos se refieren a la admisión de prueba y no fueron perjudiciales o las cuestiones en ellos planteadas fueron prácticamente admitidas por el apelante. Por ejemplo, el acusado hizo objeción a la tentativa del Gobierno de demostrar un pago hecho por Javier Mulero al Telégrafo Insular cuando la verdad era que Javier Mulero como tal no debía nada. Sin embargo, sucedió que la sociedad a que pertenecía sí debía, y el cheque de Mulero fué endosado por el acusado. Aun en el supuesto de que no hubiese habido apropiación alguna de esta cantidad específica, el acusado sería no obstante culpable de haberse apropiado fraudulentamente de una cantidad sustancial perteneciente al Pueblo de Puerto Eico.

En relación con todos los hechos de este caso puede decirse que las declaraciones de los testigos de descargo durante el juicio han sido enteramente omitidas. En realidad, es solamente de las instrucciones de la corte inferior y de las concesiones hechas por el fiscal que estamos enterados de algunos de los hechos que anteceden. Quizá si encontráramos un error manifiesto en las actuaciones de la corte podríamos en un caso apropiado devolverlo para nuevo juicio. Es un principio general que la falta de transcribir evi-dencia importante milita en contra de un apelante y las presunciones corrientes estarían en su contra. Puede fácil-mente suceder que la otra parte pudiese haber robustecido, o aún desarrollado su caso por las contestaciones de los tes-tigos del apelante o haber sacado a relucir la verdad en el contrainterrog’atorio.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Cor-dova Dávila no intervinieron.


text:
    Jovita Clemente, peticionaria y apelada, v. Antón Alvarez, Alcaide de la Cárcel Municipal de Río Piedras, demandado y apelado; El Pueblo de Puerto Rico, apelante.
    Núm. 7200.

    Sometido: Diciembre 11, 1936.

      Resuelto: Diciembre 22, 1936.

      R. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelante; A. Díaz Viera, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Canales' Clemente fué condenado el día 21 de agosto1 de 1935, por la Corte Municipal de Río Piedras, a pagar una multa de $50 o en su defecto a sufrir un día de cár-cel por cada dólar que dejare de satisfacer. Y no habiendo^ satisfecho la multa, fué recluido en la Cárqel Municipal de Río Piedras. No aparece de los autos si el acusado estuvo o no representado por abogado en el acto de la vista.

El 22 de agosto, 1935, el acusado por medio de abogado compareció ante la corte municipal para pedir la reconside-ración y anulación de la sentencia dictada el día anterior, por el fundamento de que siendo menor de 16 años de edad en la fecha en que fué sentenciado, la corte municipal no te-nía jurisdicción para conocer del caso ni para dictar senten-cia en contra del acusado. Se acompañó a la petición una certificación del Registro Demográfico para comprobar la edad del acusado. La corte municipal declaró sin lugar la moción de reconsideración y el acusado fué encarcelado de nuevo.

Jovita Clemente, madre del acusado, radicó una petición de hábeas coi-pus ante la Corte de Distrito de San Juan, en la que solicita que se decrete la nulidad de la sentencia dic-tada por la corte municipal, por carecer dicha corte de ju-risdicción para dictarla. La corte de distrito dictó senten-cia de acnerdo con la súplica de la petición y ordenó la in-mediata excarcelación del acusado. El Fiscal del Distrito interpuso el presente recurso.

Arguye el fiscal que la corte de distrito no tenía jurisdicción para revisar mediante liábeas corpus la sentencia de la corte municipal, y que dicha sentencia no puede ser .atacada colateralmente.

No existe controversia alguna entre las partes en cuanto :al hecho principal, o sea que en la fecha de la sentencia el .acusado era menor de 16 años. Y ambas partes aceptan que l;a corte municipal no tenía jurisdicción para dictar la sen-tencia que dictó y menos aún para ordenar la reclusión del menor en la cárcel común destinada a la reclusión de cri-minales adultos. La única cuestión que se debate es si por el hecho de no haber levantado en el acto del juicio y antes de dictarse sentencia la excepción perentoria de falta de jurisdicción, el acusado en este caso debe ser privado del derecho constitucional que tiene toda persona recluida en una prisión a solicitar de mía corte competente que in-vestigue la legalidad de su detención y que le ponga en libertad mediante un auto de hábeas corpus, si de esa in-vestigación resultare que la orden de prisión había sido dic-tada por un tribunal carente de jurisdicción.

La regia general es que el auto de hábeas corpus no puede ser utilizado para la corrección de meros errores o irregularidades de procedimiento, a menos que éstos en-vuelvan la cuestión de falta de jurisdicción del tribunal que dictó la sentencia y ordenó la reclusión del peticionario del auto. Es doctrina bien establecida que cuando una corte se excede en sus facultades o ejercita poderes que la ley no le ha conferido, la sentencia así dictada es nula y la pri-sión decretada en cumplimiento de esa sentencia es ilegal y como tal' anulable por medio de procedimientos de hábeas corpus. Véanse: Ex parte De la Rosa, 7 D.P.R. 363 y Ex parte Díaz, 7 D.P.R. 153; Oteiza v. Jacobus, 136 U.S. 330, 34 L. Ed. 464; Ex parte Siebold, 100 U.S. 371, 25 L. Ed. 717; Re Frederick, 149 U.S. 70, 37 L. Ed. 653; Rigging v. United States, 199 U.S. 547, 50 L. Ed. 303.

En su obra sobre Limitaciones Constitucionales, dice el Juez Cooley lo siguiente:

“Cuando una persona que esté en prisión bajo un mandamiento judicial, es traída a su presencia por virtud de un habeas corpus, el tribunal o juez ante el cual comparezca ha de investigar: 1, si el tribunal o funcionario que expidió el mandamiento por virtud del cual es detenido tenía jurisdicción del caso y si ha actuado dentro de esa jurisdicción al expedir tal mandamiento. Si fuere así, meras irregularidades o errores de la sentencia, cometidos en el ejercicio de esa jurisdicción, no deben ser considerados en este auto, y deben ser corregidos ya por el tribunal que expidió el mandamiento, o en pro-cedimiento regular de apelación.” Páginas 423 a 425.

La sección 1 de la Ley núm. 37 de 1915 (pág. 73), por la que se estableció en Puerto Rico un sistema de cor-tes para niños, confiere a dichas cortes “jurisdicción original exclusiva en todo caso de delincuencia y necesidad juveniles” en que la persona acusada fuere un niño menor de 16 años de edad. Las cortes para niños establecidas en cada uno de los distritos judiciales de la Isla, están presididas por el juez de la corte de distrito respectiva. Los jue-ces municipales carecen en absoluto de jurisdicción para conocer de los casos en que el delincuente es menor de 16 años, y solamente pueden actuar como jueces de la corte para niños cuando fueren designados por el Attorney General en caso de ausencia, inhabilitación o inhibición del juez 'de distrito.

El propósito fundamental del sistema de cortes para de-lincuentes juveniles es el de tratar y considerar a los me-nores de dieciséis años no como criminales sino como pu-pilos del Estado, al que se impone la obligación de refor-marlos y educarlos para impedir que continúen por el ca-mino del crimen. Por eso la ley dispone que la vista del caso se celebrará en privado; que las penas impuestas por las leyes a las personas adultas serán aplicadas discrecio-nalmente en el caso de jóvenes delincuentes; que las cortes para niños tendrán facultad para dejar sin efecto o suspender la ejecución de las sentencias; y que ninguna orden o sentencia dictada por la corte contra un niño podrá ser ad-mitida como prueba en ningún procedimento civil o criminal en contra del mismo niño.

La mayor protección que la ley ofrece al niño delin-cuente es la contenida en su sección 23, la que dispone “que ningún menor de 16 años será encarcelado en una cárcel co-mún, en la compañía de criminales adultos confinados en la misma,” con el propósito evidente de evitar el daño irreparable que se causaría al menor como resultado de la convi-vencia y asociación con personas ya avezadas al crimen. Y la sección 31, complementando el propósito de la 23, provee:

“En ninguna circunstancia, podrá encarcelarse, a no ser por or-den de la Corte, a un niño menor de diez y seis años de edad en ninguna prisión, cárcel común o depósito, y cualquier funcionario o persona que infringiese esta disposición de ley será culpable de de-lito menos grave (misdemeanor), y será castigado, etc.”

Es indudable que aun cuando la corte municipal tenía jurisdición para conocer del delito que se le imputó a Pedro Canales Clemente, o sea el de vender billetes para un juego ilegal de la “bolita”, no la tenía sobre la persona del menor, ni pudo adquirirla por el sólo liecbo de que dicho menor no levantó la cuestión de falta ele jurisdicción basta después de haberse dictado la sentencia y ordenado su re-clusión. La jurisdicción sobre las personas de los delin-cuentes que no han cumplido aún los 16 años de edad reside exclusivamente en las cortes para niños y son éstas las úni-cas que pueden dictar una sentencia válida en contra del menor y ordenar su encarcelación en una cárcel común, pero siempre sujeta a la condición de que el menor será recluido en sitio separado de los confinados adultos.

En el caso de autos se llamó la atención del juez municipal hacia sn falta de jurisdicción a tiempo de que pudiera corregir su error reconsiderando y anulando la sentencia y remitiendo el caso a la Corte para Niños del Distrito de San Juan, para que ésta procediese de acuerdo con la ley. Se ofreció al juez municipal un certificado del acta de na-cimiento del menor, del que aparece que éste nació el 19 de abril de 1921 y que por lo tanto en la fecha en que fué sentenciado y recluido en la cárcel tenía solamente 14 años, 4 meses y 2 días. Ese certificado, que es evidencia prima facie de la edad del confinado, fué elevado a la corte de dis-trito como parte de los autos en el procedimiento de hábeas corpus y figura también en los autos del presente recurso.

Siendo el fin principal del remedio de hábeas corpus el de investigar la legalidad de la detención de una persona, la corte de distrito no podía ignorar que Pedro Canales Clemente, niño menor de 16 años, había sido condenado por una corte municipal que carecía de jurisdiccióñ sobre su persona. Y mucho menos podía ignorar que ese menor, en violación de los preceptos terminantes de las secciones 23 y 31 de la ley, supra, se encontraba recluido por orden de esa misma corte municipal en una cárcel común, a la cual no po-día ser enviado legalmente el menor, bajo ninguna circuns-tancia, a no ser por orden de la Corte para Niños del Dis-trito de San Juan.

No nos convence la argumentación que hace el fiscal en cuanto al alcance y aplicación de la sección 19 de la Ley núm. 37 de 1915 (pág. 73), según fué enmendada por la Ley núm. 10 de abril 6 de 1916 (pág. 43). Dicha sección lee así:

“Sección 19. — Si ]a edad de un niño traído a presencia de la corte, fuere objeto de controversia, la resolución del juez de la misma en lo que respecta a su competencia en el caso será definitiva; y con el fin de resolver la cuestión de competencia en cuanto a la edad del acusado, la .Corte podrá solicitar la certificación del acta del naci-miento del niño y citar como testigo a cualquier médico empleado por El Pueblo de Puerto Rico en el Servicio de Sanidad o en cual-quier institución penal insular. Bicho médico no recibirá remune-ración alguna por servicios prestados de ese modo. Siempre que im oficial u otra persona que arrestase a un niño, tuviere duda acerca de la edad de éste, deberá proceder con el predicho niño, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, en la misma forma en que lo haría si el niño fuere indubitablemente menor de diez y seis años.
“El juez de cualquier Corte para niños puede requerir a cual-quier médico de los mencionados en el párrafo anterior de esta Sec-ción para que practique, sin remuneración, los reconocimientos físicos y mentales de niños afectados por esta Ley, que considerare necesa-rio; dicho juez podrá oír también el informe de cualquier otro mé-dico autorizado para ejercer como tal en Puerto Rico.”

Las disposiciones transcritas son tan claras qne no ne-cesitan ser interpretadas judicialmente. La corte a qne se refiere esta sección es la Corte para Niños. Es esa corte, y no la corte municipal, la qne tiene jurisdicción para dic-tar una resolución definitiva sobre la edad del niño traído a su presencia, cuando su edad fuere objeto de controver-sia. El deber de la corte municipal, en caso de duda so-bre la edad del niño, es dar a éste el beneficio de la duda, tratarlo como si indubitablemente fuere menor de dieciséis años y trasladar el caso a la Corte para Niños correspon-diente. Y fué eso lo que debió hacer y no hizo la Corte Municipal de Eío Piedras cuando se le pidió la reconsideración de su sentencia y se le presentó prueba prima facie de que el niño no había cumplido aún los 16 años.

Por las razones_ expuestas, y especialmente porque en-tendemos que la corte municipal no tenía jurisdicción solare la persona del menor, se confirma la sentencia recurrida.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Cor-dova Dávila no intervinieron.