author: El Juez Asociado Señoe "YVole El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Dr. Rafael U. Lange, demandante y apelante v. Alejandrina, María Trifona (conocida por Trina) y Sabás Honoré Rivera, demandados y apelados.
    Núm. 6997.

    Sometido: Marzo 25, 1936.

      Resuelto: Junio 9, 1937.

      José 'Sahater, abogado del apelante; E. Báez García, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe "YVole

emitió la opinión del tribunal.

Como resultado de una seria operación, Víctor Honoré falleció el 16 ele enero de 1926. Por espacio de más de 20 años con anterioridad a su muerte había llamado casi exclu-sivamente al Dr. Lange, aquí apelante, para que lo atendiera profesionalmente. En marzo 21, 1931, el Dr. Lange radicó una demanda en cobro del balance que él alegaba se le debía del valor razonable de los servicios prestados a Víctor Ho-noré, contra sus herederos. Una excepción previa fundada en que la acción había prescrito fué declarada sin lugar. Los demandados contestaron alegando pago y prescripción. La Corte de Distrito de Mayagüez finalmente dictó senten-cia declarando sin lugar la demanda e imponiendo las cos-tas al demandante.

Sucede, de acuerdo con la corte inferior, que en 23 de enero de 1928, los herederos de Honoré pagaron al deman-dante la cantidad de $3,800 en saldo total de su reclamación contra el padre de ellos. De suerte que si la corte tenía razón, como así lo creemos, sería innecesario discutir las diversas otras cuestiones de prescripción, reconocimiento, nueva promesa, causa (consideration), cuentas liquidadas, y quizás, algo más aducido en el alegato del apelante. Sin embargo, las discutiremos hasta cierto punto.

Como primer error el apelante ataca la certeza de la aplicación por parte de la corte inferior del caso de Marchán v. Eguen Otazabal, 44 D.P.R. 408, y elaboradamente solicita un cambio en nuestra jurisprudencia. Ese caso resolvió que un “doctor” estaba incluido dentro del término “profesor” del artículo 1867 del Código Civil (edición de 1930), y que estaba limitado al término de tres años para presentar una demanda en cobro de sus servicios. El apelante no nos con-vence que el razonamiento de dicho caso estuviera equivocado, y sobre la cuestión allí resuelta, el mismo es aún la ley en Puerto B-ico.

El segundo señalamiento es que la corte no debió haber resuelto que no podía haber interrupción, mediante un reconocimiento, del período prescriptivo de tres años. El apelante cita jurisprudencia de las decisiones del estado de California. En ninguna de ellas encontramos que haya sido sostenida la contención del apelante. Deciden, es cierto, que el reconocimiento de una deuda por parte del deudor, luego de transcurrido el- período prescriptivo, puede ser interpretado como una nueva promesa de pago, con la antigua promesa como causa. También expresan el principio de que en California el Estatuto de Limitaciones impide el remedio, pero no extingue la deuda. Hallamos que los casos son uniformes al efecto de que una vez que el período prescriptivo ha transcurrido, la acción ya no puede basarse en la antigua promesa, obligación o contrato, sino que debe fundarse en una nueva promesa, expresa o implícita, que debe ser alegada. Sin considerar el posible efecto del artículo 41 del Código de Enjuiciamiento Civil (edición de 1933), convenimos con la corte sentenciadora que en lo atinente a cualquiera o a todos los servicios prestados con más de tres años de anterioridad a junio 28, 1928, fecha en que el supuesto reconocimiento tuvo lugar, no podía haber interrupción del período prescriptivo. Es imposible interrumpir lo que ya ha sucedido. Véase Manresa, Código Civil, Tomo 12, página 817 (cuarta edición).

El tercer señalamiento se refiere a la interpretación dada por la corte sentenciadora al artículo 48 del Código de Enjuiciamiento Civil (edición de 1933). El apelante insiste en que la corte debió haber resuelto que en realidad había habido un reconocimiento en una o más de cuatro formas distintas, a saber:

(1) Por pago a cuenta.

(2) Por reconocimiento judicial de la deuda.

(3) Por suspensión en procedimiento de administración judicial debido a fallecimiento del deudor.

(4) Por admisión de las alegaciones.

El artículo 48, supra, es el equivalente exacto de la sec-ción 360 del código correspondiente de California, y lee:

“Ningún consentimiento o promesa de un contrato nuevo, o de la continuación de uno ya hecho, será prueba suficiente para que el caso quede fuera de las disposiciones de este título, a menos que así conste por escrito bajo la firma de la parte en contra de la cual baya de utilizarse. ’ ’

El apelante discute el artículo desde el punto de vista de la interrupción del período prescriptivo. Excepto en lo que se refiere al año inmediatamente anterior a la muerte de Víctor Honoré, un fallo al efecto de que la prescripción fue interrumpida por el primer supuesto acto de reconocimiento, o sea, por el pago de $3,800 fieclio por los herederos de Ho-noré en enero 23, 1928, no llega a crear una causa de acción respecto a los otros 22 años de servicios profesionales. En eso estamos de acuerdo con la corte inferior. También es-tamos contestes con la corte de distrito al resolver que el apelante debe basar su recurso en una nueva promesa y no en la interrupción del período prescriptivo si pretende re-cobrar por todos los servicios. Enfocando el caso desde el ángulo más favorable para el apelante, y asumiendo por el momento que alegara expresamente una nueva promesa o un nuevo contrato, sólo podemos aceptar como hechos los si-guientes: (1) El pago de $3,800 en enero 23, 1928; (2) La constancia siguiente, en una oposición al nombramiento de un contador partidor: “Satisfecho al Dr. Lange, según re-cibo en nuestro poder $3,800,” y más tarde en el mismo pro-cedimiento al tabular las deudas de la sucesión: “Honora-rios al Hr. B>. U. Lange $10,000”; (3) Una reclamación por honorarios médicos presentada bajo juramento al administra-dor judicial.

Hemos examinado los casos citados por el apelante y ellos no sostienen sn interpretación al artículo de la manera con-cluyente que él asume. La mayoría de ellos no son aplica-bles y muchos sólo resuelven que no es necesario que el es-crito esté firmado por la parte siempre que su consentimiento o asentimiento a lo que por escrito consta sea de otro modo claro. En todos ellos el documento fué otorgado por el mismo deudor y en la mayoría, si no en todos, de propio puño y letra. Un estudio más detenido de la jurisprudencia de California nos fia dejado bajo la impresión de que el ar-tículo 48 (360 de California) debe ser interpretado estricta-mente. En lo relativo a la cuestión de evidencia admitida por haberse dejado de presentar la debida objeción y a la posible aplicación del caso de Herederos de Martínez v. Fernández, 19 D.P.R. 143, no es necesario decir otra cosa que el caso no fué uno en que, como aquí ocurre, el demandante des-cansaba en un mero reconocimiento, sino uno en que se alegaba una nueva promesa.

Por otra parte, y asumiendo que el caso citado sea aplica-ble, subsiste el fiecfio de que la corte de distrito halló que no se había hecho una nueva promesa, expresa o implícita, por los herederos de Honoré al Dr. Lange.

No se probó satisfactoriamente que el pago de $3,800 fuera un pago parcial. Las otras manifestaciones a que ya nos fiemos referido no fueron manifestaciones incondicionales fie-chas al apelante y no bastaban para constituir una promesa de pago en forma tal que creara una nueva obligación. La corte, por tanto, no cometió el tercer error.

No podemos ver cómo la corte cometiera error al no considerar esté pleito como uno sobre una cuenta liquidada o al resolver que los servicios prestados prescribían desde el momento en que terminaba cada enfermedad específica. En lo que a la naturaleza del litigio se refiere es evidente del informe del juicio y del alegato que el apelante no descansó en la teoría de una cuenta liquidada, sino más especialmente en la interrupción del período prescriptivo. Además, convenimos con los apelados en que la prueba pre-sentada y admitida distaba de ser suficiente para probar tal cuenta. El principio de una cuenta liquidada depende gene-ralmente de un convenio entre las partes al efecto de que determinada cuenta es correcta. Este convenio puede ser ex-preso o inferirse de la falta del deudor de levantar una ob-jeción dentro de un tiempo razonable después de presentár-sele la cuenta por el acreedor, o, quizás, por otros actos del deudor. Es esencialmente un nuevo contrato que no es ata-cable en sus términos, a no ser debido a fraude o error. La única prueba fuerte tendente a demostrar tal cuenta fué re-chazada por la corte y no hallamos que cometiera error al dejar de admitirla. Cuando uno considera que la tentativa de establecer una cuenta liquidada fué en cnanto a una cuenta supuestamente acordada entre un acreedor y los he-rederos de un deudor, es razonable que una corte exija prueba más convincente de tal cuenta que si se hubiese tra-tado del deudor mismo.

En lo que se refiere al tiempo en que debe comenzar a correr el período prescriptivo, resolvemos que a menos .que se estableciera un contrato continuo entre el Dr. Lange y el predecesor de los demandados, tal período debe comenzar al final de cada enfermedad específica. Esto tiene íntima analogía con el caso de los servicios prestados por un abogado, cuando la regla es aplicable en lo que a cada pleito concierne. No hay prueba de semejante contrato continuo en este caso.

El quinto error se refiere a la conclusión de la corte inferior sobre el pago de $3,800. El apelante en su alegato aparentemente olvida que el supuesto recibo en que aparece la frase “pago parcial” fué rechazado por la corto de distrito. El peso de la prueba recaía sobre el apelante para que demostrara un pago parcial o una nueva promesa, etc., y él no podía hacer que este peso recayera sobre los ape-lados para que demostraran lo contrario con la mera pre-sentación de alguna prueba tendente a sostener su posición.

No creemos que sea necesario disentir el valor razonable de los servicios prestados durante los tres últimos años de la vida de Honoré, toda vez que es nuestro criterio que la causa de acción del demandante había prescrito enteramente en la época en que instó su demanda. El artículo 41 del Código de Enjuiciamiento Civil (edición 1933) lee:

“Si una persona con derecho a ejercitar una acción muriese antes de terminar el período de prescripción requerido para deducir aqué-lla, y la causa de acción subsistiera, los representantes de tal persona podrán ejercitar dicha acción después de la terminación de aquel período y dentro de un año de la defunción. Si una persona contra la cual puede ejercitarse una acción muriese antes de la terminación del período de tiempo requerido para dar principio a la misma, po-drá deducirse dicha acción contra sus representantes, después de la terminación de aquel período, y dentro de un año después del nom-bramiento judicial del albacea o administrador testamentario.”

El pleito en este caso no fué entablado basta unos dos años después que el administrador judicial fué designado y cuando el término prescriptivo ya había expirado. Ade-más, tenemos dudas respecto a si el artículo es aplicable, considerando nuestra decisión en el caso de Rosado v. Sucesión Matta, 19 D.P.R. 307.

. El apelante cita de 16 Cal Jur., see. 93, pág. 491, al efecto de que la muerte de un deudor deja en suspenso el período prescriptivo y que el mismo no empieza a correr nuevamente hasta que se designa un administrador. La sección ha sido interpretada erróneamente por el apelante, si es que debe-mos aceptar su traducción, pues al leer la versión inglesa se hace aparente que la suspensión de referencia sólo tiene lugar cuando la causa de acción surge después de la muerte del obligado1 y antes de la designación del administrador. No es aplicable a un caso como el presente en que la ac-ción, excepción hecha de la última enfermedad del deudor, surgió con anterioridad a su muerte. En el caso que está ante nuestra consideración la muerte del deudor meramente da al acreedor el derecho a instruir un litigio dentro de un año contado a partir del nombramiento del administrador, asumiendo desde luego que el término prescriptivo ña trans-currido antes de tal designación o dentro del año siguiente.

El sexto error se refiere a las costas. Nos inclinamos a creer que la corte inferior no cometió abuso de discreción al conceder las costas a los demandados.

La sentencia debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACION

Julio 31, 1937

El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Distamos de estar convencidos de que las costas no deben ser impuestas en este caso especialmente cuando se considera que además de la cuestión de prescripción, la corte inferior, conforme sostuvimos, decidió que la cantidad de $3,800 satis-fecha al doctor lo fue en pago total de su reclamación. Sin embargo, el apelante cuando se radique el memorándum de costas tendrá la oportunidad de insistir en una limitación de la cuantía de los honorarios y de una subsiguiente ape-lación.

La moción de reconsideración debe ser declarada sin lugar.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Senos. Wole

license: Public Domain

text:
    Jackson Brewing Co., demandante y apelada, v. José B. López, Sucrs., Inc., demandada y apelante.
    Núm. 7274.

    Sometido: Diciembre 4, 1936.

      Resuelto: Junio 10, 1937.

      Busoni & Defending abogados de la apelante; J. Pedro Mvranda y Alfonso Miranda, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Senos. Wole

emitió la opinión del tribunal.

La Jackson Brewing Co., ele Lousiana, fabricaba y vendía cerveza bajo la marca de fábrica “Jax”. Esta bebida se vendía exclusivamente en Puerto Rico por la firma Sucesores de José Fernández. EljmqnosílaboJ* Jax” fué debidamente registrado por la Jackson Brewing Co., como marca de fá-brica para la venta de su cerveza, tanto en la Isla de Puerto Rico como en el estado de Louisiana. Varios años más tarde, es decir, en 1934, la demandada en el presente caso puso a la venta en el mercado insular una cerveza bajo la marca “Royal Palm”, pero en su etiqueta aparecía la frase “Jax Brewing Company, Jacksonville, Florida.” La Jackson Brewing Co. radicó entonces una petición de injunction contra José B. Ló-pez, Sucrs., Inc., alegando tanto una infracción de su marca de fábrica como una competencia desleal por parte de la de-'mandada. Esta interpuso excepción previa alegando que la demanda dejaba de aducir hechos suficientes para determinar nna cansa de acción, y su excepción fue declarada sin lugar. La contestación negaba más o menos las alegaciones esencia-les de la petición, aunque admitía que la peticionaria había tenido registrada debidamente la marca de fábrica “Jax” a su nombre en la Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico desde el 16 dé marzo de 1927. Como defensa especial alegaba que el título “Jax Brewing Co.” no se usaba como marca de fá-brica sino con el objeto de cumplir con los requisitos de la ley; que el nombre “Jax Brewing Co.” ha sido usado por la demandada en el estado de Florida desde 1913; que la’pala-bra “Jax” es una contracción del nombre Jacksonville y que por tanto es un término geográfico que no está sujeto a ad-quisición exclusiva como marca de fábrica y que la peticio-naria tiene meramente el derecho a usar la palabra “Jax” en el estilo y forma específicos en que los emplea para distin-guir el producto.

La corte inferior expidió un injunction preliminar y, luegcr de oír la prueba, prohibió permanentemente a la demandada que usara la palabra “Jax” en parte alguna de sus marbetes o cartones o en forma alguna en relación con la venta de su cerveza. El juez sentenciador halló que la peticionaria ha-bía probado las alegaciones esenciales de su petición, que la demandada había dejado de sustanciar sus defensas y que la palabra “Jax” era un mote y en su consecuencia no está ex-cluida de ser objeto de una marca de fábrica válida. La ape-lación fué desestimada por frívola en mayo 29, 1936, y pos-teriormente reconsiderada en julio 28, 1936.

En apelación las partes han convenido en que el caso se considere en sus méritos, así como la moción para desesti-mar que está pendiente. Como el recurso ha de ser resuelto» en su fondo puede hacerse caso omiso de la moción para des-estimar.

'Ocho son los errores señalados por la apelante. El ■primero se refiere a la suficiencia de la petición para aducir una causa de acción. • Be su lectura una corte puede fá~ Gilmente determinar que aduce la infracción de una marca de fábrica registrada. Se alega sustancialmente una' causa de acción y eso es cuanto se necesita. La infracción de una marca de fábrica tan sólo forma parte del campo más amplio de la competencia desleal. Pulitzer Pub. Co. v. Houston Printing Co., 4 F. (2d) 924.

El segundo error ataca una conclusión específica de la corte inferior, mas como la sentencia puede ser sostenida sin utilizar tal conclusión, se bace innecesario discutirlo.

El siguiente error señalado impugna la certeza de la conclusión de la corte inferior al efecto de que la peticionaria había probado satisfactoriamente sus alegaciones y ataca especialmente la suficiencia de la prueba para demostrar una competencia desleal. Al analizar la prueba ofrecida en el presente caso no debe uno olvidar que la peticionaria tiene un marca de fábrica registrada; que en tales casos y más específicamente en aquéllos en que la marca consiste de una palabra artificial o inventada, la prueba a ser aducida por la peticionaria no necesita ser tan clara y convincente como en casos en que no existe semejante marca de fábrica registrada. Hasta cierto punto se presume el fraude cuando está envuelta la infracción de una marca de fábrica técnica. American Specialty Co., v. Collis Co., 235 F. 929, Barton v. Rex-Oil Co., 288 F. 878. De la prueba se desprende que existía el peligro de que se perjudicara la reputación de la peticionaria, que el uso por parte de la demandada del monosílabo “Jax”, aunque se hiciera en relación con su nombre corporativo, llevaba consigo la probabilidad de que al venderse el producto en cartones (al por mayor), que era la clase de ventas efectuadas por ambas partes, los detallistas podían ser erróneamente inducidos a creer que ambos productos eran fabricados por el mismo cervecero y adquirir así una cerveza basándose en la reputación de la otra. Es este derecho'de propiedad'en el “good will” que la ley protege.

El caso de Rice & Hutchins, Inc. v. Vera Shoe Co., 290 F. 124, tiene íntima analogía con el presente. En dicho caso la peticionaria, Bice & Hutchins, Inc., había estado por espacio de cincuenta años dedicada a la fabricación y venta de zapa-tos y botines, bajo la marca de fábrica de “Vera”, que es-tampaba en todos sus productos. Alegó que la demandada se incorporó en 1920 en el estado de Nueva York bajo la razón social de “Vera Shoe Company, Inc.” Adujo enton-ces sustancialmente las mismas cuestiones que se alegan en la petición que tenemos a la vista. La prueba era relativa-mente floja y sin embargo la corte de apelaciones la consideró suficiente para sostener la concesión de un auto de injunction y revocó la sentencia de la corte inferior. Copiamos de la opinión de la corte, página 126:

“La ley no exige que determinada persona baya sido realmente inducida a error. . . . (citando casos). Si el resultado natural y probable de la conducta de la apelada sería inducir al público a que comprara sus productos en la creencia de que éstos eran los fabri-cados por la apelante, tal conducta engañaría al comprador corriente que bacía sus compras bajo condiciones ordinarias, y ello equivale en derecho a competencia desleal. Miller Rubber Co. v. Behrend, 242 Fed. 515, 155 C. C. A. 291. Por tanto, debe resolverse que al adop-tar la palabra ‘Vera’ en su nombre corporativo, que es una selección arbitraria, la apelada intentó las consecuencias naturales de sus ac-tos. Es muy probable que el calzado fabricado por la apelada pronto fuera conocido por calzado ‘Vera’, con la resultante confusión.
“Cuando la prueba de una infracción es clara, una corte de equi-dad no se negará a expedir un auto de injunction para proteger en el futuro al propietario de un derecho de marca de fábrica, aunque se desprenda que éste no tiene derecho a una rendición de cuentas por las ganancias obtenidas en el pasado por el infractor. La apelante ha» usado la marca de fábrica ‘Vera’ por espacio de 17 años en sus productos, los que fabricaba en el estado de Massachusetts y vendía en todos los estados de la Unión.- La apelada fué organizada en el año 1920, y vendía sus zapatos en territorio contiguo a aquél en que se vendía el calzado de la apelante. Enviaba vendedores hacia el sur y hacia el oeste, y aunque no ha vendido en el estado de Massachusetts, ha cubierto territorio en que se vendían los zapatos de la apelante. Debemos asumir que si ello no se le prohíbe, la apelada continuará su negocio en perjuicio de la apelante, y el peligro de daño es suficiente fundamento para que se extienda el poder restric-tivo de una corte de equidad. Von Munn v. Frach (C. C.), 56 Fed. 837.”

La apelante, como hemos visto, insistía en que su marca de fábrica lo era “Royal Palm” y que la palabra '“Jax” no formaba parte esencial de ella.

Fuera del hecho de que se demostró que la misma de-mandada usaba la cerveza de la Jax Brewing Co., hubo otra prueba, que quizá no era tan clara como hubiera podido serlo, tendiente a demostrar que los vendedores del agente principal de la demandante tenían dificultad en vender su cerveza porque las personas a quienes se acercaban alegaban tener una cerveza más barata procedente de la Jackson Brewing Co.

Esta discusión es suficiente para resolver los señalamien-tos tercero, sexto y séptimo, toda vez que ellos están íntima-mente relacionados.

La corte inferior no cometió error al excluir la prueba a que se hace referencia en el cuarto señalamiento y resolvió acertadamente que la palabra “Jax”, de ser algo, constituía un mote, y que como tal podía seí adquirido como una marca de fábrica. 26 L.R.A. (N. S.) 73, et seq.

El último señalamiento se refiere a la concesión de costas a la peticionaria y en ello no encontramos error alguno.

Véase, para su aplicación general sobre la cuestión de marcas de fábrica, el caso de Eneglotaria Medicine Co. v. Sosa López, 38 D.P.R. 604.

Debe Confirmarse la sentenci'a apelada.

Los Cueces Señores Presidente del Toro y Asociado Cor-dova Davila, no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro A. Rivera Palmer, acusado y apelante.
    Núm. 6437.

    Sometido: Junio 1, 1937.

      Resuelto: Junio 10, 1937.

      J. Valldejuli Rodríguez, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Lv,is Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Pedro A. Rivera fué convicto de transportar pasajeros por paga entre puntos que estaban dentro de la ruta cu-bierta por la White Star Bus Line, la que presta servicios, a virtud de una franquicia exclusiva, por la carretera prin-' cipal existente entre San Juan y Río Piedras. El primer señalamiento es que la prueba era insuficiente para esta-blecer la culpabilidad del acusado más allá de una duda ra-zonable. Después de examinar cuidadosamente toda la prueba hemos llegado a la conclusión de que el apelante está en lo cierto.

Ninguno de los pasajeros fué llamado como testigo de cargo. Los que comparecieron en el juicio declararon como testigos de descargo. Durante el curso del juicio el letrado ele la defensa manifestó a la corte que este caso no era de él, que un compañero suyo le había pedido que lo viera y que él no conocía a los testigos del acusado ni al acusado mismo. La única evidencia que va directamente a la cues-tión de paga era prueba de referencia, ofrecida por el fiscal de distrito sin objeción alguna por parte del letrado de la de-fensa. Admitiendo para los fines de la argumentación que en ausencia de una objeción tal prueba era admisible, el valor probatorio de la misma era en el caso de autos insignificante, o por lo menos no bastaba para destruir la presunción de inocencia. 23 Corpus Juris 40, sec. 1783; Hale v. Hale, 111 S. E. 740; Johnson v. Gattegno, 267 S. W. 740; Shaw v. McKenzie, 160 A. 911; Sourthern Surety Co. v. Nalle & Co., 242 S. W. 196; Beavers v. Howell, 140 S. E. 525; Ewart v. Johnson, 166 A. 716; Firemen’s Ins. Co. v. Universal Credit Co., 85 S.W. (2d) 1061.

Un cabo de la Policía declaró sustancialmente: que en la Parada 19, Rivera, que caminaba en dirección a San Juan, recogió pasajeros “que aguardaban la guagua”; y nueva-mente en la Parada 17 recogió otros pasajeros “que también esperaban la guagua”; que entre las Paradas 17 y 16 el testigo y un policía que iban montados en una motocicleta detuvieron a Rivera y lo condujeron al cuartel de la policía y los pasajeros espontáneamente dijeron “que pagaban cinco centavos por su pasaje de allí a San Juan.” Preguntado por el fiscal si los pasajeros babían dicho esto en presencia del acusado, el cabo contestó afirmativamente. Interrogado por el juez respecto a si el acusado había dicho algo, el cabo res-pondió que el acusado nada había dicho. En el contrainterro-gatorio el cabo dijo que luego de hacer señales a Rivera para que se detuviera, ellos lo arrestaron. Que conducía cinco o seis pasajeros, algo así. Interrogado dónde fue que el tes-tigo preguntó a los pasajeros lo que pagaban por su trans-portación, el testigo replicó: “Tan pronto los detuvimos y les tomamos los nombres y residencias a los pasajeros que ocupaban el automóvil.” Continuando su declaración, el testigo dijo: que esto sucedió entre las Paradas 17 y 16 y no en el cuartel de la Policía; que el testigo no recuerda si los pasajeros le acompañaron a no al cuartel.

El policía declaró: que Eivera caminaba en dirección a San Jnan y qne en la parada 19, “donde babía nn número de pasajeros esperando guagua”, el acusado se detuvo y los pa-sajeros, a instancia de éste, montaron en el automóvil; que en la Parada 17 también babía algunos pasajeros “esperando guagua” y Eivera también se paró y cogió algunos pasaje-ros ; que el ‘testigo y el cabo entonces detuvieron a Eivera en la Parada 17 y lo arrestaron. Al ser repreguntado, el policía dijo: que en la Parada 19 Eivera recogió unos tres pasajeros, y dos pasajeros, más o menos, en la Parada 17, y que entonces el testigo y el cabo le detuvieron, lo arres-taron y lo llevaron al cuartel de la policía, que queda en la Parada 21; que no llevaron los pasajeros al cuartel; que el testigo no interrogó al chófer y que no recuerda si el cabo lo interrogó o no.

Eivera conducía un carro de Ponce así marcado, con la correspondiente licencia como vehículo público. La prueba de la defensa establecía el hecho de que varios de los pasa-jeros recogidos por Eivera eran personas que iban para Ponce o para otros pueblos de la ruta, y tendió a demostrar que algunos, de no ser todos los pasajeros que hacían un corto recorrido, habían subido al automóvil con uno de los pasajeros de fuera de la ciudad, a invitación de éste. La prueba de cargo deja de demostrar satisfactoriamente que los pasajeros de San Juan, de haberlos, habían convenido en pagar o hubieran pagado pasaje o que Eivera esperaba re-cibir o hubiera recibido remuneración alguna por su trans-portación. Los pasajeros que declararon como testigos de la defensa, o todos aquéllos a quienes se preguntó respecto a la manifestación atribuídales por el cabo de la policía, dijeron que no habían dicho tal cosa. El testimonio del cabo respecto a la manifestación espontánea de los pasajeros no fué corro-borado por el del policía ni por el de ningún otro testigo. Según la propia declaración del cabo, los pasajeros no ma-nifestaron que habían pagado pasaje alguno o que hubieran convenido en pagarlo, o que la cuestión relativa a compen-sación hubiera sido discutida con el chófer. Si alguno de los pasajeros hubiera declarado durante el juicio como testigo de cargo y hubiese manifestado simplemente durante el exa-men directo “que pagaban” cinco centavos de pasaje, el con-trainterrogatorio hubiera quizá revelado que al manifestar “que estaban pagando” ellos querían significar que espera-ban pagar o que habían asumido que se les exigiría que pa-garan y estaban dispuestos a pagar cinco centavos por el pasaje. El hecho de que esas manifestaciones, de haberse dicho, fueron hechas en presencia de Rivera, queda neutrali-zado por el hecho de que Rivera estaba arrestado y no fué llamado a declarar. Es principalmente debido a la flojedad inherente de la prueba de referencia que la misma queda excluida prontamente al presentarse la oportuna objeción. Chamberlayne on Evidence, vol. 4, pág. 3720, sección 2711; pág. 3740, sección 2726. Debido a esa flojedad inherente, así como por la pobreza, vaguedad e incertidumbre del testimonio de referencia en el presente caso, el mismo no puede conside-rarse suficiente para sostener una convicción.

La sentencia apelada dele ser revocada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señoe, Hutchison El Juez Asociado Sr. Wolf Juez Asociado Sr. Aldrey, El Juez Aldrey

text:
    Bartola Collazo, Dolores, Eufemia y Marcolina Herrera, demandantes y apelantes, v. Eudosia Mouriño Alvarado y el menor Pedro Juan Herrera y Mouriño, demandados y apelados.
    Núm. 6769.

    Sometido: Marzo 29, 1937.

      Resuelto: Junio 11, 1937.

      Ramón Q. Goyco y Angel Fiol Negrón, abogados de las apelantes; Leopoldo Tarmes García-, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe, Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Las demandantes como presuntas herederas de Pedro Juan Herrera Collazo, iniciaron este recurso para cancelar determinado asiento en el registro civil y para dejar sin efecto cierta, declaración de herederos hecha a favor del demandado Pedro Juan Herrera Mouriño.

Herrera Collazo se casó dos veces. Se divorció de su pri-mera esposa en junio 29, 1923, y se volvió a casar el 27 de agosto del mismo año. En enero, 1924, Plerrera Collazo ins-cribió en el registro civil el nacimiento del niño Pedro Juan Herrera Mouriño, como hijo legítimo suyo y de su segunda esposa Eudosia Mouriño. Se hacía constar que el niño nació el 25 de noviembre de 1923.

Herrera Collazo falleció el 24 de octubre de 1930. Su viuda Eudosia Mouriño obtuvo una declaratoria de herede-ros fechada el 22 de noviembre de 1930, en la que se declaró a Pedro Juan Herrera Mouriño único y universal heredero. Las demandantes instaron su demanda original en octubre, 1931. En una tercera demanda enmendada deducida el 3 de octubre de 1932, las demandantes alegaron que la madre de Pedro Juan Herrera Mouriño lo era Manuela Sánchez Echevarría, señora casada, y que al tiempo de la concepción Herrera Collazo era el esposo de Patria Montalvo, su pri-mera mujer. Los demandados alegaron falta de hechos su-ficientes para determinar una causa de acción, impedimento (estoppel) y prescripción. El juez de distrito declaró sin lu-gar la demanda porque en sn opinión el recurso estaba pres-crito y la demanda dejaba de aducir hechos suficientes para constituir una causa de acción. Los artículos 113 a 117 inclusive del Código Civil (edición de 1930) leen así:

“Artículo 113. — Son hijos legítimos los nacidos después de los ciento ochenta días siguientes al de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución.
‘ ‘ Contra esta legitimidad no se admitirá otra prueba que la impo-sibilidad física del marido para tener acceso con su mujer en los primeros ciento veinte días de los trescientos que hubiesen precedido al nacimiento del hijo.
“Artículo 114.' — Igualmente es legítimo el hijo nacido dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio, si el marido no impugnare su legitimidad.
“Artículo 115.' — Podrá impugnarse la legitimidad del hijo nacido después de los trescientos días de la disolución del matrimonio; pero el hijo y su madre tendrán también derecho para justificar en este caso la paternidad del marido.
“Artículo 116. — La legitimidad puede ser impugnada solamente por el marido o sus legítimos herederos. Estos sólo podrán impug-nar la legitimidad del hijo en los casos siguientes:
“1. Si el marido hubiese fallecido antes de transcurrir el plazo señalado para deducir su acción en juicio.
“2. Si muriese después de presentada la demanda sin haber de-sistido de ella.
“3. Si el hijo nació después de la muerte del marido.
“Artículo 117. — La acción para impugnar la legitimidad del hijo deberá ejercitarse dentro de los tres meses siguientes a la inscripción del nacimiento en el registro si el marido se hallare en Puerto Rico, y de los seis meses si estuviere fuera de Puerto Rico, a contar desde que tuvo conocimiento del nacimiento.”

Los hijos a que se hace referencia en el artículo 113 son los hijos de la esposa especificados en esa sección, y no los de otra mujer. 1 Manresa 509, 530 (5a. edición); Sánchez Ro-mán, Tomo 5 (2), (2a. edición), 966, 969 (nota), 976.

Si el recurso concedido al marido (y en ciertas circuns-tancias específicas a sus herederos) por el artículo 116 puede ser iniciado tan sólo con el fin de establecer el hecho de que el marido no era el padre de los hijos de sn esposa, no puede invocarse esa sección como antoridad para el presente litigio. Si el artículo 116 es suficientemente lato para sostener nn re-curso interpuesto por los herederos de un cónyuge finado para cancelar la inscripción del nacimiento de un niño como hijo legítimo de tal esposo y su consorte, por ser tal niño de hecho el hijo de otra mujer casada, entonces la presente demanda deja de aducir hechos suficientes para determinar mía causa de acción. El marido no había “fallecido antes de transcurrir el plazo señalado para deducir su acción en juicio.” No había “muerto después de presentada la de-manda sin haber desistido de ella.” El hijo no había “na-cido después de la muerte del marido. ’ ’

Sin embargo, en realidad, las apelantes no se fundan en el artículo .116 como base de su recurso. Invocan el aforismo de que “doquiera existe un daño existe siempre un remedio.” En apoyo de esta teoría citan también los casos de García v. García, 18 D.P.R. 963 y Alcaide v. Morales, 28 D.P.R. 278. Un examen de la opinión emitida en García), v. García bastará para distinguir ese caso del presente. El primer párrafo del sumario en el caso de Alcaide v. Morales lee así:

“Una persona tiene el derecho de pedir la nulidad del reconoci-miento de un supuesto hijo natural cuando dicho acto es consecuencia de error, dolo, intimidación, violencia u otra causa semejante; y ni la doctrina de ‘estoppel in pais,’ ni la de ‘estoppel by laches’ impiden el ejercicio de tal acción, que es prescriptible a los quince años. La prueba que se aporte en esos casos debe ser de.tal manera robusta y convincente que al anular el' reconocimiento hecho, la corte quede plenamente convencida de que ésa y no otra es la resolución que impone la justicia.”

El caso de Sucesión Cruet v. Mandes, 35 D.P.R. 827, aun cuando no ha sido citado por ninguna de las partes es algo más aplicable a los hechos aquí envueltos, aunque la opinión de la mayoría no resolvió una de las cuestiones discutidas por el Juez Asociado Sr. Wolf en su opinión concurrente y por el Juez Asociado Sr. Aldrey en su opinión disidente. De la opinión de la mayoría tomamos el siguiente extracto:

“. . . La demanda en este caso fué radicada el 19 de diciembre de 1924. En ella se alega que el demandado, Isabelino Mandes, com-pareció personalmente el día 14 de marzo de 1914 en el Registro Civil de Guayama e bizo inscribir el nacimiento de una niña llamada Iris como bija legítima de él y de su esposa Victoria Cruet Colón, y como que babía nacido el día 17 de febrero del mismo año; que al tiempo de la inscripción el mencionado Mandes manifestó e bizo que se hiciera constar, entre otras cosas, que los abuelos maternos de la niña eran José Cruet y Ramona Colón; que Mandes bizo esto a sa-biendas de que la mencionada niña no era bija legítima de él y de su esposa Victoria Cruet, como se bizo constar; y que José Cruet y Ramona Colón no eran los abuelos maternos, ya que Mandes y su esposa Victoria Cruet no tenían ningún bijo que viviera en aquel entonces. Los demandantes también alegan por información y creen-cia que la niña Iris era bija natural de una tal Antonia Rivera y de un individuo llamado Juan Montero; y que babía nacido en una casa o ranchón de madera propiedad de don Bautista Soto, sito en el barrio de Guamaní, en fecha anterior a la mencionada en el re-gistro civil; que la niña Iris fué recogida por doña Victoria Cruet esposa de Mandes, en momentos en que la madre de la niña, que se babía vuelto loca, trataba de ahogarla en el Río Guamaní; que doña Victoria Cruet murió en Guayama el día 8 de agosto de 1920, sin haber dejado descendientes, sucediéndole sus padres, José Cruet y Ramona Colón; que la verdadera madre de Iris murió en Guayama el día 15 de mayo de 1913; que José Cruet también falleció en Gua-yama el 14 de junio de 1922, dejando bienes y bajo testamento, en el cual instituyó a los demandantes y a la mencionada Victoria Cruet como sus únicos y universales herederos; y que teniendo los deman-dantes que dividir la herencia de su expresado causante don José Cruet y Arroyo, no lo han podido verificar porque para ello se hace necesario ventilar este caso ante la corte para que se declare inexis-tente el estado’ de hija legítima de la niña Iris como descendiente de los esposos Isabelino Mandes y Victoria Cruet, por el motivo de que es incierto el hecho de la inscripción de nacimiento como hija legítima de los cónyuges Mandes-Cruet y sin causa legal 'que lo justifique; y subsistiendo tal inscripción ello daría derecho a la niña Iris en la herencia de su supuesto abuelo el fenecido don José Cruet y Arroyo, en representación de su supuesta legítima madre doña Victoria Cruet, fallecida también, y con la inscripción de referencia se perjudica el derecho de la viuda doña Ramona Colón, madre legítima de doña Victoria Cruet, que es su heredera forzosa, como también el derecho de los demás legitimarios del causante José Cruet y Arroyo, según los hechos precedentemente alegados. ”

El Juez Asociado Sr. Wolf

en su opinión concurrente dijo:

“Igualmente baso mi opinión concurrente en otro punto, expuesto tan sólo parcialmente en la opinión principal. Estando vivo su su-puesto padre y habiéndola inscrito como hija legítima, ninguno de los demandantes teñía interés alguno o capacidad para atacar el es-tado legal de Iris Mandes. En mi opinión, Mandes era el único ser viviente que tenía derecho a presentar tal acción. Los deman-dantes ante la ley no tenían nexo jurídico.”

Refiriéndose a este punto el

Juez Asociado Sr. Aldrey,

en su opinión disidente, expuso:

“Para concluir, réstanos decir que entre los demandantes y los demandados existe nexo jurídico, negado en el voto concurrente, por-que si 1¿ niña Iris no es hija legítima de los esposos Mandes el figu-rar como tal produciría perjuicios a los herederos de don José'Cruet Arroyo porque disminuiría el haber hereditario de ellos al tener que dar una cuota igual a la suya a dicha niña, y dondequiera que existe un perjuicio tiene que haber un remedio, como declaró este tribunal en el caso de García v. García, 18 D.P.R. 964, caso bastante análogo al presente pues en él un niño solicitaba que se anulase la inscripción de su nacimiento hecha en el registro civil como hijo natural de un hombre que no era su padre pero que lo reconoció como tal por afecto a él, y en el que también la corte de distrito estuvo bajo la idea de que no se podía atacar el reconocimiento de dicho menor como hijo del demandado.”

El Juez Aldrey

en otra parte de su opinión disidente dijo:

“De la prueba documental resulta comprobada también la muerte de José Cruet Arroyo ocurrida el 15 de mayo de 1913; y del testa-mento de éste que los demandantes son sus herederos. La valoración dada por el Tesorero a los bienes dejados por José Cruet Arroyo as-ciende a $10,050 y como la mitad son gananciales de la viuda que-dará Un -líquido de $5,025 divisibles entre sus -'seis hijos, y si Iris es bija legítima de doña Victoria habría que dividir entre siete herede-ros y correspondería a cada uno $717, si no hay que hacer bajas en la herencia.”

En este caso las demandantes no .alegan que Pedro Juan Herrera Collazo tuviera bienes al tiempo de su muerte. No alegan que Domingo Herrera, quien falleció después de muerto su hijo Pedro Juan Herrera Collazo dejara propie-dades de clase alguna. Ni siquiera alegan que Bartola Collazo, la madre de Pedro Juan, tenga algunos bienes o es probable que adquiera bienes que las otras demandantes en este recurso podrían ser llamadas ,a poseer en común con el demandado Pedro Juan Collazo Mouriño, en caso de que la demandante Bartola Collazo muriera en vida de sus code-mandantes. No alegan ningún interés pecuniario en la can-celación del asiento en el registro civil o al dejarse sin efecto la declaratoria de herederos.

Durante el curso del juicio el juez de distrito, con el con-sentimiento de ambas partes, se reservó su decisión sobre las cuestiones de derecho argumentadas y sometidas p.ara aquel entonces y declaró sin lugar la demanda luego de celebrarse un juicio sobre los méritos, sin considerar la evidencia. Nada hay en la prueba de las demandantes que demuestre un in-terés pecuniario en su esfuerzo de privar al niño Pedro Juan Herrera y Mouriño de su estado civil presente de hijo legítimo y de estigmatizarle con el sello de bastardo adulte-rino. Aceptando para los fines de la .argumentación que el Juez Asociado Sr. Aldrey estuvo en lo cierto en el caso de Mandes, los fundamentos que sirvieron de base a su opinión disidente no existen en el presente.

Cuando no existe un agravio por reparar, o la invasión de ningún derecho perteneciente a las demandantes, o el derecho a exigir el remedio solicitado, ni la máxima legal ubi jus, ibi remedium ni su equivalente en equidad, pueden ser fructuosamente invocados.

Bebe confirmarse la sentenca apeltída.

El Juez Asociado Señor Córdóva Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila

text:
    Banco Comercial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Dr. Felipe García y la Sucesión Desconocida de Monserrate F. Vda. de García, demandados y apelantes.
    Núm. 7238.

    Sometido: Mayo 19, 1937.

      Resuelto: Junio 15, 1937.

      E. Pérez Gasalduc, abogado de los apelantes; Herminio Miranda, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción en cobro de dinero en la cual se alega que en 28 de febrero de 1930 el demandado Felipe A. G-arcía, por sí y como apoderado de doña Monserrate F. Vda. de G-arcía, suscribió a favor del Banco Comercial de Puerto Rico, representado boy por su liquidador el Banco de Puerto Rico, una obligación por la suma de $1,216, que habría de vencer en mayo 30, comprometiéndose a pagar al demandante inte-reses al tipo del 12 por ciento anual en caso de mora más las costas, gastos y honorarios de abogado, que se fijaron por convenio de las partes en $250. Se alega además, que los demandados, todos mayores de edad, constituyen la sucesión •de doña Monserrate F. Yda. de G-arcía, fallecida en el año 1930, residiendo el Dr. Felipe García en Hatillo, don José y don Juan en San Juan, y don Ramón G. Oarcía en Juncos, ,y sus nietos Minerva Rafaela, Roberto y Manuel Figueroa García en Villalba.

Los demandados no contestaron la demanda. Solicitó el demandante que se anotara la rebeldía y se dictara sentencia de acuerdo con- las alegaciones de la. demanda. Así lo bizo el secretario tres días después de haberse anotado la rebeldía.

De esta sentencia apelaron los demandados, 'alegando como primer motivo de error que í,a demanda no aduce hechos su-ficientes para determinar una causa de acción, porque en la misma no se alega que los demandados, a quienes se demanda en su carácter de herederos de doña Monserrate F. Yd,a. de García, hayan aceptado la herencia, y porque de la demanda no 'aparece que doña Monserrate F. Yda. -de García estuviese viva en la fecha en que se alega que Felipe A. García, ac-tuando como su apoderado, suscribió la obligación cuyo pago se reclama en la misma.

Esta corte, en el caso de Amy v. Aponte, 29 D.P.R. 145, 149, sostiene que la no aceptación de la herencia es una excepción que favorece a los herederos. En dicho easo se ■adujo que los hechos expuestos en la demanda no determinaban una causa de acción porque no aparecía de las alegaciones que los demadados hubiesen aceptado la herencia con o sin beneficio -de inventario y que el causante hubiese dejado bienes sobre los cuales pudiera recaer aceptación alguna ex-presa o presunta. Resolviendo la cuestión planteada esta corte se expresó así-:

“Al demandante sólo incumbe alegar la condición de herederos •de los demandados, ¡pues como sostiene un ilustrado comentarista del Código Civil, Robles Pozo:
“ ‘A partir del fallecimiento -del causante, la sustitución de éste por heredero o causahabiente es simultánea, sin que sea necesaria la aceptación, porque ésta se presupone siempre como consecuencia de la sucesión, equivaliendo la repudiación por el heredero a la renun-cia de un derecho que ya se tiene o se posee y de una representación adquirida que se abandona y se rechaza o se condiciona al aceptarla ostensiblemente con arreglo a las facultades concedidas por derecho.’
“La no aceptación de la herencia es una excepción que favorece a los herederos para que se les exima del cumplimiento de las obliga-ciones en que suceden al difunto por el sólo hecho de su muerte, y como excepción es una cuestión de defensa que corresponde alegar a los demandados. Dapena v. Sucesión Dominicci, 12 D.P.R. 66.
“El Tribunal Supremo de España en dos de marzo de 1896, Ju-risprudencia Civil, tomo 79, 414, al resolver un recurso de casación, contra sentencia en 'que unos menores representados por su madre-fueron condenados al pago de dinero, en cuyo recurso se alegaba-corno motivo legal la infracción de los artículos 922 y 1005 del Có-digo Civil Español, resolvió que ninguno de los artículos citados eran aplicables al caso porque los recurrentes condenados al pago de la deuda contraída por su padre eran herederos necesarios del mismo y no se había indicado y tratado de probar que hubieran renunciado a la herencia ni siquiera que la hubieran adido con limitación alguna.
“El presente caso es análogo al anterior y se rige por la misma doctrina que dejamos expuesta.”

El abogado de los demandados, en nn extenso y laborioso alegato, califica de erróneo el criterio de este tribunal, ci-tando en su abono a Manresa, Sánchez Román y una decisión de la Corte Suprema de Louisiana. Manresa opina, comba-tiendo a Robles Pozo, que de ser cierto lo que dicho autor sos-tiene, si la trasmisión de los derechos y obligaciones del difunto al heredero se verifica desde el momento de la muerte, sin necesidad de la aceptación, el acreedor del causante po-dría, desde luego, ir contra el heredero en reclamación de su crédito, una vez ocurrido el fallecimiento, correspondiendo a éste únicamente, para oponerse a la reclamación, la excep-ción de falta de personalidad, previa justificación de la re-nuncia. Añade que en oposición a ello se encuentra el pre-cepto del artículo 1005 del Código Civil, según el cual el acreedor debe acudir al juzgado cuando el heredero no hu-biese aceptado la herencia, pidiendo que se le señale un plazo para aceptar o repudiar, y si al cabo de dicho plazo autoriza al acreedor para perseguir al heredero, es por la aceptación tácita que implican los términos del aperci-bimiento que, según dicho artículo, debe serle hecho. A jui-cio de Manresa este apercibimiento confirma la necesidad -de la aceptación para que se lleve a efecto la trasmisión de las obligaciones y lo mismo la de los derechos que consti-tuyen la herencia.

No creemos que los argumentos de Manresa puedan ser-vir de base para rectificar el criterio sostenido por este tribunal. El ilustre comentarista afirma que el Código italiano, que tanto influjo ha tenido en la labor codificadora de los tiempos modernos, sancionaba en su artículo 925 el principio de que la posesión de los bienes hereditarios pasa a los he-rederos ipso jure desde la muerte del causante. El código francés, en el artículo 724, lo tenía ya establecido para los herederos legítimos, con exclusión de los hijos naturales, así como del cónyuge supérstite y del estado. Análogas doctri-nas mantuvieron el Código de Holanda en su artículo 880, y algunos otros, y hasta el proyecto de 1851, inclinándose de esta parte, disponía en el artículo 554 que los herede-ros sucedían al difunto por el mero hecho de su muerte, no sólo en la propiedad, sino también en la posesión. 5 Manresa 319, quinta edición.

Sigue diciendo el comentarista que en apoyo de este su-puesto se ha dicho que esta inteligencia es también la más conforme con los principios admitidos por la ciencia jurídica, y agrega que en contra de lo que sostienen los autores cita-dos, el Código exige la previa aceptación para la trasmisión de los bienes hereditarios, si bien la aceptación de la herencia retrotrae los efectos jurídicos al momento de la muerte del causante.

El argumento más poderoso aducido por Manresa en apoyo de su criterio es el precepto del artículo 1005 del Có-digo Civil español, equivalente al artículo 959 de nuestro Có-digo, edición 1930. De acuerdo con este artículo cuando un tercero interesado insta en juicio para que el heredero acepte o repudie la herencia, deberá la corte de distrito señalar a éste un término que no pase de treinta días para que baga su declaración, apercibido de que si no la hace, se tendrá la herencia por aceptada. Y añadimos nosotros, ¿que más re-querimiento que una demanda establecida contra los here-deros reclamándole el pago de una obligación contraída por el causante? La ley concede diez días a los demandados para establecer sus alegaciones, y nada impide que puedan solicitar de. la corte la concesión de un tiempo razonable para aceptar o repudiar la herencia. La Sra. Monserrate F. Viuda de García falleció en 1930, y esta demanda aparece radicada en 21 de febrero de 1931.

El artículo 959 dispone que una vez instado en juicio el heredero, el término que se conceda para que haga su decla-ración no pasará de treinta días. Se trata, como se ve, de un término perentorio, y en nada se perjudican los demanda-dos en hacer esta declaración cuando se les exige el cumpli-miento de una obligación contraída por el causante. La acep-tación de la herencia puede ser expresa o tácita, y si el he-redero ha realizado algún acto que implique tácitamente esa aceptación, este hecho tiene que descansar necesariamente en su conocimiento y no debe esperarse' del tercero que ale-gue y pruebe actos que quizás ignore y que no está obligado a conocer. Toda alegación esencial tiene que ser probada para que se establezca una causa de acción, y si el deman-dante ignora que la herencia haya sido aceptada, no debe exigírsele la alegación de hechos que está imposibilitado de probar, por carecer de la necesaria información. Soste-ner lo contrario equivaldría a autorizar al heredero a evadir fácilmente con su silencio el cumplimiento de una obligación de su causante, cuando puede protegerse y exonerarse de toda responsabilidad estableciendo el hecho de no haber aceptado o de haber repudiado la herencia.

Como muy bien dice Manresa, cuando se acepta la heren-cia, se retrotraen los efectos jurídicos 'al momento de la muerte del causante. Si se obliga a la persona que exige judicial-mente del heredero el cumplimiento de nna obligación con-traída por sn. cansante a demostrar la aceptación de la he-rencia, podría muy bien fracasar en sus empeños por care-cer de la necesaria información. Si más tarde se prueba la aceptación de la herencia por ese heredero, el 'acreedor po-dría quizás verse colocado en una posición muy difícil para hacer efectivos sus derechos, ya que fracasó en sus propó-sitos, por falta de prueba, en una acción anteriormente en-tablada contra el referido heredero. Es verdad que de acuerdo con el artículo 959 un tercero interesado puede re-querir al heredero para que acepte o repudie la herencia, pero si con la interposición de la demanda se obtiene este propó-sito, parece innecesario que se le obligue a cumplir con dicho requisito como condición precedente para establecer su recla-mación. Se trata simplemente de una cuestión de procedi-miento que no destruye, a nuestro juicio, los principios enun-ciados por el comentarista Manresa. Si el heredero acepta la herencia, responde de la obligación contraída por su cau-sante. Si no la acepta, y la repudia, entonces no contrae ninguna responsabilidad. Conviene advertir que el precepto del artículo 959 es para el caso de que el heredero acepte o repudie la herencia. Puede darse el caso de que la haya aceptado sin conocimiento del tercero, y entonces se le esta-ría invitando a llevar a cabo un acto que ya ha realizado. Y esto puede suceder, porque el tercero no está obligado a conocer el hecho de la aceptación de la herencia expresa o tácitamente, que como ya hemos dicho, descansa más bien en conocimiento del heredero. Debe desestimarse el error apuntado.

En el segundo motivo de error se alega que el secretario de la corte carecía de facultad para dictar la sentencia apelada. Se basa este alegado error en que la obligación de los demandados a pagar la deuda que se reclama en la demanda proviene de ser ellos los únicos herederos de la persona que firmó la obligación y no del hecho de haber contratado los demandados con el demandante. El heredero, como es sabido, es la continuación de la personalidad del can-sante. En la demanda se alega un contrato llevado a -cabo con el demandado Felipe A. García y con doña Monserrate F. Y da. de García por conducto de su apoderado. Ha-biendo muerto esta señora, sus herederos son responsables de la obligación contraída. No cometió el tribunal inferior el error que se le imputa.

Se alega por último que la corte inferior no adquirió jurisdicción sobre las personas de los demandados. En apoyo de este alegado error se dice que én el diligenciamiento del emplazamiento no se juró que la persona que llevó a cabo dicho emplazamiento fuese mayor de diez y ocho años. El certificado de diligenciamiento dice así:

. “Yo, José Otero, mayor de 21 años de edad, bajo juramento de-claro: que no soy parte ni tengo interés en el presente caso, y que recibí el presente emplazamiento el día 26 de abril de 1935 y noti-fiqué el mismo personalmente a Felipe García, a las 9:45 del día 27 de abril de 1935 en su casa habitación en Hatillo, P. R.; a Manuel Figueroa García a la 1:30 P.M. del día 27 de abril en su casa habi-tación de ViUalba, P. R.; a Ramón G. García a las 6: 00 P.M. del día 27 de abril de 1935 en su residencia de Juncos, P. R.; a José García a las 5: 30 P.M. del día 29 de abril de 1935 en la calle José Víctor Figueroa; en Santurce, San Juan, P. R., y a Juan García, Roberto Figueroa García y Minerva Rafaela Figueroa García, a las 6:00 P.M. del día 29 de abril de 1935 en la calle ‘Dos Hermanos’ No. 4 de Santurce, San Juan, P. R., dejando en poder de cada una de las personas, citadas una copia fiel y exacta de la demanda y del emplazamiento en este caso, habiendo hecho constar con mi firma al dorso del emplazamiento el sitio y fecha de su entrega y notificación. En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 1935. (Fdo.) José Otero. —Declarante.
“Affidavit No. 2164. Jurado y suscrito ante mí por José Otero, mayor de 21 años, casado, empleado y vecino de San Juan, Puerto Rico, a quien conozco personalmente. (Fdo.) Rafael Ramírez San-tibáñez. Notario. ’ ’

En el caso de Buonomo v. Sucn. Juncos, 28 D.P.R. 413, se practicó un diligenciamiento idéntico al presente en lo que respecta a la edad. Esta corte declaró que el error apuntado era tan patente y la jurisprudencia tan terminante sobre el particular que se veía obligada a declarar que el tribunal no llegó a adquirir jurisdicción sobre la persona de los de-mandados en el referido pleito.

En el caso de López et al., v. Quiñones, 30 D.P.R. 342, 347, dijo este tribunal:

“Estando practicadas esas citaciones por .persona distinta del márshal, ya que el submárslial que las bizo no suscribió sus diligen-ciamientos a nombre de aquél, para que la corte adquiriera jurisdic-ción sobre las personas de los demandados y pudiera seguir el pleito en rebeldía de éstos era necesario de acuerdo con el artículo 92 del Código de Enjuiciamiento Civil que de los diligenciamientos apare-ciera que la persona que bizo las citaciones no era parte en la acción y que era mayor de 18 años. Andino v. Knight, 20 D.P.R. 200; Serrano v. Berdiel, 22 D.P.R. 447; Torres & Enseñat v. Alfaro, 24 D.P.R. 731; Delgado v. El Registrador, 25 D.P.R. 489; Quintana v. Aponte, 26 D.P.R. 196; Buonomo v. Sucesión Júneos, 28 D.P.R. 414. Estos requisitos no están cumplidos en los diligenciamientos pues si bien con respecto al segundo fuera del cuerpo de la declara-ción y después de la firma de Pedro Ma. Pabón se dice ‘mayor de 18 años’, certificando después un notario que fué suscrito y jurado ante él, tal manifestación referente a la edad no puede ser conside-rada jurada pues sólo lo que está dicho en el cuerpo de la certificación y antes de la firma es lo que puede ser considerado como su declara-ción. Lo que está escrito después de un documento firmado no puede ser considerado como formando parte de él, a menos que de otro modo se demuestre. Por otra parte, en este pleito no se presentó prueba de que esa persona era mayor de 18 años cuando bizo la cita-ción, por lo que tenemos que llegar a la conclusión de acuerdo con la corte inferior que todos los emplazamientos de los demandados en el primer pleito fueron nulos, que la corte no adquirió jurisdicción sobre ellos y que en consecuencia son nulos también todos los proce-dimientos posteriores. ’ ’

Esta es la doctrina sentada por este tribunal, que nos vemos obligados a seguir por las razones apuntadas, espe-cialmente en este caso en que se trata de una sentencia dic-tada en rebeldía por el secretario de la corte inferior. En el certificado de diligenciamiento no se jura que José Otero fuese mayor de 18 años. Es lamentable que se baya incu-rrido en este error y qne por una omisión de esta natura-leza nos sintamos competidos a dejar sin efecto una senten-cia que en los demás particulares cumple con los requisitos exigidos por la ley.

Debe revocarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Carlos M. Rossi, demandante y apelante, v. Porto Rico Iron Works, Inc., demandada y apelada.
    Núm. 6823.

    Sometido: Mayo 7, 1937.

      Resuelto: Junio 17, 1937.

      Luis Tirado Qéigel, abogado del apelante; F. Parra Capó y F. Parra Toro, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El día 1 de marzo de 1927 el demandante Carlos R. Rossi y la corporación demandada suscribieron nn contrato por cuyos términos el primero, se liaría cargo, con el carácter de Manager o Administrador, de una oficina subsidiaria de la demandada, que ésta se comprometió a sostener abierta en la ciudad de San .Juan, para la venta y propaganda de todos sus productos, conquistar nuevos clientes y conservar los que ya tenía. Se fijó como término del contrato basta el 31 de diciembre de 1928, pndiendo renovarse, y se retrotrajo al primero de enero de 1927. La quinta, séptima y octava cláusulas del contrato se refieren a la remuneración del Sr. Rossi, y leen así:

“(5) En compensación de la fiel ejecución de este trabajo Los Principales asignan un sueldo de doscientos veinticinco dollars ($225) mensuales al Manager de la Oficina de San Juan, que deberá recibir por mensualidades vencidas.
“(7) En compensación de las buenas gestiones del Manager de la Oficina de San Juan en la venta de los productos y manufactu-ras de los Principales, los Principales se comprometen a conceder al Manager de la Oficina de San Juan una participación en los bener ficios, como sigue:
“(A) 25 por ciento sobre los beneficios netos de las órdenes tra-bajadas y obtenidas por El Manager de la Oficina de San Juan; sobre el beneficio neto de órdenes trabajadas y obtenidas por el Manager de la Oficina de San Juan, pero en las cuales lia cooperado en forma directa o indirecta la Oficina Central.
“(B) 10-por ciento sobre el beneficio neto de órdenes obtenidas por la Oficina Central, pero en las cuales el Manager de la Oficina de San Juan ha prestado su cooperación en forma de propaganda personal cerca de los clientes; sobre el beneficio neto de aquellas órde-nes que habiendo sido trabajadas por la Oficina Central se endosen al Manager de la Oficina de San Juan para que cierre el negocio con el cliente, y sobre aquellas órdenes o negocios pendientes que habiendo sido trabajados por el Manager de la Oficina de San Juan, sean endosados por éste a la Oficina Central quedando entendido que el Manager de la Oficina de San Juan está en el deber de dar a la Oficina Central toda clase de datos, especificaciones, cotizaciones, etc., cuando ésta lo solicitare y no tendrá participación en los beneficios de las órdenes que obtenga la Oficina Central haciendo uso de esta información.
11 (C) Los Principales garantizan al Manager de la Oficina de San Juan un beneficio sobre las -ventas según se estipula en esta cláusula núm. 7 de trescientos dollars ($300) que podrá tomar a razón de veinticinco dollars ($25) mensuales; cuya cantidad se deducirá de la participación que tenga en los beneficios en caso que dicha participación fuere mayor de $300.
“(8) El beneficio neto a que se refiere la cláusula anterior se computará anualmente en la forma siguiente: Se obtendrá el total de los beneficios de todas las órdenes a que se refiere la cláusula anterior. De ese total se deducirá el total de gastos incurridos para el sostenimiento y operación de la oficina de San Juan, así como para gestionar cualquier negocio acreditable a la misma. Se establecerá entonces una proporción entre el total de beneficios sobre los cuales tendrá el Manager de la Oficina de San Juan el 25 por ciento y aquéllos sobre los cuales tendrá el 10 por ciento. La cantidad obte-nida como beneficio neto de la Oficina de San Juan se dividirá de acuerdo con esta proporción y se sacará entonces de cada cantidad obtenida el 25 por ciento y el 10 por ciento respectivamente que corresponde al Manager de la Oficina de San Juan.”

Al finalizar el año 1927, la Porto Rico Iron Works, Inc., envió a Rossi una liquidación de beneficios obtenidos durante ese año en la oficina de San Juan, que lee así:

“Beneficio bruto durante el año_ $13,069.41
“Bonificaciones a deducir_$ 144. 27
“Gastos generales hasta Die. 31, 1927_ 6,989.92
“Intereses al 9% anual sobre $13,481.45, capital necesario para conducir el ne-gocio de la oficina de San Juan- 1, 213. 05
“Beneficios netos- 4,722.17
$13, 069.41”

Del beneficio neto así obtenido, el demandante recibió por su participación, de acuerdo con la subdivisión “A” de la cláusula séptima del contrato, el 25 por ciento, o sea $1,180.54

En 31 de marzo de 1928 la demandada le envió otra liqui-dación de beneficios y gastos habidos durante los meses de enero, febrero y marzo, 1928, en qne figura un beneficio neto obtenido en la oficina de San Juan, ascendente a $1,305.97. Rossi alega no haber recibido el 25 por ciento que de acuerdo con la letra “A”, cláusula 7 del contrato, le corresponde de esa suma.

Surgieron dificultades entre las partes, y como conse-cuencia de ellas, la demanda en cobro de dinero que es objeto de este pleito. Contiene dos causas de acción: en la primera se objeta el cargo de $1,213.05 por intereses sobre el capital necesario para conducir durante el año 1927 el negocio de la oficina de San Juan, alegando el demandante que tal deduc-ción, del beneficio bruto obtenido, no fue convenida. Reclama, por tanto, un balance de $303.26 que representa el 25 por ciento de dichos $1,213.05. En la segunda causa de acción se reclama $263.49, o sea el 25 por ciento de $1,305.97 a que ascendió el beneficio neto obtenido por la oficina de San Juan, durante los meses de enero, febrero y marzo, 1928, que alega el demandante no le ha sido pagado, a pesar de sus requerimientos.

Contestó la demandada en cuanto a la primera causa de acción que si bien en el contrato no se expresa específica-mente que de los beneficios brutos se deducirá suma alguna por intereses sobre capital necesario para conducir el negocio de la oficina de San Juan, implícitamente se convino así, por considerarse los mencionados intereses “gastos incurridos para el sostenimiento y operación de la oficina de San Juan,” a tenor de la cláusula octava del contrato ut supra. Alegó también contra esa primera causa de acción, que el deman-dante había recibido $1,180.54 que era todo cuanto tenía derecho a recibir por beneficios “por haber dado su confor-midad el demandante a que se le descontaran los intereses.”

Con respecto a la segunda causa de acción negó la deman-dada que enviara al demandante en 31 de marzo, 1928, una liquidación de beneficios y gastos habidos durante los meses de enero, febrero y marzo, 1928, afirmando en contrario que £‘en la fecha mencionada envió al demandante una relación in-completa ... sin que se hiciera en la mencionada relación liquidación final alguna, ya que había gastos pendientes de computar.” Negó asimismo que al demandante correspon-diera la suma de $326.49 por concepto de beneficios porque en los meses a que se peñere el informe que le enviara la demandada, hubo una pérdida en los negocios de la oficina de San Juan, ascendente a $694.76.

Como materia nueva constitutiva de reconvención, alegó que para el 28 de marzo, 1928, durante la vigencia del con-trato y a pesar de la prohibición expresa contenida en él, el demandante, como agente de la National Cast Iron Pipe Company, vendió al señor José Rodríguez López cierta tubería de hierro y accesorios por precio de $30,200, que se negó a pagar el comprador siendo demandado por la vende-dora National Cast Iron Pipe Co. ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico y obteniendo sen-tencia por la suma de $5,000, de los que recibió Rossi $1,500 en concepto de comisión, que pertenecían a la demandada Porto Rico Iron Works Co. de acuerdo con el contrato entre ellos.

Que en las mismas' condiciones vendió, como agente de Sterling Pump Co., una bomba a Julio Churdón, cuya orden no pasó a través de la demandada, dejando ésta de percibir su comisión, que ascendía a $500, según su mejor información y creencia.

La corte de distrito dictó sentencia declarando sin lugar la demanda de Carlos R. Rossi y sin lugar la reconvención de Porto Rico Iron Works, Inc., todo ello sin especial con-denación de costas. Rossi apeló. Señala en su alegato cuatro errores. El primero dice así:

"Primero. La Corte de Distrito incurrió en error de hecho y de derecho al estimar por el resultado de la prueba y en relación con el contrato entre las partes, que üo procedía la primera causa de acción de la demanda en la que se reclama una cantidad adicio-nal a la obtenida en concepto de compensación extraordinaria por servicios coi'respondientes al año 1927.”

La opinión de la corte de distrito, en lo que se relaciona con este primer error, lee así:

“La única discrepancia existente entre las partes en esta primera causa de acción es, que el demandante no está conforme con la*par-tida de la liquidación antes mencionada, que volvemos a copiar y lee como sigue:
“Intereses al 9 por ciento anual sobre $13,481.45, capital necesario para conducir el negocio de la oficina de San Juan_$1, 213. 05
“La Corte, después de haber apreciado en conjunto la evidencia testifical y documental presentada por ambas partes, en relación con la cláusula (8) del contrato celebrado entre las partes, declara que dicha partida es correcta y de acuerdo con lo convenido entre ambas partes; llegando la Corte a la conclusión de que la primera causa de acción de la demanda debe ser declarada sin lugar.”

El alegato de la parte apelante arroja muy poca luz y nos ha prestado muy poca ayuda para el estudio y resolu-ción de la cuestión jurídica envuelta en su primer señala-miento. Y nos hemos visto obligados a hacer una cuidadosa búsqueda de la jurisprudencia sobre la materia, con el resul-tado que pasamos a exponer.

El artículo 1646 del Código Civil, edición de 1930, dispone que “no se deberán intereses sino cuando expresamente se hubieren pactado.” Es un hecho aceptado por la deman-dada que el contrato no contiene pacto alguno sobre inte-reses a deducir del beneficio bruto para conducir el negocio de la oficina de San Juan. ¿Pueden considerarse esos inte-reses implícitamente convenidos, en la cláusula octava del contrato, como gastos incurridos para el sostenimiento y operación de la oficina de San Juan? A nuestro juicio no. Los apartados “A” y “B” de la cláusula séptima del con-trato fijan la participación del demandante en los beneficios, en un “25 por ciento sobre los beneficios netos de las órdenes trabajadas y obtenidas por el Manager de la oficina de San Juan” y en nn “10 por ciento sobre <el beneficio neto de órdenes obtenidas por la Oficina Central, pero en las cuales el Manager de la oficina de San Jnan ha prestado sn coope-ración . . . respectivamente. En la clánsnla octava se reitera qne “la cantidad obtenida como beneficio neto de la oficina de San Jnan se dividirá de acuerdo con esta propor-ción y se sacará entonces de cada cantidad obtenida el 25 por ciento y el 10- por ciento, respectivamente, qne corres-ponde al Manager de la Oficina de San Jnan.”

En Daintrey v. Evans, 148 App. Div. (N. Y.) 275, se define la frase “beneficios netos” (net profits). El caso es mny parecido al de antos. El cansante de la demandante percibía, a virtnd de nn contrato oral, nn sneldo de $8,000 annales, en adición a nn 5 por ciento de los beneficios netos qne produjeran los departamentos qne tenía a sn cargo. Del beneficio brnto qne obtenía, los demandados deducían, antes de computarle ese 5 por ciento, el 6 por ciento del capital invertido por ellos en los departamentos. Muerto el cansante, sn esposa y administradora reclamó la parte de los beneficios netos no pagada, sosteniendo qne el contrato entre sn esposo y los demandados no daba a éstos derecho a dedncir inte-reses sobre el capital invertido, y qne la frase “beneficios netos” no debía' interpretarse en el sentido de admitir tal dedneción. Apeló de nna sentencia adversa, resolviéndose en definitiva qne:

“No existe duda alguna de que la frase ‘beneficios netos’ (net profits) significa, en defecto de un pacto que la defina, el balance que queda después de deducir los egresos de los ingresos, sin dedu-cir intereses sobre el capital mvertido(Bastardillas nuestras.)

En Paine v. Howells, 90 N. Y. 660, se dijo:

“No creemos que el interés sobre el capital sea un 'gasto a dedu-cir, al computarse el beneficio neto. Esos beneficios constituyen las ganancias del capital y pueden exceder o no llegar al tipo legal. Son el producto de la inversión, usándose el capital no para derivar inte-reses sino beneficios. Los casos entre socios, a que se nos refiere, no son aplicables. Cuando todos los socios aportan igual cantidad de capital, no surge controversia sobre intereses. Sólo surge para remediar • una desigualdad, abonándose intereses a lo que es prác-ticamente un préstamo. Pero aquí el demandante no era un socio. Se convino expresamente que no lo sería, conviniéndose en que reci-biría como compensación a sus servicios, una parte del beneficio neto, asumiendo que el capital de la oficina estaba en el negocio y que se usaría para impulsarlo y para que rindiera beneficios.” (Bastardi-llas nuestras.)

En Morrow v. Murphy, 120 Mich. Rep. 204, 79 N. W. 193, demandante y demandado convinieron en que el primero reci-biría por sus servicios como superintendente de la factoría del demandado, una compensación de $1,200 anuales más el 8 por ciento de los beneficios brutos. Nada proveía el contrato so-bre intereses del capital, a deducir de los beneficios. La corte refirió el caso a un referee, quien al computar el 8 por ciento del demandante, no dedujo antes los intereses del capital invertido por el demandado. Sostuvo el demandado que aquél erró al rehusar acreditarle intereses sobre el capital invertido por él. Y la corte resolvió que al computar los beneficios en que el empleado tiene derecho a participar, no deben concederse al principal intereses sobre el capital inver-tido por él, cuando éstos no han sido convenidos en el contrato.

En Selz et al. v. Buel, 105 Ill. 122, Morris Selz & Co. contrató los servicios como vendedor de Henry K. Buel durante un período de cuatro años, durante los cuales reci-biría anualmente la quinta parte de los beneficios netos que produjera la sucursal de los demandados en Chicago, a la que fue asignado el demandante. Por el mismo contrato se le garantizó un mínimum de $7,500 como beneficios netos. Una de las cláusulas del contrato disponía que “al finalizar cada uno de los años de dicho período, se determinará el beneficio bruto producido por la sucursal de Chicago, y de ese beneficio bruto se deducirá el total de gastos y- pérdidas habidos ese año en el negocio, y nna cantidad que será igual a nna quinta parte del residno será la compensación” del demandante ' (bastardillas nnestras). El caso fue referido por la corte a nn master y éste se negó a cargar en la cnenta .de gastos los intereses pagados por la sucursal de Chicago, sobre préstamos incidentales (temporary loans). Se señaló esto como error. Dijo la corte:

“. . . . no encontramos (en el contrato) pacto alguno que auto-rice tal cargo, de modo que sólo estaríamos justificados al ordenarlo, si tal fuera la costumbre general del negocio, o el uso así lo estable-ciera, siempre que ambas partes contratantes estuvieren informadas de ello, y hayan contratado teniéndolo así en cuenta . . . Tampoco estamos enterados de que exista el uso o la costumbre de cargar en la cuenta de gastos, los intereses pagados sobre préstamos inciden-tales (temporary loans) . . . Los apelantes estaban obligados por el contrato a suplir el capital necesario para desarrollar el negocio, y nada interesaba o concernía al apelado el si los apelantes dispo-nían del capital necesario, o tenían que tomarlo a préstamo en todo o en parte, por plazos largos o cortos y a un tipo de interés bajo o alto.1 ’

A la luz de la jurisprudencia citada, que debe aceptarse como guía para interpretar el contrato ahora en discusión, debe resolverse que, contrario a lo que sostiene la apelada, los intereses sobre el capital necesario para conducir el negocio de la oficina de San Juan, no pueden considerarse como gastos, y que por lo tanto su deducción, de los bene-ficios brutos, no fue convenida ni expresa ni implícitamente. Erró la corte inferior al sostener la validez de tales deduc-ciones.

Alega la apelada, sin embargo, que satisfecha al apelante la suma de $1,180.54, nada le adeuda porque éste dió su conformidad a que se le descontara del beneficio bruto, la partida de “intereses al 9 por ciento anual sobre $13,481.45, capital necesario para conducir el negocio de la oficina de San Juan.” Se basa la apelada en una carta que le dirigiera Eossi el día 21 de enero de 1928, y que en lo pertinente lee así:

“En lo que respecta a los intereses, sigo creyendo que no habiendo sido éstos cargados en la liquidación del año anterior al pasado y no habiéndose convenido que se hiciera tal cargo en el 1927, el mismo debería ser cancelado por Uds. por completo, pero lo que £ué con-venido con su Sr. Luis Ferré, ya que en vista de lo que hablamos el que suscribe está de acuerdo con Uds. en que los intereses formen parte del costo del material, es que revisarían Uds. el cargo de $1,213.05 que hacen Uds. a la oficina de San Juan por concepto de intereses y cuyo cargo considero excesivo en extremo. Si el volumen total de negocios de Uds., incluyendo préstamos al Banco, pasa de medio millón de dollars, y el cargo total de intereses hecho por el Banco monta a unos $5,000, según mostraron al que suscribe, lo justo es que a la oficina de San Juan venga a tocar, en relación con su volumen de negocio, % parte de ese total, a lo sumo, o sea unos $600; ya que no se ha llevado una contabilidad de cada cuenta para el cargo de intereses, me parece que es ésta la solución más justa, más aún cuando no se había convenido en hacer tal cargo con anterio-ridad. ’ ’

Esta carta no tiene el alcance que la apelada le da. Insiste en ella el apelante en que los intereses debían eli-minarse totalmente, porque no fueron cargados en la liquida-ción del año 1926, y porque no fueron nunca convenidos. Y si bien acepta que se le haga un descuento por concepto de intereses, rechaza por excesivo el que se le hizo en la liquida-ción. (Jomo en el contrato nada se convino ni expresa ni implícitamente en cuanto a descuentos por intereses, esta carta tendría el efecto de una novación, pero como las partes no llegaron a un entendido definitivo sobre ese extremo, no puede imputarse a Eossi que diera su conformidad a que se le descontaran los intereses. Consúltese en lo que sea de aplicación a éste, el caso de Central Pasto Viejo v. Aponte, 34 D.P.R. 890.

El segundo señalamiento dice así:

“Segundo. — La corte inferior erró al fundar su sentencia en cuanto a la segunda causa de acción de la demanda, en que la demandada no obtuvo beneficios en las operaciones de su oficina de San Juan realizadas durante el primer trimestre del año 1928, cuando según el contrato entre las partes lo que se ba de tener en cuenta a los fines de determinar el montante de compensación extraor-dinaria que por sus servicios debía percibir el demandante es el bene-ficio nominal calculable en relación con las órdenes de venta por él agenciadas; incurriendo asimismo en error al declarar sin lugar la demanda en su dicha segunda causa de acción fundándose en que no mediaron beneficios, si a tal apreciación llegó teniendo en cuenta Ja prueba ofrecida por la demandada con respecto a gastos habidos en fecha posterior a marzo 31, 1928, que fué admitida con la obje-ción del demandante.”

Alegó el demandante en su segunda causa de acción que la demandada le envió el 31 de mamo de 1928 una liquida-ción de beneficios obtenidos por la oficina de San Juan, durante los meses de enero, febrero y marzo de 1928 ascen-dente a $2,880.41 y una liquidación de gastos durante dichos meses, ascendente a $1,574.44, resultando un beneficio neto de $1,305.97, de cuyo beneficio reclama el ?5 por ciento, o sea $326.49.

Hemos visto .que las alegaciones de la demandada contra esta segunda causa de acción fueron, primero, que dicha liquidación no era final, y segundo, que en los meses de enero, febrero y marzo, 1928, hubo una pérdida de $694.76 en el negocio de San Juan.

Manuel A. Mayoral, secretario y jefe de la oficina de la. demandada, declaró, que en la liquidación enviada a Eossi no se incluyeron ciertos gastos de teléfono, local, sueldos y otros en que incurriera la oficina de San Juan durante los meses de marzo y abril, que subían a $380. Como la reclama-ción de Eossi en esta segunda causa de acción está limitada a los meses de enero, febrero y marzo, 1928, creemos que la demandada no tiene derecho a deducir de los beneficios habidos en esos meses, gastos correspondientes al de abril. De modo que, de los $380 a que ascienden esos gastos, sólo $195.40 que corresponden al mes de marzo por arrenda-miento del local que ocupaba la oficina de San Juan son deducibles de los beneficios brutos. Así que la partida de gas-tos que aparece en la liquidación enviada' por la demandada a Eossi en 31 de marzo de 1928 debe aumentarse en $195.40 para que, en vez de $1,574.44 sea de $1,769.84.

También declaró el señor Mayoral que a los efectos de ñacer la liquidación final, le cargó a la oficina de San Juan :$275.23 por intereses sobre el capital necesario para la opera-ción de la oficina de San Juan durante el período de enero 1 a abril 11, 1928; que dedujo de los beneficios una boni-ficación de $158.51 que hizo a Enrique Báez, y $1,185.40 que Xierdió el negocio en una cuenta de Fortuno Selles. Es claro que, sumando estas tres partidas a la de $1,574.44- y a la de $380, el negocio hubiera arrojado durante los meses de enero, febrero y marzo de 1928, una pérdida de $693.17 (y no de $694.76, como sostiene la demandada), pues los bene-ficios brutos sólo ascendieron a $2,880.41. Pero como la partida de intereses no es deducible por los fundamentos aducidos al estudiar el primer error y la bonificación a Báez y pérdida en la cuenta de Sellés tampoco lo son, por las razones que se dirán, resulta que el demandante tiene derecho a percibir, por esta segunda causa de acción, la suma de $277.64, que es el 25 por ciento de $1,110.57, diferencia entre $2,880.41 (beneficio bruto) y $1,769.84 (gastos).

Ni la partida de $158.51 ni la de $1,185.40 son deducibles de los beneficios, porque en el contrato Eossi no convino en compartir con la demandada las pérdidas que hubiera en el negocio de San Juan. El contrato entre las partes no era un contrato de sociedad por el cual el Manager señor Eossi estuviese obligado a participar en las pérdidas que pudiera haber en el negocio de su principal. Si la intención de las partes hubiera sido otra, en la misma forma que acordaron la distribución de los beneficios, hubieran pactado la de las pérdidas. La cláusula primera del contrato entre ellos, dice que “Los Principales abrirán y sostendrán abierta una ofi-cina sucursal en la ciudad de San Juan que se dedicará” etc. Fue la demandada la que se comprometió a abrir dicha oficina y no ella y Eossi. Tanto los beneficios como las pérdidas que hubiera, los recibiría y sufriría, en su caso, la demandada. De los beneficios,' tenía que conceder algunos a quien la tuviera a su cargo, y al efecto, concedió un 25 por ciento y un 10 por ciento bajo ciertas circunstancias, mas no se dijo -nada de las pérdidas, que las arrostra siempre el dueño del negocio, salvo pacto en contrario.

En Mouland v. Harty, 120 Misc. (N. Y.), 47, se expresó así la corte:

“Hubo ventas en las que sufrió pérdidas el patrono, quien sos-tiene que esas pérdidas deben deducirse de los beneficios derivados de otras ventas. La corte inferior aceptó esa interpretación del con-trato, y como las pérdidas excedieron a los beneficios, dictó senten-cia a favor del demandado. No estamos de acuerdo con esa inter-pretación del contrato. El contrato no bace referencia a pérdidas; y decididamente no es uno de sociedad o empresa común (joint adventure). Una participación de beneficios como sueldo (que es el .caso aquí) no acarrea, a menos que así se estipule expresamente, responsabilidad por pérdidas. Nuestro punto de vista es que cuales-quiera beneficios que produjeran las ventas realizadas por los deman-dantes, constituían sueldo adicional; no estaban obligados ni implí-cita ni expresamente a participar en las pérdidas.”

Véase también McFarland v. Gillioz, 37 S. W. (2d) 911.

La demandada cita en apoyo de su contención el siguiente párrafo de 2 Corpus Juris, pág. 783, párrafo 448:

“448 (3). — Por los términos del contrato de agencia o de otro modo, la cantidad adeudada a un agente puede ser objeto de confis-cación o deducciones por razones varias ajenas al fraude o mala con-ducta, como por ejemplo, cuando el principal incurre en pérdidas debidas al incumplimiento de un cliente buscado por el agente.”

A renglón seguido cita y transcribe como “un caso idén-tico al presente,” el de A. B. Frank Co. v. Waldrop (Tex. Civ. A.) 71 S. W. 298, reportado en parte también, al calce de la nota de Corpus Juris, supra, como sigue:

“Cuando el contrato bajo el cual un agente asumió en determi-nada ciudad la administración de los negocios de su principal por cierto salario fijo y un por ciento ¿Le los beneficios netos, no garan-tizaba que el agente indemnizaría cualquier pérdida debida al incum-plimiento de los clientes en el pago de sus cuentas, dichas pérdidas no pueden deducirse del salario del agente, si bien pueden tomarse en consideración al computarse los beneficios netos.’'

Si la demandada, en vez de limitarse a leer lo que reporta Corpus Juris de dicho caso, lo hubiera leído en su totalidad, se hubiera encontrado con que el contrato entre Waldrop y A. B. Frank Co. disponía que:

“. . . todas las pérdidas causadas por cuentas incobrables y pér-didas en mercancías facturadas desde la sucursal en el condado de González, deberán deducirse del beneficio bruto, al calcularse el 5% adicional.” (Bastardillas nuestras.)

Es obvio que el caso resulta completamente distinto al de autos.

La corte sentenciadora incurrió, a nuestro juicio, en el segundo error que se le imputa.

Creemos innecesaria una discusión del tercero y cuarto señalamientos.

La corte inferior declaró sin lugar las dos causas de reconvención alegadas por la demandada en su contestación, y ésta no apeló de ese pronunciamiento, por lo que quedó consentido.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser revocada y en su hogar dictarse otra condenando a la deman-dada a pagar al demmdcmte-apelcmte la stoma de $580.90, o sea $303.26 por la primera causa de acción y $277.64 por la segunda, con intereses legales sobre dicha stoma desde sep-tiembre 29 de 1930 hasta su completo pago, más las costas, gastos y desembolsos originados por esta acción tanto en la corte inferior como en esta apelación.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Cruz Balzac de Rivera, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 997.

    Sometido: Junio 4, 1937.

      Resuelto: Junio 17, 1937.

      JE. López Acosta, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Cruz Balzac de Rivera adquirió del Municipio de San Ger-mán un solar por la suma de $1,188. Los pagos se efectua-ron aparentemente durante un período de años que comenzó a principios del 1934 y terminó en diciembre de 1936. En 30 de abril de 1937 el Alcalde de San Germán otorgó escritura de conformidad con una autorización especial conferid ale por una ordenanza, traspasando el título de la finca en cues-tión a Cruz Balzac de Rivera. La propiedad se describía así:

“Rústica: Solar sito en el barrio Maresúa, término municipal de San Germán, Puerto Rico, sitio ocupado por el cementerio de esta ciudad; de una cabida de dos áreas, noventa y siete centiáreas; colin-dante por el norte y oeste, con terrenos de la Sucesión de Amparo Garcés; y por el este y sud, con solares del Municipio de San Ger-mán. ’ ’

Ese solar fué evidentemente segregado de un parcela mayor de terreno que había sido originalmente adquirida por el Municipio de San Germán y dedicada en sn totalidad a nn cementerio municipal. En la escritura también se bace cons-tar que existen noventa y nueve fosas en la propidad que se trataba de enajenar, que la adquirente alega le pertene-cen por haberlas construido.

El registrador se negó a inscribir la escritura por varios fundamentos, algunos de los cuales consideramos no necesi-tan ser discutidos porque tenemos dudas sobre su aplicación y otros porque no creemos puedan ser debidamente plantea-dos por un registrador de la propiedad. Sin embargo existe una razón fundamental que creemos es suficiente para que confirmemos la nota recurrida. Ella se refiere a la natu-raleza pública de un cementerio municipal y a que éste como tal no está sujeto a una enajenación absoluta a un individuo particular. Los artículos 273 y 274 del Código Civil (edi-ción de 1930) leen:

“Artículo 273. — Las cosas en relación a las personas que las po-sean o de ellas disfruten, se dividen en dos clases: cosas susceptibles de apropiación y cosas no susceptibles de apropiación.
“Artículo 274.' — Entre las cosas que no son susceptibles de apro-piación están comprendidas aquéllas que no pueden ser propiedad particular por razón de su objeto, tales como las cosas en común o sean aquéllas cuyo uso y disfrute pertenece a todos los hombres.
“Hay otras cosas, por el contrario, que aunque por su naturaleza son susceptibles de propiedad particular, pierden esta cualidad como consecuencia de la aplicación que de ellas se hace para fines públicos incompatibles con la propiedad privada, si bien pueden adquirir su primitiva condición tan pronto cese el fin público 'que se las hubiera dado; tales son los terrenos de las carreteras, calles y plazas pú-blicas. ’ ’

En el recurso que está ante nos se admite que el terreno que se trata de vender se había dedicado a un cementerio municipal. Tanto de la escritura como de las ordenanzas que tenía ante sí, el registrador podía llegar razonable-mente a la conclusión de que el Municipio de San Germán había dedicado la propiedad a un uso público. El segundo párrafo del artículo 274 supra es por tanto aplicable. No existe prueba de que baya habido un abandono de ese uso público por parte del municipio.

Bajo el epígrafe “cementerio” en el tomo 5, pág. 467 de la Enciclopedia Jurídica Española (edición de 1910) baila-mos lo siguiente:

“Privilegios jimcUcos de los Cementerios.—
“ Abora, en cuanto a los públicos, es igual que sean católicos, ci-viles o neutros, pues ante el Derecho Civil o el administrativo no cabe distinción.
“Propiedad especial la de los cementerios, casi viene a estar re-gulada por disposiciones administrativas que varían en cada país, y hasta en cada localidad, siendo punto menos que imposible exponer una norma general de lo que es todo accidente y circunstancial.
“Sin embargo, hay perfecto acuerdo en considerar a los cemen-terios como dependencias del dominio público, cosas por tanto fuera del comercio, y, en su virtud, inalienables e imprescriptibles: así se comprende. ...”

La proposición de que una vez que un municipio dedica y usa legalmente terrenos para inhumaciones éstos son apro-piados para un fin público en forma tal que la libertad de enajenación queda restringida, no sólo está sostenida por nuestro Código Civil, sino que existe jurisprudencia en los Estados Unidos en sentido similar. Véase La Societa Italiana di Mutua Beneficenza v. San Francisco, 131 Cal. 169, 63 P. 174, 53 L.R.A. 382. No estamos considerando la po-sibilidad de que el municipio, dando los correspondientes pa-sos, se deshaga de un cementerio público o abandonado para fines privados. A veces se hace esto mediante la exhuma-ción y traspaso de los cadáveres enterrados.

Por las razones arriba, expuestas somos del criterio de que la nota del registrador debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    José Quiñones Medina, demandante y apelante, v. Josefina B. Viuda de Riera, como representante de la Sucesión de José D. Riera, demandada y apelada.
    Núm. 7258.

    Sometido: Mayo 7, 1937.

      Resuelto: Junio 18, 1937.

      C. H. Julia, abogado del apelante; Bubón & Ochoteco, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

José Quiñones Medina demandó a Josefina B. viuda de Riera como representante de la sucesión de José D. Riera. Se presentó una moción para eliminar ciertos particulares de la demanda y la corte consideró que con excepción de una frase, toda la materia debía ser eliminada, tal como se pe-día. El demandante entonces radicó una demanda enmen-dada. En apelación el demandante, entre otras cosas, señala como error el haber declarado con lugar la moción elimina-toria.

Una demanda enmendada, excepto para ciertos fines que no están envueltos en este recurso, sustituye por completo la demanda original. Esta última desaparece de las alegaciones para todos los demás efectos. La siguiente exposición, de la obra de Bancroft sobre “Code Pleading” ex-presa suficientemente bien nuestra idea de la ley:

“Efecto en cnanto a sustituir la alegación original. — Es regla general que cuando una demanda enmendada se radica y notifica de-bidamente, la original deja de tener función alguna como una ale-gación. Una demanda enmendada sustituye la original y determina las controversias en ausencia de alegaciones adicionales. La original no queda, sin embargo, reemplazada para todos los fines; puede con-siderarse como parte de los autos del caso con el fin de demostrar cuándo comenzó la acción, o si una causa de acción nueva o dife-rente fué introducida por virtud de la enmienda.” Yol. 1, pág. 810, see. 561.
“Do la regla de que una alegación enmendada reemplaza la original resulta que una excepción previa interpuesta contra una alega-ción enmendada debe ser resuelta tomando en consideración la alega-ción enmendada solamente; al no referirse a las cuestiones levantadas en la original, las alegaciones en ella contenidas serán consideradas como abandonadas y como que no ayudan a la petición subsiguiente al ser ésta excepeionada. Asimismo, en apelación, la alegación original no puede ser considerada para ningún propósito, si una excep-ción previa a la misma fia sido sostenida y la acción ba sido juzgada sobre la demanda enmendada. Igualmente, cuando una demanda enmendada no susceptible de objeción lia sido radicada, la objeción, al apelarse de la sentencia, de que la demanda original dejaba de aducir una causa de acción, es insostenible.’ ’ Id., pág. 812, see. 562.

A la demanda enmendada se presentó otra moción eli-minatoria que fué concedida en todas sus partes. El deman-dante insistió en su 'demanda enmendada y solicitó de la corte que dictara sentencia. La corte, de conformidad, dictó sen-tencia declarando sin lugar la demanda. Se señalan errores.

Este fué un caso en que, según la demanda enmendada, el demandante, en el mes de abril de 1922, arrendó de Riera, el antecesor en título de la demandada, una parcela de terreno radicada en La Perla, que se describe debidamente. So alega que el representante de Riera solamente le permitió al demandante construir una casa en dicho terreno si él pagaba $3 mensuales de canon. En fecha posterior el canon fué aumentado a $3.50 mensuales y más tarde a $6.

El resto de dicha demanda lee como sigue:

“Séptimo: Que en 23 de septiembre de 1933, recibió el deman-dante una carta del Departamento del Interior de Puerto Rico, íii’-mada por el entonces Comisionado del Interior, señor Francisco Pons, indicándole que la casa estaba enclavada en terrenos de El Pueblo de Puerto Rico.
“Octavo: Que la demandada en esta acción cobró todos los cánones de arrendamiento, que fueron pagados por el ahora deman-dante en las fechas a que más arriba nos referimos, a sabiendas la demandada de que no 'tenía derecho a cobrar dichas cantidades.
“Noveno: Que la cantidad de dinero satisfecha por el ahora de-mandante, como cánones de arrendamiento y cobrada indebidamente por la demandada, asciende a la suma de $735.50.
“Décimo: Que habiendo cobrado la demandada dichas cantida-des, el demandante tiene derecho a que se le abonen los intereses legales correspondientes al capital así pagado.
“Undécimo: Que a pesar de los múltiples requerimientos de pago hechos por el demandante a la demandada, ésta no ha pagado, ni por sí ni por persona alguna a su nombre, ni en todo ni en parte, la can-tidad antes especificada. Que dicha cantidad es líquida, exigible y está vencida.”

Partes de los párrafos que anteceden a los que se han co-piado fueron también eliminadas por orden de la corte, pero no es importante considerarlas.

Parte o todo el párrafo séptimo fué eliminado a instan-cias de la demandada porque la mera manifestación de un funcionario del gobierno no podía obligar a la demandada. Del párrafo octavo se eliminó la siguiente frase: “A sabien-das la demandada de que no tenía derecho a cobrar dichas cantidades.” Los párrafos décimo y undécimo fueron com-pletamente eliminados y las palabras eliminadas tomadas en conjunto con el párrafo octavo constituían la médula de la acción. El demandante pretendía recobrar rentas que él ale-gaba fueron indebidamente cobradas, toda vez que la deman-dada o su predecesor sabían que ninguno de ellos tenía título alguno.

La corte decidió que el errór era uno de derecho, más no estamos del todo convencidos de que no pudo haber sido un error de hecho. Cuando una persona reclama falsamente el título a una parcela de terreno y la cede en arrendamiento, tenemos alguna dificultad en ver, en todos los casos, un error de derecho.

Asumiendo que la moción eliminatoria constituía el pro-cedimiento apropiado para disponer, de todo el pleito, y esto es algo sobre lo cual tenemos algunas dudas, entonces prác-ticamente las partes eliminadas no podían ayudar al deman-dante a aducir una causa de acción. Si una persona que está en posesión entrega esa posesión a otra, y recibe rentas por concepto de dicha entrega, estableciendo así un arrenda-miento con esa otra persona, el arrendador le ha dado al arrendatario un quid pro quo. Sea o no bueno el título del arrendador, el arrendatario recibe aquello por lo cual él con-trató. El demandante en este caso fué mantenido en el goce pacífico de la posesión del terreno durante todo el tiempo que pagó rentas.

Aunque tenemos alguna idea de que la corte pudo haber tenido razón al eliminar varias partes de la demanda, y final-mente, cuando el demandante rehusó enmendar, al dictar sen-tencia, sin embargo, el efecto total de las actuaciones de las partes y de la corte que condujeron a la sentencia equivalió a decir que el demandante no tenía una causa de acción. Una excepción previa hubiese sido el mejor procedimiento. Em-pero, la falta de causa de acción puede ser levantada prácti-camente en cualquier etapa del procedimiento y puede serlo ahora.

Este no es el caso en que un hombre ha sido falsamente inducido por los representantes de la demandada a construir una casa en el terreno. El pleito se fuñida claramente en el cobro indebido de rentas. Aún si la demandada fuese la dueña absoluta, pudo haber terminado el arrendamiento y dejado al demandante los derechos que tuviera sobre la casa. No tenemos necesidad de determinar en este caso cuáles se-rían estos derechos.

La sentencia debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.