author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    In re Juan Fonseca, querellante y apelado, v. Lope E. Gely, Alcalde de Patillas, querellado y apelante.
    No. 5627.

    Sometido: Mayo 1, 1931.

      Resuelto: Mayo 6, 1931.

      Vicente Pules Matos y T. Bernardim de la Huerta, abogados del ape-lante; Leopoldo Tornes, abogado del apelado; Cristino B. Colón, abogado de la asamblea municipal.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El alcalde de Patillas fué residenciado y depuesto por la asamblea municipal a virtud de varios cargos específicos, el primero y el segundo de los cuales eran, en síntesis, que el alcalde había arrendado parte de la plaza del mercado del municipio en contravención a una ordenanza municipal dis-poniendo el alquiler de esa propiedad sólo mediante actua-ción de la asamblea a tenor de los términos de la sección 79 de la Ley Municipal, y que había dispuesto de sesenta dólares re-cibidos por él en concepto de arrendamiento, en perjuicio del municipio, en lugar de ingresarlos en el tesoro municipal.

No se introdujo en evidencia la aludida ordenanza, pero la sección 79 de la Ley Municipal provee que cualquier orde-nanza autorizando el arrendamiento de bienes raíces perte-necientes al municipio o bajo su dirección, debe adoptarse por no menos de las dos terceras partes del número total de miembros de que se compone la asamblea. El que el dinero recibido como arrendamiento fuera entregado al director de una orquesta local y el alcalde no se lo apropiara para sí,- no puede excusar el mal uso de dineros pertenecientes al municipio.

No es necesario discutir las cuestiones encaminadas a impugnar la suficiencia de la prueba aducida en apoyo de otros cargos.

Debe confirmarse la decisión de la asamblea municipal.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Asociación de Padres Capuchinos de Pennsylvania en Puerto Rico, Inc., peticionaria, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Ángel R. de Jesús, Juez, demandada.
    No. 762.

      Sometido: Abril 20, 1931.

    Resuelto: Mayo 7, 1931.

      J. J. Ortiz AUbrán, abogado de la peticionaria; R. Rivera Zanjas, abogado del interventor.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

• La Asociación de Padres Capuchinos de Pennsylvania en Puerto Rico, Inc., pidió a esta Corte Suprema que ordenara la expedición de un auto de certiorari reclamando los proce-dimientos en el pleito número 13505 seguido en la Corte de Distrito de San Juan por Manuel Tous Soto contra la Franciscan Educational Conference en cobro de $7,125 con inte-reses legales desde la fecha de la notificación de la demanda y costas en caso de oposición, y con vista de ellos anulara la resolución de la dicha corte de febrero 28 último, por virtud de la cual dejó sin efecto una orden previa que había dic-tado concediéndole permiso para intervenir en el pleito.

El auto fue expedido y los procedimientos se encuentran ante nosotros. Las partes han presentado amplios alegatos en apoyo de sus respectivas posiciones.

A nuestro juicio debe permitirse la intervención solici-tada. Aparece claramente que por escritura pública la Franciscan Educational Conference, demandada en el pleito nú-mero 13505, traspasó todos sus bienes a la peticionaria Aso-ciación de Padres Capuchinos de Pennsylvania en Puerto Rico, comprometiéndose ésta a pagar las deudas de aquélla'. Entre esas deudas figura una a favor de la Pía Unión de San Antonio por la cantidad de $7,125, que la peticionaria se comprometió a devolver sin intereses y sin término prefijado para la devolución. El traspaso se hizo con anterioridad a h¡ interposición de la demanda en el pleito número 13505. Así las cosas, Manuel Tons Soto, alegando qne la Unión Pía de San Antonio de Padna le Rabia cedido el crédito qne tenía contra la Franciscan Edncational Conference, inició el repetido pleito contra ella.

No sólo alegó la peticionaria en sn moción de interven-ción y en la demanda acompañada a la misma, presentadas rápidamente al enterarse de la existencia del pleito, qne ella era la persona responsable del pago, sino qne tenía informa-ción qne creía cierta de qne la demandada estaba en inteli-gencia con el demandante para dejar qne se dictara sentencia en rebeldía y qne la Pía U-nión no pudo ceder válidamente sn crédito a Manuel Tons Soto por estar formado por donati-vos recibidos de personas piadosas para fines de caridad pú-blica y no para nso de particulares. Se lian suscitado y dis-entido cuestiones de derecho canónico qne no expondremos siquiera. Serán propias para resolverlas en el litigio y nada debe adelantarse qne pueda tender a prejuzgarlas. Bastará decir, a los fines de la intervención, qne el interés de la peticionaria en el litigio es .evidente. En verdad es de hecho la parte demandada, ya qne asumió y no rehúsa la responsabilidad de la Franciscan Edncational Conference. A primera vista parece desprenderse que los fines de la jus-ticia se beneficiarán con la intervención de la peticionaria en el litigio.

Creemos conveniente citar lo qne sigue del caso de Orcasitas v. Somoza, 27 D.P.R. 501:

"El interés ‘directo’ e ‘inmediato’, que según la jurisprudencia, deberá tener un interventor en el asunto principal, como regla general, ‘debe ser de tal naturaleza, que de no haberse incoado la acción original, y de haberla incoado el interventor desde el principio como único demandante hubiera éste podido obtener sentencia en su favor cuando menos en parte del remedio perseguido; o de haberse enta-blado el pleito desde el principio en su contra como demandada, hu-biera podido derrotar, cuando menos en parte, las pretensiones del demandante. ’
“Cuando como en el presente caso los hechos alegados, y que de-berán tenerse como ciertos para los fines de determinar el interés de un interventor en un pleito, no sólo hubieran constituido una buena defensa de haberse incoado el pleito desde el principio en contra de la interventora solamente, sino que concluyentemente demuestran que dadas las circunstancias alegadas, la interventora es en reali-dad de verdad la única y verdadera demandada, es de estimarse que quien solicita permiso para presentar y radica su demanda de in-tervención, tiene el interés ‘directo’ e ‘inmediato’ a que se refiere la jurisprudencia.”

Debe arralarse la resolución de que se queja la peticiona-ria y ordenarse a la corte que permita la intervención de dicha peticionaria en el litigio de que se trata, concedién-dole un término de cinco días para archivar una demanda enmendada, dada la premura con que se vió obligada a pre-sentar la primera y el mayor estudio que el tiempo trans-currido y las cuestiones que se han suscitado le ha permitido hacer del asunto.


text:
    Luis F. González, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Ángel R. de Jesús, Juez, demandada.
    No. 757.

    Sometido: Abril 20, 1931.

      Resuelto: Mayo 7, 1931.

      Luis Muñoz Morales y Enrique Rincón, abogados del peticionario; Angel A. Vázquez, abogado del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn caso de certiorari. Luis F. González archivó en esta Corte Suprema nna petición alegando qne la Corte de Distrito de San Juan le había negado el derecho a intervenir en cierto pleito qne ante ella se tramitaba y qne carecía de todo otro recurso rápido, adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley para hacer valer su derecho, a no ser que esta Corte Suprema reclamara el pleito mediante la expedición de un auto de certiorari. El auto fue expedido y el pleito se encuentra ante nosotros. Las partes fueron oídas por medio de sus abogados el 20 de abril último.

El pleito de que se trata es el No. 13450 seguido en la Corte de Distrito de San Juan por Francisco López Quiño-nes contra Candelario Quiñones en reclamación de $1,027.51 procedentes de una deuda de $383.40, y sus intereses, con-traída por el demandado para con el demandante y su her-mano Remedios desde 1894, por haber dispuesto de bienes del demandante y su hermano, deuda que fue reconocida por escritura pública otorgada el 4 de mayo de 1929. El principal y los intereses ascendían, según la demanda, el 6 de noviembre de 1930 en que la demanda fue presentada, a $2,055.03. El demandante reclama su mitad.

Junto con la demanda se presentó una solicitud de ase-guramiento de sentencia. Decretó la corte el aseguramiento y el marshal trabó embargo en el propio mes de noviembre, 1930, sobre una finca del demandado de cuarenta y tres cuerdas, situada en Río Grande.

El demandado se defendió en el pleito presentando va-rias mociones preliminares y archivando al fin su contesta-ción el 13 de enero, 1931. El pleito fué incluido en el ca-lendario, señalándose la vista en febrero 25, para marzo 10.

Así las cosas, Luis F. González, el 4 de marzo de 1931, pidió intervención en el pleito, acompañando su demanda de la cual aparece que González es acreedor del demandado por $2;987.78, suma que le Rabia sido reconocida por senten-cia firme, y qne tiene interés en la “única propiedad co-nocida qne posee el deudor por sentencia Candelario Quiño-nes” que'lo es la finca de 43 cuerdas embargada en el pleito para satisfacer la sentencia que en él pueda dictarse.

También se encuentran ante nosotros los autos del pleito No. 14021 en el cual se dictó sentencia a favor de González. De ellos resulta que González, que ejerce la profesión de medicina y cirugía, demandó a Quiñones el 13 de febrero de 1931 reclamándole $2,987.78 procedentes |2,485 de servicios profesionales y $502.78 de cantidades en efectivo que pres-tara a Quiñones. Éste fué emplazado el mismo día. Pidió prórroga para contestar el 24 de febrero y dos días después presentó una moción reconociendo la certeza y legitimidad de las cantidades reclamadas y allanándose a que se dictara sentencia contra él. Y a fin de que la referida sentencia fuera firme y ejecutable en seguida, el demandado renunció en su moción su derecho a apelar de la misma. El 28 de febrero de 1931, la corte dictó sentencia en la forma solici-tada. Y con ella como base fué que González solicitó inter-venir en el pleito No. 13450.

El demandante López Quiñones se opuso a la interven-ción, y la corte, el 10 de marzo de 1931, denegó el permiso solicitado. Fué entonces que González acudió a esta Corte Suprema en solicitud del certiorari. Radicó su petición el 13 de febrero. Le fué denegada el 16. Insistió en una pe-tición adicional que archivó el 18, ordenando la corte la ex-pedición del auto el 24 y librándose el mandamiento el 25.

Mientras esto ocurría en esta Corte Suprema, en la de distrito se celebró el juicio el 10 de marzo, 1931, día para el cual, como ya dijimos, había sido señalado, y se dictó sen-tencia el 25 de marzo, 1931.

Los hechos expuestos hablan por sí mismos. A nuestro juicio la intervención fué debidamente denegada. No nos detendremos en el análisis de la jurisprudencia interpreta-tiva del artículo 72 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, que ya es copiosa en este mismo tribunal y que justi-fica, en general,- a nuestro juicio, la negativa. Bastará que citemos, con aprobación, lo qué dice el Juez del Distrito al retornar el auto. Es así:

“Respetuosamente se llama la atención de ese Hon. Tribunal al hecho de que a pesar de que el peticionario manifiesta de buena fe a ese Tribunal que el art. 1838 del Código Civil que se alega infrin-gido, no ha sido interpretado por ese Tribunal Supremo ni por el Tribunal Supremo de España, sin embargo es lo cierto que dicho art. 1838 idéntico al 1937 del Código Civil Español fué interpretado por el Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Berrios v. R.R. M. M. Carmelitas, 3 D.P.R. 306, 310 donde ese Hon. Tribunal por voz de su juez asociado Sr. Figueras, se expresó en los si-guientes términos:
'Considerando: que si bien el artículo 1937 del Código Civil establece que los acreedores, y cualquiera otra persona interesada en hacer valer la prescripción, podrán utilizarla a pesar de la renuncia expresa o tácita del deudor o propietario, esta potestad está subor-dinada a lo dispuesto en el artículo lili del citado texto, y no consta probado que el acreedor Berrios haya perseguido los bienes de que esté en posesión, el deudor para realizar la deuda. ’
“Y se llama además la atención de ese Hon. Tribunal al hecho de que de la demanda de intervención no aparece que el peticionario haya perseguido en manera alguna los bienes de que está en pose-sión el deudor para realizar la deuda.”

Parece conveniente aclarar qne el artículo lili que se cita en el caso de Berrios, supra, corresponde al texto del antiguo Código Civil, habiendo subsistido en el Revisado con el No. 1078.

El hecho de que en la demanda de intervención se dijera que la finca de 43 cuerdas embargada era la única propie-dad conocida del. demandado, no es bastante. Para que se reconozca al acreedor el derecho a alegar la prescripción que dejara de alegar su deudor, sería necesario que hubiera ale-gado que había perseguido sin éxito, los bienes de que es-taba en posesión el deudor para realizar la deuda.

Bebe amdarse el auto de certiorari expedido y dievol- verse el pleito número 13450 y también el 14021 a la Corte de Distrito de San Juan para que continúe actuando en ellos de acuerdo con la ley.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Modesto Aponte Hernández, demandante y apelado, v. Jerome Waller & Co., Inc., demandada y apelante.
    No. 4963.

    Sometido: Marzo 14, 1930.

      Resuelto: Mayo 7, 1931.

      Frazer <& Castro Fernández, abogados de la apelante; Luis Mendín Sabat, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinion del tribunal.

Modesto Aponte Hernández demandó a Jerome Waller & Co., Inc., sobre pago de $739.37, co.stas, gastos, y honora-rios de abogado. La demandada, negando alegaciones esen-ciales de la demanda, contestó, y contrademandó por $47.49. El demandante contestó la contrademanda.

Se ojó el caso en juicio ante la Corte de Distrito de Humacao, y ésta dictó sentencia a favor de la parte deman-dante por $739.37, desestimando la contrademanda.

De la opinión de la corte de distrito tomamos los párra-fos siguientes:

“La primera cuestión que surge en este caso es la interpretación y extensión que ba de darse al referido contrato de comisión.
“No hay duda alguna, y está aceptado por ambas partes, que la demandada por medio de su representante Sr. Alvarez, comisionó al demandante para la compra de tabaco mediante una comisión de $2.00 por quintal.
“De la prueba y de las alegaciones que se ban presentado en el presente pleito aparece que bubo cierta compra de tabaco ascendente a 393 quintales y 43 libras, adquiridos de Julio Muñoz Dieppa, y sobre cuya compra alega la demandada que el demandante no te-nía derecho a comisión alguna por baber llevado a cabo esta tran-sacción directamente y sin intervención del demandante Aponte.
“Éste es el punto sobre el cual gira toda la controversia habida en este caso: La prueba demuestra que para llevar a cabo dicha transacción, Aponte llamó a Alvarez a San Juan,- que estuvo va-rias veces en unión de éste a ver el tabaco; que existieron ciertas dificultades para llevar a cabo la transacción en atención a que Alvarez no quería parte del tabaco, y que Aponte, para facilitarla, se entrevistó con su amigo Santiago Iglesias, quien estuvo conforme en aceptar el tabaco que Alvarez rechazara para así facilitar la tran-sacción, y que Aponte se ganara algo, hechos todos que en conjunto, demuestran, a nuestro juicio, que hubo una intervención directa de Aponte en la transacción, que él gestionó la misma desde un prin-cipio, y que en puridad de verdad, él tiene derecho a obtener una remuneración por su trabajo, ya que no podemos estar conformes con las manifestaciones de la demandada en el sentido de que Aponte gestionara solamente por ayudar a Alvarez a que llevara a cabo y realizara el negocio.”

La corte de distrito, prescindiendo del nombre que las partes, o cualquiera de ellas baya querido dar al con-trato, ba ido a la esencial naturaleza del mismo, y ba en-contrado uno de comisión, que es el que en realidad existe en el caso, y el que resulta de alegaciones y prueba. En cuanto a la apreciación que de ésta bizo, para llegar a la conclusión a que llegó, no se ba atacado alegando prejuicio, pasión o parcialidad, ni manifiesto error; pero si hubiéra-mos de decidir acerca de tal apreciación de prueba, diríamos que ella fue correcta. La lectura del récord taquigráfico difícilmente podría llevar a otra conclusión que a la que llegó el juez de distrito.

La apelante intenta sostener que la demandada encargó-ai demandante que comprase tabaco, y que para ello le en-tregó $1,200, y que todo lo que él tratase o comprase fuera de esa suma era en exceso de sus atribuciones. No pode-mos convenir en esto. La prueba demuestra que las prime-ras compras para las que entregó la demandante los $1,200, excedieron de esa suma, y la demandante pagó la- diferencia.

No podemos tampoco aceptar el significado de la palabra "compra” que se sostiene por la apelante. Hay seria dife-rencia entre comprar para sí, y comprar para otro. En el primer concepto no cabe otro contrato que el de com-praventa directa; en el segundo puede existir el de mandato civil, o el de mandato mercantil, además de aquél.

La corte de distrito vió con toda claridad el problema; realmente lo que aquí bubo fué un contrato de comisión, y para nosotros no es dudoso que sea de comisión mercantil, por tratarse de una operación de comercio, y ser el comitente comerciante, por lo que de las alegaciones aparece.

En lo que bace relación con la compra de 393 quintales 43 libras de tabaco a Julio Muñoz Dieppa, bubo prueba con-tradictoria; y el juez dió crédito a la de la parte deman-dante. Ni se ba insinuado que procediera con pasión, par-cialidad o prejuicio, ni aparece error en su apreciación.

Los errores asignados por la apelante no tienen confir-mación en los autos.

Por estas razones debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Ramón Vega Soltero y Ulpiano Comas López, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 843.

    Sometido: Abril 23, 1931.

      Resuelto: Mayo 8, 1931.

      M. del Toro Colberg, abogado de los recurrentes; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Valle Bonilla y Ramón Vega Soltero compare-cieron ante notario público, exponiendo el primero que lo bacía “en sn carácter de Presidente de la Sociedad Civil ‘Cuna de Betances,’ establecida en Cabo Rojo, autorizado debidamente para este acto por la Junta General de Accio-nistas de dicba misma sociedad”, y otorgaron una escritura por virtud de la cual se bizo constar que la Sociedad “Cuna de Betances” babía tomado a préstamo al segundo compa-reciente la suma de $1,800 y para garantizar la deuda consti-tuía hipoteca sobre una finca urbana de que la sociedad era dueña y que tenía inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad de San Germán.

Presentada la escritura, acompañada de copia certificada y jurada del acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Sociedad a que la escritura se refiere, el registrador se negó a inscribirla “por observar que la deudora hipotecante es una sociedad privada, no habiéndose acreditado en forma legal que la misma baya presentado al Secretario Ejecutivo de Puerto Rico las cláusulas de incorporación para así tener capacidad jurídica para contratar, de acuerdo con lo dis-puesto en el título I, capítulo I, artículos I y VIII de la Ley aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de fecha 9 de marzo de 1911, denominada ‘ ‘ Corporaciones pri-vadas”, libro I, capítulo II, artículo 28 del vigente Código Civil; y por observarse además que no se puede aceptar que tal sociedad civil esté formada y se rija por las disposi-ciones del libro IV, título VIII, capítulo I del referido texto legal, porque no se hace constar en la escritura el origen de dicha sociedad ni la forma de su constitución y demás cir-cunstancias propias del caso requeridas por la Ley, para que pudiera considerarse también con capacidad jurídica para contratar. ’ ’

Quizá tenga razón el registrador. Tal vez la Sociedad Civil “Cuna de Betances” no se encuentra debidamente constituida; pero como la casa que grava está inscrita a su nombre en el registro, no precisa indagar más, pues dispone del inmueble quien del registro aparece con derecho para ello. En tal virtud, resolvemos que debió verificarse la ins-cripción solicitada.

Se revoca la nota recurrida.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Delfina Rivera, demandante y apelante, v. Francisco García Manzanares y Catalina Manzanares, demandados y apelados.
    No. 5415.

    Sometido: Abril 24, 1931.

      Resuelto: Mayo 18, 1931.

      González Pagundo & González Jr., abogados de la apelante; A. Aponte y P. Pérez Pimentel, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Delfina Rivera, como heredera testamentaria de su esposo Juan Méndez, demandó a Francisco García Manzanares y a Catalina Manzanares, en cobro de cuatrocientos dólares. Alegó que la deuda procedía de cierto pagaré que Méndez firmó a favor del Banco Territorial para acomodar a los de-mandados y que se vió obligado a satisfacer por no haberlo sa-tisfecho los demandados a su vencimiento. En su contesta-ción la parte demandada alegó haber pagado a Méndez la deuda resultante de la transacción a que la demanda se refiere.

Fué el pleito a juicio. Presentó la demandante el testa-mento de su esposo, el acta de defunción del mismo, el pagaré con nota de haber sido satisfecho por Méndez y declaró en persona que estaba enterada de toda la transacción y que días antes de morir Méndez trató .de cobrarle a Manzanares y no pudo conseguirlo, constándole que la deuda estaba en todo su vigor. • ■ .

La de la parte demandada, fué toda prueba testifical. De-claró el demandado García Manzanares, en parte .así:

“Explique al tribunal cómo fué la transacción ésa del pagaré.— Que yo tomé un dinero a préstamo en el Banco Territorial y Agrícola de Caguas, y dón Juan Méndez me sirvió de fiador para tomar dicho dinero al Banco, y errando se venció el documento realmente, yo no tenía el dinero para recoger la obligación del Banco. Como yo siem-pre había tenido negociaciones con él, y él me había dado la firma por varios años, porque él me protegía en mi negocio, al ver que no podía pagar la obligación al Banco, fui donde don Juan Méndez a su establecimiento y le. dije: Don Juan, yo ese documento no puedo recogerlo, porque no tengo dinero, pero yo tengo mercancías y usted puede ir a mi botica y coger el dinero' en mercancías, y así de esa manera usted no se perjudica. . Y don Juan no tuvo entonces incon-veniente y me dijo que sí. Me fui a la botica y a los pocos días me llamó p'or teléfono, como a log dos días que iría por allá a es-coger las medicinas, y al ir a la botica vió la caja registradora, y me dijo: ¿Tú no tendrías ningún inconveniente en dejarme la caja registradora por la mía, y coger el resto en medicinas í Como la mía Valía más que la de él, le dije que n'o tenía inconveniente e hicimos el negocio, y tan pronto se terminó eso fui al Banco Territorial y Agrícola y le dije lo que había hecho, por lo cual se entenderían en el Banco con don Juan Méndez y entonces el Banco quedó en que hablaría con don Juan y él entonces quedó en recogerlo.”

Sigue explicando más en detalle la transacción, y contes-tando a la pregunta: ■ “Cuando se realizó la operación, ¿por qué usted no recogió el documento?”, dijo:

“Porqué en esa'época el documento no se renovó, se dejó en el Banco, y al mucho tiempo el Banco Territorial le embarg’ó a don Juan Méndez Santiago por otras cantidades' que él debía, y al em-bargarle, el documento estaba en el Banco y yo fui donde él, y él me dijo: no te apures que yo voy a vender una finca y pagaré todos esos documentos, y entonces yo fui para allá en la creencia de que él lo pagaría, y efectivamente él vendió la finca y recogió todos los docu-mentos. ’ ’

La declaración del demandado está plenamente corrobo-rada por otros testigos, entre ellos uno que era dependiente del propio establecimiento de Méndez.

Declaró también por la parte demandada el testigo José Vercher, Director-Cajero del Banco Territorial en. Caguas, así:

“¿Usted conoce a don Juan Méndez? — Cómo no, lo conocí.
‘1 ¿ Usted puede dec'.rle a la corte si en relación con ese documento-don Juan Méndez le hizo alguna manifestación? — Sí, señor, yo puedo-declarar que don Juan Méndez Santiago me dijo en una oportunidad que había tenido que aceptar del señor Manzanares una caja regis-tradora y una mercadería por el importe de este documento.”

Con esa prueba contradictoria como base, dictó sentencia la corte declarando la demanda sin lugar, resolviendo de tal modo el conflicto en contra de la demandante. No conforme ésta, apeló. En su alegato señala la comisión de tres erro-res. Uno, por haberse infringido el artículo 102 de la Ley de Evidencia; otro, por haberse infringido el. artículo 1216' del Código Civil en relación con el 1247 del propio código, y otro, por haberse apreciado erróneamente la prueba.

Es cierto que de acuerdo con los números octavo y noveno del artículo 102 de la Ley de Evidencia, el pagaré entregado a Méndez debe presumirse que le pertenece y que dicho pagaré se presume pagado desde el momento en que el banco lo entregó a nno de los deudores, Méndez. Pero se trata de una presunción controvertible, que fué en efecto controvertida en este caso por las alegaciones y las pruebas, dando crédito la corte sentenciadora a éstas en pro de la ex-tinción de la obligación. Además, no se trataba de un do-cumento del que consta una obligación directa de pago que se entrega siempre al satisfacerse, como sucedió cuando Mén-dez, que aparecía en el pagaré como deudor solidario, pagó la deuda al banco. También García Manzanares, a quien creyó la corte, explicó satisfactoriamente lo ocurrido. No es, pues, posible concluir que se cometiera el primero de los errores señalados.

Tampoco se cometió el segundo. Se sostiene que prescribiendo como prescribe el artículo 1247 del Código, que deberán hacerse constar por escrito, aunque sea privado, los contratos en que la cuantía de las prestaciones, de uno o de los dos contratantes exceda de trescientos dólares, y atendida la prevención, contenida en el artículo 1216 del propio Código, no pudo dar la corte por probado aquí, por la simple prueba de testigos, el pago por García Manzanares a Méndez de la deuda que con él-tenía. Es verdad que es así y-es verdad también que los jueces deben ser muy cautelosos en la apreciación de la prueba testifical en estos casos, pero ello no quiere decir que el hecho en controversia no pueda acreditarse por la sola prueba de testigos cuando se trata, como aquí, de las mismas partes contratantes y especialmente cuando la prueba presentada se admitió sin objeción alguna. En el caso de Santiago v. Cuevas Padilla, 41 D.P.R. 116, dijo esta corte: “El artículo 1247 del Código Civil no excluye .prueba testifical cuando se trata como en este caso de las mismas partes que contrataron.” Y luego, en reconsideración, “Se ratifica la interpretación del artículo 1247 del Código Civil en el sentido de que dicho precepto legal no excluye la prueba de testigos cuando se trata de las mismas partes contratantes, debiendo, por supuesto, ser una prueba testifical sólida y clara, que merezca entero crédito, para que pueda ser tenida en consideración.”

El' tercero y último de los errores señalados es una con-secuencia de los dos primeros. Cae, pues, por su base.

Debe confirmarse la sentencia reciwrrida.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


text:
    José A. Campos, demandante y apelante, v. Manuel Vendrell, demandado y apelado. Salustiano Lacourt, demandante y apelante, v. Manuel Vendrell, demandado y apelado.
    No. 5430.

      Sometido: Mayo 7, 1931.

      Resuelto: Mayo 18, 1931.

      Pascasio Fajardo Martínez, abogado del apelante; Manuel A. García Méndez, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Bajo el número 5430 acumuláronse en esta Corte Su-prema los recursos de apelación interpuestos en dos pleitos seguidos en la Corte de Distrito de Mayagüez por José A. Campos y Salustiano Lacourt contra Manuel Yendrell en reclamación de daños y perjuicios sufridos a consecuencia de un mismo accidente. Ambos pleitos fueron fallados en contra de los demandantes.

En sn alegato de ochenta y tres páginas, señalan los ape-lantes la comisión de seis errores qne podrían reducirse a uno, a saber: error en la apreciación de las pruebas.

La relación del caso y opinión que sirvió de base a la sentencia dictada en el caso de Campos, dice, en lo pertinente, así:

“La Corte, conforme a la evidencia aportada por ambas partes, considera probados los siguientes hechos esenciales:
“Qne el demandante, José A. Campos, siendo mayor de edad y vecino de Mayagiiez, de ocupación chauffeur, en o allá para el día 21 de junio de 1928 y como a las diez y media de la mañana, en la carretera pública Insular No. 2 que conduce de esta ciudad de Ma-yagiiez al pueblo de Rincón y en el sitio que dicha carretera cruza el Barrio de Hatillo, del Municipio de Añasco, y al conducir como chauffeur el automóvil marca ‘Chevrolet’, tablilla P-260 y pertene-ciente dicho vehículo a Salustiano Lacourt, tuvo un accidente, c'on-sistiendo dicho accidente en que entre el automóvil P-260, guiado allí y entonces por el demandante y otro automóvil truck ‘Graham Brothers’, tablilla N'o. HP-85 y propiedad del demandado, Manuel Vendrell y guiado por éste, hubo un choque o colisión, resultando ambos vehículos con serios desperfectos y habiendo recibido el de-mandante, José A. Campos, y como resultado próximo y 'único de dicho choque, lesiones en diferentes partes del cuerpo.
“ Considerada y pesada cuidadosamente toda la evidencia apor-tada a fin de determinar cuál fué la causa de dicho accidente, el que tuvo lugar al darse alcance, ambos vehículos, los que caminaban en direcciones opuestas, la Corte llega a la conclusión que de toda la evidencia aportada tanto por el demandante como por el demandado, surge un conflicto de prueba, que este Tribunal, tomando en consi-deración muy especialmente la forma en que declararon y se condu-jeron los testigos de una y otra parte en el acto del juicio, resuelve dicho conflicto de prueba a favor del demandado, por entender que el demandante ha dejado de probar y no ha probado la culpa y ne-gligencia que le imputa el referido demandante al demandado en este caso, todo conforme a lo sostenido por la siguiente jurisprudencia: (varias citas).
“Habiendo establecido su demanda el demandante en el presente caso, fundada en el artículo 1803 del Código Civil, y habiendo re-suelto la Corte el conflicto de prueba en cuanto a la causa del acci-dente en este caso a favor del demandado, y por tanto, habiendo considerado la Corte que el demandante ha dejado de probar y no lia probado la negligencia del demandado en dicho accidente, no pasa a considerar la evidencia aportada por dicho demandante en apoyo de los daños y perjuicios que alega en su demanda haber sufrido, por entender la Corte que no habiendo probado dicho demandante la culpa y negligencia del demandado, huelga considerar los daños y perjuicios que alega el demandante haber recibido en el accidente en cuestión. ’ ’

•El caso de Lacourt se sometió de común acuerdo por las partes por la misma prueba practicada en el de Campos. La relación del caso y opinión en que se funda la sentencia, es semejante a la del otro caso.

Como un ejemplo del conflicto de la prueba, transcribi-mos los siguientes pasajes de las declaraciones del deman-dante Campos, que guiaba el Chevrolet, y del demandado Vendrell, que guiaba el truck.

Dijo Campos:

“Yo venía de Aguadilla como de diez a once de la mañana por el barrio de Hatillo de Añasco por la carretera No. 2 que es una pú-blica de regreso de Aguadilla y vi venir un truck muy ligero, dando' zig-zags y cuando lo vi venir así detuve mi automóvil, traté de parar, toqué mi bocina y él hizo así y le dió a la parte izquierda de mi carro.”

Y dijo Vendrell:

“P. — ¿Con qué iba Ud.?
“R. — Con un truck que yo mismo manejaba y en la recta esa de Añasco, al pasar el paso a nivel, divisé un carrito que venía, un au-tomóvil y seguí; y a medida que iba acercándome a él, eché para la derecha, pero observé que se acercaba en la misma dirección, y ya iba cerca y le toqué el klaxon y le metí los frenos y paré de repente, y'el chcmffeur del carrito traía la vista inclinada sobre el guía, y el caso fué, que al oír mi klaxon metió los frenos, pero no le dió tiempo y quedó en el medio de la carretera y me dió por el frente mío y se desbarataron los dos carros.”

Alrededor de esos hechos surgieron preguntas- y respues-tas y declaraciones de varios testigos en un sentido y en otro, moviéndose finalmente, al apreciarlos, la conciencia judicial en la forma que ya conocemos.

El análisis que de la prueba bace el abogado de los ape-lantes revela nn esfuerzo extraordinario, pero no puede lle-varnos a concluir que la Corte de Distrito cometiera un ma-nifiesto error al dirimir el conflicto en pro del demandado.

La circunstancia de que pudiera haberse citado erróneamente por la Corte algún precepto de ley o alguna jurisprudencia como aplicable que en realidad no lo fuera, no constituye error que pueda servir de base a la revocación de la sentencia, cuando ello en nada lia influido en la apreciación de los hechos y la regia de derecho aplicable se deduce como consecuencia única de los hechos mismos.

No podemos convenir con los apelantes en que la Corte estaba obligada a entrar en la consideración y tasación de los daños y perjuicios sufridos por los demandantes. No importa que los demandantes recibieran los golpes que recibieron, si dichos golpes, aunque consecuencia del choque, no lo eran de la culpa o negligencia del demandado. Era la culpa o negligencia imputada en la demanda al demandado la que hacía a éste responsable del daño. Creemos que la Corte no tuvo ni siquiera necesidad de detenerse como se detuvo en la minuciosa descripción de las lesiones.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señob del Tobo,

text:
    Ignacio T. Peñagarícano, demandante y apelado, v. Bonocio B. Llenza y Fernando Caso, demandados y apelantes.
    No. 5440.

    Sometido: Abril 30, 1931.

      Resuelto: Mayo 18, 1931.

      B. Mvmoz Ramos, abogado de los apelantes; William Guzmán García, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Bonocio B. Lienza y Fernando Caso suscribieron una obligación por virtud de la cual se comprometieron a pagar solidariamente al Banco Comercial de Puerto Rico la suma de quinientos dólares. Se obligaron a pagar también solida-riamente intereses al doce por ciento anual en caso de de-mora y las costas, consintiendo expresamente en la renova-ción o prórroga que pudiera concederse a instancia de cual-quiera de los firmantes quedando éstos solidariamente res-ponsables del balance. Renunciaron al derecho de aviso, pre-sentación y protesto. Quedó también expresamente pactado que el banco podría, a su opción, en cualquier tiempo, apro-piar y aplicar al pago total o parcial de la obligación cual-quier suma de dinero en depósito o en cualquiera otra forma en dicho banco perteneciente a todos o a cualquiera de los firmantes.

Así las cosas, llegó el vencimiento de la obligación y no fué pagada. Poco después uno de los deudores, Lienza, con-vino con Ignacio T. Peñagarícano en que éste la pagara “por cuenta de ambos deudores” dice la demanda, sin mencionar al otro deudor, según la prueba, prometiéndole que le reinte-graría el importe dentro de unos días. Peñagarícano fué al Banco, examinó la obligación, se enteró de que Caso era también deudor, y pagó la deuda recogiendo y reteniendo en su poder el documento. Peñagarícano no se comunicó con Caso. Lienza comunicó a Caso que la obligación fué reco-gida, sin explicarle cómo. Pasó el tiempo y como ni Lienza ni Caso reintegraron lo pagado a Peñagarícano, éste iniciói contra ambos la presente acción.

Los demandados alegaron que la demanda no aducía he-dios suficientes, y declarada sn excepción sin lugar, contes-taron negando que el pago hecho por Peñagarícano se hu-biera verificado por cuenta de ambos demandados, afirmando que lo fue sólo- por cuenta de Lienza. La teoría de la con-testación es que quedó establecida una nueva relación contractual exclusiva entre Lienza y Peñagarícano, de la cual quedó enteramente eliminado Caso.

Pué el pleito a juicio. No se permitió declarar a Lienza sobre el origen de la obligación, pero finalmente se permitió a Caso que contestara como sigue:

“Allá por octubre del 1926 pasaba yo por frente de la Intenden-cia y me encontré al señor Lienza. Lo veo un poco apurado. Ha-blamos y me dice que ese día era día de nóminas de una obra que tenía en Florida y que necesitaba alrededor de $500 para completar su nómina, y me pidió si no tenía inconveniente en darle mi firma para coger en el Banco Comercial esa suma: quinientos pesos. Le dije que no tenía inconveniente. Luego vino y me dijo que el Banco había aceptado mi firma como colateral; me trajo un pagaré, y se lo firmé. Varios días después, algún tiempo después, lo encontré y me dió las gracias y me dijo que había pagado el pagaré en el Banco, y no había oído más nada de ese asunto hasta que recibí la demanda del demandante.”

Sometido el pleito finalmente a la decisión de la corte de distrito, lo falló condenando a ambos demandados a pagar -al demandante la suma reclamada, intereses al 6 por ciento anual, a partir de la fecha de la interposición de la demanda, y costas. Ambos demandados interpusieron entonces el pre-sente recurso de apelación.

Después de un estudio cuidadoso de todos los errores se-ñalados, y de los autos, creemos que la sentencia apelada debe confirmarse.

Puede admitirse que es cierto lo declarado por Caso, pero Caso no puede negar que no obstante ser ello así, por su propia voluntad suscribió una obligación en la que se constituyó deudor solidario y que a virtud de ser dos los deudores solidarios, uno de ellos él, fue que el Banco prestó la suma de que se trata. Y repetidamente hemos resuelto que la obligación escrita prevalece cuando se trata de fijar las relaciones entre el acreedor y los deudores.

Puede admitirse también que es cierto que el único deudor que habló con el demandante y le pidió que recogiera la obli-gación vencida, ofreciendo reintegrarle el importe que sa-tisficiera dentro de unos días, fué Lienza, y que el deman-dante actuó sin comunicarse con el otro deudor Caso y re-cogió el documento sin que Caso se hubiera enterado de ello. Eso no obstante, siendo como es también cierto que el de-mandante examinó el documento, cerciorándose de que eran dos los deudores solidarios, y pagó; precisa concluir que tiene el derecho que le reconoce el artículo 1126 del Código Civil, a saber: reclamar del deudor (aquí ambos deman-dados) lo que hubiere pagado, que es lo que hizo el deman-dante en este pleito.

El artículo citado, dice:

“Puede hacer el pago cualquiera persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor.
“El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad.
“En este caso sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hu-biera sido útil el pago.”

Amparándose en las últimas palabras del párrafo se-gundo, sostienen los apelantes, que el demandante puede re-clamar de Lienza, pero no de Caso, pues si bien no se ha de-mostrado que Caso se opusiera expresamente al pago hecho por el demandante, su desconocimiento de la actuación del demandante equivale a su expresa oposición. No es posible admitir tal interpretación de la ley. Y aunque lo fuera, siem-pre resultaría que el pago hecho por el demandante fué útil a Caso, pues lo liberó de una obligación que necesariamente tenía que satisfacer, sin que haya demostrado que hubiera po-dido oponer alguna excepción válida al ser requerido para ello.

Lo que introduce alguna confusión es el artículo 1127 del Código Civil, que prescribe:

“El que pague en nombre del deudor, ignorándolo éste, no podrá compeler al acreedor a subrogarle en sus derechos.”

¿Qué alcance tiene esta disposición en un caso como éste? No bay duda que el demandante pagó la deuda a Caso igno-rándolo éste. El artículo se refiere, pues, a una situación como la de Caso. Pero aquí el demandante no dirige su ac-ción contra el acreedor, y en tal virtud parece que el artículo nada tiene que ver. Abora bien, el derecho del demandante a reclamar de Caso ¿sólo puede ejercitarse siempre que el de-mandante pueda subrogarse y se subrogue en el lugar del acreedor — el Banco — o emana de su simple actuación al pa-gar, conforme al artículo 1126?

Comentando Manresa los artículos 1158 y 1159 del Có-digo Civil antiguo, iguales a los artículos 1126 y 1127 del Código Civil Bevisado, se expresó así;

“La reclamación, de lo pagado y la subrogación: diferencias. — . Son los efectos principales, el derecho de ese tercero a reclamar del deudor para ser reembolsado de lo que por él haya satisfecho, y el de subrogarse en el lugar y en los derechos del acreedor con todas las fa-cultades de éste, que tal subrogación lleva consigo. El primero de dichos efectos se produce siempre, más o menos limitado, y el se-gundo, es más contingente, pudiendo con facilidad dejar de produ-cirse. Aunque a primera vista se note entre uno y otro efecto del pago hecho en las condiciones que indica el epígrafe cierta semejanza, no es sutil la distinción que entre ambos se establece, sino que los se-para una esencial diferencia en su naturaleza jurídica y en sus efec-tos prácticos, a más de la muy importante ya indicada, que resulta de ser su graduación consecuencia que en el un caso se deriva nece-sariamente del pago, y en el otro puede derivarse o no.
“La facultad de repetir lo que por el deudor se ha satisfecho, se basa en el solo hecho del pago y en una consideración de elemental justicia; pero sólo da al tercero que paga una simple acción personal, cuya procedencia declara la ley, sin que ostente los demás derechos, facultades o garantías que al acreedor reconociese la obligación an-tigua, que al ser pagada quedó como tal extinguida. En cambio, procediendo la subrogación, si bien es claro que como consecuencia principalísima de ella, el tercero que paga y se subroga en el lugar del acreedor, tiene como facultad esencial la de reclamar lo satisfe-cho por él, existe respecto del caso anterior la notable diferencia de que no ostenta sola aquella facultad, sino acompañada de las demás que la rodearan según la obligación contraída entre acreedor y deudor primitiyos: obligación que, por tanto y en rigor, puede decirse más bien transformada en cuanto a su sujeto activo, que extinguida en cuanto a sus efectos y relación, a tal extremo, que bien puede hacerse la distinción de que en semejante caso, al pedirse por el tercero lo pagado, reclama el importe de la obligación, y según y por ella, más bien que el reembolso del pago, sin más fundamento que el hecho sólo de haberlo realizado.
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“Subrogación del tercero en el lugar del acreedor. — Comenzamos esta materia indicando que, a nuestro entender, las reglas que da el Código en este lugar respecto a la materia que sirve de epígrafe, están dictadas principalmente para la hipótesis de que pague un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación, y no se oponen a los preceptos especiales que se contienen en otros lugares (novación y fianza), tratándose de pago hecho por personas.que tienen interés en dicho cumplimiento.
‘ ‘ Sirve de base también a esta materia de la subrogación, la misma ya explicada con motivo de la reclamación de lo pagado por el ter-cero, o sea la actitud del deudor respecto a.1 pago, antes de verifi-carse éste. Según tal base, procederá la subrogación cuando el deu-dor conozca el proyecto de pago y a él no se oponga, es decir, cuando lo apruebe expresa o tácitamente, y esto, ya porque el precepto ex-cepcional de la no subrogación, contenido para caso distinto en el art. 1159, acusa la existencia de una regla general, según la cual aquélla se verifica, ya porque hay en este punto una concordancia con dicha solución en las presunciones que la ley establece cuando de la novación se ocupa.
“En el caso distinto de que el deudor ignore el pago por el ter-cero, éste no podrá compeler al acreedor a que le subrogue en sus derechos, según la terminante declaración del art. 1159; precepto y solución aplicables también al otro caso de que el deudor se oponga al pago, puesto que en este último existen más acentuadas, con mayor fuerza aún, las razones en que dicho precepto legal se basa.” Manresa — Comentarios al Código Civil, 245, 248.

La distinción no se aprecia claramente a primera vista, pero existe. La razón del precepto, la encontramos en la En- ciclopedia Jurídica Española, tomo 24, pág. 217. Al tablar sobre quién puede hacer el pago, establece cinco casos dife-rentes y dice con respecto al cuarto:

“El que pague en nombre del deudor ignorándolo éste, no podrá compeler al acreedor a que le' subrogue en sus derechos. También es fácil comprender el espíritu en que se inspira esta regla, porque bien se percibe que para el deudor no puede ser indiferente resultar ligado con sujeto distinto de aquél con quien adquirió la obligación, pues este tercero puede por sus circunstancias personales, hacerla más onerosa o molesta. Si no se admitiera este principio, resultaría abierta la puerta a una colocación subrepticia de los capitales y se daría margen-e instrumento fácil para ejercer con apariencias de le-galidad venganzas y vejaciones que la ley no puede proteger, ni aun indirectamente. ’ ’

Un caso concreto como éste que está sometido a nuestra consideración y resolución ilustra las diferencias que existen entre los artículos del Código Civil a que venimos refiriéndo-nos. Al describir la obligación de Lienza y Caso para con el Banco Comercial, hecha constar en el documento recogido por el demandante al verificar el pago, hicimos notar que no sólo se comprometieron los deudores a pagar solidariamente al acreedor, si que también convinieron en satisfacer intere-ses de demora al 12 por ciento anual, consintieron expresa-mente en la renovación o prórroga a instancia de cualquiera de los firmantes, renunciaron al derecho de aviso, presenta-ción y protesto y el banco quedó autorizado a apropiarse y aplicar al pago cualquier depósito o suma de dinero de los deudores que en alguna forma llegare a su poder.

Ninguna de estas condiciones especiales pasó al deman-dante en cuanto a Oaso, porque el derecho del demandante no emana de haberse subrogado en lugar del acreedor, sino que emana simplemente del artículo 1126 del Código Civil Revisado, a virtud de haber pagado la deuda del deudor. De ahí que el demandante, no obstante haber pagado y re-cogido la obligación desde diciembre de 1926, al interponer la demanda en noviembre de 1929 se limitara a reclamar es-trictamente lo que pagó, con intereses al tipo legal (6 por ciento anual) desde la interposición de la demanda, que fue lo que le concedió la corte al dictar su sentencia.

En un caso como éste lo que hay que indagar es si trata de una deuda legítima que el deudor tiene necesariamente que satisfacer. Si ello es así y la deuda se paga por un ter-cero, el tercero tiene como un derecho independiente y nuevo, el de recobrar lo pagado del .deudor aunque éste ignore el pago. Guando el pago se verifica contra la expresa volun-tad del deudor, entonces el derecho de la tercera persona que verifica el pago, se limita a repetir del deudor aquello en que el pago le hubiere sido útil. .

Que Caso era un deudor solidario con Lienza de la obli-gación pagada por el demandante, es evidente. Y como evi-dente es también que el demandante pagó la obligación, es claro que tiene el derecho de recobrar de Lienza y de Caso, o ele cualquiera de ellos, lo pagado, no obstante haberse ve-rificado el pago a sugestión de Lienza y sin conocerlo Caso.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señok Texidor,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Félix González Zamot, acusado y apelante.
    No. 4324.

    Sometido: Marzo 18, 1931.

      Resuelto: Mayo 18, 1931.

      F. M. Susoni y F. B. Fornajris, abogados del apelante; R. A. Gómez, abogado de Fl Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

El abora apelante fné juzgado por un Jurado en la Corte de Distrito de Areeibo, bajo una acusación cuyo texto es el que sigue:

“El Fiscal formula acusación contra Félix González Zamot, por el delito de Homicidio Involuntario (felony), cometido del modo si-guiente :
“El referido acusado, Félix González Zamot, el día 19 de marzo de 1930, y en el Km. 58 de la carretera No. 2, que conduce de San Juan a Areeibo, y en Manatí, P. R., que forma parte del distrito judicial de Areeibo, P. R., en ocasión que guiaba, como chauffeur, un vehículo de motor (automóvil) ilegal, voluntaria y criminalmente, por no guardar la debida prudencia, circunspección y cuidado, co-rriendo a velocidad excesiva, sin dar aviso de ninguna clase; y por dejar de tomar todas las precauciones razonables para evitar que un caballo montado que corría por esa misma carretera se asustase, y asimismo por dejar de reducir la velocidad de su automóvil al asus-tarse el caballo, arrolló con su vehículo a Demetrio Rodríguez (ser humano), quien iba montado en el caballo, ocasionándole varias le-siones en el cuerpo, que fueron la causa de su muerte ilegal, ocurrida allí y entonces, pocos momentos después.
“Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de ‘El Pueblo de Puerto Rico.'
“(Firmado) E. Pérez Casalduc, Fiscal del Distrito.”

El acusado solicitó del juez de derecho instrucciones especiales, que es inevitable copiar aquí. Fueron éstas:

“El acusado respetuosamente solicita de la Honorable Corte tras-mita al Jurado las siguientes instrucciones adicionales.
“1. — La Corte instruye a los señores del Jurado como cuestión de derecho que no existe nada en la Ley de carreteras ni en la de au-tomóviles que exija que un automóvil se mantenga bastante a la iz-quierda al pasar cerca de otro carro o de otro objeto; por el con-trario se requiere que un automóvil vaya tan distante como posible fuere a la derecha sin que cause colisión.
“2. — La Corte también instruye a los señores del Jurado como cuestión de derecho que si se demostrara que el acusado dirigía su automóvil por el camino ya conocido de acuerdo con la ley y por al-gún motivo imprevisto el caballo que montaba el fenecido o de una manera inconsciente se asustó cuando el chauffe%ir acusado estaba a tan corta distancia que ni aun usando el freno de emergencia le hu-biera sido,posible detener su carro para evitar el accidente, y si en tales condiciones el carro choca con el animal y le ocasiona la muerte a su jinete, ésta debe imputarse solamente al fenecido y el chauffeur quedaría exento de responsabilidad.
“3. — Si los señores del Jurado creen que el acusado dió aviso de su aproximación a una distancia razonable, entonces en cuanto a este particular no debe considerársele negligente, ya que precisamente el aviso de su aproximación debe ser dado a distancia razonable y nunca en el instante de pasar cerca o por el lado del caballo y su jinete, pues el aviso en estas condiciones sería demasiado tarde y tendería más bien a producir excitación, terror y pánico en el ánimo del ji-nete y en las actuaciones del animal.
“4. — Como cuestión de ley la. regla que impone a todo conductor o chauffeur el deber de mantener suficientemente despacio la velocidad de modo que pueda controlar y detener su carro no tiene aplicación cuando se trata de situaciones de verdadera emergencia en que no hay razón para esperar que súbitamente uno se confronte con ellas.
“Y una persona que se confronta con una situación de peligro que surge repentinamente y en el cual una actuación inmediata es ne-cesaria para evitarlo, no se requiere que ejercite aquella presencia de ánimo y diligencia que justamente se requieren de un hombre cuida-doso y prudente bajo circunstancias ordinarias.
“5. — El grado de negligencia necesario para ser probado en un caso de homicidio, basado en una muerte no intencional por un ve-hículo de motor, es más que lo que se requiere en un caso civil y antes de declararse convicto el acusado, debe haber prueba de tal falta de cuidado y negligencia a tal extremo que sea incompatible con la debida consideración por la vida de los demás.
“6. — La regla general es que para que la negligencia de una persona que resulte en daño a otra sea criminal, debe necesariamente ha-ber sido imprudente y descuidada o de tal naturaleza que signifique un desconocimiento absoluto de la seguridad de otros y en circuns-tancias tales que necesariamente causen daño.
“7. — El hecho que un automóvil fuere guiado a más velocidad que la establecida por la Ley, no es prueba concluyente de culpabili-dad en un caso de homicidio por falta de cuidado y circunspección.
“8. — Para que el conductor de un automóvil sea criminalmente responsable por negligencia por la muerte de una persona, su falta de cuidado debe ser mucha e implicativa de una absoluta indiferen-cia a sus consecuencias.
“9. — Si la muerte de una persona, debido a correr en exceso de la velocidad establecida, no es la causa próxima de una colisión, el hecho de violar la Ley en cuanto a la velocidad no hace culpable al acusado.
“10. — La muerte debe ocurrir por el acto ilegal del acusado y no por la intervención de tercera persona o la intervención de una causa en la cual el demandado ni participó ni pudo prever.
“11. — Cuando una persona se confronta con una situación de pe-ligro no se requiere que se ejercite el mismo cuidado que si hubiese tenido tiempo para deliberar y en pleno uso de su facultad de ra-zonar.
“12. — Palta de ejercitar el mejor criterio en un caso de emergen-cia, no es prueba de negligencia, aunque el error sea de lamentables consecuencias.
“La ley no impone reglas de conducta a una persona que se con-fronta de momento con una situación crítica, ni que actúe de acuerdo con los dictados del cuidado y la razón, sino por el instinto de propia conservación.
“13. — Si los señores del Jurado creen que el accidente no se debió a la negligencia y descuido del ohauaffeur, el acusado aquí presente, sino que se debió a los actos del caballo que montaba el fenecido que le colocaron en condiciones fatales, en condiciones que no pudo evitar él el accidente, entonces es vuestro deber declarar al acusado inocente.
“El acusado tiene también el beneficio de la duda razonable. Si vosotros aun rindiendo crédito a las declaraciones de los testigos de El Pueblo hay alguna circunstancia que hace vacilar vuestras con-ciencias ante la consideración de los hechos, es vuestro deber también dar al acusado el beneficio de esa duda razonable y absolverlo.”

El juez trasmitió al jurado las que aparecen bajo los números 4 y 10 y denegó las demás por estar comprendidas entre las que había dado él mismo.

Hemos leído las instrucciones que por el juez se dieron al jurado. Puede afirmarse que son completas, y que se ajustan a la ley, y a la interpretación dada por nuestra ju-risprudencia.

Cuando se solicitan por una parte instrucciones deter-minadas, no puede exigirse al juez que las trasmita al ju-rado en las mismas palabras que la parte emplea. Basta que el juez exponga, en la forma que crea más conveniente, la doctrina jurídica que se invoca, y que interesa que el ju-rado conozca.

En este caso el juez dió al jurado, como instrucción, los puntos de ley que la defensa necesitaba fueran por el jurado conocidos.

Sólo en cuanto a la primera instrucción tenemos- alguna duda. Pero, en realidad, la instrucción, como se formuló por la defensa, no era propia de este caso. En el de Rivera v. Graham, 34 D.P.R. 1, como nos recuerda el Fiscal de este Tribunal en su alegato, la cuestión fué diferente; el perju-dicado iba en un camión de carga, y sus piernas sobresalían y colgaban por un lado del vehículo; el automóvil en que se originó el daño, pasó, en la misma dirección, y con el ta-palodos derecho de la parte de atrás, según el demandante,, dió a éste un golpe en las piernas que fueron empujadas ha-cia atrás, resultando el pie derecho del demandante cogido-por la cadena que movía las ruedas del camión. Esto era lo que el demandante alegaba. Y lo que pudo decirse en aquel caso, no debía decirse en otro distinto en sus hechos. En el presente el mal se produjo de otra manera, por velo-cidad excesiva, falta de aviso, falta de cuidado, y aun por no detener a tiempo, pudiendo hacerlo, la marcha del coche automóvil. La instrucción no era la propia; y hubiera es-tado bien denegada por esa razón.

No existe el error señalado por la parte apelante en lo que se refiere a las instrucciones al jurado.

Se afirma por el acusado-apelante que el veredicto fué contrario a la prueba y a derecho.

La prueba fué, hasta cierto punto, contradictoria. Para cualquier espíritu no prejuiciado, la prueba de El Pueblo-fué la más robusta. Ella impone la creencia de que sólo el descuido grave del acusado, el poco interés en evitar algo tan serio como la posible muerte de nn individuo, a la ex-cesiva velocidad • a que conducía su coche, se debió el que muriera trágicamente Demetrio Rodríguez. El jurado re-solvió el conflicto en la evidencia a favor de la acusación. Y cuando un jurado resuelve así en cuanto a la evidencia contradictoria, para que pasemos sobre su veredicto, y re-voquemos, se nos tiene que presentar un caso muy fuerte. Este no lo es.

Debe confirmarse la sentencia apelada.