author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

text:
    Municipio de Fajardo, peticionario, v. Secretario de Justicia, William Mongomé Roldán y María Lebrón Ramos, recurridos.

      Número: AC-2010-058

      Resuelto: 8 de noviembre de 2012

      Irene S. Soroeta Kodesh, procuradora general, Guillermo A. Mangual Amador, procurador general auxiliar, y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general, de la Oficina de la Procuradora General, abogados del Secretario de Justicia y de los ex agentes municipales codemandados William Mongome Roldán y María Lebrón Ramos, parte recurrida; Ettiene Totti del Toro y Ettiene Totti del Valle, de Totti Ro-dríguez Díaz, abogados de la parte apelada; John Nevares, de John Nevares & Associates, P.S.C., abogado de los de-mandantes en el caso Justin Lee Whitfields et al. v. Muni

      cipality of Fajardo et al.\ Johanna Emmanuelli Huertas, y Jorge Martinez Luciano, de Law Office of Pedro Ortiz Alvarez, PSC, abogados del municipio de Juana Díaz, amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso nos lleva a analizar si el Secretario de Justicia puede conceder el beneficio de pago de sentencia que provee la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 (32 L.P.R.A. sec. 3077 et seq.), con cargo a los fondos de un municipio sin darle participación en el proceso. Evaluada la contro-versia, resolvemos que no.

I

Este caso tiene su origen en la intervención de dos agen-tes de la Policía Municipal de Fajardo, quienes dispararon a dos sujetos que huían tras incendiar un vehículo antiguo estacionado en un garaje municipal. Al ver que no se detu-vieron ante sus requerimientos, el oficial William Mon-gomé Roldán y la sargento María Lebrón Ramos dispara-ron contra Justin Withfield y John Kawika. Dos tiros alcanzaron al señor Whitfield en su pierna izquierda.

A raíz del incidente ocurrido en la madrugada de 9 de diciembre de 2000, el señor Whitfield y sus progenitores, Terry y Gayle Whitfield, demandaron por violación de de-rechos civiles, 42 U.S.C.A. sec. 1983, en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Incluyeron como de-mandados a los policías Mongomé Roldán y Lebrón Ramos, al municipio de Fajardo y su alcalde, Aníbal Meléndez Rivera, y al comisionado de la Policía Municipal, Ismael Alvarez Monge. Alegaron que el ayuntamiento era responsa-ble por no adoptar regulaciones adecuadas para el uso de armas de fuego y no entrenar a los policías municipales acorde con ellas.

El Jurado concedió una compensación de $4 millones para Withfield y $500,000 para cada uno de sus padres por daños punitivos. El Tribunal Federal para el Primer Cir-cuito de Apelaciones en Boston revocó el veredicto en cuanto al municipio de Fajardo (Municipio), el alcalde y al Comisionado de Seguridad Municipal. Se ordenó a la corte de distrito celebrar un nuevo juicio sobre los daños com-pensatorios para cada uno de los demandantes, a menos que éstos accedieran a una reducción en las compensa-ciones. Finalmente, aceptaron una compensación de $3 mi-llones para Withfield, y de $100,000 para cada uno de sus padres. Se dictó sentencia el 29 de marzo de 2006.

El Secretario de Justicia concedió el beneficio de repre-sentación legal, mediante la Ley Núm. 104, supra, a los policías Mongomé Roldán y Lebrón Ramos durante el jui-cio federal. Además, al finalizar el proceso, los agentes so-licitaron al funcionario el beneficio del pago de sentencia con fondos públicos, como también hace viable la ley. El Secretario de Justicia aprobó la Resolución sobre Pago de Sentencia, fechada el 23 de febrero de 2007, con el propó-sito de que se costeara la sentencia con fondos muni-cipales.

El 13 de marzo de 2007, el municipio de Fajardo se opuso mediante carta a la determinación del Secretario, que comprometió $3.2 millones de los fondos municipales. La oposición descansó en que se concedieron daños puniti-vos, por lo que, como mínimo, medió negligencia inexcusable por parte de los policías. Esto descartaría la buena fe o que la actuación estuviera en las funciones de los policías, como exigen la Ley Núm. 104, supra, y el anulado Regla-mento sobre Representación Legal y Pago de Sentencia, Reglamento Núm. 4071 del Departamento de Justicia, 8 de septiembre de 1989, para la concesión del beneficio.

Además, el Municipio argüyó que, acorde con la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios Autónomos), Ley Núm. 81-1991 (21 L.P.R.A. sec. 4001 et seq.), el Municipio y el alcalde debían tener la discreción de conceder el beneficio. Sería una contradicción, concluyó, que la senten-cia federal relevara al Municipio de responsabilidad pero el Ejecutivo le impusiera el pago de la sentencia sin darle la oportunidad de ser oído.

El Departamento de Justicia contestó al alcalde el 3 de abril de 2007. En su carta, señaló que conceder la repre-sentación legal y el pago de sentencia recaía en la sola discreción del Secretario. Además, expresó que aunque la agencia sufrague la representación legal de los funciona-rios municipales, correspondía al Municipio el pago de la sentencia. De lo contrario, indicó el Secretario, sería una incongruencia que un Municipio pueda beneficiarse de la representación que concede el Departamento y luego se niegue a pagar la sentencia. El Secretario rechazó que el Municipio intervenga en su proceso decisional, porque la Ley Núm. 104, supra, y el Reglamento Núm. 4071 no le reconocen legitimidad.

Trabada así la controversia, el 23 de mayo de 2007, el Municipio acudió al Tribunal de Primera Instancia me-diante una solicitud de sentencia declaratoria, según la anterior Regla 59.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, ahora 32 L.P.R.A. Ap. V. Solicitó que se declarara invá-lida la Resolución sobre Pago de Sentencia. En la alterna-tiva, pidió que declarara inconstitucional la Ley Núm. 104, supra, por infligir el debido proceso de ley al negar legiti-mación activa del municipio para intervenir en el proceso decisional sobre el pago de una sentencia con fondos municipales. Además, solicitó un injunction preliminar.

El Departamento de Justicia planteó que el Tribunal de Primera Instancia no tenía jurisdicción para atender el caso porque la Ley Núm. 104, supra, solo reconoce legiti-mación para impugnar su determinación al empleado soli-citante, a su cónyuge y a la sociedad legal que ambos componen. Además, argüyó que aunque exista una senten-cia que impute negligencia inexcusable, el Secretario posee la discreción para conceder el beneficio y la Ley Núm. 104, supra, no provee al Tribunal guías para sustituir su criterio.

El Tribunal reconoció legitimación al municipio. Deter-minó que el Secretario se excedió en las facultades que le concede la Ley Núm. 104, supra. Así descartó que su dis-creción sea tan amplia que le permita ignorar hechos que ya adjudicó el tribunal que concedió la sentencia. Además, concluyó que la Ley Núm. 104, supra, no aplica en situa-ciones de negligencia inexcusable, por lo que no procedía la concesión del beneficio del pago de sentencia. Luego de una moción de reconsideración, el Departamento de Justicia y los agentes municipales apelaron ante el Tribunal de Apelaciones.

El foro apelativo intermedio concluyó que la ley concede amplia discreción al Secretario de Justicia y, por el contra-rio, no da legitimación al municipio para impugnar su determinación. Sostuvo, además, que los municipios, como entes gubernamentales, carecen de derechos constituciona-les y tampoco pueden reclamar derechos propietarios sobre los fondos municipales.

De esa determinación, que se sostuvo en reconsidera-ción, recurre el municipio de Fajardo ante nos. Insiste en que la determinación del Secretario le priva de sus fondos sin oportunidad del debido proceso de ley; que tiene legiti-mación para solicitar la sentencia declaratoria e interdicto preliminar, y que el Secretario no puede representar al ayuntamiento al tomar la determinación según la Ley Núm. 104, supra.

Evaluada la solicitud del municipio expedimos el auto de certiorari y accedimos a la solicitud del municipio de Juana Díaz para comparecer como amicus curiae en el pleito al amparo de la Regla 43 del Reglamento del Tribunal Supremo de 1996, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. Con el benefi-cio de la comparecencia de todos, estamos en posición de resolver.

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La sentencia declaratoria es un remedio que provee la Regla 59 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, para declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas, aunque existan otros remedios disponibles. La solicitud de sentencia declaratoria tiene como resultado una decisión judicial sobre cualquier divergencia en la interpretación de la ley. Regla 59.2 de Procedimiento Civil, supra. Es aquella sentencia que se dicta cuando existe una controversia sustancial entre partes con intereses legales adversos, con el propósito de disipar la incertidumbre jurídica. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2010, Sec. 6001, pág. 560.

Entre las personas jurídicas facultadas para solicitar una sentencia declaratoria, según la Regla 59.2 de Procedimiento Civil, supra, se encuentran aquellas cuyos derechos, estado u otras relaciones jurídicas fuesen afectadas por un estatuto. Además, el solicitante de una senten-cia declaratoria debe tener legitimación activa. Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460, 475 (2006). Por consi-guiente, tiene que demostrar que sufrió un daño claro y palpable; que éste es real, inmediato y preciso, y no abs-tracto e hipotético; que existe conexión entre el daño su-frido y la causa de acción ejercitada, y que la causa de acción surge bajo el palio de la constitución o de una ley. P.I.P. v. E.L.A. et al., 186 D.P.R. 1 (2012); Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 D.P.R. 593, 500 (1992).

Por otro lado, el recurso extraordinario del injunction pretende prohibir u ordenar la ejecución de un acto, para evitar que se causen perjuicios inminentes o daños irreparables a alguna persona, cuando no hay otro remedio en ley adecuado. Art. 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3521. El interdicto preliminar busca mantener el status quo mientras se dilucida el pleito. VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 D.P.R. 21, 40-42 (2010); Cobos Liccia v. DeJean Packing Co., Inc., 124 D.P.R. 896, 902 (1989). Para su concesión, se deben evaluar: (1) la naturaleza de los daños que pueden ocasionárseles a las partes; (2) su irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado en ley; (3) la probabilidad de que el promovente prevalezca en el juicio; (4) la probabilidad de que la causa se torne académica de no concederse el remedio, (5) y el posible impacto sobre el interés público. VDE Corporation v. F & R Contractors, supra, pág. 41.

Una resolución del Secretario de Justicia que ordene a un municipio el pago de una sentencia que pudiera ser millonaria, como en el caso ante nos, sin duda, tiene un impacto sobre las arcas municipales. Tiene un impacto sobre los fondos con los que cuenta el municipio para prestar servicios a sus residentes.

Ante ese panorama, el municipio de Fajardo tiene legi-timación para acudir ante el Tribunal de Primera Instan-cia y solicitar una sentencia declaratoria mediante la Re-gla 59 de Procedimiento Civil, supra, y un injunction preliminar. La sentencia declaratoria pretende disipar la incertidumbre jurídica entre partes con intereses legales adversos. En este caso, una determinación del Secretario de Justicia ordenó a un municipio a pagar una sentencia al amparo de la Ley Núm. 104, supra. Estos hechos despier-tan intereses legales adversos.

Además, el Municipio cumple con los requisitos que he-mos establecido para que un litigante posea legitimación activa. Es decir, la determinación del Secretario expone al Municipio a sufrir un daño claro y palpable, real inmediato y preciso. El daño reclamado tiene relación con la causa de acción que se ejerce, y ésta surge de una ley. El recurso de injunction preliminar instado sirve para mantener el status quo mientras se dispone de la presente controversia. No nos cabe duda de que el Municipio tiene legitimación para presentar la causa de acción que hoy estudiamos.

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La Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975 añadió, entre otros, el Art. 12 a la Ley Núm. 104 (32 L.P.R.A. sec. 3085). Este artículo establece que un funcionario o empleado del gobierno de Puerto Rico demandado en su carácter personal por violar derechos civiles en actos u omisiones incurridas como parte de sus funciones, puede solicitar que el Estado le provea representación legal. Id. Véase, además, García v. E.L.A., 146 D.P.R. 725, 736 (1998). Los policías municipales están en la lista de funcionarios a los que cobija la ley. Art. 12 de la Ley Núm. 104, supra.

Además de proveer representación legal, el estatuto per-mite que el estado asuma el pago de la sentencia que pu-diera recaer contra el funcionario, con cargo al Tesoro de Puerto Rico. Art. 12 de la Ley Núm. 104, supra. Sin embargo, en el caso de algunos de los funcionarios enumera-dos, se establece que la representación legal, la sentencia y las costas se sufraguen con otras fuentes. Ese es el caso de los funcionarios de las corporaciones públicas, en los que el pago de la representación y sentencia serán con cargo a las arcas de la corporación. De igual forma, cuando se trata de funcionarios de municipios, se costearán con los fondos dis-ponibles del ayuntamiento correspondiente. Art. 19 de la Ley Núm. 104 (32 L.P.R.A. sec. 3092).

El Art. 15 de la Ley Núm. 104 (32 L.P.R.A. sec. 3088) expresamente excluye de su manto protector los actos u omisiones de funcionarios o empleados que (1) constituyan delito; (2) ocurran fuera del marco de las funciones oficia-les; (3) en los que medie negligencia inexcusable, o (4) ju-risprudencialmente se haya establecido un estado de dere-cho diferente mediante sentencia final y firme.

Queda en manos del Secretario de Justicia determinar en qué casos el estado asumirá la representación legal y, eventualmente, el pago de la totalidad de la sentencia. Art. 14 de la Ley Núm. 104 (32 L.P.R.A. sec. 3087). Con ese propósito, el Departamento de Justicia aprobó el Reglamento sobre Representación Legal y Pago de Sentencia, Reglamento Núm. 4071, que disponía el procedimiento para la concesión de los beneficios de representación legal y pago de sentencia emitida según la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado. García v. E.L.A., supra, págs. 725-726. Ese reglamento se concentraba en el proceso de solicitud del beneficio, su revocación o petición de reconsideración por parte de la agencia.

El Art. 14 de la Ley Núm. 104, supra, provee para que un solicitante pueda acudir al Tribunal de Apelaciones si la determinación del Secretario le es adversa. 32 L.P.R.A. sec. 3087. Sin embargo, tanto la ley como el reglamento vi-gente al momento de los hechos de este caso guardan silen-cio sobre el procedimiento que debe seguir un municipio, corporación o instrumentalidad pública que se oponga a que el Secretario extienda el beneficio de pago de sentencia con cargo a sus arcas. Ni siquiera contemplan la posibili-dad de solicitar revisión judicial. Esa vía se reserva para el solicitante, su cónyuge o la sociedad de bienes gananciales que ambos compongan. Art. IV y XIV del Reglamento Núm. 4071, supra; Ortiz et al. v. E.L.A. et al., 158 D.P.R. 62, 73 (2002).

Es que la Ley Núm. 104, supra, y el Reglamento Núm. 4071, supra, se aprobaron con anterioridad a la reforma municipal. Datan de cuando el poder de los municipios sobre sus finanzas y recaudos quedaba limitado ante el poder del Gobierno Central. Antes de que se aprobara la Ley de Municipios Autónomos en 1991,

... la mayoría de los ingresos municipales provenían del Fondo General y de aportaciones federales sin intervención alguna de los municipios... Por muchas décadas, el Gobierno Central, a través del Departamento de Hacienda, había controlado las finanzas municipales las cuales se nutrían básicamente del subsidio estatal. L. Santana Rabell y M. Negrón Portillo, La reforma municipal en Puerto Rico: retos y oportunidades, Río Piedras, Escuela Graduada de Administración Pública, U.P.R., 1993, pág. 20.

Este esquema cambió con la reforma municipal, parti-cularmente con la Ley de Municipios Autónomos que per-mitió a los municipios “la libre administración de sus bie-nes y de los asuntos de su competencia o jurisdicción y la disposición de sus ingresos y de la forma de recaudarlos e invertirlos”. Santana Rabell y Negrón Portillo, op. cit., pág. 15. Así, es poco probable que la Ley Núm. 104, supra, cuya aprobación data de 1955, contemplara la posibilidad de participación de un municipio en el proceso decisional del Secretario sobre la adjudicación del beneficio de represen-tación y pago de sentencia.

Según el esquema anterior tenía sentido que el Secreta-rio de Justicia tomara la determinación unilateral de pa-gar la representación legal y sentencia con fondos munici-pales porque, después de todo, los municipios eran sustancialmente subsidiados por el gobierno central. Sin embargo, los poderes que confirió la reforma a los munici-pios, exigen que integremos sus nuevas facultades a la in-terpretación que demos hoy a la Ley Núm. 104.

No podemos olvidar que al interpretar disposiciones legales, debemos tratar de armonizar aquellas que estén en aparente conflicto, antes de escoger cuál, si alguna de las dos, debe prevalecer sobre la otra. R. Elfren Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de Leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., Pubs. JTS, 1987, Vol. 1, pág. 319. Además, en este extremo, la Ley de Municipios Autónomos nos señala que

[l]os poderes y facultades conferidos a los municipios por este subtítulo o cualquiera otra ley, excepto disposición en contra-rio, se interpretarán liberalmente, en armonía con la buena práctica de política pública fiscal y administrativa, de forma tal que siempre se propicie el desarrollo e implantación de la política pública enunciada en este subtítulo de garantizar a los municipios las facultades necesarias en el orden jurídico, fiscal y administrativo para atender eficazmente las necesida-des y el bienestar de sus habitantes. (Énfasis suplido). 21 L.P.R.A. sec. 4002.

Es a través de los municipios que el Estado puede aten-der de forma más efectiva el bienestar social y económico de sus vecindarios. Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122 D.P.R. 229, 236 (1988). Una determinación con-traria a la que tomamos hoy vulneraría esa autonomía fiscal.

En resumen, es improbable que la Ley Núm. 104, supra, reconociera la participación de los municipios en el proceso decisional del Secretario de Justicia porque al momento de su aprobación la autonomía municipal no existía. La Ley de Municipios Autónomos nos obliga a que nuestra inter-pretación de las leyes relacionadas garanticen a los muni-cipios los poderes fiscales necesarios para atender las ne-cesidades de sus habitantes.

IV

Ante este aparente conflicto de leyes, surge la aplicabilidad de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.), como un estatuto armonizador que no contraviene ninguna de las disposiciones legales mencionadas. La LPAU, otra legislación cuya aprobación en 1988 es posterior a la Ley Núm. 104, supra, uniformó la mayoría de los procedimientos adjudicativos que realizan las agencias. Ya hemos resuelto que la LPAU aplica al procedimiento de deliberación que realiza el Secretario de Justicia al amparo de la Ley Núm. 104, supra, frente al solicitante. Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 992 (2011). Sin embargo, nada hemos dispuesto sobre el papel de un municipio en aquellos casos en que se le exponga al pago de representación y sentencia.

La LPAU designa como parte a

... toda persona o agencia autorizada por ley a quien se dirija específicamente la acción de una agencia o que sea parte en dicha acción, o que se le permita intervenir o participar en la misma, o que haya radicado una petición para la revisión o cumplimiento de una orden, o que sea designada como parte en dicho procedimiento. Art. 1.3(j), 3 L.P.R.A. sec. 2102(j).

En el caso ante nos, el Secretario de Justicia aprobó una resolución el 23 de febrero de 2007 que ordena al municipio de Fajardo el pago de la sentencia. Esa orden representa una acción de la agencia dirigida al municipio de Fajardo.

Es por ello que el municipio de Fajardo tiene que considerarse parte, aunque la Ley Núm. 104, supra, no lo reconozca expresamente. Por un lado, esta ley solo reco-noce como parte al solicitante, su cónyuge y la sociedad de bienes gananciales que ambos componen. Pero por otro lado, el Municipio es parte del proceso por reconocimiento de la LPAU, porque es una persona jurídica objeto de la orden de una agencia.

Del proceso decisional del Secretario de Justicia puede resultar una orden para que el municipio emita un pago que afectaría sus fondos. Privar de participación al muni-cipio, como pretende el Secretario de Justicia, representa despojarle de los derechos que reconoce la LPAU a las par-tes en un proceso adjudicativo de una agencia.

El Art. 3.1 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2151, dis-pone ciertos requisitos que deben cumplir las agencias en sus determinaciones adjudicativas, como la notificación, presentación de evidencia, una adjudicación imparcial y que la determinación se base en el expediente. Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 D.P.R. 386, 399 (2011). Estos son requisitos que garantizan el debido proceso de ley en su modalidad procesal, que emana de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 7, L.P.R.A., Tomo I, y de las Enmiendas V y XIV de la Constitución de Estados Unidos, L.P.R.A., Tomo 1.

Los derechos constitucionales que recoge la Carta de Derechos le asisten a los individuos frente al Estado, no viceversa. Estos derechos no pueden extenderse al Gobierno. P.P.D. v. Gobernador II, 136 D.P.R. 916, 923 (1994). Los municipios son parte del Gobierno. Tanto es así, que hemos reiterado que son “criaturas del Estado”. Gobierno Ponce v. Caraballo, 166 D.P.R. 723, 736 (2006); López, Fed. Coms. Unidos v. Mun. de San Juan, 121 D.P.R. 75, 85 (1988). Nacen de la facultad para crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios que el Art. IV, Sec. 1, de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, concedió a la Asamblea Legislativa. Cía. Turismo de P.R. v. Mun. de Vieques, 179 D.P.R. 578, 584 (2010); López v. Fed. Coms. Unidos v. Mun. de San Juan, supra.

Si bien es cierto que un municipio, como ente gubernamental, carece de derechos constitucionales, he-mos reconocido que posee “interés gubernamental legítimo en los recaudos de los fondos que constituyen sus ingresos”. Mun. de San Juan v. CRIM, 178 D.P.R. 163, 178 (2010). Por eso, en este caso citado exigimos a una agencia gubernamental que concediera a los municipios el derecho al descubrimiento de prueba que establece la See. 3.8 de la L.P.A.U. para los procedimientos adjudicativos. 3 L.P.R.A. sec. 2158; Mun. de San Juan v. CRIM, supra.

Además, el municipio tiene aquellos derechos que la ley le reconoce. La L.P.A.U. reconoce a una parte el derecho a una notificación adecuada, presentar evidencia, a una ad-judicación imparcial y que la decisión se base en el expediente. Estamos convencidos de que extender esos de-rechos que reconoce la LPAU a un municipio que pudiera verse perjudicado por la determinación del Secretario, como parte, no contraviene la Ley Núm. 104, sino que la atempera a la legislación que se ha aprobado posterior-mente.

Ante este panorama, es imperativo que el Departa-mento de Justicia diseñe un proceso que dé participación a los municipios cuando su decisión de conceder el beneficio de pago de sentencia al amparo de la Ley Núm. 104, supra, tenga el potencial de comprometer fondos municipales. Un análisis integrado de las leyes aplicables demuestra que es insostenible, según el ordenamiento jurídico actual, que se permita al Secretario de Justicia comprometer unilateral-mente los fondos de municipios autónomos sin siquiera darles la oportunidad de ser oídos.

No podemos perder de perspectiva que el planteamiento medular del municipio de Fajardo es que el Secretario de Justicia extendió el beneficio del pago de sentencia según la Ley Núm. 104, supra, a unos exfuncionarios municipales que no cualificaban bajo los criterios que exige esa misma ley y su reglamento. Sin adjudicar los méritos de ese re-clamo en este momento, una decisión contraria a la que tomamos hoy tendría el efecto de sujetar a los municipios y las corporaciones públicas, a una determinación que pu-diera resultar arbitraria, sin la posibilidad de revisión judicial.

Conceder a los municipios los derechos que reconoce la LPAU reconoce a las partes en un proceso adjudicativo, facilita la revisión judicial de la determinación administrativa. Además, da certeza a los municipios de que la decisión del Secretario será revocada si se concluye que es arbitraria, caprichosa y no se ajusta a los parámetros de la Ley Núm. 104. “En nuestro sistema constitucional, la existencia de una estructura adjudicativa administrativa solamente sería sostenible en la medida en que sus decisiones se encuentren subordinadas a la rama judicial”. J.A. Echevarría Vargas, La hegemonía del derecho administrativo: irrevisibilidad de las decisiones administrativas, 69 Rev. Jur. U.P.R. 1167 (2000).

V

Por los motivos expuestos, revocamos la determinación del Tribunal de Apelaciones y declaramos la nulidad de la Resolución sobre Pago de Sentencia que emitió el Secretario de Justicia el 23 de febrero de 2007. Devolvemos el caso al Departamento de Justicia para que atienda los reclamos del municipio de Fajardo y reevalúe si sostiene su determi-nación de conceder el beneficio de pago de sentencia a los expolicías William Mongomé Roldán y la sargento María Lebrón Ramos.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Hernández Denton y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintieron sin opinión escrita.

       En lo pertinente, la Resolución indica:
      “A tenor con el dictamen señalado y las ordenes [sic] subsiguientes, de las cuales tomo conocimiento oficial y cuyas respectivas fotocopias se hacen formar parte de este escrito, así como en virtud de los preceptos aplicables de los Artículos 12 y siguientes de la Ley Núm. 104... concedo el beneficio de pago de sentencia a los referidos demandados y autorizo el pago a los demandantes de la cantidad correspondiente. De conformidad con lo establecido en el Artículo 19 de la Ley Núm. 104 ya citada, la referida cantidad deberá sufragarse de los fondos disponibles del Municipio de Fajardo. A tales efectos debe depositarse dicha cantidad en la Secreta-ría del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. El cheque habrá de prepararse por la suma total ya anotada a favor de ‘Clerk, U.S. District Court’ ”. Apéndice, pág. 126.

       El Reglamento Núm. 4071, que se enmendó mediante el Reglamento Núm. 7540 de 18 de julio de 2008, se anuló con la aprobación del Reglamento sobre Repre-sentación Legal y Pago de Sentencia, Reglamento Núm. 7622 de 2 de diciembre de 2008. Como los hechos de este caso ocurrireron antes de que entraran en vigor la enmienda y el nuevo reglamento, utilizaremos el Reglamento Núm. 4071 para dis-poner de la controversia.

       El Art. 12 de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 L.P.R.A. sec. 3085, señala:
      “Todo funcionario, ex funcionario, empleado o ex empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que sea demandado en daños y perjuicios en su carácter personal, cuando la causa de acción se base en alegadas violaciones a los derechos civiles del demandante, debido a actos u omisiones incurridos de buena fe, en el curso de su trabajo y dentro del marco de sus funciones, podrá solicitar que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico le provea representación legal y posteriormente asuma el pago de cualquier sentencia que pueda recaer sobre su persona. Los Direc-tores Ejecutivos, ex Directores Ejecutivos, los miembros y ex miembros de las Juntas de Gobierno de las corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno, los alcaldes y ex alcaldes y los funcionarios y ex funcionarios de los municipios, así como los miembros y ex miembros del Cuerpo de la Policía Municipal en los diferentes rangos, estarán cubiertos por lo aquí dispuesto, excepto que en lo relativo al pago de sentencias se regirán por lo provisto en la see. 3092 de este título. Las acciones que puedan incoarse bajo las disposiciones de las sees. 3077 a 3092a de este título no estarán cubiertas por lo dispuesto en esta sección.
      “Asimismo, lo aquí provisto no debe entenderse bajo ningún concepto como que convierte al Estado en asegurador de los servidores públicos antes señalados, ni que constituye una renuncia de la inmunidad soberana del Estado Libre Asociado”.

       El texto íntegro de este artículo, 32 L.P.R.A. sec. 3092, expone:
      “El Secretario de Justicia notificará al Secretario de Hacienda sus determina-ciones sobre pago a base de lo dispuesto en las sees. 3085 a 3092a de este título. El Secretario de Hacienda procederá a satisfacer de los fondos disponibles en el Tesoro de Puerto Rico las sentencias, costas y honorarios que recaigan sobre los demandados.
      “Todas las disposiciones de las sees. 3085 a 3092a de este título serán aplicables a los directores ejecutivos, ex directores ejecutivos, los miembros y ex miembros de las juntas de Gobierno de las corporaciones públicas e instrumentalidades del Go-bierno, y a los alcaldes y ex alcaldes y funcionarios y ex funcionarios de los munici-pios, así como los miembros y ex miembros del Cuerpo de la Policía Municipal en los diferentes rangos, excepto que los gastos que recaigan sobre éstos en concepto de tales sentencias, costas, honorarios y gastos incurridos por el Estado Libre Asociado en su representación legal serán sufragados de los fondos disponibles de las corres-pondientes corporaciones e instrumentalidades del Gobierno o municipio que repre-senta o que representó el demandado en cuestión. En caso de que la corporación, instrumentalidad del Gobierno o el municipio afectado no disponga de los fondos necesarios para sufragar dicha cuantía, el Estado Libre Asociado deberá satisfacer el pago de ésta. La corporación o instrumentalidad del Gobierno o el municipio reem-bolsará dicha suma posteriormente, según lo determine el Secretario de Hacienda, mediante consulta con la junta de Gobierno de la corporación o instrumentalidad del Gobierno o la legislatura municipal del municipio.

        “La erogación presupuestaria que conllevan las señaladas secciones, tanto en términos de representación legal como en el concepto de pago de sentencias, costas y honorarios no constituirá una compensación adicional para los servidores públicos cubiertos por tales disposiciones”.

       El Reglamento Núm. 7622, que derogó el Reglamento Núm. 4071, establece unos requisitos de elegibilidad para recibir el beneficio que básicamente se circuns-criben a lo que exige la ley.

       El texto de la ley señala que la revisión administrativa deberá instarse en el Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, debemos recordar que el Art. 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. sec. 2171), que uniformó los procesos decisionales en las agencias, dispone que las revisiones judiciales de determinaciones administrativas se verán ante el Tribunal de Apelaciones. El procedimiento de concesión del beneficio de re-presentación y pago que realiza el Departamento de Justicia no está exceptuado de la aplicación de la L.P.A.U. Art. 1.4, 3 L.P.R.A. sec. 2103; Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 992 (2011).

       Nótese que el interés gubernamental legítimo al que hicimos referencia en ese caso se distingue del que utilizamos como parte del escrutinio constitucional intermedio. El interés gubernamental legítimo al que hicimos referencia en Mun. de San Juan v. CRIM, 178 D.P.R. 163 (2010), pertenecía al municipio afectado por una determinación del Estado. En contraste, el que se utiliza como parte del análisis constitucional se refiere al interés del Estado frente a los derechos importantes de los individuos. Véase Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, 134 D.P.R. 28 (1993).


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text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Héctor Caraballo Borrero, recurrido.

      Número: CC-2011-1064

      Resuelto: 8 de noviembre de 2012

      Luis R. Román Negrón, procurador general, y Daphne M. Cordero Guilloty, procuradora general auxiliar, abogados de la parte peticionaria; Glorimar Acevedo Acevedo, de la Sociedad para la Asistencia Legal, abogada de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar si un policía que realizó una prueba preliminar de aliento a un conductor que expe-lía olor a alcohol y exhibía signos aparentes de embria-guez, en violación al periodo de observación reglamentario de 20 minutos, tenía motivos fundados para trasladar al individuo al cuartel y realizarle una prueba definitiva de aliento para detectar el nivel de alcohol en la sangre. Ade-más, debemos resolver si la supresión de la prueba de campo acarrea automáticamente la exclusión de la prueba científica posterior. Por entender que el agente del orden público tenía motivos fundados para creer que el detenido conducía un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes y que la exclusión de la evidencia científica de campo no acarrea la supresión automática de la eviden-cia científica posterior, revocamos el dictamen recurrido.

r-H

Eran aproximadamente a las 2:30 de la tarde del 20 de marzo de 2011. La patrulla policial aparcaba al margen de la Carretera Núm. 2, en dirección de Ponce a Yauco. En su interior, el agente Jesús Vélez Pabón registraba la veloci-dad de los vehículos que por allí transitaban. Era una zona con límite de 55 millas por hora. A esa hora, el radar em-pleado por el agente marcó a un vehículo que discurría muy apresurado, a 85 millas por hora.

El policía hizo señas para que el conductor del automó-vil se detuviera. Luego de avistar al agente, el chofer que circulaba por encima del límite suspendió la marcha. El policía se aproximó al auto y le solicitó al conductor del deportivo blanco y subcompacto Toyota la licencia de con-ducir y los documentos del vehículo.

Fue ahí cuando el Sr. Héctor Caraballo Borrero bajó la ventanilla de su automóvil y el agente Vélez Pabón perci-bió un fuerte olor a alcohol. El policía inquirió respecto a la causa del hedor. El conductor del deportivo blanco tuvo dificultad en proferir palabras para darse a entender. Pero consiguió enunciar una respuesta afirmativa. Con el habla pesada, voluntariamente aceptó haberse dado unos tragos. Informó además que se dirigía a su trabajo. En el acto, el agente le impartió las advertencias de ley y le or-denó desmontarse. Sin oponer resistencia, el señor Cara-bailo Borrero así lo hizo.

Eran las 2:35 de esa tarde, cuando el agente Vélez Pa-bón le realizó al conductor la prueba de aliento con el ins-trumento Aleo-Sensor. Habían transcurrido 5 minutos desde la intervención con el recurrido. El resultado de la aludida prueba fue positivo. El agente arrestó al chofer y le trasladó al cuartel. Allí se le realizó al arrestado una se-gunda prueba de aliento —en esta ocasión con el instru-mento conocido como Intoxilyzer 5000— la cual arrojó un resultado de .175 centésimas del uno por ciento de alcohol en la sangre. A esa altura ya habían transcurrido 35 minu-tos desde la intervención inicial. Durante ese tiempo, el agente se ocupó de que el señor Caraballo Borrero no co-miera, fumara o vomitara, circunstancias que bien podrían alterar el resultado de la prueba.

Por esos hechos se le expidió un boleto por exceso de velocidad al señor Caraballo Borrero y se presentó una de-nuncia contra él por manejar un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, en violación al Art. 7.02(a) de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. Posteriormente, se determinó causa probable para proce-sar al señor Caraballo Borrero por el delito imputado y las partes quedaron citadas para el juicio en su fondo, por tra-tarse de un delito menos grave.

Oportunamente, la defensa del señor Caraballo Borrero presentó una moción de supresión de evidencia. En ella argumentó que el agente Vélez Pabón administró la prueba de aliento con el instrumento Aleo-Sensor a solo 5 minutos de la intervención. Por ello, solicitó la supresión del resultado de dicha prueba por haberse incumplido con el requisito de 20 minutos de observación previo a la su aplicación de ésta, según lo dispuesto en el Reglamento Núm. 7318 de 9 de marzo de 2007 del Departamento de Salud, que regula la toma de pruebas científicas para de-terminar la concentración de alcohol y otras sustancias en la sangre. Según la defensa del señor Caraballo Borrero, de esa prueba preliminar fue que el agente Vélez Pabón derivó los motivos fundados para arrestar al imputado, trasladarlo al cuartel y administrarle en ese recinto la prueba con el instrumento Intoxilyzer 5000, por lo que esta prueba posterior también fue ilegal e irrazonable, pero ante todo, inadmisible por ser producto de un arresto ilegal. En suma, la defensa solicitó la supresión de los re-sultados de la prueba con el instrumento Aleo-Sensor y otros tantos de la prueba del Intoxilyzer 5000.

El Ministerio Público presentó un escrito para oponerse a la moción de supresión de evidencia. Argumentó que el uso del Aleo-Sensor por parte del agente en la carretera es discrecional, que no es admisible en evidencia y que de dicha prueba no se emite resultado en documento alguno. Alegó, además, que el resultado de la prueba de campo solo abona a los signos de embriaguez que recopila el agente mediante sus sentidos y que conforman los motivos funda-dos para sospechar razonablemente que la persona dete-nida se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes.

El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista de supresión de evidencia. El Ministerio Público presentó el testimonio del agente Vélez Pabón. Finalizada la vista, el foro primario determinó que no se cumplió con el mínimo de 20 minutos de observación, previos a la realización de la prueba de Aleo-Sensor. Además, el tribunal expuso que el policía trasladó al arrestado al cuartel para efectuarle la prueba posterior con el Intoxilyzer 5000 dado el resultado de la prueba preliminar del Aleo-Sensor que él administró, resultado positivo que le dio motivos fundados para ello. En consecuencia, el tribunal suprimió los resultados de las pruebas de Aleo-Sensor, de Intoxilyzer “y todo lo posterior”.

Insatisfecho con la supresión automática de toda la evi-dencia científica, el Ministerio Público, representado por la Oficina del Procurador General, acudió al Tribunal de Ape-laciones mediante un recurso de certiorari. Argumentó que el Tribunal de Primera Instancia no realizó un análisis particularizado de los hechos para dirimir los potenciales efectos adversos de no haber esperado 20 minutos para la prueba de Aleo-Sensor, con el propósito de determinar si ello afectó el valor probatorio de la prueba realizada poste-riormente con el Intoxilyzer 5000.

Luego de evaluar los planteamientos de las partes, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el recurso de certiorari. Entendió ese foro que como el agente no cumplió con el plazo reglamentario de observación de 20 minutos, la prueba de campo efectuada con el Aleo-Sensor era invá-lida, lo cual, a su vez, también invalidaba el resultado de la prueba posterior del Intoxilyzer 5000.

Inconforme, el Estado acudió ante nos mediante un re-curso de certiorari y una moción en auxilio de jurisdicción. En síntesis, alega que los foros a quo aplicaron una norma de exclusión absoluta y suprimieron toda la evidencia cien-tífica sin hacer un análisis particularizado de los hechos, según lo resuelto en Pueblo v. Montalvo Petrovich, 175 D.P.R. 932 (2009), para dirimir los efectos adversos que tuvo el incumplimiento con el periodo de observación de 20 minutos previo a efectuar la prueba con el Aleo-Sensor. Ello con el propósito de determinar si se vio afectado el valor probatorio de la prueba posterior realizada con el In-toxilyzer 5000.

Examinado el recurso, expedimos el auto solicitado y ordenamos la paralización de los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia. Con el beneficio de la compa-recencia de las partes, procedemos a resolver.

II

Nuestra Constitución prohíbe que, de ordinario, un funcionario del orden público arreste a alguna persona sin previa orden judicial fundada en una determinación de causa probable. Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496, 500 (1988). Este requerimiento constitucional no es absoluto. Un agente del orden público puede realizar un arresto sin previa orden judicial cuando: (1) se ha cometido un delito en su presencia; (2) se ha cometido un delito grave, sea o no en su presencia, y (3) cuando tuviese motivos fundados para creer que la persona ha cometido un delito grave. Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Pueblo v. Serrano Reyes, 176 D.P.R. 437, 444 (2009).

Existen motivos fundados si de la totalidad de las circunstancias del caso se desprende que una persona ordinaria y prudente poseería aquella información y el conocimiento que la llevarían a creer que la persona intervenida ha cometido un delito. Pueblo v. Calderón Díaz, 156 D.P.R. 549, 557 (2002); Pueblo v. Colón Bernier, 148 D.P.R. 135, 142 (1999); Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 D.P.R. 762, 770 (1991); Pueblo v. Martínez Torres, supra, pág. 504. Ello, indistintamente de que luego se pruebe o no la comisión de tal delito. Íd.

El concepto “motivos fundados” es sinónimo del término “causa probable” empleado en el contexto de la expedición de una orden de arresto. Pueblo v. Calderón Díaz, supra, pág. 557; Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348, 353 (1977). La existencia de motivos fundados se determina a base de los criterios de probabilidad y razonabilidad. Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 D.P.R. 41, 47 (1994). Lo verdaderamente importante es que el agente que efectúa un arresto y regis-tro sin orden judicial previa tenga, al momento de hacerlo, una base razonable que se desprenda de la totalidad de las circunstancias para creer que se está violando o se iba a violar la ley. Id. Dicho de otra manera, para dirimir si un agente del orden público tenía motivos fundados para arrestar a un ciudadano sin una orden “es indispensable analizar la información que le constaba a éste y el cuadro fáctico que éste tenía ante sí al momento del arresto para, entonces, determinar si esos hechos pudieron llevar a una persona prudente y razonable a creer que la persona que iba a ser arrestada había cometido, o iba a cometer, la ofensa en cuestión”. Pueblo v. Calderón Díaz, supra, pág. 559.

No puede olvidarse que “[c]ada delito tiene unas características externas, una manera de realizarse, que lo proyectan visualmente, tipifican la circunstancia delictiva y dirigen el raciocinio hacia la concreción de motivos fundados para el arresto”. Pueblo ex rel. E.P.P., 108 D.P.R. 99, 101 (1978). El agente del orden público debe relacionar el comportamiento de la persona que tiene ante sí con el conocimiento de los usos y las costumbres de los infractores con los cuales el policía está familiarizado, máxime cuando se trata de delitos comunes de alta incidencia. Id.

III

Conducir un vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias controladas representa un peligro para nuestra sociedad. Con ello en mente, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 132-2004, la cual introdujo varias enmiendas a la Ley Núm. 22-2000, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec. 5001 et seq.; Pueblo v. Figueroa Pomoles, 172 D.P.R. 403, 420 (2007). De esa manera, la Asamblea Legislativa reafirmó la política pública a favor de la seguridad pública y tuvo el firme propósito de evitar muertes en las carreteras, ocasionadas por conductores en estado de embriaguez. Íd.

En conformidad con la aludida política pública, y en lo pertinente, el Art. 7.09 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec. 5209, dispone que “toda persona que transite por las vías públicas de Puerto Rico con-duciendo un vehículo... habrá prestado su consentimiento [para] someterse a un análisis químico o físico de su san-gre, o de su aliento,... así como una prueba inicial del aliento a ser practicada en el lugar de la detención...”. Un agente del orden público tiene autoridad para detener al-gún vehículo que transite por la vía pública si tiene moti-vos fundados para creer que el conductor ha cometido al-guna violación a la ley. Art. 10.22 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec. 5302. Luego de que el agente informe el motivo de la detención y las violacio-nes en que aparentemente incurrió, el conductor deberá mostrarle todos los documentos que debe llevar consigo o en el vehículo, según lo dispuesto por ley. Íd.

El Art. 7.02 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec. 5202, “incorporó el lenguaje de ‘ilegal per se’ para establecer concretamente la ilegalidad del acto de conducir un vehículo de motor cuando el contenido de alcohol en la sangre del conductor es de 0.08% o más, según surja tal nivel o concentración del análisis químico o físico de su sangre, o de su aliento”. Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra, pág. 944. De esa forma, el nivel de alcohol en la sangre no es solo un elemento probatorio, sino que es causa suficiente para concluir que la persona se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes, en violación a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. Íd.; Pueblo v. Figueroa Pomales, supra. Véase además Pueblo v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 392 (1962).

En atención a lo antes expuesto, y en conformidad con el Art. 7.09(g) de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec. 5209(g), el Departamento de Salud creó el Reglamento Núm. 6346 de 17 de septiembre de 2001 (Reglamento del Secretario de Salud Núm. 110 de 14 de septiembre de 2001), con el objetivo de regular la toma de pruebas científicas para determinar la concentración de alcohol y otras sustancias en la sangre. Este reglamento fue posteriormente sustituido por el Reglamento Núm. 7318, supra, el cual conserva similar propósito.

En lo pertinente al caso de autos, el Reglamento Núm. 7318, supra, dispone que “antes de realizar una prueba con el Intoxilyzer, la persona intervenida se mantendrá bajo observación por un período mínimo de veinte (20) minutos, contados a partir de la hora de la intervención, para asegurarse de que no existe alcohol residual en su boca al momento de efectuarse el análisis”, que pueda afectar la corrección de la prueba. Art. 8.14 del Reglamento Núm. 7318, supra, pág. 11. Este reglamento define “alcohol residual” como la “ [c] antidad de alcohol que permanece en la mucosa de la boca por algún tiempo después de haberse ingerido alcohol, bien se encuentre en forma líquida o en forma de vapor”. Art. 4.03 del Reglamento Núm. 7318, supra, pág. 2. Durante los 20 minutos de observación, el agente debe evitar que el individuo fume, ingiera alimentos o se provoque vómito. Si ello ocurre, deberá esperarse 20 minutos adicionales. Art. 8.15 del Reglamento Núm. 7318, supra. Estas normas aplican también a las pruebas preliminares de aliento realizadas con el Aleo-Sensor. Art. 8.23 del Reglamento Núm. 7318, supra.

En estrecha sintonía con esta controversia, en Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra, dos agentes del orden público llegaron a una escena luego de ser alertados de la existen-cia de un accidente de tránsito en el cual una persona quedó gravemente herida y otras dos perdieron la vida. El conductor que supuestamente provocó el accidente, Sr. Gary Montalvo Petrovich, se encontraba fuera de su vehículo. Los policías se acercaron a él y le preguntaron si era el conductor del automóvil. El señor Montalvo Petro-vich respondió afirmativamente. Se le pidió que mostrara su licencia de conducir y la licencia del vehículo, y así lo hizo. El conductor caminaba y se expresaba de forma ade-cuada y fue cooperador en todo momento. Justo cuando éste entregó los documentos solicitados, un policía alegó percibir olor a alcohol. Sin dilación, los agentes le pregun-taron qué había sucedido. El conductor manifestó volunta-riamente que estaba en una fiesta y que había consumido varias copas de vino. Sin haberle practicado la prueba de Aleo-Sensor, fue puesto bajo arresto y trasladado al cuartel. Allí, un agente le realizó la prueba de aliento con el instrumento Intoxilyzer 5000, la cual arrojó un resul-tado de .08 por ciento de alcohol, el máximo permitido por ley. No transcurrieron más de 15 minutos desde que los agentes intervinieron en la carretera con el conductor hasta que se le realizó la prueba de aliento en el cuartel.

Ya presentadas las denuncias y decretada la causa probable para arresto y para acusación, la defensa solicitó la supresión de la evidencia científica. No cuestionó los moti-vos fundados de los agentes para trasladar al conductor al cuartel y efectuarle allí la prueba con el Intoxilyzer 5000; tampoco cuestionó que no se le hubiera practicado al en-tonces detenido la prueba de aliento en la carretera con el Aleo-Sensor. Sin embargo, sí disputó el incumplimiento con el periodo reglamentario de observación de 20 minutos antes de la prueba definitiva de aliento, razón por la cual solicitó que se suprimiera automáticamente el resultado de ésta por falta de confiabilidad.

Con ese cuadro fáctico, por voz del Juez Presidente Se-ñor Hernández Denton, en Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra, rechazamos establecer una regla de exclusión auto-mática ante cualquier incumplimiento con el procedimiento dispuesto por la regulación de pruebas de aliento. Resolvi-mos claramente que el “tribunal debe determinar —caso a caso— la magnitud de la desviación y el impacto que ésta puede tener sobre la confiabilidad y precisión de la evidencia”. Íd., pág. 959. Si el “incumplimiento es de tal magnitud que a juicio del juzgador la prueba ya no es con-fiable, es deber del tribunal rechazarla”. (Enfasis suprimido). Íd. Lo importante en ese caso es la confiabili-dad de la prueba porque, a fin de cuentas, lo que se persi-gue encontrar es la verdad. Además, en esa ocasión con-cluimos que el Estado debe probar que cumplió sustancialmente con el periodo de observación de 20 minu-tos antes de tomar la prueba de aliento, contados “a partir del momento en que los agentes intervinieron con el acu-sado y estaban en posición de observarlo para poder deter-minar si éste ingirió alimentos, fumó o se provocó [el] vómito”. Íd., pág. 959.

Como en ese caso el Estado no probó haber cumplido sustancialmente con el periodo de observación, circunstancia que crea serias dudas sobre la confiabilidad de la prueba de aliento y afecta significativamente su valor probatorio, resolvimos que la evidencia científica en cuestión era inadmisible en evidencia. No obstante lo anterior, expresamos claramente que “nada impide que el Estado presente otra evidencia para intentar probar que el [imputado] se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes”. Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra, pág. 961. Para ese propósito se debe evaluar, por ejemplo, “el dominio que éste tenía sobre sí mismo, la apariencia de sus ojos, el dominio del habla, el grado de control que ejerció sobre su vehículo hasta el momento del accidente, su estado anímico, así como cualquier otro factor que refleje el estado de sus facultades físicas y mentales”. Íd.

IV

En el caso ante nos, la defensa del señor Caraballo Bo-rrero alega que debe suprimirse el resultado de la prueba de aliento administrada con el Aleo-Sensor porque el agente Vélez Pabón no cumplió con el periodo de observa-ción de 20 minutos dispuesto en el Reglamento Núm. 7318 del Departamento de Salud, supra.

Según mencionado, el referido periodo de observación de 20 minutos tiene el propósito de garantizar un mínimo de precisión y confiabilidad de la prueba que se administra. El incumplimiento con ese tiempo de observación crea se-rias dudas sobre la confiabilidad de la prueba de aliento y mina su valor probatorio. El agente del orden público debe cumplir con ese lapso de observación para asegurarse de que no queden restos de alcohol en la boca del sospechoso que puedan afectar la corrección de la prueba. Para ese fin también debe prestar particular atención a que el sospe-choso no ingiera alimentos, fume o vomite durante el refe-rido periodo. Estos requerimientos son elementales y lo único que exigen es un mínimo de diligencia.

En el caso de autos el agente Vélez Pabón administró la prueba con el Aleo-Sensor a solo 5 minutos de la interven-ción con el conductor. En tan escaso periodo no hay certeza de que en la mucosa de la boca de éste no habiten rastros de alcohol, en forma líquida o en forma de vapor, que pro-voquen resultados científicamente no confiables. Ya en Pueblo v. Montalvo Petrovich, supra, resolvimos que el Es-tado no probó haber cumplido sustancialmente con el pe-riodo de observación al administrar una prueba de aliento a 15 minutos de la intervención con el sospechoso. En el caso de autos el Estado tampoco demostró haber cumplido con el periodo de observación requerido para administrar la prueba preliminar de aliento con el Aleo-Sensor. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia actuó correcta-mente al decretar la supresión de esa evidencia, cuyo re-sultado carece de confiabilidad científica.

Por otra parte, la defensa aduce que debe suprimirse también el resultado positivo de la prueba final de aliento efectuada con el Intoxilyzer 5000. Ello, pues entiende que el agente Vélez Pabón derivó los motivos fundados para creer que el detenido se encontraba bajo los efectos de be-bidas embriagantes, de la inadmisible prueba de campo con el Aleo-Sensor. Por ello, arguye que el arresto fue ilegal y que la prueba definitiva con el Intoxilyzer 5000 debe ser suprimida, de acuerdo con la doctrina de los frutos del ár-bol ponzoñoso. Por su parte, el Estado alega que antes de efectuar la prueba con el Aleo-Sensor el agente Vélez Pa-bón ya tenía motivos fundados para creer que el señor Ca-raballo Borrero se encontraba en estado de embriaguez, razón por la cual el arresto fue legal y la prueba posterior con el Intoxilyzer 5000 —que arrojó .175% de alcohol en la sangre y que fue administrada luego de 35 minutos de ob-servación— no debe suprimirse.

De entrada, no hay controversia respecto a que el agente Vélez Pabón detuvo al señor Caraballo Borrero por conducir un vehículo de motor a 85 millas por hora en una zona de 55 millas por hora. Ninguna parte disputa los mo-tivos fundados de esa intervención inicial ni el boleto expe-dido por conducir por encima del límite de velocidad. La controversia se circunscribe en determinar si el agente te-nía motivos fundados para arrestar al individuo antes de efectuarle la prueba de aliento con el Aleo-Sensor.

En este punto debe quedar claro que por medio de las observaciones del comportamiento del conductor o de los signos externos de embriaguez, un agente del orden público puede derivar los motivos fundados para intervenir con éste y requerirle que se realice una prueba de aliento con el Aleo-Sensor o con el Intoxilyzer 5000. Incluso, hemos sostenido ya convicciones por conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez dadas tales observaciones. “No debe olvidarse que la comisión [de ese] delito puede establecerse por prueba independiente del resultado de los análisis”. Pueblo v. Zalduondo Fontánez, 89 D.P.R. 64, 71-72 (1963). Véanse: Pueblo v. Cruz Rivera, 88 D.P.R. 332, 335 (1963); Pueblo v. De Jesús Marrero, 88 D.P.R. 154 (1963). Si la conducta y los signos de embriaguez exhibidos por el detenido pueden ser suficientes para sostener una convicción —asunto cuya naturaleza entraña mayores exi-gencias y rigores — , más aún pueden serlo para imprimirle motivos fundados al agente para requerirle al conductor que se efectúe una prueba de aliento en el cuartel.

En el caso ante nos, el agente Vélez Pabón caminó hasta el recién detenido deportivo blanco y le pidió al conductor la licencia de conducir y los documentos del vehículo. Justo cuando el señor Caraballo Borrero bajó la ventanilla de su vehículo para hacer entrega de estos documentos, el agente Vélez Pabón percibió un fuerte olor a alcohol. Esto inquietó suficientemente al policía como para inquirir sobre la causa del hedor etílico. A un tiempo, el conductor intentó enunciar palabras para darse a entender y el agente notó el habla pesada de su interlocutor, quien aceptó haberse dado unos tragos.

Ante el fuerte olor a alcohol, el habla pesada de quien intenta articular palabras y la admisión inequívoca del conductor de que se había dado unos tragos, cualquier persona prudente y razonable puede tener una base razonable para creer que el conductor intervenido conducía un vehículo de motor en probable estado de embriaguez. Precisamente, estas circunstancias fueron las que crearon una sospecha individualizada y justificaron que el agente administrara la prueba de campo con el Aleo-Sensor. Al analizar la información que le constaba al agente y el cuadro fáctico que éste tenía ante sí, resolvemos que esos hechos constituyen un mínimo de información necesaria para creer razonablemente que se ha violado la ley. Véase Pueblo v. Calderón Díaz, supra, pág. 559. Además, concluimos que para efectos de determinar si un agente del orden público tiene motivos fundados para la intervención aquí en controversia, cualquier insuficiencia que pueda tener la descripción del estado de embriaguez ofrecida por el agente queda fortalecida por la admisión voluntaria del conductor a los efectos de que había ingerido bebidas alcohólicas. Véase Pueblo v. Echevarría, 87 D.P.R. 208, 214-215 (1963).

Por lo tanto, aunque el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al suprimir los resultados de la prueba con el Aleo-Sensor, dicho foro erró al concluir que ello anulaba los motivos fundados del agente para arrestar al conductor. De hecho, en este caso la intervención en cuestión no sería legítima si antes de realizar la referida prueba de aliento el agente no tuviese motivos fundados para detener el vehículo y creer que el individuo se encon-traba bajo los efectos de bebidas embriagantes. En las cir-cunstancias particulares del caso ante nos, los resultados de la prueba con el Aleo-Sensor solo abonaron a los signos de embriaguez que percibió el agente mediante sus senti-dos y a la inequívoca admisión del conductor a los efectos de que había ingerido bebidas alcohólicas.

Aclarado el hecho de la existencia de los motivos funda-dos previo al resultado de la prueba con el Aleo-Sensor, el arresto y traslado del señor Caraballo Borrero al cuartel para efectuarle una prueba definitiva de aliento con el In-toxilyzer 5000 fue legal y razonable. Por lo tanto, no pro-cede la contención de la defensa respecto a la aplicación de la doctrina de los frutos del árbol ponzoñoso. La inadmisi-bilidad en evidencia de los resultados del examen adminis-trado con el Aleo-Sensor, en este caso, no incide con la le-galidad de la intervención ni con la admisibilidad de la prueba con el Intoxilyzer 5000, la cual cumplió con todos los parámetros reglamentarios. Esto es: hubo un periodo de observación de 35 minutos —mayor al tiempo requerido para garantizar un mínimo de precisión y confiabilidad en la prueba— en el cual el agente se aseguró de que el señor Caraballo Borrero no fumara, comiera o vomitara; además, la prueba arrojó un resultado de .175% de alcohol en la sangre. En cuanto a esta segunda prueba, colegimos que hubo un cumplimiento sustancial con los procedimientos y estándares reglamentarios y operacionales para pruebas de aliento, lo cual imprime confiabilidad en el resultado.

V

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la re-solución recurrida y devolvemos el caso al Tribunal de Pri-mera Instancia para que continúen los procedimientos de forma cónsona con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Consignación de hechos probados en la vista de supresión de evidencia, Es-crito en cumplimiento de orden de 23 de septiembre de 2011, Apéndice, pág. 16.

       Escrito en Cumplimiento de Orden de la parte recurrida ante el Tribunal de Apelaciones de 10 de agosto de 2011, Apéndice, pág. 37.

       Id.; Alegato de la parte recurrida, págs. 15-16 y 18; Consignación de hechos probados en la vista de supresión de evidencia, supra, Apéndice, pág. 16.

       Consignación de hechos probados en la vista de supresión de evidencia, supra, Apéndice, pág. 16.

       Íd.

       Ley Núm. 22-2000 (9 L.P.R.A. sec. 5202(a)).

       El referido reglamento también es conocido como el Reglamento del Secreta-rio de Salud Núm. 123 de 28 de febrero de 2007. Fue creado para regular los métodos y procedimientos para la toma y la el análisis de muestras de sangre, orina o de cualquier otra sustancia del cuerpo. Además, se instituyó para adoptar y regular el uso de los instrumentos científicos para la determinación de concentración de alcohol, incluyendo la prueba inicial de aliento y la detección e identificación de drogas o sustancias controladas.

       “Minuta Resolución” del Tribunal de Primera Instancia de 16 de junio de 2011, Apéndice, pág. 60.

       El mencionado Art. 7.09(g) de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec. 5209(g), faculta al Departamento de Salud para adoptar y reglamen-tar el uso de instrumentos científicos para determinar la concentración de alcohol en la sangre de los conductores detenidos por conducir o hacer funcionar vehículos bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas. Tal facultad se extiende al instrumento a ser utilizado por el agente del orden público para hacer la prueba inicial de aliento.

       Este reglamento fue enmendado por el Reglamento Núm. 7805 de 26 de enero de 2010, también conocido como Reglamento del Secretario de Salud Núm. 139 de 20 de enero de 2010.

       Ya hemos resuelto que no es indispensable el resultado de una prueba quí-mica para probar que una persona conduce bajo los efectos de bebidas embriagantes. Véanse: Pueblo v. Zalduondo Fontánez, 89 D.P.R. 64, 71-72 (1963); Pueblo v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 392, 400 (1962); Pueblo v. Cabrera Osorio, 84 D.P.R. 97, 99 (1961) (per curiam).

       No está en controversia que la persona que administró la mencionada prueba estaba cualificada y certificada por el Departamento de Salud y que tal cer-tificación se encontraba vigente al momento de administrar la prueba. Tampoco está en controversia el funcionamiento apropiado del instrumento y que éste fue apro-bado por el Departamento de Salud y certificado y calibrado en conformidad con la regulación aplicable.