text:
    Sucesión Pérez, Apelante, v. Márquez, Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 948.
    Resuelto en junio 17, 1913.
    Pruebas — Injunction.—Posesión en el Demandado. — No son admisibles como prueba contra un demandado, cartas que no contienen admisiones del mismo escritas por un testigo del demandante acerca de las gestiones .hechas por el mismo cerca del demandado con respecto a los actos imputados a ésto y presentadas para corroborar la declaración del testigo que las escribió.
    Id. — Injunction—Posesión en el Demandado. — En un procedimiento de mjunction en que el demandado alega estar en posesión del solar en litigio, és inadmisible para probar el demandante la posesión del mismo, una certifica-ción exqiedida por el registro de la propiedad correspondiente en la que se exprese que el demandante es dueño de una casa que colinda con el solar en litigio y. una certificación del municipio en la que se hace constar que desde 1888 dicho municipio no ha dictado resolución alguna en que se declarase ilegal, viciosa o violenta la posesión que ejercía sobre el solar en cuestión el causante del demandante, pues ninguno de dichos documentos prueba la adquisición y posesión del solar por el demandante.
    Injunction — Posesión en Litigio. — Cuando la posesión de un solar no solamente está en litigio sino que la tenía el demandado, no procede la concesión de un injunction para impedir que el demandado ejecute actos contrarios a su posesión.
    Id. — Título en Disputa. — Cuando el título con que se reclama está en disputa no debe concederse el auto -de injunction.

    Id. — Daños Irreparables — Alegaciones Esenciales. — Una solicitud de injunction debe expresar la alegación esencial de que el peticionario sufre daños irreparables con los actos del demandado.
    Los hechos están expresados en la-opinión.

      Abogado del apelante: Sr. Antonio Sarmiento.

    Abogados del apelado: Sres. Francisco González y Arturo Aponte, Jr.

   El Juez Asociado Se. Aldeey

emitió -la opinión del tribunal.

La Sucesión de Adrián Pérez presentó en la Corte de Distrito de Humacao el 14 de agosto de 1912, una solicitud de injunction contra Fernando Márquez Roig en la que alegó que lia venido poseyendo legítima, quieta y pacíficamente cierto solar en la ciudad-de Caguas; que Fernando Márquez Eoig sin su permiso, sin mediar convenio y sin haberla ven-cido en juicio la fia perturbado en esa posesión, abriendo una puerta en el muro que separa dicho solar del en que está edificada la casa del demandado; que ha colocado en ese solar algunos efectos suyos y además comenzó a levantar un muro entre ambos solares, y que en el mismo día presenta otra demanda contra dicho demandado para que se le condene a dejar expedita la posesión de dicho solar recogiendo los efec-tos que en él colocó, tapiando la puerta que abrió y destru-yendo el muro que ha comenzado a construir. La solicitud termina con la súplica de que se requiera al demandado para que se abstenga de utilizar la puerta que ha abierto, de colo-car efectos en el solar y dé continuar la. construcción del muro, hasta que recaiga sentencia firme en el pleito a que se hace referencia.

Esa solicitud fué impugnada por el. demandado negando la posesión que alega tener la sucesión demandante en el solar y los actos de perturbación, así como que la solicitud aduzca causa de acción. Además consignó como defensa especial, que dicho solar nunca ha pertenecido a la sucesión de-mandante, ni ha sido por ella usufructuado legítimamente, y que por el contrario es el demandado quien desde hace algún tiempo lo disfruta por concesión que le ha hecho su dueño el Municipio de Caguas, por lo que tiene prima facie un título a su posesión, concluyendo con la súplica de que se desesti-mara la petición para que se expidiera el' auto de injunction. Oídas las pruebas, la corte dictó resolución contraria a las pre-tensiones de la sucesión peticionaria, contra la cual ésta inter-puso el presente recurso de apelación.

Los errores alegados por la parte apelante son de dos clases: unos, por haber rechazado la corte durante el juicio cierta evidencia pertinente, y otro, porque la sentencia no está sostenida por la prueba. Comenzaremos por el primer grupo, que abarca a su vez dos particulares.

Declarando el testigo Pablo Hereter, respecto a los actos que se imputan al demandado, como ocurridos en 2 de agosto, así como sobre las gestiones que con tal motivo hizo acerca del demandado para que no continuara en ellos, el abo-gado de la parte peticionaria presentó como evidencia dos cartas fechadas en 4 y 6 de agosto, escritas por el testigo y dirigidas a dicho abogado con objeto de comprobar lo dicho por el testigo. Objetada esa evidencia, la corte la rechazó sin que al hacerlo así infringiera el artículo 22 de la Ley de Evidencia, ■ ya que los derechos del demandado no podían ser perjudicados por cartas que no contenían admisiones su-yas ; y aun cuando esa evidencia se presentó para corroborar lo que el testigo declaraba, no hay regla alguna que permita tal clase de evidencia.

Las otras evidencias rechazadas fueron una certificación librada por el Registrador de la Propiedad de Caguas, sobre inscripción de dominio de la casa de Salvador Más, hoy de la Sucesión Pérez, en la que se expresa, que colinda con el solar en cuestión, presentada con objeto de demostrar la adquisición de la casa que colinda con la del demandado y con el solar que está en litigio, por su fondo; y otra certificación del Municipio de Caguas en la que se hace constar que desde 1888 dicho municipio no ha tomado resolución alguna en que se declarase ilegal, viciosa o violenta la posesión que ejercía Salvador Más sobre el referido solar, para demostrar que dicho Señor Más poseía el solar con consentimiento del municipio, y que su posesión no era viciosa.

Según lo que hemos consignado de esos documentos, tal como aparecen de la exposición del caso, no creemos que pro-baban lo que trataba de demostrar la parte que los presentó, ya que refiriéndose la primera de ella a la inscripción de dominio de una casa del Señor Más, que boy pertenece a la sucesión demandante colindante con el solar en litigio, lo único que demuestra esa certificación es el dominio de dicha casa y su colindancia, mas no la posesión del solar en disputa; y en cuanto a la segunda certificación, si bien acredita que no consta en los libros de actas del municipio que por alguna resolución, o acuerdo se haya declarado ilegal o viciosa la posesión de tal solar, no acredita directamente que el mu-nicipio había concedido al Señor Más la posesión del solar en cuestión, por lo que no vemos que la corte haya infringido el artículo 34 de la Ley de Evidencia, toda vez que previa-mente no se había demostrado que el municipio había cedido el solar al Señor Más.

Rástanos el último motivo del recurso, fundado en que la evidencia no sostiene la resolución apelada. Como puede verse por las alegaciones, mientras la parte peticionaria sos-tiene que tenía la posesión del solar cuando el demandado realizó en él los actos que se han referido, éste negó tal hecho y expuso que dicho solar le había sido cedido por el munici-pio de Caguas.

Besulta de los autos que la ciudad de Caguas está edi-ficada sobre terrenos pertenecientes al municipio, quien cede el uso de los solares a particulares y que, mientras la deman-dante trató de probar por medio de testigos que el solar en disputa lo ha poseído desde hace muchos años, el demandado ha demostrado con certificación del Secretario del Municipio de Caguas, que en 8 de agosto de 1912 le fué concedido el disfrute de tal solar. El resultado que persigue la sucesión demandante con su solicitud es que se prohiba al demandado que continúe realizando en dicho solar actos contrarios a la posesión del mismo por la demandante, pero como tal posesión no sólo está en litigio sino que la tiene actualmente el deman-dado, procedió acertadamente la corte inferior al denegar el injunction, ya que mientras en el litigio pendiente no se re-suelva a qnién corresponde el disfrute de tal solar, no puede decirse que sea el poseedor actual la sucesión demandante y por tanto, que tenga derecho a que se prohíban al demandado actos contrarios a su posesión. Cuando el título con que se reclama no es claro o está en disputa, no debe concederse el auto de injunction.

Además, la solicitud de injunction no alega que la suce-sión peticionaria sufra daños irreparables con los actos del demandado, lo que es necesario de acuerdo con la ley que re-gula la concesión del auto de injunction y la jurisprudencia de esta Corte Suprema, según se expresó en el caso de la Sucesión Iglesias v. Bolívar, 11 D. P. R., 571.

Por las razones expresadas, la resolución' apelada debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Aldeey

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Pagán et al., Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 606.
    Resuelto en junio 17, 1913.
    Reglamentos de Sanidad — Edificios a Prueba de Ratas — Mandatario—Sufi-ciencia de la Acusación. — En una acusación contra los mandatarios de ]os condueños de un edificio por infracción del Reglamento de Sanidad No. 3 sobre conservación de los edificios a prueba de ratas, no es necesario que en la acusación se alegue que tenían facultades bastantes de acuerdo con sus poderes pára realizar las obras que les ordenó el Director de Sanidad, siendo por regla general bastante que la acusación se redacte siguiendo las palabras del estatuto.
    Id. — Almacén—Piso de Concreto. — No es necesario que en una acusación por no cumplir la orden del Director de Sanidad ordenando que a una casa dedicada a almacén se le ponga el piso de cemento, se alegue que lo tiene de madera, pues la regla 7 del Reglamento de Sanidad No. 3 exige que todo almacén tenga el piso de concreto.

      Id. — Poder General para Administrar — Obras de Reparación y Conserva-ción. — El ponerle piso de cemento a un edificio dedicado a almacén, según lo exige el Reglamento de Sanidad No. 3, constituye una obra meramente de reparación y conservación, y no de nueva construcción o de fabricación, y un apoderado con poder general para administrar tiene facultades para hacer dicha obra sin necesidad de mandato expreso, y si no la habe es responsable de la infracción del Reglamento de Sanidad No. 3.
    Id. — Condueño.—rEl, condueño de un edificio dedicado a almacén tiene el deber de ponerle piso de cemento de acuerdo con el Reglamento de Sanidad No. 3, pues tal obra es de conservación, y de acuerdo con el artículo 402 del Código Civil revisado puede obligar a los otros condueños a contribuir a los gastos del mismo, sin que pueda alegar como excusa los preceptos del artículo 404 de dicho código.
    Id. — Ejecución de las Obras por el Servicio de Sanidad. — De acuerdo con el artículo 31 de la Ley No. 81 de 1912, el que infringe un Reglamento de Sanidad incurre en la responsabilidad que marea dicha ley, aun cuando al ordenársele hacer la obra se le advirtiera que si no lo haeía el Servicio de Sanidad la haría por cuenta de él.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantesSr. Angel A. Vázquez.

    Abogado del Pneblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldeey

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes fueron acusados ante la Corte de Distrito de Mayagüez de haber infringido, el artículo 7o. del Reglamento No. 3 de la Junta Superior de Sanidad, para construir y conservar a prueba de ratas los edificios y sus dependen-cias en la Isla de Puerto Rico y, declarados culpables y sen-tenciados a pagar una multa, fian interpuesto el presente recurso de apelación, cuyo primer fundamento es que la corte sentenciadora erró al desestimar su excepción perentoria de que la acusación no era suficiente. Dicha acusación, en lo necesario, dice así:

“Los citados Vicente Pagán que representa a la Vda. de Gálvez, Francisco del Moral, por sí y como apoderado de la Sra. Carmen Nadal, Vda. de del Moral, Don Salvador Nadal como apoderado de Félix Nadal y Don Enrique Franco, como apoderado de Angel B. Martínez, siendo los Sres. Vda. de Gálvez, Francisco del Moral, Carmen Nadal, Vda. de del Moral, Félix'Nadal y Angel B. Martínez, dueños de un almacén radicado en la Playa de Mayagüez, que forma parte del Distrito Judicial Municipal de Mayagüez, P. R., voluntaria y malicio-sámente, y en 5 de febrero de 1913, los citados apoderados antes men-cionados no han procedido a poner a prueba de ratas dicho almacén a pesar de haberles sido notificado con fecha 25 de enero de 1913, por el Sr. José Enrique Colón, Inspector de Sanidad, para que pusieran un piso de concreto, toda vez que dicha casa se dedica a almacén y depósito de provisiones, habiéndoseles dado en dicho 25 de enero de 1913 un plazo razonable de diez días * *

Sostienen los apelantes, qué imputándoseles la comisión de un delito realizado en su carácter de mandatarios, la acu-sación debió alegar que tenían facultades bastantes de acuer-do con sus poderes, para realizar la obra que les ordenó el Director de Sanidad, ya que como tales mandatarios ban de ajustarse a las instrucciones recibidas de sus mandantes y no pueden traspasar los límites de su poder.

Sin perjuicio de considerar luego más detenidamente la cuestión de si los acusados tienen o nó como tales apoderados el deber de bacer la obra que se les exigió, nos bastará por abora decir respecto a la excepción perentoria; que la acusa-ción no tiene el defecto que se le atribuye, toda vez que sigue las palabras del estatuto, lo que por regla general es suficiente, según hemos resuelto en los casos de El Pueblo v. Fontana, 16 D. P. R., 658 y El Pueblo v. Birrier, 18 D. P. R., 270 y por tanto, la corte inferior no cometió el error que se le atribuye al desestimar la excepción alegada bajo ese fun-damento.

Durante la discusión oral de este recurso alegaron los apelantes por primera vez, como otro fundamento para soste-ner su excepción, que la acusación era además insuficiente, porque no expresaba si el almacén cuyo piso se manda a poner de concreto, lo tenía de madera. No-es necesario que la acusación tenga tal alegación, pues, si bien la sección 7a. del mencionado reglamento dice que los edificios destinados a almacén se sujetarán a las reglas prescritas para las casas de vivienda, y en éstas es requisito que tenga el piso de la planta baja de madera para que puedan ordenarse las obras que especifica la sección 2a. del reglamento, sin embargo, el último apartado de la sección 7a. dispone qne ello no obstante, todos los almacenes deberán tener necesariamente el piso de concreto n hormigón, de donde se deduce qne no es necesario qne tengan el piso de madera para qne pneda ordenarse qne se le ponga.de concreto n hormigón ^y qne basta que no lo tenga de esta clase de material y esté destinada la casa a almacén.

El segundo motivo en qne los apelantes fundan su re-curso es que la sentencia no sólo es contraria a derecho sino a las pruebas.

De la evidencia obrante en los autos resulta que tres de los acusados son apoderados generales de otros tantos con-dueños de la casa en cuestión y que el otro de ellos es con-dueño de la misma casa; que dicho edificio está destinado a almacén y no tiene el piso de concreto u hormigón, a pesar de que ha transcurrido el plazo que les concedió el Director de Sanidad para que pusieran esa clase de piso.

El contenido propio de un mandato general son los actos de administración, así como los de propiedad y dominio son los del mandato expreso, por lo que un poder general para administrar, incluye necesariamente la obligación del man-datario de realizar todos los actos propios para la conserva-ción de la cosa administrada, como lo haría un buen padre de familia, por lo que no podrá decirse que traspasa los límites de su poder si realiza actos propios para conservar la finca cuyo cuidado y conservación se le ha confiado, ya que administrar es cuidar y conservar. Por tanto, el apoderado tiene el deber de hacer las obras necesarias para que la cosa cuya administración se le confía, pueda dedicarse al uso a que la destina su dueño, sin necesidadi de mandato expreso de éste; y como un edificio dedicado a almacén debe reunir las condiciones exigidas por las leyes de sanidad, so pena de que no pueda destinarse a ese uso, es lógico que si como tal lo ha de conservar el mandatario, deberá hacer las repara-ciones consiguientes a tal fin. En consecuencia, como la obra ordeñada en este caso por el Director de Sanidad tenía por objeto que la casa tuviera las condiciones propias de todo almacén, que es el uso a que la destinan sus dueños, tal obra era meramente de reparación y conservación, ya que sólo se trataba de cambiarle el piso que tenía por otro, y no tiene por tanto el carácter de nueva construcción o de fabricación, como equivocadamente sostienen los apelantes.

En cuanto al acusado que es condueño, no es excusa para él que el Código Civil Revisado en su artículo 404, le prohíba, sin consentimiento de los demás partícipes, bacer alteracio-nes en la cosa común, aunque de ellas pudieran resultar ven-tajas para todos, ya que como hemos consignado se trata únicamente de obras de conservación, que no alteran la cosa poseída en común y si como hemos dicho, los acusados como apoderados de algunos condueños, tenían el deber de hacer esa obra, también lo tenía el acusado que resulta ser con-dueño, con tanta mayor razón cuanto que el artículo 402 del Código Civil Revisado le concede el derecho de obligar a los otros partícipes a contribuir a los gastos de conservación de la cosa común.

El último punto tratado por los apelantes es, que como fueron requeridos para hacer esa obra advirtiéndoseles que si no la hacían en término de diez días la ejecutarían por su cuenta las autoridades sanitarias, al dejar de hacerla, no in-currieron en responsabilidad criminal, sino solamente en la obligación de pagar las obras que hiciera la Sanidad.

La Ley No. 81 para reorganizar el Servicio de Sanidad, aprobada en 14 de marzo de 1912, dice lo que sigue:

“Artículo 31. En caso de que el dueño, agente o inquilino de una propiedad donde exista un daño o estorbo público, dejare de ha-cendó desaparecer o abatir dentro de un plazo razonable, después que se haya hecho debidamente la notificación para la ejecución de la obra, se faculta por la presente a las autoridades sanitarias para remover o abatir el daño o estorbo, a expensas de dicho dueño, agente o inquilino, y la parte interesada será informada debidamente de los gastos en que se hubiera incurrido con tal motivo, y reintegrará el importe de los mismos a las autoridades de Sanidad. Cualesquiera sumas así pagadas por los funcionarios dé Sanidad para la remoción o abatimiento de un daño o estorbo, constituirán un gravamen sobre la propiedad donde exista tal daño o estorbo, y una reclamación legal contra el dueño, agente o inquilino: Esta acción, sin embargo, no relevará de responsabilidad a cualquier dueño, agente o inquilino por la infracción de las disposiciones de los reglamentos sanita-rios * * *.
“Artículo 33. Toda persona que infrinja cualquier disposición de los reglamentos de Sanidad puestos en vigor según se dispone por esta ley, será castigada con multa que no será menor de $1 ni mayor de $100, o con prisión desde uno a treinta días, o con ambas penas a discreción del tribunal.”

Los preceptos legales antes citados demuestran clara-mente que el sólo lieclio de no llevar a cabo las reparaciones ordenadas por el Director de Sanidad de acuerdo con la ley y los reglamentos, es bastante para que pueda ser perseguida criminalmente la persona que tiene el deber de hacerlas, inde-pendientemente de que las autoridades sanitarias verifiquen o nó dichas obras.

Así, pues, nó hay en la sentencia apelada los errores de derecho que le atribuyen los apelantes y la prueba demues-tra haberse justificado todos .los requisitos necesarios para que los acusados pudieran ser condenados, como lo fueron, por la infracción denunciada.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wole

text:
    Núñez et al., Apelantes, v. Herederos de Rivera et al., Apelados.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 914.
    Resuelto en junio 17, 1913.
    Alegaciones — Prescripción—Buena Pe — Presunción.—Cuando un demandante admite en su demanda que el demandado o sus causantes adquirieron con justo título la finca en litigio y que ha transcurrido el tiempo necesario para adquirir el dominio por prescripción ordinaria, como la buena fe se presume siempre, es -necesario para destruir el título del demandado si se plantea la cuestión de prescripción ordinaria, que el demandante alegue y pruebe la mala fe por parte del demandado.
    Pruebas — Documentos de Más de 30 Años. — En el caso de 'autos, entre el otor-gamiento de la escritura de traspaso de la finca en litigio por Manuel Satur-nino Rivera a favor de María Engracia Náter y el comienzo de esta acción, han transcurrido más de 40 años, y de acuerdo con el párrafo 33 del artículo 102 de la Ley de Evidencia de marzo 9, 1905, dicho documento es auténtico y se resolvió, entre otras cosas, que los demandados demostraron que el título que tienen a la finca en litigio es bueno y que no fue destruido por la prueba de la parte demandante.
    Id. — Documentos de Más de 30 Años — Título.—La manifestación hecha en un documento de más de 30 años en el sentido de que el causante de los deman-dantes vendió al causante de los demandados determinada finca, es prueba suficiente prima facie del título de dicha finca a favor de los demandados.
    Prescripción — Mala Pe del Causante — Posesión por Más de Diez Años.— A un poseedor con buena fe y justo título por más de 10 años no se le puede imputar la mala fe de su causante.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Rafael López Landrón.

    Abogados de los apelados Belén, Herminio y Mercedes Pa-dial e Isabel Núñez: Sr. A. Sarmiento.

   El Juez Asociado Sr. Wole

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia dictada en este caso debe ser confirmada prin-cipalmente por el fundamento de que la acción ba prescrito a favor de la demandada Isabel Núñez Rivera. Muclias otras personas fueron becbas partes en este pleito, pero como Isabel Núñez Rivera está en posesión de la finca en litigio ale-gando ser dueña de la misma, y como se ba alegado que es ella la persona qne está en posesión de la finca qne reclaman los demandantes, no es necesario qne tomemos en conside-ración a los demás demandados.

Gonzalo Núñez Rivera y Matilde Núñez Aguayo son los demandantes en este pleito, siendo cada uño de las mismos herederos de Jnan Basilio Nnñez y Urqnizn, annqne son hijos de distintas madres. Su padre estnvo casado dos veces. Desde el año 1842 al 1863 el expresado Jnan Basilio Nnñez estnvo en posesión de la finca “Isleta,” compuesta de 430 cnerdas con el consentimiento de Francisco Stewart, que era el ver-dadero dueño, quien en octubre 8 de 1863 vendió la finca al mencionado padre de los demandantes. De esta finca Juan Basilio Núñez vendió a otras personas dos parcelas de te-rreno compuestas de 88 y 135 cuerdas, respectivamente. Fa-lleció bajo testamento en Jersey City, New Jersey, en abril de 1892, instituyendo como sus únicos herederos a las per-' sonas que naturalmente tenían derecho a su herencia, o sea a los hijos de ambos matrimonios, y a su segunda esposa. Isabel Núñez Rivera era una de las hijas de Juan Basilio Núñez tenida en su primera esposa.

Estos hechos aparecen expresados en substancia en los trece primeros párrafos de la demanda. Los demás párra-fos de la misma son como sigue:

“14. Que la demandada Isabel Núñez y Rivera adquirió de un origen enteramente distinto, o sea, de un tal Manuel Saturnino Rivero, que carecía en absoluto de título de propiedad y que no hubo ni derivó' su derecho del de legítima propiedad de Juan Basilio Núñez y IJrquizu, la finca ‘Isleta1 reclamada ahora. Y añaden vuestros peticionarios-que, para hacerse de un título, aunque supuesto y aparente, Manuel. Saturnino Rivero, absolutamente extraño a la propiedad de la citada, hacienda ‘Isleta,’ vendió sin derecho ninguno real y efectivo de do-minio ni de posesión, por precio ficticio de once pesos fuertes, a María. Engracia Náter, 147 cuerdas de la susodicha hacienda ‘Isleta,’ por' escritura de 30 de junio de 1869, traspasándolas a su vez por otra escritura de 12 de agosto de 1880 a José Dolores Infante y Santana,, quien las retrovendió pocos días después por escritura de 24 de.agosto de 1880 a la misma María Engracia Náter, la erral traspasó de ellas. 87 a 90 cuerdas de la propia finca, poco después, a su nieta Isabel Núñez Rivera, la demandada, por escritura de 7 de noviembre de 1881.
“15. Que la coheredera mayor, Isabel Núñez y Rivera, empezó a poseer la descrita hacienda ‘ Isleta, ’ o sea su terreno remanente en un principio compuesto de 147 cuerdas, a voz y en nombre de su legítimo padre y de su familia desde la ausencia de éste para los Estados Unidos en el año de 1885, y la ha venido poseyendo así hasta que falleció su dicho padre y causante Núñez Urquizu en New York en 1892; y que desde esta fecha la ha venido detentando con un perí-metro reducido a 87 o 90 cuerdas, ilegalmente, excluyendo de su disfrute a sus hermanos y coherederos los reclamantes, sin haberles dado nunca participación alguna en ella ni en sus frutos; de cuya porción de 147 cuerdas de la citada hacienda ‘Isleta,’ retenida por María Engracia Náter e Isabel Núñez Rivera, aparece inscrita a favor de. esta última en el registro de la propiedad, el siguiente lote de terreno:
. “ ‘1. Rústica. Terreno que es parte segregada de otra mayor cuya descripción es la siguiente: situado en el barrio de “Juan Sánchez,” sitio “Isleta” de la jurisdicción de Bayamón. Su cabida es de ochenta y siete a noventa cuerdas poco más o menos. Colinda por el norte con la población de Bayamón, por el mediodía con Don Fernando Segundo Montilla, por el poniente con Don Cándido Cobián, por el saliente con la Sucesión de Morales y el citado Montilla. La expre-sada finca atraviesa de norte a sur el camino que va para Guainabo y de saliente a poniente en parte el otro camino que conduce a Río Hondo, en cuya estancia existe una casa-habitación terrera consti-tuida de maderas y cubierta de zinc.’
“16. Que ni Juan Basilio Núñez Urquizu, ni su primera ni su isegunda esposa, ni sus herederos los demandantes se han obligado ni han otorgado escritura ni traspaso de ninguna clase a favor de Manuel ¡Saturnino de Rivero, ni de ninguno de los demandados, de todo ni de parte de la descrita hacienda ‘Isleta.’
. “Í7. Que la finca ‘Isleta’ objeto de esta reclamación, ha venido dando un promedio anual de producción, calculado a razón de $90 mensuales las 87 a 90 cuerdas retenidas por Isabel Núñez y Rivera, y $60 mensuales el remanente.
‘ ‘ 18. Que el demandante Gonzalo Núñez y Rivera se ausentó de esta Isla, desde su minoridad, sin conocimiento de estos antecedentes ale-gados,, habiendo regresado a Puerto Rico a fines del año de 1909-
, “19. Que Amalia Aguayo y Canales, la segunda esposa de Juan Basilio Núñez Urquizu, falleció en Bayamón el día 26 de noviembre de 1898, sucediéndola en todos sus derechos hereditarios su única hija la peticionaria Matilde Núñez y Aguayo.
“20. Que en repetidas ocasiones, durante el mes de abril de 1890 y durante el año de 1910, y que desde 1890 hasta hoy, los demandados han reconocido tácita e implícitamente unas veces, y de una manera expresa otras, que los demandantes tienen sus participaciones heredi-tarias indivisas en las 147 cuerdas de terreno componentes y remanen-tes de la citada hacienda ‘Isleta’ y señaladamente en las descritas bajo el alegato 15 de esta demanda.
“21. Que los herederos de Josefa Rosenda Núñez Rivera, o sean Herminio, Isabel, Mercedes y Belén Padial Núñez figuran en esta acción como demandados por haberse negado a asociarse como partes demandantes.
“Por todo lo cual, los demandantes piden a la honorable corte se sirva en su día dictar sentencia definitiva, condenando a los deman-dados a proceder a la partición y división legal de dicha finca here-ditaria nombrada ‘Isleta,’ descrita y referida en los alegatos 14 y 15 de esta demanda, juntamente con la restitución o entrega a vuestros peticionarios de las participaciones dominicales o partes que en la misma resulte eorresponderles con arreglo a derecho, y su equivalente en dinero en su defecto, con más la porción de frutos correspondientes de todas clases producidos o podidos producir desde el año 1885, a justa regulación de peritos, hasta el en que se verifique el reintegro, con más las costas, costos y gastos de este litigio. ’ ’

Al contestar Isabel Núñez Rivera la demanda negó las alegaciones de la misma que existían en sn contra alegando dos defensas; la primera de estas defensas fué que siendo ésta una acción personal, había prescrito por virtud del artículo 1865 del Código Civil por haber transcurrido más de 15 años; y como segunda defensa la adquisición de un título por prescripción ordinaria de acuerdo con el artículo 1858 del Código Civil.

Si se examina el párrafo' 14 de la demanda se verá que con-siderado aisladamente, en él se admite que en su origen, la adquisición de la finca fué justa y suficiente, no probándose mala fe sobre la cual pueda fundarse un título por prescrip-ción ordinaria, por haber transcurrido el tiempo necesario para adquirir el mismo, defensa que fué alegada por la de-mandada. En dicho párrafo Isabel Núñez Eivera aparece haber adquirido su título de Manuel Saturnino Eivero y últi-mamente de su abuela' María Engracia Náter. Aunque el párrafo 14 de la demanda alega que Manuel Saturnino Eivero carecía absolutamente de título y que María Engracia Náter pagó un precio ficticio por dicha finca, sin embargo, no existe alegación ninguna en dicho párrafo de falta de buena fe por parte de la demandada Isabel Núñez Eivera. En verdad que no hay alegación alguna de mala fe en contra de María Engra-cia Náter, con excepción de que el precio de la venta que le hizo Eivero ‘era ficticio, cuya afirmación es compatible con la existencia de una justa causa y por tanto con el hecho de haber procedido ella de buena fe.

Como la buena fe se presume siempre, cuando un deman-dante admite que el demandado o sus causantes tienen un justo título y admite también que ha transcurrido el tiempo necesario para adquirir título por prescripción, la falta de buena fe debe ser alegada y la obligación de probarla incumbe a dicho demandante, suponiéndose siempre que el demandado funda su derecho en un título por prescripción. La única alegación de mala fe aparece en el párrafo décimoquinto de la demanda.

Bajo los hechos alegados, el demandante hubiera quedado obligado a probar que Isabel Núñez Eivera entró en pose-sión de 147 cuerdas de terrenos pertenecientes a la finca “Is-leta” a instancia y a nombre de su legítimo padre y su fami-lia desde la fecha de su ausencia para los Estados Unidos, o sea desde el año 1885 en adelante. Los hechos presentados en el juicio fueron bastante distintos. Isabel Núñez Eivera adquirió su finca en el año 1881 e inscribió sus derechos en el registro de la propiedad. No hubo prueba satisfactoria, si es que alguna fué presentada, de que la demandada supiera que su padre hubiera poseído alguna vez la finca en cuestión. Su abuela, María Engracia Náter, vivió en la finca con com-pleto conocimiento de Juan Basilio Núñez, que era el yerno de la mencionada María Engracia Náter. Según ya hemos. dicho, el hecho de que se expresara falsamente el precio de la venta no probaría la mala fe de María Engracia Náter. En una de las escrituras posteriores en la cadena de títulos de la demandada se hizo constar el hecho de la verdadera cansa entre las partes, pero aun cuando la causa fuera falsa no per-judicaría a la demandada Isabel Núñez Eivera.

En el juicio se trató de demostrar que las rentas las reci-bía Isabel Núñez Eivera, pero la prueba sólo- tendió a mos-trar que Fidel Guillermety cobraba éstas y las entregaba a la hermana Josefa Núñez Eivera. No hubo prueba de .que Isabel Núñez Eivera quedara al frente de la finca a nombre y a instancia de su padre o su familia.

Deberá notarse que en el párrafo 20 de la demanda se alega que los demandados reconocieron las participaciones hereditarias de los demandantes en la finca “Isleta. ” La única prueba tendente a mostrar tal alegación es la de que Gonzalo Núñez en el año 1890 renunció todos sus derechos en la pequeña porción hereditaria de sus padres a favor de los herederos de Josefa Eivera Núñez. Convenimos con los apelantes en que esta renuncia no era obligatoria para Gonzalo Núñez por carecer de los requisitos legales necesarios, pero en cambio la aceptación de esta renuncia por parte de los herederos de Josefa Núñez Eivera no obligaba a Isabel Núñez Eivera, y además no se hizo referencia alguna en esta renuncia a ninguna propiedad determinada.. No existe prueba de que Isabel Núñez Eivera jamás reconociera el derecho de propiedad de los demandantes o de alguno de los mismos.

La corte inferior parece ser de opinión de que Isabel Núñez Eivera probó tener un título válido sin que fuera necesario alegar la cuestión de prescripción, y nos inclinamos a creer igual cosa. La escritura de Manuel Saturnino Eivero fué otorgada en el año 1869 y este pleito se inició en 1911, habien-do, por consiguiente, transcurrido más de cuarenta años desde la fecha en que se otorgó la escritura de este traspaso por Manuel Saturnino Eivero a favor de María Engracia Náter. María Engracia Náter estaba en posesión de la finca, alegando al parecer el dominio de la misma. La escritura que se otorgó a su favor expresaba que Manuel Saturnino Eivero adquirió la finca de Juan Basilio Núñez. Después de este lapso de tiempo la presunción está a favor de que lo con-signado en la escritura era correcto y la subdivisión 33 del artículo 102 de la Ley de Evidencia expresa, que un documento o escrito de más de trienta años es auténtico cuando ha sido generalmente acatado como auténtico por personas interesa-das en la cuestión y explicada satisfactoriamente su custodia. El documento en cuestión tiene más de treinta años y la pose-sión del mismo es de feolia anterior a la posesión de Isabel. Núñez Eivera en el año 1881. Creemos que el demandado mostró tener un buen presunto título y que dicho título no fué destruido por la prueba presentada por el demandante.

Eesulta innecesario, pues, considerar la otra defensa en cuanto a la prescripción de la acción.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados- del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Presidente Su. Hebnández

text:
    Ríos, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Eecurso gubernativo contra resolución del Eegistrador de la Propiedad de Arecibo.
    No. 146.
    Resuelto en junio 17, 1913.
    Bienes Gananciales — Fallecimiento de Uno de los Cónyuges — Inscripción a Favor de la Viuda y de los I-Iijos. — La liquidación de la sociedad de ganan-ciales no es requisito indispensable para inscribir proindiviso a favor del cónyuge sobreviviente y de los hijos una finca de la sociedad de gananciales inscrita previamente a nombre del cónyuge difunto, bastando para este fin la presentación en el registro del testamento con la certificación de defunción del testador o de la declaración judicial de herederos.

      Id. — Liquidación de la Sociedad de Gananciales — Inscripción de las Partici-paciones a Pavor de los Herederos. — La escritura de inventario, división y adjudicación de "bienes es indispensable para inscribir a nombre del cónyuge sobreviviente y de los hijos, una finca inscrita a nombre del difunto, cuando lo que pretenden los herederos es inscribir participación determinada -de dichos bienes en favor de cada uno de ellos, y no la finca proindivisa.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. José Martínez Dávila.

    El Registrador José Marcial López compareció en nombre propio.
   El Juez Presidente Su. Hebnández

emitió la opinion déi tribunal.

Con fecha 17 de mayo de 1901 José Loreto Ríos y Ramírez de Arellano otorgó testamento en la Villa de Arecibo ante el Notario Don Juan Zacarías Rodríguez, en que declaró estar casado con Antonia Villafaña y Torrado en la que había procreado 12 hijos, siete varones y cinco hembras, y no haber aportado ni él ni su esposa bienes al matrimonio, por lo que los que aparecieran después de su muerte debían considerarse adquiridos durante la sociedad de gananciales,«habiendo insti-tuido a sus 12 hijos por sus únicos y universales herederos sin perjuicio de la cuota vidual que en usufructo correspon-día a la esposa Antonia Villafaña.

José Loreto Ríos y Ramírez de Arellano falleció en 3 de febrero del año 1907, y anteriormente, o sea en 2 de marzo de 1904, había fallecido una de sus hijas.

Presentado al Registrador de la Propiedad de Arecibo 'en 11 de febrero del año corriente el testamento de José Loretó Ríos en unión de otros documentos, para que se inscribiera en común proindiviso y en la proporción de una mitad para la viuda y la otra mitad entre los once hijos, por iguales par-tes, una finca rústica compuesta de 101 cuerdas,- radicada en' el barrio de Don Alonso, término municipal de Utuado, la que aparecía inscrita en dicho registro a favor de José Loreto. Ríos, el registrador denegó la inscripción por resultar que la expresada finca pertenece a la sociedad legal de ganan-ciales llevada por José Loreto Ríos con Antonia Villafaña. y no procedía, por tanto, la inscripción de partes alícuotas o determinadas de ella, sin que previamente se practicaran la liquidación de dicha sociedad y la adjudicación en documento público a los causahabientes de la parte ganancial, luego de deducidas las cargas o deudas de la repetida sociedad.

Fue presentado nuevamente al registro el mismo testa-mento de que se deja hecho mérito en unión de otros documen-tos, para que la misma finca de que se trata se inscribiera en común y proindiviso a favo'r de la viuda e hijos del finado José Loreto Ríos, a título de gananciales y usufructo en cuanto a la primera y por herencia en cuanto a los demás, y el regis-trador . denegó también la inscripción solicitada por medio de nota que copiada a la letra dice así:

“Denegada la inscripción a que se contrae la anterior nota de pre-sentación, porque resultando que la linca a que se refiere dicha nota, pertenece a la sociedad legal de gananciales llevada por Don José Loreto Ríos 'y Ramírez de Arellano con Doña Antonia Villafaña Torrado, no procede la inscripción en forma alguna a favor de la viuda y heredero^, sin que previamente se practique la liquidación de aquella sociedad con arreglo a las disposiciones del Código Civil, sec-ción 7a., capítulo 4°., libro 4°., y la adjudicación hecha en documento público a los causahabientes de la parte ganancial, luego de deducidas las cargas o deudas de dicha sociedad, según los artículos 1334 y 1337 de dicho código; y siendo tal defecto insubsanable, se deniega por tal fundamento la inscripción solicitada; y en cumplimiento de lo establecido' por la sección 7a. de la ley de 1°. de marzo de 1902, fué tomada la anotación preventiva que tendrá efecto legal durante ciento veinte días de su fecha, al folio 118 del tomo 94 de Utuado, finca número 3546 duplicado, anotación letra E. Arecibo, 24 abril, 1913. José Marcial López, Registrador.”

Esa nota ha sido recurrida en tiempo oportuno y está hoy sometida a nuestra consideración y decisión.

La cuestión envuelta en el presente recurso ha sido ya resuelta por este Tribunal Supremo en los casos de la Sucesión Dávila v. El Registrador de la Propiedad, 15 D. P. R., 669, y de Quiñones v. El Registrador de la Propiedad, 16 D. P. R., 16. En ambos casos lo mismo que en el sometido a nuestra consideración, fueron denegadas las inscripciones por no haberse hecho la liquidación de los bienes de la socie-dad de gananciales a que pertenecían las fincas cuya inscrip-ción se pretendía.

Al resolver los dos primeros casos, dijimos:

“ * * * para inscribir el derecho hereditario basta con presentar el documento auténtico en que tal derecho conste, siempre que se reú-nan estas dos circunstancias: primera, que los bienes hereditarios consten inscritos a favor del causante, como sucede en el presente caso, y segunda, que haya un solo heredero o varios que soliciten la inscripción proindiviso. t)e modo que sólo puede exigirse la escritura de inventario, división y adjudicación cuando lo que pretenden los herederos es que se inscriba la participación de los bienes relictos, mas nó cuando, partiendo del hecho de la proindivisión, sólo quieren conste en el registro su derecho hereditario con respecto a fincas inscritas a nombre de su causante. Con esta doctrina, sustentada por las resoluciones de 13 de marzo de 1885 y 25 de febrero de 1888, resulta inscribible el derecho hereditario de determinada persona a continuación de la inscripción de la finca que consta'ser del causante y se describe en la solicitud.”

En la resolución de la Dirección General de los Registros de España de 25 de febrero de 1888 se establece que es indisputable el derecho que asiste a todo condueño para inscribir su participación en la cosa común y que, por tanto, mientras está proindiviso el caudal hereditario, cada uno de los co-herederos puede obtener la inscripción de la parte alícuota que le corresponda, presentando ál efecto el testamento con la certificación.de óbito del testador o la declaración judicial de herederos.

Ciertamente que el artículo 20 de la Ley Hipotecaria dis-pone que para inscribir o anotar los títulos en que se trans: fiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales deberá constar previamente inscrito o ano-tado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se baga la transmisión o gravamen. En el presente caso la finca rústica de que se trata aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Areeibo a favor de José Loreto Eíos y siendo, como es, bien ganancial adquirido en sociedad con sn esposa Antonia Villafaña, lia de entenderse inscrita a favor de la so-ciedad de gananciales de la qne nno y otro cónyuge eran partes.

Disuelta la sociedad de gananciales por muerte de José Loreto Eíos, sus herederos o causahabientes vinieron a com-partir con la viuda Antonia Villafaña los derechos correspon-dientes a ambos cónyuges en la sociedad expresada, cuyos derechos en verdad no pueden fijarse sino mediante la liqui-dación de dicha sociedad. De ahí que sin esa liquidación el cónyuge supérstite no pueda disponer cual si fueran propios del todo o parte determinada de los bienes que tengan el carácter de gananciales.

Opinamos que así como no es necesaria la liquidación de la herencia para que pueda inscribirse el derecho hereditario a favor de los herederos de una persona, también puede inscri-birse a favor del cónyuge sobreviviente la parte que pueda co-rresponderá en los bienes gananciales,bien en concepto de usu-fructo legal, bien por razón de gananciales. Por supuesto que tales inscripciones estarán sujetas al resultado de la liquida-ción de la herencia y de la sociedad de gananciales.

La viuda de José Loreto Ríos tiene derecho a participar de los bienes de la sociedad de gananciales, ya por concepto de gananciales ya por razón de usufructo vidual, y sus hijos tienen derecho a los bienes de su difnnto padre por título hereditario. Esos derechos pueden ser inscritos en el registro.

Procede la revocación de la nota recurrida y que se lleve a cabo la inscripción denegada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez

text:
    Ramis, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra resolución del Registrador de la Propiedad de Caguas.
    No. 136.
    Resuelto en junio 17, 1913.
    Recurso Gubernativo Petición Ambigua.' — Cuando una parte desee que el registrador haga alguna operación en los libros del registro, debe solicitarlo de una manera concreta y determinada y no en forma vaga que dé lugar a duda acerca ae la clase de operación que el interesado desee.
    Gravámenes — Libertad de la Propiedad — Presunción.—La presunción es siem-pre favorable a la libertad de la propiedad, y para que ésta pueda reputarse gravada, es necesario que el gravamen se constituya en términos claros y preeisos que no den lugar a la menor duda.
    Id. — Modificación de Una Escritura — Tercero.—Inscrita una finca a' favor de un tercero no puede luego inscribirse en el registro una modificación de con-trato anterior, constitutiva de una carga a la cual el tercero no ha prestado su consentimiento.
    Los Pechos están expresados en la opinión.
    El recurrente compareció en nombre propio.
    El Registrador Sr. Raúl Benedicto compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez

emitió la opinion del tribunal.

Por escritura pública de 2 de junio de 1909, Don Pascual Borras y Llacer vendió a Don Bartolomé Borras y Ortelli una cuerda de terreno, segregada de un predio rústico de Borrás y Llacer que estaba hipotecado a favor de Doña María Fernández y Morales por escritura pública de 8 de febrero del año citado para garantir un crédito de $600 de capital con $60 de intereses y $40 de costas, del que era cesio-nario Don José Más y G-elpi, habiéndose verificado la venta por precio de $250 que el vendedor confesó haber recibido del comprador con anterioridad al otorgamiento de dicha escritura.

Por otra escritura pública de 21 octubre de 1910, otor-gada en la ciudad de Caguas ante el Notario Don Lorenzo Giménez y García, ante quien comparecieron los esposos Don Bartolomé Borrás y Ortelli y Doña Carmen Collazo, Don Cipriano Manrique Gil y Don Francisco Bamis Borrás, como . apoderado de Don Pascual Borrás y Llacer, los referidos con-sortes vendieron al Manrique Gil, la cnerda de terreno ex-presada por precio de $525, de los cuales recibió el vendedor $275 quedando el resto de $250 en poder del comprador para aplicárselo, basta donde alcanzara, al pago de la hipoteca constituida sobre la totalidad de la finca.

Esa escritura de 21 de octubre de 1910 contiene bajo el número 4o. la siguiente cláusula:.

“Cuarto. Aclaran haciéndolo constar así el compareciente Don Bartolomé Borrás y Ortelli, de acuerdo con el otro Bamis y Borrás, en representación de Don Pascual Borrás y Llacer, que aun cuando por la citada escritura número siete, de dos de junio del año último, aparece recibido el precio de $250, importe de la enajenación a que ella se refiere, con anterioridad a su otorgamiento, lo fué en una carta-orden, que el comprador Borrás y Ortelli espidiera ascendente a dicha suma en favor del vendedor Don Pascual Borrás y Llacer, a cargo de su padre Don Gabriel de iguales apellidos, residentes en Mallorca, (España), la cual carta-orden, no habiéndose hecho efectiva todavía, ha sido recogida dejándose sin efecto, estando por tanto pendiente de pago la suma de los expresados $250 objeto de aquella compraventa.”

Fué presentada al Registrador 'de la Propiedad de Caguas copia de la referida escritura de 21 de octubre de 1910 con un escrito de Don Francisco Bamis, como cesionario de los derechos hereditarios de Don Gabriel Borrás y Llacer y Doña Juana Borrás y Ginar, herederos de Don Pascual Borrás y Llacer, y como mandatario de Doña María Luisa Borrás y Llacer y Doña María de Monserrat Borrás y Llacer, here-deras también del Don Pascual Borrás y Llacer, para que se hiciera constar en la forma que hubiere lugar, el derecho real que a favor de Don Pascual Borrás y Llacer estaba consig-nado en la escritura de referencia, y a esa pretensión recayó la siguiente nota del registrador en 30 de diciembre de 1912.

“No admitida la solicitud contenida en el escrito que se acompaña al precedente documento, por no determinarse en él de un modo pre-eiso cuál sea' la operación que el peticionario interesa se practique en el registro, porque la aclaración contenida en la cláusula 4a. de la precedente escritura ha sido hecha exclusivamente por el represen-tante del primitivo dueño Don Pascual Borrás y el anterior comprador Don Bartolomé del mismo apellido, y constituye entre estos dos últi-mos solamente una relación de derecho de carácter personal; y porque aun en el caso de considerarse como un derecho real, no podría inscribirse estando la finca inscrita a nombre de Don Cipriano Man-íique que no ha prestado su consentimiento para que sobre ella se imponga gravamen de ninguna especie, y que no ha reconocido el tal precio aplazado de $250 como carga del inmueble, ni se le'ha impuesto en la escritura al adquirir la finca la condición u obligación de satis-facerla; no tomándose anotación preventiva de esta negativa en razón de que siendo la aclaración de referencia una relación jurídica meramente .personal, no es susceptible de que se -efectúe respecto a ella operación alguna en el registro.”

Esa nota ha sido recurrida por Don Francisco Eamis Borrás y está sometida a nuestra consideración y decisión.

Examinemos los tres motivos en que se funda la nota recurrida.

En cuanto al primer motivo, opinamos que el recurrente debió solicitar del Registrador de la Propiedad de Caguas, no que se hiciera constar en la forma a que hubiera lugar el derecho real que a favor de Don Pascual Borrás y Llacer dice estar consignado en la escritura de 21 de octubre de 1910, sino que debió expresar cuál era la operación que interesaba se verificara en el registro, pues la cláusula 4 de la escritura de 21 de octubre de 1910, que no se había hecho constar en el registro al verificarse la inscripción de dicha escritura, podía hacerse de distintos modos, efectuándose dis-tintas operaciones que podían ser, o rectificación de la ins-cripción hecha a favor de Cipriano Manrique Gil, a fin de hacer constar el aplazamiento del precio de la primitiva venta para que figurara como carga de la finca o una inscripción nueva en la que se hiciera constar la modificación del primi-tivo contrato de venta de Pascual a Bartolomé Borrás, o no-tas al margen de las inscripciones de Bartolomé Borrás y de Cipriano Manrique, comprensivas de la estipulación sobre el aplazamiento del pago del precio.

Como esas operaciones habían de exigir la aplicación de preceptos legales distintos y estaban sujetas a distintos re-quisitos y formalidades, el recurrente debió formular su pre-tensión al registrador en términos concretos y determinados, y no en la forma vaga en que lo hizo, como encomendando al registrador la defensa de sus derechos.

En cuanto al segundo motivo de la nota recurrida, no se expresa en la cláusula 4a. que dejamos inserta que Pascual y Bartolomé Borrás convinieron en que se considerara como carga real sobre la finca el precio de la primitiva venta, y por tanto, no procedía hacer constar en el registro un derecho real que previamente no se había establecido. La presunción es siempre favorable a la libertad de la propiedad, y para que ésta pueda reputarse gravada es necesario que el gravamen se constituya en términos claros y precisos que no den lugar a la menor duda.

Pero aun en el caso de que la expresada cláusula fuera constitutiva de un derecho real, (examinamos el tercer mo-tivo de la nota recurrida), no podría inscribirse estando como estaba inscrita la finca a nombre de Cipriano Manrique. Gil quien, según reza la escritura, reservó en su poder $250 del precio de la finca para aplicarlos hasta donde alcanzarán, al pago de la hipoteca de $600 que pesaba sobre la totalidad de la finca, no habiendo aceptado obligación alguna de pagar a Pascual Borrás.

La misma parte recurrente alega que no es una carga o gravamen sobre inmueble lo que trata de inscribir, sino la condición resolutoria a que se halla sujeta la finca, por no haberse pagado su primitivo precio de venta; y si tal es su intención, puede acudir al registrador recurrido, no en la forana vaga en que lo ha hecho, sino formulando su pretensión en términos fijos y precisos.

La nota recurrida es de confirmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro' y Aldrey.


author: El Jijez Presidente .Se. Hebnández,

text:
    Escalera, Apelante, v. Falú et al., Apelados.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 984.
    Resuelto en junio 17, 1913.
    Bienes Gananciales — Venta—Participaciones Proindiviso — Liquidación de la Sociedad de Gananciales. — La liquidación de la sociedad de gananciales no es un requisito previo e indispensable para que la viuda y los herederos del cónyuge premuerto puedan válidamente vender los derechos que en común y proindiviso tengan en una finca de la sociedad de gananciales.
    Id. — Liquidación de la Sociedad de Gananciales — Porción Determinada de la Finca. — La liquidación de la sociedad de gananciales es únicamente indis-piensable cuando el cónyuge superviviente y los herederos del cónyuge pre-muerto deseen enajenar porciones determinadas y específicas de una finca per-teneciente a la sociedad de gananciales, y dicha liquidación puede verificarse al mismo tiempo que se practica el arreglo testamentario de los bienes relictos del cónyuge premuerto, siguiendo para ello los trámites que marca la ley do procedimientos legales especiales de marzo 9, 1905.
    Los liechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Cay. Coll Cuchí.

    Abogado de los apelados: Sr. Francisco Socorro.

   El Jijez Presidente .Se. Hebnández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 15 de enero del corriente año Bárbara Escalera Falú produjo demanda jurada a la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Sección 1a., contra Dominga Falú Cruz, Anastasio, Monserrate y Mónico Escalera Falú, Jus-tina Escalera Millán y Octaviano José Herrera, en que alega como fundamento de su acción los siguientes hechos:

Primero. Que la demandante es hija legítima de Félix Escalera y Dominga Falú.

Segundo. Que Félix Escalera falleció en octubre de 1895 bajo testamento otorgado en 17 de febrero del mismo año.

Tercero. Que Félix; Escalera instituyó por sus únicos y exclusivos herederos a sus seis hijos, Modesto, Anastasio, Cristina, Monserrate, Mónico y la demandante Bárbara Es-calera.

Guarió. Que a la muerte de Félix Escalera, su esposa Do-minga Falú Cruz y sus hijos continuaron viviendo en una de las fincas de la propiedad del.difunto, pero la demandada, Dominga Falú Cruz, fué la que continuó administrando el total de los -bienes de Escalera.

Quinto. Que todos los bienes del finado Escalera fueron adquiridos durante su matrimonio con Dominga Falú, te-niendo el carácter de gananciales. ■ '

Sexto. Que la cónyuge supérstite Dominga Falú no ha practicado en tiempo alguno la liquidación de la sociedad de gananciales.

Séptimo. Que por escritura pública otorgada en 28 de fe-brero de 1912 los demandados Dominga, Anastasio, Cristina, Monserrate, Justina y Mónico Escalera vendieron al deman-dado Octaviano José Herrera, por la suma de $9,000 una finca rústica que formaba parte de los bienes de la sociedad de gananciales del matrimonio E scalera-Falú, habiendo llevado’ a cabo para otorgar dicha escritura una mensura y división de la expresada finca y adjudicádose partes proporcionales en la misma, todo contra la voluntad de la demandante y sin la debida liquidación de la sociedad de gananciales.

Octayo. Que a la muerte de Félix Escalera quedó una can-tidad considerable de- bienes, los cuales fueron administra-dos por Dominga Falú que gozaba de sus rentas y muchos de ellos vendidos a otras personas en provecho de Dominga Falú y con perjuicio de la demandante.

Noveno. Que los bienes de la sociedad conyugal Escalera-Falú tienen, según creencia de la demandante, un valor de más de $20,000.

Se incorporaron a la demanda para que formaran parte ■de ella, el testamento de Félix Escalera otorgado en 17 de febrero de 1895 y la escritura de venta de 28 de febrero de 1912 a favor del demandado Octaviano José Herrera.

La demanda concluye con la súplica de que se declare nnla la escritura de referencia y se ordene a la demandada Dominga Falú practique en el término de treinta días la liquidación de los bienes gananciales de su matrimonio con Félix Escalera, condenando a los demandados a pagar a la demandante las costas del juicio y los honorarios de abogado.

A la anterior demanda opuso la representación de los de-mandados como excepción previa, la de que ella no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción y esa excepción fué declarada con lugar por sentencia de 21 de abril último, la que al mismo tiempo declaró sin lugar la demanda con imposición de costas a la demandante.

Esa sentencia ha sido apelada por la representación de la demandante para ante esta Corte Suprema, y para obtener su revocación se alega que dentro de nuestro derecho posi-tivo y la jurisprudencia de esta Corte Suprema, no es posible para el cónyuge sobreviviente la venta de ninguna parte del caudal de gananciales sin antes hacer la liquidación de éstos, la que no se ha practicado, siendo por tanto nula la escritura de venta a favor de Octaviano José Herrera.

Para fijar los términos del debate judicial planteado en la demanda se hace necesario examinar los hechos de la misma en relación con la escritura de 28 de febrero de 1912 que forma parte de la misma.

En la cláusula 3a. de dicha escritura se consigna que la finca vendida corresponde en la actualidad a Dominga Falú Cruz en la proporción de una mitad proindivisa por sus ga-nanciales en su matrimonio con Félix Escalera y la otra mitad restante por séptimas partes proindivisas a Modesto, Bár-bara, Anastasio, Cristina, Monserrate y Mónico Escalera Falú y a Cornelio y Justina Escalera Millán por partes iguales por herencia de Félix Escalera; y en la cláusula 4a. los compare-cientes Dominga Falú Cruz, Anastasio, Cristina, Monserrate,. y Mónico Escalera Falú y Justina Escalera Millán venden a. Octaviano José Herrera el condominio o participación proindi-visa que cada uno tiene o pueda tener en la finca, transmi-tiéndole la integridad de todos los derechos de propiedad y dominio que sobre el inmueble tengan o puedan tener sin reserva ni limitación alguna y entrando el comprador desde luego en posesión de lo vendido sin más acto que el otorga-miento de la escritura.

Según los términos de la escritura, los vendedores no ven-dieron a Octaviano José Herrera la totalidad de una finca rústica que formaba parte de la sociedad de gananciales, según afirma la demandante, sino que se limitaron a vender el condominio o participación proindivisa que cada uno tiene o pueda tener en la finca, la viuda en concepto de gananciales y los demás vendedores en calidad de herederos de Félix Escalera.

Los demandados estaban en condiciones legales para veri-ficar la expresada venta según lo revelan los hechos expues-tos en la demanda. La sociedad de gananciales del matri-monio Falú-Escalera, quedó' disuelta por el fallecimiento de Escalera en octubre de 1895 y desde esa fecha la viuda Do-minga y los herederos de Félix Escalera, la primera por razón de la sociedad de gananciales y por concepto de usufructo vidual y los' demás por título hereditario, tenían derecho a participar en común y proindiviso de los bienes gananciales d.el matrimonio expresado, por más que ni la viuda ni los here-deros adquirieran derechos sobre porción determinada de los bienes gananciales. Ese derecho sólo podía fijarse mediante la liquidación de la sociedad de gananciales y de la herencia.

Teniendo la viuda y herederos de Félix Escalera partici-pación en común y proindiviso sobre la finca vendida a Octaviano José Herrera, esa venta no puede ser argüida de nula, pues tanto los derechos que pueda tener el cónyuge viudo en la sociedad de gananciales como los de los herederos en el haber hereditario, pueden ser enajenados sin perjuicio de que se fijen y determinen al liquidarse la sociedad de gananciales y la herencia.

La liquidación de la sociedad de gananciales del matri-monio Falú-Escalera que la demandante pide se haga por la viuda, puede verificarse al practicarse el arreglo testamenta-sio de los bienes relictos por Félix Escalera, según es práctica usual y para ese arreglo debe acudir la demandante a la Ley de Procedimientos Legales. Especiales aprobada en marzo 9 de 1905.

La sentencia apelada debe confirmarse.

G onfirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Peesidente .Sb. Hebnandez

text:
    García et al., Apelantes, v. Suro et al., Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 893.
    Resuelto en junio 17, 1913.
    Mandato — Venta con Pacto de Retro — Bienes Muebles. — El mandatario eon poder para vender bienes muebles no tiene facultad para venderlos con pacto de retro sin automación expresa de su dueño:
    Id. — Interpretación Restrictiva. — La interpretación del mandato ha. de ser siempre restrictiva para evitar que se convierta en daño del mandante lo que éste autorizó para su utilidad y beneficio.
    Id — Comprador por Venta con Pacto de Retro — Bienes Muebles. — El que ad-quiere unas alhajas por venta con pacto de retro hecha por un mandatario sin autorización expresa para ello, únicamente puede adquirir el dominio sobre las mismas mediante posesión no interrumpida de tres años, si adquirió de buena fe, y de seis años si lo hizo con mala fe.
    Los hechos están éxpresados eu la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Martín Travieso, Jr.

    Ahogado del apelado José Antonio Boceo: Sr. Herminio-Días Navatro.

   El Juez Peesidente .Sb. Hebnandez

emitió la opinión del tribunal.

Tratan en el presente caso los consortes Adolfo García y Rosario Suárez, demandantes, de recobrar la posesión de siete sortijas de su propiedad que uno de los demandados, Gabriel Suro, vendió al otro demandado, Antonio Rocco, o que eu el caso de ser imposible la devolución de dichas prendas sea condenado Rocco a pagar a los demandantes el justo valor de las mismas, condenándose además a ambos deman-dados a reintegrar a los demandantes la suma de $300 por daños y perjuicios con más las costas y honorarios de abo-gado. Seguido el juicio por sus trámites legales ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., recayó sentencia en 23 de mayo del año próximo pasado, por la que el juez de dicha corte declaró sin lugar la demanda en cuanto a Antonio Eocco y con lugar en cuanto al demandado Gabriel Suro, el que fue condenado a pagar a los demandantes la suma de $420 importe - de las prendas y las costas, contra cuya sentencia interpuso recurso de apelación para ante esta Corte Suprema la representación de los demandantes.

Funda el juez su resolución en que según las pruebas prac-ticadas en el juicio, allá por el mes de abril de 1911 o con anterioridad a esa fecha, los demandantes entregaron al de-mandado Gabriel Suro nueve sortijas de brillantes .de su propiedad para que las vendiera, debiendo entregarles su im-porte inmediatamente después de la venta, y habiendo ven-dido Suro siete de ellas, al otro demandado Antonio Eocco por precio de $200, reservándose el derecho de recuperar las. prendas dentro de los ocho días siguientes, mediante reem-bolso al comprador, de la suma expresada, como el vendedor-no hizo uso del derecho de retracto dentro del término con-venido, adquirió Eocco el dominio absoluto de las sortijas, por más que Suro no entregara a los demandantes el precio> recibido.

Aceptamos como buena la apreciación que de las pruebas, ha hecho la corte sentenciadora, pero no podemos llegar a la conclusión de derecho en que basa su sentencia.

Aunque Suro estuviera autorizado para vender las .sor-tijas, no lo estaba para venderlas con pacto de retro y al hacerlo así sin el consentimiento de su dueño, privó a éste ilegalmente de ellas, asistiendo por tanto a los demandantes, el derecho de reivindicarlas de su actual poseedor con arre-gio al artículo 466 del Código Civil, según él cual, la posesión de los bienes muebles adquiridos de buena fe equivale al título, no obstante lo cual, el que hubiese perdido una cosa mueble o hubiese sido privado de ella ilegalmente podrá rei-vindicarla de quien la posea.

Suro estaba ciertamente autorizado por los demandantes para celebrar con las sortijas un contrato de compraventa, puro y simple, pero no para celebrar un’ contrato de compra-venta con pacto de retro, que es de naturaleza singular, por la condición resolutoria que- envuelve, para la cual se nece-sita facultad especial de que carecía Suro. En apoyo de nues-tra afirmación podemos invocar como doctrina respetable, la resolución de la Dirección General de los Registros de Es-paña, de 27 de enero .de 1900.

En el contrato de compraventa de una cosa con pacto de retro, ordinariamente el precio estipulado es inferior al que se hubiera convenido en la compraventa pura y simple de la misma cosa, pues el comprador para aceptar el precio ha de tener indudablemente en cuenta el perjuicio que ha de sufrir si el vendedor ejercita el derecho de retracto. El con-trato de compraventa de Suro con Rocco no estipulaba in-demnización alguna para el caso de que el comprador Rocco adquiriera el dominio absoluto de las sortijas. No hay indi-cación alguna de que ese contrato fuera más ventajoso a los demandantes que la simple venta que éstos se proponían hacer por medio del demandado Suro, para que así pudiera ser de aplicación el artículo 1617 del Código Civil.

Ni''cabe sostener que el que está facultado simplemente para vender, lo está también para vender con pacto de retro, pues aparte de que sería completamente pueril, como dice el ilustrado Comentarista Sr. Manresa, negar que en la prác-tica las ventas con pacto de retro son verdaderos préstamos, la interpretación del mandato ha de ser siempre restrictiva para evitar que se convierta en daño del mandante lo que éste autorizó para su utilidad y beneficio, según hemos dicho al resolver el Recurso Gubernativo de Fano v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, 15 D. P. R., 336.

Los demandantes fueron privados ilegalmente de las sor-tijas de que se trata en el momento mismo en que Suro las vendió con pacto de retro a Eocco, sin estar autorizado por el dueño de ellas y por .más que Eocco, habiéndolas adquirido de buena fe tuviera mediante su posesión título sobre las mis-mas con arreglo al artículo 466 del Código Civil que dejamos citado, ese título constituiría únicamente evidencia prima facie de la propiedad de las sortijas, sin privar al dueño del'dereclio de reivindicarlas mediante prueba de que babía sido privado de ellas ilegalmente, prueba que ña sido aportada al juicio, por el becbo de baber sido vendidas con pacto de retro, sin que los demandantes hubieran autorizado ese pacto.

Dicbo título no priva a los demandantes de su propiedad y solamente da al adquirente Eocco el derecho a prescribir o sea a adquirir el dominio sobre las sortijas por la posesión no interrumpida de tres años, cuyo término sería de 6 años si las hubiera adquirido con mala fe, a tenor de. lo que pre-viene el artículo Í856 del Código Civil.

Nos referimos a la opinión que sirvió de fundamento a nuestra decisión en el caso de Garcia et al v. Savino et al. (pág. 279).

Aunque a los demandantes asista derecho que no pode-mos menos de reconocerles, para reivindicar sus prendas, ese derecho no envuelve por parte de los mismos, la obligación de devolver al demandado Eocco la cantidad que por ellas pagó a Suro, pues la adquisición no tuvo lugar en venta pú-blica, requisito indispensable para que procediera el reem-bolso del precio, según el artículo 466 del Código Civil que dejamos citado. Ese reintegro podrá, obtenerlo Eocco de Suro mediante el ejercicio de la acción correspondiente, sin que en el presente juicio pueda ¿xigirse tal responsabilidad a Suro.

Por las razones expuestas procede la revocación de la sen-tencia apelada y que en su lugar se dicte otra condenando al demandado Antonio Eocco a la devolución de las sortijas que se le reclaman, reservando al mismo Boceo el derecho que le asista contra Suro para obtener el reintegro de la suma de $200 que pagó por dichas prendas, sin que en el presente juicio pueda exigirse a Suro responsabilidad alguna.

Revocada y dictada sentencia a favor de los demandantes.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf

text:
    Compañía Azucarera del Toa, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Becurso gubernativo contra resolución del Begistrador de la Propiedad de San Juan, Sección 2a.
    No. 147.
    Resuelto en junio 19, 1913.
    Corporaciones Agrícolas — Inscripción de Más de 500 Cuerdas. — La corpora-ción recurrente presentó en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección 2a., una escritura de compra de unás 700 cuerdas de tierra que el régistrador rehusó inscribir por entender que dicha adquisición constituía una infracción de la sección 3 de la Resolución Conjunta de los Estados .Unidos de mayo 1,. 1900, enmendandb la Ley Eoraker. Se resolvió revocar la resolución del registrador de la propiedad por los fundamentos de la opinión emitida. en el caso No. 123, Compañía, Azucarera de la Carolina v. El Begistrador de la Propiedad (pág. 152), pues mientras el gobierno no toma acción en un asunto de esta naturaleza la adquisición a un tiempo de aun más de 500 cuerdas por una corporación agrícola es válida eontra todo el mundo.
    Los hechos están expresados, en la opinión.
    Abogados del recurrente: Sres. Bosch y Soto.

    El Begistrador Sr. José Benedicto compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Wolf

emitió la opinión ,d,el tribunal.

Los únicos hechos que diferencian a este recurso gubernativo del caso No. 123, seguido por la Compañía Azucarera de la Carolina v. El Registrador de la Propiedad, (pág. 152), son que en este caso aparece qne el recurrente solicita del registrador que inscriba de una vez un traspaso que se le hizo de unas setecientas cuerdas de terreno. Pero una de las principales razones que tuvimos en dicho caso para revocar la nota del-registrador fue que hasta tanto el Fiscal general no tomara intervención, o en otras palabras, el gobierno, el título de una sociedad agrícola era válido contra todo el mundo. Esto resultó claro no solamente por nuestras propias palabras sino también por las citas de la Corte Suprema de los Estados Uni-dos. Por tanto, el hecho de que la corporación resulte estar adquiriendo una cantidad mayor de quinientas cuerdas de terreno, no establece diferencia alguna.

Por este fundamento y por otros que han sido expresados en el mencionado caso No. 123 de la Compañía Azucarera de la Carolina v. El Registrador, debe revocarse la nota recurrida.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sr. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.