text:
    Solá, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    . Recurso gubernativo contra resolución del Registrador de la ^ Propiedad de Caguas.
    No. 134.
    Resuelto en febrero 4, 1913.
    Solar Municipal no Inscrito — -Inscripción de la Casa Radicada en él. — No puede inscribirse a favor de su dueño la casa construida sobre un solar del municipio no inscrito en el registro, sin antes inscribir el solar a favor del municipio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El Registrador no compareció.
   El Juez Asociado Se. del Tobo,

.emitió la opinión del tribunal.

Cirilo Solá instó la tramitación de nn expediente en la Corte Municipal de Caguas, para acreditar su posesión en con-cepto de dueño de dos casas situadas en la calle de Rafael Cordero de dicha ciudad de Caguas.

Practicada la información, de acuerdo con'la ley, la corte aprobó el expediente y ordenó que se entregara original al interesado para su inscripción en el registro de la propiedad.

Y presentado por el interesado en el registro, el regis-trador, el 27 de diciembre de 1912, se negó a inscribirlo por medio de la siguiente nota contra la cual se interpuso el presente recurso gubernativo.

“Denegada la inscripción del expediente posesorio que precede, solamente por lo que respecta a la finca marcada con la letra ‘b,’ de que únicamente se ba pedido inscripción, de acuerdo con la "reso-lución dictada por el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico, en siete de junio de mil novecientos diez, en el caso de Hernández v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, por observarse que según el mismo expediente, la casa cuya posesión se trata de inscribir radica en un solar propiedad del municipio de esta ciudad, y no del promovente; extendiéndose en su lugar anotación preventiva por el término legal de ciento veinte días,, a favor del citado promovente Don Cirilo Solá y López, al folio 183 del tomo 37 de esta ciudad, finca No. 1770, anotación letra A.”

En su alegato el recurrente alega que la decisión de esta Corte Suprema invocada por el Registrador en su nota, no tiene aplicación a este caso, porque el solar en que está ubi-cada la casa que se pretende inscribir está ya inscrito en el Registro a favor del Municipio de Caguas, mientras que en el caso resuelto por la Corte Suprema en 7 de junio de 1910, Hernández v. El Registrador, 16 D. P. R., 464, el solar no estaba inscrito a favor del municipio.

Examinado el expediente no aparece del mismo con toda claridad el becbo alegado por el recurrente, y como tal hecho es esencial para la decisión del recurso, se solicitó del regis-trador, que informara sobre el particular. El informe del registrador, en lo pertinente, dice así:

“* * * e¡ municipio ¿e esta ciudad tiene inscrita a su nombre una finca de 81 cuerdas que adquirió por donación para el fomento de la población; pero el que suscribe no puede precisar si el solar en que enclava la casa marcada con la letra ‘b’ en el expediente pose-sorio forma parte de la referida finca, pues no hay constancia alguna de ese hecho en el expediente objeto del recurso, en cuyo informativo no se describen las 81 cuerdas indicadas, ni se hace referencia a su inscripción en el registro, ni se dice en modo alguno que dicho solar sea parte de la aludida finca.
“De la busca de antecedentes que se practicó en el registro al despachar el documento que motiva este recurso, no resultó inscrito a favor del Ayuntamiento de Caguas, ni de ninguna otra persona el solar en que. fue edificada la referida casa, en la forma en qué se íe describe en el expediente.”

Habiendo, pues, en consideración las constancias del ex-pediente y lo informado por el registrador, no podemos par-tir como pretende el apelante para la decisión del recurso de la base en que funda toda su argumentación, y no constando que el solar en que se levantada casa de que se trata esté ins-crito a favor del municipio, el caso debe regirse enteramente por los principios establecidos en el de Hernández v. El Registrador de la Propiedad, 16 D. P. R., 464; a saber:

‘ ‘ Examinando la resolución del registrador, la encontramos correcta en cuanto a las dos casas, pues estando éstas radicadas en solares del Municipio de Aibonito, no pueden inscribirse en el registro, sin que hayan, sido previamente inscritos los solares, según resoluciones de la Dirección General de los Registros de España, de 1o. de septiembre de 1863, 1o. de enero y 22 de febrero de 1864 y 22 de julio de 1874. Lo principal es el suelo y la edificación lo accesorio.”

Por las razones expuestas debe declararse sin lugar el recurso interpuesto y confirmarse la nota recurrida.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Wolp,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Apelante, v. Rivera, Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 495.
    Resuelto en febrero 4, 1913.
    Derecho Penal — Juicio por Jurado — Absolución Perentoria Ordenada por una Corte — Prueba Contradictoria. — En nn juicio por jurado en que la prueba es contradictoria, la corte no tiene facultades para ordenar la absolu-ción perentoria del acusado. Unicamente por insuficiencia de la prueba puede el tribunal ordenarla.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Se. Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por el Fiscal. Se inició el caso en la Corte de Distrito de Ponce mediante acusación que fue' presentada contra Alejo Rivera por infracción del artículo 82 del Código Penal, en la que se alegaba en sustancia, que el día 15 de febrero de 1912, y en Yillalba, de Juana Díaz, dentro del distrito judicial de Ponce, Puerto Rico, el referido acusado Alejo Rivera voluntaria e ilegalmente dió un billete de $2 al Policía Insular Librado Santiago, que prestaba servicios en dicho barrio y que es un funcionario ejecutivo, con el.propósito dicho acusado de influir en su ánimo, para que no lo denunciase ante la Corte Municipal ele Juana Díaz, como autor de un delito de crueldad con los animales, cuyo delito había cometido dentro de ese distrito municipal en 11' de febrero de 1912.

Durante el juicio, que tuvo lugar el día 23 ele agosto de 1912, varios testigos, incluyendo a Librado Santiago, decla-raron que el acusado hizo la oferta de los $2 según se ha alegado en la acusación. El acusado admitió tanto oralmente como por escrito el hecho de haber dado al policía los $2 alegando, sin embargo, que los dos pesos los había entregado' para el pago de cualquier multa que pudiera imponérsele con motivo del supuesto delito de crueldad con los animales y que el referido acusado deseaba regresar al campo para atender a sus asuntos y por tanto no quería perder un día de trabajo, habiendo, además, otros testigos hecho manifesta-ciones en tal sentido. El juicio se celebró ante un jurado y terminada la prueba, la corte, estimando que la misma era insuficiente en su totalidad para fundar en ella un veredicto condenatorio, ordenó perentoriamente al jurado que trajera un veredicto de absolución. La corte ciertamente dió crédito a las manifestaciones del acusado y no creyó las del policía y sus testigos. Sin embargo, existía en este caso una gran contradicción en la prueba y era necesariamente de la incum-bencia del jurado el resolver tal contradicción. Beciente-mente hemos tenido oportunidad de considerar una cuestión semejante en el caso de El Pueblo v. Delgado, 18 D. P. R., 951, en cuyo caso se ha examinado la jurisprudencia. Según diji-mos en ese caso, para que una corte esté justificada en ordenar an veredicto, la prueba, según el artículo 257 del Código de En-juiciamiento Criminal, debe ser insuficiente. En este caso se presentó prueba tanto a favor como en contra del acusado fundada en la credibilidad .de los testigos y la corte debió haber dejado el caso a la consideración del jurado.

Por las razones expuestas, según aparecen más clara-mente expresadas en el caso de El Pueblo v. Delgado, citado anteriormente, debe revocarse la sentencia apelada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado SR. MacLeary,

text:
    Rosado, Apelado, v. Hernández, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez.
    No. 916.
    Resuelto en febrero 5, 1913.
    Costas — Mociones — Contestación. — Los preceptos del artículo 132 del Código de Enjuiciamiento Civil no son aplicables a mociones relacionadas con el cobro de costas.
    Id. — Notificación—Sentencia del Tribunal Supremo. — De acuerdo con los pre-ceptos del artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por ley de mars o '8, 1908, la parte condenada al pago de costas, debe ser noti-ficada de la sentencia del Tribunal Supremo confirmando la resolución del tribunal sentenciador aprobando el memorándum de costas, antes de que pueda expedirse mandamiento y ser embargados los bienes del deudor.
    Id. — Pliego de Excepciones — Exposición del Caso. — No habiendo pliego de excepciones ni exposición del caso, carece de base este tribunal para examinar si fué o nó notificado el deudor de la resolución de esta corte confirmando la resolución apelada aprobatoria del memorándum de costas. Una moción jurada no puede suplir esta omisión; y la presunción es de que el tribunal inferior actuó dentro de la ley.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Sabater.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado SR. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión envuelta en este caso hace referencia a las costas, desembolsos y honorarios de abogados que la corte ordenó al apelante Hernández que pagara al apelado Rosado. La suma asciende solamente a $137.20. Los hechos son los siguientes:

El demandante, Rosado Fussá, entabló una acción en la Corte de Distrito de Mayagiiez contra Agustín Hernández Mena y otro para recobrar el título a una propiedad inmueble y se decretara un injunction. Habiéndose dictado sentencia a favor del demandante, con las costas a cargo del deman-dado, Agustín Hernández Mena, el primero presentó un memo-rándum de costas, desembolsos y honorarios de abogados, que fué aprobado por la corte de distrito por la suma de $137.20. El demandado, Agustín Hernández Mena, apeló de cierta parte de la sentencia y de la orden aprobando el memorándum de costas, habiendo este Tribunal Supremo dictado su sentencia el día 22 de mayo de 1911, Rosado v. Hernández et al., 17 D. P. R., 617, después de haber prestado debida conside-ración al caso, confirmando la sentencia y orden apelada en todas sus partes.

Comunicada debidamente la referida sentencia dictada por el Tribunal Supremo a la Corte de Distrito de Mayagüez, el demandante Arturo Bosado Fussá solicitó y obtuvo de la corte dos órdenes de ejecución para recobrar la suma que se le debía y que aparecía especificada en el expresado memo-rándum de costas. IJna de dichas órdenes fué expedida el día 25 de agosto de 1911 y la otra el 23 de octubre de 1911. De conformidad con lo dispuesto en la orden qué fué expe-dida primeramente, el márshal de la Corte de Distrito de Mayagüez embargó la casa descrita en el folio segundo de los autos, pero desistió de proceder a la ejecución de la misma, obrando de acuerdo con la orden que había sido expedida en 24 de octubre de 1911, a embargar la suma de $132.28 per-tenecientes al demandado Agustín Hernández Mena, cantidad que el expresado márshal entregó a Don Angel A.. Vázquez, abogado del demandante el día 26 de octubre de 1911.

Entonces el demandado, Agustín Hernández Mena, pre-sentó una moción debidamente jurada el día 19 de agosto de 1912, a la corte de distrito, en la que alegaba sustancialmente, que el procedimiento seguido en este caso por el demandante había sido irregular y en violación del artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, según ha sido enmendado por la ley de 12 de marzo de 1908, porque las órdenes de ejecución fueron ex-pedidas y ejecutadas, entregándose el dinero al demandante sin que fuera notificado el demandado por el secretario de la corte de distrito ni por ningún otro funcionario, de la sen-tencia que había sido dictada por la Corte Suprema de Puerto Bico el día 22 de mayo de 1911, confirmando la resolución de la corte de distrito que fué- dictada en 9 de enero de 1911, aprobando el memorándum de costas. Esta moción fué debi-damente presentada a la corte, y después de haberse disen-tido la misma el día 18 de octubre último, la corte de distrito dictó nna resolución declarando que la misma carecía de fun-damento en todas sus partes, imponiendo las costas al pro-movente, contra cuya resolución el demandado, Hernández Mena, interpuso apelación para ante esta corte a su debido tiempo, dé conformidad con las disposiciones del artículo del Código de Enjuiciamiento Civil que regula esta materia.

Alega el apelante que la Corte de Distrito de Mayagüez cometió un error al dictar la resolución de referencia, por-que, según alega el peticionario en su moción de 19 de julio de 1912, había jurado su contenido. Por consiguiente, debió haberse considerado como admitida por no haber sido con-testada en forma alguna por él demandante. Alega el ape-lante que la corte sentenciadora en la referida resolución infringió el artículo 132 del Código de Enjuiciamiento Civil y el artículo 339 de dicho código, según ha sido enmendado por la ley de 12 de marzo de 1908. También hace referen-cia al artículo 4o. del Código Civil en apoyo de su alegación.

El Código Civil en su artículo 4°., a que nos hemos refe-rido, establece el principio general de ley de que todos' los actos ejecutados en contra de lo dispuesto en la ley son nulos, salvo los casos en que la misma ley ordene su validez. No hay duda alguna acerca de esta proposición y ha sido la mis'-' ma tan bien interpretada y aceptada universalmente, que ape-nas se hace necesario hacer referencia alguna al estatuto. El artículo 132 del Código de Enjuiciamiento Civil aparece en el Capítulo Séptimo del expresado código, que trata de las “Reglas generales para las alegaciones.” Dispone dicho ar-tículo en sustancia, que no hay necesidad de prueba ’alguna para que se declaren con lugar' las alegaciones de la demanda, cuando las mismas no han sido impugnadas- en la contesta-ción, pero se tendrán por ciertas para los efectos de la ac-ción. Este artículo, así como todo el capítulo en donde el mismo aparece, se refiere a las alegaciones propiamente con-sideradas como tales,' o sea a la demanda, la contestación y otras alegaciones que puedan hacerse en el curso ordinario para llegar a la cuestión que se ventile en el caso, y no puede considerarse que comprende también las mociones como la que lia dado origen a esta apelación. Se verá que el artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, según lia sido en-mendado por la ley de 8 de marzo de 1908, se refiere a cues-tiones relativas a costas y a órdenes dictadas en relación con las mismas después de haber sido dictada la sentencia por la corte inferior en el caso original y a todas las demás cues-tiones que hayan sido resueltas a favor de una u otra parte. La ley que contiene esta enmienda dispone que cuando no se ha formulado ninguna Objeción a su debido tiempo al memorándum de costas, que en este.caso incluye los desem-bolsos y honorarios de abogados, o cuando se ha formulado objeción y se ha dictado sentencia definitiva por la corte inferior sobre el mismo e interpuesto apelación y se ha confir-mado o modificado la resolución de la corte inferior, la \parte •contra quien se han impuesto las costas, depositará su im-porte en la oficina del secretario de la corte dentro de cinco días después que le haya, sido notificada dicha resolución por el secretario, y además, que en el caso de que dejara de hacer dicho depósito, se expedirán órdenes de ejecución para el co-bro de las mismas, de igual manera que si se tratara de otra sentencia cualquiera. Desde luego, si se interpreta debida-mente este artículo, no podrá permitirse que se expida una orden de ejecución en este caso o se ejecute sobre la propiedad del demandado, a menos que éste hubiera sido notificado de la resolución dictada por el Tribunal Supremo, por la que se confirma la dictada por la corte inferior aprobando el memo-rándum de costas por virtud de la cual se le condenó a pagar los $137.20.

Según el caso lia sido presentado a este tribunal, no apa-rece de los antos ningún pliego de excepciones, relación de hechos o exposición del caso, así como ningún otro docu-mento por el cnal podamos saber cnál fné la acción tomada por la corte para determinar los hechos en los que se fnndó la resolución apelada. El apelante se funda solamente en su moción y en el hecho de que la misma estaba jurada, para hacer la alegación de no haber sido notificado de la resolu-ción dictada por la Corte Suprema al confirmar la resolu-ción dictada aprobando el memorándum de costas. Según lo que aparece de los autos puede que se haya presentado prueba c que existan en los autos algunos documentos que demues-tren que la notificación se hizo y cumplimentó debidamente y que aunque el contenido de la moción estaba jurado, era incorrecto. No podemos deducir la veracidad de los hechos contenidos en la moción simplemente por la declaración ju-rada que acompaña a la misma. La presunción es que la corte de distrito al dictar esta resolución, así como todos los demás procedimientos análogos, procedió de acuerdo con la ley e incumbe al apelante o a cualquiera otra persona que impugne esa presunción, demostrar por medio de prueba o de algún otro modo que el caso no es así.

No apareciendo en los autos nada de donde resulte que se ha cometido algún error esencial por la corte de distrito ál dictar la resolución apelada, debe desestimarse la apela-ción que ha sido interpuesta y confirmarse la resolución ape-lada en todas sus partes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Sanders, Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 528.
    Resuelto en febrero 5, 1913.
    Derecho .Penal — Alteración de la Paz — Prueba Contradictoria. — En casos, de prueba contradictoria, no constando que el apelante tomara excepción a ninguna resolución de la corte inferior durante el juicio, ni existiendo motivo para contradecir la apreciación de la prueba hecha por el tribunal senten-ciador, debe confirmarse la sentencia apelada.
    Los Pedios están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    El apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal. '

El apelante, Luis Sanders, fué juzgado en grado de ape-lación por la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda,, de una denuncia formulada contra él y otras personas más,, que les imputa el delito de alterar la paz en riña que sostu-vieron y que produjo la alarma en el Vecindario. Contra 1a. sentencia que le condenó, interpuso el presente recurso de-apelación.

Aparece en la transcripción de los autos una exposición del caso debidamente aprobada por el juez de la corte inferior,, pero el apelante no ba presentado ningún alegato ni asistió a la vista de la apelación. Por su parte el Hon. Fiscal de. esta corte, tanto en su informe escrito como en el oral solicitó-la confirmación de la sentencia.

No consta de la transcripción que tenemos presente, que-el apelante tomara excepción a ninguna resolución de la corte-inferior durante el juicio, y como la evidencia es contra-dictoria, habiendo sido resuelto el conflicto de ella por la corte inferior, no tenemos motivo para contradecir la apre-ciación que bizo de ella.

No habiéndose cometido error alguno que vicie de nulidad la sentencia apelada, debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Se. Aldrev,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Bonelli, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 454.
    Resuelto en febrero 5, 1913.
    Derecho Penal — Instrucciones al Jurado — Pliego de Excepciones. — Las ins-trucciones al jurado incluidas en un pliego de excepciones que carece de la firma del juez sentenciador, no’ tienen valor ni pueden ser consideradas por esta corte.
    . Id. — Errores no Perjudiciales — Definición Errónea de un Delito. — No es per-judicial al acusado el error que baya podido cometer el tribunal sentenciador al definir el concepto jurídico de un delito, cuando el acusado ha sido declarado culpable de otro de menor importancia.
    Id. — Ataque con Intención de Cometer Homicidio — Ataque con Intención de Cometer Asesinato. — La doctrina sustentada por este tribunal en los casos del Pueblo v. Dumas, 14 D. P. R., 397 y Bl Pueblo v. Llauger, 14 D. P. R., 548 declarando que existe el delito de ataque con intención de come-ter homicidio, es ratificada en el presente caso. '
    Id. — Errores que no Perjudican al Acusado. — -No constituye error perjudicial al acusado el ser declarado culpable de un delito de ataque con intención de cometer homicidio, por el fundamento de que la prueba demuestra un ataque con intención de cometer asesinato.
    Id. — Locura—Veredicto Contrario a la Evidencia. — No estimando el jurado probada la defensa de locura, no puede decirse que el veredicto de culpabili-dad sea contrario a la prueba, por el mero hecho de que el acusado presen-tara pruebas tendentes a demostrar dicha defensa, pues las opiniones de los peritos no son obligatorias para los juzgadores.
    Id. — Móvil del Crimen — Declaración de la Víctima. — No hay regla alguna que impida a la víctima declarar sobre hechos presenciados por ella, aunque sir-van para demostrar el móvil del .crimen.
    Id. — Instrucciones al Jurado. — Una corte puede rechazar en su totalidad una instrucción al jurado solicitada por el acusado, aunque solamente sea errónea en parte.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Herminio Días Navarro.

   El Juez Asociado Se. Aldrev,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante, Pablo M. Bonelli, fue acusado ante la Sección 2a. de la Corte de Distrito de San Juan, de un delito calificado por el Fiscal como atentado a la vida, imputándole que allá por el día 12 de octubre de 1910, en Loíza, que forma parte del Distrito Judicial.de San Juan, ilegal, voluntaria y maliciosamente, con premeditación expresa y con el propó-sito deliberado de cometer asesinato, acometió armado de un revólver a su esposa María Luisa ffiñero, disparándole tres tiros.

En vista de la alegación de no culpable hecha por el acu-sado, se celebró el juicio ante un jurado, quien lo declaró culpable del delito de ataque con intención de cometer homicidio. El acusado hizo entonces una moción a la corte para que le concediera un nuevo juicio y siéndole negado, fué pronunciada sentencia condenándole a sufrir la pena de dos años tres meses de presidio con trabajos forzados y al pago de las cos-tas, contra cuyo fallo y resolución denegatoria de nuevo, jui-cio, se ha interpuesto el presente recurso de apelación.

El alegato de errores presentado por el apelante para sos-tener sus recursos en solicitud de que se revoque la sentencia o se le conceda un nuevo juicio, consigna los siguientes fun-damentos :

“1°. La corte erró en sus instrucciones al jurado, así en la defini-ción del concepto jurídico del atentado a la vida, del asesinato y del homicidio, como en la afirmación de que dentro de una acusación del primero de dichos delitos, cabe la declaración de culpable de ata-que con intención de cometer homicidio, como en lo que se refiere al acometimiento con circunstancias agravantes.
! ‘ 2°. La corte erró al instruir al jurado en la forma que lo hizo sobre el acometimiento con circunstancias agravantes, y al negarse a instruirle que dentro de la acusación cabía un veredicto de simple acometimiento.
3o. La corte terminó sus instrucciones al jurado en la forma si-guiente :
“ ‘M veredicto, para concluir, lo podéis dar bajo cualquiera de estas formas: Declaramos al acusado no culpable; o declaramos al acusado culpable del delito de atentado a la vida o declaramos al acusado culpable del delito de ataque con intención de cometer homi-cidio. Estas son las tres formas de veredicto que vosotros podéis dar en este caso.’
■ “4o. Al tratarse de la teoría de la locura que la defensa intro-dujo y sobre la que practicó evidencia oral, dicen las instrucciones:
“ ‘La defensa de insanidad es una defensa que puede ser y a menudo es alegada en casos en que la prueba del hecho es tan llena y completa que no podría acudir se a ningún otro medio de defensa para evitar una convicción y escapar a la pena consiguiente.’
“5o. El veredicto es en absoluto contrario a la evidencia, pues no sólo el peso de la misma es contrario al supuesto delito de que se ba declarado convicto al acusado, si que patentiza la teoría sen-tada por la defensa en el juicio.”

La lectura de ellos demuestra que los cuatro primeros motivos se basan en errores que el apelante sostiene, cometió el juez de la corte inferior al dar sus instrucciones al jurado.

En la transcripción del récord de la apelación que tene-mos ante nosotros existe un pliego conteniendo instrucciones de la corte al jurado, pero no está autenticado con la firma del juez, por lo que no podemos considerarlas como tales y nos falta base para examinar los errores que por ellas se atribuyen a la corte. El Pueblo v. Dones, 9 D. P. R., 479; El Pueblo v. Robles, 10 D. P. R., 503, y El Pueblo v. Coll, 18 D. P. R., 361.

Cuando las instrucciones no fian sido firmadas por el juez, no podemos estimar que ellas y no otras fueron las que trans-mitió al jurado y aun cuando tomadas por el taquígrafo de la corte por si solas, sin la firma del juez no podemos darle valor alguno.

Pero aun cuando por esa razón no podemos considerar los cuatro primeros motivos del- alegato de errores, no sufrirá perjuicio el apelante, ya que el principal fundamento de su apelación, esto es, qne no existe el delito de ataque con in-tención de cometer homicidio de qne ha sido convicto el ape-lante, y qne no está comprendido como grado menor en nna acusación de ataque con intención de cometer asesinato, son cuestiones ya resueltas por esta Corte Suprema en el caso de El Pueblo v. Dumas, 14 D. P. R., 397 a 406, y en el de El Pueblo v. Llauger, 14 D. P. R., 548, sin que teng*amos motivos para va-riar el criterio entonces mantenido, por lo que lo expresado en esos casos es aplicable al presente; y en cuanto a los erro-res en las definiciones del concepto jurídico del atentado á la vida y del asesinato, no serían tampoco de considerar, por-que, si los hubo, como el acusado no fue declarado culpable del delito acusado, sino de otro menor, no sufrió por ello per-juicio alguno. Yéase también el caso citado de Dumas.

Así, pues, la cuestión qne podemos considerar es la con-signada en el quinto y último motivo de error, esto es, si el veredicto no sólo es en absoluto contrario a la evidencia sino qne, por el contrario, lo que demuestra es la teoría susten-tada en el juicio por la defensa.

La expresada teoría no es otra que la de la locura del acu-sado en el momento de cometer los hechos imputados por el Fiscal y sus testigos. En efecto toda la evidencia del repre-sentante del pueblo tendió a demostrar la existencia del de-lito imputado y en contraposición a ella presentó la defensa un gran número de testigos, todos los cuales tendían a demos-trar la locura del acusado en el momento de realizar el hecho que se le imputó, exponiendo unos el carácter y temperamento del acusado, otros los antecedentes de familia sobre epilep-sia y la opinión de algunos módicos de que su compañero, el Doctor Bonelli, estaba loco en los momentos de realizarlos. Sólo un testigo de la defensa, Angel Colón, cochero que ha sido por algún' tiempo del acusado declaró, además, que la noche del suceso vió pasar por las calles a una señora y detrás un hombre que la decía “María Luisa, no huyas, que no te voy a hacer nada,” sintiendo entonces varios disparos que se diri-gían al aire, sin saber quien los hacía y que ambas personas iban andando tranquilamente, resultando luego que eran el Dr.- Bonelli y su esposa. , ■

La prueba del Fiscal fué robusta, amplia y clara, confir-mada en algunos particulares por la prueba de la defensa y sólo contradicba en parte por el citado testigo Angel Colón.

Consistió en la testigo, María Luisa Pinero, quien sustan-cialmente expuso que habiendo sido seducida por el acusado le exigió que reparase la ofensa casándose/con ella, y por su negativa tuvo que comunicar a su padre lo ocurrido y, después de una entrevista de su padre y el Dr. Bonelli, éste se presentó por la noche en su casa y se casaron, quedándose allí una semana; que al fin de ésta, un domingo por la noche salió con su marido para la casa de éste y en el camino la amenazó dieiéndole que viviendo con él le quedarían pocos días de vida porque la iba a matar, amenaza que ya le había hecho antes si lo obligaba a casarse; que la primera noche que pasó en casa de'su esposo, como a media noche, despertó al sentir que la tocaron en un brazo; su marido le repitió que la iba a matar, cogió un pedacito de unas cosas blancas, las echó en un vaso con un poco de agua., y sacando una jeringuilla le dijo “esto es estricnina; te voy a matar,” empeñándose, sin estar enferma, en ponerle una inyección en el cuello, a lo que se resistió, pero tuvo que ceder porque la amenazó con un revólver que le puso al pecho;’ que a la noche siguiente quiso hacer lo mismo y empezó a sacar unas pastillas y ne-gándose la declarante a que le pusiera más inyecciones, sos-tuvieron una lucha durante la cual cayó al suelo, haciéndole luego, a la fuerza, tomar una pastilla azul que se sacó de la boca cuando él fué a buscar agua para que la pasara y tuvo vómitos; el miércoles siguiente mandó a buscar a su madre, pero no se atrevió a decirle lo que ocurría porque estaba delante su marido y en esa noche, 12 de octubre, lo vió que tenía una cuchilla plateada de cirujía y una botellita con algo-dones y después de una discusión entre ambos, porque te-niendo miedo a su marido se negó a entrar en una habita-ción que él le indicaba, para que le buscara una cartera;, al ver que él se llevaba la mano atrás corrió para la calle, ha-ciendo lo propio Bonelli detrás de ella, se metió la testigo en una fonda de donde salió porque nna señora le dijo qne nn señor iba corriendo detrás de ella, siguió huyendo por las calles mientras su marido le decía “párate porque te mato” al mismo tiempo que disparaba tres tiros, oyendo otro más' y una voz que decía “párese o disparo;” se metió en el cuar-tel de la policía a donde luego llegó su esposo con un guar-dia, diciéndole allí Bonelli, “¡Qué lástima que no te haya matado! ¡ Ah pulso, como me fallaste! ’ ’ insultándola también. Después de-estos hechos se cruzaron entre ambos dos cartas, y mientras la de ella contiene palabras de olvido y de perdón .para su marido y le ofrece salvarlo, por más que luego hallará reposo en la tumba dejándolo libre, la de él la insulta.

El Doctor Rivero, testigo de la defensa, entre otras cosas declaró haber reconocido al día siguiente, en la parte posterior del cuello de dicha señora, ciertas punzadas producidas con instrumento punzante.

Otro testigo del Fiscal, el policía Ernesto Berller, vió co-rrer en esa noche a dos personas, una de ellas mujer, la que pedía auxilio y, al dirigirse a ellas, sintió tres disparos de revólver hechos por la persona que iba detrás de la mujer y contra ésta; entonces gritó al hombre que se detuviera y le disparó a su vez hiriéndolo, y cuando éste se detuvo resultó ser el Dr. Bonelli a quien llevó al cuartel donde éste le dijo, dirigiéndose a su esposa, que le dejara matar a aquella sin-vergüenza.

Fidel Echevarría, Narciso Villafaña, Juan Moreira, todos policías, oyeron los disparos; en el cuartel quitaron al acu-sado un revólver con tres cápsulas disparadas y le oyeron decir las palabras antes mencionadas.

La última testigo del Fiscal, dueña de una fonda, confirma que esa noche quiso esconderse en su casa María Luisa Pinero porque un hombre la quería coger, salió de ella y luego oyó los disparos.

La relación que acabamos de hacer revela que, siendo cier-ta, el Fiscal Rabia probado plenamente sn acusación, pero a pesar de esto, si el jurado no entendió suficientemente justi-ficados los antecedentes a la nocbe de autos, pudo entender que el ataque en que se produjeron los disparos, fue debido a la cuestión y disputa surgida entre los esposos en los mo-mentos en que salió a la calle y por tanto que su delito, por baber surgido en una súbita pendencia y arrebato de cólera, fue solamente el de ataque con intención de cometer homi-cidio.

Pero aunque la evidencia no demostrara el ataque de cometer el delito de bomieidio, sino el de asesinato, no podría considerarse como error perjudicial al acusado ya que le benefició. Thomas v. State, 62 S. W., 919; El Pueblo v. Figueroa, 16 D. P. R., 373.

No puede, pues, sostenerse que el veredicto sea contrario a la evidencia ni que ésta sólo sostenga la teoría de la de-fensa. La evidencia probó un acto criminal por parte del ape-lante, y si bien se presentó otra de que fue realizado en un momento de locura, el jurado resolvió el conflicto al declarar culpable al acusado, rechazando así la teoría de la defensa y decidiendo que Pablo M. Bonelli estaba cuerdo y en su sano juicio cuando realizó el hecho de que le declaró convicto, ya que las opiniones de los peritos no son obligatorias para los juzgadores. El Pueblo v. Sutton, 17 D. P. R., 370.

Dice el apelante en su alegato: “Las declaraciones del deceased — es decir, del perjudicado — no son evidencia 'com-petente para demostrar el motivo o causa de un delito. Esta proposición está indudablemente inclusa en la doctrina sentada en el caso de People v. Shattuck, 109 Cal., 673.” En con-secuencia sostiene, que María Luisa Pinero no es competente para declarar sobre lo ocurrido entre ella y el Dr. Bonelli, estando solos en su casa y sin testigos presenciales.

Hemos leído el caso citado, que es el de El Pueblo v. Shattuck, 109 Cal., 673, y si entonces declaró la corte que no se podía demostrar la malicia, deliberación y motivo del delito por las manifestaciones del interfecto (deceased) y que ésta no era una evidencia competente, fué porque la declaración de la testigo era simplemente de referencia, ya que refería manifestaciones hechas por el interfecto tres o cuatro días antes del crimen y no se presentaba para demostrar lo ocu-rrido al recibir una carta, sino lo que ocurrió con posterio-ridad. Esa sentencia no tiene aplicación al presente, y no conocemos regla alguna que impida a la persona perjudicada declarar sobre hechos que ella ha presenciado, aunque sirvan para demostrar el móvil del crimen.

El último extremo del segundo motivo de error se esta-blece porque la corte se negó a instruir al jurado, de que den-tro de la acusación cabía un veredictp de simple acometi-miento.

Respecto a este particular encontramos que la defensa propuso cuatro instrucciones escritas, siendo la segunda la siguiente:

“Que el acusado puede ser declarado culpable también de simple acometimiento, o de simple agresión, sin circunstancias agravantes, si el' jurado cree que no se probó que los disparos fueron dirigidos contra persona alguna. ’ ’

No aparece de tal pliego providencia admitiendo o deses-timando dichas instrucciones o cuáles fueron dadas al jurado y cuáles denegadas, según ordena el. artículo 266 del Código de Enjuiciamiento Criminal, pero como alegado en la moción de ntievo juicio como el cuarto de sus fundamentos, que la corte había rechazado tres de ellas, consta en la resolución denegando el nuevo juicio, que esa segunda instrucción fué denegada, podremos considerar si al hacerlo así la corte es-tuvo acertada o no.

La citada instrucción no contiene una exposición correcta de la ley, porque si la evidencia llevaba al ánimo del jurado la convicción de que los disparos no fueron dirigidos contra persona alguna, si sólo iban dirigidos al aire sin ninguna intención criminal, no era consecuencia necesaria que el acu-sado fuera culpable del delito a que se refiere la instrucción y estuvo justificada la corte al rechazarla, ya que cuando una instrucción es errónea, aunque lo sea sólo en parte, puede rehusarla porque no está obligada a modificarla.

People v. Wong Sang Lung, 84 Pac. Rep., 843.

State v. Nicholls, 50 La. Ann., 699.

Toops v. The State, 92 Ind., 13.

Lawrence v. The State, 20 Tex. App., 536.

Además, la corte no hubiera estado justificada en dar esa instrucción, ya que siendo la teoría de la acusación la de ata-que con intención de cometer asesinato, la única de la de-fensa fué la insanidad del acusado.

Por las razones expuestas deben desestimarse los dos re-cursos de apelación interpuestos por el acusado y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, "Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Matos Hermanos & Ca., Apelados, v. Ortiz, Apelantes.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.'
    No. 896.
    Resuelto en febrero 7, 1913.
    Detalle de Partidas (Bill oí? Particulars) — Demandado.—Cuando un deman-dado desea saber los detalles de una reclamación, debe pedir un detalle de la misma. (Bill of particulars). »
    Juicios de Novo — Cortes de Distrito — Apelaciones de las. Cortes Munici-pales. — Las cortes de distrito al conocer en grado de apelación de casos pro-cedentes de las cortes municipales, tienen facultades para actuar lo mismo que si fuera en primera instancia, y pueden por, tanto declarar sin lugar una excepción previa a la demanda, que fué declarada con lugar en la corte inferior y ordenar al demandado que conteste la demanda.
    Prueba Contradictoria — Apreciación del Tribunal Sentenciador. — No cometió error la corte sentenciadora al decidir a favor de la sociedad demandante el conflicto de la prueba contradictoria.
    Los hechos están expresados en' la opinión.

      Abogados del apelante: Sres. Gustavo Rodríguez y José G. Torres.

    Abogado de los apelados: -Sr. Miguel Juan Llaneras.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Interpuesta apelación en este caso contra la sentencia de la Corte Municipal de Yauco, la Corte de Distrito de Ponce estableció las siguientes conclusiones de hecho:

Primera. Que la corte estimó probado por las admisiones de las partes, que la demanda original en este caso fué presen-tada el día 26 de septiembre de 1911; que el saldo de la cuenta corriente que se trató de cobrar en la demanda ascendía a la suma de $323.28, y que este saldo no ha sido satisfecho por la parte demandada.

Segunda. Que la corte estimó probado que las ventas que hacía la casa demandante, Matos Hermanos y Cía., al demandado Dámaso Ortiz, tenían el carácter de ventas al con-tado, y que por concesión que especialmente hicieron los de-mandantes al demandado, este último podía dejar de pagar el importe total de la venta con la condición de abonar la dife-rencia que .adeudara semanalmente, estimando, además, la corte como probado, que la cuenta corriente fué liquidada y saldada en 26 de septiembre de 1911, y que el expresado saldo de $323.28, que el demandado admitió como verdadero y cierto, era exigible desde la referida fecha 26 de septiembre de 1911.

El apelante no solamente se opone a estas conclusiones por estimar que no son correctas, sino también a otras cuestiones anteriores que surgieron en la apelación a la corte de distrito, y alega que la Corte de Distrito de Ponce cometió error al no desestimar la excepción previa que se presentó a la demanda, que había sido declarada con lugar por la Corte Municipal de Yauco, alegando, además, que la Corte de Distrito de Ponce, al desestimar la excepción previa, carecía de jurisdicción para seguir conociendo del caso originariamente, pues la jurisdic-ción sobre las cuestiones relativas a los hechos pertenecía a la' corte de Yauco.

En la segunda demanda enmendada que fué finalmente presentada en la Corte Municipal de Tanco, se alega que el demandado venía comprando periódicamente a la sociedad demandante, efectos de comercio al contado, y que las más de las veces pagaba cantidades a cuenta; que el día 23 de septiembre de 1911, el demandante (?) (queriendo decir el demandado) hizo compras de efectos mercantiles por úl-tima vez a la mercantil demandante, y de resultas de las diversas compras hechas desde el referido día 12 de abril de 1911, hasta la fecha de la última venta, restó a deberles el de-mandado la cantidad de $323.28, según puede verse por la cuenta, corriente que está unida a los autos. Continúa la de-manda expresando las diferentes medidas que tomó la socie-dad demandante para cobrar las cantidades expresadas, sin haber obtenido ningún éxito. El demandado tuvo suficiente conocimiento por esta demanda de que la sociedad deman-dante reclamaba con motivo de las ventas de efectos de co-mercio, un saldo en cuenta corriente ascendente a $323.28. La demanda pudo haberse presentado en forma más clara, pero si las partes no llevaban sus operaciones en cuentas de-talladas o si el demandado hubiera necesitado más informes, debió haber insistido en que se presentase una relación deta-llada. No vemos que haya cometido error alguno la corte de distrito al desestimar la excepción previa formulada por el. demandado.

Aunque es cierto según alega el apelante que las cortes municipales tienen jurisdicción para resolver casos en que la suma envuelta es menor de $500, y que esa jurisdicción no es concurrente, sin embargo, como en el presente caso la Corte Municipal de Yauco había resuelto que la sociedad deman-dante no tenía ninguna reclamación que hacer con arreglo a la ley, el único remedio que le quedaba a dicho demandante era el de la apelación, y según la ley que regula las apela-ciones de las cortes municipales a las de distrito en asuntos civiles, el caso debía celebrarse de nuevo en dicha corte de dis-trito. La corte de distrito adquirió jurisdicción sobre todo el caso y tenía facultades para proceder precisamente del mismo modo que hubiera procedido la corte municipal en el pleito original. Por tanto, al desestimar la corte la excepción pre-via tenía facultad para obligar al demandado a presentar su contestación, como lo hizo en definitiva.

La única cuestión que en'realidad queda por resolver en este caso es una de becbo, o sea, si estos efectos de comercio se les entregaron al demandado como una transacción al con-tado o para pagarlos a plazos. Con respecto a este punto hubo contradicción en la prueba, por lo que no solamente no vemos motivo alguno para intervenir con la discreción de la corte al resolver dicho conflicto a favor de la sociedad deman-dante, sino que creemos que la preponderancia de la prueba estaba claramente -a f'avor de dicha sociedad mercantil. El socio gestor de' la sociedad demandante, Sr. Luis Irizarri, declaró de modo muy claro que las ventas' habían sido al contado.

No apareciendo de los autos que se haya cometido ningún error, debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Plernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


text:
    Cadilla, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra resolución del Registrador de la Propiedad de.Caguas.
    No. 135.
    Resuelto en febrero 7, 1913.
    Becurso Gubernativo — Documento no Presentado al Registrador. — Este tribunal no puede considerar en un recurso gubernativo documentos que no consta que hayan sido presentados al registrador.
    Defectos Subsanables — Descripción de la Einca Principal — Constituye un defecto subsanable el no aparecer del documento que se trata de inscribir, la descripción de la finca principal de donde se ha segregado el solar objeto de inscripción.

      Id. — Solar—Medida Superficial. — Constituye defeeto subsanable el no expre*-sarse en la escritura la medida superficial del solar objeto de inscripción^ No es bastante describirlo por sus eolindaneias y por el número de metros em cada una de ellas.
    Los Redaos están expresados en la opinión.
    Abogado del recnrrente: Sr. Andrés Mena.

    El registrador no compareció. ■
   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Presentado en el Registro de la Propiedad de Caguas por Ramón Cadilla Colón un documento notarial para su inscrip-ción, puso al pie del mismo el registrador sustituto la si-guiente nota:

“Inscrito el precedente documento al folio 130 del tomo 37 de Caguas, finca número 1760, inscripción Ia., con los defectos subsa-nables de no describirse la finca principal de la cual procede el solar donde enclava la casa edificada por el Señor Cadilla y Colón, y el de no expresarse en dicho documento la medida superficial del ameritado solar, cuyo último defecto está previsto en la resolución dictada con fecha 20 de febrero de 1911, por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el recurso gubernativo N°. 86 interpuesto por Pascasia González versus el Registrador de la Propiedad de San Juan, sección Ia. Caguas, P. R., diciembre 7 de 1912.”

Contra ella se ha interpuesto el presente recurso guber-nativo, con objeto de que sea revocada en cuanto a los defec-tos subsanables que menciona.

Dos son estos defectos: Primero, porque no se describe la finca principal de la cual procede el solar donde está fabri-cada la casa, y segundo, por no expresarse en el documento la medida superficial de dicho solar.

El recurrente ha presentado en esta Corte Suprema con el documento notarial que contiene la nota recurrida, unas ordenanzas del Municipio de Caguas y certificación librada por el secretario de aquel municipio, pero como no consta que estos dos documentos fueron presentados al registrador., con . el documento notarial para que los tuviera en cuenta al resolver, no podemos considerarlos y prescindiremos de ellos. Calenti v. Registrador, 12 D. P. R., 8.

El documento que motiva este recurso hace constar que el Municipio de Cagnas es dneño de nn solar cuya descrip-ción se hace por colindancias y por número de metros en cada nna de ellas, annqne no consigna sn medida superficial, y que procede de los terrenos que tiene inscritos dicho muni-cipio en el Registro de la Propiedad de Caguas, designándose ■ al efecto el folio, tomo e inscripción, así como el título de adquisición y su fecha. También expresa que tal solar lo usufructúa el recurrente en virtud de concesión que le hizo el concejo municipal.

No consta, pues, en el título presentado al registro la des-cripción de la finca principal, de la cual procede el solar cedido en usufructo al recurrente, Sr. Cadilla, y aunque se consig-nan datos bastantes para que el registrador pueda identifi-carla en. sus libros, sin embargo, esto no es suficiente y ori-gina un defecto subsanable, pues la descripción debe apare-cer del mismo título presentado, según ya resolvió esta Corte Suprema en el caso de Franceschi v. Registrador, 13 D. P. R., 227, y por la Dirección General de los Registros en 20 de noviembre de 1889 y 1o. de diciembre de 1892.

En cuanto al segundo defecto subsanable estampado por el registrador en la inscripción, por no contener el título la medida superficial del solar concedido al Sr. Cadilla, es cues-tión", ya resuelta por nosotros que aun cuando la falta de expresión de tal medida no impide la inscripción, sin embargo, constituye un defecto subsanable que debe consignarse .en ella.

González v. El Registrador, 17 D. P. R., 239.

Carrasquillo v. El Registrador, 17 D. P. R., 431.

Resueltas las dos únicas cuestiones planteadas en este recurso, debe confirmarse la nota recurrida.

C on firmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y. Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Su. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Menéndez et al., Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 514.
    Resuelto en febrero 7, 1913.
    Derecho Penal — Transcripción de Autos — Exposición del .Caso — Docu-mentos que Debe Remitir el Secretario Cuando se Establece Apela-ción. — Con excepción de la acusación, la alegación del acusado, las instruc-ciones de la corte al jurado, el veredicto, la solicitud de nuevo juicio y la resolución que recaiga, el fallo, la sentencia y la notificación de la apelación, todos los demás procedimientos que hayan tenido lugar en el juicio de una causa criminal sólo podrán ser remitidos a este Tribunal Supremo por el Secretario de la Corto de Distrito, cuando hayan sido debidamente incluidos en un pliego de excepciones o en una exposición del caso tramitada y apro-bada de acuerdo con la ley. . v

    Id. — Juicio por Jurado — Delito Grave. — A partir de julio 1, 1902, en que em-pezó a regir el Código de Enjuiciamiento Criminal, sólo las cuestiones de hecho en casos de delitos graves pueden ser juzgadas por un jurado.
    Id. — Delito Grave — Delito Electoral. — El acusado de una infracción de la Ley Electoral castigada con prisión de tres meses a dos años, sólo lo es de un delito menos grave (misdemeanor) y no tiene derecho por tanto a que le juzgue un jurado.
    Id. — Delito Electoral — Cuando Cae Dentro del Código Penal. — Para- que una infracción de la Ley Electoral de marzo 8, 1906, constituya el delito grave castigado por el artículo 161 del Código Penal, es necesario que se alegue en la acusación que el acusado dejó de cumplir voluntariamente una obligación impuéstale por la ley, o que actuó fraudulentamente.
    Id. — Inscripción de Electores — Requisitos.—Para que pueda inscribirse un elector es necesario que comparezca personalmente ante la Junta.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pneblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Los apelantes no comparecieron.
   El Juez Asociado Su. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en este caso se presentó ante la Corte de Distritp de Arecibo, y, copiada en lo pertinente, dice así:

“El Fiscal formula acusación contra Eligió Menéndez y Francisco A. García por nn delito menos grave, comprendido' en la sección 25 de la ley para proveer lo necesario para inscripciones y elecciones, aprobada en marzo 8 de 1906 come-tido como signe:
“El 8 de julio del presente año Eligió Menéndez y Francisco A. García eran los agentes nombrados que componían la junta de ins-cripciones del precinto segundo de Arecibo, con el fin de inscribir electores para las elecciones generales que se celebrarán en Puerto Rico el 5 de noviembre de 1912 y los dichos Eligió Menéndez y Francisco A. García allí y entonces, ilegal y criminalmente, inscribieron al individuo Carlos Medina como elector en el registro de electores del dicho segundo precinto de Arecibo, sin que el referido Carlos Medina compareciera personalmente a inscribirse durante las horas seña-ladas para inscripción, ante la junta de inscripciones el 8 de julio de 1912, formada por los referidos acusados Eligió Menéndez y Francisco A. García.
“Este hecho ocurrió en Arecibo, Distrito Judicial del mismo nombre. ’ ’

Celebrada la vista, se dictó sentencia en 1 de noviembre de 1912 condenando a los acusados como autores del delito que se les imputara, a pagar cada uno la multa de $250 y en de-fecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar y medio que dejaren de satisfacer. Contra esa sentencia se interpuso el presente recurso de apelación.

Los apelantes no comparecieron al acto de la vista del recurso, ni lian presentado alegatos escritos en apoyo del mismo. Tampoco prepararon de acuerdo con la ley pliego' alguno de excepciones, ni relación de hechos. Examinada la transcripción aparece que el secretario de la corte de dis-trito además de la acusación, de la sentencia y del escrito de apelación, incluyó en ella copias de ciertas mociones y ex-cepciones que los acusados presentaron a la corte sentencia-dora y que la corte resolvió en contra de los acusados. En las mociones se suscita la cuestión legal de -la procedencia de un juicio por jurado en esta causa y en las excepciones. se alega que los hechos consignados en la acusación no son constitutivos de delito.

Para que este Tribunal Supremo pudiera considerar las mociones con respecto a la procedencia del juicio por jurado, hubiera sido necesario, de acuerdo con la jurisprudencia establecida en el caso de El Pueblo v. Guzmán, 15 D. P. R. 295, que se hubieran incluido en un pliego de excepciones o expo-sición del caso tramitados de acuerdo con la ley.

Esto, no obstante, en pro de la justicia hemos estudiado la cuestión suscitada, y, a nuestro juicio, fué resuelta debida-mente por la corte de distrito.

Los acusados en primer término alegan que aceptando que el hecho que se les ha imputado constituya un delito de misdemeanor, como tal delito está castigado con prisión de, tres meses a dos años tienen derecho a que los juzgue un jurado, de acuerdo con la sección 2 de la ley estableciendo el juicio por jurado en Puerto Rico, de 12 de enero de 1901. Si lo preceptuado en dicha sección estuviera vigente, la conten-ción de los acusados estaría bien fundada; pero a partir de la promulgación del Código de Enjuiciamiento Criminal en el año de 1902, sólo las cuestiones de hecho en casos de delito grave pueden ser juzgadas por el jurado, y para que el hecho imputado a los acusados constituyera un delito grave tendría que estar castigado con pena de presidio y no de prisión como lo está. Artículos 13, .14, 15 y 16 del Código Penal y 178 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Los acusados alegan en segundo término que el hecho que se les ha imputado no es constitutivo del delito de misdemeanor, castigado en la sección 89 de la ley para proveer lo necesario para inscripciones y elecciones, aprobada en 8 de marzo de 1906, sino del de felony previsto y penado en el artículo 161 del Código Penal. Los acusados han sido per-seguidos por una infracción a la sección 25 de la citada ley electoral de 1906 y la pena para tal infracción está claramente fijada en la sección 89 de la misma ley. Es verdad que dicha sección 89 dispone £íque si la infracción estuviere comprendida en el Código Penal de Puerto Rico, habrán de aplicarse las penas comprendidas en dicho Código,” pero también es verdad que en la acusación no se alega que los acusados dejaron ni se negaron a cumplir una obligación impuéstales por la ley, ni que al inscribir ál elector Carlos Medina obraron fraudulen-tamente, circunstancias que hubieran sido necesarias para que el hecho saliera de la esfera menos grave del misdemeanor previsto y castigado en las secciones 25 y 89 de la ley electoral, y entrara en la más grave del felony a que se refiere eL artículo 161 del Código Penal.

Las excepciones tampoco fueron incluidas debidamente en la transcripción, pero como envuelven una cuestión fundamental que nosotros estamos obligados a estudiar, aun cuando no hubiera sido promovida por ninguna de las partes, proce-deremos a considerarlas y a resolverlas. En ellas se alega, como hemos dicho, que los hechos consignados en la acusación no son constitutivos de delito público.

La sección 25 de la ley electoral de 1906 dispone que £<el elector que desee inscribirse comparecerá ante la junta de inscripciones durante las horas señaladas en cualquier día de inscripción y será deber de dicha junta inscribir el nombre de dicho elector.”

En tal virtud, para que pueda inscribirse un elector de .acuerdo con la ley, es necesario que el elector comparezca personalmente ante la junta, y es bien claro, que si la junta inscribe a una persona como elector sin que el elector com-parezca ante ella personalmente, infrinje la ley y cae dentro de la sanción establecida por la sección 89 de la misma que prescribe que “cualquier funcionario designado por esta ley, que fuera negligente, o faltare al debido cumplimiento de los deberes que le han sido impuestos por ella; y todo funcio-nario de elecciones u‘ otras personas que, en alguna forma, violasen las disposiciones de la presente ley, o los reglamen-tos que dicte el Consejo Ejectivo, incurrirán en una multa de $100 a $2,000, o en prisión de tres meses a dos años, o en ambas penas a la vez.”

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, no apare-ciendo que se baya cometido ningún error fundamental en esta cansa, debe declararse sin lngar el recurso establecido y confirmarse la sentencia apelada.

G on firmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. Wolp,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Menéndez et al., Apelantes.
    Apelaoiópt procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 513.
    Resuelto en febrero 7, 1913.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 514, El Pueblo v. Menéndez et al. (pág. 83.)
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Los apelantes no comparecieron.
   El Juez Asociado Sb. Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

Con excepción del nombre del elector, los becbos de este caso son enteramente iguales a los que aparecen en los autos del caso No. 514 seguido contra los mismos apelantes, de-, biendo, por consiguiente, resolverse de conformidad con los fundamentos contenidos en la opinión y sentencia del referido, caso No. 514.

G onfirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Hernández, Apelante, v. Medina et al., Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 856.
    Resuelto en febrero 7, 1913.
    Gravámenes por Sentencia — Naturaleza de los Mismos. — Los gravámenes por sentencia son creados por la ley y a falta de una disposición expresa de la legislatura sobre la materia, no se considera que las sentencias constituyen gravámenes sobre bienes inmuebles según el moderno sentido de la frase.
    Id. — Let Vigente — Alcance del Gravamen por ella Establecido. — De acuerdo con la sección 6 de la ley de marzo 8, 1906, el alcance del gravamen por sen-tencia es el mismo que tenía, según el artículo 1824, No. 4 del Código Civil, en relación con la Ley Hipotecaria, la anotación preventiva hecha por em-bargos, secuestros o ejecución de sentencia a virtud de mandamiento judicial, en cuanto a créditos posteriores.
    Id.- — Registro de Sentencias — Indice.—Para que una sentencia constituya gravamen sobre todos los bienes inmuebles del deudor situados en el distrito, es indispensable que sea inscrita en el "Registro de Sentencias” y pasada al "Indice” a que se refiere la sección 4 de la ley sobre la materia. Paitando el último requisito no produce tal efecto.
    • Costas — Cuantía Litigiosa. — No cometió error la corte sentenciadora al tomar como base para determinar la cuantía litigiosa, con objeto de imponer las costas, el haberse originado este incidente en un pleito en donde se dictó sen-tencia por más del $1,400.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    El apelante compareció en nombre propio.
    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 15 de febrero de 1912, Agustín Hernández Mena presentó una moción en el pleito seguido por él contra Julio Medina González en la Corte de Distrito de Mayagüez, sobre cobro de dinero, alegando que en dicho pleito se había dictado, en 19 de agosto de 1907, sentencia en contra del demandado, por la suma de $1,480.95, intereses y costas, cuya sentencia se había inscrito en el libro “Registro de Sentencias” del Regis-tro de la Propiedad de Mayagüez, el 17 de enero de 1910, según aparecía de una certificación expedida por el registra-dor de la propiedad que obraba en el récord del pleito.

Que del importe de la referida sentencia quedaban aun pendientes de pago $867.25, y el márshal del distrito había embargado para su cobro todo el derecho del demandado sobre una casa situada en Mayagüez, que se describe debidamente. Que dicha casa aparecía inscrita en el registro de la propiedad a favor de Francisco Forteza, quien la había adquirido por compra a Julio Medina González, el 13 de junio de 1910.

Que cuando la repetida sentencia fué inscrita en el registro de sentencias, la referida casa pertenecía al demandado Medina y que por tanto había quedado gravada de acuerdo con la sección 6 de la ley sobre gravámenes por sentencias de 8 de marzo de 1906.

Por virtud de lo expuesto, el dicho Hernández Mena suplicó a la corte que dictara una orden disponiendo que Francisco Forteza fuera requerido, para que dentro del término de diez días liberara la finca, pagando los $867.25 adeudados, y de no hacerlo así, que se procediera a cancelar en el registro de la propiedad la inscripción de la finca a favor de Forteza.

La corte, el 23 de febrero de 1912, accedió a lo solicitado. Eequerido Forteza, compareció ante la corte y alegó que la finca de que se trataba había sido primeramente embargada por' el mismo Hernández Mena en la .ejecución de la propia sentencia dictada el 19 de agosto de 1907 en el pleito seguido por Hernández contra Medina y adjudicada al repetido Her-nández en pago parcial de la sentencia. Que dueño Hernández de la casa, la inscribió a su favor en el registro y la vendió al demandado Medina. Y que éste la inscribió a su favor en el registro y la vendió al compareciente Forteza que también inscribió su título en el registro de la propiedad.

Hernández Mena aceptó la verdad de los hechos alegados por Forteza, pero sostuvo que tenía derecho a lo que había solicitado, y la corte, finalmente, el 9 de marzo de 1912, recon-sideró su anterior resolución y declaró sin lugar la moción de Hernández Mena, con las costas al mismo. Contra esta reso-lución de la corte se interpuso el presente recurso de apelación.

Como puede verse por los hechos expuestos, está envuelta en este caso la interpretación de la ley sobre gravámenes por sénteñcias de 1906, ley de gran importancia y que debe ser cuidadosamente estudiada por los interesados en transferen-cias y gravámenes ele bienes inmuebles y por la abogacía en general.

Por dieba lej^ se crea un sistema de gravámenes ocultos en cierto modo, contrario al sistema establecido por la Ley Hipo-tecaria que exige la especificación de los gravámenes en cada una de las fincas afectadas por los mismos.

Antes de entrar en la interpretación de'sus preceptos, nos parece oportuno fijar la naturaleza de los gravámenes por sentencia, de acuerdo con la jurisprudencia americana.

El gravamen impuesto por una sentencia, dice Cyc., apoyán-dose en numerosas decisiones de los tribunales, no constituye • o crea un estado, interés o derecho de propiedad en los bienes que puedan quedar sujetos al cumplimiento de la misma; solamente da derecho a que se establezca un embargo sobre dichos bienes con exclusión de otros intereses adversos poste-riores a la sentencia. Por lo general no es un gravamen de carácter específico que se impone sobre determinado inmueble del deudor declarado por la sentencia, sino que es un gravamen general sobre todos sus bienes inmuebles.

De acuerdo con la Ley Común, los bienes inmuebles de un deudor no quedaban afectos al cumplimiento de una sentencia dictada contra él y, por tanto, no se adquiría contra ellos nin-gún gravamen por virtud de la sentencia. Pero hacia el año de 1285, un estatuto inglés que autorizaba el writ of elegit, (orden al márshal para incautarse de los bienes del demandado), estableció una forma rudimentaria de gravámenes sobre bienes inmuebles a favor de los acreedores por sentencia, de la cual se ha originado el moderno gravamen por sentencia.

Los gravámenes por sentencia son creados por la ley y a falta de una disposición expresa de la Legislatura sobre la materia, no se considera que las sentencias constituyen gravá-menes sobre bienes inmuebles según el moderno sentido de la frase.

Véase 23 Cyc., 1350 y siguientes.

En Puerto Eico existe una ley completa sobre la materia, la aprobada en 1906 a que nos hemos referido anteriormente. La sección 6 de la misma, dice así:

‘ ‘ Cuando una sentencia fuere inscrita y pasada al índice, según lo dispuesto en las precedentes secciones, tendrá desde luego efecto de un gravamen sobre todos los inmuebles del demandado o demandados, no exentos de embargo, radicados en el distrito donde se inscribiere el correspondiente extracto, y sobre todos los inmuebles que el de-mandado o demandados posteriormente adquieren en dicho distrito. Y tal gravamen tendrá el alcance y prelación que se determina en el párrafo 4o. del artículo 1824 del Código Civil.”

Y el artículo 1824, número 4o. del Código Civil, tal como estaba vigente en 1906, dice así:

“Artículo 1824. — Con relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor, gozan de preferencia * * *.
“4o. Los créditos preventivamente anotados en el registro de la propiedad en virtud de mandamiento judicial, por embargos, secues-tros o ejecución de sentencias, sobre los bienes anotados, y sólo en cuanto a créditos posteriores.”

Dicho artículo 1824, fue modificado en 1910, por la sección 15 de la ley número 37, quedando lo preceptuado en el número 4 exactamente igual, pero marcado con el número 5 en vez del número 4.

El efecto de la sección 6 de la ley sobre gravámenes por sentencia de 1906, se desprende claramente de sus términos. Según éstos, basta registrar la sentencia en, el registro de sentencia a que se refiere la sección 3, y pasarla al índice del registro de sentencias de acuerdo con la sección 4, para que tenga, d&¡sde luego, el efecto de i3n gravamen sobre todos los inmuebles del demandado, no exentos de embargo, radi-cados en el distrito, y sobre todos los inmuebles que el de-mandado posteriormente adquiera en dicho distrito. El alcance de dicho gravamen es el mismo que tenía, según el artículo 1824, número 4, en relación con la Ley Hipotecaria, la anotación preventiva hecha por embargos, secnestros o ejecución de sentencias a virtud de mandamiento judicial, en cuanto a créditos posteriores.

Interpretada la ley en tal sentido, veamos cómo debe apli-carse al caso concreto sometido a nuestra consideración.

Lo primero que debemos investigar es si la sentencia dictada en Hernández v. Medina, fué registrada en el registro de sentencias y pasada al índice, porque sólo en tal caso es que de acuerdo con la ley constituirá un gravamen sobre los bienes del deudor. Lo primero, o sea el registro en el Registro de Sentencias del Registro de la Propiedad de Mayagüez, aparece alegado por el peticionario y aceptado por la parte contraria, pero lo segundo, o sea la anotación en el ín-dice, no aparece alegada, ni aceptada, ni demostrada en forma alguna en la transcripción elevada a este tribunal por el ape-lante, Hernández Mena.

Siendo esto así, cae por su base la solicitud del deman-dante de acuerdo con los términos claros y precisos de la sección 6 de la ley sobre la materia y con la jurisprudencia de los tribunales.

“En muchos Estados el estatuto dispone que las sentencias serán debidamente registradas y extractadas antes de que pue-dan constituir gravamen sobre los bienes inmuebles del deu-dor, y a no ser que se cumpla con esta disposición legal no se considerará la sentencia como un gravamen, por lo menos en ■cuanto a los subsiguientes compradores de buena fe o personas con derecho sobre dichos bienes que no tengan verdadero cono-cimiento de ello, si bien el caso puede variar si se tratare de las primitivas partes. De acuerdo con esta regla, incumbe al acreedor por sentencia cerciorarse de que ésta ha sido debida-mente registrada o extractada con arreglo a la ley, so pena de perder su gravamen.” 23 Cyc., 1353 y casos citados.
“De acuerdo con los estatutos por los que se dispone que se lleven índices de sentencias, una sentencia no constituirá gravamen sobre una propiedad inmueble aun cuando hubiera sido debidamente archivada y registrada,. si no aparece que se ha pasado al índice.” 23 Cyc., 1356 y casos citados.

Siendo esto así, no es necesario entrar en la consideración y resolución de las otras cuestiones envueltas en el litigio. La solicitud de Hernández Mena de 15 de febrero de 1912, era claramente insuficiente y la resolución apelada por virtud de la cual se desestimó finalmente dicha solicitud, debe con-firmarse.

Otro recurso ha sido tramitado conjuntamente con el anterior, a saber: el interpuesto contra’la'resolución aprobatoria del memorándum de costas.

Dicho memorándum, tal como fue presentado por Forteza, contenía las siguientes partidas: $5 por honorarios del secre-tario ; $3.40 por desembolsos en sellos, y $50 por honorarios de abogado. Hernández Mena negó la veracidad de la primera partida alegando que sólo ascendía a $0.55, no objetó la segunda, e impugnó la tercera porque la cuantía de la cosa litigiosa, la casa, no ascendía a $500. La corte, en abril 12 de 1912, rebajó la primera partida a $2.10, dejó intacta la segunda y rebajó la tercera a $30, y así aprobó el memorándum ascen-dente en su totalidad a $35.50.

Apeló Hernández de la dicha resolución aprobatoria del memorándum y en su alegato sólo se ha referido a la partida de honorarios, impugnándola por el motivo indicado. No alega otra causa de impugnación.

Si bien la casa de que se trata aparece adquirida y vendida por $200, la solicitud de Hernández, origen de estos recursos, se hizo para requerir a Forteza que pagara más de $800 y se presentó dentro de un pleito en el cual se había dictado sentencia por más de $1,400, y al tomar como base estas últi-mas cantidades y no la primera para regular la naturaleza del asunto, creemos que la corte de distrito no cometió ningún error fundamentál que lleve consigo la nulidad de su reso-lución.

También debe, en tal virtud, declararse sin lngar 'este otro recurso y confirmarse la resolución apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.