author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Victoria Vaquer Velázquez, et al., recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    Núm. 1102.

    Sometido: Junio 22, 1942.

      Resuélto: Julio 21, 1942.

      C. Domínguez Rubio, abogado de los recurrentes; el Registrador re-currido compareció por escrito..
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

En Guayama, el doce de octubre de 1935, comparecieron ante el notario público Celestino Domínguez Rubio las per-sonas que a continuación se nombran y otorgaron los con-tratos que, en lo pertinente, narraremos en seguida:

Juana Rodríguez, casada en segundas nupcias, por su propio derecho y en representación de sus hijos menores habidos en su primer matrimonio con Jaime Vaquer, Pedro, Bernardo, Isabel, Antonio y Juana Vaquer y Rodríguez;

Antonio Vaquer, por su propio derecho y como apode-rado de Victoria Vaquer y Velázquez, casada y residente en Chile;

Las hermanas Dilta, Hiliá, Betina, Josefa y Juana Lam-boglia y Pérez; y

Pedro Pérez en su carácter de tutor del menor José Lamboglia y Pérez.

Expusieron que los menores Vaquer Rodríguez, Victoria Vaquer Velázquez y Juana Rodríguez era dueños de catorce fincas que se describen numerándolas del 1 al 14, todas rús-ticas con excepción de la 8 que es urbana. La mayor es la número uno, que tiene 273 cuerdas ;

, Que los menores Vaquer y Victoria Vaquer adquirieron dichas fincas por herencia de su padre Jaime Vaquer, y Juana Rodríguez por herencia de su hija Celia Vaquer;

Que las fincas 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13 y 14 estaban grava-das por una hipoteca constituida por Jaime Vaquer a favor de Angela Pérez viuda de Lamboglia y que previas las negociaciones preliminares que se indican y la autorización judicial que se transcribe, Juana Rodríguez por sí y en re-presentación de sus hijos los menores Vaquer, de una parte, y Victoria Vaquer, representada por Antonio Vaquer, de la otra, permutaban como en efecto permutaron los condominios correspondientes a la primera parte en la finca número uno, valorados en $9,249.15, por todos los condominios corres-pondientes a la segunda en las fincas números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14, valorados en $2,607, constituyendo la segunda parte, o sea Victoria Vaquer, a favor de los her-manos Lamboglia Pérez, herederos de Angela Pérez viuda de Lamboglia, hipoteca por $6,880 sobre la finca número uno.

Los comparecientes hermanos Lamboglia Pérez cancela-ron a su vez la hipoteca que pesaba sobre las fincas de la herencia constituida por Jaime Vaquer a favor de Angela Pérez viuda de Lamboglia, en atención a la nueva hipoteca constituida por Victoria Vaquer sobre la finca número uno, y de tal modo quedaron Victoria Vaquer dueña de la finca número ung, gravada con hipoteca, y Juana Rodríguez y sus hijos los menores Vaquer dueños de las otras fincas de la herencia, libres de gravámenes.

Presentado el documento en el registro de la propiedad del distrito, el registrador practicó las operaciones que describe en su nota y agregó en la misma lo que sigue:

. . Se hace constar por vía ele aclaración a la presente nota, que la hipoteca que se constituye por doña Victoria Vaquer y Ve-lázquez, por conducto de su apoderado don Antonio Vaquer y Moll, a favor de la sucesión de doña Angela Pérez Fontán quedó inscrita allí donde se expresa.al margen de la descripción de la finca mar-eada con el número uno, tan sólo en cuanto a la participación que en Ja citada finca interesa la hipotecante por herencia de su finado padre don Jaime Vaquer y Moll; habiéndose denegado la inscripción en cuanto al resto de dicho inmueble hasta completar la totalidad del mismo, o sea en cuanto a los condominios adquiridos por dicha deu-dora Victoria Vaquer Velázquez por permuta que le hicieran la viuda y demás herederos de don Jaime Vaquer y Moll, porque si bien tales condominios tienen la aparente condición de bienes priva-tivos, es lo cierto que a juicio del suscribiente conllevan el carácter de gananciales, por cuanto del documento que precede aparece que los condominios privativos que la deudora diera en permuta a la viuda y herederos de don Jaime Vaquer y Moll en otras fincas, están valorados en $2,607, mientras que la participación o condominios que dicha deudora adquiere por dicho concepto o título en la citada finca hipotecada tienen un valor superior a aquéllos, o sea el de $9,249.15, y para compensar la diferencia en dichas cantidades de dinero, la referida deudora, además de obligarse a pagar ciertas cantidades de dinero que se reseñan en el propio documento como deudas de ¡a sucesión de don Jaime Vaquer y Moll, constituye también el derecho de hipoteca objeto de esta nota en garantía de pago de otra deuda hipotecaria contraída por el causante de dicha sucesión, obligando de este modo para el cumplimiento de dichas obligaciones la sociedad dé gananciales constituida entre la deudora Victoria Vaquer y Velazquez y su esposo Miguel Roselló, que si bien no se nombra en la escritura de hipoteca, permuta y otros extremos, su nombre se con-signa en el documento de ratificación otorgado por su dicha esposa ante el Vice-Consul de los Estados Unidos de América en la ciudad de Santiago, Provincia de Santiago, Chile, que se tiene a la vista, sin que resulte en forma alguna que el citado esposo Miguel Roselló haya consentido o ratificado todo lo convenido por su citada con-sorte en el expresado documento, ...”

No conforme con la declaración qne afecta sustancial-mente los derechos de las partes contratantes, éstas, por medio de abogado, interpusieron el presente recurso guber-nativo, solicitando su revocación.

La diferencia de criterio entre el registrador y los recurrentes consiste en que los recurrentes sostienen que la finca número uno es y debe inscribirse como un bien priva-tivo de Victoria Vaquer y por consiguiente que la nueva hipoteca estuvo bien constituida por ella sola aunque fuera casada, y el registrador entiende que dicha finca es priva-tiva de Victoria Vaquer únicamente en cuanto al condominio adjudieádole en la herencia de su padre — luego admite que también lo es en cuanto al montante de sus condominios en las otras fincas de la herencia que permutara por el de los otros herederos en la dicha finca — y, por tanto, que siendo ganancial la adquisición, no puede hipotecarse válidamente sin la intervención del marido.

La cuestión es nueva en esta jurisdicción. Veamos en primer lugar lo que la ley prescribe. El título III del libro cuarto del Código Civil, edición 1930, está por entero dedi-cado a regular el contrato sobre bienes con ocasión de matrimonio, tratando de los bienes de la propiedad de cada nno de los cónyuges la sección segunda del capítulo IY de dicho, título. Dice el primer artículo de la sección, o sea el 1299, que equivale al 1396 del Código Civil Español:

‘ ‘ Son bienes propios de cada uno de los cónyuges:
“1. Los que aporte al matrimonio como de su pertenencia.
“2. Los que adquiera durante él, por título lucrativo, sea por donación, legado, o herencia.
“3. Los adquiridos por derecho de retracto o por permuta con otros bienes, pertenecientes a uno solo de los cónyuges.
“4. Los comprados con dinero exclusivo de la mujer o del marido.”

Comentando Manresa el precepto, agrupa en dos los bienes privativos, a saber: 1. Capital propio directamente de cada uno de los cónyuges, y 2. Bienes privativos de cada cónyuge por sustitución o subrogación.

No hay duda de que en este caso el condominio adquirido por Victoria Yaquer en la finca número uno al distribuirse la herencia que dejó su padre, está comprendido en el primer grupo y que también lo estaban los condominios que tenía en los otros inmuebles de la herencia. ¿Lo está en el se-gundo el resto de la finca número uno que adquirió por el contrato de permuta que celebrara con sus coherederos? Contestar esa pregunta es resolver el recurso. Dice Man-resa, refiriéndose al segundo grupo:

“Durante el matrimonio no es lo más natural que los bienes apor-tados o adquiridos se conserven siempre los mismos. Unos se con-sumen, otros se cambian o se venden, otros se extinguen y se sustituyen por una indemnización, etc., y todos estos hechos dan lugar a una transformación en los bienes de cada cónyuge, que van en parte y sucesivamente cambiándose o sustituyéndose por otros.
‘ ‘ Nuestro Código acepta en absoluto el principio de la subrogación, de modo que, en .principio, todo lo que durante el matrimonio ad-quieren privativamente el'marido o la mujer, en sustitución o repre-sentación de otros bienes que ya anteriormente les pertenecían, queda subrogado en el lugar de éstos y se entiende que forma parte de su capital privativo. La ley sólo exige la prueba de la verdad de esa sustitución, o que ésta resulte cierta con toda evidencia. En caso de duda, considera los bienes como gananciales (art. 1407).”

Y luego agrega, refiriéndose a los bienes adquiridos por permuta:

“Cambio de una finca por otra, de alhajas, de semovientes, etc., cuando el acto deba calificarse de permuta. Lo adquirido sustituye siempre a lo transmitido, cualquiera que sea su valor.
“Como expresamos en el comentario del art. 1337, si permután-dose dos fincas se recibe un saldo en dinero e ingresa en la sociedad, la sociedad deberá este saldo al cónyuge subrogante; y si, por el contrario, la sociedad tuviese que abonar algún exceso, éste se deberá por el cónyuge a la sociedad.”

El comentario de referencia, en lo pertinente, es como sigue-:

“Permuta oon oíros bienes dótales. — La sustitución o subrogación se presenta aquí con toda evidencia. Nada más natural que si el inmueble dado en permuta por la mujer era dotal, tenga igual ca-rácter el inmueble adquirido en su sustitución. Pero no siempre son de igual valor los bienes permutados. . . .
“. . . Si el inmueble adquirido por la mujer es de menor valor que el transmitido, desde luego aquél es dotal, y la diferencia de valor supone además un ingreso en la sociedad conyugal, del cual el marido responde a la mujer o sus herederos, pues en su día habrá de restituir en metálico esa diferencia.
“Si el inmueble adquirido en permuta es de más valor que el entregado, la sociedad conyugal tendrá que abonar en metálico- la diferencia. Ese metálico puede proceder del capital privativo del marido, del de la mujer o de los gananciales. ¿Se entenderá que el exceso del. valor de la finca, o sea la participación indivisa que represente, pertenece a aquél de quien el metálico procede? Enten-demos que no: primero, porque el artículo 1337, sin distinguir, pre-viene que, en caso'de permuta, el inmueble adquirido sustituya al que se entregó, y tenga, como éste, el carácter dotal; segundo, por-que la ley repugna la indivisión, y la indivisión resultaría si el exceso de valor de la finca permutada perteneciese, ya al marido, ya a la comunidad. Pero como no sería justo que la mujer se en-riqueciese a costa del marido o de la sociedad, y como prescindir de la procedencia del metálico equivaldría a consentir durante el matrimonio donaciones entre los cónyuges, de la permuta en el caso expuesto, nace forzosamente un crédito a favor de la persona o en-tidad que facilitó el metálico, no siendo la mujer, cuyo crédito ha ele tenerse en cuenta en su día al procederse a la liquidación de la sociedad conyugal. Si el exceso se pagó con fondos de la dote, no hay cuestión.”

Véase 9 Manresa, Comentarios al Código Civil, cuarta edición, 1930, 493, 494 y 254.

No hace referencia específica el comentarista a la adqui-sición por permuta de un inmueble de mayor valor, hipo-tecado o que se hipoteque' por la diferencia, pero sí se observa que pone énfasis en que el bien que se adquiere en todo caso conserva la misma condición que tenía el que se dió por él. A ese mismo respecto véase Cot v. El Registrador de la Propiedad, 15 D.P.R. 482, que se cita como autoridad en 31 C. J. 28, párrafo 1109, para sostener el siguiente texto,

"Propiedad que se recibe a cambio de otra propiedad, bien en comunidad o separada, como regla general adquiere el carácter ele la propiedad por la cual se cambia.”

Véase también McKay on Community Property, edición 1910, página 147.

Los bienes que Victoria Vaquer permutó por los condo-minios de sus coherederos en la finca número uno eran bienes privativos y privativa debe ser en su consecuencia la adquisición.

La diferencia en el valor de los condominios permutados es aparente, no real, porque la constitución de la nueva hipoteca no fue en verdad la de un gravamen nuevo sino un mero traspaso del que el causante de todos los contratantes constituyó sobre varias fincas, a una sola de ellas. El valor de lo aquirido libre del gravamen por Victoria Vaquer en la finca en cuestión, estaba en armonía con el del que ella dió en permuta a sus coherederos. En el momento del contrato— y es el contrato lo que se inscribe en el Registro — lo que pasó a Victoria Vaquer no fué una finca libre, como fincas libres fueron las que pasaron a sus coherederos, si que una finca sujeta a una hipoteca por más o menos la diferencia entre sn valor total y el que ella dió en bienes privativos en el contrato de permuta.

Esto no quiere decir que sostengamos que en el caso de que la hipoteca se pagara con bienes de .la sociedad de ga-nanciales, ésta no tenga derecho alguno. Lo tiene.

Del mismo modo que, según el artículo 1304 de nuestro Código, son gananciales las expensas útiles que se hagan en los bienes peculiares de cualquiera de los cónyuges mediante anticipos de la sociedad, si la hipoteca constituida por Vic-toria Vaquer sobre su finca privativa — la número uno — adqui-rida por herencia y por permuta de otros bienes privativos suyos, fuera satisfecha con dinero de la sociedad ganancial, a la sociedad se acreditaría el anticipo, pero el hecho no destruiría la condición de privativo del bien mejorado a vir-tud de la liberación del gravamen que pesaba sobre el mismo.

El caso sería igual a si la esposa hubiera heredado desde un principio la finca número uno por entero, no gravada en unión de otros si que pesando en su totalidad sobre ella la hipoteca constituida por su causante Jaime Vaquer.

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la nota en la parte en que fue recurrida y ordenarse la inscripción de la permuta y la hipoteca de que se trata en su totalidad, sin reservas ni aclaraciones.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Pbesidente SeSob. Del Toeq

license: Public Domain

text:
    Earl L. Moore, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Jorge Córdova Díaz, Juez, demandada.
    Núm. 1293.

    Sometido: Junio 15, 1942.

      Resuelto: Julio 21, 1942.

      Antonia Gandía de Guerra, abogada del peticionario; Alvaro Ortiz, abogado de la interventora, demandante en el pleito principal.
   El Juez Pbesidente SeSob. Del Toeq

emitió la opinión del tribunal.

Earl L. Moore arrendó a la Compañía Agrícola Las Monjas una porción de terreno para establecer una escuela de aviación. Dejó de satisfacer los cánones mensuales de arrendamiento correspondientes a noviembre y diciembre 1941 y enero 1942, y fue demandado en desahucio por Las Monjas ante la Corte Municipal de Río Piedras.

En su contestación alegó que se vió obligado a retrasarse en el pago porque no pudo continuar operando su escuela a virtud de órdenes militares, no siendo hasta el 2 de enero de 1942 que recibió autorización para continuar, estando dispuesto a consignar los cánones dejados de satisfacer, como en efecto luego los consignó.

La corte municipal decretó el desahucio por sentencia del 28 de marzo de 1942, y Moore apeló para ante la corte de distrito.

Radicados los autos en la-corte de distrito y cuando ha-bían tenido ya lugar en ella ciertos procedimientos, la de-mandante apelada pidió la desestimación del recurso porque el demandado apelante no había consignado el canon de arrendamiento que venció el 14 de abril, y la corte declaró con lugar la desestimación en los siguientes términos:

“Al celebrarse la primera comparecencia ele las partes ante esta corte, el demandado solicitó permiso para radicar una contestación enmendada contentiva de la nueva defensa de que, durante el trá-mite de la apelación ante esta corte, la finca objeto del litigio fué adquirida por expropiación por Estados Unidos de América. No habiéndose opuesto la demandante, se concedió el permiso y se radicó la contestación enmendada.
‘‘Ahora la demandante pide se desestime la apelación porque no se ha consignado el canon vencido el 14 de abril de 1942. Así es en efecto. Sostiene el demandado, sin embargo, qne ya no hay nece-sidad de consignar, puesto que la demandante ya no es dueña de la finca. Pero es que no podemos asumir que ése sea el hecho. Se trata de una mera alegación en una contestación. ... El requisito de la consignación de los cánones es para proteger a la parte deman-dante en caso de que resulte fundada su demanda. Si resultare infundada, si no resultare con derecho a los cánones, tendría el de-mandado derecho-a su devolución. Mientras se tramite la apelación, sin embargo, es clara la obligación estatutaria del demandado de con-signar los cánones que vayan venciendo.”

Pidió reconsideración el apelante y la corte la negó, como sigue:

“Se nos pide la reconsideración de nuestra resolución de abril 25 tie 1942 porque nos negamos a asumir que la demandante haya de-jado de ser dueña de la finca. Sostiene el demandado que ese es un hecho aceptado por la demandante. Indudablemente que, al argu-mentar la moción de desestimación, la demandante partió de la base de que la finca ya había pasado a otras manos, pero dudamos que el argumento oral de la demandante a ese efecto se pueda interpretar como una admisión expresa de lo alegado en la contestación. . . .”

Hemos leído el récord taquigráfico unido a los autos originales de la apelación en la corte de distrito y encontramos que el juez de la misma al referirse en sus re-soluciones transcritas a lo ocurrido y al alcance de la alegada admisión de la parte demandante apelada, se ajusta estric-tamente a la verdad.

El precepto de ley invocado por la apelada y aplicado por la corte, es terminante. Dice:

“En las apelaciones interpuestas en juicios establecidos por falta de pago del canon estipulado, cualquiera que sea el estado del re-curso, el demandante puede solicitar que se sobresea en el mismo, si el demandado no consignase en la secretaría del tribunal el importe de todos y cada, uno de los arrendamientos que vayan venciendo.” Artículo 634 del Código de Enjuiciamiento Civil, edición 1933, que es el 15 de la Ley sobre Desahucio de 1905.

Aquí se trataba de una apelación establecida en un desa-hucio fundado en falta de pago del canon estipulado y se admite que el canon no se consignó. El sobreseimiento era inevitable.

Quizá la parte apelante tenga razón, pero tales como los hechos constaban de los autos en el momento en que se dejó de hacer la consignación, en el en que se pidió la desestimación por tal motivo y en el en que el juez la decretó, no podía hacerse otra cosa de acuerdo con la ley, ya que en ninguno de ellos el demandado apelante había probado como pudo y debió hacerlo la alegada expropiación del terreno por parte de los Estados Unidos de América.

Procede anular el auto expedido y declarar sin lugar el certiorari, devolviéndose los autos originales del caso de desahucio a la corte de distrito de su origen.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    J. W. Riviere, en su carácter de Síndico de la White Star Bus Line, Inc., peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Jorge L. Córdova, Juez, demandada.
    Núm. 1294.

    Sometido: Julio 6, 1942.

      Resuelto: Julio 21, 1942.

      Fiddler, McConnell efe González (F. Fernández Cuyar j Carlos V. Dávila, abogados de la White Star Bus Line en la petición de certiorari), abogados del Síndico, peticionario; Ortiz Toro <& Ortiz Toro y F. Beléndez García, abogados de los interventores, de-mandantes en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El 27 de mayo de 1939, Salvador Font, por sí y en repre-sentación de su menor hija, María Armanda Font, radicó una demanda en la Corte de Distrito de San Juan contra la White Star Bus Line, Inc.

En la misma se alegaba que su hija había sufrido lesiones al ser arrollada por un autobús de la corporación demandada el día 29 de noviembre de 1937, y bajo tres causas de acción distintas se trataba de recobrar:

Primero: los daños y perjuicios sufridos por la menor en el alegado accidente.

Segundo: los gastos de medicinas y asistencia médica in-curridos por el padre de la menor para la atención de su hija por las lesiones sufridas con motivo de dicho accidente.

Tercero: los daños por las angustias morales y mentales sufridas por Salvador Font, el padre, como consecuencia del accidente ocurrido a su hija.

La corporación demandada formuló excepciones previas contra la segunda y tercera causas de acción por estar las mismas prescritas, y la corte de distrito las declaró con lugar en cuanto a ambas.

María Armanda Font, radicó entonces una demanda en-mendada, adicionando a su causa de acción original, la reclamación de los mismos gastos de medicinas y asistencia médica que su padre alegó haber pagado.y que reclamó me-diante la segunda cansa de acción qne fné declarada extinta por prescripción.

Solicitada la eliminación de aquella parte de la demanda enmendada en que se reclamaban los honorarios médicos, la corte inferior la declaró sin lugar, mediante resolución que lee como sigue:

“Visto el caso dé Gigante v. Alvarez, 48 D.P.R. 498, se declara sin lugar la moción eliminatoria de la demandada, y se concede a ésta un término de cinco días para contestar la demanda.”

Solicitó la demandada, la reconsideración de la anterior resolución, la que fue denegada por otra que lee así:

‘ ‘ No vemos razón para reconsiderar nuestra resolución declarando sin lugar la moción eliminatoria de la demandada. En la demanda original la menor demandante adujo una buena causa de acción por daños y perjuicios, y reclamó $10,000 por concepto de daños gene-rales. El padre de la menor demandante reclamó ciertos daños adi-cionales en otras causas de acción que fueron consideradas insufi-cientes al ser excepcionadas. No vemos por qué la situación de la menor demandante ba de considerarse empeorada por el hecho de que su padre hiciera una reclamación defectuosa, ni por qué no debe considerarse el caso tal y como si el padre no hubiese hecho recla-mación alguna. Si ello es así; parece claro que la demandante puede enmendar su demanda, para alegar daños especiales en adición a los generales alegados. Y que puede reclamar los daños especiales cuya eliminación interesa la demandada está resuelto en Gigante v. Alvarez, 48 D.P.R. 498.”

No conforme con la resolución, la corporación demandada radicó la presente petición de certiorari, alegando que la resolución recurrida “no está de acuerdo con las prescrip-ciones de la ley y es errónea, como cuestión de procedimiento, alegando además la querellante que el único remedio de que dispone, en vista de las circunstancias concurrentes, es el presente recurso de certiorari, ya que carece de otro remedio legal que resulte rápido, adecuado y eficaz y ya que la reso-lución impugnada no es apelable de acuerdo con la ley, y que de conceder la corte de distrito una suma englobada como compensación, no podrá deducirse la partida de daños correspondiente a honorarios médicos.”

Convenimos con la peticionaria en qne procede el recurso de certiorari porque se trata de un alegado error procesal y la resolución recurrida no es apelable.

La cuestión principal envuelta en este caso, es si se •puede incluir en la demanda enmendada radicada a nombre de la menor, una causa de acción que originalmente perte-neció al padre, que éste ejercitó en su propio nombre en la demanda original y que fué declarada prescrita y ordenada su eliminación de dicha demanda.

Conviene que hagamos un análisis del caso de Gigante v. Alvarez, 48 D.P.R. 498 que sirvió de base a la resolución recurrida para ver si la doctrina allí sentada por esta corte es de aplicación al presente.

En el caso de Gigante, éste demandó por sí y en repre-sentación de su hija menor por lesiones sufridas por ésta en un accidente. En la primera causa de acción reclamó los daños y 'perjuicios sufridos por la menor y además incluyó dentro de dicha causa de acción los honorarios médicos. En la segunda causa de acción que fué desestimada por insufi-ciencia de hechos, reclamó para sí los daños y perjuicios morales y mentales sufridos por él con motivo -del accidente ocurrido a su hija.

Sostuvo la parte demandada que la acción para recobrar honorarios médicos correspondía al padre y no a la hija, y esta corte resolvió que “si el padre incluye en la reclamación partidas que le corresponderían directamente, el menor queda autorizado para obtener su pago, sin que el padre pueda más tarde ejercitar una acción para reclamarlas.” Y más adelante se dijo: “En el presente caso Arturo Gigante in-cluye entre los daños ocasionados a su hija los gastos de medicina y asistencia médica que aparecen alegados en la primera causa de acción. Creemos, como la Corte Suprema de Wáshington, que el Sr. Gigante no puede reclamar en el futuro esta suma, que además de haber sido alegada ha sido objeto de prueba. Nos parece acertada la conclusión, en vista de las alegaciones y la prueba, de que estos daños han sido renunciados por el padre en beneficio de la hija.”

En el caso de autos, en mayo 27 de 1939 o sea cerca de un año y cuatro meses después del accidente, el demandante Salvador Font, padre de la menor, reclamó para sí y no para la menor, la suma de $1,004.75, que alegó haber gastado él en tratamiento médico y medicinas pará su hija. Y para ex-plicar o excusar su dilación en iniciar su acción, alegó haber estado ausente de la isla, en los Estados Unidos, desde marzo 23 de 1938 hasta abril 6 de 1939. Desde la fecha de radi-cación de la demanda hasta el día 4 de septiembre de 1940, fecha en que la corte inferior declaró prescrita la acción, el demandante Salvador Font estuvo reclamando para sí el importe de los gastos por honorarios médicos y medicinas. No puede sostenerse, por tanto, que con anterioridad a sep-tiembre 4, 1940 el importe de dichos gastos fuera renunciado por el padre a favor de la hija, siendo inevitable la conclu-sión de que si alguna renuncia hizo el padre a favor de la hija, la hizo con posterioridad a la resolución declarando prescrita la acción.

¿Podría el demandante revivir una acción, extinta por sentencia firme de una corte de justicia, con sólo tras-pasarla o renunciarla a favor de la menor, para que ésta pudiese alegar la interrupción de la prescripción por su minoridad? Seguramente no. Si permitiésemos el uso de tales subterfugios, para evadir o anular el efecto de una resolución o sentencia, estaríamos dando nuestra aprobación a una práctica que debemos rechazar como indeseable. La corte inferior erró al declarar sin lugar la moción de la de-mandada para que se eliminase el párrafo 9 de la demanda enmendada.

Debe anularse la resolución recurrida, dictada en junio 11 de 1941, y devolverse el caso a la corte inferior para ulte-riores procedimientos no inconsistentes con esta opmión.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. León Cruz Ríos, acusado y apelante.
    Núm. 9489.

    Sometido: Julio 15, 1942.

      Resuelto: Julio 21, 1942.

      Luis Antonio Rosario, abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo j Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El. Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué sentenciado a cumplir seis meses de cár-cel por un delito de acometimiento y agresión con circuns-tancias agravantes. Las agravantes, según la denuncia,, consisten en ser el acusado un varón adulto y la agredida una mujer y en haberse realizado la agresión con intención pre-meditada y por medios calculados de inferir grave daño corporal. Al terminar la práctica de la prueba y antes de dictarse sentencia, el acusado solicitó de la corte que se rebajara la calificación del delito a acometimiento y agre-sión, arguyendo la defensa que no se habían probado las -agravantes alegadas, toda -vez que de la propia prueba de cargo resultaba que el acusado sólo contaba diez y ocho años de edad y no había evidencia alguna tendiente a demostrar la intención premeditada de inferir grave daño corporal. La corte denegó la moción por el fundamento de que si bien el acusado no era un varón adulto, de la prueba aparecía que “el acusado agredió a la perjudicada infiriéndole grave daño corporal.” Tomó excepción la defensa, apareciendo esto como uno de los señalamientos de error.

La prueba fue contradictoria. La de cargo tiende .■a demostrar que en la noche del día de autos, como a las -doce, la perjudicada, que es madre del acusado, se dedicaba :a subir agua de la cocina de su casa a la sala, para usos domésticos al día siguiente, y que el acusado, molesto por el ruido que hacía la perjudicada a aquella hora, ruido que le interrumpía el sueño, le quitó el cubo y le pegó con él en la cabeza, produciéndole una herida de la que brotaba bas-tante sangre, requiriendo el carácter de dicha herida que la perjudicada tuviese que ir por varios días al hospital a ser curada.

La de descargo tiende a demostrar que la perjudicada era adicta al uso de licores embriagantes; que esa noche llegó de la ciudad de Aguadilla en estado de embriaguez y que al tratar de coger agua en la cocina para llevarla a la sala de su casa, como el piso estaba mojado, resbaló, cayéndose y produciéndose la herida, sin que pueda determinarse si la recibió al caer sobre el cubo o sobre la arista de un cuartón de la cocina. De la declaración de la perjudicada, la única que declaró sobre ese extremo, resultó que el acusado sólo contaba diez y ocho años de edad en la fecha en que se come-tió el delito.

No se probó de manera expresa la intención premeditada de inferir grave daño corporal; pero como la ley presume que una persona intenta las consecuencias naturales de sus actos, si se tiene en cuenta que el objeto utilizado por el acusado para realizar la agresión es capaz de causar grave daño corporal, especialmente - cuando la herida se infiere en la cabeza, fácil es concluir que por los actos realizados quedó probada tácita o implícitamente la intención premeditada de causar grave daño corporal.

Si bien la corte al declarar sin lugar la moción de la defensa fundó su resolución en una agravante .que no había sido alegada y por consiguiente erró en ese respecto, el error no causa la revocación de la sentencia ni la afecta, toda vez que puede sostenerse por la agravante a que hemos hecho referencia, es decir, por haberse realizado la agresión con la intención premeditada de causar grave daño corporal.

.Por lo expuesto, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Rosa Emilia Rivera Cardona, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1103.

    Sometido: Junio 24, 1942.

      Resuelto: Julio 21, 1942.

      Miranda & Miranda Estove, abogados de la recurrente; el registra-dor recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro María Rivera Lajara falleció en San Juan dejando como herederos a cinco hijos de su primer matrimonio, mayores de edad, y a dos hijos menores de edad y a su viuda Rosaura Rodríguez. El causante dejó como únicos bienes a repartir $800 en efectivo y una casa y 'solar valorados en $600 y gravada con una hipoteca de “unos $300”. La viuda otorgó una escritura el 15 de abril de 1942 en la que cedió gratuitamente su derecho a la cuota usufructuaria a favor de todos los hijos y al mismo tiempo vendió su derecho a la mitad de los gananciales a Rosa Emilia Rivera, una de las hijas del primer matrimonio, mayor de edad, por la suma de $250, comprometiéndose ésta a pagar la referida hipo-teca. En la misma fecha se otorgó una escritura de parti-ción de bienes en la que comparecieron todos los herederos mayores de edad y los dos menores representados por su madre Rosaura Rodríguez. En esta escritura se le adjudicó $100 en efectivo a cada uno de los hijos y a la hija Rosa Emilia Rivera, como cesionaria de la viuda, $100 adicionales y el único inmueble dejado por el causante. En la escritura de partición se dice que no existen deudas contra la herencia “toda vez que la hipoteca que existe de unos trescientos dó-lares se obliga a pagarla doña Rosa Emilia, del derecho cedídole”. Presentada esta escritura al Registro de la Pro-piedad de San Juan, el Registrador denegó su inscripción a virtud de la siguiente nota:

“Denegada la inscripción de la adjudicación de la ñnca por observarse que no se ha obtenido autorización judicial para la ad-judicación en dinero efectivo que se hace a los menores Aida Argelia e Iris Ofelia Rivera Rodríguez en pago de sus derechos hereditarios; tomándose en su lugar anotación preventiva, con vistas de otros documentos. . .”

Contra esta nota presentó Rosa Emilia Rivera recurso gubernativo y sostiene que la actuación del registrador debe ser revocada pues de acuerdo con el artículo 1013 del Código Civil cuando los menores están sometidos a la patria potestad y representados en la partición por el padre y en su caso por la madre, no será necesaria la intervención ni la aprobación judicial. En los casos de Milán v. Registrador, 41 D.P.R. 99; Mercado v. Registrador, 41 D.P.R. 521; Burset v. Registrador, 49 D.P.R. 49; Costa v. Piazza, 51 D.P.R. 689, y Aponte v. Registrador, 56 D.P.R. 834, citados por la re-currente, se resolvió que era necesaria la intervención judicial cuando en una partición se adjudicaba un inmueble a uno de los herederos y éste paga en efectivo el haber de otros herederos menores de edad; pero sostiene la recurrente que no deben aplicarse al de autos porque en ninguno de ellos se trataba de la división de bienes muebles e inmuebles y sí meramente de bienes inmuebles. No vemos por qué este hecho pueda hacer variar la cuestión legal envuelta. El alcance del artículo 1013 del Código Civil, supra, quedó limi-tado desde el año 1917 al aprobarse la sección 71-A de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, hoy el artículo 605 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933) que dispone:

“Artículo 605. — Siempre que se verificase una partición de he-rencia, en ia cual hubiere interesados menores de edad, o incapaces, sr se adjudicaren bienes de 3a herencia en pago de deudas, a here-deros, o extraños; deberá someterse a la aprobación de la corte de distrito competente, y si ésta, con audiencia del fiscal quedare satis-fecha de la certeza de la deuda y de que la adjudicación en pago de la misma es razonable y justa, podrá aprobar dicha adjudicación en pago, sin necesidad de la subasta pública.”

En el caso de Mercader v. Registrador, 42 D.P.R. 698, al interpretar la sección 71-A, supra, se resolvió que no era necesaria la autorización previa de la corte de distrito para que un padre pueda comparecer en representación de sus hijos menores de edad en una escritura de partición en la que se adjudicáren bienes inmuebles para el pago de deudas, no siendo necesaria tampoco la subasta de los bienes adju-dicados, siempre que dichas operaciones particionales sean sometidas a la aprobación de la corte.

En el caso de autos se le adjudicó a la recurrente el único inmueble de la herencia comprometiéndose ella a pagar la hipoteca, que en forma tan indeterminada — “de tinos $300” —se hizo constar en la escritura, sin especificarse sns condi-ciones ni quién era el acreedor, si estaba vencida o no y qne ella la pagaría “del derecho cedídole”. Ese derecho se refiere a la mitad de gananciales de la viuda que, teniendo un valor de $700 la recurrente adquirió por $250 más el pago de la hipoteca de “unos $300”. De manera que la recurrente aparentemente compró por $550 unos bienes gananciales va-lorados en $700 y se le adjudicó la única casa y solar que existía en la herencia, mientras que a los demás hijos, inclu-yendo a dos menores de edad, se les dió $100 a cada uno. La viuda y sus hijos menores viven en Aguadilla y la casa y solar están situados en la calle de las Plores en Santurce, donde vive la recurrente.

Es posible que no exista motivo alguno para sostener que la partición así hecha haya perjudicado a los menores, pero somos de opinión que el registrador recurrido tiene razón al sostener que la partición debió someterse a la aprobación de la cortó de distrito y estamos de acuerdo cuando dice:

“Por la forma de redacción del documento en cuestión, habiendo mediado en ella la entrega de dinero en efectivo a la representante de dichos menores, no creemos que ésta sea una división de herencia sino una verdadera enajenación. Las cortes al conceder autorización judicial para casos de tal índole en que estén envueltos menores de edad, exigen que los derechos de tales menores estén debidamente protegidos y que lo que se le adjudique sea algo provechoso a los mis-mos, entre ellos, bienes inmuebles que estén libres de cargas o gra-vámenes; y habiendo deudas en contra del caudal a repartir, la escritura necesita la aprobación de la corte ya que hay deudas que deben ser comprobadas y cuya adjudicación para su pago no debe perjudicar los derechos de dichos menores.”

Se confirma la nota recurrida.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús Rivera Nieves, acusado y apelante.
    Núm. 9321.

    Sometido: Junio 12, 1942.

      Resuelto: Julio 21, 1942.

      Bubón & Ochoteco, abogados del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm y B. A. Gomes, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado aceptó en la corte inferior que en la fecha a que se contrae la acusación y, siendo vecino de Corozal, no tenía arma alguna inscrita a su nombre el 27 de octubre dé 1940 y admitió además que en esa fecha portaba sobre su persona un revólver. Presentó prueba de defensa, sin embargo, para demostrar que el revólver que le fue ocupado era de la propiedad de su suegro José Concepción Bou, quien lo tenía debidamente inscrito con el Jefe de la Policía de Corozal; probó además que él vivía y trabajaba como celador en la finca de Bou y que el día de autos cogió el revólver de encima de un ropero de su suegro y lo portaba mientras volteaba la finca y con él hirió a Juan Rivera en una' carre-tera que atraviesa dicha finca. La corte inferior declaró culpable al acusado de una infracción al artículo 7 de la Ley núm. 14 de 1936 y lo sentenció a cumplir seis meses de cárcel y en este recurso sostiene que, de acuerdo con los anteriores hechos, no cometió el delito que se le imputa pues poseyó el arma accidentalmente, siendo, por tanto, la sen-tencia contraria a derecho y a la prueba.

Somos de opinión qne la posesión que tuvo del revólver el acusado no puede considerarse accidental, como sostiene. En primer término, nada hay en la prueba que demuestre que el Sr. Bou, dueño del arma, le autorizara a portarla como ce-lador de la finca y que dicha arma fuera necesaria para dicho fin. El señor Bou se limitó a declarar que el arma era suya y la tenía inscrita a su nombre. Por el contrario, el acusado declaró que él la cogió, por su cuenta, de encima de un ropero y cuando se encontraba en la carretera hirió a Juan Rivera con ella. De los autos aparece, además^ que el apelante tam-bién fué acusado y declarado culpable de un delito de portar armas prohibidas. ¿Cómo puede considerarse esta posesión accidental? La palabra “accidental” conlleva el significado de casual, según el Diccionario de la Real Academia Espa-ñola. El acusado, si en realidad necesitaba un revólver para voltear la finca de su suegro tendría que, poseerlo no accidental sino permanentemente y previa autorización del dueño de la finca mientras cumplía con los deberes de su cargo y, nada hay en la prueba que demuestre estos hechos. La corte inferior estuvo justificada en no dar crédito a la declaración del acusado y por el contrario creer, como creyó, - que el acusado portaba y poseía el revólver ilegalmente. El hecho de que estuviera inscrito a nombre de su dueño, no era un eximente a favor del acusado, de acuerdo con los hechos con-currentes en este caso, que lo distinguen de los que sirvieron de base para resolver los de El Pueblo v. Bosch, 43 D.P.R. 741; El Pueblo v. Rodríguez, 43 D.P.R. 749 y El Pueblo v. Beltrán, 54 D.P.R. 1 citados por el apelante.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob Todd, Jb.,

text:
    José A. Aybar, demandado y apelante, v. Norberto Jiménez, demandado y apelado.
    Núm. 8437.

    Sometido: Junio 25, 1942.

      Resuelto: Julio 21, 1942.

      E. Acosta Domenech, E. Acosta Calderón y José López Basalt, abo-gados del apelante; Astado <& Toledo, abogados del apelado; Francisco González Fagundo j E. Martínez Rivera, como amicus curiae.

   El Juez Asociado Señob Todd, Jb.,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior, en la opinión que dictó para sostener su sentencia declarando sin lugar la demanda de desahucio en este caso, hizo constar que lo hacía obligada por las deci-siones de esta Corte Suprema en los casos de El Pueblo v. Carrasquillo, 58 D.P.R. 176 y Palermo v. Corte, 58 D.P.R. 189, y “únicamente por ese motivo”. Empero, nuestras de-cisiones en los casos mencionados no son aplicables a los hechos del caso de antos y, por tanto, es claramente errónea la conclnsión a que llegó la corte inferior.

Esos hechos, según se exponen en dicha opinión, son los siguientes:

“Dolores Aybar, Ana Gloria y Nidia Monserrate Acosta eran dueñas de un solar de diecisiete metros de frente por cuarenta de fondo situado en la finca Capetillo de Río Piedras. Arrendaron un trozo de este terreno, de una cabida de ocho metros cuadrados, al demandado Norberto Jiménez mediante el pago de un canon men-sual de $2. Allí edificó el demandado un quiosquito o una: casilla donde estableció un tallercito de zapatería. En 27 de agosto de 1940 los arrendadores vendieron el solar al demandante José Angel Aybar. Como el arrendamiento era por meses y no tenía término fijo el de-mandante no renovó el contrato y requirió al demandado para que desalojase el solar. Éste se negó a hacerlo a no ser que le pagasen la casilla o quiosco allí construido. Entonces se presentó esta de-manda de desahucio en precario. Contestó el demandado alegando que en él solar arrendado tenía edificado una casilla o' quiosquito, que pagaba $2 mensuales como canon de arrendamiento y que des-pués de la venta al demandante éste había ratificado el contrato de arrendamiento celebrado por el demandado con la antecesora del demandante y que de acuerdo con las instrucciones del último había continuado pagando el canon mensual a doña Dolores Aybar y que existiendo por tanto un contrato de arrendamiento por un canon anual que no excede de $1000 la corte de distrito carece de jurisdic-ción para entender en el litigio siendo el caso de la jurisdicción de la corte municipal. Fué el pleito a juicio declarando únicamente el demandante y el demandado. Sus testimonios tendieron a sostener sus, respectivas contenciones.
“La corte da crédito al demandante en cuanto mantiene que no renovó el contrato de arrendamiento. . .” (Bastardillas nuestras.)

De la transcripción de evidencia aparece que el juez inferior én tres ocasiones indagó con el demandante y con el demandado la verdadera naturaleza del quiosquito o casilla del demandado. Al demandante le preguntó:

“Juez. P. — ¿La casilla esa de quién es?
“R. Será de él, porque es de cajones.
“P. ¿Pero hay una persona viviendo eií la casilla?
“R. No exactamente; tendría que añangotarse para entrar.
“P. ¿En qué consiste esa casilla?
“R. Hay una ventana afuera y una puerta por donde entra, bastante baja y ahí tiene los zapatos que arregla.
“P. ¿Una persona no cabe parada?
“R. Yo no_cabría parado, y no soy alto.
“P. ¿Él se sienta a trabajar allí?
“R. Se sienta a trabajar allí.”
(T. de E., pág. 5.)
“P. Juez. — ¿Cómo es esa casilla?
“R. De cajones, y una parte que está adherida al suelo. No tiene concreto, está sobre cajones.
“No he visto que tenga socos.
“P. ¿Se puede llevar fácilmente?
“R. Sí, señor.
“P. ¿No está enclavada en la finca?
“R. No, señor.”
(T. de E., pág. 7.)

Y al demandado le preguntó lo siguiente:

“Juez. — ¿Esa casilla está adherida al suelo o debajo de la casa?
“R. Una especie de cuatro soquitos.
“P. Así es que usted puede llevarse la casilla y arrancarla con los soquitos ?
“R. Sí, señor.”
(T. de E., pág. 12.)

Anteriormente el demandado había declarado que la casi-lla la había comprado ya vieja en $4 y que había invertido dos o tres pesos en arreglarla.

De acuerdo con estas declaraciones quedó probado que el quiosco o casilla del demandado es una construcción vieja, hecha de cajones de madera, tan pequeña y baja que una persona no cabe de pie en ella; que no está enclavada en la finca y puede fácilmente ser removida, sin menoscabo ni para la finca ni para la casilla.

En los casos de Pueblo v. Carrasquillo y Palermo v. Corte, supra, lo que resolvimos, y ahora ratificamos, es que ■ana casa de vivienda, una edificación de carácter permanente, no constituye una mejora útil o de recreo, y que cuando es construida de buena fe, con conocimiento del dueño del terreno que lo arrendó para dicho fin y sin que se pactara nada con el que edificó para regular los derechos de uno y otro con respecto a lo- edificado, no procede el desahucio, pues como dijimos en el último de los casos mencionados: “tratándose de edificaciones de carácter permanente, no puede presumirse que la intención de una y otra parte fuera que el dueño del terreno pudiese por un simple aviso con treinta días de anticipación, obligar al edificante a destruir lo edificado, ya que el tratar de remover la edificación equi-valdría a destruirla”.

Esta doctrina, sin embargo, no debe aplicarse a casos como el de autos en el que lo construido o edificado no es de carácter permanente. Como hemos dicho antes, la prueba demostró que la casilla del demandado es una cosa movible, que la adquirió para su propia conveniencia o comodidad para llevar a cabo su oficio de zapatero y que, si bien se encuentra en el solar, no está unida al mismo sino en forma accidental. Por su naturaleza inestable es igual que si el demandado tuviera una silla con su toldo, una tienda de campaña, o cualquier otra cosa mueble en el solar del de-mandante que pudiera ser removida sin detrimento alguno para la finca.

No hemos de seguir a la corte inferior en sus elaborados esfuerzos por demostrar que esta Corte erró al resolver los casos de Carras guillo y Palermo, supra. A base de una premisa falsa no puede llegarse a una conclusión correcta. Y la premisa falsa consiste en que se ha querido aplicar la jurisprudencia establecida en dichos casos, que se refiere a edificaciones de carácter permanente, como una casa, que en sí no es una mejora útil o de recreo, y cuando ellas han sido construidas de buena fe, con el consentimiento expreso o im-plícito del arrendador, dueño del terreno, a los hechos espe-ciales del caso de autos que no justifican su aplicación, y en el cual, probados los demás hechos necesarios, debió decla-rarse con lugar la demanda de desahucio.

Si no aceptamos la interpretación que algunos comenta-ristas y tribunales citados por la corte inferior hayan podido dar a la naturaleza y extensión de lo que constituye una mejora útil o de recreo, en relación con la edificación de una casa, es porque preferimos seguir la moderna tendencia de interpretar la ley liberalmente de manera que se haga com-pleta justicia a las partes, en un procedimiento plenario, en el que puedan dilucidarse y resolverse estas cuestiones que, por su naturaleza, no pueden ser determinadas en el proce-dimiento sumario de desahucio.

Nuestras decisiones, tanto en los casos de Carrasquillo y de Palermo, supra, como en los de Rivera v. Santiago, 56 D.P.R. 381, y Carrasquillo v. Ripoll y Maldonado, Int., 56 D.P.R. 395, están inspiradas en estos principios y su alcance es solamente al efecto de que no es en el procedi-miento sumario de desahucio que debe y puede determinarse el montante de la reclamación a que pueda tener derecho un demandado por lo que ha edificado con carácter permanente con el consentimiento del dueño del terreno, a menos que exista un pacto que regule los derechos de los litigantes, y que al desestimarse la demanda siempre se hará sin perjui-cio de que se recurra a la acción ordinaria correspondiente dentro de la cual podrán dirimirse los derechos de una y otra parte.

Debe revocarse la sentencia dictada por la corte inferior y en su lugar dictarse otra declarando con lugar la demanda, con costas, sin que éstas incluyan honorarios de abogado.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Rafael y Amado Colón, demandantes y apelantes, v. Club Rotario de Arecibo, demandado y apelado.
    Núm. 8555.

    Sometido: Junio 17, 1942.

      Resuélto: Julio 21, 1942.

      L. Mercader, abogado de los apelantes; Largó & Leeároz, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior declaró sin lugar la demanda de desa-hucio en precario en este caso por haber llegado a la conclu-sión de que existe un conflicto de títulos entre las partes en cuanto a un edificio construido por el demandado Club Rotario de Arecibo.

Los hechos del caso, sucintamente expuestos, son los si-guientes :

Manuel Oliver y su esposa, dueños de unos terrenos en Arecibo, arrendaron 6820 metros cuadrados al Club Rotario de Arecibo por un término de cinco años, con opción a cinco años más y a ser preferido en caso de venta; en parte de dicho solar el Club Notario construyó un edificio de cemento y madera, a un costo de unos $4,500 para ser usado como residencia del Club; estando vigente el arrendamiento Oliver segregó del terreno arrendado mil cuatrocientos sesenta y un metros cuadrados, precisamente donde está enclavada la casa del Club Notario y vendió el solar y la casa a los her-manos Nafael y Amado Colón quienes radicaron demanda de desahucio en precario contra el Club al negarse a desalojar dicha casa. Ni de las alegaciones de la demanda, ni de la prueba, aparece que los demandantes notificaran al Club de-mandado dando por terminado el contrato de arrendamiento. La corte inferior, sin embargo, hizo constar en su opinión que no deseaba resolver el caso por este fundamento.

El análisis que dicha corte hace de la prueba presentada por las partes es el siguiente:

“La evidencia admitida que establece controversia sobre la pro-piedad del edificio, es en parte la siguiente:
“A.- — En el contrato de arrendamiento no se describió edificio alguno, habiéndose arrendado únicamente una parcela de metros cuadrados en forma de solar, con reserva de unos garages. Algunos testigos admitieron que cuando sé hizo el contrato de arrendamiento, había escombros en el solar, de una casa donde estuvo el Club De-portivo.
“B. — No se ha presentado prueba de que Manuel Oliver se opu7 siera a la edificación del club pues el caso se ha presentado como si Manuel Oliver fuera el dueño del edificio al venderlo.
“0. — Se admitió evidencia de un gran número de recibos para justificar el pago de los materiales de construcción y se presentaron actas del club y declaraciones de miembros de la directiva, sobre la forma como se construyó el edificio con dinero de la asociación.
“D. — Se presentó una carta de Manuel Oliver haciendo una pro-posición al Club Notario de vender el terreno o comprar lo edificado; y hay una declaración del Manager del National City Bank, señor Canals, en que uno de los demandantes, Amado Colón, lo comisionó para gestionar la compra de dicho edificio a la parte demandada. Ni Manuel Oliver, ni el demandante Amado Colón, que estaba en la vista del caso, declararon ni negaron dichos hechos.
“Los demandantes tenían que hacer buena su afirmación, en forma convincente, de que el Club Rotario estaba poseyendo en precario el edificio y parcela descritos en la demanda. Esa convicción no surge de la prueba.” "

Hemos leído detenidamente los testimonios de los testigos de una y otra parte y somos de opinión que la sentencia debe ser confirmada, no sólo por el fundamento expuesto por la corte inferior sino por otros que expondremos más adelante.

La prueba demuestra, sin dejar lugar a dudas en la mente del juzgador, que tanto a Manuel Oliver cómo a los aquí demandantes hermanos Colón les constaba y sabían que el edificio, que el primero vendió a los ségundos junto con el solar, fué construido por el Club Rotario de Arecibo; que en,el solar que Oliver le arrendó a dicho Club no existía edi-ficación alguna y que fué a moción del propio Oliver, como miembro del Club, que se acordó hacer una derrama entre los socios para terminar de pagar los materiales de construc-ción; que tanto Oliver como el demandante Amado Colón trataron de comprar el edificio directamente al Club y al no conseguirlo, fué que Oliver segregó la parcela donde es-taba edificada la casa y la vendió, con la casa, a los deman-dantes.

Es cierto que de acuerdo con el artículo 1461 del Código Civil (ed. 1930) el comprador de una finca arrendada tiene derecho a que termine el arriendo vigente al verificarse la venta, salvo pacto en- contrario y lo dispuesto en la ley hipo-tecaria, y que en el caso de autos siendo el contrato de arrendamiento que tenía el Club con Oliver por cinco años no constaba inscrito y no perjudicaba a los demandantes, pero la prueba demuestra que los demandantes en ningún momento notificaron al demandado que daban por terminado el arrendamiento y que a ellos les constaba que la casa perte-necía al Club demandado. Es significativo el hecho de que Oliver segregó y vendió y los demandantes compraron, no toda la finca arrendada al Club Rotario, sino precisamente. el solar donde está enclavada la casa construida por el Club, después de haber fracasado los demandantes en sus gestiones de comprarla directamente al Club.

Surge de todas las circunstancias concurrentes en este caso, el hecho primordial de que Oliver al vender sabía que la casa construida en los terrenos que arrendó al Club no le pertenecía y que los demandantes también conocían ese he-cho. De manera que, no sólo porque la prueba demostró que existe un conflicto de títulos en cuanto a la casa, sino también porque dicha casa, una edificación de carácter permanente, fué construida por el demandado con el consentimiento ex-preso de Oliver, no es en el procedimiento sumario de desa-hucio que deben resolverse los derechos de las partes, según la doctrina establecida en los casos de Pueblo v. Carrasquillo, 58 D.P.R. 176 y Palermo v. Corte, 58 D.P.R. 189, ratificada en el de Aybar v. Jiménez, resuelto en el día de hoy (ante, Pág. 745).

Se confirma la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Mayagüez Sugar Company, Inc., peticionaria, v. Tribunal de Apelación de Contribuciones d Puerto Rico, Etc., demandado; Rafael Buscaglia Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 1286.

    Sometido: Julio 9, 1942.

      Resuelto: Julio 23, 1942.

      J. J. Ortiz Alibrán, abogado de la peticionaria; Son. Procurador General George A. Malcolm, M. Rodriguez Ramos, Procurador : General Auxiliar y Eulogio Riera, Sub procurador Auxiliar, abo-gados del interventor:
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Al rendir su. planilla de.ingresos correspondiente al año que terminó el 30 de junio de 1935, la Mayagüez Sugar Co., Inc. declaró un ingreso bruto ascendente a $571,145.39 y $628,478.70 como gastos totales o deducciones, arrojando nna pérdida neta de $57,333.31. Por tanto lá corporación no pagó contribución sobre ingresos para dicbo año fiscal.

Practicada una investigación, el 13 de enero de 1938 el Tesorero notificó a la corporación una deficiencia ascendente a $13,807.26. La notificación del Tesorero manifestaba que, de acuerdo con su investigación, la corporación había obte-nido un ingreso neto de $67,147.78 durante el año en cuestión. La cantidad impuesta se liquidaba de la siguiente manera:

12½ por ciento sobre $67,147.78_ $8,393.47
Intereses al 6 por ciento--_ 1, 217. 05
Penalidad de 50 por ciento sobre $8,393.47 si hubo fraude para evadir la contribución_ 4,196. 74
$13, 807. 26

El 11 de febrero de 1938, la corporación interpuso recurso de alzada para ante la Junta de Revisión e Igualamiento. La Junta celebró una visita el 2 de octubre de 1940. Mien-tras el caso estaba pendiente de resolución, se aprobó la Ley Núm. 172, Leyes de Puerto Rico, 1941 (pág. 1039). De acuerdo con la sección 11 de esa ley, el expediente del pre-sente caso fué entregado al Tribunal de Apelación de Con-tribuciones. El 6 de marzo de 1942, sin haber .llevado a cabo ningún otro procedimiento, el Tribunal de Apelación de Contribuciones decidió que la contribuyente era respon-sable por la mencionada suma de $13,807.26. Expedimos el auto de certiorari solicitado por la corporación.

Nos confrontamos inicialmente con la contención del Procurador G-eneral de que carecemos de jurisdicción para considerar el presente caso. La posición adoptada por él Procurador General es que la apelación ordinaria es el único remedio en este caso, y que el auto de certiorari aquí expe-dido debe, por tanto, ser anulado.

La sección'76(a) de la Ley de Contribuciones sobre In-gresos disponía un procedimiento detallado para litigar en casos de deficiencias. Dijimos en el caso de P. R. Fertilizer Co. v. Domenech, Tes., 50 D.P.R. 405, 417, que el procedi-miento así establecido en esa ley “debe prevalecer sobre la ley general sobre pleitos en casos de contribuciones pagadas bajo protesta, . .

Posteriormente, se aprobó la Ley Núm. 172, Leyes de Puerto Rico, 1941, creando el Tribunal de Apelación de Contribuciones. Por lo tanto se hizo necesario enmendar las secciones de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos refe-rentes a deficiencias, en tanto en cuanto disponían que se recurriera a las cortes ordinarias en vez de al Tribunal de Apelación de Contribuciones. Esto fue hecho a través de la Ley Núm. 23 de la Sesión Especial de 1941 (pág. 73). La sección 9 de la Ley Núm. 23 lee en parte como sigue:

“Sección 9. — Que la sección 76 de la referida Ley Núm. 74 de 6 de agosto de 1925, queda por la presente enmendada de modo que la misma lea como sigue:
“ ‘Sección 76.— (a) Cuando un contribuyente no estuviere con-forme con la deficiencia o parte de la deficiencia determinada por el Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico de acuerdo con la sección 57(5) de esta Ley, estará, no obstante, obligado a pagarla totalmente, y si deseare apelar para ante la Corte Suprema de Puerto Rico en la forma dispuesta por ley, al efectuar el pago protestará la parte de la deficiencia con la cual no estuviere con-forme y pedirá al colector o funcionario recaudador que consigne su protesta al dorso del recibo de pago, indicando específicamente la parte de la. contribución que se paga bajo protesta, y tal recibo o copia certificada del mismo deberán formar parte de su escrito de apelación para ante la Corte Suprema, requisito sin el cual no tendrá jurisdicción dicha corte.’ ”

La sección 5 de la Ley Núm. 172, creando el Tribunal de Apelación de Contribuciones, al referirse a las decisiones de ese tribunal, lee en parte como sigue:

“. . . Estas decisiones tendrán el carácter de finales; pero la parte perjudicada podrá dentro de los treinta (30) días después de haberse rendido la decisión apelar de la misma para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante una solicitud de certiorari para revisar los procedimientos. El Tribunal Supremo de Puerto Rico tendrá jurisdicción competente para esta revisión, fundándose ex-clusivamente en los autos, ...”

'El Procurador General aparentemente concede que todas las decisiones del Tribunal de Apelación de Contribuciones son revisables por esta corte a virtud del certiorari de natu-raleza especial provisto en la sección 5 de la Ley Núm. 172, con la excepción de decisiones en que están envueltas defi-ciencias. El Procurador General alega que en este último caso el contribuyente debe proceder como si estuviera trami-tando una apelación ordinaria de una corte de distrito para ante esta corte.

El razonamiento empleado por el Procurador General es el siguiente: La sección 9 de la Ley Núm. 23 provee que después de una decisión del Tribunal de Apelación de Con-tribuciones, “si deseare [el contribuyente] apelar para ante la Corte Suprema de Puerto Rico en la forma dispuesta por ley,” el contribuyente debe dar ciertos pasos. Bajo la doc-trina del baso de P. B. Fertilizer debemos limitarnos a la Ley de Contribuciones sobre Ingresos para determinar el procedimiento a seguir al invocar la jurisdicción de las cortes. Para “apelar” ante esta corte “en la forma dis-puesta por ley”, necesariamente tiene, por tanto, que pro-cederse de igual manera como si el caso hubiera sido resuelto por una corte de distrito, en vez de tramitar el certiorari de naturaleza especial provisto en la Ley creando el Tribunal de Apelación de Contribuciones.

La dificultad con la posición adoptada por el Procurador General es que ya no nos confrontamos con una situación en la cual esta corte, al ejercitar su jurisdicción apelativa or-dinaria, está revisando sentencias de una corte inferior. Tampoco es ya la Ley de Contribuciones sobre Ingresos la única fuente de todo el procedimiento a seguir para obtener una revisión judicial de todas aquellas cuestiones que surgen al amparo de ella. La Legislatura lia cambiado la situación en -ambos • aspectos. La Ley Núm. 172 creó una agencia administrativa con poderes cuasijudiciales para entender en cuestiones relacionadas con contribuciones sobre la propie-dad, ingresos y herencia. A la corte de distrito se le quitó jurisdicción para decidir estos casos en primera instancia. En su lugar ha sido sustituido un tribunal centralizado que ha de especializarse exclusivamente en esos casos de con-tribuciones. La sección 4 de la Ley creando el Tribunal de Apelación de Contribuciones lee en parte como sigue:

‘ ‘ El Tribunal tendrá jurisdicción para revisar la tasación y reta-sación de la propiedad mueble e inmueble y conocerá de todas las reclamaciones que pudieran formularse ante él por personas intere-sadas, contra las resoluciones del Tesorero de Puerto Eico que afec-ten al impuesto y pago de contribución sobre la propiedad, de la contribución sobre ingresos, y de la contribución sobre trasmisión de bienes por herencia.”

No puede negarse que la jurisdicción del Tribunal de Apelación de Contribuciones en cuanto a contribuciones so-bre ingresos, propiedad y herencia, es amplia y comprensiva. Y el estatuto que lo crea específicamente dispone la revisión de sus decisiones a través de un certiorari de naturaleza especial. Nada de lo que dijimos en el caso de P. B. Fertiliser nos impide resolver ahora, particularmente en vista de que la situación ha cambiado como resultado de la legislación de 1941, que la revisión “en la forma dispuesta por ley”— que es el lenguaje usado en la enmienda de 1941 a la sección 76(a) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos — quiere decir en la forma dispuesta por la Ley creando el Tribunal de Apelación de Contribuciones. Por el contrario, esta frase en la enmendada Ley de Contribuciones sobre Ingresos por sí misma nos obliga a ir fuera de esa ley para determinar qué constituye apelación “en la forma dispuesta por ley”, y por ende la teoría sobre la cual se decidió el caso de P. B. Fertiliser — que la Ley de Contribuciones sobre Ingresos es una ley suficiente por sí misma en cnestiones de procedi-miento — ya no tiene aplicación.

No hemos sido persuadidos por el argumento del Pro-curador General de que el uso de la frase “si deseare [el contribuyente] apelar”, que se encuentra en la referida en-mienda del 1941 a la sección 76(a), demuestra que fué la intención de la Legislatura que en casos de deficiencias pro-cedía una apelación ordinaria en lugar del certiorari de na-turaleza especial provisto por la Ley creando el Tribunal de Apelación de Contribuciones. La palabra “apelación” con frecuencia se usa indistintamente {loosely) en nuestras leyes como sinónimo de revisión por algún organismo superior. Es usada indistintamente en esa forma tanto en la Ley de Contribuciones sobre Ingresos como en la Ley Núm. 172. Existen innumerables estatutos en esta jurisdicción en que la palabra “apelación” es usada-para expresar el dere-cho de un individuo a radicar en las- cortes una acción original con el fin de revocar o modificar una decisión ejecu-cutiva. (Véase General Motors Acceptance Corporation v. Brañuela et al., ante (pág. 696), resuelto el 13 de julio de 1942). La Ley Núm. 172 y los diversos estatutos contribu-tivos, tal como han sido enmendados en la Sesión Extraor-dinaria de 1941, se refieren constantemente a “apelación” del Tesorero ante el Tribunal de Apelación de Contribucio-nes. Y el remedio provisto en la Ley Núm. 172 para que esta corte revise las decisiones del Tribunal de Apelación de Contribuciones es denominado “apelación . . . mediante una solicitud de certiorari”. En verdad, el nombre mismo, Tribunal de Apelación de Contribuciones (Court V ^ax Appeals), empleado para describir un organismo que ni es una corte ni entiende en apelaciones en el sentido tradicional de la palabra, demuestra cuán falaz puede ser este argumento. El resolver, que en este sitio específico de la sección 9 de la Ley Núm. 23, y en ningún otro, la Legislatura estaba usando la palabra “apelación” en el sentido legal, técnico y tradi-eional sería atribuirle a la Legislatura una precisión de len-guaje que como se ha demostrado no ha ejercitado al usar esa palabra en éste y en otros estatutos pertinentes.

Cuando la Legislatura quiso mantener la jurisdicción en las cortes de distrito en otras clases de casos sobre contri-buciones, incluyendo una apelación ordinaria para ante esta corte como una cuestión de derecho, así lo manifestó' en lenguaje inequívoco. Véase la Ley Núm. 17, Leyes de Puerto Rico, 1941, Sesión Extraordinaria, que enmienda la ley que dispone el pago de contribuciones bajo protesta. Presumi-blemente, la Legislatura en esa ocasión actuó movida por los hechos de que (a) la apelación como una cuestión de derecho, procede tradicionalmente de una corte de distrito a la Corte Suprema, y que (6) la revisión discrecional de las decisiones de un tribunal especializado, menos propenso a errar dentro de su esfera de acción que las cortes de distrito, las cuales no tienen especial competencia en la materia aquí envuelta, es suficiente salvaguardia pará aquellas partes que se sien-tan agraviadas por sus decisiones.

Pero sobre todo, el argumento del Procurador General se desploma al llegar a la etapa crucial del examen de las consecuencias de la posición que él ha asumido. No se nos ha llamado la atención hacia ningún caso que resuelva que la apelación, en el sentido tradicional y técnico de revisión de una decisión de un tribunal inferior por una corte superior a él en la jerarquía judicial, procede de una decisión de una agencia administrativa para ante una corte de ape-laciones. La Legislatura pudo, desde luego, disponer que las decisiones de tal agencia serían revisadas por nosotros de la misma manera como si la parte agraviada estuviere tra-mitando una apelación de una corte inferior a una corte de apelaciones. Pero hasta que la Legislatura así lo disponga, no podemos leer un significado tan estudiado en el lenguaje impreciso e informal aquí empleado, particularmente en vista de la clara intención en sentido contrario que ya hemos no-tado y en vista de la situación anómala qne resultaría por virtud de la cual el remedio para revisar decisiones del Tribunal de Apelación de Contribuciones por esta Corte sería uniforme como específicamente ha sido provisto en la Ley creando el Tribunal de Apelación de Contribuciones, excepto en una, y quizás la más importante, clase de casos.

El Procurador G-eneral admite una consecuencia' de la posición por él adoptada. La cuestión que inmediatamente surgiría sería el período dentro del cual se debería radicar tal “apelación”. La sugestión ofrecida por el Procurador General es que debemos seguir a este respecto la disposición de la Ley Núm. 172 disponiendo que la revisión mediante el certiorari de naturaleza especial que ahí se provee, debe ser solicitada dentro de treinta días. Pero si hemos de referir-nos a la Ley Núm. 172 para determinar el período dentro del cual debe radicarse dicha petición de revisión, no vemos cómo podremos excluir que el contribuyente encuentre en la Ley creando el Tribunal de Apelación de Contribuciones el remedio qne él ha de ejercitar dentro de ese término; a saber, el certiorari de naturaleza especial provisto por esa ley.

No es necesario que nos detengamos a considerar el len-guaje de la Ley Núm. 172 mediante el cual un contribuyente apela por medio de certiorari. La designación (label) que usó la legislatura no es importante. Ya hemos visto que la palabra “apelación” es usada indistintamente (loosely) a través de éste y otros estatutos como sinónimo de revisión por un organismo superior. Lo que sí es importante es qne la Legislatura ha manifestado claramente su intención de que un contribuyente o el Tesorero pueda invocar la juris-dicción de esta Corte para revisar decisiones del Tribunal de Apelación de Contribuciones por medio de un remedio estatutario especial provisto en la Ley Núm. 172 que apa-rentemente es substancialmente similar al auto de certiorari clásico, con todos los requisitos del mismo, excepto lo que en contrario dispone la Ley Núm. 172 o excepto aquello que necesariamente resaltara a virtnd de la naturaleza especial de estos tipos de casos.

No creemos pertinente detallar aquí el alcance de esta revisión. Un problema similar ha sido resuelto satisfacto-riamente en esta jurisdicción. (Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 722, 725; González v. Comisión Industrial, ante pág. 622, resuelto en junio 24, 1942). Nos limitamos en este momento a manifestar que “los autos” que contempla la sección 5 de la Ley Núm. 172 necesariamente deben incluir, a menos que las partes acuerden lo contrario, la evidencia que tuvo ante sí el Tribunal de Apelación de Contribuciones. Como se indicó en el caso de Jackson v. The People, 9 Mich. 111 (1860), “La función de un certiorari no es, sin embargo, revisar cuestiones de hechos, sino cuestiones de derecho. Y cuando la corte de apelación entra en el examen de la. evidencia lo hace no para determinar si las probabilidades se inclinan hacia uno u otro lado, sino sim-plemente para determinar si la evidencia es tal que justifique la conclusión (finding) como una inferencia válida de los hechos probados^ independientemente de que dicha inferen-cia hubiera o no sido hecha por la corte de apelación”. Véase también, Review of Acts of Non-Judicial Bodies by Certiorari, 19 Iowa Law Review 609; Gellhorn, Administrative Law, Cases and Comments, páginas 805-825. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en una opinión del Juez Asociado Sr. Douglas, en Wilmington Trust Co. v. Hélvering, 316 U.S. — , (86 L. ed. 426) decidido el 27 de abril de 1942, refiriéndose al Federal Board of Tax Appeals, estableció la pauta a seguir (controlling test) en el siguiente lenguaje: “Es de la competencia de la Junta, no de la Corte de Cir-cuito de Apelaciones, pesar la evidencia, derivar inferencias de los hechos, y elegir entre inferencias contradictorias. La corte no puede sustituir su punto de vista sobre los hechos por el de la Junta. Cuando las conclusiones (findings) de la Junta están sostenidas por evidencia sustancial, ellas son con-eluyentes. Helvering v. Lazarus & Co., supra; Helvering v. Kehoe, 309 U. S. 277, y casos citados. Bajo el estatuto la corte puede modificar o revocar la decisión de la Junta sola-mente cuando ésta ‘no está dé acuerdo con la ley’. 44 Stat. 110, 26 U.S.C. Sec. 1141(c) (1).”

La contención del Procurador General de que la cor-poración no invocó la jurisdicción de esta corte dentro del período de treinta días concedido por la sección 5 de la Ley Núm. 172 carece de méritos. La petición fué radicada dentro del período de treinta días, pero expedimos el auto preliminar después de transcurrido éste. Evidentemente, nuestra jurisdicción depende de la fecha en que se radica la petición, y no del día en que se expide el auto preliminar. De otro modo, eh contribuyente o el Tesorero podrían ser privados de su remedio cuando soliciten el recurso de cer-tiorari, a pesar de haber cumplido con el requisito estatutario, simplemente por la omisión de esta corte, como en el pre-sente caso, de dejar de-expedir el auto preliminar antes de que expiren los treinta días.

Por lo tanto, llegamos a la conclusión que la petición de certiorari fué debidamente radicada de acuerdo' con la sección 5 de la Ley Núm. 172, Leyes de Puerto Rico, 1941, y nos permite revisar la decisión del Tribunal de Apelación de Contribuciones sosteniendo la deficiencia tasada por el Tesorero en este caso.

Pasamos a considerar los méritos del caso. Aparen-temente la cuestión principal en este caso en primera ins-tancia envolvía la alegada responsabilidad de la corporación por contribuciones de ingresos sobre los pagos de be'neficio que le fueron hechos por los Estados Unidos de acuerdo con una ley federal por virtud de' la cual dichos pagos eran hechos a aquellas personas qué se dedicaban a la siembra y venta de caña de azúcar bajo las restricciones y regla-mentaciones de dicha ley. En caso de que hubiera respon-sabilidad de pagar contribuciones de ingresos sobre tales pagos de beneficio, surgía una cuestión subsidiaria de si tal ingreso debía ser declarado en el año en que se sembró la caña o en el año en que en realidad se recibieron los pagos de beneficio.

Durante la vista celebrada ante la Junta de Revisión e Igualamiento, la corporación sostuvo que el no haber decla-rado como ingreso durante el año que terminó en 30 de junio de 1935 los pagos de beneficio por su caña en pie en esa fecha no era impropio, porque dichos pagos fueron en realidad recibidos durante el próximo año. Al decidir el caso basado en el récord que estaba ante la consideración de la Junta de Revisión e Igualamiento, el Tribunal de Ape-lación de Contribuciones afirmó que la regla general era que los pagos de beneficio estaban sujetos a contribución como ingresos durante el año en que fueron recibidos. Pero el tribunal continuó diciendo:

“Para aplicar esta decisión nuestra la contribuyente debió haber probado el valor de sus cañas en pie en junio 30, 1935, de tal manera que ese valor al aparecer en el balance no redujera el beneficio de 1935. Si la contribuyente hubiese probado ese valor podríamos ha-cerle justicia estableciendo el inventario de caña en pie en junio 30, 1935, y aplicando el principio ya decidido por este Tribunal de que el ingreso que representa la compensación corresponde a 1936. No podemos, sin embargo, hacer justicia a la contribuyente en este caso porque no tenemos la información.”

El tribunal también llegó a la conclusión de que la plani-lla de contribuciones sobre ingresos aquí envuelta había sido hecha fraudulentamente. Esta conclusión se basa par-cialmente en un informe de dos inspectores del Departamento de Hacienda que el tribunal encontró en el expediente que le fué entregado por la Junta de Revisión e Igualamiento. El informe le daba cuenta al Tesorero (a) de la negativa de ciertos oficiales de la corporación a suministrar documentos solicitados.por los inspectores, y (b) de ciertos datos encon-trados en los libros de la corporación para el año siguiente con relación a los pagos de beneficio en controversia.

Presumiblemente, el Tribunal de Apelación de Con-tribuciones decidió resolver este caso sin conceder una vista en el mismo a virtud de la sección 11 de la Ley Núm. 172 de 1941. Dicha sección lee como signe:

“Por la presente se autoriza y ordena al Tesorero de Puerto Rico en su carácter de Presidente nato de la actual Junta de Revisión e Igualamiento creada por la Ley No. 75 de 2 de agosto de 1928, según quedó enmendada por la Ley No. 46 de 26 de abril de 1928, a en-tregar al Tribunal de Apelación de Contribuciones, creado por esta Ley, todo el material, mobiliario, libros, y todos los asuntos que estén pendientes ante la Junta de Revisión e Igualamiento actualmente en función.”

Nada hay en esa sección que autorice al Tribunal de Ape-lación de Contribuciones a resolver casos que estaban pen-dientes de decisión por la Junta de Revisión e Igualamiento. Por el contrario, la sección específicamente dispone la mera entrega de los expedientes y todos los “asuntos” que estén pendientes. Pero aún si la sección le hubiera concedido tal autoridad al tribunal, bien implícita o expresamente, ésta hubiera sido nula. Esto np equivale a decir que la contri-buyente 'tenía un derecho adquirido al remedio anterior. Pero ciertamente tenía un derecho a algún remedio; a saber, a gozar de su día en corte ante un tribunal imparcial con poder para determinar cuáles eran los hechos.

¿Tuvo esta contribuyente en alguna ocasión su día en corte? Bajo la ley anteriormente vigente, la Junta de Revisión e Igualamiento era una agencia ejecutiva de revi-sión dentro del Departamento de Hacienda. Era una depen-dencia (arm) de la rama ejecutiva del gobierno (Ley Núm. 46, Leyes de Puerto Rico, 1928, pág. 313), Si un contribu-yente no estaba conforme con sus decisiones, podía radicar un recurso ante la corte de distrito donde su caso era visto de novo (secciones 57(a) y 76(a) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1924). La Junta de Revisión e Iguala-miento, por tanto, servía meramente.dentro del Departamento de Hacienda como un freno {check) al criterio individual del Tesorero. Sus decisiones no eran en sentido alguno una re-visión judicial de las decisiones del Tesorero. En verdad, el mismo Tesorero era Presidente de la Junta de Revisión e Igualamiento. La revisión judicial, si el contribuyente se sentía agraviado y quería invocarla, se obtenía en la corte de distrito, la cual determinaba-los hechos en primera ins-tancia.

La Legislatura, por tanto, correctamente sólo dispuso en la sesión 11 de la Ley Núm. 172 que se le entregara al Tribunal de Apelación de Contribuciones los expedientes y asuntos que estaban pendientes ante la Junta. Si la Junta hubiera sido meramente sustraída por el Tribunal de Ape-lación de Contribuciones, posiblemente hubiera sido propio que el tribunal hubiera procedido a decidir todos los casos pendientes sin conceder una vista ulterior. El contribuyente entonces hubiera obtenido una vista sobre los hechos a tra-vés de un juicio de novo en la corte de distrito.

Sin embargo, el papel desempeñado por la- Junta era muy limitado y restringido. Sus funciones eran puramente ejecutivas. El Tribunal de Apelación de Contribuciones, por otro lado, tiene funciones, deberes y poderes mucho más amplios. Quizás ha heredado algunas de las funciones eje-cutivas de la Junta. En estos momentos no estamos consi-derando esta cuestión. Lo que es más importante en esta ocasión es que el Tribunal de Apelación de Contribuciones ha venido a sustituir a la corte de distrito como el organismo que ha de determinar en última instancia las cuestiones de hecho en controversia entre los contribuyentes y el Tesorero. En el caso ante nuestra consideración, como la contribuyente nunca ha tenido la oportunidad de obtener la determinación de los hechos por la corte de distrito, tiene derecho a que se le Conceda una. vista, a ese fin por el organismo que ha venido a reemplazar a la corte de distrito a ese respecto.

Aún asumiendo que el Tribunal de Apelación de Contribu-ciones hubiera concedido a la contribuyente una vista, estaba enteramente injustificado en tomar en consideración el in-forme de los inspectores del Departamento de Hacienda al determinar que las contribuciones en cuestión estaban ven-cidas y que la planilla sometida fué hecha fraudulentamente. Este informe nunca fué ofrecido en evidencia ante la Junta ■de Revisión e Igualamiento. La contribuyente nunca fué confrontada con él. Nunca tuvo la oportunidad de repre-guntar a los autores del mismo o de ofrecer evidencia para refutar su contenido. El permitir que-se llegue a conclu-siones de hechos sobre cuestiones que están en controversia, basándose en documentos o testimonios sobre los cuales la parte agraviada tiene conocimiento por primera vez cuando el organismo que debe determinar los hechos emite su deci-sión, sería convertir el debido procedimiento de ley en letra muerta. Sin lugar' a dudas, la regla más elemental de jus-ticia (a minimum standard of fair play) requiere que se dé una oportunidad para que se repregunte y se ofrezca eviden-cia para rebatir el contenido de tal informe. (Véase Davis, An Approach to Problems of Evidence in the Administrative Process, 55 Harv. L. Rev. 364 (Enero 1942), parti-cularmente a la página 411; Pillsbury, Administrative Tribunals, 36 Harv. L. Rev. 583, 587). La contribu-yente tendrá derecho a esta oportunidad en la vista ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones, la cual 1¿ Legis-latura claramente tuvo en mente disfrutara todo contribu-yente y la cual debe ser concedida a esta corporación.

La decisión del Tribunal de Apelación de Contribuciones será revocada y el caso devuelto a dicho Tribunal para ulte-riores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.