author: El Juez Asociado Sb. Aldeey,

text:
    Arvelo et al., Demandantes y Apelados, v. Banco Territorial y Agrícola, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2135.
    Resuelto en julio 29, 1921.
    Daños y Perjuicios Cuando la Acción Rescisoria no se Puede Dirigir Contra el Tercero — Indemnización—Valor de los Daños y Perjuicios. — Lo que un demandado debe pagar como indemnización por una finca que adquirió ilegalmente y que no puede devolver por bailarse en poder de tercera persona que no tuvo noticia de la ilegalidad de la adquisición por su vendedor, no es el valor que la finca tuviera cuando estaba en poder de su legítimo dueño, ni tampoco el que éste y el demandado convinieron al formalizar un préstamo hipotecario para si llegaba el caso de ejecución, sino el valor que la misma tenía en el mercado cuando el dueño fué privado de ella.
    Id. — Frutos—Valor de los Frutos. — Cuando se reclaman frutos es necesario probar no solamente el valor que tenían las cosechas en el mercado cuando se produjeron, sino también los gastos hechos para tal producción; y la prueba de ambas partidas incumbe al que reclama pues de otro modo no hay base para determinar los beneficios.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelados: Sr. J. Tous Soto.

    Abogado del apelante: Sr. Juan de Guzmán Benitez.

   El Juez Asociado Sb. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Los hijos de Hilario Arvelo demandaron al Banco Territorial y Agrícola de Puerto Pico a fin de que la corte declarase nulo cierto procedimiento hipotecario que el banco había seguido contra ellos para el cobro de una deuda ga-rantizada por el cansante de los demandantes con hipoteca sobre una finca de sn propiedad, la que fué adjudicada al banco y por éste vendida después a tercera persona, que no tenía conocimiento de los vicios de nulidad alegados por los demandantes, y para que por no poder devolver la finca se condenase al banco a pagar como indemnización el valor de dicha finca y el de los frutos por ella producidos.

Celebrado el juicio y practicada toda la prueba la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, donde el pleito se tramitó, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda y la reconvención del demandado e interpuesto recurso de apelación contra esa sentencia la revocamos en julio 27 de 1917, Arvelo v. Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, 25 D. P. R. 728, declarando qne existían las nulidades que se consideran en esa opinión, que la demanda aducía hechos determinantes de la causa de acción ejercitada y que no estaba prescrita, pero en vista de que la exposición del caso que se nos había presentado sólo contenía la evidencia apor-tada al juicio sobre las cuestiones envueltas en la sentencia y apelación contra la misma sin incluir la que se hubiera presentado sobre indemnización por daños y perjuicios y estimando qne existen las causas originarias, de éstos, dis-pusimos que se devolviese el caso a la corte de distrito para procedimientos ulteriores no inconsistentes con la opinión.

Posteriormente las partes sometieron el caso a la corte de distrito para que lo resolviera por las pruebas anterior-mente practicadas y en 10 de septiembre de 1918 recayó sentencia condenando al banco demandado a pagar a los de-mandantes 48,970 pesos provinciales o su equivalencia en moneda de los Estados Unidos como valor de la finca, y tam-bién los frutos de ella a razón de 1,000 dólares por año desde el 28 de septiembre de 1898 hasta la fecha del pago. En la misma sentencia se condena a los demandantes a pagar al Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico la cantidad de $24,010 dólares 20 centavos por el crédito hipotecario que gravaba la finca y el interés del nueve por ciento anual sobre la suma de $8,846 dólares 74 centavos desde el 30 de junio de 1913 hasta el día del pago, todo sin especial condena de' costas.

De este fallo apelaron ambas partes pero solamente el banco nos ha presentado alegato para sostener su recurso.

El banco apelante ha dedicado casi todo su extenso ale-gato a discutir e impugnar las.razones que tuvimos en la anterior apelación para llegar a las conclusiones que hicimos entonces, pero no convenciéndonos las que ahora aduce nos' sostenemos en aquéllas y las clamos por reproducidas a los efectos de que existe y han probado los demandantes la causa de acción ejercitada y que no está prescrita. La otra parte del alegato se refiere a las cantidades que se mandan pagar por la sentencia apelada.

Eesulta de estos autos que Hilario Arvelo era dueño de una finca de 909 cuerdas de terreno, radicada en el barrio de “Jayuya” del término municipal de Adjuntas, con plan-taciones de café y plátano, casa rústica de habitación, monte, pastos y malezas, la que por escritura pública de 30 de junio de 1896 hipotecó a favor del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Eico para garantizarte el pago de 15,000 pesos provinciales que de él recibió en préstamo y sus intereses al nueve por ciento anual.

Muerto Hilario Arvelo en abril de 1897 el banco acree-dor demandó a la sucesión de su deudor en el año 1898 por el procedimiento ejecutivo de la Ley Hipotecaria y de su reglamento para que le pagase 14,746 pesos 56 centavos mo-neda provincial de dicho préstamo más 79 pesos 75 centavos de un premio de seguro con sus intereses y por falta de licitadores en las tres subastas públicas que fueron anun-ciadas para pagar esa reclamación la finca fué adjudicada al banco acreedor el 28 de septiembre de 1898 por la cantidad de 15,546 pesos 94 centavos provinciales, dándosele posesión de ella el 10 de marzo de 1899.

Cinco meses después, el 8 de agosto de 1899, un ciclón .asoló a esta Isla.

El banco hizo muchas y activas gestiones para enajenar esa finca hasta que el 30 de jumo de 1906 la vendió a don Carlos López de Tord por la cantidad de 13,000 dólares de los cuales recibió 1,300 de contado debiendo ser pagado el resto en el plazo de diez años, con intereses.

Los demandantes alegaron en su demanda que el valor de la finca al ser subastada por el banco era.el de $40,000 y que los frutos que ha producido desde que fué adjudicada al banco es de $30,000 y pidieron que su demandado fuera condenado a pagarles por esos conceptos la cantidad de $70,000. Esta es la suma de las dos partidas precedentes.

Para probar los demandantes esas dos partidas presen-taron como única evidencia la declaración de su tío Bamón Arvelo, a quien el banco confió la administración de la finca el día que le fué entregada judicialmente y quien ba tenido ■ pleitos con el banco y se cree perjudicado por él. Este tes-tigo declaró que cuando su hermano Hilario Árvelo tenía la finca valdría como 40,000 dólares; que cuando el banco la entregó al declarante valdría como 50,000 pesos y que después con las mejoras que se le hicieron valdría alrededor de 75,000 dólares; que hacía la tasación en globo y no por cuerda y que para los diferentes valores que ha dado a esa finca se funda en que él ha vendido una finca de treinta cuer-das en 20,000 dólares y conoce que esas cuerdas valen cada una a quinientos dólares; que compró esa finca al banco en marzo de 1898 y no recuerda bien el precio que convino, pero que cree fué de 36,000 pesos; que no recuerda haber escrito cartas al banco para comprarla en esa época diciendo que la finca se encontraba en estado ruinoso y no valía- siquiera ni trece mil dólares; que cuando su hermano Hilario tenía la finca y con motivo de su enfermedad no estaba bien aten-dida y se enyerbó mucho, que parecía un monte y había mucho yagrumo; reconoce que en 10 de marzo de 1899 el juzgado le dió posesión de la finca a nombre del banco; que en noviembre de 1900 escribió al banco pidiendo dinero para la finca y comprometiéndose a presentar en buen estado de cien a ciento veinte y cinco cuerdas de café; en otra carta de noviembre de 1901 manifestó al banco que calculaba a la finca de 35 a 40 quintales de café y en enero de 1902 le pro-puso en otra carta comprarle la finóa en 16,000 dólares ha-ciendo constar que había invertido en ella 7,500 pesos y que si entonces aparecía algo era por su trabajo; que aprecia la finca en 40,000 pesos y antes del ciclón la apreció en 50,000 pesos.

Este testigo también declaró respecto de los frutos de la finca manifestando qne cuando tomó posesión de ella habían como 75 cnerdas de café qne producía y como 200 de cafó nuevo; qne antes del ciclón produjo como 200 quintales de café y después produjo muy poco.

Esta fué toda la prueba testifical de los demandantes sobre el valor de la finca y su producción, consistiendo la documental en el espediente que el banco conserva con res-pecto al préstamo e hipoteca de Arvelo en el que se encuen-tra nn informe que a petición de Arvelo hicieron tres per-sonas en enero de 1895 en el qne tasan la finca en $58,064.10 y otro de Fernando López Tuero fechado el 8 de mayo de 1896 manifestando hacerlo por encargo del banco en el que tasa la finca en 48,970 pesos.

De la prueba testifical del demandado resulta que la ad-ministración de la finca por el banco fué cuidadosa, limpiando y sembrando de nuevo los cafetales; que el primer año de haberla adquirido el banco le produjo de pérdidas $298 y el segundo $13; que se sembraron nuevos cafetales; que en 1905 tenía 125 a 130 cuerdas de café que habían sufrido mucho con el ciclón; que la cosecha de 1904 a 1905 fué de 35 quintales que fueron vendidos a $11 y $11.60 respectiva-mente; que cuando el banco la vendió le costaba más de $16,000 y sólo pudo obtener por ella $13,000, la mayor parte de ellos a plazos, después de haber hecho muchas gestiones y publicado anuncios para su venta; que varias personas vieron la finca pero cuando el banco les pedía los 16,000 dó-lares que le costaba no volvían más y no fué posible con-seguir ese precio; que una finca que produce de 400 a 500 quintales de café gasta de 7 a 8 pesos por quintal, cuando menos, y las fincas pequeñas no cubren sus gastos.

Un testigo que fué administrador de la finca en 1904 por encargo del banco manifestó que no podía valer más de 10,000 a 11,000 pesos por la clase de terrenos y los negocios • ■de esos tiempos, siendo los terrenos en su mayor parte de barro amarillo arcilloso, qne no son propios para café y la parte qne tiene con café tiene parte arenosa.y pedregosa, qne tampoco es bnena para café, annqne lo produce; qne entonces habían como 40 ó 50 cnerdas de café en manchas por efecto del ciclón y podían valer de 65 a 70 pesos la cnerda, habiendo producido cuarenta quintales de café en 1904.

Según el Sr. López de Tord cuando él compró la finca -en 1906 invirtió en ella $2,500 y tenía solamente 150 cuerdas d.e café, habiendo sido sus productos ese año, que fué de producción extraordinaria, la de 200 quintales con precio de $10; los tres siguientes años fueron de 150 quintales y los demás de 250, 300 y el último año de 500; que ha invertido en la finca el valor de las cosechas más unos $20,000, ha-biendo sembrado noventa cuerdas de café después que tomó posesión y ha convertido en cafetales de cuarenta a cincuenta cuerdas de malezas y 200 cuerdas que tumbó de monte, las que sembró con café.

El mayordomo del Sr. López de Tord declaró que éste ha invertido en la finca de 36,000 a 38,000 pesos.

En cuanto a la' prueba documental del demandado con-sistió en cuanto a esos extremos en certificaciones de la Te-sorería de esta Isla relativas a las tasaciones oficiales de esa finca para los efectos de la contribución durante el pe-ríodo de doce años económicos, desde 1902 a 1914, resultando de ellas que su valoración en los tres primeros años fué de $6,996; en el cuarto año de $9,784; en los cinco años si-guientes de $13,000 y en los tres últimos, o sea, hasta el año 1913^14 fué el de $14,130.

En la escritura de hipoteca de 1896 se dijo en cuanto al valor de la finca lo siguiente:

“Valor: El valor legal de la finca rústica descrita, con todas ■sus plantaciones, montes, malezas, casa habitación, de almacén y demás ■ edificios que su perímetro encierra, aunque según dictamen pericial asciende a cuarenta y ocbo mil novecientos setenta pesos, ambas partes contratantes lo estiman de, conformidad en cuarenta y dos mil qui-nientos pesos moneda española provincial, lo cual consignan a los efectos prevenidos en el artículo sesenta y seis del reglamento para la ejecución de Ley Hipotecaria, con renuncia de todo nuevo avalúo o acción encaminada a ese fin.”

Con tales pruebas la corte inferior al fijar el valor de la finca prescindió de la prueba testifical por estimarla in-segura y contradictoria y creemos que hizo bien en cuanto al único testigo presentado por los demandantes, porque aparte de que es un tío de éstos y que ha tenido pleitos con el banco por quien se cree perjudicado, en su testimonio no da la razón de sus afirmaciones sino que valora la finca en globo, resultando además que se contradice en el valor de $40,000 que fija a la finca con el de $16,000 que por ella ofre-ció al banco y porque si cada cuerda de terreno vale $500, como dice en su declaración, siendo la finca de 909 cuerdas su valor sería de $454,500 y no dé $40,000.

Pero la corte fijó el valor de la finca en 48,970 pesos pro-vinciales fundándose en que el Sr. López Tuero la había tasado por esa cantidad poco antes del préstamo hipotecario y en que en esa escritura habían reconocido las partes que ese era el valor legal de la finca, no encontrando la corte causa justificable para que las mismas partes que reconocen un valor legal a una cosa le den de acuerdo un valor más bajo, por lo que no tuvo en cuenta el valor de 42,500 pesos fijados de común acuerdo por las partes en dicha escritura por reconocerse en ella que el valor legal es otro. No esta-mos conformes en esto con la corte sentenciadora.

El mero hecho de que el perito del banco tasara la finca en 48,970 pesos no convierte a esa valoración en un valor legal. Era el parecer de un perito y nada más; y si algún valor había en este caso en la escritura era el de 42,500 pesos que fué el fijado por las partes de común acuerdo para los efectos determinados en la Ley Hipotecaria. Pero ese valor-llamado legal se fijó por las partes no porque de acuerdo con la ley tuviera la finca algún valor lega] sino solamente para los efectos de una ejecución porque la Ley Hipotecaria en su artículo 127 requiere que en las escrituras de hipoteca se haga constar el precio en que las partes tasan la finca para que sirva de tipo a la subasta en caso de ejecución para abreviar el procedimiento para el cobro, evitando así la ta-sación que sin ella habría que hacer, pero este es el único alcance de esa valoración, que según el artículo 66 del regla-mento se hará constar en la inscripción del registro, y no determinar que en todo tiempo y aún cancelada la hipoteca la finca vale para todos los efectos la cantidad que se con-vino para tipo de subasta en caso de ejecución. En el caso de Cintrón v. El Banco Territorial y Agrícola ele Puerto Rico, 15 D. P. R. 525, declaró este Tribunal Supremo que la valo-ración de una finca por los contratantes no constituía un valor fijo, inalterable e irreductible de venta en adjudica-ción. Por tanto, en este pleito en que no se trata de eje-cutar la hipoteca sino de anular la ejecución que de ella se hizo y de fijar una cantidad de indemnización por la finca que no puede ser devuelta por el banco ni recobrada de su actual dueño, el valor no ha de regirse por el convenido por las partes para caso de ejecución.

La cantidad que un demandado deba pagar como indem-nización por una finca que adquirió ilegalmente y que no puede devolver por hallarse en poder de tercera persona que no ha tenido noticia de la ilegalidad de la adquisición por su vendedor no puede ser el valor que la finca tuviera cuando estaba en poder de su legitimo dueño, ni tampoco el que demandante y demandado convinieron en un préstamo hipo-tecario para cumplir el requisito exigido por la ley de fijar un precio para caso de ejecución. Que esto debe ser así lo demuestran claramente estos autos pues aunque las partes estipularon en 1896 como valor de la finca la cantidad de: 42,500 pesos provinciales, sin embargo, cuando fué ejecutada. dos años después y salió de la posesión de su dueño, por la enfermedad de éste estaba abandonada y convertida en un monte y nadie se presentó a comprarla por los $14,746 recla-mados por el banco, teniendo que ser adjudicada a éste por 15,546 pesos 94 centavos provinciales. Así también lo en-tendieron los demandantes pues en su demanda no reclaman como valor de la finca los $48,970 de la tasación de López Tuero ni los $42,500 en que fué valorada de común acuerdo al ser hipotecada sino que fijan el valor de $40,000 como el 'q'úe tenía cuando fué subastada. Así, pues, tal valoración debe referirse a la época en que el dueño fué privado de su finca. En 13 Cyc. 148 y 170 se dice que cuando la pro-piedad se ha perdido o destruido por la negligencia de otro la regla usual, como medida de los daños, es el valor razo-nable de la propiedad al tiempo de su destrucción. Al fijar la corte el valor de la finca en 48,970 pesos provinciales no solamente concedió a los demandantes más de lo que pedían sino que tomó como base una época en que ellos no se fun-daban.

Expuesto lo que precede veamos cuál es el valor que debe ser indemnizado por la finca.

Como el valor de una finca depende de muchas circuns-tancias relacionadas unas con la misma finca y otras inde-pendientes de ella, como son las facilidades para su explo-tación en relación con otras fincas así como el estado general de los negocios, elemento éste de grandísima importancia, el mejor modo para conocer su valor y el usuálmente seguido es la determinación de su precio en el mercado; y como después que la finca salió del poder de los demandantes no existe otra, prueba de su valor que la venta que después de activas gestiones del banco hizo éste al Sr. López de Tord por la cantidad de 13,000 dólares, la mayor parte de ella a plazos, por falta de esa prueba, repetimos, fijaremos dicha cantidad como el precio de la finca en el mercado, ya que debemos disponer que como todo dueño trató de obtener por ella el mayor beneficio posible.

En cnanto a la condena impuesta al banco de pagar los frutos producidos por la finca a razón de mil dólares anua-les, no podemos sostenerla y nada debe ser pagado porque si bien se lia probado que ba producido café y el precio que tenía en el mercado, sin embargo no sé ban probado los gas-tos habidos para producirlos. Así lo reconoce la corte inferior al declarar en su opinión lo siguiente:

“No se ban probado los gastos que ocasionan las cosechas ni los que ocasionaron las de los años que el banco poseyó la finca.”

Para que un demandado pueda ser condenado a pagar determinada cantidad de dinero por los frutos producidos por una finca en determinado período de tiempo es necesario que se pruebe no solamente el precio obtenido por dichos frutos en el mercado sino también los gastos hechos para produ-cirlos hasta el momento de la venta pues sin prueba de am-bas partidas no estará la corte en condiciones de fijar el líquido resultante, que es el verdadero producto de la finca. La prueba solamente de lo obtenido en la venta de los fru-tos no es el valor de éstos porque hay gastos necesarios para obtenerlos, que algunas veces disminuyen grandemente y en ocasiones anulan el resultadp de la venta, y esos gastos deben ser deducidos del precio obtenido en la venta; incum-biendo la prueba de ambas partidas al que demanda su pago porque es quien tiene que justificar que la finca ha dado beneficios. Morales v. Landrau, 15 D. P. R. 797; Sánchez v. Hartzell, 26 D. P. R. 688; Roig v. Pérez, 27 D. P. R. 302.

El demandado formuló reconvención contra los deman-dantes y pidió a la corte que si declaraba con lugar la de-manda dictase sentencia a favor del banco por la deuda que garantizaba la hipoteca y sus intereses y para sostener esa reclamación presentó en el juicio una liquidación hecha por él del importe a que ascendería la deuda de la hipoteca de Hilario Arvelo hasta el 30 de junio de 1913'con sus intereses correspondientes, si no hubiera sido pagada.

En esa cuenta liquidada figura como primera partida el saldo pendiente del capital del préstamo, valor en 31 de mayo de 1897, ascendente a 14,744 pesos provinciales, equi-valentes a 8,846 dólares 74 centavos; otra de 812 dólares 81 centavos por contribuciones pagadas por el banco y otra de 306 dólares 25 centavos por premios de seguros pagados también por el banco; en total, 9,965 dólares 80 centavos. Después figuran otras partidas por interés del capital debido a partir del 31 de mayo de 1897, por interés de lo pagado por contribuciones y seguros, otra cantidad por comisión de pago anticipado y 361 dólares 22 centavos por gastos judi-ciales. En total, 24,371 dólares 42 centavos. De esta cuenta rebajó la corte la última partida de gastos judiciales y con-denó a los demandantes a pagar la diferencia de 24,010 dó-lares 20 centavos más los intereses al nueve por ciento anual de 8,846 dólares 74 centavos de la deuda hipotecaria.

Entendemos que sólo procede la condena de pagar los 9,965 dólares 80 centavos que suman las tres partidas antes mencionadas por la deuda hipotecaria, contribuciones y se-guro y los intereses de esta cantidad al nueve por ciento convenido desde el 31 de mayo de 1897 hasta el 10 de marzo de 1899 en que la finca fué entregada judicialmente al banco, pues desde esta fecha el banco recibió primero los beneficios que haya dado la finca y después los del capital que le pagó el Sr. López de Tord'por la compra que hizo de ella y por tanto los demandantes no deben pagarles intereses que el banco ha recibido.

Por todo lo expuesto la apelación establecida por los demandantes debe ser desestimada y en cuanto a la esta-blecida por el banco debemos confirmar la sentencia apelada con las siguientes modificaciones; que el banco debe pagar a los demandantes como valor de la finca la cantidad de 13,000 dólares, sin tener' que pagar nada por sus frutos; que los demandantes deben pagar al banco apelante la cantidad de 9,965 dólares 80 centavos y los intereses de esta suma desde el Io. de junio de 1897 basta el 10 de marzo de 1899.

Confirmada la sentencia apelada pero modi-ficándola en la cuantía de la indemnización y desestimada en cuanto a la apelación de los demandantes.

Jneces eoncnrrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Wolf.

Los Jneces Asociados Sres. del Toro y Hntcbison firma-ron “ Conformes con la sentencia pero no con la cuantía de la indemnización que se ordena al demandado que pague a los demandantes.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Peesidente Se. Heenández,

license: Public Domain

text:
    Oyola, Demandante y Apelante, v. Sucesión de Segundo Andrade, o Miranda, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2395.
    Resuelto en noviembre 29, 1921.
    Desestimación de Apelación — Término para Apelar Sentencias Procedentes de Cortes Municipales. — Cuando el eserito de apelación de una sentencia de la corte de distrito dictada en apelación procedente de una corte municipal se ha radicado después de transcurridos los quince días que fija el artículo 295 del Código- de Enjuiciamiento Civil enmendado en 9 de marzo de 1905, proeede la desestimación del recurso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: 8r. R. 8. Pesquera.

    Ahogado de la apelada: Sr. E. Márquez.

   El Juez Peesidente Se. Heenández,

"emitió la opinión del tribunal.

El presente caso se originó en la Corte Municipal de Ba-yamón entre Luis Oyóla, demandante, y Sucesión de Segundo Andrade o Miranda, demandada, sobre cobro de $359.60, y del mismo conoció en grado de apelación mediante celebra-ción de nuevo juicio, la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción Primera, la que por sentencia dictada y registrada en 15 de mayo de 1920 desestimó la demanda, cuya sentencia fué notificada a la parte demandante dos días después, o sea, en 17 de mayo citado.

Contra la anterior sentencia interpuso la demandante re-curso de apelación para ante esta Corte Suprema, que fné registrado en la Secretaría de la corte de distrito en 12 de junio de 1920.

En tramitación elidió recurso, la parte apelada lia pre-sentado moción para que se desestime por el fundamento de haber sido interpuesto fuera del término prevenido por el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como fué enmendado por la Ley de 9 de marzo de 1905.

Ordena dicho artículo enmendado que podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo de una sentencia de una corte de distrito dictada en apelación interpuesta contra resolución de una corte inferior dentro de los quince días después de registrada- dicha sentencia, si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin comprender frutos o intereses, excediera de $300, y la sección segunda de la Ley de 9 de marzo de 1911, para enmendar los artículos 92, 123, 227 y 299 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que en todos los casos en que se pueda establecer recurso de apelación se notifique por escrito la sentencia o resolución apelable a la parte perjudicada y una vez archivada copia de dicha notificación en los autos, el término para establecer el recurso de apelación empieza a correr desde la fecha del archivo de dicha notificación en los autos.

Como del record aparece que la sentencia fué notificada a la parte demandante en 17 de mayo de 1920 y que la ape-lación fué registrada en 12 de junio, es claro que el recurso fué interpuesto veintiséis días después de la notificación de la sentencia y por tanto cuando ya había transcurrido el tér-mino de quince días señalado por la ley para su interpo-sición.

Procede declarar con lugar la moción de la parte apelada y desestimar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 15 de mayo de 1920, comunicándose en forma debida a la corte inferior a los fines procedentes.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Cabassa, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por infracción a la sección 37 de la Ley de Arbitrios.
    No. 1723.
    Resuelto en noviembre 29, 1921.
    Rentas Internas — Ley de Arbitrios — Causa de Acción — Denuncia Insufi-ciente. — Cuando se formula denuncia por infracción a la sección 37 de la Ley de Arbitrios aprobada en 1919, consistente el delito en estar el acusado en posesión de artículos introducidos o traídos a Puerto Rico sin haber satisfecho el impuesto fijado por la ley, es necesario alegar en la denuncia que tales artículos fueron introducidos o traídos a Puerto Rico procedentes de los Estados Unidos; y cuando tal alegación no se hace, la denuncia no expone hechos suficientes.
    Los techos están expresados en. la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Tous Soto.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Jacobo L. Oabassa fue denunciado en la Corte Municipál de Ponce por infracción de la sección 37 de la Ley de Arbi-trios de Puerto Rico imputándosele que “ * * * tenía en su poder seis tubos y seis gomas para automóvil, con valor de $357.58 que recibió por el vapor Ponce, viaje 255 y bajo conocimiento de embarque No. 156, sin haber pagado sobre ellos los impuestos de rentas internas que señala la Ley de Arbitrios de Puerto Rico a pesar de ser esta una mercancía tributable de acuerdo con lo expresado en la misma ley. * * & ? ?

La Corte de Distrito de Ponce conoció de esta denuncia en grado de apelación en un juicio de novo y dictó sentencia condenatoria contra la que el denunciado interpuso el pre-sente recurso de apelación para ante nosotros, habiéndose celebrado la vista sin alegato escrito ni oral del apelante.

No se practicaron pruebas ante la corte de distrito por-que según dice la transcripción de los autos que se nos ha presentado “Las partes sometieron el caso a la decisión de la corte, mediante estipulación de la cual , el acusado aceptó los hechos de la denuncia y el fiscal aceptó que el impuesto sobre los seis tubos y seis gomas de automóvil referidos en dicha denuncia montantes a $17.88, fué satisfecho al Teso-rero de Puerto Eico por el acusado Jacobo L. Oabassa el día 3 de abril de 1920, habiendo sido introducidos dichos artículos el 29 de marzo de 1920, sometiéndose a la decisión de la corte la cuestión legal promovida por el acusado de que el cobro de la contribución de que se trata es ilegal y contrario a la contribución, por tratarse de un verdadero impuesto sobre la importación en Puerto Eico de efectos in-troducidos en la Isla procedentes de los Estados Unidos.”

La sección 37 de la Ley de Arbitrios de. 1919 a que se refiere la denuncia dispone sustancialmente que toda persona que posea o tenga en su establecimiento comercial, o en cualquier sitio contiguo a éste, o en conexión con él, o que tenga en cualquier sitio a su disposición cualquier mer-cancía sujeta a impuestos por dicha ley, sobre la cual no se hubiere pagado el impuesto, excepto la mercancía a la cual se le haya ciado entrada en el libro oficial de existencias de un fabricante con licencia, será culpable de delito menos grave. Es, pues, uno de los requisitos para que una persona pueda ser castigada de acuerdo con esta sección de la ley que no haya sido pagado el impuesto sobre las mercan-cías sujetas a él.

Según la sección 18, No. 18 de la misma ley están sujetos al impuesto de un cinco por ciento ad valorem, entre otros artículos, los tubos y gomas para automóviles que se pro-duzcan, fabriquen, introduzcan o traigan a Puerto Eico. De acuerdo con la sección 27 el impuesto pesará sobre la mer-cancía imponible que se manufacture o produjere en Puerto Eico tan pronto se manufacture o fabrique, excepto en los casos prescritos por la ley, y la persona que la vendiere, sacare o de otra manera dispusiere de ella sin haber pagado el impuesto será culpable de delito menos grave. Por su parte la sección 31 dispone que el impuesto qne por la ley se prescribe sobre artículos introducidos o traídos a Puerto Eico procedentes de los Estados Unidos, se pagará antes de salir dichos artículos de la custodia del dueño o agente del barco portador de los mismos, etc.

En vista de los términos de esas secciones de la ley y de los en que está redactada la denuncia, entendemos que no se persigue y castiga al apelante porque habiendo sido fabricados dichos tubos y gomas en esta Isla los tenga ha-biendo salido de la fábrica sin haber sido pagado el impuesto sobre ellos señalado por la ley, sino que se le ha querido denunciar por haberlos introducido o traído a Puerto Eico y tenerlos en su poder sin haber satisfecho el impuesto de un cinco por ciento ad valorem fijado por la ley.

. Considerada así la denuncia opinamos que no contiene hechos constitutivos de la infracción perseguida porque no alega que dichos tubos y gomas han sido introducidos o traí-dos a esta Isla pues la manifestación que en la denuncia se hace de que recibió los tubos y gomas por el vapor Ponce no es suficiente para estimar que los introdujo o trajo a Puerto Eico procedente de los Estados Unidos porque ha podido recibirlos por dicho vapor procedente de cualquier puerto de esta Isla sin haber introducido o traído esa mer-cancía de los Estados Unidos. Es cierto que en la denuncia se dice que esa mercancía es tributable de acuerdo con la Ley de Arbitrios pero tal afirmación es una conclusión leg’al que no está sostenida por los hechos alegados en la denuncia ya que ésta no expone que haya sido introducida o traída a Puerto Eico.

También es cierto que el denunciado no ha impugnado la suficiencia de la denuncia y que admitiendo como ciertos los hechos en ella expuestos solicitó de la corte inferior que resolviera la cuestión legal sobre la ilegalidad del cobro de dicho impuesto, pero a pesar de esto no podemos considerar esta cuestión porque no alegándose en la denuncia que dicha mercancía baya sido importada o traída a Puerto Rico, pro-cedente de los Estados Unidos, carecemos de becbos en que basar el estudio de la cuestión y sería académico abora el considerar y resolver si es ilegal el impuesto establecido sobre la expresada mercancía cuando es importada o traída a Puerto Rico. Cabassa sólo aceptó como ciertos los becbos de la denuncia. La sentencia condenatoria no puede soste-nerse porque los becbos denunciados y aceptados por Ca-bassa no son constitutivos de delito. En los casos de El Pueblo v. García y de El Pueblo v. Andreu, 23 D. P. R. 730 y 751 revocamos la sentencia condenatoria a pesar de que los acusados confesaron su culpabilidad, y en el de El Pueblo v. Guilarte, 11 D. P. R. 348, aunque el denunciado no com-pareció a sostener su recurso de apelación ante este Tribunal Supremo, sin embargo fué revocada la sentencia y absuelto porque la denuncia adolecía del defecto sustancial o fundamental de no exponer becbos constitutivos de delito.

La sentencia apelada en .este caso debe ser revocada y absolverse al denunciado Cabassa.

Revocada la sentencia apelada y ábsuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    Castillo et al., Demandantes y Apelantes, v. Yager et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce. en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2399.
    Resuelto en diciembre 5, 1921.
    Damos y Perjuicios — Demanda Insuficiente. — Para que pueda reclamarse una-indemnización por daños y perjuicios, es necesario alegar en la demanda en qué consistieron los daños y perjuicios sufridos por la parte reclamante.
    Los becbos están expresados en la opinión.

      Abogado de los apelantes: Sr. L. Tormes.

    Abogados de los apelados: JELon. Attorney General, y Sres. J. A. Loret y Miguel A. Muñoz.

   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción de daños y perjuicios. La de-manda alega lo que sigue:

“1. Que Rafael Castillo Lozano, y Francisco Alvarado Lugo, son Presidente y Secretario respectivamente, del partido de carácter po-lítico, denominado ‘Popular,’ reconocido y legalmente inscrito en la oficina- del Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, teniendo los deman-dantes como tales, capacidad legal para demandar y ser demandados.
“2. Que Arthur L. Yager, G-eorge R. Shanton, y Miguel Hurtado, son, el primero Gobernador Civil de Puerto Rico, el segundo Coronel de la Policía Insular de esta Isla, y el tercero, Jefe de Distrito de la Policía Insular de Primera Clase, que presta servicios en Ponce.
“3. Que el Partido Popular, del cual y como se ha dejado ale-gado, son Presidente y Secretario respectivamente los demandantes, está tomando parte activa en la campaña política que se está llevando a cabo, para las elecciones que se celebrarán en esta Isla, el día 2 de noviembre de 1920, y al efecto se propone a sacar triunfante sus candidatos para los puestos municipales e insulares que determinó en su solicitud de inscripción, a saber: Miembros para la Asamblea Municipal de Ponce, Representantes para la Cámara de Delegados.
“4. Que además del Partido Popular, en esta ciudad de Ponce, actualmente toman parte activa en la política y con el mismo objeto que dicho partido, los partidos reconocidos y que se-nombran ‘Unión de Puerto Rico,’ ‘Partido Republicano’ y ‘Partido Socialista,’ todos los cuales, y como medio de propaganda, celebran meetings, manifes-taciones, conferencias y actos semejantes.
“5. Que el ‘Partido Unión de Puerto Rico,’ cuando celebra meetings o manifestaciones, para distinguirlos de los demás partidos, usa una bandera, a la que se le, da el nombre de Independentista, con los siguientes colores: franjas rojas, blancas, y un triángulo azul en un extremo, con una estrella de cinco puntas en el centro; el ‘Par-tido Republicano,’ una bandera tricolor, esto es, azul, blanco y rojo; el ‘Partido Socialista’ ha venido usando .una toda roja, y el ‘Partido Popular’ usa una que se describe así: En un extremo, roja, blanca y azul, y luego su mitad toda roja, siendo además, costumbre de los tres partidos cuando celebran meetings y manifestaciones adornar con gallardetes de distintos colores, banderas, etc., la tribuna, desde donde los oradores se dirigen al público, las casas de vecindad, y los extre-mos en las calles.
“6. Que en la noche de este día, el ‘Partido Popular’ se proponía a llevar a efecto, o celebrar un meeting de propaganda para su polí-tica, y a tal efecto se había adornado el sitio donde dicho meeting se iba a llevar o a celebrarse, esto es, en la calle Victoria de esta ciudad de Ponce, con gallardetes que cruzaban a cierta altura en la calle, de distintos colores, blancos, azules, rojos, etc., la tribuna con banderas americanas, la tricolor, blanco, azul y rojo con la mitad roja, que es la distintiva del ‘Partido Popular’ y franjas rojas que adornaban la tribuna, así como los balcones de la vecindad en dicha calle.
“7. Que en la mañana de este día, varios miembros pertenecientes al Cuerpo de la Policía Insular de Ponce, bajo las órdenes del de-mandado Miguel Hurtado, Jefe de Distrito de la Policía Insular de Ponce, sin autoridad de ley, y voluntariamente se constituyeron en el sitio donde dicho meeting se iba a celebrar, en Ponce, y allí y en-tonces en público, violentamente, procedieron a arrancar los gallar-detes colorados, y la tela roja que adornaba la tribuna, así como la tela roja con que se adornaban algunos de los balcones del vecindario, dando lugar con ésto, a una gran alarma en el vecindario, y cau-sándose así trastornos a los actores en la dirección de la campaña política en beneficio del ‘Partido Popular,’ a tal extremo, que los ciudadanos con derecho al voto se abstienen de asistir a los actos pú-blicos, y en tal forma consideran los 'actores estos hechos, que los calificamos como persecutivos, por sistema, ya que lo rojo que usan los demás partidos no le es arrebatado.
“'8. Que según informes de los actores, las actuaciones de los miem-bros de la Policía Insular de Ponce, que así actuaron se debe a una orden dada por Arthur L. Vager, como Gobernador de Puerto Rico, al Coronel de la Policía Insular de esta Isla, George R. Shanton, quien a su vez la transmitió a las fuerzas bajo sus órdenes dentro de los cuales se encuentra el otro co-demandado Miguel Hurtado, siendo dicha orden ilegal.
“9. Que con motivo de la conducta observada por los demandados, ocupando en la forma en que lo han hecho, del meeting que se pro-ponía a llevar adelante el ‘Partido Popular,’ se ha establecido sobre el mismo, el concepto de ser un partido disociador, revolucionario y desordenado y tales actos así ejecutados ban perjudicado grande-mente dicha creación política, en tanto en cuanto los demás partidos especialmente la Unión de Puerto Rico, así como el Republicano, en sus insignias usan el rojo, y ninguna intervención con los mismos han tenido los demandados en esta Isla, por cuyos actos así realiza-dos, los actores estiman, que han sufrido daños y perjuicios por la suma de cincuenta mil ($50,000) dollars.
“Y por todo lo alegado, suplicamos a esta Honorable Corte que en su día y previos los trámites de ley, dicte una sentencia declarando con lugar esta demanda, y por ella condene a los demandados a pagar a los actores por concepto de daños y perjuicios la suma de cincuenta mil ($50,000) dollars, más las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado de los actores.”

Los demandados comparecieron separadamente. El pri-mero, o sea el Gobernador de Puerto Rico, se limitó a alegar la falta de jurisdicción de la corte,, y los otros dos estable-cieron varias excepciones previas. La corte decidió todas las cuestiones suscitadas en contra de los demandantes y esti-mando que la demanda no era susceptible de enmienda, la desestimó, dictando al efecto sentencia final contra la cual interpusieron los dichos demandantes el presente recurso de apelación.

El caso fué argumentado en todos sus extremos por es-crito y oralmente por las partes, pero a los efectos de la confirmación de la sentencia recurrida estimamos suficiente decir que estamos enteramente conformes con la corte de distrito en que los hechos alegados en la demanda no deter-minan una causa de acción en favor de los demandantes. Si bien éstos alegan su condición de presidente y secretario del “Partido Popular,” es lo cierto que comparecieron personal-mente y reclamaron para sí los $50,000 a que se refiere la súplica de la demanda. Y no podemos percibir qué per-juicios personales sufrieron los demandantes a virtud de los actos realizados por los demandados.

La apelación que también se estableció contra la orden de octubre 27, 1920, nugatoria de nn auto de injunction pre-liminar, fné expresamente abandonada por los apelantes, y debe en sn consecuencia desestimarse.

La sentencia apelada debe confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada de noviem-bre 15,1920, y desestimada la apelación contra la orden de octubre 27, 1920.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Villegas, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por infracción al artículo 162 del Código Penal.
    No. 1795.
    Resuelto en diciembre 5, 1921.
    Edad del Acusado — Prueba de la Edad. — Una certificación del Registro Civil creditiva de que Eraneiseo Villegas de Jesús era menor de edad el día 2 de noviembre de 1920 no prueba que el acusado Eraneiseo de Jesús Villegas fuera menor de edad en dicha fecha, en ausencia de prueba demostrativa de que se trata de la misma persona.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Villegas de Jesús fué acusado de haberse ins-crito como elector en el precinto de Guaynabo de la juris-dicción de Pío Piedras para las elecciones del 2 de noviembre de 1920 sabiendo que en esta fecha no tenía 21 años de edad.

En el recurso interpuesto por el acnsado contra la sen-tencia que lo condenó por infracción del artículo 162 del Código Penal el fiscal de este tribunal se ha adherido a la petición del apelante de qne revoquemos la sentencia y lo absolvamos.

Examinadas las pruebas que se presentaron en el juicio resulta que la acusación presentó una certificación del acta de nacimiento de Francisco de Jesús Villeg-as según la cual éste no tenía veintiún años el día de las elecciones, siendo así que la acusación está dirigida no contra Francisco de Jesús Villegas sino contra Francisco Villegas de Jesús y aunque tal vez se trata de la misma persona por haber alte-rado el acusado el orden de sus apellidos al inscribirse, sin embargo no habiéndose presentado prueba alguna tendente a demostrar que se trata de la misma persona, tenemos que convenir que no se probó en el juicio que el apelante Francisco Villegas de Jesús que se inscribió como elector en el precinto de G-uaynabo no tenía veintiún años el día de las elecciones, pues la certificación que presentó el fiscal se re-fiere por su faz a otra persona cuyo padre era de apellido de Jesús y la madre Villegas, ya que entre nosotros el primer apellido que se usa corresponde al del padre y el se-gundo al de la madre.

La sentencia apelada debe ser revocada y absolverse al acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto él acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Sánchez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en causa por infracción a ordenanzas municipales.
    No. 1804.
    Resuelto en diciembre 9, 1921.
    Obdbnanzas Municipales — Oonocimienox) Judicial. — Las ordenanzas municipales no son de conocimiento judicial; por lo que cuando en los autos elevados no aparece transcrita la ordenanza municipal objeto de la denuncia el Tribunal Supremo carece de medios para determinar si fué o no infringida.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. Momea.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

       Elcaso No. 1803 del mismo título fué resuelto (P. O.) en la misma fecha confirmán-dose también por los fundamentos de éste.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fué procesado por vender efectos en Patillas sin tener la correspondiente patente en violación de una ordenanza municipal. Ninguna parte de la prueba ha sido elevada a esta corte y no tenemo's medios para determinar en qué respecto fué infringida la ordenanza municipal en particular. Esta corte no puede tomar conocimiento judicial de las varias ordenanzas municipales y debió haberse hecho aparecer en los autos cuál era la ordenanza municipal que se alega fué infringida.

Alega el apelante que de acuerdo con la ley de marzo 28 de 1914 no podía exigirse patente alguna a ninguna persona cuyo volumen de negocio anual no excediese de $500, pero tendría que presumirse a falta de demostración en sen-tido contrario, que la prueba mostró que el negocio anual del acusado excedía de $500.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro,’ AÍdrey y Hutchison.


author: El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez-,

text:
    Vázquez, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, denega-toria de la inscripción de una escritura sobre división de comunidad.
    No. 495.
    Resuelto en diciembre 12, 1921.
    Bienes Gananciales — Estado Civil.' — Cuando de la inscripción aparece que el adquirente de propiedad inmueble es casado, no pueden verificarse subsi-guientes inscripciones contradictorias de tal estado eivil mientras no se de-muestre en procedimiento adecuado que el adquirente y la que aparece ser su esposa según la inscripción, eran solteros al adquirir, no siendo suficiente que uno y otra hagan constar estas manifestaciones en escritura públiea.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. J. G. Torres.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez-,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en 16 de junio de 1907, Clemente Vázquez con su esposa Jacinta Rodríguez, y Per-fecto Flores, casado con Felipa Febo, sin que ésta intervi-niera en la escritura, dividieron una finca rústica con cabida de doscientas diez cuerdas, radicada en el término municipal de Loíza, que los otorgantes poseían en condominio y habían adquirido de Ramón Rola Quiñones, por escritura de 4 de julio de 1896, inscrita en el registro de la propiedad, ha-biendo formado dos fincas con igual cabida, de 105 cuerdas cada una, letras A y B, de las cuales la marcada con la letra A, fué adjudicada a Clemente Vázquez y sú legítima esposa, y la designada con la letra B, a Perfecto Flores y a su legí-tima esposa, Felipa Febo.

La anterior escritura fué ratificada por otra posterior que otorgó Felipa Febo en 5 de junio de 1916, con el fin de subsanar el defecto de que adolecía la de 16 de junio de 1907, por no haber intervenido en ella Felipa Febo' junta-mente con su esposo Perfecto Flores.

En la misma fecha, 5 de jimio de 1916, Clemente Vázquez, formalizó escritura de venta de treinta cnerdas, a favor de Juan Robles, las cuales había segregado de la finca de 105 cuerdas que le fué adjudicada en la escritura de división de condominio, y en esa escritura Clemente Vázquez hizo cons-tar que “adquirió juntamente con Perfecto Flores la finca principal de donde procede el terreno vendido a Robles, siendo soltero, y por un error se dió entrada en la escritura de división a la señora Jacinta Rodríguez, que no tiene derecho ni participación alguna respecto de dicha finca.”

La Jacinta Rodríguez por escritura de Io. de julio de 1916, manifestó que aunque ella intervino como esposa de Clemente Vázquez en la escritura de división de condominio de la finca de 210 cuerdas, en realidad de verdad no era tal esposa, pues vivían maritalmente siendo ambos solteros, sin haber celebrado matrimonio alguno legal, y en su virtud renunciaba cualquier derecho que erróneamente pudiera os-tentar en virtud de la escritura de división de condominio, y a mayor abundamiento, ratificaba la venta hecha por Váz-quez a Juan Robles, de las treinta cuerdas segregadas de la finca de 105 cuerdas.

La escritura de división de comunidad de 16 de junio de 1907, fué presentada en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, para su inscripción en cuanto a la finca adjudicada a Clemente Vázquez y al mismo tiempo fué presentada también con el mismo fin, la escritura de venta de las treinta cuerdas de terreno por Vázquez a Robles, en unión de los demás documentos de que dejamos hecho mérito.

El registrador denegó la inscripción de la escritura de 16 de junio de 1907, sobre división de condominio, por medio de nota que dice así: ■

“Denegada la inscripción del precedente documento porque re-sultando del registro y de esta escritura de división que don Cle-mente Vázquez era de estado casado cuando adquirió su condomi-nio, según la inscripción de fecha 6 de agosto, 1896, habiendo com-parecido en esta escritura acompañado de la que dijo ser su legítima esposa, doña Jacinta Rodríguez, no obstante esas constancias en es-crituras de venta y ratificación posteriores, aparece como soltero, expresando que también lo era cuando hubo su condominio en la finca que se divide, sin que por el debido procedimiento o informa-ción judicial, dada tal contradicción se haya acreditado que real-mente tenía este estado civil, requisito necesario, tanto para la iden-tidad de la persona de él y de doña Jacinta Rodríguez, como para concederle capacidad para verificar la división y venta posteriores con el aludido estado civil, y prescindir de los efectos de la inscrip-ción practicada, en cuanto respecta a los derechos que de la misma se derivaran a favor del cónyuge; y que la renuncia o ratificación que hace doña Jacinta Rodríguez resultó incompatible con sus ante-riores manifestaciones acerca del estado civil; y tomada en su lugar anotación preventiva por el término legal, al folio 126 del tomo 17 de Loíza, finca número 742, anotación letra A, en la que también se ha consignado el defecto subsanable de no acreditarse que Felipa Febo, que en otro documento ratificó esta división, fuera la esposa de don Perfecto Flores, cuando éste hubo su condominio en la finca. — ■ Se han tenido a la vista estos documentos y sólo se pidió inscripción en cuanto a la finca adjudicada a don Clemente Vázquez.”

La inscripción de la venta de treinta cnerdas de terreno por Clemente Vázquez a Juan Robles, también fué denegada por los mismos motivos consignados en la anterior nota y por no estar inscrita la finca de la cual se bacía la segrega-ción. La nota denegatoria de inscripción de la escritura de división material de finca, otorgada el 16 de junio de 1907, ba sido recurrida por Clemente Vázquez, y a ella se contrae el presente recurso.

Encontramos ajustada a derecho la nota recurrida.

La finca cuya división material se hizo por escritura de 16 de junio de 1907, cuya inscripción ba sido denegada, fué adquirida en 4 de julio de 1896, por Clemente Vázquez y Perfecto Plores, ambos casados, y a favor de los mismos se hizo la inscripción, teniendo esa finca el carácter de bien ga-nancial, y como bien ganancial se hizo la división de la misma, adjudicándose la mitad de ella a Clemente Vázquez y a su legítima esposa Jacinta Rodríguez y la otra mitad a Perfecto Plores y a su legítima esposa Felipa Febo.

Si la escritura de división de condominio hubiera sido presentada al registro para su inscripción en la parte rela-tiva a la finca adjudicada a Clemente Vázquez, y Jacinta Ro-dríguez, sin más documentos que ella, la inscripción hubiera podido verificarse; pero como al mismo tiempo fueron pre-sentados otros documentos para obtener otra inscripción, y de esos documentos que el registrador tuvo a la vista apa-rece que Jacinta Rodríguez no era esposa de Clemente Váz-quez en la fecha de la adquisición de la finca y sí que uno y otro eran solteros, no es posible verificar la inscripción de la división del condominio en la parte relativa a Vázquez cual si éste fuera soltero, por más que Clemente Vázquez y Jacinta Rodríguez están conformes en que no eran casados y Jacinta Rodríguez renuncia además los derechos que pu-dieran asistirle con motivo de haber manifestado falsamente que estaba casada con Clemente Vázquez.

En la inscripción de la escritura de 4 de julio de 1896 consta que eran casadps y ante esa constancia no puede veri-ficarse otra inscripción en abierta contradicción con aquélla mientras no se demuestre en procedimiento debido que Cle-mente Vázquez y Jacinta Rodríguez eran solteros en la fecha del otorgamiento de dicha escritura.

En el presente recurso gubernativo no es posible definir si el Vázquez y la Rodríguez eran solteros o casados. Con razón el registrador ha vacilado sobre cuál sea el estado civil de ellos y ha obrado con recto criterio al denegar la inscrip-ción solicitada mientras no se desvanezca esa duda en proce-dimiento adecuado al efecto.

Por las razones expuestas, es de confirmarse la nota re-currida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. del Toro y Hutchison disin-tieron.


author: El Juez Asociado Se. del Toro,

text:
    Mató, Demandante y Apelante, v. Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre indemnización.
    No. 2380.
    Resuelto en diciembre 12, 1921.
    Hipoteca ded Derecho Hipotecario — Consentimiento del Deudor. — El dereebo de hipoteca puede hipotecarse pero quedando pendiente la que se constituya sobre él, de la resolución del mismo derecho. Para ello no necesita el acree-dor hipotecario el consentimiento del deudor.
    Besolución'del Derecho de Sub-hiroteoa — Cancelación de la Sub-hipoteca.— Cuando se demuestra que una hipoteca quedó extinguida por haberse pagado la deuda que garantizaba en el término fijado en el contrato, basta el docu-mento público en que así conste debidamente, para que se cancele en el Be-gistro dicha hipoteca y la sub-hipoteca que haya podido constituirse paTa garantizar cualquier obligación, aunque ella fuere la emisión de cédulas hipo-tecarias.
    Daños y Perjuicios — Causa de Acción. — Habiendo el acreedor hipotecario cum-plido con todo aquello a que se comprometió y otorgado en forma la escri-tura de cancelación si el registrador de la propiedad se niega erróneamente-a dar efecto al documento, no es responsable el dicho’ acreedor de los daño» y perjuicios que pudieran irrogarse al deudor por tal motivo, tanto más: cuanto que fué el propio deudor el que presentó el documento y, pudiendo haeerlo, no recurrió de la negativa del registrador.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Benet & fíouffront.

    Abogado del apelado: Sr. Juan de Guzmán Benitez.

   El Juez Asociado Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un pleito sobre daños y perjuicios. La de-mandante es dueña de cierta finca rústica que fué hipotecada a favor del banco demandado. Pagada totalmente la deuda garantida por la hipoteca, el banco otorgó escritura de can-celación. Presentada la escritura en el Registro de la Pro-piedad de San Germán, "el registrador se negó a inscribirla porque el crédito había sido snbbipotecado por el banco para garantizar una emisión de cédulas hipotecarias qne no cons-taba qne hubiera sido totalmente recogida. No se interpuso recurso gubernativo y la nota del registrador quedó firme.

La demandante puso en conocimiento del banco el hecho de la negativa y el banco pasó el asunto al estudio de su abo-gado. Así las cosas, se alega por la demandante que se le presentó la oportunidad de vender su finca y el trato se des-hizo cuando el comprador se enteró que la finca continuaba gravada según el registro dejando por ello de ganar la de-mandante la suma de cinco mil dólares y viéndose obligada además a incurrir en gastos ascendentes a seiscientos dólares.

El pleito fué finalmente fallado en contra de la deman-dante por entender la corte de distrito que la escritura de cancelación otorgada por el banco lo fué debidamente, no siendo dicho banco responsable del error cometido por el registrador al negar eficacia al documento.

Es un hecho admitido que el banco subhipotecó el crédito garantizado con la hipoteca de qne se trata, sin pedir el con-sentimiento del deudor, y la primera cuestión que surge es ¿pudo el banco actuar de tal modo? A nuestro juicio la cues-tión debe resolverse en la afirmativa de acuerdo con lo dis-puesto en el artículo 107, No. 8, de la Ley Hipotecaria, o sea 'que: “Podrán hipotecarse, con las restricciones que a conti-nuación se expresan: * * * 8. El derecho de hipoteca vo-luntaria, pero quedando pendiente la que se constituya sobre ..él de la resolución del mismo derecho.”

Comentando G-alindo ese precepto dice:

'■'!íLo mismo que al tratar la Exposición de motivos de los dere-'•chos de superficie, repite aquí: que aunque sin una declaración ex-presa se sobrentendería que el derecho de hipoteca, como los demás derechos reales enajenables, es susceptible de ser hipotecado, se con-signaba en la ley, para evitar dudas, y para fijar también la exten-sión de los derechos del acreedor hipotecario.
“Ni aún ésto nos parece que se necesitaba: porque existiendo los principios legales de que nadie pueda transferir más derecho a otro que el que tiene, y teniéndolo temporal el hipotecante sobre la finca hipotecada, por cualquier motivo que concluya, concluye también para el subbipotecante. (V. el Com. al art. 82.)” 3 G-alindo. Le-gislación Hipotecaria, 4ta. ed. 191.

La segunda cuestión es ¿ Cumplió el banco demandado con todo su deber en relación con la cancelación? También debe contestarse afirmativamente a nuestro' juicio.

Según la escritura de hipoteca constituida a favor del banco, el deudor se comprometió a “pagar toda clase de gas-tos que con motivo de este contrato puedan originarse, tanto los del importe de esta escritura, su copia, inscripción en el registro y certificación que después se dirá, como los de toda clase de documentos que fuesen necesarios para ultimar el contrato, así como las escrituras de carta de pago y can-celación total y parcial que podrá exigir el deudor al hacer sus abonos, y que el banco le otorgará desde luego y según proceda, siempre que, como queda dicho, sufrague el primero los gastos, pues el banco no ha de satisfacer ninguno.”

Pagada la deuda, el deudor pidió al acreedor que le otor-gara escritura de cancelación y el acreedor lo hizo. El docu-mento contenía todo lo necesario para que se entendiera ex-' tinguido por completo el gravamen. El acreedor no estaba obligado por los términos del contrato a llevar al registro el documento. Esta misión correspondía al propio deudor.

El deudor, en efecto, presentó el documento en el registro y el registrador se negó a hacer la cancelación solicitada. Si el registrador actuó sin razón, claro es que no puede hacerse responsable al banco de los perjuicios que pueda haber su-frido el deudor, tanto más cuando que el deudor pudiendo hacerlo no recurrió de la resolución del registrador, limitán-dose a poner el hecho en conocimiento del banco.

El error del registrador es evidente. Confundió la doc-trina de la cancelación de hipoteca constituida para garan-tizar obligaciones al portador a que se refiere el artículo 82, párrafo 5o. de la Ley Hipotecaria, con la relativa a la can-celación. del derecho de siibliipoteca a que se refiere el artículo 107, párrafo 8 de la misma ley que dejamos transcrito.

Si el banco hubiera constituido hipoteca directa sobre fin-cas a favor de los tenedores de cédulas, entonces no hubiera podido cancelarse esa hipoteca sin que se acreditara la ex-tinción de todas las obligaciones aseguradas de acuerdo con el artículo 82 de la Ley Hipotecaria antes citado.

Pero cuando como en este caso lo que hizo fue hipotecar una hipoteca que de acuerdo con la ley sólo puede hipote-carse con la restricción de que la hipoteca constituida queda pendiente de la resolución del mismo derecho y cuando se demuestra que la hipoteca base quedó extinguida por ha-berse pagado la deuda que garantizaba en el término fijado en el contrato, entonces basta el documento público en que así conste debidamente, para que se cancele en el registro la subhipoteca que haya podido constituirse para garantizar cualquier obligación, aunque ella fuere la emisión de cédulas hipotecarias. Los tenedores de cédulas no quedan perjudi-cados. Ellos conocían por el registro y por la ley el alcance de la garantía que se les daba.

Se insiste por la parte apelante en que el banco después de la negativa del registrador asumió voluntariamente la obligación de arreglar la documentación de tal modo que la cancelación pudiera inscribirse en el registro, y no lo hizo.

A este respecto se presentaron como prueba varias cartas del gerente del banco a la demandante. Es dudoso si el banco tuvo conocimiento pleno de la cuestión antes de transcurrir el término para apelar de la negativa del registrador, pero de todos modos la actuación del banco al tratar de preparar-la documentación de modo que satisficiera las exigencias del registrador, no obstante haber hecho desde el principio todo lo que tenía que hacer para cumplir su obligación, no puede perjudicarle. Consta de los autos que finalmente cuando el banco terminó de recoger las cédulas hipotecarias garanti-zadas por la hipoteca de que se trata en este caso y por otros bienes y no obstante no exigirse ese requisito en ninguno de los otros registros de la isla, otorgó una escritura con-forme al artículo 82 y dicha escritura sirvió para cancelar todos los gravámenes inscritos en el Registro de la Propie-dad de San Germán para garantizar la emisión de las cédu-las de que se trata.

Por virtud de todo lo expuesto y sin necesidad de entrar a considerar y a resolver si se probaron o no los perjuicios alegados, opinamos que procede la confirmación de la sen-tencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Hernández, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción de la sección 61 de la Ley de Arbitrios.
    No. 1841.
    Resuelto en diciembre 13, 1921.
    Jurisdicción — Prueba.-—La jurisdicción no es necesario demostrarla con prueba directa y positiva. Será bastante con que pueda razonablemente inferirse de los becbos y circunstancias que se bayan probado y estén envueltos en la acción criminal, o que pueda inferirse de las circunstancias que el delito fué cometido en el sitio alegado.
    Evidencia Admitida Después de Presentada Moción de Non Suit — Discreción Judicial. — La admisión de prueba después de baber sido sometida una mo-ción de non suit descansa en el poder discrecional de las cortes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. E. Martines.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado por delito de infracción a la sec-ción 61 de la Ley de Arbitrios, consistente en el hecho de que en abril 29, 1921, en el barrio Valenciano, de Juncos, del distrito judicial del juzgado de paz de Juncos, que forma parte del Distrito Judicial Municipal de San Lorenzo, P. R., y a su vez del Distrito Judicial de Humacao, P. R., volun-taria e ilegalmente estaba en posesión como dueño, de un alambique de hierro galvanizado como de dos galones de capacidad y una serpentina de cobre, sin tener inscrito en el Departamento de Tesorería el referido alambique.

Practicada la prueba por el fiscal, la defensa del acusado presentó moción de non suit fundada en que si bien en el juicio se había hablado de la casa de Rafael Hernández donde fué ocupado el alambique, no se había suministrado prueba alguna acerca del pueblo o lugar en que radicaba dicha casa, elemento esencialísimo para determinar la jurisdicción de la corte. El fiscal se opuso a la moción alegando que si bien de las manifestaciones hechas por los testigos que habían declarado podía inferirse que el hecho ocurrió en el barrio Valenciano, de Juncos, pertenecientes al Distrito Judicial de Humacao, en bien de la justicia proponía la presentación de un testigo con el fin de que aclarara ante la mente de la corte la cuestión de jurisdicción levantada, por más que en su sentir estaba completamente clara. La defensa se opuso a la declaración de ese testigo e insistió en que se dictara reso-lución sobre la moción de non smt. Y la corte entonces re-solvió que aunque podía inferirse que el barrio Valenciano pertenece a Juncos, admitía la declaración del testigo pro-puesta por el fiscal, desestimándose así la moción de non suit.

Dicho testigo, el mismo Ramón Azpurúa que antes había declarado, explicó que la casa donde fué ocupado el alambique radica en el barrio Valenciano, perteneciente al pueblo de Juncos, donde ejerce sus funciones como jefe de policía.

Subsiguientemente fué pronunciada sentencia en 5 de agosto de 1921 por la que se declara al acusado culpable y se le impone la pena de cien dollars de multa, debiendo sufrir en defecto de pago un día de cárcel por cada dólar que deje ele satisfacer, sin que la prisión subsidiaria pneda exceder de noventa días, y contra esa sentencia fué interpuesto el presente recurso, el cual se funda:

Primero: En que la corte erró al declarar sin lugar la moción de non suit.
Segundo: En que también erró al admitir prueba al fiscal después de hecha la moción de non suit.
Tercero: En que igualmente la corte cometió error al de-clarar culpable al acusado sin prueba alguna con relación al año en que fué cometido el delito.

Para considerar el primer motivo del recurso deben te-nerse en cuenta las declaraciones de los testigos Eamón Az-purúa y Emilio Castro, de los cuales el primero declara que es jefe de distrito de Juncos, y allí se encuentra destacado; que en uno de los días del mes de abril tuvo informes de que en la residencia de Eamón Hernández, residente en el barrio Valenciano, había un alambique; que obtuvo una or-den de allanamiento del juez de paz y fué a dicho barrio con el guardia Emilio Castro; que ambos entraron en la casa de Eamón Hernández, que es el padre del acusado y cerca de ella fué ocupado el alambique, el cual según manifesta-ción de Eamón, pertenecía a su hijo Eafael. El otro testigo Emilio Castro dice que reside en Juncos y ocupa un puesto de policía insular de Juncos, y que en el mes de abril, reque-rido por su jefe, Azpurúa, de Juncos, fueron ambos al barrio' de Valenciano y en la casa o finca de Eamón Hernández, ocu-paron el alambique que el mismo Eamón manifestó ser de su hijo Eafael.

De dichas declaraciones se desprende que ambos testigos pertenecen al cuerpo de la policía insular destacada en Juncos, donde tienen que ejercer sus funciones; que el juez de paz de dicho pueblo, cuya jurisdicción está limitada al mismo, fué quien expidió la orden de allanamiento, y que el alam-bique fué ocupado en el barrio Valenciano, que según la de-nuncia radica en el término municipal de Juncos.

De los hechos expuestos razonablemente puede inferirse que el delito se cometió en el barrio Valenciano, de la juris-dicción de Juncos, sin que fuera necesario demostrarlo por prueba directa o positiva. Decisión en el caso de El Pueblo v. Llabrés, 29 D. P. R. 749.

Pero de todos modos, cualquier duda que hubiera habido sobre la jurisdicción de la corte quedó desvanecida por la explicación que dió el testigo Azpurúa después de presentada la moción de non suit. Y no cometió error la corte al ad-mitir que Azpurúa declarara cuando la moción de non suit había sido ya presentada, pues tenía poder discrecional para proceder así. El Pueblo v. Julián, 18 D. P. E. 940; 16 C. J. 870 et seq.

El primero y segundo motivos deb recurso son insoste-nibles.

En cuanto al tercer motivo, los testigos que declararon en el juicio expresamente se refirieron al mes de abril, cuyo mes no podía ser otro que el del año de 1921, a que se con-trae la denuncia, y por tanto, hay prueba de que el delito fue cometido dentro del año prevenido por el estatuto de limi-taciones.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Buxó, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción al artículo 358 del Código Penal.
    No. 1743.
    Resuelto en diciembre 13, 1921.
    Alteración de la Paz Pública — Intención.—En el presente caso celebrábase de noche un mitin político y el apelante y otra persona, montados a eaballo, portando antorchas y ostentando insignias políticas de matiz contrario al de las personas congregadas, cruzaron por entre el grupo que formaban éstas y al intentar cruzar por segunda vez se produjo la perturbación de la asam-blea, delito castigado por el artículo 358 del Código Penal. Se resolvió: que bajo tales circunstancias debe decidirse que el acusado intentó las con-secuencias naturales y probables de su acto el cual, realizado por aquél en la forma en que lo hizo, fué lo que produjo la alteración de la paz, aún cuando la demostración inicial hubiera partido de uno de los congregados.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. G. B. Buitrago.

    Ahogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión, del tribunal. En un sitio de costumbre en las calles de San Lorenzo y de noche, poco antes de la fecha de las elecciones, había una reunión de personas para escuchar a los oradores unio-nistas, habiéndose anunciado con anticipación el mitin.-

Mientras se celebraba este mitin el apelante y otra persona llegaron montados a caballo, llevando uno o ambos an-torchas, habiendo insistido en cruzar por dentro de la mu-chedumbre. Uno de ellos llevaba una insignia socialista y el otro, o sea el apelante, la insignia del Partido Republicano.

Los jinetes se abrieron paso sin mucha o ninguna pertur-bación de la muchedumbre, pero al poco rato regresaron ha-biendo producido su regreso una conmoción y excitación en la muchedumbre.

Intervino la policía evitándose una perturbación mayor.

Insiste el apelante, entre otras cosas, en que la verdadera perturbación partió de uno de los congregados al adelantarse este último con -una tranca para atacar o amenazar al apelante.

Sostiene además el apelante que la prueba del G-obierno era tan incongruente y llena de contradicciones que hace ine-ficaz la sentencia. Admite, sin embargo, que después de cru-zar por la muchedumbre volvieron los jinetes por segunda vez siendo entonces que se produjo la alteración.

Bajo estas circunstancias debe resolverse que el apelante intentó las consecuencias naturales y probables de su acto. Equipado como estaba y acompañado como iba, debió baber sabido que su presencia produciría una excitación. Tal vez, según alegó, él tenía derecho a cruzar por la muchedumbre a caballo, si hubiera cruzado corriendo sin hacer nada o lle-var ninguna cosa cuyo resultado probable fuera excitar a la muchedumbre. Sin embargo, al volver por segunda vez, pre-parado para cruzar de nuevo, mostró la intención no mera-mente de cruzar las calles sino de perturbar a la gente. allí congregada.

Harrison v. Duke of Rutland, 12 English Ruling Case Law, página 587, fué un caso en que un hombre caminaba de arriba a abajo por la carretera habiendo impedido así al dueño del terreno en ambos lados de la misma de poder usar su terreno para recreo. La corte resolvió que si bien una persona tenía derecho de andar por la carretera, al hacerlo así para perturbar el derecho de otra era culpable por la comisión de un acto ilegal (trespass).

Ni puede tampoco el apelante excusarse diciendo que la primera demostración hostil partió de uno de la muchedum-bre hecha contra él.

Fué el acto realizado por él o la forma en que lo hizo lo que produjo la perturbación. Un razonamiento algo seme-jante puede encontrarse en el caso de People v. Burman, 25 L. R. A. (N. S.) 256.

Aunque el caso no está exento de dudas la corte tuvo ante sí lo suficiente para estar justificada al declarar que el mitin había sido perturbado y que fué la intención del apelante hacerlo así.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Tobo,

text:
    Banco Comercial de Puerto Rico, Peticionario, v. Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari contra el Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Dis-trito, en un procedimiento de sindicatura.
    No. 337.
    Resuelto en diciembre 15, 1921.

      Certiorari — Apelación.—Cuando el recurso de apelación no es todo lo rápido y eficaz que las circunstancias requieren, procede el certiorari.

    Sindicatura — Créditos Preferentes ■— Cortes : Facultades de las Mismas — Posposición de Créditos Preferentes. — En el presente caso se puso b^jo sindicatura una corporación azucarera y todos los acreedores pospusieron S;us créditos preferentes a fin de contratar un empréstito por veinticinco mil dó-lares para salvar la vida de la corporación. Terminada con deudas la zafra pendiente, el síndico solicitó autorización judicial para emitir nuevos certifi-cados preferentes por $59,366.90, para gastos de la nueva zafra. El acreedor hipotecario opúsose a la preterición de su crédito, pero dió su consentimiento para un préstamo no mayor de $30,000 con garantía de los productos, cir-cunscribiendo su preferencia al "corpus” de la propiedad. Recurrida por certiorari la orden que concedió sin limitaciones la autorización pedida por el síndieo, se resolvió: que la preferencia del acreedor hipotecario no puede ser postergada contra su voluntad manifiesta no siendo de aplicación bajo las circunstancias de este caso la jurisprudencia que autoriza a las cortes para ordenar, con preterición de créditos asegurados, el pago de créditos con-traídos bajo su dirección por el síndico para la continuación de un negocio cuya paralización produciría grandes pérdidas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. J. Sifre, Jr.

    Abogado del síndico: Sr. J. E. Broten.

    Abogado de los interventores: Sr. E. G. Molina.

    El juez demandado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de Certiorari interpuesto por el Banco Comercial de Puerto Rico a los efectos de que esta Corte Suprema revise y declare nula cierta orden dictada por la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, auto-rizando en nn caso de administración judicial la expedición de certificados preferentes, no obstante la oposición del acree-dor bipotecario. El auto fué expedido. Los documentos ori-ginales se elevaron a esta corte y en la audiencia del 5 de diciembre actual el peticionario y el síndico comparecieron por medio de sus abogados y sostuvieron sus respectivas pretensiones. También comparecieron por su abogado y se adhirieron a la petición de nulidad los interventores Melchior, Armstrong and Dessan, Inc., segundos acreedores hi-potecarios. El síndico se opuso pero no solicitó la suspen-sión de la vista y en ésta fueron oídos los dichos interven-tores.

Los hechos, en resumen, son así: el 10 de mayo de 1921, la Corte de Distrito de San Juan, a petición del Banco Co-mercial de Puerto Rico, acreedor hipotecario de la corpora-ción privada azucarera “Central Bayaney,” nombró a Ra-món Soler síndico de dicha corporación.

Tres días después se autorizó al síndico para contraer un préstamo por la suma de veinticinco mil dólares garantizado con certificados preferentes a todos los otros gravámenes in-clusos los hipotecarios. Los acreedores hipotecarios consin-tieron, el préstamo se negoció y la zafra de la central con-tinuó hasta su terminación.

Habiendo cesado en sus funciones de síndico Soler, la corte nombró para sustituirle a Jorge E. Saldaña. Hecho un estudio de la situación, el nuevo síndico se dirigió a la corte solicitando que se le autorizara, a fin de poder llevar a efecto la zafra de 1922, para contraer un préstamo por la suma de $59,366.90, garantizado con certificados expedi-dos en la forma y bajo las condiciones que la corte estimare procedentes.

Consta de los autos que las partes fueron citadas y apa-rece de ellos que el acreedor hipotecario Banco Comercial de Puerto Rico estuvo conforme en que se autorizara al sín-dico a tomar a préstamo con el propósito indicado treinta mil dólares garantizados “por certificados de deuda suscri-tos por el receiver, los cuales certificados tendrán como ga-rantía el beneficio industrial de Central Bayaney, Inc., du-rante la próxima cosecha y no el ‘corpus’ de las propiedades de esta corporación.”

Consta también de los autos qne en noviembre 18, 1921, Melchior, Armstrong and Dessau, Inc., interventores en el procedimiento, archivaron nn escrito que termina así: “la interventora respetuosamente solicita de la corte no ordenar que los certificados del ‘receiver’ tengan preferencia o gravamen alguno sobre los bienes de la demandada que se en-cuentran hipotecados a la interventora en preferencia a la hipoteca de la interventora.”

No obstante la oposición de los acreedores hipotecarios, la corte de distrito autorizó la contratación del préstamo ga-rantido con certificados, fijando el montante en treinta mil dólares y disponiendo “que.dichos certificados constituirán un derecho preferente y primer gravamen sobre todos los bienes de la demandada dentro de la Isla de Puerto Rico y con prioridad al gravamen de las hipotecas constituidas por la compañía demandada a favor de la corporación deman-dante.”

Basta la exposición de los anteriores hechos para con-cluir que este caso debe resolverse en favor del peticionario de acuerdo con la jurisprudencia establecida por esta misma Corte Suprema en el caso de Sobrinos de Ezquiaga v. Rossy, 21 D. P. R. 387. Allí dijimos:

“La cuestión a resolver queda, pues, planteada en los siguientes términos:
“¿Puede una corte alterar las condiciones de un contrato cele-brado voluntaria y válidamente al amparo de las leyes? ¿Lleva con-sigo la facultad que tienen las cortes para nombrar síndicos en cier-tos y determinados casos, la de tomar absoluto control sobre la pro-piedad de que se dé posesión a los síndicos de tal manera que pueda variar el orden en que dicha propiedad había sido anteriormente gra-vada por sus dueños?
“Hemos estudiado cuidadosamente la ley y nada dispone sobre el particular. Hemos estudiado de igual modo la jurisprudencia y no encontramos que se haya ejercitado tal poder en casos iguales al que está sometido a nuestra decisión.
“¿Qué garantía puede ofrecer a los ciudadanos de un país una ley que clara y terminantemente asegura el pago de un crédito en un orden determinado, si un juez puede después discrecionalmente alterar el contrato de tal modo que haga completamente ilusoria la seguridad pactada?
“Reconocer tal poder en la judicatura en ausencia de una dispo-sición legislativa previa y clara, sería ir en contra de los principios fundamentales que informan nuestro sistema de gobierno.
“Cuando surge una situación difícil en los negocios de una cor-poración, cuando los en ella interesados tienen confianza en que aquella situación es transitoria y podría salvarse con un esfuerzo supremo, los mismos interesados generalmente por su propia volun-tad postergan sus derechos en la esperanza de verlos reconocidos en toda su plenitud en el futuro. De ahí que se registren muchos casos en los cuales se ha recurrido al medio de la expedición de certificados de síndicos preferentes autorizada por el poder judicial, a fin de ob-tener ciertas sumas de dinero especialmente garantidas que permi-tan hacer frente al conflicto. Pero no se ha recurrido, ni se com-prende que se recurra, a tal medio, cuando los mismos interesados se oponen.
# ■# * # # , ■* *
“La jurisprudencia americana es abundante sobre la materia, y por ella se ha establecido una distinción bien marcada entre los po-deres de una corte cuando interviene en la administración de una corporación cuasi pública y cuando dirige, por medio de síndico, los negocios de una corporación privada.
“En el caso de Hooper v. Central Trust Co. of New York, 29 L. R. A. 262, 263, la Corte de Apelaciones de Maryland, llegó a la siguiente conclusión:
“ ‘Los gravámenes adquiridos sobre la propiedad de individuos o de corporaciones privadas, no pueden postergarse por medio de certificados de síndicos.’
“En el caso de Merriam v. Victory Min. Co. et al., 60 Pac. 997, la Corte Suprema de Oregon resolvió lo que sigue:
“ ‘El derecho de una corte que nombra un síndico a una corpo-ración para dar prioridad al pago de deudas no aseguradas, sobre el gravamen de bonos garantizados con primera hipoteca, está res-tringido a los acreedores de ferrocarriles, que son negocios de interés público, y no puede ejercitarse para dar tal preferencia a acreedores no asegurados de una corporación ordinaria sobre gravámenes consti-tuidos por contratos.' ” 21 D. P. R. 399 a 401.

Sigue esta corte estudiando varios casos más resueltos por los tribunales americanos, que creemos innecesario citar.

Con lo expuesto debería quedar resuelto este caso, pero el síndico levantó por escrito y oralmente en.el acto de la vista dos cuestiones que requieren el estudio de la corte. Sostuvo; 1, que no procede el certiorari porque la orden que se trata de anular es apelable, y 2, que dicba orden según los mismos becbos expuestos en la petición, es válida estando en todo caso el peticionario impedido de impugnar su va-lidez.

Implícitamente la primera cuestión levantada está resuelta también en el caso de Ezquiaga v. Rossy, supra, pero aún cuando pudiera concluirse que la orden de que se trata era apelable, como dadas las circunstancias que concurren en este caso el recurso de apelación no sería todo lo rápido y eficaz que dichas circunstancias requieren, ya que la zafra para la cual se necesita el dinero deberá comenzar en este mismo mes de diciembre de 1921, es procedente el certiorari.

La segunda cuestión es más complicada. Dice el síndico en su alegato así:

“El receiver, a petición del mismo peticionario, fué nombrado no sólo para conservar, proteger y preservar los bienes de Central Bayaney, demandada en el pleito principal, sino para seguir en el negocio de dicba demandada y continuar la empresa a que se dedi-caban los bienes de dicba demandada como negocio en marcha.”

Y luego cita la jurisprudencia tomándola del resumen que de la misma bace Euling Case Law y que es como sigue:

“Aunque la regla general en cuanto a la preservación de los de-rechos existentes de los acreedores es como antes se ha enunciado, no hay cuestión de que una corte de equidad que ha nombrado un sindico para hacerse cargo de la propiedad y para cuidar de ella y protegerla puede declarar que los gastos para ello incurridos cons-tituyen una reclamación y gravamen preferente contra la propiedad, anterior a todas las hipotecas u otros gravámenes. La propiedad se vuelve responsable de los gastos necesarios incurridos .en cuidarla y preservarla, incluyendo los honorarios del síndico por sus servicios. El es él oficial y agente de la corte y no de las partes; y es un de-recho de la corte esencial a su propia eficiencia para la protección de cosas así situadas, el tenerlas bajo su supervisión hasta que tales gastos y honorarios son pagados o su pago asegurado. Los honora-rios de abogado que sean adecuados, al igual que otros gastos de administración, tienen preferencia sobre gravámenes pre-existentes contra los fondos; pero ellos sólo pueden ser determinados y conce-didos por la corte que nombró el síndico. El nombramiento de un síndico y el hecho de que la corte, por medio de su oficial, toma la propiedad en sus manos, no la exime de pagar contribución. Queda sujeta a tasación y al pago de todas las contribuciones legales sobre la misma mientras está in custodia legis, en igual condición que cuando estaba en posesión de su dueño. Y ya sean o no tales con-tribuciones un gravamen o una deuda de acuerdo con las leyes del gobierno dentro de cuya jurisdicción la propiedad está situada, tales contribuciones son y deben ser consideradas por las cortes, una recla-mación preferente y superior a todas las demás reclamaciones, ex-cepto las costas judiciales. Además de. los gastos arriba menciona-dos contra la propiedad en manos de un síndico, y que se consideran preferentes a otros gravámenes, hay una sana equidad que apoya la doctrina de que cuando la naturaleza de la propiedad es tal que el negocio a que ha estado dedicada no puede ser suspendido sin pro-babilidad de grandes pérdidas, la corte puede autorizar que éste sea continuado por su oficial y síndico, mientras se terminan los asuntos de la corporación insolvente. Los gastos incurridos por un síndico en tales circunstancias pueden justamente considerarse como gastos de preservación para beneficio de los accionistas y otras personas con derecho a participación en la distribución final, que deben ser pa-gados con preferencia. Las cortes también han asumido ir más lejos y conceder preferencia de pago a las deudas contraídas por la cor-poración insolvente durante los últimos meses anteriores al decreto de insolvencia, por trabajo, materiales y gastos necesarios y corrien-tes incurridos en la lucha por mantenerse en pie. Se ha resuelto, sin embargo, que cuando la Legislatura ha indicado la clase de acreedores cuyas reclamaciones deben ser preferidas, la corte está privada de facultad para extender la preferencia a otra clase. La facultad de un síndico para expedir certificados dando preferencia sobre gravámenes existentes, es tratada en otro lugar de este ar-tículo.” 23 R. C. L. 109-110.

Para aplicar la anterior jurisprudencia, es necesario es-tudiar las circunstancias de cada caso. Aquí se nombró un, síndico y todos los acreedores pospusieron sus créditos pre-ferentes a los efectos de contratar una operación específica —el primer préstamo de veinticinco mil dólares — y a fin de salvar la vicia de la corporación. Pero la zafra pendiente terminó con deudas y abora se pretende comenzar bajo la misma sindicatura la nueva zafra. Una situación distinta se presenta y entonces las partes interesadas se avienen a que el estado creado continúe pero con ciertas limitaciones. El acreedor hipotecario está conforme en circunscribir su garantía al “corpus” de la propiedad, da su consentimiento' a la contratación de un préstamo de treinta mil dólares con una garantía preferente sobre los productos y sostiene que si ésto no es posible, si los mismos productos no son sufi-cientes para pagar lo que se invierta en obtenerlos partiendo de la base de que el mayor gasto está ya hecho, entonces la sindicatura debe terminar. Y a nuestro juicio la posición del acreedor hipotecario es enteramente correcta y la juris-prudencia citada no puede invocarse para destruir necesa-riamente su preferencia consagrada por la voluntad de las partes interesadas consignada con todas las solemnidades de ley en un contrato.

En cuanto a que el peticionario por haber sido el acree-dor que solicitó el nombramiento del síndico esté impedido de oponerse a la orden de la corte, diremos que aún cuando nos inclinamos a resolver la cuestión en la negativa (véase el caso Smith v. Shenandah Valley National Bank, 246 Fed. 379), no es necesario que emitamos nuestro criterio ya que en el acto de la vista compareció otro acreedor hipotecario que no había solicitado el nombramiento de síndico y que se opuso en tiempo y forma y continuaba oponiéndose a que el préstamo de treinta mil dólares para la nueva zafra se auto-rizara con tura garantía preferente a los gravámenes hipo-tecarios.

Por virtud de todo lo expuesto se anula la orden del 18 de noviembre último en cuanto por ella se decidió que el préstamo de treinta mil dólares que se autorizó contraer al síndico constituyera un gravamen preferente a los créditos garantizados con hipotecas existentes sobre los bienes de la Central Bayaney.

Anulada la orden de 18 de noviembre de 1921, en cuanto a que los certificados que el sín-dico expidiera para garantizar el préstamo de treinta mil dólares tuvieran preferencia sobre los gravámenes hipotecarios.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Alclrey y Hutchison.


text:
    Cádiz, Peticionario y Apelado, v. Jiménez, Opositora y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en procedimiento sobre aprobación de informe de conta-dor-partidor, intestado de Quintiliano Cádiz.
    No. 2449.
    Resuelto en diciembre 19, 1921.
    Rienes Gananciales — Póliza de Segubo sobre la Vida. — El importe de una pó-liza de seguro sobre la vida constituida por una persona casada a favor de sus hijos, no es un bien ganancial.
    Id. — Herederos—Herencia Intestada. — Aceptando, sin resolverlo, que dentro de la palabra “hijos” no puede considerarse comprendido el hijo natural reco-^ nocido al efecto de reputarlo beneficiario en una póliza do seguro constituida-'' por su padre a favor “de sus hijos,” no siendo la viuda heredera de su esposo en este caso por haber ocurrido el fallecimiento intestado en 1908, será siempre necesario decidir que el hijo natural reconocido, único heredero declarado, es la persona con derecho al importe de la póliza.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. M. Tous Soto.

      Abogado de la apelante: Sr. F. González.

   El Juez Asociado Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Por segunda vez la distribución de la pequeña herencia dejada por Quintiliano Cádiz Mena es motivo de una ape-lación. En julio 10, 1919, esta corte revocó cierta orden dictada por la Corte de Distrito de Humacao y devolvió el caso para ulteriores procedimientos, Cádiz v. Jiménez, 27 D. P. R. 651. La corte de distrito pasó el asunto a un conta-dor-partidor y éste, después de oir a las partes interesadas y practicar pruebas, rindió su informe, que, en lo pertinente, dice así:

“Defunción del causante. — Don Quintiliano Cádiz Mena, vecino que fué de C aguas, falleció en dicha ciudad el día dos de julio de mil novecientos ocho, estando casado con doña María Jiménez Gar-cía, sin que en tal unión hubiere tenido descendencia y dejando un hijo natural reconocido nombrado Carlos Manuel Cádiz Ríos.
“Herederos del finado. — El señor Cádiz y Mena no otorgó tes-tamento y por esa circunstancia y la fecha de su defunción, su he-rencia ha de regirse por las disposiciones del Código Civil Revi-sado sobre las herencias intestadas, bajo cuyas disposiciones el aquí peticionario don Carlos Manuel Cádiz y Ríos ha sido declarado por la Honorable Corte de Distrito de Humacao, único y universal he-redero del finado don Quintiliano Cádiz y Mena, sin que haya lugar a derecho usufructuario alguno por parte- de la cónyuge supervi-viente.
“Aportaciones matrimoniales. — Doña María Jiménez y García, no aportó bienes de ninguna clase a su matrimonio,- don Quinti-liano Cádiz y Mena, según diversos títulos de propiedad, poseía algunos inmuebles y derechos en sociedad mercantil, a la fecha de su matrimonio, pero no se ha demostrado que lo producido por la venta de aquéllos, enajenados por él durante su matrimonio y las cantidades percibidas en dicha sociedad, hayan sido gastadas en be-neficio de- la sociedad matrimonial. Por esa carencia de evidencia y la doctrina de la Honorable Corte Suprema en este caso, no se tendrá en cuenta dicha aportación en la liquidación del haber re-licto a su fallecimiento.
“Bienes hereditarios. — Al fallecer don Quintiliano Cádiz Mena era dueño de las dos fincas urbanas del pueblo de Aguas Buenas que más adelante se describirán, y a las cuales ban asignado los interesados, de común acuerdo, un valor de un mil dollars.
“Disfruta esas casas desde la fecha del fallecimiento del cau-sante, su esposa doña María Jiménez y García, la que liquidó dichas rentas en primero de mayo de mil novecientos diez y ocho, descon-tando lo invertido por ella en reparaciones, que el heredero aceptó haber sido necesarias, y de acuerdo con cuya liquidación, había en poder de aquélla trescientos ochenta y ocho dollars con seis centavos.
“Después de la fecha de esa liquidación continuó la señora Ji-ménez y García en el disfrute de las casas, dándolas en arrenda-miento a don Ramón Valcourt, por canon de catorce dollars men-suales y obligación de realizar por su cuenta las reformas y repa-raciones necesarias, continuando el señor Yalcourt hasta la fecha en el arrendamiento así otorgado, cuya eficacia acepta el peticio-nario, si bien no intervino en su otorgamiento. A virtud de tal arrendamiento y pago consiguiente de su canon, existe en poder de la antes dicha señora, la cantidad de cuatrocientos veinte dollars.
“El causante había tomado una póliza de seguro de vida por cantidad de un mil dollars, desconociéndose la fecha de dicha póliza, la compañía en que la tomó, persona beneficiada por ella y demás circunstancias relacionadas con el documento, pero dentro de un convenio celebrado por las partes a los efectos de la partición, el peticionario reconoce que para sostener en vigor,el expresado seguro se pagó por el finado la cantidad de treinta y cinco dollars con cin-cuenta y cinco centavos, durante cuatro años, o sea un total de ciento cuarenta y dos dollars con veinte centavos.
“El Comisionado acepta que ese dinero debe ser colacionado por el peticionario sólo por la estipulación en relación con la división, pues no tiene evidencia alguna sobre la certeza de tal pago, ni sobre la circunstancia de haberse efectuado con dinero de la sociedad de gananciales, dado que el causante tenía capital propio, ni sobre otros extremos, que no le han podido ser comunicados por la agencia de la compañía ‘El Sol de Canadá’ en que se dijo se había tomado la póliza y cuya información fué negativa sobre todos los extremos.”

Bajo esos antecedentes se procedió a la formación del inventario que dió por resultado un valor total de $1,950.26, todos gananciales, dividiéndose éstos en dos partes iguales que se adjudicaron una a la viuda y otra al hijo natural reco-nocido. Los mil dólares de la póliza habían sido entregados directamente al hijo natural reconocido y no se trajeron a colación por entender el contador-partidor que eran de la exclusiva propiedad del hijo declarado único y nniversal he-redero de sn padre. Sólo se trajeron a colación como ga-nanciales $142.20 pagados por razón de premios de dicho seguro. La corte de distrito aprobó el informe y la viuda doña María Jiménez interpuso el presente recurso de ape-lación.

Varias cuestiones se han suscitado por la parte apelante qué carecen de importancia. La verdadera cuestión fundamental levantada es la de si los mil dólares de la póliza deben o no considerarse como bienes gananciales.

Para sostener la afirmativa la parte apelante no cita ley ni jurisprudencia aplicables, limitándose a invocar la opi-nión del comentarista Manresa, que dice así:

“La cantidad satisfecha por nna compañía aseguradora al falle-cimiento del asegurado, ¿debe considerarse ganancial? Este caso lia sido en Francia objeto de discusión desde el punto de vista de si debe considerarse como un bien mueble. Es claro que muchos de los argumentos allí aducidos en pro o en contra, carecen en nues-tra patria de razón de ser, por ser muy- distinto el sistema legal que rige las relaciones matrimoniales entre los cónyuges.
“Desde luego, el capital del seguro sustituye a las primas que hay que pagar, y el derecho a aquél, se adquiere desde el momento del contrato, pues desde él cabe la facultad de disponer, y si ocurre el fallecimiento puede exigirse el pago. Se trata, pues, de una ad-quisición a título oneroso hecha durante el matrimonio, aunque el plazo señalado para el cumplimiento de la obligación sea el de la muerte de uno de los cónyuges, hecho que extingue la sociedad. Así considerada la cuestión, puede decirse resuelta en los artículos 1396 y 1401; si las primas se pagan con el capital privativo del marido o de la mujer, el capital del seguro le pertenece privativamente; si se paga a costa del caudal común o no puede justificarse la proce-dencia del dinero, la adquisición es ganancial.” 9 Manresa, Código Civil Español, 2da. edie., 589.

Grande es el respeto que merece a esta corte la opinión del sabio civilista español, que es necesario reconocer ade-más que es lógica en el punto concreto debatido, pero si se estudia a fondo la cuestión, se verá que está en pugna con los artículos 416 y 428 del Código de Comercio, cuerpo legal que regula el seguro de vida, por tratarse de un contrato mercantil.

Expresamente dice el segundo de los artículos citados que las cantidades que el asegurador deba entregar a la persona asegurada, en cumplimiento del contrato, serán propiedad de ésta, aún contra las reclamaciones de los herederos legíti-mos y acreedores de cualquier clase del que hubiere hecho el seguro a favor de aquélla.

¿Quién es el beneficiario en este caso? No se consignó en el informe, pero de la prueba practicada resulta que la póliza se extendió “a favor de los hijos” de Quintiliano Cá-diz Mena.

Se sostiene por la parte apelante que dentro de la pa-labra “hijos” no puede comprenderse al hijo natural reco-nocido. Este caso no es enteramente igual al de Díaz v. Porto Rico Railway, Light and Power Company, 21 D. P. R. 78, pero aceptando, sin resolverlo, que así fuera, entonces nos encontraríamos frente a un caso en que necesariamente tendría que concluirse que el valor de la póliza correspondía a los herederos del finado y aquí el único heredero del finado lo era, según declaración expresa de la corte, hecha en el procedimiento adecuado, el hijo natural reconocido. El Sr. Cádiz murió el 2 de julio de 1908 sin otorgar testamento. La viuda en tal virtud no tenía el carácter de heredera. Véase el caso de Julbe v. Guzmán, 16 D. P. R. 530.

Se confirma la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

jueces .concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.