author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Robert R. Prann, demandante y apelante, v. Félix Benítez Rexach, El Comisionado del Interior Sr. Guillermo Esteves, La Junta del Puerto de San Juan y La Junta de Subasta del Departamento del Interior, demandados y apelados.
    No. 6015.

    Sometido: Junio 25, 1932.

      Resuelto: Julio 6, 1932.

      Juan B. 8oio, abogado del apelante; B. Buscaglia, abogado del ape-lado Sr. Rexach.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda original en este caso fue presentada el 27 de junio de 1929. Su última enmienda, que es la cuarta, fué presentada el 2 de marzo de 1931 y lia originado la sen-tencia que declaró sin lugar la demanda en cnanto a todos los demandados y de la cnal apela el demandante.

Esa demanda lia sido interpuesta por Roberto R. Prann y está dirigida contra Félix Benítez Rexach, contra el Co-misionado del Interior don Guillermo Esteves y contra las personas que componen la Junta de Puerto de San Juan y la Junta de Subastas del Departamento del Interior de Puerto Rico. El demandado Benítez Rexach solicitó que fue-sen eliminados ciertos particulares de esa demanda y la corte accedió a esa solicitud. Los otros demandados alega-ron la excepción previa de que no aduce hechos determinan-tes de causa de acción y también fue sostenida por la corte de distrito recayendo después, a instancias del demandante, la sentencia apelada.

El demandado Benítez Rexach nos presentó moción para que desestimemos la apelación por no haberse notificado ese recurso a todos los demandados pero negamos la desestima-ción interesada fundándonos en que si bien la apelación no fué notificada a los demandados distintos de Benítez Rexach, la confirmación o revocación de la sentencia en lo que se re-fiere a Benítez Rexach no privaría a los otros demandados de ningún beneficio o provecho resultante de la sentencia en cuanto a ellos.

Después de esa resolución el apelado Benítez Rexach nos ha presentado otra moción de desestimación fundada en cinco motivos. El primero de ellos es que descartados de esta apelación sus codemandados por no haberles sido noti-ficada la apelación resulta frívolo este recurso para el solo fin de determinar si es errónea o no la resolución de la corte inferior que ordena la eliminación de ciertos particulares de la cuarta demanda enmendada. En el segundo se alega que la resolución de esta apelación es académica porque a nin-gún fin práctico conduciría resolver si la orden de elimina-ción es errónea o no porque, aun siendo equivocada, este pleito no puede continuar por haber sentencia firme a favor de los otros demandados. Hemos agrupado estos dos moti-vos porque tienen alguna relación entre sí por referirse a las alegaciones de la demanda.

Aparece de la cuarta demanda enmendada que el Comisionado del Interior forma parte de la Junta del Puerto de San Juan: que como tal Comisionado y miembro de dicha junta publicó un anuncio de subasta para la construcción de un malecón de ribera en el puerto de San Juan al norte del caño de San Antonio, diciéndose que la Junta del Puerto se reservaba el derecho de rechazar cualquiera o todas las proposiciones que se hicieran y de adjudicar el contrato bajo otras consideraciones que la del precio solo: y que la Junta de Subastas encargada de resolver sobre las proposiciones presentadas para esa obra la adjudicó el 22 de mayo de 1929 al demandado Benitez Rexaeh para ejecutar las obras en término de un año, impartiéndole su aprobación el Comisionado del Interior. Contiene alegaciones de ambigüedad en el pliego de especificaciones para la obra; de que pudo obtenerse mejor precio para ella y otras mas que no necesitamos especificar. El fin perseguido por esa demanda es que se declare nula la resolución de la Junta de Subastas adjudicando la ejecución de la obra a Benitez Rexach y también el proyecto de dicha obra, así como que Benitez Rexaeh devuelva a El Pueblo de Puerto Rico las cantidades que haya recibido y recibiera en virtud de esa adjudicación y contrato de obra.

Uno de los particulares que la corte inferior ordenó fuese eliminado dice así:

“Que las especificaciones de dicha obra, las cuales están conteni-das en el susodicho pliego de condiciones facultativas, son ambiguas, obscuras, indefinidas e insuficientes para informar debidamente al público y a los que deseen presentar proposiciones para dicha obra, las verdaderas condiciones y los verdaderos términos del contrato ob-jeto de tal subasta, y para asegurar justa competencia, bajo términos iguales a los que deseen o hubieren deseado competir como postores en dicha obra; conteniendo dichas especificaciones varios párrafos en su artículo 7 y un párrafo en su artículo 23, en los cuales al con-trario de lo que se alega en el hecho 5 de esta demanda que ha sido manifestado por el Comisionado del Interior de Puerto Rico, se hace constar que no se pagará ningún relleno hecbo con material dragado o excavado de la trinchera que se abra para la construcción del refe-rido malecón bulkhead pier que se encuentre dentro de los límites se-ñalados para el depósito de dicho material.”

Con la demanda no se acompañó el pliego de especifica-ciones a qne se refiere esa alegación ni sus términos apare-cen en ella por lo que toda esa alegación no contiene otra cosa que conclusiones a que el demandante lia llegado res-pecto de dicho pliego y por tanto era procedente su elimina-ción.

La alegación octava está en. las mismas condiciones que la sexta pues dice así:

“Que la obscuridad, ambigüedad e insuficiencia de dichas espe-cificaciones tienden a limitar, y han limitado, el número de postores y las proposiciones para la construcción de la obra aludida, y, con perjuicio de los intereses del Pueblo de Puerto Rico, y particular-mente de los contribuyentes al Tesoro Insular, privan de justa com-petencia bajo términos iguales a cuantos deseen o hubieren deseado competir como postores en dicha obra.”

Lo mismo puede decirse del siguiente particular elimi-nado de la alegación décimasexta,-que copiamos:

“. . . ; y que la ejecución de dicha obra por el demandado Félix Benitez Rexaeh, en virtud de la adjudicación de dicho contrato, per-judica y lesiona los intereses del Pueblo de Puerto Rico en general, y los del demandante, como contribuyente, en particular.”

De lo expuesto se llega fácilmente a la conclusión de que siendo tan clara y sostenible la resolución objeto de la ape-lación en cuanto a Benitez Rexach resulta frívolo continuar este recurso.

También resultaría académica la continuación de esta apelación, porque estando supeditada la devolución del dinero que se solicita del apelado Benitez Rexach a que se declaren nulos ciertos actos del Comisionado del Interior por el contrato de adjudicación de la obra y siendo firme en cuanto a los codemandados con Benitez Rexach la sentencia que declaró que contra ellos no existe causa de acción, no será posible continuar este pleito y decretar dichas nulida-des sin intervención de todas las personas que en tales actos y contratos intervinieron.

Por lo expuesto la apelación debe ser desestimada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolf,

license: Public Domain

text:
    Félix Benítez Rexach y Fernando Caso, demandantes y apelantes, v. El Municipio de Bayamón; Del Valle & Co., Carlos F. del Valle, Director, Gerente; y Guillermo S. Esteves, Comisionado del Interior, demandados y apelados.
    No. 5368.

    Sometido: Enero 13, 1931.

      Resuelto: Julio 7, 1932.

      O. Coll y Cuchí, abogado de los apelantes; Bolívar Pagan, abogado del Municipio apelado; Guerra-Mondragón & Soldevila, abogados de Del Valle & Co.; Don. Attorney General James R. Beverley y M. Rodrigues 8erra, abogados del Comisionado del Interior.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes radicaron en la Corte de Distrito de San Juan nn pleito ordinario para anular la buena pro de una subasta adjudicada por la junta administrativa del munici-pio de Bayamón. Se presentó una petición de injunction pendente lite. Después de celebrada una vista la Corte de Distrito de San Juan se negó a expedir el llamado injunction preliminar. Los demandantes apelaron.

La primera proposición con que nos confrontamos en este caso es una de prescripción. La Corte de Distrito de San Juan resolvió que de conformidad con el artículo 83 de la Ley Municipal de 1928 cualquier acción que hubiese surgido en favor de los demandantes debió haberse enta-blado dentro de los treinta días de la adjudicación hecha en este caso. La corte manifestó:

“D’e acuerdo con el artículo 83 de la vigente Ley municipal de 28 de abril, 1928 (No. 53 de 1928), las cortes de distrito tendrán ju-i’isdicción, a instancia de parte perjudicada, para suspender me-diante injunction la ejecución de cualquier ordenanza, acuerdo, reso-lución u orden .que lesione derechos garantizados por la constitución o por las leyes de Puerto Rico; pero en este caso la parte perjudi-cada podrá solamente establecer la demanda de injunction dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha en que el acto ejecutivo o ad-ministrativo haya sido realizado o que la ordenanza, acuerdo, resolu-ción u orden hayan sido promulgados o comunicados a la parte que-rellante. El injunction puede dirigirse contra la Asamblea Municipal, la Junta Administrativa, el Alcalde, o cualquiera de los demás funcionarios municipales. La Junta de Subastas es la misma Junta Administrativa, que está compuesta por todos los funcionarios admi-nistrativos, excepto el Auditor y el Secertario, y entre cuyas facul-tades está la celebración y adjudicación de subastas.”

La mayor dificultad con que hemos tropezado, ha sido que el día de la vista los apelantes radicaron un alegato adicional en que alegan que no existía tal prescripción toda vez que para fijar el término a partir del cual empezaba a transcurrir el período prescriptivo,' dicha adjudicación tenía que ser aprobada por el .Comisionado del Interior y que en su consecuencia el pleito por ellos instituido fué comenzado dentro de los treinta días de tal aprobación. Durante la vista se concedió permiso a los apelados para radicar un memorándum adicional si así lo creían conveniente. Este memorándum nunca ha sido archivado. Es bastante evi-dente que si los demandantes hubiesen instituido su procedi-miento antes de que el Comisionado del Interior aprobara la adjudicación, este funcionario lo mismo que los otros deman-dados, habría alegado que no existía causa de acción, ya que el Comisionado no había impartido su aprobación conforme exige la ley.

Si bien generalmente la prescripción debe empezar a co-rrer a partir de la fecha de una supuesta ordenanza o acto, esto no puede ser cierto cuando hay que dar algún otro paso antes de que tales ordenanza o acto sean efectivos. De igual modo, dudamos que los apelantes en realidad se estén quejando de ordenanza alguna del municipio, o meramente de la forma de su ejecución.

Otra cosa que se nos ha ocurrido durante la considera-ción de este caso es que los apelados, que alegaron la pres-cripción, no demostraron la fecha en que el Comisionado’ del Interior aprobó la adjudicación. Naturalmente, la persona que invoca la prescripción debe probar la fecha en que la misma habría de comenzar. Bajo estas circunstancias nos sentimos obligados a entrar en los méritos del caso.

La Corte de Distrito de San Juan como fundamentos adi-cionales para denegar el injunction solicitado resolvió que los postores que obtuvieron la buena pro habían cumplido con las disposiciones de la ley o de los anuncios de subasta, según sea el caso, y que Félix Benítez Rexach y Fernando Caso, los aquí peticionarios, no lo habían hecho.

Durante la vista este caso fué consolidado con el de Manuel Y. Saldaña contra los mismos demandados. Se radicó una estipulación a ese efecto. Los apelados, o uno de ellos, sostienen que en el caso de Saldaña se archivó un alegato, mas no en el presente. Sin embargo, una copia escrita a máquina del alegato del caso de Saldaña fué archivada en el presente y en vista de la estipulación de las partes debe ser considerada como un alegato corriente.

Los apelados atacan el interés o la capacidad de los demandantes para impugnar la ordenanza o la adjudicación. Quizá el Sr. Saldaña, como contribuyente de San Juan, no tenía derecho a presentar la demanda. Discutiremos posteriormente este aspecto del caso. Empero, somos de opinión que siendo Benítez Rexach. y Caso licitadores que no obtu-vieron la bnena pro tenían una causa de acción si la adju-dicación fué hecha indebidamente.

En este caso surgió un contrato o entendido entre los municipios de San Juan y Bayamón a virtud del cual este último se haría carg’o de la ampliación del acueducto. Los derechos de propiedad o de posesión a esta obra permanecerían bajo el dominio del municipio de San Juan, y el municipio de Bayamón habría de recibir su compensación mediante el suministro de agua. En un contrato posterior se convino que toda vez que al municipio de Bayamón sólo le sería posible pagar $50,000 de los $85,000 calculados como el costo del trabajo, el municipio de San Juan obtendría un préstamo por los $35,000 restantes, a condición de que Bayamón a su vez pagara esta suma a San Juan bajo ciertas condiciones. Las autoridades citadas por las partes sobre el derecho de los municipios de San Juan y Bayamón para emprender un proyecto de esta clase no son muy satisfactorias. Sin embargo, cada uno de los municipios envueltos era una entidad política con ciertos poderes generales inherentes. Cada uno de ellos esperaba derivar un beneficio del proyecto y no creemos que el hecho de que el municipio de Bayamón más bien que el de San Juan emprendiera el trabajo, fuera ultra vires bajo las circunstancias. En lo que a los licitadores concernía, el municipio de Bayamón no tenía que explicar el origen del convenio celebrado con el municipio de San Juan. Quizá cualquiera que tomara parte en la subasta podría difícilmente suscitar la cuestión. Tal vez podría surgir un impedimento (estoppel) en su contra.

Abrigamos algunas dudas respecto a si Manuel Y. Saldaña, vecino y contribuyente de San Juan, tenía sufi-ciente interés para iniciar este litigio, por lo menos en au-sencia de la alegación de que el municipio de San Juan su-friría algún detrimento. Empero, aun suponiendo que lo tuviera, y yendo a los méritos, según hemos indicado, somos del criterio de que los dos municipios podían celebrar el convenio y de que los intereses de los contribuyentes de San Juan no fueron perjudicados en forma alguna. La Ley Municipal exige que una acción de esta clase sea incoada por una persona que sufra algún perjuicio.

No creemos que las alteraciones hechas en la forma de pago a los contratistas, de las cuales se quejan los apelantes, afectaran substancialmente los derechos de alguien.

Tampoco nos convencen los apelantes de que el municipio de Bayamón, suponiendo que tuviera facultad para celebrar el contrato, tal cual nosotros lo entendemos, no podía elegir el postor a quien se le adjudicara la buena pro no obstante el que otra persona pudiera haber hecho una oferta más baja. En ausencia de fraude, claro abuso de discreción u otro elemento similar, creemos que el municipio podía hacerlo.

Los apelados sostuvieron que como la Ley Municipal fi-jaba los remedios de que podía valerse una parte, no pro-cedía ninguna otra acción. Como este caso se resuelve por otros fundamentos y la cuestión no fue bien desarrollada en los alegatos, no la discutiremos.

Debe confirmarse la resolución apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    National Surety Company, demandante y apelada, v. Marcial Suárez y Suárez, demandado y apelante.
    No. 5984.

    Sometido: Junio 20, 1932.

      Resuelto: Julio 7, 1932.

      C. Goll y Cuchí, abogado del apelante; Besom & Besosa, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La apelada solicitó la desestimación de este recurso fundada en que en la apelación entablada de la corte municipal para ante la de distrito la parte entonces apelante dejó de solicitar que su caso fuese incluido en el calendario. La apelada se fundaba en la supuesta ley de 25 de noviembre de 1917, promulgada el 31 de marzo de 1919 por el Secretario Ejecutivo de Puerto Rico a virtud de un fallo de este tribunal, como la Ley No. 93 de 1917. Sabíamos que la legislatura había aprobado una ley (No. 74, de mayo 4, 1931) justificando las actuaciones de los funcionarios del gobierno realizadas a virtud de alguna de las leyes puestas en vigor con motivo de la decisión en el caso de El Municipio de Quebradillas v. Secretario Ejecutivo, 27 D.P.R. 147. Igualmente teníamos algunas dudas respecto a si no había alguna regla que especificara el procedimiento a seguir ante las cortes de distrito. También abrigábamos la duda de si podía desestimarse el recurso por frívolo. Por tanto, ordenamos la celebración de una nueva vista a fin de dar a las partes la oportunidad de discutir estas dudas.

En la nueva vista la apelada virtualmente admitió que como dicha ley no había sido readoptada no podía conside-rársele en vigor, y ésa es nuestra conclusión, de conformi-dad con el- caso de Porto Rico Telephone Co. v. People of Porto Rico, 47 Fed. (2d) 484. Es cierto que la Corte de Circuito de Apelaciones dijo en su opinión algo acerca de que la regia de stare decisis no estaba envuelta en dicho caso especial, mas esta regla no sería aplicable a una cues-tión de procedimiento como la inclusión de casos en el calen-dario. La apelada no intentó demostrar ninguna regla equi-valente de las cortes relativa a la inclusión de casos en el calendario.

La apelada también solicitó la desestimación fundándose en la frivolidad del recurso. La National Surety Company trató de recobrar de Marcial Suárez varias primas de una fianza ascendente a $400. El demandado contestó alegando que él prestó esta fianza como administrador, judicial y que en su consecuencia él no era responsable personalmente. La cuestión suscitada nunca fué resuelta por la corte de distrito toda vez que el caso fué desestimado por haber dejado el apelante de solicitar su inclusión en el calendario. Por consiguiente, la cuestión nunca fué resuelta por la Corte de Distrito de San Juan y nos creemos sin autoridad para considerar la cuestión de frivolidad a menos que la corte inferior haya intervenido primeramente. En tal caso esta corte tiene jurisdicción en apelación, no original.

Dehe declararse sin lugar, la moción para desestimar.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Eloy Bosch, acusado y apelante.
    No. 4579.

    Sometido: Mayo 19, 1932.

      Resuelto: Julio 7, 1932.

      Pedro M. Porrata, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El 4 de julio de 1930 el apelante era celador de la Central Matilde, situada en el Distrito Judicial de Ponce. Aparece que la finca de la central es muy extensa y que una carretera pública la atraviesa; en otras palabras, que la propiedad de la Central Matilde está a ambos lados de la vía púbica. El susodicho 4 de julio, alguien informó al apelante que dos hombres estaban cortando yerba en la finca de la central, sin per-miso. Los dos hombres, aparentemente, le fueron señalados al apelante y estaban entonces en la carretera, donde él se unió a ellos. Hubo alguna prueba tendente a demostrar que el apelante sacó un revólver y que uno' de los testigos denun-ciantes lo agredió con un “mocho.” Nada más sucedió, apa-rentemente, excepto el arresto del apelante.

No hay duda de que el acusado en verdad estuvo en la ca-rretera con un revólver sobre su persona. Aparece que él Rabia estado empleado como celador durante más de veinte años, y que su ocupación, a semejanza de los mayordomos, era voltear la finca. El estaba autorizado por sus patronos para portar un revólver.

El apelante fué convicto del delito de portar armas prohi-bidas bajo la Ley No. 14 de 25 de junio de 1924. Cuando esta ley empezó a regir su constitucionalidad fué atacada por varios motivos. Uno de esos fundamentos fué que la ley no especificaba arma alguna. Contestamos esto en el caso de El Pueblo v. Cruz Rosado, 34 D.P.R. 315, en el sen-tido de que las armas envueltas eran las mismas o similares a las enumeradas en la ley de 1905, Comp., sec. 5994. Este llegó a ser un caso principal (leading) y fué citado en El Pueblo v. Alonso, 35 D.P.R. 475, como decisivo de que podía acudirse a la ley anterior para determinar la naturaleza de las armas.

Igualmente, en los casos de El Pueblo v. Acevedo, 34 D.P.R. 460, y El Pueblo v. Vadi, íd. 462, sostuvimos la ley en una forma un poco distinta. La sección primera de la ley disponía que: “Toda persona que ilegalmente portare o con-dujere cualquier arma o instrumento con el cual pueda cau-sarse daño corporal, incurrirá en pena de prisión de un mes a seis meses.” Resolvimos que a esta sección la complemen-taba la 5 de la ley, que dice así:

“Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables:
“1. A la portación de los útiles, herramientas e instrumentos de las ai'tes, profesiones, oficios y ocupaciones o deportes cuando se por-taren con motivo u ocasión de los mismos;
“2. A la portación de bastones de uso corriente, siempre que no contengan estoque u otra de las armas prohibidas por-esta Ley;
“3. A la portación de cortaplumas o cuchillas plegadizas de bol-sillo, cuyas hojas no excedan de tres pulgadas de largo;
“4. A la portación de armas de caza cuando se usaren para este fin, por personas con licencia para ello; Disponiéndose, que las licen-cias pai’a cazar continuarán concediéndose de acuerdo con la ley especial en la materia;
“5. A la portación de armas dentro de la propia casa o finca;
"6. A la portación por inválidos o lisiados, de muletas, bastones u otros útiles semejantes exigidos por su estado corporal.”

En otras palabras, decidimos que la definición de lo que era un arma prohibida se bailaba examinando las dos seccio-nes conjuntamente.

Considerando nuevamente la ley, resolvemos que la palabra “ ilegalmente ” en la primera sección debe significar cualquier uso de un arma o instrumento que esté fuera de las excepciones contenidas en la sección 5, supra. Es, pues, evidente que una persona que caiga dentro de las excepciones especificadas en la ley, no ba cometido delito alguno al portar un revólver. También somos de opinión de que cuando la cuestión es dudosa, el peso recae sobre el gobierno para demostrar que la persona acusada de portar un arma pohi-' bida cae fuera de las excepciones enumeradas o sea dentro de la definición de la ley, tal como la hemos interpretado.

La ley contra el uso de armas prohibidas es ordinaria-mente de la índole de justicia preventiva. Continuamente se efectúan arrestos por la portación de armas, cuando no ha surgido uso ilegal alguno1, o, en la mayoría de los casos, ni siquiera se ba intentado. El que se lleve un arma para la propia protección no revela de por sí la intención de usarla con fines ilegales. De acuerdo con el artículo 117 del Código de Enjuiciamiento Criminal, una persona particular puede arrestar a otra por un delito público cometido o que se ba intentado cometer en su presencia. El apelante sostuvo que él tenía derecho a impedir que la gente tomara la propiedad de su patrono, y a ir a la carretera con ese fin en la forma en que lo hizo. Fué al sacar su revólver, aparentemente, que él recibió heridas de uno de los testigos denunciantes.

Gran parte de la discusión de este caso giró sobre •la cuestión de si un mayordomo o celador estaba en su propia finca mientras actuaba como tal mayordomo o celador. Creemos que lo estaba.

La jurisprudencia parece pronunciarse en el sentido de que un mero empleado no está dentro de su propia finca, pero que un mayordomo o celador sí. En Carolina del Norte se resolvió en un caso, State v. Terry, 93 N. C. 585, 53 Am. Rep. 472, que los mayordomos, superintendentes y personas por el estilo eran los agentes del dueño y que podían considerarse como que estaban en su propia finca, aunque un empleado ordinario no. En el caso posterior de-State v. Anderson, 39 S. E. 824, la corte resolvió que un celador era parecido a un mayordomo o superintendente y era el agente de su patrono. Un mayordomo o celador tiene necesariamente el uso y ocu-pación de la propiedad que recorre.' No es necesario que él deba vivir en la misma o que, para justificar su derecho a usar un arma, el dueño de la propiedad le arriende parte del terreno o le dé algún derecho titular nominal a la propiedad. Dentro del espíritu de la ley él tiene tal derecho y no es ne-cesario medio artificial alguno para darle título o propiedad.

El fiscal de esta corte dijo que no podía comprender cómo surgió la idea en Puerto Rico de que un mayordomo o celador podía considerarse como situado en su propia finca. El fiscal dice que ha buscado toda la jurisprudencia de este tribunal y nada ha hallado que justifique esa asunción. La asun-ción procede, no de las decisiones de esta corte, sino de las leyes anteriores. La sección 2 de la ley de marzo 12, 1908, por ejemplo, dispone como sigue:

“El artículo precedente no se aplicará a un individuo en servicio activo, como individuos del ejército, ni a un funcionario del orden público, que ejerza autoridad, como juez, fiscal, marshal, submárshal, alguacil de los tribunales insulares o federales, a las personas ocu-padas en custodiar presos, mientras estuvieren así empleadas, ni a ningún policía ni a ningún agente de rentas internas, en el desem-peño de sus deberes oficiales, ni prohibe tener o llevar armas a los propietarios, arrendatarios, administradores, mayordomos o celadores de una finca cuando estuviesen en ella o al ir y regresar de la misma, así como dentro de sus casas particulares o edificios que custodiasen o guardasen ni se aplicará a una persona adscrita al servicio militar o naval de los Estados Unidos; ni a personas conductoras de- los correos de los Estados Unidos, ni a persona encargada, de la custodia de propiedad o fondos insulares o municipales, como celadores o guardias que lleven una autorización por escrito del jefe superior encargado de dicha propiedad o fondo; ni tampoco se aplicará al acto de llevar cortaplumas plegadizos de bolsillo corrientes, que ten-gan hojas de menos de tres pulgadas de longitud; ni tampoco se apli-cará al instrumento denominado machete, cuando se usa o lleva de buena fe, por el dueño o poseedor del mismo, como requisito indispensable de labor. Dispoméndose: Que la autorización que por esta ley se concede a los propietarios, arrendatarios, administradores, ma-yordomos o celadores de fincas agrícolas, para ser efectiva fuera de las mismas, tendrá que ser confirmada a solicitud de los interesados, por el juez municipal respectivo.”

Es evidente que la legislatura, consideró a los propieta-rios, arrendatarios, administradores, mayordomos o celado-res de fincas agrícolas como si estuvieran más o menos en ia misma categoría, una cuestión de noscibur a sociis. Es cierto que esa ley exigía que las personas en ella nombradas, incluso los dueños, obtuvieran permiso del juez municipal para poder usar una pistola fuera de la finca. Evidentemente la legisla-tura de 1924 no creyó necesario que las personas enumera-das tuvieran tal permiso, porque la ley de 1924 no contiene semejante requisito. A los propietarios anteriormente se les exigía obtener licencia, pero añora no. Tampoco se les exige a las otras personas enumeradas en la ley de 1908. Esta ley no creó derechos en los ag’entes. Meramente reconoció la existencia de tales derechos. Eh otras palabras, lo que se reconoció fué que un celador, mientras se halla en el desem-peño de su cargo, está en su propia finca.

¿Dejó el apelante de ser tal celador cuando a fin de re-prender o reprimir a unas personas que se estaban llevando la yerba de la finca de su patrono, él fué a la carretera? Oreemos que no. Penetrar en la vía pública bajo tales con-diciones caía claramente dentro de sus deberes. Si tenemos razón en'nuestra contención de que un celador tiene derecho a usar una pistola mientras desempeña sus deberes, se coligo que el hecho de que el celador saliera a la vía pública fué un acto que caía enteramente dentro de la esfera de su empleo o de las atribuciones del mismo.

Aquí podemos agregar que a semejanza del caso de Cruz Rosado, pueden consultarse leyes in pari materia para deter-minar cuál fué la intención de la legislatura. De suerte que a este respecto estamos bastante convencidos de que la sec-ción 5 de la ley de 1924 tuvo la intención de acoger a los ce-ladores en la misma forma que lo Rabian sido en 1908, pero sin la necesidad de obtener una licencia mientras estuvieran en el desempeño de sus deberes.

Julio 29, 1932.

Aun bay otro aspecto en este caso, a saber, la cuestión de intención. Este tribunal la discutió en el caso de El Pueblo v. Ortega, 35 D.P.R. 784. Cuando un celador sale de su pro-piedad para impedir la comisión de delitos, no bay la posibi-lidad de atribuírsele la intención de violar la ley. Es cierto que el delito de portar armas prohibidas es malum prohibitum y no malum in se, pero debe baber la unión del acto y la in-tención. Esta intención no aparece cuando un hombre mera-mente de modo incidental penetra en la carretera sin inten-ción de permanecer allí con su pistola. El no tiene un animus manendi; por el contrario, su animus es regresar a sus de-beres o más bien continuar desempeñando sus deberes en la finca, tan pronto como sea posible.

No deseamos recalcar el punto, pero un celador puede con-siderarse como que está en su propia finca cuando penetra en una carretera, que separa dos predios de terreno pertenecien-tes a su patrono.

Se revoca la sentencia apelada y se absuelva al acusado.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado.

Los Jueces, Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Aldrey, disintieron.

EN MOCION DE REOONSIDEBACION

El Juez Asociado Señor Wolf, emitió la opinión del tribunal.

Si bien puede que hayamos diferido un poco en nuestro razonamiento, los miembros de esta.corte que constituían la mayoría no tenían dudas de que un celador empleado debi-demente se baila en su propia finca cuando está en el cumpli-miento de sus deberes como tal celador y que no comete de-lito alguno dentro del significado de la ley si en el desempeño de sus deberes penetra en la carretera. De igual modo la mayoría de esta corte sustentaba el criterio de que un cela-dor que penetra en una carretera que se encuentra situada entre dos fincas pertenecientes al mismo dueño, aun se baila,, ante los ojos de la ley, en su propia finca. También somos de opinión que un celador tiene derecho a portar una pistola mientras .va y viene de su casa en el cumplimiento de sus deberes.

Respecto a la definición del delito, naturalmente no quisi-mos decir que El Pueblo tenía que alegar y probar que el acusado caía fuera de las excepciones enumeradas en el ar-tículo 5 de la ley. Lo que tuvimos en mente fué decir que nos habíamos visto obligados, al definir la ley, a acudir a las excepciones así enumeradas.

Nuestra opinión anterior no se fundaba en los estatutos anteriores o en la autoridad por ellos concedida, sino que los citamos para demostrar más bien que la legislatura en aquel entonces tenía la idea de que mayordomos y celadores, al ac-tuar como tales, se hallaban en sus propias fincas. Ninguna de las leyes dice que un celador se encuentra en su propia finca cuando desempeña sus deberes. Que lo está, es una consideración general sostenida por la ley de 1908.

Sin embargo, deseamos explicar una parte de nuestra opinión. En ella dijimos:

“La ley contra el uso de armas prohibidas es ordinariamente de la índole de justicia preventiva. Continuamente se efectúan arrestos por la portación de armas, cuando no ha surgido uso ilegal alguno, o, en la mayoría de los casos, ni siquiera se ha intentado. El que se lleve un arma para la propia protección no revela de por sí la in-tención de usarla con fines ilegales.”

Tan sólo discutimos en términos generales que la inten-ción de cometer cualquier otro delito no quedaba revelada por el mero uso de un arma de fuego, mas no creemos haber dicho, y ciertamente no fué nuestra intención decir, que cual-quiera podría eludir ser convicto de portar un revólver al decir o tratar de probar que no tenía intención de cometer delito alguno. Meramente tratábamos de dar énfasis al he-cho de que el uso de un revólver no era malum in se. La in-tención queda revelada por la portación del arma, conforme hemos dicho en otros casos.

Bebe declararse sin lugar la moción de reconsiáet ación.

El Juez Asociado ’Señor Hutchison está conforme con el resultado.

Los Jueces, Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Aldrey, disintieron.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Encarnación Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 4710.

    Sometido: Marzo 16, 1932.

      Resuelto: Julio 7, 1932.

      Joaquín Vendrell, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso, Encarnación Rodríguez, un celador, fué arrestado mientras se dirigía del sitio donde trabajaba a su propia casa. El gobierno sostiene que él caminó cinco o seis kilómetros por la carretera. Esta distancia puede o no ser de importancia para determinar cuánto puede caminar por una vía pública un celador; pero como materia de exactitud, un testigo finalmente dijo que el acusado anduvo como cua-tro o cinco cnerdas, y ésta es la única prueba de cargo sobre la distancia recorrida. Una cuerda, el equivalente del acre inglés, contiene poco más de doscientos pies en cuadro, y es la distancia lineal de doscientos pies a la que se refirió el testigo. Así, pues, Encarnación Rodríguez sólo caminó po-siblemente mil pies, o algo menos de un cuarto de milla.

Según los hechos, Encarnación Rodríguez fué especial-mente comisionado para mantener una vigilancia estricta a causa de la existencia de una amenaza de hurtar caballos.

Prácticamente en casi todo lo demás, el caso ha quedado cubierto por el de El Pueblo v. Bosch, resuelto hoy (ante p. 741).

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado.

Los Jueces, Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Aldrey, disintieron.


author: El Juez Asociado Señor W¡ole,

text:
    Francisco Angleró, demandante y apelado, v. Municipio de Fajardo, demandado y apelante.
    No. 5570.

    Sometido: Junio 23, 1932.

      Resuelto: Julio 7, 1932.

      Bolívar Pagan, abogado del apelante, V. M. Fernández, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor W¡ole,

emitió la opinión del tribunal. Francisco Angleró obtuvo en la Corte de Distrito de San Juan sentencia en rebeldía contra el municipio de Fajardo. A virtud de moción esta sentencia fué dejada sin efecto con-dicionalmente. La condición era que la parte demandada, debía pagar al demandante las costas y honorarios de abo-gado incurridos en el procedimiento. Posteriormente el de-mandante radicó un memorándum de honorarios de abogado ascendente a la suma de $100. La Corte de Distrito de San Juan concedió $50. El demandado apeló de esta resolución y el único fundamento de error es que el memorándum fué radicado demasiado tarde.

Este no es un procedimiento bajo el artículo 339 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil. El pago de honorarios de abogado fué una condición impuesta al demandado antes de que tuviera derecho a proseguir el caso. Arce v. Am. R. R. Co. resuelto en junio 16, 1932, ante p. 662. Luego, la ley no fija período de tiempo determinado dentro del cual deba ra-dicarse el memorándum. Además el apelado hizo un cálculo en que trató de demostrar que el memorándum fué radicado dentro de los diez días concedidos por la ley para los casos de un memorándum de costas corriente, ,y no hallamos que estuviera equivocado.

En realidad este caso hubiera podido desestimarse por haber dejado el apelante de archivar un índice; mas como los autos son cortos, hemos preferido considerar el caso en sus méritos.

Debe confirmarse la resolutíión apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ruperto Haddock, acusado y apelante.
    No. 4742.

    Sometido: Junio 14, 1932.

    Resuelto: Julio 7, 1932.

      Celestino Iriarte, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Ruperto Haddock sostiene que una denuncia presentada contra él por el delito de portar armas prohibidas es insuficiente. Entre otras cosas sostiene que no se alegó suficientemente que él portara la pistola en una vía pública o fuera de su casa. La denuncia dice que el delito fué cometido en Santurce, en la Avenida Borinquen, esquina de la calle Cortijo. Esta era, prima facie, una alegación suficiente de portar, un arma en una vía pública.

El apelante también dio algún énfasis al hecho alegado de que la pistola le fué ocupada en su propia casa. Necesariamente la alegación de que la pistola le fué ocupada en su propia casa era superflua si la denuncia demostraba suficientemente el sitio en que el delito fué efectivamente cometido.

Debe confirmarse la sentencia.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Ruperto Haddock, acusado y apelante.
    No. 4743.

    Sometido: Junio 14, 1932.

      Resuelto: Julio 7, 1932.

      C. Iriarie, abogado del apelante; B. A. Gomes, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Ruperto Haddock fné acusado de haber acometido y agre-dido a Tomás Cortijo Cruz con una pistola, haciéndole dos disparos e hiriendo a dicho Tomás Cortijo Cruz. Los ante-riores hechos fueron alegados en la denuncia presentada, que lo fue por el delito de acometimiento y agresión con circuns-tancias agravantes. Al final de la denuncia aparecían las siguientes palabras; “El agravante que se alega en esta de-nuncia consiste en que el acusado usó para cometer el delito tina pistola, que es un arma eon la cual puede causarse daño corporal.”

El apelante sostiene que las circunstancias agravantes no fueron imputadas suficientemente. Convenimos con el fiscal en que no hay duda en este caso de graves daños corporales, que el apelante por alguna razón discute. La única cuestión es si el delito fué cometido con un arma mortífera en circunstancias que no revisten la intención de matar o mutilar, conforme se provee en el inciso octavo del artículo 6 de la ley definiendo acometimiento y agresión, Leyes de 1904, pág. 48, artículo 5664 de los Estatutos Revisados. El apelante sostiene que. las palabras de la denuncia arriba citadas no eran suficientes para demostrar que el arma usada fuera mortífera. Quizá no lo eran. Sin embargo, en el cuerpo de la denuncia aparecía que el acusado cometió el acometimiento y agresión con una pistola, infiriendo una herida. Por consiguiente, aparecía suficientemente que se había utilizado un arma peligrosa o mortífera. •

De todos modos, cuando se ha usado una pistola incumbe al acusado demostrar que ésta no fué utilizada en forma ordinaria, como en el caso de El Pueblo v. Dávila, 23 D.P.R. 337, en que el acometimiento fué cometido con el cabo de un revólver. El uso de un revólver en esa forma sería una cuestión de defensa. Las palabras de la denuncia cita-das fueron, por consiguiente, meramente superfinas. En el caso de El Pueblo v. Zambrana, 18 D.P.R. 758, resolvimos que palabras que trataban de imputar circunstancias agravantes, de no ser suficientes, podían ser consideradas como super-finas y el acusado ser convicto de acometimiento y agresión simple. Igualmente las palabras citadas pueden ser pasa-das por alto y confiarse en el cuerpo de la denuncia para de-mostrar las circunstancias agravantes.

En el caso de El Pueblo v. Olivieri, 13 D.P.R. 283, resolvimos que una denuncia era suficiente para sentenciar a un acusado de acometimiento y agresión grave cuado la fraseo-logia de la denuncia revelaba que el delito fué cometido '.con un arma peligrosa. En el caso de El Pueblo v. Varela, 25 D.P.R. 394, la corte resolvió que una caracterización impro-pia del delito no impedía que el acusado fuese convicto si la fraseología del cuerpo de la denuncia era suficientemente clara.

Ha sido jurisprudencia constante de esta corte que cuando los hechos alegados en la denuncia demuestran que se usó una pistola, es innecesario alegar que ésta era un arma mortífera. Pueblo v. Albino, 17 D.P.R. 481; El Pueblo v. Cruz, 25 D.P.R. 327; El Pueblo v. Lange, 24 D.P.R. 226.

El apelante alegó que existía alguna confusión en la fra-seología de la denuncia de tal suerte que le era difícil saber cuáles eran las circunstancias agravantes. Admitió que pudo solicitar mayor especificación en la corte inferior pero sos-tuvo que allí carecía de abogado. Naturalmente el hecho de que el acusado dejara de emplear un letrado en la corte inferior no le daba derecho a mayor ventaja en esta corte. No hallamos que la denuncia sea insuficiente.

El segundo error señalado por el apelante fué que la sentencia era contraria a la prueba, toda vez que el acusado actuó en defensa propia. Leyendo la prueba no encontramos nada que revele que el acusado tuviera el temor de' un hombre prudente de que perdería la vida o sufriría grave daño corporal, y puede que falten otros elementos. Tomando el testimonio del propio acusado, éste negó haber usado la pistola. Con dificultad podría imaginarse un verda - dero caso de defensa propia en que el acusado niega el uso del arma con que se sostiene el acometimiento y agresión fue cometido.

Tampoco nos convence el apelante de que la corte inferior no tuviera derecho a no creer cualquier supuesta evidencia tendente a demostrar la defensa propia.

Debe confirmarse la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Modesto Barbosa, peticionario, v. Corte de Distrito de Bayamón, Hon. Luis Samalea, Juez, demandada.
    No. 817.

    Sometido: Abril 11, 1932.

      Resuelto: Julio 7, 1932.

      Adrián Agosto, abogado del peticionario; Angel M. Torres, abogado de la interventora Rosita Agricultural Co., Inc.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Victorio Santiago demandó en la Corte Municipal de Toa Alta a Modesto Barbosa en cobro de $90.48. Embargó una casa con solar y una' vaca con su cría, propiedad del demandado. La vaca y su ería fueron dejados en poder de Barbosa como depositario. En 18 de junio de 1929, se dictó sentencia a favor de Santiago, de la cual apeló Barbosa. En 3 de febrero de 1930, la corte de distrito falló a favor de Santiago. En 19 de febrero del mismo año Barbosa alegó la exención estatutaria y presentó una moción para que se suspendiera la ejecución. Al día siguiente Santiago soli oil ó una orden de ejecución. En abril 11 el juez municipal de claró sin lugar la moción porque Barbosa no compareció el día de la vista a establecer su derecho de exención. En abril 29 el secretario de la corte municipal remitió por correo a los abogados copias de la decisión de la corte y libró manda-miento de ejecución. El 2 de junio fné señalado y anunciado por el márslial para la celebración de la subasta. En mayo 27 Barbosa volvió a alegar su exención en lo que a la vaca y su cría se refería y presentó una moción para anular la orden de ejecución.

En 15 de junio de 1930, la Rosita Agricultural Company Inc., instituyó ante la misma corte municipal procedimiento contra Santiago y embargó como de su propiedad la casa y el solar y la vaca y su cría que le habían sido adjudicados como único postor en la venta en ejecución celebrada el 2 de junio. Entonces Barbosa instó procedimiento en la misma corte contra la Rosita Agricultural Company, Inc., y contra Santiago para anular el embargo en lo referente a la vaca y la cría. Visto el caso en la corte municipal, el mismo fue sobreseído. Barbosa apeló, y la corte de distrito, después de un juicio ele novo, también desestimó el procedimiento. En el ínterin, la acción incoada en la corte municipal por la Ro-sita Agricultural Company culminó en sentecia. Al dictarse sentencia por la corte de distrito en el procedimiento seguido por Barbosa contra Santiago y la Rosita Agricultural Company, había pendiente en la corte municipal una moción solí citando se expidiera mandamiento de ejecución en este caso. Santiago no se defendió en aquel procedimiento. La Rosita Agricultural Company presentó una negación general y alegó como defensa especial el título que se alegaba haber sido- ad-quirido por Santiago como adjudicatario en la subasta. No planteó cuestión alguna de res judicata, abandono (laches), renuncia (waiver), o de estar pendiente de fallo la moción de mayo 27, supra, para anular la ejecución.

La resolución de la corte municipal a la moción de febrero 19 de 1930 para suspender la ejecución, no pretendía juzgar los méritos de la reclamación de Barbosa respecto a la exen-ción en cuanto a la vaca y su cría, y no era res judicata. No se alegó entonces ni después que Barbosa ocultara otros bie-nes o que tuviera algún otro ganado. Aunque se hubiera de-mostrado que poseía otras vacas y crías, la moción en sí misma hubiera constituido suficiente evidencia de selección. El embargo de la única vaca y cría de Barbosa no creó nin-gún gravamen, y la moción solicitando se suspendiera la eje-cución no debió haber sido denegada. El haber declarado sin lugar la misma por falta de comparecencia en la vista, no impedía que en mayo- 27 se presentara la moción posterior solicitando la nulidad de la orden de ejecución. Dicha mo-ción estaba pendiente y sin resolver al tiempo de la desesti-mación del procedimiento de la torcería de Barbosa después del juicio de novo en la corte de distrito. Quizá aun en au-sencia de una petición de cualquiera de las partes hubiera sido mejor práctica dejar la tercería pendiente hasta la deci-sión final de la moción para anular la ejecución en el proce-dimiento original. De todos modos, Santiago, como compra-dor de la vaca y su cría en la subasta, o no adquirió título alguno, o aceptó su título sujeto a las resultancias de la mo-ción para anular. Ral vez Barbosa debió haber presentado una moción para dejar sin efecto la venta en ejecución. Es-tas son cuestiones que no han sido suscitadas por ninguna de las partes. No hay necesidad de resolverlas ahora. El re-sultado hubiera sido y sería el mismo que si este caso fuera devuelto a la corte inferior para ulteriores procedimientos. La vaca y su cría estaban esentos de ejecución, y ante la in-terposición oportuna de la reclamación de Barbosa sobre dicha exención, el propuesto traspaso de la propiedad por el márshal a Santiago como comprador en la subasta no podía permitirse que subsistiera. El embargo trabado por la Ro-sita Agricultural Company debe quedar en pie o caer con el título de Santiago. Lo mismo da que se anule ahora como más tarde.

La sentencia cié la corte de distrito desestimando la terce-ría de Barbosa con respecto a la vaca y su cría debe anudarse y d,isolverse el embargo trabado sobre las mismas por la Ro-sita Agricultural Company.


text:
    José Serra Gastambide, peticionario apelante, v. La Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos Agrimensores, demandada apelada.
    No. 5508.

    Sometido: Diciembre 10, 1931.

      Resuelto: Julio 7, 1932.

      L. Tormos, abogado del apelante; Eon. Attorney General James B. Beverley y T. Torres Pérez, Subprocitrador, abogados de la ape-lada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

José Serra Gastambide acudió a la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores en solicitud d'e una licencia como arquitecto. Su solicitud' se basaba en él inciso b de la sección 9 de la ley de 1927, leyes de ese-año página 187. Le fué denegada. La corte de distrito, después de una vista, se negó a expedir un auto de mandamus. El caso fué resuelto con anterioridad a la publicación de las opi-niones de esta corte en los de Llovet Díaz v. Junta Examinadora de Ingeníeros, 40 D.P.R. 583; Arán v. La Junta Examinadora, etc., id. pag. 589; González v. La Junta, etc., id, 591; Flores v. La Junta, etc., id. 592; y Mateo v. La Junta, etc., id. 594.

La declaración jurada del peticionario, acompa-ñada de “exhibits” fue la única prueba que la Junta tuvo ante sí. El artículo 9 de la aludida ley dispone que ‘ ‘ a menos que exista prueba en contrario, la junta aceptará como evi-dencia satisfactoria la declaración jurada, expresada en la solicitud, de que el solicitante ha ejercido la profesión de in-geniero, arquitecto o agrimensor por un período de tres años.” La teoría del juez de distrito fué que la declaración jurada y los “exhibits” acompañados a la misma, contenían toda la “prueba en contrario” exigida o requerida para sos-tener la actuación de la junta. Puede que si los planos y es-pecificaciones mencionados en la solicitud y en las cartas de los dueños de los edificios d^ señados por el peticionario hu-biesen sido acompañados a tales cartas como “exhibits” la conclusión a que llegó la corte de distrito hubiese tenido am-plio apoyo en los mismos. Véase Mateo v. La Junta, supra. Nada aparece en los autos que indique que el peticionario pudiera pasar un examen como arquitecto competente ante una Junta de Arquitectos. Esa, sin embargo, no es la norma (test) prescrita por el inciso (b) de la sección 9 de la ley. Arán v. Junta Examinadora, supra. Los documentos some-tidos por el peticionario bastaban para sostener un caso prima facie y, en ausencia de cualquier prueba en contrario, era el deber ministerial de la Junta expedirle una licencia.

Debe revocarse la sentencia de la corle de distrito y de-volverse él caso a la misma para que Ubre él auto de mandamus solicitado.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Rafael Fuster y Fuster, demandante y apelante, v. América Paonesa y Julia B. de Moya, demandadas y apeladas.
    No. 5224.

    Sometido: Noviembre 25, 1930.

      Resuelto: Julio 7, 1932.

      Luis T. Camacho y F. Beiró Rovira, abogados del apelante; I. Ber-nardim de la Il%ierla, abogado de la apelada Julia B. de Moya.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Jnlia B. de Moya, mujer casada y demandada, en un pleito en cobro de nn pagaré otorgado por concepto de nn dinero tomado a préstamo por dieba demandada y otra persona, ex-cepcionó la demanda por falta de hechos suficientes para determinar nna cansa de acción. La corte de distrito sos-tuvo esta excepción y posteriormente declaró sin lugar la de-manda en lo que a la demandada Jnlia B. de Moya se refería.

La teoría del Juez de distrito fné que el pagaré copiado en la demanda no era nna obligación válida en lo qne a Julia B. de Moya concernía, toda vez que la misma no demostraba que ella hubiera firmado el pagaré con el consentimiento de su esposo o que la transacción afectaba los bienes privativos de ella.

De conformidad con el Código Civil antiguo el esposo era el representante legal de su mujer. Sin sn permiso, salvo ciertas excepciones (como, por ejemplo, en un litigio entre ella y su marido o cuando era acusada en nn proceso criminal), ella no podía comparecer en corte. Artículo 60. Sin el consentimiento de él ella no podía enajenar sus pro-pios bienes, adquirir otros bienes, ni asumir ninguna obliga-ción personal “sino en los casos y con las limitaciones esta-blecidas por la ley.” Artícnlo 61. Es de presumirse que por alguna razón estas y otras disposiciones similares fueron omitidas al hacerse la revisión de 1902. El efecto de tal omi-sión unido a la readopción de los artículos 1261 y 1263 del código anterior como los artículos 1213 y 1215 del Código Re-visado (Revisión de 1930, pág. 257), fué la emancipación de la esposa en lo que a su capacidad para contratar se refería en todas aquellas cuestiones en que los derechos del esposo como administrador y representante legal de la sociedad de gananciales no estaban envueltos. La mujer no puede inter-venir con la administración y dominio de los bienes de la so-ciedad conyugal por parte del esposo ni, excepto en ciertas circunstancias que se especifican, obligar a la sociedad de ga-nanciales. En todos los demás respectos en lo que a su ca-pacidad para contratar se refiere, su libertad es absoluta, o, para decir lo menos, su incapacidad, cualquiera que sea en determinadas circunstancias, está limitada a los casos espe-cificados por la ley.

Bajo el Código Civil anterior la esposa tenía el derecho de administrar sus bienes privativos a menos que ella los hu-biese entregado al marido ante un notario. Artículo 1384. Ella no podía enajenar ni gravar sus bienes sin el consenti-miento de su marido ni podía comparecer en corte a defender sus propios bienes, sin autorización judicial. Artículo 1387. El artículo 160 del Código Civil Revisado, según fué enmendado en 1904, (artículo 92 de la Revisión de 1930) co-loca al marido y a la mujer en igual posición en lo que a la administración, dominio y disposición de sus respectivos bie-nes privativos se refiere. Bajo el código anterior el marido era el administrador “de los bienes de la sociedad conyu-gal, salvo estipulación en contrario y lo dispuesto en el ar-tículo 1384.” Artículo 59. El artículo 93 del Código Civil Revisado (Revisión de 1930) retiene al esposo como el repre-sentante legal de la sociedad conyugal, pero dispone qne “la mujer puede por sí contratar y comparecer en juicio para lo que se refiera a la defensa de sus derechos o de sus bienes pro-pios, al desempeño de la patria potestad, a la tutela o adminis-tración que le confiera la ley y al ejercicio de una profesión, cargo u ocupación.” Bajo el código anterior el esposo podía disponer de los bienes inmuebles tan libremente como lo po-día hacer de sus bienes privativos. Según el artículo 91 del Código Revisado el marido sigue siendo el administrador de los bienes de la sociedad de gananciales “salvo estipulación en contrario”, pero los bienes inmuebles “no podrán ser ena-jenados b gravados, bajo pena de nulidad, sino mediante el consentimiento expreso de ambos cónyuges.” El mismo ar-tículo provee que “las compras que con dichos bienes baga la mujer serán válidas, cuando se refieran a cosas destinadas al uso de la familia, de acuerdo con la posición social de ésta. ’ ’ Esto no es ni una innovación ni una ampliación de la capacidad de la mujer para contratar. Una disposición similar puede bailarse en el artículo 62 del código anterior. El fin obvio de la disposición conforme ésta lee ahora, de no serlo tal cual estaba originalmente redactada, es permitir que la mujer obligue a la sociedad conyugal por cosas destinadas al uso de la familia y no limitar en forma alguna su capaci-dad individual para contratar en su propio nombre. Los otros cambios qne acabamos de reseñar son sustancialmente y en efecto limitaciones sobre la facultad del marido como ad-ministrador de la sociedad conyugal. Los artículos 92 y. 93 .anticipan y destruyen la posibilidad de cualquier duda que de lo contrario podría surgir en caso de que el- marido tra-tara, coino administrador de la sociedad conyugal o como re-presentante de la sociedad de gananciales, de intervenir en la libertad de acción de la esposa en la administración, do-minio o disposición de sus bienes privativos o en relación con las otras cuestiones mencionadas en el artículo 93. Niguno de estos artículos es una remoción parcial de cualquier inca-■pacidad general existente por parte de la esposa para con-tratar en su propio nombre. ' De todos modos, sujeto sola-mente a la excepción arriba enunciada, cualquier incapaci-dad general fué eliminada al omitir los artículos 60 y 61 y otras disposiciones similares del Código Civil anterior por la readopción de los artículos 1261 y 1263 como los artículos 1213 y 1215 de nuestro código actual.

Los requisitos esenciales de un contrato válido, conforme lo prescribe el artículo 1213, son, primero, “consentimiento de los contratantes”, segundo, “objeto cierto que fuera materia del contrato”, y tercero, “causa de la obligación que se esta-blezca.” El artículo 1215 dispone que “las mujeres casadas, en los casos expresados por la ley, no pueden prestar consen-timiento.” En esta jurisdicción no existe ninguna otra res-tricción sobre la capacidad de una mujer casada para con tratar.

Dinero tomado a préstamo por una mujer casada en su propio nombre por el cual otorga su pagaré personal no es un bien ganancial conforme lo define el artículo 1301 del Có-digo (Revisión de 1930), toda vez que ésta no es una “pro-piedad adquirida .... a costa del caudal común. ” Empero, esa no es la cuestión. La obligación asumida por la esposa al otorgar un pagaré como el que aparece en la demanda del presente caso no es una obligación de la sociedad conyugal. Esta no figura entre “las deudas y obligaciones” enumeradas en el artículo 1308 del .Código Civil, (Revisión de 1930). El documento de su faz no pretende ser tal obligación. La mu-jer, ordinariamente, no tiene facultad para obligar a la so-ciedad de gananciales. La persona a quien debía pagarse el dinero se presume que sabía esto. Si le presta dinero a ella y acepta su pagaré personal, la presunción es que lo liace fundándose en la buena fe y crédito de sus bienes privativos o en alguna otra razón buena y suficiente mejor conocida por él, y no en la buena fe y crédito de la sociedad conyugal.

Es impertinente que el préstamo se basara en la buena fe y crédito de los bienes privativos de la esposa, toda vez que su capacidad para contratar no se limita a cuestiones que afecten sus bienes particulares. Puede que ella no tenga bienes privativos. Tampoco es necesario que ella se establezca primeramente en cualquier profesión, negocio u ocupación. Ella puede tomar dinero a préstamo, si le es posible, basada en el concepto, erróneo o correcto, que el prestamista tenga de su honradez e integridad personales, de su sano criterio comercial, del grado de afecto que le tenga su maridó, de la posibilidad de un legado en el testamento de algún pariente rico o de cualquier probabilidad más o menos remota respecto a su habilidad futura para pagar. Tampoco tienen impotancia los motivos que el prestamista haya tenido o la fuente hacia cual él dirige su mirada para el pago. Cuando éste demanda en cobro de pagaré no necesita alegar que el mismo fué otorgado con el consentimiento del marido o que la transacción afectaba los bienes privativos de la mujer, ya que ninguna de estas cuestiones es esencial a la validez de la obligación personal de la mujer.

En el reciente caso de E. Solé & Co. v. Sepúlveda, 41 D.P.R. 813, esta corte dijo:

“. . . Nada hay en la ley que impida a una mujer suscribir un contrato condiciona] para la compra de un automóvil, ora tenga ella bienes privativos o no. Si ella no los tenía y el contrato fué cele-brado sin el consentimiento del esposo, o no se podía inferir una agencia, en general la sociedad de gananciales no sería responsable.”

Véase también Peraza v. Registrador de Arecibo, 30 D.P.R. 537; Sojo v. Registrador de San Juan, 35 D.P.R. 855; Hernández Mena v. Registrador de Mayagüez, 22 D.P.R. 642; y Santini v. Flores, ante, pág. 478.

La sentencia apelada debe ser revocada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opi-nión.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Angel Manuel Díaz, demandante y apelado v. Asamblea Municipal de Cidra, demandada y apelante.
    No. 6012.

    Sometido: Junio 24, 1932.

      Resuelto: Julio 7, 1932.

      C. D.omíngttez Rubio y F. Navarro Ortiz, abogados de la apelante; Luis F. Camacho y Angel M. Díaz, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La Asamblea Municipal de Cidra, con fecha primero de septiembre de 1931 y en una sesión extraordinaria que se ce-lebraba para tomar acuerdos sobre el ajuste del presupuesto y otros asuntos, acordó que para poder reajustar el presu-puesto sin rebajar los sueldos a los empleados pequeños lo aconsejable era consolidar el cargo de alcalde con el de director de beneficencia, y al efecto presentó y aprobó una or-denanza que en su sección Ia. dice así:

“Por la presente se consolidan los cargos de alcalde y director de beneficencia en un solo cargo bajo la denominación de Alcalde Director de Beneficencia.”

Esta ordenanza fué remitida al alcalde para su aprobación, quien se negó a aprobarla exponiendo las razones que tenía para su resolución, y la Asamblea Municipal de Cidra, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de septiembre de 1931, resolvió, después de haber estudiado las objeciones del .alcalde, someter a votación la referida ordenanza, 'la cual fué aprobada, votando cuatro asambleístas en favor de la misma y dos en contra.

El alcalde Municipal de Cidra, Sr. Angel Manuel Díaz, so-licitó de la Corte de Distrito de Guayama la expedición de un auto de certiorari para revisar las actuaciones de la Asamblea. Municipal de Cidra en lo que se refiere a la. aprobación de dicta ordenanza alegando que la misma es ilegal y nula.

La Corte de Distrito de Guayama expidió el auto solici-tado y en definitiva dictó sentencia declarando nula la orde-nanza consolidando el cargo de alcalde con el de director de beneficencia, aprobada por la Asamblea Municipal de Cidra en primero de septiembre de 1931 y ratificada, el día 17 del mismo mes.

De esta sentencia interpuso recurso de apelación la asam-blea municipal demandada.

Alega la parte apelante que la corte inferior erró, primero, al decretar la nulidad de la ordenanza que consolidaba el cargo de Alcalde Municipal de la Cidra al de Director Municipal de Beneficencia, basándose en que, no apareciendo el asunto que culminó en la ordenanza de consolidación en la convocatoria para sesión extraordinaria, no podía tomarse acción en un asunto ajeno a dicta convocatoria; y, segundo, al declarar en su sentencia que el cargo de Alcalde de Cidra, dadas las circunstancias especiales que concurren en este caso, no era consolidable.

Discutiremos en primer término el error que se atribuye a la corte inferior por taber declarado que el cargo de alcalde no puede consolidarse con el cargo de director de beneficencia. El alcalde es un funcionario municipal electo directamente por el pueblo. El artículo 29 de la Ley Municipal dice que el alcalde será electo por el voto popular en la misma, forma requerida por la ley para los miembros de la asamblea municipal y deberá reunir las mismas condiciones de elegibilidad que éstos. El artículo 18 de la misma ley dice así:

“Para ser elegible como miembro de la asamblea municipal se necesitará ser ciudadano de los Estados Unidos; ser mayor de edad, ser residente y elector capacitado en el municipio, y haber residido en el mismo por un período no menor de un año; saber leer y es-cribir, y no haber sufrido condena alguna por delito grave o cual-quier otro delito que implique depravación moral, ni haber sido des-tituido de cargo público por delincuencia o conducta inmoral.”

Estos son los únicos requisitos que se exigen para que una persona pueda ser elegible como alcalde o como miembro de una asamblea municipal. Cualquier ciudadano que reúna es-tos requisitos resulta elegible. La asamblea municipal carece de facultades para adicionar requisitos que la ley no exige. Tanto los electores capacitados, cuando se trate de cubrir el cargo de alcalde por elección popular, como los mismos miem-bros de la asamblea, cuando se trate de cubrir una vacante, deben estar en completa libertad para elegir cualquier can-didato que reúna los requisitos que se especifican en la ley.

El artículo 28 de la Ley Municipal autoriza a las asam-bleas municipales para consolidar los cargos en la forma que lo acordare la mayoría del número total de sus miembros, dis-poniéndose que el cargo de director de beneficencia,- consoli-dado o no, deberá en todo caso recaer en un médico cirujano autorizado para ejercer su profesión en Puerto Eico. Si se permitiera que los cargos de alcalde y director de beneficen-cia pudieran consolidarse, el nombramiento para cubrir el cargo qué resulte de la consolidación, tendría necesariamente que recaer en un médico cirujano, porque así lo dispone ex-presamente la ley cuando se consolida con otro el cargo de director de beneficencia. Si la ordenanza aprobada por la Asamblea Municipal de Cidra es válida y está en vigor el día de las elecciones, los electores del municipio de Cidra se verán obligados a elegir a un médico cirujano para el cargo de al-calde. Si los electores Lacen caso omiso de la ordenanza, y eligen a umciudadano que no sea médico cirujano, entonces se estará violando la ley municipal que dice que el cargo de director de beneficencia, consolidado o no, deberá recaer en un médico cirujano. La asamblea municipal no puede imponerse limitaciones así como tampoco imponérselas al electorado. En este caso la asamblea se vio obligada a aceptar nn médico cirujano, para cubrir el cargo que resultó de la consolidación. No pudo elegir ningún ciudadano que no hubiese estado auto-rizado para ejercer la profesión como médico cirujano. Los requisitos que se exigen a una persona para hacerla elegible como alcalde son los únicos que puede exigir la asamblea para cubrir el cargo, cuando ocurra una vacante. No puede im-poner limitaciones adicionales. De todas estas .consideracio-nes se desprende claramente que la Legislatura no tuvo la in-tención de autorizar a la asamblea para consolidar el cargo de alcalde con el cargo de director de beneficencia. No cabe suponer que el legislador haya tenido la intención de autori-zar a las asambleas municipales para privar de su cargo a un alcalde, como ha sucedido en el presente caso, mediante un procedimiento de consolidación de cargos. Y éste sería el re-sultado inevitable, siempre que se consolidasen los menciona-dos cargos y el alcalde no fuese un médico cirujano, autori-zado para ejercer la profesión. La ordenanza aprobada por la Asamblea Municipal de Cidra adolece, por tanto, del vicio de nulidad.

Resuelto este error es innecesario discutir si la consolida-ción de cargos estuvo o no incluida en la convocatoria del al-calde para que la asamblea se reuniese en sesión extraordi-naria. Aunque la consolidación de cargos hubiese sido uno de los asuntos a tratar, la asamblea no hubiera estado autorizada para consolidar los cargos de alcalde y director de beneficencia.

Por las razones expuestas se confirma la sentencia apeladay se declara nula la ordenanza aprobada por la Asamblea Municipal de Cidra en primero de septiembre de 1931, y ratifi-cada en 17 de septiembre del mismo año,, consolidando los cargos de alcalde y director de beneficencia,


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. José Pérez Figueroa, acusado y apelante.
    No. 4788.

    Sometido: Junio 8, 1932.

      Resuelto: Julio 7, 1932.

      A. García Vene, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

José Pérez Figueroa, hijo, fué condenado por la Corte de Distrito de Humacao a cumplir treinta días de cárcel por vio-lación a la sección 29 de la Ley No. 85 de 1925, titulada Ley de Rentas Internas de Puerto Eico, aprobada en 20 de agosto de 1925. En virtud de una orden de allanamiento expedida por el juez de paz de Fajardo se ocuparon en la casa residen-cia del acusado tres alambiques de latón, capaces de destilar alcohol, así como dos frascos de cristal conteniendo ambos siete cuartillos de alcohol.

El acusado fué juzgado originalmente en la Corte Municipal de Fajardo y en apelación por la Corte de Distrito de Humacao. De esta última sentencia apeló el acusado para ante este tribunal, basando su apelación en los siguientes supuestos errores:

“(a) La Corte erró al no permitir a la defensa atacar la orden de allanamiento en la forma en que lo hizo.
“(b) La Corte erró al permitir que se declarase sobre la existen-cia de los alambiques sin ser los mismos presentados en evidencia ante la misma.
“ (e) La Corte erró al declarar que la casa morada de José Pérez Figueroa, objeto del allanamiento, Rabia sido descrita suficiente-mente.
“(d) La Corte erró al declarar sin lugar la moción presentada por la defensa de que los alambiques no Rabian sido descritos sufi-cientemente a tenor de lo dispuesto en el artículo 503 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
“ (e) La Corte erró al declarar sin lugar la moción de la de-fensa solicitando la absolución perentoria del acusado.”

Con excepción del segundo error que se refiere a la no presentación de los alambiques como prueba, los demás erro-res envuelven prácticamente la misma cuestión, que se basa en la negativa de la corte inferior a declarar nula la orden de allanamiento.

Cuando declaraba el testigo del Pueblo, Iluminado Torres, el abogado de la defensa presentó una moción verbal a la corte alegando que la orden de allanamiento en este caso es ilegal porque no se hizo constar en ella una descripción de la casa objeto del allanamiento. Terminada la prueba del Pueblo, la defensa solicitó que se absolviera al acusado. La corte declaró sin lugar esta moción. La defensa presentó entonces como prueba la orden de allanamiento y reprodujo su moción solicitando la nulidad de dicha orden.

Se trata, pues, de una moción verbal, en la cual no se alegó por el acusado que los objetos ocupados en virtud de la orden de allanamiento fuesen de su propiedad, ni se solicitó la devolución de los mismos. Pueblo v. Roldán, 42 D.P.R. 956. El acusado no se opuso a la admisión de la prueba por el hecho de que los alambiques hubiesen sido ilegalmente ocu-pados, sino basándose en que no podía declararse sobre la existencia de los mismos sin que fuesen traídos a la presen-cia de la corte, e insistiendo en que dichos alambiques fuesen presentados como prueba. De modo que el acusado se li-mitó a solicitar verbalmente la nulidad de la orden de allana-miento, al comenzarse a practicar la prueba, sin pedir que se le devolvieran los objetos ocupados y sin alegar que fuesen propiedad suya. En estas condiciones, aunque posiblemente la orden no adolezca del vicio de nulidad, nos vemos imposi-bilitados de entrar a considerar los méritos de la misma.

Atribuye error el acusado a la corte porque permitió que se declarara sobre los alambiques ocupados sin que éstos fuesen presentados como prueba.

Los testigos del Pueblo declararon que habían ocupado siete cuartillos de ron, que los alambiques estaban funcio-nando en el momento de ser ocupados y que fueron llevados a la Corte Municipal de Fajardo, donde están depositados. La corte inferior admitió el testimonio de los testigos que ocuparon los alambiques, creyó que estos testigos decían la verdad, y resolvió de acuerdo con la prueba. No cometió error al admitir dicha prueba.

Por los motivos expuestos, debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Drug Company of Porto Rico, Inc., demandante y apelada, v. Julio Pérez Aviles y Francisco María Susoni, demandados y apelante el último. La Misma, demandante y apelante v. Los Mismos, demandados y apelado el último.
    Nos. 5737 y 5724.

    Sometidos: Junio 3, 1932.

      Resueltos: Julio 11, 1932.

      Lens & Susoni, abogados del demandado-apelante; Pellón & Ayuso, abogados de la demandante-apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción en cobro de dinero interpuesta por Drug Company of Porto Rico, Inc., contra Julio Pérez Avilés y Dr. Francisco María Susoni, en la cual se alega substan-cialmente que los demandados formalizaron un contrato con la demandante el día 2 de marzo de 1927 en virtud del cual la demandante abrió un crédito al demandado Pérez Avilés hasta la cantidad de $2,000 para ser pagadas las facturas contra giros aceptados por éste, a un plazo de cinco meses, y el otro demandado, Dr. Francisco María Susoni, garantizó al primero, solidariamente, hasta la cantidad de $1,000; que como resultado de dicho contrato Pérez Avilés tomó a crédito a la demandante drogas y patentizados por la cantidad de $1,511.56, habiendo el demandado Pérez Avilés aceptado los siguientes giros: Número 6163, de 29 de febrero de 1928 por $652.40 a pagar el 31 de julio de 1928; número 7823 de 7 de julio de 1928, por $584.50 a pagar el 30 de noviembre de 1928; número 7994 de 9 de agosto de 1928, por $258.41, a pagar el .15 de marzo de 1929; el número 8593 de 3 de octubre de 1928, por $265.89 a pagar el día 28 de febrero de 1929, adeudándose de este último solamente $13.28.

Alega además la demandante que los demandados fueron requeridos de pago y que basta la fecha no ha sido satisfecha Ja cantidad que se reclama en la demanda.

Previa anotación de rebeldía contra el demandado Julio Pérez Avilés por haber dejado de contestar la demanda, se dictó sentencia contra él por la suma reclamada, con sus in-tereses legales desde la interposición de la acción.

El demandado, Dr. Susoni, negó todos los hechos de la de-manda, aceptó el otorgamiento y formalización del contrato celebrado con la demandante, y alegó que de acuerdo con el mismo la demandante abrió un crédito al otro demandado Pérez Avilés, en forma de cuenta corriente y expidiendo fac-turas por el montante de las mercaderías vendidas, que car-gaba a la cuenta corriente del otro demandado, y periódi-camente expedía giros, que comprendían distintas factu-ras, los cuales debían ser pagados por el otro demandado en el término de cinco meses desde la fecha de su expedición; que dicha cuenta corriente se continuó hasta el 15 de octubre de 1928, y que desde el 2 de marzo de 1927, fecha del contrato, hasta el día 15 de octubre de 1928, fecha de su terminación, la demandante entregó mercaderías a Pérez Avilés por valor de $8,274.47, habiendo recibido hasta el 15 de octubre de 1928 pagos efectuados por Pérez Avilés montantes a la suma de $4,365.27 quedando en dicha fecha adeudando Pérez Avilés a la demandante la cantidad de $3,909.20; que los pages efec-tuados por Pérez Aviles a la demandante, hasta el 15 de octu-bre de 1928, saldan en un todo la garantía prestada por el de-mandado Dr. Susoni,'ya que la misma alcanzaba a $2,000 (sie) y los pagos se elevan a $4,365.27; que el 15 de enero de 1929 la demandante y el otro demandado Pérez Avilés dieron por terminado el contrato mencionado, sin notificación ni conoci-miento del demadado Dr. Susoni, pagando Pérez Avilés a la demandante la cantidad de $2,397.64; y alegando especial-mente que en el caso de que la Corte considere que los pagos que habían sido hechos con fecha anterior no saldan su ga-rantía, los $2,397.64 exceden al importe de la misma; que la cantidad reclamada por la demandante es una ampliación del crédito hecho por la misma al demandado Pérez Avilés, por su cuenta y riesgo y sin intervención ni responsabilidad por parte del otro demandado.

La Corte de Distrito de Arecibo dictó sentencia contra el demandado Dr. 'Susoni, condenándole a satisfacer la cantidad de $1,000, sin especial condenación de costas, y de esta sen-tencia el referido demandado interpuso el presente recurso de apelación.

Ocho son los errores que el demandado apelante atribuye a la corte inferior. Examinaremos esos errores por su orden dentro del curso regular de la argumentación.

Los errores primero y segundo se basan' en que la corte se negó a conceder las mociones presentadas por el apelante en 22 de septiembre de 1930 y 6 de noviembre del mismo año, solicitando una cuenta corriente y detallada de las distintas partidas tomadas por el demandado Julio Pérez Avilés a la demandante. La corte inferior basó su resolución negándose a conceder la moción en que el demandado Dr. Su-soni tenía un recurso a su alcance para obtener la misma finalidad mediante un “bill” de particulares (bill of particulars). La parte demandante alega, por conducto de su abo-gado, que la cantidad reclamada en la demanda está repre-sentada por cuatro giros de distintas cantidades, expedidos contra el codemandado Julio Pérez Avilés, quien los aceptó de conformidad, convirtiéndose lá cnenta que antes existía entre ellos en una cuenta líquida y cerrada, por lo cual no era necesario ni pertinente que la parte demandante tuviese que suministrarle copia alguna de la cuenta al apelante, ya que la causa de acción que se ejercita es distinta por completo a la que existía antes de cerrarse y liquidarse la cuenta con la conformidad de las partes.

En el contrato se convino que la demandante abriría un crédito a Julio Pérez Avilés basta la cantidad de $2,000 para ser pagadas las facturas contra giros debidamente aceptados por el Sr. Julio Pérez Avilés.

A pesar de que estos giros fueron aceptados, el demandado entiende que la corte ba debido resolver favorablemente su moción solicitando una cuenta corriente. Pero es el caso que el demandado apelante presentó como prueba una cuenta co-rriente que le fué facilitada por la demandante en 22 de julio de 1929. La demanda se radicó en 21 de marzo de-1930. En esta cuenta corriente aparecen descritas detallada-mente todas las partidas tomadas por Julio Pérez Avilés a la demandante. Esta cuenta, que fué rendida a solicitud del apelante, no aparece impugnada por éste, a pesar del tiempo transcurrido.

En el caso de Rose v. Bradley, 91 Wisc. 619, 65 N. W. 509, la Corte Suprema de Wisconsin se expresó en los siguientes términos:

“El mero hecho do que una persona prepare la cuenta de un deu-dor suyo con quien haya tenido relaciones comerciales, y el hecho de que se la envíe, y la retención por él de la misma,- sin objeción, no constituyen necesariamente una cuenta liquidada (account stated). Si la otra persona conserva la cuenta y deja de objetarla dentro de un tiempo razonable, los hechos suscitan una presunción o inferencia de asentimiento. Eso es todo. Tal presunción o inferencia es más o menos fuerte según las circunstancias. El olvidar devolverla u objetarla puede durar tanto tiempo que haga concluyente tal presun-ción en lo que a la cuestión de asentimiento se refiere, de suerte que la constituya en liquidada (stated). Sin embargo, la mera retención de la cuenta sin objeción sólo es evidencia de asentimiento.”

En el caso de White v. Hampton, 10 Iowa 238, se dijo:

“Lo que haya de estimarse como una cuenta liquidada teniendo en cuenta la presumida aquiescencia de las partes, deducida del transcurso del tiempo y falta de objeción dentro de un período ra-zonable, debe depender de- las circunstancias que han de juzgarse por la naturaleza de la transacción, los hábitos de los negocios y curso del comercio.” Véase Hollenbeck v. Ristine, 67 Am. State Rep. 306.

Cuando se ha rendido nna cuenta y no ha sido impug-nada después de un tiempo razonable permitido para su exa-men, dicha cuenta debe considerarse prima facie correcta. Esta presunción puede ser rebatida mediante prueba. First National Bank v. Allen, 100 Ala. 476, 46 Am. State Rep. 80.

En este caso la corte inferior permitió al demandado in-terrogar ampliamente al apoderado de la demandante, Angel M. Méndez, sobre la cuenta corriente, mientras presentaba su prueba. En ningún momento el apelante impugnó la correc-ción de esa cuenta. No hizo objeción a ninguna de sus par-tidas y al contender que no está obligado a pagar la cantidad que se le reclama en la demanda, se basa en la relación de-tallada que aparece en dicha cuenta de las partidas tomadas por Julio Pérez Avilés a la demandante. Habiéndose de-mostrado que el apelante tuvo la cuenta en su poder por un período de tiempo de ocho meses sin hacer objeción alguna, a la corrección de la misma, que la presentó como prueba v se ha servido de ella para plantear las cuestiones de derecho que a su juicio le eximen de responsabilidad, entendemos que debe prevalecer la presunción de que el apelante ha aceptado que la cuenta es correcta, ya que no se ha presentado prueba alguna para rebatir esta presunción. Y siendo ello así, te-niendo el apelante en su poder la información que solicitaba, no debe considerarse perjudicado porque la corte declarara sin lugar su moción y porque la demandante se negara a re-producir la cuenta que ocho meses antes le había facilitado.

Pasemos ahora a considerar los errores tercero y cuarto que a continuación copiamos:

“3°. Cometió abierto error la corte inferior al considerar que des-pués de satisfecha la cantidad de $4,365.27 por Pérez Avilés, hasta el día 15 de octubre de 1928, el fiador Francisco M. Susoni, o sea el demandado apelante, era un responsable de acuerdo con los términos del contrato de la fianza, a pesar de ser la misma limitada hasta mil dólares en un crédito no mayor de dos mil dólares.
“4o. La corte inferior erró también al no considerar que el payo efectuado por Pérez Avilés el día 15 de enero de 1929, fecha en que se dió por terminado el contrato, ascendente a la cantidad de $2397.64 no saldaba en un todo la garantía prestada de acuerdo con el repe-tido contrato.”

Estos errores plantean la cuestión fundamental a resolver para determinar si el demandado es o no responsable al pago de la suma reclamada por la demandante. La corte inferior declaró probadas todas y cada una de las alegaciones de la demanda y escribió una cuidadosa opinión examinando el contexto de la fianza otorgada por el demandado y emi-tiendo su criterio sobre los efectos de la misma. El contrato celebrado entre la demandante, Julio Pérez Avilés y el de-mandado dice así:

“Arecibo, P. R., marzo 2, 1927. Contrato entre el Sr. Julio PÉREZ Avilés, Farmacéutico de la Ciudad de Arecibo; DRUG Company oe Porto Rico Inc., corporación organizada bajo las leyes del estado de New York, y Don Francisco María Susoni.
“Es convenido que la Drug Co. of Porto Rico Inc. abra un cré-dito a Don Julio Pérez Aviles hasta la cantidad de $2,000.00 para ser pagadas las facturas contra giros debidamente aceptados por el Sr. Julio Pérez Aviles a un plazo de cinco meses fecha de factura.
“Es convenido que este crédito se mantendrá en vigor por el tér-mino de tres años siempre y cuando que todas las condiciones esti-puladas en este contrato sean cumplidas por el Sr. Julio Pérez Avilés.
“En consideración a lo antes expuesto y a la consideración hecha de la extensión de dicho crédito por la Drug Company oe Porto Rico Inc., el Dír. Francisco María Susoni garantiza hasta la can-tidad de mil dólares ($1,000.00). Los otros mil dólares ($1,000.00) serán dados por la Drug Go. op Porto Rico Inc. sin otra garantía que la del Sr. Julio Pérez Avilés para mercaderías del ramo de far-macia que sean pedidas por el Sr. Julio Pérez Avilés, por la cual se constituye fiador y garantizador hasta la cantidad de mil dólares ($1,000.00) el Dr. Francisco María Susoni para eon la Drug COMPANY of Porto Riao INC., los sucesores o cesionarios de cualquier cantidad que en cualquier momento adeude el expresado Sr. Judio Pérez Avidés a la Drug Company of Porto Rico Ino., hasta la can-tidad de-mil dólares ($1,000), dejando en pie esta fianza y garantía hasta tanto avise por escrito de su cancelación entendiéndose que el De. FranoisCO María Susoni hace expresa renuncia de la excusión de bienes, de derechos de notificación de cualquier prórroga que con-ceda la Drug Company of Porto Rico Ino. al Sr. Judio Pérez Avidés para el pago de cualquier suma que les adeude en cualquier momento hasta la cantidad de mil dólares ($1,000) y que esta fianza hasta la cantidad de mil dólares ($1,000) se constituye con el carácter de solidaria con el Sr. Judio Pérez Avidés la Drug Company of Porto Rico Ino. por conducto de su apoderado Sr. Arturo Méndez y se compromete a mantener este crédito por tres años en vigor, siempre y cuando que los giros que se extiendan a cargo del Sr. Julio Pérez Avilés sean pagados al vencimiento de cada uno o sea al plazo de cinco meses. A mantener este crédito hasta la cantidad de $2,000, dos mil dólares, $1,000 como se ha expresado anteriormente con la garantía mencionada del Sr. Francisco María Susoni y mil dólares ($1,000.00) con la firma del Sr. Judio Pérez Avidés. Fdo. Drug Co. of Porto Rico. Por: — A. Méndez. Fdo. Julio Pérez Avilés. Fdo. Dr. F. M. Susoni. ’ ’

En síntesis el Dr. Susoni alega que su garantía fné otor-gada hasta la suma de $1,000, por el. término de tres años, y que toda vez que la demandante concedió al otro demandado crédito qne rebasó su garantía, los pagos verificados por Pérez Avilés lo relevaron a él de la obligación qne había contraído, por cnanto los referidos pagos ascendieron en 15 de octnbre de 1928 a $4,365.27, habiendo además Pérez Avilés pagado a la demandante $2,397.64 en 15 de enero de 1929.

De acnerdo con los términos del contrato la obligación con-traída por el demandado se limita, en cnanto a la cantidad, basta la snma de $1,000, y en cnanto al tiempo, al término de tres años. Las facturas deben ser pagadas por medio de giros debidamente aceptados por el Sr. Pérez Avilés. Se constituye la fianza con carácter de solidaria y el Sr. Susoni se convierte en fiador y garantizador hasta la snma de $1,000 de cualquier cantidad que en cualquier momento adeude Pérez Aviles a la demandante.

El demandado apelante se acoge a la doctrina sentada en el caso de Brunet v. Aponte, 33 D.P.R. 524, para argüir que no está,, obligado a pagar la suma que se le reclama. El al-cance de la doctrina establecida en este caso lia sido debida-mente explicado en el caso de Gamarra v. Navarro, 40 D.P.R. 745, y en el caso de la West India Oil Co. v. Ramírez Hostos, recientemente resuelto por este tribunal (ante pág. 646). Ya en el mismo caso de Brunet v. Aponte, supra, dijo esta corte que no existe una regia especial mediante la cual la distin-ción entre garantías continuas y limitadas puede ser estable-cida y que poco auxilio puede conseguirse de los casos deci-didos, pues ellos dependen de la peculiar fraseología de cada fianza en particular. Y la peculiar fraseología de la fianza otorgada por Susoni demuestra que se obligó a pagar solida-riamente, basta la suma de $1,000, por el término de tres años, de cualquier cantidad que en cualquier momento adeude Pérez Avilés a la demandante. En el caso de la West India Oil Co. v. Ramírez Hostos, supra, dijo la corte por conducto del Juez Aldrey:

“Los hechos en el presente caso son iguales a los del de Sucrs. de G-amarra, supra, pues en ambos la fianza no tiene tiempo deter-minado, se fijó una cantidad como límite de responsabilidad, se hi-cieron pagos por el deudor principal en exceso del límite de la can-tidad fijada y en ambos se constituyeron los fiadores en principales pagadores.
“Los casos citados por la corte inferior se distinguen del que re-solvemos y del de Gamarra en que en aquéllos los garantizadores se constituyeron en simples fiadores y en los otros dos la obligación fué suscrita como fiadores y principales pagadores de su fiado.”

En el presente caso las ventas becbas por la demandante a Pérez Avilés se llevaron a cabo dentro del término de tres años fijados en el contrato. Abora bien, de acuerdo' con los términos del contrato y el carácter solidario de la fianza, ¿cuál es la posición que ocupa el fiador demandado con res-pecto a su acreedora la demandante? Comentando el artículo 1831 del Código Civil Español, equivalente al 1730 de nues-tro Código Civil, edición de 1930, que trata de los casos en que no tendrá lugar la excusión de bienes, dice Manresa:

“El segundo de los casos consignados en el artículo, es el de ha-berse obligado solidariamente el fiador con el deudor, y tampoco puede ofrecer duda ninguna su procedencia y justificación, porque entonces, por virtud de los mismos términos en que se contrae la obligación de fianza, cambia el carácter de la misma, toda vez que de subsidiaria pasa a ser solidaria, convirtiéndose con ello el fiador en un verdadero codeudor principal, lo mismo que el fiado. Dicha excepción se halla reconocida también en el párrafo 2°. del art. 1822, en el que se establece, como se recordará, que en dicho caso, en vez de seguirse las reglas y prescripciones propias del contrato de fianza, se observará lo dispuesto en la sección 4a., capítulo 3°., tít. 1°. de este libro, respecto de las obligaciones solidarias. Por lo tanto, de-jando de ser fiador por convertirse en deudor principal, no puede invocar el beneficio de orden que ha renunciado al obligarse in so-lidurn con el fiado.” Comentarios al Código Civil, tomo 12, pág. 258.

En el caso de G-amarra v. Navarro, supra, se cita, expli-cando su alcance, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de E’spaña en 29 de diciembre de 1898, en la cual se dice que “por consistir la fianza en la obligación de cumplir los compromisos contraídos por un tercero para el caso de no hacerlo éste, cabe que el fiador se obligue solidariamente con el deudor principal sin perder por ello el contrato su na-turaleza propia.’’ i j '

Manresa parece explicar el sentido de esta sentencia cuando dice, comentándola, que si de los términos del contrato o de la expresión de la voluntad del tercero resulta que 1a. inten-ción no fue convertirse en un mero deudor principal, sino constituirse tan sólo en fiador, aunque obligándose solidaria-mente, podrá intentarse contra él la reclamación por efecto de dicha solidaridad sin hacer antes excusión de bienes del fiado; pero hecho el pago, tendrá todos los derechos inheren-tes al fiador, y no estará sujeto a las limitaciones propias del codeudor solidario. •

La responsabilidad del fiador solidario para con el aeree-dor es igual a la del deudor; pero el contrato' de fianza con-serva su naturaleza propia en lo que respecta a las relaciones entre fiador y deudor. El fiador conserva sus derechos por razón de la fianza, mientras que el codeudor no tiene otros de-rechos que aquellos que se le reconocen en la sección 4a. del capítulo 3°., tít. 1°. del libro 4°. del Código Civil. En sus re-laciones con el acreedor el fiador solidario es un principal pa-gador que no puede alegar el beneficio de división y excusión y que tiene la obligación de cumplir el contrato íntegra y to-talmente, desde el momento en que el fiado deja de cumplir lo convenido.

Es verdad que de acuerdo con la cuenta corriente facili-tada por la demandante al demandado Dr. Susoni. hubo mo-mentos en que las mercaderías vendidas a Pérez Avilés reba-saron con exceso la cantidad de $2,000, y que de acuerdo con el contrato la demandante se obligó a abrir un crédito de $2,000 al codemandado Pérez Avilés, pero no' es menos cierto que el demandado apelante se obligó a pagar hasta la suma de $1,000 de cualquier cantidad que en cualquier momento adeudase Pérez Avilés a la demandante. En vista, de los tér-minos del contrato y del carácter solidario de la fianza, en-tendemos que el Dr. 'Susoni está obligado a satisfacer a la demandante la cantidad que se le reclama en la demanda.

El quinto error se basa en que la corte no permitió al demandado apelante declarar sobre la transacción que representaban los giros ofrecidos como prueba y por qué y por cuál institución bancaria se presentaron al cobro. Cuando declaraba el testigo Angel M. Méndez y se identificaban estos giros para ofrecerlos como prueba, y antes de ser aceptados, el abogado del apelante preguntó al pago de qué mercancías se referían dichos giros. La demandante se opuso a la pregunta. La corte sostuvo la objeción basada en que en el período de identificación de la prueba, el demandado podía repreguntar sobre este extremo, pero no sobre la transacción, reservando al demandado el derecho de hacerlo en la repregunta. El apelante tomó excepción, y luego, en la repregunta, interrogó al testigo con toda amplitud sobre la transacción y sobre el mismo extremo qne motivó ante sn objeción. Se desestima este snpnesto error.

Los errores sexto y séptimo se basan en qne la corte ad-mitió en evidencia la sentencia en rebeldía dictada contra el codemandado Pérez Avilés y la notificación de esta sentencia al interesado. Se declaran sin lugar estos supuestos errores.

Y el ultimo error se basa en que la corte .admitió como prueba cuatro giros, tres de los cuales aparecen aceptados por Julio Pérez Avilés y otro por J. Pérez Avilés, sin cons-tar en ninguno de ellos la fecba de la aceptación. También se desestima este alegado error.

La demandante, en un recurso interpuesto separadamente, pero que forma parte de este pleito, apeló de la parte de la sentencia que se refiere a las costas e intereses desde la in-terposición de la demanda, alegando que la corte erró porque no condenó al demandado al pago de las costas y de los inte-reses legales desde el momento en que se inició esta acción. Nosotros creemos que la corte inferior, al dictar su sentencia sin especial condenación de costas, tuvo en cuenta las cues-tiones de derecho envueltas en este litigio y la confusión que ba podido crearse con respecto a la interpretación de un con-trato de fianza, atribuyendo a la fianza solidaria limitaciones propias únicamente de la fianza simple. Opinamos que la corte inferior apreció esta circunstancia para no juzgar al demandado litigante temerario, y no nos sentimos justifica-dos para revocar su decisión.

En cuanto a los intereses legales entendemos que ba de-bido condenarse al demandado al pago de los mismos desde la fecba de la interposición de la demanda.

Debe confirmarse la sentencia apelada, con la única modi-ficación de condenar al demandado al pago de los intereses legales desde la interposición de la demanda.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con la sen-tencia y la opinión salvo la parte de ésta que se refiere al caso de West India Oil Co. v. Ramírez el al., por los motivos que expresara en su voto concurrente en dicbo caso.