author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    S. Ramírez & Co., Inc., demandante y apelante, v. José González Clemente & Co., demandada y apelada.
    No. 6039.

    — Sometido: Mayo 4, 1933.

      Resuelto: Abril 11, 1934.

      Francisco Pa/rra Capó y Francisco Parra Toro, abogados de la ape-lante ; G. López de Victoria, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante apela de una sentencia que declara sin lugar su demanda con las costas después de haber declarado la corte sentenciadora que la demandada no aduce becbos de-terminantes de causa de acción, como alegó la demandada en la excepción previa que adujo contra la demanda.

Se trata de una demanda para que se condene a la demandada a pagar el precio de una mercancía y el único fundamento para baber sido declarada insuficiente es que no alega que dieba mercancía ba sido depositada judicialmente a favor de la compradora, según dispone el artículo 332 del Código de Comercio. El apelante alega que no tiene el deber de bacer tal depósito en este caso por lo que su demanda es suficiente sin tal alegación.

El precepto legal a que nos hemos referido dice así:

“Si el comprador rehusare sin justa causa el recibo de los efectos comprados, podrá el vendedor pedir el cumplimiento' o rescisión del contrato, depositando judicialmente en el primer caso las mercade-rías.
“El mismo depósito judicial podrá constituir el vendedor siempre que el comprador demore hacerse cargo de las mercaderías.
“Los gastos que origine el depósito serán de cuenta de quien hu-biese dado motivo para constituirlo.”

La demandante es una corporación y la demandada una sociedad con residencia en esta ciudad de San Juan la pri-mera y en Mayagüez, Puerto Rico, la segunda, estando am-bas dedicadas a negocios mercantiles.

En la demanda se copia el contrato que ambas partes ce-lebraron, que es así:

“Sr. Ramírez & Co. — San Juan, P. R. — Casa fundada en 1898. — • Especializa en arroz, salazones, productos de Chicago, habichuelas, garbanzos, etc. Planta frigorífica moderna. — Fecha octubre 15, 1930. —Vendido a José González Clemente •& Co., Mayagüez, P. R — 300 (trescientos) sacos de Habichuelas rosadas de California, de la nueva cosecha (Choice Recleaned Pints) a $5.10. — Cif Mayagüez, giro contra conocimiento. Para embarque de San Francisco en la primera quincena de noviembre, sujeto a todas las contingencias del tráfico.— San Juan, P. R., Oct. 15, 1930. — Debiéndosenos avisar por cable de cuenta nuestra, la fecha del embarque y la vía de expedición.— (Fdos.) José G. Clemente & Co., compradores. — S. Ramírez & Co., Vende-dores.”

También se alega en la segunda demanda enmendada que la demandante cumplió en todas sus partes dicho contrato, que avisó a la demandada la fecha del embarque y la vía de expedición, que la mercancía llegó a Mayagüez y que la de-mandada se negó a recibirla y a pagar el giro que contra ella fue librado por el precio de la mercancía.

El contrato de compraventa mercantil fue celebrado con la cláusula ‘ ‘ c. i. f. ”, y la cuestión fundamental en este litigio es sobre el efecto de tal cláusula en el contrato.

Las letras “c. i. f.” son las iniciales de las palabras ingle-sas “cost, insurance, freight,” que equivalen a las palabras españolas “costo, seguro, flete.” Esas palabras así abrevia-das significan que el comprador pagará el precio de la mer-cancía, el de su seguro y el de su flete. Sobre esto no bay discusión entre las partes pero sí sobre sus efectos.

La jurisprudencia resultante de muchas decisiones de los tribunales de los Estados Unidos y de Inglaterra es que cuando en contratos que contienen la cláusula “ c. i. f. ” el vendedor entrega la mercancía a un porteador para su con-ducción al punto de su destino, la mercancía queda entregada al comprador, quien desde entonces sufre los riesgos de ella y los de su pérdida total. Así, en el caso de Smith v. Maraño, resuelto en 1920 por la Corte Suprema de Pennsylvania, 267 Pa. 107, 110 Atl. 94, citado en 10 A.L.R. 697, en un contrato “ c. i. f. ” la mercancía fué embarcada en un buque con destino a Filadelfia pero dicho buque fué hundido por un submarino alemán perdiéndose totalmente esa mercancía. En la recla-mación que para el pago de ella por el comprador hizo el ven-dedor, se dijo lo siguiente: “Como queda dicho, el deman-dante y el demandado están de acuerdo en que la cláusula ‘c. i. f.’ significa que el precio fijado y aceptado por el último incluye ‘el precio de dicha mercancía, el del seguro acostum-brado de ella y el del flete hasta la ciudad de Filadelfia. ’ Re-conociendo que tal es el verdadero significado de esas abre-viaturas, las cortes inglesas han resuelto que efectos vendidos bajo un contrato en que son usadas, pasan al comprador al ser entregados por el vendedor a un porteador.” Se citan sentencias, a una de las cuales se refiere la corte, diciendo: “En el último caso el Juez Presidente Bankes dijo: ‘Con-vengo también en que la condición de la mercancía en el mo-mento de ser entregados los documentos de embarque no es importante, ni lo es el valor de los documentos al tiempo de ser ofrecidos. En todas esas cuestiones el riesgo es para el comprador. El puede ser obligado a pagar la mercancía aunque pueda estar en el fondo del mar, o aunque por alguna circunstancia imprevista nunca pueda llegar, o aunque se haya perdido debido a alguna causa no cubierta por la pó-liza.’ ” En otro caso de Mee v. McNider, 109 N. Y. 500, 17 N. E. 424, confirmado por la Corte Suprema de New York en 39 Hun. 345, se dijo: “Por parte del vendedor el embar-que por vapor constituyó una entrega efectiva del cacao al comprador y desde ese momento la obligación del vendedor en el contrato quedó cumplida. ... De ahí se desprende ne-cesariamente que el daño sufrido por el cacao durante el viaje no fué excusa para incumplimiento.” En ese caso se cita la regla sentada por el Juez Hughes en Thames & M. Marine Ins. Co. v. United States (1915) 237 U. S. 19, asir “Las exigencias de la exportación están reflejadas en el con trato familiar ‘o. i. f.’ (esto es, un precio que cubre costo, se-guro y flete) que tiene sus incidentes legales reconocidos, une de los cuales es que el embarcador cumple su obligación cuando ha puesto la mercancía a bordo y envía al comprador el conocimiento de embarque y una póliza de seguro con una nota de crédito por el flete, según expone Lord Blackburn en Ireland v. Livingston . . . Véase también Mee v. McNider, supra. ” En otro caso, Law & Bonar v. British American Co., (1916) 2 K. B. (Eng.) 605, se compró cierta mercancía en un contrato “c. i. f.” y se estipuló que los riesgos de la mercancía serían por cuenta del vendedor hasta su entrega efectiva al comprador. La mercancía fué embarcada antes de la guerra europea sin que la póliza de seguro cubriera esa clase de riesgo. El buque que conducía la mercancía fué hun-dido después por un crucero alemán y el comprador se negó a recibir los documentos de embarque y a pagar la mercancía. En el pleito que estableció el vendedor para recobrar daños por incumplimiento del contrato se declaró que tenía derecho a recobrarlos y que la cláusula que disponía que los riesgos de la mercancía serían de cuenta del vendedor hasta la en-trega efectiva (actual) era repugnante a la otra estipulación del contrato. Y en Smith Co. v. Moscahlades, (1920) 193 App. Div. 126, 183 N. Y. Supp. 500, se aplicó la anterior regla aunque se estipulaba en el contrato que la entrega debía ser hecha en el punto de su dest-ino.

En España ha declarado su Tribunal Supremo en senten-cia de 1 de mayo de 1903 que “únicamente a falta de tradi-ción real o ficta de las mercaderías vendidas está obligado el vendedor a depositarlas judicialmente para demandar el pre-cio, conforme a lo prescrito en los artículos 332 y 339 del Có-digo de Comercio; y que la tradición ficta, mediante la cual queda el mismo vendedor convertido en mero depositario, existe no tan sólo cuando, según dicho artículo 339, se pone la mercancía a disposición del comprador y éste se da con ello por satisfecho, sino también cuando de antemano, al ce-lebrarse el contrato, prestase el mismo comprador análoga conformidad con el hecho de tener o poner el vendedor a su disposición la cosa vendida, por ser inconcuso que sobre la forma en que ha de reputarse hecha la entrega de la mer-cancía, así como sobre cualquier otra circunstancia accidental d.el contrato de venta, puede pactarse libremente, siendo lo pactado obligatorio para los contratantes.”

Las decisiones nuestras que la apelada cita para sostener la sentencia recurrida no son aplicables al caso presente por-que en ellas no se ha resuelto que la entrega de la mercancía por el vendedor a un porteador no sea la entrega al com-prador.

En vista de las sentencias citadas hay que concluir que toda vez que la mercancía fué entregada por el vendedor el comprador en San Francisco de California, no tenía que de-positarla judicialmente para reclamar el pago de su precio.

La resolución de la corte inferior declarando que las ale-gaciones de la demanda no son suficientes para la acción que ■ejercita y la sentencia que la declara sin lugar, deben ser revocadas y también la condena en costas a la demandante, ■devolviéndose él caso a la corte inferior para ulteriores pro-nedimientos no inconsistentes con esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociad© Senos, Aldbey,

license: Public Domain

text:
    Gustavo Muñoz Díaz, demandante y apelante, v. Pedro Solá Colón, demandado y apelado.
    No. 6666.

    — Sometido: Abril 9, 1934.

      Resuelto: Abril 12, 1934.

      R. Atiles Mor&w j Angel de J. Matos, abogados del apelante; González Fagimdo & González Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociad© Senos, Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

En nuestra resolución del día 4 de este mes decidimos en este caso no desestimar la apelación por no haber sido pre-sentada la transcripción de los autos dentro de los treinta días siguientes a la interposición del recurso porque habiendo-sido concedida una prórroga para tal fin se radicó dos días-después de vencida, cuyo retraso era muy corto.

■ Ahora nos pide el apelado que reconsideremos esa parte de la resolución y desestimemos la apelación, porque la ex-presada prórroga no fué concedida por nosotros sino por la corte de distrito sin facultad para ello, resultando así que la dilación fué de diecisiete días.

Es cierto lq alegado por el apelado pero eso no obstante no desestimaremos la apelación en vista de las circunstancias de este caso, pues habiendo encomendado el apelante la preparación de la transcripción de los autos a un taquígrafo del bufete del abogado del apelado, aquél no cumplió su cometido y tuvo que ser confiado el trabajo a otra persona, siendo lo expuesto la causa de la dilación en radicar la trans-cripción; teniendo en cuenta también que no se trata de nna cuestión jurisdiccional, por lo que no ha lugar a modificar nuestra resolución negando la desestimación de la apelación.


author: El Jijee PbesideNte Señor Del Tobo,

text:
    Carmen Capó de Cintrón, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.
    No. 894.

    — Sometido: Junio 23, 1933.

      Resuelto: Abril 12, 1934.

      Luciano Colón, abogado de la recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Jijee PbesideNte Señor Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El 27 de abril de 1932, en Ponce,- comparecieron ante no-tario doña Eosa María Parra viuda de Sánchez, de una parte, y de la otra doña Carmen Capó Cintrón y su esposo Eené F. I. Cintrón Parra y otorgaron una escritura por virtud de la cual la señora Parra vendió a la señora Capó un solar que contiene dos casas y sobre el cual pesa una hipoteca consti-tuida en garantía de un pagaré por tres mil dólares. La venta se verificó por el precio de tres mil doscientos dólares, 'doscientos que entregó la compradora a la vendedora en efec-tivo en el acto del otorgamiento de la escritura y tres mil que manifestó retener en su poder la compradora para pagar en su día el importe del pagaré. La cláusula tercera del con-trato es como sigue':

“Hace constar la compradora señora Capó Cintrón que el dinero con que Verifica la adquisición de la finca descrita le corresponde privativamente por haberle sido dado en efectivo como anticipo de herencia por su señora madre doña María Josefa Natividad Vázquez Colón de Capó y quiere por tanto que la finca se inscriba a su favor como un bien privativo de ella, cuya manifestación corrobora y rati-fica su esposo compareciente señor René Francisco Isidoro Cintrón Parra quien manifiesta su más absoluta conformidad por constarle la certeza de l'a procedencia del dinero con que adquiere su citada esposa. ’ ’

Dos días después comparecieron ante el mismo notario los esposos don Luis Capó y doña María J. N. Vázquez y su bija doña Carmen Capó y otorgaron una escritura que contiene las siguientes cláusulas:

“PrimeRiO. — Doña María Josefa Natividad Vázquez Colón declara y confiesa haber entregado en dinero efectivo a su hija doña Carmen Capó de Cintrón el día veinte y seis del corriente mes de abril la cantidad de doscientos dollars por vía de anticipo de herencia por cuya suma otorga la señora Capó de Cintrón recibo y resguardo en forma.
“Segundo: — Declaran y hacen constar los esposos don Luis Capó Matres y doña María Josefa Natividad Vázquez Colón que si bien entregaron a su citada los expresados doscientos dollars como anti-cipo de herencia, es su deseo y voluntad que dicha suma se tenga y considere como un donativo o regalo hecho a su precitada hija para el objeto expresado y que por tal razón no venga obligada ella a colacionar en forma alguna dicha suma al fallecimiento de cualquiera de ellos, toda vez que dicho donativo no perjudica en modo alguno a los donantes ni a sus futuros herederos forzosos.
“ Teroerq : — Doña Carmen Capó de Cintrón acepta la presente escritura quedando reconocida y expresando su agradecimiento a sus padres por el favor que le han dispensado; y yo el Notario en cum-plimiento con lo dispuesto en la ley les hice las advertencias legales. ’ ’

Presentados ambos documentos en el Registro de la Pro-piedad del Distrito para su inscripción, ésta fné verificada pero “con el defecto subsanable de no haberse acreditado el carácter privativo de la adquisición.”

No conforme la señora Capó de Cintrón interpuso el pre-sente recurso gubernativo. En su alegato sostiene que a su juicio

“. . . la procedencia clel dinero pagado en el acto del 'otorga-miento de la escritura por la compradora o sean los $200, quedó plenamente justificada con la manifestación de la compradora (cláu-sula Tercera) de la escritura de compra y con la ratificación de la donante en la escritura subsiguiente, y por tanto que no existe el defecto apuntado por el Registrador por aliora en cuanto a esa can-tidad. El resto del precio o sea el importe de la hipoteca que grava la finca a pagarse posteriormente es un hecho a acreditarse cuando el pago se efectúe. No está en ‘issue’ en este momento.”

A su vez el Registrador en su alegato sostiene su nota como sigue:

“La presunción de gananciales surge de la comproventa misma, . . . Es una presunción pi/ris tantum, y la prueba en contrario no tiene que ser concluyente al extremo de producir absoluta certeza; pero debe ser, por lo menos, igual en eficacia a la que se requiere para resolver cualquier asunto en lo civil.
‘ ‘ En la más reciente de sus decisiones sobre la materia — Cabassa v. Registrador, 38 D.P.R. 252 — la Honorable Corte dijo lo siguiente:
“ ‘(1, 2) Según interpretamos -nuestras propias decisiones, éstas son al efecto de que no bastará la mera manifestación de uno de los cónyuges, o aún del padre que se supone haberle hecho donación de bienes a la esposa. En otras palabras, una declaración escrita, aún de la parte contra quien pudiera surgir un impedimento (estoppel), no bastará para contrarrestar la presunción establecida. El registro debe arrojar certeza. ¿Es esta una certeza que no deja posibilidad de fraude o error? No podemos resolverlo 'así, porque después de todo sólo hay pocos casos en los cuales tal certeza absoluta podría establecerse. En un inmenso número de casos, una persona casada que ha recibido bienes antes o después de haberse celebrado el ma-trimonio, podría ser negligente en conservar su prueba o en mantener el status quo de los bienes, que una vez pudo probarse claramente. Anteriormente, hemos indicado nuestras dudas respecto a un requi-sito demasiado estricto, en el caso de Marrero, v. El Registrador, 34 D.P.R. 202, y en el de Alum Pérez v. El Registrador de Arecibo, de marzo 20, 1928, 37 D.P.R. 894 tomamos una posición más definitiva, al efecto de que la presunción puede ser destruida, como en otros casos, cuando existe bastante prueba corroborativa de las manifesta-ciones. ’

“La resolución de 2 de diciembre de 1889 que la. recurrente cita en la página 4a. de su alegato, y la ley que por dicha resolución fué interpretada sólo tienen un valor histórico. Los preceptos ,de ahora son los incisos 1 y 4 respectivamente de los artículos 1316 y 1314 del Código Civil de Puerto Rico — arts. 1301 y 1299 C.C. ed. de 1930. En cuanto a ellos, la jurisprudencia establecida por las decisiones de la Honorable Corte, según quedó explicada en Cabassa v. Registrador, supra, es bien clara y terminante: no basta para contrarrestar la presunción de gananciales la declaración de los cónyuges, ni aun LA DEL PADRE QUE SE SUPONE ¡HABERLE HEOIÍO DONACIÓN DE BIENES A LA ESPOSA.

No creemos que la donación escriturada con posterioridad al título de compra en este caso sea de más fuerza probatoria que la actuación del padre en el caso de Sánchez et al. v. Registrador, 28 D.P.R. 669.”

La ley y la jurisprudencia sobre la materia lian sido bien expuestas y aplicadas por el Registrador y en tal virtud su nota debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.


author: El Juez Asociado Señor Góediova Dávila,

text:
    Vicente Amador Pérez, demandante y apelante, v. Rosa Navarro Peña, demandada y apelada.
    No. 6369.

    — Sometido: Abril 3, 1934.

      Resuelto: Abril 18, 1934.

      José Iglesias, abogado del apelante; P. G. Quiñones, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Góediova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción de divorcio que ejercita Vicente Ama-dor Pérez contra su esposa Rosa Navarro Peña, basándola en trato cruel e injurias graves. Se alega en la demanda que la Sra. Navarro se niega a sostener relaciones maritales con ■su esposo y que se lia negado también a cuidar de su ropa y de la preparación de sus alimentos. Se añade que la deman-dada reñía constantemente al demandante cada vez que lle-gaba a su bogar en busca de un reposo que se le bacía im-posible conseguir, viéndose el demandante en la necesidad de abandonar su bogar en busca de reposo y sosiego en otra parte; que la demandada insultaba al demandante en alta voz y públicamente, valiéndose de palabras mortificantes e injuriosas; que dicba señora insultaba también a la madre del demandante, cabfieándola de vieja bruja, y a sus herma-nas, aplicándoles los epítetos más duros; que todo esto se bacía sin provocación alguna de parte del demandante y con el expreso propósito de molestarle y mortificarle, y de expo-nerlo al desprecio de su bija Blanca Bosa, y al escarnio del público. También se alega que la demandada, en abierta re-beldía contra las indicaciones de su esposo empleó y retuvo empleado en su casa, a un individuo a quien el demandante ■despidió.

La demandada niega en términos generales todos los be-■chos de la demanda.

La corte inferior apreció la prueba y resolvió el caso en •contra del demandante, sin especial condenación de costas. La parte apelante alega que la corte inferior cometió mani-fiesto error al apreciar la prueba, y que actuó movida por pasión y prejuicio.

Hemos examinado detenidamente toda la evidencia apor-tada, consistente de prueba testifical, y no surge de los autos que la corte inferior baya incurrido en manifiesto error ni ■que su juicio sea bijo de la parcialidad y el apasionamiento.

El demandante y sus testigos exponen ciertos hechos que •sostienen las alegacioñes de la demanda, y que, de ser ciertos, ■establecerían una causa de acción en favor del demandante. La prueba de la demandada rebate esos hechos y tiende a ■demostrar que no ha habido trato cruel ni injurias graves, y que ambos cónyuges han vivido una vida relativamente tranquila y feliz. Se establece, por lo tanto, un conflicto en la prueba que el tribunal a quo resuelve en contra del deman-dante. En el estudio que nos ha merecido esa prueba hemos dado preferente atención a las declaraciones de las partes realmente interesadas en esta controversia. No es empresa fácil, en casos de esta naturaleza, establecer conclusiones con la certidumbre de la verdad, aunque se haga un estudio pro-fundo y concienzudo de la prueba. La misión del juzgador es emitir su fallo de acuerdo con los dictados de su concien-cia. A nuestro juicio, esta misión ha sido debidamente ejer-citada. En la declaración del demandante se advierte una agresividad manifiesta en contra de su esposa, a la cual atri-buye un carácter irascible y una conducta despiadada y cruel. No se produce así la Sra. Navarro. Su testimonio se reco-mienda por un espíritu de serenidad y moderación. El con-traste entre ambas declaraciones salta a la vista y no favo-rece al esposo que se considera agraviado. La demandada niega los actos que se le imputan y expresa que nunca se neg*ó a mantener relaciones maritales con su esposo, a pesar sentirse enferma; que atendía a su marido, que nunca lo ha celado; que no ha llamado bruja a la madre de su esposo, porque es la abuela de sus hijos, quienes se educan en un colegio católico, y además porque no es éste su vocabulario. Expresa que su marido ha sido buen esposo, que la atendía en todas sus necesidades en proporción al sueldo que ganaba y que se conducía de igual modo con sus hijos; que su esposo fué un buen padre, y que dice que fue un buen padre, porque en la actualidad sólo le pasa $10 mensuales a una de sus hijas ; que no le pasa nada a la demandante, quien ha tenido que vender todo lo que tenía para sostenerse. María Teresa Amador, una de las hijas nacidas de este matrimonio, quien se encuentra actualmente casada, corrobora la declaración de la madre. La corte inferior, al apreciar la prueba, dijo, en-tre otras cosas, lo siguiente:

“Pero la prueba de la demandada es tan convincente, que tene-mos que descartar por completo toda duda que pudiera surgir en nuestro ánimo sobre su credibilidad. Oímos declarar a la demandada. No nos dió la impresión de una persona de carácter áspero, agrio, violento o agresivo; más bien nos dejó la sensación de una mujer consagrada al cuidado de sus bijas y de su esposo, y presta al sacri-ficio de su propia tranquilidad por el bienestar de su esposo y de su familia. La declaración de la bija casada en cuanto a que durante toda su vida de soltera tuvo el mejor ejemplo de paz doméstica, de moralidad, de verdadera quietud espiritual en su casa, siendo su padre un modelo de padres, y su madre una mujer cariñosa y buena, pesa mucbo en nuestro ánimo,. El acto que se alega en la demanda como constitutivo de una abierta desobediencia de la esposa para las órdenes del marido, mediante el empleo en la casa del sir-viente, quedó claramente explicado por la prueba de la demandada. A la declaración del testigo Francisco Amador, hermano del deman-dante, le bemos prestado cuidadosa Consideración y es ella precisa-mente la que nos baee poner muy en duda que el carácter de la de-mandada sea irascible y temperamental. Considerado este asunto desde el punto de vista de la evidencia, no nos es posible resolver que las causas que se alegan como constitutivas de trato cruel y de inju-rias graves hayan quedado establecidas por la prueba. ’ ’

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Sucrs. de Canals Hnos. & Co., S. en C., demandante y apelada, v. Sucn. de Galo Quiñones López, compuesta de su Vda. Carolina Polonia Howe y Vélez, de su hijo legitimado Clemente Angel Juan Quiñones Howe y de su hija natural reconocida María Quiñones Ortiz, demandados y apelantes.
    No. 5846.

    — Sometido: Diciembre 1, 1932.

      Resuelto: Abril 18, 1934.

      L. Mercader, abogado de los apelantes; López de Tord & Zayas Bizarro, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación la interpusieron los demandados en este pleito contra la sentencia que los condena a pagar a la de-mandante cierta cantidad de dinero.

La parte actora es la sociedad mercantil de Ponce Sucrs. de Canals Hnos. & Co., S. en C., y los demandados son la viuda y dos hijos, todos mayores de edad, de Calo Quiñones López.

El 26 de noviembre de 1927, Calo Quiñones López firmó dos cartas, -después de leerlas, y las entregó a un agente de la demandante. Esas cartas, que tienen distinta fecha, fueron firmadas el mismo día y dicen así:

“Manatí, P. R., «.noviembre 15, 1927. — Sres. Sues, de Canals Hnos. & Co., Ponce, Porto Rico. — Muy Sres. míos y amigos: La presente tiene por objeto confirmarles lo que les manifesté de palabra, o sea, que con esta fecba be abierto un establecimiento comercial dedicado a la compraventa de mercancías secas en el pueblo de Manatí, frente al cual negocio be puesto a mi bijo político don Manuel Obameli.
‘ ‘ Siendo mi deseo entrar en negociaciones con ustedes para la com-praventa de las citadas mercancías, con destino al referido estableci-miento y bajo las condiciones que acostumbran ustedes vender a sus clientes, es entendido que cualquiera negociación que lleven ustedes con mi ya citado bijo político, será igual que si la hubieran becho conmigo, y de la cual seré yo responsable para con ustedes en cual-quier fecba.
“Atento amigo y S. S.,
‘ ‘ Galo Quiñones.
“Manatí, P. B., Nov. 26, 1927, — Sres. Sues, de Canals Hermanos & Co., Ponce, P. B. — Muy Sres. míos y amigos: De acuerdo con lo que verbalmente hemos convenido me bago responsable del pago de $1,013.45, cantidad que les será remesada por medio de pagos par-ciales basta su total liquidación.
“Muy atentamente,
“Galo Quiñones.”

Días antes de ser firmadas esas cartas el agente ven-dedor tuvo una conversación en Manatí con Galo Quiñones y como resultado de ella la demandante redactó dichas cartas y las entregó a su agente vendedor para que recogiera la firma de ellas, como lo hizo. Los $1,013.45 de que se hizo responsable Quiñones en una de las cartas proceden de igual cantidad que Manuel .Chameli quedó a deber a la demandante cuando tenía una tienda por su cuenta. Como consecuencia de esas cartas fue abierta una tienda en Manatí a nombre de Galo Quiñones, quien pagaba las contribuciones por ella, y la mercantil de Ponce abrió en sus libros una cuenta co-rriente a Galo Quiñones. Muerto éste el 20 de febrero de 1929, sin que conste que la mercantil de Ponce tuviera cono-cimiento de ese fallecimiento, siguió Chameli haciendo com-pras a la demandante hasta un total de $785.70 que pagó con abonos que hizo por $890, que dejaron un remanente de $104.30. La mercantil de Ponce sólo reclama de los here-deros de Galo Quiñones $2,722.45 que comprenden el saldo de la mercancía comprada por Quiñones hasta la fecha de su muerte, los $1,013.45 mencionados e intereses al 1 por ciento mensual. La corte inferior dedujo de los $2,722.45 recla-mados los intereses cargados y el remanente de $104.30 que sobró de los $890 que pagó Cbameli por las compras hechas después de la muerte de Quiñones y condenó a la sucesión demandada a pagar la cantidad de $2,380.85, más las costas, sin incluir honorarios de abogado.

En el primer motivo de este recurso se alega que la corte inferior erró al concluir que Galo Quiñones redactó y remitió las cartas de 15 y 26 de noviembre de 1927.

Es cierto que él no redactó esas cartas pero existe prueba abundantísima, hasta de familiares suyos, de que las leyó y las firmó entregándolas después a un agente vendedor de la demandante, por lo que no es sostenible el error alegado.

El segundo se funda en que no debió ser admitida en el juicio la carta de 26 de noviembre de 1927 para demostrar una nueva causa de acción no constante en la demanda, quedando indefensos los demandados.

Esa carta es en la que Galo Quiñones se hizo responsable del pago de $1,013.45 y aunque no se menciona en la demanda no aduce una nueva causa de acción, porque en la cuenta que por $2,722.45 con intereses rindió la demandante estaba in-cluida la cantidad dicha de $1,013.45, de cuyo pago se hizo responsable Galo Quiñones. Esa partida y las correspon-dientes a la venta de provisiones era una sola obligación de Galo Quiñones, pues él se comprometió a pagar ambas. Además, si esa carta constituía una nueva causa de acción, los demandados pudieron solicitar una suspensión del juicio para presentar cualquier defensa adicional y no lo hicieron.

El tercer motivo de error es por haber declarado la corte sentenciadora que Galo Quiñones' fué el único dueño de la tienda que Chameli administraba.

La carta de Galo Quiñones a la demandante diciéndole que ha abierto un establecimiento mercantil al frente del cual ha puesto a su hijo político Manuel Chameli, que desea entrar en negociaciones con ella para comprarle mercancía y que él será responsable, no deja duda alguna por sus claras palabras de que dicho establecimiento comercial era suyo. Además, pagaba la contribución impuesta a esa tienda y la evidencia no demuestra lo contrario. El mismo Chameli no solamente no lo ha negado sino que así lo ha declarado, sin que, por otra parte, se haya presentado por los demandados prueba en sentido contrario, pues las manifestaciones de la viuda y de uno de los hijos respecto a que no sabían que Galo Quiñones tenía tal tienda no son suficientes para des-truir las claras palabras del documento firmado por Galo Quiñones. La demandante podía descansar en el contenido de dicha carta y también tratar directamente con Chameli como representante de Quiñones, ya que en ella se le dice que cualquiera negociación que haga su hijo político será igual que si la hiciera con él, pues se hace responsable de ella. En vista de esto, el hecho de que algunos giros por pago a cuenta fueran librados por Chameli no prueba que la tienda no fuera de Quiñones.

El cuarto motivo de apelación descansa en que no se probó que Manuel Chameli fuera un apoderado de Galo Quiñones.

Para fundar ese error se dice que Chameli no era apode-rado de Quiñones porque la tienda era de aquél, aunque a nombre del segundo, y que la causa de acción sería contra Chameli por las mercancías que tomó y no contra la sucesión demandada. No hay prueba alguna en los autos que sostenga esas conclusiones de los demandados. Por el contrario, la carta de 26 de noviembre de 1927 es prueba de que autorizó a su hijo político para tomar mercancías para dicha tienda por cuenta de Quiñones y esa autorización constituye un mandato especial aunque estas palabras no se usen en la carta, por lo que de las mercancías tomadas por Chameli para la tienda era responsable Galo Quiñones, y ahora lo es su sucesión, sin que sea de importancia en este caso si des-pués de la muerte de Quiñones estaba o no autorizado por los herederos para continuar el negocio del padre, porque nada se les cobra ni a nada se les condena por tales compras, qne fueron pagadas. Por consigniente, no existió error al declarar la corte inferior qne Cbameli era nn apoderado de Qniñones en el negocio de la tienda.

El qninto motivo de error atribnído a la corte sentenciadora dice así:

“Al no decretar que la conducta de Quiñones López, al suscribir las cartas de noviembre 15 y 26, 1927, equivalía a lo más a una fianza limitada en favor de la sociedad aetora, que la misma era nula para hacer responsable a la sociedad conyugal con Carolina Howe, y que, de haber sido válida, fué cumplida en todo su alcance. ’ ’

Empiezan los apelantes la argumentación de ese motivo de error diciendo qne los detalles y circunstancias de este caso convencen de qne si G-alo Quiñones firmó las cartas men-cionadas lo bizo con la sana intención de abrir crédito y garantizar a su yerno Cbameli en sus relaciones con la de-mandante. No es imposible qne haya sido así, pero si ése fué el propósito de Qniñones, no lo demuestran las cartas qne firmó, pues de ellas no aparece que se constituyera en fiador de Chameli sino eme lo qne Chameli comprase a la demandante para la tienda sería como si el mismo Qniñones lo comprara y de ello se hacía responsable. En otras pala-bras, que las compras por Chameli serían compras hechas por Qniñones de cuyo pago él respondería. No es una fianza lo que contienen las cartas sino nn apoderamiento de cuyas consecuencias se hace Quiñones expresamente responsable. La manifestación de algún testigo de que Quiñones garantizó a Chameli no puede destruir lo que en contrario surge de los documentos firmados por Quiñones.

Sentado que no se trata en este caso de una fianza sino-de deuda de una persona constituida por medio de su apode-rado facultado expresamente para ello, huelga resolver si Quiñones podía constituir esa fianza sin el consentimiento expreso de su esposa y si fué cumplida. Nos bastará decir que el artículo 1328 del Código Civil sólo requiere el consen-timiento expreso de la mujer para que el marido done, enajene y obligue a título oneroso bienes inmuebles de la sociedad conyugal. The American Colonial Bank v. Registrador, 28 D.P.R. 15.

El sexto motivo es por haber admitido la corte copias por exhibición para acreditar la personalidad de la demandante.

Para probar la demandante la constitución de su sociedad y sus modificaciones presentó un testimonio hecho por un notario por exhibición de varias escrituras públicas que transcribe. También presentó certificación librada por el Regis-trador de la Propiedad de Ponce con vista del Registro Mercantil de dicha ciudad en la que aparecen inscritas la constitución y modificaciones de la sociedad.

En cuanto a ese motivo de error se limitan los apelantes a decir que un notario sólo tiene facultad para certificar los documentos bajo su custodia; cuestión que no es necesario resolver en este caso porque se ha probado que la escritura social de la demandante y la de sus modificaciones están ins-critas en el Registro Mercantil.

También dicen que la carta de noviembre 15, 1927, está dirigida a Sues, de Canals Hnos. & Co., mientras que la demandante es Suers, de Canals Hnos. & Co., S. en C. Esta alegación carece de importancia porque aparte de que se probó en el juicio que en Ponce sólo existe la sociedad Suers, de Canals Hnos. & Co., S. en C., los demandados no pueden negar la personalidad de la demandante porque fué a ella a quien su padre compraba las mercancías y a la que se hacían abonos a cuenta de las mismas. Houston Packing Co. v. Pagán López & Co., 20 D.P.R. 249; Meunier Freres v. Amill, 25 D.P.R. 792.

En otro error, el séptimo, se alega que no debió ser admitida la cuenta corriente presentada por la sociedad actora para justificar la deuda cuyo pago se reclama a los apelantes. Esa cuenta no sólo consta en los libros de la mercantil, llevados de acuerdo con la ley, y presentados a la corte, sino que fué justificada por las declaraciones de José B. Alvarez y de su empleado Fernández y también por Chameli, encargado de la tienda por Quiñones y sn apoderado en cnanto a ella, la qne fné aceptada por él como correcta, por lo qne era admisible y lo único qne fné rechazado de ella por la corte fueron los intereses que habían sido car-gados porque entendió que no habían sido estipulados.

En el octavo motivo se dice qne fné error el concluir qne la carta de noviembre 26 de 1927 autorizaba a la actora para incluir en la cuenta corriente el importe garantizado.

En la citada carta dijo Gralo Quiñones a la mercantil de Ponce que él se hacía responsable de pagarle la cantidad de $1,013.45. Esto constituye el reconocimiento de una obli-gación suya para la mercantil demandante y por esto esa deuda por él aceptada pudo ser incluida en la cuenta corriente como deuda de Quiñones, y sus términos no demuestran ser una fianza.

Se quejan también los apelantes de que la corte sólo abonó a la cuenta $104.30 pagados por Chameli a la demandante después de la muerte de Quiñones en vez de los $890 que satisfizo.

Puesto que el mandato que Gralo Quiñones confirió a Chameli terminó con la muerte de aquél, puesto que no se ha probado que los herederos de Quiñones autorizaran a la actora para continuar el negocio, y como en efecto él siguió comprando mercancías a la demandante, los abonos que con un montante de $890 él hizo tenían que ser el pago de las mercancías así compradas, por lo que la corte no cometió el error que se le atribuye.

No existe tampoco grave y manifiesto error de la corte inferior en la apreciación de la evidencia, que es el último motivo que alegan los apelantes para su recurso. Se funda principalmente en que la tienda no era de Galo Quiñones sino de Manuel Chameli. Sobre eso ya hemos dicho antes que la conclusión de la corte inferior fué correcta de acuerdo con la evidencia.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchisou,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Cruz Martínez, acusado y apelante.
    No. 5243.

    — Sometido: Abril 10, 1934.

      Resuelto: Abril 19, 1934.

      J. Valldejuli Rodríguez, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal,. abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchisou,

emitió la opinión del tribunal.

Luis Cruz Martínez fue convicto de delito contra natura y sostiene que la corte de distrito cometió error al admitir un certificado de nacimiento. El documento fue ofrecido como prueba con el objeto de demostrar que la víctima de las propensiones pederásticas del acusado era menor de catorce años de edad y por ende que no era un cómplice. El acusado se opuso a la admisión de esta prueba fundado en que la misma era irrelevante e impertinente. Creemos que la prueba era tanto relevante como pertinente. Véase 23 Cal. Jur. 399, 402, secciones 6 y 8.

Otra contención es que la corte de distrito cometió error al permitir que el fiscal hiciera cierta pregunta sugestiva a un médico que ya había-declarado extensamente. La pregunta nunca fué contestada y no se tomó excepción a la resolución de la corte. Si la pregunta hubiese sido contes-tada afirmativamente, la respuesta hubiese sido una'mera repetición de lo que el testigo había dicho previamente sin ser preguntado por el fiscal de distrito y sin que los letrados-de la defensa presentaran objeción alguna. El error, de haberse cometido, no fué perjudicial.

Mientras el mismo médico estaba en la silla testifical el acusado se opuso a parte de -su declaración fundado en que ella se refería a un examen practicado algún tiempo después-de la- fecha en que se alegaba que el delito fué cometido. El fiscal manifestó que si el examen había sido practicado con anterioridad a la fecha del supuesto delito, testimonio rela-tivo al resultado del mismo no hubiese tenido valor proba-torio. El juez llamó la atención hacia el hecho de que el perjudicado había declarado respecto a actos cometidos du-rante un período de tiempo que se extendía hasta poco antes del examen practicado por el médico. Los letrados del acu-sado contestaron que se alegaba que los actos especificados en la acusación fueron cometidos en el mes de junio. El juez de distrito entonces expresó su opinión al efecto de que el delito había sido cometido en la primera ocasión al igual que en otras ocasiones. Mas los letrados del acusado insis-tieron en que la acusación se refería a la primera ocasión y no a la segunda ni a la tercera. El juez dijo que permitiría la pregunta y el acusado tomó excepción a esta resolución. La tercera contención del apelante es que la corte de distrito-erró al manifestar que el delito había sido cometido tantoen la primera como en ocasiones subsiguientes. Se arguye-que tal observación revelaba una actitud hostil hacia el acusado e indica que éste no tuvo un juicio justo e imparcial; el caso fué juzgado sin la intervención del jurado y aun si hubiese habido jurado no se tomó excepción alguna a la ob-servación de referencia. Tampoco hallamos en esa observa-ción nada que indique que el juez sentenciador fuese hostil o estuviese inclinado a ser injusto con el acusado.

El cuarto señalamiento es que la corte cometió error al sentenciar al acnsado fundada en el testimonio no corrobo-rado de nn cómplice. El alegato del apelante no nos con-vence de qne el perjudicado fnera nn cómplice. Ninguno de los casos citados por el apelante trata de un perjudicado menor de catorce años. No obstante, bemos leído el testi-monio y éste tampoco nos ha convencido de que el perjudicado fuera un cómplice. Véanse 23 Cal. Jur., supra; 8 Cal. Jur. 176, párrafo 254.

Otras contenciones son que la corte cometió error al admitir cierta carta en evidencia, que la sentencia es con-traria a la prueba y que el juez no apreció debidamente la prueba aducida por el acusado. La carta nunca fué admitida en evidencia; la sentencia no fue contraria a la prueba y el juez de distrito no cometió error al apreciar la prueba de descargo.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Jtjbz Pbesidbette SeñoR Del Tobo,

text:
    Rafael García Soler, peticionario, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez, demandada.
    No. 899.

    — Sometido: Abril 10, 1933.

      Resuelto: Abril 19, 1934.

      Guerra Mondragón <& Soldevila¡ abogados del peticionario; B. Soltero Peralta y Virgilio Brunet, abogados del lesionado, interventor.
   El Jtjbz Pbesidbette SeñoR Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Pende de resolverse en este caso una moción de reconside-ración. No se atacan en la moción los fundamentos de la opinión emitida para basar la sentencia que se se pide que se deje sin. efecto, pero se sostiene que el tribunal omitió resolver cierta cuestión suscitada por el peticionario que cons-tituye por sí sola fundamento bastante para declarar con lugar el certiorari, a saber: que la comisión actuó sin haber citado al peticionario como patrono.

Los hechos del caso se narran en la opinión de que se ha hecho mérito .(García Soler v. Corte, 45 D.P.R. 391), y a nuestro juicio el caso fué resuelto por la comisión con la intervención del patrono, cumpliéndose substancialmente con lo exigido por la ley. El patrono compareció personalmente y declaró ante la comisión. Como ésta dice en una resolución de noviembre 20, 1929, “en el caso de Hipólito González, 13790, (PP), compareció el patrono y, bajo juramento prestado en debida forma, declaró lo que aparece de la transcripción del récord taquigráfico de esta vista que aparece en el expediente, por la cual declaración admite el accidente y se compromete a radicar los comprobantes creditivos de haber hecho efectivas las primas correspondientes al Pondo del Estado para el seguro de sus obreros.”

Sigue una constancia de noviembre 25, 1929, que expresa: “En el caso de Hipólito González, 13790, se da cuenta con la documentación que envía el patrono, Sr. Rafael García Soler, para demostrar que está asegurado en el Fondo del Estado, y la Comisión acuerda que se una dicha documenta-ción al expediente del case y éste pase a ponencia.”

Y es después que la comisión lo examina todo que dicta la resolución definitiva de diciembre 9, 1929.

La circunstancia de que para la citación del patrono se usara el impreso destinado para citar a los testigos, consti-tuye una irregularidad, pero ante los hechos ocurridos luego, esa irregularidad carece de importancia. El patrono tuvo la oportunidad de ser oído y fué oído y presentó su documen-tación sobre el único punto a dilucidar, a saber: si estaba o no realmente asegurado en el Pondo del Estado.

Además, de la resolución de diciembre 9, 1929, recurrió el patrono para ante la corte de distrito planteando de nuevo todo su caso ante dicho tribunal. Para resolverlo la corte oyó prueba y fué ilustrada por las partes por medio de alegatos y ya conocemos sus conclusiones. García v. Corte, supra. Bastará recordar dos de ellas:

“3. Que el patrono querellante, Rafael García Soler, no obtuvo ni tenía vigente póliza alguna ¿le seguro ele obreros para la fecha del •accidente.
4. Que dicho patrono obtuv'o en 24 de mayo de 1929, o sea, 37 días después del accidente, una póliza de seguro de obreros del Fondo del Estado. ’ ’

No se trata, pues, de un caso de indefensión. El patrono tuvo oportunidad de ser oído y lo fué ante la Comisión y ante la corte de distrito. Su contención fué resuelta en su ■contra por sus méritos. Si los méritos se apreciaron o no debidamente no es cuestión que estemos obligados a consi-derar dentro de este recurso de certiorari. Por eso termi-namos nuestra anterior opinión como sigue:

“Las otras cuestiones suscitadas van a los méritos del caso y no -estamos obligados 'a considerarlas y a resolverlas dentro de este re-curso de certiorari. Deseamos decir, sin embargo, que del rápido estudio que hemos hecho de ellas, nos inclinamos a creer que fueron ■debidamente resueltas por la Comisión Industrial y la Corte de Dis-trito de Mayagüez.”

No ha lugar a la reconsideración solicitada.


author: El Juez Presidente Señor, del Tioko,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y pelado, v. Nicolás Rodríguez Vega (a) Cartucho, acusado y apelante.
    No. 5465.

    — Sometido: Abril 12, 1934.

      Resuelto: Abril 20, 1934.

      El apelante compareció por escrito a nombre propio. R. A. Gomes, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor, del Tioko,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de-San Jnan se archivó nna acusa-ción que en lo pertinente dice:

“El Fiscal formula acusación contra Nicolás Rodríguez Yega, (a) Cartucho, por un delito subsiguiente de Escalamiento en Primer 'Grado, felony, cometido de la manera siguiente:
“El referido Nicolás Rodríguez Yega (a) Cartucho, allá para el día 6 de enero de 1934 y en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, •que forma parte del Distrito Judicial del mismo nombre, ilegal, volun-taria y maliciosamente, con la intención criminal de cometer hurto y privar al dueño de su legítima pertenencia, sustrajo un traje de casi-mir de hombre valorado en $20.00, una camisa de hombre v'alorada en $3.50, una chalina valorada en $1.50, una caja con tres pañuelos, valorada en $1.00 y una gorra de hombre valorada en 50 centavos, cuyos objetos pertenecen a y de la propiedad de Rafael Questgla. Y •el fiscal alega además que Nicolás Rodríguez Yega (a) Cartucho es reincidente, por cuanto con anterioridad a la realización del hurto •que por la presente acusación se le imputa, fué convicto de delitos de escalamiento en primer grado y hurto de menor cuantía, (se es-pecifican tres condenas por escalamiento y siete por hurto) cuyas sentencias fueron firmes por no haberse apelado y fueron cumplidas por el acusado en la Cárcel de Distrito de San Juan y en la peniten-ciaría de Puerto Rico.”

Se le leyó la acusación al acusado y éste se confesó culpable. La corte dictó sentencia declarándolo ‘ ‘ culpable de nn delito subsiguiente de escalamiento en primer grado” y lo condenó a sufrir tres años de presidio.

Así las cosas, apeló el acusado y pide en una moción que titula “de impugnación” la revocación de la sentencia porque en la acusación no se especifica la ñora en que se cometió el delito y formula además por separado su alegato expresando:

‘ ‘ Que al ser llamado a la lectura de acusación, Rice alegación culpable de Escal. en 2do. grado. Toda vez que el delito fué cometido dentro de las horas después de las 6 de la mañana y antes de las 6 de la tarde.
‘ ‘ Que en ningún momento fui notificado que existía el subsiguiente en la acusación, al hacer mi alegación de culpabilidad en Escal. en 2do. grado.”

Ambos documentos aparecen firmados por el acusado en persona.

Todo lo que consta de los autos es que el día “8 de enero de 1934 y en corte abierta compareció el acusado Nicolás Rodríguez Vega- (a) Cartucho a oír la acusación en el pre-sente caso. Luego de leídale por el fiscal dicha acta de acusación y preguntádole por la corte qué alegación hacía manifestó que se confesaba culpable del delito que se le imputa, solicitando que se dicte sentencia contra él en este mismo acto.”

Siendo ello así, no tiene base la afirmación del acusado de haberse declarado culpable de escalamiento en segundo grado y hay que aceptar como cierto que se declaró culpable del delito que se le imputó en la acusación que se le leyera en corte abierta.

¿Cuál es ese delito? A nuestro juicio el de hurto de menor cuantía no obstante haberse designado por el fiscal en el principio de la acusación como escalamiento en primer grado. Hay un conflicto entre los hechos y el nombre — que es en sí una conclusión- — -y los hechos predominan.

Sabido es que “ni el dar un nombre equivocado al delito-ni la omisión de darle nn calificativo, afecta la validez de la acusación, si en ella se hacen alegaciones tales que imputan un delito contrario a las leyes del estado.” 14 R.C.L. 175.

Aplicando ese principio dijo la Corte Suprema de Minnesota en State v. Howard, 34 L.R.A. 178, 180:

“El delito que la acusación del gran jurado trata de imputar es el ‘ofrecer un soborno a un miembro del jurado’, o, hablando estricta-mente, bacer que se ofrezca un soborno a un miembro del jurado. En el título de la acusación se designa al delito como ‘soborno de un funcionario judicial.’ Esta discrepancia es la primera objeción que el acusado aduce contra la acusación. Un error en la designación del nombre del delito en el título de una acusación es tan sólo una irregularidad. Unicamente la parte de la acusación en que se im-puta el delito debe ser considerada para determinar si la acusación imputa un delito público. Si aduce hechos demostrativos de la co-misión de un delito por parte del acusado, la ley determina su nombre y su naturaleza, y ni un error en el nombre del delito ni la omisión de darle un calificativo afectan la validez de la acusación. State v. Hinckley, 4 Minn. 345; State v. Garvey, 11 Minn. 155; State v. Coon, 18 Minn. 518; State v. Munch, 22 Minn. 67. ’ ’

T la Corte Suprema de Georgia en Lipham v. State, 114 Am. St. Rep. 181, 182, dijo:

“Por tanto, la acusación en su parte descriptiva imputa un delito contra las leyes de este estado. Pero se alega que el nombre del delito no figura en la acusación; que debe alegarse que el acusado fué culpable del delito de adulterio incestuoso, mientras que se alegó tan sólo que era culpable de un delito grave. No tiene importancia el calificativo que se dé al delito, si las alegaciones de la acusación son tales que describan un delito contrario a las leyes del estado. No es el calificativo dado en la acusación al delito lo que le caracteriza sino la descripción que del mismo se hace en las alegaciones de la acusación. Camp v. State, 3 Ga. 417, Van Epps’ Annotations, 421.’’

■ Y como para imputar debidamente el delito subsiguiente de hurto de menor cuantía, no es necesario expresar en la acusación la hora en que fué cometido, carece de mérito la contención del apelante.

Además aunque se concluyera que tenía razón el apelante y que debió declarársele culpable de escalamiento en segundo grado por haberse realizado el acto delictivo de día y no de noche, el resultado sería el mismo. Siempre se trataría de un delito subsiguiente de hurto de menor cuantía o de escala-miento en segundo grado y en ambos casos la pena que se impuso al acusado está dentro de los límites fijados por la ley. Artículos 426, 427, 408 y 410 del Código Penal en rela-ción con los artículos 56 y 57 del propio código.

Del examen de los autos surge otra cuestión que no ha sido levantada, a saber, que también la sentencia condenó al acusado como autor de “un delito subsiguiente de escalamiento en primer grado.”

4 Se trata de un error fundamental que lleve consigo la revocación de la sentencia? No, a nuestro juicio. Se ve claramente que la corte designó también el delito con un nombre equivocado y nada más, sin que ello ocasionara per-juicio al acusado.

Resumiendo la jurisprudencia dice Corpus Juris :

“Una exposición errónea del delito no es fatal, cuando el mismo se corrige por los 'autos y éstos demuestran cuál fué el delito realmente cometido.” 16 C. J. 1322.

Y de los casos citados en la nota, parece conveniente que nos refiramos a los dos que siguen:

“Aunque la sentencia no es tan específica como debiera, toda vez que ella dice que el acusado fué convicto del delito de fuga de presos, cuando en realidad él fué juzgado y convicto por cooperar en que se fugara un reo, sin embargo, al leérsele en conexión con los autos del caso en su totalidad, se desprende suficientemente que el acusado fue legalmente convicto y sentenciado del delito imputado en la acu-sación, y el error o defecto en la sentencia puede considerarse como técnico y no da derecho a que el acusado sea puesto en libertad.” In re Parks, 81 Mich. 240, 242, 45 N. W. 824.
“Cuando la reo fué acusada y convicta de asesinato y los autos en conjunto demuestran que ése fué el único cargo considerado, la sentencia condenatoria no era nula por decir que la acusada fué sen-tenciada a la penitenciaría a perpetuidad ‘por un delito de homi-cidio’, toda vez que las palabras que aparecen entre comillas fueron más bien un error oficinesco.” Johnson v. State, 106 Miss. 94, 102, 63 S. 338.

¿Qué debe hacer el tribunal bajo estas circunstancias? ¿Limitarse a declarar sin lugar el recurso, o corregir la sen-tencia en la forma en que lo hubiera hecho la corte inferior si la cuestión hubiera sido suscitada ante ella?

“En ausencia,” dice Corpus Juris, “de un estatuto que permita esto, la corte de apelaciones no tiene facultad para enmendar o corregir la sentencia. Sin embargo, en la mayoría de las jurisdicciones tales cortes poseen y ejercitan poderes estatutarios para modificar y corregir defectos en la sentencia apelada o para dictar la sentencia que la corte inferior debió haber dictado.” 17 C. J. 365.

En Puerto Eico el artículo 364 del Código de Enjuicia-miento Criminal otorga expresamente a esta Corte Suprema el poder de “revocar, confirmar o modificar el fallo” recu-rrido. En tal virtud, recogiendo la voz del propio récord, dejando hablar por sí mismos a los hechos consignados en la acusación y apreciando lo que dicen a la luz de lo estable-cido en el Código Penal con anterioridad a su comisión, la sentencia apelada debe modificarse sustituyendo las palabras “escalamiento en primer grado” que en ella figuran por las de “hurto de menor cuantía”, y así modificada deberá la sentencia confirmarse.


author: El Juez Asociado Señob Aldkey,

text:
    Luisa Valedón et al., demandantes y apelados, v. El Municipio de Ponce, demandado y apelante.
    No. 5711.

    — Sometido: Mayo 26, 1932.

      Resuelto: Abril 20, 1934.

      F. Colón Díaz, abogado del apelante; F. B. Fornaris, abogado del 'ape-lado.
   El Juez Asociado Señob Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

El municipio de Ponce interpuso esta apelación contra la sentencia que lo condena a pagar a los demandantes cierta cantidad de dinero como indemnización por perjuicios.

La demanda fué interpuesta por Luisa Valedón por sí y por sus hijos en su patria potestad contra el municipio de Ponce en reclamación de perjuicios por ciertos actos reali-zados por sus empleados estando en el cumplimiento de sus deberes como tales. La sentencia dictada en el pleito fué condenatoria.

Los dos motivos alegados para esta apelación se refieren a la apreciación de las pruebas, pues en el primero se dice que la corte inferior erró al declarar probado que los deman-dantes compraron la parcela de terreno de dos metros cua-drados que estaban utilizando como sepultura del que fué esposo y padre de los demandantes, llamón Vázquez Fuentes: y que la sentencia es contraria a la prueba y a la ley. El apelante sólo trata lo relativo a la prueba. Así lo liaremos nosotros y resolveremos conjuntamente los dos motivos que fian sido alegados.

Ramón Vázquez Fuentes, que, fué esposo y padre, respec-tivamente, de los demandantes murió en el año 1921 y fué enterrado en el cementerio municipal de Ponce. Antes de que transcurrieran cinco años de esa defunción y enterra-miento la viuda compró por precio de ocho dólares dos metros cuadrados de terreno en dicho cementerio y le fueron entregados previa mensura y deslinde de los mismos. Esos dos metros se hallan en una parcela llamada “B,” según el título de compra y el certificado de mensura, de las tres parcelas en que, según un plano, está dividido el cementerio. Posteriormente fué enterrada una persona extraña a los de-mandantes por los empleados del municipio en el sitio donde estaba enterrado Vázquez, según demuestra la prueba.

El apelante trata de demostrar que Vázquez estaba en-terrado en la parcela “A” y no en la “B” de la cnal vendió a sn viuda los dos metros cuadrados, pero si hubiera sido así le habría cobrado más de ocho dólares por ese terreno de acuerdo con una ordenanza del municipio; aparte de que lo que ella interesaba era el' sitio en que estaba enterrado su marido, que ignoraba la división del cementerio en tres parcelas y que no se le mostró plano alguno a ella, encon-tramos que hubo suficiente prueba de que en el sitio en que estaba enterrado Vázquez y que su viuda compró fué inhu-mada otra persona. Por la declaración del encargado del cementerio se llega a la conclusión de que lo ocurrido se debe a descuido o mala práctica del municipio, pues no hace saber a sus empleados en el cementerio los solares que vende, por lo que ellos, al transcurrir cinco años de un enterramiento disponen la inhumación de otro cadáver si en el terreno no hay rótulo que diga ser propiedad; dando lugar la falta de aviso a los encargados del cementerio a que si dicho rótulo no ha sido puesto por el comprador, o ha desaparecido por cualquier motivo, se entierre a un difunto en el sitio que pertenece a una determinada persona por compra. Enten-demos que no ha habido error en la apreciación de la evi-dencia.

Casos similares al presente han sido resueltos por nos-otros : Clemadell v. Municipio de Juana Díaz, 14 D.P.R. 626; Maldonado v. Municipio de Ponce, 89 D.P.R. 247.

La sentencia apelada debe ser confirmada.