author: El Juez Asociado Senos. Todd, Jb.,

text:
    In re J. F. Figueroa Maestre, querellado.
    Núm. 54.

    Sometido: Marzo 11, 1941.

      Resuelto: Abril 17, 1941.

      J. F. Figueroa Maestre, pro se; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Litis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Senos. Todd, Jb.,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nn procedimiento de disbarment radicado por el fiscal de este tribunal, por delegación del Procurador General de Puerto Pico, en el que se imputó al querellado J. P. Figueroa Maestre la comisión de varios actos delictivos en relación con el ejercicio de su profesión de abogado-notario. La querella contiene doce cargos consistentes todos ellos, no solamente en haber dejado el querellado de adherir las corres-pondientes estampillas de rentas internas en muchas escri-turas matrices correspondientes a los protocolos de los años 1929 a 1939, ambos inclusives, sino que dichas escrituras apa-recen como si hubiesen tenido sellos adherido-s y hubieran sido luego despegados, habiéndose defraudado al Pueblo de Puerto Rico en la suma de doscientos treinta dólares, setenta y cinco centavos ($230.75).

Notificado debidamente el querellado con copia de la que-rella radicó un escrito titulado “Eliminación, excepciones y contestación de la querella”, en el que, después de negar todos y cada uno de los cargos formulados en la querella, como materia de defensa alegó lo siguiente:

“Que el motivo del desprendimiento de los sellos en las escrituras fué un accidente completamente fortuito, por lo inesperado e impre-visto, que tuvo lugar el día 23 a amanecer el 24 del mes de noviembre de 1939, consistente en haber sido averiados dichos protocolos por el tiempo lluvioso y huracanado a que estuvieron sometidos durante largo rato, <jn ocasión en que el querellado los había llevado a su casa en el campo ele Utuado, como a dos kilómetros de la población, con idea de depositarlos al día siguiente en el Oficio del compañero Suliveras Colón de Utuado,- habiendo dado conocimiento de dicho accidente a la Ilon. Corte de Distrito de Arecibo, la cual ordenó una investigación que fué practicada por su Fiscal, a quien entregó todos los tomos, así como una caja de cartón conteniendo los sellos des-prendidos y recogidos, el querellado.
“Que esos sellos desprendidos y recogidos fueron nuevamente ad-heridos a los protocolos por indicación de la corte de distrito y de su Fiscal y que el querellado, no pudo reintegrar los que faltaban por-que su situación económica no se lo permitió. Que el Colegio de Abogados de Puerto Rico le concedió un préstamo por ciento Cin-cuenta DÓLARES para adquirir los sellos pero que, como la cantidad no subía al importe necesitado, el querellado desistió de diebo prés-tamo, noticiando al agente de la compañía de fianza su deseo de cesar como Notario y que, posteriormente, este Hon. Tribunal le concedió sesenta días de término para prestar nueva fianza o entregar los protocolos al archivero de Areeibo, habiendo efectuado la entrega.
“Que todos los protocolos tenían, antes del día 24 de noviembre de 1939 todos los sellos correspondientes a todas las escrituras, de-bidamente cancelados y que en ninguna ocasión, época ni momento, el querellado removió ni despegó sello alguno, ni tocó en ninguna forma ninguna de las escrituras en ellos contenidas.”

Señalada la audiencia del día 11 de marzo de 1941 para la consideración de los cargos por este tribunal, se celebró ésta compareciendo el querellante representado por los Fis-cales Sres. Gómez y Negrón, y el querellado por derecho pro-pio. Discutidas y sometidas por las partes las cuestiones legales planteadas por el querellado, el tribunal resolvió no haber lugar a las eliminaciones solicitadas y declaró sin lugar las excepciones. Se procedió entonces a la vista del caso en su fondo y declararon como testigos del querellante el Lie. Ulpiano Crespo, Jr., Archivero General de Protocolos del Distrito de Areeibo,- el Sr. Juan Ramírez Vega, Secretario de la Corte de Distrito de Areeibo y el Lie. Julio Suárez Garriga, ex fiscal del mismo distrito' mencionado. Como evi-dencia documental presentó el querellante los once protoco-los notariales del querellado correspondientes a los años 1929 a 1939; de un expediente de la Corte de Distrito de Areeibo la lista de los sellos de rentas internas que aparecían en una eajita de cartón llevada a la corte por el querellado, así como la lista de los sellos que faltaban a las escrituras otorgadas por el querellado, las que fueron admitidas sin oposición.

Como testigos del querellado declararon los Lies. Antonio E. Suliveres, Eduardo Marín Marión, Angel E. Franco y Gaspar Gerena Bras y el Sr. Rafael Cortés. También declaró el querellado y las paFes estipularon que de haber comparecido la esposa del querellado hubiera declarado lo mismo que él.

Concedidos términos a las partes para radicar alegatos lo han hecho y el caso está listo para fallo.

La evidencia del querellante, no contradicha por el querellado en forma alguna, ha demostrado que en las trescientas cuarenticinco (345) escrituras que se especifican en la querella correspondientes a los protocolos de los años 3929 a 1939 faltan sellos de rentas internas por un valor de $230.75; que, con excepción de unas cinco escrituras, en todas las demás en que faltan dichos sellos aparecen claramente las señales de que los mismos han sido despegados; que en muchos casos aparecen señales, tales como rasgaduras y desgarres en el papel que demuestran que los, sellos fueron arrancados; que los protocolos del querellado están en ese estado desde que los entregó al Archivero General de Protocolos del Distrito de Areeibo en 30 de mayo de 1940 y así estaban también cuando, por orden del juez de dicha corte los entregó en fecha anterior al fiscal de dicho distrito.

La evidencia del querellado tendió a demostrar los hechos aue alegó en su defensa especial, supra. Declaró él, en sín-tesis, que habiendo resuelto trasladar su oficina de TJtuado a Ponce y teniendo que arreglar el file de acero donde guar-daba sus protocolos notariales llevó éstos el 22 de noviembre de 1939 a la casa en que vivía en el campo, a dos kilómetros del pueblo de Utuado; que colocó los protocolos en una tabli-lla y durante la noche del 23 al 24 de noviembre llovió mucho y ocurrió una especie de turbión que desprendió las canales del agua, penetrando ésta en forma torrencial dentro de la casa y averió todos los protocolos a los que se les despegaron los sellos de rentas internas; que él secó dichos sellos y pro-tocolos como pudo y trató de pegar algunos sellos de nuevo; que no pudo recuperar todos los sellos pues el agua se los llevó y los que recogió los puso dentro de una caja de cari tón; que dió cuenta al Juez de la Corte de Distrito de Are-cibo de lo ocurrido y éste ordenó al fiscal que practicara una investigación de los hechos, en la que él declaró lo ocurrido; que luego el juez le ordenó reponer los sellos en las escrituras pero debido a su situación económica no pudo hacerlo a pesar de haber gestionado un préstamo con el Colegio de Abogados.

El testigo Lie. Antonio E. Suliveres declaró que el que-rellado le había pedido permiso para dejar sus protocolos notariales en su oficina y él accedió siempre que los pusiera dentro de una caja; que a los dos o tres días el querellado se le presentó con unos protocolos mojados y una caja con sellos de rentas internas y le explicó lo que le había sucedido.

El Lie. E. Marín Marión declaró que un día del año 1939 — no recuerda el mes — siendo él juez municipal, el que-rellado le informó que con motivo de unas lluvias torren-ciales sus protocolos habían sufrido algo y él le dijo lo comunicara al juez de distrito; que recuerda que hubo un turbión, un temporal de agua dos o tres días antes.

Los Lies. Angel E. Franco y Caspar Cereña Bras decla-raron que un mes antes de la vista de este caso fueron con el querellado a su casa en la carretera de Utuado a Arecibo; que vieron la canal en la parte posterior del techo y que le faltaba una tabla del seto. '

El testigo Rafael Cortés declaró que el querellado le habló el 22 de noviembre de 1939 para que arreglara un file de acero; que lo vió sacar los protocolos y le dijo se los llevaba a su casa en el campo; que él se fué a su casa y como llovió mucho y creció el río no pudo volver hasta el segundo día; que cuando vino el querellado le dijo se había roto una canal, había entrado agua en su casa y se habían mojado los pro-tocolos y que no arreglara el file.

Esa es toda la evidencia del caso.

Hemos examinado todos y cáda uno de los protocolos nota-riales del querellado y es cierto que, por su estado y aparien-cia demuestran que se han mojado pues en algunas escrituras, no en todas, la tinta de las filmas de los otorgantes y del notario aparece corrida. Las encuadernaciones están en mal estado y, además, se nota el sitio donde se lian pegado algunos sellos nuevamente.

Por la apreciación que hacemos de toda la prueba pre-sentada, somos de opinión que, aun aceptando como cierto e3 hecho de que, debido al agua que entró a la casa del que-rellado sus protocolos se mojaron, no es posible aceptar que ésa fuera la causa de que se despegaran todos los sellos de rentas internas que faltan en las escrituras. Como hemos dicho antes, hay señales inequívocas en un gran número de esas escrituras de que los sellos fueron arrancados según puede verse, entre otras, en las siguientes escrituras: núme-ros 3, 10, 14 y 40 del protocolo del año 1931; números 9, 28 y 44 del protocolo del año 1933; números 6, 7, 9, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37 y 42 del protocolo del año 1934.

Es significativo, además, el hecho de que hay protocolos, como el correspondiente al año 1931 en el que a todas las escrituras, excepto a la número 44 les faltan los sellos de rentas internas y sin embargo ese protocolo no aparece tan afectado por el agua como otros en que faltan menos sellos.

El querellado no tenía derecho a sacar sus protocolos notariales de su oficina en Utuado sin previa autorización judicial para llevarlos a una casa de maderas en malas condiciones en el campo, exponiéndolos a las inclemencias del mal tiempo que alega hubo la noche del 23 de noviembre de 1939. La sección 33 de la Ley Notarial vigente, o sea la ley para regular el ejercicio de la profesión notarial en Puerto Rico, aprobada el 8 de marzo de 1906 (Comp. 1979-2020), dispone que “el protocolo no podrá ser extraído del edificio en que se custodie, a no ser por decreto judicial u orden de autoridad competente,” habiendo violado por lo tanto el querellado dicha sección en relación con la sección 3a. preceptiva de que los protocolos deben guardarse en cajas de acero o hierro cuando la oficina se halle instalada en casa de madera.

No estamos sin embargo, considerando el caso como uno administrativo por violación a los preceptos de la Ley Notarial, pero liemos querido demostrar que aun la presunta defensa del querellado está viciada de ilegalidad y no tendría j astificación alguna.

Vistos los casos In re Rey González, 56 D.P.R. 936; In re Mas, 56 D.P.R. 940 e In re Rivera, 56 D.P.R. 942, en los que este tribunal resolvió que el dejar un notario de fijar y cancelar los sellos de rentas internas a las escrituras públi-cas que otorga constituye causa suficiente para separarle del ejercicio de la profesión de abogado-notario, y habiéndose probado los hechos alegados por el fiscal, procede dictarse sentencia declarando, como se declara, con lugar la petición, Oj cuyo fin se ordena que el querellado J. F. Figueroa Maestre cese inmediatamente y quede.separado del ejercicio de la pro-fesión de abogado-notario, que su nombre como tal abogado-notario sea borrado de los registros correspondientes obrantes en la Secretaria de este tribwnál, y que dicha sentencia sea comunicada a los tribunales insulares así como al Tesorero y al Secretario Ejecutivo de Puerto Rico.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    M. León Parra y María R. Vda. de Guillermo León Parra, demandantes y apelados, v. Juan J. Gerardino, demandado y apelante.
    Núm. 8032.

    Sometido: Febrero 14, 1941.

      Resuelto: Abril 18, 1941.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; M. León Parra, pro se, y Ramón A. Gadea y Rafael Hernández Matos, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre reclamación de daños y perjuicios que los dueños de una casa alegan que les cansó su arrenda-tario al realizar ciertos actos y dejar de cumplir con deter-minadas obligaciones que expresamente asumiera al arrendar el inmueble.

Se alega por los demandantes que son dueños de uña casa situada en Ponce que se arrendó al demandado haciéndose constar por escritura pública que se encontraba dedicada a vivienda de familia, pintada de aceite, con sus puertas y persianas, etc., en la forma que se expresa y que habiendo el demandado alterado sus condiciones interiores para dedi-carla a negocios, se comprometía a devolverla al fin del arriendo en el mismo estado en que la recibiera.

Y se alega además que el demandado en 1935 dejó la casa en las condiciones de deterioro que se especifican, causando con ello a los demandantes mil quinientos dólares de perjui-cios que se fia negado a pagar.

Exeepeionó la demanda el demandado y solicitó un pliego de particulares que le fué proporcionado, y contestó. Aceptó la celebración del contrato de arrendamiento con las especi-ficaciones referidas ,en la demanda, pero sostuvo que diebo contrato no regía en 1935. Negó que dejara la casa en las condiciones que dicen los demandantes y como defensas espe-ciales reprodujo su excepción de falta de hechos determi-nantes de una buena causa de acción y alegó, en resumen, que la casa se devolvió en lar mismas condiciones en que se le entregara salvo lo que pereció o menoscabó por la acción del' tiempo y el ciclón de San Felipe, habiéndose negado el dueño a repararla, teniendo el demandado que desocuparla por inservible para su negocio.

Fué el pleito a juicio y, después de comenzar, con el alla-namiento del demandado, los demandantes enmendaron su demanda para conformarla a la prueba. Insistió el deman-dado en su excepción y archivó una contestación enmendada. Finalmente el pleito se resolvió por sentencia condenando al demandado a pagar a los demandantes ochocientos dólares por daños y perjuicios, más las costas y.doscientos dólares por honorarios de abogado y el derpandado interpuso el presente recurso de apelación.

Cinco errores señala el apelante en su alegato como come-tidos por la corte de distrito al desestimar su excepción pre-via, al no permitirle presentar evidencia en relación con sus defensas especiales, al permitir a los demandantes que pre-sentaran evidencia sobre hechos no alegadps en sn contes-tación, al dictar sentencia basada en prueba insuficiente y al imponer las cosías y honorarios al demandado y fijar los honorarios en doscientos dólares.

Examinemos el primer error. La excepción de falta de hechos determinantes de la causa de acción ejercitada alegada primero con respecto a le demanda, se reprodujo después de practicada la prueba. Se funda principalmente en que las cláusulas del contrato de arrendamiento celebrado en 1922 para vencer en 1925, no regían en 1935.

La celebración del contrato está admitida. También que dicho contrato contenía las siguientes cláusulas:

“Primera: Don Manuel León Parra, como apoderado de Don Guillermo León Parra, da en arrendamiento a Don Juan José Ge-rardino y Maldonado, la finca descrita y sus pertenencias, por un término de TRES años, a contarse desde el día primero de oc-tubre actual, para terminar el treinta de septiembre de mil nove-cientos veinte y cinco; mediante el canon de cuarenta dollars pagaderos por meses vencidos en esta ciudad en el domicilio del señor León, contra recibos privados.
“Segunda: El edificio arrendado estaba dedicado actualmente a vivienda de familia, pintado de aceite, con sus puertas persianas, plafones y demás obras interiores necesarias, tales como cocina, inodoro, fregaderos e instalaciones sanitarias y de luz, en cuya forma lo ha recibido el señor Gerardino.
“Tercera: Habiendo el señor Gerardino alterado las condiciones interiores de la casa para exigencias de su negocio, queda compro-metido a reponer dicha casa a la terminación de este arrendamiento, en condiciones do servir de habitación a familias; por consiguiente, restaurará las puertas persianas que dan a la calle, cuyas persianas él ha quitado sustituyéndolas por cristales; retirará las tablillas que él ha puesto en las paredes interiores de la casa, reparando todos los agujeros de clavos y de otra índole que por la clase de esta obra ha realizado en dicha casa, tanto en las paredes como en el piso y plafón de la misma, debiendo dejar pintado cada departamento de la casa en la misma forma y clase de pintura que hoy tiene, esto es, habitaciones que actualmente están pintadas de aceite, lo serán de igual clase de pintura, y de la misma manera las que se hallan pin-tadas de agua o al temple; y en una palabra, cuanta alteración haya realisado en la casa en cuestión, será por él corregida en forma de que quede en el mismo estado y ser que hoy tiene; todo ello a gusto y aprobación del señor León Parra, y por cuenta del señor Gerar-dino. ”

Y de igual modo está admitido que a la terminación del contrato el arrendatario continuó en la posesión de la casa con el consentimiento del arrendador, rebajándose el canon mensual del arrendamiento a treinta dólares en 1930 y a veinte y cinco en 1932.

El arrendador sostiene que de esos hechos y de lo dis-puesto en la ley surge la prórroga del contrato en las mismas condiciones en que fué celebrado, con las solas modificaciones parciales referentes al canon, y la corte sen-tenciadora le dió ía razón. El arrendatario alega que el contrato no fué prorrogado si que novado y por tanto que las cláusulas del mismo que se invocan no regían cuando la casa fué entregada en 1935.

El contrato de arrendamiento está ampliamente regulado por la ley. Todo el título sexto del libro cuarto del Código Civil le está dedicado. Comprende desde el art. 1432 hasta el 1495, ed. 1930. El 1456 dispone:

“Artículo 1466. — Si al terminar el contrato permanece el arren-datario disfrutando quince días do la cosa arrendada con aquiescencia del arrendador, se entiende que hay tácita reconducción por el tiempo que establecen los artículos 1467 y 1471, a menos que haya precedido requerimiento. ’ ’

Los artículos 1467 y 1471 que cita se refieren el primero al arrendamiento de predios rústicos que no está aquí envuelto y el segundo a que si no se hubiese fijado plazo al arrenda-miento. se entenderá hecho por años cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es mensual y por días cuando es diario.

La única otra medida expresa que se encuentra en la ley con respecto a la tácita reconducción, es que cesan respecto de ella las obligaciones otorgadas por nn tercero para la seguridad del contrato principal. No tiene aplicación a este caso.

Refiriéndose al significado y alcance de disposiciones iguales del Código Civil Español a las que dejamos citadas, se expresa el comentarista Martínez Ruiz, como sigue:

“Si el arrendamiento se ha hecho por tiempo determinado, dice textualmente el artículo 1565, concluye el día prefijado sin necesidad de requerimiento. ¿Es esto exacto? Si lo fuera, se impondrían dos consecuencias: que hay arrendamientos por tiempo indeterminado y que para su terminación es necesario el previo requerimiento; afirmaciones que pugnan abiertamente con los preceptos fundamen-tales que rigen este contrato. Según la definición del artículo 1543, la determinación del tiempo de duración del arrendamiento de cosas, que es el de que se ocupa este Capítulo, es un requisito esencial del contrato, hasta tal punto indispensable que, si no aparece señalado por los contratantes, lo fija la ley, entendiéndose hecho, cuando se trata de predios rústicos, por todo el tiempo necesario para la re-colección de los frutos que toda la finca arrendada diere en un año o pueda dar por una vez, aunque pasen dos o más años para obte-nerlos; y tratándose de predios urbanos, por años, meses o días, cuando se hubiere fijado un alquiler anual, mensual o diario; y así lo confirma el artículo 1569 al conceder al arrendador derecho para desahuciar judicialmente al arrendatario, por haber expirado el término convencional o los fijados por la ley, de que acabamos de hacer mención. El plazo del arrendamiento es, por consiguiente, siempre determinado; lo fijan las partes señaladamente, o lo fija la ley, a falta de pacto expreso; y, en ambos casos, termina el contrato a la expiración de estos respectivos plazos, sin necesidad de reque-rimiento.
“¿A qué requerimiento, pues, alude el artículo 1565? La con-testación se encuentra, a nuestro juicio, en el artículo siguiente, indudable excepción de la regla general que aquél establece, y según el cual, si al terminar el contrato permanece el arrendatario dis-frutando quince días de la cosa arrendada, con acquiesceneia del arrendador, se entiende que hay tácita reconducción por el tiempo que establecen los artículos 1577 y 1581. De suerte que el arrenda-miento termina ipso facto por la expiración del plazo, a no ser, y ésta 'es la excepción, que se produzca la reconducción tácita por la permanencia del arrendatario én el disfrute de la cosa con el con-sentimiento del arrendador; pero, como este consentimiento es presunto, se deriva de su silencio y tolerancia en el becbo de la posesión del arrendatario sobre la cosa objeto del contrato, se nece-sita algún acto que desvirtúe aquella presunción', y este acto es el requerimiento hecho al arrendatario para que dé el contrato por terminado.
“De aquí se deduce que la tácita reconducción no es un nuevo contrato, sino una prórroga del primitivo, cuya extinción se suspende por el consentimiento tácito de los contratantes, po por un nuevo término fijado de común acuerdo, en cuyo caso deberá calificarse de nuevo contrato, como producto que será de nueva convención, sino por el tiempo que la ley fija, a falta de pacto expreso, para la con-clusión de los arrendamientos de predios rústicos y urbanos.
“No conforme con este criterio, sostiene un reputado comenta-rista (Manresa, tomo X) que la permanencia del arrendatario en el disfrute de la cosa no significa la permanencia del arrendamiento, el cual concluye el día prefijado sin necesidad de requerimiento, no siendo posible que lo que ha concluido se pueda prorrogar ni pueda subsistir; y explica la necesidad del requerimiento como medio de que, supuesta la permanencia en el disfrute, no se entienda que nace de aquella permanencia un nuevo contrato de arrendamiento, cuyo único origen sería el consentimiento tácito de las partes. Pero añade a continuación que las relaciones jurídicas creadas por la tácita reconducción se regirán por lo pactado en' el contrato que a la reconducción da lugar; lo cual implica que el contrato no ha con-cluido, que no ha dejado de existir, que sigue surtiendo todos sus-efectos y siguen rigiendo todas sus cláusulas y condiciones, excepto la referente al tiempo de su duración que, por consentimiento tácito, queda prorrogado. ¿En qué título, sino en el que representa el contrato prorrogado, fundaría, de otro modo, el arrendador las acciones que contra el arrendatario se vea precisado a ejercitar du-rante el tiempo de la reconducción? El Código mismo confirma en los artículos de que nos ocupamos que la tácita reconducción, lejos de constituir un contrato independiente, implica una excepción del precepto general que da por terminado el arrendamiento por el solo hecho del transcurso del término convencional o del supletorio fijado por la ley.
“El Tribunal Supremo, además, ha consignado en los Conside-randos de dos de las sentencias que a continuación se insertan, que ‘el artículo 1566 claramente expresa que el término de la prórroga ha de ser el establecido en los artículos 1577 y 1581’, y que el plazo que señala el Código para que se entienda que hay tácita recon-ducción, ‘sólo produce el efecto de prorrogar el arrendamiento cuando no hubiese precedido requerimiento para su terminación.’ ” 9, Martínez Euiz, El Código Civil, pág. 573.

El comentario es claro y terminante. Contiene a nuestro juicio el verdadero significado y alcance de la ley. Y apli-cada la ley a los hechos de este caso se concluye que el contrato de arrendamiento de 1922 quedó prorrogado por el acto del arrendatario y el consentimiento del arrendador en los mismos términos en que fue otorgado, excepción hecha del relativo a su vencimiento que quedó sustituido por el precepto legal.

&Fué luego novado por la reducción del canon mensual pactado? Creemos que no.

Las obligaciones se extinguen, dice el artículo 1110 del Código Civil, ed. 1930, por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda, por la confusión de los derechos de acreedor y deudor, por la compensación y por la novación.

Es, pues, la novación uno de los medios de extinción de las obligaciones, pero a nuestro juicio el contrato de arren-damiento celebrado en 1922 y prorrogado por tácita recon-ducción en 1925, no fue novado en 1930 y 1932 porque se rebajara el canon mensual estipulado.

Para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, ordena el artículo 1158 del Código Civil, ed. 1930, es preciso que así se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles. Y aquí nada se dijo expresamente, ni las obligaciones son en lo más mínimo incompatibles. Es la misma obligación modificada en cuanto a uno de sus extremos por la voluntad de las par-tes contratantes. El contrato continuó, sólo que en vez de pagarse cuarenta dólares mensuales de alquiler como al prin-cipio, se pagó a partir de 1930 treinta y a partir -de 1932 veinte y cinco. Eso es todo.' El error señalado no fué, pues, cometido.

Alterando el orden del señalamiento de los errores, procederemos al estudio del tercero que envuelve la fijación del alcance que tiene un pliego de partictilares.

En la demanda se alega:

“7. Que el demandado al dejar el 19 de noviembre del año en curso la posesión como arrendatario de la referida casa ha dejado los plafones de la misma y los quicios de las puertas con innumera-bles rotos producidos por clavos; muchas puertas sin sus picaportes y pestillos, las pinturas y el revocado de las paredes, tanto interiores como exteriores, intensamente deterioradas con grandes manchones de argamasa por haber sido revocados algún agujero en la pared,, y en otros sitios aparece en parte la pintura con que se cubría ésta, primitivamente y el resto de la habitación de otro color, por haberse,, según información y creencia de los demandantes, aplicado la pin-tura por el demandado o por su orden, sin remover algún mueble que descansaba contra la pared en que se aprecia tal duplicidad de colores; y al dejar la casa el demandado y retirar el mueble de referencia aparece entonces el defecto que decimos: en otras de las paredes interiores se observa profusamente manchas de tinta ele escribir. Los pisos de las habitaciones están podridos y hundidos, y rotas gran número de las vigas que sustentaban aquél. Las pa-redes de la cocina y fogón cuajados de desconchados y falta de los hornillos correspondientes. Uno de los inodoros ha dejado de ser sanitario, ofreciendo un aspecto repulsivo a la vista y olfato y el otro de los dos que tenía la casa no existe por haberlo destruido el demandado. El piso del patio está hundido a trechos y el baño de la casa y sus losetas que lo revisten destrozadas.
"8. — Que los demandantes tan pronto el demandado desocupó la referida casa requirieron a éste repetidas veces para que procediera a corregir estos daños, no haciéndoles caso el demandado y dejando sin remediar los daños referidos en la alegación anterior.
v<9. — Que como consecuencia de la conducta del demandado los demandantes han sufrido daños y perjuicios por la culpa y negli-gencia del demandado que estiman en la suma de $1,500, que no ha sido satisfecha a los demandantes ni en todo ni en parte ni por el demandado ni por ninguna otra persona. ’ ’

Pedido un pliego de particulares, se suministró como sigue:

4'El demandante por conducto de su abogado Raúl Matos, res-ponde a la moción sobre especificación servida en el caso del epí-grafe, y los especifica en la forma siguiente: Instalación sanitaria con acometimiento de alcantarillado: $200. Rehacer la cocina con 4 hornillas y montar un fregadero: $40. Reparar 15 puertas con sus quicios a $5: $75. Reparar 2 ventanas a .$7.50: $15. Reparar plafones: $15. Montar un inodoro nueVo en restitución de uno-que había y desapareció: $25. Arreglo del inodoro actual: $15. Arre-glo baño actual: $20. Montura de todo el piso del edificio de ta-bloncillo de 114" X 4" y viguería correspondiente, alrededor de 105' me. a $3: $315. Montar un portón incluyendo sus herrajes: $50. Coger desconchado a todo el edificio: $25. Pintar todo el edificio interior y exterior a 3 manos, alrededor de 726 me. a $0.50: $363. Pavimentación piso del patio: $12. Prima indemnización a obreros: $30. Total: $1,200. Pérdida de cánones por inhabilitación: $300. Total: $1,500.”

Cuando en el acto del juicio los demandantes presentaron evidencia sobre el portón, sobre la prima efe indemnización a obreros y sobre las rentas dejadas de percibir, el deman-dado se opuso porque la demanda no contenía las alegacio-nes correspondientes. Sostuvieron los demandantes que si bien no constaban específicamente en la demanda, aparecían del pliego de particulares presentado a solicitud del propio demandado. Insistió éste en su oposición y la corte dió la razón a los demandantes.

La naturaleza y función de un pliego de particulares se encuentran bien expresados en .el siguiente párrafo de Corpus Juris que contiene la substancia de gran número de decisiones de los tribunales. Dice:

“El pliego de particulares es propiamente una ampliación de una alegación (pleading) y su objeto es hacer más específicas las alegaciones generales que aparecen en esta última y evitar sorpresa en el momento del juicio. La misión del pliego de particulares es hacer justicia en el caso cuando tal cosa no puede lograrse sin la ayuda de tal pliego, y esto es enterar a la parte contraria en reía-ción con el caso al cnal tiene que enfrentarse. Por tanto, la ade-cuada finalidad del pliego de particulares es informar a la parte contraria y a la corte en relación con la verdadera naturaleza y características de la causa de acción o defensa alegada por la parte en relación con cualquier hecho relevante del caso que no ha sido específicamente expuesto en sus alegaciones y el cual no es posible, en muchos casos, expresar en las alegaciones sin gran prolijidad. Además, se ha sostenido que la función del pliego de particulares es ayudar a la corte lo mismo que a las partes, a acelerar el juicio o aclarar, definir o limitar los hechos litigiosos del caso. No es la misión del pliego de particulares suplir alegaciones pertinentes ne-cesarias a la validez de una alegación ni cambiar una causa de acción o defensa expuesta en la alegación, o alegar causa de acción o defensa distinta a la que ha sido aducida. Ni tampoco es el pro-pósito de tal pliego suministrar al demandado hechos sobre los cuales pueda basar una defensa afirmativa o que constituyan una defensa o recovención para la otra parte.” 49 C. J. 622 a 624.

Véanse también nuestras decisiones en Rivera v. Vahamonde, 57 D.P.R. 810; Colón v. Shell Co. (P.R.) Ltd., 55 D.P.R. 592, 621; García v. Aguayo, 46 D.P.R. 340; Drug Co. of P. R., Inc. v. Susoni, 43 D.P.R. 772; Berio v. Rivera, 42 D.P.R. 460; Santiago v. Cuevas Padilla, 41 D.P.R. 116; Molina v. Rodrígues, 40 D.P.R. 690; J. Thomas & Co. v. Florido, 40 D.P.R. 1.

Examinados la demanda y el pliego, puede verse que si bien los particulares de referencia hechos constar en el pliego no aparecen específicamente en la demanda, forman parte de la misma transacción, esto es, emanan de la misma causa de acción ejercitada. No se varió, pues, a virtud de ellos la naturaleza del pleito y el demandado tuvo suficiente aviso para preparar su defensa. Dentro, en tal virtud, de una interpretación liberal de la ley, no creemos que podamos concluir que se cometiera error por la corte al permitir la evidencia.

Examinemos el segundo error. Se basa en que la corte no permitió al demandado presentar cierta evidencia en relación con sus defensas especiales.

Consta de los autos que al declarar el perito del deman-dado, Hipólito Fitzpatrick, ocurrió lo que sigue:

"¿De qué era el piso de esa casa?
“En parte, cuando podía apreciar, cuando iba, se que es de' madera.
“¿Qué clase de madera?
“De pichipén.
“¿Cuánto dura un piso de madera de pichipén?
“Hernández: Nos oponemos.
“Gadea: Nos oponemos.
“Hernández: El ruling de la corte es que aquí hay dos cosas, una, el estado en que estaba la casa, y, otra, las obligaciones que asumió (Jerardino en el contrato. Cuando declaraba el perito Serra, a una pregunta del compañero de que cuánto tiempo duraban tales vigas, se estableció el ruling de que no se podía preguntar sobre eso.
“Colón: Hay una defensa especial de ‘que el demandado al entregar la casa a los demandantes, lo hizo en las mismas condicio-nes en que la recibió, salvo lo que pereció o menoscabó, por la acción del tiempo y por los daños que sufrió dicha casa en el ciclón conocido por “San Felipe” que tuvo lugar-en está Isla, en el mes de septiembre de 1928, y que sí algún deterioro o pérdida sufrió la casa arrendada, f'ué sin culpa del demandado, pues éste usó la misma como un diligente padre de familia.’ Nosotros tenemos esa defensa especial y tenemos que probarla.
“Juez: Con lugar la objeción.
“Colón: Tomamos excepción, señor juez.
“La misma pregunta vamos a hacerla en cuanto a la pintura.
“¿Una pintura exterior de aceite, cuánto dura?
“Testigo: ¿De aceite?
‘‘Hernández: Con nuestra objeción.
“Juez: Con lugar la objeción.
“Colón: Con nuestra excepción.
“¿Las vigas de pichipén cuánto duran?
“Hernández: Con nuestra objeción.
“Juez: Con lugar.
“Colón: Tomamos excepción.”

A nuestro juicio la negativa de la corte estuvo bien fun-dada en cuanto a la pintura, porque de acuerdo con los claros términos del contrato debía ésta reponerse, pero no lo estuvo en cuanto a la duración del piso y de las vigas.

Las cláusulas del contrato deben interpretarse en armo-nía con lo dispuesto en el artículo 1451 del Código Civil, ed. 1930, a saber:

“El arrendatario debe devolver la finca, al concluir el arriendo, tal como la recibió, salvo lo que hubiese perecido o se hubiera me-noscabado por el tiempo o por causa inevitable.”

Dichas cláusulas no obligan a renovar la casa. Deben cumplirse sí en su letra y en su espíritu, pero interpretadas de acuerdo con los hechos y la ley. Una viga o un piso que se desgastan por el transcurso del tiempo, que duran todo lo que pueden durar, no tendrían que ser reemplazados de acuerdo con las cláusulas.

La prueba era en tal virtud pertinente y debió admitirse para ser considerada por sus méritos a los fines de la fija-ción definitiva de los daños y perjuicios. El error fué come-tido.

El cuarto error levanta la cuestión de la suficiencia de la prueba. Al sostener que no lo es, pone el apelante el mayor énfasis en la manera cómo declaró el perito que presentaron los demandantes para demostrar en gran parte la cuantía de los daños, transcribiendo de su declaración lo que sigue:

“¿Cuántos quintales de pintura se gastarían en pintar dicha casa interiormente?
“Esa nota no la tengo yo; yo sé que el total me dio. . . .
“¿Qué dimensiones tiene esa casa por dentro, usted que es in-geniero o arquitecto?
“No recuerdo ahora. No tengo las notas a la mano.
“¿No sabe las dimensiones por dentro?
“Yo las tengo en mis notas, pero no las tengo aquí.
“For fuera, ¿qué dimensiones tiene?
“No tengo las notas encima.
“¿Tampoco lo puede saber?
“No recuerdo. Yo podría decir si revisara mis notas. (Trans, de evidencia, pág. 81.)
“¿Usted, como arquitecto, sobre instalación sanitaria, usted com-pra plomería, tubería?
“No, señor. Yo no compro materiales.
“¿Inodoros compra?
“No, señor.
“¿Cuántos pies de tubería hay que montar ahí?
“Yo lo tengo en mis notas, pero no tengo detalles aquí. (Trans, de evidencia, pág. 82.)
“¿Cuánta madera hay que comprar para reparar esas dos ven-tanas ?
“Tampoco puedo recordarme de eso. Eso fué el año pasado, en junio. Yo tomé -esas notas y saqué el estimado. (Trans, de evi-dencia, pág. 87.)
“¿Usted dijó que hay que reparar el plafón? ¿Qué reparación hay que hacerle en el plafón?
‘ ‘ Testigo: ITay que cambiarlo, digo, cambiarle algunas tablas, ta-par un sinnúmero de boquetes que tiene, rotos.
“¿Cuántas tablas hay que cambiar?
“Yo no puedo recordar eso.
“¿Cuántos agujeros hay que reparar en el plafón?
“Tampoco puedo especificarlo. (Trans, evidencia, pág. 88.)
“¿Cuántas losetas hay que comprar para .arreglar ese baño?
‘ ‘ Testigo: No tengo la nota aquí. No puedo decirle cuántas losetas; únicamente puedo decirle el precio, del resultado de aque-llas notas.
“Juez: ¿Pero usted tiene esas notas, que pudiera traerlas?
“Yo creo tenerlas.
“Colón: Usted las tiene hechas.
“Sí.
“¿En su oficina?
“Sí.
“¿Usted las puede pedir por teléfono?
“No, señor, no tengo a nadie en mi oficina.
“¿Usted podría irla a buscar y traerlas dentro de 5 ó 10 minu-tos?
“No, señor.
“¿Por qué no puede?
“Yo tenía la oficina montada en la calle Sol y la trasladé a mi casa, y todo eso está en cajones. Al colocarme en la reforestación, recogí todo eso y eso sería cuestión de buscar ahora. (Trans. de evidencia, pág. 89.)
“Juez: La parte tiene derecho a que usted detalle. ¿Usted podría hacer un detalle de esas notas de nuevo?
“Sí, yo podría hacerlas de nuevo.
“Colón: Yo aceptaría que la corte le diera un tiempo razonable, media hora por ejemplo, para buscar o rehacer esas notas.
“Juez: Ya ha dicho que desde que está colocado en la refores-tación tiene todos sus papeles en cajones y tiene que buscarlos. Ahora, el valor que tenga la declaración sin detalles, eso va al peso que pueda tener la prueba en el caso. (Trans. de evidencia, pág. 90.)”

En su relación del caso y opinión, la corte sentenciadora resume las alegaciones, se refiere al juicio y transcribe inte-gra el acta de inspección ocular de la casa en cuestión que contiene una descripción amplía y minuciosa del estado en que la corte la encontrara. Entonces dice:

“La corte, por la apreciación que ha hecho de toda la prueba presentada y admitida, y especialmente por el resultado de la ins-pección ocular efectuada por el juez, considera que los demandantes han probado satisfactoriamente las alegaciones de su demanda, y, especialmente, las alegaciones contenidas en el hecho séptimo de la misma, supra, en cuanto al estado en que dejó la casa el demandado al cesar en su arrendamiento. Se ha probado, a satisfacción de la corte, que dicha casa estaba en buen estado para ser ocupada como residencia cuando le fué arrendada al demandado y que ha sido por el uso a que la destinó el demandado durante los años en que la ocupó, o sea, como establecimiento comercial de efectos eléctricos, que se han causado la mayor parte de los daños y deterioros que se describen en el acta de la inspección ocular. La casa ha quedado inservible para ser alquilada como casa residencia por no haber el demandado hecho las reparaciones necesarias en la misma antes de entregarla a los demandantes al desocuparla. Se ha probado ade-más, que el demandante, Sr. M. León Parra, realizó cuantos arreglos en la casa le fueron solicitados por el demandado en el transcurso de los años en que estuvo arrendada.
“La corte es de opinión que los daños y deterioros antes men-cionados no han sido causados por la acción del tiempo o por causa inevitable, con la posible excepción de algunas de las tablas de los pisos de la casa y del portón que se ha descrito en el acta de la ins-pección ocular.
“En cuanto a lo que costaría reparar la casa para dejarla nue-vamente en forma adecuada para ser habitada como residencia, el testigo de los demandantes, Sr. Serra Gaztambide, arquitecto, declaró que había hecho un estimado de dicho costo y lo detalló en la forma siguiente: Instalación sanitaria: $125. Reparar la cocina y fre-gadero: $60. Reparar las quince puertas: $40. Reparar dos ven-tanas: $15. Reparar los plafones: $15. Reparar baño azulejos: $40. Reparar piso y viguería: $260. Poner portón nuevo: $50. Coger todos los desconchados: $75. Pintura interior y exterior: $275. Total: $955.
“Aunque no hay duda de que el testigo Sr. Serra Gaztambide, hizo el estimado antes mencionado en el mes de junio de 1936, al declarar no tenía en su poder las notas que tomó cuando visitó la casa y tampoco pudo especificar con exactitud los precios de los materiales que se requerirían para hacer las distintas reparaciones, y que pudieran convencer a la corte de la exactitud del costo individual y total que él le dió a las distintas reparaciones. Tomando en consideración toda la declaración del testigo, en conjunto y el hecho indiscutible del estado deplorable en que está la casa, la corte es de opinión que el costo de las reparaciones necesarias para ponerla de nuevo en condiciones habitables para fines de residencia de una familia, no bajará de la suma de $500. Al fijar esta suma, la corte ha tomado en consideración además cualquier deterioro que haya podido ser causado en la casa, especialmente los pisos, portón y pin-tura, por la acción del tiempo o por causas inevitables.
“Se ha probado además, que la casa no ha podido ser alquilada para fines de residencia desde que la dejó el demandado el 19 de noviembre de 1935, y los demandantes reclaman la suma de $300 por pérdida de cánones de arrendamiento que han dejado de percibir, a razón de $25 mensuales que era el canon de arrendamiento último del demandado. La corte considera razonable la reclamación ya me dichos $300 sólo cubren doce meses y dicha casa lleva más de año y medio sin poder ser alquilada por el estado en que la dejó el de-mandado. ’ ’

Impugnando el error los apelados citan el caso de José Romaguera & Co. v. M. Castro & Co., 16 D.P.R. 428, en el cual esta corte resolvió que:

“Cuando hay diversos elementos probatorios, que apreciados en conjunto han servido al juzgador para formar juicio sobre los hechos debatidos en el pleito, no es posible que nn tribunal de apelación divida esos elementos para considerarlos aisladamente, teniendo en cuenta unos, y prescindiendo de otros, pues siempre debe presumirse que un tribunal lia apreciado debidamente las pruebas, mientras no se demuestre lo contrario; y esa demostración contraria, ha de re-sultar de todas las pruebas practicadas, y no de algunas de ellas solamente. ’ ’

Pero aquí la situación es distinta. En el caso de Roma-guera, supra, no se encontraba ante ese tribunal de modo fehaciente toda la prueba practicada mientras que aquí se encuentra. El apelante en este caso sostiene la insuficiencia no sólo de la declaración de Gaztambide si que de la totali-dad de la evidencia aportada por los demandantes para pro-bar la cuantía de los daños.

Otro de los casos de esta corte invocado con igual pro-pósito por los apelados es el de Díaz v. The San Juan L. & T. Co., 17 D.P.R. 69, 78, en el cual esta corte citó a Bouvier como sigue:

“Veamos ahora lo que es necesario alegar y probar en esta clase de casos.
“ ‘En acciones personales y mixtas (mas no en acciones penales, por razones obvias), la demanda debe alegar, en conclusión, que el daño es en perjuicio del demandante, y debe especificar el montante de los daños y perjuicios; Com. Dig. Pleader (c, 84) ; 10. 116 b.
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“ ‘Para constituir un derecho a recobrar daños y perjuicios, la parte que reclame dichos daños y perjuicios tiene que haber sufrido pérdidas; la parte a quien se le reclaman debe ser susceptible ■ de culpa; las pérdidas deben ser la consecuencia natural y próxima del acto culpable.
“ ‘No existe derecho a daños y perjuicios, propiamente denomi-nados, cuando no existen pérdidas. La cantidad impuesta como multa al culpable, sencillamente como castigo por su culpa, indepen-dientemente de cualesquiera pérdidas por ella causadas, es una “multa” o “penalidad,” más bien que daños y perjuicios. Los daños y perjuicios se fundan en el concepto de pérdidas que hay que resarcir, de un daño que hay que reparar; 11 Johns, 136; 2 Tex., 460; 11 Pic., 527; 15 Ohio, 726; 3 Sumn., 192; 4 Mass., 115; 91 Pa., 302; 104 Mass., 353; 16 Q.B.D., 613; See 142 N. Y. 391; Hale Dam., 3. Estas pérdidas, sin embargo, no tienen nece-sidad siempre de ser precisas y definidas, susceptibles de una des-cripción exacta o de ser computadas en pesos y centavos. Pérdidas suficientes para sostener una acción pueden desprenderse de la mera naturaleza del caso mismo. La ley en muchos casos presume pér-didas cuando se prueba un daño intencionado (wilful wrong) ; y así también se conceden daños y perjuicios por sentimientos ultra-jados, dolor corporal (físico), dolor moral, daño a la reputación, y por otros sufrimientos que sería imposible sujetar a una prueba y ,a un cómputo exactos, en cuanto al montante de las pérdidas sufridas; 2 Day, 250; 3 H. & M. H., 510; 5 Ired., 545; 3 Humphr., 140; 15 Conn., 267; 8 B. Monr., 432; 94 Mich., 119; 112 N. C., 323; 39 Ill., App., 495; 82 Tex., 33. La regla no es que las pérdidas deban probarse por la evidencia, sino que deben desprenderse de la eviden-cia o aparecer por presunción, fundándose en la naturaleza del caso.’ 1 Bouvier’s Law Dic., 492.”

La cita contiene la correcta exposición de la ley sobre la materia. Los apelados ponen énfasis en la parte que dice, “Estas pérdidas sin embargo no tienen necesidad de ser siem-pre definidas y precisas, susceptibles de una descripción exacta o de ser computadas en pesos y centavos.” Y en verdad esa parte es la menos aplicable a. los hechos de este caso.

Aquí se trata de daños específicos a la propiedad que pudieron describirse y justipreciarse en pesos y centavos como se describieron y justipreciaron en la demanda y el pliego de particulares y la evidencia debió corresponder a la alegación y al pliego.

Que se ocasionaron daños, es evidente, y que el deman-dado está obligado a resarcir el perjuicio que causara, evi-dente es también. La que no resulta evidente es la cuantía de los .daños, porque la declaración de Gaztambide, única prueba al efecto presentada, no constituye la base sólida que se requiere para fundar una conclusión precisa sobre el particular. La inspección ocular es prueba de la existencia de los daños, pero no del montante de los mismos en pesos y centavos. La conclusión a que llegó, pues, la corte para fijar la partida de quinientos dólares no encuentra apoyo en los autos.

Tampoco está bien fundada en su totalidad la partida de trescientos dólares por alquileres dejados de percibir durante un año, período demasiado largo bajo la regla de la mitigación de daños. ° Véanse Ortiz v. McCormick Steamship Co., 57 D.P.R. 560. Sólo cabría conceder aquéllos dejados de percibir durante el período de tiempo razonablemente necesario para las gestiones cerca del demandado requiriéndolo al cumplimiento de su deber y para realizar la obra de la reparación.

El cuarto error fué cometido y como consecuencia del mismo y del segundo, el quinto, que se refiere a la imposición de costas y honorarios.

Añora bien, ¿debe revocarse la sentencia y declararse la demanda sin lugar o revocarse ordenándose la celebración de un nuevo juicio?

Nos parece que dadas las circunstancias que concurren, la indudable existencia de los daños y la clara obligación de resarcirlos, la más justa es la última solución. Así las par-tes tendrán una nueva oportunidad de presentar su prueba sobre la cuantía de los daños y la corte la de dictan? una sentencia que los fije con exactitud.

Se revoca la sentencia y se ordena la celebración de tin nuevo juicio de acuerdo con los principios establecidos en esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Calzada, acusado y apelante.
    Núm. 8589.

    Sometido: Abril 15, 1941.

      Resuelto: Abril 18, 1941.

      P. Pérez Pimentel, abogado del apelante; I-Ion. Procurador General George A. Malcolm y R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

José Calzada fué acusado y convicto del delito de aban-dono de sus dos hijos menores, Angelina y José Antonio Marrero, de once y nueve años de edad, respectivamente. La Corte de Distrito de Humaeao le impuso una pena de 30 días de cárcel y las costas, dejando la sentencia en suspenso mientras el acusado satisfaga a los menores la cantidad de $3 semanales.

Como base de su recurso el acusado apelante alega que la corte sentenciadora erró al apreciar la evidencia y que la sentencia es contraria a la prueba y a derecho. Examinemos la prueba.

Declaró en primer término Angela Marrero, madre de los menores, y dijo que José Calzada, el acusado, es el padre de los dos niños; que ella llevó relaciones amorosas con el acusado y se fué con él a vivir en una habitación, viviendo con él como siete años y que durante ese tiempo tuvieron esos dos niños; que desde el mes de octubre de 1939 el acusado dejó de pasarle dinero para sostener a sus hijos; que cuando el acusado la visitaba, los niños le pedían la bendición y él se las echaba y siempre los llamaba diciéndoles “nena” y “nene.” Al ser repreguntada declaró que ella se fué a vivir con el acusado en el año 1927; que el acusado estaba entonces casado con Concha Matos y tenía hijos; que el acu-sado pagaba la habitación y le daba dinero para que comiera; que mientras sostuvo relaciones con José Calzada no tuvo relaciones con ningún otro hombre; que fué asistida en los partos por la comadrona Elma Estrella; que tuvo otro niño del acusado, el cual murió.

María Antonia González, declaró: qne es madre de Angela Marrero; qne los dos niños viven con ella; qne las primeras relaciones amorosas de sn hija fnerón las qne tnvo con el acnsado; qne su hija y el acusado vivieron juntos como siete u ocho años; qne ella se fué con él en 1927 y él se la llevó de un teatro qne él tenía; que durante esos siete años tuvie-ron esos dos niños; que el acusado visitaba a su hija de noche temprano, pues él era hombre casado; que cuando nacieron los niños él actuó bien y les pasaba para los ali-mentos; que estuvo dándoles algo hasta octubre pasado que dejó de darles; que cuando nació la niña él fué quien llamó a Elma Estrella para que asistiera al parto y que éí le pagó a la comadrona; que también él llevó a la misma comadrona cuando nació el nene y que en cada caso le pagó dos pesos en su presencia; que cuando su hija se fué con el acusado tendría catorce o quince años de edad; y que durante el tiempo que vivieron juntos ella no tuvo relaciones con nin-gún otro hombre.

Elma Estrella declaró, que en 1927 ejercía como coma-drona ; que en 1929 y 1931 asistió de parto a Angela Marrero; que fué el acusado José Calzada quien le habló para que la asistiera en ambos partos y que fué él también quien le pagó por sus servicios; que él la fué a buscar a su casa y la llevó a casa de Angela Marrero.

En su defensa declaró el acusado, quien negó todos los hechos imputádosle por la prueba de cargo, y un testigo, Cruz Peña, cuya declaración tendía a probar que él había tenido relaciones íntimas con Angela Marrero, madre de los niños, antes de nacer éstos.

La corte sentenciadora hizo constar su opinión en cuanto a la credibilidad de los testigos de una y otra parte, expre-sándose así:

“La corte ba prestado cuidado y especial interés a todas las de-claraciones que han prestado. Ha seguido en todos sus más minu-ciosos detalles todos los gestos y actitudes de cada testigo mientras deponía desde la silla testifica]. Por la prueba ante mí, por el eré-dito de la misma que me inspiran los distintos testimonios, yo llego a la conclusión de que se ha probado un caso de acuerdo con los preceptos del artículo 263 del Código Penal. Si bien es verdad que en algunos de los testimonios de cargo se ve que ha habido la previa conferencia, un breve acuerdo sobre detalles incidentales, como por ejemplo en la tendencia de cada uno de estos tres testigos de pun-tualizar el día, el mes, el año y la hora del primer nacimiento que hubo de estas relaciones amorosas que surgen de la prueba del pueblo, hay 'un testigo de defensa que no merece a este tribunal la más mí-nima consideración; es la declaración de Cruz Peña, por la forma de conducirse, por sus gestos no me ha merecido, no ha ocupado el menor esfuerzo de mi mente para hacerme reflexionar en el sentido de la teoría que él venía a sostener, al contrario; ...”

La prueba es ampliamente suficiente para sostener las conclusiones de la corte inferior y justificar la sentencia recurrida, la que debe ser confirmada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Salvador Vivó Vilella, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1085.

    Sometido: Abril 7, 1941.

      Resuelto: Abril 18, 1941.

      H. Torres Sold y F. J. Pérez Almiroty, abogados del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en 2 de abril de 1939, Salvador Yivó Vilella, el aquí recurrente, adquirió a título de cesión de Pedro Antonio Alcover un crédito hipotecario de $5,000, garantizado con hipoteca sobre una finca rústica radi-cada en el barrio “Buenos Aires,” de Lares. La referida cesión fué inscrita en el Registro de la Propiedad de Agua-dilla el día 18 de abril de 1940.

En un pleito seguido ante la Corte de Distrito de San Juan por Insular Mercantile Company contra Alcover, se practicó el embargo del crédito hipotecario que aparecía ins-crito a nombre del demandado Alcover. El embargo fué anotado en el Registro de. Aguadilla en 12 de septiembre de 1939, o sea con posterioridad a la fecha de la cesión hecha por Alcover a Vivó* pero con anterioridad a la fecha de inscrip-ción de dicha cesión.

En 25 de enero de 1941, el recurrente Vivó otorgó escri-tura de carta de pago y cancelación del crédito hipotecario. Y al ser presentada al registro, el registrador recurrido se negó a practicar la inscripción mediante nota que dice así:

1 ‘ DENEGADA la inscripción a que se refiere este documento, con vista de un escrito, por observar que el crédito hipotecario cuya cancela-ción se interesa se encuentra embargado por Insular Mercantile Company, tomando en su lugar la anotación preventiva por el término legal de 120 días, al folio 237 del tomo 81 de Lares, finca número 3534 triplicado, anotación letra C.
“El escrito que acompaña el interesado alegando que el crédito fué cedido a Salvador Vivó Vilella a virtud de escritura otorgada con anterioridad a la fecha del embargo ofrece un conflicto de dere-chos que debe ventilarse en el tribunal competente y no en el Registro de la Propiedad.”

El recurrente alega én síntesis como motivos y funda-mentos legales en pro de la revocación de la nota denegatoria, los siguientes:

1. Que el registrador estaba obligado a practicar la ins-cripción, porque el artículo 71 de la Ley Hipotecaria expre-samente autoriza la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales anotados, sin perjuicio del dere-cho de la persona a cuyo favor se hiciera la anotación, y no establece excepción alguna para el caso en que la anotación del embargo haya sido hecha entre las fechas del otorga-miento del acto de enajenación o gravamen y la de su ins-cripción en el registro.

2. Que la prelación de un derecho real no inscrito, sobre un embargo inscrito, cuando el contrato generador del derecho real es de fecha anterior a la de la anotación del embargo está sostenida por el stare decisis en esta jurisdicción.

3. Que un embargo de cosa que no pertenece al deman-dado, no puede perjudicar a quien adquirió la cosa por. escri-tura pública y con anterioridad al embargo, y no puede conllevar la reserva de derechos que establece el artículo 71 de la Ley Hipotecaria en favor de aquellos que anotaren un embargo antes de la fecha de la enajenación.

En oposición, alega el registrador recurrido:

1. Que la cancelación de hipoteca que se pretende anu-laría el derecho de la Insular Mercantile Company, la embar-gante del crédito hipotecario, y que sería injusto resolver el conflicto de derechos que surge de los hechos de este caso sin dar a la mencionada embargante una oportunidad de ser oída en defensa de su derecho.

2. Que la jurisprudencia sentada por esta Corte Suprema en González v. Registrador, 54 D.P.R. 336, y Sierra v. Registrador, 57 D.P.R. 229, no sostiene la contención del apelante, por la razón de que los hechos en uno y otro oaso son fun-damentalmente distintos a los del caso de autos.

En González v. Registrador, supra, la escritura' de cancelación del crédito hipotecario fué otorgada en 21 de agosto de 1925 y el embargo del crédito fué anotado en 25 de agosto de 1930. Al ser presentada en el año 1938 la escritura de cancelación, el registrador se negó a inscribirla alegando que la anotación del embargo no podía ser cancelada sin el consentimiento del acreedor embargante o sin una orden de la corte. Se resolvió, que anotado un embargo sobre un crédito hipotecario inscrito, procede inscribir una escritura de cancelación de dicho crédito otorgada con anterioridad a. la fecha en que se anotó el embargo, sin perjuicio de los. derechos que al acreedor embargante competan por razón del embargo. La diferencia entre el citado caso y el presente es que en éste la escritura de cancelación del crédito hipotecario fué otorgada con posterioridad a la fecha en que se practicó la anotación del embargo.

¿Es la diferencia que hemos apuntado tan sustancial que requiera que apliquemos al caso de autos una regla distinta a la sentada en el caso de González? A nuestro juicio no lo es. Cuando en el caso de González se anotó el embargo en agosto 25 de 1930, ya el crédito hipotecario que se trató de embargar había sido cancelado por escritura pública del 21 de agosto de 1925, la cual de acuerdo con el Código Civil surtió efecto contra el acreedor embargante desde el momento de su otorgamiento. En consecuencia el embargante no embargó nada, pues en la fecha en que se practicó el embargo va la obligación garantizada por la hipoteca había sido extin-' guida. Es verdad que en el caso de autos la obligación garantizada por la hipoteca no fué satisfecha hasta después de haber sido anotado el embargo en el registro, pero no es menos cierto que cuando se practicó el embargo del crédito hipotecario, en 12 de septiembre de 1939, ya dicho crédito no pertenecía al deudor demandado'por haberlo éste cedido al recurrente en 2 de abril de 3939 — más de cinco meses antes de anotarse el embargo — desde cuya fecha la escritura de cesión surtió efecto contra el acreedor embargante. Éste embargó una cosa perteneciente a una tercera persona, y nó a su deudor. La situación jurídica del embargante es idén-tica en uno y otro caso. Véanse: Banco v. Vidal, 2 D.P.R. 231, 242; Longpré v. Wolff, 23 D.P.R. 15; Banco v. Solá, 26 D.P.R. 63, y Méndez Vaz v. De Choudens, 35 D.P.R. 564.

En el presente caso, el dueño de la. finca hipotecada tiene derecho a pagar el importe del préstamo y a exigir la can-celación de la hipoteca a la persona que de acuerdo con el registro aparezca como dueña de la hipoteca y contra la cual el embargo practicado por la Insular Mercantile Company no podía, de acuerdo con la jurisprudencia, tener validez o efecto legal alguno por haber sido anotado con posterioridad a la cesión del crédito hecha por el deudor de dicha com-pañía a una tercera persona. La validez de la cesión, que fué debidamente inscrita, no ha sido impugnada en forma alguna, y dicha cesión debe surtir todos sus efectos legales. Y nos parece lógico añadir, que si el deudor de la hipoteca tiene derecho a pagar su importe a quien resulta ser su acree-dor de acuerdo con el registro y a quien no puede afectar un embargo anotado con posterioridad a la fecha de su adqui-sición del crédito, también debe tener derecho a que se haga constar en el registro el pago de la obligación y la cancela-ción de la hipoteca que lo garantizaba. Véanse: Banco Territorial v. Vidal, 2 D.P.R. 231; La Sociedad etc., de Auxilio Mutuo v. Rossy, 17 D.P.R. 83.

Convenimos con el registrador recurrido en cuanto a que él no está autorizado para cancelar la anotación de embargo hecha a favor de la Insular Mercantile Company, con la sola presentación de la escritura de cancelación del crédito embargado. El Pueblo v. Registrador, 44 D.P.R. 797; Polanco v. Registrador, 44 D.P.R. 827; González v. Registrador, supra.

Por las razones expttestas se revoca la nota recurrida y se ordena al registrador recurrido que proceda a practicar la inscripción solicitada, sin perjuicio de los derechos que pueda tener la persona a cuyo favor se hizo la anotación de embargo.


author: El Juez Presidente Señor, Del Toro

text:
    Manuel de Torres, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. J. L. Córdova Díaz, Juez, demandada.
    Núm. 1226.

    Sometido: Marzo 4, 1941.

      Resuelto: Abril 22, 1941.

      Manuel de Torres, por su propio dereelio; Don. Procurador General George A. Malcolm, B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor, Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de certiorari por virtud del cual Manuel de Torres pide a esta Corte Suprema que anule una orden para mostrar causa dictada en cierto procedi-miento de desacato que contra él se siguiera y la sentencia pronunciada en el mismo.

El auto fué expedido, reclamándose el expediente sobre desacato tramitado en la Corte de Distrito de San Juan. Comienza por la orden para mostrar causa dictada en diciembre 17, 1940, que dice:

“Por CUANTO: El Juez de Distrito que suscribe y en uno de los días del mes de diciembre del corriente año 1940 recibió la copia de una carta dirigida al Dr. Rupert Emerson por el querellado Manuel de Torres, en la cual se hacen, entre otras, las siguientes manifesta-ciones :
“ ‘. . . . and tb at both the San Juan District Prosecutor and the Attorney General of Puerto Rico, Hon. George Arthur Malcolm are in fact conspiring with Gonzalo Aponte, Judge Marcelino Romany and others to defraud the writer of his capital, and his properties.
‘1 ‘ Until now and for the past two years I. have been peacefully trying to recover my confiscated properties through peaceful,, law' abiding legal action in the San Juan District Court. The District Court of San Juan, however, through the medium of its Judges Roberto Todd, Jr. and Marcelino Romany, has been criminally cooperating with, aiding, assisting and protecting the eonfiscators of my properties to illegally retain them; and in this they have been supported by the San Juan District Prosecutor and the Attorney General of Puerto Rico to both of whom I have previously appealed and both of whom have denied me the right to prosecute the confiscators of my properties on criminal charges allegedly on the grounds that no prosecution can be started until the civil suit is disposed of by the district court; whose Judge .Romany in turn has made up his mind that he will not render his decision until it is too late to start any criminal action against his protegees.
“ ‘Corrupt Judge Marcelino Romany, before whom trial of action 31058 was held on October 18th and 19th, 1939, more than thirteen months ago, is benevolently and criminally cooperating with the San Juan District Prosecutor and Attorney General Malcolm to prevent the prosecution of Juan Ramón de Torres and Juana Vanderlinden, confiscators of my funds and my properties, and embezzlers of the funds of the estate of Ramón A. Torres, by delaying decision in ease 31058 until the statutory three years' provided by the statute of limitations shall have outlawed any criminal action against them.
“ ‘Case 31058 still “pending decision by the court” more than five months after the referee rendered his report and apparently relegated to eternity by corrupt Judge Marcelino Romany.
“ ‘And while Romany keeps the case sleeping under lock and key in his private office to insure the freedom of his protegee Juan Ramón de Torres, and to make sure that no one stops him from continuing appropiating other people’s money, the San Juan District Prosecutor as well as the Attorney General of Puerto Rico are cooperating with Judge Romany to insure the freedom of Juan Ramón de Torres by refusing to prosecute referee Aponte for falsifying and forging his report to the Court.
“ ‘All the foregoing has been written to show Attorney General Malcolm that until now I have only been moving according to law, peacefully and patiently appealing to the San Juan District Court for redress through the means provided by law — all of which have failed due to the abdication of Judges Todd and Romany and of the Attorney General himself in favor of control of their respective offices by criminals, thus creating a state of lawlessness in Puerto Rico under which a man who has managed another’s properties under power of attorney can refuse to render an accounting of the funds collected or received as attorney for his principal, and can continue retaining those properties and collecting the income from same without accounting to the real owners, and can depend upon Judge Marcelino Romany to withhold his decision in a case started to compel that man to render an accounting to his principal as provided by law, until such time as criminal action (on) him will have been outlawed by the statute of limitations, and while through all this our most illustrious Attorney General of Puerto Rico George Arthur Malcolm lias been insisting that he cannot prosecute Juan Ramón de Torres until Romany decides case 31058, and now the Attorney General apparently refusing to prosecute Gonzalo Aponte for falsifying and forging his report to the Court, and as long as the Attorney General insists on waiting for Romany to decide and Romany insists on not deciding. I can continue being robbed and deprived of the income of my properties as well as of the funds collected by Juan Ramón de Torres in exercise of my power of attorney, all with the aid, assistance, cooperation and protection of the Attorney General of Puerto Rico and his subordinate, the San Juan District Prosecutor, as well as with the aid and assistance of corrupt Judges Roberto Todd, Jr. and Marcelino Romany.
“ ‘Failure on Mr. Malcolm’s part to take immediate action within not more than 10 days, will compel me to proceed by force and violence for the protection of my rights and the recovery of my funds and properties. I am resolved to forfeit my liberty if necessary to obtain a judicial administrator for the properties and to force a decision of case 31058 by Judge Romany, if Attorney General Malcolm refuses to use his administrative powers to compel this corrupt Judge Romany to decide ease 31058.I am driven by Attorney General Malcolm, Judge Todd and Judge Romany to use force and violence to attain what could be attained and what I have been trying to attain by lawful, peaceful procedure as provided by law, if honest judges were on the San Juan District Court bench instead of criminals like Marcelino Romany.
“ ‘And here, Mr. Malcolm, I will justify the use of that word “criminal” as applied to Judge Marcelino Romany. I will and must prove to you that he is a criminal,. unfit to occupy the position of District Judge and that the use of the word “criminal” as applied to Marcelino Romany is not limited to his complicity in a conspiracy to defraud me by indefinitely delaying decision in case 31058 (cases now before Judge Romany are, I believe in the 34,000 numeration,) and with, I believe, but one other exception, my case is the oldest pending decision by him.
“ ‘Romany, trial judge in ease 31058 is criminally delaying decision in ease 31058 to permit Juan Ramón de Torres, a protegee of Romany, to remain in possession of my funds and my confiscated properties.
“ ‘Romany keeps on deciding more recent cases than case 31058, with the criminal intent of concealing felonies committed in connection with case 31058 by the defendants and their lawyers, thereby helping to deprive me of my properties without due process of law, the laws of Puerto Rico notwithstanding.
“ ‘I will prove that Judge Romany’s interest in delaying a solution of case 31058 is not limited to conspiring with others to deprive me illegally of my properties,.
“ ‘Now, Mr. Malcolm, you will probably understand why, Romany, as trial Judge in case 31058, is holding up his decision of the ease, it being one against his friend Juan Ramón de Torres, and involving as it does the very same property, Sol 19.
“ ‘. . . Juan Ramón de Torres must feel pretty sure about his ability to continue bribing judges, fiscals and even the Attorney General to keep out of prosecution and prison in spite of all his sworn testimony in the Zamorano case and in case 31058 tried before his friend Romany.
“ ‘The foregoing, Mr. Malcolm, are only some of the reasons why corrupt Judge Romany is holding up his depision in case 31058. Romany, corrupt Judge Romany, is not interested in deciding a case that may send his protegee to prison and that may result in criminal investigations which will result in disclosures of Romany and Mas-sari’s own criminal actions as district prosecutors, which may in turn cause their removal as district Judges.
“ ‘I can prove to any jury that the San Juan District Court has ceased to function as a Tribunal of Justice and that at least two of its judges, Roberto Todd, Jr. and Marcelino Romany, use their official positions as judges to permit criminals to confiscate other people’s properties and retain them illegally.
“ ‘. . . . it will establish the basis for my acquittal, and for the ultimate prosecution not only of Gonzalo Aponte and Juan Ra-món de Torres, but also of Marcelino Romany, Domingo Massari, Roberto Todd, and oixr most illustrious protector of criminals Attorney General George Arthur Malcolm.
“ . . And that the judges, the disteiot prioseoutors, and EVEN THE ATTORNEY GENERAL GEORGE ARTHUR MALCOLM CONSPIRE WITH CRIMINALS TO DEPRIVE CITIZENS OP TPIEIR RIGHTS AND PROPERTIES, the laws op Puerto Rico notwithstanding.
“ . . . while the authorities, Fiscals Franco and Massari, Judges Todd and Romany and Attorney General Malcolm have been using their official positions to enable that criminal Juan Ramón de Torres to continue robbing me of the money that was so badly needed to save my daughter’s life, and to enable him to remain in possession of my confiscated properties, and while corrupt Judge Romany has been delaying decision in case 31058 for fear that his decision may send his friend and protegee to prison and cause his own removal as District Judge;
“ ‘, . . if Romany continues to refuse to decide the case, by arresting Romany, Aponte, Juan Ramón de Torres, and others, for conspiracy to defraud or on any of the many other charges which the Attorney General knows his office can prove against Romany and the others.’
“Por Cuanto: Esas manifestaciones se refieren al caso .civil Núm. 31058, seguido por el querellado Manuel de Torres contra Juan Ramón de Torres y Juana Vanderlinden.
“Por cuanto: Las transcritas manifestaciones constituyen una crítica injuriosa e infamatoria de los procedimientos de este tribunal, tendiente a desacreditar injustamente a esta -corte y especialmente al Juez de Distrito que suscribe, y enviadas por el querellado Manuel de Torres por correo certificado al Juez de Distrito que provee.
“Por tanto: Esta corte ordena que el querellado Manuel de Torres comparezca ante este tribunal el día 27 de diciembre de 1940, a las 9:00 de la mañana, a exponer las razones, si es que algunas tiene, por las cuales no deba ser castigado por desacato a este tribunal.
“Dada en San Juan, P. R., hoy día 17 de diciembre de 1940. — • (Fdo.) M. Romany, Juez.”

Notificado Torres, pidió una prórroga de cuarenta días que. le fué negada, solicitando entonces — en, diciembre 23, 1940 — que se anulara la orden por los motivos que expresa.

Siguen dos documentos marcados Ex. 1 y 2 del Pueblo-civil 31058 — die. 27, 1940. El primero es una copia en carbón del ‘ ‘ Memorandum to Hon. George Arthur Malcolm, Attorney General of Puerto Rico”, catorce páginas a máquina a nn solo espacio, y el segundo una carta al dicho Attorney General acompañando el memorándum original firmado por Manuel de 'Torres, al pie del cual se consigna:

“Copies to: Dr. Rupert Emerson, Director, Division of Territories and Possessions, Department of the Interior. — Hon. Luis Muñoz Ma-rín, President, Partido Popular Democrático. — -Hon. William H. King, Senate Judiciary Committee, U. S. Senate, Washington, D. C.”

A continuación aparece un sobre cursado por el correo con la siguiente dirección:

“Special DelivbRY. — Sr. Marcelino Romany, Concordia 31, Pa-rada 13, Santuree, P. R. ”

Siguen copias en carbón de una notificación de oposición del demandante al informe del árbitro en el caso número 31058 de la Corte de Distrito de San Juan, Manuel de Torres v. Juan Ramón de Torres y Juana Vanderlinden, examen de libros y documentos y cobro de dinero, y de una resolu-ción sobre declaratoria de herederos del Dr. Ramón A. Torres, dictada en diciembre 12, 1921.

Inmediatamente se encuentra la opinión y sentencia de la corte de distrito que es como sigue:

“Se le imputa al querellado el haber enviado a uno de los jueces de esta corte copia de una carta dirigida por el querellado al Dr. Ruppert Emerson en la que tilda de criminal y corrupta la conducta de dicho juez, y de otros funcionarios, en relación con un caso que está pendiente en esta corte, y amenaza con recurrir a la fuerza y la violencia en la protección de sus derechos en el caso de que sus que-jas no sean atendidas con prontitud.
“El querellado radicó una moción, antes del día citado para la vista, solicitando se dejara sin efecto la orden inicial en este proce-dimiento, por cuanto la misma no expone un caso de desacato de acuerdo con la ley de marzo 1 de 1902, según enmendada. Es cierto que los actos imputados al querellado no caben dentro de la letra de ninguno de los apartados del artículo primero de dicha ley, pero si bien la ley citada limita las facultades de. las cortes en cuanto a la sanción aplicable en casos de desacato (Coll v. Leake, Juez, 17 D.P.R. 857, aunque véase dictum aparentemente contra en Ex parte Lastra, 56 D.P.R. 559), no limita expresamente el poder de las cortes para castigar por desacato a aquellos casos que se definen en el estatuto. Donde existen disposiciones estatutarias que expresamente pretenden limitar el poder de las cortes para determinar lo que constituye desa-cato, como en California, Pennsylvania, y en las Cortes Federales, por ejemplo, existe cierto conflicto entre las autoridades respecto a la facultad de la legislatura para adoptar tales medidas. (Véase el artículo de Frankfurter y Landis en 37 Harvard Law Review 1010 y la anotación en 121 A.L.R. 215.) En Puerto Rico, sin embargo, el estatuto no es expresamente restrictivo del poder judicial. Sen-cillamente dice conferir a las cortes facultad para castigar por desa-cato en una serie de situaciones. La ausencia en el estatuto local de fraseología restrictiva, considerada a la luz del concepto que en el año 1902, en que se adoptó el estatuto, se tenía del poder judicial en materia de desacato, indica que no fué la intención de la legislatura intervenir con el poder de las cortes para determinar en qué casos debía ejercitarse la sanción del castigo por desacato a los fines de proteger el prestigio, la dignidad y la eficacia del poder judicial. Así lo debe haber considerado nuestro Tribunal Supremo al resolver que constituye desacato dirigir una carta a una corte con el propó-sito de influir en la resolución de un caso pendiente ante dicha corte, sin que el tribunal .considerase necesario el hacer referencia' al esta-tuto de 1902, y a pesar de que el acto en cuestión no está comprendido entre los desacatos de que habla dicho estatuto. In re Rojas, 17 D.P.R. 1097.
“En el caso de autos la carta a que se refiere la querella contiene una crítica injuriosa a esta corte, tiende a desacreditar injustamente a la corte, y el envío de copia de la misma al juez ante quien pende el caso a que se refiere la carta, difícilmente puede imputarse a otro móvil que no sea el de que las amenazas pudiesen influir en la reso-lución del caso. Constituye por lo tanto desacato el acto que la querella imputa al querellado, por lo que se declara sin lugar su moción para dejar sin efecto la querella. Cooke v. United States, 267 U. S. 517, 69 L. Ed. 767, In re Rojas, supra, y véase las autoridades citadas en la anotación en 31 A.L.R. 1239.
“En el acto de la vista el acusado admitió haber escrito la carta a que se refiere la querella, dirigida al Procurador General de Puerto Rico, y haber enviado copias al Di\ Emerson y a uno de los jueces de esta corte, ante quien pende el caso a que se refiere la carta. Explicó que no tuvo la intención de desacatar a la corte, y que actuó movido por la desesperación que en su ánimo ha venido produciendo la situación económica porque atraviesa, que está íntimamente rela-cionada con el litigio a que se contrae la carta, y que le ha impedido atender debidamente graves dolencias físicas que sufre su hija.
“La actitud del querellado, y la explicación por él dada, mitiga la gravedad de su falta, pero no puede borrarla ni eximirle total-mente de la sanción que merece su conducta.
“La corte declara al querellado culpable del desacato que se le imputa y, considerando su arrepentimiento, su situación económica, y la naturaleza grave del desacato cometido, lo condena a pagar una multa de $50, o en su defecto un día de cárcel por cada dólar que deje de satisfacer, sin que el encarcelamiento exceda en ningún caso de 10 días.
“Dada EN Corte AbieRTa, en San Juan, Puerto Rico, hoy día 10 de enero de 1941.— (Fdo.) Jorge L. Córdova, Juez de Distrito.— CeRtipioo: (Fdo.) José L. Hernández, Secretario.”

La petición de certiorari es muy extensa. Creemos que el resumen que de ella Lace el fiscal en su informe con respecto a los motivos en que se funda, es correcto. Dice:

“1. — Que la sentencia es nula porque la corte se excedió en su jurisdicción, ya que el procedimiento seguido fué ilegal e irregular, (a) por no haber mediado acusación del fiscal, (i) porque el fiscal intervino en el caso contra el peticionario, no obstante no haber pre-sentado acusación alguna.
“2. — Que aun asumiendo el procedimiento correcto, la sentencia es nula porque no se consigna en ella la fecha y el lugar del alegado desacato, según lo requiere la ley.
“3. — Que aun asumiendo el procedimiento correcto, la sentencia es defectuosa porque lo declara culpable de haber escrito una carta dirigida al Procurador General de Puerto Rico, mientras que la or-den le imputaba haberla dirigido al Dr. Rupert Emerson.
“4. — Que aun asumiendo la legalidad del procedimiento, la sen-tencia es defectuosa porque los hechos imputados al querellado no caen dentro de la ley de desacato.
“5. — Que la carta en cuestión es una comunicación privilegiada.”

El primer motivo no está bien fundado. No se necesitaba formular una acusación. La orden para mostrar causa la sustituye. Bastará que citemos lo dicho por este tribunal en Sánchez v. Romany, Juez, 53 D.P.R. 596, 597, a saber:

“No es necesario que nos detengamos a considerar si un procedi-miento de desacato criminal constructivo — que surja de una acción civil y esté dirigido contra una o más de las partes en dicha acción— constituye o no un ‘procedimiento especial’, tal como dicho término se usa en el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. Pero véase 4 Bancroft’s Code Practice and Remedies 3716, sección 2895.
“Puede admitirse que un desacato criminal en esta jurisdicción no es ni un misdemeanor ni un felony. No es necesario que el cargo se formule mediante denuncia o acusación. Pueden surgir casos en los cuales debe establecerse alguna distinción entre un procedimiento por desacato criminal y un proceso criminal. Sin cerrar las puertas a una investigación ulterior, no estamos ahora preparados para decir que un procedimiento de desacato criminal no constituye un proceso criminal, dentro del significado de este término, tal como se usa en el artículo 345.”

Por lo que respecta a la comparecencia del fiscal del distrito en el procedimiento de desacato, nada aparece de los autos, y si se toma como cierto lo alegado por el mismo peticionario en cuanto a que el fiscal compareció por haber sido instruido para ello, no vemos cómo pueda producir dicha comparecencia la nulidad del procedimiento.

Tampoco está bien fundado el segundo motivo, a saber, que la sentencia impugnada es nula porque no se consigna en ella la fecha y el lugar de la comisión del desacato. El peticionario sostiene que así lo exige la ley vigente sobre la materia — Leyes de 1906, pág. 32.

Lo que la ley de 1906 invocada exige es que “Siempre que alguna persona fuere multada o encarcelada por desa-cato a una corte deberá firmarse por el juez sentenciador una orden o mandamiento para dicha multa o prisión, consignán-dose en el mismo el acto o actos constitutivos de dicho des-acato, así como la fecha y lugar de esa comisión y circuns-tancias- de la misma, con especificación de la sentencia del tribunal, sin lo cual dicha sentencia quedará enteramente nula y sin efecto.” Código Penal, ed. 1937, pág. 87.

Se trata, pues, de dos documentos diferentes, la sentencia y el mandamiento, y es en el último que la ley expresamente exige que se consignen la fecha y el lugar de la comisión del desacato, no en el primero o sea en la sentencia, como pretende el peticionario. Sólo se ha dictado hasta ahora la sentencia. El mandamiento no ha llegado aún a expedirse. El procedimiento quedó suspendido a virtud del certiorari.

La equivocación hecha resaltar en el tercer motivo fué cometida. El memorándum no fué dirigido al Dr. Emerson si que al Procurador General de Puerto Rico. Pero esa equivocación no produce la nulidad de la? sentencia porque es lo cierto que copia del dicho memorándum dirigido al Procurador General fué remitida al juez de distrito que dictó la orden para mostrar causa, conteniendo dicha copia una nota al pie indicativa de haberse remitido otra al Dr. Emerson. El memorándum cuya paternidad acepta el peticionario habla por sí mismo. Y la sentencia es clara sobre el particular.

El cuarto motivo levanta la cuestión de que no existe ley que castigue como desacato los hechos imputados al peticionario.

Los razonamientos que contiene la opinión del juez sen-tenciador constituyen una contestación suficiente. No hubo error.

“El poder,” se dice en 12 Am. Jur. 418-420, resumiendo la jurisprudencia, “para imponer castigo a las personas culpables de desacato a la corte, puede considerarse como un elemento esencial de la autoridad .judicial. Este poder es poseído como una parte de la autoridad judicial conferida a las- cortes creadas por la Constitución de los Estados Unidos o por las constituciones de los distintos estados. Es un poder que se dice inherente a todas las cortés de jurisdicción general, ya sean éstas estatales o federales; tal poder existe en las cortes de jurisdicción general independientemente de cualquier concesión estatutaria especial o expresa. En muchos casos, la facultad de ciertas cortes o tribunales para castigar por desacato es expresamente conferida por esta-tuto, pero tal autorización estatutaria es innecesaria en lo que concierne a las cortes de jurisdicción general y nada añade a su poder, aunque en relación con las cortes inferiores, la autoridad estatutaria puede ser necesaria para darles poder para actuar. Si la corte es una de jurisdicción general, la manera como se le denomina o la rama de la justicia que ella administra no es relevante. Su jurisdicción puiede ser civil o criminal, en ley o en equidad. De cualquier ma-nera, tiene necesariamente poder para castigar por desacato si es una corte de récord o de jurisdicción general. Si la corte no cae dentro de ninguna de estas clasificaciones puede sin embargo ejercitar el poder para castigar por desacato si es una corte mencionada en la Constitución y a la que ésta le ha conferido poder para ejercer funciones judiciales en casos de la naturaleza de aquél en el que asume actuar, sujeta a las restricciones y condiciones que puedan prescri-birse por estatuto. Aunque el nombre de una corte no es siempre un índice exacto de sus características esenciales o de su rango en la organización judicial, y cortes de un mi sin o nombre a veces varían considerablemente en estos respectos, generalmente las cortes estatales, de circuito, de distrito, su-periores y cortes de ‘common pleas/ son cortes de jurisdic-ción general y por tanto poseen poder inherente para castigar por desacato. Usualmente, los más altos tribunales estatales y las cortes intermedias de apelación tienen poder inherente para castigar desacatos de cualquier clase y naturaleza. En algunos estados las cortes de cancillería (chancery) o de equidad tienen poder inherente para castigar por desacato; en otros, sin embargo, tal poder es estatutario. Las ‘county courts’ tienen generalmente poder inherente y estatutario para castigar los desacatos.”

Sostiene por último el peticionario en sn quinto motivo que aquí se trata de una comunicación privilegiada. No tiene mérito su contención. .

El peticionario no se limitó a dirigir el memorándum al Procurador General, si que envió copias al Dr. Emerson y al juez mismo encargado de la tramitación del litigio, con el evidente propósito de influir en la resolución del mismo.

El memorándum es de tal manera injurioso y amenazador que no es necesario que nos detengamos a particularizar las injurias y amenazas que contiene. Surgen profusamente, sin rodeos, a 'diestro y siniestro, de las partes del mismo que se transcriben en la orden para mostrar causa.

Con respecto al peso de la prueba, bastará decir que estamos actuando dentro de un procedimiento de certiorari en el que sólo nos toca investigar si la corte actuó o no con jurisdicción o si se siguió o no el debido procedimiento de ley. La apreciación de la evidencia corresponde al juez sentenciador.

Por virtud de todo lo expuesto procede la anulación del auto y la devolución del expediente a la corte de su origen para que continúe los procedimientos de acuerdo con la ley, pero nos parece oportuno decir además que a nuestro juicio del poder para castigar por. desacato sólo debe hacerse uso en casos verdaderamente justificados cuando así lo exijan los,fines de la justicia.

La mejor práctica a seguir es ignorar las ofensas per-sonales que puedan inferirse a los jueces, confiando éstos en que su actuación serena, firme y sin prejuicios, y la resolu-ción última del caso basada estrictamente en los méritos del mismo, constituirán una vindicación más efectiva que la con-dena directa del ofensor.

Es cuando el desacato tiende a obstruir y en efecto obs-truye la debida administración de la ley, cuando se altera el orden o se desobedece el mandato del tribunal, que los jueces deben actuar sin demora. Entonces su actuación se impone como algo necesario y ejerce una influencia saludable en el seno dé la sociedad que se da-cuenta exacta de que las cortes, baluarte de los derechos del ciudadano, no sólo dan a cada uno lo que es suyo, si que tienen poder para realizar su misión venciendo los obstáculos que puedan presentársele castigando perentoriamente a aquéllos que los crean.

Por el contrario, cuando al desacato se recurre con dema-siada frecuencia por injurias personales a los jueces, aunque técnicamente se tenga razón al castigar al delincuente, en vez de fortalecerse el prestigio de las cortes en la conciencia social, se debilita, y la extraordinaria facultad de convertirse en juez y parte que el ejercicio del poder implica, produce más bien la impresión del uso de un privilegio que la del cumplimiento de un deber.

El Juez .Asociado S.r. Todd, Jr., no intervino.


text:
    Ramón Pérez Cortés, peticionario, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. F. Navarro Ortiz, Juez, demandada.
    Núm. 1237.

    Sometido: Abril 14, 1941.

      Resuelto: Abril 22, 1941.

      José Martin Betancourt, abogado del peticionario; Garlos García Méndez, abogado del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Emiliano Ortiz Berrios demandó ante la Corte Municipal de San Germán a Bamón Pérez Cortés, solicitando el desahu-cio de éste y que se le condonase a pagar $22 por concepto del canon vencido. Dictada sentencia a favor del deman-dante, el demandado apeló para ante la Corte de Distrito de Mayagüez, y en enero 15, 1941, solicitó la inclusión del caso en el próximo calendario general de casos contenciosos. El 20 del mismo mes el demandante pidió que se señalara el caso para ser visto en su fondo el día 24 de enero de 1941,, alegando que se trataba de un procedimiento sumario y que por tanto la vista debía celebrarse en el calendario especial de cada viernes. La corte inferior sostuvo la contención del demandante y señaló el viernes 1.4 de febrero de 1941 para la vista del caso en su fondo.

El día de la vista y antes de entrar a juicio, el demandado pidió se dejara sin efecto el señalamiento, alegando que la corte carecía de autoridad para combinar en casos de desahu-cio las dos comparecencias que determina el estatuto, para ser celebradas en un mismo día. Declarada sin lugar la moción del demandado, la corte ordenó se procediera a la práctica de la prueba. Ofreció la suya el demandante. Negóse a entrar a juicio el demandado y se abstuvo de pre-sentar su prueba, alegando que “se le había privado de la oportunidad de conocer la prueba documental que se forma-liza en la comparecencia preliminar que establece la ley de desahucio.” Terminada la vista del caso, la corte se reservó el fallo.

El 18 de febrero del año en curso, el demandado radicó ante esta corte su petición de certiorari, en la que solicita la revisión y anulación de los procedimientos seguidos por la corte inferior.

La única cuestión envuelta en este recurso es la de si en la tramitación ante la corte de distrito de una apelación de un caso de desahucio, seguido de acuerdo con el procedi-miento sumario ante una corte municipal, el demandado apelante tiene derecho a que se celebren las dos compare-cencías de acuerdo con lo dispuesto en las secciones 4 y 6 de la ley de 9 de marzo de 1905 (artículos 623 y 625 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933), que leen así:

“Artículo 623. — Se «promoverá el juicio por medio de demanda redactada conforme a lo prescrito para el juicio ordinario en el Có-digo de Enjuiciamiento Civil, y presentada aquélla, se mandará con-vocar al actor y al demandado para una comparecencia que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes al en que se presente la reclamación.
“Artículo 625. — El día de la comparecencia se celebrará el juicio y en él expondrán por su orden las partes lo que a su derecho con-duzca y formularán en el acto toda la prueba que les convenga, y admitida la que se estime pertinente, se practicará dentro de un plazo que no podrá en ningún caso exceder de diez días. Terminadas las pruebas' el juez o la corte en su caso dictará la sentencia dentro del •.término más breve posible, declarando haber o no lugar al desahucio. .Disponiéndose que las excepciones previas y todas las que el deman-dado haya de alegar deberán aducirse al contestar la demanda.”

En el easo de Avalo v. Corte, 39 D.P.R. 847, los Hechos eran prácticamente idénticos a los del de autos. Se trataba como en el presente caso de una apelación en un procedi-miento sumario de desahucio procedente de una corte municipal. La corte de distrito señaló un día para celebrar la primera comparecencia y formular la prueba. Ninguna de las partes compareció en la fecha señalada y la vista fue suspendida. La corte, pocos días después, por su propia ini-ciativa y sin oír al demandado, señaló un día para la cele-bración conjuntamente de la primera y segunda comparecen-cia. Esta corte anuló la orden recurrida, diciendo: •

“. . . El peticionario está en lo cierto al sostener que las dis-posiciones del estatuto deben ser seguidas. La corte no tenía autori-dad para combinar las dos comparecencias, a no ser por consenti-miento del demandado o por su renuncia. Es evidente que el de-mandado fue obligado a entrar a juicio sin saber cuál era la prueba del demandante, y por tanto el demandado no tuvo la oportunidad para considerar la prueba escrita, oponerse a ella o repreguntar a los testigos del demandante después de haberse preparado .debidamente. Ninguna de estas cuestiones fue subsanada al permitir que el deman-dado . compareciera posteriormente. Todas estas posibles 'privacio-nes están cubiertas por la aseveración de que las disposiciones que exigen dos comparecencias son imperativas.
“Debe anularse la orden de 6 de agosto de 1928 y devolverse el .caso a la Corte de Distrito de Humacao para que señale la primera y segunda comparecencia. ’ ’

No nos convence la argumentación de la parte interven-tora. La vista ante la corte de distrito es un juicio de novo, en el que las partes litigantes tienen derecho a presentar nuevas pruebas, no estando limitadas en manera alguna a las que se practicaron ante la corte municipal. El demandado tiene derecho a saber antes de entrar a juicio de qué prueba ha de valerse el demandante para sostener su alegada causa de acción. Y pudiendo en el juicio de novo ante la corte de distrito presentarse evidencia distinta a la que fué some-tida a la corte municipal, sostenemos que la apelación debe tramitarse en la misma forma que si el caso hubiese sido radi-cado originalmente en el tribunal de distrito, o sea celebrando las dos comparecencias prescritas por la ley reguladora del procedimiento en casos de desahucio.

Del récord ante nos no aparece que el demandado apelante renunciara en manera alguna su derecho a la celebración de ambas comparecencias.

La resolución de 5 de febrero de 1941 debe ser anulada y el caso devuelto a la Corte de Distrito de Mayagüee para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.