author: El Juez PresideNTE Señor Del Toro

text:
    Ana Celia Padovani, demandante y apelada, v. Angel Irizarry, demandado y apelante.
    Núm. 7650.

    Sometido: Junio 3, 1938.

      Resuelto: Julio 28, 1938.

      Enrique. Báez Gurda, abogado del apelante; J. A. Suris Agrait, abogado de la apelada.
   El Juez PresideNTE Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Cuatro recursos de apelación se ban tramitado conjunta-mente en estos autos.

En junio 25, 1937, Ana Celia Padovani reclamó alimentos de su esposo Angel Irizarry por medio de demanda presen-tada en la Corte de Distrito de Mayagüez. Tramitada la reclamación, la corte la resolvió por sentencia de septiembre 20, 1937, condenando al demandado a pasar a la demandante una pensión alimenticia de treinta dólares mensuales. El demandado apeló.

El propio día en que radicó su escrito de apelación, o sea el 23 de septiembre de 1937, el demandado, archivó una moción solicitando la nulidad del embargo trabado sobre sus bienes para garantizar la pensión, y dos días después otra pidiendo que se dejara sin efecto la sentencia. El 4 de oc-tubre siguiente solicitó la demandante la eliminación de ambas mociones y pidió que se citara al demandado para mostrar causa por qué no debía castigársele por desacato. Oyó la corte a las partes y en octubre 26 declaró sin lugar las mociones del demandado, y condenó a éste por desacato en noviembre 2 siguiente. De las dos resoluciones adversas y de la sentencia condenatoria, apeló también el demandado para ante este tribunal.

Ambas partes ban presentado largos alegatos cubriendo todos los puntos envueltos en los cuatro recursos. Sin embargo, según la opinión que del caso hemos formado, sólo habrá que considerar y resolver el primer señalamiento de error en el primero de los recursos para decidirlos todos en debida forma.

Ese primer señalamiento se refiere a la omisión por parte de la corte sentenciadora de dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 148 del Código Civil, ed. 1930,

En la demanda se alegó qne la demandante, de diez y seis años de edad, contrajo matrimonio con el demandado Angel Irizarry en diciembre 19, 1936; que los cónyuges vivieron juntos bajo el mismo techo desde entonces hasta marzo 16, 1937 “en que la demandante fué echada de la casa por el demandado” yéndose a vivir con sus padres; que la demandante está necesitada de la ayuda del demandado que éste le niega, y que el demandado tiene casas que le producen una renta de cincuenta y ocho dólares mensuales y una tienda de la que obtiene setenta y dos dólares mensuales de beneficios, pudiendo, por tanto, pasarle una pensión de sesenta dólares mensuales.

En su contestación admitió el demandado el matrimonio, la vida en compañía de su esposa a partir del mismo, y la separación, pero negó que ésta se debiera a que él echara de su casa a la demandante siendo lo cierto que ella se fué por su propia voluntad. Admitió su deber de sostenerla, pero negó que estuviera en condiciones de pasarle sesenta dólares mensuales y expuso el montante de sus bienes y recursos. Alegó que estaba dispuesto a recibir a su esposa “en el hogar conyugal que establecieron el día de su matrimonio.”

Fué el pleito a juicio. Cuando terminó la evidencia de la demandante dijo el demandado por su abogado:

“Nosotros vamos a solicitar de acuerdo con el artículo 148 del Código Civil de Puerto Kico, que la Corte dicte sentencia contra la demandante, condenándole a que ésta vaya al bogar del demandado, a convivir con éste, para allí darle todos los alimentos, médico, medi-cinas y demás.”

Y contestó el juez;

“La Corte deja la cuestión legal pendiente para resolverla en su fondo.”

Introdujo su evidencia el demandado y la corte al decidir el asunto en la forma que conocemos, se expresó, en parte,, como sigue:

“De las declaraciones prestadas, tanto por la demandante como por el demandado, la corte ha llegado a la conclusión de que por la diferencia de edad entre el demandado y la demandante, por el carácter y temperamento opuestos, o por cualquiera otra circuns-tancia desconocida para la corte entre los cónyuges litigantes, no existieron buenas relaciones de armonía conyugal entre ellos, y por las discusiones acaloradas o consejos y reprensiones del demandado, la demandante tuvo necesidad de abandonar el hogar puéstole por el demándado e irse a vivir con sus padres, y en esta situación y de acuerdo con el apartado primero del Art. 144 del Código Civil vigente, edición de 1930, el demandado está obligado a dar alimentos a la demandante, como su cónyuge.”

La corte sentenciadora no hizo referencia expresa en su opinión al artículo 148 del Código Civil, ed. 1930, limitándose a aplicar el 144 que impone la obligación de prestar alimentos en primer término al cónyuge cuando proceda y sean dos o más los llamados a cumplirla.

Dicho artículo 148 dispone:

“El obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, satisfa-cerlos, o pagando la pensión que se fije, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos.”

Comentando Manresa el artículo 149 del Código Civil Español, igual al 148 del nuestro, dice:

“Comparando los términos de dicho artículo 78 de la ley de Matrimonio civil que comentamos, se observa la gran novedad intro-ducida en este punto por el Código, pues lo que antes era una mera excepción, admitida en beneficio del alimentante pobre para evitar que se le compeliese a cumplir dicha obligación aun con perjuicio de sus propias necesidades, se ha convertido ahora en un derecho, queen todo caso puede ejercitar aunque tuviere medios sobrados para suministrar los alimentos en metálico o fuera de su casa, toda vez que a su elección deja el Código el hacerlo en una u otra forma. De lo cual se deduce que si el alimentista no quiere sujetarse a vivir en la casa del alimentante, perderá su derecho a los alimentos.
“La razón de esta reforma es bien clara y fácil de comprender, pues si en algunas ocasiones puede producir complicaciones y dis-gustos el llevar un pariente a la casa del obligado a suministrar los alimentos, en otras puede ser quizás el medio de corregir y enmendar al necesitado de ellos por la dependencia y obligación en que éste se constituye de sujetarse a las reglas del bogar del que le recoge y ampara; y esta sola consideración bastaría para justificar la inno-vación introducida.
“Sin embargo, no debe aceptarse en absoluto el principio con-signado en este artículo, pues existen casos en que el alimentante no puede hacer uso del derecho de elección concedido en el mismo, por ser imposible que el alimentista viva en su casa y compañía.
“Aparte estas declaraciones generales sobre el artículo, el Tribunal Supremo, interpretándole, ha tenido que limitar el alcance de ese derecho de opción para no hacerle incompatible con otros de-rechos, como lo prueban las sentencias de 5 de febrero de 1878, antes del Código, y las posteriores a éste de 25 de noviembre de 1899, 5 de julio de 1901 y 31 de enero de 1902.
“Como regla general, establece el Tribunal Supremo en la de 5 de julio de 1901, que el derecho de opción que el art. 149 del Código Civil concede al obligado a prestar alimentos para satisfacerlos, abo-nando la pensión o recibiendo y manteniendo en su propia casa al alimentista, no es absoluto o inflexible, sino que se halla subordinado a la doble condición de que el deudor por tal concepto tenga casa o domicilio propio, y de que no exista estorbo alguno moral o legal para que el acreedor se traslade a ella y reciba en la misma el con-junto de ventajas o socorros, así naturales como civiles, que se com-prenden en la acepción jurídica de la palabra alimentos, pues faltando cualquiera de esas condiciones, la elección se hace imposible de hecho o de derecho, y la obligación alimenticia tiene necesariamente que cumplirse en la primera de las formas indicadas.” 1 Manresa. Comentarios al Código Civil Español, 686 y siguientes, de la 5a. edición.

Y esta propia Corte Suprema en los casos de Moll v. Llompart, 17 D.P.R. 694 y Maeso v. Ortiz, 44 D.P.R. 162, sostuvo que la oferta del marido de atender a las necesidades de su esposa en su propia casa, puede ser rehusada cuando razones de orden legal, moral o social así lo justifican, y concluyó, analizando las circunstancias concurrentes puestas de relieve poi; la prueba, que la negativa de la mujer a recibir alimentos volviendo a vivir con su esposo estaba bien fun-dada, siendo por tanto ineficaz la opción que hizo el marido.

¿Concurren en este caso circunstancias de orden legal, moral o social que hagan imposible que se ponga en práctica la opción? Hemos examinado los autos y la pregunta debe contestarse a nuestro juicio en la negativa.

Hemos visto que el juez de distrito llegó a la conclusión de que “la demandante tuvo necesidad de abandonar el hogar puéstole por el demandado”, y sin embargo véase el resul-tado de la evidencia tal como lo expone el propio juez en su opinión:

“.... la corte estima probados los siguientes hechos: que la de-mandante y el demandado son casados entre sí, existiendo entre la demandante y el demandado una considerable diferencia de edades, pues mientras la demandante cuenta 16 años y ya tiene más de uno de casada, el demandado tiene más de 50 años; que al poco tiempo de casados comenzaron los cónyuges a tener serias disensiones con-yugales, alegando la demandante que éstas ocurrían por culpa del demandado que no la trataba bien, y alegando el demandado que éstas discusiones frecuentes obedecían a que él reprendía a su esposa y ésta no quería tomar sus consejos; . ... ”

La diferencia de edades por sí sola no es motivo que jus-tifique la separación. Era conocida de la demandante cuando contrajo matrimonio, No es aconsejable en verdad el que se contraigan esa clase de enlaces, pero la realidad es que se contraen y que la experiencia demuestra que pueden subsistir. En cuanto a las “serias disensiones conyugales” a que se refiere el juez en su declaración de hechos probados, nada se encuentra en la declaración de la demandante en el juicio y nada tampoco en la de su único otro testigo, su padre Rafael Padovani. Es en la prueba del demandado, en su propia declaración que se dice:

‘ ‘. que la separación se debió a que ella no estaba de acuerdo con su gobierno, con lo que él le aconsejaba, con el gobierno de la casa, y que siempre le decía que ella era como Dios la había hecho, y que siempre le sostuvo eso. Que él tiene como cuarenta y siete ■años, que hace como seis o siete meses están casados.... que con •ocasión que ella dejó el bogar envió a la tienda por provisiones, y :se las despachó el dependiente; que él nunca en ninguna ocasión se negó a prestarle atención” excepto cuando “fué a buscar un •dinero para un bolipool y le dijo que no y a ella le dió coraje y no volvió a la tienda, dieiéndole miserable; que después que ella •dejó la casa hizo gestión cerca de ella para que volviera, y que eso lo hizo por una sola vez porque ella le contestó muy mal al individuo ■que mandé y le dijo que no volvía más nunca; que él le mandó a decir a ella que deseaba hablarle porque ella no había tenido razón, y porque él quería armonizar. Que ella es una muchacha que tiene una madre que es una mujer muy trabajadora; que después que ■él estuvo en la casa de la demandante, le molestaba, era incorregible _que en todo tiempo él ha estado dispuesto y está en condiciones y presto a recibir en su hogar a la demandante, su esposa Ana Celia Padovani, y a proporcionarle en el mismo todos los medios de vida, y que eso mismo le dijo al abogado de la demandante; que en todo tiempo ha estado dispuesto porque es un hombre de capacidad; que le llamó la atención a su padre dieiéndole que ella era una muchacha .joven, que si quería podía ser buena esposa, que era la única mujer con quien pretendía casarme porque la quería, y que a los padres los quería porque son buenas personas. A la madre la quería, pero •ella es una muchacha incorregible aunque le tiene aprecio.”

Con excepción de la petición de dinero por parte de la esposa para nn bolipool y de la negativa del esposo por virtud de la cual la esposa se enfadó y llamó al esposo miserable, no surge de la declaración hecho concreto alguno •que permita juzgar sobre la seriedad o gravedad de los dis-gustos. Todo lo demás son conclusiones y si el esposo dice •eso no obstante que está dispuesto a recibir a la esposa a quien quiere en su hogar, no vemos qué fuerza puedan tener en contra suya.

No hay la más leve evidencia o imputación de la ocu-rrencia de algo inmoral que impida la unión de los cónyuges en este caso. Ni siquiera prejuicios sociales se manifiestan o diferencias de raza, religión o educación. Todo induce a creer que bien aconsejada la joven esposa podría cumplir el difícil y quizá penoso deber que se impuso al contraer matri-monio, y a que se cumpla ese deber y no a consagrar separa-ciones por motivos insuficientes, deben tender los tribunales.

Por virtud de todo lo expuesto se impone la revocación de la sentencia apelada, cayendo por su base también el embargo trabado a virtud de su pronunciamiento y la con-dena de desacato.

Ahora bien, como en los autos encontramos lo que sigue,, ocurrido cuando declaraba la demandante como testigo,

“Preguntada la testigo que qué le pasó a ella para que se retirara,, el abogado del demandado se opuso resolviendo la Corte que era inmaterial. Preguntada nuevamente la testigo si ese día que ella dice que se fué de la casa que qué fué lo que le pasó, volvió nueva-mente a oponerse el abogado del demandado por ser inmaterial, resolviéndolo la Corte así y agregando además que eso sería prueba para el divorcio, y que se limitara la prueba a ver la posición de esta, señora y la posición económica del demandado.”

Y como de ello pudiera deducirse que si la evidencia de la demandante no fué más completa se debió a la oposición del demandado sostenida por la corte, no parece justo que se cierre por completo el caso sin dar a la demandante otra oportunidad de demostrar los motivos que la llevaron a la separación ya que podrían ser de tal índole que hicieran en verdad imposible el ejercicio de la opción que la ley da al. marido.

De ahí que la revocación deba decretarse devolviendo el' caso para ulteriores procedimientos que no sean inconsis-tentes con lo expuesto en esta opinión, no sin que dejemos-de advertir a la esposa que los litigios son costosos y que las pequeñas fortunas — como parece que es en su mínima:, expresión la acumulada por su esposo antes del contrato matrimonial,' — no resisten sus gastos, de suerte que no sólo-con su actitud quizá innecesariamente esté la demandante destruyendo su propio hogar si que la fuente de donde podría emanar el alimento que pide.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Portalatín, Jr., acusado y apelante.
    Núm. 6944.

    Sometido: Julio 19, 1938.
    Resuelto: Julio 28, 1938.

      E. Pérez Gasalduc, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Portalatín, Jr., fué acusado por el Fiscal del Distrito de Areeibo de la comisión de un delito de seducción. Alegó que no era culpable y pidió juicio por jurados. Juz-gado'por éstos fué declarado culpable, imponiéndole la corte al dictar su sentencia un año y seis meses de presidio con trabajos forzados.

No' conforme, apeló. Imputa en su alegato a la corte sentenciadora cinco errores, cometidos al declarar con lugar la recusación motivada del jurado Juan Abráms, al admitir en evidencia ciertas manifestaciones de la perjudicada y de la madre del acusado a través de la declaración del testigo Epifanio Dorta, al negarse a instruir al jurado que rindiera un veredicto absolutorio y al negarse a trasmitirle cierta ins-trucción propuesta por la defensa,

Sólo tendremos que examinar el segundo. Se formula así:

“Erró la corte inferior al admitir, como admitió, en evidencia las manifestaciones hechas por la presunta ofendida a su hermano Epifanio Dorta, nn mes o dos después de la fecha en que se alega se cometió el supuesto delito de seducción.”

El fiscal admite que fué cometido, pero sostiene que no es perjudicial.

Consta de los autos, que llamado a declarar Epifanio Dorta, hermano de la perjudicada, manifestó que habiéndose enterado de lo que le pasó a su hermana con el acusado fué donde ella y le preguntó y “ella me dijo a mí, que estando buscando leña un poco retirado de la casa de papá me en-contré con Antonio Portalatín, que la había engañado ofre-ciéndole palabras de casamiento.” Cuando las manifesta-ciones se hicieron, habían transcurrido de uno a dos meses de perpetrado el acto.

Se opuso la defensa y la corte permitió que lo declarado quedara en el récord.

Es tan clara la regla de que una vez objetada, no debe admitirse evidencia de referencia, y era tan innecesaria la declaración, que no comprendemos cómo el fiscal insistió y la corte admitió la prueba de que se trata que, dado el tiempo transcurrido, no era posible comprender en la excepción que se hace para aquellos testimonios que forman parte del res gestae. Pueblo v. Calventy, 34 D.P.R. 390; Pueblo v. Arenas, 39 D.P.R. 16, 22; Pueblo v. Blanco, 40 D.P.R. 130; Pueblo v. Alvarez, 47 D.P.R. 161 y Pueblo v. Nieves, 48 D.P.R. 153.

En cuanto al perjuicio, tras una detenida consideración de todas las circunstancias concurrentes, la corte concluye que es inescapable la conclusión de que pudo el Jurado ser influenciado por la declaración objetada a los efectos de rendir su veredicto.

Procede, por tanto, la revocación de la sentencia y la devolución de la causa a la corte de distrito de su origen para la celebración de un nuevo juicio.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    Víctor, Rosario, Anastasia, Beatriz, Casimira, Antolina, Estanislada y Gregorio Jaca Lassalle, peticionarios, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    Núm. 1151.

    Sometido: Julio 26, 1938.

      Resuelto: Julio 28, 1938.

      A. Casanova Prats, abogado de los peticionarios; Damián Monserrat, Jr., abogado de la parte contraria en el pleito que dió lugar al certiorari.

   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Víctor Jaca alegando ser uno de los herederos de Barto-lomé Jaca, fallecido en Río Piedras en febrero 3, 1938, sin otorgar testamento, pidió a la Corte de Distrito de San Juan que decretara la administración judicial de sus bienes.

Accedió la corte tomando ciertas medidas previas y nombrando administrador a J. J. Fuertes el diez del propio mes de febrero último, fijando la fianza a prestar por el mismo en diez mil dólares.

Siguió el procedimiento desenvolviéndose basta que en julio 7, 1938, la corte aprobó un convenio de “el peticionario y todos sus hermanos en este caso” y ordenó al administrador que les hiciera entrega de diez dólares mensuales a cada uno a partir de marzo, 1938, y que así continuara en adelante.

Esta orden dió lugar a que comparecieran en el procedi-miento Rafael y Ramona Expósito quienes alegando ser hijos naturales de Bartolomé Jaca y tener iniciado un pleito' para acreditar su filiación, pidieron a la corte que dejara sin efecto su dicha orden de julio siete. Solicitaron señala-miento de día y hora para la vista de su moción.

La corte señaló en efecto la vista para julio veinte y dos y ordenó al Administrador que hasta nueva orden suspen-diera la entrega de los diez dólares mensuales a los hermanos Jaca que son ocho. Pidieron éstos a la corte que decretara la eliminación de las mociones de los Expósito y que dejara sin efecto el señalamiento de vista de las mismas, señalando en su lugar la vista de su petición.

Lo expuesto consta de los autos originales sobre adminis-tración judicial elevados a esta corte con motivo de una soli-citud de certiorari presentada por los hermanos Jaca ale-gando que la corte de distrito había ignorado por completo el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil y la juris-prudencia sentada en el caso de Morales, Admor. Jud. v. Dessús, 27 D P.R. 523, al admitir la intervención de los Ex-pósito sin permiso y al reconocerles personalidad cuando su status de hijos naturales no constaba de modo auténtico y fehaciente.

■ Expedido el auto, se oyó a las partes sobre el mismo el 26 de julio actual. Por sus abogados comparecieron los her-manos Jaca y los Expósito, pidiendo los últimos la desesti-mación del certiorari por prematuro. El juez demandado contestó el veinte y uno de julio elevando los autos originales ya mencionados y manifestando que la vista del veintidós “cuyo objeto era considerar la procedencia de la orden al Administrador sobre entrega de dinero o bienes de la heren-cia a personas que no han sido aún declaradas herederas,” había quedado suspendida por razón del certiorari.

Examinado el caso en su totalidad no encontramos que sea necesaria la actuación de esta corte para encauzar el procedimiento.

Cuando los hermanos Jaca archivaron su petición ante esta corte sólo habían transcurrido cuatro días del archivo -de su petición de eliminación y señalamiento en la corte de -distrito. No constaba entonces ni consta ahora que la dicha corte hubiera tomado acción alguna sobre la petición, pero 'hemos visto por su contestación que lo que la corte se pro-ponía era oír a los interesados sobre la pensión.

Sobre la corte de distrito pesa la responsabilidad de la .alta inspección de la administración que decretara.

Los Jaca alegaron que eran primos carnales del difunto y que les correspondía su herencia por ser ellos sus parientes más próximos, pero no han sido declarados aún herederos por una corte de justicia. La corte accedió a la adopción de una medida que le propusieron y que representa la en-trega a ellos en junto de una suma de ochenta dólares men-suales, ascendente a más de trescientos cuando la medida se adoptó. La atención de la corte fue llamada sobre la lega-lidad de su orden por los Expósito y conocemos lo que hizo.

No hay duda de que los Expósito que si bien alegaron que eran hijos naturales del difunto habiendo iniciado un pleito para acreditar su filiación, es lo cierto que no han sido aún declarados tales por la corte, no tenían derecho a intervenir de acuerdo con la jurisprudencia sentada en el naso de Morales, Admor. Jud. v. Dessús, 27 D.P.R. 523 en los siguientes términos:

“El simple hecho de que una persona inicie un pleito para que se le reconozca como hijo natural de otra, no autoriza al demandante para intervenir como tal hijo en otro pleito iniciado por el adminis-trador judicial nombrado a la muerte del alegado padre, porque su condición de hijo no consta aún reconocida en forma auténtica y fehaciente. ’ ’

Pero si bien ello es así, tampoco hay duda de que dada la naturaleza del procedimiento y la de los deberes que en el mismo tiene la corte que lo decreta y dirige, y atendida la condición actual de los hermanos Jaca en relación con la herencia — probables herederos para el caso de que no existan descendientes o ascendientes — y la de los Expósito en co-nexión con la misma — probables herederos con exclusión de los Jaca — dicha corte tuyo facultad por sí misma una vez que fué llamada su atención sobre el particular, irrespectiva-mente de si 'quien se la llamó era o no una parte en la ple-nitud de sus derechos, para suspender su orden de entrega de pensión, que implica la disposición de fondos de la herencia a personas que quizá no tengan derecho alguno a ellos, y para llamar a los que demostraban tener si no un interés-actual totalmente esclarecido, un probable interés, para oírlos en una vista amplia y decidir en definitiva de acuerdo con los hechos y la ley.

Siendo correcto bajo las circunstancias concurrentes el funcionamiento de la Corte de Distrito de San Juan, nuestra actuación, como ya dijimos, resulta innecesaria, debiendo en su consecuencia anularse el auto expedido y devolverse el expediente a la dicha corte de distrito para que siga cono-ciendo del mismo de acuerdo con la ley.


text:
    Ulpiano Casals Valdés, demandante y apelado, v. Manuel V. Domenech, sustituído por Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante..
    Núm. 7402.

    Sometido: Marzo 8, 1938.

      Resuelto: Julio 28, 1938.

      Hon. Procurador General B. Fernández García, R. Cordovés Arana, Primer Procurador General Auxiliar y M. Rodríguez Ramos, Sub-Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; J. J. Ortiz Alibrán, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Cuatro cansas de acción se establecen en la demanda'qne originó este pleito. Por la primera se reclaman $201.27 pa-gados bajo protesta por contribución sobre ingresos deven-gados en 1918; por la segunda $697.17 también pagados bajo protesta.por contribución sobre ingresos correspondientes al año contributivo de 1920 y por la tercera $140.90 de igual modo pagados bajo protesta por contribución sobre ingresos percibidos en 1921.

A la enarta cansa de acción nos referiremos después de resolver la cuestión envuelta en relación con las tres primeras que a virtud de la contestación y de las manifestaciones del demandante al comenzarse el juicio, quedó reducida a si la contribución adeudada babía o no prescrito al tiempo de su reclamación.

Son hechos prohados qne para los años 1918, 1920 y 1921 el demandante tuvo ingresos y no rindió declaraciones al Tesorero a los efectos de la imposición y el pago de la con-tribución que sobre los mismos debió satisfacer, y que en tal virtud y en uso de las facultades que el estatuto le confiere, el Tesorero hizo las declaraciones que debió hacer el contri-buyente y le impuso y cobró las contribuciones cuya devolu-ción reclama.

Actuó en 1931. Para esa fecha regía la Ley núm. 74 de 1925 (pág. 401), cuyas secciones 60 y 61, transcritas en lo pertinente disponen:

"Sección 60. — (a) Excepto lo que disponen la sección 61 y la subdivisión (d) de la sección 57 y la subdivisión (b) de la sección 62:
" (1) El importe de las contribuciones sobre ingresos y beneficios excesivos y el importe de la contribución sobre ingresos impuestos por esta Ley, o por la ley de contribución sobre ingresos número 59 de 1917, la ley de contribuciones sobre ingresos número- 80 de 1919, la ley de contribuciones sobre ingresos Núm. 43 de 1921, o por cual-quiera de dichas leyes según han sido enmendadas, se tasarán dentro de cinco años después de radicarse la declaración, y no podrá enta-blarse un procedimiento judicial para el cobro de dichas contribu-ciones después de vencido dicho período....
"Sección 61. — (a) En el caso de una declaración falsa o frau-dulenta con la intención de evadir la contribución, o en el caso de haber dejado de rendir la declaración, la contribución podrá ser im-puesta, o un procedimiento entablado en una corte para el cobro de dicha contribución, en cualquier momento y sin hacerse tasación alguna.
“ (d) Esta sección (1) no autorizará la imposición de una contri-bución o el cobro de la misma mediante embargo o procedimiento judicial si en el momento de promulgarse esta Ley dicha imposición, embargo o procedimiento fuere impedido por cualquier período de prescripción existente, o (2) no afectará cualquier imposición hecha, o embargo o procedimiento judicial comenzado antes de promulgada esta Ley.”

Con respecto a la contribución sobre los ingresos deven-gados en 1920 y 1921 es perfectamente claro que habiendo dejado el contribuyente de rendir sus declaraciones y no •estando prescrita la acción de cobro cnando empezó a regir la ley de 1925, tampoco había prescrito dicha acción en 1931 cnando actuó el Tesorero. Así lo resolvió la corte senten-ciadora y el demandante no apeló de sn resolución.

La corte sin embargo creyó que la acción había prescrito en cnanto al cobro de la contribución por los ingresos corres-pondientes al año 1918, y como así lo resolviera y dictara sentencia ordenando la devolución, el Tesorero apeló, seña-lando como el primer error en que funda su recurso el come-tido a su juicio por la corte al sostener el criterio indicado.

Creemos que la corte sentenciadora estuvo acertada en cuanto decidió que no bastaba el hecho solo de haberse dejado de rendir la declaración para decidir que la acción no había prescrito, si que era necesario alegar y probar que la declaración no se había rendido con el fin de evadir el pago de la contribución, por ser aplicable la Ley núm. 80 de 1919 en relación con la de 1925 y no ésta únicamente, debiendo revocarse lo que en contrario se resolvió en el caso de Soto Gras v. Domenech, 42 D.P.R. 524, pero creemos que erró al decidir que el Tesorero no probó su caso de acuerdo con lo exigido por la ley de'1919.

Ya hemos dicho que es un hecho probado que cuando el Tesorero actuó en 1931, el contribuyente no había rendido ■su declaración de ingresos correspondientes al 1918. El 'Tesorero alegó además en su contestación que no lo había hecho con el fin de evadir el pago de la contribución, ajustán-dose así a las exigencias de la repetida ley de 1919. ¿Lo probó? Veamos lo que dijo la corte de distrito sobre el par-iicular. Fué así:

“Aunque el tesorero alega que el no haberse presentado declara-ción fué con el fin de evadir el pago de la contribución, no se nos ha presentado evidencia alguna tendiente a probar ese hecho. La ■alegación del demandado es una imputación de fraude y éste debe probarse, no por inferencias o deducciones, sino con hechos y de manera que no haya lugar a duda. No basta alegar fraude sino que es necesario probarlo y la prueba debe ser robusta, clara y convin-cente. ’ ’

El contribuyente estaba obligado por sí mismo, sin gestión alguna de parte del gobierno a rendir su declaración y ya hemos visto que el gobierno en este caso concreto alegó que el contribuyente no había rendido su declaración con el fin de evadir el pago de la contribución. Ambas partes fueron a juicio y aparte del hecho de la no rendición que quedó de-mostrado en ése y en otros años contributivos, el gobierno-no presentó otra evidencia sobre la intención del contribu-yente. Descansó en los artículos 101 y 102 de la Ley de Evi-dencia — artículos 463 y 464 del Código de Enjuiciamiento-Civil, ed. de 1933 — que prescriben que “una intención mali-ciosa y culpable, se presume de la deliberada comisión - de un acto ilegal, con el fin de perjudicar a otro,” el primero, y que “todo acto ilegal fué cometido con intención ilegal” y “toda persona intenta la consecuencia ordinaria de un acto-cometido por ella voluntariamente,” el segundo.

A nuestro juicio, dadas todas las circunstancias concu-rrentes, la presunción es bastante. Difícilmente pudo llegar a la posesión del gobierno alguna prueba documental o testi-fical directa demostrativa de la deliberada intención del con-tribuyente. Presentó en evidencia su actuación. Y su actua-ción habla por sí misma. Tenía un deber legal que cumplir y no lo hizo, y no sólo se le imputó su falta de cumplimiento sino la intención con que dejó de cumplirlo. La omisión per-judicaba necesariamente al tesoro público. La no actuación llevaba consigo el no pago de las contribuciones. Era la con-secuencia ordinaria del acto y el acto era contrario a la ley. Si el evadir el pago no fué la intención del contribuyente, a él correspondía demostrarlo, como intentó hacerlo declarandoen el juicio que la omisión se debía a haber descansado en que la casa de comercio con la cual trabajaba rendiría las-declaraciones por ser la costumbre del tenedor de libros ha-cerlo así para con los socios, explicación que no fué analizada por la corte de distrito en su relación del caso y opinión y que no nos parece de suficiente peso para relevarlo de res-ponsabilidad.

El primer error en que se funda el recurso fué, pues, cometido. Examinemos el.segundo que se formula así:

“La corte de distrito cometió error de derecho al resolver que los ingresos correspondientes al año 1929 deben dividirse de por mitad entre el demandante Ulpiano Casals y su esposa.”

Para ello debemos comenzar por referirnos a la cuarta y última causa de acción, por medio de la cual alegó el deman-dante que el tesorero en 1931 le impuso una contribución de $1,118.48 sobre los ingresos que recibiera en 1929; que apeló a la Junta de Revisión y de acuerdo con su resolución liquidó el tesorero una contribución de $1,189.46, que con más $116.79 de recargos, pagó bajo protesta; que desde 1926 poseía bienes en común con Enrique Abarca y como resultado de transacciones con los mismos recibió $17,291.65 en 1929 pero que tal suma no representaba beneficios de ese solo año, de-biendo distribuirse los ingresos entre 1926, 1927, 1928 y 1929, y que desde 1927 estaba casado con Santos Selles y eso no obstante el tesorero al preparar de oficio la declaración lo hizo a nombre del demandante solamente, comprendiendo en una sola declaración la totalidad de ingresos que no le perte-necían exclusivamente sino de por mitad con su esposa con quien tenía constituida la sociedad de gananciales por razón de matrimonio que establece la. ley.

Al decidir las cuestiones suscitadas la corte de distrito dijo que la evidencia aportada no era suficiente para demos-trar a cuáles años correspondían los beneficios percibidos en 1929 y tomó como única base dicho año, tal como lo había hecho el Tesorero, pero resolvió que estando Casals casado para dicha época, el Tesorero no tuvo facultad para archivar una sola planilla, facultad que correspondía ejercitar en su caso a los esposos y dictó sentencia ordenando una nueva liquidación.

La ley aplicable, que lo es la núm. 74 de 1925, dispone en su sección 24 lo que sigue:

“O) Cada uno de los siguientes individuos deberá presentar una declaración bajo juramento demostrando específicamente las partidas de su ingreso bruto y las deducciones y créditos admisibles a virtud de este título—
“ (6) Si un espoSo o esposa que viven juntos tienen unidos un ingreso neto por' el año contributivo de $2,500, o más, o unidos tienen un ingreso bruto durante dicho año contributivo de $5,000 o más—
“(1) Cada uno de ellos deberá presentar una declaración; o
“ (2) El ingreso de cada uno de ellos deberá ser incluido en una sola declaración conjunta, en el cual caso la contribución deberá ser computada sobre el ingreso en conjunto.”

De suerte que el legislador estatuyó que cada esposo era un contribuyente separado, ordenándoles que presentaran sus declaraciones, pudiendo eso no obstante incluir sus in-gresos en una sola declaración. ¿A quién corresponde la elección? Casals sostiene que exclusivamente a los esposos, por ser ellos los que pueden juzgar mejor su conveniencia. El tesorero por el contrario sostiene que cuando los esposos no hacen su elección en el término de ley, él debe hacerla. La corte sentenciadora, como sabemos, dió la razón a Casals. Después de citar la ley, se expresó en su opinión como sigue :

“Las anteriores disposiciones imponen a los esposos la obligación de presentar cada uno de ellos una declaración por separado; pero de acuerdo con el inciso (2) los esposos tienen opción para presentar una sola declaración conjunta si así lo estiman conveniente. Quiere decir que en primer término la ley considera a los esposos dos con-tribuyentes independientes uno de otro, pero con el derecho de elegir la presentación de una declaración conjunta. El demandado a nuestro juicio no puede hacer la elección. Si esto fuese así, esto es, si el demandado tuviese autoridad para hacer de los esposos una sola entidad contributiva, necesariamente cogería este medio para imponer una contribución más alta, como es la que resulta de los ingresos de ambos cónyuges combinados. También la Sección 18 de la Ley de 1925 en su apartado (c) expresa que ‘si dicho esposo y esposa rinden declaraciones separadas la exención personal puede ser tomada por cualquiera de los dos o dividida entre ambos.’ De manera que el estatuto no concede en ningún caso al tesorero el derecho de hacer motu proprio planillas consolidadas.”

Lo ocurrido, según aparece de la declaración de Casals en el juicio, fué:

“P. — ¿En el año 1929 usted era casado? E. — Sí, señor. P. — ¿Y en el 1928? E. — También. P. — ¿Usted recuerda cuándo se casó? E. — El 13 de junio de 1927. . . . P. — ¿Cuál es el nombre de su esposa? E. — Santos Sellés. . . . P. — ¿Usted podría informar a la corte si usted radicó planilla para ese año? E. — Sí, señor, le puedo decir que no. P. — ¿Qué no? E. — Que no la radiqué. P. — ¿Entonces el inspector bizo una planilla de oficio? E. — Sí, señor. . . . P. — ¿Y su esposa, radicó alguna planilla? E. — Si mal no recuerdo, después que se recibió la planilla de oficio del tesorero se radicó una planilla enmendada a nombre de mi esposa y otra a nombre mío. P. — ¿Las admitieron en tesorería? E. — No, señor. P. — ¿Las rechazaron? E. — Sí, señor. P. — ¿Usted puede decirle a la corte la fecha en que se radicaron esas planillas? E. — No puedo decirle. P. — ¿Fue mucho tiempo después? E. — Fué casi inmediatamente al recibo de la pla-nilla de oficio, creo que fué dentro de los treinta días.”

No hay duda de que cuando los esposos cumplen con su deber legal y tienen ingresos separados, a ellos corresponde la elección. La hay a nuestro juicio no sólo cuando se deja de hacer la elección por los esposos en tiempo, si que cuando se trata de bienes gananciales aunque la declaración se pre-sentare dentro de él porque separar los ingresos cada año envuelve en cierto modo una liquidación de la sociedad de gananciales y ésta en verdad no se liquida sino cuando final-mente se disuelve.

Como se dijo por la Corte Suprema de los Estados Unidos por medio de su entonces Juez Asociado Sr. White, en el caso de Garrozi v. Dastas, 204 U. S. 64, 79:

“ 'Los derechos de la esposa permanecen inactivos durante el matrimonio ya que el marido está encargado de velar y dirigir los asuntos de la sociedad conyugal. Pero este derecho que permanece inerte, en tanto esté el marido a la cabeza de los asuntos de la comu-nidad, se torna activo cuando la autoridad conyugal deja de existir.’ .... Troplong, Contract de Mariage, vol. 2, pág. 136, núm. 855.
“Bajo la ley de Francia, con anterioridad al Código de Napoleón, el poder del marido sobre los bienes de la comunidad alcanzaba tal magnitud, que se consideraba, en teoría, que los derechos de la esposa no sólo estaban inertes durante el matrimonio, si que eran totalmente inexistentes. En otras palabras, se sostenía la doctrina que la mujer durante el matrimonio tenía una mera expectativa, y por tanto que no gozaba de interés alguno en las propiedades o bienes de la comunidad hasta la disolución de la sociedad. Dumoulin,. Sur. l’art. 25, Cout. de Paris. Y de esto surgió la expresión que la comunidad era una sociedad que sólo empezaba con su terminación. Sin embargo, como consecuencia del derecho conferido a la esposa por ciertas costumbres francesas anteriores al Código de Napoleón, y también expresamente otorgado por dicho código (1443 et seq.), a obtener una orden disolviendo la comunidad en aquellos casos en que los asuntos del marido estaban en tal desorden que seriamente amena-zaban los derechos de la esposa, es la doctrina generalmente aceptada bajo el Código de Napoleón, que el interés de la esposa con ante-rioridad a la disolución del matrimonio subsiste, aún cuando per-manezca inerte.”

Y como se expresó esta propia Corte Suprema, por medio de su Juez Asociado Sr. Texidor, en Ramos González & Co. v. Registrador, 41 D.P.R. 58, 61:

“El Código Civil de Puerto Rico, ha estatuido que la sociedad de gananciales empieza precisamente en el día de la celebración del matrimonio; y se extingue a la disolución del mismo. Por ella se adquieren derechos y se constituye la entidad en responsabilidades; y si bien éstas tienen una solución definitiva y matemática tanto mientras existe la sociedad como a su disolución, aquéllos no tienen, mientras el matrimonio subsiste, una realización práctica como la de que cada socio tenga una parte fija y determinada durante la existencia de la sociedad. Así se ve del código, que mientras en los artículos 1323 a 1326, inclusives, establecen las responsabilidades que pueden tener una inmediata solución, deudas y obligaciones contraídas por el matrimonio, réditos y atrasos, reparaciones de bienes, alimentos y educación de la prole, y otras, en el artículo 1310, capital en lo que a la naturaleza de la sociedad se refiere, se emplean el futuro ‘harán suyos’ y la condición ‘al disolverse el matrimonio.’ El artículo dice:
“ ‘Artículo 1310. — Mediante la sociedad de gananciales, el marido y la mujer harán suyos por mitad, al disolverse el matrimonio, las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los cónyuges durante el mismo matrimonio.’
"Los bienes gananciales, mientras el matrimonio existe y sub-siste, pertenecen a la comunidad conyugal. Sólo cuando el matri-monio se disuelve podrán fijarse las mitades de que habla la ley; antes, no; que la voluntad de los cónyuges no puede romper el mandato y la creación de la ley. Y en esta escritura, lo primero que hacen estos cónyuges es adelantar un futuro al que ellos no pueden alcanzar, y considerar como de hecho lo que no es más que un derecho in potentia. Y así se dan por dueños cada uno de una mitad de las fincas, y sobre esto basan su aportación.”

Sin embargo, como se trata de una ley sobre contribu-ciones que debe interpretarse en el sentido más favorable al contribuyente, nos inclinamos a resolver que es aplicable a Puerto Rico la regla sentada para estados de la Unión en que también existe la sociedad de gananciales en forma igual o similar a la nuestra, tal como se expone en la obra de Paul and Mertens, Law of Federal Income Taxation, a saber;

"No obstante el derecho a elección que le confiere el estatuto al marido y a la mujer habilitándolos para elegir el presentar una planilla conjunta, marido y mujer son, si no ejercitan ese derecho a elección, dos contribuyentes separados...” (Yol. 4, pág. 540, see. 39.09.)
"La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido que cada cónyuge, en Arizona, Luisiana, Tejas y "Washington, puede presentar planillas individuales incluyendo la mitad de los ingresos de la sociedad de gananciales. Se dijo que bajo las leyes de esos estados la mujer tenía un interés actual adquirido (present vested right) igual al del esposo en los bienes de la sociedad, y que, por lo tanto, la contribución sobre la- mitad de los ingresos debía imponerse a ella. El Departamento de Hacienda promulgó esta misma regla para Idaho, Nevada, y Nuevo Méjico, basándose en las decisiones de la Corte Suprema. . . •. La Corte Suprema ha puesto de acuerdo la regla de California con la regla general en los otros estados, así que cada cónyuge residente en California puede preparar una planilla incluyendo la mitad de los ingresos de la sociedad de gananciales después de julio .29; 1927.” (Yol. 2, pág. 57, sec. 16.03.)

Y adoptado ese criterio para cuando se presenta la decla-ración en tiempo, creemos que lógicamente debe aplicarse, si en ello insiste la parte interesada, después, como sucedió en este caso. La dilación, lleva consigo los recargos y penali-dades que el legislador estimó apropiados y fijó expresamente en la ley y el qne pudiera resultar de nna declaración con-junta no está comprendido entre ellos.

El segundo error no fue cometido. El tercero y último se-señala pero no se discute en el alegato. Se refiere a la sen-tencia y comprende los dos anteriores.

Debe revocarse la sentencia en cuanto declaró con lugar-el reintegro ele $201.27 cobrados por contribución sobre in-gresos percibidos en 1918, y así modificada, confirmarse.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme excepto en. cuanto a la revocación de la sentencia declarando con lugar el reintegro de $201.27 cobrados por contribución sobre in-gresos percibidos en 1918 por estimar que dicho pronuncia-miento debe ser también confirmado.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Tobo

text:
    Félix Juan Serrallés y Sánchez, demandante y apelante, v. Hon. R. Sancho Bonet, como Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado. Juan Eugenio Serrallés y Sánchez, demandante y apelante, v. Hon. R. Sancho Bonet, como Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núms. 7764 y 7765.

    Sometidos: Junio 13, 1938.

      Resueltos: Julio 28, 1938.

      V. Zagas Pizarro, abogado de los apelantes; Hon. Procurador General B. Fernández García y M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión de jurisdicción envuelta en estos dos pleitos fué considérada por la Corte de Distrito de Ponce en una sola opinión. Procederemos de igual modo en esta Corte Suprema.

Félix Juan y Juan Eugenio Serrallés y Sánchez com-praron en Kansas City, Missouri, Estados Unidos de Amé-rica, dos aeroplanos de dos pasajeros cada uno en agosto de 1936, los inscribieron en el Departamento Federal de Washington, D. C. como “Licensed aircraft” para uso particular de sus dueños en Puerto Rico y entre Puerto Rico y los Estados Unidos y otras naciones.

Ambos aeroplanos llegaron a la isla el 17 de agosto de 1936 y el Tesorero de la misma basándose en la Ley de Rentas Internas de 1931, tal como quedó enmendada por la núm. 108 de mayo 15, 1936 (pág. 567), cobró a Félix Juan Serrallés $258.94 y a Juan Eugenio $211.30, como contribución de rentas internas. Los Serrallés estimando que el cobro era ilegal, pagaron dichas sumas bajo protesta y reclamaron su devolución por medio de dos pleitos que contra el Tesorero interpusieron en la Corte de Distrito de Ponee amparándose en la Ley núm. 8 de 1927 (pág. 123) sobre pago de contri-buciones bajo protesta.

Emplazado el demandado excepcionó las demandas por falta de jurisdicción de la corte para conocer en primera ^ins-tancia de las mismas porque la cuantía envuelta en cada una de ellas era inferior a quinientos dólares.

Oyó la corte de distrito a ambas partes y en una amplia y bien razonada opinión concluyó que la excepción estuvo bien tomada y dictó sentencias desestimando las demandas sin especial condenación de costas. No conformes los deman-dantes apelaron para ante este tribunal.

El demandado apelado pidió la desestimación de ambos recursos por frívolos, oyéndose a las partes por sus abogados sobre la moción el trece de junio último.

Hemos estudiado la cuestión de jurisdicción envuelta y creemos que en verdad resultan frívolas las apelaciones después de los razonamientos que contiene la opinión de esta corte en el caso de The Shell Co. (P. R.) Ltd. v. Pagán, Tesorero, 51 D.P.R. 208.

Cuatro leyes lia promulgado la Legislatura sobre pago de contribuciones bajo protesta. La primera en 1911, Ley núm. 31, pág. 132; la segunda en 1920, Ley núm. 17, pág. 125; la tercera en 1924, Ley núm. 9, pág. 71, enmendada por la núm. 84 de 1925, pág. 581, y la cuarta que es la vigente en 1927, Ley núm. 8, pág. 123.

La sección 3 de la de 1911 disponía que “La parte que pague-. .bajo protesta podrá.. .demandar al Tesorero ante la corte de jurisdicción competente.. .para obtener la devo-lución. . . . Cada una de las partes en dicho pleito tendrá el derecho de apelación para ante el Tribunal Supremo.” Y luego en la 4 decía que “No se dará ningún otro recurso en caso de recaudación ilegal... ”

La jurisdicción en todos los casos de acuerdo con dicha ley correspondía claramente a las cortes de distrito.

La ley de 1920 no introdujo variación substancial alguna sobre la materia. Al contrario, hizo aún más clara, termi-nante pudiera decirse, la jurisdicción original exclusiva de las cortes de distrito al disponer por su sección 2 que “El contribuyente que hiciera el pago.. .presentará.. .una de-manda ante la corte de distrito que corresponda de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil.... ”

Fué la ley de 1924 la que introdujo variación. Por su sección 4 dispuso que “El contribuyente que haya pagado... deberá demandar al Tesorero... en un tribunal de jurisdic-ción competente, para obtener la devolución.... ” Y por la 5 “Cualquiera de las partes podrá entablar recurso de apela-ción para ante un tribunal superior, archivando en la corte a quo su escrito....”

Interpretándola dijo y resolvió esta corte en el caso de Jesús v. Gallardo, 34 D.P.R. 430, 432:

“Tenemos que presumir que cuando la Legislatura varió los tér-minos de la ley de 1920 en ese extremo, fué claro su propósito de no-mantener en las cortes de distrito la jurisdicción exclusiva en esa clase de reclamaciones, sino que la jurisdicción se determinaría por razón de la cuantía, siguiendo para ello la ley de carácter general aprobada en 10 de marzo de 1904, Comp, de 1911, pág. 262. Y seguramente se consideró para ello que no sería equitativo ni justo obligar a un contribuyente por sumas insignificantes que acudiera a una corte de distrito para establecer su demanda pudiendo hacerlo ante la corte municipal que corresponda siempre que la cuantía no exceda de $500, intereses inclusive. See. 1173 Comp. 1911, pág. 265.”

La enmienda de 1925 no alteró la cuestión de jurisdicción.

La nueva ley de 1927, o sea la vigente, prescribe por su sección 3 que “El contribuyente.. .podrá.. .demandar al Tesorero... en una corte insular de jurisdicción competente, o en la Corte de Distrito de los Estados Unidos, para obtener la devolución.... ” Y por la 4 que “Cualquiera de las partes podrá entablar recurso de apelación de acuerdo con las dis-posiciones de la ley para apelaciones en casos civiles.”

Como puede verse, la única variación substancial fué la de agregar la Corte de Distrito de los Estados Unidos como otro tribunal ante el cual podía acudirse en propios casos. Eso no obstante esta.corte en el caso de Soto Gras v. Domenech, Tesorero, 45 D.P.R. 940, resolvió que “La intención legislativa por la Ley núm. 8 de 1927 (pág. 123) no fué otorgar a las cortes municipales jurisdicción para conocer de pleitos en cobro de contribuciones bajo protesta” y revocó el caso de Jesús v. Gallardo, supra.

En el caso de The Shell Co. (P. R.) Ltd. v. Pagán, Tesorero, supra, se trata de distinguir el caso de Soto Gras v. Domenech, Tesorero, supra, pero el razonamiento va más lejos y de hecho lo revoca. Lo resuelto, según el resumen, en dicho caso, fué: “Las acciones o procedimientos para obtener la devolución de contribuciones o arbitrios locales pagados bajo protesta al Gobierno de la Capital, a que se refiere el artículo 32(a) adicionado a la Ley núm. 99 de 1931 (pág. 627) por la núm. 32 de 1933 (Leyes de 1932-1933, pág. 255), deben instarse en las cortes municipales o de distrito que tuvieren jurisdicción, de acuerdo con la cuantía del pleito (Soto Gras v. Gallardo, 45-940, distinguido).” Establecida la regla, es inevitable la conclusión de que lo mismo se aplica a las contribuciones locales o municipales que a las insulares. El caso de Calaf v. Gallardo, 36 D.P.R. 147, no queda afectado porque en él se trata de contribuciones sobre ingresos y rige la ley especial sobre la materia, o sea la núm. 74 de 1925 (pág. 401).

Revocado el caso de Soto Gras v. Gallardo, supra, queda despejada la situación y la ley en pie rigiendo de acuerdo ■con sus términos tal como fué interpretada en Jesús v. Gallardo, supra, o sea confiriendo la facultad de conocer de esta clase de pleitos en primera instancia a las cortes insulares de jurisdicción oiúginal competente o sea a las municipales y a las de distrito, según la cuantía, pudiendo apelarse en la forma que prescribe la ley general de apelaciones en casos civiles.

En tal virtud deben las mociones prevalecer y en su con-secuencia desestimarse, por frívolos, ambos recursos, que-dando confirmadas las sentencias recurridas.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


author: El Juez Presidehte Señor Del Toro

text:
    The Board of National Missions of the Presbyterian Church in the United States of America, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1026.

    Sometido: Julio 22, 1938.

      Resuelto: Julio 28, 1938.

      Enrique Báez García, abogado de la recurrente; el registrador recu-rrido no compareció.
   El Juez Presidehte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Aguadilla la escritura otorgada en seis de mayo de 1938 ante el notario público Herminio Rodríguez Quiñones por Joaquín Oronoz y Pont, Alcalde de San Sebastián, y Angel Archilla Cabrera, representante en Puerto Rico del ■“Board of National Missions of The Presbyterian Church in the United States of America”, sobre servidumbre de paso, el registrador la devolvió con la siguiente nota:

“Devuelto este documento, en unión de la certificación del Muni-cipio de San Sebastián que se acompaña, sin hacer operación alguna en el Registro, por los siguientes fundamentos: porque del texto del contrato comprendido en el mismo no se puede determinar cuál es el predio sirviente y cuál el predio dominante surgiendo, por tanto, la imposibilidad de fijar los derechos que determina la Sección 11 del Arancel de los Registradores de la Propiedad (véase la ley 32 de noviembre 30 de 1917); porque no se acredita la valoración oficial de ninguno de los predios.”

No conforme el Board, interpuso el presente recurso gubernativo.

Hemos estudiado el documento de que se trata y a nuestro juicio de él surge cuál es el predio dominante y cuál el sirviente.

En él se consigna que el Board es dueño de una casa ubicada en un solar inscrito que colinda con otro del muni-cipio también inscrito en el que está enclavada su casa alcaldía; que en trece de agosto de 1929 el Board y el muni-cipio formalizaron un contrato de servidumbre de paso que se transcribe y del cual aparece “(1) que entre el solar que ocupará la Casa Alcaldía y el que ocupa la Iglesia Presbi-teriana, en la calle ‘Padre Feliciano’ de esta población, hay un callejón de cuatro metros de ancho, de los cuales corres-ponden dos metros a cada solar; (2) que los comparecientes han acordado establecer una servidumbre de paso en dicho callejón haciendo éste de y para uso de ambas partes, de modo que cada uno tenga derecho sobre el callejón en su totalidad;” y que el contrato fué ratificado por la Asamblea Municipal por resolución sometida de acuerdo con la ley al Alcalde y vigente desde fines de abril de 1938. La cláusula séptima de la escritura es como sigue:

“Y por ser así convenido, por la presente escritura el compare-ciente don Joaquín Oronoz y Font, en su carácter de Alcalde del Municipio de San Sebastián y en cumplimiento de lo que dispone la ordenanza número quince, aprobada por la Asamblea Municipal de San Sebastián, el veinte y cinco de abril de mil novecientos treinti-ocho, procede a otorgar la presente escritura, de manera que ‘The Board of National Missions of the Presbyterian Church in the United States of America,’ pueda inscribir en el Begistro de la Pro-piedad de Aguadilla el referido contrato sobre servidumbre de paso, sobre los predios descritos en el párrafo Primero y en el párrafo Tercero de esta escritura, de acuerdo con el contenido del contrato aprobado el trece de agosto de mil novecientos veintinueve y que aparece transcrito literalmente en el párrafo Quinto de esta escri-tura, aclarándose expresamente que en lo que respecta al derecho de paso que tiene el Municipio, el predio perteneciente a ‘The Board of National Missions of the Presbyterian Church in the United States of America’ será considerado como predio sirviente y en lo que res-pecta al paso de ‘The Board of National Missions of the Presbyterian Church in the United States of America’ por dicho solar, el predio perteneciente al Municipio será el predio sirviente, de manera que ambos predios serán dominantes y sirvientes recíprocamente.”

Habla por sí mismo el documento y nada tenemos que agregar. Dominante es el predio del Board y sirviente el del municipio en cnanto a los dos metros que al municipio pertenecen en el callejón de cuatro de ancho descrito en la escritura y dominante es el predio del municipio y sirviente el del Board en cnanto a los dos. metros que al Board perte-necen en dicho callejón.

Veamos el otro motivo de la nota. La ley ordena el cobro de determinados derechos por parte del registrador. Dicho funcionario no puede practicar operación alguna en los libros a su cargo sin liquidar y percibir dichos derechos para El Pueblo de Puerto Eico, a menos que por ley se ordene otra cosa. El cálculo se hace tomando en cuenta el valor de las propiedades envueltas. En relación con las servidumbres dispone la sección 22, núms. 11 y 12 de la Ley núm. 32 de 1917 (Vol. II, pág. 311) expresamente lo que sigue:

“Sección 22. — El arancel de los derechos que se han de pagar en lo sucesivo por las operaciones de los registros de la propiedad fijando y cancelando los correspondientes sellos de rentas internas en la forma que esta Ley dispone, será el siguiente:
“. Número 11. — Para el de los que se devenguen por inscrip-ción o anotación, y notas marginales de servidumbre, el cinco por ciento del valor, según la tasación oficial, del predio dominante, por cada inscripción o anotación que de dicha servidumbre se haga en el predio ■ sirviente. Por la inscripción o anotación que se haga en el predio dominante de la indicada servidumbre se devengarán derechos con arreglo al valor oficial del predio sirviente. Número 12. — Si el valor de cada finca o derecho no constase del título se cobrará por el valor oficial de la misma para la tasación.”

Y sostiene el Board que no proporcionó ni pudo propor-cionar al registrador la valoración oficial porque tal valora-ción no existe, citando el inciso B del artículo 291 del Código Político (See. 2943 de la Compilación de 1911) por virtud del cual quedaron exentas del pago de contribuciones las pro-piedades de los municipios destinadas al uso público como lo está el solar en que se levanta la casa alcaldía del muni-cipio de San Sebastián; la sección 2 de la Resolución Con-junta núm. 10, de abril 11, 1933 (pág. 641) por virtud de la cual se eximió a todo municipio de la Isla y al Gobierno de ’la Capital del pago de derechos notariales y de inscripción en los registros, y la Ley núm. 76 de 14 de marzo de 1912 (pág. 124) que prescribe:

"Estarán exentas de tributación para la imposición de contri-buciones las propiedades siguientes:
"A. . . . .
"B. .......
“C. .......
“D. .......
'> "E. Todo edificio utilizado y destinado exclusivamente para el culto religioso, incluyendo escaños, asientos y muebles dentro del mismo; todo edificio destinado a logia masónica o utilizado para centro de educación, literario, científico o caritativo, con los muebles, enseres y aparatos pertenecientes al mismo; y toda superficie de terreno, cuya extensión no exceda de cinco cuerdas, en el cual dicho edificio o edificios esté o estén construidos; siempre que tales terrenos y edificios no sean arrendados o utilizados de otra manera, con el fin de que produzcan un beneficio pecuniario, ya al arrendador, ya al arrendatario.”

De suerte que no teniendo que pagar contribución ninguno de los dos predios, no ha habido necesidad de tasarlos oficial-mente a los efectos del pago de la contribución, tasación que constituye la valoración oficial que se toma por base para cobrar los derechos fijados por el arancel que se aplica en los registros de la propiedad.

Siendo ése el caso, sugiere el recurrente que el regis-trador debió tomar para calcular los derechos la base que le proporcionaba el mismo registro donde constaba el precio que el Board pagó por su predio o bien seguir la pauta tra-zada por el artículo 424 del Reglamento de la Ley Hipote-caria, no obstante hallarse dicho precepto derogado, a saber, la de exigir a los. otorgantes una declaración jurada sobre el valor de las fincas, pero nunca devolver el documento sin practicar operación alguna en el registro por los motivos consignados en su nota. Para hacer tales sugerencias invoca la recurrente el inciso segundo del artículo 7 del Código Civil que prescribe:

“Cuando no baya ley aplicable al caso, el Tribunal resolverá ■conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho .y los usos y costumbres aceptados y establecidos.”

Creemos en verdad que tratándose como se trata de un -contrato legal otorgado en debida forma, precisa resolver que es inscribible y debe ser inscrito para beneficio de las partes y de terceros en el registro de la propiedad corres-pondiente, y en tal caso, no existiendo la tasación oficial para fines contributivos que se toma como el valor a los efectos de aplicar el arancel, puede y debe el registrador basarse en el que tengan los predios según los últimos con-tratos inscritos y si tuviere motivos para dudar de que no es el justo, bien por los años transcurridos, o ya por cambios habidos en el mercado o por alguna otra circunstancia, o si •dicho valor no constara, podría entonces exigir la declara-■ción jurada de la antigua práctica.

En tal virtud debe revocarse la nota recurrida y el asunto ■devolverse al registrador para que actúe de conformidad con 'lo que aquí se expone y resuelve.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


author: El Juez Pbesidentb Señob Del Tobo

text:
    Dolores González, demandante y apelada, v. White Star Bus Line, Inc. y José Francisco Salib, demandados y apelante la primera.
    Núm. 7195.

    Sometido: Marzo 25, 1938.

      Resuelto: Julio 28, 1938.

      Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y II. González Blanes, abogados, de la apelante; Bubón & Ochoteco, abogados de la apelada.
   El Juez Pbesidentb Señob Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Dolores González demandó a la White Star Bus Line, Inc., una corporación de servicio público dedicada al transporte de pasajeros y a José Francisco Salib, mayor de edad y vecino de San Juan, reclamándoles mil quinientos dólares por los daños y perjuicios que sufriera a consecuencia de un accidente ocurrido en la siguiente forma:

El doce de junio de 1934, a las 12: 20 p.m., la demandante viajaba como pasajera mediante paga en una guagua de la White Star por la Avenida Ponce de León. Cerca de la. parada diez, la guagua, que iba guiada por un chófer de la empresa, chocó con el automóvil del demandado Salib que él mismo conducía.

El choque según la demandante se debió a la culpa,, negligencia o impericia de ambos conductores y le produjo la fractura de la sexta vértebra cervical, una grave contu-sión en el pecho, otras en diferentes partes del cuerpo y depresión nerviosa, daños que fija en la cantidad reclamada agregando a las lesiones los dolores físicos, la angustia mental y los sufrimientos morales.

Pidió la White Star Bus Line mayor especificación y la demandante se allanó, proporcionándola, en resumen, como sigue:

“La culpa, negligencia, impericia y descuido del chófer Aniceto Salamán de la demandada White Star Bus Line, Inc. ”.. .. consistió .... ‘ ‘ en detener.... violenta y súbitamente la marcha de la referida guagua.... en un sitio distante del señalado como parada oficial de dicha guagua... .sin advertir de ello a los pasajeros... .no haber sacado la mano, ni hecho ninguna otra señal, .... ”

Contestó la codemandada White Star admitiendo los dos primeros hechos de la demanda y negando que su guagua chocara con el automóvil del codemandado Salih, que el choque tuviera lugar por culpa, negligencia o impericia de .su chófer, que la demandante sufriera las lesiones que enu-mera y que tuviera necesidad de hospitalizarse y hubiera sido perjudicada en mil quinientos dólares ni en suma otra .alguna.

Como defensas especiales alegó que si algo sufrió la demandante que le ocasionara perjuicios, ello se debió ex-clusivamente a la negligencia única del codemandado Salib, quien en la fecha y sitio indicados manejaba su automóvil con absoluto descuido y sin fijarse en los vehículos que le precedían, yendo a chocar con la guagua al ésta pararse a instancia de un pasajero; que en el accidente no medió por su parte culpa o negligencia, pues su chófer conducía la guagua a poca velocidad, por su derecha y la detuvo al ser requerido por un pasajero en forma moderada y haciendo la señal correspondiente, y que la demanda no aduce hechos •suficientes determinantes de causa de acción.

Fué el pleito a juicio. Comparecieron la demandante y los demandados por sus abogados y presentaron su eviden-cia, que fué pesada por la corte como sigue:

“Apreciando toda la prueba en su conjunto, llegamos a la con-clusión, firme, categórica y absoluta de que ambos demandados con-tribuyeron a la realización del accidente y ambos son responsables de los daños sufridos por la demandante.... la demandante fué hospitalizada en la Clínica Santurce, y allí fué asistida por el Dr.. Reyes. Éste declaró que no tenía signo alguno de trauma, ni pre-sentaba lesión alguna, pero que no obstante se quejaba de dolores en el cuello y en el pecho. Se le tomó una radiografía y la misma demostró que no había fractura. Cinco días después fué dada de alta. Pasó entonces la demandante a su casa, y allí fué asistida por el Dr. Rafael Maldonado, quien 'sospechó una posible fractura de la vértebra’; se quejaba de dolores en el pecho, en la cabeza y tuvo, esputos con sangre. Por último el Dr. Ruiz Cestero, que examinó tanto las radiografías tomadas en la Clínica Santurce como las to-madas en la Clínica Miramar, y que admitimos como evidencia, nos declaró que en dichas radiografías no se apreciaba signo alguno radiográfico de fractura, pero sí apreció una lesión ósea entre la sexta y séptima vértebra cervical, que a su juicio era debida a una artritis hipertrófica de bastante duración, enfermedad que es de-carácter infeccioso, pero que no fué ocasionada por trauma alguno. .... El hecho de que una persona padezca de una enfermedad no-puede servir de excusa alguna para negarle la indemnización a que tiene derecho, pues si como en este caso la demandante padecía de artritismo, cosa que no revela la prueba, (pero que la sentamos como hipótesis para nuestro razonamiento,) y la conmoción producida por el choque aceleró, agudizó o provocó un ataque artrítico deter-minante de daños y sufrimientos, los mismos, por ser imputables a los demandados, dan derecho a indemnización. Véase esta doctrina en el caso de Muñoz v. Escudero, 42 D.P.R. 540. Resolvemos que no hubo fractura, pero sí que hubo dolores físicos, angustias men-tales y sufrimientos morales que deben ser indemnizados. La decla-ración del médico en cuanto a que tuvo esputos sanguinolentos, no ha sido contradicha. Para que tales esputos se produzcan, no es necesario un fuerte trauma o fractura de las costillas, o lesiones de los pulmones.”

Dicha evidencia así pesada fué larga, repetida, innece-saria y confusa en gran parte. La hemos estudiado toda. De ella entresacaremos porciones salientes de algunas decla-raciones que a nuestro juicio ponen de relieve la substancia, del caso. Declaró la demandante:

“Cuando la guagua pasó el Puente del Agua para llegar a la Parada 10.. .dió un jamaqueón.. .se estremeció.. .se paró y entonces hubo un choque y yo me agolpeé.. .con el asiento del frente y el mismo que yo iba... Me condujeron a la Clínica Santurce... me atendieron varios médicos... y a los cinco días tuve que abandonar la clínica... recibí lesiones en el pecho y en el cerebro... La guagua paró antes del choque. . . inesperadamente... después* del Puente del Agua y antes de la parada oficial... cuando la sacaron de la clínica lo fué en una camilla, sintiendo escalofríos, dolor de cabeza, mareos constantes, pérdida del conocimiento, esputos sanguinolentos, hincha-zón. . .en la parte del cuello, y la parte del pecho muy adolorida... El dolor del cuello cesó un poco a los cinco meses, pero me siguió siempre, me mareaba siempre a veces, perdía el conocimiento de momento, y cuando traté de ir a mi trabajo tuve que faltar muchas veces,...”

Aniceto Satamán, el chófer, manifestó qua:

“Pasando el puente oí que un pasajero me dijo ‘Aguanta, que se cayó un paquete.’ Yo pegué a la derecha y paré la guagua. Cuando estoy levantándome del'asiento para ir a buscar el paquete, un carro ...el choque. Cuando el choque, yo no bajé a buscar el paquete, porque todo el mundo se alarmó...” Conoce a la demandante. “.. .era pasajera de la guagua.. .la vi cuando se bajaron todos los pasajeros... no la-condujo a ningún sitio... a ninguna clínica... ella fué la que dijo que estaba enferma y que estaba mala. . .que ella se sentía agolpeada... ” Luego admite que “la llevó a la Clínica Santurce.. .por exigencias de ella, que ella dijo que estaba mala... que se sentía mal, que la llevara a la clínica.”

Preguntado: ‘ ‘ ¿ Cuando usted metió los frenos y miró a través de ese espejo, usted vió el carro con el cual chocó el vehículo suyo?” contestó: “No.. .porque esa guagua lle-vaba como cinco o seis pasajeros parados a esa hora y no podía ver ningún carro que viniera detrás; por lejos que viniera no se podía ver porque el pasaje viene detrás.”

Preguntado si dió aviso al parar, contestó: “ ... es difícil sacar la mano, porque si usted saca la manó, se ve nada más que los dedos. . . La señal de parada que di fué la de ‘stop’ que tiene la guagua. ... Es un farol que tiene la guagua detrás, que tiene un vidrio rojo y en medio de ese vidrio tiene la palabra ‘stop’.”

El codemandado Salib dijo:

“Yo iba de aquí para Santurce, como al pasar del Puente del Agua, pues la guagua que iba delante de mí, se paró violentamente y yo traté de pasar, pero como venía tráfico de Santurce no pude pasar y traté de defenderme del choque pero siempre choqué con la guagua.”

Francisco Alazón, policía insular que no presenció el accidente pero que acudió en seguida a practicar la investi-gación, declaró que Salamán le dijo que “se le había caído un paquete y que, al parar, le habían chocado por detrás.” Y que Salib le manifestó “que la guagua paró y que él iba cerca, que había chocado la guagua, y que no tuvo tiempo de echarse a la izquierda.... que la guagua había parado a su derecha.”

Declaró además que la demandante bajó por sí misma de la guagua y le manifestó que se había dado un golpe en el pecho y la condujo a la clínica el mismo chófer.”

El Doctor Eafael Maldonado manifestó que “el padre de la niña la llevó a la Sala de Socorros del Barrio Obrero... para que yo se la viera y le recetara, pero al ver que era menester tomar una radiografía para determinar lo que tenía,.. .la envié al Hospital Municipal... ”

Tomada la radiografía, la vió con “el Dr. Sierra, el Dr. Díaz García y el Dr. Comas... .nosotros opinamos, con arreglo a la radiografía, que demostraba una fractura. ...” No pudo seguir declarando porque la parte contraria se opuso y la corte mantuvo su oposición. A otras preguntas contestó que había indicado “a la paciente que se quedara en cama todo el tiempo, sin movimiento alguno.... porque creí que era el tratamiento adecuado... para una fractura. ’ ’

Visitó a la enferma bastante tiempo. Le reconoció el pecho y lo encontró aparentemente normal. La primera vez que la examinó notó que al toser hubo un esputo con ciertas partículas de sangre.

El Dr. Antonio R. Reyes de la Clínica Santurce, declaró que la demandante ingresó en la clínica a las doce y veinte y cinco del 12 de junio de 1934 y salió el 16. No dice el récord quién la llevó. La trató por encargo de la White Star Bus Line. ‘El examen hecho revela nna joven .pobre-mente desarrollada, no hay signo reciente de traumatismo, pero alega que recibió un trauma (esto lo apuntaron en inglés) cuando llegó. ... Se le hicieron radiografías. No aparecía ninguna descoloración en la piel ni en ningún sitio que demostrara un traumatismo. Ella se quejaba de dolor .... se le dió aspirina para el dolor; bolsas de hielo al cuello, y como no había indicación de nada más, pues no se le hizo nada más.”

Se retiró de la clínica “porque estando en condiciones de darse de alta, la dimos de alta, precisamente porque no encontrábamos que tuviese nada que ameritara el estar recluida. ’ ’

Al retirarse ella “dijo que había esputos, un poco de sangre. . . . Que le dolía el pecho... .que le dolía el cuello.”

Preguntado “¿Y por qué entonces permitió que esta paciente saliera del hospital?” contestó “Porque no tenía ninguna lesión que demostrara que tuviese patología.”

Félix Robles, testigo de la White Star dijo que viajaba en la guagua, que “en el Puente del Agua, íbamos para Santurce y el chófer paró la guagua, y como al poco ratito de estar la guagua parada, pues un carro que venía chocó por la parte de atrás. . .” La guagua “iba llena, porque era un día, a las doce y pico, doce y media cuando uno sale de la oficina.” No se fijó si algún pasajero se fué hacia adelante. El no se fué.

El Dr. Ruiz Cestero, médico cirujano, examinando dos radiografías introducidas y admitidas sin oposición en evi-dencia, manifestó refiriéndose a la primera que no podía decir si existía o no fractura y a la segunda “de esta radio-grafía se desprende que no hay fractura en esta posición, porque existe una .lesión en la sexta vértebra cervical. . . . Los signos radiográficos que presenta esta placa son los que llamamos nosotros una artritis hipertrófica de bastante duración. . . . Que es vieja, claro. . . . Las artritis son generalmente debidas a procesos infecciosos.”

Señálanse en el alegato de la apelante, The White Star Bus Line, siete errores.

Los dos primeros se refieren a la apreciación de la prueba, el -tercero a la aplicación de la regla de que cuando el daño es el resultado de la negligencia combinada de varias per-sonas son éstas responsables solidaria y maneomunadamente, el cuarto al declarar con lugar la demanda basándose en actos de negligencia no alegados, el quinto y el sexto al fijar la cuantía de los daños y perjuicios sobre bases erróneas y el séptimo al imponerle las costas, desembolsos y honorarios de abogado.

Todos los señalamientos se argumentan ampliamente con lujo de citas de autoridades y se impugnan de igual modo por la demandante. El demandado Salib no ha tenido inter-vención en el recurso.

A nuestro juicio la sentencia apelada encuentra base en lo alegado y probado. La negligencia de la demandada aL parar en el sitio, en la forma y en el tiempo en que lo hizo, es evidente. Es muy posible que si Salib, el otro demandado, hubiera sido un chófer experto y se hubiera dado cuenta desde el primer instante de lo que la guagua intentaba,, hubiera podido evitar el choque, desviando rápidamente su automóvil, pero ello no exonera de responsabilidad a la White Star dueña de la guagua, porteadora pública a cuya pericia se confió mediante paga la demandante. Los casos de Cruz et al. v. Frau, 31 D.P.R. 93 y Cubano v. Jiménez et al., 32 D.P.R. 167 aplicados por la corte, lo fueron, pues, propia-mente. A la negligencia conjunta de ambos demandados,, se debió el choque, y ambos deben, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, responder.

En cuanto a los daños realmente sufridos, no es en verdad claro el caso. Contradictoria es la evidencia y la que favorece a la demandante no llega a demostrar todo lo alegado en la demanda. La existencia de una fractura comoconsecuencia del choque, es muy dudosa. La propia corte sentenciadora la eliminó como nna realidad. Pero queda el golpe, el espnto de sangre, los dolores, todo menos grave pero comprendido dentro de lo alegado en la demanda. La suma de seiscientos dólares fijada por la corte como compen-sación no es de tal modo excesiva que se imponga una modi-ficación de la misma, sobre todo resolviendo como resolve-remos que el último de los señalamientos de error está bien fundado.

Nos referimos a la imposición de las costas incluyendo' honorarios. Las costas, como tales, deben subsistir, pero no,, atendidas todas las circunstancias que concurren, los hono-rarios. Creemos que no fue temeraria la demandada ape-lante al defenderse.

En tal virtud debe modificarse la sentencia apelada en el sentido de condenar a los demandados al pago de las costas pero sin comprender en ellas los honorarios de abogado, y confirmarse así modificada.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


text:
    Banco de Puerto Rico, como Liquidador del Banco Comercial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Bautista Arguinzoni, Guillermo Colón y Mateo Vázquez, demandados y apelantes.
    Núm. 7243.

    Resuelto: Julio 28, 1938.

      M. Guzmán Texidor, abogado de los apelantes; C. Domínguez Rubio, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la reconsideración de la sentencia porque esta ■corte resolvió el caso por nna cuestión qne no fné planteada por los demandados en sn contestación.

Si ello fuera así, tendría razón el demandante. Pero ■concurren circunstancias que nos permiten concluir que la cuestión estaba necesariamente envuelta en lo alegado y pro-bado en el pleito y fué discutida en el recurso por las partes.

La opinión que sirvió de base a la sentencia (véase ante, pág. 167), habla por sí misma. Los hechos que en ella se narran se fundan en las constancias de los autos, y la conclu-sión legal a que se llegó, esto es, que el crédito del demandante había quedado extinguido a virtud de su propia actuación, ■surge de los hechos y la ley. ■

Se trata del cobro de un pagaré. En su contestación los demandados alegaron que la obligación reclamada había ■quedado extinguida por novación y por pago.

La novación consistía en el otorgamiento de un nuevo pagaré hipotecario por uno de los deudores que se dió en prenda al acreedor y que éste vendió por ante notario hacién-dose dueño del mismo. Dijimos que el otorgamiento no cons-tituía por sí solo novación, si que una garantía adicional. Pero entrando en la consideración de lo ocurrido según lo alegado y probado o sea la venta por ante notario de dicho nuevo pagaré dado en prenda al acreedor que terminó con-virtiéndose éste en dueño de la prenda, llevaba consigo su obligación de dar carta de pago de la totalidad de su crédito, lo que implicaba la extinción de la deuda de los demandados para con el demandante.

En los tres errores que señala el apelante se trata la cuestión. Se apunta en los dos primeros y se plantea de lleno en el último, como sigue:

“De la prueba presentada y de las conclusiones {findings) de la Corte de Distrito resulta terminantemente demostrado que el tantas veces citado pagaré hipotecario de $12,350 fué dado en prenda al Banco Comercial de Puerto Rico en garantía del pago de diversas obligaciones de Juan Bautista Arguinzonis y otros en que aparecía como deudor solidario Arguinzonis y entre cuyas obligaciones se en-contraba el pagaré por $1,033.34 objeto de este litigio.
“Aparece además que la prenda fué ejecutada en procedimiento ante el Notario don Celestino Domínguez Rubio.
“Aparece de dicho procedimiento que no habiendo postores se adjudicó.al Banco acreedor el pagaré hipote-cario de $12,350.00. Téngase en cuenta que este pagaré garantizaba varias deudas entre ellas el pagaré de $1,033.34.
“Es decir, no habiendo postores en la subasta del pagare hipo-tecario el acreedor se hizo dueño de la prenda. Veamos en qué situación se encuentran acreedor y deudor prendarios cuando surge ese estado. Art. 1771 del Código Civil del 1930.
“ ‘El acreedor a quien oportunamente no hubiese sido satisfecho su crédito podrá proceder por ante Notario a la enajenación de la prenda. Esta enajenación habrá de hacerse precisamente en subasta pública y con citación del deudor y del dueño de la prenda en su caso. Si en la primera subasta no hubiese sido enajenada la prenda, podrá celebrarse una segunda con iguales formalidades; y si tam-poco diere resultado podrá el acreedor hacerse dueño de la prenda. En este caso estará obligado a dar carta de pago de la totalidad de su crédito.
“Si del pagaré hipotecario se hizo dueño el acreedor por minis-terio de la ley viene obligado a dar carta de crédito al deudor por la totalidad de su crédito; estando el pagaré de $1,033.34 incluido en la deuda garantizada por la prenda, es claro y terminante que el acreedor tenía que dar carta de pago al deudor por el pagaré de $1,033.34 y condenarlo otra vez a pagar dicha suma no es ya un craso error sino una injusticia.”

Y el apelado que ahora habla de nuevas cuestiones en su moción de reconsideración, nada dijo sobre ese particular en su alegato si que entró a considerar y a impugnar en sus méritos el alegato de los apelantes. Refiriéndose a la cuestión que ahora se califica de nueva, dice:

“Dicen los apelantes al discutir su último error, que habiéndose adquirido el pagaré dado en prenda, por el Banco, ello equivale a dar carta de pago al deudor.
“No estamos conformes con tal conclusión. El art. 1771 del Código Civil que cita en su alegato, no dice lo que él pretende. Dice:
“ ‘Si en la primera subasta no hubiese sido enajenada la prenda, podrá celebrarse una segunda con iguales formalidades; y si tampoco diere resultado podrá el acreedor hacerse dueño de la prenda. En este caso estará obligado a dar carta de pago de la totalidad de su crédito. ’
“Es pues un requisito necesario para que el acreedor quede obli-gado a dar carta de pago, que se hayan celebrado dos subastas. ¿Ocurre eso en este caso? No. El acreedor compró la prenda y la compró por dinero que abonó a la cuenta del capital que repre-sentaba eí pagaré dado en prenda.
“El artículo que transcribimos, ni por su letra, ni por su espí-ritu, dice o quiere decir, que el acreedor no puede ser postor en la primera subasta, y en ausencia de una disposición que le prohiba adquirir, puede comprar en la primera subasta. Nosotros creemos que, aun en casos en que se verifique una segunda subasta, el acreedor tiene dos derechos, hacerse dueño de la prenda, es decir, tomarla para sí en pago de lo que garantizaba, o comprarla como otro postor cualquiera. Sólo cuando la hace suya, es decir, se la apropia, es que deberá dar carta de pago, y esto es natural; la acción de hacerse dueño de la prenda, equivale a una dación en pago de su deuda y si se hace dueño de ella para con ella pagarse su deuda, no puede cobrar nada más.
“En este caso no hubo apropiación de la prenda en pago de la deuda que garantizaba: no hubo dos subastas y sólo una y compra por el acreedor. No pueden los demandados ampararse en tal dis-posición para decir que están pagadas todas sus obligaciones.
“Pero hay más. Aceptando que el acto realizado por el Banco haya sido una aceptación de la prenda en pago de las deudas que garantizaba, ¿dónde está la carta de pago que viene obligado el acreedor a dar? ¿Bastaría la alegación como está? ¿Existe contra-demanda en este caso por parte de los deudores, sosteniendo su derecho a que se les dé la carta de pago a que el Código se refiere?
‘ ‘ ¿ Podría en esta acción resolverse tal derecho, cuando el problema no ha sido planteado, ni por el demandante en su demanda, ni por los demandados mediante contrademanda? ¿Podría Y. H. ahora resolver la existencia de la carta de pago?”

No era necesario resolver si la carta de pago había sido o no expedida. Bastaba con establecer los hechos qne nece-sariamente obligaban al acreedor a otorgarla.

Esta corte en sn opinión consideró los argumentos del demandante y apelado qne se han transcrito y declaró qne no estaban bien fundados. De suerte que llegó a la conclusión que su fallo contiene basándose en las alegaciones, en las pruebas y en los alegatos de las partes interesadas.

Lo que sucede es que el concepto de novación de los de-mandados apelantes va más lejos de lo resuelto por nosotros. Resolvimos que no hubo novación por el mero otorgamiento de la nueva garantía. Avanzan en su concepción de la novación los apelantes, si es que entendemos bien su criterio, y dicen que quedó novado y extinguido el viejo pagaré que es el que se cobra en este pleito al hacerse finalmente el acreedor dueño del segundo en la forma en que se hizo, por mandato imperativo de la ley. De suerte que dentro de la novación alegada levantaron desde un principio los demandados la cuestión de que se trata, no pudiendo por tanto sostenerse que el fundamento básico de la sentencia de esta corte no surja de las alegaciones y las pruebas.

Debe declararse no haber lugar a la reconsideración soli-citada.