author: El Juez Asociado Señoe Hutchison

text:
    Luis Polo Forastieri, demandante y apelante, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelada.
    Núm. 7520.

    Sometido: Abril 26, 1938.

      Resuelto: Febrero 9, 1939.

      F. Prieto Azúar, abogado del apelante ; Celestino Iriarte, F. Fernán-dez Guyar y II. González Blanes, abogados de la apelada.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señoe Hutchison

emitió la .opinión del tribunal.

La demandada, en una acción de cíanos personales que se alega fueron causados por negligencia en el manejo de una de sus guaguas, luego de ciertas negativas, adujo comodefensas afirmativas las siguientes:

“Alega la demandada que si en el sitio, fecha u hora en que.se-dice ocurrieron estos hechos, acaeció algún accidente por virtud del cual Luis Polo Porastieri sufriera algún daño, dicho accidente se de-bió, si existió, única y exclusivamente a la negligencia, imprudencia y descuido de dicho demandante, no concurriendo negligencia alguna de parte de la demandada.
“Alega asimismo la demandada que si en el sitio, fecha u hora en que se dicen ocurrieron los hechos, acaeció algún accidente por virtud del cual Luis Polo Porastieri sufrió algún daño, y asumiendo-que en el mismo medió negligencia de parte de la demandada, la causa próxima de dicho accidente, si existió éste, se debió única y exclusivamente a la negligencia eontributoria de dicho demandante.”'

Durante el juicio se permitió a la demandada que presen-tara prueba tendiente a demostrar que las lesiones recibidas por el demandante fueron el resultado de un accidente inevitable. Se señala esto como error.

Convenimos enteramente con el juez de distrito en que por regla general la parte demandada puede, en una negativa general de supuesta negligencia, descansar en la teoría de accidente inevitable. La tínica duda que hemos tenido ha sido si — en vista de las negaciones específicas que ahora están ante nos (que omitimos en interés de la brevedad) y de las defensas afirmativas indicadas en el párrafo anterior — la regla debe ser seguida en el.presente caso. IJn cuidadoso examen de toda la prueba nos ha convencido, sin embargo, de que el demandante no fué inducido a error por la alegación de la demandada ni en realidad sorprendido durante el juicio por la prueba de ésta relativa a la supuesta naturaleza inevitable del accidente. Sea ello como fuere, si luego de exa-minar toda la prueba llegáramos a la conclusión de que la negligencia de la demandada fué un factor que contribuyó sustancialmente a las lesiones recibidas por el demandante, entonces el error al admitir la prueba ofrecida en apoyo de la teoría de la demandada sobre el llamado accidente inevitable, de haberlo, puede considerarse como no perjudicial.

Polo, policía insular que de momento no se hallaba de servicio, tomó durante las horas de mucho tránsito del mediodía una de las guaguas de la demandada en la Avenida Ponce de León, en la parada 15. Hubo prueba que tendía a demostrar que la guagua estaba atestada de publico y que había personas de pie en el pasillo interior. De todos modos, Polo permaneció de pie en la plataforma delantera o en el estribo. En la parada 16 el conductor detuvo el vehículo repentinamente a fin de evitar arrollar a una niña que trataba de cruzar o que aparentemente se disponía a cruzar la Avenida. Polo fué lanzado del estribo y lesionado. Hubo prueba tendiente a demostrar que inmediatamente antes del accidente, la guagua caminaba a una velocidad mayor a la autorizada por la ley para la zona urbana de nn municipio. El juez de distrito resolvió que Polo fué culpable dé negli-gencia contribuyente y en apoyo de su resolución citó el caso de Hubbard v. Bartholomew, 144 N.W. 13, al efecto de que:

“Un policía que no estando de servicio y que mientras viaja en el automóvil de otra persona sufre lesiones como resultado de un choque, incurre en negligencia contribuyente al permanecer callado y permitir que el conductor del vehículo lo guíe a una velocidad pro-hibida por la ley, y en su consecuencia no tiene derecho a recobrar indemnización por las lesiones sufridas.”

Según el artículo 18 de la “Ley para reglamentar el uso de vehículos de motor en Puerto Pico, y para otros fines," aprobada el 13 de abril de 1916 (leyes de ese año, Ley núm. 75, págs. 144, 152 y 153) la infracción de cualquiera de las disposiciones de dicha ley será considerada como delito menos grave. Los artículos 12 (a) y 13 (a) leen así:

“Artículo 12(a). — Las personas que manejen vehículos de motor en los caminos públicos, deberán, en todo tiempo, ejercer el debido cuidado y tomar precauciones razonables para garantizar la seguri-dad de vidas y propiedades.”
“Artículo 13(a). — La velocidad de un vehículo de motor deberá en todo tiempo regularse con el debido cuidado, tomando en cuenta el ancho, tráfico y uso del camino; y el hecho de conducir, en cual-quier tiempo, un vehículo de motor por un camino público, a una velocidad que exceda de 48 kilómetros por hora, o dentro de la zona urbana de un municipio a una Velocidad mayor de 24 kilóme-tros' por hora, constituirá evidencia prima facie de que el vehículo era conducido sin el debido cuidado.”

El delito definido por el artículo 13 (a) es la conduecióu temeraria de un vehículo. La parte final del inciso (a) esta-blece meramente una regla de evidencia. No prohibe el con-ducir un vehículo a más de 48 kilómetros por hora en cual-quier camino público o a más de 24 kilómetros por hora en la zona urbana de un municipio. El conducir un vehículo de motor a más de 48 kilómetros por hora en un camino público o a más de 24 kilómetros por hora en la zona urbana de un municipio puede constituir o no un delito de acuerdo con las circunstancias. El debido cuidado y la debida consideración a las condiciones del tránsito y al ancho y nso del camino son los factores determinantes en cada caso. El conducir a más de 48 kilómetros por hora en nn camino público o a más de 24 kilómetros por hora en la zona urbana de un munici-pio equivale a lo sumo, meramente a lo que el estatuto dice, o sea, evidencia prima facie de que el vehículo era conducido sin el debido cuidado. Cuando en el caso existe otra prueba sobre el debido cuidado, la velocidad es tan sólo una en un número de circunstancias a ser tomadas en consideración al resolver la cuestión de negligencia. Si en el presente caso las circunstancias concurrentes fueron tales que indiquen que la velocidad del vehículo luego de salir de la parada 15 y antes de llegar a un punto muy cercano de la parada 16 no envol-vía riesgo alguno para los pasajeros que viajaban en la gua-gua ni para otras personas que usaban la carretera y si Polo no tenía razón alguna para creer que la velocidad del vehículo no sería reducida antes de llegar a la parada 16, a él no le incumbía, ni como policía ni como pasajero, informar al conductor del vehículo que corría a más de 24 kilómetros por hora. Sea ella como fuere, si Polo, luego de darse cuenta del hecho de que la guagua caminaba a más de 24 kilómetros por hora no tuvo tiempo y oportunidad razonables para comu-nicarse con el conductor, el dejar de llamarle la atención a éste no sería óbice para lograr una indemnización. .

Ramón Acevedo, que fué el primer testigo del deman-dante, estaba de pie en la parada 16, esquina de la Avenida Ponce de León y Calle de San Juan. Dijo él que la guagua frenó y dió tres cantazos. Pasaban muchos. vehículos. La avenida era ancha. En el contrainterrogatorio declaró que el frenazo fué lo que le hizo ver la guagua; vió la guagua antes del frenazo; la guagua viajaba rápidamente; no estaba mirando la guagua mientras ésta se acercaba, pero cuando se aplicaron los frenos notó la velocidad que ésta traía; no vió la guagua antes de frenar. La guagua se detuvo a la derecha de la carretera junto a los rieles del tranvía. Cuando se aplicaron los frenos y el testigo viró la cabeza, el policía aún estaba dentro de la guagua. Después que el testigo oyó el frenazo el policía cayó para adentro y entonces cayó fuera acostado. El testigo viró la cabeza y vió la guagua por pri-mera vez al oírla patinar. Cuando el testigo vió la guagua por primera vez ésta bajaba una pendiente; desde ese mo-mento y luego de patinar ésta caminó como 65 pies. La guagua se detuvo después de pasar la esquina de la Calle de San Juan. Se aplicaron los frenos frente al sitio en que el testigo estaba parado y la guagua se detuvo frente a la tienda de cinco y diez, o sea, corrió todo el ancho de la calle de San Juan. La calle de San Juan es lo suficientemente amplia para acomodar dos automóviles. La aplicación de los frenos fue violenta, muy violenta. Había mucho tránsito en direc-ción a Santurce y un número de guaguas. Por espacio de dos minutos la guagua que causó el accidente fué la única que pasó. Otras pasaron después del accidente. Durante dos o tres minutos antes del accidente no había pasado nin- • guna otra guagua, ni ningún automóvil. El testigo no re-cuerda acerca de los automóviles.

Pablo Cuebas, caminero del G-obierno, esperaba una gua-gua. Ésta se detuvo rápidamente, dijo, a gran velocidad. El policía salió de la guagua y cayó a la carretera. Cayó por la puerta de entrada que está a la derecha de la guagua. Cayó sobre la carretera, dió una vuelta y cayó sobre la vía, sobre los travesanos. Salió por la puerta de entrada, de adentro de la guagua. Cayó sentado de espaldas. Que en ese punto la carretera tiene una ligera pendiente. La guagua corría cuesta abajo. Bastante ligero. Paró más abajo como a un par de metros del sitio donde cayó el policía. Se paró vio-lentamente. La guagua iba bastante ligero. La carretera es regular de ancho. Caben como tres carros. Tiene doce metros de ancho. Es una de las carreteras más anchas que hay. Es de bastante tránsito de vehículos. Ese día había mucho tránsito. Las guaguas iban llenas de gente. Eran como las doce o las doce y cinco. El testigo esperaba la guagua en la parada donde éstas se detienen. La parada no estaba mar-cada en la carretera, pero las guaguas siempre se detienen allí. Había otras guaguas antes y detrás. Una línea de “tráfico.” La guagua estaba en aquella línea. En aquella línea corrían bastante ligero. Los automóviles también corrían rápidamente. El testigo no era chófer. Podía décir más o menos si un vehículo viajaba despacio o ligero. Todos corrían a mayor velocidad. El testigo no puede recordar si otros vehículos corrían frente a la guagua. Había otras gua-guas de Río Piedras detrás. Había otra guagua como a diez o catorce metros detrás. Esta segunda guagua no chocó con la que causó el accidente. Las otras guaguas refrenaron, pero no hubo choque. La guagua se detuvo como a diez metros después de pasar la calle de San Juan y como a dos metros del sitio donde cayó el policía. Durante la repregunta el testigo declaró que vió la guagua a una distancia de quince o veinte metros antes de llegar a la parada donde él estaba esperando. La distancia entre el sitio donde la guagua estaba cuando el testigo la vió por primera vez y el lugar en que se hallaba al aplicarse los frenos por' primera vez era como de veinte metros. La carretera hace una parada antes de entrar a la calle. El testigo oyó el ruido producido por los frenos y miró para ver qué ocurría; miraba hacia San Juan y la guagua ya le había pasado cuando oyó los fre-nos. La guagua le había pasado como un metro cuando oyó los frenos. El testigo miraba hacia San Juan y cuando oyó los frenos miró en dirección contraria. Oyó el ruido. La guagua no se detuvo rápidamente. No se detuvo al aplicár-sele los frenos por primera vez sino cuando se le aplicaron por segunda vez. El accidente ocurrió después de haber pa-sado la guagua el sitio donde estaba parado el testigo mi-rando hacia San Juan. Cuando el testigo .oyó el ruido miraba hacia San Juan esperando la guagua que iba a tomar. Oyó el ruido de los frenos, viró la cara y vió al policía caer de espaldas. La guagua iba llena de pasajeros, en los asien-tos, en el pasillo y en todas partes. El policía iba de pie. El testigo lo vió caer. Cuando el testigo oyó los frenos miró hacia Río Piedras. Cuando el testigo oyó los frenos Polo salió del interior de la guagua.-

Aurelio Muñiz Cintrón iba en el segundo asiento, a mano izquierda entrando, es decir, a la derecha de la guagua mi-rando hacia adelante. Había como diez pasajeros de pie. Polo iba de pie agarrado del tubo donde se coloca el cajón para echar los tickets, como a metro y medio de donde es-taba el testigo. La velocidad de la guagua al llegar a la parada 16% era, a juicio del testigo, fuera de lo normal,, como 35 millas por hora. Empezando la 15, la carretera va descendiendo. Es uno de los tránsitos más grandes que tiene Santurce. El testigo sabe manejar vehículos de motor y los ha tenido por siete años, habiendo poseído cuatro marcas distintas de carros. Casi vive en las guaguas. El chófer trató de frenar, pero por la velocidad que llevaba no pudo parar de momento sino que arrastró y entonces volvió a frenar. Su maniobra fué brusca. En el primer empujón todos se fueron hacia el frente, incluyendo el policía. Cuando frenó por segunda vez la guagua, el policía perdió el control de donde estaba agarrado, se fué para afuera y cayó en el pavimento de espaldas. La carretera allí era estrecha y de mucho tránsito. Apenas hay espacio para más de tres o cuatro vehículos. El testigo ha visto muchos accidentes en ese sitio. Durante las horas de mucho tránsito las gua-guas siempre llevan pasajeros de pie.

Durante la repregunta: Polo estaba de pie con la mano izquierda agarrado del tubo. La guagua paró y se fueron todos hacia adelante. Con la primera retrancada Polo se fué hacia adelante. La guagua continuó y volvió a retran-car. Polo perdió el control y salió despedido de la guagua. En la segunda parada se volvió “así”; al golpe de la gua-gua “hizo así” y luego volvió hacia atrás. Entonces la gua-gua volvió a refrenar. La despedida fué violenta, Polo per-dió el control y cayó de espaldas al pavimento. La guagua hizo tres retrancadas en pocos segundos. Cuando vienen ligero es imposible que paren en la primera retrancada. La forma en que Polo salió disparado fué instantánea. Polo estaba aquí y de repente está en el suelo. Vió que se fué para adelante a la segunda retrancada. Entonces miró para afuera. En la segunda retrancada se desprendió de la gua-gua por completo. Había varios vehículos delante de la guagua. El testigo no sabe si había algunos detrás. La guagua no le pasaba a ningún otro vehículo. El testigo no recuerda los automóviles que iban delante de la guagua.

Epifania Serrano declaró que la guagua iba bastante ligero. Se detuvo en la parada 16. La testigo vió al deman-dante en la guagua. Iba parado en el medio de la guagua con una mano en el tubo de la guagua y la otra en el de los vellones. Tenía una capa en el brazo. Cuando la gua-gua frenó, dió unos cuantos brincos y él se fué hacia el frente. Se dió en la frente un golpe y entonces se fué de espaldas y cayó en la carretera. Ella iba en el tercer asiento del lado derecho, parte de adentro. La guagua venía bastante ligero, bien ligero, y la guagua metió los frenos tan enér-gicamente que dió tres brincos. Cuando frenó fué que Polo se fué hacia el frente y cayó de espaldas en la carretera. El día del accidente había mucho tránsito tanto delante como detrás de la guagua. La guagua pasó la parada 16 y se detuvo al pasar la calle de San Juan. La guagua iba bas-tante ligero, muy ligero, y al aplicársele los frenos dió tres golpes duros. Polo estaba de pie y como es tan alto estaba medio inclinado. Tenía una mano puesta en el tubo y la otra en la caja de los vellones y como los golpes fueron tan violentos se fué hacia adelante y se dió en la frente. La testigo vió cuando Polo cayó de espaldas hacia la brea, por donde pasa el trolley. La parada fué violenta, muy violenta. Los pasajeros se fueron para adelante. La guagua estaba completamente llena. La gente no salió disparada por la puerta para afuera, no se salieron de los asientos. Los que estaban parados junto a Polo se fueron para adelante, pero no se cayeron. Polo, que iba agarrado de los tubos, fué el único que se'cayó, fill era el único que estaba en la caja de los vellones, fill estaba parado junto a la ventanilla que da al frente. Los otros estaban de pie detrás de él. La tes-tigo estaba a la derecha del asiento. Polo estaba de pie frente a la ventana del lado derecho de la guagua.

Juan Torres Vega, chófer con doce años de experiencia, declaró que estaba de pie frente a la tienda de cinco y diez en la parada 16 y mandó parar la guagua. Calcula que la guagua iba a una velocidad como de treinta millas por hora. El conductor refrenó la guagua y ésta paró de golpe. El policía salió despedido por la puerta para afuera. La gua-gua quedó trancada violentamente. La parada fué brusca. Polo cayó de espaldas. Salió de la parte delantera de la guagua. Cayó boca abajo. Ya había caído y trató de incor-porarse, cayó de espaldas. Durante la repregunta al testigo dijo que al momento del accidente estaba empleado con la White Star como suplente; para la época del juicio el tes-tigo hacía dos años o dos años y medio que no trabajaba para la White Star. Como un mes después del accidente había dejado la compañía, había dejado de trabajar para la White Star Line debido a un disgusto con el Sr. Arcelay. El tes-tigo no fué encarcelado por ese disgusto. Fué un disgusto personal. El testigo no amenazó al Sr. Arcelay con un revólver. Fué el miedo de Arcelay el que obligó a éste a llamar al Jefe Lloréns. El testigo vivía en la carretera y como tenía que estar allí, Arcelay se imaginó que lo estaba acechando; entonces el testigo fué sorprendido por dos poli-cías en la carretera y .llevado al cuartel donde el Jefe Llo-réns le dijo que no debía matar a Arcelay, que Arcelay era una persona buena. El testigo entonces le dijo a Lloréns que por su mente nunca había pasado eso. El testigo renun-ció voluntariamente, no le quitaron la placa, no lo despidie-ron. Tuvo un disgusto con Arcelay por haberle puesto dos meses de castigo y él entregó la placa antes de cumplir.

El mismo Polo declaró que él iba agarrado con la mano izquierda del tubo de entrada de la derecha, un poco encor-vado porque el techo es algo bajito y le molestaba. El tes-tigo tiene cinco pies diez pulgadas de alto. Llevaba una capa en la mano. “La guagua iba corriendo libremente por-que llevaba su pasaje completo.” El conductor, al pasar la calle de San Juan cerca de la tienda de cinco y diez, la detuvo repentinamente y refrenó tan enérgicamente que todos los pasajeros se fueron para el frente y como el testigo era el primero se dió con la parte de la tabla que está más arriba del cristal y se quedó atontado y en la otra refrenada salió del piso y al tratar de afirmarse encontró el vacío del estribo y se fué de lado. Cuando trató de afirmarse había perdido el agarre. Cayó de espaldas y como la caja es tan bajita lo empujó y lo siguió arrastrando. La refrenada fué una de sorpresa, violenta. En la repregunta el testigo explicó que con la frase “corriendo libremente” había querido decir que la guagua no había tenido intención de detenerse en la parada regular. Había pasado la parada. No había reducido la velocidad, según hacían otras, para detenerse antes de llegar al cruce de la calle. Corría como a 35 millas por hora, el testigo notó eso. Preguntado por qué no llamó la atención del chófer sobre la velocidad del vehículo, el testigo contestó que a veces cuando se les llama la atención sobre asuntos dé esa índole contestan que ellos son gobierno. Preguntado por el juez si había presentado denuncias contra los chóferes de la White Star, el testigo contestó afirmativamente. Pregun-tado respecto al resultado contestó que éstos nunca habían sido convictos. Preguntado por la demandada si cuando los conductores decían que ellos son gobierno el testigo les per-mitía que violaran la ley y que hicieran lo que les daba la gana, contestó que en una ocasión uno de ellos le había des-obedecido sobre las luces diciendo que para eso tenían su representante, “para eso somos gobierno.” “Ser chófer de la White Star es ser gobierno.” Preguntado si no había lla-mado la atención del chófer hacia el hecho de que infringía la ley, el testigo contestó negativamente. Preguntado si se daba cuenta de que el chófer estaba infringiendo la ley y actuando negligentemente contestó: “Bueno, negligente-mente no, porque iba guiando bien.” La guagua iba ligero, pero el chófer iba en todo su conocimiento. Iba en su estado normal. El testigo agregó que el límite de velocidad era de 24 millas. Dijo que la guagua no tenía espidómetro. Preguntado por el juez cómo sabía que la guagua viajaba a 35 millas por hora el testigo contestó que había corrido detrás de ellas en motocicleta y les ha pasado por detrás a los automóviles y los ha marcado, y por la práctica. El tes-tigo agregó que esas guaguas son muy veloces. Preguntado por la demandada si sabe que la guagua iba a más de 24 kilómetros por hora el testigo respondió: “Esa es la ver-dad.” El testigo no le llamó la atención al chófer en nin-gún momento. El no creyó que había peligro alguno por-que sabía que llevan la precaución de no chocar. Pregun-tado si no consideraba peligrosa tal velocidad, el testigo con-testó afirmativamente, pero explicó que no se le puede lla-mar la atención al chófer por ciertas cosas. Ningún policía lo hace. Preguntado sobre las motocicletas el testigo con-testó que ésas son para los velloneros.

Para los fines de esta opinión podría admitirse que mientras un policía viaja en una guagua, ora esté en servicio o fuera de él, tiene una responsabilidad algo mayor que la del pasajero corriente al tratar con un conductor temerario. Algún campo para esa diferenciación puede hallarse en el hecho de que una pequeña admonición de parte de un funcionario policíaco puede ser más efectiva que lo sería al venir de otra persona. Sin embargo, en uno u otro caso debe haber algún peligro obvio o alguna negligencia por pande, del conductor, pues de lo contrario no hay razón para que se dé un consejo oficiosamente, y no incumbe a un policía ni a ningún otro pasajero hacer tal indicación. No importa cuál sea el deber de un policía, su deber como pasajero — eliminando la posibilidad de que exista una distinción como la que acabamos de indicar — es el mismo que el de cualquier otro pasajero. Cuanto la ley exige de un pasajero es que ejerza cuidado ordinario para su propia seguridad. Ni siquiera al pasajero que sea un conductor de experiencia se le requiere que tenga la vista fija en el espidómetro. No es menester que esté pendiente de todo para que descubra el peligro imprevisto e insospechado. Él puede, sin que se le acuse de negligencia contribuyente— .a menos que el peligro sea obvio, a menos que el conductor •esté bajo la influencia del licor o de que por alguna otra razón se encuentre en un estado fuera de lo normal, o sea manifiestamente incompetente, temerario o negligente — des-cansar y dejar la conducción y manejo del vehículo al chófer, voltearse en su asiento y conversar con otros pasajeros, leer un libro o un periódico o cerrar sus ojos y dormirse. No hay razón para que se exija mayor cuidado a un policía mera-mente porque es tal policía.

En el presente caso nada hay que demuestre la distancia caminada por la guagua entre las paradas 15 y 16. Nada hay que denote el punto entre estas paradas en que la guagua desarrolló una velocidad de más de 24 kilómetros por hora. Nada hay que revele que la guagua corría a más de 24 kiló-metros por hora antes de llegar a un punto dentro de la inmediata vecindad de la parada 16. Aun si apareciere lo contrario, nada hay fuera del exceso de velocidad mismo que demuestre que tal velocidad era peligrosa antes de llegar a un punto cercano a la parada 16. Nada hay que demuestre que hubiera cruces o calles transversales entre las paradas 15 y 16. Se desprende sí que la guagua corría por la de-recha de la Avenida, que la mayor parte del ancho de la Avenida estaba a su izquierda y que los rieles del tranvía se hallaban a la derecha entre la propia línea ocupada por ella y el extremo exterior de la Avenida. La guagua era uno de tantos vehículos de motor que se movían en la misma dirección aparentemente a más o menos la misma velocidad. Estas circunstancias concurrentes, sin más, eran más que suficientes para contrarrestar y destruir la presunción esta-tutaria de que la velocidad a que corría el vehículo — de ser en realidad más de 24 kilómetros por hora — era antes de llegar a nn punto cercano a la parada 16, temeraria o negli-gente. Si antes de llegar a un punto entre las paradas 15 y 16 Polo se dió cuenta del hecho (de serlo) de que la guagua corría a más de 24 kilómetros por hora, él estuvo muy en lo cierto al llegar a la conclusión de que la mayor velocidad no constituía negligencia. Nada hay que demuestre que él tuviera tiempo u oportunidad razonables para advertir al conductor antes del accidente y luego de ser aparente que no iba a detener la guagua en la parada 16 o para reducir la velocidad antes de llegar a ese punto.

No hallamos base satisfactoria para la conclusión a que llegó el juez de distrito de que Polo fué culpable de negligencia contribuyente.

El hecho, de serlo, de que Polo estaba parado con un pie en el piso de la plataforma delantera y con otro -en un escalón interior bajo el nivel del piso, no parece haber im-presionado al juez de distrito. Él no lo discute en relación con la cuestión de negligencia contribuyente. Sea ello como fuere, no equivalía a tal negligencia.

La prueba del demandante tendió á demostrar que la guagua paró a una señal de Juan Torres Vega, a quien ya hemos mencionado como testigo del demandante. La de la demandada tendió a demostrar que el chófer aplicó los frenos para evitar estropear a una niña que se proponía o trataba de cruzar la carretera. En cuanto a este aspecto del caso la corte de distrito descartó definitivamente la teoría del demandante y adoptó la de la demandada. La corte también resolvió que la súbita parada ocasionó que Polo cayera desde la plataforma de la guagua. No discutió el punto de la negligencia de la demandada al correr la guagua a más de 24 kilómetros por hora como causa próxima del accidente, ni tampoco la tentativa de la niña de cruzar la carretera como causa interventora. Su única conclusión específica (fuera de la cuestión de daños) fué que Polo había sido culpable de negligencia contribuyente al no llamarle la atención al chófer de que la guagua corría a mayor velocidad. Esta conclusión resolvió la contención de la demandada de que la guagua co-rría a menos de 24 kilómetros por hora inmediatamente antes del accidente. Por tanto, no hemos creído necesario disentir la prueba aducida por la demandada en apoyo de esa con-tención.

No es éste el caso de un niño que no estaba a la vista o que no hace señal alguna de su intención de cruzar una calle antes de correr súbitamente frente a un automóvil que se mueve a una velocidad permisible entre dos bocacalles, como sucedió en Aguayo v. Municipio de San Juan, 35 D.P.R. 425. No es éste el caso de un peatón que, mientras camina por una acera que está entre dos bocacalles repentinamente abandona la acera y se sitúa frente a un vehículo que pasa, cuyo chófer no tenía razón alguna para anticipar tal proceder. Véase Pueblo v. Castillo, 45 D.P.R. 872. No es éste el caso de un viandante que sale frente a un automóvil estacionado y se coloca dentro de la ruta de otro automóvil que corre a una velocidad moderada. De García v. Figueroa & Gautier, 52 D.P.R. 897. La lectura de la opinión emitida en el caso dé Meléndez v. Alvarez, 35 D.P.R. 343, bastará para distinguir ese caso.

Eloy Rodríguez, pasajero de la guagua, declaró como tes-tigo de la demandada, que allí había una bocacalle antes d'e la Clínica Santurce “y de allí salió una niñita,” El testigo vió muy bien a la niñita. Al preguntársele a qué lado de la carretera yendo de San Juan hacia Santurce estaba la niña, contestó: “Antes de la clínica, de la vía del ferrocarril para la calle. Cruzó la guaguaCuando el testigo vió la niña por primera vez ella estaba como a 50 pies de la guagua; Antes de cruzar la niña, el chófer aplicó los frenos. Estaba como a 50 pies de la guagua cuando empezó a cruzar. Ella cruzó casi en ángulo recto, de la vía hacia la carretera. Pre-guntado si la niña iba corriendo o andando, contestó: “co-rriendo.” Preguntado qué hizo el chófer cuando la niña em-pezó a correr frente a la guagua, contestó: “metió el freno y la guagua paró. A la niña nada le pasó milagrosamente. ”

Carlos Matías, otro pasajero de la guagua, declaró que el accidente ocurrió un poco más allá de la parada 16. El tes-tigo conocía la tienda de 5 y 10 que hay allí. Fué por la Clínica Santurce. Al momento del accidente una niñita cruzaba la calle y el chófer aplicó los frenos. Preguntado si cruzó corriendo o andando, contestó que una niñita cru-zaba rápido, y el chófer se vió obligado a frenar violenta-mente. La guagua se había detenido en la parada 16 y el accidente ocurrió más allá de esa parada. Preguntado si la guagua estaba cerca o lejos cuando la niña empezó a correr, el testigo contestó: “Estaba cerca, la niña cruzó de frente; .venía tráfico de los dos lados, y el chófer paró.” La niña tenía 9 ó 10 años. Allí había una acera ancha frente a la Clínica Santurce y había una tienda.

Luisa Freyre, otro pasajero, declaró que un hombre que iba en la guagua gritó: “La mató,” y la testigo vió correr a una niñita. Entonces se aplicaron los frenos y Polo cayó. La testigo vió a la niña mientras la guagua se movía, y ella estaba así (indicando con la mano). La niña tenía de 7 a 8 años. Cruzaba de derecha a izquierda. Salió de la acera que está frente a la Clínica Santurce hacia el frente. Salía de por allí porque allí fué que ocurrió el accidente, frente a la clínica. Al preguntarse a la testigo cómo ella desde su asiento a la izquierda detrás del chófer podía ver la niña cruzar de derecha hacia izquierda, contestó que cuando vió la niña ésta pasó la acera, y que fué entonces que ella oyó que gritaron “la mataron”. Preguntada nuevamente cómo la testigo, desde su asiento, podía ver la niña cruzar, contestó que la vió perfectamente, a pesar de que había dos asientos con cuatro pasajeros, el chófer y la caja de los vellones de-lante de ella, y de que Polo iba parado en el escalón; que la testigo la vió porque estaba adentro donde queda la venta-nilla.

Emilio Martínez, el chófer de la guagua, declaró que era chófer de la White Star Bus Line; que había estado traba-jando como chófer hacía diez años; que al llegar a la parada 16% había una niña de edad escolar, uniformada, con sus libros, parada en la vía; y el testigo la vió hacer un ade-mán como si fuera a cruzar la calle y redujo la velocidad un poco. Entonces vió que la niña se tiró y dió él una fre-nada violenta. Preguntado si la aplicación de los frenos se debió a que la niña venía corriendo por la calle, el testigo contestó: “Sí, señor, cuando la niña salió corriendo.a cru-zar la calle la guagua estaba cerca de ella.” Era una esco-lar, como de 9 años de edad; al frente había una tienda de mercancías; allí está la calle de San Juan, no había policía. El accidente ocurrió a la entrada de la calle de San Juan. Esta calle está dos o tres casas más acá de la Clínica San-turce.

La guagua de la demandada, inmediatamente antes del accidente, llegaba a una parada de costumbre, en el cruce de una calle — sitio que los peatones que desean cruzar la avenida durante las horas de menor tránsito naturalmente escogerían por ser menos peligroso que otros, como por ejemplo, entre paradas o entre bocacalles. Nada hay en la evidencia que indique que la vista del chófer de la guagua estuviera obstruida. Aún si esto hubiera sido así, ello debió haberle inducido a reducir la velocidad antes de llegar a la parada o antes de tratar de pasar por un sitio en el cual podían encontrarse peatones en el momento en que trataran de cruzar la carretera. No era un novato en el manejo de vehículos de motor. No necesitaba que nadie le informara de la velocidad a que corría. Sabía que iba cuesta abajo, en un vehículo pesado, con bastante carga. Sabía que Polo estaba parado a su lado en la plataforma, o con un pie en el piso de la plataforma y el otro en el escalón. Había en Pablo Cuebas por lo menos un pasajero en perspectiva, al lado de la calle de San Juan, que vió la guagua 15 ó 20 metros antes de pasar el sitio donde él estaba parado. El accidente ocurrió junto a la calle de San Juan o luego de pasar ésta, después que la guagua había cruzado el sitio donde Cuebas estaba parado. Si la niña, al ser vista por el cliófer por primera vez, estaba parada en la vía del tran-vía, el cliófer ha debido darse cuenta de qne la niña estaba probablemente esperando una oportunidad para cruzar la avenida, o que tal vez trataría de cruzarla en la primera oportunidad, aún antes de ella haber hecho “algún ademán de que iba a cruzar la calle.” Evidentemente no esperaba una guagua ni un tranvía en el sitio donde estaba parada. En cambio, si la niña había salido de la acera y se movía hacia la avenida, conforme indican las declaraciones de Luisa Freyre, y la de Eloy Rodríguez, supra, el chófer se ha debido haber dado cuenta igualmente de que ella inten-taba cruzar la avenida. La manifestación del chófer al con-testar una pregunta sugestiva del letrado de la demandada al efecto de que los frenos fueron aplicados “cuando la niña empezó a cruzar la calle” — considerada a la luz de su testi-monio hasta ese punto — no es. muy convincente. Nada en-contramos en la situación de la intersección de la calle de San Juan y sus cercanías para neutralizar el hecho, según concluyó la corte de distrito, de que la guagua corría a más de 24 kilómetros por hora — hecho que por disposición expresa del estatuto constituye evidencia prima facie de negligencia.

A excepción de una o dos preguntas relativas al asiento que ocupaba la testigo Luisa Freyre y a la posible obstruc-ción de su vista, el letrado del demandante — -bajo la impre-sión de que el examen de repregunta de los testigos de la demandada podía resultar inconsistente con objeciones sobre la admisibilidad de toda la prueba que tendía a demostrar que el accidente fué inevitable — se abstuvo de hacer tal exa-men de repregunta. Los mismos testigos que declararon en torno a la forma en que la niña trataba de cruzar la ave-nida, también declararon que la guagua corría a 10 ó 15 millas por hora. El juez de distrito rechazó esta parte de sus declaraciones y aceptó como ciertas las declaraciones de los testigos del demandante, varios de los cuales dijeron que la guagua corría como a 35 millas por hora. Estos mismos testigos declararon que fué necesario que se aplicaran los frenos tres veces para qne el vehículo se detuviera por com-pleto. La forma en qué Polo fue lanzado de la posición que ocupaba en la plataforma delantera, tiende fuertemente a corroborar el testimonio de estos testigos tanto en lo rela-tivo a la velocidad a que corría la guagua como en lo per-tinente a la forma en que ésta se detuvo. El mismo conductor del vehículo admite que primero redujo la velocidad al hacer i a niña ademán de cruzar la carretera, y qúe aplicó los frenos posiblemente por segunda vez cuando ella empezó a correr o corrió frente a la guagua. De este testimonio se deduce lógicamente que el chófer vió la niña, bien cuando estaba parada en la vía, al otro lado de la calle de San Juan, antes de llegar y de cruzar la parada, o por lo menos antes de ella hacer el primer ademán que indicaba su intención de cruzar la avenida. Si corría a una velocidad mucho mayor de 15 millas por hora, y si no redujo esa velocidad hasta el momento en que la niña, según su declaración y las de otros testigos de la demandada, cruzó frente a la guagua, su negli-gencia fue continua y continuó interviniendo como una causa concurrente, próxima y eficiente del accidente. A no ser por su negligencia el accidente no hubiera ocurrido, o por lo menos ejerciendo el debido cuidado, el resultado probable-mente se hubiera mitigado esencialmente.

Parecería superfluo agregar que no es éste un recurso ini-ciado por otra persona que usa la vía pública o por una persona que como invitada va dentro del vehículo, para reco-brar del dueño o conductor de un vehículo de motor no dedi-cado al transporte de pasajeros mediante paga. Se trata de un recurso iniciado por un pasajero contra un porteador público. Al conductor de una guagua se le exige que ejer-cite cuidado más de lo ordinario para la seguridad de sus pasajeros. La cuestión relativa a si el conductor o dueño de un vehículo de motor no dedicado al transporte de pasa-jeros mediante paga, sería o no responsable de las lesiones sufridas por una persona que viaja en el vehículo como invi-tado o por otra que usa la vía pública, en iguales o similares circunstancias, no está ante nos. En su consecuencia, no es necesario resolverla ahora.

En el “Restatement of the Law of Torts,” Yol. 2, pág. 1161, sec. 432, hallamos lo siguiente:

“A no ser conforme se ha dicho en el inciso (2), la conducta ne-gligente del actor no es un factor sustancial del daño causado a un tercero, si tal daño hubiera ocurrido aún si el actor no hubiese sido negligente.
“(2) Si dos fuerzas operan activamente, la una debido a la ne-gligencia del actor, y la otra no debido a ninguna conducta repro-chable ele su parte, y cada una de ellas de por sí es suficiente para producir daño a la otra parte, el jurado puede resolver que la negli-gencia del actor es un factor sustancial en la producción del daño.”

El artículo 439 lee como sigue:

“Si los efectos de la conducta negligente del actor intervienen activa y continuamente en el daño ocasionado a un tercero, el hecho de que los efectos del acto inocente, torticero o criminal de esa otra persona, sea también un factor sustancial en la producción del daño, no exime al actor de responsabilidad.”

Véanse también 45 C. J. 939, 940, see. 499, y Cruz v. Frau, 31 D.P.R. 92.

La sentencia de la corte de distrito debe ser revocada y en su lugar este tribunal dictará otra en favor del deman-dante por la suma de $1,020, con las costas pero sin incluir en ellas honorarios de abogado.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Margarita Vere de Garcés, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    Núm. 1145.

    Sometido: Julio 19, 1938.

      Resuelto: Febrero 10, 1939.

      Diego Guerrero Noble, abogado de la peticionaria; Ángel M. Torres y A. Ortiz Toro, abogados del demandante en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La mercantil Diego Portalatín & Cía., S. en O. demandó en la Corte Municipal de San Juan, Sección Primera, a Margarita Vere de G-arcés, en cobro de $53.45. Contestó la demandada negando todos y cada uno de los Pechos de la demanda. Llamado el pleito para juicio, según la narra-ción del juez contenida en su sentencia, . . la demandada presentó una excepción previa verbal fundada en indebida acumulación de partes demandadas, por el hecho de que la demandada debió ser querellada conjuntamente con su es-poso, extremo que resultó de la prueba testifical sometida por ambas partes.” La excepción prosperó y la demanda fué declarada sin lugar.

Días después el demandante pidió a la corte municipal que reconsiderara su sentencia, uniendo a su petición una demanda enmendada incluyendo como parte demandada al esposo de la primitiva demandante y pidiendo sentencia contra ambos. Se opuso Margarita Yere de Garcés porque por la demanda enmendada se intentaba establecer una nueva causa de acción, y la corte, invocando el caso de Flit de Vázquez v. White Star Bus Line Inc., 50 D.P.R. 99, declaró no haber lugar a la reconsideración.

Apeló el demandante para ante la corte del distrito y sus-citada de nuevo ante ella la referida cuestión, fué resuelta en favor del demandante.

La demandada pidió reconsideración alegando:

"Que dicha resolución se basa en que el error de la demanda original consiste en un ‘defecto de parte demandada’ el cual según la Corte puede corregirse mediante la presentación de una demanda enmendada.
“Que la demandada no está conforme con lo expresado por este Hon. Tribunal y le suplica que reconsidere su resolución de 1 de ¡junio de 1938, declarándola sin lugar bajo el amparo de la jurispru-dencia de nuestro Tribunal Supremo reportada en los casos de Vázquez v. Valdés, 28 D.P.R. 467; Melón Hnos. & Cía., S. en C. v. R. Muñiz de León, 47 D.P.R. 91; Flit v. White Star Bus Line Inc., 50 D.P.R. 99.”

Y lá corte la negó, como sigue:

"La demandada Margarita Vera de Garcés nos pide que recon-sideremos nuestra resolución de 1 de junio de 1938, permitiendo a la demandante enmendar su demanda'para incluir también como de-mandado a Gregorio Garcés, esposo de aquélla y quien es el represen-tante de la sociedad de gananciales La esposa fué 'quien tomó para ella, su esposo y los hijos, los efectos cuyo importe se cobra, y ella es parte con interés en la acción, aunque no necesaria. El defecto de la demanda original al no incluirse al esposo puede corregirse mediante demanda enmendada, sin necesidad de establecer acción por separado.
"La demandada cita los casos de Vázquez v. Valdés, 28 D.P.R. 467; Melón Hnos. & Cía., S. en C. v. Muñiz de León, 47 D.P.R. 91; Flit v. White Star Bus Line Inc., 50 D.P.R. 99.
"El caso de Vázquez v. Valdés et al., fué uno de daños persona-les ocasionados a la esposa demandante, quien compareció asistida de su esposo, -pero la acción pertenecía a la comunidad, y fué propia-mente desestimada. En ese caso se dijo que la esposa era parte pro-pia, aunque no necesaria.
"El caso de Melón Hnos. & Cía. v. R. Muñiz de León, fué uno donde en una acción contra una persona natural se embargaron bienes de una persona jurídica y luego se enmendó la demanda para corre-gir un error en el nombre de la parte demandada, sosteniéndose que era improcedente en derecho porque implicaba sustituir la única parte demandada por otra distinta.
"Y el caso de Flit v. White Star Bus Line Inc., es igual al de Vázquez v. Valdés, et al.
"Se declara sin lugar la moción de reconsideración.”

Fue entonces que la demandada Margarita Yere de G-ar-cés archivó en esta Corte Suprema su solicitud de certiorari. Expedido el auto, contestó el juez de distrito elevando el expediente original que hemos tomado como base para la exposición de los hechos que anteceden.

Reducida a sus últimos términos la cuestión envuelta es la siguiente. Demandada una persona contra la cual no existe causa de acción ¿puede permitirse una enmienda a la demanda por virtud de la cual se traiga al pleito la persona contra la cual existe la causa de acción ejercitada, o es necesario iniciar contra ella otra acción independiente?

En otras palabras. En este caso ante una corte municipal se ejercitó una acción en cobro de pesos contra una mujer casada. Esta alegó que contra ella no existía causa de acción y así lo resolvió propiamente la corte por tra-tarse de una deuda de la sociedad de gananciales. Luego de dictada la sentencia declarando la demanda sin lugar por tal motivo, se pidió a la corte que permitiera la radicación dentro del pleito de una demanda enmendada dirigida contra la primitiva demandante y contra su esposo, o sea contra los componentes de la sociedad de gananciales expresándose que los artículos origen de la reclamación fueron tomados por la demandada Vere en el comercio de la demandante “para ella, su esposo y sus hijos”. La corte municipal sos-tuvo su criterio, pero apelado el pleito para ante la corte de distrito ésta permitió la radicación de la demanda enmen-dada.

¿Pudo hacerlo? A nuestro juicio no pudo.

En el caso de Vázquez v. Valdés, et al., 28 D.P.R. 467, decidió esta corte que:

"No considerando el artículo 1314 del Código Civil Revisado como bienes propios de la esposa el derecho a reclamar indemnización por daños y perjuicios causados a ésta, tal derecho es necesariamente una propiedad ganancial, por lo que no aduce hechos suficientes para constituir causa de acción una demanda en la cual la reclamación no sé establece para la sociedad de gananciales sino para la esposa ex- elusivamente; y no altera la regla el hecho de que la esposa recla-mante aparezca en la demanda siendo asistida por sn esposo.”

En los de Flit v. White Star Bus Line, Inc., 49 D.P.R. 144 y 50 D.P.R. 98, se reafirmó esa doctrina y se concluyó que el defecto no constituía falta de capacidad en la demandante sino falta de causa de acción.

Y recientemente en el de González v. White Star Bus Line, 53 D.P.R. 345, 347, llevando la cuestión al campo de las enmiendas, se dijo:

‘‘Pidió la demandante a la corte que reconsiderara su sentencia y le permitiera radicar una demanda enmendada. Oyó la corte a ambas partes y, citando el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil y el caso de Merino v. City of New York Fire Ins. Co., 35 D.P.R. 451, el veinte del propio febrero de 1937 dejó sin efecto su sentencia y concedió permiso para que la demanda enmendada fuera radicada, siendo contra esa orden de la corte que se interpuso el pre-sente recurso de apelación.
‘‘¿Tuvo facultad la corte de distrito para actuar en la forma en. que lo hizo?
‘‘La demandada y apelante sostiene que no, porque la demanda original era fatalmente defectuosa y no susceptible de enmienda, por-que la demanda enmendada no corrige el defecto de la original y porque no teniendo derecho de acción alguno la demandante, tam-poco lo tenía a ser sustituida por otra parte ajena al litigio. Y tiene-razón a nuestro juicio. ¿
‘‘Citando el caso de Dubbers v. Goux, 51 Cal. 153, dice Bancroftt
“ ‘. . . no puede sustituirse el demandante que entabló la acción, por un nuevo demandante, cuando la parte que viene como sustituía es la única que tenía un interés actual al tiempo que se entabló la-acción.’ (Bancroft’s Code Pleading, Vol. 1, sec. 574, pág. 830.)
‘ ‘ Siendo ello así, como la sociedad de gananciales que ■ trató de-traerse al pleito era la única que tenía un interés actual al tiempo en que se entabló la acción, claro es que la demanda enmendada no-pudo admitirse. La corte carecía de autoridad para ordenar por tal medio que un pleito que cayó por su base, que era a los efectos legales inexistente, continuara en pie, como si se hubiera válidamente iniciado' cuando la primitiva demanda fué archivada.”

Aquí la demandante tenía una causa de acción pero no-contra la persona contra quien la ejercitó, y siendo ello as£ no pudo a nuestro juicio dirigirse por primera vez la demanda contra la propia parte demandada como se intentó hacerlo, o sea contra la sociedad de gananciales, aunque de dicha sociedad formara parte la demandada, porque eso no obs-tante es lo cierto que la sociedad constituye una persona jurí-dica distinta de las de sus socios. Aunque aquí se trata de partes demandadas y en los casos citados de partes deman-dantes el principio es igual. “La concesión de permiso para enmendar una demanda que tiene por fin no el corregir un error de nombre en ella sino el de sustituir la única parte demandada por otra completamente distinta, es improce-dente en derecho”, resolvió esta corte en el caso de Melón Hnos. & Co., S. en C. v. R. Muñiz de León, 47 D.P.R. 91.

La regla con respecto a enmiendas en relación con nuevas partes demandantes o demandadas ha sido claramente ex-puesta por Bancroft, como sigue:

“Aún cuando la corte puede, en ayuda de la justicia, y bajo aque-llos términos que sean apropiados, enmendar cualquier alegación bien añadiéndole, o eliminándole partes, existe la regla general que, en tal forma, no puede efectuarse un cambio total de partes demandan-tes o demandadas. Una sustitución de partes que envuelve un cam-bio en la causa de acción no es, como regla general, permisible. Por ejemplo, no puede sustituirse al demandante original por un nuevo demandante, cuando el sustituto era, al tiempo de radicarse la acción, la verdadera y única parte interesada. Ni puede sustituirse a la parte originalmente demandada cuando no exista entre ellos rela-ción (privity) o interés común.” I Bancroft’s Code Pleading, págs. 830 y 831.

Lo que nos ha hecho dudar del alcance de nuestra conclu-sión en este caso concreto, es la circunstancia de la innega-ble conexión que existe entre la esposa demandada y la socie-dad de gananciales de que forma parte, pero esa duda desapa-rece al aplicar en toda su extensión la doctrina sentada en los casos de Vázquez, Flit y González, supra.

En tal virtud debe anularse la resolución de que se queja la peticionaria o sea la dictada por la Corte de Distrito de San Juan en jumo 1,1938, por la cual se admitió la demanda enmendada y devolverse el pleito a la dicha corte de distrito ,a los fines que fueren procedentes.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José González Martínez, acusado y apelante.
    Núm. 7362.

    Sometido: Enero 27, 1939.

      Resuelto: Febrero 10, 1939.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, j Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El primer señalamiento levanta' una cuestión jurisdiccional. La contención es que la prueba dejó de demostrar que el delito fué cometido en el barrio Domingo Ruiz de Areeibo, según se alega en la acusación.

Lino Quiñones, víctima de un atentado criminal, fué lle-vado en estado moribundo inmediatamente después de ser agredido al hospital municipal de Areeibo, donde fué iden-tificado por un policía y asistido por el cirujano del hospital.

Felicita López, esposa de Quiñones, vivía en Bajadero, Arecibo. Quiñones fue llamado mientras dormía a media noche y atacado al salir por la puerta'de la casa en que él y su esposa, Felicita, vivían. Bajadero era un poblado de Arecibo.

Juan G-onzález vivía en Bajadero, a uñas cuantas yardas de distancia del sitio donde se cometió el delito. Un policía llegó como a los cinco minutos del atentado. El delito se cometió en un sitio llamado Buenavista, como a ocho, o diez yardas del poblado. La casa de Juan González se hallaba como a quince yardas de la del acusado José González, la que estaba bastante cerca de la casa de Quiñones.

Antonio Natal vivía, en Bajadero cerca de la casa de Lino Quiñones y mientras se hallaba acostado oyó a Carmelo-Irizarry, un coacusado, llamar a Quiñones.

Bita Natal, otra testigo, también vivía en Bajadero, tan cerca del sitio del suceso que podía ver desde la puerta de su casa lo ocurrido.

Emigdio Sánchez, maestro de escuela, conoció a José Gon-zález y a Lino Quiñones en el barrio Bajadero, donde vivía el testigo. Este testigo, mientras se hallaba acostado, oyó-gritos de mujeres, se puso los pantalones y el gabán, corrió-hacia el sitio donde se cometió el delito y llegó allí con el policía Padilla como cinco minutos después de haber oído-ios gritos. Algunos minutos más tarde halló el vehículo en que llevaron a Quiñones al pueblo.

El policía Padilla prestaba servicios en Bajadero, barrio Domingo Buiz. Como a media noche y mientras se hallaba en el poblado de Bajadero oyó gritos llamando a un policía. “Era Esteban Quiñones”, hijo de Lino Quiñones, quien le dijo al testigo “que corriera allá” y el testigo fué a dicho-lugar. El testigo cogió al herido y lo entregó a unos pai-sanos que lo condujeron al pueblo. El testigo entonces-arrestó a José González y a Carmelo Irizarry y los llevó a Arecibo por la Central Cambalache. El testigo entregó al fiscal el machete que según él José González le había entre-gado como el arma con que González hirió a Quiñones.

De la declaración de Irizarry como testigo de la defensa se desprende que poco después de cometido el delito y aquella misma noche Irizarry prestó declaración ante el fiscal de Arecibo que más tarde radicó la acusación.

Aparentemente, por accidente más bien que por designio, se estableció bastante bien el hecho de que el delito se cometió en un 'sitio conocido por Baj adero, un grupo de casas en el municipio de Arecibo, o en las inmediaciones de ese sitio. Que el municipio de Arecibo está dentro del distrito judicial de Arecibo es cuestión de conocimiento judicial. Pueblo v. Llauger, 14 D.P.R. 548, 560; Pueblo v. Suro, 47 D.P.R. 834, y Pueblo v. Suárez, 51 D.P.R. 903.

Aun cuando la prueba del fiscal pudo haber fijado con mayor precisión el lugar donde se cometió el delito, no es-tamos preparados, sin embargo, para decir que la sentencia de la corte de distrito debe ser revocada por falta de prueba suficiente para demostrar que el delito fué cometido dentro de los límites territoriales de ese distrito judicial.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito cometió error y abusó de su discreción al declarar sin lugar una moción en que se solicitaba un pliego de particulares, sin dar al acusado la oportunidad de ser oído.

En la acusación se alegaba que Carmelo Irizarry Picón y José González Martínez acometieron y agredieron a Lino Quiñones con puñal y machete, infiriéndole varias heridas de carácter grave, a consecuencia de las cuales falleció. Gon-zález solicitó un pliego de particulares:

(a) Respecto a cuál de los acusados usó el puñal;

(b) Respecto al número de heridas inferidas y la natu-raleza de las mismas;

(o) Respecto -a cuál de las heridas produjo la muerte a Quiñones;

(d) Respecto a si las heridas que produjeron la muerte eran de puñal o de machete.

Conforme ya hemos indicado, esta corte no puede san-cionar la práctica de declarar sin lugar una moción de esta índole sin una oportunidad para ser oído. Pueblo v. Ramírez, 50 D.P.R. 234. Podría admitirse, sin resolverlo, que •el acusado tenía derecho a alguna, si no a toda la infor-mación solicitada.

La teoría de la defensa fue que González no tomó par-ticipación alguna en el asesinato. No se presentó objeción 3 ninguna parte de la prueba que tendía a demostrar que él esgrimiera el machete mientras Irizarry blandía un puñal y que las heridas de machete fueron la causa principal de la muerte. No se alegó que hubiera sorpresa en ningún momento durante el curso del juicio. La declaración del po-licía al efecto de que González mismo entregó el machete •como el arma utilizada por él, no fue controvertida, a no ■ser en tanto en cuanto la prueba de la defensa tendió a de-mostrar que González no fue un agresor. Con la posible •excepción de algunas repreguntas hechas a un médico en torno a la naturaleza de las varias heridas, sobre cuál de ■ellas produjo la muerte a Quiñones y respecto a la forma en •q¡ue las heridas pudieron ser inferidas, o respecto a las dis-tintas armas con que las mismas pudieron ser producidas— y excepto en tanto en cuanto la prueba de la defensa tendía a. sostener su teoría — en ningún momento se suscitó cuestión alguna durante el juicio respecto a si la muerte fue el resul-tado de heridas de puñal o de machete, o sobre cuál de los acusados usó el puñal y cuál el machete.

No estamos preparados para decir que el error, de hat&erse cometido, al declarar sin lugar la moción del acusado •solicitando un pliego de particulares, sin que se le diera ■oportunidad para ser oído, sea un error suficiente para que .se ordene la revocación.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor de Jesús

text:
      El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carmelo Avilés Quiñones, acusado y apelante.
    Núm. 7276.

    Sometido: Diciembre 8, 1938.

      Resuelto: Febrero 10, 1939.

      Enrique Báez Garcia, abogado del apelante; E. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Acusado Carmelo Aviles Quiñones de infringir el artículo 7 de la Ley número 14 de 8 de julio de 1936 (Leyes de ese año, (2) pág. 129), según fue enmendado por la número 95 de 12 de mayo de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 240), hizo alegación de culpable y la Corte de Distrito de Mayagüez ló sentenció a cumplir seis meses de cárcel. Apeló para ante este tribunal y en apoyo del recurso imputa a la corte sen-tenciadora la comisión de tres errores. El primero de lop errores señalados dice así:

“La Corte de Distrito de Mayagüez cometió error al condenar al acusado, toda vez que la acusación en el presente caso no alega 'he-chos suficientes constitutivos de delito público en Puerto Rico.”

La acusación, cuya suficiencia es motivo del primer señalamiento de error, ■ dice así:

“El referido acusado, Carmelo Aviles Quiñones, allá en o por el día 14 de agosto de 1937 y en Mayagüez, P. R., que forma parte del distrito judicial de Mayagüez, P. R., ilegal, voluntaria y maliciosa-mente, tenía en su poder y posesión un arma de fuego, a saber: un revólver marca ‘Crucero’, calibre 38, sin número, y sin haberlo de-clarado y registrado haciendo una declaración por escrito al Jefe de la Policía Insular del Distrito de Mayagüez, que es el distrito donde reside el acusado, ni .en ningún otro distrito, haciendo constar bajo juramento en duplicado su nombre completo, dirección, ocupa-’ ción, color, su firma y huellas digitales de sus pulgares, el calibre, clase, modelo y nombre de fábrica de dicha arma por él poseída al declararla, declaración que no hizo el acusado.”

Sostiene el apelante que la acusación no imputa un delitq público, porque al describir el revólver que se alega no fué declarado, no se expresa que la longitud de su cañón no ex-cede de 12 pulgadas.

Veamos ahora cuál es la ley que se alega infringida! La definición del delito la encontramos en el artículo 7, que dice así: !

“Artículo 7. Toda persona que tenga en su poder, por cualquier concepto, cualquier arma de fuego, en la fecha en que entre en vigor esta Ley, tiene la obligación de declararlo así por escrito al jefe áe la policía insular del distrito donde resida, a no más tardar el trigésimo día después de aquél en que se haga la última publicación de los edictos que se ordenan en el artículo 9 de esta Ley. Igualmente, toda persona que obtenga el dominio o posesión de cualquier arma de fuego, en cualquier forma, después de entrar en vigor esta Ley, tiene la obligación de declararlo así por escrito al jefe de la policía insular del distrito donde reside. La declaración del arma se hará mediante una declaración jurada en duplicado conteniendo su nombre com-pleto, dirección, ocupación, color, su firma o huellas digitales de sus pulgares si no supiere firmar, y el calibre, clase,. modelo y número de fábrica del arma de fuego que posea. Si el arma no tuviere nú-mero de fábrica, o éste apareciere ilegible, el poseedor hará grabar su nombre completo sobre el acero de la parte trasera del mango del arma, y así lo hará constar en su declaración. El jefe de distrito de la policía insular del domicilio del declarante entregará a éste una constancia de dicho acto, y enviará el original de la declaración al Jefe de la Policía Insular de Puerto Rico, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que le sea entregada, y conservará el duplicado en su archivo oficial.
“Después de vencido el término dierante él cual podrá procederse a la inscripción de las armas de fuego en la forma que se prescribe inmediatamente antes, el hecho de poseer un arma de fuego cuya po-sesión o dominio ha sido obtenido sin ajustarse a las disposiciones de esta Ley, o no hubiere sido declarado de acuerdo con las prescrip-ciones de este artículo será evidencia prima facie de que el arma de fuego se ha obtenido, se posee o se transporta ilgalmente. Toda persona que poseyere o tuviere bajo su dominio un arma de fuego y la perdiere o se le desapareciere, lo notificará por escrito inmediatamente al jefe de la policía de' distrito en que resida la persona a quien se le ha perdido o desaparecido el arma. El hecho de que el arma usada en la perpetración de un delito estuviere declarada e inscrita a nombre de determinada persona, no establece contra ésta presun-ción alguna de culpabilidad de, o conexión con, el delito cometido, y los jueces tendrán en cuenta, e instruirán a los jurados que deberán tener en cuenta esta disposición, al considerar y resolver casos en que el uso de un arma de fuego esté en controversia.”

El artículo 7 precedentemente transcrito impone el deber de declarar cualquier arma de fuego (firearm) y el artículo 1 define lo que debe entenderse por arma de fuego a los efectos de la citada ley. Dicho artículo dice así:

“Artículo 1. — La palabra ‘arma de fuego’, tal y como se usa en esta Ley, significa toda pistola o revólver, cuyo cañón mida basta doce pulgadas de longitud; cualquier escopeta de municiones cuyo cañón mida basta veinticuatro pulgadas de longitud, y cualquier rifle cuyo cañón mida basta quince pulgadas de longitud.” (Ley número 14 de 8 de julio de 1936, (2) pág. 129.)

La regla universalmente aceptada para determinar la su-ficiencia de una acusación cuando la definición del delito im-putado está sujeta a excepciones, es la siguiente: Si la ex-cepción ha sido incorporada a la definición del delito de ma-nera tan inseparable que una acusación que la omitiera de-jaría de exponer los distintos elementos del delito con sufi-ciente exactitud y certeza, en ese caso es indispensable que en la acusación se niegue la excepción, es decir, que se ex-pongan hechos tendentes a demostrar que el caso del acu-sado no se halla comprendido en ninguna de las excepciones de la ley. Si por el contrario la excepción se halla expuesta en cualquier otro artículo de la ley y el lenguaje que define el delito es tan independiente de la excepción que puede des-cribirse el delito con certeza y exactitud sin necesidad de negar la excepción, en ese caso ésta se considera materia de defensa y como tal debe ser alegada y probada por el acu-sado. U. S. v. Cook, 84 U. S. 168, 173, Bishop’s New Crim. Procedure, secciones 513, subdivisión 5, y 639, subdivisión 5; 1 Chitty, Criminal Law, 283b, 284; McHenry v. State, 80 S. W. (2d) 655; y El Pueblo v. Rosenstadt & Waller, Inc., 28 D.P.R. 952.

El caso de Weare v. U. S., 1 F. (2d) 617, resuelto por la Corte de Circuito de Apelaciones para el Octavo Circuito presenta una situación de hechos muy similar al caso que nos ocupa. La Ley Federal contra narcóticos, aprobada el 17 de diciembre de 1914, generalmente conocida por Ley Harrison, en su artículo primero prescribe que toda persona que diere, etc., . . . opio u hojas de coca, o cualquier com-puesto, sal, derivado o preparación de los mismos, deberá registrarse o inscribirse ... y el mismo artículo sigue dis-poniendo que será ilegal que cualquier persona que de acuerdo con dicha ley debe registrarse o inscribirse, dé opio, hojas de coca o cualquier otro compuesto, etc., sin antes ha-berse registrado y satisfecho la contribución especial que en el mismo artículo se impone.

La sección 6 dispone que la Ley Harrison no se inter-pretará en el sentido de aplicarse a la venta, distribución, etc., de preparaciones que no contengan más de dos granos-de opio o más de % de grano de morfina.

Se acusó a Earle C. Weare de infracción a la Ley Harrison, imputándole que maliciosa e ilegalmente había dado a un tal Sittiden ciertos derivados y preparaciones de opio, a saber, morfina, sin haberse registrado en la oficina del co-lector de rentas internas y sin haber pagado la contribución especial provista por la ley. Fue convicto y sentenciado por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Minnesota, y al apelar para ante la Corte de Circuito alegó por primera vez que la acusación no aducía hechos constitu-tivos de delito, porque en la misma no se alegaba que la pre-paración en cuestión no contenía más de % de grano de morfina, en otras palabras, que la acusación era insuficiente por no haber negado la excepción contenida en la sección 6 de la ley.

La corte, después de citar la regla anteriormente enun-ciada en esta opinión, declaró que las excepciones conteni-das en la sección 6 de la ley no forman parte de la definición del delito y que por consiguiente constituyen materia de de-fensa, cuya alegación y prueba incumben al acusado.

El caso que nos ocupa es idéntico en principio al de Weare, supra. La única diferencia es que la excepción en nuestro -caso aparece en el artículo 1ro. y la definición del delito en el 7°., mientras que en el de Weare el delito se define en el artículo 1ro. y la excepción aparece en el 6°., pero esta diferencia puramente física no afecta en manera alguna la interpretación de la ley, como se dice en el caso de Weare.

Examinada la acusación de este caso a la luz de estos principios, forzoso es concluir que cumple con los requisitos legales.

La tendencia moderna en la jurisprudencia es simplificar el procedimiento, eliminando todo aquel formalismo de la ley común, tan innecesario como inútil, que lejos de auxiliar constituía un estorbo a la buena administración de la jus-ticia. Whiting v. State, 14 Conn. 487, 490, 36 Am. Dec. 499; State v. Moran, 99 Conn. 115, 36 A. L. R. 862; Brinkman v. Drolesbaugh (Ohio) L.R.A. 1918-F 1132, 1135. De ahí que tanto en las jurisdicciones federales como en las esta-tales se hayan simplificado en igual forma las acusaciones, de tal manera que la suficiencia de ellas no la determina el hecho de que pudieran haberse redactado con más o menos precisión o certeza. Basta que expongan los distintos ele-mentos del delito que se intenta imputar, describiéndolo con tal certeza que informe suficientemente al acusado del cargo de que se ha de defender y le permita alegar la exposición anterior por el mismo delito (former jeopardy) en caso de que posteriormente se intentase perseguirlo por la misma infracción. Hagner v. U. S., 285 U. S. 427, 76 L. Ed. 861; State v. Lassotovich, 162 Md. 147, 81 A.L.R. 69; State v. Roy, 40 N.M. 397, 110 A.L.R. 1, y la monografía en 11 L.R.A. 530.

No obstante, si el acusado no deseaba contestar la acu-sación o entrar en juicio sin conocer la longitud del revólver en cuestión, bien pudo solicitar ese detalle mediante un pliego de particulares, que con toda seguridad hubiera obtenido; pero lejos de ello prefirió deciarse culpable y al así hacerlo, no sólo renunció (waived) al pliego de particulares, si que admitió la verdad de los hechos bien alegados en la acusación. State v. McClellan, 155 La. 37, 31 A.L.R. 527; Pueblo v. Andréu, 23 D.P.R. 751; Pueblo v. Cabassa, 30 D.P.R. 3, 6.

Alega el apelante que su impugnación a la suficiencia de la acusación está basada en lo resuelto en el caso de El Pue blo v. Cortés, 24 D.P.R. 208. Allí se trataba de un delito de violación, que el artículo 255 del Código Penal define así:

“Art. 255. — Se comete violación, yaciendo con una mujer que no fuere la propia, en cualquiera de los casos siguientes:
“1. Si la mujer fuere menor de catorce años.
“ .....”

Se dijo por este tribunal que a pesar de que la ofendida era menor de catorce años y no podía legalmente contraer matrimonio era necesario alegar que no era la esposa del acusado. En ese caso el Tribunal no bizo otra cosa que aplicar la regla universalmente aceptada, dispositiva de que cuando una excepción se incorpora de tal modo a un estatuto que forma parte de la definición del delito, la excepción debe ser negada en la acusación. Pero el caso que nos ocupa es distinto. En éste el estatuto envuelto define los términos que usa después en la descripción del delito y la acusación sigue estrictamente el lenguaje del estatuto.

A nuestro juicio no existe el primer error señalado por el apelante.

El segundo señalamiento de error dice así:

“La Corte cometió error al condenar al acusado, porque acep-tando como ciertos los becbos alegados, éstos no constituyen un delito público en Puerto Rico.”

Argumentando el apelante este señalamiento de error dice:

(a) Que el dejar de registrar o declarar un revólver no constituye delito, porque el artículo 7 antes transcrito, en su primer párrafo, impone la obligación de registrar el arma, pero no expresa que el dejar de registrarla constituye delito, por lo que, según él, el estatuto, en lo que se refiere al re-gistro o declaración, es meramente admonitivo y no pre-ceptivo ;

(b) Porque el segundo párrafo del citado artículo dis-pone que el poseer un arma sin declararla será evidencia prima facie de que se posee ilegalmente; y

(c) Porque el mismo artículo 7, al imponer la obligación de declarar las armas de fuego que se adquieran después de entrar en vigor la ley, no especifica dentro de qué tiempo debe hacerse tal declaración.

“Si el lenguaje del estatuto es imperativo o meramente admoni-tivo depende del propósito legislativo que pueda inferirse tanto del contexto como de la naturaleza de la ley. Aunque las palabras de un estatuto sean meramente permisivas, admonitivas o directivas, se consideran como preceptivas cuando la facultad o deber a que ellas se refieren tiene por objeto promover la justicia pública o la seguridad y protección de derechos públicos o privados.” 25 R.C.L. 767.

El fin que persigue la ley es crear un registro de armas de fuego. El registrar o declarar el arma es esencialísimo a los efectos de la ley, pues si la declaración fuese potes-tativa la ley carecería de finalidad, y no hay duda de que esta ley es una de orden público (ptóblic policy) y propende a la justicia pública. Por consiguiente, la disposición sobre el registro o declaración del arma es preceptivo y no admo-nitivo.

Es verdad que el artículo 7 no dice expresamente que el dejar de registrar el arma constituye un delito, pero no es menos cierto que impone la obligación de registrarla y que el artículo 10 prescribe:

“Artículo 10. — Las infracciones a las disposiciones de esta Ley serán consideradas como un delito menos grave (misdemeanor) y la persona que fuere declarada convicta del mismo será castigada con pena de cárcel no menor de seis (6) meses ni mayor de dos (2) años, excepto en cuanto se relaciona a la compraventa de armas de con-trabando, que se castigará según lo dispuesto en el artículo 6.”

El hecho de que el segundo párrafo del artículo 7 pres-criba que el poseer un arma sin declararla será evidencia prima facie de que se. posee ilegalmente, no implica que el incumplimiento de ese deber que impone la ley no constituya delito, cuando, como hemos visto, el primer párrafo del ar-tículo 7 impone la obligación de registrarla y el artículo 10 contiene la sanción penal correspondiente. El objeto del se-gruido párrafo del artículo 7 es imponer el peso de la prueba al acusado a quien se le ocupe un arma sin registrar, al cual incumbe demostrar que la posee legalmente.

No señala la ley un término para declarar las armas a aquellas personas que las adquieran después de su vigencia, porque, ese plazo es innecesario. Su obligación es de-clararlas al tiempo de adquirirlas. De otro modo, después de estar en vigor el estatuto habría siempre personas pose-yendo armas sin declararlas, por no haber vencido el plazo que se le concediera para ello, lo cual frustraría el saludable propósito de la ley.

No existe tampoco el segundo de los errores señalados.

Pasemos ahora al tercero y último, que dice así:

“La Corte cometió error al castigar al acusado porque la ley que se alega infringida es anticonstitucional y fué aprobada en violación de las disposiciones de la Carta Orgánica de Puerto Rico.”

Este señalamiento de error lo discute el apelante bajo dos aspectos distintos:

(a) Bajo la teoría de que la ley establece un discrimen a favor de aquellas personas que adquirieron las armas antes de entrar en vigor la ley y en contra de las que las adqui-rieran después; y

(b) Porque fué aprobada en violación del párrafo 9 del artículo 34 de la Carta Orgánica de Puerto Rico.

El párrafo 1 del artículo 2 de nuestra Ley Orgánica dis-pone que no se pondrá en vigor en Puerto Rico ninguna ley que negare a una persona de la Isla la protección igual de las leyes.

La cláusula constitucional sobre “igual protección de las leyes” contenida en nuestra Ley Orgánica es una copia exacta de la que aparece en la enmienda déeimocuarta de la Constitución Federal. Esta cláusula se originó inmediata-mente después de la Guerra Civil y tuvo por objeto proteger a la raza de color contra los atropellos e injusticias a que era sometida en los Estados donde había existido la escla-vitad. Befiriéndose al origen de esta cláusula dice la Corte Suprema de Estados Unidos en una de sus más célebres decisiones:

“A la luz de la historia de estas enmiendas y del propósito que las inspira, a que nos bemos referido, no es difícil interpretar esta cláusula. La existencia de leyes en los Estados donde los negros recién emancipados residían, que discriminaban injusta y opresiva-mente contra ellos como miembros de una clase, fué el mal que trató de remediarse por esta cláusula y a virtud de la misma las leyes de ■esa índole están prohibidas.” Slaughter House Cases, 16 Wall. 36, 81.

Pero esa cláusula que al principio se aplicó a aquellos •casos en que se alegaba un discrimen contra la raza de color, por interpretación judicial se hizo de general aplicación y dondequiera que se establece una desigualdad sin que exista ana base razonable para ello, allí está la cláusula sobre igual protección de las leyes, para impedir la arbitrariedad y el discrimen. Como hemos insinuado, no toda desigualdad infringe esta cláusula constitucional.

El precepto constitucional sobre igual protección de las leyes no significa, como parece entenderlo la representación del apelante, que la Asamblea Legislativa esté impedida de hacer clasificaciones dentro de una ley y aplicar a cada cla-sificación o grupo una regla distinta, siempre que tales clasi-ficaciones no sean arbitrarias.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha resumido las reglas para determinar si una ley ofende la cláusula cons-titucional sobre igual protección de las leyes, en la siguiente forma:

“2. La cláusula sobre igual protección de las leyes contenida en 2a enmienda decimocuarta no priva a los Estados de la facultad de •establecer clasificaciones en la adopción de leyes de orden público (public policy), sino que por el contrario permite el ejercicio de una ■amplia discreción en ese sentido impidiendo las clasificaciones sola-mente cuando se han hecho sin una base razonable y por consiguiente resultan puramente arbitrarias.
“2. Una clasificación que descanse en una base razonable no infringe esta cláusula constitucional simplemente porque no se haya liecbo con una precisión matemática o porque en la práctica resulte en alguna desigualdad (inequality).
“3. Cuando se impugna la clasificación, si puede concebirse cual-quier estado de hechos que la justifique, se presumirá que tal estado-de hechos existió en la fecha de la aprobación de la ley.
“4. El que impugne la clasificación contenida en una ley tiene el peso de la prueba para demostrar que no descansa sobre una base razonable y que es esencialmente arbitraria.” Lindsley v. Natural Carbonic Gas Co., 220 U. S. 61, 78.

La diferencia que establece la ley entre los que poseían armas antes de su vigencia, y los que las adquirieren des-pués, es perfectamente justa y razonable. Los primeros las-adquirieron cuando no existía ley alguna que los obligase a declararlas. Podían hallarse ausentes al empezar a regir la ley, no encontrarlas de momento si las tenían guardadas o prestadas, o podía existir cualquier otra circunstancia que les impidiese cumplir con la ley inmediatamente después de su aprobación, y si no se les daba un plazo para ello, se les castigaría por violar una ley que no habían tenido una opor-tunidad razonable de cumplir. Los otros, los que -no las te-nían al tiempo de empezar a regir la ley, estaban en otras condiciones, pues si por cualquier circunstancia no podían cumplir con el requisito de declararlas, podían posponer su adquisición para una ocasión apropiada. Además, si como decimos antes, se les concediese un plazo a estos últimos para registrar las armas, éste empezaría a correr desde la fecha de la adquisición, y como constantemente se están adqui-riendo armas por distintas personas, resultaría que siempre existiría un número de ellas sin registrar, lo cual haría ine-ficaz la La clasificación evidentemente no es arbitraria; descansa sobre una base razonable. Por consiguiente, la ley no infringe la cláusula constitucional.

Pasemos ahora al segundo fundamento de inconstitucionalidad.

El artículo 13 de la Ley núm. 14 de 1936 ((2) página. 129) decía así:

“Art. 13. Por la presente se declara que esta ley es de carácter experimental y por tanto sus disposiciones estarán en vigor sola-mente por el período de dos años y un día a partir de la fecha en que entre en vigor.”

La sección antes transcrita fné enmendada por la Ley número 95 de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 240) en el sen-tido de hacer la ley permanente. Sostiene el apelante que debió redactarse de nuevo toda la ley de 1936, cumpliendo así con lo prescrito en el párrafo 9 del artículo 34 de la Ley Orgánica, que dice así:

“Ninguna ley será restablecida o enmendada, ni se dará mayor alcance a sus disposiciones .... haciendo referencia a su título so-lamente, sino que toda la parte de ella que sea restablecida, enmen-dada, extendida, o conferida, será decretada nuevamente y publicada en su totalidad.”

El objeto de esa cláusula constitucional es evitar confu-siones, impidiendo que para conocer un artículo o sección de una ley haya que examinar dos o más tomos de leyes entre los cuales se halle fraccionado un determinado precepto legal. Por esa razón, interpretando esa cláusula se ha sostenido que es suficiente con que al enmendarse una ley, la dispo-sición legal, tal y como ha sido enmendada, se transcriba literalmente en la ley enmendatoria. 59 Corpus Juris 880. Pero cuando, como en el presente caso, todos los artículos de la Ley de 1936, con excepción de los tres que fueron enmendados por la Ley núin. 95 de 1937, a saber, el 7, el 9 y el 13, no son alterados en forma alguna, ningún fin prác-tico se consigue transcribiendo de nuevo toda ley, que apa-.rece en el tomo de leyes de 1936, sesión extraordinaria.

En el caso de Houston & T. C. Ry. Co. v. State, 39 S.W. 390, se suscitó una cuestión similar a la que ahora levanta el apelante.

El Estado de Tejas hizo cierta concesión de tierras a la Houston & T. C. Ry. Co. por un período de diez años, y después de expirado dicho término se pasó una ley exten-diéndolo a diez años más. En la ley enmendatoria no se transcribió la ley enmendada. Se alegó que la ley emnen-datoria era inconstitucional por no cumplir con una cláusula constitucional del Estado de Tejas, igual a la que ahora invoca el apelante. La Corte Suprema de Tejas sostuvo la constitucionalidad de la ley.

Entendiendo como entendemos que tampoco existe el ter-cer error señalado por el apelante y que la ley es constitu-cional, procede confirmar la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.

El Juez Asociado Sr. Wolf, está conforme con el resul-tado.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Ex Parte Diego Salvador Antúnez Roca, peticionario; José Antonio Antúnez Reyes, apelante.
    Núm. 7586.

    Sometido: Diciembre 1, 1938.

      Resuelto: Febrero 10, 1939.

      José C. Jusino, abogado del apelante; Damián Monserrat, Jr„ abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Diego Salvador Antúnez Pujols falleció abintestato en la ciudad de Río Piedras el 29 de enero de 1936. Dejó como únicos y universales herederos a sns tres hijos legítimos lla-mados Diego Salvador, Salvador, y José Antonio Antúnez Roca, y a nn hijo natural reconocido llamado José Antonio Antúnez Reyes.

La Corte de Distrito de San Juan puso los bienes de la herencia en administración judicial, y más tarde nombró al Sr. Gabriel de la Haba contador partidor, presentando éste, con fecha ñ de marzo de 1937, a la consideración del indi-cado tribunal, nn informe contentivo de las operaciones par-' ticionales.

Se opuso el hijo natural a la aprobación del informe. La corte señaló día para oír a las partes interesadas, compa-recieron todas y fueron oídas, dictándose por la corte la re-solución aprobatoria del informe el día 28 de mayo de 1937.

Contra la indicada resolución estableció el hijo natural el presente recurso, imputando a la corte inferior la comisión de los siguientes errores:

1. “La Corte erró al resolver que el menor José Antonio Antúnez Reyes, hijo natural reconocido del causante, don Salvador Antúnez Pujols, ha de haber la suma de $12,152.70 en vez de $15,624.88.
2. “La Corte erró al aprobar bajas montantes a la suma de $17,461.04, sin que existiera reclamación ni prueba alguna sobre dichas bajas, y no obstante nuestra oposición.
3. “La Corte erró al no ordenar la eliminación de la base sép-tima del informe del Contador Partidor. (Pág. 13 de la transcrip-ción.)
4. “La Corte erró al no ordenar la eliminación total de la re-comendación especial del Contador Partidor que bajo el número tres hizo, y que aparece a la página 25 de la transcripción, y que expuso en los siguientes términos:
“ ‘Estando pendiente una reclamación del abogado don Ángel N. Parra, a que hace referencia la base sexta, página doce de este in--forme, y siendo esta reclamación una cosa litigiosa y no liquidada, deben adjudicarse los bienes a los distintos herederos, sujetos a las resultancias de este litigio, y para responder cada cual con lo que se le adjudique, de la parte que le corresponda, de obtener sentencia a su favor el reclamante, o sea, en la proporción de tres veintisiete avos el Rijo natural y ocho veintisiete avos cada hijo legítimo.’

En el informe del contador partidor la herencia de Salvador Antúnez Pujols se divide en tres partes correspondientes a la legítima corta, la legítima larga y libre disposición, respectivamente. Los dos tercios de legítima se dividen entre los tres hijos legítimos, correspondiendo a cada uno de ellos por concepto de legítima la cantidad de $24,305.38. Determinada así la participación legítima de cada uno de los tres hijos legítimos, se adjudicó en el tercio de libre disposición, al hijo natural la mitad de dicha suma, o sea $12,152.69. El resto del tercio de libre disposición se adjudicó a los tres hijos legítimos por iguales partes.

No comprendemos cómo puede dudar siquiera la repre-sentación del hijo natural que no sea ésta la forma correcta de distribuir el caudal hereditario. Son perfectamente cla-ros los artículos 902 y 767 del Código Civil (edición de 1930), que constituyen la ley aplicable al caso.

El artículo 902, que se halla entre los preceptos regula-dores de la sucesión intestada y bajo el epígrafe: “De los hijos naturales reconocidos”, en la parte pertinente dice así:

“En caso de quedar descendientes o ascendientes legítimos, los descendientes naturales reconocidos sólo percibirán de la herencia la porción que se les concede en los artículos 767 y 768 de este código.”

Y el artículo 767, que es el que determina en la sucesión testada la cuota hereditaria correspondiente al hijo natural, reconocido cuando concurre con hijos o descendientes legí-timos, prescribe:

“Art. 767. Cuando el testador deje hijos o descendientes legí-timos e hijos naturales legalmente reconocidos, tendrá cada uno de éstos derecho a la mitad de la cuota que corresponda a cada uno de los legítimos no mejorados siempre que quepa dentro del tercio de libre disposición, del cual habrá de sacarse, deduciendo antes los gastos de entierro y funeral.
“Los hijos legítimos podrán satisfacer la cuota que corresponda a los naturales en dinero- o en otros bienes de la herencia a justa regulación.”

Comentando Manresa los artículos correspondientes del Código Civil español, dice:

“En concurrencia con descendientes o ascendientes legítimos, los hijos naturales reconocidos o legitimados por concesión Real reciben ■en la sucesión intestada la misma porción que les corresponde en la testamentaria, con arrglo al art. 840 y al 841. ... El art. 942 no hace más que reconocer a los hijos naturales en la sucesión abintes-tate los mismos derechos que les concede la ley en la sucesión tes-tada. ...” (Manresa, tomo 7, pág. 103.)
“El art. 942 es suficientemente claro. Nos referimos al comen-tario de los arts. 840, 841, 843 y 844.
“Entiéndase bien que, aun cuando se trata de sucesión intestada, ■el hijo natural, en concurrencia con descendientes legítimos del cau-sante, sólo tiene derecho a la porción que le concede el art. 840, o ■sea la mitad de la cuota que corresponda como legítima de los dos tercios del caudal, o la que proceda en sucesión testamentaria a cada uno de los hijos legítimos no mejorados, siempre que quepa dentro del tercio de libre disposición, deduciendo antes los gastos de entierro .y funeral.” (Id., pág. 106.)
“En el art. 840 no se señala una cuota divisible entre los hijos naturales, sino que se determina la porción correspondiente a cada uno de esos hijos, que es siempre la mitad de lo que corresponde per-cibir por su legítima a cada uno de los hijos legítimos.
“El objeto de la ley no puede ser más evidente: no quiere con-sentir que en caso alguno sea la legítima de un hijo natural mayor ni aun igual a la de un hijo legítimo; por exigencia legal, como herederos forzosos, nunca percibirán más que la mitad. Éste es el primer límite de la legítima de los hijos naturales en concurrencia con hijos legítimos.” (Tomo 6, pág. 562.)

Por lo expuesto, fácil es comprender que no existe el pri-mero de los errores señalados.

El apelante no demuestra que la corte cometiera el error que le atribuye al aprobar las bajas del caudal que aparecen en el informe del contador partidor, montantes a $17,461.04. La corte oyó a las partes, examinó los compro-bantes que le presentaron y, apreciando la prueba que tuvo-ante sí, aprobó dichas bajas. A falta de una demostración de error manifiesto o de pasión, prejuicio o parcialidad por parte de la corte inferior, no debemos intervenir con su discreción en la apreciación de la evidencia.

Tampoco encontramos que se haya cometido error alguno por la corte al no ordenar la eliminación de la base séptima del informe del contador partidor. Dicha base séptima dice así:

“De la documentación sometida por el Administrador Judicial, resulta que las rentas de los bienes bajo administración judicial eran depositadas en cuenta corriente en el Banco Popular de P. R., ha-biendo sido aplicadas a los gastos necesarios al funcionamiento de-la sucesión, tales como pago de contribuciones, anticipo al hijo natural en la expresada suma de mil ochocientos dólares, reparaciones de' los bienes, gastos de peritos tasadores, pensiones alimenticias a los coherederos, y otros detalles, quedando el 28 de febrero de 1937 un saldo de seiscientos treinta y cuatro dólares con setenta y cuatro-centavos, que constituye el particular mímero diez y seis del in-ventario.”

No cometió error alguno la corte inferior al negarse a ordenar la eliminación de la recomendación especial del con-tador partidor que dice así:

“Estando pendiente una reclamación del abogado don Ángel N. Parra, a que hace referencia la base sexta, página doce de este in-forme, y siendo esta reclamación una cosa litigiosa y no liquidada, deben adjudicarse los bienes a los distintos herederos, sujetos a las resultancias de este litigio, y para responder cada cual con lo que se le adjudique, de la parte que le corresponda, de obtener sentencia & su favor el reclamante, o sea, en la proporción de tres veintisiete avos el hijo natural y ocho veintisiete avos cada hijo legítimo.”

Parece lo más lógico y prudente no dejar pendiente la partición de la herencia hasta que se resuelva el pleito esta-blecido por el abogado Angel N. Parra contra la sucesión. Ningún fin práctico se conseguiría posponiendo la partición y por el contrario se exponen los herederos, entre los cuales se halla el hijo natural reconocido, a incurrir en los gastos consiguientes con motivo de subsistir la administración judicial.

No existiendo, a nuestro juicio, los errores señalados por el apelante, procede confirmar la resolución de la Corte de Distrito de San Juan de 28 de mayo de 1937, por la que se aprobó el proyecto de partición sometido por el contador partidor.

El Juez; Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Sucesión de Joaquín Rodríguez, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., y el Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurridos.
    Núm. 153.

    Sometido: Diciembre 18, 1938.

      Resuelto: Febrero 14, 1939.

      Virgilio Brunet, abogado de la recurrente; Hon. Procurador General B. Fernández Garda, E. de Aldrey, Procurador General Auxiliar 7 Victor J. Vidal González, abogado éste del Fondo del Estado, abogados del Administrador de dicho Fondo.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 18 de la Ley de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo (Leyes de 1935, (1) págs. 251, 297) ooiiga a ciertos patronos a asegurar sus obreros o empleados en el Fondo de Seguro del Estado. De conformidad con los términos del artículo 25 el Administrador del Fondo del Estado queda autorizado y facultado para tasar e imponer a tales patronos cuotas anuales determinadas con arreglo al importe total de los jornales pagados durante el año anterior. También dice que la recaudación de estas cuotas se hará por “semestres adelantados” y la forma en que se dis-pondrá del dinero así cobrado. Autoriza una prórroga de treinta días para el caso de que el patrono deje de pagar el importe total de las cuotas legalmente impuéstasle dentro del término que le señalare el Administrador. El pago “se-rá un requisito indispensable para que el Administrador pue-da darle efectividad a cualquier póliza de seguro.” Cual-quier patrono que con anterioridad al primero de julio o al primero de enero de cualquier año cesare de estar sujeto a las disposiciones de la ley “podrá excusarse del pago de cuotas para el semestre o semestres siguientes, dando el aviso y prueba que exigiere el Administrador del Fondo del Estado de que no estará sujeto a” tales disposiciones. Cualquier patrono sujeto a las disposiciones de la ley deberá pagar las cuotas para dicho semestre completo, mas puede tener derecho a ciertos reembolsos parciales. Hay un dispo-niéndose al efecto de “que en dichos casos los reembolsos podrán efectuarse a la terminación del semestre para el cual fueron pagadas dichas cuotas.”

Según el artículo 27 “será deber de todo patrono el pre-sentar al Administrador, no más tarde del día 15 de julio de cada año, un estado por duplicado, bajo juramento, expre-sando el número de trabajadores empleados por dicho pa-trono, la clase de ocupación o industria de dichos trabaja-dores y la cantidad total de jornales pagados a tales tra-bajadores o industria durante el año económico anterior.” Las cuotas se computarán “sobre la suma total de jornales declarados en ese estado . . .; Disponiéndose, que todo pa-trono que empleare trabajadores de los comprendidos en esta Ley por cualquier término o parte de un semestre, deberá presentar el estado por duplicado antes mencionado, bajo juramento consignando el número de obreros, o empleados ocupados, la clase de ocupación y los jornales calculados que serán satisfechos a dichos obreros o empleados y sobre esa suma se computará la cuota a pagar por el patrono, debiendo, al terminar el trabajo de estos obreros o empleados, presen-tar el patrono, un estado, bajo juramento, igual al anterior, con el importe total de los jornales pagados, sobre cuya suma se hará la liquidación correspondiente, y si esta nómina es mayor que la anterior, el Administrador tasará, impondrá y el Tesorero recaudará tal y como se dispone en esta Ley, sobre la diferencia cuotas adicionales en forma igual a la que anteriormente se dispone.” Constituye delito menos grave el dejar de presentar dichos estados en las fechas así especificadas. ‘ ‘ Cualquier corte de distrito, a instancias del Administrador del Fondo del Estado, ordenará al patrono que presente los referidos estados en un término perentorio, y si no los- presentare la desobediencia a dicha orden cons-tituirá desacato y será castigada como tal.” Los últimos dos párrafos del artículo 27 leen como sigue:

“El seguro de cada patrono por el Estado comenzará a regir in-mediatamente después de que haya sido archivada en las oficinas del Administrador del Pondo del Estado su nómina o estado por dupli-cado, acompañado del importe de la cuota que corresponda al tanto por ciento de los jornales declarados en dicho estado, de acuerdo con los tipos fijados por el Administrador; Disponiéndose, que cualquier accidente que ocurra antes de verificarse el pago, será considerado como un caso de patrono no asegurado a menos que el patrono veri-fique el pago dentro del término fijado por el Administrador del Pondo del Estado, en los cuales casos el seguro empezará a regir desde la fecha en que el patrono archivó la nómina o estado, en la oficina del Administrador.
“Al recibir el pago del patrono, el Administrador del Pondo del Estado remitirá a dicho patrono el recibo de tal pago, el cual será prima facie prueba de dicho pago de las primas y del cumplimiento de dicho patrono con las disposiciones de esta Ley. Mientras no se haya hecho este pago por el patrono, dicho patrono no tendrá derecho a las inmunidades provistas por esta Ley con respecto a las lesiones, enfermedades o muertes que pudieran ocurrir a los obreros o em-pleados de tal patrono durante el período que cubre el pago de dichas primas, y los obreros o empleados de dicho patrono no tendrán derecho a los beneficios que se concedan por esta Ley al sufrir tales lesiones, enfermedades o muerte; pero tendrán derecho a entablar contra el patrono aquellas reclamaciones de acuerdo con el procedi-miento fijado en casos de patronos no asegurados.”

Un abogado en representación de la sucesión de Joaquín Rodríguez dirigió al Administrador del Fondo del Seguro del Estado una carta fechada el 18 de febrero, 1938, inclu-yéndole un certificado de depósito para abonarse al pago de la cuota correspondiente al segundo semestre del año fiscal 1937-38. En esta carta el letrado hacía constar que sus clientes no habían pagado las cuotas correspondientes al primer semestre debido a que durante dicho semestre el Admi-nistrador había declarado a éstos patronos no asegurados. Así pues, el Administrador se confrontó con la cuestión de si un patrono que no ha estado asegurado durante el primer semestre de un año fiscal y que no ha pagado la cuota corres-pondiente a dicho semestre, puede obtener seguro para el segundo semestre mediante el pago de la cuota de dicho segundo semestre solamente. El Administrador tomó el asunto bajo consideración y no envió el recibo a que se alude en el párrafo final del artículo 27 supra. En 28 de febrero ocurrió un accidente que fue prontamente notificado por la sucesión Rodríguez. La reclamación fue rechazada por el Administrador y su resolución fué confirmada por la Comi-sión Industrial. La sucesión Rodríguez solicitó entonces la reconsideración por los siguientes motivos:

(A) Porque la Comisión erró en la interpretación al sexto párrafo del artículo 27 de la ley al resolver que un patrono no puede ase-gurar a sus obreros por menos de un año.
(B) Porque transcurrido el primer semestre del año económico durante el cual el patrono no aseguró a sus obreros, el patrono, si violó la ley, puede sufrir las penas que determinan los artículos 16 y 17, pero la prima no puede ser cobrada sin dar efecto a la póliza.
(C) Porque al aceptar la prima pagada por el patrono para ser aplicada al segundo semestre, el contrato de seguro quedó perfeccio-nado.
(D) Porque la Comisión, al declararle patrono no asegurado y al condenar al patrono a pagar las indemnizaciones de los obreros y al disponer que en adición a las indemnizaciones el patrono debe pagar la cuota sin tener derecho a estar protegido por dicha póliza, privó al patrono de su propiedad sin el debido proceso de ley.
(E) Porque el Adihinistrador del Pondo del Seguro del Estado al aceptar la prima del segundo semestre está impedido de alegar que no aceptó el pago de dicha prima y por tanto la póliza entró en vigor el 18 de febrero.
(P) Porque es errónea la resolución de la Comisión al resolver que las cuotas se imponen por anualidades y no por semestres.
(G) Porque la Comisión resolvió que el patrono, además de responder a los obreros directamente como patrono no asegurado debe pagar la prima correspondiente al año 1937-38, no obstante el he-cho de que el Administrador no puede cobrar primas sin ofrecer protección.

La moción de reconsideración fué declarada sin lugar. El señalamiento de errores cubre sustancialmente los mismos fundamentos que la moción de reconsideración.

Convenimos enteramente con la Comisión en que no se presentó prueba satisfactoria sobre la aceptación del ale-gado pago de la prima para el segundo semestre. En su con-secuencia no bubo contrato ni impedimento {estoppel).

También concurrimos en la conclusión a que llegaron el Administrador del Pondo del Estado y la Comisión al efecto de que (sujeto a la' excepción relativa a patronos que emplean obreros temporalmente durante parte de un semestre en la forma dispuesta en el artículo 27) lo que la ley tiene por mira es una prima anual pagadera semestralmente, y que, cuando se trata de un patrono corriente que no emplea obreros periódicamente sino durante todo el año, el Administrador del Pondo no está autorizado para aceptar el pago de una prima de seguro que cubra tan sólo el segundo semestre de un año fiscal.

El alegato de la recurrente deja de convencernos de que la Comisión le condenó a pagar la suma especificada en el certificado de depósito o que se le privó de su propiedad sin el debido proceso de ley.

Cuanto fiemos dicfio más arriba decide el presente recurso.

Debe confirmarse la decisión de la Comisión Industrial.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.