author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Sucesión de Juana Ramos Latour, demandante y apelante, v. José Rivera Salamán y su esposa María Socorro Mendoza, Miguel Rodríguez Rivera, José Lladó Vidal, hoy Gaspar Font, Cecilio Isaac Santos, Emilia Mangual Castro y Gregorio Hernández Campos, demandados y apelados.
    No. 5347.

    Sometido: Noviembre 24, 1930.

      Resuelto: Diciembre 19, 1930.

      A. Marín Marién, abogado de la apelante; Manuel ff. Bossy, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso por no haberse presentado en tiempo el alegato.

La transcripción fué archivada el 27 de agosto de 1930 y la moción de desestimación se presentó el 25 de octubre si-guiente, de suerte que había vencido el término desde bacía más de mes y medio, sin que la parte apelante cumpliera con la regla de la corte sobre el particular.

El 31 de octubre, 1930, la dicha parte apelante radicó su alegato y el 24 de noviembre siguiente una oposición a la mo-ción de desestimación en la que admite la verdad de los he-chos alegados por la parte apelada pero, invocando la dis-creción de la corte, pide que se le admita su alegato y conti-núe la apelación tramitándose, porque si no lo presentó en tiempo y si no solicitó prórroga para ello, se debió a que el término venció estando el abogado en la Isla, a que al regre-sar de ella el 7 de septiembre, continuó trabajando en él sin poderlo terminar por tener que atender a otros asuntos im-portantes, y a que en el mes de octubre continuó trabajando en el dicho alegato, pero debido a que su esposa enfermó no le fue posible terminarlo hasta el 31 de octubre en que lo presentó en secretaría.

Es cierto que tenemos discreción para no desestimar la apelación en propios casos cuando el alegato no se presenta a tiempo, pero estudiando las causas alegadas por el abo-gado de la parte apelante y los antecedentes del recurso, estimamos que no debemos ejercitar nuestro poder en su favor en éste.

El término fijado por nuestras reglas para la presenta-ción de alegatos es breve, pero es prorrogable. Si al regre-sar de la Isla el 7 de septiembre encontró el abogado que había vencido el término, debió inmediatamente dirigirse al tribunal solicitando otro nuevo. No lo hizo así. Y que tuvo tiempo para ello, resulta de su propia moción, ya que por ella se sabe que estuvo ocupado en otros asuntos judiciales. La enfermedad de la esposa sólo se alega como ocurrida durante el mes de octubre.

Además, examinando los autos encontramos que en mayo de 1930 la parte apelada solicitó la desestimación de la ape-lación contra la sentencia dictada en el caso el 17 de sep-tiembre de 1929 a virtud de desistimiento ele la propia ape-lante, por no haberse interpuesto en tiempo; que la apelante se opuso y esta corte finalmente desestimó la moción por entender que la sentencia no había sido debidamente notifi-cada a la apelante y por tanto que cuando estableció su re-curso no había vencido el término de ley para apelar, y por-que no obstante haberse dictado a su propia instancia la sen-tencia, tenía derecho a recurrir de ella por habérsele im-puesto las costas incluyendo honorarios de abogado.

Se ve, pues, que no se trataba de un caso difícil y esta apreciación la confirma un ligero examen del alegato radi-cado el 31 de octubre.

En tal virtud, habiéndose archivado el alegato más de mes y medio después de vencido el término reglamentario y cinco días después de haber ejercitado su derecho la parte contraria pidiendo la desestimación por tal motivo, y no siendo suficientes las razones alegadas por el apelante para que la discreción de esta corte se ejercite en su favor, debe declararse la moción con lugar y en su consecuencia desesti-marse el recurso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PrbsideNTE Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Vicente Machuca Rivera, demandante y apelante, v. Municipio de Río Piedras, demandado y apelado.
    No. 5524.

    Sometido: Diciembre 22, 1930.

      Resuelto: Diciembre 24, 1930.

      M: Tous Soto, abogado del apelante; R. Rivera Zayas, abogado del apelado.
   El Juez PrbsideNTE Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso in-terpuesto en este caso, por no haberse archivado en tiempo la transcripción de los autos. La parte apelante se opuso alegando que hubo error excusable en la computación de un término y que está pendiente de resolución en- la corte de distrito una moción para que se admita nunc pro tune la exposición del caso presentada.

El recurso se interpuso el 20 de octubre de 1930. El 29 el apelante, por su abogado, solicitó de la corte que prorrogara por treinta días el término de diez concedido por la ley para preparar la exposición del caso, “haciendo un total de cuarenta,” y la corte, en noviembre 6, 1930, resolvió: “Como se pide.” En diciembre 1, 1930, volvió el apelante por medio de otro abogado a solicitar otra prórroga liara preparar la exposición, y la corte volvió a resolver: ‘ ‘ Como se pide.”

Si la última prórroga hubiera sido debidamente conce-dida, no tendría razón la parte apelada, pues al archivar su moción de desestimación el 4 de diciembre estaría pendiente de tramitación en la corte de distrito la exposición del caso y sabido es que cuando existe exposición el término de treinta días que concede la ley para archivar la transcripción de los autos en esta Corte Suprema se cuenta a partir de la apro-bación de la misma.

Pero la parte apelada sostiene que dicha prórroga es una mera nulidad por haber sido concedida por la corte de dis-trito después de vencido el término que debidamente prorro-gara por su primera resolución de noviembre 6, 1930. Y así es, en efecto, de acuerdo con los hechos y la repetida juris-prudencia de este tribunal, ya que interpuesto el recurso el 20 de- octubre, 1930, los diez días de ley vencían el 30 del propio mes y la prórroga de treinta, formando con los diez de ley un término de cuarenta días, que fue lo que se solicitó y con-cedió, feneció el 29 de noviembre. Cuando el apelante pidió a la corte el 1 de diciembre siguiente que le concediera una nueva prórroga y la corte se la concedió, ya la corte había perdido su jurisdicción para actuar, según varias decisiones de este tribunal. Véanse entre otros, los casos de Díaz v. The Porto Rico Ry. Light & Power Co., 32 D.P.R. 95, y Alvares y Royal Bank v. Corte de Distrito, 36 D.P.R. 925.

Así parece reconocerlo la misma parte apelante y, dice que habiendo sufrido un error excusable por haberse confun-dido creyendo que los cuarenta días concedidos no incluían el término legal, ha archivado la exposición y le ha pedido a la corte de distrito que la admita nunc pro tune. La situación legal es la misma. Las decisiones de esta Corte Suprema sobre la materia resuelven que-la corte de distrito no tiene autoridad para conceder en estos casos nuevos términos, y que tal autoridad corresponde a esta Corte Suprema.

A virtud de todo lo expuesto el caso queda como si no existiera exposición y entonces debiendo contarse el término de treinta días para el archivo de la transcripción en esta Corte Suprema, a partir del 20 de octubre en que el recurso se interpuso, y no habiéndose verificado tal archivo, es evi-dente que tiene razón la parte apelada y en su'consecuencia que debe la apelación desestimarse.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Joaquín Rivera Pérez, acusado y apelante.
    No. 4336.

    Sometido: Diciembre 8, 1930.

      Resuelto: Diciembre 24, 1930.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de esta Corte Suprema presentó una moción pidiendo que el recurso interpuesto en este caso se deses-timara por no haberse notificado a la parte apelada el escrito estableciéndolo de acuerdo con la ley.' Acompañó a su mo-ción una certificación del secretario de la corte de distrito-correspondiente, de la cual resulta que el escrito de apelación! archivado en el récord de la causa no aparece notificado al fiscal del distrito.

Señalada la vista de la moción, compareció el apelante-por su abogado y se opuso a la desestimación alegando que-la notificación fué hecha. Y a tal efecto presentó un affidavit de Antonio Quirós quien aseguró

“Que como a las doce del día 29 de abril y en la propia corte de distrito procedí a hacer el escrito de apelación para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
‘ ‘ Que inmediatamente fui donde el Fiscal Honorable Domingo Mas-sari quien se encontraba en sala para notificarle del dicho escrito de apelación. Que no recuerdo si el fiscal firmó dándose por notificadoen el escrito pero sí recuerdo haberle entregado copia de dicho- escrito de apelación y no estoy seguro si firmó a virtud de la prisa que había en radicar el escrito de apelación por ser las doce del día hora en que cerraba la corte sus trabajos para reanudarlos a las dos de la-tarde. Que si hubo algún error en cuanto a la notificación o no del escrito de apelación se debió a la prisa tanto por parte de este abogado-defensor como por parte del fiscal por la hora en que estábamos ha-ciendo este trabajo.”

Al sostener su posición en- el acto de la vista de la mo-ción, el Fiscal del Tribunal Supremo presentó un affidavit del Fiscal del Distrito, señor Massari, en el cual dicho fun-cionario aseguró

“1. Que os la costumbre de este funcionario cada vez que se le-notifica de cualquier escrito, ya sea de apelación o de otra naturaleza, poner la firma en el sitio destinado en el propio documento para la notificación del fiscal y que cuando esto no lo hace la parte que noti-fica, entonces escribo de mi puño y letra la notificación, con la fecha en que la misma se hace.
“2. Que en el caso de perjurio seguido por El Pueblo de Puerto-Rico contra Joaquín Rivera Pérez, no recuerdo en modo alguno que se me haya presentado ningún escrito de apelación ni que se me en-tregara copia del mismo.
“3. Que en el récord de la oficina del Fiscal, de este caso, no apa-rece copia alguna de escrito de, apelación en el mismo, siendo el úl-timo documento, del cual me notificara el acusado en dicho caso, una moción solicitando nuevo juicio, cuya copia aparece como último do-cumento, entre todos los documentos del expediente que está en esta oficina. ’ ’

Veamos los términos en que está redactada la ley aplicable. Es el artículo 350 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que dice:

“Artículo 350. — Se establece una apelación, presentando al secre-tario del tribunal en que estuviere archivada la sentencia o provi-dencia apelada, el escrito de apelación, con entrega de las copias co-rrespondientes al abogado de la parte contraria.”

La entrega de las copias es, pues, un elemento necesario para que el recurso se entienda debidamente interpuesto. Quirós asegura que entregó al Fiscal Massari copia del escrito de apelación, pero no recuerda si el fiscal firmó dándose por notificado. A su vez el Fiscal Massari asegura que no re-cuerda que se le entregara tal escrito y afirma que es su cos-tumbre cada vez que se le notifica cualquier escrito, ya sea de apelación o de otra naturaleza, poner la firma en el sitio destinado para ello en el propio documento. T si se exa-mina el escrito de apelación obrante en el récord del caso archivado en la corte de distrito, se encontrará que no sólo no contiene la firma del fiscal, si que ni siquiera la fórmula en blanco para recogerla. Tampoco el récord del caso en fiscalía contiene copia alguna del escrito de apelación.

Bajo esas circunstancias no es posible estimar probado satisfactoriamente el lieclio de que la notificación se hiciera. Nada dice la ley con respecto a que la parte contraria deba firmar al pie del escrito que se entrega al secretario y se archiva en la corte, pero es la práctica seguida para obtener que el récord hable por sí mismo y muestre que los dos requi-sitos exigidos por la ley se cumplieron. Bien sea en esa forma, ya en cualquiera otra reconocida en derecho, el hecho de la notificación debe aparecer del récord mismo de la causa, o acreditarse con certeza si no apareciere.

La moción del fiscal debe declararse con Jugar y en su consecuencia desestimarse el recurso por falta de prueba suficiente de su notificación a la parte contraria o a su abo-gado.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Salvador Ramírez Bascarán, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 825.

    Sometido: Noviembre 26, 1930.

      Resuelto: Diciembre 24, 1930.

      Nosario & García Méndez, abogados del recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento ejecutivo sumario, la Corte de Dis-trito de Mayagüez ordenó la •cancelación del asiento o anota-ción preventiva de un embargo librado por la Corte de Dis-trito de Ponce. El Registrador de San Germán se negó a cancelar el asiento fundándose en que la Corte de Distrito, de Mayagüez carecía de jurisdicción para ordenar la cance-lación.

El artículo 84 de la Ley Hipotecaria dispone:

“Será, competente para ordenar la cancelación de una anotación preventiva o su conversión en inscripción definitiva, el juez o tribunal que la haya mandado hacer o el que le haya sucedido legal-mente en el conocimiento del negocio que diera lugar a ella. ’ ’

El artículo 125, tal cual fué enmendado en 1912 (Leyes de ese año, página 68), dispone la cancelación de gravámenes secundarios, incluyendo las anotaciones de embargo, a la pre-sentación de la correspondiente orden de la corte en que se haya ejecutado un gravamen hipotecario preferente.

Interpretando conjuntamente estos dos artículos, no po-demos convenir con el registrador de la propiedad en que la Corte- de Distrito de Mayagüez carecía de facultad para or-denar la cancelación de que se trata.

Debe revocarse ¡a nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señoe Hutohisoh,

text:
    Ex Parte José A. Ojeda Figueroa, promovente y apelante.
    No. 5251

    Sometido: Noviembre 28, 1930.

      Resuelto: Diciembre 24, 1930

      V. Polanco de Jesús, abogado del promovente apelante.
   El Juez Asociado Señoe Hutohisoh,

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento para establecer el dominio sobre dos predios de terreno, José A. Ojeda Figueroa obtuvo un decreto a su favor respecto a uno, y apela de una resolución adversa en cuanto al otro. La primera contención del apelante es que la corte de distrito erró al resolver que la prueba del dominio consistió en la declaración de Joaquín Rodríguez, (quien manifestó que su declaración referente a la forma en que el peticionario había adquirido aquella parcela se basaba en lo que éste le había dicho), y en la de otro testigo, Torres (quien hizo una afirmación similar en torno a la fuente de su información). En apoyo de esta contención el peticionario señala el hecho de que los alegados dueños an-teriores fueron citados por edictos, y el de que el caso fue-sometido al fiscal, quien rindió un informe favorable. Nin-guno de estos hechos constituía prueba del título del peti-cionario.

Otras contenciones son que el juez de distrito incurrió' en error al apreciar la prueba y al resolver que ella era insuficiente para establecer un título de dominio. Si bien, puede haber campo para una disparidad de criterio a esterespecto, no hallamos que se haya cometido tal manifiestoerror en la apreciación de la prueba que justifique la revocación.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    García & González, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 819.

    Sometido: Noviembre 3, 1930.

    Resuelto: Diciembre 24, 1930.

      F. Navarro Ortiz, abogado del recurrente; el registrador recurrido' compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En pleito en cobro de pesos seguido en la Corte de Dis-trito de Gruayama se dictó sentencia condenatoria en rebeldía del demandado y se vendieron fincas que le habían sido em-bargadas, las que fueron adjudicadas al demandante. Otor-gada por el marshal la correspondiente escritura de venta el registrador de ese distrito se negó a inscribirla fundán-dose en que la corte de distrito no adquirió jurisdicción sobre la persona del demandado antes de dictar sentencia por ca-recer de validez legal su orden para que el demandado fuese citado por edictos.

La demanda no fué jurada y la orden de citación se fundó en una declaración jurada que presentó el demandante so-licitando esa clase de citación, en la que alegó que su de-mandado no reside en esta Isla sino en una ciudad de los Estados Unidos de América, cuyo nombre dió así como el de la calle y casa en que vive. También consignó el registrador en su negativa un defecto subsanable que no se impugna en este recurso gubernativo.

Para que ordenemos la inscripción negada alega el comprador recurrente que el registrador invadió la jurisdicción de la corte de distrito en un procedimiento civil contencioso y ha tratado de revocar órdenes perfectamente discrecionales en dicho tribunal, dictadas legalmente; y que erró al resolver que la corte no adquirió jurisdicción sobre la persona del demandado.

El artículo 18 de la Ley Hipotecaria dice en su segundo párrafo que los registradores de la propiedad calificarán, "bajo su responsabilidad y para el único efecto de admitir, •suspender o negar su inscripción, todos los documentos ex-pedidos por autoridad judicial; y comentando ese precepto lemos dicho en varias ocasiones que esa facultad no se ex-tiende a apreciar los fundamentos de tales resoluciones, o sea la justicia o injusticia intrínseca de las mismas, ni a apre-ciar si la prueba fué o no suficiente: pero también hemos ■declarado que su calificación alcanza a si el juez era compe-tente por razón de la material, a la naturaleza y efecto de la resolución, si se dictó en el juicio correspondiente, si en él se observaron los trámites y preceptos esenciales para su ■validez y si contiene todas las circunstancias que según la Ley Hipotecaria son necesarias para que pueda practicarse 3a inscripción. Suárez v. Registrador, y Cintrón v. Registrador, 35 D.P.R. 740 y 805, respectivamente. Por consi-.guiente, el registrador pudo examinar si en este caso se ■cumplieron todos los requisitos exigidos por la ley para poder ■ordenar la citación del demandado por edictos a fin de adqui-xir jurisdicción sobre su persona, y si no han sido cumplidos no puede decirse que el registrador está interviniendo con la facultad discrecional que tiene la corte para apreciar la suficiencia de la prueba presentada con tal fin.

Dispone el artículo 94 del Código de Enjuiciamiento Civil que cuando la persona que deba ser citada resida fuera de la Isla y así resultare comprobado a satisfacción de la •corte o del juez de la misma por medio de declaración jurada y apareciera también de dicha declaración, o de la demanda jurada presentada, que existe motivo de acción contra el ■demandado que ha de ser citado, o que dicho demandado es parte necesaria o legítima en el pleito, la corte o el juez puede dictar una orden disponiendo que la citación se haga por publicación de edictos.

De acuerdo con ese precepto y por no estar jurada la demanda, la declaración que presentó el demandante debió contener en este caso dos requisitos bajo juramento para que la'orden de citación por edictos pudiera dictarse, a saber, que el demandado no reside en esta Isla y que existe motivo-de acción contra él. El primero fué cumplido pero no el se-gundo y por esto la corte no estuvo autorizada para ordenar-la citación por edictos y no adquirió jurisdicción sobre la persona del demandado ni autoridad para vender sus bienes. Si ambos requisitos hubieran sido cumplidos entonces el re-gistrador no hubiera podido intervenir con la aprobación que de la suficiencia de la prueba de éstos hubiera hecho la corte, pero no es éste el caso.

La negativa de inscripción debe ser confirmada.


author: óEl Juez Asociado Señor Wolf, EL JUEZ PRESIDENTE SEÑOR DEL TORO.

text:
    New Córsica Centrale, demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 4682.

    Sometido: Diciembre 11, 1929.

    Resuelto: Enero 15, 1931.

      J. Sifre y Horacio Franceschi, abogados de la apelante; Attorney General James R. Beverley y M. Rodríguez Serra, Procurado)' General Auxiliar, abogados del apelado.
   óEl Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En una demanda sobre devolución de contribuciones pa-gadas bajo protesta, el activo de la demandante fué relacio-nado en la siguiente forma: Efectivo en caja, $442.42; bonos del gobierno, $50; créditos con garantías de hipotecas (sic) $11,069.44; pagarés a cobrar y otros créditos no detallados antes, $271,748.07; en total, $283,309.93.

La controversia gira principalmente sobre si las palabras citadas describían “créditos” o alguna otra clase de pro-piedad. Sucede que la última partida de las anteriores era principalmente por una deuda de la Central Defensa, que, según la prueba demuestra, estaba garantizada con hipoteca,’ ' pero la apelante dice en su alegato que sólo estaba garanti-zada colateralmente.

En la demanda se continuaba alegando que la única parte ■del activo sujeta al pago de contribución era el efectivo en caja; que se había librado una orden de embargo contra la compañía y que, por tanto, había pagado la suma de $5,851.96 bajo protesta. La Corte de Distrito de San Juan, fundán-dose en nuestra opinión en el caso de Porto Rican & American Insurance Company v. Gallardo, 37 D.P.R. 114, resolvió que ■ no se podía imponer contribución a la compañía por los bonos del gobierno ascendentes a $50, pero se negó a ordenar la devolución de las otras cantidades reclamadas.

El recurso envuelve la interpretación que debe darse al artículo 290 del Código Político, considerado tal vez en co-nexión con el 291 del mismo cuerpo legal. Estos dos artícu-los rezan así:

“Artículo 290. Que toda prop‘edad no exenta expresamente del pago de contribuciones será tasada como imponible. Para los efec-tos de la tasación de contribuciones la frase ‘propiedad real’ se cou-.siderará sinónima de ‘inmuebles,’ según la definición hecha en los .artículos 333, 334 y 335 del Código Civil; Disponiéndose, sin em--burgo, que las maquinarias, vasijas, e instrumentos o implementos no adheridos al edificio o suelo no se considerarán como inmuebles. Los bienes muebles comprenderán dichas maquinarias, vasijas, instru-mentos o implementos no adheridos al edificio o suelo, el ganado en pie, el dinero, bien en p.oder del mismo dueño o de otra persona, o .depositado en alguna institución, los bonos, las acciones, certificados ■de créditos en sindicatos o sociedades no incorporadas, derechos de privilegio, marcas de fábrica, franquicias, concesiones y todas las de-más materias y cosas susceptibles de ser propiedad privada, no com-prendidas en la significación de la frase ‘propiedad real’, pero no comprenderán los créditos en cuentas corrientes, pagarés, ni otros cré-■ditos personales.
“Artículo 291. Estarán exentas ele tributación para la imposi--eión de contribuciones las propiedades siguientes:
“(a) La propiedad de un individuo cuyos bienes, en su valor total, sean tasados en menos de cien dollars.
*‘(b) La propiedad de los Estados Unidos y toda propiedad ■exenta del pago’de contribuciones por las leyes de los Estados Uni-dos; la propiedad de El Pueblo de Puerto Rico, con excepción de lo que determina el artículo-296 de este título; la propiedad de cual-quier distrito municipal o clg otra división local, destinada exclu-sivamente al uso público, aunque dieba propiedad sea fuente de rentas del distrito municipal o de otra división local a que pertenezca.
“ (c) Las deudas de cualquier persona, asociación o corporación, sujeta al pago de contribución; con las limitaciones y en la forma prescrita en los artículos 297 y 298 de este título.
“ (d) Las acc;ones del capital de instituciones, corporaciones o compañías organizadas bajo las leyes de Puerto Rico, cuando la propiedad de tales corporaciones esté exenta o cuando dichas insti-tuciones, sociedades o compañías estén sujetas al pago de contribu-ciones por dichas acciones, con las limitaciones, y en la forma que ■dispone el artículo 322 de este título.
“(e) Todo edificio utilizado y destinado exclusivamente para el ■culto religioso, incluyendo escaños, asientos y muebles dentro del mismo; todo edificio utilizado para centro de educación, literario,, ■científico o caritativo, con los muebles, enseres y aparatos pertene-cientes al m:smo; y tocia superficie de terreno, cuya extensión no exceda de cinco cuerdas, en el cual dicho edificio o edificios esté o estén construidos; siempre que tales terrenos y edificios, no sean arrendados o utilizados de otra manera con el fin de que produzcan un beneficio pecuniario, ya al arrendador, ya al arrendatario.
(f) Los cementerios, las tumbas, y el derecho a enterramiento en determinado local, siempre que estos sitios sean destinados a in-humación de cadáveres y no se obtengan dividendos ni beneficios de ellos, excepto en el caso de que dichos dividendos o beneficios pro-cedan de cementerios que sean propiedad de los municipios.
“(g) La pesca en poder de los pescadores por quienes haya sido cogida.
“(h) Los frutos por cosechar y productos de la tierra que sean precisamente propiedad del productor y mientras estén en poder de éste.
“(i) Los instrumentos profesionales y las herramientas o apa-ratos de mecánicos o artesanos, y que para servirse de ellos hayan de ser movidos o usados exclusivamente a mano.
“(j) El ajuar y enseres ele la casa, prendas de vestir, provisio-nes y combustibles que guarde para su uso y consumo la persona a quien pertenezcan. Pero nada en este título se interpretará como exención de contribución sobre maquinaria para labores agrícolas, o sobre los muebles, utensilios y provisiones de hoteles, restaurants y bodegones, sin perjuicio de lo exceptuado en los iñeisos anteriores.
“ (k) Todos los libros de enseñanza y profesionales y las biblio-tecas particulares.
“(1) Todos los retratos de familia.
“ (m) Los bonos hipotecarios que no devenguen interés, y otras obligaciones usadas exclusivamente como fianzas o garantías del fiel desempeño de cargos oficiales; así como gravámenes y censos que no devenguen más del cinco por ciento del interés anual, siempre que expresamente se dediquen al cumplimiento de voluntad testamenta-ria, por la cual se destinen a fines de beneficencia o educación. Mas toda propiciad por el presente título exenta de contribución, en tanto cuanto tenga de propiedad inmueble, se inscribirá, valuará y describirá como es debido y como se hace con cualquiera otra pro-piedad; y el Tesorero llevará un registro que manifieste, respecto de cada finca exenta por la razón expuesta, la descripción de la misma, el valor que se le calcula, y quién la posee, así como la ra-zón por la cual está exenta de contribución, y los demás informes que sean de desearse, a juicio del Tesorero.”

No puede haber duda de que este tribunal resolvió en Union Central Life Insurance Co. v. Gromer, 19 D.P.R. 900, y Fajardo Sugar Co. v. Tesorero, 22 D.P.R. 311, que, de con-formidad con el estatuto, los créditos personales no estaban sujetos a tributación. El caso de G-romer resolvió que los créditos garantizados con hipotecas eran no obstante primordial y fundamentalmente créditos, y que, por tanto, no podían formar parte de los bienes muebles, según se definen éstos en el artículo 290. El caso de Fajardo Sugar Co. re-solvió esencialmente que los anticipos hechos a agricultores eran créditos y que, por consiguiente, estaban expresamente excluidos de la definición de bienes dada en el artículo 290. Por tanto, nos sentimos obligados a resolver que el activo en el presente caso constituía créditos, según la definición del artículo 290, y no podía considerarse como bienes más que los créditos en el caso de Gromer o en el de Fajardo Sugar Co.

La dificultad que se nos lia enfrentado es que la decisión en Porto Rican & American Insurance Co. v. Gallardo, supra, resuelve, entre otras cosas, que los créditos hipotecarios y los pagarés no estaban exentos del pago de contribuciones. Este fallo era terminantemente inconsistente con nuestras decisiones anteriores. En lo que respecta a los créditos ga-rantizados con hipoteca, el aludido caso, Porto Rican & American Insurance Co., y nuestras decisiones anteriores citadas, no pueden permanecer juntos.

Sin embargo, estamos bastante convencidos de que los casos anteriores habrían prevalecido de haberse fijado nues-tra atención en el artículo 290 del Código Político. Debido a la forma en que se presentaron las cuestiones envueltas, el tribunal de momento no tuvo presente el artículo 290 y su interpretación anterior. Quizá sería difícil tratar de expli-car todos los motivos del error o la inadvertencia, pero al-gunas consideraciones se hacen aparentes de un examen de los autos en Porto Rican & American Insurance Co. v. Gallardo, supra. La cuestión substancialmente envuelta, según fué presentada en su origen, fué si el Tesorero, considerando las acciones por sí solas, podía impedir que un contribuyente alegara una exención. Por mayoría, disintiendo dos jueces, resolvimos que el contribuyente tenía derecho a exención. Porto Rican & American Insurance Co. v. Gallardo, 35 D.P.R. 917.

Entonces -el Procurador General de Puerto Rico solicitó la reconsideración y sostuvo que, de acuerdo con el artículo 291, la contribuyente-apelante no había demostrado estar exenta. El caso original fué resuelto en julio 29, 1926; la moción de reconsideración fué presentada en noviembre 2 del mismo año. En enero 24, la corte ordenó la reconsidera-ción, limitando el caso exclusivamente al estudio de las exen-ciones, toda vez que el Procurador General había suscitado nuevamente las cuestiones resueltas por el tribunal en julio 29. Según indica la apelante, la única cuestión planteada entonces a esta corte fue si la Porto Bican & American Insurance Co. liabía demostrado estar exenta a virtud del ar-tículo 291 del Código Político. En febrero 3, 1927, el Pro-curador General presentó un alegato, y en febrero 7 tuvo lugar la vista en reconsideración. El letrado de la Porto Bican & American Insurance Co. solicitó un término para radicar su alegato, que le fué concedido. Prórrogas sucesi-vas fueron solicitadas y concedidas basta principios de abril, pero la Porto Bican & American Insurance Co. no radicó alegato. En julio 7, 1927, este tribunal dictó su segunda opi-nión, Porto Rican & American Insurance Co. v. Gallardo, 37 D.P.R. 114, tomando en consideración sólo el artículo 291 del Código Político, toda vez que no se le llamó la atención bacía el 290. Evidentemente, la corte estaba bajo la impresión de que el único artículo a considerar era el 291.

Además, quizá siguiendo basta cierto punto la decisión en el caso de Porto Rican & American Insurane Co., supra, resolvimos- en Porto Rico Coal Co. v. Gallardo, 39 D.P.R. 637, que no se babía demostrado que no fueran imponibles ciertos certificados de la Central Carmen y de la Central Coloso. La Corte de Circuito de Apelaciones de Boston revocó la decisión en Porto Rico Goal Co., supra, y necesariamente re-solvió que los referidos certificados debían considerarse como créditos. Aquella corte, además, revisó nuestra jurispruden-cia anterior en Union Central Life Ins. Co. v. Gromer, en Fajardo Sugar Co. v. Tesorero, supra, y la confirmación de la última de estas decisiones por la Corte de Circuito y re-solvió, en efecto, que esas decisiones anteriores eran ya dere-cho establecido. La aludida opinión de la Corte de Circuito nos debió llevar a la conclusión de fallar el caso de acuerdo con los anteriores, o sea, Union Central Life Ins. Co. v. Gromer, y Fajardo Sugar Co. v. Tesorero. Por otra parte, es-tamos bastante convencidos de que en el caso de la Porto Rican & American Insurance Co. no hubiésemos dejado de seguir nuestras citadas opiniones anteriores si se nos hubiese llamado debidamente nuestra atención a ellas.

Bebe revocarse la sentencia de la corte de distrito.

OPINIÓN CONCURRENTE EMITIDA POR

EL JUEZ PRESIDENTE SEÑOR DEL TORO.

Mi criterio con respecto a la tasación de los bienes per-tenecientes a corporaciones, a los efectos del pago de la con-tribución al Pueblo fijada por la ley, ha diferido muchas veces del de la mayoría del tribunal. Me limitaré a citar los casos de Union Central Life Insurance Co. v. Gromer, 19 D.P.R. 900, Fajardo Sugar Co. v. Tesorero, 22 D.P.R. 311, 323 y, especialmente, el de la Porto Rican and American Insurance Co. v. Gallardo, 35 D.P.R. 917, 934, en que, al emitir mi opinión disidente, me expresé así:

“Opino que la sentencia apelada debe confirmarse porque a mi juicio el procedimiento seguido por el Tesorero y ratificado por la Junta de Remisión e Igualamiento es correcto. La tasación se basó en los datos proporcionados por la misma corporación. El Teso-rero no cargó contribución alguna a los bienes exentos por ministe-rio de la ley. Tomó en consideración el valor de las acciones que es algo independiente susceptible de tasación de acuerdo con una in-terpretación racional del artículo 317 del Código Político.”

En el caso de la Porto Rican and American Insurance Co. v. Gallardo, 35 D.P.R. 917, el Pueblo archivó una petición de reconsideración que fué resuelta favorablemente, de acuerdo con la opinión emitida al efecto, que aparece publicada en 37 D.P.R. 114, y en la cual concurrimos todos los jueces.

Estoy enteramente conforme en que la última opinión emitida en el caso de la Porto Rican and American Insurance Co. v. Gallardo, 37 D.P.R. 114, en cuanto a créditos se refiere, es incompatible con el criterio de la mayoría de la corte en los casos de la Union Central Life Insurance Co., sufra, y la Fajardo Sugar Co., supra, confirmado por la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos; pero deseo hacer énfasis en que dicha opi-nión subsiste en cuanto se trata de acciones, ya que en .ella se basó la opinión unánime de la corte emitida por el juez, que suscribe en los casos de la Caribbean Casualty Company v. Gallardo, 40 D.P.R. 679, quedando establecida la siguiente jurisprudencia, copiando del resumen:

“CONTRIBUCIONES — RESPONSABILIDAD DE PERSONAS Y PROPIEDADES —Exenoiones—Bienes de Corporaciones — Acciones de Otras Cor-poraciones. — En ausencia de demostración al efecto de que unas ac-ciones de corporaciones estén exentas de contribución en una u otra de las formas prescritas por la ley, las mismas están sujetas al pago de contribución.”

En vista del firme criterio de la mayoría del tribunal a través de los años, ratificado de nuevo ahora con motivo de la desviación observada, criterio que ha sido sostenido abier-tamente por la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito, (Véase la reciente decisión en el caso de Porto Rico Coal Co. v. Domenech, Treasurer, junio 5, 1930), me parece ésta una cuestión definitivamente resuelta. Debo, por tanto», aceptar que la ley en Puerto Rico es que a virtud de lo dis-puesto en el artículo 290 del Código Político, “los créditos en cuentas corrientes, pagarés, ni otros créditos personales,3’ tanto en cuanto a personas naturales como a corporaciones» no son bienes tasables a los fines contributivos. Dicho ar-tículo se ha considerado fundamental y se ha interpretado con entera independencia del 291 y del 317 del propio código.

Siendo ello así, debo concurrir y concurro en la sentencia que se dicta hoy en este caso basada en la opinión emitida por el Juez Asociado Sr. Wolf, revocando la apelada que dictó la corte de distrito.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Roberto Muñoz McCormick, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 818.

    Sometido: Noviembre 26, 1930.

    Resuelto: Enero 15, 1931.

      B. H. Blondet y E. Díaz Santana, abogados del recurrente; el re-gistrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada al Registro de la Propiedad de San Juan una escritura otorgada en 28 de febrero de 1930, por D. Oar] os J. Torres, albacea testamentario de D. Harry A. McCormick, y D. Eduardo Otto McCormick, D. José Muñoz, D. Roberto Muñoz McCormick y otros, sobre entrega de participación hereditaria, el registrador denegó la inscripción, y puso la siguiente nota:

“Denegada la inscripción del precedente documento, que es co-piadle la escritura número 16 otorgada en San Juan el 28 de Fe-brero de 1930, ante el'Notario José Martínez Dávila. Primero: por-que, con el testamento presentado podría inscribirse el derecho here-ditario de uno o de varios herederos, en común pro indiviso, de una o do más fincas, pero no determinada participación en cada- finca, pues eso sólo puede hacerse cuando se presenta la divisoria de To-dos los bienes del causante, en la forma y del modo dispuesto por la ley.— (Artículos 1024 y 1028 del Código Civil Revisado.) Es cons-tante la jurisprudencia que así lo resuelve. Bastará citar la del caso 15 D.P.R. 669, y el artículo 71 del Reglamento Hipotecario que in-serta y comenta Morell en la página 426 del tomo segundo, uno de cuyos párrafos dice así:
'Si se pidiere la inscripción de adjudicación será necesario pre-sentar la partición formalizada con arreglo a las leyes cuando fue-ren varios los herederos o cuando, siendo único, existiese persona designada para otorgarla, o también escritura pública a la cual ha-yan prestado su consentimiento todos los interesados si se adjudica-ren solamente una parte del caudal y aquéllos tuvieren la libre dis-posición del mismo.’
Segundo, porque habiendo adquirido el testador a título oneroso la finca que se trata de inscribir, estando casado con Dolores Alcaide Baiz, tiene que preceder la liquidación de la sociedad legal de ga-nanciales con intervención de Todos los herederos (Res. de 4 Julio 1911), que deben suscribir el correspondiente documento (Res. de 12 de Noviembre 1895 y otras), Morell, tomo segundo, páginas 457 y 459), y también podrían conocerse los bienes privativos del testador y, con las bajas de la testamentaría, el caudal repartible que, de otro modo, es imposible; Tercero, porque en la transacción de dere-chos hereditarios entre los albaeeas y los hijos naturales reconocidos del testador, nombrados Sabina, Guadalupe y Francisco Anaya, caso civil número 6655, no se demuestra que Todos los herederos volun-tarios, mayores de edad, hayan prestado su conformidad con ese arre-glo por noventa mil dollars, ni que la competente Corte de Distrito lo aprobara, por lo que respecta a los menores de edad, con derecho a la herencia, que no pueden ser representados por sus padres por tener con éstos interés opuesto; consentimiento tanto más necesario cuanto que esos herederos forzosos, de haber sido declarados tales en el correspondiente documento judicial, o sentencia firme, resulta-rían perjudicados, pues les corresponderían dos terceras partes del caudal divisible, aceptando como válidos los legados que por 97,000 dollars, e institución de herederos voluntarios que, en cuanto quepa en el tercio de libre disposición, pudo hacer el te'stador (Artículos 802 y 796 del Código Civil); Cuarto, porque cuando se trata de albaeeas particulares deben inscribirse previamente los bienes a nom-bre de los herederos (Res. 26 Enero 1889 y las dos que en la misma se citan); Quinto, porque no se trata de pagar deudas y, aunque así fuera, habría que acreditar su certeza, pues de lo contrario tam-poco podría inscribirse la escritura que otorgara el albacea (Res. de 10 Mayo 1880) ; Sexto, porque no se acredita, con las oportunas actas del Registro Civil, el nacimiento de los herederos voluntarios Adela, Edith y William Wilford Watson McCormick y de Catalina y Muriel Iviernan McCormick, documentos necesarios porque en la institución de herederos no se les designó por sus nombres sino por los de ‘los hijos de sus legítimos hermanos que vivieren al tiempo de la muerte del causante’; circunstancia que debe justificarse cumpli-damente (Res. de 27 junio 1890 y las demás que cita Morell en la página 487 del tomo segundo) ; Séptimo, porque en el pleito número 31235 sobre entrega de participación hereditaria, objeto de esta anota-ción, intervinieron como demandante, veinte de los herederos volun-tarios, pero no los otros tres (.Arturo Muñoz McCormick, María McCormick, de Serrano y Jorge McCormick Dalmáu) que pudieron ser demandados con arreglo al artículo 66 del Código de Enjuiciamiento Civil si no querían establecer demanda contra los albaeeas; Octavo, porque habiendo fallecido el heredero voluntario Jorge McCormick Dalmáu, es indispensable inscribir previamente el derecho del hijo en favor de 'sus padres (G-alindo y Eseosura, tomo primero, página 423). Tomada anotación preventiva por 120 días a favor de Edith McCormick y de Carlos-Eduardo, Roberto, José-Leopoldo, Fernando e Iraida Muñoz McCormick y de Ricardo TI. Blondet al folio 88 del tomo' 56 de Río Piedras, finca número 687 septuplicado, anotación" A, con los defectos subsanables de no describirse dicha finca en la form'a que determina el artículo 9no. de la Ley Hipotecaria; y de no insertarse ni acompañarse el documento judicial que acredite el derecho de los hijos naturales reconocidos a la herencia del Sr. McCormick. ’ ’

De esa nota se recurre por Roberto Muñoz McCormick.

Argumentando el primer extremo de la denegatoria, el apelante sostiene que existe la partición desde el momento en que por corte competente se concede al interesado su parte alícuota; y nos cita algunas decisiones.

Las sentencias que por el apelante se citan, Capó v. Fernández, 27 D.P.R. 716, y Sucesión de Jesús v. Pérez, 28 D.P.R. 319, no son aplicables a este caso. En ellas se determina y resuelve el derecho del heredero de reclamar para sí los de-rechos que de acuerdo con la ley le correspondan en alguno o en todos los bienes de la herencia, sin necesidad de que pre-ceda la partición, y siendo para ello suficiente el título de heredero; pero se dice también que cuando el heredero re-clama una finca o una parte separada de los bienes de la herencia, entonces no basta con alegar su calidad de here-dero, sino que tiene que alegar la partición (Véase syllabus Capó v. Fernández, supra).

Es un problema sencillo. Por la herencia, originada pol-la muerte del causante, y su disposición testamentaria, o la disposición de la ley en los casos de intestado, surge el dere-cho de los herederos sobre los bienes como conjunto o tota-lidad, y su representación de la personalidad del testador en sus derechos y obligaciones; pero cuando esos herederos van a reclamar para sí una finca específica o una parte determi-nada, de la herencia, entonces es necesaria la partición. En realidad esto no es otra cosa que la aplicación a la herencia de los preceptos de los artículos 664 a, 669 y 1035 del Código Civil. Veamos sn testo.

“Art. 664 a. — Sucesión es la transmisión ele los derechos y obli-gaciones del difunto a sus herederos.
“Art. 669. — Los herederos suceden al difunto por el hecho solo de sn muerte, en todos sus derechos y obligaciones.
“Art. 1035. — La partición legalmente hecha confiere a cada he-redero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adju-dicados. ’ ’

En este caso concreto, sólo la adjudicación hecha en una partición de herencia confería título a los interesados sobre las participaciones cuya inscripción solicitan. En la parti-ción, el heredero que la hace, o que la admite, renuncia implí-citamente a su participación especial en los bienes que se ad-judican a otros herederos; esta renuncia recíproca da lugar a la específica determinación de títulos.

¿Pero se ha hecho aquí la partición? En realidad éste es un extremo en el que no han puesto gran fuerza la ape-lante y el apelado.

Uno de los documentos presentados por los que pidieron la inscripción es la certificación del Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, P. R., en la que se contiene la relación del caso, en el civil No. 11235 de dicha corte, sobre reclamación de herencia, instituido por doña Adela McCormick de Watson, y otros contra los albaceas de don Harry McCormick y Hartman. Ciertamente, en ese pleito, como observa el registrador, en uno de los extremos de su nota, no intervienen algunos de los herederos o interesados; según la nota del registrador, los que faltan son María McCormick de Serrano, Arturo Muñoz McCormick y Jorge McCormick Dalmáu. Pero observamos en toda la documentación (copia de la demanda, relación del caso, y escritura a inscribir) que Jorge McCormick Dalmáu aparece haber fallecido, y representan sus derechos sus padres Eduardo Otto McCormick y Hortensia Dalmáu; y en cuanto a Arturo Muñoz McCormick, de la cláusula Décimo-tercera del testamento del Sr. Harry A. McCormick resulta expresamente excluido Arturo Muñoz. McCormick, de cuanto se refiere a esta herencia. En lo que-toca a María McCormick de Serrano, ella aparece del testa-mento instituida como una-heredera, si bien su participación: se le ha de dar en usufructo; esta señora no aparece en eL antes citado litigio como parte demandante o demandada; y a nuestro juicio, su intervención era necesaria, y lo sería en la partición.

De los documentos presentados, aparece que veinte here-deros y legatarios reclamaron sus participaciones, y a ese-fin presentaron su demanda; contestaron los albaceas; y luego, en el curso del litigio, llegó un momento en que vinie-ron los contendientes a una transacción, y presentaron los. demandantes una moción para que se dictara sentencia, y en la moción fijaron la participación que a cada uno de ellos correspondía, y la forma y bienes en que había de pagárseles,, y solicitaron que en ese sentido se dictara la sentencia; esa, moción se halla suscrita por el abogado de los demandados. Entendemos que ésa fué la base de la relación del caso que-aparece entre los documentos presentados. En esta relación del caso se hace la adjudicación de bienes diversos, en la forma en que se solicita en la moción antes aludida. Peror aunque se dice que el secretario de la corte deberá registrar sentencia de acuerdo, no encontramos certificación de tal sen-tencia y la relación del caso no sería bastante a justificar que la sentencia se dictó y que es firme.

Aparte de la no intervención de María McCormick de Serrano, y de que en el testamento hay nombrados contadores-partidores, que es a quienes toca hacer la partición en el caso de que los herederos todos no la hicieran, no vemos que el documento presentado, (relación del caso) sea suficiente a justificar la adjudicación, a la que no precede un inventario y en la que no hay una liquidación, en la que se establezca el capital con la previa deducción de aportaciones, ganan-cíales, y bajas. En consecuencia, la nota del registrador, en. los extremos primero y segundo, es correcta.

En el tercer extremo de la nota, se refiere el registrador a una transacción entre los albaceas y los Hijos- naturales del testador. Debemos decir qne éste es un particularen el que no se encuentra un dato definitivo; se alude-a estoshijos y a esta transacción; pero carecemos de documentoterminante acerca de esto. Es evidente que, de- Haber' transacción con presuntos Herederos, ella no es para ser realizada por los albaceas, sino por los interesados en la Herencia, y por todos los interesados. Y en ese caso, el registradortiene razón.

En cuanto a los extremos cuarto y quinto dé-la notai,. en un caso de adjudicación legalmente Hecha, no sería necesaria la previa inscripción a favor de los Herederos;: y no-hay nada que justifique el pensamiento del registrador en loque expresa de si se tratara de pago de deudas. En estosparticulares debe revocarse la nota.

Aunque no con el carácter de insubsanable, es tanrbién una falta la de justificación de nacimiento de los Herederos voluntarios Adela, Edith y William Wilford Watsom McCormick; y lo es también la falta de previa inscripción del derecho Hereditario de Jorge McCormick Dalmáu.

Se confirma la nota recurrida en cuanto a los puntos pri-mero, segundo, tercero y séptimo; se declaran subsanadles ¡os defectos anotados bajo los números sexto y octavo; y se-revoca en lo demás.


text:
    Miguel Vargas, demandante y apelante, v. Esperanza Cruz Vélez, demandada y apelada.
    No. 5230.

    Sometido: Noviembre 17, 1930.

    Resuelto: Enero 15, 1931.

      Tous Soto <& Zapater, abogados del apelante; José Sabater, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En 22 de mayo de 1929 se presentó en la Corte de Dis-irito de Mayagüez, a nombre de Miguel Vargas, y en pleito •civil No. 9527, sobre filiación, una moción en' la que se ex-presó: Que en 15 de marzo de 1923 se dictó por esa corte •de distrito una sentencia desestimando la demanda de Vargas, y en ella se cometió error al declarar con lugar la ex-cepción previa por estimar’prescrita y extinguida la acción, y se excedió la corte en su jurisdicción, al declarar la extin-ción, y al dictar sentencia sin permitir al demandante que -enmendara la demanda; que el demandante apeló, pero su apelación no fné perfeccionada en forma, y se desestimó; y se pidió que la corte exonerara al demudante' de los efectos -de la sentencia. La corte de distrito, en 7 de enero de 1930, •declaró sin lugar la moción; y contra tal resolución se ha .apelado ante este tribunal.

Ahora la parte apelada nos pide que desestime-mos la apelación, fundándose en que éste es un caso que fné apelado, y se desestimó el recurso, en que lian transcurrido ■ siete años de haberse dictado la sentencia, en qne la apelación no se ha perfeccionado de acnerdo con la ley, en qne no cabe apelación de esa clase de resoluciones, y en qne se trata de cosa juzgada, acerca de la qne este tribunal ha dictado va-rias sentencias.

Aunque se ha sostenido que se trata de una cuestión de jurisdicción, no nos es dable encontrarla. La resolución primitiva acerca de una excepción previa fundada en la pres-cripción, declarando con lugar la excepción, y dictando sen-tencia, no envuelve cuestión alguna de jurisdicción. En las facultades y poder de la corte de distrito, al resolver una excepción de esa clase estaba la de dictar sentencia si enten-día que la acción se hallaba prescrita; y si no concedió tér-mino para enmendar, no se excedió en su jurisdicción, ya que esa concesión no es obligatoria para las cortes, y ya que, si fuera un abuso de discreción, pudo en su tiempo, obtenerse la corrección de tal abuso.

Como solamente por analogía con los casos del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, se ha podido sostener la moción, creemos necesario declarar que no encontramos la calidad de revisable de esta clase de resoluciones.

Bastan estos motivos para resolver la moción de desesti-mación.

Se desestima la apelación en este caso.


author: (El, Juez Asociado Señor Texidob,

text:
    José González Clemente & Co., demandante y apelada, v. Felipe Torres, Arbona Hnos. Sucrs. y Cándido Noriega, demandados y apelantes.
    No. 5286.

    Sometido: Diciembre 18, 1930.

    Resuelto: Enero 16, 1931.

      _R. Atiles Moren, abogado del apelante Noriega; José Sabater, abo-gado de la apelada.
   (El, Juez Asociado Señor Texidob,

emitió la opinión del tribunal.

Aparece del récord en este caso que ante la Corte "Municipal de .Mayagñez se siguió por José González Clemente & Co. un pleito contra Felipe Torres, Arbona Hermanos Sucesores y Cándido Noriega, sobre cobro de dinero; •que en este pleito la corte dictó sentencia condenando a los ■demandados a pagar a la demandante cuatrocientos cincuenta ■dólares, intereses legales y las costas. La sentencia fué dictada en 30 de noviembre de 1929.

En ese litigio cera abogado del demandado Cándido No-xiega, el Sr. Erasto Arjona Siaca, quien en 29 de noviembre •de 1929, suscribió una moción a la corte haciendo constar •que se bailaba suspendido en el ejercicio de la profesión, por lo que no podía representar al demandado, y pidió se suspendiera la vista del caso, que se bailaba señalada para >el día 30 délmismo mes, y que se notificara a dicho Noriega ■para que nombrara abogado que le representase. No consta resolución alguna a esa moción.

Aparece asimismo del récord, que se presentó por parte de Cándido Noriega un escrito de apelación contra la sen-tencia, fechado en Ponce a 9 de diciembre de 1929, con una declaración jurada .del abogado señor Atiles Moreu, de la ■que aparece que diclio abogado en 9 de diciembre de 1930 ■depositó en la oficina de correos de Ponce bajo certificado debidamente franqueado la copia del escrito de apelación dirigida al abogado señor Sabater, de la parte demandante a su oficina de Mayagüez. La radicación de esa apelación aparece con fecha 11 de diciembre de 1929.

La demandante y apelada solicitó de la Corte de Distrito de Mayagüez que desestimara la apelación, por haberse radicado fuera del término legal, y por no haberse notifi-■caclo a los otros demandados en el caso. Se opuso el ape-lante; y se oyó por la corte la moción, con la prueba de la misma. De esa prueba son elementos de importancia, a más de los autos y constancias de ellos, la declaración del Sr. Atiles Moren, la del Secretario de la Corte Municipal de Mayagüez, y la del jefe de correos de Mayagüez. El primero afirmó que el 9 de diciembre de 1929 había deposi-tado en la oficina de correos de Ponce, dos sobres certifica-dos en forma, el uno dirigido al Secretario de la Corte Municipal de Ponce, conteniendo el escrito de apelación en este •caso, y un sello de rentas internas de dos dólares, y el otro, •dirigido al abogado José Sabater, en Mayagüez, conteniendo la copia de aquel escrito. El jefe de correos de Mayagüez, hizo traer a la corte el récord de certificados de Ponce correspondiente al día 9 de diciembre de 1929, y con él a la vista declaró el empleado de correos Hipólito Biaggi, que tiene a su cargo el departamento de certificados, y dijo que ■el de que se trata en este caso, dirigido al Secretario de la Corte Municipal de Mayagüez, llegó a su oficina el día 10 de diciembre de 1929 en el correo de las diez y media de la mañana, y que fué entregado el 11 del mismo mes. Y el Secretario de la Corte Municipal de Mayagüez declaró que el 10 de diciembre de 1929 fué al correo, a las ocho y media de la mañana, y recogió la correspondencia; que el escrito de apelación en este caso lo recibió en la mañana del'll de diciembre de 1929 y lo radicó y agregó a los autos el mismo día-

De los autos aparece que la sentencia fué notificada a Felipe Torres, Arbona Hermanos, y a Cándido Noriega, éste por su abogado Erasto Arjona Siaca, de Ponce.

La Corte de Distrito de Mayagüez, resolvió en favor de la moción de la parte apelada, por razón de que la apelación había sido radicada un día después de vencido el término; y contra esa resolución se ha apelado ante nosotros, por parte de. Cándido Noriega.

Está fuera de duda que para los efectos de la entrega de una apelación al secretario de la corte, la fecha es aquélla en que el funcionario recibe el escrito, y no la de su depó-sito en el correo. La decisión de este tribunal en Delgado et al. v. Hutchison, Juez de Distrito, 20 D.P.R. 483, es per-fectamente clara y final; y como ella lo es asimismo la recaída en el caso Alvarez v. Sucesores de C. y J. Fantauzzi, 27 D.P.R. 530.

Dejar una apelación para enviarla por correo el día antes del en que se vence el término y esperar que el secretario de la corte la ha de recoger en la oficina de correos, es algo que no consiente la prudencia; y que no tiene la protección de la ley. El secretario es un funcionario de la corte, y no tiene el deber de ir al correo a recoger certificados de las partes. Estas tienen, aun en el mismo servicio postal, me-dios perfectamente seguros y rápidos de que sus escritos lleguen a manos de un funcionario, sin que éste vaya a buscarlos.

Pero aquí se levanta otra cuestión. Se alega que el abogado Erasto Arjona Siaca se hallaba suspenso en el ejercicio de su profesión; y que esto era de conocimiento judicial, porque se trataba de una sentencia de este tribunal. Quizá sea esto así. Pero conviene examinar la alegación con detenimiento.

El abogado Erasto Arjona Siaca fué suspendido en el ejercicio de la profesión en 7 de ’ noviembre de 1929. El pleito a que esta apelación se refiere fué oído por la Corte Municipal de Mayagüez el 30 de noviembre de 1929. Y desde el 7 de noviembre basta el 30 del mismo mes, no ha ocurrido a la parte interesada enterarse de que tenía que designar otro abogado, siquiera cuando se trata de apelar, le nombrara dentro del término de la apelación. Pero, aparte de toda otra consideración, el hecho es que,' si no se hizo la notificación al mismo Noriega, y sí al que figuraba como abogado de récord, el defecto de la notificación se halla curado por el hecho de que Noriega apeló de la sen-tencia; apelación que implica un conocimiento y un recono-cimiento de tal sentencia. ;

La resolución apelada debe ser confirmada. '


text:
    Ramón Otero, demandante y apelante, v. Agustina Mirabal, demandada y apelada.
    No. 5020

    Sometido: Abril 1, 1930.

    Resuelto: Enero 16, 1931.

      E. H. F. Dottin, abogado del apelante; Bubón & Ochoteco, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Ante el notario don Julio César González, en 5 de noviem-bre de 1913, se otorgó una escritura por la que Prudencio Cordero vendió a Agustina Mirabal una finca urbana, solar con dos casas, terreras, de madera y cobijadas de zinc, en la calle de las Flores, en Cataño, por un precio de cuatro-cientos dólares, recibidos a presencia del notario, establecién-dose entre los contratantes el pacto de que si el vendedor en el término de un año, a contar de la fecha de la escritura devolvía a la compradora el precio pagado, éste le otorgaría escritura de retroventa, pero si transcurría ese plazo sin tal devolución, la venta adquiría el carácter de irrevocablemente consumada. Además se hizo constar que el vendedor queda-ría como arrendatario de la finca por el término de un año, y canon de ocho dólares mensuales, y que se comprometía a asegurar las casas contra incendio por el término del arren-damiento. La escritura fué inscrita en el registro de la pro-piedad; y ha sido uno de los documentos presentados en prueba en el juicio en este caso.

En 29 de diciembre de 1922, se puso por el registrador de la propiedad, una nota al margen de la inscripción de la citada escritura, haciendo constar la consumación de la venta.

De otra escritura en 25 de mayo de 1916, ante el notario don Artemio P. Rodríguez, aparece que Prudencio Cordero vendió a Ramón Otero algunas propiedades inmuebles; y en cuanto al solar y las casas que había vendido a Agustina Mirabal, se hizo constar que la venta había sido hecha con pacto de retracto; por término de un año, y que aun cuando el año había transcurrido el derecho de redención se había prorrogado de tiempo en tiempo, y estaba aún vigente; y Cordero cedió a Otero tal derecho, en precio que había reci-bido de su comprador o cesionario.

De otra escritura, fecha 29 de mayo de 1916, aparece que Ramón Otero y su esposa confieren su poder general, y para administración, a Prudencio Cordero.

Prudencio Cordero falleció en San Juan, P. R., en 28 de septiembre de 1926.

Todos estos extremos son de prueba documental admitida en el juicio. Ramón Otero presentó ante la Corte de Dis-trito de San Juan, P. R., una demanda contra Agustina Mi-rabal, reclamando que ésta le otorgara, previo el pago de cua-trocientos dólares, la escritura de retroventa del solar y las dos casas que le habían sido vendidas por Prudencio Cor-dero en 5 de septiembre de 1913. En su demanda alegó: que Prudencio Cordero era dueño de ese solar y de las casas, y que concertó con la demandada un préstamo de $400, sin fijación de plazo para el pago, a un interés del 2 por ciento mensual, y garantizando el pago con la referida finca urbana, y como el interés excedía del tipo legal, la demandada exigió a Cordero que se diera al negocio la apariencia de una venta con pacto de retro por un año, y a los intereses el aspecto de un canon de arrendamiento y así se hizo en la escritura de 5 de septiembre de 1913, ante el notario don Julio César González, pero siendo entendido que tal escritura no desvir-tuaría el verdadero contrato entre las partes; que después de la escritura Prudencio Cordero continuó en la posesión de la finca vendida, y ejerciendo sobre ella el dominio, pa-gando las contribuciones, alquilando dependencias, mante-niendo y pagando el seguro, y haciendo reparaciones; que el mismo Cordero, con consentimiento de la demandada, en 25 de mayo de 1916, traspasó ese derecho sobre aquella finca a Eamón Otero, siguiendo en tal contrato la misma ficción ya establecida, y el demandante desde entonces ha venido en el dominio y posesión de la finca; que tanto Prudencio Cordero como el demandante han venido satisfaciendo a la deman-dada los intereses del préstamo ya citado; que la deman-dada, en 9 de diciembre de 1922, a pesar de su contrato, pidió y obtuvo en el registro de la propiedad la nota de consuma-ción de la venta; que el demandante ha requerido a la de-mandada para que acepte los $400 del préstamo, y le otorgue escritura de retroventa, pero ella se ha negado; y pidió se condenara a la demandada a otorgar esa escritura, previo recibo de los $400, o se hiciera otorgar por el márshal.

En su contestación la demandada negó que hubiera con-venido con Cordero el alegado préstamo, y asimismo los de-más extremos esenciales, manteniendo en sus alegaciones la existencia del contrato de compraventa con pacto de retracto,, así como su falta de contrato y de relación con el deman-dante, y aduciendo asimismo la falta de hechos para deter-minar causa de acción.

Se oyó el caso por la corte. T ésta, dictó una sentencia por la que declaró sin lugar la demanda, sin especial condena de costas. De esa sentencia se apela, asignándose dos erro-res : el uno, de manifiesta equivocación en la apreciación de la prueba; y el otro en cuanto a la aplicación de la ley.

Aparte de la prueba documental, o sean las escrituras, y recibos de distintas sumas y clases, queremos decir algo de la prueba de testigos.

Por la parte demandante declararon el mismo intere-sado, y Tomás Díaz G-arcía, Antonio Rodríguez, Juan García, José Ramos y Félix Rodríguez. Por la demandada, ella misma y Francisco Alamo Armas.

Hemos examinado la declaración de Tomás Díaz García, que parece ser el más importante de los testigos del deman-dante. El dice que era empleado de Prudencio Cordero; que éste necesitó una suma, y se la procuró un amigo; que fué a la notaría de don Julio César González, y estuvo pre-sente durante el convenio entre Cordero y Agustina Mirabai; que ésta pidió un interés de 2 por ciento mensual, y acorda-ron hacer una retroventa, y así se firmó la escritura; sabe que Cordero vendió la finca a Otero, y estuvo presente en el otorgamiento de la escritura, y lo mismo en el de una escri-tura de poder por Otero a favor de Cordero; que después de la escritura con la Mirabai, Cordero siguió alquilando las casas, cobrando los alquileres, y pagando las reparaciones y demás gastos. El testigo dice que estuvo fuera de Puerto Rico, desde 1918 a 1925; que conoce a la demandada porque la ha visto de paso, pero nunca habló con ella.

Antonio Rodríguez dijo que en 1913 Prudencio Cordero le habló porque necesitaba $400, y él le indicó a Agustina Mirabal como persona que podía prestárselos, y luego supo ■que babía lieclio la operación. Declara acerca del valor de la finca; y asimismo dice que el que la posee es Ramón Otero.

Juan (Jarcia, testigo, es un inquilino de una habitación •de la casa número 92, calle de las Flores, Oataño, que dice se la alquiló Ramón Otero en marzo de 1926; dice que para •él el dueño de la casa es Ramón Otero, y que él es quien paga las reparaciones. De análogo tenor son las declara-ciones de José Ramos y Félix Rodríguez.

Ramón Otero, el demandante, dijo ser el dueño de la finca •en cuestión desde 1916. En el principio de su declaración dijo que no lia pagado nunca nada por hipoteca, ■ que ni •conoce a Agustina Mirabal, ni le ha pagado nunca nada; que debe $400 porque se hizo cargo de la hipoteca de ella (la de-mandada) a la que pagaba $10, que los fué a llevar a don Panchito Alamo, quien le dijo que no sabía si la señora Mi-xabal los cogería o no, pero que los cogió y le dieron recibo; ■que no conoce a Agustina Mirabal, ni la ha visto nunca; que él le enviaba a la Mirabal los. $10 por medio de Prudencio 'Cordero; que éste murió, y entonces el demandante le hizo ;a la Mirabal un pago; que nunca ha hablado con la deman-dada de ningún negocio que tuviera con Cordero.

Declarando la demandada, dijo que ella le compró a Cor-dero las casas y se las dejó en arrendamiento, y él le pagaba hasta que murió hace unos dos años; que ni conoce a Otero, ni ha tenido convenio alguno con él, ni Cordero le dijo a la •declarante en ocasión alguna que hubiera hecho contrato con Otero, ni lo podía hacer respecto a las casas que eran de la dicente; que ella recibió una carta hablándole de los $400, pero no le hizo caso porque las casas son suyas y las tiene registradas. Reconoce los recibos de seguro; y en este mo-mento la parte demandante admite que la demandada Agus-tina Mirabal, aseguró de su propio peculio, y contra incendio las casas a que se refiere este litigio, los años 1924, 1925, 1926, y el 1927.

Don Francisco Alamo, dijo que en 1925, había cobrado a Cordero tres recibos de las casas de la señorita Mirabal; y luego, una vez Otero fué a su oficina a pagarle otro recibo, que le había dado la demandada para si alguna persona venía a pagarle, pero el recibo no estaba dirigido a Ramón Otero.

Con esa prueba, y la documental a que hemos aludido, pasó el caso a sentencia.

Es de notar la falta de prueba de la existencia ’ de pró-rroga alguna de la condición o pacto de retraer, que es un elemento importantísimo en el caso. Se trata de un pacto escrito y solemne, de término de un año, fenecido en 1914, y acerca de cuya prórroga no existe más que una vaga indica-ción de una de las partes; y en cambio, en contra de ella existe la diligencia de la demandada en pedir y obtener la nota de la consumación en el registro, que establece una fuerte y lógica presunción. Aparece, además, curioso, que este Prudencio Cordero esperara tantos años, sin temer a la posible consumación en el registro, y sin hacer nada por garantizar su derecho, si alguno tenía, y que hubiera quien le comprara en tales condiciones; y aun más lo es que, si tenía un simple contrato de préstamo, y no de venta de la finca, dejara subsistir ese contrato desde 1913 hasta 1926, sin buscar su anulación. Por eso entendemos que la corte de distrito juzgó con acierto.

Con esa prueba, y especialmente con una declaración .como la del demandante, no puede aspirarse a que la corte diga otra cosa que la que dijo, sin que en ello incurriera en error de hecho ni de derecho.

No hemos de entrar en el examen de la ley de 13 de abril de 1916, regulando el interés, ya que el contrato en cuestión fué celebrado el 5 de septiembre de 1913, y es evidente que aquella ley no tiene efectos retroactivos. En el caso Collazo v. Registrador, 25 D.P.R. 644, lia dicho este tribunal lo necesario para que no quepa dudar de cuál es la doctrina jurídica aceptada en cuanto a retroactividad de esa ley.

La sentencia de la corte de distrito en este caso se ajusta a los becbos y a la ley, sin que adolezca de los errores seña-lados; y debe ser confirmada.


author: ' El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Cándido Marrero Fernández, José Calazán Marrero Miranda, José Miranda Ortiz, Juan Pedro Marrero Fernández y Pablo Pomales Marrero, peticionarios y apelantes, v. El Pueblo de Puerto Rico, recurrido y apelado.
    No. 4278.

    Sometido: Enero 13, 1931.

    Resuelto: Enero 16, 1931.

      Agustín E. Font, abogado de los peticionarios apelantes; R. A. Gó-mez, abogado de El Pueblo, apelado.
   ' El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal del distrito de Ponce, en diligencias sobre la muerte violenta e ilegal del policía Ramón Martínez Ríos, ordenó la detención y encarcelación de Cándido Marrero Fer-nández, José Miranda Ortiz, José Oalazán Marrero Miranda, Juan Pedro Marrero Fernández y Pablo Poníales Marrero, fijándoles para sn libertad provisional nna fianza de $15,000 a cada uno.

Los detenidos acudieron por medio de una petición de hábeas corpus al honorable Roberto H. Todd, Jr., Juez de la Corte de Distrito de Ponce, quien expidió el auto, oyó el caso, y resolvió declarando sin lugar la petición, salvo en lo que se refiere a la fianza del peticionario Poníales que re-dujo a $7,000. Contra esta resolución se apeló ante este tribunal.

El fiscal de este tribunal, se opuso a la apelación en parte; y en lo que se refiere a la fianza, estimó que debe fijarse en la suma de cinco mil dólares para cada uno de los arrestados.

En dos motivos se funda la apelación.

Aparece que el testigo Ramón Ramos cuando empezá a declarar ante el fiscal negó haber presenciado los hechos o saber algo en cuanto a los mismos; pero luego declaró inculpando a los que fueron detenidos, y dijo que ellos habían cometido la muerte del policía Martínez, y que si él antes había negado que presenciara los hechos fué bajo el temor de amenazas graves que le hicieron los inculpados.

De esa circunstancia parten los apelantes para sostener que no había elementos suficientes para inculparles y decre-tar su arresto, ni -los hay para sostener su privación de li-bertad.

Hemos visto la prueba que aparece de récord; y con ella y por ella debe sostenerse la decisión apelada, en cuanto a este particular. En primer lugar, para los efectos del hábeas corpus, y bajo la sección de la ley que se invoca, debe tomarse la prueba como aparece; y, en segundo lugar, el tes-tigo ha excusado, si no justificado, su actitud, expresando el por qué de su primera declaración.

Como un segundo motivo de esta apelación, se alega el error del juez al sostener la fianza de $15,000, que se estima excesiva, por la pobreza de los peticionarios, su falta de pro-tección y de relaciones sociales, y su desamparo.

Es verdad que este tribunal en los casos que se citan, El Pueblo v. Pillot, 19 D.P.R. 264, y Marrero v. El Pueblo, 31 D.P.R. 901, sostuvo que las fianzas no deben ser excesivas, y en la interpretación del término “excesivas” dió peso e im-portancia a los elementos de condiciones y recursos del dete-nido, sexo, situación social y relaciones del acusado. Pero lo es también que se dió gran importancia a la clase de delito, su magnitud, castigo que acarrea, etc. No pueden interpre-tarse esas decisiones tomando de ellas una parte, y dejando otra. Sí deben tenerse presentes esas declaraciones, en cuanto guían la buena discreción del funcionario que baya de fijar la cuantía.

En un caso como el presente, tenidas en cuenta todas las circunstancias, la fijación de cuantía de la fianza para cada uno de los detenidos, en una suma de cinco mil dólares, sería prudente. En ese sentido debemos modificar la resolución apelada, confirmándola en los demás.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió en lo que se refiere a la cuantía de la fianza, que entiende debe ser de $5,000 para Cándido Marrero y de $2,000 para cada uno de los otros acusados.


text:
    Etelvina Pacheco, Rafael y Juan José Jiménez, demandantes y apelados, v. José B. Méndez, demandado y apelante.
    No. 4970.

    Sometido: Abril 9, 1930.

    Resuelto: Enero 16, 1931.

      8. Suau, F. B. Fornaris y F. Prieto Amar, abogados del apelante;. González Fagundo & González Jr., abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

El día 11 de septiembre de 1927, hacia la caída de la tarde,, y por la carretera de Las Piedras hacia Juncos, montados-a caballo, venían José Jiménez Rivera y Regino López. Al llegar estos dos hombres a un sitio llamado Juan Martín por la misma carretera, y en dirección contraria a la que ellos llevaban, vino el auto camión número H. P. 260, propiedad de José B. Méndez, guiado por el chauffeur Domingo Cruz,, en aquel momento en servicio del propietario, y enganchó-el caballo que montaba José Jiménez Rivera, y arrolló y mató-a éste.

Esos son los hechos principales que, con la alegación de-que el chauffeur que guiaba el auto camión, lo conducía a velocidad excesiva, sin tocar bocina, ni dar aviso alguno, y por el lado izquierdo, y las necesarias con respecto a las cir-cunstancias de José Jiménez Rivera, edad, profesión, condi-ción de salud; y las de perjuicio sufrido por la parte de-mandante, la viuda y los hijos del occiso, sirvieron de - fun-damento a una demanda, presentada ante la Corte de Dis-trito de Humaeao por Etelvina Pacheco y Rafael y Juan José Jiménez contra José B. Méndez. Este contestó la de-manda, negando la negligencia de su empleado, y alegando' qne el hecho había ocurrido por la negligencia de Jo.sé Ji-ménez Rivera, que venía a caballo por el lado izquierdo de la carretera y repentinamente trató de cruzar cuando el auto camión se hallaba tan cercano, que al conductor le fué im-posible parar, a pesar de sus esfuerzos para ello.

Se siguió el jírocedimiento, y oído el caso por la corte, ésta dictó sentencia por la que condena al demandado.a pagar a los demandantes cuatro mil dollars a título de indemniza-ción, y las costas. Y contra esa sentencia, se ha formalizado-la presente apelación.

La corte de distrito llegó a las conclusiones de hecho, que aparecen en la relación del caso y opinión, en esta formar

“Analizando la evidencia practicada en este caso, entendemos corno-probados los siguientes hechos:
“Qne el día 11 de septiembre de 1927, como a las seis de la tarde, se dirigía José Jiménez Rivera, que era un hombre de 48 año& de edad, carpintero y propietario, montado a caballo y por la carre-tera No. 5 que conduce de Las Piedras a Caguas y en dirección a Juncos.
“Que junto con él caminaba también a caballo el individuo Re-gino López, y que ambos iban por su derecha y hacia el lado de la cuneta, o sea, lo que forma el paseo de la carretera.
“Que al llegar al Km. 22 de dicha carretera, donde existe una curva, apareció un truck Mack propiedad de José B. Méndez y guiado-por sir empleado Domingo Cruz, siendo el número de dicho auto-camión el II. P. 260.
“Que el dicho auto-camión venía caminando por su izquierda y que en la orilla de la carretera y en su lado derecho fué cogido por-el truck el referido José Jiménez, quien quedó muerto cayendo en-aquel sitio con los pies hacia la cuneta y el cuerpo y cabeza sobre-el paseo y afirmado de la carretera.
“Y que el truck caminaba a bastante velocidad no pudiendo pa-rar fácilmente.
“Para llegar a estas conclusiones de hecho hemos tenido en cuenta la declaración de aquellos testigos ajenos en un todo al accidente y que no pueden tener interés alguno en este asunto, como lo son Bleu.-terio Hernández, testigos presenciales y el Jefe de Distrito de Policía, •quien vio las huellas frescas del truck y nos asegura que él venía por •su izquierda.”

Citó la doctrina jurídica del caso Cruz et al. v. Frau, 31 D.P.R. 98-99, y añadió:

“El conductor del vehículo en este caso, al tomar la curva igno-rando lo que había de encontrar después de ella, ha debido moderar la velocidad, y en esta forma es seguro que el accidente no hubiese •ocurrido, pues hubiese tenido el absoluto control de la máquina y hubiese podido parar y conducir el carro por su derecha cuando •quisiera, ya que por su propia declaración los frenos del camión es-taban en buenas condiciones.”

Ahora el apelante sostiene que la corte sentenciadora erró .al apreciar la prueba, y que su error es manifiesto; y que 'también erró al fijar la indemnización en $4,000.

La prueba quizá fue contradictoria, y la corte resolvió el conflicto en favor de la presentada por la parte demandante, a la que concedió mejor crédito.

Es innegable que los elementos de prueba de la parte •••demandante eran más robustos, y de mejor credibilidad para la corte sentenciadora. Revélase esto en la opinión de la ■corte. Y sólo precisaría ver si al estimarlo así, incurrió el .juez en error manifiesto. Después de estudiar la prueba, •debemos conceder que la apreciación que de la misma hace •el juez es correcta. Y no debe olvidarse que se trata de una prueba contradictoria, y que en la decisión del conflicto •en la prueba, las presunciones se hallan a favor del juez .sentenciador, por lo que se necesita, como hemos dicho fre-•cuente y constantemente, que se nos convenza de que existe un error grave y manifiesto para que intervengamos en el resultado de esa apreciación.

La parte apelante fuerza su argumentación en el es'tudio de algunas contradicciones, reales o aparentes, en las •que, según el apelante, incurrieron algunos de los testigos.

No tienen las contradicciones en el testimonio la impor-tancia que se les dió en otros tiempos y en otros estados del derecho. El juez tiene una misión más alta que la de oír,, y sujetar sus juicios a lo que se expresó de una determi-nada forma; él tiene que estudiar y pesar lo que se declaró,, que entrar en el fondo de la prueba, y penetrar en el alma de la misma, para obtener una base fundamental para su determinación. Claro es que las contradicciones en que los-testigos incurran pueden tener importancia, para guiarle a la conclusión de que estos testigos no han dicho la verdad; pero las circunstancias que rodean a la producción del tes-timonio, la actitud del testigo, reveladora de su psicología constante, o de su psicología del momento, la misma clase del interrogatorio, pueden y deben llevar al juez a una recta apreciación de la fuerza, o de la inocuidad, de esas contra-dicciones.

Acerca del mismo hecho, presenciado por tres o cuatro personas, igualmente veraces y honestas, e igualmente cons-cientes, pueden surgir en el testimonio de esas personas tres o cuatro versiones diferentes, al menos en el detalle. Nada más fácil, y nada que esté mejor reconocido por los autores en esta materia.

Aparte de esto, la situación del testigo, que por regia general se siente en una condición de inferioridad, con re-lación a los que le rodean, situación que raya en la indefen-sión, real o temida por el que declara; el mismo deseo de decir la verdad sin omitir nada de ella; el temor a que se exagere una contradicción aparente; la necesidad de repe-tir una respuesta varias veces; y el recelo a una infidelidad de la memoria, son elementos que colocan al que se sienta en la silla del testigo, si es persona honesta y de recta con-ciencia, en condiciones poco envidiables. Y todos esos son elementos que un juez tiene en cuenta para apreciar las contradicciones, y decidir con respecto a su importancia, a su peso, y a su realidad.

La apreciación de la prueba en conjunto lleva a la con--elusion de que en este caso la torpeza y el desprecio a la vida y seguridad ajenas, amenaza constante de los viandantes y peatones, lia ocasionado la muerte de un hombre, y el per-juicio a una familia. Es correcta la creencia de que el ca-mión de que se trata venía por su lado izquierdo en el ca-mino y a una velocidad alta, que es comentada por uno -de los testigos con la gráfica palabra “esmandado,” o des-mandado, sin mando, sin dominio; que el atropellado venía -a caballo, por el sitio de la carretera que le correspondía con-forme a la ley, y que no hizo nada por cruzar el camino; -que el choque del camión con el cuerpo de Jiménez oca-sionó la muerte de éste; y en general que la falta de cui-dado del chauffeur que guiaba el camión fue la causa del -accidente, que de otra forma pudo evitarse. De que el de-mandado era el dueño del camión, que en esos momentos se utilizaba en su servicio industrial, y era guiado por su em-pleado, no hay duda alguna.

La lectura de la prueba, un tanto penosa por lo extensa, justifica la opinión del juez de distrito. No es extraño que un testigo, bajo un contra-interrogatorio de noventa repre-guntas, como ocurre con Regino González, pueda confundirse un tanto, y caer en alguna contradicción, más de detalle que de fondo. Pero para juzgar de esto, como dejamos dicho, •está el juez ante quien se practica la prueba.

En el caso Rivera v. Martínez, 2 S.P.R. 683, se declaró -que la apreciación de la fuerza probatoria de las declara-ciones en los testigos, ha de hacerse por las cortes, conforme .a las reglas de la sana crítica, considerando la razón en que -se funda, y las circunstancias que en los testigos concurran.

En el caso Delannoy v. Blondet, 22 D.P.R. 235, se dijo:

“Si hay el conflicto de evidencia que indica la parte apelante, a la corte inferior incumbía dirimirlo como lo dirimió a favor de la parte demandante, y si los testigos incurrieron en contradicciones, también a esa misma corte incumbía apreciar el valor probatorio de ■sus declaraciones como también lo apreció a favor de la parte de-mandante, sin que a esta corte de apelación sea permitido ir contra la apreciación becba por la corte inferior al resolver una pretensión ■de nuevo juicio dentro de su facultad discrecional de la que no aparece baya abusado en el presente caso, en que la filiación natural del demandante con relación al demandado’ se sostiene por la •evidencia aportada al juicio. ’ ’

Y en Franqui v. Fuertes Hnos., 41 D.P.R. 224, decimos:

“. . . . En varios casos bemos comentado el lieclio de que in-consistencias entre las declaraciones de los testigos respecto a la forma en que ocurrió un accidente no afecta necesariamente su cre-dibilidad, toda vez que por lo general los testigos pueden estar equi-woeados en parte de lo que vieron o lo que creyeron baber visto. Por otro lado, no es razón para no creer a uno u otro testigo por el .hecho de que ambos relaten exactamente la misma historia, cuando ■existe la posibilidad de que pueden baber hablado sobre el asunto con el abogado, o ensayado entre sí. Cualquiera cuestión de esta clase cae dentro de la apreciación que debe hacer el juzgador del ■caso, o sea, el juez de distrito.”

El primer señalamiento de error en este caso, no puede ■ser considerado, ni tenido como base para una revocación.

Como segundo error se señala el que la corte fijara la .suma de la indemnización en cuatro mil dollars, e impusiera las costas a la parte demandada.

Eealmente se bace difícil saber la edad de José Jiménez •cuando murió. De la demanda aparece que tenía 48 años; •de la certificación de defunción, 55 años; de la certificación ■d.e la licencia para contraer matrimonio, se deduce que en la fecha de su muerte' era hombre de 51 a 52 años. Pero de todas formas, el becbo que resulta de la prueba, es que se trataba de un hombre entre los 48 y los 55 años, sano, ro-busto, que ganaba un jornal de tres dollars diarios, que te-mía una finca que atendía, que sostenía a su esposa y a un hijo, enfermos, y sostenía los gastos de educación de otro hijo. Considerado todo esto, no creemos que la suma fijada para indemnización sea, no ya excesiva, sino alta.

No existe el error señalado bajo ese número.

La sentencia apelada debe ser confirmada.”

EN RECONSIDERACION

Enero 30, 1931

La parte demandada y apelante en este caso nos pide la reconsideración de nuestra sentencia dictada en 16 de enero de 1931.

Ahora la parte alega que aunque no aparecen más que dos señalamientos de error en su alegato en apelación, el día do la vista ante este tribunal el abogado que compareció por tal parte apelante argumentó una excepción previa de falta de hechos basándose en que en la demanda no se alega ni de la prueba aparece curada la omisión de que el accidente ob-jeto de la misma hubiera tenido lugar en un camino público.

Implícitamente esta cuestión ha quedado resuelta en la misma sentencia dictada por este tribunal, aunque cierta-mente la parte apelante ha tenido tiempo y medios de pre-sentar por escrito las alegaciones necesarias, y no lo ha hecho.

Sostenido por la sentencia cuya reconsideración se pide que el hecho ocurrió en la carretera de Las Piedras a Juncos, que según nuestra legislación es un camino público, como lo es toda carretera destinada al servicio público y comprendida en el plan general o en plan especial de carre-teras, se halla resuelto el extremo que para la parte tiene tanta importancia con relación a su excepción previa. No tiene influencia ninguna en la resolución del caso el que se haya hablado del sitio conocido por Juan Martín. No hay otra interpretación lógica de la alegación del número cuatro de la demanda, después de sentar que el perjudicado iba por la carretera de Las Piedras a Juncos y que llegó al sitio de-nominado Juan Martín, que la de que este sitio está en la misma carretera.

Nos parece que hay alguna confusión en la teoría presen-tada por el peticionario con respecto a que la jurisprudencia en casos criminales es aplicable a acciones civiles cuando se trata de infracciones a la ley de automóviles. Aquí no se trata simplemente de una infracción a esa ley sino de la muerte violenta de un ser lmmano ocasionada por negligen-cia o descuido del conductor o chauffeur de nn automóvil, en nna carretera pública.

Por las razones expresadas debe declararse sin lugar la petición de reconsideración.


author: El Juez PeesideNte Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Ojeda, acusado y apelante.
    No. 4367.

    Sometido: Enero 12, 1931.

    Resuelto: Enero 16, 1931.

      A. Fiol Negrón, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez PeesideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia en este caso el 15 de junio de 1930, por la Corte de Distrito de Ponce, condenando al acusado a pagar veinticinco dólares de multa, el acusado apeló para ante este Tribunal Supremo el 15 de agosto siguiente y nada más gestionó.

Basándose en ello, El Pueblo de Puerto Rico, por su fiscal, presentó una moción solicitando la desestimación del recurso, cuya vista fué señalada para el 12 de enero actual.

A la vista no comparecó el acusado pero envió una mo-ción oponiéndose. Acepta en ella los hechos ocurridos tales como los expone El Pueblo, pero sostiene que de acuerdo con la Ley número 4 de abril 18 de 1925, no le incumbe so-licitar la remisión del récord de la apelación, siendo dicha remisión im deber ministerial del secretario de la corte de distrito. Invoca en su favor los casos de El Pueblo v. Lorenzo, 18 D.P.R. 978, El Pueblo v. Agrait, 9 D.P.R. 457, y El Pueblo v. Muñoz, 9 D.P.R. 526, y dice que sn apelación no se funda en la prueba, sino en la insuficiencia de la de-nuncia. Termina suplicando que se declare sin lugar la moción de desestimación y que esta corte ordene al secre-tario de la de distrito de Ponce que certifique y remita lá transcripción de los autos.

Este es un caso nuevo dentro de las desestimaciones que viene solicitando el Pueblo, bien por falta de notificación del escrito interponiendo el recurso, ya por no haberse ar-chivado en tiempo los autos o el alegato. Envuelve la in-terpretación de la dicha Ley número 4 de abril 18 de 1925, en relación con los deberes de los apelantes en la tramita-ción de los recursos por ellos interpuestos.

Por la Ley No. 4 se enmienda el artículo 356 del Código Penal de modo tal que prescribe el procedimiento completo para la tramitación de las apelaciones, bien a virtud de pliegos de excepciones, exposiciones de la causa o transcrip-ción de la evidencia, ya cuando no forman parte del legajo de la sentencia, ninguno de dichos documentos. Su último párrafo es así:

“Constituirá el récord de una apelación en causa criminal, el legajo de la sentencia, del cual se habrá hecho formar parte, el pliego de excepciones, la exposición de la causa o la transcripción de la evi-dencia, según sea el caso, certificado por el secretario de la corte de distinto quien deberá remitirlo al Secretario de la Corte Suprema, dentro de los treinta días siguientes de haberse aprobado el pliego de excepciones, la exposición de la causa o la transcripción de la evi-dencia, si lo hubiere, o dentro de treinta días de haberse registrado en la causa el escrito de apelación. Al recibirse dicho récord será el deber del Secretario de lá Corte Suprema, dar entrada a la causa en el libro correspondiente de dicha corte.”

Eit este caso concreto no existe pliego de excepciones, exposición del caso, o transcripción de evidencia. La parte apelante dice que sólo basa el recurso en la deficiencia de la acusación. Siendo ello así, estamos enteramente confor-mes con el apelante en que no tenía para qué gestionar la preparación de pliego alguno de excepciones, exposición de la causa o transcripción de la evidencia, y en que una vez interpuesta la apelación y transcurrido el plazo de diez días fijado por la ley sin que el apelante hiciera gestión alguna en relación con la preparación de los indicados documentos, surgió en el secretario de la corte sentenciadora el claro de-ber de remitir al secretario de esta Corte Suprema el legajo de la sentencia, dentro del término legal de treinta días, con-tado a partir del en que se registrara el escrito de apelación. En lo que no podemos estar conformes con el apelante es en que nada tenía que gestionar en relación con la remisión de los autos.

El recurso fué por él interpuesto para su propio bene-ficio. A virtud de su interposición quedó suspendida la eje-cución de la sentencia. El legislador le dió oportunidad de que su causa fuera oída en apelación, sujeto el recurso a las formalidades por el mismo legislador establecidas. Impuso el deber de remitir el récord al secretario y al apelante in-cumbe gestionar que por el secretario se cumpla tal deber. De otro modo la negligencia del secretario se convierte en su propia negligencia y le perjudica. Ese es el criterio que ha sostenido esta Corte en casos similares, interpretando la ley referente a la tramitación de apelaciones en pleitos ci-viles, criterio que es perfectamente aplicable a causas cri-minales. Yéase 1 Digesto de Puerto Eico, 289.

Examinados los casos de El Pueblo v. Lorenzo, 18 D.P.R. 978, El Pueblo v. Agrait, 9 D.P.R. 457, y El Pueblo v. Muñoz, 9 D.P.R. 526, invocados por el apelante, encontramos que la jurisprudencia en ellos establecida en modo alguno le favorece. Al contrario, sostiene que no obstante ser el secretario el que de acuerdo con el artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal tiene la obligación de remitir al Tribunal Supremo la transcripción de los autos, al apelante incumbe el deber de hacer que se presente dicha transcrip-ción perfecta y completa, pudiendo, si no se presentare de tal modo, solicitar su corrección de acuerdo con las reglas de este Tribunal.

Por virtud de todo lo expuesto, habiendo vencido el tér-mino para el archivo del legajo de la sentencia en la Secre-taría de esta Corte Suprema desde el 15 de septiembre de 1930, sin que el récord se haya radicado .aún, ni el apelante haya hecho gestión alguna para que se radique, debe decla-rarse con lugar la moción de El Pueblo y en su consecuencia desestimarse, por abandono, el recurso.


author: El Juez Asociado Seño® Wole,

text:
    Jesús María Rossy, demandante y apelante, v. Rafael del Valle Zeno, demandado y apelado.
    No. 5547.

    Sometido: Enero 12, 1931.

    Resuelto: Enero 16, 1931.

      E. Días Viera j Jesús M. Bossy, abogados del apelante; M. Acosta Velarde, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Seño® Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Durante la celebración del juicio en este caso, después de declarar sin lugar una excepción previa a la demanda, la corte de distrito, a instancia oral del demandado, ordenó que se eliminaran ciertos párrafos de la aludida demanda. El demandante mismo eliminó ciertos párrafos adicionales de la demanda. Bajo estas condiciones, la corte dictó sentencia a favor del demandado, prácticamente, según entendemos, sobre las alegaciones tal como aparecían en aquel entonces. El demandante sostiene que los párrafos así eliminados pol-la corte lo dejaron sin causa de acción. El demandado so-licita la desestimación del recurso fundándose en que la transcripción de autos no ba sido radicada en este Tribunal dentro de treinta días de haberse archivado el escrito de apelación.

En la sentencia de la corte inferior aparece la asevera-ción de que la corte consideró que su actuación aparecía del récord. El apelante alega en su oposición a la moción para desestimar que las actuaciones de las partes y de la corte sólo constan en las notas taquigráficas. El apelante solicitó de la corte que le permitiera transcribir dichas notas, y la corte accedió, como si se tratara substancialmente de la in-corporación de la prueba, conforme dispone la ley No. 27 de 1917, según fue enmendada por la No. 21 de 1919.

Tenemos la idea de que hubiese sido mejor, de no ser ab-solutamente necesario, que la moción eliminatoria fuera pre-sentada por escrito y radicada durante la vista del caso, y que la corte igualmente escribiera y archivara una resolución eliminando determinados particulares de la demanda. En una corte de récord, el estado de las alegaciones debe apa-recer del legajo de la sentencia mismo, y no de las notas del taquígrafo.

Sin embargo, bajo la ley de marzo 10, 1904, se exige a los taquígrafos que transcriban todos los procedimientos orales, y que una copia de tal récord constituya prima facie las mi-nutas de la corte.

Si se presta atención a la interpretación literal de la ley, la transcripción debió haber sido radicada en este .Tribunal dentro de treinta días, según se ha indicado. Quizá hubiera sido mejor que el apelante solicitara una prórroga para completar la transcripción. Como a causa de la actitud asumida por la corte se precisa la transcripción taquigrá-fica para completar el legajo de la sentencia, haremos uso de nuestra discreción declarando sin lugar la moción para desestimar y concediendo al apelante diez días, a partir de la fecha en que se apruebe la transcripción taquigráfica, para radicar la transcripción en esta Corte.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Aldret,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Factoría Central Los Caños, acusada y apelante.
    No. 4271.

    Sometido: Diciembre 17, 1930.

    Resuelto: Enero 16, 1931.

      G. Zeno Sama, abogado de la apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante lia interpuesto este recurso contra sentencia que la condena por tener en su establecimiento industrial una báscula para la compra de cañas a colonos que registra peso falto o incompleto; y el primer motivo que alega para sostenerlo es que la contrastación de su báscula no se hizo con pesas de indiscutible exactitud, debidamente comproba-das, porque además de varias pesas se usó un vagón de hierro que se dice tenía entonces 17,870 libras de peso, sin que esto se probase en el juicio.

Ese vagón se usa con varias pesas para contrastar las básculas grandes y el día anterior al que se refiere la acu-sación fué comprobado' su peso en una báscula de ferrocarril que pesó con exactitud 10,950 libras que con varias pesas no discutidas, le fueron puestas, en cuya báscula fué pesado después el vagón dando un peso de 17,870 libras. Pero alega la apelante que el lieclio de que la báscula del ferro-carril pesara bien las 10,950 libras que se le pusieron en pesas no significa que pesara bien las 17,870 que registró el vagón, porque un peso menor no es comprobante para un peso mayor.

El testigo que hizo la comprobación del peso del vagón declaró que la experiencia ha demostrado que una báscula que pese bien 10,950 libras, si tuviera un error desde esa cantidad hasta 17,000 libras, el error sería insignificante. Nos parece que esta explicación es satisfactoria y suficiente, pues habiendo dado la báscula del ferrocarril peso exacto con las 10,950 libras que le pusieron con varias pesas parece lo natural que también debe ser correcto su peso de las 7,920 libras restantes del peso que acusó el vagón, salvo prueba en contrario de que eso no es así o de que en este caso con-creto el peso del vagón era inferior a 17,870 libras, prueba que no fué presentada.

El otro motivo para la apelación es que cuando se veri-ficó la contrastación de la báscula ocurría en ella un caso de fuerza mayor porque un canal de riego que está próximo a ella se había desbordado metiendo agua en la romana.

El lieclio del desbordamiento del agua de un canal de riego no es constitutivo de fuerza mayor; pero aunque lo fuera siempre resultaría que si bien un testigo de la ape-lante declaró que el agua que tenía la romana podría afec-tar a ella, ese mismo testigo declaró que el inspector de pesas y medidas manifestó lo contrario, por lo que creemos que tampoco es sostenible el segundo motivo de error.

La sentencia apelada debe ser confirmada.