author: La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

text:
    Oriental Bank & Trust, peticionario, v. Perapi S.E., Pedro Ortiz Álvarez, Ina de Lourdes Cortés Ríos, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, Zeta Enterprises, Inc., John Doe, Richard Roe, demandados, Perapi S.E., Pedro Ortiz Álvarez, Ina de Lourdes Cortés Ríos y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, recurridos.

      Número: AC-2013-0098

      Resuelto: 5 de noviembre de 2014

      Escrito de Apelación de una Sentencia de Luis R. Pinero Gon-zález, Sixto Hernández Serrano y Olga Birriel Cardona,

      Daniel Molina López y Lizannette Morales Crespo, de Totti & Rodríguez Díaz, PSC, abogados de la parte peticionaria; Jesús Antonio Rodríguez Urbano y Luis Emanuel Melén-dez Cintrón, de Pedro Ortiz Alvarez, LLC, abogados de la parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

emitió la opinión del Tribunal.

Comparece ante nos Oriental Bank & Trust (en ade-lante Oriental Bank) y solicita que revoquemos una Sen-tencia del Tribunal de Apelaciones. Mediante el dictamen recurrido se revocó una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia que declaró “con lugar” una Demanda en cobro de dinero y ejecución de prenda e hipo-teca instada por Oriental Bank contra Perapi, S.E., ZETA Enterprises, Inc., el Ledo. Pedro E. Ortiz Alvarez, su es-posa, la Sra. Ina de Lourdes Cortés Ríos y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por ambos (en adelante los recurridos).

Hoy tenemos la oportunidad de expresarnos en torno a la aplicación de la excepcional cláusula rebus sic stantibus en el contexto de la recesión económica que sufrimos en Puerto Rico desde mediados del 2006. Tras un análisis de la controversia ante nuestra consideración resolvemos, en primer lugar, que la crisis económica, sin más, no es una circunstancia imprevisible que justifique la invocación y subsiguiente aplicación de esta cláusula como defensa contra la máxima pacta sunt servanda en el ámbito contractual. Como consecuencia, resolvemos, además, que los tribunales no están impedidos de dictar Sentencia su-mariamente por la mera presentación de una alegación de rebus sic stantibus fundamentada en la crisis económica.

A continuación exponemos los hechos que dieron génesis a la controversia de autos.

I

El 12 de enero de 2007, Perapi, S.E., representada por su Presidente, el licenciado Ortiz Álvarez, y el banco co-mercial Eurobank otorgaron un Contrato de Préstamo dirigido a lo siguiente: (a) rehabilitar o reconstruir tres (3) edificios en el área histórica del municipio de Ponce, los cuales iban a ser utilizados por los recurridos para ofrecer espacios de arrendamiento comercial; (b) refinanciar cierta deuda existente con Eurobank, y (c) financiar cualquier costo relacionado al Contrato.() A su vez, el Contrato de Préstamo estaba garantizado por un Contrato de Prenda otorgado el mismo día mediante el cual Perapi, S.E. en-tregó a Eurobank seis (6) Pagarés Hipotecarios para responder por sus obligaciones en caso de incumplimiento.() Perapi, S.E. suscribió unas garantías adicionales mediante documentos en los cuales se constituyó un gravamen sobre todos los arrendamientos y acuerdos de opción presentes y futuros que tuviera esa entidad.!) Además, una corpora-ción profesional de nombre Pedro E. Ortiz Alvarez, PSC, cedió a favor de Eurobank un crédito que tenía contra ZETA Enterprises, Inc.() Finalmente, el licenciado Ortiz Alvarez, su esposa, la señora Cortés Ríos y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, otorgaron un Contrato de Garantía Personal mediante el cual se obliga-ron solidariamente a satisfacer todas las cantidades pre-sentes y futuras que fueran adeudadas por Perapi, S.E.()

Debido al incumplimiento de Perapi, S.E. con los térmi-nos del Contrato de Préstamo, el 16 de mayo de 2011 Oriental Bank, como sucesor en interés de Eurobank,!) presentó una acción civil en cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca contra los recurridos. Luego de varios trámites procesales, los recurridos presentaron su Contes-tación a Demanda y Reconvención el 4 de agosto de 2011,() alegando en síntesis, que: (1) el Contrato de Préstamo y demás documentos relacionados adolecían de nulidad de-bido a la mala fe y dolo contractual por parte de Eurobank; (2) Oriental Bank se estaba enriqueciendo injustamente, y (3) aplicaba la cláusula rebus sic stantibus debido al estado actual de la economía.!) El 7 de septiembre de 2011, Oriental Bank presentó su Contestación a la Reconven-ción, en esencia negando las alegaciones de los recurridos.

Tras varios trámites procesales adicionales que resultan impertinentes para resolver la controversia ante nuestra consideración, Oriental Bank presentó una Solicitud para que se Dicte Sentencia Sumaria el 11 de abril de 2012. Argumentó en síntesis que no existían hechos materiales en controversia, por lo que procedía que se dictara Senten-cia a su favor por la totalidad de lo adeudado y demás sumas contractualmente pactadas por las partes, así como la ejecución de prenda e hipoteca de las garantías que for-maban parte del Contrato de Préstamo. Los recurridos pre-sentaron su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria el 26 de junio de 2012, señalando varios hechos que estima-ban materiales y en controversia, aludiendo principal-mente a la crisis económica como hecho imprevisible que afectó su capacidad de repago y al alegado enriquecimiento injusto por parte de Oriental Bank. Junto a su oposición, los recurridos presentaron un Informe Pericial relacionado a la actual crisis económica.() Ante ello, Oriental Bank presentó una Réplica a Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, argumentando en síntesis que no aplicaban las figuras de rebus sic stantibus y enriquecimiento injusto y que los recurridos fallaron en controvertir algún hecho material que impidiera que se dicte Sentencia sumariamente. Además, incluyeron su propio Informe Pericial controvir-tiendo el presentado por los recurridos sobre la situación económica de Puerto Rico()

El 19 de marzo de 2013, archivada en autos copia de su notificación el 3 de abril de 2013, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia mediante la cual concluyó que no estaba en controversia el hecho material de que los recu-rridos incumplieron con su obligación de pagar el préstamo según los términos del Contrato otorgado entre las partes. Por lo tanto, luego de concluir que no aplicaban las doctri-nas de rebus sic stantibus y enriquecimiento injusto, pro-cedió a dictar Sentencia sumariamente a favor de Oriental Bank. Posteriormente, los recurridos presentaron una Mo-ción de Reconsideración ante el foro primario, la cual fue contestada por Oriental Bank y eventualmente denegada.

Los recurridos oportunamente presentaron un recurso de apelación ante el foro apelativo intermedio, quien re-vocó el dictamen del foro primario mediante Sentencia emitida el 30 de agosto de 2013 y archivada en autos copia de su notificación el 9 de septiembre de 2013. Entendió el tribunal a quo que no procedía resolver el pleito de autos sumariamente, pues podrían estar en controversia hechos materiales que afectarían la procedencia de la defensa afir-mativa de rebus sic stantibus. Así las cosas, determinó que procedía devolver el caso al foro primario para la celebra-ción de un juicio en su fondo en donde se le permitiera a las partes presentar prueba en cuanto a la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus y otros asuntos.

No conforme con esta determinación, Oriental Bank presentó recurso de apelación ante nos, para señalar que el Tribunal de Apelaciones erró en lo siguiente: (1) al enten-der que no se desfiló prueba en cuanto a la paridad de las prestaciones entre las partes, y (2) al determinar que no procedía dictar Sentencia Sumaria debido a que existen hechos materiales en controversia relacionados a la proce-dencia de la defensa de rebus sic stantibus. Atendido el recurso de apelación presentado por Oriental Bank, lo aco-gimos como certiorari y ordenamos a los recurridos mos-trar causa por la cual no procede revocar el dictamen del foro apelativo intermedio. Luego de una prórroga, los recu-rridos cumplieron con nuestra Orden.

Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, resolvemos.

II

A. Las relaciones contractuales en nuestra jurisdicción se rigen por los principios de la autonomía de la voluntad y pacta sunt servanda. El primero, la autonomía de la voluntad, está recogido en el Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico y dispone que las partes en un contrato tienen la libertad para “establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. 31 LPRA see. 3372. Por otro lado, el principio de pacta sunt servanda, estatuido en el Art. 1044 del Código Civil de Puerto Rico, establece que “[l]as obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”. 31 LPRA see. 2994. Véase PRFS v. Promoexport, 187 DPR 42, 52 (2012).

Cuando hablamos de la obligatoriedad de los contratos no solo nos limitamos a los términos expresamente pactados en el propio contrato, sino que abarca “todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 3375. Para que un contrato se considere perfeccionado y, por lo tanto, obligue a las partes a su cumplimiento, deben concurrir tres elementos: (1) consentimiento de los contratantes, (2) objeto y (3) causa. Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 3391.

Sin embargo, un contrato debidamente perfeccionado puede ser objeto de modificación por los tribunales bajo ciertas circunstancias, pues estos tienen la facultad de resolver conforme a equidad, teniendo en cuenta “la razón natural de acuerdo con los principios generales del dere-cho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos”. Art. 7 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 7. Véase Integrand Assurance v. CODECO et al., 185 DPR 146, 174—175 (2012). Uno de los remedios en equidad que una parte en un contrato puede reclamar se conoce como la “cláusula o condición rebus sic stantibus et aliquo de novo non emergentibus”. BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 694 (2008) (citando a J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. II, Vol. I, pág. 353). Aunque ha transcurrido más de medio siglo desde que esta Curia se expresó por primera vez en cuanto a la cláusula rebus sic stantibus,i ) esa figura jurídica única-mente ha sido objeto de un análisis exhaustivo en dos (2) ocasiones. Véanse: BPPR v. Sucn. Talavera, supra; Casera Foods, Inc. v. E.L.A., 108 DPR 850 (1979).

La cláusula rebus sic stantibus como fundamento para revisar los términos de un contrato surge de diversos principios de la teoría general de las obligaciones y los contratos, tales como la buena fe, el abuso del derecho y la equidad contractual. BPPR v. Sucn. Talavera, supra, pág. 694; Casera Foods, Inc. v. E.L.A., supra, pág. 855. Tratándose la cláusula rebus sic stantibus de una condición que se encuentra implícita en el contrato, esta doctrina “parte del supuesto que los contratos de tracto sucesivo o de cumpli-miento aplazado obligan mientras no ocurran cambios im-portantes en el estado de hechos contemplado por las par-tes al momento de contratar”. íd., pág. 694. Esta sirve para atemperar la inflexibilidad y severidad del principio de pacta sunt servanda establecido en el Art. 1044 del Código Civil, supra, permitiéndole al Tribunal intervenir en el contrato y evitar que se lacere la buena fe o que se cause una injusticia al obligar su cumplimiento específico. BPPR v. Sucn. Talavera, supra, pág. 695. Esta doctrina “repre-senta un contrapeso a la rigidez y absolutismo expuesto en la prédica de sostener a ultranza, en todo momento y cir-cunstancia, la voluntad contractual de las partes simboli-zada en la conocida máxima pacta sunt servanda”. Casera Foods Inc. v. E.L.A., supra, pág. 854.

Debido a que en nuestro ordenamiento no hay disposición legal alguna que contemple la aplicación de la doctrina, por vía jurisprudencial hemos establecido que los requisitos siguientes deben concurrir al momento de evaluar la procedencia de la cláusula rebus sic stantibus, que: (1) ocurra una circunstancia imprevisible como una cuestión de hecho dependiente de las condiciones que concurran en cada caso, lo cual es un requisito fundamental; (2) el cumplimiento con las prestaciones del contrato sea extremadamente oneroso, lo cual también es una cuestión de hecho; (3) no se trate de un contrato aleatorio o haya un elemento de riesgo que sea determinante; (4) ninguna de las partes haya incurrido en algún acto doloso; (5) se trate de un contrato de tracto sucesivo o que esté referido a un momento futuro; (6) la alteración de las circunstancias sea posterior a la celebración del contrato y que presente un carácter de cierta permanencia, y (7) que una parte invoque la aplicación de la doctrina. Casera Foods Inc. v. E.L.A., supra, pág. 856.()

Aunque se trata de un remedio excepcional, una vez se demuestra la concurrencia de todos los requisitos para su procedencia “el ámbito remedial del tribunal es amplísimo y flexible”. Casera Foods Inc. v. E.L.A., supra, pág. 857. Entre los posibles remedios se incluyen, sin limitarse a ello y según las circunstancias de cada caso: la suspensión temporera de los efectos del contrato; su resolución o rescisión; la revisión de los precios; la suspensión o moratoria, y otros remedios que los tribunales estimen justos y equitativos. Id.

No obstante, hemos resuelto que en ocasiones un contrato puede ser revisado por los tribunales mediante la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, a pesar de que no concurran los siete (7) requisitos mencionados. BPPR v. Sucn. Talavera, supra, pág. 715. Mediante un análisis de la cláusula rebus sic stantibus al amparo de la equidad y la buena fe, así como de las doctrinas de la imprevisión en Francia, de la base del negocio en Alemania y de la excesiva onerosidad en Italia, expresamos:

Cuando la justicia requiere la intervención de los tribunales conforme a la equidad y la buena fe porque desaparece la base del negocio y falla la causa del contrato, la posibilidad de mo-derar el contrato rebasa el campo de lo subjetivo y los tribunales no están limitados por los criterios elaborados en Casera Foods, Inc. v. E.L.A., supra, para la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. (Enfasis nuestro). Id.()

Conforme a lo anterior, podría proceder la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus a una controversia en particular a pesar de que no se encuentran presentes todos los criterios esbozados en Casera Foods, Inc. v. E.L.A., supra, cuando se alteren las bases del negocio de forma tal que desaparezca la causa que dio origen al contrato y las prestaciones entre las partes se tornen desproporciónales entre sí. BPPR v. Sucn. Talavera, supra, pág. 715. En estos casos, obligar el cumplimiento específico del contrato podría vulnerar la buena fe, la autonomía de la voluntad y el principio de pacta sunt servanda. íd.

No debemos perder de perspectiva que aunque nuestro ordenamiento provee para aplicar la cláusula rebus sic stantibus, “se trata de un remedio de excepción, para situaciones extraordinarias en que se impone un prudente y escrupuloso discernimiento judicial de moderación”. (Enfasis nuestro). Casera Foods, Inc. v. E.L.A., supra, pág. 857. Véase, además, Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 DPR 1, 36-37 (2000).() Consecuentemente, en todo momento debemos tener presente que a pesar de que pueden surgir circunstancias que ameriten la invocación de la cláusula rebus sic stantibus, “la obligatoriedad e irrevocabilidad del contrato es de suma importancia para la estabilidad de las negociaciones y las relaciones económicas”. BPPR v. Sucn. Talavera, supra, pág. 696. Por tales motivos, en todo caso en donde se contemple la apli-cación de la excepcional norma, es un requisito sine qua non para su procedencia el que la circunstancia que altera el negocio sea realmente imprevisible.

B. La crisis económica mundial, como circunstancia imprevisible que afecta la paridad de las prestaciones en un contrato, ha sido objeto de controversia en años recientes. Como se desprende de la controversia de autos, Puerto Rico no está ajeno a ello, pues nos encontramos en medio de una recesión económica desde mediados del 2006.()

Según se puede colegir de nuestras expresiones en Casera Foods, Inc. v. E.L.A., supra, y BPPR v. Sucn. Talavera, supra, el desarrollo doctrinal de la cláusula rebus sic stan-tibus en nuestra jurisdicción proviene principalmente del Derecho Civil español, según este ha sido complementado por figuras análogas encontradas en otras jurisdicciones civilistas tales como la francesa, la alemana y la italiana. Por lo tanto, aunque no estamos obligados por sus pronun-ciamientos, resulta conveniente acudir a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de España para ayudar-nos a resolver la controversia que hoy se nos presenta.

En España recientemente se ha desarrollado jurispru-dencia específicamente relacionada a la crisis económica como motivo para invocar la cláusula rebus sic stantibus. En la Sentencia Núm. 243 de 27 de abril de 2012, el Tribunal Supremo de España evaluó un Contrato de Arrenda-miento Comercial de larga duración a la luz de los requisi-tos para la aplicación de la excepcional doctrina. En cuanto a los cambios en la economía, sentenció el máximo foro español que

[...] la transformación económica de un país [...] no puede servir de fundamento para el cumplimiento de los requisitos requeridos por la jurisprudencia para llegar a la existencia de un desequilibrio desproporcionado entre las prestaciones fun-dado en circunstancias imprevisibles, pues las circunstancias referidas no pueden tener tal calificación. (Enfasis nuestro). íd.()

El Tribunal Supremo español fue aún más categórico en cuanto al carácter previsible de la crisis económica al de-negar aplicar la cláusula rebus sic stantibus en la Senten-cia Núm. 597 de 8 de octubre de 2012, donde enfatizó que un deudor debe “prever la existencia de una situación de riesgo que era posible anticipar mentalmente, dado que las fluctuaciones del mercado son cíclicas como la historia eco-nómica demuestra”. (Enfasis nuestro).

Por su pertinencia a la controversia de autos, debemos señalar, además, que distintos tribunales apelativos inter-medios de España han enfatizado el carácter previsible de la crisis cuando se trata de empresas que se dedican a los negocios de bienes raíces o construcción. Véanse la Senten-cia de 1 de marzo de 2012 de la Audiencia Provincial de Alava (“[L]a demandada es una empresa [que se] dedica a la adquisición de terrenos urbanos y rústicos por lo que bien pudo prever el descenso de las ventas y la bajada de precios en el sector, consecuencia de la desaceleración del mercado inmobiliario”), y la Sentencia de 20 de marzo de 2012 de la Audiencia Provincial de Lleida (“La crisis en el sector de la construcción no puede suponer una justifica-ción genérica para el incumplimiento de las obligaciones por todos los que se dedican a este sector”).

Sin embargo, recientemente el Tribunal Supremo de Es-paña ha demostrado cierta flexibilidad en el contexto particular de una compraventa de un hogar que no se pudo completar porque los compradores no pudieron obtener un préstamo hipotecario debido a la crisis economical) En la Sentencia Núm. 820 de 17 de enero de 2013, luego de ha-berse obligado mediante un Contrato de Compraventa, a la fecha del otorgamiento de la Escritura Pública los deudo-res alegaron no poder obtener el financiamiento necesario para adquirir la propiedad debido a la crisis económica. Expresó el Tribunal Supremo español lo siguiente:

[U\na recesión económica como la actual, de efectos profundos y prolongados, puede calificarse, si el contrato se hubiera cele-brado antes de la manifestación externa de la crisis, como una alteración extraordinaria de las circunstancias, capaz de ori-ginar, siempre que concurran en cada caso concreto otros re-quisitos como aquellos a los que más adelante se hará referen-cia, una desproporción exorbitante y fuera de todo cálculo entre las correspectivas prestaciones de las partes, elementos que la jurisprudencia considera imprescindibles para la apli-cación de [la cláusula rebus sic stantibus]. (Enfasis nuestro). íd.

No obstante, puntualizó el Tribunal Supremo español que lo anterior

[...] no significa que la crisis económica, por sí sola, permita al comprador desistir del contrato, pues en tal caso se produciría un manifiesto desequilibrio en contra del vendedor, se propicia-rían los incumplimientos meramente oportunistas, favore-ciendo a quien en verdad siguiera interesado en comprar pero por un precio inferior, y, en definitiva, se desvirtuaría el verda-dero sentido de una determinada solución jurídica hasta el punto de convertirla en un incentivo para el incumplimiento. (Énfasis nuestro). íd.

A base de lo anterior, el máximo foro judicial español resolvió que no procedía aplicar la cláusula rebus sic stan- tibus a la controversia ante sí, ya que su aplicación “no puede fundarse en el solo hecho de la crisis [económica]”, sino que deberán evaluarse otros factores sobre los cuales las partes deberán presentar prueba. (Énfasis nuestro). íd.()

En ese sentido, a pesar de contemplar la aplicación de la norma en situaciones que involucren la compraventa de hogares, el Tribunal Supremo español se mantiene firme en cuanto a su carácter excepcional.() Es decir, la única circunstancia donde el Tribunal Supremo español ha con-siderado aplicar la doctrina es en casos en donde la crisis económica imposibilita la obtención del préstamo hipoteca-rio necesario para la compra de un hogar, y aun así se ha mostrado renuente a aplicarla en ese contexto.() Para pro-pósitos de nuestro análisis, es importante destacar que aunque bajo estas circunstancias específicas la cláusula rebus sic stantibus podría ser de aplicación, el Tribunal Supremo español entiende que la crisis económica no es un fundamento que por sí solo amerite aplicar la doctrina, sino que dependerá de la concurrencia de un conjunto de factores que serán evaluados por los tribunales. Además, es impor-tante notar que, en todo caso, el contrato debe haberse cele-brado previo al comienzo de la crisis económica.()

De lo anterior podemos observar una tendencia del máximo foro judicial español a rechazar la modificación de un contrato debido a la crisis económica, asunto que debe-mos considerar al abordar el tema en nuestra jurisdicción. Esto es cónsono con el carácter excepcional que siempre se le ha otorgado a la cláusula rebus sic stantibus. Además, se puede apreciar que el carácter de previsibilidad de la crisis económica —o, a contrario sensu, su imprevisibilidades— un criterio fundamental que ha de evaluarse a la hora de resolver si procede aplicar la doctrina, asunto que para los tribunales españoles resulta aún más fácil de determinar en casos en los cuales quien invoca su aplicación es una empresa dedicada al negocio de bienes raíces o de la construcción.

III

Según mencionamos al resumir el trámite procesal del asunto ante nuestra consideración, está en controversia si el foro primario actuó correctamente al disponer del caso por la vía sumaria. Repasemos brevemente el Derecho re-lacionado a la procedencia de una Sentencia Sumaria en nuestro ordenamiento jurídico.

El propósito del mecanismo procesal de Sentencia Sumaria es proveer una solución justa, rápida y económica para aquellos litigios de naturaleza civil en donde no existe un conflicto o controversia genuina de hechos materiales. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). En atención a ello, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil provee para que un demandante pueda “presentar una moción fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes”. 32 LPRA Ap. V; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 430.

De no existir controversia en cuanto a los hechos mate-riales que motivaron el pleito, el tribunal podrá dictar sen-tencia sumariamente a favor de la parte que la solicita sin la necesidad de celebrar un juicio, pues solo restaría apli-car el derecho a los hechos no controvertidos. Íd.; Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 128; Mejias et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Abrams Rivera v. E.L.A., supra, pág. 932; Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009). Empero, el tribunal úni-camente dictará Sentencia Sumaria a favor de una parte si el derecho aplicable así lo justifica. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 15-16. La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, dispone los requisitos con los que debe cumplir una moción de sentencia sumaria y su oposición.

Ante una moción de sentencia sumaria debidamente presentada y fundamentada, la parte que se opone debe demostrar que existe controversia en cuanto a algún hecho material que sea constitutivo de la causa de acción del demandante. Nos hemos referido a un hecho material como “aquel que puede afectar el resultado de la reclama-ción de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. (Cita omitida). Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Véanse, además: SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 15; Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, págs. 299-300; S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011).

De otra parte, la controversia en cuanto a un hecho material debe ser real, por lo que cualquier duda que pueda surgir no es suficiente para derrotar la procedencia de una moción de sentencia sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214. “Tiene que ser una duda que permita con-cluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. íd. Véase, también, Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, supra, pág. 756. Por otro lado, aun-que toda inferencia que se haga sobre los hechos incontro-vertidos debe hacerse a favor de la parte que se opone a que se dicte Sentencia Sumaria, esta no puede meramente cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, supra, pág. 756. Podemos encontrar que existe una controversia real y sustancial en cuanto a un hecho material cuando la parte que se opone a que se dicte sentencia sumariamente presenta prueba que podría inducir a un juzgador racional de los hechos a resolver a su favor. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214.

En fin, los tribunales estamos impedidos de dictar Sentencia Sumaria cuando existan hechos materiales y esenciales controvertidos. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, supra, pág. 757; S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 167; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). Tampoco pro-cede dictar sentencia sumaria cuando hay alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas, cuando de los propios documentos que acompañan la moción surge que existe una controversia sobre algún hecho material y esencial, o cuando como cuestión de Derecho no procede. Id. No obstante, según se desprende de nuestra discusión, si lo anterior no ocurre y la Sentencia Sumaria procede como cuestión de Derecho, el Tribunal deberá dictar sen-tencia sumariamente a favor de quien la solicita.

IV

Evaluado el marco jurídico pertinente, nos toca aplicar el Derecho a los hechos ante nuestra consideración. Oriental Bank aduce que incidió el Tribunal de Apelaciones al revocar la Sentencia Sumaria dictada a su favor por el Tribunal de Primera Instancia. En suma, el foro apelativo in-termedio entendió que la controversia ameritaba celebrar un juicio en su fondo, ya que el foro primario no contaba con prueba suficiente para determinar si procedía o no la defensa de rebus sic stantibus en yuxtaposición con la crisis económica.

Ciertamente, este Tribunal ya ha atendido anterior-mente la interrogante en cuanto a si procede aplicar la cláu-sula rebus sic stantibus a una controversia contractual. No obstante, no habíamos tenido la oportunidad de aplicar la norma en el contexto de la crisis económica que enfrentamos en Puerto Rico desde mediados del 2006, hecho de cuya exis-tencia tomamos conocimiento judicial. Por ello, como cues-tión de umbral debemos resolver si la crisis económica puede servir como fundamento para aplicar la cláusula rebus sic stantibus y modificar los términos de un Contrato por la vía judicial. Resolvemos que no. Veamos.

En primer término, las fluctuaciones del mercado y los giros que da la economía son eventos cíclicos que hacen de una crisis económica un evento previsible. Así ocurrió con la Gran Depresión de 1930, la crisis petrolera en la década del 1970, la crisis financiera a principios de la década del 1980, así como otros eventos que ocurrieron antes y des-pués a los aquí mencionados. Permitir que una crisis eco-nómica, sin más, sirva como fundamento para ignorar la máxima pacta sunt servanda y aplicar la cláusula rebus sic stantibus implicaría convertir la excepción en la norma, con la fatal consecuencia de crear caos e incertidumbre en las relaciones contractuales en nuestra jurisdicción.

Debido a que la situación económica adversa de la Isla nos afecta a todos, caracterizar la crisis actual como una circunstancia imprevisible y aplicar la doctrina conllevaría a que todos estuviéramos excusados de pagar nuestros ho-gares, automóviles, tarjetas de crédito y cualquier otra deuda en la que hayamos incurrido previo al advenimiento de la crisis económica en Puerto Rico. Aún más devastador sería contemplar la aplicación de la excepcional doctrina a Contratos de Préstamos Comerciales con garantías pren-darias e hipotecarias, tal y como el Contrato que evalua-mos en el presente recurso, ya que significaría sentenciar a muerte el sistema financiero de Puerto Rico y condenar a sus ciudadanos a presenciar un caos económico sin precedentes. ()

Por lo tanto, resolvemos que la crisis económica, sin más, no puede considerarse como una circunstancia imprevisible, por lo que no puede servir como fundamento suficiente para que los tribunales procedan a modificar los términos de un Contrato mediante la cláusula “rebus sic stantibus”.

Habiendo ya resuelto que la crisis económica no es una circunstancia imprevisible, luego de evaluar la controver-sia de autos a la luz de los requisitos esbozados en Casera Foods, Inc. v. E.L.A., supra, resulta forzoso concluir que no concurren los elementos necesarios para que proceda la de-fensa invocada por los recurridos. En primer lugar, de en-trada podemos observar que el requisito fundamental de imprevisibilidad no está presente, lo cual derrota cualquier pretensión que tuviesen los recurridos en cuanto a la apli-cabilidad de la cláusula rebus sic stantibus. Segundo, aun si cualificáramos la crisis económica como un evento im-previsible, lo cual negamos, los recurridos entraron en la relación contractual con Oriental Bank en el 2007, a sa-biendas de que Puerto Rico se encontraba en una recesión económica desde el 2006.

Igualmente, debido a que la crisis económica no es una circunstancia imprevisible, tampoco se configura una si-tuación donde podríamos ejercer nuestra función modera-dora a la luz de nuestros pronunciamientos sobre la buena fe y la equidad en BPPR v. Sucn. Talavera, supra. Además, contrario a los hechos que motivaron moderar los términos del Contrato en aquella ocasión, en la controversia de autos nos encontramos ante un Contrato típico y ante un deu-dor que es conocedor de la industria de la construcción y bienes raíces, y se obligó como parte de sus actividades comerciales rutinarias.!)

Por lo tanto, actuó correctamente el foro primario al dic-taminar que la cláusula rebus sic stantibus no aplicaba a la controversia de autos, por lo que es improcedente pasar prueba relacionada a su aplicación. Esto, a su vez, nos lleva a concluir que erró el Tribunal de Apelaciones al re-vocar la Sentencia Sumaria dictada por el foro primario. Ya habiendo resuelto que la crisis económica no era imprevi-sible y que, por lo tanto, es improcedente una defensa de rebus sic stantibus que se base en estas circunstancias, tampoco puede servir como fundamento para impedir que se dicte Sentencia sumariamente.

En su Solicitud para que se Dicte Sentencia Sumaria, Oriental Bank demostró ser acreedor prendario e hipoteca-rio de una deuda líquida, vencida y exigible. Por su parte, los recurridos, en vez de controvertir los hechos menciona-dos, se limitaron a discutir la aplicabilidad de la cláusula rebus sic stantibus basada en la crisis económica y otros asuntos que no están ante nuestra consideración. En aten-ción a lo anterior, resulta evidente que los recurridos no controvirtieron ninguno de los hechos materiales probados por Oriental Bank. Por lo tanto, debido a que como cues-tión de Derecho procedía dictar Sentencia Sumaria a favor de Oriental Bank, resolvemos que erró el Tribunal de Ape-laciones al revocar al foro primario y devolver el caso para la celebración de un juicio en su fondo.()

V

Por todo lo expuesto, expedimos el auto de certiorari, revocamos la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y resol-vemos que no procede aplicar la cláusula “rebus sic stanti-bus” a la controversia de autos, por lo que la Sentencia dictada sumariamente por el Tribunal de Primera Instan-cia procede conforme a Derecho. Por lo tanto, reinstalamos la Sentencia emitida sumariamente por el Tribunal de Pri-mera Instancia en toda su extensión, sentenciando a los recurridos al pago de lo adeudado y ordenando la ejecución de prenda e hipoteca de los bienes que formaron parte de las garantías del contrato de préstamo otorgado entre las partes.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta y la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez concurrieron con el re-sultado sin opinión escrita.

      (1) El préstamo concedido por Eurobank a Perapi, S.E. fue por dos millones doscientos mil dólares ($2,200,000). Véase el Contrato de Préstamo intitulado Credit Agreement, Apéndice, págs. 176-210. Este fue posteriormente evidenciado mediante un Pagaré suscrito el 2 de abril de 2008. Véase el Pagaré, Apéndice, págs. 211-212.

      (2) Los seis (6) Pagarés Hipotecarios entregados por Perapi, S.E. a Eurobank mediante el Contrato de Prenda fueron por seiscientos cincuenta y cinco mil dólares ($655,000), seiscientos setenta y cinco mil dólares ($675,000), quinientos mil dólares ($500,000), veinticinco mil dólares ($25,000), veinticinco mil dólares ($25,000) y vein-ticinco mil dólares ($25,000), respectivamente. Véase el Mortgage Note Pledge and Security Agreement, Apéndice, págs. 213-232.

      (3) Véanse los Contratos titulados Master Security Agreement y Assignment of Leases and Operating Agreements, Apéndice, págs. 330-346 y págs. 347-360, respectivamente.

      (4) El crédito cedido era hasta un valor de trescientos ochenta mil dólares ($380,000). Véase el Assignment of Credit and Security Agreement, Apéndice, págs. 361-373.

      (5) Véase el Continuing and Unlimited Guaranty, Apéndice, págs. 399-401.

      (6) La institución financiera conocida como Eurobank fue objeto de intervención por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), quien nombró al Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) como Síndico del banco el 30 de abril de 2010. En una fecha posterior, el peticionario y el FDIC entraron en un acuerdo para que el primero adquiriese parte de los activos de Eurobank, incluyendo el inte-rés en los Contratos que dieron lugar a la controversia de autos.

      (7) ZETA Enterprises, Inc., presentó su Contestación a la Demanda por sepa-rado el 8 de septiembre de 2011, uniéndose a lo esbozado por los demás demandados recurridos.

      (8) En su Contestación a la Demanda y Reconvención, los recurridos también alegaron que la cesión del Contrato de Préstamo en controversia y sus garantías fue realizada en contravención a la ley. Además, reclamaron que Eurobank dilató los desembolsos del préstamo, lo cual retrasó la construcción del proyecto de los recurri-dos y aumentó sus costos.

      (9) Véase el Informe Pericial de los recurridos preparado por el Sr. Ramón A. Sánchez, Apéndice, págs. 444-521.

      (10) Véase el Informe Pericial de Oriental Bank, preparado por el Sr. José J. Villamil de la firma Estudios Técnicos, Inc., Apéndice, págs. 558-572.

      (11) Véase Rodríguez v. Municipio, 75 DPR 479, 491-492 (1953), donde expresa-mos que en España estaba ganando terreno la teoría de que una de las limitaciones al principio de pacta sunt servanda “se concentra en la llamada cláusula que se supone implícita en todo contrato denominada rebus sic stantibus (así firmes las cosas) por la cual podía resolverse el contrato, si sobrevenía un cambio importante en el estado de hecho existente al contratar y en cuanto al resultado injusto y excesivamente oneroso que se originaba”. (Énfasis suprimido). Adicionalmente, expresamos que la anterior idea había dado lugar a las doctrinas de la base del negocio y del riesgo imprevisible, íd., pág. 492. Por otro lado, aunque rehusamos aplicarla, también mencionamos doctrina en South P.R. Sugar Co. v. Junta, 82 DPR 847, 862 (1961).

      (12) En Casera Foods, Inc. v. E.L.A., 108 DPR 850 (1979), una elaboradora se obligó a proveer cierta cantidad de papaya fresca sembrada y cosechada en Puerto Rico. Luego de un tiempo, la compañía no suministró la totalidad de la papaya que se obligó a proveer y justificó su incumplimiento “en una escasez imprevista, pero real, de papaya verde a nivel comercial entre los diversos productores de Puerto Rico”. Id., pág. 852. Al denegar la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus a la controversia, expresamos que estaba ausente el requisito fundamental de impredecibilidad o evento imponderable. Id., pág. 857. Tratándose de una entidad que se dedicaba al negocio objeto del Contrato, “debió y pudo razonablemente prever y anticipar —a través de un simple estudio del mercado — ■ las proyecciones sobre existencia y dispo-nibilidad de la papaya natural en escala comercial necesaria para cumplir con las obligaciones dimanantes de las subastas”. Id., pág. 858. Por lo tanto, resolvimos que esas circunstancias “no permiten la aplicación de la cláusula de rebus sic stantibus”, ya que estaba ausente “el factor determinante que justifica, como excepción, la in-tervención y revisión judicial, a saber, ‘unyambio imprevisto y normalmente impre-visible por las partes’ ”, (Citas omitidas). Id.

      (13) En BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008), este Tribunal aplicó la cláusula rebus sic stantibus a una opción de compraventa de un solar que formaba parte de un Contrato de Arrendamiento. Allí expresamos que “exigirle a la sucesión Talavera que venda su propiedad por un precio ridículo e irrisorio lacera el principio de reciprocidad entre las prestaciones que es esencial a las obligaciones bilaterales”. Id., pág. 714. Ello debido a que en la opción de compraventa se había pactado un precio de veintidós mil quinientos dólares ($22,500) para la compra de la propiedad, cantidad que luego de transcurrido el término de veinticinco (25) años del Contrato representaba tan solo entre un cuatro por ciento (4%) y siete por ciento (7%) del valor real de la propiedad. Además, la señora Talavera, quien fue parte original en el Contrato, era una persona de edad avanzada sin conocimiento financiero y legal, mientras que el Banco Popular tenía pleno conocimiento de la transacción que estaba llevando a cabo. Por lo tanto, resolvimos que avalar lo pactado en ese caso luego del cambio imprevisible en el valor de la propiedad “quebrantaría significativamente el principio de la autonomía de la voluntad y violentaría los principios de equidad y buena fe”. Id. Así las cosas, en ese caso revocamos al foro apelativo intermedio y reinstalamos la Orden del foro primario a los efectos de que las partes debían nego-ciar un precio de compraventa justo en caso de que el Banco Popular se mantuviera interesado en adquirir la propiedad. Id., pág. 716.

      (14) Al igual que en Casera Foods, Inc. v. E.L.A., supra, en Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 DPR 1 (2000), denegamos aplicar la doctrina debido a que no estaba presente una circunstancia imprevisible.

      (15) En Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 50-51 (2010), tomamos conocimiento judicial de la precaria situación económica que afecta a Puerto Rico desde el 2006, situación que continúa vigente hasta hoy. Véase, además, Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A., 125 DPR 610, 625 (1990), donde hicimos lo propio respecto a una crisis económica que surgió como consecuencia del alza en los precios del petróleo para 1975 y 1976.

      (16) En la Sentencia Núm. 243 de 27 de abril de 2012, el Tribunal Supremo español también le dio énfasis al hecho de que debido a su larga duración, el propio Contrato de Arrendamiento contenía cláusulas para la actualización de la renta.

      (17) Nótese que un contrato de compraventa es de tracto único. Sin embargo, en este caso se refiere a sucesos futuros contemplados en el mismo contrato: la obten-ción del préstamo hipotecario y el otorgamiento de la escritura de compraventa.

      (18) Según mencionado, en este caso el Tribunal Supremo español atendía una controversia relacionada a un Contrato de Compraventa de un bien inmueble en donde los deudores alegaron no haber podido obtener el préstamo hipotecario corres-pondiente debido a la crisis económica. El máximo foro español expresó que en estos casos se deben considerar los siguientes factores: “el destino de la casa comprada a vivienda habitual o, por el contrario, a segunda residencia o a su venta antes o después del otorgamiento de la escritura pública; la asignación contractual del riesgo de no obtener financiación y el grado de colaboración prometido por el vendedor para obtenerla, distinguiendo entre contratantes que sean profesionales del sector inmo-biliario y los que no lo sean; la situación económica del comprador al tiempo de la perfección del contrato y al tiempo de tener que pagar la parte pendiente del precio que esperaba poder financiar; el grado real de imposibilidad de financiación y sus causas concretas añadidas a la crisis económica general, debiéndose valorar tam-bién, en su caso, las condiciones impuestas por las entidades de crédito para conce-der financiación; o en fin, las posibilidades de negociación de las condiciones de pago con el vendedor y, por tanto, de mantener el contrato como alternativa preferible a su ineficacia”. Sentencia Núm. 820 de 17 de enero de 2013 del Tribunal Supremo español.

      (19) paya ¿os (2) instancias adicionales en donde el Tribunal Supremo español denegó aplicar la cláusula rebus sic stantibus, véase la Sentencia de 22 de julio de 2013 y la Sentencia de 27 de noviembre de 2013.

      (20) Aun cuando el Tribunal Supremo español contempla su posible aplicación en casos de compraventa de hogares, en la Sentencia de 18 de enero de 2013 también denegó aplicar la cláusula rebus sic stantibus a un Contrato de Compraventa de hogar por alegadamente no haberse podido obtener el préstamo hipotecario debido a la crisis económica.

      (21) Ya existe jurisprudencia española donde se aplicó la cláusula rebus sic stantibus a un Contrato que se otorgó previo a la crisis, aunque con ciertas particularidades. En la Sentencia de 26 de abril de 2013, el Tribunal Supremo de España nuevamente evaluó una compraventa en donde los compradores alegaron que no pudieron obtener un préstamo hipotecario debido a la crisis económica. En ese caso el más Alto Foro español decidió aplicar la doctrina, ya que el incumpli-miento del vendedor con el plazo para la entrega de la propiedad fue el motivo de que este plazo quedara para después de advenir la crisis económica, con la consecuencia de imposibilitar el préstamo hipotecario que necesitaban los compradores. Id. En otras palabras, el Tribunal Supremo español entendió en ese caso que el motivo por el cual los compradores se vieron imposibilitados de adquirir la propiedad era direc-tamente imputable al incumplimiento de los vendedores.

      (22) Conviene puntualizar que tomamos conocimiento judicial de que la crisis económica como motivo para invocar la cláusula rebus sic stantibus ha sido objeto de controversia ante el Tribunal de Apelaciones en ocasiones anteriores. No obstante, en aquellas instancias el foro apelativo intermedio actuó correctamente al rehusar apli-car la doctrina. En esta ocasión nos enfrentamos a un dictamen donde el Panel de Jueces en cuestión decidió que la doctrina —según fundamentada en la crisis— po-dría aplicar a una controversia en particular, por lo que decidimos expedir el auto de certiorari y revocar el foro a quo.

      (23) Véase el esc. 13, donde discutimos los hechos que motivaron modificar el contrato en BPPR v. Sucn. Talavera, supra.

      (24) Sin embargo, aclaramos que lo aquí expresado está dirigido a controversias como la de autos, en las cuales la invocación de la cláusula rebus sic stantibus está amparada exclusivamente en la existencia de la crisis económica. Somos conscientes de que, en algunos casos, podrían surgir controversias de hecho materiales relacio-nados a la aplicabilidad de la cláusula rebus sic stantibus que ameriten la celebra-ción de un juicio en su fondo.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Sylmarie Orraca López, en representación del menor GRO, recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Departamento de Educación, peticionarios.

      Número: CC-2014-270

      Resuelto: 10 de noviembre de 2014

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y Milvia A. Rivera Rivera, procuradora general auxiliar, abogadas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, parte peticiona-ria; Osvaldo Burgos Pérez, abogado de Sylmarie Orraca López, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

emitió la opinión del Tribunal.

(Regla 50)

Como parte de nuestro deber y responsabilidad de pau-tar el derecho e imprimirle la mayor certeza posible, nos corresponde determinar cuál de los plazos prescriptivos dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico resulta más análogo para incoar la reclamación de honorarios de abo-gado al amparo de la Ley Federal de Educación Especial conocida como Individuals with Disabilities Education Act, infra.

Con el convencimiento de que el término prescriptivo más análogo para instar la aludida causa de acción es el que surge del Art. 1867 del Código Civil de Puerto Rico, infra, expedimos el recurso ante nuestra consideración con miras a confirmar el dictamen emitido por el foro recurrido. Sin duda, este proceder es cónsono tanto con la política pública como con el alto interés en que se funda la referida legislación federal.

A continuación, pasamos a reseñar los antecedentes fác-ticos y procesales que suscitaron la polémica ante este Tribunal.

I

La controversia actual tuvo su génesis el 4 de junio de 2010, cuando la Sra. Sylmarie Orraca López (señora Orraca López) presentó una querella ante la Unidad de Querellas del Programa de Educación Especial (Unidad de Querellas), adscrita al Departamento de Educación (De-partamento), con el propósito de vindicar los derechos de su hijo menor de edad. En esencia, la señora Orraca López solicitó que se ordenara al Departamento la compra de ser-vicios educativos privados debido a la falta de ofrecimien-tos educativos adecuados para su hijo, quien padece de daño cerebral, así como de problemas motores, del habla y de aprendizaje. Celebrada la correspondiente vista, el 20 de julio de 2010, el foro administrativo emitió una resolu-ción en la cual declaró “con lugar” la querella incoada por la señora Orraca López.()

Posteriormente, el 23 de marzo de 2011, la señora Orraca López presentó una segunda querella ante la Uni-dad de Querellas. En esa ocasión, requirió que se le orde-nara al Departamento proveer al menor un equipo de asis-tencia tecnológica para su pie derecho. Luego de la celebración de la vista, el 18 de septiembre de 2011, el foro administrativo dictó una resolución en la que declaró “con lugar” la querella reseñada.()

Tras prevalecer en el procedimiento administrativo, el 17 de julio de 2012, la señora Orraca López presentó una de-manda ante el Tribunal de Primera Instancia. En ésta re-clamó al Estado Libre Asociado (ELA) el pago de los hono-rarios de abogado al amparo de la Ley Federal de Educación Especial, conocida como la Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), 20 USCA sec. 1415(i)(3)(B)(i)(I). En particular, la señora Orraca López le requirió al ELA $3,225 por honorarios de abogado en que incurrió en el procedimiento administrativo y el pago de $2,500 por los honorarios de abogado concernientes a la presentación de la demanda, así como las costas y los gastos por la trami-tación del litigio.

Luego de varios incidentes procesales, el 31 de octubre de 2012, la señora Orraca López presentó una solicitud de sentencia sumaria. Mediante ésta alegó que no existía con-troversia sobre hechos materiales y que IDEA permitía la concesión de honorarios de abogado a favor de la parte pre-valeciente en el procedimiento administrativo. A raíz de ello, adujo que procedía dictar sentencia sumaria a su favor, puesto que prevaleció en sus reclamos ante el foro administrativo. En consecuencia, solicitó el pago de $3,225 por honorarios de abogado concernientes a la tramitación del caso ante la Unidad de Querellas. Ello, por un total de 21.50 horas trabajadas y facturadas a razón de $150 por hora. A su vez, reclamó el pago de $1,537 por los honorarios de abogado en que incurrió en el trámite judicial, lo cual correspondía a un total de 10.25 horas trabajadas y factu-radas a base de la mencionada tarifa.

El 25 de junio de 2013, el ELA presentó su oposición a la solicitud de sentencia sumaria. En lo pertinente, alegó que la causa de acción instada por la señora Orraca López es-taba prescrita. Argumentó que aunque IDEA permite la concesión de honorarios a favor de la parte prevaleciente en el procedimiento administrativo, no establece un tér-mino prescriptivo para incoar tal acción. Por lo tanto, ar-güyó que se debía aplicar, por analogía, el término pres-criptivo de 30 días que dispone la See. 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA see. 2172, para la revisión judicial de las determinaciones administrativas. Del mismo modo, el ELA sostuvo que no procedía dictar sentencia sumaria por existir controversia en relación con las horas facturadas en el trámite adminis-trativo y porque éstas no eran razonables.

Trabada la controversia en esos términos, el 3 de sep-tiembre de 2013, el foro primario emitió una sentencia en la que declaró “ha lugar” la moción de sentencia sumaria presentada por la señora Orraca López. En su dictamen, el aludido foro determinó que el plazo prescriptivo dispuesto en la citada See. 4.2 de LPAU no era el más análogo para la causa de acción en cuestión. Sostuvo que la petición de honorarios de abogado al amparo de IDEA es una causa de acción independiente del caso administrativo. De esta forma, concluyó que el término prescriptivo más análogo era el establecido en el Art. 1867 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 5297, el cual concede el término de tres años para reclamar el pago de honorarios de abogado.

En lo concerniente a la cuantía de los honorarios, el foro de instancia determinó que el ELA logró controvertir la razonabilidad de la tarifa de $150 por hora, por lo que la modificó a $100 la hora. Para ello, se amparó en el Memo-rando Circular Núm. 07-93 de la Oficina del Gobernador. A raíz de lo anterior, le impuso al ELA el pago de $3,175 por honorarios de abogado en los que incurrió la señora Orraca López tanto en el trámite administrativo como en el judicial. Ante el dictamen emitido, ambas partes presenta-ron mociones de reconsideración, pero fueron declaradas “no ha lugar”.

Inconforme, el ELA acudió ante el Tribunal de Apelaciones. En su comparecencia, reprodujo los argumen-tos expuestos ante el foro apelado en relación con el plazo prescriptivo para la reclamación de honorarios de abogado basada en la citada sección de IDEA. Asimismo, objetó el tiempo facturado por el representante legal de la señora Orraca López en los trámites administrativos y judiciales.

Por su parte, la señora Orraca López presentó un ale-gato en el cual planteó que el término prescriptivo más análogo para la reclamación en cuestión era el dispuesto en el referido Art. 1867 del Código Civil. A su vez, sostuvo que el foro primario incidió al reducir el pago por las horas facturadas. Ante ello, solicitó el pago de honorarios de abo-gado a razón de $150 por hora, al igual que la concesión de honorarios de abogado, costas y gastos por motivo de la tramitación del procedimiento apelativo.

Así las cosas, el 7 de marzo de 2014, el Tribunal de Ape-laciones emitió una sentencia en la que modificó el dicta-men apelado. Al igual que el foro primario, el apelativo dictaminó que IDEA provee para que la parte prevale-ciente en el procedimiento administrativo entable una causa de acción independiente ante un foro judicial para recobrar los honorarios de abogado en que haya incurrido. Luego de analizar la causa de acción en cuestión, concluyó que ésta no era de naturaleza apelativa. Amparándose en ese fundamento, determinó que el término establecido en la mencionada See. 4.2 de la LPAU no constituía el más análogo. En cambio, señaló que el plazo establecido en el Art. 1867 del Código Civil, supra, guardaba mayor analo-gía con la citada sección de IDEA. Por consiguiente, deter-minó que a la causa de acción por honorarios de abogado que autoriza IDEA le aplicaba el término prescriptivo de tres años, por lo que la reclamación de la señora Orraca López no estaba prescrita.

Por otra parte, el Tribunal de Apelaciones decretó que el número de horas invertidas en el trámite administrativo por el representante legal de la señora Orraca López era razonable. Ante ello, dictaminó que la reducción de la ta-rifa de $150 a $100 por hora efectuada por el foro primario era improcedente. De acuerdo con el foro apelativo, el me-morando utilizado para ello no aplicaba al presente caso y, además, fue expresamente derogado por la Ley Núm. 237-2004. Así las cosas, revocó la reducción de la tarifa. Final-mente, le impuso al ELA el pago adicional de $600 por el trámite apelativo incurrido por la señora Orraca López.

Ante este proceder, el 7 de abril de 2014, el ELA recurrió ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari y se-ñaló la comisión de los errores siguientes:

Erró el Tribunal de Apelaciones al concluir que el término prescriptivo para instar una reclamación de honorarios de abogado al amparo del estatuto federal IDEA es de tres (3) años contemplado en el Artículo 1867 del Código Civil de Puerto Rico y no el de treinta (30) días dispuesto en la LPAU.
Erró el Tribunal de Apelaciones al imponer al Estado $600 por concepto de honorarios de abogado por el trámite apela-tivo, adicionales a los ya otorgados por el Tribunal de Primera Instancia. Certiorari, pág. 9.

Esencialmente, el ELA reproduce los argumentos esgri-midos ante los foros recurridos, en lo referente al plazo prescriptivo para instar la reclamación de honorarios de abogado en virtud de IDEA. En la alternativa, suplica que se deje sin efecto aquella parte del dictamen del foro ape-lativo que le impone la obligación de satisfacer a la parte demandante el pago de $600 por el trámite apelativo, adi-cional a los honorarios de abogado concedidos por el Tribunal de Primera Instancia. Ello, ya que el ELA sostiene que tal proceder supondría la imposición mecánica de honora-rios por temeridad, aun cuando se trate de un asunto me-ritorio que se insta ante un foro revisor.

Examinado el recurso presentado por el ELA, y en vir-tud de la facultad que nos confiere la Regla 50 del Regla-mento de este Tribunal, 4 LPRAAp. XXI-B, expedimos el auto solicitado y pasamos a resolver la polémica.

II

Con el fin de plasmar nuestro discernimiento en torno a la controversia de autos, exponemos el marco estatutario y jurisprudencial pertinente. Procedemos.

Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico la educación goza de profundas garantías de rango constitucional. Del texto de la Carta Magna de Puerto Rico surge expresamente que “[t]oda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su per-sonalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales”. Art. II, Sec. 5, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 292. En repe-tidas ocasiones hemos expresado que el fin de este precepto constitucional “es definir las aspiraciones colectivas sobre la educación y crear un sistema de enseñanza pública a niveles primario y secundario exclusivamente ... sujeto a que el Estado tenga los recursos necesarios para su implantación”. Declet Ríos v. Dpto. de Educación, 177 DPR 765, 773 (2009). Véase, además, Asoc. Academias y Col. Cristianos v. E.L.A., 135 DPR 150, 168-169 (1994). En ar-monía con el referido mandato de nuestra Constitución, se han promulgado varias legislaciones con la intención ex-presa de atender los retos educativos de los menores con necesidades especiales. Indudablemente, dentro de los es-fuerzos más significativos se encuentra el reconocimiento del derecho de estos menores a recibir y reclamar educa-ción remedial ante los foros judiciales.

Entre las medidas afirmativas que han atendido la educación de los menores con necesidades especiales, se encuentra la aprobación de la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, Ley Núm. 51-1996 (Ley Núm. 51), 18 LPRA see. 1351 et seq. En observancia del citado precepto constitucional y acorde con la legislación federal en esta materia, el propósito de la Ley Núm. 51 es garantizar educación pública, gratuita, y apropiada a los estudiantes con necesidades especiales que asistan a las escuelas públicas del País. Ello, en el ambiente menos restrictivo posible, según su plan individualizado de servicios. Véase 18 LPRA see. 1352.

Cabe señalar que la aprobación de la Ley Núm. 51 respondió a la obligación del Estado de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Educación Especial, conocida como Individuals with Disabilities Education Act, 20 USCA sec. 1401 et seq. Este esquema legal fue promulgado por el Congreso de Estados Unidos (Congreso) con el propósito de asegurar, entre otras cosas, que todos los me-ñores con necesidades especiales reciban educación pú-blica, apropiada y gratuita, en atención a las necesidades particulares de cada estudiante, y proteger los derechos de éstos y de sus respectivos padres o tutores. Atales fines, el estatuto dispone que los estados y territorios que reciben fondos federales tienen que promover programas de educa-ción especial pública, gratuita y apropiada, diseñados para atender las necesidades especiales y específicas de cada menor. 20 USCA secs. 1415(a). Ello con el objetivo de pre-pararlos para oportunidades de empleo en el futuro y, so-bre todo, para que lleven sus vidas de manera indepen-diente, entre otros aspectos. 20 USCA sec. 1400(d)(1)(A).

Con relación a los servicios educativos que reciben los menores, tanto IDEA como la Ley Núm. 51 proveen para que aquellos padres o tutores que entiendan que estos servicios no son apropiados o no van acorde con las necesidades especiales del menor, presenten una querella y soliciten una vista administrativa ante un oficial examinador imparcial. 20 USCA sec. 1415(b)(6) y (f). Véase, además, Art. 4(b)(2)(D) de la Ley Núm. 51 (18 LPRAsec. 1353(b)(2)(D)). En síntesis, el foro administrativo correspondiente debe determinar si el menor recibe una educación pública, gratuita y apropiada en el ambiente donde fue ubicado o si se le niega ese derecho. 20 USCA sec. 1415(f)(3)(E)(i). Ante una determinación adversa emitida por el foro administrativo, la parte perjudicada puede acudir en revisión ante los foros judiciales. 20 USCA sec. 1415(i)(2).

III

En lo que atañe al caso de marras, señalamos que a partir del 1986 el Congreso autorizó expresamente, al amparo de IDEA, la concesión de honorarios de abogado a la parte que prevalece en el procedimiento administrativo. Esta concesión no persigue sancionar sino, más bien, posi-bilitar que los padres o tutores de menores con necesidades especiales puedan vindicar los derechos de estos últimos. Declet Ríos v. Dpto. de Educación, supra, pág. 778. Asimismo, el estatuto deja claro que conferir los mencionados honorarios estará sujeto a la sana discreción del foro judicial que adjudique tal reclamo. En cuanto al particular, y en lo vinculado al asunto ante nos, IDEA dispone lo si-guiente:

(i) Administrative procedures
(3) Jurisdiction of district courts; attorneys’ fees
(B) Award of attorneys’ fees
(i) In general
In any action or proceeding brought under this section, the court, in its discretion, may award reasonable attorneys’ fees as part of the costs.
(I) to a prevailing party who is the parent of a child with a disability [...] (Enfasis suplido). 20 USCA sec. 1415(i)(3)(B)(i)(I).

Recientemente, tuvimos la ocasión de pronunciarnos en torno a la citada sección de IDEA. En Declet Ríos v. Dpto. de Educación, supra, págs. 779-780, expresamos que para determinar la procedencia de honorarios de abogado al amparo de la aludida sección tienen que cumplirse varios requisitos, a saber: (1) una acción instada al amparo de la See. 1415 de IDEA; (2) que los honorarios de abogado sean otorgados a la parte prevaleciente, según dispuesto y definido por el mencionado estatuto, y (3) que la cantidad a concederse sea razonable y determinada conforme a la citada sección.

En Declet Ríos v. Dpto. de Educación, supra, también resolvimos quién tiene la facultad para otorgar los honora-rios de abogado en virtud de lo dispuesto en IDEA. A tales efectos, declaramos que el texto de IDEA es diáfano e in-equívoco en cuanto al particular, por lo que concluimos que solamente los tribunales, en el ejercicio de su sana discre-ción, pueden conceder tales honorarios de abogado. íd., pág. 781. Dejamos claro que los padres o tutores de meno-res con necesidades especiales, que sean la parte prevale-ciente en el procedimiento administrativo, pueden acudir tanto al Tribunal de Primera Instancia como al Tribunal de Distrito Federal para que se le confieran los honorarios de abogado. íd., pág. 787.

A. Ahora bien, en IDEA existe un vacío legislativo pues de sus disposiciones no se deduce cuál es el término prescriptivo para incoar la causa de acción en reclamo de los honorarios de abogado.() Al promulgar esta legislación y sus respectivas enmiendas, el Congreso guardó silencio al respecto.() Ante esa realidad, debemos impartir contenido al estatuto al adoptar el plazo prescriptivo, ya dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico para otras acciones, que sea más análogo con la causa de acción que autoriza IDEA. Véanse: Vélez Rodríguez v. Pueblo Int’l, Inc., 135 DPR 500 (1994); Lozada Torres v. Collazo, 111 DPR 702 (1981); Olmo v. Young & Rubicam of PR, Inc., 110 DPR 740 (1981). Véanse, además: Lampf, Pleva, Lipkind, Prupis & Petigrow v. Gilberston, 501 US 350, 355 (1991) (“It is the usual rule that when Congress has failed to provide a statute of limitations for a federal cause of action, a court ‘borrows’ or ‘absorbs’ the local time limitation most analogous to the case at hand”); Holmberg v. Armbrecht, 327 US 392, 395 (1946) (“[T]he silence of Congress has been interpreted to mean that it is federal policy to adopt the local law of limitation”); Campbell v. City of Haverhill, 155 US 610, 617 (1895). Ello es lo que se conoce como la doctrina del “most analogous statute of limitations”, que permite llenar la laguna que causa la falta de un término prescriptivo para entablar una acción. Tal fun-ción le compete a los foros judiciales.

En lo concerniente al método de las analogías, el reco-nocido tratadista Puig Brutau señala lo siguiente:

Cuando las normas no contemplan el supuesto específico del caso que se ha de resolver, existe una laguna legal; pero si está previsto otro supuesto semejante al planteado y en ambos se aprecia identidad de razón, la norma del caso regulado podrá aplicarse por analogía al caso que no lo está, porque la misma razón justifica la identidad de la consecuencia.
No sería justo ni lógico que dentro de un mismo ordena-miento no recibieran la misma solución ambos supuestos, a pesar de sus circunstanciales diferencias, cuando coinciden en lo esencial. La analogía significa comprobación de igualdad normativa entre dos casos que no son completamente iguales, pero que lo son en grado suficiente para que el régimen jurídico de uno deba ser igualmente el del otro. (Escolio omitido y én-fasis suplido). J. Puig Brutau, Compendio de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1987, Vol. I, pág. 105.

Empero, en el ejercicio de disipar los vacíos estatutarios, los tribunales deben ser cautelosos, toda vez que no puede adoptarse un término prescriptivo, por más analogía que guarde, que frustre la intención que emana de la ley en cuestión o la política pública que la inspira. Matos v. Junta Examinadora, 165 DPR 741, 748-749 (2005). En el quehacer de interpretar la ley, los foros judiciales deben armonizar, hasta donde sea posible, todas las disposiciones de la ley con el fin de alcanzar una interpretación integrada, lógica y razonable de la intención legislativa. íd., pág. 749.

Al examinar el proceder de los tribunales federales con relación a lo que antecede, notamos que entre éstos existe controversia en términos de cuál plazo prescriptivo es el más análogo al reclamo de honorarios de abogado en virtud de IDEA. Véase T. Lin, Recovering Attorney’s Fees Under the Individuals with Disabilities Education Act, 180 Ed. Law Rep. 1 (2003). Esencialmente, la ausencia de consenso entre los foros judiciales federales reside en que éstos se encuentran divididos en torno a un asunto medular, esto es: si la reclamación de honorarios de abogado que autoriza IDEA es de naturaleza accesoria al procedimiento adminis-trativo o, por el contrario, se trata de una causa de acción independiente a éste.() Veamos.

Ante una controversia similar a la de autos, en Powers v. Indiana Dept. of Educ., Div. of Special Educ., 61 F.3d 552 (7mo Cir. 1995), el Séptimo Circuito del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Estados Unidos (Tribunal de Circuito) resolvió que el término más análogo para enta-blar la reclamación de honorarios de abogado al amparo de IDEA, era el de 30 días que establecía el estatuto local de Indiana para acudir en revisión judicial de determinacio-nes administrativas. Amparándose en sus pronunciamien-tos previos, el referido foro razonó, en lo pertinente, lo si-guiente:

[A] 1 though the promptness of a decision on attorneys’ fees is not as important as a quick decision in questions of educational placement, “both the school district and the parents still have an interest —-along with the attorney— in the expeditious resolution of this matter”. Thus we concluded that the attorneys’ fees claim was in many ways “ancillary to the judicial review of the final administrative decision” [...] (Escolio y citas omitidos). Id., pág. 556.

Al resolver el caso King ex rel. King v. Floyd County Bd. of Educ., 228 F.3d 622 (6to Cir. 2000), el Sexto Circuito acogió una postura similar a la adoptada por el Séptimo Circuito. Esto es, determinó que la causa de acción de ho-norarios de abogado que reconoce IDEA es accesoria al pro-cedimiento administrativo, por lo que está sujeta al tér-mino estatutario de 30 días para acudir en revisión judicial de los dictámenes administrativos. A tales efectos, el Sexto Circuito expresó lo siguiente:

It is true that there would be no claim for attorney fees were it not for the statute. But where the statute creating the claim makes the claim part and parcel of the administrative proceeding, it seems to us that the statute makes the claim analogous to a cause of action for judicial review of the proceeding to which the claim is appended. That analogy is closer, as we see it, than the analogy involving Kentucky’s general five-year statute of limitations for actions on statutory liabilities not subject to some other limitations period. It is difficult for us to conceive of a legislature intentionally authorizing the filing of a fee application up to five years after termination of the proceeding to which the application relates; it seems most unlikely, in other words, that the five-year statute was designed for ancillary proceedings of the sort in question here, as opposed to claims that can properly be characterized as independent. íd., pág. 626.

No obstante, en Zipperer By v. School Bd. of Seminole Cnty., 111 F.3d 847 (11mo Cir. 1997), el Undécimo Circuito tomó un proceder disímil al seguido por las determinacio-nes judiciales reseñadas. Es decir, resolvió que la causa de acción en cuestión guarda más analogía con una acción independiente. De esta forma, rechazó la visión de equipa-rar el reclamo de honorarios de abogado que autoriza IDEA con un recurso de revisión judicial de un dictamen administrativo. El Undécimo Circuito fundamentó su pos-tura en el análisis siguiente:

[T]he short statutes of limitations associated with appeals of administrative procedures, while appropriate when a child’s Individualized Education Plan is at issue in a substantive appeal of an administrative determination, are too short to vindicate the underlying federal policies associated with the fee-claims provisions of the IDEA [...]
We acknowledge that a short period of limitations for claims brought pursuant to section 1415(e)(2) “assure [s] prompt resolution of disputes over education plans for [disabled] children.” Nonetheless, the resolution of claims for attorneys’ fees is less urgent and, in reality, is more likely to be resolved by the attorneys’ interest in prompt payment than by a short period of limitations. A four-year period of limitations, like the award of attorneys’ fees to parents who are prevailing parties, is likely to encourage the involvement of parents, as represented by attorneys, in securing appropriate public educations for their children. We conclude that the application of a four-year statute of limitations to claims for attorneys’ fees under the IDEA is consistent with the policies of the federal statute. (Ci-tas omitidas y énfasis suplido). Id., págs. 851-852.

Cabe puntualizar que esta Curia también se ha pronunciado en lo concerniente a la referida reclamación de honorarios de abogado, si bien no hemos pautado cuál es el plazo prescriptivo para incoarla. Al respecto, en Declet Ríos v. Dpto. de Educación, supra, pág. 783, aunque sin mencionarlo, seguimos la postura del Undécimo Circuito plasmada en el caso Zipperer By v. School Bd. of Seminole Cnty., supra. Ello, pues, expresamos que los padres o tutores de menores con necesidades especiales que prevalecen en sus reclamos ante el foro administrativo, pueden acudir a los tribunales en una acción independiente, con el propósito de reclamar los honorarios de abogado incurridos. En aquella ocasión, señalamos que la interpretación realizada era conteste con los intereses que el Congreso intenta proteger y con la política pública que emana de la aludida legislación federal. Del mismo modo, concluimos que el dictamen emitido aseguraba el acceso a la justicia de los menores con necesidades especiales y de sus padres o tutores. Declet Ríos v. Dpto. de Educación, supra, pág. 786.

Superada en nuestra jurisdicción la disyuntiva que se manifiesta en los tribunales federales en torno a la natu-raleza de la reclamación en cuestión, solo nos resta aden-trarnos a determinar cuál es el término prescriptivo que debe gobernarla.

IV

En atención a la controversia particular que nos ocupa, conviene recordar que en nuestro ordenamiento ju-rídico la prescripción extintiva es una figura de naturaleza sustantiva regida por las disposiciones del Código Civil. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 373 (2012); S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 831 (2011); COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 805 (2010); Santos de García v. Banco Popular, 172 DPR 759, 766 (2007). La aludida figura jurídica denota la extinción de un derecho o la liberación de una obligación por motivo de la inercia de una parte en ejercerlo durante un tiempo determinado. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, págs. 372-373. Véase, además, M.J. Argañarás, La prescripción extintiva, Buenos Aires, TEA, 1966, pág. 12. Su propósito es evitar la incertidumbre en las re-laciones jurídicas, castigar la inercia en el ejercicio de los derechos, así como estimular el ejercicio rápido de las acciones. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 373; COSSEC et al. v. González López et al., supra, pág. 806; Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137, 143 (2001). Asimismo, busca “promover la seguridad en el trá-fico jurídico y la estabilidad de las relaciones jurídicas”. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 373.

En repetidas ocasiones este Tribunal ha señalado que la existencia de plazos prescriptivos responde a una política firmemente establecida que fomenta la solución expedita de las reclamaciones. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 373; Campos v. Cía. Fom. Ind., supra, pág. 143. De esta manera, se evita la incertidumbre que acarrea la presentación de antiguas reclamaciones y las consecuencias inevitables que vienen con el transcurso del tiempo, a saber: pérdida de evidencia, memoria imprecisa y dificultad para encontrar testigos. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 373; Campos v. Cía. Fom. Ind., supra, pág. 144.

De acuerdo a nuestros pronunciamientos jurisprudenciales, la prescripción extintiva aplica como cuestión de derecho con el transcurso del tiempo; claro está, con la excepción de que acontezca alguno de los supuestos pre-vistos en nuestro ordenamiento jurídico. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 373; COSSEC et al. v. González López et al., supra, págs. 805-806; Santos de García v. Banco Popular, supra, pág. 766. Ello, pues, del Art. 1873 del Código Civil, 31 LPRA see. 5303, surge de forma diáfana que “[l]a prescripción de las acciones se interrumpe por su ejer-cicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”. No obstante, transcurrido el periodo de tiempo establecido por ley sin reclamo alguno por parte del titular del derecho, se origina una presunción legal de re-nuncia o abandono. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 374; Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740, 752 (1992). Véase, además, J. Puig Brutau, Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, 3ra ed., Barcelona, Bosch, pág. 32 (1996). Por tal motivo, la prescripción con-lleva, de ordinario, la desestimación de aquellas reclamacio-nes incoadas fuera del término previsto para ello.

A. A tono con lo anterior, en Puerto Rico rige la norma de que “[l]as acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”. 31 LPRA see. 5291. A esos efectos, nuestro Código Civil cuenta con un detallado es-quema en el cual se delinea el término prescriptivo para las acciones. Véase 31 LPRA sees. 5291-5305. En lo que respecta al asunto ante este Tribunal, el Art. 1867, inciso 1, del referido cuerpo jurídico dispone un plazo prescriptivo de tres años para el cumplimiento de ciertas obligaciones, entre las que se encuentra la siguiente:

(1) La de pagar a los jueces, abogados, registradores, nota-rios, peritos, agentes y curiales, sus honorarios y derechos, y los gastos y desembolsos que hubiesen realizado en el desem-peño de sus cargos u oficios en los asuntos a que las obligacio-nes se refieran. (Enfasis suplido). 31 LPRA see. 5297(1).

Aunque los pronunciamientos de este Tribunal en rela-ción con el Art. 1867 no son amplios, hemos tenido la opor-tunidad de examinarlo. A tales fines, en Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A., 125 DPR 610, 619—620 (1990), citando a Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1965, T. XXXII, Vol. 2, pág. 848, expresamos que al promulgar este precepto jurídico el legislador parece haberse “inspirado en una común idea de retribución de los servicios profesionales y laborales”. Otros tratadistas, por su parte, sostienen que la prescripción trienal plasmada en el Art. 1867 se aplica a los créditos dirigidos a obtener la remuneración de servicios prestados. L. Diez-Picazo, La prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, pág. 200; Puig Brutau, Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, op. cit., pág. 170.

Al explicar la razón de ser de la limitación temporal, los tratadistas coinciden en que el breve plazo prescriptivo de tres años está fundado en que los créditos a que se refiere se cobren sin demora o en un tiempo muy corto, pues se entiende que son “deudas de la vida cotidiana, a cuya rea-lización conviene que la ley dé algún impulso”. Diez-Picazo, op. cit., pág. 200; J. Puig Brutau, Caducidad, prescripción extintiva y usucapión, op. cit., pág. 170. Véase, además, Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 DPR 943, 951 (1991). Por ello, se justifica un acortamiento de los plazos prescriptivos normales.

En virtud de la normativa que antecede, pasamos a resolver la polémica que nos ocupa.

V

Conforme indicamos, tras prevalecer en el foro adminis-trativo correspondiente, la señora Orraca López instó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia con el pro-pósito de reclamar los honorarios de abogado incurridos tanto en el trámite administrativo como en el judicial. Para ello, se amparó en la Sec. 1415(i)(3)(B)(i)(I) de IDEA. Enfrentado con el vacío legislativo en relación con el tér-mino prescriptivo para incoar la referida causa de acción, el foro primario determinó que el plazo más análogo era el dispuesto en el Art. 1867, supra, de nuestro Código Civil. Así las cosas, concluyó que la reclamación de la señora Orraca López no estaba prescrita.

Inconforme, el ELA recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. En su dictamen, el foro apelativo confirmó que el plazo trienal que surge del Art. 1867 era el más análogo. Asimismo, modificó la partida otorgada por honorarios y, a su vez, le impuso al ELA el pago adicional de $600 por ho-norarios de abogado incurridos por la señora Orraca López en el trámite apelativo. No conteste, el ELA acudió ante este Tribunal.

Tal como expusimos, IDEA guarda silencio en torno a cuál es el término prescriptivo para recobrar los honorarios de abogado en virtud de su Sec. 1415(i)(3)(B)(i)(I). Por lo tanto, la ley adolece de deficiencias que ameritan ser resueltas. Ante ello y en armonía con los pronunciamientos jurisprudenciales expuestos, esta Curia debe ejercer su facultad para impartir contenido al estatuto en cuestión y, de esa forma, suplir la evidente laguna jurídica mediante la aplicación del plazo prescriptivo más análogo. Ello resulta, particularmente, oportuno por tratarse de controversias que son susceptibles de repetirse si no se delimita la normativa aplicable.

Examinada la controversia de autos a la luz del marco estatutario y jurisprudencial pertinente, resolvemos que ante la realidad de que en nuestra jurisdicción la reclama-ción de honorarios de abogado que IDEA reconoce es una acción independiente del procedimiento administrativo, el período prescriptivo para incoarla es el dispuesto en el Art. 1867 del Código Civil, supra. Esto es, determinamos que a la causa de acción que permite la Sec. 1415(i)(3)(B)(i)(I) de IDEA, supra, le aplica, por ser la más análoga, la llamada prescripción trienal.

Varias razones apoyan lo apropiado del referido término trienal como el “most analogous statute of limitations” para la causa de acción que permite IDEA. Ello, pues, tanto la acción de recobro de honorarios al amparo de la See. 1415(i)(3)(B)(i)(I), supra, como la reclamación de honora-rios de abogado que surge del inciso (1) del Art. 1867 del Código Civil, supra, son: (1) obligaciones de naturaleza pe-cuniaria o de cobro de dinero', (2) procuran el pago de una obligación de hacer o la retribución de servicios prestados, y (3) el monto final está sujeto al criterio de razonabili-dad,( ) entre otros factores. Ninguno de los otros plazos prescriptivos que encontramos en nuestro ordenamiento jurídico se ajusta o guarda estrecha analogía con la natu-raleza y objetivos de la causa de acción en cuestión.

Asimismo, opinamos que el plazo prescriptivo de tres años resguarda la política pública e intención que pro-mueve IDEA. Concluimos que éste no frustra el objetivo de la autorización para conferir los honorarios de abogado al amparo de esta ley, a saber: que los padres o tutores ten-gan acceso a la justicia y puedan vindicar los derechos de sus hijos con necesidades especiales sin verse limitados por razones económicas. Declet Ríos v. Dpto. de Educación, supra, pág. 784. Véase, además, D.A. Craig, Actions Founded on Statutory Liability: Adopting a Limitations Period for Attorneys’ Fees Actions Brought Under the Individuals with Disabilities Education Act, 79 Ind. L.J. 493 (2004). De esta forma, suplimos el silencio del legislador en perfecta hermenéutica. Por todo lo anterior, resolvemos que los fo-ros recurridos actuaron correctamente al no decretar la desestimación de la demanda presentada por la señora Orraca López al amparo del argumento de que estaba prescrita.

Cabe señalar que no alcanza a persuadirnos el argu-mento del ELA en el sentido de que la acción de recobro de honorarios que provee IDEA es una accesoria al procedi-miento administrativo y que, por consiguiente, debe apli-carle un plazo de 30 días, como si fuera un recurso de revi-sión judicial. El planteamiento del Estado no encuentra sostén jurídico, toda vez que la naturaleza de la reclamación que surge de IDEA evidentemente difiere de la naturaleza de la revisión judicial de un dictamen administrativo. La acción de recobro de honorarios que autoriza IDEA no es de naturaleza apelativa, ya que no existe una determinación administrativa que revisar en este contexto.C) Por lo tanto, este tipo de acción exige unos criterios de aplicación y ejecu-ción distintos a los de un recurso de revisión y hasta debe incoarse en un foro judicial distinto al que se presenta este último. () Así, cuando se insta una acción al amparo de la Sec. 1415(i)(3)(B)(i)(I) de IDEA, supra, el foro judicial co-rrespondiente determinará si la parte peticionaria fue la que prevaleció en el procedimiento administrativo y, de esa forma, utilizará su sana discreción para resolver qué cuan-tía de honorarios de abogado sería razonable conferir.() En consecuencia, el ELA incide al insistir en plantear que el plazo prescriptivo más análogo es aquel dispuesto para la revisión judicial de dictámenes administrativos. Más aún, parece olvidar que desde el 2009, al resolver el citado caso Declet Ríos, este Tribunal fue meridianamente claro al de-terminar que la reclamación de honorarios de IDEA supone una acción independiente ante los tribunales.

A su vez, resolvemos que tampoco tiene razón el ELA cuando aduce que un término prescriptivo de tres años, inevitablemente, le colocaría en un estado de indefensión. Todo lo contrario. Entendemos, más bien, que al estable-cerse el mencionado plazo se promueve la negociación en-tre las partes, lo que, sin duda, les evitará litigios y gastos innecesarios.

Atendido lo anterior, determinamos que el período de tres años para incoar la acción al amparo de la See. 1415(i)(3)(B)(i)(I) de IDEA, supra, comienza a transcurrir desde el día en que la resolución final emitida por el foro administrativo adviene final y firme. A partir de ese momento, los padres o tutores adquieren conocimiento de que fueron la parte prevaleciente, por lo que quedan facultados para ejercer su derecho de recobrar honorarios de abogado.

En fin, resta por atender el segundo señalamiento del ELA dirigido a sostener que el pago de $600 adicionales por el trámite apelativo supone una imposición automática de honorarios por temeridad. Nuevamente, sostenemos que la razón tampoco ampara al ELA en este argumento. Es menester recordar que de la See. 1415 de IDEA surge de forma diáfana e inequívoca que la reclamación de honorarios al amparo de ésta aplica “[i]n any action or proceeding brought under this section.”() Ello significa que una vez ejercida debidamente la acción independiente en recobro de honorarios de abogado, los foros judiciales, tanto a nivel primario como a nivel apelativo, quedan facultados para imponer honorarios de abogado en virtud de lo dispuesto en la referida sección. Claro está, la concesión de tales honorarios estará sujeta a que se determine que éstos son razonables según un ejercicio de sana discreción. Ante ese cuadro, consideramos que el Tribunal de Apelaciones no erró al imponerle al ELA el pago de $600 adicio-nales por los honorarios de abogado en que incurrió la se-ñora Orraca López en el trámite apelativo. El foro apela-tivo posee autoridad para ejecutar tal curso de acción y la cantidad impuesta no nos parece irrazonable.

VI

En conformidad con los fundamentos que anteceden y al amparo de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, supra, confirmamos el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

      (1) Este dictamen advino final y firme el 19 de agosto de 2010.

      (2) Esta resolución advino final y firme el 18 de octubre de 2011.

      (3) Resulta imperativo traer a colación que este vacío normativo en la citada legislación ha ocasionado la presentación de varios recursos ante esta Curia cuya controversia principal estriba, precisamente, en la falta de un período prescriptivo determinado para entablar la acción en cobro de honorarios de abogado que IDEA reconoce.

      (4) Existe una laguna en la ley cuando en ésta, debidamente interpretada, no se encuentra respuesta a la cuestión jurídica planteada. Véase J. Puig Brutau, Compendio de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1987, Vol. I, pág. 101.

      (5) Para una discusión en cuanto al particular, véase D.A. Craig, Actions Founded on Statutory Liability: Adopting a Limitations Period for Attorneys’ Fees Actions Brought Under the Individuals with Disabilities Education Act, 79 Ind. L.J. 493 (2004).

      (6) A pesar de no disponer de un plazo prescriptivo para incoar la reclamación de honorarios de abogado, IDEA sí establece con meridiana claridad que la suma a concederse por tales honorarios debe ser razonable. Véase 20 USCA see. 1415(i)(3)(B)(i)(I). Atono con ello, la parte prevaleciente deberá presentar prueba de la cantidad solicitada por honorarios de abogado, especificados adecuadamente, para que el foro judicial, en el ejercicio de su sana discreción, pueda determinar la razo-nabilidad de la cantidad a imponerse. Declet Ríos v. Dpto. de Educación, 177 DPR 765, 786 (2009).

      (7) Recordemos que solo los tribunales, en el ejercicio de su sana discreción, tienen facultad para conceder los honorarios de abogado al amparo de IDEA. Declet Ríos v. Dpto. de Educación, supra, pág. 781. Por consiguiente, la agencia adminis-trativa no tiene autoridad para ello.

      (8) Para un análisis de las diferencias entre la reclamación de honorarios de abogado en virtud de IDEA y el recurso de revisión judicial, véase Craig, supra.

      (9) En el ejercicio de determinar la cuantía razonable de honorarios de abogado, el foro judicial debe examinar los demás criterios enumerados en la See. 1415 de IDEA.

      (10) En lo concerniente a cuáles trabajos el foro judicial puede otorgar honorarios de abogado al amparo de IDEA, en Declet Ríos v. Dpto. de Educación, supra, pág. 780, interpretamos la Sec. 1415(i)(3)(B)(i)(I), 20 USCA see. 1415, en particular la frase “[¿]n any action or proceeding brought under this section”, y concluimos que por virtud de ésta el Congreso autorizó la concesión de honorarios por los trabajos efec-tuados tanto en el procedimiento administrativo como ante los tribunales.