author: El Juez Asociado Se. MacLeaey,

text:
    Camacho, Apelado, v. Balasquide, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 836.
    Resuelto en mayo 29, 1913.
    Apelación — Errores no Perjudiciales. — No producen la revocación de la sen-tencia aquellos errores que no influyen en la resolución del caso, o son favorables al apelante y no le perjudican. El fin principal en apelación es •determinar si la sentencia apelada satisface los fines de la justicia.

      Id.-CONCLUSIONES DE LA CORTE SENTENCIADORA-ERRORES SIN IMPORTANCIA.— No pueden estimarse como insuficientes las conclusiones de hecho y de derecho del tribunal sentenciador por contener errores sin importancia, como la expresión errónea de una fecha.
    Id. — Conclusiones de I-Ieoho — Prueba Contradictoria. — Las conclusiones de hecho del tribunal sentenciador no serán revocadas en apelación cuando la prueba es contradictoria, a menos que se demuestre que dicha corte actuó con parcialidad, pasión o prejuicio, o con manifiesto error.
    Id. — Conclusiones de Hecho — Suficiencia de las Mismas. — Para que puedan estimarse suficientes las conclusiones de hecho del tribunal sentenciador, es necesario que sean sostenidas por la prueba y no serán revocadas por in-suficientes cuando haya alguna prueba competente que las sostenga, ni aun en el caso de que sean completamente insuficientes, si el error cometido no perjudica a la parte.
    Hijos Naturales — Pruebas—Partida de Nacimiento — Pecha del Nacimiento.— Una partida de nacimiento expedida por un oficial del registro civil cons-tituye prueba prima facie de la fecha del nacimiento de la persona a que se refiere, y de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Evidencia puede ser contradicha, si se ve que dicha focha es errónea, por medio de prueba oral para probar la verdadera fecha del nacimiento.
    Id. — Pruebas—Preguntas Sugestivas — Juicio por la Corte — Discreción del Tribunal. — Es permitido bajo la facultad discrecional del tribunal el hacer preguntas sugestivas a los testigos y cuando el tribunal de derecho y no el jurado es el juzgador, difícilmente puede considerarse su admisión como un error perjudicial a la parte.
    Id. — Pruebas—Admissiones Hechas por Una Persona Fallecida. — El mero • hecho de la muerte de una persona no es bastante por sí solo para que sirva como fundamento para admitir la declaración de testigos acerca de. admisiones hechas por el difunto.
    Íd. — Pruebas—Partida de Nacimiento de Otro I-Iijo. — Cuando, como en el caso de autos, el hijo natural que demanda ha nacido en 1908, no constituye error perjudicial al demandado el denegar la admisión de una partida de naci-miento para probar que la madre del demandante había tenido otro hijo en 1904.
    14. — Pruebas—Prueba de Peritos — Preguntas Hipotecas. — En el ejercicio de su facultad discrecional tiene el juez sentenciador una gran latitud para dirigir el interrogatorio de peritos y aun cuando por regla general las preguntas hipotéticas deben estar fundadas en los hechos ya probados en el juicio, no es necesario el que cada uno de los hechos haya quedado estable-cido, ni tampoco el emplear las mismas palabras de los testigos.
    Id. — Pruebas—Reputación de un Testigo. — Para impugnar la reputación de un testigo basta con presentar prueba de carácter general, sin que pueda en-trarse en detalles de. actos específicos del testigo.
    Id. — Pruebas—Prueba de Peritos — Eliminación de la Misma — Discreción del Tribunal.- — -El tribunal en el ejercido de su facultad discrecional puede eliminar la declaración de un testigo pericial y su resolución en este sen-tido no será revocada, a menos que se demuestre que abusó del ejercicio de dicha facultad.
    3d. — Pruebas—Reputación de un Testigo — Prostitución.—Para impugnar la • reputación y veracidad de una testigo no puede presentarse prueba tendente a demostrar actos específicos de su prostitución o inmoralidad, sino que debe limitarse la prueba a demostrar en términos generales la reputación de la testigo en cuanto a sú veracidad en la localidad donde vive.
    Id. — Pruebas—Color de la Madre. — Atendidas las circunstancias de este ¡caso se resolvió, que no era esencial para su resolución el determinar el color de la madre.
    Id. — Opinión del Tribunal Sentenciador. — De acuerdo con el artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por la ley No. 70 de 1911., es bastante que el juez sentenciador redacte y archive una relación breve de los hechos probados y las razones en apoyo de su resolución, no siendo necesario que redacte una opinión extensa, lo cual queda a su arbitrio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelado: Sres. Francis E. Dexter, Herminio Diaz y Cay. Coll Cuchí.

    Abogados del apelante: Sres. Juan de Guzmán Benitez y José de Guzmán Benitez.

   El Juez Asociado Se. MacLeaey,

emitió la opinión del tribunal.

En 30 de enero de 1911 fné presentada en este caso nna demanda enmendada en la Corte de Distrito de San Juan,, en la que el menor Enrique Camacho representado por su madre y defensora, Martina Camacho, entabló nna acción contra Antonio Balasquide Gómez, hermano de Ramón Balas-quide Gómez, en la que solicitaba que él, dicho Enrique Camacho, fuese declarado hijo natural reconocido de Ramón Balas-quide Gómez y su único heredero abintestato.

Funda su acción en los motivos siguientes:

Primero. Que Ramón Balasquide Gómez y Martina Camacho, ambos solteros, sostuvieron relaciones amorosas pú-blica y notoriamente por más de dos años.

Segundo. Que durante dichas relaciones amorosas y corno-fruto de ellas- fué engendrado y nació el demandante Enrique Camacho, el día 14 de agosto de 1908, sin que al procrearlo-o al nacer, ni antes ni después, ni en ninguna ocasión tuvie-sen sus padres impedimento alguno para casarse.

Tercero. Que durante el embarazo de la madre del deman-dante, el referido Ramón Balasquide Gómez mantuvo a áqué-11a en una casa cuyo alquiler pagaba puntualmente, así como-todos los gastos de subsistencia de la madre.

Cuarto. Que al nacer el demandante, Ramón Balasquide Gómez lo reconoció como hijo natural suyo, habiendo confe-sado y declarado que era su hijo natural a varias personas; que desde la fecha del nacimiento de dicho demandante hasta la muerte de Ramón Balasquide este último atendió a todas; las necesidades del hijo y de la madre, pagando sus gastos, comprando vestidos y alimentos para los mismos, y cum-pliendo de una manera general e inequívoca como padre de dicho niño, y atendiendo a su cuidado otorgándole los cui-dados y atenciones de un padre, habiendo conservado estas relaciones hasta la fecha de la muerte de este último.

Quinto. Que el día 13 de marzo de 1910 el expresado padre Ramón Balasquide Gómez falleció en estado de sol-tería, sin hacer testamento ni dejar herederos legítimos, as-cendientes ni descendientes, ni otro descendiente natural que el demandante.

Sexto. Que después, el demandado en esta acción Antonio Balasquide Gómez, hermano de Ramón Balasquide Gómez, fué declarado por la Corte de Distrito de San Juan en un procedimiento ex parte, único heredero abintestato de este último sin perjuicio de tercero de mejor derecho.

El demandado formuló su contestación en oposición a la demanda, y negó que Martina Camacho fuera soltera o que ella viviera en concubinato con Ramón Balasquide Gómez, pública y notoriamente o que como resultado de dichas rela-ciones fuera procreado el demandante en esta acción y na-ciera el día 14 de agosto de 1908; o que Ramón Balasquide tenía o visitaba a Martina Camacho en una casa cuyo alquiler era pagado por él así cómo sus gastos de subsistencia, .y que hubiera hecho admisiones y manifestaciones declarando que el demandante era su hijo natural, atendiendo a sus necesi-dades y cumpliendo todas las obligaciones de padre para con él; y negó, además, que existiera semejante estado de rela-ciones entre la demandante y Balasquide hasta la fecha de la muerte de este riltimo. Alegó además, el demandado, en su contestación como materia nueva, que Martina Camacho tenía distintos hijos habidos en las relaciones ilícitas que había tenido con varias personas, no siendo ninguno de ellos de Ramón Balasquide Gómez. Que había estado al servicio como sirvienta en varias casas y no tenía casa propia, y acos-tumbraba a salir a las calles de noche y de día para tormen-tar sus relaciones amorosas; que Bamón Balasquide Gómez había hecho manifestaciones en el sentido de que no tenía hijos y que, con excepción de su hermano no tenía a nadie a quien dejar sus bienes cuando se muriera en caso de que esto ocurriera.

El juicio de este caso tuvo lugar ante el Honorable Charles E. Poote, juez de distrito, habiendo empezado el día 14 de julio de 1911 y continuado después en varios días consecu-tivos. Ambas partes estuvieron representadas por sus res-pectivos abogados y se presentó prueba por cada una de las mismas, siendo admitida una parte de dicha prueba para ser •tomada en consideración por la corte, tomándose varias ex-cepciones a las resoluciones de la corte, excluyendo aquella •parte de la misma cuya admisión se negó así como a algunas ■otras órdenes de la corte, todas las cuales aparecen en la rela-ción del caso, que forma parte de los autos en este pleito, y (que está contenida en ellos. El día 9 de agosto de 1911 la corte dictó su sentencia en este caso, declarando que los hechos y la ley estaban a favor del demandante y en contra del demandado, y declarando, además, que el demandante, Enrique Camacho, es hijo natural reconocido y único here-dero universal de Bamón Balasquide Gómez, y tenido por éste en sus relaciones con Martina Camacho, y adjudicando al expresado Enrique Camacho todos los derechos y obliga-ciones correspondientes a su condición de hijo natural reco-nocido y heredero universal de Bamón Balasquide Gómez, e imponiendo, además, las costas al demandado. Se . notificó esta sentencia debidamente al demandado el día 15 de agosto de 1911 de acuerdo con la ley.

Celebrado el juicio la corte preparó sus conclusiones de hecho y de derecho en este caso, haciendo una relación de todas las cuestiones que consideró habían sido probadas, y expresando las conclusiones de derecho por virtud de las cuales el demandante, de/acuerdo con el Código Civil de 1902 y la jurisprudencia de ésta Isla, fué declarado hijo natural reconocido de Bamón Balasquide Gómez y único heredero de sus bienes. El demandado interpuso recurso de apelación contra la .sentencia que contra él se dictó, por consejo de su abogado, habiendo remitido a esta Corte Suprema la trans-cripción de los autos a su debido tiempo, la que ha sido debi-damente certificada por los respectivos abogados de las partes.

Las conclusiones de hecho y de derecho a que llegó la corte sentenciadora, son sustancialmente las siguientes:

corroLusiorrES de hecho.

Ia. Que Bamón Balasquide Gómez era blanco, mayor de edad, soltero, y vecino de San Juan; y que Martina Camacho es blanca, mayor de edad, soltera, de oficios domésticos y tam-bién vecina de San Juan.

2a. Que en la noche del 14 de agosto de 1908, Martina Camacho dió a luz un niño de color blanco, al que se le puso el nombre de Enrique, cuyo niño es el demandante en esta acción.

3a. Que durante un año o más al nacimiento del niño Enrique, Bamón Balasquide Gómez sostenía relaciones amorosas con Martina Camacho, y que estas relaciones empezaron mientras se hallaba Martina Camacho viviendo como sir-vienta en la casa de dicho Bamón Balasquide Gómez.

4a. Que mientras Bamón Balasquide Gómez sostenía tales relaciones amorosas con Martina Camacho, viviendo ella en la casa de Balasquide como sirvienta, él tuvo actos carnales con ella en varias ocasiones resultando, ella embarazada de tales actos.

5a. Que Bamón Balasquide Gómez alquiló una casa en San-turce,' San Juan, durante el embarazo de Martina Camacho, donde la llevó a vivir. Que durante todo el estado de emba-razo de ella, Balasquide pagó el alquiler de la casa y todos los demás gastos de Martina Camacho, y durante todo este tiempo visitaba la casa en varias ocasiones, paseaba también con ella por sitios concurridos de esta ciudad, la trataba como su'concubina, habiendo hecho, además, manifestaciones de que no tenía sospecha alguna de que le fuera infiel, expresando, además, que tenía confianza en ella y le causaba alegría ver realizado su deseo de tener un hijo con ella.

6a. Que Eamón Balasquide Gómez se encontraba en la casa de Martina Camacho cuando ella dió a luz al niño Enrique e inmediatamente después del alumbramiento él lo reco-noció como hijo suyo.

7a. Que con posterioridad a dicho alumbramiento de Martina 'Camacho, Eamón Balasquide Gómez pagó sus honorarios a la comadrona que la asistió durante el parto y siguió visi-tándola; que también pagó todos los gastos necesarios para su subsistencia y la del niño, y dijo a amigos suyos que había tenido un hijo; y que consideró a Martina Camacho como su concubina y al niño Enrique como hijo suyo hasta la fecha de su muerte ocurrida el día 13 de marzo de 1910.

8a. Que al tiempo de la concepción y nacimiento del niño Enrique, entre Eamón Balasquide Gómez y Martina Camacho no existía ningún impedimento para contraer matrimonio.

9a. Que Eamón Balasquide Gómez falleció el día 13 de marzo de 1910 sin otorgar testamento o dejar ascendientes ni descendientes legítimos ni más descendientes naturales que el demandante.

10a. Que todas las alegaciones de la demanda son verda-deras y que no lo son las negaciones y alegaciones de la con-testación formulada por el demandado.

CONCLUSIONES DE DERECHO.

Ia. Que con arreglo a las prescripciones del Código Civil tal como fué aprobado en marzo de 1902, el demandante Enrique Camacho es hijo natural reconocido de Eamón Balas-quide Gómez.

2a. Que Enrique o sea el demandante en este caso, es el único heredero de Ramón Balasquide Gómez, en su calidad de hijo natural reconocido del mismo, siendo de aplicación el párrafo Io. del artículo 913 del Código Civil.

3a. Que el demandante tiene derecho también a que se dicte una sentencia a su favor por las costas que sean apro-badas por la corte.

El apelante por medio de su abogado presenta en su ale-gato como fundamento de esta apelación una relación de erro-res de conformidad con nuestras reglas, pero dividiéndolos según su mejor criterio en errores de hecho y errores de de-recho. Con el fin de alcanzar la mayor facilidad en la dis-cusión de las cuestiones presentadas por el abogado del ape-lante, haremos una combinación más adecuada de estos erro-res y los enumeraremos consecutivamente desde el 1 al 22, sin que por esto hagamos cambio en su parte sustancial:

1. Que la corte inferior admitió prueba testifical tendente a demostrar la inscripción del nacimiento del niño Enrique Camacho en el registro civil, no obstante el hecho de existir la certificación del acta de dicho nacimiento expedida por el funcionario competente y que fué presentada como evidencia en el mismo juicio; habiendo el demandado tomado excepción a esta orden de la corte.

2. Que la corte admitió prueba testifical tendente a des-virtuar la certeza de la fecha del nacimiento del demandante que resulta del acta certificada del nacimiento de dicho de-mandante.

3. Que la corte inferior admitió en el juicio como prueba algunas preguntas sugestivas del interrogatorio directo del demandante a sus testigos, todas las cuales constan y están especificadas en la exposición del caso; a cuya admisión opuso excepción el demandado.

4. Que la corte sentenciadora admitió como evidencia dos documentos privados sobre fianzas que fueron firmados por Elena Artuz y Ramón Balasquide, sin que hubiera sido iden-tificada debidamente la autenticidad de la^ firma de Balas-quide por haber quedado desvirtuada la veracidad de Elena Artuz eu el mismo juicio, a cuya admisión de prueba por la corte el demandado tomó excepción.

5. Que la corte inferior se negó á admitir como eviden-cia las contestaciones a las diferentes preguntas hechas por el demandado a varios testigos, entre ellos Manuel Quevedo Báez y Rafael Diez de Andino, todas las cuales tendían a hacer constar ciertas manifestaciones hechas por Ramón Balasquide, a pesar de haberse alegado por el demandado qué Ramón Balasquide había fallecido; habiendo el deman-dado opuesto excepción a esta resolución de la corte.

6. Que la corte inferior se negó a admitir en evidencia una certificación expedida por el debido funcionario del Registro Civil de Toa Alta conteniendo copia literal del acta de nacimiento de un niño que tuvo Martina Camacho' en el año 1904, cuya certificación fué presentada por el demandado para probar una alegación que era esencial a esta cuestión y que consta en la contestación formulada a la demanda, a cuya resolución el demandado formuló excepción.

7. Que la corte sentenciadora permitió que el Dr. B. K. Ashford, mientras se encontraba prestando declaración como testigo pericial, hiciera referencia a algunos hechos cuya exis-tencia y certeza no habían sido probadas en el juicio; a cuya resolución de la corte el demandado tomó excepción.

8. Que la corte sentenciadora admitió como prueba de la conducta general de Martina Camacho, una contestación dada en términos generales por la testigo del demandante Inés Artuz, habiendo opuesto excepción el demandado.

9. Que la corte inferior no permitió que se recibiese decla-ración al testigo perito Dr. Eliseo Font y Gfuillot, presen-tado por el demandado, -como prueba de rebuttal para refu-tar la declaración hecha por un testigo pericial del deman-dante, sobre materias referentes a su declaración, habiendo opuesto excepción el demandado.

10. Que la corte inferior se negó a admitir como evidencia una certificación expedida por el Secretario Municipal de San Juan, después de haber examinado el libro de hojas clíni-cas del Hospital Especial de Mujeres que mostraba que Francisca Martínez Ubaldo había sido asistida en dicho hospital de chaneroides, y que hacía dos años que se hallaba dedicada a la prostitución, cuya certificación fné presentada por el demandado para impugnar la veracidad de dicha testigo del demandante, habiendo tomado excepción el demandado.

11. La corte declaró que Enrique Camacho nació el día 14 de agosto de 1908 no obstante el hecho de que la partida de nacimiento demuestra que dicho niño nació el día 25 de septiembre de 1909. -.

12. La corte declaró que durante un año o más con ante-rioridad al día 14 de agosto de 1908 que es la fecha fijada por la corte con respecto al nacimiento del niño, Bamón Balasquide y Martina Camacho sostenían relaciones amorosas que resultaron en el nacimiento de Enrique Camacho.

13. La corte declaró que Balasquide trataba a Martina Camacho como su concubina e hizo manifestaciones en el sen-tido de que no tenía sospechas de ninguna clase respecto a su fidelidad para con él y que estaba contento al ver que ella había realizado sus deseos de tener un niño. .

14. La corte declaró en su décima conclusión que todas las alegaciones contenidas en la demanda son verdaderas y las negaciones y alegaciones contenidas en la contestación que fné presentada por el demandado no son ciertas.

15. La corte inferior expresa en su conclusión número 1 que Martina Camacho es blanca.

16. La corte en la conclusión de hecho número 2 declara que en la noche del día 14 de agosto de 1908, Martina Camacho dió a luz un niño que es el demandante en esta acción.

17. La corte expresa en su conclusión número 3 que du-rante un año o más y con anterioridad al nacimiento del niño Enrique, Bamón Balasquide Gómez sostenía relaciones amo-rosas con Martina Camacho, y que estas relaciones empeza-ron mientras se hallaba Martina Camacho . viviendo como sirvienta de la casa de dicho Bamón Balasquicle Gómez, de modo que según esta declaración, las relaciones empezaron en 14 de agosto de 1907, o afiles de esa fecha.

18. La corte inferior declara en sn conclusión número 4, que durante dichas relaciones amorosas, y mientras vivía Martina Camacho en la casa de Balasquide como sirvienta, tuvieron ejlos actos carnales en varias ocasiones, resultando ella embarazada de tales actos.

19. En la conclusión número 5 los siguientes hechos han sido declarados por la corte, a saber:

“(a) Que Ramón Balasquide alquiló una casa para Martina Camacho durante su embarazo, y fué trasladada a ella en Santurce.
“ (i) Que durante dicho embarazo Balasquide pagaba los alqui-leres de la casa y todos los demás gastos.
“(c) Que visitaba la casa en varias ocasiones, salía a pasear con ella por los sitios públicos de la ciudad y la trataba como su concubina.
“ (d) Que hizo algunas manifestaciones que mostraban que no tenía sospechas en cuanto a su fidelidad, y que tenía confianza en ella y "se alegraba que- tuviera un niño.”

20. En la sexta conclusión de la sentencia se afirma que Bamón Balasquide G-ómez se encontraba presente en la casa de' Martina Camacho cuando ella dió a luz al demandante y que inmediatamente lo reconoció como hijo suyo.

21.' Se ha alegado en la séptima conclusión de hecho de la sentencia que Balasquide pagó los gastos de comadrona y continuó sufragando los demás gastos que se le ocasionaron a Martina Camacho, su concubina, atendiendo, además,, a los de su hijo, el demandante, hasta la fecha de la muerte del primero. 1

22. Se alega en la sentencia en la décima conclusión, que las alegaciones contenidas en la contestación no son verda-deras y no ofrecen ninguna razón en apoyo de dicha conclu-sión, y por tanto infringen el artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado en 1911, en materia de pruebas.

La apelación se funda, como así lo afirma la parte ape-lante en sti alegato escrito, en los errores de derecho come-tidos en el juicio a los que opuso excepción el demandado, en los errores’ de 'derecho cometidos en la sentencia, y en que la prueba es insuficiente para sostener la sentencia y ha debido desestimarse la demanda.

Los varios errores que han sido alegados serán examina-dos y tomados en consideración por series, hasta tanto sea conveniente hacerlo en el mismo orden que ha seguido el ape-lante, quien en cnanto a este particular se presume que conoce el mejor método de presentar su caso, con el fin de obtener la revocación de la sentencia que contra él fué dictada.

No es cada error de hecho o de derecho en el cual haya podido incurrir la corte sentenciadora durante' el juicio, lo que justifica la revocación de la sentencia dictada. Aquellos, que no influyen en la resolución del caso o que fueron favo-rables para el apelante o inmateriales pueden perfectamente no ser tomados en consideración en la apelación. Nuestro propósito es llegar al conocimiento de los hechos esenciales del caso y de los principios correctos de ley aplicables a los mismos, para determinar de este modo si en la sentencia que ha sido sometida a nuestra consideración para ser revisada se ha impartido o nó justicia sustancial a las partes, y de ser así debe confirmarse; de lo contrario se. impone su revo-cación.

• Las conclusiones de hecho y de derecho de la corte sen-tenciadora no pueden ser consideradas como insuficientes en la apelación porque se hayan cometido simples errores que fueron inadvertidos al exponer los hechos o en la exposición de las conclusiones de derecho, así como por ejemplo el men-cionar una fecha errónea cuando de ello no resulta perjuicio alguno. Pearsall v. Henry, 153 Cal., 314; Field v. Burr, 129 Cal., 44; Thomas v. Jameson, 77 Cal., 91; 38 Cyc., 1975.

Hasta ahora hemos declarado que las conclusiones de hecho según han sido preparadas por la corte sentenciadora, por lo general no serán modificadas si resultan estar de • acuerdo con la exposición del caso contenida en los autos, o en caso de que la prueba sea contradictoria, a menos que se demuestre que baya habido parcialidad, prejuicio o pasión o que aparezca que se ha cometido algún error manifiesto. Cuando la prueba es contradictoria y los autos no demuestran que cualquiera de los testigos no fue digno de crédito, las con-clusiones de la corte inferior sobre ese punto ordinariamente deben aceptarse por la corte de apelación como correctas. Lowande v. García, 12 D. P. R., 302.

Para que las conclusiones de hecho sean suficientes es un requisito esencial que estén sostenidas por la prueba, pero como cuestión de derecho, cuando existe alguna prueba com-petente en apoyo de las mismas, las cortes de la mayoría de las jurisdicciones no revisarán o modificarán dichas conclu-siones por el fundamento de que son insuficientes, y ni si-quiera. en el caso de existir una insuficiencia absoluta en las conclusiones no procedería la revocación si el error no. es perjudicial. Southern California Ry. Co. v. Slauson, 138 Cal., 342; Ambrose v. Drew, 139 Cal., 665; Barry v. Beamer, 96 Pac. Rep., 373; 3 Cyc., 358 et seq. El objeto de estas obser-vaciones ha sido el de aplicarlas a todos estos señalamientos •de error que ahora vamos a discutir separadamente.

(a) El primero, segundo, undécimo, y décimosexto seña-lamientos de error pueden discutirse conjuntamente, pues en ellos se trata de la misma cuestión. En el primero y segundo señalamientos se impugna la admisión de prueba testifical ten-dente a contradecir las manifestaciones contenidas en la ins-cripción de nacimiento del demandante con respecto a la fecha en que dicho nacimiento'tuvo lugar. El undécimo y décimo sex-to señalamientos expresan la conclusión a que llegó la corte de que el demandante nació en 14 agosto de 1908, mientras que de la certificación aparece que nació en 25 de septiembre de 1909. Se alega que esta última fecha es la correcta. El ape-lante ha alegado que la certificación del nacimiento del de-mandante debe admitirse como documento público incontrovertible y que una conclusión de hecho contraria a su con-tenido es necesariamente incorrecta. Según nuestra opinión la corte sentenciadora pudo considerar otra prueba con res-pecto a este punto como lo hizo en el juicio, fijando la fecha del nacimiento del demandante de conformidad con la prueba que le ofreció más garantía y que fué sometida a su consi-deración.

Estos señalamientos de error según han sido expresados hicieron referencia a la admisión de prueba testifical tendente a demostrar la inscripción del nacimiento del niño Enrique Camacho en el registro civil, y a impugnar la exactitud de la fecha del nacimiento del demandante, como aparece de dicha certificación. De conformidad con nuestra Ley de Evidencia dicha prueba es admisible. Además, puede decirse que no es esencial la cuestión relativa a la exactitud de la fecha del nacimiento del demandante y que por tanto estos señala-mientos no están bien fundados, y que cualesquiera errores en que la corte haya podido incurrir en relación a los mismos no son esenciales. Debe tenerse presente que Martina Camacho declaró bajo juramento, que cuando inscribió el naci-miento del demandante el día 2 de noviembre de 1909 el niño tenía un año y seis meses de edad; y, además, que ella declaró que el niño no nació en 25 de septiembre de 1909 como expre-saba la certificación de inscripción del registro civil, debiendo además tenerse en cuenta que Elena Artuz fué llamada como testigo para probar que Martina Camiacho dió a luz al deman-dante el día 14 de agosto de 1908 y que la referida testigo confirmó la manifestación hecha por la madre del deman-dante con respecto al particular, y que la fecha del naci-miento también quedó determinada por la comadrona, que asistió al parto. Tomando toda esta prueba en consideración, la corte sentenciadora, en ejercicio de sus facultades y des-pués de considerar la misma en forma adecuada declaró que el niño había nacido en 14 de agosto de 1908. Por consi-guiente no podemos expresar que se cometiera ningún error al fijar esta fecha.

Con respecto al artículo 320 del Código Civil y a la debida interpretación que ha de dársele, puede dicho artículo ser con-siderado como ley elemental y que el principio legal conte-nido en el mismo ha sido modificado por la Ley de Evidencia. La certificación de inscripción hecha én el registro civil rela-tiva al nacimiento del niño no pnede ser considerada como un documento incontrovertible. Es evidente que constituye prueba de su contenido, pero esta prueba es solamente-prima facie. Nuestra Ley de Evidencia declara én su artículo 71, que los asientos en libros o registros públicos u oficiales practicados en el desempeño de su cargo por un funcionario público u otra persona en el cumplimiento de su obligación constituyen evidencia prima facie de los hechos consignados en estos asientos, y el artículo 11 de la misma Ley de Evi-dencia nos dice lo que constituye evidencia prima facie, y la ■ define expresando que es la que basta para probar un hecho determinado, mientras no se contradiga o desvirtúe con otra evidencia, y presenta como ejemplo,'que el certificado de un registrador es evidencia prima facie de su inscripción, pero puede desecharse más tarde probando que no. existe tal ins-cripción. Por tanto, este certificado hecho por el debido fun-cionario que demuestra la inscripción en el registro civil del nacimiento del niño es solamente prima facie, y no es un docu-mento incontrovertible, y siendo esto así el demandante pudo correctamente ofrecer prueba testifical para probar que el contenido del mismo no era correcto. Esta proposición está sostenida en el tomo 2 de Wigmore sobre Evidencia, artículos 1335 y 1336, y Jones en Evidencia, artículo 511, y en las auto-ridades citadas por ambos tratadistas.

(b) En el tercer señalamiento de error se formula la ob-jeción de que algunas preguntas sugestivas hechas en el inte-rrogatorio directo del'demandante a sus testigos, fueron per-mitidas por la corte que se hicieran, no obstante la objeción del demandado. En ciertas circunstancias se permite hacer preguntas sugestivas a los testigos, y el hecho relativo a si deben o nó hacerse durante el juicio es una cuestión que des-cansa principalmente en la discreción del juez sentenciador. De la admisión de tales preguntas hay menos probabilidad de que pueda ocasionarse algún perjuicio a alguna de las par-tes, en un caso que se esté celebrando ante una corte, que si el mismo estuviera sometido a un jurado, porque la corte aun después de conocer la contestación a la pregunta que es objeto de impugnación puede prontamente no tomarla en conside-ración, si resulta que ba sido admitida indebidamente. En Puerto Rico todos los casos civiles se celebran ante la corte sin jurado. No se ba probado que las preguntas sugestivas que ban sido impugnadas perjudicaran al caso del apelante; por consiguiente, no es necesario que tomemos en considera-ción este señalamiento de error.

(c) El cuarto error en que insiste el apelante se refiere a la admisión de dos documentos privados que se alega que son fianzas suscritas por Elena Artuz y Ramón Balasquide y se funda en que la firma de Balasquide no se identificó debidamente. El juez la estimó identificada por la declara-ción de Elena Artuz y no se nos muestra causa bastante para rechazar su apreciación.

(d) El quinto señalamiento de error bace referencia a no baber sido admitidas las declaraciones de los testigos Que-vedo Báez y Diez de Andino, y que fueron presentados por el demandado, habiéndoseles hecho varias preguntas a los mismos para probar ciertas manifestaciones que les hizo Ramón Balasquide. El apelante alega que esta prueba era admisible .porque Balasquide ya había fallecido. Algo más que el hecho relativo a la muerte dél declarante es necesario para poder establecer el fundamento acerca de la admisión de manifestaciones que no han sido juradas, en un juicio como el presente. Tal fundamento no quedó establecido y la prueba fué debidamente rechazada.

(e) El sexto error señalado que se alega fué cometido por la corte inferior se refiere a no haber sido admitida como prueba una certificación del nacimiento que se dice fué expe-dida por funcionario competente, y cuyo contenido mostraba que Martina Camacho había tenido un niño en Toa Alta el año 1904. Dada la fecha del expresado documento, la negativa de su admisión no perjudicaba los derechos del demandado.

(/) El séptimo señalamiento de error se refiere a la de-claración pericial del testigo Dr. B. K. Ashford, en el que se alega que se le permitió hacer referencia al emitir sn opinión pericial, a algunos hechos cuya existencia y certeza no habían quedado debidamente establecidos en el juicio. La pregunta hecha al testigo pericial, Comandante B. K. Ashford, y la con-testación a dicha pregunta, según el pliego de excepciones fué la siguiente:

P. Si un individuo que camina solo por la calle, que acude a diversiones, que atiende a sus negocios, que es exagerado en el cumplimiento de su deber, que al mismo tiempo se le nota un cambio de pronto en su manera de proceder o en su carácter habitual, entregándose al alcohol, ¿en qué período de la parálisis estaría ese individuo?
R. En el primer período de su enfermedad.

La objeción formulada a esta pregunta fué la de que la existencia y realidad de, los hechos expresados en la pre-gunta no habían sido probados en el juicio. La corte sen-tenciadora tiene gran liberalidad en los interrogatorios que se hacen a los peritos. 17 Cyc., 244, et seq., y notas.

Esto es especialmente cierto en el juicio de un caso ante la corte sin jurado, como se celebran todos los juicios de casos civiles en Puerto Rico. Aunque es una regla general que las preguntas hipotéticas deben hacerse fundadas en hechos que descansen en una prueba tal que lógicamente pueda decirse que establecen dichos hechos, no es necesario sin embargo, que todos los hechos se prueben claramente o que se siga al pie de la letra la declaración de los testigos. Int. R. R. Co. v. Mills (Tex. Civ. App.), 78 S. W. Rep., 11; Quinn v. Higgins, 63 Wis., 664; 24 N. W. Rep., 489; 53 Am. Rep., 305; Oliver v. North End St. Ry. Co., 170 Mass., 222.

(g) El octavo señalamiento de error hace referencia a la prueba, que demuestra la reputación general de Martina Camacho y se alega que la contestación de la testigo Inés Artuz prestada en términos generales, con relación a la misma, fué indebidamente admitida como prueba. Cuando se ataca la reputación de nn testigo o de cualquiera otra persona pro-cede la presentación de prueba en relación a la misma en términos generales y no deben probarse actos específicos que se reflejen en el carácter de la persona tachada. Por tanto la práctica seguida por la corte y que ha sido impugnada es precisamente la procedente, de conformidad con todas las autoridades. 40 Cyc., 2543, 2572; State v. Tarleton, 22 S. E., 495; 118 N. W. Rep., 706.

(h) El noveno señalamiento de error se refiere también a prueba pericial y se señala como error el no haber permitido la corte sentenciadora la declaración ofrecida por el deman-dado, del testigo Dr. Eliseo Font y Gfuillot. Este testigo fue presentado para contradecir manifestaciones hechas por el testigo pericial presentado por el demandante. La corte creyó conveniente excluir dichas declaraciones y dicha ex-clusión era una cuestión que estaba dentro de la discreción legal de la corte, y no será por tanto revisada a menos que se demuestre que al ejercitarla se haya cometido algún abuso. 17 Cyc., 28. Powers v. McKenzie; 90 Tenn., 167, 182; 16 S. W. Rep., 599; Fraser v. Jennison, 42 Mich., 206; 3 N. W. Rep., 882.

(i) El décimo señalamiento de error trata de' la cuestión referente a la negativa de la corte sentenciadora a admitir como prueba una certificación expedida por el Secretario Municipal de San Juan, tomada del libro de hojas clínicas del Hospital Especial de Mujeres, creditiva de que Francisca Martínez Ubaldo había sido asistida en dicho hospital y era una prostituta, a cuya abominable profesión se encon-traba dedicada desde hacía unos dos años. Esta certifica-ción fué presentada con el fin de impugnar la honradez y veracidad de dicha Francisca como testigo. La prueba de los actos específicos no es admisible con tal objeto y la repu-tación de un testigo de castidad o lujuria, no puede ser pre-sentada para impugnar su declaración. La reputación de un testigo cuya declaración se impugna, del concepto en que se .le tiene en cuanto a su veracidad en la vecindad en que vive, es la prueba adecuada cuando se impugna dicha veracidad,, y no la de su reputación por otros conceptos. Aún una mujer lujuriosa puede ser fidedigna, y por tanto el hecho que trató de probarse era enteramente inmaterial e impertinente.

(j) El duodécimo y décimo tercero señalamientos de error que han sido clasificados con relación a- los errores de ley, en realidad se refieren a cuestiones de hecho y en ellos se obje-tan las conclusiones del juez sentenciador, de que Balasquide había tratado a la madre del demandante como su concubina, y había hecho 'manifestaciones en el sentido de que no tenía sospechas de ninguna clase de su fidelidad y expresó su ale-gría de que había tenido un hijo con ella; además, que exis-tieron relaciones amorosas entre el padre y la madre del de-mandante. Estas conclusiones de la corte se fundaron en cierta prueba que fué presentada en el juicio y que consta en la exposición del caso, y no podemos considerarlas como erróneas, aun cuando puede encontrarse prueba contradic-toria en los autos.

(/«) El décimo quinto señalamiento de error alega simple-mente que la corte inferior cometió error al resolver que Martina Camacho era blanca. Ella es la madre del niño y lo representa en este pleito. No es esencial para la debida resolución de este caso investigar acerca de su color. La Diosa de la Justicia no distingue de colores. No creemos que fué la intención del juez sentenciador declarar como cuestión de hecho, que Martina Camacho era de pura raza caucásica, puesto que no es esencial que fuera o nó de tal color. Por consiguiente este señalamiento puede ser eliminado de nues-tra consideración sin que sea necesario discutirlo con mayor extensión.

(l) En el décimo séptimo y décimo octavo señalamientos así como en el duodécimo, el apelante sostiene que se cometieron errores en las conclusiones a que llegó la corte al establecer el hecho de las relaciones amorosas a que se refieren las ale-gaciones, que se dice comenzaron un año o más con anterio-ridad al nacimiento del niño y mientras la madre del deman-dante vivía como sirvienta en la casa de Ramón Balasquide,, fijando por tanto la fecha del comienzo de dichas relaciones,, la del 14.de agosto de 190.7 o antes de la misma.- La prueba con respecto a estas fechas y a las relaciones que existían entre las partes que s.e alega eran los padres del demandante es algo. contradictoria; y se ha resuelto frecuentemente-por este tribunal, de conformidad con las resoluciones de cortes de apelación de los Estados Unidos, que cuando la prueba es contradictoria las conclusiones a que ha llegado la corte sen-tenciadora en cuanto a la misma serán respetadas por el tri-, bunal de apelación a menos que se demuestre qué ha habido parcialidad, pasión o prejuicio o algún error manifiesto. To-mando en consideración el hecho de que el juez sentenciador oye y ve a los testigos, de los que solicita que aclaren cual-quier punto dudoso que aparezca de la prueba, y observa la actitud de los mismos mientras se encuentran prestando declaración, dicho juez está en mejores condiciones para llegar a una conclusión razonable con respecto' a la veracidad de los diferentes testigos, y de la exactitud de cualquiera o todas las declaraciones prestadas por los mismos, estando guiado por un sano juicio y una conciencia honrada, que lo que pudiera estarlo esta corte de una mera lectura de los autos. Río v. Vázquez, 17 D. P. R., 672; Márquez v. New York & Porto Rico Steamship Co., 17 D. P. R., 546; y H. F. Besosa & Co. v. Cadierno López & Co., 17 D. P. R., 137. No existe nada en estos autos en que pueda fundarse un argumento, alegando que la corte sentenciadora estuviera influida en sus conclusio-nes de hecho por algún motivo indebido, o que algún error manifiesto aparece en ellas, según los hechos que han sido presentados ante este tribunal en'la exposición que ha sido certificada.

(m) Se hace objeción en el décimo noveno' señalamiento,, a las conclusiones de la corte sentenciadora, según en el"mis-mo se expresa, que la corte declaró como probados cuatro actos diferentes por parte de Ramón Balasquide, que se enu-meran en dicho señalamiento, tendentes a' demostrar el redo-1 nocimiento que hizo del demandante como hijo natural suyo. Indudablemente qne existe' alguna prueba en la exposición del caso en apoyo de estas conclusiones a que llegó, la corte sentenciadora; y no habiéndose formulado una objeción vá-lida a las mismas, que muestre alguna incorrección como hasta ahora se ha dicho, debemos aceptarlas como correctas.

(n) El vigésimo señalamiento de error es virtualmente una continuación del décimo séptimo, teniendo como tiene re-lación con el hecho referente a haber estado presente Balas-quide en la casa de Martina Camacho en la fecha que nació su. hijo; y las mismas observaciones que se hicieron en cuanto a dicho señalamiento son de aplicación a éste. Podemos, además, expresar, que el punto esencial en discusión según las alegaciones de este caso, se refiere a si Bamón Balasquide y Martina Camacho sostuvieron o nó_ con anterioridad a la .fecha del nacimiento de Enrique Camacho, relaciones amo-josas durante un tiempo suficiente que permitiera la concep-ición, gestación y nacimiento del niño. El juez sentenciador <an sus conclusiones declara que dichas relaciones existieron por un año o más con anterioridad al nacimiento del deman-dante y que fué durante este período que la concepción y ges-tación del niño tuvo lugar. Para que el apelante pueda mos-tr'ar que cualquier error que haya podido cometer la corte inferior con respecto a estas cuestiones es esencial, debe apa-recer prueba tendente a mostrar como cuestión de hecho, que Balasquide y Martina Camacho no tuvieron tales relaciones íntimas y contacto' carnal por tiempo suficientemente largo y en la época adecuada, que diera por resultado la concep-ción, gestación y nacimiento del niño Enrique Camacho. Según nuestro criterio el apelante ha dejado de probar tal cosa, como puede verse de los autos en este caso. Por con-siguiente la -conclusión impugnada debe aceptarse como co-rrecta.

(o) El vigésimo primero señalamiento de error cita como error la conclusión a que‘llegó el juez sentenciador, de que Balasquide pagó los honorarios a la comadrona, que asistió a la madre del demandante durante el nacimiento del mismo y otros gastos en que tuvo que incurrir y que atendió a los cuidados del demandante mientras vivió dicho Balasquide. Los autos ciertamente contienen prueba en apoyo de tal con-clusión y creemos que estos hechos han quedado estableci-dos por preponderancia de la prueba. Por consiguiente, no podemos estar conformes con este señalamiento de error.

(p) En el vigésimo segundo y décimo cuarto señalamientos se alega, que la corte sentenciadora simplemente declaró que las alegaciones contenidas en la demanda son ciertas y que las expresadas en la contestación no lo son, sin mostrar al-guna razón en apoyo de dicha conclusión, infringiendo por tanto el artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil según ha sido enmendado por la ley que fué aprobada en el año 1911. Examinemos estos estatutos. El artículo 227 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil según ha quedado enmendado por la Ley de 9 de marzo de 1911 (Ley número 70), dispone que en el juicio definitivo de cualquier caso en una corte de distrito, el juez de la misma hará y archivará una relación breve del caso, exponiendo los hechos según éstos resulten ante él y dando las razones en que funde su decisión. Leyes de la sesión de 1911, página 238. Así lo hizo el juez senten-ciador en el presente caso, según aparece de los autos que han sido presentados en este tribunal. El juez sentenciador no está obligado a emitir una opinión con profusión de deta-lles. Las simples conclusiones de hecho y de derecho como las que ha establecido el juez de la corte inferior en este caso es todo lo que es absolutamente necesario. Si la corte sentenciadora creyera conveniente redactar una opinión ex-tensa ésta puede ser de utilidad a la corte de apelación y el hecho de que proceda o nó de este modo es una cuestión gene-ralmente discrecional en ella, no habiendo ningún precepto de ley en sentido contrario.

(q) Tomando en consideración el hecho de que el juez sen-tenciador declaró en sus conclusiones fundadas en la prueba que fué presentada en el juicio, no solamente que el deman-dante nació durante la época en que Martina Camacho y Ramón Balasquide sostuvieron relaciones amorosas entre sí, sino también que Balasquide había declarado tanto pública como privadamente que el niño era suyo, del que había ha-blado como hijo suyo en conversaciones, y que atendió a su sostenimiento así como al de su madre mientras esta última vivió en concubinato con él, la prueba del reconocimiento de dicho niño es amplia y los requisitos exigidos por el código han sido cumplidos enteramente en cuanto a ese particular, y la corte estuvo justificada al fundar su sentencia en los hechos que así declaró probados y en la ley tal como existe.

(r) Creyendo como creemos que la sentencia dictada por la corte sentenciadora en este caso se fundó en la prueba que fué debidamente admitida durante el juicio, y en la ley que regula tales casos en Puerto Rico, dicha sentencia debe ser confirmada en todas sus partes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


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text:
    Soto, Apelante, v. Vélez, Apelado.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez.
    No. 921.
    Resuelto en mayo 29, 1913.
    Usufructo — Posesión en Precario. — Se resolvió que la corte interior cometió error al llegar a la conclusión de que el demandado ocupaba la casa en cues-tión a título gratuito con el consentimiento de la demandante y en considera-ción al afecto y cariño que le profesaba al demandado por ser éste hijo de crianza suya, pues tal presunción de cariño y afecto no está justificada por los hechos probados en el juicio.
    Id. — Prestación de Pianza por el Usufructuario. — Atendida la prueba practi-cada, las circunstancias de este caso y el hecho de que el demandado no ha prestado como usufructuario la fianza que exige el artículo 490 del Código Civil Kevisado, se resolvió que la corte inferior erró al llegar a la conclusión de que el demandado no estaba obligado a pagar nada a la demandante por los frutos de la finca que ha estado poseyendo.

      Peuebas — Autos de Otro Pleito Distinto Entre las Mismas Partes. — Cometió error la corte inferior al admitir como prueba en este pleito los autos de un pleito de desahucio seguido entre las mismas partes, pero en el cual las cues-tiones debatidas son impertinentes en este.
    Los lieelios están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. José Benet.

    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Se. MacLeaey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta acción fné entablada por la apelante contra el ape-lado, en reclamación de nna suma de $1,525, como importe de varias reclamaciones qne se determinan detalladamente, con intereses y costas.

El demandado formuló sn contestación negando en ella snstancialmente todas las alegaciones contenidas en la de-manda, y alegando como materia constitutiva de oposición, que Don León N. Gardere y Caséz de quien la finca en cuestión fué adquirida, falleció en Añasco el día 5 de noviembre de 1905, estando casado con la demandante, bajo testamento según el cual instituyó heredero de todos sus bienes a José Gerardo Vélez, dejando el usufructo de los mismos a su viuda, quien no por esto quedó exenta de la obligación de pres-tar la fianza exigida por el estatuto; que la demandante no fia prestado tal fianza al demandado para entrar en el goce del usufructo de dichos bienesqne los bienes a que se refiere la demanda y el producto de los mismos, reclamados en la expresada demanda, son los dejados por el mencionado Gardere a su fallecimiento y constituyen la herencia del demandado; y concluye el demandado con la súplica de qne se desestime la demanda, con las costas a cargo de la parte demandante.

Ambas partes comparecieron a la celebración del juicio qne tuvo lugar el día 27 de agosto de 1912, en cuyo acto estu-vieron representados por sus respectivos abogados Benet y Arnaldo. Presentaron prueba testifical y documental que fué admitida sin objeción alguna, habiendo la corte sentencia-dora después de considerarla conjuntamente, declarado pro-bados los siguientes hechos:

' 1. Que Don León Gardere era 'dueño de una finca de cinco cuerdas y cuatro céntimos, radicada en el barrio de Añasco Arriba, del término municipal de Añasco, que forma parte de la zona urbana, o sea la misma finca que se describe en el hecho primero de la demanda; esa finca contiene una casa de vivienda de dos pisos, contraída de madera, cubierta de zinc y con balcón al frente, un martillo anexo, con las medidas especificadas en el primer .párrafo de la demanda.

2. Que la referida casa enclavada en la finca mencionada fué adquirida por Don León Gardere y Caséz con anteriori-dad al matrimonio con Doña Teresa Soto, la demandante en este pleito, pero que después y durante el matrimonio de ambos, se hicieron ciertas mejoras en ella hasta tenerla en la condición en que ahora se encuentra.

3. Que Don León Gardere y Caséz era el dueño de una finca rústica dedicada al cultivo de café, productos menores, y a pastos, radicada en el barrio “Cercado” del término municipal de Añasco, y compuesta de 47% cuerdas, y la finca se describe en el hecho segundo de la demanda; y que la re-ferida finca rústica del “Cercado” fué adquirida por Gar-dere durante su matrimonio con la demandante en esta ac-ción, a quien pertenece una mitad proindivisa de la misma en propiedad.

4. Que Don León Gardere y Caséz falleció en Añasco el día 5 de noviembre de 1905, y en su testamento declaró todos sus bienes como pertenecientes a la sociedad de gananciales, existente entre él y su esposa, nombrando como heredero suyo a su hijo de crianza José Gerardo Vélez, el demandado en este pleito.

5. Que el testador dió a su esposa o sea la demandante en esta acción, el usufructo de sus bienes en totalidad, mientras vivía; y dicho testamento es válido, no habiendo sido anúlado o viciado en forma alguna.

6. Se lia probado que después de .la muerte de Don León Gardere y Caséz, ocurrida como se lia dicho el día 5 de noviembre de 1905, el demandado vendió cierta cantidad de bocoyes de ron y conservó en su poder el producto de la venta, montante a la suma de doscientos 'treinta y cinco dollars treinta y cinco centavos ($235.35) según aparece consignado en el inventario que se practicó el día 27 de enero de 1906, al cual asistieron las partes interesadas en este pleito, junto con varios testigos en el pueblo de Añasco.

7. Que también se ba probado que José Gerardo Vélez percibió las mensualidades correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 1905, del Señor "Washington, empleado de las escuelas públicas de Añasco, por los cáno-nes de arrendamiento de la casa de dos pisos, que se describe en el primer párrafo de la demanda y que ocupaba como in-quilino, montantes dichos cánones a la suma de $30.

8. Que dichos $30 fueron recibidos y quedaron en poder de José Gerardo Vélez, el demandado en este, caso, según aparece en la página 8a. del mencionado inventario; pero de un memorandum presentado en evidencia por el demandado y admitido en el juicio sin oposición por parte de la demandante, aparece y no fué negado por la misma, que posterior-mente o sea en 28 de enero de 1906, el demandado José Gerardo Vélez entregó la suma de ciento noventa dollars ($190), y que al día siguiente entregó, además, una suma de treinta y cinco dollars ($35) cuya nota, copiada literalmente, dice lo siguiente: “Me ha entregado Gerardo el dinero que había en caja; son ciento noventa; enero 28 de 1906. Después, me ha entregado con fecha 29, treinta y cinco dollars más.” Que del contenido de dicha nota y de la declaración del deman-dado José Gerardo Vélez, así como de la de la demandante Señora Soto, quedó probado que la suma de $190 a que el documento se refiere fué en pago del ron a que se hace refe-rencia en la cláusula cuarta de la demanda y la otra partida de $35, incluía los $30 de los correspondientes a las dos men-siialidad.es de la casa que percibió el demandado del Señor Washington.

9. Tomando y apreciando toda la prueba en conjunto, re-sulta que José Gerardo Vélez ocupaba y habitaba parte de la casa descrita en el hecho primero de la demandada, sin pagar alquiler u otra compensación a la demandante. Pero la corte no puede llegar a la conclusión de que el demandado José Gerardo Vélez, estuviese ocupando y habitando la parte de la casa en cuestión, mediante convenio de pagar algún canon. -La corte, después de considerar la prueba en conjunto, llega a la conclusión de que el demandado Gerardo Vélez, ha estado .ocupando dicha-casa sin que se le haya exigido jamás hasta la interposición de esta demanda, que pagar algún canon por ella, y que la ha estado habitando de tal modo con el consen-timiento de la demandante Teresa Soto de Gardere, a título gratuito y solamente en consideración al cariño y estimación que necesariamente había de profesarle la demandante al demandado, teniendo en cuenta que es su hijo de crianza y que ha vivido con ella por espacio de treinta años; y la corte ;aun se confirma más en su creencia al considerar la demanda de desahucio presentada en el caso No. 3556, por Teresa Soto contra Gerardo Vélez, en cuya demanda se hace referencia a la casa de madera de dos pisos, techada de zinc y con balcón al frente, que se halla enclavada en la porción de terreno compuesta de cinco cuerdas descrita en el hecho primero de la demanda.

10. Que en la demanda de desahucio y en el hecho tercero de la misma, se alega literalmente lo que sigue: “Que los demandados José Gerardo Vélez y su esposa Monserrate Vélez de Vélez, retienen ilegalmente la posesión material de la casa descrita en la primera alegación de la demanda, re-teniendo y disfrutando la misma precariamente, sin pagar canon alguno o merced, o sin ninguna otra causa para ello. .Que dichos demandados ocupan la planta alta de dicha casa, ■y parte de los bajos de la misma, y. se niegan a desocuparla y dejarla a la disposición de la demandante, a pesar de los repetidos requerimientos qne esta última le lia hecho.

11. La corte es de opinión de qne la casa en cuestión ha sido habitada, poseída y disfrutada como se alega en la de-manda, precariamente, sin pagar canon o merced alguna y que en ningún tiempo se ha convenido entre demandante y demandado nada con respecto a ningún pago por arrenda-miento de dicha casa.

12. Aparece también probado que José Gerardo Yélez desde hace dos años más o menos, se hizo cargo de la finca de 47 cuerdas radicada en el barrio de ‘ ‘ Cercado ’ ’ de Añasco, y que se, describe en el párrafo segundo de la demanda presen-tada en este pleito cultivándola y aprovechándose de sus pro-ductos en su propio beneficio, recolectando algunas cosechas de café, cuyo valor no ha sido determinado en este pleito, y cultivando asimismo y disfrutando de los productos de las cosechas de caña de azúcar, así como de los cocos y frutos menores juntamente con el producto de la madera y leña que ha cortado en la finca.

13. Pero la corte ha llegado a la conclusión de que toda la prueba practicada en conjunto y apreciándola con un criterio racional y humano, de que el demandado José Gerardo Yélez, ha estado ocupando dicha finca del “Cercado” con el con-sentimiento y voluntad de la demandante Teresa Soto de Gardere, quien le encargó de dicha finca, siendo el deman-dado su hijo de crianza, que había vivido con ella desde hacía unos treinta años cuando regresó de los Estados Unidos, adonde fué a curarse sin contar con ninguna clase de recur-sos; y la corte es de opinión de que tal finca fué entregada al demandado atendido su estado de salud y malas condicio-nes financieras para que disfrutara de sus beneficios. Tales fueron los hechos declarados probados por la corte senten-ciadora.

Tomando en consideración todos estos hechos declarados probados, la corte llegó a la siguiente conclusión legal: Que el demandado José Gerardo Yélez, no está obligado a pagar ninguna compensación por las diferentes- cosechas y produc-tos menores de la referida finca, de cuyos productos se bene-fició y utilizó con consentimiento de la demandante.

Fundada en estas conclusiones de hecho y de derecho, la corte sentenciadora llega a las siguientes conclusiones: “Por todos los hechos consignados como probados y por la ley aplicable al caso, la corte es de opinión que debe dictarse y así se dicta por la presente, una sentencia declarando sin lugar la demanda en todas sus partes, y que la demandante Teresa Soto de G-ardere no recobre nada en este pleito del demandado José Gerardo Vélez, con imposición de todas las costas, desembolsos y honorarios de ahogado. T se ordena que se registre una sentencia de conformidad.”

La apelante compareció ante la corte por medio de su abogado quien presentó un extenso alegato en el que consta una asignación de los errores, pero no aparece en los autos que se haya presentado ningún alegato a favor del apelado. Este probablemente confía en la opinión de la corte senten-ciadora para que se confirme la sentencia contra la cual se ha interpuesto la presente apelación.

La defensa alegada por el demandado. en su contesta-ción no. ha sido tomada en consideración por la corte inferior en su opinión y el ahogado del apelante apenas hace refe-rencia a la misma en su alegato. Pero es conveniente que de paso la consideremos. Esta es la segunda de las nuevas ma-terias constitutivas de oposición a la demanda, a saber, que la demandante no ha prestado fianza al demandado para .en-trar en el goce de los bienes que se reclaman. Debemos tener presente que ambas partes formulan sus reclamaciones de conformidad con el testámento de León Gardere; el deman-dado como heredero y la demandante como usufructuaria. La propiedad se compone de bienes muebles e inmuebles; y puede verse de los autos que la demandante no ha prestado hasta ahora ninguna fianza según exige el estatuto, que le dé derecho a la posesión de los mismos; tampoco tenemos conocimiento de que haya sido relevada de tal obligación. El Título YI del libro 28 del Código Civil, comprende sesenta y seis artículos que tratan del usufructo, uso y ocupación y varios artículos del mismo pueden propiamente ser de apli-cación a los. heclios de este caso. Yéase el Código Civil, páginas 945-960.

Se observará que de acuerdo con el artículo 471 del Código Civil, el usufructuario tiene el derecho a percibir todos los frutos naturales, industriales y civiles de los bienes usufruc-tuados; siendo éstos en el presente caso todos los bienes in-muebles y muebles pertenecientes a la herencia del finado León N. Gardere. Estos derechos no dependen de la prestación de la fianza por el usufructuario. El usufructuario antes de entrar en posesión de los bienes debe prestar la fianza exigida por la ley. Artículo 490 del Código Civil. Si el usufructuario dejare de prestar la fianza exigida, el propietario puede exigir que los inmuebles se pongan en administración, que los muebles se vendan y que se dé una buena inversión a los productos. El propietario puede, además, retener en su poder los bienes del usufructo mientras pende la acción del usufructuario; pero tiene la obligación de entregar al usu-fructuario el producto líquido de los mismos, deduciendo los gastos de la administración. Artículo 493 del Código Civil. Estos productos son precisamente los que trata el apelante de obtener del apelado en este pleito, con respecto a los cua-les se niega a dar cuenta o a satisfacer su importe. Sin embargo, puede que no sea necesario considerar más detallada-mente estas cuestiones en la resolución de este caso.

Examinaremos cuáles son los errores que se alega fue-ron cometidos por la corte inferior. Estos son los siguientes:

1. La corte de distrito erró al considerar como probado el hecho de que el demandado José Gerardo Vélez, había de-vuelto a la demandante la suma que le debía por el ron ven-dido junto con los $30 de las mensualidades pagadas por el Señor Washington.

2. La corte erró al estimar como probado que el deman-dado José Gerardo Yélez, habitaba la casa de dos pisos con el consentimiento de la demandante Teresa Soto, a título gratuito y en consideración al cariño y afecto que la deman-dante naturalmente profesaba al demandado.

3. La corte en su opinión, después de admitir como pro-bado que el demandado disfrutó del uso de la finca situada en el barrio de “Cercado,” compuesta de 47 cuerdas, y que retuvo el producto de la misma, pasa a declarar que el de-mandado José Gerardo Yélez, había ocupado la propiedad con el consentimiento de la demandante Teresa Soto, quien le había encargado de la misma cuando el demandado, hijo de crianza de la demandante y que había vivido con ella por espacio de 30 años, volvió de los Estados Unidos adonde había ido sin recursos, en busca de salud para sus males; y llega la corte a la conclusión de que el demandado José Gerardo Yélez, no está en la obligación de pagar nada por los cosechas' y otras productos de dicha finca de los cuales disfrutó y se benefició.

4. La corte erró al admitir como prueba documental a favor del demandado los autos del caso civil No. 3556 sobre desahucio, a cuya admisión tomó excepción la demandante por ser contraria a la ley e inmaterial y no tener relación alguna con.las alegaciones hechas por el demandado en su contestación y a la nueva materia constitutiva de defensa.

Pasaremos ahora a considerar estos cuatro señalamientos de error sucesivamente en el orden indicado por el apelante.

Por tanto, surge primeramente la cuestión de si de la prueba resulta o nó que el demandado José Gerardo Vélez, había entregado a la demandante las sumas debidas por el ron que fué vendido y por las mensualidades que habían siclo cobradas.

Aparece claramente de la relación de hechos, que el de-mandado había vendido ron hasta la suma de $235.35 y co-brado las mensualidades montantes a $30, habiendo conser-vado estas cantidades en su poder; pero en el mes de enero de 1906, entregó a la demandante $225 según aparece de un memorándum que fué presentado como prueba. En el memo-rándum no se expresa la procedencia de este dinero y puede que haya sido parte de los $265.35 como producto del ron y de los alquileres que él había cobrado anteriormente y con-servado en su poder. .Si bien ebmemorándum no demuestra este hecho, la corte puede haber declarado probado en vista de otra prueba que haya sido presentada, que este dinero fue satisfecho por el demandado a la demandante. En reali-dad, el propio demandado declara que hasta fines de enero de 1906, entregó a la demandante el balance de los productos del ron vendido y, además, el dinero que había cobrado por alquileres. Alega, además, que empleó el dinero o parte del mismo en pagar cuentas que debía el finado. Aunque la prueba no es muy clara en cuanto a este punto y tampoco es satisfactoria en manera alguna, no podemos declarar que la corte cometió error al llegar a esta conclusión.

El segundo error alegado es que la corte sentenciadora estimó como probado que el demandado ocupaba a título gra-tuito la casa de dos pisos con el consentimiento de la deman-dante y en consideración al 'afecto y cariño que la deman-dante naturalmente tenía al demandado. La presunción “de ' cariño y afecto” entre una madre y su hijo de crianza que es mayor de 30 años, no es de tal clase que no pueda ser con-tradicha por circunstancias tales como las que aparecen en la relación de hechos contenida en estos autos. Cualesquiera que hayan sido los buenos sentimientos entre las partes, re-sultó claramente probado que por tres o cuatro años con anterioridad a la cuestión que ha dado origen a este pleito no existía amor o afecto alguno entre ellos, y por tanto, no hay razón en que fundar esta conclusión a que ha llegado la • corte sentenciadora según constan los hechos en los autos. Por consiguiente, creemos que la conclusión de la corte no está sostenida por los hechos que se desarrollaron en el juicio.

El tercer error que se alega es la conclusión legal a que llega la corte, de los hechos que declaró probados; entre otros al que se ha hecho referencia en el señalamiento anterior. Consideramos la conclusión a que llegó la corte de que el demandado no estaba en la obligación de pagar nada por las cosechas y otros productos de dicha finca, de las cuales dis-frutó y se benefició, que es errónea y no está justificada por la prueba presentada en el juicio. Es cierto que existe alguna prueba que demuestra que hubo cierta especie de convenio entre las partes con el fin de que el demandado adminis-trara la finca rústica y la demandante la urbana; pero este convenio no tenía por objeto, relevar al demandado de dar cuenta de todas las operaciones ni podía estimarse como una donación por parte de la demandante del usufructo a que tenía derecho de acuerdo con el testamento. El demandado debió haber in formad o regularmente a la demandante acerca de los productos netos de la finca en cuya posesión estaba con o sin su consentimiento y con respecto a la cual tenía cierto derecho- al fallecimiento de ésta. Fué claramente im-procedente el haber dictado una sentencia a favor del deman-dado eximiéndole de toda responsabilidad y concediéndole costas, desembolsos y honorarios de abogados.

El cuarto error que ha sido alegado, se refiere a la admi-sión de prueba documental a favor del demandado, consis-tente en los autos de un pleito civil de desahucio que había tenido lugar entre las partes. Estos documentos se refieren a un caso enteramente distinto al presente en el cual no se discutían las mismas cuestiones, y aunque fué seguido por las mismas partes, eran impertinentes e inmateriales, y no debieron haber sido admitidos en este caso, pues la presen-tación de los mismos no tuvo otro efecto sino el de confun-dir las cuestiones que habían de resolverse entre el deman-dante y el demandado.

Por consiguiente, por las razones expresadas,' la sentencia dictada por la corte inferior no puede ser sostenida y debe revocarse, devolviéndose los autos a la corte de distrito con instrucciones de que proceda a la celebración de un nuevo juicio, de conformidad con la ley según lia sido considerada en esta opinión.

Revocada la sentencia ordenándose la celebración de un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Alclrey.


author: El Juez Asociado Su. Aldeet,

text:
    Louiel, Apelante, v. Vázquez, Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 880.
    Resuelto en mayo 29, 1913.
    Nuevo Juicio — Apelación—Copia de la Resolución Apelada. — La tvanseripéión de autos en una apelación contra resolución denegatoria de nuevo juicio debe contener copia de la resolución apelada y su omisión constituye un defecto que afecta a la jurisdicción de esta corte, sin que la insersión en la trans-cripción de la notificación de dicha resolución hecha por el secretario de la corte inferior a las partes pueda subsanar dicho defecto.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Tous Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Francisco Jiménez.

   El Juez Asociado Su. Aldeet,

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso tiene por objeto que resolvamos si la •Corte de Distrito de Ponce erró al denegar la solicitud del demandante, de que se le concediera un nuevo juicio.

Dictada sentencia por la expresada corte desestimando la •demanda con imposición de costas, solicitó el demandante en moción de 4 de diciembre de 1911 que se le concediera un nuevo juicio, y, aunque no consta en el récord de esta apela-ción la resolución de la corte a esa solicitud, existe una noti-ficación becba por el secretario de la misma al abogado del demandante, en la que le bace saber que con fecba 31 de enero <de 1912 la corte declaró sin lugar su solicitud de nuevo jui-ció. También aparece nn escrito de 5 de febrero siguiente por el que el demandante establece el presente recurso de apelación contra la orden de la corte de 31 de enero anterior que denegó su solicitud de nuevo juicio.

Aunque la parte apelada nada alega por la falta en el récord de la resolución que motiva la apelación, estamos en el deber de determinar si esa falta nos priva de jurisdicción para resolver el presente recurso.

Según el artículo 225 del Código de Enjuiciamiento Civil, el legajo de la sentencia y las declaraciones escritas y jura-das o los autos y legajos del pleito o el pliego de excepciones o la exposición, según el caso, que se hubieran utilizado en la vista, con una copia de la resolución dictada, constituirán los autos para la apelación de aquélla, bien concediendo o bien denegando un nuevo juicio, a menos que la moción se hubiera hecho fundándose en las minutas, de la corte, en cuyo caso, el legajo de la sentencia, una exposición que se hará al efecto y la copia de la resolución impugnada, constituirán los autos para la apelación. Y el artículo 301 dispone que, en una apelación contra una providencia concediendo o dene-gando un nuevo juicio, además de los documentos especifi-cados en el artículo antes citado, deberá el apelante presen-tar en la corte de ápelación una copia de la notificación del recurso interpuesto y de la providencia apelada.

La sola lectura de esos preceptos legales convencen de que en el presente caso es necesario que exista en el récord de la apelación copia de la providencia u orden apelada, de-fecto que no puede ser suplido con el'aviso que el secretario dió al demandante de la resolución de la corte, pues no se cumple con el estatuto que requiere la copia de la resolución apelada. Una apelación es un privilegio estatutorio y el que lo ejercita tiene el deber de hacerlo en la forma especificada por la ley. El Pueblo v. Dones, 18 D. P. R., 277. En el caso de El Pueblo v. Lorenzo, 18 D. P. R., 978, dijimos:

“Para que esta Corte Suprema tenga jurisdicción para resolver una apelación es necesario que haya sido interpuesta en los casos en que la ley la permite, y con los requisitos que exige para que se con-sidere perfeccionada * * *.
“Es tan necesario el escrito de apelación que no puede preseín-dirse- de él, aunque en la exposición del caso se diga que se radica por virtud de uná apelación o que de cualquiera otra manera incidental se consigne que existe una apelación.”

El principio antes consignado con respecto a la falta del escrito de apelación es igualmente aplicable a la falta de la resolución apelada ya que el récord debe demostrar afirma-tivamente todos los requisitos exigidos por la ley para que la corte de apelación adquiera jurisdicción sobre el asunto y debe contener la orden o decreto o fallo apelado, Savings and Loan Society v. Meeks, 66 Cal., 374, doctrina que también hemos consignado en el caso de Jiménez v. Olmedo, 13 D. P. R., 308, ya que las reglas de procedimientos son obligatorias para las partes. Fernández v. Sucesión Irizarry, 10 D. P. R., 48, y Ex parte Hecht, 11 D. P. R., 202. Además, cuando el estatuto es claro como en el presente caso, no nece-sita interpretación.

No habiendo cumplido el apelante con los preceptos lega-les mencionados, debemos, dé acuerdo con el artículo 303 del Código de Enjuiciamiento Civil, desestimar la apelación.

Desestimada-la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Peesideute Se. Iíeestández,

text:
    Camacho, Apelado, v. Balasquide, Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de 'San Juan, Sección 2a.- • '. . •
    No. 905.
    Resuelto en mayo 29, 1913.
    Confirmada la resolución apelada por los fundamentos de la opinión emitida en el -.caso No.: 836, Camacho ,v. .Balasqúide, (pág. 590): ■ " • ‘

      Abogados del apelado: Sres. Francis H. Dexter, Herminio Díaz y Gay. Coll Cuchí.

    Abogados del apelante: Sres. Juan de Guzmám Benitez y José de Guzmán Benitez.

   El Juez Peesideute Se. Iíeestández,

emitió la opinión del tribunal.

El. presente es un recurso de apelación interpuesto contra una orden de la Corte de Distrito dé San Juan, desestimando una moción en solicitud de nuevo juicio en el caso arriba expresado.

La sentencia final en dicho caso fué dictada por la Corte de Distrito de San Juan el 9 de agosto de 1911, y habiendo sido recurrida por la parte demandada para ante esta Corte Su-prema, fué decidido el recurso por nuestra sentencia de esta misma fecha, confirmatoria de la apelada.

En 22 de agosto de 1911 el demandado notificó al tribunal inferior con igual notificación a la parte demandante su intención o propósito de solicitar un nuevo juicio por irregu-laridad en los procedimientos de la corte y de la parte con-traria, por insuficiencia de la prueba para justificar la sen-tencia y por errores de derecho cometidos en el juicio a los que opuso excepción la parte solicitante, anunciando a la vez que la moción de nuevo juicio se haría mediante declaraciones escritas o juradas y se fundaría además en los autos del pleito, en las minutas de la corte y en un pliego de excep-ciones y exposición del caso. »

La moción anunciada de nuevo juicio se hizo en 24 de abril de 1912 y fué declarada sin lugar por resolución de 31 de julio del mismo año, contra cuya resolución, según dejamos indicado, es que se ha interpuesto el presente recurso.

Fúndase el recurso según expresa la parte apelante, en los errores de derecho cometidos en el juicio a los que opuso excepción el demandado, en los errores de derecho cometi-dos en la sentencia y en que la prueba no sólo es insuficiente para sostenerla, sino que demuestra la procedencia de una orden de non suit, por la cual debiera haberse desestimado la demanda con las costas al demandante

Los errores que en su alegato puntualiza y enumera la parte apelante en apoyo de su recurso son los mismos en que ba fundado el otro recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, según se demuestra por el examen de los autos y de los alegatos. Las cuestiones planteadas en ambos recur-sos son idénticas. En la opinión que sostiene la sentencia ya pronunciada hemos considerado y resuelto dichas cuestiones.

En tales circunstancias la sentencia expresada ha venido a ser la ley que ha de regular este caso y en su consecuencia debe confirmarse la orden denegatoria de nuevo juicio.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Presidente Sr. HerNÁNdez,

text:
    Busigó, Apelada, v. Yordán et al., Demandados, Malaret, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito ele Mayagiiez.
    No. 957.
    Resuelto en mayo 29, 1913.
    Costas — Honorarios de Abogado —• Impugnación — Deficiencia del Récord. — Cuando la impugnación hecha en la corte inferior al cobro de honorarios de abogado como costas se funda exclusivamente en que son excesivos, no puede la parte impugnadora y apelada alegar por primera vez en apelación que del récord no consta que la materia litigiosa excede de $500, ni que la parte que reclama las costas obtuvo sentencia a su favor incluyendo costas, desem-bolsos y honorarios de abogado, pues dada la forma en que se planteó el debate en la corte inferior, ambos extremos se presumen que fueron aceptados por las partes.
    Id. — Impugnación del Memorandum — -Abogado que se Representa a sí Mismo.— Una corte de distrito no tiene jurisdicción para considerar y decidir en un incidente sobre impugnación de memorándum de costas, desembolsos y hono-rarios de.abogado, si un abogado tiene o nó derecho a cobrar de la parte con-traria honorarios por su propia defensa, pues tal cuestión debe ser resuelta en la sentencia que pone fin al pleito.

      Id. — Honobabios de Abogado — Estimaoión de su Ouantía. — La cuantía de hono-rarios de abogado reclamada como costas, no puede resolverse en apelación cuando la corte inferior no ha fijado cuantía ninguna, sino que declaró que un abogado no tiene derecho a cobrar honorarios como costas cuando' se defiende a sí mismo.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    El apelante, Augusto Malaret, compareció en nombre propio.
    Abogado de Leonor Busigó: Sr. Herminio Díaz Navarro.

   El Juez Presidente Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra resolución de la Corte de Distrito de Mayagüez, dictada el 24 de enero del corriente año, desestimando en todas sus partes el memorándum de costas y. desembolsos presentado por el abogado Don A. Malaret, defensor de sí mismo en el pleito No. 2729 seguido en la expresada corte por Leonor Busigó Pou v. Rosa Yordán y otros sobre declaración de propiedad y nulidad. En dicho memorándum sólo se consignan partidas relativas a honorarios del abogado Malaret ascendentes en su totalidad a $500. . .

La transcripción del récord elevada a esta Corte Suprema a los efectos de la apelación se compone de los siguientes documentos: 1. Memorándum de que se deja hecho mérito; 2. Moción impugnando ese memorándum; 3. Resolución de la corte en los términos ya expresados; 4. Escrito de apelación, y 5. Certificación del secretario autenticando los relacionados documentos.

La demandante, Leonor Busigó Pou, impugna el memorándum del Abogado Malaret, no por ser indebidos los hono-rarios que reclama sino por ser excesiva su cuantía de. $500 y la corte en su resolución apelada desestimó el memorándum por entender que la ley no concede honorarios a un abogado que comparece en el pleito representándose a sí mismo.

La argumentación de la parte apelante en su alegato escrito ante esta Corte Suprema tiende a sostener su derecho al cobro de honorarios en su propia defensa y dice que la corte de Mayagüez fue más allá de lo que le pedía la repre-sentación contraria, pues ésta no contradijo el memorándum de honorarios por indebidos sino por excesivos, habiendo pedido únicamente la rebaja de su cuantía. La representa-ción de la parte demandante además de argumentar sobre la procedencia de la resolución apelada, alega que por el récord no es posible venir en conocimiento de si la parte apelante obtuvo a su favor la condena de la otra parte al pago de las costas, desembolsos y honorarios de abogados, ni de si la materia litigiosa reclamada en la demanda excede o nó de $500.

Esa alegación que propiamente afecta a la deficiencia del récord, es inadmisible. Tal como se planteó el debate en la corte inferior, limitado exclusivamente a si los honorarios de Malaret eran excesivos o nó, era de presumirse, aceptado por ambas partes que había récaído sentencia condenando a la demandante al pago de honorarios del abogado o abo-gados de la parte contraria y que, la cuantía litigiosa excedía de $500. A la. p,arte impugnadora incumbía destruir esa pre-sunción, adicionando el récord en la forma correspondiente:.

Por lo que toca a la cuestión levantada oficiosamente por la corte inferior acerca de que la ley no'Concede honorarios a un abogado que comparece en el pleito representándose a sí mismo, opinamos que tal cuestión no puede considerarse y resolverse en el incidente sobre impugnación del memorán-dum de costas, desembolsos y honorarios, pues si una de las partes en un pleito tiene derecho a que en el caso de que se le concedan las costas se le abone por la parte condenada el im-porte de los honorarios devengados por su abogado, ese de-recho también debe ser' declarado en la sentencia condenando expresamente al pago de honorarios, como así lo dijimos al resolver el caso de Veve v. El Municipio de Fajardo, 18 D. P. R., 764. Al resolver dicho caso expresamos también que en la impugnación del memorándum de costas, desem-bolsos y honorarios podrá discutirse no el derecho a cobrar las cantidades que dichos conceptos entrañan, cuyo derecho habrá sido declarado por sentencia, sino la extensión de ese derecho, bien por ser excesivos los honorarios, bien por tra-tarse de partidas de costas y de desembolsos indebidos o excesivos.

• Haciendo aplicación de dicha doctrina llegamos a la con-clusión de que la corte inferior carecía de jurisdicción para considerar y decidir si un abogado tiene o nó derecho a cobrar de la contra parte honorarios por su propia defensa. Esa cuestión debía decidirse en la sentencia que pusiera fin al pleito concediendo o negando tales honorarios, y la resolución podía ser apelada, bien estableciendo el recurso contra esa parte de la sentencia, bien contra la sentencia en su totalidad.

Tampoco esta corte puede hoy decidir si la cuantía de los honorarios del abogado Malaret es excesiva o nó, pues le falta base para ello. La corte inferior no ejerció discreción alguna en el asunto por entender que los honorarios eran indebidos y como carecía de jurisdicción para hacer esa apre-ciación en el incidente sobre impugnación de costas incurrió en manifiesto error y está por tanto en el deber de conside-rar la importancia del trabajo y de los conocimientos profe-sionales empleados por el abogado Malaret en el caso, para llegar a la determinación de la cantidad que deba concedér-sele por concepto de honorarios.

Véase el caso de The Fajardo Development Co. v. Sucesión Morfi, 17 D. P. R., 1120.

Por las razones expuestas debe revocarse la resolución apelada, debiendo la corte inferior dictar la que proceda sobre la impugnación de honorarios del abogado Malaret, sometida a su consideración previo el cumplimiento de los trámites prevenidos por la ley.

Revocada con instrucciones a la -corte inferior para que dicte la resolución que proceda de acuerdo con los principios enunciados en la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Administración Judicial de los Bienes de Vidal, Apelado, v. Herederos de Augustina Ruiz, Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 920.
    Resuelto en mayo 29, 1913.
    Partición de Herencia — Liquidación de Diversas Sociedades Conyugales— Recibo de Contribuciones. — Cuando en una partieión de bienes de un testa-dor que ha sido casado tres veces se trata de probar que varios bienes poseídos durante el tercer matrimonio los fueron con dinero ganado durante el segundo matrimonio, es necesario una prueba más robusta y más convincente que un simple recibo de haber pagado contribuciones sobre dichos bienes durante la existencia del segundo matrimonio, para poder destruir la presunción de que dichos bienes corresponden a la sociedad de gananciales constituida al tiempo de su adquisición aparente, sin que el mero pago de contribuciones pueda dar lugar a la duda de que se trata en el artículo 1341 del Código Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Quintín Negrón Sanjurjo y José Q. Torres.

    Abogado de Cruz Rodríguez: Sr. Jacinto Texidor.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

José E. Vidal Amadeo estuvo casado tres veces sin que jamás se hubieran rendido cuentas o liquidado ninguna de las sociedades de gananciales que de tal modo se constituyeron, hasta después de su muerte. Falleció bajo disposición tes-tamentaria. Después de ciertos, procedimientos preliminares que fueron necesarios, la corte emitió su sentencia y dictamen por virtud del cual se hizo una distribución entre las perso-nas con derecho a ella por razón del primer y tercer matri-monio, habiendo sido excluidos los herederos de la segunda esposa de toda participación en los bienes. En cuanto a este particular el contador partidor declaró que no habían hijos del segundo matrimonio, que de conformidad con el testa-mento del testador la mencionada segunda esposa no poseía bienes de ninguna clase a la fecha del matrimonio, qne du-rante el mismo dicha esposa no adquirió bienes de sn pro-piedad, y además qne no se probó qne la sociedad hubiera adquirido bienes. Habiéndose hecho objeción al informe presentado por el contador partidor, se nombró un árbitro quien estuvo confórme con el contador, habiendo sido rati-ficado por la corte dicho informe del árbitro con respecto al particular. ■ Los apelantes son los herederos de la segunda esposa, quienes alegan que se cometieron los siguientes errores:

Primero. Al no estimar como evidencia la certificación expedida por el Secretario del Municipio de San Juan, con referencia a los bienes con que figuraba el testador en las listas' del reparto de contribuciones pertenecientes; a los' años 1873 a 1878, o sea durante el segundo matrimonio.

Segundo. Al no aplicar en caso de duda las disposiciones contenidas en el artículo 1341 del Código Civil.

Dicho artículo dispone lo siguiente:

“Artículo 1341. Siempre que haya de ejecutarse simultánea-mente la liquidación de los bienes gananciales de dos o más matri-monios contraídos por una misma persona, para determinar el capital de cada sociedad se admitirá toda clase de pruebas en defecto de inventarios; y en caso de duda, se dividirán los gananciales entre las diferentes sociedades proporcionalmente al tiempo de su dura-ción y a los bienes de la propiedad de los respectivos cónyuges.”

El contador partidor con sobrada razón resolvió que la certificación del Secretario del Municipio de San Juan, creditiva del pago era una prueba incompetente, pero preferimos adoptar el criterio del árbitro y tomar en consideración dicha prueba según el valor que la misma pueda tener.

Creemos que ésta muestra solamente que José E. Vidal Amadeo pagaba contribuciones sobre ciertos bienes y nada más. Tal vez esta certificación unida a otra prueba hubiera podido1 tener algún valor, pero presentada aisladamente sólo dió lugar a sospechas.- El mero hecho de que úna persona esté pagando contribuciones sobré propiedades no acredita el dominio de las mismas. Puede suceder que una persona baya vendido su propiedad y continúe pagando contribucio-nes a nombre del comprador, de quien puede ser el agente, o que, después de verificarse una venta, tarde algún tiempo en hacerse el cambio correspondiente en la documentación del municipio y que pertenezca la finca a otra persona que no sea aquella a cuyo nombre está registrada.

Además, el pago de las contribuciones no es tampoco una indicación del valor de los bienes. Pueden pesar tantos gra-vámenes hipotecarios sobre ellos que prácticamente no ten-gan ningún valor. La certificación en este caso no daba tam-poco idea alguna de cuándo y de qué manera fueron adqui-ridos los bienes, los que por tanto pudieron haberse obte-nido en la época del primer matrimonio o antes. Por el hecho de haberse pagado contribuciones en determinadas fechas no puede surgir ninguna presunción en cuanto al dominio o fecha de adquisición.

Es verdad que no se ha probado que algunos de los bienes descritos en la certificación habíán pertenecido, a la primera sociedad conyugal ni que fueran bienes privativos del testa-dor, pero no habiéndose probado que ninguno de los supues-tos bienes del segundo matrimonio quedaran en posesión de testador a la muerte de su segunda esposa, la presunción, si alguna hubo, fué' que se consumieron o que se dispuso de ellos mientras existió el segundo matrimonio. Los bienes es-pecíficos que quedaron en poder del testador a la fecha de su muerte son los que se han estimado como adquiridos antes o después de su -segundo matrimonio, y la presunción sería de que los mismos eran gananciales pertenecientes al primero o tercer matrimonio. Si algunos de los bienes que al pare-cer pertenecían al tercer matrimonio fueron adquiridos mediante el empleo de fondos o bienes habidos durante el segundo matrimonio, era necesario que se presentara algo más que el mero recibo del pago de las contribuciones para' probar ese hecho o 'que surgiera alguna duda con respecto al hecho de si existía en realidad alguna propiedad pertene-ciente a dicha sociedad conyugal.

El dominio puede probarse por las escrituras, los testi-gos en el traspaso, el registro o los protocolos notariales. Si Vidal Amadeo resultó estar en posesión de un gran caudal de dinero u otros bienes, sin que hubiera indicación alguna del origen de los mismos, pudiera surgir la duda a que se refiere el artículo 1341, pero ésta no surge del mero pago de contribuciones durante un término de cinco o seis años. La sentencia apelada debe ser confirmada en tanto la misma hace referencia a los apelantes en este caso.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf

text:
    Administración Judicial de los Bienes de Vidal, Apelado, v. Angelina Vidal et al., Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia,
    No. 919.
    Resuelto en junio 2, 1913.
    Partición de' Herencia — Bienes Gananciales — Pruebas.—Los apelantes no tienen derecho a que se considere como bien privativo de su madre Angelina Bertrés, la finca adquirida) por ella en 1868 durante su matrimonio con el causante, pues no se ha presentado prueba satisfactoria para contrarrestar la presunción de que dicha finca pertenece a la sociedad de gananciales, ni para destruir la manifestación hecha por el causante en su testamento de que dicha esposa no había aportado bienes al matrimonio.
    Id. — Rentas y Beneficios de Una Gasa. — Carece de fundamento la pretensión de los apelantes de que se les adjudiquen las rentas y beneficios de la -cuarta parte de la casa adjudicada a ellos, pues hubo prueba de que existen algunas deudas que excedían a dichas rentas, y además no han justificado cuándo llegaron a la mayor edad, pues el padre durante su minoría de edad tenía dereeho a percibirlas.
    Id. — Intereses—Mora.—No habiendo prueba de que se haya hecho reclamación judicial o extrajudicial alguna contra el causante, no pueden sus herederos redamar intereses.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogados de los apelantes: Sr. José de Gusmán Benitez.

    Abogado de Cruz Rodríguez: Sr. Jacinto Texidor.

   El Juez Asociado Sr. Wolf

emitió la opinión del tribunal.

José E. Vidal Amadeo qne falleció bajo disposición testa-mentaria estuvo casado tres veces, habiendo sido interpuesta esta apelación por los herederos del primer matrimonio, quie-nes se oponen a la sentencia y adjudicación hecha por la corte con respecto a la distribución de los bienes entre los herede-ros de los distintos matrimonios. La primera cuestión qne suscitan los apelantes se refiere a los bienes qne alegan per-tenecer privativamente a su madre, primera esposa del tes-tador. José E. Vidal Amadeo y su esposa Angelina Bertrés otorgaron recíprocamente un poder para testar, en el cual la esposa autorizó a su marido a declarar las aportaciones de ella a la sociedad conyugal, y en virtud de tal poder en 12 de febrero de 1884 el referido cónyuge superstite otorgó un testamento en el que expresó que su esposa le había autori-zado para declarar sus aportaciones matrimoniales, lo que dijo haría oportunamente. Hubo prueba de que en el año 1868 la mencionada Angelina Bertrés que entonces estaba casada con el testador, adquirió para sí una parcela de te-rreno. Declararon además varios testigos que la propiedad en cuestión pertenecía a la esposa, pero el contador partidor a quien se le comisionó del caso, el árbitro nombrado poste-riormente y el juez, todos estuvieron conformes en que las declaraciones de todos estos testigos eran de referencia y sin fuerza probatoria alguna y no vemos razón por la cual deba-mos intervenir con esa conclusión. Con respecto a las pala-bras contenidas en el poder y en el testamento, los mismos funcionarios judiciales declararon que las palabras usadas en el poder y el testamento eran meramente rituales tales como las que invariablemente se emplean en documentos de esa clase.

En virtud del hecho de que en su últi-mo testamento mani-festó el testador que su primera esposa no había aportado bienes de su propiedad al matrimonio y de que no hubo prueba satisfactoria en contrario, entendemos que la presun-ción de que la propiedad adquirida a título oneroso durante el matrimonio y puesta a nombre de la esposa pertenecía a los bienes gananciales, no ba sido destruida. Por tanto, los causahabientes de la' primera esposa no tienen reclamación alguna que bacer separadamente' sobre la misma.

La segunda cuestión planteada en la apelación se refiere a que una cuarta parte de las rentas y ganancias en cierta casa pertenece a los herederos de la' primera esposa. A dichos herederos se les señaló una suma equivalente a una partici-pación de una cuarta parte en dicha finca, como herederos de la Sra. Bertrés, pero .alegan además que debieron habérseles adjudicado las rentas y beneficios. Con respecto a este punto aparece del informe que existían deudas contraídas. por el primer matrimonio suficientes para emplear las rentas, y además que no hubo prueba acerca de cuándo fue que alcan-zaron. la mayor edad los hijos de dicho primer matrimonio, y durante la minoridad de éstos el padre tenía derecho a percibir dichas rentas y beneficios de conformidad con el artículo 225 del Código Civil, 160 del Código Civil Español, y la ley 5a. del título 17, partida 4 de las Siete Partidas.

En los autos se 'hace mención de ciertos intereses, pero en cuanto a este particular no existe prueba de que los ape-lantes hayan presentado reclamación alguna judicial o éxtra-judicialmente contra su padre. De • acuerdo con el artículo 1067 del Código Civil incurren en mora los obligados a hacer o entregar alguna cosa desde el momento en que se les exige el cumplimiento de la obligación, y según el artículo 1075, se devengarán intereses solamente cuando el deudor incurra en inora. . :

, La sentencia apelada debe ser confirmada en tanto en cuanto hace referencia a los apelantes en este caso.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.