author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Marxuach, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por infracción a la Ley de Sanidad. ■ ^
    No. 1581.
    Resuelto en junio 13, 1921.
    Deledo contra, la Salud Pública — Responsabilidad del Dueíto por Deficiencia en el Pozo Moura — Notificación al DueSo del Sumidero Defectuoso es Innecesaria. — Para que pueda formularse denuncia contra el dueño de una casa o edificio por mantener completamente lleno y derramando al exterior el pozo moura perteneciente al inmueble de su propiedad, no es requisito indispensable, de acuerdo con la sección 16 del Beglamento de Sanidad No. 14, que se dé previo aviso al dueño.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. M. Ginorio.

    Abogado del apelado: Sr. José F. Figueras, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Jorge Marxuach fué denunciado ante la Corte Municipal de San Juan en 19 de septiembre de 1919 porque siendo dueño o administrador de una casa, sita en la calle de Eibot del distrito judicial municipal de dicha corte, ile-gal, maliciosa y a sabiendas la mantiene con el pozo moura completamente lleno y derramando al exterior. La Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, que conoció del caso mediante juicio de novo declaró al acusado culpable del delito imputáclole y lo condenó a satisfacer una multa de tres dólares o un día de cárcel por cada dólar y pago de costas, cuya sentencia dictada en 22 de enero de 1920 ha sido apelada para ante esta Corte Suprema.

Ha venido en el record exposición del caso y en ella apa-rece como única prueba de cargo, la de los testigos Eran-cisco Padín, inspector de sanidad denunciante, y Juan Pu-jols, de los cuales el primero declara: que la casa del de-nunciado Jorge Marxuach. tenía un pozo moura que estaba lleno derramando el contenido, de lo cual llamó la atención a los inquilinos, pero no a Marxuach., ignorando si por con-ducto de la oficina se le hizo alguna notificación. T el se-gundo, o sea Pujols, que acompañó en la visita de inspección al Inspector Padín y en la casa de Marxuach había un pozo moura que estaba lleno derramando al exterior, pero Mar-xuach no vivía ni estaba allí, ni le hizo notificación alguna, por más que cree que fué notificado por conducto de los inquilinos de la casa.

El acusado no propuso prueba alguna y su abogado soli-citó la absolución del mismo, invocando el artículo 31 de la Ley de Sanidad No. 81 para reorganizar el Servicio de Sa-nidad, aprobada en 14 de marzo de 1912, y las secciones 1 y 21 del Reglamento de Sanidad No. 14.

El hecho denunciado está comprendido en la sección 16 del Reglamento de Sanidad No. 14, que dice así:

“El dueño o representante de cualquier casa o edificio estará obligado a hacer que se limpien los pozos negros y sumideros antes de que se llenen y puedan derramarse al exterior. Estará obligado a hacer verter en dichos pozos negros o sumideros cal viva, cloruro de calcio, ereolina o cualquier otro desinfectante cuando así lo ordene el Servicio de Sanidad por motivos especiales. Y tendrá el deber de hacer corregir las deficiencias de construcción de inodoros, letri-nas, caños o sumideros que den origen a emanaciones molestosas.”

' El artículo 31 de la Ley de Sanidad No. 81 invocada por el apelante, dice así:

.“En caso de que el dueño, agente o inquilino de una propiedad donde exista un daño o estorbo público, dejare de hacerlo desaparecer o abatir dentro de un plazo razonable después que se haya hecho debidamente la notificación para la ejecución de la obra, se faculta por la presente a las autoridades sanitarias para remover o abatir el daño o estorbo a expensas de dicho dueño, agente, o inquilino, y la parte interesada será informada debidamente de los gastos en que se hubiere incurrido con tal motivo, y reintegrará el importe de los mismos a las autoridades de sanidad. * * * -Esta acción, sin embargo, no relevará de responsabilidad a cualquier dueño, agente o inquilino por infracción de las disposiciones de los reglamentos sa-nitarios.”

Y las secciones 1 y 21 del Reglamento de Sanidad No. 14, que también se citan como aplicables, rezan textualmente como sigue:

“Artículo 1. — Las casas, edificios y sus dependencias quedan su-jetos a la inspección sanitaria del Servicio de Sanidad, de acuerdo con el artículo 30 de la ‘Ley de Sanidad,’- vigente, y sus dueños, arrendatarios e inquilinos tienen el deber de hacer las obras, repara^-ciones o mejoras sanitarias que se dispusieren en cada caso; asimismo de limitar el número de sus moradores, en relación con el espacio de aire de la habitación.”
“Artículo 21. — Cuando de la inspección sanitaria a que se refiere el artículo 1, por cualquier concepto, resultare insalubre toda la casa, edificio o parte de él, el Director de Sanidad lo deberá notificar por escrito al dueño o su representante marcándoles el plazo nece-sario para la ejecución de las obras, reparaciones y mejoras que disponga, y tal plazo deberá guardar relación con la importancia de las dichas obras. Si transcurrido dicho plazo no se hubieran reali-zado, el Director de Sanidad podrá declarar inhabitable dicha casa, edificio o parte de él, ordenando que sea clausurado dentro de un plazo no menor de 30 días, y permanecerá clausurado hasta que se ejecuten las obras referidas.”

Como se ve, la sección 21 del Reglamento de Sanidad No. 14 se refiere única y exclusivamente a la notificación por el Director de Sanidad al dueño de una casa, edificio o parte de él, que de la inspección sanitaria resultaren insalubres, para que se practiquen las obras de reparaciones y mejoras necesarias dentro de un plazo determinado, y el. artículo -81 de la Ley de Sanidad prescribe igualmente la notificación al dueño, agente o inquilino de una propiedad donde exista un daño o estorbo público para hacerlo desaparecer dentro de un plazo razonable, facultando a las autoridades sanita-rias para removerlo a expensas del dueño, agente o inqui-lino. Pero esa acción como dice textualmente el mismo ar-tículo 31, no releva de responsabilidad a cualquier dueño, agente o inquilino por infracción de las disposiciones sani-tarias.

Esa responsabilidad, o sea, la establecida por la sección 16 del Reglamento de Sanidad No. 14 que dejamos trans-crita, es la que se exige al apelante Jorge Marxuacli quien como dueño de la casa de que se trata lia incurrido abierta-mente en ella dejando de cumplir la obligación que le im-pone de limpiar el pozo negro de la casa de que es dueño antes de que se llenara y pudiera derramar al exterior. El apelante estaba en el deber de cumplir esa obligación en bien de la salud pública sin necesidad de que se le diera aviso alguno por parte de la Sanidad.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres.- Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PeesideNte Se. HeeNÁNdez,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Compañía Mercantil Arroyana, Inc., Acusada y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Córte de Distrito de Gfuayama en causa por infracción a la Ley de Pesas y Medidas.
    No. 1692.
    Resuelto en junio 13, 1921.
    Venta de Pan a Precio Excesivo — Denuncia Suficiente — Alegación del De-lito en Diferentes Poemas.- — Una denuncia que imputa al acusado la infrac-ción de las secciones 2 y 3 de la Ley No. 13 de 1917, para reglamentar el peso de los bollos de pan que se vendan u ofrezcan en venta en Puerto Pico y para otros fines, consistente en ofrecer en venta y vender bollitos de pan de 63 gramos de peso, que en número de- seis formaban un bollo de 380 gra-mos, sin estar rotulados, y en vender cada uno de ellos por dos centavos obte-niendo así un producto de más de 14 centavos en la libra de 453 gramos, cuando ese producto debía ser de 12 centavos, imputa solamente, aunque ex-puesto bajo distintos cargos, el delito definido y castigado en la sección 3 de la Ley anteriormente citada.
    Jd. — Prueba Suficiente. — Apareciendo de la prueba que la compañía denunciada ofrecía y tenía a la venta bollos de pan rotulados con peso de 380 gramos, siendo de 12 centavos el precio de la libra de 453 gramos y que la denunciada vendía cada uno de los seis bollitos que integraban el bollo a 2 centavos, obte-niendo por tanto en la venta de cada bollo un producto superior a 12 centavos la libra, es preciso concluir que la sentencia condenatoria está sostenida por la prueba.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. G. Domínguez Rubio.

    Abogados del apelado: Sres. José E. Figueras, Fiscal y G. Llauger.

   El Juez PeesideNte Se. HeeNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia formulada en 12 de julio de 1920 ante la Corte Municipal de Guayama contra la corporación llamada Compañía Mercantil Arroyana, Inc., de Arroyo, P. R., por el delito de infracción a las secciones 2 y 3 de la Ley No. 13 para reglamentar el peso de los bollos de pan que se ven-dan u ofrezcan en venta en Puerto Rico y para otros fines, aprobada en abril 12 de 1917, dice así:

“Que allá por el 16 de marzo del año 1920 y en la calle ‘Morse’ de Arroyo, del distrito judicial municipal de Guayama * # * la citada corporación # * # ilegal y voluntariamente y sin excusa legal, ofrecía en venta y vendía por medio de su empleado Juan Cora, bollos de pan de a menos de una libra ‘avoirdupois’ o sea de 63 gramos, estando dichos bollos unidos en grupos de seis bollos, formando de este modo un bollo mayor que pesaba 380 gramos, no estando cada uno de dichos bollos de 63 gramos rotulados de acuerdo con la citada ley, vendiendo cada uno de esos bollos en dos centavos, resultando el precio de la libra en más de 14 centavos, debiendo ser doce centavos.”

Celebrado el juicio de novo ante la Corte de Distrito de Guayama, recayó sentencia en 19 de octubre de 1920, que en la parte conducente dice así:

“Se denuncia a la acusada por infracción a las secciones 2 y 3 de la Ley No. 13 de 12 de abril de 1917, para reglamentar el peso de los bollos de pan que se vendan u ofrezcan en venta. Consiste el delito denunciado- en que dicha acusada fabricaba bollos de pan de 380 gramos, los que dividía en seis secciones, vendiendo cada sección & dos centavos, resultando que la venta del precio total del bollo pro-ducía una cantidad mayor de la que justifica la ley de acuerdo con el peso de dicho bollo y el precio de la libra de pan. De la prueba practicada aparece justificado que dicha acusada vendía al detalle dichos bollos de pan, cobrando una cantidad mayor de la que justifi-caba el peso que aparecía marcado en el bollo de pan. Por todo lo cual la corte declara a esta acusada culpable del delito de infracción a la Ley No. 13 de 12 dé abril de 1917, para reglamentar el peso de los bollos de pan que se vendan u ofrezcan en venta, y le impone la multa de ($5) con las costas.”

Esa sentencia ha sido apelada por la acusada, cuya re-presentación alega para sostener el recurso: Que la corte erró al no declarar con lugar las excepciones previas opues-tas a la denuncia y que también cometió error en la aprecia-ción de la prueba por no sostener ésta los hechos denun-ciados.

La denuncia fué excepcionada por resultar de su faz que se imputan a la acusada delitos distintos y porque los he-chos denunciados no constituyen delito público en la hipó-tesis de que sea uno solo el hecho denunciado.

Examinado el texto de la denuncia, vemos que los cargos que se hacen a la corporación acusada consisten en ofrecer en venta y vender bollitos de pan de 63 gramos de peso, que en número de seis formaban un bollo de 380 gramos, sin es-tar rotulados y en vender cada uno de ellos por dos centavos, obteniendo así un producto de más de catorce centavos en la libra de 453 gramos, cuando ese producto debía ser de doce centavos.

Entendemos que la denuncia comprende un solo delito bajo distintos cargos, sin que haya sido su fin perseguir al acusado por más de un delito, y por tanto está autorizada por el artículo 77 del Código de Enjuiciamiento Criminal según el cual “la acusación habrá de comprender sólo un delito, pero el mismo delito puede ser expuesto en diferen-tes formas y bajo distintos cargos.”

En la denuncia se imputa al acusado un solo delito bajo distintos cargos y por-tanto no adolece del reparo de irnpu-, tarse en ella más de un delito, que es el caso comprendido en el No. 2o. del artículo 153 del mismo código; y que los tedios imputados en la denuncia son constitutivos de infrac-ción de la Ley No. 13 de 12 de abril de 1917, en su sección 3°., bajo cuyo concepto es que lia sido condenada la apelante, resulta claramente del examen de esos hechos en relación con dicha sección, que transcribimos a continuación:

‘ ‘ ‘ Sección 3 a. — Siempre que se venda o se ofrezca en venta un bollo de pan cuyo peso sea mayor o menor que una libra ‘avoirdupois’ ó 453 gramos, el rótulo expresivo del peso correcto de dicho bollo indicará además el precio del bollo o unidad tipo, seguido de las palabras ‘la libra’ y el precio de dicho bollo será la misma parte proporcional del precio de la unidad tipo, como el peso del bollo de pan en cuestión es del precio de la unidad tipo; Disponiéndose que ninguna fracción de un centavo será incluida en el peso de cada bollo.”

La denuncia muestra claramente que los bollos de pan a que se refiere se vendían a precio superior al proporcio-nal correspondiente, teniendo en cuenta que el precio de la libra de pan era de doce centavos.

Examinada la evidencia aportada al juicio por ambas partes, encontramos que sostiene la sentencia apelada. De ella aparece que la compañía denunciada ofrecía y tenía a la venta bollos de pan rotulados con peso de 380 gramos, siendo de doce centavos el precio de la libra de 453 gramos y que la denunciada vendía cada uno de los 6 bollitos que integra-ban el bollo a dos centavos, obteniendo por tanto en la venta de cada bollo un producto superior al permitido por la ley.

Ciertamente que existe algún conflicto en la evidencia de-cargo y de descargo, pero la corte resolvió ese conflicto en contra de la acusada y no vemos que en ello hubiera obrado-influida por pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto..

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada..

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutcliison.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    Cobreros et al., Recurrentes, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, en escritura de compraventa.
    No. 493.
    Resuelto en junio 13, 1921.
    Apoderado Sustituto — Facultades del Apoderado Sustituto — Venta por Apo-derado Sustituto — Defecto Subsanable. — Si el registrador no tiene ante sP las escrituras de donde deriva sus poderes el apoderado que los sustituye oí no se insertan éstas íntegras en la escritura de sustitución, está justificado en. hacer constar en la inscripción de una venta hecha por el apoderado sustituto el defecto suhsanahle de no haber acreditado éste su carácter y facultades de apoderado.
    Los Pechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. L. Méndez Vas.

    El Registrador recurrido, Sr. R. Tirado Verrier, compa-reció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de 11 de abril de 1921 otorgada en esta ciudad ante el notario don Francisco Ramírez de Are-llano, don Luis Méndez Yaz vendió la casa No. 31. de la calle de la Luna de esta población como apoderado de los dueños. La venta fué inscrita en el Registro de la Propie-dad de San Juan, Sección Primera, aunque haciéndose cons-tar el defecto subsanable de “no acreditarse el carácter y facultades de don Luis Méndez Yaz como apoderado de doña María, don Antonio y doña María de la Asunción Cobreros de la Barrera.”

Con el título de venta se presentó en el registro la escri-tura de 25 de noviembre de 1920 otorgada en Lugo, España, según la cual don José Cobreros de la Barrera como apode-rado de sus hermanos don Antonio y doña. María de iguales apellidos y como sustituto de don Manuel Varo y Ariza, apo-derado de la otra hermana doña María Asunción de iguales apellidos sustituye sus poderes a favor de don Luis Méndez Vaz autorizándolo para vender bienes de sus poderdantes y para otorgar las escrituras correspondientes. En esa escri-tura de sustitución el notario inserta algunas cláusulas de la escritura de poder que otorgaron don Antonio y doña María en las que conceden a su apoderado las facultades que él sustituye y agrega después el notario con vista de las escrituras de poder que nada consta en ellas que limite o se oponga a las facultades que ha consignado. En cuanto a doña María Asunción se limita el notario a transcribir al-gunas de las cláusulas que el Sr. Varo Ariza sustituyó a don José Cobreros.

En vista de lo expuesto entendemos que el registrador recurrido procedió correctamente al consignar el defecto sub-sanable contra el cual se recurre porque puesto que el Sr. Méndez Vaz hizo la venta en nombre de los dueños de la finca usando los poderes que le fueron sustituidos y puesto que ni en la escritura de venta ni en la de sustitución de poderes se han insertado literalmente las escrituras en las que los dueños concedieron facultades a sus apoderados para determinados actos debieron presentarse al registrador dichas escrituras de poder para que el registrador pudiera calificar por sí mismo, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, no sólo las facultades concedidas a los apoderados sino también la forma extrínseca de dichos do-cumentos sin que esté obligado a pasar por el criterio que haya formado el notario autorizante respecto a si la facul-tad de vender se halla o no limitada por las otras cláusulas que no inserta en la escritura de sustitución que se presentó al registrador.' Esta es también la opinión de los Sres. Ga-lindo y Escosura en sus comentarios a la Ley Hipotecaria, cuarta edición, tomo segundo, página 12.

Los recurrentes nos lian citado en apoyo de sn preten-sión de qne ordenemos la inscripción sin defecto alguno la resolución de la dirección de los registros de España de 13 de mayo de 1880 y la sentencia de este Tribunal Supremo en el caso de Fano v. El Registrador, 15 D. P. R. 334.

Con respecto a la primera de esas citas, si bien es cierto que en una obligación hipotecaria hecha por un apoderado eh notario se limitó a hacer una relación del poder no obs-tante lo cual se ordenó la inscripción por el fundamento de que los registradores deben calificar la capacidad de los otor-gantes por lo que resulte de las escrituras, según el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, y porque en el poder que describe el notario existen datos bastantes para apreciar que el apo-derado obró dentro de los límites que se le otorgaran, sin embargo la misma dirección de los registros resolvió lo con-trario en 11 de noviembre del propio año 1880, en 15 de abril de 1884, en 15 de marzo de 1887 y en 21 de octubre de 1899, caso éste que es igual al que estamos considerando pues a pesar de que el -notario insertó en la escritura la cláusula de la de mandato en que se confieren poderes para vender agregando “sin que en el texto del poder conste cosa en contrario” se resolvió que puesto qne la escritura de poder no se insertaba literalmente en la de venta era indispensable que se presentase en el registro esta última conjun-tamente con aquélla, pues sólo así puede apreciar bien el registrador las facultades del apoderado. No hemos encon-trado en nuestras decisiones resuelta concretamente esa cues-tión pero los casos de Sucesores de L. Villamil & Cía. contra El Registrador, 16 D. P. R. 759, y de Colón contra El Registrador, 22 D. P. R. 546, tienen gran analogía con el pre-sente.

En cuanto al de Paño, supra, citado por los recurrentes, no es aplicable a este caso porque en él no era cuestión a resolver si sería suficiente para el registrador la opinión del notario respecto a qne la cláusula que transcribía no estaba alterada, ni explicada, ni enlazada por ninguna otra.

La nota del registrador debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    Acosta, Peticionario-Apelante, v. Tollinchi, Juez Municipal de Lares, Demandado, y Estrada, Opositora Apelada.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en un recurso de eertiorari.

    No. 2352.
    Resuelto en junio 13, 1921.
    Apelación de Obden Anulando Auto de Certjoeari Oontea Cortes Municipa-les — Transcripción Incompleta. — Cuando se apela de una resolución de la corte de distrito anulando un auto de eertiorari expedido para revisar pro-cedimientos de una corte municipal, es necesario que éstos consten en el transcript de la apelación, sin cuyo requisito el Tribunal Supremo no está en condiciones de resolver que la resolución apelada era errónea.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. B. Estoves.

    Abogado de la Interventora y apelada: Sr. J. D. Ro-drigues.

    El Juez demandado no compareció.
   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

A petición de Arturo Acosta Abreu la Corte de Distrito de Aguadilla expidió un auto de eertiorari contra el Juez Municipal de Lares por sus actuaciones en el pleito de Francisco Canabal contra María Luisa Estrada en cobro de pesos y dispuso que le remitiera las diligencias originales de dicho pleito. Recibidas éstas en la corte de distrito tuvo lugar ante ella la vista de la petición de eertiorari en la que Ma-ría Luisa Estrada solicitó que fuera anulado el auto librado y la corte dictó sentencia anulándolo y disponiendo que el pleito fuera devuelto a la Corte Municipal de Lares.

De esta sentencia apeló para ante nosotros Acosta Abreu y para sostener su recurso nos lia presentado una trans-cripción de los autos de la corte inferior en la que no se bailan las actuaciones del pleito de Canabal contra Estrada objeto del procedimiento de certiorari, actuaciones que son necesarias en este recurso de apelación porque sin ellas no estamos en condiciones de decidir que la resolución apelada sea errónea, como sostiene el apelante, toda vez que debe-mos suponer que la corte de distrito anuló el auto de cer-tiorari que babía librado porque no encontró justificadas en las diligencias del pleito las alegaciones que había hecho Acosta Abreu en su petición. Que tales diligencias nos son necesarias para poder declarar que la resolución apelada es errónea lo ha reconocido tácitamente el mismo apelante cuando nos pidió en este recurso que ordenásemos al secre-tario de la Corte Municipal de Lares que nos remitiera ori-ginales las diligencias de dicho pleito, que le habían sido devueltas, petición que le negamos pues no era la forma de traer ante nosotros las constancias de dicho pleito.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Díaz et al., Peticionarios y Apelados, v. Cividanes, Opositor y Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en procedimiento sobre administración judicial.
    No. 2287.
    Resuelto en junio 16, 1921.
    Desestimación de Apelación — Informe del Contador-Partidor — Orden Ina-pelable. — Una orden eliminando del informe del contador-partidor ciertos particulares en relación con reclamaciones de una persona, susceptibles de ser resueltas subsiguientemente por la corte en su fondo, no es apelable por no determinar definitivamente sobre derecho alguno de esa persona y no ser por tanto final; por lo que una apelación contra tal orden debe desestimarse.
    Id. — Transcripción Defectuosa. — El transcript de apelación de una orden eli-minando ciertos particulares de un informe rendido por el eontador-partidor de una herencia debe contener no solamente el informe y procedimientos sub-siguientes sino también los procedimientos iniciales por virtud de los cuales adquirió jurisdicción la corte de distrito.
    Id. — Alegato Defectuoso — Relación de la Causa en el Alegato. — Se supone que el alegato es el conductor del abogado que lleva a la corte los hechos esenciales del caso de su cliente, la exposición de las cuestiones legales en-vueltas, la ley que él hubiera aplicado y la aplicación que él desea se dé pol-la corte. Cuando el alegato se presenta a una corte de apelación debe in-dicar a esa corte cuáles de las muchas objeciones y excepciones que general-mente se encuentran en la transcripción desea el apelante que la corte revise. A este fin debe asumirse que el conocimiento de la corte no incluye los he-chos del caso en particular, o los errores especiales de la corte sentenciadora en los cuales se funda el apelante para anular la sentencia o resolución.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Muñoz & Brown.

    Abogados de los apelados: Sres. T. Bernardini y J. J. Aponte.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los bienes relictos de Enfina Molinari se encontraban bajo administración judicial por orden de la Corte de Dis-trito de G-uayama, habiendo sido nombrado un contador par-tidor para que hiciera un inventario, avalúo, liquidación y partición de dichos bienes. A su debido tiempo dicho con-tador partidor presentó su informe. Fueron hechas impug-naciones a este informe y se solicitó que ciertos particulares del mismo quedaran eliminados. La corte accedió en gran parte a esta petición y contra la resolución ordenando la eliminación de varias partes del informe fué interpuesta esta apelación.

La apelación debe ser desestimada por varios motivos y creemos que uno de ellos es fundamental. Los apelados so-licitan que sea desestimada la apelación porque la resolu-ción por la que se eliminan partes del informe del contador partidor no es una de las sentencias o resoluciones que es-pecífieamente se enumeran en el Código de Enjuiciamiento Civil. Esta cuestión dependería de si la resolución ordenando las eliminaciones determinaba definitivamente ciertos dere-chos y por tanto era final. Existen indicaciones de que cier-tos- derechos reclamados quedaban necesariamente afectados por esta resolución de eliminación a menos que la corte sub-siguientemente colocara al apelante en tal condición que no le afecte la resolución sobre las eliminaciones. Para que esto sea un poco más claro haremos referencia a lo que el apelante llama uno de los hechos fundamentales del caso:

Rufina Molinari fué casada dos veces. Al ocurrir el fa-llecimiento de su primer esposo, Ignacio Díaz, tres fincas rústicas incluyendo la hacienda “ Merced,” fueron adjudica-das a los herederos, sus hijos los cuales o sus sucesores son al-gunas de las partes en este pleito. Se dió a la viuda Rufina Molinari el usufructo de todas estas fincas y el dominio de la fábrica y maquinaria que estaban en la hacienda “Merced.” Después la referida Rufina Molinari contrajo matrimonio con Manuel Cividanes que es el apelante en este caso. En esta corte sostiene él que tiene interés como viudo en la fá-brica y maquinaria situadas en la hacienda “Merced”; que también, si seguimos los hechos, que con el consentimiento de todas las partes continuó él administrando por algún tiempo la finca después del fallecimiento de Rufina Molinari y que tiene interés en el resultado de las cosechas; asimismo que la fábrica fué. destruida por el ciclón y levantada nuevamente con fondos satisfechos de los bienes gananciales. En su in-forme el contador insistió vigorosamente en que por razón de algunos de los anteriores hechos, o tal vez otros, existía una comunidad de bienes creada entre los herederos de Ru-fina Molinari y el viudo. Alegan los apelados que todas estas reclamaciones están envueltas en otra administración ya resuelta o por resolverse por la corte y que propiamente no podían ser consideradas en los bienes de Rufina Molinari. Una gran parte de la materia eliminada fue la referencia hecha por el contador a los hechos anteriores.

No deseamos considerar en forma específica alguna los méritos de la controversia principalmente por no tener los medios adecuados ante nos. Estamos, sin embargo, conven-cidos de qne esta resolución para eliminar no era nna orden definitiva que resolvía los. derechos de Manuel Cividanes. La jurisprudencia tiende a mostrar que una resolución como ésta, no es final, pero independientemente de esto, creemos que ningunos derechos fueron resueltos definitivamente por la resolución de la corte eliminando varias partes del in-forme. Como hemos sugerido, la corte pudo todavía hacer debidas adjudicaciones a Manuel Cividanes suponiendo que tuviera-él derecho a las mismas aún cuando la forma en que fueron presentadas por el contador no mereció la aprobación de la corte. Los autos muestran, y lo admiten las partes, que todas las cuestiones de fondo quedaron para ulterior resolución por. la corte.

Aunque és .enteramente obiter dicta, dos cosas queremos decir para ayudar a las partes en la determinación de este caso. La primera es que en tanto la materia eliminada con-tiene innecesario reproche acerca de la conducta de las par-tes, más bien que sanos argumentos, la actuación de la corte al eliminar, probablemente no fué equivocada. No estamos tan seguros, sin embargo, y este es nuestro segundo comen-tario, que no quedaban afectados derechos por la resolución de la corte respecto a que las reclamaciones de Manuel Ci-vidanes no podían ser consideradas en este pleito excepto como lo sería la reclamación de otro acreedor cualquiera. Negamos positivamente todo deseo de resolver la cuestión, pero creemos que estaría bien que la corte dictara una orden permitiendo que aquellas cosas que afectaran a las rp.cla.ma-ciones de Manuel Cividanes quedaran en el informe hasta la actuación definitiva por parte de la corte. Én verdad, de existir alguna duda sería mejor dejar el informe tal como lia sido presentado sujeto a la acción, definitiva de la corte. Esto haría necesaria una orden por parte de la corte repo-niendo alguna parte de la materia eliminada.

La desestimación de esta apelación es en beneficio mismo del apelante. Se queja éste de que la corte dictó esta reso-lución eliminando cuestiones que se alega eran innecesarias -e impertinentes sin tener a la vista los datos y prueba pre-sentados al contador. Los apelados sostienen que es de pre-sumirse y casi necesariamente toda esta materia estaba ante la corte, pasando entonces a decir que esta corte no puede resolver cuestiones de hecho como la alegada comunidad de bienes entre las partes porque los hechos no nos han sido certificados. En esto estamos conformes, de modo que si pudiéramos conocer de esta apelación probablemente ten-dríamos que confirmar la resolución de la corte inferior por falta de las constancias de autos que la corte tuvo ante sí al dictar su resolución eliminatoria.

Hay otro fundamento de desestimación, o sea, que los autos certificados a nosotros sólo contiene el informe del con-tador y las actuaciones ocurridas después, pero ninguna parte de los procedimientos iniciales, ni siquiera la petición original para la administración por virtud de la cual la Corte de Distrito de Gfuayama adquirió jurisdicción. Esta cues-tión de falta de unos autos suficientes surgió en nuestra mente por sostener los apelados que fue el mismo contador quien voluntariamente levantó todas estas cuestiones sin serles de-bidamente encomendadas o ni siquiera promovidas por el apelante. Al examinar los autos nada encontramos que con-firme o contradiga esta manifestación de los apelados. Ni siquiera la orden encomendando los procedimientos al con-tador se copia en los autos propios, aunque sí aparece como parte del informe del contador. Por supuesto que si fuera éste el único fundamento para la desestimación, de solici-tarse permitiríamos al apelante que nos presentara todos los datos necesarios, especialmente por no haber sido pro-movida ninguna cuestión por los apelados.

Hay un tercer fundamento para la desestimación que es muy importante para nosotros. En una exposición de los hechos como la que nos hemos aventurado a hacer en este caso hemos podido considerar los alegatos y el informe del contador partidor, pero el apelante no preparó una relación de los hechos como prescriben nuestras reglas. La Eegla 42 prescribe lo siguiente:

“Dentro de diez días después ‘de haberse presentado' a este tribunal la copia de los autos, el letrado defensor del recurrente, presen-tará al tribunal un alegato por duplicado, impreso o escrito en ma-quinilla, que contendrá una relación fiel y concisa de la causa tal como conste en los autos, así como una exposición de los errores en que funda su recurso, y además de ésto, cumplirá con la Ley de Enjuiciamiento actualmente en vigor.”

Las palabras “que contendrá una relación fiel y concisa de la causa tal como conste en los autos,” tienen una sig-nificación definida, resultado de la experiencia de las cortes por mucho tiempo. Las palabras esencialmente significan que sería innecesario para la corte examinar los autos para determinar cuáles son los hechos esenciales sino solamente con el objeto de comprobarlos o averiguar hechos contro-vertidos. El apelante está obligado a hacer que la reseña de su caso conste en su alegato de modo que la corte pueda saber por ella cuáles son las cuestiones litigiosas envueltas. Por ejemplo, no existe ninguna manifestación específica en su alegato respecto a la alegada comunidad de bienes exis-tente entre las partes o de cómo y cuándo surgió. En el curso de su argumentación el apelante quizás hace constar algo de ella, pero no aparece la relación misma prescrita por las reglas. La siguiente cita del caso Bell v. Germain et al., 107 Pac. 630, es de aplicación:

“Se supone que el alegato es el conductor del abogado que lleva a la corte los hechos esenciales del caso de su cliente, la. exposición de las cuestiones legales envueltas, la ley que él hubiera aplicado y la aplicación que él desea se dé por la corte. Cuando el alegato se presenta a una corte de apelación debe indicar a esa corte cuáles de las muchas objeciones y excepciones que generalmente se encuentran en la transcripción desea el apelante que la corte revise. A este ñu debe asumirse que el conocimiento de la corte no incluye los hechos del caso en particular; o los errores especiales de la corte sentencia-dora en los cuales se funda el apelante para anular la sentencia o resolución. Estos deben indicarse claramente aun a riesgo de in-vadir la simplicidad ideal de expresión que las cortes de apelación han aprobado. Las cortes con el fin de poder despachar sus asuntos no favorecen la idea de presentar alegatos innecesariamente volumi-nosos y superfluos. Cuando en el alegato se deja enteramente de presentar las materias mencionadas la corte debe elegir entre actuar como abogado del apelante o resolver solamente aquellas cuestiones que han sido presentadas suficientemente para su consideración por medio de alegato, y al cumplir con el objeto indicado, o sea, el des-pacho de los asuntos, el segundo procedimiento ha sido generalmente adoptado.”

Para poder tener una idea de los hechos de este caso hemos tenido que examinar los autos con muy poca ayuda de los alegatos.

La apelación dehe ser desestimada.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes; Sres. Presidente Hernández y Aso--ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Jtjbz Asociado Se. AldRey,

text:
    Ramos, Demandante y Apelado, v. Sucesión de Salvador Nadal, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre indemnización.
    No. 2196.
    Resuelto en junio 16, 1921.
    Indemnización por Negligencia — Negligencia del Chaupeeijr — -Automóviles.-— En un caso de indemnización por accidente de automóvil es suficiente prueba de la negligencia del chauffeur el hecho de no caminar éste, al ocurrir el accidente, por su derecha en la carretera sino por el medio o más trien a su izquierda, así como el de no reducir la velocidad dél automóvil al acercarse a la carreta tirada por bueyes que conducía el perjudicado, para evitar que los animales se espantaran.
    Id. — Pbopitdad del Automóvil Causante del Daño — Presunción de Propiedad de un Automóvil. — Se presume que la persona que inscribe un automóvil eo.uo suyo en el Departamento del Interior a los fines de obtener la licencia co-rrespondiente, es dueña de tal vehículo así inscrito; y dicha presunción no se destruye con la mera presentación de una cuenta de administración de bienes de una tercera persona, rendida por la que inscribió el automóvil como suyo, en la cual figuran asientos relacionados con la permuta de un auto-móvil por otro de la misma marea dél que fué inscrito en el Departamento del Interior.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Francis & de la Haba, y A. Nasario Lugo.

    Abogados del apelado: Sres. Feliú & Alemañy.

   El Jtjbz Asociado Se. AldRey,

emitió la opinión del tribunal.

José Ramos demandó a la Sucesión de Salvador Nadal, compuesta de sn hija Carmen María Nadal Carrión y de sn viuda Cristina Carrión, para que le pagasen cierta can-tidad de dinero como indemnización de los daños y perjui-cios que el automóvil de, su causante don Salvador Nadal le causó cuando él iba en el vehículo el día 11 de febrero de 1919. La sucesión demandada hizo una negación general de los hechos de la demanda y como materia nueva alegó la negligencia contributoria del demandante. Dictada senten-cia contra la sucesión ésta interpuso el presente recurso de apelación contra ella alegando como motivos de error de la corte inferior los siguientes:

Primero. Porque la Corte de Distrito de Mayagüez erró al estimar que hubo negligencia por parte del chauffeur del automóvil.

Segundo. Porque la Corte de Distrito de Mayagüez erró al no estimar que hubo negligencia contributoria por parte del demandante.

Tercero. Porque la Corte de Distrito de Mayagüez erró al no tomar en cuenta la doctrina del “last olear chance.’’

Cuarto. Porque la Corte de Distrito de Mayagüez erró al estimar que doña Carmen María Nadal y doña Cristina Carrión son responsables por el accidente ocurrido.

Las partes hicieron en el juicio una estipulación en la que la sucesión demandada admitió que el automóvil a que se refiere la demanda estaba registrado el 11 de febrero de 1919 en el Departamento del Interior a nombre de su cau-sante Salvador Nadal y que a su nombre se pagaban las-contribuciones, así como que dicho Nadal falleció el 26 de mayo de 1919 siendo sus herederos las demandadas quienes han aceptado su herencia.

Los tres primeros motivos del recurso podemos conside-rarlos conjuntamente porque todos se reducen a determinar si.fué negligente el chauffeur de Nadal, si hubo negligencia contributoria por parte del demandante, y si además éste tuvo la última oportunidad de evitar el peligro y no lo hizo.

Toda la prueba del demandante está conteste en que yendo José Ramos a pie delante de su carreta de bueyes de Ma-yagüez hacia San Germán y por la derecha de la carretera,, venía en dirección contraria y por el centro de la carretera, el automóvil de Salvador Nadal, yendo en él su dueño, a mucha velocidad y que como uno de los bueyes de la carreta se ladeó (enquiñó), el demandante para evitar que la carreta se fuera a la cuneta echó manos a uno de los cuernos del buey para sujetarlo en cuyo momento el automóvil tropezó con el demandante lanzándolo contra su carreta, pisándole una rueda un pie, cayendo entonces al suelo y pasándole la misma rueda por encima, así como que el automóvil no de-tuvo su marcha siguiendo a toda velocidad.

La prueba de la parte demandada tendió a demostrar que-el demandante iba por su izquierda en la carretera, que iba montado en su carro y que después que pasó el automóvil. quiso bajarse por el lado opuesto apoyando la garrocha en el suelo pero cayó y la carreta lo pisó.

Como se ve hay un conflicto en la evidencia que resolvió la corte inferior no dando crédito a los testigos de la de-mandada y por tanto hemos de tener por ciertas las decla-raciones de los testigos del demandante, resultando de ellas que el chauffeur de la demandada fué negligente de acuerdo con los apartados (d) y (o) del artículo 12 de la Ley No. 75 de 13 de abril de 1916 para reglamentar el uso de vehícu-los de motor en Puerto Rico porque no caminaba por su derecha en la carretera sino por el medio, más bien a su izquierda, como dijo algún testigo, y porque al acercarse a la carreta de bueyes del demandante no tomó precauciones para evitar .que los animales se asustasen, como se asustó uno de los bueyes, reduciendo la velocidad del automóvil.

La prueba también demuestra que no hubo negligencia contributoria por parte del demandante y que no pudo evi-tar el accidente.

En cuanto al último motivo de error alegado porque la corte estimó que las demandadas son responsables del acci-dente ocurrido entendemos que no existe, porque aunque la corte inferior hubiera tomado en consideración la prueba presentada por las demandadas para demostrar que si bien el día del accidente el automóvil estaba registrado en el De-partamento del Interior como de la propiedad de su causante Salvador Nadal, sin embargo era de la propiedad de doña Dolores Nadal viuda de Grálvez, tal prueba no es suficiente para destruir la presunción de propiedad prima facie que lleva consigo la declaración hecha en el Departamento del Interior. En efecto de ella resulta que siendo Salvador Nadal uno de los apoderados de dicha señora, encargado del arreglo de sus casas destruidas por el terremoto ocurrido allí hace pocos años, entregó algunos meses antes de morir al otro apoderado Pagán una cuenta de administración de los bienes de la señora G-álvez.que comprendía desde el 18 de septiembre de 1918 al 30 de abril de 1919, o sea hasta fecha posterior al 11 de febrero de 1919 en que ocurrió el accidente"al demandante, en cuya cuenta figuran dos asientos por cantidades para la permuta de un automóvil “Ford” por otro “Dodge”; que el apoderado Pagan nada sabía de dicho automóvil hasta que por la cuenta que le entregó Nadal se enteró de que había sido cargado su importe a la viuda de Grálvez, por lo que se incautó de él después de la muerte de Nadal y porque el testigo que permutó el automóvil “Dodge” por el “Ford,” recibiendo además algún dinero, supo que era para la viuda de Grálvez solamente porque se lo dijo el propio Nadal.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser confirmada. »

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Garayalde Hermanos, Demandantes y Apelados, v. The American Railroad Company of Porto Rico, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 2263.
    Resuelto en junio 17, 1921.
    Negligencia — Incendio Causado por Chispas de Locomotora — Daños y Per-juicios — Presunción de la Negligencia de la Demandada. — Cuando el de-mandante prueba que las obispas de una locomotora pegaron fuego a su pro-piedad, ello constituye un caso prima facie y entonces recae sobre el ferro-carril el deber de destruir tal caso, y a menos que lo destruya, el demandante tendrá derecbo a sentencia sin más’prueba. El peso de la prueba no se traspasa del demandante al demandado. Siempre subsiste en el demandante, pero cuando el demandante ba cumplido con probar su caso prima facie, in-cumbe al demandado destruirlo.
    Id. — Prueba de oraos Incendios Causados por Locomotoras de la Deman-dada. — Cuando se, identifica la locomotora que causó el incendio origen de los daños, la prueba de otros incendios ocasionados por locomotoras de 1'a demandada, debe limitarse a los causados por la identificada. La regla noes absoluta, pues pudiera presentarse algún caso en que no obstante haberse' identificado la locomotora fuera necesario para juzgar de la conducta de la parte demandada conocer su actuación general en cuanto al manejo usual y corriente de sus otras locomotoras. En el presente caso se resolvió: que la admisión de prueba de otros incendios no constituyó error perjudicial.
    Id. — Negligencia Contributoria. — Los preceptos de la Ley de Policía de Ferro-carriles comprendidos en las secciones 8861-63-64^65-66 y 69, página 1371 de la Compilación de los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, no se refieren a cultivos en general sino, citando lo más pertinente, a los depó-sitos temporales de materias destinadas al abono y cultivo de las tierras y de las cosechas durante la recolección. En tal virtud, aún en el caso de que se concluyera que tales preceptos estaban vigentes en Puerto Rico, no cons-tituiría negligencia contributoria por parte de la demandante el tener sem- , bradas sus plantaciones de cañas a menos de veinte metros de la vía férrea de la demandada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de la apelante: Sr. M. Acosta Velarde y F. G. Pérez Almiroty.

    Ahogado de la apelada: Sr. José de Guzmán Benitez.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Garayalde Hermanos, sociedad civil domiciliada' en Ba-yamón, entabló demanda contra la American Railroad Company of Porto Rico, corporación dedicada a la explotación de nn ferrocarril de vapor en esta Isla, en reclamación de dos mil dólares por daños y perjuicios.

La corte de distrito dictó sentencia favorable a la deman-dante y la demandada interpuso entonces el presente recurso-de apelación, alegando la comisión de cinco errores, a saber: 1, al admitir evidencia sobre otros incendios; 2, al negarse a admitir como prueba cierto cedazo mata-chispas presen-tado por la demandada; 3, al apreciar la prueba relativa a la negligencia imputada; 4, al fijar la cuantía de los daños, y 5, al resolver la cuestión sobre negligencia contributoria planteada por la demandada.

Luego la parte apelante archivó un alegato complemen-tario sosteniendo que la demanda no aduce hechos suficientes-para determinar una causa de acción y que la corte erró al concluir que de acuerdo con los hechos probados hubo negli-gencia por parte de la demandada.

Comenzaremos nuestro estudio por la cuestión levantada en el alegato complementario, porque si ella se decidiere como-pretende la apelante, el pleito quedaría resuelto sin necesi-dad de estudiar las otras cuestiones suscitadas.

- Los hechos 4 y 5 de la demanda, que son los pertinentes,, copiados a la letra, dicen:

“El día 27 de julio del año en curso a las tres y cuarto de la. tarde, la locomotora número 58 de la corporación demandada, condu-cida por uno de los maquinistas, empleado de dicha corporación, recorría el trayecto de la expresada vía que cruza los terrenos de la finca ‘Santa Ana’ con dirección a San Juan, y al pasar por el sitioen que la demandante tiene la plantación de cañas antes mencionada' entre los kilómetros 15 y 16, dicha locomotora iba lanzando p%or sis chimenea chispas y pedazos de carbón, encendidos, algunos de‘ los cuales cayeron dentro de la plantación de caña de la sociedad deman-dante, ocasionando un incendio en las expresadas cañas que desvastó una extensión de cuatro cuerdas y un céntimo de dicho fruto, que eran parte de una pieza de veinte cuerdas de callas dedicadas a gran cultura; todo lo cual puso la demandante en conocimiento de la demandada el mismo día del acontecimiento, pidiéndole que enviase personas competentes para examinar y tasar las cañas quemadas a fin de que le indemnizase equitativamente los perjuicios sufridos; y la demandada se desentendió de este aviso y requerimiento.
“Quinto. La causa inmediata de ese incendio fue la negligencia de la corporación demandada, que no acostumbra mantener en buen estado de funcionamiento las chimeneas ni los aparatos de sus loco-motoras destinadas al combustible de carbón, ocasionando así algunos incendios en los cañaverales colindantes a dicha vía férrea; y parti-cularmente el mencionado día 27 de julio de 1918 en el que por hallarse en mal estado los aparatos destinados al combustible del carbón y la chimenea de la susodicha locomotora No. 58, se ocasionó el incendio que destruyó las cuatro cuerdas y un céntimo de las cañas de la demandante, según se deja alegado.”

Y la parte de la opinión de la corte sentenciadora, que debe transcribirse, es la que sigue:

“El 27 de julio de 1918, y a las 3 ó 3 :15 de la tarde, uno de los trenes de la demandada, arrastrado por la locomotora No. 58, de la dicha corporación, y servido por empleados regulares de la deman-dada, pasó por su vía en el distrito de Bayamón, y atravesando los terrenos de la finca ‘Santa Ana’ allí donde la demandante tenía plantaciones de caña. De la chimenea de dicha locomotora se des-prendían chispas de carbón encendido, y vivas, y de ellas algunas cayeron en las plantaciones de caña de la demandante, dando fuego a tales plantaciones y quemando unas cuatro cuerdas y un céntimó de cnerda de caña que tenía buen desarrollo, de quince meses, y que debían ser molidas en enero de 1919. La producción regular de estas cuatro cuerdas de caña según la prueba, es de estimarse en cuatro jmil quintales en su totalidad, y su producto líquido en mil ocho--cientos veinte dollars; se ha probado también que la semilla perdida tendría un valor de ochenta dollars; y que el tocón de caña ha su-frido, y el daño es de apreciarse en doscientos doUars. La caña que-mada no pudo ser entregada para molerse, por no haber Ingenio o ^Central que estuviera moliendo en aquel' distrito.
■“.Estos hechos se han probado satisfactoriamente.
“La demandante alegó en su demanda estos daños, y asimismo que ellos se debían a la- negligencia de la demandada que no tenía sus locomotoras en condiciones de seguridad suficientes. La corte cree que la locomotora de que se trata, en la fecha de 27 de julio de 1918, no tenía las condiciones dé seguridad necesarias, en lo que se refiere a la producción de incendios por chispas o carbones encen-didos que de ella se desprendieron. Se ha traído prueba de que esas chispas salieron por la chimenea de la locomotora y cayeron a los lados de la vía, y en las plantaciones; y no ha sido prueba de conje-turas, inferencias o deducciones, sino de afirmaciones terminantes, la presentada con relación a este extremo. Por la parte demandada se ha presentado prueba de que ella usa en sus locomotoras un aparato mata-chispas que no permite, según la parte y sus peritos, que salgan al exterior chispas encendidas, y capaces de producir una conflagra-ción. En cuanto a este extremo, conviene tener presente que, cual-quiera que sea la eficacia que se quiera dar al aparato mata-chispas, nos encontramos frente al hecho'aseverado por los testigos de que la locomotora de que se trata arrojaba chispas o carbón encendido. Y, o no es eficaz el mata-chispas, o no lo llevaba la locomotora en aquellos momentos, o no funcionaba bien; no sabe el juez que causa fuera, y sólo sabe que los testigos afirman el hecho antes anotado.”

Cita la apelante en apoyo de su contención los casos de Lake Erie & W. R. Co. v. Miller, 36 N. E. 428, y Lake Erie & W. R. Co. v. Pettijohn, 36 N. E. 429. En el primero de dichos casos la Corte de Apelación de Indiana estableció la siguiente doctrina que fué enteramente ratificada en el segundo. Dice así:

“Una demanda que alega que el establecimiento de ‘K’ cogió fuego debido a chispas de una locomotora que pasaba, que el demandado negligentemente omitió equipar la locomotora con un parador de chispas adecuado, y que el fuego se comunicó del establecimiento de ‘K’ al del demandante, sin negligencia de su parte, era exceptionable por falta de la alegación de que negligentemente se permitió a las chispas escapar al establecimiento de ‘K’
“Las alegaciones de que el parador de chispas era defectuoso, y que el demandado fué negligente al equipar la locomotora,, no mues-tran que el daño al establecimiento del demandante fuera el resul-tado próximo de tal negligencia.” Lake Erie & W. R. Co. v. Miller, 36 N. E. 428.

No es posible formar juicio con la sola lectura del caso de Indiana. Esta materia fia sido discutida intensamente y ampliamente tratada por los tribunales. Euling Case Law con su acostumbrada claridad resume la jurisprudencia así:

“La cuestión de si el mero hecho de haberse escapado fuego de una locomotora, debido al cual se ha destruido alguna propiedad, es prueba prima fade de negligencia por parte de la compañía en la construcción y manejo de tal locomotora, es una sobre la que hay un conflicto entre las autoridades. De acuerdo con la regla estable-cida por un número de cortes, en ausencia de un estatuto no surge presunción de negligencia meramente del hecho de que el fuego se comunique por una locomotora de una compañía de ferrocarriles, sino que el demandante debe alegar y probar la negligencia de la compañía. Las razones más convincentes dadas en apoyo de esta regla son que una compañía de ferrocarriles que está autorizada por la ley para hacer funcionar sus trenes por medio de vapor no es un asegurador contra accidentes por fuego, y no es responsable por daños causados por el uso del fuego para generar vapor, si el derecho es ejercitado en una forma legal y con cuidado y habilidad razona-bles; y el dueño de propiedad colindante asume todos los riesgos incidentales al uso legal y adecuado del ferrocarril; que la negli-geneia es la substancia de la responsabilidad, y sin prueba de ella no puede mantenerse una acción; y por regla general en las acciones basadas en la negligencia, el demandante debe alegarla, y el peso de su prueba recae sobre él, y en ningún caso el mero hecho del daño prueba negligencia. De otra parte las cortes inglesas y un gran nú-mero de las cortes de este país sostienen que la negligencia de parte de la compañía de ferrocarriles ha de presumirse del hecho del escape del fuego, y que prueba de la consumación del fuego levanta la pre-sunción de negligencia, ya en la construcción o en el manejo y fun-cionamiento de la locomotora que comunicó el fuego, e impone al demandado el peso de destruir esa présuneión de negligencia. El razonamiento usualmente adoptado en apoyo de la regla de que pro-bado el origen del fuego en contra de la compañía de ferrocarriles a ella incumbe mostrar que ha usado todas las precauciones necesarias para evitar hacer tal daño, es que los agentes y empleados de la compañía saben, o por lo menos tienen obligación de saber, que la locomotora está propiamente equipada para impedir que el fuego se escape, y que ellos saben si se emplearon aparatos mecánicos con tal fin, y en caso afirmativo, cuál era su naturaleza; mientras que de otra parte las personas no relacionadas con el ferrocarril y que solo ven los trenes cuando pasan a una gran velocidad, no tienen tales medios de información y la misma les es inaccesible y no puede ser obtenida por ellos sin grandes gastos e inconveniencias y además a menudo sólo como un favor de la compañía que bajo las circunstan-cias probablemente lo negaría.” 11 R. C. L. 987.

Ya esta Corte Suprema tuvo ocasión de examinar estas dos tendencias, decidiéndose por la última por bailarla más conforme con la realidad de las cosas y con el espíritu de justicia que debe guiarnos siempre en la formación de nues-tra propia jurisprudencia. Véase el caso de Guzmán v American Railroad Company of Porto Rico, decidido el 29 de abril de 1921, (página 452).

Creemos conveniente transcribir también el resumen de las autoridades becbo por Euling Case Law sobre el efecto de la presunción. Dice así:

“Con respecto al efecto de la presunción legal de negligencia me-diante prueba del origen del fuego, la regla se ha dicho a veces ser que cuando se ha demostrado que el funcionamiento de la locomotora en cuestión originó el fuego motivo de queja, la presunción de negli-gencia surge contra la compañía y a ella se traspasa el peso de mos-trar el ejercicio de cuidado y diligencia ordinarios y razonables. Pero una expresión más exacta de la regla, a la luz de las autori-dades, se ba creído ser que cuando el demandante prueba que las chispas de una locomotora pegaron fuego a su propiedad, ello cons-tituye un caso prima facie y entonces recae sobre el ferrocarril el destruir tal caso prima facie, y a menos que no destruya el caso del demandante éste tendrá derecho a sentencia sin más prueba. El peso de la prueba no se traspasa del demandante al demandado, sino que siempre subsiste en aquél, y cuando el demandante ha presentado su caso entonces incumbe al demandado destruirlo. ” 11 R. C. L. 990.

Examinada la demanda y los hechos declarados probados por la corte a la luz de la línea de autoridades que hemos considerado que dehe prevalecer, es necesario concluir que la primera aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción y que los segundos demuestran que la com-pañía fué negligente y a virtud de su negligencia ocasionó los daños que se reclaman. Y a esta última conclusión lle-garemos aún con más fuerza si en vez de limitarnos a los hechos declarados probados por el juez, penetramos en el estudio de la prueba practicada, como tendremos ocasión de ver más adelante.

Resuelta la cuestión suscitada en el alegato complemen-tario, procederemos a examinar los otros errores señalados.

Comenzaremos por el cometido a juicio de la apelante por la corte al admitir evidencia de otros fuegos. Ya hemos visto que en la demanda se alega no sólo que la locomotora de donde salieron los carbones encendidos que causaron el fuego tenía sus aparatos en mal estado, si que también se hace una imputación general de negligencia. Creemos que la demandante fué más lejos de lo necesario. Pero lo cierto es que entró a juicio con la alegación hecha en tal forma y presentó en efecto evidencia de otros fuegos y la evidencia fué admitida con la objeción de la demandada.

El juicio no se celebró ante un jurado, sino ante un solo juez y analizada la opinión emitida por éste se observa qne para nada tuvo en cuenta los otros fuegos.

Bajo estas circunstancias ¿puede sostenerse que se ba co-metido error perjudicial a la parte demandada?

La jurisprudencia sobre esta materia está también en conflicto y otra vez recurriremos a Ruling Case Law para exponerla. Copiada en la parte que bemos estimado más atinente es como sigue:

“Respecto a la admisibilidad de pruebas de otros incendios oca-sionados por otras locomotoras para establecer el origen o cansa del incendio qne se alega en una acción contra un ferrocarril por daños y perjuicios causados a una propiedad por incendios propagados, no existe poco conflicto en las autoridades, pero puede enunciarse como regla generalmente aceptada en casos de esta clase, que la prueba de otros incendios originados por otras locomotoras de la compañía de ferrocarril demandada en las cercanías del fuego que se alega y que ocurren en o casi al mismo tiempo qne dicho fuego, es admisible por tender a probar la posibilidad y consiguiente probabilidad de que el fuego alegado se originó por la causa qne se alega por lo menos cuando la locomotora que se dijo que ocasionó el fuego no ha sido identificada.
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“En un número de jurisdicciones se ha resuelto que cuando se identifica la locomotora en particular que se supone ha causado el fuego alegado, el demandante no puede presentar prueba de otros incendios, o la salida de chispas de otras locomotoras de la deman-dada para probar el origen del fuego. Sin embargo, esta doctrina respecto a la identificación ha sido rechazada expresamente por algu-nas autoridades, y se ha resuelto que sin tenerse en cuenta la cues-tión de la identidad, cuando el punto en controversia es si como cuestión de hecho el fuego fué ocasionado por cualquier locomotora, otros fuegos causados por locomotoras de la demandada casi al mismo tiempo y en la misma vecindad pueden ofrecerse como prueba con el fin de demostrar que pueden las máquinas locomotoras originar fuegos por emisión de chispas o escape de pedacitos de carbones de piedra.” 11 R. C. L. 996-997.

Siendo los expuestos los becbos y la ley, no creemos que se baya cometido error perjudicial alguno.

A nuestro juicio la mejor doctrina consiste, cuando se identifica la locomotora que ocasionó el incendio, limitar a ella la prueba, pero aún así no debe- sostenerse que la regla sea absoluta pues pudiera presentarse algún caso en que identificada la locomotora fuera necesario para juzgar de la conducta de la parte demandada conocer su actuación general en cuanto al manejo usual y corriente de sus otras loco-motoras.

En el presente caso la locomotora que ocasionó el fuego se identificó y la prueba debió limitarse a ella solamente, ya que limitándola a ella podía formarse un concepto completo de lo ocurrido. En realidad de verdad eso fué lo que su-cedió. El juez prescindió en absoluto de la indicada prueba y. se limitó a investigar y aquilatar el caso concreto origen del incendio y el fuego mismo.

_No cometió la corte el error que se le atribuye al negarse a admitir como prueba el cedazo mata-obispas presentado por la demandada, porque no se identificó debidamente.

Tampoco cometió error la corte al apreciar las pruebas. Hemos leído cuidadosamente la transcripción de la evidencia y ésta es completa a nuestro juicio. Era un sábado por la tarde y uno de los dueños de las cañas incendiadas estaba cerca con mayordomos y trabajadores ajustando cuentas y así pudo observarse por ellos el suceso desde sus comienzos. Hacía como un mes que no llovía. El tren iba bastante car-gado, liabía una pequeña pendiente y tuvo que bacer un es-fuerzo para subir; la locomotora “iba botando muchas chis-.pas.” Un testigo dice, y su declaración es semejante a mu-chas otras, “había chispas hasta de tres cuartos de pulgada, yo las vi en ese sitio en el aire, yo las veía que caían pren-didas.” El incendio comenzó por más de un punto y pudo aislarse debido a haber tanta gente cerca que trabajó inme-diatamente por extinguirlo, a pesar de lo cual quedaron des-truidas cuatro cuerdas de cañas.

La corporación demandada introdujo prueba tendente a demostrar el cuidado que ponían sus empleados en la lim-pieza y seguridad de sus máquinas y aparatos y en que la locomotora No. 58 fué examinada y encontrada en perfectas condiciones. Pero esta prueba puesta en relación con la rea-lidad de los hechos no convenció a la corte sentenciadora. Hay un detalle que es conveniente notar. Nos referimos a la limpieza del aparato mata-chispas que pudo desprenderse que se hacía á martillazos por lo menos en varias ocasiones, cuando lo propio es que se hiciera con algún cepillo apro-piado. Los martillazos permitirían “andar ligero,” pero se corría con ellos el riesgo de destruir o dañar el cedazo' mismo de tal modo que permitiera la salida de chispas del tamaño de las descritas en este caso, de pedacitos de carbón lo sufi-cientemente grandes para resistir encendidos la influencia del aire y del tiempo mientras estaban en el espacio y aún caer “vivos” y propagar el fuego.

Que el incendio se debió a las chispas encendidas lanza-das por la locomotora No. 58 de la demandada, es un hecho tan evidente que no cabe ni siquiera discutirlo, y que tales chispas brotaron por la negligencia de la demandada, se deduce necesariamente de los hechos ocurridos, habiendo la de-mandada dejado de probar satisfactoriamente su diligencia. Véase el caso de Ledesma, supra, especialmente en la parte en que cita a “Thompson sobre Negligencia,” sección 2263.

En cuanto a la cuantía de la indemnización la evidencia aportada por la parte demandante sostiene plenamente la conclusión de la corte. La parte demandada presentó prueba de peritos que apreciaron el valor de las cañas destruidas en una cantidad inferior. No encontramos ningún argu-mento sólido que demuestre el error de la corte al dar cré-dito a los testigos y peritos de la demandante.

Suscítase por último, en el quinto error, la cuestión legal levantada por la demandada en su contestación así:

“Y la demandada, como materia nueva de defensa y oposición a la supradieha demanda, alega: que si tal incendio ocurrió al paso de su locomotora número 58, por el sitio de referencia, ello se debió única y exclusivamente a la culpa y negligencia de los demandantes; por tener éstos sembradas sus cañas a una distancia menor de veinte metros de las vías de las demandadas, en violación de lo preceptuado en los párrafos 3o. y 6o. del artículo 1 en relación con los artículos 3o., 4o. y 5o., párrafo 2 del artículo 6o. y artículo 9 de la Ley de Policía de Ferrocarriles y Reglamento para su ejecución, promulga-dos el 7 y 17 de febrero de 1888, vigentes en la actualidad, y cuyos artículos corresponden a las secciones 8861, 8863, 8864, 8865, 8866 y 8869 de la Compilación de los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, vigente en marzo 9 de 1911; siendo todo ello la causa próxima y única del incendio de referencia.”

Aún en el caso de que tales preceptos de ley estuvieran vigentes en Puerto Rico, no habría cometido error alguno la corte de distrito, pues dichos preceptos no se refieren a los cultivos en general, sino, citando lo más pertinente, a los depósitos temporales de materias destinadas al abono y cul-tivo de las tierras y de las cosechas durante la recolección. Véase la Compilación de 1911, página 1371.

Por virtud de todo lo expuesto, procede la confirmación de la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes.- Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    The Porto Rico Coal Company, Demandante y Apelante, v. Sobrinos de Ezquiaga, Demandada y Apelada.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre confesoria de servi-dumbre.
    No. 2252.
    Resuelto en junio 17, 1921.
    Servidumbre de VÍA — Modificación de Servidumbre. — El tercero que compra una propiedad sujeta a una servidumbre que se baila inscrita en el registro de la propiedad está obligado sólo por los términos de tal inscripción, j en el caso particular de una servidumbre para establecer un ramal de vía férrea no está obligado dicho comprador a examinar una vía férrea que se encuen-tra en la inmediata vecindad para inferir de la presencia de un desvío en dicha línea la existencia de una modificación de la servidumbre.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Chas. Harbzell y F. Ra-mírez de Arellano.

    Abogado de la apelada: Sr. E: Acuña.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demandada adquirió cierta propiedad sujeta a una servidumbre predial inscrita en el registro de la propiedad y procedió a edificar un tanque metálico y otras construc-ciones en la misma.

La demandante entabló entonces una acción para esta-blecer la existencia y restringir la usurpación de una servi-dumbre que aparentemente se consideró que en substancia era la misma que ya había sido inscrita en el registro, pero que se describía como modificada en cuanto a su sitio en el terreno por virtud de un subsiguiente acuerdo o convenio entre las partes al primitivo contrato.

Formulada excepción previa a la demanda por el fun-damento de no aducir ésta hechos bastantes a determinar una causa de acción, fue declarada con lugar por la corte inferior y la demandante interpone apelación contra la sen-tencia que desestima la demanda.

Las alegaciones pertinentes a la cuestión que ha sido so-metida a nuestra consideración son las siguientes:

“Quinto: Que por escritura número 223 de fecha 3 de diciembre de 1912, don José D. Riera y Cifuentes, don "Wenceslao Bosch y Puig, y don Luis Sánchez Morales, dueños anteriores de la finca pro-piedad hoy de la demandante, otorgaron un contrato sobre segrega-ción, venta e hipoteca de inmueble, y constitución de servidumbre, en virtud del cual los primeros vendieron a la mercantil 1 Carlos Cid & Compañía,’ la finca descrita en la alegación cuarta de esta de-manda, que segregaron de la finca descrita en el hecho tercero de esta misma demanda y al propio tiempo constituyeron servidumbres respectivas a favor de ambos inmuebles, inscribiéndose dichas servi-dumbres respectivas a favor de ambos inmuebles, inscribiéndose dichas servidumbres en el registro de la propiedad, a folios 233 y 190 de los tomos 5o o 6o de Puerta de Tierra.
“Sexto: Que la servidumbre constituida por la escritura mencio-nada sobre el inmueble propiedad de la demandada y a favor del inmueble, propiedad de la demandante, se consignó en dicha escri-tura, y en el registro de la propiedad, en esta forma:
“ ‘Don Carlos Cid y Gallego, en su mencionado carácter de gestor de la mercantil ‘ ‘ Carlos Cid y Compañía, ? ’ constituye una servidum-bre predial, positiva, discontinua, sobre el inmueble de mil setecien-tos metros que adquiere por esta escritura y a favor del inmueble des-crito en el precedente primero de este contrato.’
“ ‘Dicha servidumbre consistirá en la instalación en el predio sir-viente de un ramal de vía férrea que una a éste con la vía general de la American Railroad Company of Porto Rico, para ser usado por ambos predios y recorrerá toda la colindaneia este del predio-sirviente a terminar en la colindaneia sureste de dicho prodio.’
“ ‘Es convenido entre las partes que las servidumbres estableci-das en las dos estipulaciones precedentes, tienen el carácter de per-petuas y reconocen por causa el beneficio que derivan entre sí por sus respectivas constituciones.’
‘-‘Séptimo: Que la servidumbre establecida como ya se ha dicho, fué modificada por las mismas partes que la constituyeron, en el sentido de trazar el ramal de vía que según la escritura de constitu-ción, recorrería toda la colindaneia este del predio sirviente hasta terminar en la colindaneia sureste del mismo, unos metros hacia el oeste, a cuyo efecto se colocó en la línea principal de la American Railroad Company, que va de este a oeste, un desvío o switch, vul-garmente denominado ‘rana’ 1§. que en su emplazamiento, indicaba el punto de partida de la vía que integra la servidumbre modificada, y en su curvatura la dirección y radio del arco a describir, a los efectos de penetrar en el predio dominante volviendo a aproximarse a la colindaneia este de la calle de San Andrés, digo, cerca de la calle de San Andrés.
“Octavo: Que la demandada, no obstante la referida servidumbre así modificada, y a espaldas, sin el consentimiento y en contra de las observaciones de los anteriores dueños, del predio dominante, representados por el Sr. José D. Riera, efectuaron ediñcaciones, tales como un tanque metálico, y una casa de máquinas de cemento, en el predio sirviente, que obstruyen el paso, hacen total ineficaz dicha servidumbre e impiden su ejercicio y disfrute para los demandantes, invadiendo con tales obras el sitio que expresa y señaladamente se designó para el establecimiento de la servidumbre modificada ya referida.
"Noveno: Que los anterioras dueños del predio dominante, por medio de sus representantes requirieron a la demandada para que no construyera y continuara construyendo, las referidas edificaciones, y que se abstuviera en cualquier forma de menoscabar la servidumbre de que eran propietarios, y que pertenece hoy a la corporación de-mandante, y que pesa sobre el inmueble de la demandada, y para que dejaran libre y expedito el paso por el predio sirviente para el ejer-cicio de la servidumbre modificada en el sitio y forma convenida, habiéndose negado a todo ello dicha demandada, persistiendo obstina-damente en continuar las obras emprendidas, las que están hoy prác-ticamente terminadas. ’ ’

No se alega la obstrucción ni el impedimento en el dis-frute completo de la servidumbre como fué constituida ori- • ginalmente, ni la inscripción del subsiguiente contrato, ni el conocimiento real de éste. Según aparece de la faz de la demanda la demandada es una entidad extraña al nuevo con-venio a menos que la mera instalación y la existencia visible de una "rana” en la vía de la American Railroad Company a cierta distancia desconocida del punto de intersección que se tuvo en cuenta en el primitivo contrato sea aviso sufi-ciente de las estipulaciones contenidas en el subsiguiente con-trato que no fué inscrito, según lp,s cuales el propuesto des-vío sería colocado, no por la colindancia este del predio sir-viente como se disponía en la escritura inscrita, sino que recorrería la finca de la demandada por una línea que había de trasarse "unos metros hacia el oeste” de dicha colindan-cia este. La apelante no cita ninguna autoridad, y no cono-cemos ninguna que obligara a la demandada a observar o no tener en cuenta a su perjuicio la existencia de un desvío o raña en la línea principal de nna compañía de ferrocarriles que no es parte en el contrato en qne se constituye la servi- ' dumbre, no estando comprendido dentro de ninguna de las fincas afectadas por tal servidumbre ninguna parte del de-recho de paso del ferrocarril, como que indica no solamente el punto de partida de nn ramal de vía qne ba de construirse sobre el terreno de la demandada, sino también el arco a describir y por tanto mediante un cálculo matemático o ver-dadera medida, el sitio probable en el terreno de dicba nueva vía cuando se construya, siendo estas indicaciones contrarias a las cláusulas expresas del único convenio respecto a una servidumbre de que tuviera algún conocimiento la deman-dada. La teoría de la demanda y de la presente, apelación impondría a todos los compradores de una propiedad sujeta a una servidumbre inscrita la obligación de examinar la vía férrea en la inmediata vecindad con el fin de descubrir la existencia de desvíos que podrían o no ser usados como punto de partida para una vía que ha de colocarse sobre su terreno en un trayecto que no fuera el determinado en el documento inscrito en que se constituye una servidumbre, y de inves-tigar el objeto e importancia de tal aparato al ser descu-bierto. Si prevaleciera este criterio sobre el particular la ■ adquisición de cualquier propiedad sujeta a una servidum-bre inscrita que no está ya establecida sobre el terreno y en uso efectivo estaría llena de peligros, y la utilidad del re-gistro de la propiedad como protección de compradores de buena fe de bienes inmuebles sufriría serios perjuicios.

La sentencia apelada debe ser confirmada.-

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Armstrong & Co., Demandante y Apelada, v. Irizarry, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2248.
    Resuelto en junio 17, 1921.
    Embargo para Aseguramiento de Sentencia — Nulidad de Embargo — Cuenta Corriente. — En una acción basada en una promesa o pacto verbal (assump-sit) sobre una cuenta, el demandante no está obligado a especificar las par-tidas de la misma.
    Id. — Id.—Cuando la demanda no determina una causa de acción debe declararse con lugar una moción para anular el embargo practicado para aseguramiento de sentencia, pero no asi cuando la demanda es susceptible de ser enmendada.
    Id. — Id.—Sucesión Desconocida — Embargo contra Sucesión Desconocida. — No procede anular un embargo por el fundamento de que se demanda a una su-cesión sin expresar quiénes son sus componentes, cuando en la demanda se alega que la demandante no sabe quiénes son los herederos. Exigir que un demandante investigue qué personas integran una sucesión o que pida una administración judicial como requisito previo para poder obtener embargo contra una sucesión desconocida, privaría en muchos casos a los acreedores de los beneficios de la ley sobre aseguramiento de sentencia.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. Tous Soto.

    Abogados de la apelada: Sres. L. Tormes, Lopes de Tord & Zayas Pisarro.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Wilfredo Irizarry y Bodríguez y Juan Bautista Torres como tutor de los menores Manuel Angel y Marta Beatriz Irizarry y Bracero solicitaron se declarara nulo un embargo, y alegando representar a la Sucesión de Manuel Irizarry Lugo apelan de la siguiente resolución:

“La corte por la presente, declara con lugar en parte la moción de la demandada en este caso, de fecha 29 de marzo de 1920, y en consecuencia anula la diligencia de notificación de embargo, pero no el embargo, concediéndose permiso al demandante para hacer la noti-■fieación de dicho embargo en forma legal, si dicha notificación fuere • legalmente necesaria en este caso, en que sólo han sido embargados bienes muebles, (véase la sección 5242 comparándola con la 5241,) ambas de la compilación de los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico.”

Los siguientes errores lian, sido alegados por el apelante:

“1. La corte erró al no anular su orden anterior de 27 de enero de 1920 (folio 7), decretando el embargo, porque de la demanda no resulta la existencia y exigibilidad de la obligación reclamada.
“2. La corte erró al no anular dicba orden de embargo por el fundamento de que se demanda a una sucesión, sin exponer quiénes son.sus miembros componentes.
“3. La corte erró al no dejar sin efecto dicho embargo toda vez que el marshal lo notificó solamente a los menores Manuel Irizarry, Jr., y Marta Beatriz Irizarry, quienes no constan como demandantes en la demanda, ni tenían capacidad para recibir notificación.
“4. La corte erró al no dejar sin efecto dicho embargo que no fué notificado al tutor de los menores, Manuel Angel y Marta Beatriz Irizarry y Bracero, designada por esta, honorable corte, Juan Bau-tista Torres (folio 11), ni al heredero mayor de edad, Wilfredo Iri-zarry, declarados todos tales herederos por sentencia de la Corte de Distrito de Ponce.” (folio 9).

El fundamento principal de la moción presentada corte inferior y el punto en que más se lia insistido alegato del apelante es el comprendido en el primer lamiento de error. en la en el seña-

La demanda en cuestión es como sigue:

“Comparece la demandante Armstrong & Co. por su abogado que suscribe y respetuosamente se querella y alega: — 1. Que la deman-dante Armstrong & Co., es una sociedad legalmente constituida, con domicilio en Ponce, y Manuel Irizarry y Lugo era mayor de edad, comerciante y vecino de Yaueo. — 2. Que Manuel Irizarry y Lugo, desde septiembre 15 de 1919, hasta febrero 19 de 1920, compró y re-cibió como de contado provisiones varias de la demandante y del precio de las mismas dejó de pagar a la actora la suma de $534.50, que no ha pagado en todo ni en parte, ni a la actora ni a ninguna otra persona autorizada por la misma, no obstante haber sido reque-rido para ello, y ser líquido y exigible dicho saldo. — 3. Que Manuel Irizarry Lugo falleció en Yauco el día 24 de febrero corriente y la demandante desconoce quiénes son sus herederos. — Por todo lo ale-gado a la honorable corte suplicamos que en su día y previos los trámites de ley, dicte una sentencia declarando con lugar la demanda y por ella condene al demandado al pago de $534.50 de principal a la demandante, más las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado.”

La única autoridad citada para sostener el primer seña-lamiento de error es el caso de E. Rubio e Hijos v. Carrasco, 26 D. P. R. 255. En ese caso, como se indica en el de Giménez v. Alfonso, resuelto en abril 8, 1921, la acción fué establecida basada en la teoría de varias cuentas liquidadas y todo lo que entonces se dijo respecto a lo que debe alegarse en una acción fundada en una cuenta abierta puede considerarse como dicho en el curso de la discusión (obiter).

“En una acción basada en una promesa o pacto verbal (assump-sit) sobre una cuenta el demandante no está obligado a-especificar las partidas de la misma.” I C. J. pág. 652, sección 158.
“Según el estatuto, en muchos Estados el demandante en una acción basada en una cuenta, o debe presentar una relación de las partidas de la cuenta al solicitarla el demandado, o agregar una copia de la cuenta a la demanda, o radicaría con ella. De acuerdo con estas disposiciones las partidas de la cuenta no tienen que ser presentadas en el cuerpo de la demanda.” Idem, idem, sec. 157.

Véase tambiéu el caso de Farwell v. Murray, 104 Cal. 464, y otros citados en el mismo por el abogado de los de-mandados.

El artículo 124 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil prescribe lo siguiente:

“En las alegaciones no es necesario que la parte que alegue la existencia de alguna cuenta, detalle las partidas de ésta, pero deberá entregar a la parte contraria, dentro de los diez días de haberla pe-dido por escrito, una copia de dicha cuenta, requisito sin el cual quedará imposibilitada de presentar prueba en apoyo de la misma. La corte o juez podrá disponer la presentación de otra cuenta además de la presentada, si éste fuere demasiado general o resultare defec-tuosa en alguno de sus particulares. ’ ’

La nota al caso de Collins v. Stanley, 123 Am. St. Rep. 1025, página 1034 contiene la siguiente exposición de la ley como lia sido tomada de los casos resueltos, a saber:

"Cuando la demanda en una acción protegida por embargo no determina una causa de acción debe concederse la moción para anu-lar el embargo. Esta regla fue enunciada en el año 1785 por la Corte Suprema de Pennsylvania (Vienne v. McCarty, 1 Dall. 154, 1 L. ed. 179), y ha sido observada uniformemente desde entonces. Se funda claramente en la lógica teoría de que un embargo se obtiene solamente con el fin de asegurar el pago que pueda ordenarse de la reclamación del demandante, y que si tiene una reclamación, la de-manda debe contener una relación de los hechos que la determinan; por tanto, si aparece de la demanda misma sin hacerse referencia a los hechos aliunde que no existe causa de acción, el embargo entonces deberá ser anulado. Esto no debe entenderse en el sentido de signi-ficar que una moción para anular un embargo produzca el efecto de substituir la excepción previa a la demanda, o que la moción será concedida porque la excepción previa podría ser debidamente decla-rada con lugar. Por otra párte la demanda puede considerarse como ya enmendada, de poderlo ser; Kohler v. Agassiz, 99 Cal. 9, 35 Pac. 741; Hale Bros. v. Milliken, 142 Cal. 134, 75 Pac. 653; Jends v. Richardson, 71 Fed. 365. La regla expuesta no exige a la corte que en una moción para anular un embargo dé a la misma cuidadosa consideración al resolver si se ha determinado una causa de acción como lo haría en la vista de una excepción previa, pero ‘indudable-mente es el deber de la corte,’ como dijo el Juez Sr. O’Brien en el caso de Goldmark v. Magnolia Metal Co., 51 N. Y. Sup. 68, 28 App. Div. 264, ‘examinar la alegación con el objeto de ver si es frívola o si está tan desprovista de alegaciones esenciales que no puedan ale-garse motivos razonables en su apoyo.’ En el caso Guarantee S. L. & I. Co. v. Moore, 54 N. Y. Supp. 787, 35 App. Div. 421, el Juez Sr. Barrett, al aplicar esta regla dijo: ‘La cuestión es entonces: ¿Son los documentos del demandante malos irremediablemente?’
"Y cuando existe alguna duda de si se ha determinado o no una causa de acción, el embargo será mantenido y la cuestión quedará para resolverse por excepción previa o en el juicio. Un ejemplo excelente de esto es el que proporciona el caso de Jones v. Hygenic Soap Granulator Co., 110 App. Div. 331, 97 N. Y. Sup. 104, el cual a menudo lia sido citado como autoridad y observado por los casos posteriores. ’ ’

En el caso de Hathway v. Davis, 33 Cal. 161, resuelto en octubre, 1867, encontramos lo siguiente:

“La alegación de que la demanda no determina una causa de acción y que el embargo debió baber sido disuelto por tal razón no puede sostenerse. A menos que la demanda muestre de su faz que el demandante no tiene causa de acción con ayuda de una enmienda, el embargo no deberá anularse. Si la demanda es defectuosa mera-mente y puede corregirse mediante enmienda, deberá permitirse al demandante que’ la enmiende antes de resolverse la moción para anular, pero si la demanda no tiene remedio el embargo deberá anu-larse.” ■

En el caso de Pájaro Valley Bank v. Scurich, 7 Cal. App. Rep. 732, la moción se presentó de acuerdo con la sec-ción 556 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, por el fundamento, entre otros, “de que el mandamiento fue indebida e irregularmente espedido en cuanto al apelante, en este particular, que la demanda no determina una causa de acción contra el apelante,” y la corte, si bien resolvió el caso por otros motivos, dijo lo siguiente:

“No es necesario que resolvamos en este caso si la corte debió o no haber concedido la moción por esta razón. Se ha resuelto que una moción como ésta no puede hacerse en substitución de una ex-cepción previa, y que si la demanda puede enmendarse de modo que exprese una causa de acción por lo que proceda un embargo, la mo-ción debe ser denegada. Pero si la enmienda debe hacerse antes de la resolución de la moción puede no ser perfectamente claro. (Véanse los casos de Hale Bros. v. Milliken, 142 Cal. 137 (75 Pac. 653) ; Hathway v. Davis, 33 Cal. 161; Kohler v. Agassiz, 99 Cal. 9 (33 Pac. 741).

Como ha indicado la Corte Suprema de California en el oaso de Kobler—

“Las leyes de embargos de los varios Estados difieren en tantos particulares que de no tener el mayor cuidado al comparar sus dis-posiciones eon la nuestra, estamos en constante peligro de desviamos por completo, o estar indebidamente infinidos por decisiones que a’l parecer son de aplicación pero qne en realidad descansan sobre base distinta. ’ ’

La misma opinión contiene el siguiente párrafo:

“No estamos llamados a convertir esta pesquisa en una excepción previa a la demanda por el fundamento de que es ambigua, ininteli-gible o dudosa, sino resolver simplemente: 1. Si la demanda mostró que la acción se fundaba en un contrato, expreso o tácito. 2. Si determina becbos suficientes para constituir una causa de acción contra los demandados; y de no ser así. 3. Aparece de la misma que puede ser enmendada de tal modo que determine una causa de acción por virtud de un contrato. En cuanto a un deudor no residente, contestadas estas preguntas afirmativamente, no debemos ocuparnos más de la demanda.”

Y en el caso de Hale Brothers v. Milliken, la regla lia sido formulada así:

“Si la demanda determina una causa de acción por virtud de un contrato, expreso o tácito, no puede ser atacada por ambigua o dudosa y ni siquiera si no determina una causa de acción si de ella aparece que puede, ser enmendada de tal modo que determine una causa de acción por virtud de un contrato; en otras palabras, la moción no puede quedar convertida en una excepción previa a la demanda. (Kohler v. Agassiz, 99 Cal 9). Si podemos indagar si la demanda es susceptible de enmienda de acuerdo con las reglas que regulan las enmiendas, parece inferirse que tal enmienda puede hacerse estando pendiente la vista de una moción para anular el embargo. Creemos que así se resolvió en Hathway v. Davis, 33 Cal. 161; Hammond v. Starr, 79 Cal. 556, y resulta de lo dicho en Kohler v. Agassiz, 99 Cal. 9. Debemos, por tanto considerar la demanda como enmendada pues en manera alguna cambió la naturaleza de la causa de acción.”

El artículo 38, Capítulo II, Título III, de nuestro Código de -Enjuiciamiento Civil prescribe que “se da principio a una acción dentro del significado de este título, cuando se presenta la demanda.”

Los artículos 1, 2 y 3 de una Ley para Asegurar la Efec-tividad de las sentencias, aprobada en marzo 1, 1902, prescribe lo siguiente:

"Sección 1. — Toda persona que demandare en juicio el cumpli-miento de una obligación, podrá obtener una resolución del tribunal que conociere de la demanda, adoptando las medidas procedentes, según los casos, para asegurar la efectividad de la sentencia que haya de dictarse en el caso de prosperar la acción ejercitada.
"Sección 2.- — -El aseguramiento de la sentencia se ajustará a las reglas siguientes:
íl ‘a. * * '*
“ ‘b. Si la obligación fuere de pagar una suma de dinero, el aseguramiento consistirá en el .embargo de bienes bastantes del deu-dor para responder de las sumas reclamadas.
" ‘Sección 3. — Ningún aseguramiento de sentencia podrá decre-tarse sin la presentación de la correspondiente demanda y de la soli-citud de aseguramiento, con expresión de sus fundamentos de hecho y de derecho. La solicitud de aseguramiento podrá presentarse con la demanda o luego de interpuesta, en cualquier período del juicio, antes de sentencia firme.’ ”

En el presente caso no solamente era susceptible la pri-mitiva demanda de poder ser. enmendada sino que de la cer-tificación presentada por el apelado aparece que se. fia pre-sentado una demanda enmendada y en realidad a moción del demandante fué admitida por la corte inferior.

El punto esencial de la argumentación que se bace en el segundo señalamiento de error está contenido en la siguiente cita del alegato del apelante:

"La sucesión no es persona jurídica: no puede ser sujeto de derechos y obligaciones, no puede ejercitarse contra ella una acción. Si el demandante no conoce a los herederos; si la herencia no ha sido aceptada, lo procedente es que solicite el nombramiento de un administrador judicial. Un embargo decretado contra una sucesión de herederos desconocidos, es una nulidad completa; Arvelo v. Banco, Territorial y Agrícola, 25 D. P. R. 728, donde se dijo lo siguiente:
" ‘La sucesión como persona jurídica no existe en nuestro dere-cho. Cabe que una sucesión sea parte demandante o demandada; pero para ello es necesario que se particularice e individualice expre-sando los miembros que la componen. No es una entidad legal inde-pendiente de los herederos. Estos son los que la determinan, y son los que deben aparecer como demandantes o demandados. Al resolver el caso de Dapena v. Sucesión Dominicci, 12 D. P. R. 66, dijo esta corte que cuando la demanda se dirige contra una sucesión debe expresarse el nombre de cada uno de los herederos o darse alguna razón que justifique la omisión del dich® requisito..; y congruente con esta doctrina, al resolver el caso de Orcasitas v. El Registrador, 21 D. P. R. 553, s,e expresó en los términos siguientes:
“ ‘Estamos de acuerda con el registrador en que si era necesaria la notificación o citación a la indicada sucesión, debió haberse hecho constar quiénes la componían, con el objeto de que dicho registrador pudiera determinar si dicha notificación fué hecha en forma ade-cuada.’ ”

En el caso de Arvelo v. Banco Territorial no se resuelve como sugiere el apelante que “un embargo decretado contra una sucesión de herederos desconocidos, es una nulidad com-pleta.” La cuestión de si la herencia ha sido o no aceptada se discute y resuelve en el caso de Amy v. Aponte, resuelto en febrero 25, 1921, (página 145), y como se indica en el caso de Arvelo, supra, se sugirió en el de Dapena v. Dominicci que “cuando la demanda se dirige contra una sucesión, debe expresarse el nombre de cada uno de los herederos o darse alguna razón que justifique la omisión del dicho requisito.”

La demanda en este caso que fué radicada en Ponce en febrero 27, 1920, expresa que el fallecimiento de Irizarry Lugo tuvo lugar en Yauco en febrero 24, y alega que la “demandante desconoce quiénes son sus herederos.” El ar-tículo 141 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe lo siguiente:

“Artículo 141. — Cuando el demandante ignore el nombre de un demandado, deberá hacer constar este hecho en la demanda, pu-diendo designar a dicho demandado, en cualquier alegación o proce-dimiento con un nombre cualquiera, y al descubrirse el verdadero nombre, hará la enmienda correspondiente en la alegación o proce-dimiento. ’ ’

La fecha exacta en que la demandante se enteró del falle-cimiento de Irizarry Lngo no consta, pero la demanda fué radicada en Ponce, domicilio de los demandantes, en el se-gundo o tercero día después de la fecha de tal fallecimiento que ocurrió en Yauco. La prontitud con que la acción fué establecida no sugiere falta de diligencia, y las pocas horas que pasaron desde que los demandantes se enteraron de la muerte de su deudor y la expedición del embargo dieron poca oportunidad para investigación. Exigir una investi-gación amplia o una administración judicial en cuestiones como ésta como requisito previo indispensable a la presen-tación de una demanda y expedición de embargo en muchos casos privaría a un acreedor de todo beneficio que pueda recibir del mandamiento y la situación revelada por los he-chos de este caso sólo sirven para poner de relieve la sabi-duría y efecto saludable del artículo 141 del Código de En-juiciamiento Civil.

Aparece además que en marzo 9, 1921, un hijo natural reconocido, Wilfredo Irizarry y Rodríguez y Manuel Angel y Marta Beatriz Irizarry y Bracero, fueron declarados herede-ros de Manuel Irizarry y Lugo, fallecido; y debemos observar de paso como circunstancia curiosa, que la copia certificada de este decreto contiene una declaración al efecto de que la muerte de Irizarry Lugo tuvo lugar, no en febrero 24, como se dice en la demanda de este caso, sino en febrero 25, 1920. Por otra orden o decreto que asimismo lleva fecha de marzo 9, 1920, fué nombrado Juan Bautista Torres tutor de los menores Manuel Angel y Beatriz, pero no entró en funcio-nes hasta marzo 24, 1920.

En vista de las circunstancias y en ausencia de citas de autoridades en apoyo de la contención sugerida en los seña-lamientos 3o. y 4°., las cuestiones que de tal modo se han tratado de levantar no requieren seria consideración.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.