author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Elisa Gallardo Seary, demandante y apelante, v. Francisco A. Crescioni y su esposa Rosa Axtmayer de Crescioni, demandados y apelados.
    No. 6892.

    Sometido: Diciembre 12, 1935.

      Resuelto: Enero 14, 1936.

      R. E. Blo'ndet y José S. Alegría, abogados de la apelante; Alfonso Lastra Gharriez y Justó A. Casablanca, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Elisa Gallardo Seary demandó a Francisco A. Crescioni y a su esposa Posa Axtmayer para que le paguen cierta cantidad de dinero, alegando para ello que Santiago A. Panzardi, Ltd., demandó a ese matrimonio en julio de 1928 en cobro de dinero; que habiendo embargado Panzardi bienes de los demandados fué levantado ese embargo por la fianza que la demandante Gallardo y otra persona prestaron; que fué dictada sentencia a favor de Panzardi; que las fiadoras fueron requeridas para que pagasen esa sentencia, y en mayo de 1929 se dictó sen-tencia condenando a las fiadoras a dicho pago; que librada orden de ejecución contra las fiadoras, la demandante con-signó el dinero necesario para satisfacer la sentencia a Pan-zardi; y que Crescioni y su esposa han sido requeridos, in-fructuosamente, para que le devuelvan dicha cantidad.

A esa demanda opusieron los demandados la defensa de que antes de que se dictara sentencia a favor de Panzardi fué declarado Francisco A. Crescioni en quiebra, habiendo incluido entre sus acreedores la reclamación de Panzardi; que luego fué exonerado de todas sus deudas; que dió co-nocimiento de todo ello a la demandante Gallardo; que ésta no puso en conocimiento de Crescioni la consignación que iba a hacer para pagar a Panzardi, y que no estaba obligado por la quiebra a pagar cantidad alguna a Panzardi, ni tampoco a la demandante.

El señalamiento de día para juicio en ese pleito fué hecho en el calendario general de asuntos civiles de la corte y fué notificado por el secretario de la misma al abogado de los demandados. Estos no comparecieron al juicio personal-mente ni por su abogado y oída la prueba que presentó la demandante, recayó sentencia condenando mancomunada y solidariamente a Francisco A. Crescioni y a Rosa Axtmayer a pagar a Elisa Gallardo la cantidad por ella reclamada. No-tificada esa sentencia al abogado de los demandados, dicho letrado solicitó de la corte que la dejase sin efecto porque no había tenido conocimiento del día señalado para el juicio y porque en la contestación de los demandados fué alegada una defensa -meritoria, que no tuvo oportunidad de probar. La corte dejó sin efecto su sentencia fundándose en el ar-tículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil y la fiadora demandante interpuso esta apelación.

No solamente el señalamiento de día para el juicio hecho en el calendario general de la corte fué suficiente aviso para el abogado de los demandados, según hemos resuelto. en varias ocasiones, sino que, además, el secretario de la corte notificó ese señalamiento a dicho abogado, por lo que no podemos sostener que en este caso, bajo todas sus circunstancias especiales, hubo de su parte equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia para no asistir al juicio el día señalado. Por consiguiente, fuera o no meritoria la defensa de los demandados, ellos tuvieron oportunidad, que no apro-vechó su ahogado, de probar la alegación que hicieron y de que se resolviera si era meritoria o no. La demandante no debe sufrir las consecuencias de la conducta del abogado de los demandados.

La resolución apelada debe ser revocada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    María del Rosario Enjuto, peticionaria, v. La Corte de Distrito de Guayama, Hon. Gabriel Castejón, Juez, demandada.
    No. 1055.

    Sometido: Diciembre 9, 1934.

      Resuelto: Enero 15, 1936.

      ■ Garlos J. Torres Laborde y Joaquín Vendréll, abogados de la peticio-naria.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Tenemos ante nos una petición de María del Bosario En-jnto, que es una ciudadana española y quien fné designada como tntora de Rafael Hernández González en nn testamento otorgado por Mercedes González Garriga. El testamento fné en realidad otorgado en España, donde la testadora había vivido por espacio de varios años inmediatamente antes de sn muerte, y donde nació y reside en la actualidad el menor. La testadora estaba casada con Rafael Hernández Usera y du-rante la existencia del matrimonio constituyó residencia en España. Posteriormente se divorció ante la Corte de Distrito de Ronce en 1926. De la petición y de los autos que tenemos a la vista se desprende que los principales bienes del menor, que no dejan de tener un valor crecido, son inmuebles radi-cados en Puerto Rico.

Con este testamento la peticionaria radicó solicitud ante la Corte de Distrito de Guayama para que se inscribiera su tutela, lo cual le fué concedido por la aludida corte de dis-trito. Más tarde el fiscal del distrito de Guayama compareció en el caso y alegó que dicha tutora era extranjera y por ende que de conformidad con el artículo 195 del Código Civil ella no podía desempeñar tal cargo; que la inscripción era nula y carecía de efecto legal; que de acuerdo con los artículos 195 y 196 del Código Civil debía cancelarse la inscripción; y que con motivo de la supuesta incapacidad debía removérsele de la tutela.

La Corte de Distrito de Guayama con fecha 21 de mayo de 1935 ordenó la remoción de la peticionaria en este caso. Una apelación fué desestimada por este tribunal por falta de jurisdicción, y entonces se radicó el presente recurso de certiorari. Los artículos 195 y 196 del Código Civil (edición de 1930) leen así:

“Artículo 195. — No pueden ser tutores:
“1. — Los que están sujetos a tutela.
“2. — Los que hubiesen sido penados por los delitos de asesinato, homicidio, robo, hurto, estafa, falsedad, perjurio, seducción, violación, estupro, rapto, corrupción de menores o escándalo público.
“3. — Los condenados a cualquier pena corporal, mientras no ex-tingan la condena.
“4. — Los que hubiesen sido removidos legalmente de otra tutela anterior.
“5. — Las personas de mala conducta o que no tuvieren manera de vivir conocida.
“6. — Los quebrados o concursados no rehabilitados.
“7. — Los que al deferirse la tutela, tengan pleito pendiente con el menor o anteriormente lo hubiesen tenido sobre el estado civil de éste.
“8. — Los que litiguen o hayan litigado con el menor sobre la propiedad de sus bienes, a menos que el padre o en su caso la madre, sabiéndolo, los hubiesen nombrado, sin embargo, tutor en su testa-mento.
“9. — Los que adeuden al menor sumas de consideración, a me-nos que con conocimiento de la deuda, hayan sido nombrados en testamento por el padre o en su caso por la madre.
“10. — El tutor testamentario que descuidare o abandonare el cumplimiento de los requisitos que son indispensables para empezar el ejercicio de la tutela.
“11. — Los extranjeros que no residan en Puerto Rico.
“12. — Los que hubiesen sostenido acusación criminal contra el menor o contra sus ascendientes o colaterales hasta el cuarto grado.’
“Artículo 196.- — Serán removidos de la tutela:
“1.- — -Los que, después de deferida ésta, incidan en alguno de los casos de incapacidad que mencionan los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12 del artículo precedente.
“2.- — -Los que se ingieran en la administración de la tutela sin haber prestado fianza e inscrito la hipotecaria.
“3. — Los que no formalicen el inventario en el término y de la manera establecida por la ley, o no lo hagan con fidelidad.
“4. — Los que se conduzcan mal en el desempeño de la tutela.”

Por tanto, es claro que. en Puerto Pico un extranjero que no resida en la Isla no puede desempeñar el cargo de tutor, a menos que el caso de un tutor designado por testamento presente una excepción. La peticionaria por su abogado sos-tuvo que se trata de un testamento otorgado en España por una mujer allí residente en relación con un pupilo que tam-bién reside en España, y que bajo estas circunstancias una designación testamentaria hecha en aquel país debía preva-lecer en Puerto Rico. Aparentemente los letrados insis-tían ante esta corte en que este testamento debe ser conside-rado en la misma forma que de ordinario lo es nn testamento extranjero. No estamos convencidos de que, especialmente cuando están envueltos bienes inmuebles aquí ubicados, po-dría prevalecer un testamento extranjero, aún por cortesía (■comity) contra las disposiciones expresas de los artículos 195 y 196 del Código Civil, supra.

De los hechos ya expuestos se desprende que Mercedes González Garriga fué vecina de Puerto Rico hasta el momento en que constituyó su residencia en España; que su esposo era vecino y ciudadano de Puerto Rico, y que los autos nada revelan respecto a un cambio de domicilio o de ciudadanía por parte de ella, no importa los que éstos fueran antes de salir de Puerto Rico. Sin embargo, en su testamento ella dice que no ha perdido su ciudadanía portorriqueña, que lo es también la de su hijo. Nuestra conclusión necesariamente es que la testadora era y continuó siendo ciudadana de Puerto Rico.

Los letrados de la peticionaria también sostienen ante este tribunal que habiendo nacido en España Rafael Hernández González, y habiendo vivido allí casi continuamente, él no tiene ciudadanía portorriqueña separada; que es ciudadano americano sin tener necesariamente el status de ciudadano de Puerto Rico. No podemos ver esto. Los principios del derecho internacional privado son fuertemente al efecto de que la ciudadanía de un menor es la ciudadanía de sus padres, doquiera residan éstos. Ante la corte de distrito se adujeron otras alegaciones y argumentos, pero fueron abandonados o carecen de importancia.

Aunque no se insiste mucho en ello, creemos que lo mejor para la peticionaria hubiese sido haber considerado este testamento claramente como un testamento portorriqueño y entonces aducir la proposición de que una persona designada como tutora por testamento no caía dentro de las prohibiciones de los artículos 195 y 196. El argumento sería que estas prohibiciones se aplican solamente al caso en que la corte es llamada a designar un tutor para un menor. Casi umversalmente el testamento de nn finado es respetado y sus deseos cumplidos, y de ordinario no importa que la persona que otorga el testamento sea una mujer. Desde luego, este principio de intención se lia aplicado en lo atinente a la devolución de bienes, pero por lo menos acude a la imagina-ción de la corte que la testadora en este caso era el guardián natural de su propio hijo; que ella residía en España y allí lo educaba; que designó en su último testamento a un número de personas, todas españolas, para que actuaran como tutor en caso de que no sirviera la Srta. Enjuto. La corte inferior dijo:

“El fundamento de la tutora para que desestimemos la petición del Fiscal es que la testadora en su testamento referido en que nom-bra a su hijo menor heredero de todos sus bienes tanto de los radi-cados en España como de los radicados en Puerto Rico y en otros países, dispuso que el menor debería continuar residiendo y educán-dose en Madrid, lo que hace necesario que la tutora resida también en Madrid, ya que el propósito de la ley es que el tutor resida en el mismo sitio en que tiene su domicilio y residencia el menor y no en el sitio en que radican sus bienes, porque éstos pueden radicar en dife-rentes países, como ocurre en el presente caso. Alega que de acuerdo con el Derecho Internacional Privado, la persona del menor está fuera del poder de esta Corte de Distrito de Guayama, por te-ner dicho menor su domicilio y residencia en la República Española. Y que la testadora tenía derecho a nombrar un tutor para la admi-nistración de los bienes del referido menor, radicados en Puerto Rico, en atención a que el padre había perdido la patria potestad.
“En cuanto a la primera contención de la tutora, o sea la que se refiere a la falta de jurisdicción de esta corte sobre la persona del menor, ya hicimos constar en los comienzos de esta opinión que la tu-tora nombrada Srta. María del Rosario Enjuto, compareció ante esta corte y registró en ella su tutela, y desde ese momento entendemos que tanto ella como el menor, a virtud del dicho registro, quedaron sometidos a la jurisdicción de esta corte, así como a las leyes de Puerto Rico.

“Pensar que la tutora después de haber registrado su tutela ante esta corte, está fuera de la jurisdicción de la misma, y sometida víni-camente a la dirección del Consejo de Familia que actúa en España, o de las cortes españolas, sería a nuestro juicio, una opinión equivo-cada.

“Si la tutora no Rubiera comparecido ante esta corte a registrar su tutela, desde luego, que ella podría actuar libremente sin la inter-vención de esta corte, pero una vez que lo Rizo, entendemos que tanto ella como el tutelado, están ante esta corte y sometidos a la jurisdicción de la misma.
“Y ya Remos dieRo anteriormente, a mayor abundamiento, que dé acuerdo con el DerecRo Internacional Privado, las leyes que rigen con respecto a la tutela son las del tutelado; y en este caso, tanto por razón del estatuto personal como por razón del real, las leyes que cobijan al menor son las leyes de Puerto Rico.
“En cuanto al ReeRo de que la tutora (sic) Raya RecRo ciertas disposiciones en su testamento en relación con la custodia del menor, éstas no pueden en modo alguno destruir la ley, y así lo Race constar la misma testadora en la cláusula quinta de su testamento, al esta-blecer la institución tutelar y manifestar lo siguiente:
“ ‘Quinta: Por si las incompatibilidades actuales desaparecieren de la ley designa a las siguientes personas para formar el organismo tutelar, etc. . .’
“Incompatibilidades que no podrían ser otras que la falta de ca-pacidad de la tutora para ejercer su tutela en Puerto Rico, a virtud de su falta de residencia permanente aquí y la incapacidad en Es-paña de la misma por razón de su sexo.
“Se levanta por la representación de la tutora en este caso, la cuestión de la unidad de la tutela, es decir, de que sólo puede existir un tutor.
“Y en cuanto a este punto diremos que lo que se alega en este caso es únicamente que la tutora no tiene capacidad para desempeñar el cargo en Puerto Rico, solicitándose la remoción de la misma, sin que la petición envuelva la designación de dos tutores, ya que si la tutora Rubiera cumplido con el requisito que exige la ley de que siendo una extranjera tenga su residencia Rabitual en Puerto Rico, la cuestión no Rubiera sido levantada ante esta corte por el Fiscal, entendiendo que el aceptar el argumento de que la tutora ejerza sus funciones en Puerto Rico, residiendo en España, sería ir abiertamente contra las leyes de Puerto Rico, las que quedarían sin efecto ni valor legal alguno.”

Lo que también nos mueve en este caso es que la custodia del menor le fue dada a la testadora en el procedimiento de divorcio, y que en recursos suplementarios el padre desistió de toda reclamación a la custodia del niño.

Según hemos dicho, no existe principio posible de cortesía {comity) aplicable al caso de autos, toda vez que éste es un procedimiento ante una corte de Puerto Rico en relación con un testamento portorriqueño. La única posibilidad es que los principios aplicables a la devolución de bienes sean aplicables a la custodia de un menor. Parece extraño que en un país de derecho civil con tradición romana, el testamento de una testadora no pueda tener fuerza obligatoria. No obstante el Parlamento español, en el artículo 237 del Código Civil, dis-puso que no podían ser tutores los extranjeros que no residan en España, y esta misma disposición fuá incluida en el ar-tículo 195 de nuestro propio código civil. Es una cuestión de derecho positivo o de lex scripta; y la peticionaria no nos ha convencido de que la intención de un testador puede pre-valecer sobre la política pública de un parlamento, especial-mente por ser la cuestión de tutela testamentaria enteramente criatura del derecho escrito, antiguo o moderno. (Véase Scaevola, Código Civil, edición 1893, tomo 4, pág. 175.)

También podríamos referirnos al hecho de que los letrados de la peticionaria sostienen que ésta no podía ser removida en vista de que el artículo 195 sólo dice que determinadas personas no pueden ser nombradas, y que la remoción depende del artículo 196. TJna lectura de este último artículo hace evidente que la mayoría de las exclusiones mencionadas en el 195 sirven de objeto a las remociones especificadas en el 196, y la ciudadanía extranjera es una de ellas.

No podemos hallar suficiente motivo para dejar sin efecto la resolución de la Corte de Distrito de Gnayama y el auto de certiorari expedido debe ser anulado.

       Nota: Yéase también la pág. 373 et seq.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dívila,

text:
    Rafael Matheu, como cesionario de la Sociedad Sucrs. de F. Ortega & Cía., S. en C., demandante y apelado, v. Raúl Colón, demandado y apelante.
    No. 6921.

    Sometido: Diciembre 20, 1935.

      Resuelto: Enero 16, 1936.

      Eduardo Urrutia Martorell, abogado del apelante; J. Pedro Miranda, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dívila,

emitió la opinión del tribunal.

Raúl Colón y la mueblería El G-lobo, de Suers, de P. Ortega & Co., S. en C., celebraron un contrato de venta condi-cional en virtud del cual el primero compró, por la cantidad de $410, ciertos muebles a la referida firma. Convino el com-prador en satisfacer $70 de contado y $28.33 los días 12 de cada subsiguiente mes, basta el saldo total de la cantidad estipulada. El mismo día en que se firmó el contrato de venta condicional Colón suscribió a favor de la vendedora doce pagarés por la suma de $28.33 a vencer cada uno dos días-después de la fecha del vencimiento de cada plazo fijado en el contrato de venta condicional. La firma vendedora endosó-estos pagarés al Royal Bank of Canada, quien los descontó,, abonándolos en cuenta a dicha firma. Satisfizo Colón el plazo-de $70, y así continuó pagando, mientras iban venciendo, los-primeros seis pagarés al banco mencionado. Los seis pagarés restantes no fueron satisfechos, siendo devueltos por el Banco-a la firma vendedora, quien se hizo cargo de los mismos.

Rafael Matheu, como cesionario de dicha firma, inició una. acción en la corte municipal contra Colón, basada en el con-trato de venta condicional, solicitando que de acuerdo con el mismo se le entregaran los muebles vendidos. La corte municipal dictó sentencia ordenando al marshal que se incautara, de los muebles objeto del litigio y los entregara a Rafael Matheu. No conforme con esta sentencia, Raúl Colón esta-bleció recurso de apelación para ante la Corte de Distrito-de San Juan. Se sustituyó como demandante a Manuel Pór-tela, cesionario de Matheu. La corte de distrito falló también el caso a favor del demandante. El demandado ha interpuesto-el presente recurso de apelación, atribuyendo a la corte inferior dos errores. El primero se basa en que la sentencia es-contraria a los hechos probados y contraria a derecho. En realidad, el apelante, bajo este primer señalamiento, engloba tres errores que pasamos a discutir.

Se alega que la firma vendedora, al solicitar y aceptar los doce pagarés del comprador, varió de tal manera el contrato condicional que éste quedó novado, no pudiendo, por lo tanto, la vendedora ejercer derecho de acción alguno a base del contrato condicional, sino a base de los pagarés, que constituyen una obligación personal. La corte inferior resolvió que no existía tal novación, ya que no fué ésta la intención de las partes, citando el caso de Hernández v. Burgos, 40 D.P.R. 460, 463. La prueba demuestra que los pagarés se otorgaron para que la vendedora pudiera negociarlos y realizar en metálico la obligación contraída. De acuerdo con el artículo 1158 del Código Civil, edición 1930, “para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es pre-ciso que así se declare terminantemente o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles. ’ ’

En el presente caso no bubo evidencia en el sentido de que la intención de las partes fuera la de novar el contrato original ni puede deducirse esa intención de la transacción efec-tuada. Tampoco puede decirse que surgió una nueva obliga-ción y un nuevo derecho de acción al otorgarse los pagarés, ya que bajo el contrato condicional la vendedora tuvo siempre el derecho de ejercitar una acción personal en cobro de su crédito, así como a demandar la restitución de la propiedad. Brockway Motor Truck Corporation v. Monclova, 42 D.P.R. 885.

Argúiye el apelante que la aceptación de los pagarés por la vendedora produjo el efecto de saldar la deuda contraída, quedando por lo tanto, extinguido el contrato de venta condicional. Es cierto que Diego Soto, gestor de la vendedora, declaró que los pagarés significaban el pago de ese contrato; pero de la evidencia aportada se deduce claramente que este testigo lo que quiso decir fue que los pagarés evidenciaban el compromiso de parte del deudor de satisfacer la obligación. Esta es la única conclusión que surge de los hechos y de las circunstancias que concurren en este caso. José R. Vicente, por ejemplo, empleado del Banco, declara que al descontar los pagarés lo que se hizo en realidad fué anticipar el dinero a F. Ortega & Co., S. en C., quedando esta firma obligada a pagar las cantidades que dejase de satisfacer el comprador condicional Raúl Colón. ¿Cómo es posible que pueda interpretarse de otro modo esta negociación? ¿Cabe concebir que las partes se hayan tomado el trabajo de celebrar un contrato de esta naturaleza para en el mismo día y en la misma transacción aceptar pagarés en pago de la suma convenida, en el entendido de que la aceptación de esos pagarés había de surtir el efecto de saldar y extinguir la obligación contraída bajo el contrato condicional? Si esa fue la intención de las partes, 4 por qué se realizó la inútil labor de celebrar nn contrato de venta condicional, cuando bastaba, para realizar esa intención, el otorgamiento de los pagarés y su aceptación por el vendedor condicional? Lo lógico es concluir, y así lo entendió el propio deudor demandado, según aparece de su testimonio, que los pagarés se suscribieron con el tínico fin de poder negociarlos para reducirlos a dinero y obtener el importe de los mismos.

En una anotación que aparece en “American Law Reports”, tomo 13, pág. 1044, se estudia la teoría general sobre el efecto de suscribir pagarés en ventas condicionales y se dice:

“Un contrato de venta condicional por el cual el vendedor retiene el título no se convierte ordinariamente en una venta absoluta por el beclio de que el comprador suscriba un pagaré obligándose a pa-gar incondicionalmente el precio de la venta.”

En el caso de Segrist v. Crabtree, 131 U. S. 287, 289, la Corte Suprema de los Estados Unidos se expresa en los si-guientes términos:

“Una de las cuestiones principales que surge de la evidencia es si los dos pagarés, que vencían respectivamente en septiembre 1881 y septiembre 1882, fueron aceptados como un pago efectivo (en cuyo caso el remedio es a base de los pagarés) o solamente como evidencia de la cantidad que debía pagar Crabtree. En Sheehy v. Mandeville, 6 Cranch, 253, 264, el Juez Presidente Marshal dijo: ‘No puede ne-garse que un pagaré, sin mediar un contrato especial, por sí mismo no elimina la causa de acción original. Pero se insiste en que si por un acuerdo expreso el pagaré se recibe como pago entonces satisface el contrato original, y la parte que lo recibe tiene su remedio sola-mente a base del pagaré. Este principio parece estar firmemente establecido. Puesto que el demandante no ha negado la alegación de que el pagaré se suscribió y fué aceptado como pago de la cuenta, li-mitándose a presentar una excepción previa, el hecho queda admi-tido, y una vez hecha esta admisión la acción en contra de los bie-nes no puede ser ejercitada.’ En Peter v. Beverley, 10 Pet. 532, 568, se dijo que la aceptación de un pagaré por una deuda anterior no extingue esa deuda, a menos que la evidencia resulte tan clara y satisfactoria que no admita duda razonable de que esa fué la inten-ción. de las partes. En Layman v. Bank of the United States, 12 How. 225, 243, se sostuvo que la mera aceptación del pagaré por el acreedor no equivale necesariamente a un pago de la deuda original, y si hubo o no acuerdo de recibirlo como saldo, o si las circunstancias que rodeaban la transacción justificaban tal inferencia, fueron cues-tiones a decidir por el jurado. En The Kimball, 3 Wall. 37, 45, la corte dijo que ‘de acuerdo con la ley general de comercio, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, un pagaré no salda la deuda por la cual se suscribe, a menos que exista un acuerdo ex-preso entre las partes; sólo trae como resultado extender hasta la fe-cha de su vencimiento el pago de la deuda. El acreedor puede de-volver el pagaré al no ser satisfecho y proceder contra la deuda original. La aceptación del pagaré se considera acompañada con la condición de su pago.’ Estos casos demuestran el curso de las deci-siones de este tribunal.”

Como ya hemos dicho, la prueba demuestra que los paga-rés no fueron aceptados como saldo de la obligación contraída bajo el contrato condicional, que continuó vigente entre las partes después de su otorgamiento. Arguye el apelante que cuando la vendedora condicional endosó los pagarés al Royal Bank of Canada renunció a los derechos derivados de dicho contrato. Basa el apelante su afirmación en la teoría de que el vendedor condicional retiene un título absoluto y de que cualquier acto de éste en el sentido de considerar la transac-ción como una deuda personal es incompatible con la reten-ción de ese título por el vendedor. Se cita en apoyo de esta teoría el caso de Winton Motor Carriage Co. v. Broadway Automobile Co., 65 Wash. 650, 118 P. 817. Asumiendo que la doctrina sentada en el caso citado constituye uña correcta interpretación de la ley en el estado de Washington, no podría aplicarse esa doctrina en esta jurisdicción, donde hemos re-suelto que el vendedor condicional no retiene un título abso-luto sobre los bienes vendidos, sino que por el contrario el comprador adquiere ese título sujeto a una condición resolu-toria. Montalvo v. Valdivieso, 38 D.P.R. 545; De Gracia v. Guardiola, 38 D.P.R. 573; Pueblo v. Flores, 48 D.P.R. 589; Rubio v. Nin, 48 D.P.R. 977.

La jurisprudencia aplicable a Puerto Rico es aquélla que prevalece en las jurisdicciones donde se sostiene que la reten-ción del título por el vendedor constituye más bien una ga-rantía que un título absoluto.

Nuestra ley de venta condicional concede el derecho de utilizar ambos remedios en su artículo octavo, según el cual “si el producto de la venta fuere menor que la cantidad adeudada al vendedor condicional y los gastos de almacenaje y venta, el -vendedor condicional, su sucesor o cesionario, tendrá un derecho de acción contra el comprador condicional por el montante de dicho déficit.”

En Johnson v. Martin Furniture Co., 139 Tenn. 580, 202 S. W. 916, la corte se expresó así:

“La mueblería, en el contrato escrito de venta, retuvo el título de los bienes basta que fueran pagados en su totalidad por el comprador, conjuntamente con el derecho de tomar posesión y disponer de los mismos'de acuerdo con la ley de ventas condicionales. No habiendo pagado Johnson ciertos plazos, la mueblería lo demandó y obtuvo una sentencia personal en su contra. No pudo ser ejecutada la sentencia y esta acción (replevin) para recobrar la posesión de los bienes fué posteriormente interpuesta.
“El peticionario Johnson insiste en que la sentencia obtenida en esa acción personal fué una elección decisiva de parte del vendedor que impide que se utilice subsiguientemente la acción para recobrar la posesión de los bienes (replevin), y su abogado se basa en la doctrina establecida en varios casos que se citan a continuación. (Citas.)
‘ ‘ El razonamiento de las cortes que aplican esta teoría es: que el vendedor, cuando el comprador incurre en mora, tiene opción de (a) considerar el contrato como un acuerdo de bienes vendidos y entre-gados y demandar en cobro del precio bajo esta teoría, o (6) deman-dar en daños y perjuicios (tort) por una apropiación ilegal (conversion) o demandar para recuperar la posesión de los bienes (replevin), como un remedio específico. Si se utiliza el primer re-medio se descansa en la teoría de que después de incurrir en mora el comprador, el título pasa a él por elección del vendedor deman-dante. Pero, si se acude a cualquiera de los otros dos remedios, se asume que el título aún lo retiene el demandante. Por lo tanto, estos remedios, aunque alternativos, se consideran de tal manera incompatibles, que si se trae una acción personal, se hace una elección de-cisiva que impide el ejercicio de la acción para recobrar la posesión •de los bienes {replevin), o Riña acción de trover. Existe nna mar-cada divergencia en las decisiones sobre esta cuestión debido quizás .a diferencias en los conceptos fundamentales sobre la naturaleza del título que se retiene en un contrato de venta condicional.
“En este estado dicha retención del título por el vendedor es una garantía sobre la obligación personal del precio, que parti-cipa de la naturaleza de un gravamen sobre los bienes muebles. (Citas.)
“En esta jurisdicción y varias otras, siguiendo la intención de la ley, la obligación personal de una deuda es una cosa, y el gravamen :sobre cierta propiedad garantizando esa deuda es otra. El acreedor puede actuar a base de ambas, y su elección de acogerse a una de •ellas no excluye o equivale a una renuncia (waiver) del otro reme-•dio. Así el gravamen de una hipoteca, ya sea sobre bienes muebles ■o inmuebles, no desaparece por el hecho de obtenerse una sentencia, •que no ha sido satisfecha, sobre la obligación in personam., y el gravamen puede ser ejecutado posteriormente en una acción para hacer •efectiva la sentencia. (Citas).
“Bajo esta teoría de este derecho básico del vendedor no surge incompatibilidad entre los dos remedios. La acción para recobrar la posesión (replevin) puede ser ejercitada con el objeto de obtener la venta de la propiedad de acuerdo con las disposiciones de la see. 3666 de Thomp. Shan. Code. Según la see. 3668 si la propiedad no produce una suma suficiente para pagar la deuda a favor del vendedor, subsiste una deuda válida por el remanente en contra del compra-dor. ’ ’

En Ratchford v. Cayuga County Gold Storage & W. Co., 217 N.Y. 565, 112 N.E. 447, 448, el Juez Cardozo, hablando a nombre de la Corte, dijo:

“El apelante alega que por el hecho de haberse promovido una acción por el precio del contrato, y haberse obtenido una sentencia, el vendedor perdió el derecho de readquirir la posesión de la pro-piedad, y que el título del comprador por lo tanto se convirtió en absoluto aunque antes había sido condicional.
“La solución de esta cuestión depende de la ley sobre elección de remedios. Cuando un demandante tiene derecho a dos remedios incompatibles basados en reclamaciones irreconciliables la selección de uno excluye el otro. Pero para que tenga este efecto los remedios tienen que ser incompatibles. Aquí no aparece 'esa incompatibili-dad. El contrato dice que el título permanecerá sin sufrir cambio algnno hasta que el precio quede satisfecho. El vendedor tenía derecho a recibir el precio e interpuso una acción con ese fin. La sentencia preserva la obligación surgida de la promesa del comprador-de satisfacer el precio, pero la pone en otra forma. No hay incom-patibilidad entre la tentativa de obtenerel dinero y la retención dél título si fracasa la tentativa. Al establecer su título el vendedor na considera el contrato como nulo desde su nacimiento. (Citas.) El contrato se considera como subsistente y puesto en vigor de acuerdo-con sus términos.
"Nuestra conclusión en el sentido de que el vendedor condicional puede demandar en cobro de un plazo del precio, y posteriormente,, si no puede obtener el pago, readquirir la propiedad, está sostenida por muchas decisiones. (Citas.)”

Es, pues, cosa resuelta que ambas acciones no son incompatibles y que el uso de la una no excluye el ejercicio de la otra, cuando la obligación contraída no ha sido saldada en su totalidad, como ocurre en el presente caso, en que seis de los pagarés han vuelto a poder del vendedor condicional por n» haber sido satisfechos.

Alega el demandado apelante que la cesión del crédito hecha por la vendedora condicional a Rafael Matheu es nula y carece de efectividad legal, toda vez que el cesionarioadquirió dicha obligación con la intención única y con el fin de entablar un pleito, siendo por lo tanto, contraria a lo-dispuesto en una ley aprobada por nuestra Legislatura en 11 de marzo de 1909, cuyo título dice así: “Ley proveyendo para la organización de una comisión de abogados que examine e informe sobre las condiciones morales de los aspirantes al ejercicio de la abogacía ante los tribunales de la Isla de Puerto Rico, definiendo determinados deberes de los abogados, y para otros fines.” La disposición que se considera violada es la siguiente:

"El abogado o cualquier otra persona, no comprará, directa ni indirectamente, ni estará en ninguna forma interesado en comprar un bono, pagaré, letra de cambio, cuenta o cualquier otra cosa liti-giosa, con la intención y con el fin de entablar un pleito sobre ello; pero esta disposición no prohibirá que se reciban esos derechos en pago de la propiedad vendida, o por servicios realmente prestados, o por deuda contraída con anterioridad . . . disponiéndose,, sin embargo, que nada de lo contenido en esta sección se interpretará en el sen-tido de afectar o impedir la cesión de buena fe de cosas litigiosas. ”

El demandante apelado sostiene que la parte que prohíbe a una tercera persona que no sea abogado comprar un dere-cho de acción con la intención de entablar un pleito es nula e inconstitucional, porque no está cubierta por el título de la ley. Basa esta afirmación en el artículo 34 de nuestra Carta Orgánica que prohíbe la aprobación de ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que con-tenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expre-sado en su título. Cuando algún asunto que no esté expresado en el título fuese incluido en cualquier ley, esa ley será nula solamente en aquella parte de ella que no haya sido expresada en el título. Se alega que el título de la referida ley, que hemos transcrito anteriormente, no cubre la compra de un derecho de acción por una tercera persona, y se cita el caso de Spier v. Blake, 120 Cal. 370, donde se dice lo siguiente:

“Una disposición de la constitución en este estado dispone: ‘Todo proyecto de ley solamente cubrirá un asunto, el cual deberá ser expresado en su título; pero si algún asunto que no esté expresado en el título fuere incluido en cualquier ley, esa ley será nula sola-mente en aquella parte de ella que no haya sido expresada en el tí-tulo.’ (Art. IV, Sec. 24.)
“Analicemos el título de esta ley en el crisol que proporciona la referida disposición de la constitución. La legislatura, al redactar este título, fué cándida en extremo. De su misma faz se desprende que el poder legislador ataca la sana política de esta disposición cons-titucional y descartándola abiertamente, declara que el fin de la ley fué la creación de una ley sobre elecciones primarias y ‘otros fines.’ Bajo el manto de ‘otros fines’ toda y cualquier clase de legislación podría ocultarse y prosperar en el cuerpo de la ley, y de esa manera burlarse de la referida sección de la constitución. En este estado, cuando estas palabras ‘para otros fines’ aparecen en el título de una ley de la legislatura estadual, no realizan ningún fin, y al leer el título nuestros ojos se cierran para ellas. Por lo tanto, tenemos ante nos, según revela el título, una ley que solamente trata de elec-ciones primarias generales, que dispone penalidades por la violación de la ley en este respecto. Cualquier asunto que aparezca en el cuerpo de la ley no relacionado con elecciones primarias tiene que ser eliminado; la disposición constitucional que liemos copiado así lo declara. Pensando y midiendo por esta prueba la legislación que aparece en esta ley, muchas de sus disposiciones están fuera de lugar. Parece que la legislatura, al utilizar las palabras ‘para otros fines’ en el título, utilizó esas palabras deliberadamente y de buena fe las utilizó extensamente. La legislación que aparece artículo tras ar-tículo de la ley no tiene justificación en su título a menos que sea bajo esas palabras de significación ilimitada: ‘para otros fines.’ ”

La verdad es que a la disposición impugnada se le lia dado cabida en una ley que, a juzgar por su título y por todo su articulado, fue hecha exclusivamente para los ahogados y aspi-rantes al ejercicio de la abogacía. La prohibición referida, al extenderse a cualquier persona, parece rebasar los límites de la ley. No conocemos legislación alguna en Puerto Pico, a excepción de la que venimos comentando, que prohiba la compra de un derecho de acción por cualquier persona con la intención y con el fin de entablar un pleito. Unicamente sabe-mos del artículo 1425 del Código Civil, edición 1930, que dice que cuando se venda un crédito litigioso el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los inte-reses del precio desde el día en que éste fué satisfecho. De-clara además este artículo que se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste la demanda relativa al mismo. En el presente caso no se trata de la compra de un crédito cuyo cobro se está reclamando ante un tribunal, sino de la cesión de un contrato que no había sido objeto de contro-versia judicial. La disposición prohibitiva que venimos co-mentando, habla, en el texto español, de la compra de una cosa litigiosa; en el texto inglés de thing in action. Disposiciones similares se encuentran en vigor en los estados de California y Nueva York, pero relacionadas exclusivamente con los abo-gados. La argumentación del demandante apelado al asegu-rar que el estatuto es nulo en tanto en cuanto prohíbe la compra de un derecho de acción con intención de promover un pleito por una tercera persona que no sea abogado no parece desacertada; pero no creemos necesario emitir un criterio definitivo sobre el particular, ya que a nuestro juicio el demandado no está en condiciones de impugnar una cesión que no le ba ocasionado perjuicio alguno. Sus derechos y obligaciones de acuerdo con el referido contrato permanecen intocados. La única alteración consiste en haber cambiado la persona del acreedor. La cesión no creó nuevas obligacio-nes para el referido deudor. El hecho de que ahora le deba a Matheu y no a la vendedora original no significa que exista una nueva obligación. Por el contrario, su deuda con Matheu tiene su origen exclusivamente en el contrato de venta con-dicional.

Se alega por último que la corte inferior cometió error al admitir en evidencia la escritura pública ratificando la cesión del contrato por la vendedora condicional a Matheu. Ya hemos resuelto que el deudor no puede impugnar una ce-sión que en nada le perjudica. La ratificación de esa cesión contenida en dicho documento tampoco puede perjudicarle.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Córdoya Dávila,

text:
    Juan Enrique Soltero, demandante y apelante, v. Rafael L. Piris, en su carácter de Auditor Municipal de la Ciudad de Ponce, P. R., sustituído por José L. Negrón, demandado y apelado.
    No. 7015.

    Sometido: Diciembre 13, 1935.

      Resuelto: Enero 17, 1936.

      Virgilio Brunet, abogado del apelante; A. Atiles Moréu, G. Atiles Moréu y G. Pierluissi, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdoya Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 22 de julio de 1933, Juan Enrique Soltero, en su ca-rácter de contador público, celebró un contrato con el muni-cipio de Ponce, en virtud del cual realizó ciertos servicios, rindiendo un informe final en 17 de noviembre del mismo año. Convino el municipio de Ponce en satisfacer al deman-dante $1,500 por los servicios prestados, de cuya suma satis-fizo la cantidad de $400, quedando un balance de $1,100. Luego el demandante pidió que se le pagaran $500 más para abonar al referido balance, y habiéndose negado el entonces auditor municipal de Ponce, Leopoldo E. Delucca, a firmar el libramiento correspondiente, el Sr. Soltero solicitó y obtuvo de la Corte de Distrito de Ponce la expedición de un auto de mandamus. En virtud de la sentencia dictada el municipio de Ponce satisfizo al demandante apelante la suma solicitada, quedando entonces pendiente de pago un balance de $600. En 2 de mayo de 1934 el demandante apelante solicitó que se le pagara la cantidad que se le adeudaba. El Sr. Blas Olive-ras, Alcalde del municipio de Ponce, dirigió entonces una carta al auditor municipal solicitando que firmara el correspon-diente libramiento, de modo que el referido muncipio saldara la deuda pendiente. En 5 de mayo de 1934 el auditor con-testó la carta que le fue dirigida por el alcalde, en los siguien-tes términos:

“Señor:' — Me refiero a su carta del 4 del corriente en la que me sugiere que debemos dejar saldado el balance que se le adeuda al Sr. J. E. Soltero, si es posible. Me consta que bay partida presu-puesta! y fondos disponibles en este caso, pero debo someter primera-mente este asunto a la consideración del Auditor de Puerto Rico, para cumplir con las disposiciones de su circular No. 2 A.E. 1933-34 de septiembre 27/33. — Informaré a usted las instrucciones que reciba al efecto. — Muy atentamente, Leopoldo E. Delucca, Auditor Municipal.”

En vista de los términos en que está concebida esta carta, el demandante solicitó que se ordenase al entonces auditor Rafael L. Piris, mediante un auto de mandamus, que proce-diese inmediatamente a firmar el libramiento y la orden de pago por la cantidad de $600 que adeudaba el municipio. Aceptó el auditor todos los becbos de la demanda, negó que no tuviese motivos para negarse a firmar el libramiento y la orden de pago, y alegó que de acuerdo con cierta circular del Auditor de Puerto Rico, de fecba 27 de septiembre de 1933, y el reglamento sobre contabilidad municipal, babía consul-tado a dicbo Auditor sobre el pago referido.

En 8 de diciembre de 1934 la Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia declarando con lugar el recurso de mandamus. Posteriormente el demandante solicitó la sustitución de Rafael L. Piris por José L. Negrón, quien fue nombrado para susti-tuir al primero en el cargo de auditor municipal. En 5 de fe-brero de 1935 el demandado apelado solicitó la reconsideración de la sentencia dictada en 8 de diciembre de 1934. Oídas las partes, la corte dejó sin valor ni efecto la referida sentencia y declaró sin lugar en todas sus partes el recurso de mandamus interpuesto por el demandante, sin especial condena-ción de costas. Contra esta sentencia estableció el deman-dante el presente recurso de apelación, atribuyendo a la corte inferior varios errores que pueden discutirse conjuntamente porque todos giran sobre la misma cuestión.

Se alega que la corte cometió error al resolver que el auditor municipal de la ciudad de Ponce no se negó a firmar los libramientos y órdenes de pago y al sostener que el Auditor Insular tiene facultad para impedir el pago de obliga-ciones legalmente contraídas por los municipios y que el de-mandante apelante no agotó la vía administrativa.

La ley dispone que el auditor municipal tendrá todas las facultades, filiaciones y deberes, con respecto al municipio, qne corresponden al Auditor de Puerto Rico, con sujeción a las disposiciones de la Ley Orgánica y a los reglamentos que dictare dicho Auditor, y firmará los libramientos y órdenes de pago que hayan de efectuarse de los fondos municipales. El demandado en su contestación niega que careciese de mo-tivos para firmar el libramiento y la orden de pago por los $600 adeudados al Sr. Soltero, y expone que ha consultado al Auditor Insular de Puerto Rico, que no ha recibido con-testación y que mientras dicho funcionario no resuelva si debe o no pagarse al Sr. Soltero la referida suma, el demandado no se encuentra facultado para hacer dicho pago. También alega el demandado, como excusa para no pagar, que el Sr. Leopoldo E. Delucca, en su carácter de Auditor Municipal, fué suspendido de empleo y sueldo por haber satisfecho al Sr. Soltero la cantidad de $500 en virtud de una orden expe-dida por la Corte de Distrito de Ponce ordenando dicho pago. Añade el demandado que de acuerdo con este precedente sería suspendido de empleo y. sueldo si se decidiese a firmar el libra-miento de j)ago.

En el presente caso el municipio de Ponce contrató los servicios profesionales del Sr. Soltero, comprometiéndose a satisfacer por los mismos la, cantidad de $1,500. Esta es una cuestión que no se discute. El contrato quedó perfeccionado, los servicios han sido prestados, y el municipio, que ha deri-vado el beneficio de los mismos, ha satisfecho al Sr. Soltero la cantidad de $900, quedándole a deber los $600 que re-clama. El referido contrato se llevó a cabo en 22 de julio de 1933. Con posterioridad a esta fecha el Auditor de Puerto Rico dirigió una circular a los alcaldes, auditores y secretarios auditores municipales, haciendo constar que la formulación de planes para mejorar las condiciones existentes, que en la mayoría de los casos se refieren a la consolidación de deudas, a la preparación de ordenanzas para anticipos, y de estudios técnicos sobre las condiciones económicas prevalecientes, irro-garía gastos innecesarios a los municipios si estos estudios y la formulación de estos planes se hiciesen por personas ex-trañas a la administración o al gobierno. Ofrece el Auditor Insular la cooperación de su oficina para realizar dichos tra-bajos y dice que no se autorizará gasto alguno para el pago de servicios de esta naturaleza que puedan ser rendidos sin costo alguno para los municipios por las agencias del go-bierno. Añade el Auditor que los comprobantes cubriendo estos gastos deberán ser sometidos a la aprobación de su oficina con anterioridad a efectuar pago alguno por este con-cepto.

La circular del Auditor no puede surtir el efecto de im-pedir o demorar innecesariamente el pago de una obligación derivada de un contrato válidamente celebrado con el muni-cipio de Ponce. La obligación que pueda pesar sobre las autoridades municipales, en el orden administrativo, para utilizar los servicios ofrecidos por el Auditor, no es cuestión a resolver en el presente caso. No puede, negarse que esa circular es plausible por los propósitos que persigue y por la cooperación que ofrece a los organismos municipales. En-tendemos, sin embargo, que si el municipio celebra un con-trato válido con un tercero, la obligación contraída en virtud de ese contrato no puede quedar afectada por una circular que el Auditor Insular haya dirigido a las autoridades mu-nicipales. Para contratar con un municipio no se necesita el visto bueno del Contador Insular. Tampoco es necesaria la venia de dicho funcionario para exigir el cumplimiento de una obligación derivada de un contrato celebrado con una municipalidad. Como se dijo en Costas Purcell v. Municipio de Las Marías, 37 D.P.R. 19, 30, “es inconcebible que una ley como nuestra Carta Orgánica, en que el Congreso ha pres-crito que la legislatura no aprobará disposición alguna que menoscabe la obligación de los contratos, apruebe por sí misma una ley que obliga a toda persona que haga un contrato con un municipio a obtener primero la autorización de un tercero que no es una de las partes contratantes.” Y como se dijo en Laborde v. Municipio de Isabela, 38 D.P.R. 65, es evidente que un ciudadano no necesita obtener el consentimiento del Contador con el fin de contratar con un municipio.

En el caso de Fajardo Sugar Co. v. Holcomb, 16 F. (2d) 29, se dijo lo siguiente:

“Generalmente el Contador es ún funcionario del Gobierno cuyo deber es examinar las actuaciones de funcionarios que han recibido y desembolsan fondos públicos por virtud de autoridad legal. Si de acuerdo con la Carta Orgánica de Puerto Rico el Contador tiene, total o parcialmente, dominio sobre el poder de imponer contribuciones, deberíamos esperar que tal delegación extraordinaria haya sido con-cedida explícitamente pero no la hallamos.”

Comentando estas últimas palabras dijo esta corte en Laborde v. Municipio de Isabela, supra:

“Lo mismo podemos decir con respecto al derecho a intervenir en contratos, o de afectar la responsabilidad general de un municipio en cuanto a pleitos se refiere.”

En el caso de Municipio de Río Piedras v. Serra Garabís & Co., 65 F. (2d) 691, la Corte de Circuito de Apelaciones fia expuesto el mismo criterio que ya babía sido sostenido por este tribunal. De la opinión emitida en dicho caso copiamos lo siguiente:

“No creemos nosotros que el Contador de Puerto Rico tenga el poder de imponer condiciones sobre el derecho de las municipalidades para celebrar contratos ni para prescribir las formalidades con las cuales puedan legalmente llevarse a cabo estos contratos. El Auditor es un funcionario contador. No tiene autoridad para inspec-cionar (supervise) la celebración de los contratos. Sus deberes es-tán limitados a métodos de contabilidad y a actuar como un freno en el desembolso del dinero público a fin de que este dinero no sea pa-gado ilegalmente de esos fondos públicos. El punto de vista soste-nido por el Gobierno pondría en efecto todos los gastos municipales de la isla bajo la dictadura de este funcionario contador, siendo éste un resultado tan extraño a las ideas locales de gobierno propio pre-valecientes en este país que nosotros no lo aceptaríamos a menos que estuviésemos claramente convencidos de que esa fué la intención le-gislativa. Una cuestión similar se debatió con respecto al derecho del ‘Comptroller General’ de los Estados Unidos en la celebración de contratos por los departamentos del gobierno. El ‘Attorney General’ ■aconsejó al Secretario de la Guerra que los derechos del ‘ Comptroller General’ para aprobar las fórmulas no puede en ningún modo exten-derse a las relaciones contractuales, que las partes tienen derecho a negociar libremente sin la intervención del ‘Comptroller General’, cu-yas fruiciones son las de un funcionario contador. Estamos confor-mes con este punto de vista y con el de la Corte Suprema de Puerto Eieo sobre este punto. Costas Purcell v. Municipality of Las Marías, 37 Porto Rico 18. Los reglamentos del Auditor Insular no ■constituyen parte del contrato.”

Más adelante dice la corte resolviendo una moción de re-consideración :

“¿Autoriza el artículo 20 de la Ley Orgánica al Contador Insular para hacer reglamentos que afecten los términos y validez de los contratos municipales con la aprobación del gobernador? Al tratar esta cuestión en nuestra opinión anterior dijimos que no.
“Que el Auditor se excedió en la esfera de su autoridad impo-niendo las condiciones que impuso en los reglamentos sobre el derecho de las municipalidades para contratar, queda demostrado por el len-guaje del artículo 20 del cual deriva su autoridad.
“Claramente los reglamentos en cuestión, interpretados como el demandado pretende y como realmente leen, no están limitados a métodos de contabilidad sino que se extienden a prescribir los térmi-nos y condiciones para la celebración de los contratos municipales. En este respecto estos reglamentos son inválidos, no estando autori-zados por el artículo 20.”

Arguye el peticionario apelante que el demandado no tuvo necesidad de consultar al Contador Insular para firmar ■el libramiento y la orden de pago. Opinamos que el apelante tiene razón. Esta corte fia sostenido que antes de acudirse al procedimiento de mandamus debe agotarse la vía administrativa. Pero esto no quiere decir que deba demorarse el cumplimiento de una obligación y celebrarse consultas cuando éstas resultan completamente innecesarias. En Laborde v. Municipio de Isabela, supra, esta corte se expresó así:

“En el caso de Axtmayer v. Kessinger, 32 D.P.R. 915, se resolvió que una persona empleada del gobierno, que demanda en cobro de sueldos, debe primero agotar los remedios administrativos. Desde luego, el caso demuestra que bay ciertas ocasiones en que pri-mero se debe acudir al Contador. Naturalmente, bay casos en que la. actuación del Contador es una condición precedente para poderse-recobrar la cantidad reclamada. Necesariamente tienen que haber-casos en que la actuación del Contador es final, pero resolvemos que-la actuación del Contador solamente puede ser conclusiva cuando un ciudadano ha efectuado un contrato con un municipio de acuerdo-con la ley.”
“Si bien el congreso probablemente tiene derecho a hacerlo así,, sin una indicación más directa no puede suponerse que siguió el mé-todo reseñado en el artículo -20 para privar a un ciudadano que con-trata con un municipio, del derecho a que sus controversias sean, resueltas en una corte. La verdadera prueba es averiguar si la cor-poración es o no responsable independientemente de la actuación del Contador. ’ ’
“Con estos antecedentes, no podemos llegar a la conclusión de-que fuera la intención del Congreso crear un tribunal especial o in-dependiente en la persona del Contador de Puerto Pico. Las únieas-palabras en la ley a ese efecto son las siguientes: 'Las decisiones, del Contador serán finales, a no ser que se apele de ellas por la parte-perjudicada o por el jefe del departamento interesado, dentro de un año, en la forma que se prescribe más adelante.’ Pero no vemos, disposición alguna en tales palabras de privar a un ciudadano que-efectúa un contrato con un municipio, de su derecho a demandar,, o de su derecho a demandar sin acudir primeramente al Contador.”'

Los párrafos que anteceden aparecen en las páginas 76, 78 y 73 respectivamente del tomo 38 de las Decisiones de-Puerto Rico.

En Valladares v. Berríos, 38 D.P.R. 682, la corte senten-ciadora resolvió que el deber del auditor municipal de sa-tisfacer a Valladares el pago de la construcción de una es-cuela no era ministerial y que por lo tanto no procedía el mandamus, que como el Auditor Municipal tenía derecho a consultar al Auditor de Puerto Rico en casos en que era du-dosa la legalidad de un pago, y toda vez que el Auditor estaba haciendo tal consulta, actuaba dentro de su discreción. Este-tribunal, al resolver en apelación el referido caso, se expresa en los siguientes términos:

"Convenimos con el apelante en que el Auditor Municipal tenía el deber de expedir un cheque a favor del demandante si se probaba debidamente el contrato, y de ser así, el deber del auditor municipal era ministerial y no discrecional. Si bien la Sección 18 de la ley concede al auditor municipal el derecho de hacer una consulta cuando-es dudosa la legalidad del pago, él no puede consultar arbitraria-mente o demorar el pago si el contrato está en debida forma. Cree-mos que era la obligación de la corte investigar la legalidad de la reclamación, y si estaba en debida forma ordenar al auditor municipal a pagarla.”

En el presente caso no se discute la legalidad de la recla-mación. El demandado admite que se han pagado $900 al peticionario por los servicios prestados al municipio, que se le adeuda la cantidad de $600 y que existe una partida pre-supuestal y fondos disponibles para cubrir dicho balance. El Auditor Municipal se ha negado a pagar porque cree que' no está facultado para hacerlo mientras el Contador Insular no resuelva la consulta que se le hizo. Esta consulta nos-parece innecesaria. El Auditor en su circular dice que nose autorizará gasto alguno para el pago de servicios de la naturaleza de los prestados por el peticionario que puedan ser rendidos sin costo alguno para los municipios por las-agencias del gobierno. El demandado no está obligado a es-perar la respuesta del Contador Insular, que puede prolon-garse indefinidamente. La circular del Auditor tiene el pro-pósito de evitar que los municipios utilicen, mediante con-trato, sus fondos para pagar servicios que pudieran ser pres-tados gratuitamente por el Gobierno Insular. Es claro, a nuestro juicio, que el auditor no puede, mediante reglamento, afectar los derechos de un tercero que haya celebrado un con-trato válido con una corporación municipal.

Debe• revocarse la sentencia apelada y dictarse otra en su lugar ordenando al Auditor Municipal de Ponce el pago de la cantidad de $600, con las costas.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rosa Celorio Vda. de Tizol, acusada y apelante.
    No. 5852.

    Sometido: Diciembre 18, 1935.

      Resuelto: Enero 17, 1936.

      JE. Pérez Casalduc, abogado de la apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdoya Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Rosa Celorio fue acusada de un delito de injuria y calum-nia (slander) por Fernando Mariani. Se alega en la de-nuncia que la acusada, maliciosa y voluntariamente, expuso al ridículo y menosprecio público a la esposa del denunciante, Amanda Marín de Mariani, dirigiéndole ciertas palabras in-juriosas que se especifican en la referida denuncia.

La corte de distrito declaró culpable a la acusada, conde-nándola a satisfacer cincuenta dólares de multa. Contra esta sentencia interpuso recurso de apelación la referida acusada, alegando que la corte inferior cometió error al declararla culpable y decidir que las frases que se le atribuyen fueron dichas con la intención maliciosa de hacer creer a los oyentes que la supuesta perjudicada fuese una mujer de conducta deshonesta y de exponerla con tales dichos al ridículo y menosprecio públicos.

Para resolver la cuestión planteada por la parte apelante es necesario examinar las palabras que sirvieron de base a la corte inferior para dictar su fallo, juntamente con la prueba practicada. Las alegaciones de la denuncia aparecen soste-nidas por dos testigos: el denunciante y su esposa, quienes vivían en una casa que queda muy cerca de la que entonces habitaba la señora Celorio. La prueba demuestra que entre ambas familias ocurrió un disgusto motivado por una pelea habida entre una pequeña niña de los esposos Mariani y otra de la acusada, señora Celorio. Los testigos de la defensa sostienen que el origen de ese disgusto fué el hecho de haberle pegado con las manos la señora Mariani a una hija de la se-ñora Celorio. La señora Mariani declara que la acusada se asomó a una de las ventanas de su casa, diciéndole en alta voz las frases siguientes: ‘ ‘ Oye, Amanda, sinvergüenza, hija de la gran puta, sal para afuera, no eres más que una canalla, un cuero sucio,” añadiendo que su marido era un boca abajo. El denunciante, Fernando Mariani, dice que la acusada dirigió a su esposa las siguientes palabras: “ sinvergüenza, hija de la gran puta, ¿quién es Amanda Marín?, una puta mala, un cuero sucio,” y que su marido era un boca abajo.

Arguye la defensa que aun admitiendo que la acusada apelante dijera a la señora Mariani que era una puta mala y todas las demás frases que se le atribuyen, se desprende clara-mente de la prueba practicada que estas palabras las pro-nunció en un momento de ira, cegada por la pasión de madre, al decirle su hijita que la señora Mariani la había golpeado. La defensa cita en apoyo de su teoría el caso de State v. White, 151 S. W. 757, 168 Mo. App. 345, donde se resolvió que la corte inferior debió haber sometido al jurado una instrucción soli-citada por el acusado. En dicho caso una señora dirigió a una vecina suya, con quien tuvo un disgusto, las siguientes palabras: “You dirty, 'whoring bitches, you dirty low down dogs.” La instrucción solicitada por el acusado y denegada por la corte dice así: “Si el Jurado, de acuerdo con la evi-dencia y circunstancias del caso, cree que las palabras pro-nunciadas por el acusado fueron dichas en momentos de ex-citación, como términos de abuso y reproche ... y no se pronunciaron como si fuesen ciertas y fueron entendidas por los oyentes como términos de abuso, vertidas en momentos de ira sin la intención de imputar falta de castidad, entonces el Jurado debe rendir un veredicto-en favor del acusado.”

Resolviendo la cuestión planteada, la Corte Suprema de Missouri se expresó así:

‘ ‘ En casos de injuria y calumnia la base del delito es la intención ■del acusado al pronunciar las palabras que se le imputan. Las pa-labras mencionadas han debido imputar falta de castidad a la mujer •o mujeres mencionadas. Si -aparece de las circunstancias bajo las euales fueron pronunciadas que no hubo la intención y se entendió que las palabras no imputaban falta de castidad, sino que se intenta-ron y dijeron solamente como expresiones de abuso o vituperio, en-tonces las referidas palabras no constituyen injuria y calumnia criminal. Aunque nosotros no estamos completamente preparados para decir que la evidencia de parte del Estado demostró conclusivamente •que las palabras fueron usadas como simples términos de abuso y no con la intención de imputar falta de castidad, por lo menos tie-nen una fuerte tendencia en esa dirección y justificaba que se hubiese sometido al Jurado la instrucción solicitada.”

Nótese que en el caso de Missouri la Corte Suprema se limita a decir cuál es, a su juicio, la ley en dicho Estado absteniéndose de intervenir en la apreciación de la prueba por parte del Jurado. Convenimos en que cuando se de-muestra que las expresiones calumniosas fueron vertidas sin intención de calumniar, no puede decirse que se lia cometido un delito de injuria y calumnia, pero entendemos que es ne-cesario que la presunción establecida por la ley, considerando maliciosa y punible toda expresión calumniosa, quede reba-tida por la prueba a fin de que pueda estar justificado un veredicto absolutorio.

La ley para definir y castigar el delito de calumnia e in-juria dice así en sus tres primeros artículos:

“1.- — -Se entiende por calumnia toda falsa y maliciosa imputación hecha de palabra y públicamente contra otra persona natural o jurí-dica, imputándole la comisión de hecho constitutivo de delito.
“2. — Entiéndese también por calumnia toda palabra o concepto proferido maliciosa y públicamente en deshonra, descrédito, menos-precio de otra persona natural o jurídica.
"3.- — -Se presumirá maliciosa y será calumnia procesable toda ex-presión calumniosa hecha públicamente en presencia o en ausencia de la persona agraviada.”

Esta corte, en el caso de Palou v. Ríos, 23 D.P.R. 363, 366, dice lo siguiente:

“Abora bien, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, no siem-■pre que se llama ‘ladrón’ a una persona se comete el delito de ca-lumnia, y a nuestro juicio, después de un estudio cuidadoso de la ■prueba practicada y de los mismos becbos declarados probados por el juez sentenciador, no es posible concluir que la intención manifiesta •de la demandada en este pleito fuera la de imputar al demandante un verdadero delito de hurto o robo. La demandada cobró en forma incorrecta y abusiva en verdad una deuda al demandante. Éste reconoció la existencia de la deuda, pero alegó que no era él sino ■una sociedad de la que formaba parte la que debía el dinero recla-'mado por la demandada. Todos los que oyeron a la demandada pu-dieron comprender perfectamente que se trataba de un asunto de ne-gocios, en el que una mujer, la demandada, parte en el mismo, en un momento de calor o de ira, fué más allá de lo que las buenas rformas y el propio respeto exigen de consuno, pero no de la fría y consciente imputación de un delito.”

En la opinión del tribunal, emitida por el entonces Juez Asociado Sr. del Toro, se citan los casos de Fawsett v. Clark, 30 Am. Rep. 481, 485, y Bridgman v. Armer, 57 Mo. App. Rep. 528, 531.

En el primero de dichos casos se dice lo siguiente :

“La prueba del demandante al declarar en su propia defensa es •que estas palabras formaban parte de una violenta protesta verbal que Mzo el acusado acerca de la conducta del demandante, al escribir una ■carta a una tercera persona, relacionada con las transacciones que con •él tuvo el acusado. Haciendo referencia a la carta y a su contenido el ■acusado dijo que el demandante era ‘un mentiroso,’ ‘un estafador’ y que ‘no era más que un ladrón’; — un ladrón — que el demandante To había demandado’ y que él había ofrecido pagar más de lo que .yo (el demandante) jamás obtendría — ‘y que lo que en substancia dijo Fawsett con relación a la carta, fué que yo (el demandante) lo había acusado en ella de hacer falsas cuentas.’
“Todos los testigos corroboran este parecer. Las circunstancias demuestran que los términos de reproche usados no constituían sino una simple ofensa producida por el coraje; las palabras ‘mentiroso,’ Tadrón,’ ‘estafador,’ fueron pronunciadas inmediatamente una tras otra con referencia al contenido de la carta y explican a todos los que las oyeron el sentido en que fueron usadas.”

En el segundo se dice que una persona puede usar palabras que por sí y no estando explicadas serían calumniosas per se, pero que si los becbos y circunstancias que aparecen de la prueba demuestran que no fué el objeto bacer semejante cargo y que no fueron interpretadas de tal modo por los que las oyeron, entonces no constituyen calumnia. Cuando se de-muestra, continúa diciendo el tribunal, que tales palabras fueron pronunciadas, esto constituye prima facie una demos-tración de que el objeto de ellas era bacer la imputación que de las mismas se deduce y si se trata de darles alguna otra significación, debe establecerlo el acusado a menos que apa-rezca de la misma exposición de los becbos por parte del de-nunciante.

En el presente caso la acusada niega que hubiese dirigido' a la señora Mariani las palabras que se le imputan. No bay otra prueba con respecto a la alegada excitación que la que pudiese surgir de las palabras que se atribuyen a lá señora Celorio y del disgusto ocurrido entre una familia y la otra. No parece lógico que se acoja a la defensa de baber pronun-ciado esas palabras en momentos de excitación quien niega haberlas vertido. No tenemos base para decir que las pala-bras que se imputan a la señora Celorio fuesen pronunciadas-sin intención de calumniar a la señora Mariani. La acusada no produjo prueba alguna sobre este particular. No estable-ció su defensa a base de que las palabras habían sido vertidas por ella y de que las hubiese pronunciado en el calor de una disputa sin la intención maliciosa que se le imputa y que presume la ley. No se ha destruido a nuestro juicio la pre-sunción establecida por el estatuto. La intención con que han podido ser pronunciadas las palabras objeto de la denuncia es cuestión que aparece resuelta por la corte inferior, y no creemos que de acuerdo con la prueba aportada estemos jus-tificados en revocar el fallo dictado por dicho tribunal.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Córdiova Dávila,

text:
    Esperanza Cuebas, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. A. R. de Jesús, Juez, demandada.
    No. 1063.

    Sometido: Enero 13, 1936.

    Resuelto: Enero 17, 1936.

      Enrique Báez García, abogado de la peticionaria; Angel M. Díaz, abogado del interventor, el demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Córdiova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Bautista Rosario entabló una acción en cobro de dinero contra Esperanza Cnebas Iriarte siguiendo el procedimiento especial establecido por la Ley núm. 10 aprobada en 1921 (pág. 113). Se alegó en la demanda que el demandante vendió a la demandada una barbería por la suma de $300, de los cuales satisfizo la cantidad de $100, comprometiéndose a pagar a plazos la suma restante, con las costas, gastos y honorarios de abogado, que se fijaron en $50, en caso de reclamación judicial. Se alegó además, que al tiempo de interponer la demanda la demandada debía la suma de $85, incluyendo intereses venci-dos, y se solicitó una sentencia condenando a dicha demandada al pago de la referida suma con las costas, gastos y honorarios de abogado. La corte municipal dictó sentencia de acuerdo con la súplica de la demanda. Apelado el caso para ante la corte de distrito, la demandada presentó una excepción previa alegando que la corte no tenía jurisdicción para resolver la reclamación entablada, de acuerdo con el procedimiento seña-lado en la Ley núm. 10 de 1921, estableciendo juicios espe-ciales en las cortes municipales de Puerto Rico y para otros fines, por exceder la suma reclamada de $100. La excepción previa fué radicada en 11 de diciembre de 1933 en la secre-taría de la corte de distrito. En 13 de diciembre del mismo año, dicho tribunal dictó sentencia declarando con lugar la demanda y condenando a la demandada a satisfacer al deman-dante la cantidad de $85 m,ás las costas, g’astos y honorarios de abogado.

La peticionaria solicita la revisión de la sentencia dictada por la C'orte de Distrito de San Juan por entender que dicha corte actuó sin jurisdicción al dictar la referida sentencia dentro del procedimiento especial establecido por la ley para los casos en que la suma reclamada no exceda de $100.

Se alega por el demandante, a cuyo favor se dictó la sen-tencia, que el límite de la jurisdicción de las cortes munici-pales es de $500 y que lo más que puede decirse en este caso es que la Corte de Distrito, al dictar su sentencia en apela-ción, se salió de la especialidad de la Ley núm. 10 de 1921, pero no que dicha sentencia fué dictada sin jurisdicción.

Es verdad, como dice el demandante, que la corte municipal puede conocer de cualquier pleito cuya cuantía no ex-ceda de $500; pero esto no quiere decir que tenga derecho a acogerse al procedimiento especial de la Ley núm. 10 de 1921, para hacer efectiva una obligación que exceda de $100, a menos que renuncie al exceso de dicha cantidad. De otro modo la corte carecería de autoridad para actuar en este procedimiento, que, aparte de su carácter sumarísimo, concede a las partes el privilegio de satisfacer como costas úni-camente $1 por cada escrito de demanda, contestación o ape-lación, lo que no podría hacerse en un procedimiento ordi-nario. El juez de la corte inferior hace constar que “como podrá verse de la faz de la demanda, la cuantía litigiosa no excede de $100 toda vez que el demandante renuncia a la par-tida de $50 estipulada para honorarios de abogado, conforme aparece de la súplica de la demanda.” “La sentencia de esta corte”, continúa diciendo el juez, “es por la cantidad de $85 de principal con intereses a razón del 9 por ciento anual desde la radicación de la demanda, en 31 de octubre de 1935, hasta su completo pago, más las costas, gastos y honorarios de abogado convenidos, cnya cuantía se entiende que no ex-cederá de lo que falte para completar la cantidad de $100, hasta cuya suma tendría jurisdicción esta corte dentro de este procedimiento. ’ ’

Hemos examinado la demanda y es verdad que aparecen tachadas las siguientes palabras, refiriéndose a las costas y honorarios de abogado: ‘ que la demandada convino y aceptó en fijarlos en la suma de $50 y los fijó y estableció en dicha cantidad.”

Como se ve la corte inferior entendió que el demandante, que se acogió al procedimiento especial, al tachar dichas pa-labras, había renunciado a cualquier cantidad en cuanto a costas y honorarios que unida a la reclamación principal exce-diese de $100. En estas condiciones entendemos que procede, la amtlación del moto expedido, toda vez que conforme a la aclaración del juez sentenciador, la sentencia dictada no ex-cede de la cantidad de $100.


author: El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    José R. Quiñones, demandante y apelante, v. La Asamblea Municipal de Arroyo, P. R., demandada y apelada.
    No. 6665.

    Sometido: Noviembre 20, 1935.

      Resuelto: Enero 17, 1936.

      Rafael Laeot, abogado del apelante; Pedro E. Anglade, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

José E. Quiñones, juez de paz, acudió a la corte de dis-trito en solicitud de un auto de certiorari para revisar y anu-lar el acto legislativo de una asamblea municipal a virtud del cual se rebajaba el sueldo del peticionario. Luego de expedirse el auto y de contestarse el mismo, la corte de dis-trito, a moción de la asamblea municipal, desestimó el recurso debido a que la petición babía sido presentada unos cinco meses después de haberse promulgado la ordenanza en cues-tión.

La sección 83 de la Ley Municipal (Leyes de 1928, pág. 399) lee como sigue:

“Las cortes de distrito tendrán jurisdicción a instancia de parte perjudicada:
“(o) Para anular o revisar cualquier acto legislativo o adminis-trativo de la Asamblea Municipal, de la Junta Administrativa, del Alcalde o de los demás funcionarios municipales que lesione derechos constitucionales de los querellantes o sea contrario a la Ley Orgá-nica o a las leyes de Puerto Rico, mediante certiorari.
(6) Para suspender, mediante injunction, la ejecución de cual-quier ordenanza, acuerdo, resolución u orden que lesione derechos garantizados por la constitución o las leyes insulares;
“(c) Para compeler mediante auto de mandamus, al cumpli-miento de deberes ministeriales por los funcionarios municipales;
“ (d) Para conceder, mediante juicio ordinario, compensación de daños y perjuicios a los perjudicados por actos u omisiones de los funcionarios municipales por malicia, negligencia, o ignorancia inex-cusables.
“En los dos primeros casos la parte perjudicada podrá solamente establecer la demanda correspondiente dentro del plazo de treinta días a contar de la fecha en que el acto ejecutivo o administrativo haya sido realizado o que la ordenanza, acuerdo, resolución u orden hayan sido promulgados o comunicados a la parte querellante; En-tendiéndose, que cuando la ordenanza o resolución deba ser publicada de acuerdo con esta ley, el .término expresado de treinta (30) días, empezará a contarse desde la fecha de la publicación dé dicha orde-nanza o resolución.”

La teoría del apelante es que el período estatutario de treinta días prescrito por el párrafo final de ese artículo no es aplicable a actos legislativos de una asamblea municipal. No podemos concurrir con este criterio.

Otra contención es que la corte de distrito cometió error al conceder costas a la demandada. En ausencia de una razón satisfactoria para la interpretación dada por el apelante a la sección 83, supra, no bailamos abuso de discreción en la con-cesión becba.

Bebe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor, Hutghisoet,

text:
    Justo Chalemán, representado por su tutor Francisco Díaz Rodríguez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 963.

    Sometido: Noviembre 4, 1935.

      Resuelto: Enero 17, 1936.

      L. Ríos Algarín, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor, Hutghisoet,

emitió la opinión del tribunal.

En una escritura otorgada por el marshal de una corte municipal se decía: que en dicha corte se había iniciado el pleito número 1260 contra Zenén Concepción y Gregorio Me-léndez; que se había embargado cierta parcela de terreno como de la propiedad de Zenén Concepción; que éste había muerto estando en trámites este juicio y que su viuda, doña Providencia Tirado, y sus hijos (designándolos por sus nom-bres) fueron hechos demandados. Un mandamiento de eje-cución librado por la corte municipal y copiado en la escritura del márshal aducía que en el pleito número 1260 el deman-dante había obtenido sentencia en la corte de distrito contra los demandados Zenén Concepción y Gregorio Meléndez y que el legajo estaba archivado en la secretaría de la corte municipal. Por este mandamiento se requería al márshal que co-brara el importe de la sentencia de los bienes muebles del deudor, de ser éstos suficientes para cubrir el importe de la misma, y de lo contrario que lo hiciera efectivo de los bienes inmuebles pertenecientes a dicho deudor a la fecha en que se registró la aludida sentencia en la corte de distrito. El márshal entonces anunció y vendió como bienes de la propie-dad de Zenén Concepción y de su sucesión, la viuda Providen-cia Tirado y sus hijos (nombrándolos), el inmueble embargado como de la propiedad de Zenén Concepción.

El registrador de la propiedad inscribió esta escritura en lo que a la participación de la viuda en los bienes se refería, sujeta a las resultancias de la liquidación de los bienes de la comunidad, y se negó a inscribir la misma en cuanto a la par-ticipación de los menores se refería, toda vez que esta parti-cipación no constaba inscrita a nombre de ellos.

La regla es que los bienes inscritos a nombre dé un deudor que lia muerto, vendidos en procedimientos de ejecución como pertenecientes a sus herederos, deben ser inscritos a nombre de los herederos antes de poderse inscribir a nombre del adquirente en la subasta. Bird v. Registrador, 48 D.P.R. 696; Orcasitas v. Registrador, 45 D.P.R. 110; Pomales v. Registrador, 19 D.P.R. 637; Figueroa v. Registrador, 18 D.P.R. 260, y Garrido v. Registrador, 12 D.P.R. 405. Existen, desde luego, dos excepciones bien reconocidas a esta regla general, mas el presente caso no cae dentro dé ninguna de ellas. El hecho de que la acción personal se iniciara en vida del deudor que murió, o sea de Zenén Concepción, y el hecho de que sus herederos fueran sustituidos más tarde como demandados, no establece una tercera excepción a la regla.

El registrador mencionó como defecto subsanable el hecho de que no se demostró que la corte había adquirido jurisdicción sobre la persona de los demandados. Él se refería, desde luego, a la jurisdicción de la corte municipal, donde se originó el litigio. Ha quedado demasiado bien establecido para que se requiera cita de autoridades, que no existe presunción alguna en favor de la jurisdicción de las cortes municipales y que los registradores de la propiedad pueden exigir que se les presente prueba satisfactoria a este respecto.

(4) El registrador también mencionó el hecho de que los bienes estaban sujetos al gravamen del embargo a que ya nos hemos referido. El recurrente llama nuestra atención hacia una cláusula contenida'en la escritura del márshal, según la cual el acreedor que embargó, como adquirente en la subasta, solicitaba la cancelación de la anotación de embargo, toda vez que el mismo se había fundido en el título adquirido por el acreedor. Si el registrador hubiese cancelado la anotación de embargo después de negarse a inscribir la escritura del márshal en lo que a la participación de los herederos se re-feria, el acreedor que embargó Rubiera perdido el beneficio de su anotación sin convertirse, según el registro, en dueño de los bienes embargados. El registrador, a nuestro juicio, estaba en lo cierto al interpretar que la solicitud para que se cancelara la anotación de embargo presuponía una inscripción anterior de la escritura del marshal y que estaba condicionada a que se practicara tal asiento anterior. El recurrente hu-biese tenido más razón para quejarse si'el registrador, des-pués de negarse a inscribir la escritura en lo que a la par-ticipación de los menores concernía, hubiera cancelado la ano-tación de embargo, tal cual fue solicitado por el adquirente en la misma escritura.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: JBl Juez Asociado Señob, Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Acobes, acusado y apelante.
    No. 5800.

    Sometido: Noviembre 22, 1935.

      Resuelto: Enero 17, 1936.

      Pedro M. Porrata, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   JBl Juez Asociado Señob, Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Acobes fue convicto de infringir las secciones 3, 34 .y 51 de la Ley de Bebidas (Leyes de 1934, págs. 137, 141, 159 y 167) a base de una denuncia presentada por un policía insular en que se imputaba a Acobes y otros baber cometido •el delito de la siguiente manera:

“Que en 14 de noviembre H. 2.15 A. M. de 1934, y en la calle Mayor Cantera, dentro del Ditrito Judicial Municipal de Ponce, P. R., •que forma parte del Distrito Judicial de Ponce, P. R., los referidos acusados, Manuel Ramos Rodríguez, Juan Rodríguez Collazo, Manuel Rivera Torres, Epifanio Alicea Ruiz y Juan Acobes González, allí y entonces de una manera voluntaria, maliciosa e ilegalmente y den-tro del automóvil No. 6078, propiedad de Juan Acobes González, es-taban en posesión de cuatro latones conteniendo como veinte galo-nes de ron eañita sin que sobre dichos envases se encontraran adhe-ridos los correspondientes sellos de identificación, lo que constituye prueba prima facie de que el impuesto sobre dicha bebida alcohó-lica no ha sido pagado. De las cuatro latas de ron sólo pudieron ocuparse dos llenas, una como con tres galones y la otra vacía; de-biéndose esto a que en la lucha con la policía los acusados lanzaron las latas a la carretera, perdiéndose el contenido de una, parte de la otra y resultando todas completamente abolladas.”

La presente apelación se basa en los siguientes motivos:

“La denuncia no aduce hechos suficientes porque el reglamento ■del Tesorero de Puerto Rico que requiere el artículo 34 de la Ley de Bebidas, no fué adoptado hasta el día 10 de abril de 1935, y el delito que se le imputa al acusado se le imputa como cometido el ■día 11 de diciembre de 1934.
“La denuncia no aduce hechos suficientes porque ni alega, en forma debida, que el apelante no hubiera pagado los impuestos que requiere la sección 3 de la ley, ni le imputa al acusado la produe-ción, importación o la traída a Puerto Rico de licores sin pagar el impuesto que dicha sección 3 establece.”

La sección 3 de la ley dispone que se impondrán, cobrarán y pagarán ciertas contribuciones sobre un número de bebidas que se especifican, producidas, importadas o traídas a Puerto-Rico. La sección 20 provee que los impuestos sobre bebidas alcohólicas fabricadas o producidas en Puerto Rico serán pa-gados antes de que las mismas salgan de la fábrica. Las sec-ciones 34 y 51 leen así:

“Sección 34.- — Con el fin de identificar aquellas bebidas alcohó-licas tributables que a juicio del Tesorero deban identificarse para evitar fraude, se faculta al Tesorero para que, mediante la promul-gación de reglamentos, haga fijar sobre los env'ases sellos de iden-tificación u otros distintivos adecuados, los que serán suministrados-gratis a los contribuyentes por el Tesorero; Disponiéndose, además? que el Tesorero podrá hacer que se fijen tales sellos sobre los pro-ductos tributables adquiridos durante la vigencia de anteriores leyes de arbitrios y que ^e encuentren en el mercado al empezar a regir la presente ley.
“La falta de dichos sellos o distintivos en los artículos que por reglamentación se exigieren, constituirá evidencia prima facie de que los impuestos, por esta Ley prescritos, no han sido pagados y toda persona responsable de ello, incurrirá en delito menos grave (misdemeanor) .
“Sección 51. — La falta del debido sello de identificación en cual-quier envase en que se exija por esta Ley o sus reglamentos la apli-cación de tales sellos de identificación como comprobación del pago del impuesto, constituirá evidencia prima facie de que el impuesto no ha sido pagado y todo envase falto del correspondiente sello de identificación será ocupado por el Tesorero o por agentes de rentas internas y por él vendido a favor de El Pueblo de Puerto Rico.”

De conformidad con los términos de un disponiéndose que aparece al final de la sección 73, se reviven las reglas vi-gentes antes de declararse la Prohibición en Puerto Rico hasta tanto se promulguen nuevos reglamentos. El alegato del ape-lante deja de demostrar que las regias que así se hacían apli-cables no contienen disposición alguna respecto a sellos de identificación. De todos modos, la ausencia de sellos sería nna mera cuestión de evidencia y no un elemento esencial del delito imputado, y la referencia que a ello se Race puede ser considerada como materia superflua, excepto en tanto en cuanto indica la intención de imputar el no pago de los im-puestos. La ley empezó a regir el 13 de marzo de 1934 y los efectos de la misma no quedaron en suspenso mientras se promulgaban las reglas y reglamentos del Tesorero. Por tanto, la denuncia no dejaba de aducir becbos suficientes para constituir una causa de acción meramente por alegar que el delito se cometió el 14 de noviembre de 1934.

Habría más mérito en el segundo señalamiento si el delito se hubiese imputado mediante acusación. Bajo la regla más liberal aplicable a denuncias, la intención de imputar el no pago de los impuestos se desprende, a nuestro juicio, con suficiente claridad. No era necesario alegar que los acusados Rabian fabricado o importado el ron. Véase la sección 38 de la ley y el caso de El Pueblo v. Díaz, 48 D.P.R. 455.

No debe entenderse que estamos resolviendo ninguna cues-tión que no Ra sido específicamente suscitada por el apelante.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Américo Egipciaco, acusado y apelante.
    No. 5801.

    Sometido: Diciembre 5, 1935.

      Resuelto: Enero 17, 1936.

      Buenaventura Estoves, abogado del. apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal

Américo Egipciaco fue convicto en dos ocasiones del delito de acometimiento y agresión grave, primero, en la Corte Municipal de Aguadilla, y luego de un juicio de novo, en la Corte de Distrito de Aguadilla.

El primer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al permitir a un perito médico, o sea, al Dr. Francisco A. Márquez, que no había declarado en la corte municipal y cuyo nombre no figuraba en la relación de testigos que aparece en la denuncia, declarar en el juicio de novo con la oposición del acusado. Al ser llamado el caso para juicio en la corte de distrito el 13 de julio de 1934, el acusado informó que dos de sus testigos se hallaban ausentes y solicitó que si éstos no se presentaban antes de terminar el juicio se dejara el caso abierto a fin de que se les pudiera examinar en la fecha futura que la corte señalara si el acusado decidía ofrecer su testimonio. El fiscal manifestó que no se oponía a ello a pesar de que la petición resultaba prematura. El juez inquirió por qué era prematura, y el fiscal contestó que debido a que la defensa no sabía entonces si utilizaría o no a los testigos. El juez entonces manifestó que resolvería la cuestión más tarde y el juicio continuó. Al ser llamado Márquez, ocurrió el siguiente incidente:

“Defensa: Nosotros, señor Juez en este momento hacemos opo-sición a que declare como testigo de cargo en este caso el Dr. Már-quez porque el mismo no figura en la relación de testigos que apa-rece en esta denuncia, siendo por tanto una sorpresa para el acu-sado.
‘ Hon. Juez: La cuestión es que el testigo fué juramentado como testigo de cargo ante el acusado y la defensa desde hace algún tiempo y ha estado bajo las reglas de la Corte; ¿con qué fin va a presen-tar el Fiscal al perito?
“Sr. Fiscal: Para probar el carácter de las heridas del perju-dicado.
“Hon. Juez: Como el caso probablemente quede abierto a prueba, en cuyo caso la defensa tiene tiempo de preparase y defenderse contra el testimonio del perito, editándose así cualquier sorpresa para la defensa, la Corte permite que sea examinado dicho perito.
“Defensa: Tomamos excepción de la resolución de la Corte por los fundamentos anteriormente expuestos.”

El delito fué cometido en Moca, que es un pueblo pequeño dentro del distrito judicial municipal de Aguadilla. Los autos demuestran que había dos médicos en Moca, uno de los cuales lo era el testigo Márquez. El otro era un testigo del acusado, que no hubiera tenido dificultad alguna en ase-verar que Márquez había asistido al perjudicado. No se de-mostró satisfactoriamente que el acusado fuera en realidad sorprendido al presentarse a Márquez como testigo en el juicio de novo y la corte de distrito no cometió error al permitirle que declarara, no obstante el hecho de no habérsele llamado como testigo en la corte municipal y a pesar de no figurar su nombre en-la lista de los testigos designados en la denuncia. Véase también el caso de El Pueblo v. Román, 18 D.P.R. 219.

Los señalamientos segundo, tercero y cuarto se refieren a ciertas preguntas hechas por el fiscal en la repregunta de los testigos de la defensa, admitidas con la objeción del acusado. El fiscal apenas hubiera podido quejarse si la objeción del acusado a una o dos de estas preguntas hubiera sido sostenida, pero no hallamos abuso de discreción y por consiguiente un error que dé lugar a la revocación al declarar sin lugar las objeciones, ni podemos convenir con el apelante en que hubiera indicios de parcialidad o prejuicio por parte del juez sentenciador.

El quinto señalamiento es que la corte de distrito cometió error y demostró parcialidad y prejuicio contra el acusado al dictar sentencia. La contención carece igualmente de mérito.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    M. Grau e Hijos, demandante y apelada, v. Enrique Figueroa Garrastazu, demandado y apelante.
    No. 6687.

    Sometido: Noviembre 13, 1935.

      Resuelto: Enero 17, 1936.

      Miguel A. García Méndez, abogado del apelante; Osear Souffront, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado apela de una sentencia que le condenó al pago de cierta cantidad de dinero. Dice que la corte de Distrito cometió error al admitir prueba de la conformidad . del demandado a un supuesto saldo adeudado en cuenta corriente. La prueba fué presentada en apoyo de una alegación expresa sobre tal conformidad. No bubo fundamento razonable para sorpresa ni demostración satisfactoria de la misma por . parte del demandado. Éste presentó excepción previa de falta de becbos para determinar una causa de acción, mas no suscitó cuestión alguna respecto a la forma de la demanda. En ausencia de tal objeción, la demanda, no importa cuán vulnerable sea, suficientemente expuso la teoría del demandante de una cuenta liquidada, al igual que de una cuenta corriente. Por tanto, no bailamos error que dé lugar a la revocación al admitir prueba relativa a la conformidad del demandado con el saldo adeudado.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito cometió error al dictar sentencia contra el demandado no obstante aparecer de la prueba de la demandante lo mismo que de la del demandado, que la deuda estaba saldada. Hubo conflicto de prueba respecto al supuesto pago y el juez de distrito resolvió la' cuestión en contra del demandado. De los autos no se desprende razón satisfactoria alguna para alterar la conclusión a que llegó la corte inferior sobre este extremo. Igualmente podría decirse de la cuestión de prescripción que se convierte en una de becbo y que fué del mismo modo decidida por la corte adversamente al demandado.

No bailamos abuso de discreción en la concesión de costas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor Del Doro,

text:
    Francisco Soto Gras, recurrente v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 970.

    Sometido: Enero 17, 1936.

    Resuelto: Enero 21, 1936.

      J?. 8oto Oras, por su propio derecho; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Del Doro,

emitió la opinión del . tribunal.

En Ponce, el 5 de diciembre de 1935, celebraron un contrato de compraventa Jorge Oppenbeimer Dalmau, como apoderado de la señorita .Teresa Enriqueta Santiago Oppenbeimer, y Francisco Soto Giras, por virtud del cual el primero vendió' y el segundo compró una propiedad que en la escritura pública otorgada al efecto ante el Notario Francisco Parra Capó, se describe así:

“URBANA: Solar situado en la manzana ‘M’ de Miramar, Sec-ción Sur del barrio de Santurce, de San Juan, Puerto Rico, con las medidas lineales y colindancias siguientes: por el Norte mide doce metros, dando frente a la Avenida M. Fernández Juncos boy, antes calle del Congreso; por el Este mide diez t seis metros cinouenta centímetros, lindando con finca boy de doña Carmen Cuyar Ga-tell de Cbardón; por el Sur, mide ddoe metros lindando con la Su-cesión de Waldemar E. Lee boy, antes el solar número sesenta y dos de la urbanización; y por el Oeste lindando con el solar número se-senta y nueve de la urbanización y mide diez y seis metros cinouenta centímetros, cuyas medidas bacen un área superficial de ciento no-venta y ocho metros cuadrados. — En el descrito solar existe una casa de concreto armado, becba sobre columnas y lozas de cinco, cuatro y tres pulgadas de espesor, de tres plantas independientes y un mirador, teniendo dicbo edificio ocbo metros de frente por ca-torce metros sesenta centímetros de fondo a su izquierda entrando y diez y seis metros cincuenta centímetros de fondo a su derteeba entrando.
“Títudo y cargas: La finca antes descrita que asegura el señor Oppenbeimer Dalmau en su indicada representación no se encuentra afecta a carga alguna, es el resto de otra de seiscientos treinta metros cuadrados luego de habérsele segregado primeramente cin-CUENTA Y DOS METROS CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS para USO público, y últimamente trescientos ochenta y nueve metros cin-cuenta centímetros ouadrados que fueron vendidos a doña Carmen Cuyar Gatell de Cbardón por escritura otorgada ante el fedatario con el número cuarenta y tres de fecha diez y siete de agosto de mil novecientos treinta y cinco, cuyas segregaciones fueron inscritas en el Registro de la Propiedad, habiéndose tomado la descripción y me-didas de dicbo resto de finca de un plano levantado por el Ingeniero J., M. Canals en veinte y dos de noviembre de mil novecientos treinta y cinco, resultando la cabida expresada de la mensura practicada.
“La finca principal de que es resto la antes descrita la bubo la señorita Teresa Enriqueta Santiago Oppenbeimer por adjudicación en pago que le hicieron los esposos don Rufino de Goenaga y Fuertes y doña María Mercedes Lázaro Costa, por la escritura número diez y siete de quince de septiembre de mil novecientos treinta y cuatro, ante el Notario de Ponce don Francisco Parra Toro, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Juan, al folio CINCüenta y cua-tro del tomo setenta y tees de Santuree Sur, finca número ciento' ' NOVENTA Y SEIS, inscripción DÉCIMANOVENA. ’

Presentado el docnmento para su inscripción en el registro de la Propiedad de San Jnan, Sección Primera, lo fné en efecto “con vista de otro al folio 55 tomo 73 Sur, finca 196, inscripción 20’’ pero “con el defecto subsanable de no des-cribirse la finca principal.” T alegando que el defecto no existe y que en tal virtud debe revocarse en cuanto a la con-signación del mismo la nota recurrida, interpuso el comprador el presente recurso gubernativo.

Defendiendo su nota se expresa el registrador recurrido en su alegato como sigue:

“El presente caso versa, sencillamente, sobre si debe o no des-cribirse la propiedad que tiene uno inscrita en el registro, cuando enajena o hipoteca parte de ella.
“El registrador recurrido cree que debe describirse la finca principal, y no hacer una mera referencia del tomo y folio donde está inscrita. (Cadilla v. Registrador, 19 D.P.R., 80.)
“Esta simple cuestión está ya repetidamente resuelta por este Hon. Tribunal. La falta de descripción de la finca originaria de que se segrega la que se pretende inscribir, constituye un defecto subsanabie, como lo establecen las resoluciones de la Dirección General de los Registros, de 20 de noviembre de 1889 y de 1 de diciembre de 1892. Franceschi v. Registrador, 13 D.P.R. 228; Cadilla v. Registrador, 19 D.P.R. 80; Kennedy v. Registrador, 26 D.P.R. 789; Figueroa v. Registrador, 31 D.P.R. 377; Rodríguez v. Registrador, 36 D.P.R. 19; Cuevas v. Registrador, 40 D.P.R. 27; Irizarry v. Registrador, 38 D.P.R. 501; Medrano v. Registrador, 38 D.P.R. 821; Ramírez v. Registrador, 38 D.P.R. 771. Este último caso es igual al del presente recurso.
“A mayor abundamiento, hemos de advertir que de las segre-gaciones previas hechas de la finca orginaria, no aparece inerita una de ellas, la de 52.50 metros cuadrados, aun cuando en la segunda página del alegato del recurso se asegura que fueron inscritas; por lo cual tenemos en nuestro favor, además, lo resuelto en el caso de Cuevas v. Registrador, 40 D.P.R. 27. Podemos acompañar una cer-tificación al efecto.”

Á nuestro juicio la jurisprudencia que el registrador in-voca examinada en detalle y en conjunto no sostiene la exis-tencia del defecto subsanable que apuntara. Aquí no se trata de inscribir una segregación destinada a iniciar como finca independiente una nueva serie de inscripciones en el registro. Aquí se trata de inscribir una transferencia de dominio del resto de la finca principal, y ese resto que a virtud de las segregaciones constituye la finca principal misma en el mo-mento del traspaso, es todo lo que tenía que describirse como se describió debidamente en la escritura.

En el recurso gubernativo de Medrano v. Registrador, 38 D.P.R. 821, esta corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Aldrey, se expresó como sigue:

“En el título que ha dado origen a este recurso gubernativo se describe la finca de la cual se hace una segregación, que también se describe que ha sido vendida al recurrente. El registrador inscri-bió esa venta pero haciendo constar el defecto subsanable de no describirse con cabida y colindancias el resto de la finca principal de la cual se hace la segregación objeto del título después de las segre-gaciones que constan en el Registro. En otras palabras, se ha con-signado ese defecto porque para esta venta no se ha descrito la finca tal como quedó a los vendedores después de hechas las segregacio-nes de la primitiva finca y que constan en el registro por lo que la cuestión a resolver es si la finca principal que ha de ser descrita para hacer una segregación es la que ha quedado después de segre-gaciones anteriores o es la de la finca primitiva sin segregaciones.
“Esa cuestión fué resuelta por nosotros en los casos de Kennedy v. Registrador de San Juan, 26 D.P.R. 789 y de Figueroa v. Registrador de San Germán, 31 D.P.R. 377, en el sentido de que la finca principal que ha de ser descrita es la parcela de terreno cuyo do-minio permaneció exclusivamente en los vendedores después de las enajenaciones hechas anteriormente. Y se comprende que así sea porque al hacerse la presente segregación y enajenación la finca principal de los vendedores no es la que primitivamente adquirieron y de la cual han hecho varias segregaciones que constan en el registro sino el resto que después de ellas les ha quedado y del cual es que hacen la segregación y venta al recurrente.
“El caso de Irizarry v. El Registrador de Mayagüez resuelto por nosotros el 2 de julio de este año (pág. 501) revocando el defecto subsanable consignado por dicho funcionario y que ambas partes ci-tan no es aplicable al caso presente, pues lo que en él pretendió el registrador fué que se describiese como finca principal el resto de finca que había de quedar después de hecha la segregación ob-jeto de la renta, y ésa no era la finca principal de la cual iba a ha-cerse la segregación.”

Por virtud de lo expuesto, debe revocarse la nota recurrida en la parte en que lo ha sido, quedando en su consecuencia la inscripción sin el defecto apuntado.