author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Olegario Riera y Cifuentes, demandante y apelante, v. Josefina B. Macías Vda. de Riera, demandada y apelada.
    No. 5011.

    Sometido: Marzo 7, 1930.

    Resuelto: Julio 8, 1931.

      J. de Guzmán Benitez, abogado del apelante; Pellón & Ayuso, abo-gados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Don Olegario' Riera Cifuentes, que reside en Madrid, España, demandó en la Corte de Distrito de San Juan de esta Isla a doña Josefina B. Macias Yda. de Riera para que le pagase la cantidad de $50,000 y sus intereses convenidos al 8 por ciento anual, cuya deuda está reconocida en nn documento. No negó la demandada haber recibido dicha cantidad en préstamo ni la autenticidad del documento en que consta esa obligación, pero sostiene en su contrademanda que la. misma ha sido novada por una transacción acordada entre las partes. La corte de distrito declaró que la. obligación cuyo pago se reclama lia sido novada por la transacción y en consecuencia condenó al demandante a cumplir el pacto de la misma y declaró sin lugar la demanda. Contra esa sentencia fue interpuesta esta apelación por el demandante.

El documento en que el demandante funda su acción, con una nota puesta en él, dice así:

“Por $50,000.00. Debo y pagaré a clon Olegario Riera y Cifuen-tes la suma de Cinouenta Mil Dólares, que del mismo be recibido a mi entera satisfacción. Esta suma devengará intereses a razón del ocho por ciento anual (8%) a contar desde boy.
“Para garantizar esta deuda be entregado en prenda al señor Riera, los certificados siguientes:
“No. 669 por 1250 acciones de a $20.00 valor a la par de la Central Pasto Viejo;
“No. 1519 por cincuenta acciones de a $1,000.00 a la par de la Central Cambalache;
“No. 1675 por 50 acciones de a $100.00 valor a la par de la Central Yabueoa;
“Estos valores que ban sido endosados al Sr. Riera, quedan de-positados en la caja del Sr. Rafael Fabián en el Banco Territorial y Agrícola de esta ciudad, y que es la persona designada por el Sr. Riera como depositario de dichas acciones.
“Es convenido que los dividendos que se paguen por concepto de las referidas acciones, me corresponderán y a mí deberán ser sa-tisfechos.
“Es además convenido que podré recoger este pagaré en cualquier momento o abonar cantidades parciales a cuenta del mismo, al cual efecto podré vender, cuando yo lo estime oportuno y conveniente, todas o parte de las acciones aquí pignoradas, y el acreedor vendrá obligado a endosar los títulos a la persona que yo designe.x
“San Juan, P. R., junio 18 de 1923 (firmado) Josefina B. Macías vda. de Riera. ’ ’

Nota manuscrita al principio del documento:

“El día 1° de julio 1924 se entregaron al Banco Territorial y Agrícola las 1250 acciones de la Central Pasto Viejo a $20 — $25,000.— más — 50 acciones de la Central Yabueoa Sugar Company $70 — $3,500., que hacen un total de $28,500. — para cancelar un pagaré de la misma suma $28,500 que debe la Viuda de Riera con garantía hipotecaria de la Perla, quedando cancelado este préstamo. Estas acciones se dispone de ellas según cable de Olegario Riera a Rafael Fabián, fecha 1ro. de julio autorizándole a entregar todas las acciones a la viuda de Riera. (Firmado) Rafael Fabián.”

La demandada es viuda de don José Dimas Riera, es conocida por Pepita y su hermano don Antonio Macías es su apoderado.

La demandada presentó como prueba una carta de su acreedor que dice así:

“Olegario Riera Cifuentes, Paseo de la Castellana, 49, Apartado de Correos 6005, Madrid, Madrid 29 de abril de 1924. — Sr. don Antonio B. Macías, San Juan, P. R. — Estimado Antonio: He recibido tu carta del 25 del mes ppdo. en la que me hablas de tu entrevista con don Rafael y de la situación poco satisfactoria en que te hallas. Realmente es de sentirse que teniendo el azúcar un precio tan subido, lo que necesariamente mejora la situación económica de ese país, sigas tú con los mismos apuros de siempre. La confianza en los ban-cos ha renacido, la capacidad económica de los valores azucareros es satisfactoria, él crédito se ha consolidado y esto debe ayudarte pode-rosamente a-solucionar toda dificultad de orden económico. En estos momentos de relativo auge debes salir adelante y sanear el capital de la sucesión. Cada vez que le escribo a don Rafael le encargo con el mayor interés que te ayude y te facilite cuanto esté a su alcance para lo que puedas necesitar. Igual recomendación hice cuando ha-blé con él. Ahora bien, yo no pretendo que al vender las acciones de Pasto Viejo que se me dieron en garantía me remitas su importe; por el contrario, puedes disponer de él para abonarlo a la cuenta de los bancos a fin de que te prorroguen las obligaciones. La garan-tía que suponen esas acciones puedes suplirla con otro papel de Pe-pita, de este modo podrás esperar, mejor oportunidad para realizar los demás valores, si es que, como dices, aun siguen depreciados. Lo que yo le dije a clon Rafael es que no podría mandarte más dinero sin que se hablara nada del que ya te había remitido. De todos mo-dos, avístate con don Rafael y entre ambos resolver lo que mejor creáis pues con ese fin le escribo hoy a dicho señor. Mis cariñosos re-cuerdos para toda la familia y queda tuyo afmo. amigo, (firmado) Olegario Riera.”

En el año 1926 el demandante don Olegario Riera envió un apoderado suyo desde España a esta Isla, don Edmundo G-arcía, con el encargo de cobrar dichos. $50,000 y sus inte-reses. Ese apoderado gestionó el pago de la expresada cantidad pero se le contestó qne no estaba vencida la denda porque el pagaré no tenía fecha para el pago y se le hicieron algunas proposiciones de arreglo qne él exigió se le dieran por escrito para llevarlas a' don Olegario1 Riera. Y en efecto le fneron entregadas por escrito las qne copiamos:

“Proposición de transacción en cnanto del crédito de $50,000.00, a favor de don Olegario Riera y contra doña Josefina B. Maclas Viuda de Riera.
“Sin que en forma alguna se entienda que la señora Viuda de Riera da por fijado o por expirado.el término para el vencimiento de la obligación suscrita a don Olegario Riera, cuyo término entiende que no está ni fijado ni expirado, y sin que pueda tampoco entenderse que renuncia a derecho alguno nacido de tal contrato, con el propó-sito de transigir esta diferencia, hace las siguientes proposiciones:
“PRIMERA: en pago de la obligación a favor de don Olegario Riera, según el documento de fecha 18 de junio de 1923, doña Josefina B. Maclas Viuda de Riera, dará a don Olegario Riera cincuenta (50) acciones de la Central Cambalache; ciento cincuenta (150) acciones del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, y una obli-gación por cinco mil (5,000) dollars, a vencer dentro de un año.
“Segunda: Pagar de contado quince mil ($15,000.00) dollars y el resto hasta cincuenta mil ($50,000.00) dollars en un plazo de tres años, con intereses al seis por ciento anual para dicho balance.
“San Juan, P. R., septiembre 17, 1926.
“(Firmado) Josefina B. Vda. de Riera.
“(Firmado) pp. Antonio B. Maclas.
“ (Tiene el número 2863).”

Embarcó el apoderado García para España y en primero de noviembre de 1926 recibió don Luis Venegas, apoderado aquí de don Olegario Riera, un cablegrama en que éste le dijo: “Aceptada primera proposición documento Josefina Maeías. Suplico recoja valores depositándolos banco mi nombre. Avise entrega. Olegario Riera.” También reci-bió la demandada de don Edmundo García el siguiente cablegrama: “Olegario aceptó primera proposición Pepita. Entreguen valores Venegas. Correo amplios, detalles demás asuntos. Edmundo.” Inmediatamente el Sr. Venegas habló con el Sr. Maeías, le comunicó el cablegrama por él recibido y lo requirió para la entrega de los documentos especificados en la proposición primera aceptada por don Olegario pero no le fueron entregados esos documentos porque, según de-claró Venegas, le contestó Maeías que el Sr. Edmundo García babía tenido con él cierto entendido mediante el cual la en-trega de esos valores, el cumplimiento de esa proposición, estaba afecto por parte del Sr. Hiera a cierta reclamación por parte de los hijos de doña Josefina contra don Olegario en uu asunto de bonos de la Central Boca Cbiea, de Santo Domingo. Como consecuencia de esa manifestación del Sr. Maeías, el Sr. Venegas, de acuerdo con Maeías, puso un cablegrama a don Olegario Hiera en el que le dijo: “Reci-bido cable. Dice Maeías entendido con García fué a base arreglar asunto bonos Bocacbica. Dispuesto cumplir primera proposición siempre se cumpla base entendido. Venegas.” Al día siguiente recibió Venegas un cablegrama en que se le dijo: “Confidencial. Proceda con documentos original o el de transacción embargo bienes Josefina Maeías relacio-nados primera proposición añadiendo fincas Buenavista y Perla según caso. Consiga fianza casa Ocboa. Correo po-deres. Avise resultado. Olegario Hiera.” En vista de este cablegrama tuvo Venegas otra entrevista con Maeías y como éste le dijo que si tenía que entregarle los valores los em-bargaría por el otro asunto de los bijos de don Pepe Riera con don Olegario, Venegas cablegrafió al Sr. Riera lo si-guiente: “Demanda embargo preparada pendiente radica-ción. Estoy seguro propiedades a embargar serán reembar-gadas por asunto Bocacbica. Prudente consulte su abogado ambas fases asunto avisando lo que deba hacerse. Venegas.” Ese cablegrama fué contestado al día siguiente con otro de don Olegario en esta manera: “No importa, reembargo con-sultado asunto Bocacbica seguro no tiene razón proceda urgente. Olegario Riera.” Telefoneó entonces Venegas al Sr. Maeías en vista de ese despacho que tendría que presen-tarse la demanda y embargar, lo que Rizo con el propósito de ver si entregaban los valores y se evitaba el disgusto, pues basta el último momento, basta que se presentó la demanda estuvo dispuesto a aceptarlos y que se cumpliera la transac-ción. Después de lo expuesto la demanda fué radicada y fné puesto el despacho cablegrárico siguiente al Sr. Riera: “San Juan, P. R., Nov. 17, 1926.' — Olegario Riera, Castellana 51, Madrid, Spain. — Radicada demanda sábado último, em-bargadas Perla participación Buenavista acciones Cambala-che y Territorial. Venegas.”

El Sr. Macías declaró en. el juicio que Edmundo García le manifestó que las proposiciones de arreglo que le hiciera las pusiera por escrito: que cuando le entregó la proposición escrita que hizo, ese mismo día manifestó al Sr. García que había pendiente una reclamación de los bienes de don José Riera por unos bonos de la Central Boca Chica pertenecientes a ellos contra don Olegario, contestándole García que tra-taría ese asunto con don Olegario para que se arreglase; que al ser requerido por Venegas para el cumplimiento de la proposición aceptada por don Olegario le dijo que estaba dispuesto a cumplirla pero que había quedado con Edmundo García en considerar lo otro de Boca Chica y que Edmundo García en su cablegrama le había dicho “correo amplios detalles demás asuntos”; que estaba dispuesto a cumplir el convenio pero esperaba que se diera alguna solución a lo de Boca Chica, de lo que nunca recibió aquellos detalles; que la cuestión de los bonos de Boca Chica no figuró en las pro-posiciones de transacción que entregó; que no lo puso como condición porque él dijo a García que lo tratara con don Olegario y por eso esperaba que le dijeran sobre ese asunto; que no era una condición para la entrega de los valores; y que no los entregó porque esperaba los detalles ofrecidos en el cablegrama, que recibió.

Venegas declaró que Macías le habló del asunto de Boca Chica.

Don Edmundo García declaró por deposición qne cuando vino a esta Isla a cobrar los $50,000 debidos a don Olegario Riera ninguna persona le babló de otras condiciones que las. consignadas en el documento con proposiciones de pago que le fuá entregado; y que ofreció a la señora viuda de Riera escribirle a su llegada a Madrid sobre otros asuntos prove-nientes de negocios de la República Dominicana que eran completamente ajenos al asunto que lo trajo aquí y que ese ofrecimiento lo ratificó por cable y en carta; que no le consta que en la fecha de las proposiciones de pago tuviera don Olegario reclamaciones pendientes sobre títulos de Boca Chica o por otros conceptos; qué doña Josefina se negó al pago de los $50,000 alegando que no tenía vencimiento y que cuando estaban preparando la demanda y la petición de embargo la deudora, por conducto de su abogado, le hizo las dos proposiciones de pago por escrito.

Don Olegario Riera y Cifuentes declaró que estando en Madrid, España, ordenó a don Rafael Fabián que entregara $50,000 a doña Josefina, que la obligación quedara bien garan-tizada y que extendiera el documento de modo que pudiera hacerlo efectivo en cualquier momento a su comodidad; que nunca se obligó a entregar los valores que garantizaban el pagaré, si bien por liberalidad y queriendo favorecer a la deudora como lo había hecho al concederle el préstamo de que se trata y otras atenciones de importancia, consintió en que pudiera disponer de algunos de dichos valores para que saliera de sus agobios económicos aprovechando la buena cotización que entonces tenían pero a condición de que ese papel fuese substituido por otro; que al regresar a España Edmundo García no le manifestó que hubiera alguna otra condición de arreglo fuera de las consignadas en el docu-mento. que exigiera la deudora o su apoderado para cumplir las predichas proposiciones de pago; y que en esa fecha no tenía compromisos, negocios ni. reclamaciones pendientes de la sucesión de don José Dimas Riera por asuntos de Boca Chica ni por ningún, otro concepto.

Como la existencia de la deuda de $50,000 a favor del apelante está aceptada, entendemos que la cuestión primera y fundamental a resolver en este pleito es si ha sido substi-tuida o novada por la primera de las proposiciones de pago hecha por la deudora y aceptada por el acreedor por la que so estipuló que como pago de los $50,000 se entregarían, desde luego, al acreedor determinado número de acciones de la Central Cambalache y del Banco Territorial y Agrícola, más una obligación por $5,000' a vencer dentro de un año.

Las proposiciones de pago de los $50’,000 debidos por la demandada, hechas por ésta a su acreedor, una vea aceptada por él cualquiera de ellas, como lo fué en este caso la primera, constituyó el contrato de transacción definido' en el artículo 1711 del Código Civil porque por él y para evitar el pleito de cobro de esa deuda aceptó el acreedor que en vez de pagársele dinero por su crédito y los intereses se le entregasen las acciones que propuso su deudora; y ésta por su parte se avino a pagar desde luego, a pesar de entender que su obligación no estaba vencida; contrato que es bilateral y de obligaciones recíprocas porque de él surgen para ambos contratantes. Manresa, tomo 12, pág. 99.

De acuerdo con esa proposición de transacción aceptada, la deudora se obligó a entregar, desde luego, a su acreedor las especificadas acciones y el pagaré y el acreedor se obligó a recibir esa forma de pago de los $50,000 que se le debían y de sus intereses.

¿Cumplieron las partes las respectivas obligaciones que nacían de ese contrato de transacción? El acreedor cumplió la suya, pues al aceptar la transacción propuesta por su deudora ordenó a su apoderado en esta Isla, que recibiese dichas acciones y pagaré.

¿Cumplió la deudora la suya? Ella y la corte senten-ciadora entienden que sí porque el apoderado de la deman-dada ha declarado que siempre ha estado dispuesto a entregar dichas acciones y pagaré. Sin embargo, por la relación de hechos consignada ah principio de esta opinión sabemos por las declaraciones contestes del Sr. Macias y de don Edmundo García que éste manifestó a aquél que cualquiera proposición de arreglo que se le hiciera para el pago de los $50,000 debía constar por escrito; que en esta forma se le hicieron las dos proposiciones de transacción; y que de ese documento no aparece que fuera condición para cualquiera de ellas que .había de quedar solucionada una reclamación que los hijos de la demandada creían tener contra don Olegario Hiera por ciertos bonos de la, Central Boca Chica. También sabemos que Hacías dijo a García que hablase a don Olegario sobre el asunto de Boca Chica y que Hacías reconoce en su decla-ración en el juicio que ese asunto no era condición para la transacción propuesta. A pesar de esto, cuando el Sr. Ve-negas comunicó a Hacías la aceptación por don Olegario de la proposición primera y lo requirió para que su hermana entregase el pagaré y las acciones convenidas, el Sr. Hacías en vez de entregarlas, como era la obligación de la deudora, le manifestó que el cumplimiento de tal proposición estaba afecto al asunto de Boca Chica; que Edmundo García le decía en su cablegrama que por correo le daría “amplios detalles demás asuntos” y estuvo de acuerdo con Venegas en que se le pusiera un cablegrama diciéndole a don Olegario que según Hacías el entendido con García fué a base de arreglar el asunto de los bonos de Boca Chica, condición que don Edmundo García ha negado.

Esa conducta del Sr. Hacías como apoderado de la deu-dora nos convence de que ella no cumplió la obligación que tenía de entregar las acciones y el pag'aré cuando fué reque-rido para ello por el Sr. Venegas, bajo el pretexto de que había que terminar también el asunto de Santo Domingo, que no fué condición sometida por escrito a don Olegario como requirió su apoderado García y que en verdad no fué condición de la transacción. Es más, míos ocho días des-pués, cuando el Sr. Venegas tenía orden de que se presentase la demanda y de que se hiciese embargo, quiso Venegas dar otra oportunidad a 1a. deudora para que cumpliese su obli-gación aceptada por ella en la proposición de arreglo, y el Sr. Macías también se negó a entregar dichos documentos. ¿Cómo puede, pues, decirse y declararse que siempre ha estado dispuesta a cumplir la transacción?

Veamos ahora las consecuencias de no haber cumplido la deudora y demandada la obligación que tenía por el contrato de transacción de entregar el pagaré y determinadas acciones.

Al tener noticia don Olegario de que tales documentos no habían sido entregados al Sr. Venegas ordenó que se presen-tase la demanda, como se hizo, para cobrar los $50,000 con-signados en el pagaré de 1923 y sus intereses, dando así por rescindida su aceptación al contrato de transacción.

Los artículos 1067 y 1091 del Código Civil, en lo necesario en cuanto al primero, dicen así:

“Art. 1067. — Incurren en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicial-mente el cumplimiento de su obligación.
“En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su obli-gación, empieza la mora para el otro.
“Art. 1091. — La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
“El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.
“El tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo.
“Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adqui-rentes, eon arreglo a los artículos 1262 y 1265 y las disposiciones de la L'ey Hipotecaria.”

De acuerdo con esos preceptos, por haber cumplido el demandante su obligación en el contrato de transacción y por no haber cumplido la suya la deudora, aquél tenía el derecho de dar por rescindido dicho contrato. En la sentencia del Tribunal Supremo de España de 4 de enero de 1866 se de-claró que el que no cumple la obligación que se impuso en su compromiso no tiene derecho a exigir, siendo mutuos y correlativos los deberes, que la otra parte haga lo que se comprometió a hacer; y en la de 17 de diciembre de 1869 que el incumplimiento o contravención a las condiciones de un contrato produce su rescisión. Por consiguiente, pudo en esta circunstancia don Olegario Biera dar por rescindido el contrato de transacción y ejercitar su acción en cobro de los $50,000; y rescindido ese contrato deja de existir la transacción y la novación que ésta hubiera causado de haber quedado subsistente aquél.

En el contrato original de 1923' en que la demandada reconoció deber $50,000 al demandante no se hizo constar la fecha en que el pago sería hecho. En la demanda se solicita que la corte declare vencida esa obligación desde el primero de julio de 1924 o que le fije un plazo y condene a pagar la deuda el día que la- corte fije. El fundamento de la primera petición es el número tercero del artículo 1096 del Código Civil, que dice así:

“Art. 1096. — Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo:
‘ ‘ i # * * * # *
í¡2 * # # * * *
”3. Cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas garan-tías después de establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecie-ran, a menos que sean inmediatamente substituidas por otras nuevas e igualmente seguras.”

Aunque en el pagaré se convino que la deudora podría vender todas o parte de las acciones dadas en garantía para pagar toda la deuda o parte de ella, sin embargo, por la carta de don Olegario Eiera de 29 de abril de 1924 presentada en el juicio por la demandada y que beraos copiado, puede verse la situación económica poco satisfactoria de la demandada en esa fecha, y deducirse que se le pidió que entregara algunas de las acciones pignoradas para atender a otras obligaciones, pues dice la carta que no pretende que al vender las acciones de Pasto Viejo que se le dieron en garantía se le remita su importe, y que dispusiese de él para abonarlo a la cuenta de los bancos; y le dijo que la garantía que suponían esas acciones podía suplirla con otro papel. Como consecuencia de esa carta, el primero de julio de 1924 el depositario de las acciones en garantía, don Eafael Fabián, por orden cablegráfíca de don Olegario entregó al Banco Territorial y Agrícola las acciones depositadas de la Central Pasto Viejo y de la Yabucoa por valor de $28,000 para la cancelación de un pagaré por igual cantidad de la viuda de Eiera. Esas acciones no fueron substituidas por otras como indicó don Olegario, y así quedó disminuida la garantía por acto propio de la deudora, pues aunque en esa entrega con-sintió el acreedor, fué con la condición de que fueran subs-tituidas esa-s acciones por otras, por lo que no puede soste-nerse que la disminución de la garantía se debió a acto del acreedor, y, por consiguiente, la deudora perdió su derecho a utilizar el plazo que la corte pudiera fijar por no tenerlo la obligación, y la deuda era exigible desde entonces, de acuerdo con el artículo 1096 citado.

En vista de las conclusiones a que hemos llegado debe •yevocarse la .sentencia apelada y dictarse otra declarando con lugar la demanda y sin lugar la contrademcmda, con las costas a la demandada por haber procedido temerariamente en este pleito.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

license: Public Domain

text:
    Juan A. Monagas, demandante y apelante, v. Central Eureka, Inc., demandada; y Francisco Rodríguez, querellado y apelado.
    No. 5426.

    Sometido: Mayo 8, 1931.

      Resuelto: Julio 8, 1931.

      José Sábater, abogado del apelante; Ildefonso Ereyre, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Juan A. Monagas, demandante en un pleito contra la Central Eureka, obtuvo de la corte de distrito una orden decretando la devolución de la cantidad de $211.43 que se alegaba haber sido cobrada por el taquígrafo de la corte en exceso de lo que permite la ley. Esta orden se basó en el caso de Guardiola v. Corte de Distrito, 37 D.P.R. 649.

Unos 14 meses después, luego de la decisión de este Tribunal en De Gracia v. Guardiola, 39 D.P.R. 886, el juez de distrito, a moción del taquígrafo, anuló su orden anterior. Se señala esto como error.

El taquígrafo no era parte en el pleito, dentro del signi-ficado del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, ni en forma alguna. La orden disponiendo que el taquígrafo devolviera parte del dinero pagádole por el demandante en una acción pendiente, no era en ningún sentido una sentencia que no pudiera ser modificada después de expirado el término. Se trataba de una orden administrativa dirigida a un fun-cionario ministerial de la corte. Qne sepamos, ni el artícnlo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil ni artícnlo alguno de ese código, fijan nn límite de tiempo sobre la facnltad del jnez de distrito para enmendar o para annlar nna orden de esa índole.

Debe confirmarse la orden apelada.


author: El Juez Asociado Señoe Hutchison,

text:
    José Lugo Lugo, peticionario, v. La Corte de Distrito de Ponce, Hon. Roberto H. Todd, Jr., Juez, demandada.
    No. 774.

    Sometido: Junio 8, 1931.

      Resuelto: Julio 8, 1931.

      B. Hernández Matos, abogado del peticionario; C. del Toro Fernán-dez, abogado de los interventores — el demandante en el pleito principal y el comprador de la finca en subasta.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La sección 5 de la “Ley estableciendo juicios especiales en las Cortes Municipales de Puerto Pico, y para otros fines,” Leyes de 1921, páginas 113, 115, dispone, que:

Contra la sentencia que se dicte por la corte municipal podrá apelarse para ante la corte de distrito correspondiente, dentro del décimo día de notificado el perjudicado.”

En un procedimiento sumario de la índole autorizada por esa Ley, Alejandro Alfonso obtuvo sentencia contra José Lugo Lugo. Un sobre dirigido a Lugo conteniendo una notificación de esa sentencia fue depositado en el correo por el secretario de la corte municipal y posteriormente devuelto por las autoridades postales por no haber sido procurado. Más tarde Lugo recibió una carta de un tal José Miguel Gómez, Jr., informándole que éste había comprado la finca de Lugo en una venta judicial, y exigiéndole la posesión. Catorce días después de recibida esta carta Lugo apeló a la corte de distrito, y su recurso fué desestimado por falta de jurisdicción. El juez de distrito resolvió que la notificación por correo intentada era insuficiente, pero sostuvo un cri-terio distinto respecto a la información contenida en la carta de Gómez.

Estamos muy contestes con el juez de distrito en que la notificación por correo intentada era inefectiva. No se pretende alegar que la residencia de Lugo fuera desconocida. Por el contrario, aparece afirmativamente que era muy conocida. Nada había para justificar el que se acudiera a la notificación substituta, bien bajo el artículo 321 del Código de Enjuiciamiento Civil. Véase, además, Gascón v. Alvarez, 28 D.P.R. 362.

La carta de Gómez era igualmente inefectiva como una notificación “al perjudicado,” dentro del significado de la sección 5 de lá ley de 1921. Lo que la ley prevé y exige es una notificación formal en la forma prescrita por el artículo 320' del Código de Enjuiciamiento Civil. El caso de Sánchez Marina v. De Jesús, 39 D.P.R. 844, no es aplicable.

Bebe revocarse la orden de la corte de distrito desesti-mando la apelación de la corte municipal.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Morales, acusado y apelante.
    No. 4505.

    Sometido: Junio 26, 1931.

      Resuelto: Julio 8, 1931.

      Victor J. Vidal González, abogado del apelante; B. A. Gómez, abo-gado de M Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Morales fue juzgado a virtud de una denuncia por infracción de- la ley de automóviles, artículo 12, letra (a) de la misma. El hecho de que se le acusó aparece de la-denuncia así:

‘ ‘ Que en 9 de noviembre de 1930, a las 1: 30 p. m., y en la ca-rretera No. 2, Km. 54-Hm. 7, Bo. Coto Sur, Manatí, P. R., del Dis-trito Judicial Municipal de Manatí, P. R., que forma parte del Dis-trito Judicial Municipal de Areeibo, P. R»., el acusado Ramón Morales, el día nueve de noviembre de 1930, bora 1: 30, p. m., en la carretera No. 2, km. 54, bm. 7, que es un camino público, allí y entonces, de una manera ilegal, voluntaria y maliciosamente, y en ocasión que dirigía los movimientos del automóvil No. 8140, propiedad de Virgilio Ramos Muñiz, no tomó las precauciones razonables para garantizar la seguridad de vidas y propiedades, porque al dar alcance, mientras manejaba dicho automóvil, a las personas de los niños Herminio Torres y José Torres, no les dió aviso con el aparato correspondiente ■tocando claxon, bocina, ni redujo la velocidad del automóvil condu-cido por él y por este descuido o negligencia arrolló a los citados niños, causándole a José Torres, golpes de pronóstico reservado y a Herminio Torres, golpes de carácter leve.”

En la vista del caso en apelación, la Corte de Distrito de Areeibo declaró al acusado culpable y le impuso una multa de diez dollars. Y el acusado lia apelado de esa sentencia.

Se señala error en la apreciación de la prueba.

Se argumenta que de la prueba resulta que el automóvil de que se trata no era guiado por Ramón Morales, sino por la esposa de don Virgilio Ramos, que venía aprendiendo a conducir.

Hemos examinado la transcripción taquigráfica, y, a nuestro juicio, la corte estuvo acertada en la interpretación de la prueba.

Blas Alvarez, testigo de la acusación, dice que no pre-senció el hecho. El oyó sonar el claxon, y luego un golpe; después vió a los niños cerca, al pie (sic) del carro; y vió éste en la cuneta.

Las declaraciones de los dos niños víctimas del accidente, concuerdan en que el automóvil iba guiado por la esposa de don Virgilio Ramos, y que ella se turbó y les echó el coche encima, golpeándoles.

El testigo Felipe Medina dijo que Ramón Morales venía guiando el automóvil, que los niños estaban en la carretera jugando con un carrito, y luchando por montar en él; y que cuando llegó el automóvil les golpeó.

Liborio Torres, Policía Insular, no presenció el hecho.

Con esa prueba de El Pueblo, aun pudo el juez dudar acerca de quién guiaba el automóvil. Pero el acusado de-claró, y en su testimonio dijo:

“P. ¿El 9 de noviembre le ocurrió al gol — Sí, señor; iba para Vega Baja y al llegar frente a Félix López iban esos niños c'on un carro y toqué claxon, y llevaban un regateo y queriéndose quitar el carro, y les toqué claxon, y al pasar el chiquito quería halar el carro y el grande se lo haló, porque era más fuerte, y se vino sobre el tapalodo del carro, y paré el carro y se fué a la cuneta. — P. ¿Llevó a los niños al hospital?' — Sí, señor.”

Quizá la más poderosa de las armas de defensa de un acusado, es su derecho a abstenerse de declarar: si la renun-cia, su testimonio es, en el mejor de los casos, como el de otro cualquier testigo; y el juez o jurado tiene entonces el derecho de conectarlo o compararlo con el resto de la prueba y deducir las consecuencias que le sugieran su experiencia J la lógica.

No hubo error en la apreciación de la prueba.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señok Tesidoe,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Silverio Morales, acusado y apelante.
    No. 4495.

    Sometido: Junio 10, 1931.

      Resuelto: Julio 8, 1931.

      El acusado compareció por escrito, por su propio derecho; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Tesidoe,

emitió la opinión del tribunal.

De la denuncia, tal como quedó después de una moción eliminatoria propuesta por el acusado, aparecen los siguientes hechos:

‘ ‘ Que en octubre 13 hora 2:00 P. M. en la calle de- Juan R. Quiñones del Juzgado de Paz de Gurabo, el referido acusado, Sil-verio Morales de una manera maliciosa, voluntaria e ilegal, se dedi-caba a atender personalmente a los trabajos de limpieza de una le-trina perteneciente a una casa de su propiedad sita en la calle Juan R. Quiñones #10. Que dicho trabajo lo realizaba el peón Ignacio Hernández bajo la dirección del denunciado. . .
“. . . Siendo esto contrario a lo previsto en el párrafo quinto de la Sec. la.- de la Ord. No. 1 aprobada por la Asamblea Municipal de Gurabo, P. R., en 2 de Diciembre de 1919.”

La Corte de Distrito de Humacao impuso a este acusado diez dólares de multa, o un día de cárcel, por cada dólar que dejara de pagar. Y contra la sentencia en que se impone tal pena, ha apelado el acusado, que presenta un alegato, por sí, y sin ahogado.

Realmente él alegato no se ajusta' a las reglas de este tribunal. Pero, sin que ello tenga el carácter de precedente, queremos ejercitar nuestra discreción en el sentido de mayor benevolencia, y resolver acerca de los errores que se señalan.

El acusado en el juicio de este caso, formuló dos excepciones; la de falta de jurisdicción de la corte; y la de que los hechos denunciados no constituyen delito. Y ésos son los fundamentos de su recurso.

El apelante sostiene que en la denuncia no aparece el año en que ocurrió el hecho denunciado. En efecto, no se expresa el año. Pero la corte de distrito entendió que jurada la de-nuncia .el 14 de octubre de 1930, debe entenderse que el 13 de octubre a que se refiere es el día inmediato anterior al en que la denuncia fué jurada. No decimos que éste sea un camino muy seguro para lleg’ar a saber el año a que la denuncia se refiere.

La denuncia, sin duda, es defectuosa. Pero también es cierto que una lectura imparcial de la misma, da necesaria idea de que la fecba 13 de octubre sea de 1930, el mismo año en que la denuncia se presenta.

En cuanto a la segunda objeción que a la denuncia se bace, por no decirse en ella claramente en qué sitio ocurrieron los becbos denunciados, y sí sólo “en la calle de Juan N. Quiñones del Juzgado de Paz de Gurabo,” también tiene razón el apelante. La forma de designar el sitio no es correcta. El denunciante no puede bacer la conclusión de que el sitio en que ocurrieron los becbos se encuentra bajo la jurisdicción de determinado tribunal; puede, sí, presentar la denuncia ante el tribunal que él cree con jurisdicción; pero no bacer la designación de lugar en la forma en que en este caso aparece. Y como esta falta afecta a la jurisdicción de la corte, ella sería suficiente para la revocación de la sentencia.

El Pueblo, por su representante el fiscal de este tribunal, ba convenido en que la excepción por no ofrecer la denuncia becbos constitutivos de delito se encuentra bien fundada.

La ordenanza de que se trata prohíbe efectuar limpieza de letrinas antes de las doce de la nocbe.

En la denuncia se dice que el acusado se dedicaba a atender personalmente a la limpieza de una letrina y que el trabajo lo bacía el peón Ignacio Hernández bajo la dirección del denunciado. Aunque el fiscal establece la diferencia entre “atender” y “efectuar,” no estamos conformes con su teoría. Si el denunciado dirigía y bacía ejecutar el trabajo por su cuenta, orden y dirección, violaba la ordenanza. Lo que ocurre es que esas circunstancias no aparecen claramente de la denuncia.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse en su lugar otra absolviendo ál acusado apelante.


author: El Juez Asociado Seño®, Texidor,

text:
    Josefina Enseñat Viuda de Defendini, demandante y apelante, v. Mateo Defendini, demandado y apelado.
    No. 5187.

    Sometido: Junio 4, 1930.

      Resuelto: Julio 9, 1931.

      Tous Sólo & Zapaler y J. Peres Cordero, abogados de la apelante; R. López Antongiorgi y J. Ruares Garriga, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Seño®, Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Josefina Enseñat, viuda de Defendini, alegó en su de-manda contra Mateo Defendini, ser la única y universal heredera, testamentaria, de Santos Defendini Rodríguez; que éste, a su fallecimiento, dejó, entre ‘los bienes de su herencia, un depósito en cuenta corriente en el Royal Bank of Canada, sucursal de París, Francia, por francos 43,415.20; y que cuando la demandante intentó retirar esa suma, no pudo hacerlo, porque el demandado obtuvo una orden del Tribunal Civil del Sena, disponiendo el secuestro de la cantidad, en 1 de mayo de 1923, alegando falsamente que Santos Defendini le adeudaba cuatro mil dólares, por préstamo; que obtenido el secuestro, el aquí demandado no hizo gestión alguna para establecer la certeza de su reclamación, ni ante los tribunales de Francia, ni ante los de Puerto Rico; que Santos Defendini no tomó a préstamo a Mateo Defendini la suma indicada, ni otra alguna, ni era su deudor. T como segunda causa de acción alegó que el secuestro de aquella cantidad ha causado a la demandante daños y perjuicios consistentes en la dife-rencia en el cambio, en la privación de intereses, y en las molestias, gastos y angustias sufridas por la demandante. A esa demanda se opusieron excepciones previas; pri-mero la de falta de hechos, que parece se fundó en la pres-cripción ; y luego, como la qne más interesa para este recurso de apelación, la de falta de jurisdicción. Acerca de ésta resolvió la corte declarándola con lugar. Y5 contra la sen-tencia dictada, se lia interpuesto la presente apelación.

Analizando la demanda, encontramos en ella que la base sobre que descansan sus peticiones no es otra que la alegada nulidad o ineficacia de la orden de secuestro de fondos dic-tada por el Tribunal del Sena, en París, acerca de la que se alega que fué obtenida sobre la falsa alegación de deuda. De aquí se parte para solicitar que se declare que Santos Defendini, a su fallecimiento no debía nada a Mateo Defen-dini, y que éste carece de toda acción contra los herederos de aquél, en reclamación de la suma de $4,000 u otra cual-quiera, como préstamo; ‘ que es ilegal el secuestro obtenido por Mateo Defendini, de dinero que pertenecía a Santos Defendini, y luego su sucesión, en el Boyal Bank of Canada, sucursal en Francia; y que por dicho secuestro se causaron a la demandante daños y perjuicios, que debe pagar el de-mandado.

El litigio entero gira sobre la alegada ilegalidad del secuestro de fondos decretado por el tribunal francés. Se pide a un tribunal de Puerto Bico que declare la ilegalidad de tal secuestro; se le pide que declare la no existencia de la deuda que fué elemento indispensable para, el secuestro; y se pide una indemnización que' tiene por base la tan repe-tida ilegalidad. Este pudiera decirse, es el leit-motif, mo-tivo guía, de todo el caso.

En la relación del caso y opinión, la corte a quo, dijo:

“Si como alega la demandante, Mateo Defendini obtuvo la or-den de secuestro mediante falsas alegaciones, no cabe dudar de qne para poder condenar al demandado al pago de daños y perjuicios, esta Corte tendría que resolver sobre la validez o ilegalidad de la referida orden de secuestro. Si la Corte declarase que la orden fué legalmente obtenida, entonces la segunda causa de acción, o sea la que se refiere a l'os daños causados a la demandante, caería de su base; y, si por el contrario, esta corte decidiese que la orden obte-nida del Tribunal de París es ilegal o nula por haberse obtenido mediante las falsas representaciones o alegaciones del demandado, estaría pasando y' juzgando actos de un tribunal extranjero que un principio muy conocido de derecho internacional privado le prohibe considerar. La ilegalidad o validez de la orden de secuestro sólo puede determinarla el tribunal que la expidió, o sea el Tribunal Civil del Sena, al cual Solamente se le reconoce por el derecho in-ternacional privado la jurisdicción para anular, revocar o modificar sus órdenes o: providencias. En el caso de Uppinghouse v. Mundel, 103 Ind. 238, 241, 2 N. E. 719, se establece que ‘para que la parte pueda ser responsable por haber obtenido una orden’ de embargo, es necesario que se demuestre que el procedimiento mediante el cual se obtuvo es ilegal y opresivo de acuerdo con la ley al calor de la cual se obtuvo la orden.5
“En el caso de Wiley v. Traiwick, 14 Texas 662, la corte resol-vió lo siguiente:
“ ‘En una acción por la expedición ilegal de una 'orden de embargo en otro Estado, la cuestión de si el embargo fué legal o ilegal debe determinarse por las leyes del estado en donde se obtuvo.5
“Y este principio de derecho internacional privado ha sido tam-bién' reconocido y sancionado por nuestro Tribunal Supremo, según puede verse en el caso de Casiano et al. v. Lucchetti, 24 D.P.R. 114, y siguientes.”

Hacemos nuestras las citas. La verdadera 'Situación del caso fué claramente percibida por la corte de distrito.

De la demanda no aparece si la sucesión de Santos Def endini, o la demandada/ se bailaba en Francia, y tomó alguna intervención en el caso del secuestro, y cuál fuera esa inter-vención, si ella tenía, en la fecba de la diligencia judicial citada, domicilio en Francia, o residencia allí; en suma, ninguno de los datos que permitirían bacer un completo análisis, a la luz de opiniones como la del tratadista Dicey en su obra “On conflict of laws.”

En la decisión en el caso Hilton v. Guyot, 159 U. S. 113-228, se cita gran número de casos ingleses, y los de Estados Unidos, y se estudia la fuerza y efectos de las sentencias y resoluciones de tribunales extranjeros, y el estado de la cuestión en los distintos países de Europa y América. Con respecto a las dificultades de que se baila erizada la reso-lución de estas cuestiones, baste copiar del argumento por los apelantes:

"Escasamente hay doctrina alguna de derecho que, en lo que respecta a su exposición formal y exacta, se halle en un estado tan indeterminado e incierto como la referente a la cuestión del valor1 y efecto que ha de darse por l'os tribunales de una nación a las sen-tencias dictadas por los de otra. Numerosísimas decisiones se han dictado, especialmente en Inglaterra, referentes a este extremo, en las varias formas en que ha surgido; pero si hubiéramos de tratar de sacar en limpio de las opiniones de los tribunales en tales casos los principios que han sentado, nos veríamos envueltos en una com-pleta confusión.” (Página 123, tomo citado.)

En esta misma decisión, se dice por la corte:

"Ninguna ley tiene efecto^ alguno, por sí s'ola-, más allá de los límites de la soberanía de donde deriva su autoridad. El límite hasta el cual la ley de una nación, según ha sido puesta en vigor dentro de su territorio, bien a virtud de orden ejecutiva, o por acto legislativo, o por decreto judicial, se permitirá que surta efecto den-tro de los dominios de otra nación, depende de lo que nuestros más grandes juristas se han conformado en llamar la cortesía de las na-ciones (the comity of nations). -Aunque la frase a menudo ha sido criticada, no se ha sugerido un substituto satisfactorio.” (Página 163, tomo citado.)

Cítase, además, de los comentarios de Chancellor Kent, 1927, lo que sigue:

"... ‘Ningún soberano está obligado a ejecutar, dentro de sus dominios, una sentencia dictada fuera de éstos; y si se trata de eje-cutar la sentencia mediante pleito, o en otra forma, está en libertad, por sus tribunales de justicia, de examinar los méritos de tal sen-tencia. . ” (Página 188, tomo citado.)

En este caso Hilton v. Guyot, se hace referencia, como dejamos dicho, a otros muchos casos; pero en la generalidad de ellos se trató de la eficacia de sentencias de tribunal ex-tranjero, ya para producir efecto de ejecución o para ser tenidas como evidencia prima fade de ciertos hechos.

En el caso qne decidimos, no se trató de hacer valer ante tribunales americanos una sentencia extranjera. Por el contrario, se pretende qne se declare la ineficacia o la ilega-lidad de nna resolución de nn tribunal francés, qne no está, en forma alguna, en nuestro fuero, o bajo nuestra jurisdic-ción. Esa resolución, por ahora, está surtiendo efecto en Francia, pero no ha sido invocada aquí para ningún fin.

Oreemos que la declaración que se pretende obtener de los tribunales de Puerto Rico está fuera de su poder juris-diccional. Es más, una sentencia como la pide el demandante no tendría nunca la fuerza de levantar, anular o modificar la orden de embargo o secuestro' relativa a fondos o dinero que se halla en Francia, siendo aquella orden dictada por un tribunal francés.

No incurrió en error la corte de distrito al declararse sin jurisdicción.sobre el caso, en la forma en que lo plantea la demanda.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Serafín Domenech, demandante y apelado, v. La Junta de Pensiones de los Maestros de Puerto Rico, etc., demandada y apelante.
    No. 5334.

    Sometido: Febrero 11, 1931.

      Resuelto: Julio 9, 1931.

      Attorney General Interino A. Ortis Toro y R. Cordovés Arana, Sub-procurador, abogados de la apelante; García Méndez & García Méndez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso, las partes ante la corte de distrito, llegaron a una estipulación que precisa insertar aquí, para tener una base sólida en materia de hechos. En lo que interesa, la esti-pulación es así:

“1. — Se aceptan por: parte de la demandada todos los hechos de la petición de mandamus, pero aclarándose, en relación con el, hecho sexto de la misma, que el día 7 de febrero de 1928, reunida la Junta en sesión, el Secretario de la misma dió cuenta con la solici-tud de pensión del ahora peticionario, Sr. Domenech, y dicha Junta ac'ordó por unanimidad dejar la referida solicitud sobre la mesa, para ser considerada en una de sus próximas reuniones, debido a que los fondos en existencia eran escasos y deseaba dedicarlos al pago de maestros ya pensionados y para atender a aquéllos que pudieran incapacitarse físicamente; en cuanto al hecho 'octavo, que el acuerdo de la Junta, desestimando la solicitud de pensión del peticionario, se tomó el 30 de marzo de 1929.
“2. — Que la teoría de la demandada es que la ley que rige y gobierna este caso es la Ley No. 68 de mayo 8 de 1928, y que de acuerdo con dicha ley el peticionario, Sr. Serafín Domenech, no ha cumplido con todos los requisitos que exige esta ley porque no tenía, a la fecha de su solicitud ni cuando se denegó la misma, cuarenta y cinco años de edad, ni había contribuido al fondo de pensiones para maestros por espacio de cinco años a partir del 8 de mayo de 1928, fecha de la aprobación de esta ley; estipulándose, además, que la parte demandante acepta que el peticionario no tenía en las indicadas fechas la edad de 45 años ni había contribuido a dicho fondo de pensiones para maestros por espacio de cinco años con pos-terioridad a la aprobación de la ley vigente. ’ ’

Serafín Domenech, que es un hombre de 42 años de edad, profesor de instrucción pública y director escolar en Aguada, Puerto. Rico, comenzó a enseñar en las escuelas públicas de Puerto Rico desde el año 1906 hasta el curso escolar de 1925-1926, y desde entonces trabajó como director escolar de Aguada; en la fecha en que presentó la petición de retiro a que se refiere este caso llevaba en servicio más de veinte y un años, y en ese lapso de tiempo había contribuido al fondo' de pensiones para maestros, por más de seis años y seguía contribuyendo. En enero de 1928, Serafín Domenech acudió a la Junta de Pensiones de los Maestros de Puerto Rico solicitando su pensión, de acuerdo con la Ley de Pen-siones enmendada por leyes 78 del año 1921 y 41 de 1925. La junta no decidió nada hasta el 5 de mayo de 1928, en que, por razón de escasez de fondos y de que había que dedicar los existentes al pago de los maestros ya pensionados y de los que se incapacitaran físicamente, se dejó pendiente esta solicitud. Después del 5 de mayo de 1928 la Legisla-tura de Puerto Rico pasó una Ley de Pensiones de Maestros, la No. 68, y lá junta, en 30 de mayo de 1929, resolvió en cuanto a esta solicitud de Domenech, denegándola y fundando la resolución en que el peticionario no reúne las condiciones exigidas por la ley entonces en vigor; solicitada la reconsi-deración, fue denegada. Estos son los hechos en que se funda la petición de mandamus, auto que, en definitiva se expidió por la corte, ordenando se procediera por la junta a decretar la pensión del peticionario; y ésta es la resolución apelada.

La Ley No. 62, año 1917, creó un fondo de pensiones para los maestros de Puerto Rico. Por ella se estableció una Junta de Pensiones: se ordenó que los maestros que ejercen en Puerto Rico en instituciones públicas contribuyeran al fondo de pensiones con' el 1 por 100 de su sueldo, siendo esta con-tribución parte integrante de sus contratos; y se declaró con derecho a pensión a los maestros que acogidos a esta ley hayan enseñado en las escuelas públicas de Puerto Rico por un período de veinte y cinco años y a los que se inhabilitaran físicamente, después de quince años de servicios.

La Ley No. 69, año 1921, enmendó a la anterior en el sentido de fijar en veinte y un años el período de servicios requerido para la pensión. Y la Ley No. 41, año 1925, en-mendó a las anteriores en algunos particulares, que no son de importancia para el caso presente.

Esta era la ley cuando Serafín Domeñech solicitó de la-junta su pensión. Pero mientras quedó por resolver tal soli-citud, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó una ley, la número 68, de 8 de mayo de 1928, para crear un fondo de pensiones para los maestros de Puerto Rico, y establecer asignaciones para tal fondo. Por ella se concede el derecho a pensión a los maestros de Puerto Rico que como tales presten servicios y contribuyan, con parte de su sueldo y con arreglo a una escala gradual inclusa en la ley, al fondo de pensiones; la forma de contribución se especifica, dispo-niéndose que en los contratos se haga constar, y haciéndola forzosa. Y se dispone asimismo que tienen derecho a pen-siones los maestros que hayan ejercido por no menos de veinte y un años y que tengan, por lo menos, cuarenta y cinco años de edad, y otros en casos de inhabilitación física, etc.; y se establece la escala de pensiones. Aparte de otros preceptos que no son del momento, debe citarse el artículo o sección 16, que deroga expresamente toda ley que se halle en conflicto con ésta, y que da a la misma efectos retroactivos a partir de la fecha en que empezó a regir la Ley No. 62 de 5 de diciembre de 1917, enmendada por la No. 79 de 1921, y la No. 41 de 1925. Y esta ley empezó a regir inmediata-mente.

La parte apelante, en apoyo de sus contenciones en los señalamientos de error cita varios casos importantes, y entre ellos U. S. v. Teller, 107 U. S. 64, Pennie v. Reis, 132 U. S. 464, People v. Hanson, 330 Ill. 79, 161 N. E. 145, Gibbs v. Minneapolis Fire Dept. Relief Association, 125 Minn. 174, y otros; y de esta jurisdicción, el caso Luján v. Comisión de la Policía Insular, 38 D.P.R. 58.

No existe dnda en cnanto a que la regla general es que una pensión es, más que otra cosa, una concesión, bonificación o dádiva periódica concedida por el Gobierno a determinada clase de personas, en reconcimiento de servicios pretéritos, o por razón de haberse inutilizado en el servicio público esas personas. Esta es, poco más o menos, la definición que encontramos en Corpus Juris.

La pensión, pues, no tiene el carácter de forzosa y obli-gatoria ni en su origen, ni en su continuación. Este es el sentido de la jurisprudencia. Como acto voluntario, y de gracia, del poder soberano, no pone a éste en una obligación estricta y de naturaleza contractual. Hablamos de la pensión en su sentido puro.

Pero, desnaturalizado un tanto lo que es una pensión, se ha seguido el sistema de forzar al empleado a contribuir a la constitución del fondo; en unos casos se le ha dejado elegir entre contribuir, y tener derecho a la pensión, o no contribuir, y perder todo derecho; y en otros, el gobierno de una manera final y decidida, ha impuesto al empleado la obligación de contribuir, constituyéndose en guardador del tanto por ciento impuesto, y corriendo los riesgos de los casos de inutilización o inhabilitación física.

Esta forma de establecer la pensión ha traído ciertos problemas a los tribunales. En la esfera de la ley, esos problemas están decididos por autoridad indiscutible.

El derecho de las legislaturas a derog*ar, modificar o alterar las leyes de pensión fné puesto en dnda. En los casos United States v. Teller, 107 U. S. 64 y Frisbie v. United States, 157 U. S. 160, se sostnvo ese derecho. En el último, caso Frisbie v. United States, la corte dijo:

“Estando el Congreso en. libertad de dar o retener nna pensión, puede prescribir quién habrá de recibirla y determinar todas las circunstancias y condiciones bajo las cuales se tramitará una solici-tud para ella. Ningún hombre tiene un derecho legal a una pen-sión, y ningún hombre tiene un derecho legal a inmiscuirse en la obtención de pensión para sí o para otras personas.”

En el caso United States v. Teller, supra, el Tribunal Supremo en su decisión dijo:

“El Congreso estaba facultado para aprobar esta ley. Ningún pensionista tiene un derecho legal adquirido a su pensión. Estas son dádivas del gobierno que el Congreso tiene derecho a dar, re-tener, distribuir o anular, a su discreción. Walton v. Cotton, 19 How. 355. Por Consiguiente, carece de fundamento la contención del recurrente de que habiendo recibido la pensión de $72 bajo la ley general, también tiene derecho a la de $50 otorgádale por la ley especial. ’ ’

De los hechos en el caso Pennie v. Reis, 132 U. S. 465, hay una relación sucinta en nuestra decisión en Lujan v. Comisión de la Policía Insular, 38 D.P.R. 58. En esa deci-sión transeríbense también las palabras de la Corte Suprema de los Estados Unidos que fijan doctrina jurídica en la materia que ahora consideramos. De ellas debemos repetir aquí las siguientes:

. . La orden del estado de que los fondos estén a beneficio del funcionario de policía o su representante, bajo ciertas condicio-nes, estaba sujeta a ser alterada o revocada en cualquier momento, a voluntad de la legislatura. No había contrato alguno por parte del estado de que la disposición de tal fondo permanecería siempre según fué provisto Originalmente. Hasta que ocurra el suceso de-terminado para que el dinero o parte de éste sea pagado, no existe derecho adquirido alguno en favor del funcionario a recibir tal pago.’ 132 U. S. Rep. 471.” Lujan v. Comisión de la Policía Insular, 38 D.P.R. 58.

En el caso Luján v. Comisión, supra, hubo una enmienda de la Ley de Pensiones, que dejaba la pensión sin efecto cuando el que la disfrutara ocupara un cargo del gobierno federal, insular o municipal, con sueldo o retribución.

En el caso presente, la sección 16 de la Ley No. 68, de 8 de mayo de 1928, es como sigue:

“Toda ley o parte de ley en conflicto con la presente, queda por ésta derogada, entendiéndose que esta Ley tendrá efecto retroactivo a partir de la fecha en que empezó a regir la Ley No. 62, apro-bada en 5 de diciembre de 1917, enmendada por la Ley No. 69, apro-bada en julio 21, de 1921, y por la Ley No. 41, aprobada en julio 20 de 1925, para los fines a que se refiere la Sección 14, quedando sujetos los maestros acogidos a estas leyes a las obligaciones y de-rechos que por esta Ley se establecen, Disponiéndose, que la Junta de Pensiones procederá al reajuste de las pensiones de los maestros pensionados con anterioridad a la fecha en que empiece a regir esta Ley, de acuerdo con lo establecido en la Sección 14 de la misma.”

No puede dudarse de la actitud de la Legislatura con respecto a las anteriores leyes de pensiones. T en cuanto a ,-su poder para dar retroactividad a las disposiciones de la Ley No. 68, tampoco nos parece dudoso. No había un de-recho adquirido, según la jurisprudencia que citamos. T ésta es la verdadera situación legal.

De acuerdo con lo que acabamos de decir, la ley que regía este caso era la No. .68 de 8 de mayo de 1928 ; y no procedía el mandamus solicitado.

La sentencia apelada debe ser revocada dictándose en su lugar una declarando no proceder la expedición del a/udo de mandamus.


author: El Juez Asociado Señor Texidoe,

text:
    Luce & Co., S. en C., demandante y apelante, v. Rosario Cintrón Vda. de Capó, hoy su Sucesión, demandada y apelada.
    No. 5268.

    Sometido: Enero 30, 1931.

      Resuelto: Julio 9, 1931.

      Tons Soto & Zapater, abogados de la apelante; José A. Poventud, Alberto S. Poventud, F. Parra Capó y F. Capó Cintran, aboga-dos de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidoe,

emitió la opinión del tribunal.

En esta apelación de Lnee & Co., S. en C., la parte ape-lada pide la desestimación del recurso, solicitud que, lógica-mente, tiene preferencia en estudio y resolución.

Los fundamentos en que la apelada se apoya son:

Que en 20 de enero de 1930 la Corte de Distrito de Gua-yama dictó y registró sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda.

Que esa sentencia fué notificada el mismo día 20 de enero de 1930, a la representación profesional de la demandante, a revivándose en la ¡misma fecha la constancia o copia de la notificación.

Que el término para apelar de esa sentencia es de treinta días; y que el Secretario de la Corte de Distrito de G-uayama recibió el escrito de apelación de la demandante, por correo, el día 20 de febrero de 1930, cuando el término babía vencido.

Al alegato en que se incluye esta petición viene unida una certificación del Secretario de la Corte de Distrito de Gua-yaron ; documento que estimamos de conveniencia transcribir aquí. Dice así:

“Yo, Tomás Pagan Colón, Secretario de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Guayama, Puerto Rico,
“Cebtifioo: Que el día 20 de enero, 1930, fué dictada y regis-trada sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda en este caso; que en la misma fecha la expresada sentencia fué notificada por escrito al Lie. José Tous Soto, como abogado de la demandante, dirigiéndosele o enviándosele la correspondiente notificación de dicha sentencia; que el mismo día 201 de enero, 1930, fué archivada o unida a los autos del caso de epígrafe la constancia o copia de dicha notificación de la sentencia, la cual transcrita literalmente como apa-rece con los autos del caso, es así:
“ ‘R. 574 — July 26, 1929. — 3,000.—Atty. Gen. Form 31.- — En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Guayama, P. R. — Civil No. 7129.- — Luce & Co., S. en C., Demandante, vs. Rosario Cintrón vifida de Capó, hoy su sucesión, Demandada. — Nulidad de Inscripciones, DeclaRACÍón de Dominio- de Inmuebles E Injunction. — Notificación de sentencia. Al Ledo. José Tons Soto, Abogado de la demandante. El SECRETARIO que suscribe notifica a usted que la Corte de este Distrito a dictado sentencia en este caso con fecha 20 de enero de 1930, que fué debidamente registrada en el libro correspondiente, según consta en el récord de este asunto, donde podrá usted ente-rarse detalladamente de los términos de dicha sentencia. Y siendo o representando usted la parte perjudicada en la sentencia, por la-cual puede establecerse recurso de apelación, dirijo a usted esta no-tificación escrita, archivando una copia de la misma, de acuerdo con la sección 2 de la ley para enmendar los artículos 92, 123, 227 y 229 del Código de Enjuiciamiento Civil, aprobada en 9 de marzo de 1911. — Guayama, P. R., a 20 de enero de 1930. — (f). Tomás Pa-gán Colón, Secretario de la Corte de Distrito de Guayama, P. R.— Archivada con los autos del caso hoy 20 de enero, 1930. — (f) Pa-gán, Secretario,’ y que en febrero 20, 1930, a las 10 A. M. de dicho día, fué recibido y radicado en esta Secretaría, por el Secretario que suscribe un escrito de la sociedad demandante apelando de la ex-presada sentencia definitiva, el cual escrito de apelación fué reci-bido del correo en un Pliego Certificado.
“Y a solicitud del Ledo. Eduardo Capó Cintrón, uno de los abogados de los demandados, expido la presente que concuerda en cuanto a los extremos certificados con las constancias existentes en los autos de este caso, la sello con el de esta Corté y firmo en Gua-yama, P. R., hoy 15 de julio de 1930.
“(Fdo.) Tomás Pagan Colón,
Secretario de la Corte de distrito de Guayama, P. R.
(Sello de la Corte)
(Un sello de R. I. de $1. cancelado).

A esta petición, se opone la apelante que alega:

1. Que el término para apelar empieza “ after the entry of judgment,” si bien no se computa el de un mes sino desde que se archiva la copia de la notificación.

2. Que la ley requiere que la notificación se remita escrita, a la parte; y que el archivo no prueba el envío por correo.

3. Que la notificación no queda hecha hasta que se haga el depósito en el correo, en tiempo hábil; y en este caso no existe prueba, en el récord, del servicio de la notificación.

4. Que de la notificación debe existir un original, enviado por correo, y el secretario debe certificar su remisión y ser-vicio; y que la mera unión a los autos, de la copia de la notificación, sin la notificación real y efectiva, no sería eficaz.

5. Que no demostrándose con la copia archivada el envío de la notificación, incumbe a la apelada demostrar ese hecho.

Acompañó una declaración jurada de Enrique A. Gómez para demostrar que el escrito de apelación fué depositado en el correo de Ponce, bajo sobre certificado el día 17 de febrero; y asimismo el recibo del certificado. Y asimismo, aparecen:

(a) Declaración jurada del Secretario de la Corte de Dis-trito de Guayama, en la que dice que la notificación de sen-tencia en este caso fué puesta por él en el buzón de la corte el 20 de enero de 1930, sin que recuerde si lo bizo por la mañana o por la tarde; y que varias veces, en los días 17, 18 y 19 de febrero de 1930 el abogado Eduardo Capó le preguntó si se babía recibido el escrito de apelación, y el 19 de febrero le pidió certificación de no haberse radicado tal escrito, la que le negó por no haber transcurrido el día.

(6) Una declaración jurada de Fernando Zapater, abo-gado, a la que se unen dos fotografías, tomadas ante él y el Secretario de la Corte de Distrito de G-uayama bajo cuya custodia se encontraba el sobre que fué fotografiado, y que es el dirigido por la profesional Tous Soto y Zapater desde Ponce al Secretario de la Corte de Distrito de Guayama, conteniendo el escrito de apelación en este caso. Declara que hacia el 20- de febrero se constituyó en la oficina del Secretario de la Corte de Distrito de Guayama, y en el libro de sentencia vió que la de este caso no estaba firmada por el juez, y llamó la atención del secretario sobre este hecho; que en 20 y 21 de enero el declarante se hallaba encargado del recibo y apertura de la correspondencia en el bufete de Tous Soto y Zapater, y puede asegurar que en ninguno de esos días se recibió allí, dirigida a la firma, o a Don José Tons Soto, notificación alguna de la sentencia dictada en este pleito. En las fotografías aparecen el sello y la dirección, en la del frente del sobre; y en la del reverso un sello marca con la fecha febrero 18, aparentemente de la oficina de Guayama.

(c) Declaración jurada de Fernando Beiró Rovira, abo-gado, en la que afirma que el 20 de febrero de 1930, por encargo del Licenciado José Tous Soto, solicitó del Postmaster de Guayama una declaración jurada acerca de ser-vicio de correo entre Guayama y Ponce, y le fué negada, accediendo el dicho funcionario a redactar una carta que se copia, y en la que manifiesta que hay el siguiente servicio de correos: el que sale de Ponce a las 8 A. M. y llega a Guayama entre 11 y 12 M.; el qne se despacha en Gnayama a las 4 P. M. para llegar a Ponce entre 7 y 8 P. M.; el qne se despacha en Gnayama a las 5 P. M. y va vía Oayey llegando a Ponce el día siguiente por la mañana. Qne el Postmaster le aseguró qne esos correos eran los mismos el día 17 de febrero de 1930. Y qne esto le consta de propio conoci-miento, en razón a ser el declarante residente en Gnayama por muchos años.

(d) Certificación de Tomás Pagán Colón, Secretario de la Corte de Distrito de Gnayama, cuyo texto en lo qne inte-resa es así:

“En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de G-uayama, P. R. Civil No. 7129. — Luce & Co., S. en C., Demandante y. Rosario Cintrón, viuda de Capó, boy su sucesión, demandada. Nulidad de INSCRIPCIONES, DECLARACIÓN de Doüinio . DE Inmuebles e Injunction. — Notieicaciíón de Sentencia. — Al Ledo. José Tous Soto, abo-gado de la demandante. El Secretario que suscribe notifica a usted que la Hon. Corte de este Distrito ha dictado sentencia en este caso con fecha 20 de enero de 1930’ que fué debidamente registrada en el libro correspondiente, según consta en el récord de este asunto, donde podrá usted enterarse detalladamente de los términos de dicha sentencia. Y siendo o representando usted la parte perjudicada en la sentencia, por la cual puede establecerse recurso de apelación, dirijo a usted esta notificación escrita, archivando una copia 'de la misma, de acuerdo con la sección 2 de la ley para enmendar los artículos 92, 123, 227 y 229 del Código de Enjuiciamiento Civil, apro-bada en 9 de marzo de 1911. — Guayama, P. R., a 20 de enero de 1930.— (f) Tomás Pagán Colón, Secretario Corte de Distrito de Guayama, P. R. — Archivada con los autos del caso hoy 20 de enero de 1930.— (f) Pagán, Secretario.”

(e) Otra declaración jurada de Fernando Zapater, en la qne dice qne le fueron exhibidos por el Secretario de la Corte de Distrito de Gnayama los autos de este caso en los qne ha, visto la forma 31 del Attorney General, para notificación en este caso, y en ellos la nota de archivo sin firmar, de lo qne llamó la atención al secretario; y qne no aparece diligencia alguna de remisión a los abogados de la demandante-ape-lante.

(/) La declaración- jurada de Enrique A. Gómez de que antes se ba becho mérito.

(g) Declaración jurada de Cornelio D. Vargas, Post- ■ master de Guayama: que en 18 de febrero de 1930, siendo el Postmaster de Guayama, se recibieron en su oficina, dos certificados Nos. 4143 y 4144, de Ponee, enviados por Sres. Tous Soto y Zapater; que el mismo día puso los avisos correspondientes en el apartado de Don Eduardo Capó; y el de la corte de distrito en su correspondencia, por no tener apartado, y esta correspondencia, con el aviso fué entregada al Janitor de la corte Jesús M. López el mismo día 18; que Jesús M. López esté, autorizado por el secretario de la corte para recoger la correspondencia dirigida al mismo, inclu-yendo la certificada; que el 20 de febrero puso un segundo aviso del certificado’4144, que era el del secretario; que el Janitor de la corte entregó el aviso en la oficina y se le dió el pliego certificado firmando en el libro correspondiente.

La parte apelada presentó contraaffidavits; los siguientes:

1. De Francisco Parra Capó, abogado-, vecino de Ponce, que como uno de los abogados de los demandados en este caso, se trasladó a Guayama e investigó lo relacionado con la entrega' del sobre certificado de la apelante conteniendo el escrito de apelación, que fué recibido por el secretario de la corte el día 20- de febrero de 1930.

2. De Henry G. Molina, abogado; dice que en 17 de fe-brero de 1930, envió un sobre con franqueo y dirigido al abogado Domínguez Eubio, de Guayama, conteniendo docu-mento para el registro y que recibió contestación del Sr. Domínguez Eubio en carta fechada 20 de febrero, acusándole recibo de tal carta en esa fecba 20 de febrero.

3. De C. Domínguez Eubio, abogado. Que el 20 de fe-brero recibió una carta certificada del abogado Sr. Molina, fechada el 17 del mismo mes, y conteniendo un documento para el registro; y que de ella acusó recibo el mismo día, y le fué ésta contestada con fecha 21 del propio mes.

4. De Juana Desrivieres, empleada del Sr. Domínguez Rubio, confirmando la de éste.

5. De Tomás Pagán Colón, Secretario de la Corte de Distrito de Guayama. Dice que en el caso en cuestión se dictó y registró sentencia definitiva en 20 de enero de 1930, y el mismo día bizo el declarante enviar, por correo, pagán-dose el franqueo ordinario, depositándose en la oficina postal de Guayama, y dirigida al Licenciado José Tons Soto en Ponce, P. R., la notificación, cuya copia fué archivada en los autos en la misma fecha, y de la que se incluye el texto, que es como queda antes copiado. Y añade que existe entre Ponce y Guayama servicio postal regular, y que también incluyó en el sobre en que envió tal notificación el abogado Sr. Tons Soto, copia de la opinión y sentencia en el caso. Que en 20 de febrero de 1930, a las 10' A. M. fué recibido y radicado en la secretaría, por el declarante, un escrito de la deman-dante, apelando la sentencia de 20 de enero de 1930, bajo pliego certificado, por correo.

■6. De Jesús M. López. Declara ser el mensajero de la Corte de Distrito de Guayama, y lo era el 20 de enero de 1930 ; ese día llevó a la oficina de correos de Guayama, y lo depositó allí, a las 4:30 de la tarde, un pliego de la secretaría de la corte de distrito dirigido a Licenciado José Tons Soto, Ponce, P. R., y franqueado debidamente.

7. De Pablo Léctora, oficial encargado de la correspon-dencia de la Corte de Distrito de Guayama; que esa corte no tiene apartado de correos, ni lo tenía en enero y febrero <Ie 1930, y la correspondencia dirigida a la corte es recogida, y lo era en enero y febrero de 1930, todos los días por el mensajero de la corte, que acostumbra ir- varias veces por día a tal oficina de correos. Da el nombre del mensajero: Jesús M. López.

8. De Jesús M. López, el mensajero de la corte de dis-trito. Que esa corte no tiene apartado en la oficina de correos, y el declarante va a esa oficina a llevar y a traer la correspondencia de la corte ; que en los días 18, 19 y 20 de febrero de 1930 fué a la oficina postal de Guayama a buscar la correspondencia de la corte, y ni en los días 18 y 19 se le entregó aviso alguno de que Rubiera carta certificada para la corte; que el 20' de febrero, 1930, a las 9:30 A. M. fué a aquella oficina, y se le entregó un aviso de carta certi-ficada, la que él pidió y recibió, observando que tenía el sobre un membrete de Tous Soto y Zapater, abogados, de Ponce, y firmó el recibo y el libro en fecha 20 de febrero; que en seguida llevó la correspondencia a la corte, y con ella el certificado, y por los comentarios que se hicieron con motivo de ser un escrito de apelación de dichos abogados, observó que el sobre tenía tres sellos de expedición y recibo de llegada de las oficinas de Ponce y Guayama, de los que dos son indi-cativos de haberse depositado el sobre en la oficina de Ponce el 17 de febrero de 1930, y el otro de haberse recibido en la oficina de Guayama el 18 del mismo mes.

9. De Fernando Texidor. Mensajero del Director Escolar de Guayama Eduardo^ Capó, Cintrón, que recoge la corres-pondencia de dicho señor; que en 17, 18 y 19 de febrero de 1930 fué a la oficina postal, y en ninguno de esos días en-contró aviso de certificado; que sí lo encontró en el apartado el día 20 de febrero y lo llevó a Capó Cintrón, que lo endosó al declarante, quien recogió una carta certificada con el membrete de los abogados Tous Soto y Zapater, y lo entregó al Sr. Capó Cintrón.

10. De Eduardo Capó Cintrón, abogado. Que es parte en el pleito, y abogado en unión con los Señores Poventud y Parra Capó; que la Corte de Distrito de Guayama dictó sentencia en ese caso el 20 de enero de 1930, y el de-clarante como uno de los demandados y abogado tenía pre-sente que el término para apelar vencía el 19 de febrero, 1930; que en 20 de ese mes al regresar del correo el men-sa]ero Fernando Texidor entregó al declarante nn aviso postal de certificado, que el dieente le endosó,, trayéndole entonces el mensajero la carta certificada con el membrete de los abogados Tons Soto y Zapater, y conteniendo copia del escrito de apelación de sentencia dictada en este caso ; que el declarante notando que el sobre tenía fecba del correo de 18 de febrero, fué al correo para indagar, y le enseñaron el libro de certificados, donde pudo observar varios certificados más, entre ellos uno dirigido al Licenciado Domínguez Rubio, y otro al secretario de la corte de distrito, éste sin entregar; que al salir del correo vió venir al mensajero de dicha corte de distrito, y el declarante le dijo que tuviera cuidado’ con poner la fecha en que estaban, si se recibía la apelación en este caso; que en ese mismo día, 20 de febrero, estuvo el declarante en la corte de distrito y supo por el secretario que la apelación en este caso no había sido recibida hasta la mañana del día 20 de febrero.

11. De Tulio Rodríguez, ex juez de la Corte de Distrito de Guayama, que declara que en este caso dictó sentencia el 20 de enero de 1930 y la firmó antes de entregarla al secre-tario ese mismo día, y en la misma fecha firmó en el libro registro de sentencias.

12. De Tomás Pagán Colón, Secretario de la Corte de Distrito de Guayama. Dice que recibió del juez de la corte Don Tulio Rodríguez el 20 de enero de 1930, siendo secre-tario, la sentencia en éste caso dictada y firmada por él; que la registró el mismo día y en esa fecha firmó el juez el registro de sentencias, y extendió el dieente la notificación dirigiéndola por correo al Licenciado José Tous Soto, abo-gado de la demandante, archivando en autos la copia con nota de archivo y fecha de 20 de enero de 1930, y su firma, y que tanto el original como la copia de la notificación fueron fir-madas por el dieente. Que eh ninguna ocasión persona alguna le ha llamado la atención a que falta la firma en los casos en trámite, o en los libros, porque la práctica en su secretaría es firmar las diligencias el mismo día, y registrar el mismo día las sentencias.

Esta materia ha sido argumentada por las partes extensa y cuidadosamente. Pero lo que más interesa para resolver es determinar algunos extremos por sí sencillos.

En cuanto al término.

Es indudable que la recta definición procesal de la palabra “mes” tiene gran importancia.

En el artículo 8 del Código Civil de Puerto Pico, encon-tramos :

“Artículo 8. Si en las leyes se habla de meses, días o noches, se entenderá que los meses son de treinta días, los días de veinte y cuatro horas, y las noches desde que se pone hasta que sale el sol.
“Si los meses se determinan por sus nombres, se computarán p'or los días que respectivamente tengan.”

Este artículo ha sido literalmente traído al Código Civil Revisado.

En el caso Wolkers v. American Railroad Company of Porto Rico, leemos:

“PoR cuanto de acuerdo con el artículo 295 del Código de En-juiciamiento Civil, enmendado por las leyes de marzo 11, 1908, y No. 70 de marzo 9, 1911, la apelación Contra una sentencia defini-tiva debe interponerse dentro de un mes de registrada aquélla y este término empieza a correr desde que se archiva en la corte inferior la notificación que de la sentencia debe hacer el secretario de dicha corte, y de acuerdo con el artículo 8 del Código Civil en re-lación con el párrafo 4 del artículo 392 del Código Político cuando en las leyes se habla de meses se entenderán meses de 30 días, ha-biendo por tanto vencido en el caso de autos el mes para apelar, el día 16 de abril último.”

Doctrina esta, que ha sido confirmada en el caso Rivera v. Registrador, 24 D.P.R. 422.

En el caso Noriega v. Sucesión Colón, 40 D.P.R. 450, en-contramos lo que sigue:

“La ley vigente en nuestra Isla fija el término para apelar como sigue: ‘Dentro de un mes después de haberse registrado la senten-cia.’ Artículo 295, No. 1, Código de Enjuiciamiento Civil.
“El artículo 8 del Códig'o Civil, dispone:
“ ‘Artículo 8. — Si en las leyes se habla de meses, días o noches, se entenderá que los meses son de treinta días, los días de veinte y cuatro horas, y las noches desde que se pone hasta que sale el sol.
“ ‘Si los meses se determinan por sus nombres, se c'omputarán por los días que respectivamente tengan.’
“Aplicando la regla fijada por el mismo legislador, es necesario concluir que la razón asiste en este .caso a la parte apelada y no a la apelante. El legislador concedió para apelar el 'término de un mes sin determinar el mes por su nombre. Siendo ello así, de acuerdo con el artículo 8 transcrito, treinta días constituyen el mes concedido.”

Bastante para el caso.

Remisión de notificación por el secretario de la corte de distrito.

Extremo o materia de hecho que consideramos suficiente-mente probado. De las declaraciones juradas unidas al caso, de las presunciones controvertibles y no controvertidas, y de la apreciación general de los elementos de prueba en esta moción, llegamos a estas consecuencias:

a. La sentencia fué dictada, firmada y registrada, en 20 de enero de 1930.

b. La sentencia fué notificada por el secretario remitién-dose la notificación formal y completa, por correo, a Ponce, al abogado Don José Tons Soto, el 20 de enero de 1930.

c. La copia de la notificación al abogado de la demandante fué archivada en forma por el Secretario de la Corte de Distrito de Guayama el día 20 de enero de 1930.

Tal es la. convicción que tenemos como resultado de la prueba.

La entrega del escrito de apelación al Secretario de la Corte de Distrito de Guayama.

El artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil tiene el siguiente texto:

“Artículo 296. Una apelación se interpone entregando al seere-tario de la corte en que fué dictada o registrada la sentencia o pro-videncia apelada, un escrito manifestando que se apela de ella, o de determinada parte de' la misma, y presentando idéntica manifes-tación a la parte contraria o a su abogado.”

En la decisión en el caso Delgado et al v. Hutchison, 20 D.P.R. 483, se dice:

“La presentación de un documento al secretario de una corte deberá hacerse siempre dentro del término fijado por el estatuto a menos que la ley específicamente permita que' se baga de otro modo y al parecer basta la fecba el estatuto de ningún Estado permite que por el mero becbo de depositarse un documento en el correo ha de considerarse que se ha becbo su entrega al secretario. Un caso concreto en el cual se sostiene una teoría contraria es el de Brooks v. Nevada Nickel Syndicate, 24 Nevada, 264, 52 Pac. 575, al cual se hace referencia en el tomo 2 de Cyc., pág. 873, nota 67.
“Que por el mero depósito en el correo no queda el demandado comprendido dentro del término concedido para interponer una ape-lación fué una cuestión que ya res'olvió este Tribunal en el caso de Sociedad Agrícola de Gurabo v. El Registrador de la Propiedad, 18 D.P.R., 818. Y en el caso de Patxot v. Nadal, 19 D.P.R. 354, este tribunal resolvió que el término de veinte días concedido al ape-lante dentro del cual debía presentar su demanda enmendada había de computarse desde el día siguiente a aquél en que se 'dictó la or-den concediendo dicho término, debiendo considerarse que la refe-rida demanda se presentó el día en que fué recibida por el secre-tario y no aquél en que fué depositada en el correo.”

En análogo sentido' se resolvió el oaso Alvarez v. Sucn. de C. y J. Fantauzzi, 27 D.P.R. 530.

Y, finalmente en el caso J. Gonzáles Clemente v. Torres, Arbona Hermanos y Noriega, 41 D.P.R. 685, dijimos:

“Está fuera de duda que para los efectos de la entrega de una apelación al secretario de la corte, la fecba es aquélla en que el funcionario recibe el escrito, y no la de su depósito en el correo. La decisión, de este tribunal en Delgado et al. v. Hutchison, Juez de Distrito, 20 D.P.R. 483, es perfectamente elara y final; y como ella lo es asimismo la recaída en el caso Alvarez v. Sucesores de C. y J. Fantauzzi, 27 D.P.R. 530.
“Dejar una apelación para enviarla por correo el día antes del en que se vence el término y esperar que el secretario de la corte la lia de recoger en la oficina de correos, es algo que no consiente la prudencia; y que no tiene la protección de la ley. El secretario es un funcionario de la corte, y no tiene el deber de ir al correo a recoger certificados de las partes. Estas tienen, aun en el mismo servicio postal, medios perfectamente seguros y rápidos de que sus escritos lleguen a manos de un funcionario, sin que éste vaya a bus-carlos. ’ ’

Por las razones expresadas, debe desestimarse, y se des-estima, la apelación en este caso.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Casimiro Figueroa, demandado y apelante.
    No. 5287.

    Sometido: Diciembre 19, 1930.

      Resuelto: Julio 9, 1931.

      Agustín E. Font, abogado del apelante; Attorney General James B. Beverley y Felipe. Janer, Subprocurador, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un procedimiento sobre expropiación forzosa ini-ciado por El Pueblo de Puerto Rico contra Casimiro Figueroa. La parcela que se trata de expropiar radica en Yillalba, al lado de la zona urbana. Su superficie es de siete cuerdas y veinte céntimos de otra. La obra pública para la cual se reclama la parcela es la de la extensión de la Granja Agrícola Insular establecida en Villalba. El precio ofrecido por El Pueblo al dueño dé la tierra fué $1,080.

No hay cuestión alguna con respecto a la utilidad pública. Fué declarada, de acuerdo con la ley, por el Consejo Ejecu-tivo. Y examinada la contestación se concluye que el único problema que quedó planteado ante la corte fué el de la cuantía de la indemnización. La corte la fijó en los $1,080 ofrecidos y falló de conformidad. No conforme el deman-dado, apeló señalando en su alegato la comisión de varios errores.

Hemos examinado los errores. Creemos que la corte admitió quizá erróneamente algunos documentos presentados por el demandante, pero el error, de haberse cometido, no resultará perjudicial, atendida la conclusión a que fiemos llegado y que expondremos en seguida.

Como dijimos, lo que está aquí envuelto es la cuantía de la indemnización. La expropiación procede.

Convenimos con el apelante en que la prueba demostró lo que sigue:

“Quedó probado fuera de toda duda que la parcela que se inte-resa expropiar está contigua a la zona urbana del pueblo de Vi-llalba, y colinda, por la parte Norte, con otra finca de mayor cabida propiedad del propio demandado. También se probó a satisfacción, con prueba directa y clara, que dicha parcela colinda con la carre-tera, con el edificio escolar más importante de Villalba, con la planta hidroeléctrica Insular y con la Granja Agrícola. Y se probó, ade-más, que cuando no existía nada de esto en aquellos alrededores, fué vendida una parcela de cerca de dos cuerdas a razón de quinientos dólares la cuerda, y que es precisamente el solar donde está el edi-ficio escolar a que se ha hecho referencia. Se probó, también, que otras parcelas allí contiguas, se vendieron hace mucho tiemp'o a un precio de cerca de quinientos dólares la cuerda.”

También quedó demostrado por la prueba que la parcela de que se trata, estaba gravada por $4,230150.

Con respecto a daños y perjuicios, la evidencia no es clara, pero no fiay duda que habiendo demostrado el deman-dado que es dueño de una finca de mayor extensión colin-dante con la parcela expropiada, algo necesariamente lia de sufrir al quedar su finca de mayor extensión sin su conexión por terrenos propios con el pueblo. Lo difícil es fijar ese algo en dólares y centavos.

Se cita en los alegatos mucha, jurisprudencia sobre reglas para calcular el valor en estos casos. Lo que la ley basán-dose en la justicia requiere es que el ciudadano no sea pri-vado de su propiedad sin el debido proceso de ley y sin que reciba la indemnización correspondiente. Dice al artículo 355 del Código Civil:

“Artículo 355. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pú-blica, previa siempre la indemnización correspondiente.
“Si no precediere este requisito, las cortes dé distrito ampara-rán, y en su caso, reintegrarán en la posesión al expropiado.
“La indemnización comprenderá no sólo el valor de la cosa de la cual el propietario es privad'o, sino que también una remunera-ción por los daños y perjuicios que se le ocasionen con la privación de la propiedad.”

A nuestro juicio, es patente el error de la corte de distrito al fijar la cuantía de la indemnización en este caso. Salta a la vista. No creemos que las siete cuerdas veinte céntimos valieran en el momento de la expropiación $25,000 como pretende el demandado, calculando su precio por metros, basándose en que las tenía para dedicarlas a una urbaniza-ción. Tierras urbanizables son en verdad y quizá con los años hubieran llegado a venderse solar a solar y a producir, aim más de los $25,000. Pero ésa no puede ser una justa base para calcular su valor actual. Todas las circunstancias consideradas, nos parece que la indemnización que procede es la de tres mil seiscientos dólares.

Bebe, pues, modificarse la sentencia apelada en tal sen-tido, y así modificada, confirmarse.


author: El Juez Asociado SeñoR Aldbey,

text:
    Isabel Osorio, peticionaria y apelada, v. Providencia Planis, opositora y apelante.
    No. 5557.

    Sometido: Junio 25, 1931.

      Resuelto: Julio 9, 1931.

      J. A. López, abogado de la apelante; González Fagundo & González Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Asociado SeñoR Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Providencia Planis apela de una resolución que le negó in-tervención en la declaratoria de herederos de Román Boada ■promovida por Isabel Osorio a nombre de varios hijos suyos menores de edad.

El interés alegado por la apelante para que se le permita intervenir aparece en la demanda de intervención en la si-guiente manera:

“2. Que no es cierto que Román Boada falleciera sin otorgar tes-tamento, y de contrario afirma la opositora que Román Boada otorgó testamento ológrafo en esta ciudad de Caguas, P. R., dejando todos sus bienes a la compareciente.”

Esa alegación no es suficiente para dar derecho a la ape-lante a intervenir en la expresada declaratoria de herederos por no alegar que la corte de distrito del último domicilio del testador o la del lugar eu que éste hubiese fallecido eu esta Isla haya ordenado su protocolización como tal testa-mento, ya que los de esta clase no son testamentos ante la ley hasta que la expresada corte haya decretado su protocoliza-ción por reunir los requisitos que para esa clase de disposi-ciones testamentarias dispone el Código Civil en sus artícu-los 696, 698 y 702.

Las partes dicen en sus alegatos que la corte de distrito negó la protocolización de dicho testamento y que esa reso-ción lia sido apelada, pero nada ,de esto aparece en los autos que tenemos ante nosotros. 1

La resolución apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asoctado Senoe, "Wolf,

text:
    Gaspar Font Mauri, demandante y apelante, v. Ignacio Rosales Cueli, demandado y apelado.
    No. 4926.

    Sometido: Diciembre 17, 1930.

      Resuelto: Julio 9, 1931.

      Luis Llorens Torres y Hincón & Arroyo, abogados del apelante; F. Soto Gras, abogado del apelado.
   El Juez Asoctado Senoe, "Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Una excepción previa a una demanda fué declarada con lugar, y el demandante G-aspar Pont Mauri sostuvo su de-manda y posteriormente apeló. El fundamento particular de la excepción fué la insuficiencia de los hechos alegados para constituir causa de acción.

En otra acción llamada personal, sobre cobro de créditos hipotecarios, Rosales Cueli, el actual apelado, alegó la exis-tencia de varias hipotecas y su vencimiento, solicitando sen-tencia por las cantidades insolutas garantizadas por las hi-potecas. El entonces demandado, G-aspar Pont Mauri, no contestó la demanda. El 21 de septiembre de 1923, Rosales Cueli solicitó del Secretario de la Corte de Distrito de San Juan que registrase sentencia a su favor. En tal virtud, el 26 de septiembre de 1923 se registró sentencia en rebeldía por todas las cantidades reclamadas en la demanda.

El marshal procedió a ejecutar la sentencia. La finca hi-potecada originalmente fué vendida por el marshal, y Rosales la adquirió en la venta en pública subasta. Posterior-mente se interpuso pleito de desahucio, y Pont fué desalo-jado de la finca. Se alegaron varios motivos de nulidad e irregularidades.

La presente demanda fué radicada el 22 de agosto de 1928, y se intitula como mía acción reivindicatoría con resarcimiento de daños y perjuicios.

Lo que mayor atención ña reclamado de nuestra parte es la manifestación en la presente demanda de que la venta se efectuó sin previo embargo. El apelado trata de contestar esto diciendo que cuando se trata de hipotecas no es menester un embargo previo, o algo a ese efecto. La teoría es que la acción incoada por Rosales Cueli en 1923 participaba de la naturaleza de una acción hipotecaria. No importa cómo el demandante en el pleito anterior conciba ahora su acción, sólo era un pleito en cobro de dinero. La referencia a hipotecas existentes era una simple descripción del- origen de las deudas con Rosales Cueli. Si se hubiese tratado de una acción hipotecaria, el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan no habría tenido derecho a hacer más que anotar la rebeldía. Hubiera sido necesaria la intervención del juez.

El artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil dis-pone :

“Podrá dictarse sentencia, si el demandado dejare de contestar a la demanda, en los casos siguientes:
“1. En un pleito que nazca de un contrato sobre pago de dinero o para obtener perjuicios solamente, si no se hubiere presentado la contestación al secretario de la corte, dentro del término señalado en la citación, o de su prórroga, si se hubiese concedido; el secretario, a instancia del demandante, deberá hacer constar la rebeldía del de-mandado, y acto seguido anotará en el récord de la corte la senten-cia para el pago de la cantidad especificada en la citación, con más las costas contra el demandado, o contra uno o más de los varios demandados, en los casos previstos en el atículo 96.
“2. En otros pleitos, si no se hubiere presentado la contestación al secretario de la corte, dentro del término señalado en la citación o de su prórroga si se hubiere concedido, deberá el secretario tomar razón de la rebeldía del demandado; después de lo cual podrá el demandante solicitar en la primera o cualquiera de las subsiguien-tes sesiones de la corte, que se le conceda lo pedido en la demanda. Si la rendición de una cuenta o la prueba de algún hecho fuere ne-cesario para fundamentar el fallo de la corte, podrá admitir la cuenta, u oír la prueba, o a su discreción, disponer el informe previo de peritos, y si para determinar la cuantía de perjuicios fuere necesa-rio el examen de una cuenta extensa, podrá disponer también un dic-tamen pericial, según lo anteriormente dispuesto.”

Bajo la teoría de qué estaba envuelta una hipoteca, parte del remedio era la venta de la propiedad gravada. Si la sen-tencia hubiera ordenado tal venta, entonces no era necesario ningún paso previo o preliminar por parte del marshal, y la teoría del apelado sería correcta. No obstante el viso que se le hubiera dado a la demanda de Cueli. al ser originalmente radicada, él optó por considerarla como un mero pleito en cobro de dinero. De lo contrario, el secretario no hubiera estado facultado para registrar sentencia. Debe prestarse apoyo para dar validez a los actos de funcionarios realizados según permite la ley, y, por tanto, la acción entablada por Cueli era o llegó a ser una en cobro de dinero. Un razona-miento similar puede en parte hallarse en Rosales v. Corte de Distrito, 33 D.P.R. 316.

¿Era necesario un previo embargo? Cuando una sentencia en Cobro de dinero se pone en manos de un márshal, él debe proceder de conformidad con el artículo 250 del Código de Enjuiciamiento Civil. Este provee en inglés lo siguiente :

“The marshal must execute the writ against the property of the judgment debtor,. by levying on a sufficient amount of property, if there be sufficient, collecting or selling the things in action, and selling the other property, and paying to the plaintiff or his attorney so much of^the proceeds as will satisfy the judgment.”

La palabra “levy” ha sido traducida al castellano como “embargo,” para la cual el equivalente inglés más aproxi-mado es “attachment.” En los casos de bienes raíces, es más propiamente un acto o secuestro simbólico por el márshal de determinados bienes que llegan a ser vendibles bajo sen-tencia de la corte. Es un secuestro real o implícito; un acto por el que se manifiesta la intención de vender. 36 C. J. 1032 (notas 47 y 52). La palabra “incautación” es el equivalente castellano más cercano.

Si Men creemos que el apelado está errado en sn teoría, sin embargo, la demanda en este caso no excluye la posibili-dad de qne el mársbal se baya “incautado” de la propiedad. El argumento del apelado milita en contra de la posibilidad de la incautación (levy), pero tenemos que regirnos por las alegaciones de la demanda. No era necesario un embargo. Una incautación (levy) bastaba, y no podemos afirmar que el mársbal no diera algún paso constitutivo de una incautación (levy) o su equivalente. La incautación (levy) de bienes raíces es algo tan simbólico que puede decirse que se ba fun-dido en los procedimientos que culminaron en la venta, o que puede baber sido renunciada en alguna otra forma.

La demanda de Font alegó que en la anterior sentencia por rebeldía se incluyeron costas que no fueron tasadas por la corte. Las costas se fijaron en la demanda en $400, y no era ésa una suma líquida. Sin embargo, convenimos con el apelado en que todo lo que Font podría obtener abora sería el cobro de lo indebido. La sentencia total de $7,500 no debe ser anulada abora porque fuese excesiva la cantidad reclamada. La sentencia era no más que anulable en parte, y el demandado Font no interpuso defensa alguna.

No vemos que el derecho de Font a una reconvención, con-trademanda, o lo que sea, por la suma de $1,282.08 en la pre-sente acción reivindicatoria, merezca discusión.

Hallamos que los edictos librados por el mársbal cubrieron suficientemente el necesario período de veinte días, según resolvimos en Thyboe v. San Juan Fruit Co., 36 D.P.R. 892.

La mayor parte de las demás objeciones están suficiente-mente contestadas en el alegato del apelado. Las bemos con-siderado, y no creemos que precisan una discusión ulterior.

Consideraremos otra objeción, la de fraude y daños y per-juicios. Éstos sólo surgirían si primeramente se declarase nulo el otro procedimiento. No bubo fraude en la faz de los procedimientos, y a menos que el demandante pueda recu-perar su título u obtener su equivalente, no puede tratar cues-tiones de fraude afirmativas'o independientes en una acción reivindicatoría. El que se declare nula una sentencia por haber mediado fraude, es una causa de acción distinta.

. . La corte inferior resolvió que no había indebida acumula-ción de causas de acción, evidentemente porque los daños y perjuicios, tal como fueron alegados, sólo podían considerarse Romo- secuela de la acción principal.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Carlos R. Colón Rosich, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.
    No. 836.

    Sometido: Mayo 6, 1931.

      Resuelto: Julio 9, 1931.

      Felipe Colón Díaz, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.

      Nota: Yéase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El Registrador de la Propiedad de Ponce se negó a ins-cribir un arrendamiento por cinco años con opción de pró-rroga por tres años más, primero,' porque la propiedad misma no constaba inscrita, y, segundo, porque el término del arren-damiento no excedía de seis años, que es el período mínimo por el que se puede inscribir una propiedad sin convenio al efecto entre las partes y sin que mediaran las otras excep-ciones de la Ley Hipotecaria.

Si el arrendamiento no es inscribible por el segundo mo-tivo, será innecesario disentir el primero. Es evidente que nna opción a arrendar no es un arrendamiento. Nada ilus-traría esto mejor que si una persona hiciera un contrato dán-dole a otra una opción de arrendamiento por seis años y sin ejercer esa opción la otra tratara de inscribir. Nada exis-tiría basta que se ejerciera la opción. En el presente caso no se hizo uso de la opción a arrendar, según sucedió en al-gunos de los casos en que las cortes consideraron el contrato como uno de arrendamiento por el total del término que el arrendatario original tenía derecho a obtener. Andrews v. Marshall Creamery Co., infra; Stern Co. v. Friedman, 229 Mich. 623, 201 N. W. 961. Por otra parte, una opción a pro-rrogar o renovar carece de fuerza y no obliga a cualquiera de las partes hasta que sea ejercida según se elija. 35 C. J. 1012, párr. 129. El texto está apoyado por Pennington v. Glover, 44 R. I. 250, 116 At. 657; Pearce v. Tibrner, 150 Ill. 116, 36 N. E. 962;; Andrews v. Marshall Creamery Co., 118 Iowa 595, 92 N. W. 706, 60 L.R.A. 399 y casos; Zorkowski v. Astor, 156 N. Y. 395, donde se dijo: “No es una concesión actual aceptada por la otra parte sino una promesa o conve-nio condicional de conceder en el futuro un término adicio-nal.” No había un arrendamiento existente-por un término mayor de cinco años. Si el arrendamiento hubiese sido por ocho años con el privilegio de reducirlo a cinco, por ejemplo, habría sido un arrendamiento inscribible, a menos que se de-mostrara por el consentimiento de las partes que el término había quedado reducido. En lo que atañe al arrendatario, él hubiera sido responsable por' todo el término, a menos que actuara. En el presente caso él puede permanecer quieto, y no surge responsabilidad alguna.

Debe confirmarse la nota recurrida.

Los Jueces Sres. Presidente del Toro y Asociado Hutchi-son disintieron.