author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

text:
    Oficina de Ética Gubernamental, recurrida, v. Pedro Julio Santiago Guzmán, peticionario.

      Número: CC-2012-0386

      Resuelto: 11 de marzo de 2013

      José R. Conaway Mediavilla, abogado de la parte recurrente; Massiel Hernández Tolentino y Sara B. González Clemente, abogadas de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

Comparece el peticionario, Sr. Pedro Julio Santiago Guzmán, para que revoquemos una sentencia del Tribunal de Apelaciones, que a su vez modificó una determinación de la Oficina de Etica Gubernamental. Esa agencia administrativa le impuso una multa de $2,000 por violar el Art. 3.2(i) de la derogada Ley de Ética Gubernamental, Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, 3 LPRA sec. 1822(i), y el Art. 6(A)(4) del Reglamento de Ética Gubernamental, sobre nepotismo. El Tribunal de Apelaciones redujo la multa a $500.

La controversia se circunscribe a determinar si un funcionario que no ejerció facultades de nombramiento, promoción o ascenso a un familiar dentro de los grados de afinidad y consanguinidad que proscribe la Ley de Ética Gubernamental ni ejerció influencia para que ello ocurriera, incurre en violaciones éticas al no solicitar dispensa antes de que la autoridad nominadora efectúe el reclutamiento.

Por entender que la interpretación que ha dado la Oficina de Ética Gubernamental al Art. 3.2(i), supra, es ultra vires, revocamos.

I

El alcalde de Toa Baja, Hon. Aníbal Vega Borges, designó al Sr. Pedro Julio Santiago Guzmán como administrador del Municipio de Toa Baja el 11 de enero de 2005. A poco menos de un mes, el 5 de febrero de 2005, designó a Ángel Santiago Guzmán, hermano del designado administrador, como Subcomisionado de Seguridad del Municipio. Ambos nombramientos se presentaron ante la Legislatura Municipal el 8 de febrero de 2005. El 14 de febrero de 2005, la Legislatura Municipal confirmó al Sr. Pedro Julio Santiago Guzmán como administrador y, el 9 de marzo del mismo año, al Sr. Ángel Santiago Guzmán como Subcomisionado de Seguridad.

En abril del 2005, el Sr. Ángel Santiago Guzmán percibió un aumento que elevó su salario de $3,105 a $3,780 mensuales. Según una declaración jurada del Alcalde que consta en el expediente, ese aumento fue consecuencia de un ajuste en su salario, pues en la negociación para reclutarlo como subcomisionado de seguridad se le ofrecieron $3,780 mensuales, y no los $3,105 con los que ingresó a las filas del Municipio.

El 2 de diciembre de 2008, la Oficina de Ética Gubernamental presentó una querella contra el Sr. Pedro Julio Santiago González que imputaba violar el Art. 3.2(i) de la Ley de Ética Gubernamental, supra, y el Art. 6(A) del derogado Reglamento de Ética Gubernamental, Reglamento Núm. 4827 del Departamento de Estado, 20 de noviembre de 1992. La violación consistía en no pedir la dispensa requerida para el nombramiento del Sr. Angel Santiago Guzmán, su hermano, como Subcomisionado de Seguridad del Municipio. El 3 de junio de 2009 se enmendó la querella para incluir la falta en solicitar dispensa para el aumento en el salario del Sr. Ángel Santiago Guzmán. Este se otorgó el 16 de abril de 2005, mientras el querellado Pedro Julio Santiago Guzmán fungía como administrador del Municipio.

La Oficina de Ética Gubernamental celebró una vista el 17 de marzo de 2010, tras la cual el oficial examinador asignado emitió un informe que recomendó sancionar al Sr. Pedro Julio Santiago Guzmán con una multa de $2,000. La Subdirectora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental refrendó el informe y su recomendación el 18 de mayo de 2010. Se sostuvo en reconsideración el 25 de agosto de 2010.

El informe señaló que el Sr. Pedro Julio Santiago Guzmán, empleado de confianza del Municipio de Toa Baja, no solicitó dispensa antes de que se nombrara a su hermano como subcomisionado de seguridad ni antes de que se le aumentara el salario. Concluyó que, aunque el querellado no fuera la autoridad nominadora, ni ejerciera influencia para que se diera el nombramiento, conocía que su hermano interesaba ocupar un puesto en el Municipio, por lo que debió solicitar una dispensa. Según la interpretación que dio la Oficina de Etica Gubernamental, la violación a los estatutos se da con la mera posibilidad de influenciar en un nombramiento, aunque no se ejerza tal influencia.

De esa determinación, el Sr. Pedro Julio Santiago Guzmán recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, foro que modificó la determinación de la Oficina de Etica Gubernamental. Redujo de $2,000 a $500 la multa impuesta. El foro apelativo intermedio justificó la reducción en la penalidad porque de la prueba presentada no surgía que el Sr. Pedro Julio Santiago Guzmán ejerciera alguna influencia para lograr el nombramiento y el aumento en el salario de su hermano. Sin embargo, sostuvo la imposición de una sanción por el hecho de que es un empleado de confianza del Alcalde y “pudo haber influenciado” en la determinación de reclutar a Angel Santiago Guzmán.

Aún inconforme, el Sr. Pedro Julio Santiago Guzmán recurre ante nos. Plantea que la prohibición al nepotismo que impone la Ley de Ética Gubernamental aplica a la autoridad nominadora, y que la extensión a cualquier otro funcionario que pueda influenciarle surge del Reglamento de Ética Gubernamental, que así interpretado resultaría ultra vires. Además, señala que penalizarle porque ocupa un puesto de confianza desde el cual pudo influenciar al Alcalde para que designara a su hermano como subcomisionado de seguridad, sin que hubiera prueba acerca de ello, equivale a imponerle una responsabilidad vicaria.

Por su parte, la Oficina de Ética Gubernamental plan-tea que la Ley de Ética Gubernamental y el Reglamento de Ética Gubernamental requieren la solicitud de una dispensa cuando se va a nombrar a un familiar de alguien con poder para influenciar a la autoridad nominadora. La interpretación que ha hecho la Oficina de Etica Gubernamental es que se tiene que pedir una dispensa por el mero hecho de que exista la posibilidad de influenciar, independientemente de que se ejerza o no esa influencia. Sostiene que esa interpretación es la que ha prevalecido en las opiniones que ha publicado sobre nepotismo. Además, en el Reglamento para la tramitación de dispensas para el nombramiento, promoción, ascenso y contratación de parientes, Reglamento Núm. 6450 del Departamento de Hacienda, de 2 de mayo de 2002, así se dispone.

El 29 de junio de 2012 expedimos el auto. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, pasamos a resolver.

II

El propósito principal de la Ley de Ética Gubernamental de 1985 y su Reglamento, era que los funcionarios y empleados públicos mantuvieran principios del más alto grado de honestidad, integridad e imparcialidad, para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones gubernamentales y conservar la confianza de los ciudadanos en su gobierno. Ofic. Ética Gub. v. Concepción Bonilla, 183 DPR 695, 699 (2011); O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 122 (2003).

Así mismo esa ley aspiraba a prevenir y atacar la corrupción, la conducta ilegal, los conflictos de intereses, el abuso de poder, las influencias indebidas, la conducta impropia y la apariencia de conducta impropia. O.E.G. v. Rodríguez, supra, págs. 123-124. Los conflictos de intereses son intolerables en el servicio público. Ofic. Ética Gub. v. Concepción Bonilla, supra, pág. 699. Sin embargo, la mera apariencia de conflicto de interés, por sí sola, no puede conllevar a que automáticamente se encuentre a un funcionario incurso en una violación ética. O.E.G. v. Cordero, Rivera, 154 DPR 827, 853-854 (2001).

El primer párrafo del Art. 3.2(i) de la Ley de Ética Gubernamental de 1985 (3 LPRA sec. 1822(i)), indicaba que:

Ningún funcionario público o empleado público podrá nombrar, promover o ascender a un puesto de funcionario o empleado público, o contratar por sí, o a través de otra persona natural o jurídica, negocio o entidad que tenga interés en la agencia ejecutiva en la que trabaje o tenga facultad de decidir o influenciar, a cualquier persona que sea pariente de dicho funcionario o empleado público dentro del cuarto gradóle consanguinidad o del segundo grado por afinidad. (Énfasis suplido).

A modo de excepción, el Art. 3.2(i) de la Ley de Etica Gubernamental, supra, derogada permitía que se hicieran nombramientos de familiares en los grados vedados, si antes del nombramiento se solicitaba una dispensa ante la Oficina de Etica Gubernamental. Esas dispensas se debían gestionar a través del Reglamento Núm. 6450.

El Art. Ill de ese Reglamento, en su disposición sobre Alcance y Propósito, indicaba que era

[...] de aplicación a todos los departamentos, agencias y organismos de la Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las agencias bajo el control de dicha Rama, las corporaciones públicas, los municipios, a los consorcios y corporaciones de desarrollo municipal, la Junta Estatal y Juntas Locales constituidas al amparo de la Ley Federal Workforce Investment Act de 1998 y en todos los casos en que cualquiera de dichos organismos tenga necesidad de nombrar, ascender, o contratar directa o indirectamente, a una persona que sea pariente, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado por afinidad, de cualquier funcionario o empleado público del organismo que fuera, si dicho funcionario o empleado tiene facultad o poder para decidir o para influenciar en el proceso decisional que culmina en el nombramiento, promoción, ascenso o contratación de su pariente, aun cuando no haya usado ese poder o facultad en el caso particular. (Énfasis en el original). Reglamento Núm. 6450, supra, págs. 2-3.

Acorde con ello, el Art. IV(e) definía que para propósitos del Reglamento para la Tramitación de Dispensas para el Nombramiento, Promoción, Ascenso y Contratación de Parientes, supra, un funcionario o empleado con facultad para decidir o influenciar era:

Cualquier funcionario o empleado que tenga poder o facultad para tomar decisiones en las diversas etapas del proceso que culmina en el nombramiento, promoción, ascenso o contratación de personas en su agencia, o que tenga poder o facultad para influir en cualquiera de las etapas de ese proceso, ya sea directa o indirectamente, aun cuando no haya usado ese poder o facultad en el caso particular. Se entenderá que una persona tiene facultad de decidir cuándo una ley, reglamento, descripción de deberes o designación así se lo requiera. La facultad de influenciar las decisiones recae sobre aquellas personas que tienen acceso, contacto directo o cuyas opiniones o posiciones les merecen consideración al o a los que van a decidir [.] (Enfasis en el original). Reglamento Núm. 6450, supra, págs. 4-5.

Por otro lado, el derogado Reglamento de Etica Gubernamental, supra, en su Art. 6, señalaba:

Todo servidor piiblico deberá:
(A) Evitar tomar cualquier acción, esté o no especIficamente prohibida por este Reglamento, que pueda resultar en o crear la apariencia de:
1) {..
2) Dar trato preferencial a cualquier persona, salvo justa causa.
3) [...]
4) Perder su completa independencia o imparcialidad.
5) {...II
6) Mectar adversamente la confianza del piiblico en la integridad y honestidad de las instituciones gubernamentales [...] Reglamento N~m. 4827, supra, pág. 5.

III

A. La invalidez de su faz de una regla legislativa que promulgue una agenda puede surgir de un incumplimiento con lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo TJniforme (LPAU), Ley Nüm. 170 de 12 de agosto de 1988, sobre el procedimiento para aprobarlos. Mun. de Toa Baja v. D.R.N.A., 185 DPR 684, 694-695 (2012); Centro Unido de Detallistas v. Com. Serv. Púb., 174 DPR 174, 182-184 (2008); Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR 673 (690-691) (2000). Véase, además, Sec. 2.1 et seq. de la LPAU, 3 LPRA sec. 2126 et seq. También puede surgir porque en su aplicación, la regla no se ajusta a los poderes que le delego la Legislatura a la agencia administrativa que la promulgó.

Por ello es que, sobre esta vertiente sustantiva de la revision judicial de las reglas legislativas de las agencias, los tribunales tienen que determinar si la actuación administrativa se ajusta al poder que la Asamblea Legislativa delegó. DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 13 (2012); Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 DPR 745, 759 (2004). Los tribunales tienen que recurrir a la ley habilitadora, que define y delimita la extensión de la jurisdicción del organismo administrativo. íd. Hemos precisado los criterios que ayudan a determinar si una agencia ha excedido el poder que la legislatura le delegó para reglamentar. Estos son:

(1) si se delegó el poder de reglamentación; (2) si la actuación administrativa está autorizada por ley; (3) si la reglamentación promulgada está dentro de los amplios poderes delegados;

(4) si al aprobarse el reglamento se cumplió con las normas procesales de la ley habilitadora de la agencia y la L.P.A.U., y

(5) si la reglamentación es arbitraria y caprichosa. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, supra, pág. 759.

Una agencia que incumple con estos criterios, actúa de manera ultra vires. Íd. DACo v. AFSCME, supra.

B. Por otro lado, las adjudicaciones que hacen las agencias, amparadas en las leyes que administran y los reglamentos que aprobaron a partir de ellas, también están sujetos a revisión judicial. Nuestra función revisora de las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que haga la Oficina de Etica Gubernamental sobre la Ley de Etica Gubernamental, y los reglamentos de su oficina, se limitan a lo que establece la LPAU, en su See. 4.5 (3 LPRA see. 2175). Es decir, las determinaciones de hechos de las agencias se sostendrán en los tribunales si se basan en evidencia sustancial que obre en el expediente administrativo, mientras las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos Id. Véanse, además: OCS v. Universal, 187 DPR 164 (2012); O.E.G. v. Rodríguez, supra, págs. 117-118.

La parte que interese impugnar la determinación de hechos de alguna agencia tiene que presentar evidencia que menoscabe el valor de la prueba sobre la cual se sostiene, que debe constar en el expediente del caso. OCS v. Universal, supra; O.E.G. v. Rodríguez, supra, pág. 118; Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, 685-687 (1953).

Es doctrina harto conocida que las determinaciones de las agencias administrativas merecen gran respeto y deferencia, siempre y cuando no se constituya una actuación arbitraria, ilegal, irrazonable o cuando la determinación no se sostenga por evidencia sustancial que obre en el expediente. O.E.G. v. Rodríguez, supra, pág. 119. Cuando existe ausencia de prueba adecuada o error manifiesto en su apreciación, se justifica la intervención del tribunal. Íd.; Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 397-398 (1999).

IV

A. Luego de analizar minuciosamente el Art. 3.2(i) de la Ley de Ética Gubernamental de 1985, supra, reconocemos que presenta una redacción confusa, pero no podemos concluir que pretenda penalizar a un funcionario o empleado por la mera posibilidad de que pueda influenciar en el nombramiento de un familiar, sin evidencia de que haya ejercido tal influencia. Pasemos a analizar el texto pertinente del artículo para evidenciar en qué sostenemos esta conclusión.

Los sujetos a los que iba dirigido el Art. 3.2(i) son los funcionarios o empleados públicos. Las acciones que les están vedadas son nombrar, promover, ascender y contratar a un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad en la agencia ejecutiva en la que trabajen o ejercer alguna influencia para que ello se haga. Para evitar la violación de la ley, se les exigía solicitar una dispensa antes de nombrar, promover, ascender y contra-tar a un familiar en la agenda en la que trabajaran o tuvieran influenda.

La Ofidna de Etica Gubernamental ha interpretado que ese artículo requiere una dispensa a todo funcionario o empleado que sea la autoridad nominadora o tenga influencia sobre esta, independientemente de que ejerza esa influencia. Así lo plasmó en el Reglamento para la Tramitación de Dispensas para el Nombramiento, Promoción, Ascenso y Contratación de Parientes, supra, en el Art. Ill y en el Art. IV(e). Sin embargo, no vemos en qué parte del Art. 3.2(i) se sostiene esa interpretación. La acción está específicamente dirigida a quien nombre, promueva, ascienda o contrate, o quien tenga el poder de influenciar a la persona responsable de tomar esa determinación. Es decir, a quien funja como autoridad nominadora en cada caso, y a quien tenga poder para influenciarle. Sin embargo, del Art. 3.1(i) se desprende que es necesario que si se trata de la persona que tiene poder para influenciar, hace falta que, en efecto, ejerza esa influencia para incurrir en una violación.

Cuando sometemos estas disposiciones del Reglamento para la Tramitación de Dispensas para el Nombramiento, Promoción, Ascenso y Contratación de Parientes al análisis de los criterios que hemos enumerado para determinar si la aprobación de un reglamento se ajusta al poder que le delegó la Asamblea Legislativa a la Oficina de Ética Gubernamental, tenemos que concluir que no lo hace. Aunque se le confirió el poder de reglamentar las dispensas, el reglamento que aprobó la Oficina de Ética Gubernamental rebasa los poderes que le confirió la Ley de Ética Gubernamental en su Art. 3.2(i), supra. Ese artículo no delegó a la agencia administrativa imponer multas a los empleados o funcionarios que aunque tuvieran la capacidad de influenciar a la autoridad nominadora, no la ejercieran. Es obvio que el artículo de la ley exige algún tipo de participación en el nombramiento o ejercicio de influencia por parte de ese funcionario o empleado en el proceso de nombrar, promover, ascender y contratar al familiar. De lo contrario podría penalizarse a un funcionario porque no solicitó una dispensa antes de la contratación de un familiar, aunque el funcionario ni siquiera supiera que la autoridad nominadora iba a contratar a un pariente y, por lo tanto, no se hubiera enterado de la contratación antes de que esta se hiciera. No podemos refrendar ese absurdo. En la medida en que la Oficina de Etica Gubernamental imponga una sanción a un funcionario que tenga el poder de influenciar a la autoridad nominadora, sin que haya evidencia de que ejerció esa influencia, la actuación de la agencia no está autorizada por la ley y, por consiguiente, es ultra vires.

Debemos recordar que el debido proceso de ley exige que una disposición legal provea al ciudadano promedio un aviso suficiente de las conductas que se penalizan. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 149 (2011); Vives Vázquez v. Tribunal Superior, 101 DPR 139, 145—146 (1973). La redacción del Art. 3.2(i) de la Ley de Ética Gubernamental de 1985, supra, no proveía al ciudadano de inteligencia promedio un aviso de que la mera posibilidad de influenciar a la autoridad nominadora, sin que la ejerza, es punible con multa en ausencia de dispensa. Interpretar lo contrario conllevaría que declaráramos nulo el artículo de la ley por adolecer de vaguedad. Por ende, para evitar esa interpretación tenemos que concluir que no fue esa la intención del legislador, pues no se ajusta al texto de la ley. Así que en ausencia de una expresión clara por parte de la Asamblea Legislativa, no podemos favorecer la interpretación que dio la Oficina de Ética Gubernamental al Art. 3.2(i) de la ley.

Una vez concluimos que la interpretación que la Oficina de Ética Gubernamental dio al Art. 3.2(i) de la Ley de Ética Gubernamental excede el poder que le confirió la Asamblea Legislativa, pasemos a analizar el caso del Sr. Pedro Julio Santiago Guzmán.

B. El Tribunal de Apelaciones redujo la multa impuesta de $2,000 a $500 porque el expediente del caso está huérfano de evidencia de que el Sr. Pedro Julio Santiago Guzmán ejerciera alguna influencia en el nombramiento de su hermano. Incluso, la Oficina de Etica Gubernamental no afirma que el querellado ejerció influencia. Su imputación más grave al respecto va dirigida a que conocía desde diciembre de 2004 que su hermano interesaba ubicarse en un puesto en el municipio. El querellado asegura que la relación de su hermano con el Alcalde era lo suficientemente cercana como para que fuera innecesaria su intervención en el nombramiento.

El Alcalde declaró en las vistas que conoció a Pedro Julio Santiago Guzmán cuando estudiaban juntos en bachillerato. Años después pasó a ser su ayudante legislativo cuando fue electo a la Cámara de Representantes. Desde los inicios de esa amistad, narró el alcalde Vega Borges, derivó también una relación con Angel Santiago Guzmán, quien pasó a ser parte de su escolta, cuando era representante en la Legislatura. Fue durante esos seis años aproximadamente que entabló una relación más estrecha con Angel Santiago Guzmán, pues pasaban juntos mucho tiempo.

Además, el Alcalde aseguró que todos los nombramientos para posiciones de confianza, como la de Subcomisionado de la Policía Municipal, los hacía él directamente. Y que tanto el puesto de administrador al que asignó a Pedro Julio Santiago Guzmán, como el de Subcomisionado de Seguridad, al que asignó a Angel Santiago Guzmán, los hizo sin consultar a otras personas. En cuanto al incremento en el sueldo que percibió Angel Santiago Guzmán, el Alcalde aseguró que no fue un aumento sino un ajuste, para elevarlo a lo que le había prometido al momento de la oferta de empleo. También rechazó que Pedro Julio Santiago Guzmán interviniera en esa determinación.

La Oficina de Ética Gubernamental no dio credibilidad a la versión del Alcalde. Plantea que lo que ocurrió con el salario de Ángel Santiago Guzmán fue un aumento de sueldo, pues no se hizo constar en los documentos del Municipio que fuera un ajuste. Además, tampoco se reembolsó la diferencia por lo que se le pagó de menos durante los primeros meses de empleo. Sin embargo, entendemos que esa determinación es irrelevante para decidir este caso, pues no hay evidencia de que el querellado influyera en que se aumentara el salario a Ángel Santiago Guzmán.

Las determinaciones de hechos de las agencias prevalecen en revisión judicial si se sostienen con evidencia sustancial que obre en el expediente. En este caso, la Oficina de Ética Gubernamental no presentó evidencia de que el Sr. Pedro Julio Santiago Guzmán influenciara en la determinación del Alcalde de nombrar a su hermano Ángel Santiago Guzmán como Subcomisionado de la Policía Municipal. Tampoco evidenció participación en la determinación del aumento o ajuste de salario. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el expediente está huérfano de esa evidencia. En efecto, así es. Así las cosas, no vemos razón para sostener una multa contra el querellado.

La Oficina de Ética Gubernamental también insiste en que el Sr. Pedro Julio Santiago Guzmán conocía que su hermano interesaba trabajar en el Municipio. El mero hecho de que conociera su interés, sin evidencia de que ejerciera algún tipo de influencia, no puede conllevar la imposición de una multa.

El Tribunal de Apelaciones validó la multa contra el Sr. Pedro Julio Santiago Guzmán amparándose en la interpretación que hizo la Oficina de Ética Gubernamental del Art. 3.2(i) de la Ley de Ética de 1985. Ya concluimos que esa interpretación es ultra vires. De esta forma, la multa contra el Sr. Pedro Julio Santiago tampoco encuentra sostén en el expediente.

V

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia en la que revocamos la del Tribunal de Apelaciones y resolve-mos que la interpretación que ha dado la Oficina de Etica Gubernamental al Art. 3.2(i) de la Ley de Etica Gubernamental de 1985, supra, es ultra vires en la medida en que penaliza a un funcionario que pudiera tener poder para influenciar en el nombramiento de un familiar dentro de los grados prescritos, sin evidencia de que haya hecho ejercicio de esa influencia. Por eso, se deja sin efecto la multa impuesta al Sr. Pedro Julio Santiago Guzmán.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez se inhibió.

       Esta ley se sustituyó por la Ley de Ética Gubernamental, Ley Núm. 1-2012.

       La Oficina de Ética Gubernamental derogó este y otros reglamentos mediante el Reglamento para derogar los Reglamentos de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico adoptados al amparo de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, Reglamento Núm. 8165 del Departamento de Estado, 28 de febrero de 2012. Ese reglamento tiene como propósito derogar todos aquellos reglamentos que no fueran cónsonos con la nueva Ley de Ética Gubernamental, Ley Núm. 1-2012.

       El texto completo del Art. 3.2(i) dispone:
      “(i) [...] Ningún funcionario público o empleado público podrá nombrar, promover o ascender a un puesto de funcionario o empleado público, o contratar por sí, o a través de otra persona natural o jurídica, negocio o entidad que tenga interés en la agencia ejecutiva en la que trabaje o tenga facultad de decidir o influenciar, a cualquier persona que sea pariente de dicho funcionario o empleado público dentro del cuarto grado de consanguinidad o del segundo grado por afinidad.
      “Cuando el funcionario público o empleado público con facultad para decidir o influenciar entienda que es imprescindible por el bienestar del servicio público y el buen funcionamiento dé la agencia contratar, nombrar, promover o ascender a un pariente suyo dentro de los grados de parentesco antes mencionados, en un puesto de funcionario público o empleado público, tendrá que solicitar una autorización por escrito al Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental donde exponga las razones específicas que justifican tal contrato, nombramiento, o ascenso en ese caso en particular, previo a llevar a cabo dicha acción, de conformidad a la reglamentación que adopte la Oficina de Ética Gubernamental.
      “La Oficina de Ética Gubernamental deberá, dentro del término directivo de treinta (30) días desde la fecha de haberse radicado la solicitud de dispensa, autorizar o denegar la misma. La Oficina de Ética Gubernamental notificará al solicitante de la aprobación de la dispensa o de su denegación. En caso de denegar la solicitud de dispensa deberá fundamentar dicha decisión presentando un informe escrito.
      “La prohibición que aquí se establece no será de aplicación a la situación de un funcionario o empleado público que nombre, promueva o ascienda en un puesto de carrera en la agencia en que trabaje o sobre la cual ejerza jurisdicción, a un funcionario o empleado público que sea su pariente dentro de los referidos grados, cuando el funcionario o empleado público, nombrado, promovido o ascendido haya tenido la oportunidad de competir en igualdad de condiciones con otros aspirantes mediante un proceso de selección a base de pruebas, exámenes o evaluaciones de preparación y experiencia, y se haya determinado objetivamente que es el candidato idóneo o mejor calificado en el registro de elegibles para el puesto en cuestión y el pariente con facultad no haya intervenido en el mismo. Asimismo, las prohibiciones antes descritas, con excepción de la de nombramiento, serán de aplicación a aquellos empleados o funcionarios públicos que advengan a la relación de grado de parentesco dispuestos en esta sección después de su nombramiento o designación”.

       Este reglamento también se anuló mediante el Reglamento Núm. 8165.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Martínez Torres, a la que se une el Juez Asociado Señor Rivera García.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico en Interés del Menor LABM.

      Número: CC-2012-0551

      Resuelto: 14 de marzo de 2013

      Luis R. Román Negrón, procurador general, y Ana R. Garcés Camacho, procuradora general auxiliar, abogados de la parte peticionaria; Héctor R. Crespo Milian, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Nuevamente, nos enfrentamos a una controversia en que una persona mayor de edad es imputada de una conducta delictiva presuntamente ocurrida cuando era menor. En esta ocasión, debemos determinar si la Sala de Asuntos de Menores del Tribunal de Primera Instancia debe analizar los factores establecidos en el Art. 15 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como Ley de Menores de Puerto Rico, 34 LPRA see. 2215, para determinar si procede renunciar a su jurisdicción, según lo resuelto en Pueblo v. Villafañe Marcano, 183 DPR 50 (2011). Por concluir en la negativa, revocamos al tribunal recurrido y ordenamos el traslado del caso a la Sala de lo Criminal del foro primario para la continuación de los procedimientos.

I

El 5 de julio de 1997, el Sr. Porfirio Bezares Torres fue asesinado en su residencia ubicada en el Barrio Jaguar del Municipio de Gurabo. Por esos hechos, el 25 de mayo de 2007, el Ministerio Público presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de lo Criminal, seis denuncias contra el Sr. Luis Alberto Benitez Martínez. Aunque en un inició se encontró causa para el arresto, tras una solicitud de reconsideración, la Sala de lo Criminal se declaró sin jurisdicción porque, aunque para ese momento el señor Benitez Martínez tenía veinticinco años, cuando ocurrieron los hechos imputados tenía quince años de edad. En alzada, dicho foro desestimó los proyectos de denuncia porque la Sala de Asuntos de Menores no había renunciado a su jurisdicción para que la Sala de lo Criminal pudiera asumir la suya.

El 12 de agosto de 2008, por los mismos hechos, el Procurador de Menores (Procurador) presentó contra el señor Benitez Martínez seis proyectos de queja por violación a los Arts. 83, 173 y 262 del Código Penal de Puerto Rico de 1974 (33 LPRA ants. sees. 4002, 4279 y 4523), y a los Arts. 6, 8 y 8(A) de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, conocida como la Ley de Armas, 25 LPRA ants. sees. 416, 418 y 418a. Esta vez, las denuncias fueron presentadas ante la Sala de Asuntos de Menores. Dicho foro se declaró sin jurisdicción para celebrar la vista de determinación de causa para presentar querella. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones le ordenó que atendiera el caso.

En la vista de causa probable para presentar querella, no se encontró causa. Al recurrir en alzada, sí se determinó causa por todas las faltas imputadas. Tras dicha determinación, el Procurador presentó su Solicitud de Renuncia de Jurisdicción. A tales efectos, se celebró una vista adjudicativa. La Sala de Asuntos de Menores determinó que:

Examinada y aquilatada la prueba documental y testifical presentada, luego de un análisis de los cuatro factores requeridos por la Ley de Menores, supra, considerando la edad actual del imputado y la falta de servicios para un adulto en un sistema de menores, el tribunal declara Con Lugar la Renuncia de Jurisdicción en el caso de autos. Los hechos particulares de este caso y las características del imputado, entendemos que, a pesar de no necesitar rehabilitación en estos momentos, en caso de hallarse incurso en las faltas imputadas este tribunal no tendría servicios que ofrecerle al imputado, por tratarse de un adulto. Resolución del TPI, Sala de Asuntos de Menores, Apéndice, págs. 108-109.

Además, concluyó que unas notas del agente que testificó en la vista no eran admisibles por carecer de suficientes garantías de confiabilidad.

Inconforme con esa determinación sobre admisibilidad, el Procurador acudió oportunamente al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Alegó que la actuación de la Sala de Asuntos de Menores fue ultra vires, toda vez que no procedía suprimir evidencia en una vista de renuncia de jurisdicción, ya que la misma es de alcance limitado. En la alternativa, cuestionó los méritos de la determinación. Por su parte, el señor Benitez Martínez presentó un recurso de Apelación y Réplica al Escrito de certiorari. Solicitó la revocación de la determinación sobre renuncia de jurisdicción.

El foro apelativo denegó expedir el auto de certiorari solicitado por el Procurador y revocó el dictamen apelado por el señor Benitez Martínez. Determinó que los factores a analizar cuando se trata de la renuncia de jurisdicción de una persona que al momento de ser imputado es un adulto son los mismos que si se tratara de un menor de edad. Así, pues, concluyó que el Procurador no satisfizo el quantum de preponderancia de la prueba necesario para fundamentar la renuncia de jurisdicción. De esa forma, rechazó que la mayoría de edad sea el único factor a considerar y que la Sala de Menores deba renunciar automáticamente a su jurisdicción cuando el imputado sea mayor de edad al momento de iniciarse el procedimiento en su contra.

Inconforme, el Procurador acude ante nos. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, expedimos el recurso y procedemos a resolver.

II

El sistema de justicia juvenil en Puerto Rico se rige por la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como Ley de Menores de Puerto Rico, 34 LPRA see. 2201 et seq. (Ley de Menores), y las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 LPRAAp. I-A. Mediante la Ley de Menores se estableció un enfoque filosófico penal ecléctico de rehabilitación del menor a la vez que se le exige responsabilidad por sus actos. Pueblo en interés menor EALN, 187 DPR 352 (2012); Pueblo en interés menores C.L.R. y A.V.L., 178 DPR 315, 323 (2010); Pueblo en interés menor R.H.M., 126 DPR 404, 409 (1990).

La jurisdicción de la Sala de Asuntos de Menores se encuentra delimitada por el Art. 4 de la Ley de Menores, 34 LPRA see. 2204. Como regla general, esta sala atiende aquellos casos en que se le imputa a una persona menor de edad conducta constitutiva de falta en la cual incurrió antes de cumplir dieciocho años de edad. Sin embargo, la Ley de Menores reconoce expresamente instancias en las que, de forma automática, el caso será atendido en la Sala de lo Criminal como si se tratara de un adulto. A saber, cuando se le impute a un menor que haya cumplido quince años de edad haber cometido hechos constitutivos de asesinato en primer grado mediante deliberación y premeditación; o cuando se le imputen hechos constitutivos de delito que surjan de la misma transacción o evento constitutivo de asesinato en primer grado mediante deliberación y premeditación; o cuando se haya adjudicado previamente un asesinato como adulto.

La Ley de Menores reconoce, además, la posibilidad de que el Procurador solicite que la Sala de Asuntos de Menores renuncie a su jurisdicción. El Art. 15 de la Ley de Menores dispone:

(a) Solicitud por Procurador.—El Tribunal, a solicitud del Procurador, podrá renunciar la jurisdicción sobre un menor que sea mayor de catorce (14) años y menor de dieciocho (18) años, a quien se le impute la comisión de cualquier falta Clase II o III. El Procurador deberá efectuar dicha solicitud mediante moción fundamentada cuando considere que entender en el caso bajo las disposiciones de este capítulo no responderá a los mejores intereses del menor y de la comunidad.

El Procurador deberá promover la solicitud de renuncia de jurisdicción en los siguientes casos:

(1) Cuando se impute a un menor que sea mayor de catorce (14) años la comisión de hechos constitutivos de asesinato en la modalidad que está bajo la autoridad del tribunal, cualquier otro delito grave de primer grado, y cualquier otro hecho delictivo que surja de la misma transacción o evento.

(2) Cuando se impute al menor una falta Clase II o III y se le hubiera adjudicado previamente una falta Clase II o III, incurrida entre los catorce (14) y dieciocho (18) años.

El Procurador vendrá obligado a advertir al tribunal la falta de jurisdicción cuando se trata de aquellos casos excluidos de su autoridad por disposición expresa de este capítulo.

(b) Vista.—El tribunal, previa notificación, celebrará una vista de renuncia de jurisdicción.

(c) Factores a considerar.—Para determinar la procedencia de la renuncia a que se refiere el inciso (a) de esta sección, el tribunal examinará los siguientes factores:

(1) Naturaleza de la falta que se imputa al menor y las circunstancias que la rodearon.

(2) Historial legal previo del menor, si alguno.

(3) Historial social del menor.

(4) Si el historial socioemocional y sus actitudes hacia la autoridad hacen necesario establecer controles respecto a su comportamiento que no se le puedan ofrecer en los centros de custodia o en las instituciones de tratamiento social a disposición del tribunal. 34 LPRA see. 2215.

La renuncia de jurisdicción se considera una etapa crítica del procedimiento porque se trata del traslado del me-nor de una jurisdicción a otra. Pueblo en interés menor supra, pág. 411.

En cuanto al procedimiento durante la vista señalada en el citado Art. 15, la Regla 4.4 de Procedimiento para Asuntos de Menores establece que:

Durante la vista, el Procurador presentará la prueba con que cuente en apoyo de su solicitud. El menor podrá rebatir la prueba y cuestionar el contenido de los documentos presentados en evidencia, así como interrogar a las personas que suscriban informes periciales.
El Tribunal resolverá a base de la preponderancia de la prueba. 34 LPRAAp. I-A.

Por otra parte, la Ley de Menores establece en su Art. 5 (34 LPRA see. 2205) que la autoridad de la Sala de Asuntos de Menores, sobre aquellos menores sujetos a su jurisdicción, cesa cuando estos cumplan veintiún años o cuando se dé por terminada mediante orden. Ahora bien, el que la Sala de Asuntos de Menores pierda su autoridad cuando el menor cumpla veintiún años, no implica que también pierda su jurisdicción. Pueblo v. Villafañe Marcano, supra. Por eso, es una condición previa que la Sala de Menores renuncie a su jurisdicción para que luego se pueda iniciar el procedimiento ante la Sala de lo Criminal. Id. Esto, a menos que las acciones de la persona se puedan interpretar como una renuncia implícita a la jurisdicción de dicha Sala. Íd. Véanse: Pueblo v. Cruz Alicea, 170 DPR 837 (2007); Pueblo v. Suárez, 167 DPR 850 (2006).

Recordemos que

[...] es el Art. 4 de la mencionada ley [de Menores] el único que establece los parámetros de la jurisdicción del Tribunal de Menores. Mientras, el Art. 5 enmarca no el aspecto jurisdiccional del Tribunal de Menores, sino el término para la implementación del tipo y duración de la medida dispositiva que se ha de imponer. Pueblo v. Villafañe Marcano, supra, pág. 73.

Así, pues, según pautamos en Pueblo v. Villafañe Marcano, supra, cuando a una persona mayor de edad le imputan una conducta delictiva que presuntamente ocurrió cuando era menor de edad y la situación se ajusta a lo establecido en el Art. 15, ya que el imputado tiene más de catorce años y se le imputa la comisión de algunas de las faltas previstas en dicho artículo, la Sala de Asuntos de Menores tiene tres posibles cursos de acción ante la solicitud de renuncia: (1) considerar cualquier moción de desestimación, declararla “ha lugar” y que así concluya el procedimiento; (2) considerar cualquier moción de desestimación, declararla “no ha lugar” y renunciar a su jurisdicción, o (3) simplemente renunciar a su jurisdicción para que la Sala de lo Criminal atienda el planteamiento. Ahora bien,

[...] en el supuesto de que decida no atender ningún planteamiento dirigido a desestimar los cargos contra la persona o que, considerado en sus méritos, el planteamiento se declare “no ha lugar”, el Tribunal de Menores no tiene otra opción que renunciar a su jurisdicción y enviar el caso al tribunal ordinario. (Enfasis en el original). Pueblo v. Villafañe Marcano, supra, pág. 75.

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En el caso de autos, al señor Benitez Martínez se le imputa la comisión de faltas cuando tenía quince años de edad. Aunque a la fecha en que se inició el proceso en su contra este tenía veinticinco años, la Sala de Asuntos de Menores tenía jurisdicción para atender el caso, según el Art. 4 de la Ley de Menores, supra. Como la situación se ajustaba a lo establecido en el citado Art. 15 de la Ley de Menores, el Procurador de Menores solicitó la renuncia de jurisdicción.

Conforme a lo resuelto en Pueblo v. Villafañe Marcano, supra, la Sala de Asuntos de Menores podía atender cualquier moción de desestimación y resolverla o podía rechazar atender esos planteamientos. Sin embargo, el señor Benitez Martínez no presentó ninguna moción de desestimación. Por lo tanto, la Sala de Asuntos de Menores no tenía otra opción que renunciar a su jurisdicción y enviar el caso a la Sala de lo Criminal. Esto, pues el señor Benitez Martínez advino a la mayoría de edad y la Sala de Asuntos de Menores perdió su autoridad. Por consiguiente, es forzoso concluir que la Sala de Asuntos de Menores no tenía que realizar el análisis de los factores establecidos en el Art. 15 de la Ley de Menores, supra, pues estos sirven para analizar renuncias de jurisdicción cuando el imputado es todavía menor de edad.

Esta conclusión no solo se desprende de lo resuelto por este Tribunal en Pueblo v. Villafañe Marcano, supra, sino que es la más razonable en términos prácticos. Los factores para evaluar la renuncia de jurisdicción permiten al tribunal

[...] resolver a la luz de la totalidad de las circunstancias de cada caso si el menor es rehabilitable y, por ende, acreedor a los servicios ofrecidos por el sistema de menores o si debe responder por sus actos ante los tribunales ordinarios. Pueblo en interés menor supra, pág. 417.

Evidentemente, cuando se trata de una persona que ha cumplido los veintiún años, esta deja de ser acreedora de los servicios que ofrece el sistema de menores. Es por esto que la Sala de Asuntos de Menores pierde su autoridad. Además, realizar un análisis de los factores, en esas circunstancias, implica suponer qué hubiera ocurrido si se hubiera iniciado el proceso cuando todavía era menor de edad.

En el caso ante nos, tanto el foro primario como el intermedio analizaron los factores del Art. 15 de la Ley de Menores, supra, para determinar si procedía o no la renuncia de jurisdicción. Como ya indicamos, ese análisis no es necesario en los casos en donde se solicita la renuncia de jurisdicción sobre una persona mayor de veintiún años que presuntamente cometió unas faltas graves entre los catorce y dieciocho años. Por consiguiente, tampoco procedía la determinación de admisibilidad que realizaron los foros recurridos. La única determinación que procedía por parte de la Sala de Asuntos de Menores era renunciar a su jurisdicción.

IV

Por los fundamentos señalados anteriormente, se revoca la sentencia recurrida y se ordena el traslado del caso a la Sala de lo Criminal para que continúe con los procedimientos.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Martínez Torres emitió una opinión de conformidad.

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Señor Martínez Torres, a la que se une el Juez Asociado Señor Rivera García.

La Opinión del Tribunal expone el derecho aplicable a la situación de hechos que nos ocupa, por lo que he votado en conformidad con ella. Hoy resolvemos que la autoridad o jurisdicción del Tribunal de Menores sobre un adulto que cometió un delito cuando era menor de edad se limita a la presentación de los cargos, seguida de una renuncia automática y el traslado del caso a la sala de adultos del Tribunal de Primera Instancia. El momento es apropiado para expandir mi expresión particular hecha en Pueblo v. Villafañe Marcano, 183 DPR 50, 76 (2011).

Me aparté, entonces, de las expresiones de este Tribunal en Pueblo en interés menor A.A.O., 138 DPR 160 (1995). Allí hicimos una distinción entre los términos “jurisdicción” y “autoridad”, empleados en los Arts. 4 y 5 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 LPRA sees. 2204 y 2205. Sin embargo, hay una explicación de los Arts. 4 y 5 que evita esa caracterización y confundiría menos a la comunidad legal.

En sustancia, los términos “jurisdicción” y “autoridad” son sinónimos. La “jurisdicción” es la autoridad, es decir, el poder de un tribunal para atender un asunto. Véanse: I. Rivera García, Diccionario de términos jurídicos, Orford, Equity Publishing Co., 1976, pág. 144; Black’s Law Dictionary, (B.A. Garner, editor), 9na ed., Minnesota, West Group, 2009, pág. 927. Por eso el legislador utilizó esos términos indistintamente en la Ley de Menores. De hecho, en Pueblo en interés menor A.A.O., supra, pág. 172, dijimos que el uso de ambos términos en la ley era laxo.

La diferencia entre los Arts. 4 y 5 de la Ley de Menores, supra, es sencilla. Basta preguntarnos para qué es la jurisdicción o autoridad a la que se refiere cada artículo de la ley. El Art. 4 se refiere a “los parámetros de la jurisdicción del Tribunal de Menores” para encausar a un menor de edad. (Énfasis suprimido). Pueblo v. Villafañe Mar cano, supra, pág. 73. En cambio, el Art. 5 se refiere a la jurisdicción del Tribunal de Menores para implementar y supervisar las medidas dispositivas impuestas a los menores que son hallados incursos en faltas. A tal fin, este artículo señala en su primer párrafo que la jurisdicción del Tribunal de Menores para ejercer esa implementación y supervisión cesa cuando el menor cumple veintiún años de edad. Si intercambiamos los términos “jurisdicción” y “autoridad” en ambos artículos nada cambia. No es una cuestión de semántica sino de sustancia.

Esa explicación es cónsona con el análisis del tribunal en Pueblo v. Villafañe Marcano, supra, y en la Opinión que el Tribunal emite hoy. Por eso mi voto es de conformidad.


author: per curiam:

text:
      In re Luis R. Mendoza Ramírez.

      Números: AB-2006-283 AB-2012-314 CP-2011-17

      Resueltos: 14 de marzo de 2013

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; María de Lourdes Rodríguez, oficial investigadora de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Puerto Rico, en informe; Luis R. Mendoza Ramírez, pro se.

   per curiam:

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El Ledo. Luis R. Mendoza Ramírez fue admitido al ejercicio de la abogacía el 20 de abril de 1979 y a la notaría el 4 de octubre de 1979. En contra del letrado se presentaron dos quejas, una ante la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y otra ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Puerto Rico (Colegio de Abogados), las cuales fueron posteriormente referidas a este Tribunal. En el trámite de ambas quejas, el letrado ha incumplido reiteradamente con nuestros requerimientos. Por ello consolidamos las quejas AB-2006-0283 y AB-2012-314, las que a continuación resumimos.

AB-2006-0283

El 14 de agosto de 2007, la ODIN presentó ante este Tribunal un Informe mediante el cual nos informó de una queja presentada por el Sr. Isaías Hernández Garay (quejoso) en contra del licenciado Mendoza Ramírez el 4 de octubre de 2006. Según éste, por falta de pago por uno de los miembros de una sucesión, el licenciado Mendoza Ramírez no cumplió parte de un acuerdo en el que se le requirió presentar en el Registro de la Propiedad unas escrituras relacionadas con la partición de una herencia. Al respecto, el quejoso alegó que las escrituras no se habían presentado aun cuando había transcurrido más de año y medio desde que el letrado las autorizó. Asimismo, señaló que no existe comunicación con el abogado.

A esos efectos, el licenciado Mendoza Ramírez presentó ante la ODIN su reacción a la queja junto con un legajo que contiene las escrituras y minutas de presentación ante el Registrador de la Propiedad (Registrador) relacionadas con la queja. Así pues, negó la falta de comunicación con el quejoso y sostuvo que todas las escrituras y los documentos pertinentes a la partición de la herencia fueron presentados en el Registro de la Propiedad.

De los documentos presentados por el licenciado Mendoza Ramírez, la ODIN concluyó que el asunto medular de la queja parecía haberse resuelto ya que, en efecto, las escrituras relacionadas con la partición de herencia fueron presentadas en el Registro de la Propiedad. No obstante lo anterior, la ODIN indicó que no fue hasta dos meses después de que el quejoso instó la queja que se presentaron algunas de las escrituras y los documentos en el Registro de la Propiedad. Así pues, resaltó que aun cuando una de las escrituras fue autorizada el 19 de marzo de 2005, no fue hasta el 11 de diciembre de 2006 que el licenciado la presentó ante el Registrador.

La ODIN interpretó que el quejoso tuvo que solicitar la intervención de este Tribunal para que el licenciado cumpliera con la responsabilidad asumida. En su Informe recomienda el archivo de la queja luego de que se le ordene al licenciado Mendoza Ramírez informar sobre el estado de la calificación e inscripción de las escrituras y los documentos objetos de la queja y de que se le aperciba contra futuras actuaciones de tal naturaleza.

Como resultado de lo anterior, el 23 de septiembre de 2008 concedimos al licenciado un término de sesenta días para que nos informara el estado de la calificación e inscripción de las escrituras presentadas en el Registro de la Propiedad. A esos efectos, el licenciado presentó una Moción en Cumplimiento de Orden en la que nos informó de las gestiones que había realizado para darle seguimiento a los asientos presentados en el Registro de la Propiedad relacionados con la queja.

Posteriormente, el 8 de junio de 2009, le instruimos al letrado a que nos mantuviera informados sobre el estado de la calificación e inscripción de las escrituras en cuestión. El abogado no respondió a dicho requerimiento, por lo que el 8 de agosto de 2011 le concedimos un término adicional de treinta días para que diera cumplimiento a la orden anterior. Nuevamente ignorado nuestro requerimiento, el 20 de septiembre de 2012, le concedimos un término final de diez días para que diera cumplimiento a las órdenes anteriores.

Transcurridos cerca de seis meses, aún no hemos recibido respuesta a nuestras órdenes relacionadas a este asunto.

AB-2012-314

Por otro lado, el 17 de febrero de 2012, la Sra. Mercedes Rodríguez Pabellón (quejosa) presentó ante el Colegio de Abogados una queja formal en contra del licenciado Mendoza Ramírez. Según surge del Formulario de Queja sobre Conducta Profesional de Abogado y el Contrato de Servicios otorgado el 23 de febrero de 2004 entre el licenciado Mendoza Ramírez y la quejosa, ésta contrató al letrado para que gestionara la partición de herencia y la segregación y adjudicación de un predio que le corresponde por sus derechos de un caudal hereditario. La quejosa pagó lo pactado al licenciado; sin embargo, ésta sostiene que a ocho años desde el convenio, los servicios acordados no han sido completados. Al respecto, alega que durante los tres años antes de presentar la queja, el abogado no realizó trámite alguno para cumplir el acuerdo. El licenciado tampoco ofreció a la quejosa una solución para atender sus requerimientos.

El Colegio de Abogados notificó por escrito en cinco ocasiones al licenciado Mendoza Ramírez la instancia de la queja en su contra y le concedió tiempo para expresarse. De esas comunicaciones surge que el Colegio de Abogados envió al licenciado Mendoza Ramírez copia de la queja, le dio oportunidad de expresar su posición al respecto, le concedió término adicional para contestar y le apercibió que la queja sería referida a este Tribunal si incumplía con sus requerimientos.

Ante la ausencia de una respuesta del licenciado Mendoza Ramírez, el 16 de agosto de 2012, el Colegio de Abogados presentó ante este foro una Moción Informativa sobre Incumplimiento de Colegiado en la que nos informó sobre la incomparecencia del abogado y nos solicitó que tomáramos la acción que estimáramos pertinente.

Así las cosas, mediante Resolución de 10 de septiembre de 2012, le concedimos al licenciado Mendoza Ramírez un término de diez (10) días para que cumpliera con los requerimientos del Colegio de Abogados, además de que dentro del mismo término nos expusiera las razones por las cuales no debía ser disciplinado por no responder a éstos. La Resolución fue diligenciada personalmente el 17 de septiembre de 2012.

El 11 de enero de 2013, el Colegio de Abogados nos presentó una Moción Informativa en la cual indicó que el licenciado Mendoza Ramírez no había contestado la queja. Seis meses desde que se le notificó personalmente nuestra orden, aún no hemos recibido respuesta del letrado a nuestro requerimiento de expresar las causas por las cuales este Tribunal no debiera disciplinarlo.

II

En reiteradas ocasiones hemos recordado a los miembros de la profesión legal que tienen el deber de contestar con diligencia los requerimientos de este Tribunal relacionados con su práctica profesional. Ello tiene que hacerse prontamente, independientemente de los méritos de las quejas presentadas en su contra. No hacerlo constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9 del Código de Ética Profesional, que dispone: “El abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”.

Al respecto, hemos enfatizado que la naturaleza de la función de abogado requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional. La dejadez es incompatible con el ejercicio de la abogacía. Cuando un abogado se muestra indiferente ante los apercibimientos de sanciones disciplinarias por no comparecer ante este Tribunal, procede suspenderlo inmediatamente de la profesión.

III

El Ledo. Luis R. Mendoza Ramírez ha actuado de forma censurable al no responder a los requerimientos que le ha hecho este Tribunal. Su reiterado incumplimiento con nuestras órdenes constituye una violación al Canon 9 del Código de Etica Profesional, supra, que nos lleva a decretar su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y de la notaría, según se le había apercibido. Además, se ordena el archivo administrativo de la querella CP-2011-0017 hasta que el letrado solicite su reinstalación.

Como consecuencia, se le impone al Sr Luis R. Mendoza Ramírez el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y Sentencia. El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del Sr. Luis R. Mendoza Ramírez y entregarlos a la Directora de la ODIN para el correspondiente examen e informe a este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       Además, el licenciado Mendoza Ramírez tiene pendiente ante este Tribunal una querella presentada por el Procurador General (CP-2011-0017), la cual no será parte de este caso.

       Escritura Número 17 de Liquidación de Sociedad de Gananciales, Rectificación de Cabida, Segregaciones, Constitución de Servidumbre, Cesión a Uso Público, Partición de Herencia y Adjudicaciones otorgada por la sucesión de Marcelino Hernández Díaz y Carlina Rivera el 19 de marzo de 2005 ante el licenciado Mendoza Ramírez.

       Queja Número Q-2012-17 ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados.

       El Colegio de Abogados envió las cartas al licenciado Mendoza Ramírez a la dirección postal que surge del Registro Unico de Abogados, a saber: PO Box 5065, Caguas, PR 00726. Las mismas fueron remitidas: el 1 de marzo de 2012 vía correo certificado con prueba de que fue recibida por el letrado; el 12 de abril de 2012 por correo regular; el 8 de mayo de 2012 por correo certificado con prueba de que fue devuelta por no haber sido reclamada; el 1 de junio de 2012 vía correo certificado con prueba de que fue recibida, y el 7 de agosto de 2012 vía correo regular.

       Véanse, por ejemplo: In re Colón Olivo, 187 DPR 659 (2013); In re Buono Colón, 187 DPR 379 (2013); In re Torres Trinidad, 183 DPR 371 (2011); In re Rodríguez Salas, 181 DPR 579 (2011); In re Martínez Sotomayor I, 181 DPR 1 (2011); In re Rodríguez Rodríguez, 180 DPR 841 (2011); In re Fiel Martínez, 180 DPR 426 (2010); In re Polanco Ortiz, 179 DPR 771 (2010); In re Grau Díaz, 167 DPR 397 (2006); In re Quiñones Cardona, 164 DPR 217 (2005); In re Zayas Cabán, 162 DPR 839 (2004); In re Arroyo Rivera, 161 DPR 567 (2004); In re Torres Torregrosa, 161 DPR 66 (2004); In re Fernández Pacheco, 152 DPR 531 (2000); In re Corujo Collazo, 149 DPR 857 (1999); In re Ron Menéndez, 149 DPR 105 (1999); In re Ribas Dominicci I, 131 DPR 491 (1992).

        In re García Ortiz, 187 DPR 507 (2012); In re Otero Encarnación, 179 DPR 827 (2010).

       Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Véanse: In re Rosado Cruz, 176 DPR 1012 (2009); In re Salichs Martínez, 131 DPR 481 (1992).

        In re Montes Díaz, 184 DPR 90 (2011); In re Otero Encarnación, supra.

        In re Colón Rivera, 170 DPR 440 (2007); In re González Barreto, 169 DPR 772 (2006).

        In re Montes Díaz, supra; In re Feliciano Jiménez, 176 DPR 234 (2009); In re Osorio Díaz, 146 DPR 39 (1998); In re Reyes, Rovira, 139 DPR 42 (1995).


text:
      In re Extensión de Términos por Motivo de la Concesión del Día 28 de Marzo de 2013 (Jueves Santo).

      Número: EM-2013-0001

      Resuelto: 18 de marzo de 2013
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, concedió libre el día 28 de marzo de 2013 (Jueves Santo) con cargo a la licencia de vacaciones.

A tales efectos y en virtud de la facultad del Tribunal Supremo de Puerto Rico para reglamentar los procedimientos judiciales, al computar los términos dispuestos en las distintas leyes y reglas aplicables a los procedimientos y trámites judiciales se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 LPRA sees. 72 y 73), y se considerará el 28 de marzo de 2013 (Jueves Santo) como si fuera día feriado. Cualquier término que venza ese día se extenderá hasta el próximo día laborable, 1 de abril de 2013.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo