text:
    Sucesores de José González & Cía., S. en C., recurrente y peticionaria, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Fondo del Seguro del Estado, en la persona de su Administrador Hon. Rafael de J. Cordero, recurrido, y Bautista Berríos, obrero lesionado.
    Núm. 257.

    Sometido: Diciembre 21, 1942.

      Resuelto: Enero 25, 1943.

      Genaro Cautiño' Bruno, abogado de la recurrente; G. Atiles Moréu, A. de Jesús Matos j J. Correa Suárez, abogados del Fondo del Seguro del Estado; E. Tristani, Jr., abogado del obrero lesionado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Este caso se encuentra ante nos para que revisemos una resolución de la Comisión Industrial resolviendo que la re-currente era un patrono no asegurado de acuerdo con la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, por el pe-ríodo comprendido entre el 1 de enero y el 16 de febrero de 1941. El accidente específico envuelto en este caso ocurrió el 21 de enero de 1941.

La recurrente, quien ba sido un patrono asegurado desde que la ley entró en vigor, pagó debidamente la prima o cuota correspondiente al primer semestre de su póliza para 1940-41. El primer semestre expiró el 31 de diciembre de 1940. Se le concedió a la recurrente hasta el 10 de febrero de 1941 para que pagara la prima correspondiente al segundo semes-tre, pero no efectuó dicho pago hasta el 17 de febrero.

Recientemente hemos resuelto que el pago de la prima correspondiente al primer semestre es un requisito indispensable para hacer efectiva tal póliza de seguro. Montaner, Amor. v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 396. Sin embargo, la recurrente insiste en que la ley contempla una póliza anual, para estar en vigor durante todo el año; que las primas son calculadas a base de nómina de pago anual; que después que radica su nómina de pago anual para el año anterior y se fija la prima tentativa, la póliza entra en vigor para todo el año al hacer la peticionaria el pago de la prima “inicial”; que el Administrador no está autorizado a dividir la póliza en dos pólizas semestrales; que la recurrente, habiendo hecho el pago “inicial” a tiempo, no puede declarársele un patrono no asegurado durante el segundo semestre ; y que el hecho de que no se pagara la prima para el segundo semestre dentro del tiempo fijado por el Administrador del Fondo no afecta su póliza, siempre y cuando que dicho pago se hiciera finalmente.

No es necesario que discutamos el elaborado argumento de la recurrente al efecto de que la ley contempla una pó-liza anual. El Administrador del Fondo admite tal punto. Véanse Sucesión Rodríguez v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 289, 293; Miró v. Comisión Industrial, 56 D.P.R. 127, 134. Pero el Administrador alega que, como resolvió la Comisión Industrial, “la ley contempla una póliza con vigencia anual .... pero fraccionada para su pago y aplicación en dos se-mestres, produciendo la falta de pago de cualquiera de las cuotas semestrales la suspensión de su efectividad”.

Creemos que la posición de la Comisión es la correcta. El artículo 25 de la ley (Ley Núm. 45, Leyes de Puerto Rico, 1935, (1) página 251) dispone que “Si un patrono dejare de pagar el total de las cuotas que le fueran impuestas legal-mente dentro del término que le señalare el Administrador, éste podrá concederle un prórroga de treinta (30) días para que el patrono efectúe el pago, y diclio pago será un requi-sito indispensable para que el Administrador pueda darle efectividad a cualquier póliza de seguro”. (Bastardillas nuestras.)

Vemos, por lo tanto, que no existe disposición alguna para una póliza que será efectiva durante todo el año, al efectuarse el pago de solamente la prima “inicial”. Por el contrario, existe un requisito inexorable para el pago de la cantidad “total” de las primas. Como el mismo artículo exige que “la recaudación de estas cuotas se hará por semestres ade-lantados”, es claro que, a pesar de la disposición proveyendo una póliza anual, ésta se suspende por un semestre bajo cier-tas condiciones, una de las cuales es la falta de pago a su debido tiempo de la prima correspondiente a dicho semestre. Los patronos debieran ser los últimos en alegar que no existe disposición para la suspensión de la póliza por un semestre. El propio artículo 25 confiere considerables beneficios a los patronos bajo el sistema de semestres, como sigue:

“Ciralquier patrono que con anterioridad al primero de julio o al primero de enero de cualquier año cesare de estar sujeto a las disposiciones de esta Ley, podrá excusarse del pago de cuotas para el semestre o semestres siguientes, dando el aviso y prueba que exigiere el Administrador del Fondo del Estado...
"Cualquier patrono sujeto a las disposiciones de esta Ley durante cualquier parte de un semestre deberá pagar las cuotas para dicho semestre completo, teniendo derecho al reembolso, si lo hubiere, que se prescribe en el siguiente artículo...”

Además, el párrafo 7 d.el artículo 27, al disponer la pro-tección del patrono en lo que se refiere a lesiones sufridas “durante el período que cubre el pago de dichas primas” robustece nuestra conclusión de que la protección para cada semestre está predicada en el pago de la prima correspon-diente a tal semestre.

Aparte del hecho de que la clara intención del estatuto es contraria a la contención de la recurrente, el permitir la práctica defendida por ella, pondría en peligro la solvencia del Fondo del Estado. Difícilmente pudo haber sido la in-tención de la Legislatura que en cualquier época con antefio-ridad al vencimiento del semestre, el patrono pudiera elegir libremente el determinar si deseaba protección que sería apli-cable retroactivamente al principio del semestre. Bajo tal teoría ningún sistema de seguros podría sobrevivir por mucho tiempo.

Como este caso se rige por el lenguaje de nuestro esta-tuto, creemos innecesario distinguir el caso de Bordson v. North Dak. Workmen’s Compensation Bureau, 191 N. W. 839 (N. D. 1923), en el que descansa la recurrente. Sólo quere-mos señalar que el peligro que se trató de evitar en el caso de Bordson puede y ha sido evitado en el presente caso me-diante una decisión del Administrador y un embargo de la propiedad del patrono para garantizar la reclamación del obrero contra le peticionaria como un patrono no asegurado.

No podemos ver cómo el claro lenguaje del estatuto puede ser afectado por las estadísticas ofrecidas por la recurrente' para demostrar que .el 30 por ciento de los accidentes anuales en esa clase de negocio ocurren durante el primer semestre. A lo más, dicho argumento clama por adecuada acción legis-lativa o administrativa que provea una mejor distribución de las primas basadas en riesgos ya conocidos. Ciertamente no nos obliga a resolver que un patrono puede dilatar el pago durante el segundo semestre hasta que suficientes accidentes hayan ocurrido que lo convenzan que conviene a su interés económico el obtener seguro retroactivo.

Tampoco la recurrente tiene derecho a alegar que estaba asegurada por lo menos desde el 1 de enero hasta el 10 de febrero, fecha en que expiró la prórroga concedídale para pagar la prima del segundo semestre. No habiendo cumplido con el requisito por el cual su póliza hubiera entrado en vigor desde el 1 de enero, su pago tardío podría solamente resultar en protección desde la fecha en que se hizo el pago. Montaner v. Comisión Industrial, supra, a la página 401.

La recurrente alega finalmente que habiendo el Administrador del Fondo del Estado impuesto una cuota adicional para el año 1940-41 después de expirado el mismo y habiendo aceptado dicho pago después de haber recibido una carta de la recurrente al efecto de que el pago se hizo a condición de que si se aceptaba ello constituiría una aceptación por el Administrador de que su póliza había estado en vigor durante todo el año, el Administrador está impedido de ale-gar ahora que ella es un patrono no asegurado durante los primeros 48 días del segundo semestre. Sin que investiguemos si la doctrina de estoppel pueda ser invocada en esta clase de casos, existe una corta respuesta a esta contención. El artículo 25 dispone, como hemos visto, que excepto una posibilidad de reembolso que no tiene relevancia en este caso, un patrono sujeto a las disposiciones de la ley “durante cualquier parte de un semestre deberá pagar las cuotas de dicho semestre completo . . . . ” Montaner, Admor., v. Comisión Industrial, supra, a la página 401. En su consecuencia, estamos obligados a resolver que la recurrente era responsable por la prima adicional impuéstale, después de terminado el año aquí envuelto, sobre la base fie protección para todo el año. El Administrador actuó de acuerdo con la letra del estatuto al hacer caso omiso de la condición bajo la cual la recurrente pagó la prima adicional.

La resolución de la Comisión Industrial será confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Eyla M. Ramírez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1116.

    Sometido: Enero 10, 1943.

      Resuelto: Enero 27, 1943.

      José Ver ay, Jr., abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de 21 de octubre de 1942, doña Joaquina Labadie Pellot dió en arrendamiento a la aquí re-currente cinco fincas rústicas por un término de diez años. Presentada dicha escritura para su inscripción en el Regis-tro de la Propiedad de Aguadilla, el registrador practicó las inscripciones correspondientes, poniendo al pie de la escri-tura la siguiente nota:

.“Defecto Subsanable: Las inscripciones antes citadas se practi-caron con el defecto subsanable de no haber sido aceptado el contrato por Arturo Barreto, esposo de la arrendataria, en su carácter de administrador de la sociedad conyugal.”

La recurrente nos pide que revoquemos dicha nota. Alega, que estando la mujer casada autorizada para por sí contra-tar y comparecer en juicio, no ve razón alguna para que ella no pueda comparecer en un contrato de arrendamiento en donde no está gravando bienes inmuebles de la sociedad con-yugal; y que estando la mujer facultada para adquirir por título oneroso sin el concurso de su esposo, también puede, por sí, tomar en arrendamiento una propiedad inmueble.

En defensa de su nota sostiene el registrador recurrido que aun cuando es cierto que esta Corte Suprema ba resuelto en Giménez v. Registrador, 21 D.P.R. 329; Peraza v. Registrador, 30 D.P.R. 537 y Sojo v. Registrador, 35 D.P.R. 855, que una mujer casada puede adquirir bienes inmuebles sin necesidad de que el marido comparezca en la escritura o dé su consentimiento para la adquisición, dicba jurisprudencia no es aplicable a un caso como el presente en que se trata de un contrato de arrendamiento que por su naturaleza y duración impone obligaciones futuras a la sociedad de ga-nanciales; y que siendo el-marido el único administrador de dicba sociedad esas obligaciones futuras no le pueden ser impuestas sin su consentimiento.

El artículo 61 del Código Civil Español, que exigía la licencia o autorización del marido para que la mujer pudiese adquirir por título oneroso, así como para contratar u obli-garse, fué derogado por el Código Civil Revisado de 1902, cuyo artículo 1327 (Art. 1312 Ed. 1930) dispone que el ma-rido es el administrador de la sociedad de gananciales, con la única limitación consignada en el artículo 1328 (1313 Ed. 1930) de que no podrá enajenar ni gravar a título oneroso los bienes gananciales sin el consentimiento expreso de la mujer. En Peraza v. Registrador, supra, y en Sojo v. Registrador, supra, esta Corte Suprema, opinó que el Código Civil vigente reconoce la capacidad de la esposa para adqui-rir bienes a título oneroso, sin que sea requisito legal el con-sentimiento del marido. El caso de Longpré v. Registrador de San Jaun, 24 D.P.R. 896 quedó implícitamente revocado por el de Sojo v. Registrador, en el que se resolvió que “una esposa puede adquirir bienes en su propio, nombre, aunque desde luego la presunción es que los bienes así adquiridos pertenecen a la sociedad de gananciales”. La decisión en este último caso revivió y dió nuevo vigor a la de Giménez v. Registrador, 21 D.P.R. 329, en la que se dijo:

"Es cierto que el marido es el administrador de la sociedad conyugal, pero de esto no se deduce necesariamente que la esposa está incapacitada para recibir una escritura de venta sin su consen-timiento. Dejando a un lado la mera cuestión de la administración, no se ha llamado la atención de este tribunal acerca de ningún ar-tículo del Código que establezca alguna diferencia entre los esposos, y la tendencia y espíritu general de la ley al tratar del marido y de la mujer y de bienes gananciales se muestra firmemente en oposi-ción a la idea de alguna distinción. La omisión significativa de nuestro código local del artículo 61 del Código Español que expresa-mente determina que no puede la mujer sin licencia o poder de su marido, adquirir por título oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes, ni obligarse sino en los casos y con las limitaciones establecidas por la ley, también indica claramente por lo menos que no debemos dejar de tener presente la máxima ubi lex non distinguit nec nos distinguere deb emus. ’ ’

i Si la ley no establece distinción alguna entre las cosas que úna mujer casada puede adquirir a título oneroso, sin el consentimiento de su marido, con qué autoridad podríamos nosotros sostener, sin violar la máxima antes citada, que una mujer puede comprar una finca, pero no puede tomarla en arrendamiento, sin obtener licencia de su esposo? La dis-tinción que trata de establecer el recurrido entre el contrato de compraventa y el de arrendamiento, al efecto de que el primero no impone obligaciones futuras, como las impone el segundo, no es muy convincente. Es claro que si la esposa compra una finca y paga su precio al contado, esa transac-ción, consumada por la entrega de la finca y el pago del pre-cio, no impone a la sociedad de gananciales obligaciones fu-turas. Pero es igualmente claro que si la esposa compra la finca por precio aplazado, esa transacción impone a la socie-dad conyugal la obligación de pagar el precio en los plazos que se hubieren estipulado, obligación idéntica a la de pagar los cánones estipulados en el contrato de arrendamiento.

Véanse: Fuster v. Paonesa, 43 D.P.R. 760; E. Solé & Co. v. Sepúlveda, 41 D.P.R. 813 y Segarra v. Vivaldi, 59 D.P.R. 803, 808.

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse <al regis-trador que practique la inscripción sin el defecto subsanable-apuntado.


author: El Juez Asociado SeñoR De Jesús JUEZ PRESIDENTE SEÑOR DEL TORO

text:
    The American Railroad Co. of Porto Rico, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada, y Simón Angueira, obrero muerto.
    Núm. 250.

    Sometido: Diciembre 7, 1942.

      Resuelto: Enero 27, 1943.

      Mariano Acosta Velarde, Federico Acosta Velarde j Donald B. Dexter, abogados de la recurrente; G. Atiles Moréu, A. de Jesús Matos j J. Correa Suárez, abogados del Pondo del Estado.
   El Juez Asociado SeñoR De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El patrono recurrente rindió el 9 de julio de 1941 sn in-forme de jornales correspondiente al año de póliza 1940-41 y el 26 de noviembre de 1941 el Administrador del Fondo del Seguro del Estado le notificó que la cantidad que debería pagar por el primer semestre del año 1941-42 era la de $14,079.26, y le concedió hasta el 20 de diciembre siguiente para pagarla. El patrono no pagó dicho primer semestre hasta el 20 de enero de 1942. El 9 de marzo satisfizo el se-gundo, por la cantidad de $8,499.07.

El 6 de mayo de 1942, el Administrador Auxiliar del Fondo del Seguro del Estado notificó al patrono recurrente que todos los accidentes del trabajo por él reportados como ocurridos desde julio 1, 1941, hasta marzo 8, 1942, habían sido declarados no asegurados por estimar el Fondo del Se-guro del Estado que el recurrente no era un patrono asegu-rado durante el indicado período. Recurrió el patrono para ante la Comisión Industrial y habiéndose señalado en dicha Comisión para el primero de junio de 1942 la vista del caso del obrero fallecido Simón Angueira, Núm. C. I. 15,861 (M), acaecida el 11 de febrero del año pasado, se notificó al pa-trono que en dicha vista se discutiría la apelación estable-cida por él contra la resolución del Fondo del Seguro del Estado declarándolo patrono no asegurado durante el pe-ríodo antes indicado. Celebrada la vista y oídas las partes, la Comisión, con fecha primero de julio de 1942, dictó reso-lución por la que declaró que el patrono no estuvo asegu-rado desde el primero de julio de 1941 hasta el 8 de marzo de 1942, y que era responsable de todos los accidentes del trabajo acaecidos en su negocio durante dicho período.

El 28 de julio de 1942 el patrono solicitó la reconside-ración de la resolución de primero de julio y explicando su tardanza en solicitarla, declaró que no tuvo conocimiento de que tal resolución se hubiese dictado hasta que el 21 de dicho mes uno de los abogados .del patrono, el Lie. Donald R. Dexter, se personó en las oficinas de la Comisión para informarse si se había resuelto dicho caso, siéndole entre-gada entonces una copia de la resolución dictada el primero de julio de 1942. La Comisión, con fecha 29 de julio, deses-timó la reconsideración, y refiriéndose al defecto de notifica-ción alegado por el patrono, declaró que de acuerdo con sus records el mismo día primero de julio de 1942 se remitió por correo una copia de la referida resolución dirigida en la si-guiente forma: “Lie. Mariano Acosta Velarde, American Railroad Co. of Porto Rico, P. O. Box 2552, San Juan, P. R.”

Seis días después de denegada la reconsideración — el 4 de agosto de 1942 — radicó la recurrente en este Tribunal su solicitud de revisión.

Prescribiendo como prescribe la sección 10 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Leyes de 1935, (1) pág. 251) que la reconsideración deberá ser solicitada dentro de los diez días siguientes al de la fecha “en que el interesado reciba la notificación de la decisión de la Comi-sión”, y disponiendo también el artículo 11 de la misma ley, según fué enmendada por la núm. 121, aprobada el 2 de mayo de 1940 (pág. 729), que la revisión ante este Tribunal deberá solicitarse dentro del término de quince días siguientes a la notificación de la resolución denegatoria de la reconsidera-ción, el Fondo del Seguro del Estado lia solicitado la deses-timación del recurso por haberse establecido fuera de tér-mino, y por el motivo adicional de ser frívolo.

Resolviendo en primer término la moción de desestimación diremos qne no es aplicable a casos como el presente la regla sostenida en Santana v. Salinas, 54 D.P.R. 116; Asendo v. Sucn. Rodríguez, 49 D.P.R. 8, al efecto de qne cnando la parte qne notifica y la qne se trata de notificar residen en el mismo término municipal la notificación por correo no es válida. En el presente caso no se trata de notificación entre partes sino de la notificación de nna sentencia o resolución verificada por nna junta administrativa de carácter cuasi judicial. La regla aplicable es la misma qne si se tratase de nna notificación de sentencia hecha por nn tribunal de justicia. Pero como cuestión de hecho, la notificación no tuvo efecto hasta el día 21 de julio de 1942, resultando como resulta de los autos en este recurso por el affidavit del Lie. M. Acosta Velarde que su apartado de correos siempre ha sido el 326 y no el 2552 donde se dice por la propia Comisión que fue remitida la copia de la resolución, asegurando ■en dicha declaración el Lie. Acosta Velarde, al igual que los otros dos abogados de la recurrente en sus respectivos affidavits presentados en este Tribunal, que en ningún momento recibieron notificación alguna excepto la verificada personalmente al Lie. Dexter el 21 de julio de 1942.

Habiendo recibido la notificación de la resolución del primero de julio el día 21 de dicho mes, solicitado la reconsideración siete días después, y radicado la solicitud de revisión en este Tribunal el 4 de agosto, o sea seis días después de notificada la resolución denegatoria de la reconsideración, es obvio que tanto la moción de reconsideración ante la Comisión Industrial como el escrito de revisión en este Tribunal fueron radicados dentro de los términos de diez y quince, días respectivamente que señala la ley, y no siendo ■frívolo el recurso, como nos proponemos demostrar en el curso' de esta opinión, procede desestimar la moción del Fondo del Seguro del Estado y entrar a considerar el re-curso en sus méritos.

La primera cuestión que vamos a considerar es la de si el patrono en este caso era o no un patrono asegurado durante el primer semestre del año 1941-42. Prescribe la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo que la cuota que por concepto de seguro debe pagar cada patrono que baya estado asegurado en el año anterior, se computará tomando por base el número de trabajadores empleados por diebo patrono, la clase de. ocupación o industria de dichos trabajadores y la cantidad total de jornales pagados a tales trabajadores o industria durante el año económico anterior, datos éstos que deberán consignarse en un estado por duplicado bajo juramento, que presentará el patrono al Administrador no más tarde del 15 de julio de cada año. Previendo la ley que el año de póliza principia el primero de julio de cada año y que por consiguiente el seguro quedaría en descubierto no sólo durante los primeros quince días de' julio, si que también los que necesariamente se tomase el Administrador para estudiar y computar la cuota a base de dichos estados por duplicado, dispuso que cualquier patrono que haya estado cubierto por el Fondo del Estado a la terminación del año económico anterior y que estuviere cubierto a partir del día primero de julio del año corriente, lo estará también dentro del término del primero al quince de julio que se concede por la ley para archivar la nómina, siempre que la archivare dentro del indicado término de quince días, y dispuso además que el pago de la cuota dentro del plazo concedido por el Administrador da vida a la póliza con efecto retroactivo a la fecha en que hubiere radicado la nómina o estado por duplicado; y prescribe también que cualquier accidente que ocurriera después del 15 de julio será considerado como de patrono no asegurado a menos que el patrono hubiere verificado el pago dentro del término fijado por el Administrador.

En el caso de autos, el patrono presentó su nómina del año anterior el 9 de julio de 1941 y el Administrador fijó su cuota y le concedió hasta el 20 de diciembre de 1941 para pagar el primer semestre. El patrono no pagó durante el primer semestre sino el 20 de enero siguiente cuando ya ha-bía empezado el segundo. Siendo ello así, forzoso es con-cluir que la recurrente fué un patrono no asegurado durante el primer semestre, conforme alega el Administrador. Pero el Administrador entiende que tiene derecho a retener la ■cuota pagada y al mismo tiempo obligar al patrono a que pague las compensaciones de todos los accidentes de trabajo acaecidos en su negocio o industria durante el semestre en cuestión. Es evidente que el Administrador no está preten-diendo cobrar una obligación por servicios prestados, pues ■como él mismo sostiene, el patrono en este caso es un pa-trono no asegurado. Por consiguiente, no cabe duda de que el cobro de la así llamada “cuota” o “premio” sería en efecto una penalidad impuesta al patrono, y sabido es que las penalidades nunca se presumen. Mientras la legislatura no tenga a bien imponer expresamente la penalidad al. efecto de que un patrono, aunque sea patrono no asegurado, deberá pagar las cuotas lo mismo que si hubiere sido asegurado, no habrá llegado el momento de resolver sobre la validez de esa penalidad.

Resuelta esta primera cuestión, pasaremos a la segunda: ¿debe considerarse a la recurrente como patrono no asegurado en relación con un accidente que como el de este caso ocurrió el 11 de febrero de 1942, es decir, después de haberse pagado y hallarse en poder del Administrador desde el 20 de enero de 1942 la cuota del primer semestre, mucho mayor que la del segundo, y la cual, como hemos visto, no era aplicable a dicho primer semestre por haber sido satisfecha después de vencido el plazo y expirado el mismo? En esta segunda cuestión no tiene razón el Administrador. La cuota del segundo semestre debió pagarse el día 10 de enero de 1942 y no habiéndose hecho el pago hasta el 20 de dicho mes, claro es y así lo admite la recurrente, que debe consi-derársele patrono no asegurado durante los días de enero que estuvo en descubierto el pago; pero de allí en adelante, teniendo el patrono fondos en poder del Administrador, pre-cisamente para atender a su seguro, dichos fondos deben aplicarse, hasta donde fuere necesario, al pago del segundo semestre y considerársele patrono asegurado, siguiendo el principio de justicia consignado en la máxima de equidad que dice que la equidad considera como hecho aquello que en justicia debió haberse hecho.

La doctrina establecida en el caso de Montaner v. Comisión Industrial y Angel Suárez Hnos. Inc., 59 D.P.R. 396, es perfectamente compatible con la conclusión a que- acabamos de llegar. Allí el patrono pagó durante el primer semestre, pero lo hizo después del plazo concedido por el Administra-dor, y se resolvió que de la fecha del pago en adelante tenía el status de patrono asegurado durante dicho semestre, pero que dicho pago no tenía efecto retroactivo por haberse veri-ficado después de vencido el plazo concedido por el Admi-nistrador, y consecuentemente, a los efectos de los accidentes acaecidos antes del pago, debería considerársele como pa-trono no asegurado.

En el presente caso la Comisión resolvió que el patrono tenía el status de patrono asegurado a partir del 8 de marzo de 1942 en que pagó la cuota fijada para el segundo semes-tre, e invocó el caso citado; pero no tuvo en cuenta la Co-misión que desde el 20 de enero de 1942 el Administrador tenía en su poder la cantidad indebidamente pagada para el primer semestre, que debía aplicársele al segundo, y que cu-bría con exceso la cuota de dicho segundo semestre.

Procede, por lo expuesto, modificar las decisiones recu-rridas de la Comisión Industrial de forma que se declare a la recurrente patrono no asegurado durante el primer se-mestre del año de póliza 1941-42 y los primeros 19 días del segundo semestre del mismo año, y patrono asegurado a partir del 20 de enero de 1942.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SEÑOR DEL TORO

Febrero 3, 1943

A mi inicio la decisión de la Comisión Industrial recu-rrida se ajusta a la ley aplicable tal como fue interpretada por esta Corte en Montaner v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 396, 399, y debe en su consecuencia confirmarse.

Los becbos se exponen con claridad y precisión en el pá-rrafo primero de la opinión de la mayoría, así:

“El patrono recurrente rindió el 9 de julio de 1941 su informe de jornales correspondiente al año de póliza 1940-41 y el 26 de noviembre de 1941 el Administrador del Fondo del Seguro del Estado le notificó que la cantidad que debería pagar por el primer semestre del año 1941-42 era la de $14,079.26, y le concedió basta el 20 de diciembre siguiente para pagarla. El patrono no pagó dicho primer semestre hasta el 20 de enero de 1942. El 9 de marzo satisfizo el segundo, por la cantidad de $8,499.07.” .

Y aplicada la ley a esos hechos, es para mí inescapable la conclusión de que el patrono por su propia falta al pagar el primer semestre de su póliza cumplió con su obligación tan tarde que no dió efectividad al seguro durante ese pe-ríodo y al satisfacer el segundo fuera también del término legal pero dentro del semestre sólo le dió efectividad a partir del pago.

En el citado caso de Montaner v. Comisión Industrial, se dijo y resolvió que

"La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, apro-bada abril 18, 1935, leyes de ese año, página 251, estableció en Puerto Rico un sistema de seguro compulsorio y exclusivo, para compensar 'a los obreros y empleados que sufran lesiones, se inutilicen o mueran como consecuencia de accidentes del trabajo. De acuerdo con el artículo 18 de la ley, todo patrono que emplee más de cuatro obreros, ‘estará obligado a asegurar a dichos obreros o empleados en el Fondo del Seguro del Estado la compensación que éstos deberán recibir por lesiones, etc.’ Si faltare a esa obligación incurrirá en misdemeanor (artículo 17).
"El artículo 25 ordena al Administrador del Fondo que tase e imponga a todo patrono afectado por la ley cuotas anuales sobre el importe total de los jornales pagados por el patrono a sus obreros durante el año anterior a la imposición de las cuotas. El mismo artículo dispone que la recaudación de las cuotas se hará por semestres adelantados, y provee además:
“ ‘.Si un patrono dejare de pagar el total de las cuotas que le fueran impuestas légalmente dentro del término que le señalare el Administrador, éste podrá concederle una prórroga de treinta (30) días para que el patrono efectúe el pago, y dicho pago será un requi-sito indispensable para que el Administrador pueda darle efectividad a cualquier póliza de seguro.
“ ‘Cualquier patrono sujeto a las disposiciones de esta Ley durante cualquier parte de un semestre deberá pagar las cuotas para dicho semestre completo, teniendo derecho al reembolso, si lo hubiere, que se prescribe en el siguiente artículo;... ’ (Itálicas nuestras.)
"El artículo 26 determina el procedimiento que deberá seguir el administrador al finalizar cada año económico, para liquidar las pó-lizas y hacer un reajuste de las cuotas. Si la nómina del último año fuera menor que la del año anterior, que fué la que sirvió de base para la fijación y cobro de cuotas, el administrador reembolsará al patrono la diferencia; y en el caso contrario le cobrará la cuota adicional necesaria.
"El artículo 27 dispone entre otras cosas, que el seguro de cada patrono comenzará a regir inmediatamente después del archivo de la nómina o estado por duplicado, ‘acompañado del importe de la cuota que corresponda al tanto por ciento de Jos jornales declarados en dicho estado, de acuerdo con los tipos fijados por el administrador’; y
" ‘... Disponiéndose, que cualquier accidente que ocurra antes de verificarse el pago, será considerado como un caso de patrono no asegurado a menos que-el patrono verifique el pago dentro del término fijado por el Administrador del Fondo del Estado, en los cuales casos el seguro empezará a regir desde la fecha en que el patrono archivó la nómina o astado, en la oficina del Administrador.’ (Itálicas nuestras.)
"Las precedentes disposiciones estatutarias son de tan perfecta claridad, que su aplicación a los hechos de este caso iio ofrece difi-cultad alguna. El patrono radicó a tiempo, en julio 15, 1939, el estado de jornales y sueldos pagados durante el año económico anterior, 1938-39. El administrador en cumplimiento de su deber le tasó la cuota para 1939-40, y le concedió hasta septiembre 10, 1939, para el pago del primer semestre. El asegurado no solicitó prórroga del término señalado por el administrador, dejó expirar dicho tér-mino, y no pagó el importe del primer semestre hasta 45 días después de su expiración, o sea el 24 de octubre de 1939.
“Considerando los hechos y circunstancias que hemos expuesto y las disposiciones legales a los mismos aplicables, debemos resolver y resolvemos: que siendo el pago de las cuotas dentro del término señalado por el administrador un requisito indispensable para que el administrador pueda darle efectividad a cualquier póliza de seguro, la póliza en el caso de autos empezó a. regir el 24 de octubre, 1939, cuando se hizo el pago del primer semestre; que habiendo .ocurrido el accidente en 23 de agosto de 1939, antes de verificarse el pago del primer semestre -de 1939-40, y no habiéndose verificado dicho pago dentro del término fijado por el administrador, el cual expiró en septiembre 10, 1939, dicho accidente es y debe ser considerado como uno de patrono no asegurado; y, por último, que el patrono no .tiene derecho al reembolso que solicita, primero, porque de acuerdo con el artículo 25, supra, el pago de las cuotas debe hacerse por semestres completos, y, segundo, porque el único reembolso que el adminis-trador está facultado para hacer es el que de acuerdo con el artículo 26 deberá hacerse al final de cada año para liquidar las pólizas y reajustar las cuotas.
“'El patrono en el presente caso pudo haber puesto en vigor su póliza desde la fecha de radicación de la nómina efectuando el pago de las primas dentro del término señalado por el administrador o de la prórroga que éste le hubiese concedido. No lo hizo así, y debe por tanto sufrir las consecuencias de su demora en hacer el pago.” Montaner v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 396, 399.

Todo lo dicho dehe a mi juicio sostenerse porque consti-tuye la recta interpretación de la ley. Y sosteniéndolo no cabe resolver este caso en los términos en que lo resuelve la mayoría de los jueces de la Corte.

Se trata de un seguro anual compulsorio cuya cuota debe satisfacerse por semestres adelantados. El pago de las cuo-tas y las penalidades fijadas por la propia ley son cosas in-dependientes, distintas. El pago procede siempre. Así lo entendió el propio patrono. Cuando en enero 20, 1942, des-pués de la prórroga que se le .concediera hasta diciembre 20, 1941, hizo su primer pago, lo asignó como tenía que hacerlo al primer semestre y a ese primer semestre fué aplicado por el Fondo del Seguro del Estado. Y cuando en marzo 9 de 1942, también tardíamente, satisfizo el segundo semestre, al segundo semestre fue aplicado.

Marzo 10, 1943

Que cumplida su obligación en esa forma sólo produciría el .efecto de dar vida a su póliza a partir de marzo 9, 1942, tenía él que saberlo' dados los términos en que está redac-tada la ley.

Aquí no se trata de un seguro comenzado en el segundo semestre de un año económico, de un nuevo negocio, si que de un patrono que venía asegurado de años anteriores, que rindió su informe de ;jórnales en julio 9, 1941, o.sea a prin-cipios del año económico como ordena la ley, de conformi-dad con cuyo informe se le calculó la cuota del seguro que estaba obligado a constituir a favor de sus obreros, cuota que pagó fuera del término legal y que por tanto sólo pro-dujo el efecto de cumplir la obligación de pago pero no el de dar efectividad a la póliza por el período en que quedó incumplida, que es una de las penalidades impuestas por la ley.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

El Juez Asociado Señor De Jesús emitió la opinión del tribunal.

El Administrador solicita ahora la reconsideración de la sentencia en este caso dictada, y fundamentando su moción alega que erramos al resolver:

l..Qne el cobro de la cuota a un patrono por el período para el cual se le declaró no asegurado, constituye una penalidad.
2. Que un patrono regular de los comprendidos en la ley puede, al amparo de los artículos 18, 25, 26 y 27 de la vigente Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, mantener una póliza por un solo semestre, no obstante bacer negocios por todo el año,

Es innecesario repetir ahora los hechos del caso. Bas-tará referirnos a la opinión que sirvió de base a la sentencia. Sin embargo, para la más fácil inteligencia de los puntos envueltos, parece conveniente puntualizar brevemente las cuestiones realmente resueltas, a saber:

(a) Que cuando un patrono comprendido en las disposiciones de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo deja de pagar dentro de un semestre la cuota o prima correspondiente, ese patrono es un patrono no asegurado durante dicho semestre, y el Adminis-trador se ajusta a la ley al así declararlo.
(b) Que la facultad del Administrador reconocida en el párrafo (a) cjue precede, no se extiende hasta el extremo de poder exigir al patrono no asegurado que asuma todas las responsabilidades que la ley le impone como tal y al mismo tiempo que pague la prima como si en realidad hubiera estado asegurado y recibido los beneficios del seguro.
(c) Que el premio o prima impuesto por la ley es el precio que paga el patrono a cambio del seguro que recibe, y no recibiendo el beneficio del seguro, el exigir su pago en tales condiciones, equivaldría a adicionar a la ley una penalidad que el legislador no tuvo a bien imponei’, penalidad que no puede inferirse del texto de la ley, porque las penalidades nunca se presumen.
(d) Que habiendo satisfecho el patrono el 20 de enero la cuota correspondiente al primer semestre que venció el 31 de diciembre y no pudiendo aplicarse dicho pago al primer senlestre por no haber recibido el patrono servicio alguno durante dicho período, y toda vez que el pago verificado excede de la cantidad correspondiente al premio del segundo semestre, en equidad deberá aplicarse dicha cantidad al pago de dicho segundo semestre, por lo que procedía considerar al patrono como asegurado a partir del 20 de enero hasta el 30 de junio siguiente; y
(e) Que habiendo ocurrido el accidente de este caso el 11 de febrero y habiéndose verificado el pago el 20 de enero, el accidente está cubierto por el seguro del Fondo del Estado.

Impugnando las conclusiones de derecho que acabamos de exponer, empieza por decir el abogado del Administrador que la cuestión suscitada por la recurrente no era nueva ni a su juicio estaba abierta a consideración en esta jurisdicción, porque este mismo tribunal, en el caso de Sucesión Rodríguez v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 289, resolvió lo contrario a lo que ahora se resuelve, a pesar de que los hechos eran sustancialmente iguales a los del presente caso.

A esto debemos replicar que si bien la doctrina de stare decisis obliga a un tribunal a seguir sus decisiones en casos posteriores a fin de lograr la estabilidad y certidumbre que deben existir en la ley, sin embargo esa doctrina no llega al extremo de declarar que la opinión de un tribunal tenga el alcance de un dogma que deba seguirse ciegamente aun cuando el tribunal se convenza posteriormente que su deci-sión anterior es errónea. Como insinuamos antes, el propó-sito inspirador de la doctrina de stare decisis es lograr es-tabilidad y certidumbre en la ley, mas nunca perpetuar errores.

Concedemos que la doctrina del presente caso está en manifiesto conflicto con la del caso de Sucesión Rodrigues v. Comisión Industrial, supra. Por consiguiente, la cuestión a resolver es cuál de las dos es la correcta.

El razonamiento en el caso de Sucesión Rodrigues está predicado en un silogismo cuya premisa mayor es falsa, y por consiguiente la consecuencia tiene que ser necesaria-mente falsa. En el referido caso se parte de la base de que el seguro es anual, aunque se paga por semestres adelanta-dos; y si la póliza es anual, es claro que quien quiera aco-gerse a sus beneficios tiene que pagar la cuota anual com-pleta y no puede fraccionar el seguro pagando la prima del segundo semestre sin satisfacer también la del primero. Es verdad qne la ley, en su artículo 25, habla de cuotas anuales, pero en Derecho los atributos que adornan una cosa, y no el nombre que quiera dársele, son los que determinan su ver-dadera naturaleza. Y del contexto de la propia ley clara-mente resulta que para todos sus efectos prácticos, la pó-liza, aunque se diga que es anual, como se sostuvo .en el caso de Sucesión Rodrigues, es sencillamente semestral. Así, pues, un patrono que paga en tiempo el primer semestre, pero antes del primero de enero de cualquier año vende o liquida su negocio, queda excusado del.pago de la cuota para el se-gundo semestre, de enero a junio, dando el aviso y some-tiendo la prueba que exigiere el Administrador, de que no estará sujeto a las disposiciones de la ley, durante dicho se-gundo semestre. Artículo 25. Prescribe el mismo artículo que cualquier patrono sujeto- a las disposiciones de la ley durante cualquier parte de un semestre, deberá pagar la cuota para dicho semestre completo, teniendo derecho al re-embolso, si lo hubiere, que se prescribe en el artículo 26, “disponiéndose que en dichos casos los reembolsos podrán efectuarse a la terminación del semestre para el cual fueron pagadas dichas cuotas.”

Si el pago fuera en realidad anual, el asegurado no ten-dría derecho a devolución de parte alguna del premio anual bajo ninguna circunstancia y no podría pagar el primer se-mestre y excusarse del pago del segundo, ni podría satisfa-cer tan sólo una parte de un semestre. La doctrina del caso de Sucesión Rodrigues, supra, conduce al absurdo de que una persona que empieza a ser patrono desde el día primero de enero en adelante, no puede obtener seguro pagando tan sólo el semestre de enero a junio, y se le exige que pague todo el año completo, arguyéndose que la póliza es anual y que siéndolo, tiene que pagar la prima de todo el año aun-que no haya recibido seguro durante el primer semestre. Sin embarga, como temos visto, la propia ley permite al pa-trono que lo baya sido durante el primer semestre, eximirse del pago de la prima del segundo, avisando con anterioridad al día primero de enero que no ba de ser patrono durante dicbo semestre. En este último caso, a los efectos legales el seguro resulta, semestral, pues no se le exige el pago de toda la anualidad. Si en realidad .el seguro fuese anual, el pa-trono en ningún caso podría obtener seguro pagando la prima de un semestre o parte de un semestre solamente, como no puede un contribuyente eximirse del pago del segundo se-mestre de contribuciones o pretender que se le reintegre parte de lo pagado en un semestre porque baya dejado de ser dueño de la propiedad o se baya destruido ésta, o por-que durante una parte del año contributivo se efectúe algún cambio que le exima, de abí en adelante, del pago de contri-buciones. Ello es así porque la contribución, a pesar de que se paga por semestres adelantados, es verdaderamente anual y no semestral. Asociación de Maestros v. Sancho Bonet, Tesorero, 54 D.P.R. 536; Roig v. Sancho Bonet, Tesorero, 54 D.P.R. 649.

El caso de Bordson v. North Dakota Workmen’s Compensation Bureau, 191 N. W. 839, citado por el Administrador, no sostiene su contención. La ley de North Dakota, a pesar de tener el Pondo del Estado, es sustaneialmente distinta a la nuestra. Prescribe aquella ley que el patrono hará un solo pago para todo el año. Si el premio que debe pagar un patrono excede de $100, tiene la opción de pagarlo en dos plazos semestrales iguales o en cuatro trimestres también iguales, a su conveniencia; pero los pagos diferidos deven-garán intereses a razón del 5 por ciento anual y el patrono deberá prestar una fianza satisfactoria para garantizar el pago de dichos plazos, así como el de las penalidades y cos-tas judiciales en caso de no pagarlos a su vencimiento. Prescribe además dicha ley que en caso de que el patrono no sa-tisfaga el pago anual en la fecha fijada para ello, se le con-siderará patrono no asegurado durante el período anterior al pago; pero desde la fecha en que el pago se verifique, ya sea voluntariamente, ya en satisfacción de la sentencia que se dicte en la acción que contra él deberá interponer el Pro-curador General en cobro del premio, desde la fecha del pago en adelante, repetimos, y hasta un año después, el patrono queda protegido por la póliza, de manera que en ninguna ocasión dentro de dicha ley el Fondo del Estado cobra un premio sin dar seguro-, como sucedería en Puerto Rico si aceptásemos la interpretación del caso de Sucesión Rodrí-guez, supra. En el referido caso de Bordson, el patrono pagó su cuota anual completa dos o tres días después de vencido, bajo circunstancias que equivalían a una renuncia (waiver) por parte del Bureau, del derecho a exigir el pago en la fecha fijada, y en la acción instituida por los dependientes del obrero contra el Pondo en cobro de la compensación, se re-vocó la sentencia de la corte inferior que había exonerado al Bureau,, se hizo a éste responsable de la compensación, y se devolvió el caso para ulteriores procedimientos no inconsis-tentes con los principios expuestos en la opinión.

El hecho de que los premios o cuotas se cobran para cada clasificación a base de los riesgos de la clasificación a que el patrono pertenece, más bien que a base de la experiencia individual del patrono, argumento que esgrime el Administra-dor con el fin de demostrar qué la póliza es anual y no se-mestral, no resiste el más ligero análisis a la luz de las dis-posiciones de la propia ley. ¿No hemos visto, acaso, que un patrono que ha pagado la cuota del primer semestre puede excusarse de pagar la del segundo, notificando al Adminis-trador, antes del primero de enero siguiente, que ha cesado ■de ser un patrono comprendido en la ley? ¿No va más lejos aun ésta al disponer que aunque el patrono sólo está com-prendido en sus disposiciones durante una parte del semes-tre, viene obligado a pagar el premio én su totalidad, sin perjuicio de que después de expirado el semestre se le de-vuelva por el Administrador la parte de la cuota correspon-diente al período durante el cual no estuvo sujeto a la ley? Ese método de determinar la cuota o prima no cambia el ca-rácter del pago, que continúa siendo por servicios prestados. Esta base actuarial se usa en todos los sistemas solventes— tanto, públicos como privados — en toda clase de seguros, y no afecta en forma alguna la naturaleza de la póliza.

Los casos de Montaner v. Comisión Industrial y Angel Suárez & Hno., 59 D.P.R. 396, y Sucesores de José González & Cía. v. Comisión Industrial, resuelto dos días antes que el que nos ocupa (ante, pág. 306), no están en conflicto con el presente. El de Angel Suárez, supra, se distingue en la opi-nión del caso de autos, y se dice que es perfectamente compatible con la conclusión a que llegamos en el presente caso, porque allí el patrono pagó dentro del primer semestre, pero después del plazo fijado por el Administrador, y se resolvió que el pago de la cuota tiene, en tales condiciones, efecto prospectivo, es decir, que el seguro empieza a regir desde la fecha del pago y por consiguiente un accidente ocurrido antes de dicha fecha no está protegido por la póliza. No existe conflicto alguno.entre este caso y el de Sucrs. de José González & Cía. En verdad fué el Administrador quien sostuvo en dicho caso la contención de que aunque la ley disponía una póliza por un año, ésta quedaría “suspendida” — lo que equivale a decir prácticamente que no existiría — por un se-mestre de dicho año, bajo ciertas circunstancias, una de las cuales es dejar de pagar a su debido tiempo la prima del segundo semestre. Aparentemente, el Administrador desea-ría que considerásemos la póliza como una semestral sólo cuando tal interpretación redundase en beneficio del Fondo, y que en los demás casos sostuviésemos que la póliza es anual tanto de nombre como en su efecto legal. Pero tal como está redactado el estatuto en la actualidad — quizá desgraciada-mente — resulta un arma de dos filos y en algunas ocasiones la póliza resulta semestral en su efecto legal, en perjuicio del Fondo. Como dijéramos antes, la Ley de Compensacio-nes a Obreros impone penalidades por no asegurarse. En su artículo 17, bajo el título “Sanción Penal por no Asegu-rarse”, lo declara misdemeanor, castigable con multa mínima de $25 y máxima de $500, o prisión mínima de 15 días y má-xima de 6 meses, o con ambas penas, y en el artículo 15 es-tablece una especie de sanción civil al autorizar al obrero a demandar al patrono no asegurado en reclamación de daños y perjuicios, impidiendo al patrono poder alegar las defen-sas de negligencia contribuyente, asunción de riesgo, etc., que podrían levantarse en cualquier acción ordinaria, y al mismo tiempo permitiendo al obrero obtener el embargo de bienes bastantes del patrono sin prestación de fianza, incluyendo en el embargo una cantidad razonable para honorarios de abo-gado que en todo caso deberá conceder la corte si declara con lugar la demanda.

Pero en ninguna parte de la ley se impone la penalidad de que el patrono venga obligado a pagar la cuota por un semestre durante.el cual no ha estado asegurado en ningún momento y al mismo tiempo tenga que pagar todos los ac-cidentes ocurridos durante dicho semestre, a pesar del pago de la cuota. Cuando el legislador tenga a bien imponer esa penalidad, estaremos en condiciones de aplicar la doctrina, del caso de Sucesión Rodrigues-, pero mientras tal penalidad no se imponga, debe, a nuestro juicio, subsistir la doctrina de este caso, imponiendo al patrono las 'penalidades expre-samente provistas en la ley, es decir, declararlo para dicho semestre patrono no asegurado, con todas sus consecuencias legales, y perseguirlo criminalmente de acuerdo con la sec-ción 17 de la ley, si es que se quiere evitar que los patronos puedan de esa forma convertir en voluntario el seguro com-pulsorio.

Concedemos que nuestra decisión en este caso puede crear-una situación difícil para el Fondo. Pero el remedio, como acabamos de sugerir, debe buscarse en la Legislatura y no en las cortes de justicia, cuya obligación es aplicar la ley tal y como ha sido redactada por el legislador.

El argumento que expone el Administrador, tomado del caso de Bordson, supra, al efecto de que entre el patrono y el Pondo del Seguro del Estado existe un contrato desde el momento en que el patrono radica en las oficinas del Fondo-su nómina anual, que debe radicar en o antes de julio 15 de cada año, no es aplicable al presente caso, sencillamente por-que es requisito indispensable de todo contrato el elemento •de la mutualidad, el quid pro quo que de aplicar la interpre-tación del Administrador, no podría existir en el presente caso. Ese argumento es pertinente en el caso de Bordson, porque de acuerdo con la ley que allí se interpreta, el pa-trono en. cualquier momento que satisfaga el premio es con-siderado, desde la fecha del pago, como patrono asegurado y recibe desde entonces los beneficios del seguro que ha pa-gado. Pero de acuerdo con la interpretación propuesta por «1 Administrador, si el patrono paga después de vencido el semestre, es considerado patrono no asegurado con todas sus consecuencias, es decir, debe pagar todas las indemnizaciones que ocurran durante el semestre, no obstante haber pagado por un servicio que no ha recibido.

Antes de terminar queremos hacer constar que hemos leído cuidadosamente los casos de Mountain Timber Co. v. Washington, 243 U. S. 219, y State v. Hughes Electric Co., 199 N. W. (N. D.) 128, citados en la moción complementaria sobre reconsideración, y no vemos que ni uno ni otro tengan •aplicación alguna al presente. En el primero se hace un re-sumen de la Ley de Compensaciones a Obreros del Estado 'de Washington, y se concluye que es constitucional, cuestión que no está en controversia en el presente. En el segundo, •donde se estudia una ley que como hemos visto es sustancial-mente distinta de la nuestra, ninguna cuestión se discute que pueda dar luz a la aquí debatida.

El Administrador solicita en su moción complementaria que se celebre una nueva vista en el presente caso. Es ver-dad que al resolver el recurso en su fondo no tuvimos el be-neficio del alegato del recurrido; pero luego de dictada nues-tra sentencia el Administrador presentó una moción de re-consideración extensamente argumentada, seguida de otra similar que tituló “Moción Complementaria”, y últimamente un extenso alegato argumentando sobre las mismas cuestio-nes suscitadas en las referidas mociones. Aunque fuera de tiempo, hemos sido suficientemente informados de sus pun-tos de vista. Pero dada la conclusión a que hemos llegado después de considerar todas las cuestiones, opinamos que sería inútil la celebración de una nueva vista. Parece con-veniente consignar que el caso de Stwn. Rodríguez v. Comi-sión Industrial queda revocado.

Procede denegar la reconsideración solicitada.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico. Rosa Merced, peticionaria y apelada, v. Fruto Ramos, querellado y apelante. El Pueblo de Puerto Rico. La Misma v. El Mismo.
    Núms. 9726 y 9727.

    Sometidos: Diciembre 18, 1942.

      Resueltos: Enero 27, 1943.

      Francisco González Fagundo, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Rosa Merced, como madre de la niña Nild'a Merced, pre-sentó una moción en la Corte para Niños del Distrito de Hu-macao el 6 de mayo de 1940, radicada como caso juvenil nú-mero 416, en la que alegó que dicha niña es hija de Fruto Ramos, quien la abandonó desde su nacimiento, y que esa conducta por parte de Ramos está privando a la niña del necesario cuidado paternal, no resultando su hogar por ese motivo un sitio enteramente adecuado para su vida y desa-rrollo. Termina con súplica de que se declare a Nilda Mer-ced niña abandonada a todos los efectos legales.

El mismo día la querellante presentó en la citada corte otra querella redactada en forma de denuncia, radicada como caso juvenil número 417, en la que expuso que la niña tenía tres meses veintisiete días de edad, que su citado padreóla mantenía en completo abandono y que dicho abandono era lesivo a la salud y mejor educación de la referida niña.

En el primer caso se dictó una resolución el 4 de junio de 1940, cuya parte dispositiva dice así:

“La Corte, por el resultado de la prueba practicada, declara a la niña Nilda Merced niña abandonada únicamente por su padre Fruto Hamos, a todos los efectos legales.”

El segundo fue sometido por la prueba practicada en el número 416 y resuelto el 26 de junio de 1940 por sentencia que declaró al querellado Fruto llamos incurso en responsa-bilidad penal por abandono de niños, y' le impuso $25 de multa y en defecto de pago le condenó a cumplir un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer, dejando en-suspenso la sentencia mientras el querellado le pasase a -la menor, por conducto de su madre Rosa Merced, la suma de $2 semanales, concediendo al querellado un plazo de cinco días para prestar la correspondiente lianza a fin de garan-tizar el cumplimiento de la obligación impuéstale por la sen-tencia. Dispuso además que si el querellado’dejare de cum-plir con los términos de la fianza sería recluido en un esta-blecimiento penal por el término señalado en la misma.

Ramos apeló de la resolución y do la sentencia para ante este Tribunal. Ambos recursos fueron consolidados en la vista que se celebró el 18 del mes pasado. Tanto on su in-forme oral' como en el escrito, el Fiscal se manifestó en el sentido de que la resolución, lo mismo que la sentencia, de-bían ser revocadas porque se trataba de una niña ilegítima no reconocida y el padre en ninguno de los dos casos babía aceptado la paternidad. Sostuvo el Fiscal que las cor i os juveniles carecen de jurisdicción para-resolver sobre la pater-nidad cuando ésta es c.ont'‘ovorlleta. También sostuvo que cuando se dictaron la resolución y sentencia apeladas, ya había sido aprobada la Ley níim. 108 de 1940 (Leyes de 1940, pág. 673), aunque no estaba en. vigor por no haber expirado el plazo de noventa días exigido por la ley para su vigencia, y que en similares circunstancias esta Corte, en el caso ele Pueblo v. Lamboy, 59 D.P.R. 174, revocó la sentencia die-tada por la Corte de Distrito por no haberse celebrado la audiencia o comparecencia requerida por la citada ley a fin de que el acusado tuviera la oportunidad de aceptar o negar la paternidad.

En Pueblo v. Lamboy, supra, la situación no fué como equivocadamente la expone el Fiscal. En aquel caso la Ley núm. 108 de 1940, supra, estaba en vigor cuando se dictó por la Corte de Distrito la sentencia apelada de 25 de septiembre de 1940, pues habiendo sido aprobada la ley el 30 de abril de 1940 para regir a los noventa días después de su aprobación, descontando el primer día e incluyendo el último los noventa días expiraron a las doce de la noche del día 29 de julio y por consiguiente entró en vigor la ley el 30 de julio de 1940.. Ello no obstante, convenimos en que procede la revocación de la resolución y de la sentencia apeladas, aunque por motivos distintos a los invocados por el Fiscal. A nuestro juicio la Ley núm. 108 de 1940 no derogó el artículo 29 de la Ley de Cortes para Niños, como no derogó esta última el artículo 263 del Código Penal. Pueblo v. Cintrón, 26 D.P.R. 246.

La Ley núm. 108 prescribe un procedimiento para, los casos de infracción al artículo 263 del Código Penal,, cuando se trata de un niño ilegítimo menor de dieciséis años abandonado por su padre o madre, y dispone que cuando el padre o madre admite la paternidad en la audiencia que deberá celebrarse en la Corte Municipal y dejare de cumplir sus obligaciones para con el menor, dicha Corte Municipal remitirá el caso a la Corte para Niños del distrito judicial de la residencia del menor y el juez de ésta ordenará, si es que existe causa probable, que por la persona querellante o por un oficial probatorio (probation officer) se presente ante dicha Corte para Niños la correspondiente denuncia por infracción al artículo 263 del Código Penal.

La sección 29 de la Ley de Cortes para Niños tiene un campo de acción distinto al regulado por el artículo 263 del Código Penal. Éste se contrae a castigar a todo padre o madre de nn menor que “voluntariamente y sin excusa legal, dejare de cumplir cualesquiera, de las obligaciones que la ley le impone, de proveerle del indispensable alimento, vestuario o asistencia médica.”. Aquélla, la citada sección 29, tiene por objeto imponer una penalidad a los padres o cual-quier persona responsable de o que hubiere contribuido al abandono de un niño. El niño a que se refiere este precepto es, desde luego, el niño abandonado dentro de la acepción especial que esa frase tiene en las secciones 27 y 28 de la ci-tada ley. El niño abandonado a que se refiere la Ley de Cortes para Niños es aquél que no tiene bogar y vive inde-pendientemente de sus padres, sostenido por la caridad pú-blica o privada, sin una persona que lo dirija. A este efecto se dijo en el citado caso de Pueblo v. Cintrón, supra, a la página 248:

“Si estudiamos cuidadosamente las leyes a que nos venimos refi-riendo, veremos que el concepto de ‘abandono’ de la ley núm. 37 no es enteramente igual al del artículo 263 del Código. Un niño a quien su padre abandona voluntariamente y sin excusa legal en el sentido de no atender a su sostenimiento material, pero que es retenido a su calor, dentro de su bogar, por los esfuerzos y sacrificios de la madre, no presenta el caso a que se refiere la ley núm. 37 y sin embargo está comprendido dentro de las prescripciones del artículo 263.”

La sección 29 de lá ley antes citada confiere jurisdic-ción a las Cortes para Niños para juzgar y sentenciar a “los padres o cualquier persona responsable del abandono de un niño o que hubiere contribuido al abandono.” Es un prin-cipio legal bien establecido que cuando en una constitución o en una ley se confiere un poder, el otorgamiento de .esa facultad conlleva la concesión de los medios necesarios para hacer efectivo el poder conferido. De manera, pues, que en un proceso por infracción a la sección 29, si los padres ne-garen la paternidad, la Corte para Niños puede, como los tribunales ordinarios, determinar la paternidad, siendo de aplicación la jurisprudencia constante de este Tribunal sen-tada en los casos de Pueblo v. Rohena, 52 D.P.R. 313; Pueblo v. López, 54 D.P.R. 294; Pueblo v. Rotger, 55 D.P.R. 139; Pueblo v. Pérez, 55 D.P.R. 677; Rivera v. Cardona, 56 D.P.R. 819, jurisprudencia que fue ratificada una vez más en el reciente caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Manuel Antonio Emanuelli, criminal número 9636, resuelto por esta Corte el 23 de diciembre último (ante pág. 209).

La Ley núm. 108, lejos de restringir la jurisdicción de las Cortes para Niños, lo que hizo fue ampliarla, concediéndoles jurisdicción para conocer de infracciones al artículo 263 del Código Penal cuando concurran las circunstancias antes expresadas, es decir, cuando el padre o madre del bijo ilegítimo acepten la paternidad en la audiencia a ese efecto celebrada en la corte municipal y dejen de cumplir con la obligación impuéstale para con dicbo menor.

Establecida esta premisa, la primera cuestión que debió determinarse en este caso es si las dos querellas que moti-varon la resolución y la sentencia apeladas imputaban una infracción a la sección 29 de la Ley de Cortes para Niños. El abogado defensor del acusado entendió que ésa era la forma correcta de enfocar el problema y alegó en la corte inferior que éste no era un caso de niño abandonado, dentro del significado que esa frase tiene en lá Ley de Cortes para Niños, sino un caso de abandono de menores comprendido en el artículo 263 del Código Penal, en el que el padre no había admitido la paternidad, y que por consiguiente eran los tribunales ordinarios y no la Corte para Niños los que podían conocer de los casos, invocando lo dicho' por este Tribunal en el caso de Pueblo v. Cintrón, supra. Empero, la corte sentenciadora resolvió que lo dicho en el citado caso por este Tribunal, transcrito anteriormente, era un mero dictum y no se sintió inclinado a seguirlo. Esa manifestación de este Tribunal era necesaria para resolver el punto en controver-sia, pues se había levantado la cuestión de que el artículo 263 del Código Penal había sido- derogado por la citada see-ción 29 de la Ley de Cortes para Niños, y era preciso deter-minar si en efecto hubo tal derogación, y para resolverlo in-teligentemente precisaba determinar el campo de acción de uno y otro precepto legal. Por consiguiente, no era un obiter dictum, y no siéndolo, su doctrina obligaba a la corte inferior.

Así las querellas como la prueba revelaron que la niña que se alegó hallarse abandonada tenía solamente tres me-ses y días de edad y vivía al cuidado de su madre, que la sostenía de acuerdo con sus medios de fortuna. Siendo ello así, tenemos que convenir con el apelante que no se trata en estos casos de una infracción a la Ley de Cortes para Niños y por consiguiente son los tribunales ordinarios y no dicha corte los que tienen jurisdicción para conocer de los mismos, a menos que celebrada la correspondiente audiencia en la corte municipal'competente, el acusado acepte la pater-nidad y deje de cumplir sus obligaciones para con la menor.

Por lo expuesto procede declarar con lugar el recurso y revocar la resolución de 4 de junio de 1940 y la sentencia del 26 del mismo mes y año, ambas apeladas, dictadas por la Corte para Niños del Distrito Judicial de Humacao, y ab-solver libremente al acusado.

Til Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


text:
    Balbino Navarro, demandante y apelante, v. Herminio Calderón, demandado y apelado.
    Núm. 8396.

    Sometido: Enero 14, 1943.

      Resuelto: Febrero 2, 1943.

      B. B. Bivera Correa, abogado del apelante; H-erminio Calderón, por su propio derecho, no compareció.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en este caso, en unión de sus hermanos, heredó de su abuela Lorenza López cierta finca rústica ra-dicada en Loíza. Siendo varios los herederos y la finca de poco valor, con el propósito de evitar gastos de titulación convinieron todos los herederos en que se tramitase un expe-diente de dominio a favor del demandante y que éste a su vez traspasase la finca a favor de una persona de la con-fianza de todos, quien tomaría dinero a préstamo con lá ga-rantía de la misma y de esa forma pagaría el haber de los demás herederos, debiendo transmitir entonces la propiedad al demandante. Llevando a cabo lo convenido, el demandante empleó al abogado José Soto Rivera para que tramitase el expediente de dominio, conviniendo en que el abogado reci-biría én pago de sus servicios, después de tramitado el expe-diente, una parcela de dicha finca con un área de 9.75 cuer-das. Justificado el dominio, el demandante simuló una venta de la finca a favor de Herminio Calderón, persona de la con-fianza de los herederos, quien de. acuerdo con el demandante y José Soto Rivera transmitió a G-ervasia Bracero las 9.75 cuerdas que debería recibir Soto Rivera, simulando un con-trato de venta con dicha señorita. Postériormente Herminio Calderón hipotecó la finca y readquirió de la Bracero las 9.75 cuerdas, agrupándolas a la finca principal. De la prueba no resulta si los herederos de Lorenza López recibieron de Cal-derón el importe de sus participaciones, pero sí que el de-mandante contrató los servicios del abogado A. Lamour para que requiriese a Herminio Calderón para que le retransmi-tiese la finca, y convino cón Lamour en darle la mitad de ella en pago de sus servicios. Requerido Calderón por Lamour, inmediatamente accedió a traspasar la finca al demandante y siguiendo instrucciones de éste se otorgó la escritura de 5 de octubre de 1931 ante el notario Diego O. Marrero a vir-tud de la cual .el demandado simuló vender la referida finca al demandante y a Alejandro Lamour, por partes iguales, por el supuesto precio de $5,000 que el demandado confesó baber recibido de los' compradores con anterioridad al otor-gamiento de la escritura, reservándose los compradores la cantidad de $800 para atender al pago de la hipoteca de que se ha hecho mención.

A pesar de hallarse siempre el demandante .en posesión de la citada finca, unos nueve años después de haberle re-transmitido el título Herminio Calderón, presentó aquél contra éste la presente acción con el propósito de que se declare nula la escritura de compraventa que él otorgó a favor de Calderón sin causa o consideración alguna y se ordene la cancelación en el Registro de dicha escritura y de todos los títulos derivados del de Calderón, debiendo cancelarse-tam-bién los asientos que dichas escrituras produjeron en el Re-gistro de la Propiedad.

Considerada la forma ilegal en que el demandante adquirió su título sobre la finca, teniendo necesariamente que engañar a la corte que aprobó la información de dominio a su favor, presentando prueba falsa ante ella al efecto de que él venía poseyendo a título de dueño, quieta, pública y pacíficamente, y sin interrupción alguna, la finca en cuestión por ■el término exigido por la ley, opinamos que no tiene derecho en tales condiciones a invocar el auxilio de las cortes de justicia, ya que si se declarase con lugar la demanda, ello implicaría el reconocimiento de su título simulado sobre la finca en cuestión. Por ese solo fundamento procedería confirmar la sentencia que desestimó la demanda. Pero prescindiendo, a los efectos del argumento, de la ilegalidad del título del demandante, cabe preguntar: ja qué fin práctico conduciría ahora deshacer judicialmente lo que nueve años antes las partes deshicieron extra judicialmente? Sin dnda no es ése el verdadero propósito perseguido por el demandante. Pero si lo fuere, tendríamos que convenir con la corte inferior en que una acción cuyo único objeto es resolver cuestiones abs-tractas, es puramente académica y por lo tanto improcedente. Y si como se desprende de todo el caso y sospechó con razón el juez sentenciador, el verdadero propósito del demandante al instituir este pleito no fue otro que lograr de un modo in-directo una declaración de nulidad del título que sobre la mi-tad de la finca había adquirido Lamour, en ese caso, forzoso sería concluir que erró su camino el demandante. En la hi-pótesis de que una sentencia académica se dictase a su favor, tal sentencia no podría en manera alguna perjudicar a La-mour, por la sencilla razón de que éste no es parte en el pleito y por consiguiente no ha sido oído en su defensa. Desde cualquier ángulo que se analice el caso, la conclusión a que llegó la corte inferior en su sentencia es enteramente correcta.

Procede, por tanto, su confirmación.


text:
    Pablo Malavé, demandante y apelado, v. Julio Malavé, demandado y apelante.
    Núm. 8572.

    Sometido: Diciembre 17, 1942.

      Resuelto: Febrero 2, 1943.

      F. González Fagundo, abogado del apelante; Pedro Pérez Pimentel, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en este caso de una acción para reivindicar una finca rústica radicada en el barrio La Teja del término municipal de Las Piedras, con una superficie de 41.87 cuerdas, colindante por el Norte y Este con Juan Malavé, por el Sur con el río Las Piedras y por el Oeste con Vicente Malavé y Cruz Delgado Soto. Alegó el demandante que dicba- finca tiene un valor de $625; que es el remanente, después de haber hecho dos segregaciones, de una finca de 106.25 cuer-das que se formó por agrupación de dos fincas de 58 y 48.25 cuerdas que adquirió por compra a Juan Merced Malavé y su esposa Higinia Monserrate, por escritura de 16 de julio de 1934 ante el Notario Rafael S. Vidal, habiendo verificado la agrupación por escritura número 58 de 15 de agosto de 1938 ante el notario Pedro Pérez Pimentel; que el deman-dado la está detentando contra la voluntad del demandante y se ha negado a entregársela, a pesar de los requerimientos que le ha hecho con ese objeto.

En su contestación el demandado admitió que el deman-dante adquirió las dos fincas de 58 y 48.25 cuerdas respecti-vamente en la forma alegada en la demanda; admitió tam-bién la agrupación practicada y que la finca de 41.87 cuerdas reclamada por el demandante es el remanente de las 106.25 cuerdas después de la segregación verificada. Negó, sin embargo, que el valor de la finca reclamada fuera $625, que el demandado la estuviere poseyendo sin título válido contra la voluntad del demandante y que hubiere sido requerido para su entrega y negádose a ello, y como materia de defensa alegó: que es dueño de una finca de 38.75 cuerdas que ad-quirió por compra a Juan Merced Malavé y su esposa por escritura número 39, de 10 de junio de 1937 ante el notario Francisco González, Jr., inscrita al folio 150 del tomo 35 de Las Piedras, finca núm. 1312, inscripción segunda; que dicha finca de 38.75 cuerdas es el remanente de otra de 68.75 cuer-das que describe, que perteneció a Juan Merced Malavé, quien inscribió su dominio sobre la misma al folio 148 del tomo 35 de Las Piedras, finca número 1312, a virtud de información de dominio aprobada por la Corte de Distrito de Humacao el 17 de junio de 1936, y expuso a continuación:

“Alega'el demandado que esta finca de 38.75 cuerdas, que es el resto de la número 1312 antes mencionada, no es ni ba sido nunca parte de la finca de ciento seis cuerdas veintiocho centésimas, que se describe en el hecho segixndo de la demanda, y alega igualmente que desde que adquirió dicha finca de 38.75 cuerdas en la forma antes indicada la ha venido poseyendo materialmente, de.buena fe, con justo título y sin interrupción de clase alguna, y alega además que si dicha finca de 38175 cuerdas tiene alguna relación con la finca de 41.87 cuerdas, el demandado la posee con buena fe y justó título desde que la adquirió, y que la persona que le transmitió el dominio de la misma tenía también un justo título, debidamente inscrito y la po-seyó pública y pacíficamente.” (Bastardillas nuestras.)'

Interpuso además el demandado la excepción previa de insuficiencia de la demanda para constituir una causa de ac-ción, pero esta defensa, que sin duda carece de fundamento, parece haber sido abandonada, puesto que no fue discutida en la corte inferior ni tampoco mencionada en el alegato del demandado apelante.

Fue el caso a juicio y el demandante presentó prueba ten-dente a sostener las alegaciones de su demanda. Llegado el turno del demandado para la presentación de su evidencia, ofreció: (a) una certificación del Secretario de la Corte de Distrito de Humacao, acreditativa de la orden final dictada en el expediente de dominio que sobre la finca de 68.75 cuer-das tramitó a su favor Juan Merced Malavé; (b) la escri-tura número 39, otorgada por Juan Merced Malavé a favor del demandado, a virtud de la cual el primero vendió al se-gundo las 38.75 cuerdas que alega éste poseer; (c) cinco re-cibos del Departamento de Hacienda acreditativos de que el demandado Julio Malavé paga contribuciones por la finca de 38.75 cuerdas. Dicba prueba fue objetada y rechazada por irrelevante, tomando excepción el demandado. Fue entonces llamado éste a declarar. Tomamos de su testimonio:

“P. ¿A usted es que le reclaman una finca de cuarenta y una cuerdas? — R. Sí, señor.- — P. ¿Usted tiene esa finca de 41 cuerdas o tiene alguna finca relacionada con ella? — R. No, señor, yo tengo una particular. — P. ¿Cuántas cuerdas tiene esa finca particular? — De-mandante: En cuanto a la finca esa hacemos objeción. — R. Una finca de 38.75 cuerdas. — Juez: ¿La declaración del testigo se refiere a la misma finca que ha sido objeto de resoluciones anteriores? — Deman-dado: Sí, señor. — Juez: Entonces la corte declara con lugar la opo-sición por tratarse de una finca contraria, distinta a la alegada en la demanda. — Demandado: Y nosotros alegamos que esa finca de 38.75 cuerdas es la única que él posee y que si ésa es ila finca que se reclama en la demanda, él la adquirió en virtud de justo título, de acuerdo con los documentos que se han presentado. — Juez: Muy bien, si de la prueba presentada aparece que es una finca distinta a la que se alega en la demanda, la corte entiende que es inadmi-sible la evidencia sobre tal extremo. — Demandado: Tomamos excep-ción de la resolución de la corte, y ése es nuestro caso.” (T. de E., págs. 30-32.) (Bastardillas nuestras.)

El recurso está basado en no haber la corte sentenciadora admitido la prueba documental ofrecida por el demandado, en haber sostenido la objeción del demandante a que el de-mandado declarase sobre la finca de 38.75 cuerdas, y por úl-timo en haber condenado al demandado en costas, incluyendo $75 por concepto de honorarios de abogado.

El demandado, como hemos visto, sostuvo en el acto del juicio, por conducto de su abogado, que la finca de 38.75 cuer-das era la única poseída por él. De otro lado, el demandante, tanto en su demanda como en su declaración en el acto del juicio, sostuvo que el demandado está en posesión de la finca del demandante. Sosteniendo el demandado que él posee una sola finca, que es la de 38.75 cuerdas, y asegurando el demandante qne el demandado está poseyendo la finca qne él reclama, parece claro qne la finca reclamada por el deman-dante y la poseída por el demandado es la misma. Pero el demandante alega qne esa finca es parte de la de 106.25 cner-das antes - mencionada y por consiguiente qne le pertenece, mientras el demandado sostiene qne la finca qne él posee es el resto de otra de 68.75 cnerdas qne perteneció a Jnan Merced Malavé, remanente qne adquirió el demandado por el título antes dicho. Limitada a estos términos la controversia, la cuestión queda reducida a determinar si la parcela de terreno cuyo dominio reclaman ambas partes es remanente de la de 106.25 cnerdas como asegura el demandante o de la de 68.75 cnerdas como pretende el demandado. Siendo ésa la cues-tión a resolver, es admisible cualquier evidencia no inadmi-sible por otro concepto, qne ofrezca una n otra parte, ten-dente a sostener su contención o a destruir la de la contra-ria. Y como la documental ofrecida por el demandado, al igual qne su propio testimonio, tiende a establecer su conten-ción, y esa evidencia no es inadmisible por otro motivo, opi-namos qne el negarse a recibirla fné error perjudicial a sus derechos sustanciales. Parece conveniente advertir, sin embargo, qne si bien la evidencia documental tiende a probar que las fincas son distintas según el Registro, la realidad pa-rece indicar que se trata de una misma finca, y qne ya sea la ..de 106.25 cuerdas, ya la de 68.75 cuerdas, sólo existe en los libros del Registro pero no en la realidad. Y esta posibili-dad cobra mayor fundamento si se tiene en cuenta que tanto el demandante como el demandado derivan su título inmedia-tamente del padre de ambos, Jnan Merced Malavé, quien a su vez, después de haber vendido al demandante las dos fin-cas de qne se formó la de 106.25 cnerdas, compró a éste una parcela de la así agrupada, con un área de 61 cnerdas, y qne esta adquisición tuvo lugar antes de qne Jnan Merced Ma-lavé tramitase el expediente de dominio sobre la citada finca de 68.75 cuerdas. Consideradas todas estas circunstancias y habida cuenta de que la sentencia debe ser revocada por mo-tivo del error discutido, somos de opinión que un nuevo jui-cio en que las partes tengan una oportunidad de aportar toda la evidencia pertinente para despejar la situación apuntada sería altamente saludable y garantizaría una más justa reso-lución de la cuestión en controversia.

Procede, por lo expuesto, declarar con lugar el recurso, revocar la sentencia apelada y devolver el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señoe Skydee,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Ramón González, acusado y apelante.
    Núm. 9544.

    Sometido: Enero 14, 1943.

      Resuelto: Febrero 2, 1943.

      Edgar S. Belaval, abogado del acusado; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Skydee,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado, después de renunciar a un juicio por jurado, fue convicto por la corte de distrito del delito de asesinato en segundo grado y sentenciado a 30 años de presidio. Apeló y señala tres errores.

Juan Santa babía estado empleado con José Ruidíaz, comerciante, durante 10 años. Ruidíaz vivía detrás de su tienda. Siempre que salía de la tienda, Santa se la cuidaba. Esta tienda estaba situada cerca de la factoría de la Loíza Sugar Company, más o menos como a 100 metros de la Central.

El día 9 de octubre de 1938, un domingo, Ruidíaz salió de su tienda como a la una de la tarde y vino a San Juan. Dejó cerradas la tienda y su casa, y Santa permaneció allí para cuidarla basta que Ruidíaz regresara. Cuando éste re-gresó como a las 11: 00 u 11: 30 de la nocbe, encontró a Santa tendido sobre el suelo, al parecer muerto. Las cerraduras de la puerta de atrás de la tienda y de su ropero habían sido descerrajadas, y se habían desaparecido del ropero aproxi-madamente $270. Quedó establecido que Santa recibió cua-tro diferentes heridas, y que había muerto a consecuencias de una fractura del cráneo como a las 8:15 ó 9:15.

El fiscal de distrito radicó una sola acusación contra Juan Ramón González, José Alberto Muriel y Mariano Rosario Centeno, acusándolos conjuntamente del asesinato de Santa, pero,a González se le celebró juicio por separado en el caso que ahora está ante nos en apelación.

González vivía en los Cuarteles de la. Loíza Sugar Company, situados cerca de la escena del crimen. Félix Santiago declaró que en la noche del suceso de sangre, que era una clara y de luna, llevaba una vaca por frente de la tienda de Ruidíaz como de 7:30 a 8:00 de la noche; que vió al acu-sado y a Mariano Rosario Centeno empuñando a Santa; y que vió a Muriel, que se encontraba a poca distancia de allí, doblado como queriendo agarrar algo del suelo, y mirando hacia donde estaba Santa.

Dos testigos declararon que como a las 7:30 vieron a Muriel, quien les preguntó dónde se encontraba González, y que Muriel le pidió a uno de los testigos que lo llevara a los Cuarteles de la Central, y que si le encontraba a Gon-zález le daría un premio. Otro testigo declaró que como a las 7:00 p. m. esa misma noche, Muriel le preguntó por el paradero de González; que le dijo a Muriel que no sabía; que unos minutos más tarde vió a González y le dijo que Muriel lo andaba buscando y que le informó a Muriel de esto cuando lo vió por segunda vez.

Los coacusados Muriel y Mariano Rosario Centeno vivían juntos en los Cuarteles de la Central. Un chófer público que trabajaba en la ruta entre Canóvanas y la Central, viaje que solamente duraba cinco minutos, declaró que llevó a Gon-zález y a Muriel del-pueblo a la Central entre 8: 00 y 9:00 de la noche en que ocurrió el suceso de sangre. Otro testigo declaró que vió al acusado entre 8:00 y 9:00 de aquella misma noche, corriendo de la dirección en que se encontraba la casa de Ruidíaz, y que entonces tomó un. automóvil que iba hacia Canóvanas. Un policía declaró que como a media-noche encontró al acusado en el batey de la Central, en cu-clillas, comiéndose una toronja; y que cuando oyó que Santa había aparecido muerto, se le cayó la toronja y le dijo al policía que un hombre llamado Muriel, un individuo peli-groso, había estado buscándolo esa noche.

Aun cuando la prueba no fue lo robusta que pudo haber sido, hubo suficiente evidencia directa y circunstancial para justificar la convicción del acusado. La corte de distrito, al rehusar dar crédito al testimonio del acusado,' mediante el cual trató de establecer una coartada, actuó .dentro de su competencia. Pueblo v. Berenguer, 59 D.P.R. 81, 92.

No hubo error al admitir como prueba en contra del acusado los actos y manifestaciones de Muriel, su coacusado, en relación con los esfuerzos de Muriel por localizar al acu-sado la noche, del crimen, toda vez que la acusación imputa-ba al acusado, a Muriel y a otra persona la comisión del crimen en cuestión conjuntamente. Pueblo v. Escobar, 55 D.P.R. 505, 523; Pueblo v. Berenguer, supra, a la página 90.

El acusado se opuso durante el juicio a la introducción de este testimonio por el fundamento de que no podía admi-tirse a menos que se demostrara primeramente la conexión de Muriel con el asesinato. Como cuestión de derecho no existe tal requisito. “El orden lógico de los sucesos' — desde el acuerdo sobre un propósito común hasta la perpetración de un acto concebido para llevarlo a cabo — no exige que la presentación de la evidencia siga el mismo estricto orden.” (McDonald v. United States, _ _ _Fed. (2d)_,_(C. A., D. C. 1942.) “Generalmente, el orden en que deba presen-tarse la evidencia a un jurado está controlado por el juez que está presidiendo el caso. Si recibe evidencia fuera de su orden.lógico, podría hacerse necesario más tarde que él la elimine del récord e instruir al jurado que haga caso omiso de ella; o quizá declarar un mistrial. Pero si El Pueblo presenta suficiente evidencia, antes de cerrar su caso, para demostrar la relevancia, materialidad u otro factor de admisibilidad de la evidencia impugnada, entonces no surge perjuicio contra el acusado.” (Ercoli v. United States,_ F. (2d)-,-(C. A., D.C. 1942).)

Como cuestión de hecho, en este caso específico, Muriel ya había sido conectado con el crimen por la declaración de Santiago arriba mencionada, antes de que los actos y decla: raciones de Muriel fueran ofrecidos en evidencia contra el acusado.

Finalmente, el acusado se queja de la actuación del juez que vió el caso, el cual, a iniciativa propia, llamó dos testigos para que declarasen después que ambas partes habían terminado su caso. Sólo uno de estos testigos en realidad declaró. Al resolver la moción para que se eliminara su testimonio, la corte inferior dijo:

“La Corte entiende que tiene la facultad de citar a cualquier testigo cuya declaración la Corte crea puede ayudarla a resolver un caso. En este caso la declaración de Félix Santiago es una declara-ción esencial y es importantísimo para la Corte determinar si Santiago dijo o no la verdad. La propia declaración de Santiago dejaba una laguna que la Corte no acertaba a comprender, y es cómo se ■averiguó que Santiago sabía algo. La Corte estaba preocupada por eso y creyó conveniente citar a la persona que según la prueba había ordenado el arresto de Santiago a ver por qué fué que se arrestó a Santiago; cómo se llegó a saber que Santiago sabía algo de este caso, .... La Corte llamó al testigo que no había sido presentado por ninguna de las partes para que aclarara esa situación y no es refu-tación de la prueba de defensa ni es prueba de El Pueblo ni de la Defensa: es sencillamente una prueba que aclara una situación.”

La resolución de la corte no solamente fué correcta en grado sumo, sino que su actuación al insistir en oír al juez de paz que ordenó el arresto del testigo fué digna de enco-mio. Después que se les concede a las partes amplia opor-tunidad de presentar todos los hechos y éstas no lo hacen, un juez de distrito está justificado en llamar sua sponte a testigos que pueden arrojar luz sobre cualquiera de los he-chos materiales en controversia. (Véase Pueblo v. Alvarado, 55 D.P.R. 26, 29; Pueblo v. Quiles, 41 D.P.R. 915, 921; Anotación en 84 A.L.R. 1172). La declaración del juez de paz aclaró la cuestión de cómo se descubrió que Santiago sabía algo acerca de los hechos de este caso y por qué no había declarado — “porque le tenía miedo” al acusado — el primer día de la investigación.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.