text:
    Nilda Picorelli López, recurrida, v. Departamento de Hacienda de Puerto Rico, peticionario.

      Número: CC-2009-0123

      Resuelto: 22 de julio de 2010

      Carmen A. Rivera Cintrón, procuradora general auxiliar, Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general interina, abogadas de la parte peticionaria; Luis E. Vázquez Santos y Carlos J. Nazario Díaz, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso nos permite pautar lo que implica “no-tificación adecuada” en el contexto de la cláusula constitu-cional de debido proceso de ley,() según los requisitos juris-diccionales que establece la Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994,() para una notifi-cación final de deficiencia contributiva emitida por el Estado.

Por las razones que exponemos más adelante, se expide el auto solicitado, se revoca la determinación del Tribunal de Apelaciones y se modifica la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Veamos los hechos que dieron origen a la controversia ante nuestra consideración.

I

El 25 de octubre de 2004, el Banco Santander de Puerto Rico (Banco Santander) y la recurrida Nilda Picorelli Ló-pez (recurrida Picorelli) firmaron un Acuerdo y Relevo General mediante el cual esta última concluiría su empleo en dicho banco efectivo el 5 de noviembre de 2004 y relevaría de responsabilidad al patrono por cualquier reclamación al amparo de distintas leyes laborales, incluso la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 185a-185m (Ley 80). Como parte del mencionado acuerdo, la recurrida Picorelli recibiría $250,000, de los cuales obtendría la mitad una vez transcurrieran siete días desde la fecha de la firma del Acuerdo y Relevo General; el Banco Santander pagaría la otra mitad el 3 de enero de 2005.()

En marzo de 2007, el Departamento de Hacienda noti-ficó a la recurrida Picorelli una determinación preliminar de deficiencia contributiva para el 2004, la cual fue ape-lada por ésta ante la Oficina de Apelaciones Administrati-vas del Departamento de Hacienda (Oficina de Apelaciones Administrativas). Luego de celebrar una vista administra-tiva en octubre de 2007 —en la cual la recurrida Picorelli solicitó que se eliminara la deficiencia señalada — , la Ofi-cina de Apelaciones Administrativas emitió una notifica-ción final de deficiencia contributiva el 4 de octubre de 2007. La deficiencia fue tasada en $61,004.18 y el importe de la fianza se fijó en $67,100.()

Inconforme con la determinación final de la Oficina de Apelaciones Administrativas, el 7 de noviembre de 2007 la recurrida Picorelli presentó una demanda sobre impugna-ción de deficiencia contributiva ante el tribunal de instancia con la que incluyó el formulario de fianza provisto por el Departamento de Hacienda,() el cual fue suscrito por ella y la compañía aseguradora Antilles Insurance Company. En síntesis, la recurrida Picorelli adujo que “la indemnización extrajudicial por terminación involuntaria concedida por las disposiciones de la Ley 80 y otras leyes laborales no es tributable y tal indemnización no es sustituto de salario o com-pensación por labores rendidas, porque buscan reparar un daño o reemplazar lo perdido”.()

Sin someterse a la jurisdicción del foro de instancia, el Departamento de Hacienda presentó una moción de deses-timación en la que alegó, en primer lugar, que la demanda se había presentado fuera del término de treinta días dis-puesto en la Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra, y, en segundo lugar, que la recurrida había entre-gado el formulario de fianza en el tribunal de instancia en lugar del Departamento de Hacienda, conforme requiere la mencionada sección del Código de Rentas Internas.

Luego de varios trámites interlocutorios, el foro de ins-tancia emitió una sentencia mediante la cual se declaró sin jurisdicción para atender la demanda, fundamentándose en que ésta había sido presentada fuera del término juris-diccional de treinta días dispuesto en la Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra. De esta forma, el tribunal de instancia desestimó —con perjuicio— la demanda en su totalidad y decretó el archivo del caso.()

Insatisfecha con la decisión del Tribunal de Primera Instancia, la recurrida Picorelli presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, en el que argu-mentó que había presentado su causa de acción dentro del término jurisdiccional de 30 días que dispone la Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra. Por su parte, el Departamento de Hacienda solicitó la confirma-ción de la sentencia apelada. Argumentó no sólo que la causa de acción se había presentado fuera del término, sino que, además, la recurrida Picorelli había incumplido con el requisito jurisdiccional de presentar los documentos de fianza ante el Secretario de Hacienda antes de presen-tar la demanda.

Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones revocó la deci-sión del foro de instancia al concluir que la demanda sí se había presentado dentro del término jurisdiccional.() Ese foro apelativo resolvió que el término para presentar la acción de impugnación de deficiencia contributiva “debe co-menzar a decursar desde que el correo deposita la corres-pondencia, es decir, en casos como el de autos donde la misiva es enviada de forma certificada, el cómputo debe comenzar desde el momento en que el Servicio Postal de-posita la notificación al destinatario, es ahí donde le in-forma que existe en el correo una correspondencia certifi-cada que debe ser recogida”.() Además, y respecto a la prestación de la fianza, el Tribunal de Apelaciones indicó lo siguiente en su sentencia:

... creemos que los planteamientos en torno a que la fianza debió haber sido presentada en el Departamento no deben prosperar. Atiéndase el hecho de que de la “Notificación Final de Deficiencia” no se desprende con claridad en dónde debe ser presentada la fianza. Así, dispone la misma
Obsérvese que dicha notificación en ninguna parte advierte al contribuyente _ que la Fianza debe ser presentada ante el Departamento. (Enfasis suplido.)

Oportunamente, el entonces Procurador General pre-sentó una moción de reconsideración, la que fue declarada “no ha lugar” por el foro apelativo intermedio. Inconforme, la Procuradora General presentó el recurso de epígrafe, en el que se señala como único error el siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al equiparar la prestación de fianza ante la Secretaría del Tribunal de Pri-mera Instancia al requisito de carácter jurisdiccional estable-cido en la Sección 6002 del Código de Rentas Internas de 1994, según enmendado, que establece que la fianza tiene que ser presentada ante el Secretario de Hacienda para su aproba-ción, previo a la radicación de la demanda sobre impugnación de deficiencia. Petición de certiorari, pág. 9.

Por su parte, la recurrida Picorelli planteó lo siguiente:

La “Notificación Final de Deficiencia” no indica con claridad en dónde debe ser presentada la fianza, la cual citamos:
“[p]or la presente se notifica que el caso de epígrafe ha sido resuelto según se demuestra en los anejos que se acompañan. De estar conforme con esta resolución, puede evitarse mayor acumulación de intereses pagando inmediatamente el total adeudado. De no estar conforme dentro de los TREINTA (30) DÍAS inmediatamente siguiente a la fecha de esta notifica-ción, podrá radicarse, previa presentación de una fianza a favor del Secretario de Hacienda por la cantidad arriba indi-cada, una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico en la forma provista por ley”.
Obsérvese que en dicha notificación en ninguna parte ad-vierte al contribuyente que la Fianza debe ser presentada ante el Departamento de Hacienda. (Énfasis suplido.)()

Con el beneficio de contar con las argumentaciones de ambas partes, procedemos a resolver.

II

En Puerto Rico, el procedimiento para impugnar una notificación final de deficiencia contributiva se rige por las disposiciones del Código de Rentas Internas. Específicamente, la Sec. 6002(a)(2) del mencionado Código establece lo siguiente:

(2) Cuando un contribuyente no estuviere conforme con una determinación final de deficiencia notificada por el Secretario en la forma dispuesta en la cláusula (1) de este inciso, el con-tribuyente podrá recurrir contra dicha determinación ante el Tribunal de Primera Instancia, presentando una demanda en la forma establecida por ley dentro del término de treinta (30) días a partir de la fecha del depósito en el correo de la notifi-cación de la determinación final, previa prestación de fianza a favor del Secretario, ante éste, y sujeta a su aprobación, por el monto expresado en la mencionada notificación de la determi-nación final; ... Salvo lo de otro modo dispuesto en este inciso, tanto la prestación de la fianza por el monto expresado por eí Secretario en la notificación de la determinación final, como la presentación de la demanda en el Tribunal de Primera Instan-cia, ambas cosas dentro del término anteriormente dispuesto, serán requisitos de índole jurisdiccional sin el cumplimiento de los cuales el Tribunal de Primera Instancia no podrá cono-cer del asunto. (Énfasis suplido.) 13 L.P.R.A. sec. 8022(a)(2).

Esto es, el contribuyente que no esté de acuerdo con una notificación final de deficiencia contributiva sólo podrá re-currir contra esa determinación ante el Tribunal de Pri-mera Instancia si: (1) presenta su demanda dentro del tér-mino de treinta días a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación de la determinación final, y (2) presta —antes de presentar la demanda— una fianza a favor y ante el Secretario de Hacienda, quien aprobará o no la misma. ()

Conforme con la Sec. 6002(a)(4) del Código de Rentas Internas, 13 L.P.R.A. sec. 8022(a)(4), si el contribuyente no puede prestar la fianza por la suma requerida por el Secretario de Hacienda o simplemente no puede prestar fianza, o si una vez prestada el Secretario la rechazó antes de que se presentara la demanda, el contribuyente podrá presentar su demanda en el Tribunal de Primera Instancia dentro del término de treinta días dispuesto en la Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra. Junto a la demanda, el contribuyente deberá incluir una solicitud (que será notificada al Secretario) en la que exponga las razones por las cuales el tribunal debiera reducir el monto de la fianza, le exonere de prestarla o la apruebe.

La Sec. 6002(a)(4) del Código de Rentas Internas, supra, establece que en los casos en los cuales el contribuyente solicite la reducción, exoneración o aprobación de fianza, el tribunal emitirá una orden para que el Secretario de Hacienda se exprese sobre lo solicitado. Esa sección añade que dentro de los treinta días desde que fue notificado de la orden (o en cualquier otro término que el tribunal dispon-ga), el Secretario de Hacienda deberá someter las objecio-nes que tuviera contra la solicitud del contribuyente y luego el tribunal celebrará una audiencia en la que oirá a las partes, pero no entrará en los méritos de la deficiencia notificada. Por último, el foro de instancia dictará una re-solución para: (1) sostener el monto de la fianza requerida; (2) reducir la fianza; (3) exonerar al contribuyente de la prestación de la fianza; (4) aprobar la fianza que el Secre-tario rechazó, u(5) ordenar al contribuyente que preste otra fianza.

Para implantar adecuadamente las disposiciones de la Sec. 6002(a) del Código de Rentas Internas, supra, el Departamento de Hacienda promulgó el Reglamento Núm. 6924 de 30 de abril de 2004 (Reglamento Núm. 6924). El inciso (a) del Art. 6002(a)-3 del mencionado Reglamento, pág. 8, reitera el requisito de la prestación de fianza al indicar lo siguiente:

(a) Dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que la determinación final de deficiencia fuere depositada en el co-rreo, el contribuyente podrá presentar una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia en la forma provista por ley. Esta acción judicial constituye un “juicio de novo” para deter-minar la validez de la deficiencia, previo a la prestación de la fianza a favor del Secretario y sujeta a su aprobación. (Enfasis suplido.)

Por su parte, el inciso (b) del Art. 6002(a)-3 del Reglamento Núm. 6924, pág. 8, dispone que “[l]a fianza para garantizar el pago de contribuciones deberá presentarse mediante la radicación del formulario Fianza para Garantizar el Pago de Contribuciones, Intereses y Penalidades (Modelo SC 6019), y de los documentos complementarios de acuerdo a la fianza a ser prestada”. A renglón seguido, el mencionado inciso enumera las tres fianzas permisibles para garantizar el pago de contribuciones: (1) las pignoraticias; (2) las fianzas de seguros, y (3) las hipotecarias.

Específicamente, el inciso (b)(2) del Art. 6002(a)-3 del Reglamento Núm. 6924 señala que si la fianza pres-tada es de una compañía de seguros se determinará —por medio de una petición de evidencia de certificación a tales efectos— si ésta se encuentra autorizada por el Comisio-nado de Seguros a hacer negocios en Puerto Rico. También se indica que aquel contribuyente que interese prestar la fianza por medio de una compañía de seguros deberá com-pletar y presentar ante la Oficina de Apelaciones Adminis-trativas del Departamento de Hacienda —para su aproba-ción— los documentos siguientes: (1) el formulario Fianza para Garantizar el Pago de Contribuciones, Intereses y Pe-nalidades (Modelo SC 6019); (2) el documento de la fianza expedida por la compañía aseguradora; (3) el poder y la declaración de representación (power of attorney) en la que esté debidamente identificada la persona autorizada a es-tablecer la fianza a favor del Secretario, y (4) la comproba-ción del pago de la fianza.

Ante una controversia muy parecida a la del presente caso, en 1967 resolvimos Segarra, Jr. v. Srio. de Hacienda, 94 D.P.R. 168 (1967). En aquella ocasión, el Secretario de Hacienda notificó deficiencias finales de contribución sobre ingresos a dos individuos que constituían una sociedad profesional. Inconformes, éstos presentaron sus demandas ante el Tribunal Superior y acompañaron los documentos originales de fianza para garantizar las deficiencias señaladas. Además, notificaron con copias fotostáticas de las demandas y de los documentos originales de fianza al Secretario de Hacienda, quien impugnó la jurisdicción del tribunal de instancia por entender que los demandantes no cumplieron con los requisitos de prestación de fianza con-forme disponía la Sec. 272(a)(2) de la Ley de Contribución sobre Ingresos de 1954.() Específicamente, el Secretario de Hacienda argumentó que los documentos originales de fianza no se habían presentado para su aprobación dentro del término legal. Posteriormente, el Tribunal Superior desestimó el planteamiento jurisdiccional del Secretario de Hacienda y luego de una vista en los méritos declaró con lugar las demandas y anuló las deficiencias contributivas. El Secretario de Hacienda recurrió ante esta Curia.

En Segarra, Jr. v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 173, expusimos que “[l]a prestación de la fianza ante el Secre-tario de Hacienda a favor de éste y sujeto a su aprobación, por la cuantía y dentro del término provisto por ley, al igual que la radicación de la demanda dentro del término legal, son requisitos jurisdiccionales sin cuyo cumplimiento estricto el Tribunal Superior carece de jurisdicción para co-nocer del asunto”. (Enfasis suplido. )() Añadimos que la frase “ ‘serán requisitos sin el cumplimiento de los cuales el Tribunal Superior no podrá conocer del asunto’ ”() no po-día tener otro alcance que el de privar al mencionado foro de atender el caso cuando no se habían cumplido ambos requisitos, “lo que equivale a decir que en tal caso el Tribunal carece de jurisdicción”. Íd.

Según concluimos en Segarra, Jr. v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 174, las copias de los documentos originales de fianza “eran insuficientes en ley para que el Secretario pu-diera hacer una determinación sobre su aprobación o desaprobación”. Por lo que, enfáticamente expresamos que “[l]a radicación de la fianza ante el Tribunal Superior, cuando no surge el caso en que la propia ley así lo autoriza o dispone, es una desviación sustancial del mandato legis-lativo equivalente al incumplimiento de uno de los requisi-tos jurisdiccionales] para investir al Tribunal Superior de jurisdicción en el asuntó”. (Enfasis suplido.) Íd.

Además, no debemos perder de perspectiva la doctrina de que cuando el legislador provee para que el contribu-yente pueda litigar contra el Gobierno la reclamación del impuesto que se le formula, en ese momento el Gobierno está renunciando a su inmunidad de soberano. Es de ahí que “ 'nace el principio de que los requisitos que el estatuto exige a tales fines, son de estricto cumplimiento por parte del contribuyente y por lo general de carácter jurisdiccional para los tribunales’ ”. (Enfasis en el original.) Ortiz v. Srio. de Hacienda, 118 D.P.R. 571, 575 (1987). Véase Robert Vizcarrondo v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 566, 574 (1983).

III

No existe duda de que la Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra, expresa claramente que la presta-ción de fianza por el monto indicado en la notificación de la determinación final de la agencia: (1) tiene que hacerse ante el Secretario de Hacienda;(),(2) está sujeta a su apro-bación, y (3) tiene que hacerse antes de la presentación de la demanda en el tribunal de instancia y dentro del tér-mino dispuesto para ello. Como hemos mencionado, tanto la prestación de la fianza como la presentación de la de-manda en el foro de instancia dentro del término dispuesto en el Código de Rentas Internas “[son] requisitos de índole jurisdiccional sin el cumplimiento de los cuales el Tribunal de Primera Instancia no podrá conocer del asunto [de la impugnación de la deficiencia contributiva]”.()

También, el Reglamento Núm. 6924 establece que la presentación de la fianza requiere que se presente —sujeto a la aprobación del Secretario— el formulario “Fianza para Garantizar el Pago de Contribuciones, Intereses y Penali-dades” (Modelo SC 6019), así como los documentos comple-mentarios exigidos según el tipo de fianza a ser prestada (pignoraticia, fianza de seguro o hipotecaria).

En este caso lo cierto es que la recurrida Picorelli pre-sentó el documento original del formulario de fianza ante el foro de instancia junto a su demanda en contra del De-partamento de Hacienda, pero sin antes haberlo presentado al Secretario de Hacienda para su evaluación y aprobación. Lo que la recurrida Picorelli notificó al Secretario de Hacienda fue una copia de tal formulario al momento en que éste fue emplazado, pero claramente luego de haber pre-sentado la demanda en el tribunal de instancia.

En el caso de una fianza de seguros, como la que intentó prestar la recurrida Picorelli en el caso de epígrafe, uno de los asuntos que debe corroborar y determinar el Departa-mento de Hacienda es si tal compañía de seguros está au-torizada por el Comisionado de Seguros a hacer negocios en Puerto Rico. Además, la Oficina de Apelaciones Admi-nistrativas tiene a su cargo revisar y aprobar los documen-tos complementarios exigidos según el tipo de fianza a ser prestada. Por todo lo cual, entendemos que el requisito de la prestación de fianza “a favor del Secretario, ante éste, y sujeta a su aprobación” es una formalidad legítima y de carácter obligatorio para todo aquel contribuyente que in-terese impugnar una determinación final de deficiencia contributiva en nuestro ordenamiento jurídico; es una con-dición previa para poder instar una demanda de este tipo ante el tribunal de instancia.

La claridad de la letra de la Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra, y del Reglamento Núm. 6924, así como la interpretación que este Tribunal le brindó a una disposición legal redactada en términos similares() en Segarra, Jr. v. Srio. de Hacienda, supra, establecen que los documentos relacionados con la fianza se tienen que presentar ante el Departamento de Hacienda. Cónsono con ello, el formulario de fianza (Modelo SC 6019) indica que el Secretario Auxiliar de Apelaciones Administrativas o su re-presentante autorizado, o el Secretario de Hacienda o su representante autorizado son quienes recomiendan o no la aprobación de la fianza.

Concluimos que la recurrida Picorelli incumplió con el procedimiento dispuesto en la Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra, para impugnar una determinación final de deficiencia contributiva, pues presentó los documen-tos de fianza en la Secretaría del Tribunal de Primera Ins-tancia sin antes presentarlos en el Departamento de Hacienda, según lo requiere la mencionada disposición legal.

IV

Ahora bien, lo anterior no dispone del asunto que nos ocupa, pues, por otro lado y como bien señaló la parte re-currida, el Departamento de Hacienda no advirtió de forma adecuada acerca del lugar en donde correspondía presentar los documentos relacionados con la fianza previo a la presentación de la demanda.

Tanto la Constitución de Puerto Rico, a través de la Sec. 7 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, como las Enmiendas V y XIV de la Constitución de Estados Unidos, L.P.R.A., Tomo 1, garantizan que ninguna persona en Puerto Rico sea privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. “En su vertiente procesal, la cláusula del debido proceso instituye las garantías procesales mínimas que el Estado debe proveerle a un individuo al afec-tarle su propiedad o libertad”. () Su aplicabilidad requiere que exista un interés de propiedad o libertad que pueda verse afectado.

Como señalamos en Hernández v. Secretario, 164 D.P.R. 390, 395 (2005):

Identificado dicho interés [de libertad o propiedad], procede determinar cuál es el procedimiento exigido, procedimiento que debe caracterizarse por ser justo e imparcial. Tal y como señalamos en Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 274:
La característica medular de este derecho es que el procedi-miento que siga el Estado sea justo (fair). “La garantía esen-cial de la cláusula de debido proceso es que sea justa. El pro-cedimiento debe ser fundamentalmente justo al individuo en la resolución de los hechos y derechos que sirven de base para aquellas acciones gubernamentales que le privan de su vida, libertad o propiedad. Si bien situaciones diferentes pueden im-poner diferentes tipos de procedimientos, siempre está el re-quisito general de que el proceso gubernamental sea justo e imparcial”.

Hemos señalado de manera reiterada que el derecho a cuestionar la determinación de una agencia mediante revisión judicial es parte del debido proceso de ley protegido por la Constitución de Puerto Rico. Por lo tanto, constituye un requisito indefectible la adecuada notificación de cualquier determinación de una agencia que afecte los intereses propietarios de un ciudadano.()

Para que todo procedimiento cumpla con el debido proceso de ley en su dimensión procesal, hemos establecido varios requisitos entre los que se encuentra como primero —por ser el orden lógico— una notificación adecuada del proceso.()

El deber de notificar a las partes una decisión adminis-trativa de forma adecuada y completa no constituye un mero requisito, sino que va más allá debido a que una noti-ficación insuficiente puede incluso provocar consecuencias adversas a la sana administración de la justicia.() Esta no-tificación adecuada brinda a las partes la oportunidad de advenir en conocimiento real de la decisión tomada, a la vez que otorga a las personas cuyos derechos pudieran verse transgredidos una mayor oportunidad de determinar si ejer-cen o no los remedios disponibles por ley. Así, pues, se ob-tiene un balance justo entre los derechos de todas las partes y se logra un ordenado sistema de revisión judicial.()

En el caso de autos, el estatuto que provee el derecho para revisar la decisión administrativa es la Sec. 6002 del Código de Rentas Internas, supra. Específicamente, el in-ciso (a)(2) de la mencionada sección indica claramente los requisitos jurisdiccionales que debe cumplir todo aquel contribuyente que interese revisar la determinación final de deficiencia, entiéndase: (1) presentar la demanda ante el tribunal de instancia dentro del término de treinta días a partir de la fecha del depósito en el correo de la notifica-ción de la determinación final, y (2) prestar una fianza a favor y ante el Secretario de Hacienda, quien aprobará o no la misma.

Ya hemos expresado que el cumplimiento con los requi-sitos de la referida Sec. 6002(a)(2) es de carácter jurisdic-cional, por lo que su incumplimiento priva fatalmente al contribuyente de su causa de acción.() En el presente caso, la notificación final de deficiencia contributiva cierta-mente incluyó la información relacionada con el término jurisdiccional para presentar la demanda ante el foro de instancia y que la prestación de la fianza sería a favor del Secretario de Hacienda.

Sin embargo, como se desprende claramente de la noti-ficación en cuestión, el Departamento de Hacienda omitió la información acerca de dónde correspondía presentar los documentos relacionados con la fianza previo a presentar la demanda en el foro judicial.

En el presente caso, la notificación que hizo el Departa-mento de Hacienda sólo se limitaba a señalar que la fianza debía presentarse “a favor del Secretario de Hacienda”, sin que siquiera pueda inferirse que tal fianza no sólo debía ser “a favor del Secretario”, sino que debía presentarse “ante éste” y “previo a” la presentación de la demanda para su aprobación. Memorando en Cumplimiento de Orden, pág., 6. Esto cobra aún más pertinencia al considerar la realidad —de la cual tomamos conocimiento judicial— de que la mayoría de las fianzas requeridas en los procesos judiciales en Puerto Rico no se presentan ante la parte demandada —como en este caso lo requiere la referida Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra— sino ante el Tribunal, como lo hizo erradamente la recurrida Picorelli en el caso de autos.

Tal omisión por parte del Estado, representado por el Departamento de Hacienda, constituye una clara violación al debido proceso de ley en su vertiente procesal que re-quiere, como el primero de sus requisitos, una notificación adecuada en los casos en que el ciudadano enfrente la pri-vación de un interés propietario. Por lo antes expresado, resolvemos que el Departamento de Hacienda deberá in-cluir en la notificación final de deficiencia contributiva la obligación del contribuyente de presentar los documentos relacionados con la fianza ante el Departamento de Hacienda( ) para su evaluación y aprobación, ello previo a la pre-sentación de la demanda en el tribunal de instancia.

V

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de “certiorari” solicitado, se revoca la decisión del Tribunal de Apelaciones y se modifica la sentencia del Tribunal de Primera Instancia para que se archive sin perjuicio la causa de acción de la recurrida Picorelli. Asimismo, se de-vuelve el caso al Departamento de Hacienda para que éste notifique nuevamente a la recurrida Picorelli la notifica-ción final de deficiencia contributiva, de acuerdo con lo se-ñalado en esta opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no interviene.

      (1) Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

      (2) Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 13 L.P.R.A. sec. 8022 (Código de Rentas Internas).

      (3) Se estableció que de los primeros $125,00 que se entregaran a la recurrida Picorelli, $75,128.78 era el equivalente a la indemnización provista en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (Ley 80), por lo que a dicha cantidad no se le haría la deducción correspondiente a contribuciones sobre ingresos. Se expresó, además, que al remanente de esos $125,00, esto es $49,871.22, sí se le haría la deducción corres-pondiente a contribuciones sobre ingresos y seguro social. Por su parte, en cuanto al segundo pago de $125,00, se acordó que se harían las deducciones de seguro social y contribuciones sobre ingresos.
      También se indicó que del primer pago de $125,000, $50,000 se otorgaban “en consideración a la renuncia de la causa de acción bajo ADEA”, esto es la Age Discrimination in Employment Act de 1967. Además, se expresó que “[e]l pago de la can-tidad de [$200,000.00] y el pago del Plan Médico por dos años ... son en consideración a la renuncia a las otras causas de acción mencionadas en este Acuerdo y a las otras obligaciones y compromisos contraídos por la [recurrida Picorelli] en este Acuerdo”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 53. Véase, también, Íd., págs. 51-62.

      (4) Según las determinaciones de hecho incluidas en la notificación final de deficiencia, el ingreso neto tributable de la recurrida Picorelli para el 2004 fue de $282,602. Además, se especificó que los ingresos no declarados en la planilla fueron de una transacción extrajudicial por $132,500. Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 43-44.

      (5) Dicho formulario es el Modelo SC 6019 del Departamento de Hacienda titu-lado “Fianza para garantizar el pago de contribuciones, intereses y penalidades”.

      (6) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 46. Véase Íd., págs. 43-44. Posterior a los hechos que originan la presente causa de acción, el 15 de agosto de 2008 la Ley 80 fue enmendada mediante la aprobación de la Ley Núm. 278 de 15 de agosto de 2008. A través de la aprobación de dicho estatuto, se introdujo en el Art. 10 sobre Indemnización por despido sin justa causa — — -Descuento sobre indemnización, prohi-bidos— el lenguaje siguiente:
      “[n]o se hará descuento alguno de nómina sobre la indemnización dispuesta por el Artículo 1 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, debiendo el patrono entregar íntegramente el monto total de la misma al empleado. Aquella compensación entregada a un obrero por concepto de liquidación o cierre de negocios, o programas empresariales para compartir ganancias con los empleados cuando el despido de éste se fundamente en las razones expuestas en los incisos (d), (e) y (f) del Artículo 2 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, estará libre del pago de contribuciones sobre ingresos, pero podrá incluir aquellos otros descuen-tos acordados por el patrono y el empleado. 29 L.P.R.A. sec. 185j.

      (7) La controversia relacionada al término jurisdiccional de treinta días dis-puesto en la Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994 era la siguiente: como señalamos, la Oficina de Apelaciones Administrativas emitió la notificación final de deficiencia contributiva a la recurrida Picorelli el 4 de octubre de 2007. Sin embargo, el U.S. Postal Service indicó que esta notificación final de deficiencia contributiva llegó al correo (arrival at unit) el 5 de octubre de 2007 y fue enviada (delivered “) por correo certificado el 9 de octubre de 2007. La recurrida Picorelli presentó su demanda el 7 de noviembre de 2007.
      El Departamento de Hacienda señalaba que es claro de la letra de la ley que el término de treinta días dispuesto en la Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Inter-nas, supra, comienza a contar desde que se deposita en el correo la notificación final de deficiencia y no desde que el contribuyente recibe la notificación.

      (8) No entraremos a discutir este otro aspecto jurisdiccional de este caso —que no fue traído ante nuestra consideración por el Departamento de Hacienda (peticio-nario)— por no ser necesario ante el resultado final de nuestro análisis.

      (9) Véase Apéndice de Petición de certiorari, pág. 14.

      (10) Véase Memorando en Cumplimiento de Orden, presentado por la recurrida Picorelli, pág. 6.

      (11) La Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra, establece que la fianza será por la cantidad indicada en la notificación de la determinación final. No obstante, se añade que “el contribuyente podrá pagar la parte de la contribución con la cual estuviere conforme y litigar el resto, en cuyo caso la fianza no excederá del monto de la contribución que se litigue, más los intereses, recargos y cualesquiera otras adiciones a la contribución sobre la deficiencia computados en la forma dis-puesta en la cláusula (1) de este inciso”. Íd.

      (12) Esta sección de la ley, a base de la cual resolvimos Segarra, Jr. v. Srio. de Hacienda, 94 D.P.R. 168, 172-173 (1967), estaba redactada de la forma siguiente:
      “ ‘Cuando un contribuyente no estuviere conforme con una determinación final de deficiencia notificádale por el Secretario en la forma provista en el párrafo (1), el contribuyente podrá recurrir contra dicha determinación ante el Tribunal Superior, radicando demanda en la forma provista por ley dentro del término de 30 días a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación de la determinación final, previa prestación de fianza a favor del Secretario, ante éste, y sujeta a su aprobación, por el monto expresado en la mencionada notificación de la determina-ción final;.... Salvo lo de otro modo dispuesto en este apartado, tanto la prestación de la fianza por el monto expresado por el Secretario en la notificación de la determi-nación final, como la radicación de la demanda en el Tribunal Superior, ambas cosas dentro del término anteriormente provisto, serán requisitos sin el cumplimiento de los cuales el Tribunal Superior no podrá conocer del asunto.’ ”
      Valga señalar que de una lectura de la citada sección y la actual Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra, se desprende que ambas están redactadas en términos similares.

      (13) En iguales términos nos expresamos en Srio. de Hacienda v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 896, 897 (1975).

      (14) En similares términos está redactada dicha frase en la actual Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra: “ambas cosas dentro del término anteriormente dispuesto, serán requisitos de índole jurisdiccional sin el cumpli-miento de los cuales el Tribunal de Primera Instancia no podrá conocer del asunto”.

      (15) El inciso (a) del Art. 6002(a)-2 del Reglamento Núm. 6924 de 30 de abril de 2004, pág. 2, del Departamento de Hacienda dispone lo siguiente:
      “(a) En general.- La Oficina de Apelaciones [Administrativas] es el foro admi-nistrativo que revisará y resolverá las controversias, de forma justa e imparcial, que surgieren entre los contribuyentes y el Departamento en torno a cualquier deficien-cia contributiva, según se define dicho término en la Sección 6001(b) del Código.”

      (16) Sec. 6002(a)(2) del Código de Rentas Internas, supra.

      (17) Esto es, la Sec. 272(a)(2) de la Ley de Contribución sobre Ingresos de 1954.

      (18) P.A.C. v. E.L.A. I, 150 D.P.R. 359, 376 (2000); Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 273 (1987).

      (19) Colón Torres v. A.A.A., 143 D.P.R. 119, 124 (1997); Asoc. Vec. de Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 D.P.R. 24, 34 (1996).

      (20) Díaz Rivera v. Srio. de Hacienda, 168 D.P.R. 1, 25 (2006).

      (21) Olivo v. Srio. de Hacienda, 164 D.P.R. 165, 178 (2005).

      (22) Asoc. Vec. deAltamesa Este v. Mun. San Juan, supra.

      (23) Segarra, Jr. v. Srio. de Hacienda, supra.

      (24) Como mencionamos anteriormente, los documentos relacionados con la fianza tienen que presentarse ante el Departamento de Hacienda, específicamente en la Oficina de Apelaciones Administrativas, según dispone el Reglamento Núm. 6924 de 30 de abril de 2004.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Minerva Gutiérrez Santiago.

      Número: TS-9558

      Resuelto: 22 de julio de 2010

      Mariana D. Negrón Vargas, procuradora general interina; Daphne M. Cordero Guilloty y Edna Evelyn Rodríguez Be-nitez, procuradoras generales auxiliares y Zaida Z. Girón Anadón, subprocuradora general de la Oficina del Procu-rador General; Minerva Gutiérrez Santiago, pro se; Wilfredo Alicea López, comisionado especial.
   per curiam:

I

La Leda. Minerva Gutiérrez Santiago fue admitida al ejercicio de la abogacía el 8 de agosto de 1990.

El 12 de junio de 2007, la licenciada Gutiérrez Santiago presentó ante este Tribunal una Petición de Sentencia De-claratoria y de Auto Inhibitorio relacionada al caso seguido en su contra en Pueblo de Puerto Rico v. Minerva Gutiérrez Santiago, E1CR200601441, en el que se le imputó el delito de alteración a la paz y amenazas.() En ese recurso la licenciada Gutiérrez Santiago mostró cierta incoherencia en sus expresiones. Por ejemplo, ésta redactó lo siguiente: “Lo que pudiera haber sido-así, porque a veces nos quitá-bamos los zapatos por la humedad del patio, para poder caminar mejor. Y cuando íbamos a depositar en el patio trasero, ramas, etc. nos encontramos con una de las dos palomas blancas, que días antes, el hijo de la Querellante soltó al lado de las marquesinas, en estado de putrefacción y gusanos, lo que nos provocó malestar y subiendo a la entrada de la bajada, llegó el hijo de la Querellante (por Casualidad no Casualidad) quien se estaba bajando de su carro ...”. Petición de Sentencia Declaratoria y de Auto in-hibitorio, pág. 7. Más adelante, la licenciada Gutiérrez Santiago, refiriéndose a su vecina, indicó que ella “en unos comentarios, estando almorzando en la guagüita frente al Tribunal, mirándonos dijo: ‘la mafia te va a matar’ ”. Íd., pág. 9.

Luego, la licenciada Gutiérrez Santiago señaló que sur-gen motivos suficientes en Derecho para que la Hon. Alicia Velázquez Pinol se inhibiera en el caso. Explica que “ya que habíamos postulado ante la misma en designación de oficio, en la que también habíamos cuestionado éticas su-tiles, además de habernos invitado en horas de trabajo, entiendo en receso, para la guagüita a comprar comestibles (frutas, café, etc.) cuando estaba en Secretaría de Menores examinando el expediente”. íd., pág. 13. La abogada insi-nuó también que la juez se debía inhibir porque estaba en una “competencia de belleza femenina” con ella. Íd.

El 19 de enero de 2007 emitimos una Resolución en la que referimos el asunto al Procurador General para que evaluara el escrito según lo dispuesto en la Regla 15 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

El 28 de abril de 2009, luego de evaluar y denegar va-rios escritos presentados por la licenciada Gutiérrez Santiago, compareció ante nos la Procuradora General. Tras evaluar los escritos sometidos por la licenciada, la Procu-radora recomendó iniciar contra la abogada un procedi-miento de determinación de incapacidad de acuerdo con la Regla 15(c) de nuestro Reglamento, supra.

El 4 de junio de 2009 nombramos como Comisionado Especial al Hon. Wilfredo Alicea López. Este notificó los incidentes procesales a la dirección que informó la licen-ciada Gutiérrez Santiago, pero ésta no compareció. Des-pués de varios trámites, el Comisionado Especial hizo constar en la minuta de la conferencia con antelación a la vista que la licenciada Gutiérrez Santiago había hecho caso omiso a sus órdenes. La licenciada Gutiérrez Santiago no ha cooperado con el proceso dispuesto por la Regla 15, en cuanto a la evaluación de los siquiatras.

El 14 de abril de 2009, el Comisionado Especial rindió su informe. Allí detalló el proceso que se siguió para este asunto. Conforme lo dispone la Regla 15(c) de nuestro Re-glamento, supra, el Comisionado requirió que la licenciada Gutiérrez Santiago y el Procurador General designaran su perito para el panel de médicos siquiatras. La Procuradora General cumplió con dicha orden pero la licenciada Gutié-rrez Santiago no. Ante esto, el Comisionado Especial nom-bró su siquiatra y el de la licenciada Gutiérrez Santiago según provee la Regla 15(c), supra.

Tras la designación del panel evaluador, el Comisionado Especial ordenó a la licenciada Gutiérrez Santiago some-terse a las evaluaciones siquiátricas. Como la licenciada Gutiérrez Santiago incumplió este mandato, el Comisio-nado Especial señaló vista para atender el asunto. De nuevo, la licenciada Gutiérrez Santiago no compareció.

En la vista, la Oficina del Procurador General solicitó que se actuara conforme a la Regla 15(e) del Reglamento del Tribunal Supremo, supra, según apercibido en las ór-denes del Comisionado Especial. Esto es, solicitó que se aplicara la presunción de incapacidad mental establecida en la Regla 15(e) cuando el abogado se niega a someterse al examen médico. Ante esto, el Comisionado Especial rindió su informe en el que recomendó que acojamos la recomen-dación de la Procuradora General.

El 27 de abril de 2010, la licenciada Gutiérrez Santiago compareció ante nos y contestó el informe rendido por el Comisionado Especial. En síntesis, la licenciada Gutiérrez Santiago impugnó el quantum de prueba y la presunción de incapacidad mental establecida en la Regla 15(e), supra. La incoherencia del escrito de la licenciada Gutiérrez Santiago abona a la aplicación de la presunción de incapacidad mental.

II

“En el ejercicio de nuestra función reguladora de la profesión de la abogacía, y de acuerdo con nuestro Reglamento, en ocasiones nos hemos encontrado ante la necesidad de suspender a algunos letrados por razón de su salud mental.” In re Costa del Moral, 164 D.P.R. 943, 945 (2005). Este proceder es una actuación para proteger el buen funcionamiento de nuestro Sistema Judicial y de los mejores intereses de la clase togada. Íd. Es nuestro deber actuar así para salvaguardar el interés de la sociedad en que los abogados presten servicios legales competentes y diligentes. In re Mundo Rodríguez, 146 D.P.R. 639 (1998); In re Pérez Santiago, 144 D.P.R. 376 (1997).

La Regla 15 de nuestro Reglamento provee un procedimiento disciplinario especial para casos de incapacidad mental de un abogado. Este proceso incluye el nombramiento de un Comisionado Especial y de un panel de tres siquiatras. El procedimiento dispuesto por la Regla 15(c), supra, surge en respuesta a la preocupación que puede haber sobre la capacidad mental de un abogado en el contexto de otro procedimiento disciplinario o de la conducta desplegada por el letrado ante los tribunales. In re Costa del Moral, supra.

Específicamente, la Regla 15(e), supra, establece una presunción de incapacidad mental contra el abogado que se niegue a someterse a los trámites provistos por la regla. En específico, la Regla 15(e) dispone que

[s]i durante el procedimiento indicado en el inciso (c) [de esta regla] el(la) abogado (a) querellado (a) se negare a some-terse al examen médico ante los siquiatras designados, ello se considerará como prueba prima facie de su incapacidad mental, por lo que podrá ser suspendido (a) preventivamente del ejercicio de la profesión.

Esta presunción es válida y necesaria para ejercer nues-tra función reguladora de la profesión de la abogacía. Ade-más, esta presunción es una salvaguarda para la sociedad y la administración de la justicia.

III

Según dispone nuestro Reglamento, y en atención al bienestar social, procede separar preventivamente a la li-cenciada Gutiérrez Santiago del ejercicio de la abogacía hasta tanto ésta pueda acreditar conforme a la Regla 15(h), supra, que está capacitada para ejercerla nuevamente. In re Berrios Pagán, 167 D.P.R. 78 (2006). Esta separación no constituye un desaforo, sino una medida de protección social. In re Mundo Rodríguez, supra.

Por lo tanto, se suspende inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía a la Leda. Minerva Gutiérrez Santiago. Se le impone a la abogada el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar repre-sentándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Ade-más, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del tér-mino de treinta días a partir de la notificación de esta opi-nión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

      0 El 4 de junio de 2008, el Tribunal de Primera Instancia ordenó el archivo del caso, hasta tanto concluyan los procedimientos relacionados con la capacidad mental de la licenciada Gutiérrez Santiago.


text:
      In re Hon. Efraín E. Rivera Pérez en ocasión de su retiro como Juez Asociado del Tribunal Supremo.

      Número: ED-2010-01

      Resuelto: 30 de julio de 2010
   RESOLUCIÓN

Luego de diez años de honrosa carrera judicial como Juez Asociado de este Tribunal, el Honorable Efraín E. Rivera Pérez se retira de su cargo.

Su extensa trayectoria profesional se ha distinguido por su dedicación al servicio público, en donde se desempeñó como Secretario de Justicia Interino, Juez del Tribunal de Primera Instancia, Juez de Apelaciones y Juez Asociado de este Tribunal. En los diez años que sirvió como Juez Aso-ciado de este Tribunal, el Juez Rivera Pérez cumplió cabal-mente con el compromiso contraído al juramentar al cargo de “impartir justicia y de una entrega completa y absoluta a la delicada función de esta Curia de pautar derecho, den-tro de su dinámica colegiada”. Dicha tarea fue desempe-ñada por el Juez Asociado Rivera Pérez con mucha fir-meza, pero también con mucho respeto por sus compañeros jueces y juezas.

Al concluir próximamente su gestión en el cargo de Juez Asociado, los integrantes de este Tribunal desean recono-cer en el Juez Rivera Pérez su distinguida trayectoria como servidor público y su dedicada carrera como jurista. Su re-tiro nos priva de un cúmulo de experiencias relacionadas al proceso decisorio colegiado que son invaluables e insustituibles.

En nombre de todos los que componemos la Rama Judicial de Puerto Rico, hacemos expresión de nuestro recono-cimiento, agradecimiento y aprecio al Juez Rivera Pérez. Le deseamos una vida larga y feliz en su merecido retiro, a la vez que le deseamos el mayor de los éxitos en sus futu-ras gestiones profesionales.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria Interina del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rivera Pé-rez no intervino.

(.Fdo.) Juliana Mosquera Soler

Secretaria del Tribunal Supremo Interina


author: La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

text:
    Boys and Girls Clubs of Puerto Rico, Inc. y PBL of Puerto Rico, Inc., demandantes peticionarios, v. Hon. Juan C. Méndez Torres, como Secretario del Departamento de Hacienda, Teresita Carrión Geigel, en su carácter oficial como Secretaria Auxiliar de Loterías, Teresita Carrión Géigel, en su carácter personal, y su esposo Fulano de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Aseguradora A, B, y C, y Zutanos de Tal, demandados recurridos.

      Número: CC-2007-0970

      Resuelto: 4 de agosto de 2010

      Homero González López, de González López & López Adames, Jesús M. Del Valle, del Bufete Jesús M. Del Valle, José C. Martínez Toledo y Adalys E. Díaz Ortiz, del Estudio Legal Díaz-Ortiz, abogados de la parte demandante peticionaria; Leticia Casalduc Rabell, subprocuradora general, abogada de los demandados recurridos.
   La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

emitió la opinión del Tribunal.

Comparecen ante nos los peticionarios, Boys and Girls Clubs of Puerto Rico, Inc. (en adelante compañía peticiona-ria), y PBL of Puerto Rico, Inc. (en adelante PBL). Nos solicitan la revisión de una Sentencia en Reconsideración del Tribunal de Apelaciones, mediante la cual el foro inter-medio confirmó el dictamen del Tribunal de Primera Ins-tancia que desestimó la Demanda instada contra, entre otras partes, el Departamento de Hacienda.

En vista de que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe los juegos de azar y loterías —salvo contadas excepciones por razones de orden público— y de que la Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley de Lotería de Puerto Rico, 15 L.P.R.A. sec. 111 et seq., no adolece de vaguedad ni contraviene el principio de lega-lidad, declaramos que el juego “Raspa y Gana”, endosado por la parte peticionaria es un juego prohibido. Esto, pues, las organizaciones que realizaban loterías sin fines pecu-niarios en conformidad con el Artículo 291 del Código Penal anterior, no gozan de este privilegio luego de su derogación.

I

La compañía peticionaria es una corporación sin fines de lucro registrada en el Departamento de Estado, cuya finalidad es proveer servicios de educación, prevención y recreación a niños(as) y jóvenes. Desde junio de 2004, su principal fuente de recaudación de fondos es el juego cono-cido como “Raspa y Gana”.() La compañía peticionaria contrató a PBL para la administración del juego. Este con-siste en la compra por un dólar ($1.00) de un cartón con tres (3) combinaciones de números ensombrecidos. Si al ser raspado alguna de las combinaciones es igual a los núme-ros de la casa (números descubiertos en el lado izquierdo del cartón), el jugador puede ganar desde cinco hasta cinco mil dólares ($5 - $5,000).

El 24 octubre de 2005, el entonces Secretario de Hacienda, Juan C. Méndez Torres, remitió una misiva a la compañía peticionaria en la cual le ordenó culminar cual-quier actividad relacionada con dicho juego en o antes del 30 de junio de 2006 puesto que no contaba con la autorización requerida para operar el mismo. Esto debido a la adopción de un nuevo Código Penal y enmiendas a la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada, conocida como Ley para Autorizar el Sistema de Lotería Adicional, 15 L.P.R.A. sec. 801 et seq.,() que otorgaron al Secretario de Hacienda discreción absoluta para autorizar la celebración de juegos de lotería adicional.()

A su vez, surge de autos que bajo esos mismos funda-mentos y haciendo la salvedad de que el Secretario de Hacienda decidió no autorizar a ninguna persona a celebrar juegos de lotería adicional o actividades relacionadas, el 15 de noviembre de 2005, la entonces Secretaria Auxiliar de Loterías, Teresita Carrión Géigel, informó a los vendedores autorizados de lotería adicional que si a partir del 1ro de diciembre de 2005 continuaban

... vendiendo algún boleto o juego de lotería adicional no au-torizada o actividades relacionadas, tales como juegos instan-táneos, “raspaítos” u otros, que no sean los boletos de la Lote-ría Electrónica que se le[s] autoriza vender ... estar[ían] sujeto [s] a cualquier acción por las agencias de orden público concernidas y su[s] contrato [s] con la Lotería Adicional podrfían] ser dejado[s] sin efecto de inmediato.()

Ante lo anterior, los peticionarios instaron una De-manda en la que le solicitaron al Tribunal de Primera Ins-tancia, inter alia, que emitiera una sentencia declaratoria mediante la cual estableciera que el juego “Raspa y Gana” se encontraba dentro del marco de la Ley; una orden de injunction preliminar y permanente para prohibirle a los recurridos interferir con las relaciones contractuales exis-tentes entre los peticionarios; así como el resarcimiento de los daños y peijuicios ocasionados.

Los peticionarios alegaron que al juego “Raspa y Gana” no le aplicaba la Ley Núm. 10, supra, por no cumplir con la definición de “lotería adicional” dispuesta en el estatuto, como tampoco la Ley Núm. 465, supra, que no definía el término “lotería” conforme al principio de legalidad. Seña-laron que las actuaciones de los recurridos les violaban sus “derechos estatutarios y constitucionales al privarles de forma ultra vires del derecho de llevar a cabo una actividad que no ha sido prohibida por ley o Código alguno, al inter-venir con contratos de negocios y al manchar el buen nom-bre y reputación [así como] al acusarlos de estar llevando a cabo un actividad ilegal”.()

Además, plantearon que la medida provocaría el cierre de gran parte de las operaciones de la compañía peticiona-ria, el cierre total de PBL, y la pérdida de más de medio millón de dólares ($500,000) en recaudos.

Por otra parte, la parte recurrida alegó que las loterías privadas estaban prohibidas por nuestro ordenamiento ju-rídico y que el juego “Raspa y Gana” era una lotería o juego de azar prohibido según la Ley Núm. 465, supra, al coinci-dir en ella los elementos de pago, azar y premio. Señaló que la prohibición de las loterías abarcaba cualquier lote-ría no auspiciada por el Estado sin importar sus fines.

Trabada la controversia entre las partes, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la causa de acción mediante la Sentencia de 23 de junio de 2006. Esto, al determinar que la actividad de recaudación de fondos en controversia era un juego de azar prohibido por la Ley Núm. 465, supra, y sometido a la regulación del Departamento de Hacienda. Concluyó, por consiguiente, que las órdenes emitidas por el Secretario de Hacienda eran válidas.

Insatisfechos, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones. En un principio, el foro apelativo intermedio revocó la Sentencia apelada al señalar que el foro de ins-tancia no había resuelto la controversia planteada ante sí, o sea, la aplicabilidad de la Ley Núm. 10, supra, a la acti-vidad “Raspa y Gana”.

Inconforme, el Departamento de Hacienda instó reconsideración. Indicó que los peticionarios solicitaron “una declaración sobre la legalidad de ‘Raspa y Gana’ ”. El foro apelativo intermedio, en reconsideración, dejó sin efecto su dictamen anterior, confirmando así la determina-ción del Tribunal de Primera Instancia. En la Sentencia en Reconsideración el foro a quo determinó que el juego de “Raspa y Gana” era una “lotería clandestina”, según defi-nido por ley, y que todas las loterías que no fueran las autorizadas expresamente por el estatuto estaban prohibi-das en nuestra jurisdicción. Razonó que éste era un nuevo delito, distinto al del derogado Artículo 291 del Código Penal de 1937, supra. Asimismo, entendió que aunque el juego en controversia era un eficaz instrumento de recau-dación de fondos en manos de una organización de tanto mérito como la compañía peticionaria, éste era un juego prohibido por ley, y no podía continuar mientras el Secre-tario de Hacienda no lo autorizara oficialmente como una lotería adicional.

Insatisfechos, los peticionarios acuden ante nos y plan-tean como error:

Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la determinación del T.P.I. de desestimar la demanda de sentencia declaratoria alegando que la actividad de recaudación de fondos “Raspa y Gana” es una lotería clandestina, a tenor con la Ley 321 de 15 de septiembre de 2004.

Examinado el recurso, expedimos el auto solicitado. Pro-cedemos a resolver con el beneficio de la comparecencia de ambas partes.()

Los peticionarios argumentan que la omisión de la defi-nición de “lotería” en el nuevo Código Penal, así como en la ley especial, creó un vacío legal por lo que no se puede con-cluir que exista delito. Sostienen que la redacción actual solamente castiga la falsificación de billetes de lotería. Por consiguiente, concluyen que las enmiendas carecen de con-notación delictiva, según obliga el principio de legalidad. Asimismo, expresan que de no existir vacío legal, hay vaguedad. Además, argumentan que su actividad de recau-dación de fondos no se puede enmarcar dentro del concepto “clandestino” al ser una actividad anunciada públicamente y no secreta u oculta.() Asimismo, expresan que adoptar los elementos del delito de la lotería clandestina, según esbozó el Tribunal de Apelaciones, equivaldría a encausar criminal-mente a un sinnúmero de instituciones. De igual forma, rei-teran que se les violaron sus derechos estatutarios y consti-tucionales al privarles ultra vires del derecho a llevar a cabo una actividad que no había sido prohibida sin el beneficio de su participación.

A contrario sensu, la parte recurrida alega que el Estado ha prohibido los juegos de azar privados por razones de política pública, particularmente como medida para con-trolar el fraude y como mecanismo de recaudos para el Estado. Admite que, aunque durante un periodo de tiempo se les permitió a ciertas organizaciones llevar a cabo lote-rías, tal exención fue eliminada con la adopción del Nuevo Código Penal. Añade que esto se le informó a la parte peticionaria. Asimismo, argumenta que la falta de una de-finición de “lotería” no implica que la ley penal sea inconstitucional. Es contención de la parte recurrida que la Ley Núm. 465, supra, solamente requiere ser interpretada y que conforme al contexto y uso común del término ésta provee la advertencia adecuada. Además, expresa que tra-dicionalmente se han reconocido como requisitos de todo juego de azar los elementos de pago, azar y premio; ele-mentos con los que cumple el juego de los peticionarios. Argumenta, también, que ante el uso común del término y los elementos de la lotería reconocidos por este Tribunal, no cabe arbitrariedad por parte de los agentes del Orden Público.

II

Nuestro ordenamiento constitucional restringe el poder punitivo del Estado. L.E. Chiesa Aponte, Derecho Pe nal Sustantivo, San Juan, Pubs. J.T.S., 2007, pág. 16. Entre las limitaciones exige, de acuerdo con la doctrina de vaguedad, que las conductas penadas sean descritas de forma clara y adecuada. Sobre este particular, hemos dis-puesto que

... una ley adolece de vaguedad si: (1) una persona de inteli-gencia promedio no queda debidamente advertida del acto u omisión que el estatuto pretende prohibir y penalizar; (2) se presta a la aplicación arbitraria y discriminatoria, y (3) inter-fiere con el ejercicio de derechos fundamentales garantizados por la Constitución. Pueblo v. APS Healthcare of P.R., 175 D.P.R. 368, 378 (2009). Véase Vives Vázquez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 139 (1973).

Por otra parte, el principio de legalidad conlleva que no se pueda dictar sentencia condenatoria “por hechos que la ley previamente no hubiese declarado punibles”. Pueblo v. Ríos Dávila, 143 D.P.R. 687, 697 (1997). Conforme a éste, la ley tiene que establecer adecuadamente la conducta prohibida así como la pena a imponerse. Por lo que

[n]o se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido como delito en este Código o mediante ley especial, ni se impondrá pena o medida de seguridad que la ley no establezca con anterioridad a los hechos. Art. 2 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4630.

No obstante, hemos expresado en repetidas ocasiones que el que la ley requiera ser interpretada no implica su invalidez. Pueblo v. APS Healthcare of P.R., Inc., supra; Pueblo v. Sierra Rodríguez, 137 D.P.R. 903 (1995). Esto, puesto que todas las leyes requieren en menor o mayor medida ser interpretadas. Pueblo v. Ruiz, 159 D.P.R. 194 (2003); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530 (1999); Pueblo v. Ríos Dávila, supra. Pero tal ejercicio debe hacerse de forma que cumpla con la verdadera intención del legislador y a consciencia de sus consecuencias. Pueblo v. Ríos Dávila, supra; Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404 (1988).

Así las cosas, la función de los tribunales es interpretar y aplicar la ley penal, y no crearla ni cambiarla. Pueblo v. Ríos Dávila, supra. Véase D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, San Juan, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 2005, pág. 79. Para ello debemos emplear las normas de hermenéutica penal contenidas en el Código Penal.()

Al respecto, el Artículo 13 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4641, establece:

Las palabras y frases se interpretarán según el contexto y el significado sancionado por el uso común y corriente.
Si el lenguaje empleado es susceptible de dos o más inter-pretaciones, debe ser interpretado para adelantar los propósi-tos de este Código y del artículo particular objeto de interpretación.

Cabe señalar, además, que la interpretación de una disposición penal no debe hacerse de forma aislada ni literal que lleve a resultados absurdos. Pacheco v. Vargas, Alcaide, supra. Por ende, la interpretación del estatuto penal no debe aislarse de las restantes disposiciones de la ley ni del ordenamiento penal, como tampoco de la realidad social de donde surge y opera. Íd., pág. 410; Pueblo v. Ríos Dávila, supra, pág. 697; Pueblo v. Sierra Rodríguez, supra, pág. 911.

En el caso de autos analizamos, inter alia, si la Ley Núm. 465, supra, aplica al caso de autos y si el término “lotería clandestina” contenido en ella provee un aviso ade-cuado a los ciudadanos.

III

La presente controversia requiere que ahondemos en la historia de la prohibición de los juegos de azar en Puerto Rico para entender mejor los delitos de juego en nuestro ordenamiento jurídico actual.

El Código Penal de 1902 tipificaba los delitos relaciona-dos a los juegos de azar y loterías al adoptar un estatuto de similar redacción del estado de California. () La vigencia provisional de estas disposiciones se mantuvo en las sub-siguientes reformas al Código Penal.

Además de las disposiciones penales contenidas en el Código Penal, la Asamblea Legislativa aprobó diversas le-yes especiales relacionadas a los juegos de azar.() No obs-tante, durante la reforma efectuada al Código Penal en el 2004, la Asamblea Legislativa optó por tipificar los delitos de “juego” en las referidas leyes especiales, transfiriendo el contenido del anterior Código Penal a éstas. Analicemos estas leyes.

A. Juegos de Azar

Nuestro ordenamiento prohíbe los juegos de azar. Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, 15 L.P.R.A. sec. 71 et seq. La Sección 2 de la Ley Núm. 221, supra, expresa:

(a) Incurrirá en delito menos grave toda persona que juegue, tome parte, tenga establecido, abra, haga abrir o dirija, como principal o empleado, por alquiler o de otro modo cualquier juego de faro, monte, ruleta, fan tan, póquer, siete y media, veintiuna, hokey-pockey [sic] o cualquier juego de azar con barajas, dados, o de cualquier otra clase, por dinero, cheques, crédito o fichas representando valores, así como toda persona que juegue o apueste a favor o en contra en cualquiera de dichos juegos prohibidos.
No obstante, se autorizan los juegos de azar de ruleta, da-dos, barajas y bingos, en salas de juegos explotadas por la franquicia expedida .... 15 L.P.R.A. sec. 71(a).

No obstante, la Asamblea Legislativa ha autorizado ciertos juegos por vía de excepción debido a razones de orden público. () United Hotels of P.R. v. Willig, 89 D.P.R. 188, 191 (1963); Serra v. Salesian Society, 84 D.P.R. 322, 328 (1961). Al respecto, este Foro ha expresado que

[e]s innegable que la Asamblea Legislativa tiene plenos pode-res para prohibir los juegos de azar. Es igualmente innegable que dicha asamblea tiene facultad para autorizar ciertos juegos de azar, permitiendo que los mismos sean establecidos o explo-tados mediante el cumplimiento de determinados requisitos. También es innegable que la Asamblea Legislativa, al prohibir de manera terminante el establecimiento de algunos juegos de azar, puede hacer excepciones y autorizar que los mismos sean establecidos y explotados, siempre que se cumplan determina-dos requisitos. Irizarry v. Villanueva, 70 D.P.R. 75, 78 (1949).

Hemos aceptado que estas facultades de legislar se fun-damentan

... no ya en virtud de conceptos de moralidad, sino en consi-deración a otros fines públicos de valía, entre los cuales se destaca la reglamentación de todos los juegos de azar, con mi-ras a proteger que los mismos no caigan en manos inescrupu-losas y se anule su utilidad social como fuentes de ingresos gubernamental. Pueblo v. Troche Mercado, 105 D.P.R. 501, 502 (1976).

Cabe señalar que el Departamento de Hacienda es el encargado de “implantar, desarrollar, supervisar y coordinar la política pública, los organismos y programas dirigidos a los juegos de azar y las instituciones financieras”. Art. I del Plan de Reorganización Núm. 3 de 1994 (3 L.P.R.A. Ap. IX).

Aunque en nuestro ordenamiento estatutario no ha existido definición del término “juegos de azar”, contamos con una definición jurisprudencial que consta de tres (3) elementos: (i) el pago o prestación que se hace o se pro-mete para participar en el juego de azar; (ii) el azar o suerte por medio del cual se gana el premio, y (iii) el premio que constituye algo de valor pecuniario que la persona recibe directamente u obtiene el derecho de recibir. () Sun Design Video v. E.L.A., 136 D.P.R. 763, 768 (1994); Serra v. Salesian Society, supra, pág. 329. A base de dicha definición se ha entendido que las “máquinas que puedan usarse para fines de juego de azar” están comprendidas dentro del término.() Sun Design Video v. E.L.A., supra, pág. 766.

B. Lotería

Un tipo de juego de azar que goza de una larga trayectoria en nuestro país es la lotería.() Hoy coexisten en Puerto Rico la “Lotería de Puerto Rico” (Lotería Tradi- cional) y el “Sistema de Lotería Adicional” (.Lotería Adicio-nal o Lotería Electrónica). Ambas han sido concebidas, inter alia, como medidas de recaudación de ingresos para el Gobierno de Puerto Rico, por lo que han sido autorizadas, establecidas y supervisadas por el Estado. A contrario sensu, se han prohibido el establecimiento, la conservación y la explotación de loterías no conformes con la ley.()

La Lotería de Puerto Rico que hoy conocemos fue estable-cida mediante la Ley Núm. 465, supra. Actualmente, el Ne-gociado de la Lotería, adscrito al Departamento de Hacienda de Puerto Rico, tiene a su cargo todo lo concerniente a la dirección y administración de la misma. 15 L.P.R.A. sec. 111. Además, el Secretario de Hacienda está autorizado a dictar, con la aprobación del Gobernador de Puerto Rico, aquellas reglas y reglamentos necesarios para hacer efecti-vas las disposiciones de la referida ley. 15 L.P.R.A. sec. 126.

Posteriormente, mediante la Ley Núm. 10, supra, se introdujo en Puerto Rico el Sistema de Lotería Adicional, regulado también por el Secretario de Hacienda y supervisado por el Negociado de la Lotería. 15 L.P.R.A. secs. 802 y 804.

C. Prohibición de la lotería

Como señaláramos anteriormente, la Ley Núm. 465, supra, además de establecer la Lotería Tradicional, prohibió expresamente el establecimiento, conservación y explota-ción de loterías en Puerto Rico que no fueran exceptuadas por la ley.()

Hasta el 2004, la Ley Núm. 465, supra, remitía a las disposiciones dispuestas en el Código Penal relacionadas al delito de lotería. Entonces, este tipo de juego de azar era definido como

... cualquier plan para la disposición o distribución de dinero o bienes por suerte, entre personas que hayan pagado o prometido pagar cualquier precio o compensación por correr la aventura de obtener dichos objetos o parte de ellos, o cualquier acción o interés en los mismos, en virtud de algún acuerdo, inteligencia, o esperanza de que habrán de distribuirse por suerte, llámese lotería, rifa, empresa de regalos o por cual-quier otro nombre. Art. 291 del Código Penal de 1902.

Cónsono con lo anterior, y en conformidad con la doctrina prevaleciente, este Tribunal ha admitido los “tres elementos que tradicionalmente han sido considerados por la jurisprudencia como esenciales para que exista la lotería o juego de azar prohibido por los estatutos. Estos tres elementos son (1) el premio, (2) el azar o suerte por medio del cual se gana el premio, y (3) el pago o prestación (‘consideration’) que se hace o se promete para tener derecho a participar en la rifa o lotería”. Serra v. Salesian Society, supra, pág. 329. Véase Pueblo v. Swiggett, 37 D.P.R. 911 (1928).

En Serra v. Salesian Society, supra, caso sobre una disputa relacionada a una rifa organizada por una entidad religiosa, se analizó la prohibición de la lotería en el entonces vigente Código Penal. Este Foro concluyó que la rifa objeto de análisis cumplía con la definición establecida en la ley, así como con los “tres elementos que tradicionalmente han sido considerados por la jurisprudencia como esenciales para que exista la lotería o juego de azar”. Íd., pág. 329. Dado que la actividad en cuestión era prohibida por ley, rehusamos proveer auxilio en dicho caso. Esto, a pesar de que los “motivos reales o alegados [de la actividad] sean o parezcan buenos, ya sean [é]stos caritativos, religiosos, de promoción comercial, etc”. (Énfasis en el original.) Íd., pág. 330. No obstante, debe señalarse que no fue hasta 1986 que la Asamblea Legislativa autorizó a ciertas organizaciones a realizar loterías con propósitos legítimos. Ley Núm. 36 de 5 de junio de 1986.() Al así hacerlo, expresó que “lo que el Gobierno pretende regular, son los grandes movimientos de dinero e ingresos que el Gobierno no puede perseguir para su justa tributación y no la conducta de las personas envueltas Exposición de Motivos de la Ley Núm. 36, supra, 1986 Leyes de Puerto Rico 96. Puesto que las organizaciones sin fines de lucro reglamentadas por el Estado no incurren en una conducta que peijudica a la sociedad, fueron excluidas de la prohibición de las loterías. Solamente se les requirió estar debidamente inscritas y presentar un informe ante el Departamento de Hacienda conforme lo dispuesto en la ley. Íd.

No obstante, en el 2004 la Asamblea Legislativa optó por tipificar los delitos relacionados al juego de azar y lotería en las leyes especiales concernidas. Con respecto a la Lotería Tradicional, se enmendó la Ley Núm. 465, supra, “para incorporar [le] los delitos del Código Penal de 1902 que quedaron provisionalmente vigentes al aprobarse el Código Penal de 1974”,() reformulando varias disposiciones del Código Penal en el artículo que es pertinente para el caso de autos. El Art. 14 de la Ley Núm. 465, supra, actualmente dispone:

El establecimiento, conservación y explotación de loterías en Puerto Rico, excepto en las [sic] forma descrita en las secs. 111 a 127e de este título, queda prohibido en Puerto Rico.
Toda persona que invente, prepare, establezca o juegue cual-quier lotería clandestina en violación a las disposiciones de las secs. 111 a 127e de este título o venda, ceda, o en cualquier forma supla o traspase a otro o a un tercero, algún billete, suerte, acción o interés, o algún papel, certificado o instru-mento que se presuma o entienda ser o represente algún billete, suerte o acción, o interés en cualquier lotería en violación a las disposiciones de las secs. 111 a 127e de este título o que dependiere del resultado de la misma, incurrirá en delito menos grave. 15 L.P.R.A. sec. 124.()

Sin embargo, la enmienda mantuvo las conductas pro-hibidas, pero no incorporó la definición del concepto “lote-ría”, así como tampoco trasladó la exclusión de las organiza-ciones sin fines lucrativos —que realizan loterías con fines legítimos— de las disposiciones pertinentes. Sobre este úl-timo aspecto, ante la ausencia de tal exclusión, debemos concluir que ya no existe tal privilegio y que solamente nues-tro ordenamiento permite los juegos y las loterías sanciona-das por la ley.( ) Ello a pesar de que los motivos de la actividad sean o parezcan buenos. Serra v. Salesian Society, supra. No obstante, con relación a la falta de esa definición del texto de la ley, debemos analizar qué implicaciones tiene siendo éste un estatuto de carácter penal.

IV

Respecto a la conducta a sancionarse, las expresiones de la Asamblea Legislativa respecto a los juegos de azar y las loterías poco han cambiado con la introducción del Código Penal de 2004. Surgen claramente del texto de la enmendada Ley Núm. 465, supra, prácticamente las mismas con-ductas punibles que las previamente establecidas en el Código Penal.() No obstante, no se incluyó definición del término “lotería”, pero sí se incorporó la palabra “clandestina”. Puesto que se señalan violaciones al principio de legalidad y a la doctrina de vaguedad, analizamos ambas palabras.()

En primer lugar, el diccionario de la Real Academia Es-pañola indica entre las definiciones de lotería:

... Especie de rifa que se hace con mercaderías, billetes, dinero y otras cosas, con autorización pública[;j]uego casero semejante a la lotería primitiva con números impresos en carto-nes, y en el que se extraen algunos de una bolsa o un bombo[;l]ugar en que se despachan los billetes de lotería[, y n]egocio o situación que se resuelve mediante la suerte o la casualidad. Diccionario de la Lengua Española, 22da ed., Madrid, Ed. Espasa Calpe, 2001, págs. 1399-1400.

Del uso común y corriente del término podemos concluir que la palabra “lotería” se refiere a cualquier juego o plan para la disposición o distribución de dinero o bienes que cumpla con los elementos de todo juego de azar: pago, suerte y premio. Nada nos indica que este significado haya cambiado. Además, esta definición se confirma al analizar la verdadera intención legislativa, pues surge del historial legislativo de la Ley Núm. 321, supra, que la intención legis-lativa era transferir los delitos del Código Penal a la Ley Núm. 465, supra, y no eliminarlos o crear nuevos delitos.

Por otro lado, el término “loterías clandestinas” no se encontraba previamente en el texto del Artículo 14 de la Ley Núm. 465, supra, antes de ser enmendado por la Ley Núm. 321, supra. Pero ese término está contenido en una de las leyes de juego, la Ley Núm. 220 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como Ley de la Bolita, 33 L.P.R.A. sec. 1247 et seq., y que ha sido analizado por este Tribunal. En Pueblo v. Adorno Medina, 92 D.P.R. 554, 558 (1965), expresamos que la lotería clandestina es aquella “cuyo renglón de apuesta y tabla de premios no tiene la supervisión ni la publicidad requerida por el Estado para las loterías legalizadas”. Por consiguiente, este término cuenta con un significado jurídico; no es simplemente aquélla hecha secretamente por temor a la ley como aducen los peticionarios, sino aquella no sancionada por el Estado.

En conformidad con lo que hemos expresado, no podemos concluir que la falta de una definición del término “lotería clandestina” en el texto de la ley la haga incierta y no provea suficiente advertencia de la conducta punible. Esto, princi-palmente porque tal término es ampliamente entendido se-gún el contexto y el significado sancionado por el uso común y corriente; se conforma a la verdadera intención del legis-lador, y cuenta con una definición jurisprudencial que ha sido adoptada por este Tribunal. Asimismo, la ley no se presta para su aplicación arbitraria y discriminatoria pues la definición adoptada provee los elementos para guiar a aquellos que la aplican.() Tampoco interfiere con el ejerci-cio de derechos fundamentales garantizados por la Constitución.

Por todo lo anterior, concluimos que la Ley Núm. 465, supra, no adolece de vaguedad ni contraviene el principio de legalidad, pues provee aviso adecuado de la conducta prohibida. Un ciudadano común puede conocer lo que está prohibido y permitido a través del término lotería, a pesar de que éste ya no cuenta con un articulado independiente que lo defina.

Asimismo, concluimos que el juego “Raspa y Gana” cumple con todos los elementos del juego prohibido. Existe la prestación, o sea, la compra de un cartón de juego por un dólar ($1.00); media la suerte, puesto que los números del cartón ya están preestablecidos, por lo que el jugador no tiene control sobre el resultado, y existe un premio que fluctúa entre cinco hasta cinco mil dólares ($5-$5,000).

Puesto que en nuestro ordenamiento existe una prohi-bición de los juegos de azar y loterías, salvo contadas ex-cepciones en las que no cae el juego en cuestión, no procede la petición de la compañía peticionaria de que declaremos que el juego “Raspa y Gana” se encuentra dentro del marco de la ley. Esto a pesar del fin loable que persiga.

V

Aunque por fundamentos distintos, se confirma la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. Ciertamente, el juego “Raspa y Gana” es una lotería no autorizada por la ley. Por consiguiente, se desestiman las causas de acción restantes.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) Este juego le genera a Boys and Girls Clubs of Puerto Rico, Inc. (la compañía peticionaria) entre veinticinco mil (25,000) a setenta y cinco mil (75,000) dólares mensuales.

      (2) Ley Núm. 320 de 15 de septiembre de 2004.

      (3) Previo al recibo de la Orden, la Secretaria Auxiliar de Loterías, el Director Ejecutivo de la compañía peticionaria y el Gerente General de PBL of Puerto Rico, Inc. se reunieron para discutir los cambios a las leyes aplicables.

      (4) Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 54 — 55.

      (5) Íd., pág. 46.

      (6) Aunque en un principio la parte recurrida no compareció a tiempo ante este Foro, permitimos la presentación tardía de su alegato en conformidad con la Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

      (7) El Diccionario de la Real Academia Española define “clandestino” como “[s]ecreto, oculto, y especialmente hecho o dicho secretamente por temor a la ley o para eludirla”. Diccionario de la Lengua Española, 22da ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 2001, T. I, pág. 564.

      (8) “Los principios contenidos en este subtítulo aplican a la conducta regulada por otras leyes penales, salvo que éstas dispongan lo contrario.” 33 L.P.R.A. sec. 4639.

      (9) Véase Art. 319 del Código Penal de California. Bien es sabido que el Código Penal de 1902 procedía del Código Penal del estado de California.

      (10) Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como Ley de Lotería de Puerto Rico, 15 L.P.R.A. sec. 111 et seq.; Ley Núm. 220 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como Ley de la Bolita, 33 L.P.R.A. sec. 1247 et seq.; Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como Ley de Juegos de Azar, 15 L.P.R.A. sec. 71 et seq.; Ley Núm. 242 de 8 de mayo de 1950, según enmendada, 15 L.P.R.A. sec. 151 et seq.; Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada, conocida como Ley para Autorizar el Sistema de Lotería Adicional, 15 L.P.R.A. sec. 801 et seq.

      (11) A tales efectos, el ordenamiento jurídico permite, inter alia, como excepcio-nes, el juego de loto o lotería denominado “bingo” para fines caritativos o educativos, Ley Núm. 242, suprn; las salas de juegos operadas mediante franquicia expedida por el Comisionado de Instituciones Financieras y fiscalizadas por la Compañía de Turismo, Ley Núm. 221, supra, y las picas durante las fiestas patronales, Ley Núm. 25 de 23 de abril de 1927, según enmendada, 15 L.P.R.A. sec. 80.

      (12) Hemos definido estos tres (3) elementos. “La prestación es el pago o la apuesta que el jugador se arriesga a perder si no tiene éxito en el juego.” Sun Design Video v. E.L.A., 136 D.P.R. 763, 770 esc. 8 (1994). Por otro lado, “[e]l azar es la contrapartida de la habilidad del jugador. ... En Pueblo v. Santana, 48 D.P.R. 808 (1935), establecimos que no es necesario para que pueda calificarse un juego como de azar per se, que se excluya por completo el elemento de habilidad del jugador”. Íd., pág. 770 esc. 9.

      (13) Previamente, este Foro había expresado “que aquellos juegos de azar que no se mencionan expresamente en el artículo [299 del Código Penal entonces vigente, ahora Sección 2 de la Ley 221, supra], no son prohibidos a menos que haya una persona que abra, dirija o administre la jugada, y reciba alguna ganancia o beneficio”. Pueblo v. Soto, 66 D.P.R. 166, 167 (1946). No obstante, posteriores decisiones modificaron esa Opinión.

      (14) La lotería en nuestra Isla goza de una larga historia. Previo a que el Gobierno Militar de la Isla aboliera la Diputación Provincial de Puerto Rico, existía en Puerto Rico la “Lotería Provincial de Puerto Rico” por Real Orden desde 1877. Chevremont et al. v. El Pueblo de Pto. Rico, 1 D.P.R. 431, 433 (1903) (“[L]a Lotería se vió obligada á suspender el sorteo por la guerra, no pudiendo llevarlo á efecto después por impedirlo las leyes de los Estados Unidos ...”). En dicho momento histórico, “los billetes de la Lotería ... se consideraban ... valores del Estado y documentos al portador, quedando los que los falsifiquen, enmienden ó alteren sujetos á las pres-cripciones del Código Penal ...”. Íd., pág. 435. Posteriormente se promulgaron los siguientes estatutos: Ley Núm. 42 de 14 de mayo de 1934, derogada; Ley Núm. 212 de 15 de mayo de 1938, derogada; Ley Núm. 465, supra; Ley Núm. 220, supra; Ley Núm. 242, supra; Ley Núm. 219 de 23 de julio de 1974, derogada; Ley Núm. 10, supra.

      (15) Véase esc. 9.

      (16) El Código Penal de 1902 prohibía, entre otras cosas, inventar, preparar, establecer y jugar cualquier lotería. Para entonces existía una veda total de la lotería en Estados Unidos que duró hasta principio de la década de 1960. Aun cuando esa fuera la situación en Estados Unidos, ya para 1935 se autorizó la primera lotería estatal en Puerto Rico.

      (17) Mediante enmienda al Art. 291 del Código Penal se dispuso que
      “... quedan excluidas de las disposiciones de las secs. 1211 a 1218 de este título, ambas inclusive, las organizaciones o entidades cívicas, deportivas, culturales, reli-giosas y partidos políticos, siempre que realicen las loterías con propósitos legítimos, sin fines pecuniarios y que las entidades se encuentren inscritas en el correspon-diente organismo gubernamental. Todas las entidades vendrán obligadas a radicar en el Departamento de Hacienda en o antes del día 15 de febrero de cada año, un informe expresando todas las loterías que realizaron y, además, una copia del anterior informe deberá radicarse en el organismo en el cual se encuentran legalmente registradas.” 33 L.P.R.A. sec. 1211 (ed. 2001).

      (18) Ley Núm. 321 de 15 de septiembre de 2004 (15 L.P.R.A. secs. 123-124).

      (19) Previo a la enmienda, el Art. 14 de la Ley Núm. 465, supra, disponía:
      “El establecimiento, conservación y explotación de loterías en Puerto Rico, excepto en [la] forma descrita en las secs. 111 a 127e de este título, queda prohibido en Puerto Rico. Las personas convictas del delito de lotería preceptuado en el Capítulo VIII del Código Penal, secs. 1211 a 1218 del Título 33, se castigarán en la forma provista en el citado código.” 15 L.P.R.A. sec. 124 (ed. 2000).
      Asimismo, el Art. 292 del previo Código Penal disponía:
      “Toda persona que inventare, preparare, estableciere o jugare cualquier lotería, será reo de delito menos grave.” 33 L.P.R.A. sec. 1212 (ed. 2001).
      De igual forma, el Art. 293 del previo Código Penal expresaba:
      “Todo el que vendiere, cediere, o en cualquier forma supliere o traspasare a otro o a un tercero, algún billete, suerte, acción o interés, o algún papel, certificado o instrumento que se presumiere o entendiere ser o representar algún billete, suerte o acción, o interés en cualquiera lotería, o que dependiere del resultado de la o enten-diere ser o representar algún billete, suerte o acción, o interés en cualquier lotería, o que dependiere del resultado de la misma, será reo de delito menos grave.” 33 L.P.R.A. sec. 1213 (ed. 2001).

      (20) “[C]uando una ley es derogada deja de existir.” García Passalacqua v. Tribunal Electoral, 105 D.P.R. 49, 59 (1976).

      (21) En Pueblo v. Figueroa Pomales, 172 D.P.R. 403 (2007), señalamos que dado que el legislador tipificó todos los elementos del delito con anterioridad, pero ante la ausencia de la definición de uno de los términos, la controversia se convierte en una de interpretación estatutaria. Según lo anterior, y al haberse combinado y reformu-lado los artículos en el derogado Código Penal, la trayectoria de dichas disposiciones nos asisten a la hora de interpretar el significado y alcance del estatuto vigente.
      De igual forma, la jurisprudencia interpretativa de estos delitos, según tipificados en el anterior Código Penal, aplica al caso de autos. Véanse: Pueblo v. Pérez Pou, 175 D.P.R. 218, 229 esc. 1 (2009); Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839, 841 (1980) (“La identidad de lenguaje tiene fuerza persuasiva en la tarea de herme-néutica estatutaria, pues se presume que la Asamblea Legislativa conoce la inter-pretación del foro judicial y la estima correcta”).

      (22) En repetidas ocasiones este Tribunal ha atendido reclamos de ineonstitucio-nalidad de las leyes de juegos de azar. Véanse: Pueblo v. Troche Mercado, 105 D.P.R. 501 (1976); Pueblo v. Pérez Méndez, 83 D.P.R. 228 (1961).

      (23) Existen diversas modalidades de “lotería”, como por ejemplo, el juego de loto o lotería denominado “bingo”, que está prohibido por nuestro ordenamiento, salvo para fines caritativos o educativos, según dispuesto en ley. Ley Núm. 242, supra. Lo impor-tante para identificar las modalidades son los tres elementos: pago, azar y premio.


text:
      In re Ángel L. Morales Rodríguez.

      Número: TS-7575

      Resuelto: 19 de agosto de 2010

      Se decreta la separación inmediata e indefinida de La profesión de la abogacía y la notaría del señor Morales Rodríguez.

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías.
   per curiam:

Nuevamente nos vemos forzados a suspender indefinidamente de la práctica notarial a un abogado por incumplir con nuestras órdenes y con la Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

I

El Ledo. Ángel L. Morales Rodríguez fue admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de noviembre de 1982, y el 17 de enero de 1983 al ejercicio de la notaría. El 30 de diciem-bre de 2010, la Leda. Lourdes I. Quintana Lloréns, Direc-tora de la Oficina de Inspección de Notarías, presentó un informe sobre la obra notarial del licenciado Morales Rodríguez. En ese informe, la licenciada Quintana Lloréns nos indicó que la obra notarial del licenciado Morales Ro-dríguez para 1988, 1989, y 1992 al 1995, había sido inspec-cionada conforme a la resolución que emitimos el 11 de octubre de 2002. Añadió que la inspección realizada reveló que el licenciado Morales Rodríguez adeuda $2,866 por aranceles en sus protocolos y Registro de Testimonios, y que las gestiones realizadas para lograr que las deficien-cias pendientes fuesen corregidas han sido infructuosas.

Visto el informe presentado por la licenciada Quintana Lloréns, el 29 de enero de 2010 emitimos una Resolución. En ella, concedimos al licenciado Morales Rodríguez un término de veinte días para que subsanara las deficiencias encontradas en su obra notarial y le apercibimos que su incumplimiento con los términos de la resolución conlleva-ría su suspensión automática del ejercicio de la abogacía.

El 11 de febrero 2010, el Sr. Edgardo Vargas Santana, alguacil de este Tribunal, diligenció personalmente la reso-lución antes descrita. Dicho diligenciamiento fue devuelto como negativo, pues el licenciado Morales Rodríguez ya no residía en la dirección suministrada por la Secretaría de este Tribunal. Además, sus números telefónicos estaban fuera de servicio.

Posteriormente, el 19 de mayo de 2010, la licenciada Quintana Lloréns presentó un segundo informe sobre la obra notarial del licenciado Morales Rodríguez. En dicho informe la licenciada expresó que la obra notarial del licen-ciado Morales Rodríguez aún permanece en las mismas condiciones antes descritas y que éste no se ha comunicado con la Oficina de Inspección de Notarías para corregir las deficiencias identificadas.

II

Todo abogado admitido a practicar la profesión tiene el deber ineludible de responder con premura y diligencia los requerimientos que le hace el Tribunal General de Justicia. In re Tió Fernández, 178 D.P.R. 681 (2010); In re Cubero Feliciano I, 175 D.P.R. 794 (2009). Cónsono con lo anterior, en múltiples ocasiones hemos enfatizado que la naturaleza pública de la profesión de la abogacía impone a todo abogado la más rigurosa observancia a los requeri-mientos relacionados con investigaciones disciplinarias. In re Rosado Cruz, 176 D.P.R. 1012 (2009); In re Ramírez Ferrer, 164 D.P.R. 744 (2005); In re Pérez Brasa, 155 D.P.R. 813 (2001). “Es obligación de todo abogado responder dili-gentemente los requerimientos relacionados con un proce-dimiento disciplinario seguido en su contra ....” In re Rosado Cruz, supra, pág. 1015. Ello es así sin importar que el Procurador General realice los requerimientos o, como en el caso ante nos, los realice este Tribunal. In re Rosado Cruz, supra; In re Cuevas Vélez, 157 D.P.R. 129 (2002); In re Vázquez Santiago, 155 D.P.R. 926 (2001); In re Izquierdo, 126 D.P.R. 202, 205 (1990).

Además, hemos reiterado que “ignorar las órdenes de este Tribunal conlleva la imposición de sanciones disciplinarias severas...". In re Rosado Cruz, supra, pág. 1015. “[E]llo [ocurre] por tratarse de una conducta que contraviene las normas éticas que regulan la profesión de la abogacía.” Íd. Véanse: In re Ramírez Ferrer, supra; In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55 (1988). Aún más, la desatención a las órdenes de este Tribunal constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, en cuanto a la exigencia de respeto hacia los tribunales —In re Rosado Cruz, supra; In re Vargas Soto, supra— como también constituye una falta ética distinta e independiente de los méritos de la queja o quejas disciplinarias ya presentadas. In re Rosado Cruz, supra; In re Ramírez Ferrer, supra; In re Vázquez Santiago, supra; In re Vargas Soto, supra.

De igual forma, en innumerables ocasiones hemos sido enfáticos en la importancia del deber de todo abogado de mantener informado al Tribunal sobre sus direcciones e información personal requerida. In re Tió Fernández, supra; In re Sanabria Ortiz, 156 D.P.R. 345 (2002). Por ello, “cualquier cambio en la dirección del abogado debe ser notificado de inmediato a este Tribunal. El abogado que no cumpla con este deber falta a los deberes más elementales de la profesión”. In re Tió Fernández, supra. Véanse: In re Sanabria Ortiz, supra; Regla 9(j) de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

III

Luego de evaluar el expediente, nos resulta forzoso con-cluir que el licenciado Morales Rodríguez no ha cumplido a cabalidad con los deberes éticos antes mencionados. Aparte de no haber contestado nuestros requerimientos, el licen-ciado Morales Rodríguez cambió su dirección y aún no ha actualizado su información en nuestra Secretaría. Por ello, y porque la conducta del licenciado Morales Rodríguez para con este Tribunal ha sido negligente, contumaz e intolerable, “suficiente para tomar medidas disciplinarias en su contra” (In re Rosado Cruz, supra, pág. 1016), lo suspen-demos indefinidamente de la práctica de la abogacía y no-taría, según le apercibimos en nuestra Resolución de 29 de enero de 2010.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, decretamos la se-paración inmediata e indefinida de la profesión de la abo-gacía y notaría del señor Morales Rodríguez. Le apercibi-mos que debe notificarle a todos sus clientes, como también a los foros judiciales y administrativos de Puerto Rico en donde actualmente practica la abogacía, sobre su inhabili-dad para poder seguir ejerciendo la profesión. Además, dentro de un término de treinta días a partir de su notifi-cación, el señor Morales Rodríguez tiene la obligación de certificarnos el cumplimiento de estos deberes.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Luis M. Polanco Ortiz.

      Números: AB-2009-237 TS-9107

      Resueltos: 20 de agosto de 2010

      Marangelí Colón Requejo, procuradora general auxiliar, Zaira Z. Girón Anadón y Leticia Casalduc Rabell, subpro-curadoras generales; Israel Pacheco Acevedo, abogado del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
   per curiam:

El 28 de enero de 2009 el Sr. John Hernán-dez Vargas presentó una queja ante la Oficina de la Procu-radora General en la que expresó que había contratado los servicios profesionales del Ledo. Luis M. Polanco Ortiz para que lo representara en un recurso de apelación en un caso criminal. Adujo que el abogado nunca presentó el re-curso, a pesar de haber cobrado por ello. También alegó que, en el tiempo que duró la relación abogado-cliente, la única llamada que le hizo su abogado fue para encargarle la compra de un perrito para su hija, con la promesa de abonarle el precio de esa compra a los $500 que éste le adeudaba. () Según informa, no fue hasta que un alguacil le requirió que compareciera al Tribunal para responder por desacato que tuvo la oportunidad de revisar su expe-diente y se enteró que el abogado nunca presentó el recurso de apelación, nunca le notificó de las vistas pautadas en el caso y que su incomparecencia fue la razón por la cual se le encontró incurso en desacato. Alega el señor Hernández Vargas que tuvo que pagar las multas y comparecer por derecho propio mediante moción al tribunal apelativo para que no se desestimara su causa.

El 24 de septiembre de 2009 la Procuradora General nos informó que el licenciado Polanco Ortiz nunca había contes-tado la queja, a pesar de que se le notificó de ésta en dos ocasiones. En una Resolución de 6 de noviembre de 2009, notificada el 13 de noviembre de 2009, concedimos al letrado un plazo de diez días para justificar su incumplimiento con los requerimientos de la Procuradora, so pena de severas sanciones, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión.

El 8 de junio de 2010 la Procuradora General informó que el licenciado Polanco Ortiz no había cumplido nuestra orden. En vista de ello, mediante una Resolución de 28 de junio de 2010, notificada el 7 de julio de 2010, concedimos al licenciado Polanco Ortiz un término de veinte días para ex-presarse en cuanto a lo expuesto por dicha funcionaría. El licenciado Polanco Ortiz no ha comparecido según ordenado.

En otro incidente, el 5 de febrero de 2010, el Colegio de Abogados de Puerto Rico informó que el abogado de epígrafe tiene al descubierto el pago de la fianza notarial, la cual venció en marzo de 2009. En vista de ello, el 8 de marzo de 2010 ordenamos al abogado mostrar causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la notaría y le adverti-mos que su incumplimiento con dicho requerimiento conlle-varía, no sólo la suspensión de la notaría, sino posibles san-ciones adicionales. El licenciado Polanco Ortiz tampoco ha cumplido con este requerimiento.

I

Hemos resuelto en reiteradas ocasiones que todos los abogados y abogadas tienen que responder con premura y por escrito a los requerimientos relacionados a quejas por conducta profesional. Hacer lo contrario puede conllevar severas sanciones disciplinarias. Véanse: In re Vilanova Alfonso, 159 D.P.R. 167 (2003); In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999). Este Tribunal ha destacado, además, la importancia de la función investigativa que realiza la Ofi-cina del Procurador General con relación a las quejas sobre posibles violaciones éticas. In re Albizu Merced, 136 D.P.R. 126 (1994).

De igual forma, hemos señalado reiteradamente que desatender las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon IX del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. In re Maldonado Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999). Igualmente he-mos resaltado que los abogados tienen el deber ineludible de cumplir diligentemente las órdenes de este Tribunal. Desatender las órdenes nuestras acarrea la imposición de sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión. Véanse, entre muchos otros: In re Grau Díaz, 167 D.P.R. 397 (2006); In re Zayas Cabán, 162 D.P.R. 839 (2004); In re Arroyo Rivera, 161 D.P.R. 567 (2004); In re Torres Torregrosa, 161 D.P.R. 66 (2004); In re Fernández Pacheco, 152 D.P.R. 531 (2000); In re Corujo Collazo, 149 D.P.R. 857 (1999); In re Ron Menéndez, 149 D.P.R. 105 (1999); In re Rivera Rodríguez, 147 D.P.R. 917 (1999).

En In re Escalona Colón, 149 D.P.R. 900, 901 (1999), indicamos que “[d]esatender nuestras órdenes en el curso de un procedimiento disciplinario, revela una gran fisura del buen carácter que debe exhibir todo miembro de la profesión legal”. Se trata de un acto de indisciplina, des-obediencia, displicencia, falta de respeto y contumacia hacia este Tribunal que no habremos de tolerar. Véanse: In re Guemárez Santiago I, 146 D.P.R. 27, 28 (1998); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717, 718 (1992).

II

El abogado de epígrafe ha incumplido con las normas expuestas. Por ello, se suspende indefinidamente a Luis M. Polanco Ortiz del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su in-habilidad para seguir representándolos, devolver cuales-quiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e in-formar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país.

Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumpli-miento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) El quejoso se identifica como Ayudante de Veterinaria y tiene un negocio de venta de perros de raza.