author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Rosa, Monserrate, Rafaela, Rafaela Monserrate, Eduardo y Soledad Pérez Casalduc y Luisa Torres, demandantes y apelados, v. Manuel Díaz Mediavilla y su esposa Aciscla Vázquez y The Federal Land Bank of Baltimore, demandados y apelantes.
    No. 4621.

    Sometido: Mayo 29, 1929.

      Resuelto: Julio 18, 1930.

      Francisco Parra, abogado de los esposos Mediavilla; José B. Aponte,, abogado del Banco Federal; E. Pérez Casaíduc, como abogado por sí; M. Garda Méndez, abogado de los otros apelados.

      Nota: V6ase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal

En julio de 1902, al entrar en vigor el nuevo Código Civil, el consejo de familia fué suprimido y la corte de distrito lo sustituyó. En marzo de ese año un consejo de familia se reunió y por vía de una supuesta transacción autorizó el traspaso de bienes de menores en pago, de deudas. Si bien el Juez Presidente y el Juez Asociado Sr. Hutchison están más bien inclinados a convenir con el criterio de la corte inferior,- en el sentido de que tal supresión, impedía una venta por parte del tutor sin el consentimiento de la corte, el juez que suscribe está de acuerdo con los apelantes en que si en marzo de 1902 ese consejo. de familia tenía la facultad de autorizar el traspaso, el hecho de que la escritura fuese redactada en octubre, cuando el consejo de familia había sido privado por el código de sus poderes, no importaría en abso-luto. La autoridad conferida a un tutor para traspasar, transigir, o para lo que fuere, continuó en vigor y no fué revocada por el cambio de sistema. El suscribiente es de opinión que la situación no es diferente de la que surge cuando se obtiene autorización para vender de una corte que es sucedida por otra para el mismo distrito. La facultad conferida al tutor no era adjetiva, según sostienen los ape-lados, sino substantiva. Por tanto, el código no tuvo efecto retroactivo. No nos detendremos a examinar las autorida-des citadas en pro y en contra por las partes.

El causante de los apelados — cosa que no estaba fuera de lo natural — tenía deudas al tiempo de morir. La escritura inscrita demuestra que había un embargo d varios embargos contra dicho cansante. Bajo estas circunstancias, el consejo de familia se reunió y por vía de transacción auto-rizó al tutor de ciertos menores a traspasar a uno de los coherederos ciertos bienes inmuebles heredados por aquéllos. De acuerdo con los códigos de marzo de 1902, para enajenar bienes inmuebles de un menor era necesaria una venta en pública subasta,. No obstante, los apelantes citain autori-dades al efecto de que un tutor, por lo menos en aquella época, podía efectuar transacciones de reclamaciones contra los menores. Tenemos la idea de que el pago de un embargo no podría denominarse una transacción. El artículo 1711 de nuestro Código Civil, que es una reproducción del 1809 del Código Civil Español, dispone:

‘‘La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provoca-ción de un pleito o ponen término al que había comenzado.”

La lectura de este artículo demuestra que no sólo debe mediar la prevención o terminación de un pleito, sino que cada una de las partes dé, prometa o retenga algo. Enten-demos que esto significa, según se desprende del significado general de la palabra “transacción,” que el acreedor condona parte de su crédito. Si el traspaso satisface en' su totalidad la reclamación principal del litigio y levanta el embargo, en-tonces no hay transacción.

Los apelados citan de la decisión de la Dirección General de los Registros de diciembre 26, 1893, al efecto de que cual-quier derecho técnico no dependería del nombre que las partes eligieran darle sino de su naturaleza esencial. Por tanto, el hecho de que en este caso las partes designaran su contrato como uno de transacción no lo haría tal. Los ape-lados citan además de Manresa, tomo 12, página 96, al efecto de que una transacción presupone la existencia de un derecho que ha sido discutido o que es capaz, de serlo; segundo, que las partes, con la intención aludida (la prevención o el arreglo de un litigio) hacen concesiones mutuas, iguales o desiguales cu valor. Los apelados dicen además, en síntesis, qne el pago de lo qne la otra parte exige no es nna transacción. En el presente caso existían reclamaciones de acreedores, y para satisfacerlas, el tntor, con el consentimiento del consejo de familia, hizo nna dación en pago. No hallamos en los autos qne los acreedores rebajaran nn solo centavo de sns recla-maciones. El registro de la propiedad no demostraba tal rebaja ni algunos de los elementos necesarios qne expresa el artículo 1711, supra. Es una probabilidad razonable qne los terrenos enajenados valieran más de la suma reclamada. Si pudiera llamarse nna transacción a este contrato, .entonces cualquiera enajenación en pago de hipotecas o embargos podría igualmente llamarse así. Si, por ejemplo, se radica un pleito injusto contra un causante al cual él se oponía, y el demandante en el mismo ha embargado bienes de aquél, la mera existencia de este embargo injusto autorizaría a un tutor a enajenar una vasta propiedad del causante sin la celebración de una venta pública. De acuerdo con nuestro sistema moderno, debe demostrarse a la corte la necesidad de una venta en pública subasta. A fortiori, la enajenación de bienes de menores en cualquier momento debe justificáis© mediante la existencia de algo más que un embargo nominal. La naturaleza de tal embargo y el hecho de que lo que se conoce familiarmente como una transacción se llevó, a cabo, deben demostrarse concluyentemente. Si se toleran las transacciones de la índole de la que aquí trató de efectuarse, deben acreditarse claramente los hechos en que se basa su existencia. Las adjudicaciones hechas en pago de deudas son enajenaciones. 87 Jurisprudencia Civil 11; Longpré v. Díaz, 237 U. S. 512; Acosta v. El Registrador, 29 D.P.R. 9; Del Rosario et al. v. Rucabado et al., 22 D.P.R. 473; Rivera v. El Registrador, 30 D.P.R. 871; Pagán et al. v.. Sellés et al., 29 D.P.R. 821; González et al. v. Díaz et al., 33 D.P.R. 178, todos citados por la corte inferior.

En este caso, sin embargo, tenemos otra convicción.. Asumiendo que residiese en el tutor la facultad de transigir,. resolvemos que ella no se extendía a la venta de bienes in-muebles sin subasta pública. La transacción es una cosa; la venta en sí es otra. Puede efectuarse toda clase de tran-sacciones sin que el traspaso de terrenos sea uno de sus elementos constitutivos. Después de haberse convenido una transacción, si envolvía la enajenación de bienes de menores, era menester la venta pública. No vemos excepción alguna a esta regla en la autoridad del tutor para hacer transac-ciones. El artículo 272 del Código Civil Español provee:

“Cuando se trate de bienes inmuebles, de derechos inscribibles o de alhajas o muebles cuyo valor exceda de 4,000 pesetas, la enajena-ción se hará en pública subasta con intervención del tutor o pro-tutor.”

Los casos de Acosta v. El Registrador de Arecibo, y Rivera v. El Registrador de Arecibo, supra, tienen alguna aplicación a todos los fundamentos que anteceden.

Tal vez la duda principal que este tribunal ha tenido en el caso de autos gira sobre la cuestión de si los varios apelantes eran terceros, y, por tanto, si los defectos aparecían o resultaban claramente del registro. El artículo 33 de la Ley Hipotecaria dispone:

“La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes.”

Los apelantes no pueden hallar refugio en las distintas inscripciones efectuadas con posterioridad al asiento original que traspasaba la participación de los menores. Si cierta enajenación es nula y el comprador no adquiere título por ella, media docena de enajenaciones posteriores no surte el efecto de hacer- menos aparente el defecto. A cada una de esas enajenaciones se extiende necesariamente el artículo 33. Un acto nulo no puede convalidarse a virtud de enajena-ciones posteriores.

El artículo 34 de la Ley Hipotecaria prescribe:

“No obstante lo declarado eu el artículo anterior, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello no se invalidarán en cuanto a tercero, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título anterior no in'serito o de causas que no resulten claramente del mismo Registro.
“Solamente en virtud de un título inscrito podrá invalidarse, en perjuicio de tercero, otro título posterior también inscrito, salvo lo dispuesto en el artículo 389.
“Lo dispuesto en este artículo no será aplicable en ningún tiempo al título inscrito con arreglo a lo prevenido en él artículo 390, a menos que la prescripción haya convalidado y asegurado el derecho a que se refiera dicho título.”

A veces parecería que los apelantes casi están sosteniendo que un defecto debe aparecer positivamente del registro; en otras palabras, qué debe ser un defecto patente y no latente. Por ejemplo, si el registrador recibe dos traspasos, uno de A a B y otro de B a C, y por un error sólo inscribe en el registro el traspaso de B a C-, nada defectuoso habría en el traspaso de B a C, y sin embargo ninguna persona que le compre a C podría reclamar derecho alguno a causa de la falta de traspaso de A a B. Empero, nada aparecería en el re-gistro que sea positivamente defectuoso. El defecto sería algo faltante en el registro. De suerte que si era necesaria una venta en pública subasta para la enajenación de los bienes de menores al tiempo de la existencia del consejo de familia, el hecho de que el registrador inscribiera la escritura con la autorización del consejo de familia no subsanaría el defecto.

La carencia de una autorización debida, resultaría igual-mente del registro, aunque no apareciera claramente del mismo. Nada ilustra mejor la diferencia que el caso de Ayllón et al. v. González, et al., 28 D.P.R. 67. Allí resolvimos que cuando una corte actúa se presume que un tutor ha cum-plido con el requisito de prestar ñanza, etc., porque debe presumirse que la corte no actuó a menos que el tutor'hubiese cumplido con la ley, y, por tanto, que no aparecía ■ defecto alguno del registro. En el caso de autos no .podría haber ninguna presunción posible de que se había efectuado una subasta pública, porque el hecbo fué claramente todo lo con-trario, según parece admitirse.

Conforme resolvió la corte inferior, la prueba; de los de-mandados demostró que la escritura de que se trata, “ ‘regis-trada más extensamente en la inscripción quinta de la finca número tres mil doscientos diez al folio doce vuelto de este tomo,’” fué mencionada en la forma siguiente: “‘Dichos señores .... (nombrando a los mayores de edad) .... y los citados menores Pérez y Casalduo representados por su tutor’ don Felipe Casalduc Colón, mayor de edad, viudo pro-pietario, vecino de la repetida ciudad de Utuado, previa autorización que al efecto le concedió el Consejo de Familia de aquéllos, según el ■ acta de la sesión celebrada el 24 de marzo último, declaran que ban transado sus diferencias con los acreedores del causante Don Eusebio Pérez Castillo, con-viniendo en cederles en pago de sus créditos esta finca y otra más embargada por los mismos, a condición de que la dación en pago de los derechos que en ambas fincas tienen dichos acreedores, se haga a Don José Antonio Pérez Eivera, quien queda obligado al pago de los créditos con intereses y costas, dándole un valor de treinta mil dólares a la pre-sente finca y de cuatro mil seiscientos dólares a la nombrada Hornos, lo que da un total de treinta y cuatro mil seiscientos dólares; y llevando a efecto su convenio, dan en pago por vía de transacción al expresado don José Antonio Pérez y Rivera, las aludidas dos fincas por el precio indicado de treinta y cuatro mil seiscientos dólares, a fin de que con dicho importe cubra las sumas desembolsadas por él, por cuenta de los trasmitentes y que están pendientes de cubrirse^ las cuales resultan aseguradas con dichas dos fincas por virtud de la hipoteca y embargos que sobre ellas pesan, in-cluso los intereses y costas,” etc.

■ Según indican los apelados, claramente aparecía que al tiempo de esta inscripción dos de los trasmitentes eran menores que se hallaban bajo tutela, que los bienes fueron trasmitidos a Antonio Pérez Rivera para pagar ciertas cantidades que habían sido garantizadas a los acreedores del cansante Ensebio Pérez Castillo, de snerte qn© aparecía del registro mismo qne la escritura se Mzo para satisfacer ciertas deudas hereditarias,, y que a tenor del artículo 996 del Código de Enjuiciamiento Civil, era necesaria una venta en pública subasta. Ya nos hemos referido al artículo 272 del Código Civil. Además, si una persona que adquiriera de José Antonio Pérez Rivera examinara la inscripción con un poco más de cuidado, hallaría la confirmación del hecho que ya ha sido suficientemente señalado de que la venta sé efectuó solamente con el consentimiento del consejo dé familia, y no en virtud de una venta en pública subasta.

Creemos que la falta de una venta en pública subasta apa-recía suficientemente del registro, y la sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Aldrey y Texidor disin-tieron.


source: Caselaw Access Project

author: En Juez Asociado Señor Texidor,

license: Public Domain

text:
    Etanislá Rivera, demandante y apelada, v. Faustino Carrasquillo, demandado y apelante.
    No. 5380.

    Sometido: Julio 14, 1930.

      Resuelto: Julio 18, 1930.

      Joaquín Vendrell, abogado del apelante; Silvestre Cruz, abogado de la apelada.
   En Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

A la moción de desestimación en este caso, que encon-tramos confusa y difícil de entender s© ha unido una copia de la resolución dictada por la Corte de distrito de San Juan, que, si fuera admisible, sería suficiente para resolver, ya que aparece perfectamente claro el caso en ella. Pero la forma de presentar estos documentos es. la de una certifica-ción y no creemos que deba variarse.

Por esa razón, sin perjuicio de que se presente de nuevo, y en forma aceptable, la moción de desestimación, se declara sin lugar, por no aparecer de la misma, en sí, la alegada frivolidad.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Norwich Pharmacal Co., peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, y José Ryan Torres, demandados.
    No. 720.

    Sometido: Junio 16, 1930.

      Resuelto: Julio 18, 1930.

      Besosa & Besosa, abogados de la peticionaria; Rafael Muñoz Ramos, abogado del demandado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión, del tribunal.

En la Corte Municipal de San Juan, P. B., se siguió un pleito, por la Norwich. Pharmacal Co. como demandante contra José Eyan, demandado, en cobro de dinero. Dictada sentencia, se expidió por el secretario nna notificación cuyo texto es como signe:

"A Ledo. Rafael Muñoz Ramos, abogado del demandado, San Juan.
“El 'Secretario que suscribe notifica a usted que la Hon. Corte de este distrito ba dictado sentencia en este caso con fecha 1 de abril de 1930, que fué debidamente registrada, en el libro correspondiente, según consta en el récord de este asunto, donde podrá usted ente-rarse detalladamente de los términos de dicha sentencia.
“Y siendo o representando usted la parte perjudicada en la sentencia, por la cual puede establecerse recurso de apelación, dirijo a usted esta notificación escrita, archivando una copia de la misma.
“San Juan. P. R., a 12 de abril de 1930. '
“Archivada hoy 12 de abril de 1930.
(Fdo.) Regina Escudero,
.Secretaria de la Corte Municipal.
“Enviado el original de esta notificación el día 15 de abril, 1930, por no encontrarse el Ledo. Muñoz en su oficina el día que le fué enviada por conducto del mensajero de esta Corte.
“San Juan, 15 de abril, 1930.
(Fdo.) Regina Escudero,
See.”

La parte vencida apeló, radicando sn apelación el 25 de abril de 1930. Y ya ante la Corte de Distrito de San Jnan, la demandante radicó nna moción de desestimación de la apelación, basada en que ella fué interpuesta después de los 10 días de archivarse la copia de la notificación de la sen-tencia, lo que está en desacuerdo con la ley; discutida la moción, la corte de distrito la declaró sin lugar. Y contra esta resolución se ba acudido a nosotros en procedimiento de certiorari.

El extremo esencial en este caso es decidir desde cuándo corre el término para apelar.

José Eyan, que interviene en el procedimiento ba pedido que se anule el auto, .porque: (a) no presta el jura-¡mentó la parte realmente interesada; (b) presta el jura-mento el abogado, sin explicar el porqué de su acto; (o) el abogado jura constarle los hechos de la petición, en parte por propio conocimiento, y en parte por información y creencia, sin expresar cuáles por una causa y cuáles por la otra. Y oponiéndose a lo solicitado, en el fondo, sostiene: que con arreglo a la Ley No. 2 de 1929, la apelación se formalizará dentro de los diez días siguientes al en que se hubiere noti-ficado la sentencia a la parte contra la cual se hubiera dic-tado o a su abogado, y que será deber del secretario de la corte enviar a la parte perjudicada o a su abogado, al dic-tarse sentencia la notificación escrita informándole que tal sentencia se dictó, y una copia de la notificación debe archi-varse, empezándose a contar el término para apelar desde la fecha del archivo.

Al resolver la corte de distrito, dijo lo que sigue:

“En el presente caso el Secretario de la Corte Municipal archivó en los autos la notificación en 12 de abril de 1930, pero sin haber enviado copia por correo ni en ninguna otra forma, y luego, en 15 de abril de 1930, puso una constancia en la notificación expresando que en dicha fecha la había enviado al abogado del demandado, por conducto de mensajero. La notificación personal fué posterior al ar-chivo, y siendo así, el precepto de la ley no quedó cumplido cuando se archivó en los autos la notificación que aún no se había hecho.”

La resolución de la corte de distrito es correcta.

La Ley No. 2 de 1929, en su artículo 1 dice:

“La sección 1 de la ley para reglamentar las apelaciones contra sentencia de las cortes municipales en pleitos civiles, aprobada en marzo 11 de 1908 queda por la presente enmendada, de modo que se lea como sigue:
“ ‘Sección 1. — Cuando una corte municipal hubiere dictado sen-tencia en un asunto civil, resolviéndolo definitivamente, cualquiera de las partes que se creyere perjudicada, podrá interponer recurso de apelación para ante la corte de distrito del distrito judicial en que radicare la corte municipal. Se formalizará la apelación noti-ficándola por escrito al secretario de la corte municipal, dentro de los diez días siguientes al en que se hubiere notificado la sentencia a la parte contra la cual se hubiere dictado, o a su abogado, y entre-gando igual notificación dentro del mismo término a la parte contra-ria, o a su abogado; Disponiéndose, que en todos los casos en que se pueda establecer el recurso de apelación según lo previsto en esta sección será deber del secretario de la corte enviar a la parte perju-dicada, o a su abogado, al dictarse sentencia o resolución apelable, una notificación escrita informándole a dicha parte perjudicada que tal sentencia o resolución ha sido dictada; y una copia de la dicha notificación será archivada con los autos, debiendo empezar a contarse el término para establecer el recurso de apelación, desde la fecha del archivo de dicha notificación.’ ”

El envío de la notificación a la parte o a sn abogado es lógicamente previo o simultáneo al archivo de la misma. En este caso aparece de los antos que la notificación fué enviada el 15 de a,bril de 1930, según nota puesta por la misma secre-taria Regina Escudero en esa fecha y no con la fecha de 12 de abril en que aparece el archivo. No hay duda alguna de que la nota de archivo ha debido ponerse después de aquélla en que consta que se envió la notificación o el mismo día 15 de abril de 1930, y desde esa fecha es que debe enten-derse que quedó debidamente archivada.

Debe declararse sin 'lugar la petición y amalarse el ambo expedido.


text:
    Ex Parte Angel Muñoz Igartúa, peticionario.
    No. 77.

    Sometido: Julio 3, 1930.

      Resuelto: Julio 21, 1930.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal. La Ley No. 24 de abril 18, 1929, dispone:

‘ ‘ Sufrir ante la Corte Suprema de Puerto Rico o ante el tribunal de exámenes que, de acuerdo' con esta Ley, ella designe, un examen oral general de todas las materias especificadas en la sección 3 de la misma, por el orden en que allí se consigna; Disponiéndose, sin embargo, que las personas que obtengan el grado académico de Ba-chiller en Leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, a partir del curso escolar correspondiente al año 1929-1930, éste inclusive, no estarán obligados a sufrir el examen que prescribe este inciso para ejercer dicha profesión, y tendrán derecho a que el Tribunal Supremo de Puerto Rico les expida la licencia para el ejercicio de la abogacía mediante solicitud, previa presentación del título que les haya expedido la Universidad de Puerto Rico acre-ditativo de haber obtenido el grado académico de Bachiller en Le-yes.”

El peticionario solicitó de este tribunal lo admita al ejer- " cicio de la profesión de abogado sin examen, y para justificar su petición alega que estudió durante varios años en la Uni-versidad de Puerto Rico; que debido a su situación económica se vió precisado a abandonar su asistencia a dicbo plantel, pero que continuó sus estudios de derecho y finalmente obtuvo un certificado de curso libre. Sostiene, consiguientemente, que tiene derecho a ser admitido sin examen.

La regla establecida por la ley antes citada es que todo aspirante debe tomar un examen oral a menos que haya obte-nido el grado académico de bachiller en leyes en la Univer-sidad de Puerto Rico. El peticionario no se coloca dentro de la excepción. Si bien quizás el título obtenido por el peti-cionario envuelve la misma cantidad de conocimientos po-seídos por otros graduados del Colegio de Derecho, sin embargo, suponiendo que tuviéramos facultad para ello, no estamos dispuestos a ir más allá de la excepción hecha por la Legislatura.

No ha lugar a admitir sin examen al peticionario.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Sucesores de L. Villamil & Co., demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 4837.

    Sometido: Enero 23, 1930.

      Resuelto: Julio 21, 1930.

      Luis Muñoz Morales, abogado de la apelante; Attorney General James B. Beverley y A. Ortiz Toro, abogados del apelado. ■
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso sobre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta. La demandante, nna sociedad mer-cantil residente en San Jnan, aleg'ó en su demanda que el 24 de.junio de 1920 presentó su declaración de ingresos por el año social de abril 1, 1919, a marzo 31, 1920, y con arreglo a ella bizo el Tesorero la liquidación de ingresos sujetos al pago, de contribución; que la demandante pidió reconsidera-ción y estando aún en trámites un recurso de alzada que esta-bleciera para ante la Junta de Revisión e Igualamiento, se decretó por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico la Ley No. 43, aprobada el 1 de julio de 1921, titulada. '‘Ley de contribuciones sobre ingresos”; que con tal motivo se sus-pendió todo procedimiento y el 9 de septiembre de 1921 el Tesorero notificó a la demandante que de conformidad con el artículo 42 de la indicada ley y los datos contenidos en su declaración, su caso quedaba liquidado así:

1. Ingreso neto_$122, 882. 96
2. Capital invertido_ 272,138. 54
3. Contribución a pagar_ 10, 537. 80;

que contra esa liquidación se alzó la demandante para ante la junta y ésta el 30 de enero de 1922 rindió su decisión así:

1.No admitió como deducción la suma de $5,153.99, por pagarés declarados incobrables.
. 2. Admitió como deducción el importe de bonos de los Estados ' Unidos.
3. Fijó como capital invertido
(a) los beneficios sin distribución del año 1918, ascendentes a $191,665.64 y
(b) la acreencia en cuenta corriente del socio don Gumersindo Suárez ascendente a $200,000;

que de acuerdo con esa decisión, el Tesorero bizo una nueva liquidación, así:

1. Ingreso neto_$115,362.96
2. Capital invertido_ 663, 805.18
3. Contribución a pagar_ 5, 604. 92

y que la demandante se avino a pagar y pag'd la indicada contribución de $5,604.92.

La demandante siguió alegando en su demanda que así las cosas, el 19 de enero de 1925 el Tesorero le notificó que debía pagar la contribución con arreglo a esta nueva liqui-dación:

1. Ingreso neto_$154,171. 06
2. Capital invertido_,- 663, 805.18
3. Contribución a pagar_ 9, 292. 58;

que no conforme la demandante acudió en alzada para ante la junta y ésta el 24 de junio de 1926, decidió su caso como sigue:

1. Ingreso neto_$140,505.96
2. Capital invertido_ 272,138.54
3. Contribución a pagar- 14, 544. 39;

que el Tesorero procedió a hacer la liquidación correspon-diente, deduciendo de los $14,544.39 los $5,604.92 ya pagados por la demandante, y la demandante pagó bajo protesta la diferencia y acogiéndose a la ley presentó su casó al tribunal.

Alegó entonces la demandante en su demanda que el Teso-rero carecía de autoridad para hacer la nueva liquidación de 1925, y que la decisión de la Junta de 1922 tenía y tiene el carácter de final y definitiva.

Por último y para el caso de que se resolviera que el Tesorero y la junta pudieron actuar válidamente en 1925 y 1926, alegó la demandante que la decisión de la junta y con-siguiente liquidación del Tesorero eran erróneas porque debiendo considerarse las partidas de $191,665.64 y de $200,000 de que se ha hecho mérito, como ganancias no repar-tidas, formaban parte del capital invertido de la deman-dante, de acuerdo con la ley.

Contestó el demandado aceptando la verdad de los hechos alegados pero negando que él y la junta carecieran de auto-ridad para actuar en la forma en que lo hicieron. Sostuvo que las partidas de $191,665.64 y $200,000 no formaban parte del capital invertido de la compañía demandante, la primera porque pertenecía a una sociedad anterior de la cual la de-mandante era sólo liquidadora y la segunda porque consti-tuía la acreencia del socio don Gumersindo Suárez por la cual la demandante pagaba al socio intereses.

Como materia nueva alegó el demandado que al admitir la junta la reducción de los intereses pagados al socio Sr. Suárez, tal reducción determinó como consecuencia la del capital en la suma de $200,000; que la suma de1 $191,665.60 no estaba formada por ganancias de la sociedad demandante, 'sino por ganancias de otra sociedad que fué disuelta, deri-vándose los beneficios en gran parte de negocios particulares de los socios de la misma; que en ninguna de1 las cláusulas del contrato social de la demandante consta que sea la reor-ganizadora o continuadora de la dicha otra sociedad, apa-reciendo por el contrario que se encargó de su liquidación, y que el contrato social de la demandante dispone expresa-mente que se someterá al Código de Comercio, cuerpo legal que contiene el artículo 119 regulador del modo de disolver las sociedades mercantiles.

Alegó además el demandado las siguientes: defenses espe-ciales : que la demandante está impedida de impugnar la última resolución de la junta, por haber recurrido ante la ■misma invocando su amparo y jurisdicción, y que el Código de Comercio prohíbe los pactos reservados entre los socios, siendo válidos solamente los que aparecen de la escritura social.

Trabada de tal modo la contienda, fué el pleito a juicio. La corte declaró la demanda sin lugar y la demandante apeló, señalando en su alegato la comisión de cinco errores, eomé-tidos, a su juicio, por la corte, así: 1, error de derecho al declarar que el Tesorero tenía autoridad para verificar la segunda liquidación de 1925 después de transcurridos tres años de la decisión de la junta y sin practicar una nueva investigación; 2, error de derecho al declarar que el Teso-rero no estaba obligado a respetar como final y definitiva la decisión de la junta de 1922; 3, error de derecho al de-clarar que' la junta no procedió ultra vires al rendir su decisión de 1926; 4, error de derecho al decidir que la de-mandante estaba impedida de negar la jurisdicción de la junta por haberse acogido a la misma, y 5, error de derecho al declarar que la junta no infringió la sección 18, inciso B, de la Ley No. 43 de 1921, en su resolución de 1926.

Los cuatro primeros errores giran alrededor de una misma cuestión: si el Tesorero y la Junta tuvieron o no autoridad para reliquidar la declaración de la demandante. Es el último el que presenta la cuestión de fondo. Procede-remos al examen de los cuatro primeros.

La ley aplicable es la No. 43 de 1921. Sobre esto no se ba levantado cuestión alguna. Su efecto retroactivo, fijado por ella misma y por la jurisprudencia, no se discute.

Las secciones 41, 42 y 43 de dicha ley son como signe:

“PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN
“Sección 41. — Tan pronto como el Tesorero de Puerto Rico re- . ciba una declaración de ingresos, procederá a imponer y a cobrar la contribución que resulte adeudando el contribuyente de acuerdo con su propia declaración.
“COMPROBACIÓN DE LAS DECLARACIONES
“Sección 42. — Tan pronto como fuere posible el Tesorero de Puerto Rico procederá a comprobar la exactitud de" las declaraciones de ingresos, mediante el estudio de las declaraciones rendidas por los contribuyents, declaraciones adicionales que solicite, los balances o inventarios y mediante las investigaciones que practique, y determi-nará el ingreso neto de cada contribuyente y computará el importe de la contribución que deba satisfacer, debiendo notificar de ambas cosas al contribuyente o a su representante legal.
“Sección 43. — Si la cantidad que resultare adeudar el contribu-yente, después de hecha la investigación antes referida, fuere mayor que la cantidad pagada de acuerdo con lo dispuesto en la sección 41, el excedente se pagará al Tesorero de Puerto Rico dentro del término de quince días después de haberse enviado por correo la correspondiente notificación. ’ ’

El procedimiento tal como se sigue en Tesorería es el de imponer inmediatamente la contribución a virtud de la declaración del contribuyente, con el entendido de que puede ser alterada la conclusión a que se llegue si un examen más detenido o alguna investigación ulterior demostraren que no es correcta, tanto en pro como en contra del contribuyente. Es algo que exige el pronto despacho de los asuntos y lo complicado de muchas de las declaraciones que se rinden. Se trata de la aplicación de leyes nuevas y de la considera-eión de situaciones variadísimas, qne requieren detenido estudio.

Por otra parte la contribución debe cobrarse rápida-mente, dentro del ejercicio económico, y así en interés del gobierno y del contribuyente y sobre todo de un justo y uni-forme cobro del impuesto, es que se ba adoptado tal proce-dimiento, permitido, a nuestro juicio, por los términos en que está redactada la ley.

Así parece reconocerlo la propia parte apelante, que lo que impugna en verdad es la facultad dentro de las circuns-tancias del caso, a saber: tres años después de baber actuado no ya el Tesorero sino la junta, y falta de una nueva investi-gación.

Con respecto al tiempo - transcurrido, debe tenerse en cuenta la sección 40 de la citada Ley No. 43 de 1921, que prescribe:

“Cualquier contribución imponible de acuerdo con las disposicio-nes de esta Ley podrá ser computada e impuesta por el Tesorero dentro de cinco años después de la fecha en que se rindió’ o debió rendirse la declaración, y no se iniciará ningún procedimiento para el cobro de la referida contribución después de expirados los cinco años.
“En el caso de que con el fin de evadir el pago de la contribu-ción no se rinda la correspondiente declaración de ingresos, y en el caso, de declaraciones falsas, el importe de la contribución imponi-ble, podrá ser determinado y cobrada aquélla juntamente con las penalidades que en esta Ley se especifican, en cualquir tiempo, sin limitación alguna.”

Mientras no transcurren los cinco años en casos como éste en que no está envuelta la cuestión de fraude, creemos que el Tesorero está en condiciones de actuar. Claro es que debe hacerlo a la mayor brevedad posible, pues los contribu-yentes de buena fe no deben ser innecesariamente molestados y en mucbos casos una persona que en su oportunidad hubiera podido pagar sin esfuerzos tendría más tarde grandes difi-cultades para realizar el pago, pero la ley ba fijado un período de cinco años que debe ser1 tomado en consideración. El mero transcurso, pnes, de tres años, no quitó en este caso autoridad para actuar al Tesorero.

Con respecto a si se llevó a efecto o no una nueva inves-tigación, dice la corte de distrito, apreciando la prueba prac-ticada:

“El testigo Carlos F. Figueras empleado del negociado de con-tribuciones sobre ingresos, declaró que se practicaron tres investiga-ciones en los libros de la compañía, siendo la última el 17 de enero, 1922, y finalmente se bizo el reajuste de la liquidación anterior que se notificó el 19 de enero, 1925; y nada bay en la prueba que de-muestre que el Tesorero de Puerto Rico actuara caprichosa o arbi-trariamente para computar e imponer la contribución, presumiéndose, a falta de prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 102, apar-tado 15, de la Ley de Evidencia, que él cumplió con regularidad los deberes de su cargo.”

Añora bien, estableciendo como establece la ley que las resoluciones de la junta son finales ¿pudo el Tesorero y la propia junta después, intervenir de nuevo en el asunto?

La corte de distrito estimó que las resoluciones de la junta eran finales en cuanto al contribuyente que agotaba con ellas la vía gubernativa, quedándole aún la judicial mediante el pago bajo protesta, pero no lo eran en cuanto al Tesorero, y a nuestro juicio tal- interpretación es lógica y permite que funcione debidamente todo el mecanismo de la ley. Si un contribuyente no está conforme con la liquida-ción del Tesorero, acude en alzada a la junta. Esta basa generalmente su investigación sobre la declaración del con-tribuyente y. la conclusión del Tesorero. Se trata de un recurso rápido, ■ dentro de la misma rama ejecutiva del Go-bierno, que puede decidirse en pocos meses, quizá en algunos días. Si el recurso hubiera estado llamado a impedir la nueva acción del Tesorero, no se habría fijado para ésta un término de cinco años.

La verdad es que el de la demandante es un caso extremo que ocurrirá muy pocas veces, pues existieron dos oportu-nidades para clasificar debidamente las partidas de que se trata, pero creemos que si la última clasificación es la verda-deramente propia, ello justifica la conducta del Tesorero y de la junta. No bay arbitrariedad en cobrar todo lo que se debe. Cuando el contribuyente hace su primer pago, sabe que es en cierto modo provisional, pues su declaración está sujeta a ulterior investigación. Casos se ban dado en que a virtud de esa ulterior investigación se ba devuelto al contri-buyente parte de lo que pagara, primero.

Habiendo llegado a la conclusión de que el Tesorero pudo actuar válidamente en este caso en el año de 1925, creemos que se impone la conclusión de que también pudo hacerlo la junta, especialmente habiendo acudido como acudió en alzada ante ella el propio contribuyente.

Alega éste que no tenía otro remedio. No estamos conformes. Si se trataba de un caso de falta de jurisdicción por parte del Tesorero, las puertas de las cortes estaban abiertas para dilucidarlo.

Eeconocido el poder del Tesorero y de la junta, veamos ahora si fué o no debidamente ejercitado.

La sección 18, inciso (5), de la Ley No. 43 de 1921 que lh apelante alega que infringió la junta, dice:

“El término ‘capital invertido’ tal como se emplea en esta sec-ción significa:
“ (b) En el caso de sociedades, significa el capital aportado por los socios de acuerdo con la contrata social más las acreencias de éstos procedentes de ganancias liquidadas pero no repartidas, que existían al comenzar el año contributivo a que el ingreso corres-ponde, y que figuran .en el libro de inventario y en el pasivo de la sociedad y que no hayan sido retiradas durante el año contributivo. ’ ’

De acuerdo, pues, con la ley, para que cualquiera cantidad que figure en la declaración del contribuyente pueda ser con-siderada como capital invertido, tiene que ser, en casos de sociedades, bien aportada por los socios de acuerdo con el contrato social o ya acreencia de los socios procedente de ganancias líquidas pero no repartidas qne exista al comenzar el año contributivo correspondiente y que figure en el libro de inventario y en el pasivo de la sociedad y no baya sido retirada durante el año contributivo.

No bay duda alguna que ninguna de las dos' cantidades en cuestión fué aportada como capital según el contrato social, por ninguno de los socios, pero se sostiene por la apelante que forman parte del capital invertido porque proceden de ganancias líquidas no repartidas.

Oigamos otra vez al juez sentenciador analizando la prueba a la luz de la ley que se supone infringida. Dice:

1 “La prueba ha demostrado que por escritura de 1ro. de abril, 1919, otorgada ante el notario don Francisco de la Torre y Garrido, fué constituida la sociedad mercantil ‘Sucesores de L. Villamil y Compañía, Sociedad en Comandita,’ por el término de 4 iaños, pro-rrogable, con un capital de $200,000.00, en el que corresponde a don Gumersindo Suárez García $60,000, don Manuel Lomba y Peña $30,000, a don Enrique Mitjans Julia $30,000, a don José León Nú-ñez $30,000, a doña Mercedes Fernández y Fernández $20,000, a don Celso Suárez Pico $7,500; a don Enrique Vila Gama $7,500, a don Ramón García Cobián $7,500, y a don Bartolomé Esteva Fla-quer $7,500; habiendo hecho todos la aportación de aquel capital efectivo, créditos a favor, mobiliario, existencias, y en bienes inmue-bles; y que dicha sociedad se hizo cargo del activo y pasivo de otra que con el mismo nombre terminó el 31 de marzo, 1918, y la cual se había constituido por escritura de primero de abril, 1914, por los socios, Gumersindo Suárez García, Manuel Lomba Peña, José León Núñez, Enrique Mitjans Juliá, y Mercedes Fernández y Fernández.
“La anterior sociedad, por la escritura de 1914, quedó disuelta el 31 de marzo, 1918, y nótese que en la nueva sociedad, por la es-critura de 1918, ingresaron 4 nuevos socios, con un capital cada uno de $7,500.00.
“No aparece de la mencionada escritura de 1918, que es el do-cumento contentivo de los pactos y condiciones de la compañía, pues no pueden hacerse por los socios pactos reservados, conforme el art. 119 del Código de Comercio, que el socio don Gumersindo Suárez García aportara a la sociedad ninguna otra cantidad que la suma de $60,000, ni que los $200,000 ,en cuenta corriente fuera una acre-encia no repartida, pues de la prueba resulta que dichos $200,000 procedían de ganancias liquidadas de la anterior sociedad, las cua-les habían sido repartidas desde el momento preciso en que la enti-dad social demandante pagaba intereses al socio por dicha suma, habiéndosele deducido del ingreso bruto para la imposición de la con-tribución, la cantidad de $12,725.48 por intereses pagados sobre acreencias del referido socio don Gumersindo Suárez, por el año 1919 y por el mismo concepto la suma de $13,665.10 del año 1920; y siendo esto así, dicha cantidad de $200,000, sobre la cual ha pa-gado intereses la demandante, no es propiedad de ésta y sí del socio que la había dejado en préstamo y por cuyo motivo se encontraba en poder de la sociedad.
“Y en cuanto a los beneficios sin distribuir de la anterior socie-dad, correspondiente al año 1918, ascendentes a $191,665.64, la si-tuación es igual que los $200,000 del socio don Gumersindo Suárez, con la fínica diferencia de que sobre esta suma la sociedad no pa-gaba intereses, pues del contrato social, o sea la escritura de 1ro. de abril, 1918, no aparece como aportación al capital de la sociedad, ni son acreencias de la sociedad procedentes de ganancias de la misma liquidadas y no repartidas, y por tanto es concluyente que dicha suma de $191,665.64 no llena los requisitos que exige el apar-tado (b) de la sección 18, de la citada Ley de 1921.”

Los hechos a que el juez se refiere tienen justificación cumplida en los autos y su razonamiento nos parece lógico. En su alegato la parte apelante no cita jurisprudencia, ni precedente alguno que destruya la fuerza de dicho razona-miento. Tampoco los argumentos originales que expone nos convencen de lo contrario.

Creemos, pues, que la contribución fué debidamente calcu-lada e impuesta y en su consecuencia propiamente declarada sin lugar la demanda.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señob Texidob,

text:
    Joaquín Márquez, et als., demandantes y apelados, v. Junta Insular de Elecciones, demandada y apelante y Manuel Pereyó, et als., interventores y apelantes.
    No. 4928.

    Sometido: Junio 2, 1930.

      Resuelto: Julio 21, 1930.

      B. Martinez Nadal y Bolívar Bagan, abogados de los interventores-apelantes; Honorable. Attorney General James B. Beverley y Tomás Torres Pérez, Subprocurador, abogados de la Junta Insular de Elecciones; Arturo Aponte y F. Gallardo Díaz, abogados de los apelados (apelantes para Boston).

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señob Texidob,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso, y contra la sentencia dictada por este Tribunal Supremo de Puerto Rico en 23 de mayo de 1930, se ba interpuesto apelación para ante la Corte de Circuito de- Ape-laciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito.

La parte apelante, Joaquín Márquez, Miguel A. Bustelo, Cruz Ortiz Stella, Salvador L. Rocafort, Carlos González Díaz, Arturo J. López, Adalberto Roig, Jesús Domínguez, Angel López Díaz y Juan Torrellas, en su señalamiento de errores, esencialmente sostiene:

(a) Que este tribunal erró al sostener que en el caso presente fue necesario para la Corte Municipal de Humaeao librar citaciones y notificaciones a los electores de los proce-dimientos, no obstante la comparecencia de las partes inte-resadas por sus abogados en tales procedimientos, y haber sido éstos instituidos por los mismos electores.

(5) Que este tribunal erró al no sostener que los pro-cedimientos instituidos en la Corte Municipal de Humacao, fueron procedimientos sumarios, de naturaleza perentoria, y que todas las partes interesadas estaban ante la corte.

(c) Que este tribunal erró al declarar que el 27 de julio de 1928 fué un día no jurídico.

(d) Que este tribunal erró al sostener que una resolución conjunta de 24 de julio de 1923, alteraba o enmendaba el Código de Procedimiento Civil, dando así efecto de ley a tal resolución, contra la letra y el espíritu del Acta Orgánica de Puerto Rico.

(e) Que este tribunal erró al revocar la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan.

(/) Que nuestra sentencia es contraria a la ley.

Con la petición de apelación se presentó la declaración jurada por Angel López Díaz en la que se hace constar ser ésta una apelación en una acción de certiorari especial creada por la Ley Electoral que concede tal remedio como recurso de impugnación electoral para anular la elección de funcio-narios y oficiales públicos, entre los que se hallan compren-didos los demandantes; que Joaquín Márquez, como alcalde, tiene derecho a percibir, y percibe, un sueldo de $1,800 anuales, o sea de $7,200 en los cuatro años de su cargo; y los demás una dieta de tres dólares por sesión, siendo gene-ralmente 15 sesiones al año, o sea $405 anuales, y $1,620 en los cuatro años; por lo que la cantidad envuelta en el litigio, os de más de $5,000.

Se oyó a las partes acerca del derecho de apelación en este caso. Los interventores se opusieron, alegando que no hay cuantía en el litigio, que la sentencia final que se dictara no ha de envolver interés pecuniario, ni quitaría ni daría posesión de cargo alguno, y si se declarara que la Junta Insular erró en su informe, ese organismo habría de reunirse de nuevo, y hacer nuevo informe, y la orden que se diera como resultado de la sentencia se tendría qne limitar a la nulidad de uno o más informes de la junta; que está resuelto que el salario de un cargo no puede tomarse como base de la cuantía, y que no pueden sumarse los salarios de distintos demandantes para formar la cuantía, citando a ese efecto jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos y de otros tribunales; que el salario de empleados y funcionarios municipales no es1 fijo, porque de acuerdo con la Ley Municipal lo establece cada año la asamblea municipal; que no bay envuelta ley federal alguna, y que esta cuestión ba sido levantada abora, y nunca antes de abora, y tardíamente; que en Puerto Rico las leyes y las resoluciones conjuntas' tienen la misma fuerza legal; y otras razones.

La ley, en cuanto a estas apelaciones, a nuestro juicio, es ésta:

“Las cortes de circuito de apelaciones tendrán, jurisdicción en apelación para revisar mediante apelación o recurso de error, las decisiones finales:
‘ ‘ «= =* # =x= * «= m
“Cuarto. — De las Cortes Supremas de los Territorios de Hawaii y Puerto Rico, en todo caso civil o criminal en que esté envuelta la Constitución o ,un estatuto o tratado de los Estados Unidos o cual-quier autoridad ejercida de conformidad con los mismos; en todos los demás casos civiles en que el valor en controversia excluyendo los intereses y costas, exceda de $5,000, y en todos los procedimien-tos de hábeas corpus.” Código de los Estados Unidos, Título 28, párrafo 225 (Cód’go Judicial, párrafo 128).

Indudable también que si el montante en controversia no aparece satisfactoriamente revelado por los autos, puede ser demostrado por juramento de la parte en el caso.

La petición fué una de certiorari especial, procedimiento de la Ley Electoral de Puerto Rico, para revisar las deci-siones de la. Junta Insular de Elecciones en ciertos casos. Contra la Junta Insular se dirigió el certiorari; y ella con-testó para sostener su decisión. Es difícil sostener que éste es un caso civil en el sentido de la ley que rige la apelación. Es un procedimiento especial de la Ley Electoral, en el que se discute la eficacia de una decisión de la junta, y la reso-lución que en el caso recaiga, no tiene el mismo-efecto que la que decidiera un derecho en contienda entre verdaderas partes.

En el caso de Luce & Co., S. en C., Recurrente, v. El Registrador de Guayama, esta corte admitió una apelación, opinando la mayoría que tratándose de una cuestión nueva' en la que está envuelta la jurisdicción de la Corte de Cir-cuito, debía dejarse a dicha corte que la resolviera. De la opinión disidente en el mismo caso tomamos lo que sigue:

“Las secciones 1 y 2 del artículo 3 de la Constitución de los Es-tados Unidos prescriben lo siguiente:
“ ‘Sección 1. — Se deposita el poder judicial de los Estados Uni-dos en una Suprema Corte, y en los tribunales inferiores que en lo sucesivo creare y estableciere el Congreso.
‘ ‘ 1 Sección 2. — El poder judicial conocerá de todos los casos en Derecho y Equidad que dimanen de la Constitución y leyes de la fe-deración, así como de los tratados ya celebrados o que puedan cele-brarse en lo sucesivo bajo su autoridad en todos los casos que afecten a los Embajadores, demás Ministros públicos, y a los Cónsules: de todos los casos de la jurisdicción de- almirantazgo y marina; de las controversias en que la Federación fuere parte; de las que se si-guieren entre dos o más Estados; entre un Estado y los ciudadanos del mismo Estado que reclamen terrenos bajo concesiones hechas por diversos Estados y entre un Estado o sus ciudadanos, y Estados, ciudadanos, o súbditos extranjeros.’
“Actuando de acuerdo con la facultad conferídale, el Congreso ha definido y clasificado la jurisdicción de las varias cortes de los Estados Unidos, y de acuerdo con ella, ha dado jurisdicción a dichas cortes sobre ciertos casos. Los estatutos que definen la jurisdicción de las diferentes cortes hablan casi invariablemente de ‘casos,’ lo cual es una consecuencia natural de las limitaciones impuestas al po-der judicial por la Constitución de los Estados Unidos.
‘ ‘ Cita la apelante el artículo 43 de la Ley Orgánica, a saber:
“ ‘Artículo 43. — Los recursos por causa de error y las apelacio-nes contra las sentencias y decretos definitivos del Tribunal 'Supremo de Puerto Rico, podrán ser interpuestos y seguidos ante la Corte de Circuito de Apelación para el primer circuito y ante la Corte Su-prema de los Estados Unidos, de la manera como ahora está dis-puesto por la ley.’
“En vista de la Constitución de los Estados Unidos y de la ju-risprudencia que luego consideraré no tengo duda alguna de que las sentencias y decretos a los cuales se refiere el Congreso en el artículo 43, supra, eran en ‘casos.’ El referido artículo hace refe-rencia a la ley existente, o sea la sección 246 del Código Judicial, la cual prescribe lo siguiente:
“ ‘Los recursos por causa de error y las apelaciones contra las sentencias y decretos definitivos de la Corte Suprema del Territorio de Hawaii y de la Corte Suprema de Puerto Rico podrán ser inter-puestos y llevados ante la Corte Suprema de los Estados Unidos dentro del mismo término, en la misma forma, bajo las mismas re-glas, y en los mismos casos en que los recursos por causa de error y apelaciones contra las sentencias y decretos finales de la más alta Corte de un Estado en que una sentencia en el pleito pueda ser ob-tenida, pueden ser interpuestos y llevados ante la Corte Suprema de los Estados Unidos de acuerdo con las. disposiciones de la Sección doscientos treintisiete; y en todos los demás casos civiles o crimina-les de la Corte Suprema del Territorio de Hawaii y de la Corte Su-prema de Puerto Rico, tendrá competencia la Corte Suprema de los Estados Unidos para requerir por certiorari, a petición de cual-quiera de las partes en los mismos, que el caso le sea certificado, des-pués de haberse dictado una sentencia o decreto definitivo, con el objeto de ser revisado y resuelto, bajo el mismo poder y autoridad como si hubiese sido llevado a la Corte por medio de apelación o recurso por causa de error; pero no será concedido el certiorari en tal caso, a menos que se presente la petición con tal objeto a la Corte Suprema de los Estados Unidos dentro de los seis meses a partir de la fecha de dicha sentencia o decreto. Los' recursos por causa de error y las apelaciones contra las sentencias y decretos finales de la Corte 'Suprema del Territorio de Hawaii y de la de Puerto Rico, en los cuales la suma en controversia, con exclusión de costas, cuyo importe habrá de determinarse por medio del juramento de cual-quiera de las partes o de otros testigos competentes, exceda de cinco mil dólares, podrán ser interpuestos y llevados ante las Cortes de Circuito de apelación.’
“Aunque en el último párrafo no se hace mención de ‘casos,’ el resto de la sección demuestra que el Congreso estaba considerando únicamente ‘casos.’ Si bien la apelante, si tenía un derecho de ape-lación, no sería afectada por la ley del Congreso de febrero 13 de 1925, sin embargo esa ley, en tanto bace referencia a la cuestión que consideramos, restablece meramente la naturaleza de la jurisdicción que el Congreso estaba confiriendo y que se limita a ‘casos.’
“El artículo 128 (a) dice que las Cortes de Circuito de Apela-ciones tendrán jurisdicción de apelación para revisar por medio de apelación o recurso por causa de error, las decisiones finales, — pri-mero, en las cortes de distrito en todos los casos excepto en que las apelaciones o recursos por causa de error pueden ser interpuestos directamente a la Corte Suprema según se dispone en la sección 238; segundo, en las cortes de distrito de los Estados Unidos para Hawaii y Puerto Rico en todos los casos; tercero. . . . Cuarto, en las Cortes Supremas del Territorio de Hawaii y de Puerto Rico en todos los casos civiles (síc), civiles o criminales, en que esté envuelta la interpretación o aplicación de la Constitución o la validez de un Tratado de los Estados Unidos beebo bajo su autoridad; en todos los demás casos civiles en que la suma en controversia con exclusión de intereses y costas exceda de $5,000 y en todos los procedimientos de hál)cas -corpus. El Congreso, pues, bizo evidente que la jurispru-dencia de las cortes federales está limitada en apelación a ‘casos,’ como necesariamente debe ser bajo la Constitución de los Estados Unidos. ’ ’

Cítase en esta opinión disidente del Juez Asociado de esta corte Sr. Wolf, el caso Douglas v. Hutchison, 53 N. E. 628, que Remos examinado cuidadosamente. En ese caso se trataba de la impugnación de la elección de determinados jueces; la Corte de Circuito desestimó el procedimiento por falta de jurisdicción; y la Corte Suprema de Illinois en 18 de diciembre de 1899, decidió el caso, sosteniendo que las cortes de circuito carecen de jurisdicción para juzgar de impugnación de elecciones. En la opinión se citan‘varias decisiones; pero nos parece de gran interés el párrafo que-dice así:

“En Moore i v. Mayfield, 47 Ill. 167, que era un procedimiento sobre impugnación de unas elecciones para el cargo de sheriff se dijo que tal procedimiento es puramente estatutorio, en el cual se podían rechazar los votos ilegales, contarse los legales y determinarse el re-sultado; y que tal procedimiento no es un ‘caso’ dentro del signifi-cado de la Constitución. La corte dijo: - ‘Ese término se refiere más propiamente a una acción en ley o a un pleito en equidad, pero éste no es ni la una ni el otro.’ Esta cuestión ba estado frecuentemente ante esta corte y se ha resuelto uniformemente que las cortes de cir-cuito no tienen jurisdicción a no ser a virtud de algún estatuto. En Moore v. Hoisington, 31 Ill. 243, se presentó una' demanda para impugnar las elecciones de unos jueces de paz,y se resolvió que una corte de equidad no tenía jurisdicción, bajo sus facultades genera-les, para conceder el remedio solicitado y que la ausencia de cual-quier disposición en el estatuto sobre impugnación de elecciones no hacía diferencia alguna. En People v. Smith, 51 Ill. 177, se resol-vió también que la impugnación de unas elecciones es un procedi-miento puramente estatutorio y que sin la ayuda de un estatuto no puede ser llevado ante la corte de circuito. La jurisdicción puede ser ejercida solamente sujeta a' las limitaciones del estatuto. En Jennings .v. Joyce, 116 Ill. 179, 5 N. E. 534, se desestimó por falta de jurisdicción una demanda sobre impugnación de elecciones para el cargo de alcalde y el decreto fué confirmado por esta corte. Se resolvió que no había jurisdicción a excepción de la fijada por el estatuto, y toda vez que el estatuto no confería jurisdicción alguna, la demanda fué debidamente declarada sin lugar.”

La Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Cir-cuito, al resolver el mismo caso, Luce & Co., Limited, v. Registrar of Property of Guayama, 20 F. (2d), 116, dijo lo que sigue:

“La cuestión del derecho de apelación ha sido amplia y hábil-mente argumentada por los letrados, y en una opinión disidente, el Juez Asociado Sr. Wolf, de la Corte Suprema de Puerto Rico, ha recopilado las autoridades que tratan sobre el.derecho de apelación en tal caso. De tener esta corte jurisdicción sobre este recurso de apelación ello se debe a que tal jurisdicción le es conferida por las secciones 1 y 2 del artículo 3 de la Constitución de los Estados Uni-dos, y por la sección 43 de la Carta Orgánica de Puerto Rico.”
“Se admite que si este recurso de apelación no es uno en un caso de derecho o de equidad, esta corte no tiene jurisdicción. Para que constituya un caso debe tratarse de un procedimiento en que se investigan y determinan derechos legales, y un pleito en equidad es uno en que se solicita un remdio de acuerdo con las reglas y prác-ticas de la jurisdicción de equidad según ha sido establecido por la jurisprudencia inglesa.”

No puede decirse que es un caso civil, aquél en que, como en el presente, se trata de decidir si una junta de elecciones, lia resuelto bien o mal la inclusión o exclusión de determi-nados individuos, o lia contado acertada o erróneamente sus votos, cuando el remedio se establece como especial, y por medio de un certiorari. Estos procedimientos no pueden ser incluidos entre los “casos civiles” de que se trata en el precepto legal antes citado. Quizá no pueda en términos exactos, llamarse a la junta una “parte” en el procedi-miento.

El artículo 89 de la Ley Electoral vigente al solicitarse el auto, contiene un disponiéndose cuyo texto es:

“. . . Disponiéndose además que el resultado del escrutinio de unas elecciones según se declarare por la Junta Insular de Eleccio-nes y publicare por el Superintendente General de Elecciones, será definitivo a menos que fuese impugnado por certiorari o por otro procedimiento legal autorizado que se interponga dentro de quince días después de la fecha de la publicación de ese escrutinio. . .”

Bajo este precepto de la ley, no podemos concurrir en que el certiorari especial que tienda a la corrección del acto ad-ministrativo del escrutinio sea el “caso” de que trata el Judicial Code y el IT. S. O. antes mencionados.

En lo que se refiere a la cuantía necesaria para apelar, los apelantes y los interventores nos citan bastante jurisprudencia. No es absolutamente necesario el detallado estudio de toda ella.

Los apelantes sostienen que el sueldo del Alcalde de Hu-macao es de $1,800 por año, y el término del cargo cuatro años; y en cuanto a los miembros de la asamblea municipal, sus dietas son tres dollars por sesión, y generalmente quince las sesiones cada año; y de las sumas resulta que el montante es mayor de $5,000. Y citan varios casos, entre ellos los que siguen: Crawford v. Addison, 63 U. S. 174, 22 Howard 174. En este caso aparece que el cuarto lunes de febrero de 1859, se celebró una elección para Alcalde de Georgetown; el con-cejo municipal creyendo que en el escrutinio bubo error, y que existía una mayoría a favor de Addison se negó a consi-derar a Crawford como alcalde electo, y tuvo como tal a Addison, que juró el carg’o. Estableció Crawford un pro-cedimiento en quo warranto, en el que se dictó la resolución de desposesión contra Addison;- y éste acudió por writ of error ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. La corte inferior se negó a ejecutar la sentencia por existir el auto de error. Crawford acudió con una petición de mandamus. Como se discutió la materia de cuantía en contro-versia la corte declaró acerca de ella; y dijo;’

“El peso de esta autoridad no es disminuido por el hecho en que giró la cuestión de jurisdicción. El sueldo del Alcalde de Georgetown fué establecido por la ley en $1,000 anuales, y de ser ésta la cuestión en controversia, ella resuelve la jurisdicción.”

Se cita por los apelantes el caso Smith v. Whitney, 116 U. S. 167. Como materia de hecho, se trataba de un funcio-nario que fué destituido por mala conducta; él estableció' ante la Corte Suprema del Distrito de Columbia una petición de auto inhibitorio contra la junta que le destituyó; y los demandados ganaron el caso. Entonces el funcionario de-mandante acudió a la Corte Suprema de los Estados Unidos, por writ of error; y se impugnó la jurisdicción por no tratarse de caso en. que pudiera evaluarse en dinero la materia en controversia, o realmente por no haber cuantía en controversia. La objeción fundada en ese particular fué resuelta negativamente, como aparece del párrafo de la opinión que se cita.por el apelante.

Pero es de considerar que se trataba de un funcionario que tenía un salario fijado por ley, y por tanto, conocido específicamente, sobre todo en cuanto a la cuantía.

En el.caso Pratt v. Fitzhugh et al., 66 U. S. 271, la Corte dijo:

“El caso ha sido elevado a esta corte de conformidad con la sec-ción 22 del Código Judicial que limita los recursos de error a casos 'en que el asunto en controversia exceda de la suma o del valor de dos mil dólares excluyendo las costas.’ Se ba resuelto siempre que esto significa un valor en bienes, y no apareciendo de los autos, o mediante prueba aliunde, el heebo del valor, la corte" carece de ju-risdicción para oír o examinar de nuevo el caso.”

En el caso De Krafft v. Barney, 67 U. S. 704, se dijo por la corte que para que ella tuviera jurisdicción bajo la sección 22 del Judiciary Act de 1789, la materia en controversia debía ser dinero o algún derecho evaluable en dinero. Doc-trina que aparece confirmada en Potts et al. v. Chumacero, 92 U. S. 358.

Entre las facultades y atribuciones de las asambleas municipales, según el artículo 26 de la Ley Municipal, Ley No. 53 de 28 de abril de 1928, encontramos, bajo el número 6 la que sigue:

“6. La fijación en el presupuesto de los sueldos de todos los fun-cionarios y empleados municipales.”

El presupuesto es, según el artículo 18 de la ley que acabamos de citar, algo a presentar, considerar y aprobar todos los años; y el sueldo que en un presupuesto se incluye y fija, es para el año a que tal presupuesto va a regir, y puede ser en cada año cambiado.

Por esto, encontramos que el cálculo de cuatro años de sueldo del alcalde de Humacao,' a razón de $1,800 anuales, no tiene una base sólida y real, como no la tiene el cálculo de las dietas de los miembros de la asamblea.

Por razón de la cuantía no es admisible la apelación.

Los apelantes tienden a sostener que en este caso se halla envuelta la cuestión de la eficacia de una resolución conjunta en cuanto a enmendar o alterar la ley.

Aparte de que esta cuestión se suscita ahora por primera vez, resuelto que no hay aquí “un caso” de apelación de acuerdo con la ley que rige la materia, no hay necesidad de decidir en cuanto a ésta o cualquiera otra cuestión propuesta bajo el título de señalamiento de error.

Faltando aquí el caso en el sentido de la ley que rige las apelaciones y, no existiendo la cuantía en controversia que la misma ley exige, no cabe la apelación para ante la Corte de Circuito de Apelaciones, por lo que se denieg’a la admi-sión de la propuesta.

El Juez Asociado Señor Aldrey disintió.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alfredo Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 3980.

    Sometido: Enero 23, 1930.

      Resuelto: Julio 22, 1930.

      B. Díaz Collazo, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Alfredo Eodríguez fue defendido en la corte inferior por, abogado y apela de la sentencia que lo condena por delito contra natura cometido en la persona de un niño.

Como primer motivo de su recurso alega qu© fuá error de la corte el no haberle permitido presentar como prueba en el juicio una certificación médica.

Un perito médico del fiscal reconoció como suya la firma de una certificación y cuando en el período de la prueba del acusado éste presentó dicha, certificación como evidencia suya la corte se negó a admitirla. Esa certificación se refiere a un reconocimiento médico que el que la suscribe hizo al acusado y a su opinión respecto de tal reconocimiento. Esa prueba era claramente inadmisible porque hubiera privado a la parte contraria de su derecho a repreguntar al perito. La mejor evidencia hubiera sido el testimonio oral del módico en el juicio.

El segundo motivo se aduce por haberse negado la corte a transmitir al jurado una instrucción sometida por el acusado con tal fin. La instrucción dice así:

“1. El delito imputado al acusado en este caso es por su natura-leza repulsivo y detestable, pero es una ofensa fácilmente imputable y difícil de impugnar; brinda gran facilidad para una falsa acusa-ción inspirada por sentimientos de venganza y deseo de perjudicar y corrientemente la evidencia depende en gran parte de un cómplice.”

El fundamento del apelante es que tal instrucción es correcta porque está basada en las palabras contenidas, en una sentencia dictada por la Corte Suprema de California y repetidas en otro caso del mismo tribunal. Los casos a que se hace referencia son los de People v. Moore, 103 Cal. 508, y de People v. Stouter, 142 Cal. 146.

Es cierto que en el primero de esos' casos se dicen poco más o menos las palabras contenidas en la instrucción recha-zada en este caso, pero hay que tener en cuenta que aparecen como opinión particular del Juez McFarland que escribió la opinión de la corte y no como conclusiones de ésta, pues no figuran en la doctrina legal consignada en el sílabo; y también las circunstancias particulares de dicho caso en el que el apelante fué condenado a cuarenta y cinco años de prisión por delito contra natura sin haber tenido abogado en la corte donde se celebró el juicio y, consiguientemente, sin haber presentado en la corte de apelación la exposición del caso conteniendo las pruebas presentadas ni tampoco pliego de excepciones por lo que la apelación tuvo que des-cansar necesaria y solamente en el legajo de 1a- sentencia, o sea la acusación, , la alegación a ella del acusado, las minutas del juicio, las instrucciones dadas al jurado y la sentencia dictada. Por esto fué que el juez consignó lo que se deja dicho como base' para él estudiar el caso, que fué revocado por el defecto de no haber advertido la corte al acusado respecto al momento en que podía recusar a los jurados. En el otro caso la- condena fué de catorce años de prisión y se dijo que por ser un delito fácil de imputar y difícil de negar y que los jurados suelen, mirar con horror ese delito, la corte debe examinar cuidadosamente lo ocurrido en el juicio y de que la prueba sea suficiente. El fallo fué revocado para nuevo juicio por haber dado cierta instrucción al jurado a las veinte horas de estar deliberando.

Como se ve en ninguno de esos casos se declaró que las palabras a que nos referimos fueran una instrucción propia para ser dada al jurado y sólo expresaban los motivos por los cuales' la corte se creía en el deber de examinar con cuidado las apelaciones en esa clase de juicios. No encon-tramos que en el caso presente la corte cometiera el error que se le atribuye.

El tercer y último motivo para la apelación se funda en haberse negado la corte inferior a transmitir al jurado otras instrucciones, fundándose en que en términos generales las había dado; pero el apelante dice que esas instrucciones no están comprendidas en las generales que dió la corte al jurado.

La segunda instrucción solicitada dice así:

“En procedimientos criminales como el que nos ocupa, el peso de la prueba recae sobre el gobierno y a él corresponde establecer, más allá de toda duda razonable, las circunstancias del delito antes de que por el jurado se considere la suficiencia o insuficiencia de la prueba presentada por el acusado en su defensa.”

La corte dijo en sus instrucciones al jurado:

“Que la culpabilidad del acusado debe ser probada fuera de duda razonable y que la ley presume inocente al acusado mientras no se pruebe lo contrario”;

instrucciones que equivalen a decir que el peso de la prueba recae sobre el gobierno, a quien corresponde establecer fuera de duda razonable las circunstancias del delito antes de que el jurado pueda considerar la suficiencia de la prueba.

La tercera instrucción dice:

“La probabilidad de la inocencia del acusado es una justa causa para una duda razonable de su culpabilidad y por lo tanto para su absolución. ’

Eespecto a esto la corte dijo:

“Que la evidencia debe producir aquella certeza moral que con-vence y dirige la inteligencia y que satisface la razón;”'

palabras en las cuales está comprendida la instrucción solici-tada de que la probabilidad de la inocencia del acusado es una justa base para duda razonable, y por tanto para abso-lución.

La cuarta instrucción pedida dice así:

“Cada uno de los señores que forman el jurado, independiente-mente de los demás, debe estar satisfecho fuera de toda duda razo-nable de la culpabilidad del acusado antes de rendir un veredicto en su contra.”

Esa instrucción está comprendida en las que el juez dió al jurado al decirle:

“Si ustedes, señores del jurado, analizando y pesando toda esta prueba tuviesen duda, duda razonable, de que este hombre haya co-metido ese delito, también es vuestro deber, señores del jurado, de-clararlo no culpable del delito contra natura, dándole para ello el beneficio entero de esa duda”;

pues tales palabras son dirigidas a los señores del jurado, o sea, a cada uno de ellos y les dice que' si tuviesen duda razo-nable de la culpabilidad del acusado no lo condenen.

El apartado quinto de las instrucciones solicitadas dice;

“El acusado solicita se instruya al jurado acerca de las reglas regulando la admisión, y la exclusión de evidencia, su carácter, peso» efecto, corroboración e impeachment.”

Esta instrucción está tomada de 12 Oye 659, en donde se dice que el dejar de dar instrucciones sobre estos particulares es error cuando tal instrucción no es pedida especialmente.

La corte inferior instruyó ampliamente al jurado sobre la evidencia, su carácter, peso, efectos e impugnación; y no nos lia demostrado el apelante que los hechos particulares de este caso hicieran necesario instruir al jurado respecto a corroboración o reglas de admisión o exclusión de evidencia.

No siendo sostenible ninguno de los errores alegados, la, sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldeey,

text:
    La Sucesión de Alejandro Franceschi, et al., demandante y apelante, v. La Sociedad Civil Agrícola Mario Mercado e Hijos, demandada y apelada.
    No. 4738.

    Sometido: Junio 25, 1929.

      Resuelto: Julio 22, 1930.

      B. Arjona 8iaca, F. Antonsantí, Ricardo A. Gómez y B. Cuevas Ze-queira, abogados de los apelantes; José A. y Alberto 8. Poven-fud. abogados de la apelada.

       Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación lia sido interpuesta contra resolución que aprobó un memorándum de costas. La parte apelada nos pide en su alegato contestando al de los apelantes que deses-timemos la apelación porque en la transcripción de los autos que nos ha sido presentada no se incluye la resolución de la orden apelada registrada por el secretario.

En la transcripción lia sido copiada íntegramente la reso-lución firmada por el juez en la cual después de exponer los motivos que tuvo para ella termina desestimando la impug-nación hecha a los honorarios de abogado del memorándum, aprobando el memorándum y ordenando su cumplimiento.

Dados los términos de esa resolución no era necesario que el secretario registrase independientemente de ella otra resolución en los autos. Los casos citados por el apelado en apoyo de la desestimación solicitada no son aplicables al presente porque en aquéllos se trajeron a esta corte las reso-luciones declarando con lugar excepciones previas opuestas a la demanda y no las sentencias que como consecuencia de aquéllas fueron dictadas y que fueron, las apeladas. La deses-timación de esta apelación debe ser negada.

En este caso fué impugnada por excesiva la partida de honorarios de abogado del memorándum de costas y se apela de la resolución que desestimó esa impugnación y que aprobó el memorándum como fué radicado.

Los herederos de los dos socios que constituyeron la sociedad mercantil Antonsanti &• Franceschi establecieron pleito contra la sociedad Trujillo & Mercado para que fuese anulado el juicio ejecutivo y le devolviesen la • hacienda “Rufina” con los frutos producidos. La corte de distrito dictó sentencia declarando con lugar la demanda pero fué revocada por este Tribunal Supremo. El motivo que tuvi-mos para declarar sin lugar la demanda fué que los herederos de Antonsanti y de Franceschi no tenían personalidad para demandar porque sus causantes fueron declarados en quiebra, sin que el hecho de haber quedado sin tramitación el procedimiento de quiebra desde el año 1888 dejara sin efecto la inhabilitación de sus padres. Apelada nuestra sentencia a la Corte de Circuito de Boston, ésta, después de reproducir íntegramente la opinión de esta corte la confirmó en un per curiam, resolviendo previamente que no procedía la. desestimación de la apelación que se solicitó ante ella por el hecho de que posteriormente al fallo la Corte de Distrito de Ponce hubiera declarado caducada la instancia en el proce-dimiento de quiebra y que por ese motivo se hubiera esta-blecido un nuevo pleito por la misma causa, porque pudiera ser que esa orden no hubiese sido dada propiamente y porque pudieran haberse alegado nuevas defensas. Franceschi et al. v. Trujillo & Mercado, 26 D.P.R. 495; Franceschi v. Mercado, 269 Fed. Rep. 954.

No se trata ahora de ese pleito en este recurso ni de las costas de él sino del otro pleito que después establecieron los mismos demandantes contra Mario Mercado e Hijos, actuales dueños de la hacienda “Eufina,” fundado en que la Corte de Distrito de Ponce motu proprio había declarado caducada la instancia en el procedimiento de quiebra de Antonsanti & Franceschi. Contra esa demanda se presentó una contes-tación conteniendo seis defensas, siendo la segunda que los demandantes, carecen de capacidad legal para demandar. La demanda fué enmendada y contra ella fué presentada una moción para eliminar ciertos extremos de la misma, que fué discutida en corte y declarada sin lugar. 'Entonces los de-mandados formularon excepción previa contra la demanda enmendada fundada en varios motivos, siendo uno de ellos que los demandantes no tienen capacidad legal para deman-dar. Discutida esa excepción por los abogados de las partes In corte la sostuvo y declaró sin lugar la demanda enmen-dada. imponiendo las costas y honorarios de abogado a los demandantes. Esa sentencia fue confirmada por este Tribunal Supremo y quedó firme. Franceschi v. Mario Mercado e Hijos, 37 D.P.R. 596.

Para que sean fijadas las costas en el segundo pleito pre-sentaron los demandados un memorándum que contiene dos partidas: una de $5 por derechos del secretario y otra de $35,000 por honorarios de abogado, suscrito por J. A. y A. S. Poventud. Los demandantes se opusieron a la cantidad reclamada por honorarios de abogado por estimarla excesiva pero la Corte de Distrito de Ponce aprobó el memorándum, tal como fué presentado. Por consiguiente, la única cuestión a discutir y a resolver en esta apelación es si la cantidad de $35,000 concedida por . el concepto dicho es excesiva o no.

Se hace verdaderamente difícil determinar el valor de los honorarios de abogado en un pleito en cantidad fija y precisa por lo que hay que tasarlos razonablemente, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso particular; y así la cuestión que tenemos que decidir es si los honorarios fijados por la corte inferior son o no el valor razonable de los ser-vicios en el presente caso.

El pleito en que se cobran las costas es de una importancia grande por su cuantía, no menor de un millón de dólares, según se alega en la demanda enmendada, por los abogados de reconocido crédito y reputación que han intervenido en el pleito, y, principalmente, por tratarse de una quiebra ocu-nida en 1885, de los efectos legales de haber quedado sin tramitación esas diligencias, de la autoridad del depositario entonces nombrado, de la nulidad alegada de un juicio ejecu-tivo seguido de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil española entonces vigente, de los efectos de una resolución dictada en 1918 por la Corte de Distrito de Ponoe ordenando el sobreseimiento y archivo de las diligencias de quiebra y de cierta alegación en que se imputa fraude a los demandados, pues se dice que entre los ejecutantes y el comprador judicial existió un entendido por virtud del cual dada la muerte de los dueños de la finca y otras circunstancias, se hizo aparecer Ja finca con cierto valor exiguo cuando valía por lo menos cinco veces más que el precio del remate.

Aunque este pleito terminó por sentencia dictada como consecuencia de haber sido sostenida una excepción previa aducida contra la demanda enmendada, sin embargo, antes bahía sido presentada contra la demanda original una con-testación con varias defensas y fue necesario a los abogados del demandado estudiar la cuestión de la jurisdicción de la Corte de Distrito para sobreseer y archivar los procedi-mientos de quiebra, las leyes vigentes en aquella fecha remota,, las derogaciones de' ellas, si existía título para reivindicar en vista de que la Rufina” perteneció a una sociedad mercantil cuya liquidación no se alegaba, si el depo-sitario tenía entonces la representación de la quiebra en el ejecutivo contra la misma, y muchas otras-cuestiones que no vamos a detallar ahora porque fácilmente se comprende que los abogados han debido hacer un estudio detenido y pro-fundo de las cuestiones en este pleito dadas las distintas leyes relacionadas con el asunto, y que aunque este pleito terminó por excepción previa a la demanda enmendada los demandados tenían que estar preparados para tratar todas las cuestiones envueltas en el litigio.

Por consiguiente, estamos conformes en que los honorarios en este caso no son quinientos dólares como dicen los ape-lantes sino una cantidad, mucho mayor, aunque no tanto como $35,000.

Dadas todas las circunstancias de este caso entendemos que $10,000 es un valor razonable como honorarios de abo-gado y en tal sentido debe ser modificada la resolución ape-lada, y asi modificada confirmarse la que es objeto de este recurso.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió por entender que deben concederse por lo menos quince mil dólares.


author: . El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Magdalena Bermúdez Rodríguez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayaguez, recurrido.
    No. 809

      Sometido: Abril 23, 1930.

      Resuelto: Julio 22, 1930.

      De la- Torre- & Ramírez y A. Ramírez, abogados de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.

      Nota: Véase el prefacio.

   . El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Doña Buenaventura Ortiz de Renta representada por Don Buenaventura Cancel compareció ante el notario público Don Mariano Riera Palmer el 16 de marzo de 1901 y cedió, renunció y traspasó a favor de Don Abdón Ortiz de Renta todos sus derechos y acciones a la herencia de sus padres. Don Abdón, que también compareció, aceptó el contrato que se efectuó por el convenido precio de mil quinientos dólares.

Parece que el documento se inscribió en el registro con los defectos subsanables de no acompañarse el poder osten-tado por Cancel, ni expresarse el estado civil de Doña Buena-ventura Ortiz.- Así las cosas, para subsanar los defectos, se presentó en el registro una nueva copia de la escritura de cesión acompañada del poder que constaba en escritura, pú-blica otorgada en 8 de marzo de 1898 ante el propio notario Riera Palmer: Y el registrador negó la subsanación por observar “que la escritura de poder No. 697 relacionada ado-lece de un defecto insubsanable porque expresando ,el notario autorizante que la otorgante Buenaventura Ortiz de Renta y Ouebas no sabe firmar y a sus ruegos lo hace el testigo Fernando Vázquez, debió firmar éste escribiendo de su puño en antefirma que lo bace por sí, como testigo y a nombre de dicba otorgante, y no apareciendo del documento relacionado que lo bizo así, carece de eficacia legal su firma y es nula la citada escritura de poder no produciendo ningún efecto legal por contravenir el precepto del artículo 53 del Reglamento de la Ley Notarial de 29 de octubre de 1873 que regía en la fecba del otorgamiento de la misma, cuyo defecto está esta-blecido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Puerto Eico en los casos de Rodriguez v. Registrador y Villanueva v. El Registrador 14 y 18 D.P.R. 738 y 831, respectivamente.”

La nota del registrador negando la subsanación tiene fecba 14 de noviembre y fué notificada a la parte que presentó los documentos el 3 de diciembre de 1929.

Venció el término que dicba parte tenía para recurrir para ante esta Corte Suprema y nada bizo. Fué el 24 de marzo de 1930 que presentó al registrador un escrito solici-tando que reconsiderara su nota por entender que el poder era válido de acuerdo con la jurisprudencia sentada por esta Corte Suprema en el caso de Náter v. Navedo, 39 D.P.R. 787. El registrador negó la reconsideración así:

“El Registrador de la Propiedad que suscribe entiende que no ha lugar a dicha reconsideración y ratifica su nota denegatoria de 14 de noviembre de 1929 aludida por no ser igual la teoría en el caso de la misma a la del caso antes citado, indicando además que no existe ningún caso resuelto por la Hon. Corte Suprema de Puerto Rico después de los citados en dicha nota ratificada que pueda per-turbar la regla de stare decisis que los mantiene; y no se extiende nueva anotación preventiva por no ser reiterable, pero no obstante, se notifica de nuevo la nota ratificada y la presente a los efectos de que puedan ser recurridas.”

La parte interesada interpuso entonces el presente recurso gubernativo, y la primera cuestión que surge es la de si habiéndose dejado fenecer el término para recurrir de la nota de 14 de noviembre de 1929, puede abora dicba nota revisarse a virtud del recurso interpuesto contra la nota que negó la reconsideración. Dada la jurisprudencia ya estable-cida por esta corte, no puede, pero aun en el caso de que pudiera, la nota debería ser confirmada.

En el recurso gubernativo de Behm v. Registrador, 21 D.P.R. 513, se decidió que:

“Cuando, como en el caso de autos, se presenta al registro de la propiedad un documento para su inscripción y es ésta denegada y la parte no recurre contra dicha nota dentro del término legal, se entiende que la consiente, y si dicha parte presenta de nuevo el do-cumento acompañado de otros que a su juicio subsanan los defectos señalados por el registrador, en el caso de que el registrador insista en su negativa, la parte interesada podrá recurrir para ante este tribunal, pero en el recurso sólo podrá discutirse si los defectos se-ñalados en la primera nota consentida fueron o no debidamente sub-sanados.”

De acuerdo con esa regla, el campo de acción por parte de la corte estaría limitado a decidir si la cita del caso del Náter v. Navedo, supra, constituye una subsanación del de-fecto apuntado por el registrador.

El caso, si bien ilustra, la cuestión no la decide. Es una Real Orden que invoca la parte apelante en su alegato lo que verdaderamente puede, quizá, tener importancia decisiva en el asunto, y esa Real Orden no se citó al registrador a su debido tiempo.

Abora bien, ni las puertas del registro ni.las de esta corte en su caso, están cerradas por completo. Se trata de un contrato. Una parte trató de subsanar los defectos apunta-dos en la inscripción primitiva del mismo. Negó la subsana-ción el registrador y la parte consintió. Para ella terminó el procedimiento. -Pero existe la otra parte y ella puede gestionar de nuevo la inscripción del contrato sin defecto y obtener que también de nuevo considere el registrador su caso.

Al decir esto, nos basamos en el precedente establecido en el caso de El Pueblo v. El Registrador, 22 D.P.R. 803, en el que se resolvió, tomando del sumario: “Cuando una nota es consentida en la vía gubernativa por la parte recurrente, debe estar y pasar dicba parte por las consecuencias de sus propios actos.” “La desestimación de un recurso guberna-tivo por no haber sido interpuesto en tiempo por el recu-rrente, ha de entenderse sin perjuicio de los derechos que puedan asistir a otras partes interesadas que en nada han, intervenido en el registro para pedir la inscripción del mismo documento y recurrir gubernativamente de la calificación del registrador. Véase Colonial Company v. El Registrador, 1 S.P.R. 396, 401.”

Por virtud de todo lo expuesto debe confirmarse la, nota recurrida.

El Juez- Asociado Señor Wolf - disintió.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Rafael Figueroa, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 815.

    Sometido: Julio 10, 1930.

      Resuelto: Julio 22, 1930.

      R. Sancho Bonet, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

José Suárez Alvarez ejecutó una hipoteca, y en marzo de 1928 logró que el márslial le otorgara escritura de enajena-ción a virtud de la cual él llegó a ser dueño de la finca hipo-tecada, comprada por él en la venta de ejecución.

El 13 de junio de 1930, el registrador de la propiedad se negó a inscribir este documento por el motivo de que un em-bargador que había inscrito su embargo en mayo 28, 1930 no había sido notificado en el procedimiento ejecutivo sumario, según exigen el segundo párrafo' del artículo 172, y el párrafo final del artículo 171 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.

Ninguno de los dos artículos aludidos requiere que se dé notificación alguna a embargadores que no tienen gravamen alguno sobre los bienes hipotecados, al tiempo de la ejecu-ción y venta.

En junio-19, el registrador se negó a inscribir una escri-tura de venta otorgada por Suárez Alvarez y su esposa, por el fundamento de que los bienes en cuestión constaban ins-critos a nombre de Francisco Rodríguez Fernández, y no en el de los vendedores. Rodríguez Fernández era el deudor hipotecario demandado en el procedimiento ejecutivo. La base técnica de la nota del registrador fué el resultado temporal de la negativa errónea a inscribir la escritura del márshal. Cuando se inscriba esa escritura, el motivo de la nota desaparecerá.

Deben revocarse ambas notas.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Guillermo Petterson, demandante y apelante, v. Benito Urgal, demandado y apelado.
    No. 5194.

    Sometido: Mayo 23, 1930.

      Resuelto: Julio 22, 1930.

      El propio apelante radicó su alegato.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nn caso en que el demandante y apelante compareció personalmente ante la corte inferior y ante este tribunal. Si bien en ciertos casos una parte puede repre-sentar a sí misma con éxito, la experiencia general eg que un litigante necesita estar representado, por un letrado. En interés de la igualdad y certeza y para hacer que los hombres traten sus semejantes tal cual desean ser tratados, la civili-zación ha creído necesario estatuir un cuerpo de leyes com-pacto, que ni siquiera es del todo comprendido por los peritos, y del que el profano frecuentemente ignora los aspectos más obvios.

En el presente caso los autos y la opinión de la corte inferior revelan que el demandante durante el jnicio trató de probar daños y perjuicios ocasionados a un horno y a una verja. Si se examina la demanda se verá que en ella no se alude a una causa de acción basada en la destrucción de estos objetos. En dicha demanda se habla de un caso de incendio malicioso en que el demandante y su familia sufrieron daños y perjuicios.

El demandado no contestó la demanda así radicada. De conformidad con el artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil el demandante tenía derecho a una sentencia en rebeldía y solamente hubiese sido necesario que él probara la cuantía de los daños y perjuicios. En otras palabras, si en la de-manda el demandante hubiese reclamado daños y perjuicios por la destrucción del horno y de la verja la corte hubiese estado obligada a asumir tal destrucción. La corte entonces i to debió baber inquirido, según lo hizo, si el demandante era o no dueño de la casa destruida-

Por otra parte, una sentencia en rebeldía solamente asume la existencia de los hechos esenciales mencionados en la demanda. Durante el juicio el demandante no trató de demostrar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por él y su familia, sino más bien los ocasionados a un horno y a una verja.

Por la demanda el demandado no tenía conocimiento de que en ella se reclamaban tales daños y perjuicios.

Aun con respecto a los daños y perjuicios reclamados la corte sentenciadora halló que no tenía base para calcular los mismos. Resolvemos que la corte, después de haber visto las alegaciones y oído la prueba nada podía conceder al demandante. Por tanto, no sin dejar de lamentarlo en algo, nos sentimos obligados a confirmar la sentencia apelada.


text:
    The Commercial Credit Co., tercerista y apelante, v. Herminio Soto Cardona y J. Charriz & Co., S. en C., demandados y apelados.
    No. 5062.

    Sometido: Marzo 20, 1930.

      Resuelto: Julio 22, 1930.

      Frazer & Castro Fernández, abogados de la apelante; A. Reyes Delgado, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Es enteramente cierto que en los casos de Montalvo v. Valdivieso, 36 D.P.R. 545, y Gracia v. Guardiola, 38 D.P.R. 573, resolvimos que el comprador en un contrato de venta condicional tenía un título suficiente para instituir acciones contra terceros,' tal cual si la venta condicional no existiera y él fuera el verdadero dueño. Estas decisiones no afectan las relaciones existentes entre las partes en la venta condi-cional. Según indica el nombre el contrato reserva derechos al vendedor. El comprador tiene un título revocable en un caso adecuado a instancias del vendedor, quien tiene un título que revierte a él. En lo que al vendedor se refiere el título no es perfecto.

En este caso la propiedad en cuestión, que estaba en manos del comprador, fue embargada por un acreedor. La Commercial Credit Company, eesionaria de los derechos del vendedor original, entabló, un pleito tanto contra el compra-dor como contra el acreedor y fué vencida en juicio. La corte decidió que el acreedor que había embargado era un tercero. Anteriormente la corte había resuelto que la ten-tativa de inscribir el documento no había tenido éxito debido a no haber sido inscrito en el domicilio del deudor.

Convenimos enteramente con el apelante en que un acree-dor que embarga bienes no es un tercero dentro del signi-ficado de la ley. Si yo entrego un mueble a un traficante para que éste lo repare, ese mueble es mío y no puede ser embargado para responder de las deudas del traficante.-Quiénes son terceros lo indican nuestras decisiones en Longpré v. Wolff, 23 D.P.R. 15. Un acreedor que embarga no adquiere más derechos sobre los bienes embargados que los que tenía el deudor. Conolley v. Power, 232 Pac. 744; 6 C. J. 242, Notas 96, 97 & 98.

El acreedor se subroga en el lugar del deudor. Casos específicos que resuelven que este principio es aplicable a ventas condicionales son los siguientes: Finance Corporation of America v. McGhes, 142 S. C. 380, 140 S .E. 691, 55 A.L.R. 1133; American Law Book Co. v. Brunswick Crosstie & Creosoting Co., 77 S. E. 104; Mergenthaler Linotype Co. v. Hull, 239 Fed. 26.

Bebe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Antonia Pacheco y Seda, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 814.

    Sometido: Junio 25, 1930.

      Resuelto: Julio 24, 1930.

      JüpJx Lopes de Victoria, abogado del recurrente; el registrador re-currido eompareió por escrito.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En las operaciones particionales de¡ los bienes dejados a su muerte por Manuel Vicario Abrini fueron adjudicados determinados bienes a su viuda Antonia Pacheco Seda para que pagase las deudas de la herencia y otros para satis-facerle sus gananciales, figurando entre éstos una finca de 14 cuerdas de terreno en el barrio Diego Hernández de Tauco, valorada en $750. Al ser inscrita esta finca a favor de la viuda el 3 de agosto de 1929 el Registrador de la. Propiedad de San Germán hizo constar en la inscripción que quedaba afecta al pago de las deudas relacionadas en la escritura, de partición ínterin no se justificase el pago de dichas deudas, aunque para ello se hayan adjudicado otros bienes de la herencia.

La viuda vendió esa finca a Julio Barrera Irizarry a cuyo favor fue inscrita, quien la hipotecó al Federal Land Bank de Baltimore sin que, según se dice, le haya sido entregado el dinero de la hipoteca por estar afecta la finca al pago de las deudas dichas. Posteriormente tres de los acreedores de la herencia otorgaron escritura pública de carta de paga por sus créditos ascendentes a $816.45 y en el mismo docu-mento la viuda imputó esos pagos a la mencionada finca para que fuese cancelada la mención de pago que pesa sobre ella.

Presentada esa escritura en el Registro de la Propiedad fué negada la cancelación a que se hace referencia en una extensísima nota en que se exponen los motivos de esa nega-tiva, los que en resumen son: Porque la viuda Antonia Pacheco Seda no puede solicitar la cancelación por ser la finca ahora de Julio Barrera Irizarry; y porque el hecho de que la viuda haya pagado $816.45 a tres de los acreedores produce el efecto de descargar la finca de esa responsabi-lidad mas no de las otras acreencias, no teniendo ella el derecho de imputar el pago a esa finca porque el privilegio-puede ser usado por el deudor que tiene varias deudas-con un solo acreedor.

Contra esa negativa interpuso la viuda Antonia Pacheco Seda el presente recurso gubernativo interesando ordenemos la cancelación que interesa.

Dado el juicio que hemos formado de este recurso, y para no decidirlo por la cuestión de si la recurrente puede o no solicitar en este caso la cancelación que interesa del gravamen que pesa según el registro sobre la finca que-vendió, preferimos resolverlo por sus méritos.

La finca en cuestión aparece en el registro afecta a los acreedores contra la herencia y no puede la recurrente por haber satisfecho los créditos de tres de los muchos acree-dores de la misma liberar esa finca de responsabilidad en cuanto' a los acreedores que no han sido pagados, por lo que procede confirmar la nota recurrida.