author: El Juez Asociado Sk. Audrey,

text:
    Delgado, Demandante y Apelante, v. Acevedo et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre desahucio.
    No. 2671.
    Resuelto en abril 6, 1922.
    Compraventa — Desahucio.-—-En el presente caso dietóse sentencia por transacción mediante la cual convinieron -las partes que el demandante pagaría quince dólares a los demandados a condición de que en el término de tres meses y por su cuenta retiraran de la finca de aquél una casita propiedad de éstos, conviniéndose además, según la cláusula tercera, “que el referido precio de •quince dólares es el señalado para la casita referida, y que si en el término •de referencia los demandados no .han cumplido con la obligación de sacar la casa, ésta quedará como propiedad del demandante, pagándole siempre a los demandados los aludidos quince dólares.” El demandante pagó los $15 • a los demandados y no habiendo sido retirada la. casa en el plazo convenido • entabló demanda de desahucio contra ellos. Se resolvió: que los términos .•de la cláusula tercera demuestran una compraventa consumada por la entrega del precio y el vencimiento del plazo y que procedía el desahucio por precario.
    Evidencia Ooncluyente — Sentencia—Estoppel.—De acuerdo con el artículo 59 de la Ley de Evidencia una sentencia es concluyente entre las partes y no es admisible evidencia para probar estipulaciones que no constan en la sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Mercader. r

    Los apelados no tienen abogado.
   El Juez Asociado Sk. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Como consecuencia de un pleito de Miguel Delgado contra Sotera Acevedo y Ernesto Rivera para que le vendieran me-diante indemnización una casita de madera de palmas con techo de paja que habían construido los demandados de buena fe en terrenos del demandante, las partes llegaron a una transacción que presentaron a la corte en un escrito que dice así:

‘ ‘ En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Arecibo, P. R.— Miguel Delgado, demandante ys. Sotera Acevedo y Ernesto Rivera, demandados. — Civil No. 6320. — Sobre: Otorgamiento de Escritura. —Sentencia.—Por cuanto: que al ser llamado este pleito venido en apelación de la Corte Municipal de Arecibo, para ser visto ante esta Corte de Distrito, las partes presentaron a la corte el siguiente es-crito de transacción: ‘El demandante por su abogado Sr. Mercader y los demandados por el suyo Sr. Brusi, presente todos en este acto, exponen a la corte que ban llegado a una transacción, y así solicitan pronuncie sentencia en los términos siguientes: Io. Que los deman-dados se obligan a sacar la casita de maderas descrita en el becbo tercero de la demanda, y de su cuenta en el término de tres meses a contar de este día. — 2. Que al sacar la casa de la finca del deman-dante,' éste entregará a los demandados la suma de quince dollars.— 3o. Que el referido precio de quince dollars es el señalado para la casita referida, y que si en el término de referencia los demandados no han cumplido con la obligación de sacar la casa, ésta quedará como propiedad del demandante, pagándole siempre a los deman-dados los aludidos quince dólares.’ ”

De acuerdo con los términos de esa transacción fué regis-trada sentencia en 12 de julio de 1921;

Algunos días después de transcurridos tres meses desde la fecha de la sentencia Miguel Delgado presentó en la Corte de Distrito de Arecibo demanda de desahucio por precario contra Sotera Acevedo y Ernesto Rivera, alegando ser dueño del terreno en que está dicha casita y también de ésta por virtud de haber entregado a los demandados los $15 a que se refiere la sentencia dictada por transacción y por haber transcurrido tres meses desde la fecha de la sentencia, sin que la hayan desocupado ni paguen por ella canon o merced alguno.

La sentencia fué contraria al demandante quien inter-puso contra ella el presente recurso de apelación en el que sólo ha comparecido el apelante.

Fundó la- corte inferior su sentencia en que no considera que por virtud de la transacción adquiriese el demandante sobre la casita que ocupa la demandada el derecho de dueño en pleno dominio; en que la transacción no puede conside-rarse verdaderamente tal porque presenta más bien los ca-racteres de una promesa de venta; en que según el testigo Nicomedes Rivera, que intervino en la transacción a nombre de la demandada, se omitió en la misma qne el demandante Delgado convino en qne si los demandados no encontraban casa a los tres meses los dejaría allí como arrimados; en qne el demandante no lia demostrado ser nsnfrnctnario ni poseer la finca en qne está edificada la casa en cualquier con-cepto qne le dé derecho a disfrutarla; y en qne el deman-dante tiene reconocido por sus propios actos, al tratar de comprarle la casita, qne la demandada es la dueña de ella y no ha probado ser el dueño del terreno en qne se halla construida.

Cierto es que el demandante reconocía qne la demandada era dueña de la casa y por esto fue qne convino con ella en la transacción qne le pagaría quince pesos para que se la llevara de la finca pero también fué convenio qne si en el término de tres meses no cumplía la obligación de sacar la casa de la finca quedaría como propiedad del demandante, pagándole siempre dicha cantidad, la que en efecto le pagó, por lo que la casa pasó a ser propiedad del demandante. La cláusula tercera del convenio es terminante y clara y no per-mite otra interpretación que la de una venta consumada por la entrega del precio y el transcurso del plazo convenido.

Acreditado el dominio de la casa tenía acción el dueño de ella, aunque no fuera dueño del terreno, para desahuciar por precario a las personas que la ocupan sin pagar canon ni merced alguno; sin embargo, el demandante probó, ade-más, con su declaración y con la de Lucas Rodríguez, testigo que presentaron los demandados, que es dueño del terreno en que la casa está fabricada y los propios demandados le reconocen ese carácter de dueño pues en la cláusula segunda de la transacción se dice “que al sacar la casa de la finca del demandante * * *.”

Los demandados quisieron probar con la declaración de su testigo Nicomedes Rivera que además cte las cláusulas contenidas en el escrito de transacción convinieron las partes en otra que no figura en él, cual es que si a los noventa días losNlemandados no encontraban casa adonde trasladarse el demandante permitiría que los demandados siguieran viviendo la casita como arrimados. A esta declaración se opuso el demandante y creemos que tuvo razón porque según el ar-tículo 59 de la Ley de Evidencia la sentencia dictada por transacción era concluyente para las partes en cuanto a las estipulaciones de la transacción. Además,' aún teniendo en cuenta esa declaración siempre resultaría de ella que los de-mandados quedarían en la casa como arrimados, lo que quiere decir que la vivirían sin pagar nada por ella, y en tal situa-ción también tenía el demandante el derecho de demandar en precario.

No estimando nosotros justificados los motivos que tuvo la corte inferior para declarar sin lugar la demanda y no encontrando otras razones que se opongan al derecho que ejercita opinamos que debe ser revocada la sentencia ape-lada y dictarse otra declarando con lugar el desahucio.

Revocada la sentencia apelada y declarada con lugar la demanda.; con las costas a los demandados.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro, y Aso-ciados Wolf y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. HutchisoN,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acusada y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa por infracción al Reglamento de Sanidad.
    No. 1849.
    Resuelto en abril 6, 1922.
    Panaderías — Elaboración de Pan sin Licencia — Prueba Necesaria. — Cuando se denuncia al dueño de una panadería que existía al promulgarse el Regla-mento de Sanidad No. 30, por fabricar en ella pan para consumo público sin licencia del Departamento de Sanidad, es necesario probar, atendido al úl-timo párrafo del artículo 20 de dieho reglamento, que en algún tiempo el Departamento de Sanidad' había ordenado modificaciones en la panadería y señalado plazo para verificarlas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. L. Mercader.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante fné declarada culpable de una infracción a la sección primera del Eeglamento de Sanidad No. 30, pro-mulgado en octubre 28, 1914, a virtud de una denuncia en la cual se imputaban los hechos en la forma siguiente:

“Que en junio 6, 1921, y en la calle Mariano Vidal del Distrito Judicial Municipal de Areeibo, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Areeibo, P. R., la acusada, quien es dueña o administra-dora de una panadería en la dirección arriba indicada, ilegal, volun-taria y maliciosamente se dedicaba a la elaboración de pan confec-cionado con harina o flor de harina de trigo, destinado para el con-sumo público, sin una licencia otorgada por un funcionario del De-partamento de Sanidad, infringiendo de este modo el Citado regla-mento.”

La panadería en cuestión había estado funcionando por espacio de diez y seis años' y el error que se alega es como sigue:

“La Corte de Distrito de Areeibo cometió error manifiesto en la apreciación de l’a prueba presentada, deduciendo de la miáma una .conclusión contraria a derecho, y muy especialmente aplicando erró-neamente el artículo Io. del Reglamento de Sanidad No. 30.”

Las secciones 1 y 20 del reglamento de referencia pres-criben lo siguiente:

“Artículo 1. — Ninguna persona, firma, corporación o institución ofrecerá en venta, venderá o elaborará pan u otros productos alimen-ticios confeccionados con harina o flor de harina de trigo, sin una licencia otorgada por el1 correspondiente funcionario del Servicio de Sanidad y previa la aprobación por el ingeniero de dicho servicio, del plano o planos del edificio o local en donde ba de ejercerse la industria, ajustándose aquéllos a los preceptos de este reglamento.”
Artículo 20. — Este reglamento será aplicable a las panaderías de nueva construcción; Disponiéndose que el Director de Sanidad queda facultado para omitir cualquiera de estos requisitos cuando, en su opinión, la cantidad de pan confeccionado no justifique el gasto, y cuando tal omisión no sea perjudicial a la salud pública; Dispo-niéndose que las panaderías que existen actualmente habrán de mo-dificarse en lo posible para adaptarse a las disposiciones de este regla-mento, dentro de un plazo razonable según lo ordene de cuando en cuando el Director de Sanidad.”

No hubo el más ligero indicio durante el juicio de que se hubiera librado orden alguna para hacer modificaciones o alteraciones, ni fijado ningún plazo como lo exige el segundo disponiéndose de la sección 20.

La sentencia apelada debe ser revocada.

'Revocada la sentencia apelada y absuelta la acusada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro, y Aso-ciados Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. IíutohisoN,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Otero, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa por acometimiento y agresión grave.
    No. 1903.
    Resuelto en abril 7, 1922.
    Sobreseimiento — Justa Causa para Demorar la Presentación de la Acusa-ción.- — Una moción ele sobreseimiento por haber transcurrido más de sesenta días desde la fecha del arresto hasta que fué presentada la acusación, no es tardía por el hecho de que se haya presentado al comenzar el juicio; y cuando en la resolución declarándola sin lugar no consta la justa eausa de la de-mora, procede revocarla en apelación y ordenarse el sobreseimiento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. J. R. Aponte y A. Brusi.

      Abogado del apelado: Sr.. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. IíutohisoN,

emitió la opinión del tribunal.

A virtud de nna acusación por el delito de ataque para cometer homicidio, el apelante fué declarado culpable de acometimiento y agresión grave.

Al empezar el juicio, el día 19 de diciembre de 1921, el acusado, amparándose en el artículo 448 del Código Penal, presentó una moción de sobreseimiento a la corte fundada en el hecho de haber .transcurrido más de sesenta días desde la fecha de su arresto en julio 20, 1921, hasta el día en que la acusación fué presentada, o sea, en noviembre 22, 1921.

El fiscal se opuso a dicha moción pero no hizo esfuerzo alguno por probar cuál fué el motivo de la demora, a no ser que supongamos que las razones alegadas por el juez sen-tenciador al desestimar la moción fueran sugeridas en la vista como cosas de las cuales la corte podría tomar cono-cimiento judicial.

Las razones así expresadas fueron en sustancia que la moción era muy tardía presentada mucho después de archi-vada la acusación, de haber comparecido el acusado a con-testarla y de su alegación de no culpable; que al acusado se le había admitido prestar fianza el día de su arresto, sin haber sufrido prisión alguna, y que la corte había estado en vacaciones durante los meses de agosto y septiembre; y final-mente, que habiendo la corte abierto nuevamente sus sesiones en octubre primero, el fiscal, en octubre 24, había presentado una acusación provisional para ser sometida al Gran Jurado, el cual no fué sorteado hasta noviembre 9 y comenzó a fun-cionar el día 21, habiéndose archivado la acusación al día siguiente.

Parece razonable decir, y probablemente es cierto, que en el caso de una acusación por el Gran Jurado algo menos de lo que se exige cuando el juicio es a virtud de una acusación corriente puede ser bastante para explicar o justificar la de-mora. Pero cuando se interpone nna objeción oportunamente, debe mostrarse alguna razón. En este caso, por ejemplo, si hubo alguna razón por la cual no fue llamado el Gran Ju-rado, presentada la acusación y celebrado el juicio en octu-bre en yez de noviembre, esa razón debió y pudo fácilmente hacerse constar, ya mediante la debida demostración por parte del fiscal o si era materia de conocimiento judicial, por la mera mención de la misma en la resolución declarando sin lugar la moción. Esto en adición al corto tiempo que que-daba ' después del arresto en julio y antes de empezar las vacaciones, explicándose lo de los meses de agosto y sep-tiembre por el hecho de haber estado la corte en vacaciones, sin duda hubiera sido suficiente. Pero hemos resuelto que el mero hecho de que la corte estuviera en vacaciones durante parte del tiempo que media entre el arresto y el archivo de una acusación, no es por si solo bastante. El Pueblo v. Nigaglioni 28 D. P. R. 232. Véase también el caso de El Pueblo v. Cesari, 26 D. P. R. 21.

No se ha citado ningún caso, ni sabemos de ninguno en el cual se haya llegado a decir que una moción como esta hecha antes de sortearse y juramentarse el jurado; y de pre-guntarse siquiera a las partes si están listas para actuar se hace demasiado tarde.

La sentencia apelada debe ser revocada. .

Revocada la sentencia apelada. y sobreseída la acusación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro, y Aso-ciados Wolf y Aldrey.


author: El Juez Presidente Se. del Toro,

text:
    The Juncos Central Company, Peticionaria y Apelada, v. del Toro, Oponente y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Segunda, en un procedimiento de consignación.
    No. 2549.
    Resuelto en abril 7, 1922.
    Consignación — Jurisdicción—Corte Municipal. — La jurisdicción original para conocer de un procedimiento de consignación de la suma de sesenta dólares, corresponde a la corte municipal y no a la de distrito.
    Consignación Nula — Cheques Certificados. — Atendidos los términos del artículo 1138 del Código Civil y el caso de Silva v. Áboy, 20 D. P. R. 76, la consigna-ción hecha por medio de un cheque certificado para pagar una cantidad de dinero, es'improcedente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. Martínez Dávila.

    Ahogados de la apelada: Sres. G. Goll Cuchí y G. Cru-zado Silva.

   El Juez Presidente Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Habiéndose negado el demandado a recibir de la deman-dante la suma de sesenta dólares que la demandante le debía por haberla retenido erróneamente en su poder, la deman-dante la consignó en la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción Segunda. Insistió en su oposición el demandado y la corte finalmente dictó sentencia declarando bien hecha la con-signación.

Apeló el demandado y entre los errores que alega señala el de la falta de jurisdicción de la corte de distrito para co-nocer del asunto por razón de la cuantía.

Esta corte ha decidido varias veces que cuando la cuantía de lo reclamado no pasa de quinientos dólares la jurisdicción corresponde a las cortes municipales, interpretando así la sec-ción 4 de la Ley para reorganizar el sistema judicial de Puerto Eico de 1904, que prescribe que el juez municipal creado por dicha ley “tendrá jurisdicción en todos los asuntos civiles que se promuevan en su distrito hasta la suma de quinientos dollars, intereses inclusive.” Véanse no sólo los casos de González v. Pirazzi, 16 D. P. R. 7; Lamas & Méndez v. Betancourt, 16 D. P. R. 280, y Bazán v. Stevens & Co., 16 D. P. R. 703, citados por la parte apelante, sí que también el de Lowande v. García, 13 D. P. R. 271, en el que se estudia con amplitud la cuestión.

Sostiene la parte apelada que el caso de consignación es especial. La ley no confiere jurisdicción especial a deter-minada corte para conocer de casos de consignación y donde la ley no distingue no debemos distinguir. La consignación es una forma de pagar. Si el demandado se hubiera visto obligado a reclamar de la demandante la dicha suma de se-senta dólares, la única corte en que hubiera podido hacerlo hubiera sido una corte municipal. Siendo ello así, es lógico y necesario aplicar la misma regla a la demandante.

La apelada cita el caso de Martínez v. Santiago, 10 D. P. R. 259, como demostrativo cíe que esta corte conoció de un asunto de consignación procedente de la corte de distrito en el que la cuantía era trescientos dólares. En efecto la con-signación de que se trataba y que se verificó después de dic-tada sentencia en el pleito, ascendía a esa suma, pero la cuantía del pleito era superior a quinientos dólares.

Además, aunque entráramos a considerar el asunto por sus méritos, siempre deberíamos revocar la sentencia recurrida. El ofrecimiento de pago se hizo por medio de un cheque sin certificar que fué devuelto por el demandado y la consignación se verificó depositando dicho cheque certificado en la corte de distrito. Y ya en el caso de Silva v. Aboy, Giorgetti & Co., 20 D. P. R. 76, 84, se resolvió, citando el caso de Bickford v. First National Bank, 89 Am. Dec. 440, que aunque es un hecho que los cheques certificados pasan de mano en mano como dinero efectivo (cash), es lo cierto que no son dinero efectivo o moneda, en el sentido legal de estos términos. Además, el artículo 1138 del Código Civil es tan claro que no deja duda sobre el particular.

Debe revocarse la resolución recurrida.

Revocada la resolución apelada y declarada sin lugar la consignación, sin especial con-dena de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Creswell, Demandante y Apelado, v. Porto Rican Express Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de dinero (traslado de la causa).
    No. 2598.
    Resuelto en abril 7, 1922.
    Jurisdicción del Tribunal Supremo — Traslado de Pleitos Procedentes de Cortes Municipales — Orden de Traslado Inapelable. — El Tribunal Supremo carece de jurisdicción para conocer en apelación de un recurso contra una resolución negatoria'de traslado de un pleito originado en la corte municipal, cuando la cuantía reclamada en el pleito no excede de $300.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. D. F. Kelley y J. Sabater.

    Abogado del apelado: Sr. B. J. Horton.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Interpuesta la demanda en este caso en la Corte Municipal de Mayagüez en cobro de $75 la demandada solicitó que el pleito fuera trasladado a la Corte Municipal del Dis-trito de San Juan por ser el lugar de su residencia. Ne-gado dicho traslado y apelada esta resolución a la Corte de Distrito de Mayagüez ésta dictó a su vez resolución dene-gando también el traslado. O en otras palabras, confirmó la resolución de la corte inferior; resolución que ha sido ape-lada para ante nosotros.

Sostiene la parte apelada que de acuerdo con el número 2 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil no es apelable dicha resolución por reclamarse en el pleito canti-dad inferior a $300 y que por tanto carecemos de jurisdic-ción para resolver el recurso; pero el apelante argumenta que la limitación en la cuantía fijada por la ley para las ape-laciones de juicios fallados por las cortes de distrito en ape-laciones procedentes de las cortes municipales, se refiere úni-camente a la apelación contra sentencias y no a las apela-ciones que autoriza el número 3 del artículo citado contra la resolución dictada por la corte negando el traslado del pleito.

Los números uno y tres del artículo citado se refieren respectivamente a sentencias y a resoluciones dictadas por las cortes de distrito en asuntos originados ante ellas, y el número dos a los asuntos de que conocen en grado de ape-lación procedentes de las cortes municipales y por tanto en este último caso la cuantía debe ser superior a $300 para que sea apelable ante nosotros. Y se comprende que así sea porque permitiendo el número tres citado apelaciones contra providencias concediendo o denegando un nuevo juicio, con-cediendo o anulando un injunction; negándose a conceder o a anular un injunction; anulando o negándose a anular un embargo; concediendo o negándose a conceder un cambio de lugar para la celebración del juicio; de una providencia especial dictada después de una sentencia definitiva y de una sentencia interlocutoria en pleitos sobre partición de pro-piedad real, podría sostenerse que no apelándose de la sen-tencia misma, sino de alguna de las resoluciones que hemos mencionado, podría establecerse la apelación aunque la cuan-tía de la reclamación fuera inferior a $300, contra el pre-cepto de la ley de que no vengan asuntos civiles a este Tribunal Supremo cuando la cantidad reclamada sea inferior a la fijada por la ley. Además, si como sostiene la parte ape-lada no se establece la apelación en este caso de acuerdo con el número dos contra sentencia dictada por la corte de dis-trito en apelación de nna corte inferior, sino contra resolu-ción de la corte de distrito dictada en apelación de otra reso-lución de corte inferior, entonces tampoco sería apelable la que motiva este recnrso porque la ley no autoriza apelación en esos casos si no contra sentencias dictadas en apelaciones procedentes de las cortes inferiores, que son las que ponen término al asunto, carácter que no tiene la resolución apelada en este caso.

La apelación debe ser desestimada.

Desestimado él recurso establecido:

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro, y Aso-ciado Hutebison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    Torres et al., Promoventes y Apelados, v. Mattei et al., Opositores y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en procedimiento de necesidad y utilidad.
    No. 2476.
    Resuelto en abril 10, 1922.
    Autorización Judicial — Bienes de Menores' — Resolución no Apelable. — Una resolución autorizando a los promoventes para que formulen con arreglo a derocho una solicitud do autorización judicial por razones de-utilidad y ne-cesidad para convalidar adjudicaciones hechas anteriormente, aunque así se titule no es una sentencia, ya -que no resuelve los derechos de las partes, y en tal virtud no es apelable.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. D. Sepulveda.

    Abogado de los apelados: Sr. C. del Toro Fernández.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José Q-. Torres, en su carácter de contador-partidor de los bienes dejados a su fallecimiento por Miguel Lartigaut Puchen, y Armando Mignucci, como apoderado general de Ana Minucci, vinda de Lartigaut; y de sus hijos Miguel, Ana y Sofía Lartigaut Minucci, comparecieron ante la Corte de Distrito de Ponce y expusieron, en resumen, lo que sigue:

Miguel Lartigaut Puchen falleció en Yauco en 1907, bajo testamento. Estuvo casado con Ana Minucci y procreó en su matrimonio siete hijos nombrados Miguel, Ana, Sofía, Mi-caela, Juana, Julia y María. A su muerte vivían su esposa Ana y sus hijos Miguel, Ana, Sofía y Micaela. Los tres hijos restantes habían ya muerto, Juana dejando dos hijos llama-dos María y Juan Pietri; Julia dejando dos hijos nombra-dos Julia y Ana Eodríguez, y María, dejando cinco hijos lla-mados Ana, Mariana, Juan, Isabel y Eosa Mattei.

En 1908 se practicaron las operaciones divisorias. Exis-tían deudas, unas reconocidas por el propio testador y otras por sus herederos, y para su pago se adjudicaron varios bie-nes, entre ellos inmuebles, de la herencia, al heredero Miguel Lartigaut Minucci. Entre los herederos los había menores de edad y no se obtuvo autorización judicial para la indicada adjudicación de los bienes inmuebles. Eso no obstante las operaciones particionales fueron aprobadas por la Corte de Distrito de Ponce el 30 de noviembre de 1908.

Miguel Lartigaut Minucci vendió un condominio en una de las fincas que se le adjudicaron a Armando Mignucci Calder y éste, en 1918, estableció demanda contra Ana Mattei y otros sobre división de la finca. La parte demandada ex-eepcionó la demanda basándose en que el demandante carecía de acción por ser nula la adjudicación del condominio que se le había vendido y que existiendo herederos menores de edad no se había solicitado la autorización judicial necesaria. El pleito fué resuelto sobre las alegaciones por sentencia, que es firme, en favor de los demandados.

Partiendo de la base de la validez de las operaciones divisorias, Miguel Lartigaut Minucci no sólo vendió el condo-minio indicado, si que también pagó las deudas, vendió otras de las fincas que se le adjudicaron y constituyó hipoteca so-bre una que conservó en su poder. Todas esas transacciones se inscribieron en el registro y también lo fueron las reali-zadas por varios de los restantes herederos.

Y basándose en los hechos alegados, suplicaron a la corte que: “en bien de la justicia y adoptando un procedimiento de equidad que convalide los títulos e inscripciones de los adjudicatarios en la testamentaría mencionada y sus suce-sores, se sirva disponer que se convoque a todos los inte-resados en aquélla a una comparecencia, al objeto de oírseles por sí o mediante apoderado o abogado, y en definitiva, dic-tar una orden permitiendo acreditar en forma adecuada la necesidad y utilidad de las adjudicaciones hechas en pago de deudas en la forma y manera que indicó el contador par-tidor testamentario en su informe y si esto se acreditare, a satisfacción de la corte, que autorice tales adjudicaciones, y, acto seguido, ratifique la sentencia de noviembre 30, 1908, en todas sus partes, ya que toda otra cuestión, independiente de la aquí planteada, fué vista y resuelta por este tribunal, cons-tituyendo cosa juzgada.”

A la anterior solicitud se opusieron Rosa e Isabel Mattel Lartigaut, menores de edad, representadas por su padre An-drés Maítei, alegando la sentencia dictada en el pleito de que se deja hecho mérito.

fíe practicó prueba, se oyó el dictamen favorable del fiscal, y finalmente la corte autorizó a los promoventes “para que formulen con arreglo a derecho la solicitud de autorización judicial por razones de utilidad y necesidad, para las adju-dicaciones en pago de deudas, a que se contrae este caso.” La resolución dictada se tituló sentencia y de ella apelaron los promoventes para ante esta Corte Suprema.

La cuestión envuelta es interesante y digna de estudio, pero no estamos en condiciones, dé resolverla. La corte de distrito nada decidió en el fondo. Simplemente autorizó que. la petición fuera presentada. Su resolución no es una sen-tencia final de la cual pueda apelarse. No resuelve en defi-nitiva los derechos de las partes. Ni siquiera prejuzga la decisión final. No sólo podría la corte declarar después de oídas las pruebas sin lugar la autorización, sino que podría desestimar por improcedente el procedimiento adoptado. No es usual la forma en que se ha actuado. Por regla general no se pide previamente a la corté que autorice el procedi-miento que deba seguirse, sino que la parte que gestiona lo elige y asume el riesgo de su elección, dejando a la otra parte que levante las cuestiones que estime pertinentes o a la corte que por su propio acuerdo las ponga de relieve y las re-suelva.

Una sentencia es la decisión definitiva sobre los derechos; de las partes en un pleito o procedimiento. Artículo 188 del Código de Enjuiciamiento Civil.

“Una sentencia,” dice R. C. L., “es la última palabra de la ley en una controversia judicial. Puede por tanto definirse como la con-sideración y determinación final por una corte de jurisdicción com-petente sobre los asuntos a ella sometidos en una acción o procedi-miento. Una definición más precisa es que una sentencia es la con-clusión de derecho sobre los asuntos contenidos en los autos, o la aplicación de la ley a las alegaciones y a los hechos, como han sido declarados probados por la corte o admitidos por las partes, o pre-sumidos como existentes por la rebeldía de éstas en el curso de pro-cedimientos judiciales. D.ebe notarse que es sólo una sentencia la que es pronunciada entre las partes en un pleito sobre los asuntos sometidos a la corte para decisión.” 15 R. C. L., 569-570.

Considerada la resolución de que se trata como una reso-lución o sentencia interlocutoria, tampoco es apelable por no encontrarse comprendida dentro de las resoluciones y sentencias interlocutorias a que se refiere el No. 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. Véase también el caso de Días v. Cividanes, 29 D. P. R. 581.

Por virtud de lo expuesto, opinamos que debe desesti-marse el recurso, quedando, desde luego, en libertad las par-tes y la corte para actuar en la forma que proceda en derecho.

Desestimado el recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sk. Hutchison,

text:
    Lectora, Peticionario y Apelado, v. Asamblea Municipal de Guayama, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en un procedimiento de certiorari.

    No. 2545.
    Resuelto en abril 10, 1922.
    Ordenanza Municipal Imponiendo Contribuciones Especiales. — Una ordenanza municipal por la cual se crea una contribución adicional fijando el tipo de la misma, para dedicar la recaudación a determinadas obras y mejoras públi-cas, no es necesariamente nula por el liecbo de que en el texto de la misma no se asignen específicamente las partidas y el departamento para el cual se hi-ciere la asignación. Tales requisitos, exigidos por la Ley Municipal de 1919, sección 61, deben cumplirse cuando recaudada la contribución especial se procede a su inversión mediante ordenanza.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. C. Domínguez Bubio.

    Abogados del apelado: 8'res. M. A. Martínez y A. Arroyo.

   El Juez Asociado Sk. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En 14 de marzo de 1921, la Asamblea Municipal de Grua-yama aprobó una ordenanza cuya parte dispositiva es como sigue:

“Ordénese por la Asamblea Municipal de Guayama, P. R. — Sec-ción Ia. — Imponer una contribución adicional de veinte centésimas del uno por ciento anual sobre la propiedad durante el año econó-mico de 1921-22 además de todas las contribuciones ya impuestas sobre el valor de toda la propiedad mueble e inmueble dentro de la Municipalidad de Guayama, según tasación hecha por el Tesorero de Puerto Rico para que en su oportunidad proceda al cobro de la contribución impuesta por la presente.
“Sección 2a. — El producto de la contribución que se impone por esta ordenanza, será dedicado a las mejoras siguientes:
“Construcción de un hospital para dementes.
“Construcción Caseta para depósito de cadáveres.
“Pavimentación de calles y otras mejoras públicas.
“Disponiéndose que todo exceso que resultare del cobro de esta contribución sobre los gastos ocasionados por las mejoras públicas antes dichas, será aplicado a otras atenciones, según determine la Asamblea Municipal.”

A virtud de procedimientos de certiorari, la Corte de Dis-trito de G-iiayama declaró nula dicha ordenanza, por las ra-zones siguientes:

“Porque se asignaban fondos sin especificar las partidas, ni el ramo o departamento donde se van a utilizar, tal cual lo exige la sección 61 de la Ley Municipal.
“Porque se asignan fondos para mejoras públicas que no están designadas de acuerdo con la sección 49, apartado C de la Ley Municipal.
“Porque se hacen asignaciones en dicha ordenanza sin observar los requisitos de la sección 23 de la Ley Municipal y 34 párrafo 16 de nuestra Carta Orgánica.”

La sección 61 de la Ley de 1919, prescribe lo siguiente: (bastardilla nuestra.)

“No '* * * se harán asignaciones de ningún dinero, para ningún fin, cualquiera que éste sea, sino por ordenanza o resolución de la asamblea municipal especificando las partidas y el departa-mento o ramo del servicio para el cual se hiciere la asignación.” Le-yes de 1919, pág. 719.

La sección 49 cuando la ordenanza fué aprobada disponía en parte lo siguiente:

“Los ingresos municipales consistirán—
“(e) En cualquier recargo de la contribución sobre la propiedad imponible del municipio, siempre que así se acordare por las dos terceras partes de la asamblea municipal * * *.
“Tal recargo sólo podrá destinarse a amortización de empréstitos ya contratados o que se contraten en lo sucesivo, al fomento de la instrucción elemental, a la construcción de carreteras municipales o inter-municipales, acueductos, plantas eléctricas, alcantarillados, construcción de hospitales, cementerios, asilos de ancianos y huérfa-nos, sanatorios de tuberculosos, manicomios y reformatorios, plazas de mercado, pavimentación, asfaltado y arbolado de calles, muelles y malecones, casas escuelas y para maestros, granjas agrícolas, casas para ser vendidas a trabajadores a largos plazos, erecciones de aldeas, diques para evitar inundaciones, lavaderos públicos y edificios para oficinas municipales. Dicho recargo de la contribución sobre la pro-piedad se recaudará por el Tesorero de Puerto Rico, sirviendo de autoridad al efecto una copia certificada de la ordenanza que adop-tare la asamblea municipal.” Leyes de 1920, pág. 71.

La sección 23 prescribe lo siguiente:

“Todas las limitaciones impuestas por la Ley Orgánica de Puerto Rico a la Asamblea Legislativa y a sus miembros, serán aplicables, hasta donde fuere posible, a la Asamblea Municipal y a los miem-bros de la misma.” Leyes de 1919, pág. 699.

El párrafo de la sección 34 de la Ley Orgánica a que se ha hecho referencia prescribe lo siguiente:

“El proyecto de presupuesto general no comprenderá nada más que asignaciones para los gastos ordinarios de los departamentos eje-cutivo, legislativo y judicial, para el pago de intereses de la deuda pública y para escuelas públicas. Todas las demás asignaciones se consignarán en proyectos separados, abarcando cada uno una sola materia.” Leyes de 1919, pág. 47.

Si este último párrafo tiene' alguna aplicación, en él se habla de presupuestos, y la sección 61 de la Ley Municipal regula “the appropriation of funds.’’ La versión castellana es “asignación de dinero.” En forma parecida prescribe la sección 44 que “el total de la contribución sobre la propie-dad que ingrese más el producto del ‘school tace’, si lo hu-biere” no podrá ser menor “que el montante del presupuesto de gastos de instrucción pública.” No encontramos nada en ninguna parte de la Ley Municipal que exija que se hagan asignaciones'en el momento y en la misma ordenanza en que la contribución se impone. La ordenanza en cuestión no tiene por objeto asignar dinero o fondos. En ella meramente se determinan los fines a los cuales se destinará el producto de la contribución, en perfecta armonía con las disposiciones de la sección 49. Prescribe dicha sección que la contribución será recaudada por el Tesorero de Puerto Pico sirviendo de autoridad al efecto el presupuesto u ordenanza votada por la asamblea municipal. No expresa que el dinero que así lia de recaudarse — deberá ser “asignado” o “dedicado” a ningún fin específico antes ele ser recaudado. En realidad nada dice sobre asignaciones.

Los particulares enumerados en la ordenanza están todos comprendidos en las prescripciones de la sección 49. El dis-poniéndose en cuanto a la aplicación que ha de darse á cual-quier exceso que resultare pudo haber sido más específico, y no es una fuerte presunción de nuestra parte el asumir que cualquiera aplicación que pueda dársele en el futuro, el gasto de tal exceso será una función legal ejercida por el poder legislativo.

De todos modos, los contribuyentes tímidos tienen dere-cho a confiar en la creencia de que si la asamblea municipal tratare de dar una aplicación al producto de la contribución que ahora se pretende imponer distinta a los fines indicados tanto en la ordenanza como en el estatuto, podrán todavía acudir a las cortes y hacer uso de cualquier remedio que la ley les conceda.

Pero hasta tanto no se ejecute un acto manifiesto, y hasta el punto de abstenerse de establecer procedimientos legales prematuros, aquellos que pudieran oponerse, por escrupu-losos que sean, deben sufrir en silencio, reprimir toda ten-dencia pesimista en pensar por anticipado en el mal, y es-perar que se desarrollen los acontecimientos, y si no tienen plena confianza en que se cumplirá estrictamente con la letra de la ley deberán por lo menos revestirse de aquella pacien-cia qne reqniexan las circunstancias.

Debe revocarse la sentencia apelada.

Revocada la sentencia apelada y desestimada la solicitud sin especial condena de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldkey, El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    López et al., Demandantes y Apelados, v. Quiñones, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobie nulidad de escritura y otros extremos.'
    No. 2126.
    Resuelto en abril 10, 1922.
    Resuelto en reconsideración en junio 9, 1922.
    Nulidad de Sentencia — Emplazamientos Nulos — Jurisdicción.—Cuando en el diligenciado de un emplazamiento que no hizo el marshal, ya que el sub-mafshal que lo practicó en este caso no suscribió la diligencia a nombre de aquél, no expresa bajo juramento el diligenciante que no era parte en la ac-ción y que era mayor de 18 años, el emplazamiento es nulo.
    Id. — Juramento del Emplazamiento — Djligenciamiento de la Citación. — En el presente caso aparece después de la firma de la persona que diligenció el em-plazamiento la siguiente expresión: “mayor de 18 años.” 'Se resolvió: que tal manifestación por no estar consignada en el cuerpo de la declaración ju-rada no puede considerarse como formando parte de la misma.
    Id. — Emplazamiento-—-Prueba.-—La prueba de que la persona que hizo el empla-zamiento no era parte en la acción y era mayor de 18 años, cuyos requisitos no contiene el diligenciamiento, corresponde a la parte demandada.
    Id. — Prescripción del Dominio — Buena Ee.- — No puede alegar la buena fe que es necesaria para adquirir el dominio por prescripción ordinaria quien adquirió el inmueble mediante ejecución de sentencia dictada en un pleito en el cual la corte no adquirió jurisdicción a causa de ser nulos los emplazamientos de los demandados.
    Id. — -Reconvención.—En un pleito que tiene por objeto anular la sentencia dictada en otro seguido anteriormente por los ahora demandados contra los que son ahora demandantes en cobro de parte del preeio aplazadp con hipoteca no puede sostenerse que sea improcedente una reconvención de los ahora deman-dados leelamando el importe de varios plazos de la misma deuda hipotecaria, sobre la misma .Anea.'
    Id. — Costas—Temeridad.—Cuando los hechos no demuestran temeridad por parte del demandado, como sucede en este caso, la condena de costas es improcedente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. J. Texidor.

    Ahogados de los apelados: Sres. J. B. F. Savage y José G. Torres.

   El Juez Asociado Sr. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Eugenio Arturo López compró en el año 1894 una hacienda de café nombrada “Adjuntas,” ahora “Paquita,” radicada en Maricao y compuesta de 327 cuerdas de terreno por pre-cio de 55,000 pesos de la moneda entonces circulante, de los cuales pagó 15,000 pesos y quedó adeudando los 40,000 res-tantes para ser pagados en diversos plazos, vencedero el úl-timo en enero de 1906, los que garantizó con hipoteca de la misma finca.

Muerto el deudor, Tomás Quiñones presentó demanda en juicio ordinario ante la Corte de Distrito de Mayagüez en el año 1905 contra sus hijos mayores de edad Antonio y Carmen Agustina y contra la viuda Francisca Comas por sí y como representante de otros dos hijos menores de edad nom-brados Eugenio y Arturo Martín, como componentes de su sucesión, alegando los anteriores hechos y que había com-prado algunos de los plazos hipotecarios de los cuales reclamó el pago de 9,600 dólares, equivalencia de 16,000 pesos de aquella moneda, que estaban vencidos y no satisfechos. En ese pleito recayó sentencia condenatoria en rebeldía de los demandados la que fné ejecutada vendiéndose los bienes hi-potecados los que fueron adjudicados a Tomás Quiñones como el mejor postor en la subasta y a quien el marshal otorgó escritura de venta en 25 de agosto de 1905 que fue inscrita en el registro de la propiedad y en cuya fecha tomó posesión de los bienes vendidos.

Once años después, muerta la madre Francisca Comas, los cuatro hijos de ese matrimonio Eugenio, Carmen Agus-tina, Antonio y Arturo López Comas, representado el último por ser menor de edad por su hermano Antonio como defen-sor suyo pero que durante el pleito alcanzó su mayor edad y como tal se personó en él, demandaron ante la Corte de Distrito de Mayagüez a Tomás Quiñones y a su esposa Antonia Quiñones solicitando del tribunal que declarase la nu-lidad del pleito seguido en 1905 por Tomás Quiñones contra la sucesión de Eugenio Arturo López, fundándose en lo si-guiente: primero, que los emplazamientos que fueron libra-dos para la citación de los demandados no contienen la pre-vención de que si no comparecían y contestaban la demanda el demandante obtendría fallo a su favor por la cantidad es-pecificada en su demanda; segundo, que las diligencias de los emplazamientos que se libraron para la citación de los demandados, dos de ellos para cada uno de los hijos mayores de edad y el otro para la de la viuda por sí y por sus hijos menores de edad, no fueron hechas por el marshal sino por un tal Pedro Ma. Pabón, quien no hizo constar bajo su jura-mento que no era parte en el pleito y quien tampoco hizo constar en debida forma que era mayor de 18 años de edad; tercero, que los demandados menores de edad Eugenio y Arturo, que tenían 18 y 9 años de edad, respectivamente, no fueron citados personalmente; cuarto, que se dictó senten-cia contra los demandados sin haber registrado su rebeldía el secretario; quinto, que los bienes fueron vendidos sin haber sido embargados.

Tomás Quiñones y su esposa contestaron esa demanda negando que existieran las nulidades alegadas por los de-mandantes y adujeron varias defensas y una reconvención. Celebrado el juicio recayó sentencia declarando la nulidad de los emplazamientos, de la sentencia y de las ventas he-chas; ordenando que la inscripción de éstas hecha en el re-gistro de la propiedad sea cancelada; que los demandados devuelvan la finca a los demandantes con sus frutos, cuya cuantía por convenio de las partes se determinará después, y que los demandados paguen las costas.

Muerto el demandado Tomás Quiñones fue sustituido por su sucesión la que con la viuda Antonia Quiñones interpu-sieron este recurso de apelación contra dicha sentencia ale-gando contra ella catorce motivos de error, siendo los cinco primeros los siguientes:

“Primero: La corte cometió error al declarar nulos y sin nin-gún valor ni efecto los emplazamientos hechos en el pleito civil se-guido por Tomás Quiñones contra la sucesión de Eugenio Arturo López y Quiñones, compuesta de Francisca Gomas y Atresino, por sí y en representación de sus menores hijos Eugenio y Arturo Martín y sus otros hijos mayores de edad Antonio y Carmen Agustina López y Comas.
“Segundo: La corte cometió error al declarar asimisma nula y sin ningún valor y efecto la sentencia dictada en 31 de mayo de 1905 en el referido pleito, así como las ventas hechas por el marshal de dicha corte en 15 de agosto y 9 de septiembre de 1905, respectiva-mente, a favor de Tomás Quiñones, de la finca, casas y establecimien-tos, objeto de este litigio.
‘ ‘ Tercero: La corte cometió error al declarar igualmente nulo e inexistente el contrato de venta judicial de la citada finca, sus casas y establecimientos, otorgado por el marshal de dicha corte en nom-bre de la sucesión de Eugenio Arturo López y Quiñones a favor de Tomás Quiñones, el 21 de agosto de 1905, ante el notario José de Diego.
£ ‘ Cuarto: La corte cometió error asimismo al decretar y ordenar la cancelación en el Registro de la Propiedad de San Germán de la inscripción de la finca en litigio hecha a favor del causante de los demandados Tomás Quiñones.
“Quinto: La corte cometió error igualmente al decretar y orde-nar que la parte demandada devuelva a los demandantes la finca en controversia, con sus casas y establecimientos.”

Los demandados agrupan los cinco anteriores motivos de error y se limitan a argumentar el primero por entender que los cuatro últimos son consecuencia legal del pronunciamiento de la corte inferior declarando nulos y sin ningún valor los emplazamientos hechos en el pleito seguido por Tomás Qui-ñones, pronunciamiento que impugnan en el primer motivo de error.

El pleito cuya declaración de nulidad se interesa añora fué presentado original como prueba en éste y en él se en-cuentran tres emplazamientos librados por el secretario para la citación de los entonces demandados, uno para la citación de la viuda Francisca Comas por sí y como representante de sus hijos menores de edad Eugenio y Arturo y otros dos para cada uno de los hijos mayores de edad. Sus diligen-ciaren entos' son substancialmente iguales y por esto nos bas-tará copiar uno de ellos, según aparece en la transcripción de autos que nos ha sido presentada. Dice así:

"CERTIFICADO DEL DILIGENCIAMnDNUO DEL MARSHAL. ’ ’
“Certifico que recibí el presente emplazamiento a las once de la mañana del día 28 de abril de 1905, y que notifiqué el mismo per-sonalmente el día 28 de abril de 1905, a las cinco de la tarde, a doña Francisca Comas, viuda de López por sí y como representante de sus menores hijos Eugenio y Arturo Martín, demandado mencio-nado en dicho emplazamiento, entregando a dicho demandado y de-jando en su poder personalmente en San Germán, su actual resi-dencia, una copia de dicho emplazamiento, y en poder del deman-dado citado, una copia fiel y exacta de la demanda en el pleito men-cionado en dicho emplazamiento.
“Fechado hoy día 29 de abril de 1905.
“Firmado: Por Pedro Ma. Pabón, Marshal auxiliar.
“Mayor de diez y ocho años.
. “Suscrito y jurado ante mí hoy día veinte y nueve de abril de mil novecientos cinco. — San Germán.
“Firmado: Joaquín Nazario de Figueroa.- — Notario Público.
“(Hay un sello de la notaría.)”

Los tres diligenciamientos de las citaciones están firma-dos por Pedro Ma. Pabón, marshal auxiliar, y aunque están extendidos en forma de certificado los suscribió y juró ante notario, como ha de hacerse cuando practica la citación una persona que no es el marshal, quizá teniendo en cuenta que aunque las decisiones de los tribunales no, están acordes en si nn marshal auxiliar puede certificar en su propio nom-bre el diligenciamiento, sin embargo la regla establecida por las decisiones de California, de donde procede nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, es que no puede certificar en su propio nombre sino en el del marshal. En el caso de Orcasitas v. Márquez, 19 D. P. R. 481, dijimos:

“Si la citación la verifica el marshal, basta su certificación ex-pedida bajo la fe del juramento que prestara para ejercer su cargo; si la lleva a efecto un sub-marshal que haya prestado también un previo juramento para ejercer su cargo y que actúe por y bajo la autoridad del marshal, basta de igual modo su certificación expedida y firmada por él a nombre del marshal por y bajo cuya autoridad actúa. * * *”

Estando practicadas esas citaciones por persona distinta del marshal, ya que el sub-marshal qne las hizo no suscribió sus diligeneiamientos a nombre de aquél, para que la corte adquiriera jurisdicción sobre las personas de los demanda-dos y pudiera seguir el pleito en rebeldía de éstos era nece-sario de acuerdo con el artículo 92 del Código de Enjuicia-miento Civil que de los diligeneiamientos apareciera que la persona que hizo las citaciones no era parte en la acción y que era mayor de 18 años. Andino v. Knight, 20 D. P. R. 200; Serrano v. Berdiel, 22 D. P. R. 447; Torres & Enseñat v. Alfaro, 24 D. P. R. 731; Delgado v. El Registrador, 25 D. P. R. 489; Quintana v. Aponte, 26 D. P. R. 196; Buonomo v. Sucesión Juncos, 28 D. P. R. 414. Estos requisitos no están cumplidos en los diligeneiamientos pues si bien con respecto al segundo fuera del cuerpo de la declaración y después de la firma de Pedro Ma. Pabón se dice “mayor de 18 años/’ certificando después un notario que fué sus-crito y jurado ante él, tal manifestación referente a la edad no puede ser considerada jurada pues sólo lo que está dicho en el cuerpo de la certificación y antes de la firma es lo que puede ser considerado como su declaración. Lo qne está escrito después de un documento firmado no puede ser con-siderado como formando parte de él, a menos que de otro modo se demuestre. Por otra parte, en este pleito no se presentó prueba de que esa .persona era mayor de 18 años cuando hizo la citación, por lo que tenemos que llegar a la conclusión de acuerdo con la corte inferior que todos los em-plazamientos de los demandados en el primer pleito fueron nulos, que la corte no adquirió jurisdicción sobre ellos y que en consecuencia son nulos también todos los procedi-mientos posteriores, y por tanto la venta que hizo el marshal, sobre cuyo extremo dijimos lo siguiente en el caso de Oliver v. Oliver, 23 D. P. R. 190:

“Considerando la venta judicial como un contrato en el que la corte o su representante oficial debidamente autorizado sustituye al verdadero vendedor cuyo ‘consentimiento’ lo da la corte por una ficción legal paradógiea, la corte, sin embargo, tiene que tener juris-dicción por lo menos de la materia en controversia, y ordinariamente sobre la persona del demandado.”

Por lo expuesto no tenemos necesidad de. considerar si también son nulas las citaciones por alguno de los otros mo-tivos alegados en la demanda.

Pero los apelantes argumentando el primer error que alegan como base de los cuatro siguientes sostienen que des-pués de los años que han transcurrido entre ambos pleitos cualquier ausencia de prueba de un hecho determinado sufi-ciente para dar validez a procedimientos judiciales debe ser presumido y que la prueba de que no hubo citación pesaba sobre los demandantes, sin que la hayan presentado.

No estamos conformes con la primera afirmación de los apelantes pues el mero transcurso del tiempo no crea pre-sunción alguna en favor de citaciones que no aparezcan he-chas de acuerdo con la ley. En cuanto a la segunda, si bien es cierto que a los demandantes' incumbía probar que no hubo citación, ellos cumplieron ese deber presentando a la corte las cédulas libradas para los emplazamientos de los demandados y sus diligenciamientos de los que resulta que las citaciones fueron practicadas por persona qne no cons-taba tener las condiciones exigidas por la ley; y si a pesar de esas faltas en los diligenciamientos era cierto qne Pedro Ma. Pabón tenía los requisitos legales para qne las citaciones qne hizo fneran válidas a los demandados incumbía esta prueba, y no la presentaron. En el caso de Buonomo v. Sucesión Juncos antes citado dijimos:

“En este caso qne estudiamos la persona que hizo la citación no juró, ni acreditó de otro modo eficaz en derecho, que tuviera la edad que la ley exige para practicar la diligencia y que no fuera parte en la acción. Pero es más, habiéndose suscitado esta cuestión y habiendo podido la parte demandada probar cjue la persona que hizo el emplazamiento tenía la edad requerida por la ley, no lo hizo, siendo, por tanto, aplicable también la jurisprudencia establecida en el caso de Quintana et al. v. Aponte, 26 D. P. R. 196 '* ’* *

El sexto motivo de error alegado se funda en haber sido condenada la parte demandada a pagar los frutos percibidos y debidos percibir de la referida finca hasta el día de la entrega definitiva; pero los apelantes dejan su argumenta-ción para cuando traten que Tomás Quiñones no es un po-seedor de mala fe.

También agruparon los apelantes los errores que* nume-ran del 7 al 11 fundados en no haber sido sostenidas las de-fensas que alegaron en su contestación. Esos motivos de error dicen así:

“7. La corte cometió error al no declarar con lugar la primera defensa de los demandados sobre que los supuestos defectos alegados en la demanda, aún cuando fueran ciertos, no pueden ahora ale-garse para anular y dejar sin efecto todo lo actuado, por haber sido los demandantes culpables de abandono o dejación de su derecho (laches) por un período mayor de seis años.
£<8. La corte cometió error al no declarar con lugar la segunda defensa sobre que no existe causa de acción, primero porque los he-rederos mayores de edad no pueden ir contra sus propios actos ni destruir el estado de derecho ya creado; segundo, porque en cuanto a la mitad de los bienes tienen el carácter de gananciales que corres-ponden a la madre y habiendo sido ésta citada sin defecto alguno carecen los demandantes de acción en cuanto a dicha mitad, y ter-cero, porque siendo esto así, los demandantes no pueden reclamar la totalidad de los bienes sin que previamente se proceda a la división de la herencia.
“9. La corte cometió error al no declarar con lugar la cuarta defensa de los demandados sobre que la herencia de Eugenio Comas fué aceptada por los demandantes a beneficio de inventario y que la madre de los demandantes se constituyó en administradora de los bienes de la sucesión, actuando como tal al momento de la interpo-sición de la acción en cobro de crédito hipotecario entablada por Tomás Quiñones.
“10. La corte cometió error al no declarar con lugar la sexta defensa sobre que si se practicara una liquidación de la sociedad de gananciales, la aportación privativa de la madre de los demandantes, no podría ser cubierta por dichos bienes, y por tanto resultaría ella solamente dueña de los ejecutados; y siendo los demandantes, sus herederos, están impedidos de atacar las actuaciones consentidas por su causante.
“11. La corte cometió error al no declarar con lugar la séptima defensa sobre que los demandados han adquirido el dominio del in-mueble por el transcurso de diez años entre presentes con buena fe y con justo título.”

Con respecto al séptimo error dicen los apelantes que su defensa no es de prescripción. Puesto que no se alega la prescripción como defensa de los demandados y sí sólo aban-dono del derecho de los demandantes por el tiempo trans-currido en este caso, no cometió la corte sentenciadora el error que se le atribuye.

No tenemos que considerar los motivos expuestos con los números 8, 9 y 10 porque tienen por base el supuesto de que la corte que conoció del pleito del año 1905 adquirió juris-dicción sobre la viuda Francisca Comas y sobre los dos hijos que entonces eran mayores de edad, cuando lo cierto es que no la adquirió según hemos dicho al considerar el primer motivo de error alegado.

Veamos el undécimo error fundado en la, adquisición del dominio del inmueble por los demandados por el transcurso de diez años entre presentes con buena fe y justo título.

Gomo la demanda en este caso fue interpuesta después de diez años de haber sido adjudicada la finca a los demandados y como los sucesores de Arturo López han residido siempre en esta isla la única cuestión a considerar es si Tomás Qui-ñones la adquirió de buena fe y con justo título.

Dispone el artículo 1858 del Código Civil que el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles prescriben por la posesión durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título. El 1841 que para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se necesita poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley. El 1852 que las con-diciones de buena fe exigidas para la posesión en los artícu-los 436 y 437 y en el 544 son igualmente necesarias para la determinación de aquel requisito en la prescripción del do-minio y demás derechos reales. El 436 dice que se reputa poseedor de buena fe al que ignora que en su título o modo de adquirir exista vicio que lo invalide. El 437 que la buena fe se presume siempre y que al que afirma la mala fe de un poseedor corresponde la prueba. El 554 no tiene relación con este caso.

Teniendo en cuenta esos preceptos legales sostienen los demandados apelantes que de la única manera que puede sostenerse que hubo en ellos mala fe es recurriendo al argu-mento de que conocían la ley pero que la buena fe depende del conocimiento personal y directo del vicio de nulidad en la adquisición y no de la supuesta ficción de que porque la ley se conoce el defecto que en determinado caso su incum-plimiento origine ha de conocerse' también y lleva consigo necesariamente la mala fe.

Como el artículo 2 del Código Civil declara que la igno-rancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, es conse-cuencia legal lógica que el que no cumple con las leyes falta a ellas voluntariamente y por tanto que no procede de buena fe. T esto es lo ocurrido en este caso pues sabiendo Tomás Quiñones por la ley que para que la corte adquiera jurisdic-ción sobre las personas por él demandadas en el pleito de 1905 la citación de ellas debía aparecer becba por el marshal o por otra persona que no tuviera interés en el asunto y que fuera mayor de 18 años, al dejar de cumplir estos requisitos no procedió de buena fe, en el sentido legal de la palabra; y aún cuando le cobijaba la presunción de buena fe, fué des-truida por los demandantes al presentar la prueba de que no babía cumplido con la ley por lo que no pueden sostener que ignoraban que en su título o modo de adquirir existía vicio que lo invalidaba. Como consecuencia de la mala fe en la adquisición los demandados vienen obligados a devol-ver no sólo la finca sino también sus frutos de acuerdo con el artículo 457 del Código Civil.

Faltando pues el requisito de la buena fe en la adquisi-ción, que es uno de los’elementos exigidos por la ley para adquirir por prescripción ordinaria el dominio de bienes in-muebles y demás derechos reales huelg;a determinar si existe, o no el otro requisito de justo título.

También alegan los apelantes los siguientes dos motivos para su apelación:

“12. La corte cometió error al no dictar pronunciamiento alguno respecto de la contra-demanda de la parte demandada.
“13. La corte cometió error al no declarar subsistente para todos' sus efectos legales la hipoteca constituida a favor del demandado Quiñones condenando a su pago a los demandantes.”

Al contestar la demanda los ahora apelantes formularon reconvención alegando que sobre la finca que reclaman los demandantes pesaba un crédito hipotecario de 18,600 dólares a favor de los contra-demandantes garantizado con primera hipoteca y constituido por escritura pública y que de dicha suma le adeudan actualmente los demandantes 12,600 dóla-res y sus intereses legales, los que no les han pagado en todo ni en parte. La alegación de los demandados concluyó su-plicando que se dictase sentencia declarando sin lugar la de-manda en todas sus partes y con lugar su reconvención por 12,600 dólares e intereses legales desde el 31 de mayo de 1905 hasta su pago con las costas.

Los demandantes se opusieron a esa reconvención negando los hechos en ella alegados y la corte al resolver el pleito nada dijo con respecto de ella en su sentencia.

Según resulta de la prueba documental de este pleito To-más Quiñones adquirió varios de los plazos de la deuda de los demandantes constituida al comprar su padre la finca y garantizada con hipoteca sobre ella, hasta la cantidad de treinta y un mil pesos de la moneda entonces circulante equi-valentes a 18,600 dólares, de los cuales les fueron satisfechos 6,000 dólares con las adjudicaciones que se le hicieron en el pleito cuya nulidad es objeto del presente, quedando un saldo a su favor de 12,600 dólares que los deudores, ahora deman-dantes, no han pagado según declaró Tomás Quiñones, sin otra prueba en contrario. No consta que hayan sido recla-mados judicial ó extra judicialmente antes de la reconven-ción hecha en 17 de febrero de 1917.

Aunque los apelados dicen en su alegato escrito que de-dujeron excepción contra esa reconvención por falta en ella de hechos determinantes de causa de acción por no alegar en qué fecha se constituyó la hipoteca y con qué condiciones, la fecha de su vencimiento, la parte de la hipoteca que ■ se pagó y en qué forma se pagó y lo que de ella restaba, no hemos encontrado esa alegación en la transcripción que se nos ha presentado para resolver esta apelación. Además, de la propia demanda aparece la fecha en que Arturo López, padre de los demandados, quedó adeudando 40,000 dólares de los 55,000 en que compró .la finca para ser pagados en diversos plazos, y la prueba en el juicio demostró los hechos que los demandantes echan de menos en la reconvención.

También alegan.los apelados que la reconvención es im-procedente porque no está comprendida en ninguno de los casos del artículo 111 del Código de Enjuiciamiento Civil. Según dicho precepto se puede establecer reconvención a favor del demandado y en contra del demandante siempre que respecto de ellos pueda dictarse en el juicio una sen-tencia separada, sobre dicha reconvención, y siempre que nazca ele las causas de acción siguientes:

‘ 11. Una causa de acción derivada de la transacción aducida en la demanda como fundamento de la reclamación del demandante, o re-lacionada con el objeto de la acción:
“2. En una acción derivada de un contrato o en cualquier otra causa de acción derivada también de algún contrato y existente al establecerse la demanda.”

Desde luego que en este caso podía dictarse una sentencia separada sobre la reconvención y además la reconvención está relacionada con el objeto de la acción (connected with the subject-matter) toda vez que este pleito tiene por objeto anu-lar el que Tomás Quiñones siguió en 1905 contra los ahora demandantes en cobro de parte de los plazos por ellos de-bidos con garantía hipotecaria de la misma finca que tratan de recobrar, y por la reconvención se cobran 12,600 dólares de los plazos de la misma deuda y la misma garantía. En el caso de Arvelo v. El Banco Territorial y Agrícola, 29 D. P. R. 1066, que era análogo al presente los demandantes fue-ron condenados por reconvención del demandado a pagar a éste la 'cantidad debida y garantizada por la hipoteca cuya ejecución se anuló.

En vista de lo expuesto la corte inferior debió declarar con lugar la reconvención y condenar a los demandantes a pagar a los demandados la cantidad de 12,600 dólares con sus intereses legales del seis por ciento anual, por no haber convenio sobre pago de intereses, desde el 17 de febrero de 1917 en que por primera vez fué reclamado el pago de dicha cantidad.

El otro motivo de error expuesto con el número 13 no encuentra apoyo en los autos pues los demandados no pidie-ron lo que ahora alegan debió declarar la corte con respecto a la vigencia del crédito hipotecario de los demandados, lo que por otra parte parece ser una consecuencia de la decla-ración de nnlidad del pleito de 1905 por defectos en el pro-cedimiento para el cobro de algunos de los plazos de la hipo-teca y de la cancelación decretada de las inscripciones en el registro de la, propiedad de las adjudicaciones que fneron hechas a Tomás Quiñones.

El último error alegado y señalado con el numero 14 es por haber sido condenados los demandados-apelantes al pago de las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado en qne ha incurrido la parte demandante.

Si tenemos en cuenta que el defecto de no aparecer de los diligenciamientos que la persona que practicó las cita-ciones no era parte en el pleito no era de gran importancia, pues tal vez ese hecho aparece de los mismos autos (Serrano v. Berdiel, 22 D. P. R. 447) y que los demandados podían creer que no había defecto por la edad de dicha persona pof aparecer antes de su juramento, aunque debajo de su firma, que era mayor de 18 años y porque siendo un sub-marshal debía tener más de esa edad, así como por la jurisprudencia contradictoria en cuanto a si podría certificar en su propio nombre los diligenciamientos, habremos de llegar a la con-clusión de que no hubo temeridad en su defensa en este pleito y que no debió serle impuesto el pago de las costas con mayor razón cuanto que su reconvención contra los demandantes era justa.

Por todo lo expuesto la sentencia apelada debe ser con-firmada pero modificándola en el sentido de declarar con lu-gar la reconvención condenando a los demandantes a pagar a los demandados la cantidad reclamada y sus intereses le-gales, y también en cuanto a las costas que se declaran sin especial condena.

Confirmada la sentencia apelada pero modifi-cándola en él sentido de declarar con lugar la reconvención, 'condenando a los deman- dantes a pagar la suma de doce mil seiscien-tos dólares y sus intereses legales, sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Wolf y HutcMson.

RESOLUCIÓN SOBRE MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN, DE junio 9, 1922.

El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes en este pleito solicitaron que se decla-rase nula la sentencia dictada en otro pleito seguido por el causante de los abora demandados contra el causante de los actuales demandantes que lo condenó a pagar $9,600 por plazos vencidos de una deuda hipotecaria mayor y también la nulidad de la venta que para satisfacer la sentencia se hizo de ciertos bienes que fueron adjudicados por $6,000 al ejecutante de la sentencia. Los ahora demandados se opu-sieron a que se declarasen esas nulidades y por contra-de-manda pidieron que se condenase a sus demandantes a satis-facerles los $3,600 que no fueron cubiertos con la ejecución de la sentencia más otros plazos que quedaron a deberle de la hipoteca, todo con un total de $12,600. Nuestra sentencia declaró que existen las nulidades que se alegaron y condenó a los demandantes a que pagaran a sus demandados y contra-demandantes dichos $12,600, pero se nos pide por los deman-dados y contra-demandantes que la reconsideremos a fin de que ordenemos el pago por los demandantes de los $6,000 que fue el precio de la adjudicación declarada nula, fundán-dose en el artículo 1270 del Código Civil Revisado según el cual declarada nula una obligación los contratantes deben restituirse recíprocamente’ las cosas que hubieren sido ma-teria del contrato, con sus frutos y el precio con sus intereses.

No tenemos que reconsiderar nuestra sentencia para ha-cer esa declaración porque declarada nula la venta judicial, en la que no medió entrega de dinero sino adjudicación por parte del precio adeudado, y anulado .también el procedi-miento desde la citación de los entonces demandados, no exis-tiendo legalmente aquella sentencia y adjudicación, las cosas vuelven a quedar necesariamente y sin especial declaración nuestra en el mismo estado que tenían antes de haberse co-metido las nulidades que ban sido declaradas.

La moción de reconsideración debe ser negada.

Denegada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.


text:
    Carlo, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo denegando la cancelación de dos hi-potecas.
    No. 515.
    Resuelto en abril 17, 1922.
    Cancelación de Gravámenes — Calificación de Documentos. — Inscrita la trans-ferencia de una finca hipotecada, mediante certificado de venta por contri-buciones, el registrador no está impedido de calificar posteriormente el mismo certificado al presentársele de nuevo a los efectos de obtener la cancelación de la hipoteca, sobre cuyo extremo nada se expresó en la inscripción referente a la transferencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: ¡Sr. A. Brusi.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

J. E. Cario, por su abogado, presentó un escrito al Re-gistrador de la Propiedad de Arecibo pidiéndole la cance-lación de dos hipotecas que aparecían gravando cierta finca de su propiedad inscrita en el dicho registro. A juicio del peticionario la cancelación debía verificarse a virtud de dos documentos que acompañó, a saber: un certificado de venta de la finca de que se trata para el pago de contribuciones y un certificado del Tesorero de Puerto Rico afirmando que del espediente instruido al efecto constaba que la dicha venta se había notificado a los acreedores hipotecarios. El certi-ficado tiene fecha 11 de julio de 1918 y la certificación 6 de agosto de 1919.

El registrador devolvió los documentos sin verificar la cancelación por resultar que dichos documentos habían sido calificados por su antecesor en 12 de agosto de 1919 “no permitiendo la ley una segunda calificación de los mismos documentos cuando han producido un asiento en los libros del registro, siendo esa facultad privativa de los tribunales. ’ ’ El presentante recurrió para ante esta Corte Suprema.

Se trata de una finca de setenta y cinco cuerdas que es-taba afecta a dos hipotecas, una por $2,500 y otra por $2,300, y que fue vendida para pagar $12.10 de contribuciones adeu-dadas. El comprador en dicha venta fue José Mayol, quien la vendió a Juan González y éste al recurrente Cario. La inscripción de la transferencia a favor de Mayol se llevó a efecto a virtud de los mismos documentos ahora presenta-dos el 12 de agosto de 1919, sin hacerse referencia a los gravámenes.

Sostiene el registrador que no habiéndose hecho la can-celación cuando los documentos se presentaron por primera vez, debe presumirse que la cancelación fué negada y que por tanto ha surgido un estado de derecho en el registro que sólo puede alterarse por sentencia de tribunal compe-tente en el procedimiento adecuado.

A nuestro juicio tal presunción no existe. El certificado de venta se presentó la primera vez simplemente para ins-cribir la venta. Al menos nada consta en contrario. T si ahora se presenta para pedir la cancelación de los gravá-menes, es necesario concluir que se trata de un caso dis-tinto, no estando por lo tanto el registrador impedido de actuar.

En tal virtud debe revocarse la nota recurrida devolvién-dose los documentos al registrador para que proceda a veri-ficar o a negar la cancelación, de acuerdo con los hechos y la ley.

Revocada la nota recurrida y devueltos los do-cumentos para que él registrador verifique o niegue la cancelación solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hut-chison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sb. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Velázquez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa por infracción a la Ley de Automóviles.
    No. 1897.
    Resuelto en abril 18, 1922.
    Automóviles — Exhibición de Placas por los Conductores de Automóviles.— No infringe el inciso “ j,” artículo 5 de la ley para reglamentar el uso de vehículos de motor, aprobada en abril 13, 1916, un chófer que encontrándose sentado en su automóvil cuando éste no está en movimiento, y por tanto sin manejarlo, no lleva consigo su placa al ser requerido por la policía para que la exhiba cuando las circunstancias todas indican que dicho chófer no había estado manejando el automóvil poco antes sin la placa.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. H. Miranda y F. O. Pérez Almiroty.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué dos veces declarado culpable, primero, en la corte municipal y después de celebrado un juicio de novo, en la de distrito, por una supuesta violación del inciso “J”, artículo 5, de la “Ley para reglamentar el uso de ve-bienios de motor en Puerto Eico, aprobada en abril 13 de 1916.”

El inciso de referencia es como signe:

(i) Cada licencia tendrá un número correlativo y se suminis-trará a la persona a quien se expidiera, una chapa de metal con igual número, que deberá portarse por el tenedor de la licencia siempre que manejare un vehículo de motor. Deberá mostrarse la chapa a cualquier oficial de policía o caminero uniformado o que muestre su insignia, que solicitare verla, siempre que el tenedor de la licencia estuviere manejando un vehículo de motor.”

En el momento del arresto acababa de llegar a un hotel el apelante y estaba sentado en su automóvil. En la oficina del hotel tenía su maleta donde se encontraba la placa. Ha-bía dejado de manejar el automóvil y no se alega, ni se probó en el juicio, que se hubiera sacado algún equipaje de dicho automóvil antes de llegar al término del viaje, o que la ma-leta que contenía la placa no estuvo todo el tiempo en el ve-hículo durante tal viaje.

La mayor parte de la prueba se refiere a los pormenores de cierto incidente que culminó en el arresto del apelante. Este preludio, sin embargo, nada tiene que ver con la ver-dadera cuestión envuelta y no es necesario que se discuta.

La ley no dice que la chapa de metal deberá portarse por el dueño siempre que esté sentado en su carro, sin tenerse en cuenta las circunstancias, sino siempre que estuviere ma-nejando el vehículo. Ni expresa tampoco que deberá mos-trarse la placa en todos los casos en que la pida la policía, sino solamente cuando el oficial de policía “solicita verla mientras el tenedor de la licencia estuviere manejando un vehículo de motor.”

Con un poco más de cortesía y consideración por parte de la policía, y también de tacto y prudencia por los chauffeurs, al proceder en una cuestión algo delicada, como ésta, a veces se evitarían molestias a las cortes y al Gobierno el gasto de tener que resolver casos en los que el único delito cometido es una mutua falta de etiqueta con circunstancias atenuantes.

Debe revocarse la sentencia apelada.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el ocias ado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no tomó parte en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Sandoval, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama denegatoria de inscripción de un ex-pediente posesorio.
    No. 509.
    Resuelto en abril 20, 1922.
    Expediente Posesorio de Bienes Privativos. — 'Es inscribible la posesión de bienes privativos de un cónyuge adquiridos antes del matrimonio, acredi-tada mediante prueba documental satisfactoria ofrecida en la información posesoria, aunque el otro cónyuge no fuera parte en el expediente.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: \Sr. F. Navarro.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En mayo de 1921 el promovente, Rafael Sandoval, ca-sado, y alegando ser dueño de cierta casa y solar adquiridos con anterioridad a su matrimonio por compra a Pedro Ro-dríguez y a su esposa Francisca Cartagena por escritura otorgada ante el notario E. Navarro Ortiz, en agosto 14, 1915, estableció información posesoria para que se declarara justificado a su favor el derecho de posesión de dicba finca como bien privativo del mismo y se dictara resolución para que fuera inscrito en el registro de la propiedad el referido derecho.

En la escritura de referencia el promovente comparece como soltero y el notario expresa que conoce a los compa-recientes en dicha escritura y le constan sus circunstancias personales. Esta escritura fué presentada como prueba en la información posesoria y como parte del expediente en dicho procedimiento, y ¿unto con una resolución dictada de conformidad con la súplica del promovente se presentó al registro de la propiedad solicitando la inscripción de dicho derecho posesorio.

La nota recurrida en parte es como sigue:

“Denegada la inscripción del precedente expediente posesorio por-que siendo el promovente casado y teniendo por objeto el procedi-miento del expediente posesorio únicamente acreditar el título po-sesorio del peticionario, en dicho expediente, en el cual no es parte la esposa, no puede ser contradicha la presunción de que los bienes adquiridos durante el matrimonio son gananciales, ni la jurisdicción del juez va más allá de la declaración del título posesorio según está resuelto por la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en los casos- de Delgado v. Registrador, 22 D. P. R. 126 y Crehore v. Registrador, 25 D. P. R. 847.”

El registrador en su alegato, además de los casos men-cionados en la precedente nota, cita como autoridad para sostener su calificación, el caso de Fuentes v. El Registrador, 27 D. P. R. 596.

No es necesario repetir aquí lo que dijimos en los casos así citados. El lenguaje empleado en ellos dehe, por su-puesto, interpretarse en relación con los hechos envueltos en cada caso.

TTn principio muy semejante a la tendencia general de opinión en esta corte puede verse en la obra de Morel sobre Legislación Hipotecaria, tomo 5, páginas 448-472, y casos citados.

Generalmente, como se ve de estos casos y los resueltos hasta ahora por este tribunal, cuando el promovente es ca-sado no hay reclamación de propiedad privativa, ni prueba documental auténtica para sostenerla, ni ninguna súplica para que se caracterice la posesión en la resolución judicial. Y claramente que aún en ausencia de un precepto estatntorio que limite las declaraciones de los testigos al hecho de la posesión por el promovente “en su nombre propio y al tiempo que haya durado la posesión,” la declaración de tal promo-vente a su favor y las manifestaciones desinteresadas de testigos amigos presentadas por él sin dar aviso u oportu-nidad para hacer repreguntas al esposo ausente u otra persona interesada que no es parte en el procedimiento, no ten-drían sino poca o aquella fuerza probatoria que la que por ejemplo tienen iguales manifestaciones respecto al origen del precio de compra en una escritura a favor del marido. Además, de todos modos, como se resuelve en los casos más recientes citados por el registrador, un procedimiento ex parte como este no es una acción para establecer un título y no tiene facultad la corte para considerar o resolver la cuestión del dominio ya en cuanto al marido y la mujer o entre el peticionario y otra tercera persona cualquiera. Esto se infiere necesariamente tanto de la naturaleza del proce-dimiento como de las prescripciones expresas del estatuto, entre otras, que la resolución y su inscripción en el registro de la propiedad serán “sin perjuicio de terceros con mejor derecho.”

Pero un marido puede solicitar la instrucción del expe-diente para establecer y hacer que se inscriba la posesión de la esposa de su propiedad privativa. 5 Morel, pág. 459. Y se dice, además, lo siguiente:

“Declaró la Dirección General en 23 de marzo, 1864, que en un solo espediente puede acreditarse la posesión de bienes a nombre del marido junto con la posesión legal de la mujer de los bienes que él tiene en usufructo.” 6 Galindo y Escosura, pág. 264, 5 Morel, pág. 459.

Después de un amplio examen sobre la naturaleza y efecto de la presunción legal del carácter de ganancial que tienen los bienes inmuebles adquiridos como privativos por cual-quiera de los esposos durante el matrimonio dijimos en el caso de La Sociedad Protectora de Niños v. El Registrador, 29 D. P. R. 974, lo siguiente:

“Un traspaso de bienes inmuebles hecho a una mujer casada como privativos de ella con el expreso consentimiento de su marido a tal forma de traspaso y que contiene otros detalles que indican el ver-dadero origen del precio de venta, aunque no sea de tal fuerza pro-batoria que anule enteramente la presunción legal respecto al ca-rácter ganancial de la propiedad así traspasada con perjuicio de los derechos de terceros, puede ser inscrito en esta isla por lo que en sí representa, con la debida indicación respecto a los particulares defectuosos de la documentación que se presenta. El hecho de que la esposa alegue que tal propiedad es privativa de ella y que el ma-rido admita que dicha ^propiedad pertenezca a su esposa exclusiva-mente queda de tal modo hecho público para todo el mundo; y el hacer mención de la circunstancia, de que tal constancia es incom-pleta es una notificación suficiente para cualquier futuro comprador, acreedor hipotecario n otra persona que negocie con la propiedad de que la presunción legal de su carácter de ganancial no ha que-dado enteramente anulada, y puede ser invocada por cualquier persona con derecho a su beneficio.”

Las consideraciones que sirvieron de fundamento ,a la conclusión así enunciada aún son más persuasivas en el pre-sente caso en el cual, como temos indicado y se entiende generalmente la inscripción es por virtud de un precepto ex-preso del estatuto “sin perjuicio de terceros con mejor de-recho.”

La posesión por el marido o la mujer de bienes así pri-vativos como gananciales, no es extraña ni ilegal aunque el verdadero carácter de tal posesión no pueda establecerse tan fácilmente cuando no está sostenida por título escrito como cuando puede obtenerse tal prueba. Verdaderamente que las limitaciones del estatuto al alcance de la prueba a que ya se ña becbo referencia prescriben de modo expreso que las declaraciones de testigos se limitarán “al techo de poseer los bienes en nombre propio el que promueve el ex-pediente y al tiempo que baya durado la posesión.” Y no conocemos ningún caso en que se llegue a declarar que un bombre casado no puede probar mediante prueba documental satisfactoria, o que la corte no puede resolver en un proce-dimiento para establecer un título posesorio, que la posesión se reclama, y en un caso adecuado, que prima facie aparece a nombre del promovente como propiedad privativa suya y no a nombre de la sociedad conyugal. La corte al bacer tal declaración, no “va más allá de la declaración del título po-sesorio,” como sugiere el registrador. Establecer el becbo mediante resolución judicial de que el promovente está en posesión a virtud de una reclamación aparentemente válida de su propiedad privativa, no es resolver sobre la cuestión de su dominio sino meramente indicar la existencia del su-puesto derecho y la naturaleza aparente de la posesión en su aspecto superficial.

La nota recurrida debe ser revocada.

Revocada la nota recurrida, y ordenada la inscripción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Wole;

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ruíz, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en causa por adulteración de lecbe.
    No. 1899.
    Resuelto en abril 20, 1922.
    Delito contba la Salud Pública — Venta a Domicilio de Leche Adulteeada.— El mero beebo de que se venda leche adulterada ea uu carro y ao ea el puesto ao estando el dueño presente, no es óbice para una condena contra el dueño por vender leehe adulterada.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. E. Campillo.

      Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole;

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Ruíz es el dueño de nn puesto de lecbe, Anastacio Toledo es o era uno de sus empleados y se le encontró re-partiendo lecbe en Río Piedras. Dos inspectores tomaron una muestra de la lecbe que ofrecía en venta y encontraron que babía sido adulterada con agua. Frecuentemente nos vemos obligados a llegar a la conclusión de que los vende-dores de lecbe y sus empleados no se dan perfecta cuenta de la enormidad del delito de privar a los niños de su alimento necesario. Según la defensa, sin embargo, Anastacio' Toledo varió de parecer y después de haber perdido un poco de lecbe y cedido a la tentación echándole agua a la lecbe fué que se dió cuenta y confesó a su principal lo que babía hecho. Aún hizo más. Para hacer su arrepentimiento per-fectamente claro escribió una carta. El juez sentenciador evidentemente tuvo alguna duda de la espontaneidad de esta carta, pues hizo un minucioso interrogatorio a Anastacio quien insistió, no obstante en su originalidad. La corte no dió crédito a la versión, declaró culpable al acusado y lo con-denó a sufrir treinta días de cárcel. Estamos en completo acuerdo con las cortes al imponer sentencias de cárcel y no multas a esta clase de delincuentes. En la vista ante esta corte el apelante, asumiendo como cierto el relato hecho por Anastacio sostuvo que la ley penal no haría responsable al principal por los actos de su empleado en un caso como éste. Al principio, cuando fué aprobada la Ley prohibiendo la venta de leche adulterada, la Legislatura prescribió como de-lito el adulterar la leche a sabiendas, Subsiguientemente fué reformada la ley en el sentido de establecer como delito la venta u ofrecimiento en venta de leche adulterada, ya se hiciese la venta con o sin conocimiento del principal. Clara-mente que la situación en nada cambia si el principal está presente o si hasta tiene a alguna otra persona que lo repre-sente. El Pueblo v. Luccioni, 29 D. P. R. 49. Ampliando nn poco más el principio creemos qne la ley, cuando no es un elemento esencial la intención criminal exigiría como de-ber al dueño de un puesto de leche estar al cuidado de que ninguna de su leche fuera vendida adulterada. Tal vez, como en un caso civil, y para evitar los castigos y penalidades de la ley él debe escoger la debida clase de empleados para la venta de su leche. Ciertamente que no importa que la venta se hubiera hecho de un carro y lejos del sitio donde estaba el puesto. No existe ninguna diferencia en tal situación y cuando el dueño no está presente, como ha de suceder cuando tiene dos puestos. Por supuesto que si la corte está con-vencida de que el acto delictivo fué un acto arbitrario de un empleado la pena podría ser benigna.

No es necesario que examinemos la ley con gran exten-sión toda vez que estamos' satisfechos de que lo que sirvió de base para la condena del acusado fué el hecho de que el apelante ofrecía en venta leche adulterada como en el caso corriente; que quizás la corte como se indica en la sentencia, creyó que el principal procuró o permitió a sabiendas que fuera vendida leche adulterada. Hay convicto en la prueba y no vemos que exista razón para modificar la sentencia. El Pueblo v. Sinigaglia, 13 D. P. R. 123; El Pueblo v. Ramos, 14 D. P. R. 491.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente dél Toro y Asocia-dos Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso,


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Hernández, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en cansa por infracción a la Ley de Arbitrios.
    No. 1891.
    Resuelto en abril 21, 1922.
    Alambique — Prueba de no Estar Inscrito el Alambique. — En las violaeiones al artículo 61 de la Ley No. 55 de 1919, el gobierno no está obligado a pro-bar que la persona bajo cuyo control fué ocupado el alambique no lo tenía ins-crito en la Tesorería de Puerto Eico; es al aeusado a quien incumbe la prueba de estar autorizado para poseerlo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. Valldejuli.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es uno de los muchos casos elevados a esta corte en los cuales está envuelta la cuestión de poseer un alambique sin licencia. Ya hemos decidido que la jurisdic-ción para conocer de las verdaderas violaciones del artículo 2 de la vigente Ley Orgánica, corresponde a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Eico, El Pueblo v. Torres, 28 D. P. R. 835, pero también hemos decidido que no obstante lo prescrito en la Ley Orgánica, continúan en vigor los artículos de las leyes de rentas internas que pro-híben el poseer un alambique sin licencia previa expedida por el Tesorero de Puerto Rico, El Pueblo v. Rosaly, 28 D. P. R. 474. Y es bajo esta última base que se están siguiendo cientos de procesos "en los actuales momentos en todas las cortes de la isla.

Generalmente la prueba presentada consiste en la ocu-pación, en poder del acusado, del aparato destilatorio, y en una certificación del Tesorero creditiva de que en los archi-vos de su departamento no aparece que el aeusado haya ins-crito en la Tesorería alambique alguno o aparato de des-tilar de acuerdo con lo dispuesto en la sección 61 de la Ley No. 55 de junio 15, 1919. Y esa fue en efecto la evidencia aportada por El Pueblo en esta causa.

Suscítanse varias cuestiones por el apelante que no exa-minaremos por haber sido ya resueltas repetidamente por esta corte. Nos limitaremos al estudio y decisión de la ex-cepción anotada al introducir el fiscal la certificación del Te-sorero. Claramente el acusado se opuso por el fundamento de que el Tesorero no estaba autorizado para expedir certi-ficaciones negativas. Cita el apelante en su alegato la Ley de .Evidencia y el tratadista Jone, The Blibe Book on Evidence, vol. 3, páginas 536, 537, 555 y 556. El fiscal sostieneen su informe que no se cometió error alguno porque a su juicio la certificación del Tesorero aunque en apariencia ne-gativa es de becbo afirmativa.

La cuestión es interesante, pero es innecesario resolverla. El Pueblo pudo prescindir de la certificación. Una vez de-mostrado que el alambique se ocupó en poder del acusado, era a éste al que correspondía probar, como cuestión de de-fensa, que lo tenía inscrito en la Tesorería de Puerto Eico.

En la biografía del Juez Presidente Ruffin, aquel notable abogado que tanto influyó en la formación de la jurispruden-cia de la Carolina del Norte, aparece el siguiente párrafo:

“Bn Shaw v. Morrison, estableció la doctrina, seguida desde en-tonces por todos los Estados de la Unión con excepción de uno, de que en una acusación por vender licores sin licencia, el peso de la prueba estaba sobre el acusado para demostrar la existencia de la licencia. 14 N. C. R. 299. Black on ‘Intoxicating Liquors,’ pág. 507.” 4 Lewis, Great American Lawyers, 292.

Cyc., basándose en decisiones de muchos Estados, esta-blece la regia así:

“En casos en que se descansa en una licencia para vender como defensa a la persecución, el gobierno no está obligado a producir ninguna evidencia para sostener la alegación negativa de que la venta fué becba sin licencia, sino que al contrario es el acusado quien debe asumir el peso de probar que estaba debidamente au-torizado.” 23 Oye. 247.

Aunque aquí no se trata de la venta de licores sin licencia, la semejanza del caso es completa y la jurisprudencia apli-cable.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Forés, Demandante y Apelado, v. Balzac, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre indemnización; memorándum de costas.
    No. 2480.
    Resuelto en abril 21, 1922.
    ME^RÁNDUM DE COSTAS' — JUEZ COMPETENTE PARA APROBAR EL MEMORANDUM. — • Condenada una parte al pago de costas no puede concluirse que la resolución aprobando el memorándum de costas sea errónea por el hecho de haber sido dictada por un juez que no fué el que dictó la sentencia condenatoria.
    Daños t Perjuicios por Libelo — Costas—Honorarios de Abogado.- — Toda vez que la sección 7a. de la Ley de 1902 autorizando pleitos de daños y perjuicios por libelo y calumnia dispone imperativamente que la sentencia que se dicte a favor del demandante incluirá los honorarios de su abogado, el hecho de que respecto de ellos nada exprese la sentencia en este caso no impediría que figuraran en el memorándum y que fueran aprobados. Pero es que según la interpretación que ha dado el Tribunal Supremo a las Leyes Nos. 15 y 38 de 1917 en los casos de Zorrilla v. Orestes, 28 D. P. E. 746; Caudal v. Vargas, 29 D. P. B. 648; Betancourt v. Junta de Subastas, y El Pueblo ete. v. López, resuelto estos dos últimos casos en 20 y 24| de marzo de 1922, la condena de costas y honorarios es discrecional en toda clase de acciones civiles; y como según lo resuelto en los casos de Brae v. Ojeda, 27 D. P. B. 652, y de Ramirez v. American Railroad Co., 28 D. P. B. 182, la condena de costas incluye honorarios de abogado, a menos que se hayan excluido expresamente, habiendo sido condenado el apelante a pagar costas no puede sostenerse que es errónea la resolución aprobando la partida de honorarios reclamados en el memorán-dum. -
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado .del apelante: Sr. A. A. Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. B. Forés.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante, fné condenado en pleito sobre indemnización por palabras injuriosas vertidas por él a pagar al deman-dante cierta cantidad y las costas, gastos y desembolsos del demandante. Presentado por éste su memorándum de cos-tas fué aprobado. Contra esta resolución se ha interpuesto el presente recurso.

La resolución apelada fue dictada por un juez distinto' del que presidía la corte cuando el pleito fué fallado y fun-dándose en esto alega el apelante que carecía de competencia para resolver sobre las costas porque el único que podía aprobar el memorándum era el juez que conoció del juicio porque oyó la prueba y era quien podía determinar si hubo o no culpabilidad en la parte demandada.

No tiene razón el apelante en esta alegación de error por-que la cuestión de si el demandado debía pagar las costas fué resuelta por la sentencia del juez que oyó la prueba y la resolución apelada se limitó a fijar la cuantía de ellas partiendo de la base de la condena..

También alega el apelante que puesto .que la sentencia no contiene la condena expresa de pagar honorarios de abogado no puede ser aprobada esa partida del memorándum toda vez que la sección séptima de la Ley de 1902 autorizando pleitos civiles por daños y perjuicios por libelo y calumnia dispone que la sentencia contra el demandado incluirá las costas y honorarios de abogado.

De acuerdo con la cita hecha por el apelante y toda vez que en esa sección se dispone que la sentencia que se dictare a favor del demandante incluirá los honorarios de abogado, precepto que es imperativo, el hecho de qne respecto de ellos nada diga expresamente la sentencia no impediría qne figu-raran en el memorándum y que fueran aprobados. Pero es que según hemos interpretado las Leyes Nos. 38 y 15 del año 1917, tomos primero y segundo, en los casos de Zorrilla v. Orestes, 28 D. P. R. 746; Candal v. Vargas, 29 D. P. R. 648; Betancourt v. Junta de Subastas, y El Pueblo de Puerto Rico por querella de Ramón Salgado v. Pedro López, resueltos estos dos casos respectivamente en 20 y 24 de marzo de este año, la idea de la Legislatura desde la aprobación de esas leyes fue que la condena de costas y honorarios de abogado era discrecional en las cortes en toda clase de acciones civi-les; y como también hemos declarado en el caso de Brac v. Ojeda, 27 D. P. R. 658, y ratificamos en el de Ramírez v. American Railroad Company, 28 D. P. R. 182, al considerar dichas leyes, que la condena de costas incluye los honorarios de abogado a menos que el juez los excluya, habiendo sido condenado el apelante a pagar las costas estaban incluidas en éstas los honorarios de abogado y por tanto la corte inferior no cometió error al aprobar esa partida del memo-rándum.

Alega por último el apelante que dos partidas aprobadas, una por indemnización a cuatro testigos y otra por sus cita-ciones son demasiado generales pues no dicen dónde fueron citados ni quiénes de ellos han cobrado la indemnización.

Como esos datos han de resultar de los autos no creemos que haya que hacer la especificación que el apelante echa de menos. De todos modos, debió pedir, y no lo hizo, que se especificaran tales partidas.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Hutchison.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Franco Soto no to-rnaron parte en la vista de este caso.