author: El Juez Peesidente Se. del Tono, JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE.

text:
    Toro y Lippitt, Peticionarios, v. La Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, Hon. Manuel Rodríguez Serra, Juez, Demandado.
    Solicitud para que se expidan autos de certiorari contra la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito.
    Nos. 349 y 350.
    Resueltos en mayo 22, 1922.
    Distrito Judicial de San Juan — Corte de Distrito de San Juan, Primer Dis-trito — Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito. — La Ley 41 de 1921 dejó subsistente el Distrito Judicial de San Juan creando dentro de él, en lugar de la corte, con dos secciones, que existía, dos cortes llamadas a fun-cionar eon sus jurados, independientemente, pero ambas con su capitalidad en la ciudad de San Juan.
    Id. — Competencia de las Cortes de Distrito de San Juan. — Habiendo asignado la ley a cada una de las cortes creadas determinados pueblos del distrito, el territorio especial de cada corte comprendo dichos pueblos, y habiendo sido asignada expresamente la ciudad de San Juan a la Corte de Distrito de San • Juan, Primer Distrito, dicha ciudad es igual a cualquiera de los otros pueblos, sin que influya el hecho de que se asiente en ella también la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, para considerarla comprendida den-tro del territorio especial del Segundo Distrito.
    Id. — Traslado—Residencia de los Demandados. — Son aplicables a las dos Cor-tes de Distrito del Distrito Judicial de San Juan creadas por la Ley No. 41 de 1921, las reglas generales contenidas en el Código de Enjuiciamiento Civil en cuanto al lugar para la celebración de los juicios. Siendo esto así y habiendo invocado los demandados en cierto procedimiento de quo warranto contra ellos seguido en la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, su residencia en San Juan, para solicitar el traslado del pleito a la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, su petición debió ser declarada con lugar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 del dicho Código de En-juiciamiento Civil.
    Id. — Con stitu cion alidad de la Lev No. 41 de 1921. — Examinada la Ley No. 41 de 1921, en relación con lo dispuesto en la sección 34, párrafos 5, 6 y 9 del Acta Orgánica de Puerto Rico, se concluyó que no era contraria a dichas disposi-ciones.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los peticionarios: Sres. J. A. Loret, R. H. Todd, Jr., y J. Tons Soto.

    Abogados del demandado: Sres. R. Rivera Zayas, M. Guerra y F. Soto Gras.

   El Juez Peesidente Se. del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

El Pueblo de Puerto Pico a requerimiento de Antonio R. Barceló, Cayetano Coll y Cuchí y Manuel Camuñas presentó en la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, una querella en solicitud de un auto de quo warranto dirigido contra Carlos Toro Labarthe para que se allanara a lo pe-dido por los relatores o justificara en virtud de qué auto-ridad' estaba desempeñando el cargo de Comisionado de Agri-cultura y Trabajo de.Puerto Rico, resolviéndose en defini-tiva que el demandado no tiene derecho a desempeñar dicho cargo y que el relator Manuel Camuñas es el funcionario de jure y legítimo y verdadero Comisionado.

Otro procedimiento igual fué iniciado por el Pueblo a requerimiento de Antonio R. Barceló, Cayetano Coll y Cuchí y Alejandro Ruiz Soler, contra W. F. Lippitt, actual ocu-pante del puesto de Comisionado de Sanidad de Puerto Rico.

El auto fué expedido y los demandados solicitaron en forma debida el traslado de cada caso a la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, por dos motivos, siendo el primero que dicha corte era la de la residencia de los de-mandados.

Las mociones fueron argumentadas por las partes y la corte las declaró finalmente sin lugar por entender que tenía .jurisdicción concurrente con la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, sobre el territorio de la ciudad de San Juan. El juez sentenciador emitió una amplia opinión de la cual transcribimos, a los efectos de fijar su criterio con toda pre-cisión, el párrafo que sigue:

“En resumen: esta corte es la continuación de la antigua Sec-ción Segunda de la del Distrito de San Juan. Su capitalidad, su jurisdicción, sus poderes, estaban anteriormente determinados; la nueva ley ha variado el nombre, y ha modificado la jurisdicción, en cuanto concierne a ciertos pueblos del distrito; pero ni en forma expresa, ni implícita, ha alterado la jurisdicción que la Sección Se-gunda tenía, y esta corte ahora tiene, sobre la ciudad de San Juan. Por esto no es posible acceder a lo solicitado en las mociones de re-ferencia. ’ ’ •

Así- las cosas, Carlos Toro Labarthe y W. P. Lippitt ar-chivaron en esta Corte Suprema solicitudes de certiorari ale-gando que si bien era apelable la resolución negando el tras-lado, el recurso de apelación no sería todo lo rápido que era necesario para que resultara eficaz. En efecto la apelación en un caso de traslado no suspende la tramitación del asunto, y tratándose además de un recurso de quo warranto si la corte de distrito declaraba al demandado culpable de usurpación, intromisión o ilegal desempeño del cargo que se lia indicado, su sentencia podría ejecutarse no obstante la apelación que pudiera establecerse contra ella. Véase el artículo 298 del Código de Enjuiciamiento Civil.

El auto de certiorari fué expedido. Los procedimiento originales se remitieron y están ante nosotros. Todas las partes interesadas lian sido oídas por escrito y oralmente. Y así estamos en condiciones de resolver en toda su exten-sión las cuestiones planteadas.

Al reorganizarse los tribunales de justicia de esta Isla, en 1904, la Legislatura dividió el Territorio de Puerto Pico en siete distritos judiciales, siendo el primero de ellos el Dis-trito de San Juan con su capital en la ciudad de San Juan, comprendiendo los Municipios de Bayamón, Carolina, Río-Grande, Eío Piedras, Toa Alta, Vega Baja, Comerlo, Naran-jito, Dorado, Corozal, Trujillo Alto, Loíza y San Juan. Los tribunales de distrito colegiados fneron abolidos y se asignó un sólo juez para cada una de las cortes de distrito que ha-bían de actuar en cada uno de los siete distritos judiciales. Véanse las Leyes de 1904, pág. 93 y las de 1905, pág. 179.

Muy pronto se observó que el trabajo qne pesaba’ sobre la Corte de Distrito de San Juan era excesivo y la Legisla-tura en 1906 pasó una ley para dotarla de dos jueces. Dicha ley contiene catorce secciones. Por la primera se dispone que la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan se compondrá de dos jueces y se dividirá en dos secciones,, que se denominarán Sección Primera y Sección Segunda, te-niendo cada juez las facultades y competencia que más ade-' lante se expresan. Por la segunda se establece que el juez de la Sección Primera tendrá la jurisdicción conferida por la ley a las cortes de distrito y a los jueces de ellas, con excepción de los asuntos que se reservaban a la Sección Se-gunda. V por la tercera se prescribe que el juez de la Sec-ción Segunda tendrá jurisdicción en todas las causas crimi-nales, en los litigios seguidos por El Pueblo de Puerto Rico para hacer efectivas multas y confiscaciones dentro del dis-trito y en los pleitos civiles iniciados por el mismo con ex-cepción de aquellos que tienen 'por objeto recuperar bienes inmuebles de otro distrito, siendo además de su competencia las apelaciones establecidas en causas criminales procedentes de las cortes municipales y de paz que funcionaran en el dis-trito. Véanse las Leyes de 1906, pág. 93.

Al año siguiente, 1907, la Legislatura pasó otra ley que estuvo en vigor hasta 1921 definiendo la jurisdicción de cada una de las secciones de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan. Por ella se dispuso que ambas secciones-tendrían y ejercerían jurisdicción coexistente entre sí dentro de los límites del Distrito Judicial de San Juan, en todos los asuntos civiles y que la Sección Segunda tendría jurisdicción original y de apelación en todos los asuntos criminales del distrito. Se confirió a ambos jueces el poder de transferir a su arbitrio cualquier asunto civil de que estuvieren cono-ciendo, de una Sección a otra. Véase la Compilación de 1911, pág. 263.

En. 1921 se aprobó la ley que debemos interpretar espe-cialmente en este caso. ■ Creemos conveniente transcribirla íntegra. Dice así:

“Ley para abolir la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan en la forma en que existe en la actualidad; crear dos cortes de distrito del Distrito Judicial de San Juan; definir la jurisdic-ción de sus jueces, y para otros fines.

“Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

“Sección 1. — A partir del primero de julio de 1921, queda abo-lida la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, en la forma en que está actualmente constituida.
“Sección 2. — Por la presente se crea, a partir del primero de julio de 1921, una Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Primer Distrito; y otra Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Segundo Distrito. Estas cortes tendrán toda la jurisdicción exclusiva, de apelación y extraordinaria, que en la actua-lidad tienen las demás cortes de distrito de Puerto Rico.
‘ ‘ Sección 3; — Según lo establecido anteriormente, la Corte de Dis-trito de San Juan, Primer Distrito, conocerá de todos los asuntos civiles y criminales que se originen en San Juan, Comerío, Toa Alta, Toa Baja, Dorado, Corozal, Naranjito, Vega Alta y Vega Baja. Y la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, de los asuntos civiles y criminales que se originen en Río Piedras, Carolina, Loíza, Trujillo Alto, G-uaynabo, Bayamón y Río Grande.
“Sección 4. — El Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado, nombrará un juez, un fiscal, un secretario y un marshal para cada una de las cortes de distrito de San Juan, quienes desempeña-rán sus cargos por cuatro años; Disponiéndose, que la Sección Pri-mera de la Corte de Distrito de San Juan, tal y como está actual-mente constituida, formará la Corte de Distrito del Primer Distrito de San Juan; y la Sección Segunda de la Corte de Distrito de San Juan, formará la Corte del Segundo Distrito de San Juan, con las jurisdicciones respectivas arriba expresadas. Y los jueces y demás funcionarios de dichas secciones continuarán ejerciendo las funciones de los cargos de igual categoría creados por esta Ley hasta el vencimiento del término para que fueron nombrados. Los demás funcionarios subalternos serán nombrados de acuerdo con las pres-cripciones de las leyes vigentes.
“Sección 5. — Disposición transitoria. — Los asuntos pendientes en cualquiera de las Secciones de la Corte de Distrito, tal como está actualmente constituida, al entrar en vigor esta Ley, deberán ser resueltos por el juez que actualmente conozca de los mismos, si hubieren entrado en el período de prueba o estuvieren pendientes de sentencia; en cualquier otro caso serán trasladados de la Sección en que ahora se encuentren a la corte correspondiente creada por esta Ley, a moción de parte o del propio juez.
“Sección 6. — Toda ley o parte de ley que se oponga a la pre-sente, queda por ésta derogada.
“Sección 7. — Por la presente se declara que existe una emer-gencia para la inmediata vigencia de esta Ley, y por tanto comen-zará a regir el día primero de julio de 1921.
“Aprobada el 30 de jimio de 1921.“

Repetidas veces en diversos casos, en asuntos civiles, en causas criminales y en recursos extraordinarios se ha infor-mado al.tribunal en relación con la interpretación que debe darse a la ley que antecede. Todos parecen convenir en que es obscura y de difícil aplicación. El mismo juez sentencia-dor en este asunto comienza su opinión diciendo que “La Ley No. 41 de 1921, no es una ley perfectamente clara en sus expresiones; da lugar a que se la interprete de modos distin-tos.” Hemos leído cuidadosamente dicha ley, ella sola, en su integridad, y a nuestro juicio el pensamiento de la Legis-latura surge con bastante claridad.

Examinemos su título. A virtud de él se observa que el propósito del legislador fué: primero, abolir la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan en la forma en que existía, segundo, crear dos Cortes de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, tercero, definir la jurisdicción de los jueces de las dos cortes, cuarto, otros fines.

El Distrito Judicial de San Juan se deja subsistente y dentro de él se crean dos cortes de distritos independientes en lugar de la única corte de distrito que existía, definiéndose la jurisdicción de sus jueces. Esa es la deducción lógica del título.

La sección. primera de la ley es terminante en cuanto a la abolición de la Corte de Distrito de San Juan en la forma en que estaba constituida, esto es, funcionando por medio de sus dos Secciones, de acuerdo con las leyes que dejamos ci-tadas.

Por la sección segunda se crean las dos cortes de que babla el título dentro del Distrito Judicial de San Juan, y se otorga a cada una de las dos cortes creadas la jurisdicción exclusiva, de apelación y extraordinaria, que tienen las de-más cortes de distrito de la Isla. Son cortes completas, exac-tamente iguales a las demás, llamadas a funcionar con sus jurados, independientemente, en la forma que la misma ley prescribe.

La sección tercera determina la jurisdicción,territorial de cada corte, expresando los pueblos por sus nombres, asignán-dose la ciudad de San Juan a la Corte de Distrito, Primer Distrito.

La sección cuarta es la que en realidad de verdad pudo y debió ser más clara. La parte relativa al nombramiento de los funcionarios no ofrece dificultad. Lo importante a los efectos de fijar el asiento o capitalidad de ambas cortes es el disponiéndose incluido en ella. Dice así: .“Disponiéndose, que la Sección Primera de la Corte de Distrito de San Juan, tal y como está actualmente constituida, formará la Corte de Distrito del Primer Distrito de San Juan; y la Sección Segunda de la Corte de Distrito de San Juan, formará la Corte del Segundo Distrito de San Juan, con las jurisdic-ciones respectivas arriba expresadas.”

Este disponiéndose no puede tener otro propósito que fijar el asiento, el sitio de reunión permanente de la Corte del Primer Distrito donde estaba la Sección Primera de la corte abolida y el de la Corte del Segundo Distrito donde estaba la Sección Segunda de la dicba corte abolida. T que ese es el pensamiento del legislador, se deduce claramente del título de la ley y de las secciones que anteceden. Por la ley queda abolida la Corte de Distrito de San Juan en la forma en que estaba constituida, pero no el Distrito Judicial de San Juan, que de acuerdo con las otras leyes vigentes tiene su capitalidad en la ciudad de San Juan. El distrito, como tal, se preserva y el verdadero objeto de ello es pre-servar su capitalidad. Todo el disponiéndose sería innece-sario, estaría de más, carecería de objeto, si no hubiera sido intentado para determinar el asiento de las dos cortes de nueva creación en el mismo sitio en que funcionaban las dos antiguas secciones.

Esta interpretación de la ley es congruente con el nombre dado por el propio legislador a ambas cortes, con el hecho de no haber el legislador asignado cantidad alguna para la instau-ración de la nueva corte en otro sitio y con el de haber de-signado ciertos empleados comunes a ambas cortes, circuns-tancias todas que si bien por sí solas no serían bastantes para fijar el asiento de la Corte del Distrito Judicial de San Juan, Segundo Distrito, en la ciudad de San Juan, dan fuerza y color a la conclusión indicada.

Es cierto que no es lo usual que la capitalidad de una corte se sitúe fuera de los pueblos sobre los cuales se le otorgue jurisdicción, pero la legislatura pudo hacerlo, y cuando tal poder se ejerce para establecer el asiento de la corte si bien fuera de su territorio especial, dentro del distrito judicial a que la corte pertenece, en el mismo sitio donde partes y testigos por muchos años estaban acostumbrados a compa-recer, a unos pocos kilómetros de distancia y donde usual-mente reside la mayoría de los abogados que gestionan y de-fienden los asuntos, en vez de extraña parece lógica la deter-minación adoptada. Véase sobre este extremo la opinión de esta corte én el caso No. 1902, El Pueblo v. Rivera, decidido en el día de lioy, (pág. 563.)

Ahora bien, del hecho que la corte del segundo distrito se asiente debidamente en San Juan ¿puede deducirse la ju-risdicción concurrente de dicha corte con la del primer dis-trito en todos los casos que en la ciudad de San Juan se ori-ginen? A nuestro juicio no cabe hacer tal deducción después de la expresa disposición de la legislatura asignando la ciu-dad de San Juan a la corte del primer distrito.

La disposición transitoria contenida en la sección 5 es de suma importancia para resolver la cuestión de traslado, porque fija el pensamiento del legislador sobre la materia. Por ella se resuelve que los asuntos que hubieren entrado en el período de prueba o estuvieren pendientes de sentencia, deberán ser resueltos por el juez que actualmente conozca de ellos, pero en cualquier otro caso serán trasladados de la Sec-ción en que ahora se encuentran a la corte correspondiente creada por esta ley, a moción de parte o del propio juez.

¿Cuál es la corte correspondiente? La ley otorgó a cada una de las dos creadas la misma jurisdicción que tienen- las otras cortes de distrito que actúan en la Isla y dijo luego que con arreglo a esa jurisdicción cada corte conocería de todos los asuntos civiles y criminales que se originaran en determinados pueblos del distrito. Siendo esto así y no ha-biendo fijado el legislador reglas especiales para el traslado, se ve clara su intención de que se apliquen las generales que prescribe la ley para todas las cortes de distrito de la Isla. No es posible dar a la palabra originen usada en la sección tercera la significación limitada que tiene, por ejemplo, en el artículo 79. Cuando dicho artículo se invoque para solicitar el traslado, entonces procederá interpretarlo de acuerdo con la jurisprudencia que fija su alcance. A nuestro juicio las palabras de la dicha sección tercera “conocerá de todos los asuntos civiles y criminales que se originen.” tienen, aplicadas a las dos Cortes de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, la misma significación que si se Rubiera tratado de explicar por ellas cuáles eran todos los asuntos civiles y criminales de que corresponde conocer a cualquiera otra corte de distrito de la Isla.

Y si ello es así con respecto a los casos ya archivados cuando comenzó a regir la ley, con mucha mayor razón de-berán seguirse los mismos preceptos para regular la compe-tencia y el traslado con respecto a los pleitos civiles y a las causas criminales iniciadas después.

Se sostiene que si se diera a la Ley No. 41 la interpre-tación que acabamos de darle, sería inconstitucional porque la legislatura habría enmendado la ley de 1904 en forma contraria a lo dispuesto en el artículo 34, párrafo 9, de la Ley Jones que dice así:

“Ninguna ley será restablecida o enmendada, ni sé dará mayor alcance a sus disposiciones, ni se conferirán las facultades en ella contenidas, haciendo referencia a su título solamente, sino que toda la parte de ella que sea restablecida, enmendada, extendida o confe-rida será decretada nuevamente y publicada en su totalidad.”

No estamos conformes. Ya hemos dicho que el Distrito Judicial de San Juan queda subsistente por lo menos a los fines de su capitalidad que permanece en la ciudad de San Juan. Claro es que la ley No. 41 de 1921 modifica en cierto modo la ley de 1904, pero el verdadero espíritu de la dis-posición del acta orgánica invocada, quedó cumplido. Na-die puede llamarse a engaño con respecto a las disposiciones de la ley No. 41. Lo que el Congreso quiso impedir fueron las enmiendas por implicación, los fines ocultos, el engaño de la totalidad o de la mayoría del cuerpo legislativo por algún legislador o grupo de legisladores. Aquí no pudo ha-ber tal cosa.

, La jurisprudencia es abundantísima sobre la materia. En el alegato del Attorney General archivado el 8 de mayo actual se' hacen numerosas citas. Nos limitaremos a referirnos a la del caso de People v. Mahaney, 13 Mich. 481. La opinión está escrita por el Juez Cooley y es amplísima. La sección 25 del artícnlo 4 de la Constitución del Estado contenía un precepto similar al del artículo 34 de nuestra acta orgánica y la corte dijo, página 496:

“Si siempre que se adoptara una nueva ley, fuese necesario que se decretaran y se publicaran en su totalidad, como quedan enmen-dadas, todas las leyes anteriores que la nueva ley modifica, entonces sería preciso publicar al tiempo de cada reunión de la legislatura una gran parte de todos los estatutos del Estado, muchos de ellos repetidas veces, hasta que debido a la inmensidad de la materia, sería imposible averiguar lo que estuviere en vigor.
“ '* * * Esta disposición constitucional tiene que ser interpre-tada de un modo razonable, con el objeto de ponerla en vigor. El mal que se quiso remediar fue la- adopción de leyes enmendatorias redactadas en términos tan obscuros que a veces engañaron a los mismos legisladores en cuanto a su significación, y el público, a causa de lo difícil que era hacer el examen y la comparación necesarios, no averiguó los cambios que se efectuaron en las leyes. Una ley en-mendatoria que se proponía solamente insertar ciertas palabras, o substituir una frase por otra, en una ley o artículo al cual solamente se refería, sin publicarlo, se prestaba bien a engañar a los descui-dados, y quizás a veces se redactaban en esa forma leyes enmenda-torias con ese fin. De esta manera se produjo mucha confusión en las leyes y la Constitución sabiamente ha prohibido legislación de esta naturaleza. Pero una ley que es completa en sí no está com-prendida dentro de lo que esta disposición quiso evitar, y no se puede decir que está prohibida por esta disposición sin estar en contra de su fin manifiesto.”

Mientras se celebraba la vista del certiorari los relatores en los casos de quo warranto presentaron como prueba una certificación del secretario del senado referente a los pro-cedimientos que tuvieron lugar en la Asamblea Legislativa con motivo de la aprobación de la ley No. 41 de 1921, y la certificación fue admitida a los fines procedentes. El pro-pósito de los relatores era el de demostrar que la Ley No. 41 es anticonstitucional por haberse aprobado en violación de lo dispuesto en el artículo 34, párrafos 5 y 6, del acta or-gánica de Puerto Eico.

Varias veces hemos resuelto y nuestra práctica constante ha sido considerar únicamente en casos de certiorari los autos tales como se encontraban en la corte inferior al estable-cerse el recurso. Véase nuestra decisión en El Pueblo v. Rivera Zayas, Juez de Distrito, 29 D. P. R. 454. Siendo esto así, podríamos dejar de examinar esta cuestión.

Se sostiene sin embargo que como los tribunales tienen conocimiento judicial de los procedimientos de las legisla-turas, no puede alegarse que se trate de una cuestión nueva de la cual no hubiera tenido conocimiento la Corte de Dis-trito. Los tribunales tienen conocimiento de las leyes apro-badas. Sobre esto no hay duda. En cuanto a si lo tienen o no de los procedimientos, las autoridades están en conflicto. Creemos que la opinión más sabia es la que sostiene la nega-tiva, debiendo dichos procedimientos probarse, como se in-tentó en este caso, por medio de copias certificadas de los diarios o actas de la legislatura. Véase Wigmore on Evidence, Sec. 2577.

De todos modos examinando los documentos presentados siempre tendríamos que concluir que no existe la violación de la sección 34 del Acta Orgánica alegada.

Dicha sección 34, en lo pertinente, es como sigue:

“No se aprobará ninguna ley a no ser mediante un proyecto- de ley, y ningún proyecto de ley será de tal manera alterado o enmen-dado al aprobarse por cualquiera de las Cámaras, que se cambie su propósito original.” “ * * * Ningún proyecto de ley, excepto únicamente el de presupuesto general para los gastos del Gobierno, presentado en cualquiera de las Cámaras de la Asamblea Legislativa después de los primeros cuarenta días de la Legislatura, pasará a ser ley.”

Cooley en su obra sobre Limitaciones Constitucionales, pág. 166, nota 3, de la 6a. edición, en lenguaje pintoresco ex-presa el origen y el espíritu ele cliclia disposición que figura en muchas de las Constituciones de los Estados. Dice así:

“Se ha creado la costumbre de hurlarse de disposiciones -consti-tucionales de esta naturaleza presentando un nuevo proyecto, después del término constitucional para su presentación, como una enmienda de algún proyecto pendiente. Se borra todo el proyecto pendiente, excepto la cláusula inicial para hacer sitio al nuevo. Por ejemplo, el legislador que tiene la idea de que quizás desee presentar nuevos proyectos después de expirado el término constitucional para ello, cuidadosamente presenta simulados proyectos dentro del término legal para poder usarlos como troncos en que injertar los nuevos, y los usa así sin consideración a su carácter o a su .contenido. Quizás el proyecto simulado sea uno para incorporar la ciudad de Siam. Uno de los amigos del legislador le pide que le obtenga permiso, legisla-tivo para construir un dique en el río Wild Cat. Inmediatamente, por medio de enmienda, el proyecto titulado un proyecto para in-corporar la ciudad de Siam pierde todo su contenido menos la cláu-sula inicial y dispone que Fulano de Tal tiene permiso para construir un dique en el río Wild Cat, como su único propósito. Con aquel título y en esta forma se adopta; pero entonces la Cámara, con mu-cha cortesía, enmienda el título para que se ajuste al propósito, y así se adopta finalmente el proyecto.”

En el presente caso se presentó nn proyecto de ley para dotar de tres jueces a la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, y, últimamente, después de enmiendas y conferencias varias, se aprobó la Ley No. 41. ¿La ley final-mente aprobada enmendó de tal manera el primitivo pro-yecto que pueda sostenerse que cambió su propósito original? Una respuesta negativa se impone, a nuestro juicio. El propósito del proyecto primitivo y el de la ley aprobada son el mismo, esto es, organizar el despacho de los asuntos judiciales en el Distrito de San Juan del modo más 'eficiente. El autor del proyecto creyó que la solución era dotar la corte de tres jueces en vez de dos. La ley finalmente se aprobó bajo la base de que los mismos dos jueces serían bastantes si se repartían los pueblos del distrito de una manera fija entre ellos y si. se confería a los jueces jurisdicción general sobre todos los asuntos al igual que los demás jueces de dis-trito de la Isla, conservando la capitalidad en el punto cén-trico más apropiado.

El Attorney General cita en su alegato un caso parecido al presente. Nos referimos al de Toll v. Jerome, 101 Mich. 469. La Corte Suprema se expresó así:

"Parece que el proyecto, tal como se presentó originalmente en el Senado, estaba titulado ‘Un proyecto para abolir el décimosexto circuito judicial, y para reorganizar el trigésimo-primero circuito judicial.’ Este proyecto fué leído por su título en primera y segunda lectura, y quedó sobre la mesa. En mayo 18, después de transcu-rridos los primeros cincuenta días de la sesión, el proyecto fué levan-tado de la mesa y pasado al comité de lo judicial. En mayo 23 el comité devolvió el proyecto al Senado, con un informe recomendando la adopción de un sustituto al mismo, titulado:
" ‘Un proyecto para ordenar al juez del décimoséxto circuito judicial que presida los términos de la corte del trigésimo-primero cir-cuito judicial en determinados casos, y también para ordenar al juez del trigésimo-primero circuito judicial que presida los términos del décimosexto circuito judicial cuando el juez residente esté incapa-citado para actuar en el juicio, o cuando quiera que la urgencia de los asuntos de cualquiera de dichos circuitos exija ayuda adi-cional. ’
‘ ‘ Creemos que la primera objeción presentada contra esta Ley no debe prevalecer. Esta corte ha resuelto repetidamente que un sus-tituto no es un proyecto nuevo, y que tal sustituto puede ser pre-sentado después de transcurridos los primeros cincuenta días de la sesión si tiene afinidad con la materia envuelta en el primer pro-yecto. El propósito general del proyecto original era disponer sobre las sesiones de las cortes en el territorio comprendido por los circui-tos décimosexto y trigésimo-primero. Esto resulta evidente del título. El sustituto disponía otros medios para la transacción de los asun-tos, pero aún se refería a la misma materia. Véanse Pack v. Barton, 47 Mich. 520; Attorney General v. Amos, 60 Id. 372; Attorney General v. Rice, 64 Id. 385; Hart v. McElroy, 72 Id. 446. Ni el caso de Sackrider v. Board of Supervisors, 79 Mich. 59, ni el de Attorney General v. Plank Road Company, 97 Id. 589, están en con-flieto con las más antiguas decisiones. En Sacbrider v. Board of Supervisors el proyecto que fue ofrecido como un sustituto se re-fería a una materia en modo alguno afín a la envuelta en el pro-yecto original, lo cual fué también el becbo en el caso de Attorney General v. Plank Road Company.” Toll v. Jerome, 101 Mich. 468, 470-71.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, la reso-lución del traslado es sencilla. Ambos demandados invoca-ron su residencia en San Juan y de acuerdo con la ley, ar-tículo 81 del Código de Enjuiciamiento Civil, y con la juris-prudencia, su derecho debió serles inmediatamente recono-cido. Con respecto a la naturaleza, origen y existencia del derecho de traslado en general, véase 40 Cyc. 116.

En tal virtud procede anular en ambos casos la orden que negó el traslado y dictar otra declarando con lugar la petición, devolviéndose los autos originales con copia de las sentencias que se dicten y de esta opinión en que se fundan, para el debido cumplimiento de lo acordado.

Revocadas las resoluciones apeladas negando el traslado del pleito a la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, y decretado el traslado solicitado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey y Franco Soto.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison firmaron “Conforme con la sentencia.”

'OPINIÓN CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE.

Soy de opinión de que fueron establecidos dos distritos separados y distintos por las razones expresadas en el caso Ex parte Tomás Rivera, No. 77, en el cual se me presentó una solicitud para un auto de habeas corpus. Me parece que a pesar del razonamiento de la corte su conclusión está da acuerdo con mi opinión. El Código de Enjuiciamiento Civil tiene, por fin un cambio del lugar del juicio de un distrito a otro, no de una corte de distrito a otra corte de distrito. Esta práctica de trasladar casos como entre las dos secciones de las Cortes de Distrito de San Juan quedó, excepto para los casos pendientes, definitivamente abolida por la ley que se discute. Un cambio del lugar del juicio en general así como en el Código de Enjuiciamiento Civil significa un traslado al debido distrito.


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text:
    Marrero, Demandante y Apelado, v. Porto Rico Railway, Light & Power Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en pleito sobre daños y perjuicios. Traslado del caso.
    No 2617.
    Resuelto en mayo 22, 1922,
    por los fundamentos de la opinión No. 349-350, Toro y Lippitt, v. Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, de mayo 22, 1922.
    Abogado de la apelante: Sr. J. H. Brown.

    Abogados del apelado: Sres. Rivera Zayas y Cruzado Silva.

   Revocada la resolución apelada y ordenado el traslado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Franco Soto.

Los Jueces Asociados Wolf y Hutcbison firmaron con-formes con la sentencia.


text:
    Salaman, Demandante y Apelada, v. Carrillo, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en pleito sobre nulidad de reconoci-miento de hijo natural. Traslado del caso.
    No. 2658.
    Resuelto en mayo 22, 1922,
    por los fundamentos del easo de Toro y Lippitt v. Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, de mayo 22, 1922, (pág. 542).
    Abogados del apelante: Sres. E. Campillo y M. Tous Soto.

    Abogado de la apelada: Sr. E. H. E. Dottin.

   Revocada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Franco Soto.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Iíutcliison firmaron conformes con la sentencia.


author: El Juez PeesideNte Se. del Tobo,

text:
    Wilson, Peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, Hon. Manuel Rodríguez Serra, Juez, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari contra la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito.
    No. 348.
    Resuelto en mayo 22, 1922.
    Traslado de Pleitos — Artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil. — Un procedimiento de quo warranto seguido contra un funcionario público impug-nando la validez de su nombramiento, no es uno de los pleitos que tuvo en mente el legislador al fijar la regla contenida en el No. 2 del artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario: Sres. J. A. Loret, R. H. Todd, Jr., y J. Tous Soto.

    Abogados del demandado: Sres. R. Rivera Zayas, M. Guerra y F. Soto Gras.

   El Juez PeesideNte Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nn recurso de certiorari interpuesto a los fines de que esta Corte Suprema revise y anule la resolución de la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, negando el traslado de un pleito sobre quo warranto entablado ante' dicha corte contra el peticionario, quien en la actualidad desempeña el puesto de Comisionado del Interior, por El Pueblo de Puerto Pico a requerimiento de Antonio E. Bar-celó, Cayetano Coll y Cuchí y Guillermo Esteves.

El auto de certiorari fué expedido y de los procedimien-tos originales en el caso de quo warranto remitidos a esta Corte Suprema resulta que el demandado en ellos, aquí peti-cionario, solicitó el traslado del pleito a la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, “porque los actos ilegales que se alegan como motivo de esta acción realizados por el de-mandado, o sea, el ejercicio de las funciones de su cargo, se realizaron y se realizan en San Juan, en donde tiene el de-mandado su oficina, habiéndose originado la causa de acción' en San Juan, que forma parte de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito.”

Acabamos de resolver en los recursos de certiorari Nos. 349 y 350, que son aplicables a las dos Cortes de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, creadas por la Ley No. 41 de 1921, las reglas generales contenidas en el Código de Enjuiciamiento Civil sobre el lugar para la celebración de los juicios. En tal virtud debemos estudiar y resolver la cuestión planteada de acuerdo con dichas reglas.

El demandado en el pleito de quo warranto en este caso reside en Bayamón, que es uno de los pueblos asignados a la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, pero in-voca par.a pedir el traslado a la Corte del Primer Distrito el artículo 79, párrafo 2°., del Código de Enjuiciamiento Civil, que dice así:

“Artículo 79. — Deberán verse en el distrito en que la causa del litigio, o alguna parte de ella, tuvo su origen, sin perjuicio de la. facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, los pleitos por los siguientes motivos:
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“2. Contra un empleado público, o persona especialmente nom-brada para cumplir los deberes de aquél, por cualquier acto que hu-biere cometido con ocasión de. su empleo; o contra una persona que, por orden suya o como su auxiliar, hiciere algo relacionado con los deberes de dicho empleado.”

Un estudio detenido de la ley tal como aparece redactada y de la jurisprudencia, nos lleva a una conclusión contraria a la sostenida por el Attorney General.

Creemos conveniente transcribir el resumen de la juris-prudencia, tomándola de Cyc. Es así:

“Las acciones de la naturaleza de trespass o trespass on the case contra funcionarios públicos por actos de omisión o comisión en el desempeño de un cargo, eran transitorias en el derecho común; pero muchas de esas acciones fueron localizadas mediante estatuto. Una legislación similar surgió en América en una época temprana, pero no en todos los Estados. En 1848 el principio de esta Ley de 21 Jac. I, e. 12, fué definitivamente adoptado por los redactores del primer Código de Procedimiento Americano. Esta Ley, en los mis-mos términos sustanciales, y en su mayoría al pie de la letra, se ha convertido en la norma de los estatutos americanos sobre competen-cia; pero en un número considerable de Estados sus términos han sido extendidos para incluir acciones l>or la falta de actuar, tanto como por actos cometidos, y acciones sobre fianzas oficiales.
“La disposición presume que la acción es entablada contra el demandado como funcionario; no tiene aplicación cuando el motivo de acción es que el demandado no era un funcionario cuando el acto alegado fué cometido.
“Por su lenguaje y política, la disposición se refiere a funciona-rios públicos.
“El estatuto de 21 Jac. I, c. 12, se refería por sus términos a actos ‘cometidos’ por un funcionario, pero guardaba silencio en cuanto a actos de omisión. Siguiendo esta teoría, algunas de las cortes han resuelto que la disposición es aplicable a un acto afirmativo, pero no a una mera omisión o negligencia de deber oficial. En esta in-terpretación la ley alcanza solo a aquellos actos afirmativos de un funcionario' que directamente afectan los derechos personales o la propiedad de la persona que se queja, tales como arresto ilegal, una invasión, o una conversión. La más moderna forma del estatuto en algunos Estados, y las decisiones resultantes, extienden la regla a acciones por una supuesta omisión de cumplir un deber oficial.
. “Para que caiga dentro de la disposición el acto del demandado» debe haber sido bajo color de su cargo, o su omisión debe referirse-a un deber incidental al cargo. Que su cargo no le justificaba es-trictamente en cometer los actos concretos no impedirá la aplicación, del estatuto 'pues si él en realidad actuó en el curso de los deberes, de su cargo, no necesitaba protección alguna.’ Pero cuando el acto,, aunque cometido por uno que es un funcionario, no tiene relación, alguna al cumplimiento de su cargo, la competencia se determina; por la-regla general.” 40 Cyc. 87-90.

El único caso que el Attorney General cita en el brief de 8 do mayo actual en apoyo de su contención, es el de Lee v. State, 49 Ala. 43. Basta transcribir lo resuelto, en dicho caso para concluir, sin argumentación alguna, que no es apli-cable. Fue así:

“La corte de la ciudad de Eufaula tiene jurisdicción, en casos civiles, cuando el demandado reside en el referido condado de.Bar-bour, al Este del tramo veintisiete; y jurisdicción concurrente con la corte de circuito de dicho condado de todos los delitos contra las leyes penales del Estado cometidos en dicho condado. Véase la sec-ción 6 de la ley aprobada en febrero 14, 1870, titulada 'Una ley para establecer la corte de la ciudad de Eufaula.’ Leyes de la sesión de 1869-70, página 105. Puede admitirse que un procedimiento de la naturaleza del quo warranto, especialmente cuando como en este caso se establece a solicitud de un individuo y su objeto es determinar si el peticionario o el demandado tiene derecho al cargo que se alega usurpa el demandado, etc., ha de considerarse más bien como un procedimiento civil que uno criminal. Sin embargo, si el deman-dado comparece ante la corte y alega ser un funcionario de la misma y ejercita los deberes de dicho cargo en la corte, y goza de los privi-legios y toma y recibe los derechos y emolumentos de dicho cargo;, si la corte tiene jurisdicción de tales procedimientos y a virtud de presentársele la debida solicitud en el caso se alega que el funcio-nario usurpa dicho cargo, y en violación de la ley al ejercitar los deberes del mismo, ¿no puede dicha corte por su orden obligarle a contestar dicho procedimiento y demostrar por virtud de qué orden y autoridad reclama él' su derecho al cargo, y ejercita los deberes del mismo en dicha corte? ¿Y puede tal demandado alegar con éxito contra la jurisdicción de dicha corte que reside en dicho condado pero no dentro de esa porción del mismo a la cual se extiende la jurisdicción civil de la referida corte? Estas cuestiones presentan un caso nuevo y que quizá no esté libre de dudas; pero examinán-dolo en principio así como la razón de la cosa, opinamos que no puede hacerlo. Toda corte de jurisdicción general (y tal es la corte de la ciudad de Eufaula) dentro de ciertos límites, debe necesaria-mente tener jurisdicción sobre sus propios funcionarios; y esto lo vemos en la sección sexta de la ley estableciéndola, que se confiere expresamente a dicha corte de la ciudad. Además, por la compa-recencia ante dicha corte alegando desempeñar un cargo que perte-nece a la referida corte y necesario al trabajo de la misma, debe resolverse que dicho funcionario está sujeto a su jurisdicción, y obligado a contestar sus órdenes en un caso como este; y puede exi-gírsele que conteste y pruebe por virtud de qué orden y autoridad reclama su derecho al desempeño de dicho cargo, y ejercita y cumple sus deberes y recibe sus emolumentos.”

Por virtud de todo lo expuesto opinamos que debe anu-larse el auto de certiorari expedido y devolverse el caso de quo warranto a la Corte de Distrito de su origen.

Denegado el traslado del pleito a. la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó “Conforme con la sen-tencia.”

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro, JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE.

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rivera, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en cansa por acometimiento y agresión grave.
    No. 1902.
    Resuelto en mayo 22, 1922.
    Ley No. 41 de 1921 — Cortes de Distrito de San Juan — -Jurisdicción—Deli-tos. — Atendida la interpretación que se ha dado a la Ley 41 de 1921, el hecho de que la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, tenga su capitalidad en San Juan, o sea, fuera del territorio especial que le asignó la ley, no la priva de jurisdicción para conocer de las causas seguidas por delitos cometidos dentro de dicho territorio especial.
    Los- hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. A. Bones Padró.

    Ahogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Tomás Bivera fué denunciado en la Corte Municipal de Río Piedras como autor de un delito de acometimiento y agresión grave y fué condenado. No conforme, apeló para ante la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito. Radicada la apelación se fijó el día 16 de noviembre último para la celebración del juicio de novo y en dicho día el acu-sado apelante, basándose en la Ley No. 41 de 1921, presentó una moción alegando que hallándose constituida la corte en la ciudad de San Juan, lo estaba indebidamente y carecía de jurisdicción para juzgarlo. Pío Piedras, sitio en que se cometió el delito, fué asignado a la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, pero San Juan, sitio en que estaba constituida la corte, se asignó a la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito. La corte desestimó la moción, y ce-lebrado el juicio, declaró culpable al acusado y lo condenó a sufrir un año de prisión.

Apeló entonces Rivera para ante este tribunal y en el acto de la vista del recurso manifestó que la única cuestión fundamental envuelta en el mismo era la del asiento de la corte que lo juzgara.

¿ Puede o'no constituirse en San Juan la Corte de Dis-trito de San Juan, Segundo Distrito ? A nuestro juicio puede.

En la opinión emitida para fundar las sentencias dictadas en el día de hoy en los casos de certiorari Nos. 349 y 350, hemos expuesto nuestro criterio en relación con la interpre-tación que debe darse a la ley No. 41 de 1921. En dichos casos se trata del traslado de asuntos de naturaleza civil. Aquí del derecho que invoca un acusado en una causa criminal a ser juzgado dentro del distrito en que se cometió el delito.

, La enmienda sexta a la Constitución de los Estados Uni-dos prescribe que “en todos los procesos criminales el acu-sado tendrá derecho a un juicio rápido y público por un ju-rado imparcial del Estado y distrito donde el delito haya sido cometido.”

Nuestra Acta Orgánica garantiza el derecho del acusado a un juicio rápido y público, pero nada expresamente dice en cuanto al distrito.

Es el artículo 8 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal el que dice que:

“La jurisdicción correspondiente a los delitos, radica en la corte del distrito del respectivo distrito judicial dentro del cual se come-tieron.”

La enmienda sexta' no está vigente en Puerto Bico y si lo estuviera se aplicaría a casos federales. La Ley Orgánica nada expresamente dispone. Siendo ello así,- tal vez la le-gislatura hubiera tenido plenos poderes para fijar él asiento o capitalidad de la corte de distrito del segundo distrito fuera de los límites geográficos del mismo, aún cuando se hubiera suprimido el distrito antiguo y en su lugar se hubieran creado dos nuevos. Pero ese no es el caso. Hemos interpretado la ley en el sentido de que no obstante las dos nuevas cortes independientes creadas, se dejó subsistente el primitivo dis-trito judicial, y por tanto nada hay en la ley que se oponga a la enmienda al acta orgánica dando a la palabra público nsada en ella la mayor extensión posible, ni al Código de Enjuiciamiento Criminal. El apelante fné juzgado por la corte de distrito competente y dentro del distrito judicial en qne se cometió el delito. Para un estudio del poder de la Legislatura, véanse el caso de Barret v. United States, 169 U. S. 218 y las notas que aparecen en 7 L. R. A. (n. s.) 669 y 1918 — E.-L. R. A. 965.

Además deseamos consignar que a nuestro juicio no bay temor alguno que sufra por el becbo de estar situada en San Juan la capitalidad de ambas cortes, la idea de vecindad familiar a la Ley Criminal. Nunca se fijó en pueblo alguno de los asignados al segundo distrito el asiento de una corte de distrito durante la actual soberanía o el de un juzgado de primera instancia e instrucción durante el antiguo régi-men. La tradición señala a San Juan como el asiento de la corte. Solo existe entre San Juan y los pueblos del segundo distrito una distancia que se recorre en pocas boras.

Por virtud de todo lo expuesto opinamos que la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, asentada en la ciudad de San Juan, juzgó y condenó con jurisdicción al ape-lante y en su consecuencia que debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey y Eranco Soto.

El Juez Asociado Sr. Hutcbison firmó “Conforme con la sentencia. ’ ’

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE.

Disiento por las razones indicadas en mi opinión en el caso Ex parte Tomás Rivera, No. 77, y según también se indicó en el caso de Toro y Lippitt v. Rodríguez Serra, Juez Corte de Distrito, No. 349, de mayo 22, 1922.


text:
    Ex Parte Rivera, Peticionario, v. El Pueblo, Opositor y Apelante.
    Apelación de una resolución del Hon. Juez Asociado Adolpb. O. Wolf, sobre solicitud de auto de Habeas Corpus.
    No. 1886.
    Resuelto en mayo 22, 1922,
    por los fundamentos del caso No. 1902, Pil Pueblo v. Rivera,, de mayo 22, 1922.
    Abogado del apelante: Sr. A: Dones Padró.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras.

   Revocada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison, que firmó conforme con la sen-tencia.

El Juez Asociado Sr. Wolf, no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


text:
    Ex parte González, Peticionario.
    Solicitud para que se 'expida auto de habeas corpus.

    No. 78.
    Resuelto en mayo 22, 1922,
    por los fundamentos del caso No. 1902, El Pueblo v. Rivera, de mayo 22, 1922.
    Abogado del peticionario: Sr. A. Dones.

   Denegado.

Jueces concurrentes:' Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison, que firmó conforme con la sen-tencia.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    Bravo, Demandante y Apelante, v. Miranda, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cumplimiento de con-trato. — Traslado del caso.
    No. 2609.
    Resuelto en mayo 22, 1922.
    Cortes de Distrito de San Juan — Traslado de Pleitos. — Después de estar en vigor la Ley 41 de 1921 y fundándose en que residía en Vega Baja, el deman-dado pidió a la Corte del Distrito Judieial de San Juan, Segundo Distrito, que trasladara a la del Primer Distrito, un pleito que con anterioridad a julio 1, 1921, había entrado en período de prueba. Se resolvió: que bajo tales eondieiones la orden negando el traslado era correcta y que el heeho de que la prueba no hubiera comenzado a practicarse en la corte que negó el tras-lado no influye en la deeisión de la cuestión envuelta.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. Tous Soto.

    Abogados del apelado: Sres. G. Cruzado Silva y H. Miranda.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Antolín Bravo entabló demanda en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, el 24 de julio de 1920, contra Eladio Miranda. El demandado contestó y se señaló día para la celebración del juicio. En dicho día comparecieron las partes y el demandado solicitó la suspensión de la vista. El demandante no se opuso siempre que se practicare el co-tejo de ciertos telegramas con los originales que traían los telegrafistas y fueran admitidas dichas copias como prueba. El demandado admitió que fueran las copias presentadas y se marcaron en forma debida por el secretario. Y entonces el juicio se suspendió hasta nuevo señalamiento.

Así las cosas el demandado pidió a la corte que trasladara el pleito a la Sección Segunda de la propia corte y el tras-lado fue en efecto decretado. Transcurrieron algunos meses. Entró en vigor la Ley No. 41 de 1921 y el propio demandado volvió a solicitar el traslado entonces para la Corte de Dis-trito de San Juan, Primer Distrito, porque residía en uno de los pueblos, Vega Baja, asignados a dicha corte. La soli-citud fué denegada y el demandado interpuso contra ella el presente recurso de apelación.

Visto lo dispuesto en la disposición transitoria de la Ley No. 41, opinamos que tuvo razón la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, al negar el traslado. El pleito ha-bía entrado ya en el período de prueba.

Alega el apelante que si bien la prueba había comenzado a practicarse, no lo había sido ante la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, sino ante la Sección Primera de la antigua corte. No creemos que dicha circunstancia tenga influencia en la decisión de la cuestión envuelta.' La dispo-sición transitoria no distingue, y no debemos nosotros dis-tinguir.

Procede la confirmación de la resolución recurrida.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres., Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Municipio de Aguadilla, Peticionario y Apelante, v. American Railroad Company of Porto Rico et al., Demandadas y Apeladas.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en procedimiento de mandamus.

    No. 2628.
    Resuelto en mayo 22, 1922.

      Mandamus — Cobro de Contribuciones. — El mandamus no es el reeurso adecuado para hacer efectivo el cobro de una contribución.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. Válldejuly,
    Abogado de las apeladas: Sr. M. Acosta Velarde.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El Municipio de Aguadilla solicitó la expedición de un auto de mandamus contra la American Railroad Company, el cual fué denegado por la Corte de Distrito de Aguadilla. El municipio impuso una contribución por concepto de pa-tentes a la compañía de ferrocarriles y también un arbitrio por el espacio que ocupa en las calles de Aguadilla, ascen-dente a la suma de $3,684.

Refiere la petición que a pesar de todas las gestiones rea-lizadas por el municipio para el cobro, la compañía de ferro-carriles rehúsa hacer, el pago de las contribuciones. La de-mandada contestó expresando que el municipio tenía un am-plio recurso de acuerdo con las leyes municipales para hacer efectivo el cobro de contribuciones mediante ejecución o embargo. La teoría de la corte al denegar el mandamus fué que antes de que el municipio pudiera recurrir al auto extra-ordinario de mandamus debe primero agotar sus recursos me-diante ejecución y embargo, y en cierto modo éste parece haber sido la teoría de la contestación. Suponiendo que el dejar de cobrarse por el procedimiento ordinario de ejecu-ción y embargo daría derecho al peticionario a solicitar un auto de mandamus, la corte tuvo claramente razón.

El apelante no ha hecho señalamiento de error pero dis-cute dichos errores por serie {seriatim). Nos limitaremos por tanto a consideraciones generales. Sostiene el apelante que procede el mandamus para el cumplimiento de un deber aún cuando proceda otro remedio. Esto quizás es cierto en un sentido general cuando puede hacerse cumplir un deber mediante manda/mus, pero no cita el apelante ningún caso que exprese que puedan cobrarse contribuciones por medio de mandamus, o que pueda hacerse cumplir cualquiera o todo deber por el auto de mandamus.

La sección 2 de la Ley de Mandamus prescribe lo siguiente:

“Sección 2. — El auto de mandamus podrá dictarse por el Tribunal Supremo o por las cortes de distrito o por cualquiera de sus magistrados o jueces cuando se hallen .en el ejercicio de sus fnn-ciernes o en sus oficinas, y se dirigirá a cualquier tribunal inferior, corporación, junta o' persona obligada al cumplimiento de un acto que la ley particularmente ordene como un deber resultante de un empleo, cargo o función pública; pero aún cuando puede requerir a un tribunal inferior o a cualquiera de sus jueces para que adopte este criterio, o para que proceda al desempeño de cualquiera de sus funciones, el auto no puede tener dominio sobre la discreción judicial. ’ ’

Las contribuciones pueden estar vencidas.y las apeladas en la obligación de pagarlas, pero para expresarnos en forma reservada, el apelante no nos ba demostrado que el deber de las apeladas de pagar contribuciones resulta de algún em-pleo, cargo o función pública, o es de algún modo un deber de derecho público (publici juris). Véase el caso de Fernández v. Wilcox, 7 D. P. R. 432; Spelling sobre Recurso Extraordinarios, página 1378, y Belaval v. Todd, 24 D. P. R. 820.

De igual manera y aunque no queremos mostrarnos de-masiado fuertes, nada encontramos en los autos que demues-tre que estas contribuciones impuestas a la compañía de ferro-carriles se diferencien de las que se imponen a cualquier ciu-dadano, y en ausencia de algo en contrario, somos de opinión de que no debe expedirse el auto de mandamus para hacer efectivo el cobro de una contribución. En el análisis final, la negativa a hacer el pago podría sujetar a alguien a pri-sión, indicando una prisión por deuda, cosa que está prohi-bida por la sección 2, párrafo 6 de la Ley Orgánica, o el auto sería ilusorio.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Pirazzi, Demandante y Apelado, v. Vives, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre saneamiento por evicción.
    No. 2626.-
    Resuelto en mayo 22, 1922.
    Frutos y Productos — Cosa Juzgada — Buena Fe. — No habiendo sido impugnado por el apelante la manifestación hecha por el apelado de que en una acción establecida anteriormente los únicos frutos y productos que se trató de ob-tener fueron los originados hasta la fecha de la radicación de la primer de-manda, de ello parece inferirse que la sentencia dictada en dicha apelación anterior no constituye cosa juzgada, ya en lo que respecta a la buena fe, o a la responsabilidad por los frutos y productos obtenidos después de ini-ciada la primitiva acción
    Ib. — Saneamiento y Evicción — Consignación—Condominios.—Al tratar el obli-gado al saneamiento y evicción de saldar y cumplir con su obligación no po-drá hacer la consignación por una suma inferior al verdadero valor de la obligación pendiente, alegando de este modo, como parece, tener el derecho de determinar de acuerdo con su propio cálculo el importe de los condomi-nios y obligar así tanto al demandante como a la corte a estar y pasar por semejante determinación arbitraria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. F. Fernández Coronas.

    Abogado del apelado: Sr. J. Tous Soto.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda presentada en este caso se alega que en abril de 1907 el demandado vendió al demandante un solar en la ciudad sin haber mediado pacto alguno especial en cuanto a evicción y saneamiento; que en enero de 1916 y por virtud de una sentencia de este tribunal varias personas (a quienes podemos designar como los herederos de G-onzález) fueron declarados dueños de un condominio en el referido solar comprado por Vives en subasta pública por falta de pago de contribuciones; que como consecuencia de dicha sen-tencia y desde la ameritada fecha Pirazzi se ha visto pri-vado del expresado condominio que entonces tenía un valor de $334.47; que en el expresado pleito sobre reivindicación de condominio Vives fué citado de evicción debidamente; que con posterioridad a la sentencia los herederos de González _ iniciaron una nueva acción contra Pirazzi sobre división de cosa común, y reclamación de frutos y productos que trajo como consecuencia la venta del inmueble que fué comprado por Pirazzi, único postor*, por la suma de $600; que el nueve por ciento de esta suma fué deducido por el marshal y el remanente montante a $590.60 distribuido por orden de la corte entre los condueños, recibiendo los herederos de Gon-zález la suma de $334.47 y Pirazzi $256.13; que dicha sen-tencia condenó a Pirazzi a pagar $200 como renta y producto del condominio desde mayo 22, 1913, fecha de la interposición de la primera demanda hasta abril 3 de 1918, y $3 mensuales desde esta última fecha hasta la fecha de la subasta, o sea, julio 8, 1918, ascendente a $9, y en total $209; que Pirazzi pagó como costas, desembolsos y honorarios de abogado en la primera acción la cantidad de $182.50, y en la segunda $227, haciendo un total de $409.50.

En la súplica se pedía que se dictara sentencia por la totalidad de estás sumas, o sea, la cantidad de $961.97, inte-reses legales de las diversas sumas desde la fecha en que fueron satisfechas, y costas, desembolsos y honorarios de abogado.

La corte inferior declaró probados todos los hechos esen-ciales como fueron alegados en la demanda y Vives apela de la sentencia dictada contra él de conformidad con lo soli-citado en la súplica de la demanda.

No se hacen señalamientos de error específicos pero la teoría del alegato del apelante que contiene veinte páginas es según parece que la corte inferior cometió error, primero, al no aplicar el artículo 336 del Código de Enjuiciamiento Civil por una parte, y por otra, al dar aplicación en su lugar al artículo 1075 del Código Civil que según el apelante es sólo pertinente cuando existe un deudor que incurre en mora que merece ser condenado en daños y perjuicios que consis-ten en abonar los intereses; y segundo, en haber recono-cido la partida de $209 como restitución de renta y producto del condominio de los herederos González en el segundo pleito que abarcan un período de tiempo comprendido entre mayo 22, 1913, basta julio 8, 1918; y tercero, al haber concedido las dos partidas de costas satisfechas por Pirazzi en las dos acciones.

En la primera apelación esta corte, en la página 407 del tomo 23, D. P. R., se- expresó en estos términos:

“Como no aparece que los demandados hayan poseído con mala fe es improcedente la reclamación hecha por los demandantes de frutos, rentas,'beneficios y utilidades, así como de daños y perjuicios.
“Para el caso de edificación sobre el terreno de que se trata se atemperarán los dueños a lo que establece el artículo 370 del Código Civil.”

Pero el apelante no impugna la manifestación hecha por el abogado del apelado al efecto de que en la anterior acción las únicas rentas y productos que se trataban de recobrar eran aquellas que se encontraban vencidas a la fecha de la radicación de la primera demanda. De aquí parece inferirse que la sentencia dictada en la primera apelación no tiene el carácter de cosa juzgada ya en cuanto a la cuestión de la buena fe o de la responsabilidad por las rentas y productos obtenidos después del inicio de la primitiva acción. Si la misma regia debe aplicarse al período comprendido en las alegaciones de la demanda y la sentencia dictada por la corte inferior en este caso es al apelante a quien incumbe demos-trar esto. No podemos asumir que la corte inferior cometió error en este particular ni comprometernos a indagar y de-terminar sin la ayuda del abogado cada punto que pueda sugerirse y que pudiera constituir un posible fundamento para la revocación.

Parece que poco tiempo después de la sentencia de esta corte sobre la primera apelación Yives depositó un cheque por la suma de $309 al tratar de pagar y liquidar su obli-gación, pero esta suma era menor que el valor efectivo de los intereses pendientes como apareció por virtud de la venta judicial y según quedaron fijados por el juez sentenciador. No consta que Pirazzi hubiera estado conforme con el depó-sito o que fuera aprobado por la corte, ni tampoco expresa el apelante ninguna razón muy justificada en apoyo de la premisa en la cual parece basarse esta medida que envuelve al parecer el derecho del garante para fijar por su propio cálculo el valor de los condominios en cuestión y obligar tanto al demandante como a la corte a estar y pasar por tal medida arbitraria, ex parte, dejando a un lado lo de la elimi-nación de todas las demás partidas.

El artículo 336 del Código de Enjuiciamiento Civil exime del pago de costas en una acción en cobro de dinero, a un demandado que alegue y pruebe a satisfacción de la corte “que antes de entablarse la demanda ofreció al demandante la suma total a que tenga derecho, e inmediatamente depo-sitare en la corte, para aquél la cantidad que ofreció.”

El artículo 1075 del Código Civil prescribe lo siguiente:

“Artículo 1075. — Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemniza-ción de daños y perjuicios no habiendo pacto en contrario, consis-tirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio en el interés legal.
“Mientras que no se fije otro por el Gobierno se considerará como legal el interés de seis por ciento al año.”

Tal vez técnicamente debieron concederse intereses lega-les desde la fecha en que el demandado se negó a reintegrar al demandante en este caso la súma total de sus desembolsos más bien que desde las respectivas fechas en que se hicieron dichos desembolsos, pero el apelante no establece tal distin-ción ni consta tampoco que llamara la atención de la corte inferior sobre este punto, y en ausencia de nada que demues-tre el importe de la diferencia envuelta podemos asumir que está comprendida en la regla de de minimis non curat lex.

El artículo del Código Civil que tuvo eu rúente la corte sentenciadora era el 1381, el cual es como sigue:

“Cuando se baya estipulado el saneamiento o cuando nada se baya pactado sobre este punto, si ia evicción se ba realizado, tendrá el comprador derecho a exigir del vendedor
“1. La restitución del precio que tuviere la cosa vendida al tiempo de la evicción, ya sea mayor o menor que el de la venta.
“2. Los frutos o rendimientos, si se le hubiere condenado a en-tregarlos al que le baya vencido en juicio.
“3. Las costas del pleito que baya motivado la evicción y en su caso las del seguido con el vendedor para el saneamiento.
“4. Los gastos del contrato, si los hubiese pagado el comprador.
“5. Los daños e intereses y los gastos voluntarios o de puro re-creo u ornato, si se vendió de mala fe.”

En tanto el segundo señalamiento de error se funda en la anterior sentencia de esta corte será bastante con' repetir que el apelante no ba probado que las rentas y productos que abora se tratan de recobrar son las rentas y productos envueltos en la acción reivindicatoría. Nos parece que al-guna cuestión podría levantarse en cuanto a la responsabili-dad por las rentas y productos recibidos después de la reso-lución final del pleito anterior a diferencia del período trans-currido entre la fecba de la radicación de la primer demanda y la de la sentencia en ese caso por este tribunal, pero aquí además el apelante no distingue claramente la evicción tácita de la real en cuanto a la fijación de su verdadera fecba, y no cita ninguna autoridad que de modo directo guarde rela-ción con este punto. De todos modos, la mayor parte de las rentas y productos vencieron antes de la sentencia de enero 26, 1916, y puede ser que la diferencia envuelta se consideró demasiado insignificante para justificar un estudio acabado del asunto en los alegatos. A falta de alguna demostración satisfactoria sobre la cuestión de cosa juzgada, la responsa-bilidad del demandado por la mayor parte de las rentas arriba indicadas es bastante clara.

El razonamiento bajo el tercer señalamiento en tanto no esté comprendido en lo qne liemos dicho respecto a las otras materias discutidas no requiere seria consideración aunque sí sugiere ciertas cuestiones más o menos interesantes que pudieron haberse desarrollado con provecho por el apelante.

La sentencia apelada debe confirmarse.

Confirmada la sentencia a/pelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Wolf, Aldrey y Franco Soto.


author: El Juez PresideNte Sr. del Toro,

text:
    Yabucoa Sugar Company, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao denegatoria de inscripción de una escritura de compraventa.
    No. 523.
    Resuelto en mayo 22, 1922.
    Mandato — Poder para Vender Bienes Inmuebles. — El poder para administrar no lleva consigo la facultad de vender bienes inmuebles y la autorización para firmar las escrituras de enajenación que verifique una sociedad conce-dida a un socio, no constituye el poder expreso que para enajenar bienes in-muebles exigen la ley y la jurisprudencia.
    Registro de la Propiedad — Documento que Puede Inscribirse. — Por disposición expresa de la Ley Hipotecaria para que pueda inscribirse un acto o contrato en el registro, debe estar consignado en escritura pública, ejecutoria o docu-mento auténtico expedido por autoridad judicial o por el Gobierno o sus agentes en la forma que prescriban los reglamentos. Una certificación librada por el secretario de una sociedad comercial, industrial y agrícola constituida de acuerdo con el Código Civil relativa a un acuerdo tomado por la dicha sociedad, no es un documento que reúna las solemnidades externas necesarias para inscribirse por sí solo en el registro.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. F. González.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez PresideNte Sr. del Toro,

emitió la opinión del' tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Humacao una escritura de compraventa de finca. rústica otorgada el Io. de enero de 1922 por la sociedad “Emilio Colón e Hijos, Limited,” de Yabncoa, P. it., representada por su administrador, a favor de “La Yabucoa Sugar Company,” una corporación domiciliada en San Juan, P. B., el registrador se negó a ello.en la siguiente forma:

“Denegada la inscripción del contrato de venta aquí contenido con vista de una copia de la escritura de sociedad número 42 otor-gada el 29 de marzo de 1920 ante el notario de Yabucoa, Antonio. Rodríguez y de una certificación suscrita mediante affidavit número 38 ante el notario F. González Jr., por los siguientes fundamentos:, por no aparecer que se baya concedido poder expreso al socio Franco-.-Colón Caballero para que verifique la enajenación, cuya inscripción-, se solicita, pues las palabras 'El administrador representará a la so-ciedad en todos sus actos, podrá firmar a nombre de ésta todos Ios-contratos, obligaciones y enajenaciones, constitución de derechos y gravámenes, podrá otorgar documentos, escrituras públicas y demás: actos que se relacionen e indiquen y sean necesarios a la buena mar-cha de la sociedad,’ contenidas en la cláusula quinta de la escritura de sociedad, no confieren al aludido socio tal poder expreso, ni puede ello inferirse de la certificación presentada porque tal acto debe ha-cerse constar por escritura pública; y por no acreditarse tampoco que los socios Francisco, Cristóbal, Carmen e Isaura Colón sean las únicas personas que representan al socio fallecido don Emilio Colón Berrios, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria y 77 y 78 del Reglamento para la Ejecución de la misma y con lo que determinan los artículo 1226, 1597 y 1599 del Código Civil Revisado y las resoluciones contenidas en los tomos 20 D. P .R. 422 y 26 D. P. R. 51, tomándose en su lugar la anota-ción '* * ■* haciéndose constar además como defecto subsanable el de no acreditarse el carácter y facultades del señor Martínez Do-mínguez para hacer el contrato a nombre de la corporación com-pradora.”

1. Examinemos el primer defecto apuntado. De la escri-tura de sociedad comercial, industrial y agrícola otorgada el 29 de marzo de 1920 por Emilio Colón Berrios y Francisco, Cristóbal, Carmen e Isaura Colón Caballero, acompañada a la de compraventa, resulta que los otorgantes convinieron constituir dicha sociedad de acuerdo con el Código Civil y la denominaron “Emilio Colón e Hijos, Limited.” La es-critura contiene varias cláusulas. La más importante a los fines de la resolución de la cuestión envuelta es la quinta, que dice así:

“Quinta. — La gerencia y administración de la sociedad estará a cargo exclusivo de uno de los socios, que será nombrado en la junta de socios de que más adelante se Rabia, quien tendrá todos los po-deres y facultades inherentes a la administración y buen gobierno de esta sociedad. La sociedad celebrará reunión de sus miembros anualmente el día catorce de julio, y tantas veces cuantas sean nece-sarias, siempre que lo pida cualquiera de los socios, por escrito, al administrador, quien vendrá obligado a hacer las oportunas citacio-nes para tal efecto, debiendo las citaciones circular con cinco días ■d® anticipación a la fecha de la reunión. Para tomar acuerdos, de-berán estar presentes todos los socios personalmente o por delega-ción escrita y los acuerdos que se tomen serán por mayoría, salvo los -casos previstos más adelante. El administrador representará a la sociedad en todos sus actos, podrá firmar a nombre de ésta todos los contratos, obligaciones y enajenaciones, constitución de derechos y gravámenes, podrá otorgar documentos, escrituras públicas y de-más actos que se relacionen e indiquen y sean necesarios a la buena marcha de la sociedad. La sociedad llevará un libro de actas en que constarán los acuerdos que se tomen por la junta. El adminis-trador tendrá como remuneración por su trabajo el diez y ocho por ciento de los beneficios líquidos, cantidad que se abonará a su favor en cada balance.”

Se acompañó, además, a la escritura de venta una certi-ficación expedida por el administrador de la sociedad credi-tiva de que “en la sesión extraordinaria celebrada el 29 de octubre de 1921 en la cual comparecieron los socios Francisco Colón, Carmen Colón, Cristóbal Colón e Isanra Colón, únicos socios de 'Emilio Colón e Hijos, Limited’ quienes a su vez representan los derechos del socio fallecido don Emilio Colón Berrios, unánimemente se trató lo siguiente: vender la finca Monserrate radicada en el barrio Aguacate de Yabucoa, compuesta de 240 cuerdas de terreno de vega, por el precio más conveniente,- autorizando a su administrador y socio don Francisco Colón, para que efectúe la transacción y otorgue la correspondiente escritura al comprador que fuere.” La certificación se expidió con arreglo al libro de actas de la sociedad y está jurada y firmada ante notario público por Francisco Colón, administrador de la sociedad.

A nuestro juicio la cláusula quinta de la escritura de so-ciedad, por sí sola, no es bastante para autorizar al admi-nistrador a vender la finca de que se trata. Un poder para administrar no lleva consigo la facultad de vender bienes inmuebles y el lieelio de que el administrador esté autorizado para firmar a nombre de la sociedad las enajenaciones que ésta haga, no quiere decir que esté autorizado para vender los bienes inmuebles de la misma. Para ello, dados los tér-minos del contrato social y la ley, y la jurisprudencia, se necesita el acuerdo expreso de la sociedad. Una vez tomado el acuerdo, claro es que sin necesidad de autorización especial, por virtud de lo acordado en la cláusula quinta, es el administrador el autorizado para representar a la sociedad y como tal representante firmar el contrato.

No estamos en condiciones de decidir el alcance de la cer-tificación acompañada a la escritura. Por disposición expresa de la ley (artículo 3 de la Ley Hipotecaria,) para que puedan inscribirse los títulos que la misma ley determina en el regis-tro, deberán estar consignados en escritura pública, ejecuto-ria o documento auténtico, expedido por autoridad judicial, o por el Gobierno o sus agentes en la forma que prescriban los reglamentos, y la certificación de que se trata, no obs-tante estar su firma reconocida ante notario, no es ninguno de los documentos exigidos. Los casos de La Plata Tobacco Company v. El Registrador de Caguas, 27 D. P. R. 957, y De Jesús v. El Registrador de Caguas, 27 D. P. R. 960, invocados por la recurrente, no son aplicables. Se refieren a corporaciones, bajo condiciones especiales.

2. En su alegato la recurrente admite que 'el segundo mo-tivo de la nota está bien fundado, pero insinúa que se trata simplemente de un defecto subsanable, pues está en condi-ciones de demostrar que los socios que tomaron el acuerdo de vender la finca son los únicos representantes del socio fallecido. Atendida la conclusión a que llegamos al analizar el primer motivo, se hace innecesario decidir si el defecto que se reconoce que existe es subsanable o no. Claro es que si lo alegado por la recurrente es cierto y así se prueba en debida forma, desaparecerá la objeción del registrador en este extremo.

3. En cuanto al defecto subsanable de no acreditarse el carácter y facultades del ■ representante de la corporación adquirente, nada se dice en el alegato y nada, por tanto, re-solveremos. «

Por virtud de todo lo expuesto se confirma la nota re-currida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, HutcMson y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Sociedad Anónima “Bernal Estate,” Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de .San Grermán denegatoria de inscripción de una escritura de cancelación de hipoteca.
    No. 529.
    Resuelto en mayo 23, 1922.
    Cancelación — Eacoltad Expresa para Cancelar Hipotecas. — -En el presente caso a continuación de la cláusula que autoriza al apoderado para celebrar arrendamientos expresa el poder lo siguiente: ‘ ‘ para que ratifique los con-tratos que existan al presente y rescinda y cancele los que deban cancelarse. ’ ’ Se resolvió: que estas últimas palabras se refieren indudablemente a los con-contratos de arrendamiento y de ningún modo pueden interpretarse como que confieren facultad para cancelar hipotecas, facultad que debe ser con-cedida expresamente. Es cierto que también se confiere al apoderado fa-cultad para comprar bienes inmuebles pero esto no autoriza para presumir que se le facultó para cancelar hipotecas que por constituir una enajenación es un aeto distinto del de comprar, con mayor motivo cuando que ni siquiera se le concede facultad para enajenar bienes inmuebles.
    Los li.echos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. F. Manuel Toro.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

William L. Lowry, como apoderado de la sociedad ‘ ‘ Bernal Estate,” otorgó escritura de cancelación de hipoteca consti-tuida a favor de su poderdante pero el registrador de la propiedad se negó a hacer la cancelación en sus libros fun-dándose en que el apoderado no tiene facultad expresa de su mandante para otorgar dicha cancelación. Contra esta resolución se ha interpuesto este recurso gubernativo solici-tando que ordenemos al registrador que cancele la hipoteca.

Las facultades conferidas al apoderado en este caso son las siguientes:

“ * * * celebrar contratos de arrendamiento y sub-arrenda-miento de fincas rústicas y urbanas, por seis años, o más, y prorrogar los mismos, todo por el canon y demás condiciones que estime pro-cedente; para que pueda hacer cesión de dichos contratos de arren-damiento o sub-arrendamiento, y los de su prórroga, en su caso, a favor de quien le pareciere, bien sea de los constituidos antes de este aeto a favor de dicha ‘Bernal Estate,’ o de los que en lo suce-sivo se constituyan a su favor; para que celebre contratos sobre cesión de posesión y usufructo de las fincas arrendadas a su poder-dante; para que haga anticipos y préstamos en ocasión de los con-tratos de arrendamiento, sub-arrendamiento y sus prórrogas, consti-tuidos o que se constituyan a favor de la sociedad poderdante; para que ratifiquen los contratos que existan al presente y rescinda y cancele los que deban cancelarse; para que al llevar a cabo estas transacciones estipule las condiciones que estime oportunas, otor-gando las escrituras y demás documentos que fueren necesarios, para todo lo cual la mencionada ‘Bernal Estate’ le confiere el más amplio poder, sin limitación alguna; para que celebre contratos de compra-venta de terrenos, o derechos de propiedad, en la Isla de Puerto Rico; para aceptar y firmar contratos privados, escrituras de com-praventa e hipoteca, y demás documentos que creyeren necesarios; para que imponga o acepte las servidumbres que estime oportunas; para que tome la posesión corporal o simbólica que por cualquier título adquiriere la referida sociedad, promoviendo, si necesario fuere, los expedientes de dominio, administrativos o judiciales que corres-pondan, haciendo todo cuanto legalmente fuere necesario para el desempeño de este mandato, teniendo por subsistente y válido cuanto en virtud del mismo practicare su dicho apoderado, y. los sustitutos por él nombrados; y concediéndole, asimismo, poder amplio para representar a esta corporación en todo cuanto se relacione con el sistema de riego establecido en la Isla de Puerto Rico.”

Hemos resuelto repetidas veces que la cancelación de hi-poteca es un acto que entraña una enajenación y que por esto, según el artículo 1615 del Código Civil, es necesario que el apoderado tenga facultad expresa para realizarla; Baquero v. El Registrador, 22 D. P. R. 24; Santini v. El Registrador, 23 D. P. R. 328; Gómez v. El Registrador, 26 D. P. R. 253; Loubriel v. El Registrador, 26 D. P. R. 728; y aunque en este caso no aparece concedida expresamente al apoderado la facultad de cancelar hipotecas, sin embargo, dice el recurrente que examinadas en conjunto las facultades que contiene la escritura de poder se ve claramente que ellas son expresas, tanto para cancelar los contratos existéntes en la fecha del otorgamiento del mismo poder, como para vender e hipotecar bienes inmuebles y otorgar los documentos públicos necesarios, que las facultades conferidas deben ser apreciadas en conjunto y que es lógico presumir que el que tiene facultad para vender bienes inmuebles las tenga a la vez para cancelar hipotecas que pesen sobre los mismos.

En varias ocasiones hemos declarado que el mandato debe ser interpretado restrictivamente: Landrón v. El Registrador, 15 D. P. R. 722; Post v. El Registrador, 19 D. P. R. 120; Baquero, supra; Fano v. El Registrador, 15 D. P. R. 334; Andreu v. El Registrador, 20 D. P. R. 422, y Fernández v. El Registrador, 27 D. P. R. 854; pero aún examinadas en conjunto las facultades conferidas en este caso al apoderado, como pretende el recurrente, no podemos declarar que se le concedió la facultad de cancelar hipotecas pues si bien em-plea las palabras “y cancelar lo que debe cancelarse,” tales palabras puestas después de hacer referencia a contratos de arrendamiento y en un párrafo que en totalidad dice asir “para que ratifiquen los contratos que existan al presente y rescinda y cancele los que deban cancelarse,” estas últimas palabras se refieren indudablemente a los contratos de arren-damiento y de ningún modo pueden interpretarse como que confieren facultad para cancelar hipotecas, facultad que debe ser concedida expresamente. Es cierto que también se con-fiere al apoderado facultad para comprar bienes inmuebles pero esto no autoriza para presumir que se le facultó para’ cancelar hipotecas que por constituir una enajenación es un acto distinto del de comprar, con mayor motivo cuando que ni siquiera se le concede facultad para enajenar bienes in-muebles.

La nota apelada debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida...

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados "Wolf, Hutchison y Franco Soto.


text:
    Flores, Peticionario y Apelante, v. El Pueblo, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en procedimiento de habeas corpus.

    No. 1906.
    Resuelto en Mayo 23, 1922.
    ASESINATO — Acusación por el Gran Jurado — Babeas Corpus — -Fianza.—Una vez que el Gran Jurado ha formulado aeusaeión por asesinato, la suficiencia de la evidencia no puede atacarse para obtener señalamiento de fianza me-diante habeas corpus.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. P. Baiges Gomes y F. Ji-ménez Rivera.

      Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez PeesideNte Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Plores presentó una petición de Habeas Corpus en la Corte de Distrito de Mayagüez, a los efectos de que se decretara su libertad provisional mediante fianza.

El auto fué expedido y gn la vista se demostró que Plores se bailaba bajo la custodia del Alcaide de la Cárcel de Ma-yagüez a virtud de un mandamiento expedido por el fiscal del distrito ordenando su detención a los efectos de responder al cargo de haber dado muerte con malicia premeditada a Fernanda Brito, un ser humano, el 6 de noviembre de 1921. Se demostró además, que a la fecha de la solicitud se había formulado contra Plores acusación por el G-ran Jurado, im-putándole la comisión de un delito de asesinato.

La corte exigió al fiscal que presentara alguna prueba y el fiscal aportó tres declaraciones que sostienen que estando Fernanda Brito conversando con otras personas, fué herida de bala por Plores, por la espalda. El fiscal pidió a la corte un receso de cinco minutos para llamar al médico a fin de probar que Fernanda Brito había muerto a consecuencia de la herida recibida y la corte no accedió. El peticionario por su abogado admitió la muerte de Fernanda, y luego alegó que su admisión no comprendía el hecho de que la muerte se debiera a la herida recibida.

La corte tomó bajo su consideración el caso y lo resolvió en contra del peticionario por entender que había causa bas-tante para tenerlo detenido sin que pudiera obtener su liber-tad mediante fianza, y contra esa resolución de la corte esta-bleció el peticionario el presente recurso de apelación.

En su alegato sostiene el apelante que la corte cometió un grave error al apreciar la prueba porque ella no demostró que Fernanda Brito hubiera muerto .a consecuencia de las heridas recibidas, no pudiendo imputarse por tanto a Flores un delito de asesinato en primer grado y tenérsele recluido en prisión sin derecho a prestar fianza para obtener sn liber-tad provisional. Y sostiene además el peticionario qne en modo alguno se demostró que existiera prueba evidente y grande presunción de su culpabilidad como autor de un de-lito de asesinato en primer grado.

Si la resolución tuviera que basarse únicamente en la prueba aportada por el fiscal, tendría razón el apelante, pues dicba prueba revela que el peticionario hirió con malicia pre-meditada por la espalda a una mujer, más no que su víctima muriera a consecuencia de la herida. Pero se demostró que el peticionario había sido acusado por el Gran Jurado como autor de un delito de asesinato y esto decide la cuestión.

Dice el artículo 372 del Código de Enjuiciamiento Criminal que, “ningún acusado a quien se impute la comisión de un crimen que apareje pena de muerte, podrá prestar fianza, cuando sea evidente la prueba y grande la presunción de su culpabilidad. El hecho de presentarse una acusación no da más fuerza a la prueba ni a la presunción que de ésta pueda deducirse.”

Ese artículo es igual al 1270 del Código Penal de California. En dicho estado está además incluido dicho precepto en la constitución. Artículo 1, sección 6. Lo mismo sucede en Puerto Rico: Ley Orgánica, artículo 2, párrafo 4.

La jurisprudencia de California tiene ya resuelto clara-mente el punto en controversia. En el caso de People v. Tinder, 19 Cal. 539, se establece la siguiente doctrina:

“Una acusación bajo nuestra Ley de Práctica Criminal es algo más que una mera acusación basada en causa probable. ' Es una acu-sación basada en declaraciones legales de un directo y positivo ca-rácter y es la sentencia concurrente de por lo menos doce de los miembros del Gran Jurado de que bajo la evidencia presentada a ellos el acusado es culpable.
“Una acusación por un delito de pena capital supone en sí misma una presunción de la culpabilidad del acusado, demasiado grande para justificar la concesión de fianza como materia de derecho bajo nuestra constitución, o como materia de discreción bajo la legisla-ción del Estado. Orea una presunción de culpabilidad para todo, excepto en cuanto al juicio ante el pequeño jurado.
“Ni affidavits ni testimonio oral con respecto a la culpabilidad o inocencia del acusado pueden ser recibidos para repeler la pre-sunción de culpabilidad que se levanta de la acusación en casos de pena capital, excepto bajo especiales y extraordinarias circuns-tancias. ’ ’

La opinión de la corte fue emitida por el Juez Presidente Field y es muy interesante y completa. Está reportada en el tomo 81, página 75 de las “American Decisions” acom-pañada de una nota que contiene un amplio estudio sobre la materia.

Cuarenta y dos años después de la decisión en el caso de Tinder, supra, la misma Corte Suprema, en el caso de In re Kennedy, 144 Cal. 634, 636, se expresó así:

“La suficiencia de la evidencia ante el Gran Jurado para justi-ficar una acusación, no es materia propia para establecerse mediante habeas corpus. De permitirse esto se convertiría el auto de habeas corpus en un remedio de revisión, al objeto de inquirir si el gran jurado cometió algún error revisable en apelación, y un campo en-teramente nuevo en litigio sería abierto y pocas acusaciones irían’ a juicio sin esta alegación preliminar.”

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que la corte no erró al negarse a fijar fianza al peticionario y que su resolución debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto'.


text:
    Maceira, Demandante y Apelante, v. Pietri et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre desahucio.
    No. 2528.
    Resuelto en mayo 23, 1922.
    Desahucio — Conflicto de Títulos — La bien conocida doctrina de que el pro-cedimiento de desahucio no es adecuado para resolver un conflicto de títu-los no impide que un arrendatario pueda resistir el desahucio a virtud de un alegado arrendamiento ni que un arrendador pueda recobrar la posesión mediante desahucio por el mero hecho de- que el arrendatario alegue la exis-tencia de un arrendamiento.

      Id.- — Estoppel—Mandato—Pkueba del Mandato. — En el juicio de desahucio los demandados ofrecieron prueba testifical para demostrar que un mandatario autorizado para ciertos fines formalizó un arrendamiento e hizo otros actos de los cuales el demandado quiere deducir la participación del principal. Esto no es bastante para fundamentar un estoppel contra el arrendador ni es esa la prueba positiva que se necesita para establecer el mandato.
    Id. — Conflicto de Prueba no Resuelto por la Corte Inferior — Facultades de la Corte Suprema. — Cuando en una contienda litigiosa las dos partes han sometido toda su prueba en pro y en contra y la corte inferior rehúsa dirimir el conflicto por creerse sin jurisdicción, la Corte Suprema tiene fa-cultad para resolver la cuestión planteada.
    Los hecho2- están expresados en la opinión.
    Ahogados de xa apelante: Sres. Soto Oras & Siaca.

    Abogado de los apelados: Sr. B. Cuevas Zegueira.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal

En este caso se siguió una acción de desahucio contra los demandados quienes en el juicio alegaron la defensa de que su posesión se fundaba en un contrato verbal de. arrenda-miento el cual según sus términos no había vencido. La corte entonces dictó sentencia a favor de los demandados y en su opinión rehusó resolver la cuestión de la existencia del arren-damiento, pero fundó su sentencia en el motivo de que una controversia como ésta, o “un conflicto de derechos” no po-día resolverse en un juicio de desahucio. En esto se incu-rrió en error.

Las decisiones de esta corte y de la Corte Suprema de España que limitan la investigación en procedimientos de desahucio, sólo declaran que generalmente no debe conside-rarse en ellos nn conflicto de títulos, pero nunca se lia esta-blecido que un arrendatario no podría ventilar su derecho a retener la posesión a virtud de un alegado arrendamiento, ni que un arrendador no podría obtener la posesión mediante el procedimiento de desahucio, por el mero hecho de que el arrendatario alegue que existe un contrato de arrendamiento. El verdadero objeto del procedimiento de desahucio es deter-minar si tiene el arrendador un derecho inmediato a la po-sesión. La existencia de un arrendamiento anularía este de-recho, pero eso es todo. La cuestión de si había o no un contrato existente de arrendamiento debió haber sido resuelta por la corte inferior.

Las partes presentaron toda su prueba en- cuanto a esto y la dieron por terminada. Estamos- por tanto en perfectas condiciones para resolver la cuestión que la corte inferior creyó que no tenía jurisdicción para resolver.

La corte en su opinión manifestó que se inclinaba a creer que el mandatario de la arrendadora convino efectivamente en hacer un arrendamiento por un término de años con el principal demandado. Suponiendo por el momento que esto es cierto, no encontramos prueba suficiente de que dicho man-datario tuvo la debida autorización de su principal para ha-cer dicho arrendamiento. Al tratar el demandado de mos-trar los actos y manifestaciones del mandatario respecto al hecho de haberse concertado el supuesto arrendamiento por años, la demandante por medio de sus abogados objetó que antes de que esta clase de prueba pudiera ser presentada pri-mero debía probarse que dicho mandatario tenía la debida autorización de su principal para hacer el referido contrato. La corte, sin embargo, sin ofrecimiento alguno por parte del demandado para probar el mandato alegado, admitió la prueba. Los testigos ni siquiera llegan a decir que dicho mandatario aseguró tener derecho para efectuar el contrato de arrendamiento. Dichos testigos dicen que él hizo un arren-damiento y permitió que el principal demandado incurriera en el gasto de seis o., setecientos dólares en hacer los cambios que el Departamento de Sanidad ordenó fueran hechos en la propiedad arrendada. Esto no es bastante para fundar un impedimento (estoppel) contra el principal. Al ser exa-minado el mandatario como testigo, dijo con mucha fran-queza que hubo negociaciones encaminadas al arrendamiento pero que nunca se perfeccionaron. Sostuvo el testigo que su principal nunca prestó su conformidad. Por otra parte, las bases para el alegado arrendamiento fueron sometidas por la principal demandada a su abogado quien fué a la silla de testigos para decir que él estaba demasiado ocupado para haber podido formularlas en debida forma. Siguiendo en el examen de la prueba de ella aparece que el precio del canon nunca fué definitivamente convenido.

Si fuera sostenida la teoría de que las palabras y mani-festaciones del mandatario obligarían al principal, entonces todo cocinero, todo empleado y todo mandatario podría irre-misiblemente obligar a su principal. El mandato debe esta-blecerse mediante prueba positiva, o por un verdadero es-toppel y en los autos no encontramos ni una ni otra cosa.

Pero vamos más allá. El mandatario declaró terminan-tement'e que sus facultades eran limitadas; que él sometió toda proposición a su principal, que sometió la referente al canon por años y dicho principal rehusó considerar la pro-posición. Si se recuerda que estas alegadas negociaciones para un arrendamiento tuvieron lugar en el año 1918, varios años antes del inicio del procedimiento de desahucio, parece más bien improbable que ninguna de las partes hubiera con-sentido en la informalidad de un arrendamiento existente por años sin hacer un contrato escrito. La principal demandada misma admite que ella dejó para luego el darle forma al con-trato de arrendamiento. Es verdad que ella alega que lo hizo así debido a las indicaciones del mandatario. Pero' exa-minada la prueba en conjunto encontramos que no está esta conclusión sostenida y de todos modos no vemos prueba en los autos que justifique la conclusión de que el mandatario tenía autoridad para obligar a su principal con un arrenda-miento por años. Declaramos que la principal demandada, sea cual fuere el concepto de daño o error, no presentó un caso para probar un arrendamiento por años.

La sentencia apelada debe revocarse y dictarse otra a favor de la demandante.

Revocada la sentencia apelada y decretado el desahucio solicitado, sin especial condena-ción de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y HutcMson.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Quiñones et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en causa por adulteración de leche.
    No. 1834.
    Resuelto en mayo 29, 1922.
    Delito Oontra la Salud Pública — Adulteración de Leche. — La ley sobre adul-teración de leche hace culpable a toda persona que vendiere leche de vaca estando adulterada y no considera culpable solamente al dueño del puesto donde se venda. En el caso de MI Pueblo v. Gautier, 20 D. P. R., 337, no se declaró que solamente pueda ser castigado el dueño del puesto sino que él es responsable criminalmente aunque la venta se haga por medio de su depen-diente. El hecho de que la ley castigue al reineidente además de la pena con la revocación de su licencia no quiere decir que solamente puede ser cas-tigado el que tenga la licencia, sino que si el culpable de vender leche adul-terada tiene licencia se le revocará.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Carlos V. Urrutia y A. R. de Jesús.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes Jnlio Qniñones y Lorenzo Maldonado fue-ron condenados a snfrir la pena de nn mes de cárcel cada nno y alegan ahora como motivos de sn recurso qne la sen-tencia, en cnanto a Qniñones, no está sostenida por la prueba y qne la pena es excesiva.

Se probó en el juicio, y no se disente ahora, qne la leche qne fné ocupada a los apelantes estaba adnlterada con agna y qne la licencia para el pnesto de venta de leche está expe-dida a nombre de Lorenzo Maldonado. Dos testigos del fiscal declararon en el juicio qne Jnlio Qniñones y Lorenzo Maído-nado estaban vendiendo la leche qne resnltó adnlterada pero Jnlio Qniñones negó en sn declaración qne él estuviera ven-diendo la leche aunque' admitió qne se hallaba en mangas de camisa en el pnesto de leche porque vive detrás de él y ma-nifestó que tiene arrendado dicho pnesto a Maldonado por cincuenta centavos diarios.

El conflicto de la evidencia en cnanto a si Qniñones es-taba vendiendo la leche fné resuelto en sn contra por la sen-tencia condenatoria y en vista de esto alega dicho apelante qne, pnesto qne la licencia para el pnesto de leche está ex-tendida a nombre de Maldonado, él no puede ser condenado porque la ley sólo castiga al dueño del pnesto donde se vende la leche adnlterada.

No estamos conformes con esa alegación porque la ley sobre adulteración de leche hace culpable a toda persona que vendiere leche de vaca adulterada sin declarar que sola-mente sea culpable el dueño del pnesto, y como Julio Qni-ñones vendía la leche adulterada no se ha cometido error al condenarlo. El caso de El Pueblo v. Gautier, 20 D. P. R. 327, que Quiñones cita en apoyo de su alegación no es apli-cable al presente porque no se declaró en él que solamente puede ser castigado el dueño del puesto sino que éste es responsable criminalmente aunque la venta se haga por me-dio de su dependiente. El hecho de que la ley castigue al reincidente además de la pena con la revocación de su licen-cia no quiere decir, como argumenta el apelante, que sola-mente puede ser castigado el que tenga la licencia, sino que si. el culpable de vender leche adulterada tiene licencia se le revocará.

En cuanto a la pena impuesta no la modificaremos por-que no se nos ha demostrado que la corte sentenciadora haya cometido un grave abuso de su discreción al determinarla.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.