text:
    El Crédito y Ahorro Ponceño, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Eecurso gubernativo contra nota del Eegistrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegatoria de ins-cripción de una escritura de hipoteca.
    No. 506.
    Resuelto en marzo 6, 1922.
    Hipoteca — Distribución de la Responsabilidad Hipotecaria — Hipoteca Subsi-diaria — Pacto de no Cancelar Parcialmente — Especialidad de la Hipo-teca. — Después de haber distribuido la responsabilidad de que debía responder cada una de las varias fincas hipotecadas para garantizar cierta deuda pactaron las partes que las fincas hipotecadas responderían todas y cada una del total de las responsabilidades del deudor para con el acreedor, y que no se cancelaría parcialmente el gravamen impuesto sobre las varias fincas sino cuando el total de la deuda y sus intereses hubieren sido pagados. Se resol-vió: que el contrato no es inscribible porque tal pacto adicional es contrario al artículo 119 de la Ley Hipotecaria, al 164 de su Reglamento y a la doc-trina establecida por esta Corte Suprema en Orífe v. Registrador, 16 D. P. R. 676.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. F. Parra Capó.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Luis Antonio Ortiz y sn esposa doña Blanca Guarch com-parecieron ante notario y otorgaron una escritura de hipo-teca sobre varias fincas de sn propiedad a favor del “Cré-dito y Ahorro Ponceño,” para garantizar cierta deuda de “Lanza, Encabado y Cía.” De acuerdo con la ley se espe-cificó la cantidad de que debía responder cada finca, pero se pactó además lo que signe:

“I. Que las fincas hipotecadas responderán todas y cada una del total de las responsabilidades de ‘Lanza, Rncahado & Company’ para con el ‘Crédito y Ahorro Ponceño, Sociedad Incorporada’ según aquí se han descrito.
“II. Que no se cancelará parcialmente el gravamen establecido sobre estas propiedades, sino cnando el total de la deuda y sus inte-reses hubieren sido pagados.”

Presentado el documento para su inscripción en el Begis-tro de la Propiedad de San Jnan, el registrador se negó a ello porque si bien se determinaba la responsabilidad particular de cada finca, posteriormente se pactaba lo que de-jamos transcrito, pacto qne era, a sn juicio, contrario a los artículos 119, 120 y 121 de la Ley Hipotecaria y 99 de su Beglamento y a la doctrina sentada por esta Corte Suprema en el caso de Ortiz v. Registrador, 16 D. P. R. 676.

Hemos estudiado cuidadosamente los hechos y la ley y la jurisprudencia aplicable' y estamos enteramente conformes con el registrador.

El artículo 119 de la Ley Hipotecaria vigente en Puerto Bico prescribe que cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un sólo crédito, se determinará la cantidad o parte de gravamen de que cada una deba responder” y el artículo 164 de su Beglamento dispone que los registradores no ins-cribirán ninguna hipoteca sin que se cumpla el anterior pre-cepto de ley. En el caso de Ortiz, supra, decidió esta corte que el mandato del legislador aún siendo como era acordado en beneficio del deudor, no podía ser renunciado por éste, a los fines, por lo menos, del registro.

Se alega que en este caso se cumplió con lo exigido por la ley. Es cierto, pero también lo es que acto seguido se anuló tal cumplimiento.

En el tomo 3, página 262 de sus comentarios, se expresa ■ Galindo, así:

“Acostumbra algún establecimiento de crédito a exigir, para la seguridad de los préstamos que hace, dos hipotecas: una, distribu-yendo el capital de que ha de responder entre todas las fincas hipo-tecadas; y otra subsidiaria, sobre diversas fincas que responden de toda la cantidad para el caso de quiebra en alguna de las fincas su-jetas a la hipoteca principal.
“Pacto es éste que consideramos contrario al espíritu de la ley, y hasta a la recta interpretación de sus artículos. Al declarar requi-sito indispensable, cuya omisión impide que se inscriba una escritura de crédito hipotecario, el que cada finca responda sólo de una can-tidad determinada, tuvo por objeto que la carga real no se exten-diese más que a la cifra que importase el préstamo, e impedir las inmoderadas pretensiones de los acreedores que no contentos con garantías firmes, exigen otras innecesarias, perjudicando en gran manera el crédito territorial. Permitiéndose una hipoteca subsidia-ria, resultan todos estos males, responden las fincas a una cantidad doble de préstamo, puesto que garantizan todo el capital distribuido entre ellas y el mismo capital en junto con la hipoteca subsidiaria; y así como no sería inscribible la hipoteca subsidiaria sobre las mis-mas fincas que se hipotecan principalmente, de modo que cada una respondiese de la parte señalada y además de todo el capital por si alguna de las fincas resultaba deficiente para el cobro de la cantidad de que respondía, así es ininscribible la garantía suprerogatoria de una finca que responda de cantidades que están aseguradas, según permite la ley.”

Y Morell, citando finalmente la exposición de motivos de la propia ley, dice:

“La determinación de la hipoteca en el sentido general de esa palabra, equivale a la especialidad de la misma. Exige esa deter-minación que sea perfectamente definido y fácil de identificar el ob-jeto sobre que recae la hipoteca, y que se marque la extensión del derecho que sobre ese objeto se impone. Es el mismo principio exigido en general para la inscripción de los derechos reales, con aplicación especial a la hipoteca.
* * # * * #
“Pero cuando se hipotecan varias fincas en seguridad de un sólo crédito, presentábase a los legisladores un grave problema que resolver, ¿ quedaba bien determinada la hipoteca, expresando en la ins-cripción de cada finca, que ésta, en unión con otras tantas, garan-tizaba el importe total del crédito principal, y en su caso las res-ponsabilidades asignadas por razón de intereses, costas, etc.? Aún quedando así determinada la hipoteca, ¿era esa forma de determi-nación conveniente para el crédito territorial y suficiente con rela-ción a terceros?
“La exposición de motivos de la ley primitiva, estudiando este aspecto de la cuestión, decía lo siguiente:
“ ‘Según el derecho antiguo, cuando se hipotecan varias fincas a la vez por un crédito, todas quedan sujetas a una carga real por el importe total de lo debido, y sobre todas ellas se extiende por igual el derecho hipotecario del acreedor. Resulta de aquí que el deudor ve frecuentemente minorado su crédito territorial mucho más de lo que en realidad han desmerecido su riqueza y la garantía que aún ofrecen los bienes inmuebles que posee, rebajadas las obligaciones y cargas a que se hallan afectos; resulta también que así vienen a ser protegidas indirectamente por la ley las inmoderadas exigencias de los prestamistas que no contentos con garantías firmes y de éxito seguro, multiplican sin utilidad suya, y con perjuicio del crédito territorial, las dificultades del préstamo sobre hipotecas. A estos inconvenientes ha atendido el proyecto proponiendo que cuando sean varias las fincas que por un sólo crédito se hipotequen, haya de de-terminarse la cantidad o parte de gravamen de que cada una tiene que responder. De este modo, la carga real no se extiende a todo el valor de la finca, sino solamente a una cifra que puede ser muy inferior a su valor verdadero, quedando en libertad y en posibilidad el dueño de poder levantar sobre la misma finca otro crédito hipote-cario, que no perjudicará al antiguo en lo que alcance al valor de la cantidad hipotecada, pero que tendrá preferencia sobre otros cré-ditos, y aún sobre el mismo primero, por la parte a que no estén afectos los bienes inmuebles, o los intereses vencidos de las dos anua-lidades anteriores y la parte vencida también de la anualidad co-rriente.” 4 Morell. Legislación Hipotecaria, 11 y siguientes.

Véase también, la resolución de 5 de abril de 1907 de la Dirección General de los Registros de España, en la que se declara que aunque los otorgantes distribuyan la responsa-bilidad entre las fincas, si después bacen constar que res-ponderán además de todos los gastos y desembolsos que im-plique el cumplimiento de lo convenido, aunque sean supe-riores a la cantidad fijada, faltan al precepto del artículo 119, constituyéndose realmente la hipoteca sin la necesaria determinación o limitación de responsabilidad.

Debe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Aldbey, El Juez Asociado Sr. Aldret,

license: Public Domain

text:
    Alvarez, Demandante y Apelante, v. Suárez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre ineficacia de mejora.
    No. 2463.
    Resuelto en marzo 7, 1922.
    Resuelto en reconsideración en marzo 23, 1922.
    Mejora Condicional — Prueba del Incumplimiento de la Condición. — En el pre-sente caso el testador mejoró, a condición de que a su muerte viviese y morase en su casa solariega, a cualquiera de los tres hijos que nombró, los que, previo mutuo acuerdo o por sorteo, deberían haeer la designación del favorecido. Se resolvió: que el residir en la casa solariega es la condición esencial de la mejora siendo simplemente un accidente de ella la celebración del acuerdo o sorteo para designar el favorecido; por lo que, probada por una heredera no mejorada el incumplimiento de la condición, la demanda en que se pide la declaración de ineficacia de la mejora debe prosperar aun en ausencia de prueba para sostener la alegación de que el previo acuerdo o sorteo no se llevó a cabo.
    Ineficacia de la Mejora. — Cuando el mejorado eondieionalmente no cumple con la condición dentro de un plazo razonable según las circunstancias del caso, contado desde que tuvo conocimiento de la condición y de la muerte del tes-tador, la mejora debe reputarse ineficaz.
    Los fiecbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Méndez Vaz.

    Abogados de los apelados: Sres. G. Goll Cuchí y G. Cru-zado Silva.

   El Juez Asociado Sr. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Don Juan Suárez Rodríguez murió el 2 de junio de 1902 en el lugar de Puñil, provincia de Asturias, España, con testamento que babía otorgado en 1893 en el que instituyó por herederos a sus hijos y a dos nietas en representación de una hija fallecida, y en él hizo la siguiente mejora:

“Es la voluntad del otorgante el mejorar como mejora en el tercio de todos sus bienes y derechos, y en el otro tercio de los mis-mos bienes de libre disposición, a los referidos sus hijos don Marcial, don Cándido y don Herminio Suárez, cuya mejora recaerá en cual-quiera de los tres mejorados, que viva y more en su casa nativa del lugar de Puñil, sobre que se pondrán de acuerdo los mismos tres hermanos varones, y en otro caso lo decidirá la suerte, aplicándose en propiedad el total de la mejora al que sea favorecido o elegido en su caso, y en usufructo sus terceras partes respectivas a los que resultaren excluidos de tal mejora, con cargo al agraciado con la suerte o elección de dotar a sus hermanas doña Tarsila y doña Serena con igual cantidad a la llevada en dote por las restantes her-manas doña Aurora y doña Justa, sea que aquéllas contraigan ma-trimonio, sea para permanecer solteras en compañía del mejorado, o en distinto lugar y domicilio.”

Cándido Suárez, uno de los mencionados en la mejora, murió en estado de soltería antes que su padre.

En 1919 Paz Alvarez Suárez, una de las nietas instituida heredera, presentó demanda jurada en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, exponiendo esos hechos y además los siguientes:

“Quinto.- Afirma igualmente la demandante que, desde el falle-cimiento del testador don Juan Suárez y Rodríguez hasta la fecha, sus hijos don Marcial y don Herminio Suárez, no han hecho aún, de acuerdo, la designación del que ha de ser el agraciado con la mejora a que se refiere el hecho III, ni tampoco' se ha hecho ésta designación por la suerte.
‘ ‘ Sexto: Afirma asimismo la demandante que, desde el falleci-miento del testador a la fecha, ni don Marcial ni don Herminio Suá-rez y Suárez se han trasladado a vivir y morar a la casa solariega del lugar de Puñil, residiendo don Marcial permanentemente en esta Isla y también don Herminio hasta recientemente que se trasladó a vivir a San Pedro de Maeorís, República Dominicana.
“Séptimo: Afirma de igual modo la demandante que, ni don Mar-cial ni don Herminio Suárez han constituido hasta la fecha a favor de sus hermanas doña Tarsila y doña Serena Suárez, la dote orde-nada por el testador al constituir la mejora ameritada.”

Alegando también que los bienes hereditarios radican en su mayor parte en esta Isla concluyó pidiendo a la corte dic-tase sentencia declarando que la mejora constituida por Juan Suárez Bodríguez en su testamento a favor de sus hijos Mar-cial, Cándido y Herminio Suárez ha quedado ineficaz por las razones expuestas; y que los bienes que constituyen la me-jora deben distribuirse por partes iguales entre todos los herederos del testador, condenando a los demandados al pago de las costas, etc.

Los demandados en su contestación jnrada a la demanda alegaron qne ésta no adnce becbos determinantes de cansa de acción; negaron todos y cada uno de los hechos en la forma qne han sido alegados en la demanda, y específica-mente alegaron el otorgamiento del testamento de Juan Suá-rez Rodríguez;- la fecha de su muerte; la mejora que hizo a favor de sus hijos Cándido, Marcial y Herminio Suárez; la muerte del primero de éstos en la misma fecha que la de-manda dice, y con respecto a las tres alegaciones que hemos copiado de la demanda dijeron lo siguiente:

“VII. Que los demandados niegan el hecho quinto de la demanda y alegan que de acuerdo con la cláusula de mejora anteriormente citada los hijos de don Juan Suárez Rodríguez, don Marcial, y don Herminio Suárez, de común acuerdo y exclusivamente dentro de las condiciones del precitado testamento hicieron el sorteo de la mejora a que se refiere, habiendo sido agraciado el demandado Marcial Suárez.
“VIII. Que los demandados alegan que si bien es verdad que residen en la actualidad en Puerto Rico, su residencia es temporal y en tanto estén en condiciones de regresar a su casa solariega de Puñil, siendo la intención del demandado don Marcial Suárez residir permanentemente en dicho sitio de Puñil, donde el dicho demandado ha reedificado la casa solariega, de acuerdo y con la cooperación de don Herminio Suárez, siendo su intención residir permanentemente en dicho lugar de Puñil.
“IX. Que los demandados niegan el hecho séptimo de la de-manda.”

Y después de haber negado el hecho .referente a que la mayor parte de los bienes radiquen en esta Isla, concluyeron pidiendo a la corte que declarase sin lugar la demanda.

En el curso del pleito murió el demandado Herminio Suá-rez, quien fué sustituido por sus herederos.

La prueba presentada en el juicio en cuanto a lo relativo a la mejora consistió únicamente en evidencia testifical de-mostrativa de qne Marcial Suárez lia vivido y vive en esta Isla desde antes de la muerte de sn padre, lo mismo qne Her-Mnio Suárez, quien últimamente se trasladó a Santo Domingo, habiendo muerto en Madrid, España.

No habiendo presentado prueba alguna los demandados y entendiendo la corte inferior qne incumbiendo a la deman-dante la prueba de las alegaciones de su demanda no había presentado evidencia de ninguna clase para probar que no se había hecho por acuerdo o por suerte la designación del heredero que debía ser agraciado con la mejora, pronunció sentencia declarándola sin lugar.

Aunque los tres motivos de error alegados por la deman-dante en este recurso de apelación que ha establecido contra la sentencia dictada en su contra tienen por objeto demostrar que a los demandados correspondía probar que habían sido cumplidas las condiciones impuestas por Juan Suárez Rodrí-guez en la mejora que hizo en su testamento y que ella no tenía que probar la negativa, sin embargo, podemos prescin-dir de esta cuestión porque los autos demuestran que la de-mandante probó su demanda, según veremos.

Los términos en que está redactada la cláusula del testa-mento que contiene la mejora demuestran por sí mismos que el testador la ordenó con el fin de que a su muerte viviese y morase en su casa de Puñil cualquiera de los tres hijos que nombra, siéndole indiferente que fuera uno u otro pues dis-puso que la designación del favorecido pudieran hacerla ellos por acuerdo o por sorteo. Ese fin de la mejora no ha sido cumplido a pesar de haber transcurrido diez y siete años desde la muerte del testador hasta la presentación de la de-manda, hecho que la demandante ha probado con los testigos que presentó, por lo que no puede sostenerse que no ha pro-bado la alegación esencial de la demanda, o sea, el incumpli-miento de la condición impuesta por el testador para la exis-tencia de la mejora, esto es, que uno de dichos hijos viviese y morase en la expresada casa. Es cierto qne la demandante no presentó prueba respecto a no baber sido designado por acnerdo o por sorteo el heredero qne debía ser agraciado con la mejora pero, como hemos dicho, el acnerdo o el sorteo no es la condición o cansa de la mejora sino un accidente de ella, a tal punto qne annqne hubiera sido hecha tal designa-, ción sería de todos modos ineficaz la mejora por no vivir y morar el designado en la casa de Pnñil. Lo mismo podemos1-decir de lo referente a la falta de constituir la dote a favor de las hermanas Tarsila y Serena Snárez porque annqne la. dote se haya constituido la mejora no puede subsistir habién-dose probado qne ninguno de los demandados reside y mora en la casa de Pnñil.

Dispone el artículo 783 del Código Civil que la condición puramente potestativa impuesta al heredero o legatario ha de ser cumplida por éstos, una vez enterados de ella, después de la muerte del testador. Así, pues, mientras no conste que el heredero o legatario está enterado de la condición que le ha impuesto el testador no puede decirse que ha dejado de cumplirla y que por esto sea ineficaz la mejora hecha en este caso; y como en la demanda no se alega que los demandados estuvieran enterados de la mejora condicional potestativa hecha a su favor, hemos dudado si habiendo los demandados alegado contra la demanda la excepción de que no aduce he-chos determinantes de causa de acción deberíamos declarar con lugar dicha excepción con permiso para enmendar la de-manda, pero en vista de que las alegaciones de la contesta-ción demuestran que los demandados estaban enterados de la mejora condicional del testamento puesto que según alegan hicieron el sorteo y tenía el favorecido Marcial Suárez la in-tención de ir a vivir a Puñil, preferimos, en evitación de de-mora para los litigantes, resolver la cuestión en su fondo.

Gomo la ley se limita a declarar que la condición debe ser cumplida una vez que el heredero o legatario esté ente-rado de ella y haya muerto el testador, sin fijar plazo para el cumplimiento de la condición, entendemos que debe ser cumplida dentro de un plazo razonable, según las circuns-tancias de cada caso, contado desde que estuvo enterado de la condición y que tratándose de una mejora, que fué hecha en favor de herederos hijos del testador, los favorecidos con ella debieron tener conocimiento de ella a raíz de la muerte del testador, por lo que el transcurso de diez y siete años hasta la fecha de la demanda no puede considerarse como plazo razonable. Pero aunque no estuviéramos justificados en suponer conocimiento de la mejora en los demandados desde la muerte de su padre, sin embargo, siempre resultaría que quedaron enterados de la mejora hecha a su favor, por lo menos desde el 21 de febrero de 1919, fecha de la demanda enmendada jurada, pues no conocemos la de la primitiva de-manda, y que habiendo presentado su contestación enmen-dada en abril de 1920 el término entre una y otra es más que razonable para que hubieran cumplido la condición im-puesta por el testador.

Por consiguiente, como el deseo y voluntad del testador de que uno de sus tres hijos mencionados en la mejora que hizo viviese y morase en su casa de Puñil no ha sido cum-plido por ellos debe ser declarada ineficaz dicha mejora y por tanto el importe de la misma debe ser distribuido entre sus herederos.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Revocada la sentencia a/pelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

RESOLUCION SOBRE RECONSIDERACIÓN, DE MARZO 23, 1922.

El Juez Asociado Sr. Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

Se nos pide que reconsideremos nuestra sentencia para que permaneciendo revocada la de la corte inferior decrete-mos la concesión de nn nuevo juicio en vez de pronunciar nosotros la sentencia definitiva.

Los motivos que se alegan para esa petición son: que dis-poniendo la mejora testamentaria que es objeto del pleito que cualquiera de los tres hermanos mejorados designado por ellos mediante acuerdo o por sorteo tenía que vivir y morar en Puñil y constituir una dote a favor de ciertas her-manas, la demandante, que solicita que se declare ineficaz la mejora, hace sus alegaciones de tal manera que plantea la contienda con la afirmativa de que el cumplimiento de una cualquiera de las tres condiciones de la mejora produce nece-sariamente su eficacia; y que habiendo la corte inferior dic-tado sentencia bajo la teoría de que había de probarse el incumplimiento de las tres condiciones para que se declarase ineficaz la mejora, nosotros la hemos variado declarando que era bastante probar, como se probó, que ninguno de los me-jorados vivía y moraba en Puñil, por ser esta la condición fundamental de la mejora y accidentales las otras dos.

Está equivocada la peticionaria en cuanto al primer mo-tivo aducido para pedirnos la reconsideración de la senten-cia pues la demandante no plantea el problema jurídico en la forma que dice, pues se limitó a consignar en su demanda que los demandados no habían cumplido con lo dispuesto por la mejora en ninguno de sus tres particulares, sin que la lec-tura de aquélla pueda llevar a la conclusión que se indica.

En cuanto a que hemos variado la teoría de la corte inferior, cierto es que nosotros hemos interpretado la mejora en discusión de distinta manera que la corte inferior pero esto no es motivo bastante para que dejemos de pronunciar la sentencia que ella debió dictar y para que concedamos un nuevo juicio, cuyo solo alcance sería, en caso de que los de-mandados probaran las alegaciones de su contestación, deci-dir si después de diez y siete años la sola intención de vivir en Puñil el heredero mejorado superviviente es cumplimiento de la voluntad del testador de que, muerto él, allí viviera y morase, cuestión que dados los hechos ocurridos parece ca-recer de importancia en este caso.

La moción de reconsideración debe ser negada.

Denegada la reconsideración.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Mestre et al., Demandantes y Apelantes, v. Michelena et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre nulidad y reivindicación.
    No. 2351.
    Resuelto en marzo 7, 1922.
    Nulidad de Procedimiento Ejecutivo Hipotecario- — Res Adjudioata — Estop-pel. — Pendiente un procedimiento sumario hipotecario, los allí demandados establecieron una aeeión sobre nulidad, principalmente del crédito hipotecario, y en la súplica de la demanda pidieron, entre otras cosas, la nulidad del procedimiento ejecutivo hipotecario. Se resolvió: que una nueva aeeión por los deudores hipotecarios sobre nulidad de dicho procedimiento ejecutivo, siendo un pleito entre las mismas partes o sus causahabientes, está impe-.dida si no por la regla concreta de res adjudioata, cuando menos por la re-gla general de estoppel.

    Procedimiento Ejecutivo Hipotecario — Requerimiento de Pago al Deudor Hi-potecario. — Para que el requerimiento de pago a un deudor hipotecario pueda hacerse a la persona que se halle al frente de la finca, de acuerdo con el ar-tículo 171 del Reglamento Hipotecario, es suficiente con que el dueño no resida en el término municipal donde aquélla radica, sin que para poder hacerlo así sea necesario que se desconozca la residencia del dueño.
    Id. — Prescripción de Contratos ánulables. — Si no es nula una adjudicación hecha en procedimiento ejecutivo hipotecario, aun cuando sea anulable, es un contrato y la acción para pedir la nulidad del mismo prescribe a los cuatro años de acuerdo con el .artículo 1268 del Código Civil.
    Id. — Prescripción -entre Ausentes. — La ausencia a que se refiere el artículo ■ 1859 del Código Civil con referencia a los distintos términos de posesión para poder adquirir el dominio por prescripción, no es la del poseedor sino la del dueño.
    Tercero. — Los hechos revisados demuestran la condición de tercero en el deman-dado principal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. M. A. Martínez, L. Llo-rens y A. Arroyo.

      Abogado de los apelados: Sr. L. Muñoz Morales.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

I. La Corte de Distrito de Mayagüez se pronunció en favor de los demandados por el fundamento, entre otros, de la cosa juzgada. Esta alegación es una forma de impedi-mento (estoppel) y creemos que los demandantes están im-pedidos por razón de sus pleitos y actos anteriores conside-rados en conjunto, sea o no la defensa de res adjudicata téc-nicamente aplicable, o si dicta defensa es aplicable a todas las nulidades que ahora solicitan los demandantes en este pleito. Resumamos los hechos.

La causante de los demandados, Nicolasa Bellvé, siguió un procedimiento de acuerdo con los trámites sumarios de la Ley Hipotecaria contra la Sucesión de Mestre y Mora en cobro de cierto crédito hipotecario. Si los demandados fue-ron o no debidamente notificados de este procedimiento es otra cuestión, pero el hecho es que mientras se encontraba pendiente este procedimiento sumario, la referida sucesión estableció una acción contra Nicolasa Bellvé y otros. Aun-que el objeto principal de la anterior demanda era impugnar el crédito hipotecario y no el procedimiento ejecutivo mismo, una de las súplicas de dicha demanda era, sin embargo, la nulidad del procedimiento ejecutivo hipotecario. El funda-mento principal del presente litigio es en substancia la falta 'de jurisdicción de la corte inferior en el procedimiento hipo-tecario, toda vez que los entonces demandados no fueron noti-ficados debidamente. Es cierto que en esta subdivisión de la discusión los apelantes no emplean la palabra jurisdicción, pero la mencionan insistentemente al tratar ellos de demos-trar que el procedimiento hipotecario era nulo.

El hecho fué que esta cuestión de jurisdicción, o estaba necesariamente envuelta en la primitiva acción de nulidad, o los demandados por sus actos estaban impedidos de poder levantarla. En aquel entonces los demandantes tuvieron cía-ramente la oportunidad de poder atacar el procedimiento hipotecario. No podemos convenir con la manifestación que hacen los apelantes de que no podían impugnar el procedi-miento hipotecario porque aún no había terminado. Esto podría ser así en cuanto a algunas de las otras causas de nulidad, pero no respecto a la causa principal. Cuando se solicita la nulidad de un procedimiento legal, la parte puede alegar a su favor cualquier cosa que pueda hacer nulo el procedimiento y dehe ser levantada. Ninlliat v. Surinach, 27 D. P. R. 74, y casos. Si una corte en un procedimiento hipo-tecario en realidad carece en absoluto de jurisdicción, esa cuestión puede ser promovida directamente o atacada cola-teralmente solicitándose la nulidad. Los apelantes sostienen en su alegato que uno de los medios para poder apreciar la pertinencia de la alegación de cosa juzgada, es si la prueba presentada o que ha de presentarse en los dos pleitos es la misma; pero la prueba de que la notificación fue nula estaba al alcance de los demandantes en su acción original y hubiera anulado el procedimiento hipotecario siempre que hubiera habido una causa de nulidad. Esta es la misma prueba en que ahora los apelantes descansan principalmente. Los ape-lantes también dicen que un medio de probar la cosa juzgada es comparar los resultados prácticos de los pleitos. Indiscu-tiblemente que e! resultado práctico del primer pleito hubiera sido anular los créditos hipotecarios, pero también hubiera paralizado o anulado el pleito y esto hubiera sido así lo mismo levantándose o no la cuestión de jurisdicción, y ese es preci-samente el resultado en que ahora tienen los apelantes pues-tas sus miras. Los apelantes nos piden que adoptemos la doctrina de Louisiana respecto a la cosa juzgada más bien que la de la Ley Común, pero aún en Luisiana entendemos que una cuestión de jurisdicción como ésta y que fué promo-vida en una de las súplicas se consideraría como envuelta en el pleito. El caso cae dentro de las prescripciones de los artículos 1219 del Código Civil, y 59, 61 y 101, párrafo 6, de la Ley de Evidencia.

II. Creemos además que al establecer los demandantes la primitiva acción admitieron prácticamente que fueron noti-ficados del primitivo procedimiento hipotecario. Discutire-mos luego la alegada insuficiencia de la notificación o reque-rimiento. La objeción principal fue y es que dicho requeri-miento se notificó a una persona que no tenía la debida rela-ción legal con los demandados. Sin embargo, en el pleito anterior de nulidad reconocieron ellos la existencia del pro-cedimiento hipotecario y no levantaron la cuestión de juris-dicción. De modo que permitieron tácitamente que dicha Nicolasa Bellvé creyera que ellos no atacaban la jurisdicción de la corte • para seguir adelante el procedimiento hipote-cario y con la existencia del pleito anterior y su termina-ción en favor de Nicolasa Bellvé surgió un verdadero im-pedimento en favor de los subsiguientes compradores, sin tenerse en cuenta los elementos de tiempo o de la Ley Hipo-tecaria. Esta alegación de impedimento (estoppel), cree-mos que puede servirle a los demandados por razón de los hechos alegados en su contestación. Esto resolvería la principal causa de nulidad, pero hay otras consideraciones.

III. El requerimiento del cual se quejan los demandan-tes, se hizo como consta del diligenciamiento alegado, a saber:

“En nueve de octubre de mil ochocientos noventa y siete, siendo las tres de la tarde, se constituyó el alguacil don Andrés Avelin'o Lugo, con el Proc. Rossy y conmigo el actuario en el barrio de Bena-vente, del término municipal de Hormigueros, partido judicial de. San Germán, y en la Hacienda ‘Acacia’ al objeto de practicar el requerimiento dispuesto: Requerido un vecino para que manifieste quién está encargado de la finca se informó que lo está don Silverio Cabassa. Llamado que fué, pues no se hallaba en la finca, se pre-sentó como a los diez minutos de ello y entonces el susodicho alguacil procedió a requerirlo en concepto de encargado por no encontrarse la finca en explotación a fin de que haga llegar a conocimiento de los dueños que por orden del Juzgado de San Germán se les requiere para que dentro del término de treinta días satisfagan a doña Ni-colasa Bellvé y Márquez la cantidad de siete mil quinientos cincuenta pesos,- con los intereses legales que son en deberle por el crédito hipo-tecario de ocho mil cuatrocientos pesos garantizado con hipoteca de esta finca según aparece de escritura de 10 de enero de 1890 aper-cibido de que se subastará la finca en cuestión si no verifican el pago en el término dicho. En este estado yo el actuario, procedí a notificar al citado Silverio Cabassa el auto que antecede dándole copia literal y leyéndoselo íntegramente, asimismo le hago entrega de todas las copias acompañadas con encargo de que dentro del más breve tiempo posible las haga llegar a manos de los dueños y no habiendo otro particular el alguacil dió por conclusas las diligencias que firmaron todos excepto 'el encargado requerido que expuso no saber, por lo que lo hace a su ruego don Mateo Fajardo, vecino, digo que se encuentra accidentalmente en este lugar, doy fe.- — -(f) Andrés A. Lugo. — Mateo Fajardo.- — José Ml. Rossy. — XX-”

Los apelados sostienen que las objeciones de los deman-dantes al requerimiento como aparece del diligenciamiento, afectan a la veracidad o falsedad del diligenciamiento y no a su suficiencia según aparece de su faz. Insisten los ape-lantes que el requerimiento es nulo por su faz. La cuestión litigiosa así promovida envuelve la interpretación del artículo 171 del Reglamento Hipotecario, el cual prescribe lo siguiente:

“Art. 171. — Cuando todos los bienes hipotecados estén en manos de un sólo poseedor, según la certificación del registro, el requeri-miento de pago se entenderá con él en su domicilio si reside en el término municipal donde radique alguno de dichos bienes. Esto mismo se practicará respecto de cada cual de los poseedores de los distintos bienes, cuando fueren varios. Cuando alguno de los que hayan de ser requeridos de pago no residiere en término municipal donde radique alguno de los bienes, el requerimiento se entenderá con la persona que se halle al frente de la finca en cualquier con-cepto legal, a fin de que lo ponga sin dilación en conocimiento del dueño. Si la finca estuviese abandonada, de modo que nadie la tenga a su cargo, el requerimiento se entenderá con la autoridad municipal administrativa del pueblo, con igual encargo- de comunicarlo al deu-dor, etc.”

Y éste, en relación con el último párrafo del artículo 176, que prescribe lo siguiente:

"Las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigentes en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, serán aplicables a estos procedi-mientos como supletorias, en cuanto no se opongan a lo prescrito ,en la hipotecaria y en el presente reglamento."

Durante la vista los apelantes llamaron la atención de este tribunal el caso de Arvelo v. Banco Territorial y Agrícola, 25 D. P. R. 728. En este caso, este tribunal, aunque la cuestión no estaba necesariamente envuelta, aparece diciendo que una notificación becba a una persona encargada de una finca sólo debe hacerse si el dueño no reside en la propiedad y cuando no se conoce su residencia. Es bastante con decir que el artículo 171 de la Ley Hipotecaria no exige estas dos condiciones, sino que expresa simplemente que si el dueño no reside en la propiedad, etc.

La petición en el procedimiento sumario alegaba que los deudores vivían en Mayagüez. Aunque podría ser mejor práctica para un acreedor notificar a los deudores personal-mente cuando se conoce su residencia, sin embargo, la idea de la Ley Hipotecaria, artículo 171, es evidentemente, que es suficiente con que' se notifique a la persona al frente de la propiedad, y haciéndose esta aseveración bajo la respon-sabilidad del acreedor y por el momento tenida por cierta, la única alternativa para el funcionario que cumple con el requerimiento es entregarlo a la persona que está a cargo de la propiedad.

Los apelantes insisten en que de acuerdo con el artículo 176 del Reglamento Hipotecario era necesario que el acree-dor primero se cerciorara bien de que los deudores no vivían en la propiedad, practicando cierta investigación en Cabo Rojo y Hormigueros, donde la propiedad se hallaba radicada para determinar si realmente estaban o no allí los deudores. Creemos que el artículo 171 habla por sí mismo y no hay nada supletorio que sea necesario.

Surge entonces la cuestión siguiente: ¿Aparecía del dili-genciamiento hecho por el funcionario, que el requerimiento se hizo a la persona que estaba a cargo de la finca! No he-mos dejado de tener algunas dudas de si no debió haber apa-, recido del diligenciamiento la capacidad legal en que se en-contraba Silverio Cabassa a cargo de la finca. Pero apre-ciadas todas las circunstancias estamos convencidos que el decir que una persona está a cargo de una propiedad, es decir que está allí en cierta capacidad legal, especialmente por mos-trar el diligenciamiento que Silverio Cabassa no solamente fué notificado, sino que aceptó la notificación en la que se le exigía que notificara a los deudores.

Por la faz del diligenciamiento, Silverio Cabassa era la persona que estaba al frente de la propiedad y de su pose-sión había de presumirse una relación legal con el dueño. Tal relación legal surgiría si Silverio Cabassa era un mero tene-dor en precario, un mayordomo, o como la prueba de los demandantes tendía a mostrar, una persona a quien sola-mente permitían los verdaderos dueños cultivar una parte de la finca. Con respecto a la prueba tendente a acreditar que uno de los dueños estuvo siempre en la finca, podemos decir que dada la residencia legal de los mismos en Maya-güez, como aparece de los autos, la prueba para anular el diligenciamiento tendría que demostrar claramente que uno de dichos dueños vivía en la propiedad cuando la notificación se hizo a Cabassa. Asimismo, si como dicen los apelantes, el requerimiento es semejante al emplazamiento en un pleito ordinario, entonces sus defectos podían quedar subsanados probándose que realmente se hizo la notificación a los deu-dores como se indica en los autos al discutirse la excepción de cosa juzgada.

En el juicio los apelantes trataron de demostrar la fal-sedad del diligenciamiento, entre otros medios, probando que los deudores realmente vivían en la propiedad. La prueba presentada no convenció a la corte inferior y no nos convence de que los apelantes tuvieran alguna residencia legal que no fuera en Mayagüez, aunque puede ser cierto que uno u otro de ellos en ocasiones vivían en la finca. Si una persona, por ejemplo, es dueña de tres o cuatro fincas en diferentes juris-dicciones y a veces vive en cada una de ellas, pero tiene su residencia legal en una de las mismas, y si también tiene una hipoteca en cada una de las mismas, tal persona, sin embargo, sólo tiene una residencia legal, y el artículo 171 de la Ley Hipotecaria permitiría que se hiciera una notificación a la persona encargada de cualquiera de las otras tres o cuatro propiedades. La Ley Hipotecaria tiene por fin la notifica-ción al dueño de la propiedad si vive en la jurisdicción, o si no, a la persona que se encuentra en la finca en cierta capa-cidad legal.

IV. En el presente pleito se alegan otras varias nulida-des, a saber: 1. Que la tasación de la finca no fue hecha válidamente. 2. Que los peritos no fueron debidamente nom-brados. 3. Que la tercera subasta no se llevó a cabo válida-mente. 4. Que el acta de adjudicación no contenía todas las diligencias necesarias.

Los apelados, con bastante apariencia de razón, sostienen que estas nulidades en realidad no existen y que los artícu-los de la Ley Hipotecaria en que se fundan los apelantes no son de aplicación, sino otros artículos o consideraciones. Estas supuestas nulidades no quedarían comprendidas en la alegación de res adjudicata toda vez que los defectos u omi-siones referidos surgieron después de ser establecido el primer pleito, o sea, en cierto día del año 1899. No discutire-mos las alegadas nulidades en sus pormenores porque somos de opinión de que la acción para impugnar estas nulidades en particular ha prescrito. Convenimos con los apelantes en que si el Juzgado de Primera Instancia de San Germán no adquirió jurisdicción sobre las personas de los deudores por virtud de la notificación hecha a Silverio Cabassa que todo el procedimiento era nulo y sin valor ab-initio y que no po-día surgir ninguna adjudicación válida o sentencia, pero como sostenemos que el Juzgado de San G-ermán efectivamente ad-quirió jurisdicción sobre los deudores, creemos que es apli-cable el artículo 1268. La venta que tiene lugar en un pro-cedimiento hipotecario o es un acto del deudor, o de la auto-ridad superior del Estado. La adjudicación o escritura que se hace al venderse la propiedad es un contrato ya entre el primitivo deudor y el comprador, o entre el Estado y el com-prador. Teniendo la corte jurisdicción sobre la materia ob-jeto de la acción y sobre las partes, cualquier defecto en el otorgamiento del contrato lo haría anulable, pero no abso-lutamente nulo. Hubo una sentencia en adjudicación y por consiguiente el artículo 1268 era aplicable puesto que la pre-sente acción de nulidad no fue establecida dentro de los cua-tro años.

Y. Los apelados también sostienen que la venta judicial quedó convalidada por los actos subsiguientes de los deudo-res. Nos inclinamos a convenir con los apelantes en que si el Juzgado de San Germán no adquirió jurisdicción sobre, los deudores, la venta hecha fue enteramente nula y que una cosa que es completamente nula no puede ser convalidada por actos subsiguientes aunque pueden concebirse situaciones es-peciales como aquellas de que trata el caso de Carrasquillo v. Béltrán, 29 D. P. R. 961. Pero como sostenemos que la corte tuvo jurisdicción, la convalidación podía tener lugar. La propiedad fué adjudicada a Nicolasa Bellvé en febrero, 1901, y esta propiedad se vendió al Sr. Lange en 23 de diciembre del mismo año. En abril 1, 1904, la misma sucesión de Salvador Mestre y Mora vendió a dicho Lange la parte de “Acacia” que no estaba incluida en el procedimiento hipote-cario, y en la escritura se describía en detalle el procedi-miento hipotecario y entonces los deudores conocían el resul-tado de los pleitos anteriores y las supuestas causas de nu-lidad.

YI. Más o menos independientemente de la anterior dis-cusión convenimos con los apelados en que Santiago Miche-lena, que es uno de los apelados en este caso, era tercero de acuerdo con la Ley Hipotecaria: Nicolasa Bellvé vendió a Lange. Lange a Michelena. El acta o escritura de adjudi-cación a Nicolasa Bellvé fué debidamente inscrita en el regis-tro de la propiedad y en esa escritura sólo se hacían constar el debido proceso de la corte y el hecho de la adjudicación. El requerimiento tan discutido no fué transcrito. Ahora bien, aunque era posible para los apelantes impugnar la jurisdic-ción del Juzgado de San Germán, sin embargo, la falta de jurisdicción de ese juzgado no aparecía del registro. Somos claramente de opinión de que cuando del registro aparece una venta judicial hecha por una corte de record, el comprador no está obligado a indagar fuera del registro. El Pueblo v. Riera, 27 D. P. R. 1; Sánchez v. Hartzell et al., 26 D. P. R. 684; Ayllon y Ojeda v. González y Fernández, 28 D. P. R. 67. Los supuestos defectos no constaban claramente del registro como exige el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

Pero aún cuando esto no fuese así y hubiera algo en el registro que obligara a un comprador a. examinar el diligen-ciamiento hecho por el funcionario en el requerimiento original, nada había allí que le privara de su carácter de tercero, especialmente si había visto el pleito iniciado anteriormente por los apelantes en el año 1899.

VII. Lá prescripción adquisitiva correría en favor del apelado Michelena. Algunas de las anteriores consideracio-nes son aplicables a las cuestiones, corrientes de buena fe y justo título, pero los apelantes también dicen que el período de prescripción no podía correr en favor de Michelena por residir él fuera de la Isla. Convenimos con los apelados en que las disposiciones del artículo 1859 del Código Civil que establecen una excepción en favor de las personas ausentes es una excepción en favor de los primitivos dueños. En otras palabras, si una persona que ha sido privada por otra de su propiedad se encuentra fuera de la Isla, el período de pres-cripción es veinte años; pero si es la persona que posee ad-versamente la que se encuentra fuera, su ausencia no bene-ficiará al verdadero dueño, porque estando presente en el lugar el verdadero dueño siempre puede iniciar su acción y obtener el emplazamiento directamente, o mediante edictos contra el demandado. De acuerdo con el Código Civil la po-sesión legal de Micbelena comenzó por la escritura becba a su favor por Lange en el año 1901, y asimismo podía él con-tar la posesión de sus causantes.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro, y Aso-ciados Aldrey y Hutcbison.


author: El Jtjez Asociado Se. Wole,

text:
    Medina, Demandante y Apelante, v. Sucesión de Bird et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre filiación.
    No. 2327.
    Resuelto en marzo 7, 1922.
    Filiación — Concubinato.—El concubinato a que se refiere el inciso 3 del ar-tículo 189 del Código Civil tal como regía en 1903 es la condición de vivir juntos como marido y mujer sin estar casados, el supuesto padre y la madre de la persona que reclama el reconocimiento. No es suficiente que un hombre coloque a una mujer en una casa y frecuentemente la visite, especial-mente si él tiene un hogar propio independiente como la prueba tiende a mostrar en este caso.
    Id. — Relaciones Amorosas de la Madre con el Supuesto Padre Natural. — En una demanda entablada al amparo del artículo 189 del Código Civil tal como regía en 1903 en la cual se alega que el supuesto hijo natural es el fruto de las relaciones amorosas que sostuvo la demandante con el demandado, es necesario probar que éstos, al tiempo de la concepción, tenían la intención de casarse o estaban comprometidos para ello.
    Eiliación — Reconocimiento en Escrito Indubitado — Reconocimiento de la Pa-ternidad. — El encargo hecho en testamento para que el encargado vele por el cuidado de un niño, no es por sí el reconocimiento de la paternidad a que se refiere el inciso 1 del artículo 189 del Código Civil tal como regía en 1903; y aun considerada esta disposición testamentaria en relación con otras cir-cunstancias, no es bastante para que el caso quede comprendido en el ineiso 2 del artículo 189 antes citado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. J. Soto Rivera.

    Abogado de los apelados: Sr. M. Benües Flores.

   El Jtjez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

María Medina, en representación de su menor hijo Agus-tín Medina, presentó una demanda de filiación contra la Su-cesión de Jesús Bird y Arias y otros. Dictada sentencia a favor de los demandados, es la demandante quien comparece como apelante en esta corte y alega la comisión de varios errores. En los dos primeros señalamientos se alega que la corte inferior cometió error al no considerar como confesados ciertos párrafos de la demanda toda vez que no fueron debi-damente negados en la contestación. La apelante puede o no tener razón en cuanto a estos señalamientos de error pero no estamos satisfechos con la argumentación de los mismos y como la apelante aún estaría en la necesidad de tener que probar las alegaciones de los párrafos cuarto y sexto de la demanda sólo consideraremos el punto de si las alegaciones de estos párrafos fueron suficientemente probadas. Los pá-rrafos cuarto, quinto y sexto de la demanda son como sigue:

“IV. Que Agustín Medina ba sido el fruto de las relaciones amo-rosas que la demandante sostuvo con don Jesús Bird y Arias, con quien vivió en concubinato y bajo el mismo techo por algunos años.
“V. Que la demandante y Jesús .Bird Arias, al tiempo de la concepción y del nacimiento de Agustín Medina, se hallaban en ap-titud legal, y sin impedimento alguno, para contraer matrimonio, por ser ambos solteros.
“VI. Que las relaciones amorosas de la demandante con Jesús Bird Arias fueron continuas y públicas, teniendo por hijo suyo el Sr. Bird Arias a Agustín Medina, llamándolo así no sólo en el .te-rreno familiar sino públicamente, habiendo estado dicho menor en la posesión continua del estado y derecho de hijo natural de su padre Jesús Bird Arias, mediante actos directos del padre, tales como su-ministrarle alimentos, vivir con él en el mismo hogar, comprarle casas y dejarle en fideicomiso una cantidad de dinero en su testamento.”

Escriclie define las palabras “concubina,” “concubina-rio” y “concubinato,” así:

“Concubina. La manceba, o la mujer que vive y cohabita con algún hombre como si fuera su marido, siendo ambos solteros y pu-diendo contraer entre sí legítimo matrimonio; bien que en sentido más lato y general se llama también concubina cualquier mujer que hace vida maridable con un hombre que no es su marido, cualquiera que sea el estado de ambos.”
“ Concubinario. El que hace vida maridable con una mujer sin estar casado con ella.”
“Concubinato. La comunicación o trato de un hombre con su concubina.”

Al tratar sobre la “concubina,” dice también Escriclie lo que sigue:

“La concubina, entre los romanos, casi no se diferenciaba de la mujer legítima sino en el nombre y en la dignidad, de modo que por eso se llamaba mujer menos legítima; y así como por el derecho romano no era lícito tener a un tiempo muchas mujeres, tampoco se permitía tener juntamente muchas concubinas.”

Por las leyes de partida, todo el que no fuese casado u ordenado podía haber barragana, amiga o manceba, con tal que fuere una sola y la tuviere en su casa: Leyes 2, título 14; 1, 12 Corpus Juris 392.

La corte inferior declaró probado que no hubo prueba de concubinato y con esta declaración de la corte estamos en completo acuerdo. Hubo cierta prueba, principalmente de la propia demandante, de haber tenido ella relaciones car-nales con Jesús Bird Arias a la fecha de la concepción del niño Agustín Medina, pero no hubo prueba satisfactoria de que este hombre y esta mujer vivían juntos en forma marital alguna, o como marido y mujer. El concubinato a que alude el Código Civil se refiere a la condición de vivir juntos lo mismo que marido y mujer sin estar realmente casados. No es suficiente que un hombre coloque a una mujer en una casa y frecuentemente la visite, especialmente si él tiene un hogar propio independiente como la prueba tiende a mostrar.

Pero la demanda también habla de las continuas “rela-ciones amorosas. ’ ’ Este niño, Agustín Medina, nació en mayo de 1903, cuando se encontraba en vigor la ley que a conti-nuación citamos:

“Art. 189. — El padre está obligado a reconocer al hijo ilegítimo en los casos siguientes:
“1. Cuando exista escrito suyo indubitado en que expresamente, reconozca su paternidad.
“2. Cuando pública o privadamente le tenga por hijo suyo o le haya llamado tal en conversación o se ocupe de su educación y sos-tenimiento.
“3. Cuando la madre fué conocida viviendo en concubinato con el padre al tiempo del embarazo o nacimiento del hijo, o cuando éste haya nacido llevando sus padres relaciones amorosas.”

El texto español emplea las palabras “relaciones amoro-sas.” Tal vez éstas en su sentido más amplio podrían in-cluir meras relaciones sexuales, pero en la sociedad en general se considera que estas palabras significan una relación entre amantes, con el compromiso más o menos de casarse. El “llevar relaciones amorosas” generalmente no envuelve en sí ningún significado malo. El significado que quiso ex-presar la Legislatura queda completamente claro por el texto inglés donde se traducen las palabras “relaciones amorosas” por engaged to be married. No hay duda, pues, en cuanto a la intención de la Legislatura, y no hubo prueba de que Jesús Bird Arias y María Medina jamás tuvieron la inten-ción de casarse o estaban comprometidos para casarse.

Con respecto a las otras insinuaciones contenidas en los párrafos 4 y 6 de la demanda, es bastante con decir que no hubo prueba suficiente de los hechos que en ellos se especi-fican. Existieron tal vez actos aislados por parte de Jesús Bird Arias. El pudo haber tenido cierto interés en este niño. Pero la corte inferior no declaró ni podemos nosotros de-clarar en vista de la prueba, que él jamás hubiera reconocido pública o privadamente a este niño. La prueba en este particular es demasiado vaga y como hemos dicho en vários ca-sos, la prueba de filiación debe ser robusta. Véase el de Somohano y otros.

Hubo cierta prueba de referencia de que Jesús Bird Arias otorgó un testamento en el cual dispuso que alguna otra persona debía velar por el cuidado de este niño, pero el testa-mento no fué incluido en los autos ante nos, y al parecer no se presentó como prueba, ni la petición de que alguien debía cuidar de un niño sería por sí un reconocimiento sufi-ciente que equivalga al reconocimiento por testamento para que quede comprendido dentro del párrafo primero del ar-tículo 189, y esta referencia al testamento aún considerada -en relación con otras circunstancias, no es bastante para que el caso quede comprendido dentro de las prescripciones del párrafo 2 del artículo 189. Tal vez si la corte inferior hu-biera dictado sentencia a favor de la demandante, posible-mente hubiéramos podido pensar que la prueba era suficiente, pero en vista de la pronta declaración del juez, como revela su opinión, nos sentimos obligados a confirmar la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro, y Aso-ciado Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó: “Conforme con la sentencia.”


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Madera, Peticionario, v. Campillo, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari contra el Juez de la Corte de Distrito de San 'Juan, Primer Distrito, en incidente sobre aseguramiento de sentencia, pleito so-bre disolución de sociedad:
    No. 341.
    Resuelto en marzo 7, 1922.

      Certiorari — Motivo para Invocar la Jurisdicción del Tribunal Supremo. — La cuestión de que un procedimiento para aseguramiento de sentencia no haya sido substanciado en pieza separada no es suficiente para invocar la juris-dicción del Tribunal Supremo para expedir autos de certiorari.

    Aseguramiento de Sentencia — Citación—Notificación.—La citación que exige la seeeión 14 de la Ley de marzo 1, 1902, sobre aseguramiento de sentencias, se refiere a una comparecencia para la práctica de pruebas sobre las alega-ciones hechas en el procedimiento, pero no implica una notificación al deudor como requisito previo a la expedición de la orden de aseguramiento.

      Certiorari — Jurisdicción Extraordinaria de la Corte Suprema — Alegación Ne-cesaria en la Solicitud de Certiorari. — Cuando en un caso como el presente la cuestión principal que da origen al certiorari es que la corte de distrito ordenó el aseguramiento de sentencia sin previa notificación a la parte con-traria, antes de invocar la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema, el peticionario, como regla general, deberá mostrar que agotó infructuosa-mente todos sus recursos en la corte inferior.
    Los h.ecb.os están expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario: Sres. Texidor y de la Haba.

    Abogado de la parte contraria: Sr. R. Rivera Zayas.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario alegó haberse obtenido un aseguramiento de sentencia contra él sin hacérsele ninguna citación ni que el procedimiento se substanciara en pieza separada. El pre-cepto legal en el cual se funda es la sección 14 de las leyes de 1902, sección 382 de los Estatutos Devisados de ese año, la cual es como sigue:

“Todas las pretensiones que se dedujeren por cualquiera de las partes en el curso del juicio con relación al aseguramiento de sen-tencia, se sustanciarán en pieza separada, dándose traslado a la parte contraria, con citación para una comparecencia ante cualquiera de los jueces, en la cual se propondrán y practicarán las pruebas que cada una de las partes propusiere y fueren pertinentes, resolvién-dose acto seguido por el tribunal la cuestión propuesta, sin que en ningún caso tales cuestiones sean obstáculos para la continuación del pleito principal. Entre la citación y la comparecencia de estos juicios verbales no mediará un término mayor de cinco días, y no se suspenderá la celebración de los mismos por ningún motivo. Toda resolución del tribunal será ejecutoria desde luego, pudiendo con-signarse por la parte perjudicada la oportuna protesta, a los efectos del recurso que la Ley de Procedimientos le conceda contra la sen-tencia definitiva.”

En la versión inglesa no se Race alusión alguna a pieza separada, pero sea o no sustanciado así el procedimiento, no es razón suficiente para invocar la jurisdicción especial de este tribunal.

Respecto a la cuestión de la citación estamos convencidos de que no fuá la idea de la Ley de marzo 1, 1902, exigir que un aseguramiento sea notificado primero al deudor antes de expedirse. Si tal notificación fuera necesaria, el fin principal de la ley, o sea el aseguramiento, podría quedar anulado. En ninguna otra parte que sepamos, requiere un estatuto sobre embargos la notificación previa al deudor, aunque fre-cuentemente se exige fianza en garantía del deudor. Ambos textos, el inglés y el castellano, en sus términos no se refieren a la expedición del aseguramiento mismo, sino a una contro-versia que surge de “allegations” en inglés y “pretensiones” en castellano. Nada bay que indique la intención de una no-tificación primaria. Es cierto que en este caso el asegura-miento no se solicitó junto con la demanda sino que se de-cretó después de formulada la contestación, pero no existe nada en la ley que exija que el aseguramiento se libre inme-diatamente. Por el contrario, la idea de la ley es hacer efec-tiva la sentencia una vez dictada. No encontramos que baya habido error de procedimiento.

Aún cuando tuviéramos duda no dejaríamos en vigor el auto en este caso porque del record no aparece que se hiciera ninguna solicitud en la corte inferior para corregir, modi-ficar o arralar su orden. Antes de que pneda ser invocada nuestra jurisdicción extraordinaria en nn caso como el pre-sente, el peticionario debe acreditar que trató de agotar sus remedios en la corte inferior.

El auto debe ser anulado.

Anulado él auto expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    Swiggett, Demandante y Apelado, v. Colmore et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios
    No. 2391.
    Resuelto en marzo 7, 1922.
    Mandato — Prohibición de Comprar el Mandatario los Bienes del Mandante.— La siguiente doctrina, establecida en Silva Snos. Sr Cia. v. Registrador, 28 D. P. R. 177: ‘ ‘ aunque el mandatario no puede adquirir los bienes de su mandante, como esta prohibición es de interpretación restrictiva, si es el mismo mandante el que se los vende, se entiende de hecho revocado el man-dato e inaplicable tal prohibición,” no es absoluta. Juega un papel deci-sivo la conducta del mandatario 7 si puede concluirse que se aprovechó de los datos obtenidos vigente la agencia e hizo cesar ésta para lucrarse per-sonalmente basado en tales datos, sin dar a su mandante el beneficio de ellos, su actuación no debe ser reconocida por las cortes como legítima fuente de derechos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. F. H. Dexter.

    Abogado de los apelantes: Sr. J. B. F. Savage.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Basándose en la existencia de cierta promesa de venta dejada de cumplir por el demandado, el demandante le re-clama en este pleito $2,770 en concepto de daños y-perjui-cios. La parte demandada admite la existencia de la pro-mesa pero alega su nulidad y pide que se le absuelva de la demanda, eon costas al demandante. Resueltas varias cues-tiones de derecho previamente suscitadas, fué el pleito a juicio y la corte de distrito finalmente dictó sentencia en contra del demandado. Después de hacer referencia a las alegaciones de las partes, la opinión emitida por el juez ter-mina así:

“Se celebró el juicio, practicándose la prueba que fué documen-tal y testifical, de cuyo examen a juicio de la corte resulta que en un principio, el demandante como amigo de los demandados, ofreció su concurso para ayudar a los demandados, a la venta de la finca.
‘ ‘ Que a los vendedores les interesa que la venta se hiciera al con-tado y en un solo lote.
“Que el día 24 de septiembre, el demandado le entregó al de-mandante la opción o promesa de venta bajo la creencia de que el demandante podría ganarse mil o dos mil dollars.
“Que estando en todo su vigor el contrato, y cuando el deman-dante ya había obtenido ofertas de la finca por la suma de $13,870, parte al contado y parte a plazo, y que le reportaban un beneficio de $2,770, los demandados le revocaron la opción.
“Entendemos que no hubo el error a que hace referencia nuestro Código Civil, en los artículos 1232 y 1233, y que las relaciones de amistad entre el demandante y el demandado, no son causas para invalidar el contrato; como tampoco lo son las que pueden existir consideradas esas relaciones bajo el carácter de mandante y man-datario.
“ ‘Aunque el mandatario no puede adquirir los bienes de su mandante como esta prohibición fué de interpretación restrictiva si es el mismo mandante el que se los vende, se entiende de hecho revo-cado el mandato, e inaplicable tal prohibición. Silva Hnos. & Oía. v. El Registrador de San Juan, Sección Primera. — Tribunal Supremo de Puerto Rico, 12 de marzo de 1920.’
“Por lo tanto entendemos que debemos declarar, y declaramos con lugar la demanda y en su consecuencia condenamos a los de-mandados a pagar al demandante la suma de $2,770, costas y hono-rarios de abogado.”

La parte apelante señala la comisión de once errores que argumenta luego amplia y cuidadosamente. El apelado con-testa de modo amplio y cuidadoso también todo aquello que a su. juicio es esencial. Dada la opinión que del caso liemos formado, prescindiremos de considerar por escrito los cinco primeros errores qne se refieren a “la excepción previa” y a “las resoluciones durante el juicio” y entraremos de lleno en el análisis y resolución de los restantes agrupados en el alegato bajo el título de “errores cometidos en la sentencia.”

ITn estudio conjunto de las alegaciones y las pruebas per-mite afirmar lo que sigue: La demandada, “The Domestic and Foreign Missionary Society of tbe Protestant Episcopal Cbureb of the United States” era dueña de una parcela de terreno radicada en el barrio de Bayola de Santurce, San Juan, P. R., de 7,325 metros cuadrados de superficie, cuyo título figuraba en el registro de la propiedad a nombre del otro demandado Charles B. Colmore, Obispo de la dicha Igle-sia Protestante Episcopal.

En mayo de 1918, según declaró el propio demandante, se encontró en Nueva York en la oficina de las Misiones del Hogar con el Dr. Gray quien inquirió su opinión sobre la compra hecha por el Obispo Colmore del pedazo de terreno de que se trata. El demandante dijo que pensaba que el Obispo no había hecho una mala compra. El doctor le inte-rrogó si creía que trece mil dólares sería un buen precio para venderla y el demandante le contestó que nunca se sabía el precio de una cosa hasta que se vendía. Entonces el doctor le preguntó si estaría dispuesto a ayudar al Obispo a vender la propiedad “y yo le respondí” — dice el propio demandante —-“que estaba muy contento en ayudarle y hacer cualquier cosa que pudiera en beneficio de la iglesia como siempre lo había hecho.”

Regresó el demandante a Puerto Rico. El Obispo y él celebraron varias conferencias y se acordó poner sobre los propios terrenos un anuncio de la venta expresándose en el mismo que darían informes el Sr. Colmore o Swiggett Brothers.

Transcurrió algún tiempo. El agente de negocios José Nieves visitó al Obispo Colmore y ofreció vender la finca dividida en solares a razón de dos dólares cincuenta centavos el metro cuadrado libre de gastos y comisiones. El 21 de septiembre de 1918 Sebastián Moll babló con el demandante diciendo que estaba interesado en la compra de la finca y pidió precio. Contestó el demandante que Moll sabía el valor de las propiedades en el Condado y que le hiciera la oferta por escrito. Moll hizo en efecto la oferta escrita por $13,870. Lleva fecha 21 de septiembre de 1918 y, según Moll, fué entregada “dos o tres o cuatro días después.” Según el demandante lo fué el 25 de septiembre por la mañana.

El 24 de septiembre por la tarde el demandante fué a la casa del demandado Colmore y allí se firmó el siguiente do-cumento :

“San Juan, P. B., Sept. Mth, 1918. — It is hereby agreed that I, Chas. B. Colmore, on or before November 1st. 1918, loill sign the deed to the property situated in the Condado next to the Presbyterian Hospital and bought by me from George D. Graves in favor of B. S. Swigg&tt, m consideration of the price of Eleven Thousand One Hundred Dollars.’’

Difiere la prueba de ambas partes en cuanto a las cir-cunstancias que precedieron a la firma del documento y que llevaron al Obispo a decidirse en el sentido expresado en el mismo. La tendencia de la prueba del demandante es a de-mostrar que él se presentó en la tarde del 24 desprovisto de su carácter de consejero o agente a tratar del asunto como de un simple negocio expresando que aspiraba a ga-narse unos mil o dos mil dólares y que con pleno conocimiento de todo ello actuó el demandado Colmore y firmó la promesa. Por el contrario la prueba de la parte demandada tiende a presentar al Obispo como un hombre sin experiencia en los negocios, vacilante en cuanto a la resolución que debía adop-tar, deseoso de hacer lo mejor que pudiera hacerse en bene-ficio de su iglesia y enteramente confiado en la amistad y en los conocimientos del demandante y que si al fin se decidió a firmar el documento se debió a que el demandante le ex-presó qne la venta de la finca en solares sería tardía corrién-dose el riesgo de vender los mejores y quedarse con los peo-res, qne no había comprador, y qne lo mejor para la iglesia sería reintegrarse del dinero qne había invertido lo qne con-seguiría exactamente con los once mil cien dólares qne el demandante ofrecía pagar por las tierras. Admite dicha prueba qne el demandante habló de ganarse mil o dos mil dólares pero sostiene qne dijo qne eso sería dentro de uno o dos años.

Una vez qne el documento fué firmado, el demandante se retiró a su casa y en seguida fué llamado por teléfono por el Obispo quien le dijo qne quería pensar más, que había procedido muy de prisa. El demandante se incomodó y llamó un poco después al Obispo diciéndole qne iba a remitirle con un muchacho el documento. El Obispo le contestó qne lo guardara y que a la mañana siguiente hablarían. El propio demandante en su declaración narra lo ocurrido en el si-guiente día así:

“El vino a casa por la mañana y me dijo que él no había deci-dido nada sobre el asunto, que él lo que necesitaba era hablar con-migo otra vez. Le dije que estaba bien, que él lo podía hacer, des-pués de quince minutos que yo tomaría el trolley, porque si yo voy a San Juan y vendo este pedazo de terreno usted no me causará otra cosa sino trastornos. Esta conversación tuvo lugar en mi casa a las nueve de la mañana, al día siguiente al que se firmó el contrato. Yo le dije después cuando él vino a mi casa aquella mañana, como le había dicho el día anterior, que no estaba por más tiempo en la condición de un consejero porque yo estaba ahora como un compra-dor. Estaba en mi tienda dos horas y Mr. Moll me hizo una oferta por la propiedad de $13,870. Hizo la oferta por escrito. Yo le dije que no podía aceptar esa oferta, que si él podía ofrecer más enton-ces yo me podía entender con él: entonces fuimos a La Mallorquína y cuando íbamos caminando hacia allá nos encontramos con Mr. Prieto quien fué donde el Obispo y le dijo '* * * . Esto tuvo lugar el 25 de septiembre de 1918. El Obispo vino a verme a mí a las cuatro de la tarde de aquel día, y me preguntó si yo le iba a obligar acerca del contrato que él me babía firmado la tarde anterior, y yo le pregunté que qué era lo que él decía, y me contestó que el Sr. Prieto había vendido la propiedad por' $17,500, y yo le dije que si esto era verdad no lo obligaría a él a la promesa entre la suma de mi contrato y esta suma, entonces él insistió en que yo le devolviera el contrato y yo le dije que si él me devolvía un che-que por $2,770 cual es la diferencia entre el contrato que él me hizo y la suma en la cual yo pude haber vendido la propiedad el mismo día a Mr. Moll. Estoy dispuesto a renunciar a la diferencia que hay entre el precio que yo pude vender a Mr. Moll y el que dió el otro comprador.”

El demandado Colmore lo describe así:

“Me fui a su casa por la mañana y hablé sobre la misma cosa, casi lo mismo que habíamos hablado por la tarde antes. Yo fui a casa del demandante como a las ocho. El demandante estaba vis-tiéndose. Lo que él me dijo no era exactamente lo mismo que lo que me dijo el día anterior. Hubo alguna variación. En aquella-mañana recuerdo que me dijo que estaba ahora en la posición de comprador en lugar de consejero. No puedo decir exactamente que era la primera vez que había dicho eso pero era la primera vez que era muy claro eso. Ese día recuerdo que dijo que en su conversa-ción eon el Dr. Gray en New York, el Dr. Gray había dicho que era mal negocio el comprar eso y que ellos querían sacar su dinero, que esa era la oportunidad de hacerlo y creía que era más conve-niente para mí hacer eso. En estas conversaciones creo que era la idea expresada que no era posible venderla en solares. No recuerdo bien sus palabras de esta cosa; la idea que tengo en mente es que era su consejo de no tratar de venderla en solares porque no se pre-sentó la oportunidad de venderla así. Esa segunda conversación fué el día 25 por la mañana. Terminamos esa conversación con la de-terminación de continuar con la opción. El Sr. Swiggett no me dijo que yo tenía que determinarlo dentro de quince minutos. Ese día como a las cuatro de la tarde se presentó en mi casa el Sr. José Nieves Prieto. Motivado por la visita de Nieves Prieto me fui se-guida a la tienda del Sr. Swiggett. Yo le pregunté al Sr. Swiggett si él sabía lo que había dicho el Sr. José Nieves Prieto sobre lo que él podía hacer en vender el terreno. Yo le dije al Sr. Swiggett que mi información del Sr. Nieves Prieto era que él había hecho un plano para dividir el terreno y tenía compradores para el terreno en lo que él había convenido entregar $2.50 metro limpios. Me ofre-ció eso una vez, la primera vez que hablé con él. El día 25 fué la primera vez que'yo vi al Sr. Nieves Prieto después de la conversa-ción que tuvo el Sr. Nieves Prieto con el Sr. Swiggett en mi pre-sencia en la tienda del Sr. Swiggett. Yo fui en seguida al Sr. Swig-gett el día 25 por la tarde. Mr. Swiggett estaba en su tienda. Cuando yo le hice esa manifestación el Sr. Swiggett me preguntó: ¿Qué quiere hacer? Le contesté que yo solamente quiero saber si usted va a obligarme en continuar con esta opción que yo le di la noche pasada. El Sr. Swiggett pensó por un momento y luego me dijo: no lo obligaría a usted a nada. En seguida cuando me dijo eso un amigo vino en su automóvil y el Sr. Swiggett me dijo: tengo com-promiso con ese amigo, tengo que salir en seguida; yo hablo con usted más después.”

Hay dos momentos de importancia decisiva en este caso. Aquél en que se firmó la promesa de venta y aquél en que el demandado Colmore en la tarde del 25 de septiembre estuvo en la casa comercial del demandante.

La corte de distrito no hace en su opinión un análisis minucioso de la prueba, pero al dar validez a la promesa de venta decide implícitamente el conflicto de la misma en cuanto a la conducta del demandante y en cuanto a la libe-ración por parte del demandante al demandado del compro-miso contraído, en contra del demandado. Siendo esto así, tendría que demostrarse que dicha corte actuó movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometió error mani-fiesto, para que su decisión pudiera ser revocada.

Estamos convencidos de que la corte no actuó a virtud dé pasión, prejuicio o parcialidad, pero a nuestro juicio erró de modo manifiesto al apreciar la prueba.

Citó la corte nuestra jurisprudencia establecida en el caso de Silva Hnos. y Cía. v. El Registrador, 28 D. P. R. 177, esto es, que “aunque el mandatario no puede adquirir los bienes de su mandante como esta prohibición es de inter-pretación restrictiva, si es el mismo mandante el que se los vende, se entiende de hecho revocado el mandato, e inapli-cable tal prohibición. ’ ’

Quizá los términos absolutos en qjde está expufesta la doctrina contribuyeron al error de la corte sentenciadora. Tal vez el juez pensó qne resultando como resultaba aquí que el mismo demandante fué el que directamente vendió al mandatario, la prohibición no era aplicable sin más consi-deraciones.

La doctrina no es absoluta. Juega un papel decisivo la conducta del mandatario y si puede concluirse que se apro-vechó de los datos obtenidos vigente la agencia e hizo cesar ésta para lucrarse personalmente basado en tales datos, su actuación no debe ser reconocida por las cortes como legí-tima fuente de derecho.

Son muchas las decisiones de los tribunales americanos sobre este punto. Nos limitaremos a transcribir resúmenes de Cyc. de aquéllas que consideramos más pertinentes para no alargar demasiado esta opinión:

“De acuerdo con la regla anterior, la buena fe y la lealtad a los intereses del mandante exigen que un mandatario no asuma, ex-cepto con entero conocimiento y consentimiento de su mandante, obli-gación alguna ni efectúe ninguna transacción con respecto a la ma-teria objeto del mandato en que él tenga o represente intereses con-trarios a los de su mandante. Si lo hace así, el mandante, al ad-quirir pleno conocimiento de los hechos, puede repudiar la transac-ción, sin consideración al hecho de si el agente actuó de mala fe, o de si la transacción causó pérdida al mandante; o el mandante puede aceptar la transacción y obligar al mandatario a responder de cualesquiera ganancias en ella efectuadas. Nada puede anular este derecho del mandante excepto su propia confirmación después de tener pleno conocimiento de todos los hechos, y no importa que el agente fuera un mero agente voluntario, o que estuviera actuando gratuitamente. Ni es esta regla afectada por una costumbre o uso en contrario, del cual el mandante no tenía aviso, efectivo o inter-pretativo.” 31 Cyc. 1432-33.
“Como regla general a un mandatario no le está permitido efec-tuar transacción alguna con su mandante, representándose a sí mismo, con respecto a la materia objeto del mandato, a menos que actúe con entera buena fe o sin indebida influencia o imposición, y haga nna. completa exposición de todos los hechos y circunstancias qne rodean la transacción. Sin embargo, como esta regla existe para pro-teger al mandante, no tiene aplicación a casos en qne el mandatario abierta y justamente negocia con el mandante, pues en tales casos el mandatario tiene tanto derecho a negociar con el mandante como cualquiera otro. No obstante, debido a posibles abusos de la con-fianza depositada en el mandatario, y a su influencia imperativa sobre el mandante, y al conflicto natural entre el deber y el interés en nego-ciaciones entre el mandante y el mandatario, la ley ve con suspi-cacia y escudriña estrechamente todas las negociaciones entre ellos sobre la materia objeto del mandato, para cerciorarse de que el man-datario ha actuado con la mayor buena fe y ecuanimidad, y que ha dado al mandante el beneficio de todos sus conocimientos y habilidad, y si aparece que el mandatario ha sido culpable de alguna ocultación o parcialidad o si ha tomado alguna ventaja de sus relaciones confi-denciales, la transacción no será dejada subsistente. No constituye excepción a esta regla el hecho de que el mandatario no tenía facul-tad para contratar a nombre de su principal con respecto a la ma-teria y sólo fué empleado para investigar o para buscar una persona con quien el mandante pudiera negociar.” 31 Cyc. 1442-43.
“La lealtad a los intereses de su mandante también exige que un mandatario haga conocer a su mandante cualquier hecho material respecto a la materia objeto de su mandato que llegue a su conoci-miento o surja en su memoria durante la vigencia de su mandato; y si deja de hacerlo así es responsable por daños a su mandante por cualquier perjuicio incurrido o pérdida sufrida como resultado de tal omisión aunque se ha resuelto que por virtud de esa omisión el mandatario toma para sí la obligación o reclamación, sobre la cnal es responsable a su mandante tanto como el tercero lo hubiera sido.” 31 Cyc. 1450-51.

En el curso de la opinión de esta corte emitida en el caso de Ledesma et al. v. Agrait et al., 19 D. P. R. 566, 572, en el qne estaba envuelta la cuestión de una venta becba por un mandante a su mandatario, se dijo:

“En vista de estos hechos no dudamos que Ledesma tuvo todo el conocimiento esencial que tenía su mandatario y que el primero rati-ficó la venta si era necesario que lo hiciera dada la naturaleza pro-hibida de la transacción.”

Si partimos de la base de las declaraciones del deman-dado Colmore, de sn esposa, y de Charles Hartzell, es evi-dente que cuando el demandante, en 24 de septiembre de 1918, quiso convertirse de agente o consejero en comprador, no manifestó al demandado Colmore todo lo que sabía, como era su deber. T a esa misma conclusión puede llegarse aún aceptando la propia declaración del demandante analizándola en su conjunto. En 21 de septiembre ya el demandante, ac-tuando como agente, recibió la proposición de Moll. En su carácter de agente contestó a Moll que formulara por escrito su proposición con expresión del precio que estaba dispuesto a pagar. Si el demandante el 24 de septiembre hubiera co-municado lo ocurrido a Colmore, le hubiera dado la oportu-nidad de investigar la proposición, y como Moll la tenía es-crita desde el propio 21, al conocerla Colmore y al enterarse por ella que ofrecía pagar $2,770 más que el demandante, ¿no es razonable creer que hubiera dejado de firmar la pro-mesa de venta que firmó y en la cual basa su reclamación el demandante? ¿Cómo vamos a reconocer al demandante de-rechos que emanan de su silencio en el momento en que debió haber hablado claramente? Es la proposición de Moll si no ultimada por lo menos comenzada y no puesta debida-mente en conocimiento del demandado mientras el deman-dante era su agente, la que sirve al demandante para recla-mar la ganancia dejada de obtener.

Creemos, a virtud de un examen de toda la prueba, que cuando el demandado Colmore firmó la promesa de venta de que se trata, lo hizo bajo la impresión, obtenida por las ma-nifestaciones del demandante, que la proposición de éste era la mejor que podía obtenerse para la iglesia en aquel mo-mento; y que si el demandante podría lograr alguna ga-nancia, lo sería al cabo de uno o dos años y teniendo que tomar dinero a préstamo. Y creemos además que el deman-dante, el 24 de septiembre, no mencionó al demandado Col-more el nombre de Moll ni la proposición qne de él babía recibido actuando como agente suyo.

La idea de la ley es-consagrar las transacciones legítimas, asegurar el debido cumplimiento de los contratos, premiar el trabajo, la inteligencia, y el valor y la decisión que implica muchas veces la asunción de riesgos, pero en manera alguna ayudar a aquellos que en la consecución de sus propósitos asumen actitudes contrarias a sus propios compromisos pre-viamente contraídos. El primero y principal deber del de-mandante en este caso era para con los demandados. Sólo habiendo terminado por completo su misión para con ellos y habiendo ellos recibido todo el beneficio de los informes ad-quiridos y oportunidades presentadas, hubiera podido nacer una relación nueva. Quizá el demandante creyó que actuaba correctamente. Quizá pensó que bastaba decir al demandado el 24 de septiembre que desde aquel momento cesaba como consejero. Pero hemos visto que de acuerdo con la ley y la jurisprudencia eso no es bastante. Se ha dicho que la amistad y la confianza son una cosa y los negocios otra. Es cierto que las relaciones comerciales se inspiran principal-mente en la obtención de una ganancia, pero las únicas ga-nancias que una sociedad bien constituida puede reconocer, y la nuestra lo está, son aquéllas que se basan en transac-ciones justas, esto es, en que a cada parte se le ha recono-cido lo que es suyo y aquí la oferta de Moll era en principio del demandado y no del demandante. Para que el deman-dante hubiera podido fabricar sobre la oferta de Moll el edi-ficio de su reclamación, debió haberla entregado primero a su mandante y si éste la desechaba y con pleno conocimiento de la situación se decidía a contratar con él, entonces el de-mandante hubiera fabricado sobre roca y no sobre arena como lo hizo en este caso.

Siendo como es esto así, procede revocar la sentencia ape-lada sin que sea necesario que entremos en la consideración de la prueba relativa al segundo de los momentos que temos calificado de decisivos en este pleito. Nos referimos a aquél en que según el demandado Colmore al él preguntar al de-mandante en la tarde del 25 de septiembre si lo iba a obli-gar a continuar con la opción, recibió una respuesta negativa sin condiciones, y en que, según el demandante lo ocurrido fué que él manifestó su conformidad en no obligar al cum-plimiento del contrato siempre que se le pagara la ganancia, que él en aquel momento tenía obtenida, a saber: $2,770, a virtud de la oferta de Moll.

Procede declarar con lugar el recurso interpuesto, revo-car la sentencia apelada y dictar otra desestimando la de-manda, sin especial condenación de costas.

Revocada la sentencia apelada y desestimada la* demanda sin especial condenación de cos-tas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey v Hutcbison.