author: El Juez Peesidente Se. HeRnández,

text:
    Manrique de Lara, Demandante y Apelada, v. Garrosi, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en en causa sobre pensión alimenticia y litis expensas.

    No. 1334.
    Resuelto en enero 26, 1916.

    Alimentos Provisionales — Pensión Alimenticia •— Litis Expensas •— Apela-ción — Palta de Finalidad Práctica del Recurso. — Carece de finalidad prác-tica un recurso interpuesto por,el demandado en causa sobre pensión alimen-tioia y litis expensas por el fundamento de que no se decretó por la 'corte la eliminación de cierta alegación de la demanda en que -fija $5,000 para litis expensas, cuando la sentencia condena únicamente a dicho demandado a satis-facer a la demandante una pensión- alimenticia de $30, haciendo caso omiso de las litis expensas.

    Id. — Id.—Alegación sobre el Capital Efectivo del Marido. — En una demanda sobre pensión alimenticia es congruente con el precepto contenido en el artículo 168 del Código Civil, la alegación de cuál sea el capital efectivo que posea el marido, pues dicho artículo previene que la pensión alimenticia que ha de pasar el marido a la mujer por orden de la corte de distrito deba ser pro-porcionada a los bienes del marido.
    Id. — Id.—Sustento, Habitación y Vestido — Asistencia Médica — Reposición de Mobiliario — Distracciones Lícitas. — Atendido el artículo 212 del Código Civil la pensión alimenticia que se señale ha de ser para el sustento, habitación; vestido y asistencia médiea y no para reposición de mobiliario o distracciones lícitas.
    Id. — Id.—Alegaciones Esenciales de la Demanda — Residencia de la Actora— Derecho al Divorcio. — De acuerdo con el artículo 168 del Código Civil revi-sado, en una demanda sobre pensión alimenticia sólo son indispensables las siguientes alegaciones: (a) Que haya pendiente el juicio de divorcio: (6) Que la mujer no cuente con suficientes recursos propios para vivir durante el juicio; y (e) Que el marido tenga bienes. No es necesario alegar’que la demandante ha residido en la isla un año inmediatamente antes de la demanda de alimentos, ni que se expongan hechos que 'demuestren el dereeho de la actora al divorcio.
    Id. — Id.—Alegaciones de Defensa. — Siendo como es la demanda de alimentos un incidente de la acción de divorcio que la demandante ha entablado contra el demandado, no caben en este procedimiento alegaciones que propiamente son materia de defensa en el asunto principal, o sea el divorcio, siendo sólo pertinentes en la contestación las alegaciones de defensa que guardan relación con el artículo 168 del Código Civil.
    Id — Id.—Jurisdicción—Cortes de Distrito. — La jurisdicción para el conoci-miento de una demanda sobre alimentos provisionales es de la exclusiva com-petencia de las cortes de distrito, como así lo establece por modo imperativo el artículo 168 del Código Civil Revisado. Al juez que conoce de lo principal compete conocer de lo accesorio.
    Apreciación de las Pruebas — Ealta de Exposición del Caso. — Cuando en el récord no existe escrito de exposición del caso falta base para discutir el resul-tado de las pruebas, y la apreciación que de ellas haya heeho el juez inferior no puede servir de fundamento de discusión en un recurso de apelación, según la jurisprudencia constante de este tribunal.
    Costas y Gastos — Honorarios de Abogado — Oposición a la Demanda. — Pro-cede con razón derecha una corte que condena a un demandado en costas, gas-tos y honorarios de abogado de la parte contraria, cuando existe oposición, sin razón fundamentada, a la demanda.
    Apelación — Fundamentos del Recurso — Conformidad del Apelado con la Re-vocación.- — ITn recurso de apelación, una vez interpuesto, sin que haya desis-tido de él la parte apelante, ha de resolverse trayendo a consideración los motivos que lo fundamentan, confirmando o revocando la sentencia apelada según proceda en derecho, por mas que la parte apelada esté conforme con la pretensión del apelante de que se revoque la sentencia, sin considerar dichos- motivos.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. José A. Poventud y Benito Forés.

    Abogados de la apelada: Sres. Francis H. Dexter y F. G. Peres Almiroty.

       En 25 de febrero, 1916, denegada reconsideración.

   El Juez Peesidente Se. HeRnández,

emitió la opinión del tribunal.

Pendiente ante-la Corte de Distrito de Ponce pleito de divorcio por Manuela Manrique de Lara contra Tomás Ga-rrosi, presentó aquélla a la misma corte demanda incidental sobre pensión alimenticia' y litis expensas en que alega los siguientes hechos:

Primero. Que en el pleito de divorcio había solicitado como printer pedimento de la demanda que se decretara el divorcio y disolución del vínculo matrimonial entre la deman-dante y el demandado.

Segundo. Que la demandante es esposa legítima del de-mandado y atraviesa una situación económica precaria, ca-reciendo de bienes de fortuna y rentas, debido al abandono en que su marido la tenía y tiene.

Tercéro. Que desde que el demandado la dejó abandonada en la ciudad de Barcelona, España,' había tenido que sufragar no solamente los gastos necesarios para su permanencia en ella, sino los' de su regreso a esta isla y los que le causa su permanencia en la misma, gastos que estima prudencialmente en la suma de $5,000.

Cuarto. Que además calcula en otros $5,000 los gastos ju-diciales en que ha de incurrir por razón del pleito de divor-cio y liquidación de la sociedad de gananciales.

Quinto. Que el demandado Garrosi es hombre de capital superior a $200,000, que le dan un rendimiento de más de $25,000.

Sexto. Que para atender a sus gastos corrientes y a los extraordinarios por razón de enfermedad, reposición de mo-biliario, ropas, distracciones lícitas, etc., necesita, además, nna suma qne prndencialmente habrá de fijar la corte, teniendo en cnenta sn condición social y buenas costumbres, y en pro-porción a la situación financiera de su esposo, a tenor de lo que dispone el artículo 168 del Código Civil.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia condenando al demandado Tomás G-arrosi a satisfacer a la demandante la suma de $10,000 en concepto de gastos y litis expensas, y a pagarle, además, la suma que para alimen-tos provisionales mientras dure el litigio babrá de fijarle la corte, de acuerdo con el artículo 168 del Código Civil, con costas, gastos y desembolsos del procedimiento a cargo del demandado.

El demandado presentó moción interesando fueran elimi-nadas en su totalidad las alegaciones tercera y cuarta de la demanda, la quinta en la parte referente a que el demandado era hombre de capital superior a $200,000, y también la sexta en cuanto a la inclnsión en el concepto de gastos indispensables para alimentos los de reposición de mobiliario y dis-tracciones lícitas.

También el demandado excepcionó la demanda por el fun-damento de qne no, aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción. Al contestarla admitió la existencia del pleito de divorcio entre la demandante y el demandado, alegó la nulidad del matrimonio entre ellos celebrado, y negó las demás alegaciones fundamentales de la acción.

Estableció el demandado en su contestación materia nueva constitutiva de cinco defensas adicionales, las tres primeras relativas a la nulidad del matrimonio de la demandante y el demandado, y las dos últimas imputando a la demandante actos de adulterio y trato cruel e injurias graves para con el demandado.

La contestación fué también exeepcionada por la deman-dante, por no constituir verdaderas defensas las alegaciones de nulidad del matrimonio y de adulterio y trato cruel e in-jurias graves..

La corte, por una sola orden de 5 de mayo de 1915, de-claró con lugar la moción de eliminación en cuanto se refiere a la alegación tercera de la demanda, desestimándola en sus demás extremos. Declaró también sin lugar la excepción pre-via opuesta a la demanda. En cuanto a la excepción previa de la demandante contra la contestación del demandado, la declaró con lugar en cuanto a las cinco defensas adicionales y ordenó quedara limitada la prueba en el presente caso a la necesidad de la demandante en cuanto a los alimentos que reclama y a la condición económica del demandado para fa-cilitárselos.

Celebrada la vista del caso, en cuyo acto las partes ofre-cieron e introdujeron evidencia documental y testifical que fué practicada, la corte dictó sentencia en 17 de mayo de 1915 por la que “condena al demandado Tomás Grarrosi a satisfacer a la demandante Manuela Manrique de Lara una pensión alimenticia de $30 mensuales pagadera por adelan-tado, y empezando a contarse desde el día 27 de marzo de 1915, en que fué presentada la demanda, condenándose ade-más al demandado en todas las costas, desembolsos y hono-rarios del abogado de la demandante.”

Contra esa sentencia interpuso la parte demandada re-curso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Alega la parte apelante como motivos del recurso los si-guientes errores que afirma haberse cometido por la corte inferior:

Primero. Al no decretar la eliminación de la alegación 4a. de la demanda en que fija $5,000 para litis expensas.

Segundo. Al no eliminar de la .demanda la alegación 5a. de la misma expresiva de que el demandado era hombre de capital efectivo superior a $200,000 y al no eliminar también la alegación 6a. en la parte relativa a los gastos de reposición .de mobiliario y distracciones lícitas.

Tercero. Al desestimar la excepción previa opuesta a la demanda por el demandado.

Cuarto. Al sostener la excepción previa de la actora en cnanto a las defensas adicionales primera, segunda y tercera en que se alegaba la nulidad del matrimonio celebrado entre las partes.

Quinto. Al declarar también con lugar la referida excep-ción previa en cuanto a las defensas cuarta y quinta de la contestación, en las que se hacían a la demandante cargos de adulterio- y de trato cruel e injurias graves.

Sexto. Al declarar que la prueba debía quedar como quedó limitada a la necesidad de la demandante en cuanto a los alimentos y a la condición económica del demandado para facilitarlos.

Séptimo. Al no declarar la demanda de alimentos sin lu-gar por falta de jurisdicción.

Octavo. Al condenar al demandado a pagar a la deman-dante una pensión mensual de $30 después de estimar la pro-pia corte que todo el haber del demandado consiste en la suma de $40 mensuales.

Noveno. Al imponer al demandado las costas, desembol-sos y honorarios del abogado de la demandante.

Décimo. Al dictar la sentencia apelada.

El primer error alegado carece de finalidad práctica, pues en el supuesto de que se hubiera cometido, no aparejaría la revocación de la sentencia, la cual condena al demandado úni-camente a satisfacer a la demandante una pensión alimenticia de $30 mensuales, haciendo caso omiso de litis expensas.

El segundo error, en cuanto a su primer fundamento, ca-rece de base, pues el artículo 168- del Código Civil previene que la pensión alimenticia que ha de pasar el marido a la mujer por orden de la corte de distrito debe ser proporcio-nada a los bienes del marido, y por tanto es congruente con ese precepto la alegación de cuál sea el capital efectivo que posea el marido. En cuanto al segundo fundamento de dicho error, no tiene importancia alguna, pues por la orden recu-rrida se señala a la esposa una pensión alimenticia de $30, cuya pensión alimenticia, atendido el artículo 212 del Código Civil, lia de ser para el sustento, habitación, vestido y asis-tencia médica de la esposa, y no para reposición de mobiliario y distracciones lícitas.

En cuanto al tercer error, la demanda de alimentos con-tiene todos los hechos necesarios para determinar esa causa de acción en un caso domo el presente.

Al tratar el Código Civil Reformado en el Capítulo III del Título Y del Libro I de las medidas provisionales a que puede dar lugar el juicio por divorcio, consigna en el artículo 168 el siguiente precepto: . '

“Art. 168.- — Si la mujer no contase con suficientes recursos pro-pios para vivir durante el juicio, la corte de distrito ordenará al marido que le pase una pensión alimenticia en proporción a los bienes de éste.”

Para que pueda darse aplicación a dicho artículo, sólo son indispensables los siguientes requisitos: (a) Que haya pen-diente el juicio de divorcio; (ó) que la mujer no cuente con suficientes recursos propios para vivir durante el juicio; (c) que el marido tenga bienes.

En la demanda se hacen todas las alegaciones necesarias con relación a dichos requisitos y, por tanto; es suficiente a los fines pretendidos por la demandante.

No es necesario alegar como pretende el apelante, que la demandante há residido en esta isla un año inmediatamente antes de la demanda de alimentos, ni que se expongan hechos que demuestren el derecho de la aetora al divorcio. Esas alegaciones serán muy pertinentes en la demanda de divor-cio, pero no- én la de alimentos. • •

En cuanto a los errores cuarto, quinto y sexto, opinamos que siendo' como es la demanda de alimentos un incidente de la acción de divorcio que la demandante ha entablado contra el demandado, fio'caben en este procedimiento alegaciones que propiamente son materia de defensa en el asunto principal, o sea el divorcio.

Tratándose como se trata de una reclamación sobre ali-mentos, sólo son pertinentes en la contestación las alegaciones de defensa que guardan relación con el artículo 168 del Có-digo Civil que dejamos transcrito.

No discutimos el alcance que puedan tener dichos errores en un caso sobre alimentos, sin haber pendiente demanda de divorcio.

Alégase para sostener el séptimo error que la corte carecía de jurisdicción, pues habiendo condenado al demandado al pago de una pensión mensual de $30, es claro que la cuantía de la reclamación computada por una anualidad no excede de $1,000, y, por tanto, según la sección 3a. de la ley de desa-hucio aplicable al caso, no es la corte de distrito sino el juez municipal correspondiente quien ha debido conocer de la de-manda.

El conocimiento de ésta es de la exclusiva competencia de la corte de distrito, cqmo así lo establece por modo impe-rativo el artículo 168 que dejamos transcrito. Al juez que conoce de lo principal compete conocer de lo accesorio.

En cuanto al octavo error nos falta base para discutirlo por no haber venido en el récord un escrito de exposición del caso en que se haya consignado el resultado de las pruebas. Las apreciaciones que sobre ellas haga el juez no pueden servir de base de discusión en un recurso de apelación, según jurisprudencia repetidas veces establecida por este .tribunal.

Por lo que atañe al error número nueve, estimamos que la corte procedió con razón derecha al condenar al deman-dado en costas, gastos y honorarios de abogado de la, parte contraria, pues hubo oposición sin razón derecha a la de-manda, en la parte relativa a alimentos que ha sido el fin principal de ella. • _

Nada tenemos que decir sobre el déóimo error alegado por no expresarse en qué consiste, con infracción del Reglamento de este tribunal.

Queremos hacer constar que en el día de la vista del caso la demandante apelada presentó moción a esta corte para que se la tuviera por conforme con la revocación de la sentencia sin entrar a considerar ni resolver las cuestiones qne por virtud de la apelación había, sometido al tribunal la parte contraria. A tal pretensión se opuso y con razón la parte apelante, pues el recurso de apelación, una vez interpuesto, sin que haya desistido de él la parte apelante, ha de resol-verse trayendo a consideración los motivos que lo fundamen-tan, confirmando o revocando la sentencia apelada según pro-ceda en derecho.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Wolf, Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.

license: Public Domain

text:
    Auffant, Peticionario y Apelado, v. Sucesión Ramos et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un recursó de injunction.

    No. 1376.
    Resuelto en enero 26, 1916.
    Resuelto en reconsideración en marzo 29, 1916.
    Injunction — Concesión bel Remedio Directa o Incidentalmente a Algún otro Pleito. — De acuerdo con el artículo 3 de la ley de marzo 8, 1906, puede concederse el remedio de injunction, bien incidentalmente dentro de un pleito o directamente por medio de petición presentada con tal fin.
    Id., — Ejecución de Sentencia. — Generalmente no es procedente el remedio de injunction para impedir la ejecución de una sentencia en favor de un deman-dante sobre determinados bienes del deudor, mientras se resuelva y decida otro pleito pendiente y embargo para asegurar la efectividad de la sentencia contra el mismo deudor.
    Embargo — Aseguramiento de Sentencia — Embargo Preferente. — Es preferente un embargo sobre determinada propiedad de un deudor para asegurar la efec-tividad de la sentencia sobre otro trabado con posterioridad por otro acree-dor, aun cuando la acción del primero se hubiera ejercitado después que la del segundo, pero ello no impide la venta de la propiedad en ejecución para satisfacer al segundo embargante, sujeta, desde luego, al derecho preferente del primero.

      RECONSIDERACIÓN DE SENTENCIA.
    Injunction — Ejecución de Sentencia — Desacato.—Una orden de injunction para que un demandado se abstenga de llevar a cabo cualquier acto en eje-cución de una sentencia sobre determinada propiedad, debe ser clara y no dejar al demandado en duda en cuanto a si cometería prima facie un desacato si intentaba hacer efectiva su sentencia sobre cualquier otra propiedad del deudor.
    Id. — Perjuicios—Derechos del Peticionario — Remedio Improcedente. — Cuandq un peticionario en recurso sobre injunction no ha sufrido perjuicios y sus deréehos estfin suficientemente garantidos, el remedio por ser iapneeesario es improcedente.
    Los techos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Mcmuel y José Tous Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Leopoldo Tormes

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Anffant entabló demanda en enero 14, 1915, contra Víctor Sallaberry en cobro' de tina suma de dinero y embargó una propiedad del deudor para asegurar la efectividad de la sentencia/ Con anterioridad a esa fecha, sin embargo, o sea en 1912, la Sucesión- de Manuel de J. Ramos había obte-nido una sentencia contra el mismo deudor y mientras estaba todavía pendiente el procedimiento en el pleito de Auffant obtuvo una orden de ejecución y el marshal de la' Corte Municipal de Yauco embargó y tomó posesión de la. misma pro-piedad. Todos estos procedimientos tuvieron lugar en la Corte Municipal de Yauco.

Alegando tener Auffant un derecho preferente o gravamen sobre la propiedad, solicitó en la Corte de Distrito de Ponce una orden de injunction para impedir que dicha Suce-sión de Ramos ejecutara la referida sentencia sobre la men-cionada propiedad mientras no se resolviera el pleito de Auffant que todavía estaba pendiente. La Corte de Distrito de Ponee dictó sentencia no precisamente en los términos en que fue solicitada en la petición de injunction, pero prohi-biendo en ella a los demandados verificar ningún acto en ejecución de la sentencia a favor de la referida Sucesión de Ramos.

El primer error que ha sido alegado por el apelante es .que la corte- de distrito- no tiene facultad para conceder un injunction perpetuo puesto que el objeto de la acción no fué obtener un injunction permanente y el injunction solicitado no era un remedio en ayuda de algún pleito principal.

Creemos que el artículo 3 de la Ley de marzo 8, 1906, y -especialmente el párráfo primero, tiene por objeto conceder el remedio mediante injunction, bien incidentalmente a algún otro pleito, o directamente por medio de petición presentada con tal fin. De conformidad con el párrafo Io. la petición' debe ser, o por un período de tiempo limitado, o permanente. En el presente caso la orden no restringió a los demandados por un período de tiempo determinado y el remedio podría quedar convertido en permanente si el peticionario tenía de-recho a obtener un injunction y la corte facultad para con-cederlo.

Asumiendo pues, que el peticionario tenía razón al .sos-tener que el embargo para asegurar el pleito de Auffant debía prevalecer a la ejecución de la Sucesión de Ramos, surge la cuestión de si la materia objeto de la acción es una en que puede propiamente concederse el remedio del injunction. Las parteá no han tratado de esta cuestión. La duda que se ofrece es si la Sucesión de Ramos no tenía derecho a em-bargar la propiedad de Sallaberry y a venderla con sujeción al embargo anterior de Auffant. La Sucesión de Ramos en todo caso tendría derecho a cualquier participación que que-dara al deudor Sallaberry y a venderla sujeta al embargo anterior de Auffant., Para poner un ejemplo más concreto, si la propiedad de Sallaberry excedía a la obligación y costas ■de Auffant ¿qué hay en ello que impida a un acreedor por sentencia vender la propiedad por ese supuesto exceso? El gravamen del embargo quedaría. En este caso la petición no suministra ninguna idea acerca del valor de la propiedad, p.ero si el embargo de Auffant tiene preferencia, como de-,claró pyobado la corte inferior, y como nos inclinamos a creer, el acreedor por ejecución tendría derecho a embargar cual-quier derecho que quedara al deudor. Por tauto uo creemos que el peticionario estableció un caso para obtener el remedio solicitado. Afirma éste que puede presumirse que su embargo está inscrito en el registro de la propiedad y esa ale-gación no se impugna seriamente. Por consiguiente, somos de parecer de que si se hiciera alguna venta por razón de la ejecución de Sallaberry y presentara la escritura al regis-tro tendría que inscribirse sujeta al embargo de Auffant. Si después del embargo hecho en este caso el deudor hubiera preferido vender la propiedad a la Sucesión de liamos, ésta habría adquirido con sujeción al embargo. La posición de la persona que compra en la venta por ejecución sería ente-ramente igual y el derecho preferente de Auffant quedaría protegido y cuando obtuviera su sentencia podría vender.

Debe notarse además que en este caso la sentencia bajo cualquier teoría razonable de la demanda fué extralimitada. Con ella se paralizó la ejecución de la sentencia de la Suce-sión de Ramos. Un acreedor tiene derecho a ejecutar su sentencia sobre cualquier otra propiedad si no lo hace en la propiedad particular que se discute. Debe revocarse la sentencia y desestimarse la petición.

.Revocada la resolución apelada y desestimada la petición de injunction.

Jueces concurrentes:

Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.

Habiéndose presentado .con posterioridad una moción de reconsideración de sentencia, el Juez Asociado Sr. Wolf, en marzo 29, 1916, emitió la siguiente opinión del tribunal.

Se ha presentado una moción de reconsideración en este caso. No vemos cómo el hecho de que esta corte se refiriera erróneamente a la Corte Municipal de Yaueo en lugar de a la Corte Municipal de Ponce tenga alguna relación con las cues-tiones envueltas. El apelado sostiene que la opinión era erró-nea al expresar que la Corte de Distrito de Ponce dictó una sentencia que no estaba exactamente dentro de los términos solicitados en la demanda. Nos pareció que la Corte de Dis-trito de Ponce ordenó a la sucesión demandada de Manuel de J. Ramos que se abstuviera de llevar a cabo cualquier acto en ejecución de la sentencia obtenida por ella. La orden de entredicho en este caso prohibía a los demandados llevar a cabo cualquier acto en ejecución de la sentencia y especial-mente en lo que respecta a la propiedad particular de que se trata. La resolución apelada ordenó a los demandados que se abstuvieran de llevar a cabo cualquier acto en ejecución de la sentencia y sobre la propiedad que se describiría más adelante. Si la idea de esta orden era meramente limitar a los demandados con respecto a la propiedad en particular, ella fué ambiguamente expresada, y dejaría a un demandado en duda en cuanto a si cometería, prima facie, un desacato si intentaba cualquier acto tendente a ejecutar su dicha sentencia. La única diferencia que existe entre la orden de entredicho y la orden apelada consistía en que la palabra “especialmente” fué eliminada de la última. Si hubiéramos estado equivoca-dos al interpretar la orden, ello no puede afectar el hecho de que el injunction no era el remedio adecuado puesto que el demandante no sufría ningún perjuicio.

Las partes en este caso presentaron una estipulación en la corte inferior admitiendo como probados cierros hechos relativos a las obligaciones de Sallaberry a favor de Auffant y Sucesión de Manuel de J. Ramos, al tiempo de su venci-miento; a las demandas entabladas por Auffant y por dicha sucesión en reclamación del cumplimiento de esas obligacio-nes ; a las sentencias recaídas y embargos practicados en una finca de la propiedad de Sallaberry; pero en dicha estipulación no se expresa, como indica el peticionario, que fuera la in-tención de las partes dejar sometida a la corte como una cuestión a decidir la preferencia de las reclamaciones.

Opinamos que la única materia sometida a la decisión de la corte en la estipulación, fné la de si, atendidos aquellos hechos, procedía o nó el injunction solicitado. El apelado alega que esta corte especialmente resolvió la cuestión principal, esto es, el derecho de Anffant como contrario a los de la Sucesión de J. Ramos, en favor de AitfSant el apelado.

Así nos parece, y precisamente por esa sola razón,. aunque no hubiera otra, se sostendría la improcedéncia del injunction, estando, como están, suficientemente garantidos los derechos de Aufifant sin necesidad dél remedio a que ha acudido, que por ser innecesario es improcedente. ■

La moción de reconsideración dehe ser denegada.

Denegada la reconsideración.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Tobo,

text:
    En Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rivera, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por delito de acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes.
    No. 853.
    Resuelto en enero 26, 1916.
    Acometimiento y Agresión con Circunstancias Agravantes — Circunstancias Agravantes — Especificación de las Circunstancias en la Acusación.— Cuando se acusa por acometimiento y agresión grave, es necesario especificar en la acusación con toda claridad algunas de las circunstancias agravantes que expresa la seeción 6o. de la ley sobre acometimiento y agresión de 1904 (leyes 1904, p. 42).
    Id. — Acometimiento y Agresión Simple — Circunstancias Agravantes — Heri-das y Contusiones.- — En este caso se imputó al apelante que ilegal y volun-tariamente y con intención de causarle grave daño acometió y agredió con una manopla al perjudicado infiriéndole varias heridas y contusiones: Se resolvió que en la acusación no se alegó con la claridad debida ninguna de las circunstancias que según la ley convierten en grave el delito de acometi-miento y agresión.

      Arma Mortífera — Manopla—Uso Prohibido por la Ley. — Si bien la manopla es una arma-capaz de producir la muerte y su uso está prohibido por la ley (leyes 1905, p. 23), no es un arma mortífera per se.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. Tisol y Campillo.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en este caso es como sigue:

“El Fiscal formula acusación contra Miguel Rivera por un delito de acometimiento y agresión grave (misdemeanor) cometido de la manera siguiente: El citado Miguel Rivera, allá el día 18 de agosto de 1914, en la ciudad de San Juan que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, ilegal y voluntariamente, y con intención de causarle grave daño, acometió y agredió con una manopla a Eduardo Ferrer infiriéndole varias heridas y contusiones.”

Celebrada la vista, la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción 2a., condenó al acusado a sufrir la pena de ocho meses de cárcel como autor de un delito de acometimiento y agresión grave. El acusado apeló entonces para ante este Tribunal Supremo.

El primero de los errores alegados por el apelante consiste en que los hechos relatados en la acusación no. son constitu-tivos del delito de acometimiento y} agresión con circunstan-cias agravantes. Después de un estudio cuidadoso del caso, nos vemos obligados a reconocer que el apelante está en lo cierto. Es tan clara la ley y tan abundante la jurisprudencia de esta Corte Suprema sobre, la materia, que apenas puede comprenderse que se incurra en error por los funcionarios encargados de la persecución de los delitos en esta isla. Cuando se acusa por acometimiento y agresión grave, es nece-sario especificar con toda claridad alguna de las circunstan-cias agravantes que .expresa la sección 6 de la ley sobre acometimiento y agresión de 1904, Leyes de 1904, página 42; y tal especificación no se ha hecho con la claridad debida por el Fiscal en este caso. No se expresa la circunstancia sép-tima, porque no se dice que sean graves o serias las heridas inferidas por el acnsado al perjudicado» Ni siquiera se des---criben dichas heridas de manera que por su descripción pu-diera venirse en conocimiento de su gravedad. ' Tampoco concurre la octava, porque si bien la manopla es un arma capaz para producir la muerte y su uso está prohibido por la ley (Leyes de 1905, página 23), no es un arma mortífera pet se. Y por último, aun cuando forzando las palabras emplea-das en la acusación admitiéramos argumentarle^ causa que el hecho de haber el acusado usado una manopla en la comi-sión del delito implicaba su intención “premeditada’-’ de inferir graves heridas corporales y por tanto que concurría la circunstancia. agravante novena, nos encontraríamos al analizar la prueba que ésta no es suficiente para demostrar el uso de la manopla por parte del acusado. Nadie la vió en sus manos y aunque el médico que reconoció al lesionado expresa que la herida del labio con fractura de uno o más. dientes pudo producirse con una manopla, dice también que pudo ocasionarse con cualquier otro cuerpo contundente, no excluyendo la posibilidad de serlo con la punta o extremo de una mesa al caer al suelo el agredido. El indicio que se encuentra en la declaración del testigo Pons que persiguió al acusado después de la comisión del delito, 'dé haberlo vist’ó bacer “un movimiento como de tirar algo al mar” no es bastante. ■ ..... A

Siendo esto así, no es posible ,sc¡st.ener „técnicamente la gravedad del delito. A través de las páginas del.proceso se trasluce la comisión de un hecho grave, pero- tal circunstancia no puede tenerla en cuenta este tribunal. Un ciudadano, el acusado, ha invocado su derecho a ser juzgado estrictamente de acuerdo con. la ley, y tal derecho tiene que serle inmediata-mente reconocido;' • . .

Otro de los errores alegados por el apelante es el de que la prueba no demuestra que sea él el autor del hecho investi-gado. Hemos examinado dicha prueba y a nuestro juicio demuestra más allá de toda duda razonable’ que el acusado acometió y agredió con intención de cansarle daño' a la persona nombrada en la acnsacióñ.

En tal virtud no habiéndose demostrado la concurrencia de circunstancias agravantes, pero habiéndose comprobado la comisión por parte del acusado de un delito de acometimiento y agresión simple, la sentencia apelada debe modificarse en tal sentido y condenarse al acusado a pagar una multa de cincuenta dólares y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar de la multa que dejare de satisfacer.

Modificada la sentencia apelada en el sentido de declarar al acusado culpable de un delito de acometimiento y agresión simple, imponiéndosele una multa de cincuenta dólares y las costas, y en defecto de pago de la multa un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Su. del Tono,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por infracción a los Reglamentos de Sanidad.
    No. 883.
    Resuelto en enero 26, 1916.
    Infracción de los Reglamentos de Sanidad — Venta de Pan Sin estar Pro-tegido contra el Polvo. — En este caso la prueba demostró que se había vendido pan sin estar protegido contra las moscas y el polvo y por tanto que se había cometido una infracción al artículo 17 del Reglamento de Sanidad ‘ No. 30. También se demostró que el pan no fué vendido por el acusado quien se limitó a conducirlo por orden de su principal al lugar de su destino. Se resolvió: .Que el acusado no era culpable de la infracción cometida.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Texidor & Martínez Alvarez.

      Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Su. del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en lo pertinente, dice así:

‘ ‘ El Fiscal formula acusación contra Dolores Rodríguez y Benigno Fernández por un delito de infracción al artículo 17 del Reglamento de Sanidad No. 30, misdemeanor, cometido como sigue: Los citados acusados allá el día 1 de mayo de 1915, en Santuree que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, ilegal y voluntariamente expen-dieron pan sin estar éste envuelto en el papel correspondiente; cuyo pan procedía de la panadería de la cual es administrador el acusado Fernández y lo transportaba el acusado Rodríguez, sin llevarlo pre-servado del polvo y las moscas según ordena dicbo reglamento.”

Y el precepto reglamentario infringido es como sigue:

“Reglamento de Sanidad No. 30. ‘Art. 17. — El pan se conser-vará en las panaderías y en los establecimientos para su venta, pro-tegido contra insectos y el polvo. Debe venderse envuelto en papel.
“ ‘El transporte del pan se efectuará en carros adecuados, también protegidos contra el polvo y las moscas.’ ”

Practicada la prueba, fué absuelto Benigno Fernández de quien la acusación decía que era el administrador de la pa-nadería que babía vendido el pan sin estar envuelto en la forma exigida por la ley. El otro acusado Dolores Rodrí-guez, que es el apelante, fué condenado a pagar.una multa • de veinte y cinco pesos y en defecto de pago un día de cárcel por cada peso dejado de satisfacer.

La prueba demuestra claramente a nuestro juicio que el pan ocupado se envió por la* panadería “La Unión” al Asilo de Niñas situado en la carretera de Santuree, parada 15, sin estar envuelto en papel. La infracción quedó, pues, plena-mente comprobada. Mas' ¿ quién es el verdadero responsable de ella? El alegado administrador de la panadería fué ab-suelto por no haberse demostrado que desempeñara tal cargo. Se condenó al apelante ¿y qué hizo el apelante? La prueba no demuestra que vendiera el pan, ni que lo despachara si-quiera en la panadería. Simplemente establece el hecho de que era un peón asalariado encargado de conducir el pan a los sitios donde se le ordenaba, y a nuestro juicio, tal hecho no es suficiente para considerarlo culpable de la infracción que se investiga. El del acusado no es el caso corriente del vendedor de pan a domicilio, porque si bien en dicho caso en la mayor parte de las ocasiones el artículo no pertenece al vendedor, no puede negarse que éste realiza actos propios de los cuales es personalmente responsable.

De más está consignar la importancia del estricto cum-plimiento de las leyes sanitarias. La salud del pueblo es ley suprema y debe protegerse por todos los medios que sean jus-tos y procedentes. • Pero al fijar responsabilidades debe cas-tigarse a los verdaderos autores de la infracción o delito; ho a los que sin culpa intervienen incidentalmente en la realh zación de los hechos.

Procede la revocación de la sentencia apelada y la abso-lución del acusado.

Revocada la sentencia y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro, JUECES PRESIDENTE HERNANDEZ Y ASOCIADO AUDREY.

text:
    García, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama denegando la inscripción de una es-critura de compraventa.
    No. 242.
    Resuelto en enero 27, 1916.

    BieNes de Menores — Venta de Bienes de Menores — Reconocimiento por ün Menor de la Venta Hecha por el Badre — Jurisdicción—Cortes Muni-cipales. — Se estableció una- demanda en una corte municipal solicitando que se ordenara a un menor el otorgamiento de la escritura de venta de un bien inmueble vendido en vida por su padre, sin llegar a recibir el precio de la venta que sólo ascendía a $100. Se resolvió: Que la corte municipal no tenía jurisdicción por razón de la materia para conocer de dicho pleito.
    Id. — Jurisprudencia en el Caso de Elores v. El Registrador, 19 D. P. R. 1020 — -Menores Demandados — Jurisdicción.—En el presente recurso se fija el alcance de la jurisprudencia establecida en el caso de Flores v. Fl Regis-trador de Guayama, 19 D. P. R. 1020, consignándose que dieha jurisprudencia se refiere al caso en que una corte con plena jurisdicción sobre la materia dieta sentencia contra demandados menores de edad.
    Menores de Edad — Deber de las Cortes de Distrito con Respecto a los Menores. — Entre los deberes de las cortes de distrito está la alta inspección de la persona y bienes de los menores de edad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. G. Domínguez Rubio.

    El registrador recurrido, Sr. Eafael Tirado Verrier, com-pareció en nombre propio.

       En 10 marzo, 1916, denegada reconsideración.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Guayama la escritura de compraventa No. 114 otorgada por Antolina Santiago y Soto por sí y en represen-tación de su hijo menor Elenterio Fretó Santiago, a favor de Gabriel García Rivera, el primero de julio de 1915, en Cayey, ante el notario público Francisco Navarro Ortiz, el registrador se negó a inscribirla por medio de la siguiente nota :

“Denegada la inscripción del presente documento porque tratán; dose de venta de bienes inmuebles en que está interesado un menor según las disposiciones legales vigentes no es competente por razón de la materia del contrato, la Corte Municipal de Cayey para ordenar el otorgamiento de la escritura que interesa don Gabriel García Rivera, y sí la Corte de Distrito de Guayama cuya autorización es necesaria, tomándose anotación preventiva de esa denegación por el término legal a favor de dicho Sr. García al folio 54 vuelto del tomo 19 de Cayey finca No. 1080 anotación letra A. Guayama, julio diez y nueve de mil novecientos quince.”

No conforme Gabriel García Rivera con la nota que deja-mos transcrita, interpuso contra ella el presente recurso gu-bernativo. El recurrente cita en apoyo de su contención la decisión de esta Corte Suprema en el caso de Flores v. El Registrador de Guayama, 19 D. P. R. 1020. El registrador recurrido presentó nn aleg’ato escrito en apoyo de sn nota.

Examinado el documento sometido a nuestra considera-ción, resulta que Gabriel García y Eivera presentó una demanda en el Juzgado Municipal de Cayey sobre otorga-miento de escritura contra Antolina Santiago y su hijo Eleu-terio Fretó, plegando que Jaime Fretó y Méndez era dueño de un condominio en cierta casa situada en Cayey y la vendió al demandante por la suma de cien dólares sin que llegara a otorgar la escritura de venta, ni a recibir el precio de la misma por haber enfermado y fallecido algún tiempo después. Basándose en tales hechos, el demandante pidió a la corte que condenara a los demandados, que eran los únicos here-deros de Jaime Fretó, a recibir el precio de la venta y a otor-gar la correspondiente escritura, a los efectos de poder ins-cribir su derecho en el registro de la propiedad. La deman-dada Antolina Santiago por sí y como representante de su hijo menor de edad propuso transacción al demandante admi-tiendo la verdad de los hechos alegados en la demanda y que se dictara sentencia en su contra sin que se le condenara en costas. Así lo hizo la corte municipal y Antolina Santiago en la doble representación indicada otorgó la escritura de que se ha hecho mérito.

Siendo ese el caso, el registrador de la propiedad procedió con razón derecha, a nuestro juicio, al negarse a inscribir la escritura, porque penetrando en el fondo de los hechos es necesario concluir que está envuelta en los mismos la venta de un bien inmueble perteneciente en parte a un menor, o por lo menos el reconocimiento por un menor de la venta de un bien inmueble verificada en vida por su padre, sin que se hubiera obtenido para ello la autorización judicial de la corte de distrito competente. Ya esta corte en el caso de Avilés v. El Registrador de Aguadilla, 17 D. P. R. 960, estableció la siguiente doctrina:

“En el caso anterior, a ,1a muerte de A fueron declarados sus herederos sus menores hijos y la escritura fué otorgada por la viuda sin obtener autorización judicial alguna. El registrador negó tam-bién la inscripción del documento por este motivo y la Corte Su-prema resolvió que el registrador tenía razón en' cuanto a este ex-tremo, porque el acto realizado envolvía la venta o la ratificación de la venta de un bien inmueble por menores de edad, y la autoriza-ción judicial era absolutamente necesaria de acuerdo, con la ley vigente cuando se otorgó el documento.”'

En el caso de Flores v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, supra, invocado por el recurrente, se trataba de la venta de una finca perteneciente a nnos menores de edad en la ejecución de una sentencia dictada contra dichos menores. El registrador denegó la inscripción del docu-mento creditivo de la venta, porque' hallándose la finca inscrita a nombre de los menores, “únicamente la madre previamente autorizada por el juez de distrito, puede vender la expre-sada finca.” Y esta Corte Suprema estableció la siguiente doctrina:

“Es válida y por tanto inscribible en el registro la venta d'e bienes de menores hecha por el marshal en subasta pública en cum-plimiento de la ejecución de una sentencia dictada contra los mismos.”

Si bien es cierto que en el caso de Flores se trataba de una sentencia dictada por una corte municipal, también lo es que tal circunstancia en particular no fué la que originó la negativa del registrador, ni se consideró por esta Corte Suprema en la opinión emitida para basar la resolución del recurso.

Hemos estudiado de nuevo los hechos en el caso de Flores a los efectos de fijar el alcance de la jurisprudencia estable-cida, y á fin de que no pueda interpretarse de modo tan ex-tenso que perjudique los intereses de los menores de edad y contraríe el propósito de la Legislatura, consignaremos con toda claridad que dicha jurisprudencia se refiere al caso en que una corte con plena jurisdicción sobre la materia dicte sentencia contra demandados menores de edad.

La materia en el caso de G-arcía Rivera que estamos con-siderando y resolviendo envolvía como ya hemos dicho la ratificación de la venta de un bien inmueble que se decía hecha en vida por el padre del menor demandado. En su conse-cuencia la falta de jurisdicción de la corte municipal es mani-fiesta. Es la corte de distrito la que debe intervenir en un caso semejante, ya que el legislador decidió que uno de sus deberes fuera, la alta inspección de la persona y bienes ■ de los menores de edad.

Debe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota.

Jaeces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Hutchison.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey,„ disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE DE LOS SRES.

JUECES PRESIDENTE HERNANDEZ Y ASOCIADO AUDREY.

No ’ podemos estar conformes con la resolución dictada en el día de hoy en el caso arriba expresado confirmando nota recurrida del Registrador de la Propiedad de Guayama.

Fúndase la mayoría de los jueces de esta corte al dictar tal resolución en que, penetrando en el fondo de los hechos a que se refiere el presente caso, se hace forzoso concluir que está envuelta en los mismos la venta de un bien inmueble perteneciente en parte a un menor o por lo menos el recono-cimiento por un menor de la venta de un bien inmueble veri-ficada en vida por su padre sin haberse obtenido para ello la autorización judicial de la corte de distrito competente, y como consecuencia establece la conclusión de falta de juris-dicción de la Corte Municipal de Cayey para conocer del. caso por ser la corte de distrito la que debió intervenir, en el mismo.

.Aceptamos como base de disensión la relación de hechos consignada en la opinión del tribunal.

La Corte Municipal de Cayey tenía jurisdicción, para co.- - nocer de la demanda qne le fué presentada por Gabriel Gar-cía Rivera contra Antolina Santiago en propia representa-ción y en la de sn bijo menor de edad Eleuterio Fretó sobre otorgamiento de escritura de condominio vendido al deman-dante por Jaime Fretó y Méndez, cansante de los demanda-dos, por la suma de $100, sin qne llegara a otorgarse el docu-mento publico correspondiente, pues la sección 4a. de la ley para reorganizar el sistema judicial de Puerto Rico, apro-bada en 10 de marzo de 1904, ordena que el juez municipal creado por dicba ley, además de .ejercer todas las funciones que anteriormente correspondían a los jueces de paz y jueces municipales, tendrá jurisdicción en todos los asuntos civiles que se, promuevan en su distrito basta la suma de $500, inte-reses inclusive. No es necesario que la reclamación verse sobre cantidad en metálico cierta y determinada; basta que sea valuable o tasable el interés del pleito. Ferraioli v. El Registrador de Ponce, 21 D. P. R. 503; Sabathié y Pinace et al. v. El Registrador de Ponce, decidido en 16 de diciembre de 1915.

Dicba jurisdicción no es concurrente con la de los jueces de distrito, sino exclusiva, como así lo bemos ya resuelto en los casos de Lowande v. Garcia et al., 12 D. P. R. 302; Bras v. Rivera, 12 D. P. R. 395; González v. Pirazzi, 16 D. P. R. 7; Hernández Mena v. Blanco et al., 22 D. P. R. 773, y González v. Rosado, decidido en 23 de julio de 1915. Y también es propia, sin que bajo concepto alguno tengan necesida'd los jueces municipales de recurrir a las cortes de distrito para completarla.

No establece la ley la excepción de que en el caso de que los asuntos civiles se promuevan contra menores de edad y esté envuelta en ellos la venta o enajenación de bienes inmue-bles pertenecientes a dichos menores, deban llevarse aquéllos a las cortes de distrito, aunque su cuantía sea inferior a la de $500. Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.

Si se aceptara el criterio que inspira la resolución dictada, tendría que llegarse también como consecuencia lógica a la conclusión de que, reclamado judicialmente el pago de una suma de dinero inferior a $500 a menores de edad, y dictada sentencia contra éstos, cesaría la jurisdicción de la corte municipal si diclia sentencia Rubiera de ejecutarse mediante embargo y venta de bienes inmuebles de aquellos menores. La jurisdicción de las cortes municipales no sería completa en los' juicios contra menores sobre reclamación de dinero siempre que en la ejecución de la sentencia estuviera envuelta la enajenación de fin. bien inmueble o derecho real, infrin-giéndose entonces la regla general de procedimiento de que los jueces o cortes que tienen competencia para conocer del pleito, la tienen también para la ejecución de la sentencia.

La sección 4a. de la ley ya citada de 10 de marzo de 1904, no ha sido derogada o modificada en el particular a que se refiere por la Ley No. 33 de 9 de marzo de 1911, pues como ya dijimos al resolver el caso de Flores v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, 19 D. P. R. 1020, esta ley al deter-minar las formalidades' que han de llenarse para la venta de bienes de menores de edad, se refiere a las ventas que se ges-tionen voluntariamente por la representación de los menores,' pero no a las ventas ordenadas por la autoridad judicial para la ejecución de sentencias contra menores.

Es claro que la doctrina establecida por nuestra resolu-ción en el caso de Flores v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, sólo es aplicable cuando una corte con plena jurisdicción sobre la materia, dicta sentencia contra deman-dados menores de edad, y como en. el presente caso la Corte Municipal de Cayey, según hemos dicho, tenía plena juris-dicción sobre la materia del juicio por razón de su cuantía, es obvio que la sentencia que dictó era válida, y válida fué también la escritura que en cumplimiento de la misma se otorgó, y cuya inscripción fué' denegada por el Registrado! de Guayama.

Nuestra resolución en el caso de Avilés v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, 17 D. P. R. 960, no escuda la resolución de que estamos disintiendo. En dicho caso se trata de una venta o ratificación de venta de nn bien inmueble otorgada por la representación de un menor de edad, volun-tariamente sin mediar juicio alguno.

Ni por el registrador recurrido, ni por la mayoría de la corte, se fia levantado la cuestión de si en el presente caso hay envuelta transacción -sobre ‘un bien inmueble pertene-ciente a un menor; y, por tanto, nos abstenemos de considerar si puede estimarse que hubo o nó verdadera transacción con arreglo al artículo 1711 del Código Civil, y si, en caso.afirma-' tivo, era o nó necesaria en esa transacción la intervención de la corte de distrito, atendido el 2o. apartado del artículo 1712 de dicho código. La mayoría de la corte funda únicamente su resolución en que la materia en el caso de G-arcía Rivera envolvía la ratificación de la venta de un bien inmueble, y, en su consecuencia, no era la corte municipal sino la corte de distrito la que tenía jurisdicción.

Por las razones expuestas, opinamos que procede la revo-cación de la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Sr. del Tobo*, JUECES PRESIDENTE HERNANDEZ Y ASOCIADO AUDREY.

text:
    Malavé, Peticionario y Apelado, v. El Pueblo, Demandado Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un recurso de habeas corpus.

    No. 894.
    Besuelto en enero 27, 1916.
    Prisión Subsidiaria — Aplicación de la Let de 14 de Marzo de 1907. — La apli-cación de la ley de 14 de marzo de 1907 (Leyes 1907, p. 303), no debe res-tringirse al caso en qne una persona sentenciada al pago de una multa y en su defecto a prisión, comience a cumplir la prisión y entonces quiera quedar en libertad mediante el pago en efectivo de parte de la multa y el abono de la, prisión sufrida, sino que debe extenderse también al caso en que un acusado, habiendo satisfecho en cárcel la totalidad de la multa sin abonar parte alguna de-ella én efectivo, solicite su excarcelación.
    Id. — Sentencias de las Cortes de Distrito, Municipales y de Paz. — La norma fijada por la ley de 1907 para las sentencias de las cortes de distrito, munici-pales y de paz, es general y puede aplicarse no obstante lo dispuesto en los artículos 54 y 322 del Código de Enjuiciamiento Criminal, cuando el con-denado la invoca en sn favor. Es un derecho que le ha otorgado la Legisla-tura y que debe reconocérsele en toda su amplitud.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

    Abogado del apelado: Sr. Rafael Martines Nadal.

   El Juez Asociado Sr. del Tobo*,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto por el Fiscal contra resolución de la Corte de Distrito de Ponce decretando la libertad de una persona en un procedimiento de habeas corpus. Tomás Malavé fue condenado por la Corte Municipal de Barros el 25 de mayo de 1915 por el delito de ■abandono de menores a pagar una multa de treinta dólares •y las costas ascendentes a tres pesos cuarenta y cinco centavos y en defecto de- pago a sufrir un día de cárcel por cada medio dólar de la multa y costas que dejare de satisfacer. No habiendo pagado la multa, ingresó en la cárcel del Dis-trito de Ponce el 31 de mayo de 1915, y el 8 de julio de 1915 presentó su solicitud de habeas corpus alegando que de acuerdo con la ley para que los tribunales tengan en cuenta los días que un sentenciado baya cumplido en cárcel y sean rebajados de la pena que- le fuere impuesta, aprobada el 14 de marzo de 1907, leyes de 1907, página 303, había cumplido con creces su condena. El juez de distrito lo entendió así y decretó la libertad del peticionario. El Fiscal entonces in-terpuso el presente recurso de apelación.,

Esta Corte Suprema ha resuelto varios casos en los cuales se trató ampliamente de la prisión subsidiaria. Cuando se promulgó ¿í nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal, se .consignaron• en él dos preceptos distintos fijando dos reglas para la reclusión de los' condenados al pago de multas en el 'caso de que dejaren de satisfacerlas, a saber: el artículo 54 que se refiere con toda claridad a los juzgados de paz y fija 'bn día de prisión por cada cincuenta centavos de multa y costas, no pudiendo exceder la prisión de noventa días, y el artículo 322 -aplicable a las cortes - de distrito que prescribe que la prisión no podrá exceder de un día por cada dólar de multa, ni pasar más allá del término a que pudiera conde-narse al acusado por el delito de que lia sido convicto. Véanse los casos de Ex parte Nazario, 8 D. P. R. 459 y Ex parte Andino, 8 D. P. R. 484.

Era tan clara la ley que para fijar la r'egla el tribunal sólo tuvo que repetir los términos en que estaba redactada. Mas, en 1907, la Legislatura de Puerto Eico pasó la ley in-vocada por el peticionario que contiene sólo tres secciones que copiadas a la letra dicen así:

“Sección 1. — Toda persona sentenciada por las cortes de distrito, municipales o de paz, al pago de multa y costas, o en su defecto a sufrir pena de prisión en cárcel, si, después de liaber ingresado en la cárcel a extinguir la sentencia, quisiere quedar en libertad mediante el pago de la multa y costas a que hubiere sido sentenciado, tendrá derecho a que el tiempo que extinguiere en la cárcel le sea rebajado de la totalidad de la multa y costas, a razón de un dollar por cada día que haya estado preso en cumplimiento de dicha sentencia.
“Sección 2. — Toda ley o parte-de ella, que se oponga a la presente, queda por ésta derogada.
“Sección 3. — Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de ser aprobada.”

¿Fijó esta ley una sola regia aplicable tanto a las sen-tencias que emanaran ele las cortes de distrito, como a las que procedieran de las cortes municipales o de paz? La misma ley contesta en la afirmativa la pregunta formulada.

¿Debe aplicarse estrictamente esta ley al caso en que una persona sentenciada al pago de una multa y en su defecto a prisión, comience a cumplir la prisión y entonces quiera que-dar en libertad mediante el pago en efectivo de parte de, la multa y el abono de la prisión sufrida, o debe extenderse al caso en que un acusado habiendo satisfecho en cárcel la tota-lidad de la multa, sin abonar parte alguna de ella en efec-tivo, solicite su excarcelación?

A nuestro juicio debe extenderse a ambos casos. No puede sostenerse en justicia que un condenado por una corte municipal a pagar treinta pesos de multa, por ejemplo,' y en defecto de pago a sufrir la prisión correspondiente, pueda permanecer en prisión veinte y nueve días y entonces pagar un dólar y obtener su libertad de acuerdo con la ley de 1907, y ese mismo acusado, si no paga ese dólar en esa época, tenga que permanecer en prisión treinta y un días más para cum-plir su condena. La norma fijada por la ley de 1907 para las sentencias de las cortes de distrito, municipales y de paz, es general y puede aplicarse no obstante lo dispuesto en los artículos 54 y 322 del Código de Enjuiciamiento Criminal, cuando el condenado la invoca en su favor. Es un derecho que le ha otorgado la Legislatura que debe reconocérsele en toda su plenitud. Sería sin duda mejor que la' Legislatura armonizara todas sus disposiciones sobre la materia, pero mientras esto se realiza, debemos procurar que su última dis-posición se cumpla de acuerdo con el espíritu que claramente la informa.

Debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Hutchison.

Los Sres. Jueces Presidente Hernández y Asociado Al-drey disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE DE LOS SRES.

JUECES PRESIDENTE HERNANDEZ Y ASOCIADO AUDREY.

No podemos estar conformes con la resolución dictada por esta corte en el día de hoy confirmando la apelada. Opina-mos que 'Tomás Malavé debe volver a la prisión donde se encontraba.

Fúndase nuestra opinión en la misma ley aprobada en 14 de marzo de 1907 para que los tribunales tengan en cuenta los días que un sentenciado haya cumplido en cárcel y sean rebajados de la pena impuesta.' Esa ley en su sección Ia. otorga'a los sentenciados por las cortes de distrito, munici-pales o de paz al pagó de una multa y costas, el beneficio de que el tiempo que Rayan estado en prisión por defecto del pago de la multa, les sea rebajado de la totalidad de la multa a razón de $1 por cada día que Rayan estado presos; pero para disfrutar de ese beneficio exige como condición indispensable que el sentenciado, después de Raber ingresado en la cárcel a extinguir la condena, quiera quedar en libertad mediante el pago de la multa y costas a que Rubiere sido condenado. Es condición sine qua non para el disfrute del beneficio, el pago de la diferencia que resulte entre la multa impuesta y la deducción o abono de la prisión sufrida bajo el tipo de $1 por cada día de prisión. Debe pagarse algo de la multa impuesta, como lo revelan las palabras “me-diante el pago de la multa y costas;” de lo contrario no liabrá términos Rabiles para que el sentenciado tenga derecRo al beneficio que la ley le otorga.

Fué el deseo de la Legislatura conceder a los sentenciados a prisión subsidiaria por insolvencia de multa, el beneficio de que se les rebajara de la multa $1 por cada día de pri-sión sufrida, mas no otorgarles el derecRo de que fueran puestos en libertad tan pronto como el total de la prisión sufrida cubriera el importe de la multa a razón de $1 por cada día de prisión. Semejante derecho equivaldría a poner en manos de los sentenciados un recurso para dejar incum-plida condena a que estaban sujetos por sentencia justa.

Quiso la Legislatura establecer una regla para el caso de que los que estuvieran sufriendo prisión subsidiaria por in-solvencia de multa quisieran ser puestos en libertad mediante el pago de la multa, y la regla dictada para ese caso exclu-sivamente es que de la multa se rebaje la prisión sufrida a razón de $1 por día. No puede Raber rebaja de multa si nada se paga.

“Cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad,” dice el artículo 13 del Código Civil, “la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu.”

Por las razones expuestas, hemos de llegar a la conclu-sión de que la ley debe aplicarse estrictamente al caso en que una persona sentenciada al pago de una multa y en su defecto a prisión comience a cumplir la prisión y entonces quiera quedar en libertad mediante el pago en efectivo de parte de la multa y el abono de la prisión sufrida; pero no puede extenderse al caso en que un acusado, habiendo satis-fecho en cárcel la totalidad de la multa, sin abonar parte alguna de ella en efectivo, solicite su excarcelación.

La Corte de Distrito de Ponce aplicó indebidamente al presente caso la ley a que nos hemos referido, y ha debido revocarse su resolución.