text:
    Antonio Martorell, demandante y apelado, v. “Andino & Febres” Sociedad Industrial de Construcción, demandada, y Antonio Andino, tercerista y apelante.
    No. 4326.

    Visto: Noviembre 28, 1927.

      Resuelto: Mayo 8, 1928.

      Dármelo Honoré, abogado del tercerista apelante; Adrián Agosto, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la parte apelada solicitó la desestimación del recurso. Se opuso la apelante, y la corte declaró haber lugar a la desestimación. Las razones que tuvo el tribunal s’e expusieron en una opinión emitida por el Juez Presidente que suscribe que dice así:

“Antonio Martorell entabló demanda contra la sociedad ‘Andino & Febres’ en cobro de dinero y embargó cierta suma depositada a favor de la demandada en el American Colonial Bank. Antonio Andino, socio de ‘Andino & Febres,’ inició entonces este procedi-miento de tercería, alegando ser individualmente el dueño de la suma embargada. Celebrado el juicio, la Corte de Distrito dictó senten-cia en contra del tercerista, el 26 de mayo de 1927. Andino apeló para ante esta Corte Suprema el 14 de junio de 1927.
“Así las cosas, Antonio Martorell, la parte victoriosa en el pro-cedimiento de tercería, presentó a esta Corte una moción solicitando la desestimación del recurso, l9 porque la apelación se interpuso fuera del tiempo marcado por la ley; 29 porque la notiñcación que se le hizo del escrito de apelación no lo fué en forma debida y, 39 porque dejó de notificarse la apelación a una parte interesada, ‘An-dino & Febres.’
“Exponiendo el primer fundamento de su moción, sostiene Mar-torell que habiéndose dictado la sentencia el 26 de mayo, siendo el término para apelar el de diez días a partir de dictada la sentencia y habiéndose archivado el escrito de apelación el 14 de junio, la con-clusión de que el recurso se estableció fuera de tiempo es evidente.
“La sección 19 de la ley para proveer el procedimiento en casos de tercería, Comp. 1911, pág. 891, prescribe que: ‘Contra las sen-tencias dictadas en los juicios de tercería podrá apelarse en el tér-mino de diez días, y en la forma dispuesta por el Código de Enjui-ciamiento Civil, para las apelaciones en general.’
“En el caso de International Express and Foundry Co. vs. Allen et al., 32 D.P.R. 847, 850, esta corte dijo:
“ ‘En estas circunstancias la apelación debió haber sido inter-puesta dentro de diez días a partir de la notificación de la sentencia, y como la apelación no fué de tal modo interpuesta debe ser des-estimada. ’
“Martorell insiste en que una revisión de los autos del caso ci-tado demuestra que la cuestión que él ahora suscita no fué allí le-vantada. Eso es cierto y también lo es que esta corte llegó a la conclusión de que el término se contaba no a partir del registro de la sentencia, sino de la notificación de la misma, sin razonarla. 'Pero sometida ahora la conclusión a la crítica del apelado y al exa-men nuestro, estimamos que se ajusta a la ley porque dados los términos en que está redactada la sección diez y nueve, debe apli-carse io prescrito en el Código de Enjuiciamiento Civil íntegra-mente y éste dispone que el término para apelar se cuenta a par-tir del archivo de la notificación con los autos.
’ “El precedente establecido por esta corte al interpretar la ley especial de desahucio (véase los casos de Figueroa, et al. vs. Sepulveda, 24 D.P.R. 690, 694; Ramírez vs. Pérez, 25 D.P.R. 231, 234; y Barbosa et al. vs. Fernández, 28 D.P.R. 305) no es aplicable. La ley de desahucio de modo terminante ordena en su sección 11 que: ‘Las apelaciones deberán interponerse en el término de cinco días contados desde la fecha de la sentencia,' y es luego en la sección 14 que expresa: ‘Las apelaciones se tramitarán de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil . . .'
“Basta comparar la redacción de la sección 19 de la ley de ter-cerías con la de las secciones 11 y 14 de la de desahucio, para con-cluir que son diferentes en su alcance. La 19 de la ley de terce-rías no fija el punto de partida y se refiere en seguida al Código de Enjuiciamiento Civil. La 11 de la de desahucio de modo ter-minante fija dicho punto y es en otra sección de la ley que se hace referencia en general al Código de Enjuiciamiento Civil, aplicable para la tramitación del recurso una vez que éste ha sido debida-mente interpuesto no sólo de acuerdo con la sección 11, sino con la 12 de la misma ley.
‘ ‘ Sostiene el apelado que aunque no prevaleciera su criterio, siempre resultaría que la apelación se interpuso fuera de tiempo porque consta de los autos que la sentencia se notificó al día si-guiente de dictada o sea el 28 de mayo de 1927.
“En efecto de los autos aparece una copia exacta de la notifica-ción de la sentencia al abogado de la parte apelante con una nota al pie que dice: ‘Nota de Archivo: En mayo 28, 1927 se archiva «u autos esta copia y se remite el original al Ldo. Carmelo Honoré, San Juan, P. E. (Fdo.) Luis Vergne Ortiz, Secretario.’
“La sección 2 de la Ley para enmendar los artículos 92, 123, 227 y 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, aprobada en 9 de marzo de 1911, Comp. 1911, pág. 902, dice:
“ ‘En todos los casos en que se pueda establecer el recurso de apelación, según lo provisto en la sección 295 del Código de En-juiciamiento Civil, según fué enmendada en marzo 11 de 1908, será deber del secretario de la corte, enviar a la parte perjudicada, o a su abogado, al dictarse la sentencia, de la cual pueda establecerse «1 recurso de apelación, una notificación escrita informándole que la sentencia ha sido dictada, o de la resolución de la corte, y una copia de esa notificación será archivada con los autos, y el término para establecer el recurso de apelación, empezará a correr desde la fecha del archivo de dicha notificación con los autos.’
“Prima facie, pues, los autos y la ley dan por entero la razón •al apelado. Pero el apelante alega, que si bien ello es así, sucedió que el pliego conteniendo la notificación le fué entregado a Antonio Linares, mensajero del Departamento de Agricultura y Trabajo de que forma parte el abogado Honoré, y el dicho Linares lo guardó en su bolsillo y olvidó entregárselo hasta el 9 de junio de 1927, y •sostiene además que el dicho abogado Honoré no se enteró hasta esa fecha de que se había dictado la sentencia. Para probar esos he-chos se presentaron affidavits de Honoré y Linares.
“Con anterioridad a la enmienda de 1911 no había necesidad de notificar las sentencias. Bastaba registrarlas en los libros de la corte para que se entendieran notificadas. El sistema fué cambiado. Se ordenó la notificación, pero el término no se fijó a partir de la notificación, sino del archivo de la copia de la notificación con los •autos. Claro está que la idea de la ley es enterar de modo directo a la parte interesada del pronunciamiento de la sentencia, pero tra-tándose como se trata de un documento registrado en un libro que tiene el carácter de público y de abogados que ejercen ante las cor-tes, y previendo el legislador las dificultades que pudieran surgir «n la práctica, no quiso ir demasiado lejos en su innovación y fijó como base para la computación del término el del archivo de la copia.
“El archivo de la copia presupone que la notificación se hizo, o mejor dicho, fué enviada, para usar las palabras exactas de la ley. Además el secretario hizo constar, expresamente en su nota la re-misión del original. La presunción puede destruirse mediante prueba. ¿ Se destruyó aquí ? Nada dispone la sección dos que transcribí-mos con respecto a la forma del envío de la notificación. Aplicando los preceptos generales que contiene el artículo 320 del Código de Enjuiciamiento Civil, si se examina el propio affidavit de Linares, se verá que la notificación se hizo de acuerdo con dichos preceptos.
“La oficina en que trabaja Honoré durante las horas regulares del día, es el Departamento del Trabajo. Linares es el mensajero oficial de todos los negociados de dicho departamento y actúa a ve-ces, aunque pocas, según dice, como portero. Cuando llegó el men-sajero de la corte con el pliego para Honoré conteniendo la notifi-cación, Honoré estaba ausente, y el mensajero, que actuó como por-tero entonces,’ lo recibió para él. Y así todo lo que tenía que hacer el Secretario quedó Lecho.
“ ‘Los preceptos legales atinentes a la jurisdicción de las cortes como son los relativos al término para interponer recursos de ape-lación, son de aplicación estricta y no están sujetos a la discreción judicial,’ como se dijo por esta Corte en Pérez vs. Sucesión Collado, 19 D.P.R. 422. Pero aún cuando estimáramos que teníamos discre-ción para dispensar al apelante de su falta de actuación por la con-ducta del empleado, las circunstancias que concurren no presentan un caso propio para el ejercicio de esa discreción. No obstante re-conocer el apelante que el 9 de junio tuvo conocimiento personal de la sentencia, no fué hasta el 14 que archivó su escrito de apelación. Otras circunstancias existen además.
“Habiendo llegado a la conclusión de que el recurso se estableció después de vencido el término de ley, no es necesario estudiar los otros dos fundamentos en que la moción se basa, aunque deseamos decir que nos inclinamos a creer que también en virtud de ellos pro-cedería la desestimación.
“Debe desestimarse el recurso.”

No conforme la parte apelante solicitó que el tribunal reconsiderara su resolución. Uno de los jueces no había intervenido y pareciendo la cuestión di'gna de un mayor es-tudio, se reconsideró la resolución y las partes fueron otra vez oídas.

El nuevo examen que liemos hecho de los autos nos lleva a la misma conclusión. La opinión emitida se sostiene excepto en cuanto hace referencia al art. 320 del Código de Enjuiciamiento Civil, aclarándose además que el Juez Asociado Sr. Wolf cree innecesario referirse a la entrega del sobre al mensajero dél Departamento del Trabajo, por esti-mar qne lo único qne tiene qne acreditarse es el archivo de la notificación con los autos y el envío de la notificación a la- parte o a sn abogado si el envío fnese negado. Si fnera necesario acreditar la entrega, dicho juez tiene grandes dndas de qne la hecha al mensajero fnera suficiente.

La ley que estableció la nueva práctica no habla de noti-ficaciones hechas directamente a la persona del abogado o de la parte con las formalidades de un emplazamiento, sino de “enviar a la parte perjudicada, o a sn abogado, . . . . una notificación escrita informándole qne la sentencia ha sido dictada.” No fija la forma del envío y siendo ello así la práctica corriente de enviarla por mensajero y entregar el sobre que la contenga al mensajero o portero de 1a. oficina en qne trabaje regularmente el abogado, no es una práctica ilegal. Hubiera podido remitirse por correo. ¿Qué otra cosa puede esperarse que hubiera hecho el cartero que la que hizo el mensajero de la corte de distrito?

No se niega que la notificación fuera enviada, ni recibida. Se acepta que fué enviada) y recibida, en la fecha que muestran los autos, pero se sostiene que la recibió el mensajero de la oficina y por un olvido involuntario no la entregó al abogado a su debido tiempo.

El abogado ni su cliente pueden quejarse. Corrieron el riesgo a que se expusieron por tratar el primero de ejercer la profesión de abogado al par que un cargo público.

Pero hay más. Insinuamos en nuestra anterior opinión que también procedería la desestimación por los otros motivos alegados y estudiándolos de nuevo encontramos que si bien sería dudoso que procediera laj desestimación del i ocurso por falta de debida notificad óu del escrito do apelación a Martorell, es evidente que procede por no haberse notificado a una de las partes interesadas en el pleito.

Dice la moción de desestimación:

“Del récord de este caso no aparece que la apelación fuera no-tificada a la demandada ‘Andino & Pebres’.
“En este caso, una de las demandadas y apelada es la social ‘Andino & Pebres’, ella puede ser afectada por cualquiera modifica-ción o revocación que de la sentencia de este caso se baga por virtud de esta apelación.
“Esto es tan verdad que el Juez en su sentencia de este caso dice lo siguiente:
“ ‘Que- los $509.69 embargados y que dan origen a esta tercería pertenecen al fondo social de la sociedad civil “Andino & Pebres”.’ (Véase pág. 5 del récord.)
“Si lo son de la sociedad ‘Andino & Pebres’ los $509.69 embar-gados en este caso, lo deben ser también los $1,445.40 por los que se libró el cheque de 20 de noviembre de 1925 y de donde se sacan estos $509.69 luego la social Andino & Pebres gana o pierde con la revocación o modificación de la sentencia de este caso y debió el ter-cerista notificarla de la apelación que estableció en el mismo.”

En el primer alegato del tercerista Andino nada se con-testó sobre el anterior motivo de desestimación. En el se-gundo presentado para sostener la moción de reconsideración todo lo que se dice es lo que sigue:

“En cuanto al tercer motivo o sea el hecho de no haber sido notificada la demandada ‘Andino & Pebres’ parece suficiente la de-mostración por los autos, de que dicha sociedad se hallaba en rebel-día y así está demostrado por la relación del caso y opinión del Juez sentenciador. Dicha sociedad no compareció a la vista del caso ni hizo alegación alguna en oposición a las pretensiones del tercerista. No puede ser considerada parte agraviada por la sen-tencia apelada.
“ ‘No procede la desestimación por el hecho de- que no se noti-ficara el escrito interponiéndola a una parte declarada en rebeldía etc. . . .’ Banuchi vs. Cabán, 32 D.P.R. 931; Pagán vs. Sellés, 28 D.P.R. 160. Clarke vs. Mork, 125 Cal. 540-543.”

La cita del sílabo del caso de Banuchi v. Cabán, no está completa. En su totalidad dice:

“No procede la desestimación de una apelación por el hecho de que no se notificara el escrito interponiéndola a una parte declarada en rebeldía que al tiempo de verificarse el embargo de los bienes que sou objeto de la tercería los había vendido por escritura pú-blica. Tal parte no tiene el carácter de agraviada en el litigio.’’ Banuchi vs. Cabán, 32 D.P.R. 931.

La de Pagán v. Sellés no sostiene la contención del apelante. Es como signe:

“No procede desestimar una apelación porque el escrito inter-poniéndola no fuera notificado a ciertos demandados que no consta del record que fueran emplazados, ni que comparecieran voluntaria-mente, ni que su rebeldía fuera anotada. Bajo tales circunstancias no puede sostenerse que dichos demandados quedaron sometidos a la jurisdicción de la Corte de Distrito y que son partes realmente interesadas en la apelación.” Pagán vs. Sellés, 28 D.P.R. 160.

Y el caso de California invocado lo que resuelve es lo siguiente:

“Se ha radicado una moción a nombre del demandado Hinckley en la cual se solicita la desestimación de la apelación fundándose en el hecho de que el escrito de apelación no fué notificado a algunos de los demandados. Los autos no demuestran sin embargo que tales demandados fueran emplazados o que comparecieran y por con-siguiente no era necesario notificarles el escrito de apelación. (Código de Enjuiciamiento Civil, art. 1014) A menos que dichos demandados fuesen traídos ante la corte superior no serían afectados por su sentencia o por la revocación de la misma por esta corte.”

Siendo ello así, no habiéndose demostrado que “Andino & Febres” no fuera una parte interesada, debió notificársele el escrito de apelación y si no se le notificó como se reconoce que no se hizo, procede también por tal motivo la desestima.-ción del recurso de acuerdo con la ley y la repetida jurisprudencia de esta misma Corte Suprema. Melchior, Armstrong, Dessau Co. v. Banco, 37 D.P.R. 789. El hecho de que dicha sociedad estuviera en rebeldía y el de que no hiciera oposición alguna a las alegaciones del tercerista, no son por sí solos bastantes para concluir que no tenía interés en el litigio.

Por virtud de todo lo expuesto, debe desestimarse la ape-lación establecida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Ernesto Fernando Schlüter, demandante y apelado, v. Vicente Soto Samalot y Encarnación Vélez, demandados y apelantes.
    No. 4468.

    Visto: Enero 9, 1928.

      Resuelto: Mayo 8, 1928.

      H. Torres Sola, abogado de los apelantes; E. Campos del Toro, ¿bo-gado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita en este caso la desestimación del recurso por no ser apelable la orden recurrida.

En la Corte de Distrito de San Juan se siguió un proce-dimiento ejecutivo hipotecario por Schlüter contra Soto y su esposa. La finca hipotecada se adjudicó finalmente al de-mandante.

No habiendo podido el adjudicatario obtener que los de-mandados le entregaran la finca en cuestión, solicitó y obtuvo de la corte una orden que lee como si'gue:

“Vista la moción que precede y los autos de este pleito la corte la declara con lugar y ordena que el marshal de este Tribunal pro-ceda a lanzar y hacer que el demandado Vicente Soto Samalot de-saloje el inmueble que fué adjudicado en pública subasta al deman-dante a quien deberá el referido marshal dar posesión del mismo.
“El Secretario espedirá el correspondiente mandamiento para el cumplimiento de esta orden. San Juan, P. R., julio 26, 1927. (Fdo.) C. Llauger Díaz, Juez.”

El 29 de julio de 1927 los demandados pidieron la recon-sideración de la orden dictada y

“La corte resolviendo la solicitud de reconsideración a su orden de fecha julio 26 de 1927, que fué discutida por las partes el día 19 de septiembre y ofrecido alegatos a la corte, los que hasta esta fecha no han sido radicados, declara que por no haber a su juicio fundamentos legales que justifiquen se deje sin efecto su ameritada orden de fecha 26 de julio de 1927, declara sin lugar dicha solici-tud de reconsideración. Notifíquese. Dada en San Juan, P. R., hoy día 11 de octubre de 1927. C. Llauger Díaz, Juez de Distrito.”

Los demandados solicitaron la reconsideración de la orden que antecede porque ellos habían presentado su alegato. Accedió la corte y considerando de nuevo la cuestión planteada la decidió así:

“La corte sostiene su resolución de 11 de octubre, por la que se declara sin lugar la solicitud de reconsideración a la orden de julio 26, 1927. Notifíquese. San Juan, Puerto Rico, a ,8 de noviembre de 1927. Pdo. C. Llauger Díaz, Juez de Distrito.”

Esta última orden se notificó a los demandados el 29 de noviembre de 1927 y los demandados interpusieron contra ella la presente apelación el 8 de diciembre de 1927:

La cuestión de si puede apelarse de una orden reconside-rando o negándose a reconsiderar o dejando o negándose a dejar sin efecto una orden o sentencia apelable por sí misma, ha ocupado la atención de la corte en repetidas ocasiones. Su decisión depende mucho de las circunstancias que en cada caso concurren.

La regla es que la apelación debe establecerse de la sen-tencia o de la oi'den misma y no de la orden decidiendo la moción de reconsideración. Sólo como excepción procede actuar de modo distinto.

En este caso concreto es dudoso el derecho a apelar de la propia orden de julio 26, 1927. Pero aceptando que fuera claro, la parte que se sintió agraviada debió haber recurrido de ella directamente para ante este tribunal. La conoció en tiempo, ya que tres días después de dictada fué que presentó su moción de reconsideración.

Pero hay aún más. No sólo no recurrió la parte directa-mente, si que habiéndose decidido la reconsideración en su contra en octubre once de 1927, insistió de nuevo en la corte de distrito y la corte después de haber considerado otra vez el caso ratificó su anterior resolución el 8 de noviembre de 1927 y de esta última resolución es que se apela.

Para sostener la procedencia del recurso, la parte apelante invoca el caso de Delgado v. Cárdenas, 34 D.P.R. 240, que no es aplicable como veremos en seguida.

En dicho caso se desestimó la apelación por no haberse acompañado al escrito de apelación el sello que la ley exige o incidentalmente se dijo:

“En abril 8, 1925 la Corte de Distrito de Humacao en una ac-ción reivindicatoria declaró sin lugar una llamada moción de recon-sideración de la sentencia por abandono, dictada contra la deman-dante. La resolución así dictada que en realidad es una para de-jar sin efecto la sentencia, cae dentro de la clase de la cual debe interponerse una apelación dentro del término de diez días.”

Se trataba de uua sentencia por abandono que, como las dictadas en rebeldía, constituye una excepción a la regla. Hernaiz, Targa & Co., v. Vivas, 20 D.P.R. 106.

Debiendo aplicarse a este caso concreto sometido a nuestra consideración la regla general, no habiéndose apelado directa-mente de la resolución de 26 de julio de 1927 y en todo caso habiendo itranscurrido el término para apelar de dicha reso-lución cuando la apelación de la orden negando la reconsi-deración fue interpuesta, debe desestimarse el recurso.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Arroyo & Valiente, demandante y apelante, v. North British & Mercantile, Inc., demandada y apelada.
    No. 4054.

    Visto: Abril 18, 1928.

      Resuelto: Mayo 10, 1928.

      M. Tous Soto j V. M. Fernandes, abogado del apelante; Pedro G: Quiñones, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Arroyo & Valiente, sociedad mercantil domiciliada en Vega Baja, P. R., tenía un contrato de seguro con North. British & Mercantile Insurance Company, Ltd., una compa-ñía de seguros con domicilio en Londres, Inglaterra, y que hacía negocios de seguro en Puerto Rico en las épocas a que se refieren las alegaciones en este caso. Por tal contrato, celebrado en 13 de marzo de 1924, y hecho constar en póliza de seguro contra incendio, la compañía aseguradora, luego demandada, se obligó a indemnizar a la demandante, basta la suma de ocho mil dólares, los daños que por causa de incendio pudieran ocurrir a una cantidad de tabaco, propia de la aquí apelante, y depositada en un almacén de Juan Arroyo; siendo el término de dichos contrato y riesgo, el de seis meses, a contar del 13 de marzo de 1924, y a expilar' el día 13 de septiembre del mismo año, a las cuatro de la tarde; pagando Arroyo & Valiente a la compañía la prima de seguro en la cuantía que en el contrato se expresa. En. la noche del 15 al 16 de mayo de 1924 se declaró un incendio' en el local en que se hallaba almacenado el tabaco objeto del seguro, quedando completamente destruidos 60 quintales do tabaco despalillado, cuyo valor fija la demandante en $3,000, y 525 quintales de tabaco en rama, que la misma parte valora en $18,375. Ese tabaco se hallaba protegido, además de la póliza citada, por otras dos de otras com-pañías, por valor de $13,375. La aquí demandante-ape-lante, en focha 12 de mayo de 1924, fue avisada por telégrafo, por la compañía demandada, de que ésta había cancelado la póliza de seguro contra incendio de que se trata en este caso. La demandante reclamó a la demandada el pago del seguro; y no habiéndolo recibido, interpuso demanda ante la Corte ^de Distrito de San Juan, reclamando $6,277 y las costas, y alegando, substancialmente, lo que queda expuesto y ade-más que había dado en tiempo el aviso y enviado a la de-mandada declaración jurada relativa a la mercancía destruida por el incendio y a su valor.

La demandada alegó al contestar la demanda, que al tiempo de ocurrir el siniestro la póliza no estaba en vigor, porque la demandada la había cancelado mediante un tele-grama que envió a la demandante en 12 de mayo de 1924, y el que fué recibido por la demandante, y que la cancelación íué verbalmente ratificada el 15 de mayo del mismo año, al socio gestor de la demandante en la oficina de Sobrinos de Ez-quiaga, agentes de la demandada en Puerto Rico; y que' tal cancelación se había hecho en virtud do una cláusula de la misma póliza; alegó también que en la fecha del siniestro eí tabaco despalillado que tenía la demandante en su almacén valía mucho monos que lo que la demandante alega, o sea .que valía alrededor de $10 quintal; que la pérdida no se le ha probado, ni se le ha reclamado el pago, y que la demanda es prematura.

Se celebró el juicio y se oyó la prueba; y la corte, en 28 de mayo de 1925, dictó, acompañada de una opinión, su sentencia, declarando sin lugar la demanda, con costas a la demandante.

Contra esta sentencia se interpuso el-presente recurso de apelación.

La parte apelante señala tres errores.

El primer señalamiento Race relación a la supuesta infracción del artículo 1223 del Código Civil. Se sostiene por la apelante que la cláusula de la póliza por virtud de la que la compañía aseguradora puede cancelar la dicha póliza sin otro requisito que el aviso al asegurado, es contraria, al espíritu del citado texto legal, y es, por ello, ineficaz o nula.

El artículo 1223 del Código Civil, dice:

“La validez ,y el cumplimiento de los contratos no pueden de-jarse al arbitrio de uno de los contratantes.”

La cláusula de la póliza a que la apelante se refiere, es la siguiente:

“Artículo 10. — El asegurado podrá en cualquier tiempo exigir la anulación del presente seguro, quedando entendido que la frac-ción de prima correspondiente al plazo vencido, calculada según la tarifa ordinaria de los seguros de corto plazo, quedará de propie-dad de la Compañía. Esta tendrá el mismo, derecho de cesar en cualquier época en su garantía, por medio de una simple notifica-ción al asegurado, quien entonces podrá exigir la devolución de la fracción de prima correspondiente al tiempo que falte por correr desde la fecha de la anulación.”

Hemos examinado con todo detenimiento el argumento de la apelante, que indudablemente, está presentado con habilidad, pero no es sólido.

El artículo 1223 de nuestro Código Civil no es otra cosa que una reproducción del 1256 del Código Civil Español. En alguna nación americana, ocurre lo mismo que en Puerto Rico; Honduras copió el precepto lo mismo que aparece en el Código Español, y no tenemos noticia de que haya sido enmendado. El sentido general de los códigos es éste; y en resumen, el principio no es otro que el del Derecho Romano, expresado en la ley 8, Título VII, Libro XLIV del Digesto, en estas palabras: “Sub hac conditione ‘si volam’ nulla fit obligatio,” a “No se contrae obligación bajo esta condición, ‘si yo quiero.’ ”

La existencia y realidad de este principio, está de acuerdo con la naturaleza de la obligación contractual. En ésta, forzosa e inevitablemente, deben concurrir dos volun-tades, que acuerdan y concuerdan para un fin de deredbo. Cualquier estipulación, pacto o intención que baga desapa-recer una de esas dos voluntades, destruye el acuerdo, y el contrato no nace.

Laurent ba expresado la situación jurídica, en casos como el de los artículos 1170 y 1174 del Código de Napoleón, con un sencillo ejemplo, y un axioma, que es así: “Si yo digo: ‘me obligo si quiero,’ como depende de mí impedir la obli-gación, no bay vínculo. Mas si me obligo estipulando el derecho de resolver la obligación a mi voluntad, quedo obligado, en tanto no manifiesta un propósito' de resolver el contrato.”

T Mucius Scaévola, el tratadista español, dice así:

‘‘Lo que según el artículo 1256 no puede quedar al arbitrio de uno de los contratantes es la validez y el cumplimiento de los con-tratos ; conceptos ambos que se refieren a la esencia de la obligación, a su sustantividad, a su naturaleza, excluyendo así lo accidental. Lo que probibe el legislador es la estipulación por virtud de la cual’ de la voluntad de un individuo dependa la existencia o inexistencia de la obligación, su nacimiento, pero no aquella otra determinativa de cómo y hasta cuándo ha de existir, con tal que viva.” (Q. Mu-cius Scaévola, Comentarios al Código Civil, tomo 20, página 515).

Manresa, comentando el mismo' artículo, dice:

“También el texto del artículo, refiriendo la prohibición al ar-bitrio de uno de los contratantes, demuestra que es perfectamente lícito dejar el cumplimiento, bajo la forma negativa de la rescisión, a la voluntad de cualquiera de las partes, caso frecuente en cier-tos contratos (arrendamiento de servicios, suministro de energía eléctrica, etc.) porque en ese supuesto, ni se contraría el artículo,-ni se falta a la igualdad entre los contratantes, que quedan con las mismas facultades respecto del cumplimiento.” (Manresa, Código Civil, tomo 8, página 627).

Existe un gran número de casos decididos por los tribunales de Estados Unidos, que se citan en 13 Corpus Juris, 606, como Bour v. Kimball, 46 Ill. A. 327; A. Leschen, etc., Rope Co., v. Patterson, 130 La. 557, 58 So. 336; McCullough’s Lead Co. v. Strong, 56 N. Y. 660; U. S. Aluminum Co. v. Calvert Lith. Co., 49 Misc. 491, 97 N. Y. S. 1042, y otros, al exponer la ley en esta forma:

‘ ‘ Un contrato puede disponer que cesará a opción de una o de cualquiera de las partes, y tal estipulación, si se Race honradamente, será observada, a menos que sea contraria a la equidad y a una sana conciencia. ’ ’

En el caso Schwab v. Baremore, 95 Minn. 295, 104 N. W. 10, se dijo por la corte:

“Es enteramente legal el que las partes en un contrato dispon-gan la rescisión o anulación del mismo, bien por un acuerdo posterior, o mediante la incorporación de cláusulas o condiciones con ese fin en el convenio original; y, así, pueden determinar y limitar los derechos y la responsabilidad de cada cual en caso de incumpli-miento, y las cortes harán cumplir los contratos en cuanto a este particular lo mismo que a otros respectos, de acuerdo con los dere-chos de las partes según han sido fijados y limitados.”

La lectura del artículo 1223 del Código Civil de Puerto Pico, da, por sí misma, el conocimiento de la verdadera teoría. El legislador no ha querido que al arbitrio de una de las partes queden la valides y el cumplimiento de la obli-gación contractual; es decir, lo que afecta a la vida, a la existencia de la obligación. Pero, en lo que se refiere si su resolución, puede pactarse, de acuerdo con el artículo 1222 del mismo código; y eso es lo que ocurre en el contrato en este caso, contrato que está perfeccionado por la interven-ción de consentimiento, objeto y causa, que es válido y eficaz, y obliga al cumplimiento; pero que se halla modali-zado y condicionado, por la expresión de la voluntad de los otorgantes en cuanto a cuándo puede resolverse, y cómo, ya por una, ya por otra de las partes, que adquieren el derecho a resolver, no para una sola de ellas, sino para las dos y cada una.

La cláusula a que se refiere la parte apelante no deja al arbitrio de una de las partes la validez y el cumplimiento del contrato; éste es válido y eficaz al perfeccionarse, y tiene las necesarias condiciones para ser cumplido, y las partes se obligan a cumplirlo; y es cuanto en el contrato se requiere para que no exista en él oposición al precepto del artículo 1223 del Código Civil.

Si la interpretación que por la apelante se ofrece fuera correcta, quizá habría que sostener la nulidad del contrato on su totalidad, por faltar en el consentimiento el concurso de diversas* voluntades. No podría sostener tal teoría la misma parte que demandó para el cumplimiento del contrato, cumplimiento que, como primera condición, requiere la exis-tencia de tal contrato, en condiciones de validez y exi'gibilidad.

No existe, pues, el primer error señalado.

En lo que toca al segundo error, la parte apelante sostiene que, de acuerdo con el artículo 51 del Código de Comercio, sólo tiene valor la correspondencia telegráfica cuando por- las partes en el contrato se admitió previamente, y por escrito, tal medio, y con las condiciones que en dicho artículo se especifican.

El precepto citado sólo habla de la eficacia de la corres-pondencia .telegráfica como medio de contratación. En el caso ante nosotros, el contrato se hizo eh la forma corriente del seguro, esto es, por la póliza escrita. T el telegrama sólo ha sido utilizado para avisar a la parte ahora apelante, de Ja cesación • deb seguro.. Leyendo la cláusula 10 de la póliza, encontramos que ese aviso puede ser de cualquier clase, oral, por carta, por telégrafo, y hasta la oral telefónica pudiera ser suficiente. A más de esto, del récord aparece que no sólo se dio el aviso por telégrafo, sino que se dio personalmente a uno de los socios de la apelante.

No existe el segundo error señalado.

La apelante sostiene que según el artículo 1262 del Código Civil, la rescisión obliga a la devolución de las cosas que fueron objeto ,del contrato. Esta es una cuestión que se levanta por primera vez, añora. Creemos que no hay justificación para proponerla, en este estado del procedimiento, y menos, cuando la parte que la propone, lejos de solicitar en la corte inferior la rescisión o las consecuencias de la misma, ha venido pidiendo el cumplimiento del contrato.

De todas formas, el pacto contenido en el artículo 10 de la póliza de seguro de que se trata, salva toda discusión y evita la duda, en este particular. Allí las partes han con-venido en que cuando se utilice el derecho de resolver, baste la devolución de la fracción de prima correspondiente al tiempo que falte por correr desde la fecha de la anulación. Ese pacto, que forma parte integrante del contrato, es ley para las partes.

No estamos conformes con la apelante en cuanto al tercer error señalado.

Debe- confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez PresideNte Senos del Toro,

text:
    Banco Comercial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Julio Perales, Angel López Díaz y Vicente López Martínez, demandados y apelante el primero.
    Nos. 4573 y 4574.

    Vistos: Abril 30, 1928.

      Resueltos: Mayo 10, 1928.

      Fulgencio Piñeiro, abogado del apelante; Luis Pereyó, abogado del apelado.
   El Juez PresideNte Senos del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita en estos dos casos la desestima-ción de los recursos interpuestos por frívolos.

En ambos las demandas se basaron en pagarés que se insertaron en las mismas y de los cuales aparecía claramente que todos los demandados se habían obligado solidariamente al pago de la deuda.

Uno de los demandados, Julio Perales, contestó en el primer caso que no obstante lo consignado en los pagarés lo cierto era que se trataba de una deuda contraída por “A. Pérez & Hermanos,” de Humacao, y que tanto él como el demandado Angel López habían servido simplemente de fiadores, habiendo el banco demandante voluntariamente de-jado de cobrar la deuda al verdadero deudor por conside-raciones que quiso guardarle para dirigir luego su acción contra los fiadores. Otra contestación semejante formuló el dicho demandado Perales en el segundo caso.

Señaladas las vistas para el 8 de febrero de 1928, sólo compareció el demandante, que practicó su prueba, dictando la corte inmediatamente sus sentencias concediendo lo pedido en las demandas, esto es, el pago de las cantidades especi-ficadas en los pag'arés.

El 2 de marzo último Perales apeló de las sentencias para ante este tribunal y el 5 de abril siguiente la parte apelada archivó sus mociones de 'desestimación. El apelante no ha presentado oposición por escrito ni compareció al acto de la vista de las mociones.

Los hechos que dejamos expuestos constan de las mo-ciones, de las certificaciones acompañadas y de los autos de esta corte, y basta examinarlos ligeramente para concluir •que asiste la razón a la parte apelada. Los recursos se inter-pusieron meramente para dilatar el cumplimiento de la sen-tencia. Los documentos insertos en la demanda son claros y terminantes. Hablan por sí mismos y de ellos surge la responsabilidad solidaria de todos los que los firmaron. Los ■demandados admitieron su autenticidad y no comparecieron el día del juicio a probar las defensas que alegaron.

Resulta, pues, que se trata de apelaciones enteramente frívolas. Probada tal circunstancia, no es necesario esperar que transcurran los 90 días a que se refiere la sección 59 del Reglamento de esta corte, 17 D.P.R. LXXIV, para desestimar como deben desestimarse dichas apelaciones.


author: El Juez Presidente SeñoR del ToRO,

text:
    Vicente Montañés, demandante y apelado, v. Gregorio Muñoz, et. al., demandados y apelantes.
    No. 4560.

    Visto: Abril 23, 1928.

      Resuelto: Mayo 10, 1928.

      José G. Torres y J. Validejuly, abogados de los apelantes; Antonio Ayuso y Daniel Pellón, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Presidente SeñoR del ToRO,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso basándose en que interpuesto el 3 de febrero último, la parte apelante solicitó la transcripción de. la evidencia y la corte concedió al taquígrafo veinte días para prepararla, término qne venció el 4 de marzo siguiente sin qne la transcripción, fuera archivada. La parte apelada en sn propia moción ex-presa qne se concedió moa prórroga; el 6 de marzo, pero sostiene que como la corte no tenía jurisdicción para actuar, pues cuando lo hizo el término estaba ya vencido, es lo mismo que si nunca hubiese sido concedida.

La parte apelante presentó una oposición jurada alegando que siendo domingo el 4 de marzo, el término venció el lunes' cinco; que ese lunes se personó su abogado al mediodía en la corte de distrito- en busca del taquígrafo para enterarse del estado de la transcripción, y que allí supo que el taquí-grafo estaba enfermo, que entonces requirió al archivero para que le mostrara el expediente y éste no pudo ser en-contrado, que ignorando si el taquígrafo había o no solici-tado prórroga y a los efectos de estar más seguro, el abo-gado redactó una moción pidiéndola y al regresar a la corte para presentarla antes de las cinco de la tarde halló cerradas las oficinas de la corte, que fué a casa del secretario y no lo encontró, que visitó la casa del Juez Sr. Berga y tampoco lo encontró y que al día siguiente bien temprano- se- personó en el despacho del indicado Juez Sr. Berga, le explicó todo lo currido y el juez le concedió la prórroga a que se refiere la moción de desestimación.

Alega la parte apelante que son válidos los procedünientos seguidos en la corte de distrito, pero para el caso de que se concluyera que la corte no tuvo jurisdicción para conceder la prórroga al día siguiente de vencido el término, invoca la discreción de este Tribunal Supremo.

A. nuestro- juicio las explicaciones de la p-arte apelante contenidas en su moción jurada y anteriormente extractadas, demuestran que no fué negligente. Se trata de mía apela-ción relativamente reciente. Es cierto que hubiese sido suma-mente fácil a la parte apelante cuando por primera vez dice que estuvo en la corte de distrito el haber archivado su soli-citud de prórroga, pero como se dilató sólo un día y pueden ser ciertas las manifestaciones hechas, demostrando la ex-periencia que muchas veces estando a nuestro alcance el camino más recto, no lo descubrimos en el acto y tomamos para realizar nuestro propósito sendas más complicadas y largas, seguiremos el precedente establecido en el caso de Alvarez v. National Fire Insurance Co., 36 D.P.R. 928, y en el ejercicio de nuestra discreción concederemos como un nuevo término los treinta días que solicitaron los apelantes el 6 de marzo de 1928, quedando la corte de distrito’ con plena jurisdicción para seguir concediendo las demás prórrogas que en tiempo y por justa causa fueren solicitadas, debiendo desde luego la parte apelante imprimir a su trabajo y ges-tiones la mayor actividad que fuere posible.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


text:
    Banco Masónico de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Heraclio López & Compañía, Ricarda G. de López y Heraclio López, demandados y apelantes.
    No. 4567.

    Visto: Abril 30, 1928.

      Resuelto: Mayo 10, 1928.

      Juan B. Soto j G. Pesquera, abogados de los apelantes; E. Campos del Toro, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opiuión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación de esta apela-ción, por frívola. La parte apelante no presentó oposición por escrito. Compareció a la vista por sn abogado, limi-tándose a expresar qne creía que existía una meritoria cuestión de derecho envuelta pero sin expresar cuál fuera.

De la moción y de los documentos acompañados a la misma aparece que el Banco Masónico demandó a Heraclio López y Ca., Ricarda Gr. de López y Heraclio López en cobro de seiscientos dólares. Se acompañó a la demanda copia del pagaré firmado por los demandados a favor del deman-dante. Los demandados alegaron por vía de excepción previa que la demanda no aducía hechos suficientes para constituir una causa de acción. Señalada la vista del pleito para febrero último, comparecieron ambas partes. La de-mandante practicó su prueba consistente en la presentación del documento original y en la declaración de un testigo. Los demandados presentaron -una moción de nonsuit y mani-festaron que no tenían prueba alguna que aducir. La corte el mismo día del juicio dictó sentencia concediendo lo pedido en la demanda. Y los demandados, el 30 de marzo último, interpusieron la presente apelación.

Se trata de.una demanda comiente en cobro de una deuda hecha constar en un pagaré. El demandante es una insti-tución bancaria que funciona en esta ciudad de acuerdo con la ley. Alegó y probó que era el tenedor del pagaré de que se trata, suscrito y entregado por los demandados, vencido y no pagado en todo ni en parte. Por el pagaré los deman-dados se comprometieron solidariamente a pagar al Banco, en su oficina, el 23 de mayo de 1927, la suma de seiscientos dólares, intereses al doce por ciento anual y las costas y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial. La demanda se presentó' en septiembre de 1927.

Es pues, enteramente claro que se trata de una apelación frívola, y en tal virtud debe declararse con lugar la moción de la parte apelada.


text:
    Ursula Hernández, etc., demandante y apelada, v. Serodacio Alvarado, demandado y apelante.
    No. 4596.

    Visto: Mayo 7, 1928.

      Resuelto: Mayo 10, 1928.

      G. Iriarte, Jr., abogado del apelante; L. H. Tirado, abogado de la apelada. •
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se ba pedido de la corte la desestimación de la apelación fundándose en que el apelante solicitó copia del récord taquigráfico para presentar una exposición del caso y después varias prórrogas para la obtención de tal récord, cuyas prórrogas fueron concedidas por la corte; en que lian transcurrido 138 días desde la fecba en que se pre-sentó el escrito de apelación; y en que el apelante no lia proseguido su apelación con la diligencia ■ debida o de buena fe por no ser de absoluta necesidad el récord taquigráfico para preparar la exposición del caso y porque constándole que en una de las tres sesiones en que se desarrolló el juicio intervino un taquígrafo distinto del que actuó en las otras, no solicitó oportunamente de aquél que hiciera la transcrip-ción de las notas taquigráficas y ba venido a pedirlo en abril 14 de 1928, o sea, ciento veintiséis días; después de presentar la apelación.

No podemos estar conformes con que el no ser de absoluta necesidad el récord taquigráfico para preparar la exposición del caso demuestre negligencia o mala fe de parte del apelante.

Regularmente una copia de la evidencia es necesaria, si bien no imprescindible, para el apelante que quiera presentar debidamente una exposición del caso, ya que la memoria en cuanto a la prueba puede ser infiel al apelante y al preparar tal exposición incurrir en serios errores en cuanto a la prueba practicada. Lo lógico es que se necesite una copia d.e esa prueba, como se necesitan las copias de los documentos para relatar o referir su contenido.

De los documentos presentados en oposición a la moción de desestimación, oposición jurada y certificaciones del secretario y de los taquígrafos que intervinieron en este caso, así como de los presentados para apoyar la moción, resulta claro qxie la parto apelante solicitó varias prórrogas para presentar tal exposición del caso y que le fueron concedidas; que esas prórrogas generalmente se fundaban en la circunstancia de no liaber el taquígrafo terminado el récord del caso y algunas de ellas en las urgentes ocupaciones del abogado del apelante en otros casos y en atención a sus deberes como senador de Puerto Rico y una de ellas en la circunstancia de que el taquígrafo que actuó en la segunda sesión en este juicio no babía transcrito las notas tomadas en dicha sesión; apareciendo asimismo que el taquígrafo Sr. José Morales Díaz no había podido despachar antes la transcripción de la evidencia, que había estado enfermo y que las notas taquigráficas tomadas por el otro funcionario se habían confundido con las libretas del taquígrafo' ordinario. Asimismo aparece claramente demostrado que el abogado del apelante gestionó constantemente para la obtención de las notas taquigráficas y en la petición y obtención de prórrogas y que tan pronto como obtuvo dichas notas preparó su exposición del caso y la presentó inmediatamente a la corte, en fecha 28 de abril de 1928, hallándose señalada la aprobación para el 11 de mayo del mismo año; y que el dicho ahogado de la parte apelante no ha sido culpable de la más pequeña negligencia sino que por el contrario ha atendido el caso con la mayor y mejor diligencia compatible con las circuns-tancias en que se encontraba.

La moción ele desestimación debe ser denegada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Pedro Nuccio Manfre, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayaguez, recurrido.
    No. 720.

    Sometido: Mayo 7, 1928.

      Resuelto: Mayo 11, 1928.
    El recurrente compareció por sí mismo; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Nnccio Manfre compró una finca en nna venta efectuada para cobrar las contribuciones. Según el certifi-cado de contribuciones aparecía que la propiedad fué vendida como de la pertenencia de la sucesión de Antonio Rivera Iri-zarry. Dicho certificado también contenía la aseveración de que Pedro Nnccio Manfre era un acreedor hipotecario y que Laureana y Rosa Rivera eran las herederas de Antonio Rivera Irizarry. Cuando el certificado de venta fué presentado al registrador de la propiedad el 12 de diciembre de 1927, éste se negó a inscribir, fundándose en que la propiedad aparecía inscrita en el registro a nombre de Antonio Rivera Irizarry y no a nombre de su sucesión. El registrador tomó anotación preventiva por ciento veinte días y después de apelar para ante esta corte, Nuccio Manfre v. Registrador, 37 D.P.R. 602, Pedro Nuccio trató de corregir el defecto.

Obtuvo una orden de la Corte de Distrito de Mayagüez que decía que Pedro Nuccio Manfre era el dueño de dicha propiedad, según lo demostraba la prueba; que Antonio Rivera Irizarry falleció el 11 de enero de 1919; que la pro-piedad fué vendida a Pedro Nuccio Manfre el 25 de enero de 1926 para satisfacer las contribuciones; que había trans-currido un año sin haber sido redimida la finca; que los herederos del intestado Antonio Rivera Irizarry eran sus tres hijos naturales José, Estebanía y Ramón Esteban, quienes no habían aceptado la herencia y por tanto la corte declaró que la herencia de Pedro Nuccio' Manfre estaba yacente y ordenó que se expidiera, una certificación a ese efecto.

Cuando se presentó esta orden al registrador de la pro-piedad, éste se negó a'inscribir, según aparece de la siguiente nota:

“Denegada la conversión de anotación preventiva en inscripción definitiva, con vista de una certificación dada por J. Duran Cruz, Súb-Secretario de la Corte de Distrito de esta ciudad, de la Resolu-ción dictada en el caso No. 12950, sobre herencia yacente, seguido ante dicha Corte por Pedro Nuccio Manfre, con fecha 20 de Marzo de 1928, y tomada en su lugar la correspondiente anotación preven-tiva por término de 120 días, a los efectos de Ley, etc.: porque de dicha Resolución no consta que los herederos a que se refiere este certificado de compra, esto es, Laureano y Rosa Rivera, hayan re-nunciado la herencia, toda vez que los señores José, Estebanía y Ramón Esteban, que en. dicha Resolución se dice fueron dejados como presuntos herederos hijos naturales reconocidos de dicho cau-sante, que no han aceptado la herencia ni promovido declaratoria de herederos, son personas distintas de los primeramente nombrados, los cuales, tampoco consta que hayan sido llamados, ni tampoco las personas desconocidas que pudieran tener interés en dicha herencia, todo a tenor y con el fin de la Ley para tal caso prevista.”

El recurrente dice en efecto que el registrador estaba obligado a respetar la orden de la corte y que no podía ponerla en duda. Creemos que el registrador tenía razón.

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria el registrador está obligado a examinar, tal vez no toda la prueba ni las conclusiones del juez sobre cuestiones de hecho debidamente sometidas, pero sí la cadena de títulos del supuesto dueño de la linca. Esta fue una venta para satisfacer las contribuciones y originalmente los supuestos herederos eran dos personas enteramente distintas a las personas mencionadas en la resolución de la corte. Surge una serial cuestión sobre si la venta para satisfacer las contribuciones fue efectuada en debida forma si los verdaderos herederos no fueron notificados debidamente. También tiene peso la manifestación del registrador de que ninguno de los supuestos herederos fue citado para que compareciera, ante la corte.

Bebe confirmarse la nota recurrida.


text:
    P. Millón & Co., Sucrs., demandantes y apelados, v. Ramón Caamaño y Manuel García, demandados y apelantes.
    No. 4405.

    Visto: Mayo 4, 1928.

      Resuelto: Mayo 11, 1928.

      Luis Mercader, abogado de los apelantes; José Q. Torres y C. del Toro Fernández, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte do Distrito de Arecibo presentó P. Millón & Go., Sucesores, sociedad mercantil establecida en San Juan, P. N., una demanda contra R. Caamaño y Manuel García, en reclamación del pago de $580.33, intereses y costas; fun-dando tal petición en qne los demandados habían suscrito a favor del demandante nn pagaré, que se copia en la de-manda, por la antes referida suma, y que llegados los tér-minos para los| páígos, no habían satisfecho cantidad alguna.

El demandado Ti. Caamaño, contestó la demanda, negando haber suscrito el pagaré que en aquélla se copia, y negando snstancialmente las demás alegaciones: y alegando como defensa que sus acreedores, en 19 de febrero de 1924, tenían incoados contra él, procedimientos judiciales para el cobro de sus créditos, y le habían embargado su establecimiento de comercio, y se trató de solicitar su declaración de quiebra, y entonces se le presentó en Arecibo Plácido Millón y le pidió que le firmara un documento para pagar la cuenta de P. Millón & Co., en plazos cómodos, cuyo documento escribió de su puño y letra el mismo Millón, y lo firmaron el que contesta y '.Don Manuel García como testigo, poniendo la palabra “testigo” antes de la firma; y que a cuenta de ese crédito el que contesta ha pagado a la demandante $15 en un money order, $50 en un cheque, y $24.55 en géneros que la demandante le ha tomado; y cuyas sumas no se le abonan por la demandante.

El otro demandado, en su contestación, negó los hechos esenciales que en la demanda se alegan, y negó que el pagaré que aparece copiado en la demanda haya sido firmado por él; alegó que el pagaré que fué mostrado al que contesta, y a otros, lleva copia de las firmas de Caamaño y de Manuel García, tachada la palabra “testigo” antes de esa última firma, cuya palabra había sido puesta por el mismo Manuel García en otro documento: alegó, como defensa que Plácido Millón, gestor de la demandante, se hallaba- en Arecibo, en el Hotel de propiedad de este demandado, en 19 de febrero de 1924, y mandó buscar a Caamaño, y después de hablar con él acerca de sus deudas, consiguió “que Caamaño se comprometiera a pagan la totalidad de su deuda a P. Millón & Co., ” y el mismo Plácido Millón redactó y escribió un com-promiso para que lo firmara Caamaño, que lo hizo, y en-tonces invitó a este demandado García a que firmara el docu-mento como testigo, lo que hizo el que contesta, anteponiendo a su firma la palabra “testigo” siendo ése el único docu-mento que conoce.

La demánda fué enmendada en el sentido de hacer abono a la deuda de las sumas de $15, y $50 pagadas por el de-mandado Caamaño.

En 17 de junio de 1926 se vió el caso en la Corte de Distrito de Arecibo, que dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, cuya sentencia fué revocada por este Tribunal Supremo en 25 de febrero de 1927, (36 D.P.R. 322) dictán-dose una en el sentido de tener a los demandantes por desis-tidos. Pidieron los demandantes nuevo juicio: y obtenido, se vió el caso el 18 de mayo de 1927. En el juicio, los de-mandados han sostenido que el documento o pagaré presen-tado por la demandante no es el que ellos firmaron, ya que este último fué escrito de puño y letra de Plácido Millón. El demandado Caamaño que empezó, al declarar, por decir que la firma que aparece en el pagaré presentado por la demandante, se parece a la suya, pero que el papel no era eí mismo, vino a decir que aquella firma era la suya: y afirmó que el documento original no era el que se le presen-taba, ya que el original estaba escrito por el mismo Millón de su puño y letra, y no en maquinilla (el documento presen-tado está mecanografiado).' T declaró asimismo que se había alterado el documento, porque se había borrado la palabra “testigo” que antecedía a la firma de Manuel García, y se había puesto (en maquinilla) la palabra “fiador.” El de-mandado García dijo, en un principio, que la firma que apa-iece como suya en el referido documento, es una imagen y semejanza de la suya, pero que no la puso él; y más tarde, á preguntas del juez, dijo que la firma que se ve en el docu-mento es la suya; pero sostuvo que el documento que se presenta no es el que él firmó; que el firmado por él lo fué cómo- testigo, y que no cree que el documento que se le pre-senta en el juicio-sea el mismo-que él firmó; que el que firmó nó tenía, tiras de papel, .y estaba escrito .por Millón, y no en maquinilla. Este testigo sostuvo en su declaración que él firmó el documento como testigo, y no como fiador soli-dario.

La prueba principal se produjo en el sentido de ser las firmas que aparecen en el documento presentado las de R. Caamaño y Manuel García.

En 7 de junio de 1927, la Corte de Distrito de Arecibo dictó sentencia declarando con lugar la demanda, y conde-nando a los demandados Ramón Caamaño y Manuel García a pagar mancomunada y solidariamente a la demandante la suma de $515.33„ con las costas; del pjleito y contra esta sentencia se ha interpuesto el presente recurso. A la sen-tencia se acompaña opinión, que se hace formar parte de aquélla, y en la que se hace un cuidadoso y preciso examen de la prueba, y de las cuestiones de ley presentadas.

El documento de que se hizo mérito en este pleito, dice así:

“PagaRemos, solidaria y maneomunadamente a la orden de los Sres. P. Millón y Cía. Suers, de San Juan, P. R., la suma que al pie de este documento se expresa, comprometiéndonos también a cu-brir los gastos de honorarios de abogado, etc. que fueran necesarios.
“La suma adeudada a los Sres. P. Millón y Cía., Suers, de San Juan, es de $580.33 más los gastos que incurrieran según arriba antedicho.
“SI pago de la. suma antedicha será como sigue:
' ‘ Primer plazo: $290.00 dólares por concepto de dos cheques que obran en poder de los citados Sres. Millón, pagaderos el 24 y 29 del corriente mes y año.
“La cantidad restante de $293.33, será cubierta dentro del plazo convenido con los citados Sres.
“Arecibo, P. R., febrero 19, 1927. (Fdo.) R. Caamaño. (Fdo.) Manuel García, Fiador.” La palabra “Testigo escrita a mano, está tachada.

La palabra “testigo”, que aparece haberse puesto al lado de la firma de Manuel García, se halla cruzada por unas cinco líneas, para tachar, y en tinta, cuya apariencia es de ser la misma que la empleada al escribir la palabra, y al escribir él nombre “Manuel García.” Hablamos de la apa-riencia,, y no como afirmación de becbo alguno. El docu-mento aparece unido en dos sitios, en la dimensión de ánchura, por dos tiras de papel transparente y adhesivo. Se baila escrita en maquinilla.

En cuanto a las firmas en el documento de que se trata, la que dice “R. Caamaño” tiene las letras iniciales muy grandes y las curvas altas de la R. y de la C. pasan la línea de rotura o desgaste, que se baila cubierta por una tira de papel transparente: de modo que la firma no se encuentra en un solo pedazo de papel, sino en dos. El examen del documento, teniendo presente la declaración del perito Sr. Timotbée, convence de que no lia habido sustitución alguna de partes de tal documento; conclusión a la que llegó el juez sentenciador en la opinión por él rendida en el caso. Esto en cuanto a un examen material.

En cuanto al significado y valor jurídico del contexto de dicho pagaré, las palabras con que empieza: “Pagaremos solidaria y mancomunadamente ” declaran la existencia ex-presa de una obligación solidaria: y la firma de dos personas al pie de ese documento uo puede interpretarse, ni aceptarse en forma alguna que no sea la de darle el carácter de obli-gados en ese contrato.

El juez sentenciador no- vaciló en hacer la declaración de que el documento presentado es el auténtico que suscri-bieron y entregaron los demandados al Sr. Millón, agente de la demandante. Esa es la apreciación que de la prueba en cuanto a ese particular'hizo el juez, y que no puede ta-charse de errónea, ni de influida por pasión o prejuicio. Y lo mismo decimos en cuanto a la apreciación de toda la prueba en el caso. Con esta declaración quedan resueltos los seña-lamientos- de error que bajo los números “Segundo” y “Tercero” presenta el apelante Manuel García.

Pero este apelante, Manuel García, ha señalado, como error, que la corte se declaró con jurisdicción en el pleito, a pesar de que la cuantía es menos de $500.

La demanda en este caso contenía la reclamación de $580.33, intereses legales y costas. En la enmienda a esa demanda, se redujo la suma reclamada a $515.33. Esta suma es bastante para establecer la jurisdicción de la corte por razón de la cuantía. Aunque los demandados, o alguno de ellos, alegaron que la cantidad adeudada era menor que la pedida, esto no quitaría la jurisdicción a la corte; y ni aún probándose una cantidad menor, perdería la corte su jurisdicción. En el caso Turner v. Consejo Municipal de San Juan, 24 D.P.R. 594, este tribunal sostuvo la doctrina corriente y constante de que “la suma reclamada determina la jurisdicción de la corte,” citándose allí las autoridades necesarias.

No bubo falta de jurisdicción en la corte en este caso.

Se ha señalado como error el que la corte consideró a García, el demandado, como fiador solidario de la obligación reclamada. Y' para argumentar este punto se tratan las declaraciones de Millón, Caamaño y García.

Ante todo, es de estudiar el contexto del documento. No puede sostenerse- con éxito que una persona de cabal juicio y completa capacidad, cuando suscribe un documento de declaración de deuda, no se detenga a ver el documento, y a saber lo que firma. Lo regular, lo humano, es que cualquier persona consciente, que va a firmar un documento de esa clase, lo vea, y se dé cuenta de cuáles son las posibles respon-sabilidades de su acto; máxime, cuando, como aquí ocurrió García antepuso a su firma la palabra “Testigo”, y la tuvo que tachar a indicación de Millón; esto es lo que el juez ha estimado cierto al apreciar la prueba.

Existe aquí cuando menos, la presunción satisfactoria y controvertible de que toda persona cuida de sus propios asuntos con el celo o diligencia ordinarios, y la de que se ha seguido el curso ordinario de los negocios, ambas del artículo 102 de la Ley de evidencia.

En el documento presentado se dice:

'‘Pagaremos solidaria y mancomunadamente . . . etc.”

Esta forma de establecer la obligación no es otra cosa que la expresión de la solidaridad, de la constitución de respon-sabilidad m solidum, en bloque en cuanto a los deudores, y dando al acreedor las facultades y derechos especiales de esta clase de obligaciones, entre ellas, la de, reclamar el cumplimiento por cualquiera de los obligados, y en la tota-lidad de la prestación. Por esta razón las fianzas en que el fiador acepta la condición de solidario casi' se confunden con la obligación solidaria corriente,. ya que el fiador, en esos casos, pierde el derecho de excusión de bienes del deudor principal (No. 2, Art. 1732, Código Civil). Si el fiador, en esos casos, no conservara con. respecto a su fiado, algunos de los derechos especiales que crea el contrato de fianza, se podría creer que aquellas obligaciones, con la nota de soli-daridad, no tenían el carácter de fianzas.

Tan se equipara por el código la situación del fiador so-lidario, a la del deudor de la misma clase, que el párrafo segundo del artículo 1723 de dicho código, ordena la obser-vancia de lo dispuesto en la Sección IV, Capítulo III, Título Primero, del Libro Cuarto, que se refiere a las obligaciones mancomunadas y obligaciones solidarias. Y este tribunal, en el caso Santiago v. Ares, 25 D.P.R. 481, ha declarado que el artículo 1111 del Código Civil, es aplicable a los fiadores solidarios.

En el caso Cintrón y Aboy v. Solá, 22 D.P.R. 262, este tribunal declaró que la intención de las partes contratantes se revela por el contexto del pagaré de que allí se trata, y cuyo documento empieza con estas palabras: “Pagaremos solidariamente a Don Antonio María Sorbas. ...” Por ese contexto, y por la investigación de la intención de las partes, se declaró en ese caso que Sola e Hijo, y Celestino Sola, que firmaban aquel' documento, eran deudores solidarios.

Se argumenta por la parte apelante que la fianza no -existe máls que cuando el contrato principal es válido: y que en este caso, tal contrato principal no es válido ni eficaz.

La teoría de que para que la fianza' exista es preciso que la oblig'ación principal sea válida, es la que declara el Código -Civil en su artículo 1725, que, en su primer párrafo, dice:

“Art. 1725 — La fianza no puede existir sin una obliga-ción válida.”

Y ésa es la consecuencia de la propia naturaleza del con-trato de fianza, por su esencia accesorio, y necesitado, como todo lo accesorio, de la existencia de un elemento principal sólido y de eficacia jurídica.

Pero ese artículo nunca ba permitido que la declaración de uno de los contratantes, en el sentido de que el contrato principal es nulo o ineficaz sea suficiente para anular la fianza. Y en el caso presente, la corte ba estimado como ■eficaz y válido el contrato principal; y no cabe argumentar como lo bace la parte apelante, mientras no desaparezca esa declaración de la corte.

Si, como parece pretender la parte apelante, bay que dar una extraordinaria importancia, a como se puso en el docu-mento la palabra “fiador”, y se llegara a suprimir esta palabra, el contrato sería simplemente de crédito o deuda mancomunada, y solidaria, y la situación de la parte apelada sería peor de lo que abora es.

Gomo quinto error se señala el de haberse impuesto las costas al apelante.

Ante todo, las costas ban sido impuestas a los deman-dados, y no sólo al abora apelante.

Pero, después de leer este récord taquigráfico, y vista la actitud de los demandados, a todas luces temeraria, no cabía determinar, en cuanto a las costas, de otra forma que como lo hizo la corte sentenciadora. .

Los errores Señalados por el apelante, no son tales. Y por ello debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Enrique y Abraham Santiago, acusados y apelantes.
    No. 3448.

    Visto: Mayo 10, 1928.

      Resuelto: Mayo 11, 1928.

      Felipe Colón, abogado de los apelantes; José E. Figueras, abogado-de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes fueron convictos de una infracción a la “Ley proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de leche y para otros fines,” aprobada el 12 de agosto de 1925. Leyes de ese año, pág. 559.

En el primer señalamiento de error se alega que la acusación no imputa delito alguno.

La sección primera de la ley antes mencionada dispone,, entre otras cosas, que “toda persona que la vendiere, ofre-ciere o tuviere en venta, o que la transportare o almacenare con- el fin de dedicarla al consumo humano-, y toda persona que usare leche adulterada o diluida para fines industriales, cuando se destine a la preparación de alimentos para el consumo humano-, será culpable de delito menos grave (misdemeanor).”

La acusación lee como sigue:

“Los referidos acusados Enrique 'Santiago y Abraham Santiago, allá, en o por el día 28 de septiembre de 1927, y en el pueblo de Peñuelas, Puerto Rico, que forma parte del Distrito Judicial de Ponce, Puerto Rico, ilegal, voluntaria e intencionalmente transpor-taban para ofrecer en venta y vender, leche de vaca adulterada, siendo Abraham Santiago vendedor del Sr. Enrique Santiago, dueño de dicha leche.”

Evidentemente ló que el fiscal tuvo en mente filé la trans-portación de leche adulterada con intención de ofrecerla a la venta o de venderla. No hay en absoluto indicación alguna de que la leche en cuestión “se dedicaría al consumo humano.” El mero hecho de transportar leche adulterada con el fin de venderla, o de ofrecerla a la venta, no constituye delito alguno.

En julio 16, 1914, y de tiempo en tiempo desde esa fecha, se han presentado ocasiones en que hemos citado con aprobación las palabras del Juez Hook en el caso de Demolli v. United States, 6 L.R.A., nueva serie, pág. 424, como sigue:

“Un Código Penal de la China autorizaba al Juez para que en el caso de no hallar ley penal que fuera precisamente aplicable, se guiara por el espíritu de los preceptos de ley establecidos para aque-llos casos que tuvieran más semejanza al sometido a consideración, (Código Penal de China por Staunton, artículo 44, página 43); pero en este país, comp se dijo en el caso de Todd v. United States, 158 U. S. 278, 282, 39* L. ed. 982, 983, 15 Sup. Ct. Rep. 889, 890, es axiomático que a los estatutos que establecen y definen delitos no puede dárseles mayor alcance en lo que respecta a su verdadera sig-nificación, y que ningún acto por perjudicial que fuere podrá ser' castigado de acuerdo con el referido estatuto, a no ser que aparezca claramente comprendido en sus disposiciones. ‘No pueden existir delitos i^or deducción y antes de que una persona pueda ser casti-gada, su caso deberá ser claro y estar ciertamente comprendido en el estatuto.’ ”

Es justo agi*ega.r que en el presente caso no se atacó la suficiencia de la acusación y el extracto anterior no dehe ser interpretado como una crítica al juez sentenciador.

La sentencia apélada- debe ser revocada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Mercedes Teresa Subirana y Laguna, demandante y apelante, v. Juan Enrique Cortada y Toro, demandado y apelado.
    No. 4376.

    Visto: Abril 10, 1928.

      Resuelto: Mayo 11, 1928.

      López de Tord & Zayas Pizarro, abogados de la apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

María Teresa Subirana presentó demanda jurada de divorcio en la Corte de Distrito de Ponce el 17 de noviembre de 3927 fundada en trato cruel e injurias graves de sn esposo Juan Enrique Cortada, diciendo en ella que siempre ba te-nido su residencia al igual que el demandado en la isla de Puerto Rico, primero en el municipio de Santa Isabel y luego en la ciudad de San Juan, y que el demandado es mayor de edad, propietario y vecino de San Juan, Puerto Rico, con residencia temporal en la ciudad de Nueva York, siendo uno de los hechos alegados para el divorcio que allá por el año, 1924 y en la ciudad de San Juan, estando presentes varias personas, entre ellas amigos y familiares de la deman-dante y el demandado, éste insultó públicamente a la deman-dante diciéndole coqueta, sin vergüenza y otras palabras que indican infidelidad por parte de la demandante, acusándola ¡el demandado de aceptar atenciones de los hombres.

El marshal de la corte de distrito devolvió al secretario la cédula que le entregó para la citación y emplazamiento del demandado sin cumplimentarla por no residir el deman-dado en Ponce ni en esta isla y sí en los Estados ITnidos de América, según su información y creencia. Al día si-guiente la demandante presentó moción jurada a la corte alegando tener una buena causa de acción, que el demandado desde la fecha de la radicación de la demanda se encontraba fuera de esta isla y que desconoce el sitio exacto donde reside el demandado, en la ciudad de Nueva York pero que recibe la correspondencia al cuidado de su padre don Juan Cortada, cuya dirección expresó, por lo que solicitó que la citación y emplazamiento se hiciera por edictos y por correo a la dirección indicada. La corte de distrito ordenó la cita-ción del demandado por edictos publicados en el periódico “El Día” de Ponce por término de cuarenta días y por lo menos una vez por semana y que por correo' y bajo sobre cer- ‘ tificado se enviase copia de la demanda y del emplazamiento al cuidado de don Juan Cortada a la dirección indicada de la ciudad de Nueva York. Lós edictos fueron publicados en dicho periódico los días 16, 23 y 30 de diciembre de 1926 y 5, 13 y 27 de enero de 1927, conforme a dicha orden, y el 29 de marzo de 1927 el secretario anotó la rebeldía del deman-dado, haciendo, constar su citación por edictos y que se remitió por correo bajo sobre certificado a la dirección, del demandado en Nueva York y copia de la demanda y empla-zamiento en este caso, de acuerdo con la orden del tribunal.

Antes de esa anotación de rebeldía la demandante pre-sentó moción jurada a la corte solicitando que tomase depo-sición a su padre don Tomáis Subirana, alegando entre otras cosas que está relacionado y familiarizado con beck os im-portantes de este caso y especialmente en lo que se refiere a la residencia de la demandante y del demandado en Puerto Rico. La corte tomó esa deposición pero después de anotada la rebeldía la demandante solicitó que fuese tomada otra vez por la corte esa deposición por tener dudas sobre si era pro-cedente antes de estar anotada la rebeldía del demandado, y que también se tomase la deposición de la demandante por estar próxima a ausentarse de esta isla; y, en efecto, la corte tomó ambas deposiciones durante las cuales fueron presentadas algunas cartas. Las dos deposiciones prestadas’ por don Tomás Subirana son sustancialmente iguales y de lo necesario ahora de esas deposiciones resulta lo siguiente: depuso doña María Teresa Subirana el 9 de marzo de 1927 que la demandante casó con el demandado en 9 de septiembre de 1920 en Nueva York, donde residía su familia, viniendo luego a residir en la Central Cortada en el pueblo de Santa Isabel, donde fijó su residencia con su esposo y donde vivieron cuatro años: que su marido era administrador de la Central Cortada y accionista' de ella: que cuando esa central fué vendida en abril de 1924, se trasladaron a San Juan donde fijaron su domicilio, marchando después a Nueva York por unos nueve o diez meses, hospedándose en la casa del padre de la deponente, de donde regresaron a Puerto Rico: que el demandado iba a representar en Puerto Rico al padre de la demandante y a otras diferentes casas de nego-cios: que durante ese intervalo de ¡tiempo estjuvieron en Puerto Rico y regresó otra vez a Nueva York: que su ■último domicilio en Puerto Rico fué San Juan, de. donde se marchó el año 1924 pero no definitivamente, pues aquí de-jaron puesta su casa y que al regresar el demandado en 1925 se enfermó y actualmente y desde entonces se encuentra en un sanatorio, debiéndose su enfermedad mental a la enfer-medad avariosis, o sea, sífilis, según el reconocimiento que se hizo de su sangre: que cuando demandante y demandado fueron a Nueva York no tuvieron intención de abandonar a Puerto Rico sino regresar a él para vivir aquí permanente-mente, que siempre que ha ido a dicha ciudad se ha hospe-dado en la casa de su padre, y que en las Navidades de 1923 a 1924 fue maltratada por su esposo en el Hotel Con-dado de San Juan.

De la deposición de don Tomás Subirana resulta que es vecino de Nueva York, donde tiene sus negocios: que la. de-mandante y el demandado no han tenido jamás su residencia en Nueva York y cuando ellos iban a esa ciudad se hospe-daban en la casa del declarante: que Juan Enrique Cortada era administrador de Santa Isabel Sugar Company hasta marzo o abril de 1924 y que al retirarse de ella se iba a dedicar al negocio do representaciones en Puerto Rico con residencia en San Juan o Ponee pero con oficina principal en la primera de esas ciudades: que en junio de 1925 el deponente vino personalmente con Juan Enrique Cortada para organizar dicho negocio, enfermándose entonces el Sr. Cortada y teniendo que ser recluido dos días en el manicomio, de San Juan por orden de los médicos, quienes le manifes-taron que el demandado era irresponsable y tenía accesos violentos, siendo después llevado a Nueva. York: reconoció varias cartas referentes al negocio que el demandado iba a establecer en Puerto Rico: que la demandante está separada de su esposo desde junio de 1925 desde cuya fecha le ha tenido que suministrar a su hija y a los hijos de ésta todo lo necesario porque su marido no contribuye para el soste-nimiento de ellos ni con un centavo: que desde 1925 el de-mandado se ha vuelto loco y se encuentra recluido desde entonces en un sanatorio de Nueva York a consecuencia de-trastornos mentales.

Al terminar esas deposiciones manifestó el abogado de la demandante que solicitaría el nombramiento de un defen-sor en este pleito para el demandado y presentó una certi-ficación firmada y jurada por un médico en Nueva York el 30 de noviembre de 1926 según la cual Juan Enrique Cortada se llalla recluido en un sanatorio de dicha ciudad desde julio de 1925 padeciendo de enajenación mental ("phyclosis of a manic depressive variety”) e incapacitado mentalmente.

Después de esas actuaciones la demandante presentó mo-ción a la corte solicitando que nombrase un defensor que representase en este pleito al demandado, alegando con tal fin que el demandado ha sido citado y emplazado por edictos por encontrarse fuera de Puerto Rico, que su rebeldía ha sido anotada y que es un hecho positivo- que consta a la demandante y que además consta de autos, según las depo-siciones prestadas y la prueba documental admitida por la corte, que Juan Enrique Cortada está recluido en un mani-comio en Nueva York sufriendo de enajenación mental por lo que no puede defender personalmente sus derechos. La corte resolvió esa moción dictando resolución por la cual dispuso el sobreseimiento y archivo de la demanda y que fuese registrada como sentencia, como así se hizo con. los siguientes pronunciamientos: primero, que la citación y em-plazamiento del demandado son defectuosos; segundo, que ni la demandante ni el demandado han residido en Puerto Rico con anterioridad a un año- inmediatamente antes de hacer la demanda la demandante; tercero, que la corte no ha adquirido jurisdicción sobre el demandado; cuarto, que apareciendo de la evidencia aportada y declaraciones pres-tadas que el demandado es un demente, q presunto demente, su incapacidad debe ser declarada previamente y se le debe nombrar un. tutor que lo represente y no- un defensor, judicial; Contra esta sentencia interpuso la demandante, el presente recurso de apelación.

Que una persona loca puede ser demandada es cuestión fuera de duda, aunque la acción sea por divorcio fundada en tedios anteriores a su locura, según ta sido declarado en los casos de Harrigan v. Harrigan, 135 Cal. 397, 67 Pac. 506; Iago v. Iago, 168 Ill. 339; State v. Murphy, 29 Nev, 149; Rathbun v. Rathbun, 40 How. Pr. 328, y Stratford v. Stratford, 92 N. C. 297, que se citan en 130 Amer. St. Rep. 851. Según se dice en Bisliop “sobre matrimonio, divorcia y separación, ’ ’ tomo 4, pág. 230, el negar la justicia de la ley a una persona cnerda por la locura de otra equivaldría a echar sobre la primera lo que Dios impuso .a la otra.

Como la demandante sometió a la corte inferior su peti-ción de nombramiento de defensor en este pleito para el demandado por lo que resulta de los autos, de las deposi-ciones prestadas! y de los documentos presentados, opinamos que la corte inferior estaba facultada para examinar esas actuaciones a fin de resolver dicha moción, y que nosotros también lo estamos.

El artículo 165 del Código Civil dispone en su párrafo segundo que ninguna persona podrá obtener divorcio de acuerdo con dicho código que no haya residido en la isla un año inmediatamente antes de hacer la demanda, a menos que la causa en que se funde se cometiera en Puerto Pico, o mientras uno de los cónyuges residiese aquí.

Alegándose en la demanda que los esposos han tenido siempre su residencia y domicilio en esta isla, en Santa Isabel y lueg'o en San Juan, hecho que no aparece contra-dicho en las deposiciones prestadas sino ratificado, pues de ellas resulta que al ausentarse temporalmente el matrimonio dejó su casa puesta en San Juan • y que su residencia en Nueva York fué temporal en la casa del padre de la deman-, dante, resulta claro que las cortes' de Puerto Pico tienen jurisdicción para conocer de esta demanda; y también por-que se alega para ella causa ocurrida en esta isla mientras los cónyuges residían aquí, siendo ella la referente al hedió ocurrido en las- Navidades del año 1928 al 1924. Y como la acción de divorcio es personal, aunque según el artículo 81 del Código de Enjuiciamiento Civil el pleito debe verse en el distrito en que residiere el demandado, sin embargo, pudo ser presentada la demanda en la Corto de Distrito de Ponce de acuerdo con el artículo 77 del mismo código por sumisión de la demandante, aunque no fuera éste el distrito del domi-cilio de su esposo sino San Juan, sin perjuicio de que el demandado solicitase el traslado a su distrito. El domicilio del demandado y de su esposa era San Juan cuando aquél se volvió loco en esta ciudad y por esto su domicilio continúa siendo ése a pesar de que desde julio de 1925 está en un sanatorio de Nueva York.

El demandado no podía ser citado y emplazado personalmente en esta isla por no haber sido encontrado en ella, y aunque se ejercita contra él una acción personal pudo hacerse su citación por edictos por tratarse de un caso de divorcio, según ha declarado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Pennoyer v. Neff, 95 U. S. 714, que es de aplicación a este caso en este, particular, pues si bien declara que en acciones personales no adquieren las cortes jurisdicción sobre personas que se encuentran fuera de su territorio sii son citadas por edictos, contiene la excepción a esa regla cuando se trata del estado civil de las personas diciendo lo siguiente:

“Para evitar cualquiera errónea interpretación de los puntos de vista expuestos en esta opinión, consideramos oportuno observar que nuestras palabras no deben interpretarse en el sentido de sostener que un Estado no puede utilizar para determinar el status de uno de sus ciudadanos Lacia una persona no residenté, procedimientos que serían obligatorios dentro del Estado aunque seguidos sin La-berse emplazado o notificado personalmente el ausente. La juris* dicción que un Estado posee para determinar el estatus civil y ca-pacidades de sus habitantes, envuelve autoridad para prescribir las condiciones en que pueden iniciarse y proseguirse dentro del terri-torio de dicho Estado los procedimientos relativos al status civil y capacidades de sus habitantes. El estado, por ejemplo, tiene de-recho absoluto para prescribir las condiciones en que ha de basarse la relación matrimonial entre sus propios ciudadanos y las causas por las cuales puede disolverse el matrimonio. Una parte culpable de actos que bajo las leyes del Estado autorizan la disolución del vínculo matrimonial, puede trasladarse a otro Estado donde no sea posible obtener el divorcio. En este caso, la parte agraviada no podría reclamar sus derechos en el Estado adonde se trasladó lá otra parte, y si no estuviese autorizado para promover la acción en los tribunales de su propio domicilio, sin emplazar ni notificar per-sonalmente a la parte ofensora, el agravio quedaría sin reparación.”

Esta regia de excepción, la hemos aplicado en el caso de Orama et al. v. Oyanguren, 19 D.P.R. 831, en el que se- tra-taba de una acción de filiación. El caso de Huete v. Teillard, 17 D.P.R. 52, citado por la corte inferior, no es de aplicación al présente porque en él se trataba de una acción personal en cobro de pesos.

Iiáy dos maneras solamente en' nuestras leyes de adquirir las cortes jurisdicción sobre un demandado, por su citación personal o por su citación por edictos (constructive service) cuando ésta es procedente, como lo es en este caso, por lo qué habiendo sido citado el demandado por edictos- la corte adquirió jurisdicción sobre él para los procedimientos posteriores y sólo queda después la manera en que ha de comparecer el demandado que está loco, sin que sea de apli-cación a casos como el presente el artículo 93, No. 4°., del Código de Enjuiciamiento Civil preceptivo de que la citación de una persona con residencia en esta isla que hubiere sido declarada judicialmente demente o incapacitada para atender a sus' propios- asuntos y se le hubiere- nombrado un tutor deberá hacerse- entregando" a dicha- persona y también a su tutor copia de la citación, porque ese precepto se refiere a casos en que se Raga la citación personalmente y no por edictos, aparte de que presupone que exista una declaración judicial previa de demencia o de incapacidad y la existencia de un tutor nombrado. Nuestro estatuto no contiene nada con respecto a la citación de un demandado loco que esté fuera de Puerto Pico y por esto su citación debe hacerse en la misma manera que la de cualquier otro demandado ausente de la isla. 32 C. J. pág. 783, párrafo 628. Como se dice en 130 Amer. St. Rept. 845, la jurisdicción sobre una persona loca puede ser obtenida ordinariamente por el mismo procedimiento (process) como si fuera cuerda, según los casos que en esa obra se citan, a menos que el estatuto prescriba una determinada manera de citar a un loco. ' En el caso de McAllister v. Lancaster Co. Bank. 15 Neb. 295, 18 N. W. 57, los autos demostraban que la locura del demandado era conocida del demandante cuando comenzó su acción, y la corte rehusó dejar sin efecto el fallo contra él¡ declarando que por su citación (process) adquirió jurisdicción y que aunque la falta de una contestación por un defensor para el apelado (guardian) puede hacer erróneo el fallo rendido, éste no es nulo ni anulable. Y en el caso de Atwood v. Lester, 20 R. I. 660, 40 Atl. 866, se dijo: que una persona loca puede ser demandada y adquirirse jurisdicción sobre ella por el mismo procedimiento que si fuese cuerda, está suficientemente establecido por las autoridades: 1 Freeman .en Judgments, sec. 152: 1 Black on Judgments, sec. 205; Johnson v. Pomeroy, 31 Ohio St. 247; Stidgers v. Brent, 50 Md. 214, 33 Amer. Rep. 317; King v. Robinson, 33 Me. 114, 54 Am. Dec. 614. Es la política de la legislatura y de las cortes dar amplia protección a los. derechos e intereses de los' litigantes locos, y en ausencia de un estatuto regulando tal poder es sn deber determinar el modo y manera de ejer-citarlo ' con -tal fin,, teniendo, autoridad com . el propósito indicado para nombrar persona qne represente al loco cuando la jurisdicción para oír y resolver el asunto ba sido adqui-rida, ya sea residente o no y aunque tal persona no baya sido declarada loca judicialmente ni baya sido nombrado un tutor para ella, y los estatutos que dan a determinadas cortes (.probate courts) jurisdicción sobre la persona y la propiedad de un loco no' limitan los poderes de las cortes en la cual la acción ba sido presentada para nombrar un defensor {guardian ad litem) que represente al loco para comparecer por él. 32 C. J. págs. 772 y 773.

Nuestro Código Civil.dispone en sus artículos 250 al 256 la manera de declarar incapacitada una persona por demencia y de nombrarle tutor, nombramiento que pueden solicitar el cónyuge, los parientes con derecho a sucederle abintestato y el fiscal cuando dichas personas sean menores de edad o carecen de personalidad para comparecer en juicio, cuando no existan esas personas o no hicieren uso de esa facultad, y cuando se trate de dementes furiosos; pero no se concede a la persona que tenga que litigar con un loco el derecho de solicitar su declaración de incapacidad y el nombramiento de un tutor; y aunque en el presente caso por ser la demandante esposa del demandado podría solicitarlo, sin embargo, la cuestión debe ser considerada para cualquier litigante y no para este caso particular. Por consiguiente, no teniendo los litigantes el derecho de solicitar tal cosa no pueden quedar obligados a que previamente sea declarada incapaz la persona con la cual han de litigar y esperar el resultado de tal declaración, que puede ser controvertida en un juicio ordinario. Por esto ha dispuesto el Código de Enjuiciamiento Civil en su artículo 56 que cuando un demente o persona incapacitada es parte en un litigio, deberá comparecer bien por medio de su tutor general o de un defensor {guardian ad litem) nombrado por la corte que entienda en el asunto, en cada caso, o por el juez de la misma, y que el defensor puede ser nombrado en cualquier caso cuando la corte que conoce del asunto o el juez de la ¡misma juzgare conveniente que sea representada por dicho defensor, aun cuando tuviera tutor general y haya compa-recido por medio de éste; nombramiento que según el ar-tículo 57, No. 3°., del mismo código puede solicitar la otra parte en la acción. Esta petición ha de ser hecha antes del juicio aunque también puede hacerse durante él si no resulta perjuicio para el demandado, por moción a la corte; pu-diendo ser hecha en nombre del demandado loco dentro del tiempo concedido para comparecer y defenderse, y después de ese tiempo por el demandante. 32 C. J. pág. 773, párrafo 593.

Las citas que hace la corte inferior del artículo 230 del Código Civil en relación con el 77 de la Ley de Procedi-mientos Legales Especiales, así como de la Ley de 14 de marzo de 1907, enmendada en 1913, no tienen aplicación a este caso pues la primera se refiere al nombramiento de de-fensor para menores que tengan intereses opuestos al de su padre o madre, y la segunda al procedimiento para recluir en los manicomios a los locos peligrosos.

La corte inferior dijo algo en la opinión que escribió para fundar la sentencia apelada sobre el mérito de la causa de acción haciendo referencia, a la condonación de la misma, pero coma no hubo juicio en este caso y no era cuestión ésa sometida a su decisión, sino únicamente que nombrase un defensor para el loco no resolveremos esa cuestión.

En vista de lo expuesto y toda vez que la corte inferior adquirió jurisdicción sobre el demandado por su citación por edictos que ha sido llamada la atención de dicha corte al estado de locura del demandado y que ésta aparece compro-bada por las dos deposiciones prestadas y por la declaración jurada del médico del sanatorio es procedente que el nom-bramiento de un defensor para el demandado sea hecho, y para tal fin la sentencia apelada debe ser revocada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Celedonio Albino, acusado y apelante.
    No. 3445.

    Visto: Mayo 11, 1928.

      Resuelto: Mayo 24, 1928.

      A. L. López, abogado del apelante; 'José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la denuncia original fué presentada ante la Corte Municipal de Caguas en 24 de julio de 1926; en ella se dice que los hechos de que se acusa a Celedonio Albino ocurrieron en 24 de julio de 1926, a las 3 a. m. La corte municipal condenó al acusado por acometimiento y agresión grave; y el acusado apeló ante la Corte de Distrito de Humaeao, en la que se vió el caso de novo.

En el juicio, y después de declarar el segundo testigo, y manifestar que los hechos de que se trata habían ocurrido t i sábado 23 de enero en la madrugada, el fiscal pidió per-miso a la corte para enmendar la denuncia y ponerla en armonía con la prueba en cnanto a las fechas; y la corte, en definitiva, concedió al fiscal el permiso para enmendar en el sentido de que la fecha apareciera como la de 24 de eneró de 1926 en vez de 24 de julio del mismo año. La defensa del acusado excepcionó la resolución. Y seguido el juicio, la corte dictó sentencia en 4 de noviembre de 1926, o sea, en la misma fecha en que se vió el caso, y por ella condenó al acusado, por acometimiento y agresión grave, a tres meses de cárcel, y costas.

Ahora., el acusado y apelante presenta como fundamento de su apelación que la Corte de Distrito de Humacao cometió error al permitir que el fiscal enmendara la denuncia, cam-biando la fecha de la comisión del delito.

En materia de enmiendas, la jurisprudencia tiene establecida una seria diferencia entre las enmiendas substanciales, y las de forma, y entre aquéllas que pueden afectar los derechos esenciales y constitucionales del acusado, y las que no tienen ese alcance.

Generalmente, la enmienda en cuanto a la fecha de la comisión del hecho, se ha tenido como una cuestión de forma, esto es, como enmienda no substancial, y que afecta a la forma; a menos que por ella se produzca una acusación de un delito distinto del originalmente imputado, o que los hechos en la fecha originalmente establecida no constituyeron ¡delito, y sí lo constituyeron en la fecha enmendada. Véase a este propósito 31 Corpus Juris 831-832. En algunos casos se ha sostenido lo contrario, esto es, que la enmienda en cuanto a la. fecha es substancial, y no puede hacerse (Mealer v. State, 66 Tex. Cr. 140). En State v. Unsworth, 84 N. J. L.R. 22, se ha sostenido que una fecha que no afecta a la pres-cripción, bajo un estatuto que provee que una acusación no es insuficiente porque establezca imperfectamente la fecha de la comisión del delito, puede ser enmendada.

No encontramos en nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal disposición expresa referente a la enmienda de una acusación, pero hay indicaciones, artículos 461 y 158, Código de Enjuiciamiento Criminal. Véase el caso del Pueblo v. Torres, 34 D.P.R 300.

Conviene fijar si la enmienda de la fecha de la comisión del delito en el presente caso, podría afectar a los derechos esenciales del acusado. Declaramos que no los afectaría'.

El hecho de que se acusa en este proceso, era constitutivo de un delito, y del mismo delito, y penado en igual forma, en 24 de enero de 1926, que en 24 de julio del mismo año. La ley era la misma en ambas fechas. El tribunal que había de juzgar el caso era el mismo. No hay diferencia alguna para El Pueblo o para el acusado, como resultado de un cambio de fecha, en la forma en que aquí se hizo.

Este tribunal ha dicho, en el caso El Pueblo v. Ramos, 28 D.P.R 800, lo siguiente:

“El apelante también alega que fué errónea la resolución de la corte al permitir al fiscal enmendar la acusación en el acto del juicio. Esta fué una acusación presentada por el Gran Jurado y aunque nos inclinamos a creer que el fiscal de distrito en circunstancias ade-cuadas puede hacer enmiendas en el juicio, creemos, sin embargo, que no es necesario resolver la cuestión puesto que el acusado no ha alegado ninguna razón que sea satisfactoria sobre el particular y el fiscal de este tribunal estuvo impedido por enfermedad de presen-tar un alegato.”

Y luego, en el mismo caso:

“El artículo 78 del Código de Enjuiciamiento Criminal deter-mina que el momento preciso en que el delito fué cometido no es ne-cesario expresarlo en la acusación, pero puede alegarse que fué co-metido en un momento cualquiera anterior a la averiguación suma-ria o a la presentación de la acusación exceptuándose aquellos casos en los cuales es una circunstancia esencial el momento en que se cometió el delito; y también en el artículo 82 se declara que una acusación es suficiente si de ella se deduce que el delito fué come-tido en época anterior a la fecha de la presentación de la acusación'. El espíritu que fundamenta a estos dos artículos tiende también a ■demostrar que el acusado no fué perjudicado por la inexactitud de la acusación.” ■ •

Dado el espíritu de tales artículos del Código de Enjui-ciamiento Criminal, no es dudoso que la materia de la fecha, en casos como el presente, no es substancial, ni afecta de-recho esencial alguno, del acusado.

Pero el apelante aleg'a que sus derechos han sido perjudicados, porque se le privó de pedir el sobreseimiento del proceso bajo los números 1 y 2 del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Esa alegación es errónea.

En el artículo 448 que se cita, se contienen dos casos de sobreseimiento. El primero cuando dentro de los sesenta días de haberse detenido a una persona para responder de delito, no se ha presentado acusación. El segundo, si en el término de ciento veinte días después de presentada la acu-sación, no se hubiera sometido al acusado a un juicio.

Bajo el primero de esos preceptos legales, el término se cuenta, no desde la fecha de la ocurrencia del-hecho denun-ciado, sino desde la fecha de la detención o arresto. Trans-curridos esos sesenta días, el que fué detenido, quien conoce perfectamente la fecha de la detención, puede ejercitar su derecho de pedir el sobreseimiento. Esto depende del mismo interesado, pero no de la fecha que en la denuncia se fija a la comisión de los hechos.

En cuanto al número 2 del artículo 448, este tribunal tiene resuelto que los ciento veinte días de que habla el texto legal, cuando se trata de una apelación de sentencia de una corte municipal, se cuentan desde la radicación de la transcripción en la corte de distrito, equivalente a la presentación de la acusación. Véase la decisión en el caso El Pueblo v. Bocanegra, 27 D.P.R. 887, donde se dijo por este tribunal, que el término de 120 días se cuenta desde la presentación de la acusación. Véase además la decisión en el caso El Pueblo v. Padilla, 36 D.P.R. 439.

El apelante alega que por virtud del artículo 3 del Código de Enjuiciamiento Criminal, la denuncia original era la que debía regir en el caso: y el fiscal no podía enmen-darla. En el segundo inciso de dicho artículo no se dice nada que nos pueda llevar a la anulación de la ley de pro-cedimientos como consecuencia de un tecnicismo extremado. El inciso dice:

. . Todas las causas en que deban entender los jueces de paz o municipales, cuando se apelan a la corte de distrito, serán juzga-das atendiendo a la primitiva denuncia o auto judicial, procedién-dose de nuevo al juicio en la Corte de Distrito.”

El precepto legal aquí copiado impide que la corte de dis-trito en juicio de nuevo, juzgue y condene por delito distinto del originalmente acusado. Ese es el espíritu de la ley, y no el que el apelante le da. Aparte de que, como se lia dicho en esta opinión, la enmienda no fué substancial, ni se per-judicó con ella derecho alguno del acusado.

Por tales razones, debe confirmarse la sentencia apelada.