author: El Juez Asociado Se. Viole,

text:
    Sampol, Demandante y Apelante, v. Sucesión Colón, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre cobro de dinero (nuevo juicio.)
    No. 2873.
    Resuelto en mayo 11, 1923.
    Sorpresa — Alegación—Nuevo Juicio. — La sorpresa en el juicio no consiste en la presentación por los demandados de un cheque hecho efectivo por el de-mandante, para probar el pago, sino que supone previamente alguna gestión por parte de los demandados en oposición a sus alegaciones, manifestacio-nes, etc.
    Apelación — Perfeccionamiento de Apelación. — Una apelación será desestimada cuando la corte de apelación no tiene ante su consideración ni las alegacio-nes ni la prueba presentada en el juicio, sino únicamente la moeión de nuevo juicio, las declaraciones juradas y la resolución de la corte sentenciadora, pues éstas no son suficientes.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. E. B. Francis.

    Abogados de la apelada: Sres. González Fagundo <& Gon-zález, Jr.

   El Juez Asociado Se. Viole,

emitió la opinión del tribunal.

La corte declaró sin lugar nna moción de nnevo juicio bajo ciertas condiciones que son más o menos las que han sido expresadas en el caso de Sampol v. Sucesión de Colón, núm. 2692, que acaba de fallarse. Cinco fueron las causas alegadas, y las numeradas 4 y 5 están necesariamente re-sueltas en el caso anterior.

La tercera se refería al descubrimiento de nuevas prue-bas. Convenimos con la corte inferior en que no se hizo nin-guna demostración satisfactoria de nueva prueba que hu-biera podido ser descubierta mediante diligencia.

El apelante alega sorpresa durante el juicio. En qué es que puede consistir ésta, ya lo consideramos en el caso de Clausells v. Ramírez, 19 D. P. R. 57. No consiste en la pre-sentación por los demandados de un cheque, hecho efectivo por los demandantes, para probar el pago. El demandante puede haber olvidado este pago o creído que era para alguna otra cosa, pero él no fué sorprendido en sentido legal, lo cual su-pone previamente alguna gestión por parte de los demanda-dos en oposición a sus alegaciones, manifestaciones, etc. Lo que el demandante debió haber hecho fué, de ser necesario, solicitar una prórroga del término en el primitivo juicio. El apelante expresa que no podía prever que los demandados negasen la existencia de dos pagarés. La dificultad, según consideramos el juicio, fué que el demandante no probó la existencia de dos pagarés y que si eran dos los que existían él debió haber venido a juicio preparado para probar ese ex-tremo.

La corte declaró probado que la moción de nuevo juicio fué presentada demasiado tarde. El apelante no discute esta resolución en su alegato y la corte parece estar en lo co-rrecto.

Hemos discutido estos puntos con vista del otro caso so-metido a nuestra consideración. En realidad esta apelación debe ser desestimada por no tener ante nosotros ni las ale-gaciones ni la prueba presentada en el juicio. El apelante sólo ha presentado la moción de nuevo juicio, las declaracio-nes juradas y la resolución de la corte sobre la misma. Esto no es suficiente.

La apelación debe ser desestimada.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Se. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    The Fajardo Development Company, Demandante y Apelante, v. Camacho et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre nulidad de una ordenanza y otros ex-tremos.
    No. 2849.
    Resuelto en mayo 12, 1923.
    Acciones Sometidas Amigablemente — Pleitos—Cuestión Académica. — En el presente caso cierta corporación ferrocarrilera de servicio público entabló un pleito para anular una ordenanza municipal que la sujetaba al pago de un impuesto por cada tonelada de caña que transportara. Después de obtenida una orden de injunction contra el demandado para mostrar causa, las partes sometieron el caso a la corte mediante la estipulación de hechos que se transcribe en la opinión. Se resolvió: que tratándose de una verdadera con-troversia en la que está envuelta lá validez de una ordenanza municipal que de ser sostenida representaría un ingreso para el demandado y una carga para la demandante, no puede concluirse que lo que se ha llevado a la corte sea una cuestión académica. Se trata de un pleito amigablemente sometido que debe tramitarse y resolverse de acuerdo con los hechos y la ley.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. J. Sifre, Jr.

    Abogados de los apelados: Sres. J. Soto Rivera y B. Pagán.

   El Juez Presidente Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

The Fajardo Development Company, nna corporación que explota un ferrocarril de servicio público qne crnza por la municipalidad de Fajardo, entabló nn pleito solicitando la nulidad de cierta ordenanza municipal qne la sujetaba al pago de nn impuesto de nn centavo por cada tonelada de caña qne transportara. Archivada la demanda, solicitó la demandante qne se librara nna orden dirigida al demandado para qne compareciera ante la corte a mostrar cansa por la cual no debía expedirse nn injunction preliminar tendente a prohibir al demandado • la ejecución de la ordenanza. La orden fué librada y en tal estado el procedimiento archiva-ron las partes nna estipulación qne copiada en lo pertinente dice:

“I. Los demandados admiten las siguientes alegaciones de la demanda: .
“A. Que The Fajardo Development Co. es una corporación or-ganizada .... para dedicarse en la Isla de Puerto Rico al trans-porte de carga y pasajeros .... estando en la actualidad operando y explotando un ferrocarril .... pasando por las municipalidades de Luquillo, Fajardo y Ceiba, ....
“B Que dicho ferrocarril .... es de servicio público ....
“C, Que José Camacho, uno de los demandados, es Comisionado de Servicio Público de Luquillo y que el otro demandado, Juan Yélez, es Comisionado de Hacienda de dicha municipalidad, y que ambos están ocupando dichos cargos de acuerdo con los preceptos de la Ley Municipal.
“D. Que la Asamblea Municipal de Luquillo aprobó la orde-nanza No. 4 que se transcribe en la demanda.
“E. Que hasta esta fecha los demandados no han cobrado con-tribución alguna por virtud de los preceptos de dicha ordenanza, pero que intentan y se proponen cobrarla una vez que comience la zafra del año 1921 al año 1922, y que están dando los pasos pre-liminares necesarios para proceder al cobro de dicha contribución.
“F. Que The Fajardo Sugar Growers Association es dueña de y tiene sembradas en el término Municipal de Luquillo unas mil quinientas cuerdas de caña, más o menos, que serán molidas dú-rante la zafra de 1921 a 1922 .... y que la demandante trans-portará y tendrá que transportar como porteador público, una vez que comience la citada zafra, desde la municipalidad de Luquillo a la municipalidad de Fajardo, todas las cañas ya reseñadas . . . , y que así mismo la demandante tendrá que transportar todas aque-lias otras cañas que le puedan ser entregadas por otras personas que deseen valerse de sus servicios como tal porteador público.
“G-. Que la ordenanza aprobada por la Asamblea Municipal de Luquillo y que aparece fielmente transcrita en la demanda afecta a The Fajardo Development Company toda vez que de sostenerse por los tribunales que dicha ordenanza es válida, ésta tendría que pagar la contribución que la misma dispone por cada tonelada de caña que transportara durante la próxima zafra.
■“II. Someter como lo hacen por la presente estipulación este pleito a la consideración de este tribunal para que tomando como ciertos los hechos admitidos por los demandados resuelva en de-finitiva si la Asamblea Municipal de Luquillo tuvo o no poder y autoridad legal para aprobar la ordenanza .... objeto de este pleito, ....
“III. La demandante desiste de la moción presentada pidiendo un auto preliminar de injunction y por tanto consiente en que se deje sin efecto la orden para mostrar causa, expedida en este caso, y los demandados por la presente se obligan y comprometen a no dar paso alguno ni hacer gestión alguna para imponer ni cobrar de la demandante la contribución que intenta imponer la citada or-denanza, mientras este pleito no sea resuelto en definitiva por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de que alguna de las partes apelare para ante dicho tribunal de la resolución que pueda dictar la Corte de Distrito de Plumaeao, o por la Corte de Circuito en Boston en el caso de que cualquiera de las partes apelare para ante dicho tribunal.
“IV. Si la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en caso de apelarse para ante dicho tribunal, fuera adversa a la con-tención de la demandante y sostuviera la legalidad de la ordenanza, la Fajardo Development Company pagará al municipio de Luqui-llo la contribución que pueda adeudarle en dicha fecha por virtud de los preceptos de la ordenanza a no ser que se apele para ante la Corte de Circuito en Boston, y en caso de apelación para ante tribunal, si la resolución sostuviera la validez de la citada orde-nanza, la demandante pagará al municipio de Luquillo lo que en esa fecha pueda adeudarle por virtud de los términos de la misma, y en el caso de que la resolución sea favorable a la demandante, la municipalidad de Luquillo no tendrá derecho a recibir pago al-guno por concepto de los preceptos de dicha ordenanza.
“V. Demandados y demandantes estipulan que cada parte pa-gará sus costas y que ninguna será responsable a la otra por éstas, rR por honorarios de ahogado, ni por ningún otro concepto en lo que respecta a los gastos en que cada una de las partes pueda in-currir en la tramitación de este pleito. Solicitar como se solicita del tribunal que conceda a cada parte quince días desde la radica-ción de esta estipulación para presentar alegatos, con el fin de que el tribunal sin necesidad de oir más prueba falle y resuelva en definitiva. ’ ’

Basándose en dicha estipulación, la Corte de Distrito es-timó que sólo existía una cuestión académica que no tenía ju-risdicción para resolver, y citando los casos de La Liga de Propietarios v. La Ciudad de San Juan, 14 D. P. R. 91; Truyol v. Municipio de Guayama, 19 D. P. R. 541, y San Juan Hippodrome Co. v. Commissión Hípica Insular, 21 D. P. R. 1, declaró la demanda sin lugar, sin especial condenación de costas.

Apeló la demandante y, según la opinión que del caso he-mos formado, sólo será necesario estudiar y resolver los tres primeros errores que señala que constituyen en verdad uno solo, a saber: erró la corte al declararse sin jurisdicción y, por tal motivo, desestimar la demanda.

En el caso de Lord v. Veazie, 49 U. S. 250, 254, la Corte Suprema de los Estados Unidos, por medio de su Juez Pre-sidente Taney, se expresó así:

“La misión de las cortes de justicia es resolver los derechos de las personas y la propiedad, cuando las personas interesadas no pueden llegar a un acuerdo sobre ellos mediante convenios entre ellas mismas, y hacer esto después de una debida audiencia de am-bas partes. Y cualquier tentativa debido a úna mera aparente dis-puta, por obtener la opinión de una corte sobre una cuestión de derecho que una parte desea conocer para su propio interés o para sus mismos fines, cuando no existe controversia verdadera y subs-tancial entre aquellas que comparecen como partes adversas en el pleito, es un abuso que las cortes de justicia siempre han repren-dido y considerado como un desacato que puede ser castigado.
“Se habla del pleito, en las declaraciones juradas que han sido archivadas para sostenerlo, como de una acción amigable, y el pro-cedimiento ha sido defendido por ese fundamento. Pero una ac-ción amigable en el sentido en que estas palabras se usan en las cortes de justicia supone previamente la existencia de una verdadera disputa entre las partes con relación a cierta cuestión de derecho. Y en un caso como ese a veces ocurre que con el fin de obtener una decisión de la controversia, sin incurrir en gastos y molestias in-necesarios, convienen ellas en llevar adelante el pleito en una forma amistosa, esto es, que no habrá molestia entre una y otra parte con formas o tecnicismos innecesarios, y mutuamente admitirán los he-chos conocidos por ellas como ciertos, y sin exigir prueba, y trae-rán la cuestión en disputa ante una corte para su decisión, sin que uno u otro tenga que quedar sometido a gastos o demora innecesa-rios. Pero debe realmente existir una verdadera controversia e in-tereses adversos. La amistad consiste en la forma en que la ac-ción se presenta para ser discutida ante la corte. Y tales accio-nes amigables, lejos de ser objeto de censura, son aprobadas y fa-vorecidas, pues ellas facilitan grandemente la administración de justicia entre las partes. La objeción que hay en el caso ante nues-tra consideración no es que los procedimientos fueron amigables sino que no existe verdadero conflicto de interés entre ellas; que el demandante y el demandado tienen el mismo interés, y- que ese interés es adverso y está en conflicto con el interés de terceras per-sonas cuyos derechos serían grandemente afectados si la cuestión de derecho fuera resuelta en la forma en que lo desean ambas par-tes en este pleito.” 8 How. 250, 254.

¿ Constituye el asunto ante nosotros una controversia fic-ticia, envuelve una cuestión académica, o es en realidad de verdad un pleito sometido amigablemente a la decisión de la corte? Un examen cuidadoso de los autos nos lleva a con-cluir que existe aquí una verdadera controversia. El Muni-cipio no se limitó a pensar en aprobar la ordenanza. Esta fue aprobada y está actualmente en vigor. La demandanté, parte afectada directamente por la ordenanza, inició el pleito en gestión de su nulidad y solicitó una orden de injunction y el mandato para mostrar causa fue expedido, y en este estado el procedimiento fue que se archivó la estipulación que se ha transcrito. Si en todos los pleitos pudiera adoptarse la práctica aquí seguida, se facilitaría grandemente la labor de las cortes.

- A menos que exista algo oculto, los autos sólo demues-tran a nuestro juicio el deseo de aminorar el trabajo de las partes y la corte y lleg’ar prontamente a la solución de una cuestión de importancia para las partes. Si la ordenanza es válida, representaría un ing’reso para el demandado y una carg’a para la demandante. Los intereses de ambas partes son encontrados. Controversias de la naturaleza de ésta ban sido varias veces resueltas últimamente por las cortes de distrito y este tribunal ba intervenido en las apelaciones es-tablecidas con motivo de las mismas.

Por virtud de lo expuesto debe revocarse la sentencia re-currida y el caso devolverse a la corte de su origen para que lo resuelva por sus méritos.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso para que sea decidido por sus méritos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf, Aldrey y Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez PresideNte Se. del Tobo,

text:
    Gandía, Demandante, Apelado y Apelante, v. Stubbe et al., Demandados y Apelantes, y Trías et al., Demandados y Apelados.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, en pleitos sobre liquidación de sociedad (memorándum de Postas.)
    Nos. 2899 y 2903.
    Resueltos en mayo 12, 1923.
    Traslado de Pleitos — Jurisdicción para Conocer del Memorándum: de Cóá-tas. — De acuerdo con la sección 3 de la ley de marzo 14, 1907, el juez de una Sección de la Corte de Distrito de San Juan podía trasladar a su ar-bitrio a la otra Sección, durante el trámite de la aprobación de la transepp.-, eión, un pleito fallado y apelado; por lo que, aunque la sentencia en ape-lación dispusiera la devolución de los autos a la Sección de donde procedía el recurso, la Seeeión donde el pleito fué trasladado tenia jurisdicción para continuar conociendo del pleito y por consiguiente del memorándum' de 'eós-tas archivado, tanto más cuanto que de acuerdo con la ley vigente a la fecha de la devolución, la corte sucesora de la. Sección a que fué el pleito trasla-dado era la competente para conocer del mismo.
    Honorarios de Abosado — Cuantía de los Honorarios. — En el presente caso se apeló de una resolución que concedía $3,000 para honorarios de ahogado. El Tribunal Supremo redujo la cuantía a $1,500, fundado en que si bien se tra- . ■ taba de un pleito complicado, la complicación fué en gran parte innecesaria, habiéndose además decidida’ varias de las cuestiones envueltas en contra de la parte a quien se concedieron los honorarios.
    Memorándum de Costas — Discreción para Eijar la Cuantía de las Costas.— El Tribunal Supremo no irá contra las conclusiones de la corte inferior al fijar las partidas del memorándum de costas a no ser que se demuestre un claro abuso de discreción.
    .'Los hechos estáai expresados en la opinión.
    Ahogado del demandante y apelante: Sr. José Guzmán IBenítez.

    Abogados de los demandados, apelantes y apelados: Sres. C. Coll Cuchí y G. Cruzado Silva.

   El Juez PresideNte Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Son estas dos apelaciones, tramitadas independiente-mente, contra una misma resolución. Examinaremos conjun-tamente las cuestiones envueltas en ambos recursos, porque así se forma una opinión más exacta y completa de ellas.

Dictada finalmente sentencia por esta Corte Suprema en el recurso número 2118 interpuesto en el pleito seguido por Pedro Gandía contra Arturo Trías y Johann D. Stubbe so-bre liquidación de sociedad mercantil, quedaron los deman-dados condenados al pago de las costas.

Devuelto el pleito a la Corte de Distrito para la ejecución de la sentencia, el demandante archivó un memorándum de costas ascendente a $10,865.72. Oídas las partes, el 4 de agosto de 1922, se dictó la resolución apelada que, copiada en lo pertinente, dice:

“La corte aprueba el memorándum de costas rebajando la par-tida de ‘Indemnización a testigos’ a $20.70.
“Se rebaja la partida de ‘Gastos necesarios’ a $173.65..
- “Se rebaja la partida de ‘Honorarios de Abogado’ a la suma de $3,000.00.” ' • ■

En sn alegato como apelantes los demandados señalan tres errores cometidos a sn juicio por la corte, 1, al resolver sobre el memorándum de costas sin tener jurisdicción para co-nocer del pleito; 2, al dejar de resolver la cuestión de juris dicción planteada, y 3, al conceder la suma de tres mil dóla-res por concepto de honorarios de abogado.

Examinemos el primer error. Ta hemos dicho que la sen-tencia devuelta para su ejecución fué dictada por esta Corte Suprema. Se revocó la apelada, y esta corte procedió a pro-nunciar y pronunció la que debió haber dictado la corte de distrito. La sentencia revocada la había pronunciado la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, actuando como juez de la misma el Sr. Bossy y a dicha Corte y sec-ción se ordenó la devolución del caso. Sin embargo, el pleito fué finalmente enviado por el secretario de la Corte Suprema a la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, al re-mitírsele por el secretario de la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, Copia de una orden dictada en el pleito el 24 de noviembre de 1919 trasladándolo a la enton-ces Sección Primera, actuando el juez por su propio acuerdo.

Archivados los autos en la corte del Primer Distrito, en ella archivó también el demandante su memorándum y los demandados su impugnación. Comienza ésta diciendo lo que sigue: “Que la corte no tiene jurisdicción para entender en esta reclamación de costas.” Luego, y sin reserva alguna, se oponen los demandados a las diferentes partidas del me-morándum y terminan así: “Por todo lo cual los demanda-dados piden a la corte que se sirva decretar una resolución en cuanto a costas de acuerdo con está impugnación.”

Prescindiendo de estudiar y resolver si se suscitó debida-mente la llamada cuestión de jurisdicción, diremos que pen-diente de resolverse el asunto en la corte de distrito, el de-mandante se dirigió a esta Corte Suprema pidiéndole que de-cidiera expresamente que la corte que debía ejecutar la sen-tencia era la del Primer Distrito. Se oyó a las partes y se declaró sin lngar la petición del demandante. En la opi-nión que se emitió al efecto se dijo:

“A nuestro juicio, en el estado actual del procedimiento, no cabe dictar la orden que solicita el demandante. De hecho él lo-gró lo que pide. Lo único que desea es que el tribunal sancione la actuación de su secretario, pero esto se solicita después que una cuestión de jurisdicción se ha levantado en el tribunal inferior. >
“Si la orden de trasladó es válida, el hecho de que expresa-mente se dijera en nuestra sentencia que ésta fuera remitida a la Sección Segunda, no tiene importancia. Las sentencias se dictan para cumplirse o ejecutarse y si el pleito no estaba ya en la Sec-ción Segunda, claro es que debía ejecutarse, la sentencia en la corte a la cual válidamente se había trasladado. Pero entendemos que no estamos en condiciones de resolver ahora si dicha orden de tras-lado fué o no dictada de acuerdo con la ley.”

Cuando la orden de traslado se dictó, la Corte de Dis-trito de San Juan estaba dividida en dos secciones, siendo la ley aplicable al caso la sección 3 de la ley de 14 de marzo 1907 definiendo la jurisdicción de cada una de las dos sec-ciones de la corte de distrito para el distrito judicial de San Juan, que dice, en lo pertinente, ¿orno sigue:

“Que ambos jueces de dicha corte de distrito de San Juan po-drán, a su arbitrio, transferir cualesquiera causas o asuntos civiles que en cualquier tiempo se estuvieren sustanciando en cualquiera de las secciones de dicha corte, a la otra sección de la misma,

Siendo ello así, a nuestro juicio la orden es válida, por-que si bien es cierto que cuando se decretó el traslado de que se trata se había ya dictado sentencia en el pleito y se había apelado de ella, también lo es que surgieron dificultades con motivo de la aprobación de la transcripción de los autos y fué a virtud de ellas sin duda y para solucionarlas mejor que el juez Rossy decretó el traslado.

Además, cuando el pleito se devolvió para que se ejecu-tara la sentencia pronunciada por la Corte Suprema, la ley de 1907 citada se Rabia derogado. La Ley No. 41 de 1921 Rabia creado dos cortes dentro del distrito, correspondiendo a la del primer subdistrito el conocimiento de los pleitos ori-ginados en San Juan y el pleito en el cual se presentó el me-morándum versaba sobre liquidación de la sociedad mercan-til Gandía y Stubbe de San Juan, P. E.

No se Cometió, pues, el primero de los errores señalados.' Tampoco el segundo. No puede sostenerse que la corte de-jara de resolver todas las cuestiones planteadas. Al decidir el caso en la forma en que lo Rizo, implícitamente decidió que tenía jurisdicción para actuar.

En cuanto a los Ronorarios concedidos, resolviendo el ter-cero y. último señalamiento de error, diremos que en verdad nos parecen excesivos. Si bien se trata de un pleito Compli-cado, la complicación fué en gran parte innecesaria. Ade-más, en varias de las cuestiones envueltas la corte decidió que no tenía razón la parte demandante. Bajo todas esas circunstancias, estimamos razonable la suma de mil qui-nientos dólares.

En el recurso establecido por el demandante se señalan cuatro errores cometidos, en opinión suya, por la corte: 1, al no estimar probada la partida de $71 de indemnización a testigos; 2, al rebajar dicRa partida a $20.70; 3, al rebajar los gastos necesarios a $173.65, y 4, al no estimar probado que el justo valor de los Ronorarios de abogado era el fijado en el memorándum.

Los errores primero, segundo y tercero pueden exami-narse conjuntamente. Es cierto que en el caso de Finlay v. Fabián, 25 D. P. R. 52, esta corte decidió que “el desembolso por gastos de viaje a otro distrito, deberá pagarlo o no la parte vencida en el juicio, según que Raya sido o no necesa-rio para el pleito,” y que el RecRo de no Raber rechazado aquí totalmente la partida implica que el juez de distrito estimó necesaria la declaración del testigo que compareció viniendo desde Yauco, cuyos gastos se reclaman. Pero si bien ello es así, tal reconocimiento por parte del juez no lo lleva necesariamente a aceptar como cierta y justa la Canti-dad reclamada. Generalmente lo razonable es recobrar el milla je recorrido de acuerdo con las regias fijadas para los testigos del pueblo. Quizá fué esa la norma que siguió el juez de distrito y no habiéndose demostrado abuso de dis-creción no cabe revocar su conclusión.

Igual sucede con la rebaja hecha por el juez en cuanto a los llamados “gastos necesarios”. No se ha demostrado un claro abuso de discreción al apreciar las pruebas.

Con respecto a los honorarios de abogado, se esfuerza la parte demandante en demostrar que el justo valor de los mismos es la cantidad reclamada, o sea, $7,865, pero ya he-mos expuesto nuestro criterio al resolver el recurso estable-cido por la parte demandada.

A virtud de todo lo expuesto, debe modificarse la resolu-ción apelada reduciendo la cuantía de los honorarios y así modificada, confirmarse.

Confirmadas las resoluciones apeladas, modi-ficándolas.

Juez concurrente: Sr. Aldrey.

El Juez Asociado- Sr. Wolf firmó: “Conforme con la sentencia. ’ ’

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó: “Conforme con la opinión y la sentencia, excepción hecha de la rebaja de los honorarios,”

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


text:
    Gandía, Demandante-Apelado, v. Stubbe et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Primer Distrito.
    No. 2899.
    Resuelto en mayo 12, 1923.
    Resuelto por los fundamentos del caso No. 2903, OancUia v. Btub^e, de mayo 12, 1923, y se modifica la resolución apelada reduciendo la cuantía de honora-rios concedidos a $1,500 y así modificada se confirma.
    Abogado del apelado: Sr. José Je G. Benitos.

    Abogados de los apelantes: Sres. Gay. Goll Cuchí y •G. Cruzado Silva.

   Confirmada la resolución apelada modi- . ficándola.

Jueces concurrentes: Sr. Presidente del Toro y Asociado Sr. Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó conforme con la sen-tencia.

El Juez Asociado Sr. Hutchison, conforme con la opinión y la sentencia excepción hecha de la rebaja de honorarios.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino.


author: El Juez Asociado Se. Wiolf,

text:
    Bennett et al., Demandantes y Apelados, v. Boschetti et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2804.
    Resuelto en mayo 12, 1923.
    Cobro de Dinero — Alegaciones Suficientes — Causa de Acción. — Generalmente una demanda en que se alega que el demandado suscribió y entregó a la orden del demandante un pagaré, que se transcribe, y ha dejado de pagar su importe a su vencimiento, determina suficientemente una causa de aeeión; sin que el hecho de que siendo dos los firmantes del pagaré no se alegue la responsabilidad de cada uno, afeete a la causa de aeeión.

      Pagaré — Alegación—Defensa Especial — -Sentencia sobre las Alegaciones.— Una contestación que, contiene bajo juramento y de consiguiente admite to-das las alegaciones anteriormente negadas, puede no ser un impedimento para que se dicte sentencia sobre las alegaciones.

      Id. — Contrato—Causa.—El hecho de que el demandado no recibiera beneficio alguno por razón del pagaré no significa que no. hubiera causa para el con-trato, pues cualquier detrimento para la parte contraria constituye una causa por valor.
    lo. — Id.—Solidaridad..—De acuerdo con los artículos 1104 y 1105 del Código Civil las obligaciones de la naturaleza de un pagaré no pueden ser conside-radas solidarias a menos que tal intención aparezca claramente del docu-mento.
    Id. — Sentencia—Enmienda.—Las cortes tienen dominio sobre sus sentencias y . pueden enmendarlas sua sponte y sin previo aviso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. O. M. Wood, L. Janer y L. E. Dubón.

    Abogados de los apelados: Sres. O. B. Eraser, N. Gam-mans y R. Castro Fernández.

   El Juez Asociado Se. Wiolf,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado y apelante se queja de una sentencia ba-sada en las alegaciones y alega haberse cometido varios erro-res.

En el primer señalamiento ataca el apelante la suficiencia de la demanda. Alegar que un demandado suscribió y en-tregó a la orden del demandante un pagaré, trancribir dicho pagaré en la demanda y alegar la omisión del demandado en pagar su importe a su vencimiento, como ocurre aquí, es ge-neralmente la exposición suficiente de una causa de acción. La principal cuestión que levanta el apelante parece ser la de qtie había dos otorgantes y que en la demanda no se fija la responsabilidad de cada uno de ellos. Esto podría afectar al derecho de dictar sentencia solidariamente contra los dos de-mandados, pero no anularía el derecho de acción de la deman-dante contra los demandados mancomunadamente. Discuti-remos esta cuestión más ámpliamente al revisar otro seña-lamiento de error.

El segundo señalamiento de error es el que ha originado la mayor dificultad y esto es debido a la aparente jurispru-dencia de California al efecto de que no puede dictarse una sentencia sobre las alegaciones cuando en la contestación se niegan las alegaciones esenciales de la demanda, aun cuando dicha contestación alegue una defensa especial expuesta se-paradamente y en la que se admiten las alegaciones ante-riormente negadas. Botto v. Vandament, 67 Cal. 332 y casos u otras declaraciones semejantes, 3 Estee’s Pleading 196, Hicks v. Lovell, 64 Cal. 17, McDonald v. So. Cal. Railway Co., 35 Pac. 643; Miels v. Woodward, 46 Pac. 1077; Dibble v. Reliance Ins. Co., 149 Pac. 171. No pretenderemos analizar estos casos en detalle. Los casos abarcan claramente la pro-posición de que pueden alegarse defensas inconsistentes, aun cuando estén jurados los hechos, pero no estamos satisfechos de que dichos casos llegan al punto de decir que una contes-tación, aun cuando sea especial, que alega bajo juramento y de este modo admite todas las alegaciones anteriormente negadas pueda impedir que se dicte una sentencia sobre las alegaciones. No creemos que estaríamos dispuestos a seguir a California hasta ese extremo, y otros Estados que tienen estatutos más o menos semejantes al nuestro adoptan un cri-terio diferente del de California.

En el caso de Bowers v. Good, 100 (Wash.) Pac. 848, se excluyen de las defensas inconsistentes los casos donde hay únicamente una inconsistencia aparente o lógica. Expresa el sumario, y la práctica de ese Estado parece ser, que sólo han de ser consideradas inconsistentes las defensas “ cuando una serie de hechos contradice a la otra.” Se citan otros casos de ese Estado.

. La Corte Suprema de Montana, en el caso de Johnson v. Butte & Superior Co., 108 Pac. 1059, se expresa como sigue: “Esta corte ha reconocido el derecho del demandado a in-terponer defensas inconsistentes, etc., pero nunca ha lle-gado al punto de decir que tales defensas pueden llegar a ser tan inconsistentes que si las alegaciones de una son ciertas las alegaciones-de la otra deben por necesidad ser falsas.” Y también al hablar de ser necesarias las alegaciones jura-das, “pero al permitirse a un demandado consignar en su contestación tantas defensas Como tiene, nunca se intentó san-cionar o favorecer el perjurio.” La corte citó con aproba-ción la regla de que el demandado puede alegar defensas in-consistentes con tal que no fueran tan incompatibles que ne-cesariamente conviertan a una u otra en absolutamente fal-sas y explicaba lo que ban debido tener presente Pomeroy y Elliot, o sea, los Estados donde no se requiere que las ale-gaciones sean juradas. “Nos parece que es el colmo de lo absurdo decir que la admisión casual becba por un deman-dado en la calle pueda presentarse como prueba contra él, pero que su solemne admisión becba deliberadamente y bajo juramento, en una alegación que requiere la exposición ver-dadera de los hechos no puede ser utilizada en su contra.” La misma corte insistió en estas distinciones en el caso de O’Donell v. City of Butte, 119 P. 283.

Semejante razonamiento puede hallarse en el caso de Oregon, Peters & Roberts Furniture Co., v. Queen City Fire Ins. Co., 126 Pac. 1006, y una explicación del conflicto aparente puede verse en la nota detallada del caso de Seattle National Bank v. Jones (Wash.) 48 L. R. A. 207. La inconsistencia debe ser una de becbo y no meramente porque las defensas tal vez no pueden coexistir.

Con estos antecedentes examinemos la demanda y la con-testación. Son como sigue:

“1. Que la demandante es mayor de edad, casada con Edwin K. Bennett, sin profesión especial, vecina de esta ciudad de San Juan, y los demandados son mayores de edad, y capaces de deman-dar y ser demandados.
“2. Que allá.por el día 6 de diciembre de 1917, los demandados suscribieron y entregaron a la demandante entonces soltera, por valor, un pagaré que copiado literalmente dice así:
‘$1750.00 — San Juan, Dec. 6tli., 1917. — Six months after date, we promise to pay to the order of Mary E. Edict, One thousand seven hundred & fifty Dollars at Banco Territorial y Agrícola 'Value received with, interest at 10%. (Fdo.) C. Boschetti. (Fdo.) II. Boschetti.’
“3. Que la demandante al veneer dicho documento, lo presentó a los demandados y les requirió a su pago, pero los demandados se negaron y se niegan pagar su importe ni ninguna parte de ello.
“4. Que los intereses correspondientes desde el día 6 de diciem-bre de 1917, hasta la fecha de esta demanda alcanza hasta $611.68.
“OontbstaciÓN. — Primero: Que admite ser mayor de edad, con capacidad para demandar y ser demandado; admite asimismo que la demandante es mayor de edad, casada con Edwin K. Bennett, y niega todos los. demás hechos alegados en el hecho 1 de la de-manda.
“Segundo: Que admite haber suscrito en unión al otro deman-dado, un pagaré por la cantidad alegada, a favor de la demandante, niega que la entrega de dicho pagaré lo hiciera este demandado por valor, y niega asimismo, por carecer de información y creencia suficientes que la copia literal del pagaré en cuestión, sea la que aparece transcrita en el hecho 2 de la demanda.
“Tercero: Que niega que la demandante al vencer dicho pa-garé le presentara o requiriera a su pago; niega’ que en época al-guna este demandado se haya negado a pagar su importe o alguna parte del pagaré en cuestión, negando por información y creencia las demás alegaciones del hecho 3 de la demanda.
“Cuarto: Que niega que los intereses correspondientes desde el 6 de diciembre de 1917, hasta el día de la fecha de la demanda sea la cantidad alegada en el hecho 4 de la demanda.
“Y alega el demandado como primera defensa afirmativa que allá por el año 1917, el padre de la demandante, Samuel D. Ediclc, y el hijo de este demandado, el otro demandado en este pleito, Helvetio Boschetti, estaban trabajando en sociedad, y tenían un negocio que giraba bajo la razón social de S. E. Edick & Co.
“Que en ocasión en que el mencionado Samuel D. Edick, padre de la demandante, estaba apurado de fondos, y obligado a pagar ciertas deudas personales suyas, suplicó de este demandado, suscri-biera, por mera fórmula, con el otro demandado, el pagaré en cues-tión, para que su hija, la demandante, le prestara el dinero que necesitaba, ya que ésta se negaba a facilitarle ese dinero a su padre, sin un pagaré.
“Que el demandado, de buena fe, y para ayudar en su apuro al padre de la demandante, y por haberle asegurado dicho señor, que él pagaría diebo dinero, no tuvo inconveniente en suscribirlo, al igual que su hijo, el otro demandado.
“Que posteriormente, en una investigación que bizo el Ledo. Henry G-. Molina, de esta ciudad, compareció este demandado en unión del Sr. Edict, y allí y entonces, el mencionado Edict, con-fesó y reconoció que este demandado no babía recibido lucro alguno del pagaré suscrito; que este demandado no babía recibido valor alguno en cambio de él; y que por el contrario, él, el Sr. Edict, fué quien recibió el dinero, de la demandante, beneficiándose de la mayor parte de diebo dinero, en asuntos personales.
“Que al poco después, y en presencia del Ledo. Andrés B. Cro-sas de esta ciudad, el propio Sr. Edict, ratificó en todas sus partes su confesión anterior, reconociendo nuevamente quie este deman-dado no babía recibido lucro alguno en ninguna forma por concepto del pagaré suscrito; que este demandado no babía recibido valor alguno en cambio de él, agregando después, que él, (el Sr. Edict), había recibido el dinero, y había cogido para sí, y gastado en asun-tos personales suyos, mil doscientos dollars de la cantidad recibida, y que este demandado no Labia recibido ni siquiera un centavo de dicho dinero, ya en efectivo o en cualesquiera otra clase de va-lores.
“Y alega como segunda defensa afirmativa que la demandante nunca y en ninguna época ba presentado o requerido a este deman-dado al pago de dicho pagaré o cualquiera parte de él, pues ella, como conoce todos los hechos y particulares en este caso, esperaba el pago de dicho dinero de su padre, según información y creencia que este demandado cree verídica.
“Y alega como una .tercera defensa afirmativa que este deman-dado nunca y en ninguna época se ha negado a reconocer como suya, la firma suscrita al pagaré en cuestión, como maliciosamente alegó una vez la demandante y su esposo, con el marcado propósito de perjudicar la honradez y el buen nombre del hijo de este deman-dado, que- es el otro demandado en este pleito.”

En las alegadas defensas afirmativas aparece positiva-mente bajo juramento que la señora Bennett no anticiparía el dinero a- menos que el demandado firmara. En ausencia de fraude, el hecho de que el padre de ella babía de ser el beneficiado no podía afectarle y si el dinero era de ella, como se alega, babía una causa por valor. No bay indicación al-gama de que el dinero perteneciera al padre de ella. El de-mandado está en la idea errónea de que porque él no recibía ningún beneficio no babía causa alguna para el contrato, pero como indica la apelada, cualquier detrimento para la parte contraria es una causa por valor. Código Civil, artículo 1241; 13 C. J. 311.

Examinando estas defensas más minuciosamente se verá que no hubo ninguna negativa general, como ocurrió en los casos de California. La única cosa esencial a la causa de acción que fué negada primero era la consideración. De modo que la defensa especial de falta de causa era equiva-lente a y compatible con la primera defensa. Las defensas no eran incompatibles y los hechos para probar la demanda alegados en la defensa especial estaban al alcance del de-mandante. La contestación en totalidad puede ser interpre-tada conjuntamente.

Las' otras defensas alegadas eran completamente frívolas. No importa si se hizo un requerimiento o si el demandado había negado o no su firma. Estas defensas, además, hu-bieran sido compatibles y no incompatibles con una negativa general.

Smith v. Gale, 144 U. S. 524, era un caso en el cual el asunto en general fué considerado. Sin tener en cuenta las contestaciones juradas la corte llamó la atención a que cuando se alegaba una negativa general y una defensa incompatible especialmente, la admisión de una no podía usarse para anu-lar la otra. Pero el caso era distinto cuando la nueva ma-teria no alega ninguna defensa inconsistente.

Por tanto, debemos resolver que la corte estuvo justifi-carla al declarar probado que la causa de acción de los de-mandantes había sido admitida bajo juramento en la con-testación y por consiguiente que la demandante tenía dere-cho a una sentencia sobre las alegaciones. Esto también re-suelve el tercer señalamiento de error.

El sexto señalamiento de error se refería al lie dio de qne la sentencia definitiva fné dictada contra el demandado por toda la snma envuelta. Convenimos con el apelante en qne de acnerdo con los artículos 1104 y 1105 del Código Civil nna obligación de la naturaleza 'de un pagaré no puede ser considerada como qne es in sólidum a menos qne aparezca cía - ramente tal intención en el documento. El apelado no nos cita nada en Contrario pero meramente afirma qne esta es nna obligación comercial y que está sujeta al Código de Co-mercio. Sin embargo, no encontramos nada en este Código en oposición a los artículos 1104 y 1105, supra, los cuales son la ley en esta jurisdicción. La sentencia, por tanto, debe ser modificada.

Debido a tal modificación será innecesario considerar ex-tensamente los señalamientos 4 y 5. La corte dictó senten-cia contra ambos demandados y entonces descubrió qne sólo había sido notificado el apelante, de modo que la corte mo-dificó su sentencia mmc pro tune, sin notificar a este ape-lante. Este último había sido oído en Corte a virtud de la moción para que se dictara sentencia sobre las alegaciones. La corte, nos inclinamos a resolver, tenía control de su sen-tencia y podía corregirla sua sponte y sin aviso. El único perjuicio para el demandado que podemos ver es el que ahora consideramos-, o sea, que la corte no tenía derecho a dictar sentencia por la suma total y únicamente por la mitad de la misma.

El séptimo señalamiento se refiere al hecho de dictarse sentencia en general y comprende cuestiones que ya hemos considerado.

La sentencia debe ser modificada a fin de hacer respon-sable al apelante por la mitad de la suma reclamada, y así modificada, corfirmada, pero sin costas en la corte inferior.

Confirmada la sentencia apelada modificán-dola.

' ' Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y HutcMson.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.’ .


author: El Juez Presidente Su. del Tobo,

text:
    Sobrinos de Ezquiaga, Demandante y Apelante, v. Briganti, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre cobro de cantidad.
    No. 2895.
    Resuelto en mayo 12, 1923.
    •Archivo del Pleito por Palta de Instancia — Abuso de Discreción. — Radicada la demanda en 1917, se trasladó el pleito en 1919 a la corte del domicilio del demandado y fué archivado por falta de instancia en 1922 a petición del demandado con la oposición del demandante, se resolvió: que demostrando los autos que si bien el pleito estuvo tanto tiempo inactivo, no así las par-tes, sobre! todo la demandante que en varias ocasiones intentó llegar a una transacción con el demandado, habiendo acudido éste a las conferencias cele-bradas con tal motivo, la orden de archivo constituye abuso de discreción.
    Levantamiento de Embargo — Bienes Exentos de Embargo. — Pondos en poder del Tesorero de Puerto Rico para ser pagados a determinada persona, no están sujetos a embargo en pleito seguido contra la misma.
    Los bectos estájn expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. E. Acuña y L. Janier.

    Abogado de] apelado: [Sr. M. A. Martínez.

   El Juez Presidente Su. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se apela de una sentencia ordenando el sobreseimiento y archivo de un pleito por falta de gestión de la parte de-mandante, y de una orden decretando el levantamiento de un embargo. En su alegato la apelante señala dos errores cometidos, a su juicio por la corte, 1, al declarar con lugar la moción del demandado y ordenar el archivo del pleito, y 2, al ordenar el levantamiento del embargo decretado para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse en el caso.

Examinemos el'primer error. Los autos demuestran que el 8 de junio de 1917 se radicó una demanda en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en cobro de $1771.38 contra Domingo Briganti. Emplazado el demandado, for-muló un escrito de excepciones previas y solicitó el traslado del pleito a la corte de distrito de su domicilio, y oídas ambas partes, la corte concedió lo pedido por orden de 30 de septiembre de 1919.

Radicado el caso en la Corte de Distrito de Guayama, permaneció inactivo. El 1 de mayo de 1921 el demandado presentó una moción solicitando su archivo por falta de ins-tancia. La demandante se opuso, alegando bajo juramento que la falta de gestión no le era imputable a ella sola si que también al demandado que no había pedido el señalamiento de su excepción y que había estado celebrando conferencias con la demandante a los efectos de una transacción del li-tigio. El demandado, también bajo juramento, expuso que nunca trató de iniciar la transacción del pleito; que fué lla-mado varias veces por la demandante para ofrecerle transac-ciones que no aceptó, y que jamás convino en que el caso fuera dilatado. En 13 de marzo de 1922 se radicó en los autos una estipulación de ambas partes sometiendo a la con-sideración de la corte el incidente sobre archivo y el 10 de mayo siguiente la corte dictó la sentencia apelada.

La parte apelante admite el poder discrecional inherente que las cortes tienen para desestimar pleitos por falta de instancia, pero sostiene que la Corte de Distrito de Gua-yama en este caso concreto abusó de su discreción.

En los casos de Suc. Chavier v. Suc. Giraldez, 15 D. P. R. 154, y The Ensenada Estates Inc. v. Benedicto, 26 D. P. R. 814, esta Corte Suprema estudió detenidamente la cues-tión legal aquí envuelta y analizando los hechos revocó las sentencias apeladas. A igual conclusión debemos llegar en este caso. La práctica de dictar sentencias por falta de ins-tancia es buena y debe fomentarse. Un demandado no debe quedar sujeto indefinidamente al peso y la preocupación de un litigio. Las cortes no deben tener sus calendarios lle-nos de pleitos enteramente abandonados o constitutivos más bién de una amenaza que de una verdadera controversia que requiera necesariamente una solución por parte del tribunal para zanjarse. Pero ese no es aquí el Caso, Los autos demuestran a nuestro juicio que si bien el pleito estuvo inac-tivo por tanto tiempo no así las partes, sobre todo la de-mandante que en varias ocasiones intentó llegar a una tran-sacción y el fin principal de una transacción es evitar la pro-vocación de un pleito o poner término al que había comen-zado. Artículo 1711 del Código Civil. Se alega por el de-mandado que las conferencias sobre transacción no fueron iniciadas por él, pero el demandado admite que acudió a ellas, y esto revela que existía activa y pendiente una tran-sacción.

Examinemos el segundo error. A petición de los de-mandantes se trabó embargo para asegurar la efectividad etc la sentencia que pudiera dictarse en determinada suma que se hallaba pendiente de pago en el Tesoro Insular proce-dente de la construcción del acueducto de la municipalidad de Maunabo, obra ejecutada mediante subasta en la cual obtuvo la buena pro el demandado. Este, alegando que la suma indicada estaba exenta de embargo, pidió que el tra-bado se levantara. Se opusieron los demandantes y la corte resolvió el caso en favor del demandado.

La cuestión de derecho envuelta en este segundo señala-miento de error ha sido también estudiada y decidida por esta Corte Suprema. En el caso de Lamboglia v. La Junta Escolar de Guayama, 15 D. P. R. 318, la opinión de la. Coree fué emitida por el Juez Asociado Sr. MacLeary. En ella sé ’ examinan ampliamente la ley y la jurisprudencia y se con-cluye que “Los fondos que se encuentran en poder del teso-rero de una junta escolar o a su crédito depositados en el banco, no están sujetos a mandamientos de embargo, eje-cución, o embargo de bienes muebles pertenecientes a terce-ras personas (garnishment) ”. Y en el de Fernández v. Ober, 26 D. P. R. 150, ratificando el caso de Lambogiia, supra, se decidió qne “Una junta escolar o los oficiales de la misma, no están sujetos al procedimiento de embargo (garnisment), pues si se permitiera que fueran citados como terceros em-bargados, ello iría contra el orden público.”

Aplicando el mismo razonamiento a este caso, claro es que es necesario resolver que los fondos en poder del Teso-rero de Puerto Bico mientras en su poder estén aunque se diga que pertenecen al demandado'no están sujetos a embargo. Desde 1846 la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Buchanan v. Alexander, 45 U. S. 19, 20, se ex-presó así :

“La cuestión importante es si el dinero qne está en poder del sobrecargo, aunque se deba a los marineros por salarios, era em-bargable. Un sobrecargo, según parece, no puede en este sentido ser diferenciado de ningún otro agente pagador del gobierno. Si los acreedores de estos marineros pueden, mediante procedimientos de embargo desviar los fondos públicos de su objeto legítimo y debido, la misma cosa puede hacerse en lo que respecta al pago de nuestros oficiales y hombres del ejército y de la armada; y tam-bién en cualquier otro caso en que los fondos públicos pueden ser colocados en manos de un agente para verificar su pago. Este principio se refuta con su mera enunciación. Ningún gobierno puede sancionarlo. En todas las épocas resultaría embarazoso y en algunas circunstancias podría ser fatal para el servicio público.
“Los fondos del gobierno se asignan específicamente para cier-tos fines nacionales y si tales asignaciones pueden ser desviadas y anuladas por mandatos del Estado o de otro modo las funciones del gobierno pueden quedar suspendidas. Mientras permanece el dinero en poder de un oficial pagador es tanto el dinero de los Es-tados Unidos como si no hubiera sido retirado de la Tesorería. Mientras no sea pagado por el agente del gobierno a la persona con derecho a él, el fondo no puede en ningún sentido legal ser considerado como parte de sus efectos. El sobrecargo no es el deudor de los marineros.”

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que debe revo-carse la sentencia apelada y confirmarse la orden recurrida de que se deja hecho mérito.

Revocada la sentencia apelada, confirmada la orden recurrida, y devuelto el caso para ul-teriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hntchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Filomeno et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en cansa por infracción a la Ley de Arbitrios.
    No. 1955.
    Resuelto en mayo 21, 1923.
    Inscripción de Alambiques — -Arbitrios, Let de. — La sección 61 de la Ley de Ar-bitrios de 1919 no ha sido derogada por la Ley Volstead. Si bien la sección 25 de esta última declara ilegal y castiga la posesión de cualquier propiedad que sirva para la fabricación de licor para ser usado en violación de la ley, no es contraria a la sección 61 de la Ley de Arbitrios, pues ésta no permite el uso de alambiques para fabricar alcohol ilegalmente, sino que hace obliga-toria la inscripción de toda clase de alambiques, no para permitir la posesión de los que destilen alcohol ilegalmente ni cobrarles impuesto, sino para poder vigilarlos, auxiliando así a la prohibición de nuestra Ley Orgánica y a la Ley Volstead.
    Alambiques — Prueba Ocular. — La presentación del alambique como prueba en casos por infracción a la sección 61 de la Ley de Arbitrios no es indispensable; la existencia del aparato en posesión del acusado puede probarse por testigos oculares. MI Pueblo v. Poáríguee, 30 D. P. R. 318.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. R. Martinez Nadal.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes fueron acusados y condenados por haber infringido la sección 61 déla Ley núm. 55 de 15 de junio de 1919 por tener en sn poder bajo sn custodia y control, mon-tados y en debido funcionamiento, cinco alambiques o apa-ratos para destilar ron, sin haberlos inscrito en la Teso-rería de Puerto Eico; y el tercer motivo de su recurso de apelación se funda en que la corte inferior cometió error al no declarar con lugar su moción de sobreseimiento toda vez que la sección 61 por cuya infracción ban sido condenados está derogada por la Ley Volstead por estar en conflicto con ella.

Argumentan ese alegado error diciendo que la Ley núm. 55 no tiene otra finalidad que la de allegar recursos para el Tesoro de Puerto Rico, que sólo puede imponer rentas sobre artículos de comercio lícito: que la Ley Volstead tiene por objeto la prohibición de venta o tráfico de bebidas embria-gantes, con excepción de las destinadas a usos medicinales, sacramentales e industriales; que la Ley 55 está hecha para armonizar los ingresos del Tesoro con los preceptos de la Ley Volstead con cuyo fin en la sección 2 define lo que es alcohol absoluto, fijando su gravedad específica en un tipo que equivale a lo que se conoce en graduación por 40 grados Cartier, y en la sección 3a. lo que son espíritus alcohólicos, fijando en la 18 el impuesto sobre el alcohol absoluto des-tinado a fines medicinales, industriales o científicos; que está fuera de duda que en Puerto Rico existe un impuesto sobre el alcohol absoluto destinado a fines medicinales, industria-les o científicos y que por tanto no se pueden Cobrar con-tribuciones o impuestos sobre alcoholes que no sean del tipo de 40 grados Cartier y sobre alcoholes que estén destinados a otros usos que no sean los permitidos por la ley; que es-tablecida así esta premisa indiscutible es claro que la sec-ción 61 sólo tiene por fin evitar el que nadie en Puerto Rico tenga alambiques que puedan producir alcohol de 40 grados Cartier y alcoholes que se destinen a los fines medicinales, científicos o industriales, únicos cuyo comercio lícito está permitido por nuestras leyes; que su propósito no es el de completar la Ley Volstead sino el de evitar fraudes al Era-rio de Puerto Pico y qne no pneda haber, por lo tanto, fraude al Tesoro con la posesión de aparatos imperfectos qne des-tilan alcoholes inferiores a 40 grados Cartier qne no pueden ser destinados a fines industriales, comerciales o científicos y qne sólo se fabrican con el objeto de violar la ley federal qne prohíbe la venta de bebidas embriagantes; qne la sección 61 sólo puede referirse a aparatos qne produzcan alcohol de 40 grados y qne se dediquen a usos ilícitos, porque no es auxiliar de la Ley Volstead sino puramente destinada a ase-gurar ingresos al Tesoro Insular y a castigar los qne defrau-den al Tesoro y no a los que vendan bebidas embriagantes de alcoholes inferiores que no están sujetos a contribución, ni fué hecha para castigar a los qne tengan alambiques que fa-briquen alcoholes inferiores para la embriaguez; y que siendo esto así, como en la denuncia-no se alega que son alam-biques qne producen alcohol de 40 grados y qne este alcohol se destinaba a usos lícitos por los qne están sujetos a im-puestos, la imputación a cualquier persona de tener en su poder un aparato imperfecto destinado a producir bebidas embriagantes no constituye un delito de fraude o de tener aparatos destinados al fraude del Erario en Puerto Eico. Oralmente, su abogado se refirió al caso de United States v. Yuginovich, 256 U. S. 450, en el qne se declaró qne la ley de “Prohibición Nacional” de 28 de octubre de 1919, Conocida por Ley Volstead, derogaba tácitamente una ley federal anterior porque ésta imponía pena más grave que la Ley Volstead por el hecho que se perseguía y que el Congreso puede establecer impuestos sobre licores embriagantes a pesar de que su producción esté prohibida y castigada.

La sección 61 de la Ley núm. 55 no establece impuesto al-guno sobre los alambiques que puedan destilar alcohol inferior o superior a la norma fijada por la sección 2a. para de-terminar lo que para sus efectos ha de considerarse como alcohol absoluto, o según la 3a. como espíritus alcohólicos, sino que ha dispuesto que toda persona que tenga un alambique o aparato destilatorio debe inscribirlo en la Tesorería y cas-tiga su incumplimiento. Usa en términos generales la pala-bra alambique o aparato destilatorio, que es el que se usa para extraer al fuego y por destilación el espíritu o esencia de cualquier substancia líquida, comprendiendo así a todo alambique, cualquiera que sea la destilación que con él se haya hecho, se haga o trate de hacerse. Por consiguiente, el argumento de que sólo se refiere la ley a alambiques que producen alcohol de 40 grados Cartier carece de fundamento y también el de que el tener alambiques imperfectos, que producen alcohol de menos de esa graduación, no es constitu-tivo de delito. El fin que persigue la sección 61 es el de co nocer todos los alambiques existentes en la isla para vigilar-los y poder saber cuáles destilan alcohol sujeto al impuesto y cuáles lo destilan contra la cláusula prohibitiva de nuestra Ley Orgánica de 1917 que prohibe la venta y tráfico de be-bidas embriagantes que no estuvieran destinadas a fines me-dicinales, sacramentales, industriales o científicos, auxiliando de esta manera su cumplimiento. Véase el caso de El Pueblo v. Rosaly, 28 D. P. R. 474.

.Sostienen, sin embargo, los apelantes que la sección 61 ha sido derogada por la Ley Volstead.

La sección 61, 'anterior a la ley de Prohibición Nacional, o. 83, 41, Stat. 305, no ha sido derogada por ésta tácitamente, Como sostienen los apelantes, porque si bien la sección 25 de la segunda declara ilegal y castiga la posesión de cualquier propiedad que sirva para la fabricación de licor para ser usado en violación de la ley, no es contraria a la sección 61 pues ésta no permite el uso de alambiques para fabricar alcohol ilegalmente, sino que, como antes hemos dicho, hace obligatoria la inscripción de toda clase de alambiques, no para permitir la posesión de los que destilen alcohol ile-galmente ni cobrarles impuestos, sino para poder vigilarlos, auxiliando así a la prohibición de nuestra Ley Orgánica y a la Ley Yolstead. Además, no solamente las derogaciones tácitas no son favorecidas por los tribunales sino que después de la sentencia dictada en el caso de United States v. Yuginovich, supra, el Congreso de los Estados Unidos decretó en la sección 5 de la ley de noviembre 23, 1921, c. 134, 42 Stat. 223, que todas las leyes referentes a la fabricación e imposición de contribuciones y tráfico de bebidas embriagantes que es-taban en vigor al ser aprobada la Ley Nacional de Prohi-bición continuarán vigentes excepto en lo que estén directa-mente en conflicto Con la Ley Nacional de Prohibición, y la sección 61 de la Ley núm. 55 no está directamente en conflicto con dicha Ley Nacional de Prohibición, según hemos visto.

Los otros dos motivos de la apelación pueden resumirse en uno, a saber: haber permitido la corte inferior que no se presentaran los alambiques, y que un policía declarase que los aparatos ocupados eran alambiques, lo que no cons-tituye error según hemos declarado en el caso de El Pueblo v. Rodrigues que resolvimos el 4 de abril de 1922.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Hutchison.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Franco Soto no in-tervinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Figueroa, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por infracción a la Ley de Arbitrios.
    No. 1970.
    Resuelto en mayo 21, 1923.
    Inscripción de Alambiques — Alegaciones—Denuncia Suficiente. — Si una.de^ nuncia por violación a la sección 61 de la Ley de Arbitrios imputa al acusado el tener en su posesión y custodia un alambique “en la finca de su padre, no puede concluirse que la denuncia alega que el padre y no el aeusado era el dueño del alambique.
    Id. — Alegación Innecesaria. — En una denuncia por violación de la sección 61 de la Ley de Arbitrios no es necesario alegar que el aeusado tenía en su po-sesión el alambique para usos ilícitos.
    Id. — Prueba Insuficiente. — La prueba de que el aeusado fué visto llevando una lata de carbón a un alambique en función en la finca de su padre y al re-gresar en busea de otra lata se marchó al ver a los policías negando subsi-guientemente toda conexión con el alambique, no constituye prueba suficiente de una infracción a la sección 61 de la Ley de Arbitrios; no siendo el aeu-•sado el dueño de la finca, debe resultar claro que era el deber de este aeusado en particular más que de ninguna otra persona solicitar y obtener una li-cencia.
    Los hechos ■ están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: —1-
    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado, a quien se imputó el delito de tener un alam-bique sin haberlo inscrito, formuló una excepción perentoria a la denuncia, que fué desestimada. Se alega como error esta actuación de la corte. Sostiene el apelante que en la de-nuncia se alega que su padre, y no él mismo, era el dueño del alambique. La denuncia imputaba al apelante el becbo de tener en su posesión y custodia un alambique “en la finca de su padre.” No se alega, por tanto, que el alambique per-tenecía al padre.

Otra objection que se hace a la denuncia es que no expresa los fines para los cuales el acusado poseía dicho alambique. Según entendemos al apelante, la teoría es que él solamente podía haber obtenido una licencia del Teso-rero si fuera a usar el alambique para fines sacramentales o científicos, que si él revelaba algún otro fin el Tesorero no podía obtener rentas por un alambique ilegal y, por consi-guiente, que para que la denuncia sea suficiente debió haber alegado un uso lícito. Hemos resuelto, sin embargo, en otros casos, que todos los alambiques deben ser inscritos. El Pue blo v. Rosaly, 28 D. P. R. 474, y casos siguientes. En el caso de Rosaly, pág. 476, se dice lo siguiente:

“Si el alambique no sirve, o se usa para un fin ilegal la Legis-latura puede, sin embargo, exigir su inscripción de manera que pueda perseguirse el tener un alambique y usarlo sin licencia. La Ley Jones no anula los artículos de las leyes de rentas que prohiben el uso de un alambique sin una licencia.”

Existe una remota posibilidad de que una persona que tiene un alambique en su poder desearía tenerlo inscrito en la Tesorería aun cuando no quisiese usar dicho alambique. Sin embargo, lo que la ley hace necesario es que se inscri-ban los alambiques.

Otros alegados defectos eran de forma y como la ex-cepción perentoria se hizo únicamente durante el juicio y fue inmediatamente declarada sin lugar, no hay necesidad de con-siderar tales defectos. El Pueblo v. París, 25 D. P. R. 111; El Pueblo v. Rosaly, supra.

Los demás señalamientos de error se refieren a la prueba, y principalmente a que ésta era insuficiente para sostener una condena. Escaracciolo Beauchamp declaró en substancia que era un policía insular y que en una persecu-ción de alambiques, y con la idea de que había uno en la casa del acusado, él y otro policía fueron a dicha casa. Que a treinta pasos de la casa el testigo vió al acusado con una lata de carbón que venía hacia el sitio, a un bosquecito, donde estaba el aparato. El acusado dejó la lata de carbón cerca de donde estaba el aparato y volvió a buscar otra. Enton-ces se dió cuenta de la policía y trató de irse, pero los poli-cías lo llamaron. El acusado les dijo que la finca pertene-cía a su padre, pero que el alambique no pertenecía a ellos. A la clara vista del testigo funcionaba un alambique. El testigo sabía lo que era carbón vegetal, declaró que el padre del acusado manifestó que la finca era de él, y también de-claró que el padre y el hijo vivían en la misma casa. El ‘otro policía prestó igual declaración. Interrogádo respecto a cómo supo que el alambique estaba bajo el control del acu-sado, contestó el policía que tenía conocimiento de este hecho porque vió al acusado llevando la lata al alambique, pera admitió no haberle visto hacer nada más en relación con dicho alambique. El acusado y sus testigos negaron la pose-sión o custodia del alambique y también que el acusado lle-vara las latas. Es un hecho demostrado y admitido que la finca pertenecía al padre.

Analizada, la prueba es que el acusado fué visto llevando una lata de carbón a un alambique en función en la. finca de su padre y al regresar en busca de otra lata se marchó al ver a los policías negando subsiguientemente toda conexión con el alambique. Es inevitable la conclusión de que alguien funcionaba un alambique ilegal en la finca del padre del acu-sado y parece probable que el acusado mismo faltó a su ju-ramento al negar que llevaba la lata y también negando todo conocimiento en cuánto a la propiedad del aparato. Sin embargo, a pesar del conocimiento culpable por parte del acusado, la prueba es a la vez compatible con el dominio y control en su padre o en alguna otra persona a quien el acu-sado trataba o estaba dispuesto a proteger. El mero hecho de llevar una lata a un alambique y la Conducta posterior in-dicativa de una conciencia culpable, no establece el dominio ni el control del acusado bajo los hechos de este caso. Qui-zás si la prueba hubiera revelado que la finca y casa perte-necían al acusado, más bien que a su padre, la que fué ofre-cida podría ser suficiente. El Pueblo v. Hernández, 29 D. P. R. 58, pero ese no es este caso.

Además, ésta es una causa por dejar de obtenerse una li-cencia, y debe resultar claro que era el deber de este acusado en particular más que de ninguna otra persona solicitar y ob-tener una licencia.

Debe revocarse la sentencia y absolverse al acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y HutcMson.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Pbesidente Sb. del Tobo,

text:
    López, Peticionario, v. La Corte de Distrito de Ponce, Demandada.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari dirigido a la Corte de Distrito de Ponce, Hon. Rafael Díaz Cin-tron, Juez.
    No. 410.
    Resuelto en mayo 22, 1923.
    Cortes de Distrito — Apelaciones Procedentes de Cortes Municipales — En-miendas a las Alegaciones — Demanda Supletoria. — Un demandante, eon permiso de la corte, puede presentar en la corte de distrito, después de radi-cada la apelación procedente de la corte municipal, una demanda supletoria alegando hechos esenciales ocurridos después de iniciada la acción en la eorte municipal. El artículo 134 del Código de Enjuiciamiento Civil es de aplicación a las apelaciones procedentes de eortes municipales.
    Demanda Complementaria — Plazos Vencidos. — Plazos vencidos después del co-mienzo de una aeeión, pueden alegarse en una demanda complementaria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. C. Brunet.

    Abogado de la parte contraria: Sr. I). Sepulveda.

   El Juez Pbesidente Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Apareciendo de la solicitud presentada que estaba en-vuelta una cuestión de procedimiento, el tribunal expidió el auto de certiorari. El peticionario entabló demanda en la Corte Municipal de Ponce contra Guillermo Conde pidiendo que fuera condenado a pagarle $153.47, intereses y costas. Alegó el demandante que a virtud de la liquidación de la so-ciedad civil “López y Conde” el demandado Conde quedó a deberle $303.47 comprometiéndose a pagarlos a razón de $15 semanales llegando a abonar $150, y que habían vencido los dos últimos plazos sin que el demandado, que se hallaba en es-tado de insolvencia, hiciera los abonos convenidos..

El demandado se avino a que se dictara sentencia contra él por los plazos realmente vencidos. Celebrada la vista, la corte dictó sentencia condenando al demandado a pagar los plazos vencidos y no satisfechos a que se refería la de-manda, o sean dos.

Apeló el demandante y el 4 de marzo de 1923 cerca de cinco meses después de interpuesta su acción, radicado ya el asunto en la corte de distrito, pidió a ésta que le permi-tiera enmendar su demanda alegando en ella que el deman-dado había dejado de pagar los plazos semanales desde sep - tiembre, 1922, a la fecha de la enmienda. La súplica de la demanda enmendada quedaba redactada así:

“Condenando al demandado Guillermo Conde a pagar al de-mandante, además de las dos semanas que dejara de pagar al ini-ciarse esta acción, todos los semanales que han transcurrido desde la interposición de esta demanda, basta la suma total de $153.47. más los intereses legales, y las costas de esta acción.”

Invoca el peticionario el artículo 134 del Código de Enjuiciamiento Civil que establece que al demandante y de-mandado, respectivamente, podrá permitírseles, previa mo-ción, presentar una demanda o contestación Complementaria, alegando hechos esenciales al caso ocurridos después de la anterior demanda o contestación, y el caso de Knapp v. Order of Pendo, 36 Wash. 601, en el que se decidió que “Un plazo vencido después del comienzo de una acción fué propia-mente permitido que se alegara en una demanda supletoria. ’ ’

Siendo ello así, habiendo el vencimiento, de los nuevos plazos ocurrido después de archivada la demanda, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia claramente procedía la alega-ción supletoria. Pero se sostiene por la parte demandada que la orden de la corte que negó el permiso está bien fun-dada porque aquí se trata de un pleito en apelación que se regula por una ley especial, que expresamente determina las enmiendas que pueden permitirse entre las cuales no se en-cuentra el archivo de una demanda complementaria. Ley para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las .cortes municipales en pleitos civiles, aprobada en 11 de marzo de 1908.

La sección 3 de la ley invocada, en lo pertinente, dice:

‘ ‘ '* * * Al anunciarse la vista de la apelación el Tribunal, a instancia del apelante, revisará y tomará en consideración cuales-quiera providencias, resoluciones u autos por los cuales se creyere aquél perjudicado. Resueltas que fueren estas cuestiones, se proce-derá a la vista de la causa, a menos que la corte estimare que la demanda o contestación está sujeta a excepción previa, y en tal caso, la corte, a su arbitrio, podrá permitir que se enmiende dicha demanda o contestación. Una vez dispuesto el pleito para la vista, se tramitará como nuevo juicio, rigiendo para el mismo todas las disposiciones y reglamentos judiciales que afecten a la vista de plei-tos originalmente entablados ante las cortes de distrito, * * * ”

Si bien no aparece en lo transcrito, ni en ninguna otra parte de la ley, la autorización expresa contenida en el art. 134 del Código de Enjuiciamiento Civil, nada a nuestro jui-cio se opone en ella a que se siga tal procedimiento que está en armonía con la bien entendida naturaleza de un juicio de novo, y con la buena práctica que requiere que una vez que un caso se someta debidamente a una .corte de justicia, quede resuelto por completo en el término más breve que sea po-sible.

Cyc., resumiendo la jurisprudencia, dice:

“Un juicio de novo quiere decir un nuevo juicio en el tribunal de apelación de conformidad con la forma de procedimiento usual o prescrita para otros casos que envuelven cuestiones semejantes, ya sean de hecho o de derecho.”
“Al celebrarse un nuevo juicio en la corte de apelación todo el caso queda abierto a la inspección judicial. Pueden someterse to-das las cuestiones que surjan legítimamente de los autos bayan o no sido alegadas o servido de fundamento en la corte inferior. Pero la corte no revisará la prueba en sus pormenores.”
“El caso ha de celebrarse ante la corte de apelación por virtud de las mismas cuestiones que fueron planteadas en la corte inferior, a menos que nueva materia haya surgido desde la celebración del juicio, o se haga un cambio después de obtenerse permiso de la corte de apelación.”
“Si bien las alegaciones en que se niega que exista causa de ac-ción pueden hacerse lo mismo en la apelación que en la vista original, la regla es que las alegaciones cuyo objeto es anular el pro-cedimiento por ser defectuoso deben formularse en la primer opor-tunidad ante la corte inferior.”
“Por las mismas razones por las cuales se permite la radicación de nuevas alegaciones, puede la corte de apelación permitir hacer enmiendas en juicios de novo con tanta liberalidad como si hubiera sido establecida la acción en la corte de apelación siempre que dichas enmiendas no varíen la causa de acción establecida en la corte inferior. Si al considerarse las alegaciones resultasen tan infor-males que carezcan de sentido, sean contrarias, ambiguas y argu-mentativas, o tan vagas que se haga dificultoso el poder conocer de cualquier cuestión que haya sido planteada, deberá siempre per-mitirse una enmienda, pero no hasta el punto de levantarse ninguna cuestión nueva o sustancialmente distinta de la que fué discutida en la corte inferior.”
“Sin embargo, si la jurisdicción, ya de la corte de apelación o de la corte inferior, fuera afectada por la enmienda, ésta no puede hacerse.” 3 Cyc. 260-264.

Si el pleito hubiera permanecido sin resolverse en la corte municipal, no hubiera existido la más leve duda de que allí hubiera procedido la alegación supletoria. La cuantía en-vuelta quedaba dentro de la jurisdicción de la corte. El hecho de que se encontrara en la corte de distrito no varía la naturaleza del procedimiento, tratándose de un juicio de novo. A virtud de la apelación, la sentencia apelada queda-enteramente sin efecto, y el caso se juzga como si original-mente se hubiera iniciado en la corte de distrito. En Muriente v. Terrasa et al., 22 D. P. R. 738, 748, esta corte dijo:

“¿Podría dictarse en la corte de distrito una sentencia que em-peorara la situación del demandado apelante? A nuestro juicio po-día, porque por virtud de las apelaciones d'e las sentencias dictadas por las cortes municipales para ante las de distrito, el juicio se celebra de novo, no debiendo, en tal virtud, revocarse, confirmarse o modificarse la sentencia apelada, sino dictarse otra nueva basada en las alegaciones y las pruebas hechas y practicadas en la corte de apelación. ’ ’

Debe revocarse la orden de que se queja el peticionario y devolverse los autos a la corte de su origen para que continúe tramitándolos de acuerdo con la ley y los princi-pios establecidos en esta opinión.

Anulada, la orden de abril 17, 1923.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. del Tobo,

text:
    Auge, Demandante y Apelada, v. Solosse, Demandado y Apelante.
    ApelacxÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre divorcio (alimentos pro-visionales y litis expensas.)

    No. 2951.
    Resuelto en mayo 22, 1923.
    Divorcio — Alimentos Provisionales — -Litis Expensas. — Dictada sentencia de divorcio contra la esposa, ésta puede pedir y obtener alimentos provisionales y litis expensas mientras se resuelve la apelación entablada contra la sentencia.
    Id. — Interpretación de las Erases: “Mientras el Juicio se Sustancie y decida” y “Durante el Juicio.” — Las palabras “mientras el juicio se sustancie y decida” y “durante el juieio” usadas respectivamente en los artículos 166 y 168 del Código Civil, significan: hasta que se dicte resolu-ción final en apelación o hasta que haya expirado el término para interpo-ner dicho recurso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 348 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Id. — Alimentos Provisionales — Cuantía de la Pensión Alimenticia v Pago de Honorarios. — Una resolución que concede a la esposa que apeló la sen-teneia de divorcio $100 para honorarios de abogado y $30 mensuales para alimentos provisionales, habiéndose probado que el esposo posee una finea de 13 hectáreas en Hato Bey, de la cual ha vendido varios solares pequeños, y otra de 100 cuerdas en Bío Piedras, no es contraria a¡ las disposiciones del artículo 216 del Código Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan de Guzmán Benitez.

    Abogados de la apelada: Sr. B. H. Blondet y J. Martinez Dávila.

   El Juez Presidente Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Está envuelta en este caso la cuestión de si dictada sen-tencia en un pleito de divorcio en contra de la mujer y pen-diente la apelación establecida por ésta contra dicha senten-cia, puede la mujer acudir a la corte de distrito y solicitar y obtener alimentos provisionales y litis expensas. La corte de distrito resolvió la cuestión en la afirmativa y el marido apeló para ante esta Corte Suprema.

A nuestro juicio actuó correctamente la corte de distrito! El artículo 168 del Código Civil revisado dice: “Si la mu-jer no contare con suficientes recursos para vivir durante el juicio, la corte de distrito ordenará al marido que le pase una pensión alimenticia en proporción a los bienes de éste.” Y esta Corte Suprema, interpretando las palabras “mientras el juicio se sustancie y decida” usadas en el artículo 166 del propio cuerpo legal que forma parte con el 168 del mismo capítulo que trata “De las medidas provisionales a que puede dar lugar el juicio por divorció,” resolvió: “Las pa-labras ‘mientras el juicio se sustancie y decida’ empleadas en el artículo 166 significan: hasta que se dicte resolución final en apelación, o hasta que haya expirado el término para interponer dicho recurso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 348 del Código de Enjuiciamiento Civil.” Axtmayer v. El Pueblo, 19, D. P. R. 399. Ambas expresiones: “du-rante el juicio” y “mientras el juicio se sustancie y decida,” atendido el espíritu que informa todo el capítulo, deben considerarse como teniendo igual alcance. Si bien la sen-tencia apelada tiene la presunción de justa, no puede ne-garse que la apelación abre de nuevo la contienda y la sitúa-eión transitoria se prolonga a virtud de ella. Mientras el conflicto no se decida definitivamente, mientras el vínculo matrimonial no quede totalmente roto y disuelto, el matrimo-nio existe y debe proveerse a las necesidades de los cón-yuges de acuerdo Con la ley.

Resuelta la cuestión que antecede que es la única que se presentaba en forma dudosa, las demás envueltas no ofre-cen dificultad.

En el caso de Workers v. Masson, 27 D. P. R. 278, se de-cidió que “Una esposa que ejercita la acción de divorcio tiene derecho a reclamar de su marido en tina acción cola-teral de alimentos provisionales el pago de honorarios de abogado, pendente lite, cuya cuantía queda a la sana discre-ción de la corte.”

Los honorarios de abogado se fijaron aquí en cien dólares y la cuota alimenticia de la mujer en treinta mensuales. El marido es el administrador de los bienes del caudal común y se presentó priieda tendente a demostrar que tiene inscri-tas a su nombre dos fincas rústicas una de trece hectáreas situada en Hato Rey de la cual ha vendido más de diez pe-queños solares y otra de cien cuerdas situada en. los barrios de Mameyes y Hato Nuevo, de Río Piedras. No se ha de-mostrado violación alguna del artículo 216 del Código Civil.

Debe confirmarse la orden recurrida.

G on firmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    Martínez, Demandante y Apelado, v. Cestero et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en pleito sobre rectificación de inscrip-ción y cobro de dinero.
    No. 2886.
    Resuelto en mayo 22, 1923.
    Cortes — Alegaciones—Contrademanda—Discreción Judicial. — Para que pueda revoearse una sentencia por haber negado el juez el archivo de una contra-demanda presentada al comenzar la celebración del juicio, sería necesario demostrar que el juez había abusado de su discreción, y no habiéndolo hecho así los apelantes, procede la confirmación de la sentencia apelada no impug-nada además en euanto a sus propios méritos.
    Los hechos estafa, expresados en la opinión.
    . Abogados de los apelantes: Sres. Guerra Mondragón & Boldevila.

    Abogado del apelado: 8r. Juan de Guzmán Benitez.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Dueños Rafael y Dolores Gutierrez, de una finca rústica situada en Pueblo Viejo, Bayamón, la vendieron a Francisco Robledo por la suma de cuarenta mil novecientos sesenta dólares, pagaderos al Cabo de veinte años, satisfaciendo entre tanto el comprador tres mil dólares anuales de inte-reses. El precio aplazado quedó garantido con hipoteca sobre la finca vendida. Murió el vendedor Rafael y le su-cedieron sn esposa, sus seis hijos legítimos y tres hijos na-turales, distribuyéndose entre ellos la parte del crédito hipo-tecario que correspondía a sn cansante. Así las cosas, ha-biendo surgido ciertas diferencias, la vendedora Dolores de-mandó a los herederos de Rafael, terminando el pleito por sentencia que declaró que en el total del Crédito correspondía a la demandante $8,533 que devengaban $52.08% de interés mensual. Esto representaba una diferencia de $918.05 a favor de la demandante, que hubo que disminuir proporcional-mente de las adjudicaciones hechas anteriormente a la viuda y a los hijos de Rafael. También se condenó a los deman dados a satisfacer a la demandante ciertas otras sumas de dinero y para cobrarlas embargó la participación en el cré-dito correspondiente a la viuda. No comparecieron posto-res a la subasta y la participación fué'adjudicada a la de-mandante. Luego la demandante traspasó el aumento de $918.05 y la nueva participación que se le adjudicara a Juan de Guzmán y éste a su vez a Manuel Martínez, el deman-dante en el pleito en que se interpuso el recurso de que es-tamos conociendo, pleito iniciado con el propósito de rea-justar lo que a cada uno de los condueños correspondía lle-vando nota de dicho reajuste al registro de la propiedad y así lograr que el comprador pagara los intereses que había cesado de satisfacer bajo la base de que no sabía a quienes entregarlos con toda exactitud.

. Los demandados comparecieron por grupos. Formula-ron excepciones y luego contestaron. Finalmente se señaló el 8 de febrero de 1922 para la vista y antes de que comen-zara a celebrarse, los demandados herederos de Rafael Gutierrez pidieron a la corte les permitiera archivar una contra demanda. Eso no obstante el juicio se celebró anunciando las partes estar listas. La cuestión de si procedía o no ad-mitir la contrademanda fué sometida por alegatos. El 22 de marzo de 1922 la corte resolvió que la contrademanda no debía ser admitida, y el 5 de julio del propio año dictó la sentencia apelada declarando la demanda con lugar.

Sólo se ha señalado un error en el alegato del apelante, el cometido, a su juicio, por la corte al negar el permiso so-licitado para archivar la contrademanda.

Estamos conformes con los apelantes en .que pueden traerse nuevas partes al pleito mediante contrademanda, si su presencia es necesaria para la Completa determinación de los derechos de las partes ya ante la corte respecto a la pro-, piedad en litigio entre ellas (Lewis v. Fox, 122 Cal. 244; Goodell v. Verdugo Cañon Water Co., 138, Cal. 308, 317) y también estamos conformes en que los hechos alegados en la reconvención guardan relación por lo menos con una parte de las transacciones en que se basa el litigio.

Quizá la corte pudo, no obstante lo avanzado del procedi-miento, conceder el.permiso solicitado, pero ¿puede soste-nerse que al negarlo abusara de su poder discrecional? Esta es la verdadera cuestión que debe investigarse.

La parte apelada analiza extensamente en su alegato los hechos en que se basa la contra-demanda y sostiene que no aducen una buena causa de acción. La parte apelante se limita a citar jurisprudencia con la cual ya hemos dicho que estamos conformes y a fijar la relación que existe entre lo alegado en la contra-demanda y - en la demanda origen del litigio. Nada argumenta en relación con los méritos de la contra-demanda considerada en sí misma.

No entraremos a analizar y a resolver si la contra-de-manda aduce o no una buena causa de acción, porque sería prejuzgar la cuestión envuelta, pero la verdad es que dada la tendencia y objeto del pleito, los hechos alegados en la contra-demanda y la actitud de la propia parte apelante, no nos sentimos indinados a revocar la sentencia recurrida apa-rentemente justa, no atacada en lo más mínimo en cuanto a ella misma por la parte que interpuso este recurso quien además, en el caso de que le asistiera la razón, puede hacerla valer iniciando el pleito correspondiente.

No habiéndose demostrado abuso de discreción por parte de la corte al .no permitir el archivo de la contrademanda y no habiendo sido impugnada en sí misma la sentencia ape-lada, procede su confirmación.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


text:
    Díaz et al., Demandantes y Apelados, v. Rivera, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente- de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre rescisión de contrato y daños.
    No. 2823.
    Resuelto en mayo 22, 1923.
    Rescisión y Daños y Perjuicios — Apreciación de Prueba Contradictoria.— En el presente caso, que versa sobre rescisión de contrato y daños y per-juicios, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia porque no se ba demos-trado abuso de discreción .al apreciar la prueba contradictoria, disponiendo, además, que la rescisión se lleve a cabo con arreglo al artículoi 1262 del Có-digo Civil Revisado.
    Los becbos están. expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. E. Flores Colón.

    Abogado de los apelados: Sr. C. Brunet.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre la rescisión de contrato y daños y perjuicios. Se aleg*a, en síntesis, que los demandantes, dueños de siete octavas partes de cierta finca rústica, con-certaron la venta de sus participaciones con el demandado y éste adelantó a los demandantes quinientos dólares a cuenta del precio fijado en $1,750, se posesionó de la finca disfrutando de sus productos y luego, habiendo bajado el valor de los terrenos, se negó a cumplir el contrato ocasio-nando daños a los demandantes por valor de $2,750.

Contestó el demandado negando ciertos becbos y acep-tando, en resumen, que en efecto está en posesión de la finca por haberla comprado por la suma de dos mil dólares pa-gando quinientos por adelantado y debiendo pagar el resto cuando se le otorgara una escritura en debida forma y no como la que se intentó otorgársele a virtud de la cual le ven-dían solamente sus condominios los demandantes quedando sin vender un condominio perteneciente a un menor.

Fué el pleito a juicio y la corte dictó sentencia declarando • rescindido el contrato y condenando al demandado a pagar a los demandantes $840 en concepto de daños y perjuicios por depreciación de la finca.

No conforme el demandado apeló para ante este tribunal señalando en su alegato dos .errores cometidos por la corte, 1, al declarar el contrato rescindido, y 2, al condenar al pago de daños y perjuicios y fijar su cuantía en $840.

La misión del Tribunal Supremo se reduce, pues, en este caso, al examen de la prueba. La fiemos analizado cuidado-samente. Juzgada aisladamente la de los demandantes, es suficiente para sostener la sentencia apelada. La aprobada por el demandado contradice la de los demandantes. Hemos dudado algo, pero no estamos en condiciones de afirmar que el juez de distrito abusara de su discreción al decidir el con-flicto y al fijar la cuantía de los daños. La sentencia apelada debe ser en tal virtud confirmada, entendiéndose que, de acuerdo con la ley, artículo 1262 del Código Civil, la rescisión decretada lleva consigo la devolución de la finca objeto del contrato, con sus frutos, por parte del demandado, y de los quinientos dólares recibidos a cuenta del precio, con sus inte-reses legales, por parte de los demandantes, todo a partir de la fecfla de la interposición de la demanda.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Presidente Se. del Tono,

text:
    N. Santini & Co., Demandante y Apelante, v. Polanco, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2922.
    Resuelto en mayo 24, 1923.
    Apelación- — Transcripción.—Para que la Corte de apelación pueda decidir si ¡a resolución aDelada es o no justa, la parte apelante debe incluir en la trans-eripeión las pruebas en que se basó la corte de distrito para dictarla; y si no lo hiciere y la resolución en si misma no fuere manifiestamente ilegal, debe desestimarse el recurso.
    Los bechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. J. Vendrell.

    Abogado del apelado: Sr. J. Puig Morales.

   El Juez Presidente Se. del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

En este pleito, seguido por N. Santini y Co. contra Ni-colás Polanco, se dictó sentencia condenando al demandado a pagar al demandante cierta suma de dinero, ordenándose ál márshal que la satisfaciera del importe de cierta sentencia que el demandado babía obtenido a sn favor en nn pleito se-guido contra los Barones G-offinet. La sentencia se dictó el 21 de noviembre de 1921, basándose en una estipulación de las partes que, en lo pertinente, dice:

“II. Que las partes aquí comparecientes, por medio de sus abo-gados que suscriben, con el fin de llegar a un arreglo amistoso y evitar la continuación de este pleito, han convenido en someter la cuestión a la consideración del tribunal en el sentido de que se dicte sentencia condenando al demandado a pagar a la demandante la suma de cuatro mil veinte .dollars con cincuenta y siete centavos de principal, seiscientos ochenta y tres dollars con cuarenta cem tavos por el concepto de intereses desde el 31 de mayo de 1920 hasta el 31 de octubre del corriente año y cien dollars para el pago de honorarios de abogado.
“III. Asimismo han convenido que las sumas antes menciona-das por el concepto de principal, intereses y honorarios de abo-gado sean satisfechas del importe de la sentencia obtenida por el demandado Nicolás Polanco y Santiago a su favor en el caso seguido contra los Barones G-offinet y la cual sentencia se halla en trámites de ejecución.”

El 4 ele enero de 1922 la sociedad demandante fundándose en que babía transcurrido más de un mes sin que se hiciera' efectiva la sentencia en la forma en- la misma expresada, so1' licitó de la corte que ordenara su ejecución en otros bienes del demandado. “Como se pide” acordó la corte pero luego, el 20 de enero de 1922, después de oir a las partes, reconsi-deró su resolución y sostuvo que la demandante había que-dado obligada por la estipulación a esperar a que la. senten-cia en el caso de Polane'o contra Goffinet se ejecutara.

■ ■ “Cualquier materia,” dijo la corte de distrito, “que en-vuelva los derechos individuales de las partes en un pleito puede ser objeto dé estipulación entre las mismas, pudiendo estipularse con respecto a la sentencia y su efectividad. Una estipulación tiene la fuerza de un contrato, no sólo entre las partes si no también entre ellas y la corte, y entendemos en el presente caso que la demandante, por su estipulación base de la sentencia, quedó impedida de ejecutarla hasta tanto el márshal hiciera efectiva la dictada en el otro pleito. Véase Keys v. Warner, 45 Cal. 60; 36 Cyc. 1279, 1298, y 25 R. C. L. 1095-1108.”

Meses después, el 6 de septiembre de 1922, la demandante insistió en su anterior petición alegando que en otro pleito seguido por Goffinet contra Polanco por vía de aseguramiento de la sentencia se había ordenado al márshal que no hiciera efectivo el fallo obtenido por Polanco contra Goffinet con cuyo importe debía satisfacerse la sentencia de N. Santini y Oía. y la corte, el 14 de noviembre de 1922, resolvió lo que sigue:

“Habiendo quedado obligada la parte demandante por la esti-pulación a esperar a que la sentencia en el caso de Polanco v. Goffinet et al. se ejecutara por el márshal para de ella hacerse entonces efectiva la sentencia en el presente pleito, bajo cuya base se dictó ésta, y no habiéndose demostrado que el estado de derecho creado por la sentencia hubiera cambiado, y por los fundamentos de la resolución de esta corte de 20 de enero de 1922, deniega la moción de la demandante para que se ordene la ejecución de la sentencia dé 21 de noviembre de 1921; sin especial condena de costas.”

■ Contra esta última resolución es que se ha interpuesto •este recurso. La primera, o sea la de 20 dé enero de 1922, fné consentida y en la segunda como liemos visto sostiene la ■eorte que no se lia. demostrado “que el estado de derecho creado por la sentencia hubiera cambiado.”

Examinada la transcripción se encuentra que no forma parte de ella la orden que se dice que fue librada, en el caso -de Goffinet contra Polanco, y siendo ello así, no estamos en condiciones de decidir si dicha orden fné o no suficiente para alterar el estado de derecho creado por la estipulación de las partes, la sentencia de noviembre 21, 1921 y la resolución de •enero 20, 1922.

JSTo se ha destruido la presunción de justa y correcta que tiene la orden apelada y el recurso, en tal virtud, debe ser declarado sin lugar.

Confirmada lá resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. "Wolf,

text:
    Preston, Demandante y Apelante, v. Vázquez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre reivindicación (memorándum de costas.)
    No. 2965.
    Resuelto en mayo 24, 1923.
    Apelación — Memorándum de Costas — Honorarios de Abogado — Transcrip-ción. — En apelación de un memorándum de costas, o debe aparecer que la suma concedida es muy excesiva para cualquier caso de su clase, o que los beelios como fueron presentados no justificaban la suma concedida. Si no se eleva en la transcripción la prueba presentada en el juicio u otra eviden-cia adecuada, el Tribunal Supremo no está en condiciones de decidir si la •corte inferior abusó de su discreción.
    Los hechos estáln expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. F. González.

      Abogado del apelado: Sr. F. Gallardo.

   El Juez Asociado Se. "Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fué una acción reivindicatoría en la cual fué dictada sentencia a favor del demandado. Subsiguientemente dicho demandado presentó un memorándum de costas, incluyendo una partida por honorarios de abogado ascendente a la suma de $800. La corte concedió $400 de honorarios y la deman-dante apeló.

Si bien aparece que el caso giró sobre una cuestión de prueba solamente, que la suma envuelta no era mayor de mil dólares y que el juicio sólo duró un día, sin embargo la ape-lante no ha elevado a esta corte la prueba presentada en el juicio u otra evidencia para mostramos que hubo algún abuso de discreción.

Por el contrario un abogado, el anterior juez de la corte, fué llamado como testigo y declaró tendente a acreditar que los servicios prestados, a su juicio, importaban por lo menos la suma que fué concedida por la corte.

En apelación de un memorándum de costas, o debe apa-recer que la suma concedida es muy excesiva para cualquier caso de su clase, o que los hechos como fueron presentados no justificaban la suma concedida.

Tenemos cierta idea de que-los honorarios eran subidos, pero según el estado de los autos nos sentimos obligados a confirmar la resolución apela&a.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.