source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rivera García

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text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Helen Silva Colón, peticionaria.

      Número: CC-2010-0098

      Resuelto: 29 de febrero de 2012

      Carlos A. Velázquez Ramírez, de Velázquez & Santiago, abo-gado de la peticionaria; Irene S. Soroeta Kodesh, procura-dora general Reinaldo Camps Del Valle, procurador general auxiliar, Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera García

emitió la opinión del Tribunal.

La Sra. Helen Silva Colón (peticionaria) nos solicita la revisión de una sentencia que dictó el Tribunal de Apelaciones. Mediante ese dictamen se desestimó, por tar-dío, el recurso de apelación que esta presentó. El foro ape-lativo intermedio concluyó que una moción presentada por la peticionaria ante el foro primario, luego de emitida una sentencia criminal en su contra, no era propiamente una reconsideración. Por ello, determinó que dicha moción no interrumpió el término para recurrir en apelación.

En ese contexto, este recurso nos brinda la oportunidad de delimitar los contornos de una moción de reconsidera-ción en el ámbito procesal penal. Asimismo, nos permite profundizar sobre los propósitos y el contenido de lo que constituye una moción de rebaja de sentencia al amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Luego de examinar los alegatos de las partes, adelanta-mos que confirmamos la sentencia recurrida, ya que la re-visión se da contra el resultado de esta y no contra sus fundamentos. Pueblo v. Pérez, 159 D.P.R. 554 (2003); Pueblo v. González Vega, 147 D.P.R. 692 (1999). En este caso procedía desestimar la apelación, pero por un fundamento distinto al que empleó el Tribunal de Apelaciones. En lugar de tardía, la apelación era prematura. Para la adecuada atención del recurso de autos, esbozamos los antecedentes fácticos de mayor relevancia y el estado de derecho que fundamenta nuestra determinación.

I

El 11 de marzo de 2009, luego de celebrado el juicio por tribunal de derecho, el foro primario encontró culpable a la señora Silva Colón en doce cargos por infracción a los Arts. 101(2) y (4), 201 y 301 de la Ley Uniforme de Valores, 10 L.P.R.A. sees. 851(2) y (4), 861 y 871. A su vez, el acto para dictar sentencia fue señalado para el 11 de mayo de 2009.

El 13 de abril de 2009, la peticionaria presentó un re-curso de apelación en el que solicitó la revocación del dic-tamen emitido por el foro sentenciador. Sin embargo, como aún no se había dictado sentencia y, por lo tanto, los tér-minos para presentar el recurso de apelación no habían comenzado a transcurrir, el foro apelativo intermedio des-estimó el recurso presentado por prematuro

Luego de varias suspensiones de la vista, el 10 de julio de 2009, el Tribunal de Primera Instancia dictó la corres-pondiente sentencia. En consecuencia, la peticionaria fue condenada a cumplir dieciocho años de reclusión por todos los cargos, sentencia que fue suspendida según el régimen de libertad a prueba. Además, se le impuso una pena especial sin especificación de las cuantías correspondientes a cada uno de los delitos.

Así las cosas, el 13 de julio de 2009, la señora Silva Colón presentó una moción intitulada “Solicitud para que se modifique la imposición de pena especial bajo el artículo 67 del Código Penal”. En su petición cuestionó que la pena especial se le impusiera por cada uno de los delitos, razón por la que el pago total ascendía a $3,600. Además, solicitó que se modificara la pena y que se le impusiera un solo pago de $300 por todos los delitos por los que fue convicta. En respuesta, el foro primario señaló la celebra-ción de una vista para el 2 de septiembre de 2009. No obs-tante, previo a celebrarse esa vista, el 11 de agosto de 2009, la peticionaria presentó una segunda apelación ante el foro intermedio apelativo. En consecuencia, el tribunal de instancia entendió que no podía intervenir en el caso y que la solicitud de modificación quedó en suspenso hasta tanto el foro apelativo resolviera el recurso presentado.

Atendida la petición, el Tribunal de Apelaciones lo des-estimó por considerarlo tardío. Razonó que la moción pre-sentada por la señora Silva Colón luego de emitida la sen-tencia en su contra, no era propiamente una solicitud de reconsideración, por lo que esta nunca interrumpió el tér-mino para apelar. Específicamente, el tribunal a quo ex-presó que al examinar el contenido de la moción que se presentó ante el foro de instancia, no podía concluir que la misma era una solicitud de reconsideración. En la senten-cia notificada el 7 de enero de 2010, el foro intermedio co-ligió que la moción en cuestión se limitaba a solicitar la modificación de la pena especial y no trataba sobre los mé-ritos del fallo o la pena impuesta por los delitos cometidos.

Inconforme con ese dictamen, el 3 de febrero de 2010, la peticionaria acudió ante este Foro mediante el recurso de certiorari de epígrafe, en el cual formula el siguiente seña-lamiento:

Erró el Honorable tribunal de apelaciones al determinar que una moción solicitando la modificación de pena impuesta en una sentencia dictada no puede ser considerada como moción de reconsideración, así interrumpiendo el término para apelar dicha sentencia. Petición de certiorari, pág. IV.

Así las cosas, el 25 de junio de 2010 emitimos una Re-solución en la cual le concedimos un término a la Procura-dora General para que mostrara causa por la cual no de-bíamos expedir el auto solicitado y revocar la sentencia recurrida. En cumplimiento de lo ordenado, la Procuradora General presentó su alegato. Con el beneficio de la compa-recencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

A. La controversia del recurso de autos exige que en-tremos a discutir los propósitos de la moción de reconside-ración al amparo de la Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y su historial, al igual que los propósitos de la Regla 185, supra, sobre modificación o re-baja de sentencia. De igual forma, con relación a estas re-glas, nos debemos expresar sobre la imposición de la pena especial y su alcance sobre la figura de una sentencia en el ámbito penal. Para ello, pasemos a estudiar el historial de la figura de la reconsideración.

En nuestra jurisdicción, el cuerpo procesal criminal no regula expresa y detalladamente la forma de presentar una moción de reconsideración ante el foro de instancia. Lo pertinente a la reconsideración está contenido en la Regla 194 vigente, supra. Sin embargo, es necesario señalar que a esta regla le precedía la derogada Regla 216 que regla-mentaba el procedimiento de las apelaciones del extinto Tribunal de Distrito al Tribunal Superior y hacía referen-cia a la moción de reconsideración.

En 1979, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 13 de 6 de febrero de 1979 (34 L.P.R.A. Ap. II), recono-ciendo que ni en la Regla 216, “ni en ninguna otra de las Reglas de Procedimiento Criminal [se] nos habla[ba] de los efectos [de la] moción de reconsideración [sobre] una sen-tencia condenatoria dictada”. Mediante esta legislación, se enmendó el inciso B de la referida regla para establecer que una moción de reconsideración tenía el efecto de inte-rrumpir el término para presentar el escrito de apelación.

Años más tarde, con la reforma judicial adoptada por la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial de 28 de julio de 1994, fue necesario atemperar las reglas procesales a la nueva estructura judicial. Así, por medio de la Ley Núm. 251-1995 (34 L.P.R.A. Ap. II), la Regla 216 fue derogada en su totalidad y se aprobó un nuevo texto para establecer el procedimiento de reconsideración a partir de una resolución final o sentencia del Tribunal de Apelaciones. Mediante el referido estatuto, también se enmendó la Regla 194 para establecer el procedimiento por el cual se puede formalizar un recurso apelativo en el ámbito penal. Además, se prescribieron las consecuencias de presentar una moción de reconsideración en los tribunales de instancia. A esos efectos, la actual Regla 194 dispone, en lo pertinente, que

[s]i cualquier parte solicitare la reconsideración de la sen-tencia dentro del término improrrogable de quince (15) días desde que la sentencia fue dictada, el término para radicar el escrito de apelación o de certiorari quedará interrumpido y el mismo comenzará a partir de la fecha en que se archive en autos la notificación de la resolución del tribunal adjudicando la moción de reconsideración. 34 L.P.R.A. Ap. II.

Ahora bien, debemos puntualizar que el vigente esquema procesal penal no cuenta con más especificaciones sobre el alcance de una solicitud de reconsideración de una sentencia dictada por el foro primario. Empero, es ampliamente conocido que los tribunales tienen el poder inherente de reconsiderar sus determinaciones, a solicitud de parte o motu proprio, mientras conserven jurisdicción sobre los casos. Pueblo v. Román Feliciano, 181 D.P.R. 679 (2011). Según hemos señalado, “ ‘[e]l objetivo principal de una moción de reconsideración es dar una oportunidad a la corte que dictó la sentencia o resolución cuya reconsideración se pide, para que pueda enmendar o corregir los errores en que hubiese incurrido al dictarla’ ”. Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R. 601, 609 (1997), citando a Dávila v. Collazo, 50 D.P.R. 494, 503 (1936).

Cónsono con lo enunciado, el mecanismo de la reconsideración sirve para permitirle a la parte afectada por una resolución, orden interlocutoria, sentencia final o dictamen posterior, solicitarle al tribunal adjudicador que modifique o deje sin efecto el dictamen en controversia. Pueblo v. Román Feliciano, supra.

Por otro lado, hoy reiteramos la doctrina general de que los tribunales, “antes de que la sentencia haya sido ejecutada, tienen autoridad para reconsiderarlas y modificarlas, bien mitigando o aumentando la pena impuesta”. (Énfasis nuestro.) Pueblo v. Carbone, 59 D.P.R. 610, 617 (1941). Como hemos pronunciado, los tribunales pueden ejercer esta facultad a solicitud de parte interesada o motu proprio para ajustarlas a la ley, tanto para corregir un error en el que hayan incurrido al imponerlas, como para ajustarlas a cualquier situación de hechos que prueben una u otra parte. Id.

De igual forma, hemos reconocido que esta facultad no se debe ejercitar arbitrariamente sin que exista un motivo justificado, ya que existe la presunción de que cuando un tribunal dicta su sentencia lo hace considerando todos los hechos concurrentes probados. Pueblo v. Carbone, supra.

Así, durante la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal y antes de la aprobación de las Reglas de Procedimiento Criminal, este foro judicial expresó que la facultad de reconsiderar la sentencia está restringida por ciertas normas, a saber:

(1) Que el sentenciado debe encontrarse todavía bajo la cus-todia del tribunal sentenciador, sin haber empezado a cumplir ninguna parte de la sentencia original;
(2) Que la reconsideración no se produzca a menos que un error en el nombre, en la pena impuesta, o en la aplicación de la ley a los hechos probados en el proceso, justifiquen la recon-sideración de la sentencia original;
(3) Que existan ciertas circunstancias que justifiquen la mi-tigación o la agravación de la sentencia

Ahora bien, en Pueblo v. Valdés Sánchez, 140 D.P.R. 490 (1996), aclaramos que la reconsideración de la sentencia se extiende, tanto a la pena como al fallo condenatorio. En esa ocasión, luego de que el Tribunal de Distrito absolviera al acusado a consecuencia de una solicitud de reconsideración de su fallo, el Ministerio Público presentó un recurso de certiorari. En su petición alegó que el foro de instancia erró al declarar “con lugar” la moción de reconsideración del convicto y al ordenar que fuese absuelto, ya que ello contravenía lo dispuesto en la Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra. Por su parte, el acusado se opuso al alegar que la derogada Regla 216(b) de Procedimiento Criminal permitía que el juez reconsiderara su fallo y, al así proceder, el juez actuó conforme a los pará-metros estatutarios de la misma.

Así, pues, en ese caso, vislumbrando la vigencia próxima de la Ley Núm. 251-1995, supra, que vendría a aprobar la actual Regla 194, aclaramos que el fallo y la sentencia son dos figuras distintas que en ocasiones se entremezclan. Remitiéndonos al historial legislativo de la derogada Regla 216(b), interpretamos que al adoptar el término “Sentencia”, el legislador se refirió también al fallo condenatorio. Razonamos allí que, además de la sentencia, la reconsideración se extiende a los méritos de la contro-versia y, por ende, a la determinación o fallo de culpabilidad. Concluimos que no podíamos limitar la soli-citud de reconsideración de la sentencia a la legalidad o severidad de la pena. Esto porque al así actuar, habríamos avalado que la reconsideración tuviera exactamente los mismos propósitos de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra, coñvirtiendo a esta última en un proceso re-petitivo e innecesario.

Al establecer que la solicitud de reconsideración incluye, tanto a la pena como al fallo condenatorio, aclaramos los límites de esta figura procesal. A su vez, esta interpreta-ción de la función dual de la solicitud de reconsideración nos permite arrojar luz por primera vez sobre una disyun-tiva que ha permanecido latente hasta este momento: si una solicitud de modificación de la pena constituye, a los efectos, una moción de rebaja de sentencia según la Regla 185 y si, además, podemos considerarla como una solicitud de reconsideración. Veamos entonces las delimitaciones y los propósitos de la moción de corrección de sentencia de acuerdo con la Regla 185.

B. Como es sabido, en nuestro ordenamiento procesal, la sentencia es el pronunciamiento judicial de la pena que se le impone al acusado tras un fallo o veredicto de culpabilidad. Pueblo v. Martínez Lugo, 150 D.P.R. 238 (2000). De igual forma, el esquema procesal provee para que una vez se dicte sentencia en un caso, el tribunal mo-difique su dictamen si se cumplen ciertas condiciones.

El texto de la precitada Regla 185, según enmendada, prescribe lo siguiente:

(a) Sentencia ilegal; redacción de la sentencia. El tribunal sentenciador podrá corregir una sentencia ilegal en cualquier momento. Asimismo podrá, por causa justificada y en bien de la justicia, rebajar una sentencia dentro de los noventa (90) días de haber sido dictada, siempre que la misma no estuviere pendiente en apelación, o dentro de los sesenta (60) días des-pués de haberse recibido el mandato confirmando la sentencia o desestimando la apelación o de haberse recibido una orden denegando una solicitud de certiorari.
(b) Errores de forma. Errores de forma en las sentencias, órdenes u otros documentos de los autos y errores en el expe-diente que surjan por inadvertencia u omisión podrán corre-girse por el tribunal en cualquier momento, y luego de notifi-carse a las partes, si el tribunal estimare necesaria dicha notificación.
(c) Modificación de sentencia. El tribunal podrá modificar una sentencia de reclusión en aquellos casos que cumplan con los requisitos de la see. 4732 del Título 33 y de la Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación, sees. 1611 a 1616 del Título 4. (Énfasis nuestro.) 34 L.P.R.A. Ap. II (Sup. 2011).

Es meritorio señalar que esta disposición tiene su ori-gen en la Regla 35 de Procedimiento Criminal Federal. En el ámbito federal, esta regla determina lo relacionado a la corrección y la reducción de una sentencia.

Al examinar su trasfondo histórico, observamos que esta regla cubría tres situaciones distintas, a saber: pro-veía para la corrección de una sentencia ilegal, así como para la corrección de una sentencia impuesta de manera ilegal, y, además, autorizaba a la corte a reducir una sen-tencia legal, si luego de reflexionar con relación a la misma creía que la pena impuesta había sido demasiado severa Específicamente, la Regla 35(b) de Procedi-miento Criminal Federal le daba la facultad al tribunal de distrito federal para reducir una sentencia legal si por al-guna razón concluía que la sentencia originalmente im-puesta era excesivamente severa De acuerdo con esta disposición, la moción de reducción de la sentencia consti-tuía, esencialmente, una solicitud de clemencia dirigida a la discreción del foro sentenciador

Sin embargo, mediante la Ley de Reforma de Senten-cias (Sentencing Reform, Ací) que el Congreso aprobó en 1987, se modificó completamente la Regla 35. El efecto de estas enmiendas resultó en que la única circunstancia en que la sentencia se puede reducir es cuando el acusado coopere con el Estado y este último presente una moción para solicitar esta reducción.

De igual forma, al presente, la regla autoriza a los tribunales de distrito federal a corregir la sentencia, si con-tiene errores técnicos patentes, dentro de los catorce días después de emitida. En consecuencia, desde las enmiendas de 1987, la defensa ya no puede utilizar la Regla 35 para solicitar la corrección de una sentencia aduciendo que esta era ilegal o que fue impuesta ilegalmente. Así, tampoco se puede utilizar esta regla para solicitar la reducción de una sentencia legal.

Actualmente, varias jurisdicciones mantienen el es-quema de la regla federal previo a las enmiendas de 1987 y permiten la presentación de una moción de reducción de la sentencia legal por un periodo de ciento veinte días, mien-tras otras lo extienden por un periodo de hasta un año. En Puerto Rico, como vemos, igualmente seguimos el anti-guo modelo de la Regla 35, por lo que es posible corregir la sentencia ilegal en cualquier momento. Al igual que la pre-via Regla 35 federal, la Regla 185 permite rebajar una sen-tencia legalmente válida.

Como hemos advertido, el proceso provisto por esta disposición constituye el mecanismo adecuado para corregir o modificar la pena impuesta cuando la sentencia es ilegal, tiene errores de forma, se ha impuesto un castigo distinto al previamente establecido, o cuando por razones justicieras amerita que se reduzca la pena impuesta. Pueblo v. Martínez Lugo, supra. Sin embargo, debemos enfatizar que a través de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra, no es posible variar o dejar sin efecto los fallos condenatorios. Id. Véase Pueblo v. Valdés Sánchez, supra.

En lo pertinente a la controversia de autos, debemos distinguir entre las dos situaciones presentadas como con-secuencia del inciso (a) de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra. Primero, cuando la sentencia es válida, dictada conforme a derecho, y, segundo, cuando la senten-cia es ilegal, nula o defectuosa. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 539, 540-541 (1964).

En el supuesto de la sentencia ilegal, hemos señalado que esta es la que un tribunal dicta sin jurisdicción o autoridad, en abierta contravención al derecho vigente. Pueblo v. Lozano Díaz, 88 D.P.R. 834, 838 (1963); E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 562. Por consiguiente, una sentencia dictada así es nula e inexistente, ya que los estatutos de penalidad son jurisdiccionales. Pueblo v. Lozano Díaz, supra. Una actuación judicial inválida no debe conllevar consecuencias legales. íd. Por ello, la citada regla permite que el tribunal corrija, en cualquier momento, una sentencia que adolezca de ilegalidad. Pueblo v. Martínez Lugo, supra; Pueblo v. Casanova Cruz, 117 D.P.R. 784 (1986). Esta corrección la puede hacer el tribunal sua sponte, independientemente de si el convicto empezó a extinguir la sentencia. Pueblo v. Castro Muñiz, 118 D.P.R. 625, 653 (1987). Incluso, “la fa-cultad del tribunal para corregir una sentencia ilegal se extiende a aumentar la pena, en situaciones en que la pena más benigna originalmente impuesta era contraria a la le/’. Chiesa Aponte, op. cit, pág. 562.

Por otro lado, una sentencia legal es aquella que se dicta dentro de las facultades y los poderes del tribunal sentenciador. Pueblo v. Lozano Díaz, supra, pág. 838. Por eso, debemos resaltar que la Regla 185(a) de Procedimiento Criminal, supra, provee para que en los casos en que la sentencia dictada por el tribunal sea legal, por causa justificada y en bien de la justicia, esta se pueda reducir si se presenta una solicitud dentro de un término de noventa días de haberse dictado o dentro de los sesenta días después de haberse recibido el mandato confirmando la sentencia o desestimando la apelación, o de haberse recibido una orden que denegó una solicitud de certiorari. Cabe señalar que una vez transcurren los términos de esa regla y expiran los plazos para presentar reconsideración, apelación, certiorari o relevo de sentencia, la sentencia dictada válidamente advendrá final y firme.

C. Por otro lado, el Art. 17 de la Ley para la Compensación a Víctimas de Delito añadió el Art. 49(C) al derogado Código Penal de 1974 para disponer que, además de la pena que se imponga por cometer un delito, el tribunal impondrá a todo convicto una pena especial equivalente a $100 por cada delito menos grave y $300 por cada delito grave, las cuales se pagarían mediante los co-rrespondientes sellos de rentas internas. Las cantidades recaudadas serán ingresadas al Fondo Especial de Com-pensación a Víctimas de Delito y se utilizarían para bene-ficiar a las víctimas de delitos y a sus familiares, según lo dispone la ley y el reglamento.

Dicha Ley creó la Oficina de Compensación a Víctimas de Delito y, además, enmendó la Ley de la Junta de Liber-tad bajo Palabra, la Ley Orgánica de la Administración de Corrección y la Ley de Sentencia Suspendida. Por eso, es importante enfatizar que la satisfacción de esta pena especial es requisito previo a la participación del con-victo en programas de desvío y rehabilitación de la Admi-nistración de Corrección, en hogares de adaptación social, y para la concesión de una libertad a prueba. D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, 3ra ed. rev., San Juan, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 2008, pág. 99.

Con la adopción del Nuevo Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4629 et seq., la pena especial fue clasificada como una de las penas aplicables a las personas naturales, y está estatuida en el Art. 67. Específicamente, este artículo expresa que:

Además de la pena que se impone por la comisión de un delito, el tribunal impondrá a todo convicto una pena especial equivalente a cien dólares ($100), por cada delito menos grave y trescientos dólares ($300) por cada delito grave. La pena aquí dispuesta se pagará mediante los correspondientes sellos de rentas internas. Las cantidades así recaudadas ingresarán al Fondo Especial de Compensación a Víctimas de Delito. 33 L.P.R.A. see. 4695.

III

No nos persuade la argumentación del Procurador General en la que aduce que la moción de reconsideración tiene el propósito de que el foro sentenciador revalúe la totalidad del dictamen para determinar si incurrió en al-gún error que pueda subsanar.

Opinamos que la petición de reconsideración de la sentencia, según históricamente se ha conceptualizado, recae sobre la sentencia y el fallo. Véase Pueblo v. Valdés Sánchez, supra. Recordemos, pues, que la palabra “sentencia” significa el pronunciamiento que hace el tribunal en cuanto a la pena que se le impone al acusado. Chiesa Aponte, op. cit, pág. 520. Del mismo modo, el fallo es el pronunciamiento que el tribunal hace, mediante el cual condena o absuelve al acusado. íd.

En atención al marco jurídico enunciado, es forzoso colegir que la pena especial impuesta es inextricablemente parte de la sentencia. Es decir, es parte de ese pronunciamiento que hace el tribunal que condena al acusado a compensar, de alguna forma, el daño causado. La intención específica de que los fondos obtenidos por medio de la imposición de esta pena estén destinados al Fondo Especial de Compensación a Víctimas de Delito, no hace a esta pena ajena al resto de las penas aplicables a las personas naturales convictas de delito que sean sentenciadas. No podemos entonces fraccionar la sentencia cuando se peticiona su modificación, específicamente en cuanto a su pena especial. Por lo tanto, es preciso concluir que al solicitar la modificación de la pena especial, a su vez, se está solicitando la modificación de la sentencia.

Ahora bien, al colegir que la pena especial que prescribe el Art. 67 del Código Penal de 2004, supra, constituye parte de la sentencia, nos corresponde resolver la controversia medular en el caso de autos. Esta consiste en si procede una petición de modificación de la pena especial como una reconsideración de la sentencia de acuerdo con la Regla 194 de Procedimiento Criminal, supra. Veamos.

Durante la vigencia de las Reglas de Procedimiento Criminal se ha utilizado la reducción o corrección de la sen-tencia por “fundamentos de justa causa y en bien de la justicia” por medio de la reconsideración. Pueblo v. Cubero Colón, 116 D.P.R. 682, 684 (1985). A través de los procedi-mientos de este Tribunal, hemos avalado implícitamente el proceder que conjuga los medios procesales, según provis-tos en nuestras Reglas de Procedimiento Criminal.

Sostenemos, pues, que una petición de modificación de la pena impuesta legalmente es, en esencia, una solicitud de reconsideración de la sentencia. En ese contexto, la naturaleza de esta solicitud es una apelación a la clemencia del foro juzgador para que vuelva a considerar, según su criterio, lo que ya dispuso. Por lo tanto, la solicitud de modificación de la pena especial es, de por sí, una reconsideración.

De este modo, concluimos que presentar la solicitud de modificación de la pena especial dentro de los términos dispuestos en la Regla 194 de Procedimiento Criminal, supra —ya sea para corregirla porque tiene defectos de forma, es ilegal o se solicita su rebaja por causa justificada y en bien de la justicia— tendrá el ineludible efecto de interrumpir el término para presentar el escrito de apelación o de certiorari.

Por consiguiente, en lo que se refiere a la solicitud de reducción de la sentencia por el bien de la justicia, trans-currido el término de quince días de dictada la sentencia, el convicto tiene la oportunidad de solicitar la modificación de la sentencia legal según los términos provistos en la Regla 185(a) de Procedimiento Criminal, supra. Esto, claro está, no tendrá el efecto de interrumpir los términos para apelar, pues la solicitud se presentó fuera del término im-prorrogable que establece la Regla 194 de Procedimiento Criminal, supra, para presentar una moción de reconsideración.

Razonamos, pues, que el vehículo procesal para solicitar la modificación de una sentencia puede ser la reconsideración al amparo de la Regla 194. Entendemos que al adjudicar las controversias debemos interpretar las leyes que entran enjuego de forma integral, armonizándolas y sopesando sus disposiciones para lograr el resultado más lógico y razonable posible. Pueblo v. Cortés Rivera, 142 D.P.R. 305, 317 (1997).

Concebimos que estas disposiciones no se contradicen. Ello, pues es clara la intención del legislador de extender la solicitud de reconsideración de la sentencia, tanto a la pena —que es lo que correctamente constituye una senten-cia— como al fallo condenatorio. El hecho de que según la Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra, exista la po-sibilidad de solicitar la reducción de una sentencia legal-mente impuesta por razones justicieras, no excluye que el vehículo procesal para así solicitarlo pueda ser la reconsi-deración, pues la naturaleza de la petición de modificación es, en sí, un llamado a volver a considerar, sin obviar el estado de derecho y la doctrina jurisprudencial que hemos esbozado.

En este caso, la parte peticionaria presentó una moción titulada “Solicitud para que se modifique la imposición de pena especial bajo el artículo 67 del Código Penal” tres días después de que se dictara una sentencia condenándola a cumplir dieciocho años en probatoria y el pago de Pena Especial. Al examinar el contenido de la moción, se deduce la clara intención de la defensa de solicitar la rebaja de la pena especial para que no excediera de $300. En conse-cuencia, concluimos que esta petición de modificación de la pena constituye una solicitud de reconsideración de la sen-tencia dictada por el foro primario.

Al haberse presentado dentro de los quince días que dis-pone la Regla 194 de Procedimiento Criminal, supra, es forzoso concluir también que la solicitud de modificación de la pena interrumpió el término para apelar ante el foro apelativo intermedio. Resolvemos que erró el foro a quo al no interpretar que la solicitud de modificación de pena especial es, para todos los efectos, una solicitud de modifica-ción de la sentencia impuesta y, por lo tanto, una petición de reconsideración.

IV

Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de certiorari solicitado y confirmamos la sentencia que emitió el Tribunal de Apelaciones, aunque por un funda-mento distinto. Procedía desestimar la apelación presen-tada allí, por prematura. En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia retiene jurisdicción para resolver la so-licitud de reconsideración de la pena especial presentada por la convicta Silva Colón en conformidad con lo aquí pautado.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con la decisión por entender que con este proceder se suple el vacío legislativo referente al aspecto interruptor de una moción de modificación de sentencia de la Regla 185 de Procedimiento Criminal. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervino.

       Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 61-65.

       íd., pág. 17.

       En su recurso, la peticionaria se adentró en los méritos del fallo condenatorio y de las penas impuestas.

       Véase Anejo I del Alegato de la Procuradora General.

       Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 7.

       En su inciso (j), la Regla 216 disponía, en lo pertinente:
      “Cualquier parte perjudicada por una sentencia dictada en cualquier procedi-miento de apelación podrá, dentro del término improrrogable de quince días desde la fecha del archivo en autos de la notificación de la sentencia, radicar en la sala del

        Tribunal Superior que la hubiere dictado una moción interesando la reconsideración de la sentencia, haciendo constar en ella los fundamentos de su solicitud(Énfasis nuestro.)

       Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 13 de 6 de febrero de 1979 (1979 Leyes de Puerto Rico 26, 27).

       Específicamente, la anterior Regla 216(b), 34 L.P.R.A. Ap. II, según entonces enmendada, expresaba, entre otras cosas, que “[s]i se solicitare la reconsideración de la sentencia, el término para radicar el escrito de apelación quedará interrumpido

       Véanse: Pueblo v. Lozano Díaz, 88 D.P.R. 834, 837 (1963); Santiago v. Jones, 74 D.P.R. 617, 620 (1953).

       Antes de ser enmendada, originalmente desde 1936 esta regla disponía como sigue:

        “Correction or Reduction of Sentence. The court may correct an illegal sentence at any time. The court may reduce a sentence within 60 days after the sentence is imposed, or within 60 days after receipt by the court of a mandate issued upon affirmance of the judgment of dismissal of the appeal, or within 60 days after receipt of an order of the Supreme Court denying an application for a writ of certiorari.” W.M. Whitman, Federal Criminal Practice under the Federal Rules of Criminal Procedure, Nueva York, Mathew Bender & Company, 1950, pág. 258.

       La regla aplicable a las ofensas cometidas antes del 1 de noviembre de 1987 establecía lo siguiente:
      “ ‘(a) Correction of Sentence. The court may correct an illegal sentence at any time and may correct a sentence imposed in an illegal manner within the time provided herein for the reduction of sentence.
      “ ‘(b) Reduction of Sentence. Amotion to reduce a sentence may be made, or the court may reduce a sentence without motion, within 120 days after the sentence is imposed or probation is revoked, or within 120 days after receipt by the court of a mandate issued upon affirmance of the judgment or dismissal of the appeal, or within 120 days after entry of any order or judgment of the Supreme Court, denying review of, or having the effect of upholding, a judgment of conviction or probation revocation. The court shall determine the motion within a reasonable time. Changing a sentence from a sentence of incarceration to a grant of probation shall constitute a permissible reduction of sentence under this subdivision.’ ” (Enfasis suplido.) 3 Wright, Federal Practice and Procedure: Criminal 4th Rule 35 n., pág. 587 (2011).
      Son evidentes las múltiples enmiendas de esta regla. Las de 1966 y 1979 hicie-ron cambios leves y dividieron la regla para que la corrección de la sentencia se tratara en la subdivisión (a) y lo referente a la reducción en la (b). Posteriormente, luego de las enmiendas de 1987, en 1991 se le añadió un inciso (c) para permitir al foro sentenciador corregir dentro de siete días errores técnicos obvios de la sentencia. En el 2009 se borró esta subdivisión y se enmendó la subdivisión (a) para otorgar un periodo de catorce días para corregir este tipo de errores. Id., Sees. 611-612, págs. 589-591.

       íd., See. 617, págs. 619-621.

       íd.

       P.L. No. 98-473, 98 Stat. 1987.

        Wright, supra, págs. 589-591.
      Actualmente, la citada regla expresa lo siguiente:
      “(a) Correcting Clear Error. Within 14 days after sentencing, the court may correct a sentence that resulted from arithmetical, technical, or other clear error.
      (b) Reducing a Sentence for Substantial Assistance.

      (1) In General. Upon the government’s motion made within one year of sentencing, the court may reduce a sentence if the defendant, after sentencing, provided substantial assistance in investigating or prosecuting another person.
      (2) Later Motion. Upon the government’s motion made more than one year after sentencing, the court may reduce a sentence if the defendant’s substantial assistance involved:
      (A) information not known to the defendant until one year or more after sentencing;
      (B) information provided by the defendant to the government within one year of sentencing, but which did not become useful to the government until more than one year after sentencing; or
      (C) information the usefulness of which could not reasonably have been anticipated by the defendant until more than one year after sentencing and which was promptly provided to the government after its usefulness was reasonably apparent to the defendant.
      (3) Evaluating Substantial Assistance. In evaluating whether the defendant has provided substantial assistance, the court may consider the defendant’s presentence assistance.
      (4) Below Statutory Minimum. When acting under Rule 35(b), the court may reduce the sentence to a level below the minimum sentence established by statute.
      (c) “Sentencing” Defined. As used in this rule, ‘sentencing’ means the oral announcement of the sentence.” Wright, supra, pág. 586.

       La petición de corrección de una sentencia ilegal se puede hacer mediante apelación o presentando una moción al amparo de 28 U.S.C.A. see. 2255.

       A.W. Campbell, Law of Sentencing, 3ra ed., 2004, Sec. 14:1, pág. 569.

       Ley Núm. 183-1998 (1998 Leyes de Puerto Rico 722, 734).

       33 L.P.R.A. ant. see. 3214.

       Ley Núm. 118 de 22 de junio de 1974 (4 L.P.R.A. see. 1501 et seq.).

       Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974 (4 L.P.R.A. sec. 1101 et seq.).

       Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946 (34 L.P.R.A. see. 1027 et seq.).

       Véase Art. 49 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4677.

       En Pueblo v. Cubero Colón, 116 D.P.R. 682, 684 (1985), interpretando la Regla 185 expresamos que “[b]ajo los fundamentos de justa causa y en bien de la justicia, no vemos razón alguna por la cual —si un tribunal conserva u obtiene jurisdicción— en virtud de una solicitud de reconsideración dentro de los noventa (90) días, como la hecha en este caso, no puede alterar el modo en que habrá de cumplirse”. (Énfasis nuestro.) También, en Pueblo v. Camacho Pérez, 102 D.P.R. 129, 132 (1974), señalamos que “[rjeconsiderada una sentencia [en un procedimiento criminal, el juez sentenciador] puede dejarla igual o modificarla”. Igualmente, en Pueblo v. Sánchez Delgado, 99 D.P.R. 260 (1970), indicamos que un juez sentenciador tiene autoridad para reconsiderar una sentencia dictada en un caso criminal e impo-ner una pena mayor cuando el acusado está todavía bajo custodia judicial.

       A estos efectos, es prudente señalar que el Primer Circuito determinó que una moción para “corregir la sentencia” en la que se imputaba que la corte de distrito había cometido errores aritméticos al imponer la sentencia, tiene el efecto de inte-rrumpir los términos para ir en apelación. Así, la identificó como una moción al amparo de la entonces vigente Regla 35. Específicamente, dicho foro expresó:
      “It stands to reason that, if a sentence is infected by clear error, a timely motion seeking to correct it — at least a motion which, like this one, seeks to shrink the incarcerative portion of the sentence and, thus, carries the potential to affect substantive rights — fits the Healy mold. Forcing a party to press ahead with an appeal while such a motion is pending would countervail the principles of efficacy and judicial economy that undergird Healy. Consequently, we hold that when, as now, a party to a criminal case files a timely motion under Fed.R.Crim.P. 35(c), asking the sentencing court to reconsider an issue in the case in a way that will, if successful, bring about an alteration of the defendant’s substantive rights, then the filing of that motion renders the judgment nonfinal for purposes of appeal.” (Enfasis en el original.) U.S. v. Morillo, 8 F.3d 864, 868-869 (1er Cir. 1993).


author: per curiam:

text:
      In re Antonio Reyes Vidal.

      Número: TS-5382

      Resuelto: 6 de marzo de 2012

      Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general; Antonio Reyes Vidal, pro se.

   per curiam:

El Ledo. Antonio Reyes Vidal fue admitido al ejercicio de la abogacía el 29 de diciembre de 1976 y al ejercicio de la notaría el 14 de enero de 1977. El 29 de agosto de 1986, el licenciado Reyes Vidal renunció a la no-taría para trasladarse a Estados Unidos. El 5 de abril de 2010, la Secretaría de la Oficina de “Disciplinary Counsel” de Texas nos remitió una copia certificada de la sentencia que dictó el Tribunal de Distrito de Bexar County de Texas (Tribunal de Distrito de Texas) en Commission for Lawyer Discipline v. Antonio Reyes Vidal, 2008-CI-04181. Según surge del mencionado documento, el 7 de diciembre de 2009 dicho tribunal emitió una sentencia mediante la cual desaforó al licenciado Reyes Vidal por infringir las Reglas 8.01(a) y 8.04(a)(3) de las Reglas Disciplinarias de Con-ducta Profesional de Texas. Texas Disciplinary Rules of Professional Conduct, R. 8.01(a) and R. 8.04(a)(3), en http:// www.supreme.courts.state.tx.us/rules/rules.asp.

Los hechos probados, según surgen de la sentencia, son los siguientes: el Sr. Misdael López Bonilla contrató al li-cenciado Reyes Vidal en el estado de Texas para un asunto migratorio y le entregó $5,000 para utilizarlos como fianza. Al finalizar el caso, el licenciado Reyes Vidal se negó a devolverle dicho dinero al señor López Bonilla. El abogado alegó que el señor López Bonilla había firmado un docu-mento en el cual accedió a que el licenciado Reyes Vidal se quedara con ese dinero, como parte de su compensación. Sin embargo, resultó que la firma en ese documento era una copia de otro documento, esto es, que el licenciado Reyes Vidal falsificó el documento.

Por esos hechos, el Tribunal de Distrito de Texas des-aforó indefinidamente de la práctica de la abogacía en dicho estado al licenciado Reyes Vidal. Además, ordenó res-tituirle al señor López Bonilla los $5,000 de la fianza, y a satisfacer las costas y honorarios de abogados ascendentes a $18,683.87.

Por lo anterior, el 21 de mayo de 2010 emitimos una resolución mediante la cual referimos a la Procuradora General de Puerto Rico los documentos provistos por la Ofi-cina de “Disciplinary Counsel” de Texas para la investiga-ción e informe correspondiente.

El 11 de agosto de 2011, la Procuradora General de Puerto Rico presentó una moción en la cual informó que el licenciado Reyes Vidal compareció el 2 de julio de 2010 para indicar que aún estaba pendiente una apelación rela-cionada con la sentencia que conllevó su suspensión de la práctica de la profesión legal en el estado de Texas. Por consiguiente, el 2 de diciembre de 2011 se le concedió al licenciado Reyes Vidal un término de 20 días para que mostrara causa por la que no debíamos suspenderlo de la práctica de la abogacía por los hechos que provocaron su desaforo en el estado de Texas.

Como respuesta a nuestra orden, el licenciado Reyes Vidal compareció y alegó que no ha residido en Puerto Rico desde agosto de 1986 ni ha ejercido de ninguna manera la profesión legal en Puerto Rico. También, presentó “Moción alegando violación al debido proceso de ley”, en la que ar-gumentó que tal violación consistió en que no se le informó adecuadamente de los cargos y/o alegaciones en su contra.

h-H

Hemos expresado reiteradamente que este Tribunal posee la facultad inherente de reglamentar el ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción. Como parte de esa facultad, este Foro puede desaforar o suspender a los miembros de la profesión legal que no estén aptos para ejercer tal ministerio. In re Zúñiga López, 177 D.P.R. 385, 388 (2009).

La relación de abogado y cliente se debe fundamentar en la absoluta confianza entre ambos. Por lo tanto, requiere un trato profesional caracterizado por la más devota lealtad y la más completa honradez. In re Cid, 173 D.P.R. 40 (2008). El Canon 23 del Código de Ética Profesio-nal, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone —en lo pertinente— lo si-guiente:

La naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez absoluta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen.

Las disposiciones de este canon exigen del abogado total transparencia, particularmente cuando se trate de asuntos de índole económica. El abogado debe dar pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no los debe mezclar con los suyos ni permitir que se mezclen. In re Cid, supra. Expusimos en In re Fernández Paoli, 141 D.P.R. 10, 16 (1996), que “ ‘la confianza entre abogado y cliente, en particular, el escrupuloso manejo de fondos, constituye elemento inseparable que se proyecta no sólo dentro del foro togado puertorriqueño, sino en el respeto y la estima ante la imagen pública’ ”.

El hecho de que los abogados retengan fondos de los clientes constituye una práctica altamente lesiva a la profesión legal. Esta conducta menoscaba la relación de honradez y confianza que debe existir entre el abogado y su cliente. Además, afecta la imagen de dignidad e integridad que debe guardar y proyectar todo abogado y la reputación de la profesión legal en la comunidad. In re Vázquez O’Neill, 121 D.P.R. 623 (1988). En sintonía con lo anterior, hemos resuelto que retener cualquier cantidad de dinero de un cliente infringe los postulados del Canon 23 del Código de Etica Profesional, supra. In re Cid, supra; In re Rivera Irizarry, 155 D.P.R. 687 (2001).

Según lo antes expuesto, nos corresponde evaluar la conducta del licenciado Reyes Vidal para determinar si procede suspenderlo del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico.

HH I — I

El licenciado Reyes Vidal falsificó la firma del señor Ló-pez Bonilla en un documento en el que este último accedió a que el licenciado se quedara con el dinero de la fianza como parte de su compensación. Por tal actuación, el licen-ciado fue suspendido indefinidamente del ejercicio de la abogacía en el estado de Texas.

No hay duda de que la conducta del licenciado Reyes Vidal violó la confianza que su cliente —el señor López Bonilla— depositó en él. Además, incurrió en conducta in-moral e impropia cuando, con la intención de defraudar a su cliente, falsificó la firma para retener dinero pertene-ciente a éste último. Estas actuaciones del abogado violan el Canon 23 del Código de Etica Profesional, supra, que requiere dar pronta cuenta al cliente de su dinero y man-tener una relación fundada en la absoluta honradez.

La conducta en que incurrió el licenciado Reyes Vidal ciertamente atenta contra el prestigio y la dignidad que deben caracterizar a los abogados. Esta conducta del abo-gado incluyó lesiones éticas graves que implican fraude, ilegalidad, falsificación y apropiación indebida de fondos pertenecientes a su cliente. Esto constituye motivo sufi-ciente para suspenderlo del ejercicio de la profesión legal en Puerto Rico. En In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994), suspendimos al licenciado Morales Soto porque re-tuvo un cheque que pertenecía a su cliente, y falsificó la firma del cliente para endosarlo y depositarlo en su cuenta personal para cobrar los honorarios de abogado.

De otra parte, el licenciado Reyes Vidal alegó que se le había violado el debido proceso de ley, ya que no se le in-formó adecuadamente de los cargos en su contra. No le asiste la razón. La sentencia que emitió el Tribunal de Dis-trito de Texas fue notificada al licenciado Reyes Vidal. La misma contiene los cargos en su contra, por los cuales fue suspendido de la abogacía en Texas. Es precisamente por dicha sentencia que se comenzó este proceso disciplinario en contra del licenciado Reyes Vidal, en el cual este ha tenido plena oportunidad de ser oído y presentar evidencia a su favor.

I — I HH I — 1

Habiendo recibido copia certificada de la sentencia me-diante la cual el Tribunal de Distrito de Texas desaforó al licenciado Reyes Vidal y luego de examinar el expediente ante nuestra consideración, resolvemos que el licenciado Reyes Vidal violó el Canon 23 del Código de Etica Profesio-nal, supra. Por lo antes dispuesto, se decreta la separación inmediata e indefinida del Ledo. Antonio Reyes Vidal del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico. Además, se ordena que su nombre sea borrado del Registro de Abogados auto-rizados para ejercer la profesión en esta jurisdicción.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no interviene. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       Las mencionadas reglas disponen —en lo pertinente— que:
      “8.01(a) An applicant for admission to the bar, a petitioner for reinstatement to the bar, or a lawyer in connection with a bar admission application, a petition for reinstatement, or a disciplinary matter, shall not:
      (a) knowingly make a false statement of material fact;
      8.04(a) A lawyer shall not:
      (3) engage in conduct involving dishonesty, fraud, deceit or misrepresentation; ....”

       Véanse, además: In re Castillo Martínez, 173 D.P.R. 249, 251 (2008); In re Morell Corrada, 171 D.P.R. 327, 330 (2007); In re González Díaz, 163 D.P.R. 648, 650 (2005).

       Los cargos en contra del licenciado Reyes Vidal fueron probados en el Tribunal de Distrito de Texas.


text:
      In re Designación Miembros de la Comisión de Disciplina Judicial.

      Número: EN-2012-04

      Resuelto: 12 de marzo de 2012
   RESOLUCIÓN

En conformidad con la Regla 12 de Disciplina Judicial, 4 L.RR.A. Ap. XV-B, se designan a las siguientes personas como miembros de la Comisión de Disciplina Judicial en los cargos que se indican a continuación:

Hon. Aida N. Molinary de la Cruz, presidenta de la Co-misión de Disciplina Judicial

Ledo. Ángel F. Rossy García, comisionado asociado

Leda. Delia Lugo Bougal, comisionada asociada

Ledo. José Miranda de Hostos, comisionado asociado

Leda. Evelyn Benvenutti, comisionada asociada

Sra. Eneida Sierra Corredor, comisionada asociada

Leda. Lourdes Velázquez, comisionada alterna

Dr. Juan Salgado, comisionado alterno

Las personas antes mencionadas ocuparán sus cargos por el término de cuatro (4) años.

Estos nombramientos entrarán en vigor inmediata-mente. El Tribunal Supremo agradece a los miembros su disposición de servir al pueblo de Puerto Rico a través de la Comisión.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Agradecimiento Miembros de la Comisión de Disciplina Judicial.

      Número: EN-2012-05

      Resuelto: 12 de marzo de 2012
   RESOLUCIÓN

Los integrantes de este Tribunal agradecen y reconocen las valiosas aportaciones y la dedicación a los trabajos de la Comisión de Disciplina Judicial y de este Tribunal, así como su compromiso inquebrantable con la Rama Judicial y con el Pueblo de Puerto Rico, de los Ledos. Flavio E. Cumpiano Villamor, Carlos E. Ramos González y Dora T. Peñagarícano durante el tiempo que sirvieron como Comi-sionados Asociados.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Exclusión o Reasignación de los Jueces o las Juezas Seleccionados como Presidente o Presidente Alterno de una Comisión Local de Elecciones.

      Número: EM-2012-02

      Resuelto: 12 de marzo de 2012
   RESOLUCIÓN

En enero de este año, en conformidad con las disposicio-nes del Art. 5.002 del nuevo Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, Ley 78-2011, según enmendada por la Ley 230-2011, y de la Resolución emitida por este Tribunal el 12 de enero de 2012 en el asunto de referencia, la Oficina de Administración de los Tribunales llevó a cabo el proceso de seleccionar los jueces y las juezas que fungirán como Presidente, Presidenta, Presidente y Presidenta Al-terna de las Comisiones Locales de Elecciones. Este pro-ceso, que se efectuó mediante el método de Selección Alea-torio Simple con Reposición (SASR), determinado por este Tribunal, y ante la presencia de diversos funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones, se realizó con total transparencia. Como resultado, se nombraron exitosa-mente y conforme a la ley los jueces y las juezas como Pre-sidentes, Presidentas, Presidentes Alternos y Presidentas Alternas, a todos los precintos electorales de la isla.

Ahora bien, notificados los resultados de ese proceso, ciertos jueces y ciertas juezas han solicitado que se les exo-nere de presidir o fungir como alternos y alternas en las Comisiones Locales de Elecciones. Entre las razones para solicitar la exoneración se invocan: razones de salud; rela-ciones de parentesco o amistad con los representantes de los partidos políticos o con los funcionarios de las Comisio-nes Locales de Elecciones que presiden o en las que se des-empeñan como presidentes alternos, y otras causas que, a juicio de los jueces y las juezas que solicitan se les excluya, pudieran razonablemente arrojar dudas sobre su imparcia-lidad para adjudicar o que mine la confianza pública en los procesos electorales.

Ya que la Resolución que emitió este Tribunal no regula lo relacionado con el proceso para solicitar exclusión o rea-signación de participar en el referido proceso, procede atender este asunto. Por ello, regulamos el método de ex-clusión o reasignación de un juez seleccionado como Presi-dente o Presidente Alterno o de una jueza seleccionada como Presidenta o Presidenta Alterna de la Comisión Local de Elecciones, y se instruye a la Directora Administrativa de los Tribunales, Hon. Sonia I. Vélez Colón, que considere la exclusión o reasignación de un juez o una jueza en las situaciones siguientes:

Exclusión o reasignación del juez seleccionado como Presidente o Presidente Alterno o de la jueza seleccionada como Presidenta o Presidenta Alterna de una Comisión Local de Elecciones
Cuándo ocurrirá la exclusión
Un juez o una jueza podrá ser excluido o excluida de actuar como Presidente o Presidenta, Presidente Alterno o Presi-denta Alterna de una Comisión Local de Elecciones si padece de algún tipo de enfermedad severa o incapacitante, certifi-cada por un médico o una médica.
Cuándo ocurrirá la reasignación
Un juez o una jueza podrá ser reasignado o reasignada a actuar, dentro de la misma Región Judicial a la que pertenece o en una Región Judicial adyacente, como Presidente o Presi-denta, Presidente Alterno o Presidenta Alterna de una Comi-sión Local de Elecciones distinta a la que le correspondió me-diante sorteo, en cualquiera de los casos siguientes:
(a) por tener prejuicio o parcialidad hacia cualquiera de los Comisionados o las Comisionadas Electorales, funcionarios o funcionarías de la Comisión, o las personas que intervengan o participen en el proceso electoral dentro de la Comisión Local de Elecciones en que le correspondió ser Presidente, Presi-denta, Presidente Alterno o Presidenta Alterna;
(b) por existir un parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con los Comisionados o las Comisiona-das Electorales o con cualquiera otro funcionario o funcionaría de la Comisión Local de Elecciones en que le correspondió ser Presidente, Presidenta, Presidente Alterno o Presidenta Al-terna;
(c) por existir una relación de amistad de tal naturaleza entre el juez o la jueza y cualquiera de los Comisionados o las Comisionadas Electorales, funcionarios o funcionarías de la Comisión, o las personas que intervengan o participen en el proceso electoral dentro de la Comisión Local de Elecciones que le correspondió ser Presidente, Presidenta, Presidente Al-terno o Presidenta Alterna, y que pueda afectar la transparen-cia de la cual debe estar revestido todo proceso electoral;
(d) por existir alguna relación de negocios con los Comisio-nados o las Comisionadas Electorales, o con cualquier otro funcionario o funcionaría de la Comisión Local de Elecciones en que le correspondió ser Presidente, Presidenta, Presidente Alterno o Presidenta Alterna, o
(e) por cualquier otra causa que pueda razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad o que tienda a minar la confianza pública en los procesos electorales.
Cualquier juez interesado en ser excluido de actuar como Presidente o Presidente Alterno o cualquier jueza interesada en ser excluida de actuar como Presidenta o Presidenta Al-terna de una Comisión Local de Elecciones, deberá presentar una solicitud de exclusión ante el Director Administrativo o la Directora Administrativa de los Tribunales, quien tendrá la obligación de considerarla a la luz de los parámetros antes expuestos. En un término no mayor de dos días laborables a partir de la presentación de la solicitud, el Director Adminis-trativo o la Directora Administrativa de los Tribunales deberá informar su decisión al juez o a la jueza solicitante.

Este proceso no considera la inhibición inmediata o motu proprio del juez o de la jueza. Sin embargo, dispone las razones por las cuales, mediante comunicación escrita, el juez o la jueza presentará y fundamentará su petición de exclusión o reasignación.

Notifíquese inmediatamente a la Directora Administra-tiva de los Tribunales y publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Designación de la Lcda. Ygrí Rivera de Martínez a la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía.

      Número: EN-2012-06

      Resuelto: 13 de marzo de 2012
   RESOLUCIÓN

En conformidad con la Regla 1(a)(1) y (2) del Regla-mento de la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía, según enmendada, 4 L.RR.A. Ap. XVII-C, se nombra a la Leda. Ygrí Rivera de Martínez, exjueza del Tribunal de Apelaciones, como miembro de la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía.

La licenciada Rivera de Martínez ocupará el cargo a partir del 1 de abril de 2012 y por un término de cuatro (4) años.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Den-ton y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

(Fdo. ) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Edwin Belén Trujillo, querellado.

      Número: CP-2009-0013

      Resuelto: 13 de marzo de 2012

      Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general, quere-llantes; Hugo Rodríguez Díaz, del Bufete Rodríguez & Ro-dríguez, C.S.R, abogado del querellado; Eliadís Orsini Za-yas, comisionada especial.
   per curiam:

En esta ocasión nos vemos precisados a ejer-cer nuestra facultad disciplinaria en contra de un miembro de la profesión por entender que sus actuaciones se apar-tan de las normas éticas que rigen el ejercicio de la profe-sión de la abogacía y la notaría en nuestra jurisdicción. Por las razones que se exponen a continuación, ordenamos la suspensión inmediata por un término de tres meses del Ledo. Edwin Belén Trujillo del ejercicio de la abogacía y la notaría. Veamos los antecedentes fácticos que dieron ori-gen a la querella de autos.

HH

El Ledo. Edwin Belén Trujillo fue admitido al ejercicio de la abogacía el 27 de septiembre del956 y a la notaría el 8 de octubre del mismo año. El 7 de diciembre de 1999, los señores Rodolfo Font, William Encamación y Robert Gómez presentaron ante nos una queja contra el licenciado Belén Trujillo (el querellado) sobre violación de la ética profesional. El 4 de abril de 2001, la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) sometió ante este Tribunal su informe relacionado al caso de autos. En este se concluyó que el licenciado Belén Trujillo infringió los Cánones 21, 35 y 38 (4 L.P.R.A. Ap. IX). Asimismo, la ODIN manifestó que in-currió en una violación al Art. 15(j) de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial), 4 L.P.R.A. see. 2033.

En atención a ese informe, el 11 de mayo de 2007, este Tribunal le ordenó al Procurador General que sometiera los cargos en contra del querellado por conducta antiética en el ejercicio de la profesión de la abogacía y la notaría. La querella se presentó el 13 de agosto de 2009. En relación con la violación al Canon 35, supra, se señala allí que el licenciado Belén Trujillo autorizó la escritura de compra-venta —Escritura Pública número 13— mediante la cual Caguas Warehouse Lumber, Inc., vendió al Concilio Misión Cristiana Fuente de Agua Viva, Inc. (Concilio) —corpora-ción sin fines de lucro— una finca ubicada en el Barrio Hato Tejas del municipio de Bayamón. Posteriormente, esa finca fue objeto de un litigio sobre su titularidad. Durante los procedimientos de ese litigio, el querellado fue citado como testigo e hizo, además, una declaración jurada a favor de la Congregación Independiente Restauración en Cristo (la Congregación), organismo religioso que recla-maba ser el verdadero titular de la finca antes mencionada. En esencia, en esa declaración expresó que la Congregación era el dueño real de la finca en controversia y no el Concilio quien había sido designado como compra-dor en la Escritura Pública número 13. Admitió que había hecho constar en esa escritura pública que el Concilio era el comprador de la finca para facilitar su inscripción en el Registro de la Propiedad porque esa entidad, a diferencia de la Congregación, contaba con personalidad juridica. Por causa de esta declaración se le imputó al querellado faltar a su deber de sinceridad y honestidad en el ejercicio de la profesión, lo que está prohibido al amparo del Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra.

Además, con relación al Art. 15(j) de la Ley Notarial, supra, se adujo que el licenciado Belén Trujillo no proveyó en la Escritura Pública número trece (13) las advertencias específicas requeridas en la compraventa de la finca. En específico, se hace alusión a la falta de orientación a los otorgantes sobre la relación que existía entre el Concilio y la Congregación, aun cuando este la conocía. En ese sen-tido, se esperaba que este orientara a los otorgantes que en 1991 el Concilio y la Congregación suscribieron un acuerdo de afiliación intitulado Contrato y Acuerdo de Fusión y de Integración al Concilio Misión Cristiana Fuente de Agua Viva, Inc., y de su Consejo Apostólico. Producto de ese con-venio, se disolvió la Congregación, quedando únicamente el Concilio. También se estableció una cláusula que disponía que las propiedades de la Congregación se inscribirían a favor del Concilio. No obstante, se añadió que de surgir eventualmente una separación entre esas entidades, las propiedades regresarían a la Congregación.

En lo atinente a la violación del Canon 21, supra, se indicó que el deber de lealtad impuesto por ese precepto el querellado lo quebrantó al suscribir una declaración ju-rada en la que expuso que la designación del Concilio como comprador en la Escritura Pública número 13 fue nominal. En otras palabras, la declaración jurada era contraria a los intereses del Concilio porque impugna su titularidad sobre la propiedad en controversia.

Por último, se alegó también que violó el Canon 38, supra, porque en representación suya y de una entidad en proceso de incorporación, hizo una oferta para opcionar la compraventa de una finca perteneciente al Concilio. Esa propiedad inmueble la había adquirido el Concilio en una compraventa que se elevó a Escritura Pública —número 30— y fue autorizada por el notario Rafael Alen González. Asimismo, contactó y encomendó a un agente de bienes raíces para que tramitara la venta de las propiedades que surgen en las Escrituras Públicas números 13 y 30.

El 2 de diciembre de 2009, el licenciado Belén Trujillo presentó su contestación a la querella. Alegó que no violó el Canon 35, supra. Sostuvo que la redacción de la Escritura Pública número 13 fue conforme a la voluntad del Concilio y la Congregación, según se expresó en el contrato privado de afiliación celebrado entre esas entidades. Es decir, que las propiedades se inscribirían a favor del Concilio, pero al desafiliarse se le devolverían a la Congregación las propie-dades inmuebles.

En relación con la insuficiencia de las advertencias en el documento público, el querellado se limitó a señalar que no tenía la obligación de hacer advertencia alguna al respecto. Esto, pues los efectos del contrato de fusión recaían única-mente sobre las entidades allí contratantes y no tenían efecto sobre terceros.

En cuanto a la imputación de violación al Canon 21, supra, afirmó que su intervención en el juicio fue en carác-ter de testigo y no como abogado de las partes otorgantes. Por ende, no infringió el deber de lealtad que cobija la re-lación abogado-cliente.

Sobre la imputación de infringir el Canon 38, supra, aseveró que sus gestiones para la venta de los terrenos en controversia no se relacionan con su trabajo como notario ni como abogado. Añadió que su oferta de compra es con relación a un terreno adquirido mediante la Escritura Pú-blica número 30, la cual autorizó otro notario; y su gestión se limitó únicamente a contactar posibles compradores para esos predios de terreno.

Así las cosas, el 8 de febrero de 2010 emitimos una re-solución mediante la cual nombramos a la Hon. Eliadís Orsini Zayas, exjueza del Tribunal de Primera Instancia, como Comisionada Especial para que evaluara la prueba relacionada con este caso y luego nos presentara un in-forme con sus determinaciones y recomendaciones. Tras la celebración de varias vistas evidenciarías, la Comisionada nos presentó su informe. En este se determinó que el que-rellado no violó las disposiciones de los cánones de ética que se le imputan. En relación con el cargo por violación al Canon 35, supra, se expresó que el licenciado Belén Trujillo no participó de ninguna manera en el convenio de fu-sión entre ambas entidades y, aun cuando supo del acuerdo de fusión, ello no tenía relevancia para el negocio que ante él se concretó. Referente a la violación al Art. 15(j) de la Ley Notarial, supra, indicó que de la queja no surge nada al respecto y que las imputaciones a esta falta notarial surgieron luego de presentada la queja. En cuanto al cargo por infracción al Canon 21, supra, sostiene que el quere-llado no actuó como abogado de las partes en ningún momento. Añadió que la declaración jurada se prestó en capacidad de testigo, y no en carácter de abogado de al-guna de esas entidades. Por último, en relación con el cargo de violación al Canon 38, supra, señaló que el quere-llado realizó gestiones para la venta de unas propiedades que no se asocian con la Escritura Pública número 13 que autorizó, sino con la Escritura Pública número 30, que se otorgó ante otro notario. Según los argumentos antes ex-puestos, la Comisionada nos recomendó desestimar la que-rella contra el licenciado Belén Trujillo.

Consecuente a lo anterior, emitimos una resolución el 12 de noviembre de 2010 en la que autorizamos a desistir del tercer cargo imputado en la querella, el cual hace alu-sión a la violación al Canon 21, supra. No obstante, deja-mos vigentes los demás cargos señalados en la querella. En consideración a la situación fáctica planteada, procedemos a dirimir las imputaciones a la infracción de los Cánones 35, 38 y la falta al Art. 15(j) de la Ley Notarial, supra.

1 — I HH

A. La profesión de la notaría requiere cuidado y se debe ejercer con sumo esmero y celo profesional. In re Vera Vélez, 148 D.P.R. 1, 6 (1999). El notario es custodio de la fe pública notarial. In re Rivera Arvelo y Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840 (1993). En ese sentido se le ha revestido por ley de la autoridad suficiente para dar fe y autenticidad a los negocios jurídicos, actos y otros hechos extrajudiciales que ante él se realicen. Id.

Como custodio de la fe pública, cuando un notario autoriza un documento, presuntamente da fe y asegura que ese documento cumple con todas las formalidades de ley, formal y sustantivamente, que el documento es legal y verdadero, y que se trata de una transacción válida y legítima. In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269, 275 (1986). Es precisamente esta presunción de legalidad, veracidad y legitimidad lo que le brinda certeza, garantía y eficacia al documento notarial. In re Rivera Aponte, 169 D.P.R. 738, 742 (2006). Véase In re Ramos, 104 D.P.R. 568, 570 (1976). Por eso, es imprescindible que el notario observe la mayor pureza y honestidad en el descargo de la fe pública notarial. In re Ramos, supra. Al ejercer esta función pública, el notario debe cumplir, estrictamente, tanto con la Ley Notarial como con el Código de Etica Profesional, In re Rivera Aponte, supra.

En relación con el deber de sinceridad y honra-dez, el Canon 35, supra, dispone que “[l]a conducta de cual-quier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus com-pañeros debe ser sincera y honrada”. El canon antes citado compele a los abogados a ejercer su magisterio con honra-dez y sinceridad, así como a comportarse digna y honora-blemente, tanto en su labor de abogado como en su función notarial. In re Torres Olmeda, 145 D.P.R. 384 (1998). En repetidas ocasiones hemos expresado que faltar a la vera-cidad de los hechos es una de las omisiones más graves que puede cometer un notario. In re Vera Vélez, supra; In re Landing; y Aulet, 107 D.P.R. 103 (1978). Certificar un he-cho falso constituye un acto en detrimento a la fe pública. In re Torres Olmeda, supra; In re Peña Clos, 135 D.P.R. 590 (1994). Asimismo, dar fe de un hecho falso, “[n]o sólo que-branta la fe pública notarial, sino también socava la inte-gridad de la profesión al incumplir con el deber de honra-dez y sinceridad que a todo abogado le impone el Canon 35 del Código de Etica Profesional ...”. In re Rivera Arvelo y Ortiz Velázquez, supra, pág. 863.

El deber con la verdad es de tal trascendencia que, incluso, hemos pronunciado que no se requiere el elemento de intención para faltar a la fe pública y a los cánones. In re Chaar Cacho, 123 D.P.R. 655 (1989). Ese quebrantamiento puede ser producto de un desempeño profesional carente de la cautela y el celo que demanda la función pública del notario, o de una confianza desmesurada en las manifestaciones de otros compañeros de la profesión. In re Vera Vélez, supra; In re Chaar Cacho, supra. Para evitar que un notario asevere, consciente o inconscientemente, un hecho falso, este Tribunal le ha impuesto el deber de hacer las averiguaciones mínimas que requieren las normas más elementales de la profesión y que en aquellas ocasiones en que tenga duda sobre lo ex-presado por el otorgante, indague más allá de lo requerido comúnmente. In re Vera Vélez, supra.

Por otro lado, hemos establecido que consignar un hecho falso en un documento público constituye, a su vez, una violación al Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra. In re Vera Vélez, supra. Este precepto ético exige que los abogados se esfuercen, al máximo de su capacidad, en exaltar el honor y la dignidad de la profesión. Id. En lo aquí pertinente, este canon dispone:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Además, es sabido que todo abogado debe evitar hasta la apariencia de conducta impropia. Véase Canon 38, supra. Esta exigencia se fundamenta “ ‘en la idea de que la confianza e imagen de la profesión se lacera no sólo cuando se viola una norma específica de los cánones de ética profesional, sino también cuando la conducta del abogado parece impropia’ ”. (Enfasis suprimido.) In re Pons Fontana, 182 D.P.R. 300, 310 (2011).

B. El notario, al autorizar una escritura pública, tiene cuatro deberes principales:

"... 1. [i]ndagar la voluntad de los otorgantes];] 2.[f]ormular la voluntad indagada];] 3.[i]nvestigar ciertos hechos y datos de los que depende la eficacia o validez del negocio];] 4. darles a los otorgantes las informaciones, aclaraciones y advertencias necesarias para que comprendan el sentido, así como los efec-tos y consecuencia [s d]el negocio, y se den cuenta de los ries-gos que corren en celebrarlo.” (Corchetes en el original y énfa-sis suprimido.) Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432, 438 (1984).

En cuanto a las advertencias notariales, el Art. 15(f), de la Ley Notarial, supra, dispone:

(f) El haberles hecho de palabra a los otorgantes en el acto del otorgamiento las reservas y advertencias legales pertinentes. No obstante, se consignarán en el documento aquellas advertencias que por su importancia deban, a juicio prudente del notario, detallarse expresamente. 4 L.P.R.A. see. 2033(f).

El deber de ilustrar a los otorgantes tiene como objetivo lograr que estos concurran al acto notarial en un estado de conciencia informada. De esa forma, comprenderán el sen-tido, así como los efectos y las consecuencias, del negocio jurídico que van a llevar a cabo y se percatarán de los ries-gos que corren al celebrarlo. Chévere v. Cátala, supra. En el cumplimiento de esta obligación, el notario se debe cer-ciorar de compartir con las partes todas aquellas explica-ciones, aclaraciones y advertencias necesarias para lograr el consentimiento informado de los otorgantes. Feliciano v. Ross, 165 D.P.R. 649 (2005); In re Pizarro Colón, 151 D.P.R. 94, 106 (2000). Así, pues, el consejo del notario debe guiar la redacción del documento público y dar luz en el acto final del otorgamiento. Lo anterior se requiere porque “[l]a fe pública notarial tiene como base la voluntad ilustrada de los contratantes ...”. In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770, 776 (1976). Véanse: Feliciano v. Ross, supra; In re Pizarro Colón, supra.

El ejercicio de la notaría trasciende la mera legalización de unas firmas. Su actuación “implica una gestión intelectual y una aplicación inteligente de los principios de derecho positivos y jurisprudenciales”. In re Salas Davis, 145 D.P.R. 539, 544 (1998).

III

Debemos examinar si el querellado infringió el deber de sinceridad y honestidad que impone las normas de ética de la profesión de la abogacía.

Del trasfondo fáctico de este caso surge que el quere-llado autorizó la Escritura Pública número 13 en la cual designó como comprador de una finca al Concilio. No obs-tante, con posterioridad al pleito sobre la titularidad de esa propiedad inmueble, prestó una declaración jurada en la que afirmó que el dueño de la finca era la Congregación. Además, expresó que la designación del Concilio era nominal para, de este modo, facilitar la inscripción en el Regis-tro de la Propiedad porque la Congregación no tenía perso-nalidad jurídica. Añadió que la designación del Concilio fue conforme con el acuerdo de fusión celebrado entre el Con-cilio y la Congregación. Como es ya sabido, en ese convenio se dispuso que las propiedades de la Congregación se ins-cribirían a nombre del Concilio, pero, de separarse ambas entidades, las propiedades regresarían a la Congregación.

Colegimos que el querellado infringió su deber de since-ridad y honestidad al designar como comprador al Concilio cuando tenía razones para pensar que la parte adquirente era, en realidad, otra persona o entidad. Siendo única-mente el Concilio un testaferro en el contrato de compraventa. El querellado debió abstenerse de autorizar la escritura pública de compraventa. La fe pública le otorga al notario la responsabilidad de hacer constar la verdad en los documentos públicos, y el no cumplir con ella se considera una falta grave en el ejercicio de la abogacía. Al así actuar, el notario no fue íntegro con los deberes que le impone la fe pública notarial. Actuar conforme a la vo-luntad de las partes no subsana la infracción cometida. El notario, como abogado, debe actuar conforme a su propia conciencia. La voluntad de las partes u otorgantes no es óbice para que el notario cumpla con sus deberes.

La actuación del querellado, a su vez, incidió sobre sus obligaciones éticas, faltando así al Canon 38, supra. Ante-riormente, hemos expresado que faltar a la verdad en un documento público es un acto que infringe el honor y la dignidad de la profesión.

En lo concerniente a la falta al Art. 15(j) de la Ley Notarial, supra, estimamos que una advertencia no subsana-ría la falta de veracidad en la escritura pública. Es decir, si el comprador era realmente la Congregación o cualquier otra persona que no fuera el Concilio, este último no podía figurar como tal en la escritura pública. Ello equivaldría a advertir que en el documento público se instituyó un tes-taferro, lo cual está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico. Ante los hechos particulares de este caso, no pro-cede este cargo.

Además, es doctrina reiterada que al determinar la sanción disciplinaria aplicable al abogado querellado, podemos considerar como factores atenuantes o agravantes los siguientes: la reputación del abogado en su comunidad, su historial previo, si es su primera falta, si aceptó la falta y hubo sincero arrepentimiento, si se trata de una conducta aislada, el ánimo de lucro que medió en su actuación, si se resarció al cliente, y cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes que medien de acuerdo a los hechos. In re Guadalupe, Colón, 155 D.P.R. 135 (2001); In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298 (2000); In re Díaz Ortiz, 150 D.P.R. 418, 427 (2000).

En el caso de autos, consideramos como atenuantes a favor del licenciado Belén Trujillo el hecho de que durante su carrera profesional —de más de cincuenta años— no había sido objeto de alguna medida disciplinaria hasta el 1990; es decir, hace más de veinte años. Tampoco surge que sus actuaciones hayan sido con ánimo de lucro.

IV

Por los fundamentos que anteceden, ordenamos la sus-pensión inmediata del Ledo. Edwin Belén Trujillo del ejer-cicio de la profesión de la abogacía y la notaría por un término de tres meses, contados a partir de la notificación de esta opinión per curiam y Sentencia.

El querellado tiene el deber de notificar a todos sus clientes su inhabilidad para continuar con su representa-ción y deberá devolver a estos los expedientes de los casos pendientes, así como los honorarios recibidos por trabajo no rendido. Además, tiene la obligación de acreditar y cer-tificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro de un término de treinta días. Asimismo, tiene el deber de informar de inmediato su suspensión a los foros judiciales y administrativos.

Por último, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del señor Belén Trujillo y entre-garlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Nota-rías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton disintió por entender que no se justifica descartar el Informe some-tido por la Comisionada Especial que atendió la querella de autos y porque el curso de acción seguido por el Tribunal afecta innecesariamente la seguridad jurídica de las tran-sacciones en que las partes contratantes interesan realizar conscientemente una simulación relativa válida que no transgreda el orden público o la ley. Las Juezas Asociadas Señoras Fiol Matta y Rodríguez Rodríguez, así como el Juez Asociado Señor Estrella Martínez, no intervinieron.

       Anteriormente, por hechos ajenos a los de este caso, fue suspendido de la práctica de la abogacía por un término de un año y seis meses. En diciembre de 1991 emitimos una resolución mediante la cual le concedimos la reinstalación al ejercicio de la profesión. Véase In re Belén Trujillo, 126 D.P.R. 743 (1990).

       En específico, el querellado, por medio de la declaración jurada, expone:
      “Que no obstante lo anterior, se incluyó como parte puramente formal al Con-cilio Fuente de Agua Viva, Inc. a los únicos efectos de cumplir con aquella disposición del ‘Contrato y Acuerdo de Fusión, etc.’ que establece que, aunque se reconoce el derecho de pleno dominio a la Congregación, se reconoce un derecho de fideicomiso limitado a la inscripción registral en el Registro de la Propiedad al Concilio Fuente de Agua Viva, Inc. Esta designación del Concilio Fuente de Agua Viva, Inc. (‘compra-dora’) fue nominal a solicitud del representante autorizado del Concilio en aquel momento, yo [sic] de conformidad de las disposiciones de la ‘Filosofía’ y de los prin-cipios bíblicos que me explicó en particular Hageo 2:8; I Crónicas, Cap. 29. La ins-cripción registral conforme a la ‘Filosofía’ y al ‘Acuerdo y Contrato de Fusión’ res-ponde, única y exclusivamente, a un propósito instrumental de facilitar una inscripción a través de una corporación, porque en aquel momento la Congregación no está la [sic] incorporada.”