text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Demetrio Meléndez, acusado y apelante.
    No. 4959.

    Sometido: Enero 18, 1934.

      Resuelto: Marzo 14, 1934.

      J. Validejuli, abogado del apelante; B. A. Gomes, Fiscal, abogado . de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación la interpuso Demetrio Meléndez contra -sentencia que lo condena por vender leche de vaca adulte-rada.

Demetrio Meléndez y Francisco Rivera fueron acusados ■conjuntamente de que tenían para la venta y vendían para el consumo humano leche de vaca adulterada con agua. Los acusados comparecieron sin abogado en la corte inferior. Al ser llamado este caso para celebrar el juicio el fiscal solicitó de la corte que le concediese permiso para enmendar la acu-sación a fin de alegar en ella la reincidencia de Demetrio Meléndez, y le fué concedido. Esa nueva alegación dice que Demetrio Meléndez antes de cometer el delito que se le im-puta fué condenado por la Corte de Distrito de San Juan por el delito de adulteración de leche. Después la corte, se-gún la transcripción taquigráfica, preguntó a los acusados qué alegación hacían, contestando Francisco Rivera que la de culpable y Meléndez la de ser inocente.

Cuando compareció el primer testigo del fiscal, éste pre-guntó al acusado Demetrio Meléndez qué alegación hacía en cuanto a haber sido condenado anteriormente por el mismo delito, si era verdad o no, y el acusado contestó que es ver-dad, por lo que a instancia del fiscal ordenó la corte que se hiciera constar una alegación de culpabilidad en cuanto a su reincidencia. La sentencia en esta causa condena a los dos acusados, imponiendo la pena de Meléndez como reincidente. Meléndez es el apelante.

El primer motivo alegado para esta apelación es porque la corte permitió al fiscal que enmendara la acusación sin que se le entregara copia de ella al apelante ni se le diera tiempo para defenderse.

El apelante tenía derecho a que se le entregase copia de la acusación enmendada pero la entrega de tal copia no es un derecho substancial, por lo que puede ser renunciad.^,, como lo fué en este caso por no solicitar el apelante que se le entregara esa copia y haber hecho su alegación de culpa-bilidad en cuanto a la reincidencia. Copiamos de 16 C. J. 793, párrafo 2021, lo siguiente:

“Petición para que se entregue copia de la acusación. — El dere-cho de un acusado a una copia de la acusación es considerado gene-ralmente como un privilegio que puede ser renunciado y una opor-tuna y adecuada petición para que se entregue copia al acusado o a su abogado se considera de ordinario indispensable. De otro modo,, el derecho a obtenerla se considera renunciado, como por ejemplo, cuando él hace alegaciones y va a juicio sin solicitar tal copia © sin hacer objeción a la falta de habérsele entregado, y se ha re-suelto que esto es así aunque un precepto constitucional garantice al acusado el derecho a obtener una copia de la acusación. Según algunas jurisdicciones, la solicitud para la entrega de dicha copia puede o debe hacerse al fiscal en corte abierta, o al secretario de la corte, mediante el pago de los derechos correspondientes.”

Se dice en el segundo motivo del recurso que fué error de la corte inferior haber sentenciado al acusado sin que se le haya declarado culpable, no apareciendo de la transcrip-ción de la evidencia que este acto se realizara en corte, abierta. Sin embargo, de la transcripción de autos aparece lo si-guiente, que es suficiente contestación a ese alegado error: “La corte, por el resultado de la prueba practicada y vista la ley y la jurisprudencia en cuanto es de aplicación al acu-sado Demetrio Meléndez, declara a ambos acusados culpables de infracción a la sección primera de la Ley No. 77 de 1925 y condena. . .”

El tercer motivo de error dice así:

“Haber sentenciado al acusado a la dura pena de seis meses de-cárcel y $500.00 de multa sin que se demostrara más allá de duda razonable que el coacusado Demetrio Meléndez fuera empleado © agente de Francisco Rivera.”

La acusación no imputa al apelante que estuviera ven-diendo leche adulterada como agente del otro acusado Francisco Rivera sino que ambos la vendían; y la sentencia tam-poco condena al apelante como agente de Rivera. A los dos los condena porque vendían tal leche. La prueba del fiscal demostró que el apelante estaba vendiendo esa leche. Fué el apelante quien trató de demostrar con su sola declaración que él estaba vendiendo la leche por amistad con Rivera, cuando éste salió del puesto de leche temporalmente. Aun creyendo la corte inferior esa prueba, tal hecho no eximía de respon-sabilidad al apelante porque aun así estaba vendiendo leche adulterada. ' ;

El cuarto y último motivo de la apelación está compren-dido en el precedente, pues lo que en él se dice es que la sen-tencia es contraria a la evidencia.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Jcjez Asociado Señor Córdova Dávila,

license: Public Domain

text:
    Generosa Román Vda. de Mora, peticionaria apelante, v. The Federal Land Bank of Baltimore y El Márshal de la Corte de Distrito de Arecibo, demandados apelados.
    No. 6443.

    Sometido: Marzo 12, 1934.

      Resuelto: Marzo 15, 1934.

      L. Mercader, abogado de la apelante; Frank Martínez y F. Campos del Toro, abogados del Banco apelado.
   El Jcjez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

The Federal Laud Bank of Baltimore demandó a Gene-rosa Román viuda de Mora y a sns hijos en cobro de crédito hipotecario, por la vía ordinaria, ante la Corte de Distrito de Areeibo, y fallado el caso a su favor, obtuvo por adjudi-cación en pública subasta el dominio del inmueble hipotecado. Generosa Román inició entonces separadamente un procedi-miento de injunction contra el banco y el márshal de la Corte de Distrito de Areeibo para evitar que se le desalojase - de la, finca donde residía y donde según alega tenía constituido su hogar seguro. La corte expidió una orden para mostrar causa y mientras tanto colocó a los demandados en entre-dicho. Compareció el banco para solicitar que el caso fuese trasladado a la Corte de Distrito de San Juan, y decretado el traslado, la peticionaria interpuso recurso de apelación contra la orden de la corte inferior.

En diciembre 5 de 1933 la Corte de Distrito de San Juan, a solicitud del Federal Land Bank of Baltimore, previa pres-tación de fianza, decretó la disolución de la orden de entre-dicho que había sido dictada. Pidió entonces el banco a la Corte de Distrito de Areeibo, en el pleito sobre ejecución de hipoteca, que se le diese posesión de la finca, y expedido el mandamiento solicitado, la demandada, ante la amenaza de s.er lanzada por el márshal, desalojó la referida propiedad, siendo ésta ocupada por el banco.

La parte apelada solicita la desestimación de la apelación interpuesta por la peticionaria, basándose en que la apelación del incidente de traslado resulta frívola y académica, por cuanto la solicitud de injunction objeto del pleito carece de fundamento y finalidad, toda vez que el Federal Land Bank of Baltimore ha tomado posesión del inmueble y sólo queda por ventilarse el supuesto derecho de hogar seguro que dice tener la peticionaria sobre la finca en cuestión. La parte apelante se opone a la desestimación, alegando que el recurso no es académico, porque si se revocase la orden apelada, la actuación de la Corte de Distrito de San Juan carecería de eficacia, incluyendo la revocación del injunction mediante la fianza prestada.

El auto de injunction se solicitó y obtuvo para evitar que la demandada fuese desalojada de la finca. El injunction decretado fia sido disuelto y la finca está boy en posesión del banco. La resolución que pueda recaer en el recurso inter-puesto, ya se confirme o revoque la orden apelada, en nada puede alterar la posición que ocupan las partes. Si se re-suelve el recurso en favor de la peticionaria y se revoca la orden de traslado, esta revocación no puede restituir a la pe-ticionaria en la posesión del inmueble. La peticionaria ten-drá que utilizar, independientemente de este recurso de injunction, el procedimiento que la ley prescribe para que sus alegados derechos de hogar seguro sean judicialmente resuel-tos. Desalojada la finca por la parte apelante y ocupada en la actualidad por el Federal Land Bank of Baltimore, ha des-aparecido la causa que originó la solicitud de injunction y produjo la orden de entredicho, y cualquier resolución que se dicte en el recurso interpuesto resultará prácticamente aca-démica, por la razón de que ya no hay litigio en cuanto al injunction, aunque la peticionaria conserve sus derechos para discutir en el procedimiento adecuado, su reclamación sobre hogar seguro. El banco, que solicitó’y obtuvo el traslado, ha prestado una fianza para garantizar los derechos de la pe-ticionaria.

Debe desestimarse el recurso interpuesto.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Isidoro Lebrón, acusado y apelante.
    No. 5386.

    Sometido: Marzo 12, 1934.

      Resuelto: Marzo 15, 1934.

      Juan Lastra, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 350 del Código de Enjuiciamiento Criminal lee como sigue:

“Se establece una apelación presentando al secretario del tribunal en que estuviere archivada la sentencia o providencia apelada, el escrito de apelación, con entrega de las copias correspondientes al abogado de la parte contraria.”

El Pueblo solicita la desestimación del presente recurso por no haber sido notificado el escrito de apelación al fiscal. El apelante sostiene que la sección citada no es aplicable a un delito menos grave, del cual fue convicto el acusado en este caso. Las secciones 6060 y 6061 de la Compilación de 1911 — aunque no hacen necesaria la notificación al fiscal — no son aplicables a apelaciones de las cortes de distrito para ante este tribunal. El artículo 347 del Código de Enjuicia-miento Criminal dispone que:

“El acusado puede apelar: 1. De una sentencia condenatoria definitiva.”

Una convicción por un delito menos grave está comprendida en tal disposición.

Debe desestimarse la apelación.


text:
    Elvira Juana Manuela Joaquina García Fernández, demandante, apelada y apelante, v. Josefa Aguayo Casals et al., demandadas, apelantes y apeladas.
    No. 5864.

    Sometido: Abril 26, 1933.

      Resuelto: Marzo 16, 1934.

      Tons Soto & Zapater, abogados de las apelantes y apeladas; Guerra-Mondragón & Soldevila, abogados de la apelada y apelante.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En el caso arriba titulado las demandadas y apelantes comienzan su alegato diciendo que en este caso se dictó sentencia imponiendo las costas sin incluir honorarios de abogado y que dicha sentencia fué confirmada por este tribunal, a excepción de en un pequeño detalle. Las apelantes sabían muy bien que la jurisprudencia constante de este tribunal es que un pronunciamiento de costas incluye honorarios de abogado. En otra parte de su alegato las demandadas suscitan nuevamente la cuestión de la suficiencia del pronunciamiento.

La sentencia fué dictada por el Juez Gabriel Castejón, de la Corte de Distrito de Humacao, en comisión para actuar en Ponce. El caso principal es bien conocido de todos nos-otros. En apelación para ante este tribunal se dictó sen-tencia por una corte dividida confirmando la decisión de la corte inferior excepto en lo relativo al pronunciamiento de intereses sobre frutos y rentas de los bienes envueltos. 39 D.P.E. 91. Nuestra decisión fué confirmada por la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Enidos para el Primer Circuito. 40 F. (2d) 831. De suerte que cuando el man-dato fué remitido a la Corte de Distrito de Ponce, el memo-rándum de costas estaba en orden.

La demandante, Elvira Juana Manuela Joaquina García Fernández, presentó un memorándum por la suma de $20,168, de la cual $20,000 correspondían a honorarios de abogado. Las demandadas impugnaron el memorándum y alegaron que por varias razones los honorarios de abogado debían ser no-minales. Se desprende que la demandante sólo insiste en por lo menos $5,000 como honorarios. La Corte de Distrito de Ponce le concedió $3,000 por tal concepto y $18 por otros desembolsos, mas se negó a aprobar una partida de $300 por gastos que se alegaba habían sido hechos con motivo de un viaje efectuado por la demandante a Cuba, etc. Ambas par-tes apelaron.

El juramento, del memorándum de costas estaba suscrito por Rafael Rivera Zayas, cuya intervención en el caso fué leve. Se ataca la suficiencia del juramento. No prestaremos gran atención a las informalidades del texto del juramento, toda vez que convenimos con la demandante en que la forma del juramento carecía de importancia y no fué adecuada-mente impugnada. Igualmente dudamos de si el señalamiento de error cumple con nuestras reglas.

Entrando ahora en la cuestión realmente planteada por el primer señalamiento de error, nos sentimos obligados a resolver, según frecuentemente lo hemos hecho, que el derecho a las costas corresponde al cliente y no a determinado abogado en el caso, y por ende, que no importa que Rafael Rivera Zayas no interviniera en el caso hasta que se preparó el memorándum. Quizá cualquier persona que tuviera conocimiento de los hechos pudo jurarlo.

En el segundo señalamiento se sostiene que el memorándum de costas era deficiente al no expresar que los honorarios fueron pagados o que se debían por la demandante. También es de observarse que cuando una persona comparece ante la corte representada por un letrado, esa persona contrae la obligación de pagar honorarios de abogado con motivo del litigio. Conforme hemos indicado antes, los honorarios corresponden a la parte litigante y no al letrado.

El tercer señalamiento de error se refiere a la negativa de la corte a ordenar un pliego de particulares (bill of particulars) con respecto a los abogados que habían intervenido en el caso, la suma a que tenían derecho, dónde tuvieron lugar los juicios y a qué juicios o procedimientos se referían los honorarios. La corte, al presentársele el memorándum de costas, tenía facultad para considerar todo- el litigio y de-terminar los honorarios a que la demandante tenía derecho con motivo de las dificultades en que se vió envuelta como resultado de la posición asumida por las demandadas. Ha-llamos que una especificación era innecesaria. Esto resuelve tanto el tercero como el cuarto señalamiento de error.

El quinto señalamiento es al efecto' de que la corte erró al conceder honorarios de abogado como parte de las costas impuestas por la sentencia en este caso. No discutiremos esta cuestión más allá que para decir que en Puerto Rico tenemos un sistema especial de honorarios de ahogado, y la jurisprudencia de los Estados Unidos citada por las demandadas no tiene aplicación específica.

Los señalamientos de error séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo se dirigen todos, en tanto las cuestiones suscitadas no han sido consideradas por nosotros, a la discreción de la corte de distrito. Las demandadas apelantes se extienden en sus consideraciones para demostrar que no hubo temeridad de su parte. El artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fué enmendado en 1917, provee en su parte final lo siguiente: “. . . Y disponiéndose, además, que los honorarios y costas serán concedidos a discreción del juez que tenga conocimiento de la acción o procedimiento, teniendo en cuenta también el grado de culpa de la parte, si la hubiere, contra quien se dictare sentencia.” La corte hizo eso cuando impuso costas en la sentencia sin excluir los honorarios de abogado. El juez necesariamente creyó que hubo cierto grado de temeridad de parte de las demandadas. Por consiguiente, cuando de fijar la cuantía de los honorarios se trata, la corte tiene amplia discreción, y una vez determinado el hecho de la temeridad, no hallamos que se cometiera abuso de discreción al fijar $3,000 para honorarios.

El décimo tercer señalamiento lee como sigue: “La corte erró al aprobar el memorándum por ser nula la sentencia que impuso las costas.” Este es un señalamiento in-■suficiente, toda vez que no indica a este tribunal por qué la sentencia era nula y sin valor alguno.

El momento para atacar la sentencia que impone ■costas es en el pleito principal, y no cuando se presenta un memorándum de costas. Abora bien, aunque nos podemos imaginar casos en que si una sentencia es enteramente nula, •cuanto se ba becbo con posterioridad a ella podría muy bien ser nulo, sin embargo, conforme indica la demandante, esto difícilmente podría aplicarse a una sentencia inscrita. Torres v. American Railroad Co., 34 D.P.R. 689.

El ataque que aquí se baee participa de la naturaleza de un ataque colateral y creemos que debe regirse por reglas ■similares. La objeción específica que abora se plantea es que •el Juez Castejón firmó su opinión y sentencia, en Humacao y no en Ponce. Fueron firmadas así: “Humacao para Ponce.” Non constat que el juez personalmente las llevara a Ponce. He todos modos, como la cuestión no fue suscitada antes, estamos convencidos de que las apelantes están impedidas {estopped), por su propia conducta, de plantear abora tal cuestión. Si se hubiese presentado en tiempo, el Juez Cas-tejón fácilmente habría podido subsanar tal omisión, de ha-berla.

También se ataca la sentencia por el fundamento de que la Corte de Distrito de Ponce, tal cual estaba constituida al tiempo en que fué nombrado el Juez Castejón como juez sustituto, había dejado de existir al dictarse la sentencia en este caso. No obstante, según indica la demandante, se permitió unánimemente que el juez actuara, sin objeción alguna, y él era por lo menos un juez de facto, de no serlo de jure. Nos inclinamos a creer que cuando un juez ve un caso y se reserva el fallo, el becbo de que la corte sea abolida o reorganizada, no le impide dictar sentencia. Frecuentemente es un caso de nunc pro tune.

La resolución de la corte de distrito, en lo que a la ape-lación de las demandadas se refiere, debe ser confirmada. La demandante también apeló, pero tampoco vemos razón para intervenir en la discreción de la corte inferior al fijar-los honorarios.

Debe recordarse qne las demandadas también fueron'•in-formadas de qne tenían derecho a defenderse, y, siendo mu-jeres, necesariamente dependerían del consejo dádoles.

La demandante no nos convence de qne el viaje a Cuba-efectuado por ella fuera parte de las costas recobrables.

La resolución apelada debe ser confirmada.'


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Juan Bautista Badillo, demandante y apelante, v. Carmen Mercedes Hidalgo, demandada y apelada.
    No. 6245.

    Sometido: Enero 11, 1934.

      Resuelto: Marzo 16, 1934.

      José Veray, Jr., abogado del apelante; Luis A. liosario, abogado de-la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En primero de abril de 1932, Juan Bautista Badillo pro-movió demanda de divorcio contra su esposa Carmen Mercedes Hidalgo en la Corte de Distrito de Aguadilla, alegando-corno causa de acción para la disolución del vínculo matrimonial el abandono del demandante por parte de su esposaEn 2 de abril se libró y diligenció el emplazamiento, y el día 14 del mismo mes se anotó por el secretario de la corte la re-beldía de la demandada. Al siguiente día se celebró la vista de la cansa con asistencia del demandante y la corte., Inego de oída la prueba, dictó sentencia declarando roto y disnelto el vínculo matrimonial entre los referidos esposos.

En primero de julio de 1932 la demandada presentó mo-ción a la corte solicitando que se dejara sin efecto y se de-clarara nula y sin ningún valor la sentencia de divorcio, por haberla obtenido el demandante de mala fe, con manifiesto engaño y con la intención deliberada de obtener una senten-cia de divorcio basada en una causa de acción que no existía, sorprendiendo, como sorprendió, la buena fe de su esposa. La corte señaló la vista de esta moción para el día 9 de julio, y oída la prueba con asistencia de ambas partes, dictó reso-lución dejando sin efecto la sentencia de divorcio. De esta resolución interpuso la parte demandante el presente recurso de apelación. El único error atribuido a la corte inferior consiste en baber señalado motu proprio la moción sobre nu-lidad de sentencia sin esperar a que la misma se incluyera en el calendario especial a solicitud de cualquiera de las par-tes y sin que se pagaran los derechos de señalamiento, de acuerdo con el arancel.

Se arguye que la resolución dictada por la corte inferior es nula porque la moción sobre nulidad de sentencia no fué incluida en el calendario especial ni señalada a solicitud de parte previa cancelación de un sello.de rentas internas de $5, de acuerdo con la sección 2 a de la Ley No. 17 de 1915 (pág. 45). También alega el apelante que la corte inferior debió ajustarse a lo dispuesto en la Ley No. 38 de 24 de abril de 1931 (pág. 357). En la Ley No. 17 de ll'de marzo de 1915, citada por el apelante, se establecen los derechos que han de pagarse por diversas diligencias, trámites y actuaciones judiciales, y entre ellos el siguiente:

“Sección 2. * ** ^ *k
“0. Por entrar una causa en el calendario y señalarla para jui-cio, $5.”

La Ley No. 38, aprobada en 1931, a que se refiere el ape-lante, es idéntica a la Ley No. 94 aprobada en 1917, que fué •declarada nula, entre otras, por la Corte de Circuito de Boston. Esta ley fué interpretada por este tribunal en el caso de Hamburger Bros, & Co. v. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 393, y lo que dijimos entonces puede aplicarse a la ley ac-tualmente en vigor.

Con anterioridad a la aprobación de esta ley sobre calen-darios especiales no existía otro calendario que el general. Hoy bay dos calendarios adicionales, ambos de carácter especial: uno para la audiencia de mociones y excepciones pre-vias en los lunes de cada semana a solicitud de cualquiera de las partes de un pleito pendiente, y otro para la audiencia en asuntos exparte, procedimientos legales especiales, contencio-sos sumarios, y juicios en rebeldía para los viernes de cada semana. Para la inclusión en el calendario del lunes de mo-ciones y excepciones previas en un pleito pendiente es nece-sario cancelar un sello de rentas internas de acuerdo con el arancel; para los asuntos que ban de verse el viernes de cada semana no se exige derecho alguno. Así lo declaró esta corte interpretando combinadamente los artículos 1 y 2 de la ley aprobada en 1917 (1917) (3), pág. 94), que son idénticos a los artículos 1 y 2 de la ley de 1921 (p. 357).

En los asuntos exparte, procedimientos legales especiales, procedimientos contenciosos sumarios, y juicios en rebeldía, ■que deben verse los viernes previa inclusión de los mismos en el calendario, no hay necesidad de satisfacer derecho al-guno. Dudamos mucho de que la moción presentada en este •caso sobre nulidad de sentencia pueda incluirse en uno de los grupos que deben verse los viernes de cada semana. Esta moción no tiene cabida ni en los asuntos exparte, ni en los procedimientos legales especiales, ni en aquellos casos en que se haya anotado la rebeldía. La sentencia ha sido dictada, y ahora se solicita su nulidad por haberse obtenido fraudu-lentamente. Tampoco pnede equipararse la referida moción a un asunto contencioso de carácter sumario, aunque la natu-raleza de la misma y el interés público, que es un elemento a considerar siempre en una acción de divorcio, bagan resal-tar la conveniencia de ser resuelta con premura. Es claro, a nuestro juicio, que esta moción no está incluida en los asun-tos especificados en el artículo 2o. de la ley de 1931, ni en el artículo 1ro., porque no se trata de una moción radicada en un pleito pendiente, sino de una moción para anular una sentencia.

Descartada la ley de 1931 por no ser aplicable al presente caso, veamos ahora si la moción presentada por la parte demandada está comprendida en el apartado C de la sección 2. de la ley de 1915, que fija un derecho de $5 por entrar una causa en el calendario y señalarla para juicio. El texto inglés de dicho apartado dice así: “C. For entering a case on the calendar and setting the same for trial... $5.”

No es éste un caso que se anota en el calendario y se se-ñala para juicio. Se' trata simplemente de una moción soli-citando la nulidad de una sentencia cuya vista fué señalada motu proprio por la corte. Es antigua la regla de que las leyes que establecen una exacción contributiva o de impuesto no se pueden hacer extensivas por analogía a los casos que no se comprenden claramente en ellas. Hamburger Bros. & Co. v. Corte de Distrito, supra. No exige la ley un derecho de $5 para el señalamiento de esta moción, por cuya radica-ción satisfizo la demandada la cantidad de $5. El apartado que hemos citado se refiere a la anotación en el calendario y señalamiento de un caso y no de una moción. Opinamos que no fué necesario en este caso el pago de ningún derecho y que la Corte de Distrito no se excedió en el uso de sus atribucio-nes al fijar una fecha para la vista de la moción presentada por la demandada sobre nulidad de sentencia.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Davila,

text:
    José Ramón Rodríguez y su esposa Simona Rodríguez, demandantes y apelantes, v. M. Joglar & Co., S. en C., demandada y apelada.
    No. 6234.

    Sometido: Enero 24, 1934.

      Resuelto: Marzo 16, 1934.

      Luis Mendtn, abogado de los apelantes; A. Rivera Colón j L. Toro Cabañas, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Davila,

emitió la opinión ' del tribunal.

En 19 de julio de 1927, José Ramón Rodríguez y su es-posa- Simona Rodríguez, confesando haber recibido con ante-rioridad, en dinero efectivo y en calidad de préstamo, la can-tidad de $2,900, constituyeron hipoteca a favor de la mer-cantil M. Joglar & Co., S. en O., sobre una finca rústica que se describe en la demanda, y que según se alega en la misma, era entonces de su propiedad. Esta finca fué vendida más tarde en pública subasta a Hamburger Bros. & Co., en la eje-cución de una sentencia dictada a favor de la referida firma y en contra de José Ramón Rodríguez.

Los deudores hipotecarios, demandantes en este caso, ale-gan que no es cierto que recibieran en todo ni en parte de la demandada M. Joglar & Co., S. en C. la suma de $2,900 en calidad de préstamo y que el consentimiento para que se otorgara diclia escritura’ lo prestó el demandante José Ra-món Rodríguez bajo la intimidación de la demandada M. Jo-glar & Co., S. en C. de que si no consentía, procedería in-mediatamente a demandar ante los tribunales de justicia al anciano padre del demandante Francisco J. Rodríguez y a' embargar todos sus bienes, sumiéndolo en la miseria, en co-lmo de la referida suma de dinero que adeudaba el mencio-nado Francisco J. Rodríguez a dicha mercantil demandada.

Se alega además que la demandante Simona Rodríguez prestó su consentimiento en la referida escritura por los in-sistentes ruegos de su esposo José Ramón Rodríguez; y que por parte de la mercantil demandada hubo, simultáneamente al otorgamiento de la escritura de hipoteca, la promesa de que no se haría efectivo el crédito hipotecario, el cual era ■solamente una medida provisional mientras se liquidaba la cuenta del referido padre del demandante, Francisco J. Ro-dríguez.

Niega la mercantil demandada todas las alegaciones de la demanda, y alega como defensa que la finca objeto de la hi-poteca pertenecía entonces íntegramente al padre del deman-dante José Ramón Rodríguez, o sea a don Francisco J. Ro-dríguez, quien vivía en dicha finca; que el Sr. Rodríguez, padre, estaba adeudando a la demandada la suma de $1,462.99, y que José Ramón Rodríguez le adeudaba la cantidad de $350.56; que los citados $2,900, importe del crédito hipote-cario, los recibió el deudor José Ramón Rodríguez en la si-guiente forma: $1,462.99 adeudados por su padre, quien re-nunció a todos sus derechos y acciones sobre la finca hipote-cada, en consideración a que José Ramón Rodríguez pagara la referida deuda y a que dicha demandada le entregara ade-más, por cuenta de José Ramón Rodríguez, $730.01, arrojando todo un total de $2,200. El citado José Ramón Rodríguez -en unión de su esposa constituyó hipoteca a favor de la de-mandada para garantizar el pago de los referidos $2,200, $350.56 de su cuenta corriente, y $349.44 que adieionálmente recibió en dos cheques expedidos contra el Banco Comercial de Puerto Rico, ascendiendo todas estas cantidades a la suma-de $2,900 que es el importe del préstamo hipotecario.

Declarada sin lugar la demanda, los demandados presen-taron el presente recurso de apelación, atribuyendo a la corte-inferior el error de haber estimada probado por la prepon-derancia de la evidencia que la finca hipotecada por el deman-dante y su esposa a favor de la demandada pertenecía en pro-piedad a Francisco J. Rodríguez en la fecha de la hipoteca y no a los “hipotecantes”, y que el contrato de hipoteca tuvo causa suficiente.

La causa de acción de los demandantes se basa únicamente en haber sido intimidados por la demandada y haber prestado su consentimiento bajo esta intimidación. Aun en la hipótesis de que los demandantes sean dueños de la finca y que la corte haya incurrido en error al sostener que pertenece al padre, la demanda no puede prosperar si queda demostrado que en este caso no hubo intimidación. Acepta José Ramón Rodríguez que su padre adeudaba una cantidad a la mercantil demandada-y declara que otorgó la ecritura porque su referido padre le manifestó que tenía una deuda considerable con el Sr. Manuel Joglar, que éste lo había amenazado que si no la garantizaba tendría que ejecutarle unos bienes que tenía y un pedazo de tierra también, y que se vería en el preciso caso si le embargaban estos bienes de tener que quedarse en la calle. El declarante prometió-hablar con el Sr. Joglar como lo hizo algunos días después. Copiamos literalmente las palabras del testigo en cuanto a su conversación con Joglar: . . que entonces le propuso éste, que si le firmaba una escritura de hipoteca, puesto que no era el declarante quien debía; que esto era para evitar pleitos y de este modo él no tendría que embargar al padre. Entonces el declarante le contestó que tendría que consultar con su esposa y ésta estaba en Morovis; y entonces Joglar lo invitó a ir a Morovis y fué donde ella, mientras Joglar fué donde el notario. Que él le informó a su esposa que iban a hacer una hipoteca a favor de don Manuel Joglar para evitar que al viejo se le embargasen sus bienes, y ella le dijo que eso le podría traer perjuicios; pero entonces él le informó qué no veía que eso les pudiera traer ningún perjuicio en nada, puesto que no era deuda que ellos debieran y sí su padre; que entonces volvió donde Joglar y le dijo que hicieran la escritura. ’ ’

Las manifestaciones de José Eamón Rodríguez tienden a demostrar que el préstamo hipotecario tuvo el efecto de una garantía para evitar que la demandada hiciese efectiva la obligación de su padre por la vía judicial. ;

Admitiendo como ciertas, para los efectos de la argumen-tación, las manifestaciones del demandante, que la corte in-fierior no creyó, tendremos que la parte demandada se limitó a expresar que si no se le garantizaba la deuda, ejercería el derecho de cobrar judicialmente su crédito. No hay intimi-' dación, a nuestro juicio, cuando una persona hace saber a otra que se propone ejercer el derecho legítimo de acudir a los tribunales si no se le hace efectiva una obligación exigible. Tanto Francisco Rodríguez, quien contrajo la obligación, como su hijo el demandante, sabían que la obligación, una vez exigible, estaba sujeta a ser reclamada por la vía judicial.

Convenimos, como dice Manresa glosando el artículo 1267 del Código Civil español, equivalente al 1219 de nuestro Có-digo Civil, edición 1930, “que puede arrancarse el consenti-miento de un hombre bajo la amenaza de un mal, que a él no arredraría, pero que comprenda puede ser de graves con-secuencias para una mujer débil, un padre anciano, o un niño indefenso.” Este no es el caso ante nos. Los elementos de la intimidación no surgen de las manifestaciones que el de-mandante atribuye a la demandada en el sentido de que si se firmaba la escritura de hipoteca se evitarían pleitos y no tendría que embargar los bienes del padre.

Comentando el artículo anteriormente citado dice el Sr; Manresa en la página 595 del tomo octavo de sus Comenta-rios al Código Civil español, cuarta edición:

“El Derecho moderno, cuya tendencia recoge el Código, ha bus-cado, siguiendo la influencia del canónico, una fórmula más amplia y conforme a la debilidad humana, de la que inspiró en este punto la energía de la ley en Roma. Queda la apreciación de la influen-cia que el miedo pueda tener, fiada en mucho a los Tribunales y despendiente de las circunstancias particulares del sujeto; pero no deja de dar la ley reglas acerca de lo que pudiéramos llamar esen-cial y objetivo en la intimidación.
“La primera de las circunstancias es que el temor sea racional y fundado, lo cual supone la verosimilitud de la amenaza, la serie-dad en ésta, la posibilidad de que se realice, la disposición de medios para ello por parte de quien la dirigió, atendidas las circunstancias del caso.
“Esencial es también que se amenace con un mal, y en esta sola palabra nos detenemos, sin pasar a los adjetivos que la siguen, por-que no entendiendo el legislador como mal aquello que el mismo derecho ampara o impone, deducimos de ahí la consecuencia impor-tante de que el mal ha de ser injusto, y de que no intimida quien se limita a invocar su derecho, sin abusar del mismo. Así no podrá decir el deudor que consiente en pagar bajo la amenaza de acudir a los Tribunales y de las costas del litigio, que fué nulo su consenti-miento, y en cambio lo será si, traspasando el acreedor los límites de su derecho, hubiera arrancado del deudor con las mismas ame-nazas legales una novación de contrato o la confesión de una mayor deuda. No es problema difícil, a nuestro juicio, el de un contrato celebrado bajo la amenaza de ser denunciado como responsable de un hecho punible, ya que si bien es lícita, y aun obligatoria a veces, la denuncia, es inmoral y opuesto al derecho el pacto para no de-nunciar, y por tanto, quien abusó del conocimiento que tenía de la comisión de un delito por otro, así como no logró con el pacto librar a éste dé responsabilidad, no pudo conseguir tampoco para sí una ventaja que pueda reclamar eficazmente.
“En un caso sometido al Tribunal Supremo ha decidido éste que no implica intimidación el haberse contratado ante la amenaza de denunciarse el desfalco cometido por-un contratante al otro, mu-cho más cuando el contrato que se celebró representa la indemniza-ción al perjudicado por dicho desfalco; y como doctrina general, sienta nuestro primer Tribunal la de que es tesis jurídica estable-cida en nuestras antiguas leyes, y aceptada sin contradicción por la jurisprudencia, que el mal a que se refiere el art. 1267 ha de ser injusto, y de ninguna manera el que pueda producir el ejercicio de un derecho legítimo (sentencia de 12 de Febrero de 1915).”

La jurisprudencia americana sostiene la misma doctrina. La.amenaza de ejecutar un derecho no constituye intimida-ción (duress). 13 0. J. 399. En el caso de Pease v. Francis, 55 Atlantic 687, la corte dijo:

“El demandante alega que fué competido por las circunstancias y por la amenaza del demandado de ejecutar una hipoteca que tenía en la propiedad personal del demandante, alegando de este modo que actuó bajo una clase de intimidación o al menos de coerción. En Dispeau v. First Nat. Bank, 24 R.I. 570, 53 Atl. 868, esta corte dijo: ‘No es coerción ni intimidación amenazar hacer lo que uno tiene derecho a ejecutar.’ ”

En el caso de Stout v. Judd, 63 Pac. 662, dijo la Corte de Apelaciones de Kansas:

“Se alega además que la corte erró en sus instrucciones al ju-rado. Se basa esta objeción en que la corte instruyó al jurado que no hubo evidencia ofrecida por los demandados suficiente para so-meter a la consideración de dicho jurado la cuestión de falta de causa e intimidación en el otorgamiento del pagaré. Nosotros cree-mos que la corte actuó correctamente al someter esta instrucción. La única evidencia ofrecida en apoyo de esta fase del caso partió de los demandados, quienes declararon que la única intimidación fué la amenaza del demandante de instituir una ejecución hipotecaria en el evento de que los demandados dejaran de renovar sus obligaciones vencidas. Esto no constituye fraude o intimidación en derecho, y la cuestión fué correctamente eliminada de la consideración del jurado.”

En el presente caso Francisco J. Rodríguez, padre del demandante, declaró que la mercantil demandada no había ejercido ningún acto de intimidación contra él y que no fué amenazado con la ejecución de la obligación que tenía con-traída con lá referida mercantil. La corte inferior expresa que este testigo declaró de una manera clara, terminante, ve-raz y convincente, y establece además la conclusión de que la propiedad, cuando fué hipotecada, pertenecía al padre y no al hijo. No es necesario resolver si la corte estuvo acer-tada o no al sentar esta conclusión. Nos basta con saber que en este caso no hubo intimidación, que José Ramón Rodríguez y su. esposa hipotecaron el inmueble que se describe en la demanda a favor de la demandada sabiendo que su padre, había contraído una deuda con esta firma, y que si nos ate-nemos a las alegaciones de la demanda y al testimonio de .José Eamón Rodríguez, el contrato celebrado entre la deman-dada y los demandantes no constituye otra cosa que una ope-ración para garantizar la deuda contraída por Francisco J. Rodríguez.

Se alega por último que la corte cometió error al condenar en costas a los demandantes. Desestimamos este error por entender que la corte ejercitó juiciosamente su discreción al imponer las costas a la parte perdidosa.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Juan B. Matos, demandante y apelante, v. Augusto Veve, Márshal de la Corte de Distrito de Humacao, demandado y apelado.
    No. 6500.

    Sometido: Marzo 13, 1934.

      Resuelto: Marzo 16, 1934.

      Burset & Pérez Pimentel, abogados del apelante; M. García Gonzá-lez, Fiscal del Distrito de Humacao y Tomás Torres Pérez, Sub-procurador, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Juan B. Matos fué nombrado conserje interino de la Corte de Distrito de Humacao por el marshal de la misma en julio 23 de 1931. Fué separado del cargo el 31 de marzo de 1932. Posteriormente, el juez de distrito declaró sin lngar una pe-tición de mandamus por él presentada.

La sección 6 de la Ley de. Servicio Civil (Leyes de 1931, página 539) dispone qne toda persona qne desempeñe nn cargo o destino en el servicio civil clasificado al tiempo en qne esa ley empezó a regir, continuará en el desempeño del mismo. La sección 28 Labia de cansas justificadas, de la for-mulación de cargos y de oportunidad para ser oídos como requisitos previos a la destitución de tales empleados. De conformidad con las disposiciones de la sección 5, todos los empicados del Gobierno Insular que no están específicamente incluidos en la sección 4, pertenecen al servicio clasificado. Los empleados temporeros no están incluidos específicamente en la sección 4. Sin embargo, la sección 24 dispone que:

“Todos los nombramientos temporeros continuarán solamente basta que sean establecidos los registros de reposiciones o los de ele-gibles, y en ningún caso deberán prolongarse tales nombramientos por más de cuatro meses, en total, ni se hará más de un nombra-miento provisional a favor de una persona, ni servirá ésta más de cuatro meses como empleado provisional durante un año económico, salvo por autorización expresa de la Comisión.”

Interpretando estas secciones conjuntamente, cada una a la luz de la otra, convenimos con el criterio.de la corte de distrito al efecto de que los requisitos exigidos por la sección 28 respecto a causas justificadas, la formulación de cargos y la vista, no son aplicables a un nombramiento temporero, luego de expirado el período de cuatro meses, contado a par-tir de la fecha en que se hizo el nombramiento. En ninguna otra forma podría darse efecto absoluto a las disposiciones de la sección 24, perceptiva de que en ningún caso los nom-bramientos temporeros se prolongarán por más de cuatro meses, en total, y de que ninguna persona recibirá más de un nombramiento temporero ni servirá más de cuatro meses como empleado provisional durante un año económico.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Antonio, Ana y Pilar Gómez de Agüero, demandantes y apelantes, v. Manuel Benigno y Virginia Gómez de Agüero y Aldea, demandados y apelados.
    No. 5831.

    Sometido: Febrero 16, 1933.

      Resuelto: Marzo16, 1934.

      M. Torres Sola, abog'ado de los apelantes; J. de Quemón Bemtez, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Después de celebrada la vista de esta apelación se nos presentó moción para que la desestimemos por el motivo de que no tenemos jurisdicción para resolverla de acuerdo con el caso de Collazo v. Dávila, 45 D.P.R. 609. En él se resolvió que en un procedimiento ex parte para elevar a documento público un testamento ológrafo no es apelable la resolución que en él recaiga, de acuerdo con el artículo 702 del Código Civil (643 de la edición de 1930), según el cual cualquiera que sea la resolución de la corte de distrito, se llevará a efecto, no obstante oposición, quedando a salvo los derechos de los interesados para ejercitarlos en el juicio que corres-ponda; pero en el caso presente no se trata de un procedi-miento ex parte como en el de Collazo, supra, sino de un jui-cio contencioso declarativo de si una carta contiene un testa-mento y de las personas a que él se refiere, por lo que siendo apelable esa resolución de acuerdo con el artículo 295, No. i, del Código de Enjuiciamiento Civil, tenemos jurisdicción para resolver el presente recurso y no procede su desestimación'.

Los demandantes en este pleito son tres hermanos de Joaquín G-ómez de Agüero Cordero y han dirigido su acción contra los dos hijos de otro hermano de los demandantes, lla-mado Jesús, que falleció en 1918. El pleito tiene por objeto que se declare que una carta escrita por el hermano Joaquín, quien falleció en Barcelona, España, el 11 de noviembre de 1929 a los sesenta años de edad, contiene su testamento y que éste es a favor de los tres demandantes. Esa demanda fué declarada sin lugar con costas porque la corte inferior entendió que dicha carta no contiene el testamento de Joa-quín y porque aunque lo contuviera no sería a favor sola-mente de los tres demandantes.

En la apelación interpuesta contra esa sentencia por los demandantes, éstos alegan como motivos de su recurso que son erróneos los dos fundamentos de la sentencia y que tam-bién lo es la condena de costas.

La carta que escribió Joaquín Gómez de Agüero Cordero y que se alega contener su testamento a favor de los tres hermanos demandantes es así:

“(Exhibit ‘C’) — Barcelona, octubre 10/29. — Querida Anita: Tu carta de fecha 17 de septiembre la he recibido hoy, la que dirijiste a la Rambla de Cataluña. En el alma siento no poderte dar buenas noticias mías, pues desde que llegué de San Sebastián lie empeorado al extremo que he resuelto el operarme pues tengo un miedo ho-rrendo el cojer aquí cama en una enfermedad grave como se me va haciendo ésta. Los dolores allá en San Sebastián me daban dos veces al día, pero aquí son continuos y hasta de noche. Mucho me ha pesado el haber dejado mi País y mi casa que por mala que sea, es mejor que uu País extraño. Ya te supondrás lo que estaré su* friendo moral y materialmente.
“Como te decía en una de mis anteriores en mi baúl en el bolsillo adentro de un chaleco está mi alfiler y Emma tiene una parte de] comprobante de la carta de crédito la otra está en el baúl. Mi yo* luntad es que lo mío sea para ustedes, dándole una cantidad a una niña-que en un campo llamado Arenas de Utuado, responde al nonu bre de Ana Ma. Matos.
“Mañana voy a hablar con el Cirujano. El médico me asegura que quedaré bien, pero para dar este paso ya te supondrás lo que estoy sufriendo.
“Pídanle a Dios por mí y sepan que mi pensamiento está en ustedes.
Los abraza,
“(Fdo.) Joaquín.”

Los apelantes dicen qne los términos de esa carta son análogos a los de la carta en el caso de Vázquez v. Vázquez, 34 D.P.R. 241, qne declaramos contenía nn testamento oló-grafo.

El acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes, o de parte de ellos, se llama testamento. Así lo define el artículo 616 del Código Civil, edición de 1930. Como consecuencia de ese precepto, para que exista un testamento debe aparecer de él que la persona que lo hizo tuvo la voluntad o intención deliberada de dis-poner de sus bienes para después de su muerte, por ser el requisito esencial de todo testamento, según dijimos en el caso de Pastor v. Miró, 34 D.P.R. 52, y en el de Vázquez, supra. Esa es la piedra de toque para decidir si la carta en cuestión contiene el testamento de Joaquín Gómez de - Agüero.

De la lectura de esa carta aparece que cuando Joaquín Gómez de Agüero la escribió estaba bastante enfermo, sufría mucho, al día siguiente iría donde el cirujano; que el médico le aseguraba que quedaría bien pero para él dar ese paso, de ir . donde el cirujano, sufría mucho. Todas esas palabras y otras de la carta demuestran que la persona que la escribió sabía que su vida estaba en peligro porque aparte' de su en-fermedad iba a sufrir una intervención quirúrgica, que como ■casi todas suele tener algún riesgo para la vida de una persona. Esa carta, escrita en ese estado de ánimo, dice tam-bién, después de referirse a donde estaba un alfiler de cor-bata suyo y una parte del comprobante de su carta de crédito, lo siguiente: “Mi voluntad es que lo mío sea para ustedes, dándole una cantidad a una niña que en un campo llamado Aienas de Utuado responde al nombre de Ana Ma. Matos.” Estas palabras claramente, a nuestro entender, contienen el testamento de Joaquín Gómez de Agüero porque no sólo de-clara su voluntad ‘ ‘ de que lo mío sea para ustedes, ’ ’ sino que también dispone que se entregue una cantidad a una niña de-terminada, sin que el fieeho de que no especifique la cantidad que debe entregársele quite valor al testamento. Lo esencial es que él dispusiera de sus bienes y esa disposición volunta-ria está claramente expresada en esa carta. Si a lo expuesto se agregan las circunstancias del momento en que esa carta fué escrita, se llegará fácilmente a la conclusión de que ella ■contiene el testamento de Joaquín Gómez de Agüero, pues ■dispone de sus bienes ante el temor de su muerte.

Este caso es análogo al que resolvió el Tribunal Supremo de España y que se cita en Pastor v. Miró, supra, en el que ■se decía en la carta que fué declarada testamento: “En esta primera carta de novios va mi testamento, todo para tí para que me quieras siempre y no dudes del cariño de tu Matilde. ’ ’ El caso de Vázquez a que antes nos fiemos referido y en el que también se declaró por nosotros testamento el contenido de una carta, es similar al presente, pues en él al escribir una persona a su hermana le dijo que tenía una póliza de seguro y que se lo informaba puesto que ella era la. única de sus hermanas solteras y era su única heredera.

Como en la carta que Joaquín escribió a su hermana Anita dice que su voluntad es que todo sea “para ustedes,” los demandantes presentaron evidencia con el fin de probar que la carta se refiere a los tres demandantes. De esa prueba aparece que los tres demandantes y sus otros dos hermanos-Joaquín y Jesús eran muy unidos y vivieron en la casa de sus padres en Río Piedras antes y después de la muerte de éstos: que el hermano Jesús falleció en 1918 dejando dos hijos de su matrimonio con Belén Aldea: que ésta, en repre-sentación de sus hijos menores de edad, presentó demanda en 1924 contra los tres demandantes y el hermano Joaquín alegando que el testamento de Jesusa Cordero, madre de los demandantes y de Joaquín y abuela de los menores hijos de Jesús, era falso: que ese pleito produjo en los demandantes y en «Joaquín un gran disgusto y la ruptura de relaciones con la familia del fallecido Jesús: que en los viajes que hizo Joaquín a España escribía todas las semanas a los tres de-mandantes dirigiendo las cartas a nombre de todos o de al-gunos de ellos, como aparece de cartas que presentaron.

De la prueba de los sobrinos demandados aparece, según la declaración de Belén Aldea, madre de los demandados, que efectivamente los hermanos Gómez de Agüero eran muy uni-dos y tenían igual carácter: que ella y su marido estuvieron separados trece años, viviendo entonces Jesús con sus her-manos y ella y los hijos en la casa de los hermanos de ella: que cuando su marido se enfermó estaba en la casa, de sus hermanos, quienes lo recluyeron en el Manicomio, lo que ella supo después de estar allí, donde falleció: que cuando su suegra enfermó y murió en 1923 fué a la casa donde vivía la familia Gómez de Agüero, siendo ésa su última visita a esa familia: que con motivo del pleito que puso en nombre de sus hijos contra los tíos de ellos después de la muerte de la madre de los mismos, se enfriaron las relaciones entre su familia y la de aquéllos, pero que luego se reconciliaron y Joaquín era atento con sus sobrinos y en sus viajes escribía postales a ellos y les hacía pequeños regalos: y que cuando-Joaquín se ausentó para España la última vez no fué a des-pedirse de sus sobrinos. La demandada Virginia admitió que las relaciones entre ambas familias se entibiaron con motivo-del pleito, pero dijo que después se restablecieron y que ella iba a la casa de los tíos y que Joaquín en sns viajes le es-cribía postales, las qne leyó en el juicio y le enviaba retratos suyos, que mostró, y le bacía algunos pequeños regalos. Tin testigo, novio de Virginia, declaró que algunas veces la acom-pañó a la casa de sus tíos. El otro demandado y otro tes-tigo poco dijeron sobre ese particular.

Es frecuente qne cuando surge una separación entre los consortes en un matrimonio y cada uno de ellos vuelve a vivir con sus respectivas familias, las relaciones de amistad y pa-rentesco entre los separados y sus respectivas familias des-aparezcan o por lo menos queden muy limitadas, por lo que puede razonablemente concluirse que después de la separa-ción de Jesús Grómez de Agüero y de su esposa Belén Aldea las relaciones entre la familia del marido, donde él fué a vivir, y la de la esposa debieron quedar muy quebrantadas, como lo demuestra el becbo de que Belén fuera a la casa de los tíos de sus bijos al morir la abuela de éstos, sin que vol-viera después a esa casa. Si a esto agregamos que el pleito en que se imputaba a los hermanos del fallecido Jesús que el testamento de la madre de ellos era falso les produjo un gran disgusto, como lo produciría, naturalmente, a cualquier persona, puede concluirse sin dificultad que las relaciones entre esas dos familias quedaron terminadas como reconoce Belén Aldea; y si a esto se agrega el cariño fraternal que Joaquín y los tres hermanos se profesaban, que vivían juntos, y que Joaquín les escribía con mucha frecuencia a los tres o a al-gunos de ellos para los tres sin que en las cartas presentadas mencionase a sus sobrinos, se hace fácil concluir que cuando escribió a su hermana Anita diciéndole “mi voluntad es que lo mío sea para ustedes,” se refería solamente a ellos, a los tres hermanos que ahora son demandantes y no a sus sobri-nos, por las circunstancias expresadas.

La dificultad que tiene la anterior conclusión es que la prueba que los demandados presentaron tendía a demostrar que si bien hubo el disgusto entre las familias producido por el pleito, luego se reconciliaron y que la demandada Virginia visitaba la casa de sus tíos y recibió postales de Joaquín cuando viajaba y retratos de él y también una carta, que no fué presentada en el juicio por baber sido rota pero cuyo con-tenido permitió la corte inferior, quizá indebidamente, que se dijera oralmente como prueba supletoria, con la protesta de los demandantes; y que en esa prueba se fundó la corte inferior para declarar que si la carta contuviera un testamento la palabra “ustedes” no se refería a los demandantes so-lamente sino también a sus sobrinos. Nos parece que aún dando crédito a la prueba de los demandados, no es suficiente, teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes en este caso y que fiemos consignado, para destruir la conclu-sión de que cuando Joaquín escribió su carta-testamento a su hermana Anita diciendo “mi voluntad es que lo mío sea para ustedes,” se refería fínicamente a los tres hermanos con quienes vivió por sesenta años, con quienes estuvo siempre tan íntimamente unido y a quienes siempre dirigía sus car-tas cuando se ausentaba de esta Isla. Aparte de esto, si él hubiera querido que sus bienes fuesen también para sus so-brinos, le hubiera sido fácil decir “para ustedes y mis sobri-nos”, como lo hizo cuando quiso que a la niña de Utuado se le entreg’ara una cantidad.

. La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando con lugar la demanda en sus dos extremos, sin especial condena de costas.


author: El Juez Pbesid'ente Seño®, Del Tono,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Bautista García Río, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo.
    Nos. 5354 y 5355.

    Sometidos: Marzo 12, 1934.

      Resueltos: Marzo 16, 1934.

      El acusado compareció por escrito; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesid'ente Seño®, Del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

En estos casos el acusado fué condenado como autor de los delitos que se le imputan, libelo infamatorio y falsa re-presentación. No conforme, apeló para ante esta Corte Su-prema, y a los efectos de tramitar sus recursos solicitó de la corte sentenciadora que le concediera el beneficio de pobreza. La corte declaró sin lugar la solicitud y el acusado obtuvo de su Secretario una certificación de los procedimientos re-lativos al incidente de insolvencia y la radicó en este tribunal.

Así las cosas, el fiscal ba solicitado que esta corte se declare sin jurisdicción por no haberse apelado de las resolu-ciones de la corte de distrito de que se queja el acusado.

Éste se ba opuesto alegando que dichas resoluciones no son apelables y que su asunto debe resolverse en justicia. Comparece sin el auxilio de abogado.

Es a virtud del escrito de apelación que esta corte adquiere jurisdicción para conocer del asunto. Aquí no se radicó escrito alguno y por tanto no tenemos jurisdicción. Sólo puede dictarse una resolución, la de así declararlo, a los fines consiguientes.

Las resoluciones de que se trata son apelables. El Pueblo v. Lawton, 45 D.P.R. 243. Si no lo fueran, la situación del acusado sería la misma porque entonces, aunque hubiera apelado, la corte no hubiera podido conocer de los recursos por no estar la apelación autorizada por la ley.

Bajo cualquier aspecto que los casos se consideren, debe declararse el tribunal sin jurisdicción para conocer de los mismos.


author: Pjl Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Ramón P. Díaz García, demandante y apelante, v. Joaquina Annexy de Navarro, demandada y apelada.
    No. 6281.

    Sometido: Marzo 7, 1934.

      Resuelto: Marzo 16, 1934.

      B. Díaz Collazo, abogado del apelante; S. O’Neill, abogado de la ape-lada.
   Pjl Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un pleito sobre injunction para recobrar la posesión de cierta faja de terreno establecido invocando las disposiciones de la Ley No. 43 aprobada en marzo 13, 1913 (pág. 85), y enmendada por la número 11 de noviembre 14, 1917 (pág. 221) según sostiene la parte demandante y ape-lante en su alegato y según se entendió por la parte deman-dada y apelada y por la propia corte de distrito.

La parte demandada excepcionó y contestó la demanda. Fué el pleito a juicio. Ambas partes practicaron su eviden-cia, inspeccionando el propio juez sentenciador la faja de tierra en disputa.

El fallo dictado fué adverso al demandante que apeló para ante esta Corte Suprema, señalando en su alegato la comi-sión de seis errores. Por los señalamientos 2, 3 y 4 se im-puta a la corte error en la apreciación de la prueba; por el primero, error al haber sostenido que la que estaba envuelta era más bien una cuestión de propiedad que de posesión; por el quinto, error al declarar “que la demanda se aparta un tanto de los cánones establecidos para esta clase de acción,” y por el sexto, error al no excluir los honorarios de abogado de las costas impuestas al demandante. Se imputa además a la corte sentenciadora pasión, prejuicio y parcialidad.

Hemos estudiado cuidadosamente las alegaciones y las pruebas y a nuestro juicio bajo cualquier aspecto que el caso .se considere la sentencia debe confirmarse.

Creemos que no sólo estuvo en lo cierto el juez senten-ciador al expresar finalmente que la demanda se apartaba un tanto de las reglas establecidas para el ejercicio de la acción ^posesoria, si que tal vez debió desde un principio declarar • con lugar las excepciones previas formuladas por la parte ■demandada alegando la falta de hechos suficientes, y la am-bigüedad, ininteligencia y duda de la demanda.

También consideramos acertada la apreciación del juez de distrito en cuanto a que lo que surge de los autos es- más bien xm conflicto sobre propiedad que sobre posesión.

Y por lo que a la posesión respecta, la evidencia apor-tada no fue apreciada a nuestro juicio con pasión, prejuicio y parcialidad en favor de la demandada, sino rectamente. Parece conveniente oír al propio juez sentenciador. Se ex-presó así en la relación del caso y opinión que sirve de base a su sentencia:

“Depuso el demandante ser dueño de una casa sita en Manatí que colinda por el oeste con otra de la demandada, en la cual reside desde el año 1919; que entre su casa y la de la sucesión Annexy ■existe un callejón que, según su entender pertenece a su patio; que por información le consta que el señor Gandía Córdova mantenía la puerta del callejón cerrada y que la familia Annexy tiene ven-tanas en la parte baja de su casa hace como diez años, las cuales dan a dicho callejón. El señor Gandía Córdova testificó haber sido dueño de esa casa durante diecisiete años y haberla transferido al ■demandante; que su solar comprende el callejón que queda al oeste y separa la casa del demandante de la de las Annexy; que la de-mandada mandó a quitar el portón y antes había ordenado se pin-tase; que la demandada se adueñó del callejón hace como diez años a pesar de que él le manifstó que lo llevase al tribunal; que el •callejón no da acceso al patio de la casa del demandante y ésta no tiene puertas hacia el callejón, sólo tiene ventanas y hace como ocho años que la demandada convirtió unas ventanas de su casa que daban hacia el callejón en puertas que dan acceso al mismo.
“La prueba testifical de la demandada tendió a evidenciar que su casa tiene puertas accesibles por el callejón desde bace más de cuarenta años y que, con anterioridad a la edificación de la casa-, del señor Gandía, la familia Annexy tenía un gallinero en el callejón..
“El juez efectuó una inspección ocular el mismo día de la vista y en ella observó el susodicho callejón y todas las características que le rodean. La casa del señor Díaz es de dos plantas; él ocupa los altos y el señor Gandía Górdova los bajos y esta planta baja tiene varios huecos de ventanas a la altura de un metro del suelo que toman luz de dicho callejón. En cambio, la casa de la familia Annexy tiene varias puertas accesibles por dicho callejón. Esto de-muestra que los ocupantes de la planta baja del edificio de la fa-milia Annexy pueden entrar y salir por el callejón sin dificultad alguna, mientras que los que residen la casa del demandante para tener acceso al callejón necesitarían saltar por una de las ventanas. Otra de las cosas observadas por el juzgador y que hubo de herir su atención es: que la residencia de la familia Annexy es bastante an-tigua; no así la del demandante, construida de bloques de concreto que se aprecia a primera vista ser de relativa reciente construcción.
“La prueba del demandante es extremadamente frágil y, a nues-tro juicio, no demostró la posesión del callejón debatido en ningún, momento con anterioridad a la presentación de la demanda. El de-mandante no sabe nada de conocimiento propio. Todo euanto sabe respecto de este caso es por información y su principal testigo, el señor Gandía Górdova, quien edificó la casa que hoy pertenece al demandante y reside en los bajos de. la misma, se encargó de de-mostrar precisamente lo contrario, o sea, que la demandada ha ve-nido en posesión de dicho callejón desde hace diez años. En con-traposición a esta prueba, la demandada evidenció estar en posesión del pasaje desde hace muchos años y, a mayor abundamiento, la ins-pección ocular efectuada por el juzgador llevó a nuestro ánimo Is certidumbre de la versión aportada por la señora Annexy.
“Del conjunto de la evidencia introducida por ambas partes surge diáfanamente que la esencia de esta controversia está en que cada uno de los litigantes alega que el callejón disputado forma parte de su solar. Se ve esto, cuando el señor Gandía Córdova manifestó que la demandada se había adueñado del callejón hace como diez años a pesar de que él le dijera que lo llevara al tribunal para ello. Y en aquella parte de la declaración de la señora Annexy, cuando manifestó: ‘Cuantas veces don Julio quiere ser dueño del callejón yo no lo dejo porque es nuestro’. ”

Siendo ése como es el resultado de la prueba, justifica por, completo las siguientes conclnsiones de derecho de la corte sentenciadora, a saber:

“Para dirimir el derecho que los litigantes puedan ostentar y les asista a la propiedad del pasaje en disputa no es pertinente, ni menos adecuado recurrir al procedimiento de injunction para reco-brar. Ha sido tan reiteradamente resuelto así, que casi se ha con-vertido en axioma jurídico. Nuestro Tribunal Supremo, al decidir el caso de Fajardo Sugar etc. vs. Cent. Pasto Viejo, reportado al tomo 41, pág. 825, se expresó así: ‘En procedimiento de injunction para recobrar posesión sólo cabe considerar y resolver la posesión como cuestión de hecho; cuestiones relativas al derecho o título con que se posee no son propias del mismo.’ Véase también los siguien-tes casos: Fernández v. González, 41 D.P.R. 726; Vicente vs. Ortiz, 38 D.P.R. 106; Echevarría vda. de Subirá vs. Saurí, 38 D.P.R. 737.”

La imposición de las costas con inclusión de honorarios de abogado era inevitable, atendidas todas las circunstancias concurrentes. No hubo error.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: En Juez PresideNte Señor Del Toro,

text:
    María Ruiz, demandante y apelada, v. Justino Barreto y Ana Luisa Rodríguez, menor de edad representada por su madre con patria potestad, Rosario Hernández, demandados y apelante el primero.
    No. 6252.

    Sometido: Marzo 14, 1934.

      Resuelto: Marzo 21, 1934.

      Luis Vergne Orliz, abogado del apelante; Carlos I). Vázquez, abo-gado de la apelada.
   En Juez PresideNte Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Versa este caso sobre liog’ar seguro. Se originó en la Corte Municipal de San Juan, donde fué fallado a favor de la demandante. Fué en apelación a la corte de distrito, que lo decidió por sentencia favorable también a la demandante. Se encuentra abora ante esta Corte Suprema bajo un seña-lamiento de errores que imputa la comisión de seis al tribunal sentenciador. Este en su relación del caso y opinión narra los liecbos como sigue:

' "José Machado y su esposa la ahora demandante, María Buiz adquirieron por escritura No. 40 de 9 de octubre de 1920 cierto solar que se describe en la demanda y en el mismo edificaron una casa que vivieron con sus hijos. El 22 de octubre de -1926 y por escri-tura No. 183, ante el notario Enrique Campillo Abrams, los indi-cados esposos Machado-jBuiz constituyeron hipoteca voluntaria a favor del demandado Justino Barreto Aldahondo, en garantía de un préstame por la cantidad de $400.00, con intereses a razón de uno por ciento mensual y un crédito adicional de $100.00 para costas, gastos y honorarios de abogado, de cuyos $400.00, $250.00 fueron utilizados para cancelar una hipoteca a que se hallaba afecta la finca y en cumio a los $150.00 restantes convinieron verbalmente u ofre-cieron al acreedor emplearlos en mejoras de la finca. Los esposos Machado-Buiz continuaron viviendo su casa y habiendo fallecido el esposo, José Machado, continuaron en la misma su viuda, María Buiz, 1a. demandante, y sus menores hijos. En estas condiciones Justino Barreto, o sea, el acreedor, procedió a ejecutar su hipoteca y cele-brada la subasta le fué adjudicada la finca, habiendo tomado pose-sión de la misma y vendídola más tarde a su actual poseedora, Ana Luisa Bodríguez. Después de haber desocupado la casa y entre-gado la misma a Barreto, María Buiz radicó la presente demanda en la Corte Municipal de San Juan contra el acreedor Justino Ba-rreto, y la actual dueña de la finca, Ana Luisa Bodríguez, recla-mando la cantidad de $500.00 por el concepto del homestead que ale-gaba tener sobre la indicada finca. Celebrado el juicio, la Corte Municipal de San Juan, Sección Primera, dictó sentencia con fecha 10 de mayo de 1932 declarando con lugar la demanda en cuanto al demandado Justino Barreto Áidahondo, sin lugar en cuanto a la codemandada Ana Luisa Rodríguez, y condenando al primero a pagar a la demandante la cantidad de $500.00, sin costas, contra cuya sen-tencia apeló solamente Justino Barreto para ante esta Corte de Dis-trito.”

Seguidamente resume las cuestiones a resolver, así:

“1. — Si el beeho de haberse pagado con parte del préstamo una hipoteca anterior al mismo, impide que el deudor pueda alegar con éxito el derecho de homestead, por lo menos en cuanto a dicha can-tidad de $250.00 que fué invertida -en la cancelación de la referida hipoteca, y,
”2. — Si el hecho de haberse convenido que el restante del prés-tamo habría de utilizarse en mejoras impide también que el deudor pueda alegar su derecho de homestead cuando en realidad de ver-dad dicho dinero no fué realmente empleado por el deudor en me-jorar la finca.”

Ambas cuestiones las decide en la negativa, y procede a dictar la sentencia que es motivo de esta apelación.

Aunque los errores abarcan un radio mayor que el que surge de los anteriores hechos, a ellos nos limitaremos en nuestro estudio porque son los esenciales. Así lo hizo el pro-pio abogado de la parte apelante circunscribiendo su informe oral el día de la vista del recurso a los errores tres y cuatro que a ellos se refieren. Los restantes errores son manifies-tamente improcedentes.

Antes de comenzar su estudio parece justo decir que la parte apelada en su alegato sostiene que la corte sentencia-dora fué demasiado lejos al estimar probado que el dinero prestado por el demandado se utilizó en parte ($250) en can-celar la hipoteca a que se hallaba afecta la finca de la de-mandante, y al estimar también probado que se convino ver-balmente que el resto del préstamo ($150) se emplearía en mejorar la finca, y que quizá tenga razón. Al menos el do-cumento público en que el préstamo se hizo constar no con-tiene referencia alguna a dichos convenios.

Prescindiendo, sin embargo, de ello y partiendo de la base establecida por la corte sentenciadora, veamos si las cuestio-nes indicadas fueron o no debidamente resueltas en la ne-gativa.

El tercer señalamiento se formula así:

“La corte cometió error al estimar que el lieelio de haberse pa-gado con parte del préstamo una hipoteca anterior al mismo, no im-pide que el deudor pueda alegar con éxito el derecho de homesiead, en cuanto a la suma que fué invertida en la cancelación de la re-ferida hipoteca. ’ ’

El estatuto nuestro sobre la materia dispone que el de-recho de bogar seguro sólo podrá dejar de reclamarse cuando la ejecución de la propiedad sobre que está constituido pro-cede a virtud d© la falta de pago de las contribuciones im-puestas a la misma, del precio de su compra, o de la res-ponsabilidad incurrida para mejoras que en ella se hicieren. En tal virtud sólo hubiera podido tener éxito la defensa del demandado si se hubiera demostrado que la hipoteca cance-lada con parte del dinero que prestó a la demandante se ha-bía constituido para hacer frente a todas o a alguna o algu-nas de las indicadas obligaciones, y tal demostración no se hizo.

No se cometió, pues, el error que el demandado-apelante atribuye a la corte bajo el número tercero. Examine-mos el cuarto. Se formula así:

“La corte cometió error al interpretar que el acreedor no tiene derecho a reclamar el dinero tomado a préstamo que había de utili-zarse en mejoras, cuando éstas no fueron hechas, declarando que no es suficiente el convenio o promesa de hacer tales mejoras.”

Tampoco fué cometido, a nuestro juicio. Todo lo que se alegó en la contestación y se probó a lo sumo en el juicio fué:

“1. Que de acuerdo con la escritura No. 183 el referido préstamo de $400.00 fué efectuado para la cancelación de Una hipoteca por $255.00 y sus intereses que adeudaba la referida propiedad, y el so-brante de diebo préstamo era con el objeto de terminar la obra de construcción y mejoras dg dicha propiedad.”

Y estamos enteramente conformes con la corte sentencia-dora en qne la ley vigente en Puerto Rico exige algo más. Requiere que la responsabilidad en que se incurra lo sea “por mejoras que se hicieren en la misma,” esto es, en la propiedad constituida en hogar seguro. “Liability incurred for the improvements placed thereon,” dice el texto inglés de la ley. Artículo 1 de la Ley para definir el “Homestead” (Hogar Seguro) y para exentarlo de una venta forzosa, apro-bada el 12 de marzo de 1903. Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, pgs. 306 y 307.

En su informe oral el abogado de la parte apelante llamó la atención hacia lo dispuesto en el artículo 4 de la ley y sostiene que si el artículo 1 se interpreta en armonía con el 4, debe concluirse que no es necesario que las mejoras se hagan realmente, bastando con que el dinero se tome para hacerlas.

No estamos conformes. El disponiéndose del artículo 4 invocado es como sigue:

“Disponiéndose, qne esta sección no será de aplicación a nin-guna venta qne se haga para obligar al pago de contribuciones que adeude dicha propiedad o a la deuda o gravamen incurrido para (por) la compra de la misma, o para las mejoras que en ella se hicie-ren, o cuando se hiciere dicha venta en virtud de traspaso en que se • haga renuncia de la exención que dispone la sección 3 de esta Ley.”

Las itálicas son nuestras y fijando la atención en ellas se ve que están en completa armonía con el artículo 1. Mejo-ras que en ella se hicieren, exige siempre el legislador. “For the improvements thereon,” dice el texto inglés, conservando si no expresa implícitamente la palabra “placed” del ar-tículo 1.

La interpretación que damos a la ley puertorriqueña está en armonía con la dada en el continente a leyes similares. Véase 29 C. J. 868 a 870.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Sara, Zoraida, Pablo, Ana María, Lyllian, Cruz María y María Padillo Carrillo, representados por su madre con patria potestad María Carrillo, demandantes y apelantes, v. Emilio Adams Macías, demandado y Domingo Ríos, interventor y apelado.
    No. 6565.

    Sometido: Marzo 19, 1934.

      Resuelto: Marzo 21, 1934.

      A. Díaz Viera, abogado de los apelantes; B. Dávila Rodrigues, abogado del interventor apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la parte apelada solicita la desestimación del recurso por tres motivos, a saber: 1, porque la transcripción no contiene la del eserito de apelación, 2, porque tampoco contiene la de la exposición del caso, y 3, porque la apela-ción es frívola.

Se opusieron los apelantes acompañando copia certificada del escrito de apelación, del único documento que se tuvo en cuenta para dictar la resolución apelada y de ciertas minutas de la corte. Pidieron a este tribunal que permitiera la in-corporación a los autos de dichos documentos y declarara sin lugar la moción de desestimación por tratarse de un recurso que no es frívolo, sino meritorio.

En repetidos casos ha resuelto este tribunal que si la transcripción no contiene la del escrito de apelación, procede la desestimación del recurso. Sin embargo, si la existencia de dicho escrito se demuestra en debida forma y se pide que la transcripción se corrija incorporando a la misma la del escrito, puede ello decretarse en bien de la justicia, como lo decretaríamos en el presente caso de no proceder como pro-cede la desestimación por los otros motivos alegados.

La transcripción elevada por el apelante contiene la de varios documentos. No figura en ella pliego alguno de excepciones, ni exposición del caso, ni transcripción de evidencia, ni relación de pruebas.

Se trata de un procedimiento ejecutivo hipotecario ini-ciado por Sara, Zoraida, Pablo, Ana María, Lyllian, Cruz María y María Padillo Carrillo, representadas por su madre con patria potestad María Carrillo, contra Emilio Adams Macias, en el que ordenada la venta de la finca hipotecada en pública subasta, compareció Domingo Ríos alegando ser dueño y poseedor de dicha finca con título inscrito en el re-gistro de la propiedad y pidiendo a la corte que suspendiera el procedimiento de acuerdo con el número tercero del art. 175 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria, por hallarse cancelada la hipoteca que se estaba ejecutando.

Siguiendo lo preceptuado en dicho artículo, el juez con-vocó a las partes a una comparecencia. La comparecencia se celebró y el propio apelante reconoce en su moción de opo-sición que Ríos presentó como prueba el certificado de com-praventa que une a su moción y que según las minutas de la corte, copia de las cuales también acompaña a su moción, él no presentó su prueba porque la corte no se lo permitió.

Nada de ello consta en la transcripción radicada en esta córte y el medio de hacerlo constar era en verdad nn pliego de excepciones, nna exposición del caso o nna transcripción de' evidencia preparados en la forma qne prescribe la ley, con intervención de la parte contraria y del juez sentenciador.

T como por la narración qne dejamos hecha snrge la ne-cesidad del pliego, exposición o transcripción para la deci-sión del recurso y la forma en qne se propone corregir la omisión no es la legal, procede la desestimación solicitada.

Pero ann aceptando qne no fuera así y qne pudiéramos tomar en consideración el documento y las minutas para completar la transcripción, siempre tendríamos qne declarar con lugar la desestimación, porque la apelación es claramente frívola.

El documento no sólo demuestra qne Ríos adquirió la finca si qne inscribió su título en el registro de la propiedad cons-tando además al pie del mismo la siguiente nota puesta por el registrador:

“La hipoteca referida en la nota de inscripción del frente ha sido cancelada por nota al margen de la inscripción '7a. folio 246, tomo 13 de Toa Baja. — San Juan, P. R., 28 julio, 1933. — Sin dere-chos.— (Fdo.) José A. Vargas, Registrador Sustituto.”

Y como la hipoteca a que hace referencia la nota era la misma que servía de base al procedimiento hipotecario cuya suspensión se pedía, actuó el juez en la única forma que po-día actuar correctamente al decretar la suspensión, ya que de modo terminante ordena el precepto legal invocado, que:

“Los procedimientos sumarios a que se refiere esta sección, no podrán suspenderse por medio de incidentes ni por otro alguno, a instancias del deudor, del tercer poseedor, ni de ningún otro que se presente como interesado, salvo en los siguientes casos:
“3°. Si se presentare certificado del registrador, expresivo de • quedar cancelada la hipoteca en virtud de la cual se proceda, o copia auténtica .de la escritura pública de cancelación de la misma, con la nota de presentación en alguno de los registros en donde se haya de tomar razón de ella, otorgada por el actor o por sus causantes o -¡sausaliaMentes, acreditándose también doeumentalmente el título de transmisión en su caso.” Art. 175, Reglamento Ejecución Ley Hi-potecaria, Comp. 1911, p. 1185.

Se sostiene por la parte apelante que el error del juez de distrito consistió en no haberle permitido presentar eviden-cia con la que hubiera demostrado que el título de Ríos ca-recía de eficacia legal.

En los por cuantos del auto apelado transcribe el juez de distrito la resolución que diera a la cuestión suscitada que .a su vez transcribiremos íntegramente porque de ella surge con toda claridad lo acertado de la misma y por consiguiente la frivolidad de la apelación. Dice así:

“Conforme el art. 175 de la Ley Hipotecaria los procedimientos sumarios hipotecarios no podrán suspenderse por medio de inciden-tes ni por otro alguno, a instancias del deudor, de tercer poseedor, ni de ninguno otro que se presente como interesado, salvo entre otros casos, en aquél en que se presentare certificado del registrador expre-sivo de quedar cancelada la hipoteca en virtud de la cual se proceda, •o copia auténtica de la escritura pública de cancelación de la misma, con la nota de presentación en alguno de los registros en donde se haya de tomar razón de ella, otorgada por el actor o por sus causantes o causahabientes, acreditándose también doeumentalmente el título de transmisión en su caso. Y añade la Ley, que todas las demás recla-maciones que puedan formular, así el deudor como los terceros po-seedores y los demás interesados, incluso las que versaren sobre nuli-dad de título o de las actuaciones, o sobre vencimiento, certeza, ex-tinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio plenario que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento ejecutivo. Ríos ha ofrecido prueba documental para acreditar el título de trasmisión que le fué otorgado y que registró y del que aparece certificado del registrador expresivo de quedar cancelada la hipoteca de Padillo en virtud de la cual se procede. Contra esa prueba así ofrecida para demostrar que la hipoteca ha quedado cancelada en el Registro se intenta practicar prueba por los opositores no para demostrar que sea incierto lo alegado o que siendo •cierto esté suspendida la nota de cancelación o algún otro hecho pa-recido, sino para sostener que el título de Ríos es nulo e ineficaz por defectos de origen.
"Al disponer la Ley que el Juez oirá a las partes y admitirá los documentos que se presenten no se refiere a otra cuestión que la pre-cisa de aparecer o no en el Registro cancelada la hipoteca. Todas las demás reclamaciones que puedan formular los interesados se ventila-rán en el juicio plenario que corresponda.
"No cabe dentro de este incidente escuchar y resolver acerca de si el título de Ríos es o 210 nulo. Esa es una reclamación para ser-ventilada en el juicio plenario. Todo lo que en este incidente puede escucharse y resolverse es si la hipoteca según el Registro, aparece o no cancelada. Cuanto se diga del título que motivó u originó la cancelación de la hipoteca es inmaterial e impertinente. Lo que ahora tiene, por virtud de las disposiciones de la Ley Hipotecaria materialidad y pertinencia, es si la hipoteca que se trata de ejecutar figura ya en el Registro como cancelada o- 110.
"El propósito de la Ley al autorizar expresamente estos inciden-tes no es poner a prueba el título del deudor, de un tercero poseedor o de cualquier otro interesado. Por el contrario, lo prohibe, porque dispone, que todas las demás reclamaciones que puedan formular, así el deudor como los terceros poseedores, y los demás interesados,, se ventilarán en el juicio plenario que corresponda. El fin de la Ley al permitir incidentes de la presente naturaleza es sólo dar medio y oportunidad de que se le demuestre que no debe seguirse adelante el procedimiento ejecutivo porque la hipoteca que lo motiva ha dejado, conforme al Registro, de subsistir por haber sido can-celada; y que por consiguiente, nada hay que ejecutar."

A virtud de todo lo expuesto, debe declararse con lugar la moción de la parte apelada, sin lugar la moción de la parte apelante, y desestimarse en su consecuencia el recurso inter-puesto por la última,


author: El Juez Asociado Señor Cókdoya DÜvila,

text:
    Antonio Romero Moreno, peticionario, v. Roberto H. Gore y Eugenio D. Delgado, Gobernador de Puerto Rico y Presidente Pro tempore de la Comisión de Servicio Público, respectivamente, demandados.
    No. 287.

    Resuelto: Marzo 21, 1934.

      Guerra Mondragón & Soldevilla, abogados del peticionario; Honr Procurador General Benjamin J. Sorton j T. Torres Pérez, Sub-procurador, abogados de los demandados.
   El Juez Asociado Señor Cókdoya DÜvila,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita en este caso que el demandado, Eugenio D. Delgado, presidente interino de la Comisión de Servicio Pú-blico, sea sustituido por su presidente efectivo Miguel A. Muñoz, por baber cesado el primero en la interinidad de dicho cargo. Asimismo se pide que el Hon. Robert H. Core, quien cesó en su cargo de Gobernador de Puerto Rico, sea sustituido por su sucesor el Hon. Blanton Winsbip. Esta moción sobre sustitución de partes demandadas ba sido no-tificada al Hon. Blanton Winsbip y al Hon. Miguel A. Mu-ñoz, quienes ban recibido copias de la misma, estampando sus firmas, dándose por enterados, al calce de la notificación.

Se alega que es de imperiosa necesidad continuar y man-tener el presente litigio, así como dirimir las cuestiones en-vueltas, (a) porque el peticionario, quien alega tener derecho al desempeño del cargo del cual fué separado, no ba sido res-tituido aún; (6) porque el derecho del peticionario a la re-posición en el ejercicio de su cargo subsiste contra los su-cesores del Presidente Interino de la Oomisión de Servicio Público y del Gobernador de Puerto Rico, o sea de los dos demandados Eugenio D. Delgado y Robert H. Gore; y (c) porque si el Presidente de la Comisión de Servicio Público, Miguel A. Muñoz, y el actual Gobernador de Puerto Rico, Blanton Winsbip, no han repuesto ni reponen al peticionario en el ejercicio del cargo de que éste fué ilegalmente lanzado por los antecesores de aquéllos, los mismos aceptan o acatan la actuación contraria a derecho de los demandados a quienes respectivamente sustituyen y quedan sujetos a la sentencia que en el presente caso procede.

Basado en estas razones el peticionario solicita de esta corte una resolución disponiendo que el presente pleito, en cuanto el mismo interesa la reposición del peticionario, con-tinúe y siga tramitándose contra Miguel A. Muñoz, Presi-dente de la Comisión de Servicio Público, y Blanton Win-ship, Gobernador de Puerto Rico.

El Procurador General Benjamin J. Horton y el Subpro-curador Tomás Torres Pérez, en representación del deman-dado Sr. Delgado, se oponen a la sustitución solicitada, por-que a su juicio no procede decretarla de acuerdo con la doc-trina sentada por este tribunal en el caso de Honoré v. Wilson, 32 D.P.R. 827. En el citado caso se solicitó un auto de mandamus contra John A. Wilson, Comisionado del Interior, para que restituyera en su cargo a Francisco Honoré, em-pleado destituido de dicho departamento. Estando pendiente la acción ejercitada cesó en sus funciones el Sr. Wilson como Comisionado del Interior. Esta corte desestimó la apelación interpuesta por el peticionario, basándose en la doctrina sen-tada en el caso de U. S. v. Boutwell, 17 Wall. (U. S.) 604-607, en el cual el Juez ponente, Sr. Strong, hablando a nombre del tribunal, se expresó en los siguientes términos:

“Que el oficio del auto de mandamus es compeler al cumplimiento •de un deber que resida en la persona a quien el auto va dirigido. '. . . Si es un funcionario, y el deber es oficial, el auto va Jirigido exclusi-vamente a él como persona, y puede ser castigado* por dejarlo de cumplir. El auto no va dirigido al cargo. No puede ser dirigido al cargo. En sustancia, es por lo tanto una acción personal, y des-cansa en la presunción de que el demandado ha rehusado reaiizar un •deber personal para el cumplimiento del cual el demandante tenía un derecho claro. . . De aquí se sigue que cuando el funcionario ■demandado se muere o se retira del cargo, el auto de mandamus debe desestimarse en la ausencia de un precepto estatutorio en contrario. ’ ’

En una decisión posterior, en que también se ejercitó una .acción de mandamus, la Corte Suprema de los Estados Uni-dos se permitió llamar la atención al Congreso para que le-gislara sobre la materia, en las siguientes palabras:

“En vista de la inconveniencia de la cual el presente caso es un ejemplo elocuente, ocasionada por este estado de la ley, sería de-seable que el congreso remediara esta dificultad, disponiendo que en el caso de acciones promovidas contra los jefes de departamentos que cesen por muerte o renuncia, sea legal que su sucesor en el cargo sea hecbo parte de la causa, previa solicitud, o que se adopte algún método adecuado.” (Bernardin v. Butterworth, 169 U. S. 605.)

Respondiendo a las indicaciones del alto tribunal, el Con-greso, en 1899, aprobó una ley permitiendo que los procedi-mientos pendientes contra un funcionario público en su ca-pacidad oficial, pudiesen continuar, cuando fuese necesario, •para que así quedasen resueltos los puntos en controversia. Esta ley fué enmendada en 1925, probablemente obedeciendo también a otra sugerencia heeba en la opinión de la corte, escrita por el Juez Presidente Sr. Taft, en el caso de Irwin v. Wright, 42 S. Ct. 293, 258 U. S. 219, 66 L. Ed. 573, donde se dijo:

“No sería impropio expresar que convendría a los fines de la justicia ensanchar la esfera de la ley aprobada en febrero 8 de 1899, de modo que permita la sustitución de los sucesores de los funciona-rios estaduales que demanden o sean demandados en las cortes fe-derales cuando cesen de ser funcionarios por retiro o muerte y se expongan razones suficientes en casos adecuados. De acuerdo con la ley, tal y como existe en la actualidad, puede iniciarse un litigio importante y elevarse a esta corte después de muchos esfuerzos y gastos, solamente para terminar en una desestimación, debido a que en el tiempo transcurrido los funcionarios estaduales, partes en la acción, se han retirado del cargo. Es éste un defecto que única-mente puede ser remediado mediante legislación.”

Es basándose en esta ley, incorporada en el Código de los Estados Unidos, artículo 780, capítulo 18, título 28, que el peticionario fia presentado su moción sobre sustitución de parte. Dice así la referida ley:

“Si mientras se bailare pendiente una acción, pleito o procedi-miento iniciado por o contra un funcionario de los Estados Unidos, del Distrito de Columbia, de la Zona del Canal, de un territorio o posesión insular de los Estados Unidos, o de un condado, ciudad u ■otra agencia gubernamental de tal territorio o posesión insular, en relación con el desempeño actual o futuro de sus deberes oficiales,-tal funcionario muere, renuncia o en alguna otra forma cesa en el desempeño de tal cargo, la corte en que se halle pendiente tal ac-ción, pleito o procedimiento, ora sea ésta una de primera instancia o un tribunal de apelaciones, podrá permitir que la causa continúe y sea proseguida por o contra el sucesor de tal funcionario en dicho cargo, si dentro de seis meses después de su muerte o separación del cargo se demostrare suficientemente a la corte que existe la nece-sidad sustancial de continuar y proseguir la causa y de obtener una ■ resolución sobre las cuestiones envueltas.
“Pueden adoptarse medidas similares cuando una acción, pleito ■o procedimiento iniciado por o contra un funcionario de un estado, , condado, ciudad u otra agencia gubernamental del estado, se halle pendiente en una corte de los Estados Unidos al tiempo en que el funcionario muera o sea separado del cargo.
“Antes de poder hacerse una sustitución de conformidad con este artículo, la parte o funcionario que habrá de ser afectado, a menos que expresamente se avenga a ello, deberá ser razonablemente informado de la solicitud y concedérsele oportunidad para presentar •cualquier objeción que tenga.”

Esta coi'tc ha seguido la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en esta debatida cuestión de -sustitución de partes en casos de mandamus, en que los tribunales mantienen criterios opuestos, sosteniendo unos que la acción termina con la muerte o renuncia del funcionario demandado, y arguyendo otros que el procedimiento puede continuar contra el sucesor previa sustitución a solicitud de parte. Respetables y numerosos tribunales argumentan con énfasis y vigor sus puntos de vista desde sus diferentes po-siciones. La mayoría de los tribunales parece sostener que la acción termina cuando va dirigida contra el individuo; pero no así cuando se dirige contra el funcionario en su ca-pacidad oficial.

En el presente caso el estatuto federal nos autoriza para ■decretar la sustitución solicitada. La ley es amplia y cubre lo mismo los funcionarios de los Estados Unidos que los fun-cionarios insulares. No bay necesidad, pues, de acudir a nuestra ley local para resolver esta cuestión, aun cuando no está de más añadir que el artículo 69 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, que trata la cuestión de sustitución de partes, ba sido interpretado en California en el sentido de ■que cubre los casos de mandamus, y prácticamente por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sosteniendo un criterio contrario.

Interpretando el artículo 385 del Código de Enjuiciamiento Civil,' equivalente al 69 de nuestro código, dice la Corte de Apelaciones de- California, Segundo Distrito, en el caso de Ott Hardware Co. v. Holmberg, 179 Pac. 422:

“La parte apelante sostiene que no se podía sustituir a Holmberg por Davis, toda vez que con la muerte de este último o al expirar su mandato, la causa de acción se extinguió. Se citan muchas auto-ridades, especialmente de otras jurisdicciones, algunas de las cuales tienden a sostener este criterio. Empero, nos parece que no estamos obligados a ir más allá de los estatutos y decisiones de nuestro pro-pio Estado, a fin de hallar una respuesta categórica a .todas las con-tenciones aducidas en estos recursos. El artículo 385 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone lo siguiente:
“ ‘Una acción o procedimiento no termina por la muerte o in-capacidad de una de las partes, o por la cesión de cualquier interés en dicha acción, siempre que la causa de uno u otra subsista o con-tinúe. En caso de muerte o incapacidad de una de las partes, la corte, previa moción al efecto, podrá permitir que continúe la ac-ción o procedimiento por o contra el representante o sucesor del muerto o incapacitado. En caso de cualquiera otra cesión de inte-rés, la acción o procedimiento podrá continuarse en nombre de la parte iniciadora, o la corte permitir que la persona a quien se hizo el traspaso quede subrogada en la acción o procedimiento. ’
“Este procedimiento fué iniciado contra Davis en su capacidad oficial para exigir de la ciudad el pago de dinero que el auditor se negó a pagar para beneficio del acreedor por sentencia de Clark. Como según la decisión de la Corte Suprema la ciudad ha sido declarada responsable por la negligencia o negativa de Davis a. expe-dií el libramiento mencionado, ella no deja de ser menos respon-sable por haber renunciado el cargo o muerto el funcionario que actuaba en uno de sus departamentos. En tal caso, la ley nada tiene que ver con la persona que se haya separado del cargo, sino con el funcionario que allí está para desempeñar las funciones que él o su predecesor han dejado o se han negado a cumplir. En vista de las-conclusiones de la Corte Suprema en el caso principal, nos parece que ha sido resuelto fuera de toda duda que la causa de acción aún sub-siste, no obstante el hecho de que el mandato de Davis ha terminado y de que él ha muerto. Siendo esto así, las disposiciones del ar-tículo 385 del Código de Enjuiciamiento Civil son claras y explícitas en su aplicación a la situación aquí envuelta. La sustitución de un sucesor en el cargo por un funcionario contra quien se ha iniciad© un mandamus, según se ha resuelto, es el procedimiento adecuado. Ex Parte Tinkum, 54 Cal. 201. Véase también Jordan v. Hubert, 54 Cal. 260. A nuestro juicio, carece de mérito la apelación inter-puesta contra la orden sustituyendo al demandado. La apelación interpuesta contra la resolución ordenando al secretario cobrar el libramiento y depositar el dinero en corte a beneficio del acreedor por sentencia de Clark, carece igualmente de mérito, toda vea que esta apelación depende de las contenciones aducidas en el primer recurso mencionado, el cual ya. se ha discutido.”

En el caso de Irwin v. Wright, supra, la Corte Suprema de los Estados Unidos, resolviendo un caso procedente de Arizona, dice que ha examinado los estatutos de dicho estad© y ninguno de ellos autoriza la sustitución de sucesores de funcionarios estaduales que hayan sido demandados. De la opinión emitida en dicho caso copiamos lo que sigue:

“El Código Civil de Arizona, 1913, contiene lo siguiente:
‘Seo. 461. Una acción no termina por la muerte o incapacidad de una parte, o por la cesión de cualquier interés en dicha acción, siempre que la causa de acción subsista o continúe. En caso de muerte o incapacidad de una de las partes, la corte, previa moción al efecto, podrá permitir que continúe la acción por o contra, su representante o sucesor en interés. En caso de cualquier otra cesión de interés, la acción puede continuarse en el nombre de la parte original o la corte permitir que la persona a quien se hizo la cesión quede subrogada en la acción.’
“Esto no permite la sustitución de un funcionario público per-sonalmente demandado.”

Como se ve, la Corto Suprema de los Estados Unidos y la Corte de California emiten criterids opuestos interpre-tando estatutos similares. Es claro que de acuerdo con el criterio de la Corte Suprema el artículo 69. del Código de Enjuiciamiento Civil no permite la sustitución de un funcio-nario público personalmente demandado.

Ateniéndonos a las disposiciones del estatuto federal, opi-namos que debe decretarse la sustitución, solicitada.