author: El Juez PresideNte Se Ñon Del Toro,

text:
    Costa & Santini, Sucr., Inc., demandante y apelada, v. Antonio Suliveres, demandado y apelante.
    No. 5647.

    Sometido: Mayo 5, 1932.

      Resuelto: Marzo 17, 1933.

      A. Suliveres, abogado del apelante; R. Buscaglia, abogado de la apelada.
   El Juez PresideNte Se Ñon Del Toro,

emitió ]a opinión del tribunal.

Costa & Santini, Sucr., Inc., demandó a Antonio Suliveres en reclamación de $2,244.75. Alegó que allá por el mes de mayo de 1920 el demandado compró a crédito a Costa & San-tini, nna partida de abonos para ser utilizados en sus planta-ciones de cañas, suscribiendo y entregándoles para el pago de la misma un pagaré que se transcribe en la demanda por $1,486.65, con intereses al 9 por ciento anual en caso de mora, a vencer el 27 de mayo de 1921; que liquidados los intereses basta la fecha de la demanda — febrero 18, 1927 — ascendían a $758.09, y que tanto Costa & Santini originalmente como los demandantes que son sus cesionarios y liquidadores han ve-nido realizando gestiones de cobro cerca del deudor deman-dado; haciendo éste promesas de pago que no ha cumplido en todo ni en parte.

La demanda se archivó en febrero 21, 1927. En mayo 15, 1929, compareció la demandante ante la corte y expuso que radicado el pleito en febrero 18, 1927 se expidió en esa misma fecha el correspondiente emplazamiento dirigido al deman-dado, que según su información y creencia el emplazamiento fue notificado personalmente al demandado que dejó de com-parecer, pero al revisar el expediente para solicitar la anota-ción de rebeldía se fia encontrado que no aparece devuelto el dicfio emplazamiento original, fiabiendo llegado a la conclu-sión de su extravío dado el resultado negativo de sus pes-quisas para encontrarlo. Pidió a la corte que expidiera un “duplicado de dicfio emplazamiento para ser servido afiora al demandado.”

Basándose en los fiecfios alegados en la moción, esto es, “apareciendo que fué expedido en este caso emplazamiento al demandado con fecha de la radicación de la demanda”, la-corte ordenó que ‘ se emplace nuevamente al demandado para que comparezca a contestar las alegaciones de la demanda”. La orden se dictó en junio 28, 1929.

Sigue luego en la transcripción el emplazamiento expe-dido y su diligenciado en el que el Marshal de la Corte de Distrito de Arecibo hace constar que recibió el emplazamiento en julio 22, 1929 y lo notificó personalmente al demandado con copia del mismo y de la demanda en julio 23, 1929.

Así las cosas, en agosto 10,1929 compareció el demandado solicitando a la corte que declarara nulos el emplazamiento y su diligenciado, y desestimara la demanda con costas a la de-mandante.

Para fundar su solicitud alegó que el emplazamiento en el pleito por negligencia inexcusable de la demandante no se ex-pidió hasta dos años cuatro meses después de radicada la de-manda, cuando ya no podía expedirse de acuerdo con el ar-tículo 88 del Código de Enjuiciamiento Civil y la jurispru-dencia establecida en Sucesión Chavier v. Sucesión Giráldez, 15 D.P.R. 154, y la jurisprudencia de California que se cita en el mismo.

Oyó la corte a ambas partes y en octubre 15, 1929, dictó la siguiente resolución:

“Se trata en este caso de una- moción que radica el demandado interesando la nulidad de citación y la desestimación de la demanda, por haber transcurrido más de un año de haber sido radicada dicha demanda, y no haber sido emplazado. Se funda para ello en lo que dispone el artículo 88 del Código de Enjuiciamiento Civil y nos cita en apoyo de su teoría, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el caso Sucesión Chavier y. Sucesión Giráldez, 15 D.P.R. 162. Tal pa-rece que el demandado tiene razón. 'Sin embargo, de los autos del caso aparece que con fecha 28 de junio de 1929 esta misma corte dictó una orden en la que se dice que ‘apareciendo que fué expedido en este caso emplazamiento al demandado con fecha de la radicación de la demanda, el cual parece haberse extraviado, esta Corte ordena se emplace nuevamente al demandado para que comparezca a contes-tar las alegaciones de la demanda.’ Indiscutiblemente que la Corte tuvo en mente, cuando dictó esta orden, el artículo 90 del Código de Enjuiciamiento Civil, y si esto es así, no se trata entonces de un emplazamiento original, sino de una copia del que se expidió cuando se radicó la demanda, a virtud de haberse extraviado cuando se ex-pidieron los emplazamientos originales. No creemos aplicable la ley y jurisprudencia que se nos cita, por lo que se desestima la moción del demandado, a quien se concede un término de diez días después de notificado de la presente resolución, para alegar en derecho contra la demanda. — Notifíquese.”

En diciembre 2, 1929, la demandante presentó una de-manda enmendada sustancialmente igual a la original, sólo que además de decirse en general que se habían realizado ges-tiones de cobro, se especifica: “Que las gestiones de cobro y promesas de pago relacionadas en la alegación anterior de esta demanda hechas por la demandante con anterioridad a la radicación de la demanda, se refieren especialmente a las fechas de julio y agosto ele 1923, y de los meses de diciembre de"1924 y enero de 1925.”

La demanda enmendada se notificó por correo al deman-dado. Y éste en diciembre 10, 1929, formuló contra ella la siguiente excepción:

‘ ‘ El demandado establece a la demanda enmendada del caso arriba expresado la siguiente sxcepoión pbevia.
“Que la demanda no aduce hechos bastantes para determinar una causa de acción.
‘ ‘ Soligitamos : Que la Hon. Corte previo los trámites de ley, se sirva declarar con lugar esta, excepción previa con costas a los de-mandantes. ’ ’

Algunos días después la excepción fué declarada por la corte sin lugar y el demandado en febrero 26, 1930, contestó, en resumen, como sigue:

Aceptó prácticamente las alegaciones relativas a la des-cripción de las partes y al contrato sobre abonos y suscrip-ción del pagaré, alegando como defensa especial que en julio 19, 1923, la demandante solicitó del demandado que formu-lara por escrito la proposición verbal que babía becbo sobre pago de la obligación transcrita en la demanda; que así lo hizo el demandado en agosto 2,1923, proponiendo solventarla a razón de cien dólares cada año, sin intereses, ofreciendo además que la demandante lo utilizara como abogado en Are-cibo abonando el importe de sus servicios como tal al pago de su deuda; que en agosto 3,1923, la demandante le escribió aceptando; que contestó expresando que a serle posible efec-tuaría el primer pago de cien dólares aquel año o el siguiente, 1924; que en diciembre de 1924 recibió una carta de los abo-gados de la demandante diciéndole que tenían en su poder el pagaré para su cobro por la vía judicial, faltando así a lo convenido pues no babía vencido el plazo para el pago del primer plazo de cien dólares.

Aceptó las gestiones de cobro y promesas de pago de julio y agosto de 1923, pero negó que se hiciesen en diciembre 1924 y enero 1925, y como defensa especial sostuvo que desde agosto 1923 no ba sido requerido de pago ni prometido pagar, contestando a la notificación de los abogados de la deman-dante de diciembre 1924 que era un error cobrarle el pagaré por baber sido novada la obligación a virtud del convenio de su pago a razón de cien dólares anuales sin intereses.

Como otras defensas especiales alegó que era nula la orden de citación de junio 28,1929 por baber sido expedida dos años cuatro meses después de radicada la demanda, y que la ac-ción ejercitada por la demandante para el cobro del pagaré había prescrito, por tratarse de una obligación mercantil, se-gún los artículos 2, 532 y 950 del Código d.e Comercio, y baber transcurrido más de tres años desde agosto 3, 1923 en que se reconoció la obligación y fné novada basta febrero 1927 en que la demanda se interpuso.

Trabada así la contienda, se señaló la vista del pleito para julio 2,1930. Pidió la suspensión el demandado por no baber recibido la notificación basta el treinta de mayo y serle im-posible preparar su prueba en tan corto tiempo, teniendo que citar “varios testigos residentes en San Juan, cuyos domici-lios tenemos que investigar por sernos desconocidos.” No accedió la corte por no aparecer de la moción ni constar en ella requisito alguno de los señalados en el artículo 202 del Código de Enjuiciamiento Civil, y el juicio se celebró en ausen-cia del demandado.

La prueba de la demandante consistió en las declaracio-nes de José A. Negrón y Héctor Cestero. El primero es em-pleado de la demandante desde 1924. Costa & Santini era una mercantil formada por Nicolás Santini y Antonio Costa, dedicada a la fabricación y venta de abono químico. El pa-garé de que se trata le fué endosado a la demandante que se hizo cargo del activo y pasivo de Costa & Santini, está en su poder y no ba sido pagado, ni principal ni intereses. Sabe de gestiones beabas para su cobro en 1924. El demandado prometió pagarlo a cien dólares mensuales y no cumplió su promesa. Por eso se le demandó. El segundo es agente ven-dedor de la demandante. Se entiende con los cobros. Tiene obligación de bacer un informe escrito cada vez que ve a un deudor. Yió al demandado en mayo 31, 1929. “El admitió que nos debía la cuenta, pero que no babía podido pagarla debido a su condición económica, y me dijo que le propuso a la casa que él estaría dispuesto, de sus honorarios, abonarle el setenta y cinco por ciento de su comisión a la cuenta. ’ ’

En agosto 18, 1930, la corte de distrito dictó sentencia de-clarando la demanda con lugar condenando al demandado a pagar a la demandante la cantidad de $1,486.75, intereses y costas.

No conforme el demandado apeló para ante este tribunal. Señala en su alegato la comisión de siete errores. Los tres primeros versan sobre la nulidad del emplazamiento y el enarto sobre .la petición de suspensión del juicio. Por el quinto se sostiene que la corte erró al declarar que el pagaré se encontraba en poder de la demandante y por el sexto que erró también al no declarar la acción prescrita. El séptimo señalamiento imputa el error general cometido por la corte a juicio del apelante al dictar sentencia en favor de la de-mandante.

Al impugnar los tres primeros errores sostiene la parte apelada que la parte apelante renunció a la cuestión que sobre el emplazamiento levantara al comparecer luego de resuelta y formular como formuló una excepción previa.

La cuestión que así se suscita es verdaderamente intere-sante. En 4 C. J. 1365, se encuentra resumida la jurispru-dencia que consideramos aplicable, así:

“En algunas jurisdicciones se ha resuelto que cuando un deman-dado comparece especialmente para oponerse a la jurisdicción, y su objeción es declarada sin lugar, debe elegir entre sostener su objeción o entrar en los méritos, y, si entra en los méritos del caso, renuncia a su objeción. Sin embargo, esta regla es condicional, como cuando la comparecencia no es voluntaria o como cuando existe una estipu-lación concediendo permiso al demandado para que comparezca. Pero en muchas otras jurisdicciones y según un razonamiento que parece ser más correcto, se ha resuelto que un demandado no pierde el be-neficio de su ataque a la jurisdicción contestando posteriormente y entrando en los méritos del caso, siempre que se reserve su objeción, obtenga una resolución a la misma y se anote una excepción a tal resolución. Más aún en los sitios en que prevalece esta regia, si un demandado va más allá de lo que de ordinario se le exige para im-pugnar el recurso en sus méritos y se convierte en parte actora en el procedimiento, radicando una contrademanda o reconvención y so-licitando un remedio afirmativo a su favor, entonces renuncia a la cuestión de jurisdicción personal.”

La regia primera está sostenida por decisiones de Alabama, California, Colorado, District of Columbia, Florida, Idaho, Illinois, Iowa, Michigan, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oregon, South Carolina y Wisconsin. Citaremos una de California, In re Clarke, 125 Cal. 388, 392, y de ella el si-guiente párrafo de la opinión de la corte emitida por el Juez Temple:

“Por regla general uno no puede aprovecharse del beneficio de ser parte en un litigio y escapar las responsabilidades. Algunos de los primeros casos resueltos en este estado (Deidesheimer v. Brown, 8 Cal. 340, y Lyman v. Milton, 44 Cal. 631) parecen resolver que un demandado que ataca la forma en que fué emplazado, si su objeción es declarada sin lugar, puede contestar a los méritos del caso y en la apelación contra la sentencia puede valerse de las objeciones pues-tas por él a la jurisdicción de la corte. Esta regla parece injusta e ilógica y creo no prevalece en ningún otro sitio. Ella da al de-mandado cuyas objeciones a la jurisdicción de la corte han sido erró-neamente declaradas sin lugar, la oportunidad de ir a juicio y-si la sentencia le es favorable acatarla, mientras que si le es desfavorable puede obtener su revocación. La parte demandante no tendría tal beneficio. ¿En qué condición se hallaría tal demandado luego de una revocación? Si la revocación significa que él no es parte en el litigio, entonces puede solicitar que se desestime el recurso de conformidad con la sección 581. Si meramente le concede un nuevo juicio, el pro-cedimiento parecería una farsa.”

La segunda está sostenida por decisiones de la Corte Su-prema de los Estados Unidos y algunas cortes federales y de los estados de Arizona, Indiana, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Minnesota, Montana, .New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, South Dakota, Washington y West Virginia. Citaremos dos párrafos del caso de Southern Pacific Co. v. Denton, 146 U. S. 202, 206 de la opinión emitida por el Juez Cray:

“Podría asumirse que la exención de ser demandada en cualquier otro distrito podría ser renunciada por la corporación, compareciendo generalmente o contestando a los méritos del caso sin oponerse pri-meramente a la jurisdicción de la corte. St. Louis & San Francisco Railway v. McBride, 141 U. S. 127; Texas & Pacific Railway v. Cox, 145 U. S. 593.
“Mas en el presente caso no hubo tal renuncia. Siendo la falta de jurisdicción aparente de la faz de la petición, ella podría susci-tarse mediante excepción previa y no erá necesario radicar moción alguna para dilatar los procedimientos. Coal Co. v. Blatchford, 11 Wall. 172. La parte demandada radicó una excepción previa con el solo y único fin de atacar la jurisdicción; y tan solo después de declararse sin lugar la excepción previa, y de haberse la demandada anotado una excepción a la resolución de la corte, fué que se radicó una contestación sobre los méritos. Ni la comparecencia especial con el objeto de atacar la jurisdicción de la corte, ni la contestación a los méritos después de declararse sin lugar la objeción equivalió a una renuncia de la objeción. El caso cae dentro de los principios enunciados en el de Harkness v. Hyde, en el cual el Juez Asociado Sr. Field, como portavoz de la corte dijo: ‘La ilegalidad de un procedimiento mediante el cual se adquiere jurisdicción no se renun-cia en ningún caso mediante la comparecencia de la parte deman-dada con el propósito de llamar la atención de la corte a tal irre-gularidad; tampoco se renuncia a la objeción cuando insistiéndose en eha se le declara sin lugar y en su consecuencia la parte deman-dada se ve compelida a contestar. No se le considera como que ha abandonado su objeción, toda vez que él no se somete a ulteriores procedimientos sin impugnarlos. Tan solo cuando en primera ins-tancia se va a los méritos del caso, sin insistir en su ilegalidad es que se considera renunciada la objeción.’ 98 U. S. 476, 479.”

Nos damos cuenta de la fuerza del razonamiento de la de-cisión de California, pero nos sentimos obligados a seguir el rumbo que marca la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero aun así, estimamos que dados los hechos de este caso, debe considerarse renunciada por el de-mandado la objeción, porque el demandado fué a los méritos del mismo sin insistir en la ilegalidad del emplazamiento. Sabemos que el 2 de diciembre de 1929, más de dos meses des-pués de haberse resuelto en contra del demandado su peti-ción de nulidad del emplazamiento, la demandante presentó una demanda enmendada que se notificó por correo al deman-dado, y sabemos también que éste, el 10 de diciembre de 1929, formuló contra ella la excepción previa que transcribimos, pidiendo a la corte que juzgando la demanda por sus pro-pios hechos, esto es, la contención de la demandante por sus propios méritos, decidiera que no había causa de acción y condenara en costas a la demandante. No se hizo reserva alguna. Lisa y llanamente se entró en el fondo del litigio. Fué el 26 de febrero siguiente, más de dos meses después, que el demandado, declarada sin lugar su excepción, contestó y en su contestación levantó de nuevo como una de sus de-fensas la cuestión de la nulidad del emplazamiento. Era ya demasiado tarde. Por su propia voluntad se había sometido a la jurisdicción de la corte, y no podía volver sobre sus pro-pios actos.

Pero aunque no fuera así, creemos que existirían siempre razones bastantes para decidir que no fué errónea la resolu-ción de la corte de distrito permitiendo el emplazamiento del demandado después de transcurrido un año de archivada en la secretaría de la corte lá demanda.

La ley aplicable está contenida en el artículo 88 del Código de Enjuiciamiento Civil que dice:

“Artículo 88. El secretario hará constar al dorso de la demanda el día, mes y año de la presentación, y en cualquier tiempo dentro de un año después de aquélla, el demandante puede obtener que se expida la citación; y si la acción se promoviere contra dos o más demandados con residencia en diferentes distritos, el demandante puede obtener que se expida la citación para cada uno de dichos distritos. Pero en cualquier tiempo dentro del año después de pre-sentada la demanda, el demandado puede darse por citado por medio de escrito, o mediante su comparecencia, contestando o alegando ex-cepción dilatoria contra dicha demanda; o si la acción se promoviere sobre un contrato del que resultaren dos o más demandados, y uno de éstos hubiere hecho su comparecencia dentro del año, la citación puede hacerse al otro u otros, o pueden éstos comparecer en cualquier tiempo antes del juicio.”

Resumiendo la jurisprudencia sobre la materia dice Corpus Juris:

“No es necesario que la demanda sea radicada y que se libre el emplazamiento de consuno; y en aquellas jurisdicciones en que los estatutos no proveen el término en que deba expedirse el emplaza-miento, éste puede librarse en cualquier momento. Mas en la juris-dicción en que los códigos o los estatutos proveen que la citación ha de expedirse dentro de determinado período de tiempo después de archivarse la demanda, ésta debe ser expedida dentro de tal lí-tuiIp ele tiempo, a menos que el código o la disposición estatutaria sea directiva o de que se obtenga una orden de la corte para la ex-pedición del emplazamiento; y está dentro de la discreción de la corte conceder o negar la expedición de un emplazamiento después de una larga demora o de liaber expirado el período prescrito por el estatuto.” 50 C. J. 451.

Para sostener su texto de que en las jurisdicciones en que el estatuto fija un término para expedir el emplazamiento, debe éste librarse dentro del término marcado, cita Corpus Juris la jurisprudencia de California, y para basar el texto que le sigue “a menos que el código o la disposición estatu-taria sea directiva”, invoca la jurisprudencia de Puerto Rico.

La jurisprudencia de California se resume en 21 Cal. Jur. 492, como sigue:

“Efecto de la dilación. Como se ha visto por otros artículos de esta obra, se impone a la corte sentenciadora el deber imperativo de desestimar un procedimiento cuando el emplazamiento no ha sido librado dentro de un año o diligenciado y devuelto dentro de los tres años. Las únicas excepciones a esta regla ocurren en casos en que la parte demandada hace una comparecencia voluntaria dentro de los tres años — fuera de ciertas acciones relativas a bienes muebles e inmuebles — en que la parte demandada se halla ausente o se ha ocultado con el propósito de evadir la notificación. Aunque existe el deber imperativo de parte de la corte de desestimar el procedi-miento cuando ha habido una demora por el período estatutario, sin embargo, la corte tiene la facultad discrecional, de acuerdo con el estatuto, para desestimar por haber mediado una demora irrazo-nable, aunque tal demora sea menor que la mencionada en el esta-tuto. La disposición del código relativa a desestimaciones no es aplicable, sin embargo, al libramiento, notificación y diligenciamiento del emplazamiento de una eontrademanda. ”

La regia es rígida y se comprende que así sea porque en California no sólo existe un precepto similar al artículo 88 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, si que su Código de Enjuiciamiento Civil contiene además el artículo 581a que, copiado a la letra en lo pertinente, ordena:

"Ningiín pleito ya iniciado o que en lo sucesivo se iniciare será proseguido, y no habrá ulteriores procedimientos en el mismo, y todos los procedimientos incoados o que se incoen en lo sucesivo de-berán ser desestimados por la corte en que los -mismos hayan sido instituidos; moho proprio, o mediante moción de cualquiera de las partes interesadas en los mismos, ora figuren en la demanda como parte o no,- a menos que el emplazamiento haya sido librado dentro del año, y tales procedimientos deberán ser igualmente desestima-dos a menos que el emplazamiento sea diligenciado y devuelto den-tro de los tres años después de incoado dicho procedimiento.” FairalPs Code of Civil Procedure, Part One, Pág. 630, párr. 581a.

La jurisprudencia de Puerto Rico en que basó su texto Corpus Juris, quedó establecida en el caso de Sucesión Chavier v. Sucesión Giráldez, 15 D.P.R. 154. La opinión de la Corte fue emitida por su Juez Asociado Sr. MacLeary.

Después de revisarse la jurisprudencia de California, se transcribe íntegro en la opinión el artículo 88 de nuestro Có-digo de Enjuiciamiento Civil, supra, y se dice:

“Parece deducirse del uso de la palabra puede en lugar de debe, al hablar de la expedición de la citación, que no es un precepto de carácter imperativo el que exige al demandante obtener la ex-pedición de la citación, sino simplemente de carácter directivo. (Consúltense los casos de Medbury v. Swan, 46 N. Y. 200; People v. Syracuse, 128 N. Y. 632; 29 N. E. Rep. 146.) Y además, no se establece pena alguna por incumplimiento de esta ley, que deja am-pliamente, a la discreción del tribunal, la facultad de exigir su cumplimiento con arreglo a otras disposiciones legales.”

Se continúa estudiando la jurisprudencia y los hechos del caso y circunstancias concurrentes en el mismo y casi al final de la opinión, se repite:

“Los derechos que las disposiciones del artículo 88 del Código de Enjuiciamiento Civil establecen en favor de cada una de las partes, según sus propios términos, son derechos sustanciales y de-ben merecer la protección de los tribunales siempre que en forma propia se sometan a su consideración. Pero es el caso que ese ar-tículo no exige que la citación se expida dentro de un año, toda vez que la palabra puede no es equivalente a la palabra debe a los efectos de dicho artículo.”

Los hechos del caso de Sucesión Chavier no son iguales a los del presente, pero la regla de que la disposición del ar-tículo 88 del Código es directiva y no mandatoria quedó tan clara y firmemente establecida que puede y creemos que debe aplicarse a este caso para resolverlo.

Es cierto que penetrando en los motivos que tuvo la corte de distrito para actuar en la forma en que lo hizo encontra-mos que ella dudó de sus facultades con el solo precepto del artículo 88, supra, y recurrió para ejercitarlas en el sentido de ordenar el emplazamiento a otro artículo del Código de Enjuiciamiento Civil, el 90, pero es lo cierto también que lo que hizo demuestra la disposición de su ánimo en el sentido de- permitir que el pleito continuara.

Analicemos, no obstante, la cuestión a la luz del artículo 90, supra. Dice:

“Artículo 90. Si se-devolviera la citación sin haber sido hecha a todos o a cualquiera de los demandados, el secretario, a petición del demandante, espedirá una segunda citación en la misma forma que la primera.”

Equivale al 408 del Código de Enjuiciamiento Civil de California al que se agregó un disponiéndose que prohibe la ex-pedición de segundas citaciones transcurrido un año de la presentación de la demanda.

Claro es que la expedición de la segunda citación queda predicada a la devolución de la primera sin haberse cumpli-mentado. Aquí se alegó por la demandante que se había ex-pedido el emplazamiento al radicarse la demanda y que según su información y creencia el emplazamiento fué notificado personalmente al demandado, no pudiendo luego encontrarse el documento original por lo que se solicitaba la expedición de un duplicado. El demandado alegó que jamás fué noti-ficado y la corte en su resolución dió por sentado que el primer mandamiento se había expedido.

No consta que la demandante aportara evidencia. El de-mandado y apelante dice en su alegato que no la presentó, y sostiene que bajo esas condiciones carece de base la conclu-' sión de la corte. 'La alegación es inerte en verdad, pero no puede perderse de vista que pudo quedar nota en los libros del secretario de la expedición del primer emplazamiento. Las resoluciones de las cortes se presumen justas a menos que se demuestre claramente lo contrario.

No debe perderse de vista tampoco para la resolución de este caso que ningún perjuicio se causó al demandado al per-mitirse que se le emplazara de nuevo o por primera vez des-pués de dos años de radicada la demanda. Sista nunca llegó a ser desestimada. La demandante pudo radicaría de nuevo y obtener un emplazamiento dentro del año. Dada la prueba aportada por la demandante sobre sus gestiones de cobro no afecta a la resolución de la cuestión de prescripción suscitada el que la demanda se liubiera archivado cuando lo fué o dos años más tarde.

Resolviendo, pues, por sus méritos dicha cuestión, se con-cluye que la corte no cometió los tres primeros errores que se le atribuyen.

Tampoco cometió los restantes. Se probó la existencia del pagaré firmado por el demandado reconociendo su deuda, su traspaso a la demandante, el vencimiento del mismo en 1921 y el no pago, las gestiones de cobro, las facilidades de pago que se dieron al demandado y el no cumplimiento de éste en forma alguna.

No hubo novación. Viendo que el demandado no pagaba, la demandante se avino a recibir lo que él mismo le propuso, cien dólares anuales, que según el propio demandado comenzaría a satisfacer el propio año de 1923 o en el 1924. La deuda fué siempre la misma. Se consintió en variar la forma de su pago. T como la variación favorable al demandado no fué por éste cumplida, quedó en toda su fuerza y vigor como contraída originalmente.

Cuando en diciembre de 1924 los abogados de la demandante se dirigieron al demandado cobrándole, éste no negó la deuda. Dijo que existía un nuevo convenio para el pago.

La acción de la demandada no Labia prescrito en tal virtud cuando la demanda se interpuso en 1927, ni habría prescrito annqne se hubiera interpuesto dos años más tarde, porque la prueba demostró que en mayo 31, 1929, uno de los empleados de la demandante tuvo con el demandado una entrevista y éste reconoció la existencia de su obligación.

En cuanto a la no suspensión del juicio, no sólo no se ha demostrado que la corte abusara de su poder discrecional al actuar en la forma en que lo hizo, si que examinada la propia moción del demandado a la luz del artículo 202 del Código de Enjuiciamiento Civil se encuentra que no se ajusta a las prescripciones de la ley: no se alega en ella la importancia esencial de la prueba con que se contaba, ni. que se hubiera practicado la debida diligencia para obtenerla. Al contrario, se desprende de ella misma la falta de diligencia porque es inconcebible que dado el estado en que se encontraba el pleito aún no hubiera investigado el demandado el domicilio de sus testigos residentes en San Juan. -■

Es éste un caso que revela todas las sutilezas a que puede recurrir una persona que quiere eludir el pago de una deuda cuya legitimidad en su origen no le es posible negar ni niega en momento alguno. La justicia absoluta lo resolvería ex-puestos los hechos, sin más razonamientos ordenando el pago. La justicia relativa y regulada por la ley y los precedentes que nos es dable impartir ha requerido un estudio cuidadoso de todas las cuestiones planteadas. t Por fortuna, la resolu-ción a que se llega es la misma.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

license: Public Domain

text:
    Antonio Claudio, representado por su padre, Miguel Claudio, demandante y apelado, v. Blas Delgado, demandado y apelante.
    No. 5940.

    Sometido: Enero 25, 1933.

      Resuelto: Marzo 17, 1933.

      A. L. López, abogado del apelante; R. A. Arroyo, abogado del ape-lado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal,

Éste es un pleito sobre daños y perjuicios. Lo inició el demandante, menor de edad, representando por su padre, contra Blas Delgado, alegando que el 14 de septiembre, 1927, Bienvenido Báez, chauffeur del demandado, actuando como tal manejaba por la Carretera Central el automóvil P-323 del demandado transportando pasajeros en forma ilegal y ne-gligente y a ello debido arrolló al demandante que marchaba por su derecha en el Km. 37 Hm. 3 de dicha carretera, pro-duciéndole varias heridas que lo dejaron inconsciente teniendo qne ser conducido a la sala de socorros y hallándose aún a la fecha de la demanda, noviembre 4, 1927, imposibilitado de trabajar, sufriendo dolores físicos y morales y sometido a tratamiento médico.

Sostuvo el demandado por vía de excepción que la corte carecía de jurisdicción, que la demanda era incierta y que no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. Cerca de dos años después la excepción, fué declarada sin lugar. Contestó entonces alegando como primera defensa una negativa general de todos y cada uno de los hechos de la demanda; cómo segunda defensa que con anterioridad al 14 de septiembre, 1927, babía vendido el automóvil de que se trata a José Esterás de Caguas; como tercera defensa que el 14 de septiembre, 1927, el auto de Esterás viajaba en dirección de Caguas a Cayey, y en dirección contraria y por el centro de la carretera venía un truck que no dió derecha al auto a pesar de haber éste tocado bocina y de correr a poca velocidad viniendo en ese entonces el demandante en direc-ción contraria al auto, abandonando su sitio de seguridad e invadiendo la derecha del auto, y como cuarta defensa.que en la fecha en que ocurrió el accidente el auto se encontraba en poder de Báez a quien se lo había prestado su dueño Es-terás.

Fué el pleito a juicio presentando ambas partes su evi-dencia. Apreciándola la corte declaró probados los siguien-tes hechos:

“Que el demandado, Blas Delgado, el 14 de septiembre de 1927, era dueño de un automóvil Chevrolet, P. 323, inscrito a su nombre en el Registro de Automóviles del Departamento del Interior de Puerto Rico, que el día 14 de septiembre de 1927 ese automó-vil era guiado por Bienvenido Báez en la carretera que une a Caguas y Cayey, que al llegar cerca de Caguas, se encontró con tres jóvenes que se dirigían a pie, por la derecha que les correspon-día en la misma carretera, hacia Caguas; que dicho automóvil, guiado a excesiv'a velocidad, sin tomar ninguna clase de precaución por la vida de los pasajeros, iba por la carretera, de tal manera que dos de los jóvenes tuvieron que brincar rápidamente hacia la cu-neta, no ciándole tiempo de hacerlo al demandante Antonio Claudio, quien fué arrollado en el momento en que el automóvil hacía un zig zag; que en tal accidente, Antonio Claudio sufrió fuertes golpes en la cabeza, otro en el brazo izquierdo, otro en el brazo derecho y varias lesiones en la cara, apareciendo en su cuerpo las cicatrices de dichos golpes, entre las cuales se destaca una grande correspon-diendo al golpe recibido en el lado izquierdo de la cabeza hacia la parte de la sien; que con motivo de dicho accidente, ocurrido ex-clusivamente por la negligencia de Bienvenido Báez, el demandante perdió momentáneamente el conocimiento, que recobró más tarde, cuando se encontraba recluido sujeto al tratamiento correspondiente, habiendo necesidad de que se le -envolvieran las partes lesionadas con vendajes y habiendo expelido sangre por la boca a consecuencia de los golpes, que le afectaron en su salud y lo sometieron a las inconveniencias, molestias y dolores de las consiguientes curaciones.”

Y dijo además en su relación del caso y opinión:

“Declaramos probados estos hechos y estudiada la evidencia pre-sentada por ambas partes a la luz de lo resuelto en los casos de Sánchez v. Asiatic Petroleum Co., 40 D.P.R. 104, y de Ramos de Anaya v. López, 36 D.P.R. 500, no creyendo la corte la defensa del. demandado al efecto de que el automóvil no le pertenecía y de que a la fecha del accidente, Bienvenido Báez era sólo un prestatario del automóvil, la corte entiende que los daños y perjuicios fueron sufridos por el demandante a consecuencia, única y exclusiva, de la culpa, por negligencia, del chofer del demandado, en el desempeño de sus funciones, siendo dicho demandado responsable de los ex-presados daños y perjuicios.
“Bien es verdad que no hubo declaración sobre el importe de éstos, pero no es menos cierto que la corte tuvo ante sí al deman-dado, oyó su declaración sobre los golpes recibidos y sus conse-cuencias y observó las cicatrices que presentaba a la fecha del juicio, en la cabeza, en la cara, en las manos. Afortunadamente se trataba en este caso de un joven de 18 años de edad, cuya vitalidad pudo haberle hecho recuperar más pronto de las dolorosas consecuencias del accidente, por lo que entiende la corte que una compensación de QUINIENTOS DÓLARES, ($500), es justa y razonable. La Corte .opina que debe dictarse sentencia contra el demandado por dicha suma y ordena al Secretario registre sentencia de conformidad.”

Y así se dictó la sentencia en este caso en junio 1Q, 1931, que apeló el demandado imputando a la corte de distrito tres errores cometidos el primero al no declarar que la negligen-cia del demandante fue la causa próxima del accidente, el se-gundo al negar crédito a la evidencia del demandado demos-trativa de qne el anto no era de sn propiedad a la fecha del accidente, y el tercero al fijar la indemnización en $500 cuando no se presentó evidencia de perjuicios.

El primer testigo qne declaró por el demandante fné Ignacio Lizardi. Describe así el accidente:

“El día a qne se refiere ese caso veníamos nosotros por la carre-tera de Cayey hacia el pueblo de Caguas, y venía el joven Antonio Claudio delante, yo detrás, y Pascual detrás, y yo sentí el llegar del carro que venía, y entonces me espanté, y nos tiramos Pascual' y yo hacia la zanja, a la derecha, y entonces Antonio Claudio no se dió cuenta y ahí le dió el carro por la parte detrás, y le hizo así (ha-ciendo un movimiento), y le dió y lo tiró a la zanja aquella en mis pies.”

El auto era el P-323. Lo manejaba Báez. El chauffeur no dió aviso al acercarse. Se dió cuenta al mirar atrás y ya estaba encima. Los tres jóvenes caminaban a pie bien a la derecha. Para salvarse tuvo que tirarse a la zanja.

Repreguntado insistentemente se mantuvo en lo dicho. El abogado del demandado le pidió que explicara cómo fue que el auto arrolló al demandante. Contestó:

Pues como venía tan ligero, cuando nosotros caímos a la zanja, él no se dió cuenta y ahí el automóvil hizo un zig zag, así, (seña-lando), y le dió el cantazo.”

Nada había en la carretera que hiciera que el automóvil tomara tanto su derecha. Cuando ocurrió el accidente el auto siguió de largo. Hubo que llamarlo para que recogiera al herido para llevarlo al hospital.

Se preguntó al testigo varias veces sobre si Báez había manifestado algo sobre el porqué manejaba el automóvil. Se opuso el demandado y la corte sostuvo su oposición. Enton-ces el demandante presentó en evidencia una certificación ex-pedida por el Departamento del Interior el 4 de octubre de 1927 creditiva de que el auto P. 323 con el que se arrolló al demandante figuraba inscrito a nombre de Blas Delgado, de Caguas, desde noviembre 30, 1926.

Repetida la pregunta, el testigo contestó:

“Me dijo que no tenía que ver con eso, que se encargaba Blas Delgado de ese asunto.”

Al recibir las heridas Claudio quedó inconsciente. Reco-bró el conocimiento por la noche, bien tarde.

El segundo testigo fue Antonio Disdier. Resume, en sus propias palabras, el accidente así:

“El día a que se refiere la denuncia yo venía por la carretera que conduce de Cayey a Caguas y venía con el joven Antonio Claudio e Ignacio Lizardi; veníamos de uno en fondo y de pronto salió un carro y nosotros al oír el ruido, miramos para atrás, y cuando mi-ramos para atrás, el joi^en Antonio Claudio venía delante y nosotros íbamos detrás, miramos para atrás y al ver el automóvil que venía tan ligero, ■ nos tiramos a la zanja cuando vimos el carro encima de nosotros, y a Antonio Claudio no le dió tiempo para oír y cuando el carro pasó, le dió así, porque parece que el chauffeur le hizo un movimiento al guía y el carro le dió a Antonio Claudio con la parte de atrás de la caja, y lo tiró a la cuneta.”

El auto no tocó bocina. Ellos iban bien a la orilla dere-cha. La carretera estaba limpia. Ningún otro vehículo obs-taculizó a Báez. Fué el ruido del carro el que le hizo mirar para atrás.

A la siguiente pregunta: “¿Qué hizo el chauffeur Báez cuando iban en el automóvil para el hospital?”, contestó: “Seguimos y en el carro él dijo que no tenía que ver nada con el accidente, que el carro era de un tal Blas Delgado, y que Blas Delgado se encargaría de eso.”

Repreguntado largamente se sostuvo en lo dicho.

Otro testigo, Bernardo Sánchez, venía más atrás y de-clara en igual sentido que los anteriores:

El propio demandante declaró:

“Que nosotros veníamos y yo era el de alante y cuando los mu-chachos hicieron así, yo viré de golpe, y no supe de más nada. . . . Pues venían Pascual Merced, que es amigo mío, e Ignacio Lizardi . . . Yo los vi que ellos brincaron así y cuando sentí un ruido detrás de mi que fui a mirar, no supe de más nada. ... Yo cuando des-perté me estaban poniendo gorros de hielo; y me vi esta mano ven-dada y aquí vendado también. . . . Éste de la cabeza y en el lado izquierdo. ’ ’

Describe las heridas que recibiera mostrando las cicatrices y dice que lia quedado un poco sordo, que cuando se baja se marea, bota sangre por la boca, no se siente como antes, “me siento así como aturdido.” Cuando lo arrollaron tenía como diez y seis años. Al declarar como diez y ocho.

Fué llamado entonces el padre del demandante. Describe cómo encontró a su hijo el 14 de septiembre de 1927 y cómo ha quedado. Recuerda que ese día llegó el demandado con “Don Juan” y éste le dijo en presencia del demandado: “Que tuviera calma, que no me apurara, que ellos ine darían doscientos cincuenta pesos.”

Su hijo estuvo curándose en la clínica del Dr. Mercado como diez y siete días. Agregó: “Yo compró vendajes, y algunas cosas así; pero tenemos además muchos gastos, por-que me han pasado recibos y don Blas se comprometió a pagar los gastos.”

La prueba del demandado consistió en su propia decla-ración y en el documento a que nos referiremos luego. De-clarando dijo que a la fecha del accidente el auto-P-323, era de José Esterás. El testigo, sin embargo, aparecía como dueño en el Departamento del Interior. Compró el auto en venta condicional y no le aceptaron que lo pasara a Esterás, a quien se lo había vendido.

El documento es una certificación del Tesorero de Puerto Rico expedida el 11 de septiembre de 1930 creditiva de que en el reparto contributivo de Caguas 1927-28, aparece José Esterás como contribuyente por un auto licencia No. 8580 valorado en $200.

Además de la certificación expedida en 4 de octubre, de 1927 a que antes nos referimos el demandante presentó otra de igual origen de la que aparece que el auto P-323 1927-28, licencia- 8580, quedó registrado a nombre de Blas Delgado hasta diciembre 16,1928, en que fué traspasado a José Esterás.

A nuestro juicio ninguno de los errores señalados fue co-metido.

La prueba sobre la forma en que ocurrió el accidente no fue ni siquiera contradicha y es bastante. Invoca el apelante en su favor el caso de Rivera v. Graham, 34 D.P.R. 1, y Meléndez v. Alvarez, 35 D.P.R. 343, y dice:

“De acuerdo con las precedentes autoridades, un automóvil que está pasando a otro, o a una persona, no está obligado a dejar a su derecha más espacio del necesario a fin de evitar un choque con el carro o persona que va delante. Y que el conductor de un auto-móvil tiene derecho a asumir al pasar delante a una persona que está en lugar seguro, que ésta no dejará repentinamente su sitio y se colocará en el paso del vehículo.”

Los casos no son aplicables. Aquí la prueba revela que los tres jóvenes caminaban delante, por la orilla de la ca-rretera, el demandante Claudio el primero, detrás Lizardi y tras Lizardi, Pascual. El auto corría velozmente y no avisó que iba a pasar. Pascual y Lizardi sintieron el ruido del carro y apenas tuvieron tiempo para saltar a la zanja de la cuneta a fin de salvarse. Menos afortunado Claudio no se dió cuenta exacta de lo que sucedía y al volverse hacia atrás sin variar de sitio fué arrollado por el auto y herido.

Los jóvenes iban por la carretera en el ejercicio de su de-recho como parte que eran del público. También iba por la carretera en el ejercicio de su derecho el auto guiado por Báez. Los derechos de los ciudadanos son armónicos y si Báez quería pasar a los que caminaban delante estaba obli-gado a respetar su derecho ejercitando el suyo sin violar el de los demás. Podía pasarles. Lo natural es que les pasara. Ellos andaban, él corría en una máquina. Pero debió hacerlo tomando las necesarias precauciones. lia misma ley las fija. “Las personas que manejen vehículos de motor en los caminos públicos,” dice el artículo 12 letra “a” de la Ley para reglamentar el uso de vehículos de motor en Puerto Rico y para otros fines, de 1916, (Leyes de 1916, p. 144), “deberán, en todo tiempo, ejercer el debido cuidado y tomar precauciones razonables para garantizar la segu-ridad de vidas y propiedades.” Y agrega en la letra “e” de dicho artículo: ‘ ‘ Cuando se dé alcance a otro vehículo o persona siempre deberá darse aviso, y la persona o vehículo de menor velocidad deberá echarse a la derecha, tanto como le fuere posible, y el vehículo que dé alcance pasará siempre por su izquierda.”

No ya yendo como iban los jóvenes en este caso, según demuestra la prueba, por la orilla derecha de la carretera, de-bieron ser avisados. Aunque hubieran ido caminando inde-bidamente por el centro, no hubiera podido el auto pasarles arrollándolos sin darles aviso. La infracción que puedan co-meter los viandantes saliéndose del espacio designado para ellos a orillas de las carreteras, no puede castigarse por el viajero en máquina que les siga arrollándolos violentamente.

No hay en este caso el más leve motivo de justificación para la actuación del chauffeior del demandado. TJna negli-gencia criminal es la que revelan sus actos.

Tenía derecho a correr por su derecha. No sólo tenía derecho, era su deber dirigir pqr ese lado el auto que guiaba. Pero antes que él ocupaban esa derecha los jóvenes viandan-tes y si quería pasarles debió haber actuado de acuerdo no sólo con la lej’ sino con los más rudimentarios principios de respeto a la personalidad humana.

Se trataba de un auto público. De acuerdo con la ley y la jurisprudencia su dueño era responsable de los actos de su chauffeur realizados como lo fueron en este caso en el ejer-cicio de sus funciones. Al reconocerlo así la corte de dis-trito no cometió error alguno.

Con respecto a la propiedad del vehículo, la evidencia fue contradictoria. Quizá en verdad el demandado había vendido a Esterás el auto y era Esterás el verdadero dueño a la fecha del accidente, pero es lo cierto que la. evidencia aportada por el demandante era suficiente para demostrar que el auto pertenecía aún al demandado y la evidencia presentada por éste para demostrar lo contrario no es conclu-yente. La corte pudo resolver como resolvió el conflicto en contra del demandado y como no se lia demostrado que al actuar así lo hiciera por pasión, prejuicio o parcialidad o que cometiera algún error manifiesto, debe prevalecer su con-clusión.

En cuanto a los daños, es cierto que no se presentó evi-dencia específica de los mismos, pero la general aportada es suficiente para sostener una suma como la fijada por la corte. El demandante quedó inconsciente. Sufrió graves heridas, una de ellas en la cabeza. Estuvo curándose unos diez y siete días en una clínica. Más de dos años después, a la fecha del juicio, aún sufría a consecuencia del accidente. ¿Qué menos que $500 pueden fijarse como indemnización en un caso semejante?

Bebe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro,

text:
    William H. Armstrong, demandante y apelado, v. F. E. Jones, demandado y apelante.
    No. 5548.

    Sometido: Junio 8, 1932.

      Resuelto: Marzo 20, 1933.

      Pellón <& Ayuso, abogado del apelante: Leopoldo Feliú, abogado del apelado.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En marzo 14, 1928, se inició este pleito por demanda con-tentiva de las siguientes alegaciones:

"Que con anterioridad al día 5 de junio de 1915 el demandado recibió del demandante, a préstamo la suma de $1,300, sin que se fijara plazo para su pago, cuyo préstamo se acreditó en documento privado que otorgó y entregó el demandado al demandante, habién-dolo suscrito ante Notario Público, el cual documento copiado lite-ralmente es como sigue:
" ‘$1,300. — Bn virtud del presente hago constar que adeudo a Mr. W. H. Armstrong, Capitán del ejército, la suma de mil tees-cientos dollaRs, procedente de préstamo que me hiciera. — San Juan P. R., a cinco de jturio de mil novecientos quince. — -(Fclo.) F. B. Jones — Affidavit No. 161 — Suscrito ante mí por Mr. F. E. Jones a quien conozco. — (fecha) supra.— (Fdo.) Damián Monserrat, Notario Público. — Sellos de Rentas Internas. — Sello Notarial.’
"Que el demandado no ha pagado total ni parcialmente la ameri-tada suma ni cantidad alguna a cuenta de los intereses devengados por la misma, aun cuando ha sido requerido para ello por este de-mandante. ’ ’

Excepeionó el demandado la demanda alegando que de la faz de la misma no aparecía que el demandante tuviera capa-cidad para demandar y que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. La corte declaró sin lugar las excepciones, concediendo al demandado un término para contestar. Compareció entonces el deman-dado y expuso que no estaba en condiciones de admitir o negar la autenticidad del documento transcrito en la demanda, por cuyo motivo pedía a la corte que ordenara al demandante que le permitiera inspeccionar el documento.

Así las cosas pidió el demandante que se le permitiera en-mendar su demanda insertando en ella una segunda causa de acción fundada en dinero prestado al demandado y reci-bido por éste, basándose en que al enterarse los abogados del demandante de la petición de inspección formulada por el de-mandado, residiendo el demandante en los Estados Unidos, a fin de poder con él comunicarse, obtuvieron de los abogados del demandado el tiempo necesario para investigar el pa-radero del pagaré y que practicada la investigación no ha podido encontrarse el documento “habiéndose extraviado, cuando el demandante estaba bajo la creencia y convicción de buena fe de que el mismo se encontraba en poder de un agente o apoderado que tuvo en Puerto Rico, con anteriori-dad a la iniciación de este litigio.”

La corte oyó a ambas partes y permitió la presentación de la demanda enmendada. La segunda causa de acción quedó formulada así:

“3. — Que allá por el mes ele junio de 1915, el demandante en-tregó al demandado, a solicitud de éste, y recibió del mismo, la suma de $1,300, los cuales el demandado prometió pagar al demandante sin que se fijara fecha para verificar tal pago.
“4. — Que el demandado no ha pagado total ni parcialmente la ameritada suma, ni cantidad alguna a cuenta de los intereses de-vengados por la misma, aún cuando ha sido requerido para ello por este demandante.”

Declarada sin lugar cierta moción eliminatoria presentada por el demandado, adujo éste las excepciones previas de falta de hechos^ indebida acumulación de acciones, y ambigüedad. Desestimadas las excepciones, insistió el demandado en su pe-tición de inspección del documento. Manifestó el demandante que sólo tenía en su poder una copia, por haberse' extraviado el original, que ponía a disposición del demandado para su examen.

Terminado de ese modo el incidente, contestó el deman-dado en la siguiente forma:

“Contestando la primera alegación de la primera causa de ac-ción de la demanda enmendada, el demandado niega que haya te-nido con el demandante transacción de préstamos en la fecha ale-gada en la demanda enmendada ni en ninguna otra fecha; niega haber suscrito y entregado el documento relacionado en la demanda enmendada ni ningún otro documento en ocasión alguna; y alega además el demandado que solicitó del demandante le exhibiera el do-cumento origina] copiado en la alegación primera de la demanda en-menclada no habiéndoselo mostrado a pesar de las repetidas solicitu-des para que le fuese mostrado.
“Niega el hecho segundo de la primera causa de acción.
‘ ‘ En cuanto a la segunda causa de acción. el demandado niega todos los hechos alegados en dicha segunda causa de acción de la demanda enmendada en este caso.
“Como defensa especial el demandado alega que las causas de acción ejercidas se hallan prescritas a tenor de lo dispuesto en los artículos 1862 y siguientes del Código Civil.”

Fué el pleito a juicio el 2 de abril de 1930. Aportó ci demandante como evidencia las declaraciones de los testigos William A. Hutton, Pedro del Manzano, Aces E. Watson y Damián Monserrat Simó, su deposición y documentos. Adujo el demandado en evidencia su propia declaración y un do-cumento.

Al comenzarse la vista pidió el demandado a la corte que ordenara al demandante que eligiera entre sus dos causas de acción y el demandante contestó: “Nosotros elegimos ir al juicio con la segunda causa de acción — en cobro de dinero— por dinero prestado al demandado y no satisfecho por éste.”

Declaró primeramente Hutton, que conoce al demandante hace muchos años quien residió en Puerto Rico y hace como catorce o quince años salió de aquí, encontrándose actual-mente en Babylon, Long Island, New York.

Siguió el testigo del Manzano, Secretario Interino de la corte, quien reconoció un sobre que indicaba contener la de-posición del demandante, que había sido recibido en- octubre 9, 1929 y permanecido bajo la custodia del Secretario de la corte, Vergne, y luego bajo la del declarante; lo abrió y ex-trajo la deposición que quedó identificada y descrita detalla-damente en el récord y fué entregada al abogado del deman-dante que la ofreció en evidencia.

En su deposición dijo el demandante que es actualmente Arquitecto de Paisajes de la Comisión de Parques en Long Island y fué antes Capitán del Ejército Regular de los Es-tados Unidos, que residió en Puerto Rico como catorce años hallándose en San Juan el 5 de junio de 1915. Conoce al demandado Jones desde 1900. “Mr. F. E. Jones y yo fuimos dueños con participación igual de una finca sita en Toa Alta, Puerto Eico. Allá por el mes de septiembre de 1908, Jones y yo convinimos en terminar nuestra sociedad y hecha la liquidación me debía $1,500, por los cuales él me dió una hi-poteca sobre la propiedad . . . allá por el día 22 de diciem-bre de 1911, cuando vivía en el Cuartel Militar en San Juan, Jones vino donde mí y me propuso que yo cancelara esa hi-poteca para que él pudiera llevar a cabo una proposición que tenía pendiente para un préstamo, lo cual yo acepté con la con-dición que él me daría evidencia escrita de su deuda para conmigo. De septiembre de 1908 a diciembre de 1911, él no había pagado intereses. En diciembre 22 de 1911 pagó $500 que se debían como intereses. Canceló la hipoteca y le es-peré hasta junio 5 de 1915, antes de que yo pudiera conse-guir de él que me reconociera su deuda para conmigo. Aun cuando no se hicieron pagos subsiguientes por intereses— aparece aquí en manuscrito y con las iniciales W. W. W. 9 por ciento — o parte alguna del principal se hizo jamás, re-duje el bill, la cuenta real, la cuenta verdadera, que entonces estaba vencida en junio 5, 1915, a $1,300 a fin de conseguir de él que fuera conmigo a la oficina del señor Damián Mon-serrat y firmara un reconocimiento de su deuda para con-migo. Tuve éxito en conseguir que el señor Jones firmara el documento transcrito en la demanda evidenciando su deuda para conmigo. No se fijó plazo para su vencimiento enton-ces en dicho documento, pero fue entendido que él habría de pagar el mismo a la demanda, a la vista. . . . Dicho papel o documento se firmó el día 5 de junio de 1915, ante el Notario Público Damián Monserrat, de San Juan, Puerto Eico, por Mr. F. E. Jones, el demandado.”

Se entregó al deponente un documento identificado con el No. 1 y adherido a la deposición y dijo: ££. . . es una copia correcta y fiel en manuscrito del documento original otor-gado por Mr. Jones a mi favor ante el Notario Público señor Damián Monserrat, de San Juan, Puerto Eico, ya mencio-nado. ... El documento original fué remitido al aliora fi-nado, al que fué Frank P. McCurdy, allá por junio 19 de 1915, entonces Sub-Auditor de Puerto Pico, con una carta solicitando de él que me ayudara a cobrarle a Jones la cuenta. Antes de enviar el original, Mee una copia dé mi propio puño y letra. Ese es el papel marcado documento IdeNTiuioaoiÓN No. 1. El señor McCurdy fué un amigo muy íntimo en quien yo confié todos mis asuntos de negocio en Puerto Rico. Él estaba bien al corriente de la cuenta que me debía Jones. Desde la muerte del señor McCurdy el documento no se ba encontrado. ’ ’

Se desprendió del documento por primera vez “allá por junio 19 de 1915, cuando le escribí a F. P. McCurdy, de San Juan, Puerto Rico, y le incluí el mismo en una carta que es-cribí en Washington, D. C.”

Al no encontrarse “escribí a mi representante W. A. Hutton, de San Juan, Puerto Rico, que viera a los miembros de la familia McCurdy y se esforzara por encontrarlo.”

A la pregunta: “¿Quién escribió el documento Identifi-cación No. 1”, contestó: “To, William Henry Armstrong. . . Las palabras son exactamente las mismas; una copia co-rrecta y fiel. El original fué sellado con el sello notarial del notario público señor Damián Monserrát, en San Juan, Puerto Rico. ... El señor Jones rara vez contestó las cartas que yo le escribía. ... Mi libro-registro de cartas demuestra que yo le escribí en las siguientes fechas con relación a su deuda para conmigo: mayo 13, 1913, sin contestación; agosto 26, 1913, sin contestación; febrero 5, 1914, sin con-testación; mayo 29 de 1914, sin contestación; agosto 3 de 1914, sin contestación; octubre 10, 1914, certificada, sin con-testación; abril 28, 1915, sin contestación'; mayo 4, 1915, sin contestación; diciembre 7, 1916, sin contestación; febrero 21, 1917, sin contestación; marzo 25, 1917, contestó que no tenía dinero; septiembre 8, 1918, a la cual no contestó; y noviembre 4, 1918, a la cual no contestó. . . No solamente le he escrito cartas bondadosas sino que le he ofrecido rele-varíe del pago de los intereses si él me pagaba el principal. Le be ofrecido transigir a base de cantidades mensuales o en cualquier otro modo conveniente para él. Jamás me ba dado contestación alguna. ’ ’

Ni el demandado ni persona alguna a su nombre le ban pagado en todo ni en parte la deuda.

La deposición fué finalmente admitida como prueba con todas las objeciones que mientras iba leyéndose fué formu-lando el demandado y que constan del récord, mía sola de las cuales' — la relativa al contenido de una contestación del de-mandado a una de las cartas que dijo el demandante que le babía escrito — fué declarada con lugar.

William A. Hutton fué comisionado por el demandante para que entregara el asunto a un abogado y para buscar el documento a que se refiere la demanda. En ese sentido prac-ticó gestiones infructuosas cerca de la Sucesión McCurdy.

La Srta. Watson reside en Puerto Rico desde bace veinte y cinco años y es hermana de la esposa del Sr. McCurdy, fa-llecido en 1924. Antes de su fallecimiento, todos los asuntos de McCurdy “eran discutidos en nuestra familia, y después de su muerte yo fui su albacea. . . . He buscado ese docu-mento porque conocí de su existencia cuando vivía el Sr. McCurdy. ... No lo be podido encontrar después de su muerte. ’ ’

Se le leyó el documento identificación 1 y contestó: “Ése era el documento cuyo original yo buscaba.” T a repregun-tas del abogado del demandado pidiéndole que comparara ti documento transcrito en la demanda con el que aparece en la copia presentada como prueba, contestó finalmente: “Yo no veo mucha diferencia entre ellos con excepción del tipo de interés, pero puedo decirle que no puedo recordarme de eso. Yo sé que el señor McCurdy recibió el documento.”

Seguidamente se llevó al récord la.siguiente estipulación:

“Dte. Señor Juez, por estipulación ele las partes, se conviene que si el Notario Don Damián Monserrat estuviera presente en Corte con su libro-registro de affidavits del año 1915, aparecería de dicho libro y declararía diclio testigo que en el folio 27 del libro-registro de affidavits de su notaría, del expresado año 1915, aparece el si-guiente asiento: ‘Número 161 — Junio 5 — F. E. Jones firma y jura do-cumento de deber a ~W. íl. Armstrong la suma de Mil Trescientos Dó-lares dádole a préstamo.’
“Ddo. Admitimos que declararía eso; que aparece un asiento por un tal F. E. Jones.”

Entonces ocurrió lo que sigue:

“Dte. Y abora, señor Juez, como prueba de corroboración de la operación de préstamo, y habiendo establecido que el original del documento mareado ‘Identificación No. 1’ se ba extraviado y no se ba podido encontrar, ofrecemos este documento identificación No. 1 como prueba en el caso.
“Ddo. Para oponemos por la razón de que la mejor prueba es. el original, y además porque no ba sido debidamente identificada la firma de la persona que firmó ese documento. F. E. Jones puede ser Frank E. Jones, Frederick E. Jones, pero no.se ha probado to-davía que ésa sea la firma del demandado.
“Juez. La Corte lo admite para tenerlo en cuenta en relación-con la deposición del demandante. Se marea exhibit No. 4 del de-mandante.
“Ddo. Tomamos una excepción por los fundamentos de la ob-jeción.
“Dte. Ése es nuestro caso.”

En mayo 1, 1930, continuó la vista del litigio. Inició su prueba el demandado con su propia declaración. Conoció en Puerto Eico al demandante. Tuvo negocios con él. Le pagó todo lo que le debía. Le compró su interés en una propiedad que poseían mancomunadamente. Le pagó en dinero efec-tivo. Le debía $1,500 y se los pagó. Sobre donde se hizo constar el pago contestó: “Es muy difícil recordar porque hace tantos años, pero sé que es la escritura en que él canceló la hipoteca.”

Se ofreció, la escritura en evidencia y se admitió con la oposición del demandante.

Siguió el interrogatorio directo, así:

“P. Señor Jones, ¿ba visto usted alguna vez el original del do-cumento que aparece marcado Exhibit- 4 del demandante?- — R. Cuando esta propiedad fué originalmente comprada, Armstrong pagó el dinero porque él sabía que había un comprador, que pagaría más dinero por ella, que era un negocio para él, y después resolvimos retener la propiedad y no venderla. Yo estaba pagándole a Armstrong mi parte basta que la liquidé. Armstrong no hubiese estado en el negocio si no hubiese sido una cuestión que le hubiera dejado algo a él, porque es un hombre de negocio. Le pagué la cantidad original primero, y después le pagué mi participación.- — P. Pero mi pregunta es ¿Firmó usted un documento cuya copia es el Exhibit 4 del demandante en la fecha de julio o junio 5 de 1915? — R. Yo no recuerdo tal transacción. — P. ¿Alguna vez le escribió Mr. Armstrong a usted cobrándole? — E. No recuerdo haber recibido ninguna carta ■de Mr. Armstrong desde que se fué de Puerto Eieo hace muchos años. - — P. ¿Alguna otra persona a nombre de Mr. Armstrong trató de co-brarle algún dinero a usted? — E. Nadie en absoluto a excepción de ■estas dos personas. — P. ¿A quiénes se refiere usted? — E. A Mr. y Mrs. Hutton.— ... P. ¿Entonces la primera vez que usted tuvo noticias de que estaban tratando de cobrar la alegada deuda fué cuando usted fué citado por la Corte? — E. Sí, señor. — P. ¿Conoció usted a Mr. McCurdy, Frank McCurdy?' — E. Sí, le conocía.- — P. ¿Trató él de cobrar la alegada deuda de usted? — E. No, nunca. — P. P. ¿Entonces usted puede afirmar que usted no ha firmado el docu-mento Exhibit 4 del demandante? — E. No recuerdo tal documento; no recuerdo haber firmado tal documento, y si existe ese docu-mento, podría presentárseme a ver si es verdad. No recuerdo ha-berlo firmado. — Ddo. Eso es todo con el testigo.”

Las repreguntas ocupan rauclias páginas de la transcrip-ción y son difíciles' de resumir. • Haremos referencia a las más salientes. Presentádole el certificado del Notario Sr. Monserrat, contestó: “No recuerdo tal transacción; yo no recuerdo ese documento; yo no recuerdo haber visto tal do-cumento. . . . —P. Señor Jones, una vez más. Exhibién-dole a usted el Exhibit 3 del demandante, que le pido que lea, y llamando su atención especialmente al asiento que aparece ahí del Registro de Affidavits del Notario Damián Monserrat, ¿puede usted decir a la corte si ese asiento y lo que se rela-ciona en él es cierto, o es falso ? Conteste la pregunta. — R. No sé nada en relación con este documento. Si usted tiene el do-cumento, ¿por qué no lo presenta?”

Cuando terminó de declarar el demandado y con su decla-ración y la presentación de la escritura de cancelación de hi-poteca su prueba, ofreció el demandante la declaración del notario público Sr. Monserrat.

Preguntó el abogado del demandante:

“Pero poniéndole de manifiesto el Exhibit 3 del demandante, usted puede decir si este señor que está aquí sentado- — señalando el abogado al testigo que acaba de declarar, F. E. Jones — si este señor que está aquí sentado es el mismo que firmó el documento que se re-laciona en el asiento que usted transcribe en ese exhibit? — T. Sí, señor, sí. — A. ¿ Es el mismo ? — T. El mismo. ’ ’

Y preguntó el abogado del demandado:

“Una pregunta. ¿Usted recuerda el documento que firmaron ante usted? — T. Un documento. ... Lo que diga en el affidavit.— A. Pero el documento en sí,, el contenido del documento. — T. Sí. Reconociendo deber $1,300. Lo que dice ahí. — A. ¿Podría ser otra persona, otro F. E._ Jones, que haya ido o hubiese ido a firmar allá ese documento? — T. Yo lo conozco hace muchos años a él. — A. ¿Pero usted cree que fué él? — T. Sí, señor.”

La sentencia de la corte fué como sigue:

“ . . . declara con lugar la demanda, en su segunda causa de acción, y condena al demandado Franklyn Elmer Jones, a pagar al demandante William Henry Armstrong, la- suma de $1,300 de principal, fijándose el plazo de sesenta días para el pago de dicha suma contado a partir de aquél en que sea firme la sentencia, con más los intereses de dicha suma al 6 por ciento anual desde el venci-miento del plazo y hasta el completo pago de la deuda, y las costas.”

En su relación del caso y opinión analizó la corte la evi-dencia, resolviendo el conflicto de la misma en pro del deman-dante, y agregó:

“El documento no fija plazo para el pago. La Ciarte lo seña-lará, y el cual será de sesenta días contados desde aquél en que sea firme la sentencia. Nicorelli vs. López & Co., 26 D.P.R. 56; Seoane vs. Cortés, 40 D.P.R. 73. Tampoco se convino en el documento, ni se ha probado que se conviniera, el pago de intereses. El hecho de que con anterioridad al documento se pagaran intereses legales, no es causa para concederlos en este caso. Si hubo el convenio de-bió incluirse en el documento. No bay derecho a reclamar y cobrar intereses cuando no ba habido pacto expreso con respecto a los mismos. Central Pasto Viejo, Inc. vs. Aponte, 34 D.P.R. 890.
“Y si la obligación no establece piazo para el pago tampoco debe cargarse el interés legal del 6 por ciento anual desde la fecha de! documento, 5 de junio 1915, ni desde .la interposición de la de-manda, sino desde la fecha en que el demandado deba satisfacer la deuda, vencido el plazo fijado para su pago.
“En cuanto a la prescripción, el demandado no ha especificado el artículo en que se funda. Se trata, de una acción personal, sin término especial señalado en la ley, que prescribe a ios 15 años. Art. 1865, Código Civil. La obligación reconociendo la deuda fué firmada y entregada el 5 de junio de 1915, y habiéndose presentado la demanda original para su cobro el 14 de marzo 1928, dicho tér-mino de 15 años no había transcurrido.”

A nuestro juicio la sentencia de la corte debe confirmarse. Once son los errores que señala el demandado apelante en su alegato. Refiérese el primero a la admisión de la demanda enmendada. Es bien claro que “enmiendas a las alegaciones que alteren materialmente la causa de acción, o que aduzcan una esencialmente distinta o que la materia que cubran sea enteramente extraña a la demanda original, no son permisibles”, (González Reyes v. González, 43 D.P.R. 833; Marti v. Am. R. R. Co., 28 D.P.R. 737), pero aquí no se trata de dos causas de acción distintas, sino de la misma causa de acción expuesta de distinto modo; y si pudiera advertirse alguna ambigüedad, desapareció por completo cuando al comenzar el juicio la parte apelada escogió proseguirlo bajo una sola de las dos causas de acción alegadas en su demanda.

Se sostiene por el segundo señalamiento que la admi-sión de la copia del documento firmado por el demandado re-conociendo su deuda para con el demandante, constituye un grave error que lleva consigo la revocación de la sentencia.

No estamos conformes. La copia fué presentada como prueba de corroboración de la operación de préstamo, des-pués de la amplia y detallada deposición del demandante, de las declaraciones del Sr. Hutton y de la Srta. Watson y de la estipulación con respecto al asiento existente en el registro del notario Sr. Monserrat, evidencia que tendía en conjunto a demostrar la existencia real y efectiva de la transacción y del documento original, la pérdida de éste y la igualdad subs-tancial de la copia con el original. La única diferencia ad-vertida, el pago de intereses, fué resuelta por la corte en favor del demandado apelante. Artículo 24 de la Ley de Evidencia, Comp. 1911 p. 300. Burgos v. Báez, 17 D.P.R. 631 y Central Pasto Viejo v. Aponte, 34 D.P.R. 890.

Versa el tercer señalamiento sobre la credibilidad de la testigo Srta. "Watson. No está bien fundado, a nuestro juicio. Hemos leído y estudiado cuidadosamente la declaración y no creemos que pueda deducirse de sus propios términos, de la manera como se condujo y declaró la testigo, que su testimonio no merece crédito. Las vacilaciones que puedan notarse son las naturales que explican los años transcurridos y lo frágil de la memoria humana especialmente en cuanto a detalles. No se advierte vacilación alguna en cuanto a la existencia del documento y en cuanto a su significación esencial.

Los señalamientos cuarto al noveno se refieren todos a errores que se alegan cometidos al permitir que quedaran en el récord contestaciones contenidas en la deposición del des-mandante y ésta misma con tales defectos. Se argumentan en el alegato conjuntamente, prácticamente limitándose el ape-lante a reproducir las constancias del récord taquigráfico.

No se impugna la toma de la deposición en sí. Lo fué en verdad cumpliéndose con todos los requisitos que para tales casos señala la ley. Se impugna que se permitió al deman-dante declarar sobre la naturaleza de la transacción, sobre el contenido de un documento que no estaba en evidencia, sobre lo que ocurriera con el original del documento, sobre la ma-nera de comparar la copia con el original y sobre las cartas que escribiera el demandante al demandado, y, además, el ha-berse aceptado la deposición en general no obstante las ante-riores objeciones.

Basada la acción en la transacción celebrada y no en el documento, lógico era que el demandante declarara sobre su naturaleza y antecedentes.

Deponía el testigo para ser admitida o no su declaración luego en el juicio. Correcto fue permitirle declarar sobre un documento que no se babía presentado ni admitido aún en evidencia, pero que se le mostró identificándolo en debida forma.

Con respecto a lo que con el original del dicho documento ocurriera, natural fue también que se le preguntara al testigo y se le permitiera declarar, ya que era necesario sentar las bases de lo ocurrido para poder aplicar la excepción admi-tiendo en evidencia la copia en vez del original como ordena la regla.

Y la pertinencia de la contestación sobre la manera de-comparar la copia con el original, es consecuencia de lo que acabamos de resolver.

Sobre las cartas y su envío declaraba la misma persona que las escribió y envió. Fueron dirigidas al propio deman-dado y en su poder debían encontrarse. Él podía aceptar o negar como negó luego el haberlas recibido, correspondiendo a la corte decidir el conflicto entre ambos testimonios. Cuando •el demandante fué más lejos de lo que podía refiriéndose al contenido de una contestación que dijo haber recibido del de-mandado y éste objetó, la corte, como ya hicimos constar, de-claró con lugar la objeción.

No estando bien fundados los señalamientos cuarto al octavo, cae el noveno por su base.

El décimo error se formula así: “La corte cometió un grave error al declarar que la parte demandante probó su caso fundado en la segunda causa de acción alegada en la de-manda enmendada y por consecuencia declarar como declaró con lugar la demanda enmendada en cuanto a su segunda-causa de acción.”

No existe, a nuestro juicio. El préstamo, entrega y re-cibo del dinero se demostraron por la declaración del deman-dante, el asiento del registro notarial y la copia' del docu-mento otorgado por el propio demandado reconociendo su deuda, y que ésta no fué satisfecha con la declaración del demandante.

Frente a esa prueba sólo presentó el demandado la escri-tura de 1912 y su propia declaración que no pudo ser en ver-dad más evasiva. .

La escritura quedó explicada por la prueba del deman-dante. Se convino liberar la finca siempre que el demandado reconociera su deuda que se fijó en $1,300. Cumplió su parte el demandante.- El demandado tardó más de dos años en co-menzar a cumplir la suya, otorgando el documento notarial cuya copia se introdujo en evidencia.

El error envuelve el peso de la prueba y ya dijimos que el conflicto fué resuelto por la -corte sentenciadora en pro del demandante y agregaremos ahora- sin que se haya demostrado error,- ni menos pasión, prejuicio o parcialidad.

El último señalamiento se refiere a las costas. Decidido el conflicto de la evidencia en contra del demandado, la im-posición de las costas está justificada enteramente.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señor Del Tobo,

text:
    Juan Rafael Berríos, representado por su padre Juan Berríos Ortiz, demandante y apelado, v. Guillermo Garáu, demandado y apelante.
    No. 5970.

    Sometido: Febrero 14, 1933.

      Resuelto: Marzo 21, 1933.

      C. Domínguez, abogado del apelante; IR. Martínez Nadal y Leopoldo Tormes, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso iniciado por el menor Juan Rafael por medio de su padre Juan Berríos, contra G-nillermo Garáu, en reclamación de daños y perjuicios.

Seguido el pleito por todos sus trámites, la corte de dis-trito lo terminó por sentencia declarando la demanda sin lugar. Apeló el demandante y presentó una moción que, en lo pertinente, dice:

“1. Que se acoge a las disposiciones de la Ley No. 27 de noviem-bre de 1917, en relación a lo que establece la ley número 81 de 1919, para sustituir la exposición del caso y pliego de excepciones por una transcripción de toda la evidencia que habrá de utilizarse a los efectos de la apelación interpuesta en este caso.
‘ ‘ Y solicita por ello de la Hon. Corte, que ordene al taquígrafo de esta Corte que prepare dicha transcripción dentro del término de 20 días tal y como dichas leyes expresan.”

Presentó además el apelante el mismo día una moción pi-diendo a la corte que le concediera el beneficio de insolven-cia ‘ ‘ a los efectos de que el taquígrafo de esta corte que actuó en dicha vista prepare la transcripción de toda la evidencia sin costo alguno para esta parte demandante, ...”

Se practicó prueba sobre la moción de insolvencia. Por el demandante declararon P. J. Castillo, Eliseo Pillot y su representante, y por el demandado, que se opuso, F. Porrata, R. Villalobos y él en persona.

Analizada en conjunto la evidencia demuestra que el de-mandante es un niño que no tiene bienes de fortuna y que su padre está colocado en una compañía de gasolina ganando veinte dólares quincenales. T tiende a demostrar además que el padre gana diez dólares mensuales sobre su sueldo y tiene nn ventorrillo de viandas, y la madre posee con otra persona nn pequeño negocio de costuras.

La corte de distrito resolvió la cuestión como sigue:

“Considerada la moción presentada por el demandante en este caso, en que solicita de esta Corte se dicte una orden de-acuerdo con la ley concediéndole el beneficio de insolvencia, a los efectos de que el taquígrafo de esta Corte que actuó en la vista del juicio, prepare la transcripción de toda la evidencia, sin costo alguno para dicba parte demandante, moción que se funda en la see. 5 de la Ley aprobada en 1904 creando las plazas de taquígrafos-reporters de los tribunales de distrito y determinando sus deberes y fijando sus sueldos y com-pensaciones; y teniendo en cuenta la Corte, que de acuerdo con los preceptos de dicha ley no es necesario que exista una insolvencia ab-soluta por parte del peticionario, sino que basta para ello que éste se encuentre en condiciones de no poder satisfacer los derechos que corresponde pagar al taquígrafo por la transcripción de la evidencia, derechos que en este pleito, dada la importancia y ampliación de la prueba, habrían de ascender a una suma bastante considerable y te-niendo en cuenta además que de la prueba evacuada en relación con la solvencia del peticionario se ha demostrado, a juicio de la Corte, que éste si bien no puede considerarse como un pobre indigente, ca-rece no obstante de dinero suficiente para el pago de dichos derechos al taquígrafo; se declara con lugar la moción del peticionario y se concede al demandante el beneficio de insolvencia que solicita, orde-nándose al taquígrafo de esta Corte que prepare la transcripción de toda la evidencia evacuada en este litigio, sin costo alguno para la parte demandante. ’ ’

No conformes el demandado y el taquígrafo interpusieron el presente recurso de apelación, archivando un alegato en el que sostienen que la resolución apelada es nula y contraria a derecho :

“A. — Porque dicha resolución, concediendo al demandante-ape-lado el beneficio de la insolvencia, para obtener la transcripción de la evidencia, no está ni expresa ni implícitamente autorizada por la Ley Núm. 27 de 27 de Nov. de 1917 (Tomo 2, Leyes de P. R., pág. 275), enmendada por la Ley 81 de 26 de junio de 1919. Leyes de P. R. de 1919, pág. 675.
“B. — La referida resolución no está autorizada ni expresa ni im-plícitamente en la ley creando el cargo de taquígrafos-reporteros, aprobada en marzo de 1904. (Véase Deogracias v. Guardiola et al., 39 D.P.R. 886). Véase tomo de Leyes de Puerto Rico de 1904,- pá-gina 137.”

Dejando a un lado la cuestión de si cabe o no la apelación, especialmente la establecida por el taquígrafo, ya que no ha sido suscitada por el demandante, procederemos al estudio y resolución de los errores señalados.

Examinadas las Leyes No. 27 de 1917 (p. 275) y No. 81 de 1919 (p. 675) sobre la materia, nada expresamente disponen sobre la cuestión de insolvencia.

La ley creadora de los taquígrafos-reporters de 10 de marzo de 1904, Leyes de 1904, p. 110, Comp. 1911, pág. 280, prescribe en su sección 5:

“Sección 5. — Será deber del taquígrafo,- al ser requerido por el Attorney General, el fiscal de distrito, o por cualquier persona parte en un pleito en que se hayan tomado notas taquigráficas, proporcio-nar copia escrita en máquina de los autos (records), o de cualquier parte de los mismos, por la cual tendrá derecho a recibir, además de su sueldo, diez centavos como honorario por cada cien palabras, que habrá de satisfacer la parte que solicite aquélla, cuya suma habrá de cargarse como costas de la causa a la parte vencida, en juicio; Dispo-niéndose., que cuando la referida copia sea requerida a nombre del Pueblo de Puerto Rico o por un acusado en una causa criminal, o su abogado, en los casos en que después de una convicción el acusado en una causa criminal pruebe al tribunal, por medio de una declaración jurada o por otro medio, que él no está en condiciones por razón de su pobreza de pagar por la referida copia, requerida como queda dicho, por él o por su abogado, el taquígrafo expedirá gratis tales copias. Y en todos los casos civiles en que una persona parte en la acción presente una declaración jurada donde conste estar imposibi-litado para satisfacer las costas requeridas por la Ley, dicha persona tendrá derecho a los servicios gratuitos del taquígrafo del tribunal, en los mismos términos en que éste presta sus servicios a los pobres indigentes en las causas criminales y los derechos del taquígrafo se in-cluirán en las costas cuando fueren impuestas a la parte que pudiese pagaiias. Dicha copia del récord constituirá prima facie del acta del juicio y podrá usarse al hacerse cualquier moción para la celebración de un nuev'o juicio, revisión o apelación del mismo, en los casos en que el acta del tribunal sea necesaria.”

La primera parte, en inglés, de dicha sección, lee como signe:

‘ ‘ Section 5. — It shall be the duty of each reporter, to furnish, on the application of the Attorney General, district fiscal, or any party to a suit in which a stenographic record has been made, a typewritten copy of the record, or any part thereof, for which he shall be entitled to receive, in addition to his salary, ...”

Creemos qne, como dijo en sn resolución el juez de distrito, no es necesario qne se demuestre una insolvencia absoluta, bastando la demostración de la imposibilidad de satisfacer las costas requeridas, y, pesada la evidencia, no creemos que pueda afirmarse que la corte abusara de su discreción al decidir que aquí quedó demostrada tal imposibilidad.

Ahora bien, lo que el demandante pidió que el taquígrafo le proporcionara gratis no fué copia del récord taquigráfico. Fué la llamada transcripción de la evidencia como medio para establecer su apelación.

Dicha transcripción comprende de acuerdo con la ley de 1917 no ya la de las declaraciones de los testigos si que la de los documentos y la de las resoluciones, actos o manifes-taciones de la corte. Se trata de un documento completo que constituye por sí mismo parte del récord de la apelación. Una vez aprobado por la corte sentenciadora, “constituirá y for-mará parte del legajo de la sentencia como si fuera el pliego de excepciones o exposición del caso previsto en el artículo 299 del ya citado Código, ...” (See. 2 Ley No. 27 de 1917, Leyes de 1917 (II) p. 277). Formando, de acuerdo con la Ley No. 81 de 1919, enmendando el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, “el record de una apelación la certifi-cación que libran el secretario del tribunal a quo, o los aboga-dos de las partes, del legajo de la sentencia y de la notifica-ción de la apelación, excepto en el caso de haberse aprobado una transcripción de la evidencia de acuerdo con la ley. En este caso el récord de apelación estará constituido por dicha transcripción original y por certificación de los demás docu-mentós que constituyan el legajo de la sentencia autorizada en la forma prevista anteriormente. ...”

Examinados los términos en que está redactada la Ley de 1904, no se encuentra comprendida en ellos expresamente la obligación que impuso la corte de distrito a su taquígrafo repórter, y se comprende fácilmente que así sea, pues en 1904 no existía el método establecido por la ley de 1917 para el perfeccionamiento de la apelación. Si el caso debiera resol-verse por ese solo razonamiento, tendría que serlo en favor de los apelantes.

Existen, sin embargo, otras razones que deben ser tomadas en consideración. La cuestión descansa en gran parte en la discreción de la corte sentenciadora y opinamos que esa dis-creción se ha ejercitado debidamente en este caso para que no sea ineficaz una disposición legal vigente como la que con-tiene la ley de 1917.

Además, las circunstancias que aquí concurren son tales, que bien puede «concluirse que el trabajo que la corte impuso a su taquígrafo al ordenarle la preparación de la transcrip-ción de la evidencia con arreglo a la ley de 1917, será muy poco más que el que tendría que realizar si le hubiera orde-nado que preparara el récord taquigráfico de acuerdo estric-tamente con las disposiciones de la ley de 1904.

Debe confirmarse la orden apelada.


text:
    José Reguero González, demandante y apelado, v. Manuel Jiménez, demandado y apelante.
    No. 5929.

    Sometido: Marzo 7, 1933.

      Resuelto: Marzo 21, 1933.

      González Fagunclo & González Jr., abogados del apelante; F. Gervoni Gely, abogado del apelado.
   'Eli, Juez Asociado Señor Córdova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción en cobro de servicios profesionales en la cual se alega que allá por el mes de julio de 1928, el de-mandante, Dr. José Reguero González, fué requerido por el demandado, Manuel J. Jiménez, para que asistiera a su es-posa Carmen Díaz que estaba ya próxima a dar a luz y en-tregada a la crisis del parto; que el demandante, accediendo al requerimiento del demandado, se trasladó al hogar del Sr. Jiménez, en el barrio de Tomás de Castro de Caguas, donde empezó a prestar sus servicios a la señora Díaz, cuyo estado de gravedad se hacía más intenso por la circunstancia de ser una primípara, de estar en presencia de un parto distócico, desarrollado en el campo, habiéndose visto en la necesidad de insuflar personalmente con su propia boca aire en los pul-mones de la recién nacida para estimular así la función pul-monar y evitar una muerte segura por asfixia, salvando de esta manera la vida de la madre y de la hija; que después de los servicios prestados a 1a. señora Díaz en la noche del parto el demandante tuvo necesidad de seguirle prestando sus atenciones por espacio de dos meses más o menos, yendo a visitarla al campo una vez al día por lo menos y haciéndole dos y tres visitas diarias cuando lo requerían las circunstan-cias, algunas veces de noche, para lo cual tuvo que descuidar su clientela, concretándose casi exclusivamente a dicha se-ñora, y luego de restablecida del parto volvió a ser llamado varias veces para prestar servicios médicos a dicha señora y a su hija, cuyos servicios valen razonablemente la suma de $5,000.

El demandado contestó la demanda negando que el estado de su esposa.fuera grave, que el demandante insuflara aire en los pulmones de la recién nacida para evitarle la muerte por asfixia y que prestara su asistencia a la parturienta por es-pacio de dos meses, yendo a visitarla una vez al día y hacién-dole dos o tres visitas diarias cuando lo requerían las cir-cunstancias. Negó también el demandado que los servicios prestados por el demandante valieran razonablemente $5,000, y en contrario sostuvo que’ esos servicios no valen más de $150; que el demandante, por ser un primo político, no le reclamó cantidad alguna después de baber asistido a su esposa, habiéndole entregado el demandado ciertos bienes que tienen un valor superior a $500.

La corte de distrito dictó sentencia condenando al Sr. Ji-ménez a satisfacer al demandante la suma de $800 por con-cepto de honorarios profesionales y además las costas de este litigio. El demandado apelante alega en primer término que la corte inferior cometió error al permitir que el'abogado del demandante hiciera la siguiente pregunta: Cuántas ha-bitaciones tenía para alojar enfermos esa clínica ? ’ ’ Esta pre-gunta se formuló después de haber declarado el Dr. Reguero que tenía una clínica establecida en Caguas. El demandado se opuso a que se admitiera la mencionada pregunta por con-siderarla inmaterial. Así lo creemos también nosotros. T puesto que se trata de una evidencia inmaterial que no per-judica al demandado, su admisión no puede constituir un error que justifique la revocación de la sentencia.

Se alega además que la sentencia es contraria a la eviden-cia presentada y que esta evidencia fué apreciada errónea-mente por la corte de distrito. «

La corte inferior hace un resumen bastante completo de la declaración del Dr. Reguero, que nos permitimos transcri-bir. Declara el demandante que “en el mes de julio de 1928, como entre 7 u 8 de la noche, fué requerido por el deman-dado para prestarle servicios urgentes a su esposa, quien se encontraba grave, habiéndose trasladado el demandante inme-diatamente a casa del demandado fuera de la ciudad^ encon-trando que la esposa del demandado estaba de parto, con to-das las dificultades que presenta esta situación en una primí-para, habiéndose esforzado por obtener la correspondiente dilatación infructuosamente, lo que hizo difícil la aplicación de fórceps, habiendo podido al fin hacer la extracción del feto ya entrada la mañana; qne éste no respiraba, siendo nece-sario al demandante aplicarle sn propia boca a la nariz y la boca de la criatura para insuflarle aire en los pulmones, ope-ración ésta que envolvía serios riesgos para la salud del de-mandante, habiendo logrado establecer la respiración de la criatura y ordenando luego que no se dejara dormir de modo alguno, procediendo a suplirle artificialmente oxígeno a sus pulmones; que durante toda la noche y hasta el nacimiento de la criatura estuvo el demandante prestando continua-mente sus servicios a la esposa del demandado, cuya casa abandonó a las diez de la mañana aproximadamente; que mientras se encontraba en su casa, bañándose, fué requerido por el demandado porque estaba grave su esposa, y al llegar el demandante a la casa del demandado encontró que la es-posa de éste presentaba un estado de subinvolución del útero, había sufrido gran hemorragia y tenía de 150 a 160 pulsa-ciones por minuto aproximadamente, demostrando irregular funcionamiento del corazón tratándose de un caso grave por lo que permaneció el demandante hasta la tarde en la casa del demandado, la que abandonó para regresar a la suya y volver de nuevo a continuar prestándole sus servicios a la esposa del demandado; que esta.situación continuó igual al día siguiente, presentándose al tercer día, en la esposa del demandado, loquios fétidos, que al ser examinados, hicieron sospechar la posibilidad de una fiebre puerperal; que el de-mandante procedió entonces a prestar a la esposa del deman-dado los servicios requeridos en tales casos, haciéndole la-vados intrauterinos durante varias semanas, hasta que desa-pareció la fiebre, habiendo sufrido la esposa del demandado, además, inapetencia y frecuentes mareos, siendo atendida por el demandante durante algún tiempo, en cuyo transcurso pa-deció también de una infección palúdica atendida por el de-mandante durante 6 u 8 días; que al mismo tiempo el de-mandante prestó atención médica a la criatura nacida por haberse presentado a ésta una conjuntivitis estreptocócica, de 5 ó 6 días de duración, y por habérsele infectado una pe-queña herida que sufrió en la cabeza con motivo de la apli-cación de los fórceps y otras afecciones corrientes en los re-cién nacidos; que habida cuenta de la anormalidad del parto y la gravedad de la esposa del demandado durante el período posterior al mismo el demandante tuvo que abandonar com-pletamente la atención de su clientela mientras duró su gra-vedad, habiendo hecho el demandante todas las visitas a la casa del demandado, para prestarle los expresados servicios, en su propio automóvil.”

El demandado declara que al llegar a su casa el Dr. Re-guero formuló una receta, le puso una inyección a la partu-rienta y que entonces el demandado y el médico se sentaron en el balcón esperando los efectos de la medicina; que al poco tiempo el doctor le puso otra inyección a la paciente y que al cabo de la hora, ya próxima a nacer la criatura, el médico se sentó al borde de la cama, y al ocurrir el alumbramiento, le cortó el ombligo a la criatura y le puso otra inyección a la señora; que el doctor no tuvo que aplicar fórceps ni su es-posa tuvo hemorragia; que la niña no se hizo ninguna he-rida, que no tuvo conjuntivitis y que el doctor estuvo en su casa como hasta las once de la noche. Añade que su esposa no tuvo una infección puerperal; que posteriormente el mé-dico continuó yendo a su casa, pero no para asistir a la se-ñora, porque ésta estaba bien; que el doctor le dijo que su trabajo no valía nada; que el demandado le cuidó al doctor en su finca una vaca por espacio de ocho meses y que le man-daba cinco cuartillos de leche, a pesar de que la vaca sólo daba un litro; que le dió al doctor un corito de pura raza Holstein que valdría como $500 y una novilla negra cruzada; que después del parto el doctor y el demandado tuvieron una amistad muy íntima y que el primero visitaba su casa con frecuencia en compañía de su esposa.

Dolores Pérez de Matos, testigo del demandante, declara que asistió como enfermera a la Sra. Carmen Díaz; quo d Dr. Reguero tuvo toda la noche bajo su observación a la par-turienta, administrándole medicinas y haciendo el trabajo necesario al momento ése; que le aplicó varias veces los fórceps; que la niña nació por la mañana, aunque no recuerda la hora; que dicha niña nació asfixiada y el doctor le dió respiración artificial con su propia boca; que estuvo asis-tiendo la señora como catorce a quince días y que durante ese tiempo vió que el doctor iba a la'casa, en ocasiones dos veces al día; que la testigo es especialista en partos; que el doctor llegó a la casa un sábado por la noche y que la niña nació el domingo por la mañana; que no recuerda que la señora tuviera fiebre puerperal; que le hacía una irrigación y lavado externo diariamente a la paciente; que cree saber lo que es una fiebre puerperal y que en este caso cree que no la hubo; que la testigo no puede saber lo que tenía, sino eL médico; que no recuerda que la niña tuviera oftalmía o con-juntivitis ; que tuvo una pequeña equimosis en la frente, pero' que no recuerda que hubiera heridas grandes y que a decir verdad no cree que la enferma tuviese infección puerperal.

La declaración de la enfermera corrobora lo declarado por el Dr. Reguero con respecto a la asistencia prestada a la se-ñora durante la noche del parto.

En cuanto a los servicios prestados después, la testigo dice que el Dr. Reguero • visitaba la casa, en ocasiones dos veces al día. Parece natural que el Dr. Reguero visitase a la señora, prestándole las atenciones y cuidados que se acos-tumbran en los primeros días que siguen a un parto. Así lo explica la testigo, quien dice que “eso todos los médicos lo usan después que tienen un caso.” El testimonio de esta testigo se recomienda por su espíritu de imparcialidad. Ex-pone los hechos franca y abiertamente, lo mismo cuando fa-vorece que cuando perjudica al demandante. La corte de-clara que se han probado los hechos del parto en la forma en que fueron expuestos por el Dr. Reguero. Nosotros aña-dimos que también se probaron estos hechos en la forma en que fueron relatados por la enfermera Dolores Pérez Matos. La testigo y el demandante coinciden en la exposición de los Pedios ocurridos la noche del alumbramiento. En cuanto a los servicios prestados después del parto, Dolores Pérez no corrobora todo lo dicho por el demandante, pero declara que éste visitaba a la señora, en ocasiones dos veces al día. Sin embargo, los honorarios concedidos al demandante en la sen-tencia apelada nos parecen excesivos. La corte inferior apre-cia en $500 los servicios prestados durante la noche del parto y'en $300 los que el demandante prestara después a la señora. Creemos que toda la asistencia médica prestada por el Dr. Peguero a la esposa del demandado, teniendo en cuenta la propia declaración del Dr. Beguero y el testimonio de la en-fermera Dolores Pérez, así. como toda la prueba practicada, puede valorarse razonablemente en la cantidad de $400.

Alega e'1 demandado que entregó ciertos bienes semovien-tes al demandante, pero no dice en qué concepto, y no surge de la prueba que estos bienes se entregaran, si es que se en-tregaron, para pagar los servicios profesionales del Dr. Be-guero. Sobre este particular, la corte inferior, dice que no habiéndose demostrado la existencia de contrato alguno en relación a dichos bienes, se siente constreñida a no conside-rar esta prueba, sin que se entienda'que prejuzga las rela-ciones que puedan existir entre el demandante y el deman-dado con motivo de la entrega de dichos bienes, y sin que tampoco tengan sus manifestaciones el alcance de estimar probada dicha entrega.

En cuanto al pronunciamiento sobre costas, el demandante declara que pasó una cuenta al demandado fijando la cuantía de sus honorarios en $5,000. El demandado en la contesta-ción alega que los servicios no valen más de $150 y que ade-más entregó al demandante bienes que tienen un valor superior a $500. La suma reclamada por el Dr. Beguero es a todas luces exagerada. Si el demandante hubiese exigido desde el primer momento el pago de una suma razonable, no tendría justificación ni excusa la negativa del demandado a satisfacer la cantidad reclamada. No puede decirse que el Sr. Jiménez incurriera en temeridad al negarse a satisfacer una suma que. excede los límites de lo ordinario.

Opinamos que debe modificarse la sentencia apelada, con-denando al demandado a pagar $400 al demandante, sin especial condenación de costas.