author: El Jitez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Carrasquillo et al., Demandantes y Apelantes, v. Bertrán Carrasquillo et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre inexistencia de contrato y reivindicación de inmuebles.
    No. 1690
    Resuelto en julio 15, 1918.
    Contrato Nulo — Partición de Herencia — Convalidación del Contrato. — La. adjudicación de los bienes inmuebles de un menor hecba en una partición a otro heredero o persona extraña para que se encarguen del pago de las deudas hereditarias, sin haber obtenido antes autorización del juez competente para ello, nula de aeuerdo con la jurisprudencia establecida en el caso de Longpré v. Vían, 237 U. S. 512, puede ser convalidada, confirmada o reconocida, o dársele vida legal por vez primera, por el menor, cuando éste goza de la plena capacidad que le otorga su mayoría de edad.
    Ratificación de Contrato — Palta de Autorización Judicial. — La ratificación o confirmación de un contrato hecba por la persona en cuyo nombre se hubiese celebrado por un tercero sin poderes para celebrarlo, convalida el contrato desde el momento de su celebración. La falta de autorización judicial en los contratos celebrados a nombre de los menores de edad, que exigen dicho requisito, queda subsanada cuando el menor interesado en el contrato siendo mayor de edad, lo ratifica expresa o tácitamente, reconociendo su firmeza o validez.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Manuel Tous Soto.

    Abogado de los apelados: Sr. Francisco González.

   El Jitez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 9 de julio de 1895 falleció en Humacao don Manuel María Carrasquillo, dejando como herederos a sus hijos legí-timos Víctor, Librada Margarita y Josefa Carrasquillo e Iraris, y Caracciolo, Julián, Manuel, Luis, Monserrate, Carmen y Modesta Carrasquillo y Martínez, a su hijo natural Manuel Carrasquillo Peña, y a su viuda Carmen Martínez. En 1896 se practicaron las operaciones divisorias del caudal relicto por el dicho señor Carrasquillo, habiéndose adjudi-cado a don Juan Bertrán, causante de los demandados, varias fincas en pago de cierto crédito que tenía contra Carrasquillo y para que se encargara de pagar las deudas de la herencia. Cuando tal adjudicación se llevó-a efecto los herederos Carac-ciolo, Julián, Manuel, Luis, Monserrate, Carmen y Modesta Carrasquillo y Martínez eran menores de edad y como no se. obtuvo autorización judicial para realizar tal acto, los deman-dantes sostienen que la partición es nula.

Tal es, en resumen, la demanda. Los demandados acep-tan que la adjudicación era nula en cuanto a los herederos menores de edad, pero sostienen que fué convalidada por dichos herederos, siendo ya mayores, con excepción de Mo-desta Carrasquillo y Martínez. ■

La corte de distrito falló el pleito ordenando que se prac-ticara una nueva división de los bienes adjudicados a Bertrán para pago de deudas, debiendo considerarse • a los deman-dados, herederos de Bertrán, como derecho habientes de los herederos de Carrasquillo, con excepción de Modesta, a quien se haría entrega de la parte proporcional de su haber here-ditario. Prácticamente la sentencia declara sin lugar la demanda en cuanto a todos los demandantes con excepción de Modesta Carrasquillo y Martínez. Los demandantes- in-terpusieron entonces el presente recurso de apelación.

Los apelantes sostienen en primer lugar que la adjudi-cación no pudo ser convalidada, por tratarse de un contrato que jamás tuvo existencia de acuerdo con la ley; en segundo lugar, que la prueba de la convalidación no es bastante, y en tercero que la viuda Carmen Martínez jamás renunció los derechos que le correspondían por virtud de la muerte de su hijo menor Luis.

La cuestión de la confirmación de los contratos nulos fué estudiada ampliamente en el caso de Ledesma et al. v. Agrait et al., 19 D. P. R. 566. A nuestro juicio es claro que la adju-dicación de los bienes de un menor hecha en una partición a otro heredero o persona extraña para que se encargue del pago de las deudas hereditarias, nula de acuerdo con la juris-prudencia establecida en el caso de Longpré v. Días, 237 U. S. 512, puede ser convalidada, confirmada o reconocida, o dar-sel© vida legal por vez primera por el menor cuando éste goza de la plena capacidad qne le otorga sn mayoría de edad. Sólo el menor podría pedir en contra del adqnirente qne se declarara la nulidad de tal contrato. Sólo él podría sostener en contra del adqnirente que tal contrato jamás existió de acuerdo con la ley. Pero si en vez de- eso, por su espontánea voluntad, ya en su mayoría de edad, reconoce la existencia del acto y lo confirma tal confirmación es todo lo que se nece-sita para que el acto nulo quede convertido en válido de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4, 1228, 1277, y 1278 del Código Civil. Veánse Tiffany on Agency, pp. 46 y 48, y el caso de Drakeley v. Gregg, 8 Wall, (U. S.) 242, 267.

“La ratificación o confirmación de un contrato hedía por la persona, en cuyo nombre se hubiere celebrado por un ter-cero sin poderes para celebrarlo, convalida el contrato desde el momento de su celebración,” resolvió el Supremo de Es-paña en sentencia de 7 de mayo de 1897, 81 J. O. 912. T la Dirección General de los Registros de España, en resolución de 26 de julio de 1905, Anuario de 1905, p. 218, dijo que “la falta de autorización judicial en los contratos celebrados a nombre de los menores de edad, que exigen dicho requisito, queda subsanada cuando el menor interesado en el contrato, siendo mayor de edad, lo ratifica expresa o tácitamente, reco-nociendo su firmeza y validez.”

Decidida la primera cuestión en contra de los apelantes, examinemos la segunda, esto es, veamos si los menores rati-ficaron o no la adjudicación.

El 7 de diciembre de 1903 los demandantes, ya mayores de edad con excepción de Modesta Carrasquillo y Martínez, y doña Carmen Martínez, viuda de Carrasquillo, otorgaron ante notario una escritura en la cual hicieron constar lo que sigue:

“Primera. — Reconocen la validez -y eficacia de la testamentaría de -don Manuel María Carrasquillo y López de Victoria, protocolada en esta notaría hoy a mi cargo, con fecha veinte y cinco de febrero de mil ochocientos noventa y cinco, digo noventa y seis, y por lo tanto confirman y ratifican dichas operaciones testamentarias en todas sus partes, dándoles de nuevo, si necesario fuere, toda la fuerza legal por derecho requerida, así como también a las adjudicaciones hechas.
“Segunda — * * # Renuncian en la forma más solemne de derecho a cualquiera reclamación que pudieran tener contra Juan Bertrán y Gasañas, con motivo de todo lo concerniente a dichas ope-raciones divisorias y adjudicaciones de que se viene haciendo mérito; y se comprometen solemnemente a no hacerle en ningún tiempo re-clamación alguna por tal concepto toda vez que la acreencia con que figura don Juan Bertrán en la testamentaría de que se trata, pro-cede de deudas reconocidas como justas y legítimas por todos los in-teresados en ellas y además con las cantidades recibidas por cada uno de ellos, en sus respectivas hijuelas, se dan por completamente pagos y satisfechos de su haber hereditario paterno, otorgando al efecto las correspondientes cartas de pago y finiquito necesarias.”

A nuestro juicio basta la simple lectura de lo que ante-cede para concluir que los demandantes, con la excepción indicada, por su propia voluntad, convalidaron o le dieron vida legal por vez primera a la adjudicación cuya nulidad o inexistencia pretenden que sea ahora declarada por los tribunales de justicia.

Para resolver la tercera cuestión, esto es, que en todo caso doña Carmen Martínez no convalidó la adjudicación en cuanto a los derechos que heredó de su hijo Luis, hacen falta las pruebas que se presentaron en el acto de la vista y que no se han incluido en la transcripción de los autos.

En la contestación a la demanda se alega en general que los demandantes otorgaron la escritura de 7 de diciembre de 1903 de que se deja hecho mérito. No se menciona la representación con que compareció doña Carmen Martínez. En los hechos declarados probados por la corte se dice que el heredero Luis Carrasquillo murió y le sucedió su madre Carmen Martínez, y habiendo fallecido ésta le sucedieron los demandantes Martínez Carrasquillo. Luego se consigna el hecho del otorgamiento de la repetida escritura de 3 de diciembre por los “demandantes ya mayores de edad y su madre doña Carmen Martínez.”

Bajo tales circunstancias también debe resolverse en contra de los apelantes la tercera y última de sus contenciones, y, en su consecuencia, confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados "Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó conforme con la sentencia.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Aldbey,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Matos y Matos, Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por asesinato en primer grado.
    No. 1113.
    Resuelto en julio 15, 1918.
    Sobreseimiento del Caso — Moción Presentada Euera de Tiempo. — Cuando un acusado solicita el sobreseimiento del caso por el fundamento de que han transcurrido más de ciento veinte días después de presentada la acusación sin que se haya comenzado el proceso y tal solicitud la hace después de haber sido llevado al juicio, se considerará que el acusado renunció tal beneficio.
    Dilación del Juicio. — El perjuicio que se cause a una parte por la dilación del juicio no es la cuestión a resolver en el presente caso, sino si existe justa causa para que el juez decrete la suspensión.
    Asesinato en Primer Grado — Suficiencia de la Acusación. — Alegándose en la acusación que la muerte fué causada por los acusados de manera ilegal y voluntaria, con malicia premeditada y propósito firme y deliberado, acechán-dolo y atacándolo alevosamente, aunque no contenga la afirmación de que la muerte ocurrió al perpetrarse un robo, tal acusación imputa un delito de asesinato en primer grado y podría probarse en el juicio que la muerte ocu-rrió al perpetrarse un robo.
    Jurisdicción de la Corte para Conocer del Delito. — La jurisdicción de la corte para conocer del delito de asesinato no está determinada por el lugar donde ocurre la muerte sino por aquel donde la herida que la produce fué inferida.
    Imputación Suficiente. — La imputación de que a una persona se le infirió una herida mortal en determinada fecha y que de ella falleció inmediatamente la persona herida, es suficiente para demostrar que murió antes de la pre-sentación de la acusación y por tanto, dentro de los ciento veinte días de haber sido inferida la herida.

      Nuevo Juicio. — Cuando la corte inferior lia cometido un error, pero se demuestra que tal error no causa perjuicio, no debe revocarse la sentencia y ordenarse un nuevo juicio.-
    Elementos que Constituyen el Corpus Delicti. — El hecho de lá muerte y la causa que la produce son los únicos elementos que constituyen el corpus delicti. Y para que una persona pueda ser declarada culpable de un delito deben probarse esos dos elementos del corpus delicti y después, que el acu-sado es la persona que lo cometió.
    Instrucciones al Jurado. — El hecho de que la corte instruyera al jurado en el presente caso respecto a que la muerte ocurrió dentro de un año y un día de haber recibido la causa de la muerte, no quiere- decir que estuviera ins-truyendo al jurado, con esas palabras, que la muerte había sido recibida de manos extrañas como resultado de un a'cto criminal, ya que la causa de la muerte pudo no haber sido un acto criminal sino casual.
    Instrucciones Insuficientes.- — El remedio para hacer que las instrucciones al jurado sean más específicas es mediante solicitud ante el juez de la corte inferior; pero no habiéndose hecho ésto, no pueden atacarse por insuficien-tes ante el tribunal de apelación.
    Instrucciones Referentes a Homicidio. — Cuando claramente aparece demostrado por la prueba que no se trata de un delito de homicidio sino de un asesinato, no tiene necesidad el juez de dar instrucciones referentes a homicidio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

    Abogado de los apelantes: Sr. Alfonso Lastra.

   El Juez Asociado Sr. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Ponce fné acusado Bamón Matos en unión de Domingo Matos, fallecido durante la tra-mitación de esta apelación, del delito de asesinato en .primer grado, y en el recurso que tenemos pendiente contra la sen-tencia que lo condenó a sufrir la pena de muerte alega en primer término que la corte inferior cometió error al negar su petición de que sobreseyera la causa por-haber trans-currido más de 120 días entre la presentación de la acusación por el fiscal y la celebración del juicio, a cuyo sobreseimiento tenía derecho de acuerdo con el párrafo 2o. del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal que dice así:

“Art. 448. — -A menos que exista justa causa contraria, el tribunal decretará el sobreseimiento del proceso en los casos siguientes:
(t ^ ^ *
“2. Cuando un acusado, cuyo juicio no baya sido transferido a petición suya, no sea sometido a juicio en el término de ciento veinte días, a contar desde la presentación de la acusación.”

En este caso la acusación fué presentada por el fiscal el día 12 de septiembre de 1915, y el juicio se comenzó el 9 de .marzo de 1916, habiendo por tanto transcurrido más de 120 días entre ambos actos. Veamos si estuvo justificada la negativa de la corte inferior.

El abog’ado hizo la petición de sobreseimiento en este pro-ceso demasiado tarde porque ya estaba elegido, aceptado y juramentado el jurado que había de conocer del proceso. En el .caso de El Pueblo v. Ayala, 19 D. P. R. 943, ya dijimos que si tal moción fuera presentada después del juicio o aún des-pués que el jurado ha quedado constituido, entonces, de con-formidad con la jurisprudencia establecida por la Corte. Suprema de California podrá considerarse, que el acusado renunció implícitamente ese derecho; y en el caso de El Pueblo v. Hawkins, 127 Cal. 372, citado en el caso anterior, se resolvió de una manera definitiva esta cuestión en la si-guiente forma: “No existe ningún deber por parte de la corte de desestimar el caso bajo la sección 1382 a menos que el acusado lo solicite, así es que este derecho como cualquier otro privilegio estatutorio del acusado que no afecte a la discreción de la corte puede ser renunciado. Es cosa bien resuelta que la constitución del jurado es parte del juicio. (Silcox v. Lang, 78 Cal. 148): que la exposición del acusado a ser juzgado y convicto empieza cuando el jurado ha quedado encargado del asunto y en esa situación se halla el jurado cuando sus miembros han sido seleccionados y juramentados. (Cooley’s Constitutional Limitations, 6a. edición, página 399.) Por tanto, cuando el acusado solicitó el sobreseimiento había sido ya llevado a juicio y estaba en el juicio, sin que hubiera hecho objeción previa de que el término de ciento veinte días había expirado. Si en esos momentos podía suscitar la cues-tión por primera vez podía hacerlo también al dictarse el vere-dicto o en cualquier momento del juicio.- Estamos conven-cidos de que el estatuto nunca tuvo esa intención y debemos sostener que el acusado renunció su beneficio (si a él tenía derecho) por no haberlo reclamado en tiempo oportuno. Los siguientes casos tienden a sostener esta conclusión. People v. Bennett, 114 Cal. 56, 58; Polack v. Gurnee, 66 Cal. 266; Pueblo v. Romero, 18 Cal. 89; Pueblo v. Johnson, 104 Cal. 418.”

Lo expuesto sería suficiente para que nos abstuviéramos de considerar ese motivo de error pero, en vista de que se 'trata de un delito tan grave como el de asesinato y de la pena que lleva consigo, queremos decir que hubo justa causa para la dilación- en la celebración del juicio' pues habiendo sido señalado para tener lugar dentro de los 120 días seña-lados por la ley, algunos días antes del señalado pidió la defensa del acusado que se le entregasen un pantalón y una piedra, que el fiscal había ocupado en otra investigación sobre el mismo hecho, para ser examinadas en un laboratorio quí-mico las manchas que tenían y por virtud de esa petición ordenó el juez que esos efectos y otra piedra y un palo fuesen remitidos al laboratorio químico de San Juan con encargo de que practicara el examen para antes del día señalado para el juicio, para el que faltaba cerca de un mes. Pocos días antes del señalado para el juicio pidió el fiscal a la corte que suspendiera el señalamiento hecho porque según declaración jurada del perito químico encargado del examen de las man-chas no podía terminarlo para el día que estaba señalado el juicio y la corte después de oir a 1-ás partes y teniendo en cuenta que el examen químico se hacía a petición de la de-fensa y que era de influencia en el asunto, suspendió el juicio en espera de que las partes estuvieran preparadas para llevar a él toda su evidencia, a fin de que se administrara justicia. Nos parece que estas razones son suficientes para justificar la dilación, beneficiosa para los acusados ya que a su instancia se enviaron la piedra y el pantalón al laboratorio químico para el examen cuya tardanza en practicarlo fué lo que ori-ginó la suspensión del juicio; y aunque fué el fiscal el que pidió la suspensión por no estar hecho el examen qne inte-resaba la defensa, sin duda alguna lo hizo para la más recta y clara administración de justicia. Además la orden de la corte suspendiendo la celebración del juicio para el día que estaba señalado tiene como todas las resoluciones judiciales, la presunción de que fué justa por lo que los acusados en su moción pidiendo el sobreseimiento debieron exponer las ra-zones que demostraran la falta de justicia de la resolución que suspendió el juicio. El Pueblo v. París, 25 D. P. R. 102.

Aunque se aleg'a por los acusados que la dilación en el juicio les causó perjuicio porque un testigo importante para ellos murió en el período comprendido entre los dos señala-mientos y que tuvieron que presentar- ante el jurado esa declaración por boca de otras personas, lo que a su juicio no tiene tanta importancia como si la Hubiera prestado direc-tamente, sin embargo la cuestión a resolver no es si Hubo perjuicio con la suspensión sino si Hubo justa causa para que el juez decretara la suspensión como ya Hemos visto que la tuvo.

El día del juicio alegó la defensa que los HecHos relatados en la acusación no eran constitutivos de delito porque en ella no está bien establecida la jurisdicción de la corte, y ahora expone que la resolución adversa a esa alegación constituyó un error de la corte inferior que debe producir la revocación de la sentencia condenatoria, porque los hechos relatados no imputan el delito de asesinato en primer grado y porque la corte carecía de jurisdicción para ver y fallar el caso.

La acusación en este caso es por -el delito de asesinato en primer grado e imputa a los acusados que en Gruánica, dentro del distrito judicial de Ponce, con ocasión de perpetrar un delito de robo en la persona de Nicolás Quiñones, hombre an-ciano, de una manera ilegal y voluntaria, con malicia preme-ditada y propósito firme de quitar la vida a dicho Nicolás Quiñones, armados de garrote lo acecharon y alevosamente lo atacaron produciéndole innumerables golpes a consecuen-cia de los cuales falleció inmediatamente.

En apoyo de ese alegado error expone la defensa qne tal como está redactada la acusación este lie abo no constituiría asesinato en primer grado si no fuera porque alega la muerte con ocasión de robo, pero que la alegación de robo se ba becbo de una manera genérica como conclusión legal y en esa forma no es suficiente para imputar el delito de asesinato pues debió haberse especificado el delito de robo con todas las circunstancias determinantes del mismo.

Aunque no alegara la acusación que la muerte ocurrió al perpetrarse el delito de robo sería suficiente para imputar un delito de asesinato en primer grado porque expone que la muerte de Quiñones fue causada por los acusados de manera ilegal y voluntaria, con malicia premeditada y propósito firme y deliberado, acechándolo y atacándolo alevosamente. Según el artículo 199 del Código Penal el asesinato es dar muerte ilegal a un ser humano con malicia premeditada siendo de primer grado, según el artículo 201, cuando entre otros casos se perpetrare la muerte por medio de acecho o alevosamente. Así, pues, aunque la acusación no contuviera la afirmación de que ocurrió al perpetrarse un robo, circunstancia que debe convertir la muerte de una persona en asesinato en primer grado, imputaría un delito de asesinato en primer grado y podría probarse en el juicio que la muerte ocurrió al per-petrar un robo según hemos resuelto en el caso de El Pueblo v. Izquierdo, 25 D. P. R. 382. No siendo, pues, necesaria la alegación del robo no necesitaba ser más específica de lo" que se hizo.

En cuanto a la falta de jurisdicción alega el abogado de los apelantes que el requisito que la confiere es el hecho de que la muerte violenta y criminal, no las heridas o golpes que la producen, haya ocurrido dentro de los límites terri-toriales del tribunal al que se presenta la acusación; y sen-tado esto, sin más consideración de esta cuestión, pasa a manifestar que las palabras de la acusación que dicen que Quiñones falleció inmediatamente no son suficientes para afirmar que murió dentro de la jurisdicción de la corte en el sitio ni en la fecha en qne recibió las heridas, hechos qne alega son esenciales para conferir jurisdicción a la corte. No es esto así. En la ley común podía juzgarse del delito en el lugar donde la muerte ocurriera aunque las heridas hubieran sido inferidas en otra jurisdicción, pero en juris-dicciones como la nuestra en la que el artículo 8o. del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone que la jurisdicción co-rrespondiente a los delitos radica en la corte de distrito del respectivo distrito judicial dentro del cual se cometieren, la jurisdicción para conocer no está determinada por el lugar de la muerte sino por aquel donde la herida que la produce fué inferida y por tanto no necesitaba alegar el lugar de la muerte. Wharton on Homicide, 3a. edición, p. 845. 21 Cyc. 835 y 836. El delito de asesinato se comete cuando se asesta el golpe que produce la muerte siendo ésta una consecuencia de aquél. El Pueblo v. García, 18 D. P. R. 846.

En consecuencia las palabras “falleció inmediatamente” no es necesario considerarlas en el sentido de si son sufi-cientes para precisar si la muerte ocurrió en el mismo sitio en que la herida fué causada.

En cuanto al tiempo en que ocurrió la muerte esas pala-bras son bastantes para significar que la muerte tuvo lugar dentro de un año y un día de haberse inferido el golpe de que se acusa, término requerido por la ley, pues gramaticalmente "son expresivas de un momento muy próximo a aquel en que la herida mortal fué causada. La imputación de que se in-fiere a una persona una herida mortal en una fecha deter-minada y que de ella falleció inmediatamente la persona herida, como se alega en este caso, es- suficiente para demos-trar que murió antes de la presentación de la acusación y por tanto antes de un año y un día de haber sido inferida la herida. Wharton on Homicide, 3a. edición, p. 842.

En vista de lo expuesto no existieron en la acusación los defectos que se le atribuyen y podemos continuar con los otros errores que se alegan.

Se queja el apelante de que la corte inferior permitió en el juicio que al testigo Narciso Torres se le preguntara por el fiscal lo siguiente: “¿Ud. supo por allí si Rabian matado a don Nicolás Quiñones?” a lo que contestó: “Un martes supe que lo Rabian matado por Rabérselo oído decir a Dolo-rito Villa”; pregunta que alega ser sugestiva e impertinente-para probar que la muerte era el resultado de un crimen y a la que se opuso cuando fué formulada, y contestación que era inadmisible por ser de referencia y cuya eliminación de las pruebas pidió.

Aunque la pregunta puede calificarse entre las sugestivas y la contestación. resueltamente como de referencia, sin embargo no fueron perjudiciales para los acusados y por ello-no debe ordenarse un nuevo juicio, pues un médico declaró-respecto a la causa de la muerde de Quiñones y manifestó-que fué producida por los golpes que presentaba en su cuerpo» causados por arma contundente que no pudo manejar él mismo sino una persona extraña. Cuando se demuestra que el error no causa un perjuicio, como en este caso se de-mostró que no lo causó, entonces no debe revocarse la sen-tencia y ordenarse un nuevo juicio. El Pueblo v. Español, 16 D. P. R. 213.

No Ruño error como entienden los acusados en que la corte permitiera que el médico que Rabia RecRo la autopsia de Quiñones a raíz de su muerte tuviera ante su -vista en el juicio celebrado casi un año después el dictamen que él Rabia ren-dido entonces, porque esto servía para refrescar la memoria del testigo y está autorizado por el artículo 154 de la Ley de Evidencia. La declaración de este testigo obrante en la transcripción de esta apelación demuestra cuán previsora Ra sido la ley al permitir que esto se Raga, y cómo Rubiera sido difícil que el testigo recordara, si no tenía' ante su vista su dictamen, los muchos golpes y Reridas que presentaba el cuerpo de Quiñones y la serie de detalles que contenía su dictamen que Rumanamente le Rubiera sido imposible recor-dar casi un año después. El dictamen no fué admitido como-prueba y lo único que hizo el testigo fue referirse a él, leyén-dolo quizás en muchos particulares pero equivaliendo esto a su declaración en el juicio con la oportunidad de la parte contraria de repreguntar sobre todos los extremos que él declaraba.

En el quinto motivo del recurso se queja la defensa del apelante de que la -corte inferior permitiera que la testigo Francisca Matos declarara sobre admisiones de los acusados antes de que estuviera probado el corpus delicti.

Admite el apelante que se había probado entonces la muerte del ser humano Nicolás Quiñones. En cuanto a que •tal muerte fuera debida a la agencia criminal de otra persona, aunque sostiene que la prueba fué inconsistente sin embargo la declaración prestada por el médico que hizo la autop-sia del cadáver es bastante para deducir de ella que Quiñones murió de los golpes y heridas que le infirieron manos extrañas a las suyas. Con esto estaba probada la existencia del corpus delicti o sea la existencia de un crimen cuando Francisca Matos fue llamada a declarar sobre admisiones de los acu-sados. Estos son los únicos elementos que constituyen el corpus delicti pues con ellos quedó demostrada la comisión de un crimen en la persona de Quiñones. (Wharton’s Criminal Law, 11a. edition, p. 437-439. De modo que para que una persona pueda ser declarada culpable de un delito deben pro-barse esos dos elementos del corpus delicti, y después que el acusado es la persona que lo cometió.

La alegación de este error ha sido motivada por la equi-vocada idea de la defensa del apelante de que la prueba de la culpabilidad forma parte del corpus delicti.

El sexto motivo de error alegado por el apelante está redactado en estos términos:

“La corte inferior erró al no permitir que el médico que propuso la defensa hiciera el análisis de las piezas de convicción que la propia defensa interesaba, obligando a los acusados a que soportaran el que dichas piezas fueran remitidas al laboratorio oficial; y también co-metió error el tribunal inferior en este respecto, al no disponer que el resultado del análisis se comunicara directamente a la defensa per-mitiendo que dicha evidencia llegara a manos de ella por conducto del Attorney General y del fiscal del distrito de Ponce, dando lugar con dicho procedimiento irregular a que el pueblo conociera tal evi-dencia antes que la defensa, perteneciendo ella a la defensa. ’ ’

Como hemos indicado al principio, algunos días antes del señalado por primera vez para el juicio el abogado de los acusados pidió a la corte que ordenara al fiscal que le en-tregara copia certificada de las declaraciones que habían prestado Felipe Quiñones, Dámaso Almodóvar y Demetrio Quiñones contra quienes primero se siguió la investigación del caso; copia de la orden de arresto expedida contra ellos por el fiscal del distrito de Ponce; copia de la orden de su excarcelación y que además se le entregaran una piedra y los pantalones que se ocuparon a Demetrio Quiñones para enviar ambas cosas al laboratorio químico para el análisis de las manchas que tenían, que aparecen ser de sangre, todo con objeto de probar que los dichos Quiñones y Dámaso Almodóvar fueron los únicos autores del crimen y no los acusados.

Después de oir al fiscal resolvió la corte esa moción de-clarándola sin lugar, en cuanto a las confesiones de Felipe Quiñones y de Dámaso Almodóvar porque no existen en poder del fiscal; nada declaró en cuanto a la de Demetrio Quiñones y con respecto a los objetos que se pedían dispuso que por el márshal de la corte fueran traídas al laboratorio químico de esta ciudad para ser examinadas las manchas de los pantalones y de la piedra, y que además se remitieran al laboratorio con igual objeto un palo y otra piedra. Esta resolución fue excepcionada por el abogado pero sin espe-cificar en qué se fundaba ni llamar la atención del juez a qne dejaba de proveer sobre la declaración de Demetrio Qui-ñones. También se opuso la defensa de los acusados, sin que sepamos los motivos, a la petición del fiscal de que se sus-pendiera el señalamiento que estaba hecho del juicio del caso fundado en que no estaría terminado el informe pericial. Por último, estando señalado el juicio para el 9 de marzo solicitaron los acusados en 28 de febrero anterior que se ordenara al secretario les diera copia de la declaración de Demetrio Quiñones y que se le diera copia también del aná-lisis efectuado en las piezas de convicción. Este no babía sido recibido entonces y la corte ordenó que se telegrafiara al Director de Sanidad para que lo enviase a más tardar para el 7 de marzo. El informe fué enviado al fiscal y el mismo día en que lo recibió lo entregó al abogado de los acusados.

La queja del apelante es que a pesar de que la piedra y el pantalón eran pruebas de la defensa fueron sin embargo utilizadas y presentadas en el juicio por la acusación.

El apelante descansa para su alegación de error en la premisa errónea de que la piedra y el pantalón a que venimos refiriéndonos eran pruebas suyas cuando habiendo sido ocu-pados en la investigación que se hizo de la muerte de don Nicolás Quiñones eran pruebas del fiscal, aunque entendiera la defensa de los acusados que pudiera servir para la defensa de éstos. Además éstos no pueden tener motivos de queja porque dichas piezas fueron presentadas en el juicio así como el análisis de sus manchas que era el objeto para el cual las reclamaba.

En cuanto a que el examen se hiciera en el laboratorio químico no vemos ni se demuestra en qué pudo perjudicar esto al apelante.

Por lo que respecta a la declaración de Demetrio Quiñones tampoco vemos qué perjuicio existiera para el apelante ya que fué presentada también en el juicio.

Dice así el siguiente motivo del recurso:

“La corte inferior erró al permitir que el fiscal del distrito de Ponce en su declaración como testigo de cargo, expusiera ante el ju-rado, con la oposición de la defensa, cuáles - fueron sus conclusiones en la investigación que efectuó con motivo de la muerte de don Ni-colás Quiñones, en relación con los anteriores acusados Darío Almo-dóvar, Demetrio Quiñones y Felipe Quiñones, porque según la corte, el fiscal en Puerto Rico tiene todas las atribuciones de un gran ju-rado. ’ ’

Declaraba el fiscal como testigo en el juicio que había recibido una investigación' hecha en este caso .por el Juez Municipal de Yauco con tres detenidos nombrados Felipe Quiñones, Dámaso Almodovar, y Demetrio Quiñones; que a éste, que aparecía confeso del crimen, le hizo varias pre-guntas, relataba sus contestaciones y la forma en que las daba, también exponía la negativa de los otros dos y sus ex-plicaciones, así como que el fin de su interrogatorio era ver si incurrían en alguna contradicción. En este momento se opuso la defensa a que siguiera declarando alegando que el fiscal iba a exponer la conclusión a que llegó en una inves-tigación contra otras personas, objeción que fué desestimada por la corte para la mejor evidencia del caso y además porque el fiscal tiene las atribuciones de un gran jurado para poder resolver si hay causa probable o no para presentar acusa-ciones.

Antes de seguir adelante debemos hacer constar que la investigación fué seguida primeramente’ contra Demetrio Quiñones, Dámaso Almodovar y Felipe Quiñones en virtud de la confesión del primero y de su acusación contra los otros, pero que como quince días después fueron puestos en liber-tad y se siguió otra investigación contra los Matos en la que confesaron ambos que cometieron el delito.

Es cierto, como sostiene la defensa del apelante, y de acuerdo con los artículos 19 y 35, No. 3, de la Ley de Evi-dencia, que cuando un fiscal declara en un juicio no puede hacer manifestaciones que no le serían permitidas a cual-quier otro testigo y que tampoco puede exponer su opinión, como no podría hacerlo un miembro del gran jurado en los tribunales donde existe esta institución, respecto a si no hubo causa probable para acusar a determinadas personas; pero en este caso el fiscal no llegó a declarar su opinión respecto a no existir motivo para no acusar a otras personas del cri-men que se persigue en esta causa y aunque sus manifesta-ciones claramente fueron de referencia y equivocada la teoría de la corte inferior al permitirlas, sin embargo aparece que no bubo perjuicio porque la conducta de la defensa fué du-rante todo el juicio y aún antes de él, que sus representados no eran culpables porque la muerte fué causada por los tres primeramente detenidos y ellos mismos después ofrecieron esta prueba.

Si la parte acusada no hubiera presentado en el juicio la prueba que babía contra Almodovar y los otros hubiera sido un error en el fiscal y de la corte el permitir que presen-tara la declaración de Demetrio Quiñones anticipando de este modo uno prueba de refutación a la teoría de la defensa de los acusados.

En el octavo motivo de error se queja el apelante de que se permitiera al fiscal que leyera la declaración que babía prestado ante él Demetrio Quiñones.

Este motivo de error está fundado exclusivamente en los fundamentos de la resolución del juez y no en la resolución misma por lo que si ésta es correcta prescindiremos de con-siderar sus fundamentos.

Cuando trató el fiscal de presentar la declaración escrita prestada por Demetrio Quiñones la oposición que hizo la defensa fué porque para que fuera admisible tendrían que probarse antes muchas cosas. A esta forma vaga resolvió la corte permitiendo la presentación de la declaración y en-tonces en la objeción concretó su oposición la defensa ha-ciendo constar que no se babía probado la muerte de Deme-trio, que su declaración fuera espontánea, ni que la cruz o la firma puesta en ella sea de él. Sin embargo todos estos extremos aparecieron justificados por la declaración del fiscal y la muerte se justificó después, de modo que este defecto quedó subsanado y la admisión resultó ser legal.

Aunque ahora én esta apelación se alega por primera vez que la declaración era inadmisible porque Demetrio Qui-ñones la rindió en su propio beneficio, queremos sin embargo decir que esa regia se refiere a las declaraciones que prestan los acusados en su beneficio (12 Gyc. 426) y Demetrio Qui-ñones no estaba acusado en esta causa.

Las confesiones hechas ante el juez municipal por los acur sados Ramón y Domingo Matos fueron presentadas como» prueba en el juicio pero sostiene el apelante en el noveno de' los errores que alega que se admitieron sin el debido proceso de ley.

Cuando las presentó el fiscal se opuso la defensa a su ad-misión fundado en que no se había identificado debidamente el signo puesto en ellas por los acusados y también por no constar en las declaraciones escritas que los acusados fueron advertidos de su derecho a no declarar.

No solamente aparece de la declaración del juez municipal que era entonces de Ponce, Sr. Quiñones, que él hizo tal ad-vertencia y otras más a los acusados y que el signo o cruz que está puesto al pie de cada una de ellas fué puesto por el respectivo declarante sino que en el principio de cada decla-ración se hace constar que se les hicieron esas advertencias, por lo que no fué fundada la objeción que la defensa hizo a la admisión de esas confesiones y la corte no cometió el error que se le atribuye.

Ahora se alegan otros fundamentos de objeción que no se expusieron al juez pero que tampoco existían.

Aunque en décimo lugar alega el apelante que fué error de la corte inferior permitir al fiscal que presentara prueba después que la defensa terminó con la suya sin embargo esto no sólo es discrecional en la corte, en bien de la justicia, sino que lo autoriza el artículo 233 del Código de Enjuiciamiento Criminal en su inciso quinto, enmendado por la Ley de 11 de marzo de 1909, página 137 y también el 234. Asimismo el artículo 149 de la Ley de Evidencia faculta al juez para regular el orden de las pruebas y la regla 24 de las cortes de distrito.

Por otra parte el fiscal lo que Rizo fué terminar de pre-sentar una prueba qne Rabia' comenzado antes de terminar sn evidencia.

En undécimo lugar se alega qne la corte no debió aceptar el veredicto del jurado porqne es contrario a la prneba y a derecho.

Discrepamos en absoluto de lo sostenido por el apelante.

El veredicto no es contrario a las pruebas. Estas demos-traron qne don Nicolás Quiñones falleció el lunes 28 de junio •de 1915 a consecuencia de varios golpes y heridas dadas con palos y piedras, producidas por mano extraña; que ese día, como en los otros lunes, fué desde la finca de la que era mayor-domo a buscar dinero a Tauco para pagar los jornales de los empleados: que en Yauco satisfizo algunos y que regre-saba con parte del dinero para Racer los pagos en su finca; que después de muerto no se le encontró dinero alguno pero los carboneros de la finca reclamaron y se les pagó $36.96 que debió haberles abonado el Sr. Quiñones; que al principio de la investigación de las causas de su muerte fueron dete-nidos Felipe Quiñones, Dámaso Almodovar y Demetrio Qui-ñones por la acusación que hizo el último contra los dos y por su propia confesión, así como por la declaración de un viejo y un niño que dijeron haber visto pasar a los tres por el camino donde fué encontrado muerto don Nicolás Quiño-nes; que posteriormente Demetrio Quiñones declaró ante el fiscal del distrito y ante el Juez Municipal de Ponce no ser cierto que él, su hermano y Almodóvar hubieran cometido el crimen y que la confesión la hizo por amenazas de la policía; que habiendo manifestado Demetrio Quiñones en sus pri-meras declaraciones que un pantalón que le fué ocupado tenía manchas de sangre del interfecto Quiñones, sin embargo re-sultó luego en el análisis químico de dichas manchas que no eran de sangre sino de procedencia vegetal; que un palo que fué ocupado en la casa del viejecito y del niño y que según éste le había sido entregado por Demetrio Quiñones que era con el que mataron a don Nicolás y que parecía tener man-clias de sangre y cabellos de persona adheridos a las manchas, resultó también del análisis químico que no eran manchas de sangre sino de las resinas de la propia madera y que no tenía cabellos adheridos sino fibras de la misma madera. Esto en cnanto a la intervención que al principio aparecen tener los Quiñones y Almodóvar en la muerte que se persigue en este juicio.

De otra parte el acusado Eamón Matos y el otro Domingo Matos confesaron su delito bajo juramento ante diversas autoridades y se acusaban respectivamente habiendo además suministrado al fiscal datos para poder comprobar la vera-cidad de sus declaraciones tales como que con el dinero que habían tomado a don Nicolás Quiñones después de su muerte habían pagado ciertas deudas que tenían y habían comprado provisiones; que el palo con que acometieron primeramente al interfecto era de tachuelo y lo habían tirado en un sitio inmediato al sitio del suceso, donde efectivamente fué encon-trado .un palo de tachuelo; que una piedra con la que dijeron haberle causado golpes en la cabeza tenía efectivamente man-chas de sangre humana y algunos cabellos adheridos pare-cidos a los del interfecto, según el examen microscópico que de ellos hicieron; que no solamente los dos acusados Matos confesaron su delito' ante las autoridades judiciales sino que también el mismo día del crimen hicieron esa confe-sión a la hermana de uno de ellos llamada Francisca Matos y posteriormente a Carmelo Medina, cuñado de Domingo. De la prueba aparece también que el móvil inicial del crimen fué el vengarse de don Nicolás Quiñones porque los había despachado de la finca donde estaban y que él administraba y que estuvieron en acecho para matarlo.

Esas pruebas son bastantes, sin mencionar otras más que hay, para demostrar que es suficiente para sostener la con-clusión del jurado respecto a la culpabilidad de Eamón y Domingo Matos, con mayor razón cuanto que el jurado no solamente oyó la prueba contra los Matos sino la que al prin-cipio pareció haber contra los Quiñones y Almodovar y a pesar de esto hizo la declaración contra los Matos.

El particular de este motivo de error de ser el veredicto contrario a derecho no está argumentado por el apelante pero ciertamente no existe.

Por último se alega que la corte inferior erró al dar las instrucciones al jurado, en los .siguientes casos:

A. Cuando dice “de modo que está probado porque se admitió así, que Don Nicolás Quiñones falleció dentro de un año y un día de haber recibido la causa de la muerte.”

B. Al no exponer al jurado las regias existentes que se aplican para dirimir la prueba contradictoria.

C. Al omitir instrucciones específicas sobre homicidio y establecer por el contrario expresamente que los únicos ve-redictos que podía dar el jurado, de acuerdo con la prueba presentada en este caso, eran: asesinato en primer grado; asesinato en primer grado con atenuantes, y asesinato en segundo grado y no culpables.

D. Al omitir instruir al jurado que la confesión de Deme-trio Quiñones estaba regulada por las mismas reglas que dió para que el jurado apreciara las confesiones de Bamón Matos y de Domingo Matos.

Bespecto a la parte “A” la corte dió al jurado la instruc-ción. de haber fallecido el Sr. Quiñones dentro de un año y un día de haber recibido la causa de la muerte porque la defensa admitió que dicho señor había fallecido el 28 de junio de 1915, siendo un hecho cierto que no pudieron haber sido inferidas las heridas un año y un día antes porque las heridas aparecieron ser recientes, el cadáver no estaba descompuesto y había prueba de que el mismo día 28 por la mañana estaba vivo. El hecho de que la corte dijera que había fallecido e! Sr. Quiñones dentro de un año y un día de haber recibido la causa de la muerte no quiere decir, como entiende el apelante, que estuviera instruyendo al jurado con esas palabras que la muerte había sido recibida de manos extrañas como resultado de un acto criminal, pues la causa de la muerte pudo no haber sido un acto criminal sino casual.

En cuanto al extremo “B” no puede quejarse ahora el apelante de que las instrucciones no fueron todo lo especí-ficas que él desea respecto a la prueba contradictoria, puesto que habiendo tenido en su mano el remedio de solicitar del juez tal clase de instrucción, y el de presentarlas por escrito, no lo hizo y no es este el momento de atacarlas por insufi-cientes. El Pueblo v. Robles, 10 D. P. R. 496; El Pueblo v. Boria, 12 D. P. R. 171; El Pueblo v. Laugier, 14 D. P. R. 549; El Pueblo v. Español, 16 D. P. R. 215.

La queja que envuelve el motivo expuesto en la letra “O” carece de fundamento porque demostrando la prueba clara-mente que no se trataba de un delito de homicidio sino de un asesinato no tenía necesidad el juez de dar instrucciones referentes al homicidio. El Pueblo v. Flores, 17 D. P. R. 178; El Pueblo v. Alméstico, 18 D. P. R. 321; El Pueblo v. Lasalle, 18 D. P. R. 422.

D. Al expresar el apelante lo que consigna en este apar-tado parte de la base de que la declaración de Demetrio Quiñones es una confesión lo cual no es exacto porque al ser admitida en un juicio contra Ramón y Domingo Matos no podía serlo como confesión porque Demetrio Quiñones no estaba acusado de delito alguno en el juicio y por tanto era solamente la declaración de un testigo. De todos modos el acusado no pidió al juez que instruyera en la forma que él desea ahora.

Después de haberse dictado la sentencia en este caso por la que los dos acusados fueron condenados a sufrir la pena de muerte se promulgó en noviembre 30, 1917 la Ley No. 36 aboliendo la pena de muerte en Puerto Rico hasta el 30 de abril de 1921 y dándole efecto retroactivo aplicable a los reos condenados a muerte y cuya pena no hubiera sido efectuada. T al enmendar el artículo 202 del Código Penal dispone que toda persona culpable de asesinato en primer grado será castigada con reclusión perpetua en el presidio. Así pues, haciendo aplicación de esta ley a Ramón Matos, puesto que Domingo Matos ha fallecido, debe modificarse la sentencia apelada en el sentido de que dicho acusado sea condenado por el delito de asesinato eü primer grado a sufrir la pena de reclusión perpetua en el presidio.

Con la expresada modificación debe ser confirmada la sen-tencia dictada contra Ramón Matos.

Confirmada la sentencia apelada pero modi-ficada en el sentido de que el acusadlo sea condenado por el delito de asesinato en pri- mer grado a sufrir la pena de reclusión per-petua en el presidio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutcbison firmó conforme con la sentencia.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Aponte, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por atentado a la vida.
    No. 1249.
    Resuelto en julio 18, 1918.
    Repreguntas — Extralimitación de Eacultades. — El poder de una corte para impedir que se repitan las mismas preguntas, está bien reconocido. El juez debe velar porque el examen de los testigos sea llevado a efecto de modo or-denado, y una gran discreción se le confiere para controlar dicho examen. Pero la corte no puede extralimitarse en sus facultades y negar al acusado el derecho fundamental de repreguntar a los testigos que le reconoce el artículo 11 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en su número 4.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Antonio Trujillo.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Nolasco Aponte fué acusado porque “allá el día 25 de abril de 1917, en San Juan, que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, ilegal, voluntaria y maliciosa-mente, de una manera deliberada, premeditada y alevosa acometió y agredió con intención de matarlo a Félix Agosto, con un pedazo de hierro de más de quince libras de peso, infiriéndole una herida contusa en la parte occipital de la cabeza, de carácter grave.” Aponte alegó que no era culpable y solicitó juicio por jurado. El' juicio se celebró y el jurado lo declaró culpable, .condenándolo luego la corte a sufrir cinco años de presidio con trabajos forzados. El acusado entonces interpuso el presente recurso de apelación.

Declarando el testigo Juan Rodríguez, policía insular, ocurrió lo que sigue:

“La defensa hace al testigo la siguiente pregunta: ¿Cuántos mi-nutos antes de los acontecimientos vió Ud. al acusado! Y el fiscal se opone por haber sido ya contestada la pregunta. La corte deses-tima la pregunta por haber sido ya contestada, y la defensa tomó excepción. La defensa formula esta pregunta: ¿Hacia dónde vió Ud. ir al acusado antes del accidente? Y la corte niega la pregunta por haber contestado sobre ese extremo. Y formula la defensa esta otra pregunta: ¿Dónde vió Ud. al acusado antes del accidente? El fiscal se opone a la pregunta, la corte no la admite y la defensa toma excepción. La defensa hace la siguiente pregunta: Después que vió Ud. el accidente, al volver Ud. al sitio, ¿a qué distancia del herido encontró Ud. ese hierro? El fiscal se opone a la pregunta por estar contestada, la corte la niega y. la defensa toma excepción. Inmedia-tamente formuló esta pregunta: ¿Alguien le entregó ese hierro o Ud. lo encontró? El fiscal se opone por estar contestada y la corte la niega, tomando excepción la defensa. ’ ’

Convenimos con el fiscal en que el poder de una corte para impedir que se repitan las mismas preguntas, está bien reconocido. El juez debe velar (38 Cyc. 1315) porque el examen de los testigos sea llevado a efecto de modo orde-nado, y una gran discreción se le confiere para controlar dicho examen. “Completas y escudriñadoras repreguntas deben permitirse,” dijo la Corte Suprema de Georgia en el caso-de Alabama Const. Co. v. Continental Car, 62 S. E. 160, 162, “pero esto no quiere decir que el abogado tenga un derecho-sin restricción alguna a repetir preguntas hechas a un tes-tigo. El juez puede restringir las repeticiones inútiles e innecesarias. ’ ’

Pero hemos examinado detenidamente la declaración del testigo de que se trata, y hemos llegado a la conclusión de que las repreguntas que el abogado del acusado pretendió hacerle, no habían sido en realidad de verdad hechas ni con-testadas anteriormente. Y siendo esto así, es evidente que la corte de distrito se extralimitó en sus facultades y negó al acusado el derecho fundamental que le reconoce el artículo 11 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en su número 4.

En tal virtud debe revocarse la sentencia recurrida, orde-nándose la celebración de un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada y ordenada la celebración de un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Jijez Asociado Se. Aldeey,

text:
    León, Demandante y Apelado, v. León, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre deslinde.
    No. 1589.
    Resuelto en julio 18, 1918.
    Deslinde y Amojonamiento' — Procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil — En Caso de Pleito la Sentencia Debe Eíjar la Línea Divisoria.— De acuerdo con los artículos 392, 393 y 395 del Código Civil todo propietario tiene derecho a deslindar y cercar su propiedad, hallándose en la Ley de En-juiciamiento Civil, anterior al Código de Enjuiciamiento Civil vigente, el pro-cedimiento para tal deslinde y amojonamiento cuando hay avenencia entre los colindantes; pero cuando ésta no existe y se acude al tribunal en un pleito con tal fin entonces debe el juez con vista de las pruebas, determinar y fijar en su sentencia por dónde ha de ser tirada la línea divisoria entre las propiedades colindantes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Manuel A. Martínez Dávila y José G. Ramos.

      Abogados del apelado: ¡Sres. Celestino Dominguez Rubio y Francisco Navarro.

   El Jijez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

En la testamentaría de don Marcelino León y Ferrer se hizo una agrupación de fincas formando otra nueva con ca-bida de 253 y media cuerdas la que fué mensurada y dividida por el Dr. Trelles en tres parcelas, adjudicándose una de 72 cuerdas y cuarto a la bija doña Carmen León y León; otra de igual cabida a su hermana Isabel de iguales apellidos, demandada en este pleito, colindando la primera de esas par-celas por el sur con el lindero norte de doña Isabel, cuya finca a su vez colindó por el sur con la tercera porción de 108 cuerdas 991/2 centavos eme fué adjudicada a la viuda doña Ana León. Esta señora después segregó de su parcela 68 cuerdas 49 centavos que vendió a su hijo don Francisco León y León, el demandante ahora; 36 cuerdas y media a Julia León y el resto de 4 cuerdas a Valeria López de León.

Francisco León tomó posesión de la porción comprada sin que su madre se la entregara por mensura y habiendo hecho medir su finca algún tiempo después, resultó de la mensura que tenía 15 cuerdas 24 centavos de menos. Hizo medir también con consentimiento de sus hermanas Isabel y Carmen las fincas que les fueron adjudicadas, según hemos dicho, y resultó que la de la primera tenía 9 cuerdas 92 centavos de más y que la de la otra también comprendía mayor cabida: En total catorce cuerdas y centavos de más entre ambas. En vista de esto y de que su hermana Isabel se negaba a que se hiciera una rectificación de la colindancia de su finca con la del demandante de acuerdo con sus títulos y el plano que se hizo cuando la partición para determinar su exacta posición y para fijar un seto vivo o empalizada en el lugar que resulte la línea divisoria, acudió al tribunal de distrito de Guayama, estableciendo pleito sobre fijación de línea divisoria alegando esos hechos y qué la línea divisoria con su hermana Isabel existente en la finca está confundida por haber sido des-truído el lindero por actos voluntarios o fortuitos y pidió que se ordenara esa rectificación, la colocación de seto u otro signo de la colindancia y que se declaré que le pertenece y debe serle entregada tal porción de terreno existente al sur de la línea una vez establecida la divisoria por los puntos de la mensura que se hizo cuando la finca agrupada fué divi-dida en tres parcelas.

La demandada excepcionó la demanda fundándose en que no aducía hechos determinantes de causa de acción, pero desestimada por la corte esa alegación contestó haciendo una negación general de la demanda. Celebrado el juicio recayó sentencia por la que se decretó la rectificación de la colin-dancia norte de la finca del demandante en la línea que divide sus terrenos de los de la demandada; que la rectificación se haga de acuerdo con los títulos de adquisición y teniendo en cuenta la cabida que los mismos arrojan; que el sitio por donde resulte la línea divisoria sea marcado con puntos visi-bles que puedan ser identificados fácilmente, sin que se en-tienda que la fijación de esos punios resolverá cuestiones de propiedad e impuso las costas y desembolsos a la demandada, quien interpuso el presente recurso de apelación contra esa sentencia.

La parte apelante insiste nuevamente en esta apelación en que la demanda no aduce hechos determinantes de causa de acción pero nosotros no somos de ese parecer. Los ar-tículos 392 y 393 del Código Civil Eevisado reconocen a todo propietario el derecho de deslindar sus fincas con citación de los dueños de los predios colindantes, de conformidad con los títulos de cada propietario y a falta de títulos suficientes por lo que resultare de la posesión en que estuvieren; y el artículo 395, el de cerrar o cercar sus heredades por medio de paredes, zanjas, setos vivos o muertos o de cualquier otro-modo, sin perjuicio de las servidumbres constituidas sobre las mismas. En la Ley de Enjuiciamiento Civil anterior al Código de Enjuiciamiento Civil ahora en vigor se halla esta-blecido el procedimiento para practicar el deslinde judicial ouando hay avenencia, pero como en este caso la demandada aunque permitió que su finca fuera medida se negó a que se fijara la línea colindante y por tanto a que se marcara surgió para el demandante el derecho de acudir al tribunal para que con vista de las alegaciones y de las pruebas fijase la línea divisoria entre ambas propiedades. Este fué el objeto del pleito cuyo título es sobre fijación de línea divisoria.

Por esto es que opinamos con el apelante que al limitarse la sentencia a decretar que se haga una rectificación de la colindancia entre las dos fincas de acuerdo con los títulos, pero sin determinar y fijar, con vista de la prueba que tuvo ante sí por donde ha de ser tirada la línea divisoria, no' resolvió la cuestión que se le sometió y que es . objeto del pleito. Como no tenemos ante nosotros todos los elementos de prueba presentados al juez de la corte inferior, pues no. conocemos el plano que el juez tuvo ante sí, ni se hace de; él una descripción en la exposición del caso, debemos de-volver el asunto a la corte inferior para que resuelva la cuestión que se le sometió por la demandante. .

La sentencia apelada debe ser revocada para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Revocada la sentencia-apelada y devuelto el . caso para ulteriores procedimientos no. in-consistentes con la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Saurí & Subirá, Demandantes y Apelantes, v. Charles F. Hill, Tesorero Auxiliar, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre devolución de contribuciones.
    No. 1758.
    Resuelto en julio 18, 1918.
    Devolución de Contribuciones. — En este caso Saurí'& Subirá, dueños de maqui-naria para la elaboraeión de azúcar y del edificio en que está montada dicha maquinaria, pagaron contribuciones al Gobierno Insular en el ejercicio de 1914-15 sobre dichos bienes bajo un valor en tasación de $22,470. A prin-cipio de 1915 Saurí & Subirá fijaron espontáneamente el valor de los mismos bienes a los efectos del pago de contribuciones de 1915-16 en la suma de $32,470. En 21 de abril de 1915 el Tesorero de Puerto Rico notificó a Saurí & Subirá que la tasación de los bienes expresados había sido fijada por la Tesorería de P. R. en la suma de $153,280, de cuya tasación apelaron Saurí & Subirá a la Junta de Revisión e Igualamiento, la cual sostuvo la tasación oficial hecha. Saurí & Subirá pagaron bajo protesta la suma correspondiente al primer semestre de contribuciones después que fué aumentada la tasación, así como la cantidad exigida por recargo; y habiendo entablado pleito contra el Tesorero en la Corte de Distrito de Ponce, suplicó a ésta declarara que la contribución y recargo satisfechos fueron indebida e ilegalmente co-brados y procedía el correspondiente reintegro al demandante. La corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la demanda y de ese fallo apeló la demandante para ante esta Corte Suprema alegando como único motivo -del recurso, que la sentencia no está sostenida por la prueba.

      Se resolvió, después de un examen detenido de las pruebas, que los de-mandantes no han demostrado que la contribución pagada bajo protesta sea fan claramente excesiva que les haya producido una verdadera e inequívoca ■opresión que equivalga a una injusticia clara y sustancial de que deban ob-tener reparación mediante la acción ejercitada, según requiere la jurispru-dencia ya establecida por esta Corte Suprema en el caso de The Ensenada Estates, Inc., v. Eül, 24 D. P. R. 520.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. A. F. Castro.

    Ahogados del apelado: Sres. Howard L. Kern, Attorney General, y Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn pleito sobre devolución de contribu-ciones pagadas bajo protesta.

Los hechos que la parte demandante alega como funda-méntales de su acción son los siguientes:

Que la demandante Saurí & Subirá, es dueña de los si-guientes bienes situados en el municipio de Ponce, a saber: (a) maquinaria para la elaboración de azúcar compuesta de un tren mixto antiguo, con batería antigua, y de un tacho; y (b) un edificio, dividido en dos, construido parte de manipos-tería, en que está instalada la maquinaria, y parte de madera y zinc.

Que tales maquinarias y edificios Rabian venido tasán-dose anualmente por el Tesorero de Puerto Eico a los efectos del pago de contribuciones insulares, y la tasación mayor hecRa fue fijada en la suma de $22,470, la que sirvió de tipo para la contribución correspondiente al año económico de 1914-1915.

Que a principios del año 1915 la demandante declaró el valor de dichos bienes para los efectos del pago de contri-buciones de 1915-1916 fijándolo en la suma de $32,470.

Que el Tesorero de Puerto Eico sin que precediera tasa-ción alguna de los bienes de que se trata o sea una estimación de su valor previa la debida inspección hecha por dicho fun-cionario personalmente o por medio de algún agente o em-pleado, notificó a la demandante en 21 de abril de 1915, por medio del tasador O. IT. Mead la tasación fijada en la suma de $153,280 con advertencia de que sería firme si no se ape-laba de ella en el término legal para ante la Junta de Eevisión e Igualamiento, como en efecto apeló la demandante, habiendo dicha junta sostenido la tasación hecha.

Que según información y creencia de la demandante, de la expresada suma de $153,280, $150,000 representaban el valor de la maquinaria y los $3,280 restantes el valor del edi-ficio, habiéndose tomado como base para el valor de la ma-quinaria su capacidad productora que se supuso ser la de 300 toneladas de cañas diarias tomándose como tipo la suma de $500 por cada tonelada de cañas diariamente molida.

Que por virtud del valor así fijado para los bienes de que se trata, se impuso una contribución anual ascendente a $1,992.64, o sean $996.32 el semestre, cuya contribución con-sidera injusta e ilegal la demandante por las siguientes razones: (a) porque no ha precedido tasación alguna de la propiedad para los efectos de la imposición de la contribu-ción según requiere la ley; (b) porque no se ha tomado como base para la imposición de la contribución el valor de los bienes en el mercado y sí la capacidad productora de la maquinaria; (c) porque según informes y creencia de la demandante se fijó la capacidad productora de la maquinaria en 300 toneladas de azúcar diarias sin base alguna para ello;

(d) porque el real y verdadero valor de los bienes en el mer-cado es mucbo menor que el declarado por la demandante para los efectos de la contribución o sea la suma de $32,470;

(e) porque la verdadera capacidad productora de toda la maquinaria, apreciada en conjunto que es como necesaria-mente fia de funcionar es de 115 toneladas de azúcar diarias.

Que la demandante fundó su recurso de alzada para ante la Junta de Revisión e Igualamiento en las mismas razones anteriormente expresadas.

Que la demandante se negó a pagar voluntariamente la contribución, pero habiéndose ordenado el embargo de los bienes sobre que había sido repartida y practicádose el embargo, se vió obligada para evitar su venta a pagar el primer semestre de la contribución ascendente a la suma de $996.32 más $39.86 que se le cobraron como recargo, cuyos pagos verificó bajo protesta el día 9 de diciembre de 1915, por es-timar la contribución injusta e ilegal en cuanto al exceso del verdadero valor de los bienes o sea en cuanto a la suma de $1,575.34 de la contribución anual o $787.67 de la cantidad correspondiente al primer semestre que con los $39.86 de re-cargo indebidamente cobrado hacen un total de $827.53.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia declarando que el cobro de la contribución pagada, en cuanto a la suma de '$827.53, incluyendo el recargo, fue inde-bido e ilegal y decretando la devolución de dicha cantidad a la demandante.

El demandado contestó la demanda negando ciertos hechos, admitiendo otros y alegando materia nueva de oposición a la demanda.

Celebrado el juicio, la parte demandante, como resultado de la prueba practicada hizo la siguiente admisión:

“El abogado de la parte demandante Race contar en este momento que los señores Saurí & Subirá, en vista del resultado de la prueba, aceptan como valor justo y razonable de su maquinaria para los efectos de la tasación, para la contribución del año- económico de 1915-1916, la suma de $50,000 calculando a $500 por cada tonelada diaria de molienda.”

La corte dictó sentencia en 19 de julio de 1917 por la que declara sin lugar la demanda en todas sus partes, sin especial condenación de costas, -desembolsos y honorarios de abogado.

Contra la anterior sentencia interpuso la. representación de Saurí & Subirá recurso de apelación para ante esta Corte Suprema y alega como único motivo del recurso que la corte inferior incurrió en error manifiesto al apreciar la prueba practicada en el caso especialmente por no baber prueba al-guna que justifique un fallo, adverso.

Traigamos a examen las pruebas practicadas.

Para los efectos de la contribución de 1915-1916 Saurí & Subirá presentaron un informe al Tesorero en un pliego im-preso suministrado por la misma Tesorería, cuyo pliego ha venido al juicio como prueba y en ese pliego la parte refe-rente a los molinos y su capacidad aparece transcrita así:

“Molinos.- — No. 2; fabricante: Eletehard; número de masas: 3 cada uno; capacidad por 24 horas: 300 cada uno; tamaño de las masas: diámetro: 3 pies cada uno; largo: 6 pies cada uno; valor: $4,000 * * * $8,000.”

Al pie del mismo pliego se encuentra la siguiente infor-mación pedida a Saurí & Subirá y suministrada por éstos a Tesorería:

“Gaña molida — período de molienda y caña producida durante la zafra que terminó en 1914.
“Toneladas de cañas molidas: 17,000.
“Fecha del comienzo de la molienda: Diciembre 10, 1913;
“Fecha en que terminó la molienda: Junio 26, 1914.
“Número total de horas que los molinos estuvieron en operación: 1,400.
“Número total de toneladas de azúcar producida: 1,700.
“Cantidad vendida en la isla: toda.”

Declara No ah. Shepard, Jefe del Negociado de Contribu-ciones en el Departamento de Finanzas del Gobierno de Puerto Rico, que a los efectos de las contribuciones de 1915-1916 se hizo una variación en el tipo de valoración adoptán-dose como uno de los factores .determinantes de la valoración el tipo de $500 por cada tonelada diaria de molienda, pero no como base única, pues había además otras bases que se tenían en cuenta para la valoración, cuales son las varias piezas de maquinaria necesarias para constituir una fábrica de azúcar andando, el precio del costo de ellas puestas en Puerto Rico, el valor de construcción, la capacidad de la maquinaria, la ganancia realizable, la facilidad de comunica-ciones, los contratos que tiene o el negocio que puede con-trolar, el fácil acceso de la factoría a los muelles y ferroca-rriles, la situación de la fábrica, la clase de cañas y la calidad del terreno, y que a los efectos de la tasación de la factoría de que se trata se estimó que tiene una capacidad produc-tora de 300 toneladas de cañas diarias de molienda en 24 horas.

Rafael Saurí, encargado de la fábrica de azúcar de Saurí & Subirá declara que los molinos de la fábrica tienen real-mente 300 toneladas de capacidad por 24 horas y así lo noti-ficaron al Tesorero de Puerto Rico, pero no pueden desarro-llar toda su capacidad porque las evaporadoras y demás accesorios de la maquinaria no lo permiten pudiendo los molinos trabajar solamente durante un promedio de 8 horas durante las cuales muelen como promedio 100 toneladas de caña y entonces tienen que parar para poder evaporar y seguir todo el proceso de la evaporación; qne la capacidad de 300 toneladas consignada en el informe al Tesorero fné en relación con el molino sólo y no para toda la planta porque ésta no puede moler más de las 100 toneladas; que la zafra duró de diciembre 10 basta junio 26 durante cuyo tiempo molieron 7,000 toneladas de azúcar en 1,400 boras, sin huelga alguna, funcionando el molino, de 6 a 8 boras cada día natural de 24 boras; que el resto de las 24 boras lo empleaban evaporando y haciendo azúcar y que si sé redujeran las horas empleadas en la zafra a días de 24 horas resultarían 58 días.

Julio Conesa, ingeniero, declaró conforme con el testigo Saurí que aunque los molinos tienen 300 toneladas de capa-cidad no pueden hacer toda su producción porque los ejes que tienen no son los propios y si tuvieran accesorios ade-cuados a su capacidad pudieran moler aquella cantidad pero que el resto de la maquinaria no puede hacerlo ni podrían hacer la cantidad de azúcar que ellos pueden producir; que considerando los aparatos de evaporación, la clase de caña que se estaba moliendo en el primer semestre del año 1915 en el día que se hizo el informe para el Tesorero de Puerto Rico, porque hay época en que la caña tiene una gran can-tidad de agua en que necesita mayor evaporación y hay otras en que es mayor la sucrosa con menos agua en la caña y con más~facilidad para hacer el azúcar, se puede calcular como promedio de 80 a 120 toneladas por día, según la marcha de los aparatos, si no hay algún trastorno que pueda impe-dirlo; que la planta montada, como maquinaria vieja no tiene valor alguno; y que vendida como hierro podría tasarse en 20 ó 30,000 pesos pero bajo el punto de vista de la necesidad para moler cañas cree que podría valer en un momento dado hasta $150,000; y que el justo valor de la maquinaria no pasa de $30,000 comparando con la maquinaria moderna y con relación a época en que la maquinaria estaba 'a bajo precio.

El testigo N. I. Stacy, ingeniero de construcción mecánica, declara que ha examinado repetidas veces la maquinaria de que se trata y no le ha sido posible hacer una estimación de su valor pues se encuentra en un estado tal que de un mo-mento a otro puede romperse; que la trasmisión está tan gastada que no se puede decir la presión que debe llevar; que la tubería está muy fina, no se sabe si el ácido la ha co-rroído y no se puede limpiar como corresponde debido a que si se le saca la escama que tiene quedaría con un espesor muy pequeño; que valoraría la maquinaria como hierro o •desperdicios pues no puede dar su opinión sobre lo que po-dría valer como maquinaria para trabajar y que la considera como maquinaria para botarla y que para poder apreciar el valor de cualquier clase de maquinaria en Puerto Bico para la elaboración de azúcar se necesitaría saber lo que da esa maquinaria y la cantidad de caña que muele.

Hemos extractado toda la prueba documental y testifical aportada al juicio y en vista de ella no podemos estimar que la corte inferior cometió error manifiesto en su apreciación, ya que no obró influida por pasión, prejuicio o parcialidad.

Alega la parte apelante para sostener su teoría de que la tasación es injusta por ser excesiva, que si bien los molinos de su maquinaria tienen capacidad para 300 toneladas de caña en 24 horas, que a razón de $500 por cada tonelada darían una producción total diaria de $150,000, el resto de la planta solamente puede contribuir a la elaboración de 100 toneladas diarias que a razón de $500 la tonelada, dan.un total de $50,000 cuya suma debe ser la justa valoración de toda la fábrica para los efectos contributivos.

La anterior conclusión de la parte apelante sería acep-table si el único factor tenido en cuenta para la valoración hubiera sido la capacidad de los molinos y no hubieran in-fluido en ella los demás factores que en su declaración explica Noah Shepard, Jefe del Negociado de Contribuciones, a saber: las varias piezas de maquinaria necesarias para cons-tituir una fábrica de azúcar, el precio del costo de ellas puestas en Puerto Eico, el valor de construcción, la capa-cidad de la maquinaria, el lucro realizable, el negocio que puede controlar, el fácil acceso de la factoría a los muelles y ferrocarriles, la situación de la fábrica, la clase de cañas y la calidad del terreno. No se ha demostrado que aún te-niendo en cuenta esos factores la tasación no debió exceder de $50,000 según pretende el demandante. Acaso esos mis-mos factores influyeron en la mente de Saurí & Subirá para que la maquinaria que en el año económico de 1914-1915 sólo tenía un valor de $22,470 fuera apreciada por ellos mismos para el año económico 1915-1916 en $32,470 y acep-taran en vista del resultado de las pruebas como valor justo y razonable de la maquinaria la suma de $50,000 a los efectos de la tasación para la contribución de dicho año económico de 1915-1916 calculando a $500 la tonelada diaria de mo-lienda. No es posible pretender que para calificar de injusta una tasación se impugne uno de los factores de la misma y se prescinda de los demás. El testigo de la' demandante, ingeniero Julio Conesa, afirma que la maquinaria en cuestión vendida como hierro podía tasarse en veinte o treinta mil dollars, pero bajo el punto de vista de la necesidad para moler cañas cree que en un momento dado podía valer hasta $150,000.

Interpretando la Ley No. 35 de 9 de marzo de 1911, al resolver el caso The Ensenada Estates, Inc., v. Hill, 24 D. P. R. 520, dijimos:

“No queremos deducir que toda valoración excesiva en ausencia absoluta de otras 'circunstancias sería suficiente para sostener una acción sobre cobro de contribuciones; pero sí creemos que si la valo-ración final hecha por la Junta de Revisión e Igualamiento, ya con-siderada aisladamente, o como en el caso de autos, en unión de otras circunstancias, es tan claramente excesiva que produzca una verda-dera e inequívoca opresión que equivalga a una injusticia clara y sustancial, entonces no debe negarse el acceso a las cortes al contri-buyente que protesta de acuerdo con nuestro estatuto simplemente porque no puede demostrar fraude o propósito deliberado por parte de los tasadores, o porque la acción de la junta no es técnicamente ilegal o claramente contraria a algún estatuto. Y sostenemos, ade-más, que si un demandante puede demostrar semejante injusticia sus-tancial, entonces la corte sentenciadora puede examinar y revisar la acción tomada por la Junta de Revisión e Igualamiento en tanto sea necesario para averiguar si las contribuciones en cuestión en realidad y según el sentir de la ley fueron cobradas o no injusta o ilegalmente y si deben ser reintegradas.”

Saurí & Subirá han tenido acceso a la corte de justicia de Ponce y no han demostrado ante ella que la contribución pagada bajo protesta sea tan claramente excesiva que les baya producido una verdadera e inequívoca opresión que equivalga a una injusticia clara y sustancial de que deban obtener reparación mediante la acción ejercitada ante dicha corte.

Es jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema que la apreciación de las pruebas hecha por la corte sentencia-dora no será revocada en apelación a menos que exista pa-sión, prejuicio o parcialidad o se haya cometido error mani-fiesto, y ninguno de esos motivos concurre en el presente caso.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

' Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Saurí & Subirá, Demandantes y Apelantes, v. Charles F. Hill, Tesorero Interino de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre devolución de contribuciones.
    No. 1759.
    Resuelto en julio 18, 1918.
    Resuelto por los fundamentos del caso No. 1758, Sawí Subirá y. C. F. HUI, Te-sorero Interino, resuelto en julio 18, 1918, pág. 609.
    Abogado de los apelantes: Sr. A. F. Castro.

    Abogados del apelado: Sres. Howard L. Kern, Attorney General, y 8. Mestre, Fiscal del Supremo.

   Confirmada la sentencia. apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutcbison.


text:
    Torrellas, Demandante y Apelante, v. Sanabria y Paoli et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre nulidad de contrato.
    No. 1725.
    Resuelto en julio 22, 1918.
    Nulidad de Contratos e Inscripciones — Doble Venta.- — En el presente caso apa-rece que la finca objeto de la demanda fué vendida dos veces: una, a Manuela y Esperanza Gómez, de quienes trae causa el demandante, y otra, a Manuela Bernard, de quien trae causa el demandado, y que el primero no inscribió su título en el registro y sí el segundo. Planteado así el debate, se resolvió: Que no habiendo la parte demandante presentado prueba de nin-guna especie en relación con el fraude atribuido al comprador demandado y siendo insuficiente la del conocimiento de dicho comprador acerca de la venta de que trae causa el demandante, no obstante haberse verificado ésta con anterioridad a aquella de que trae causa el demandado, estuvo justifi-cada la corte de distrito al decidir el pleito a favor del demandado haciendo aplicación de los artículos 1376 del Código Civil Revisado y 3'6 y 38 de la Ley Hipotecaria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Las partes no comparecieron a la vista de este recurso.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre nulidad de contratos e inscrip-ciones. El 23 de junio de 1899 falleció en Mayagüez, don Pedro Paoli y Cintrón. En su testamento dispuso lo que sigue:

“La casa de manipostería y azotea que también se ha mencionado y que radica en la calle de Candelaria de esta ciudad, a Engracia Sanabria y Paoli y a Manuela y a Esperanza Gómez y Paoli por una tercera parte en condominio, cada una, haciendo constar asimismo el testador señor Paoli, que estos legados le serán entregados a los legatarios después que fallezca su esposa doña Manuela Bernard quien gozará del usufructo de dichas fincas legadas mientras viva; y si falleciere alguno de los legatarios, es asimismo voluntad del dicho testador, que acrezca hacia los legatarios sobrevivientes el legado que pertenezca al fallecido. Y que por la cláusula séptima del mencio-nado testamento, fué instituida única y universal heredera de don Pedro Paoli, su esposa doña Manuela Bernard y Lacourt.”

El 13 de enero de 1908 comparecieron ante notario pú-blico la heredera Manuela Bernard y las legatarias Gómez Paoli y Sanabria representadas las Gómez Paoli, que eran aún menores de edad, por su tutor Florencio Comelín y la heredera hizo entrega a las legatarias de su legado, consis-tente en la nuda propiedad de la indicada casa, reservándose su derecho de usufructo mientras viviera.

El día 20 de los mismos mes y año, se otorgó otra escri-tura pública, por virtud de la cual la legataria Engracia Sanabria, asistida de su esposo, vendió por la suma de tres-cientos pesos su condominio a las otras legatarias Gómez y Paoli.

Manuela Gómez y Paoli falleció el 15 de enero de 1915. Y por escritura de 11 de mayo de 1916, Esperanza Gómez y Paoli vendió por seiscientos pesos a Cruz Bernard todos los derechos que tenía sobre la referida casa, a saber: la nuda propiedad en absoluto y la mitad del usufructo. La compra-dora, por escritura de 29 de mayo de 1916 y precio de sete-cientos cincuenta pesos vendió finalmente sus derechos al demandante Pablo Torrellas. Tal es‘ la historia del títiilo del demandante alegada en la demanda y plenamente compro-bada en el juicio.

El demandante alega, además, que Manuela Bernard, la heredera, Engracia Sanabria, una de las legatarias, y su esposo, el 25 de mayo de 1916, fraudulentamente puestos de acuerdo, otorgaron ante el notario Ramírez Vigo una escri-tura en la que hicieron aparecer como dueña de la finca a Engracia Sanabria, vendiéndola ésta a Manuela Bernard por el precio simulado de quinientos pesos. Que siguiendo en su propósito fraudulento la demandada Manuela Bernard en septiembre de 1916 tramitó un expediente posesorio y logró que la corte declarara justificada la posesión de la finca a favor de Pedro Paoli, inscribiéndola así en el registro. Que continuando en su plan de fraude Manuela Bernard y Engracia Sanabria hicieron inscribir en el registro el testa-mento de Paoli y acreditando la muerte de las dos legatarias Manuela y Esperanza Gómez, lograron que se inscribiera a favor de la Sanabria completa la nuda propiedad y el usu-fructo a favor de la Bernard, obteniendo por último la ins-cripción del dominio pleno a favor de la Bernard por virtud del registro de la escritura de 25 de mayo de 1916 de que se deja hecho mérito.

Y alegó también el demandante que las demandadas Bernard y Sanabria fraudulentamente vendieron al demandado Rodolfo Ramírez Yigo la finca,' conociendo el comprador qne la vendedora sólo tenía la mitad del usufructo de la finca.

La contestación de los demandados puede resumirse así: Aceptan el testamento de Paoli y sostienen que de acuerdo con sus términos muertas las dos legatarias Esperanza y Manuela Gómez antes que la-heredera todos los derechos a la nuda propiedad pasaron a la legataria demandada Engracia Sanabria; que Engracia Sanabria los vendió en efecto a-la heredera Manuela Bernard quedando ésta convertida en dueña absoluta de la finca y como tal la vendió finalmente a Ramírez Yigo. Los demandados sostienen que el contrato por virtud del cual Cruz Bernard aparece vendiendo la finca al demandante Torrellas, es simulado, y que lo es también la escritura de 20 de enero de 1908 por virtud de la cual la legataria Sanabria aparece vendiendo su derecho a favor de las otras legatarias Gómez Paoli.

Sometido así el pleito a la decisión de la corte, ésta lo resolvió en contra del demandante quien interpuso entonces el presente recurso de apelación.

La corte sentenciadora no estudió en su opinión la cues-tión planteada por los demandados con respecto a si no obs-tante los hechos realizados entre la heredera y las legatarias, es lo cierto que muertas dos de las legatarias antes que la heredera, de acuerdo con la voluntad del testador la lega-taria sobreviviente se convirtió en la única dueña de la nuda propiedad y pudo así trasmitirla válidamente a la heredera. Dicha corte estimó que se trataba de un caso de doble venta y se expresó así:

“La cuestión esencial a discutir, es la de si la venta hecha por Manuela Bernard’ a favor de Rodolfo Ramírez Yigo es nula o es válida.
“Esta corte entiende no solamente que no se ba probado la nuli-dad de dicha escritura, sino que en la demanda no existe alegación especificando qué hechos realizó el demandado Ramírez Yigo y de los cuales puede inferirse que tenía conocimiento de que el título de la vendedora era un título nulo; sólo se alega una conclusión de derecho a la cual no viene obligado' el demandado a contestar, y fal-tando esta alegación, no existe causa de acción, no existiendo tam-poco prueba de ninguna clase de la nulidad o simulación que alega én la demanda respecto a los otros títulos.
“En opinión de la corte la cuestión que aquí se plantea está resuelta en el artículo 1376 del Código Civil según el cual, si una' misma cosa se hubiere vendido a diferentes compradores y fuere in-mueble, la propiedad de ella pertenecerá al adquirente que antes la haya inscrito en el registro.
“En este caso Engracia Sanabria hizo venta de sus derechos en la casa descrita en el hecho segundo de la demanda, dos veces: una vez a favor de Manuela y Esperanza Gómez, de quienes trae causa y título el demandante; y otra vez a favor de Manuela Bernard, de quien trae causa y título el demandado Rodolfo Ramírez Yigo.
“El demandante no inscribió su título; el demandado Ramírez Vigo lo inscribió, luego éste es el dueño de la finca de que se trata.
“Además, hay que tener en cuenta los preceptos de los artículos 36 y 38 de la Ley Hipotecaria, que son de especial aplicación a este caso y que dicen así:
“ 'Artículo 36. — Las acciones rescisorias y resolutorias no se da-rán contra tercero que haya inscrito los .títulos de sus respectivos de-rechos, conforme a lo prevenido en esta Ley. ’
“ ‘Artículo 38. — En consecuencia de lo dispuesto en el artículo 36 no se anularán ni rescindirán los actos o contratos en perjuicio de tercero que haya inscrito su derecho, por ninguna de las causas si-guientes :
“ ‘4a Por la doble venta de una misma cosa, cuando alguna de ellas no hubiera sido inscrita.
“Y teniendo en cuenta que la finca de que se trata fué vendida dos veces, y que el demandante presenta su demanda porque su tí-tulo no está inscrito y fundándose en eso pide la nulidad del título inscrito del demandado, se llega a la conclusión de que el demandante carece de acción para interponer su demanda.”

Hemos examinado cuidadosamente el alegato de la parte apelante y a nuestro juicio la corte sentenciadora no lia come-tido ninguno de los errores que se le atribuyen.

La parte demandante no presentó prueba de ninguna es-pecie en relación con el fraude atribuido al comprador Ramí-rez Vigo, y en cuanto al conocimiento que el dicto comprador pudiera tener de que la finca babía sido vendida previamente al demandante, sólo se presentó como prueba una constancia puesta al pie de cierta copia de una escritura por el dicto Ramírez Vigo en su carácter de notario público. No aparece que sobre esa constancia se llamara la atención en la corte de distrito. El documento se introdujo claramente para otro fin. Además, es tan poco precisa y tan susceptible de otras interpretaciones, que no puede servir de base para concluir por sí sola que cuando Ramírez Vigo adquirió la finca de que se trata, sabía que tabía sido vendida al demandante.

Siendo esto así, no es necesario entrar en el estudio de ninguna de las otras cuestiones que puedan estar envueltas en el pleito, pues si Ramírez Vigo adquirió válidamente, el derecto que a la finca pudiera tener el demandante resulta enteramente ineficaz. Su título quedó destruido por el título superior del demandado.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutctison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolu-ción de este caso.


text:
    Rivera, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama, inscribiendo con defectos subsana-bles nn expediente de dominio.
    No. 375.
    Resuelto en julio 23, 1918.
    Expediente de Dominio — Estado Civil del Promovente. — En un expediente de dominio es preciso consignar el estado civil del promovente en la época de la adquisición y no basta la expresión del estado en que se encontrare al presentarse el escrito inicial.
    Bienes Gananciales — Inscripción.—Para que una finca tenga el carácter de bien ganancial y en tal concepto proceda su inscripción, es necesario de- ■ mostrar de algún modo que el promovente estaba casado con su actual es-posa en la fecha de la adquisición de la finca, pues no existe presunción de que unQ que está casado hoy con determinada persona lo estuviera con la misma en cierta fecha del pasado.
    Defecto Subsanable — Ley No. 20 de Marbo 11, 1918. — Está bien consignadoen el presente caso el defecto subsanable de no ser firme la resolución aproba-toria del expediente de dominio, sin que importe nada el hecho de que el Se-cretario de la Corte de Distrito de Guayama exprese que la resolución es firme por mandato de la ley, pues esa no es función de su incumbencia y debió haberse limitado a certificar sobre hechos sin entrar en cuestiones de-derecho. La Ley No. 20 aprobada en 11 de marzo de 1918 empezó a regir-a los noventa días de su aprobación y no puede afectar a una resolución dic-tada antes de empezar a regir.
    Los hechos están expresados en la opinión. '
    Abogado del recurrente: Sr. Manuel A. Rivera.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez Laserre, com-pareció en nombre propio.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal. ■

En expediente promovido ante la Corte de Distrito dé Guayama por Francisco Rivera y Torres, casado con Carnieii Hernández, para acreditar el dominio de cierta finca rústica radicada en el barrio de Asomante, término municipal de Aibonito, dicha corte dictó resolución en 6 de junio de 1918 declarando justificado el dominio a favor del promovente y ordenando su inscripción en el registro de la propiedad, pre-via copia certificada de la resolución qué a su tiempo se le expediría. La certificación aludida fue expedida en 11 de junio citado por el secretario de la corte, quien hizo constar en ella que la sentencia era firme por mandato de la ley; y habiendo sido presentada al registro en 14 de junio, el regis-trador verificó la inscripción en 17 de junio “con el defecto subsanable de no acreditarse el estado civil del promovente al hacerse la adquisición de la finca y de no ser firme la resolución. ’ ’

Esa nota ha sido recurrida por Francisco Rivera y Torres y está sometida a nuestra consideración, alegando el recu-rrente que no existen los defectos subsanables en ella apun-tados.

Ciertamente que en el caso de Ramos v. El Registrador de la Propiedad, 16 D. P. R. 60, revocó esta Corte Suprema nota de dicho registrador denegatoria de inscripción de una sentencia de dominio por no resultar si el promovente ad-quirió la finca en constante matrimonio o en estado de solte-ría y no expresarse en el primer caso el nombre de la esposa; pero al dictar resolución análoga en caso posterior de Vega v. El Registrador de San Germán, 23 D. P. R. 799, hicimos constar que a nuestro juicio convenía a las partes intere-sadas adoptar el criterio del registrador expresando en el título el nombre del consorte del promovente para mayor claridad y en evitación de dificultades en las transacciones futuras, pues inscrita una finca a favor de una persona ca-sada sin que constara por alguno de los medios reconocidos en derecho que se trata de un bien privativo se presume ganancial. Invocamos entonces en apoyo de la anterior doc-trina nuestras resoluciones en los casos de Ortiz v. El Registrador de San Germán, 23 D. P. R. 702 y Delgado v. El Registrador de San Germán, 23 D. P. R. 704.

En el caso de Ramos v. El Registrador de Caguas, 18 D. P. R. 16, decidimos, confirmando resolución de dicho re-gistrador, que no era inscribible un expediente de dominio én que no constaba el estado civil del promovente en el momento de la adquisición, si bien aclaráramos qne no era preciso qne tal estado constara necesariamente del mismo expediente, pnes podía acreditarse por medio de prueba pro-cedente en derecho.

Y últimamente en el caso de de Jesús v. El Registrador de San Juan, Sección 1a., 24 D. P. R. 621, encontramos ajus-tada a derecho la nota, expresándonos en los siguientes términos:

“Según aparece de la resolución de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., que dejamos transcrita, Pía de Jesús alegó en el es-crito inicial del expediente de dominio ser de estado viuda * '* * pero aquella resolución no muestra que la peticionaria fuera soltera, casada o viuda cuando hizo las adquisiciones de dichas fincas, y esa expresión de su estado tiene que ser consignada en la inscripción por ser una circunstancia particular conveniente al caso y afectar indis-cutiblemente a la eficacia del derecho de dominio declarado por la resolución. Artículos 77 y 440 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria. Las consecuencias legales en cuanto a las ad-quisiciones que se dicen hechas por título oneroso tienen que ser dis-tintas según que se hicieran por Pía de Jesús siendo soltera, viuda o casada. En los dos primeros casos adquiriría exclusivamente para sí, y en el tercero para la sociedad de gananciales, a no ser que ad-quiriera con recursos de su privativa pertenencia.”

Contrayéndonos al presente caso opinamos que aunque Francisco Rivera y Torres manifestara en el escrito inicial del expediente qne entonces estaba casado con Carmen Her-nández, no aparece que al verificar la adquisición fuera ca-sado, soltero o viudo y en el primer caso cuál fuera su esposa, la que podía ser persona distinta de Carmen Her-nández. Indudablemente que si entonces estaba casado con ésta la adquisición se hizo para la sociedad de gananciales que constituyó con ella, pero si estaba soltero o viudo la adquisición fué en beneficio propio, y si estaba casado con persona distinta de Carmen Hernández la adquisición no se hizo para la sociedad de gananciales que con ésta constituyó sino para. otra sociedad de gananciales compuesta de con-sortes distintos y entonces la finca en cuestión sería del do-minio de Francisco Eivera y de los herederos de, sn primera esposa.

Para que la finca de que se trata tuviera el carácter de bien ganancial de Francisco Eivera y Carmen Hernández según aleg’a la parte recurrente, con el fin de justificar la procedencia de la inscripción, puesto que no pretendía que ésta se verificara a favor del primero exclusivamente era necesario demostrar de algún modo que Eivera estaba casado con su actual esposa en la fecha de la adquisición de la finca pues no existe presunción de que uno que hoy está casado con determinada persona lo estuviera con la misma en cierta fecha del pasado. Si Eivera estaba casado con la Hernández en la fecha de la adquisición, el defecto subsanable apuntado es susceptible de ser subsanado fácilmente según dijimos en el caso supra de Delgado v. El Registrador de San Germán.

Por lo que toca al otro defecto subsanable de no sér firme la resolución aprobatoria del expediente de dominio, también existe, y así lo hemos resuelto en los casos de Soto v. El Registrador de la Propiedad, 15 D. P. R. 611, Martines, v. El Registrador de la Propiedad, 16 D. P. R. 273, y Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. El Registrador de la Propiedad, 17 D. P. R. 228.

No importa que el secretario de la corte de Guayama hiciera constar en su certificación que la resolución era firme por mandato de la ley, pues no era esa función de su incum-bencia y debió haberse limitado a certificar sobre hechos sin entrar en cuestiones de derecho.

Tampoco favorece al apelante la Ley No. 20 aprobada en-11 de marzo de 1918, expresiva de que en todos los expe-dientes ex parte que se tramiten ante las cortes de distrito y en los cuales no se hubiere formulado oposición o impug-nación en alguna forma, la resolución final que se dicte apro-bando el expediente se considerará firme desde el momento en que se dicte. Esa ley empezó a regir a los noventa días de su aprobación y no puede por tanto afectar a una réso-lución diotada en 6 de junio de 1918 en onya fecha fné apro-bado el expediente de dominio.

Es de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Borge, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama, inscribiendo con defectos subsanables un expediente de dominio.
    No. 376.
    Resuelto en julio 23, 1918.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 375, Rivera v. ffl Registrador de Guayama, p. 625.
    Abogado del'recurrente: Sr. Manuel A. Rivera.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez Lasserre, no compareció.
   Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.