author: El Juez Asociado SeñoR Hutchison

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta de los Sres. Manuel León Parra, Presidente, y F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, recurrida, y Gertrudis Cruz, representado por su madre con patria potestad, Amada Cruz, peticionarios ante la Comisión Industrial en el caso de Doroteo Rosado.
    Núm. 182.

    Sometido: Enero 8, 1940.

      Resuelto: Marzo 11, 1940.

      Eon. Procurador General George A. Malcolm (E. Campos del Toro, Procurador General Interino, en el alegato) E. de Aldrey, Pro-curador General Auxiliar, y Víctor J. Vidal González y G. Atiles Moréu, Asesores legales éstos del Fondo del Estado, abogados del recurrente; M. León Parra, abogado de la recurrida; Virgilio Brunet y Miguel A. Casiano, abogados del beneficiario.
   El Juez Asociado SeñoR Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El Administrador del Fondo del Estado solicita se revo-que una decisión de la Comisión Industrial. Sostiene que la Comisión cometió error:

Al resolver que la alegación del Administrador de que el obrero no informó su caso dentro del tiempo prescrito por la ley no fué planteada oportunamente, cuando de la decisión del Administrador aparece claramente expuesta la cuestión y la misma fué objeto de amplia prueba ante la Comisión.
Al no considerar esa cuestión — asumiendo para los fines de la argumentación que ella fué suscitada por primera vez en una moción* de reconsideración — porque dicha alegación envolvía -una cuestión jurisdiccional, de la cual no era dable al Fondo del Seguro del Es-tado renunciar y la cual podía suscitarse en cualquier etapa del proceso.
Al resolver que en caso de muerte por accidente del trabajo un biznieto tiene derecho a compensación, si dependía para su subsis-tencia del salario de su bisabuelo.

Al resolver el caso, el Administrador dijo que de la investigación practicada se desprendía que el accidente había ocurrido el 10 de febrero y que el mismo no fué reportado hasta el 17 de dicho mes, cuando el obrero explicó a un médico que no había informado el accidente por no haberle dado importancia a la herida. El médico describió la lesión como una herida incisa superficial como de tres cuartos de pulgada. Al ser llamado el médico, éste halló al paciente padeciendo de tétano.

El Administrador basó su decisión en falta de prueba r para demostrar que la lesión había sido recibida en el curso* y como consecuencia de su empleo; o para establecer una dependencia protegida por la ley.

Durante la vista celebrada ante la Comisión Industrial hubo alguna prueba de la cual la Comisión pudo o no haber-hallado, de habérsele suscitado la cuestión, que transcurrie-ron más de cinco días antes de informarse el accidente-También hubo alguna prueba de la cual la Comisión pudo haber resuelto que la razón por la cual el obrero dejó de in-formar el accidente era suficiente, de haberse planteado tal cuestión. Al empezar la vista los letrados de ambas partes informaron el alcance y extensión de las cuestiones envuel-tas, conforme indica el incidente que se reseña a continuación r

“Ledo. Casiano: Bernardo Rivera. En este caso hay dos cues-tiones ahora en issue, cuestiones en controversia. Admitido como está por el Fondo del Estado, por su resolución, de que el obrero falleció a consecuencia de un tétano, producido por una herida en una rótula, en la rótula de la rodilla izquierda, lo cual consta, ha-biéndose aceptado en la resolución del Fondo del Estado de que el obrero murió de tétano producido por una herida en la rótula iz-quierda, y habiendo denegado el caso debido a que no se probó la existencia de un accidente, en ese caso solamente hay dos cuestiones a probar: si hubo o no un accidente del trabajo, ya que se aceptó de que el tétano fué producido por una herida. . . .
“Sr. Presidente: Esto es, si la herida fué producida por un ac-cidente del trabajo.
“Ledo. Casiano: Y si hay beneficiarios en este caso. Ésas son las dos cuestiones en issue.
“Sr. Presidente: Yamos adelante. ¿Qué dice el Fondo del Es-tado?
“Ledo. Atiles: Sí, son esas cuestiones, si el accidente ocurrió o no en el curso del trabajo, y si hay dependencia legal.”

El juicio terminó el 20 de junio de 1939. Se concedió a las partes un término de diez días para radicar sus alegatos. El caso fué resuelto el 18 de agosto. En el ínterin este tribunal resolvió el 29 de julio el caso de Torres v. Comisión Industrial, 55 D.P.R. 438. Se radicó una moción de recon-sideración ante la Comisión Industrial con fecha 25 de agosto. En esta moción el letrado del Fondo del Estado presentó por primera vez ante la Comisión la cuestión de que el obrero lesionado había dejado de informar el accidente dentro del período estatutario de cinco días.

El peticionario cita los siguientes casos:

Spring Canyon Coal Co. v. Industrial Commission, 201 P. 173, 178; Walsh v. Waldron & Sons (Conn.) 153 A. 298, 300; Meade Fiber Corp. v. Starnes, 247 S. W. 989; Patten Hotel Co. v. Milner, 238 S. W. 75; New Amsterdam Casualty Co. v. Industrial Accident Commission, 225 P. 459, 460; Bushnell v. Industrial Board, et al. (Ill.) 114 N. E. 496, 497; Ohio Oil Co. v. Industrial Commission (Ill.) 127 N. E. 743, 745; Barrett Co. v. Industrial Commission et al., (Ill.) 123 N. E. 29; Bloomfield v. November (N. Y.), 114 N. E. 805; Torres v. Comisión Industrial, supra.

El peticionario también copia de las opiniones emitidas ' en dichos casos, mas no cita las disposiciones estatutarias envueltas. En tanto en cuanto hayamos podido determinar, esas disposiciones estatutarias son distintas a la nuestra.

El estatuto de Connecticut se cita en el caso de Simmons v. Holcomb (Conn. 1923), 120 A. 510, así:

“Sección 5360. Solicitudes de compensación. — No se considerará ninguna solicitud de compensación bajo las disposiciones de este ca-pítulo a menos que se baga una solicitud de compensación por escrito dentro de un año contado a partir de la fecba en que el obrero sufre la lesión; . . . pero cuando ha habido una vista, se ha solicitado por escrito la celebración de una vista o se ha señalado ésta dentro de un año a partir de la fecha del accidente, o cuando se ha sometido un convenio voluntario dentro de dicho período de un año, la falta de tal solicitud no impedirá que se instruyan y consideren tales pro-cedimientos, y en ningún caso cualquier defecto o inexactitud en la solicitud impedirá que se consideren tales procedimientos, a menos que el patrono demuestre que no tenía conocimiento del accidente y que con ello fue perjudicado.”

La sección 22 de la Ley de Compensaciones por Acciden-tes del Trabajo del Estado de Tennessee (capítulo 123 de las Leyes de 1919) puede bailarse en el caso de Black Diamond Collieries v. Seal (Tenn. 1921), 234 S. W. 322. Ésta lee así:

“Sección 22. — Se ordena además que todo obrero lesionado o su representante, inmediatamente que ocurra un accidente, o tan pronto como sea razonable y práctico, notificará o hará notificar por escrito del mismo al patrono, y el obrero no tendrá derecho a los honorarios médicos ni a la compensación que pueda corresponderle bajo las dis-posiciones de esta ley desde la fecha del accidente hasta que se dé tal aviso, a menos que se demuestre que el patrono tenía de hecho conocimiento del accidente; y ninguna compensación será pagadera bajo las disposiciones de esta ley a menos que se dé tal notificación por escrito al patrono dentro de treinta días contados a partir de la fecha en que ocurre el accidente, a no ser que a satisfacción del tribunal a que se presente la solicitud de compensación exista una ex-cusa razonable para haberse dejado de hacer tal notificación.”

La sección 11 de la “Workmen’s Compensation Insurance and Safety Act” de 1917 del Estado de California prescribe :

“Sección 11 (a). — A menos que la indemnización sea pagada o se celebre un acuerdo en relación con el pago de la misma dentro del límite de tiempo prescrito en esta sección para la iniciación de pro-cedimientos en cobro de ella, el derecho a instruir tales procedimien-tos habrá prescrito; disponiéndose, que la radicación de un escrito ante la Comisión en que se solicita cualquier parte de los beneficios prescritos por esta ley, hará ineficaz esta sección en lo que a recla-maciones ulteriores de indemnización proveniente de la misma tran-sacción radicadas por otras personas se refiere, y el derecho a pre-sentar tales reclamaciones ulteriores se regirá por las disposiciones de las secciones 20 («£) y 65 (b) de esta ley.
“(b) Los términos dentro de los cuales pueden iniciarse los pro-cedimientos en cobro de indemnización son los siguientes:
“(1) Los procedimientos para el cobro del beneficio provisto por el inciso (a) de la sección 9 o para el cobro del pago por incapa-cidad provisto por el inciso (b) de dicha sección 9 deben iniciarse dentro del término de seis meses contado a partir de la fecha del accidente, a no ser que esta ley disponga lo contrario.”

La sección 24 de la Ley de Indemnizaciones a Obreros del Estado de Illinois de 1913 (Bushnell v. Industrial Board, 114 N.E. 496, 497) lee:

“No se instruirá ni considerará ningún procedimiento en cobro de indemnización bajo esta ley a menos que la solicitud de compen-sación se haga dentro del término de seis meses contado a partir de la fecha del accidente, o, en caso de que se hayan efectuado pagos bajo las disposiciones de esta ley, a no ser que se haya radicado una solicitud escrita dentro del término de seis meses después de haber cesado dichos pagos.”

Este tribunal no resolvió en el caso de Torres, supra, que el dejar de informar nn accidente dentro de cinco días priva a la Comisión Industrial de toda facultad para actuar sobre una solicitud de compensación, no obstante haber el Admi-nistrador del Fondo del Estado renunciado al requisito esta-tutario. En dicho caso no estaba envuelta semejante cues-tión.

En la opinión se hace de un caso de Michigan (Ames v. Lake Independence Lumber Co., 226 Mich. 83, 90, 197 N. W. 499, 502) el siguiente extracto (bastardillas nuestras):

"Éste es un procedimiento estatutario especial. La condición de que la parte a quien se demanda debe ser notificada o tener conoci-miento del accidente, es un derecho estatutario sustancial y cuando se alega no puede ser ignorado por una comisión o por una corte.” (Pág. 443.)

Conforme se indicó posteriormente en el mismo caso de Torres (bastardillas nuestras):

“En algunas jtirisdiceiones en que la ley tiene disposición igual a la nuestra, la falta del obrero de comparecer ante el médico para examen dentro de cinco días, le priva del derecho a compensación y además le impide entablar o seguir procedimiento alguno para ob-tener tal compensación. Se ba decidido que una Comisión Industrial no tiene jurisdicción para resolver un caso cuando no se demuestra que se notificó al asegurador dentro del término prescrito por el es-tatuto.
“ 'Bajo la Ley de la Comisión de Compensaciones a Obreros, ar-tículo 24, que provee que no se podrá entablar procedimiento bajo dicha ley a menos que se informe del accidente al patrono dentro de 30 días, tal notificación es esencial a la jurisdicción de la Comisión Industrial.’ Ridge Coal v. Industrial Commission, 131 N. E. 637; 298 Ill. 532.
‘‘En Michigan se ha sostenido que el dejar de notificar al ase-gurador dentro del período estatutario de la ocurrencia de un acci-dente a consecuencia del cual un obrero falleció algún tiempo des-pués, de modo que la primera noticia que el asegurador tuvo de tal' accidente fué después de la muerte, constituye un impedimento para recibir compensación. El caso fué uno en que un obrero de una compañía maderera abandonó el trabajo y se marchó para su casa, quejándose de fiebre. Resultó luego que padecía de fiebre tifoidea y de ella murió a los pocos días. Después de su muerte los here-deros alegaron y probaron que la tifoidea había sido adquirida to-mando agua en el campamento donde trabajaba. La corte sostuvo-que la omisión de notificar al asegurador dentro del límite estatu-tario le había privado de su derecho a ’disponer que su propio mé-dico exáminara al obrero y a revisar el tratamiento seguido por éste, y a investigar dentro de tiempo razonable si el accidente había real-mente ocurrido en el curso del trabajo.
“El dejar de notificar al patrono que el"empleado sufría de fiebre tifoidea o que ésta le causó la muerte, dentro de tres, meses después de la ocurrencia, como requiere la ley, es un impedimento para re-cibir compensación por la muerte del empleado.’ Johnson v. Bergland Lumber Co., 203 N. W. 840, 231 Mich. 34.” (Págs. 444-445.)

En dicho caso de Torres el tribunal entonces dijo:

“Creemos, como la Comisión, que si se autorizara a presentar reclamaciones por la muerte de nn obrero alegando que había sido causada por un accidente del cual no se notificó nunca al Pondo del Seguro del Estado, o del cual se le notificó después del término pres-crito por la ley, el Pondo no tendría una oportunidad justa para in-vestigar los hechos del caso. El Pondo tiene un derecho estatutario a ser informado del accidente dentro de cinco días de su ocurrencia, ya por el informe del patrono o por la comparecencia del empleado ante el médico del Pondo.” (Pág. 445.)

Esto, desde luego, debe interpretarse a la luz de la cues-tión y de los hechos que la corte tuvo ante sí en el referido caso de Torres. Interpretado en esa forma, ello no significa que el derecho estatutario en cuestión no puede ser renun-ciado por el Administrador del Pondo del Estado. La sec-ción 15 de la Ley de Michigan puede hallarse en el caso de Ames v. Lake Independence Lumber Co., supra. Esta lee así:

“Sección 15. — No se instruirá ni considerará ningún procedi-miento de compensación por accidente bajo esta ley, a menos que el patrono sea notificado del accidente dentro del período de tres meses contado a partir de la fecha en que sucedió el mismo, y a menos que la solicitud de indemnización por tal lesión — solicitud que puede ha-cerse oralmente o por escrito — se haga dentro del período de seis meses contado a partir de la feeha del accidente.”

Podría admitirse que la sección 15 de la ley de Michigan y la sección 24 de la ley de Illinois son algo similares a la sección 5 de la ley de Puerto Rico en lo que a la cuestión que estuvo ante este tribunal en el caso de Torres se refiere. En lo que concierne a la cuestión que ahora está ante nos existe una diferencia vital entre el artículo 5 de nuestra ley (Leyes de Puerto Rico de 1935, págs. 251, 275) y secciones más o menos similares, interpretadas en los casos citados por este tribunal en el de Torres v. Comisión Industrial, supra, y por el recurrente en el recurso de autos.

La sección 13 dispone qne todo patrono deberá presentar nn informe escrito al Administrador del Fondo dentro del término de cinco días después de ocurrir un accidente. Pro-vee además que:

“Los patronos que rehusaren o descuidaren hacer los informes requeridos por este artículo serán castigados por la corte municipal donde reside el patrono, con una multa que no excederá de cien (100) dólares ”

El artículo 5 impone al obrero lesionado, durante el p-. ríodo de inhabilitación, el deber de dejarse tratar y exami-nar a horas y en sitios oportunos “por un médico compe-tente designado por el Administrador; Disponiéndose, que si el Administrador no proveyera asistencia adecuada al obrero o empleado, éste podrá acudir ante la Comisión Industrial y ésta, previa investigación por un médico designado al efecto ordenará la asistencia que convenga al caso y el Adminis-trador cumplirá con la orden de la Comisión”. El párrafo 4 de ese artículo lee así:

“La negativa u oposición sin justa causa, del obrero o empleado a someterse al examen médico o tratamiento facultativo provisto por el Administrador surtirá el efecto de privarlo de su derecho a recibir compensación de acuerdo con esta Ley o entablar o seguir procedi-miento de acuerdo con la misma para obtener tal compensación; Dis-poniéndose, que si el obrero o empleado no se presentare al médico dentro de un término que no excederá de cinco (5) días después de la ocurrencia del accidente para tratamiento facultativo, ni explicare satisfactoriamente su demora al Administrador, éste podrá privarlo de su derecho a recibir compensación alguna, pero no podrá negarse al obrero o empleado bajo ninguna circunstancia, la asistencia médica que a juicio del Administrador se considere necesaria hasta tratar de lograr su total restablecimiento; Y disponiéndose, además, que para apreciar y comprobar la incapacidad con que queda afecto el obrero o empleado, el Administrador, podrá compeler la comparecencia personal del lesionado por cuenta del Fondo del Estado.”

En el presente caso no hubo “negativa u oposición” por parte del obrero lesionado, sin justa causa o de otra índole “a someterse al examen médico o tratamiento facultativo provisto por el Administrador”. En su consecuencia no puede privársele de su derecho a indemnización en la teoría de tal “negativa u oposición”.

El dejar el obrero lesionado de presentarse a examen dentro del término de cinco días después de ocurrir el accidente o de explicar la demora, no es un impedimento absoluto a que se reciba compensación. Evidentemente, es cuestión que cae dentro de la sana discreción del Administrador, para ser ejercitada de acuerdo con las circunstancias de cada caso específico.

El Administrador no trató de privar al obrero de su derecho a percibir compensación, ya por haber dejado de presentarse al médico para recibir tratamiento facultativo dentro del término de cinco días contado a partir de la fecha en que ocurrió el accidente o por haber dejado de “explicar . ... su demora”. El Administrador aparentemente quedó de un todo convencido con la explicación obvia revelada por los hechos ineontrovertidos de su investigación. Es de presumirse que por igual motivo él no suscitó tal cuestión en el curso del procedimiento llevado a cabo ante la Comisión Industrial hasta después de ésta haber dictado su decisión y luego de este tribunal haber emitido su opinión en el caso de Torres. Quedaba a opción del Administrador ejercitar su derecho estatutario de privar al obrero lesionado de su derecho a indemnización o de privar a sus beneficiarios de su derecho a compensación. El Administrador renunció ese derecho al dejar de ejercitar el mismo, bien al tiempo de dictar su propia decisión o en el curso de la vista celebrada ante la Comisión.

El lenguaje de nuestro estatuto nos releva de la necesi-dad de revisar el razonamiento de la Corte Suprema de Utah en el primero de los casos citados por el recurrente: Spring Canyon Coal Co. v. Industrial Commission, supra.

La Comisión Industrial no cometió error al resolver que la cuestión relativa a la falta del obrero lesionado de in-formar el accidente dentro del término de cinco días al ser presentada por primera vez en una moción de reconsidera-ción, era demasiado tardía. Los párrafos segundo y tercero del inciso 5 del artículo 3 de la ley (leyes de 1935, págs. 265 y 267) leen así:

“Si el obrero o empleado dejare una viuda, padres, bijos legítimos, o ilegítimos, o hijos postumos, fueran éstos o no naturales o adopti-vos, o nietos, cualquiera de los cuales dependiera total o parcialmente para su subsistencia de lo que ganaba el obrero o empleado fallecido al tiempo de su muerte, recibirán una compensación de mil (1,000) dólares a tres mil (3,000) dólares que se graduará en atención a la capacidad económica del obrero o empleado fallecido y sus proba-bilidades de vida, de acuerdo con las reglas que deberá preparar el Administrador del Fondo del Estado, las que tendrán fuerza de ley después de aprobadas por la Comisión Industrial y el Gobernador, y promulgadas de acuerdo con la ley. Dicha compensación se distri-buirá entre los parientes mencionados atendiéndose a la condición, necesidades, grado de parentesco y dependencia de cada uno, según se decida por el Administrador de acuerdo con los hechos.
“En defecto de las personas antes mencionadas, el padre o la madre de crianza, los hijos de crianza, o hermanos menores de quince años, o cualquiera que sea su edad, si fueren judicialmente declara-dos incapacitados por la corte correspondiente, que dependieran total o parcialmente de lo que ganaba el obrero o empleado fallecido reci-birán una compensación de mil (1,000) a dos mil (2,000) dólares como máximum, y si fueren varias las personas con derecho a esta compensación, la misma se distribuirá entre ellas según lo disponga el Administrador. ’ ’

La Comisión Industrial resolvió que el biznieto también era hijo de crianza y dependía para sn sostenimiento de los salarios de sn padre de crianza al tiempo de sn muerte. De ello se desprende que el hijo de crianza como tal, tenía derecho a percibir indemnización y la Comisión acertadamente así lo resolvió. El error, de haberlo, al decidir que el hijo de crianza también tenía derecho a percibir indemnización como biznieto, no fué perjudicial.

Debe confirmarse la resolución de la Comisión Industrial,


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole

license: Public Domain

text:
    The Chase National Bank of the City of New York, demandante y apelado, v. Concepción Rosaly Viuda de Colón Figueroa, haciendo negocios bajo el nombre de M. Colón Figueroa, Sucrs., y Concepción Colón Bernazar, demandadas y apelante la última.
    Núm. 8018.

    Sometido: Julio 24, 1939.

      Resuelto: Marzo 12, 1940.

      Erasto Arjona Siaca, abogado de la apelante; Ramón A. Gadea Picó, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de Ponce, en un procedimiento de repo-sesión de bienes muebles, vendidos en venta condicional, el apelado solicita se desestime .la apelación: primero, porque la sentencia -no es apelable; y segundo, porque la apelante no ha elevado la transcripción de evidencia o la exposición del caso.

El argumento del apelado es que la sentencia no es. apelable porque la ley especial sobre la materia — núm. 61 de abril 13, 1916 (pág. 126), según fue enmendada por las leyes, mima. 40 y 88 de 19215 (pág. 247); y por la núm. 52 de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 175)—no autoriza tal cosa, y porque la sentencia que se dicta en tales procedimientos no es una sentencia final.

En Matheu v. Colón, 49 D.P.R. 376; Otero & Co., S. en C., v. Mendín, 41 D.P.R. 929; National Cash Register Co. v. Berdeguez, 37 D.P.R. 158, y Commercial Credit Company v. Coll, 37 D.P.R. 107, este Tribunal decidió apelaciones inter-puestas de la corte de distrito en procedimientos instruidos-de conformidad con esta ley. La cuestión de si procedía o no el recurso de apelación bajo la ley especial no fué susci-tada. Tanto las partes como la corte asumieron que la sen-tencia era apelable.

El artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil pro-vee:

“Podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones de las cortes de distrito en los casos siguientes:
“1. — De una sentencia definitiva pronunciada en un pleito o pro-cedimiento especial, comenzado en la corte que la hubiere dictado,, dentro de un mes después de haberse registrado la sentencia.
“2. — De una sentencia de una corte de distrito dictada en apela-ción interpuesta contra resolución de una corte inferior, dentro de los. quince días después de registrada dicha sentencia, si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin comprender frutos o in-tereses, excediera de trescientos dólares.”

Como la decisión . en este caso determinó derechos, era una sentencia y apelable bajo el artículo anterior.

En el caso de Smallwood v. Corte de Distrito, 50 D.P.R. 634, se planteó la cuestión y este tribunal dijo:

“ .... el efecto y propósito fundamental de la Ley de Ventas'. Condicionales que es el de dar al vendedor condicional garantía y protección contra el posible fraude de un comprador y un remedio-legal rápido y adecuado para poder recuperar sumariamente la po-sesión de la propiedad. . . .
"La Corte de Distrito ba podido y ba debido resolver la contro-versia . . . dentro del procedimiento especial de reposesión iniciado por el vendedor condicional. ...”

La apelante sostiene qne siendo éste nn caso en qne se dictó sentencia sobre las alegaciones, es innecesario elevar nna exposición del caso. Cita El Pueblo v. Borda & Calaf, 43 D.P.R. 935.

En ese caso este tribnnal manifestó:

"La sentencia se dictó sobre las alegaciones. En tal virtud esta-mos enteramente conformes con la parte apelada en qne no era ne-cesaria la preparación de ninguna exposición del caso para tramitar el recurso. ...”

La moción para desestimar no pnede prevalecer.

Llegamos entonces a los techos de la apelación. En septiembre 15, 1936, Pedro A. Pizá vendió un automóvil marca Pontiac a Concepción Rosaly Viuda de Colón Figueroa, que hacía negocios bajo el nombre de M. Colón Figueroa, Suers. La compradora convino en pagar la suma de $1,309.50 en la siguiente forma: $375.75 de contado y $933.75 en plazos mensuales.

El contrato de venta condicional fue debidamente inscrito en el Negociado de Automóviles del Departamento del Interior. Contenía la estipulación de que si cualquiera de los plazos adeudados no era satisfeebo, el contrato podría ser rescindido por el vendedor y éste podría reposeer el auto-móvil de acuerdo con la ley. El contrato fué cedido al banco demandante.

El contrato contenía esta estipulación:

"Queda además entendido por ambas partes contratantes lo si-guiente :
"Que por cada uno de los plazos arriba estipulados el comprador podrá suscribir un pagaré a la orden del vendedor, si así se convi-niere. Que en este caso el vendedor no acepta estos pagarés sino como prueba de las cantidades que se adeudan de acuerdo con este contrato. ’ ’

Los pagarés en cuestión fueron otorgados y en ellos se estipularon costas y honorarios de ahogado.

La compradora no pagó el plazo vencido en enero 15, 1937, ascendente a $103. El demandante, Chase National Bank of New York, radicó un escrito de demanda contra ella en la Corte Municipal de Ponce, bajo el número 151 y ob-tuvo sentencia por la suma reclamada, más $105.45 para cos-tas y honorarios de abogado o sea por un total de $208.45.

Concepción Colón Bernazar, la aquí demandada apelante, embargó el automóvil en otro pleito contra Concepción R-o-saly.

El Chase National Bank radicó una declaración jurada y solicitó la reposesión del vehículo. Las demandadas Rosaly y Colón fueron emplazadas. La demandada apelante com-pareció y depositó $103 en pago del plazo en descubierto más $20.33 de intereses, pero no depositó cantidad alguna para costas y honorarios de abogado.

Alega que de acuerdo con los términos del contrato no tiene que pagar tales costas ni honorarios.

La corte inferior halló que la sentencia de la corte municipal fué dictada el 17 de septiembre de 1938; que por Ley núm. 69 de 1936 (Leyes de 1936 (1) pág. 353), que enmendó el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, la parte victoriosa en un pleito tiene derecho a recobrar las costas, y que en su consecuencia el deber de pagar costas indepen-dientemente de cualquier cláusula del contrato o de los pa-garés, surge de la ley.

La corte de distrito también resolvió que la demandada apelante no era un comprador posterior sino un acreedor que embargó. Aplicó la doctrina del caso de Smallwood v. Corte de Distrito, 50 D.P.R. 634, en el cual este Tribunal Supremo dijo:

, “Apareciendo de los autos originales que el contrato que contiene las condiciones y reservas arriba transcritas fué debidamente inscrito en el Registro del Departamento del Interior en marzo 20, 1935, bajo el número 30,314, debemos resolver que cualquiera persona que ale-gue tener algún derecho sobre el automóvil en cuestión, bien sea como comprador subsiguiente o como tenedor de algún gravamen sobre el automóvil, adquirido con posterioridad a la fecha de ins-cripción del contrato de venta condicional, • ocupa la misma posición legal que ocupaba el comprador condicional original bajo las condi-ciones y reservas del contrato de venta condicional, las cuales son obligatorias para cualquier poseedor subsiguiente. En otras pala-bras, asumiendo que el comprador condicional tenga derecho a vender la propiedad mueble o semoviente, antes de haber pagado el im-porte total de los plazos estipulados, no obstante la prohibición ex-presa del contrato, debemos sostener que el comprador subsiguiente o el que adquiera un gravamen sobre o embargue la propiedad mue-ble o semoviente, adquiere solamente los mismos derechos que tuviere el comprador original sujetos al derecho del vendedor a resolver la venta y a recobrar la posesión del objeto vendido, en caso de incum-plimiento de las condiciones bajo las cuales se hizo la venta.”

La corte resolvió que el depósito era insuficiente y dictó sentencia ordenando la reposesión del automóvil al deman-dante apelado.

La demandada Colón Bern azar apeló.

Señala cinco errores, mas la cuestión que ella plantea es la siguiente:

Los pagarés otorgados de acuerdo con el contrato no for-man parte de éste; la demandada apelante queda obligada por los términos del contrato, pero no por los pagarés; estos últimos especifican el pago de costas y honorarios de abo-gado en caso de reclamación judicial, mas no así el contrato; en su consecuencia la demandada apelante no tiene que pa-gar costas y el depósito era suficiente.

El demandante apelado sostiene que la corte inferior es-tuvo en lo cierto. Alega que la demandada apelante em-bargó los derechos que la otra demandada Rosaly tenía. En el estado en que se hallaban los procedimientos, la deman-dada Rosaly tenía derecho a paralizar el auto de reposesión si depositaba las sumas adeudadas, incluyendo las costas. La demandadá Colón Bernazar tenía exactamente los mis-mos derechos. El apelado también sostiene que el contrato especifica que el vendedor condicional puede demandar y qne si se otorgaban pagarés éstos podían cobrarse judicial-mente; y que como las costas se conceden por ministerio de ley a la parte victoriosa, era entendido que tales costas te-nían que ser pagadas por la compradora ya que éstas eran consecuencia de la sentencia, de acuerdo con la buena fe, el uso y la ley; y que el artículo 1210 del Código Civil, ed. de 1930, dispone:

“Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su natu-raleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. ’ ’

Por tanto, la-sentencia debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: JBl Juez Asociado Senos, Hutchison

text:
    Cándido, Dionisio y Víctor Falto, haciendo negocios bajo el nombre comercial de "V. Falto Hermanos", peticionarios y apelantes, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. F. Navarro Ortiz, Juez, demandada y apelada.
    Núm. 7782.

    Sometido: Abril 17, 1939.

      Resuelto: Marzo 13, 1940.

      Enrique Báez García, abogado del apelante; Son. Procurador General George A. Malcolm (B. Fernández García, Ex-Promvrador General, en el alegato) y C. Andréu Ribas, Subprocurador, abogados de la apelada.
   JBl Juez Asociado Senos, Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Uno de los jueces de este tribunal, durante el período de vacaciones, expidió primero y luego anuló un auto de cer-tiorari, basado en los hechos y por las razones'que constan en la siguiente opinión:

“La Corte de Distrito de Mayagüez resolvió en un procedimiento -de desahucio que la parte demandante estaba obligada a cancelar un sello de rentas internas de cinco dólares para poder lograr que el caso fuera registrado e incluido en el calendario. Los peticionarios sostie-nen que esta clase de litigio no cae dentro de la descripción de ‘pleito •civil contencioso’ a que se hace referencia en la sección 2 de la Ley Núm. 17 de 1915 (Leyes de ese año, pág. 46), según fué posterior-mente interpretada por este Tribunal en el caso de Lebrón v. Montalvo, 45 D.P.R. 14. También sostienen que toda vez que la Ley de Desahu-cio, en sus secciones 4 y 6 dispone la celebración de vistas dentro de determinado período de tiempo y en su sección 8 provee que tan pronto como sea citado el demandado y entregada que sea la citación diligen-ciada al secretario, ‘éste incluirá inmediatamente el asunto en el ca-lendario,’ el demandante no está obligado a pagar derechos algunos por tal concepto. Finalmente insisten en que éste es un ‘procedi-miento contencioso de naturaleza sumaria’ y que en su consecuencia cae claramente dentro de las disposiciones de la ley núm. 94 de 1917, según fué promulgada en 1919 en virtud de sentencia del.Tribunal Supremo de Puerto Rico y aprobada de nuevo en 1931 (Ley núm. 38, pág. 357.) Se cita el caso de Hamburger Bros. & Co. v. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 393, en el sentido de que es directamente apli-cable.
“El argumento en lo relativo a las disposiciones imperativas de la Ley de Desahucio, es, a mi juicio, inaplicable. Ese estatuto presu-pone el pago de los honorarios que fueren necesarios para la prose-cución del litigio. El deber de la corte o del secretario es fijar una fecha próxima para la vista e incluir el caso en el calendario, mas no existe disposición alguna al efecto de que esto deba hacerse libre de derechos.
"Los incisos A, B, C, K, M y N de la sección 2, de la Ley núm. 17 ele 1915, leen así (Leyes de ese año, pág. 46) :
“ 'Arancel de los derechos que deberán pagarse a los secretarios.
" ‘A. — Por cada demanda en pleito civil contencioso ante las cortes de distrito-$5. 00
" ‘B. — Por la primera alegación del demandado en pleito civil contencioso, sea contestación, excepción previa o moción en la corte de distrito-$5. 00
" ‘C.- — Por entrar una causa en el calendario y señalarla para juicio-$5. 00
“ ‘K. — Por cada demanda en desahucio por falta de pago, en las cortes de distrito o municipal-$2. 00
" ‘M. — Por cada petición en recursos extraordinarios-$3. 00
" 'N. — Por cada oposición de una parte cualquiera en re-cursos extraordinarios-$2. 00 ’
"Las secciones 1 y 2 de la Ley Núm. 94 de 1917 ((2) Apéndice, pág. 19) proveen:
" ‘Sección 1. — Cualquiera de las partes en un pleito pendiente ante una corte de distrito o municipal puede solicitar del secretario, previa notificación a la parte o partes contrarias, con cinco días de antelación a la vista, que cualquier moción, moción eliminatoria, o excepción previa, se incluya en un calendario especial, el cual será leído, y celebradas las vistas de los asuntos incluidos en el mismo, el lunes de cada semana. El solicitante adherirá a su primera soli-citud de inclusión en el calendario de mociones y excepciones, el sello de rentas internas correspondiente, de acuerdo con el arancel, y acompañará a dicha solicitud la prueba de haber notificado a las demás partes. El secretario, notificará inmediatamente a todas las partes interesadas mediante tarjeta postal o copia del calendario, el señalamiento de la vista, haciéndolo constar en autos.
“ ‘Sección 2. — El viernes de cada semana será dedicado por las cortes que de ellos tengan jurisdicción a la vista de los asuntos ex-parte, procedimientos legales especiales, procedimientos contenciosos sumarios y juicios en rebeldía, formándose el lunes inmediatamente precedente, el calendario de todos los casos de la naturaleza mencio-nada, la inclusión de los cuales se hubiere solicitado por las partes. Por orden de la corte, inserta en las minutas, podrán incluirse en el calendario otros casos, con posterioiúdad a dicho día.’ Apéndice ál Tomo II de las Leyes de 1917, pág. 19.
"Los peticionarios tratan de hacer que su caso caiga dentro de la, opinión dictada en Lebrón v. Montalvo, 45 D.P.R. 14. Ése era un interdicto posesorio, y este Tribunal en su. opinión, refiriéndose a la sección 2 de la Ley núm. 17 de 1915, supra, dijo:
“ ‘El apartado B, a nuestro juicio, se refiere a pleitos civiles contenciosos, de carácter ordinario. No puede referirse al remedio que concede la ley proveyendo procedimientos para recobrar la po-sesión de propiedad inmueble. La d.emanda o escrito inicial en este procedimiento debe pagar $3 de acuerdo con el apartado M; la opo-sición a dicho escrito debe pagar $2, conforme el apartado N. Este procedimiento no puede ser incluido en el apartado A porque está comprendido dentro del apartado M, toda vez que se trata de un re-curso extraordinario. ’
‘ ‘ El caso de Lebrón, supra, fué un caso muy fuerte, toda vez que un injunction es claramente un remedio extraordinario. Se dio énfa-sis a la naturaleza extraordinaria del remedio en contraposición a la naturaleza ordinaria de los pleitos civiles corrientes y se mencionó', incidentalmente, la naturaleza sumaria de los recursos extraordinarios. No existe duda alguna en torno a la naturaleza sumaria de un pleito de desahucio, mas hay poca base para clasificarlo como uno de índole extraordinaria. Los peticionarios, a mi juicio, no presentan un caso ni bajo la citada Ley 17 de 1915 ni bajo el caso citado.
“El caso de Hamburger se refiere a la inclusión en el calendario luego de anotada la rebeldía. De ordinario la prueba aducida des-pués de registrada una rebeldía, de requerirse tal prueba, es limitada en extremo. En un gran número de los casos el secretario mismo dicta la sentencia, sin intervención de la corte. Específicamente .esa decisión excluía tan sólo casos en rebeldía.
“El caso de Lebrón, supra, podría considerarse como que cae dentro del principio de expressio unius al excluir del alcance del inciso O de la sección 2 de la Ley de 1915, supra, tan solo los casos inicia-dos mediante recursos extraordinarios. Conforme hemos dicho antes, un pleito de desahucio no es en forma alguna un recurso extraordi-nario. El caso de Lebrón, por ende, podría considerarse hasta cierto punto como que demuestra una tendencia contraria al de Hamburger. Difícilmente pudo ser la intención de la Asamblea Legislativa que un procedimiento de desahucio en que estuviesen envueltas serias contro-versias y que en muchos casos necesita dos vistas, fuera excluido del pago de los derechos arancelarios.
“Debo confesar, sin embargo, que el razonamiento del caso de Hamburger parece sostener, hasta cierto punto, la contención de los peticionarios. Personalmente, ahora no estoy de acuerdo con el caso de Hamburger. Aunque la sección 1 de la Ley de 1917 se refiere al pago de los correspondientes sellos de rentas internas, ‘por la inclusión en el calendario de mociones y excepciones/ nada aparece en las sec-ciones 1 ó 2 de dicha ley, que trate de fijar ninguna clase de derechos. Todo el fin de dicha ley fué proveer calendarios especiales para ser oídos en determinadas formas. No se desprende intención alguna de destruir o . abrogar el arancel de derechos fijado por la ley de 1915.
“La Ley de 1917, supra, fué declarada nula mediante una deci-sión de la Corte de Circuito de Apelaciones en el caso del Teléfono (People of Puerto Rico v. P. R. Telephone Co., 47 F. (2d.) 484). Empero, en 1931 la Asamblea Legislativa aprobó otra ley que ,lee subs-tancialmente igual que la anterior de 1917. Las secciones 1 y 2 fue-ron reenactadas. Por tanto, la Ley de 1931 no puede ser distinguida de la de 1917. Sin embargo, la Ley de 1917 fué declarada nula, y técnicamente su interpretación no sería obligatoria para el juez de una corte inferior. Podría ser dudoso que un juez de este Tribunal, en funciones de turno, corresponda a la categoría de juez de una corte inferior. Necesariamente la opinión de este Tribunal de ordi-nario debe prevalecer hasta que sea revocada por la corte misma.
“Como estoy tan plenamente convencido de que deben pagarse los derechos de arancel en este caso, dadas todas las circunstancias arriba enunciadas y considerando que la idea prevaleciente de la Asamblea Legislativa fué fijar los derechos provistos en la Ley de 1915, me siento obligado a sostener la actuación de la corte inferior.
“El caso ha sido muy dificultoso. Me fué presentado el 22 de octubre de 1937, precisamente antes de entrar la Corte en su período ordinario de sesiones. No me fué sometido finalmente para su deci-sión hasta el 1 de diciembre de 1937, y tenía más o menos que ocupar el lugar que le correspondía, al igual que otros casos que se hallaban pendientes ante el Tribunal. El mejor procedimiento por parte de los peticionarios hubiera sido presentar el caso ante la corte en pleno. Podemos darnos cuenta de que el objeto de los peticionarios fué ob-tener una resolución sobre el particular, pues, si su deseo hubiera sido que el caso se resolviera prontamente, habrían podido haber pa-gado los cinco dólares exgidos como derechos de calendario.
“Debe anularse el auto expedido.”

De conformidad con los términos de la sección 1 de la Ley aprobada el 10 de marzo de 1904 (sección 1259 de los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, 1911), el secretario de la corte de distrito “desempeñará aquellos deberes que le estén prescritos en los Códigos de Enjuiciamiento Civil y Penal, y todos aquellos deberes que le fueren asig-nados por los reglamentos y prácticas del tribunal.”

Las primeras dos reglas de las cortes de distrito leen así:

‘‘Regla 1. — Con anterioridad al comienzo de cada término de la Corte, el Secretario preparará un CALENDARIO dé los pleitos civiles que se encuentren listos para juicio.
“Regla 2. — Durante cada término habrá dos llamamientos de ca-lendario ;
“(1) Uno preliminar para averiguar el carácter y condición de los pleitos; y
“ (2) Un segundo llamamiento para preparar para juicio los plei-tos y hacer los señalamientos correspondientes.
“El orden de los pleitos en los calendarios puede ser alterado por la Corte y asimismo puede ser suspendida por la Corte la vista de dichos pleitos. En el llamamiento preliminiar del calendario, los casos se dispondrán por el orden en que aparezcan radicados.”

Entre los derechos autorizados por la sección primera de otra ley aprobada el 10 de marzo de 1904 (sección 1301 de los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, 1911), está el de 50 centavos “por anotar una causa en el ‘Calen-dario ’ y hacer una copia del mismo para los abogados.”

La Ley de Desahucio fué aprobada el 9 de marzo de 1905. La sección 8 de esa ley (hoy día artículo 627 del Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933) lee así:

“Citado el demandado y entregada que sea la citación diligen-ciada al secretario, éste incluirá inmediatamente el asunto en el ca-lendario.”

Puede admitirse que un pleito de desahucio no es un pro-cedimiento extraordinario dentro del significado del párrafo M de la sección 2 de la ley de 1915. Puede admitirse que aun si ello no fuere así, un procedimiento de desahucio no estaría exento del pago de los derechos prescritos por el párrafo C de esa sección. Puede admitirse que los párrafos A, B, K, M y N, al igual que la decisión de este Tribunal en Lebrón v. Montalvo, supra, tienen poco o nada que ver con la. cuestión que ahora está ante nos.

Conforme se indicó en la opinión que antes se lia citadaen su totalidad, éste fué y es un caso difícil. Es un casa que, como materia de primera impresión, pudo ser resuelto en uno u otro sentido. La cuestión, sin embargo, no es nueva en este tribunal. Fué resuelta de plano por una decisión unánime emitida en el recurso de Hamburger Bros. & Co. v. Corte de Distrito, supra.

El caso de Hamburger, fué resuelto en junio de 1928. Tres años más tarde la Asamblea Legislativa de Puerto Rica —es de presumirse que con pleno conocimiento de esa opi-nión — reenactó sin modificación alguna las disposiciones ya interpretadas por este tribunal. Por más de una década la-doctrina del caso de Hamburger no lia sido impugnada. Fué aceptada sin reparo alguno y ratificada en el caso de Badillo v. Hidalgo, 46 D.P.R. 346. El caso no debe ser revocada ahora meramente porque la cuestión envuelta era debatible o dudosa y pudo ser resuelta de manera distinta.

Debe revocarse la sentencia que emuló el auto expedido, dejarse sin efecto la orden de la corte de distrito y devol-verse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Wolf se inhibió.


author: El Juez Asociado Seño®, Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Ernesto López Ballester, Manuel Rey González y Ernesto Vázquez Torres, acusados y apelados.
    Núm. 7809.

    Sometido: Diciembre 19, 1939.

      Resuelto: Marzo 13, 1940.

      líon. Procurador General George A. Malcolm (B. Fernández García en el alegato y en la vista) E. Díaz Viera, Fiscal Especial del Dis-trito de San Juan, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Litis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelante; Garlos H. Julia, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Seño®, Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso lia sido interpuesto por El Pueblo de Puerto Pico contra la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan declarando con lugar la excepción perentoria for-mulada por los acusados, al efecto de que los liecbos alega-dos en la acusación no constituyen delito público.

En la acusación se imputó a los acusados una infracción del artículo 37 del Código Penal, cometida de la manera siguiente:

“Los referidos acusados, Ernesto López Ballester, Manuel Rey González y Ernesto Vázquez Torres, allá por uno de los días del mes de noviembre y diciembre de 1938 y en las municipalidades de San Juan y Río Piedras, Puerto Rico, que forman parte del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, allí y entonces, ilegal, voluntaria, criminal y maliciosamente y a sabiendas de que un delito grave de falsificación (felony) se babía cometido allá por el 15 ó 16 de agosto de 1938 en San Juan, Puerto Rico, por una persona cuyo nombre real se desconoce por lo que se le designa aliora con el nombre de John Doe y en ocas:ón en que el referido Jobn Doe con la intención de de-fraudar al Pueblo de Puerto Rico, que es un Cuerpo Político, en la cantidad de $62.67 moneda legal de curso de los Estados Unidos, fal-sificó y falsamente hizo la firma de Martín Hernández, beneficiario de un cheque número 19,497 librado por el referido ‘Pueblo de Puerto Eico’ contra el National City Bank of New York de San Juan, y a favor del referido Martín Hernández, y cambió dicho cheque así fal-sificado, y lo pasó como genuino, y cobró su importe de $62.67 en la Oficina del Telégrafo Insular, en San Juan, Puerto Eico, y en esa cantidad defraudó al Pueblo de Puerto Eico; los ahora acusados, Ernesto López Ballester, Manuel Eey González y Ernesto Vázquez Torres, sabiendo que se había cometido un crimen (felony), un delito, grave de falsedad y después de tener completo conocimiento, de que dicho delito grave de falsedad y falsificación se había cometido, lo oculta-ron de las autoridades respectivas, y especialmente de Mr. Chester -E-Eakestraw, Eegional Agent in Trade and Industries for the Federal Division of Vocational Education, quien con otro agente federal in-vestigaba desde el 1 al 14 de diciembre de 1938 el Board Insular de Educación Vocacional, para la promoción de Educación Vocacional en Puerto Eico; y también lo ocultaron del Subprocurador General Au-xiliar, Lie. C. Andréu Eibas, Fiscal Especial nombrado por el Procu-rador General de Puerto Eico, para investigar dicho crimen o delito grave de falsificación y falsedad que se había cometido, y de las. autoridades respectivas del Distrito Judicial de San Juan, y para este fin y objeto actuaron los referidos acusados de la siguiente ma-nera, a saber: llevaron una carta antedatada y falsa a Martín Her-nández y obtuvieron de éste que la firmara haciendo constar quo había recibido el referido cheque, y le aconsejaron que testificara que había recibido el referido cheque de $62.67 y que lo había cambiado y que había devuelto el importe del mismo, y obtuvieron de éste que declarara que había recibido el cheque referido y lo había cambiado y consguieron que Martín Hernández firmara dicha carta a los fines de ‘favorecer un amigo’, y radicaron dicha carta en las oficinas del Departamento de Instrucción de Puerto Eico en la División de Ins-trucción Vocacional, y devolvieron el importe de dicho cheque al Tesorero de Puerto Eico tres meses y medio después de haberse come-tido dicho delito o crimen (felony) de falsedad y falsificación y lo ocultaron de dichas autoridades respectivas con completo conocimiento de que tal crimen (felony) se había cometido, actos que realizaron los acusados para ocultar dicho crimen (felony) de los autoridades res-pectivas.”

El artículo 37 del Código Penal vigente, dice:

“Todas las personas que, sabiendo que se ha cometido un crimen ‘felo'ny’, lo ocultaren de las autoridades respectivas, o albergaren y protegieren a la persona acusada o convicta de su comisión, son cóm-plices de dicho crimen.”

Como se ve, existen dos modalidades distintas del delito qne define el artículo 37, supra. Los elementos esenciales de la primera son: {a) la comisión de un delito grave (felony); (5) conocimiento de la persona acusada de com-plicidad de que tal felony había sido cometido; y (c) actos rea-lizados por el alegado cómplice para ocultar el delito de las autoridades. Los dos primeros elementos de la segunda mo-dalidad son idénticos a los de la primera. El tercero consiste en los actos realizados por el supuesto cómplice para alber-gar y proteger a un acusado o convicto de felony. Más breve-mente dicho, en la primera modalidad el cómplice ha tratado de impedir que el crimen sea descubierto por las autoridades; y en la segunda, conocida ya la comisión del delito y acusada o convicta de él una persona determinada, el cómpbce alberga y protege a esa persona para ponerla fuera del alcance de la justicia. En el primer caso se oculta el crimen; en el segundo se encubre al criminal.

En la discusión de la única cuestión envuelta en este recurso — la suficiencia de la acusación — debemos hacer caso omiso de la segunda modalidad del artículo 37, supra. En la acusación no se imputa a los alegados cómplices la realización de acto alguno para albergar y proteger a John Doe, ni tampoco se dice que John Doe o persona otra alguna baya sido acusada o convicta del delito grave de falsificación. Convenimos con la corte inferior y con las numerosas autoridades citadas en su opinión, en que la acusación es a todas luces insuficiente para sostener un delito de complicidad comprendido dentro de la segunda modalidad.

¿Son los hechos alegados en la acusación suficientes, en caso de que sean sostenidos por la evidencia, para justificar una convicción dentro de la primera modalidad del artículo 37 del Código Penal? Esa es la cuestión a resolver.

En la acusación que examinamos se alega:

1. Que el 15 ó 16 de agosto de 1938, en San Juan, tina persona cuyo nombre se desconoce, y a quien se designa “John Doe,” con in-tención de defraudar al Pueblo de Puerto Rico, en la suma de $62.67, • falsificó la firma de Martín Hernández, beneficiario del cheque núm. 19,497 librado por el Gobierno a favor de Hernández, cambió dicho cheque y cobró su importe, defraudando así al Pueblo de Puerto Rico.
2. Que a sabiendas de que se había cometido tal delito grave, los acusados lo ocultaron de las autoridades respectivas.
3. Que con el fin y objeto de ocultar dicho crimen, los acusados realizaron los siguiente actos:
(a) Llevaron a Martín Hernández y consiguieron que éste firmara ' una carta antedatada y falsa, en la que hacía constar que él había recibido el cheque.
(b) Aconsejaron a Martín Hernández que declarase que había ■ recibido el cheque y que lo había cambiado y devuelto su importe.
(o) Consiguieron que Hernández declarara que había recibido el cheque, que lo cobró y que devolvió su importe.
(el) Radicaron la carta firmada por Hernández en las oficinas del Departamento de Instrucción de Puerto Rico, en la División de Instrucción Vocacional.
(e) Devolvieron el importe del cheque al Tesorero de Puerto Rico, tres meses y medio después de haberse cometido dicho delito de false-dad y falsificación.

Como se ve, la acusación imputa una infracción del artículo 37 del Código Penal, en su primera modalidad. No es nece-sario que en la acusación se alegue que' otra persona lia sido acusada o convicta como principal, cuando se trata de una infracción de dicho artículo en su primera modalidad. Para sostener una acusación por infracción del citado artículo en su segunda modalidad, es absolutamente necesario alegar y probar que el autor principal lia sido acusado o convicto.

En el caso de People v. Garnett, 129 Cal. 364, 366, citado por los apelados y por la corte inferior, se imputó al acusado ■haber violado la sección 32 del Código Penal de California, cuya redacción es idéntica a la del artículo 37 del nuestro, en sus dos modalidades. En cuanto a la primera, se alegó en la acusación que una tal Lewis había cometido el delito de hurto de mayor cuantía, y que el acusado Garnett “des-pués de tener pleno conocimiento de que dicho felony había sido cometido, según se ha expresado, voluntariamente allí y entonces ocultó diclio felony al magistrado.” En cuanto a la segunda modalidad, se alegó:

“Albergó y protegió a dicha Laura Lewis ayudándola y asistién-dola para que se escapara del Condado de Fresno, Estado de California, y albergando y ocultando a la dicha Lewis de los funcionarios y protegiéndola contra arresto y castigo por la comisión de dicho crimen, con la intención y propósito allí y entonces por parte de dicho flarnett de ocultar el crimen cometido por dicha Laura Lewis del magistrado, con pleno conocimiento en aquel momento de que dicha Laura Lewis había cometido dicho crimen en la forma ya expresada, y que dicho crimen es un felony.”

En apelación interpuesta por G-arnett contra una senten-cia condenatoria, la Corte Suprema de California la revocó y ordenó una nueva vista, basándose en la insuficiencia de las alegaciones de la acusación en cuanto a la segunda moda-lidad. Refiriéndose a la primera, o sea la ocultación de la comisión de un delito grave, la corte se expresó así:

“Dicha sección no es en modo alguno tan clara y tan explícita como podría serlo. Al mismo tiempo, la palabra ‘ocultar’ {conceal), según se usa aquí significa algo más que una simple retención del conocimiento poseído por una persona de que se ha cometido un felony. Esta ocultación necesariamente incluye el elemento de algún acto afir-mativo por parte de la persona, tendiente o con miras a la oculta-tación de la comisión del delito. El mero silencio desptíés del cono-cimiento de su comisión no es sxificiente para convertir a dicha persona en un cómplice.”

Y en cuanto a la segunda modalidad — albergar y prote-ger al acusado o convicto de felony — la corte de California dijo:

“Más aún, la palabra ‘acusada’ {charged), según se usa en la sec-ción, significa una denuncia, información o acusación formal radi-cada contra el criminal, o posiblemente un arresto sin orden de prisión sería suficiente. Meros rumores y conversaciones sobre la comisión de un felony por una persona es enteramente insuficiente para llenar la medida requerida por la palabra ‘acusada.’
“No encontramos alegación alguna en la acusación de que la Lewis haya sido acusada de felony. Por consiguiente, esa parte de la acu-saeión que imputa al acusado Garnett haberla albergado y protegido, no vale nada. Por razón de la falta de esa alegación, toda la evi-dencia tendiente a sostener esa parte de la acusación no debió ser pre-sentada al jurado, y el juicio debió celebrarse bajo la sola teoría de que el acusado octdtó al magistrado la comisión del delito. Por el contrario, se presentó evidencia en cuanto a ambas partes de la acu-sación, y ambas fueron consideradas por el jurado. Este hecho está evidenciado por las instrucciones de la corte. Por esas razones el caso debe ser devuelto a la corte inferior para una nueva vista. Es impo-sible decir por el veredicto que el acusado no fué convicto como cóm-plice por el motivo de haber albergado y protegido a Trixie Lewis. ’ ’

Es evidente qne la corte de California consideró qne la alegación de que el acusado Garnett “después de tener cono-cimiento de que dicho felony había sido cometido, según se ha expresado, voluntariamente allí y entonces ocultó dicho felony al magistrado,” era suficiente para imputar al acu-sado una violación de la sección 32 del Código Penal de California, en su primera modalidad. De lo contrario hu-biese revocado la sentencia y absuelto al acusado u ordenado la radicación de una nueva acusación. Al ordenar una nueva vista, la corte se ajustó a la doctrina por ella sentada en el caso de People v. Mitchell, 92 Cal. 590, en el que se resol-vió que cuando en una acusación se imputa al acusado la comisión de un delito en dos distintas modalidades, el vere-dicto de ctdpable del delito imputado en la acusación no puede ser sostenido cuando la alegación de una de las dos modali-dades del delito es fatalmente defectuosa. Mitchell fué acu-sado de haber falsificado un cheque y de haberlo usado y cobrado. La corte instruyó al jurado que podían declararlo culpable de una u otra cosa. La corte de apelación al revocar la sentencia y devolver el caso a la corte inferior, con ins-trucciones de permitir la radicación de una nueva acusación, se expresó así:

“. . . .; ahora, aun concediendo que uno solo de los elementos del delito era fatalmente defectuoso por razón de insuficiencia de la ale-gación, en ese caso la sentencia debe ser revocada, porque es imposible decir, de acuerdo con las instrucciones de la corte y la evidencia pre-sentada, que el jurado no basó su veredicto en aquella parte de la acusación que era absolutamente nula.”

El caso de autos no presenta las dificultades de los dos casos de California que fiemos examinado. La acusación se refiere únicamente a la primera modalidad del artículo 37, supra. El fiscal no se limitó a alegar en el lenguaje del estatuto que los acusados, después de tener conocimiento de la comisión del delito grave de falsificación “lo ocultaron de las autoridades respectivas.” Fué más allá, y como si qui-siera demostrar que no se trataba de un caso de mero silen-cio o inacción por parte de los ácusados, alegó específicamente los actos afirmativos realizados por los acusados para encu-brir el delito cometido. Esos actos afirmativos — llevar la carta falsa a Hernández y, conseguir que éste la firmara; aconsejar a Hernández que declarase falsamente y conseguir que así lo fiiciera; radicar dicha carta falsa en el Departa-mento de Instrucción; y por último, devolver al Tesorero el importe del cheque — si fueren suficientemente probados, constituirían a nuestro juicio una violación del artículo 37 del Código Penal, y justificarían la convicción de los acusa-dos como cómplices del delito de falsificación.

Arguyen los apelados, y así lo sostuvo la corte inferior, que “tampering with -witnesses,” o sea influir a los testigos con el propósito de suprimir su testimonio contra el autor de un crimen, no convierte al que lo hace en cómplice. En apoyo de tal contención se fian citado los casos de People v. Dom Pedro, 43 N.Y.S. 44; Gaylor v. State, 68 S. W. 982; State v. Doty, 48 P. 145; García v. State (Tex.), 195 S. W. 196; Farmer v. State, (Okl.), 40 P. (2d) 693; y Ex Parte Overfield, 152 P. 568. Si se examinan cuidadosamente dichas decisiones se verá que todas ellas se refieren a casos en que en la acusación se imputaba al acusado haber “albergado y protegido” al autor de un delito.

Eli el primero de dichos casos, People v. Dom Pedro, supra, se resolvió:

“Una persona no puede ser declarada culpable como cómplice de un felony excepto mediante evidencia de que dió ayuda personal al criminal, con la intención de que pudiese escaparse físicamente; tal como esconderlo, sacarlo de la prisión, proporcionarle un caballo, y algo semejante. (Citas.) Haber tratado de conseguir que la parte querellante no lo identificase, o que se olvidase, o que no lo acusase o el haber sobornado testigos, o algo por el estilo, no constituye el delito. ’ ’

En Caylor v. State, (Tex.), supra, se imputaba al acu-sado haber albergado y protegido al autor de una violación, para que se escapara. La evidencia tendió a demostrar que el acusado aconsejó a la madre de la ofendida que la hiciese salir del estado de manera que no pudiera ser testigo en contra del violador. El tribunal resolvió que eso no hacía al acusado cómplice de la violación, diciendo:

“Para convertir a uno en cómplice, debe haberse prestado alguna ayuda directa al autor del crimen. La evidencia ante nos no de-muestra que ésos sean los hechos. Por lo tanto, sostenemos que la sentencia no está sostenida por la evidencia. ’ ’

En State v. Doty, supra, después de definir la clase de ayuda a un criruinal, que puede convertir a una persona en su cómplice, la corte se expresó así:

“Pero simplemente permitir que el criminal se escape no convierte a una persona en cómplice, porque a lo sumo eso eqrrivale a una simple omisión . . .
“La acusada no prestó ayuda personal de esa clase, y el mero hecho de que ella pidiese a su hija que le dijera una mentira al fiscal con respecto a la paternidad del hijo ilegítimo, aun cuando sea re-prensible, no constituye a nuestro juicio la ayuda que contempla el estatuto, ni equivale a un delito bajo el estatuto.”

En García v. State, supra, al resolver que el mero hecho de transportar objetos robados no convertía al acusado en cómplice, la Corte Suprema de Texas dijo:

“Los actos que convertirían a uno en cómplice son aquéllos que son personales para con el criminal. Interpretando el artículo 86, supra, esta corte, en el caso de Street v. State, 39 Tex. Cr. R. 136, 45 S. W. 578, dice:
“ ‘Interpretamos esto en el sentido de que, para ser culpable de este delito, la persona acusada debe dar alguna ayuda personal al criminal para que éste pueda evitar un arresto o el ser sometido a juicio por el delito cometido.’ ” ■

La acusación en el caso de Farmer v. State, supra, fué for-mulada bajo el estatuto de Oklahoma, que hace cómplice sola-mente al que esconde o ayuda al criminal, sabiendo que lia cometido un felony, para que se escape. Lo único que se probó contra Farmer, acusado de complicidad en un delito de ataque para cometer homicidio, fue que, teniendo cono-cimiento de la comisión del alegado delito, dijo al sheriff una falsedad al decirle que no sabía quiénes eran los auto-res. La sentencia fué revocada, expresándose así la corte de apelaciones:

“El acusado fué, por lo tanto, convicto bajo la teoría de que al negarse a decir al sheriff los nombres de las personas que habían co-metido el delito, él ayudó a los criminales a escapar y que dijo la mentira al sheriff con la intención de que los criminales pudiesen es-caparse y evitar el arresto . . . Las decisiones son en sentido con-trario y en efecto sostienen que para hacer a una persona cómplice ,es necesario que haya prestado alguna ayuda abierta y activa al criminal personalmente.
“No hay evidencia en el récord que demuestre que el acusado prestara alguna ayuda activa a la persona acusada de felony.”

Véanse: Howard v. People, 51 P. (2d) 594, y Roberts v. People, 87 P. (2d) 251.

El caso de Ex parte Overfield, 39 Nev. 30, 152 P. 568, tampoco es de aplicación al caso de autos, pues allí se trataba de una acusación por complicidad, consistente en “haber pro-tegido” a un acusado de obtener dinero mediante falsas representaciones. Se alegó que Overfield había tratado de persuadir a la parte perjudicada para que no presentara una denuncia contra el que le había defraudado. Igualmente ina-plicables consideramos los casos de El Pueblo v. Paz, 12 D.P.R. 100, y El Pueblo v. Bermúdez, 32 D.P.R. 376, pues ambos se refieren a alegadas infracciones de la segnnda moda-lidad del artículo 37 del Código Penal, por haber albergado y ayudado a nn criminal.

La acusación alega a nuestro juicio todos los elementos esenciales del delito que se imputa a los acusados. Fué error de la corte inferior declarar con lugar la excepción perento-ria. Debe revocarse la sentencia y devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsisten-tes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Salvador Carrasquillo, demandante y apelante, v. Gabriel Ripoll, demandado, y Pedro Montalvo, interventor y apelado.
    Núm. 8063.

    Sometido: Marzo 7, 1940.

      Resuelto: Marzo 13, 1940.

      Gaspar Gerena Brcos, abogado del apelante; Diego E. Bamos, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En ejecución de nna sentencia de la Corte Municipal de Utuado, se adjudicó a Salvador Carrasquillo una finca rústica propiedad de Gabriel Ripoll. Instó Carrasquillo procedi-miento de desahucio contra Ripoll en la Corte de Distrito de Areeibo y no compareciendo el demandado se dictó sen-tencia en su contra, procediéndose el 10 de agosto de 1938 al lanzamiento, no sólo del demandado, si que también de Pedro Montalvo, que residía en otra casa en la misma finca.

El 22 de dicho mes radicó Montalvo una moción intere-sando. permiso para intervenir en el pleito de desahucio, acompañando dicha moción de un proyecto de demanda jurada. Celebrada una.audiencia sobre la procedencia de la intervención, la corte la permitió el 21 del mes siguiente, a pesar de ser ya firme y haberse ejecutado la sentencia en el pleito de desahucio y no obstante la oposición del deman-dante Carrasquillo.

En su demanda enmendada el interventor, luego de refe-rirse al procedimiento de desahucio seguido contra Ripoll y al lanzamiento de que fué objeto, continuó alegando que por varios años antes de instarse el desahucio, el interventor venía en posesión de una porción de 8 cuerdas de la finca principal a virtud de contrato de aparcería celebrado cou Ramón Larracuente, describiendo inmediatamente después las plantaciones que tenía; que no tuvo conocimiento del pleito a virtud del cual se adjudicó a Carrasquillo la finca de Ripoll, ni tampoco supo de este pleito de desahucio hasta que fué lanzado de la finca; que el lanzamiento en cuanto al interventor concierne es nulo e ineficaz, toda vez “que no está ni jamás fia estado unido el demandado Ripoll por vínculo alguno, es decir, como familiar, agente, empleado, inquilino, arrimado, colono o aparcero, ni en ninguna otra forma ...”

La contestación niega las alegaciones esenciales de la demanda enmendada de intervención y concluye con una titu-lada “Materia Nueva”, en la que el demandante Carrasquillo-expone cómo adquirió de Ripoll la finca en controversia.

Oída la prueba en el incidente de intervención, la corte-inferior dictó una resolución ratificando el lanzamiento de que fué objeto el interventor, pero condenó al demandante en el pleito de desafiucio, Salvador Carrasquillo, a pagarle la cantidad de $75, en que estimó las plantaciones existentes en la porción de odio cuerdas.

Fundamentando su resolución, dice el juez sentenciador:

‘ ‘ En la vista del caso el interventor babló de un contrato de apar-cería pero en forma tan vaga que llegamos a la conclusión que las relaciones que le unían con Larracuente, anterior poseedor de esa finca, en cuanto a la porción que ocupaba, era más bien la de un agre-gado a quien se le concede un xoedazo de terreno para que lo cultive y viva en la finca.
“Se desprende de la situación presentada que el demandante en este caso desahució al interventor por entender que era un agregado en la finca que dependía de la persona que fué demandada. Se pre-sentó como prueba un affidavit del que aparece que allá para abril de 1937 Montalvo celebró un contrato de arrendamiento con Ripoll sobre la referida porción de ocho cuerdas en la finca objeto del desa-hucio, y hubo prueba de que ese contrato después fué terminado. En el contrato se habla de que Montalvo tendría derecho al pago de ciertas, mejoras. No obstante, el interventor no ha traído a la Corte una teoría verdad de su caso, pues aparece declarando sobre un contrato-de aparcería y negó que hubiese hecho contrato de arrendamiento, a pesar de que está autorizado ante notario público.
“Entendemos que el contrato existió, pero como el interventor-declara bajo juramento que él se entendía con la sucesión Larracuente hasta hace poco, en que fué lanzado, llegamos a la conclusión de-que en una y otra forma el convenio entre Ripoll y Montalvo quedó» terminado.
“Aun aceptando que el interventor Pedro Montalvo estuvo bien lanzado, sería injusto que no se le abonara algo por el importe de sus plantaciones. Es verdad que él pudo utilizar el derecho que le concede la ley de desahucio para la valoración de esos plantíos en el mo-mento del lanzamiento, pero teniendo en cuenta que no fué notificado en forma alguna oficial de la demanda de desahucio ni del lanzamiento y que pudo haber desconocido su derecho por falta de oportunidad para consultar con expertos, la Corte entiende que habiéndose decla-rado sobre el valor de esos plantíos en la vista de la intervención, aun-que en forma sumamente exagerada, podemos equitativamente esta-blecer una compensación para que se haga justicia completa en este caso.
“Por las razones expuestas, y teniendo en cuenta la prueba prac-ticada, la Corte, si bien deja confirmado el lanzamiento de Pedro Montalvo, dispone que Salvador Carrasquillo, el demandante, debió indemnizar y debe satisfacer al interventor Pedro Montalvo la suma de $75.00 como precio de las plantaciones que tenía en la porción de terreno que utilizaba en la finca objeto del desahucio, cuya cantidad debe ser consignada en esta Secretaría dentro de los diez días de dic-tarse esta resolución.” :

Ifin el alegato que en apoyo de este recurso presentó Carrasquillo, imputa a la corte sentenciadora haber incu-rrido en error al admitir la demanda de intervención; al desestimar las excepciones previas sobre defectos de partes interesadas y de insuficiencia de hechos constitutivos de causa, de acción; y finalmente, al apreciar la prueba y condenarlo a pagar al interventor la cantidad de $75 por sus planta-ciones.

La ley reguladora del derecho de intervención está, consignada en el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil, que en lo pertinente dice:

“Art. 72. — Cualquier persona, antes de la celebración del juicio, podrá intervenir en una acción o procedimiento, si tuviere interés en el asunto en litigio, en el éxito de cualquiera de las partes, o algún derecho en contra de ambas ...”

La letra del transcrito precepto sostiene la tesis del ape-lante al efecto de que el permiso que para intervenir se soli-citó en este caso lo fué tardíamente, habida cuenta de que al presentarse la moción de intervención no sólo se liabía celebrado el juicio y dictado sentencia en el pleito principal, si que tal sentencia había sido ya ejecutada. Sin embargo, la limitación en cuanto al tiempo de radicar la petición, per-sigue el propósito de impedir dilación en el pleito principal y evitar afectar la sentencia dictada. Benítez v. Tabacaleros, etc., y Fed. Int. Credit Bank, 50 D.P.R. 791, y jurispru-dencia citada.

Bn el caso de autos la sentencia que pueda dictarse en el incidente de intervención en manera alguna afecta la ya dic-tada y ejecutada contra Ripoll. Por consiguiente, actuó correctamente -la corte inferior al conceder permiso para intervenir, no obstante haberse dictado y ejecutado la sen-tencia en el pleito principal.

Una mera lectura de la demanda de intervención pone de manifiesto su suficiencia, pues de sus alegaciones surge un derecho del interventor adverso a las pretensiones del demandante en el pleito principal. No era necesario que el interventor hiciera parte a la persona de quien alegó derivar su derecho a permanecer en la finca, en primer término, porque ningún remedio solicitó en su demanda contra tal persona, y en segundo lugar, porque dentro del pleito sumario de desahucio no puede dirimirse el título que en la finca en controversia pueda tener la aludida persona.

Convenimos, sin embargo, con el apelante en que la corte inferior erró en la apreciación de la prueba. De la declaración del interventor tomamos lo siguiente:

“P. ¿Conoce a Gabriel Ripoll? — Sí, señor.
“P. ¿Qué tiempo? — Más ele veinte años.
“P. ¿Lo ha conocido como dueño de ese terreno? — Nunca.
“P. ¿O de algún terreno en ese barrio? — No, señor; en ese te-rreno poseía una finca el padre que la cogió el Banco Federal, de setenta cuerdas.
“P. ¿lia estado relacionado con Ripoll en lo que concierne a ésa u otra finca? — No, señor.
“P. ¿Le ha arrendado terrenos a Ud. Ripoll? — No, señor.
“P. ¿O ha tenido contratos de aparcería con él? — No, señor.
“P. ¿O arrimado de él? — No; señor.
“P. ¿O empleado? — Nunca.
“P. ¿O pariente de él? — Nunca.” (T. de E., pág. 4.)

Más adelante, en el examen de repreguntas, aparece lo siguiente:

“P. ¿Usted ba declarado bajo juramento de que nunca ba tenido que ver con Ripoll? — No, señor.
“P. ¿No le arrendó cuerdas de terreno allí? — No, señor.
“P. ¿Que tenía una aparcería con Larracuente de oebo cuerdas? — ■ Sí, señor.
“P. ¿Es o no cierto que para el doce de abril de mil'novecientos treinta y siete usted compareció ante el Notario Francisco R. Flores, de Utuado, y allí, el doce de abril de mil novecientos treinta y siete, Gabriel Ripoll con Ud. le arrendó oebo cuerdas de las treinta y una cuerdas? — No, señor. Conozco esa aparcería de la sucesión Larra-cuente.
“P. Si es cierto eso, le pregunto. — No es cierto.
“P. ¿Sabe leer? — No, señor.
“P. Mire esa marca que está abí. — No conozco, no sé escribir.
£!P. Esa marca, mírela. — La bace cualquiera.
“P. ¿No bizo esa marca? — La marca la bace cualquiera.” (T. de E., 7-8.)

El documento a que se alude en el contrainterrogatorio que precede, es un contrato celebrado entre Ripoll y el inter-ventor el 12 de abril de 1937 en la ciudad de Utuado, ante el notario Francisco R. Flores, a virtud del cual el primero cedió en arrendamiento al segundo las oebo cuerdas en con-troversia por término de seis años y canon de $100 por la totalidad del término del arrendamiento, pagados en el acto’ de otorgarse el contrato.

Contrario a lo que afirma el juez inferior en su opinión, nada aparece de los autos que revele, remotamente siquiera, que el tal contrato babía sido abandonado por las partes. Resulta además de la prueba que el Larracuente con quien dice el interventor baber celebrado el contrato de aparcería, fué un mero arrendador de la finca principal, quien la entregó al dueño anterior a Ripoll, allá por el año 1928, después do la tormenta de San Felipe,

Tenemos, pues, que dar por establecido que al tiempo de adquirir la finca Carrasquillo, y también cuando instó el pleito de desahucio contra Ripoll, el interventor poseía las ocho cuerdas en controversia a título del arrendamiento celebrado con Ripoll. Sentada esta premisa, la ley aplicable al caso es el artículo 1461 del Código Civil (ed. 1930), que literal-mente dice así:

“Art. 1461. ' El comprador de una finca arrendada tiene derecho a que termine el arriendo vigente al verificarse la venta, salvo pacto en contrario y lo dispuesto en la Ley Hipotecaria.
“Si el comprador usare de este derecho, el arrendatario podrá exigir que se le deje recoger los frutos de la cosecha que corresponda al año agrícola corriente y que el vendedor le indemmce los daños y perjuicios que se le causen.” (Bastardillas nuestras.)

Comentando Manresa el artículo 1571 del Código Civil español,'idéntico al precedentemente transcrito, dice:

“De acuerdo con este criterio, el art. 1571 sienta el principio de que el comprador de una finca arrendada tiene derecho a que termine el arriendo vigente al verificarse la venta. El punto de partida de este criterio es la consideración de que siendo el arrendamiento un contrato que pasó entre el arrendador y el arrendatario, y mereciendo el comprador el carácter de tercero respecto del mismo, no puede pre-valecer contra él un detecho de la categoría de los personales.
‘ ‘ El Código en este artículo ha instituido evidentemente una causa más de desahucio, causa que no arranca de hecho u omisión del arren-datario como las demás que hemos examinado, sino del acto de tras-lación de dominio realizado por el arrendador, que, al engendrar una nueva relación, jurídica, ejerce positiva influencia sobre la antes exis-tente por razón de los principios en que cada una se funda y del objeto común sobre que recaen, que es la finca arrendada.
“Antes de que la jurisprudencia de este artículo hubiese tenido tiempo de formarse, oímos discutir si el detecho que al comprador concede, podía o no ser ejercitado en forma de acción de desahucio y en el juicio de este nombre. Siempre estuvimos por la afirmativa, porque si lo que al comprador se concede es el derecho de hacer cesar un arrendamiento para que la finca quede completamente a su dis-posición, no otro es el fin que con el desahucio se persigue, y porque si este juicio procede en aquellos casos en que el motivo resulta de un hecho claro y evidente, notoriamente de esta naturaleza es el hecho de la venta de que arranca el derecho del comprador. No puede, pues, caber duda de que se trata de una nueva causa de desahucio, y que en este juicio ha de tener efectividad el derecho del comprador cuando el arrendatario no quiera reconocerlo voluntariamente. Al Tribunal Supremo han llegado ya no pocos casos, y ni una vez si-quiera se ha dejado de dar por supuesto, que tal procedimiento sea el adecuado.” Manresa, “Comentarios al Código Civil”, tomo 10, pág. 637.

Más adelante, estudiando el derecho que asiste al arren-datario contra el vendedor para que le indemnice los daños y perjuicios que se le hayan causado con motivo de la venta, continua el citado comentarista:

“El segundo derecho que al arrendatario incumbe es el que le asiste contra el vendedor para que le indemnice los daños y perjuicios que se le causen. Al comprador no puede pedir daños y perjuicios, porque no contrató con él; no hay vínculo jurídico entre ambos: al vendedor, sí, porque el vendedor es el arrendador de la finca, y como tal arrendador se obligó a mantenerle en el goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo del contrato, obligación que viene a infringir con el acto de la venta de la cosa: justo es, por lo tanto, que le indemnice.
“Respecto de la cuantía de la indemnización, sabido es que el criterio de nuestros Tribunales no suele ser muy amplio y que siem-pre que se presente una demanda de tal naturaleza, debe tenerse en cuenta que los daños y perjuicios que se indemnizan son aquéllos cuya existencia resulte demostrada. Al arrendatario corresponderá, pues, la prueba.” Ob. cit., pág. 643.

Véanse también los casos de Sosa v. Río Grande Agrícola Co., Ltd., 17 D.P.R. 1149; Angleró v. Fernández, 31 D.P.R. 262; Flores v. Delgado, 34 D.P.R. 778; Díaz v. Delgado, 38 D.P.R. 629, y Díaz v. Delgado, 41 D.P.R. 835, dónde este tribunal ha interpretado el aludido precepto legal.

Refiriéndose una vez más a los derechos del arrendatario bajo el artículo citado, dice Manresa:

“Son, pues, dos los derechos que le asisten: uno contra el com-prador y otro contra el vendedor.
“El derecho contra el comprador le incumbe tan sólo en el caso de que se trate de una finca rústica, y consiste en exigir que se le deje recoger los frutos de la cosecha que corresponda al año apícola co-rriente; frase de transparente sentido qne no necesita explicación, pero cuya aplicación en algunos casos puede ofrecer dudas.
“¿Qué solución será la adecuada, si se trata del arrendamiento de una dehesa de alcornoques cuyas sacas de corcho se verifican, por ejemplo, de ocho en ocho años? ¿Cuál si se trata de un pinar cuya próxima corta no debe hacerse hasta dentro de dos años ? No creemos que esas cortas ni esas sacas deban considerarse como frutos de la cosecha del año agrícola corriente, ni que la intención de la ley haya sido comprender esos casos en su precepto, ni tales frutos se deben estimar como de cosecha en el sentido recto de la palabra. La indem-nización del vendedor al arrendatario es la única solución que aparece razonable dentro del Código, sobre todo si se tiene en cuenta el carác-ter excepcional que muestra el derecho del arrendatario contra el com-prador en tales casos.” Ob. cit., págs. 641-642. (Bastardillas nues-tras.)

Las plantaciones del interventor consistían de frutos menores tales como maíz, plátanos, yautías y calabazas, los cuales generalmente dan una sola cosecha, y si dan alguna otra, es de tan poca importancia que su valor no merece consideración. De minimis non curat lex. Por consiguiente, no erró la corte sentenciadora al tomar en cuenta el valor de la plantación y no el de la cosecha, puesto que en este caso uno y otro son'más o menos el mismo.

Podrá argüirse que no habiendo sido demandado en desahucio el interventor, actuó la corte sin jurisdicción al lanzarlo de la finca sin que’ contra él se hubiese dictado una sentencia. Mas al intervenir Montalvo voluntariamente en el pleito de desahucio y no haber establecido apelación contra la resolución que ratificó el lanzamiento anteriormente verificado, consintió el pronunciamiento que de otro modo no hubiera podido sostenerse en apelación.

Por lo expuesto, procede, a nuestro juicio, desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor Del Tobo

text:
    José del Carmen Vargas, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1064.

    Sometido: Marzo 11, 1940.

      Resuelto: Marzo 14, 1940.

      Buenaventura Esteves, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el .Registro de la Pro-piedad de Aguadilla la escritura de compraventa de finca rústica número 150 otorgada el 17 de noviembre de 1938 por Antonio Román González y su esposa a favor de Telesforo Eduardo Soto Colón y otros, el registrador se negó a ins-cribirla por los siguientes motivos:

“Primero: Porque el contrato de compraventa que el mismo com-prende equivale a una trasmisión de derechos hereditarios y no se ha acreditado el pago de la contribución de herencia en armonía con los preceptos del artículo 379 del Código Político de Puerto Rico; y Segundo: Porque los menores adquirentes no han sido representados legalmente en el acto del otorgamiento de la escritura, tomando en su lugar anotación PREventiva por ciento veinte días, a todos los efectos legales ...”

Otras tres escrituras públicas se presentaron a la vez en el registro, a saber: las números 192, 193 y 218 otorga-das respectivamente en octubre 28, octubre 30 y diciembre 27 de 1939, por virtud de las cuales aparecen vendiendo la finca de que se trata Telesforo Soto Colón y otros a Pedro Ferrer, Pedro Ferrer a José del O. Vargas y el Marshal de la Corte de Distrito de Aguadilla Ramón H. Vargas, a nom-bre de ciertos condueños menores de edad también a José del C. Vargas. El registrador se negó a inscribirlas por no apa-recer registrada la finca vendida a nombre de los vendedores.

No conforme el último comprador según los documentos, José del Carmen Vargas, interpuso el presente recurso guber-nativo alegando que el Registrador erró al resolver que se trataba de una trasmisión de derechos hereditarios cuando se trata de una compraventa y al decidir que los menores Gervasio y María Soto Méndez no estuvieron legalmente representados.

Un examen de la primera escritura o sea de la otorgada en noviembre 17, 1938, de la cual dependen las otras tres, demuestra que el registrador recurrido estuvo acertado al considerar la venta como equivalente a una trasmisión de derechos hereditarios.

En la comparecencia, después de consignarse el nombre de los compradores se expresa: “todos vecinos de . . . here-deros en distintos grados del causante o ascendiente don Faustino Soto Torres, quien falleció. ...”

Y luego de describir la finca, dicen los vendedores:

“Y ahora venden dicha propiedad, con todos sus usos, servidum-bres y anexidades, al compareciente señor Soto Colón, para él y todos y cada uno de sus representados arriba nombrados, en la proporción para cada uno, a los derechos que todos y cada uno tuviere como be-rederos de don Faustino Soto Torres, arriba dicho, por la cantidad de un mil quinientos DÓLARES, que declaran haber recibido a satisfac-ción desde antes de este acto de herencia de dicho causante Soto Torres como les ha manifestado el compareciente Soto Colón; y, así es convenido y estipulado que los ahora vendedores quedan libres y exonerados de responder en manera alguna por evicción y saneamiento, ya que fué anterior dueño de dicho inmueble el causante de los com-pradores arriba prenombrado.”

Insiste en su alegato el recurrente en que el precepto del Código Político que tuvo en cuenta el registrador se refiere a personas que hubieran fallecido.

Así es en efecto pero aquí lo que surge de la escritura de venta, como acabamos de ver, es que si bien se otorgó por personas vivas lo fué para hacer constar en documento público, susceptible de ser inscrito en el registro, una tran-sacción que se realizó con una persona que había fallecido y estaba sustituida en el acto del otorgamiento por sus here-deros. Éstos — los que figuran como compradores en el docu-mento cuya inscripción se pretende — no adquirieron en verdad, la finca a título de compra si que a título de herencia.

En cuanto a la indebida representación de los menores, en la escritura se expresa:

“Don Telesforo Eduardo dice, que comparece por sí y a nombre y en representación de los siguientes señores: . . . mayores, menos •don Gervasio, doña María, doña Monsa y don Manuel -que son me-nores ; . .

Admite el recurrente que la facultad para representar a los menores residía en la madre, ya que el padre había falle-cido, pero sostiene que “esa facultad podía delegarse en otra persona, como ocurrió en este caso, ya que se trataba ■de adquirir y no de trasmitir; y todo lo que exige la ley es -que ese mandato (verbal o escrito) sea luego ratificado por •el mandante.Claro es que, siendo menores, care-cían de capacidad para otorgar un mandato; pero, aunque no lo dice la escritura, hay que presumir que el coheredero compareciente don Telesforo Eduardo estaba facultado por los demás herederos adquixentes y por la madre de dichos menores para representarlos a todos, actuación que fué luego aceptada y ratificada por todos, inclusive la madre de los herederos menores de edad, al comparecer unos ante notario y otorgar la escritura de compraventa a favor de don Pedro Ferrer y la madre a la Corte de Distrito para pedir auto-rización a fin de que se vendieran en pública subasta los condominios que sus hijos adquirieron por la escritura Núm. 150, de don Antonio Román González.”

A nuestro juicio tratándose de menores de edad y envol-viendo como envuelve el otorgamiento de la escritura la aceptación de una herencia más bien que la compra de una finca, no cabe presumir la autorización de la madre al com-pareciente Telesforo Eduardo Soto Colón para que repre-sentara a sus hijos. Sin embargo, demostrando el último de los documentos presentados que la madre de los menores reconoció la transacción al pedir luego autorización judicial para vender lo adquirido, creemos que la deficiencia fué suplida y el defecto curado y por tanto que no debió negarse por tal motivo la inscripción..

En tal virtud debe el recurso declararse sin lugar en cuanto al primer motivo y con hogar en manto al segwidor sin que puedan ordenarse las inscripciones solicitadas porque la negativa se sostiene por su primer fundamento.