author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Partido Unificación Puertorriqueña Tripartita de los Partidos Liberal, Laborista y Reformista, peticionario y apelante, v. José Ramírez Santibáñez, José E. Gelpí y Hon. Everett D. Brown, Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, demandados y apelados.
    Núm. 8685.

    Sometido: Marzo 5, 1943.

      Resuelto: Abril 5, 1943.

      José Sabater; Ángel M. Vülamil, Julio Reguero González, Miguel A. García Méndez, Oscar Souffront, Rafael Padró Parés, Hipólito Marcano y Antonio Reyes Delgado, abogados del peticionario ape-lante; Luis E. Dubón, Félix Ochoteco, Jr., j Benicio Sánchez Castaño, abogados de los demandados apelados; Ilon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos y Jesús A. González Pro-curador General Auxiliar, abogados del Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, apelado..
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un pleito de injunction iniciado a nombre del par-tido político “Unificación” por sus abogados, jurando la de-smanda Prudencio Rivera Martínez a base de estar autori-zado por el Comité Central del Partido y ser el Presidente ¡del mismo.

► Radicada la solicitud en la Corte de Distrito de San Juan, el Juez Sr. Córdova ordenó que se citara a los quere-llados con copia de la misma y fijó día para que las partes comparecieran y mostraran causas por las cuáles debería o no expedirse el auto, quedando, entre tanto, en entredicho.

Bn mayo 20, 1942, los demandados Ramírez y Gelpí por sus abogados presentaron un pliego de excepciones' previas, haciendo lo propio el Secretario Ejecutivo demandado por el Procurador General. Contestaron además, separadamente, y quedó trabada la contienda.

El 21 de julio siguiente la corte declaró sin lugar las ex-cepciones previas y la solicitud de injunction preliminar. Señalada la vista del caso en su fondo, comenzó a celebrarse el 18 y terminó el 25 de agosto de 1942, dictando el juez su sentencia el cinco de noviembre del propio año, 'desestimando la demanda, con las costas.

El demandante apeló, celebrándose la vista del recurso el cinco de marzo último con asistencia e informe del apelante y de los apelados Ramírez y Gelpí, por sus respectivos abo-gados.

No entraremos en el estudio de las excepciones previas porque fueron bien resueltas a nuestro juicio y porque se-gún la opinión que del caso hemos formado la sentencia en los méritos deberá ser confirmada.

La demanda y la contestación de los demandados Ramí-rez y Gelpí son documentos extensos y la evidencia aportada por una y otra parte fué abundante — la transcripción consta de más de mil doscientas páginas — , todo difícil de resumir. En ese laberinto penetró el juez sentenciador con tal segu-ridad y acierto, que preferimos transcribir su narración hacerla por nosotros mismos. Dijo:

“De este caso, al cual han dado gran importancia las partes, poj dría decirse lo que dijo el Juez Holmes del caso de Haddock v. Haddock, en su opinión disidente reportada en 201 U. S. 628, 50 L. Ed. 894. ()
“El Partido ‘Unificación Puertorriqueña Tripartita de los Par-tidos Liberal, Laborista y Reformista,’ se organizó el 14 de julio] .de 1940. Adoptó un reglamento, que crea un cuerpo directivo lla-l mado el Comité Central, y una Comisión Ejecutiva seleccionada por] el Comité Central de entre sus miembros. Dispone el reglamento] que el Comité Central nombre dos secretarios. El Presidente y tres] Vicepresidentes del partido son electos por asambleas del. partido,! disponiendo el reglamento la celebración de una asamblea el 26 de| enero de 1941 para la primera elección, y asambleas sucesivas cadaj tres años. En cuanto a asambleas extraordinarias, dispone el regla-mento que corresponde al Comité Central convocarlas en todos los' casos.
“La asamblea que según el reglamento debió celebrarse el 26 de enero de 1941, fue pospuesta por el Comité Central, y se celebró el dos de febrero de-1941 en TIumacao. El demandado Ramírez San-tibáñez fué electo Presidente. El Comité de Resoluciones recomendó a la asamblea la aprobación, entre otras, de la siguiente resolución:
“ ‘Que esta Asamblea no considere los proyectos de enmiendas al Reglamento que han sido propuestos, por el fundamento de que los mismos no han sido presentados de conformidad con las dispo-siciones del artículo 47 del Reglamento del Partido que exige que toda enmienda que haya de ser consignada en la convocatoria, al efecto, con expresión de el o los artículos objeto de enmiendas, o la materia objeto de enmienda cuando fuera por adición; y se ordena
“ ‘Primero: Al Comité Central que designe una Comisión especial para que estudie las propuestas enmiendas al Reglamento, todas ellas previa circulación y publicación de las mismas entre los Comités Locales; y
“ ‘Segundo: Que se propongan las enmiendas propuestas al re-glamento para ser consideradas las mismas en una asamblea extraor-dinaria que tf-ndrá efecto en uno de los días de la segunda quincena del mes de mayo del año en curso, en la cual también se considerarán todos aquellos asuntos que a juicio del Comité Central afecten los in-tereses de la comunidad.’
“La prueba de la parte demandante sostiene que la resolución fué aprobada por la asamblea sin enmiendas. Los demandados ban presentado prueba al efecto de que bubo cierta oposición al proyecto de resolución recomendado por el Comité, y que el Presidente del Comité, Félix Ocboteco, redactó de su puño y letra un proyecto sus-tituto de resolución, que sostienen los demandados fué el que aprobó la asamblea, y que lee como sigue:
“ ‘Que sé ordene por esta asamblea la celebración de una Asam-blea Extraordinaria de la Unificación Puertorriqueña Tripartita para tener efecto, preferiblemente, en uno de los días de la segunda quin-cena de mayo del año en curso o en cualquiera otra feeba posterior que designe el Presidente, en la cual Asamblea Extraordinaria se considerarán todos aquellos asuntos que a juicio de la Presidencia afecten los intereses de la colectividad, y de modo especial las en-miendas al Reglamento que ban sido traídas a la consideración de esta asamblea.’
“No se celebró la asamblea extraordinaria en mayo de 1941. El 14- de septiembre de 1941 se reunió el Comité Central en Caguas y resolvió debía celebrarse una asamblea extraordinaria no más tarde del 15 de enero de 1942, facultándose a la Comisión Ejecutiva para fijar la fecha. Tampoco se llegó a celebrar la asamblea en enero de 1942.
“Por entender que el Presidente se negaba a convocar al Comité Central, un grupo de 23 miembros del comité solicitaron de los vice-presidentes convocaran a una reunión. Los vicepresidentes entonces, amparándose en el artículo 2 del reglamento, convocaron al Comité Central, para reunión extraordinaria que se celebraría en el Ateneo Puertorriqueño el 22 de marzo de 1942. Se celebró la reunión, a la cual no asistió el Presidente, quien ya había convocado para una asamblea extraordinaria del partido, y una reunión del Comité Central, a celebrarse ambas el 12 de abril de 1942. La reunión de marzo 22 de 1942 del Comité Central declaró ‘ausente’ al Presidente, y designó,para presidir el partido, mientras durase la ‘ausencia’ del Presidente, al Vicepresidente Rivera Martínez. En dicha reunión se acordó también convocar una asamblea extraordinaria del partido para celebrarse el 5 de abril de 1942.
“Dos días después de la reunión del Ateneo, Ramírez Santibáñez declaró enmendada su convocatoria a asamblea extraordinaria del partido, y reunión del Comité Central, y adelantó la feeba de la asamblea y la reunión al 29 de marzo de 1942.
“Dos días después, el 26 de marzo de 1942, Rivera Martínez con-voca a reunión extraordinaria del Comité Central. Se reúne una mayoría del Comité al día siguiente, y declara a Ramírez Santibáñez ‘incurso en incapacidad’ designando a Rivera Martínez para susti-tuirlo interinamente como Presidente.
“El 29 de marzo de 1942 se celebró en San Juan la asamblea para la cual convocara Ramírez Santibáñez. La asamblea acordó cambiar el nombre del partido a ‘Partido Liberal Puertorriqueño,’ y adoptar como insignia una estrella. El Secretario Ejecutivo, a base de esta resolucióñ, bizo las entradas correspondientes en su registro.
“Durante el curso de la asamblea se pretendió celebrar una reu-nión del Comité Central, con el fin de ratificar la convocatoria de Ramírez Santibáñez. Es obvio que no bubo tal reunión, por falta de quorum.
“La parte demandante impugna la asamblea de marzo 29 de 1942, por no haberse convocado debidamente, y pide se ordene al Secretario Ejecutivo restituya el statu quo en cuanto al nombre e insignias del partido. También se alega que Ramírez Santibáñez y Gelpí usurpan los puestos de Presidente y Secretario, respectiva-mente, y se pide un injunction que les prohíba actuar como tales.
“De las alegaciones y de la prueba resulta que Ramírez Santi-báñez fué electo presidente del partido en asamblea celebrada en febrero de 1941, en Humacao. El reglamento no autoriza al Comité Central a destituir al Presidente. Aún cuando hubiesen sido vá-lidas las reuniones del Comité Central celebradas el 22 y 27 de marzo de 1942, fueron inefectivas sus resoluciones declarando a Ramírez Santibáñez ‘ausente’ primero, y luego ‘incurso en incapacidad.’ La prueba demuestra que la ausencia y la incapacidad imputadas a Ra-mírez Santibáñez por una mayoría del Comité Central constituyen sencillamente la expresión de la falta de confianza de dicho Comité en un Presidente que dicho Comité no había electo ni tenía facultad para destituir.
“Tenemos pues, que Ramírez Santibáñez, desde febrero de 1941, viene siendo el Presidente del partido. Como tal convocó la asam-blea de marzo 29 de 1942. El reglamento no le confiere tal auto-ridad. Sostiene, sin embargo, que la asamblea de Humacao delegó en él la determinación de la fecha y lugar de la próxima asamblea extraordinaria. Veamos cuál fué la resolución que aprobó la asam-blea de Humaeao sobre este extremo. Sobre el particular existe un abierto conflicto de evidencia.
“Testigos como Soltero, Padró Parés, Gallart y Rivera Martínez, entre otros, de cuya veracidad no duda la corte, nos dicen que la Asamblea de Plumaeao adoptó la resolución que propuso el Comité de Resoluciones. Testigos como Seín, Marques, Pavía y Ocboteco, a quienes consideramos igualmente veraces, nos aseguran que bubo una moción sustituía, que fué la que se aprobó. Y Ocboteco identifica un escrito que obra en poder del demandado Gelpí, junto con otros escritos referentes a resoluciones consideradas en la asamblea, o en el Comité de Resoluciones, y nos asegura que ese escrito lo preparó él de su puño y letra, y constituye la moción sustituía que fué aprobada.
“Creemos que la resolución aprobada fué la sustituía que iden-tificó Ocboteco, o sea, la que delega en el presidente la facultad de convocar para la próxima asamblea extraordinaria. Aquellos tes-' tigos de la parte demandante en cuya memoria no existe la moción sustituía de Ocboteco, ban sido fieles a su memoria, pero su memoria no ba sido espejo de la realidad. Y es natural que así sea. Estaban declarando los testigos de ambas partes sobre una asamblea cele-brada año y medio antes. Y estaban declarando sobre una reso-lución que, en aquel entonces, tenía una importancia secundaria. El asunto principal que se discutió en aquella asamblea fué aquel al que se le dió el nombre de ‘normas legislativas.’ Todo lo demás era secundario. Y no sólo era la resolución que estamos considerando secundaria a otros asuntos discutidos en la asamblea, si que, dentro de la propia resolución, lo principal era la posposición de la consi-deración de enmiendas al reglamento, y lo secundario era lo que abora nos ocupa, o sea; quién habría de convocar la próxima asam-blea extraordinaria, y cuándo. Nada de particular tiene, pues, el que muchos de los concurrentes a la asamblea no recuerden todo lo que le ocurriera a la resolución sobre enmiendas al reglamento, o el que mucbos no se dieran cuenta de que la resolución que se aprobó fué distinta, en ciertos particulares, de la que propuso el Comité de Resoluciones.
“Gomo hemos dicho, creemos que algunos de los testigos de cada parte declararan la verdad de lo que ellos recordaban en cuanto a la resolución sobre enmiendas al reglamento y próxima asamblea extraordinaria. Resolvemos el conflicto a favor de los demandados, porque no creemos que la declaración de testigos como Ochoteco, Pavía, Marques y Seín sea fabricada. Y de no ser cierta esa prueba tendríamos que convenir que fué fabricada, y fabricado el escrito que identificó Ocboteco como contentivo de la moción sustituta que fué aprobada por la asamblea. En cuanto a la prueba de la deman-dante, puede muy bien estar, como creemos está, equivocado el re-cuerdo de sus testigos. Y en la prueba de la demandante se en-cuentran detalles que tienden a corroborar la teoría de los deman-dados. Los testigos Aponte y Salva, por ejemplo, recuerdan que hubo oposición a la resolución propuesta por el Comité de Resolu-ciones y que hubo cierta discusión, aunque no recuerdan qué fué lo que se discutió. Rivera Martínez también recuerda alguna ligera discusión. Nadie nos supo explicar lógicamente el por qué de la discusión u oposición. Quizás fué de esas discusiones u oposiciones que no se explican, y que sólo surgen del deseo de algún delegado, de dirigirse a la asamblea.
“Debemos añadir que, al resolver el conflicto de evidencia en cuanto al texto de la resolución aprobada en la asamblea, no le hemos dado peso alguno al libro de minutas que presentó en evi-dencia la parte demandada, por no tener dicho libro las garantías-de autenticidad que exige el' reglamento del partido.
“Dada la conclusión a que hemos llegado en cuanto a lo ocurridoen la asamblea de Humaeao, resulta que el demandado Ramírez San-tibáñez fué autorizado por dicha asamblea a hacer la convocatoria para la asamblea de marzo 29 de 1942. No se impugna la asam-blea de marzo 29 de 1942, ni los acuerdos allí adoptados, excepto a base de la insuficiencia de la convocatoria. Debemos, por lo tanto, considerar válido el acuerdo de la asamblea de marzo 29 de 1942 sobre cambio de nombre e insignia del partido.
“Réstanos considerar aquella parte de la demanda que se refiere a las actuaciones del demandado Gelpí. Gelpí fué destituido como Secretario en la reunión del comité central celebrada en el Ateneo el 22 de marzo de 1942. Tenemos alguna duda en cuanto a la validez de la convocatoria a dicha reunión. Asumiendo que fuera válida, y que por lo tanto Gelpí fué debidamente destituido de su cargo de secretario, pasemos a considerar si las alegaciones justifican la expedición de un injunction contra Gelpí.
“En la alegación XXIII de la demanda se queja la demandante de que Gelpí y Ramírez Santibáñez conspiraran para hacer aparecer que una asamblea del partido acordara el cambio de su nombre e insignias. Sea o no Gelpí el secretario, la asamblea se celebró, y la resolución sobre nombre e insignias se aprobó, luego Gelpí tiene derecho a insistir en que ha habido cambio de nombre y de insignias.
“Igual podemos decir de lo alegado en la alegación XXVIII de la demanda, donde se queja la parte demandante de que tanto Gelpí como Ramírez Santibáñez actúan a base del cambio de nombre e insignias. Y en cuanto a actuaciones de Gelpí relacionadas con ma-quinillas, mesas, listas electorales, o dineros, no bay prueba que jus-tifique un injunction..
“De lo expuesto resulta que, siendo válida la convocatoria becba para la asamblea de marzo 29 de 1942, y por lo tanto eficaz el acuerdo sobre cambio del nombre y de las insignias del partido, siendo Ra-mírez Santibáñez el Presidente del Partido, y no apareciendo que Gelpí, sea o no éste secretario del partido, esté cometiendo actos que causen daño irreparable a la parte demandante, debe dictarse sen-tencia declarando sin lugar la demanda, con las costas.”

La sentencia se dictó y registró de conformidad y el de-mandante apeló de ella para ante este tribunal. Su alegato de más de cien páginas revela un estudio no sólo amplio si que completo e inteligente de los hechos y la ley. Señala cuatro errores como cometidos por la corte al admitir en evi-dencia los exhibits 6, 7 al 30 y 31 de los demandados; al resolver que la convención de la Unificación celebrada en Hu-macao el dos de febrero de 1941, adoptó un acuerdo autori-zando al Presidente Ramírez a convocar una asamblea ex-traordinaria del Partido; al resolver que el Presidente de la Unificación, Ramírez, tenía autoridad legal y reglamenta-ria para convocar la asamblea celebrada en San Juan el veintinueve de marzo de 1942, y al declarar sin lugar el injunction.

Examinemos el primer error. La admisión del exhibit 31- — libro de actas de la Unificación — debe descartarse. Conocemos lo dicho en cuanto al mismo por el juez de distrito en su relación del caso y opinión.

El exhibit 6 es el documento transcrito al principio de la relación del caso y opinión de la corte sentenciadora. Se in-trodujo por los demandados Ramírez y G-elpí para probar alegaciones de su contestación sobre lo acordado por la asam-blea de Humaeao en relación con la celebración de- la pró-xima asamblea extraordinaria del partido, y a su admisión se opnso el demandante a base del carácter “self-serving” de la evidencia.

Al documento se refirieron varios testigos que declararon sobre su contenido y sobre cómo y por qué fué redactado y aprobado. Otro, su autor, Félix Ocboteco, manifestó en re-lación con el mismo, lo que sigue:

“Mientras estaba engolfada la asamblea discutiendo la conve-niencia o inconveniencia de aprobar el dictamen del Comité de Re-soluciones. yo ocupaba la mesa presidencial, y yo escuchaba las diferentes corrientes que se estaban manifestando en pro y en contra, y entonces redacté una moción sustituía, allí en la misma mesa pre-sidencial, que creía yo que hasta cierto punto armonizaba toda aquella discusión, y antes de darla a conocer a la asamblea consulté con el presidente del partido si él creía conveniente aquello que a mí me pareció, me dijo que sí, entonces el presidente, anunció que iba a hacer una moción sustituía. La hice por el micrófono y fué la que quedó aprobada.”

La autenticación del exhibit fué completa. No se cometió error alguno a nuestro juicio al admitirlo en evidencia. La objeción del demandante va más bien a su fuerza probatoria que a su admisibilidad.

Los exhibits 7 al 30 se ofrecieron en evidencia como los originales de las resoluciones de la asamblea de Huma-cao. El demandante se opuso a su admisión porque no cons-tituían prueba sobre el punto en controversia. Inquirió la corte acerca de su pertinencia y se le dijo que eran eviden-cia corroborativa de carácter primario de la verbal ofrecida. Fueron finalmente admitidos porque servirían “para ayudar a la corte a determinar cuán buena o mala es la memoria de los testigos”.

Atendidas las circunstancias concurrentes, no creemos que la corte errara al adoptar esa actitud. A lo sumo lo que hizo fué recargar el récord con algo innecesario. No hubo error pero, de haberlo, no fué perjudicial.

Por el segundo error se impugna la apreciación de la prueba. Su resolución lleva consigo la decisión del litigio. Al comenzar a discutirlo dice el apelante:

“Comprendemos la dificultad que acompaña a la exposición y argumentación de este error. El juez que presidió la corte goza de un prestigio extraordinario, bien ganado a nuestro juicio, ante este honorable Tribunal Supremo, y ante toda nuestra comunidad.
“El mero hecho de haber sido apreciada la evidencia, en la forma en que este juez lo ha hecho, podría invitar a esta Superioridad a cerrar el caso en definitiva, y a no penetrar en el estudio de la evidencia, más allá de lo necesario para concluir ratificando la doc-trina bien establecida, que este Tribunal Supremo no intervendrá en la apreciación que el juzgador haya hecho . de la evidencia, a menos que se establezca de manera clara que el sentenciador actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad.
“Desde este momento queremos dejar admitido que no creemos que el juez sentenciador haya dictado la sentencia que dictó, apre-ciando la prueba en la forma en que lo hizo, porque estuviera pre-juiciado, apasionado o parcializado; sin embargo, vamos a entrar en el análisis de la evidencia de una y otra parte, según la pesó el juez inferior, con el propósito de demostrar a este honorable Tribunal Supremo que, independientemente de pasión, prejuicio o parciali-dad, interpretó la prueba y aquilató las declaraciones con mani-fiesto error.”

Transcribe entonces gran parte de la relación del caso y opinión del juez de distrito y trata por páginas y páginas de rebatir sus conclusiones y razonamientos analizando los testimonios, comparándolos, pesándolos, logrando a veces levantar dudas pero sin llegar nunca a destruir las unas y los otros. Estudiada la transcripción, queda satisfecha la conciencia judicial de que el criterio de la corte sentencia-dora tiene sólida base en ella y de que de los dos caminos a seguir, es dicho criterio el más seguro y el más equitativo, atendidas todas las circunstancias concurrentes, aquellas que surgen clara y expresamente de la prueba y las otras que se deducen de la misma. No se ha demostrado la existencia del segundo error.

Por el tercero contiende el apelante “que, aceptando, a los efectos del argumento, que la asamblea celebrada en Humacao, autorizó al Presidente, Ramírez Santibáñez, a designar la fecha de la próxima asamblea extraordinaria, preferiblemente en la segunda quincena del mes de mayo, o en cualquier otra fecha posterior, aún así Ramírez Santibáñez no podía hacer otra cosa que fijar fecha para la asamblea, y era su deber convocar al Comité Central para que éste señalara el sitio donde habría de celebrarse la asamblea, y dictara las reglas por las cuales habría de regirse la misma; y, convocar la asamblea. Es decir, a nuestro juicio, el haber autorizado al señor Ramírez Santibáñez para designar la fecha, no arrebató al Comité Central los poderes ex-clusivos que, de acuerdo con el reglamento, tiene para convocar’las asambleas o convenciones.”

Es cierto que el reglamento del partido otorga la facul-tad de convocar las asambleas extraordinarias al Comité Central y que en la resolución adoptada por el partido en Humacao sólo se encomendó al presidente la designación de fecha, pero lo es también que la resolución en sí misma cons-tituye la convocatoria de la asamblea extraordinaria de que se trata “para tener efecto, preferiblemente, en uno de los días de la segunda quincena de mayo del año en curso o en cualquiera otra fecha posterior que designe el presidente.” La facultad para escoger el sitio debe entenderse conferida implícitamente para que el acuerdo pudiera ser cumplido.

La asamblea de Humacao- era el partido y pudo actuar en la forma en que lo hizo. Su actuación en cuanto a su poder para dictar la resolución de que se trata no se im-pugna e"interpretada rectamente su resolución por sí misma no cabe otra conclusión que no sea la de que delegó en el presidente que acababa de elegir y en quien depositó toda su confianza, la realización de todo lo que faltaba para que la celebración de la asamblea extraordinaria que acordaba pudiera tener efecto en el momento oportuno sin necesidad lie la intervención de ningún otro funcionario u organismo pel partido.

I Esa interpretación está además en armonía coii lo que [entendieron que significaba la resolución en el momento de [votarla los que la adoptaron y con el mal que trataba de [corregir, esto es, tener que citar a un cuerpo tan numeroso como el Comité Central para el solo hecho de convocar la asamblea.

I Se insiste por el apelante en que hay una “razón adicio-nal” para sostener su criterio. Dice a ése efecto en su ale-fato: “Suponiendo, que no admitimos, que el acuerdo de la asamblea de Humacao hubiera sido el de autorizar al pre-sidente para designar la fecha, más aún que hubiera sido autorizarle para fijar el sitio y expedir él la convocatoria, esa autoridad terminó inmediatamente que el Comité Central se reunió, en la ciudad de Caguas, el 14 de septiembre de 1941 y adoptó la resolución de celebrar una asamblea extra-ordinaria, antes del 15 de enero de 1942, en día que fijaría la Comisión Ejecutiva.”

La razón es de peso, pero no decisiva. Dada la autori-zación conferida al presidente por la asamblea de Humacao, no había en verdad necesidad de encomendar a la Comisión Ejecutiva la designación de fecha. Eso no obstante lo cierto ■es que así se hizo, con la intervención y aquiescencia del pro-pio Presidente Ramírez.

Pero si se tiene en cuenta que el que actuó lo fué el Co-mité Central y no otra asamblea y que la encomienda se dió para ser ejecutada antes del 15 de enero de 1942, pasando esa fecha sin que se cumpliera, tendrá que concluirse que su vida se extendía únicamente hasta la expresada fecha, y como la actuación del Presidente Ramírez en relación con la asamblea de San Juan, lo fue después, en nada quedó afec-tada por el acuerdo.

La “razón adicional” carece, pues, como dijimos, de fuerza decisiva.

La vida del cuarto error depende de la de todos o de laj de alguno o algunos de los tres primeramente señalados yj como ninguno de los tres fue cometido, cae por su base. I

Debe declararse el recurso sm lugar y confirmarse la sen-\ tencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino. j

        (1) “I do-not suppose that civilization will come to an end whichever way this case is decided.” 201 U.S. 628.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Cruz Portalatín, conocido por Jesús Rivera García, y Gumersindo Rivera, conocido por Antonio Ortiz (a) Chalemán, acusados y apelantes.
    Núm. 9715.

    Sometido: Febrero 5, 1943.

      Resuelto: Abril 5, 1943.

      Cándido Cebadlos, abogado del apelante Gumersindo Rivera; llamón Cruz Portalatín, por su propio derecho; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo j Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abo-gados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes fueron acusados de un delito subsiguiente de robo, consistente en que el 15 de agosto de 1941 y en -lá ciudad de San Juan, P. R., ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente sustrajeron de la persona de Antonio Campos Sánchez, en su inmediata presencia, contra su voluntad y por medio de la violencia, la suma de $76, perteneciente al expresado Antonio Campos Sánchez, de la cual se apode-raron. En la acusación se alega además una larga serie de convicciones y sentencias anteriores cumplidas por los acu-sados por hurto de mayor y menor cuantía y otros delitos contra la propiedad. Celebrado el juicio por la corte inferior actuando sin jurado, ambos acusados fueron convictos del delito imputádoles y sentenciados a veinte años de pre-sidio. Apelaron de sus respectivas sentencias.

Consideremos en primer término el recurso inter-puesto por Gumersindo Rivera Ramírez. Señaló éste como motivos para la revocación de la sentencia el no haberse pro-bado los delitos anteriores y haberse negado la corte inferior a citar a los secretarios de las cortes de distrito de Ponce y Mayagüez, con los récords de los casos criminales que alegó el fiscal en la acusación para determinar el subsi-guiente.

Al tratar de probar las sentencias extinguidas por este apelante, se encontró el fiscal con que el jefe interino de la Penitenciaría Insular, que había sido citado para que trajese consigo la hoja penal de “Gumersindo Rivera”, trajo la co-rrespondiente a “Gumersindo Rivera Quintero”, persona distinta del acusado Gumersindo Rivera Ramírez. Al dis-poner la corte que se pidiese por teléfono a la Penitenciaría el envío del documento que faltaba, el abogado defensor, dirigiéndose al tribunal, manifestó: “En cuanto a este acu-sado, no tienen que traer ninguna sentencia. En cuanto a éste aceptamos y terminamos con el testigo.” (T. de E., pág. 25.) No obstante esta admisión, en la sesión de la tarde compareció el mismo testigo y declaró, teniendo a la vista la hoja penal de este acusado. Se refirió a varias sentencias dictadas contra él por las cortes de distrito de San Juan y Mayagüez. Pero al observar la defensa que de las copias certificadas de las sentencias que obraban en poder del al-caide de la cárcel no aparecía afirmativamente que el acu-sado hubiera estado asistido de abogado, solicitó, mientras declaraba el cuarto de los cinco testigos que testificaron en éste caso (no se-presentó prueba de descargo), que se citara a los secretarios de las cortes de distrito antes mencionadas para que trajesen los expedientes respectivos a fin de inves-tigar si en efecto el acusado había tenido asistencia de abo-gado en los juicios que motivaron las expresadas sentencias. No solicitó, sin embargo, que el expediente correspondiente a la sentencia anterior impuesta por la Corte de Distrito de pan Juan fuese traída a fin de determinar si en ese caso es-tuvo o no asistido de abogado. La corte a quo denegó la noción, en primer término porque de la faz de las senten-cias no aparecía afirmativamente que el' acusado no hubiese estado asistido de abogado, y como toda sentencia se pre-. sume válida, al que alegue su nulidad incumbe probarla. El reus ado, como expresó la corte inferior, tuvo conocimiento le las sentencias anteriores desde la lectura de acusación y no obstante el tiempo transcurrido desde entonces, no tuvo a bien solicitar la citación de dichos testigos dentro de un tiempo razonable con anterioridad a la celebración del jui-cio. Declaró además la corte que el citar, en aquel estado del juicio, a los testigos en cuestión requeriría la injustifi-cada posposición de la vista que estaba próxima a terminar. A nuestro juicio, actuó correctamente la corte inferior al denegar tal moción. Pueblo v. Sarria Pacheco, 57 D.P.R. 882; Dijols v. Lugo, Alcaide, 58 D.P.R. 445, 446; Pueblo v. Montaner, 61 D.P.R. 120.

No existen los únicos dos errores señalados por este ape-lante. Procederemos a considerar ahora el recurso inter-puesto por Ramón Cruz Portalatín.

Sus tres primeros señalamientos de error se refieren a que, según él, la sentencia descansa exclusivamente en el testimonio de un solo testigo: el perjudicado; en que no se probaron las convicciones anteriores, y en haberse admitido en evidencia prueba de una sentencia anterior dictada el 5 de marzo dé 1939, cuando en la acusación se alega que dicha sentencia era de fecha 30 del mismo mes y año.

En el delito de robo, la prueba directa de un solo testigo que merezca entero crédito al juzgador es suficiente para sostener una convicción. Pero ello no obstante, la declara-ción del perjudicado, quien sostuvo una lucha con los acusa-dos, de día, en la calle Alien de esta ciudad, para no dejarse quitar la cartera que portaba, está corroborada por la del testigo Máximo Fabián, dependiente de un establecimiento de calzado, que al oír los gritos del perjudicado agarró y en tregó a la policía a uno de los acusados que trató de dars a la fuga. [4] Asumiendo sin aceptarlo que fuese erróne; la admisión en evidencia de la sentencia anterior de 30 d marzo de 1939, ese error no produciría la revocación ni 1 modificación de la- sentencia, porque independientemente d< esa convicción se probaron otras sentencias anteriores ale-gadas en la acusación, extinguidas por el acusado; Una solal de esas sentencias anteriores bastaba para sostener la califi-] cación de delito subsiguiente.

.Tampoco era indispensable para sostener la sentencia que la cartera fuese ocupada a los acusados. A ese res pecto el perjudicado declaró que vió cuando la mano de otra persona que no era uno de los acusados, recibió la cartera de uno de éstos y desapareció.

Bajo el cuarto señalamiento de error se queja el acusado de que la corte no citó al testigo Marcelino Santiago, detective, con' quien se proponía probar que la cartera no fue ocupada a los acusados. Señaló además el no designársele abogado en el acto de la lectura de la acusación; el obligarlo a ser juzgado por la corte sin jurado, y el no concederle juicio por separado.

' En primer lugar, ya fiemos dicho que el propio perjudi-cado declaró que uno de los acusados, una vez en posesión de la cartera, la pasó a otra persona que desapareció de la escena del crimen, circunstancia ésta que hacía innecesaria la declaración de Marcelino Santiago, como muy bien advir-tió el juez sentenciador. En segundo término, no existe prueba afirmativa de que el acusado no hubiese estado asis-tido de abogado durante la lectura de la acusación. Y por último, nada hay en el récord que revele que el apelante o su coacusado solicitasen juicios por separado, y por el con-trario aparece del récord que solicitaron ser juzgados por el tribunal sin jurado.

No existiendo ninguno de los errores señalados por uno \y otro apelante, y apareciendo que tanto la acusación como la evidencia que la sostiene son suficientes, procede desesti-mar el recurso y confirmar la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señoh De Jesús

text:
    General Motors Acceptance Corporation, demandante y apelante, v. María Petra Brañuela y Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandados y apelados.
    Núm. 8433.

    Sometido: Enero 12, 1943.

      Resuelto: Abril 5, 1943.

      Brown, González & Newsom y B. Bodríguez Antongiorgi, abogados de la apelante; Son. Procurador General Interino M. Bodríguez

      Ramos j Eulogio Riera, Procurador Auxiliar, abogados del Tesol rero de Puerto Rico, apelado; James R. Beverley, R. Castro Fer\ nández y José López -Baralt, abogados del amicus curiae, Small! wood Brothers, Inc. I
   El Juez Asociado Señoh De Jesús

emitió la opinión del tri-j tranal.

La demandante apelante radicó una moción en la que so-licitó reconsideremos nuestra sentencia de 13 de julio .de! 1942 (60 D.P.R. 696). Considerando los fundamentos que sirvieron de base a dicha moción y los que expuso Smallwood] Brothers Inc. como amicus curiae, creimos conveniente re-considerar y en efecto reconsideramos la citada sentencia y dispusimos la celebración de una nueva vista.

Es innecesario exponer una vez más los hechos de este caso. Nos remitimos a la opinión anterior, supra.

La contención de la apelante es:

(1) Que como cesionaria de los derechos de la vendedora condicional de un automóvil que fué capturado mientras transportaba bebidas embriagantes sin pagar el impuesto prescrito por la ley, es un tercero inocente cuyo interés no puede ser perjudicado por la confiscación del vehículo pres-crita por el artículo 62 de la Ley de Bebidas; y

(2) Que el artículo 62 de la citada ley es inconstitucional por no conceder a las personas con interés en el vehículo la debida notificación y oportunidad de defenderse.

Para la mejor inteligencia de la discusión que vamos a emprender, parece conveniente tener a la vista el citado artículo 62 que literalmente dice así:

“Artículo 62. — El Tesorero queda por la presente autorizado para confiscar cualquier vehículo, bote, lancha, o cualquier embarcación marítima o aérea que se capture cargado o en el momento de cargar o de estar transportando, llevando, o trasladando espíritus destila-dos o bebidas alcohólicas fabricadas, importadas, destiladas o recti-ficadas ilegalmente y sobre los cuales no se hubieren pagado los im-puestos prescritos por esta Ley; y los mismos serán vendidos en pública subasta para beneficio de El Pueblo de Puerto Rico; Bis- poniéndose, que el Tesorero, a su discreción, y si el servicio público así lo requiere, podrá designar no más de cinco (5) de dichos ve-hículos o botes de motor para uso de los funcionarios y agentes debidamente autorizados por el Negociado de Bebidas Alcohólicas y Narcóticos.”

En nuestra opinión anterior no . tuvimos necesidad de considerar si el transcrito precepto legal debe interpretarse en el sentido de proteger los derechos que terceros inocentes puedan tener en el vehículo confiscado. Dijimos entonces:

“El precepto transcrito es terminante en cuanto autorizp, al Tesorero a confiscar cualquier vehículo, bote, etc., que se capture transportando espíritus destilados o bebidas alcohólicas sobre los cuales no se hubieren pagado los impuestos prescritos por la ley. Estatutos como el que nos ocupa han recibido distintas .interpreta-ciones en lo que respecta a los derechos que sobre el vehículo tu-vieren terceras personas que no hubieren tenido conocimiento ni con-sentido expresa o implícitamente en el uso ilegal de la propiedad. (Pág. 700.)
“En el presente caso la apelante no nos ha puesto en condiciones de resolver la cuestión planteada en su alegato, pues no tenemos base para asumir que sea ella un tercero inocente, y a ella — que ahora lo afirma — incumbía alégarlo y probarlo.” (Pág. 701.)

Resuelta así la primera cuestión en la opinión original, inmediatamente pasamos en aquella ocasión a considerar si el estatuto infringía la garantía constitucional sobre debido procedimiento de ley, es decir, si concedía o no al dueño o tercero interesado en el vehículo él derecho de ser notificado y la oportunidad de ser oído en su defensa: Resolvimos en-tonces que si bien el artículo 62 nada dice sobre notificación y oportunidad de ser oído, sin embargo el artículo 97 de la misma ley concede amplia y suficientemente esa oportunidad. (Pág. 701.) Este último artículo en lo pertinente dice así:

“Artículo 97. — Siempre que el Tesorero de Puerto Bieo esté fa-cultado por esta Ley para vender artículos o productos confiscados por él o por sus agentes, la .persona agraviada podrá apelar ante la correspondiente corte de distrito, y dicha corte tendrá jurisdicción, después de ser oída la persona, para confirmar, revocar, o modificar la decisión del Tesorero. Dieta apelación deberá radicarse dentro de los diez (10') días siguientes a la fecha de la notificación a la persona interesada. ’ ’

Alega ahora por primera vez la apelante que es de apli-cación a sn caso la regla general al efecto de que en proce-dimientos civiles en que esté envuelta la comisión de un de-lito o conducta criminal alguna, la inocencia y la buena fe se presumen e invoca el artículo' 85. de la Ley de Bebidas, .que dispone:

“Artículo 85. — Toda persona que infrinja o deje de observar las disposiciones de esta Ley o del reglamento que por virtud de ella se promulgue; y toda persona que a sabiendas ayude, permita o de otro modo ayude a otra a infringir o dejar de observar cualquier disposición de esta ley o del reglamento respecto a sus disposiciones, será culpable de delito menos grave (misdemeanor), cuando no se indique específicamente otra pena.”

Cita además la apelante la obra American Jurisprudence, tomo 20, pág. 217, sección 221.

Concedemos que el cesionario de los derechos de un ven-dedor condicional de un automóvil que a sabiendas permita que dicho automóvil sea usado en la transportación de be-bidas alcohólicas en violación de la ley, incurre en responsa-bilidad criminal a tenor de lo dispuesto en el citado artículo 85. Siendo ello así, la apelante tiene a su favor la presun-ción de inocencia que invoca. Aceptando que la apelante tiene a su favor la presunción de tercero inocente, tiene de-recho a que se resuelva si la confiscación prescrita por el artículo 62 perjudica sus derechos sobre el vehículo.

Un estudio de las monografías contenidas en la obra American Law Reports, tomos 47, pág. 1055; 61, pág. 551; 73, pág. 1087; 82, pág. 607; y 124, pág. 288, donde se aco-pian y clasifican las decisiones de los tribunales, tanto fe-derales como estatales, interpretativas de los diversos esta-tutos sobre la materia, revela el desacuerdo en que se ha-llan las distintas jurisdicciones con respecto a los derechos de terceros inocentes cuando el estatuto, como el nuestro, guarda silencio acerca de tales derechos.

En Carolina del Sur, donde existía un precepto legal igual al artículo 62, supra, se resolvió que debía presumirse que la legislatura tuvo la intención de excluir de los efectos de la ley los derechos de terceros inocentes, de esa forma ■evitando que el estatuto' produjera injusticia en su aplica-ción. Seignious v. Limehouse, 93 S. E. 193, donde se cita con aprobación Moody v. McKinney, 53 S. E. 543.

En Tejas, un estatuto sobre la materia expresamente de-clara que el vehículo ilegalmente usado constituye un estorbo público y ordena que si el mismo tiene algún valor o es útil para algún uso legítimo, deberá ser vendido, y su producto inmediatamente depositado en la tesorería del Estado, y que en caso de no tener valor alguno, la propiedad deberá ser destruida.' Al interpretarlo, a pesar de que no se hace men-ción de los derechos de terceros inocentes, los tribunales de aquel Estado han sostenido que el automóvil confiscado que-daba sujeto al gravamen del vendedor condicional. En otras palabras, que los derechos del vendedor condicional no eran afectados por la confiscación. General Motors Acceptance Corporation v. State (Tex. 1919) 12 S. W. (2) 968.

De otro lado, interpretando el artículo 3450 de los Esta-tutos Revisados de los Estados Unidos, de los cuales ha sido tomado el artículo 62 de la Ley de Bebidas, la Corte Su-prema ha sostenido que el procedimiento de confiscación va dirigido contra el vehículo mismo y no contra sus dueños y que por consiguiente los derechos que sobre el vehículo pue-dan tener terceros inocentes no están protegidos, excepto en aquellos casos en que se demuestre que la posesión del ve-hículo ha sido obtenida por el infractor sin el consentimiento expreso o implícito del dueño o del tercero inocente, como su-cede cuando el vehículo ha sido hurtado. En otras palabras, si eh dueño o tercero interesado directa o indirectamente ha puesto el vehículo en posesión del infractor o de la persona bajo la cual actúa éste, los derechos del dueño o tercero inj teresado en tales circunstancias corren la suerte del uso que el poseedor pueda someter el vehículo. Goldsmith Jr.—Grant Co. v. United States (1920) 254 U. S. 505; Dobbins’s Distillery v. United States, U. S. 395.

Aparte de que las sentencias del Tribunal Supremo del los Estados Unidos son obligatorias para este tribunal, esl además de aplicación la regla de hermenéutica legal disposi-l tiva de que al adoptarse un estatuto de otra jurisdicción, al menos que expresamente se prescriba lo contrario, la juris-l prudencia de la jurisdicción de su origen existente al tiempo] de la adopción se entenderá incluida en los términos del es-tatuto. Por lo tanto, siguiendo por este doble motivo la in-j terpretación que la Corte Suprema de los Estados Unidos] ha dado al artículo 3450 de los Estatutos Revisados, tene-mos que llegar a la irresistible conclusión de que el artículo 62 no protege los intereses de la apelante.

Pasemos ahora a discutir la segunda cuestión planteada. En nuestra opinión anterior, considerándola, dijimos

“¿Infringe el estatuto la garantía constitucional sobre debido-proceso de ley? En otras palabras, ¿concede la ley al dueño o persona interesada en el vehículo el derecho de ser notificado y la opor-tunidad de ser oído en su defensa? Es verdad que el artículo 62' antes transcrito nada expresa sobre notificación y oportunidad de-ser oído, pero el artículo 97 de la misma ley concede amplia y su-ficientemente esa oportunidad? Dicho artículo, en lo pertinente, dice-así:
“ ‘Artículo 97. — Siempre que el Tesorero de Puerto Rico esté facultado por esta Ley para vender artículos o productos confiscados, por él o por sus agentes, la persona agraviada podrá apelar ante la correspondiente corte de distrito, y dicha corte tendrá jurisdicción, después de ser oída la persona, para confirmar, revocar, o modificar la decisión del Tesorero. Dicha apelación deberá radicarse dentro de los diez (10) días siguientes a. la fecha de la notificación a la persona interesada.’
“Podría argiiírse que la audiencia tiene efecto después de decre-tada la confiscación; pero esa circunstancia es inmaterial a los efec-tos de la garantía constitucional que nos ocupa. Lo esencial es que la parte perjudicada tenga la oportunidad' de ser oída antes de-que el Tesorero disponga del vehículo. American Surety Co. v. Baldwin, 287 U. S. 156, 77 L. ed. 1289; Chicago v. O’ Connell, 8 A.L.R. 916.
“Es" verdad que el artículo 97 no expresa en qué fecha se hará, la notificación a la persona o personas interesadas, pero disponiendo dicho precepto que la apelación se interpondrá dentro de los diez-días siguientes a la notificación, tal disposición claramente implica el deber, por parte del Tesorero, de notificar a las partes interesadas, y mientras tal notificación no se verifique, no se extingue el término-para apelar, y mientras esté pendiente la apelación, la confiscación no es firme y el Tesorero no puede disponer del vehículo en perjuicio-de los interesados en dicha propiedad.” (Págs. 701-2.)

A lo dicho entonces podemos agregar ahora que cuando-un estatuto, como sucede con el que nos ocupa, no provee-expresamente la notificación a las partes interesadas, dicho estatuto no será declarado- inconstitucional por ese motivo,, si el requisito de la notificación fácilmente se infiere de su contexto. Smith v. State Board of Medical Examiners (Iowa, 1908) 117 N. W. 1116, 1117, y casos citados. Cf. Paulsen v. Portland, 149 U. S. 30, 37 L. ed. 637; The Japanese Immigrant Case, 189 U. S. 86, 100; United States v. Delaware & Hudson Co., 213 U. S. 366, 408; Bratton v. Chandler, 260 U. S. 110; Toombs v. Citizens Bank, 281 U. S. 643.

A este efecto, se observará que el artículo 97, supra, al establecer el procedimiento para revisar la decisión del Te-sorero, prescribe:

“Dicha apelación deberá radicarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la notificación.”

Ante tan terminante disposición, ¿puede sostenerse acaso-que no se infiera de nuestro -estatuto el requisito de la noti-ficación?

El hecho de que el estatuto no describa los detalles del procedimiento a seguir ante la corte de distrito no afecta su validez. Basta con que no contenga ninguna disposición indicativa de que el procedimiento ha de ser ex parte o sin una. Razonable oportunidad a las partes para ser oídas. En tales •condiciones, la corte tendrá nna amplia discreción con refe-rencia a la forma de la notificación y a la manera de con-ducir los procedimientos. Smith v. State Board of Medical Examiners, supra, pág. 1118; Paulsen v. Portland, supra, pág. 39.

Lo expu&sto nos lleva a la misma conclusión a que llega-mos en vmestra decisión anterior, es decir, a que procede desestimar el recitrso y confirmar la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Rodríguez y Luis Ortiz, acusados y apelante el primero.
    Núm. 9798.

    Sometido: Marzo 16, 1943.

      Resuelto: Abril 5, 1943.

      Cruz Ortiz Stella, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo j Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Rodríguez, como dueño, y Luis Ortiz, como em-pleado, fueron acusados ante la Corte de Distrito de Huma-cao porque “transportaban para la venta leebe de vaca adul-terada . . . con el fin de destinarla al consumo humano como pura”. Luis Ortiz fue absuelto por ser menor de 16 años de edad y Rodríguez declarado culpable y sentenciado a pa-gar una multa de veinticinco dólares y de esta sentencia apela y alega que la corte inferior cometió error al decla-rarlo culpable por ser la prueba insuficiente.

Arguye el apelante que si bien esta Corte ba resuelto qne Tin principal es culpable cuando su agente vende lecbe adul-terada esta doctrina no es aplicable al caso de autos porque a él se le acusó por “transportar para la venta leche adul-terada” y que este delito sólo puede cometerlo la persona que realizó la transportación “ya que el transportar una cosa es un acto físico del cual es responsable solamente la persona que lo realiza”.

No nos convence el argumento. Un acto físico es el acto de vender leche y ya hemos resuelto en varios casos, citados en el de Pueblo v. Sánchez 57 D.P.R. 38, que “Cuando un agente vende leche adulterada, tanto el agente como el principal son individualmente, y aún conjuntamente, culpables del delito.”

Aún cuando la cuestión no fué discutida en la opinión, en el caso de El Pueblo v. Reyes, 56 D.P.R. 463 se alegó en la acusación que Arsenio Reyes y Ramón Rivera “transporta-ban y tenían para la venta, con el fin de dedicarla al con-sumo humano leche de vaca adulterada con agua” y sólo se probó que Rivera era quien transportaba dicha leche propie-dad de Reyes. No se probó ninguna venta específica. Esta corte, al confirmar la sentencia, citó el caso de El Pueblo v. Acosta Padilla, 56 D.P.R. 138 diciendo: “El delito . . . . queda consumado al transportar, tener y ofrecer en venta, con el fin de dedicarla al consumo humano, leche adulterada. La realización de una venta no es un elemento esencial del delito. Basta que el acusado transporte la leche adulterada y que la ofrezca en venta para ser consumida por seres hu-manos”.

El apelante trata de distinguir el caso de Reyes, supra, por el hecho de que en la acusación de dicho caso se alegó que los acusados “transportaban y tenían para la venta”, mientras que en el de autos se alegó que la “transportaban para la venta”. La distinción es más de forma que de fondo. Ambas frases significan lo mismo. Habiendo- dado crédito la corte inferior a la prueba de cargo (la defensa no pre-sentó prueba) de que la leche adulterada pertenecía al acu-sado Rodríguez, quien se la vendía a su cliente Antonio Castillo y a quien se la enviaba diariamente por medio de su •agente, menor de edad, Ortiz, el acusado Rodríguez como principal era tan culpable como su agente aunque fásicamente no transportara dicha leche.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: ¡El Juez Asociado Señok. Swydeh

text:
    Andrea Padilla Díaz, demandante, apelada y apelante, v. Carlos García de Quevedo, demandado, apelante y apelado.
    Núm. 8679.

    Sometido: Marzo 29, 1943.

      Resuelto: Abril 5, 1943.

      E. Martínez Rivera, abogado del demandado, apelante y apelado; Victor M. Marchand, abogado de la demandante, apelada y ape-lante.
   ¡El Juez Asociado Señok. Swydeh

emitió la opinión del tri-

bunal.

I La demandante entabló demanda por daños y perjuicios [ascendentes a $3,800. Obtuvo sentencia por $600. El de-mandado apeló de esta sentencia, y ha radicado en apelación el récord necesario, incluyendo la transcripción de evidencia. La demandante también ha apelado. El demandado solicita en sn moción qne está ahora ante nos qne desestimemos la apelación de la demandante por el fundamento de qne ésta no ha radicado nna transcripción del récord para sostener sn apelación.

La demandante afirma qne estaba bajo la impresión de qne se le permitiría proseguir sn apelación haciendo uso del récord, incluyendo la transcripción de evidencia, radicado por el demandado. Sn argumento consiste en qne, a pesar de qne hemos resuelto qne nna parte que entabla una con-traapelación no puede usar el récord en apelación radicado por la parte contraria sin el consentimiento de ésta (Reyes v. Aponte, 60 D.P.R. 369; Forés v. Balsac, 28 D.P.R. 3), dicha regla no debe aplicarse a este caso, toda vez que sn razonamiento — el uso de un récord por ambas partes cuando existen eontraapelaciones requiere corrientemente qne 'se divida el costo del mismo — no es aplicable al presente caso toda vez que la demandante está litigando en forma paupe-ris. Ella alega que el obtener ella del taquígrafo repórter otra copia de la transcripción libre de derechos a los fines de su apelación, hubiera sido una formalidad inútil que conlle-varía demora innecesaria y una pérdida de energía.

No hay derecho a entablar una apelación en forma pauperis en ausencia de estatuto que expresamente lo auto-rice. Tal disposición- estatutaria se encuentra en una ley aprobada el 10 de marzo de. 1904, Leyes de Puerto Rico- (Estatutos Revisados de 1911, See. 1281), tal como fué enmendada por la Ley núm. 17, Leyes de Puerto Rico, 1915 (pág. 45.) La sección 5 de la ley aprobada el 10 de marzo de 1904, después de fijar los tipos que-puede el taquígrafo cobrar por| sus transcripciones, lee como sigue:

. . Disponiéndose, que cuando la referida copia sea requerida! a nombre del Pueblo de Puerto Rico o por un acusado en una causal criminal, o su abogado, en los casos en que después de una convic-l ción el acusado en una causa criminal pruebe al tribunal, por medio] de una declaración jurada o por otro medio, que él no está en condicio-nes por razón de su pobreza de pagar por la referida copia, requerida! como queda dicho, por él o por su abogado, el taquígrafo expedirá.! gratis tales copias. Y en todos los casos civiles en que una persona parte en la acción presente una declaración jurada donde conste! estar imposibilitada para satisfacer las costas requeridas por la leyr| dicha persona tendrá derecho a los servicios gratuitos del taquígrafo del tribunal, en los mismos términos'en que éste presta sus servicios] a los pobres indigentes en las causas criminales y los derechos del taquígrafo se incluirán en las costas cuando fueren impuestas a hu parte que pudiese pagarlas. Dicha copia del récord constituirá prima facie del acta del juicio y podrá usarse al hacerse cualquier moción para la celebración de un nuevo juicio, revisión o apelación del mismo, en los casos en que el acta del tribunal sea necesaria. ’ ’

Esta sección claramente exige que se solicite de la corte inferior una resolución ordenando al taquígrafo que le en-tregue a un apelante indigente una copia de la transcripción libre de derechos. Tal solicitud se ha hecho invariablemente en otros casos resueltos por esta corte. Berríos v. Garáu, 44 D.P.R. 775; Aybar v. Corte, 48 D.P.R. 179.

Reconocemos el peso del argumento de la demandante apelante al efecto de que la expedición de otra copia de la misma transcripción representaría un esfuerzo innecesario de parte del taquígrafo. Pero tal dificultad pudo haber sido* remediada fácilmente mediante una resolución de la corte inferior disponiendo que la transcripción ya radicada por el demandado apelante se consideraría también como de la de-mandante, siempre y cuando esta última demostrara plena-mente que no le es posible pagar el costo de la transcripción fijado por la ley. La demandante en este caso no solicitó la transcripción y no alegó ni probó que en la fecha en que so- licitaba la transcripción, era indigente y no podía pagar los honorarios del taquígrafo. En ausencia de una decisión de la corte inferior en cuanto a tal insolvencia en aquella fecha y en ausencia de una orden de la corte inferior disponiendo o (a) que el taquígrafo le entregara a la demandante una copia de la transcripción libre de derechos o (b) que la de-mandante tenía derecho a usar en su apelación la transcrip-ción radicada por el demandado, la apelación de la deman-dante debe ser desestimada toda vez que no la ha perfeccio-nado.

La moción del demandado para que se desestime la ape-lación de la demandante será declarada con lugar.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Ernesto Cruz Andréu, peticionario y apelante, v. Rafael Buscaglia y Patrick J. Fitzsimmons, en su carácter, respectivamente, de Tesorero y Auditor de Puerto Rico, demandados y apelados.
    Núm. 8613.

    Sometido: Enero 13, 1943.

      Resuelto: Abril 7, 1943.

      Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, aboga-gados del apelante; Hon. Procurador General Interino M. Rodrí-guez Ramos y G. Benitez Gautier, Procurador Auxiliar, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos esenciales de este caso, sobre los cuales" no existe controversia alguna, son como sigue:

El peticionario ha sido durante más de veinte años em-pleado del Gobierno Insular, comprendido dentro del Servi-cio Civil Clasificado; y desde el l9 de octubre de 1935 es-tuvo desempeñando el cargo de Jefe y Contador de la Sec-ción de Cobros y Reclamaciones del Negociado de Contribu-cidnes Sobre la Propiedad, en el Departamento de Hacienda, por virtud de nombramiento extendídole por el Tesorero de uerto Rico, con la aprobación de la Comisión de Servicio lüvil.

En marzo 3 de 1942, el peticionario recibió una comuni-laeión del Tesorero informándole que de acuerdo con las isposiciones de la Ley núm. 41, aprobada el 21 de noviem-re de 1941 ((2) pág. 153), le había extendido un nuevo nom-ramiento para el cargo de “Inspector, Negociado de Con-Iribución Sobre Ingresos”, con el mismo sueldo de $2,200 .nuales que el peticionario había venido percibiendo. El .uevo nombramiento debía ser efectivo a partir del 19 de ebrero de 1942.

En la petición radicada ante la Corte de Distrito de San uan se solicita la expedición de un auto de mandamus por 1 que se ordene al Tesorero que reponga al peticionario en u cargo de Oficinista y Contador de la División de Embar-cos, Cobros y Reclamaciones y que expida las nóminas de pueldos correspondientes a dicho cargo. Las alegaciones de ¡a petición son, en síntesis, las siguientes:

Que el peticionario no es- elegible ni posee las cualifica-dones para el nuevo cargo que le ha extendido el Tesorero, 1 cual es de distinta naturaleza y requiere exámenes distin-os a los que tomó y aprobó el peticionario para ocupar el argo de Contador.

Que la actuación del Tesorero tiende a privar al peticio-íario de su cargo de Contador, en el disfrute del cual le protege la Ley de Servicio Civil, llevándole a otra posición m la cual no estaría así protegido, siendo inseguro y pro-fiemático, primero, que el Tesorero retenga en la nueva plaza il peticionario; segundo, que el peticionario apruebe los exámenes para la plaza de Inspector; y, tercero, que aun aprobado dichos exámenes, el Tesorero le dé preferencia al hacer el nombramiento definitivo.

Que el peticionario- no desea perder el amparo y protec-ción a que tiene derecho bajo la Ley de Servicio Civil; y no quiere ni ha solicitado el puesto de Inspector, porque no tiene los conocimientos, experiencia y aptitud necesarios para sj desempeño.

Que al ser entrevistado por el abogado del peticionaria con el propósito de conseguir una reconsideración de su oij den, el Tesorero manifestó a dicho abogado que él deseab traer al puesto de Contador que ocupaba el peticionario una pqrsona cuya conducta .en el desempeño de otra plaz; era para él sospechosa; que la negativa del peticionario acatar su mandato podría ser interpretada por él como u: acto de indisciplina; que si el peticionario acudía a los tril bunales, él consideraría ese proceder como altamente censu rabie y que eso podría crearle una situación muy difícil eJ el Departamento, cuyas consecuencias tendría que lamenta: el peticionario.

Que la persona que nombrara el querellado para sustituí al peticionario en su cargo de Contador se negó a acepta: el nombramiento y acudió ante los tribunales en acción con, tra el querellado.

Que a mediados del mes de marzo de 1942, el Tesorer envió al peticionario un cheque como compensación por ser vicios en la plaza de Inspector en el Negociado de Contribu ciones Sobre Ingresos, la cual plaza no había aceptado n: pensaba aceptar el peticionario. Éste no- aceptó el referid cheque.

Que las actuaciones del Tesorero constituyen una fla grante violación de las disposiciones de las secciones 28, 3 y 32 de la Ley. de Servicio Civil (Ley núm. 88 de 1931 págJ 535) y causan daños irreparables al peticionario al privarle de los derechos y privilegios que la ley le reconoce y garan-tiza.

Que las disposiciones de la Ley núm. 41 de 1941, bajo las cuales ha actuado el querellado, son nulas e inconstituciona-les, pero que aun cuando fueren legales y válidas, ninguna de ellas autoriza al Tesorero para remover de su cargo al peticionario, ni deja sin .efecto las disposiciones de la Ley de Servicio Civil.

I En mayo l9, 1942 el peticionario radicó nna demanda complementaria, en la que alegaba: que después de haber ■ido notificado de la petición de mandamus, el querellado dió Instrucciones al Jefe del Negociado de Contribuciones para I[ue separase inmediatamente al peticionario de su cargo; ■pie en carta de 28 de abril de 1942, entregada al querellado IjI día 29 del mismo mes, el Tesorero requirió al peticionario para que se abstuviera de continuar concurriendo al Nego-ciado de Contribuciones; y que el peticionario contestó dicha parta, por medio de su abogado, informando al Tesorero que [en obediencia a su orden se retiraría de su cargo, pero que [lo hacía involuntariamente y sin perjuicio de continuar tra-[mitando su acción para que se le reponga en su cargo de [Contador y en todos los derechos inherentes al mismo.

Formuló el Tesorero excepción previa a la demanda, ale-gando insuficiencia de hechos para determinar una causa de acción; y en contestación alegó:

1. Que el cargo de “Jefe de la Sección y Contador” que ocupaba el querellante fué abolido por la Ley de Presu-puesto, Ley núm. 179 de mayo 14, 1941, leyes de ese..año, pág. 1069 y que en su lugar se creó un nuevo cargo cuyo verda-dero título es “Primer Oficinista y Contador” y para el cual se nombró al peticionario a partir de julio l9, 1941; que al nombrar al peticionario para el cargo de Inspector en el Ne-gociado de Contribuciones Sobre Ingresos, el Tesorero pro-cedió de conformidad con la Ley núm. 41 de 21 de noviembre de 1941 (Sesión Extraordinaria, pág. 153); que dicho cargo de Inspector es idéntico o muy similar al que el peticionario desempeñaba antes como Primer Oficinista y Contador en la Sección de Cobros y Beelamaeiones, con igual remuneración e idénticos deberes y atribuciones; que no es cierto que el peticionario no tenga las cúalificaciones requeridas para el nuevo cargo, pues éste y el anterior son idénticos; que al desempeñar el cargo para el que ha sido nombrado por el Tesorero, el peticionario no pierde el amparo y protección de la Ley de Servicio Civil, toda' vez que el nombramien se ha hecho de acuerdo con dicha ley; y que el Tesorero acuerdo con la citada ley de noviembre 21 de 1941, tiene d' recho a clasificar al peticionario y determinar la plaza a qu el mismo debe ser asignado. Alega además el Tesorero, quj las disposiciones de la Ley núm. 41 de 1941 no dejan si: efecto las de la Ley de Servicio Civil relativas a la form: en que puede separarse de su cargo a un funcionario public] y que no existe conflicto alguno entre ambas leyes; y so tiene que todos los empleados del Departamento de Haciend; cesaron en sus cargos en febrero 18, 1942 por virtud de la disposiciones de la Ley núm. 41 de 1941.

En julio 8 de 1942 la Corte de Distrito’de San Juan diet* sentencia declarando que la Ley núm. 41 es válida; que di acuerdo con ella el Tesorero está facultado para determinajj y clasificar las plazas a que habrán de ser asignados los em-pleados del Departamento de Hacienda; que las actuaciones] del Tesorero son válidas; y que no procede la reposición de peticionario en su antiguo puesto.

En apoyo del recurso por él interpuesto, para ante est corte, el peticionario apelante imputa a la corte sentencia dora la comisión de cinco errores, los que consideraremo conjuntamente como si de uno sólo se tratara.

En la Ley núm. 173 de mayo 15 de 1940 (pág. 1001), fi-jando el presupuesto para el año 1940-1941, en el Negociado de Contribuciones Sobre la Propiedad aparecen las siguien-tes partidas:

“Sección de Embargos:
“Jefe de la Sección, con todas las facultades otor--gadas a los agentes de rentas internas, $2,400.00
‘ ‘ Oficinista, 1,140. 00
‘ ‘ Oficinista mensajero, 600. 00
“Dos oficinistas,-a $812.25 cada uno, con todas las facultades de agentes de rentas internas, 1, 624. 50
“Secció/n de Cobros y Reclamaciones:
“Jefe de la sección y contador, 2, 200. 00
“Oficinista encargado de las reclamaciones, $2,.052. 00
‘ ‘ Oficinista, 1, 425. 00
‘ ‘ Oficinista auxiliar encargado de reclamaciones, 1,140. 00 “Oficinista, 950.00
‘ ‘ Oficinista, 1» 140. 00
“Oficinista, 1,000.00
“Tres oficinistas, a $812.25 cada uno, 2,436.75
‘ ‘ Oficinista, ' ■ 900- 09- ’ ’

La Ley de Presupuesto para 1941-42 (Ley núm. 179' de 1941) mantuvo separadas la Sección de Embargos y la Sec-ción de Cobros y Reclamaciones, denominando al encargado de esta última “Primer Oficinista y Contador” en lugar de “Jefe de la Sección y Contador”, que era la denominación que tenía en el presupuesto anterior. Llegado el Io de julio de 1941, fecha en que empezó a regir la Ley núm. 179, el peticionario continuó al frente de la Sección de Cobros y Reclamaciones, bajo la nueva denominación de Primer Ofici-alista y Contador, con el mismo sueldo y, según veremos más adelante con los mismos deberes y atribuciones que antes había tenido.

La Ley núm. 41 de noviembre 21, 1941, tiene de acuerdo con su título dos propósitos fundamentales: (a) enmendar la Ley núm. 179 de 1941 en el sentido de ampliar el Depar-tamento de Hacienda, y (b) reorganizar dicho departamento, “creando nuevos negociados y divisiones, consolidando otros, creando nuevas plazas y aumentando sueldos”. Por virtud de las disposiciones de dicha ley, la Sección de Embargos y la Sección de Cobros y Reclamaciones.que existían bajo la Ley núm. 179 de 1941 fueron consolidadas o refundidas para formar con ellas la División de Embargos, Cobros y Recla-maciones, con el siguiente personal:

“Jefe de la División que deberá ser abogado pos- . . tulante, $3, 600. 00
“Primer oficinista con todas las facultades otorga-gadas a los agentes de rentas internas, 2, 400. 00
“Oficinista, 1,140.00
“Dos oficinistas a $812.25 cada uno, 1,624.50
“Oficinista mensajero, $600.00
‘ ‘ Oficinista y contador, 2, 200. 00. ” |
(El resto del personal es igual al del año anterior.)

Sostiene el peticionario apelante, que estando el cargo qne él ocupaba dentro del servicio clasificado, el Tesorero no podía separarle o despedirle de su empleo, salvo por causas Justificadas y previa formulación de cargos, y no antes de dársele oportunidad para ser oído en su propia defensa, de acuerdo con lo dispuesto por la sección 28 de la Ley de Ser-vicio Civil.

La primera cuestión que debemos considerar y resolver es la siguiente: ¿Es el cargo de “Oficinista y Contador” de la División de Embargos, Cobros y Reclamaciones, que figura en la Ley núm. 41 de 1941, el mismo que durante varios años ocupó el peticionario, primero bajo el título de “Jefe y Contador” y más luego bajo la denominación de “Primer Oficinista y Contador”, en la Sección de Cobros y Reclamaciones?

Desde octubre l9, 1935 hasta julio l9, 1941, fecha en que empezó a regir la Ley núm. 179, o sea la del presupuesto para el año 1941-1942, el peticionario ocupó el cargo de Jefe y Contador de la Sección de Cobros y Reclamaciones. Desde el primero de julio de 1941 el peticionario continuó ocupando el mismo cargo que antes desempeñaba, con-iguales deberes y atribuciones, pero bajo la nueva denominación de “Primer Oficinista y Contador”.

En el acto de la vista, el Sr. Martínez Casanova, Jefe Interino del Negociado de Contribuciones Sobre la Propie-dad,'declaró que el peticionario desempeñó el cargo de Primer Oficinista en la División de Embargos, Cobros y Recia-' maciones, en el Negociado de Contribuciones Sobre la Pro-piedad, hasta el día 30 de abril de 1942. Continuó decla-rando el Sr. Martínez en la forma siguiente:

“P. ¿ Cuando usted empezó a desempeñar el cargo de Jefe del Negociado de Contribuciones e Ingresos ya él desempeñaba esa plaza en el Departamento de Hacienda?
“B. La desempeñaba.
“P. ¿Mientras usted estuvo en el Departamento como Jefe de ese Negociado, él siempre tuvo los mismos deberes y obligaciones?
“B. Los tuvo.
“P. ¿O sea los tuvo en el año 1939, 1940, en el 1941 y en el 1942?
■“B. Correcto.”

La Ley núm. 41 empezó a regir inmediatamente después de su aprobación, o sea el 21 de noviembre de 1941. Desde esa fecba el peticionario siguió ocupando el cargo que antes ocupaba, bajo la nueva denominación de “Primer Oficinista”, hasta el 30 de abril de 1942, cuando fué separado del cargo por haberse negado a aceptar su traslado a otro puesto en el cual no había de estar amparado por la Ley de Servicio Civil.

Los hechos y circunstancias que hemos apuntado nos lle-van inevitablemente a la conclusión de que el cargo de que fué separado el peticionario en abril 30 de 1942 es el mismo que había venido ocupando y desempeñando a satisfacción de sus superiores desde el año de 1935. Que eso mismo opinó la corte inferior se desprende de la siguiente cuestión por ella planteada a los abogados del Tesorero: “Yo quisiera saber si esa ley le permite cambiar a un empleado cuyo cargo no ha sido eliminado para otro cargo distinto de igual sueldo o mayor.” (Bastardillas nuestras.)

El Sr. Francisco Juliá, Jefe del Negociado .de Contribu-ciones Sobre la Propiedad desde 1931 hasta diciembre 31 de 1941, declaró que el cargo ofrecido al peticionario en el Ne-gociado de Contribución Sobre Ingresos es enteramente dis-tinto al cargo que ocupaba el peticionario hasta la fecha de su remoción. La contestación del Tesorero admite que el peticionario no ha llenado los requisitos exigidos por la Co-misión de Servicio Civil para el cargo de Inspector en el Negociado de Contribución Sobre Ingresos y que dicha plaza -requiere un examen distinto al que tomó y aprobó el peti-cionario para el cargo que ocupó hasta el 30 de abril de 1942.

Es doctrina bien sentada la de que cualquier cargo público comprendido dentro del Servicio Civil Clasificado puede ser abolido de buena fe por la Legislatura, pues las leyes de Servicio Civil no garantizan a ningún empleado pú-| blico el derecho a ocupar un puesto que ya no es necesario. State ex rel Voris v. Seattle, 74 Wash. 199, 133 P. 11; 4 A.L.R. 198; State ex rel Ware v. Sewerage & Water Bd., 160 La. 251, 106 So. 845; Anotación 37 A.L.R. 816. Empero, la Ley de Servicio Civil no puede ser evadida o ignorada mediante una ficticia o pretendida abolición de un cargo, como por ejemplo cuando se hace una mera alteración en su denominación, se separa del mismo al incumbent© y se nombra en su lugar a otra persona para cumplir substancialmente las mismas obligaciones. Anotación: 20 Ann. Cases 247; Garvey v. Lowell, 199 Mass. 47, 85 N. E. 182; State ex rel. Quintín v. Edwards, 40 Mont. 287, 106 P. 695. Véase: Rosario v. Cuevas, Comisionado, 60 D.P.R. 470.

En el presente caso el cargo que ocupaba el peticionario' bajo la protección de la Ley de Servicio Civil no ha sido-abolido. Su denominación ha sido variada, pero sus obliga-ciones continúan siendo las mismas que durante más de siete años el peticionario cumplió a satisfacción de sus superiores. Sin una razón suficiente para justificar el cambio, se trata de trasladar al peticionario de un puesto permanente en el que está protegido por la Ley de Servicio Civil vigente a otro de igual sueldo pero de carácter temporero, con la obli-gación de tomar y pasar un examen para poder ocuparlo con status permanente. Se posterga así a un empleado a quien-, el propio Tesorero calificó de experto, bueno y eficiente, y se nombra para sustituirle a un Inspector del Negociado de Income Tax. En su declaración ante la corte inferior, el Tesorero explicó la necesidad del cambio y describió la persona que habría de sustituir al peticionario en su empleo-así:

“Entonces le indiqué . . . que la necesidad había surgido como consecuencia de tener un Inspector de Income Tax que no gozab'a de la confianza de la División de Income Tax, pero que estaba per-cibiendo un sueldo importante, que desde mucho antes de yo ser Tesorero ya no se le daba trabajo de Income Tax de acuerdo con la posición en que estaba, que sí venía haciendo trabajos insignificantes ■de poca monta que podía desempeñar cualquier oficinista de sesenta o setenta y cinco pesos al mes, y en cambio este señor estaba reci-biendo un sueldo de dos mil doscientos dólares anuales.
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“. . . Toda la información con relación a esa persona coincidía en que había duda de su honradez en las investigaciones, pero además de eso de esa opinión que ya existía en relación con los jefes y empleados de Income Tax en el momento en que ya yo era Tesorero había sido compartida por jefes anteriores, porque ya desde antes el señor ése lo tenían en.esa posición de no darle trabajo, no darle oportunidad .... su jefe inmediato dudaba que tuviera la capa-cidad moral para desempeñar el cargo siendo un trabajo tan delicado como el de investigar libros en relación con el pago de Income Tax. . . . Vamos a trasladar a esa persona a un sitio donde pueda hacer labor de acuerdo con su nombramiento, labor de con-tabilidad pero donde no esté en contacto con el público.”

No podemos aceptar como justa y sabia regla de morali-zación y saneamiento del servicio público la de que para se-parar del servicio a un empleado en quien se ha perdido la confianza hasta el punto de no dársele el trabajo que está obligado a hacer, para evitar contacto con el público e im-pedir que se dejara sobornar, sea necesario trasladarle a un puesto ocupado permanentemente por un empleado honrado, experto y eficiente, enviando a este último al puesto tempo-rero. Es cierto que a través del procedimiento que se ha tratado de seguir en este caso el Tesorero puede deshacerse del empleado de quien desconfía, sin necesidad de formularle y probarle cargos, pero es igualmente cierto que ese proce-dimiento priva al peticionario, empleado permanente que cumplió estrictamente sus deberes, de la protección dé la -Ley de Servicio Civil, dejándole expuesto a la voluntad o-capricho del Jefe del Departamento, quien podría separarle -de sn nuevo empleo sin necesidad de formularle cargos.

En Rosario v. Cuevas, Comisionado, supra, resolvimos ■que un mero cambio de nombre no es por sí solo suficiente para crear un nuevo cargo y abolir el que existía anterior-mente; y que cuando se suprime un cargo y en seguida se crea otro bajo una nueva designación, pero con iguales de-beres que el anterior, las cortes amparan al funcionario per-judicado, por entender que el cambio se ha hecho con el pro-pósito de evadir la Ley de Servicio Civil. Véase State v. Seattle, 83 Wash. 91, 145 P. 61 y demás casos citados en el de Rosario v. Cuevas.

La segunda cuestión que debemos considerar y resolver es la siguiente: ¡¿Es la Ley núm. 41 de 1941 de tal modo inconsistente e irreconciliable con la de Servicio Civil, que estemos obligados a sostener como sostuvo la corte inferior, que la primera suspendió las garantías que la segunda confiere a los empleados del.Departamento de Hacienda que, como el peticionario, habían adquirido el status de empleados permanentes dentro del Servicio Civil Clasificado?

Ya hemos resuelto que el cargo que ocupaba el peticio-nario no fue abolido por la Ley núm. 41 de 1941. Y en con-sonancia con esa resolución tendremos que resolver que el Tesorero no está autorizado para despojar al peticionario de su empleo, a menos que lleguemos a la conclusión de que el propósito e intención del legislador fue colocar a los em-pleados del Departamento de Hacienda fuera de la protec-ción de la Ley del Servicio Civil, dejándolos sujetos a ser trasladados, ascendidos, degradados o destituidos a voluntad ■o capricho del Tesorero de Puerto Bico.

En defensa de sus actuaciones, el Tesorero sostiene que las disposiciones del artículo 1 de la Ley núm. 41 de 1941 le autorizan, no obstante las disposiciones de la Ley de Ser-vicio Civil, para ordenar el traslado del peticionario del puesto permanente que ocupaba a otro temporero,' siempre-que éste tenga el mismo sueldo que el permanente.

Las disposiciones estatutarias invocadas por el Tesorero-leen, en lo que es pertinente, así:

“Disponiéndose, que en cuanto a la División Legal se refiere, los miembros y personal que sean nombrados por el Tesorero de Puerto Rico, lo serán con carácter independiente y sin limitación alguna que pueda surgir de- la Ley de Servicio Civil de Puerto Rico;
“Disponiéndose, que en cuanto a los Negociados de Contaduría General y de la Tasación de la Propiedad se refiere, las plazas rela-cionadas en esta Ley serán cubiertas por nombramientos hechos por el Tesorero con todos los derechos de empleados permanentes, hasta tanto la Comisión de Servicio Civil haga la debida clasificación de dichas plazas y prepare exámenes para que las mismas sean cubier-tas; Disponiéndose, además, que todos los empleados que actualmente están desempeñando un cargo en el Negociado de Cuentas y Oficina del Pagador, en el Negociado de Hacienda Municipal, y en la Sección de Tasaciones del Negociado de Contribuciones sobre la Propiedad, seguirán prestando servicios dentro del Departamento, con una compensación igual o mayor a la que reciben ahora a virtud del presupuesto actual, quedando -el Tesorero de Puerto Rico facultado para clasificar y determinar las plazas a que serán asignados; Dis-poniéndose, además, que las plazas de nueva creación relacionadas con esta Ley serán cubiertas por nombramientos hechos por el Tesorero de Puerto Rico con todos los derechos de empleados perma-nentes, hasta tanto la Comisión de Servicio Civil haga la debida clasificación de dichas plazas y prepare exámenes para que las mismas sean cubiertas; Y disponiéndose, además, que todos los empleados que actualmente están desempeñando un cargo en el Departamento de Hacienda, seguirán prestando servicios dentro del Departamento, con una compensación igual o mayor a la que reci-ben ahora a virtud del presupuesto actual, quedando el Tesorero facultado para clasificar y determinar las plazas a que serán asig-nados.

Las disposiciones transcritas revelan con toda claridad el propósito firme y decidido del legislador de mantener en toda sn fuerza y vigor el espíritu de justicia que inspira la Ley de Servicio Civil y las garantías que ella ofrece a los que sirven con integridad y competencia a la comunidad.

Empieza el estatuto haciendo una clara y específica ex-cepción del personal de la División Legal, al disponer que el mismo podrá ser nombrado libremente. El legislador ha expresado claramente su deseo de que el personal de dicha división no debe considerarse como incluido dentro del Ser-vicio Civil.

Los dos disponiéndoses referentes a los Negociados de Contaduría General y de Tasación de la Propiedad y a las plazas de nueva creación son una reafirmación de la ley y de la práctica que se sigue para cubrir puestos de nueva creación. El Tesorero hace el nombramiento; y la persona nombrada ocupa el cargo con carácter permanente hasta que-la Comisión de Servicio Civil clasifique la plaza y prepare los exámenes que deberán ser aprobados para poder ocu-parla permanentemente.

Es en el último disponiéndose que se apoya el Tesorero para sostener que él está facultado para trasladar al peti-cionario a cualquier otro puesto dentro del Departamento de Hacienda, con la única limitación de que el nuevo puesto de-berá tener una compensación igual o mayor que la que re-cibía el peticionario como Oficinista y Contador en la Divi-sión de Embargos, Cobros y Reclamaciones.

Ya hemos visto por el examen de la evidencia que el puesto que ocupaba y que ahora -reclama' el peticionario no es de nueva creación. Lo ha ocupado el peticionario, con variaciones en la denominación y en la compensación, pero siempre con las mismas obligaciones, desde 1935 hasta el momento de su alegada destitución ilegal en abril 30 de 1942.

Repetimos que la Legislatura está facultada para abolir cualquier plaza del servicio público, y que igualmente lo está para derogar la Ley de Servicio Civil. En el caso de autos 'la plaza en controversia no ha sido abolida. Y la Ley de Servicio Civil, cuyo propósito fundamental es asegurar la permanencia en el servicio público de los funcionarios fieles y competentes, sin dejarlos expuestos a las vicisitudes de las luchas políticas, continúa en toda su fuerza y vigor.

I La corte inferior 'ha llegado- erróneamente a la conclusión Ide qne el último disponiéndose, snpra, contiene nna derogation o suspensión implícita de la Ley de Servicio Civil. El [error consiste en haber creído qne porque al Tesorero se le [faculta para clasificar y determinar las plazas a qne serán [asignados los empleados en el Departamento de Hacienda, siempre qne se les asigne a nna plaza con compensación igual a la de la qne antes ocupaban, esa facultad lleva im-plícita la de suspender las garantías y la protección que la Ley de Servicio Civil concede a los empleados qne han ad-Iquirido un status permanente dentro del Servicio Civil Cla-sificado-.

La Legislatura puede abolir nn cargo determinado o ex-cluirlo del Servicio Civil. Pero mientras el cargo exista y esté ocupado con statios permanente por nna persona, no puede privar a esa persona del derecho adquirido al amparo de la Ley de Servicio Civil. No encontramos nada en el len-guaje del citado disponiéndose que nos autorice a presumir -que la Legislatura tuvo la intención de autorizar al Tesorero de Puerto Rico para hacer lo que ella no podía directamente hacer.

No tenemos duda alguna y así lo resolvemos que. el Tesorero está facultado para trasladar a cualquier empleado del Departamento del cargo que ocupa dentro del Servicio Civil Clasificado a - otro cargo de igual categoría y sueldo-, siempre que en el nuevo puesto se le reconozca el status permanente que adquirió al aprobar los exámenes.

Las enmiendas tácitas no son favorecidas y menos deben serlo cuando al aplicarlas se lesionan derechos adquiridos al amparo de una ley anterior que. continúa en vigor. El puesto que ocupaba el peticionario no ha sido abolido- ni excluido del Servicio Civil. Si sostuviésemos que el Tesorero puede asignar al peticionario a otro cargo-, sin status permanente, la Ley de Servicio Civil se convertiría en una farsa.

La sentencia recurrida debe ser revocada y en su lugat dictarse otra de acuerdo >con la súplica de da demanda.

El Juez Asociado Sr. De Jesús se inhibió.