text:
    Alvarez, Demandante y Apelante, v. Sucs. de C. y J. Fantauzzi, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gruayama en pleito sobre nuisance.

    No. 2049.
    Resuelto en junio 13, 1919.
    Desestimación de Apelación — Remisión de Documentos por Corseo — Radica-ción del Escrito de Apelación Fuera del Término Legal. — Reeibido y radicado por el secretario de la corte inferior en este caso el escrito de ape-lación después de los diez días que tenía el apelante para establecer su re-curso, y no siendo el artículo 322 del Código de Enjuiciamiento Civil apli-cable a documentos o alegaciones de las partes enviadas a la secretaría de un tribunal para su radicación, los que surten sus efectos desde que son recibidos por el secretario y radicados, ya se baga la entrega por correo o personalmente, el hecho de ponerlos en el correo no equivale a su radicación en la secretaría, ni se retrotraen los efectos de la radicación a la feeha de su depósito en el correo. Procede, pues, la desestimación del recurso cuando el escrito de apelación se radica fuera del término legal.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. Cervoni Gely.

    Abogado de la apelada: Sr. José C. Ramos.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en este caso interpuso recurso de apela-ción contra resolución de la Corte de Distrito de Gruayama de 29 de abril de 1919 que le negó la petición de que le con-cediera un injunction provisional mientras tramitaba su pleito.

El mismo día el secretario hizo constar en los autos qne había notificado esa resolnción a los ahogados de las partes y el domingo 11 de mayo de 1919 recibió el escrito de ape-lación del demandante qne radicó al día siguiente.

Presentada por el apelado moción para qne desestimemos el recurso por haber sido interpuesta la apelación después de los diez días qne para casos como el presente concede el No. 3º. del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, la impugnó la parte apelante alegando que por residir su ahogado en Humacao recibió la notificación el 30 de abril, qne el día 10 envió por correo al Secretario de la Corte de Distrito de Gfuayama su escrito de apelación y que aunque fué radicada en los autos el día 12 de mayo por ser domingo el día en que la recibió el secretario su recurso estaba inter-puesto en tiempo porque existiendo entre Humacao y Grua-yama una distancia de treinta y seis millas, más o menos, tenía doce días en vez de diez para interponer su recurso de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 322 del Código de En-juiciamiento Civil, preceptivo de que en los casos de remi-sión por correo de documentos, notificaciones y comparecen-cias la remisión queda cumplida al tiempo de hacerse el de-pósito en el correo pero que si dentro de determinado número de días después de hecho aquél la parte contraria tuviere qne ejercer un derecho o ejecutar un acto, el término dentro del cual hubiere de ejercerse el uno o ejecutarse el otro se en-tenderá ampliado un día por cada veinte y cinco millas que mediaran entre el lugar del depósito y el de la dirección, que no excederá de treinta días.

La cuestión propuesta por el apelante con referencia al artículo 322 citado ha sido ya resuelta por nosotros en el caso en reconsideración de Oronoz v. Montalvo, 20 D. P. R. 336, en el cual declaramos que no es aplicable a documentos o alegaciones de las partes enviadas a la secretaría de un tribunal para su radicación, los que surten sus efectos desde el momento en qne son recibidos por el secretario por correo o personalmente y qnedan radicados por él y qne cuando tales documentos los recibe el secretario por correo, el becho de que hayan sido depositados en el correo no equivale a su radicación en la corte, ni los efectos de radicación se retro-traen a la feclia en que fueron así depositados. El caso de McDonald v. Lee, 132 Cal. 253, fué resuelto en el mismo sentido.

Como el escrito de apelación en este caso fué recibido por el secretario y radicado .después de los diez días que el de-mandante tenía para establecer su recurso debemos deses-timarla.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutcbison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Aquino (a) Botón, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por falsa representación.
    No. 1362.
    Resuelto en junio 13, 1919.
    Venta de Ron — Contratos Ilícitos — Causas Criminales. — Si bien en los casos civiles a que pudieran dar lugar las transacciones sobre venta de licores en los casos en que la ley las prohibe, las cortes no prestarán ayuda a las partes para obtener el cumplimiento o la rescisión de tales contratos ilícitos, cuando se trata de causas criminales originadas con motivo' de los mismos la regla es distinta ya que entonces el poder judicial no va a emplearse en ayudar a un individuo a conseguir el fruto de un negocio inmoral, sino a perseguir a un delincuente.
    Id. — Falsa Representación — Denuncia Suficiente — Alegaciones.—El acusado en el presente caso alega que la denuncia no le imputa debidamente el delito de falsa representación porque en ella no se alega cuáles fueron las falsas simulaciones de que se valió para perpetrarlo. Se resolvió: que la denun-cia es suficiente y efectivamente alega en qué consistió la falsa simulación, estando contenida ésta en la alegación de que el acusado, con el deliberado propósito de defraudar a Rosario Concepción le vendió cinco galones de ron contenidos aparentemente en un garrafón pues estaba preparado de tal modo que sólo tenía como medio cuartillo de ron en la parte cerca del ta-pón, siendo agua el resto de su contenido; cuya falsa simulación indujo al perjudicado a entregar su dinero pues que razonablemente podía creer que se le entregaban los cinco galones de ron que compraba.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. F. Jiménez Rivera y Oiler y Rodríguez.

    Ahogado del apelado: Sr. 8. Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue denunciado y condenado por el delito de falsa representación porque en uno de los días del mes de junio de 1918 “voluntaria y fraudulentamente y valiéndose de falsas simulaciones con el deliberado propósito de defrau-dar a Rosario Concepción le vendió cinco galones de ron de caña en la suma de cincuenta dollars los cuales recibió, de-jando de entregar el licor comprádole, y en su lugar entregó un garrafón preparado al efecto, el que sólo contenía como medio cuartillo de ron en la parte de arriba cerca del tapón y el resto del contenido era agua, defraudando de este modo la suma arriba expresada al Concepción, y la que el acu-sado se apropió para su utilidad.”

Aunque el hecho denunciado lo motivó la venta del ron que está prohibido por la cláusula prohibicionista obrante en la Ley Orgánica, de esta Isla, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 2 de marzo de 1917 y ratificada en las últimas elecciones habidas aquí, eso no impide que si se cometió un delito con motivo de tal venta puede ser perse-guido y castigado criminalmente el que lo realizó, según he-mos declarado en el caso de El Pueblo v. Medina, 19 D. P. R. 709, y casos en él citados.

Como no se han traído a este tribunal las pruebas que se presentaron en el juicio en la corte inferior, el apelante limita su recurso a sostener que la denuncia es insuficiente para imputarle la comisión del delito de falsa representación porque en ella no se alegan cuáles fueron las falsas' simu-laciones de que se valió para perpetrarlo; porque en todo caso las representaciones fueron de nn hecho que el perju-dicado lia debido saber era incierto y porque, además, las representaciones o simulaciones serían sobre un becbo fu-turo o la simple promesa de hacer algo, no cumplida.

Dados los términos en que está redactada la denuncia, entendemos que imputa al acusado que, con el propósito de defraudar al perjudicado, hizo la falsa simulación de ofre-cerle en venta cinco galones de ron contenidos en un garrafón que aparentemente los contenía, pues estaba preparado de tal modo que tenía como medio cuartillo de ron en la parte cerca del tapón, siendo agua el resto de su contenido; falsa simulación• que indujo al perjudicado a entregar su dinero, pues dada la forma en que estaba preparado el garrafón ra-zonablemente podía creer que se le entregaban los cinco ga-lones de ron que compraba.

En cuanto al último motivo en que el apelante funda la alegación de insuficiencia de la denuncia, tenemos que decir que ésta se hizo porque vendió agua como si fuera ron, sién-dolo aparentemente dado la forma en que estaba construido el garrafón que entregó en el acto de la venta.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados "Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Marini, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por acometimiento con circunstancias agra-vantes.
    No. 1387.
    Resuelto en junio 17, 1919.
    Acometimiento con Circunstancias Agravantes — Suficiencia de la Prueba.— De la prueba en este caso resulta que la noche de autos se celebraba en Hormigueros un baile a beneficio de la “Cruz Roja” en el que por dos veces pretendió entrar el acusado Vidal Marini con dos personas más que con él iban y no habiéndoles permitido la entrada William Fajardo, encargado del baile, trató de entrar de todos modos con sus acompañantes, impidiéndolo Fajardo y la policía. Cuando a las dos de la mañana de ese día Fajardo iba por la carretera en un automóvil con otras personas y unos niños en-contraron otro automóvil detenido cerca del puente “Cobijado” con las luces apagadas en el que estaba Vidal Marini en mangas de camisa y los que antes le acompañaban y habiendo Marihi preguntado si iba William Fajardo, mandó detener el automóvil y le dijo que bajara porque tenían que ventilar un asunto. Ante esta petición el automóvil en que viajaba Fajardo emprendió en seguida su marcha y entonces sonaron varios disparos de revólver cuyas balas atravesaron la parte trasera de la caja de dicho automóvil y su capota. Se resolvió: que si bien ningún testigo declaró que el acusado hiciera los disparos ni que le vieran armas de fuego en el mo-mento, las circunstancias que rodean el caso justifican la sentencia dictada, pues el dilema es: que fué el acusado quien hizo los disparos o que estaba en confabulación con sus compañeros para atacar en esa forma a Fajardo, en cualquiera de cuyos casos es responsable del acometimiento perseguido, siéndolo en el último de acuerdo con la doctrina del caso de Bl Pueblo v. Bianelvi, 18 D. P. K. 576.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Ahogado del apelado: Sr. S. Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Vidal Marini fué convicto del delito de aco-metimiento con circunstancias agravantes y la única cuestión que alega para pedirnos la revocación de la sentencia dic-tada contra él y su absolución es que la corte inferior co-metió error al dictar la sentencia apelada porque la prueba presentada en el juicio es insuficiente para sostenerla.

El hecho que se imputa al apelante en la acusación es el de que en la noche del 7 al 8 de septiembre de 1918 y en' la carretera de Hormigueros a Mayagüez, sitio del puente “Cobijado” ilegal, voluntaria, maliciosamente y con inten-ción criminal de. causar grave daño personal acometió con un revólver, que es un arma mortífera, a William Fajardo Dávila al que hizo varios disparos con dicha arma.

De la prueba resulta que esa noche se celebraba en Hor-migueros un baile a beneficio de la Cruz Boj a en el que por dos veces pretendió entrar Vidal Marini con dos personas más que con él iban y no habiéndoles permitido la entrada ,"William Fajardo, encargado del baile, trató de entrar de to-dos modos con sus acompañantes, impidiéndolo Fajardo y la policía. Cuando a las dos de la mañana de ese día Fa-jardo iba por la carretera en un automóvil con otras per-sonas y unos niños encontraron otro automóvil detenido cerca del puente “Cobijado” con las luces apagadas en el que es-taban Yidal Marini en mangas de camisa y los que antes le acompañaban y habiendo Marini preguntado si iba William Fajardo, mandó detener el automóvil y le dijo que bajara porque tenían que ventilar un asunto. Ante esta petición el automóvil en que viajaba Fajardo emprendió en seguida su marcha y entonces sonaron varios disparos de revólver cuyas balas atravesaron la parte trasera de la caja de dicho automóvil y su capota.

Hay contradicción entre los testigos de El Pueblo y los del acusado respecto al grupo de donde partieron los disparos pero fué resuelta por la corte inferior en el sentido de que salieron del grupo que estaba detenido en la carretera puesto que condenó al acusado que formaba parte de él y la única cuestión a decidir ahora es si estuvo bien condenado Yidal Marini por el acometimiento hecho a William Fajardo ya que ningún testigo declaró que él hiciera los disparos ni que le vieran armas de fuego en aquel momento.

Creemos que dadas las circunstancias concurrentes en este caso no hubo error en la corte inferior al estimar probado que fué Yidal Marini el responsable criminalmente del acometi-miento perseguido teniendo en cuenta que él fué el que tuvo el altercado con William Fajardo al negarle éste la entrada en el baile, que lo -más razonable es que estaba en la carretera en espera de Fajardo ya que al llegar a este sitio el auto-móvil en que éste viajaba preguntó si iba en él, mandó parar el vehículo y pretendió que Fajardo bajara para ventilar con él un asunto, sin que sus acompañantes intervinieran en este momento y porque también es lo más lógico qne al ver que el automóvil de Fajardo partía de nuevo sin que bajara Fajardo fnera él quien hizo los disparos dada su actitud de riña.

Como los disparos partieron del grupo en que estaba Ma-rini, demostrado también, porque el automóvil en que viajaba Fajardo fué atravesado por algunas balas y que una de estas pasó por encima de la cabeza de uno de los que en él estaba, dadas las circunstancias concurrentes en este caso el dilema es que fué Marini quien bizo los disparos o que estaba en con-fabulación con sus compañeros para atacar en esa forma a Fajardo en cualquiera de cuyos casos es responsable del aco-metimiento perseguido, siéndolo en el último de acuerdo con la doctrina del caso de El Pueblo v. BiancM, 18 D. P. R. 576.

La sentencia apelada debe-ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados "Wolf, del Toro y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Ríos, Promovente y Apelada, v. Rosaly, Opositor y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre administración judicial. Incidente sobre ali-mentos y entrega de cantidad.
    No. 1958.
    Resuelto en junio 19, 1919.
    ApelaciÓN, — Alimentos Provisionales — Notificación de la Moción a los In-teresados. — En este caso apeló uno de los herederos de la resolución de la corte de distrito concediendo alimentos provisionales a la viuda del cau-sante, y ataca él la resolución fundándose, entre otros motivos, en que otro de los herederos no fué notificado de la moción inieial; se resolvió: que la falta de notificación al otro heredero, no afecta al heredero apelante.
    Alimentos Provisionales — TrAmite para Beclamablos en Casos de Adminis-tración Judicial — Artículo 84 -de la Lev de Procedimientos Legales Es-peciales. — Es cierto que el artículo 84 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales dispone que las reclamaciones sobre alimentos provisionales se tramitarán en la forma prescrita para el juicio de desahucio, pero la ley se refiere sin duda a los procedimientos independientes, no a aquellos que se tramitan como incidentes en casos de administración judicial o de divorcio, por ejemplo.
    Id. — Vista de la Moción Sobre Alimentos — Notificación de Affidavits en Apoto de la Moción. — No constituye error por parte de la corte de distrito el haber celebrado la vista de ana moción sobre alimentos provisionales el mismo día en que fueron notificados al apelante los affidavits ofrecidos en apoyo de la misma. No hubo perjuicio para el apelante.
    Id. — -Artículo 217 del Código Civil Revisado. — De acuerdo con el artículo 217 del Código Civil Revisado, es errónea la resolución de la corte de distrito en cuanto autoriza el pago, por vía de alimentos provisionales, de deudas contraídas con anterioridad a la presentación de la demanda de alimentos. Estos sólo pueden abonarse a partir de la solicitud.
    Id. — Administración Judicial — Caudal Hereditario — Renta Líquida. — Cuando el juez mande entregar alimentos provisionales a los herederos, a los lega-tarios o al viudo, las cantidades que se satisfagan deberán sacarse por regla general de los productos del caudal hereditario y no excederán de lo que . pueda corresponderás como renta líquida de los bienes a que tengan de-recho.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. José y Alberto Povewtud.

    Abogado de la apelada: Sr. José Tous Soto.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Ponce declaró con lugar cierta soli-citud de alimentos presentada por doña Matilde Ríos Ovalle viuda de Rosaly, y no conforme uno de los herederos del Sr. Rosaly, apeló para ante la Corte Suprema, señalando en su alegato la comisión de cinco errores que abalizaremos en el mismo orden en que han sido presentados.

1. Sostiene el apelante que la corte erró “al dictar la or-den apelada sin notificarse ni oirse a doña Claudia Rosaly, una de las interesadas.” Aparece de los autos que don Manuel Rosaly falleció en Barcelona, España, en 1917, bajo tes-tamento cerrado. A instancias de Eulalio Rosaly, uno de los herederos, la Corte de Distrito de Ponce procedió a la aper-tura del testamento, ordenando luego su protocolización de conformidad con la ley. Los herederos no pudieron ponerse de acuerdo en la división de la herencia y la, corte nombró administrador judicial a don Antonio Morales Lebrón. Así las cosas, la viuda, Matilde Ríos Ovalle,' compareció en el procedimiento sobre administración y presentó la moción so-bre alimentos que ha dado origen a este recurso. La soli-citud. de alimentos se notificó al abogado José A. Poventud, como representante de Eulalio y Claudia Eosaly, y el admi-nistrador. El letrado Poventud compareció y se opuso a nombre de Eulalio Eosaly y alegó que su representación con respecto a Claudia había cesado. El primer motivo de opo-sición consistió precisamente en la falta de notificación de la solicitud a Claudia Eosaly, y se basó en la sección 50 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales que copiada a la letra, dice así:

“Artículo 50. — A instancia de parte interesada, el juez podrá mandar, previo aviso al administrador y demás partes interesadas, que de los productos d'el caudal se entregue por vía de alimentos a los herederos y legatarios y al cónyuge sobreviviente, basta la cantidad que respectivamente pueda eorresponderles como-renta líquida de los bienes a que tengan derecho. El juez fijará la cantidad' y los plazos en que el administrador haya de hacer la entrega.”

La parte apelada sostiene que bastaba con notificar al administrador; que en todo caso fue notificado el abogado Poventud que lo era de récord tanto de Eulalio como de Claudia Eosaly; que si se acepta que Poventud dejó de ser el abogado de Claudia Eosaly una vez que quedó nombrado el administrador, como Claudia Eosaly no se personó en los ulteriores procedimientos sería necesario aceptar también que no tenía derecho a ser citada y, por último, que si Claudia Eosaly se consideraba afectada por la orden de la corte, era a ella a quien le competía apelar y suscitar tal cuestión y no a Eulalio Eosaly.

En efecto la apelación se interpuso en este caso por Eu-lalio Eosaly y en su consecuencia no nos creemos obligados a resolver la cuestión suscitada. La falta de notificación de Claudia Eosaly, en el caso de que en verdad no hubiera sido notificada, en nada afecta al otro heredero Eulalio Eosaly, el apelante.

2. “La corte erró,” alega el apelante, “al dictar la orden apelada sin observar la tramitación del juicio de desahucio.” Tampoco estamos conformes. Es cierto que el artículo 84 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales dispone que las reclamaciones sobre alimentos provisionales se tramita-rán en la forma prescrita para el juicio de desahucio, pero la ley se refiere, sin duda a los procedimientos independien-tes, no a aquellos que se tramitan como incidentes en casos de administración judicial o de divorcio, por ejemplo; y aquí se trata de uno de esos casos. Véase: Julbe v. Guzmán, et. al., 14 D. P. R. 38, 40. La decisión de esta corte en Molinary v. López Acosta, 20 D. P. R. 511, 514, no es incompatible con la anterior doctrina.

3. El tercer error se cometió por la corte, según el ape-lante, al no concederle el plazo leg’al para impugnar los affidavits de la promovente, presentados, y notificados el mismo día de la vista de la moción sobre alimentos.

Dice el apelante que la moción se presentó, se le notificó y se vió el 30 de julio de 1918. Si bien esto es así, también lo es que de los autos resulta que desde diciembre de 1917 doña Matilde Ríos solicitó que se le señalara una pensión ali-menticia por carecer de rentas y bienes y depender para su subsistencia de las rentas, frutos y productos de la herencia de Rosaly; que la vista de dicha moción se señaló para el 14 de enero de 1918, notificándose a las partes, y volvió a señalarse para el día 2 de julio de 1918, posponiéndose para el 15 del propio mes; que en julio 2 de 1918 doña Matilde pidió que el administrador' de facto Eulalio Rosaly — rque es el apelante en este caso — que figuraba como el demandado, fuera sustituido por el administrador nombrado por la corte Sr.- Morales Lebrón, y que en 30 de julio de 1918 se presentó la nueva moción de alimentos acompañada de affidavits. TJn día después del 30 de julio, la corte de distrito entraba en su período regular de vacaciones que comprende dos meses.

El artículo 317 del Código de Enjuiciamiento Civil invo-cado por el apelante se refiere a la notificación de la moción, no al término para impugnar affidavits. El plazo fijado puede renunciarse por la parte a quien beneficie y aquí en verdad de hecho la parte lo renunció al comparecer a e intervenir en la celebración de la vista. Además, no se ha demostrado que el apelante sufriera perjuicios. Desde seis meses antes estaba enterado de las pretensiones de doña Matilde. En su esencia la moción de julio de 1918 era igual a la de diciembre de 1917. Que Eulalio Eosaly y su abogado cono-cían en todos sus detalles el asunto lo demuestra la moción de impugnación presentada. Y si a todo esto se agrega la naturaleza especial de la petición de alimentos y el hecho de que al no considerarla el 30 de julio implicaba el dejarla pendiente dos meses más, es necesario concluir que no co-metió la corte de distrito el error que le atribuye el apelante. Además, según veremos ál discutir el cuarto error, no será necesario tener en cuenta dichos affidavits para resolver el asunto.

4. El cuarto error lo señala el apelante en la siguiente forma: “Cometió error la corte inferior al disponer en la orden apelada, que el administrador judicial pagase a la viudq promovente ‘con cargo a su haber en la sociedad de ganan-ciales y herencia,’ la suma de $1,374.25, y que mensualmente le pagase la cantidad de $75 con igual cargo; errando al no disponer que el cargo se hiciera de los productos del caudal, y al no limitarlo hasta la cantidad que, como renta líquida, pudiese corresponder a dicha viuda promovente.”

Tiene razón, a nuestro juicio, en este señalamiento de error la parte apelante. Comprende dos extremos.

A. La corte de distrito no se limitó a fijar determinada pensión alimenticia, sino que ordenó al Administrador el pago de $1,374.25 que procedían de $700 tomados a préstamo por la viuda en el Crédito y Ahorro Ponceño y $674.25 tomados en provisiones y efectivo también por la viuda a José Ro-dríguez Colón, hechos éstos que se trataron de probar pol-los affidavits a que acabamos de referirnos. Según consigna la propia doña Matilde en su solicitud de 30 de julio de 1918, los $700 tomados al Crédito y Ahorro Ponceño lo fueron antes de la muerte de su esposo, y la cantidad tomada al comer-ciante Rodríguez se formó por cantidades pequeñas tomadas en un período que abarca desde el 24 de junio de 1917 al 30 de mayo de 1918.

El artículo 217 del Código Civil Revisado dice que la obli-gación de dar alimentos será exigible desde que los necesi-tare para subsistir la persona que tuviese derecho a perci-birlos, pero que no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda. Y comentando Manresa el .ar-tículo 148 del Código Civil Español, igual al 217 del nuestro, se expresa así:

“Este artículo tiene sus precedentes en-el 74 de la Ley de Matri-monio Civil en cuanto a su primera parte y en el 1614 de la de En-juiciamiento respecto de la segunda, y concuerda además con el 145 del Código Civil italiano, 184 del portugués, 331 de Chile, 1863 del de Sajonia y 370 del de la República Argentina.
“La Ley de Matrimonio Civil, en su artículo 74, había establecido que la obligación de dar alimentos sería exigible desde que los nece-sitase para subsistir la persona que tuviere derecho a percibirlos; pero no dijo nada acerca de la época a partir de la cual deberían ser abonados, en el caso de no haberlos reclamado el alimentista desde que nació su necesidad, sino algún tiempo después, y ese silencio de la ley hizo surgir la duda de si serían o no debidos durante mucho tiempo.
“La jurisprudencia vino a resolver esta dificultad en el sentido de que los alimentos sólo se debían desde que se reclamaban, y de acuerdo con dicha jurisprudencia se ha adicionado el antiguo pre-cepto, disponiéndose, que no serán abonados sino desde la fecha de la interposición de la demanda. Los alimentos responden a una ne-cesidad imperiosa, sin la cual no serían exigibles, y la ley supone que no existe esa necesidad mientras no se reclamen judicialmente.”
1 Manresa, Código Civil Español, 654.

Aun en la hipótesis de que las sumas indicadas pudieran comprenderse dentro del concepto de alimentos, resulta que la deuda con la institución bancaria fué contraída con mucha anterioridad no ya a la última solicitud de alimentos, sino a la primera, y que la cuenta con el comerciante comenzó a formarse seis meses antes de reclamar por vez primera los alimentos la viuda y si bien comprende un período de cuatro meses después de dicha primera reclamación no se especifican las partidas que corresponden a uno y a otro período. Debe consignarse aquí también que aunque no aparece que lá pri-mera solicitud de alimentos fuera resuelta por la corte, es un lieclio consignado en su última solicitud por la misma pro-movente que se le venía pasando cincuenta pesos mensuales para su sustento por el encargado de los bienes de la herencia.

Además así como invocamos las circunstancias del caso para justificar la premura en la resolución de este asunto, esa misma premura debió servir de base para descartar de la resolución de la corte todo lo que claramente no estu-viera comprendido dentro del concepto de alimentos provi-sionales. Para el cobro de sus créditos, medios reconoce la ley a los acreedores.

Siendo ello así, la resolución apelada debe modificarse eli-minando la orden de pago de los $1,374.25 de referencia y mandando satisfacer la pensión de $75 mensuales desde el 30 de julio de 1918.

B. La sección 50 de la Ley de Procedimientos Legales Es-peciales claramente establece que el juez podrá mandar que de los productos del caudal se entregue, por vía de alimentos al cónyuge sobreviviente, hasta la cantidad que pueda corres-ponderle como renta líquida de los bienes a que tenga dere-cho. Opinamos que siendo esa la ley reguladora del caso, la resolución apelada debe modificarse también ajustándola a sus términos.

5. El quinto error carece de importancia. Se refiere a lá presentación de cierta prueba. Se trataba de una cuenta rendida por el propio apelante a los interesados en la herencia de que se trata en abril 30, 1917, y no vemos que asistiera al apelante razón derecha alguna para oponerse a que la pe-ticionaria la introdujera como evidencia con objeto de que la corte la tomara en consideración como uno de los ele-mentos determinantes de la cuantía del caudal hereditario y de sus rentas, a fin de fijar con acierto la pensión.

6. Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que la orden recurrida debe confirmarse, pero modificándola en el sentido que se fia indicado al discutir y resolver el cuarto señala-miento de error.

Confirmada la sentencia apelada pero modi-ficada en la parte dispositiva.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y HutcMson.


text:
    Delgado, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas inscribiendo con defecto subsanable un expediente posesorio.
    No. 418.
    Resuelto en junio 19, 1919.
    Expediente Posesorio — Estado Civil del Promovente — Declaración de los Testigos.- — -Habiendo alegado el promovente y probado por medio de los testigos declarantes en la información que había adquirido la finca objeto del expediente posesorio estando casado con Martina Flores, comete error el registrador al hacer constar como defecto subsanable el no haberse acre-ditado el estado civil del promovente a la fecha de la adquisición de la finca.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez Laserre, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Delgado compareció ante la Corte Municipal de Ca-guas alegando estar casado cou Martina Plores y ser dueño y poseedor por más de un año de un'solar y casa radicados en dicba ciudad por haberlos comprado durante su matri-monio con su indicada esposa.

Los testigos que presentó para justificar su posesión tam-"bien, declararon que la compra fné hecha durante el matri-monio de Delgado y de Martina Flores y al resolver el ex-pediente la corte municipal, después de Racer constar que Juan Delgado, casado con Martina Flores, Rabia interesado acreditar en su favor la posesión de la finca expresada, aprobó el expediente y ordenó que se entregase original al interesado para su inscripción.

El Registrador de la Propiedad de Caguas Rizo la ins-cripción de la posesión haciendo constar que Juan Delgado, casado con Martina Flores, Rabia alegado que la compró en constante matrimonio con su referida esposa y que los tes-tigos declararon que Delgado la Rabia adquirido en la forma antes indicada, pero Rizo constar como defecto subsanable el de no haberse acreditado el estado civil del promovente en la fecha de la adquisición de la finca.

Lo que Remos expuesto antes es bastante por sí solo para poder declarar que tuvo razón Juan Delgado al recurrir ante nosotros contra la consignación de este defecto subsanable por el registrador, pues alegó y acreditó en el expediente que era casado con Martina Flores cuando adquirió la finca, la que también aparece de la inscripción.

La nota recurrida debe ser revocada.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes:' Sres. Presidente Hernández y "Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison. . ' •


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Sanders Philippi y Cía., Sucesores, S. en C., Demandante y Apelada, v. Delgado, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1966.
    Resuelto en junio 19, 1919.
    Pagarés Expedidos a la Orden — Documentos Mercantiles — Alegación Inne-cesaria. — Los pagarés expedidos a la orden se ’ presumen documentos mer-cantiles que surgen de operaciones de comercio, salvo prueba en contrario, y esa presunción se sostiene prima facie cuando la demanda no contiene alegación sobre su procedencia.
    Endoso — Conclusiones Legales — Alegaciones.—Siendo el endoso el acto por el cual se transmite la propiedad de un pagaré u otro documento expedido a la orden, la alegación de que los pagai'és objeto del presente pleito “fue-ron endosados a la sociedad demandante,” no entraña una conclusión legal, sino la expresión de un acto determinante del derecho de la demandante al cobro de los pagarés. Las circunstancias y condiciones en que se verificó el endoso podrán ser materia de evidencia en el juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. José Tous Soto.

    Abogado de la apelada: Sr. Garlos Franco Soto.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En 23 de enero de 1917 la demandante Sanders Philippi y Compañía radicó demanda enmendada en la Corte de Dis-trito de Aguadilla contra Ignacia Delgado y González, sobre cobro de dinero, alegando como hechos determinantes de su acción los siguientes:

Que la demandada Ignacia Delgado suscribió a la orden de P. Vilella e Hijos dos pagarés en 29 de enero y 30 de junio de 1915, respectivamente, ambos insertos en la de-manda, el primero de ellos por valor de $3,100 a vencer en 31 de diciembre de 1915 y el segundo por valor de $1,964.20 a vencer en 31 de enero de 1916.'

Que los dos pagarés dan un total de $5,064.20, de cuya suma sólo había satisfecho la demandada $675.98, restando por consiguiente a deber $4,388.22.

Que la sociedad P. Vilella e hijos endosó a favor de la demandante los dos pagarés y era tenedora de los mismos, siendo por consiguiente dueña de la expresada suma de $4,388.22.

Y que la demandada ni ninguna otra persona en su nom-bre ha pagado el todo o parte de la cantidad adeudada, a pesar de las diversas reclamaciones amistosas hechas con ese fin.

La demanda concluye con la súplica de que en su día se dicte sentencia condenando a la demandada a que pagne a la demandante la suma de $4,388.22, con intereses, costas, gastos y honorarios de ahogado.

A la anterior demanda opuso la demandada la excepción previa de que no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción, cuya excepción fué desestimada por re-solución de 14 de enero de 1918; y habiendo formulado con-testación con aceptación de unos hechos, negación de otros y alegación de materia nueva, .se trajo el caso a juicio que terminó por sentencia de 15 de julio de 1918 ordenando que la demandante obtenga y recobre de la demandada la suma de $4,388.22 con intereses legales desde la interposición de la demanda y costas, gastos y honorarios de abogado a cargo de la demandada.

Contra esa sentencia interpuso la demandada recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, aduciendo como único motivo del recurso que la Corte de Distrito de Agua-dilla erró al no declarar con lugar la excepción previa general contra la demanda, a cuya fin alega que sólo los pa-garés mercantiles son endosables y que los transcritos en la demanda no tienen tal carácter por no expresarse en ellos que proceden de operaciones mercantiles; pero que aun en el supuesto de que fueran endosables, la alegación de que la demandada endosó a la demandante dichos pagarés es una conclusión legal que no informa a la demandada de la fecha, lugar, causa y condiciones del endoso.

Es doctrina ya establecida por esta Corte Suprema que los pagarés expedidos a la orden se presumen documentos mercantiles que surgen de operaciones de comercio, salvo prueba en contrario. Hernández v. Muñiz, 10 D. P. R. 17; Rosaly v. Alvarado, 17 D. P. E. 109; Vázquez v. Laíno, 23 D. P. R. 235; y Román v. Martínez, 25 D. P. R. 654. Esa presunción se sostiene prima facie por las alegaciones de la demanda.

Como el endoso propiamente dicho es el acto por el que se transmite la propiedad de la letra de cambio y demás documentos expedidos a la orden, entendemos que la alega-ción de que los pagarés fueron endosados a la demandante no entraña una conclusión legal sino la expresión de un acto determinante del derecho de la sociedad demandante al co-bro de dichos pagarés. Las circunstancias y condiciones en que se verificaron los endosos podían ser materia de evidencia al celebrarse el juicio.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Pagán, Demandante y Apelado, v. Franco, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito para recobrar la posesión de propiedad inmueble por el procedimiento de injunction.

    No. 1969.
    Resuelto en junio 23, 1919.
    INJUNCTION PARA RECOBRAR LA POSESIÓN LE PROPIEDAD INMUEBLE — PRESCRIPCIÓN de la Acción. — Apareciendo que el acto por el eual el demandante fué pri-vado de la posesión que trata de recobrar tuvo lugar en agosto 9, 1917, y que la demanda se interpuso en febrero 21, 1918, es preciso concluir que la acción había prescrito por haber transcurrido el término de cuatro meses . ■ señalado en la misma ley que la autoriza.
    I». — Ley No. 11 de 1917 Enmendatoria de la No. 43 de 1913. — No puede apli-carse a este caso la Ley No. 11 de 1917 que extendió a un año el término de cuatro meses fijados por la Ley No. 43 de 1913 para recobrar la posesión de propiedad inmueble por el procedimiento de injunction, porque el plazo fijado por la Ley No. 43 se había ya extinguido totalmente cuando comenzó a regir la Ley No. 11.
    Id. — Artículos 462 y 1869 del Código Civil. — No tienen aplicación a este caso los preceptos de la ley sustantiva que fija en un año ■ el término para reco-brar la posesión de propiedad inmueble, porque no se trata de decidir aquí 'si el demandante tenía o no derecho a ser reintegrado en la posesión, sino de resolver si tenía o no derecho a ejercitar para obtener tal reintegro el procedimiento especial de injunction creado por la Ley No. 43 de 1913.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del apelante: Sr. José S. Alegría-.

    Abogado del apelado: Sr. E. E. F. Dottin. .

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un “injunction” para recobrar la posesión de propiedad inmueble decidido en favor del demandante. El demandado apeló y alega que la corte sentenciadora erró al declarar que la acción ejercitada por el demandante no babía prescrito y al apreciar la prueba. Para decidir el recurso basta sólo considerar el primer señalamiento de error.

Según la misma demanda el acto por virtud del cual el demandante fue privado de la posesión del terreno de que se trata, se realizó el 9 de agosto de 1917, y como la demanda se interpuso el 21 de febrero de 1918, es necesario concluir que había transcurrido con exceso el término de cuatro meses fijado expresamente por la Ley No. 43 de 1913, para ejer-citar la acción en la misma establecida, o sea la acción para recobrar la posesión de propiedad inmueble por medio del procedimiento especial de injunction, que fue la ejercitada por el demandante en este caso.

El demandante y apelado acepta que esto es así, pero sos-tiene que entabló su acción al amparo de la Ley No. 11 de 1917 que enmendó la Ley No. 43 de 1913 extendiendo a un año el plazo de cuatro meses indicado. No estamos confor-mes. La Ley No. 11 de 1917 empezó a regir a mediados de febrero de 1918, esto es, cuando ya babía transcurrido todo el plazo fijado por la Ley No. 43 de 1913. El derecho del de-mandante a acogerse a los beneficios de esa ley babía, pues, prescrito cuando comenzó a regir la enmienda. Si el término de cuatro meses no hubiera transcurrido totalmente, entonces quizás cabría interpretar la acción de la Legislatura, apli-cada a este caso concreto, en el sentido de extender el término previamente fijado.

La cuestión además no es nueva en este Tribunal. Basta que bagamos referencia a los casos de de Jesús v. Sucesión Villamil, 18 D. P. R. 403; Roble v. Sucesión Pérez, 18 D. P. R. 929; Osorio v. Sucesión Pérez, 18 D. P. R. 932, y Orta v. Arzuaga, 23 D. P. R. 259.

En cnanto a la cita qne la parte apelada hace de los ar-tículos 462 y 1869 del Código Civil, diremos qne no se trata aqní de resolver si había o no prescrito el derecho del deman-dante a ser reintegrado en la posesión de la finca por el mero transcurso de cuatro meses, sino de decidir, como se ha de-cidido, qne había prescrito sn derecho a ser reintegrado por medio del procedimiento especial fijado por la Ley No. 43 de 1913, enmendada por la Ley No. 11 de 1917.

Debe declararse con lugar el recurso y revocarse la sen-tencia apelada.

Revocada la sentencia recurrida y declarada sin lugar la demanda sin especial condenar ción de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó “conforme con la sentencia. ’ ’


author: En Juez Asociado Sr. Aldrey

text:
    Carrera, Demandante y Apelado, v. Marrero, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de'Mayagtiez en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2020.
    Resuelto en junio 23, 1919.
    Contratos y Obligaciones — Dación en Pago — Condiciones no Cumplidas — Ex-tinción de la Obligación. — Cuando un acreedor recibe de su deudor una cosa a título de dación en pago bajo determinada condición, es preciso que esa condición se cumpla para que entonces pueda la dación surtir el efecto de extinguir la primitiva obligación.
    Id. — Id.—Condiciones Imposibles — Consumación del Contrato. — Para que un contrato de dación en pago celebrado bajo determinada condición quede consumado es necesario que se cumpla la condición; y consiguientemente, si la condición establecida fuere imposible, como cuando la condición con-siste en hacer dación de una finca debidamente inscrita en el registro, y la que se lia dado en pago de la deuda es una finca que no pertenece al deudor solamente, sino en unión de otros condueños, no podrá decirse que el contrato quedó consumado, ni que se hayan extinguido los créditos pri-mitivos del acreedor, quien puede, en consecuencia, reclamar su pago.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Angel A. Vázquez y Rodolfo Ramírez. ■

    Abogado del apelado: Sr. José Sabater.

   En Juez Asociado Sr. Aldrey

emitió la opinión del tribuna].

El apelante aceptó en sn contestación a la demanda qne había suscrito la obligación que se le reclama en este pleito-de pagar el día 30 de diciembre de 1916 la cantidad de $411, pero alegó que para satisfacer esta deuda y otra a favor del mismo demandante le dió en pago una finca respecto a la cual el demandante inició un expediente judicial para que se de-clarase su posesión a título de dueño.

La sentencia dictada en este pleito fue contraria al deman-dado quien aduce como único fundamento para que la revo-quemos que la prueba es insuficiente para sostenerla.

Si bien de la prueba resulta que el demandado dió dicha finca al demandante en pago de la obligación que en este pleito le reclama y por otra más de $400 titulándose dueño de ella aunque sin título escrito, también resulta que tal da-ción en pago quedaría consumada cuando después de trami-tar el demandante expediente posesorio de la finca fuera ins-crita a su favor en el registro de la propiedad en cuyo mo-mento le devolvería éste los documentos de las dos obliga-ciones mencionadas y cierta cantidad como complemento del precio de la dación en pago; y resulta también que iniciado el expediente posesorio por el demandante apareció de la oposición que en él hicieron los hermanos del demandado que la finca se halla inscrita en el registro de la propiedad a nombre de la madre del demandado, que no se há hecho la partición de esa finca entre los herederos de dicha señora y que los hermanos del demandado no han traspasado a éste sus derechos hereditarios en la finca ni tampoco al deman-dante, habiendo terminado el expediente posesorio con una resolución contraria a la declaración de posesión a favor del demandante.

La exposición de estos hechos demuestra que la sentencia apelada está sostenida por la prueba, pues- apareciendo de ésta que la condición de que la finca fuera inscrita en el re-gistro de la propiedad a favor del demandante no puede cumplirse porque el apelante le había dado en pago de sus deudas una finca que no le pertenece a él solo sino en unión de sus hermanos como herederos todos de su madre a cuyo favor está inscrita en el registro de la propiedad, el con-trato de dación en pago no llegó a consumarse y por este motivo no se han extinguido los créditos dél demandante quien pudo en consecuencia reclamar su pago.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia a/pelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Rivera, Demandante y Apelado, v. Martínez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2067.
    Resuelto en junio 27, 1919.
    Apelación — Exposición del Caso — -Pliego de Excepciones — Negligencia Inexcusable. — En este caso el apelante solicitó permiso para presentar una ex-posición del caso y pliego de excepciones enmendados después de haher trans-currido más de un año desde el día en que la corte dió por descartada la primitiva, exposición del caso y ordenó al apelante la presentación de otro nuevo dentro de los 10 días que al efecto le concedió. Se resolvió: que el apelante fué negligente en la presentación de su apelación y que no le ex-cusaba el haber confiado que se le oyera en la apelación interpuesta con-juntamente por su contrario para ante el Tribunal Supremo.

      Desestimación de Apelación — Radicación de la Transcripción de Autos.— Cuando no se radica la transcripción de autos dentro del término legal, se desestimará la apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: <Sr. Víctor P. Martínez.

    Abogado del apelado: Sr. Luis Llorens Torres.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal Después de varias suspensiones anteriores la Corte de Distrito de Aguadilla, señaló el día 20 de diciembre de 1917, para oír a las partes respecto a la cuestión relativa a la apro-bación de una exposición del caso y pliego de excepciones. Ambas partes comparecieron ese día y resolviendo la corte una moción del apelado el caso fué suspendido otra vez para el día 22 de diciembre. La acción de la corte al suspender el caso por dos días más a instancia del apelado no podía ser considerada como un abuso de discreción aun cuando las excusas presentadas por el apelado no hubieran estado bien fundadas y esto es particularmente así a falta de alguna de-mostración de cómo fué perjudicado el apelante.

El día señalado para la vista, o sea el 22 de diciembre, 1917 el apelante a pesar de haber .sido debidamente notifi-cado no compareció y la corte dictó una resolución en la que expresaba que el apelado solicitó que la exposición del caso y pliego de excepciones fueran reformados por no estar de acuerdo con las notas taquigráficas, concediendo al apelante el término de diez días para presentar un nuevo pliego de excepciones y exposición del caso. El apelante fué debida-mente notificado de esta resolución como aparece de los autos pero nada hizo por cumplir con ella. El apelado ha soli-citado la desestimación de la apelación.

El apelante después de objetar frívolamente que la reso-lución de diciembre 22 no está firmada insiste en el hecho de que el apelado estaba en el deber de presentar enmiendas a la exposición y pliego y notificarlas al apelante. Era, sin embargo, el deber del apelante comparecer a la vista seña-lada para el 22 de diciembre de 1917. Surge la presunción de que el apelado pudo demostrar a la corte que la exposi-ción del caso y pliego de excepciones no era una transcrip-ción fiel de las manifestaciones hechas por los testigos en el acto del juicio y que el documento eran tan defectuoso que el apelante estaba en el deber de preparar otro. Cierto es que la resolución meramente expone en efecto que la expo-sición del caso y pliego de excepciones no se ajustan a las a las notas taquigráficas pero es ele presumirse que dichas notas taquigráficas se encontraban ante la corte. Indepen-dientemente de las notas taquigráficas es de suponerse que la corte sabría si la exposición del caso y pliego de excep-ciones eran tan defectuosos que se hacía necesaria la radi-cación de uno nuevo.

Hemos dicho que desde el día 22 de diciembre de 1917, el apelante nada hizo por acelerar el caso. El día 28 de diciembre de 1918, el apelante, sin embargo, radicó una moción en la corte de distrito para que se le permitiera presentar una exposición del caso y pliego de excepciones enmendados moción que fue denegada por la corte debido a la negligencia del apelante y porque de los autos aparecía que el apelante había confiado en que se le oyera en la apelación interpuesta por su contrario en esta corte, que había hecho alegaciones en esta apelación y que esta corte las había tomado en con-sideración.

Es evidente que él no hizo nada por.acelerar su propia apelación pues confiaba en la otra apelación interpuesta por su adversario. Legalmente, sin embargo no prosiguió su apelación, deber que tienen los apelantes y la corte inferior estuvo justificada al negarse a conceder permiso para radicar una nueva exposición del caso y pliego de excepciones.

Nq habiendo sido radicada la transcripción de autos den-tro del término legal, debe desestimarse la apelación.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Plernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Nieva, Demandante y Apelante, v. Guánica Centrale, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre cumplimiento de contrato.
    No. 1940.
    Resuelto en junio 27, 1919.
    Servidumbre de Vía y Cargadero — Contrato.—En el presente caso el deman-dante, que era subarrendatario de una finca por cierto término, con opción a prórroga, constituyó una servidumbre sobre esa finca a favor de la de-mandada por el término que duraran el arrendamiento' y subarrendamiento, en consideración a lo cual la demandada hacía al demandante ciertas con-cesiones; terminados los contratos de arrendamiento, y subarrendamiento con sus prórrogas, fueron ambos extendidos mlediante escritura por cinco años más, y entonces la demandada, que en el entretanto había adquirido por título deri-vado del dueño de la finca, un nuevo derecho de servidumbre, aunque siguió haciendo uso de la servidumbre, se negó a continuar dispensando al deman-dante las concesiones estipuladas en el contrato de servidumbre entre ambos. Se resolvió: que la extensión del arrendamiento y del subarrendamiento me-diante escritura, no puede considerarse como una continuación del contrato orginal, sino como un nuevo contrato que las partes en este pleito no pudieren tener presente al otorgar el contrato de servidumbre y por tanto que la deman-dante no tiene derecho a exigir el cumplimiento del primitivo contrato de servidumbre.
    Los techos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Sabater.

    Abogado de la apelada: Sr. José Tous Soto.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata del cumplimiento de cierta obligación de la de-mandada G-uánica Céntrale a favor del demandante Pedro Nieva Mangual en compensación de cierta servidumbre ce-dida por el demandante a la demandada sobre terrenos que el demandante estaba poseyendo en concepto de arrenda-tario o subarrendatario.

La demanda fué interpuesta ante la Corte de Distrito de Ponce en 9 de enero de 1917 y declarada sin lugar por sen-tencia de 31 de julio de 1918, contra cuya sentencia inter-puso el demandante recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

El contrato celebrado entre el demandante y la deman-dada fue consignado en documento privado transcrito en la demanda, y su texto literal es el siguiente:

“Añasco, Puerto Rico, julio 19 de 1912. — Conste por este docu-mento que don Pedro Nieva cede y da a G-uánica Céntrale una servidumbre en cantidad suficiente de veinticinco (25) pies de ancho y en la línea trazada ahora por Guánica Céntrale, por todo el tiempo que dure el contrato de arriendo o subarriendo que el expresado Sr. Nieva tiene en los terrenos de la propiedad de Enrique Greeñ, de Mayagüez, o que sean de otras personas, para Guánica Céntrale cons-truir y mantener un ferrocarril de un metro en los dichos terrenos que el repetido Sr. Nieva posee, así como también da y cede a la misma corporación terrenos suficientes para construir y mantener un desvío de carga en la referida propiedad. En cambio de este, privilegio que concede el Sr. Nieva a Guánica Céntrale de construir y mantener la línea de ferrocarril y el desvío de carga a que se hace mención anteriormente, Guánica Céntrale conviene en permitir al expresado Sr. Nieva cargar las cañas que tiene en la dicha propie-dad, en la estación de carga durante todo el tiempo que dure el con-trato de arriendo o subarriendo que al presente tiene el Sr. Nieva sobre los terrenos expresados en este contrato. — Guánica Céntrale, por (Firmado) A. J. Greif. — (Firmado) P. Nieva. Testigos (Fir-, mado) J. M. Palmer, Jr. — (Firmado) E. R. Rossy.”

Los terrenos a que se refiere el documento transcrito son dos parcelas de tierra que totalizan una extensión de 100 cuerdas radicadas en el barrio de Marías del municipio de Añasco, cuyas parcelas se describen en la demanda.

Al celebrarse el contrato dichos terrenos estaban arren-dados a la corporación Mayagüez Sugar Company, Inc., se-gún escritura de 24 de agosto de 1909 por don Emilio D. Huete como apoderado de doña Agustina Christy Mangual, que entonces era dueña de ellos, por un término de tres años y medio, que vencieron en 31 de marzo de 1913, con opción por parte de la corporación arrendataria a tres años más de prórroga a contar desde la fecha expresada.

Y en fecha posterior, o sea, por escritura pública de 4 de septiembre del mismo año, la corporación arrendataria Mayagüez Sugar Company, subarrendó al demandante los propios terrenos en las mismas condiciones y por los mis-naos términos de arrendamiento y opción a prórroga a que se refiere la escritura ya mencionada de 24 de agosto de 1909.

Por otra escritura pública de 4 de agosto de 1915, don Enrique Green, en concepto de dueño de los terrenos de que se trata, los que había adquirido de doña Agustina Christy y Mangual por escritura de 27 de diciembre de 1911, reco-nociendo que la Mayagüez Sugar Company había hecho uso del derecho de prórroga de arrendamiento que se le había concedido por la escritura de 24 de agosto de 1909, concedió a la Mayagüez Sugar Company una nueva prórroga de arren-damiento por un período de cinco años que habían de con-tarse desde el 31 de marzo de 1916, fecha del término de la anterior prórroga, hasta el 31 de marzo de 1921.

Por otra escritura posterior, de 5 de enero de 1917, la Mayagüez Sugar Company cedió en subarrendamiento al de-mandante Pedro Nieva Mangual los mismos terrenos que le habían sido arrendados por la escritura de 4 de agosto de 1915 en las mismas condiciones contenidas en dicha escritura, o sea, por un período de cinco años que comenzaron a con-tarse desde el 31 de marzo de 1916 en que expiró el contrato de subarrendamiento existente entre la Mayagüez Sugar Company y el demandante.Nieva sobre los mismos terrenos y que vencerían el 31 de marzo de 1921, fijándose por modo expreso en esa escritura de 5 de enero de 1917 las condi-ciones del subarrendamiento.

Por otra escritura anterior de 14 de diciembre de 1912, el propio Sr. Green había constituido a favor de la corpo-ración “Bernal Estates” y de sus causahabientes o sucesores, el derecho de establecer y conservar por un término que ven-cería el día 1º. de agosto del año 1930, una vía fija de un metro de anchura y 825 pies aproximadamente de longitud,' pudiendo extenderse la faja de terreno en que se coloque hasta una anchura de 25 pies, cuya línea atravesaría entre otros terrenos las dos parcelas de la propiedad de Green.

La corporación demandada trazó la línea y construyó el ferrocarril sobre los terrenos subarrendados al demandante con sujeción al contrato de julio 19 de 1912 y el desvío de carga a que el mismo se refiere, traficando, cargando cañas y cruzando con dicbo ferrocarril por dichos terrenos, ha-biendo el demandante a su vez cargado las cañas que tenía sembradas en los mismos terrenos durante las zafras de 1912, 1913, 1914, 1915 a 1916, pero se ha negado desde la zafra de 1916 a 1917 y sigue negándose a que el demandante se sirva de la estación de carga para el transporte de sus cañas.

Alega el demandante que el derecho a cargar sus cañas en la estación de carga del demandado se deriva del con-trato celebrado entre ambas partes en documento privado de julio 19, 1912, y que ese derecho le había sido reconocido por todo el tiempo que durara el contrato de arriendo o sub-arriendo de las dos parcelas de terreno de la propiedad de don Enrique Green cuyo término era de tres años y medio con una prórroga de tres años más de que hizo uso y que venció en 31 de marzo de 1916 habiéndosele otorgado des-pués una nueva prórroga por un período de cinco años que había de contarse desde el 31 de marzo de 1916 para con-cluir en 31 de marzo de 1921.

La demandada por el contrario sostiene que el derecho invocado por el demandante quedó extinguido en 31 de marzo de 1916 en que expiró con su prórroga el contrato de arren-damiento a que se refiere el documento privado de julio 19, 1912, derivándose el derecho de servidumbre de que disfruta actualmente no de dicho documento privado, sino de la escri-tura pública de 14 de diciembre de 1912 en que don Enrique Green, dueño de los terrenos de que es arrendatario el de-mandante, constituyó la servidumbre para vía férrea a favor de la “Bernal Estates” por un término que había de vencer en 1º. de agosto de 1930, cuya corporación a su vez cedió a la demandada el derecho al uso de la vía desde 1º. de abril de 1916, concesión vigente en la fecha de la demanda.

Como se ve, la única cuestión legal a discutir y resolver en el presente recurso, es la de si el derecho reconocido al demandante de cargar sus cañas en la estación de carga de la demandada se extinguió al terminar en 31 de marzo de 1916 la prórroga del contrato de arrendamiento celebrado por escritura pública de 24 de agosto de 1909 o si ese derecho quedó prorrogado hasta el 31 de marzo de 1921 a virtud del arrendamiento sobre los mismos terrenos a la Mayagüez Sugar Company por cinco años más en virtud de la escri-tura pública de 4 de agosto de 1915.

Los derechos mutuos que se reconocieron Pedro Nieva Mangual y la G-uánica Céntrale por el documento privado de 19 de julio de 1912 habían de durar el tiempo que durara el arriendo o subarriendo que Nieva tenía entonces en los te-rrenos de la propiedad de Enrique Green o de otras personas. Ese arrendamiento o subarrendamiento de Nieva con rela-ción a los terrenos de que se trata era el consignado en la escritura pública de 4 de septiembre de 1909 en virtud de la cual la Mayagüez Sugar Company subarrendó a Nieva los terrenos que a ella le habían sido arrendados por término de tres años y medio con una prórroga de tres años que había de vencer en 31 de marzo de 1916. Nieva era subarrenda-tario de Green y, por tanto, su derecho de subarrendamiento expiraba al terminar el derecho de arrendamiento de la sub-arrendadora la Mayagüez Sugar Company, o sea, en la fecha indicada de 31 de marzo de 1916.

Ciertamente que por escritura de 4 de agosto de 1915 Enrique Green concedió a la Mayagüez Sugar Company una nueva prórroga del contrato de arrendamiento primitivo por un período de cinco años que habían de contarse desde el 31 de marzo de 1916, y que a su vez la Mayagüez Sugar Company, por otra escritura de 5 de enero de 1917, subarrendó a Nieva los terrenos por igual tiempo; pero ese nuevo sub-arrendamiento celebrado entre la Mayagüez Sugar Company y Pedro Nieva no podía ejercer influencia alguna en un con-trato verificado mediante documento privado en 19 de julio de 1912 entre distintas partes, o sea, entre Pedro Nieva y la Guánica Céntrale.

El artículo 1250 del Código Civil establece la siguiente regla de interpretación de contratos:

“Art. 1250. — Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato no deberán entenderse comprendidos en él cosas dis-tintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se pro-pusieron contratar.”

Bajo la anterior regla no es posible sostener que Guánica Céntrale se obligase con Nieva no sólo durante el término del subarrendamiento de los terrenos que con su prórroga estipulada venció en 31 de marzo de 1916 sino también du-rante cualquier otro término que arrendador y arrendatario y subarrendador y subarrendatario tuvieran a bien convenir No podía en 19 de julio de 1912 prever la contratante Guá-nica Céntrale que Green había de prorrogar en 4 de agosto de 1915 por cinco años más el contrato de arrendamiento que en 24 de agosto de 1909 celebró doña Agustina Cristy Mangual con la corporación Mayagüez Sugar Company, de cuyos terrenos había venido a ser dueño Green por escritura de 27 de diciembre de 1911 y tampoco podía prever la parte demandada que la corporación Mayagüez Sugar Company subarrendara esos mismos terrenos a Nieva por igual tér-mino-de cinco años a vencer en 31 de enero de 1921, por es-critura de 5 de enero de 1917.

Es verdad que la Guánica Céntrale continuó usando la vía después de la fecha de 31 de marzo de 1916 pero no lo hizo en virtud del contrato privado de 19 de julio de 1912 cuyo término ya había vencido sino en virtud de permiso que le. fué concedido por la “Bernal Estates” a favor de la cual había constituido Green un derecho de servidumbre de vía por los mismos terrenos, por escritura de 14 de diciembre de 1912.

El hecho de que Nieva como subarrendatario de la Ma-yagüez Sugar Company hubiera dado en 19 de julio de 1912 a la Gnánica Céntrale nn derecho de servidumbre para vía sobre los terrenos que él poseía en subarrendamiento por nn término que vencía en 31 de marzo de 1916, no impedía que Green como dueño de esos mismos terrenos concediera nn de-recho similar a la “Bernal Estates” por escritura de 14 de diciembre de 1912. A lo sumo podría' resultar incompatibi-lidad de derechos entre la Gnánica Céntrale y la “Bernal Estates” hasta el 31 de marzo de 1916 en que expiró la servi-dumbre reconocida a la Gnánica Céntrale por Nieva, pero hasta esa fecha no se originó conflicto alguno y después, o sea a partir del 31 de marzo de 1916, la “Bemal Estates” ce-dió a la Gnánica Céntrale el uso de la servidumbre. No im-porta 'que la escritura de constitución de servidumbres no es-tuviera inscrita en el registro de la propiedad, pues como tam-poco estaba inscrito en el registro el contrato de arrenda-miento a la Mayagüez Sugar Company y de subarrendamiento por ésta a Pedro Nieva, no puede invocar éste el derecho .de tercero para quitar eficacia legal a la servidumbre constituida a favor de la “Bernal Estates.” . .

El artículo 603 preceptivo de que “cuando pertenezca a una persona el dominio directo de una finca y a otra el do-minio útil no podrá establecerse sobre ella servidumbre vo-luntaria perpetua sin el consentimiento de ambos dueños”, cuyo artículo invoca la parte apelante contra la servidumbre constituida a favor de la “Bernal Estates]” no es de' aplica-ción al presente caso en que no se trata de dominio directo' dé una finca a favor de una persona y de dominio útil a favor de otra sino simplemente de derecho personal de arrenda-miento o subarrendamiento, no siendo perpetua sino temporal la servidumbre de que se trata. Además, cuando Green arrendó a la Mayagüez Sugar Company en 1915 ya la - ser-vidumbre estaba constituida a favor de la “Bernal.Estates” desde 14 de diciembre de 1912. ■ .

Opinamos, pues, que las estipulaciones acordadas por él documento privado de julio 19, 1912, sólo podían tener efecto hasta el 31 de marzo de 1916 en que terminó el contrato do arrendamiento o subarrendamiento que Nieva tenía sobre dichos terrenos, y qne si bien la Mayagüez Sugar Company por escritura de 5 de enero de 1917 subarrendó a Nieva los terrenos que le habían sido arrendados por escritura pública de 4 de agosto de 1915 ese nuevo contrato de arrendamiento no puede considerarse como una continuación del primitivo contrato de subarrendamiento a la cual pueda acogerse el de-mandante para sostener que el contrato privado de julio 19, 1912, había de terminar en 31 de marzo de 1921 y no en 31 de marzo de 1916.

En el juicio fueron tomadas varias excepciones por la parte, apelante, de las cuales nos ocupamos a continuación.

Al celebrarse el juicio se permitió cierta enmienda, a la contestación de la parte demandada en el sentido de que “so-lamente había utilizado la vía hasta junio 30, 1917 y no des-pués de esa fecha” cuando antes había admitido que continuó utilizando la vía por concesión de la Bernal Estates ’ ’ que tenía derecho de servidumbre constituido por G-reen. Esa enmienda no causó perjuicio al demandante pues la corte al admitirla concedió expresamente al demandante cualquier oportunidad para presentar cualquiera evidencia que tuviera en contra de dicha alegación, a parte de que aun probando el deman-dante que la Gfuánica Céntrale usara la servidumbre después de la fecha indicada esa circunstancia en nada cambiaría los términos del problema jurídico planteado.

La parte demandante presentó una moción eliminatoria de alegaciones de la contestación de la parte demandada en que negaba alegaciones de la parte demandante por falta de información o creencia suficiente para afirmar o negar. La negativa en esa forma está autorizada por el artículo 110, No. 2°., del Código de Enjuiciamiento Civil y la moción eli-minatoria estuvo, por tanto, bien denegada. También soli-citó la parte demandante la eliminación de la aleg’ación de la parte demandada relativa a que estaba usando la servi-dnmbre de vía por concesión de Green a la “Bernal Estate” y por permiso de ésta a la “Guánica Céntrale.” Esa alegación era nna buena defensa y cabía dentro del precepto del ar-tículo 114 del Código de Enjuiciamiento Civil que permite al demandado deducir en su contestación todas las alegaciones en contrario y reconvenciones que tuviere. Hay otras excep-ciones tomadas por el demandante contra la admisión de al-gunas de las pruebas de la parte demandada, pero juzgamos innecesario someterlas a nuestro examen porque algunas de las pruebas se relacionan cón alegaciones de la demandada que no han sido eliminadas, siendo por tanto pertinentes, y otras no han cansado perjuicio alguno a la parte demandante.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada> la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Colón, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas denegando la inscripción de un expe-diente posesorio.
    No. 420.
    Resuelto en junio 27, 1919.
    Expediente Posesorio — Pago de Contribuciones —Adquisición Reciente. —• Cuando el promovente adquirió el inmueble objeto del expediente posesorio unos 13 días antes de su promoción, es de aplicación el apartado 2º. de la regla 4“. del artículo 391 de la Ley Hipotecaria que exime de la presenta-ción del recibo de pago de contribuciones y sólo exige que se dé conocimiento del expediente a la persona de quien proceda el inmueble, cuyo precepto ha tenido en este caso debido cumplimiento.
    Id. — Raspaduras no Salvadas en la Expresión de Hechas — Sus Efectos. — Las meras alteraciones o raspaduras en las fechas de las declaraciones de los testigos o de la resolución final, aunque no hayan sido salvadas, nó vician por sí solas de nulidad las actuaciones, a menos que se demuestre que al hacer-las se haya procedido con intención maliciosa o a espaldas de la autoridad judicial.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del recurrente: Sr. Rafael Arce.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez Lasserre, no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por resolución de 15 de abril de 1919 la Corte Municipal de Caguas aprobó información posesoria de una finca rústica de 7 cuerdas radicada en el barrio de Cagüitas, de Aguas Buenas, que había promovido Joaquín Colón, y ordenó su inscripción en el registro de la propiedad.

Presentado el expediente posesorio al Registrador de la Propiedad de Caguas para que se llevara a efecto la ins-cripción ordenada, el registrador, según nota de 25 de abril citado, la denegó por las razones siguientes:

' “Porque en este caso no se ha cumplido con lo que dispone la regla 4ª. del artículo 391 de la Ley Hipotecaria, toda vez que de las certificaciones obrantes en dicho documento se infiere que pagan la contribución a título de dueños y por fincas de mayor cabida que la que es objeto del expediente, personas distintas del promovente y de la que éste hubo el inmueble, adoleciendo, por tanto, el documento de una falta que impide su inscripción, y porque en el referido expe-diente resultan alteradas las fechas de las declaraciones de los tes-tigos y' raspada la de la resolución final, sin que hayan sido salvadas tales enmiendas y raspadura en forma legal por el secretario de la corte municipal * *

Esa nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto.

En el escrito inicial del expediente que lleva fecha 23 de noviembre de 1917, expresó Joaquín Colón que había adqui-rido la finca de 7 cuerdas que describe por título de compra-venta de los esposos Patricio del Valle Vázquez y Francisca González Flores en 10 de noviembre de dicho año, habiendo adquirido Patricio del Valle Vázquez 6 cuerdas de dicha finca por compra a Joaquín Cotto én 19 de agosto de 1916 y la otra cuerda por compra a Marcelina Vázquez Bruno en 15 de febrero de 1917.

A su solicitud acompañó.el peticionario dos certificaciones del Tesorero de Puerto Eico, una de ellas expresiva de que en el reparto de contribuciones sobre la propiedad corres-pondiente al municipio de Aguas Buenas, año económico 1917-18, aparece como contribuyente Marcelina Vázquez Bruno por una propiedad radicada en el barrio Cagüitas de dicho municipio, consistente en una finca rústica de 14 cuer-das de terreno y una casa; y la otra certificación muestra que en el propio reparto de contribuciones y también en el año económico de 1917-18 aparece como contribuyente Joa-quín Cotto Rodríguez por-una finca rústica de 6 cuerdas de terreno y un bohío radicados igualmente en el mencionado barrio Cagüitas.

Las anteriores certificaciones no muestran que el recu-rrente Joaquín Colón pagara contribución por la finca rús-tica de 7 cuerdas a que se refiere el expediente. Pero es que Colón adquirió dicha finca de los esposos Patricio del Valle Vázquez y Francisca González Flores en 10 de noviem-bre de 1917, o sea 13 días antes de la promoción del expe-diente y, por tanto, le era aplicable el apartado 2°. de la regla 4ª. del artículo 391 de la Ley Hipotecaria, cuyo apartado or-dena que “si no se hubiere pagado ningún trimestre de con-tribución por ser su adquisición reciente, se dará conocimiento del expediente a la persona de quien proceda el inmueble o a sus herederos, a fin de que manifiesten si tienen algo que oponer a su inscripción.” Ese conocimiento se dió no sólo a los consortes Patricio del Valle Vázquez y Francisca Gon-zález Flores sino también a los causantes de éstos, Marce-lina Vázquez Bruno y Joaquín Cotto Rodríguez, pues todos ellos, fueron citados para la instrucción del expediente. El precepto legal transcrito quedó .superabundantemente cum-plido.

T tampoco necesitaba Colón expresar en el escrito inicial del expediente las personas de quienes hubieron la finca sus inmediatos causantes Patricio del Valle Vázquez y Francisca González Flores, pues la regia 1ª. del artículo citado en su No. 3 sólo exije que el interesado promovente de la información exprese el nombre y apellido de la persona de quien se haya adquirido el inmueble y no de otras personas. Las certificaciones producidas holgaban en el expediente.

El segundo defecto apuntado por el registrador no im-pide la inscripción, pues las alteraciones en las fechas de las declaraciones de los testigos y la raspadura de la resolución final, aunque no hayan sido salvadas, no vician por sí solas de nulidad dichas actuaciones, ya que no hay la más ligera indicación de que al hacerlas se haya procedido con inten-ción maliciosa o a espaldas de la autoridad judicial. Aun más, por lo que toca a la raspadura del mes de la fecha de la resolución final, 15 de abril de 1919, es de notar que en esa misma fecha y por nota manuscrita canceló el secretario el sello de $3 adherido a la misma en pago de los derechos arancelarios.

Es de revocarse la nota recurrida.

Revocada, la nota, recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Sánchez, Demandante y Apelante v. Atlas Commercial Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en procedimiento sobre indemnización. Traslado de la causa.
    No. 2032.
    Resúelto en junio 27, 1919.
    Moción de Traslado — Cambio del Lugar del Juicio por Conveniencia de los Testigos — Derecho del Demandado a Ser Juzgado en el Distrito en que Vive. — Cuando un demandante funda su moción para el cambio del lugar del juicio en la conveniencia de los testigos deberá suministrar a la corte hechos tales, que demuestren que el interés de la justicia requiere que se verifique dicho traslado. Generalmente no es suficiente con repetir me-ramente en el affidavit para el traslado las alegaciones de la demanda. Y cuando los affidavits del demandado son terminantes y en ellos se diee que los hechos del accidente son mejor conocidos de los testigos que residen en el lugar en que la acción fué establecida, el promovente, demandante, no ha vencido el derecho del demandado a ser juzgado en el distrito en que vive y donde la acción fué establecida.
    Moción de Traslado — Affidavits Contradictorios — Discreción Judicial. — En los casos de affidavits contradictorios la corte de apelación por lo general no intervendiá con la discreción ejercitada por la corte inferior.
    Traslado del Pleito — Pobreza del Demandante y sus Testigos. — El hecho de ser muy pobres de recursos el demandante y sus testigos no justifica por sí solo el traslado del pleito.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogado de la apelada: Sr. Henry G. Molina.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal. Cuando un demandante funda su moción para el cambio del lugar del juicio en la conveniencia de los testigos deberá suministrar a la corte hechos tales que demuestren que el interés de la justicia requiere que se verifique dicho tras-lado. Generalmente no es suficiente con repetir meramente en el affidavit para el traslado las alegaciones de la demanda.

Cuando los affidavits del demandado son terminantes y en ellos se dice que los hechos del accidente son mejor cono-cidos de los testigos que residen en el lugar en que la acción fué establecida, el promovente, demandante, no ha vencido el derecho del demandado a ser juzgado en el distrito en que vive y donde la acción fué establecida.

En los casos de affidavits contradictorios la corte de ape-lación por lo general no intervendrá con la discreción ejer-citada por la corte inferior. Pascoe v. Baker, 158 Cal. 232.

.El hecho de ser el demandante y sus testigos muy pobres sólo sería una circunstancia que habría de tomar en consi-deración el juzgador pero que por sí misma ni en unión de los demás hechos del caso justifica el traslado de la causa.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y HutcMson.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado v. Mercado, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por hurto menor.
    No. 1400.
    Resuelto en junio 27, 1919.
    Sobreseimiento del Proceso — Apelación — Sentencias Criminales Apeladas para Ante Cortes de Distrito. — En' el presente caso la sentencia de la corte municipal fué -apelada a la corte de distrito y el acusado sometido a juicio dentro de los ciento veinte días siguientes a la radicación de la trans-cripción pero después de ciento veinte días a partir del archivo de la ape-lación. Bevisada en apelación la resolución de la corte de distrito negán-dose a ordenar el sobreseimiento de la cansa, se resolvió: que el punto de partida al computar el término de ciento veinte días a que so refiere el ar-tículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal es la fecha de la radica-ción del transcript en la corte de distrito y no la del archivo del escrito de apelación en la corte municipal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Leopoldo Tormes.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal del Supremo.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal. El artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal por sus términos confiere al acusado en la corte de distrito el derecho al sobreseimiento del proceso si el juicio no se celebra dentro de ciento veinte días después de presentada la acusación. Hemos resuelto en el caso de Ochoa v. Manzano, 24 D. P. R. 786, que este término es aplicable a los jui-cios en las cortes municipales. Esta fué una apelación contra sentencia de una corte municipal y el acusado fué some-tido a juicio dentro de los ciento veinte días siguientes a la radicación de la transcripción en la corte de distrito. Nos vemos obligados a sostener que el punto de partida al com-putar el término es la -fecha de la radicación en la corte de distrito y no aquella en qne se interpone la apelación. La radicación de la transcripción es el único acto equivalente a la presentación de la acusación si liemos de atenernos a lo dispuesto en el artículo 448. No queremos decir qne nn apelante no deba jamás tratar de obtener nn sobreseimiento basado en qne no se ha seguido adelante con el proceso hasta después de haber transcurrido ciento veinte días de la fecha de la radicación de la transcripción, pero entonces tiene qne acreditar hechos más inertes qne los acreditados en este caso. El acusado tiene entonces la obligación de demostrar qne la demora no fné justificada. Ex parte Turner, 26 Tex. 708, 84 A. D. 598; El Pueblo v. Díaz, 5 D. P. R. 202; El Pueblo v. Falcastro, 17 D. P. R. 96. Los demás errores qne han sido alegados por el apelante no parece que fueran promovidos en la corte inferior y no son jurisdiccionales o fundamen-tales.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado v. Mercado, Acusado y Apelante.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de Poncé en causas por delitos de hurto menor.
    Nos. 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409 y 1410.
    Resueltos en junio 27, 1919, por los fundamentos del caso No. 1400, El Pueblo v. Mercado, de junio 27, 1919, (pág. 568).
    Abogado del apelante: Sr. Leopoldo Tormos.

    Abogado del pueblo: Sr. José E. Pignoras, Fiscal.'

   Confirmadas las sentencias apeladas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Sucesión de Tomás Quiñones, Demandante y Apelante, v. Ana María Sugar Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre restitución.
    No. 1944.
    Resuelto en junio 28, 1919.
    Mandato Expedido por la Corte de Circuito de Apelaciones — Jurisdicción.— De acuerdo con la regla 32 del reglamento de las Cortes de Circuito de Ape-laciones de los Estados Unidos y con la jurisprudencia, el oficio del mandato (mandate) es comunicar la decisión e instrucciones de la Corte de Apela-ción a la corte inferior y una vez radieado en diclia corte inferior vuelve ésta a investirse de jurisdicción.
    Sentencia- — Fianza en Apelación (Supersedeas Bond) — Devolución del Man-dato (Recall) — -Restitución de lo Recibido en Pago de Sentencia. — El cumplimiento de la sentencia verificado en virtud del mandato de la Corte de Circuito de Apelaciones surte el efecto de cancelar la fianza (supersedeas 'bond,') tanto en cuanto al deudor principal como a los fiadores; y si después de cumplida la sentencia el mandato es reclamado (recalled) por la corte de circuito que lo expidió originalmente, tal recall no surte el efecto de un nuevo supersedeas ni puede darle vida al supersedeas que ya había quedado sin ella por el cumplimiento de la sentencia. De acuerdo, pues, con la anterior doctrina, es errónea la resolución de la Corte de Mayagüez que a virtud del recall del mandato expedido por la corte de circuito, pero re-cibido, cuando estaba cumplida la sentencia a virtud de orden de ejecución, ordena que los demandantes apelantes depositen el importe de la sentencia ya satisfecha.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abog’ado de la demandante-apelante; Sr. Francisco Soto Gras.

    Abogados de la demandada y apelada: Sres. Feliú & Ale-mañy.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

. La orden apelada por la Sucesión de Tomás Quiñones en el caso arriba expresado, que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez en 19 de noviembre de 1918, contiene todos los hechos concernientes al recurso y dice así:

“Orden. — Con fecha 22 de agosto de 1918 se radicó en este caso un mandato d!e la Corte de Circuito de los Estados Unidos en el caso No. 1388, del título arriba indicado, de fecha 7 de agosto de 1918, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la demandada, de la sentencia dictada en este caso por el Tribunal Supremo de Puerto Rico condenando a dicha demandada a pagar la suma de $6,173.24, intereses legales y costas; habiéndose ordenado la ejecu-ción de dicha sentencia por esta corte con fecha 23 del propio mes y año. En 10 de septiembre el demandante solicitó y obtuvo del secretario la expedición de un mandamiento de ejecución dirigido al marshal de esta corte, en cuyo cumplimiento con fecha 12 de sep-tiembre de 1918 recobró de la demandada la suma de siete mil seis-cientos sesenta y tres dollars, sesenta y seis centavos ($7,663.66),' importe de la ejecución. En 21 de septiembre del propio año se radicó copia de una resolución de la Corte Suprema de Puerto Rico, acompañando un mandato de la citada Corte de Circuito de Apela-ciones de fecha 12 de septiembre de 1918 ordenando la devolución de su primer mandato de 7 de agosto de 1918 hasta que otra cosa se ordenara por dicho Tribunal de Apelaciones. En 21 de septiem-bre la demandada radicó una moción solicitando el reintegro de la suma satisfecha, porque cuando se hizo efectiva la sentencia por el márshal de esta corte no tenía poder ni facultad para diligenciar el mandamiento de ejecución, toda vez que con la misma fecha de dicha ejecución se había dejado sin efecto el primer mandato de la expre-sada Corte de Circuito en cuya virtud se había efectuado la suso-dicha ejecución.
“En 3 de octubre de 1918, se celebró la vista de la moción de la demandada con asistencia de los abogados de la demandada Sres. Feliú & Alemañy sin que comparecieran los del demandante, quienes se opusieron por medio de brief, reservándose la corte su resolución hasta hoy 19 de noviembre de 1918, en que declara con lugar la moción de la demandada y decreta y ordena que se proceda por los herederos del demandante, a depositar en esta corte, dentro del tér-mino de cinco días, contados desde la fecha de la notificación de esta orden, la suma de $7,663.66 importe cobrado de la ejecución de la sentencia. Líbrese por el secretario mandamiento al márshal para la notificación de esta orden a los interesados,”

Alega la parte apelante que la orden apelada es errónea entre otros motivos “porque una vez dictada sentencia por la Corte de Circuito y comunicada por el mandato a esta Corte Suprema y a la inferior de distrito, la suspensión de la ejecución de la sentencia deja de tener eficiencia, y la simple retirada y devolución del mandato no opera de por sí la suspensión de la ejecución.”

La orden de la Corte de Circuito de Boston librada en 12 de septiembre de 1918 reza como signe:

“It is ordered that the mandate issued herein, August 7, 1918, to the Supreme Court of Porto Rico he, and the same hereby is, recalled until otherwise ordered.”

El alcance de la orden transcrita no puede ser otro que el que- su texto expresa, a saber, la devolución a su origen del mandato expedido en 7 de agosto de 1918 basta que otra cosa se disponga. En virtud de ella sólo procedía la devo-lución del mandato en el estado que tuviera; pero habién-dose cumplimentado dicho mandato y ejecutado en virtud del mismo la sentencia pronunciada por la Corte de Boston, ¿procedía dejar sin efecto el pago ya hecho por la parte de-mandada? Nuestra contestación es negativa.

Al resolver en 28 de febrero de 1919 recurso de certiorari de Martinez v. Crosas, en que se sostenía por el peticionario que al interponerse recurso de apelación de esta corte para ante la Corte de Circuito de Apelaciones y remitirse los autos a dicha corte se transfería la jurisdicción a la última, dijimos que “aunque tal proposición es cierta por lo general, no podía sostenerse en el sentido que se pretendía por el pe-ticionario, o sea, en el de proceder la suspensión de la sen-tencia, pues en apelación contra sentencia de esta corte, la fianza, para que pueda surtir efectos de supersedeas deberá proveer para responder tanto de los daños y perjuicios como de las costas. Foster’s Fed. Prac. 3, p. 2482, sec. 703; 3 C. J. 1273, 1294, 1296; 2 R. C. L. 117, 122, 124; Taylor, Jurisdiction & Procedure of the U. S. Sup. Ct., 214; Ann. Cases, 192 A 259; Covington Stock Yards v. Keith, 121 U. S. 248. La fianza así prestada y aprobada surte los efectos de super-sedeas o de suspensión de la sentencia.

En el.presente caso la sentencia de la Corte de. Circuito de'Boston, fué ejecutada en virtud de mandato comunicado por dicha corte de circuito a esta Corte Suprema, la que a su vez lo comunicó para su cumplimiento a la Corte de Distrito ele Mayagüez;, cuya corte actuó procediendo al cobro de la cantidad a cuyo pago babía sido condenada la Ana Ma-ría Sugar Company cuando aun no tenía noticia alguna del recall de la Corte de Circuito, o sea de la revocación del man-dato, obrando, por tanto, con plenitud de jurisdicción, pues el oficio del mandato es comunicar la decisión e instrucciones-de la corte de apelación, a la corte inferior, y' una vez radi-cado en dicha corte ésta vuelve a investirse de jurisdicción. 4 C. J. 1208, Sec. 3255. Regla 32, Cortes de Circuito.

Ejecutada la sentencia y verificado el pago de la cantidad adeudada por la Ana María Sugar Company, tanto esa cor-poración como los fiadores quedaron relevados de la respon-sabilidad contraída bajo la fianza que garantizaba diebo pago, pues la satisfacción legal de la sentencia tiene el efecto de cancelar la fianza tanto en cuanto al deudor principal como respecto de los fiadores. 4 C. J. 1281, sec. 3375.

A virtud del recall, revocación del mandato, la Corte de Circuito de Boston readquirió la jurisdicción que sobre el caso había perdido al expedir el mandato (4 C. J. 1244, sec. 3309), pero el recall no tuvo efecto de un nuevo supersedeas ni pudo darle vida al supersedeas que ya había quedado, sin ella por la ejecución de la sentencia y pago de. la deuda.

El anterior principio ha sido infringido por la Corte de Distrito de Mayagüez ai dictar la orden recurrida en que ordena se proceda por los herederos del demandante a depo-sitar dentro del término de cinco días el importe cobrado de la ejecución de la sentencia, pues así se reconoce a la deman-dada Ana María Sugar Company un privilegio que la ley no le otorga, o sea el de que la Corte de Circuito de Boston siga conociendo dél recurso ele apelación sin prestación de fianza por daños y perjuicios, quedando en suspenso la eje-cución de la sentencia, suspensión que sólo procede mediante supprsedeas bond, y dando al recall el efecto de supersedeas que según hemos dicho no puede producir.

A nuestro juicio la situación legal creada en este .caso para la parte apelante, Ana María Sugar Company, después del pago de la sentencia, es análoga a la de una parte cualquiera que condenada al pago de una cantidad presenta recurso de apelación contra la sentencia para ante la Corte de Circuito de Boston dentro del término legal, pero cuando ya lia sido, ejecutada la sentencia por no haber solicitado en tiempo de-bido supersedeas mediante prestación de fianza suficiente para responder de daños y perjuicios y costas. Dadas las circuns-tancias del caso en que ya no bay fianza de supersedeas, la demandada Ana María Sugar Company no tiene más reme-dio que esperar a que se revoque la sentencia a fin de obtener entonces un mandamiento de restitución. Un supersedeas suspende los procedimientos únicamente desde que se archiva la fianza, e impide ulteriores procedimientos con relación a una ejecución que ha sido ya ordenada, pero para nada in-fluye contra lo que ya ha sido hecho. Boise County v. Gorman, 19 Wall. 661, 22 L. ed. 226. Taylor, Jur. & Prac. U. S. Sup. Court. 217.

Es de revocarse la orden apelada.

Revocada, la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.