text:
    Joaquín Vendrell, peticionario y apelado, v. La Corte Municipal de San Juan, Sección Primera, Hon. M. Gaetán Barbosa, Juez, demandada y apelada; y Ernesto Fernando Schlüter, interventor y apelante.
    No. 6895.

      Sometido: Febrero 5, 1935.

      Resuelto: Febrero 21, 1935.

      L. Freyre Barbosa j A. Rivas, abogados del apelante; R. Rivera Zayas, J. Telilla j P. Andino, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito, mediante certiorari, anuló la notifi-cación del emplazamiento y los procedimientos ulteriores en una acción de desahucio instituida ante la corte municipal. La notificación había sido hecha por una persona particular, mayor de 21 años de edad, de conformidad con las disposi-ciones del artículo 92 del Código de Enjuiciamiento Civil que autoriza el diligenciamiento de la citación “por el márslial del distrito donde se encontrare el demandado, o por cual-quiera otra persona, mayor de 18 años, que no fuere parte en la acción.”

Las secciones '4 y 5 de la ley estableciendo el procedi-miento para el desahucio (Estatutos Revisados de 1911, sec-ciones 1628-29) leen como sigue:

“Sección 4. — Se promoverá el juicio por medio de demanda re-dactada conforme a lo prescrito para el juicio ordinario en el Código de Enjuiciamiento Civil, y presentada aquélla, se mandará convocar al actor y al demandado par una comparecencia que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes al en que se presente la reclamación.
“Sección 5. — Si no se encontrase el demandado en el lugar del juicio o no tuviere en él su domicilio se entenderá la citación con la persona que en cualquier forma estuviere encargada en su nombre del cuidado de la finca en dicho lugar.
“Al citarse al demandado se le apercibirá de que no compare-ciendo por sí o legítimo apoderado se decretará el desahucio sin más citarlo ni oírlo.”

Es natural que el juez de distrito bailara alguna analogía con el caso de González Martínez v. Registrador de la Propiedad, 39 D.P.R. 835, seguido por esta corte, en el de Pontón v. Sucrs. de Huertas González, 42 D.P.R. 529. La analogía es “un buen empleado pero un mal patrono.” Existe notoria diferencia entre la citación en un procedimiento de desahucio y el requerimiento de pago en un procedimiento ejecutivo sumario. La una es un paso inicial en un procedi-miento contencioso y el otro un paso preliminar a la ejecu-ción de una sentencia ya dictada, en un procedimiento que no sólo es sumario sino que está sujeto a ciertas excepciones y limitaciones insignificantes, ex parte.

En González Martínez v. Registrador, supra, este tribunal interpretaba la Ley Hipotecaria desde el punto de vista de la bien conocida regla de que debido a su naturaleza ex parte y sumaria en extremo, el procedimiento prescrito en la misma debía ser rigurosamente observado. El procedimiento de de-sahueio, por otra parte, aunque algo sumario en algunos res-pectos, es en su mayor parte muy similar a un recurso ordi-nario. Al igual que sucede en un recurso ordinario, bastará que se cumpla substancialmente con los requisitos relativos a la notificación del emplazamiento. Véase López v. Meléndez, 22 D.P.R. 156.

El párrafo final del artículo 171 del Eeglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria dispone expresamente que en ciertas circunstancias “el juez mandará, a la vez que el requerimiento de pago, que se intente la notificación del auto a,” ciertas personas distintas al deudor hipotecario. Interpretando este mismo párrafo en el caso de Ferrer v. Registrador, 44 D.P.R. 277, este tribunal resolvió, no obstante el dictum en el caso de González y no embargante la regla de que se cumpla estrictamente con todas las disposiciones de la Ley Hipotecaria y su Eeglamento para la ejecución de la misma, que la notificación de tal auto por una persona particular mayor de 18 años, distinta al márshal de la corte de distrito, era una notificación válida. El artículo 4 de la Ley de Desahucio, por sus propios términos por lo menos, no exige que la corte dicte una orden formal como condición pre-via a la expedición del emplazamiento. Aun si no fuere así, la notificación del auto por una persona particular mayor de 18 años de edad en lugar del márshal, de acuerdo con la doc-trina del caso de Ferrer, no invalida el diligenciamiento. Sea ello como fuere, no importa cuál sea la regla'relativa a la notificación del requerimiento de pago en un procedimiento ejecutivo sumario, no estaríamos-dispuestos a extender la doc-trina del caso de González en forma tal que comprenda la notificación del emplazamiento en un desahucio.

El artículo 1570 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Es-pañol que regía anteriormente disponía que:

“La cédula de citación para la comparecencia se extenderá a con-tinuación de la copia de la demanda, que será entregada al deman-dado en la forma prevenida en el artículo 721.”

Este último artículo disponía:

“La citación del demandado para la comparecencia se hará por el Secretario o alguacil del juzgado, entregándole la copia de la pa-peleta de demanda, a continuación de la cual habrá extendido el Secretario la cédula de citación, expresando en ella la fecha de la providencia y el día, hora y local en que deba comparecer, con la prevención de que se seguirá el juicio en su rebeldía si no compa-reciere. ’ ’

Este y otros artículos contenidos en el título XVII del código español de que se tomó nuestra actual Ley de Desahucio fueron omitidos, al ser aprobada al año siguiente a la adopción de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil actual. Esta omisión por parte de la Legislatura Insular, aunque co-metida al aprobarse una ley complementaria al nuevo Código de Enjuiciamiento Civil que se acababa de establecer e in-tentada evidentemente para que incluyera todo el campo que anteriormente había sido abarcado por el título XYII del antiguo código, es demasiado significativa para ser pasada por alto. El interpolar en la nueva Ley de Desahucio los artículos 721 y 1570 de la antigua ley, sin necesidad para ello, equivaldría a legislación judicial No podemos adoptar la teoría del letrado de la .parte apelada de que la sentencia recurrida debe ser sostenida meramente porque los artículos 721 y 1570 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil ex-presamente disponían que la notificación del emplazamiento fuese hecha por el secretario o alguacil del juzgado, no obs-tante la disposición igualmente clara del artículo 92 del nuevo Código de Enjuiciamiento Civil adoptado por la misma Le-gislatura poco antes de aprobarse la nueva ley sobre desa-hucio

La sentencia apelada debe ser revocada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor CiÓrdova Düvila,

license: Public Domain

text:
    R. Ruiz & Co., demandante y apelada, v. Francisco Rivera, demandado y apelante.
    No. 6425.

    Sometido: Febrero 12, 1935.

    Resuelto: Febrero 21, 1935.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; Ángel A. Vázquez, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor CiÓrdova Düvila,

emitió la opinión del tribunal.

En 27 de mayo de 1931, la sociedad mercantil R. Ruiz & Co. radicó demanda en la Corte de Distrito de Arecibo, en cobro de dinero, contra el demandado Francisco Rivera, a quien abrió una cuenta corriente en su establecimiento, donde el demandado compró a la demandante varias partidas de mercaderías que le fueron entregadas por valor de $2,846.14. Se alega en la demanda que el demandado satisfizo la suma de $1,980.95, que la referida cuenta corriente fué liquidada el día 30 de abril de 1928, que dicbo demandado, a quien se en-.vió por correo la liquidación a su residencia en Morovis, la aceptó en una de las frecuentes visitas que hiciera al esta-blecimiento de la demandante, y que de acuerdo con la men-cionada liquidación el demandado queda adeudando a la de-mandante la cantidad de $865.19, siendo la referida deuda líquida y exigible.

Negó el demandado los hechos alegados en la demanda y estableció contra la misma la defensa de cosa juzgada. La corte inferior dictó sentencia condenando al demandado a satisfacer la suma reclamada con sus intereses legales desde el día 27 de mayo de 1931, hasta su pago, más las costas y honorarios de ahogado. El recurso interpuesto se basa en la defensa especial de cosa juzgada, que según el apelante fué desestimada erróneamente por la corte inferior decla-rando que no había sido probada. Eefiriéndose a la cuestión planteada dice el tribunal sentenciador:

“El caso civil número 10928 fué seguido por R. Ruiz & Co. versus Francisco Rivera, en reclamación de la misma cantidad que ahora se cobra por la presente acción. La demanda fué radicada en 8 de mayo de 1929; Francisco Rivera fué emplazado el día 6 de mayo del mismo año; y, no habiendo interpuesto alegación alguna, en 21 de mayo de 1929 se presentó por la actora moción interesando la ano^-tación de su rebeldía y sentencia. El secretario de este tribunal dictó una sentencia en rebeldía el día primero de julio de 1929, la cual fué notificada al demandado el 26 de julio del propio año. En 12 de noviembre de 1931, la demnadante radicó moción solicitando la nulidad de dicha sentencia, por el fundamento de haber sido dic-tada por el secretario, contraviniéndose la doctrina establecida en el caso de Benitez v. Corte de Distrito, 36 D.P.R. 450, y la corte, atendiendo a tan justa demanda, anuló el mismo día la sentencia. Una vez anulado el fallo, la demandante desistió de su acción. De modo que no existe sentencia alguna en el caso 10928, que no sea la de desistimiento. ’ ’

La parte apelante entiende que la sentencia dic-tada en rebeldía es válida y no debió haber sido anulada a solicitud del demandante y sin conocimiento del demandado, sobre todo después de haber establecido la defensa de cosa juzgada. Se arguye que en la demanda anterior se alegó que la cuenta había sido liquidada y que el demandado había, aceptado la liquidación. Así es en efecto, pero el demandado apelante se olvida de que en dicha sentencia se le condenó a satisfacer la suma principal, intereses, costas, gastos y honorarios de abogado. La demandante reclamó estos honora-rios y el secretario dictó sentencia de acuerdo con la súplica de la demanda. En Landwehr v. Gillette, 174 Cal. 654, citado con aprobación por este tribunal en Benítez v. Corte de Distrito, 36 D.P.R. 450, uno de los demandados suscribió un pagaré comprometiéndose a pagar al demandante la suma principal y además la cantidad que la corte pudiese conside-rar razonable como honorarios de abogado en caso de recla-mación judicial. Se alegó en la demanda que la suma de $500 se estimaba razonable como honorarios de abogado en dicho pleito. Los demandados fueron declarados rebeldes y el se-cretario dictó sentencia, condenándolos a satisfacer la suma reclamada, incluyendo $500 para honorarios de abogado. Posteriormente uno de los demandados solicitó la nulidad de la sentencia y la Corte Superior del Condado de Los Ange-les accedió a lo solicitado. En apelación la Corte Suprema de California sostuvo a la corte inferior, por entender que la sentencia dictada por el secretario era nula. En nuestro caso no se convinieron honorarios, pero se reclamaron en la demanda y se condenó al demandado a satisfacerlos, aunque sin especificar su cuantía. Es claro que el secretario actuó sin autoridad en lo que se refiere al pronunciamiento sobre honorarios. La facultad de dicho funcionario para dictar sentencia en rebeldía es puramente ministerial. En el ejer-cicio de esta facultad el secretario debe ajustarse estricta-mente a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil, o de lo contrario la senten-cia dictada será nula. Así lo ha decidido la Corte Suprema de California en el mencionado caso de Landwehr v. Gillette, donde se citan, en apoyo de esta doctrina, varias decisiones del mismo tribunal.

Este es un caso en que ni el secretario ni la corte hubie-sen podido conceder honorarios, porque de acuerdo con el ar-tículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil no pueden concederse honorarios de abogado para ser incluidos en las cos-tas que se impusieren a un demandado que no hubiera radi-cado su comparecencia en una acción o procedimiento. La demandante pidió qne se dejara sin efecto la sentencia, dic-tada por el secretario en exceso de sus atribuciones, y la corte así lo ordenó. Opinamos que el demandado no puede basarse en la referida sentencia para establecer la defensa de cosa juzgada.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    E. Solé & Co., S. en C., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Arecibo, recurrido.
    No. 943.

    Sometido: Enero 28, 1935.

      Resuelto: Febrero 21, 1935.

      Edelmiro Martínez Rivera, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En pleito seguido por E. Solé & Cía., S. en C., contra Félix Mauro Ginorio fué embargado todo el título, derecho e interés que dicho Félix Mauro Ginorio tiene en cierta casa que se describe y está inscrita en el Registro de la Propie-dad de Arecibo. El registrador se negó a anotar ese embargo por aparecer inscrita la casa a favor de Agustín Bros, que es persona distinta del demandado Félix Mauro Ginorio y la embargante interpuso este recurso gubernativo.

El registrador acepta que en esa finca está inscrita una hipoteca constituida a favor de Félix Mauro Ginorio pero dice que el embargo no fué practicado en el derecho de hi-poteca que él tiene inscrito sino en el título de la finca de Agustín Bros.

Como el embargo consistió en el título, derecho e interés ••que Félix Mauro Ginorio tiene en la expresada finca y como .lo que él tiene inscrito en esa finca es un derecho hipotecario, nos parece que el registrador debió anotar ese embargo en lo que el demandado tiene en la finca, que es un derecho de .'hipoteca, porque esto en nada perjudica al dueño de la casa.

La resolución recurrida debe ser revocada y ordenarse la anotación solicitada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Bernabé Irizarry, demandante y apelante, v. Charles E. Miner, demandado y apelado.
    No. 6947.

    Sometido: Febrero 13, 1935.

      Resuelto: Febrero 26, 1935.

      J. Sabater, abogado del apelante; J. Alemañy Sosa, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Por no haber comparecido el demandado en un procedi-miento de injunction para recobrar la posesión fué dictada sentencia contra él sin celebración de juicio y condenado a pagar las costas. Presentó el demandante su memorándum para cobrarlas e incluyó en él una cantidad para los hono-rarios de su abogado. Compareció entonces el demandado a impugnar dicha partida por entender que no está obligado a satisfacerla, y la corte de distrito se negó a conceder canti-dad alguna por tales honorarios al demandante, quien inter-puso este recurso de apelación.

El artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil dis-pone lo siguiente:

“Las partes en acciones o procedimientos, incluyendo El Pueblo* de Puerto Rico, tendrán derecho a las costas y desembolsos, sujeto* a.las reglas que más adelante se prescriben.
“En todos los casos en que se hayan concedido a una parte las-costas en una acción o procedimiento en la corte de distrito, dicha parte, a discreción de la corte de distrito, tendrá derecho a recibir-de la parte vencida, una cantidad que represente el valor de los ser-vicios de su abogado o una parte de dicha cantidad; Disponiéndose,. que nada de lo contenido en esta sección, se entenderá que concede-honorarios de abogado para ser incluidos en las costas que se impu-sieren a un demandado que no hubiere radicado su comparecencia en. una acción o procedimiento; Y disponiéndose.”

El apelante sostiene que ese artículo no tiene aplicación en el procedimiento de injumction para recobrar la posesión, por lo que tiene derecho a recobrar honorarios de abogado. Sin embargo, en el caso de quo warranto de El Pueblo v. López, 30 D.P.R. 259, resolvimos que tal artículo es deaplicación general y que la intención de la Legislatura fuéincluir todos los casos en los cuales no aparece intención contraria. Como tal intención contraria no aparece de la ley de injunction de 1913 para recobrar la posesión, que se limita, a decir en su sección quinta que se impondrán las costas a la parte contra la cual se dicte sentencia, hay que concluir que el artículo 327 copiado es de aplicación al procedimientoque se ejercitó en este caso.

Haciendo, pues, aplicación ahora de ese precepto legal hay que concluir que la condena de costas que fué impuesta al' apelante no comprende honorarios de abogado porque el de-mandado no radicó su comparecencia en el procedimiento.

La resolución apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey^,

text:
    Galo Balzac Faria, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 947.

    Sometido: Febrero 12, 1935.

      Resuelto: Febrero 28, 1935.

      Matías Pórnales Díaz, abogado del recurrente; el regis-trador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Audrey^,

emitió la opinión del tribunal.

Una finca que está afecta basta el año 1940 a un contrato de arrendamiento a favor de Mayagüez Sugar Co., Inc., fué hipotecada por don Mariano Nadal Lngo y su esposa para garantizar a don Galo Balzac Faria el pago de $2,170 que le serán satisfechos en siete plazos anuales, por los cuales sus-cribieron los deudores siete pagarés hipotecarios a la orden del acreedor.

La escritura de, hipoteca contiene la siguiente cláusula:

“Quinta. — Que el compareciente Sr. Nadal y Lugo con el expresa consentimiento de su esposa doña Laura Suris Marini hace cesión por la presente al Sr. Balzac y Faria o- cualquiera de los cesionarios o endosatarios de las siete obligaciones suscritas para que con el objeto de que se satisfaga, el pago correspondiente de las obligaciones emi-tidas, cobre en las oficinas de la corporación Mayagüez Sugar O o. los cánones correspondientes al contrato de arrendamiento mencionado,, que deben ser pagaderos en las mismas fechas en que vencen los plazos estipulados y expresados en la cláusula primera de este con-trato y que a dichos efectos autorizan al notario fedante para que notifique al administrador de dicha corporación de la cesión de los. cánones que esta cláusula expresa, aclarándose que los cánones ante-riores al 4 de julio de 1935 no aparecen aquí cedidos porque el Sr. Nadal y Lugo ya había dispuesto de ellos, el uno por adelanto que la. misma arrendataria le hiciera y el otro por cesión que hizo a doña Irene Bagés de Sabater.”

El Registrador de la Propiedad de Mayagüez inscribió la hipoteca. Después le fué presentada nuevamente la escritura con solicitud del acreedor de que rectificase la inscripción de la hipoteca para que relacione el contenido de la expresada cláusula quinta porque contiene la forma de pago convenida, mediante la cesión de los cánones de arrendamiento- que de-berá pagar Mayagüez Sugar Co., Inc. y no una simple cesión de cánones de arrendamiento. Un registrador sustituto puso al pie de la escritura lo que sigue: “Devuelto el documento que precede, que es una copia de la escritura de hipoteca nú-mero 5 otorgada en San Germán a 24 de octubre último ante el notario José Angel Suris Agraít, con vista de un escrito suscrito por el propio notario en San Germán a 3 de diciem-bre actual, en el que se solicita del Sr. Registrador se sirva rectificar la inscripción de la referida hipoteca, practicada del modo que resulta de la nota puesta al calce de dicho documento, por aparecer de tal inscripción que en el registro se cometió error al no consignar el contenido. de la cláusula quinta del referido documento de hipoteca, sin practicarse operación alguna por cuanto dicha cláusula se refiere a una cesión de cánones de arrendamiento que no es inscribible de acuerdo con la ley; y, en el supuesto de que tal cláusula cons-tituyese una forma de pago en el contrato de hipoteca ins-crito, ello es una‘condición personal para ser practicada por el abogado fedante, según ha sido autorizada en la propia cláusula, toda vez que la arrendataria Mayagüez Sugar Co., no concurre en el documento para hacerse solidaria de tal condición de pago.” Por esto interpuso el acreedor Balzac este recurso gubernativo en el que el registrador no ha pre-sentado alegato.

El recurrente nos pide que ordenemos al registrador la rectificación del asiento de la inscripción de la hipoteca.

Lo expuesto demuestra que no es procedente en este caso el recurso gubernativo, interpuesto porque la ley de 1 de marzo de 1902 (Estatutos Revisados 2180) lo autoriza cuando el registrador deniegue o suspenda alguna, inscripción, ano-tación o cancelación, lo qne no lia ocurrido en este caso pnes el registrador inscribió la hipoteca constituida a favor del Sr. Balzac, quien sólo pide que se rectifique la inscripción que hizo el registrador a fin de que relacione en la misma la cláu-sula quinta citada, lo que constituiría una rectificación por error de concepto de un asiento hecho en el registro, por ha-ber sido omitida en la inscripción de la hipoteca cierta cláu-sula que el acreedor considera debe ser incluida en ella, y que el registrador estima que no debe figurar en la inscripción de la hipoteca.

El artículo 256 de la Ley Hipotecaria dice que los errores de concepto cometidos en inscripciones, anotaciones o cance-laciones, o en otros asientos referentes a ellas, cuando no re-sultan claramente de las mismas, no se rectificarán sin el acuerdo unánime de todos los interesados y del registrador o una providencia judicial que lo ordene. Según la resolu-ción de la Dirección General de los Registros de España de 6 de marzo de 1883, no procede el recurso gubernativo contra la negativa del registrador a rectificar un asiento sino el juicio ordinario.

Por lo expuesto no ha lugar a resolver el presente recurso.


author: El Juez Asociado Señoe Aldeey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Ma Brunet, José Rubio, Jr., y Virgilio Colón, acusados y apelantes.
    No. 5480.

    Sometido: Enero 29, 1935.

      Resuelto: Febrero 28, 1935.

      Felipe Colón Díaz, abogado de los apelantes; B. A. Gómez, Fiscal j Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Cinco personas fueron denunciadas por infracción del ar-tículo 137 del Código Penal. La Corte de Distrito de Ponce condenó a dos de ellas a pagar $10 de multa y 30 días de cár-cel y a otra a $5 de multa y 5 días de cárcel.

En la apelación que contra la sentencia interpusieron los que fueron condenados alegan que debe ser revocada porque 3a Corte de Distrito de Ponce no tenía jurisdicción para co-nocer de esa denuncia en grado de apelación porque la Corte Municipal de Juana Díaz no la tuvo para conocer de los he-chos denunciados por ser constitutivos de un delito grave (felony).

El fiscal de este tribunal está conforme con esa alegación de los apelantes y nos pide también que revoquemos la sen-tencia.

La denuncia fue presentada por un guardia de la Policía Insular y en ella se expone que en determinada fecha y en el pueblo de Juana Díaz, que forma parte de la corte municipal de ese nombre, los denunciados, a sabiendas de que era y es un funcionario público de la Policía Insular de Puerto Eico debidamente uniformado, mientras en el cumplimiento de las obligaciones de su cargo, en unión de otro policía, se disponían a arrestar a cierta persona por un delito público de alteración de la paz, le resistieron, lo demoraron y lo estorbaron en el cumplimiento de las obligaciones de su cargo haciendo uso de fuerza y violencia, agarrándolo tres de ellos fuertemente por los brazos, despojándolo del roten, de la gorra y del revólver, y agarrando los otros dos al otro guar-dia por los brazos y el pelo fuertemente, despojándolo tam-bién de la macana.

El artículo 137 del Código Penal castiga con cárcel por nn término máximo de un año y multa máxima de $5,000, siempre que no hubiere otra pena señalada, a toda persona que voluntariamente resistiere, demorare o estorbare a cual-quier funcionario público en el cumplimiento de alguna de las obligaciones de su cargo, o al tratar de cumplirla. Y el .artículo 84 del mismo código dispone que toda persona que intentare por medio de amenaza o violencia disuadir o im-pedir a un funcionario ejecutivo que cumpla cualquiera obli-gación impuéstale por la ley, o que a sabiendas ofreciere re-sistencia a dicho funcionario en el cumplimiento de su deber, empleando viva fuerza o violencia, incurrirá en una multa máxima de cinco mil dólares y en pena de presidio por un término máximo de cinco años. El delito definido y casti-gado en el artículo 84 es grave (felony) por la pena señalada para él.

La diferencia entre esos dos delitos es que en el casti-gado en el artículo 137 basta la sola resistencia, demora o estorbo a un funcionario público en el cumplimiento de al-guna de las obligaciones de su cargo o al tratar de cumplirla, mientras que esos mismos actos son penables como delito grave de acuerdo con el artículo 84 cuando se usa la ame-naza o violencia para disuadir o impedir que un funcionario ejecutivo cumpla cualquiera obligación impuéstale por la ley. Así ha sido resuelto por este tribunal. El Pueblo v. Ramos, 13 D.P.R. 336 y El Pueblo v. Lind, 40 D.P.R. 777.

La sentencia apelada debe ser revocada y absolverse a los apelantes del delito de infracción al artículo 137 del Código Penal.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Andrés Pol Serrano y su esposa Zulema Rodríguez, demandantes y apelantes, v. Matías Suau Ballester, sustituído por su tutor Bernardo Juan Ballester, demandado y apelado.
    No. 6302.

    Sometido: Abril 18, 1934.

      Resuelto: Febrero 28, 1935.

      Leopoldo Mercader, abogado de los apelantes; José D. Rodríguez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Andrés Pol Serrano y Zulema Rodríguez, marido y mu-jer, iniciaron un procedimiento sobre inexistencia de contrato. Este último fue otorgado ante un notario el día Io. de mayo de 1931 y su objetivo era la venta por parte de los deman-dantes al demandado, Matías Suau Ballester, de 229.22 cuer-das de terrenos rústicos situados en Lares. Los demandan-tes calcularon el valor del terreno en $40,000 y alegaron en la demanda con algunos detalles que nunca habían celebrado contrato alguno o en forma alguna con el demandado ten-dente a enajenar dicha finca; que no existía cansa en la es-critura y qne en realidad ninguna pasó; que los demandan-tes se hallaban en posesión de dicha finca y que el título a la misma seguía en poder de ellos. Luego de contestarse y de celebrarse el juicio la corte de distrito dictó sentencia en favor del demandado con fecha 21 de marzo de 1932.

Mientras apreciaba el conflicto de la prueba, la corte fundó su opinión en el hecho de que en consideración del traspaso el demandado convino en hacer varias cosas, entre ellas, asu-mir una hipoteca de $17,614.88, garantizada con la finca, pa-gar las contribuciones, pagar ciertas sumas que como jorna-les se adeudaban a obreros y asumir una deuda de $500 que Andrés Pol Serrano tenía con Enrique Pol. Al apreciar la prueba la corte halló que la preponderancia de ésta era re-saltante en favor de Matías Suau; que los testigos de los demandantes eran miembros de la familia, o sea, la esposa, su hijo y su hijo político. La corte comentó la ausencia de Andrés Pol Serrano como testigo, siendo él dueño (sic) de la finca; que los testigos de los demandantes se contradije-ron unos a otros. La conclusión a que se llegó fue que me-dió causa buena y suficiente y que no hubo simulación, fraude o irregularidad.

En la escritura se hace constar que el demandado adquiere la finca por la suma de $20,000, que es el importe de las cargas que pesan sobre la propiedad, y por tanto de su faz se desprende una causa (consideration) buena y definitiva.

El primer señalamiento de error lee como sigue:

“1. Al declarar que se concertó contrato de compraventa me-diante el cual los demandantes prestaron válidamente su consenti-miento para traspasar a Matías Suau Ballester las 229.22 cuerdas.”

Hallamos que esto envuelve la apreciación de la prueba y nos reservamos discutir la cuestión.

Los señalamientos segundo y tercero leen como sigue:

"2. Al decidir que el aludido traspaso contenía una causa válida ya que, según la corte, hubo precio cierto y suficiente de acuerdo con el Código Civil, aunque la escritura No. 18 de Io. de mayo de 1931 ante el notario Esteves no la expresara en absoluto.
“3. Al concluir que el demandado justificó la existencia de una consideración adecuada y justa al recibir de los demandantes la trans-misión de las 229.22 cuerdas, a pesar de que la escritura indicada no mostró compensación alguna, sin que se probara razón por la cual no se hiciera constar así al otorgarse el susodicho instrumento público. ’ ’

Los apelantes presentan un número de argumentos que no nos convencen. El asumir la hipoteca fue una causa ab-soluta para la enajenación y la aceptación de la escritura por Suau equivalió a tal asunción. En tanto en cuanto estos se-ñalamientos no envuelven la discusión de la prueba, ellos no merecen que se haga un análisis o una diferenciación ulterior de las autoridades citadas por los apelantes.

Los señalamientos restantes leen así:

“4. Al resolver que en este caso existió una resaltante preponde-rancia de ia evidencia en favor del demandado entre otras razones por el hecho de que los testigos de la parte actora fueran sus pa-rientes y porque al acto de la vista no concurriera a declarar el an-ciano inconsciente Andrés Pol Serrano.
“5. Al concluir que los testigos de los demandantes fuesen cogi-dos en contradicciones, y contradichas sus afirmaciones por las del demandado.
"6. La corte recurrida cometió grave y manifiesto error en la apreciación de la evidencia y al declarar con lugar la demanda (sic) imponiendo, además, a los actores, indebidamente, el pago de las cos-tas, desembolsos y honorarios de abogado.”

El cuarto señalamiento se refiere a una pequeña parte del razonamiento de la corte que podría estar equivocado sin afectar el resultado. Cuando se imputa fraude a un deman-dado, el hecho de que los testigos que declararon fueron úni-camente sus parientes, sería indudablemente una circunstan-cia. No es algo enteramente extraño resolver lo mismo, por lo menos en parte, cuando todos los testigos están emparen-tados con la persona que imputa fraude.

La ausencia del juicio de Andrés Pol Serrano, el supuesto demandante principal, fué significativa. Convenimos con la corte inferior en que tal ausencia de la silla testifical no fué satisfactoriamente explicada. Es verdad que hubo prueba tendente a demostrar que en el momento en que se otorgó la escritura él no era una persona de sano juicio. La corte tuvo derecho a no creer este testimonio o que tal idiotez o algo similar existía al momento en que se celebró el juicio. Ade-más, notamos que el pleito ha sido instituido a nombre de Andrés Pol Serrano y su esposa, lo que de por sí indicaba que él no necesitaba un tutor y que estaba capacitado para designar un letrado.

En lo que al quinto señalamiento se refiere, podría suce-der que la corte estuviera equivocada al decir que la con-tradicción o las inconsistencias de los testigos de la parte demandante afectaron el resultado. Sin embargo, incumbía a los demandantes demostrar que la corte estuvo equivocada en su conclusión general en favor del demandado.

- La teoría de los demandantes en parte fué que el deman-dado les llamó para que otorgaran cierta escritura o con-trato y que involuntariamente firmaron otra cosa. No sólo la corte no lo creyó así, sino que no hallamos razón suficiente para que nos pronunciemos en contra del acto aparentemente deliberado de los demandantes. Tampoco hallamos razón para relevarles del pago de las costas.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávtla,

text:
    Andrés y Luciana Aybar Muñoz, peticionarios, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandado.
    No. 1006.

    Sometido: Febrero 1, 1935.

      Resuelto: Febrero 28, 1935.

      Los peticionarios comparecieron por su propio derecho; Juan B. Soto, Juan F. Soto y M. R. de la Vega, abogados de los interventores.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávtla,

emitió la opinión del tribunal.

Andrés y Luciana Aybar iniciaron, en 1927, una acción sobre nulidad de declaratoria de herederos contra Natalia Yara Smith. Al radicar su demanda, los demandantes obtu-vieron el beneficio de pobreza de acuerdo con la sección 7 de la Ley No. 17, aprobada el 11 de marzo de 1915 (pág. 45). Dictada sentencia en su contra, apelaron para ante este tribunal y optaron por el procedimiento de la transcripción de evidencia. Solicitaron que se ordenase al taquígrafo la pre-paración de dicha transcripción y así lo dispuso la corte de distrito. Después de repetidas prórrogas para presentarla, los demandantes radicaron una moción solicitando se conce-diese al taquígrafo un plazo perentorio para que preparase y archivase dicha transcripción.

En oposición a esta moción alegó el taquígrafo que el be-neficio de pobreza concedido a los demandantes no cubría los trámites de apelación y que, aun en el caso de que los cu-briese, la obligación de transcribir la evidencia debe limitarse a sus notas, sin incluir la prueba documental, que en este caso ocuparía alrededor de quinientas páginas a maquinilla, mien-tras que las notas taquigráficas se reducen a unas veinticinco páginas.

La corte inferior resolvió que el beneficio de pobreza in-cluía los servicios del taquígrafo después de interpuesta la apelación, pero creyó que este funcionario podía limitarse a transcribir las notas taquigráficas y así lo ordenó, dejando a cargo de los demandantes la preparación por su cuenta de la transcripción de la evidencia documental. Apelaron los demandantes de la resolución de la corte y mientras pendía este recurso en el Tribunal Supremo, solicitaron y obtuvieron repetidas prórrogas a fin de proteger y mantener vigente su derecho de apelación contra la sentencia pronunciada sobre los méritos del pleito. En 17 de noviembre de 1933 esta corte se negó a desestimar dicho recurso por entender que no es-taba en condiciones de resolver la cuestión de frivolidad plan-teada por la parte apelada, sin conocer la prueba practicada. En diciembre 5 de 1934 esta corte se negó a desestimar, por no considerarlo frívolo, el recurso interpuesto contra la resolu-ción que ordenaba al taquígrafo la transcripción de las notas taquigráficas, con exclusión de la prueba documental. En diciembre 27, 1934, solicitaron los demandantes una nueva pró-rroga y habiéndose opuesto la parte apelada a su concesión, la corte inferior dictó la siguiente resolución:

“Vista la moción de los demandantes, sobre prórroga para radicar la transcripción de evidencia, y la moción del demandado oponién-dose a que se concedan más prórrogas para tal fin, se concede a los demandantes una última prórroga de treinta días para que el taquí-grafo Sr. Oscar A. Gandía, de acuerdo con la orden de este tribunal de fecha de 10 de octubre de 1933, prepare y radique la transcripción de las notas taquigráficas del juicio de este caso.”

Pidieron los demandantes la reconsideración de la resolu-ción que antecede, alegando que se concedía una última pró-rroga de acuerdo con la orden de 10 de octubre de 1933, y que no cabía tal pronunciamiento porque dicha orden había sido apelada. Solicitaron la eliminación de la palabra “úl-tima”. La moción de reconsideración, cuya vista se celebró en 21 de enero de 1935, cuando ya el taquígrafo había radi-cado la transcripción de las notas taquigráficas, fué decla-rada sin lugar. Al resolver esta moción, dijo así el tribunal inferior.:

“Oportunamente la corte señalará día para la aprobación de la transcripción de evidencia, teniendo en cuenta que falta la transcrip-ción de la evidencia documental, trabajo que corresponde hacer a los demandantes de acuerdo con la resolución del juez Sr. de Jesús de 10 de octubre de 1933, y que fué apelada el día 19 de dicho mes y año. ’ ’

Negada la reconsideración, los peticionarios establecieron el presente recurso de certiorari. No discutimos nosotros la facultad discrecional de la corte inferior para con-ceder prórrogas, pero creemos que en este caso el tribunal a quo ha ido más allá de sus atribuciones. El hecho de haberse concedido una última prórroga, estando pendiente una apelación contra una orden que, de ser revocada, impondría al taquígrafo y no a los apelantes el deber de transcribir la prueba documental, acusa por sí solo un claro abuso de discreción. Pero el tribunal a quo va aún más allá, desde el momento en que concede esta prórroga de acuerdo con una or-den que ha sido apelada y que contiene un pronunciamiento que tuvo que quedar en suspenso al promoverse la apelación. No obstante, la corte inferior insiste en imponer a los demandantes el deber de preparar la transcripción de la evidencia documental, a pesar del recurso interpuesto contra la resolución referida. Los términos en que aparece redactada la orden recurrida demuestran. claramente que la corte inferior no tuvo jurisdicción para dictarla.

Opinamos que dicha orden debe ser anulada.


author: El Juez Asociado Señob Cóbdova Dáyila,

text:
    Andrés y Luciano Aybar Muñoz, demandantes y apelantes, v. Natalia Vara Smith, sustituída en apelación por Enrique Catoni, demandada y apelada.
    No. 6471.

    Sometido: Febrero 21, 1935.

      Resuelto: Febrero 28, 1935.
    Los apelantes comparecieron por su propio derecho; Juan B. Soto, Juan F. Soto y M. Rivera de la Pega, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Cóbdova Dáyila,

emitió la opinión del tribunal.

Andrés y Luciana Aybar iniciaron, en 1927, una acción sobre nulidad de declaratoria de herederos contra Natalia Vara Smith. Al radicar su demanda, los demandantes obtuvieron el beneficio de pobreza de acuerdo con la sección 7 de la Ley No. 17, aprobada el 11 de marzo de 1915 (pág. 45). Dictada sentencia en su contra, apelaron para ante este tribunal y optaron por el procedimiento de la transcripción de evidencia. Solicitaron que se ordenase al taquígrafo la preparación de dicha transcripción y así lo dispuso la corte de distrito. Después de repetidas prórrogas para presentarla, los demandantes radicaron una moción solicitando se concediese al taquígrafo un plazo perentorio para que preparase y archivase dicha transcripción.

En oposición a esta moción alegó el taquígrafo que el be-neficio de pobreza concedido a los demandantes no cubría los trámites de apelación y que, aun en el caso de que los cubriese, la obligación de transcribir la evidencia debe limitarse a sus notas, sin incluir la prueba documental, que en este caso ocu-paría alrededor de quinientas páginas a maquinilla, mien-tras que las notas taquigráficas se reducirían a'unas veinti-cinco páginas.

La corte inferior resolvió que el beneficio de pobreza in-cluía los servicios del taquígrafo después de interpuesta la apelación, pero creyó que este funcionario podía limitarse a transcribir las notas taquigráficas y así lo ordenó, dejando a cargo de los demandantes la preparación por su cuenta de la transcripción de la evidencia documental. De esta resolu-ción apelaron los demandantes, quienes alegan que la corte inferior cometió error al disponer que el taquígrafo única-mente viene obligado a transcribir, sin exacción de derechos, las declaraciones de los testigos, sin que tenga el deber de preparar íntegramente la transcripción de la evidencia. Co-piamos a continuación las razones que tuvo el tribunal a quo para dictar la resolución apelada:

“. . . sostenemos que de acuerdo con el caso de Berrios v. Garáu, 44 D.P.R. 775, 780, es discrecional en la Corte ordenar que por el taquígrafo se transcriba además de las- notas taquigráficas la eviden-cia documental que se baya presentado en el pleito.
“Entendemos, además, que la discreción debe usarse, excepto en casos especiales, en el sentido de que sea el litigante y no el taquí-grafo el que transcriba la evidencia documental, toda vez que el liti-gante está en tan buenas condiciones como el taquígrafo para hacer dicho trabajo, y no debe recargarse injustificadamente la labor de dicho funcionario. En este caso, como antes se ha dicho-, la trans-cripción de la evidencia documental constaría aproximadamente de 500 páginas a maquinilla, y lo mismo que los litigantes han podido preparar sus alegaciones y demás escritos presentados en relación con el pleito, no hay motivo alguno para que no puedan hacer esta labor que redunda en su beneficio y que de hacerla el taquígrafo no solamente perjudicaría a dicho funcionario-, sino que sería también* en detrimento de esta corte que se vería privada hasta cierto punto de los servicios de este funcionario.’'

En el caso de Berríos v. Garáu, citado por la corte inferior, se concedió al demandante el beneficio de insolvencia y se ordenó al taquígrafo la preparación de toda la eviden-cia evacuada en el caso, sin costo alguno para la parte ape-lante. En diclio caso se alegó por la parte apelante que la resolución recurrida, concediendo al demandante el beneficio de pobreza para obtener la transcripción de evidencia, no es-taba ni expresa ni implícitamente autorizada por la Ley No. 27 de 27 de noviembre de 1917 ((2) pág. 275), ni tampoco por la ley creando el. cargo de taquígrafo repórter, aprobada en marzo de 1904. Esta corte, resolviendo las cuestiones plan-teadas por el taquígrafo y la parte apelada, se expresó así:

“Examinados los términos en que está redactada la Ley de 1904, no se encuentra comprendida en ellos expresamente la obligación que impuso la corte de distrito a su taquígrafo repórter, y se comprende fácilmente que así sea, pues en 1904 no existía el método establecido por la ley de 1917 para el perfeccionamiento de la apelación. Si el caso debiera resolverse por ese solo razonamiento, tendría que serlo en favor de los apelantes.
“Existen, sin embargo, otras razones que deben.ser tomadas en consideración. La cuestión descansa, en gran parte en la discreción de la corte sentenciadora y opinamos que esa discreción se ha ejei’-citado debidamente en este caso para que no sea ineficaz una dispo-sición legal vigente como la que contiene la ley de 1917.”

De acuerdo con la sección 7 de la Ley No. 17, aprobada en 11 de marzo de 1915 (pág. 45), un litigante a quien se concede el beneficio de pobreza tiene derecho a recibir gratuita-mente “todos los servicios de todos los funcionarios del tribunal.” No excluye esta disposición los servicios del taquí-grafo, que también es un funcionario de la corte lo mismo que el márslial o el secretario. Como acertadamente dice la corte inferior, la sección quinta de la ley que crea el cargo de taquígrafo repórter, aprobada en 10 de marzo de 1904 (Comp. 1277 et seq.), y la sección 7? de la Ley No. 17 de 1915 que acabamos de citar, se complementan, sin que baya in-compatibilidad alguna entre ellas. Es claro que el taquí-grafo, eomo funcionario del tribunal, está obligado a prestar sus servicios gratuitamente cuando se permite a una parte-litigar in forma pauperis.

El litigante pobre tiene los mismos derechos que el: litigante solvente para elegir la transcripción de la evidencia, o la exposición del caso a fin de tramitar su apelación. Si. elige la transcripción de la evidencia deben cumplirse los requisitos exigidos por la ley. De acuerdo con el artículo 2°' de la Ley No. 27 de 1917 ((2) pág. 275), cuando se radique el escrito que se especifica en el artículo 1ro. de la misma ley,, la corte tendrá el deber de ordenar al taquígrafo que transcriba fiel y completamente el récord taquigráfico del juicio.. Este funcionario deberá preparar una transcripción de lasnotas taquigráficas, incluyendo en dicha transcripción copia, de todos los documentos ofrecidos y admitidos como prueba..

Como se ve, es la misma ley la que le impone al taquígrafo' el deber de transcribir copia de la prueba documental, reci-biendo el pago de sus servicios, cuando se trate de un liti-gante solvente, y sin percibir retribución alguna, cuando se-trate de una parte que ha sido autorizada a litigar in forma-pauperis. No es posible evadir los términos precisos y cla-ros de la ley.

Puede que haya casos en que el litigante pobre esté en con-diciones de encargarse personalmente de preparar la trans-cripción de los documentos, y puede haberlos también en que-no sepa hacerlo y carezca de medios para procurarse una. persona que realice el trabajo por él; pero, dados los térmi-nos en que está redactada la ley, no parece que el tribunal esté-autorizado para hacer uso de su discreción, distinguiendo-unos casos de otros y relevando al taquígrafo de la obligación de transcribir fiel y completamente el récord taquigráfico, in-cluso la prueba documental, por más que resulte plausible y recomendable que el litigante declarado pobre preste toda la-cooperación posible al referido funcionario para ayudarlos a ultimar su labor.

Bebe revocarse la resolución apelada.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    José Buxó, demandante y apelado, v. The Aetna Casualty & Surety Co., demandada y apelante.
    No. 6180.

    Sometido: Enero 18, 1935.

      Resuelto: Febrero 28, 1935.

      J. Valide juli Rodriguez, abogado de la apelante; González Fagundo- & González, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José Buxó demandó a The Aetna Casualty & Surety Co.,, nna corporación extranjera que hace negocios en Puerto Bico, en cobro de dos mil trescientos diez dólares. Exeepeionó y contestó la demanda la demandada. Fue el pleito a juicm practicando ambas partes prueba y la corte lo decidió por sentencia favorable al demandante. De la opinión qne emi-tiera para fundarla, transcribimos lo siguiente:

“La evidencia de ambas partes consistió en documental y testifical. De toda ella aparece probado, y la Corte así lo estima, qne,. efectivamente, a la fecha del accidente estaba en pleno vigor un con-trato de seguro, con relación ai vehículo mencionado en la demanda,, entre el demandante y la demandada, por cuyo contrato la deman-dada se obligó a pagar todos los gastos resultantes de reclamación al asegurado, así como todas las costas impuestas al mismo, juntamente con intereses, en cualquier procedimiento legal defendido por la com-pañía de acuerdo con los pactos y condiciones de la póliza; que el procedimiento entablado por Pedro García contra José Buzó fué puesto en conocimiento de la demandada oportunamente, habiendo dejado la demandada injustificadamente de asumir la defensa del asegurado en la expresada acción; que si José Buxó asumió la res-ponsabilidad de su defensa, mediante sus abogados, lo hizo por la in-defensión en que le dejó la demandada; que José Buxó no ha tran-sigido en forma alguna la acción entablada en su contra por Pedro García, en la cual se defendió siguiendo' el criterio de sus abogados de la manera que aparece en los autos;' que éste satisfizo la sentencia dictada contra él, en su totalidad, al demandante en la expresada acción; y que la demandada no le ha reembolsado el importe de dicho pago.
“Entiende la Corte que no se trata de una acción solicitando el pago de indemnización por daños y perjuicios, sino de una encami-nada a obtener el cumplimiento de un contrato de seguro entre am-bas partes, por lo que se declara sin lugar la defensa de prescrip-ción; entiende, además, que la demanda es suficiente para justificar la acción y por ello también declara sin lugar la defensa de falta de causa de acción; y tiene por no probada la tercera defensa especial al efecto de que el demandante en ningún momento cumplió con las condiciones estipuladas en el contrato de póliza antes referido, por lo que declara también sin lugar la tercera y cuarta defensas especiales aducidas por la demandada.
“En estas condiciones la Corte es de opinión que debe dictar sentencia condenando a la demandada a satisfacer- al demandante la suma de dos mil trescientos diez dólares ($2,310.00), como importe de la sentencia dictada por esta Corte en la acción civil No. 11296, titulada Pedro García v. José Buxó Villafañe, más las costas totales en que haya incurrido el demandante en la acción de autos.”

Aunque los hechos básicos del pleito surgen de lo que de-jamos transcrito, para ser más claros los resumiremos como sigue;

José Buxó, el demandante, era el dueño de una guagua dedicada al negocio público de transportar pasajeros. Se aseguró con The Aetna Casualty & Surety Co., la demandada, contra los daños personales que pudieran causarse con diclio vehículo. Vigente la póliza, el 17 de enero de 1926 la guagua arrolló a Pedro García fracturándole una pierna. Pedro García demandó el 19 de abril de 1926 a Buxó, reclamán-dole diez mil dólares, quedando el pleito resuelto en noviembre 2, 1927, por sentencia que condenó a Buxó al pago de dos mil dólares y las costas que fueron fijadas luego en trescien-tos diez dólares.

Sobre la certeza de esos hechos no hay cuestión, a nuestro juicio. Las únicas cuestiones que deben considerarse surgen sobre si el demandante cumplió o no con las condiciones es-tipuladas en la póliza y sobre si probó o no que hubiera pa-gado la sentencia. Ambas, como sabemos, fueron resueltas por la corte de distrito en contra de la demandada. ¿Actuó o no la corte con razón derecha? Contestar esa pregunta, en debida forma, será resolver el recurso y el litigio.

Entre las condiciones de la póliza figura la siguiente.:

“C. — En caso de accidente, se dará inmediato aviso del mismo a la compañía o a su agente autorizado. La notificación hecha por o en representación del asegurado a cualquier agente autorizado de la compañía dentro de los límites de Puerto Pico con los particulares suficientes para identificar al asegurado', será considerada como noti-ficación a la compañía. La falta de dar el aviso que se requiere por esta póliza, dentro del tiempo especificado en ella no invalidará re-clamación alguna que el asegurado hiciere, siempre que se demos-trare que no fué razonablemente posible dar dicho aviso dentro del tiempo prescrito, pero que se ¿lió tal aviso tan pronto como fué ra-zonablemente posible. El asegurado trasmitirá a la compañía toda demanda, citación u otro procedimiento tan pronto como fuere reci-bido por él, y la compañía, a expensas propias, ajustará dicha recla-mación, o defenclerá el pleito. El asegurado cooperará con la com-pañía en todo tiempo para facilitar la resolución de reclamaciones y pleitos, pero no asumirá voluntariamente responsabilidad alguna ni incurrirá en gasto alguno o transigirá reclamación alguna excepto a expensas propias, sin el consentimiento por escrito de la compañía. En caso de lesión personal, el asegurado podrá proveer a expensas de la compañía la primera cura que sea indispensable en el momento del accidente.”

Declarando el demandante en el juicio, como su propio testigo, se expresó, en resumen, así:

Se llama José Buxó Villafañe. Es el demandante. Re-conoce la póliza. Cuando tuvo conocimiento del accidente, lo notificó en seguida a la compañía. No recuerda haber re-cibido carta de ellos porque todo lo hizo personalmente. La carta que le muestra su abogado la ve por vez primera. In-siste el abogado y contesta: “Sí, tiene razón. Esta carta es de la compañía; sí, yo le hice tres visitas a esa gente y des-pués ellos me escribieron esa carta. Nada más que la carta esa recibí.” La carta es de abril 14, 1926, no fue admitida pero quedó en el récord y dice en lo pertinente:

“En el día de hoy nos han visitado el médico y el Alcalde de ese pueblo, en referencia al caso* del accidente de su guagua, ocurrido en días pasados. — En interés suyo y de esta oficina procure sin falta traer al lesionado a San Juan, para ver de resolver el caso de conformidad con lo que usted nos indicó en su última visita.”

Pedro García, el lesionado, lo demandó. Lo emplazaron y mandó los papeles a la compañía, a su oficina de San Juan. Los llevó personalmente su hermano Santos. La compañía le contestó en mayo 13, 1926, como sigue:

“En el día de hoy (13 de mayo de 1926), nos ha presentado su señor hermano una demanda de Pedro Reyes (sic) contra usted por daños y perjuicios en relación con un accidente ocurrido el día 24 de enero de 1926. Esta demanda fué notificada a usted en abril 19,1926, de manera que a la fécha de hoy tiene veinticuatro (24) días de em-plazada habiendo transcurrido el término que la ley especifica para su contestación. — Es condición precisa de la póliza que el asegurado enviaré a la compañía toda demanda, citación u otro procedimiento tan pronto como fuere recibido por él. Y es lógico que así sea, pues de otra manera sería imposible la defensa de cualquier acción que contra el asegurado se estableciera. En el caso presente, la demanda nos ha sido entregada 24 días después de habérsele hecho a usted el emplazamiento, es decir, cuando ya ha expirado el plazo para la contestación, antes de declararse la rebeldía. En tales circunstan-cias, naturalmente sentimos en extremo vernos en el caso de tener que declinar toda responsabilidad en relación con el caso de refe-rencia. ’ ’

Entonces encomendó sn defensa al Lie. González, de Hu-:macao. La corte lo condenó a pagar una indemnización de -dos mil pesos “y yo la hice efectiva. Además las costas, tres-cientos diez pesos.” La compañía no le ha reembolsado lo •que pagó.

Al terminar el interrogatorio directo del demandante su abogado introdujo en evidencia una carta que le dirigiera la compañía en junio 14, 1926, y que dice:

“Lcdo. Francisco González Faginado, Humacao, Puerto Rico.— Muy Sr. N/ y Amigo: — Tenemos a la vista su atenta del 11 del co-rriente en la que se refiere a la que con fecha mayo 13 dirigimos al Sr. Buxó en relación con cierta demanda presentada contra dicho señor por Pedro Reyes (sic) — En su carta nos dice usted que su cliente nos ’mandó los documentos relacionados con dicha demanda antes de ex-pirar el término para la contestación de la misma. Si se fija usted en nuestra carta del 13 de mayo, ya referida, verá usted que el mo-tivo de rehusar nosotros a hacernos cargo de la defensa de este asunto, •es precisamente que la demanda o emplazamiento fueron traídos a' esta oficina por un hermano del Sr. Buxó el día 13 de mayo, esto es, veinticuatro días después del emplazamiento cuando ya había expi-rado el plazo para la contestación, y en tales circunstancias no era ‘razonable esperar que esta compañía asumiera responsabilidad al-guna, cuando no se había cumplido por parte del asegurado con los requisitos de la póliza en casos de esta naturaleza. — Es condición de la póliza que el asegurado deberá enviar la demanda o emplazamiento a la Compañía inmediatamente que la recibe, y es lógico que así sea, pues naturalmente la compañía debe tener conocimiento de estos hechos inmediatamente, a fin de tener tiempo y oportunidad de pre-parar su defensa y redactar la contestación con tiempo para radi-caría dentro del plazo que la ley prescribe. — Indudablemente el insis-tir usted en su carta en que los papeles nos fueron enviados antes de expirar el plazo para la contestación ha de deberse a que usted ha sido erróneamente informado acerca del particular. — Nosotros sen-timos no poder acceder a sus deseos, pero en vista de lo expuesto, usted verá claramente la razón que nos asiste al tener que tomar esta determinación. — Somos de usted atentos amigos y ss. ss., (fdo.) D. R. Carrión, — Presidente. ’ ’

Repreguntado el demandante, contestó, en resumen:

No recuerda la fecha en que fue emplazado. Notificó a la compañía tan pronto lo fué. A los dos o tres días. La sentencia £íla pagué en moneda de los Estados Unidos.” Dos-mil pesos. No tenía dinero en el banco, pero tenía mis eco-nomías. En mi casa. G-uardadas en un ropero. Tenía los dos mil pesos y unos centavos más.” Lo único que pagó fueron dos mil pesos. “En diferentes monedas, supóngase que las economías que uno tiene guardadas en su casa son de diferentes clases de monedas. Venían del trabajo mío. Eco-nomizaba todos los días algo.” No recuerda cuánto ni la fecha en que empezó a economizar. Tuvo cuenta en el Banco Colonial. Los dos mil dólares los tenía en efectivo. En el banco depositaba “las miasmas,” lo gordo lo guardaba en el ropero. Le pagó a Pedro García. Éste no le dió recibo. Pagó en su casa. Nadie más que García estaba presente.

Repreguntado de nuevo si estando solo no exigió recibo, contestó: “Bueno, yo percibí un recibo, no sé dónde está, se me extravió, o se habrá destruido. Yo no sé quién lo es-cribió, ya la sentencia estaba dada, y yo le pagué.”

El demandante fué llamado luego a declarar por la demandada y, en resumen, dijo que no notificó a la compañía el resultado del pleito. No le comunicó que iba a satisfacer la sentencia. Dejó el asunto de la apelación a su abogado. No recibió orden de ejecución. Tenía conocimiento de que la Corte le había sentenciado a pagar los dos mil pesos.

Declararon también en el pleito por el demandante su hermano Santos y su abogado. Sus declaraciones tienden a corroborar lo dicho por el demandante en cuanto a cómo se comunicó con la demandada a los efectos de ser defendido en el pleito que contra él siguiera García.

Analizada la prueba, no demuestra a nuestro juicio que el demandante cumpliera debidamente con lo estipulado en la póliza a los efectos de colocar en tiempo oportuno a la compañía en las mejores condiciones para encargarse de la defensa del pleito sobre daños y perjuicios.

Esto, por sí solo, es bastante para revocar la sen-tencia recurrida, pero hay más. La acción ejercitada lo fue sobre la base de haber pagado el demandante la sentencia dictada contra él en el dicho pleito de daños y perjuicios y después de un estudio cuidadoso de la evidencia aportada sobre ese extremo consistente únicamente en la declaración del demandante que dejamos resumidaj hemos llegado a la conclusión de que tal evidencia no es bastante.

Aparte de que se condenó a la compañía al reintegro de un pago no hecho según la propia declaración del demandante, el de las costas, ya que la general afirmación que hizo al principio dicho demandante quedó destruida por otras que luego hiciera en el sentido de que sólo pagó los dos mil dó-lares de principal, consideramos inverosímil, contrario a la naturaleza humana y al curso corriente de las transacciones entre los hombres en los momentos actuales y en casos como éste, que el pago de la sentencia pudiera haberse hecho como dijo que lo hizo el demandante.

Sin comentarios, dejando hablar por sí mismo al deman-dante ante la corte, la primera impresión que se recibe es la de que no es cierto lo que está diciendo. Y esa impresión perdura y se convierte en la única conclusión a que puede llegarse después de un estudio concienzudo de lo dicho en re-lación con las otras circunstancias que en el caso concurren.

Ahorra el demandante día tras día en diferentes monedas dos mil pesos y unos centavos. No tiene más. En el banco sólo deposita las “miasmas”. No sabemos exactamente lo que quiso decir al usar esa palabra, pero comparada con la apre-ciación de lo que guardaba en efectivo en su casa, “lo gordo,” que eran dos mil dólares, puede inferirse que eran mínimos, flacos, los depósitos.

¿Y es posible siquiera pensar que un hombre en esas con-diciones se desprenda de todos sus ahorros para pagar a un acreedor por sentencia la totalidad de ésta, a solas, sin la intervención de los abogados que habían dirigido a las partes en el litigio, ni de ninguna otra persona, sin recibo o con un recibo que se aprecia tan poco que se destruye o se pierde, cuando aún no se ha librado contra él ejecución, cuando el importe de la sentencia sólo lo conoce por referencias, cuando existe una póliza que obliga a una compañía a pagar por él y sin enterarse siquiera de si su abogado había establecido o no recurso de apelación? No es posible, a nuestro juicio.

Las fechas juegan también un papel importante. Recuér-dese que la sentencia que se dice satisfecha se dictó en no-viembre 22, 1927, y que esta demanda de reintegro no se es-tablece hasta cerca de tres años después.

T la circunstancia de no haberse llevado a declarar a la persona a quien se dice que se hizo a solas el pago cuando no se conserva ni siquiera de ella un recibo, es más que signifi-cativa.

Debe declararse el recurso con lugar, revocarse la senten-cia apelada y dictarse otra desestimando la demanda, con costas.


author: El Juez Peesidente Señor Del Toro,

text:
    Ambrosio Angleró, et al., querellantes y apelantes, v. Luis C. Trigo y Julián Angleró, querellados y apelados.
    No. 6442.

    Sometido: Enero 24, 1935.

      Resuelto: Febrero 28, 1935.

      Y. Géigel Polwneo, abogados de los apelantes; M. Calder'ón, y Virgilio Brunet, abogados, respectivamente, de los apelados.
   El Juez Peesidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Varios obreros, de acuerdo con las leyes No. 10 de 1917 ((2) pág. 217) y No. 73 de 1931 (pág. 459), entablaron de-manda en la Corte Municipal de San Juan en reclamación de salarios, contra Luis C. Trigo y Julián Angleró.

La corte municipal dictó sentencia el 20 de abril de 1933 declarando la reclamación sin lugar en cuanto a Trigo y con lugar en cuanto a Angleró.

Sigue en la transcripción a la de la sentencia la de la no-tificación de la misma a la parte perdidosa con nota de ha-berse archivado en abril 25, 1933; luego aparece la del es-crito de apelación de los querellantes archivado el propio día 25 de abril, 1933, sin constancia de haber sido notificado el querellado Trigo, y seguidamente se encuentra la certificación del secretario de la corte municipal autenticando el récord.

Archivada la transcripción en la corte de distrito, com-pareció el querellado Trigo en junio 8,1933, pidiendo la deses-timación del recurso entre otros motivos porque se interpuso fuera de tiempo y porque el escrito interponiéndolo no se notificó al querellado Trigo, ni a su abogado, ni a su apode-rado. El 14 de junio, 1933, los querellantes presentaron una declaración jurada por Antonio Linares que, en lo pertinente dice:

“1. — Que soy mayor de edad, casado, mensajero del Departa-mento del Trabajo y vecino de esta ciudad.
“2. — Que el día 25 de abril de 1933, recibí del Ledo. Vicente Géigel-Polanco, abogado del Departamento del Trabajo, un escrito de apelación en el caso de Ambrosio Angleró et al., v. Luis C. Trigo y Julián Angleró, seguido ante la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, Civil Núm. 15,762, sobre reclamación de salarios, y que recibí asimismo, dos copias de dicbo escrito para entregarlas, una al Ledo. Virgilio Brunet, abogado del querellado Julián Angleró y otra para entregarla al Ledo. J. M. Calderón, Jr., abogado del querellado Luis C. Trigo o en caso de que el abogado de este último no se encontrara en su oficina recibí instrucciones de entregarla al propio querellado Luis C. Trigo en su oficina del Departamento de Justicia.
“3.' — -Que bice entrega de una de las copias del escrito de apela-ción al Ledo. Virgilio Brunet; que el Ledo. J. M. Calderón no se encontraba en su oficina y entonces solicité al Sr. Trigo en su oficina sita en el Departamento de Justicia; que la secretaria o taquígrafa del Sr. Trigo me informó que él se encontraba ausente en asuntos oficiales y entonces le hice entrega a dicha señorita en el día ya men-, cionado de 25 de abril de 1933, como a las tres de la tarde, una copia del escrito de apelación antes mencionado.”

Sometida la cuestión suscitada a la decisión de la corte de distrito, ésta resolvió que del propio testimonio de la persona encargada de hacer la notificación resulta que no se hizo de acuerdo con la ley porque existiendo abogado dejó de no-tificársele y porque aunque se hubiera podido notificar a la parte personalmente, la notificación no se hizo en tal caso de acuerdo con lo prescrito en el artículo 320 del Código de En-juiciamiento Civil. Y desestimó el recurso.

No conformes los querellantes han apelado para ante este tribunal. Sostienen que tratándose de un procedimiento sencillo, gratuito y sumario establecido por el legislador en beneficio de las clases trabajadoras y habiéndose cumplido substancialmente con el estatuto, no debe exigirse el cumplimiento estricto de los preceptos generales del Código de Enjuiciamiento Civil para destruir la apelación.

La ley especial invocada — la 10 de 1917 (pág. 217) — en su sección octava, dice,

“Sección 8. — Cualquiera de las partes que se creyere perjudi-cada por la sentencia, podrá interponer recursos de apelación para ante la Corte de Distrito' del Distrito Judicial en que radicare la Corte Municipal sentenciadora.
“La apelación quedará formalizada presentando al Secretario de la Corte Municipal, dentro de los dos días de dictada la sentencia, un escrito en que se manifieste la intención de apelar, y entregando copia de dicbo escrito a la parte contraria o a su apoderado o abogado.”

Nada más establece y parece lo natural que se recurra a los preceptos generales del Código de Enjuiciamiento- Civil para regular la forma en que la notificación debe hacerse* Y aplicándolos resulta en verdad que la notificación no se hizo de acuerdo con la ley.

Aquí existía abogado. Debió ser él el notificado y no habiéndolo sido, procedía la desestimación. “Cuando una parte contraria tiene abogado y la notificación del escrito de apelación se hace a la parte y no al abogado, ello es motivo suficiente para desestimar el recurso interpuesto,” se decidió en Jusino v. Masjuán, 46 D.P.R. 501, siguiendo lo decidido en Zaragoza v. López, 16 D.P.R. 829 y la jurisprudencia de California. 2 Cal. Jur. 344.

Y aun en el caso de que hubiera sido permisible notificar a la parte, resultaría siempre que ésta no fué notificada en la forma que prescribe el estatuto.

La parte apelada insiste en que hay además otra razón fundamental para la desestimación del recurso y es la de que éste se interpuso después de vencido el término de ley. Y tiene razón a nuestro juicio.

Como hemos visto la ley sobre la materia que se invoca prescribe que la apelación quedará formalizada radicándose el escrito dentro de los dos días de dictada la sentencia y no a partir del en que se archive la notificación de la sentencia con los autos. Y ya esta corte, interpretando la ley de desahucio, en el caso de Ramírez v. Pérez, 25 D.P.R. 231, 234, dijo:

“Pero existe un motivo aun más poderoso para desestimar la ape-lación. Al computar el término, el apelado toma como punto de partida el 2 de abril en que según él se notificó la sentencia y no el 30 de marzo en que la misma fué dictada y registrada. Y es que el apelado actúa en la creencia de que es aplicable a los pleitos de desahucio la sección 2 de la ley No. 70 de 1911, cuando esto no es en realidad así.”

Véanse los casos de Cartagena v. Dávila, 32 D.P.R. 270, 273; Barbosa v. Fernández, 28 D.P.R. 305, y Figueroa et al. v. Sepúlveda, 24 D.P.R. 690.

Como sabemos, la sentencia se dictó en este caso en abril 20, 1933, y no fue basta el 25, esto es, ya vencido con exceso •el término de dos días que fija la ley, que se archivó el es-crito de apelación.

Procede la confirmación de la sentencia recurrida.


author: El Juez PbesideNte Señor Del Toro,

text:
    Mateo Ortiz, sustituído por Santos Ortiz, representado por su madre Josefa García, demandante y apelado, v. Sucesión de Roque Stella, demandada y apelante.
    No. 6973.

    Sometido: Marzo 4, 1935.

      Resuelto: Marzo 8, 1935.

      T. Bernardini de la Huerta, abogado de la apelante; González Fa-gund-,o & González, Jr., abogados del apelado.
   El Juez PbesideNte Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 7 de febrero último la Corte de Distrito de G-uayama de-claró con lugar una moción sobre sustitución de parte deman-dante presentada en el pleito civil sobre filiación seguido ante ella por Mateo Ortiz contra la Sucesión de Roque Stella. No conforme la parte demandada, apeló para ante este Tribunal, habiendo solicitado la parte demandante la desestimación del recurso por moción de 18 de febrero cuya vista se celebró con asistencia de los abogados de ambas partes el 4 de marzo actual.

Dos son los motivos que se alegan para solicitar la deses-timación, a saber: que la resolución de febrero 7, 1935, no es apelable, y que la apelación es frívola. Sólo será necesario considerar el primero.

No se trata de una resolución negando la sustitución, sino concediéndola en el curso de un litigio pendiente ante el tribunal. Es cierto que la cuestión en sí quedó resuelta en contra del criterio sustentado por la parte demandada, pero también queda resuelta por ejemplo la excepción previa de que el demandante no tiene capacidad legal para demandar cuando se aduce en un litigio por la parte demandada y ésta no tiene derecho a apelar directa e inmediatamente si la resolución se dicta declarando sin lugar la excepción previa.

El recurso de apelación se otorga contra sentencias defi-nitivas pronunciadas en pleitos .o procedimientos especiales; contra sentencias pronunciadas por las cortes de distrito en casos de apelación; contra providencias concediendo o dene-gando un nuevo juicio; concediendo o anulando un injunction; anulando o negándose a anular un embargo; concediendo o negándose a conceder el traslado, y contra providencias espe-ciales dictadas después de sentencia definitiva y sentencias in-terlocutorias en pleitos sobre partición de propiedad real. Artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La parte apelante sostiene que la orden de febrero 7, 1935, es apelable por haberse dictado en un procedimiento especial, cual es, según ella, el establecido por el artículo 69 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, como sigue:

“Artículo 69. — Una acción o procedimiento no termina por la muerte o incapacidad de una de las partes, o por la cesión de cual-quier interés en dicha acción o procedimiento, siempre que la causa de una u otra subsista o continúe. En caso de muerte o incapacidad de una de las partes, la corte, previa moción al efecto, podrá permitir que continúe la acción o procedimiento- por o contra el representante o sucesor del muerto o incapacitado. En caso de cualquier otra ce-sión de interés, la acción o procedimiento' podrá continuarse en nom-bre de la parte iniciadora, o la corte permitir que la persona a .quien se hizo el traspaso quede subrogada en la acción o procedimiento.”

A nuestro juicio no es el fijado por el artículo 69 un pro-cedimiento especial dentro del significado del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil cuando dice: “Podrá estable-cerse apelación ... 1. De una sentencia definitiva pronun-ciada en un pleito o procedimiento especial, comenzado en la corte que la hubiere dictado. . .” Se trata en tal caso sim-plemente de una de las reglas que el Código contiene para que las cortes puedan resolver las varias cuestiones que surjan en el curso de los pleitos que ante ellas se tramiten.

“Para ser apelable bajo un estatuto concediendo apelacio-nes de una orden dictada en un procedimiento especial,” se dice en 3 C. J. 543, “la orden debe haberse dictado en tal pro-cedimiento, pues de lo contrario el derecho a apelar, de exis-tir, debe basarse en algún otro estatuto. Tal' estatuto no es aplicable a una orden dictada a instancia de parte en un pleito civil ordinario, o a una orden dictada en cualquier pleito o procedimiento que no sea un ‘ procedimiento especial, ’ tal cual el mismo es definido por los estatutos o decisiones de la ju-risdicción de que se trate.”

Hemos examinado la nota al texto que cita cuarenta y tres casos de órdenes consideradas apelables y en ninguno de ellos está éste que consideramos comprendido. La orden sí es revisable en apelación, pero lo es en la que pueda establecerse en su día contra la sentencia resolutoria del pleito. De otro modo los recursos se multiplicarían indebidamente. Véase el caso de Fuentes v. Sucn. Pérez Sales, 47 D.P.R. 909.

Para sostener que se trata de una orden apelable invoca la parte demandada la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de California en el caso de Estate of Balter, 170 Cal. 578. A nuestro juicio la jurisprudencia no es aplicable. Es muy distinta la situación que surge de los hechos del caso. Bastará referirnos al resumen, que dice:

“Estando pendiente una petición para que se revocara la aproba-ción de un testamento solicitada por un heredero legal, falleció el peticionario y el día señalado para la vista la misma fué llamada a .juicio, y la muerte del peticionario fué notificada a la corte por sus •abogados; el albacea solicitó de ésta que archivara la petición, fun-dándose exclusivamente en que el derecho de acción no se extendía más allá de la vida del peticionario, moción que fué declarada con lugar; en el momento de la moción y de dictarse la orden no se había designado administrador o albacea del peticionario ni se había no-tificado la moción para desestimar al administrador, albacea o repre-sentante personal del mismo, sino que unos dos meses más tarde se designó un administrador judicial de los bienes relictos del peticio-nario, quien inmediatamente notificó y radicó una moción en la que solicitaba se dictara una orden anulando y dejando sin efecto la orden que decretó el archivo de la petición y que como tal adminis-trador se le sustituyera por el peticionario fallecido, moción que fué declarada sin lugar; se resolvió que procedía una apelación inter-puesta por dicho administrador contra la última orden dictada.
“Si bien la regla general es que no procede una apelación contra una orden que se niega a declarar sin lugar una resolución o sen-tencia, hay excepciones a tal regla cuando a fin de que pueda ha-cerse justicia, se permite una apelación de una orden rehusando dejar sin efecto una sentencia o decreto, cuando, por razones que no envuelven culpa de la parte apelante, a ella nunca se le ha dado oportunidad para apelar directamente de la sentencia o decreto. Existen casos en que los derechos o intereses de una persona son per-judicados por una sentencia o por una orden apelable en un litigio en que esa persona no es realmente una parte o en el cual, de ser una parte, no ha sido notificada debidamente, de suerte que en lo que a .ella se refiere, la sentencia u orden apelable resultan ser ex parte. En tales casos se permite siempre que la persona perjudicada se con-vierta en parte en el litigio, de no haberlo sido antes, y después que se ha sometido a la jurisdicción de la corte, puede solicitar que se deje sin efecto el decreto u orden apelables que afectan sus inter-ses, y apelar si la moción se declara sin lugar. El mismo derecho asiste a aquella persona que es parte en un litigio y contra la cual se ha dictado indebidamente y ex parte tal orden o decreto. Estos casos, desde luego, surgen cuando las mociones son dictadas después-que el término prescrito por la ley para apelar ha transcurrido.
“La orden de archivo en tal caso equivalió en sus efectos a una orden que estrictamente se negó a revocar la aprobación del testa-mento; y un decreto en que se deniega la revocación de un testa-mento ya aprobado, es una orden apelable de conformidad con el artículo 963 del Código: de Enjuiciamiento Civil.”

No siendo, pues, apelable la resolución recurrida, debe de-clararse con lugar la moción del apelado y en su consecuencia-desestimarse el recurso.


author: El Juez Asociado Señor Cókdova Dávila,

text:
    Jorge Sarria, demandante y apelado, v. Victoriano Álvarez Peniza, demandado y apelante; Ana María Asencio, interventora y apelada.
    No. 6552.

    Sometido: Marzo 5, 1935.

      Resuelto: Marzo 8, 1935.

      Pedro G. Quiñones, abogado del apelante; Ángel A. Vázquez, abo-gado del apelado; Carlos D. Vázquez, abogado de la interven-tora apelada.
   El Juez Asociado Señor Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 26 de noviembre de 1932 Jorge Sarria inició una ac-ción contra Victoriano Alvarez Peniza en cobro del importe de una sentencia obtenida por dicho demandante en 20 de enero de 1926 contra Y. Alvarez & Co., por la cantidad de $1,778.72 e intereses al 6 por ciento anual a partir desde el 5 de abril de 1924 hasta sn completo pago. Se alega en la demanda qne esta sentencia no ha sido satisfecha ni en todo-ni en parte por la mercantil Y. Alvarez & Co. ni por sn socio-gestor el demandado Victoriano Alvarez Peniza, y se añade-qne en 27 de diciembre de 1928 se libró mandamiento para la ejecución de la sentencia aludida y qne el márshal de la corte la devolvió sin cumplimentar, porque la citada mercan-til es insolvente y carece de bienes con qne hacer efectiva la. sentencia. El demandado se ha negado a satisfacer la suma de $2,934.14 a qne asciende el montante de la sentencia consus intereses.

Negó el demandado que V. Alvarez & Co. fuese una so-ciedad mercantil constituida con arreglo a las leyes de Puerto-Rico en la fecha en que se radicó la demanda contra dicha. sociedad y en qne se dictó la sentencia cnyo importe se re-clama. Alega qne el contrato de la constitución de esta so-ciedad estaba vencido y no se había prorrogado, quedando disuelta por dicho motivo. Admite el demandado que fué condenado a satisfacer la suma que se reclama en la demanda. Niega, por carecer de suficiente información y creencia, que el 27 de diciembre de 1928 ni en ninguna otra fecha se librara mandamiento de ejecución de la sentencia aludida y que el márshal de la corte la devolviera sin cumplimentar y asimismo niega que la citada mercantil fuera insolvente y que careciera -de bienes para hacer efectiva la sentencia mencionada.

Como materia nueva alegó el demandado que la cantidad que se reclama en la demanda procede de servicios prestados por el demandante, siendo casado con doña Ana María Asencio, y que más tarde, en 5 de abril de 1927, se divorció del demandante la referida señora Ana María Asencio, quien es dueña de la mitad del importe de dicha sentencia. Alega el demandado que esta señora no figura como parte demandante en este caso, y que su esposo no puede ejercitar una acción para cobrar bienes que pertenecían y pertenecen a la socie-dad de gananciales.

También se establece la defensa de que la demanda ado-lece de un defecto de parte demandada porque en ella no se alega que Yictoriano Alvarez fuera el único socio gestor de la sociedad V. Alvarez & Co. ni se demanda a dicha sociedad en liquidación.

Más tarde, después de contestada la demanda, la señora Ana María Asencio solicitó y obtuvo permiso para radicar una demanda de intervención basada en los mismos hechoscontenidos en la demanda original. Alegó la interventora que la sentencia cuyo cobro es objeto de este pleito pertene-cía a la sociedad de gananciales que había tenido constituida con el demandante Jorge Sarria, y solicitó que se dictara sentencia condenando al demandado a pagarle la mitad de la suma reclamada en la demanda original. El demandante Jorge Sarria estuvo conforme en que se dictara sentencia en contra del demandado Victoriano Alvarez de acuerdo con lo solicitado por la interventora. Negó el demandado los hechos esenciales de la demanda de intervención, estableciendo las mismas defensas interpuestas contra1 la demanda original. La corte de distrito dictó sentencia condenando al deman-dado a satisfacer al demandante y a la interventora, de por mitad para cada uno, la suma reclamada en la demanda con intereses, costas y honorarios de abogado.

Alega el apelante que la corte de distrito cometió error en no sostener que existía un defecto de parte demandante en la demanda original y en la demanda de intervención: en la primera por no figurar como parte la Sra. Ana María Asencio, y en la segunda por no haberse unido a la demanda de intervención el Sr. Jorge Sarria. No podemos estar conformes con el demandado. Si, como alega, hubo defecto de partes demandantes en la demanda original, si creyó que la Sra. Asencio era una parte necesaria, la comparecencia de esta señora uniéndose al demandante para que entre ambos se divida el importe de la sentencia, lejos de perjudicarle le favorece, porque facilita la decisión de la corte con la intervención de todas las partes que es lo que parece interesar para su protección el demandado. Como muy bien dice el demandante, si Ana María Asencio compareció en este litigio por medio de intervención o en virtud de enmienda a la demanda original, es cuestión que no tiene importancia. Lo verdaderamente fundamental es que estuviese ante la corte a fin de colocar al tribunal en condiciones de dictar sentencia, manteniendo bajo su jurisdicción a todas las partes necesarias, sin perjuicio alguno para el demandado. Aún la misma corte, en ciertos casos, puede disponer la comparecencia de una parte cuando esta comparecencia sea necesaria para una completa resolución de la controversia entablada. La alegación de que la demanda de intervención contiene el mismo defecto de parte demandante que la demanda original es insos-tenible. No comprendemos cómo pneda intervenir en nn pleito una parte que desde el momento en que inició su ac-ción está presente en la corte y bajo su jurisdicción. Deben deséstimarse los errores apuntados.

El tercer error se basa en no baber sostenido la corte inferior que existía un defecto de parte demandada tanto en la demanda original como en la de intervención. El apelante arguye que en ambas demandas debió hacerse constar que Victoriano Alvarez era el único socio gestor de la sociedad V. Alvarez & Co. y que esta sociedad en liquidación debió figurar como parte demandada. No existe, a nuestro juicio, el defecto que se señala. Precisamente por haber sido demandada y no haberse podido ejecutar la sentencia dictada contra la referida sociedad, es que se está demandando al socio colectivo Victoriano Alvarez. De acuerdo con el artículo 127 del Código de Comercio antiguo, equivalente al 125 del mismo código, edición de 1930, todos los socios que forman la compañía colectiva, sean o no gestores de la misma, quedarán obligados personal y solidariamente a las resultas de las operaciones que se hagan a nombre y por cuenta de la compañía, bajo la firma de ésta y por persona autorizada para usarla. Pierluisi v. Monllor, 42 D.P.R. 11. En la escritura mediante la cual se constituyó la mercantil V. Alvarez & Co., se hace constar que son socios comanditarios don Marcelino Pórtela y Sucs. de José Martínez, y único socio colectivo y gestor el ahora demandado Victoriano Alvarez. El apelante admitió en su contestación que dicha sociedad quedó disuelta por haber vencido el contrato de su constitución sin haber sido prorrogado. Debe desestimarse el error apuntado.

El cuarto motivo de error se basa en haber admitido como prueba la corte inferior el mandamiento de ejecución de sentencia expedido el 27 de abril de 1928 en el caso seguido contra V. Alvarez & Co. Al examinar este señalamiento de error notamos que no aparece argumentado en el alegato del apelante. Sin embargo, en la discusión del tecrer "motivo de error el demandado nos dice qne la alegación de que Y. Alvarez & Co. es insolvente y carece de bienes no ha sido probada, porqne el diligenciamiento del márshal en el mandamiento de ejecución no pnede constituir evidencia para probar hechos tan esenciales como los que se alegan en la demanda original y en la de intervención. Arguye el deman-dado que se opuso a la admisión de dicho mandamiento de ejecución por considerarlo nulo. La alegada nulidad se basa -en que cuando se trató de ejecutar la sentencia Jorge Sarria no podía obtener su ejecución, porque no era dueño de la to-talidad de la misma, toda vez que para esa fecha se había .ya divorciado de su esposa. El márshal dijo en el diligen-ciamiento que requirió de pago a Victoriano Alvarez, socio gestor de Y. Alvarez & Co., y que el requerido manifestó que los haberes de la referida mercantil, tanto el pasivo como el activo, fueron liquidados por Sues, de José Martínez, cuya mercantil también está extinguida por haberse disuelto y li-quidado sus propiedades.

Asumiendo, sin decidirlo, que fuese nula la orden de ejecución y que su diligenciamiento y las declaraciones del már-shal no pudiesen admitirse como prueba, siempre tendría-mos que el demandado prácticamente admitió que la mercan-iil Y. Alvarez & Co. era insolvente y carecía de bienes para hacer efectiva la sentencia. Decimos esto porque el deman-dado negó por información y creencia las alegaciones de la demanda sobre este particular. Esta negación no debe ser permitida cuando es claro que la parte tiene conocimiento personal de los hechos que niega. Dimas v. López, 41 D.P.R. 882; 49 Corpus Juris, párrafo 334, páginas 267-268.

En este caso los hechos descansan necesariamente en el conocimiento de Victoriano Alvarez. Él era el único socio gestor de Y. Alvarez & Co., y no podía negar por información y creencia que la mercantil fuese insolvente y careciese de bienes con que hacer efectiva la sentencia. Nadie- mejor que él estaba en condiciones de saber el estado financiero de la mercantil referida. Su negación equivale prácticamente a nna admisión de los hechos alegados en la demanda sobre-esté particular. Debe desestimarse el error apuntado.

Se alega últimamente que la corte inferior cometióerror al imponer las costas y honorarios de abogado al demandado. Entiende el apelante que no es justo ni equitativoeste pronunciamiento, porque Jorge Sarria demandó a Victoriano Alvarez sin la concurrencia de la que fué su esposa, a quien pertenecía la mitad del importe de la sentencia obtetenida contra V. Álvarez & Co. Se arguye que el demandadohizo bien en defenderse para salvar su responsabilidad en cuanto a la referida señora y que por lo tanto no ha sido temerario. No ponemos en tela de juicio los esfuerzos del demandado para protegerse contra una posible reclamación dela Sra. Aseiicio, que no figuró originalmente como parte en la demanda; pero es claro que cuando esta señora intervino, uniéndose al demandante en su reclamación, el demandada pudo allanarse a la demanda y permitir que se dictara sentencia contra él. No lo hizo así, y por el contrario insistió» en su actitud y continuó oponiéndose a la referida reclamación. Entendemos que no surge de los autos razón alguna para que relevemos al apelante del pago de las costas y honorarios de abogado que le fueron impuestos por la corte inferior en el uso de sus facultades discrecionales.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado SeñoR Cóedova Dávila,

text:
    Clotilde Zayas Rivera, por sí y como padre con patria potestad sobre sus hijos legítimos, los menores Orlando, Rafael y Miguel Ángel Zayas González, demandante y apelante, v. Ignacio López Colón, demandado y apelado.
    No. 6966.

    Sometido: Marzo 4, 1935.

      Resuelto: Marzo 8, 1935.

      Guerra-Mondragón & Soldevila, abogados del apelante; Wilson P. Colberg, abogado del apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Cóedova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es éste un caso cuya vista fue señalada para el 21 de no-viembre de 1934. En dicho día el demandante solicitó la sus-pensión del juicio, que fué decretada por la corte, fijándose las costas en la suma de $25, la que, por estipulación de las partes, “pagará el demandante dentro del plazo de 15 días, so pena de que, de no hacerse así, se tendrá por desistida de esta acción a dicha parte.”

Transcurrido el plazo fijado por la corte con las prórro-gas concedidas, el demandado solicitó que se tuviese por de-sistido al demandante. La corte inferior, de acuerdo con lo solicitado, dió por desistido al demandante de la acción ejer-citada “con las costas de este litigio.”

El demandado ha solicitado la desestimación de este re-curso por entender que la sentencia dictada mediante esti-pulación no es apelable de acuerdo con la doctrina sentada por esta Corte en el caso de Sanders Philippi v. Viuda de Baigés e Hijos, 32 D.P.R. 855.

El demandante niega que se hubiese llevado a cabo esti-pulación alguna y alega que la corte de distrito no se limitó a declararle desistido del pleito sino que además le impuso el pago de las costas de este litigio y que la sentencia dictada con - este pronunciamiento es apelable por tratarse de una cuestión no comprendida en la supuesta estipulación que in-voca el apelado. A nuestro juicio, el demandante tiene, razón. No puede decirse que la sentencia dictada es inapelable, aun-que haya mediado convenio entre las partes, porque la corte condenó al demandante en términos generales a satisfacer las costas del pleito sin limitarse a dictar sentencia ajustán-dose estrictamente a la alegada estipulación.

Bebe declararse sin lu,gar la moción solicitando la deses-timación del recurso.


text:
    Bartola Collazo, Dolores, Eufemia y Marcolina Herrera, demandantes y apelante la primera, v. Eudosia Mouriño Alvarado y el menor Pedro Juan Herrera y Mouriño, demandados y apelados.
    No. 6769.

    Sometido: Enero 14, 1935.

      Resuelto: Marzo 8, 1935.

      Ramón G. Goyoo j Ángel Fiol Negrón, abogados de las apelantes; Leopoldo Tornes García, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Bartola Collazo y tres bijas legítimas suyas, como madre y hermanas respectivamente de Pedro Juan Herrera Collazo, que ba fallecido, demandaron a Eudosia Mouriño Alvarado y al menor Pedro Juan Herrera Mouriño, a quien Pedro Juan Herrera Collazo inscribió en el registro civil algunos años antes de morir como bijo babidó por él en su matrimonio con Eudosia Mouriño Alvarado, para que se declare que tal niño no es bijo legítimo de ese matrimonio y para que en conse-cuencia se declare nula la resolución judicial que declaró a los demandados herederos de Pedro Juan Herrera Collazo.

La Corte de Distrito de Ponce declaró que la demanda no aduce hechos-determinantes de cansa de acción y por ese fun-damento dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, contra cuyo fallo interpuso una de las demandantes,- Bartola Collazo, este recurso de apelación. Once meses después nos pidieron los apelados que desestimemos ese recurso alegando para ello tres motivos: porque la transcripción de los autos debió ser presentada en este Tribunal dentro de los treinta días siguientes a la interposición de la apelación de acuerdo con la ley, toda vez que habiendo sido declarada sin lugar la demanda por no aducir causa de acción no era necesaria para resolver la apelación la transcripción de la evidencia presen-tada en el juicio : porque el Lecho de haber apelado solamente una de las demandantes no le da jurisdicción a este tribunal sobre el asunto, y que el escrito de apelación no fué notificado a las otras demandantes: y porque la apelación es frívola. Cuando fué oída esa moción habían sido ya presentados en este tribunal los autos para resolverla, de los que forma parte la transcripción de la evidencia.

Al comenzar el juicio de este caso en la corte inferior se discutió por las partes la excepción opuesta a la demanda de no contener hechos determinantes de causa de acción; y para evitar las partes que el juicio se suspendiera hasta que esa cuestión fuese resuelta, convinieron, y la corte aceptó, que se practicase la prueba sin perjuicio de que después fuese resuelta la suficiencia de la demanda, la que fué decidida por la corte por las alegaciones y sin tener en cuenta la prueba .que fué presentada. Por esto, por no ser necesaria la eviden-cia presentada en el juicio para resolver esta apelación la desestimamos, por no haber sido presentado en este tribunal el legajo de la sentencia dentro de los treinta días siguientes a la interposición del recurso (47 D.P.R. 659). Posterior-mente dejamos sin efecto esa resolución'porque en la trans-cripción de la evidencia constan ciertas enmiendas hechas por las partes a sus alegaciones, las cuales no fueron presenta-das por escrito (47 D.P.R. 758).

Celebrada una nueva vista de la moción de desestimación no podemos decretarla por el primer motivó señalado al principio porqne para poder resolver si la demanda aduce o no hechos determinantes de cansa de acción tenemos que conocer las enmiendas qne fueron hechas y que sólo constan en la transcripción de la evidencia, por lo que era necesario en este caso, dadas las circunstancias que concurren, que la transcripción taquigráfica de la evidencia fuese traída a este Tribunal para poder conocer las enmiendas que contiene.

Veamos si tenemos jurisdicción para conocer de la apelación interpuesta por una sola de las demandantes. No tenemos que resolver en esta ocasión si como dicen los apelados es necesaria la apelación de todas las demandantes para darnos jurisdicción para decidir este recurso porque, sea ello como fuere, lo cierto es que la acción, si existe en este caso, puede ser ejercitada por cualquiera de las demandantes sin la concurrencia de las otras, ya que cualquiera de las herederas del padre del menor puede ejercitarla, por lo que cualquiera de los que han demandado como herederos puede establecer la apelación contra la sentencia. Tampoco era necesario notificar la apelación a las otras tres demandantes porque no son partes adversas a Bartola Collazo, ya que si revocáramos la sentencia apelada no resultarían perjudicadas por nuestra decisión.

Con respecto a la alegada frivolidad de la apelación nos parece que dada la importancia de la cuestión planteada pol-la demanda es preferible que el recurso continúe por todos sus trámites para que tengamos el beneficio de los alegatos de ambas partes para decidirlo.

La desestimación de la apelación debe ser negada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Valentín Ramos Avilés, acusado y apelante.
    No. 5711.

    Sometido: Marzo 1, 1935.

      Resuelto: Marzo 8, 1935.

      José Veray, Jr., abogado del apelante; R. A. Gomes, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Attxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Valentín Bamos Avilés apeló de una sentencia condenatoria dictada contra él en asunto criminal y solicitó de la corte de distrito que el taquígrafo hiciera la transcripción de la evidencia para su recurso y que se le declarase pobre a los efectos de no pagar los derechos del taquígrafo. Con esa petición acompañó declaración jurada suya en la que manifiesta que había interpuesto apelación contra la senten-cia qne lo condena a dos años de presidio por infracción del artículo 407 del Código Penal (incendio) y que no está en condiciones por su pobreza de pagar la transcripción de la evidencia para su recurso. También presentó dos decla-raciones juradas de otras personas en las que se dice que dicho apelante es insolvente y carece de recursos y entra-das suficientes para pagar al taquígrafo la transcripción de la evidencia para su apelación; que tiene esposa y cinco hijos pequeños y se dedica a la venta de aves y a otros ne-gocios de igual naturaleza, manteniendo a su familia con el producto de su trabajo. La corte ordenó que esa petición de pobreza fuese notificada al taquígrafo por si deseaba opo-nerse a ella. Algún tiempo después, sin que conste que el taquígrafo presentara evidencia contraria a esas declaracio-nes, la corte resolvió lo siguiente: “Orden. La corte, esti-mando que el conflicto de la evidencia en este caso fué correc-tamente resuelto por el jurado; que no fueron levantadas cuestiones de derecho en el curso del juicio ni tomadas excep-ciones meritorias y que consecuentemente la apelación esta-blecida es frívola y a todas luces de carácter dilatorio; que el acusado fué asistido de abogado mediante pago de hono-rarios; considerada también la lenidad de la pena impués-tale, y especialmente confrontándose la oficina del taquígrafo con una situación embarazosa por el abuso que ha venido ha-ciéndose de las peticiones de pobreza para la transcripción de récords, lo que se resuelve prácticamente en perjuicio de la buena marcha de la tramitación en los asuntos del tribunal, declara sin lugar la instancia presentada, o sea, la concesión del beneficio de pobreza para la preparación de la transcrip-ción de evidencia.” Contra ella interpuso el acusado este recurso de apelación, que está autorizado por el artículo 347, No. 3ro., del Código de Enjuiciamiento Criminal, según el cual el acusado puede apelar de una providencia dictada des-pués de una sentencia que afecte los derechos substanciales de la parte.

El artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal según qnedó enmendado por la Ley número 4 de 18 de abril de 1925 autoriza a nn acusado que ba sido condenado y apela de la sentencia para que la transcripción de la eviden-cia para su apelación sea preparada por el taquígrafo de la corte y dispone que en el caso que el acusado apelante hu-biese probado su insolvencia a la corte, será deber de ésta ordenar al taquígrafo que prepare y radique la transcripción libre de derechos.

La orden que motiva esta apelación no niega que el ape-lante sea insolvente y esté impedido, por tanto, de pagar al taquígrafo los derechos que la ley le autoriza cobrar por esa transcripción de la evidencia. Las únicas declaraciones que tuvo la corte ante sí para resolver la petición de declaración de insolvencia no fueron contradichas. La negativa de declara-ción de insolvencia la fundó la corte inferior en otros motivos que no encontramos justificados, pues el estimar que el con-flicto de la evidencia fué correctamente resuelto por el jurado y que la apelación de la sentencia es frívola porque no fueron suscitadas cuestiones de derecho durante el juicio, no son cuestiones para ser resueltas por la corte inferior sino por este tribunal si le son planteadas; tampoco el hecho de que el acusado estuvo defendido por un abogado a quien pagó, pues no consta de estos autos tal pago y, aunque constara, pudo haber pagado su defensa en el juicio y no encontrarse en condiciones de pagar la transcripción de la evidencia: ni el hecho de que se impusiera poca pena al acusado ni que se ha estado abusando de peticiones de pobreza, es razón para negar la declaratoria de insolvencia hecha por el acusado por-que si él es en verdad pobre no puede afectarle lo que otras personas hayan hecho viciosamente.

La orden recurrida debe ser revocada y dictarse otra de-clarando q%be el apelante es insolvente y tiene derecho a que el taquígrafo haga la transcripción de la evidencia gratuita-mente.