author: El Juez Asociado Señoi-i Wole, TTTEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO. JUEZ ASOCIADO SE. FRANCO SOTO.

text:
    Angel Cestero, demandante y apelado, v. Sucesión Intestada de Eduardo Cestero, compuesta de su esposa Concepción Ramírez y sus hijos menores George, Marina, Patrick, Celia Cestero Ramírez, demandada y apelante.
    No. 3781.

    Visto: Febrero 10, 1926.

      Resuelto: Julio 29, 1926.
    1. Testigos — Competencia—Testimonio de Partes o Personas Interesadas a Favor o en Contra de Representantes, Supervivientes o Sucesores en Título o Interés de Personas Fallecidas o Incompetentes — Preceptos Estatutobios — -Interpretación.—La inhabilidad de un testigo, según la sección 3 de la Ley de marzo 10, 1904 (Leyes de 1904, p. 121), no es ab-soluta; el estatuto mismo demuestra que es renuneiable.
    2. Testigos — Competencia—Capacidad y Condiciones (Qualifications) en General — Renuncia a la Objeción de Incompetencia del Testtgo y Efecto —Parte que no Comparece en el Juicio. — Cuando una parte permanece pasiva y permite que se admita evidencia material y relevante, aunque tal evidencia pudiera resultar incompetente al presentarse la debida objeción, existe una renuncia y la cuestión de incompetencia no puede ser levantada en apelación. Asimismo, cuando en ausencia de una parte la corte admite prueba oral material y relevante que pudiera ser excluida mediante la de-bida objeción, la cuestión de incompetencia queda renunciada y la parte, no presente en el acto del juicio no puede derivar de ello ventaja alguna en apelación.
    3. Testigos — del Examen o Interrogatorio — Contra-interrogatorio y Re-exa-men — Rfpreguntas por la Corte — Cuando una Parte no Comparece en Juicio — Bn General. — Cuando un testigo manifiesta que prestó a su her-mano mil dollars, ello constituye la expresión de un hecho último (ultimate fact) y la corte, en su discreción, no está o viene obligada a repreguntar con el fin de poner a prueba la forma de pago o la credibilidad del testigo.
    4. Pagos — Requisitos y Suficiencia — Pago Efectuado por Medio de Cheques. —En General. — El artículo 1138 del Código Civil es más bien un pre-cepto de derecho sustantivo que una regla de evidencia. Una deuda no queda pagada por la mera entrega de un cheque; si el cheque no es pa-gado la deuda continúa en todo su vigor. Dicho artículo, por sus términos, no hace necesario que un testigo exprese la forma de pago.
    SENTENCIA de Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), de-clarando con lugar la demanda, con costas.

      Modificada, y con-firmada.

      Rafael Rivera Zayas, y Juan B. Soto, abogados de la apelante; .. Acuña & Janer, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señoi-i Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La demandada alega que la corte cometió error al ad-mitir evidencia de una transacción con un finado en viola-ción de la ley.

La demandada no compareció a la vista del caso y se permitió a Angel Cestero declarar que le había prestado $1,000 a su hermano Eduardo Cestero, quien ya había muerto.

En el caso de Wilcox v. Axtmayer, 23 D.P.R. 343, esta corte resolvió que la sección 3' de la Ley de 1904 no fué de-rogada por la Ley General de Evidencia aprobada en 1905. La sección 3 dice así:

“En las demandas por o en contra de los albaceas testamentarios, administradores o tutores en las cuales pueda dictarse sentencia a favor o en contra de ellos como tales, ninguna de las partes podrá declarar contra la otra en lo referente a transacciones con, o rela-ciones hechas por el testador, intestado o pupilo, a menos que fuere llamado a declarar por la parte contraria; y las prescrip-ciones de esta sección se aplicarán a todas las demandas por o en contra de los herederos y representantes legales de un finado, que se suscitaren de transacciones habidas con éste.”

Muchos de los Estados de la Unión Americana contienen disposiciones similares que han sido aplicadas estrictamente para limitar la exclusión de declaraciones. Esta corte ha citado el caso de Wilcox v. Axtmayer en Freyre v. Sucesión de Sevillano, 28 D.P.R. 396, y en Saunníón v. Días, 29 D.P.R. 615. En este último caso dijimos: “Y sostiene el ape-lante que de acuerdo con la ley, tal como fué interpretada por esta Corte Suprema en el caso de Wilcox v. Axtmayer, et al., 23 D.P.R. 343, las declaraciones del demandante y del testigo Garau en cuanto se referían a las manifestaciones de Palés, que había ya muerto cuando la demanda se inter-puso, eran inadmisibles como prueba.

“Hemos examinado las declaraciones del demandante y del testigo G-arau y nada se objetó por la parte demandada cnando ellos se refirieron a las actnaciones y palabras del Sr. Palés en relación con el contrato de qne se trata. La cuestión levantada se suscita por primera vez en esta corte de apelación.”

El caso de Wilcox v. Axtmayer también fué citado en García v. Santos, 29 D.P.R. 880. En ninguno de estos ca-sos se aplicó la doctrina sentada por el caso de Wilcox v. Axtmayer, por varias razones.

La apelante en su alegato dice:

“Y no se diga que el testimonio de Angel Cestero fué admitido porque la parte contraria no estuvo presente para Racer oposición; pues el testimonio de un testigo inhábil es nulo, sin necesidad de oposición por la parte contraria, ya que no se trata meramente de una cuestión de admisibilidad, sino de competencia para declarar, esto es, de la capacidad que tiene una persona para actuar como testigo. ’ ’

La apelante está equivocada al suponer que la inhabilidad (incompetency) de un testigo según la sección 3 de la Ley de 1904 es absoluta. El estatuto mismo demuestra que puede ser fácilmente renunciado si e] testigo es llamado por la parte contraria. Y las decisiones demuestran generalmente que puede renunciarse a esta clase de inhabilidad, al igual que a declaraciones de referencia, al estatuto de fraudes y a otras muchas causas de inhabilidad (incompetency).

El primer caso en esta jurisdicción que resolvió que evi-dencia inadmisible (incompetent) puede ser renunciada fué Falero v. Falero, 15 D.P.R. 118.

El caso de El Pueblo v. Asencio, 16 D.P.R. 355, resolvió en un caso criminal que declaraciones de referencia eran admisibles si no se objetaba a las mismas, citándose a Falero v. Falero, supra. De igual manera resolvimos en El Pueblo v. Silva, 17 D.P.R. 607. En el caso de Suris v. Quiñones, 17 D.P.R. 646, la objeción hecha fué que las firmas en nn documento privado eran falsas, pero como no se hizo ninguna otra objeción la corte admitió el documento.

En Coto v. Rafas, 18 D.P.R. 508, dijimos, citando el caso principal,' que era un principio de derecho que cualquier testimonio probatorio sería considerado por la corte si no se hacía objeción alguna a su admisión. Igualmente diji-mos en El Pueblo v. De Jesús, 18 D.P.R. 591. Herederos de Martínes v. Fernández, 19 D.P.R. 143, fué un caso en que se aplicó este principio en una cuestión de evidencia oral que tal vez hubiese sido inadmisible si se hubiera ob-jetado. De igual manera se presentó evidencia oral en el caso de Robles v. Robles, 19 D.P.R. 438, y se citó el caso de Falero v. Falero, supra. Rodrigues v. P. R. Railway, Light & P. Co., 19 D.P.R. 643, fué otro caso de supuesta declara-ción de referencia donde se citaron algunos de los casos anteriores.

Príncipe v. American R. R. Co. of P. R., 22 D.P.R. 302, fué un caso en el cual la objeción que se hizo en apelación fué a la evidencia secundaria. El Pueblo v. Alsina, 22 D.P.R. 458, fué un caso en el cual resolvimos que no se podían levantar en apelación objeciones a la admisión de eviden-cia secundaria. En Assise v. Curet, 22 D.P.R. 555, se con-sideró renunciada la objeción a un certificado de nacimiento por prueba testifical, por no haberse levantado la cuestión en la corte inferior.

En Maymón v. Victoria & Co., 25 D.P.R. 192, se dice en la página 195.:

“En el acto de la vista no se presentó en efecto el documento otorgado, pero sí prueba oral de las condiciones del contrato, sin que la demandada hiciera objeción alguna a la práctica de dicha prueba, y sabido es que ....
“Es un principio de derecho que cualquier testimonio probatorio puede ser considerado por la corte, si no se presenta objeción al-guna a la admisión del mismo. (Burton v. Driggs, 20 Wall 133; District of Columbia v. Woodbury, 136 U. S. 450; Patrick v. Graham, 132 U. S. 627; Camden v. Doremus, 3 How. 515.) Esta es una aplicación de la máxima Consensus tollit errorem.”

Este caso fue citado por el apelado.

El caso de Ibáñes v. Divinó, 25 D.P.R. 302, es al efecto de que las objeciones deben presentarse debidamente y bace una larga cita de Fálero v. Falero, supra. Manifestacio-nes similares pueden bailarse en Alcaide v. Alcaide, 25 D.P.R. 310; Sucesión de Del Rosario v. Rosaly, 27 D.P.R. 105; El Pueblo v. Ríos, 30 D.P.R. 114, y El Pueblo v. Ruis, 31 D.P.R. 312.

Algunas expresiones equívocas pueden bailarse en algu-nos de los casos de California, pero en Kinley v. Largent, 187 Cal. 71, 200 Pac. 937, se dice, refiriéndose a la inhabili-dad de un testigo por razón de haber tenido transacciones con'el finado: “En algunos de los casos se usó lenguaje que podría indicar que la inhabilidad (incompetency) era absoluta.” Así en Rose v. Southern Trust Co. 178 Cal. 580, 174 Pac. 28, se manifiesta que tal testigo no debe de-clarar, pero la corte demostró que en el último caso se hizo una objeción durante el juicio, no presentándose la cues-tión de renuncia a la objeción, y se hizo una distinción del caso.

La jurisprudencia es casi uniforme en el sentido de que si una de las partes se sienta tranquilamente y permite que se introduzca ante la corte o el jurado evidencia de tran-sacciones con un finado sin hacer objeción alguna, se da por renunciada la supuesta inhabilidad (incompetency). En 40 Cyc. 2349, notas 61 y 62, el texto dice: “Incumbe- a la parte que desea aprovecharse de la inhabilidad (incompetency)i de un testigo presentar una objeción por ese funda-mento, en ausencia de la cual se presume que se renuncia a la objeción y se permite declarar al testigo.”

Secor v. Siver, 161 N. W. 769, fué un caso en que se in-vocó un estatuto como el presente y la corte resolvió que una objeción de incompetencia debía hacerse específicamente y que una objeción a la evidencia no levantaba punto al-guno de la inhabilidad (incompetency) del testigo para de-clarar y que si se presentaba alguna objeción por un fun-damento que no se podía presentar objeción por otro fun-damento en apelación. De igual modo, que una parte en el examen de repreguntas dentro de un campo no mencionado por el examen directo podía renunciar a la objeción. En Bland v. Beasley, 76 S. E. 50, se dijo que la objeción a la inhabilidad (incompetency) de un testigo debe ser especí-fica, y en Hathaway v. Cook, 258 Ill. 92, la corte resolvió que la objeción no podía levantarse en apelación, especial-mente cuando la mayor parte del testimonio fué dado en el examen de repreguntas.

Igualmente en Haslam v. Perry, 98 Atl. 812, la corte resolvió que si se hubiese objetado oportunamente el testi-monio hubiera sido inadmisible. El caso de Cook v. Lane, 84 Atl. 864, resolvió que una objeción general al testimo-nio, renunciaba a la objeción sobre la capacidad (competency) del testigo y que la falta de presentar objeción a tal capacidad hacía que el testigo fuera hábil (competent) du-rante el juicio, aun en una vista posterior del caso.

Farias v. Salas (Texas), 244 S. W. 1115, sostiene que el apelante no hizo objeción a la declaración de la apelada respecto a transacciones y conversaciones que ella tuvo con Benavides, el .finado, y por tanto que el testimonio debe considerarse admisible y legal. Reynolds v. Reynolds (Tex. Civ. App.) 224 S. W. 382.

Hale v. Hale, 224 S. W. 1078; Harwood v. Hunt, 191 N. W. 19; In Re Wood’s Estate, Appeal of Gregg, 115 Atl, 865; todos estos casos resolvieron que puede renun-ciarse el privilegio si no se presenta objeción alguna.

Bajo el encabezamiento del Estatuto de Fraudes, 27 C. J. 373, se dice: “Y es demasiado tarde después del vere-dicto objetar que el contrato sobre el cual se demanda fué probado con prueba testifical, cuando el estatuto requiere que sea por escrito.” El Estatuto de Fraudes es una regla de evidencia y puede ser renunciado por no presentarse ob-jeción alguna. Taplin v. Hinckley Fibre Co. (Vt.) 122 Atl. 426; De Proy v. Progakis, (Tex.) 259 S. W. 620.

El mismo caso de Wilcox v. Axtmayer, supra, es una au-toridad en el sentido de que la sección 3 de la Ley de 10 de marzo de 1904, es una regla de evidencia por ser in parí materia y el caso de Saunnión v. Días, supra, demuestra que puede renunciarse a la objeción.

El caso de Hoag v. Wright, 63 L.R.A. 163, dice:

“Interpuesta la objeción, sin embargo, no atacó la capacidad del testigo, sino la admisibilidad de la evidencia; es decir, la evidencia era admisible pero el testigo no estaba capacitado para declarar. Si bien no es necesario que se refiera específicamente a la sección del Código que hace inhábil a un testigo, es necesario levantar la cues-tión en alguna forma que demuestre claramente la intención de objetar. Una objeción de que el testigo es inhábil o está interesado sería, tal vez, suficiente, pero la simple objeción de que la evidencia es inadmisible no es suficientemente específica para justificar una revocación. (Citas) En todos los casos a que se ha llamado nues-tra atención en que la revocación se ha basado en la sección 829, las objeciones fueron tan completas y claras que necesariamente tra-jeron ante la mente de la corte y del abogado de la parte contraria el fundamento específico sobre el cual se basaba la objeción. Una práctica razonable lo requiere así, a fin de que la corte pueda fa-llar inteligentemente, y para que el abogado esté advertido del riesgo que está corriendo y obre de conformidad. (Citas.)”

El hecho principal que distingue el presente caso del volumen de jurisprudencia de que las objeciones deben pre-sentarse en la corte inferior es que el demandado no estaba presente durante el juicio. Hasta ahora no hemos podido hallar ningún caso que trate la cuestión de evidencia inad-misible (incompetent) aceptada en ausencia de una parte que hubiera tenido el derecho de oponerse si hubiese estado presente. Sin embargo, parecería lógico y una cuestión a fortiori que si un demandado deja de comparecer a un jui-cio renuncia a cualquier derecho a objetar a evidencia in-admisible (incompetent). Hay muchos casos que han re-suelto que el oponerse a la admisión de testimonio por ser inadmisible (incompetent) por referirse a una transacción o conversación con un finado, no puede levantarse por pri-mera vez en apelación. R. Herman Sawmill Co. v. Bailey, 58 S. W. 449; McElroy et al. v. Barkley, 58 S. W. 406; Brown v. Johnson, 77 N. W. 900, y muchos más. De lo contrario, es evidente que ausentándose del juicio una de las partes podría obtener ciertas ventajas.

En 3 C. J. 689, se dice: “Con ciertas excepciones, que serán mencionadas más adelante, la regla es casi de aplica-ción universal que cuestiones de la naturaleza que sea no levantadas ni presentadas debidamente para su revisión en una corte sentenciadora no serán examinadas en apela-ción.” Las excepciones a que se hace referencia no afec-tan el asunto que tenemos a la vista.

En su alegato la apelante hace mención de que por inad-vertencia del' abogado de ella, éste no se dió cuenta de que el caso sería llamado para juicio. No obstante, los autos no demuestran que se presentó moción alguna a la corte inferior para abrir otro juicio a fin de darle a los deman-dados una oportunidad para ser oídos. Si se presentara tal moción a la discreción de la corte, la parte que la presenta . debería radicar un affidavit de méritos, haciendo constar a nombre de los herederos que ellos creían que la reclamación del demandante era poco equitativa o poco razonable. En otras palabras, que a fin de aprovecharse del tecnicismo del estatuto el demandado debe demostrar que tiene una- de-fensa meritoria, una vez que ha permitido que se dicte sen-tencia contra él por su propia falta de comparecencia.

Nuestra resolución principal en este caso es que no com-pareciendo en el juicio la demandada renunció a cualquier cuestión de inadmisibilidad (incompetency) y que el deman-dante tenía derecho a presentar cualquier prueba que fuera material y pertinente.

Durante la vista de un caso en que el demandado no comparece la corte tiene amplia discreción, y se presume que siempre la ejerce en forma tal que queda convencida de que el demandante tiene una buena causa de acción. Si el juez le cree a un testigo cuando éste dice: “Le presté a mi hermano $1,000,” no está obligado a repreguntar a tal testigo para averiguar la fecha, forma y modo en que se hizo el préstamo. En cualquier juicio, estando presentes abogados competentes, se permite que se introduzca mucha prueba enteramente inadmisible, porque los abogados saben que si se hace alguna objeción se presentaría la prueba de-bida. Entonces el presentar alguna objeción equivaldría únicamente a tomarle el tiempo a la corte. En ausencia del abogado del demandado la corte no está obligada a ser de-masiado exigente y puede admitir aun evidencia inadmisi-ble (incompetent) si está satisfecha de que es un verdadero reflejo de los hechos del caso.

Una vez concedido que se puede admitir evidencia inad-misible si no se presenta objeción alguna, el demandante ha probado su caso con su sola declaración. El demandante dijo: “Le presté a mi hermano $1,000,” y además que el dinero prestado nunca le había sido pagado. En general, el decir un hombre que le prestó a otro $1,000, equivale a decir el hecho último. Esta manifestación, exceptuando la inadmisibilidad que hemos estado discutiendo, no es obje-table en ningún sentido. Después de declarar acerca del préstamo, el demandante pudo terminar ahí su prueba.

Él no lo hizo así. Presentó otro testigo que no estaba incapacitado para declarar sobre transacciones con el finado y declaró que el demandante le había entregado $1,000 para que él a su vez se los entregara a Eduardo Cestero; que él los había depositado y que le había entregado el dinero a Eduardo Cestero por medio de un cheque contra el Banco Comercial de Bayamón; que no tenía el cheque porque se había mudado de Bayamón, donde vivía entonces, a Río Grande.

La corte oyó esta declaración y evidentemente estuvo completamente satisfecha de que Eduardo Cestero recibió los $1,000.

Se han suscitado dudas respecto a si se ha probado la entrega del dinero. Se lia invocado el artículo 1138 del Código Civil que es como sigue:

“Art. 1138. — El pago de las deudas de- dinero deberá hacerse en la especie pactada, y no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plata u oro que tenga curso legal en Puerto Rico.
“La entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio u otros documentos mercantiles, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubie-sen perjudicado.
“Entretanto la acción derivada de la obligación primitiva que-dará en suspenso.”

No nos parece que este artículo es tanto una regla de . evidencia como de derecho substantivo. ¿Queda una deuda pagada por la mera entrega de un pagaré o de un cheque? Lo que ha sido una cuestión a discutir en las cortes de los Estados Unidos ha sido resuelta definitivamente por el Có-digo. Con la mera entrega de un cheque no queda pagada una deuda. No obstante, sostenemos que la entrega de un cheque, si no se hace la debida objeción, es prueba prima facie, no sólo de un préstamo sino también de pago.

El inciso 13 del artículo 102 de la Ley de Evidencia tiene algún valor, espiritualmente si no literalmente, y dice así:

“Art. 102. — Todas las demás presunciones serán satisfactorias, si no fueren contradichas. Se denominan presunciones disputables y pueden controvertirse mediante otra evidencia. Corresponden a esta clase las siguientes:
“13. Que una persona en cuyo poder obrare una orden a su cargo para el pago de dinero, o mandándole entregar una cosa, ha pagado el dinero o entregado la cosa de conformidad.”

La prueba no daba lugar a dudas de que Angel Cestero había entregado $3,000 a Rafael Ramírez para que éste a su vez los entregara a Eduardo Cestero. Rafael Ramírez en efecto había recibido y aceptado una orden de pagar a Eduardo Cestero $1,000. Entonces surgió la presunción de que había cumplido su obligación. La forma en que lo hizo no tenía importancia.

En este caso, sin embargo, no se trata del cumplimiento o pago de una obligación. Si se invocan tecnicismos, enton-ces no es aplicable el artículo 1138. Aquí no se trata.de un deudor que alega el cumplimiento de una obligación pre-existente. Hablando técnicamente no se trató de efectuar ningún pago. No hay nada en el código que impida que surja la presunción, según el curso ordinario de los nego-cios en todo el mundo, que un cheque ha sido aceptado (honored). El inciso 20 del artículo 102 de la Ley de Eviden-cia dispone lo siguiente:

“20. — ’Que se lia seguido el curso ordinario de los negocios.”

La corte inferior por toda la prueba presentada tenía derecho a estar enteramente satisfecha de que Angel Ces-tero prestó a Eduardo Cestero $1,000. Sin embargo, du-rante el juicio Angel Cestero dijo que prestó el dinero sin intereses, lo que parece natural. Por tanto, la sentencia debe ser modificada en el sentido que diga “con intereses a partir de la fecha de la interposición de la demanda,” y así modificada dede ser confirmada.

Los jueces Presidente señor del Toro y Asociado señor Franco Soto, disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

TTTEZ PRESIDENTE SR. DEL TORO.

Estoy conforme en que puede admitirse prueba de tran-sacciones con un difunto no obstante la prohibición estable-cida por la ley, si no se presenta la debida objeción, y me inclino a creer que esa regla puede aplicarse cuando el de-mandado deja de comparecer al juicio. La razón de mi disentimiento descansa en que a mi juicio no se probó cum-plidamente la entrega del dinero de acuerdo con el artículo 1138 del Código Civil que considero aplicable a este caso. Por eso estimo que la resolución más apropiada y justa para ambas partes es la de revocar la sentencia y ordenar la celebración de nn nnevo juicio.

OPINION DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SE. FRANCO SOTO.

En la demanda se alega que en diciembre de 1920 el de-mandante bizo nn préstamo a Eduardo Cestero, cansante de los demandados, por $1,000 para ser devuelto al año si-guiente con intereses al tipo del 9 por ciento anual. Se alegó el fallecimiento de Eduardo Cestero sin haber satis-fecho ¡la deuda y, en virtud de dirigirse la acción contra sus herederos, se suscita por los apelantes la inhabilidad del demandante Angel Cestero por haber declarado como testigo en el caso, invocándose para .ello la sección 3 de la Ley de 10 de marzo de 1904, (página 121), que prescribe que ninguna de las partes podrá declarar contra la otra en lo referente a transacciones con, o relaciones hechas por el tes-tador, intestado o pupilo, a menos que fuere llamado a de-clarar por la otra parte, disponiendo asimismo que tales prescripciones se aplicarán a todas las demandas por o en contra de los herederos y representantes legales de un fi-nado, que se suscitasen de transacciones habidas con éste.

El juicio se celebró sin la asistencia de los apelantes y Angel Cestero fué llamado a declarar en su propio benefi-cio y sustancialmente dijo lo siguiente: que en 1921 prestó a su hermano Eduardo Cestero $1,000 sin interés para de-volverlos tan pronto vendiera unas fincas en Bayamón; que dió el dinero por conducto de su amigo íntimo Rafael Ramírez y éste hizo la entrega mediante un cheque; que Eduardo Cestero tenía una finca en Pueblo Yiejo y le de-cía que tan pronto la vendiera le pagaría y que la vendió y no le pagó. Y el testigo Rafael Ramírez refiere que en 1921 recibió de Angel Cestero $1,000 para entregar a su hermano Eduardo; que depositó el dinero en el Banco Co-mercial y que dió un cheque a Eduardo Cestero por dicha suma.

Demás parece que digamos que habiéndose dicho por el demandante que el préstamo lo Mzo por conducto de nn tercero y mediante nn cheque, no es necesario qne exami-nemos la suficiencia de sn declaración a la lnz del precepto invocado por los apelantes y qne establece la inhabilidad de nna parte para declarar contra la otra en lo referente a transacciones con, o relaciones hechas por el difunto, sino aquilatar sus efectos de acuerdo con los principios ge-nerales de evidencia, ya que en otro de los errores alega-dos se sostiene la insuficiencia de la prueba.

Es cierto que habiéndose celebrado el juicio en ausencia de los apelantes no hubo objeción a la prueba así practi-cada, pero no se trata, además, de una prueba de referen-cia y sí de prueba legalmente insuficiente sin que la au-sencia de los demandados en el juicio o la omisión de ha-ber sido objetada la haga suficiente o cure su ilegalidad.

“No resulta necesariamente por ello que la omisión de objetar a un testimonio es una admisión de que es competente. Cuando la prueba es contraria a la ley, el silencio de la parte opositora no cura su ilegalidad, y la corte está obligada, mero moiu, a tratarla como sin validez. Además, la corte puede propiamente excluir tal prueba sin haberse hecho objeción alguna; y la resolución de la corte sen-tenciadora, excluyendo el testimonio, será sostenida si su presenta-ción fué impropia, aunque el abogado no exponga las razones co-rrectas para la objeción, siempre que tales razones, si fueren ex-puestas, no hubieran podido ser obviadas.” (10 Cal. Jur. 822).

Como la entrega del dinero se hace depender del libra-miento de un cheque y es uno de los documentos a que se refiere el artículo 1138 del Código Civil, que sólo produce efecto cuando se hubiese realizado o pagado, la declaración .del testigo tenía un aspecto legal en ese punto y parecía más natural que se hubiera producido el cheque mismo, pues necesariamente tenía que volver a manos de Ramírez una vez' satisfecho por el banco. El testigo dijo solamente 'que no tenía el cheque porque él vivía en esa época en Ba-yamón y después se fué a Río Grande. No hubo nada ex-plícito en sentido de que el documento se hubiera perdido o destruido para entonces dar o nó crédito a sus demás manifestaciones. La evidencia tiene sus reglas y uno dé sus efectos cuando no se cumple con ellas, se prevé por el artículo 162 de la Ley de Evidencia, diciendo:

“En los casos civiles la afirmativa en una cuestión deberá pro-barse, y cuando la evidencia fuere contradictoria, la decisión deberá pronunciarse de acuerdo con la preponderancia de pruebas.
“La evidencia deberá estimarse no sólo por su valor intrínseco, sino también con arreglo a la prueba que una parte estuviere en aptitud de presentar, y la otra de contradecir; y por tanto si se ofreciere evidencia más débil y menos satisfactoria, cuando pare-ciere que la parte estaba en aptitud de ofrecerla más firme y satis-factoria, la evidencia ofrecida deberá mirarse con 'sospecha.”

La falta de la producción del cheque en este caso debió considerarse fatal para el demandante. La mejor evidencia aparece suprimida sin una excusa legal de no haberse pre-sentado. “La regla que requiere la presentación de la me-jor evidencia de que es susceptible el caso por su natura-leza, es adoptada para evitar el fraude, y se declara que es esencial para la buena administración de justicia * * * Exigiendo la presentación de la mejor evidencia, la ley niega la admisibilidad de aquella prueba que por su natu-raleza es meramente un substituto, cuando la evidencia original no puede ser hallada.” Anglo-American Packing, etc., Co. v. Cannon, 31 Fed. 313, 314.

“En los libros se dice que la razón de la regla es la sospecha de fraude, y si hay mejor evidencia del hecho que se retiene- sin pre-sentarse, surge la presunción de que la parte tiene algún motivo secreto o siniestro para no presentarla. Las reglas de evidencia se adoptan con fines prácticos en la administración de justicia, y de-ben ser aplicadas para conseguir los fines para que son designadas.” U. S. v. Reyburn, 6 Pet. (U. S.) 352, 367, 8 L. Ed. 424.

Yo creo que sería subversiva a los fines de la justicia que se estableciera como regla que en ausencia del abogado de un demandado las cortes tengan demasiada lenidad en la admisión de prueba inadmisible. No he encontrado nin-guna autoridad en tal sentido, ni pienso qne pneda encon-trarse. La Corte Suprema de California, por el contrario, en el caso de McGuire v. Drew, 83 Cal. 225, sienta como regia más sana y saludable, la siguiente: “Es el deber de 1a. corte sentenciadora, cuando solamente una parte está re-presentada, insistir en que se presente la mejor evidencia obtenible. ’ ’

Insisto en que si el demandante no se concretó a decir que le prestó a su hermano |1,000 y que tal suma no le ha-bía sido devuelta sino que explicó además que se valió de un tercero y éste expidió un cheque para la entrega del dinero, ninguna de las manifestaciones envuelven la significa-ción de “hechos últimos.” No deben confundirse éstos con los elementos mismos de evidencia para establecer o refutar los hechos en controversia. Los “hechos últimos” los define Bouvier’s Law Dictionary, Yol. 2, pág. 1152, así: “He-chos en controversia en oposición a hechos probatorios o evidencíales, siendo estos últimos aquellos que sirven para establecer o refutar los hechos en controversia.”

Un cheque, por su faz, es una mera orden a otra para que pague dinero y aunque por sus términos no decide la cuestión de si el dinero era para pagar una deuda o era un préstamo, de cualquier modo envuelve la entrega de dinero. Si a los efectos del pago de una deuda la entrega de un cheque es condicional a dicho pago, mientras no se realiza o se hace efectivo, lo mismo ocurre cuando se trata de un préstamo. La entrega del dinero queda en issue o el prés-tamo no queda consumado mientras' el deudor no lo cobre. Y esto es lo que no se ha probado en este caso. Considero una sutileza decir que técnicamente el artículo 1138 no se-ría aplicable a la entrega de un cheque dado para una ope-ración de préstamo, y sí únicamente a la extinción de obli-gaciones por el pago. Existiendo la misma razón, debe haber igual disposición de la ley.

Por todo lo expuesto, la sentencia apelada debió revo- . earsé y declararse sin lugar la demanda.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Carmen Ferrer, demandante y apelada, v. José Guillén, demandado y apelante.
    No. 3984.

    Visto: Julio 28, 1926.

      Resuelto: Julio 30, 1926.
    1. Divorcio — Pensión Alimenticia {Alimony), Concesiones {Allowances) y Dis-posición de la Propiedad — Apelación—Decisiones Apelables — Providen-cia Especial Después de la Sentencia de Divorcio — Resolución Con-cediendo Pensión Alimenticia a los Hijos. — Después de dictada senten-cia en pleito de divorcio y estando apelada, la esposa presentó’ moción en dicho pleito solicitando una pensión alimenticia para los hijos del matri-monio y fué concedida. Se resolvió: que esa resolución es apelable de acuerdo con el inciso 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    2. Divorcio — Cuidado o Custodia y Manutención de los Hijos — Moción dé Alimentos Después de Sentencia de Divorcio — Oposición—Juramento y Efecto. — La oposición que a moción jurada de alimentos que se presentó después de dictada sentencia en un pleito de divorcio se funde en cuestiones legales negando jurisdicción a la corte para resolver tal moción, no tiene que ser jurada ni admite definitivamente los heehos alegados en la moción porque dicha oposición no se jurara.

      9. Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Apelación Erí-vola — Cuestiones Planteadas, ya Resueltas en Anterior Apelación.— Solicitada la desestimación del recurso en este caso, por frívolo, porque esta corte había resuelto las cuestiones legales suscitadas por la oposición que motivó dicho recurso al negar expedición de un auto de certiorari que solicitó el apelante, se resolvió: que no constando de las diligencias del caso que el Supremo haya resuelto tales cuestiones entre las partes, no procedía desestimar la apelación interpuesta.

      Antonio Sarmiento, abogado del apelante; A. B. de Jesús, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Después de dictada sentencia en un pleito de divorcio y estando pendiente la apelación interpuesta contra ella la esposa presentó moción jurada a la corte de distrito inferior solicitando que el padre pagase determinada cantidad de dinero como alimento para los hijos del matrimonio bajo la custodia de la peticionaria. El marido se opuso a esa petición alegando que la corte no tiene jurisdicción en este pleito para conceder alimentos a los hijos pero la corte con-cedió esos alimentos y fijó su cuantía contra cuya resolu-ción' se interpuso el presente recurso de apelación cuya de-sestimación nos pide la apelada alegando que tal resolución no es apelable de acuerdo con el artículo 170 del Código Civil, por no estar comprendida en ninguno de los casos en que el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil autoriza apelaciones para ante nosotros y por ser frívola.

Si bien el Código Civil en el capítulo que trata de las medidas provisionales a que pueda dar lugar el juicio de divorcio dispone en su artículo 170 que las resoluciones del tribunal de distrito con motivo de ese capítulo son inapelables, tal disposición no impide la apelación en este caso porque la petición de alimentos para los hijos que motiva esta apelación no está comprendida entre las medidas provisionales mencionadas en ese capítulo cuyas resoluciones se declaran inapelables; y puede ser apelada de acuerdo con el inciso 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil porque es una providencia especial dictada después de sentencia definitiva de la corte.

La alegación de frivolidad la funda la apelada en que habiendo jurado su moción de alimentos quedaron aceptados los hechos alegados en ella porque el apelante no juró su oposición y porque las cuestiones de derecho suscitadas en dicha oposición a la moción fueron resueltas en su contra por este tribunal al negar la expedición de un auto de certiorari que solicitó el ahora apelante.

Respecto al primer extremo diremos que como la oposi-ción a la moción sobre alimentos se fundó en cuestiones le-gales negando jurisdicción a la corte para resolver en este pleito la moción mencionada, esa alegación no tenía que ser jurada y no admitía definitivamente los hechos que alegaba la moción; y con respecto al otro extremo nos bastará de-cir que no consta en estas diligencias que nosotros hayamos resuelto entre las partes las cuestiones legales suscitadas por la oposición a la moción cuando negamos la expedición de un auto de certiorari que nos pidió el ahora apelante.

La moción de desestimación debe ser negada.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino en la resolución del caso.


author: El Juez Asociado Señok Aldkey,

text:
    Ramón Cosme, demandante y apelante, v. Pedro García, demandado y apelado.
    No. 3870.

    Visto: Mayo 21, 1926.

      Resuelto: Julio 30, 1926.
    Sentencias — Dejar Sentencia sin Efecto o Anularla — Negligencia Excusable — Ausencia de la Parte y su Abogado del Juicio — En General. — Dic-tada .sentencia contra un demandado en ausencia de éste y su abogado al no comparecer al juicio, si las alegaciones juradas muestran una verdadera contienda entre las partes y el abogado estaba impedido de asistir al juicio, los fines de la justicia se cumplen mejor dejando sin efecto dicha sentencia reponiéndose el caso al estado en que estaba antes del juicio aun cuando el demandado sólo pidiera a la corte que se le permitiera presentar su evi-dencia, con mayor motivo euando la corte impone al demandado el pago de los gastos incurridos por razón del juicio.
    ResoluciÓN de Pablo Berga, J. (San Juan), dejando sin efecto sen-tencia ya dictada en el caso, y reponiendo éste al estado en qué se encontraban los procedimientos a la fecha de la vista.

      Con-firmada.

      Miguel García González, abogado del apelante; Francisco Soio Gras, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señok Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito fné establecido en la Corte de Distrito de San Juan por indemnización de daños y perjuicios y la de-manda jurada imputa negligencia al demandado. El de-mandado .en sn contestación jurada negó la negligencia que le imputa el demandante y alegó que por culpa de éste ocu-rrió el accidente por el cual se reclama.

Señalado el día 11 de diciembre de 1925 a las 9 de la mañana para la celebración del juicio no compareció el de-mandado ni sn abogado Don Salvador Suau y habiendo practicado sn prueba el demandante recayó sentencia a su favor al día siguiente concediéndole $2,800, cuya notifica-ción por correo al Sr. Snan archivó el Secretario el 15 de diciembre. Dos días después el abogado F. B. Fornaris compareció por escrito ante la corte manifestando bajo ju-ramento que recibió la notificación de la sentencia el 15 de diciembre: que estando ausente de esta isla desde hace al-gún tiempo sn compañero Sr. Snan el abogado que compa-rece se hizo cargo de su bufete:, que siendo la práctica del secretario de la corte, notificar a los abogados los. señala-mientos para juicio con. cinco días de antelación a ellos creyó qne se le notificaría el señalamiento hecho en este pleito, pero qne el Secretario, según sn manifestación ha suspendido esa práctica desde el mes de diciembre; qne ann cuando hubiese estado advertido de la fecha del seña-lamiento no hubiera podido concurrir a él porque .en la fe-cha del juicio estaba en Ponce bajo las órdenes de aquella corte de distrito como testigo en un proceso criminal: y que el demandado tiene una buena y justa defensa en los méritos del pleito y certeza de que producida su prueba obtendrá un fallo favorable, por lo que solicitó que de acuerdo con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil se le exima de los efectos de la sentencia y le per-mita presentar prueba de su defensa de acuerdo con su con-testación a la demanda.

La corte de distrito desestimó el primero de los funda-mentos de la petición pero por el segundo y por los intere-ses de la justicia dejó sin efecto la sentencia dictada y re-puso el caso al estado en que se encontraba antes de tener lugar su vista, imponiendo como condición al demandado el pagar las costas y desembolsos en que haya incurrido el demandante por razón de su comparecencia al juicio.

Contra esa resolución interpuso esta apelación el deman-dante, alegando que la petición del- demandado no es sufi-ciente, que fueron apreciados hechos distintos de los alega-dos, que no era motivo para la resolución el haber estado de testigo en Ponce y porque concedió más de lo pedido.

Estamos convencidos de que los fines de la justicia se cumplen mejor en este caso dejando sin efecto la sentencia dictada en ausencia del demandado y de su abogado cuando las alegaciones juradas muestran una verdadera contienda entre las partes a que subsista una sentencia contra el de-mandado por $2,800 cuando el abogado del demandado es-taba impedido de- .asistir al juicio por estar citado como testigo en otra corte dé distrito y de que la corte tenía fa-cultad de acuerdó con el artículo 140 del Código de Enjui-ciamiento Civil para reponer el casó al estado en que se encontraba antes del juicio aunque sólo se le pidiera por el demandado que se le permitiera presentar su evidencia, con mayor motivo cuanto que como condición de la resolución de la corte se impuso al demandado el deber de pagar los gastos en que Rabia incurrido el demandante por razón del juicio celebrado y no vemos una fuerte razón para decir que la corte inferior Rizo mal uso de los poderes discrecio-nales que tiene.

La resolución apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor HutcRison no intervino en la resolución del caso.


author: El Juez Pbesidbnte' Senoe del Tono,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Tomás Vadi, acusado y apelante.
    No. 2733.

    Visto: Mayo 27, 1926.

      Resuelto: Julio 30, 1926.
    Hurto (Larceny) — Proceso y Castigo — Evidencia.—Su Suficiencia — Posesión de los Bienes Hurtados — Identificación y no Explicación de Cómo Lle-garon a Poder del Acusado. — Examinada la prueba en este caso se resolvió que, aun cuando era escasa, ella, sin embargo, era suficiente para sostener la sentencia apelada.
    Sentencia de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), condenando al acusado por delito de liurto menor, con costas.

      Confirmada.

      Rafael Padró Pares, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidbnte' Senoe del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

Se imputó a Tomás Vadi el RecRo de Raber sustraído con intención criminal tres racimos de plátanos de la pro-piedad de José Eduvigis Hernández. Se celebró la vista de nuevo en apelación ante la corte de distrito y el acusado fué declarado otra vez culpable y condenado a pagar una multa de veinte y cinco dólares y en defecto de pago un día de cárcel por cada dólar dejado de satisfacer.

No conforme el acusado apeló para ante este tribunal y alega como único error el cometido a su juicio por la corte al apreciar la prueba.

Hemos analizado la evidencia y aunque es escasa en ver-dad no puede decirse que no sea suficiente para sostener el fallo de culpabilidad rendido por dos jueces que oyeron las declaraciones pudiendo examinar personalmente al denun-ciante, al acusado y a todos los testigos.

Nadie vio que el acusado sustrajera los plátanos. El propio denunciante manifestó que no podía asegurar que él los hubiera sustraído. Pero se demostró que existiendo hur-tos en el barrio, el denunciante, como medida de precaución, marcó sus plátanos con ciertos alfileres y habiéndoselos sus-traído los encontró luego en la tienda de Bernardino Jimé-nez que los compró al acusado, sirviendo los alfileres para identificarlos.

Aunque la prueba de la defensa y la propia declaración de Jiménez introducen alguna confusión con respecto a si los plátanos se mezclaron o nó con otros y a si otros pro-pietarios también marcaban con alfileres sus plátanos, cree-mos que surge finalmente clara la identidad de los objetos sustraídos.

¿Qué dijo el acusado? Manifestó que los plátanos que vendió a Jiménez los cosechó en su finca situada como a un kilómetro de la del denunciante. Dos testigos tendieron a corroborar su declaración. Pero fué contradicha por una admisión hecha por el mismo acusado ante el policía Gerena en el sentido de que los plátanos los -había comprado a un muchacho y también por la circunstancia de que según el acusado los plátanos fueron cortados el día antes de la venta y según el denunciante los plátanos por su estado in-dicaban que lo habían sido desde hacía algunos días lo que guardaba relación con la fecha del hurto. El hurto ocurrió un martes y la venta un sábado.

El juez sentenciador creyó los testigos de cargo y no dio crédito al acusado y a sus testigos. Pudo hacerlo y nada demuestra que errara al actuar de tal modo.

Siendo ello así, quedó en pie la venta de los plátanos hurtados por parte del acusado, sin que explicara satisfac-toriamente cómo llegaron legalmente a su poder. Ninguna de sus versiones fue creída por la corte y el hecho en sí mismo de las dos versiones es significativo.

Examinada la prueba a la luz de los principios estable-cidos en los casos de El Pueblo v. Acevedo, 18 D.P.R. 236, 241, y El Pueblo v. Laureano, 20 D.P.R. 7, la estimamos suficiente. Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino en la resolución del caso.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Luis Vázquez Gueits, demandante y apelante, v. La Comisión de Indemnizaciones a Obreros, demandada y apelada.
    No. 3874.

    Visto: Mayo 26, 1926.

      Resuelto: Julio 30, 1926.
    1. Patrono y Empleado — Leyes de Indemnizaciones por Accidentes del Tra-bajo — Procedimientos—Procedimientos de la Comisión de Indemnizacio-nes a Obreros — Resoluciones Piñales de la Comisión. — Notificación— Notificación a Dirección Distinta de la que Consta en los Autos de la Comisión y Efecto. — Según certificación del Secretario de la Comisión de Indemnizaciones aparece que una resolución de dicho organismo se notificó por correo en determinada fecha al redamante; éste sostiene que la noti-ficación se le hizo en fecha distinta. Examinados los autos de la Comisión aparece que la carta notificación se le dirigió a una dirección distinta a la consignada en dichos autos como la de él y a sitio donde no existía servi-cio fijo de correos. Se resolvió que el beneficio de la duda debía darse al apelante.
    2. Patrono y Empleado — Leyes de Indemnizaciones por Accidentes del Tra-bajo — Procedimientos—Procedimientos de la Comisión de Indemnizacio-nes a Obreros — Revisión por los Tribunales — de la Demanda — Alega-ciones en la Misma y su Suficiencia — Muerte a Consecuencia de un Accidente del Trabajo. — La alegación en demanda contra resolución de la Comisión de Indemnizaciones de que al volteador de una finca se le es-capó un tiro de una escopeta que usaba para voltear y lo mató es, en ausencia de alegación al efecto de quo dicho empico exigiera el uso do una escopeta, insuficiente para demostrar que él murió como consecuencia de un accidente del trabajo.
    3. Patrono y Empleado — Leyes de Indemnizaciones por Accidentes dll Tra-bajo — Procedimientos—Procedimientos de la Comisión de Indemniza cío-nes a Obreros — Revisión por los Tribunales — de la Demanda — Alega-ciones en la Misma y su Suficiencia — Dependencia.—Una alegación de dependencia — en demanda contra resolución de la Comisión de Indemniza-ciones — -al efecto de que la reclamación por el apelante se Race ‘ ‘ como heredero que dependía del obrero muerto” sin alegar la dependencia de hecho, es insuficiente.
    4. Patrono y Empleado — Leyes de Indemnizaciones por Accidentes del Tra-bajo — -Procedimientos—-Procedimientos de la Comisión de Indemnizacio-nes a Obreros — Revisión por los Tribunales — Evidencia—Su Sueioien-Cia — Dependencia.-—En este caso se resolvió que, si bien del análisis de la prueba podía haber duda de si el accidente fue o nó uno del trabajo, ' sin embargo, no se probó que el padre demandante dependía del hijo para su sostenimiento.
    SENTENCIA de B. Díaz Gintrón, J. (Ponee), desestimando la de- . manda, sin costas.

      Confirmada.

      Miguel Bahamonde, abogado del apelante; Attorney General, George O. Butte, Garlos Llauger Díaz y Emilio Aldrey, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

No conforme Lniz Vázquez Gueits con la resolución de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros que sobreseyó la reclamación que ante ella entablara con motivo de la muerte de su hijo Andrés, inició este pleito en la Corte de Dis-trito de Ponce. El cáso se tramitó y la corte dictó senten-cia finalmente declarando la demanda sin lugar. Vázquez interpuso entonces el presente recurso de apelación.

Una de las defensas establecidas en la corte inferior fue la de que el procedimiento iniciado lo había sido después de vencido el término que la ley concede para ello.

La resolución de la Comisión se dictó el 11 de junio de 1924 y, según certificación del Secretario Ejecutivo de la Comisión obrante en los autos, se notificó al solicitante Luis Vázquez Gueits por correo el 19 de junio de 1924. La demanda se interpuso el 31 de enero de 1925 o sea más de seis meses después.

La ley aplicable al caso — art. 9 de la Ley de Indemni-zaciones por Accidentes del Trabajo, de 1918, enmendado en 1921 — prescribe que estas acciones deberán formalizarse-presentando al secretario de la corte de distrito del distrito en que ocurrió el accidente, nna exposición por escrito den-tro de los treinta días subsiguientes al recibo del aviso de la- decisión de la comisión.

Siendo ello así, si se acepta el certificado del Secretario de la Comisión como demostrativo de que la notificación se hizo,* la acción habría prescrito cuando fue ejercitada.

Pero el apelante sostiene que la notificación no se hizo hasta el 8 de enero de 1925. Así lo declaró bajo juramento en el juicio y como examinados los autos de la misma Co-misión se encuentra que no obstante haberse consignado en ellos que la dirección del reclamante era: “100 Calle Condado,” se le dirigió la carta notificación a “Marueño, Ponce, P. R.,” siendo Marueño un barrio de la zona rural sin servicio fijo de correo, nos inclinamos a dar el beneficio de la duda al apelante.

No basó la corte de distrito su decisión únicamente en la cuestión de prescripción. Analizadas las alegaciones y la evidencia, la corte declaró probado además, 1, que el hijo del demandante “no murió como consecuencia de un accidente del trabajo con derecho a indemnización de acuerdo con la ley sobre la materia,” y 2, que el demandante no dependía de su hijo fallecido para su subsistencia.

Hemos examinado las alegaciones que la demanda con-tiene y aún sin entrar en la prueba se sostiene la senten-cia apelada. Son así:

“2. — -Que antes y para el 23 de abril de 1923, Andrés Vázquez Colón, hijo legítimo del apelante, trabajaba con su patrono, Don Manuel Colón Luna, en una finca de éste en el barrio Marrueño de Ponce, como volteador, y que mientras se encontraba desempeñando las funciones de su empleo como tal volteador de don Manuel. Co-lón Luna en la referida finca, se escapó un tiro de la escopeta que usaba dicho Andrés Vázquez Colón para voltear, cogiéndolo el pro-yectil por el lado izquierdo a consecuencia de lo cual falleció en el acto.
“3. — Que el apelante estableció la correspondiente reclamación, .como heredero que dependía del obrero muerto ante la Comisión de Indemnizaciones a obreros en Puerto Rico, en tiempo y forma cum-pliendo todas las formalidades de la ley, de manera que dicha Co-misión pudiera considerar y resolver el caso, y la Comisión, en junio 11 de 1924 dió una resolución cuya parte dispositiva dice eomo sigue: ‘En el caso de Andrés Vázquez, 35640, se acordó el sobreseimiento y archivo del mismo por no tratarse de uno de los accidentes que proteje la Ley. Comuniqúese al interesado.’ ”

A su debido tiempo la demandada y apelada adujo que dichas alegaciones no eran suficientes porque si bien se ex-presa que Andrés Vázquez era volteador de la finca, no se dice que su empleo exigiera el uso de una escopeta y por-que en cuanto a la dependencia lo único que se dice es que la reclamación se bizo por el apelante “como heredero que dependía del obrero muerto,” lo que no quiere necesaria-mente decir que efectivamente dependía del obrero sino que él reclamaba diciendo que dependía de él. Falta la alega-ción' actual de dependencia.

A nuestro juicio tiene razón la demandada, pero si se estimara todo ello demasiado técnico, y se entrara en el análisis de la prueba podríamos quizá tener alguna duda con respecto a si el accidente era o nó uno del trabajo, pero no la tenemos de que no se probó que el padre demandante dependía razonablemente del hijo para su sostenimiento. El hijo ganaba unos quince dólares al mes y sostenía independientemente una querida. La declaración del padre es tan exagerada, que la corte estuvo justificada en no darle crédito.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino en la resolución del caso.


author: El Juez Asociado Señob "Wole,

text:
    Rosa Marrero, demandante y apelada, v. José Plumey, demandado y apelante.
    No. 3795.

    Visto: Enero 12, 1926.

      Resuelto: Julio 30, 1926.
    1. Desahucio — Desahucio en Precario — Procedencia del Mismo — Posesión del Demandado Bajo Contrato con Anterior Dueño — Conflicto de Títulos — • Alegación de Título Independiente del del Demand ante — En General.— En acción de desahucio,' la ‘ mera alegación por el demandado de un título independiente del del demandante y la presentación de alguna prueba ten-dente ,a probar tal alegación no derrota la acción ni obliga al deman-dante a recurrir a una acción reivindicatoría.
    2. Desahucio — Desahucio en Precario — Procedencia del Mismo — Posesión del Demandado Bajo Contrato con Anterior Dueño — Conflicto de Títulos— Alegación de Título Independiente del del Demandante — Prueba Some-tida Sobre el Mismo no Creída y Efecto. — Cuando en acción de desahucio el demandado afirma un título independiente, si la corte no cree la prueba sometídale respecto al mismo, no cabe decir- que dicho demandado ha su-ministrado el principio de prueba a que se refiere la jurisprudencia.
    3. Desahucio — Desahucio en Precario — Procedencia del Mismo — Comprador no Obligado por Contratos de sus Predecesores en Derecho. — Un com-prador no viene obligado a respetar un contrato hecho por sus predeceso-res en derecho del cual no tiene conocimiento.
    SENTENCIA de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      García Méndez <& García Méndez, abogados del apelante; Alberto García Ducós, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob "Wole,

emitió la opinión del- tribunal.

El apelante, cuya posesión de una finca se alegaba que era en precario, se defendió en un juicio de desahucio fun-dándose en que Calcerrada Bernal & Co., cedentes de la demandante, habían convenido y consentido que el apelante construyera una casa en dicha finca. La contestación tam-bién alegaba que dichos cedentes habían otorgado un docu-mento según el cual el citado demandado no tenía que pa-gar ninguna renta y que cuando se efectuó la venta a Rosa Marrero dichos cedentes notificaron expresamente a ella del permiso dádole y del convenio hecho con José Plumey, el demandado-apelante, e. impusieron la condición de que Rosa Marrero respetara la posesión de José Plumey.

La corte substancialmente llegó a los siguientes hechos y conclusiones: 1, Que Rosa Marrero era dueña de la finca que se describe en la demanda; 2, Que dicha finca la adqui-rió Rosa Marrero por compra a ciertos cedentes menciona-dos en una escritura otorgada ante un notario; 3, Que el demandado ocupa esa finca sin pagar nada por ella; 4, Que la posesión ha sido solicitada y rehusada; 5, Que no existe, propiamente dicho, nn conflicto de títulos en este caso; 6, Que Eosa Marrero nunca reconoció derecho alguno al demandado respecto a toda o parte de la finca objeto de este pleito, ni mucho, menos permitió dejar a Plumey eter-namente poseyendo toda o parte de la finca que compró; 7, Que la posesión del demandado no ha sido con entera inde-pendencia de la demandante.

Nos sentimos obligados a convenir con la apelada, y por tanto con la corte, que la mera aserción de un título inde-pendiente y de alguna prueba tendente a probar tal aser-ción no echará a perder un pleito de desahucio, ni obligará al demandante a recurrir a una acción reivindicatoría. He-mos resuelto lo contrario en el caso de Lafontaine v. Lafontaine, 30 D.P.R. 194. Si la corte no cree la prueba sometí-dale. no se puede decir que el demandado ha suministrado el principio de prueba a que se refiere la jurisprudencia. Según indica la apelada, si la proposición alegada fuese cierta, en muchos casos la ley de desahucio sería entera-mente abortiva.

Según la apelada el documento privado, entre dichos ee-dentes y Plumey tenía indicios de haber sido escrito recien-temente y después de haberse entablado el pleito. La corte tenía derecho a no darle crédito. Evidentemente la corte no creyó al testigo Bernal cuando declaró que había notifi-cado al esposo de Eosa Marrero de la existencia de un con-venio privado. El esposo negó que se le hubiese hecho tal notificación a él. Era el deber de Bernal y sus socios ha-cer constar la condición en la escritura. El notario y por lo menos uno de los testigos de la escritura negaron que hubiera conversación alguna al tiempo de otorgarse la misma, tendente a demostrar un convenio por parte de la compra-dora de respetar la posesión de Plumey. La corte tenía de-recho a creer que el demandado no estaba en posesión del terreno en una forma distinta a cualquier otra persona a quien los causantes en derecho de la demandada les hubie-ran permitido construir. El registro no mostraba nada y se ofreció como prueba la escritura de la demandante.

Un comprador no está obligado a respetar un contrato liecho por sus predecesores en derecho del cual no tiene co-nocimiento. Este es el resultado del sistema de registro vigente en Puerto Rico. Torres v. Lothrop, Luce & Co., 231 U. S. 171; el mismo caso en 16 D.P.R. 180, y muchos otros. Además, es la ley escrita en Puerto Rico que un comprador no está obligado a respetar la posesión de un. supuesto arrendatario. Artículo 1474 del Código Civil; Angleró v. Fernández, 31 D.P.R. 262; Cuesta v. Ortiz, 29 D.P.R. 494. Las condiciones que dieron lugar al arrenda-miento eu este último caso eran enteramente distintas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

■ El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino en la resolución del caso.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Gorgonia Luciano, demandante y apelante, v. La Comisión de Indemnizaciones a Obreros de Puerto Rico, demandada y apelada.
    No. 3872

      Visto: Mayo 6, 1926.

      Resuelto: Julio 30, 1926.
    1. Mandamus. — -Naturaleza y Fundamentos j n General — Naturaleza u D •> RECITO QUE JIA DE HACERSE EFECTIVO-DERECHOS DE LOS OBRUiOS \ QUE la Comisión de Indemnizaciones Resuelva sus Casos. — El mandamus es el único remedio adecuado para hacer efectivo el derecho del obrero o sus herederos cuando la Comisión do Indemnizaciones a Obreros se niega a resolver un caso.
    2. Mandamus — Jurisdicción, Procedimientos y Remedio — de la Pi-.tiüÍón o Solicitud — Requisitos en General — Alegación de la no Existencia ruc Otro Remedio en Lev. — Aún cuando es dudoso si la alegación de que no existe otro remedio en ley es un requisito esencial en toda petición fie mandamus, sin embargo, tal alegación no es necesaria cuando de los hechos de la petición aparece la falta do otro remedio en ley.
    3. Mandamus — Naturaleza y Pundajmentos en General — Requerimiento Pw:-vio y Negativa. — Aún cuando una reclamación de indemnización por un obrero no participa de tal carácter público que excuse la falta de un reque-rimiento previo, sin embargo, dada la intención del legislador de que los procedimientos bajo la ley de Indemnizaciones a. Obreros sean rápidos,, cuando el caso del obrero ha sido prima facie demorado por más de un año, no es necesario requerimiento previo alguno para obligar a la Oo-misión de Indemnizaciones a. actuar.

      Resolución de B. JE. Todd Jr.} J. (Ponce), denegando la expedición de nn auto alternativo de mandamus solicitado por la deman-dante.

      Bevocada y devuelto el caso.

      Arjona & Arjona, abogados de la apelante; George G. Butie, (J. Llauger y Emilio Aldrey, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La peticionaria solicitó se expidiera un auto alternativo de mandamus alegando que a pesar de baber transcurrido más de un año y a pesar de los continuos esfuerzos de la peticionaria la Comisión aún no había tomado acción alguna en el procedimiento instituido por dicha peticionaria. La corte de distrito negó el auto por medio de la siguiente re-solución :

“Vista la petición presentada por G-orgonia Luciano, solicitando que se expida un auto alternativo de mandamus en contra de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros de Puerto Rico, y no apa-reciendo de la misma alegación alguna en que se llaga constar que la peticionaria no tiene un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley, y siendo dicha, alegación un requisito indispensable en toda petición de mandamus, de acuerdo con la sección 3 de la ley estableciendo el auto de mandamus, aprobada en 12 de marzo de 1903. — Y vistos, además, los hechos contenidos en la ale-gación 4* de la petición, en que se habla en forma genérica de las gestiones hechas por la demandante, sin especificarse en qué han consistido, ni tampoco la forma en que la Comisión demandada se ha negado a resolver el caso. La corte es de opinión que no ha lu-gar a expedir el auto alternativo de mandamus solicitado por la de-mandante, y por lo tanto, lo deniega. ”

Aunque la ley dice que no se expedirá un auto de mandamus cuando exista un remedio adecuado en ley; convenimos con el apelante que contra la Comisión no hay otro remedio que el mandamus. En todo caso, dudamos que la alegación de que no existe otro remedio sea esencial en un escrito, pero sobre lo que no tenemos duda alguna es que tal alegación no es necesaria cuando de los hechos de una solicitud de mandamus aparece la falta de otro re-medio. Esto abarca los dos primeros señalamientos de error.

Los restantes errores pueden también ser agrupados. El IY párrafo de la petición dice como sigue: .

‘'Que a pesar de haber transcurrido más de un año desde la fe-cha del accidente, fallecimiento, y solicitud antes dicha, la deman-dada no ha resuelto sobre el derecho de la demandante y su esposo mencionados, con relación a la indemnización solicitada, en la forma en que se ha mencionado' antes; y a pesar de las continuas gestio-nes de la demandante, al efecto, la demandada se niega a resolver el caso.”

Dudamos que la alegación sobre las gestiones hechas por la apelante fuera una mera conclusión de derecho. Nos in-clinamos a creer que era meramente la alegación defectuosa de un requerimiento previo. Por tanto, creemos que la corte en un caso de esta naturaleza debió haber interpre-tado el lenguaje liberalmente y haber expedido el áuto.

Sin embargo, no queremos basar nuestra conclusión en estos fundamentos solamente. No convenimos con el ape-lante que una reclamación de indemnización por un obrero participe de tal carácter público que haga caer su caso dentro de la excepción que anota la jurisprudencia al efecto de excusar la falta de un requerimiento previo. Lo que sí sostenemos, sin embargo, es que la Legislatura ha demos-trado su intención de que los procedimientos bajo la Ley de Indemnizaciones a Obreros sean rápidos, al extremo de dis-poner que los casos establecidos bajo la misma y apelados a esta corte deben tener preferencia. Por consiguiente, cuando el caso de un obrero ha sido prima facie demorado por más de un año, sostenemos que no era necesario reque-rimiento previo alguno para poner en movimiento la ma-quinaria de la comisión y requerirla a actuar en el caso.

La resolución apelada será revocada y el caso devuelto para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino en la resolución del caso.


author: En Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    Alfredo Campos, demandante y apelado, v. The Great American Insurance Co., demandada y apelante.
    No. 3916.

    Visto: Julio 28, 1926.

      Resuelto: Julio 30, 1926.
    1. Apelación y Error — Record y Procedimientos que no Están en Record— Transmisión, Radicación, Impresión y Servicio de Copias — Radicación Euera d;.l Término y Efecto — Desestimación.—Guando el período estatu-torio de 30 días para radicar la transcripción del récord lia expirado "1 hacerse moción de prórroga para radicar dieha transcripción, procede decla-rar con lugar la moción para quo se desestime la apelación.
    2. Apelación y Error — Réoord y Procedimientos que no Están en Récord— Transmisión, Radicación, Impresión y Skrvioto de CorTAS — Término para Radicar el Transcript — Computación del Término. — El término para ra-dicar el récord de apielación empieza a correr desdo la fecha en que se aprueba la transcripción de la evidencia y no desdo la fecha en que ésta se hizo formar parte del legajo de la sentencia.
    MooiÓN sobre desestimación de apelación presentada por el apelado.

      Con lugar.

      Rafael Martínez Nadal, Manuel A. Martínez Dávila y Leopoldo Tor-mes, abogados del apelado; José Tous Soto y Rafael V. Pérez Marohand, abogados de la apelante.
   En Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se admite que las notas taquigráficas de un juicio fue-ron, de acuerdo con las leyes Nos. 27 de 1917 (2) p. 275) y 81 de 1919 (p. 67) sometidas para sn aprobación al juez que entendió en la vista del caso y aprobadas por él el día 14 de junio de 1926. El 15 de julio la apelante radicó en esta Corte Suprema una moción de prórroga para radicar el récord. Por tanto, si los treinta días exigidos por la ley para radicar la transcripción en esta corte empiezan a con-tarse a partir de la fecha de la aprobación de las notas ta-quigráficas, dicho período había expirado cuando se hizo la moción de prórroga y procedía una moción para que se desestimara la apelación.

La apelante demostró que la transcripción de la evi-dencia aunque fué aprobada por el juez anterior de la corte inferior el 14 de junio en San Juan, no llegó a la Corte de Distrito de' Ponce, donde se celebró el juicio, basta el 16 de junio y no formó parte del legajo de la sentencia basta el 17 de junio. Aparentemente la apelante también argu-mentó que era necesario que la Corte de Distrito de Ponce tomara alguna acción antes de que dichas notas taquigráfi-cas pudieran incorporarse al récord. En esto la apelante está claramente equivocada. .

Durante la vista tuvimos algunas dudas de si para los. fines de una apelación las notas taquigráficas tenían com-pleto valor judicial basta que se hicieran formar parte del récord. Nos hemos convencido de lo contrario. La ley re-quiere expresamente que la transcripción se eleve a esta corte dentro de los treinta días a partir de la aprobación de las notas taquigráficas. Dicha ley dice así:

■ . . . En el caso de haberse aprobado una transcripción de la evidencia, el término se contará desde la aprobación de la misma, y la constancia mencionada se limitará a la entrega de la parte restante del legajo de la sentencia.” Art. 2 de la ley No. 81 de 26 de junio, 1919, Leyes de ese año página 679.

No se fija ningún otro período de tiempo, como por ejem-plo, en el caso de sentencias corrientes, que sólo tienen efecto a partir del día en que son registradas. Treinta días generalmente es un período de tiempo amplio para preparar la transcripción aún si el juez se demora varios días en radicar las notas taquigráficas' aprobadas. Si hu-biere una demora indebida por parte del juez, usaríamos nuestro poder extraordinario para ayudar a un apelante. Treinta días es ciertamente tiempo suficiente para pedir a esta corte una prórroga cuando en realidad se necesite.' La ley es clara sobre este punto y por tanto debe desestimarse la apelación.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Manuel Cruz, demandante y apelante, v. La Comisión de Indemnizaciones a Obreros de Puerto Rico, demandada y apelada.
    No. 3895.

    Visto: Junio 10, 1926.

      Resuelto: Julio 31, 1926.
    1. Patrono y Empleado — Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Tra-bajo — Procedimientos—de la Evidencia — Suficiencia de la Misma— Prueba de Dependencia. — Del heeho que un padre haya recibido los .bene-ficios de vivir en familia con la ayuda que su hijo prestaba para su propio sostenimiento así como del heeho que, separados, el hijo enviara ocasional-mente dinero al padre, no puede establecerse la dependencia razonable de que habla la Ley No. 61 de 1921 (p. 1731).
    2. Patrono y Empleado — Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Tra-bajo — Procedimientos—de la Evidencia — Suficiencia de la Misma— Prueba de Dependencia. — Siendo la dependencia, total o parcial, ona cues-tión de heeho para determinar por las circunstancias tie cada caso en particular, atendida la prueba del caso de autos, se resolvió: que el tribunal inferior no erró al apreciar las circunstancias en él concurrentes.
    Sentencia de Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), de-clarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Leopoldo Tormes, abogado del demandante; Hon. Attorney General, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

José Cruz falleció en noviembre 22, 1923, a consecuencia ■de nn accidente que le ocurrió mientras trabajaba como car-pintero en las obras de construcción de la casa alcaldía de Vega Baja. Sn padre, Manuel Cruz, presentó entonces ante la Comisión de Indemnizaciones a Obreros una solicitud ale-gando que dependía razonablemente para sn subsistencia de lo que ganaba sn hijo, quien en momentos del accidente «ontaba 24 años de edad, ganaba nn salario de $2.40 diarios y era soltero, sano y trabajador.

La comisión después de investigar el caso desestimó la solicitud por el fundamento de que Manuel Cruz no depen-día en ninguna forma de lo que ganaba sn bijo fallecido. No conforme apeló a la corte de distrito, la que a sn vez •dictó sentencia confirmando la resolución que la comisión Labia rendido, rechazando la reclamación.

: La base de esta apelación descansa únicamente en la dependencia razonable para la subsistencia del apelante, de lo que ganaba José Cruz.

Tendente a justificar ese extremo se produjo el testimo-nio de varios testigos, incluso el del propio demandante. La corte inferior no dió fe a sus declaraciones. Aunque la Ley No. 10 de 1918 (p. 55) fue enmendada por la Ley No. 61 de 1921 (p. 473) dándole un significado más amplio y liberal a la relación de dependencia “de modo razonable” y no “exclusivamente,” como decía la ley anterior, para la subsistencia de los beneficiarios que dependían del obrero fallecido, no bay nada en la prueba que indique satisfacto-riamente que Manuel Cruz descansaba de algún modo en su bijo para su sustento y manutención.

Si bien los diferentes testigos hablan de dinero que José Cruz mandaba a su padre, ellos se refieren a cantidades aisladas, sin determinar las fechas o períodos en que eran recibidas por el padre. Mientras unos afirman que recibía $5 o $10 cada dos o tres meses, según el demandante, él re-cibía de $35 a $40.

Parece probable que durante el tiempo que José Cruz trabajaba en Ponce, junto a su padre, éste recibía los bene-ficios de vivir en familia con la ayuda que el bijo prestaba para su propio sostenimiento. Luego salió de Ponce y es-tuvo ausente alrededor de cuatro años, cuando en Vega Baja le sorprendió el accidente que le causó la muerte.

El vivía entonces con Juan Cruz, de quien no era pa-riente, no pagaba nada por su hospedaje y estaba próximo a casarse con una bija de Juan Cruz. Mientras trabajaba en las obras de la alcaldía de Vega Baja ganaba $2.40 dia-rios. Juan Cruz no sabía qué bacía José Cruz con su dinero, pero no vió que él hiciera alguna remesa a su padre mientras vivió en su casa. No aparece nada que indique que José Cruz durante sus cuatro años de ausencia utili-zara el correo para remitir dinero a su padre. De todos modos, aunque se aceptara que José Cruz le diera en alguna ocasión dinero a sn padre, de ello no podíamos establecer la dependencia razonable de qne babla la ley, pnes no es bastante qne Mannel Crnz meramente derivase algún pro-vecho del salario de sn hijo para llegar a esa conelnsión.

La enmienda de la ley a qne hemos hecho referencia está en armonía con la doctrina establecida por una mayo-ría de las autoridades, la qne se ha resnmido diciendo:

“Sin embargo, en la mayoría de los estados parece que se ha aceptado el punto de vista de que dependencia dentro del significado del estatuto no quiere decir dependencia absoluta para las necesida-des de la vida, sino que el peticionario más bien espera y confía en la ayuda del trabajador, en todo o en parte, para su sostenimiento y manutención, de acuerdo con la posición social del peticionario y su modo de vida acostumbrado.” 22 R. C. L. p. 771.

Y esto en concordancia con la regla que la dependencia, ya sea total o parcial es principalmente una cuestión de hecho para ser determinada por todas las circnmstancias de cada caso en particular, podemos concluir que la corte inferior no erró al apreciar tales circunstancias indicativas de que el demandante no dependía en ninguna forma para su subsistencia del obrero fallecido. ,

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia ape-lada.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino en la resolución de este caso.


text:
    José Sosa Fernández, demandante y apelante, v. José Sosa Oliva, demandado y apelado.
    No. 3885.

    Visto: Junio 17, 1926.

      Resuelto: Julio 31, 1926.
    1. Contratos — Requisitos t Validez — Consideración o Causa — Contrato sin Causa o ITalto de Causa. —• Si bien un padre, aunque cumpla al límite el deber de educar a su hijo no puede exigir de éste que cargue eon los gastos de su educación incurridos en su minoridad, sin embargo, si el hijo, en su mayoridad, reconociendo el esfuerzo del padre ■ y debiendo recibir de éste dinero de la herencia materna, oyendo su conciencia o actuando por mera liberalidad, voluntariamente se aviene a cargar con parte de aquellos gastos y así lo reconoce y otorga en' un contrato, no puede sostenerse que tal contrato sea inexistente por falta do causa.

      2. Limitación be Acciones — Estatutos de Limitación — Limitaciones Aplica-bles a Determinadas Acciones — Nulidad de Contratos. — Cuando el con-trato es meramente anulable, no inexistente, como sucedería en este caso, si la causa de ’ nulidad alegada en la demanda se Rubiera probado en el juicio, la acción para pedir la nulidad, sólo dura cuatro años.
    Sentencia de Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), de-clarando sin lugar la demanda con costas.

      Confirmada.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; Jaime Sifre y Horacio Fran-cesohi, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 28 de marzo de 1917 comparecieron ante Notario Pú-blico José Sosa Oliva y José Sosa Fernández y otorgaron un contrato en el cual entre otros particulares se acordó lo que sigue:

‘ ‘ Séptimo: Que deseando ambos comparecientes liquidar la cuenta de la herencia materna que al segundo compareciente corresponde lo hacen por medio de las siguientes cláusulas. — Primera: Don José Sosa Fernández reconoce y acepta la cuenta que por gastos de su educación presenta su señor padre, José Sosa Oliva y afirma que le consta de propio conocimiento la exactitud de cada una de sus parti-das. — Segunda: Ambos comparecientes convienen en que la canti-dad total de tres mil trescientos veinte y nueve dólares y cincuenta centavos a que asciende la herencia materna del segundo compare-ciente se halla incluida en la cantidad a que asciende la cuenta mencionada en el apartado sexto de la exposición de esta escritura. Por lo tanto, don José Sosa Fernández da por recibida ya la can-tidad a que asciende su herencia materna y otorga a su señor padre, don José Sosa Oliva la más eficaz carta de pago, relevándolo de toda responsabilidad, y quedando agradecido a su celo y diligen-cias paternales. — Tercera: Don José Sosa Oliva hace constar que la diferencia entre la cantidad total de la cuenta mencionada y la he-rencia materna, o sea la suma de ocho mil doscientos cincuenta y tres dólares veinte y un centavos representan una donación graciosa a su hijo, don José Sosa Fernández, cumpliendo el deber paternal de darle la mejor educación posible con arreglo a los bienes de fortuna del donante.”

El 18 de febrero de 1924 José Sosa Fernández, el bijo, demandó a José Sosa Oliva, el padre, pidiendo a la corte que dictara sentencia declarando nnlo lo acordado y orde-nando qne se procediera a la división de la herencia ma-terna y a la entrega al demandante de la porción qne le co-rrespondía, porque el consentimiento del demandante se ob-tuvo por error y fraude.

Alegó el demandado la prescripción de la acción ejerci-tada y negó el error y el fraude. Fué el pleito a juicio y la corte finalmente dictó sentencia declarando la demanda sin lugar porque la acción de nulidad ejercitada sólo dura cuatro años y había por tanto prescrito al radicarse la de-manda. No conforme el demandante interpuso el presente recurso de apelación.

Se admite en cierto modo por el. apelante que si se tra-tara de una acción ordinaria de nulidad la sentencia esta-ría bien dictada, pero se sostiene por él que aquí el con-trato no es meramente anulable sino inexistente, en cuyo caso no rige la regla de los cuatro años.

La parte apelada alega que se trata ahora por el ape-lante de variar la teoría de la demanda. Quizá tenga razón porque examinando la demanda en sí misma se observa que se basa no en la falta de causa sino en el error y el fraude. Pero como también pueden encontrarse en los autos elemen-tos para sostener que la inexistencia fué considerada desde un principio, preferimos no ahondar más en esta cuestión y discutir el caso en el terreno en que lo plantea el ape-lante, porque aún así la sentencia se sostiene.

Copiamos de su alegato:

“La Corte se equivocó al no declarar la inexistencia del contrato que se intentó consignar en la escritura transcrita en la demanda, pues dicho contrato carece de causa real, y, consiguientemente, no puede estimarse como existiendo, de acuerdo con lo que dispone el art. 1228 del Código Civil de Puerto Rico. Dice éste:
“ ‘No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguien-tes :
“ ‘l9. — Consentimiento de los contratantes.
‘29. — Objeto cierto que sea materia del contrato.
“ ‘39. — Causa de la obligación que se establezca.’-
“«Cuál es la causa que indica el contrato de referencia para el cedente, o sea el apelante? Los gastos, que según dicha escritura, el demandado realizó con motivo de la educación del demandante. ¿Constituyen esos gastos una causa real? Si la constituyen, el con-trato existió, aunque por algún otro motivo pudiera ser nulo; pero si no la constituyen, no existió tal contrato, ya que carecía de uno de los elementos que, según el transcrito artículo de nuestro Código Civil, es indispensable para su existencia.
“Nosotros entendemos que no la constituyen. Que la causa o consideración en virtud de la cual el demandante cedió al deman-dado sus derechos y acciones, sobre la herencia de su finada madre, no es real, y por tanto, no puede estimarse su existencia. A esta conclusión nos llevan las siguientes consideraciones:
“ (a) Según aparece de la prueba, los gastos de educación em-pezaron cuando el demandante tenía la edad de 9 años, y continua-ron hasta que el demandante tuvo la edad de 18 años; en otras pa-labras, tales gastos tuvieron lugar durante la menor edad del de-mandante.
“(b) Según resulta de la misma prueba, los referidos gastos no fueron para atender a estudios profesionales, siendo los realizados por el demandante meramente aquellos que constituyen la instruc-ción primaria, y próximamente el cuarto año de High School.
“ (c) Los gastos de esa instrucción, de acuerdo con los arts. 212 y 213 del Código Civil, están comprendidos en los alimentos, que de acuerdo con dichos artículos, el padre viene obligado a dar al hijo mientras éste no haya cumplido la mayor edad. El art. 212 dice así:
“ ‘Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posi-ción social de la familia.
“ ‘Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista, cuando es menor de edad.’
“ (d) Si el padre estaba obligado a dar alimentos, tales alimentos no constituyen causa en un contrato en que el hijo'renuncia a favor de su padre, en consideración a tales alimentos, los derechos here-ditarios que le correspondían en el caudal dejado a su fallecimiento por el cónyuge premuerto.
“El padre no demostró en ningún momento del juicio que los gastos de instrucción y educación de su hijo, tuvieran lugar des-pués de haber cumplido éste la edad de 21 años. Por el contrario, de la prueba resulta que cuando tales gastos empezaron a originarse, el demandante era un niño de temprana edad. (Yéase la declara-eión del demandante). Y siendo estos los hechos, sólo nos resta con-siderar la ley en cuanto al punto siguiente:
“¿Puede estimarse como causa de un contrato la realización de un acto a cuya comisión se viene obligado por ministerio de la ley?”

Estamos enteramente conformes con la ilustrada repre-sentación del apelante en que el padre demandado no tenía derecho alguno a exigir del hijo demandante que cargara con parte de los gastos de su educación. El padre estaba obligado a alimentar a su hijo, de acuerdo con la ley. El pudo dejarlo en Puerto Rico sin educación como tantos otros padres hacen faltando con ello al cumplimiento de su deber en toda su plenitud dados sus medios de fortuna que al pa-recer si no amplios eran bastantes; pero el padre en este caso optó por cumplir su deber hasta el límite. Actuó vo-luntariamente y nada podía reclamar. La única recompensa a que podía aspirar era a la satisfacción del deber cum-plido plenamente. Mas si el hijo, en la mayoría de su edad, reconociendo el esfuerzo del padre y debiendo percibir de él algún dinero procedente de la herencia de su madre, obedeciendo la voz de su propia conciencia, o actuando por mera liberalidad, se aviene voluntariamente a cargar con parte de los gastos que su educación ocasionara y así lo reconoce y otorga en un contrato ¿puede sostenerse que tal contrato sea inexistente? ¿que carezca de causa? En manera alguna a nuestro juicio. Si tan estrecha teoría se sustentara, una gran parte de los contratos en que actúa libremente la conciencia, en que se asumen las más nobles obligaciones, podría anularse después si el estado de ánimo, si la 'hombría de bien, si la rectitud de espíritu variara.

Parece conveniente que transcribamos los siguientes con-ceptos de Scaevola comentando el artículo 1274 del Código Civil español igual al 1241 de nuestro- Código Civil revi-sado. Dicen:

“Para llegar a obtener el verdadero concepto jurídico de la causa, debemos ante todo observar que en la embriogenia del con-trato se combinan tres elementos: materia n objeto, mente, de la que toma su razón la causa, y voluntad, en la que germina el con-sentimiento. Hay, pues, elementos personales y reales; los primeros, referidos siempre al sujeto en su finalidad mental próxima o remota, en su determinación volitiva, en cuanto en ella reside el consenti-miento, y poteneialmente todo el contrato por ejecutar, y en su ac-tividad u omisión conscientes, obligaciones de dar, hacer o no hacer condicionadas por la. exigibilidad a virtud del consensus y, en úl-timo término, mediante la coacción del poder social. Los segundos, o sean los elementos reales perfectamente identificados con todo lo que constituye el patrimonio individual,. cosas o servicios.
“¿En cuál de estos dos elementos contractuales está comprendida la causa? En nuestro sentir, en los elementos personales. El ar-tículo 1274 del Código Civil, que no es ciertamente texto sospechoso, porque su ortodoxia descansa en el clasicismo del derecho francés, pone la causa del contrato en la prestación, en la promesa, en el beneficio o en la mera liberalidad. Toda prestación denota activi-dad personal: la promesa es acto de voluntad, esencial en los con-tratos preparatorios: el beneficio, aparte el esfuerzo personal que arguye, es un goce o una satisfacción cuya medida hay que buscarla en la conciencia del que lo recibe-, y, por tanto, corresponde a la es-fera subjetiva o personal; y por último, la mera liberalidad, como acto espontáneo y gracioso, también corresponde al reino de la li-bertad y de la intención, igualmente personal y psíquico.
“El texto mismo del artículo 1274 del Código nos enseña que la ■causa es un elemento personal de la eontractualidad. Ahora bien; si de los tres agentes subjetivos hay forzosamente que restar uno, el de la determinación volitiva, porque de lleno entra en la libertad de consentir, y el elemento actividad lo vemos requerido por el ob-jeto de la obligatio, que, como sabemos, se traduce en acto, en pres-tación propiamente dicha, nos resta únicamente para núcleo de la causa el elemento o componente de finalidad. Y he aquí dónde se descubre con toda certidumbre la causa contractual, no obstante la oposición de los que, por no distinguir entre la metafísica y la plás-tica del derecho, han introducido la confusión en esta teoría, de suyo tan llana y comprensible.
“No es lo mismo el nervio que la corriente nerviosa, ni el flúido eléctrico es sustaneialmente luz, calórico, fuerza, sino flúido. Del propio modo la finalidad en el contrato no es la prestación, aunque ésta potencialmente se encuentre en aquélla. Testimonio irrecusa-ble de que la causa contractual reside en la intención próxima de los estipulantes, nos lo brindan los contratos de pura beneficencia.
“Mas como la intención próxima de los contratantes debe ser congruente y armónica con la finalidad positiva del contrato en su concepto de creación o institución jurídica y social, y de ningún modo una subversión de su sustancia; de aquí que, no con relación a la metafísica, sino en los dominios de la plástica del derecho, en sus formas vivientes y exigibles, surgiera la idea de correlación entre la finalidad y la prestación, y aquélla se subordinara a ésta .por ser la primera idea y la segunda hecho, y ser siempre el ele-mento intencional en el derecho en acción un inducido de los he-chos demostrados.
“Se interpuso el problema de la prueba de la causa cuando se tratara de sustraerse al contrato por la alegación de no causa, o causa ilícita, y entonces fue cuando viéndose con claridad meri-diana que las intenciones se prueban por los hechos, se pensó y se llevó acabo en el derecho constituido la traslación de la causa, de la mente a las prestaciones en aquellos contratos, en los que por el juego de fines encontrados (contratos bilaterales) la intersección de estos fines en el consentimiento argüía la presencia de las causas de ambos estipulantes.
“Por esto dice muy juiciosamente 'Serafini que si en el Derecho romano, aún en los contratos no formales,- el acreedor debía probar tanto la voluntad como la existencia de la causa, en el derecho mo-derno, probada- por el acreedor la voluntad, se presume la causa, y corresponde al deudor probar en cada caso la inexistencia de aquélla.
“Confirmación de este aserto es el artículo 1277 del Código Civil, complemento necesario del 1274. Según dicho artículo, aun-que la causa no se exprese en el contrato, se presume qtie existe, y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario.” Scaevola. Comentarios al Código Civil, Tomo 20, págs. 750-53.

Véase también 13 C. J. 342.

En su declaración en el juicio el propio demandante manifestó que cuando regresó de los Estados Unidos en-contró a su padre viviendo de tal modo que lo creyó en la miseria y se condolió y se avino a otorgar el contrato. Luego dice que su padre estaba en buena posición.

Supongamos que la miseria hubiera sido cierta. Si un hijo para con su padre o un acreedor cualquiera para con su deudor se aviene a condonar, la deuda habiendo en con-sideración el mal estado pecuniario y cierta conducta anterior del padre o del deudor para con el acreedor, conducta que aunque era la que debió seguirse se reconoce que fué noble y buena y que con ella se cumplió el deber hasta el límite ¿podría sostenerse que no existía causa dentro de un sistema jurídico como el nuestro que reconoce la mera li-beralidad del bienhechor como causa en los contratos de beneficencia y que prescribe que aunque la causa no se ex-‘ prese en los contratos se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario? Una respuesta negativa se impone.

Y si la miseria era fingida, tendríamos entonces el vicio de nulidad, pero no la inexistencia del contrato, y por tanto la aplicabilidad de la ley de prescripción. Igual razona-miento cabe en cuanto ■ a las otras causas ' de nulidad que en la demanda se alegan.

Bajo cualquier aspecto que el caso se estudie procede, pues, la confirmación de la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    Johann D. Stubbe, demandante y apelante, v. Pedro Gandía Córdova, demandado y apelado.
    No. 3912.

    Visto: Mayo 7, 1926.

      Resuelto: Julio 31, 1926.
    1. Cortes — “Bules oe Decision” Adjudicaciones, Opiniones y Becords— Decisiones Previamente Bendidas, como Precedentes — Decisiones de una Corte Superior — Interpretación de un Contrato por ésta Seguido por una Inferior. — Aún cuando la decisión de una corte superior sobre un contrato no es obligatoria para una parte qué no lia intervenido en el pleito en que el contrato se interpretó, sin embargo, cuando el contrato lia sido interpretado en su integridad por la corte de apelación debe ser seguido por la corte inferior.
    2. Sociedades — Disolución, Liquidación (Settlement) y Arreglo de Cuen-tas (Accounting) — Distribución y Liquidación Entre los Socios y Be-presentantes — Contratos de Disolución y Liquidación — Interpretación —Cláusulas del Contrato. — Las cláusulas del contrato en que el deman-dante funda su acción, se interpretan para demostrar que el pago acordado debe hacerse contemporáneamente y que el momento para insistir en el traspaso de las acciones ya ha pasado.
    3. Sociedades — Disolución, Liquidación (Settlement) y Arreglo de Cuentas
      (Accounting) — Derechos, Facultades t Responsabilidades Después de Disolución — Acciones Entre Socios — Arreglo de Cuentas . Sociales— Existencia de un Liquidador para Ello t Efecto. — Nombrado un liqui-dador por escritura de disolución j liquidación de sociedad para arreglar las cuentas entre los socios, cualquier derecho o redamación entre los so-cios sobre un arreglo de las cuentas soeiales, debe hacerse a dicho liqui-dador mientras éste esté en funciones como tal liquidador.
    Sentencia de Miguel Muñoz, J. (San Juan), declarando sin lugar la demanda, con costas y honorarios.

      Confirmada.

      Henry G. Molina, abogado del apelante; Juan B. Soto, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En el caso de Gandía v. Porto Rico Fertilizer Co., 2 F. (2nd) 641, la Porto Rico Fertilizer Company, sostuvo, con esta corte, que por virtud de un contrato de disolución ce-lebrado entre los socios Candía y Stubbe el título sobre se-senta acciones había sido de hecho transferido por Candía a Stubbe. La Corte de Circuito de Apelaciones revocó la resolución de este tribunal y sostuvo que Candía nunca se había desprendido del título sobre dichas sesenta acciones. Necesariamente, esta decisión de la Corte de Circuito de Apelaciones en un pleito entre partes distintas no era obli-gatoria para Stubbe, quien no era parte en el pleito. En otras palabras, Candía nunca podría levantar la sentencia en el pleito con la Fertilizer Company como un impedi-, mentó.

Contra una demanda presentada por Stubbe contra Can-día éste presentó una excepción previa y la apelación en este caso es contra la sentencia que declaró con lugar la excepción. La demanda contenía tres supuestas causas de acción.

En la primera narración, interpretando la supuesta es-critura de disolución, el demandante alegó que se adjudi-caron a Stubbe 250 acciones de la corporación; que hasta la fecha de la disolución dichas acciones en realidad no pertenecían a Gandía ni a Stubbe personalmente, sino a la firma de Gandía & Stubbe; que en efecto entonces como babía 60 acciones a nombre de Gandía éste estaba obligado por dicba escritura de disolución a traspasarlas a Stubbe pero que se babía negado a ello.

Convenimos con el apelado Gandía que él no sostuvo, ni tampoco lo hizo la corte inferior, que la decisión en el caso de Porto Rico Fertilizer Company v. Gandía era res adjudicata. Lo que la corte resolvió, y lo que el apelado sostiene, es que la interpretación dada al contrato por la corte superior es obligatoria para esta corte. Quizás estuviéramos en libertad, en un caso apropiado y las partes en el cual no hubieran comparecido ante la Corte de Circuito de Apelaciones, de examinar nuevamente un supuesto contrato de disolución y ver si existían palabras o cláusulas no vistas por la Corte de Circuito de Apelaciones, y si alguna parte del texto de dicba escritura de disolución no babía sido considerada por dicba corte. Sin embargo, una lectura de la opinión de aquella corte excluye cualquier po sibilidad que no sea que el contrato era considerado en su totalidad y ninguna de las contenciones del demandante pueden ser sostenidas. La dicba corte consideró toda la escritura de disolución y sostuvo que Gandía nunca se babía separado de su título sobre las sesenta acciones. Asimismo, la evidente manifestación de la corte fué que- el título sólo podía transferirse mediante pago del precio convenido, o sea $6,000. La corte dijo: “Pero Gandía consistente y correctamente sostuvo que él tenía derecho a pa-gos contemporáneos en efectivo por -Stubbe y por la de-1 mandada, conjuntamente, de $14,234.06, y estableció esta acción porque la demandada, Fertilizer Company, babía echado a un lado sus derechos como accionista de la compañía.” Y la opinión contenía otras manifestaciones del mismo tenor. La corte interpretaba el contrato como significativo de que Gandía tenía derecho a $8,234.06 de la Fertilizer Company por dividendos declarados y antes de traspasar su título a un pago contemporáneo de $6,000 por Stubbe. Según nosotros lo entendemos, nada excepto el pago con-temporáneo y real de $6,000 hubiera sido suficiente para transferir el título. Ninguna compensación, contra-recla-mación o entrada de contabilidad sería suficiente. El pago real era necesario. TJn hombre se compromete a vender acciones por $6,000. Aunque le deba al presunto compra-dor mucho más de $6,000 la venta en cuestión, dependiendo de la opción del propuesto vendedor, nunca tiene lugar hasta que él recibe en sus manos el dinero efectivo. Tal es, en parte, según la entendemos, la conclusión de la Corte de Circuito de Apelaciones. Tenemos la idea, también, que bajo esta interpretación del contrato el derecho a insistir. en una venta de las 60 acciones se perdió.

Este razonamiento también resuelve la proposición pre-sentada bajo la segunda causa de acción. El demandante insiste en que independientemente de un pago hecho en rea-lidad él tiene derecho a descansar en algún equivalente o arreglo que pueda desprenderse de la escritura de disolu-ción.

Es cierto que en dicha segunda causa de acción el ape-lante alegó que por virtud de dicha escritura y de hechos y circunstancias coetáneas era la intención de las partes que el demandado traspasara el título sobre las sesenta ac-ciones a Stubbe, el apelante, sin recibir otra cosa que los $6,000. — No sólo no aparece que los dichos $6,000 fueron pagados u ofrecidos, sino que la alegación de otros hechos y circunstancias no equivale a la alegación de determina-dos hechos para los fines de un pleading (escrito de alega-ción). Además, la interpretación dada por la Corte de Cir-cuito de Apelaciones es que era necesario el pago contem-poráneo.

La tercera causa de acción parece depender en parte de las dos que la preceden y es probable que deba caer o sostenerse con ellas. Sin embargo, convenimos con el apelado en que como ei¡ la escritura de disolución se nombraba un liquidador, que no es Gandía, para arreglar las cuen-tas entre los socios, cualquier derecho o reclamación sobre nn arreglo de las cuentas sociales debe ser presentado a dicho liquidador.

La sentencia apelada, que declara con lugar la excepción previa a la demanda, debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Hutchison y Franco Soto, no intervinieron en la resolución de este caso.