text:
    Guillermo Franco, Rita González de Franco, Luis González, Félix González Ortiz y Dolores Alfonso, demandantes y apelantes, v. Guillermo Oppenheimer Salomón, demandado y apelado.
    No. 4589.

    Sometido: Feb. 7, 1929.

      Resuelto: Nov. 14, 1929.

      Arjoma & Arjona, abogados de los apelantes; Pérez Marchcmd & Suliveres, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación lia sido interpuesta por los demandantes contra sentencia que declaró sin lugar su petición de injunction perpetuo por el fundamento de no aducir hechos deter-minantes de causa de acción para el procedimiento de injunction.

Los apelantes alegaron substancialmente en su petición que son dueños de cierta finca cuya descripción hicieron, a cuyo favor se halla constituida desde 1870 una servidumbre de acueducto o paso de agua para regadío que discurre con acequia abierta a través de varias fincas, siendo una de éstas un trozo de terreno de finca del demandado, la cual también fué descrita: que ninguno de los predios superiores a la finca del demandante y entre ellos la del demandado tiene dereclio a derivar agua de la acequia para fines de riego o regadío: que en varias fechas anteriores a la presentación de la petición y particularmente el primero de marzo de 1928 el demandado fia perturbado a los demandantes en la pose-sión y disfrute de esa servidumbre derivando y apropiándose agua de la misma para llenar depósitos de gran capacidad, destinándola al riego de dos piezas de cañas de azúcar: que esos actos del demandado causan a los demandantes daños irreparables y difíciles de justificar pecuniariamente, porque cualquiera cuantía en dinero sería insuficiente e inadecuada para remediar el daño sufrido por los demandantes: que carecen de remedio adecuado en ley para obtener su repara-ción : que el procedimiento de injunction en este caso evitará multiplicidad de pleitos: que el demandado se fia negado a cesar en la perturbación o despojo mencionado después de haberse comprometido a respetar la servidumbre, amena-zando con continuar sin respetarla: y que el daño irreparable que recibirán los demandantes consiste en que estando la finca de los demandantes dedicada al cultivo de cañas dulces su cultivo se echaría a perder y la finca no podría dedicarse a esa clase de cultivo por falta de agua y su valor se reduci-ría tan considerablemente que una compensación pecuniaria no ofrecería adecuado remedio. Por esas alegaciones solici-taron del tribunal que de acuerdo con la ley de injunction dic-tase sentencia condenando al demandado a que se abstenga de derivar y apropiarse agua de la que discurre por ese acue-ducto conminándole con castigarlo por desacato si viola esa prohibición: a respetar permanentemente la servidumbre de acueducto que grava su finca: y a pagar las costas.

La sentencia que condenara al demandado en los términos interesados por el demandante tendría que estar fundada necesariamente en la declaración de la existencia de un derecho de servidumbre de acueducto a favor de los de-mandantes, obligatorio para el demandado, cuestión que no creemos propia para ser decidida en un procedimiento especial y rápido como el promovido cuando én la ley existe un procedimiento ordinario cual es la acción confesoria de ser-vidumbre que puede ejercitarse contra el que la niega y no la respeta con la correspondiente reclamación de indemniza-ción de los perjuicios de la falta de respeto a la servidumbre que el obligado por ella pueda causar. El procedimiento de injunction es de equidad para cuando no existe remedio ade-cuado en la ley. La controversia en un procedimiento especial y rápido como el de injunction sobre la existencia de una servidumbre que no es respetada privaría a tal proce-dimiento de sus características particulares y lo convertiría en un juicio ordinario. El solo hecho de alegarse un perjuicio como irreparable no es suficiente para tener derecho al pro-cedimiento de injunction, pues -por regla general cuando el perjudicado tiene un remedio eficaz, completo y adecuado en la ley no puede decirse que exista un perjuicio irreparable, ni tampoco cuando por medio de una acción en ley puede obte-nerse compensación en dinero por los daños sufridos, según hemos declarado en el caso de Martines v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., 15 D.P.R. 725.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señok Audrey,

license: Public Domain

text:
    Andrea González y Lugo, como madre con patria potestad sobre la menor María Luisa González, demandante y apelante, v. Sucesión de Mario Sánchez y Quiñones, demandada y apelada.
    No. 4509.

    Sometido: Nov. 6, 1929.

      Resuelto: Nov. 14, 1929.

      L. López de Victoria, abogado de la apelante; la parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Señok Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Seguido este pleito de filiación en rebeldía de la sucesión demandada fué dictada sentencia declarando sin lugar la de-manda y contra ella fué interpuesta esta apelación.

Andrea González Lugo, en nombre de su bija me-nor de edad María Luisa González, demandó en 1927 a la viuda e Lijos menores de edad de Mario Sánchez Quiñones, fallecido en 1921, alegando que sostuvo relaciones amorosas con Mario Sánchez Quiñones en concubinato desde el año 1912 hasta el 1915 bajo el mismo techo como marido y mujer, siendo ambos solteros y sin tener impedimento para contraer matrimonio; y que durante ellas fué procreada y nació en 1913 la niña María Luisa, la que siempre fué tenida por Mario Sánchez Quiñones como hija suya en público y en privado y atendió a su sostenimiento y educación.

Las únicas declaraciones presentadas en el juicio fueron la de la madre de la demandante y la de la madre de Mario Sánchez Quiñones, resultando de ellas probados los hechos expuestos en la demanda como base de la acción ejercitada y que durante el embarazo de la madre y el nacimiento de la niña los padres vivieron juntos bajo un mismo techo, públi-camente, como marido y mujer hasta 1915. Esa niña nació el 19 de agosto de 1913.

No obstante esas declaraciones el tribunal inferior de-claró sin lugar' la demanda por el fundamento de que ha-biendo sido establecida de acuerdo con el artículo 189 del Có-digo Civil, en relación con el 193, era necesario probar, y no se hizo así, que los padres al tiempo de la concepción tenían la intención de casarse o estaban comprometidos para ello, citando el caso de Medina v. Sucn. Bird, 30 D.P.R. 158. Este fundamento se alega ser erróneo por el apelante.

El caso citado por el tribunal inferior se refiere al artículo 189 del Código Civil según regía en 1903, preceptivo de que el padre está obligado a reconocer al hijo natural entre otros casos cuando la madre- fué conocida viviendo en concubinato con el padre al tiempo del embarazo o del nacimiento del hijo, o cuando éste baya nacido llevando sus padres relaciones amo-rosas ; y en dicha sentencia declaramos que no se había pro-bado que aquellos padres vivieron en concubinato porque no era suficiente para que exista que un hombre coloque a una mujer en una casa y frecuentemente la visite, especialmente si él tiene un hogar propio independiente, como la prueba tendía a demostrar: y que si bien se alegó en la demanda que los padres habían sostenido relaciones amorosas, esas pa-labras significaban relación entre amantes con el compromiso más o menos de casarse.

Ese texto legal y esa sentencia no tienen aplicación al caso presente porque dicha ley fué enmendada en el año 1911, antes de nacer María Luisa en 1913, suprimiendo la cuestión de relaciones amorosas, y dejando únicamente dicho caso diciendo que el hijo tiene derecho a ser reconocido “cuando la madre fué conocida viviendo en concubinato con el padre durante el embarazo y al tiempo del nacimiento del hijo”.

En vista, pues, de que fué probado el concubinato y de que no era necesario acreditar el carácter de las relaciones de los padres con compromiso de matrimonio, la sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando con lu-gar la demanda sin especial condena de costas. '

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Manuel y Felipe González, peticionarios, v. Corte de Distrito de Arecibo, Hon. L. Samalea Iglesias, Juez, demandada.
    No. 669.

    Sometido: Nov. 4, 1929.

      Resuelto: Nov. 14, 1929.

      E. Martínez Aviles, abogado del peticionario; A. Beyes Delgado, abogado del interventor.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte Municipal de Camny se siguió un pleito en reivindicación de dos cuerdas de terreno valoradas en dos-cientos dólares dictándose sentencia favorable al demandante.

Los demandados apelaron para ante la Corte de Distrito de Arecibo y elevados los autos la parte apelada pidió por moción de julio 23, 1928 la desestimación del recurso, basán-dose en que la parte apelante no solicitó la inclusión del caso en el calendario de asuntos civiles cuya lectura tuvo lugar algún tiempo después de elevados los autos ni Labia consig-nado los sellos de rentas internas que exige la ley.

La moción se notificó a la parte apelante y señalada su vista fué suspendida a petición suya. Yolvió a señalarse la vista de la moción para el 20 de mayo de 1929 y el 12 de junio siguiente la corte la resolvió decretando el archivo y sobre-seimiento del caso.

El 17 de junio de 1929 la parte apelante pidió la reconsi-deración de la orden de sobreseimiento y archivo porque tal orden había sido una sorpresa para dicha parte, que no fué notificada del señalamiento y que tenía convenido con la parte apelada que retiraría su moción. Alegó además la parte .apelante que la corte de distrito no tenía jurisdicción en ape-lación para intervenir en el caso, ya que, por razón de la ma-teria, no la tuvo para decidirlo la corte municipal.

La corte negó la reconsideración y entonces los apelantes presentaron a esta Corte Suprema una solicitud de certio-rari pidiéndole que revisara y anulara lo actuado por la corte de distrito. En esos días estaba pendiente de estudio la cuestión fundamental de si las cortes municipales tenían o no jurisdicción en pleitos sobre reivindicación de bienes inmue-bles cuando la cuantía de éstos no excediera de quinientos dólares y el auto fué expedido, señalándose la vista para el 4 de noviembre actual. A la vista no concurrieron los peticio-narios. Sólo la parte apelada asistió.

Puede verse que la cuestión de procedimiento levantada no interesaba mucho a los peticionarios que parece que descansaban únicamente en la cuestión de jurisdicción para obtener un pronunciamiento de la corte de distrito declarando que la corte municipal no pudo intervenir ni dictar por lo tanto sentencia en un pleito sobre reivindicación cuyo conocimiento correspondía a la corte de distrito irrespectivamente de la cuantía envuelta en el mismo.

Esa cuestión fué ampliamente discutida y resuelta en contra de la contención de los peticionarios en el caso de certio-rari instado por Ramón Pujáis Cario, contra la Corte de Dis-trito de San Juan, decidido el 26 de julio de 1929. Nada se ha alegado en este caso que nos lleve a variar de criterio.

La cuestión de procedimiento es sencilla y fué resuelta de acuerdo con la ley por la corte de distrito.

El apartado (b) de la sección 3- de la ley que regula las apelaciones de las sentencias dictadas por las cortes muni-cipales para ante las cortes de distrito, tal como quedó en-mendado por la ley No. 93 de 1917, promulgada a virtud de sentencia de esta Corte Suprema en 11 de marzo de 1919, es terminante. Dice:

“ (b) Si el apelante dejase de solicitar la inclusión del pleito en el calendario, el juez de distrito declarará desierto el recurso, im-poniéndole las costas; y el secretario remitirá inmediatamente la causa a la corte inferior para la ejecución de la sentencia apelada.”

No se necesitaba notificación alguna. (Marrero v. Muller, 35 D.P.R. 369, y Morales v. Corle ele Distrito, 35 D.P.R. 909.) El pleito Rabia sido radicado desde liacía más de un año. Lectura tras lectura de calendarios se Rabian sucedido sin que los apelantes Rubieran cumplido con el deber que la ley les impone. La corte no estaba obligada a tener en cuenta un convenio privado entre los abogados que le era descono-cido. La buena práctica exige que los convenios entre abo-gados se consignen por escrito y se sometan a la aprobación de la corte. Expresamente dispone la 27 de las Regias para las Cortes de Distrito, que: “Ningún convenio entre los abogados o las partes tocante a algún asunto pendiente, ten-drá fuerza, a menos que sea Recho por escrito, firmado y en-tregado con los demás documentos para que forme parte del récord; o a menos que sea RecRo en corte abierta con el mismo fin”.

Debe amelarse el auto expedido y devolverse el caso a la Corte de Distrito de su origen a los fines procedentes.

El Juez Asociado Señor HutcRison no intervino.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Claudio Vallés Ricci, demandante y apelante, v. Nicomedes Rivera, demandada y apelada.
    No. 4689.

    Sometido: Nov. 7, 1929.

      Resuelto: Nov. 14, 1929.

      A. Porrata Doria, abogado del apelante; Pedro E. Anglade, aben gado de la apelada.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Alegando ser dueño de media cuerda de terreno ocupada en precario por Nicomedes Rivera, Claudio Valles interpuso esta demanda de desahucio a fin de obtener por la vía judicial lo que no le había sido posible por la privada; esto es, que Nicomedes Rivera desalojara la finca.

Contestó la demandada aceptando que se encontraba en la finca en cuestión pero no en precario sino como dueña de la misma.

Fuá el pleito a juicio. El demandante presentó un docu-mento privado que lleva fecha de noviembre 15 de 1921 por virtud del cual la propia Nicomedes Rivera aparece vendién-dole las tierras de que se trata. Declaró además él mismo y explicó las circunstancias del contrato, habiendo dejado a la demandada en posesión porque compró el terreno para fabri-car y luego no tuvo necesidad de ello, negándose luego la de-mandada a desocupar la finca.

Declararon tambión a favor del demandante Guillermo Rivera y Eusebio Marrero. Rivera fué uno de los firmantes del documento privado de compraventa. Marrero explicó que Nicomedes debía en la tienda a cuyo frente estaba Guillermo Rivera y para pagar la deuda convino en vender’ y vendió a Vallés su finca.

La prueba de la demandada consistió en su propia decla-ración y en los testimonios de Juan Vallés y José Malavé.

La declaración de la demandada es larga y difícil de sin-tetizar, pero en su último análisis puede decirse que sostiene que jamás vendió su finca y que si permitió que se pusiera una cruz como su firma en un documento que le llevó Vallés a su casa, fué porque éste le dijo que era un pagaré en el que constaba que ella le debía la suma que Vallés se comprometió a garantizar o pagar por ella en la tienda, suma que repre-sentaba el valor de provisiones que el hombre que en aquel entonces vivía con ella había tomado en la tienda y que más tarde satisfizo a Vallés.

Los testigos Juan Vallés y José Malavé se refieren a ad-misiones del demandante que, de ser ciertas, demostrarían que se trataba de un préstamo y no de una venta.

La corte sentenciadora en su relación del caso y opinión se refirió a las alegaciones y a las pruebas, diciendo de la aportada por la demandada que tendía £‘a justificar que el título del demandante es fraudulento, inexistente y nulo” y estimando que había un conflicto de títulos, se negó a resol-verlo dentro del pleito sumario de desahucio y declaró la de-manda sin lugar. Contra esa sentencia interpuso el deman-dante el presente recurso de apelación.

Estudiados los autos resulta que se practicó una prueba completa por ambas partes. Difícilmente podrá practicarse otra más amplia dentro de cualquier pleito ordinario. Lo único que faltaba para decidir el caso en verdad era que la conciencia judicial, guiada por la razón, la ley y la experien-cia, analizara la prueba y resolviera el conflicto. Pero no puede negarse que el conflicto existe, y grave y hondo. O fraudulentamente se alteró la verdad y se hizo aparecer en un documento que la.demandada vendía su propiedad siendo cómplices del fraude perpetrado por el demandante dos per-sonas más, o son perjuros la demandada y sus dos testigos. Los testimonios de una y otra parte son irreconciliables. Play tres personas en un lado o en otro que juraron decir verdad y que faltando a su juramento mintieron. La pureza del procedimiento exige y la constante jurisprudencia de esta corte ha sentado, que cuestión semejante no debe deci-dirse en un juicio sumario de desahucio. Y éste es un juicio de desahucio, cualquiera que sea la extensión que se haya dado a la práctica de la prueba.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Hutchison y Texidor no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    C. López Pérez, Inc., demandante y apelante v. The Western Assurance Co., demandada y apelada.
    No. 4448.

    Sometido: Marzo 7, 1929.

      Resuelto: Nov. 14, 1929.

      R. Rivera Zagas, abogado de la apelante; J. H. Brown y C. Buiz Nazario, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribnnal.

Se trata de una acción sobre cobro de póliza por incendio. La Corte de Distrito de San Juan falló a favor de la com-pañía de seguros demandada. Yirtualmente, la única im-pugnación que se hace a la sentencia es que la corte erró al apreciar la prueba.

La apelada llama la atención hacia los defectos del alegato del apelante. No hubo un cumplimiento suficiente de las re-gias de este tribnnal, especialmente por no hacer el alegato un a. relación del caso. El señalamiento de errores era de-fectuoso por no contener nna verdadera tentativa de ser de-finido o específico. Igualmente, el alegato es todo menos un documento de fácil lectura. El trabajo mecanográfico fué pobremente beclio, sin espacios dobles regulares, y se escri-bieron las páginas sin espacio marginal en uno u otro lado, y muy poco en la parte superior. Sin embargo, como el error señalado es en efecto único, le prestaremos alguna conside-ración.

Según leemos la opinión de la corte, su decisión se basó en dos fundamentos: que la demandante no tenía derecho a recobrar los $15,000 reclamados por ser su prueba de pérdidas falsa y fraudulenta, y porque al ocurrir el si-niestro sólo tenía en su poder o en su establecimiento alre-dedor de la cuarta'parte de la mercancía que hizo constar en su inventario. Estas conclusiones o resultados a que llegó la corte están completamente justificados por la evidencia.

La prueba tendió a demostrar que el alegado inventario fué hecho en orden alfabético. La corte comentó severa-mente esta circunstancia, y dedujo que era prácticamente im-posible que en una farmacia pudiera practicarse un inven-tario en orden alfabético. Los efectos en una botica no están colocados en esa forma, y la probabilidad sería que la de-mandante tomó un catálogo y anotó sus existencias de con-formidad con el mismo. No sólo fué esto así, sino que, tal como indicó la corte, testigos respetables de la demandada que habían visto las existencias prestaron declaración ten-dente a demostrar que los artículos que había en la farmacia no tenían un valor de más de alrededor de $4,000, mientras que la reclamación era por $15,000. Hubo prueba testifical de la demandante al efecto de que las ventas de su farmacia ascendían a cerca de $40 diarios, y fué opinión de un perito que tales ventas ordinariamente representarían existencias por valor de $4,000 o $5,000. Podría aparecer que no había motivo alguno para que la demandante tuviera tantas exis-tencias si sus ventas eran tan pequeñas.

Sin embargo, aun si hubiese inconsistencias en las decla-raciones de los distintos testigos de la demandada, el peso de la prueba respecto a las pérdidas recaía sobre la deman-dante, y la corte no creyó a sus testigos.

Por vía de ejemplo la corte mencionó alguna de la prueba que no creyó. La apelante funda su crítica en algunas de estas especificaciones. La corte no estuvo equivocada al hacer esas especificaciones, pero en adición a ellas basó su decisión concluyentemente en el hecho de no creer a los tes-tigos de la demandante excepto uno. Según hemos sugerido en Deliz v. Deliz 40 D.P.R. 77, cuando la corte no cree las manifestaciones de los testigos de una u otra parte, no es ne-cesario que exponga todos los motivos que ha tenido para ello. La corte dió numerosas razones para su decisión.

En esta discusión no hemos tratado de segregar la prueba de pérdidas fraudulenta del hecho de haber dejado la deman-dante de ser dueña o poseer la cantidad de mercancías re-clamada.

Es ley bien establecida que cuando la prueba de pérdidas es fraudulenta o cuando la reclamación es harto excesiva, el demandante no puede recobrar bajo las condiciones de una póliza como la del presente caso. Pottle v. Liverpool & London & Globe Ins. Co., 81 Atl. 481; Fire Ass’n of Philadelphia v. Allesina, 89 Pac. 960; Alfred Hiller Co. v. Insurance Co. of North America, 52 So. 104; Huchberger v. Home Fire Ins. Co., 5 Bis. 106, 12 Fed. Cas. 793 (No. 6821).

Quedamos impresionados por la cita que hace la corte inferior de Huchberger v. Home Fire Ins. Co., supra:

“Bn casos de esta índole el demandante debe venir a la corte con manos limpias. Se presume que el asegurado' sabe mejor que nadie cuál es el valor de sus bienes y la monta de su pérdida, y está obligado a hacer su informe de pérdidas honradamente, sin tratar de obtener más de los daños que realmente ha sufrido; y así, esa re-gla de derecho destruye todas las reclamaciones que no se hagan hon-radamente, y se aplica con el fin de proteger a las compañías de se-guros de fraudes que de otro modo podrían perpetrarse contra ellas. Es una regla que no puede perjudicar a ningún hombre honrado.”

Hasta aquí sólo liemos discutido las cuestiones resueltas por la corte inferior. La apelada insiste en que la corte tam-bién pudo haber fallado a favor de la demandada por otros fundamentos. Si bien la posición de la demandada es algo técnica, y probablemente no hubiera sido levantada en un caso justo, sin embargo, convenimos con la apelada en que la corporación demandante no probó claramente que los bienes le pertenecieran al tiempo de la pérdida. Parece que el tras-paso a la corporación demandante no había sido hecho en debida forma.

También tenemos la idea, según sostiene la apelada, de que la demandante no llevaba libros adecuados, o de que no practicó el debido inventario.

Se suscitaron una o dos cuestiones más que hallamos in-necesario discutir.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


author: El Juez Peesidente Señor del Tobo,

text:
    Manuel M. Ortiz, E. Rivera, J. Luján Jr., G. González, E. Rodríguez, J. Hernández, P. Rodríguez y R. González, demandantes y apelantes, v. La Comisión de la Policía Insular de Puerto Rico, demandada y apelada.
    No. 4725.

    Sometido: Mayo 7, 1929.

      Resuelto: Nov. 14, 1929.

      B. Muñoz Ramos, abogado de los apelantes; Hon. Attorney General James B. Beverley, j B. Cordovés Arana, Sub-Procurador, abo-gados de la apelada.
   El Juez Peesidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes iniciaron este pleito en la Corte de Dis-trito de San Juan, alegando los siguientes hechos:

“Primero: Que los demandantes son miembros retirados del Cuerpo de la Policía Insular de Puerto Rico, autorizados como tales por el 'Gobernador de Puerto Rico y cobrando por concepto de pen-sión cada uno, la siguiente cantidad mensualmente: Manuel M. Ortiz, $80.02; Enrique Rivera, $84.88; José Luján Jr., $68.71; Gerardo González, $34.35; Enrique Rodríguez, $34.05; Jaime Hernán-dez, $34.35; Pedro Rodríguez, $68.00; Ramón González, $34.35.
“Segundo: Que la demandada en este pleito, la Comisión de la Policía Insular de Puerto Rico, es la encargada de pagar a los deman-dantes mensualmente el importe de sus respectivas pensiones, de los fondos que con tal fin tiene a su disposición.
“ Tercero-. Que los demandantes a pesar de las gestiones que han hecho para lograrlo, no han podido obtener hasta la fecha de esta demanda el pago de sus respectivas pensiones correspondientes a los meses desde febrero de 1927 a diciembre de 1927 inclusive, o sea, correspondientes a once mensualidades vencidas, a cuya virtud, adeuda la demandada a los demandantes $4,555.00 que corresponden en la siguiente proporción a cada uno de ellos: A Manuel M. Ortiz, $880.22 .... igual $4,555.00, que es la cantidad que adeuda la demandada a los demandantes.
“Cuarto-: Que la demandada tiene en su poder una cantidad de dinero disponible en exceso de los $4,555.00 que adeuda a los deman-dantes y a pesar de ello, se niega a pagar a los demandantes las can-tidades referidas que a cada uno adeuda.”

La súplica de la demanda es como sigue:

“Suplican que, previos los trámites de ley dicte en su día sen-tencia condenando a la demandada a pagar a los demandantes la cantidad de $4,555.00 que les adeuda, haciéndolo repartiendo dicha cantidad entre cada uno de los demandantes en la proporción antes expresada en esta demanda, cota, imposición de las costas a cargo de dicha demandada. ’ ’

La comisión demandada adujo como excepciones previas la indebida acumulación de partes y de acciones y la falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción.

La corte declaró con lugar las tres excepciones aducidas y dictó sentencia desestimando la demanda sin especial conde-nación de costas. No conformes los demandantes apelaron para ante este Tribunal.

El abogado de los apelantes expone y argumenta su caso de modo inteligente y persuasivo. Parece a veces que la lógica y la justicia le asisten y que meros tecnicismos no deberían impedir que se tramitara el pleito dictándose la sentencia final que procediere de acuerdo con los hechos y la ley, pero un estudio detenido de todas las cuestiones envueltas, de la ley en vigor y de la jurisprudencia interpretativa de la misma, nos obliga a concluir que la sentencia dictada debe confirmarse.

Es cierto que el artículo 66 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe que “los partícipes en una acción que estu-vieren unidos por interés común” se asocien, pero, ¿existe aquí el interés común de que habla la ley? Una respuesta ne-gativa se impone.

No hay duda alguna que todos los demandantes tienen el mismo interés, a saber: que la comisión les pague. Sin embargo, igual podría decirse de varios acreedores de un solo deudor cualquiera que fuere la fuente de sus respectivos cré-ditos. Y asociar tales acreedores, no puede en manera alguna ser el propósito del legislador. El interés común debe exis-tir en la cosa reclamada. Debe ser una la reclamación, aun-que puedan, desde luego, derivarse varias de ella. Aquí cada demandante tiene un caso especial. Todos son de la misma naturaleza, es cierto, pero cada uno hay que considerarlo en sí mismo, por sus propias circunstancias, y resolverlo por sus peculiares méritos.

Invoca la parte apelante al tratadista Sutherland que en su obra “Code Pleading, Practice and Forms” expone la regla general sobre asociación de partes en el sentido de que cuando varias personas tienen interés en el sujeto de la acción y en obtener lo pedido en la demanda, todas pueden unirse en la misma acción, sobre todo si sus derechos son idénticos en clase y naturaleza, pero como muy bien llama la atención la parte apelada en su alegato, el propio tratadista al exponer las ex-cepciones a la regia, dice:

“Intereses separables. — Evidentemente, la regla que estamos con-siderando no puede surtir efecto cuando los intereses creados a vir-tud de un contrato son separables. En tal caso, la causa de acción no es única, y el fundamento de la regla desaparece. Los intereses, legales de los demandantes son separables, y el derecho de acción sigue a los intereses.” 1 Suth. Code Pleading, Practice and Forms, p. 18.

Y en el caso de Dyas v. Ding-Grave, 15 La. Ann. 502, 77 Am. Dec. 196, se dice:

“Los acreedores separados de un deudor no pueden asociarse como demandantes en una acción en que no haya un interés solidario en la cosa reclamada, o algún nexo jurídico (privity) respecto al contrato que autorice su unión.”

No pudiendo asociarse los ocho demandantes que lo hi-cieron en este caso, no hay que considerar siquiera la cues-tión de la indebida acumulación de acciones.

La tercera excepción fué bien resuelta por la corte de distrito. Nos limitaremos a citar su propio razonamiento con el cual estamos enteramente conformes. Es así:

“El tercer motivo de excepción se funda en la falta de hechos para determinar una causa de acción. El derecho de los demandan-tes arranca de la ley No. 68 de 1921, tal como quedó enmendada por la ley No. 86 de 1923 (leyes de 1925, página 663). Esta ley tiene por fin establecer el retiro de los miembros, de la Policía Insular, y fijar ciertas reglas a dicho retiro. La alegación que hacen los de-mandantes de que ellos son miembros retirados del Cuerpo de la Policía Insular, no establece por sí solo un derecho de acción contra la Comisión demandada. El derecho de pensión no es un contrato entre el demandante y el Gobierno, cuyo cumplimiento pudiera exi-girse por medio de una acción ordinaria; la pensión es una gratifi-cación que se hace por el Gobierno en reconocimiento de servicios prestados por el funcionario, pero cuyo reconocimiento por el Go-bierno no establece un derecho adquirido a favor del funcionario que pueda ser puesto en vigor, o eompelida su ejecución por medio de una acción ordinaria. De esto estamos convencidos. De otra suerte tendríamos que en el presante caso los miembros todos de la Policía Insular que ban sido pensionados, tendrían cada uno de ellos una acción contra la Comisión demandada, lo que daría lugar a una multiplicidad de pleitos, cosa que la Ley repudia.
“Si como los demandantes alegan en su demanda, la Comisión tiene un fondo a su disposición para dedicarse al pago de las pen-siones, y se niega a pagar a los demandantes las cantidades que le» adeuda no obstante liaber sido requerida para ello, no expone ni aduce razón o fundamento alguno para el no pago, tales alegaciones, más bien nos demuestran la existencia de un deber a cumplir por parte de la demandada, y no la violación de un contrato cuyo cum-plimiento pueda ser específicamente ordenado.
“La acción ordinaria no es la adecuada para compeler a un or-ganismo o funcionario el ejercicio de un deber que la ley le impone ministerialmente, y si tal deber se contrae al pago de una pensión que indebidamente se retiene, no es la acción ordinaria el remedio» adecuado. 43 C. J. 817; 38 C. J. 71. Véase también Seshan vs.. San Francisco Police Comr., 47 Cal. A. 29; 190 Pac. 51.”

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


text:
    Francisco Vela Acosta, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 778.

    Sometido: Noviembre 4, 1929.

      Resuelto: Nov. 14, 1929.

      L. Muñoz Morales, abogado del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en San Juan el 20 de mayo de 1929, Jacinto A. Palacios por sí y como apoderado de su esposa vendió a Francisco Vela, el recurrente, dos fincas si-tuadas en el municipio de Gurabo conocidas por “La Nave” y “Mamey”, que babía adquirido el 29 de enero de 1929 y cuyo dominio tenía inscrito en el Registro de la Propiedad.

Se bizo constar además en la escritura de venta que en la Corte de Distrito de Humacao se siguió un pleito contra Ma-ría Nieves viuda de González y Ramón González en cobro de dinero; que en diclio pleito se embargaron las fincas “La Nave” y “Mamey”, entonces de la propiedad de doña María Nieves viuda de González, quedando anotado el embargo en el Registro el 14 de mayo de 1928; que en agosto de 1928 se dictó y registró sentencia en dicbo pleito en contra de los de-mandados y que para bacer efectiva dicba sentencia el már-sbal de la corte de distrito vendió en pública subasta las fin-cas embargadas el día 18 de mayo de 1929, habiéndolas ad-quirido Francisco Yela Acosta. Se transcribe el acta de la subasta levantada por el márshal.

Y también se bizo constar en la escritura de mayo 20,1929, que el comprador en la subasta, Yela, requirió a Palacios que babía adquirido en enero del mismo año las dichas fincas de su dueña la demandada viuda de González, para que otorgara la correspondiente escritura; que Palacios se avino a ello y en efecto así lo bacía ratificando la venta ya hecha por el márshal. Por la propia escritura Palacios vendió a Yela las plantaciones de cañas que tenía en las fincas.

Presentado el documento para su inscripción en el regis-tro, se negó el registrador por medio de una nota que copiada en lo pertinente, dice:

“Denegada la inscripción solicitada del presente documento por observarse: en cuanto a la finca La Nave que el señor Palacios sólo posee en dicha finca condominios proindivisos representados por $12,620.80 en el valor de $13,950 dado a dicha finca; y en cuanto a las dos fincas descritas: que el márshal lo que vendió en el pleito a que se refiere est'e documento fueron los derechos y acciones que pudieran tener los demandados María Nieves y Ramón González en dichas fincas y aparece requiriéndose a Jacinto A. Palacios por el re-matante señor Vela; y el señor Palacios como cumplimentando la venta efectuada por el márshal otorga escritura de venta al señor Vela infringiéndose lo preceptuado en el artículo 59 de la ley de 9 de marzo de 1905 sección 5294 de los Estatutos Revisados de 1911 . .

Los motivos que tuvo el registrador tal como los expone el recurrente en su alegato y se consignan en la nota, fueron, pues, los siguientes:

“A. — Que el vendedor Sr. Palacios sólo había adquirido y poseía en una de las fincas condominios proindivisos representados por deter-minada cantidad.
“B.- — Que lo que el márshal vendió en el remate en el pleito a que se refiere la escritura fueron los derechos y acciones que pudieran tener los anteriores dueños demandados María Nieves y Ramón González.
“C.- — Que al verificarse la venta directamente por el Sr. Palacios como dueño de las fincas o derechos se infringió el artículo 5 de la Ley de 9 de marzo de 1905, que exige que sea el márshal el que otorgue la escritura de venta.”

El primero y el segundo de los motivos pueden estudiarse y resolverse conjuntamente.

Es cierto que en la escritura de 20 de mayo de 1929 se dice que Palacios es dueño de la totalidad de las fincas. De la nota se desprende que solamente lo es de un condominio de $12,620.80 en un valor de $13,950.00.

Si esto es así, creemos que tiene razón el recurrente al sostener que el registrador no estaba justificado en negar en absoluto la inscripción del documento, sino que debió, armo-nizándolo con las constancias del registro, inscribir la venta en cnanto al condominio qne figura inscrito a favor del ven-dedor y negar sn inscripción en cnanto a la diferencia para completar el total del dominio.

El mismo razonamiento se aplica a la venta del márshal. Si éste vendió los derechos y acciones qne la demandada Se-ñora Nieves viuda de González tenía sobre las fincas, y la venta fné ratificada por el qne antes había adquirido esos derechos de la propia Señora Nieves, en tal forma debió ha-berse consignado la inscripción. Después de todo nada más puede venderse qne lo que realmente se tiene.

No es recomendable la práctica seguida en este caso. Algo anormal debió existir. Pero si todos los interesados muestran al fin sn conformidad en forma solemne, debe darse entrada en el registro a la expresión final de lo realmente pactado.

Examinemos el tercer motivo. El precepto de ley qne invoca el registrador dice:

“Art. 5. — En los casos en que se venda en subasta pública por el márshal u otro funcionario debidamente autorizado una propiedad in-mueble en virtud de ejecución u orden de venta librada por una corte de justicia deberá dicho márshal o funcionario otorgarle al comprador escritura pública en debida forma de tal propiedad, abonando dicho comprador el importe de tal escritura. ’ ’

Ese precepto debe interpretarse en relación con el artículo 174 del Reglamento Hipotecario qne expresa:

“Vendida o adjudicada la finca hipotecada, y consignada en su caso el precio correspondiente, se otorgará de oficio la escritura de traspaso o el acta de adjudicación por el juzgado, en representación del dueño de los bienes hipotecados, si éste no comparece espontáneamente a otorgarla el día que se señale, que será el más proximo posible, y se-guidamente se pondrá en posesión judicial al nuevo dueño, si lo soli-citare. ’ ’

Cuando el márshal vendió la finca de que se trata en pú-blica subasta, ya las había vendido su dueña con el gravamen del pleito, a Palacios, y si Palacios se muestra conforme en vender de nuevo o ratificar la venta del marshal ¿para qué se necesita la escritura qne por una ficción legal otorga dicho funcionario en sustitución del verdadero vendedor, el dueño ? Actuando como actuó el dueño era innecesaria la actuación del marshal.

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscripción solicitada en la forma que se ha indicado, esto es, limitando la venta a lo que del re-gistro aparezca inscrito a favor del vendedor.

El Juez Asociado Señor Hutchison no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Luis M. Cortés, demandante y apelado, v. The Porto Rican & American Insurance Company, demandada y apelante.
    No. 4454.

    Sometido: Junio 13, 1928.

      Resuelto: Nov. 15, 1929.

      M. Rodríguez Serra, abogado de la apelante; M. Benitez Flores, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En un autocamión de carga {truck) marca Day Elder, que es propiedad de Luis M. Cortés, ocurrió un incendio que ave-rió seriamente su motor, que estaba rajado y soldado con an-terioridad, y quemó en parte la caja y la capota. Estaba ase-gurado contra incendio por The Porto Eican & American Insurance Co., y haciendo uso la aseguradora de la cláusula de su contrato que la autoriza para pagar el daño sufrido o para Racer por sa cuenta las reparaciones del vehículo, optó por reparar el autocamión. Cuando tedias algunas reparaciones quiso entregar dicto vetículo a su dueño éste se negó a re-cibirlo porque el motor no funcionaba bien y entonces la ase-guradora sustituyó el motor por otro usado de un automóvil de paseo (touring car) marca Stuts. También se negó el dueño a recibir el autocamión porque el motor puesto en él no era adecuado para el servicio que tabía de prestar y surgió este pleito en el que se alegan tres causas de acción: la pri-mera para, que la compañía aseguradora pague al deman-dante $536 por los daños sufridos por el autocamión con el incendio o para que baga una reparación adecuada del mismo: la segunda para que pague la cantidad de $5,000 por el tiempo que el demandante se ta visto privado de los servicios de dicto vetículo: y la tercera para que también le pague otra cantidad de $1,000 por otros vetículos que tuvo que usar y pagar para sustituir al averiado para su trabajo.

Celebrado el juicio el tribunal de distrito dictó sentencia condenando a la compañía aseguradora demandada a tacer una reparación adecuada del autocamión del demandante, de acuerdo con lo estipulado en sa contrato de seguro, y a pa-garle en concepto de indemnización la suma de $1,156 y las costas.

En esta apelación interpuesta por la demandada contra dicta sentencia se alegan dos motivos de error, a saber: por la apreciación de la prueba practicada en el juicio y porque la sentencia es imprecisa y difícil de cumplir por la deman-dada sin recurrir a ulteriores procedimientos judiciales.

La apelante no alega error por la condena de pagar de-terminada cantidad de dinero como indemnización de daños y perjuicios. Dedica su alegato casi exclusivamente a sos-tener que el cambio de motor que tizo es una reparación ade-cuada, reservando muy pocas líneas para el segundo motivo de error. Por consiguiente la cuestión sometida a nuestra resolución por el primer motivo del recurso es si tubo o no error en la apreciación de la prueba en cuanto a no constituir el cambio de motor una reparación adecuada del autocamión y a la condena de repararlo convenientemente.

Según una cláusula del contrato de seguro entre las partes, en caso de siniestro podrá la compañía reparar, reconstruir o reemplazar la propiedad perdida o dañada con otra de la misma clase y calidad. Las palabras textuales del contrato, que está escrito en inglés, son en cuanto a ese extremo las si-guientes: “. . . and also to repair, rebuild or replace the property lost or damaged with, other of like kind and quality. . .”

En la opinión que el tribunal inferior escribió para fun-damentar su sentencia llegó a la conclusión de que por las palabras copiadas estaba obligada la demandada a sustituir la propiedad dañada con otra de igual clase y calidad y citó en su apoyo lo siguiente del Diccionario Internacional de la lengua inglesa de Webster en su edición de 1920: “Like.— Having the same or nearly the same appearance, character or characteristic, similar”. “Like 1. — That which is equal or similar to another, the counterpart; an exact resemblance; a copy, an equal”. También en el Diccionario de Bouvier se dice respecto de dicha palabra que significa lo que es igual en cantidad, calidad o grado, citándose a 79 N.C. 387, y que no significa necesariamente igual en todas sus partes, según 2 Cush. 145; y en el Diccionario de palabras y frases defi-nidas judicialmente se dice en la página 4160 que like es de-finida para significar parecido; teniendo semejanza; similar o igual; lo mismo en cantidad, montante o extensión. Así, pues, esa palabra usada en el contrato en este caso no significa que el motor dañado debía ser sustituido necesaria-mente por otro motor Day Elder, y, por tanto, podía ser sustituido por otro que aunque de distinta marca o fábrica fuese de la misma clase y calidad, quedando ahora para resolver si el motor del automóvil Stuts que fué puesto en el autocamión es de la misma clase y calidad que el que antes tenía.

La prueba en ese extremo fué contradictoria, pues José Acuña declaró que si a un autocamión (truck) de la clase del demandante se le pone un motor de un automóvil de paseo Stuts, éste no tiene la potencia necesaria para moverlo y no da el mismo resultado; porque el Stuts es un motor de alta velocidad y no tiene la fuerza suficiente para tirar en baja velocidad, y porque el autocamión (truck) requiere un motor de baja velocidad, que desarrolle menos velocidad, pero más potencia; y el otro perito Pedro Cotto, del demandante, dijo que no da resultado un motor de un Stuts aplicado a un auto-camión (truck) Day Elder y que sería imposible que traba-jara bien. En cambio el perito de la demandada, José Cue-vas Padilla, manifestó en el juicio que esos motores Shtts son adecuados para trucks.

El conflicto de esa evidencia fue decidido por el tribunal inferior a favor de los peritos del demandante fundándose en que no se probó que tengan interés en el asunto, mientras que el perito de la demandada fué quien hizo las reparaciones en su taller por cuenta y orden de la demandada, llegando, en consecuencia, a la conclusión de que si a un autocamión (truck) Day Elder se le pone un motor de un automóvil de paseo (toilring car) marca Stuts, dicbo motor no tiene la po-tencia necesaria para mover esa clase de autocamión y que, por tanto, la demandada faltó a su contrato.

La decisión de ese conflicto de la prueba es el motivo fundamental de este recurso y se ataca diciendo que ambos motores son construidos por la misma fábrica, de lo que no encontramos justificación en la prueba, aparte de que una fá-brica puede construir distintas clases de motores: en que no se adujo prueba de la diferencia entre un motor de paseo y otro de carga, lo cual no es exacto pues el perito Acuña de-claró que los motores de los automóviles de paseo tienen mu-da velocidad y poca fuerza mientras que los de autocamio-nes tienen menos velocidad pero más fuerza: y también por-que no se dió crédito a la declaración del perito Cuevas Padilla, de la demandada. En este particular el tribunal tuvo ante sí un conflicto que estaba obligado a decidir y lo hizo acertadamente a favor de los peritos del demandante, pues ellos eran personas desinteresadas en el asnnto mientras que el perito contrario, Cuevas, fué el que encargado por la ape-lante de hacer las reparaciones estimó conveniente poner el motor del automóvil Stutz, que él había comprado usado, y es natural que creyera que había hecho una sustitución ade-cuada, aunque la preponderancia de la evidencia pericial es contraria a su manera de pensar, sin que el hecho de que el autocamión con el motor Stutz subiera bien la cuesta de los Frailes cerca de Río Piedras estando cargado, según declaró Cuevas, sea suficiente para demostrar la suficiencia de dicho motor en el autocamión, ya que no se probó que esa fuera la pendiente mayor de nuestras carreteras. En cuanto al tes-tigo Olavarrieta éste sólo vió andar el autocamión frente al garage donde fué reparado. En conclusión, no podemos de-clarar que fué cometido el primer error alegado.

En cuanto al segundo motivo del recurso no puede alegar la apelante que la sentencia es imprecisa y difícil de cumplir al ordenarle que haga una reparación adecuada en el auto-camión, pues por su contrato está obligada a saber que la sus-titución que hizo del motor debía ser por otro de la misma clase y calidad. Si cumple con esto no puede temer procedi-mientos judiciales ulteriores justificados.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Senos, Texidos,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Navarro, acusado y apelante.
    No. 3884.

    Sometido: Julio 22, 1929.

      Resuelto: Nov. 18, 1929.

      B. Muñoz Ramos, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El P^l,e'blo, apelado.
   El Juez Asociado Senos, Texidos,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación que en este caso se presentó por el fiscal de distrito de San Juan, P. R., está redactada como sigue:

“El fiscal formula acusación contra Rafael Navarro, por un delito de falsificación (felony) cometido de la manera siguiente:
“Que el día veinte de octubre de 1926, y en esta ciudad de San Juan, P. R., que forma parte del Distrito Judicial del mismo nombre, el referido acusado Rafael Navarro, escribió una solicitud de dinero a la sucursal del Banco Comercial de Puerto Rico, de Aguadilla, y el referido Rafael Navarro circuló y pasó como genuina, introdu-ciéndola en un sobre dirigido a la sucursal del Banco Comercial de Puerto Rico, de Aguadilla, la dicha solicitud de dinero, la que depo-sitó en la oficina de correos de San Juan, para ser enviada a su des-tino a Aguadilla, la ya mencionada solicitud de dinero que copiada a la letra dice así: ‘Gobierno de Puerto Rico, Departamento de Sani-dad, Negociado de Propiedad y Cuentas. Dirija toda la correspon-dencia al Comisionado de Sanidad. Sírvase mencionar este dato cuando se refiera a este asunto. San Juan, P. R., oct. 20, 1926. Banco Comercial de Aguadilla. Le agradecería me mandara ese dinero en un billete de $20 y uno de $2 y los veinte centavos en un sobre dentro de otro para que el Post Master no se diera cuenta por-que yo vivo en Santurce y se me baria mucho gasto ir a cambiar ese cheque allá. Me lo envía el sub-Secretario de la Corte de Dis-trito de allá. Así es que espero me lo manden esta misma semana para pagar un dinero que debo. Atentamente, R. P. Porrata. Dirección: Dept, of Health, San Juan.’ Y dicho acusado Rafael Navarro al estampar en el anterior documento la firma de Rafael Pérez Porrata no estaba autorizado por éste y al circular y pasar la refe-rida solicitud de dinero como genuina, sabía que la misma había sido alterada y falsificada por él, y lo hizo a sabiendas y maliciosa-mente, y con la intención de defraudar a la sucursal del Banco Co-mercial de Puerto Rico sita en Aguadilla, y a Rafael Pérez Porrata.”

Y bajo la misma filé el acusado ante el jurado, oyéndose el caso en la forma legal.

El acusado presentó en el juicio, una excepción perentoria, la de que la acusación no aduce lieclios constitutivos de un delito de falsificación; y la excepción fué declarada sin lugar por la corte. El Pueblo presentó su prueba; y el acusado una moción de nonsuit, que la corte declaró sin lugar; y el acusado no ofreció prueba de descargo. El veredicto del ju-rado declaró a Rafael Navarro culpable de falsificación. Y el juez de derecho le condenó a un año de presidio con traba-jos forzados. Y ésta es la sentencia de que se apela, seña-lándose por el apelante Rafael Navarro los siguientes erro-res :

Primer error. — Cometió error la corte al desestimar la excepción perentoria del acusado en el sentido de que la acusación no imputaba la comisión de un delito de falsificación.
“Segundo error. — Erró la corte al considerar la prueba suficiente para condenar al acusado por el delito de falsificación.
“Tercer error. — Erró la corte al permitir al fiscal declarar como testigo, sin que su nombre apareciera al dorso de la acusación como uno de los testigos de El Pueblo. Pero este error no necesita argu-mentación. ’ ’

La simple lectura de la acusación basta para declarar la falta de base legal de los señalamientos primero y segundo. Aunque presentado el argumento con gran habilidad, falta el sostén de la ley para llegar a concluir que existen los alegados errores.

A la luz de la jurisprudencia (especialmente el caso People v. Smith, 103 Cal. 563) los elementos necesarios para la existencia del delito, o sean: el hacer pasar un documento no legítimo, como verdadero, con la conciencia y conocimiento de su falsedad, y la intención de defraudar, están en la acu-sación. No- puede pedirse que en las acusaciones se ofrezcan repeticiones de palabras y conceptos que las conviertan en documentos risibles a fuerza de repetir y volver sobre los mismos puntos, nombres, palabras o hechos. La tendencia debe ser la de evitar que de un tecnicismo nazca una grave injusticia, o un serio obstáculo al cumplimiento-de la ley.

En lo que se refiere al tercer señalamiento de error, está resuelto que no es absolutamente necesario que los nombres de todos los testigos aparezcan al dorso de la acusación. Y en este caso, tratándose de que el testigo es el mismo fiscal, y de que el acusado tiene la conciencia de que él declaró ante aquel funcionario, y de que el contexto de la declaración es perfectamente' conocido al acusado, no concebimos qué perjuicio baya sufrido éste.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Senos, Texidoe,

text:
    Rosa A. González, demandante y apelante, v. Roberto H. Todd, Alcalde de San Juan, demandado y apelado.
    No. 4732.

    Sometido: Marzo 14, 1929.

      Resuelto: Nov. 18, 1929.

      L. Muñoz Morales y Petronila, Vientos Gastón, abogados de la ape-lante; M. F. Bossy y Eugenio• Font Suárez, abogados del ape-lado.
   El Juez Asociado Senos, Texidoe,

emitió la opinión del tribunal.

Eosa A. González era superintendente e instructora de la escuela de enfermeras del hospital municipal de San Juan de Puerto Eico, cargo que venía desempeñando desde l9 de junio de 1927. En 2 de abril de 1928, recibió dicha superintendente la copia de un pliego de cargos formulados por el alcalde de San Juan, y que son como sigue:

“l9 — Que siendo usted la persona que tiene bajo su cuidado el récord de las alumnas de la Escuela de Enfermeras de los Hospita-les Municipales, a sabiendas de que las alumnas Antonia Rodríguez León y Carmen Díaz Echevarría no tenían de matriculadas en dicha escuela los tres años que determina la Ley para poder tomar exá-menes de Enfermeras, extendió y firmó diplomas a las dichas alum-nas Antonia Rodríguez León y Carmen Díaz Echevarría, induciéndo-las a que solicitaran tal examen ante el Board of Medical Examiners;
“29 — Que usted, en su carácter de Superintendente del Hospital Municipal e Instructora de la Escuela de Enfermeras de dicho esta-blecimiento, que está bajo la jurisdicción de este Municipio, a sabien-das de que las alumnas Antonia Rodríguez León y Carmen Díaz Echevarría no contaban los tres años de matriculadas en dicha es-cuela, pues la primera ingresó el 26 de noviembre de 1925 y la se-gunda el 14 de octubre de 1925, certificó en el diploma que expidió a las indicadas alumnas, que habían finalizado el término de instruc-ción de tres años, violando el artículo 63 del Reglamento del Hospital Municipal de San Juan, adoptado el 15 de febrero de 1927 por la Asamblea Municipal de San Juan, que taxativamente dice así: 'Al finalizar el término de instrucción de tres años, y hayan demostrado (las alumnas) eficiencia en todas las asignaturas y com-portamiento y debidamente pasados los exámenas correspondientes, recibirán un título de Enfermera Graduada, expedido por el Hospital y el Director de Beneficencia.’
“39 — Que usted, como Superintendente del Hospital Municipal e Instructora de la Escuela de Enfermeras, a sabiendas de que las alumnas Antonia Rodríguez León y Carmen Díaz Echevarría no habían terminado la instrucción de tres años en dicha escuela, sor-prendió a los Dres. Narciso Moreno, Director de Beneficencia y J. R. Rolenson, Director del Hospital Municipal de San Juan, envián-doles una lista de las alumnas que cursaban estudios en la Escuela de Enfermeras, cuyos doctores guiados por la confianza que tenían en la Instructora de dicha Escuela y creyendo en la buena fe de ella, firmaron los diplomas de las alumnas Antonia Rodríguez León y Carmen Díaz Echevarría, en la seguridad que tenían el tiempo que marcan la Ley y el Reglamento del Hospital faltando usted a la lealtad que todo subalterno debe a sus superiores en el desempeño del servicio a ellos encomendados. — Atentamente (Firmado) Roberto H. Todd. — Alcalde de San Juan. — Recibida a las 11:10 a. m. del día 2 de abril de 1928. — (Firmado) Rosa A. González, R. N., Su-perintendente. — (Firmado) Isidoro D. Delgado. — Testigo. (Firmado) Dr. D. L. Rivera. — Testigo.”

La aquí apelante contestó los cargos. En su oportunidad se llevó a efecto la audiencia de esos cargos, con intervención de la señorita González, que asistió con su abogado; declara-ron testigos; se presentaron documentos en prueba; y el alcalde, ante quien se tramitó el expediente, destituyó de su cargo a la señorita González. Ella entonces acudió a la corte de distrito de San Juan, en petición de un auto de certiorari, en cuya petición se alegó, en esencia, que la resolución dictada por el alcalde en ese expediente no estaba justificada por la prueba, que no existía justa causa para la destitución, que no se había probado malicia o fraude por la peticionaria, que la firma de ésta no era necesaria para los diplomas de las gra-duadas como enfermeras, que el alcalde había actuado ile-galmente, en exceso de su jurisdicción, y su resolución fue nula. La corte libró el auto para que se remitieran los do-cumentos del caso.

El return contiene toda la copia taquigráfica de los proce-dimientos orales, y la copia de los documentos presentados en prueba.

En la vista, el alcalde querellado impugnó la petición, se-gún aparece de la resolución de la corte, alegando defecto en el juramento, existencia del remedio de apelación de acuerdo con el artículo 29 de la ley municipal, y qne el certiorari no es el remedio adecuado.

En su sentencia de feclia 10 de julio de 1928, a la que se acompaña una relación del caso y opinión, la corte declaró sin lugar la solicitud y anuló el auto dictado. T contra esa sentencia se ha interpuesto la presente apelación, por la pe-ticionaria, que ofrece tres señalamientos de error, como sigue:

“1. — Error de derecho al sostener que las cortes no pueden revi-sar dentro del recurso de certiorari los errores cometidos por funcio-narios administrativos, al destituir empleados.
“2. — Error de derecho al declarar que el alcalde en este caso ac-tuó dentro de su jurisdicción y sin exceso de la misma.
“3. — Error de derecho al confirmar la resolución del alcalde sin haber estudiado y examinado la prueba aportada por la peticiona-ria. ’ ’

Para resolver el punto principal en un caso como el que consideramos, es preciso traer a esta opinión lo decidido por este mismo tribunal, estableciendo doctrina legal, o confirmando la ya establecida.

En el caso Piovanetti v. Asamblea Municipal de Yauco, 31 D.P.R. 522, este tribunal, con relación al recurso de certiorari establecido por el artículo 65 de la ley municipal, dijo:

“Es cierto que la Legislatura de Puerto Rico fue tan lejos que ha permitido la revisión, no ya de los actos administrativos, si que también de los legislativos de las asambleas municipales, pero al in-tervenir las cortes en esa revisión mediante certiorari deben actuar con sujeción a los principios bien establecidos por la jurispruden-cia. ’ ’
“Sólo debe investigarse si la Asamblea tuvo o no jurisdicción, o excedió en el ejercicio de la misma, o el procedimiento adoptado para ejercitarla fue erróneo o actuó ultra vires.”

En el caso Coll v. Todd, 35 D.P.R. 625, la doctrina jurídica no fue alterada, y se dijo allí lo que sigue:

“Estamos algo inclinados a convenir con el apelado que un cer-tiorari de acuerdo con la Ley Municipal no es el modo de revisar el acto de un alcalde al destituir un empleado municipal. La sec-ción pertinente es como sigue:
“Las cortes de distrito tendrán jurisdicción a instancia de parte perjudicada: (a) Para anular o revisar cualquier acto legislativo o administrativo de la asamblea municipal, del alcalde o de los de-más funcionarios municipales que lesione derechos constitucionales de los querellantes o sea contrario a la Ley Orgánica o a las leyes de Puerto Rico, mediante certiorari.” Leyes de Puerto Rico, 1924, p. 106, sección 65.
“Los autos del caso no demuestran que se violó ningún derecho constitucional del peticionario o que se hizo algo contrario al Acta Orgánica o a las leyes de Puerto Rico. No entendemos que el desti-tuir un funcionario, aun sin justa causa, cae dentro de estas dispo-siciones. ’ ’

Y luego:

“Suponiendo, sin embargo, que el certiorari sea el remedio ade-cuado, ¿cuál es el deber de la corte? A lo sumo revisar el procedi-miento para ver si hay algo que justifique la acción del funcionario que destituyó al peticionario. Normalmente, el funcionario con po-der para destituir es el único juez de la prueba y el deber de la corte es ver si hay una absoluta falta de prueba que justifique la des-titución o algo similar. Castro v. Quiñones, 34 D.P.R. 199, 202; 5 R.C.L. 263-4. Suponiendo siempre que el funcionario destituido haya sido debidamente notificado y haya sido oído, de lo cual no hay cuestión en esta apelación.
“3. — Ni está un funcionario con poder para destituir sujeto a alguna de las sutilezas que gobiernan a una corte de justicia. Es-taría menos que una corte limitado por una contradicción entre los cargos y la prueba.”

Con estos precedentes, es de conveniencia copiar algún párrafo de la resolución apelada, porque se ajusta exacta-mente a la verdadera situación, y se declara la mejor norma y más sana doctrina para estos casos. Dice la corte senten-ciadora :

“El derecho a un cargo no es un derecho constitucional; es sim-plemente una confianza que se deposita en una persona para que asuma ciertos deberes públicos para beneficio de la comunidad; y cuando a juicio del poder nominador ha habido una violacióii o des-viación de tales deberes, y a esa conclusión ha llegado mediante la apreciación y análisis de una prueba de cargo y de defensa, no deben, ni pueden, los tribunales, intervenir con las actuaciones del funciona-rio nominador (en este caso el alcalde), porque tal cosa sería penetrar en el campo de su discreción, en menoscabo y perjuicio de los públicos intereses.
“Aceptando que el remedio en este caso sea el certiorari, debemos convenir en que no ba hibido exceso de jurisdicción, ni error en el procedimiento, ni actuaciones ultra vires del alcalde, y que el proce-dimiento adoptado para la destitución de la empleada querellante se ajustó a la Ley, por lo que debemos anular, y anulamos el auto expe-dido en este caso, y declarar, como declaramos, sin lugar, en todas sus partes, la petición de certiorari. Sin especial condenación de costas. ’ ’

Aceptamos la doctrina qne en esos párrafos se declara.

Hemos leído la transcripción taquigráfica para deducir de su lectura que no se trata de un caso en el que el alcalde procediera a la suspensión sin tener prueba alguna que le autorizara y justificara. La apelante remitió la lista de graduantes en la que figuraban los nombres de las dos aspirantes Antonia Rodríguez León y Carmen Díaz Echevarría, que carecían del indispensable requisito de los tres años de estudios y preparación; la apelante conocía la ley y conocía los reglamentos; y al enviar la lista, y al firmar los diplomas, violaba la ley, conscientemente. Si hubo fraude, o hubo crasa negligencia, es materia que no tiene la importancia que se le ha querido dar. No la tiene tampoco la circunstancia de que hubiera, en otra ocasión, sido aceptada otra aspirante que no reunía las condiciones legales, aunque esto se hubiera probado, la existencia de un precedente malo o erróneo, no autoriza a nadie a actuar fuera de la ley.

No podemos convenir en la existencia de los errores que se señalan.

La sentencia apelada debe confirmarse.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Ramiro W. Morales, demandante y apelante, v. Modesto Peña y Elena de Jesús, demandados y apelados.
    No. 4456.

    Sometido: Abril 24, 1929.

      Resuelto: Nov. 18, 1929.

      á. Porrata Doria, abogado del apelante; José J. Aponte, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Ramiro W. Morales vendió a Modesto Peña, casado con Elena de Jesús, dos fincas rústicas en el barrio de Quebrada Arriba, término municipal de Patillas. El contrato se hizo constar en escritura pública otorgada ante el notario Don Adolfo Porrata Doria en 25 de septiembre de 1925. El pre-cio fué de $1,650, de los qne pagó la parte compradora $550 en el acto; y en cuanto al balance se convino en que se paga-ría en esta forma: $550 el 25 de septiembre de 1926, y el resto al vencerse el segundo año, conviniéndose el pago del 12 por ciento anual como interés de las cantidades adeudadas, y en el de $100 para costas y honorarios de ahogado en caso de reclamación judicial.

No pudo el comprador obtener la inscripción de las fincas a su favor, por no tenerlas inscritas el vendedor. Utilizó en-tonces el procedimiento de un expediente de dominio; pero a ese expediente formuló oposición El Pueblo de Puerto Pico, fundándose en que le pertenecían las fincas como dueño. Vencido el primer plazo, o el de los primeros $550, Ramiro W. Morales intentó extrajudicialmente el cobro del mismo; el comprador le pidió que le esperase por tener pendiente la tramitación del expediente de dominio; y Morales le dió una prórroga que fue, o para todo el mes de octubre de 1926, o para la terminación del expediente. Como un hecho puede decirse que el vendedor esperó hasta el 26 de enero de 1927 para presentar ante la Corte de Distrito de Guayama su de-manda contra Peña y su esposa, para que le pagaran los $550, los intereses y las costas. A esa demanda contestaron los demandados oponiendo la alegación de haber intentado el ex-pediente de dominio, y que El Pueblo de Puerto Rico se había opuesto, alegando ser suyas las fincas, hechos de que Morales tenía conocimiento; y que Morales había trasmitido a los de-mandados las fincas a sabiendas de que no tenía título; por lo que los demandados habían suspendido el pago.

Se oyó el caso en corte, y ésta dictó sentencia contra el demandante, quien ha apelado; y señala los siguientes errores:

“1. — Erró la corte inferior al dictar sentencia contraria a los hechos.
“2. — Erró la corte al dictar sentencia contraria a derecho.
"3. — Erró la corte al no ordenar la eliminación solicitada do va-rias contestaciones dadas por el testigo Vicente Capó.
“4. — Erró la corte al imponer las costas al demandante cuando los méritos del caso no lo justificaron.”

Es conveniente decir aquí, que la forma de proponer el señalamiento de errores, en cuanto a los números 1 y 2, nos parece poco recomendable, por lo general que es. Mayor especificación es lo que en esos señalamientos se necesita.

En cuanto a los hechos, la presunción es que fueron co-rrectamente apreciados por la inferior, a menos que se nos demostrara pasión, prejuicio, parcialidad o grave y mani-fiesto error. Esta doctrina lia sido constantemente seguida por este tribunal. Hemos visto el récord taquigráfico, y en-contramos correcta la conclusión del juez de distrito en cuanto a los lieclios.

Pero nos parece que se lia dado más importancia de la que merece, a la cuestión de la existencia de una prórroga. El vendedor ha tenido el derecho de exigir el pago; y cuando no lo requiere, tiene el comprador el de oponer la excepción que lia opuesto en este caso. El artículo 1405 del Código Civil de Puerto Pico, lee como sigue:

“Si el comprador fuere perturbado en la posesión o dominio de la cosa adquirida, o tuviere fundado temor de serlo por una acción reivindicatoria o hipotecaria, podrá suspender el pago del precio hasta que el vendedor haya hecho cesar la perturbación o el peligro, a no ser que afiance la devolución del precio en su caso, o se haya es-tipulado que no obstante cualquiera contingencia de aquella clase, el comprador estará obligado a verificar el pago.”

La situación que se crea para el comprador por la ocu-rrencia de cualquiera de las apuntadas circunstancias, es aná-loga a la de falta de entrega de la cosa vendida, y quizá a la de entrega irregular o imperfecta.

En el contrato de compraventa, arquetipo de los bilatera-les, las obligaciones y los derechos viven en, y de, una perfecta mutualidad y reciprocidad. El vendedor tiene la obli-gación que nace en el consentimiento para el contrato mismo, y que por un fenómeno jurídico y económico, va aquí más allá de la consumación del contrato, como lo demuestra su inter-vención en el caso de saneamiento por evicción. Tiene no sólo la obligación de entregar la cosa, sino la de entregarla saneada, limpia de mancha y exenta de peligros nacidos con anterioridad a la entrega. Coincide con esta obligación el derecho a recibir el precio, cuya entrega es, a su vez, la obli-gación del comprador, que tiene aquel derecho a recibir la cosa comprada. Se compenetran y condicionan de tal forma derechos y obligaciones en estos pactos bilaterales, que el edificio del contrato pierde su estabilidad, su armonía y su eficacia, cuando sufre o se rompe alguno de aquellos térmi-nos ; y se produce entonces una situación anormal, cuyas so-luciones genéricas marca el artículo 1091, y puyas soluciones específicas aparecen en algunos contratos, y más que en otro alguno en la compraventa. Una de esas situaciones es la que da fundamento al artículo 1405 del Código Civil, cuyo texto queda antes transcrito. El comprador se encuen-tra perturbado en la posesión o dominio de la cosa que com-pró, o tiene el fundado temor de serlo, por una acción reivin-dicatoría o hipotecaria. No puede por modo alguno soste-nerse que se la hizo una limpia y saneada entrega de la cosa, al menos transitoriamente, mientras la amenaza existe; y no puede tampoco reclamársele el estricto cumplimiento de su obligación de pagar el precio, que está en íntima interdepen-dencia con la que tiene el vendedor de entregar la cosa ven-dida. Por eso el Código crea el remedio, o da la solución a tal situación anormal, facultando al comprador para que suspenda el pago, hasta que el vendedor haya hecho cesar la perturbación o el peligro, o. afiance.

Es evidente que en este caso, el dominio o la posesión del comprador se hallaban seriamente amenazados. Cuando él quiere justificar judicialmente su derecho, comparece otro dueño de las fincas, que alega su dominio en forma. ¿Podría sostenerse que el temor del comprador no es fundado? Se-guramente, no. ¿Y qué hace el vendedor? ¿Remueve y hace desaparecer el peligro? ¿Se lanza a defender el título? No vemos esto en el litigio. El vendedor quizá ofrece a su com-prador que le asegurará, que le garantizará. Pero no viene franca y abiertamente a ofrecerle, de hecho, la garantía; y más, a hacérsela aceptar o rehusar, para consolidar su con-trato.

Eu cuanto al artículo 1405 del Código Civil, se ha dicho en la opinión concurrente del Juez Señor Wolf en el caso Costas v. Noriega, 33 D.P.R. 100:

“La duda que tengo del artículo 1405 del Código Civil es que debe estar limitado a casos en los cuales un comprador que aparentemente adquiere cierta cosa se ve amenazado con la privación, reducción o disminución de la cosa adquirida.”

Éste es el sentido del precepto legal que se cita. La ame-naza de privación o disminución de la posesión o dominio de lo adquirido, deja una sombra sobre la efectividad de la ad-quisición; nube que puede resolverse sin daño alguno, o que puede ocasionar grave trastorno. De abí la protección especial acordada por la ley al comprador amenazado o per-turbado en el goce de lo que adquirió, y que no ha llegado, por su parte, a la perfecta consumación del contrato, ya que le falta por entregar, total o parcialmente, el precio.

Se ha citado por el apelante alguna sentencia del Tribunal Supremo de España, que, a. su vez cita el tratadista Man-resa; la de 20 de diciembre de 1898. Pero creemos que no favorece la contención del apelante: las condiciones de que habla esa sentencia se dan en este caso; el temor es fundado, y, no la absoluta seguridad, sino la racional probabilidad de que El Pueblo ejercite acción reivindicatoría, es una cierta conclusión.

Tanto en materia de hecho como en cuanto a la ley en el caso, la corte llegó a conclusiones correctas. No existen los errores que se señalan bajo los números 1 y 2.

En cuanto al señalamiento número 3, no vemos el error. El testigo Capó ha declarado en el concepto de una persona que tomó intervención en una cuestión que aún no era judicial, y tiene que referirse a unos y otros interesados en aquélla. Y luego, el demandante, después qué pidió que se eliminara la declaración de este testigo, le somete a un contrainterrogatorio, que quita eficacia a su objeción.

En lo que toca a la imposición de costas, el juez inferior estimó, sin duda, que el demandante había actuado con temeridad al interponer su demanda. Nos decidimos por la creencia de que la sentencia es errónea en este punto. Las teorías de la retención del pago del precio, y la de absoluta exigibilidad de tal pago, contrarias y opuestas, eran discuti-bles, sin que el sostenerse una u otra pueda tenerse por acto de temeridad. La condena de costas no lia debido hacerse como aparece de la sentencia.

Como se ha discutido mucho en este litigio si hubo, o no, una prórroga, conviene recordar aquí un artículo del Código Civil. Es el 1407, cuyo texto copiamos:

"En la venta de bienes inmuebles, aun cuando se hubiera estipu-lado que por falta de pago del precio en el tiempo convenido tendrá lugar de pleno derecho la resolución dél contrato, el comprador podrá pagar, aun después de expirado el término, ínterin no haya sido re-querido judicialmente o por acta notarial. Hecho el requerimiento, el juez no podrá concederle nuevo término. ’ ’

No sostenemos que el artículo se ajuste estrictamente al caso ante nosotros. Pero su lectura es bastante para borrar toda preocupación en cuanto a la suma importancia que se ha querido dar a la prórroga.

Debe revocarse la sentencia apelada en cuanto a las costas, y en el sentido de que cada parte pague las suyas, y confir-marse en los démeos extremos.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado SeñoR Tesidoe,

text:
    Victoriano Efret, demandante y apelante, v. Rafael Quiñones, demandado y apelado.
    No. 4782.

    Sometido: Junio 28, 1929.

      Resuelto: Nov. 21, 1929.

      J. Alemañy Sosa, abogado del apelante; Osear Souffront, abogado del apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Tesidoe,

emitió la opinión del tribunal.

El 27 de agosto de 1927, el demandante Victoriano Efret, su esposa Ramona Vázquez, su liija Andrea, y otros dos bijos más del matrimonio, venían en un automóvil Chevrolet de San Germán para Mayagüez; en el sitio del bectómetro 1 del kilómetro 189 de la carretera, tuvo el automóvil en que ve-nían, un choque con un ómnibus o guagua de servicio publico-No. P-986, propiedad de Rafael Quiñones, y cuyo vehículo ve-nía en dirección opuesta a la que seguía el citado automóvil Chevrolet. En la colisión sufrieron varios golpes y heridas Victoriano Efret, su esposa y su hija Andrea. Y la indem-nización por las consecuencias de las heridas sufridas por Vic-toriano Efret y su esposa, es el motivo de la demanda que se presentó en la Corte de Distrito de Mayagüez; y del juicio seguido sobre esa demanda y su contestación, en el que la corte dictó sentencia en 10 de julio de 1928, declarando sin lugar la demanda, y condenando al demandante en costas y honorarios de abogado.

Para sostener la apelación contra esa sentencia, señala el demandante-apelante siete errores, acerca de los que puede decidirse en conjunto. Son los siguientes:

“1. La corte inferior erró al declarar que la guagua, propiedad del demandado que chocó con el carro que conducía al demandante, iba en el momento del accidente a una velocidad moderada y por su lado derecho de la carretera.
“2. La corte inferior erró al resolver que el automóvil Chevrolet que conducía al demandante, al tomar la curva que hay contigua al sitio donde ocurrió el accidente, venía a una velocidad de más de 40 millas por hora, o que por esta causa dicho automóvil se encontrara sin gobierno en el guía y lo hiciera desviar hacia el lado izquierdo de la carretera y chocar con la guagua del demandado y después des-■viarse bacía el lado derecho de dicha carretera y chocar con. un árbol •de bueare.
“3. La corte inferior cometió error al declarar que la velocidad de más de 40 millas por hora que juzga que iba el carro Chevrolet la de-clara probada por la declaración del perito, Luis Vázquez, y por el estado en que quedó el carro.
“4. La corte inferior cometió error al declarar que la causa única del accidente se debió exclusivamente a la negligencia del chauffeur que manejaba el automóvil Chevrolet ocupado por el demandante.
“5. La corte inferior cometió manifiesto error al resolver el con-flicto de la evidencia en cuanto a la forma cómo ocurrió el accidente a favor de la parte demandada y en contra de la parte demandante.
“6. La corte inferior erró al declarar sin lugar la demanda.
“7. La corte inferior erró al condenar al demandante al pago de las costas y honorarios de abogado.”

En la vista del caso, la prueba fue contradictoria. Los testigos del demandante tendieron a establecer que la guagua u ómnibus venía a gran velocidad, regateando con otro automóvil, tomando la curva mal, y ocupando en la carretera el lado contrario al que debió ocupar; y que el automóvil Chevrolet venía despacio y cuidadosamente dirigido. Los del demandado tendieron a establecer que el automóvil Chevrolet venía a mucha velocidad, alrededor de cuarenta millas por hora, fuera de su sitio al tomar la curva, y descuidadamente dirigido. Como dato de importancia se fijó el de que el choque fue de la rueda delantera del Chevrolet con la rueda trasera izquierda de la guagua, que perdió el tapabocina. Y asimismo que el carro Chevrolet corrió unos metros más, y chocó con un árbol, quedando empotrado o incrustado parcialmente en aquel árbol, y que para sacarlo de esa posición no bastó la fuerza de los bueyes, y hubo que usar palanca.

Y ahora veamos cómo encontró la corte sentenciadora los hechos del caso. Dice el juez, en su relación del caso y opi-nión:

“De la evidencia practicada, la corte da por probados los si-guientes hechos:
‘ ‘ Que allá por el día 28 de agosto del año 1927 como a las cuatro de la tarde de diebo día que era un domingo, la guagua propiedad del demandado Rafael Quiñones, licencia P-986, marea ‘Day Elder’, uti-lizada para conducir pasajeros desde la ciudad de Mayagüez al barrio de Sábalos por la carretera que de Mayagüez conduce a San Germán, iba manejada por el chauffeur Cándido Yincenty, a una velocidad moderada y por su lado derecho de la carretera en dirección de Ma-yagüez a San Germán y al llegar al kilómetro 189 y al empezar a to-mar una curva que existe en dicho sitio por el lado abierto de la misma que era precisamente su lado derecho de la carretera, se en-contró de súbito con el automóvil Chevrolet guiado por el chauffeur Eduardo Gallardo que conducía al demandante y cinco familiares más, el cual automóvil venía en dirección contraria, o sea, de San Germán a Mayagüez, teniendo que tomar dicha curva por el lado cerrado de la misma, por ser su lado derecho; pero era conducido a una velocidad tan excesiva (no menor de cuarenta millas por hora), que al tomar ésta se desvió hacia el lado izquierdo de la carretera, no pudiendo el chauffeur que manejaba dicho automóvil gobernar el guía del mismo, por lo qrie vino a chocar contra la rueda izquierda trasera de la guagua del demandado, destrozando la goma de la misma y con motivo de la velocidad que llevaba se desvió de nuevo hacia el lado derecho de la carretera yendo a estrellarse contra un árbol de bucare que se encuentra a la orilla de la misma y a más de veinte metros del sitio donde dicho automóvil Chevrolet chocó con la guagua del demandado.
“El choque del automóvil Chevrolet ocupado por el demandante contra el árbol de bucare fué tan violento que dicho automóvil quedó incrustado y abrazado a dicho árbol, destrozándose totalmente su parte delantera, habiéndose roto el fatmpér y doblándose el eje y el chassis.
“Gomo consecuencia del choque del automóvil Chevrolet contra el árbol de bucare aludido, resultaron lesionados el demandante y su esposa doña Ramona Vázquez, y por dichas lesiones sufridas por el demandante y su dicha esposa y por gastos de médico y medicinas y otros daños alegados en la demanda, reclama el demandante en ésta y mediante dos causas de acción, una por los daños sufridos por él y otra por los daños sufridos por su esposa doña Ramona Vázquez, la suma de tres mil doscientos dólares ($3,200.00).
“De la violencia del choque del automóvil Chevrolet contra el árbol, y por la declaración del perito mecánico don Luis Vázquez, quien declaró que por orden del dueño del carro había ido a sacar el automóvil Chevrolet del sitio donde estaba • después del accidente y que a juzgar por el estado en que quedó dicho automóvil Chevrolet como resultado del choque con dicho árbol, dicho automóvil tuvo ne-cesariamente que haber sido conducido a una velocidad mayor de cuarenta millas por hora, la corte ha llegado a la conclusión de que efectivamente el automóvil Chevrolet manejado por el chauffeur Eduardo Gallardo y ocupado por la demandante y sus familiares, era conducido en el momento del accidente a una velocidad mayor de cuarenta millas por hora, descuidada y negligentemente, y que el choque entre la guagua y dicho automóvil Chevrolet fué debido única y exclusivamente a la negligencia del chauffeur que manejaba el automóvil Chevrolet tripulado por el demandante.”

Hemos examinado el récord taquigráfico y no vacilamos en decir que la convicción a que llegó el juez sentenciador es la correcta y lógica. El automóvil Chevrolet venía a una alta velocidad; sin esa circunstancia, no podría ocurrir que el au-tomóvil se empotrara en el árbol en la forma en que lo hizo. La declaración del perito Don Luis Vázquez, fijó las ideas del juzgador; y éste estuvo en lo más cierto al determinar.

El estudio de la prueba nos lleva a declarar que se imponía la conclusión a que el juez llegó, sin incurrir en error alguno. Y de esa conclusión nacen las lógicas e indeclinables sosteni-das en cuanto a la negligencia del chauffeur que guiaba el au-tomóvil Chevrolet en que venían los demandantes, y a que ella fué la cansa única del accidente; y la de declarar sin lugar la demanda; en ninguna de ellas incurrió en error la corte.

Si fuera necesario considerar la procedencia e importan-cia de la prueba circunstancial, expresamente tendríamos que reproducir las citas hechas por el juez sentenciador en la re-lación del caso y opinión.

“Velocidad, etc. Pkueba Circunstancial. — No es esencial prueba directa para justificar la conclusión de que se corría a velo-cidad excesiva. Prueba relativa a la fuerza del impacto de una co-lisión, o sobre la distancia que cubrió un automóvil antes de parar, después de haber tenido un accidente, es significativa, y puede por sí sola, o en relación con otras circunstancias, tener suficiente peso para justificar a un jurado a llegar a la conclusión ele cpie Rubo ne-gligencia en cuanto a la velocidad del vehículo. Healey v. Braested, 120 Atl. 12, 98 N.J. Lar 520. Duffy v. Hickey, 91, So. 733, 151 La. 274, Merrifield v. C. Roffberger Co., 127 A. 500, 147 Ma. 134.
“El autocamión del demandado, al acercarse por la derecha del demandante, al cruce de dos caminos, chocó con el automóvil del de-mandante, cerca del asiento delantero del automóvil de éste, y lo arrastró una distancia de cincuenta pies antes de que ambos vehículos pudieran parar. Se resolvió que esto constituía prueba de negli-gencia de parte del demandado en cuanto a la velocidad del vehículo. Salm v. Bleau, 206 N.Y.S. 415, 210 App. Div. 554. Salm v. Bleau, 206 N.Y.S. 415, 210 App. Div. 354.
“Prueba de que un autocamión Eord que chocó con un automóvil de turismo en la intersección de dos carreteras fué lanzado por la fuerza del impacto contra un poste de hierro que había en la cuneta, destrozándolo parcialmente, y contra un edificio que estaba en una de las esquinas, ocasionándole a éste daños considerables, es alguna prueba de que se corría a velocidad excesiva. Glickman v. Grane Co., 216 Ill. App. 109. Cyclopedia of Automobile Law of Blashfield, Vol. 2, p. 1733 et seq., McAndrews v. Leonard, 99 Vt. p. 512, citado en el vol. 4.”

La corte, en la relación del caso y opinión, pone en armo-nía esa prueba con la testifical, y extrae la verdadera inferen-cia en el caso, o sea la deducción que con arreglo a una sana lógica ha de hacer, partiendo de los hechos probados, el juez o tribunal.

La condena de costas es justa. El juez ha usado sabiamente de su discreción; y una vez que ha negado todo crédito a las alegaciones y la prueba del demandante, ha podido llegar a la conclusión de la suficiente temeridad para imposición de costas.

No encontramos justificados los señalamientos de error que hace la parte apelante.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Rafael Fuster y Fuster, peticionario, v. Hon Corte de Distrito de Guayama, América Paonessa y Julia B. de Moya, demandadas.
    No. 663.

    Sometido: Julio 15, 1929.

      Resuelto: Nov. 22, 1929.

      F. Beiró Rovira, abogado del peticionario; el juez recurrido compa-reció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Fuster y Fuster demandó ante la corte de distrito de Guayama a América Paonessa y Julia B. de Moya en cobro de cantidad, a virtud de un documento, pagaré por $500, con intereses al 12 por ciento anual en caso de mora, suscrito por las demandadas solidariamente a la orden de Fuster, en 13 de enero de 1928, por ante el notario Arcilio Alvarado, y vencido antes de la fecha de la demanda, alegándose en ésta que las demandadas se negaban a pagar la deuda. Una de las demandadas, Julia Brenes de Moya, presentó una moción de eliminación, que fué declarada con lugar en parte; y el demandante formuló demanda enmendada, sosteniendo las mis-mas alegaciones esenciales de la original, a la que la citada demandada opuso excepción previa. Al resolver ésta, la corte declaró que en el pagaré no aparece el consentimiento del es-poso de la demandada Julia Brenes de Moya, y declarando con lugar la excepción previa, dispuso que la referida deman-dada fuera eliminada del litigio. Entonces el demandante presentó moción en la que pidió que se dictara sentencia de-clarando sin lugar la demanda en cuanto a Julia Brenes de Moya, para estar en condiciones de apelar. La corte resolvió en cuanto a esta moción desestimándola por entender que ca-rece de jurisdicción para ello, ya que la demandada Julia Bre-nes de Moya se halla eliminada del caso, y la otra demandada se encuentra en rebeldía. Y éste es el motivo de la petición de certiorari en este caso.

En realidad la resolución de la corte en cuanto a la excep-ción previa, debió limitarse a declararla con o sin lugar, y en su caso a dictar sentencia si la decisión lo imponía así, o se pedía por alguna de las partes. La medida-de “eliminar” a una parte del proceso, no es la autorizada por la ley, al menos en la forma usada en este caso; la parte puede quedar elimi-nada por virtud de la sentencia que, es en casos como el pre-sente el medio propio para ello.

La jurisprudencia citada por el peticionario, caso Torres v. Calaf, 17 D.P.R. 616, y las decisiones en ese caso confirma-das, González v. Malgor, 27 D.P.R. 383, es de aplicación en cuanto se resuelve que las resoluciones de las cortes en excej)-ciones previas no ponen término al litigio, y es necesario que se registren,como sentencias para que puedan ser materia de apelación. Pero todavía se marca más el procedimiento a seguir, en el caso Medina González v. Montalvo, 38 D.P.R. 517, en donde fiemos dicfio que la orden para que se dicte sentencia declarando con lugar la demanda no es bastante, sino que fia debido registrarse la sentencia, y traerse su copia.

En verdad, la resolución de la corte pudo y debió comple-tarse con la sentencia, y más cuando la pidió expresamente el demandante. De otra forma se priva a éste de establecer una apelación, por falta de resolución apelable.

La corte conservaba su jurisdicción sobre Julia Brenes de Moya, respecto a lo cual no se había registrado sentencia al-guna ; el litigio, en cuanto a ella, no había llegado a una reso-lución final, y la corte estaba en condiciones para dictar la sentencia solicitada.

Debe declararse con hogar la petición, mudándose la reso-lución objeto de la misma, y ordenándose se dicte sentencia de-finitiva como se solicitó por el peticionario.


author: El Juez Asociado Señob Tesidoe,

text:
    Andrea Plaza, demandante y apelada v. The White Star Line, Inc., demandada y apelante.
    No. 4566.

    Sometido: Marzo 12, 1929.

      Resuelto: Nov. 22, 1929.

      Salvador Suato, abogado de la apelante; A. Quintana Cajas, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Tesidoe,

emitió la opinión del tribunal.

Andrea Plaza, mujer de más de cincuenta años, costurera, en la noche de & de junio de 1926, montó en San-Juan en una guagua propiedad de la demandada The White Star Line Incorporated y servida por un chauffeur y un conductor emplea-dos de la misma demandada, y la que iba para Santurce. Al llegar la guagua a la parada 44, se detuvo, y bajaron varios pasajeros. Andrea Plaza fue la última en bajar; y cuando ella iba a poner un pie en tierra, teniendo el otro en un escalón de la guagua, el chauffeur de ésta, con notoria negligencia y desprecio de la vida y seguridad ajenas, dió marcha al ve-hículo, hacia adelante, y Andrea Plaza cayó al suelo, produ-ciéndose varias contusiones en el muslo izquierdo, y en el omoplato y la cadera del mismo lado. Como consecuencia de estos golpes, Andrea Plaza se encontró impedida de trabajar por algún tiempo, y gastó unos treinta dollars en atenciones de su curación, quedándole cuando se oyó el caso en la corte una molestia en el muslo izquierdo, y una úlcera que le ocasio-naba dificultad. Andrea Plaza ganaba de cinco a seis dollars semanales.

Éstos son los hechos del caso: y los fundamentales de la demanda y la sentencia de que aquí se ha apelado.

En el juicio la prueba fue contradictoria; pero la corte, pesando prudentemente el testimonio, y usando de sana y sen-sata discreción, declaró lo que sigue:

“Parece que hay un conflicto entre la prueba de la demandante y la prueba de la demandada. Pero este conflicto, la Corte necesa-riamente tiene que resolverlo, apreciando la forma y manera en que los testigos de la demandante declararon, en las circunstancias de este caso, y al crédito que su testimonio les merezca. Realmente es difícil poder concretar con palabras el concepto que de toda la prueba, apreciada en conjunto, puede formarse la Corte. Como se ve del examen de la prueba que antes se hace, la demandada quiso probar la negligencia por parte de la demandante, pero siendo ésta materia de defensa, la prueba no sostiene su alegación.”

Y diotó sentencia condenando a la demandada a pagar a la demandante trescientos cincuenta dollars, y las costas y honorarios de abogado.

En su apelación, la demandada somete a nuestra conside-ración dos señalamientos de error. Son:

“1. La Corte de Distrito cometió error manifiesto al declarar que hubo un conflicto entre la prueba de la demandante y la prueba de la demandada y al resolver dicho conflicto en contra de la demandada.
“2. La Corte de Distrito cometió error manifiesto al dictar una sentencia en contra de la demandada con vista de la prueba presen-tada por la demandante para sostener las alegaciones de su demanda. ’ ’

liemos examinado la prueba en el caso. No podemos con-venir en que la corte cometiera error en perjuicio de la de-mandada al declarar que hubo conflicto en la prueba, ya que en. realidad, y aunque no en grado fuerte o importante, lo habría,, aunque la preponderancia de tal prueba era en favor de la de-mandante ; y al resolver tal conflicto, estimamos que la corte-procedió con todo acierto.

La apelante examina en su alegato la prueba en el caso, e intenta quitar fuerza a la que ofreció y practicó la deman-dante. Pero es para nosotros indudable la preponderancia de la evidencia de la aquí apelada.

Uno de los testimonios examinados por la apelante con. mayor minuciosidad es el del niño de 12 años Carlos López,, que es quizá el más fuerte amparo de las contenciones de la' demandante. Le hemos leído; y encontramos en él todos los-elementos de convicción necesarios para justificar el fallo de la corte.

La prueba presentada es suficiente para sostener la de-cisión. Quizá un solo testigo hubiera bastado para tal fin; y son varios los testimonios que imponen una declaración de-hecho tal como la presentada por la corte.

Hemos declarado con insistencia que en los casos en que-hay conflicto en la prueba, la resolución que al mismo dé la corte sentenciadora no ha de ser revocada por ésta de apela-ción a menos que aparezca el evidente y craso error de la misma, o la influencia de prejuicio, pasión o parcialidad-Nada de esto ocurre en el presente caso.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señok Texidoe,

text:
    Antonio Sanquírico, demandante y apelado, v. Luis de la Cruz, demandado y apelante.
    No. 4420.

    Sometido: Enero 30, 1929.

      Resuelto: Nov. 22, 1929.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; E. Campos del Tora, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señok Texidoe,

emitió la opinión del tribunal.

Luis de la Cruz, en el mes de noviembre de 1926, requirió a Antonio Sanqnírico para que le hiciera el estudio, prepara-ción y confección de los planos, especificaciones y presupues-tos para dos edificios de concreto armado, para ser construi-dos en la carretera nueva y calle del Rosario, en Santurce, término municipal de San Juan de Puerto Rico: el valor en costo de esos edificios había de ascender a $16,041 cada uno. Sanquírico hizo los trabajos, que valora en $500 los planos y $200 las especificaciones y presupuestos, y a mediados de diciembre de 1926 los entregó a de la Cruz, quien los recibió a su satisfacción, pero se negó a pagar el valor de los mismos, y no ha pagado todo ni parte de ese valor. Y en la alegación de tales hechos fundó Sanquírico la demanda que contra de la Cruz presentó en la Corte de Distrito de San Juan.

Contestó a la demanda de la Cruz, y en primer lugar pro-puso la excepción previa de falta de hechos suficientes a de-terminar causa de acción; negó que el demandante sea inge-niero civil, como aparecía alegado, y alegó que Sanquírico es empleado del Departamento del Interior de Puerto Rico y que se entendía en trabajos de confección de planos y presu-puestos para obras públicas; negó haberle requerido o auto-rizado para los trabajos que aquél alega, y afirmó que el de-mandante bajo la aseveración de que era empleado del Interior, y que en las horas laborables se ocupaba, en su oficina, de planos y presupuestos, se ofreció a hacer los del deman-dado para los dos edificios de que habla la demanda, con el fin de que el demandado le gratificara con algo, y los hizo en sus horas de oficina, y con materiales del Departamento; que el demandado recibió del demandante los planos y el presu-puesto y especificaciones, pero que esto fue un acto voluntario, y con el fin de que el demandante, fuera gratificado por el de-mandado, si le gustaba el trabajo; alegó que los servicios no valen $700 y que siempre fia estado dispuesto a pagar por ellos $50 que es su verdadero valor.

Se oyó por la corte el caso, y al terminar la prueba de] actor, el demandado presentó moción de nonsuit, y sometió el caso-. La corte dictó sentencia contra el demandado, conde-nando a éste a pagar al demandante cuatrocientos un. dólares y dos centavos, y las costas y gastos. A la sentencia se acom-pañó relación del caso y opinión.

Encontramos en la contestación una gran insistencia en se-ñalar que el demandante era empleado del Departamento del Interior, y en las ñoras de su trabajo, y con materiales de la oficina hizo los planos, especificaciones y presupuestos. Aun-que no se fian probado estos extremos, nos parece pobre la de-fensa, que tiene visos de una acusación contra el demandante. Si el demandado sabía esto, no debió aceptar el trabajo, ya que ante su conciencia fué recusable la manera de hacerlo; y si tenía la certeza de que el demandante faltó a sus deberes para con El Pueblo de Puerto Rico, pudo y debió, acudir al funcionario correspondiente, y seguir el procedimiento que fuera propio del caso; ante el tribunal esa defen'sa no era buena ni admisible.

Que el demandante no tenía el título de ingeniero civil, apai’ece claro de la prueba; como aparece que estaba em-pleado en el Departamento del Interior, en funciones de un ingeniero civil auxiliar, y que por bastantes años fia venido haciendo trabajos de ingeniero civil en Puerto Rico, y demos-trando competencia en los mismos.

En realidad, la situación en Puerto Rico, en lo que afecta al ejercicio de la ingeniería era ésta: en 15 de febrero de 1900, una Orden General, la número 24, estableció que

“Todas las restricciones impuestas al ejercicio de las carreras de arquitectura e ingeniería civil, se suprimen por la presente de las disposiciones de la vigente ley y en adelante no se exigirán exámenes, licencias ni matrículas para el ejercicio de estas profesiones.”

De forma que no era necesario el título universitario o de escuela especial para el ejercicio de esas profesiones.

En el año 1927, la Legislatura de Puerto Pico pasó la Ley No. 31, que regula el ejercicio de la profesión de ingeniero, y que permite la expedición de licencias para ejercerla, a per-sonas que tengan su título académico, o que hayan ejercido por tres años o más con anterioridad a la aprobación de la ley. El artículo 9 de ésta es como sigue: .

“En cualquier tiempo dentro de los seis meses subsiguientes a la fecba en que esta Ley empiece a regir, la junta expedirá una licencia para el ejercicio de la profesión de ingeniero, arquitecto o agrimensor a cualquier persona que, una vez satisfechos los derechos que más adelante se estipulan:
“(a) Haya terminado el curso de ingeniero, arquitecto o agri-mensor en una escuela o universidad; o
“(&) Haya estado en el ejercicio de la profesión de ingeniero, arquitecto o agrimensor por no menos de tres años con anterioridad a la fecha de la aprobación de esta Ley.
“A menos que exista prueba en contrario, la junta aceptará como evidencia satisfactoria la declaración jurada, expresada en la solici-tud, de que el solicitante ha ejercido la profesión de ingeniero, arqui-tecto o agrimensor por un período de tres años.”

Esta ley fué aprobada por el Gobernador en 26 de abril de 1927, y empezó a regir a los noventa días de su aprobación.

Conviene decir aquí que la sentencia apelada es de fecha 30 de junio de 1927.

Es claro que quien, a sabiendas de que el demandante no tenía un título universitario o académico, utilizó sus servicios en ingeniería civil, no tiene una lícita defensa en la alegación de la falta de ese título, y en el voluntario desconocimiento de lo prescrito en la citada Orden General o Militar.

No merece larga discusión el único error que el apelante señala. La prueba fué bastante para fundar la sentencia die-tada. El documento que se presentó, como carta del deman-dado al demandante, y que lee así:

“Amigo Sanquírico:
“Como se trata de un picazo y no pudiendo hacer la obra por ahora, tienes que dejar eso para después, hoy no puedo. S. S. L., L. 0.”

es elocuentísimo.

Con estos antecedentes, y la prueba documental y testifical presentada, la sentencia, para ser justa, no podría ser otra que la que dictó la corte de distrito.

Debe confirmarse la sentencia apelada.