text:
    Víctor Souffront Cordero et al., recurridos, v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados et al., demandados, y ACE Insurance Company, peticionaria.

      Número: CC-2004-563

      Resuelto: 21 de abril de 2005

      Roberto Abesada-Agüet, abogado de la parte peticionaria; Se-gismundo López Montalvo, abogado de la parte recurrida.
   per curiam:

En este caso, el peticionario nos solicita que revoquemos la determinación del Tribunal de Apelaciones, ya que el recurso de apelación interpuesto por los recurri-dos se presentó fuera del término que proveen las reglas de Procedimiento Civil, lo que privó de jurisdicción al foro apelativo. Aduce el peticionario que el Ledo. Segismundo López Montalvo, abogado de la parte aquí recurrida —ape-lantes ante el Tribunal de Apelaciones— utilizó un sobre equivocado e incorrecto para acreditar la jurisdicción ante el Tribunal de Apelaciones. La seriedad de este plantea-miento amerita nuestra intervención.

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El 28 de octubre de 2001, alrededor de las 7:30 de la noche, el Sr. Víctor M. Souffront Cordero caminaba por la calle Pablo Casals del municipio de Mayagüez, cuando su-frió una caída al poner un pie sobre un contador de agua, cuya tapa cedió al pisarla. A raíz de esa caída, el señor Souffront sufrió traumas y contusiones en la parte baja de la espalda y en otras partes de su cuerpo. El 26 de octu-bre de 2002, el señor Souffront, su esposa Maritza López Montalvo, la sociedad de gananciales y sus hijos menores de edad, presentaron una demanda por daños y peijuicios contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Autori-dad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), su compañía aseguradora American International Insurance Company (AIICo), el municipio de Mayagüez y su aseguradora Ace Insurance Co. (Ace), así como contra otros demandados de nombres desconocidos.

La AAA y AIICo contestaron la demanda enmendada el 30 de mayo de 2002; Ace hizo lo propio el 14 de junio de 2002. Todas negaron las alegaciones sobre negligencia y daños. El 3 de octubre de 2002, el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia sumaria, desestimando la demanda contra el Estado Libre Asociado, al concluir que el Departamento de Transportación y Obras Públicas no tenía jurisdicción sobre las aceras o calles de Mayagüez. El 26 de febrero de 2003, el tribunal de instancia dictó una sentencia parcial, desestimando la demanda contra el mu-nicipio de Mayagüez por no habérsele emplazado dentro del término de seis meses dispuesto en la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Posteriormente, los demandantes desistieron, con per-juicio de sus reclamaciones, contra la AAAy AIICo al llegar a un acuerdo transaccional con éstos para finiquitar el pleito por la suma de $15,000. Una vez concluido el des-cubrimiento de prueba, Ace presentó una moción de sen-tencia sumaria por insuficiencia de prueba. Alegó que los demandantes no presentaron prueba sobre el elemento de previsibilidad para establecer la negligencia en el caso. Los demandantes se opusieron oportunamente. El tribunal de instancia declaró “con lugar” la moción de sentencia su-maria presentada por Ace y desestimó el pleito.

La sentencia dictada fue archivada en autos y notificada a las partes el 8 de diciembre de 2003. El 8 de enero de 2004, treinta y un días después de haber sido archivada en autos y notificada la sentencia, los demandantes presenta-ron ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de apelación. Indicaron en su escrito, sin embargo, que la sen-tencia apelada se les había notificado el 9 de diciembre y no en la fecha del archivo en autos. Para acreditar la juris-dicción del foro apelativo, se incluyó en el apéndice del re-curso la copia de un sobre —con matasellos de 9 de diciem-bre de 2003 y un sello de $0.49 para el franqueo— que se adujo fue el que se utilizó para notificar la sentencia

Así las cosas, el 25 de febrero de 2004 Ace presentó una moción de desestimación por falta de jurisdicción ante el foro apelativo. En síntesis, argumentó que el sobre con ma-tasellos de 9 de diciembre de 2003 no correspondía al sobre en que se debió haber enviado la sentencia apelada. Ace presentó una copia del sobre que se recibió en su oficina con la sentencia apelada, así como una copia del sobre en que la AAA y su compañía de seguros AIICo recibieron la sentencia Ambos sobres reflejaban que la fecha de envío por correos era el 8 de diciembre de 2003. Además, ambos tenían dos sellos para costear el franqueo que totalizaban $1.06; un sello de $0.49 y otro de $0.57. Llaman, además, la atención al hecho de que existía secuencia numérica en los sellos adheridos a los sobres recibidos por los abogados de los codemandados, indicativo, argumentan, de que se habían enviado simultáneamente.

El peticionario señaló que el sobre que anejó el licen-ciado López Montalvo al recurso de apelación para acredi-tar la jurisdicción apelativa solamente tenía adherido un sello de $0.49, cantidad que entiende insuficiente para cos-tear el franqueo de un documento de catorce páginas, como la sentencia apelada. Más importante aún, Ace señaló en su escrito que hizo una búsqueda en “teletribunales” (;www.tribunalespr.com) que reflejó que la sentencia ape-lada fue notificada el 8 de diciembre; se incluyó una copia de la página de “teletribunales” que así lo reflejaba. Los apelantes no replicaron a dicha moción.

Mediante Sentencia de 25 de marzo de 2004, el foro ape-lativo revocó la sentencia de instancia. El tribunal, sin embargo, guardó silencio sobre el planteamiento de la falta de jurisdicción. A su vez, Ace solicitó la reconsideración de la sentencia, bajo el fundamento de falta de jurisdicción del foro apelativo. El tribunal acogió la moción de reconsidera-ción presentada y le concedió diez días a los recurridos para expresarse. Los recurridos eventualmente compare-cieron y argüyeron que ellos fueron notificados con la sen-tencia el 9 de diciembre, y no el 8 de diciembre como las otras partes en el pleito. Indicaron, además, que los recu-rridos “pretenden [que] los apelantes ... asumamos la res-ponsabilidad de responder sobre una situación sobre la cual no tenemos control y expliquemos lo desconocido e inexplicable”. Concluyeron que les correspondía a éstos presentar como evidencia una certificación de la Secretaría del tribunal de origen, que acreditara la fecha de archivo en autos y el envío por correo, según lo estableció el caso Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1 (2000), lo que no había ocurrido, de manera que no procedía el planteamiento. Por su parte, Ace replicó e indicó que, en efecto, había acudido a la Secretaría del tribunal de Maya-güez, pero se le indicó que allí no expedían certificaciones sobre las notificaciones.

Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones dictó una reso-lución, rechazando los planteamientos de Ace e indicando que éstos eran meras “conclusiones, sospechas o conjetu-ras” insuficientes para que el tribunal se declarara sin jurisdicción. Inconforme, Ace acudió ante nosotros el 23 de junio de 2004. En su escrito señaló los errores siguientes:

1. El Tribunal de Apelaciones incidió al no desestimar el recurso de apelación presentado por los Souffront por falta de jurisdicción.
2. El Tribunal de Apelaciones incidió al revocar la senten-cia sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia y determinar que existían controversias de hechos sobre la po-sición de la tapa del contador de agua que alegadamente le ocasionó la caída a Víctor Souffront Cordero. Petición de cer-tiorari, pág. 8.

El peticionario incluyó, en el apéndice a su petición de certiorari, una certificación oficial de la Secretaria Regional del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, en la cual, en efecto, se certifica que la senten-cia dictada en instancia fue “notificada y depositada en el correo el 8 de diciembre de 2003”, y que un cotejo del re-gistro de “ ‘Notificación de Sentencias y Resoluciones En-viadas al Correo Fuera de Fecha’ no refleja anotación al-guna que indique notificación fuera de la fecha de archivo en autos”. Petición de certiorari, pág. 6.

Evaluado el recurso, el 20 de septiembre de 2004 emiti-mos una resolución dirigida a la parte recurrida para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y revocar la determinación del Tribunal de Ape-laciones por falta de jurisdicción. Luego de solicitar una prórroga para comparecer, la parte recurrida finalmente presentó su escrito ante este Tribunal el 25 de enero de 2005. En su escrito señaló que este Tribunal no debía con-siderar la certificación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, por cuanto ese do-cumento no fue presentado ante el Tribunal de Apelacio-nes, por lo que no formó parte del expediente del caso. In-dicó que, en vista de ello, no podíamos considerarlo.

Nos indicó, además, que la “alegada certificación ... no establece la inexistencia de error humano alguno, no exime de responsabilidad en el manejo a la Secretaría ... [y] se limita a establecer que no aparece el correspondiente registro”. Nos solicitó, además, que tomemos conocimiento judicial “de las correspondencias mal manejadas, colocadas en lugares equivocados y extraviadas que ocurren diaria-mente en el correo postal”.

Contando con la comparecencia de las partes, resolve-mos conforme intimamos.

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A. La Regia 53.1(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, dispone el término jurisdiccional de treinta días para presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, “contados desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado”. Asimismo, la Regla 13(A) del Reglamento Transitorio del Tribunal de Apelaciones, vigente al momento de la notificación del recurso del caso ante nosotros, disponía también que:

Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos civiles por el Tribunal de Primera Instancia, se presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia. (Enfasis suplido.)

Este término comienza a transcurrir con la notificación correspondiente del archivo en autos de copia de la sentencia a todas las partes en el pleito. De existir una discrepancia entre la fecha de archivo en autos y la fecha del depósito en el correo de la notificación, esta última será el punto de partida para calcular cuándo comienza a transcurrir el término correspondiente para acudir en alzada, conforme claramente dispone la Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, según enmendada por la Ley Núm. 40 de 10 de enero de 1999 para esos propósitos. Esta regla dispone lo siguiente:

Será deber del secretario notificar a la brevedad posible dentro de las normas que fije el Tribunal Supremo, las senten-cias que dicte el tribunal, archivando en autos copia de la sen-tencia y de la constancia de la notificación y registrando la sentencia. La anotación de una sentencia en el Registro de Pleitos y Procedimientos constituye el registro de la sentencia. La sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en autos copia de la notificación y el término para apelar empezará a correr a partir de la fecha de dicho archivo. Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, resolución u orden es distinta a la del depósito en el correo de dicha notifi-cación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. (Enfasis suplido.)

En Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., ante, indicamos que cuando la notificación postal no coincidiera con la fecha del archivo en autos del dictamen judicial, la mejor práctica que debe seguir un apelante o peticionario para acreditar la jurisdicción del foro apelativo es incluir en el apéndice al recurso, no sólo la copia del volante del archivo en autos de la notificación de la sentencia, sino también la copia del sobre recibido del tribunal, cuyo matasellos de correo refleje claramente la discrepancia entre las fechas. De esa forma, el tribunal y las partes podrían constatar si el recurso de apelación se presentó dentro del tiempo que proveen las Reglas de Procedimiento Civil.

Reconocimos en Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., ante, que podrían surgir ocasiones en que la parte opositora a aquella que reclama la puesta en el correo como punto de partida para acudir en alzada, no estuviera de acuerdo con lo alegado. Cuando ello ocurra, indicamos que “la parte opositora podrá en forma fehaciente traerlo a la consideración del tribunal y a luz de la totalidad de las circunstancias, incluida una certificación de la secretaría del tribunal de origen, en cuanto al trámite específico de la correspondencia y notificación del día particular”. (Enfasis suplido.) íd., pág. 13.

En Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., ante, pág. 11, además, expresamos nuestra preocupación sobre

... el peligro potencial que podría representar la mala utili-zación de otro sobre originado en el mismo tribunal, en un caso distinto, con fecha propicia para manipular, por vía de la fecha del franqueo, la notificación real del archivo en autos y su depósito en el correo.

Como medida cautelar ante posibles actuaciones frau-dulentas, ordenamos a las secretarías de los diversos cen-tros judiciales a que crearan un registro, o un acta, que permitiera dejar constancia de las ocasiones en que una sentencia, resolución u orden se notifica por correo en una fecha distinta a su archivo en autos. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., ante, pág. 12. De esta forma, proveíamos un mecanismo mediante el cual cualquier alegación de falta de simultaneidad entre el archivo en autos y el envío por correo, pueda corroborarse de forma fehaciente el he-cho en los expedientes oficiales del tribunal correspondiente.

Conscientes del potencial problema que podría significar la utilización de la fecha del matasellos para acreditar la jurisdicción, advertimos a los abogados sobre las consecuencias de utilizar sobres que provienen de un mismo tribunal para inducir a un error al foro apelativo. Indicamos que cualquier alteración o uso indebido de un sobre estaría sujeto no sólo a sanciones económicas, sino disciplinarias contra el abogado. Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., ante, pág. 13 esc. 5. Es evidente que tal pro-ceder es demostrativo de falta de honestidad, veracidad y respeto a los tribunales como a las partes en un litigio. Una conducta de esta naturaleza está claramente reñida con el mandato de Regla 9 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, sobre la importancia de la firma de un abogado en los documentos que presenta ante un tribunal y, además, con los Cánones 9 y 12 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

B. Un término de naturaleza jurisdiccional, como el de apelación, es de carácter fatal; como tal, su incumplimiento priva al foro apelativo de jurisdicción para atender el recurso instado. De ahí, la importancia de determinar con certeza cuándo comienza el término para acudir en alzada.

Es una norma reiterada de este Tribunal que la falta de jurisdicción sobre la materia no es susceptible de ser subsanada. Vázquez v. A.R.Pe., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); López Rivera v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414, 419 (1963). Le corresponde a los tribunales ser celosos guardianes de su jurisdicción. Es deber ministerial de todo tribunal, cuestionada su jurisdicción, examinar y evaluar con rigurosidad el señalamiento, pues éste incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. Es por ello que la falta de jurisdicción de un tribunal es un asunto que se puede levantar y resolver motu proprio; ciertamente, no se tiene discreción para asumir jurisdicción allí donde no la hay. Véanse: Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003); Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357 (2001); Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839 (1980). Hecho ese análisis, y concluido que se carece de jurisdicción, procede la desestimación del caso. Véanse, además: Regla 83(B)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A; Regla 32(B) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

Establecido el marco doctrinal, lo aplicaremos a los he-chos del caso. Veamos.

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Este caso ejemplifica cuán acertada fue nuestra preocu-pación del potencial problema que representaba la utiliza-ción de la fecha del matasello de correos en un sobre para acreditar la jurisdicción de un foro apelativo. Además, va-lida el mecanismo profiláctico adoptado para acreditar las instancias cuando la fecha del archivo en autos y del envío por correo de la notificación de una sentencia, resolución u orden, fueran disímiles.

Aquí, Ace presentó oportunamente una moción de des-estimación ante el foro apelativo. En esta moción se plan-tearon serias interrogantes sobre la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones. La documentación incluida en la moción no reflejaba meras “conjeturas o sospechas”, sino todo lo contrario. Levantaba bandera de alerta sobre la grave posibilidad de que se hubiera manipulado el trámite procesal del caso para manufacturar una jurisdicción, donde no la había.

Se incluyó una copia de los sobres recibidos por los abo-gados de los codemandados en el caso de epígrafe, que re-flejaban que ambos fueron enviados el mismo día —8 de diciembre de 2003— y que el franqueo totalizaba $1.06. La sentencia notificada era extensa, pues constaba de catorce páginas. Por otro lado, el sobre que se anejó al recurso de apelación presentado por la representación legal de los de-mandantes, para acreditar la jurisdicción ante el foro ape-lativo intermedio, contenía solamente un sello de $0.49. Una cantidad significativamente menor que la utilizada para remitir por correo la misma sentencia a las otras dos partes en el caso. No es irrazonable concluir, como solicitó el peticionario, que el monto de cuarenta y nueve centavos resultaba insuficiente para costear el franqueo de un docu-mento de catorce páginas de tipo legal.

Más grave aún, la información publicada en la página de Internet “teletribunales”, indicaba que la fecha de la notificación había sido, en efecto, el 8 de diciembre de 2003. Toda esta información debió ser suficiente para que el tribunal apelativo exigiera que se procurara a la Secre-taría del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, una certificación de la fecha de archivo en autos y del envío por correo de la sentencia objeto de su revisión. Así también, que se cotejara el registro de notificación de sentencias y resoluciones enviadas por correo con fecha dis-tinta al archivo de autos de una sentencia, para tener cer-teza respecto cuándo se notificó la sentencia apelada. De esta forma se despejaba cualquier duda sobre su poder para atender en la apelación instada.

Si bien es cierto que en Martínez, Inc. v. Abijoe Corp., ante, indicamos que los abogados debían incluir una certi-ficación de la Secretaría del tribunal en situaciones como la de autos, el incumplimiento con ese requisito es insufi-ciente para descartar un planteamiento de falta de jurisdicción. Muy en particular cuando, como en el caso de autos, evaluada la totalidad de las circunstancias, la infor-mación remitida al foro apelativo a favor del argumento de falta de jurisdicción mostraba interrogantes sobre el trá-mite de la apelación interpuesta, que tenían que ser atendidas. Notamos también que el recurrido no rebatió el planteamiento de los peticionarios, mas sólo optó, princi-palmente, por indicar que eso era “algo inexplicable”.

En este caso no nos cabe duda que Ace presentó argu-mentos válidos y específicos ante el Tribunal de Apelacio-nes, sustentados por documentos que, como poco, apunta-ban a irregularidades en el trámite apelativo seguido en este caso. Ello, a su vez, requería de una acción más afir-mativa del foro apelativo para cerciorarse de su jurisdic-ción, a través del camino trazado en Martínez, Inc. v. Abi- joe Corp., ante. Recordemos que los tribunales tenemos la obligación de velar por nuestra propia jurisdicción.

En su escrito ante este Tribunal, el peticionario incluyó copia de la certificación oficial del tribunal de instancia que, de forma fehaciente, corrobora que la sentencia dic-tada en el caso de epígrafe se archivó en autos y se notificó por correo, el 8 de diciembre de 2003. El licenciado López Montalvo nos solicita que hagamos caso omiso de ésta, ya que no formó parte del expediente del Tribunal de Apelaciones. No tiene razón.

Primero, la falta de jurisdicción es una defensa que no se renuncia y se puede presentar en apelación por una parte, aun cuando el argumento no se hubiera hecho antes. Es, además, como señalamos, un asunto que el tribunal a su vez puede plantear y resolver motu proprio. Segundo, se trata de un documento oficial emitido por la Rama Judicial, específicamente, la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, que evidencia, de forma fehaciente, la contención del peticionario de que el Tribunal de Apelaciones no tenía jurisdicción para atender la apelación presentada. Hacer caso omiso de este documento, que pone de manifiesto un trámite amañado para confeccionar artificialmente la jurisdicción del foro apelativo, sería faltarle a nuestra responsabilidad de velar por que los trámites ante los tribunales del país se lleven a cabo con entera pulcritud y transparencia. La sugerencia del licenciado López Montalvo lacera nuestro sentido de lo justo; es, a todas luces, una pretensión insostenible.

La conducta desplegada por el licenciado López Mon-talvo en el trámite apelativo seguido en este caso es alta-mente preocupante. Habida cuenta de las irregularidades en el proceso seguido en este caso ante el Tribunal de Ape-laciones, se refiere el asunto al Procurador General para que presente la correspondiente querella.

A la luz de lo anterior, se expide el auto solicitado y se dicta sentencia revocatoria de la del Tribunal de Apelacio-nes, por carecer dicho foro de jurisdicción para intervenir en el recurso apelativo interpuesto ante sí. Se refiere la con-ducta del Ledo. Segismundo López Montalvo a la atención del Procurador General para la presentación de la querella correspondiente.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

      C1) Apéndice del recurso de certiorari, págs. 23-24.

       Apéndice del recurso de certiorari, págs. 160-161.

       íd., págs. 163-164.

       íd., pág. 121.

       íd., págs. 37-45.

       íd., págs. 46-50.

       íd., pág. 116.

       íd., pág. 117.

       íd., págs. 157-158.

       íd., pág. 165. Al día siguiente, Ace Insurance Co. (Ace) presentó su alegato en oposición al recurso de apelación.

      n) Apéndice del recurso de certiorari, pág. 240.

       El 20 de junio de 2004 se aprobó el Reglamento del Tribunal de Apelaciones mediante la Resolución Núm. ER-2004-10. La Regla 13(A) permaneció inalterada. Véase 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.

      S) El Canon 9 del Código de Ética Profesional dispone, en lo pertinente:
      "El abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se carac-terice por el mayor respeto.” 4 L.P.R.A. Ap. IX.
      Por su parte, el Canon 12 dispone, en lo pertinente:

        “Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución.” (Enfasis suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. IX.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Elliot Merced Montañez, querellado.

      Número: CP-1998-2

      Resuelto: 22 de abril de 2005

      Carlos Lugo Fiol, procurador general, querellante; Pierre Vi-voni, comisionado especial; Elliot Merced Montañez, abo-gado querellado.
   per curiam:

El Ledo. Elliot Merced Montañez, abogado e ingeniero de profesión, instó una demanda por cobro de dinero contra unos ex clientes, de quienes alega que le de-bían cierta cantidad de dinero en concepto de sus honora-rios de abogado. Éstos, a su vez, reconvinieron, alegando que el licenciado Merced Montañez les había facturado, y ellos habían pagado, en exceso de lo pactado. La conducta del licenciado Merced, como demandante en ese caso y su renuencia a satisfacer la sentencia dictada en su contra por el Tribunal de Primera Instancia, se encuentra hoy ante nuestra consideración.

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En julio de 1997, la Oficina del Procurador General pre-sentó una queja contra el licenciado Merced ante este Tribunal. Ésta se relacionaba con una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ba-yamón, de 4 de marzo de 1994, en el caso Elliot Merced Montañez v. Suc. Rafael Rivera Alejandro, Civil Núm. DAC-91-6662, sobre un incumplimiento de contrato y cobro de dinero. En dicha sentencia, el Hon. Carlos Rivera Ma-rrero resolvió que el querellado debía reembolsar a los de-mandados, aquí quejosos, la cantidad de $20,341.42 que éstos le habían pagado en exceso.

En marzo de 1988, la sucesión de don Rafael Rivera Alejandro suscribió una carta, a modo de acuerdo, sobre servicios profesionales con el querellado para que éste rea-lizara los trámites legales correspondientes para liquidar la herencia del causante. Las partes pactaron que los ho-norarios del querellado habrían de computarse a razón del cinco por ciento sobre los primeros $100,000 del monto del caudal, y en tres por ciento sobre el balance. Con posterio-ridad, se suscribieron otras dos cartas (acuerdos) con la sucesión de dos familiares del causante Rafael Rivera Alejandro, que fallecieron antes de concluir las gestiones de liquidación de la sucesión de Don Rafael.

En enero de 1990, el licenciado Merced envió una fac-tura a sus clientes por los trabajos rendidos hasta ese momento. En ella, estimó el valor total del caudal que ha-bría de liquidar en $783,592.74. Sobre esa base aplicó un quince por ciento sobre los primeros $100,000 y un nueve por ciento sobre el balance, para un total en honorarios de abogados de $76,523.35. A renglón seguido, indicó que ajustaba la factura, y computó el ocho por ciento sobre la cantidad de $733,652.74 y un tres por ciento sobre una estructura que era propiedad de la sucesión valorada en $49,940, para un total de $60,190.42 en honorarios de abogados. Los miembros de la sucesión pagaron la factura remitida en febrero de ese mismo año.

Año y medio más tarde, en mayo de 1991, la sucesión le solicitó la renuncia al licenciado Merced Montañez. En ju-nio de 1991, el querellado le remitió a la sucesión una fac-tura de $10,561.26 de unos honorarios que indicó habían quedado por satisfacer. La sucesión objetó los honorarios facturados. Así las cosas, el licenciado Merced instó el pleito antes mencionado. Los miembros de la sucesión, a su vez, reconvinieron alegando que la factura de enero de 1990, de sobre $60,000, no se ajustaba a los términos acordados. El tribunal de instancia, como hemos señalado, declaró “con lugar” la reconvención y ordenó la devolución de $21,618.51, pagado en exceso. En la sentencia dictada, el juez Rivera Marrero hizo constar que tomó en conside-ración lo dispuesto en los Cánones 23, 24 y 25 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Inconforme con la determinación del tribunal de instan-cia, el querellado interpuso un recurso de revisión ante este Tribunal (Núm. RE-1995-26). El 17 de marzo de 1995 dictamos una resolución en dicho caso, proveyendo “no ha lugar” al recurso instado e indicamos:

“A la solicitud de revisión radicada por la parte demandante recurrente, no ha lugar. La sentencia recurrida es fundamen-talmente correcta. La parte recurrente no aduce hecho o fun-damento alguno que nos induzca a intervenir con la misma.” Informe de la Comisionada Especial, pág. 19.

En su escrito, el Procurador General nos informó que los quejosos habían tratado, infructuosamente, de hacer efec-tiva su sentencia desde julio de 1995, cuando ésta advino final y firme.

Presentada la queja, se le concedió al licenciado Merced un término para que replicase. En su contestación, el licen-ciado Merced Montañez expresó su convencimiento de que la sentencia dictada en su contra fue totalmente injusta y errónea. La argumentación del querellado giró fundamen-talmente alrededor de los méritos de la sentencia dictada en su contra en el caso Núm. DAC-91-6662, que dio origen a la queja formulada. Este ha entendido que dicha senten-cia no reflejó adecuadamente el acuerdo sobre los honora-rios de abogado pactados por las partes, habida cuenta que, según alega, hubo una novación de los términos del contrato originalmente suscrito. En su escrito, específica-mente, nos solicitó que examináramos el testimonio de la parte demandada en ese pleito; para que resolviéramos “mediante opinión la corrección o no de la sentencia que ha provocado un reclamo tan importante para el futuro profe-sional, económico y personal del suscribiente”. Contesta-ción a la querella, 15 de enero de 1998, pág. 1.

En su defensa, además, expresó que en sus veintidós años de abogado siempre ha actuado rectamente y en es-tricto apego a los cánones de ética que rigen la profesión de abogado, así como la de ingeniería.

Evaluado el Informe del Procurador General y la res-puesta del querellado, ordenamos al primero que presen-tara su querella, lo cual realizó en enero de 1998. En ésta se formularon tres cargos por violación a los Cánones 23, 24 y 25 del Código de Ética Profesional, ante. Esos cargos se fundamentan en las determinaciones de hechos formu-ladas por el Tribunal de Primera Instancia en el caso Núm. DAC-91-6662, las cuales se adoptaron como propias y en la negativa del licenciado Merced a cumplir con los términos de la sentencia dictada en su contra.

El Procurador General nos señaló que la actitud del li-cenciado Merced Montañez de negarse a pagar la sentencia dictada en su contra configuraba, primero, una violación al citado Canon 23 del Código de Ética Profesional, que exige, entre otras cosas, que todo abogado debe cultivar una re-lación fiduciaria con su cliente, fundamentada en la más absoluta honradez; segundo, una violación al referido Canon 24, que obliga a todo abogado a fijar sus honorarios razonablemente para que reflejen lo que realmente valen sus servicios, y finalmente, que la conducta del licenciado Merced infligía el mencionado Canon 25, que obliga al abo-gado a evitar controversias con sus clientes relacionadas a su compensación y a recurrir a demandas contra un cliente sólo en casos en que se deba evitar una injusticia, imposi-ción o fraude.

El 27 de marzo de 1998 nombramos al licenciado Pierre Vivoni para que, en calidad de comisionado especial, escu-chara la prueba y rindiera el informe de rigor.

Luego de varios incidentes procesales que no es necesa-rio relatar, en mayo de 1999 el querellado presentó por escrito su posición respecto a la querella presentada. En su escrito planteó, esencialmente, los mismos argumentos es-grimidos en cuanto su contestación al informe presentado por el Procurador General.

Así las cosas, el asunto quedó sometido ante el Comisionado. Luego de la renuncia del comisionado Vivoni, por haber asumido éste el cargo de Superintendente de la Policía de Puerto Rico, designamos a la licenciada Ygrí Rivera de Martínez como comisionada especial.

La comisionada Rivera de Martínez nos sometió su in-forme, en el que concluyó que, conforme a la prueba desfi-lada, los argumentos de las partes y las determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia se configura-ron las violaciones a los cánones del Código de Ética Pro-fesional imputados por el Procurador General.

Finalmente, la comisionada Rivera de Martínez nos re-comienda en su informe que se tome en consideración, como atenuante a la actuación del querellado, el hecho “que es la primera vez que el querellado se ha visto some-tido a un procedimiento de esta magnitud, a pesar que fue autorizado a ejercer la abogacía desde el año 1975 y la notar[í] a e[n] 1976, y además practica su profesión como Ingeniero Civil”. Informe de la Comisionada Especial, pág. 1.

Resumido los hechos que dan base a la querella presen-tada y a las conclusiones de la Comisionada Especial, pa-semos a evaluar el derecho aplicable para luego determi-nar si la conducta del licenciado Merced Montañez configura una violación a los cánones del Código de Ética Profesional, según fueron imputados. Veamos.

H-i t — <

El contrato de servicios profesionales de abogado está revestido de un alto contenido ético, que lo distingue de un contrato ordinario de arrendamiento de servicios. Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360 (1989); Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., 110 D.P.R. 772 (1981). De ahí que el Canon 24 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, indique que la fijación de honorarios profesionales deberá regirse siempre por el principio deontológico de que la profesión legal es parte “de la administración de la jus-ticia y no un mero negocio con fines de lucro”.

En nuestra jurisdicción hemos dispuesto que los honorarios contingentes no están reñidos con la ética cuando redundan en beneficio del cliente, o cuando el cliente lo prefiera una vez haya sido informado de sus particularidades y sus consecuencias, o cuando no sean tan excesivamente onerosos que logren alcanzar dimensiones de mala fe. In re Criado Vázquez, 155 D.P.R. 449 (2001); Méndez v. Morales, 142 D.P.R. 26 (1996); In re Clavell Ruiz, 131 D.P.R. 500 (1992). Mediante este tipo de acuerdo, el abogado se hace partícipe en el resultado del caso que tramita, para recibir así un porcentaje de la cuantía que reciba su cliente. In re Criado Vázquez, ante.

Hemos resuelto reiteradamente que es deseable que el acuerdo sobre los honorarios de abogado se haga por escrito, con la mayor claridad posible, libre de ambigüedades y haciendo constar las contingencias previsibles que pudieran surgir durante el transcurso del pleito o del asunto que se atiende a nombre del cliente. Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., 131 D.P.R. 545 (1992); Ramírez Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161 (1989); Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., ante. Así, en Ramírez Segal & Látimer v. Rojo Rigual, ante, pág. 173, específicamente indicamos que, “tanto los cánones de ética profesional como la jurisprudencia indican que la mejor práctica la constituye el acordar, por escrito y con claridad, los honorarios y designar una cantidad fija o una fórmula para computarla o determinarla”. Véanse: Cánones 24 y 25 del Código de Ética Profesional, ante; Colón v. All Amer. Ins. & Cas. Co., ante. Una vez reducido a escrito, se minimizan, necesariamente, las controversias con los clientes sobre el monto de la compensación por servicios prestados. Méndez v. Morales, ante.

De otro lado, el abogado tiene derecho a recibir una compensación razonable por los servicios que rinde a sus clientes. Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., ante; Rodríguez v. Ward, 74 D.P.R. 880 (1953). En Nassar Rizek v. Hernández, ante, pág. 373, dijimos entonces que:

Lo expuesto tiene como contraparte el derecho del abogado a recibir como profesional una compensación razonable por sus servicios .... Como corolario, el abogado está facultado a enta-blar aquellas reclamaciones judiciales necesarias para el cobro de sus honorarios, aunque cautelarmente, el mismo canon se-ñala que “debe evitarse”, a no ser que se presenten única-mente para impedir injusticias, imposiciones o fraudes. Véanse, además: Canon 25 del Código de Etica Profesional, ante; Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., ante.

Veamos entonces cómo esta normativa aplica a los he-chos del caso ante nuestra atención.

i — 1 HH

De entrada, hacemos constar que hemos evaluado dete-nidamente el informe que nos fuera sometido por la Comi-sionada Especial en este caso, el informe y la querella pre-sentada por el Procurador General, las determinaciones de hecho formuladas por el Tribunal de Primera Instancia en el caso Núm. DAC-91-6662, así como el expediente original de dicho caso.

Luego de esta evaluación queda claro que el querellado suscribió tres cartas-acuerdos para tramitar todo lo rela-cionado con la liquidación de tres sucesiones distintas, aunque relacionadas entre sí. Estas cartas eran idénticas todas en cuanto a sus términos y condiciones. En cada uno de estos contratos se disponía que el licenciado Merced Montañez realizaría todos los trámites relativos al caudal del causante y sus honorarios se computarían, como indi-cáramos, a razón del cinco por ciento sobre los primeros $100,000 del monto del caudal y tres por ciento sobre el exceso de los $100,000. Los términos de las cartas suscri-tas entre las partes, por lo tanto, eran claros e inequívocos.

Este arguye que dichos términos fueron variados por las partes y nos indica que ello explica el porqué se le pagó la factura de enero de 1991 sin objeción alguna. Sobre este particular, el tribunal de instancia señaló que la interpre-tación del licenciado Merced contradice la prueba presen-tada e, incluso, su propio testimonio, cuando acepta que las cartas-acuerdos “siempre estuvieron en vigor y gobernaban las relaciones entre las partes”. Sentencia enmendada, pág. 7. Por lo tanto, la posición del querellado en cuanto a los términos de los acuerdos, suscritos entre él y sus repre-sentados, no encuentra apoyo en la prueba que desfiló en el caso y su testimonio sobre este particular no le mereció credibilidad al tribunal de instancia. Como ya indicamos, esta determinación advino final y firme.

Este caso ejemplifica la necesidad imperiosa de que todo abogado recoja en un documento el acuerdo al que llegue con sus clientes sobre sus honorarios, así como cualquier enmienda o variación a lo acordado originalmente, que surja durante el trámite del caso o del asunto que se atiende para un cliente. De esta forma se reducen al mínimo los posibles conflictos que puedan surgir en la relación abogado-cliente, particularmente cuando surgen desavenencias entre representante y representado. Ello reducirá las agrias disputas que este tipo de litigación siempre genera y que tanto lacera la imagen de la profesión legal y de la justicia en general.

Por otro lado, la determinación hecha por el Tribunal de Primera Instancia sobre el monto de los honorarios a que tenía derecho el licenciado Merced fue justa y razonable. La cantidad determinada por dicho foro constituía una compensación razonable por los servicios prestados por éste a sus clientes. Nassar Rizek v. Hernández, ante; Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., ante.

Debemos, además, señalar que la insistencia del licen-ciado Merced Montañez de no acatar los términos de la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en el caso Núm. DAC-91-6662, luego de ésta advenir final y firme, merece nuestra más enérgica censura. El licenciado Merced no era un demandante cualquiera, desconocedor de los procesos judiciales. Todo lo contrario, es un abogado avezado, con más de veinte años de experiencia como abo-gado postulante, lo que hace su actuación aún más reprochable.

No se justifica en nada la contumacia y testarudez del licenciado Merced de negarse a aceptar los términos de una sentencia final y firme. Adviértase que el licenciado Merced agotó todos los mecanismos legales que tenía a su disposición para revisar el dictamen de instancia. Su con-ducta lesiona los mejores intereses de la administración de la justicia.

No podemos dejar al arbitrio de los litigantes la determinación de qué dictámenes acatar y cuáles no. Ello propende al caos y a la anarquía, anatemas a un ordenamiento donde se respeten los tribunales de justicia y sus dictámenes. Todo abogado tiene la obligación ética de actuar siempre con el mayor respeto hacia los tribunales y las partes.

A la luz de lo anterior, concluimos que el licenciado Mer-ced Montañez incurrió en violación a los Cánones 23, 24 y 25 del Código de Ética Profesional, ante, según fueron pre-sentados por el Procurador General. Habida cuenta, sin embargo, de que ésta es la primera vez en que atendemos una queja contra el licenciado Merced Montañez en sus veintinueve años como abogado, nos limitamos en esta oca-sión a censurarle enérgicamente por su conducta impropia y altamente reprochable. Le advertimos que, en lo suce-sivo, deberá ser más cuidadoso y riguroso en los acuerdos sobre honorarios de abogados a los que llega con sus clien-tes, teniendo presente que lo más aconsejable es que cual-quier cambio sustancial en los términos acordados origi-nalmente deberán recogerse también en documento escrito.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      C1) El tribunal dispuso también el pago de $2,500 en concepto de los honorarios de abogado.

       Señala la Comisionada Especial que el 8 de octubre de 1998 se presentó una queja ante este Tribunal contra el licenciado Merced Montañez, pero ésta fue archi-vada el 12 de marzo de 1999.


text:
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Puerto Rico, antes Banco Bilbao Vizcaya Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Latinoamericana de Exportación, Inc., la Sucesión de Ivette González, etc., demandada y peticionaria la segunda.

      Número: CC-2003-931

      Resuelto: 22 de abril de 2005

      George Mottley, abogado de la parte peticionaria; Ángel L. Alicea Parés y Juan G. Casasnovas Luiggi, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Tenemos la ocasión para precisar lo resuelto en Banco Comercial de P.R. v. García, 51 D.P.R. 735 (1937), y decidir si es prorrogable el término para aceptar o repudiar una herencia cuando un acreedor, que demanda a una sucesión para cobrar una deuda del causante, no ha ejercido expre-samente el interpellatio in iure requerido por el Art. 959 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2787.

I

El 2 de agosto de 2000 el Banco Bilbao Vizcaya de Puerto Rico (BBV) presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una demanda en cobro de dinero contra Latinoa-mericana de Exportación, Inc., Gustavo Adolfo Zepeda, Ivette González, la sociedad de gananciales (integrada por ambos) y otros codemandados. Alegó que los codemandados habían garantizado personalmente el pago de un préstamo del BBV por $187,874.40 de principal y $36,473.23 de in-tereses hasta el 22 de junio de 2000 a favor de Latinoame-ricana de Exportación, Inc., y que como la deuda estaba vencida y era líquida y exigible, se le reclamaba solidaria-mente el pago de las cantidades adeudadas.

La codemandada Ivette González había fallecido el 9 de abril de 1999, por lo que el tribunal de instancia ordenó que se enmendase la demanda para incluir a los herederos de ésta. El 30 de noviembre de 2001 el BBV enmendó la demanda para incluir a sus hijos —Gustavo Zepeda Gon-zález y Roberto Zepeda González (hermanos Zepeda Gon-zález)— como herederos de Ivette González. Durante los meses siguientes, el BBV trató infructuosamente de em-plazarlos personalmente, por lo que el tribunal autorizó el emplazamiento mediante edictos. Ese edicto se publicó el 19 de julio de 2002 y los codemandados recibieron su copia de la demanda el 2 y 10 de agosto de 2002.

El 20 de agosto de 2002 los codemandados hermanos Zepeda González solicitaron una prórroga de treinta días para contestar la demanda enmendada. El 12 de septiem-bre de 2002 el foro de instancia les notificó una prórroga de veinte días, y luego les concedió diez días adicionales para contestar la demanda en su contra.

Así las cosas, el 23 de octubre de 2002 los hermanos Zepeda González presentaron una moción de desestima-ción de la demanda, mediante la cual alegaron que ambos habían repudiado la herencia de Ivette González, por lo que no eran miembros de la sucesión y no procedía la re-clamación en su contra. Según surgía de los documentos incluidos con la moción de desestimación referida, Roberto Zepeda González había repudiado la herencia el 29 de diciembre de 1999 y Gustavo Zepeda González el 9 de octu-bre de 2002, ambos mediante una escritura pública.

El BBV entonces se opuso a la desestimación solicitada, en cuanto al codemandado Gustavo Zepeda González. Adujo el BBV que debía tenerse por aceptada la herencia en cuestión, debido a que el acto de repudio se había lle-vado a cabo luego de transcurrido el término que concede el Art. 959 del Código Civil de Puerto Rico, supra, para acep-tar o repudiar la herencia. En cuanto al codemandado, Roberto Zepeda González, el BBV solicitó autorización para iniciar el descubrimiento de prueba con miras a investigar si, antes de la acción de repudio de la herencia, éste había realizado algún acto que pudiese constituir una aceptación tácita de ella.

El tribunal de instancia autorizó el descubrimiento de prueba en cuanto a Roberto Zepeda González y ordenó a Gustavo Zepeda González a expresarse sobre la referida oposición del BBV. Luego de considerar los varios escritos presentados por las partes con respecto al asunto pen-diente, el 10 de febrero de 2003 el foro de instancia declaró “sin lugar” la solicitud de desestimación de Gustavo Ze-peda González y le ordenó presentar en veinte días su con-testación a la demanda. Inconforme con la referida deter-minación del foro de instancia, Gustavo Zepeda González presentó un recurso de certiorari ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones, mediante el cual alegó lo si-guiente:

1. Incidió el Honorable Tribunal de Instancia al declarar No Ha Lugar la Moción de Desestimación basada en la defensa afirmativa de repudiación de herencia presentada oportuna-mente, por lo que el codemandado-peticionario no es respon-sable de las deudas de la herencia de su causante.
2. Incidió el Honorable Tribunal de Instancia al declarar No Ha Lugar la Moción de Desestimación y aplicar erróneamente a los hechos del caso el Artículo 959 del Código Civil de Puerto Rico sin que el demandante-recurrido haya solicitado la inter-pelación judicial para aceptar o repudiar la herencia; ni el Tribunal de Instancia haya señalado término para que el co-demandado-peticionario expresara su intención de aceptar o repudiar; ni tampoco se le apercibiera que en caso de no ex-presar su intención, se entendería aceptada la herencia, según requiere el antes citado Artículo 959.

El foro apelativo rechazó el planteamiento del peticiona-rio con respecto al Art. 959 del Código Civil, supra, y ex-presó:

Zepeda González plantea que la letra del precepto citado es clara y debe ser interpretada literalmente, de forma que, para que comience a transcurrir el término de treinta días seña-lado, es necesario que el tercero interesado solicite y el tribunal ordene al presunto heredero que se exprese en cuanto a su posición respecto a la herencia, y que le aperciba de que, transcurrido el término se tendrá por aceptada la herencia. Sin embargo, tal interpretación es contraria a la que el Tribunal Supremo de Puerto Rico le impartió al artículo 959 del Código Civil en el caso Banco Comercial de P.R. v. García, 51 D.P.R. 735 (1937).

Dicho tribunal resolvió, además, que, en el caso de autos, la presentación de la demanda y el emplazamiento ha-bían sido suficientes para instar al peticionario a aceptar o repudiar la herencia. Indicó que como el edicto se había publicado el 19 de julio de 2002, el peticionario tenía hasta el 18 de agosto para contestar la demanda y también para anunciar si aceptaba o no la herencia, pero no lo había hecho ya que el 20 de agosto, expirado el término de treinta días para hacer ambos pronunciamientos, había so-licitado una prórroga para contestar la demanda o “hacer cualquier otro pronunciamiento que proceda en derecho”. Añadió que el término para aceptar o repudiar la herencia es perentorio y concluyó:

De esta forma, concluimos que el término de 30 días que se-ñala el artículo 959 del Código Civil es improrrogable, por lo que la actuación del tribunal recurrido al autorizar dos prórro-gas a los codemandados para contestar la demanda, no puede ser interpretada de forma tal que implique la prórroga del plazo para aceptar o repudiar la herencia del artículo 959 del Código Civil. Puesto que el peticionario Gustavo Zepeda Gon-zález otorgó la escritura de repudio luego de expirado el tér-mino de 30 días, tal acto no puede tener efecto alguno ni per-judicar a la parte demandante en el presente caso.

Consecuentemente, el 23 de octubre de 2003 denegó el recurso solicitado.

Inconforme con el dictamen del foro apelativo, Gustavo Zepeda González compareció oportunamente ante nos y formuló, en lo esencial, el señalamiento siguiente:

1. Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al denegar el recurso de certiorari a pesar que el Tribunal de Primera Ins-tancia declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación y aplicó erróneamente a los hechos del caso el Artículo 959 del Código Civil de Puerto Rico sin darle cumplimiento a lo exi-gido por la propia letra de dicho artículo, a saber, sin que el demandante-recurrido haya solicitado la interpelación judicial del demandado para que este aceptara o repudiara la heren-cia; ni el Tribunal de Instancia haya señalado término para que el codemandado-peticionario expresara su intención de aceptar o repudiar; ni tampoco se le apercibiera que en caso de no expresar su intención, se entendería aceptada la herencia, según requiere el antes citado Artículo 959.

El 23 de enero de 2004 expedimos el recurso solicitado para revisar el dictamen del foro apelativo de 23 de octubre de 2003 y para pautar lo que procediese en derecho.

La parte peticionaria presentó su alegato el 13 de abril de 2004, y la parte recurrida presentó el suyo el 14 de junio de 2004. Pasamos a resolver.

HH HH

Nos toca decidir si, en el caso de autos, el peticionario Zepeda González repudió su herencia a tiempo, de modo que procedía que se desestimase la demanda instada en su contra para cobrar una deuda de su madre.

El asunto que aquí nos concierne tiene su raíz en nuestro sistema de derecho de sucesiones. En éste rige la norma procedente de los romanos, al efecto de que la herencia no se adquiere hasta que el llamado heredero la acepte. Rivera Rivera v. Monge Rivera, 117 D.P.R. 464 (1986). El llamado a heredar no es propietario de las cosas hereditarias hasta que no acepta la herencia. Según ex-plica el eminente comentarista Manuel Gitrama González, el silencio del llamado heredero en cuanto a aceptar la herencia puede dar lugar a largos años de incertidumbre con respecto a las relaciones jurídicas que, al fallecer el causante, quedaron sin sujeto cierto. Véase M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1989, T. XIV, Vol. 1, págs. 276-278.

Para paliar en algún grado esta incertidumbre, el Código Civil español, así como el nuestro, concede un remedio a cualquier interesado en que el llamado heredero se decida a aceptar o repudiar la herencia. Personas tales como los coherederos que pueden tener derecho a acrecer; los legatarios, cuyo derecho puede ser considerado como un crédito contra el heredero; los sustitutos, que podrán here-dar si el llamado a heredar no acepta, y claro está, los acreedores del causante, que interesan cobrar sus créditos con prontitud; todos éstos titulares de derechos expectantes tienen un interés legítimo en terminar con la incertidum-bre que existe si el llamado heredero no ha decidido si acepta o renuncia a la herencia. Albaladejo, op. cit., pág. 279. Para ellos existe el remedio de la interpellatio in iure del Art. 1.004 del Código Civil español, y del Art. 959 del nuestro, supra. Veamos.

Término para declaración de intención
Instando, en juicio, un tercer interesado para que el here-dero acepte o repudie, deberá el Tribunal Superior señalar a éste un término, que no pase de treinta (30) días, para que haga su declaración; apercibido de que, si no la hace, se tendrá la herencia por aceptada. (Énfasis suplido.) Art. 959 del Có-digo Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 2787.

Como puede observarse, nuestro Art. 959, supra, establece el remedio con el que cuenta un acreedor que interesa proceder contra unos herederos, para el cobro de una deuda contraída por el causante, en casos como el de autos. Este remedio consiste de cuatro elementos. Primero, el acreedor debe interpelar judicialmente al heredero para que acepte o renuncie a la herencia. Segundo, el foro judicial debe fijar un término no mayor de treinta días para que el heredero acepte o repudie la herencia. Tercero, en la orden judicial correspondiente, el tribunal debe apercibir al heredero de que si no se expresa dentro del término que se le fijó, la herencia se tendrá por aceptada. Cuarto, el heredero acepta o renuncia la herencia, mediante instrumento público o por escrito judicial.

En Banco Comercial de P.R. v. García, supra, en una antigua decisión de este Foro de hace siete décadas resol-vimos que la demanda de un acreedor contra la sucesión en cobro de una deuda del causante, satisfacía el requisito del Art. 959 del Código Civil, supra, de interpelar al heredero para que aceptase o renunciase la herencia. Determinamos que la propia demanda en cobro de dinero contra la suce-sión constituía una “intimación judicial” para que los he-rederos aceptasen o repudiaran la herencia. Resolvimos así, aunque en la demanda de dicho caso no incluía expre-samente ninguna interpelación como tal con respecto a que se aceptase o renunciase la herencia involucrada en ese caso.

El dictamen de Banco Comercial de P.R. v. García, supra, ha sido severamente criticado por Efraín González Te-jera, en su obra Derecho de Sucesiones, San Juan, Ed. U.P.R., 2001, T. 1, págs. 187-188. Como bien señala Gon-zález Tejera, lo resuelto en Banco Comercial de P.R. v. Gar-cía, supra, era contrario a varios precedentes de este mismo Tribunal, y contrario también a lo dispuesto en el Art. 959 del Código Civil, supra, que requiere la interpela-ción judicial expresamente. Más aún, el dictamen del Banco Comercial de P.R. v. García, supra, no es compatible con el interés de todos los titulares de derecho expectantes, referidos antes de que el hecho de la aceptación o el repu-dio de una herencia quede claramente establecido. Véanse: Finlay, Waymouth & Lee y C. Armstrong e Hijos, 42 D.P.R. 845 (1931); Rosa v. Sucesión García, 32 D.P.R. 586 (1923).

La postura crítica de González Tejera con respecto a lo resuelto en Banco Comercial de P.R. v. García, supra —fundamentada en una interpretación y aplicación de lo que literalmente dispone el texto del referido Art. 959 en cuestión— refleja también lo que sostiene, en general, la doctrina civilista, en la cual se señala claramente que un tercero interesado en que un presunto heredero acepte o repudie la herencia deberá ejercer la “interpellatio in iure” a fin de que el tribunal designe un término para que el presunto heredero haga la declaración correspondiente, instado a ello por el debido apercibimiento judicial. Véanse: Albaladejo, op. cit.; J.M. Manresa y Navarro, Co- mentarios al Código Civil español, 7ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1955, T. VII, págs. 496-500; J. Santos Briz, Derecho Civil: Teoría y Práctica, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1979, T. VI, págs. 56-57; J.L. LaCruz Berdejo y F. Sánchez Rebullida, Derecho de Sucesiones, Barcelona, Ed. Bosch, 1971, T. 1, págs. 119-120; X. O’Callaghan Muñoz, Compen-dio de Derecho Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Pri-vado, 1987, T. V, pág. 45.

Lo anterior, no obstante, debe reconocerse que nuestro dictamen en Banco Comercial de P.R. v. García, supra, no fue tan tajante o rígido como lo interpretó el foro apelativo en este caso. En este caso señalamos:

... Es verdad que de acuerdo con el artículo 959 un tercero interesado puede requerir a un heredero para que acepte o repudie la herencia, pero si con la interposición de la demanda se obtiene este propósito, parece innecesario que se le obligue a cumplir con dicho requisito como condición precedente para establecer su reclamación. Se trata simplemente de una cues-tión de procedimiento .... (Enfasis suplido.) Banco Comercial de P.R. v. García, supra, pág. 740.

En esa misma opinión, luego de señalar que la demanda del deudor podía hacer las veces del requerimiento en cues-tión —del interpellate in iure— indicamos a reglón se-guido que, una vez presentada dicha demanda,

... nada impide que [los demandados]puedan solicitar de la corte la concesión de un tiempo razonable para aceptar o repu-diar la herencia. (Enfasis suplido.) Banco Comercial de P.R. v. García, supra, pág. 739.

De lo anterior resulta evidente que, dependiendo de sus términos, una demanda de un acreedor contra un heredero para cobrar lo adeudado por su causante, puede constituir el interpellate in iure del citado Art. 959, y que si el tribunal no fija entonces un término para que el heredero declare si acepta o renuncia la herencia, la parte demandada puede solicitar un término razonable para hacerlo. Visto de esta manera, armonizamos lo resuelto en Banco Comercial de P.R. v. García, supra, con el claro tenor literal del Art. 959 referido y su interpretación en la doc-trina civilista. Además, de esta manera evitamos adentrar-nos a considerar el reclamo del peticionario Zepeda Gonzá-lez sobre el debido proceso de ley, que en nuestros días exige, con particular rigor, que las disposiciones estatuta-rias sobre los derechos de las personas se observen al pie de la letra.

H HH

Al examinar detalladamente los hechos del caso de autos, con miras a aplicar la normativa reseñada, observa-mos que la demanda enmendada presentada al foro de ins-tancia para incluir a los Zepeda González en el lugar de a su fallecida madre, fue muy escueta en cuanto al asunto que aquí nos concierne. Sólo indicaba que la Sra. Ivette González había fallecido, “siendo los herederos de ésta Gustavo Zepeda González y Roberto Zepeda González”. (Enfa-sis suplido.) Carecía de los elementos mínimos necesarios para constituir a la vez la interpellate in iure en cuestión. Así pues, no se hizo en ella alegación alguna de que los Zepeda González hubiesen aceptado la herencia. Tampoco se alegó que éstos debían decidir dentro del término de treinta días fijado por el Art. 959 del Código Civil, supra, si aceptaban o repudiaban dicha herencia. Más aún, de nin-gún modo se alegó que los presuntos herederos se incluían en la demanda, no porque hubiesen garantizado personal y solidariamente la deuda de Latinoamericana de Exporta-ción, Inc. como lo hizo su madre, sino porque ellos como herederos, quienes presuntamente habían aceptado la he-rencia en cuestión, respondían por las cargas de dicha he-rencia, conforme a lo dispuesto por el Art. 957 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2785. Véase Berrios v. Rivera, 69 D.P.R. 560 (1949).

Finalmente, y lo más importante aquí, no hubo nada en la demanda enmendada en cuestión que de modo alguno instara al tribunal a efectuar el apercibimiento que exige el Art. 959 del Código Civil, supra, de que si los herederos no hacen su declaración sobre la aceptación de la herencia dentro del plazo correspondiente, se tendrá la herencia por aceptada. No hubo aquí, claro está, ningún apercibimiento por parte del propio tribunal. El apercibimiento referido es el elemento medular sobre el cual se erige el derecho del acreedor de reclamarle al heredero lo debido por su causante cuando éste nada ha dicho sobre si acepta o no la herencia. Es el medio de lograr lo que en Banco Comercial de RR. v. García, supra, pág. 738, identificamos como el propósito de lo dispuesto en el Art. 959 en cuestión: impedir que el heredero pueda “evadir fácilmente con su silencio el cumplimiento de una obligación de su causante”. (Énfasis suplido.)

A la luz de lo anterior, no se puede resolver razonable-mente que la demanda enmendada en el caso de autos ha-cía las veces de la interpellate in iure que requiere el Art. 959 del Código Civil, supra. Según hemos indicado ya, dicha demanda no tenía los elementos mínimos necesarios para constituir la interpelación prevista en el Art. 959 referido. Era únicamente una demanda ordinaria para co-bro de dinero, carente de las alegaciones especiales que debía tener para constituir, a la vez, la interpelación exi-gida por el Art. 959 del Código Civil, supra. Es por ello que no podía darse por aceptada la herencia en el caso de autos, como erróneamente resolvió el foro apelativo aquí, aunque hubiesen pasado treinta días desde que los Zepeda González fueron emplazados con la demanda enmendada en cuestión, sin que éstos hubiesen aceptado o repudiado la herencia.

Según el foro a quo, la prórroga que los Zepeda Gonzá-lez obtuvieron del tribunal de instancia para repudiar la herencia fue inoficiosa, porque supuestamente el término máximo de treinta días para aceptar o repudiar la herencia previsto en el Art. 959 del Código Civil, supra, no es prorrogable. Lo que el foro apelativo no consideró al resolver de este modo es que para que tal dictamen fuese válido, al menos tenía que haber ocurrido la “interpellatio in iure” debidamente. Debe entenderse que el término en cuestión es un plazo de tiempo para responder a la interpelación. Se trata obviamente de dos aspectos interdependientes de una misma norma. No puede un acreedor aprovecharse del término referido cuando éste no ha realizado antes la in-terpelación a partir de la cual comienza a transcurrir dicho término.

Para concluir, nótese que aún si estimáramos que la es-cueta demanda del caso de autos sirvió como una interpe-lación conforme a lo resuelto en Banco Comercial de P.R. v. García, supra, en esa misma opinión reconocimos que si el tribunal no fijaba un término luego de presentada la de-manda del acreedor contra los herederos del deudor —como sucedió aquí— entonces éste podía solicitar la con-cesión de un término razonable para aceptar o repudiar la herencia, antes de contestar la demanda. Eso, en esencia, fue precisamente lo que hicieron aquí los Zepeda González, mediante la solicitud de prórroga en cuestión. Como el foro de instancia no había fijado un plazo para que ellos acep-taran o repudiaran la herencia, éstos pidieron tiempo para ello mediante la solicitud de prórroga, a tenor con lo seña-lado en Banco Comercial de P.R. v. García, supra.

Es menester indicar aquí, además, que el foro apelativo erró al determinar que el término de treinta días aludido era perentorio. El plazo de treinta días a que alude el Art. 959, supra, es prorrogable, conforme se señala claramente en la doctrina civilista. Véanse: Albaladejo, op. cit., pág. 281 (“tal plazo ... a petición justificada, puede ser prorrogado por el Juez”). LaCruz Berdejo lo señala de este modo:

Diversos autores consideran el plazo ... como prorrogable, por tratarse de un plazo procesal. Al menos, como dice ALBA-LADEJO ... con esta opinión se logran obviar numerosos in-convenientes que se derivarían de la contraria. LaCruz Ber-dejo, op. cit., pág. 120.

Con lo anterior coincide también el comentarista puer-torriqueño José Vélez Torres. Véase J.R. Vélez Torres, De-recho de Sucesiones, 2da ed. rev., San Juan, Ed. Rev. Jurí-dica U.I.P.R., 1992, pág. 447. Tratándose, pues, de una cuestión procesal, como señalamos en Banco Comercial de P.R. v. García, supra, el término referido es evidentemente prorrogable. Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill; Pietri González v. Tribunal Superior, 117 D.P.R. 638 (1986).

Resolvemos, pues, que en el caso de autos el peticiona-rio, Gustavo Zepeda González, renunció a la herencia de su madre válidamente, por lo que procedía conceder la moción de desestimación presentada ante el foro de instancia. Erraron el foro de instancia y el foro apelativo al resolver de otro modo, por lo que procede que se revoquen sus dictámenes.

Se dictará sentencia de conformidad.

      C1) Lo explicamos así en Rivera Rivera v. Monge Rivera, 117 D.P.R. 464, 481-482 (1986).

       Véanse: Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004); Pueblo v. Serbiá, 78 D.P.R. 788, 792 (1965).


text:
      In re José H. Martí Fajardo.

      Número: TS-5436

      Resuelto: 22 de abril de 2005

      Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; José H. Martí Fajardo, peticionario.
   RESOLUCIÓN

Examinadas las mociones informativas presentadas por el Sr. José H. Martí Fajardo y la moción informativa en cumplimiento de orden presentada por la Oficina de Ins-pección de Notarías, se autoriza la reinstalación del peti-cionario limitada al ejercicio de la abogacía.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Rivera Pérez, y la Juez Asociada Señora Fiol Matta no intervinieron.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re para Enmendar la Regla 8 del Reglamento de Educación Jurídica Continua Aprobado el 30 de Junio de 1998.

      Número: ER-2005-05

      Resuelto: 26 de abril de 2005
   RESOLUCIÓN

En virtud del poder del Tribunal Supremo para regla-mentar lo concerniente al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y para fortalecer la implantación del Regla-mento del Programa de Educación Jurídica Continua, aprobado el 8 de abril de 2005, se enmienda la Regla 8(a) y (b) del Reglamento de Educación Jurídica Continua, apro-bado el 30 de jimio de 1998, para aumentar a nueve la cantidad de miembros de la Junta, así como para estable-cer el término de la designación de los dos nuevos miembros.

Conforme esta Resolución, la Regla 8(a) y (b) dispondrá como sigue:

Regla 8: Junta de Educación Continua
(a) El Tribunal Supremo nombrará una Junta de Educa-ción Continua para velar el cumplimiento de los requisitos contenidos en este reglamento. Esta Junta contará con nueve (9) miembros que rendirán servicios ad honorem.
(b) El Presidente o la Presidenta de la Junta de Educación Continua será nombrado por el término de cinco (5) años. Los demás miembros de la Junta deberán ser nombrados de forma escalonada por términos de dos (2), tres (3), cuatro (4) y cinco (5) años.

La presente Resolución tiene efectividad inmediata. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Juan Sáez Burgos.

      Número: TS-4464

      Resuelto: 29 de abril de 2005

      Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; Juan Sáez Burgos, notario querellado.
   per curiam:

El 30 de enero de 2004, mediante opinión per curiam, suspendimos al Ledo. Juan Sáez Burgos del ejer-cicio de la notaría Conforme fuera ordenado, se incautó su sello y su obra notarial. En ese momento la única obra que se pudo incautar fue un Registro de Testimonios.

Concluidos los trámites de la suspensión de la notaría y la aprobación del Registro de Testimonios, la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías, Leda. Carmen H. Carlos, compareció ante este Tribunal por motivo de otro problema con la obra notarial del licenciado Sáez Burgos. En esta ocasión nos informó que varios ciudadanos habían llamado a su oficina para pedir la expedición de copia cer-tificada de las escrituras autorizadas por el licenciado Sáez Burgos en 1993, las cuales no constaban en los documentos incautados. Luego de realizar una búsqueda en los índices notariales del referido abogado, se encontró que éste había autorizado doscientas veintitrés escrituras en 1993 y dos escrituras en 1995, y que no había entregado los Protocolos correspondientes a esos años. Cuando la Inspectora de Pro-tocolos le pidió explicaciones, el licenciado Sáez Burgos ex-presó que no había entregado sus Protocolos porque los había dejado bajo la custodia de otra persona a quien no podía localizar.

Enterados de esto, el 11 de febrero de 2005 concedimos un término de veinte días al licenciado Sáez Burgos para entregar los Protocolos de 1993, 1994 y 1995. Le apercibi-mos que el incumplimiento con nuestra Resolución conlle-varía la suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía.

El 15 de marzo de 2005, el licenciado Sáez Burgos com-pareció y solicitó una prórroga de seis meses para "tratar de localizar y/o reconstruir” su obra notarial. Expresó que creía que se encontraba en una finca en Vega Baja que había sido confiscada por una agencia federal, y luego fue saqueada y vandalizada.

Con el beneficio de las comparecencias del licenciado Sáez Burgos y de la Oficina de Inspección de Notarías, pro-cedemos a resolver.

HH

El Art. 48 de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial), 4 L.P.R.A. sec. 2072, dispone que los Protocolos pertenecen al Estado aun cuando su conservación se confía a los notarios. Son éstos los que responden por la integridad de un Protocolo y, de perderse o deteriorarse, se repondrán a expensas del notario. En otras palabras, el notario es custodio de los Protocolos y tiene el deber de guardarlos celosa y responsablemente. In re González Maldonado, 152 D.P.R. 871 (2000); In re Sánchez Quijano, 148 D.P.R. 509 (1999), In re Antonio Ríos Acosta, 128 D.P.R. 412 (1991). Conforme al concepto de que la propiedad del Protocolo pertenece al Estado y que sólo su custodia corresponde al notario, el Art. 53 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 2077, prohíbe que se extraiga el Protocolo de la oficina en que se custodie, salvo por una orden judicial o una autorización de la Oficina de Inspección de Notarías. In re Sánchez Quijano, supra.

El Reglamento Notarial de Puerto Rico (Reglamento Notarial) también recoge esa prohibición en su Regla 58 (4 L.P.R.A. Ap. XXIV), en la que condiciona el traslado físico de los Protocolos de la oficina del notario a obtener la autorización previa de la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías. Ni siquiera el que ha sido autorizado como notario sustituto podrá remover los Protocolos de la oficina en donde se custodien. Regla 18 del Reglamento Notarial, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV. Sólo se puede obviar el requisito de autorización previa de la Directora cuando existe una emergencia que ponga en peligro la integridad del Protocolo. En esos casos se podrá proceder con el traslado a un lugar seguro, pero se notificará y justificará la actuación de emergencia inmediatamente a la Oficina de Inspección de Notarías. Regla 58 del Reglamento Notarial, supra.

Examinado el derecho, veamos su aplicación en este caso.

Los hechos ante nos revelan un craso incumplimiento del licenciado Sáez Burgos con las disposiciones de la Ley Notarial y su reglamento. Este incumplimiento es indepen-diente del que motivó su suspensión del ejercicio de la notaría.

En primer lugar, el licenciado Sáez Burgos ignoró su deber de custodio de los Protocolos e hizo caso omiso de la prohibición de removerlos de su oficina sin la debida autorización. Según la propia admisión del abogado a la Inspectora de Protocolos, la Leda. Marla D. Ríos Díaz, él dejó los Protocolos bajo la custodia de otra persona cuyo paradero ahora ignora. En su última comparecencia ante nos, en la Moción Solicitando Prórroga para Entregar los Protocolos, el licenciado Sáez Burgos una vez más puso de manifiesto su violación al deber de guardián de sus Proto-colos, puesto que expresó que éstos “deben” estar “en una finca que frecuentaba durante esos años, en el Municipio de Vega Baja”. La falta de certeza del licenciado Sáez Bur-gos en cuanto al lugar en donde se encuentran sus Proto-colos no permite otra conclusión que no sea que fue un muy pobre celador y que no observó la norma que exige una autorización previa de la Directora de la Oficina de Inspec-ción de Notarías para trasladarlos físicamente.

Por otra parte, la conducta del licenciado Sáez Burgos con relación a la incautación de su obra notarial indica desinterés en el cumplimiento de las órdenes de este Tribunal. Aun consciente de que el Alguacil del Tribunal actuaba por órdenes nuestras, el licenciado Sáez Burgos se negó en dos ocasiones a entregarle sello u obra notarial alguna, por razón de que se encontraban en una finca y con un amigo cuya dirección desconocía. Cuando por fin hizo entrega al alguacil de su “obra notarial”, incluyó sólo un Registro de Testimonios, sin expresar que ésa no era toda su obra notarial, induciendo a error tanto al Alguacil del Tribunal como a la Oficina de Inspección de Notarías, que dieron por cumplida nuestra orden de incautación.

Por último, se debe notar que en nuestra Resolución de 11 de febrero de 2005 le concedimos un término de veinte días al licenciado Sáez Burgos para hacer entrega de los Protocolos de 1993 a 1995, y le apercibimos que su incum-plimiento con la resolución conllevaría su suspensión in-mediata de la abogacía. No cumplió.

HH HH 1 — 1

Las actuaciones del licenciado Sáez Burgos, y su incum-plimiento con la Ley Notarial y su reglamento, trascienden la esfera notarial y requieren que ejercitemos nuestra fa-cultad disciplinaria con relación a su función como abogado. Véase In re Capestany Rodríguez, 148 D.P.R. 728 (1999). Ante su inobservancia de las normas más funda-mentales que rigen a los notarios y su falta de interés en el fiel cumplimiento de las órdenes de este Tribunal, se sus-pende inmediata e indefinidamente al licenciado Sáez Bur-gos del ejercicio de la abogacía.

Juan Sáez Burgos deberá notificar a todos sus clientes de su suspensión y consiguiente inhabilidad para conti-nuar representándolos. Deberá también devolverles sus expedientes y los honorarios correspondientes a trabajos no realizados. Además, deberá notificar oportunamente su suspensión a los distintos foros judiciales y administrati-vos del país. Dentro del término de treinta días, el abogado suspendido deberá certificar a este Tribunal el cumpli-miento de estos deberes, notificando de ello también al Procurador General.

El señor Sáez Burgos deberá informar el nombre completo de la persona a cuyo cargo dejó los Protocolos, así como sus teléfonos y última dirección conocida, para facilitar que el Alguacil de este Tribunal se incaute de los Protocolos en controversia y de cualquier otra obra notarial que aún no haya sido entregada. También deberá informar los datos de la finca en que dejó los Protocolos y de cualquier otra persona que pudiese ayudar a localizarlos. De encontrarse los Protocolos, el Alguacil se incautará y entregará a la Oficina de Inspección de Notarías para el trámite correspondiente. Si no se localizan los Protocolos, el Alguacil deberá informarlo a este Tribunal para que se inicie el procedimiento de reconstrucción conforme dispone la Ley Notarial de Puerto Rico.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      C1) La sanción respondió al incumplimiento del licenciado Sáez Burgos con su obligación de remitir índices mensuales sobre actividad notarial.

       El abogado entregó en la Oficina del Alguacil del Tribunal Supremo su sello y un Registro de Testimonios luego de dos intentos frustrados del Alguacil del Tribunal de diligenciar la orden de incautación. En ambas ocasiones el licenciado Sáez Burgos expresó que le era imposible entregar los referidos objetos porque se encon-traban bajo la custodia de un amigo en una finca cuya dirección exacta desconocía.

       Luego de notificar unas deficiencias, y que el licenciado Sáez Burgos las corrigiese, la Oficina de Inspección de Notarías aprobó el referido registro.

       El Art. 55 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2079, regula el procedimiento a seguir cuando se ha perdido o destruido un Protocolo. Conforme dispone el Art. 48 de la referida ley, 4 L.P.R.A. see. 2072, un Protocolo perdido o deteriorado se repondrá a expensas del notario.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Penny López Cordero.

      Número: TS-8175

      Resuelto: 29 de abril de 2005

      Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; Penny López Cordero, abogada querellada.
   PER CURIAM:

f — i

La Sra. Penny López Cordero fue admitida al ejercicio de la abogacía el 10 de enero de 1986 y al ejercicio del notariado el 24 de enero del mismo año. A finales de 1999, la licenciada López Cordero dirigió una misiva al entonces Juez Presidente, Hon. José A. Andréu García, para infor-marle que se le habían extraviado los Protocolos de su obra notarial correspondientes a 1993 y 1995. Mediante Resolu-ción de 9 de febrero de 2000, concedimos a la mencionada notario tres meses para que, en coordinación con la Direc-tora de la Oficina de Inspección de Notarías, reconstruyera los referidos Protocolos. Posteriormente, la licenciada Ló-pez Cordero solicitó una prórroga para completar la re-construcción de sus Protocolos, por lo cual concedimos un término adicional de sesenta días para culminar con ese procedimiento.

En enero de 2002, solicitamos a la Directora de la Ofi-cina de Inspección de Notarías que nos informara si la li-cenciada López Cordero había culminado con la recons-trucción ordenada. En respuesta a lo solicitado, de la mencionada oficina nos indicaron que la referida notario no había terminado con el procedimiento de reconstrucción de Protocolos. Asimismo, añadieron que se habían descu-bierto serias deficiencias en la obra notarial de la licen-ciada López Cordero desde 1988 hasta 1992, entre ellas, la ausencia de consignación en varios testamentos abiertos en que los testigos conocían al testador; expresión incom-pleta de las circunstancias personales de los comparecien-tes, y falta de las iniciales y de la firma de uno de los otorgantes. La licenciada López Cordero aceptó estos hallazgos.

Mediante Resolución de 18 de octubre de 2002, aperci-bimos a la licenciada López Cordero sobre la seriedad y gravedad de los procedimientos pendientes, lo cual reque-ría su atención inmediata a los señalamientos de la Direc-tora de la Oficina de Inspección de Notarías.

A principios de 2005, la Directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías compareció ante nos mediante la pre-sentación de un Informe Suplementario. En él esbozó los trámites que llevó a cabo la referida oficina para evaluar la labor notarial de la licenciada López Cordero en cuanto a los señalamientos previos de deficiencias notariales y res-pecto a la reconstrucción de los Protocolos extraviados. En cuanto a esto último, esa oficina señaló que no se había logrado la reconstrucción y que, según las expresiones de la licenciada López Cordero, no se podrá cumplir con esto. Sobre las deficiencias notariales, informó que muy pocas habían sido corregidas o subsanadas. Concluyó el informe con una relación de las serias deficiencias notariales des-cubiertas en los Protocolos de la referida notario desde 1998 hasta el 2001, entre las cuales se encuentran la com-parecencia como testigos de los hermanos del testador, no hacer constar la hora del otorgamiento del testamento y la expresión incompleta de las circunstancias personales de comparecientes o testigos.

Así las cosas, concedimos un término a la licenciada Ló-pez Cordero para que expresara su posición respecto al re-ferido Informe Suplementario y mostrara causa por la cual no debía ser suspendida del ejercicio de la profesión. Esta compareció y, aunque acepta en su mayoría el contenido del mencionado informe, aduce que no ha podido recons-truir los Protocolos extraviados debido a la muerte o des-conocimiento del paradero de comparecientes o testigos. En cuanto a la falta de corrección de las deficiencias nota-nales, alega que algunas han sido subsanadas y las demás no han producido daños a las partes involucradas o que, según las circunstancias actuales, no resulta necesaria su corrección.

Estando en posición de evaluar el desempeño notarial de la licenciada López Cordero, procedemos.

1 — 1 HH

A. La Ley Notarial de Puerto Rico define al notario como aquel

... profesional del Derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante él se realicen ... Véanse: In re González Maldonado, 152 D.P.R. 871 (2000); In re Jiménez Brackel, 148 D.P.R. 287 (1999).

El notario es el guardián de la fe pública. Su función fundamental es asegurar que el documento que otorga cumple con todas los requisitos de ley, tanto formales como sustantivos; que ese documento es legal y verdadero, y que recoge una transacción válida y legítima. In re Rivera Arvelo y Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840 (1993); In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986).

Reiteradamente hemos expresado que la notaría es una función de cuidado que se debe ejercer con sumo esmero, diligencia y celo profesional. In re Amundaray Rivera, 163 D.P.R. 251 (2004); In re Vera Vélez, 148 D.P.R. 1 (1999). Ello implica que el notario está obligado a observar rigurosamente la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2001 et seq. —y su reglamento— los cánones del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, y el contrato entre las partes. In re Aponte Berdecía, 161 D.P.R. 94 (2004); In re González Maldonado, supra. El incumplí-miento con alguna de estas disposiciones constituye una violación a las normas éticas que rigen la profesión legal y sujeta al notario a la acción disciplinaria correspondiente. In re Amundaray Rivera, supra; In re Vera Vélez, supra; In re Rodríguez Báez, 129 D.P.R. 819 (1992). Particularmente, hemos expresado que constituye una violación al Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, cuando el notario otorga un documento notarial en viola-ción de la Ley Notarial de Puerto Rico. In re Torres Olmeda, 145 D.P.R. 384 (1998).

La exaltación de la función notarial a los confines de la excelencia profesional se debe a que, por un lado, “[l]a fe pública notarial, como elemento objetivo que se concretiza a través de la persona del notario con la presencia del compareciente, es la espina dorsal de todo esquema de autenticidad documental”. In re Montañez Miranda, 157 D.P.R. 275, 282 (2002). Véase In re Vargas Hernández, 135 D.P.R. 603 (1994). Por el otro lado, la validez y autenticidad de un instrumento público dependen esencialmente de que el notario observe con escrúpulo —y ejecute con cautela— los requisitos y las formalidades que impone la Ley Notarial de Puerto Rico. In re González Maldonado, supra.

B. De otra parte, el Protocolo de un notario es la colección ordenada de las escrituras matrices y actas que autoriza durante un año natural. Art. 47 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2071. Por disposición ex-presa de ley, los Protocolos pertenecen al Estado. Art. 48 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2072. El notario es simplemente su custodio, encargado de guardarlos celosa y responsablemente para que no se pierdan o deterioren. In re González Maldonado, supra; In re Sánchez Quijano, 148 D.P.R. 509 (1999). “[L]a custodia y conservación de los protocolos es de vital importancia para la secretividad [sic], protección e integridad de los mismos.” In re Algarín Otero, 117 D.P.R. 365, 369-370 (1986). Es por ello que el notario, aun cuando posee la tenencia física temporera de los Protocolos, no posee la autoridad de dis-poner de ellos a su antojo o conveniencia; necesita una au-torización de la Oficina de Inspección de Notarías o un de-creto judicial para poder extraerlos de la oficina en la cual los custodia. Art. 53 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2077; In re Sánchez Quijano, supra.

La importancia que reviste esta función notarial descansa en lo siguiente:

La finalidad del protocolo es la de preservar la eficacia pro-batoria del instrumento público frente a los riesgos que con-lleva la posible pérdida de sus copias por los interesados. Me-diante la conservación de las escrituras matrices en el [P]rotocolo, los instrumentos públicos adquieren mayor dura-bilidad y permanencia. Por la naturaleza de los instrumentos públicos así preservados y la posibilidad de que afecten a ter-ceros, como es usual y corriente, se considera aconsejable que los conserve el representante del Estado que los autorizó. S. Torres Peralta, El Derecho Notarial Puertorriqueño, San Juan, Ed. Publicaciones STP, ed. especial 1995, pág. 14.1.

Así, pues, resulta en una función inherente a la del otorgamiento correcto de los instrumentos públicos, el celoso resguardo que efectúe el notario autorizante, sin que esta función sea inferior a la propia autorización del documento público. “[S]i en su función de dador de fe pública el notario ha de ser pundonoroso, nada más lógico admitir que también ha de serlo en su carácter de guardador”. In re Antonio Ríos Acosta, 128 D.P.R. 412, 415 (1991), citando a A. Neri, Tratado teórico y práctico de derecho notarial, Buenos Aires, Eds. Depalma, 1971, T. 4, pág. 90.

Como custodio, el notario será responsable del deterioro o la pérdida de los Protocolos por falta de diligencia. Si esto ocurre, tiene la obligación de reponerlos o restau-rarlos a sus expensas. Art. 48 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra; In re González Maldonado, supra. Ahora bien, lo anterior no es óbice para que este Tribunal imponga al notario unas sanciones o medidas disciplinarias adecuadas. íd.; In re Antonio Ríos Acosta, supra.

En casos de pérdida o destrucción de Protocolos, el Art. 55 de la Ley Notarial de Puerto Rico dispone de un mecanismo para reconstruirlos:

En caso de inutilizarse o perderse el todo o parte de un [P]rotocolo[,] el notario dará cuenta al Juez Presidente del Tribunal Supremo, quien ordenará reconstruir, con citación de partes, el oportuno expediente. Se cotejarán los índices y li-bros y examinará cuantos antecedentes fueren necesarios, procurando que se reponga en lo posible lo que se haya inuti-lizado o destruido. El Tribunal Supremo, a recomendación del Director de la Oficina de Inspección de Notarías [,] aprobará el expediente. 4 L.P.R.A. see. 2079.

Al utilizar este mecanismo, el notario debe obrar con diligencia y probado esfuerzo, ya que de su gestión dependerán terceras personas que confiaron en él para preservar diversos negocios jurídicos. Sencillamente, el notario debe desplegar el mismo celo, esmero y dedicación que se le exige para la ejecución de las demás funciones notariales al momento de reconstruir Protocolos extraviados o inutilizados.

Visto este marco normativo, veamos su aplicación a los hechos del caso ante nos.

HH h-i h-1

La licenciada López Cordero notificó a este Tribunal la pérdida de sus Protocolos de 1993 y 1995 en diciembre de 1999. En febrero del año siguiente le concedimos un tér-mino de tres meses para que iniciara y completara la re-construcción de sus Protocolos. Mediante resolución emi-tida en octubre de 2000, concedimos a la licenciada López Cordero un término adicional de sesenta días para comple-tar la reconstrucción del Protocolo, según nos lo solicitó. Posteriormente, en enero de 2001, la licenciada López Cor-dero comunicó a este Tribunal la escabrosa tarea que le había resultado reproducir ciertas escrituras, por lo que solicitó una prórroga del ya vencido término para culminar la reconstrucción de los Protocolos.

Así las cosas, a mediados de 2002, la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías nos informó que la licen-ciada López Cordero aún no había cumplido con el proce-dimiento de reconstrucción de sus Protocolos. La Directora de la Oficina de Inspección de Notarías reiteró este hecho en el Informe Suplementario presentado ante nos a princi-pios de 2005. En este último, la referida directora concluyó que la licenciada López Cordero no había desplegado las diligencias necesarias para concluir la reconstrucción de los Protocolos de 1993 y 1995.

El reseñado trasfondo procesal es suficiente evidencia para concluir que la licenciada López Cordero no ejerció con celo profesional y esmerada dedicación su función notarial de reconstrucción de Protocolos extraviados. A pesar de que han trascurrido más de cinco años desde que la referida notario nos comunicó la pérdida de sus Protocolos y de las periódicas visitas de los inspectores de la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías a la oficina de la licenciada López Cordero, ésta no ha completado el proceso de reconstrucción.

El anterior cuadro fáctico se agrava ante las serias de-ficiencias descubiertas en las escrituras de los Protocolos de la licenciada López Cordero desde 1988 hasta 1992, y de 1998 a 2001, deficiencias que aceptó la propia notario y que un número considerable de ellas no han sido corregidas o subsanadas.

Entendemos que la función notarial desempeñada por la licenciada López Cordero habla por sí sola. No refleja la pulcritud, la dedicación y el puntilloso cumplimiento con la Ley Notarial de Puerto Rico, elementos esenciales para la validez y el efecto de la obra notarial. Además, la falta de diligencia en la pérdida y reconstrucción de los Protocolos denota cierto desconocimiento de lo que implica la función de custodia inherente al notariado.

IV

En vista de lo anterior, decretamos la suspensión inme-diata e indefinida de la Leda. Penny López Cordero del ejercicio de la notaría, a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y hasta que otra cosa disponga este Tribunal. Le imponemos, además, el deber de notificar a todos sus clientes de su presente inhabilidad para seguir actuando como notario público, devolver cualesquiera ho-norarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión como notario público a los distintos foros judiciales y administrativos del país. De-berá, además, certificarnos dentro del término de treinta días a partir de su notificación, el cumplimiento de estos deberes. La oficina del Alguacil de este Tribunal procederá a incautarse del sello y la obra notarial de la Lie. Penny López Cordero, y los entregará a la Oficina de Inspección de Notarías para su examen e informe a este Tribunal.

Se dictará la Sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino. La Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no interviene.

      C1) Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2002.

       Este canon exige de los abogados que se esfuercen al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y la dignidad de su profesión.