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text:
      In re Raúl O. Hernández González, querellado.

      Número: CP-2011-011

      Resuelto: 12 de junio de 2013

      Edna Evelyn Rodríguez Benitez, procuradora general auxiliar, y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general; Crisanta González Seda, comisionada especial, en informe; Rafael González Vélez, abogado del querellado.
   Debemos atender una querella presentada contra un abogado en la que se alega que su falta de diligencia ocasionó que se archivara sin peijuicio un caso de vicios de construcción ante el Tribunal de Primera de Instancia, Sala de Bayamón, en el que la querellante comparecía como parte demandante. Por los fundamentos esbozados a continuación, se censura enérgicamente al Ledo. Raúl O. Hernández González y se le apercibe de que en un futuro debe desempeñarse diligente y competentemente.

f—I

El licenciado Hernández González fue admitido al ejercicio de la abogacía el 18 de enero de 1991 y juramentó como notario el 21 de febrero de ese mismo año. En el 2007, la Sra. Marilie Rolón Velázquez presentó una queja en contra del licenciado Hernández González en la que alegó, en esencia, que contrató al querellado para que la representara en una acción civil sobre vicios de construcción, Caso Núm. DAC-2002-2916. Esta pensaba que el caso ante el Tribunal de Primera Instancia seguía su curso normal. Sin embargo, se enteró mediante un tercero que el caso fue desestimado en dos ocasiones. Ambas desestimaciones se debieron a incumplimientos del querellado con las órdenes emitidas por el foro primario y por incomparecencia a las vistas señaladas. Alegó, además, que nunca se le notificó de las vistas que se celebrarían en el foro primario.

Por lo anterior, el 23 de septiembre de 2011, el Procurador General presentó una querella en contra del licenciado Hernández González. Se le imputó infracción de los Cánones 12,18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX:

Cargo I
El incumplimiento del licenciado Raúl O. Hernández González con las órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia para que contestara una Solicitud de Sentencia Sumaria y explicara su incomparecencia a ciertas vistas violentó las disposiciones del Canon 12 de Ética Profesional, 4 LPRA, Ap. IV, el cual exige que los abogados desplieguen todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en la tramitación y solución de los casos.
Cargo II
El licenciado Raúl O. Hernández González faltó a los deberes de diligencia y competencia contemplados en el Canon 18 de Ética Profesional, 4 LPRA, Ap. IV, al no defender adecuadamente los intereses de su dienta Marilie Rolón Vázquez y permitir que, por sus actuaciones, el caso de ésta fuera desestimado con perjuicio.
Cargo III
El licenciado Raúl O. Hernández González violentó las disposiciones del Canon 19 de Ética Profesional, 4 LPRA, Ap. IV, al no informar a su dienta que su caso había sido desestimado. Querella, págs. 2-3.

El 27 de septiembre de 2011 se le notificó al letrado la querella y le concedimos un término de quince días, a partir del recibo de la notificación, para contestar la querella. Tras solicitar una prórroga, contestó la querella. Aceptó los hechos imputados con relación a la incomparecencia a dos vistas y el incumplimiento con las órdenes del tribunal de Primera Instancia. Con relación a la incomparecencia, argumentó que no recibió las notificaciones de señalamientos porque su buzón estaba ubicado en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y durante el trámite hubo un conflicto huelgario. Por su parte, referente a la desestimación del caso, alegó que la desestimación fue sin perjuicio, por lo que los derechos de la quejosa se habían preservado. También señaló que propuso a la querellante asumir los costos de tramitación de una nueva causa de acción, pero que esta prefirió sustituir su reclamación por una contra el abogado. Por último, resaltó varios atenuantes a su favor, tales como su buena reputación, su historial como abogado, que esta era su primera queja, que no medió ánimo de lucro, entre otros.

Luego de analizar la querella y la contestación del querellado, nombramos como Comisionada Especial a la Leda. Crisanta González Seda, quien celebró una vista en su fondo en la cual estuvo presente el querellado representado por su abogado y la Procuradora General Auxiliar, mas no la quejosa, a pesar de haber sido citada como testigo. Luego de los trámites de rigor, la Comisionada Especial rindió su Informe.

En el mismo se detalla que en el 2005, el licenciado Hernández González cerró su oficina privada porque aceptó dirigir la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico. Esta entidad le permitió expresamente finalizar los tres o cuatro asuntos de su práctica privada que tenía pendientes. Entre los casos que mantuvo luego de cerrar su oficina se encontraba el de la quejosa.

La quejosa presentó la demanda en el 2002, representada por la Leda. Nancy Fonseca. No obstante, durante el descubrimiento de prueba surgieron varias diferencias entre ellas por lo que la licenciada Fonseca renunció a la representación legal. El 9 diciembre de 2003, el querellado presentó una moción mediante la cual asumió la representación legal del caso y solicitó la transferencia de una vista señalada para el 15 de diciembre de 2003. No surge del expediente notificación alguna del tribunal autorizando la transferencia de la vista. Llegado ese día, se llamó el caso pero ninguna de las partes compareció.

La próxima vista se señaló para el 4 de agosto de 2004. El querellado compareció y solicitó un término adicional para cumplir con los requerimientos del descubrimiento de prueba. El tribunal le concedió treinta días y señaló la vista para el 1 de diciembre de 2004. A esa fecha, el licenciado Hernández González aún no había cumplido con las directrices del tribunal sobre el descubrimiento de prueba, por lo que recibió órdenes de hacer lo propio. Además, el foro primario le ordenó expresarse sobre una moción de solicitud de sentencia sumaria presentada por uno de los terceros demandados del pleito y señaló la vista para el 3 de febrero de 2005. El querellado no compareció ni cumplió con las órdenes del tribunal. Como consecuencia del comportamiento del licenciado Hernández González, el tribunal apercibió a la demandante que se desestimaría la demanda con perjuicio si no comparecía al nuevo señalamiento el 25 de mayo de 2005.

El querellado y la quejosa no comparecieron a esta vista por lo que, el 1 de junio de 2005, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia en la que desestimó la demanda sin peijuicio. El querellado presentó, oportunamente, una moción de reconsideración en la que excusó su comportamiento alegando que el buzón en el correo de la Universidad de Puerto Rico no estuvo accesible por un conflicto huelgario. No explicó por qué incumplió con las órdenes sobre descubrimiento de prueba. El tribunal reconsideró, dejó sin efecto la Sentencia y señaló una vista para el 24 de octubre de 2005. Otra vez, ni la demandante ni el querellado comparecieron. El 22 de diciembre de 2005, el foro primario dictó Sentencia una vez más desestimando el caso sin peijuicio.

En el 2006, la querellante recibió la notificación del tribunal que le informaba la desestimación del caso sin peijuicio. Por ello, esta envió una carta al licenciado Hernández González en la que informaba que se enteró por un tercero de lo ocurrido. En la misma, citó varios cánones de ética que consideraba que el querellado había violado. El letrado contestó la carta, admitió responsabilidad por sus actuaciones y ofreció pagarle los gastos legales de la reapertura y continuación del caso. Luego de esto, la querellante le escribió en tres ocasiones más, pero no surge del expediente que el licenciado Hernández González le haya contestado.

I—I

El Código de Ética Profesional recoge las normas mínimas de conducta que rigen a los miembros de la profesión legal. Este promueve un comportamiento ejemplar por parte de los abogados en el desempeño de su labor. In re García Aguirre, 175 DPR 433 (2009); In re Mulero Fernández, 174 DPR 18, 28 (2008); In re Colón Morera, 172 DPR 49, 56 (2007). En particular, el Canon 12, supra, impone al abogado el deber de tramitar las causas de forma responsable y con puntualidad. Además, también le exige desplegar todas las diligencias necesarias para asegurarse de que no se causen dilaciones indebidas en la tramitación y solución del caso. In re Vélez Báez, 176 DPR 201 (2009).

Por su parte, el Canon 18, supra, expone el deber de defender los derechos del cliente diligentemente, desplegando en cada caso el más profundo saber y habilidad. También, prohíbe que un abogado asuma la representación legal de un cliente cuando entiende que no tiene la capacidad para rendir una labor idónea y competente. Por tal razón, la inacción y el desinterés como patrón de conducta en la representación del cliente se consideran infracciones al Código de Ética Profesional. In re Plaud González, 181 DPR 874, 886-887 (2011); In re Mulero Fernández, supra, págs. 29-30; In re Cuevas Velázquez, 174 DPR 433 (2008); In re De León Malavé, 172 DPR 1036 (2008). Incluso, he-mos señalado como actuaciones negligentes que infringen este canon aquellas que puedan conllevar o conlleven la desestimación o el archivo de un caso. In re Zayas Nieves, 181 DPR 49, 55 (2011); In re Santos Rivera, 172 DPR 703, 709 (2007); In re Colón Morera, supra.

Por otro lado, el Canon 19, supra, dispone que el abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que se le ha encomendado. In re Vilches López, 170 DPR 793 (2007). De igual forma, es norma reiterada que por imperativo de este canon, el abogado tiene la obligación de informar a su cliente una vez se dicte sentencia en un caso que pone fin parcial o totalmente a la causa de acción. In re Montes Fuentes, 174 DPR 863 (2008); In re Colón Morera, supra; In re García Muñoz, 170 DPR 780 (2007). Es necesario destacar que el deber establecido en el Canon 19 es independiente del deber de diligencia. In re Muñoz, Morell, 182 DPR 738 (2011); In re Pujol Thompson, 171 DPR 683 (2007). Esta obligación comprende mantener informado al cliente de las gestiones realizadas y del desarrollo de estas, consultar las cuestiones que estén dentro del ámbito discrecional de la representación legal y cumplir con las instrucciones de los representados. In re Colón Morera, supra.

Por último, hemos reiterado que las determinaciones de hecho que un Comisionado Especial haga en un procedimiento disciplinario merecen nuestra deferencia. In re Soto Charraire, 186 DPR 1019 (2012); In re Deynes Soto, 164 DPR 327, 336 (2005). Consecuentemente, no alteraremos las determinaciones de hecho del Comisionado Especial a menos que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en su apreciación de la prueba. In re Peña Peña, 153 DPR 642, 657 (2001); In re Astacio Caraballo, 149 DPR 790, 800 (1999).

h—1 i—1 I—i

Al evaluar la prueba presentada por la Oficina del Procurador General, la Comisionada Especial concluyó que el querellado incumplió con el deber establecido en el Canon 12, supra, de ser puntual en su asistencia, así como de ser conciso y exacto en el trámite y presentación del caso. Además, entendió demostrado que faltó a su obligación de desplegar las diligencias necesarias para asegurar que no hubiera dilaciones indebidas en la tramitación y solución del caso por sus incomparecencias e incumplimiento reiterado con las órdenes del tribunal.

Con relación al Canon 18, supra, la Comisionada Especial determinó que desde los inicios del pleito, el querellado no actuó de forma diligente en la tramitación de los asuntos concernientes al mismo. Por último, sobre el citado Canon 19, la Comisionada Especial determinó como probado que el licenciado no mantuvo informada a su dienta de las incidencias del caso, pues no fue hasta después de la segunda desestimación que el querellado se comunicó con ella.

Como vimos anteriormente, es norma reiterada que este Tribunal no alterará las determinaciones de hecho del Comisionado Especial a menos que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en su apreciación de la prueba. In re Soto Charraire, supra; In re Peña Peña, supra. Ya que en este caso no se configuró alguna excepción a esa norma, adoptamos las determinaciones de hecho del mismo y procedemos a sancionar al licenciado Hernández González.

IV

Al determinar la sanción disciplinaria que se impondrá a un abogado que haya incurrido en conducta contraria a los cánones de ética profesional, puede considerarse la buena reputación del abogado en la comunidad, su historial previo, si es su primera falta, si ninguna parte se ha visto pexjudicada, si se trata de conducta aislada, el ánimo de lucro que medió en su actuación, si hubo resarcimiento al cliente y cualesquiera otras consideraciones, ya sean atenuantes o agravantes, que medien con relación a los hechos. In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138 (2005).

El Informe de la Comisionada Especial señala varias circunstancias atenuantes que pesan en el caso ante nos. A estos efectos, la Leda. Lourdes M. Méndez declaró durante las vistas sobre la buena reputación y el carácter del licenciado Hernández González mientras se desempeñó en la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico. De igual forma, el Ledo. Fernando J. Rodríguez Caballero, actual compañero de trabajo, testificó sobre la buena reputación del querellado en su grupo de trabajo como Procurador de la Oficina de Sustento de Menores en Carolina. Lo describió como un excelente profesional, estudioso y respetuoso de los procedimientos judiciales. La Leda. Joynette Torres, jefa de los Procuradores de la Administración para el Sustento de Menores, también coincidió en que el querellado es un buen abogado y responsable en su desempeño profesional en la agencia.

Además, el licenciado Hernández González aceptó desde el inicio del procedimiento que incurrió en infracciones éticas y que ofreció a la querellante sufragar los gastos legales en que se incurrieran para reactivar el caso y continuar con el mismo, pero esta no quiso aceptar. En ese momento, la querellante no había perdido su causa de acción, pues ambas desestimaciones fueron sin perjuicio. Tampoco se ha establecido que medió ánimo de lucro ya que el querellado no recibió honorarios por sus servicios. Por último, el abogado nunca ha sido objeto de otras querellas disciplinarias. Por lo anterior, la Comisionada Especial recomendó que este Tribunal considerara estos atenuantes, en especial, que es la primera falta del letrado y que se trata de un hecho aislado.

V

En mérito de lo antes expuesto y de los hechos probados ante la Comisionada Especial, concluimos que el licenciado Hernández González faltó a los deberes impuestos por los Cánones 12,18 y 19 del Código de Etica Profesional, supra. Sin embargo, consideramos positivamente que el letrado ha gozado de buena reputación dentro de nuestra profesión por más de veinte años y que durante ese período nunca se había enfrentado a un procedimiento disciplinario. Además, debemos destacar que el licenciado Hernández González aceptó los hechos que se le imputaron y que durante el procedimiento se mostró arrepentido por su conducta.

Examinado el Informe de la Comisionada Especial y, según el historial profesional del abogado, se censura enérgicamente al licenciado Hernández González. Le apercibimos que, de repetirse en un futuro la conducta que dio curso a la presente querella, seremos más severos en nuestra sanción.

Se dictará sentencia de conformidad.


author: per curiam:

text:
      In re Roberto Vega Pacheco.

      Números: AB-2011-0223 AB-2012-0021 AB-2012-0240

      Resueltos: 13 de junio de 2013

      Diana E. López Arrollo, querellante en el caso AB-2011-223; Edwin F. Negrón Colón, querellante en el caso AB-2012-240; Ana V. Figueroa Román y Mara N. Sierra, querellantes en el caso AB-2012-21.
   per curiam:

En innumerables ocasiones este Tribunal se ha visto obligado a suspender a miembros de la profesión togada por incumplir con las disposiciones de nuestro Reglamento referentes a los procedimientos disciplinarios, así como con las órdenes emitidas por este Foro. El presente caso se une a esa gama de situaciones.

Del expediente que nos ocupa surge que se presentaron tres quejas contra el Ledo. Roberto E. Vega Pacheco. No obstante, a pesar de que fue debidamente notificado, no compareció a contestar ninguna de estas. Por tal razón, lo suspendemos inmediata e indefinidamente de la práctica de la abogacía y la notaría.

I

Expongamos los hechos pertinentes a cada una de las quejas presentadas contra el letrado.

A. AB-2011-223

El 14 de julio de 2011 la Sra. Diana E. López Arrollo presentó una queja contra el licenciado Vega Pacheco. Ex-puso en su escrito que lo contrató para que la representara en una reclamación de daños y perjuicios, pero que su desempeño profesional fue en extremo negligente. Señaló que el abogado, entre otras cosas, no contestaba sus llamadas telefónicas ni correos electrónicos, por lo que no la mantenía informada sobre los incidentes procesales del caso; no contestó varias órdenes del Tribunal de Primera Instancia; no respondió a ciertas mociones en las que la otra parte solicitó que se dispusiera del caso por la vía sumaria, y no compareció a ciertas vistas celebradas en el foro primario ni excusó su incomparecencia.

Así las cosas, el 15 de agosto de 2011 la Subsecretaría de este Tribunal notificó la queja al licenciado mediante correo certificado a la dirección postal “The Hato Rey Center 268 Ave. Ponce de León Ste. 905, San Juan, P.R. 00918”. Cabe destacar que esa es la información que consta en el Directorio de Abogados y Abogadas del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sin embargo, ante la incomparecencia del licenciado, la funcionaría realizó de nuevo esa gestión el 9 de marzo de 2012. Debemos puntualizar que esta última notificación fue devuelta por el servicio de correo postal por la siguiente razón: “unclaimed.” Ante ello, el 13 de abril de 2012 emitimos una Resolución concediéndole al abogado un término final de cinco (5) días para que compareciera y contestara la queja, dictamen que se le notificó personalmente. Aun así, el licenciado Vega Pacheco no contestó la queja en el tiempo provisto.

B. AB-2012-21

El 20 de enero de 2012 las Sras. Mara N. Sierra y Ana V. Figueroa Román también presentaron urna queja contra el licenciado Vega Pacheco. Señalaron, en síntesis, que este las representaba en un pleito sobre daños y peijuicios, y en una querella que presentaron ante el Departamento de Asuntos del Consumidor. Indicaron que en numerosas ocasiones intentaron comunicarse con él para conocer el estatus de las reclamaciones antes mencionadas, pero que nunca pudieron dar con su paradero. Expresaron que ante esa situación se vieron obligadas a contratar unos investigadores privados para poder contactar al abogado. Manifestaron que les urgía conseguir ciertos documentos que obraban en sus expedientes legales, los cuales se encontraban en la oficina del letrado. Sin embargo, informaron en su queja que todos esos esfuerzos resultaron fallidos.

Así pues, siguiendo el trámite reglamentario, el 2 de febrero.de 2012 la Subsecretaría de este Tribunal cursó una comunicación al licenciado, vía correo certificado, notificándole sobre la queja e instruyéndole que debía contestarla en un término de 10 días. El correo devolvió esa correspondencia por la razón siguiente: “unclaimed”. Por ello, el 14 de marzo de 2012 se envió otra comunicación, la que también fue devuelta por la misma razón. Consiguientemente, el 13 de abril de 2012 emitimos una Resolución en la que le concedimos un término final de 5 días para que compareciera a contestar la queja, dictamen que el Alguacil de este Tribunal notificó personalmente al licenciado Vega Pacheco, según consta en el expediente. Este proceso disciplinario siguió un cauce idéntico al descrito anteriormente en cuanto a la queja AB-2011-223: el abogado no hizo caso a nuestra orden y no compareció a contestar la queja.

C. AB-2012-240

El 29 de jimio de 2012 el Sr. Edwin F. Negrón Colón presentó otra queja contra el licenciado Vega Pacheco. Allí detalló que en varias ocasiones intentó contactar al letrado para conocer el estado procesal de una reclamación en la cual este lo representaba. Relató que todos los intentos resultaron infructuosos, por lo que a la fecha de presentar la queja desconocía el estado de su caso. El 13 de julio de 2012 la Subsecretaría de esta Curia le notificó al abogado la referida queja mediante correo certificado. Sin embargo, el correo postal devolvió dicha comunicación con la descripción siguiente: “vacant”.

Posteriormente, el 1 de agosto de 2012 nuevamente se envió otra notificación al licenciado. En esa ocasión este recibió la comunicación. Empero, a pesar de ello no contestó la queja. Por esa razón, el 22 de febrero de 2013 emitimos una Resolución en la que le concedimos un término final de 5 días para que compareciera a contestarla. Nuevamente ordenamos a la Oficina del Alguacil que notificara ese dictamen personalmente. El Alguacil del Tribunal actuó conforme lo ordenado y consta en el expediente que el licenciado Vega Pacheco recibió la notificación de la Resolución el 14 de marzo de 2013. No obstante, el abogado desatendió nuestra orden.

Resolvemos.

I—i

Es conocido que la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico establece el procedimiento que debe seguirse cuando se presentan quejas y querellas contra abogados y notarios. Allí se establece que una vez se presente ante el Tribunal una queja respecto al comportamiento de un abogado, el Secretario o la Secretaria del Tribunal le enviará una copia al abogado, para que dentro de 10 días presente su posición en cuanto a la queja. En el presente caso, el referido término ha transcurrido en exceso sin mediar la más mínima causa que lo justifique.

Es norma hartamente conocida que cuando un abogado se aparta del fiel cumplimiento de los deberes que imponen la ley y el ordenamiento ético se expone a la imposición de sanciones, especialmente cuando dichas faltas se cometen durante la consecución de un proceso disciplinario. In re Buono Colón, 187 DPR 379 (2012); In re Asencio Márquez, 183 DPR 659, 664 (2011); In re Borges Lebrón, 179 DPR Ap. (2010). Todo abogado debe atender con “diligencia y escrupulosidad” las órdenes que emita este Tribunal. In re Montes Díaz, 184 DPR 90, 93 (2011).

Las reiteradas ocasiones en que esta Curia ha enfatizado esa norma no han evitado que constantemente nos veamos precisados a dirimir situaciones en las que un gran número de abogados desatienden nuestras órdenes. In re Arroyo Rivera, 182 DPR 732, 736 (2011). Repetidamente hemos enunciado que durante el trámite de un proceso disciplinario dicha conducta conlleva la suspensión inmediata de la profesión. In re Rodríguez Salas, 181 DPR 579 (2011). Ello demuestra un alto menosprecio hacia nuestra autoridad, infringiendo así las disposiciones del Canon 9 del Código de Ética Profesional. In re García Ortiz, 187 DPR 507 (2013); In re Fidalgo Córdova, 183 DPR 217 (2011).

Por otro lado, también hemos sostenido que es una falta de respeto hacia los procedimientos del tribunal la indebida, irrazonable e inexcusable tardanza de un abogado en formular su contestación a una queja o querella, obligación que es independiente a los méritos de las alegaciones que se presenten en éstas. In re Martínez Miranda, 160 DPR 263 (2003); In re Vargas Soto, 146 DPR 55 (1998).

Desatender nuestras órdenes en el curso de un procedimiento disciplinario, revela una gran fisura del buen carácter que debe exhibir todo miembro de la profesión legal. Implica indisciplina, desobediencia, displicencia, falta de respeto y contumacia hacia las autoridades, particularmente hacia este Foro. (Énfasis nuestro). In re Escalona Colón, 149 DPR 900, 901 (1999).

III

En el caso que atendemos se presentaron tres quejas contra el Ledo. Roberto E. Vega Pacheco. En esas tres ocasiones la Subsecretaría de este Tribunal le notificó las quejas presentadas y el término en el cual debía contestarlas. Esa notificación se hizo a la dirección que consta en el Directorio de Abogados y Abogadas. Además de esa gestión, consta en el expediente que el Alguacil de este Tribunal notificó personalmente al abogado las resoluciones que emitimos el 13 de abril de 2012 y el 22 de febrero de 2013. Así surge de las copias de las distintas notificaciones que diligenció el funcionario, documentos que el letrado firmó.

Una vez más, enfatizamos la importancia que reviste que los abogados de Puerto Rico cumplan con el procedimiento provisto para los procesos disciplinarios que se ventilen en su contra. Una queja o una querella es una alegación que señala que cierta conducta del abogado milita en contra de los postulados éticos que rigen esta profesión. Independientemente de los méritos que tenga o no tenga esa alegación, todo abogado y toda abogada contra quien se presente una queja tiene la obligación indefectible de comparecer a contestarla. Desatender ese trámite procesal re-vela un alto menosprecio a la razón misma de la profesión de la abogacía y al propio Tribunal Supremo, como ente regulador de la profesión jurídica.

La desatención exhibida en este caso se exacerba ante el hecho de que el licenciado Vega Pacheco recibió copia de nuestros dictámenes personalmente. Al hacer esta expresión, no estamos sugiriendo de manera alguna que el hecho de ser notificado únicamente mediante la vía postal implica causa alguna para retrasar la contestación a una queja. Es más, aprovechamos la coyuntura para reafirmar que el propio Reglamento del Tribunal Supremo impone un deber a todos los miembros de la profesión legal de mantener actualizada su información de contacto en el Registro Unico de Abogados y Abogadas. No hacerlo también podría conllevar la suspensión indefinida e inmediata del ejercicio de la profesión. Véase In re Sanabria Ortiz, 156 DPR 345, 348-349 (2001). Lo que señalamos es la “audacia” del licenciado Vega Pacheco de no contestar las quejas luego de haber recibido personalmente copia de éstas. Este Tribunal no vacilará en suspender del ejercicio de la profesión a los letrados que así actúen. Por tal razón, suspendemos al abogado inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría.

IV

Por los fundamentos que anteceden, concluimos que el Ledo. Roberto Vega Pacheco infringió el Canon 9 del Código de Etica Profesional, supra, cuando provocó dilaciones injustificadas en el presente proceso disciplinario al desatender nuestras órdenes. En consecuencia, lo suspendemos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría.

En vista de lo anterior, le imponemos el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos e informar oportunamente de su suspensión indefinida a los foros judiciales y administrativos de Puerto Rico. Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta Opinión per curiam y Sentencia.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del señor Estrada Ramos y entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez se inhibió. El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón no interviene.

       4 LPRA Ap. XXI-B.

       4 LPRA Ap. IX.


text:
      In re Carmen Camacho Hernández.

      Número: TS-15,187

      Resuelto: 13 de junio de 2013

      Yanis Blanco Santiago, directora del Programa de Educación Jurídica Continua, en representación de la Junta de Educación Jurídica.
   per curiam:

Nuevamente nos vemos obligados a suspender a otro miembro de nuestra profesión. Esto debido al craso incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua, la indiferencia hacia los requerimientos de este Tribunal y la omisión de mantener los datos personales al día en el Registro Unico de Abogados. Por los fundamentos que a continuación enunciamos, se suspende inmediata e indefinidamente a la Leda. Carmen Camacho Hernández del ejercicio de la abogacía.

I

La Leda. Carmen Camacho Hernández fue admitida al ejercicio de la abogacía el 16 de febrero de 2005. Asimismo, inició sus labores como notaria el 8 de marzo de 2005. El 11 de mayo de 2009 esta entregó su obra notarial y su sello de notaria a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), por lo cual solicitó el cese de sus labores como notario. No obstante, al inspeccionar la obra de la licenciada Camacho Hernández, ODIN identificó deficiencias en esta. Así las cosas, luego de varios trámites procesales, el 6 de septiembre de 2011 emitimos una resolución en la que autorizamos la aprobación de la obra notarial de la licenciada con las deficiencias señaladas por ODIN. A esos efectos, mediante Resolución de 20 de octubre de ese mismo año dimos por terminada su fianza notarial.

Más adelante, el 12 de diciembre de 2012, el Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC o el Programa) compareció ante nos mediante el Informe sobre Cumplimiento con Requisito de Educación Jurídica. En su escrito, el PEJC nos indica que la licenciada Camacho Hernández no completó los requisitos establecidos en el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua (Reglamento), In re Aprobación Reglas, 164 DPR 155 (2005), durante el periodo de 1 de febrero de 2007 a 31 de enero de 2009. En consecuencia, el Programa le envió un aviso de incumplimiento a la letrada y esta pagó la cuota correspondiente por cumplimiento tardío, según lo establece la Regla 30 del Reglamento. In re Aprobación Reglas, supra, pág. 162. Tras el transcurso de un periodo razonable al no haber cumplido con los requisitos del Programa, el 18 de noviembre de 2010 se le envió a la letrada una citación para que asistiera a una vista informal pautada para el 6 de diciembre de 2010. Sin embargo, esta no compareció a ese procedimiento y tampoco satisfizo los requisitos de educación continua para el periodo señalado.

En su comparecencia, el Programa nos informó, además, sobre el periodo de incumplimiento que transcurrió de 1 de febrero de 2009 a 31 de enero de 2011; ello sin contar los posibles incumplimientos de periodos posteriores a ese señalamiento. Asimismo, el PEJC nos indicó que al momento de emitir las citaciones descansó en la información contenida en el Registro Unico de Abogados (RUA), la cual no estaba actualizada.

Luego de examinar el informe presentado por el PEJC, el 26 de diciembre de 2012 concedimos a la licenciada Camacho Hernández un término de veinte días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendida del ejercicio de la abogacía tras no comparecer ante el PEJC e incumplir con los requisitos de educación continua. La resolución a esos efectos fue enviada a la última dirección conocida de la letrada, pero el sobre de correo fue devuelto. En consecuencia, ordenamos diligenciar la notificación de la resolución a través de la Oficina del Alguacil, pero la residencia que correspondía a la dirección indicada estaba abandonada. Cabe mencionar que surge del Registro de Seguimiento de Notificaciones que se realizaron varias gestiones telefónicas y se enviaron notificaciones por correo regular. Fue a través de un correo electrónico enviado el 4 de abril de 2013 que se pudo establecer comunicación con la licenciada. En respuesta, esta llamó a la Secretaría de este Tribunal y como excusa al incumplimiento con los requisitos del Programa señaló que entendía que ya estaba dada de baja del ejercicio de la abogacía. Por consiguiente, se le aconsejó que sometiera una moción para contestar la resolución. Empero, la letrada aún no ha comparecido ante nos.

II

Como es sabido, el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua establece que todo profesional del Derecho admitido al ejercicio de la abogacía y la notaría en Puerto Rico tiene el deber de cumplir con los requisitos de educación jurídica continua, a menos que esté exento según las disposiciones de la Regla 4 del Reglamento, 4 LPRA Ap. XVII-E, según enmendada. Asimismo, en el caso de cumplimiento tardío, un abogado deberá presentar un informe para explicar las razones que justifican su tardanza y pagar una cuota. 4 LPRA Ap. XVII-E, R. 29. Sin embargo, si el abogado no comparece a una vista informal por incumplimiento con sus obligaciones, la Junta de Educación Jurídica Continua remitirá el asunto a este Tribunal. 4 LPRAAp. XVII-E, R. 32.

Por su parte, el Código de Ética Profesional establece que todo abogado debe ser responsivo a los requerimientos de este Tribunal. De esta forma, el Canon 9 del Código de Ética Profesional regula la conducta del abogado ante los tribunales y exige que esta se caracterice por el mayor respeto. 4 LPRA Ap. IX. Lamentablemente, de manera repetitiva nos hemos visto en la situación de “recordarles a los miembros de esta profesión que para honrar este mandato se requiere una escrupulosa atención y obediencia a los requerimientos de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos disciplinarios”. In re Grau Collazo, 185 DPR 938, 943—944 (2012). Véase In re Fernández Amy, 180 DPR 158, 160 (2010). Cuando se incumple con esa responsabilidad procede la suspensión del ejercicio de la profesión, pues ello demuestra indiferencia a nuestros dictámenes y apercibimientos, lo cual vulnera el Canon 9, supra. In re Rosario Martínez, 184 DPR 494 (2012); Galarza Rodríguez, Ex parte, 183 DPR 228 (2011).

Igualmente, es menester mencionar que la Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal especifica que “[t]odo(a) abogado(a) tendrá la obligación de notificar al(a la) Secretario(a) cualquier cambio de dirección postal o física”. 4 LPRA Ap. XXI-A. Precisamente, para facilitar el cumplimiento de esta obligación, se estableció el Registro Único de Abogados (RUA), cuyo propósito principal es centralizar en una sola base de datos la información de las personas autorizadas por este Tribunal a ejercer la abogacía y la notaría. In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660-661 (2011).

Cabe mencionar que nuestro énfasis en la importancia de que todo abogado mantenga al Tribunal al tanto de sus direcciones y de su información personal no es novel. En reiteradas ocasiones hemos señalado la gravedad que conlleva no notificar de manera inmediata a la Secretaría de este Tribunal cualquier cambio ocurrido. In re Toro Soto, supra, pág. 660; In re Borges Lebrón, 179 DPR Ap. (2010); In re Morales Rodríguez, 179 DPR 766, 769 (2010). A esos efectos, hemos dispuesto que “[e]l abogado que no cumpla con este deber falta a los deberes más elementales de la profesión”. In re Tió Fernández, 178 DPR 681, 683 (2010). Esto, pues, al así proceder, el abogado obstaculiza el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria del Tribunal Supremo. Por lo tanto, el incumplimiento de tal deber es suficiente para decretar la separación indefinida de la abogacía. In re Toro Soto, supra.

III

Cónsono con lo expuesto, observamos que la licenciada Camacho Hernández ha fallado en cumplir con los requisitos del PEJC. Resulta claro que desde la notificación emitida por el Programa el 25 de febrero de 2009, la letrada ha tenido tiempo más que suficiente para completar los requisitos reglamentarios de educación jurídica continua.

Asimismo, surge que la licenciada Camacho Hernández, pagó la cuota por cumplimiento tardío. Consiguientemente, esta no puede justificar su incomparecencia a la citación del Programa, porque entendía que no estaba activa en la profesión de la abogacía en nuestra jurisdicción. El hecho de que hubo una notificación de incumplimiento era en sí mismo un aviso indubitado de que estaba activa.

Sin embargo, lo más vergonzoso y lamentable es la actitud de dejadez e indiferencia que sostiene la licenciada con los requerimientos de esta Curia y sus dependencias. Tras varias gestiones realizadas por la Secretaría para notificar la Resolución de 26 de diciembre de 2012, la licenciada Camacho Hernández fue notificada vía correo electrónico. Ya ha transcurrido el término concedido para que cumpliera con nuestra orden de mostrar causa. Sin embargo, esta aún no ha comparecido ante nos y tampoco ha acreditado justa causa para tal incumplimiento.

Según podemos observar, la licenciada Camacho Hernández exhibe una actitud de desprecio e indiferencia, no solo con las órdenes de este Tribunal, sino con las que le hiciera el PEJC. Así, en vista del craso incumplimiento de la letrada con los requisitos del Programa, las órdenes de este Tribunal y por faltar a su deber de mantener los datos de RUA al día, decretamos su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía. Le ordenamos, por lo tanto, notificar a todos sus clientes su inhabilidad para continuar con su representación, así como devolver tanto los expedientes de los casos pendientes, como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos.

Igualmente, tiene el deber de informar oportunamente de su suspensión tanto a los foros judiciales como administrativos del país. Esas gestiones deberán ser notificadas a este Tribunal en el término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.


text:
      In re Miranda Gutiérrez.

      Número: TS-8092

      Resuelto: 13 de junio de 2013

      Manuel Ávila de Jesús, director interino de la Oficina de Inspección de Notarías.
   per curiam:

En este caso reafirmamos nuestro rechazo hacia la indiferencia de algunos abogados para con el cumplimiento de sus deberes como notarios y funcionarios de este Tribunal. Nuevamente nos encontramos ante la dejadez de un abogado en cumplir con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías.

I

El Ledo. Miguel E. Miranda Gutiérrez fue admitido al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1985 y de la notaría el 12 de septiembre de 1988.

En agosto de 2010 la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) llevó a cabo la inspección de la obra notarial del letrado. Esta consistía de los Protocolos del 2000 al 2009 y los Asientos 3507 al 5288 del Registro de Testimonios. Luego de múltiples suspensiones para la reinspección final de la obra, el notario fue citado para el 29 de junio de 2012. Una vez realizada la reunión final, ODIN notificó al licenciado el informe sobre las deficiencias en su obra notarial mediante correo certificado y carta de 9 de julio de 2012. El letrado no expresó objeciones o divergencias dentro del término dispuesto para ello.

A pesar de lo anterior, y a casi un año de notificadas las deficiencias, ODIN, por conducto de su Director, el Ledo. Manuel E. Avila De Jesús, nos informa que todas subsisten. ODIN destaca que se encuentran entre las deficiencias señaladas la falta de encuadernar los Protocolos del 2000 al 2009, la omisión de adherir y cancelar sellos de rentas internas ($6,143), el impuesto notarial ($104) y la Asistencia Legal $3.00 ($4,044), y la desaparición de la Escritura Número Doce de 2004 y de la Escritura Número Cinco de 2005.

Además de la dejadez en corregir las deficiencias señaladas, el licenciado Miranda Gutiérrez no compareció a la citación para la reinspección final de su obra, a pesar de haber sido debidamente notificado. El letrado ni siquiera se comunicó con ODIN para justificar su incomparecencia o coordinar una nueva fecha. ODIN recalcó que el licenciado Miranda Gutiérrez “ha desatendido todos los requerimientos de nuestra Oficina de Inspección de Notarías y no ha subsanado ninguno de los señalamientos de deficiencias realizados por la ODIN”. Moción informativa sobre estado de obra notarial, presentada por ODIN el 21 de marzo de 2013, pág. 2.

II

Constantemente este Tribunal se enfrenta a miembros de la clase togada que incumplen con nuestras órdenes y la de los organismos que poseen la tarea de investigar posibles violaciones a las normas que rigen la profesión.

Reiteradamente hemos recalcado que los abogados tienen como compromiso ineludible el responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal, de la Oficina del Procurador General y de ODIN. In re Arroyo Rivera, 182 DPR 732, 736 (2011); In re Montalvo Guzmán, 169 DPR 847, 849 (2007); In re Moreno Franco, 166 DPR 787, 793 (2006). Incluso, hemos advertido que “[l]a desatención de los abogados a comunicaciones relacionadas con investigaciones disciplinarias tiene el mismo efecto disruptivo de nuestra función reguladora de la profesión que cuando se atiende una orden emitida directamente por este Tribunal”. In re Ríos Acosta I, 143 DPR 128, 135 (1997). Igual conclusión procede cuando los abogados se muestran despreocupados hacia las comunicaciones de ODIN relacionadas con su función de velar por el buen ejercicio de la notaría. In re Montes Díaz, 184 DPR 90, 94 (2011); In re Torres Rodríguez, 163 DPR 144, 148 (2004). Es por ello que la inercia en atender y cooperar con los organismos que investigan los asuntos disciplinarios en coordinación con este Tribunal acarrea sanciones severas. Ello constituye por sí una falta al deber de los miembros de esta profesión. Véanse: In re Rivera Irizarry, 155 DPR 687, 695 (2001); In re Rodríguez Servera, 149 DPR 730, 733 (1999). Tal dejadez equivale a una conducta de falta de respeto a este Tribunal. Véanse: Canon 9 y 12 del Código de Etica Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Véase, además, In re Ríos Acosta I, supra, pág. 135. Una vez el abogado no cumple con los deberes que le impone la ley y el ordenamiento ético, incurre en conducta que conlleva una sanción disciplinaria. In re Piñeiro Vega, 188 DPR 77 (2013); In re Arroyo Rivera, supra; In re Montalvo Guzmán, supra, págs. 849-850.

Ill

El licenciado Miranda Gutiérrez ha incumplido reiteradamente con los procedimientos ante ODIN, lo que ha conllevado así múltiples suspensiones. Incluso, con su actitud y conducta ha impedido las funciones de ODIN al no corregir las deficiencias de su obra notarial, lo cual incluye la falta grave de ausencia de sellos de rentas internas y notariales. Tal conducta es reflejo de que el abogado abandonó su responsabilidad como miembro de esta profesión al desplegar una actitud de indiferencia ante su deber como notario. El comportamiento del togado, de por sí, constituye razón suficiente e independiente para que sea disciplinado severamente.

Procedemos a separar de forma inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y de la notaría al Ledo. Miguel E. Miranda Gutiérrez. Este deberá notificar a todos sus clientes su inhabilidad para continuar con su representación y deberá devolverles los expedientes de los casos pendientes, así como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos. Tiene, además, el deber de informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos, y la obligación de comunicarse con ODIN para subsanar cualquier deficiencia encontrada y reponer su deuda arancelaria en sellos. Se le advierte al licenciado Miranda Gutiérrez que el incumplimiento con lo anterior podrá conllevar el inicio de un procedimiento de desacato, así como que se refiera el asunto al Departamento de Justicia por la deuda arancelaria. Los procedimientos disciplinarios pendientes contra el licenciado Miranda Gutiérrez se mantendrán en su expediente. Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del Ledo. Miguel E. Miranda Gutiérrez y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe. Estas gestiones deberán certificarse a este Tribunal dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión per curiam y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta no intervino.


author: Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, a la cual se unieron los Jueces Asociados Señores Martínez Torres, Rivera García y Feliberti Cintrón. Juez Asociado Señor Estrella Martínez, a la cual se unen el Juez Presidente Señor Hernández Denton, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

text:
    Estado Libre Asociado de Puerto Rico, peticionario, v. Sixto Martínez Zayas, recurrido.

      Número: CC-2009-484

      Resuelto: 14 de junio de 2013

      Irene S. Soroeta Kodesh, procuradora general, Miriam Alvarez Archilla, Sylvia Roger Stefani, procuradoras generales auxiliares, Zaira Z. Girón Anadón y Leticia Casalduc Ra-bell, subprocuradoras generales, abogadas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, peticionario; Fermín L. Arraiza Navas, abogado del recurrido.
   SENTENCIA

Atendida la Petición de Certiorari, confirmamos la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco emitió una opinión de conformidad, a la cual se unieron los Jueces Asociados Señores Martínez Torres, Rivera García y Feliberti Cintrón. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió una opinión de conformidad, a la cual se unieron el Juez Presidente Señor Hernández Den-ton, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo concurrió con el resultado sin opinión escrita.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por la

Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, a la cual se unieron los Jueces Asociados Señores Martínez Torres, Rivera García y Feliberti Cintrón.

Estoy conforme con la Sentencia que antecede. En la situación en particular que tenemos ante nuestra consideración existe orna justa causa por la cual se excusa la notificación tardía que el Sr. Sixto Martínez Zayas (en adelante Sr. Martínez Zayas o el recurrido) realizó al Estado, según lo exige la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 (32 LPRA see. 3077 et seq.). Por ende, la reclamación en el caso de autos puede continuar su curso en el foro de instancia. Ahora bien, para llegar a ese resultado no es necesario que se tenga que confeccionar una nueva excepción a la Ley Núm. 104, supra. Según el texto estatutario y la clara intención legislativa, no hay razón por la cual los tribunales deban enfocarse en la “realidad del confinado” para determinar si existe justa causa para la notificación tardía al Estado. Para ello solo hay que analizar la conocida norma de que, si existen circunstancias procesales atenuantes que expliquen la tardanza del demandante en notificar, ese incumplimiento no es óbice para desestimar una reclamación contra el Estado, independientemente de la identidad del demandante o sus circunstancias personales. Véase Berríos Román v. E.L.A., 171 DPR 549 (2007). Por eso ni la “realidad del confinado” ni su “condición de confinado” son relevantes al momento de resolver estas controversias.

Por estar conforme con el resultado que se anuncia en la Sentencia que antecede, procedo a exponer algunos apuntes sobre esta conocida norma.

I

La inmunidad que por su propia naturaleza ostenta el ente estatal de Puerto Rico impide que sea demandado en sus tribunales sin su consentimiento. Porto Rico v. Rosaly y Castillo, 227 US 270 (1913); Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, 134 DPR 28 (1993). Precisamente a través de la Ley Núm. 104, supra, el Estado renunció parcialmente a su inmunidad, pero de manera condicionada. Una de las condiciones más conocidas, y la que atendemos en este caso, requiere que, previo a presentar una Demanda, el perjudicado debe notificar por escrito al Secretario de Justicia dentro de los noventa (90) días siguientes al momento cuando tuvo conocimiento de los daños sufridos. 32 LPRA sec. 3077(c).

A través del tiempo hemos interpretado este requisito y establecimos que este es “de cumplimiento estricto [y] que no alcanza el carácter de condición jurisdiccional”. Berríos Román v. E.L.A., supra, pág. 560. Por ende, como todo término de cumplimiento estricto, su cumplimiento puede ser tardío si media una justa causa. Véase Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012). Incluso existe jurisprudencia en la cual hemos eximido del cumplimiento del requisito de notificación a “situaciones en las que sus objetivos carecen de virtualidad y podrían conllevar una injusticia”. Berríos Román v. E.L.A., supra, pág. 560. No obstante, también hemos sido enfáticos en que ello no ha tenido el efecto de derogar el requisito estatutario y hemos reiterado su vigencia y validez. Id., pág. 562.

La llamada “tendencia liberalizadora” con la que este Tribunal manejó en un momento dado las interpretaciones del requisito de notificación de la Ley Núm. 104, supra, ha sido criticada en diversos foros. Por ejemplo, el profesor Álvarez González ha comentado lo siguiente:

El tratamiento jurisprudencial de este tema puede sintetizarse así: originalmente se aplicaba este requisito estrictamente a favor del Estado, pero paulatinamente se le ha ido quitando mucho del rigor a su interpretación. Inicialmente el Tribunal resolvió que, aunque no es de naturaleza jurisdiccional, este requisito sería de cumplimiento estricto, por lo que, entre otras cosas, hay que notificar al Secretario directamente y no basta que éste se entere por otros medios. Pero muy pronto el Tribunal comenzó a aplicar la excepción de “justa causa” con gran laxitud, con lo que el supuesto “cumplimiento estricto” parecía haberse convertido en un lema sin consecuencias. (Escolios omitidos). J. J. Álvarez González, Responsabilidad civil extracontractual, 77 Rev. Jur. UPR 603, 627 (2008).

Los días en que este Tribunal examinaba con detenimiento los hechos de un caso para encontrar razones por las que un demandante no tenía que notificar al Estado llegaron a su fin cuando decidimos el caso Berríos Román v. E.L.A., supra. En él repasamos la jurisprudencia en cuanto al requisito de notificación y enfáticamente “reiteramos que, como condición previa para presentar una demanda contra el Estado al amparo de la Ley Núm. 104, todo reclamante debe cumplir con el requisito de notificación”. íd., págs. 562-563. Por ende, “[s]ólo en aquellas circunstancias en las que por justa causa la exigencia de notificación desvirtúe los propósitos de la Ley Núm. 104, se podrá eximir al reclamante de notificar al Estado para evitar la aplicación extrema y desmedida de dicha exigencia”. Id., pág. 563.

II

En la Opinión de Conformidad que hoy emite el Juez Asociado Señor Estrella Martínez se propone que los tribunales deben enfocarse en la condición de confinado del recurrido para encontrar la justa causa para la notificación tardía que este realizó. Según este, "la realidad que presenta la situación de ser confinado debe tenerse en cuenta al determinar si existe justa causa para la falta de notificación al Estado”. Opinión de conformidad del Juez Asociado Señor Estrella Martínez, pág. 767. Difiero de ese raciocinio.

Como hemos visto, la condición individual de los confinados no es relevante para determinar si existe justa causa para la notificación tardía, ya que la Ley Núm. 104, supra, no contempla que sus disposiciones se apliquen de manera distinta a los ciudadanos de acuerdo con su realidad social. Debemos recordar que la Ley Núm. 104, supra, no es un estatuto ordinario, sino que se trata del mecanismo jurídico mediante el cual el Estado cedió parte de su inmunidad de manera condicionada. Los tribunales deben ser extremadamente cuidadosos al momento de analizar esas condiciones, ya que están involucrados asuntos constitucionales de alta jerarquía que van a la médula misma del sistema constitucional que conocemos.

Este caso era, pues, relativamente sencillo. De entrada, no estamos ante un caso en el que el demandante no notificó al Estado, sino que lo hizo de forma tardía. La justa causa para la tardanza del Sr. Martínez Zayas en la notificación al Estado se encuentra en los autos y es parte del análisis para llegar al resultado que se anuncia en la Sentencia del Tribunal. Veamos.

Según surge del expediente ante nos, la Administración de Corrección tuvo conocimiento de los hechos que generaron la Demanda del Sr. Martínez Zayas un (1) día después de ocurrido el alegado incidente. En el “Informe diario de noticias e incidentes significativos en la región” se detalla el asunto y se informa que está siendo investigado. Además, en un documento titulado “Incidente con confinado Sixto Martínez Zayas” se detalla la investigación interna realizada por la Administración de Corrección en la que se revela que se entrevistaron varias personas, incluyendo a dos (2) oficiales correccionales y a dos (2) confinados.

Esta documentación que consta en autos es suficiente para concluir que el Estado, a través de la Administración de Corrección, investigó el alegado incidente que generó la reclamación del Sr. Martínez Zayas desde muy temprano. De hecho, se entrevistaron testigos, se recopiló información y se realizó un Informe. Los propósitos que persigue la Ley Núm. 104, supra, se cumplieron, por lo que podemos concluir razonablemente que hay una justa causa por razones procesales para la notificación tardía.

Vemos, pues, que para llegar a esa conclusión no hace falta enfatizar la “realidad del confinado” o su “condición de confinado”. Sencillamente se trata de un ejercicio de razonabilidad, en el cual los tribunales deben analizar si existe una razón que amerita reconocerse como suficiente para explicar las razones por las cuales la notificación a tenor de la Ley Núm. 104, supra, se realizó de forma tardía. Para ello es innecesario confeccionar irnos estándares complejos que incluyan una amalgama de consideraciones que haría más difícil la labor de los tribunales de instancia al considerar casos como este. Debe recordarse que, en ocasiones, un análisis sencillo nos acerca más a lo justo que uno denso y amorfo.

III

La simplicidad en las normas legales en muchas ocasiones es una virtud. Este caso presentaba una controversia sencilla que fue resuelta de manera simple y sin confeccionar por fíat judicial una nueva excepción a la Ley Núm. 104, supra. Ya que en este caso existe una justa causa para la notificación tardía que realizó el Sr. Martínez Zayas, estoy conforme con la Sentencia que confirma la determinación del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal de Primera Instancia.

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Señor Estrella Martínez, a la cual se unen el Juez Presidente Señor Hernández Denton, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Estoy conforme con la determinación de este Tribunal de confirmar el dictamen del Tribunal de Apelaciones, el cual decidió no intervenir con el criterio del foro de instancia de reconocer una justa causa en el caso de epígrafe. Debido a la situación particular que enfrentan los confinados, considero preciso expresarme en torno al requisito de notificación previa de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 (Ley Núm. 104), según enmendada, 32 LPRA see. 3077 et seq., y su aplicabilidad en los casos de confinados que ins-tan causas de acción contra el Estado.

I

El 14 de septiembre de 2006 el Sr. Sixto Martínez Zayas presentó una demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Estado), el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, tres oficiales de custodia de nombres desconocidos y dos funcionarios de la institución penal donde se encontraba recluido. La reclamación estaba basada en alegados hechos ocurridos el 29 de marzo de 2005, fecha cuando el señor Martínez Zayas era miembro de la población correccional y estaba bajo la custodia legal y física de la Administración de Corrección, en el Complejo Correccional de Guayama. El señor Martínez Zayas alegó en su demanda que a eso de las 3:00 a. m., mientras dormía en su celda, sintió unos fuertes golpes en su rostro. Sostuvo que se percató que éstos eran causados por una bota de tipo militar de uno de los oficiales de custodia. Argüyó que había otros dos oficiales de custodia, quienes junto al primero, comenzaron a golpearlo con los rótenes en el cuerpo, la cabeza y la espalda. Alegó que padecía de epilepsia y que los golpes produjeron que comenzara a convulsionar. De igual forma, sostuvo que las convulsiones fueron incrementando luego del incidente. Argüyó que después de la golpiza los oficiales lo dejaron abandonado en su celda y aplazaron la atención médica. No fue hasta las 6:00 a. m. que la enfermera encargada se percató de su condición y lo refirió al área de emergencias médicas de la institución para recibir atención. Una vez evaluado, fue referido al Centro Médico de Río Piedras.

En su demanda, argüyó que el Secretario del Departamento de Corrección y sus subalternos habían faltado a su deber de supervisar a los codemandados oficiales de custodia. También señaló que el sargento, el comandante y el teniente fueron informados de los hechos y no le ayudaron.

El emplazamiento al Estado fue realizado a través del Secretario de Justicia el 14 de septiembre de 2006, el mismo día de presentada la demanda. El resto de los emplazamientos se llevaron a cabo el 18 y 19 de septiembre del mismo año. Sin embargo, anteriormente, el 28 de noviembre de 2005, el representante legal del señor Martínez Zayas envió una carta al Secretario de Justicia en la que informó los hechos acontecidos y la reclamación en daños y perjuicios. Además, señaló que el señor Martínez Zayas estaba bajo la custodia física y legal de la Administración de Corrección. En esta misiva se informó al Estado sobre la existencia de la reclamación contra la Administración de Corrección y los oficiales de custodia. Específicamente, la carta señaló que el motivo de ésta era cumplir con el Art. 2A de la Ley Núm. 104, supra, 32 LPRA sec. 3077a.

El 17 de octubre de 2007 los demandados presentaron una moción para la desestimación de la demanda presentada por el señor Martínez Zayas por no haberse cumplido con la notificación que requiere la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado dentro del término establecido para ella.

En respuesta a la solicitud presentada, el señor Martínez Zayas presentó una moción en oposición. Señaló que el Estado fue notificado en todo momento de los hechos de la presente reclamación. Asimismo, sostuvo que él siempre estuvo bajo su custodia y eran los propios demandados quienes custodiaban sus expedientes médicos y administrativos. Argüyó que los demandados han conocido en todo momento los detalles de su condición médica. Señaló que cumplió el propósito de la notificación previa en su totalidad de acuerdo con los hechos y circunstancias de este caso. En consecuencia, sostuvo que la notificación se convertía en un mero formalismo que en nada hubiese cambiado las gestiones que hizo o dejó de hacer el Estado. Señaló, además, que la tardanza para notificar de forma extrajudicial era justificada. Por último, argüyó que no había probabilidad de que la prueba objetiva pudiera desaparecer.

La parte demandada presentó una réplica a la oposición en la que adujo que el señor Martínez Zayas no demostró justa causa para la tardanza en notificar. El Estado sostuvo que el señor Martínez Zayas no mostró circunstancias excepcionales que justifiquen eximirlo de notificar al Estado. En específico, el Gobierno adujo que las desventajas frente a cualquier ciudadano que presenta el señor Martínez Zayas por su condición de confinado no constituyen razón justificada para incumplir con el requisito de notificación.

El 22 de enero de 2009 el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución en la cual declaró “no ha lugar” la solicitud de desestimación. El foro primario señaló que, dada la totalidad de las circunstancias y tratándose de un incidente que ocurrió dentro de una institución carcelaria controlada por el Estado, la demora en la notificación no resultó perjudicial y no justifica la desestimación de la demanda.

Inconforme, la parte demandada presentó una solicitud de reconsideración. Esta fue declarada “no ha lugar” el 12 de marzo de 2009. Nuevamente inconforme, el Estado presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. En éste señaló que el Tribunal de Primera Instancia erró al no desestimar el recurso, a pesar de que el señor Martínez Zayas no realizó una notificación dentro del término de 90 días. El foro apelativo intérmedio emitió una sentencia el 13 de abril de 2009, notificada el 16 de abril de 2009, en la cual denegó el recurso.

En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones distinguió la situación ante nos —cuando el demandante notifica fuera del término, pero antes de instar la demanda— de aquella en la cual el demandante omite notificar. El foro apelativo intermedio fimdamentó su dictamen en que “no requiere mucho análisis reconocer que un confinado está ampliamente limitado en su movilidad física como para requerir igual diligencia en un trámite legal que un ciudadano en la libre comunidad”. Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 13 de abril de 2009, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 2. El foro apelativo intermedio sostuvo que era poco probable que el Estado haya quedado en una situación de indefensión por la notificación tardía de este caso. Por estas razones, el Tribunal de Apelaciones decidió no intervenir con el criterio del foro de instancia de reconocer justa causa. En desacuerdo con esta determinación, el Estado presentó una moción de reconsideración ante el foro apelativo intermedio, la cual fue declarada “no ha lugar” mediante raía resolución notificada el 11 de mayo de 2009.

Nuevamente inconforme, el 10 de jimio de 2010 el Estado presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal, en el cual señaló que el demandante no ofreció razón o justa causa para no cumplir con el requisito de notificación. En su recurso, el Gobierno sostuvo que según la jurisprudencia de este Tribunal los dos únicos supuestos que podrán mover la discreción de un tribunal lo son la incapacidad física o mental para notificar y el desconocimiento del daño sufrido. Además, adujo que la sentencia del Tribunal de Apelaciones reconoció como justa causa la naturaleza misma del confinamiento y el ambiente dentro del cual el señor Martínez Zayas se encuentra.

El 18 de febrero de 2010 expedimos. Le concedimos un término a la parte peticionaria para que presentara su alegato. La parte peticionaria nos solicitó que tomáramos su recurso de certiorari como su alegato, a tenor con la Regla 33(k) de este Tribunal, 4 LPRAAp. XXI-B. Declaramos dicha moción “con lugar”. Por su parte, el recurrido presentó su alegato. En éste señala que la única opción disponible para notificar era en cualquier otra forma fehaciente reconocida en derecho, dado que no puede usar correo certificado en la institución correccional y, mucho me-nos, efectuar una notificación personal. Sostiene que cumplió con dicho requerimiento al utilizar el trámite administrativo. Sin embargo, alega que esta documentación nunca fue descubierta por el Estado ni incluida en el apéndice de su petición de certiorari. Señala, además, que debe eximírsele del requisito de notificación debido a que este carece de vitalidad y propósito en este caso. Sostiene que el requisito de notificación en estos casos es un rigorismo desmedido.

El señor Martínez Zayas también plantea el derecho de los confinados a tener acceso a los tribunales. Sostiene que los tribunales deben desarrollar métodos para facilitar el acceso a sectores de la sociedad que, por circunstancias particulares, enfrentan múltiples obstáculos para acudir al sistema judicial, circunstancias tales como la pobreza, la marginación, la falta de instrucción y el confinamiento. Alegato de la parte recurrida, pág. 12. Expresa que los obstáculos que enfrentan los confinados para lograr un acceso efectivo a los tribunales ameritan resolver este caso en sus méritos, y así cumplir con los fines de la justicia.

II

La doctrina de inmunidad del soberano impide que se insten reclamaciones judiciales contra el Estado sin su consentimiento. Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, 134 DPR 28 (1993). Mediante la Ley Núm. 104, supra, el Estado renunció parcialmente a su inmunidad soberana al autorizar la presentación de demandas en su contra en determinadas circunstancias. Este consentimiento está condicionado por una serie de restricciones, limitaciones y salvaguardas procesales que rigen la forma en la cual un perjudicado podrá reclamar indemnización del soberano. Berríos Román v. E.L.A., 171 DPR 549, 556 (2007). Entre estas limitaciones se encuentra el requisito de notificación al Secretario de Justicia como condición previa a presentar una demanda contra el Estado. Este requisito tiene su génesis en el Proyecto de la Cámara 492 de 1966, el cual posteriormente fue aprobado y se convirtió en la Ley Núm. 121 de 24 de junio de 1966, enmendando así la Ley Núm. 104, supra. Véase el P. de la C. 492 de 24 de junio de 1966, 5ta Asamblea Legislativa.

Específicamente, el requisito procesal impuesto en el Art. 2A de la Ley Núm. 104, supra, establece que toda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por daños a la persona o a la propiedad, causados por culpa o negligencia del Estado, deberá presentar al Secretario de Justicia una notificación escrita en la que haga constar la fecha, el sitio, la causa y la naturaleza general del daño sufrido, los nombres y las direcciones de sus testigos, y la dirección del reclamante, así como el sitio donde recibió tratamiento médico en primera instancia. 32 LPRA sec. 3077a(a).

La Ley Núm. 104, supra, requiere que la mencionada notificación al Estado se realice dentro de los 90 días de la fecha cuando el reclamante tuvo conocimiento del daño. Acerca de la forma como debe realizarse la notificación, la referida disposición legal establece que deberá entregarse “al Secretario de Justicia remitiéndola por correo certificado, o por diligenciamiento personal, o en cualquier otra forma fehaciente reconocida en derecho”. Art. 2A de la Ley Núm. 104, supra, 32 LPRA sec. 3077a(b).

Al referirnos a la naturaleza del requisito de notificación al Estado, hemos reiterado que es de cumplimiento estricto y no jurisdiccional. Berríos Román v. E.L.A., supra, pág. 560; Romero Arroyo v. E.L.A., 127 DPR 724, 735 (1991); Figueroa v. E.L.A., 113 DPR 327, 331 (1982); Cortés Román v. E.L.A., 106 DPR 504, 514 (1977); Loperena Irrizarry v. E.L.A., 106 DPR 357, 359 (1977); Esta calificación libera al Tribunal de un automatismo. Loperena Irizarry v. E.L.A., supra, pág. 360. A su vez, permite que el juzgador pueda “conocer del caso y proveer justicia según lo ameriten las circunstancias”. íd. El inciso (e) del citado Art. 2 de la ley dispone que no podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra el Estado por daños causados por su culpa o negligencia si no se ha efectuado la notificación por escrito. Sin embargo, este requisito podrá ser eximido cuando haya mediado justa causa para ello. 32 LPRA see. 3077a(e). De esta manera, la limitación al derecho a demandar cede cuando existe justa causa.

Además de estas instancias, la ley reconoce unas extensiones al periodo para notificar. Así, cuando se trata de menores o de personas sujetas a tutela, el requisito lo debe de cumplir su tutor o la persona que ostenta la patria potestad. 32 LPRA sec. 3077a(d). Esto no priva a que el tutelado o custodiado realice la notificación por iniciativa propia. íd. De igual forma, el estatuto establece una extensión del periodo de notificación en los casos de personas mental o físicamente imposibilitadas. 32 LPRA see. 3077a(c). La persona imposibilitada deberá cumplir con el requisito de notificación dentro de los 30 días siguientes al cese de su imposibilidad. Id.

Según surge del Diario de Sesiones del Proyecto de la Cámara 492, la razón que motivó el fijar un término para notificar al Secretario de Justicia fue la siguiente:

En muchos casos y por diversas razones, las acciones se radican cuando ya está [por] finalizar el término y ocurre que el Estado, por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los alegados daños, se encuentra con problemas de falta de información o información deficiente en cuanto a los hechos y a[u]n con la circunstancia de la reorganización de una agencia o dependencia como resultado de lo cual se han extraviado los récords [sic] que hacen referencia al accidente u origen de los daños, así como con el movimiento de testigos presenciales, cuyo paradero se ignora al momento en que se notifica de la acción, todo ello en perjuicio de la oportunidad amplia que debe tener el Estado para hacer las alegaciones correspondientes y establecer las defensas en estos casos. 20 (Núm. 67) Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Cámara), T. 2, pág. 845 (1966).

El requisito de notificación procura que el Gobierno esté avisado de que ha surgido una probable causa de acción por daños en su contra para que así pueda investigar prontamente. Berríos Román v. E.L.A., supra, pág. 559; Rivera de Vincenti v. E.L.A., 108 DPR 64, 69 (1978). De esta manera, el Gobierno puede activar sus recursos antes de que desaparezcan los testigos y las pruebas objetivas. Rivera de Vincenti v. E.L.A., supra.

Entre los propósitos que persigue este requisito de notificación previa al Estado se encuentran: (1) proporcionar a los cuerpos políticos la oportunidad de investigar los hechos que dan origen a la reclamación; (2) desalentar las reclamaciones infundadas; (3) propiciar un pronto arreglo de estas reclamaciones; (4) permitir la inspección inmediata del lugar del accidente antes de que ocurran cambios; (5) descubrir los nombres de personas que tienen conocimiento de los hechos y entrevistarlos mientras su recuerdo es más confiable; (6) advertir a las autoridades de la existencia de la reclamación para que provea la reserva necesaria; (7) mitigar el importe de los daños sufridos mediante la intervención oportuna, ofreciendo atención médica adecuada y proporcionando facilidades para hospitalizar al perjudicado. Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740, 755 (1992); Mangual v. Tribunal Superior, 88 DPR 491, 494 (1963).

El tratamiento jurisprudencial que hemos brindado al requisito de notificación refleja una trayectoria liberalizadora. “En aras de hacer justicia y de imprimirle vitalidad al propósito rector de nuestra Asamblea Legislativa, al adoptar el requisito de notificación, nos hemos negado a aplicarlo de forma inexorable [y] ‘sin sentido crítico’ [...] a situaciones en las que sus objetivos carecen de virtualidad y podrían conllevar una injusticia”. Berríos Román v. E.L.A., supra, pág. 560. Véase Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 DPR 618, 629 (1985).

Como parte de esta tendencia, hemos reconocido instancias donde el requisito de notificación previa no es necesario debido a las circunstancias particulares enfrentadas. Así, no aplica inexorablemente el requisito de notificación previa en los casos donde el riesgo de que desaparezca la prueba objetiva es mínimo, donde hay constancia efectiva de la identidad de los testigos y donde el Estado puede fácilmente investigar y corroborar los hechos alegados en la demanda que se presente. Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 DPR 811, 815 (1983). Ello debido a que en esas circunstancias la disposición no tiene razón de ser. Id.

También hemos eximido del requisito en circunstancias tales como: cuando la acción se trae directamente contra la aseguradora en virtud de una póliza de seguro que cubre la responsabilidad del Estado, Cortés Román v. E.L.A., supra, y si el peijudicado demanda y emplaza dentro del término establecido por la ley para la notificación, Passalacqua v. Mun. de San Juan, supra; Zambrana Maldonado v. E.L.A, supra. De igual forma, hemos excusado el cumplimiento del requisito cuando el funcionario a quien se debe dirigir la notificación es demandado en daños. Romero Arroyo v. E.L.A., supra. Véase, además, Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853 (2000).

Varias de estas determinaciones las hemos hecho a la luz del principio de hermenéutica jurídica que establece que las condiciones limitativas del derecho de las personas a solicitar reparación deben interpretarse restrictivamente. Véanse: Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra, pág. 756; Flores Román v. Ramos González, 127 DPR 601, 606 (1990); Vázquez Negrón v. E.L.A., 109 DPR 19, 25 (1979); Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, 96 DPR 175, 179 (1968).

Recientemente, en Berríos Román v. E.L.A., supra, examinamos el requisito de justa causa que exime al reclamante de cumplir con la notificación al Estado. En esa ocasión, reiteramos el requisito de que todo reclamante debe notificar al Estado antes de presentar una demanda al amparo de la Ley Núm. 104, supra. Esto, luego de haber reconocido la tendencia liberalizadora en cuanto al cumplimiento del mencionado requisito. Afirmamos la validez del requisito de notificación y sostuvimos que solamente podrá eximirse en circunstancias en las que exista justa causa, debido a que la exigencia de la notificación desvirtúa los propósitos de la Ley Núm. 104, supra. Id. Así logramos evitar la aplicación extrema y desmedida del requisito y se aplica en circunstancias apropiadas. J.J. Álvarez González, Responsabilidad civil extracontractual, 77 Rev. Jur. UPR 603, 627 (2008).

Examinada la jurisprudencia pertinente, estamos en posición para atender el asunto que presenta el caso ante nos acerca del requisito de notificación previa exigido en la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104, supra, y su aplicación en los casos de confinados.

III

En el pasado hemos expresado que el requisito de notificación presupone una persona hábil para hacerla. Véase Mangual v. Tribunal Superior, supra, pág. 497. Por esta razón, en los casos de menores, el inciso (d) provee para que el padre o la madre que ejerza la patria potestad supla la falta de capacidad de éstos. 32 LPRA sec. 3077a(d). Igual ocurre en personas sujetas a la tutela. Id.

De este mismo principio, que reconoce que el requisito de notificación implica que la persona a a quien se le requiere notificar debe ser capaz de realizar la notificación, surge que la Ley Núm. 104, supra, permita que las personas física o mentalmente imposibilitadas para cumplir con el requisito puedan efectuar la notificación dentro de los 30 días siguientes al cese de su imposibilidad. 32 LPRA see. 3077a(c). Claramente el estatuto provee para situaciones en las cuales una persona desea instar una acción contra el Estado, sin embargo, una imposibilidad física o mental lo limita a realizar la notificación previa que requiere la ley. En estas circunstancias, se exime del requisito mientras perdura la imposibilidad. Una vez ésta finaliza, la persona tiene 30 días para cumplir con el requisito. Id.

En la situación particular de los miembros de la población correccional, el Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene su custodia. Al estar éstos sujetos a la custodia del Estado, soy del criterio que deben tomarse en consideración las circunstancias particulares de las instituciones penales y procurar mantener justicia en cuanto a los requisitos que se imponen a los confinados. Ciertamente, los confinados no poseen las mismas oportunidades ni los mismos recursos para cumplir con el requisito de notificación de la Ley Núm. 104, supra. Veamos.

La posibilidad de los confinados de realizar la notificación requerida por el estatuto no es igual a la de los ciudadanos en la libre comunidad. Los miembros de la población correccional deben enfrentar una limitación de movilidad física, la cual afecta su habilidad para cumplir con el requisito de notificación. Además, existen estrictas medidas de seguridad que afectan todas las operaciones que se realizan en las instituciones carcelarias, incluyendo los servicios de correspondencia de los miembros de la población correccional.

Como mencionamos, la Ley Núm. 104, supra, establece las formas como la notificación podrá realizarse. Señala específicamente en su Art. 2A, supra, que deberá realizarse mediante correo certificado, mediante diligenciamiento personal o en cualquier otra forma fehaciente reconocida en derecho. Por su parte, el Reglamento de Normas para Regir la Correspondencia de los Miembros de la Población Correccional en Instituciones Correccionales y Programas de la Administración de Corrección, Reglamento Núm. 7594 de 24 de octubre de 2008 (Reglamento Núm. 7594), el cual aplica a todos los miembros de la población correccional, establece las normas y los procedimientos de la correspondencia en las instituciones correccionales bajo la jurisdicción del Departamento de Corrección y Rehabilitación, y de la Administración de Corrección. Este Reglamento establece que “[n]o se permitirá el envío de correspondencia certificada a miembros de la población correccional”. Reglamento Núm. 7594, supra, Art. V(9), pág. 7. Las estrictas medidas y las limitaciones en los procesos de correspondencia tienen la posibilidad de causar un retraso en la tramitación de correspondencia de los confinados en comparación con los procesos que tiene a su disposición una persona en la libre comunidad. En consecuencia, la oportuna notificación de acciones contra el Estado por parte de confinados en muchas ocasiones se ve quebrantada.

Las herramientas limitadas que poseen los confinados nos llevan a sostener que su capacidad y habilidad para realizar la notificación no deben considerarse igual a la de cualquier persona en la libre comunidad. Sería intrínsecamente injusto considerar que los miembros de la población correccional poseen la misma habilidad de un ciudadano en la libre comunidad para cumplir con el requisito de notificación previa que es requerido por la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado.

Hemos sido enfáticos en sostener que, al analizar una disposición legal y aplicarla a una situación en particular, es importante tener en consideración el problema que pretende solucionar. Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra, pág. 749; Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 DPR 404, 409 (1988). De esta forma cumplimos con el propósito que debe tener toda norma legal: el perseguir propósitos útiles. Id. Considero que la realidad que presenta la situación de ser confinado debe tenerse en cuenta al determinar si existe justa causa para la falta de notificación al Estado. Sin embargo, el solo hecho de ser confinado no podría ser de por sí suficiente motivo para eximir del requisito o que pueda ser considerado como una dispensa para su cumplimiento. La norma que sostenemos no es una exención automática del requisito que impone la Ley Núm. 104, supra. Por el contrario, las circunstancias particulares de las instituciones penales y que los confinados no poseen los mismos recursos para cumplir con el requisito de notificación previa, deben considerarse junto con la totalidad de las circunstancias y con el objetivo que persigue la notificación requerida. Así se alcanzan los propósitos para los cuales fue impuesto el requisito.

Tal como hemos discutido, este Tribunal ha reconocido que existen circunstancias en las cuales el requisito de notificación al Estado dispuesto en la Ley Núm. 104, supra, no es de riguroso cumplimiento. En ese sentido, este Tribunal ha eximido del requisito cuando existe justa causa para ello, debido a que exigir el cumplimiento con la notificación no alcanza, en una situación particular, los propósitos perseguidos por el Art. 2A de la Ley Núm. 104, supra. Por ello, cuando ya se alcanzaron los objetivos de la notificación, hemos reconocido justa causa para eximir del requisito de notificación previa que dispone la Ley Núm. 104, supra, ya que exigir su cumplimiento constituye un mero formalismo carente de propósito.

En el caso de los confinados, el control estricto que mantiene una institución penal hace poco probable que el Estado quede en una situación de indefensión por la notificación tardía, debido a que los procesos ante la Administración de Corrección requieren que se recopile información de los incidentes ocurridos. La investigación que realiza la Administración de Corrección a raíz de un incidente podría tener el efecto de notificación oportuna a estos fines. Según estas circunstancias, la exigencia de una posterior notificación no tiene fines prácticos. Esto, junto con la realidad acerca de la imposibilidad del confinado de cumplir con el requisito de la notificación de igual forma que una persona en la libre comunidad, nos lleva a no aplicar el requisito con rigurosidad desmedida.

Exigirles que notifiquen dentro de este término, cuando ya se ha realizado la notificación a la administración o cuando ya ha comenzado el proceso investigativo sería impráctico si se cumplieron los propósitos del estatuto. Más aún, trasladaría una “controversia justiciable a los predios de lo académico y ficticio”. Passalacqua v. Mun. de San Juan, supra, págs. 631-632. Véase Rivera de Vincenti v. E.L.A., supra, pág. 70.

Cuando el confinado que desea presentar una causa de acción contra el Estado no se ha quedado cruzado de brazos y, dentro del término para realizar la notificación, presenta una solicitud de remedios ante la Administración de Corrección, o cuando esta agencia realiza una investigación de un incidente que luego da base a la posible causa de acción, los objetivos de la notificación podrían verse atendidos. Ello, pues, el Estado tendría acceso pleno a la información y a los testigos necesarios para evitar quedar en un estado de indefensión ante una potencial causa de acción.

En consecuencia, soy del criterio que en casos de reclamaciones por daños y perjuicios presuntamente causados por la culpa o negligencia del Estado por sucesos ocurridos en la misma institución de la Administración de Corrección que custodia al confinado demandante, puede considerarse que existe justa causa para eximir de la observancia de la notificación que requiere la Ley Núm. 104, supra, si, dentro del término que requiere la ley para hacer la notificación previa al soberano, se le informa esencialmente a dicho componente del Estado la misma información que debía constar en la notificación.

En estas situaciones, para eximir del cumplimiento con el requisito de notificación por justa causa debería evaluarse la naturaleza de la reclamación y su relación con la investigación realizada. Ello para examinar si la prueba pertinente a los fines de la reclamación pudo ser descubierta. De igual forma, deberían examinarse las circunstancias que hemos considerado como eximentes, tales como la ausencia de riesgo de que desaparezca la prueba objetiva, la existencia de constancia efectiva de la identidad de los testigos y si el Estado puede fácilmente investigar y corroborar los hechos alegados en la demanda que se presente.

Además, al igual que en los demás casos según este articulado, debería evaluarse si los propósitos de la notificación fueron cumplidos; si los cuerpos políticos han tenido la oportunidad de investigar los hechos que dan origen a la reclamación; si se ha permitido la inspección inmediata del lugar del accidente antes que ocurran cambios; si se han podido descubrir los nombres de las personas con conocimiento de los hechos y si ha habido la oportunidad de entrevistarlos mientras su recuerdo es más confiable, y si tuvieron la oportunidad de mitigar el importe de los daños sufridos mediante la oportuna intervención, al ofrecer atención médica adecuada y facilitar la hospitalización del perjudicado. Concluyo lo anterior luego de realizar un balance entre las imposibilidades que presentan los confinados de poder cumplir con este requisito y los objetivos que son perseguidos con el mismo.

rv

En el caso de epígrafe, el señor Martínez Zayas presentó una demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por alegados hechos ocurridos el 29 de marzo de 2005 en el Complejo Correccional de Guayama, donde se encontraba confinado. Alegó que fue víctima de una agresión de manos de los propios agentes de custodia.

El 28 de noviembre de 2005 el representante legal del señor Martínez Zayas envió una carta al Secretario de Justicia en la que señaló que el señor Martínez Zayas estaba bajo la custodia física y legal de la Administración de Corrección, y le detalló los hechos acontecidos y la reclamación en daños y perjuicios. El emplazamiento al Estado fue realizado a través del Secretario de Justicia el 14 de septiembre de 2006. El Estado solicitó la desestimación de la demanda, ya que alegó que el señor Martínez Zayas no había cumplido con la notificación que requiere la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado dentro del término de 90 días establecido. El Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones concluyeron que las circunstancias de este caso ameritaban reconocer justa causa por la tardanza en la notificación. Sin embargo, el Estado nos señala en su recurso de certiorari que no se demostró justa causa para cumplir con el requisito de notificación tardíamente.

Al ser el señor Martínez Zayas miembro de la población correccional y ocurrir un incidente en el que se alegan actuaciones del Estado mientras el confinado estaba bajo su custodia, el Estado tenía los medios para corroborar e investigar fácilmente los planteamientos, y así lo ha hecho en este caso. La Administración de Corrección tenía conocimiento de la fecha, del sitio, de la causa, de la naturaleza del daño alegado y de los nombres y las direcciones de los testigos desde, al menos, el día siguiente que ocurrieron los alegados hechos.

Del expediente surge un escrito titulado “Informe diario de noticias e incidentes significativos en la región”, en el cual se describe la situación alegada y se indica que el asunto fue sometido para una investigación posterior. Apéndice de la Petición de certiorari, Anejo 3, pág. 4. Surge también del expediente un informe del 30 de marzo de 2005, dirigido al Subdirector Regional de la institución, en el cual el comandante relata el incidente del 29 de marzo de 2005 que dio base a la presentación de la causa de acción. Apéndice de la Petición de certiorari, Anejo 1, págs. 1-2. En este escrito relató una entrevista que le realizó al señor Martínez Zayas antes de que éste fuera referido a Centro Médico. íd. Expresó en esta carta que entrevistó al supervisor de turno y a los oficiales. Id. También señaló que entrevistó a los confinados ubicados en la misma sección del señor Martínez Zayas y que posteriormente presentó una querella. íd. Además, expresó en dicha misiva que se ordenó a un agente que finalizara la investigación con el señor Martínez Zayas. Id.

El informe descrito fue precisamente del incidente en el que se basa la causa de acción instada, por lo que la prueba descubierta guardaba total relación con la causa de acción. Según surge del expediente, en el caso ante nuestra consideración los informes realizados dieron la oportunidad de investigar los hechos que dan origen a la reclamación. En este caso estamos ante una situación donde existe constancia efectiva de la identidad de los testigos y que el Estado podía investigar con facilidad los hechos, ya que surgen del informe. El Estado tuvo la oportunidad de realizar una inspección inmediata del lugar del incidente antes de que ocurrieran cambios; hubo oportunidad de descubrir los nombres de personas que tenían conocimiento de los hechos y fueron entrevistados mientras su recuerdo era más confiable. Además, hubo amplia oportunidad de mitigar el importe de los daños sufridos mediante la atención médica adecuada, más aún cuando el confinado estaba bajo su custodia y la Administración de Corrección tiene el control sobre la atención médica que recibe este confinado. Además, en este caso se presenta el agravante de que fueron los propios agentes quienes presuntamente infringieron daño corporal al confinado. Los hechos ocurrieron en urna dependencia gubernamental y los alegados causantes de los daños son precisamente funcionarios del Estado, quienes custodian al demandante.

Como vemos, el Estado, a través de la Administración de Corrección, tuvo conocimiento del incidente y recopiló evidencia. El objetivo de la notificación ya se cumplió. En estas circunstancias, la falta de notificación en el término dispuesto es una con justa causa debido a la realidad del confinado. Debe considerarse que, habiéndose cumplido los propósitos de la notificación, la falta de ésta no afecta el derecho del demandado, ya que las finalidades del articulado fueron cumplidas dentro del término.

Notoriamente, esto es una circunstancia en la cual los objetivos perseguidos por la Ley Núm. 104, supra, carecen de virtualidad y su exigencia estricta podría conllevar una injusticia. Berríos Román v. E.L.A., supra, pág. 560; Passalacqua v. Mun. de San Juan, supra, pág. 629. La futilidad de exigir el cumplimiento del requisito en situaciones como las del caso de marras, sumado a consideraciones referentes al principio de igualdad de acceso a la justicia, hacen que el requisito de notificación previa pueda eximirse. Debido a que sería una grave injustica privarle de su reclamación, debe excusarse su cumplimiento. Rodríguez Sosa v. Cervecería India, 106 DPR 479, 485 (1977).

En vista de lo anteriormente expuesto, existe justa causa para eximir del requisito de notificación de la Ley Núm. 104, supra, en el término dispuesto.

V

Por todo lo antes expuesto, estoy conforme con la determinación que emite hoy este Tribunal, mediante la cual confirma la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

       Al analizar nuestra decisión en ese caso, el profesor Álvarez González comenta que “[e]ste caso demuestra que, como una vez sentenció Mark Twain de forma autobiográfica, los informes sobre la muerte del requisito de notificación eran muy exagerados.El abogado competente siempre cumplirá con este requisito y sólo se refugiará en la excepción de ‘justa causa’ cuando el cliente le llegue tarde o provenga de la oficina de un abogado menos competente”. (Escolio omitido). J.J. Álvarez González, Responsabilidad civil extracontractual, 77 Rev. Jur. UPR 603, 628 (2008).

       Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 4.

       íd., págs. 1-2.

       Posteriormente, el señor Martínez Zayas presentó ante nos una moción para que desestimemos la petición de certiorari. El 15 de octubre de 2010 la declaramos “no ha lugar”.

        En Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 DPR 811 (1983) —un caso de impericia médica contra el Estado— los expedientes médicos estaban en posesión del Estado e incluían la información médica del peijudicado recopilada durante su tratamiento en hospitales pertenecientes al Gobierno. Al estar en manos del Estado, dicha prueba no corría riesgo de desaparecer, por lo que no aplicamos de forma inexorable el requisito de notificación previa.

       En el caso Méndez et al. v. Alcalde de Aguadilla, 151 DPR 853 (2000), ocupándonos de la aplicación de la Ley de Municipios Autónomos, la cual tiene un requisito de notificación análogo a la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, eximimos del cumplimiento con el requisito de notificación debido a que los actos fueron efectuados por el funcionario a quien se debía dirigir la notificación. Esta norma ya había sido establecida en Romero Arroyo v. E.L.A., 127 DPR 724 (1991), para los casos bajo la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, 32 LPRA sec. 3077 et seq.