author: El Juez Presidente Sr. del Tobo,

text:
    González, Demandante y Apelante, v. The Fajardo Development Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2475.
    Resuelto en marzo 9, 1922.
    Daños t Perjuicios — Employer’s Liability Act — Comercio entre Estados — Negligencia de Porteadores Públicos. — La ley federal sobre responsabili-dad de patronos, conoeida por "Employer’s Liability Aet,” es de aplicación en Puerto Rico a un caso de daños y perjuicios originado en marzo 16, 1913 a virtud de la muerte de un empleado de ferrocarril público a causa de la negligencia de una corporación ferrocarrilera, aun cuando el perjudicado ni la corporación realizaran actos de comercio entre Estados al ocurrir el ac-cidente.
    Id. — Responsabilidad del Patrono — Deber del Empleado. — El hecho de que un guarda-agujas que estaba dando salida a un tren de vagones abandone su puesto y huya al ver que uno de ellos se había descarrilado y en la huida fuera alcanzado y muerto por el vagón descarrilado, no es motivo para de-cidir que la víctima no estaba en el cumplimiento de sus deberes al ocurrir el accidente.
    Id. — Negligencia Oontributoria. — Un empleado, ya sea menor o adulto, que sin culpa por su parte se ve colocado por su patrono en situación de peligro, no es responsable de negligencia oontributoria por el hecho de no decidir rá-pidamente y actuar en la forma más sabia para escapar del peligro que ie amenazaba.
    Id. — Filiación—Derecho del Padre a Reclamar por la Muerte de su Hijo a causa de Negligencia.- — Evidencia de la existencia de un pleito de filiación entablado por una supuesta hija natural de la persona que falleció a conse-cuencia de la negligencia de la demandada, y de otro pleito en que aquélla reclama daños y perjuicios de ésta a causa de la muerte del supuesto padre, terminados ambos pleitos por sentencias firmes declarando desistidas las de-mandas, no puede privar al padre legítimo de la víctima de su dereeho a reclamar daños y perjuicios por la muerte de su hijo.
    Id. — Parte Demandante — Prueba de su Personalidad. — La declaración no con-tradicha del padre demandante en cuanto a que la víctima era su hijo legí-timo, y la certificación del matrimonio del padre con la madre de su hijo, prueban suficientemente su dereeho a establecer este pleito, sin que sea ne-cesario presentar la certificación del nacimiento del hijo.
    Id. — Sentencia—Cuantía de los DaSos t Perjuicios. — Al dictar sentencia con-cediendo daños y perjuicios a un padre por la muerte -de un hijo al amparo de la ley federal conocida por “Employer’s Liability Act,” deberán tenerse en cuenta las pérdidas y daños pecuniarios realmente sufridos por el padre.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. A. Aponte, Jr.

    Ahogado de la apelada: Sr. L. Muñoz Morales.

   El Juez Presidente Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El 16 de marzo de 1916 murió, destrozado por un vagón del ferrocarril de la demandada, Santiago Medina, soltero, de veintitrés años de edad, empleado como guarda-agujas en el dicho ferrocarril.

Antonio González, nombrado por la corte administrador de los bienes del finado, basándose en que la muerte se debió a la negligencia de la demandada, inició este pleito en bene-ficio de Antonio Medina, padre legítimo de Santiago, recla-mando la suma de $19,240.

Contestó la demandada. Fué el pleito a juicio y final-mente la corte dictó sentencia declarando la demanda sin lugar. Apeló el demandante y señaló en su alegato la comi-sión de tres errores, a saber: 1, al decidirse qne la Ley del Congreso conocida por “Employer’s Liability Act” no era aplicable; 2, al resolverse qne el finado no actuaba en el curso de su empleo al ocurrir el accidente, y 3, al no decla-rarse con lugar la demanda fijando la indemnización corres-pondiente.

Procederemos a la consideración de los errores en el or-den en que ban sido señalados.

1. Es un becbo admitido que la demandada en este caso es una corporación dedicada como porteador público a la explotación del ferrocarril que existe entre Mameyes y Ha-guabo, en la parte Oriental de Puerto Pico. Es también otro becbo admitido que Santiago Medina era empleado de la demandada y actuaba como tal el día en que ocurrió el accidente. La acción se entabla por el administrador judicial de los bienes del finado a beneficio de su legítimo here-dero. Este dependía de Medina para su subsistencia. El accidente ocurrió el 16 de marzo de 1916, o sea con ante-rioridad a la vigencia del Acta Jones.

Para concluir que la Ley Federal invocada era aplicable en Puerto Eico a la fecba en que ocurrió el accidente, basta bacer referencia a los casos de American Railroad Company v. Didricksen, 227 U. S. 145, 148, y American Railroad Company v. Birch, 224 U. S. 547.

La corte sentenciadora admite que lo era pero sostiene que “ni la corporación demandada, ni su empleado Santiago Medina llevaban a cabo, al ocurrir el accidente, actos de co-mercio entre Estados, que permita el ejercicio de la acción de acuerdo con la Ley del Congreso de los Estados Unidos, sobre responsabilidad de patronos (Employer’s Liability Act), aprobada en 1908.”

El error de la corte es claro. Sin duda su atención es-tuvo fija en la sección primera de la ley que es la que babla de “todo porteador público por ferrocarril mientras esté dedicándose al comercio entre cualquiera de los varios Es-tados y Territorios "* # . ’ La sección segunda no ha-bla de comercio entre Estados y es la directamente aplicable. Dice así:

“Sección 2. — Que todo porteador público por ferrocarril en los Territorios, el Distrito de Columbia, la Zona de Panamá n otras po-sesiones de los Estados Unidos, será responsable de daños y perjui-cios para con cualquier persona que resultare lesionada mientras esté empleada por tal porteador en cualquiera de dichas jurisdic-ciones, o, en caso de muerte de tal empleado, para con sus ‘repre-sentantes personales’ en beneficio de la viuda o esposo sobreviviente e hijos de tal empleado; y si no los hubiere, entonces de los padres de tal empleado; y si no los hubiere, entonces del pariente más pró-ximo que dependa de tal empleado, siempre que la lesión o muerte resulte en todo o en parte de la negligencia de cualquiera de los funcionarios, agentes o empleados de tal porteador, o por razón de cualquier defecto o insuficiencia debido a su negligencia, en sus ca-rros, máquinas, vías, terraplenes, obras, embarcaciones, muelles, u otro equipo.”

2. En su opinión la corte sentenciadora se expresó como sigue:

“El demandante sostiene en la alegación novena de su demanda, que la muerte del expresado Santiago Medina se debió al estado de-fectuoso, insuficiente e inseguro de las vías de la corporación de-mandada. La contención de la parte demandada es que el accidente resulta inexplicable, toda vez que las vías en cuestión estaban bue-nas y bueno también el vagón que fué objeto del descarrilamiento. Ciertamente que la prueba en relación con la causa del accidente es bastante contradictoria; pero la preponderancia de la evidencia nos induce a creer que las vías en cuestión estaban defectuosas, pues no de otra suerte hubiera ocurrido el accidente que ha dado origen a esta demanda. De igual modo entendemos que fué negligente la corporación demandada, toda vez que'permitió que los vagones car-gados de cañas fueran soltados por las vías cuesta abajo, sin má-quina en su delantera, y sin medio alguno de controlar el impulso con que marchaban los expresados vagones por la pendiente.
“Ahora bien; para que la corporación demandada sea respon-sable de la muerte de Santiago Medina no basta establecer que dicha corporación fué negligente en la construcción de sus vías y en el manejo y conducción de sus trenes sino que es necesario de igual modo probar que tal negligencia fué la causa inmediata de la muerte. Y por lo que bace a este extremo fundamental del litigio, somos de opinión que la prueba del demandante (no) sostiene sus alega-ciones. En efecto, en la demanda se alega, y es un hecho probado, que Santiago Medina desempeñaba las funciones de guarda-agujas, y sus obligaciones en el momento que ocurrió el accidente eran las de cambiar la aguja que empalmaba cierto desvío con la vía fija en los terrenos de la finca ‘Oriente.’ Para realizar ese cambio de agujas era menester actuar junto a la vía y por medio de una palanca ha-cer el empalme; y en el hecho octavo de la demanda se dice: ‘que cumpliendo las órdenes de la compañía demandada, Santiago Medina hizo el cambio de agujas de referencia en la forma indicada, y que estando en esa operación y apenas comenzaron a pasar los vagones que debían tomar la vía general, uno de los vagones car-gados se volcó en el sitio aludido y cogió debajo a Medina, ocasio-nándole la muerte instantáneamente.’
“La prueba no sostiene tal alegación. Lejos de eso, se ha esta-blecido de una manera concluyente que el vagón descarriló mucho antes de llegar al sitio donde se encontraba Medina, y que Medina en vez de permanecer en su sitio, echó a correr delante del vagón, y éste le alcanzó y al volcarse le produjo la muerte. De suerte, pues, que Medina no estaba en el cumplimiento de sus deberes como empleado, cuando ocurrió el accidente que le privó de la vida. La prueba sostiene, además, que el vagón, no obstante su descarrila-miento, pasó frente a la palanca donde debió haber permanecido Medina y continuó corriendo un largo trecho,, de modo que si' Medina permanece quieto en el sitio donde tenía que cumplir las fun-ciones de su empleo, no hubiera recibido lesión alguna. En tales circunstancias, la corte llega a la firme conclusión de que la causa próxima de la muerte de Santiago Medina no es atribuible a la cor-poración demandada. ’ ’

Hemos examinado cuidadosamente toda la prueba prac-ticada y a nuestro juicio rio sólo demuestra como reconoció la corte de distrito la negligencia de la corporación deman-dada, sí que también que Santiago Medina murió en el curso de su empleo. Citaremos dos testigos, uno del demandante y otro de la demandada.

Patricio Navarro, testigo del demandante, se expresó así:

“Que es empleado de la demandada The Fajardo Development Company y lo era también en todo el mes de marzo de 1916. Que el empleo suyo consiste en ser maquinista de la locomotora No. 5. Que el día 16 de marzo de 1916 dicha locomotora estaba en opera-ciones y le ocurrió el accidente con Santiago Medina. Que ese día las maniobras que el testigo y los otros empleados de la central hi-cieron fueron las-siguientes: entraron en el ramal de Oriente; em-pezaron a maniobrar y sacaron los vagones llenos que había y los metieron al otro desvío para dejar los vacíos, y entonces se pasaron al desvío donde estaban los vagones llenos de cañas, y Santiago Medina que estaba parado en la aguja, en eso un vagón * * Que en aquel momento Angel Velilla aflojó los frenos de los vagones para que éstos pasaran adelante. Que entonces vinieron los vagones y Santiago Medina estaba en la aguja. Que Velilla aflojó los frenos para que los vagones bajasen por la pendiente por su peso natural, y sucedió que pasaron dos vagones y esos pasaron bien, entonces pasó otro, pero venía descarrilado y Santiago Medina que estaba junto a la aguja parado, cuando vió que el vagón venía descarrilado, huyó corriendo para adelante * * * . ’ ’

Y Angel Velilla, testigo de la demandada, dijo:

“Que el testigo cuando ocurrió el accidente estaba en los frenos de uno de los vagones, aflojando los frenos. Que el vagón después que se le aflojaron los frenos, pasó seguido y el muchacho Medina parece que se dió cuenta y trató de salvarse inmediatamente. Que trató de salvarse corriendo para adelante; pero el vagón lo alcanzó. Que si el testigo hubiese estado en la aguja ocupando el puesto de Medina y hubiera visto que el vagón se le iba encima como le ocu-rrió a Medina, el testigo no se hubiese quedado allí sino que hubiera corrido al igual que lo hizo Medina. Que si el testigo hubiera ve-nido montado en el vagón que se descarriló, también se hubiera tirado para salvarse. Que allí donde ocurrió el accidente hay una pendiente pequeña. Que el impulso que esos vagones traían era bastante para hacer correr un vagón luego de ‘descarrilado, fuera de la vía. Que el vagón descarrilado siguió corriendo fuera de ,1a vía, un trecho largo sin volearse hasta que se viró. Qtae ese vagón venía con bastante velocidad para seguir corriendo sobre sus ruedas por la tierra como unos treinta pies fuera del rail. Que el vagón que descarriló no fué el último; que el cuarto fue el que descarriló que Medina cuando pasó el primer vagón estaba en la aguja donde tenía que estar para cuando pasaran todos los vagones cambiar la aguja de manera que la máquina pudiera salir entonces; que en ese sitio bay una media pendiente; que pasaron bien el pri-mero y el segundo y el tercero, y mientras tanto Medina seguía en la aguja parado, y al pasar el cuarto vagón fue que descarriló. Que entonces se desconectaron los vagones al ocurrir el vuelco; que el vagón se descarriló un poco más acá de la aguja y pasó por frente de la aguja donde estaba Santiago Medina, pero siguió corriendo y lo cogió al volcar.”

Santiago Medina estaba en su puesto como guarda-agu-jas. Pasaron los primeros vagones lanzados en la forma negligente que se ha indicado sin que nada ocurriera. Medina permaneció en su puesto. El tercer vagón, según Navarro, o el cuarto, según Yelilla, se descarriló, y al verlo venir encima; Medina huyó pendiente abajo, pero el vagón lo alcanzó y al volcarse le ocasionó la muerte. Se pretende que por el becbo de baber Medina corrido y báber ocurrido su muerte mientras corría, el accidente tuvo lugar cuando Medina no estaba en el curso de su empleo. Es cierto que la prueba tiende a demostrar que aunque el vagón desca-rriló más arriba de la aguja, se volcó más abajo, y que si Medina hubiera permanecido donde estaba, el vagón no lo hubiera alcanzado. Pero las leyes generales se adoptan para el tipo común de los bombres-y ¿qué otra cosa hubiera becbo un hombre común que lo que hizo el desgraciado Medina en este caso? La cuestión no es nueva. La parte apelante hace, en su alegato, las siguientes citas:

"A una persona que sin su culpa se ve colocada en una situación de inminente peligro, no puede exigírsele el mismo grado de cuidado y circunspección que ejercería una persona prudente cuando no está frente a un peligro inmediato. Tal persona, como cuestión de de-recho, no es culpable de negligencia contributoria, por el hecho de no haber actuado en la forma más juiciosa ante los distintos riesgos que corrió, o por razón de haber podido escapar si hubiera actuado de distinta manera. La cuestión en tales casos no es averiguar lo que hubiera hecho una persona cuidadosa bajo circunstancias ordi-narias o normales, sino lo que hubiera hecho o lo que se hubiera podido esperar que hiciera en presencia de tal peligro.” {Bailey, Personal Injuries, Tomo II, pág. 1461, ed. 2a.)
“De acuerdo con esta regla, ante una colisión u otro peligro in-minente, los empleados que saltan de una locomotora, de un tren, o de una teresina, no son culpables de negligencia contributoria, aún demostrándose que no era necesario saltar para salvarse, o rea-lizar cualquier otro acto para evitar la lesión. Por lo tanto, no es negligencia contributoria en tales circunstancias, el intentar esca-parse en dirección contraria, o quedarse un maquinista o fogonero en la locomotora, o saltar en dirección inversa.” (Id. id. 1463.)
“Una persona que es colocada por la negligencia de otra en un sitio de peligro inmediato, y que bajo la influencia de un gran pá-nico ejecuta un acto que pueda contribuir a que resulte lesionada o muerta, no puede culpársele de negligencia contributoria e impedirle una reclamación.” (Consolidated Traction Company v. Scott, 55 Am. St. Rep. 620.)
“Un empleado que por la negligencia de su superior se ve ex-puesto en peligro de perder la vida, no está en la obligación de es-capar, aún cuando tenga tiempo para ello, sino solamente hacer aque-llo que un hombre de cuidado y diligencia ordinarios habría de hacer bajo tales circunstancias.” (Bessemer v. Campbell, 77 Am. St. Rep. 18.)
“Un empleado, ya sea menor o adulto, que sin culpa por su parte' se ve colocado por su patrono en situación de peligro, no es respon-sable de negligencia contributoria por el hecho de no decidir rápi-damente y actuar en la forma más sabia para escapar del peligro que le amenazaba.” (Neilson v. Hillside C. & I. Co., 47 Am. St. Rep. 886.)

Quiere decir que Medina en su súbita liuída ante el peli-gro no sólo continuó en su relación de empleado para con la demandada, sino que ni siquiera fué culpable de negli-gencia contributoria que pudiera ser apreciada para mitigar los daños.

3. En relación con el tercer error, estudiaremos varías cuestiones suscitadas por la parte apelada en su alegato. Se sostiene: A, que el padre de Medina no tiene derecho a recla-mar, porque existía una hija natural; B, que tampoco tiene derecho a reclamar porque no se ha demostrado que el padre dependiera del hijo, y C, que no se probó debidamente el pa-rentesco entre el beneficiario y Medina.

A. En la contestación se alegó la existencia de una hija natural de Medina. En el acto del juicio se presentaron como prueba dos pleitos, uno de filiación seguido por Rosa Márquez a nombre de Petra Maldonado contra Antonio Medina en el que se solicitaba que se declarase a la demandante hija natural de Santiago Medina y otro instado por la misma demandante contra la aquí demandada en reclamación de da-ños y perjuicios sufridos por virtud de la muerte de Medina que se alegaba ser el padre natural de Petra Maldonado. Pero si bien esto es así, se demostró en el juicio que en am-bos pleitos se había dictado sentencia que era firme y defi-nitiva por desistimiento de la parte demandante.

En el caso de American Railroad Company of Porto Rico v. Wolker, 22 D. P. R. 283, invocado por la parte apelada, se trataba de dos hijas naturales reconocidas constante el reconocimiento por sentencia. Aquí no existe prueba válida alguna de que Petra Maldonado fuera hija natural recono-cida de Medina.

B. Antonio Medina, entre otras cosas declaró en el juicio que Santiago Medina “era hijo suyo y de María Carmona, esposa del declarante. Que la dicha María Carmona murió. Que Santiago Medina a la hora de su muerte era soltero * * *. Que su hijo * * * ayudaba al testigo en su subsistencia dándole tres, cuatro y hasta cinco dólares sema-nales. Que dicho hijo vivía en la casa del declarante, en la calle de la Unión de Fajardo, en su compañía Que después de muerto el hijo del declarante, éste se las arreglaba para vivir vendiendo algunas gallinas y animales que tenía y cogiendo fiado en casa de don Faustino Berrios, hasta que en definitiva le costó vender la casa para poderse sostener * * *. Qne el declarante tiene más hijos pero son todos mujeres.” Esta declaración no fné contradicha y a nuestro jnicio es bastante para demostrar la relación de dependencia en el caso de qne tal dependencia fuera necesaria para el ejercicio de la acción.

C. Acabamos de enterarnos que Antonio Medina repeti-damente declaró en el juicio, sin objeción por parte de la demandada, que Santiago era su hijo legítimo. Esa prueba, unida a la certificación del matrimonio de Antonio Medina con María Carmona, es bastante a nuestro juicio, sin que sea necesario presentar como pretende la apelada la certifi-cación de nacimiento.de Santiago.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, es nece-sario declarar que la corte cometió también el tercero y úl-timo de los errores señalados y que procede, por tanto, la revocación de la sentencia.

A los efectos de dictar la que debió haber dictado la corte de distrito debe tenerse en cuenta la edad del beneficiario, lo que recibía de su hijo y las condiciones personales de éste. La edad exacta del beneficiario no consta pero debe ser na-turalmente avanzada. Lo que recibía de su hijo ascendía de tres a cinco dólares semanales. El hijo tenía veintitrés años al morir, era fuerte, trabajador y ganaba diez dólares semanales.

Esos son los hechos. La jurisprudencia que debe guiar-nos la encontramos en el resumen de la decisión de la Corte Suprema Nacional en el caso de Mich. Cent. R. R. v. Vreeland, 227 U. S. 59. Dice así:

“Bajo la Ley Común el derecho de acción por un daño a la persona se extingue por muerte de la parte perjudicada, ya sea la muerte instantánea o no. Como la Ley de Responsabilidad de Pa-tronos de 1908 no establecía tal sobrevivencia, el derecho quedaba extinguido por muerte.
“Bajo la Ley Común pérdidas y daños pueden devengarse, así como también nn derecho de acción, a favor de las personas que de-penden de otra que ha sido torticeramente lesionada; pero esta causa de acción se extingue por muerte, excepto en cuanto a la pér-dida de servicios antes de la muerte.
“Sin embargo, la intención evidente del Congreso al promulgar la Ley de Responsabilidad de Patronos de 1908 fué poner a salvo un derecho de acción en favor de determinados parientes que depen-dan del empleado torticeramente lesionado, por la pérdida y daños pecuniarios resultantes de su muerte, y no hay limitación expresa ni implícita de la responsabilidad a los casos en que la muerte fuera instantánea.
“Esta responsabilidad es sólo por daños pecuniarios, y el esta-tuto debe ser interpretado en este respecto como lo fué la Ley de Lord Campbell, es decir, no como que concede una continuación del derecho que el empleado lesionado tenía, sino'que concede una nueva e independiente causa de acción.
“La pérdida pecuniaria que puede recobrarse bajo la Ley de Responsabilidad de Patronos de 1908 por uno que depende del em-pleado torticeramente muerto, debe ser una pérdida que pueda ser medida por alguna norma, y no incluye una pérdida incalculable tal como la de la sociedad y compañía del difunto, o la de los cui-dados y consejos, tratándose de un marido, a la mujer.”

En el presente caso cuatro mil dólares parecen suficientes para garantizar al beneficiario durante el resto de su vida una renta igual a la cantidad que recibía de su hijo al tiempo de la muerte. Debe dictarse una sentencia por tal suma, sin especial condenación de costas.

Revocada la sentencia apelada y condenada la demandada a pagar al demcmdante $4,000 en concepto de daños y perjuicios, sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Peesidentb Se. del Toro, El Juez Presidente Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. Collado, Acusado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en cansa por falsa representación.
    No. 1870.
    Resuelto en marzo 10, 1922.
    Falsa Representación por Medio de la Escritura — Falsedad—Intención.— La falsedad es uu elemento en el delito de falsa representación y la teoría de que sólo se puede representar por medio de la palabra, es inadmisible. La intención dañada puede manifestarse lo mismo que por la palabra ha-blada, por la palabra eserita, y por los gestos y actitudes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la parte apelante: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

    Abogados del apelado: Fres. Guerra Mondragón y iSol-devila.

   El Juez Peesidentb Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se imputó a Enrique Collado un delito de falsa repre-sentación cometido como sigue:

“El referido Enrique Collado, con posterioridad al mes de abril de 1919, y en San Juan, que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, a sabiendas e intencionalmente y valiéndose de falsas y fraudulentas simulaciones y con la intención criminal de obtener la posesión y propiedad de la suma de $4,439.34, perteneciente al American Colonial Bank, una institución banearia que hace nego-cios en San Juan, Puerto Rico, y que se bailaba depositada en dicho banco a nombre de y en la cuenta corriente de Pedro de Elzaburo, secretario-tesorero del Hospital Municipal de Carolina, y con la in-tención de engañar y defraudar al dicho American Colonial Bank, privándole de dicha suma de $4,439.34, falsa y fraudulentamente, simuló y representó al' dicho American Colonial Bank, que unos cheques expedidos por el dicho Enrique Collado, contra el dicho American Colonial Bank, bajo la firma de Pedro de Elzaburo, secre-tario-tesorero del Hospital Municipal de Carolina y por la suma en total de $4,439.34, eran cheques buenos y legítimos y realmente expedidos y firmados por el dicho Pedro de Elzaburo, como secre-tario-tesorero del Hospital Municipal de Carolina, siendo dicha si-mulacion falsa y fraudulenta, pues no era cierto que Pedro de Elza-buro hubiese firmado ni autorizado tales cheques y el acusado Enrique Collado, allí y entonces le constaba que tal simulación era falsa y fraudulenta, habiendo sido hecha por éste con el fin de in-ducir al American Colonial Bank a entregarle la dicha suma de $4,439.34; y el mencionado American Colonial Bank, creyendo ser cierta dicha falsa simulación y únicamente inducido por ella, allí y entonces se desprendió de la propiedad de dicha suma de dinero y la entregó al acusado Enrique Collado.”

El acusado formuló excepción perentoria alegando que los hechos expuestos en la acusación no eran constitutivos del delito que se le imputaba, ni de delito público alguno. La corte declaró sin lugar la excepción. Pué la causa a juicio. El jurado rindió un veredicto de “culpable del delito de falsa representación e impostura,” y la corte señaló el 17 de septiembre de 1921 para dictar sentencia. En dicho día, reproduciendo su excepción, pidió el acusado la nulidad del veredicto, y la corte el 13 de octubre de 1921, declaró con lugar su petición, así:

“La corte, por los fundamentos de su opinión unida al record, declara con lugar la excepción y en su consecuencia, que los hechos imputados no son constitutivos de un delito de falsa representación e impostura, y por tanto anula el veredicto, sobresee la acusación presentada, y notifíquese al fiscal para lo procedente en derecho.”

Contra la resolución que antecede interpuso El Pueblo de Puerto Eico, por medio de su fiscal, el presente recurso de apelación de acuerdo. con el artículo 348 del Código de En-juiciamiento Criminal.

Hemos examinado cuidadosamente los hechos y la ley y a nuestro juicio erró la corte al actuar en la forma en que lo hizo. La acusación imputa la comisión de un delito de falsa representación, irrespectivamente de si puede imputar o no un delito de falsificación. Según el artículo 44 del Có-digo Penal, un acto u omisión penable de distintos modos por distintas disposiciones del código, podrá castigarse con arreglo a cualquiera de dichas disposiciones, pero en ningún caso bajo más de nna, impidiendo la absolución o convicción bajo cualquiera de ellas todo procedimiento judicial por el mismo acto u omisión, bajo cualquiera de las demás.

La falsedad es un elemento en el delito de falsa repre-sentación y la teoría de que sólo se puede representar por medio de la palabra, es inadmisible. Pueden hacerse repre-sentaciones por medio de actitudes y gustos y por escrito. Sin necesidad de hablar una persona puede acudir a un banco y presentar para su cobro un cheque falso. Su aparente actitud de persona honesta y verdadera cuando en el fondo es un defraudador, constituye una falsa representación. T el cheque falso con apariencias de genuino es en sí misma una falsa representación cometida por medio de la escritura. La intención dañada puede, pues, manifestarse lo mismo que por la palabra hablada, por la palabra escrita, y por los ges-tos y actitudes.

Francis Wharton, en su tratado sobre Ley Criminal, se expresa así:

“Como la persona que adelanta dinero o bienes bajo un cheque falsificado, se desprende completamente de su propiedad en la cosa transmitida, no es hurto sino falsa representación obtener por este medio dinero o bienes.
“Esa se ha resuelto ser la ley en un caso en que un sirviente, que tenía autoridad para comprar objetos para ser reembolsado a la presentación de tickets expresivos de la relación de la compra, pre-sentó tal ticket y obtuvo el importe en él especificado, cuando en realidad no había sido hecha coinpra alguna.
“Pudiera suceder, no obstante, que cuando la falsificación es un felony y la falsa representación un misdemeanor, la última, cuando ambas están unidas, puede fundirse bajo la Ley Común en la pri-mera.” 2 "Wharton’s Criminal Law, 1614.

Véase, además, el caso de Lyman v. State, decidido por la Corte de Apelaciones de Maryland el 18 de febrero de 1920 y reportado en 9 A. L. R. 401, el de People y. Jordán, 66 Cal. 10, y el de State v. Kelly, 202 Pac. 524, apartado 6.

RESOLUCIÓN SOBRE RECONSIDERACIÓN, MARZO 23, 1922.

Debe declararse con lugar el recurso, revocarse la reso-lución apelada y devolverse la cansa a la corte de sn origen para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Revocada la resolución apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Pide el acusado apelante la reconsideración de la sen-tencia de esta corte de 10 de marzo actual, basándose en que se omitió considerar la cuestión relativa a la prueba.

Deliberadamente esta corte dejó de referirse a la eviden-cia en su opinión porque si bien observó que la corte de dis-trito en la suya la trataba, estimó que de la propia opinión de la corte de distrito y sobre todo de la resolución apelada resultaba sin lugar a dudas que la única cuestión decidida fué la de derecho planteada por la excepción. La actuación de la corte aparece aún más clara cuando se considera que aplicó su opinión como fundamento para las resoluciones dic-tadas en otras dos causas seguidas contra el mismo acusado por el mismo delito y en las cuales no se había celebrado el juicio.

Por la sentencia de esta corte se revocó la apelada y se devolvió la causa para ulteriores procedimientos, de suerte que el acusado tiene todas las oportunidades que en derecho procedan para pedir a la corte de distrito que resuelva las cuestiones que pudieran haber quedado pendientes o que pue-dan ahora suscitarse.

No lia lugar, por tanto, a la reconsideración solicitada.

Denegada la reconsideración.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y HutcMson.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. Collado, Acusado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito en causa por falsa representación.
    Nos. 1868 y 1869.
    Resueltos en marzo 10, 1922,
    por los fundamentos del caso No. 1870, P¡1 Pueblo v. Collado, de marzo 10, 1922.
    Abogado del Pueblo: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

    Abogados del apelado: Sres. Guerra y Soldevila.

   Revocada la resolución apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hútcbison.


author: El Juez Presidente Se. del Tobo,

text:
    Gandía, Demandante y Apelante, v. Stubbe, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en incidente sobre aseguramiento de sentencia.
    No. 2517.
    Resuelto en marzo 10, 1922.
    Desestimación de Apelación — Cuestión Académica — Aseguramiento de Sen-tencia. — Establecida apelación contra una orden que negó una solicitud de aseguramiento basada en la sentencia dictada en eierto pleito y revocada luego dicha sentencia, carece de objeto discutir el derecho del apelante por haber quedado destruida la base en que descansaba su reclamación.
    Resuelto en reconsideración en junio 2, 1922.
    Oostas — Temeridad—Aseguramiento de la Sentencia Después de Apelada.— Aunque una sentencia haya sido revocada por errónea, no puede imputarse temeridad a los efeetos de imponer las costas a nna parte por haber obte-nido el aseguramiento de la misma sin fianza, ya que lo que hizo dicha parte fué ejercitar un derecho que le concede la ley.
    RESOLUCIÓN SOBRE RECONSIDERACIÓN DE JUNIO 2, 1922.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José de Gusmán Benítes.

    Ahog-ado del apelado: Sr. G. Goll Cuchí.

   El Juez Presidente Se. del Tobo,

emitió las dos opiniones en este caso.

Versa esta apelación sobre el poder de nna corte de dis-trito para dictar nna orden de aseguramiento de nna sen-tencia por ella pronunciada después de apelada la sentencia y basándose en ella.

La Corte de Distrito de San Jnan, Sección Primera, qne había decretado el aseguramiento en tales condiciones a pe-tición del demandante, lo anuló luego a gestión del deman-dado por entender que carecía de jurisdicción. Apeló el de-mandante y pendiente esta su apelación, se resolvió la otra establecida en el pleito principal revocándose la sentencia apelada y ordenándose la celebración de un nuevo juicio. No. 2486, Gandía v. Stubbe, decidido el 16 de febrero úl-timo, (pág. 109.)

Siendo esto así, cae por su base el edificio de esta apela-ción. No hay ya sentencia. En tal virtud, resultando mera-mente académica la cuestión sometida, no debemos resol-verla. Procede la desestimación del recurso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

Se trata de un incidente sobre aseguramiento de senten-cia. La corte decretó el aseguramiento después de dictada la sentencia, cuando había sido ya apelada, y lo anuló luego a gestión de la parte demandada. Contra esta última reso-lución apeló la parte demandante y mientras se tramitaba su recurso se decidió la apelación establecida en el pleito principal ordenándose la celebración de ¡un nuevo juicio.

Atendidos esos hechos y apareciendo que la única cues-tión de derecho envuelta era la de si podía o no decretarse por la corte de distrito el aseguramiento de la sentencia sin fianza después que la sentencia había sido apelada, el tribunal estimó que no había necesidad de decidir tal cuestión por-que la base en que descansaba, o sea la sentencia dictada en el pleito principal, había desaparecido al ser dicha sentencia revocada por esta Corte Suprema y desestimó el recurso.

La parte apelante solicitó la reconsideración de nuestra resolución alegando que era necesario decidir en sus méritos la cuestión porque la corte de distrito al anular su primera orden decretando el aseguramiento había impuesto las costas al demandante y la desestimación del recurso dejaba en todo su vigor la orden apelada, manifiestamente errónea según el apelante. Se decretó la reconsideración y ambas partes fue-ron oídas nuevamente.

A nuestro juicio tiene razón la parte demandante y ape-lante. La misma cuestión envuelta en este caso ha sido deci-dida en el de Gandía v. Porto Rico Fertilizer Company, resuelto el 24 de marzo de 1922, en el sentido de que no obs-tante establecerse apelación contra la sentencia, el tribunal que la dicta conserva jurisdicción para decretar su asegura-miento sin fianza, y siendo ello así resultaría injusto per-mitir que el demandante se viera obligado a pagar las costas impuestas por una orden errónea contra la cual interpuso en tiempo y forma recurso de apelación. Esta cuestión de costas no fue tratada especialmente por las partes en la pri-mera vista del recurso, ni el tribunal por sí mismo fijó su atención en ella al dictar su resolución.

Podría alegarse que si bien existía una sentencia cuando la orden de aseguramiento fué solicitada, tal sentencia era errónea, y que por lo tanto no sería injusto que el apelante pagara las costas que causó con motivo del embargo; pero fuera o no errónea la sentencia, lo cierto es qne existía y que no puede imputarse temeridad a una parte que solicita el aseguramiento en tales condiciones. Repetidamente hemos resuelto que la temeridad es el elemento esencial que debe investigarse para la imposición de las costas.

Por virtud de todo lo expuesto, procede revocar la orden apelada en cuanto por ella se impusieron las costas al de-mandante.

Sin efecto la resolución de este tribunal de marzo 10, 1922, desestimando el recurso, y se dicta sentencia revocando la orden ape-lada de 14 de junio de 1921 en cuanto por ella se impusieron las costas al demandante.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Lafontaine et al., Demandantes y Apelados, v. Lafontaine et al., y Pérez, Hernández y Medina, Demandados y Apelantes los Tres Ultimos.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre desahucio.
    No. 2448.
    Resuelto en marzo 10, 1922.
    Desahucio — Alegación de Título Adverso. — Las decisiones del Tribunal Supremo indican que hasta cierto punto cuando un demandado está en posesión, por virtud de una legítima alegación de título una corte no dictará sentencia de desahucio, sino que ordenará que el demandante pruebe la virtualidad de su título por otros-medios. Pero nunca han resuelto que una mera alegación de título sin más pueda destruir la acción posesoria de un demandante. Por el contrario, la tendencia general de las decisiones es que debe haber tal de-mostración de la posesión bajo una alegación de título adverso que conven-cería a la corte sentenciadora de que había una verdadera cuestión litigiosa sobre el título entre las partes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelados: Sres. A. Brusi y L. Mercader.

    Abogado de los apelantes: Sr. A. Suliveres.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes en este caso son Vicente Pérez, José Her-nández y Joaquín Medina. Fueron demandados y contra ellos se dictó sentencia en un caso de desahucio. La corte inferior en su opinión declaró que el demandante había pro-bado tanto su título como su posesión que databa de un nú-mero de años y hasta la fecha del pleito, y que los deman-dados no podían continuar ocupando la finca ni promover cuestiones tendentes a anular los títulos del demandante. Las decisiones de este tribunal indican que hasta cierto punto cuando un demandado está en posesión por virtud de una legítima alegación de título una corte no dictará sentencia de desahucio, sino que ordenará que el demandante pruebe la virtualidad de su título por otros medios. Pero nunca hemos resuelto que una mera alegación de título sin más pueda destruir la acción posesoria de un demandante. Por el contrario, la tendencia general de nuestras decisiones es que debe haber tal demostración de la posesión bajo una ale-gación de título adversa que convencería a la corte senten-ciadora de que había una verdadera cuestión litigiosa sobre el título entre las partes. No emplearemos mucho tiempo en discutir qué prueba es necesaria, porque convenimos con la corte inferior bajo cualquier aspecto del caso en que los demandados no presentaron prueba suficiente de la posesión a virtud de un título.

El demandado Llernández tal vez presentó la mejor de-fensa. Dijo que era un arrimado de los hermanos Hess y que su posesión dependía de la de ellos. La prueba, sin embargo, no tendía a identificar la finca de la cual estaba en posesión como parte de los terrenos que poseían los her-manos Hess. Uno de estos últimos fué llamado como testigo y aunque dijo que Hernández era su arrimado, no precisó la parte que poseía en la finca del demandante que se recla-maba, sino que, por el contrario, dijo que su terreno no es-taba comprendido dentro de las trescientas cuerdas objeto de este pleito. Hernández aparentemente sólo había estado en la finca por poco tiempo.

Los otros dos demandados aunque vagamente trataban de alegar un título por prescripción extraordinaria, no proba-ron ninguna posesión por virtud de una verdadera alegación de título, sino que más bien intentaron atacar la suficiencia del título del demandante. Ellos ni siquiera formularon una contestación a la demanda y podía dictarse sentencia contra ellos por esta rebeldía como indica la corte inferior.

Todo lo que estos dos demandados podían alegar era que habían estado en la finca por un número de años por tole-rancia de sus dueños. No se demostró una posesión adversa de treinta años.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wole, El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Hernández, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro- . piedad de San Juan, Sección Primera, denegatoria de ins-cripción de un certificado de venta por cobro de contri-buciones.
    No. 511.
    Resuelto en marzo 13, 1922.
    Venta para Pago de Contribuciones — Notificación Insuficiente. — Es insufi-ciente una notificación de venta judicial para pago de contribuciones hecha al heredero del albacea de una sucesión y no a los miembros de ésta, y un cer-tificado de venta en estas condiciones no es inscribible en el registro.
    Inscripción de Herencia a Nombre del Albacea. — Quaere: si los bienes del testador deben ser en algún caso inscritos a nombre del albacea; si una no-tificación de venta judicial hecha al albacea es suficiente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El propio recurrente compareció en persona.

      El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La propiedad objeto de este recurso pertenecía a Tomasa González, quien falleció en el año 1881, y para los fines del cobro de contribuciones la referida propiedad fné tasada a nombre de Juan Ballesteros Núñez, que* era el albacea de Tomasa González. Por falta de pago de las contribuciones la propiedad fné vendida a Hernández Mena, recurrente en este caso. El certificado de venta se presentó para su ins-cripción al Registrador de San Juan, Sección Primera, quien negó la inscripción basado en tres motivos, a saber:

Io. Que la propiedad se encontraba entonces inscrita a nombre de la sucesión de los herederos de Tomasa González. 2o. Que la notificación de venta por falta de pago de contri-buciones no se hizo a la verdadera persona. 3o. Por razones que son más o menos las mismas alegadas en el primer motivo.

El registrador incurre evidentemente en error en cuanto a los motivos primero y tercero. De acuerdo con el prin-cipio de sucesión universal no son solamente los herederos de una persona sino también los herederos de los herederos quienes continúan en la personalidad del primitivo dueño.

La notificación de venta, sin embargo, era insuficiente. Iba dirigida al heredero del albacea y no a los herederos de Tomasa González. Los artículos 336, 342 y otros del Có-digo Político son de- aplicación. Cuando fallece un albacea siempre debe aeudirse a algún causahabiente del testador. El heredero del albacea no era causahabiente de la testadora. No importa que el Tesorero anotara la propiedad a nombre del albacea. Al morir este último, el Tesorero estaba obli-gado a saber que algún sucesor o representante legal del dueño había de ser notificado. El albacea nunca fué dueño de la propiedad.

En un recurso anterior relativo a la misma propiedad, al solicitarse que la propiedad fuera inscrita a nombre del al-bacea, mostramos tener una duda respecto a si la propiedad debía jamás ser inscrita a nombre de un albacea, y aún tene-mos esa duda.

RESOLUCIÓN SOBRE RECONSIDERACIÓN', DE ABRIL 17, 1922.

El registrador no funda su negativa en ese motivo, pero dudamos si una notificación al albacea, si hubiera estado vivo, podría abora servirle al recurrente. La propiedad fué legada al albacea para ciertos fines religiosos, los cuales, por virtud de sentencia, se ba declarado abora que ban pres-crito, y la propiedad fué adjudicada a los herederos e ins-crita a su nombre. Por tanto puede existir la cuestión im-portante de si una notificación de venta hecha a un albacea bajo estas circunstancias podría servir contra una inscrip-ción verificada a nombre de los herederos.

La nota del registrador debe ser confirmada por el se-gundo fundamento de su negativa.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Si bien al redactar nuestra opinión para describir la persona a quien se hizo la notificación usamos las palabras “he-redero del albacea” en vez de “familiar del albacea,” el principio, no obstante, es el mismo. La teoría de la notifi-cación era que estando muerto Juan Ballesteros y por tanto no pudiendo ser notificado, la notificación podría dirigirse a alguno de sus familiares o causahabientes, pero repetimos que al fallecimiento del albacea el 'tesorero estaba obligado a notificar a alguien que fuera causahabiente del primitivo dueño. .Aún vamos más lejos y decimos que cuando fallece un presunto dueño, ya fuere albacea o dueño, la notificación debe hacerse en el nombre de los dueños que adquieren el título. Una notificación como la de este caso, dirigida nomi-nalmente a una persona fallecida es absolutamente ineficaz. La notificación al igual que un emplazamiento en un pleito debe prepararse con el nombre de la persona realmente inte-resada y entonces tal notificación puede hacerse en ciertos casos a un supuesto familiar. La razón es clara. Entonces es muy probable que la notificación se haga a la persona realmente interesada quien puede defender su título o la ac-ción, según sea el caso.

Debe denegarse la moción de reconsideración.

Denegada la reconsideración.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Compañía Azucarera del Toa, Demandante y Apelante, v. Galán et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre memorándum de costas y desembolsos.
    No. 2496.
    Resuelto en marzo 13, 1922.
    Memorándum de Costas — Sentencia—Desestimación de Apelación. — Procede desestimar la apelación de una resolución sobre memorándum de costas, cuando no existe en el record la sentencia final que condenó en costas, la cual es la loase de tal memorándum.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. F. Soto Gras.

    Abogado de los apelados: Sr. L. Llorens Torres.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación contra una orden de la Corte de Distrito de San Juan aprobando un memorándum de costas a favor de los apelados, demandados en la corte inferior. El apelante ha traído certificada la orden aprobando el me-morándum de costas, pero los autos no contienen ninguna copia de la sentencia que sirvió de base al memorándum de costas y a su aprobación. Sin tal sentencia ante nos care-cemos de un record suficiente para resolver las cuestiones sometidas y la apelación por tanto debe ser desestimada.

La apelante en su alegato nos llama la atención bacia la anterior apelación en este caso y a nuestra sentencia dictada en el mismo en julio. 30, 1920. En el caso de Aparicio Hermanos v. H. C. Christianson & Co., 25 D. P. R. 1, 8, resol-vimos que en general no se podía recurrir a los autos de un caso anterior para servir a un fin afirmativo de un apelante, o a veces de un apelado, pero asumiendo sin resolver que existe el derecho de examinar los autos de un caso anterior y especialmente nuestra opinión en ese caso, para resolver la situación entre las partes, encontramos los siguientes hechos:

Los autos en el caso anterior muestran que se dictó una sentencia en 7 de agosto de 1918, por la cual la corte deses-timó la demanda pero impuso las costas a la demandada (sic.) La opinión en el caso emitida por la corte de distrito con-tiene una orden por costas a favor del demandante, pero sin embargo la sentencia registrada en cuanto a costas es a favor de la demandada. En la presente apelación la ape-lante admite que se dictó una sentencia contra ella el día 7 de agosto de 1918. Esta confusión por sí indicaría que es necesario para esta corte tener la sentencia ante sí para determinar en favor de quién subsiste la sentencia regis-trada. Pero esta apelación además hace clara la necesidad de que esta corte tenga ante sí la sentencia dictada por la corte inferior. Por la sentencia de este tribunal de julio 30 de 1920, la sentencia apelada en tanto se trataba de la lla-mada segunda causa de acción, fué revocada y los autos de-vueltos para ulteriores procedimientos no incompatibles con la misma, y en sus demás particulares confirmada. Si nues-tra actuación hubiera sido una sentencia final técnicamente esta revocación, en tanto concierne a nuestro record, hubiera dejado una sentencia por costas subsistente contra la de-mandada, pero dando por sentado que la corte quiso dictar y dictó una sentencia por costas a favor de los demandados, somos sin embargo de opinión de que los antos no revelan que existiera una sentencia final por costas a favor de nin-guna de las partes en la presente apelación.

La demanda original en este caso contenía dos cansas de acción y la Corte de Distrito de San Jnan desestimó ambas de dichas cansas de acción por sn sentencia de agosto 7 de 1918. Esta corte revocó la actuación de la Corte de Distrito de San Jnan en tanto desestimaba la segunda cansa de ac-ción, pero confirmó la sentencia en otros particnlares. No considerábamos, por snpnesto, la cuestión de costas, sino sim-plemente resolvimos en efecto qne el demandante había fra-casado enteramente en cnanto a sn primera causa de acción y que era cosa juzgada. Pero devolvimos el caso para ulte-riores procedimientos, dejando a discreción del demandante el seguir adelante con la segunda cansa de acción. No existe nada en los autos ante nos en la presente apelación que in-dique que al ser devuelto el caso a la corte de distrito se tomara alguna otra medida por las partes con excepción de la presentación por los demandados de un memorándum de costas y la orden de la corte sobre el mismo. Era factible para el demandante el poder insistir en la celebración de un juicio sobre su segunda causa de acción, y si dicho deman-dante dejó de tomar cualquier medida pudieron los deman-dados insistir en que se dictara sentencia por la falta de instancia del demandante. Sea como fuere, el efecto de nues-tra sentencia fue anular la dictada por la Corte de Distrito de San Juan de 1918, como sentencia final, dejando el caso aún pendiente para ulteriores procedimientos. Una situa-ción análoga es la que surge en una corte de distrito cuando se presenta una excepción previa a la demanda en que se alegan dos causas de acción y la corte deciará con lugar la excepción previa formulada a ambas causas de acción y este tribunal revoca el caso en cuanto a una de las causas de acción y lo devuelve a la corte inferior para ulteriores pro-cedimientos. No existe sentencia final. En el caso No. 9025 pendiente en la Corte de Distrito de San Juan, en tanto re-velan los records, nada existe con excepción de la orden de esta corte devolviendo el caso para ulteriores procedimientos, Jamás se tomó acción final en el caso.

Hemos dicho todo esto para explicar en parte la necesidad de que este tribunal tenga la sentencia final de la corte de distrito ante sí y esto es aún más necesario debido a la 'natu-raleza de las cuestiones que nos han sido presentadas por el apelante. La fecha de la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan podría desempeñar un papel im-portante al determinar si el uso de la palabra “costas” por la corte al dictar sentencia, incluía o no honorarios de abogado. Nuestras decisiones en esta materia fueron algo contradictorias. Considerada en general, la sentencia es ne-cesaria para apelar de una orden aprobando un memorándum de costas, porque ella es la base de tal memorándum. IJna analogía de la ley es que no podemos considerar la corrección de una sentencia en el caso en que se alega la insuficiencia de la prueba sin tener las alegaciones ante nos. Asimismo hemos resuelto que la sentencia es necesaria al revisar una moción de nuevo juicio, y en mayo 26 de 1921 esta corte resolvió que si la transcripción en apelación no incluía la prueba, la Corte Suprema no estaba en condiciones de resolver si la corte inferior abusó de su discreción al conceder las costas. Consideraciones algo semejantes son las expre-sadas en el caso de Aparicio Hermanos v. H. C. Christianson & Co., 25 D. P. R. 1. Como se dijo en ese caso podríamos obtener la certificación de la sentencia, pero como creemos que nunca se dictó sentencia final en el caso, entendemos que sería mejor para las partes hacer las gestiones procedentes para obtener una sentencia final en la Corte de Distrito de San Juan.

Debe desestimarse la apelación sin perjuicio del derecho del apelante de poder presentar a este tribunal una copia de la sentencia final, si existe alguna, y solicitar que el caso sea restablecido.

Desestimado el recurso sin perjuicio del dere-cho de la apelante a radicar una copia cer-tificada de la sentencia y solicitar que la ape-lación sea restablecida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


author: El Juez Asociado Sr. "Wolf,

text:
    Compañía Azucarera del Toa, Demandante y Apelante, v. Galán et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre memorándum de costas y desembolsos.
    No. 2496.
    Resuelto en julio 3, 1922.
    Memorándum de Costas — Sentencia no Demnitiva. — -El Tribunal Supremo con-firmó una sentencia en euanto a la resolución sobre la primera causa de ac-ción de la demanda, habiéndola revocado por no resolver la corte inferior sobre la segunda. Bajo el fundamento de que la sentencia apelada contenía un pronunciamiento de costas contra el demandante, el demandado archivó su memorándum j obtuvo resolución favorable. Apelada ésta, se resolvió: que no siendo definitiva la sentencia original que condenó en costas, la re-solución que fijó la cuantía de éstas es prematura.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. F. Soto Grás.

    Abogado de los apelados: Sr. L. Llorens Torres.

   El Juez Asociado Sr. "Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Nuestra anterior actuación en este caso fue la desestima-ción del recurso interpuesto toda vez que no teníamos la sen-tencia final ante nos. Las partes han elevado ahora a esta corte la alegada sentencia final y están conformes en que la misma contenía el error clerical de conceder costas a la de-mandante en vez de a la demandada. La primitiva sentencia que revocamos contenía de tal modo un pronunciamiento de costas contra la demandante. Esta corte, sin embargo, como se indicó en nuestra anterior decisión babía revocado antes la sentencia y devuelto el caso para ulteriores procedimien-tos no incompatibles con la opinión emitida entonces. Si bien entonces confirmamos la sentencia de la corte inferior en cuanto a su resolución sobre la primera-causa de acción de la demanda, revocamos dicha sentencia por no resolver la corte sobre la segunda narración. No hubo, pues, una re-solución final del caso.

El artículo 188 del Código de Enjuiciamiento Civil ex-presa que una sentencia es la decisión definitiva sobre los derechos de las partes en un pleito o procedimiento. Un de-mandado sólo tiene derecho a costas cuando ha obtenido una sentencia como ha sido definida, que determine sus derechos. Sus derechos se determinarían cuando la demanda fuera final-mente desestimada. La resolución fijando costas «en este caso fué, por tanto, prematura. '

Tal vez debiéramos volver a desestimar la apelación, toda vez que la corte inferior carecía de jurisdicción para dictar la resolución, pero como ninguna de las partes pone en tela de juicio nuestra jurisdicción puesto que había una senten-cia registrada por virtud de la cual pretendió actuar la corte inferior y como los procedimientos en la referida corte ten-drían que ser los mismos, revocaremos la resolución apelada por ser prematura debiendo devolverse el caso para ulte-riores procedimientos no incompatibles con esta opinion.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


text:
    Morales, Peticionario, v. La Corte de Distrito de Humacao, Demandada.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari contra la Corte de Distrito de Iíumacao en un caso sobre declara-toria de herederos.
    No. 346.-
    Resuelto en marzo 14, 1922.

      Certiorari Improcedente. — Cuando no se alega en la petición errores dé procedi-miento sino la consideración y resolución errónea de cuestiones planteadas en las alegaciones, el auto de certiorari debe denegarse.
    Id. — Id.—No es motivo bastante para expedir un auto de certiorari la circunstan-cia de que pudiera prescribir el derecho del peticionario antes ele resolverse la apelación que también había establecido, pues tal riesgo que siempre asume todo litigante, no está huérfano de protección.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. A. Mena.

    La parte demandada no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

No vemos que se haya alegado en la petición ningún error de procedimiento sino que más bien se ha alegado la consi-deración y resolución errónea de las cuestiones planteadas en las alegaciones. Aún cuando tuviéramos duda no debe-mos expedir el mandamiento de certiorari pues estamos con-vencidos de que las cuestiones de que se queja el peticionario pueden perfectamente considerarse en la apelación.

El peticionario expresa que aunque se ha establecido una apelación pudiera ocurrir que antes de la resolución de su apelación, prescribiese su derecho si necesitase deducir una nueva demanda, pero tal fundamento apenas es persuasivo para este tribunal, pues este es un riesgo que asume todo litigante y hay medios para uno protegerse. Sin embargo, si hay algo en tal situación y el caso es realmente extraor-dinario, el peticionario podría solicitar de la corte que diera preferencia al caso en el calendario, o en el acto de la vista llamar la atención a la probable extinción del término de prescripción. Se deniega la petición.

Desestimada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.


text:
    Rodríguez, Demandante y Apelante, v. Molero, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre cumplimiento de contrato.
    No. 2467.
    Resuelto en marzo 16, 1922.
    Compraventa — Defectos en el Título del Vendedor — Cumplimiento Especí-fico. — Cuando los hechos demuestran, como en este caso, que el contrato de compraventa se llevó a eaho, la circunstancia de que el título del vendedor contuviera defectos que el comprador conocía al celebrarse el contrato no afeetará al dereeho de aquél a reclamar el cumplimiento específico.
    Compraventa por Precio Aplazado en Parte — Derechos del Vendedor Cuando el Comprador no Cumple el Pacto de Garantizar el Precio Aplazado. — • Probado que con el consentimiento de su esposa el comprador se obligó a ga-rantizar con hipoteca de la finea comprada la parte de precio aplazado, el vendedor tiene derecho, si el comprador no puede constituir la hipoteca por la negativa de su esposa, a recobrar íntegro el precio de la venta.
    Id. — Erutos.—Se presume que los frutos producidos por una finca que el vendedor se vió precisado a ocupar al ser abandonada por el comprador antes de pagar el preeio son suficientes a compensar cualquier pérdida de intereses que el vendedor, quien reclama el cumplimiento del contrato, hubiera podido sufrir.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sr. L. Mercader y E. Marín.

    Abogado del apelado: Sr. F. B. Flores.

   El Juez Asociado Se. Wole,

Como muchos de los hechos aparecen en las alegaciones, pasamos a transcribirlos:

“Demanda. — A la Hon. Corte: — Comparece el demandante y por medio del abogado que suscribe a la corte respetuosamente expone:
“Primero: Que demandante y demandado son mayores de edad y vecinos de Utuado.
“Segundo: Que el demandante por sí y como apoderado de su esposa doña Ana Kosa Vargas, llevó a efecto un contrato privado de compraventa de una finca rústica con el demandado don Luis Mo-lero Alvarez, cuyas estipulaciones se hicieron constar previo acuerdo de los contratantes en el siguiente documento que copiado literal-mente dice así:
“ ‘Contrato privado de compraventa. Don Manuel Rodríguez y Rodríguez, casado con doña Ana Rosa Yargas Rodríguez, comer-ciante y propietario; y don Luis Molero Alvarez, casado con doña Francisca Pérez Villafañe, propietario; ambos mayores de edad y vecinos de Utuado, exponen como precedentes a un contrato de com-praventa que tienen convenido, los siguientes hechos: — Primero: El señor Rodríguez manifiesta que es dueño en unión a su esposa de esta finca: — Rústica, sin nombre conocido, sita en el barrio de Vivi-Abajo, lugar denominado Los Pondos, término municipal de Utuado, compuesta de sesenta y cuatro y media cuerdas, igual a veinticinco hectáreas, quince áreas, cuarenta y seis eentiáreas de terreno que-brado, de vega y con plantaciones de café plátano y frutos menores, conteniendo una casa para habitación. (Se describe la finca.) — Se-gundo : Que la adquirió por escritura ante el notario don Francisco Soto Gras, de San Juan, de fecha 6 de junio de 1917 y por compra a doña Marcolina, doña María del Carmen, doña María de la Encar-nación, doña Ramona, doña Angela López Yillamil y don Adolfo Alvarez Fernández, representados por don Rafael Fabián y Fabián e inscrita en cuanto a unos condominios a su favor, según resulta de las inscripciones 6a. y 7a., folios 41 y 42, finca número 3064, del Re-gistro de la Propiedad del Distrito. — Cargas.—Esta finca según el título que tengo a la vista no tiene cargas. — Tercero: Qlue este con-trato de compraventa se lleva a efecto bajo estas cláusulas: — Pri-mera : Don Manuel Rodríguez y Rodríguez, por sí y como apoderado de su esposa prenombrada, lo que acreditará con la copia de la es-critura de poder cuando fuere necesario, vende a don Luis Molero Alvarez el inmueble deslindado, mediante el precio de diez mil dó-lares ($10,000) del que confiesa recibido la mitad, aplazando el resto de cinco mil dólares ($5,000) a dos años, con opción a dos años mas, contados desde esta fecha, suma que devengará el interés del ocho por ciento (8%) anual pagaderos por mensualidades vencidas, pu-diendo el deudor satisfacer antes del plazo concedido toda o parte de la suma adeudada, pero los pagos parciales que haga no bajaráp nunca de mil dólares ($1,000). — Segunda: Hácese constar que esta finca está inscrita a nombre del vendedor en cuanto a unas partici-paciones o condominios indeterminados, según resulta de la escritura que se ha mencionado y que para inscribirla en cuanto a todos los derechos cedidos al señor Rodríguez será necesario tramitar el corres-pondiente procedimiento judicial, por lo que el señor Molero no reci-birá escritura pública hasta que el señor Rodríguez no obtenga un título eficiente para su inscripción, aclarándose que ninguna defi-ciencia en el título que pueda transmitirle el vendedor será motiva para que el adquirente pueda retener la cantidad aplazada ni parte de ella, respondiendo el señor Rodríguez solamente del saneamiento en caso de evicción y en la forma que determina el Código Civil.— Tercero: Consígnase además que don Carlos Cabrera Paz, colin-dante de esta finca, ha iniciado ante la Corte de Distrito de Arecibo procedimiento de deslinde judicial y que si por resultado de este deslinde la finca vendida quedare con menos o mayor cabida los contratantes no tendrán derecho a reclamación alguna por el exceso o falta de terreno. — Cuarta: Es convenido también que al otorgarse escritura de compraventa al señor Molero éste deberá constituir hipo-teca voluntaria por la cantidad que quede adeudando más una suma adicional de doscientos cincuenta dólares ($250) para garantizar las costas, gastos, desembolsos y .honorarios de abogado en caso de recla-mación judicial. — Utuado, Io. de septiembre de 1920. — (Hay dos rayas para las firmas, debajo de éstas dice ‘contratantes.’) — Affidavit No.-. — Suscrito ante mí por don Luis Molero Alvarez y don Manuel Rodríguez y Rodríguez, casados, propietarios mayores de edad, y vecinos de Utuado a quienes doy fe de conocer personal-mente en Utuado, a-de septiembre 1920. (Hay una raya para la firma del notario.) ’
‘ ‘ Tercero: Que el demandado alegando razones injustificadas y aclaradas al convenirse el contrato de compraventa, niégase a la cele-bración del mismo.
“Cuarto: Que el demandante ha cumplido y está dispuesto a cumplir todas las estipulaciones expresadas en el contrato de com-praventa que se ha mencionado anteriormente.
“Por las razones expuestas de la Honorable Corte solicitamos que previos trámites de ley se dicte sentencia condenando al deman-dado al cumplimiento del contrato de compraventa en las condi-ciones expresadas en el mismo y al pago de las costas, gastos y de-sembolsos y honorarios de abogado del demandante.”
“Contestación a la demanda. — A la Honorable Corte: — Compa-rece ahora el demandado Luis Molero Alvarez por representación de su abogado Francisco R. Flores y contestando la demanda en este caso respetuosamente alega:
“Primero: Que acepta el hecho primero de la demanda.
“Segundo: Que niega por ser falso, absolutamente falso la exis-tencia del documento transcrito en el hecho segundo de la demanda, y que el. demandado en ninguna forma ni en ningún momento haya consentido o haya autorizado a persona alguna para consentir en la redacción del documento transcrito en el hecho segundo de la demanda.
“Tercero: Que niega el hecho tercero de la demanda por cuanto el demandado en ninguna forma y bajo ningún pretexto ha alegado razones injustificadas para no consentir ni convenir, ni aceptar la oferta de venta que le hiciera el demandante con relación a la finca a que se refiere esta acción.
“Cuarto: No negamos pero tampoco admitimos la alegación cuarta de la demanda por cuanto no es cierto la existencia del contrato a que se refiere esta acción.
“Y como materia nueva de oposición a la demanda, el deman-dado alega:
“Primero: Que allá a fines del mes de agosto o alrededor de esa fecha el demandante hizo oferta de venta de la finca a que se re-fiere esta acción al demandado y en tal virtud el demandado estuvo sobre el terreno para ver y conocer dicha finca, y después el deman-dado quiso ver y conocer los documentos o titulación de dicha finca, encontrándose este demandado con que el demandante no tenía nin-gún título eficiente para su inscripción en el registro de la propie-dad, y que no podía dicho demandante otorgarle al demandado una escritura pública que le garantizara la propiedad que iba a adquirir, y entonces el demandado así se lo manifestó al demandante no lle-gando a un acuerdo para el perfeccionamiento de contrato alguno.
“Por lo que se suplica a esta Honorable Corte que se sirva dictar una sentencia declarando sin lugar la demanda y condenando al de-mandante en costas, gastos, y honorarios de abogado.”

La Corte de Distrito de Areeibo después de celebrado el « juicio se expresó en estos términos:

“Del examen de los testigos y prueba documental producida por el demandante, considero que el contrato cuyo cumplimiento se soli-cita no ha llegado a tener existencia jurídica, pues a través de la confusa prueba desarrollada, vislúmbrase solamente proposiciones verbales de una parte y otra sobre venta y adquisición de una finca, sin que en ningún momento aparezca, ni por parte del demandante ni por parte del demandado, la concurrencia mutua de ambos con-sentimientos en el precio y en la cosa, así como el de obligarse a la” entrega de uno y otro respectivamente, requisitos necesarios y que deben probarse de manera clara y evidente para que pueda decla-rarse la existencia del contrato. Artículos 1221 y 1228 del Código Civil.
“En el caso presente, a mi juicio, a juzgar por las pruebas, tes-tifical o documental, sólo puede considerarse la existencia de una licitación o sea, promesa imperfecta, pero no de un contrato que según la precitada disposición legal gira sobre la base del consenti-miento.”

Del resto de la opinión aparece que la duda de la corte en cnanto al perfeccionamiento del contrato no dependió tanto del hecho de no haber habido concurrencia de volun-tades entre las partes, sino de otras cosas, a saber, que la parte de la finca que iba a traspasarse no estaba inscrita en el registro de la propiedad, que con respecto a algunos de los condominios hereditarios que el demandante había comprado existía un pleito o pleitos para obtener un título inscribible, que existía un pleito pendiente con un vecino re-lacionado con las propuestas colindancias de uno de los con-dominios y al parecer, también, aunque en ello no se insistió tan fuertemente, que la esposa del comprador no había con-venido en otorgar hipoteca sobre la finca que se pretendía traspasar como se describe en la demanda, y cuya oposición al contrato o especie de objeción la hizo el demandado en cartas que escribió al demandante.

Para entrar en el fondo de la cuestión debemos decir en seguida que la prueba nos convence de que las partes en este pleito habían llegado a un perfecto acuerdo sobre la •venta de la propiedad y que la esposa del comprador con-vino en constituir hipoteca. En ninguna parte ele la opinión manifiesta la corte tener duda acerca de la veracidad de los testigos y creemos en verdad que de los autos aparece que no surgió ninguna. El demandante como testigo hizo una relación detallada del contrato hecho por él con el deman-dado, sosteniendo todas las alegaciones de la demanda y en sustancia todo aquello sobre lo cual declaró está corroborado por el notario en el caso quien también declaró. Este notario fué elegido no por el vendedor sino por el comprador. El demandante también ha sido corroborado por otro testigo, y por el silencio tanto del comprador como de su esposa que podían haber declárado como testigos, así como por las ale-gaciones.

Es un hecho sobre el que no hay disputa y aceptado por la corte inferior, que al demandado se le dió posesión de la finca, que estuvo en ella por catorce o quince días y entonces la entregó al demandante quien la aceptó para evitarse ma-yores perjuicios. La prueba tiende también a acreditar que después de traspasar la posesión al demandado, el deman-dante sacó su ganado de la propiedad y el demandado utilizó y empleó los auxiliares de la finca que se encontraban en ella a quienes pagó el demandante al negarse el demandado a permanecer en la posesión material de la misma.

Si hubiera sido cierto que no hubo concurrencia de vo-luntades, que la Sra. Molero se negó a prestar su consen-timiento al otorgamiento de la hipoteca, o si alguno de los referidos obstáculos que existían para el perfeccionamiento de un título inscrito eran óbice para la terminación del con-trato, fácil hubiera sido ya al demandado o su esposa, haber declarado y negado las manifestaciones hechas por el de-mandante y el notario. Estos dos testigos fueron someti-dos al más riguroso examen de repreguntas por el juez, quien en su interrogatorio también demuestra al parecer que tenía cierta idea de que el hecho de no estar inscrito el título o la pendencia ele los pleitos tenía que ver con la existencia del contrato. La forma adecuada en que el apelado debió haber refutado las manifestaciones del demandante y sus testigos hubiera sido presentándose él mismo a declarar y quizá haciendo también que su esposa declarara. El hecho de dejarse voluntariamente de presentar prueba establece una fuerte presunción en contra de la persona que suprime dicha prueba, o lo que es igual, el no declarar. Artículo 102, párrafo 5 de la Ley de Evidencia; Fajardo et al. v. Tió, 17 D. P. R. 244.

Como hemos dicho, la prueba del demandante tiende a sostener todas las alegaciones de la demanda. Las partes habían convenido en todo aún en el importe de intereses sobre los pagos aplazados. Es cierto que en una de las car-tas del demandado al demandante éste mostraba su incon-formidad con el importe de los intereses, que el demandado quería fuera el seis por ciento y el demandante, según de-claró, deseaba que fuese el nueve por ciento. Pero la prueba tiende a mostrar que el demandado renunció a la cuestión del importe de los intereses y . aparece claramente el hecho de haber entrado él en posesión de la finca de acuerdo con su alegado contrato y que el demandante sacó su ganado después de haber escrito el demandado las referidas tres cartas.

La contestación del demandado bajo las reglas de ale-gaciones del código, admite los hechos de la demanda. El párrafo segundo no niega la existencia del contrato pero sí que el demandado hizo el documento transcrito en la de-manda, o que autorizara a persona alguna para consentir en la redacción del documento. El párrafo tercero de la contestación niega que el demandado tuviera razones injus-tificadas para no aceptar el contrato, pero no niega que él hizo el contrato. El cuarto párrafo expresa una mera con-clusión de derecho toda vez que dice que no fue cierta la exis-tencia del contrato. Dados los demás párrafos de la con-testación non constat qne el demandado haya podido creer qne el contrato era inexistente por no haber él firmado en realidad nn documento en tal sentido. Y la nueva materia basa el motivo de la negativa en la falta de un título ins-crito o de un título listo para ser inscrito. Pero el com-prador no negó que las partes llegaron a un acuerdo.

No insistiremos ahora demasiado en que no hay una con- ‘ testación en que se nieguen todos los hechos de la demanda, pero somos de opinión de que esta contestación es completa-mente evasiva y no la franca exposición de una persona que quiere negar la existencia de un contrato. Creemos que es una tentativa ingeniosa a fin de establecer una defensa a favor del demandado.

El apelante expresa que la corte al parecer se basó en algunas de las manifestaciones contenidas en la contestación como si fuera prueba. La corte en verdad hace cita de los hechos de la contestación pero debemos dudar de si la corte realmente pudo haber considerado esta contestación como prueba, especialmente no habiendo sido jurada ninguna de las alegaciones.

El notario al ser interrogado por la corte por qué no dejó que las partes firmaran al venir ellos a su oficina en cierto día, manifestó que lo convenido era que ciertos condominios hereditarios debían inscribirse antes de que la escritura fuese ■ redactada, y que antes de que las partes firmaran dicha escritura él deseaba que estos condominios hereditarios fue-ran inscritos. Estos condominios en realidad se inscribie-ron algunos días después de haberse reunido las partes en la oficina del notario. Eran títulos perfectamente inscribi-bles como aparecía de la prueba. De modo que las únicas cuestiones que eran algo dudosas fueron los pleitos pendien-tes para obtener las escrituras de otros condominios y tam-bién la de la colindancia con Carlos Cabrera. El deman-dante declaró que fué un. pleito iniciado para establecer la colindancia por dicho Carlos Cabrera de acuerdo con la parte contraria. Se demostró asimismo que el demandante estaba en posesión de todos los condominios de los bienes, para los cuales tenía necesidad de escrituras a los fines de la inscrip-ción. No puede existir duda alguna en vista de los autos de que el demandado conocía todos estos defectos, que con-vino en tomar la propiedad a pesar de los mismos y que realmente entró en posesión de la finca. Bajo estas circuns-tancias no vemos razón por la cual no deba decretarse el cumplimiento específico del contrato.

Si un comprador puede obtener sustancialmente lo que se le ha prometido puede ser compelido a aceptarlo. Ar-tículos 1354, 1353 y 1091 del Código Civil; 10 Manresa 70, 71; 23 Scaevola, página 111. De las anteriores autoridades resulta claro el hecho de que los defectos pequeños del título, o las omisiones de poca importancia en la descripción no afectarán al derecho de un vendedor a insistir en el cum-plimiento específico y que si es necesario debe decretarse una compensación a favor del demandado. En este caso no es necesaria ninguna compensación toda vez que las par-tes estuvieron perfectamente de acuerdo en cuanto a la cosa traspasada y el demandado realmente fué puesto en pose-sión de la misma. Las cortes de los Estados Unidos van más lejos y dicen que cuando el dar un buen título depende de la voluntad de otra persona, ese hecho no importa si puede obtenerse el consentimiento de dicha tercera persona. Jacobson v. Rechnitz, 46 N. Y. Misc. 135; Lyman v. Gedney, 29 N. E. 282, 288; Rice v. Theimer et al., 146 Pac. 702; Bosch Magneto Company v. Rushmore, 95 Atl. Rep. 614, donde también se dijo que los inconvenientes razonables y volun-tariamente asumidos como parte del contrato que se pre-tende hacer cumplir no pueden prevalecer para impedir su cumplimiento específico. Citronelle Turpentine Company v. Buhlig, 63 So. 952.

Del examen de estas autoridades y otras aparece que el cumplimiento específico siempre será decretado prácticamente por cualquier corte donde quiera que es equitativo y justo el hacerlo así, empezando por la Instituía de Justiniano, Li-bro 3, Título 23, párrafo 1. Y un caso citado en relación con esto es el de Hepburn v. Auld, 5 Cranch. 262, opinión del Juez Presidente Sr. Marshall.

La prueba tiende a mostrar que la Sra. Molero efectiva-mente convino en el contrato y también que Molero tenía un poder de ella. Ninguno de estos hechos fueron neg'ados. La señora Molero sin embargo no es parte en el pleito. Tal vez la corte tiene facultades, de acuerdo con el artículo 36 del Código de Enjuiciamiento Civil para hacer que ella mues-tre causa por qué no debe cumplir con el contrato, pero tal procedimiento es innecesario en este caso. El demandado convino en pagar $10,000 y constituir hipoteca por $5,000 por el precio aplazado de venta. Si el demandado no puede otorgar una hipoteca completa por la negativa de su esposa, entonces dentro de las circunstancias, aún podía exigírsele que com-pre la finca pues no tenemos duda de que la señora Molero consintió en constituir la hipoteca. El incumplimiento fué del demandado y si no se constituye una hipoteca el deman-dante tiene derecho a recobrar todo el precio de la venta. .

La prueba tiende a mostrar que el demandante está real-mente en posesión de la finca, negándose el demandado a quedar en la posesión de la misma, y se presumirá que los frutos y productos de dicha finca fueron suficientes para aten-der cualquier pérdida de intereses que el demandante haya podido sufrir.

Habiendo llegado a la conclusión de que la corte cometió error al no decretar el cumplimiento específico en favor del vendedor, debe revocarse la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Arecibo en febrero 23, 1921, y en su lugar pronunciarse otra declarándose válido y perfecto el contrato celebrado entro las partes y por virtud del cual el demandante vendió al demandado y éste compró al deman-dante la finca en cuestión, y dentro de diez días de registrada la sentencia en este caso en la corte inferior el demandante deberá entregar o dejar a la libre disposición del demandado la finca y el demandado satisfará al demandante la suma de diez mil dólares en pago de la misma, cinco mil de contado y cinco mil dentro del plazo de dos años, con intereses al ocbo por ciento anual, constituyendo el demandado hipoteca sobre la finca vendida para garantir la parte del precio que queda aplazada, debiendo las partes otorgar la correspon-diente escritura. Y si el demandado no pudiere constituir válidamente la expresada hipoteca entonces vendrá obligado a pagar de contado todo el precio dentro de dicho plazo de diez días de registrada la sentencia y desde el momento que el demandante entregue o deje a su libre disposición la finca. La dilación en el pago llevará consigo intereses al ocho por ciento anual. Una vez que transcurra el plazo fijado y el demandante entregue o deje a disposición del demandado la finca de que se trata, si el demandado se negare a pagar el precio convenido, podrá hacerse efectiva la sentencia en cual-quier bien del demandado, incluso la propia finca vendídale, debiendo librarse ejecución para satisfacer la sentencia, que-dando facultada la corte de distrito para dictar las medidas que juzgue necesarias al mejor cumplimiento de la misma, debiendo cada parte pagar sus costas.

Revocada la sentencia apelada, cada parte par-gando sus costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Aldrey y Hutchison.


text:
    The American Railroad Company, Demandante y Apelante, v. Tesorero de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre devolución de contribu-ciones pagadas bajo protesta.
    No. 2487.
    Resuelto en marzo 16, 1922.
    CONTRTBUOTONES PASABAS BAJO PROTESTA-DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES-DE-SISTIMIENTO Borzoso de la Demanda. — Una certificación del Tesorero de Puerto Eico creditiva de que el demandante en un pleito pendiente sobre de-volución de contribuciones pagadas bajo protesta, cuya demanda había sido presentada en marzo de 1921, adeudaba las contribuciones por el segundo semestre de 1920-1921 pagaderas en Io. de enero de 1921 y posteriores a la contribución protestada, es suficiente para considerar al demandante desis-tido de su demanda de conformidad con la sección 6 de la Ley No. 17 de mayo 13, 1920, que empezó a regir en agosto de 1920.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: uSV. F. H. Dexter.

    Abogados del apelado: Hon. Attorney General y Sres. M. A. Muñoz, R. H. Todd, Jr., y J. A. Loret.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación envuelve principalmente la interpretación de la sección 6 de la Ley No. 17, aprobada en mayo 13 de 1920, la cual prescribe lo siguiente:

“Sección 6. — En cualquier momento en que El Pueblo de Puerto Rico acredite por medio de una eertiñcación del Tesorero de que el contribuyente demandante no ha satisfecho alguna otra contribu-ción posterior dentro de los tiempos del término fijado por la ley, se le tendrá por desistido de su demanda, con imposición de costas, y de la indemnización que fija la sección 4 de esta Ley.”

La segunda demanda enmendada es de fecba marzo 15, 1921, y en ella se alegaba que ciertas contribuciones tasadas contra la demandante fueron pagadas bajo protesta. En abril 5 de 1921, el Tesorero presentó una moción para que se tuviera a la demandante por desistida de su demanda por virtud de la sección 6, supra, alegando entre otros particu-lares, que las contribuciones para, el primero y segundo se-mestre del año fiscal 1920-1921 no habían sido satisfechas. La Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, dictó sentencia teniendo por desistida a la demandante y es contra esa sentencia que se interpone la presente apelación.

Sostiene la apelante que como esa ley no fué efectiva hasta agosto de 1920, sus términos sólo serían aplicables al segundo semestre de 1920-1921, y que esta contribución no era paga-dera hasta enero de 1921. Convenimos con el apelado en que aún el primer semestre era pagadero en septiembre de 1920, pero el apelante quedaba de todos modos obligado por las contribuciones vencidas para el segundo semestre paga-deras en primero de enero de 1921.

El apelante, también por primera vez, en apelación dice lo siguiente:

“Pero la principal razón para que la sentencia de la corte de distrito sea anulada está en el defecto de la Ley de 1920 que no pro-vee garantía para el eontiúbuyente puesto que la devolución de su dinero se deja a la discreción de la Legislatura.”

No hubo señalamientos de error, pero aparte de esto pro-movida la cuestión por primera vez en apelación es muy tardía. Kent v. El Pueblo de Puerto Rico, 207 U. S. 113; Torres v. Lothrop, 231 U. S. 171; Porto Rico Benevolent Society v. El Municipio de Ponce, 28 D. P. R. 824 y casos; Torres v. Lothrop, 16 D. P. R. 180. Como indica el apelado este alegado error se consigna en su alegato sin razonamiento alguno, o citas de autoridades.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro, y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Ramírez, Demandante y Apelante, v. Ramírez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao, en pleito sobre reclamación de alimentos provisionales.
    No. 2492.
    Resuelto en marzo 16, 1922.
    Alimentos Provisionales — Hijos Legitimados — Derechos del Hijo Legiti-mado. — El hijo legitimado tiene derecho a solicitar alimentos de sus abuelos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. L. López.

    Abogado de los apelados: Sr. J. Vendrell.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Habiendo quedado legitimada la apelante por el subsi-guiente matrimonio de sus padres y alegando que su padre 'y abuelos maternos no estaban en condición de atender sus necesidades, solicitó alimentos provisionales de su abuelo paterno.

Casi instintivamente uno diría que un niño nacido fuera de matrimonio pero legitimado por el subsiguiente matri-monio de sus padres tendría todos los derechos y privilegios correspondientes a un hijo legítimo y por tanto, que si un hijo legítimo tenía el derecho a solicitar alimentos de sus abuelos también lo tendría la apelante. La corte inferior, sin embargo, consideró el artículo 213 del Código Civil como la única lex seripta aplicable y resolvió que tal hijo legiti-mado quedaba limitado a solicitar alimentos de sus padres, o sus descendientes.

El artículo 213 prescribe lo siguiente:

“Artículo 213. — Están obligados recíprocamente a darse alimen-tos, en toda la extensión que señala el artículo precedente:
“1. Los cónyuges.
“2. Los ascendientes y descendientes legítimos.
“3. Los padres y los hijos legitimados y los descendientes legí-timos de estos.
“4. Los padres y los hijos ilegítimos y los descendientes legíti-mos de estos.
“5. El adoptante y el adoptado, salvo lo dispuesto en el ar-tículo 206.
“Los hermanos deben también a sus hermanos legítimos aunque sólo sean uterinos o consanguíneos, los auxilios necesarios para la vida, cuando por un defecto físico o moral o por cualquiera otra causa que no sea imputable al alimentista, no puede éste procurarse su subsistencia. En estos auxilios están, en su caso, comprendidos los gastos indispensables para costear la instrucción elemental y la enseñanza de una profesión, arte u oficio.”

Si el artículo 213 es la única ley aplicable, entonces de acuerdo con el principio de expressio vmms exclusio alterius est, la corte inferior procedió correctamente.

La apelante nos retrotrae al Código Civil Español para probar que históricamente no debe adoptarse tal interpreta-ción, y el artículo 143 de ese Código prescribe lo siguiente:

“Artículo 143. — Están obligados recíprocamente a darse alimen-tos, en toda la extensión que señala el artículo precedente:
“1ro. Los cónyuges.
“2do. Los ascendientes y descendientes legítimos.
“3ro. Los padres y los hijos legitimados por concesión Real y los descendientes legítimos de éstos. ■
“4to. Los padres y los hijos naturales reconocidos, y los descen-dientes legítimos de éstos,” etc.

De conformidad con el artículo como fué redactado,, en España y siguiendo la misma-norma de razonamiento, un hijo legitimado, no por concesión real, sino únicamente por el subsiguiente matrimonio de sus padres, no tendría derecho alguno a alimentos, aún de sus padres, toda vez que en dicho artículo no se hace mención a tal hijo. El derecho de dicho hijo", sin embargo, a solicitar alimentos de sus padres no nacía del artículo 143, cómo si fuese declarado por primera vez, sino porque, de acuerdo con el artículo 122 del Código Civil Español, un hijo como la apelante en este caso, tenía los mismos derechos que uno legítimo.

Los artículos 193 y 194 del Código Civil de Puerto Eico, como fueron aprobados en 1902, prescribían lo siguiente:

“Art. 193. — Los hijos nacidos fuera de matrimonio son legiti-mados por el subsiguiente matrimonio de sus padres, si con arreglo a la ley pudieren contraerlo, o por autorización de este Código.
“Art. 194. — Los hijos legitimados por subsiguiente matrimonio o por autorización de este Código, tendrán los mismos derechos y deberes de los hijos legítimos.”

Estos dos artículos fueron derogados por la Ley No. 73 de marzo 9 de 1911, quedando sustituidos por los otros dos artículos siguientes:

“Art. 188. — La legitimación de los hijos naturales se verificará por el subsiguiente matrimonio de los padres.
“Art. 189. — Los legitimados disfrutarán de los mismos derechos que los hijos legítimos.”

Los apelados sostienen que como el artículo 213, apro-bado en 1902 se refiere específicamente a los derechos de los hijos legitimados, e incluye a los hijos ilegítimos reconocidos, si la Legislatura hubiera querido otorgar a los hijos legiti-mados los mismos derechos que a los hijos legítimos, hubiera derogado el artículo 213. El artículo 189 como quedó en-mendado no hace mención de “deberes” como hace el ar-tículo derogado No. 194, pero la palabra “derechos” está allí. Si están o no los nietos en el deber de alimentar a sus abuelos, es otra cuestión independiente, pero suponiendo que no lo estén, es un caso que no está previsto (casus omissus). Oreemos que la intención de la Legislatura era clara de que los hijos convertidos en legítimos por subsiguiente matri-monio tuvieran los mismos derechos que los legítimos. Lex scri/pta est. No existe verdadera incompatibilidad porque ahora lo mismo que en el período comprendido entre los años 1902 y 1911, y antes de esa fecha por prescripciones termi-nantes de la ley los hijos legitimados por subsiguiente matri-monio de sus padres tenían iguales derechos que los hijos legítimos. El artículo 213 era simplemente una declaración de la Legislatura que no comprendía todo el campo de los derechos de los hijos legitimados. Si existió alguna duda fué porque entre los años 1902 y 1911 había otros hijos que pudieron ser legitimados, a saber, por el acto solemne del padre solamente.

En el año 1911, sin embargo, se reveló la intención de restablecer a los hijos meramente reconocidos a la condición que existía antes del año 1902, y hemos reconocido una in-tención semejante en el caso de Celis Alquier v. Méndez, 18 D. P. R. 92. Sostenemos, sin embargo, que en cualquier mo-mento no obstante las disposiciones del artículo 213, un hijo natural nacido de padres que no eran casados y que luego contrajeron matrimonio había de ser considerado como legí-timo.

La corte creyó que la prueba mostraba que el padre de la niña podía contribuir a su sostenimiento y por esta razón también declaró sin lugar la demanda.

Hubo pruéba tendente a demostrar que el padre gana $20 mensuales trabajando en Caguas. El también es un mu-chacho que va a la escuela. Tenemos cierta duda respecto a si la suma de $20 que se dice gana este joven es en rea-lidad permanente especialmente por estar asistiendo a la es-cuela. De todos modos creemos que la actuación de la corte estuvo influida por una interpretación incorrecta de la ley y que puede confiarse en que la corte hará justicia a las partes. Somos de opinión de que si el abuelo cuenta con recursos y la niña realmente necesita de su ayuda, debe obligársele a que contribuya con algo, aún cuando este joven, el padre, esté verdaderamente recibiendo una suma de $20 mensuales; pero como esta suma cuyo pago ha de decretarse puede ser variada de acuerdo con la sana discreción de la corte, devol-Temos el caso a la corte inferior para ulteriores procedi-mientos que no sean incompatibles con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro, y Aso-rAdos Aldrey y Hutchison.


text:
    Mercado, Demandante y Apelada, v. Rosado, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre reivindicación.
    No. 2511.
    Resuelto en marzo 17, 1922.
    ReivindioacióN — Erutos Producidos Antes de Ealleoer el Causante — Causa de Acción. — Aduce hechos suficientes en cuanto a la reclamación de frutos una demanda iniciada por la única heredera quien reclama también los pro-ducidos durante cierto período en que vivía su causante, pues al fallecimiento de éste todos sus derechos 7 acciones pasaron a la heredera única.
    Id. — Id.—Descripción de los Erutos Producidos — Alegación Sueiciente. — Describe suficientemente los frutos y productos una alegación expresiva de que los demandados se habían apropiado todos los frutos producidos en la planta-ción de palmas de coeo y árboles frutales, valorados en $150, durante tres años.
    Id.- — Alegación del Título Hereditario. — Alegándose que la demandante y su esposo habían comprado la finca objeto de la reivindicación y que el esposo había fallecido sin testamento y sin dejar sucesión, y habiéndose demostrado que a título de heredera universal la demandante era la dueña del inmueble, no era necesario hacer ninguna especificación de la participación que ella poseía a nombre propio ni cuánto heredó.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. A. A. Vázquez.

    Abogado de la apelada: Sr. J. ATemañy Sosa.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción sobre reivindicación y reclamación de frutos y productos, en la cual la Corte de Distrito de Maya-güez, en apelación procedente de la Corte Municipal de Añasco, dictó sentencia a favor de la parte demandante por la finca reclamada y ordenando al demandado que pague la suma de $150 por los frutos y productos.

Una causa de acción por frutos y productos iniciada por la única heredera después del fallecimiento del causante y en la cual se reclaman los frutos y productos en su propio nombre, y que comprende cierto período durante la vida del causante, será procedente, puesto que todos los derechos y acciones del causante descienden o se trasmiten al heredero. De igual modo la narración (count) describía suficientemente los frutos y productos al decir que los demandados se habían apropiado todos los frutos producidos en la plantación de palmas de coco y árboles frutales durante tres años. Si los demandados tenían necesidad de un pliego de particulares, su camino estaba expedito. La excepción previa a la segunda narración (count) fué debidamente desestimada. Así lo fué también la excepción previa a la primera narración. Ale-gaba la demanda que la demandante y su esposo habían com-prado la finca en cuestión y que su esposo había fallecido sin otorgar testamento y sin dejar sucesión, y que por tanto ella era la única heredera. Quedó suficientemente demos-trado que la demandante era la dueña de toda la propiedad. No era necesario hacer ninguna especificación de la parti-cipación que ella poseía a nombre propio. Ni tampoco cuanto heredó.

El alegato no contiene señalamientos de error; en otras palabras, la agrupación formal de todos los errores antes de ser discutidos uno a uno. Esta relación la exigen las reglas 42 y 43 de esta corte. La tercera cuestión promovida se refiere a la actuación de la corte al eliminar una parte de la contestación. Como al discutir este error el apelante no hizo un resumen de la materia eliminada, creemos que no es necesario considerarlo. La demandada no ha demos-trado que haya habido prejuicio ni error.

Los demás errores se referían a la admisión de la prueba,. o a la apreciación de la misma. Uno de estos errores fue el haber sido admitido un documento no obstante el hecho de que el vendedor y los testigos, o algnnos de éstos, nega-ron sus firmas o marcas. La venta quedó suficientemente probada aliunde y los testigos instrumentales se presentaron únicamente porque al parecer había cierta necesidad o se creyó que era necesaria su presentación con el fin de intro-ducir otra prueba.

La • sentencia estuvo por tanto justificada por la prueba y por consiguiente los demás errores que han sido alegados no requieren consideración especial.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro, y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.