text:
    Laboratorio Clínico Irizarry Guasch, recurrente, v. Departamento de Salud (División de Vistas Administrativas), recurrido, Laboratorio Clínico Sangermeño, opositor recurrido, Hospital Metropolitano de San Germán, interventor recurrido, Hilda Justiniano García, por sí y en representación de Hilda Justiniano, Inc., Héctor M. Morales Muñoz y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos, recurrentes, v. Oficina de Gerencia de Permisos y JI Sites Developers, LLC, recurridas.

      Número: CT-2017-0007

      Resuelto: 3 de agosto de 2017

      Efraín Maceira Ortiz, abogado de la parte recurrida.
   per curiam:

El 3 de mayo de 2017, la Junta de Su-pervisión y Administración Financiera para Puerto Rico presentó una petición de quiebra a nombre del Gobierno de Puerto Rico, según lo permite el Título III del Puerto Rico Oversight, Management, Economic Stability Act (PROMESA), 48 USC sec. 2101 et seq. En lo pertinente, la sección 301(a) del Título III de PROMESA incorporó las secciones 362 y 922 del Código Federal de Quiebras que versan en torno a paralizaciones automáticas de pleitos contra el deudor y su propiedad. 48 USC sec. 2161(a).

El foro apelativo intermedio ordenó la paralización y el archivo administrativo de los casos de referencia. Estos tra-tan sobre la adjudicación de permisos gubernamentales. En particular, una solicitud de un certificado de necesidad y conveniencia para relocalizar un laboratorio clínico en el Municipio de San Germán y un permiso para construir una torre de telecomunicaciones. Así las cosas, el 18 de julio de 2017 certificamos motu proprio y consolidamos dichos casos.

El objetivo principal de la paralización es liberar al deudor de presiones financieras mientras se dilucida el procedimiento de quiebra. Véase 3 Collier on Bankruptcy Sec. 362.03 esc. 6 (“The automatic stay is one of the fundamental debtor protections provided by the bankruptcy laws. It gives the debtor a breathing spell from his creditors. It stops all collection efforts, all harassment, and all foreclosure actions. It permits the debtor to attempt a repayment or reorganization plan, or simply to be relieved of the financial pressures that drove him into bankruptcy”, citando a H.R.Rep. No. 595, 95th Cong., 1st Sess. 340 (1977)). Por otro lado, es necesario señalar que tanto los tribunales federales como los estatales tenemos la facultad inicial de interpretar la paralización y su aplicabilidad a los casos ante nos. In Mid-City Parking, Inc., 332 B.R. 798, 803 (N.D. Ill. 2005) (“Nonbankruptcy forums in both the state and federal systems have jurisdiction to at least initially determine whether pending litigation is stayed”) .

En vista de la jurisdicción concurrente que tiene este Tribunal, y examinados los casos ante nuestra consi-deración, determinamos que a estos no les aplica la parali-zación automática de las secciones 362 y 922 del Código Federal de Quiebras, supra. Lo anterior, debido a que, en-tre otras cosas, estos no involucran reclamación monetaria alguna contra el Estado. Véanse: Atiles-Gabriel v. Puerto Rico, 2017 WL 2709757, 2 (D. PR 2017)(J. Gelpí) (donde se rechazó una interpretación excesivamente amplia de la pa-ralización automática bajo PROMESA y se denegó su apli-cación a un procedimiento de hábeas corpus (“The relief sought concerns a person’s liberty; it does not seek a right to payment, nor an equitable remedy for which monetary payment is an alternative remedy”); Vázquez Carmona v. Department of Education of Puerto Rico, 2017 WL 2352153, 1 (D. PR) (J. Gelpí), donde también se denegó la aplicación de la paralización a un procedimiento de injunction (“The relief requested is not monetary damages”).

En consecuencia, se revocan las órdenes de paralización que emitió el Tribunal de Apelaciones, se reactivan los ca-sos y se devuelven a dicho foro para que continúe con los procedimientos a la brevedad posible. Los casos deberán ser atendidos por el panel del Tribunal de Apelaciones que or-denó la paralización. Así también, se exhorta al foro apela-tivo intermedio a proceder con mayor cautela en el contexto de la quiebra gubernamental aquí involucrada y la parali- zación de pleitos en virtud de PROMESA. Notifíquese inmediatamente.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Véase, además, In re Lezzi, 504 B.R. 777, 779 (2014) (E.D. Penn.) (“The automatic stay applies to a broad range of conduct, but in its most conventional application, the automatic stay restrains pending debt collection litigation, thereby furnishing an obvious benefit to the debtor: a ‘breathing spell’ ”).

       Véanse, también: In re Lenke, 249 B.R. 1, 10 (D.Az.2000); In re Singleton, 230 B.R. 533, 538-539 (6th Cir.1999); M.B. Culhane y M.M. White, Bankruptcy Issues for State Trial Court Judges, 3ra ed., Virginia, American Bankruptcy Institute, 2005, pág. 23.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Carlos J. Nazario Díaz, querellado.

      Número: CP-2013-0019

      Resuelto: 4 de agosto de 2017

      Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, abogadas de Carmen N. Zayas Matos, parte querellante; Margarita Carrillo Iturrino, abogada de Carlos J. Nazario Díaz, parte querellada; Carlos S. Dávila Vélez, comisionado especial.
   per curiam:

En esta ocasión nos corresponde determinar si el Ledo. Carlos J. Nazario Díaz infringió los Cánones 15, 18, 19, 26, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, infra, por presuntamente utilizar un procedimiento de cobro de dinero para presionar a la promovente de la queja en su contra; no defender diligente, adecuada, responsable y prontamente los derechos e intereses de sus clientes; no mantenerlos informados y orientados con relación al asunto encomendado; no renunciar a su representación legal cuando, según alega, no recibió su cooperación para obtener la información necesaria para representarles en un procedimiento de quiebras; no haber sido honrado ni sincero en sus declaraciones durante el procedimiento dis-ciplinario en su contra, y por no cumplir con su deber de actuar de forma que exalte el honor y la dignidad de la profesión jurídica. Por los fundamentos que expondremos a continuación, resolvemos que éste violó los Cánones 18, 19, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, infra. Examinemos el trasfondo fáctico y procesal del caso de epígrafe.

H

El Ledo. Carlos J. Nazario Díaz (querellado) fue admi-tido al ejercicio de la abogacía el 22 de julio de 1997 y juramentó como notario el 15 de agosto de 1997.

El 6 de abril de 2004, la Sra. Carmen M. Zayas Matos (quejosa) contrató los servicios profesionales del licenciado Nazario Díaz para la presentación de una petición de quie-bras en representación de Pureza Real, Inc., una empresa familiar de la cual la quejosa era tesorera y secretaria, y cuyos dueños eran los padres de ésta, el Sr. Pedro Zayas Zayas y la Sra. Alvilda Matos Torres (en conjunto, matri-monio Zayas Zayas-Matos Torres). Ello, con el propósito de reorganizar la empresa, detener las gestiones de cobro de los acreedores y paralizar las acciones judiciales pendien-tes ante el Tribunal de Primera Instancia. En esa misma fecha, la señora Zayas Matos le entregó al abogado copia de los documentos del caso Civil Núm. B3CI2001-00077, en el cual se dictó sentencia por estipulación autorizando un plan de pago a favor de RG Premier Bank. Por su parte, el licenciado Nazario Díaz le recomendó a la quejosa presen-tar la petición de quiebras al amparo del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal. Así las cosas, pactaron los hono-rarios por servicios profesionales y el querellado le entregó a la señora Zayas Matos una lista de los documentos nece-sarios para trabajar la petición de quiebras.

En abril de 2004, la quejosa entregó en la oficina del querellado la mayoría de los documentos que le fueron requeridos. De mayo a septiembre de 2004, la señora Zayas Matos llamó regularmente a la oficina del licenciado Naza-rio Díaz y dejó mensajes con la secretaria de éste, pero el abogado no devolvió las llamadas. Ello se debe a que, se-gún admitió el querellado, para los años 2004 y 2005 no atendía personalmente las llamadas recibidas, sino que te-nía un personal asignado para atender a sus clientes. En octubre de 2004, la quejosa entregó un documento en la oficina del licenciado Nazario Díaz relacionado con la eje-cución de la sentencia dictada en el caso B3CI2001-00077. De igual modo, en febrero de 2005, llevó un edicto a la oficina del abogado, el cual fue emitido en el referido caso señalando una subasta pública para el 14 de marzo de 2005. En la subasta se venderían tres pagarés hipoteca-rios, dos de ellos estaban garantizados por dos fincas de catorce cuerdas y el tercero por un solar de 616.2161 metros cuadrados.

El 25 de febrero de 2005, la señora Zayas Matos suscri-bió un documento bajo pena de perjurio en el que hizo cons-tar que leyó la petición de quiebras de Pureza Real, Inc., los schedules D al F, la lista de acreedores y certificó que la información allí expuesta era correcta. El 8 de marzo de 2005, el licenciado Nazario Díaz presentó la petición de quiebras de Pureza Real, Inc. No obstante, no incluyó los schedules ni el statement of financial affairs. El 14 de marzo de 2005, el foro primario paralizó los procedimientos en el caso B3CI2001-00077 con respecto a Pureza Real, Inc., pero la ejecución de la sentencia continuó en cuanto al matrimonio Zayas Zayas-Matos Torres. Ello, toda vez que las tres fincas que serían vendidas en la subasta pública estaban inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre del matrimonio Zayas Zayas-Matos Torres. No fue hasta el 14 marzo de 2005, fecha cuando se celebró la subasta, que el licenciado Nazario Díaz supo de ese hecho. Las fincas de catorce cuerdas fueron adjudicadas a RG Premier Bank, mientras el solar de 616.2161 metros se le adjudicó al Banco de Desarrollo Económico.

El 16 de marzo de 2005, el querellado solicitó al foro primario que dejara sin efecto la subasta celebrada, ampa-rándose en la petición de quiebras presentada por Pureza Real, Inc. Por otro lado, el 31 de marzo del mismo año presentó una petición de quiebras al amparo del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal en representación del ma-trimonio Zayas Zayas-Matos Torres. Sin embargo, tampoco incluyó los schedules ni el statement of financial affairs. Posteriormente, compareció ante el Tribunal de Primera Instancia como amicus curiae informando de las peticiones de quiebras presentadas en representación de Pureza Real, Inc. y del matrimonio Zayas Zayas-Matos Torres. No obs-tante, el foro primario declaró “no ha lugar” la solicitud del licenciado Nazario Díaz para dejar sin efecto la subasta.

Así las cosas, el querellado compareció ante el Tribunal de Quiebras federal para solicitar la consolidación de los casos presentados en representación de Pureza Real, Inc. y del matrimonio Zayas Zayas-Matos Torres. Por otra parte, presentó una solicitud de prórroga para presentar los schedules faltantes en el caso de Pureza Real, Inc. y, además, solicitó una autorización para contratar a Scherrer Her-nández & Co. (Scherrer), una firma de contadores públicos autorizados. El 1 de julio de 2005, el Tribunal de Quiebras denegó la consolidación de los casos y desestimó la petición de quiebras de Pureza Real, Inc. por no haberse presen-tado los schedules ni el statement of financial affairs. Ante ello, el licenciado Nazario Díaz presentó una reconsidera-ción, pero fue denegada.

Para esa misma fecha, el Tribunal de Quiebras celebró una vista para atender una solicitud presentada por RG Premier Bank para que se levantara la orden de paraliza-ción en el caso de quiebras del matrimonio Zayas Zayas-Matos Torres. En la referida solicitud, el acreedor argüyó que para la fecha en que se ordenó la paralización automá-tica en el caso de quiebras del matrimonio, ya las propie-dades se habían vendido en pública subasta, por lo cual no formaban parte de su caudal y, por ende, no le aplicaba la paralización automática. Por su parte, el querellado ar-güyó que, el 8 de marzo de 2005, Pureza Real, Inc. había presentado una petición de quiebras y que el señor Zayas Zayas estaba bajo la impresión de que las fincas eran pro-piedad de Pureza Real, Inc., por ser colaterales en un prés-tamo que RG Premier Bank otorgó a la empresa. El Tribunal de Quiebras resolvió que las propiedades vendidas en la subasta pública no eran parte del caudal del matrimonio Zayas Zayas-Matos Torres al momento de presentar su pe-tición de quiebras, por lo cual la paralización automática no le aplicaba a esas fincas.

El 7 de julio de 2005, el licenciado Nazario Díaz pre-sentó los schedules A-J y un estado financiero en el caso de quiebras del matrimonio Zayas Zayas-Matos Torres. Du-rante ese mes, la firma Scherrer realizó esfuerzos para ob-tener de la señora Zayas Matos y del querellado la infor-mación necesaria para completar el estado financiero personal tanto del señor Zayas Zayas como de la señora Matos Torres. No obstante, no fue basta el 11 de noviembre de 2005 que la firma Scherrer pudo completar un borrador de los estados financieros. Para ese entonces, el señor Za-yas Zayas había fallecido.

Así las cosas, el 28 de noviembre de 2005, la señora Zayas Matos presentó una queja en contra del licenciado Nazario Díaz. Esencialmente, expuso que le había enco-mendado al abogado la presentación de la petición de quie-bras de Pureza Real, Inc., para evitar que continuaran las acciones judiciales instadas por los acreedores y lograr la reorganización de la empresa, y que no fue hasta días antes de la celebración de la subasta pública que el quere-llado presentó la petición. De igual forma, argüyó que lla-maba al licenciado Nazario Díaz con cierta regularidad para saber de su caso, pero contestaba la secretaria del abogado y le indicaba que se estaba trabajando el caso. Destacó que entregó en la oficina del abogado los documen-tos relacionados a la venta en pública subasta de las pro-piedades que eran colaterales de los préstamos de la em-presa familiar. Además, aseguró que advirtió a la secretaria del querellado que era urgente que se atendiera ese asunto, porque la subasta estaba programada para marzo de 2005. De igual modo, alegó que no fue hasta el 7 de marzo de 2005 que el abogado comenzó a trabajar en el caso. Por lo tanto, atribuyó al licenciado Nazario Díaz la venta de las propiedades en la subasta pública. Por su parte, el querellado alegó que la señora Zayas Matos era la única responsable de los resultados obtenidos en los asun-tos que se le encomendaron, por no haberle provisto la in-formación requerida de forma completa, correcta y a tiempo para poder ofrecer una representación legal adecuada.

El 13 de agosto de 2013, la Oficina del Procurador General presentó una querella contra el licenciado Nazario Díaz, según autorizado por este Tribunal. Específicamente, le imputó haber incurrido en conducta violatoria de los Cá-nones 18 y 26 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. El querellado, por su parte, negó haber incurrido en conducta que violara los cánones del Código de Ética Profesional. Además, expuso que la señora Zayas Matos no le entregó los contratos de Pureza Real, Inc., a pesar de habérselos solicitado, por lo que no pudo demostrar que la empresa era viable para una reorganización al amparo del Capítulo 11. A base de ello, alegó que la quejosa ahora no podía responsabilizarlo por la pérdida de los inmuebles en la venta en pública subasta.

Así las cosas, el 31 de marzo de 2014, este Tribunal designó al Hon. Carlos S. Dávila Vélez como Comisionado Especial (Comisionado). El 30 de abril de 2014, el licen-ciado Nazario Díaz compareció ante nos mediante una ur-gente moción para notificar la presentación de una de-manda en cobro de honorarios en contra de la señora Zayas Matos y Pureza Real, Inc. De la misma manera, adujo que procedía paralizar los procedimientos disciplinarios hasta que el Tribunal de Primera Instancia resolviera, ya que el referido foro tendría que adjudicar la idoneidad de los ser-vicios legales prestados.

Ante ese cuadro, la Oficina del Procurador General pre-sentó una solicitud para enmendar la querella. Informó que, tras reevaluar el expediente del caso, consideraba que exis-tía prueba suficiente para presentar cargos adicionales. Además, argüyó que la conducta del licenciado Nazario Díaz durante el trámite disciplinario, de presentar una demanda en contra de la quejosa para presionarla indebidamente, ameritaba la imposición de cargos adicionales. El querellado se opuso a la enmienda alegando que la demanda en cobro de dinero respondía al ejercicio legítimo de un derecho y no un acto para hostigar.

Evaluada la postura de ambos, autorizamos a la Oficina del Procurador General a presentar una querella enmendada. En consecuencia, el 17 de noviembre de 2014, se presentó una querella enmendada en contra del licen-ciado Nazario Díaz por violación a los Cánones 15, 18, 19, 26, 35 y 38 del Código de Etica Profesional, supra. Ello, por utilizar un procedimiento de cobro de dinero para presionar a la promovente de la queja en su contra; no defender dili-gente, adecuada, responsable y prontamente los derechos e intereses de sus clientes; no mantenerlos informados y orientados con relación al asunto encomendado; no renun-ciar a su representación legal cuando, según alega, no reci-bió su cooperación para obtener la información necesaria para representarles en un procedimiento de quiebras; no haber sido honrado ni sincero en sus declaraciones durante el procedimiento disciplinario en su contra, y por no cumplir con su deber de actuar de forma que exalte el honor y la dignidad de la profesión jurídica.

Por su parte, el querellado reiteró que no incurrió en la conducta imputada ni actuó de forma reñida con el Código de Ética Profesional. De igual manera, insistió en que la desestimación de las peticiones de quiebras y la venta en pública subasta de las tres propiedades concernidas fueron consecuencia de que la señora Zayas Matos fallara en pro-veerle la información requerida de manera completa, co-rrecta y a tiempo para llevar a cabo una gestión profesio-nal adecuada.

Luego de analizada la prueba ante su consideración, el 13 de junio de 2016, el Comisionado emitió el Informe correspondiente. En éste concluyó que el licenciado Naza-rio Díaz infringió los Cánones 18, 19 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Con el beneficio del Informe del Comisionado, la comparecencia del Procurador General y del querellado, procedemos a resolver el asunto que nos ocupa. Examinemos la normativa jurídica aplicable.

H-I

El Código de Ética Profesional contiene las normas mí-nimas que deben regir la conducta de los miembros de la profesión. Ello, a los fines “de promover un comporta-miento ejemplar para beneficio de la ciudadanía, la profe-sión [jurídica] y las instituciones de justicia”. In re Ortiz, Rivera, 195 DPR 122, 131 (2016) (per curiam).

A. Canon 15: Conducta hacia testigos y litigantes

El Canon 15 del Código de Ética Profesional, supra, impone a los abogados el deber de “tratar a los testigos y litigantes adversarios con respeto y consideración”. Asi-mismo, dispone que no deben actuar inspirados por animo-sidades o perjuicios de sus clientes ni debe permitir que sus clientes dirijan el caso o se conviertan en dueños de la conciencia del abogado. En ese sentido, advierte que será impropio utilizar los procedimientos legales irrazonable-mente o con el propósito de hostigar a la parte contraria. Cónsono con lo anterior, hemos expresado que el abogado no debe olvidar que debe actuar siempre con gran celo, cuidado y diligencia, de manera que sus expresiones no sean interpretadas “como que pone en tela de juicio su honradez, moral y honestidad”. (Énfasis omitido). In re Irisarri Castro, 172 DPR 193, 210—211 (2007) (per curiam).

B. Canon 18: Competencia del abogado y consejo al cliente

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, establece el deber de los miembros de la profesión de rendir una labor idónea, competente y diligente, desple-gando en todo momento su más profundo saber y habilidad. De la misma forma, dispone que será impropio de un abogado asumir una representación legal cuando está consciente que no puede ejercer su labor de forma ade-cuada y responsable. En armonía con ello, hemos resuelto que la representación legal adecuada requiere que se ejerza la abogacía con celo, cuidado y prudencia. In re Maldonado Torres, 196 DPR 835, 841 (2016) (per curiam); In re Nazario Díaz, 195 DPR 623, 636 (2016) (per curiam). Asimismo, hemos expresado que cuando un abogado asume una representación legal tiene la obligación de realizar to-das las gestiones posibles en favor de su cliente, siempre que no infrinja los postulados éticos que rigen la profesión jurídica. Id. Es decir, no hay lugar para que los abogados actúen con displicencia, dejadez y desidia en el trámite de los asuntos que se le han encomendado. In re Nazario Díaz, supra, pág. 636. Por lo tanto, constituye una violación al Canon 18 que un abogado incurra en “conducta ne-gligente ‘que pueda acarrear, o en efecto acarree, la deses-timación de un caso o la pérdida de la causa de acción de su representado’ ”. In re Maldonado Torres, supra, pág. 841. Véanse, también: In re Nazario Díaz, supra, pág. 636; In re Díaz Nieves et als., 189 DPR 1000, 1011—1012 (2013) (per curiam).

C. Canon 19: Información al cliente

El Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, expone, en lo pertinente, que “[e]l abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. Hemos establecido que “[e]sta obligación es autónoma e independiente de su deber de diligencia”. In re Maldonado Torres, supra, pág. 842. De igual manera, hemos sido enfáticos en que el abogado tiene el deber de mantener una comunicación efectiva con sus clientes. Para cumplir con ese deber, resulta imperativo que el abogado informe directamente a su representado de los trámites realizados y el desarrollo de su caso, le con-sulte los aspectos que estén fuera de su discreción como representante legal y acate sus directrices, siempre que estén dentro del marco ético. Id.; In re Nazario Díaz, supra, pág. 638. Por lo tanto, un abogado infringe esta norma cuando no atiende los reclamos de información de su cliente, no le informa de un resultado adverso en la gestión encomendada, no mantiene informado al cliente con rela-ción al estado o la situación procesal del caso o, simple-mente, le niega información de su caso. In re Nazario Díaz, supra, pág. 638; In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 752-753 (2014) (per curiam). Debemos destacar que no infor-mar a un cliente de su caso no solo constituye una trans-gresión a este canon, sino que obstruye el proceso de impartir justicia. In re Maldonado Torres, supra, pág. 842; In re Nazario Díaz, supra, pág. 638.

D. Canon 26: Derechos y limitaciones con relación a clientes

El Canon 26 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que ningún abogado está obligado a represen-tar a determinado cliente y es su derecho aceptar o recha-zar representarle legalmente. En ese sentido, establece que es altamente impropio aconsejar transacciones o actos que sean contrarios a la ley, presentar pleitos viciosos o falsas defensas con la justificación de actuar conforme a las instrucciones de su cliente. Cónsono con ello, advierte que el abogado debe obedecer siempre a su propia conciencia y no a la de su cliente.

E. Canon 35: Sinceridad y honradez

El Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, impone a todo miembro de la profesión jurídica el de-ber de conducirse de forma sincera y honrada ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros. Asimismo, se dispone que no es sincero ni honrado utilizar medios incompatibles con la verdad e in-ducir a error al juzgador utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Hemos resaltado que el ejercicio de la abogacía se fundamenta en la búsqueda y defensa de la verdad, por lo cual resulta contrario a su función que un abogado se aparte de su deber inherente de sinceridad y honradez en todo aspecto en el que se desem-peñe, sea su vida privada o profesional. In re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 633, 665 (2015) (per curiam). La verdad es un valor ético trascendental, intrínseco a la profesión jurídica, por lo que infringe el Canon 35 el abogado que no se conduzca conforme a la verdad, aunque no medie inten-ción o motivo alguno, no provoque daño a tercero ni actúe de mala fe. Íd.

F. Canon 38: Preservación del honor y dignidad de la pro-fesión

Según se desprende del Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, todo abogado debe “esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dig-nidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacri-ficios personales y debe evitar hasta la apariencia de con-ducta profesional impropia”. De igual manera, dispone que debido a la confianza depositada en él, un abogado debe comportarse de forma digna y honorable, tanto en su vida privada como en el desempeño de la ilustre profesión jurídica. En cuanto a este precepto ético, hemos reiterado en innumerables ocasiones que “por ser los abogados el espejo donde se refleja la imagen de la profesión, éstos de-ben actuar con el más escrupuloso sentido de responsabili-dad que impone la función social que ejercen”. In re Nazario Díaz, supra, pág. 639. Véase In re Ortiz, Rivera, supra, pág. 134. En ese sentido, enfatizamos que “la confianza, respeto e imagen que la sociedad deposita en cada uno de los abogados, en la profesión y en la institución de la jus-ticia desmerece cuando la actuación del jurista representa incorrección”. In re Irizarry Rodríguez, supra, pág. 666.

A la luz del marco jurídico expuesto, procedemos a eva-luar la conducta desplegada por el licenciado Nazario Díaz.

i—i

A. En este caso se le imputa al licenciado Nazario Díaz infringir los Cánones 15, 18, 19, 26, 35 y 38 del Código de Etica Profesional, supra. No obstante, el Comisionado concluyó que el querellado solo violó los Cánones 18, 19 y 38. Tras evaluar minuciosamente el escenario fáctico ante nuestra consideración, así como el Informe rendido por el Comisionado y la postura del querellado, determinamos que éste transgredió los Cánones 18, 19, 35 y 38 del Código de Etica Profesional, supra.

De entrada, resaltamos que si bien las determinaciones de hechos del Comisionado Especial gozan de nuestra de-ferencia, por encontrarse en mejor posición para aquilatar la prueba testifical y adjudicar credibilidad, no estamos obligados a aceptar su Informe. Adviértase que tenemos la facultad para adoptar, modificar o rechazar el Informe pre-sentado por un Comisionado Especial en un procedimiento disciplinario. In re Irizarry Rodríguez, supra, págs. 666-667; In re Guzmán Guzmán, 181 DPR 495, 511 (2011) (per curiam). Con ello en mente, veamos los fundamentos que sustentan nuestra determinación.

Respecto a la violación al Canon 15, el Comisionado con-cluyó que el licenciado Nazario Díaz no incurrió en la falta imputada. Ello, ya que de la prueba presentada no puede inferirse razonablemente que el querellado instó la de-manda en cobro de honorarios con la intención de presionar u hostigar a la quejosa. Coincidimos con su apreciación.

Con relación al Canon 18, el Comisionado determinó que el licenciado Nazario Díaz infringió el referido canon, pues no actuó con la máxima diligencia. Particularmente, señaló que se infiere de los hechos probados que la señora Zayas Matos contrató al querellado para abril de 2004 para que este presentara una petición de quiebras en re-presentación de Pureza Real, Inc., pero no fue hasta fe-brero de 2005 que el abogado trabajó en el caso. Asimismo, sostuvo que surge de la prueba que el licenciado Nazario Díaz no fue diligente en cumplir con lo encomendado. Ello, debido a que presentó la petición de quiebras de Pureza Real, Inc., a solo días de la celebración de la subasta pú-blica, sin siquiera haber constatado que la referida em-presa era la titular de las fincas cuya ejecución se quería evitar. Acogemos lo expuesto por el Comisionado.

No albergamos duda que, de haber actuado con la dili-gencia, competencia y responsabilidad que requiere el Canon 18, el licenciado Nazario Díaz habría sabido que las tres fincas en cuestión constaban inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre del matrimonio Zayas Zayas-Matos Torres. Por consiguiente, hubiera podido advertir a sus clientes que la presentación de la petición de quiebras de Pureza Real, Inc. no paralizaría la venta en pública su-basta de las tres fincas. Fue su propia falta de diligencia la que le impidió ejercer una representación adecuada y opor-tuna, con nefastas consecuencias para las vidas de sus clientes. El querellado no puede ahora justificar su falla atribuyéndole total responsabilidad a la quejosa por ha-berle provisto información incorrecta, pues era su deber corroborarla.

Igualmente, nótese la falta de diligencia y competencia del licenciado Nazario Díaz al presentar las peticiones de quiebras de Pureza Real, Inc. y el matrimonio Zayas Zayas-Matos Torres sin los schedules y los estados financieros. Este intenta excusar su displicencia, dejadez y desidia en el trámite del caso con el pretexto de que la señora Zayas Ma-tos no le proveyó la información requerida de forma com-pleta, correcta y oportuna. No nos convence. Si bien quedó demostrado que la quejosa no entregó todos los documentos que requirió el querellado, ello no lo releva de responsabilidad. Máxime cuando, ante tales circunstancias, pudo haber renunciado a la representación legal de la se-ñora Zayas Matos.

Por estar relacionado con lo anterior, procedemos a atender el cargo imputado por violación al Canon 26 del Código de Ética Profesional, supra. En lo que se refiere a esta disposición ética, el Comisionado concluyó que el li-cenciado Nazario Díaz no cometió la falta imputada. Par-ticularmente, razonó que el querellado no tenía que renun-ciar a la representación legal de la quejosa, pues no existía razón para que el abogado dudara de la promesa de su cliente de que le suministraría la información requerida. Estamos de acuerdo con que no se demostró una infracción al Canon 26, pero no por las razones expuestas por el Comisionado.

No creemos que se justifique la falta de diligencia del licenciado Nazario Díaz por la alegada promesa de la se-ñora Zayas Matos de que le entregaría la información solicitada. Definitivamente, resultó impropio que este no siguiera su criterio profesional y descansara en la alegada promesa de su cliente. Sin embargo, ello constituyó una violación al deber de diligencia, la cual quedó atendida con nuestra determinación de que, sin duda, el querellado in-fringió el Canon 18. Nótese que el Canon 26 se refiere a aquellas situaciones en que los deberes éticos del abogado le exigen renunciar a la representación profesional de un cliente, cuando adelantar sus intereses conlleve incurrir en conducta contraria a la ley o instigar reclamaciones vicio-sas e infundadas.

En cuanto a la infracción de los Cánones 19 y 35, se le imputó al licenciado Nazario Díaz no mantener informada a la señora Zayas Matos y hacerle creer que se estaba tra-bajando en su caso y que todo se resolvería satisfactoria-mente, cuando no era cierto. El Comisionado entendió que el querellado violó el Canon 19, por no atender las solicitu-des de información de la quejosa. Coincidimos. Quedó es-tablecido por la prueba que la señora Zayas Matos llamaba regularmente a la oficina del abogado para conocer de las gestiones que estaba realizando el licenciado Nazario Díaz referente al asunto encomendado, si alguna. Sus llamadas las atendió la secretaria del abogado y éste no se ocupó en devolverle las llamadas. De hecho, el querellado admitió durante el procedimiento disciplinario que no contestaba las llamadas de sus clientes, pues contaba con personal encargado de eso. En vista de ello, resulta evidente que el licenciado Nazario Díaz violó los postulados del Canon 19, al no comunicarse de manera efectiva y directa con la se-ñora Zayas Matos.

En lo que respecta al Canon 35, el Comisionado no emi-tió una recomendación, sino que se limitó a exponer que durante el proceso disciplinario el licenciado Nazario Díaz testificó que se reunió con la quejosa en 3 o 4 ocasiones entre abril de 2004 y febrero de 2005, pero ese testimonio no le mereció credibilidad. Más aún, indicó específicamente que el querellado ofreció esta información incorrecta con la intención de refutar el testimonio de la señora Zayas Ma-tos, en lo relativo a su falta de gestión profesional desde abril de 2004 hasta febrero de 2005. Ante ello, concluimos que el licenciado Nazario Díaz también violentó el Canon 35. No podemos tomar livianamente la falta de sinceridad y honradez del querellado al levantar sus defensas durante el procedimiento disciplinario llevado en su contra.

Cónsono con lo anterior, el Comisionado concluyó que la conducta desplegada por el licenciado Nazario Díaz, tanto en la etapa investigativa del proceso disciplinario como en la vista celebrada ante sí, demuestran que este dejó de exaltar el honor y la dignidad de la profesión. Ello, en clara contravención a lo dispuesto en el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra. Compartimos su criterio. El que-rellado no se condujo de forma digna y honorable, ni se esforzó al máximo de su capacidad por realzar la buena imagen de la ilustre profesión que ejerce.

Establecido que el licenciado Nazario Díaz infringió los Cánones 18, 19, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, procedemos a determinar la correspondiente san-ción disciplinaria.

B. Como hemos expresado en reiteradas ocasiones, al momento de imponer la sanción disciplinaria a un abo-gado que haya incurrido en una conducta violatoria del Có-digo de Ética Profesional evaluamos los factores siguientes: (1) la reputación del abogado en la comunidad; (2) su histo-rial previo; (3) si es su primera falta; (4) si no ha causado per juicio a alguna parte; (5) la aceptación de la falta y su arre-pentimiento sincero; (6) la defensa frivola de su conducta; (7) si se trata de un incidente aislado; (8) si hubo ánimo de lucro, y (9) cualquier otra consideración agravante o ate-nuante aplicable a los hechos particulares del caso. In re Rivera Grau, 196 DPR 522, 539 (2016); In re Nazario Díaz, supra, pág. 642; In re Irizarry Rodríguez, supra, pág. 668.

En el caso de autos, consideramos como agravante que las actuaciones del querellado no constituyen un incidente aislado, sino un hábito o patrón de conducta deshonesta. Adviértase que, en el 2008, fue suspendido de la abogacía y la notaría por un término de seis meses, por violación al Art. 2 de la Ley Notarial de 1987 (4 LPRA sec. 2002) y a los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Véase In re Nazario Díaz I, 174 DPR 99 (2008) (per curiam). Ello, aunque luego, en reconsideración, se dejara sin efecto la suspensión de la abogacía y se redujera el término de suspensión de la notaría a tres meses. Véase In re Nazario Díaz II, 174 DPR 790 (2008) (Resolución). Asimismo, en el 2016 se le suspendió nuevamente de la abogacía y la notaría por el término de seis meses por infringir los Cánones 12, 18, 19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Véase In re Nazario Díaz, supra. Igual-mente, destacamos que el licenciado Nazario Díaz negó en todo momento haber incurrido en una conducta contraria al Código de Ética Profesional e intentó justificar sus faltas éticas atribuyéndole toda la responsabilidad a la quejosa. Además, no perdamos de vista que sus clientes sufrieron graves perjuicios con la pérdida de sus tres fincas y la des-estimación de sus casos ante el Tribunal de Quiebras, por la desidia e incompetencia del querellado.

Por todo lo expuesto, consideramos que procede impo-nerle al licenciado Nazario Díaz una suspensión por el tér-mino de un (1) año.

I—I <1

Al amparo de los fundamentos enunciados, suspende-mos inmediatamente al Ledo. Carlos J. Nazario Díaz del ejercicio de la abogacía por el término de un (1) año.

En consecuencia, se le impone al señor Nazario Díaz el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, tendrá que informar inmediatamente de su suspen-sión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumpli-miento con lo anterior dentro del término de treinta días contados a partir de la notificación de la presente opinión “per curiam” y sentencia. Notifíquese personalmente esta opinión “per curiam” y Sentencia al Sr. Carlos J. Nazario Díaz por la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       El 30 de junio de 2008, el Ledo. Carlos J. Nazario Díaz fue suspendido de la abogacía y la notaría por un término de seis meses por violación al Art. 2 de la Ley Notarial de 1987 (4 LPRA sec. 2002), y los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Mediante una resolución emitida el 29 de agosto de 2008, se dejó sin efecto la suspensión de la abogacía y se redujo el término de sus-pensión de la notaría de seis meses a tres meses. Posteriormente, fue reinstalado al ejercicio de la notaría mediante una Resolución emitida el 7 de marzo de 2012. Por otro lado, el 26 de mayo de 2016 fue suspendido nuevamente del ejercicio de la abogacía y la notaría por un término de seis meses por infringir los Cánones 12, 18, 19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Él 14 de diciembre de 2016 se le reinstaló al ejercicio de la abogacía y se ordenó la reactivación de la Querella Núm. CP-2013-0019, la cual da lugar al presente dictamen.

       El 6 de abril de 2006, el licenciado Nazario Díaz presentó la renuncia en el caso de quiebras del Sr. Pedro Zayas Zayas y la Sra. Alvilda Matos Torres, la cual fue aceptada al día siguiente. Eventualmente, el 7 de junio de 2006, el Tribunal de Quiebras desestimó el caso.


text:
      In re Eric Pagani Padró, querellado.

      Número: CP-2014-5

      Resuelto: 7 de agosto de 2017

      Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradora general, Celia M. Molano Flores, procuradora general auxiliar; Yvonne Casanova Pelosi y José L. Hidalgo Irizarry, abogados del que-rellado; Eric Pagani Padró, pro se; Ygrí Rivera de Martí-nez, comisionada especial, en informe.
   per curiam:

Hoy censuramos a un miembro de la profe-sión legal que quebrantó su compromiso ético de actuar con diligencia y honradez en el descargo de su función notarial. Veamos.

r—I

El Ledo. Eric Pagani Padró fue admitido al ejercicio de la abogacía el 25 de junio de 1991 y prestó juramento como notario el 3 de julio de 1995.

El 7 de agosto de 2012, la señora Paula Figueroa Ruiz presentó una queja en contra del referido letrado en la que señaló que éste no había preparado adecuadamente cierta escritura de compraventa de un terreno que ésta presun-tamente le había comprado al Ledo. Américo Martínez Romero La querellante sostuvo que, a pesar de haberle pagado $37,000 al licenciado Martínez Romero para la compra del mencionado terreno —hecho que el notario Pa-gani Padró se alega conocía—, en la escritura de compra-venta figuraba como parte vendedora el señor Gary Gui-llén Pérez, a quien ella alegó nunca haber conocido. Asimismo, la señora Figueroa Ruiz indicó que, al momento de presentar la queja, la escritura de compraventa en cues-tión no había logrado acceso al Registro de la Propiedad. La querellante acompañó su queja con evidencia del men-cionado pago y con copia de la escritura de compraventa.

El 26 de septiembre de 2012, el licenciado Pagani Padró presentó su contestación a la queja. En esencia, el letrado expresó que —en el caso ante nos— su función como nota-rio consistió en preparar la escritura de compraventa y to-mar las firmas de los otorgantes, mas no participó en las gestiones previas al negocio jurídico realizado por las partes. Por ello, argüyó que desconocía la forma en que la señora Figueroa Ruiz acordó el pago con terceras personas o con quién lo acordó.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, y según la Regla 14(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, referimos el asunto ante nos a la consi-deración de la Oficina del Procurador General. Luego de realizar la investigación de rigor, dicha oficina nos rindió su informe. En el mismo, una vez analizadas las compare-cencias de las partes, así como los documentos que obraban en el expediente, se concluyó que el licenciado Pagani Padró infringió los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

Así las cosas, el 17 de julio de 2013, este Tribunal emitió una Resolución mediante la cual le concedió al letrado un término de veinte días para expresarse sobre el Informe presentado por la Oficina del Procurador General. El 9 de agosto de 2013, el licenciado Pagani Padró compareció ante nos mediante una Moción Informativa y Solicitud de Prórroga, en la que expresó su interés en buscar asesoría legal previo a responder al Informe de la Oficina del Procurador General. Por esto, solicitó un término adicional de treinta días para reaccionar al mismo. A dicha solicitud, mediante Resolución emitida el 23 de agosto de 2013, este Tribunal accedió.

El 4 de octubre de 2013, dentro del término de tiempo concedido, el licenciado Pagani Padró presentó su Contes-tación al Informe Presentado por la Procuradora General. Allí, el letrado se reiteró en que no participó de las gestio-nes que las partes realizaron previo a otorgar la escritura en controversia. Expresó que su participación se limitó, ex-clusivamente, a autorizar la Escritura de Compraventa Núm. 1 de 29 de marzo de 2012 en la que comparecieron los señores Gary Guillén Pérez y la señora Figueroa Ruiz, como vendedor y compradora, respectivamente. Asimismo, el licenciado Pagani Padró indicó que el referido docu-mento público no había logrado acceso el Registro de la Propiedad debido a un problema de tracto registral relacio-nado a la Escritura Número. 6 de 29 de agosto de 2011, sobre Segregación, Partición y Adjudicación, Ratificación de Compraventa y Cesión, otorgada ante el notario Martí-nez Romero. En ese sentido, reconoció que debió descansar en un estudio de título antes de plasmar el negocio jurídico en el instrumento público, cosa que no hizo. Por último, adjudicó sus errores al descuido y confianza excesiva en la información que le fue suministrada por una parte.

Evaluados ambos escritos, este Tribunal refirió el asunto ante la Oficina del Procurador General para que, cónsono con la Regla 14(e) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXI-B, presentara la correspondiente querella en contra del licenciado Pagani Padró por violación a los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Etica Profesional, supra, respectivamente. Oportunamente, el abogado contestó la referida querella y negó las alegaciones en su contra. En síntesis, esbozó los mismos planteamientos que en sus contestaciones anteriores.

Evaluadas las comparecencias de ambas partes, el 3 de febrero de 2015 este Tribunal emitió una Resolución en la que designó a la Hon. Ygrí Rivera de Martínez, ex jueza del Tribunal de Apelaciones, como Comisionada Especial para que recibiera prueba, realizara determinaciones de hecho y nos brindara las recomendaciones pertinentes.

En cumplimiento con lo anterior, la Comisionada Especial celebró varias vistas a las que compareció tanto la Ofi-cina del Procurador General como el querellado, acompa-ñado por su representación legal. Precisa señalar que, en una de las vistas celebradas, la Oficina del Procurador General, a través de sus representantes, informó que la se-ñora Figueroa Ruiz les había manifestado no tener interés en que se continuara con el procedimiento disciplinario de epígrafe, toda vez que la escritura en controversia había logrado acceso al Registro de la Propiedad, luego de que el querellado realizara las gestiones para ello.

Concluidas las referidas vistas, la Comisionada Especial nos rindió su informe con las determinaciones de hecho y recomendaciones de rigor. Es menester señalar que, en-tre los hechos que ésta encontró probados se encuentran, en lo aquí pertinente, los siguientes:

1. El 7 de agosto de 2012, la Sra. Paula Figueroa Ruiz pre-sentó una queja contra el Ledo. Eric Pagani Padró.
2. La intervención del Ledo. Eric Pagani Padró en ese negocio jurídico fue exclusivamente en su carácter de notario a los fines de otorgar la escritura de compraventa.
4. El Ledo. Pagani Padró fue contratado por el Sr. Gary Gui-llén Pérez dueño registral de la propiedad, para otorgar la escritura de compraventa de[I] solar.
5. El licenciado Pagani Padró se reunió con anterioridad al otorgamiento de la escritura con el Sr. Guillén Pérez y el Ledo. Américo Martínez para conocer los pormenores del negocio ju-rídico que ambos acordaron, para consignarlos en la escritura. De dicha reunión resultó que éstos le proveyeron información de la propiedad, datos de los otorgantes, precio de la compra-venta, entre otros detalles. El licenciado Pagani Padró no se reunión previo al otorgamiento con la Sra. Paula Figueroa, quien era la compradora.
6. El licenciado Pagani Padró indicó que el vendedor le in-formó que la señora Figuero[a 1] e había satisfecho el precio de compraventa.
8. El licenciado Pagani Padró indicó que no tuvo participación alguna al momento en que se llegaron a los acuerdos del nego-cio jurídico esbozados en la escritura, ya que su labor se limitó a preparar la escritura y a tomar la firma de los otorgantes.
11. La escritura otorgada por el licenciado Pagani no logró inscribirse en primera instancia, por problemas de tracto no imputables al documento autorizado por él autorizado, sino por deficiencias relacionadas y señaladas a la escritura previa, que otorgó el Lcdo. Américo Martínez Romero, Escritura Núm. 6 del 29 de agosto de 2011, de Segregación, Partición, Adjudicación, Ratificación de Compraventa y Cesión, las cuales te-nían que ser inscritas, previo al negocio jurídico que otorgó el licenciado Pagani.
12. El licenciado Pagani realizó con prontitud las gestiones pertinentes para lograr el acceso al Registro de la Propiedad de los negocios jurídicos previos autorizados por otro notario y una vez corregidas, se inscribió el negocio jurídico de compra-venta que éste otorgó, sin ulterior trámite.
15. El título propietario de la señora Figueroa no había podido ser inscrito, ya que los negocios previos otorgados por el Ledo. Américo Martínez, fueron objeto de señalamientos de falta por parte del Registrador de la Propiedad y dicho notario no los había corregido, aun cuando se le había requerido en múlti-ples ocasiones que resolviera los señalamientos hechos por el Registrador. (Énfasis suplido).

En vista de lo anterior, la Comisionada Especial con-cluyó que, con su conducta, el licenciado Pagani Padró incurrió en violación a los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Etica Profesional, supra. Ello, en esencia, al no actuar con diligencia y honradez en el descargo de su función notarial.

Ahora bien, aun cuando no nos recomendó una sanción en específico, la Comisionada Especial recomendó que, si este Tribunal optaba por imponer alguna, considerásemos como atenuante las gestiones que realizó el licenciado Pa-gani Padró con posterioridad a conocer la situación regis-tral de la propiedad objeto de la compraventa y dirigidas a corregirlas, así como los factores siguientes, a saber: (1) que el licenciado Pagani Padró aceptó, desde el inicio del procedimiento disciplinario, su responsabilidad en la con-troversia que nos ocupa; (2) que se trata de una conducta aislada y es su primera falta; (3) que nadie ha salido per-judicado por sus actuaciones, y (4) que el licenciado Pagani ha gozado de una buena reputación desde que fue admitido a la práctica de la profesión hace más de veinticuatro años.

Establecido lo anterior, contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, del Informe de la Comi-sionada Especial, así como la prueba que obra en el expe-diente, procedemos, pues, a disponer del proceso discipli-nario ante nuestra consideración.

hH I—H

Como es sabido, el notario o la notaría en Puerto Rico es custodio de la fe pública notarial. Como tal, “cuando un notario [o notaría] autoriza un documento da fe y asegura que ese documento cumple con todas las formali-dades de ley [...] y que se trata de una transacción válida y legítima”. (Énfasis suplido). In re Vázquez Pardo, 185 DPR 1031, 1041 (2012). Véanse: In re González Maldonado, 152 DPR 871 (2000); In re Rivera Arvelo y Ortiz Velázquez, 132 DPR 840 (1993). Por tal razón, “la función notarial debe ejercerse con extremo cuidado y desempeñarse con esmero, diligencia y estricto celo profesional”. (Énfasis suplido). In re Maldonado Maldonado, 197 DPR 802, 809 (2017). Véanse: In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553, 562 (2015); In re Toro González II, 193 DPR 877, 888 (2015).

En ese sentido, el notario o la notaría, al autorizar una escritura pública tiene cuatro deberes principales, a saber: (1) indagar la voluntad de los otorgantes; (2) formular la voluntad indagada; (3) investigar ciertos hechos y datos de los que depende la eficacia o validez del negocio, y (4) dar a los otorgantes las informaciones, aclaraciones y adverten-cias necesarias para que comprendan el sentido, los efectos y las consecuencias del negocio jurídico, y además, se den cuenta de los posibles riesgos, si alguno, que corren al llevar a cabo el referido negocio jurídico. In re Palmer Ramos, 195 DPR 245 (2016); In re Toro González II, supra; In re Belén Trujillo, 184 DPR 793 (2012).

Cónsono con lo anterior, la fe pública notarial, a su vez, impone al notario o a la notaria el deber de hacer las investigaciones mínimas, entre éstas, verificar el es-tado registral de la propiedad a la fecha en que las partes otorguen la escritura. Véanse: In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805 (2011); In re Torres Alicea, 175 DPR 456 (2009); Feliciano v. Ross, 165 DPR 649 (2005). Autorizar una escritura sin conocer sus antecedentes regístrales, mediante la realización de un estudio de título, constituye una violación ala fe pública notarial. Véanse: In re Vargas Velázquez, 193 DPR 681 (2015); In re Ayala Oquendo, 185 DPR 572 (2012); In re Aponte Berdecía, 161 DPR 94 (2004).

Así pues, el notario o la notaria tiene la obligación de suplir explicaciones, aclaraciones y advertencias que en todo caso hagan falta para propiciar y cerciorarse de un estado de conciencia informada al momento de autorizar un instrumento público. In re Maldonado Maldonado, supra; In re Palmer Ramos, supra; In re Toro González II, supra. Cuando un notario o una notaria incumple con tal obligación, viola la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2001 et seq., y el Código de Ética Profesional. In re Belén Trujillo, supra.

En particular, con su incumplimiento, el o la pro-fesional del derecho pudiera estar quebrantando el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, el cual, como se sabe, dispone lo siguiente:

Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuada-mente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.
Este deber de desempeñarse en forma capaz y diligente no significa que el abogado puede realizar cualquier acto que sea conveniente con el propósito de salir triunfante en las causas de su cliente. La misión del abogado no le permite que en defensa de un cliente viole las leyes del país o cometa algún engaño. Por consiguiente, al sostener las causas de su cliente, debe actuar dentro de los límites de la ley, teniendo en cuenta no sólo la letra de ésta, sino el espíritu y los propósitos que la informan. No debe tampoco ceder en el cumplimiento de su deber por temor a perder el favor judicial ni la estimación popular. No obstante, un abogado puede asumir cualquier re-presentación profesional si se prepara adecuadamente para ello y no impone gastos ni demoras irrazonables a su cliente y a la administración de la justicia. (Enfasis suplido).

Como podemos apreciar, dicho canon requiere que los abogados y las abogadas, así como los notarios y las notarías, sean especialmente diligentes en el cumplimiento de sus obligaciones, voluntariamente asumidas, como cus-todios y custodias de la fe pública notarial. In re Aponte Berdecía, supra. Este compromiso debe ser acatado con mayor diligencia por el notario o notaría, precisamente porque, como mencionamos, “su función es la base de la fe pública notarial y es quien tiene a su encargo dar eficacia a los actos y negocios jurídicos que quieran realizar las partes”. (Enfasis suplido). In re Várgas Velázquez, 190 DPR 730, 735 (2014). Véanse, además: In re González Acevedo, 197 DPR 360 (2017); In re Ortiz Medina, 175 DPR 43 (2008).

Dicho de otro modo, por el carácter público de su fun-ción, los notarios y las notarías deben ejercer suma cautela en el ejercicio de su práctica y siempre deben tener pre-sente las consecuencias nefastas que su negligencia puede tener sobre los negocios jurídicos. In re García Cabrera et al., 188 DPR 196, 210 (2013); In re Muñoz Fernós, 184 DPR 679, 685 (2012); In re Rodríguez Báez, 129 DPR 819, 823 (1992).

Por otra parte, y por ser igual de pertinente al proceso disciplinario que nos ocupa, es menester repasar lo dispuesto en el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, el cual establece que lo siguiente:

La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean incon-sistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Es impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para trasmitir una idea contraria a la que el verdadero contexto establece u ocultar alguna que le es conocida.
El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar afidávit u otros documentos, y al presentar causas. El destruir evidencia documental o fa-cilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso es también altamente reprochable. (Enfasis suplido).

Como se puede apreciar, dicho canon compele a los abo-gados y las abogadas a realizar su magisterio con sinceri-dad y honradez, así como a comportarse de manera digna tanto en su labor estrictamente legal como ejerciendo su función notarial. Véanse: In re Belén Trujillo, supra; In re Vera Vélez, 148 DPR 1 (1999); In re Torres Olmeda, 145 DPR 384 (1998). Tal deber adquiere mayor importancia en esa última instancia.

Sobre este particular, en reiteradas ocasiones he-mos señalado que faltar a la veracidad de los hechos es una de las faltas más graves que puede cometer un notario. Véanse: In re Montañez Miranda, 157 DPR 275 (2002); In re González Maldonado, supra. Dar fe de un hecho falso, independientemente de si es de forma intencional o no, conlleva una violación al Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra. Véanse: In re Belén Trujillo, supra; In re Martínez Almodóvar, supra. El elemento de intención no se requiere para violar este canon; el quebrantamiento puede ser producto “de un desempeño profesional carente de la cautela y el celo que demanda la función pública del notario, o de una confianza desmesurada en las manifesta- dones de otros compañeros de la profesión (Énfasis suplido). In re Rivera Grau, 196 DPR 522, 535 (2012). Véanse: In re Belén Trujillo, supra, pág. 802; In re Vera Vélez, supra, pág. 8.

Por último, la situación de hechos ante nuestra consideración nos invita a hacer mención de las obligacio-nes impuestas por el Canon 38 del Código de Ética Profe-sional, el cual, en lo pertinente, señala que lo siguiente:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. En su conducta como funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia. [...]
Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe condu-cirse en forma digna y honorable. En observancia de tal con-ducta, el abogado debe abstenerse en absoluto de aconsejar y asesorar a sus clientes en otra forma que no sea el fiel cum-plimiento de la ley y el respeto al poder judicial y a los orga-nismos administrativos.

En conformidad con lo anterior, toda y todo miembro de la profesión legal tiene el deber de ser escrupuloso en el ejercicio de sus funciones profesionales e, incluso, debe cui-dar de que sus actuaciones no den margen a la más leve sospecha de impropiedad. In re Rivera Vicente, 172 DPR 349 (2007); In re Avilés, Tosado, 157 DPR 867 (2002); In re Bonilla Rodríguez, 154 DPR 684 (2001). Al respecto, hemos señalado que “es imprescindible que el notario observe la mayor pureza y honestidad en el descargo de la fe pública notarial”. (Énfasis suplido). In re Sepúlveda Girón, 155 DPR 345, 362 (2001). Véanse: In re Vargas Velázquez, supra, pág. 730; In re Belén Trujillo, supra, pág. 801.

En ese sentido, cuando las controversias ante nuestra consideración versen sobre un notario o una nota-ria que falta a la verdad y, por ende, a la fe pública notarial, este Tribunal ha sentenciado que “[n\o se requiere que el notario haya faltado a la verdad intencionalmente para faltar a su fe notarial y al Canon 38 [...] Su violación puede ser el resultado de un desempeño profesional carente de la cautela y el celo que demanda la función pública del notario”. (Énfasis suplido). In re Sepúlveda Girón, supra, pág. 363. Véanse: In re Gordon Menéndez I, 171 DPR 210, 216 (2007); In re Avilés, Tosado, supra, pág. 892.

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta, que procedemos a disponer del proceso disciplinario ante nos.

i—I HH H-1

Como mencionamos, en el presente caso, el licenciado Pagani Padró fungió como notario en la autorización de la Escritura de Compraventa Núm. 1 de 29 de marzo de 2012, en la que el señor Guillén Pérez y la señora Figueroa Ruiz comparecieron como vendedor y compradora, respectivamente. Según argüyó la señora Figueroa Ruiz, en la referida escritura de compraventa figuraba como parte vendedora una persona que ella alega nunca haber conocido.

En cuanto a este primer señalamiento argüido por la señora Figueroa Ruiz, de la prueba recibida ha quedado meridianamente claro que el licenciado Pagani Padró, al otorgar la escritura pública en controversia —y sin indagar sobre el negocio jurídico otorgado entre las partes—, dio fe de que la querellada había pagado al vendedor, el señor Guillén Pérez, la totalidad de la deuda, cuando desconocía que a quien la señora Figueroa Ruiz le pagó la deuda fue al licenciado Martínez Romero. Sin duda alguna, autorizar la referida escritura pública sin realizar una investigación adecuada y responsable constituye una violación a los Cá-nones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, por parte del licenciado Pagani Padró.

Por otra parte, la señora Figueroa Ruiz también que la escritura que dio inicio a este proceso disciplinario no ha-bía logrado acceso al Registro de la Propiedad. Sobre este segundo señalamiento, del expediente que obra en nuestro poder claramente se desprende que el licenciado Pagani Padró reconoció que —previo a redactar el instrumento pú-blico en cuestión—, cometió un error de juicio al no realizar un estudio de título sobre la propiedad objeto de la compraventa. El letrado en cuestión, de forma errada, en aras de determinar quién era el titular del bien a inscribir, optó por descansar en un instrumento público —relacio-nado con la propiedad en controversia—, previamente au-torizado por el licenciado Martínez Romero, de donde pre-suntamente surgía la titularidad del inmueble. Al así hacerlo —al no realizar las gestiones que las leyes y los reglamentos que gobiernan estos asuntos requieren previo al otorgamiento del instrumento público, tal como una in-vestigación registral de la propiedad—, el licenciado Pa-gani Padró incumplió con su deber de ser diligente en el cumplimiento de sus obligaciones como depositario de la fe pública notarial. Con tal proceder, además, incurrió en vio-lación al Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra.

En fin, al trasladar la normativa antes expuesta a los hechos ante nuestra consideración, resulta forzoso concluir que —con su conducta— el letrado objeto del presente pro-ceso disciplinario quebrantó su compromiso ético de actuar con diligencia y honradez en el descargo de su función notarial, principios celosamente custodiados por los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

Ahora bien, en reiteradas ocasiones hemos seña-lado que al momento de imponer una sanción disciplinaria, debemos tomar en cuenta los factores siguientes: (1) la buena reputación del abogado en la comunidad; (2) su his-torial previo; (3) si esta constituye su primera falta y si ninguna parte ha resultado perjudicada; (4) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (5) si se trata de una conducta aislada; (6) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (7) el resarcimiento al cliente, y (8) cuales-quiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agra-vantes, que medien según los hechos. In re Rodríguez García, 197 DPR 515 (2017); In re Vilches López, 196 DPR 479 (2016); In re Cotto Luna, 187 DPR 584, 593-594 (2012).

Así pues, como ya mencionamos, en el presente caso el licenciado Pagani Padró aceptó, desde el inicio del procedi-miento disciplinario, su responsabilidad en la controversia y mostró un sincero arrepentimiento por la falta cometida. Además, se trata de la primera falta del letrado, quien ha gozado de una buena reputación en su comunidad desde que fue admitido a la práctica de la profesión hace más de veinte años. Por otra parte, nadie ha salido perjudicado como resultado de su conducta, ya que el licenciado Pagani Padró realizó las gestiones necesarias para que el instru-mento público en cuestión lograra acceso al Registro de la Propiedad. Todos esos factores deben ser considerados por este Tribunal al momento de imponer una sanción.

IV

Por todo lo anterior, censuramos la conducta desplegada por el licenciado Pagani Padró y le apercibimos de su deber de observar de forma escrupulosa los principios deontológi-cos que se recogen en el Código de Ética Profesional. Asi-mismo, le apercibimos que, de incurrir en otro acto que con-travenga las normas deontológicas antes señaladas, se expone a medidas disciplinarias más severas, su suspen-sión del ejercicio de la abogacía y la notaría.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       La señora Paula Figueroa Ruiz sostuvo que el terreno que le compró al licenciado Martínez Romero era remanente de unos terrenos pertenecientes a la Sucesión de Natalio Figueroa, los cuales fueron entregados al licenciado Martínez Romero en pago por irnos servicios realizados en un litigio entre los herederos de la mencionada sucesión.


text:
      In re Wilfredo Cruz Liciaga.

      Número: TS-17,808

      Resuelto: 7 de agosto de 2017

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías; Wilfredo Cruz Liciaga, pro se.

   per curiam:

Una vez más nos vemos obligados a suspender del ejercicio de la abogacía y la notaría a un miembro de la profesión legal que incumplió con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías y, además, con las órdenes de este Tribunal. Veamos.

I—I

El Ledo. Wilfredo Cruz Liciaga fue admitido al ejercicio de la abogacía el 9 de febrero de 2010 y prestó juramento como notario el 2 de julio de 2010. El 26 de enero de 2017, la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) cursó una comunicación al licenciado Cruz Liciaga, en la cual se le informó que la inspección de su obra protocolar estaba señalada para el 13 de febrero de 2017. Asimismo, se le notificó al letrado que no se admitiría solicitud de suspen-sión o posposición alguna, excepto por justa causa y tras la debida comunicación a tales efectos al Director de ODIN, con un mínimo de cinco días laborables previo al señala-miento acordado.

Así las cosas, el 9 de febrero de 2017 el licenciado Cruz Liciaga envió una carta al Director de la ODIN, mediante la cual solicitó la posposición de la inspección de su obra protocolar, por conflictos con su calendario. El letrado ofre-ció varias fechas alternas para celebrar la referida visita de inspección.

Posteriormente, en contestación a la referida solicitud, la Inspectora de Notarías, Leda. Teresa Trujillo Ortiz, cursó un correo electrónico al letrado en el que confirmó que se había autorizado la reprogramación de su inspec-ción, quedando así señalada para el 3 de marzo de 2017. En dicha comunicación, la Inspectora de Notarías informó al abogado que era importante mantener la comunicación, ya que por las pasadas dos semanas había intentado comu-nicarse con este y había resultado infructuoso.

A raíz de lo anterior, el 2 de marzo de 2017, la Inspec-tora de Notarías envió un correo electrónico al licenciado Cruz Liciaga, solicitándole que se comunicara con ella a la mayor brevedad posible, de modo que pudiera proveerle las instrucciones necesarias para llegar a su oficina al próximo día, para la cita programada. Asimismo, se le indicó al le-trado que surgía de su certificación de radicación de índi-ces mensuales e informes anuales que este adeudaba los Informes de Actividad Notarial Anual correspondientes a los años 2011 al 2015. Se le explicó que debía proveerle a la ODIN evidencia acreditativa de la presentación de los es-tos informes o, en su alternativa, presentarlos con la co-rrespondiente carta explicativa.

En igual fecha, en horas de la tarde, la Inspectora de Notarías recibió una llamada telefónica de la señora Elizabeth Rivera —quien se identificó como la compañera del letrado— y esta le manifestó que el licenciado Cruz Liciaga se encontraba en la sala de emergencias de uno de los hos-pítales del país, el cual no identificó. Según expresó la se-ñora Rivera, ello se debió a una condición de salud impre-vista: presión alta. Inmediatamente, la señora Rivera expresó que el licenciado Cruz Liciaga no estaría disponi-ble para la inspección programada, ya que supuestamente sería hospitalizado.

Ante este panorama, la Inspectora de Notarías manifestó a la señora Rivera que el licenciado debía presentar directa-mente su solicitud de cambio de fecha al Director de la ODIN, así como un certificado médico que acreditara su con-dición de salud y cualquier otro documento complementario.

Debido a la ausencia de evidencia acreditativa de lo ale-gado por la señora Rivera, el Director de la ODIN determinó mantener vigente el señalamiento de la visita de inspección inicial, según programada, para el 3 de marzo de 2017. Dicha determinación se informó al licenciado Cruz Liciaga me-diante correo electrónico y, además, se le informó que de no estar disponible o de no haber persona que recibiera a la Inspectora de Notarías, se procedería a presentar el corres-pondiente Informe Especial ante este Tribunal.

Al no recibir comunicación alguna por parte del letrado ni de la señora Rivera, la Inspectora de Notarías se per-sonó a la residencia del licenciado Cruz Liciaga en la fecha acordada. Tras recibir la confirmación por parte de una vecina de que la residencia en cuestión era la del letrado, la Inspectora de Notarías procedió a intentar comunicarse con el abogado a los números de contacto que surgían del Registro Único de Abogados y Abogadas, pero ello resultó infructuoso. Así, la Inspectora de Notarías procedió a dejar una nota en el buzón de la residencia, informando de su visita a esta.

El 8 de marzo de 2017, la Inspectora de Notarías pre-sentó un documento titulado Informe Negativo de Inspec-ción Inicial Reprogramada, en el que detalló los esfuerzos realizados para localizar al letrado. De igual forma, ex-presó que, al momento de suscribir el informe, el licenciado Cruz Liciaga no se había comunicado ni había ofrecido ex-cusas por su incomparecencia.

Al día siguiente, el Registro de Asuntos No Contenciosos de la ODIN notificó a la licenciada Trujillo Ortiz que no surgía de los archivos que el licenciado Cruz Liciaga tu-viese vigente su Fianza Notarial; había vencido el 10 de julio de 2013.

Así pues, el 10 de marzo de 2017 el Director de la ODIN nos presentó el Informe Especial sobre Incumplimiento de la Ley Notarial y su Reglamento y Solicitud Urgente de Incautación Preventiva de Obra Notarial (Informe Especial). Luego de reseñar los sucesos que anteceden, la ODIN solicitó la incautación preventiva de la obra protoco-lar del licenciado Cruz Liciaga, junto con su sello notarial. Ello, por entender que el incumplimiento del letrado con los requerimientos de ODIN dirigidos a realizar la inspec-ción de su obra notarial, así como su constante inaccesibi-lidad, entorpecían y obstaculizaban el deber de fiscaliza-ción de la ODIN.

El 29 de marzo de 2017 emitimos una resolución me-diante la cual concedimos al licenciado Cruz Liciaga un tér-mino de veinte días para responder al Informe Especial antes mencionado. Asimismo, le ordenamos al abogado que presentara, dentro del mismo término, los Informes Esta-dísticos de Actividad Notarial Anual adeudados y, por otra parte, que acreditara el pago de la fianza notarial desde el 2013 al presente año. En dicha resolución se le apercibió que su incumplimiento con lo ordenado podría conllevar sanciones disciplinarias, como la suspensión de la abogacía. Por último, se ordenó la incautación de la obra protocolar del letrado. Copia de la referida resolución se diligenció per-sonalmente el 4 de abril de 2017.

Posteriormente, el 9 de mayo de 2017 la ODIN presentó ante este Tribunal una Moción Notificando Incumpli-miento de Orden, Informe Sobre Obra Protocolar Incau-tada y en Solicitud de Remedios, en la cual expresó que, a pesar del término que le fue conferido por este Tribunal, el licenciado Cruz Liciaga no había presentado su reacción al Informe Especial, los Informes Estadísticos de Actividad Notarial Anual correspondientes a los años de 2011 a 2015, ni había presentado evidencia que acreditara el pago de la fianza notarial para el periodo de 2013 al presente. Es de-cir, una vez más y a pesar de nuestra orden a tales efectos, con el correspondiente apercibimiento, el licenciado Cruz Liciaga no compareció ante nos.

Posteriormente, el 6 de junio de 2017, el licenciado Cruz Liciaga compareció ante nos mediante una Moción Infor-mativa y otros Asuntos. En síntesis, expuso que el pasado 25 de mayo de 2017 se celebró una reinspección de su obra notarial incautada preventivamente por esta Curia y que se corrigieron la mayoría de las faltas señaladas por la ODIN. Asimismo, nos indicó cuáles, según su apreciación, eran los asuntos pendientes ante la ODIN. Además, el abo-gado adujo que, por error involuntario, no había estado recibiendo las notificaciones enviadas durante el trámite de subsanación de su obra notarial, puesto que la dirección de correo postal es una familiar y los miembros de su fa-milia no le entregan la correspondencia dirigida a este o, de hacerlo, es de forma tardía. Por ello, el licenciado Cruz Liciaga expuso haber realizado un cambio de dirección para que la correspondencia fuese recibida directamente en su residencia y, además, expresó que su intención nunca fue faltar a los requerimientos de esta Curia ni de la ODIN. Finalmente, solicitó un término de quince días para corregir las faltas que entendía quedaban por subsanar. A tales efectos, el 8 de junio de 2017 le concedimos a la ODIN un término de diez días para que se expresara en torno a lo expuesto por el letrado.

Mediante Moción en Cumplimiento de Orden, la ODIN compareció ante nos y sostuvo que, según informó la licen-ciada Trujillo Ortiz, Inspectora de Protocolos y Notarías a cargo del examen de la obra del licenciado Cruz Liciaga, previamente incautada por este Tribunal, el pasado 25 de mayo de 2017 se realizó una reinspección de la referida obra y se encontraron ciertas deficiencias.

Consecuentemente, el 26 de junio de 2017 emitimos una resolución mediante la cual concedimos al letrado un tér-mino de treinta días para atender las deficiencias señaladas. No obstante, el 27 de julio de 2017 la ODIN compareció una vez más ante nos, mediante una Moción Reiterando Incumplimiento de Orden. En la misma expuso que el licenciado Cruz Liciaga no se había comunicado con la Inspectora de Protocolos y Notarías a cargo de la inspec-ción de su obra notarial, con el personal de la ODIN o con el personal del Archivo Notarial del Distrito Notarial de San Juan. De igual forma, la ODIN nos informó que la obra notarial incautada permanecía con las deficiencias previamente señaladas.

Es, pues, a la luz del marco fáctico y procesal antes ex-puesto, que procedemos a resolver este asunto sin trámite ulterior.

H-1 l—l

Como es sabido, las normas de conducta contenidas en los cánones de ética profesional, que rigen a los miembros de la profesión legal, buscan promover el ejercicio profesio-nal y personal del abogado a tono con los más altos princi-pios de conducta decorosa. In re López Santos, 194 DPR Ap. (2016); In re De Jesús Román, 192 DPR 799, 802 (2015); In re Suárez Jiménez, 192 DPR 152 (2014). Ello, a su vez, redunda en beneficio de la profesión, la ciudadanía y nuestras instituciones de justicia. In re Franco Rivera, 197 DPR 628 (2017); In re Suárez Jiménez, supra. El incumplimiento con estas normas éticas acarrea sanciones disciplinarias. In re Franco Rivera, supra, pág. 634; In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485 (2015); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2014).

A tenor de lo anterior, y en lo pertinente al asunto que nos ocupa, el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IK, establece que todo abogado “debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. In re López Méndez, 196 DPR 956, 961 (2016); In re Montalvo Delgado, 196 DPR 541, 549 (2016); In re Torres Rodríguez, 188 DPR 304, 306 (2013). Como corolario del respeto profundo que deben tener los aboga-dos hacia el foro judicial, el mencionado canon les ordena comparecer a los señalamientos notificados por el tribunal, así como a cualquier requerimiento u orden emitida por el foro judicial. In re Rivera Navarro, 193 DPR 303 (2015); In re Irizarry Irizarry, supra; In re Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011). Véase, además, In re Otero Fernández, 145 DPR 582 (1998). Tal deber incluye, además, el de todo abogado a responder con diligencia los requerimientos, las órdenes y las exigencias de la ODIN. In re Franco Rivera, supra; In re Salas González, 193 DPR 387 (2015). Véanse, además: In re Chardón Dubós, 191 DPR 201 (2014); In re Martínez Romero, 188 DPR 511 (2013).

En ese sentido, hemos señalado en más de una ocasión que los abogados tienen el deber de subsanar cual-quier deficiencia notificada por la ODIN. Ante ello, no pue-den asumir una actitud pasiva ni esperar que sea tal de-pendencia de este Tribunal quien les contacte para cerciorarse que las deficiencias señaladas en la obra notarial hayan sido corregidas. Por el contrario, hemos expre-sado que —una vez se han identificado faltas en sus obras notariales— son los abogados quienes tienen la obligación de contactar a la ODIN, con el fin de pautar las reuniones y los procedimientos necesarios para finalizar cualquier proceso de subsanación. In re Franco Rivera, supra; In re Vázquez González, 194 DPR 688, 695 (2016); In re García Aguirre, 190 DPR 539 (2014).

El incumplimiento con tal deber, junto a la desatención de las órdenes de este Tribunal, constituye una infracción al Canon 9 del Código de Etica Profesional, supra. In re Pestaña Segovia, supra; In re De León Rodríguez, 190 DPR 378 (2014); In re Dávila Toro, 179 DPR 833 (2010). Ello, puesto que este Foro ha sido enfático en no tolerar la acti-tud de indiferencia por parte de un miembro de la profe-sión a nuestras órdenes, señalamientos o requerimientos. In re Franco Rivera, supra; In re García Aguirre, supra; In re López González, 189 DPR 581 (2013).

Así, pues, la desatención a las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales y, a su vez, constituye una infracción al Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra. In re López Méndez, supra; In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485 (2015); In re García Incera, 177 DPR 329 (2009); In re Maldonado Rivera, 147 DPR 380 (1999). De este modo, cuando un abogado ignora los requerimientos y las exigencias de la ODIN y de este Tribunal, procede la suspensión inmediata e indefinida de la abogacía. In re Franco Rivera, supra; In re Pérez Román, 191 DPR 186 (2014); In re Martínez Romero, 188 DPR 511 (2013); In re Arroyo Rivera, 182 DPR 732 (2011).

Es, precisamente, a la luz del marco jurídico antes ex-puesto que procedemos a disponer del asunto ante nuestra consideración.

H-1 h-1 I—i

Según se desprende del trámite reseñado aquí, como pu-dimos apreciar, el licenciado Cruz Liciaga hizo caso omiso en varias ocasiones a las comunicaciones cursadas por la ODIN con el fin de inspeccionar su obra notarial. A pesar de haberse reprogramado la referida inspección a una fe-cha distinta a la original, según solicitado por el letrado, este no compareció a la misma ni presentó excusa alguna por dicha incomparecencia. Además, durante el periodo previo, coetáneo y posterior a la fecha en que habría de celebrarse la visita de inspección de la obra notarial, el licenciado Cruz Liciaga no respondió a ninguno de los in-tentos de comunicación realizados por la Inspectora de Notarías. Por si fuera poco, el abogado tampoco ha respon-dido a nuestras órdenes y se ha mostrado indiferente ante nuestro apercibimiento de imponerle sanciones disciplina-rias por la conducta desplegada por este.

Sin lugar a dudas, la conducta desplegada por el licen-ciado es de descuido y refleja una patente falta de interés en continuar ejerciendo la profesión. La misma constituye un desagravio a la autoridad de este Tribunal y, a su vez, infringe el Canon 9 de Ética Profesional, supra.

En vista de ello, se le suspende inmediata e indefinida-mente del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone al licenciado Cruz Liciaga el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándo-los, devolver cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos donde tenga casos pendientes. Además, tiene la obligación de acreditar y cer-tificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y Sentencia.

Se ordena al licenciado Cruz Liciaga, además, que en un término final e improrrogable de cuarenta y cinco días ca-lendario a partir de la notificación de la presente opinión “per curiam” y Sentencia, complete —a sus expensas— el proceso de subsanación de la obra notarial incautada. Se le advierte que, de incumplir con lo anterior, el asunto será referido a un proceso de desacato ante el Tribunal de Pri-mera Instancia, Sala Superior de San Juan.

Se ordena, además, al Alguacil de este Tribunal incau-tar su obra notarial, inclusive su sello notarial, y entregar-los al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe a este Tribunal. La fianza notarial del señor Cruz Liciaga queda automática-mente cancelada; esta se considerará buena y válida por tres años después de su terminación en cuanto a los actos realizados por el señor Cruz Liciaga durante el periodo en que la fianza estuvo vigente. Notifíquese personalmente.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       El 27 de enero de 2017, este Tribunal emitió una resolución mediante la cual archivamos la Queja AB-2014-294 presentada en contra del Ledo. Wilfredo Cruz Liciaga. En dicha resolución le censuramos enérgicamente y le apercibimos que, en un futuro, debería cumplir cabalmente con sus obligaciones éticas.
      Posteriormente, se presentó contra el letrado la Queja AB-2016-305, en la cual se cuestiona la autenticidad de una firma contenida en un documento sometido por el licenciado Cruz Liciaga ante el Tribunal de Primera Instancia. El pasado 22 de mayo de 2017, el Procurador General presentó su Informe Final, en el cual recomendó ar-chivar la Queja AB-2016-305. No obstante, al presente, la misma no ha sido archivada.

       En aquel entonces, las deficiencias señaladas fueron las siguientes: falta de encuadernación de los Protocolos formados para los años 2010 al 2016; una deuda arancelaria ascendiente a $275; falta de entrega de tres instrumentos públicos au-torizados en el año natural 2016; transcripción de dos asientos en su Libro de Regis-tro de Testimonios, y la ratificación de ciertos instrumentos ante un tercer notario.