author: El Juez Asociado Senos. Wole,

text:
    Merino, Demandante y Apelante, v. The Globe Rutgers Fire Insurance Company, Demandada y Apelada.
    No. 3171.

    Visto: Marzo 4, 1924.

      Resuelto: Junio 18, 1924.
    Cobro de Póliza de Seguro — Discreción Judicial — Negligencia Excusable--Anulación de Sentencia. — Cinco y medio meses después de dictada sentencia en un pleito sobre cobro de seguro marítimo, la cual se fundó en el hecho de que contraviniendo los términos de la póliza el traspaso de ésta y de la embarcación asegurada se hicieron sin el consentimiento de la compañía, el demandante pidió a la corte que dejara sin efecto la sentencia pues por error el abogado que inició el pleito omitió alegar y dejó de probar que la póliza contenía una cláusula manuscrita que autorizaba el traspaso. Se resolvió: que la corte inferior tenía facultad, de acuerdo con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, para anular su sentencia y oír a las partes a fin de determinar si el demandante probó un caso de abandono excusable.

      Resolución ele Charles E. Foote, J. (Primer Distrito,' San Juan), declarando sin lugar moción de reconsideración de sentencia.

      Revocada.

      Antonsanti & Lacosia, abogados del apelante; J. Sifre, Jr., y J. M. Franeeschi, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Senos. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fué una acción en cobro de una póliza de seguro marítimo. Una de las cláusulas de la póliza disponía que el seguro sería nulo si la póliza se traspasase a otra persona sin el consentimiento de la compañía. La póliza fué traspasada sin tal consentimiento y la corte inferior dictó sentencia a favor de la compañía demandada.

Como a los cinco, meses y medio después de dictada la sentencia otro abogado presentó una moción solicitando de la corte que dejara sin efecto la sentencia y concediera un nuevo juicio por virtud de las disposiciones del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil.

En dicha moción el demandante expresaba que la póliza contenía una cláusula por escrito que decía “Por cuenta de quien corresponda” y que estas palabras habían sido inter-pretadas en el sentido de dar al asegurado el derecho a tras-pasar la póliza sin el consentimiento de la compañía y ésta es aparentemente la ley. Hagan et al. v. Scottish Union & National Insurance Company, 98 Fed. 129. El mismo caso en 186 U. S. 423.

La moción para que se dejara sin efecto la sentencia no estaba jurada y en ella no hay nada que indique cuándo fué que el demandante o su abogado descubrieron por primera vez la alegada debida interpretación de dicha cláusula por escrito de la póliza. El abogado ciertamente alega que los autos del caso demuestran que ni a las palabras en particular, ni a su interpretación, se llamó la atención de la corte durante el primitivo juicio del caso.

La corte inferior al presentarse la moción para dejar sin efecto la sentencia llamó la atención hacia el hecho de que la moción no estaba jurada, pero la corte resolvió que el término para apelar o presentar una moción de nuevo juicio había vencido y por tanto la corte rehusó conceder un nuevo juicio. La corte incurrió en error al estimar que no tenía discreción para dejar sin efecto la sentencia. El artículo 140 concede por sus términos seis meses para pedir que se deje sin efecto una sentencia por el funda-mento de abandono excusable u otra causa semejante.

El apelante hizo varias citas para demostrar el alcance de la facultad de la corte inferior, y hemos encontrado una que guarda íntima relación con el presente caso. McCredy v. Woodcock, 41 App. Div., N. Y. 526. Esa fue una ac-ción en cobro de una póliza de seguro y el demandante ob-tuvo sentencia por menos de la cantidad a que tenía dere-cho y el error sólo se descubrió después de celebrado el jui-cio de otra acción. La corte dijo: “No surge perjuicio verdadero para los aseguradores. Hasta aquí sólo han sido exonerados por un error técnico en una alegación, y su exención de responsabilidad por razón de la póliza sur-gió debido a un error del que alega (pleader) y en manera alguna tiene relación con los méritos de una controversia. Es indudablemente un caso extremo y no puedle sentarse ninguna regla general para conceder o negar mociones de esta clase. Cada caso debe regularse por sus mismas cir-cunstancias. Aquí, al concederse el remedio solicitado en la moción las partes pueden volver a quedar en su posi-ción primitiva sin ninguna injusticia para una ni otra,, pero debe ser bajo las debidas condiciones.’’ Se concedió' la solicitud interesando dejar sin efecto la sentencia bajo' condiciones por las cuales el demandante pagó las costas.

La apelada llama la atención a la falta de un affidavit de méritos, pero el demandante ya había jurado su de-manda, lo cual, por lo menos prima facie, revelaba una buena causa de acción.

Debido al error de la corte en creerse sin facultades para conocer de la moción, debe revocarse la resolución apelada, y devolverse el caso para ulteriores procedimien-tos no incompatibles con esta opinión. Cuando el caso sea devuelto la corte puede considerar los méritos de la moción y oir a' las partes por affidavit, o de otro modo, para determinar si el demandante probó un caso de aban-dono excusable y si solicitó prontamente que se dejara sin efecto la sentencia después de descubrir el error, En re-lación con esto la siguiente cita es pertinente:

“Derect-io al Remedio. Además, para que él mismo pueda tener derecho a este remedio, la parte que presenta la moción debe demostrar una razón suficiente por la cual no sostuvo e hizo valer sus derechos a su debido tiempo y en la forma ordinaria. .... Y debe excusarse de toda imputación de negligencia o aban-dono, pues la sentencia no será modificada si resulta que fué dictada como consecuencia de su mismo descuido, pereza o falta de diligencia en proteger sus propios intereses.” 23 Cyc. 894.

Somos también de opinión de que en la discreción de la corte, la sentencia de marzo 23, 1923, en tanto impuso cos-tas y honorarios de abogado al demandante podía subsistir si- lian sido cobrados, pero si no la cuestión debe quedar para la resolución final del caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Mari, Demandante y Apelado, v. Pabón et al., Demandados y Apelantes.
    No. 3220.

    Visto: Marzo 31, 1924.

      Resuelto: Junio 18, 1924.
    Desestimación de Apelación — Transcripción—Certificación de la Transcrip-ción. — Procede la desestimación del recurso cuando la transcripción de los autos en quo se basa no está certificada por el Secretario de la Corle o pol-los abogados de las partes.
    MociÓN sobre desestimación de apelación.

      Con lugar.

      A. Razarlo Lugo y P. Amado Rivera, abogados de los apelantes; Benel é Suffronl, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

’emitió la opinión del tribunal.

.Pende de resolución ante esta corte una moción de la parte apela'da solicitando la desestimación del recurso por no estar certificada la transcripción de los autos de acuerdo con la ley, ni haberse redactado el alegato de los apelantes •de conformidad con el reglamento de este Tribunal.

El llamado “record de la apelación” consta de 79 pá-ginas en maquinilla y comprende, formando un solo cuerpo, las alegaciones y las pruebas.

Al final dice:

“CERTIFICAMOS: — Que las precedentes constancias constituyen la transcripción original del récord de la apelación establecida por la parte demandada, del que constan la demanda, excepciones, contes-tación de los demandados, prueba testifical y documental introducidas como materia de evidencia en juicio por las partes, &, &, compren-diéndose a su vez las resoluciones de la corte en el procedimiento, la sentencia final, apelación y prórrogas concedidas para la prepa-ración de la transcripción; todas cuyas constancias constituyen el récord de la apelación de sentencia establecida por los demandados ■en este litis. — Y para los fines y efectos del recurso establecido para ante la Honorable Corte Suprema de Puerto Rico, certificamos la presente transcripción del récord de la apelación, legajo de la sen-tencia y notificación de la apelación, boy, en Mayagüez, a 24 de agosto de 1923. — A. Nazario Lugo, abogado de los apelantes.— -, abogados del demandante-apelado.
“Notificados con copia del anterior récord de apelación hoy 24 de agosto de 1923. — Benet & Souffront.
“Yo Angel Acosta Quintero, Juez de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, P. R., CERTiFioo: Que la transcrip-ción del récord taquigráfico que antecede es el mismo que ha sido presentado en este caso civil número 9301 de Ernesto Mari y Ro-dríguez vs. Dionisio Úlises Pabón, sobre nulidad y cancelación y lo apruebo por ser una transcripción exacta y verdadera de los pro-cedimientos habidos durante el juicio y ordeno que la misma forme parte del récord de apelación a los efectos de la establecida por el demandante.
“Dado bajo mi firma y sello de la Corte en Mayagüez, P. R., a 4 de diciembre de 1923. — Angel Acosta, Juez del Distrito.”

Como puede observarse en seguida, la transcripción fue preparada para ser certificada por los abogados de ambas partes, pero los abogados de la parte apelada no lo hicie-ron, limitándose a consignar qne fueron notificados con copia de la transcripción. Siendo ello así, carece en abso-luto de valor la primera certificación.

La del juqz qne la signe ¿qué alcance tiene? Se refiere al “récord taquigráfico qne antecede.” ¡¡Es en verdad, lo qne antecede un récord taquigráfico?

Para contestar esas preguntas debemos examinar cua-tro certificaciones que las partes lian archivado con motivo de la moción de desestimación.

Las dos primeras lo fueron por la parte apelante para impugnar la moción. Dicen, en lo pertinente, así:

“Noviembre 16, .1923. — En este caso comparecieron las partes por medio de sus abogados para la vista y aprobación de la trans-cripción del récord taquigráfico y la corte, después de oir a las partes, aprueba dicha transcripción.”
“Certifico: — Que la orden que antecede consta al folio 142 del libro 72 de minutas de esta corte.
“Y a petición . . . . — Enrique Báez, Secretario Corte Distrito, Mayagüez, P. R. ”
“En este caso, el día 16 de noviembre de 1923, señalado para la vista de la transcripción del récord taquigráfico presentado por el demandado apelante a los efectos de la apelación, compareció el. abogado de la parte demandante.
“Demandante.' — No hay oposición.
“Juez. — No habiendo oposición se aprueba el récord taquigráfico.
“CeRtifico: — Que lo que antecede es una copia. Gonzalo' Arán, Taquígrafo Corte Distrito.”

La tercera y la cuarta fueron aportadas por la parte apelada. Expresan, también en lo pertinente, lo que sigue:

“Yo, Enrique Báez, Secretario de la Corte de Distrito del Dis-trito Judicial de Mayagüez, P. R., por la presente Certifioo: — Que en el caso arriba titulado, el taquígrafo de la corte no radicó en Secretaría el récord taquigráfico original, ni tampoco los- demánda-dos y apelantes, quienes presentaron para la aprobación de la corte, una transcripción de todos los autos incluyendo las alegaciones de las partes, la declaración de los testigos' y la prueba documental ofrecida en la vista del juicio, todo lo cual fué elevado al Sonora-ble Tribunal 'Supremo por el funcionario que suscribe. Y a peti-ción de. Enrique Báez, Secretario Corte Distrito.”
“Yo, Gonzalo Arán, bajo juramento declaro y certifico:
“Que soy el Taquígrafo de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, Puerto Rico, y lo era en las feclias que más adelante se expresarán; que con anterioridad al día 16 de noviem-bre de 1923, procedí a sacar el récord taquigráfico del juicio cele-brado en el caso arriba titulado, y a petición del demandado y ape-lante Dionisio IJlises Pabón, no incluí en dicho récord taquigrá-fico la prueba documental ni radiqué dicho récord taquigráfico en la Secretaría de la Corte, ni notifiqué el mismo al demandante y apelado Ernesto Mari Rodríguez ni a sus abogados Benet & Souf-front, habiendo entregado dicho récord original' al propio deman-dado y apelante Dionisio Ulises Pabón. Y a petición de. Gonzalo Arán.
“Suscrito y jurado ante mí por don Gonzalo Arán, .... Enrique Báez, Secretario Corte Distrito.”

Se deduce que la parte apelante pidió al taquígrafo las notas de las declaraciones orales y con ellas como base y con las alegaciones y los documentos aportados como prueba ella misma preparó la transcripción de los autos que fué aprobada por el juez con la intervención de la parte ape-lada según las minutas de la corte el 16 de noviembre de 1923. Tanto la minuta del secretario como las notas del taquígrafo hablan del “récord taquigráfico” cuando en ver-dad lo sometido y aprobado fué el “récord de la apelación,” según sus otras certificaciones. La orden de aprobación no aparece como debe aparecer de la transcripción misma.

Así las cosas, el apelante redactó la certificación para ser firmada por los abogados de las partes, pero ya hemos visto que los de la parte apelada no lo hicieron.

¿Qué debió «hacer entonces el apelante? El único ca-mino expedito que tenía de acuerdo con la ley era el de sustituir la certificación de los abogados por la del Secre-tario de la Corte. No lo siguió y obtuvo una certificación del juez que guarda relación con el otro procedimiento au-torizado por la ley para preparar la transcripción de la evidencia por el taquígrafo, procedimiento qne no • se si-guió aquí porque aquí no existe transcripción alguna certi-ficada por el taquígrafo precediendo a la certificación del juez, porque aquí el “récord de la apelación” no sólo com-prende la prueba si que también las alegaciones que no aparecen autenticadas- ni por el Secretario, ni por los abo- , gados de las partos, únicos funcionarios con autoridad para hacerlo.

En cuanto al alegato, bastará decir que es un documento difuso que en verdad no se ajusta enteramente a las re-glas de la corte.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse con lu-gar la moción de la parte apelada y en su consecuencia desestimarse el recurso.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Marrero et al., Recurrentes, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    No. 595.

    Sometido: Junio 14, 1924.

      Resuelto: Junio 18, 1924.
    Bienes Privativos — Bienes Gananciales — Presunción de Gananciales. — La presunción, de existir alguna, de que el dinero en poder de un hombre o mujer casado es el producto de una venta de propiedad efectuada hacía más • de siete años antes de la fecha en cuestión, aún cuando esté adicionada por una declaración no jurada de la parte interesada, no es bastante para destruir la presunción legal del carácter do ganancial de la propiedad que está en posesión de cualquiera de los esposos.
    Nota de Emigdio 8. Ginorio, R. (Arecibo), en inscripción de escri-tura con defecto subsanable.

      Confirmada.

      E. Marín Marién, abogado de los recurrentes; El registrador recu-rrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en enero del año 1917 por Jesús Figueroa, soltero, como mandatario de María Miranda y Morales y Marcelina, Salvador, y María Celes-tina Marrero Miranda, estos vendedores representaban ser los dueños, en unión de otros coherederos que no inter-vinieron en la escritura, de ciertos derechos y acciones en nna finca rústica “por concepto de gananciales, caso qne los hubiere y por herencia paterna.” -

Se vuelve a hacer referencia a la finca descrita en esta escritura como adquirida por los vendedores por concepto de gananciales como antes se ha dicho y por herencia pa-terna de José Marrero y García, esposo y padre de los expresados mandantes, y por herencia también de Rosa María Marrero, hija de María Miranda Morales, que fa-lleció sin dejar descendientes.

Después se expresa que:

“Don Jesús Figueroa Pagan, como apoderado de Doña María Miranda Morales y de los hermanos Doña Marcelina, Don Salvador y Doña María Celestina Marrero Miranda vende a Don Miguel Torres Gómez, todos los derechos y acciones que sus mandantes tienen en la finca deslindada en esta escritura por concepto de gananciales y herencia paterna, así como también los derechos y acciones que co-rresponden a doña María Miranda Morales, por herencia de su hija Rosa María Marrero Miranda, venta que se efectúa por la suma de mil dólares, que el señor Figueroa confiesa recibidos de manos del comprador, antes de este acto, para entregar a sus poderdantes en la proporción que por sus derechos corresponda.”

En mayo ele 1924, Torres Gómez vende nuevamente a Marcelina, Salvador y Catalina Marrero y Miranda, me-diante el precio de $500, que el vendedor confesó haber re-cibido ' con anterioridad, de los compradores, todos sus de-rechos y acciones adquiridos por él en el año 1917.

En esta escritura Figueroa comparece como esposo de Marcelina Marrero y Miranda y en su carácter de manda-tario verbal autorizado por todos los compradores para los fines de aceptar la escritura, la cual también contiene el siguiente párrafo:

“Segunda. — El Señor Figueroa hace ahora constar por habér-selo así expresado los compradores, de los cuales es mandatario verbal, que el dinero que han entregado al señor Torres procede de la misma venta de los derechos y acciones que como herederos tenían en el mismo inmueble que se ha deslindado, de su legítimo padre, Don José Marrero García, todo lo cual resulta acreditado del pro-pio Registro de la Propiedad, aclaración que hace el señor Figueroa Pagán a fin de que en el registro se haga esta inscripción de la finca como bienes privativos de los adquirentes. .'. . .”

Al inscribir este documento el registrador hizo constar el defecto subsanable de que el mismo no acreditaba sufi-cientemente que el dinero importe de la compra fuera de la exclusiva propiedad de los adquirentes.

Para "’los fines de esta opinión puede admitirse, sin resolver, que la escritura de 1917, detnuestra concluyente-mente que los derechos y acciones por ella vendidos habían sido adquiridos por herencia por aquellos de los vendedo-res en ella que ahora comparecen como compradores, y que la manifestación hecha por Figueroa, considerada como una admisión contra su interés, es bastante para identificar la parte del precio de venta satisfecha por su esposa como porción suya en el producto de la ventá hecha en 1917.

Pero consta también que Salvador y Celestina son ahora casados y ninguno de sus cónyuges intervinieron en la escritura posterior. Por tanto, en cuanto a ellos, la única prueba de la correspondiente identidad son sus mis-mas declaraciones para beneficio propio, que no proceden directamente de ellos, sino como declaración de referencia de Figueroa cuya autoridad, si alguna tiene, para hablar a nombre de ellos es también verbal y sólo ha sido afir-mada por él.

La presunción, de existir alguna, de que el dinero en poder de un hombre o mujer casado es el producto de una venta de propiedad, efectuada hacía más de siete años antes de la fecha en cuestión, aun cuando esté adicionada por una declaración no jurada de la parte interesada, no es bastante para destruir la presunción legal del carácter de ganancial de la propiedad que está en posesión de cual-quiera de los esposos.

Toda vez que el alegato de los apelantes no establece ninguna distinción entre la condición de ninguno de ellos y la de los otros, y el abogado no ha sugerido ninguna modi-ficación en la nota recurrida, ésta debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Cortijo et al., Demandantes y Apelantes, v. Rosario et al., Demandados y Apelados.
    No. 3075.

    Visto: Febrero 1, 1924.

      Resuelto: Junio 23, 1924.
    Reivindicación — Prueba.—La demanda de reivindicación en este caso se funda en que los demandantes no habían vendido sus derechos hereditarios en la finca cuyo título de dominio instó el demandado alegando haber adquirido la mitad a título de herencia materna y la otra mitad por compra a los demandantes. Examinada la evidencia en la opinión la corte llega a la conclusión de que la negada venta es cierta, por lo cual se confirmó la sentencia que desestimó la demanda.
    Id. — Apelación—Alegaciones.—En apelación no pueden cambiarse los términos en que las alegaciones plantearon el debate.
    Sentencia de M. Rodríguez Serva, J. ('Segundo Distrito, San Juan), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      J.. Martínez Dávila y E. Campillo, abogados de los apelantes; R. Sancho Bonet y M. M. Ginorio, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación ha sido interpuesta por los demandan-tes contra sentencia que declaró sin lugar su demanda des-pués de celebrado el juicio.

Los apelantes son los herederos colaterales de Celestino Cortijo Rosario fallecido en el año 1899 sin descendientes y alegan ser dueños de la mitad de la finca descrita en la demanda que su causante compró durante su matrimonio con María de los Angeles Rosario, a quien heredó su hijo natural reconocido Evaristo Rosario, y que éste en el año 1909 tramitó un expediente de dominio, prescindiendo del título anterior, con el fin de privar a los demandantes de. su derecho en la finca, alegando que la había adquirido la mitad por herencia de su madre y la otra mitad por com-pra a los demandantes, quienes no han vendido a Evaristo Rosario ni a persona alguna sus derechos como herederos de Celestino Cortijo Rosario, y que aprobado el expediente de dominio fue inscrito en el registro de la propiedad ha-biendo vendido Evaristo Rosario algunas parcelas de ella. La demanda está dirigida contra Evaristo Rosario y contra otras personas.

Resulta de la prueba que Jacinto Rivera compró la finca, ■al gobierno español en el año 1873 por precio pagadero en nueve años y que en 1880 solicitó de la Intendencia General de Hacienda el traspaso de ella a favor de Celestino Cortijo Rosario, habiéndose resuelto por la Intendencia <pie para la aprobación del traspaso y otorgamiento de es-critura a favor de Cortijo se ratificase el contrato ante el Alcalde de Loíza imponiéndose la condición de que los plazos vencidos habían de ser satisfechos al Tesorero antes de concederse lo que se solicitaba, sin que aparezca que esa escritura se otorgara, pero consta que desde 1886 Cortijo figuraba como dueño de la finca habiendo pagado-todos los plazos. También resulta que los demandantes,, menos uno, fueron citados en el expediente de dominio sin que se opusieran a él y en el mismo se presentaron tres, declaraciones de personas que ahora han fallecido, siendo una de ellas la de un hermano y heredero del causante Ce-lestino Cortijo Rosario, según las cuales los herederos de éste vendieron sus participaciones en la finca a Evaristo Rosario; y resulta de una escritura notarial que todos los demandantes compraron a Evaristo Rosario una parcela de esa finca, haciendo constar en ese - documento el vende-dor que es dueño de la finca por haberla, adquirido la mi-tad por herencia de su madre y la otra mitad por compra a la Sucesión de Celestino Cortijo Rosario.

En vista de los hechos expuestos y a pesar de que ios-demandantes declararon en el juicio no haber vendido a Evaristo Rosario sus participaciones en la finca como he-rederos de Celestino Cortijo Rosario, llegamos a la conclu-sión de que esa venta es cierta, hecho que ellos mismos aceptaron al comprar parte de la finca a Evaristo Rosario*, quien hizo constar en esa escritura que a ellos le había comprado una mitad de la finca.

Se alega en uno de los motivos del recursó que Eva-risto Rosario no podía promover el expediente de dominio porque tenía título escrito anterior inscribible, pero la prueba no demuestra que el gobierno español llegara a otorgarle la escritura de venta.

También alegan como errores para el recurso defectos en la tramitación del expediente de dominio y en el otor-gamiento de la escritura por la cual los demandantes com-praron parte de la finca a Evaristo Rosario pero prescin-diremos de ellos porque no fueron alegados en la demanda,, que sólo se fundó en no haber vendido los demandantes sus. derechos hereditarios a Evaristo Rosario y en que éste pres-cindió de fin título anterior para obtener la declaración de su dominio, pues no es lícito en apelación cambiar los térmi-nos en que la cuestión fué planteada por las alegaciones.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Franco Soto no in-' fcervinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señob Aldbey,

text:
    Buitrago, Demandante y Apelado, v. Medina et al., Demandados y Apelantes.
    No. 3158.

    Visto: Marzo 6, 1924.

      Resuelto: Junio 25, 1924.

      Mandamus — Pago de Sueldos a Funcionarios Destituídos Ilegalmente — Acu-mulación de Acciones y de Partes. — Probado que el peticionario comisio-nado de servicio público, policía y prisiones e instrucción fué ilegalmente destituido de su cargo por la asamblea municipal, es necesario concluir que-él tiene dereclio a que se le paguen sus sueldos mientras duró la destitu-ción ilegal aunque no lo Rubiera podido desempeñar. El mandamus a tal fin dirigido contra el contador y comisionado de hacienda municipal es el reme-dio adecuado y no puede sostenerse que adolece del defecto de indebida acu-mulación de acciones ni de partes demandadas.
    Id. — Deber Ministerial. — Cuando el sueldo que reclama un funcionario municipal ilegalmente destituido figura en el presupuesto corriente, el deber del con-tador municipal de expedir los libramientos necesarios no es discrecional sino ministerial.
    Id. — Poder.—Alegaron los demandados que no procedía decretarse el auto' de mandamus para pagar sueldos devengados por el peticionario por no haber fondos en el tesoro municipal. Analizada la declaración del contador municipal ofrecida en apoyo de tal alegación, se concluyó que no era suficiente pues no solamente ese testigo ig-nora todo lo concerniente a los fondos muni cipales sino que no ha declarado qué se lia hecho del dinero que estaba con-signado en el presupuesto para pagar el sueldo del peticionario.
    Sentencia de Gabriel Caste jón, J. (Guayama), dictando auto pe-rentorio de mandamus, sin costas.

      Confirmada.

      B. Pagan, abogado de los apelantes; A. Porrata, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Aldbey,

emitió la opinión, del tribunal.

Don Alejandro Bnitrago, en su carácter de Comisionado Municipal de Servicio Público, Policía, Prisiones e Instruc-ción del Municipio de Guayama en esta Isla, presentó en la Corte de Distrito de Guayama el 21 de abril de 1923 una petición de mandamus contra el Comisionado de Hacienda-y contra el contador de dicho municipio alegando que por resolución aprobada por la Asamblea Municipal de Guayama el 25 de septiembre de 1922 fue suspendido de empleo y sueldo como tal comisionado municipal y más tarde desti-tuido ilegalmente de su cargo por un procedimiento de desti-tución (impeachment) y que habiendo establecido recurso de apelación para ante la Corte de Distrito de Guayama ésta por sentencia dictada el 6 de enero de 1923 ordenó la inme-diata reposición del peticionario en el expresado cargo y que establecida apelación por la asamblea municipal contra esa resolución fue desestimada la apelación en 5 de marzo del mismo año (31 D.P.E. 961), y en su consecuencia tomó pose-sión nuevamente de su cargo, y que tiene derecho a cobrar el sueldo que como tal comisionado venía hasta entonces co-brando, el que figura asignado en el presupuesto del co-rriente año económico, y que a pesar de no haber sido trans-ferida ni gastada esa partida los demandados, en el carácter ren. que lo son, no le han satisfecho los sueldos por él deven-gados, los que desde septiembre 27 hasta finalizar el mes de marzo de 1923 ascienden a la cantidad de $1,021.96, y que se han negado y se niegan sin causa ni motivo justificado a li-brar la correspondiente orden de pago.

Los demandados contestaron la petición alegando que el peticionario no tiene capacidad legal para demandar porque no es tal funcionario; que existe indebida acumulación de partes y de acciones; que el auto no podría ser cumplido porque en el tesoro municipal de Guayama no bay fondos disponibles para efectuar ese pago y que la petición no aduce hechos determinantes de causa de acción, negando luego al-gunos hechos de la petición.

Celebrada la vista y oídas las pruebas que fueron pre-sentadas la corte dictó auto perentorio ordenando al conta-dor municipal que expidiera al tesorero municipal los corres-pondientes libramientos para el pago al peticionario de sus sueldos como Comisionado de Servicio Público, Policía, Pri-siones e Instrucción del Municipio de Guayama desde el 27 de septiembre de 1922 hasta finalizar el mes de marzo de 1923, ascendentes a $1,021.96, y al tesorero municipal que autorizado el. pago por el contador proceda a hacerlo efec-tivo de acuerdo con la ley. Esta resolución ha sido apelada por los demandados.

Se probó que el apelado fué separado ilegalmente de su cargo de comisionado de servicio público, policía y prisio-nes e instrucción, según fué declarado por sentencia firme como consecuencia de la cual volvió a desempeñar su empleo, en el que cesó por su renuncia a fines de abril de 1923, y que fué suspendido de su empleo; y siendo ilegal esa sus-pensión y destitución no ha podido producir el efecto de privarle del sueldo a él correspondiente aunque por las cir-cunstancias dichas no pudo ejercer las funciones propias del mismo y por tanto tiene derecho a que le sean satisfechos los sueldos que reclama. El derecho del peticionario a co-brar servicios no prestados en esas circunstancias es claro ya que el sueldo es inherente al cargo, sin tener en cuenta que tales servicios hayan sido o nó prestados.

Cuando el apelado hizo su petición de mandamus era to-davía comisionado de servicio público, policía y prisiones e instrucción, aunque estaba con licencia, y tenía personalidad como tal para solicitar el auto de mandamus para que sus sueldos le fueran pagados, y aunque en esa fecha hubiera cesado en el cargo hubiera tenido también la misma acción por los sueldos que reclama.

No hubo en la petición indebida acumulación de acciones porque en ella sólo se ejercita la de que los demandados rea-licen los actos necesarios para que los sueldos del peticiona-rio le sean pagados; y tampoco hay indebida acumulación de partes demandadas porque aunque sus funciones puedan ser y sean distintas, en este caso los intereses de ambos son idénticos porque convergen hacia el pago de la deuda para con el peticionario, ya que en toda deuda municipal inter-vienen dos personas, el contador y el tesorero; por lo que estando tan íntimamente relacionadas sus actuaciones no es posible sostener que sus intereses sean distintos.

Los sueldos que se reclaman estaban consignados en el presupuesto que estaba rigiendo cuando la petición de mandamus fué hecha y por esto el contador municipal carecía de facultad discrecional para negarse a expedir los libra-mientos necesarios para el pago de los sueldos devengados y no satisfechos, y por consiguiente su deber resultaba ministerial. En 18 R.C.L., p. 221, se dice: “Está reconocido generalmente que el mandamus es el remedio apropiado para obligar al pago del sueldo de los empleados públicos cuando han sido fijados por la ley y el procedimiento no tiene el objeto y propósito de determinar el derecho al cargo.” • Y en el mismo tomo, página 224, se dice que: “En el caso de reclamación de sueldos por empleados públicos o de emplea-dos cuyos sueldos están fijados por la ley la función de ex-pedir los libramientos para el pago y el acto de refrendar-los es considerado meramente ministerial.”

Los demandados alegaron como defensa que no procedía decretarse el auto perentorio de mandamus porque no po-dría ser cumplido por no haber fondos en el tesoro municipal de G-uayama para atender al pago que se reclama. El contador municipal declaró que no hay fondos municipales para pagar la cantidad qne se reclama pero también mani-festó qne no sabía los fondos qne tenía el municipio y que después de presentada la petición de mandamus ban sido pagados todos los empleados municipales, y dijo ignorar cuánto se lia pagado del presupuesto y el sobrante que tenga el municipio para cubrirlo, ignorando también a cuánto ascendían .los pagos hechos. Esta evidencia no es bastante para probar la alegación hecha por los demandados, pues no solamente ese testigo ignora todo lo concerniente a los fondos municipales sino que no ha declarado qué se ha he-cho del dinero que estaba consignado en el presupuesto para pagar el sueldo del peticionario.

Alegan los apelantes que el peticionario no probó que era el Comisionado de Servicio Público, Policía y Prisiones e Instrucción, de Gruayama, pero ellos no negaron las alegacio-nes de la petición en que se alegaba que desempeñaba ese cargo, que fué destituido ilegalmente y que fué repuesto en él.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución ■ de este caso.


author: El Juez Asociado Señoh Aldeey,

text:
    López et al., Peticionarios y Apelantes, v. Benítez, Demandado y Apelado.
    No. 3254.

    Visto: Junio 23, 1924.

      Resuelto: Junio 25, 1924.

      Certiorari — Nulidad de Ordenanza de la Asamblea Municipal — Parte Nece-saria. — La nulidad de una ordenanza de la asamblea municipal croando un arbitrio sobre espectáculos públicos no puede válidamente considerarse en un procedimiento de certiorari dirigido contra el comisionado municipal de hacienda para que se declare ilegal el arbitrio y nulos la ordenanza y el reglamento promulgado por dicho comisionado para su cobro. En tal re-curso la asamblea municipal era parte necesaria.
    SENTENCIA de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando sin lugar petición de certiorari.

      Confirmada.

      Guerra & Soldevila, abogados de los apelantes; J. de Guzmán Be-nítez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoh Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes son los dueños de cines o de teatros en la-municipalidad de San Juan que están abiertos al público, y acudieron ante el tribunal inferior con una petición de cer-tiorari alegando que la Asamblea Municipal de San Juan babía decretado ciertas ordenanzas estableciendo un arbitrio sobre el valor de cada papeleta que se vendiera para entrar en los teatros, cines, circos, hipódromos o en cualquier otro sitio que se celebren espectáculos públicos: que esas orde-nanzas son ilegales por los motivos que se expresan en la petición y que el Comisionado Municipal de Hacienda de San Juan ha dictado órdenes para cobrar a los peticionarios el arbitrio aludido y ha promulgado un reglamento dispo-niendo la forma de pago de tal arbitrio y señalando obliga-ciones a los peticionarios por todo lo que pidieron al tribunal declarase que es ilegal el arbitrio en.cuestión, nulas las or-denanzas que lo creó y sin valor ni efecto legal alguno el reglamento decretado para el cobro de dicho arbitrio.

Esa petición de certiorari fue dirigida contra la persona que ocupaba el cargo de comisionado' municipal de hacienda quien alegó entre otras cosas que no era la persona contra la cual se debía dirigir la petición, y el tribunal inferior al déclarar sin lugar el auto solicitado se fundó entre otras cosas en que no podía considerar válidamente la nulidad de esas ordenanzas municipales en un procedimiento en que no se ha hecho parte demandada, siéndolo necesaria, al orga-nismo municipal que las decretó.

Estamos conformes con esa conclusión del tribunal sen-tenciador, pues teniendo por objeto este procedimiento de certiorari que se declaren nulas unas ordenanzas decretadas por la asamblea municipal imponiendo el arbitrio de que se quejan los peticionarios, debió ser demandada la asamblea municipal que las decretó por ser realmente la parte' intere-sada en sostener su validez ante los tribunales ya que de un acto suyo se trata, pues el comisionado municipal de hacienda no tiene la representación legal de la asamblea municipal y sólo es un cumplidor de sus acuerdos. Si no se so-licitara la declaración de nulidad de las ordenanzas y sí sólo del reglamento promulgado por el comisionado municipal de hacienda para el cumplimiento de ellas la petición hubiera estado bien dirigida contra él, pero desde el momento en que se interesa que se declaren nulas las ordenanzas de la asam-blea municipal, ésta debió ser demandada.

La cita que hacen los apelantes de 11 O.J., pág. 167, les es contraria, pues en ella se dice que cuando el auto de cer-tiorari se establece para revisar la actuación de un orga-nismo municipal o de los oficiales municipales debe ser dirigido contra el organismo o contra los oficiales y no contra un mero oficial subordinado. T puesto que este procedi-miento de certiorari tiene por objeto revisar las ordenanzas decretadas por la asamblea municipal, este organismo era parte necesaria en él y debió ser demandado.

Por el motivo expuesto la sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Vázquez et al., Demandantes y Apelantes, v. Rucabado et al., Demandados y Apelados.
    No. 3122.

    Visto: Febrero 19, 1924.

      Resuelto: Junio 27, 1924.
    Filiación — Prescripción—Demanda Enmendada. — En el presente caso las de-mandantes insistieron en que la demanda original contenía alegaciones sufi-cientes para sostener la acción de filiación que según la corte había prescrito cuando fué alegada en la demanda enmendada. Se resolvió: que el hecho de que las demandantes alegaran en una de las causas de acción de la demanda original que durante la vida del supuesto padre natural disfrutaron de la posesión de estado de hijas naturales de tal padre y continuaron disfrután-dolo después de su muerte por reconocimiento que de ellas hizo la hija legí-tima demandada, no permite concluir que se alegó la acción de filiación en tal demanda, pues tal alegación fué hecha como base de las acciones de nulidad del contrato de venta de su pretendido derecho hereditario y la de complemento de herencia, que fueran las que en realidad ejercitaran.

      Sentencia• de Caóriel Castejón, J. (Guayama), declarando sin lu-gar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      M. A. Martínez, abogado de los apelantes; B. Fernández Carda, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Teresa Vázquez y María Torres Ortiz demandaron el 10 de junio de 1921 a Carmen Luisa Rucabado Llera y a Agus-tín Fernández Colón, siendo todos mayores de edad, titu-lando su demanda como acción de nulidad de contrato y complemento de herencia y aduciendo en ella dos causas de acción, siendo la primera para que se declare nulo cierto contrato otorgado por las demandantes con el demandado Agustín Fernández Colón y la segunda para que la otra de-mandada les jiague el complemento de su herencia, alegando sustancialmente en la primera que Mateo Rucabado Argu-mosa, padre de la demandada Carmen Luisa Rucabado Llera, falleció en Cayey, P. R., el 18 de junio de 1920 sin otorgar testamento y dejando como únicas y universales herederas a su hija legítima la demandada, a sus hijas naturales re-conocidas las demandantes y a su viuda Isabel Llera en la cuota usufructuaria que determina la ley: que las deman-dantes durante la vida de su padre Mateo Rucabado disfru-taron de la posesión de estado de hijas naturales y conti-nuaron disfrutándolo después de su muerte por reconoci-miento que de ellas hizo la hija legítima demandada: que algunos días antes de morir Mateo Rucabado Argumosa, éste con el objeto de privar a las demandantes de la herencia que •en sus bienes pudiera corresponderles al ocurrir su muerte o por otros motivos Ignorados por las demandantes, traspasó simulada y falsamente la mayor parte de sus bienes inmue-bles a una sociedad agrícola de Cayey: que algunos días después de la muerte de Mateo Rucabado Argumosa la hija legítima demandada, tomando como base ese traspaso falso, por medio de agentes y personas autorizadas y con el fin de evitarse las acciones judiciales de las demandantes para reclamar su participación en la herencia de su padre natural hizo a las demandantes manifestaciones falsas dolosas y ■engañosas tendentes a demostrar que el caudal hereditario ascendía sólo a $75,000 del que habrían de deducirse algu-nas deudas, ofreció a las demandantes la cantidad de $20,000 por las acciones y derechos que las demandantes pudieran tener en la herencia como hijas naturales reconocidas de Mateo Rueabado, haciendo constar que si esa proposición no era aceptada se opondría a toda clase de acciones judiciales que establecieran las demandantes para reclamar su heren-cia y las demandantes creyendo que el capital líquido ascen-día a $75,000 aceptaron la oferta de $20,000 para ambas y entonces para no aparecer la hija legítima adquiriendo las referidas acciones y derechos de las demandantes en la he-rencia de su finado padre se valió y utilizó para tal servicio ■del otro demandado Agustín Fernández Colón, quien por es-critura pública de 26 de julio 1920 aparéce comprando las .acciones y derechos de las demandantes en la herencia de su padre y pagando las mismas, siendo lo cierto que quien las adquiría y las pagaba era la hija legítima demandada; ■que hecha esa cesión de derechos la hija demandada y la viuda. Doña Isabel Llera procedieron a partir los bienes he-reditarios, cuya cuantía es mayor de $75,000. La segunda .■causa de acción tiene por objeto que se entregue a las -de-mandantes como complemento de herencia la diferencia entre los $20,000 recibidos por ellas y la cantidad que realmente les correspondía.

Formulada excepción previa contra esa demanda presen-taron las demandantes el 10 de febrero 1922 otra demanda enmendada en la que se incluye como nueva parte deman-dada a Doña Isabel Llera, que se titula de filiación, nulidad de contrato y complemento de herencia, en la que se alegan tres causas de acción y en la que se pide como remedios que se declare a las demandantes hijas naturales reconocidas de Mateo Rueabado Argumosa con derecho a llevar su apellido y percibir su herencia, que se declare nulo el contrato cele-bracio por las demandantes con Agustín Fernández Colón el 26 de julio 1920 y que la bija legítima demandada entregue-el complemento de su herencia a las demandantes, como hi-jas naturales reconocidas de Mateo Eucabado Argumosa.

'En la primera causa de acción se alega el fallecimiento-de Mateo. Eucabado Argumosa en la fecha y forma antes in-dicado; que las demandantes nacieron una en el año 1892. y la otra en el año 1896 siendo ambas hijas naturales de Mateo Eucabado y se exponen todos los demás hechos nece-sarios para poder ser -declaradas hijas naturales reconocidas, de Mateo Eucabado Argumosa. ■ La segunda y tercera causa de acción son las dos que se alegaron en la demanda original.

Contra esa demanda enmendada fueron alegados varios-motivos de excepción, siendo el principal de ellos que la ac-ción de filiación que en ella se ejercita está prescrita de-acuerdo con el artículo 194 del Código Civil según quedó en-mendado por la Ley No. 73 aprobada en 9 de marzo de 1911 (pág. 247); y habiendo declarado la corte inferior prescrita esa acción, que es la que sirve de fundamento a las otras dos causas de acción, a instancias de las demandantes dictó-sentencia por la cual declaró sin lugar la demanda y se es-tableció por las demandantes este recurso de apelación..

Como según el artículo citado del Código Civil las accio-nes para reconocimiento de hijos naturales sólo podrán ejer-citarse en vida de los presuntos padres o un año después de-su muerte, salvo los casos de excepción que el mismo ar-tículo contiene y en ninguno de los cuales están compren-didas las demandantes, y como la acción de filiación ejerci-tada en la demanda enmendada fue establecida en 10 de fe-brero de 1922 o sea después de un año de la muerte de Ma-teo Eucabado, ocurrida cuando las demandantes tenían 24 y 28 años de edad, esa acción ólaramente está prescrita si es que no fué ejercitada en la demanda ■ original presentada-antes de transcurrir un año de la muerte de Eucabado, pol-lo que la cuestión a decidir en este recurso es si, como sos-tienen las apelantes, en la demanda original ejercitaron ellas la acción de filiación como primera cansa de acción.

El resumen que liemos lieclio de la demanda original en su primera causa de acción nos convence de que no se ejer-citaba en ella la acción de filiación, demostrándolo así clara-mente no sólo el título de la acción y las peticiones que se hacían en la demanda original sino principalmente los he-chos que se alegaron en la primera cansa de acción en la que no se expusieron los hechos necesarios determinantes de una causa de acción de filiación, pues si bien en ella se dice en varias ocasiones que las demandantes son hijas natura-les reconocidas de Mateo Eucabado Argumosa se hace al solo efecto de demostrar el interés de la hija legítima de ad-quirir los derechos y acciones que las demandantes alegaban tener en la herencia y con el fin de demostrar que el con-trato que celebraron con Agustín Fernández Colón se debió a dolo y engaño y que por esto debía ser anulado por la corte. Esta conclusión de la corte inferior y nuestra está comprobada además porque en la demanda enmendada se alegaron expresamente los hechos necesarios para poder ser declaradas las demandantes hijas naturales reconocidas de Mateo Eucabado Argumosa, porque se introdujo como nueva parte demandada a la viuda heredera por su cuota usufruc-tuaria'y no solamente el título de la acción fué modificado para decir que se trataba de una acción de filiación sino que en la sfiplica se pidió, además de las dos solicitudes de la demanda original, que se declarasen a las demandadas hi-jas naturales reconocidas de Mateo Eucabado Argumosa y con derecho a su herencia, petición que antes no había sido hecha. Los hechos de la primera causa de acción de la de-manda original demuestran que las demandantes no trata-ban de obtener que se las declarase hijas naturales recono-cidas de Mateo Eucabado sino que considerándose tales hi-jas naturales reconocidas pretendían que se declarase nulo un contrato que como tales celebraron engañadas.

Por todo lo expuesto llegamos a la conclusión de que la acción de filiación ejercitada por primera vez en la demanda enmendada está prescrita, por lo qne la sentencia apelada debe ser confirmada,.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Rodríguez, Demandante y Apelante, v. Palacios, Juez Municipal, Demandado y Apelado.
    No. 3199.

    Visto: Marzo 11, 1924.

      Resuelto: Junio 27, 1924.

      Certiorari — Apertura de Rebeldía — Abuso de Discreción. — Apelada la resolución que negó una solicitud de certiorari para que fuera revisada una resolución de la corte municipal que abrió la rebeldía a un demandado, se resolvió: que atendidas las alegaciones de la petición, que inserta el Tribunal en su opinión, la corte do distrito abusó do su poder discrecional.
    Sentenoia ele- Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando no haber lugar a la expedición del auto de certiorari.

      Revocada.

      E. y L. Campillo, abogados del apelante; la parte contraria no compareció.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación lia sido interpuesta contra resolución del tribunal inferior que negó la expedición de un auto de cer-tiorari solicitado por el. apelante.

Se alegó en la solicitud para el auto de certiorari que el peticionario demandó en la corte municipal de San Juan, sec-ción primera, a Julio Gómez en cobro de pesos, habiendo sido hecho el emplazamiento al demandado por una persona particular y que después de enterado del contenido de la demanda se negó a recibirla: que registrada por el Secreta-rio sentencia en rebeldía del demandado y después de haber sido librada orden para ejecutarla el demandado solicitó de la corte municipal que dejara sin efecto su rebeldía y la sen-tencia, fundándose en que no tuvo conocimiento del pleito hasta que fué notificado de que se iban a vender sus bienes para cumplir la sentencia recaída y en que nunca recibió copia de la demanda ni fué notificado de ella en forma al-guna, y presentó con esa moción excepciones previas y una contestación a la demanda: que el día señalado para la vista de esa moción se opuso a ella el demandante y presentó las declaraciones de varios testigos las cuales fueron notificadas con copia al demandado, resultando de esas declaraciones que el demandado fué requerido por carta por el abogado Enrique Campillo para el pago de la deuda, que le fué en-tregada copia de la demanda y del emplazamiento, que, des-pués se negó a recibir la demanda por lo que fué dejada en el suelo, y que a pesar de que el demandado había negado el recibo de las cartas que le había escrito el abogado Cam-pillo, había manifestado al demandante que las había reci-bido pero que no tenía nada que arreglar con dicho abogado admitiendo, además, que había recibido la copia de la de-manda pero que creyó que no era necesario comparecer ante la corte y que le pidió al demandante una rebaja en la deuda y que levantara el embargo; que el demandado no presentó declaración alguna en contra de las del demandante pero en su alegato dice bajo juramento que no rehusó maliciosa-mente el recibo de los documentos que le entregara una persona particular a quien se encargó el diligenciamiento sino que habiendo recibido días antes una carta del Ledo. Enrique Campillo creyó que los papeles a que se refería dicha persona particular eran un nuevo requerimiento del abogado para tratar sobre su deuda con el demandante, con quien ya estaba de acuerdo: y que no obstante todo lo expuesto la corte municipal declaró con lugar la-moción sobre apertura de rebeldía y anuló y dejó sin efecto la sentencia y admitió las alegaciones del demandado para que el caso fuera re-suelto por sus méritos.

La petición de certiorari fué jurada y en vista de los he-chos que contiene entendemos que la corte inferior abusó de su poder discrecional cuando se negó a expedir el auto interesado, por lo que su resolución debe ser revocada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    De Castro, Demandante y Apelado, v. Aybar, Demandada y Apelante.
    No. 3251.

    Visto: Mayo 8, 1924.

      Resuelto: Junio 27, 1924.
    Cobro de Crédito por Precio Aplazado Contra una Menor — Hipoteca—Causa de Acción Contra la Menor. — Constituida hipoteca por el comprador y transmitida a y aceptada por su hija menor la finca con ese gravamen, la acción del acreedor en juicio ordinario para cobrar el precio aplazado ga-rantizado con hipoteca, aunque ésta no apares ca inscrita, es contra la actual dueña de la finca y no contra el comprador que constituyó la hipoteca.
    SENTENCIA de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.-

      II. B. Francis j M. Cruz Rort-a, abogados de la apelante; C. J. Torres, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro A. de Castro presentó demanda en juicio ordinario ante el tribunal inferior el día 22 de agosto de 1923 contra Carmen Silvia Aybar Mendoza, representada por su padre con patria potestad llamón S. Aybar, alegando sustancial-mente que la demandada es una menor de edad que se en-cuentra bajo la patria potestad de su padre: que por escri-tura pública de 15 de febrero de 1921 el padre de dicba me-nor compró al demandante un solar con casa que se describe en la demanda por precio de $2,500 de los cuales entregó $1,800 en el acto del otorgamiento de la escritura y garan-tizó al vendedor la diferencia de $700 por medio de una hi-poteca que constituyó sobre la misma finca que compraba: que en aquel mismo acto el comprador adjudicó la finca a su dicha hija menor de edad con todas sus pertenecencias, usos y servidumbres y cuanto le era anexo; que el registrador de la propiedad inscribió la adjudicación hecha a favor de la menor pero se negó a inscribir la hipoteca constituida sobre la finca: que la hipoteca se hizo por el plazo de dos años que vencieron el 15 de febrero de 1923, a pesar de lo cual no ha sido pagada por la menor adjudicataria ni por otra persona en su nombre, y que al efectuarse la compra-venta se convino entre el vendedor y el comprador que en ■caso de reclamación judicial tendrá que pagarse además una ■suma adicional de $150 para costas, gastos y honorarios de abogado. Por estas alegaciones se pidió sentencia contra la •demandada por los $700 reclamados más los intereses de mora y $150 para costas, gastos y honorarios de abogado.

La menor demandada alegó que la demanda no aduce hechos determinantes de la acción ejercitada, cuestión que ■es la única a decidir en este recurso pues si bien se alega otro motivo de error es el mismo antes mencionado expuesto en otra forma.

Entendemos que el tribunal inferior no cometió error al ■desestimar dicha excepción porque alegándose en la demanda que el padre de la menor garantizó con hipoteca el precio aplazado de la finca, que la adjudicó a su hija y que esa ad-judicación ha sido inscrita en el registro de la propiedad a favor de la menor, se ha creado una relación entre el ven-dedor y la adjudicataria de ]a finca hipotecada de pagar la deuda con la cual le fue trasmitida la finca. Desde el mo-mento en que la menor adjudicataria aceptó la finca con ese .gravamen, como lo demuestra que fuera inscrita a su nom-bre, se estableció esa relación jurídica de pagar al acreedor la hipoteca constituida en garantía del precio aplazado.

Constituida la hipoteca por el comprador y trasmitida la finca con ese gravamen a la demandada, la acción del acree-dor para cobrar el precio aplazado garantizado con hipoteca es contra la actual dueña de la finca y no contra el compra-dor que constituyó la hipoteca. En otras palabras, habién-dose adjudicado a la menor una finca hipotecada viene obli-gada a responder del precio de la hipoteca. Quizás podría surgir alguna cuestión si se tratara de cobrar personalmente a la menor la deuda porque la finca hipotecada no cubra el valor de la hipoteca pero este no es el caso ahora.

Es cierto que la hipoteca no está inscrita en el registro de la propiedad por lo que en lugar de un juicio ejecutivo se sigue un procedimiento ordinario para su cobro pero el hecho de que no esté inscrita en nada afecta a la menor de-mandada que recibió la finca con esa hipoteca.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.

El Juez Asociado Sr.' Hutchison disintió.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Quirindongo, Acusado y Apelante.
    No. 2284

    Visto: Junio 17, 1924.

      Resuelto: Junio 27, 1924.
    Sobreseimiento de la Acusación — Juicio Rápido — Justa Causa para la De-mora dfl .Juicio. — A menos que exista justa causa contraria, xirocede el sobreseimiento del iiroecso cuando el acusado no lia sido sometido a juicio-sin haber pedido-la suspensión, dentro de ciento veinte días contados desde la presentación de la acusación. Examinados los hechos de este caso, se-concluyó que la alegada por el Fiscal no era una justa causa y por tanto que la corte debió haber decretado el sobreseimiento pedido.
    Sentencia de R. Díaz Cinlrón, -J. (Ronce), condenando al acusado por delito de adulteración de leche.

      Revocada y sobreseída la acusación.

      Martínez Nadal, Tormes & Colón, y J. A. Lastra-, abogados del ape-lante; José E. Figueras, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 19 de octubre de 1923 el Fiscal del Distrito de Ponce formuló acusación contra Emiliano Quirindongo imputándole la comisión de un delito de adulteración de leche. El 25 de marzo de 1924 se llamó la causa para la vista y el acusada pidió que se sobreseyera por no habérsele concedido el jui-cio rápido que garantiza la ley. Se opuso el Fiscal alegando que: “cuando se radicó este caso, el 19 de octubre, estaba despachando su término de asuntos criminales que termina-ron hacia fines de noviembre; en diciembre y enero la corte tuvo que despachar sus asuntos civiles y a principios de fe-brero se empezaron los casos criminales y liemos venido atendiéndolos basta la fecha de hoy viendo en un solo día a veces hasta veinte casos misdemeanor y días de tres ca-sos felony. Con estos datos tiendo a demostrar que la corte no ha tenido tiempo material para poder ver este caso antes de esta fecha, y que ésta no es ya una justa causa sino una muy justa causa para no haber celebrado este caso antes de esta fecha.”

Declaró además el Secretario de la corte, en resumen, que la acusación fué pi-esentada en la fecha indicada teniendo lugar su lectura el 27 de diciembre siguiente; que la corte se encontraba en su término criminal que duró hasta no-viembre ; que luego se señaló un término civil para diciembre y enero, comenzando el otro término criminal en fe: brero siguiente, continuando en marzo, habiendo días de ce-lebrarse quince casos de misdemeanors.

Y la corte resolvió la cuestión planteada así:

“La corte resolviendo la moción presentada por el acusado en el'momento del juicio, en primer término estima que es tardía y en segundo lugar estima que ha habido justa y suficiente causa para no haberse señalado este caso con la rapidez que la corte desearía im-primir a todas sus actuaciones, y le anota una excepción a la parte. ’ ’

Siguió el juicio adelante. Se practicó la prueba y el acusado fué condenado a sufrir seis meses de cárcel. No conforme, apeló para ante esta corte señalando en su alegato dos errores, uno relativo a su moción de sobreseimiento y otro a la apreciación de la prueba.

A menos que exista justa causa contraria, dice el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el tribunal de-cretará el sobreseimiento del proceso cuando un acusado cuyo juicio no haya sido transferido a petición suya, no sea sometido a juicio en el término de ciento veinte días,¡ a-con-tar desde la presentación de la acusación.

Se admite por El Pueblo de Puerto Pico que Rabian trans-currido en este caso los ciento veinte días que marca la ley sin que-el juicio se suspendiera a petición o con la confor-midad del acusado, pero se alega que existió justa causa, y que no habiéndose demostrado abuso de discreción por parte de la corte de distrito al apreciarla no cabe revocar su deci-sión.

Estamos conformes en que es una buena causa el hecho de estar una corte de tal manera ocupada que sea física-mente imposible llamar la causa a juicio, pero entendemos que tal hecho no se ha demostrado aquí. La acusación se presentó el 19 de octubre y no se leyó hasta fines de diciem-bre. ¿Qué explicación se ha dado para ello? Si la lectura se hubiera señalado con la rapidez debida, no se explica por qué la vista no pudo tener lugar en el propio término •criminal de octubre y noviembre. Tampoco se explica por qué tratándose de una acusación presentada en octubre no se señaló entre las primeras del término de febrero.

Los preceptos relativos al juicio rápido, que es una de las garantías que tienen todos los ciudadanos en nuestro país, deben tenerse siempre presentes por los funcionarios judiciales y cuando se invocan deben ser reconocidos pol-las cortes. Quizá con ello algún criminal pueda quedar sin castigo, pero un criterio firme producirá el efecto saludable de imprimir actividad en la administración de justicia.

Debe tenerse muy presente que en California el término en vez de ser de ciento veinte días — cuatro meses — como lo es en Puerto Rico, sólo se extiende a sesenta días — dos me-ses — y que en este caso concreto habían transcurrido más de cinco meses cuando la causa fué llamada para juicio.

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la senten-cia recurrida y decretarse el sobreseimiento de la acusación.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    Central Pasto Viejo, Inc., Demandante y Apelada, v. Roig et al., Demandados y Apelantes.
    No. 3205.

    Visto: Abril 11, 1924.

      Resuelto: Junio 27, 1924.
    Comunidad de Bienes — División de la Comunidad. — En la división de una finca poseída en común, deben intervenir 'todos los condueños.
    Id. — Retracto de Comuneros — Condiciones de Venta Estipuladas por el Con-dueño — Derechos del Comunero Retrátente. — De acuerdo con la ley, sólo podrá tener lugar el retracto cuando el condueño pueda subrogarse en lugar del comprador ‘ ‘ con las mismas condiciones estipuladas en el contrato. ’ ’ La ley garantiza los derechos de todos por igual. Es justa la preferencia que se da al condueño. Pero sería injusto que por garantizar esa preferencia, se limitara el derecho dominical de los otros condueños quedando reducido a otorgar sólo aquella clase de contratos en que la subrogación en las mismas condiciones fuera posible. El derecho a vender sus condominios en las me-jores condiciones que tienen los condueños es absoluto. El derecho de re-tracto que tienen también los condueños, está limitado por los términos mis-mos de la ley. Sólo en el caso de alegarse y probarse fraude, o en el de tratarse de una condición irracional, imaginaria, fuera del comercio de los hombres, u otra situación semejante, podría tenerse la condición por no puesta.

      Id. — Id.—Id.—“A,” comunero, vendió su condominio a “B” bajo la condición esencial de que el comprador cedería en arrendamiento otra finca suya al vendedor, quien traspasó el arrendamiento al comunero “O.” Se resolvió: que si bien antes del traspaso del arrendamiento tal vez “C” no estaba on condición de retraer de “B”, la dificultad quedó eliminada al adquirir el arrendamiento, condición esencial de la venta de “A” a “B.”
    Sentencia de Pablo Berga, J. (Humacao), en una acción sobre re-tracto legal, declarando con lugar la demanda en cuanto a dos de los demandados y sin lugar en cuanto a los demás, sin costas.

      Confirmada.

      González Fagundo <& González, Jr., L. Pereyó y A. Aponte, Jr., abo-gados de los apelantes; H. G. Molina y B. Cuevas Zeqneira, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre retracto legal. La acción ejerci-tada prosperó y la parte vencida, el demandado Roig, apeló para ante esté Tribunal Supremo. Señala en sn alegato va-rios errores que liemos estudiado cuidadosamente. Algunos de ellos carecen de importancia. A nuestro juicio sólo exis-ten tres cuestiones envueltas dignas de estudio, a saber: la relativa a la división o indivisión de la finca; la referente a si’ dados los términos del contrato de venta celebrado por el demandado Roig, puede la demandante Central Pasto Viejo subrogarse en sn lugar, y la consignación.

Comenzaremos por narrar los hecbos en la forma más clara, corta y concreta qxie nos sea posible. Al disentir las cuestiones envueltas, nos referiremos a otros hechos que complementan la narración general que ahora haremos.

Se trata de una finca rústica denominada “Rosario,” si-tuada en el barrio de Antón Ruiz, del término municipal de Humacao. Según el registro tiene doscientas cuerdas. Se-gún un plano presentado como prueba, 175 cuerdas y 789 milésimas de otra.

En 1903 dicha finca se inscribió en el Registro de la Pro-piedad de Humacao, a favor de doña Rosario Mandry y de sus siete hijos nombrados Juan, Arturo, María, Ana, Luis, Rafael y José Frías y Mandry por título de herencia del es-poso y padre don Francisco Frías y Aguilar, una mitad a favor de la viuda y una catorce avas partes a favor de cada uno -de los hijos, poseídas en común y proindiviso.

En el propio año de 1903 se inscribieron en el registro a favor de José Toro Ríos los derechos correspondientes a cinco de los hijos, a saber: Juan, Arturo, Ana, Luis y Rafael adquiridos por compra y además dos catorce avas par-tes ' compradas también a doña Rosario, quedando así con-vertido Toro Ríos en dueño de siete catorce avas partes de la finca o sea la mitad de la misma.

En 1905 falleció doña Rosario sin otorgar testamento.. Parece que nada se gestionó en cuanto a su herencia hasta 1923 en que fueron declarados herederos sus hijos Ana, Luis, Rafael, Arturo, Ramón, María y José. Son siete y los nom-bres coinciden con los consignados en el registro en 1903, excepto Ramón que seguramente es el Juan de 1903.

En 1908 el condomino José Frías y Mandry vendió a Luis Recufd casado con la condueña María, su participación en la finca, tanto la que le correspondía por herencia de su padre, una catorce avas parte, cuanto la que heredó de su madre o sea la séptima parte de cinco catorce avas partes — se dice sexta parte. Presentado el título para su inscripción en el registro, sólo lo inscribió el registrador en cuanto a la ven-ta del condominio de una catorce avas partes y no en cuanto al otro por constar todavía la inscripción a favor de doña Rosario.

En el propio año de 1908 Luis Recurd y su esposa Ma-ría. Frías y Mandry, comparecieron ante notario 'y vendie-ron a Miguel Bustelo y su esposa una finca rústica que des-criben como un predio de 69 cuerdas situado en Antón Ruiz del municipio de Iíumacao. Hay una cláusula en la escri-tura que dice:

“2‘-’ Que la ñuca descrita, les pertenece en esta forma: parte, que adquirió la doña María por herencia de sus padres; y otra parte por compra a don José Frías y Mandry y otros, constando aún ins-crita a nombre de doña Rosario Mandry y forma parte de otra finca de mayor número de cuerdas que poseía en común proindiviso con don José Toro Ríos, y si bien es cierto que la división material de la finca está hecha, no se ha otorgado aún la correspondiente es-critura. ”

La palabra otros parece usarse para comprender los de-rechos de los otros hermanos adquiridos por herencia ma-terna, excepto Rafael pues en cuanto a éste consta que en 1911 vendió su participación materna a Antonio Torres, que Torres, en 1912, la transfirió a la Borinquen Sugar Co., con-virtiéndose finalmente en dueña la demandante Central Pasto Viejo.

La escritura de venta otorgada por los esposos Recurd-Frías a Bustelo, no se ha inscrito en el registro de la pro-piedad. Tampoco constan inscritas, aunque sí anotadas, las transferencias del condominio adquirido a virtud de heren-cia materna por Rafael Frías o sea el condominio pertene-ciente en la actualidad a la demandante.

En 23 de diciembre de 1922, los esposos Bustelo se com-prometieron a vender al demandado Antonio Roig varias fin-cas. Una cláusula del contrato dice:

“Es condición esencial de este contrato que los esposos Bustelo venderán también al Sr. Roig la finca ‘Rosario,-’ compuesta de 69 cuerdas, más o menos, radicada en el barrio de ‘Antón Ruiz’ de Ilumacao, al precio de $195.00 cada cuerda. Este precio de la venta está sujeto a la mensura que se- baga del terreno, y se hace bajo la misma estipulación de evicción y saneamiento que se ha fi-jado para las otras fincas objeto del presente contrato.
“En consideración a la venta que hacen los esposos Bustelo al Sr. Roig de la finca ‘Rosario’, fijan dichos esposos como condición esencial de dicha venta, además de todas las estipulaciones prece-dentes, la condición de que el Sr. Roig le ceda a dichos esposos un lote de cien cuerdas de' terreno que segregará el Sr. Roig de su finca ‘Pitajaya,’ de la Bejuca, frente a la carretera de Humacao a la Playa, cuya cesión se hará en arrendamiento por un término de diez años a razón de $7.00 por cuerda al año, y las contribu-ciones. ’ ’

Enterada la demandante del contrato de 23 de diciembre de 1922, el 30 del propio mes y año radicó la demanda de retracto origen de este pleito y una moción que copiada en lo pertinente dice:

“Que en poder del Secretario de la Corte de Distrito de Huma-cao, la demandante ha consignado con esta fecha la suma de doce mil dollars, que cubre con exceso el importe en que ha sido vendida cierta parcela de terreno que la demandante intenta retraer me-diante el ejercicio de esta acción de retracto legal.
“Que la venta de la parcela de terreno mencionada se realizó por la suma de $11,018.09; y la demandante calcula $981.91 el im-' porte de los gastos del contrato y de cualquier otro desembolso legí-timo que pueda haber sido hecho por los demandados. -
“Por lo que a la corte suplica, se sirva admitir la demanda alu-dida y tener por hecha la consignación y depósito de la cantidad de doce- mil dollars, dando curso al asunto en la forma dispuesta por la ley.”

La corte tuvo por hecha la consignación y el pleito siguió adelante hasta que se dictó la sentencia apelada en agosto 13 de 1923 declarando la demanda con lugar.

Con respecto a cuál es la ley reguladora de este caso no hay disputa entre las partes, todas convienen en que está contenida en los artículos 1424 y 1425, que dicen:

“Art. 1424. — El retracto legal es el derecho de subrogarse, con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar del que adquiere una cosa por compra o dación en pago.
“Art. 1425. — El copropietario de una cosa común podrá usar del retracto en el caso de enajenarse a un extraño la parte de todos los demás condueños o de algunos de ellos.
“Cuando dos ó más copropietarios quieran usar del retracto, sólo podrán hacerlo a prorrata de la porción que tengan en la cosa común. ’

La controversia está en la apreciación de los hechos y en la interpretación de la ley aplicada al caso concreto de-batido.

¿Existe un estado de indivisión en la finca “Eosarió”*? La parte demandante sostiene que sí y la corte sentencia-dora le dió la razón. La parte demandada sostuvo en la corte inferior e insiste ahora en apelación en que la finca fué materialmente dividida entre los condueños.

Si examinamos las constancias del registro, resulta de ellas la finca poseída en común y proindiviso. Ya nos he-mos referido a la inscripción a favor de doña Eosario Man-dry y de sus hijos y a las ventas de ciertos condominios y ahora diremos que, según la certificación del registrador aportada como prueba, el último asiento del registro que guarda relación con la finca es de fecha 14 de agosto de 1922 y se refiere a la inscripción de un contrato de arrendamiento celebrado entre José Toro Eíos y su esposa de una parte y la Central Pasto Viejo de la otra. En él se consigna: * * * “Se halla afecta en cuanto a la mitad indivisa a la hipoteca .... Don José Toro Eíos .... tiene inscrita a su favor la mitad indivisa .... dió en arrendamiento el expresado condominio de la mitad indivisa.”

Siendo ello así ¿cómo se explica que al vender los espo-sos Eecurd a los esposos Bustelo y éstos a los esposos Eoig en vez de referirse a condominios se describiera y vendiera separadamente una finca de sesenta y nueve cuerdas? Ya liemos dicho que los documentos en que tales contratos cons-tan no se lian inscrito en el registro. La explicación de tal hedió aparece de la prueba practicada así:

La propia parte demandante presentó como prueba un plano, admitido por la parte demandada, que se levantó en abril de 1912 por el Agrimensor M. Fuentes Morales. Al pie del mismo consigna el agrimensor lo que sigue:

"Plano de la finca Rosario — Pertenece: a Don José Toro Ríos la parte de 108 cuerdas y 881 milésimas de otra que se halla al Este de la línea divisoria A. B. C. y a don Miguel Bustelo y don Antonio Torres la parte de 66 cuerdas y 968 milésimas de otra que se halla al Oeste de dicha línea.”

A juzgar por el jjlano, la división fue practicada en dos porciones: una para Toro .Ríos y otra para Bustelo y Torres.

Llamado a declarar como testigo el agrimensor Fuentes reconoció el plano levantado por él y dijo que hizo el tra-bajo por orden de don José Toro Ríos quien le pagó sus ho-norarios; que el Sr. Bustelo para nada intervino; que la “línea divisoria” a que se refiere en su plano se trazó si-guiendo una línea de espeques y alambres que existía.

Y declarando como testigo el demandado Toro Ríos reco-noció cierto documento constante en un libro copiador de su propiedad, que en lo pertinente dice:

“En la Ciudad de Humacao, P. R., a los veintinueve días del ines de octubre, de una parte doña María Frías y Mandry, casada con don Luis Recurt, ambos mayores de edad y de esta vecindad y de la otra parte don José Toro Ríos de idéntica circunstancias personales, .convienen en la celebración de esta escritura, digo con-trato privado, de compromiso de división de fincas rústicas, bajo las bases siguientes:
“1. Doña María Frías se compromete a tomar la parte que a ella le corresponde de la finca llamada ‘Rosario,’ en la parte superior de la misma, de tal manera que resulta situada en la parte ■Oeste de una línea divisoria que se tirará desde el camino de An-tón Ruiz en lo más cerca posible de la colindaneia de la finca de .don José Rodríguez y que pasando por la parte Este de la casa, •termine en la colindancia de don Emilio Faura. Esta línea será proyectada como recta y una vez pasada la casa, se formará un triángulo hacia el Oeste o hacia el Este, según que el polígono irregular sea mayor o menor que lo que corresponda a doña María de la finca.
“2. En este mismo polígono estará también comprendido lo que •corresponda a los herederos de doña Rosario Mandry y cuyas par-ticipaciones no hubieran sido cedidas a don José Toro Ríos.
“La casa quedará en el pedazo de doña María sin retribución alguna.
“El resto de dicha finca corresponderá a su' otro condueño D. José Toro Ríos.”

Entonces fué interrogado por el abogado del demandado Roig así:

“¿En virtud del documento éste, usted sabe si estaba en pose-sión material de la parcela de la finca ésa la persona que hizo a usted el documento? — No me consta mucho, porque yo tenía cedida en arriendo la participación mía a varias Centrales, que era enton-ces la Puerto Rico Sugar Company, luego a la Borinquen Sugar ■Company y ahora a la Pasto Viejo.
“¿Pero usted sabe si en virtud del documento éste la señora -que contrató con usted estaba en posesión material de la finca?— Doña María Frías sí.”

Después de varias objeciones y excepciones, el testigo contestó la siguiente pregunta del abogado de la deman-dante, así:

“¿Sabe usted si ella tenía el título para todo el resto de la finca adjudicada a usted? — En absoluto no, yo puedo refrescar mi me-moria con la fecha en que cada uno otorgara la escritura con refe-rencia a esa finca, si es que me muestran algún documento, o algo así, pero por lo demás no recuerdo.”

Es indudable que la prueba demuestra que bubo un prin-cipio de división y que en cuanto a los condueños Toro Ríos y esposos Recurd seguramente no hubiera habido dificultad, pero la prueba también demuestra que existía otro condueño, Torres, que no intervino en el contrato — íbamos a consig-nar el año de su celebración, pero no aparece de los autos —entre Toro Ríos y los esposos Recurd, ni tampoco en el plano levantado por encargo de Toro Ríos en 1912. Y no es .posible dividir válidamente una finca poseída en común sin la intervención de todos los condueños.

Siendo ello así, es necesario concluir que la corte sen-tenciadora no erró al apreciar la evidencia como demostra-tiva de que el estado de indivisión de la finca “Rosario” existía y por lo tanto que la demandante había probado su condición de copropietaria de una cosa común que le-daba derecho a usar del retracto al ser, como fué enajenada en este caso, a un extraño, el demandado Roig.

Veamos ahora si la demandante puede o nó subrogarse en lugar de Roig, el comprador, dadas las condiciones en que fué celebrado el contrato de venta entre Roig y Bustelo.

En cuanto a ese extremo la corte sentenciadora, en sn opinión, dice:

“5. Y resta ahora considerar la cuestión referente a la ‘Condi-ción esencial’ que aparece en el contrato privado de 23 de diciembre de 1922 entre los esposos Bustelo-Rodríguez y Roig-Guzmán en re-lación con la linca Rosario objeto del presente pleito. Se establece por los demandados Roig como defensa especial en su contestación la expresada condición esencial que se alega nunca podría ser cum-plida por la demandante Central Pasto Viejo, Inc. Ciertamente que tal condición esencial sería imposible de ser cumplida por la demandante, porque ella depende de la acción del comprador Roig-Torrellas, y esta corte estima que tal condición esencial debe tenerse-corno no puesta en el referido contrato a los efectos de este pleito. Admitir -en casos de esta naturaleza que se aleguen como existentes, condiciones entorpecedoras del retracto, sería hacer ilusorio el de-recho que concede la ley al retrayente. Un contrato de la natura-leza e importancia del que ha dado lugar a este litigio, parece propio que se hubiera consignado con las solemnidades de una escritura pública a fin de que no pudiera levantarse duda alguna con res-pecto a la certeza de sus diferentes estipulaciones. La- prueba, pues,, en estos casos, debe ser robusta. Y parece a la corte que el cum-plimiento de tal condición esencial, dadas las circunstancias del caso, no era una verdadera causa para la venta de la finca Rosario,, pues nada se lia becho en ese sentido: no se ban segregado los te-rrenos de la finca Pitajaya, ni se ba otorgado la escritura pública inscribible en el registro de la propiedad, siendo de notarse en este caso que para el otorgamiento de la expresada escritura, y por ella de la fecha en que debía empezar a regir el arrendamiento, y en donde debía consignarse la condición de venta, no se hubiera espe-cificado fecha alguna y quedara así indefinida. Sin embargo, en cuanto a los terrenos de la finca Eosario el demandado Eoig Torre-lias tomó posesión de los mismos allá por diciembre de .1922, según declaró su apoderado don Antonio A. Eoig.”

Creemos que la corte de distrito fue demasiado lejos. De acuerdo con la ley, sólo podrá tener lugar el retracto cuando el condueño pueda subrogarse en lugar del comprador “con las mismas condiciones estipuladas en el contrato.” La ley garantiza los derechos de todos por igual. Es justa la preferencia que se da al condueño. Pero sería injusto que por garantizar esa preferencia, se limitara el derecho dominical de los otros condueños quedando reducido a otorgar sólo aquella clase de contratos en que la subrogación en las mis-mas condiciones fuera posible. El derecho a vender sus con-dominios en las mejores condiciones que tienen los condue-ños, es absoluto. El derecho de retracto que tienen también los condueños, está limitado por los términos mismos de la ley. Sólo en el caso de alegarse y probarse fraude, o en el de tratarse de • una condición irracional, imaginaria, fuera del comercio de los hombres, u otra situación semejante, po-dría adoptarse el criterio sustentado por el juez sentencia-dor y tenerse la condición por no puesta. Pero ése no es aquí el caso, en verdad.

Ahora bien, aunque sea como es necesario concluir que la corte de distrito erró al exponer el fundamento que tuvo para resolver el extremo esencial indicado, su error no lleva consigo la revocación de la sentencia porque ésta se sos-tiene por otro fundamento, como veremos en seguida.

La parte demandante presentó como prueba una escritura otorgada el 23 de mayo de 1923, después de iniciado este-pleito, por virtud de la cual Bustelo cedió sus derechos y acciones derivados del contrato por el cnal Roig. adquirió de Bustelo entre otras la propiedad de que se trata en este pleito, existiendo en diclio contrato una cláusula que dice:

“Constituye el precio o consideración de este contrato, la conve-nida suma de setenta y ocho meo cuatrocientos cuaRenta dóla-Res, repartidos en la siguiente forma: Dos mil dólares como prima o consideración por la cesión de derechos y acciones, arrendamiento y opción de compra que los cónyuges Bustelo-Rodríguez hacen a favor de la Central Pasto Viejo Incorporada, cuya cantidad dichos esposos Bustelo-Rodríguez, reciben en este acto, de contado y a su entera satisfacción, por lo que le otorgan a dicha corporación el más formal recibo y eficaz carta de pago por dicha suma;”

Bustelo tenía derecho a vender y vendió a Roig en las condiciones que considerara más ■ ventajosas para él. La Central Pasto Viejo tenía derecho a retraer siempre que pu-diera subrogarse en las mismas condiciones. En cuanto al precio en metálico, no había dificultad. La dificultad exis-tía en cuanto a la condición especial. Claramente la Central Pasto Viejo no estaba en condiciones de dar en arren-damiento a Bustelo el terreno que pertenecía a Roig, pero desde el momento en que compró a Bustelo su derecho al arrendamiento, eliminó la dificultad, y su derecho al retracto debe serle reconocido.

Examinemos, por último, la cuestión relativa a la consig-nación. El demandado apelante sostiene que no fue bien hecha, porque el valor de la propiedad vendida era superior a los doce mil dólares depositados en poder del Secretario ■ de la Corte. Ta hemos dicho que existe una diferencia en cuanto a la verdadera cabida de la finca, y si se toma por base la que indica el plano que fué aceptado por la parte demandada, la cantidad consignada parece suficiente. Hay otra circunstancia que favorece la acción tomada por la de-mandante y es que la venta de Bustelo a Roig no fija con absoluta seguridad la cabida y sujeta el precio a una men-sura del terreno que debería practicarse en el futuro. Fi-nalmente existe el contrato entre la demandante y Bnstelo de 23 de mayo de 1923 a que se ha hecho referencia.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.