author: Eti Juez Asociado Señor de Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Santiago Nieves Marzán, acusado y apelante.
    Núm. 11864.
    Sometido: Marzo 12, 1947.

      Resuelto: Mayo 8, 1947.

      F. Hernández Vargas, abogado del apelante; Hon. Procurador General Interino Luis Negrón, Fernández, y J. (Jorrea Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   Eti Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné acusado do los delitos de Portar Armas e Inf. a la L.ey Sobre Registro de Armas. Estando íntima-mente relacionados los dos casos, fueron consolidados para los efectos del juicio. La evidencia del fiscal consistió en el testimonio del detective José A. Díaz. Declaró éste que el día de autos entró en un pequeño establecimiento en la calle Ferrer, de Santurce, en momentos en que se encontraba allí el acusado; que éste tenía dos relojes en las manos, los cua-les mostraba al dueño del establecimiento; que sobre el mos-trador había una bolsa de papel conteniendo algo; que el acusado, al ver al testigo, puso una mano sobre la bolsa de papel; que entonces el testigo le preguntó: “¿Y eso?” y al sacar el acusado lo que había dentro de la bolsa de papel pudo darse cuenta que era un revólver; que el testigo se apoderó del arma y el acusado admitió que era su dueño y que la ha-bía comprado en Cataño y poco depués le manifestó que la llevaba para arreglarla. En el acto del juicio, el acusado admitió que el revólver no estaba registrado. Terminada la declaración del testigo, el fiscal ofreció el revólver en evi-dencia. Se opuso la defensa por el fundamento de que osa prueba había sido ilegalmente obtenida. Resolviendo la cues-tión, dijo la corte: “No se veía el revólver que tenía. No hay ninguna duda de que el registro fue ilegal.” Sin embargo, declaró con lugar la objeción solamente en cuanto al •caso de portar armas. La defensa ofreció entonces eviden-cia tendiente a establecer que el acusado no había admitido ser dueño del revólver. Al terminar la prueba de descargo, la corte absolvió al acusado del delito de portar armas y lo' declaró culpable del de Infracción a la Ley Sobre Registro de Armas. Apeló de la sentencia y su argumentación gira principalmente en torno a si erró o no la corte a quo al ad-mitir en evidencia el revólver en el caso de registro de armas, y al admitir la declaración del detective sobre la ocupación del arma, no obstante haber rechazado esa evidencia en el otro caso.

Siguiendo el orden lógico, la. primera cuestión a resolver es si, suponiendo que el registro del acusado y la ocupación del arma fueron ilegales, procedía objetar a la admisión en evidencia del arma y de la declaración del detective con respecto a la ocupación de la misma, no habiéndose radicado previamente a la oposición una moción para suprimir tal evidencia. La regla general es al efecto de que el procedimiento para impedir que evidencia ilegalmente obtenida sea presentada, es mediante moción radicada antes del juicio en la cual se solicite su supresión. Pueblo v. Capriles, 58 D.P.R. 548 y Pueblo v. Figueroa, 59 D.P.R. 918.

En el caso de Capriles, supra, al enunciar la regla general ál efecto de que la moción debe presentarse antes del juicio, so expuso además una excepción a dicha regla. Esa excepción es al efecto de que, cuando se demuestra o surge de la evidencia que el acusado se enteró por primera vez en el curso del juicio que la evidencia ilegalmente obtenida estaba en poder del fiscal o que existía la intención de presentarla contra él, la moción para suprimirla puede presentarse, aunque haya que hacer una pausa para resolver esta cuestión colateral.

Esta excepción evidentemente está predicada. en lo in-justo que resultaría en tales casos impedir al acusado in-vocar la garantía constitucional contra registros ilegales.

Pero la que acabamos de exponer no es la. única excepción. Existe otra al efecto de que en los casos en que evidencia ofrecida ha sido ilegalmente obtenida, si mientras se presenta la “prueba de cargo surge del examen directo o del de repre-guntas que la evidencia fué ilegalmente obtenida — como he-mos supuesto en el presente caso — y por lo tanto, no es ne-cesario detener los procedimientos en el caso criminal para resolver una cuestión colateral, el acusado puede objetarla, a pesar de que antes del juicio hubiera tenido conocimiento de que tal evidencia, se intentaba presentar en su contra y aunque previamente al juicio hubiera solicitado tal supresión y la moción para suprimirla hubiera sido denegada. Como se dijo en Gouled v. United States, 255 U.S. 298, 312 (1921): “No debe permitirse que una regla de procedimiento por cualquier razón técnica prevalezca sobre un derecho constitucional.” () Agnello v. United States, 269 U.S. 20, 34,(1925); Amos v. United States, 255 U. S. 313 (1921); Salata v. United States, 286 F. 125 (C.C.A. 6th., 1923); Holmes v. United States, 275 F. 49 (C.C.A. 4th., 1921); Shuck v. State, 59 N. E.2d 124 (Ind. 1945); State v. Raum, 21 P.2d 291 (Wash. 1933) y State v. Dersiy, 215 Pac. 34 (Wash. 1923).

Hasta este punto nuestra argumentación ha partido de la hipótesis de que, bajo las circunstancias de este caso, la evi-dencia a que nos liemos referido fué ilegalmente obtenida. Eslableeido que la ilegalidad de la forma en que la evidencia fué obtenida puede óer levantada por medio de objeción al ser ofrecida, procede ahora determinar si en efecto esa evi-dencia fué ilegalmente obtenida.

De la evidencia surge que el acusado y el detective se conocían con anterioridad al día de autos. El detective declaró que conocía al acusado y sabía que vivía a poca distancia del establecimiento donde lo encontró. Y aunque el acusado no declaró expresamente que conocía al detective, su conducta al tratar de protegerse poniendo su mano sobre el saco de papel cuando lo vio entrar al establecimiento, tiende a demostrar que sabía que José A. Díaz era un detective. Ya hemos visto que cuando el detective interrogó al ■ acusado sobre el contenido de la bolsa de papel, el revólver no estaba visible. Tampoco se hallaba el acusado en aquellos momentos bajo arresto. El acusado, en tales condiciones, pudo haberse negado a descubrir el contenido de la bolsa de papel; pero puesto en la alternativa de obedecer pacíficamente al detective o resistir por la fuerza su requerimiento, el optar joor lo primero no puede considerarse como una renuncia' a su derecho constitucional a no ser registrado bajo las condiciones antes dichas. Tobin v. State, 255 Pac. Y88 (Wyo. 1927). ' ■ ‘

Para que un ciudadano pueda invocar la garantía constitucional contra registros ilegales no es necesario que ofrezca resistencia al agente de la autoridad que intente registrarlo sin autoridad legal. Exigir tal resistencia es contrario al orden público puesto que obligaría a ciudadanos pacíficos y obedientés de la ley a arriesgar sus vidas o a exponerse a recibir grave daño corporal para hacer valer su derecho constitucional que puede invocar por los me-dios ordenados que le brinda la ley. La renuncia a ese derecho constitucional debe quedar establecida por testi-monio claro y positivo, pues la mera aquiescencia no cons-tituye una renuncia. 31 Yale Law Journal, 518, 520. Por Jo tanto, al sacar el revólver de la bolsa de papel en las cir-cunstancias expuestas, el acusado no renunció a su derecho constitucional. Consecuentemente, el registro y la ocupa-ción del arma fueron ilegales y toda evidencia con respecto a la posesión del arma por parto del acusado debió ser su-primida. Pueblo v. Rosado, 62 D.P.R. 197.

Descartada la evidencia ilegalmento obtenida, no existe prueba suficiente para la convicción del acusado. Procede, por cousiguiente, revocar la sentencia apelada y ensolverlo-libremente.

lili Juez Asociado Sr. Marrero no intervino.

      (1) Las distintas modalidades de la regla en relación con la supresión do evidencia ilegalmente obtenida, se exponen con toda claridad en el caso de State, v. Dersiy, 215 Pac. 34, en la siguiente forma:
      "(1) Cuando por el examen directo o de repreguntas de los testigos de cargo resulta o en cualquier otra forma es admitido, que los artículos que son ofrecidos en evidencia lian sido ilegalmente obtenidos, es el deber do la corte sentenciadora, al objetarse a dicha evidencia, rechazar su admisión. No habiendo en tales circunstancias cuestiones de hecho y nada que requiera quo la corte haga una pausa en el curso del juicio para juzgar' un hecho colateral, la corte sólo tiene que pasar sobre la admisibilidad de evidencia a base de hechos concedidos o admitidos.
      "(2) Cuando durante el juicio los artículos ocupados son ofrecidos en evidencia y no resulta de la prueba do cargo o de otro modo, que tales artículos fueron dlogalmente ocupados, y se objeta a la admisión de tal evidencia por haber sido ilegalmente obtenida y el acusado ofrece, por affidavit, o de ^otro modo, probar la ilegalidad de la ocupación, la corte debe recibir los artículos en evidencia, poique en esa etapa de los procedimientos no debe detenerse para investigar .las circunstancias controvertidas bajo las cuales los artículos fueron ocupados. Cuando un acusado desea suprimir como evidencia los artículos ocu-pados, debe solicitar su supresión dentro de un tiempo razonable antes de que el caso sea llamado para juicio. De ese modo brinda a la corte una oportunidad de juzgar y resolver la cuestión controvertida de liecho.
      “(3) Una excepción a la regla últimamente enunciada es: Cuando durante el juicio del caso, la defensa se. opone a la admisión de los artículos en evidencia por el fundamento de que fueron ilogalmente ocupados y ofrece probar que la ocupación fué ilegal y que, mediante el ejercicio de una razonable diligencia no pudo enterarse antes del juicio que los artículos fueron ilegalmente ocupados, la corte debe hacer una pausa en el juicio y determinar las cuestiones colaterales concernientes a la legalidad de la ocupación.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe Snydbb

license: Public Domain

text:
    Dr. Manuel Luciano Valdés, peticionario, v. Tribunal del Distrito Judicial de San Juan, Hon Borinquen Marrero, Juez; Sabina Rivera, interventora.
    Núm. 1663.
    Sometido: Mayo 2, ,1947.

      Resuelto: Mayo 8, 1947.

      Rafael Arjona Siaca, abogado del peticionario; E. Martínez Rivera y Luis Blanco Lugo, abogados de la interventora, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señoe Snydbb

emitió la opinión del tribunal.

Una esposa presentó demanda de divorcio contra su es-poso y dentro del divorcio solicitó alimentos. La corte de distrito le concedió $200 mensuales para los alimentos pro-visionales de ella y su hijo menor mientras estuviera pen-diente el pleito de divorcio. Toda vez que una sentencia firme terminaba estos alimentos provisionales, la esposa como madre con patria potestad radicó una acción independiente para los alimentos del menor. Después de dictarse senten-cia a favor de la esposa 'en el divorcio, se celebró la vista en.cuanto a la acción independiente de alimentos. La de-mandante solicitaba en ésta $200. mensuales para alimentos y $500 para honorarios de abogado. La corte inferior le concedió $124.70 mensuales y*$350 para honorarios de abo-gado.

La controversia ante nos versa sobre la concesión de $350 para honorarios. La corte de distrito resolvió que el padre no había sido temerario y que en su consecuencia la deman-dante no tenía derecho a honorarios de abogado de confor-midad con el artículo 327 del Código cié Enjuiciamiento Civil, según quedó enmendado por la Ley núm. 94, Leyes de Tuerto Rico, 1937. Pero la corte inferior, sin embargo, concedió. $350 para honorarios de abogado, en la teoría de que, in-■dependientemente del artículo 327, los honorarios de abogado ■de un menor, desembolsados al demandar al padre por ali-mentos, son parte de tales alimentos a tenor con el artículo 142 del Código Civil. Expedimos el auto de certiorari para ■determinar si el juez de’ distrito estaba autorizado a conee-•derle a la demandante honorarios de abogado a pesar do ha-ber resuelto que el padre no había sido temerario.

El peticionario alega que el artículo 142 no provee •expresamente sobre honorarios de abogado y que incluirlos ■como parte de los alimentos equivale a legislación judicial.í) Puede admitirse que la cuestión sería más clara si nuestra Legislatura, para evitar cualquier duda, hubiera provisto ■expresamente, como en algunos estados, que los honorarios ■de abogado' serían considerados como parte de los alimentos en tales casos. Sin embargo, somos de opinión que el lenguaje de nuestro estatuto es suficientemente amplio para incluir, como parte de los alimentos, los honorarios de abogado en que- incurre un menor cuando se ve obligado a demandar a su padre por alimentos. Resolver lo contrario sería menoscabar sustancialmente los alimentos a los cuales el me-nor tiene derecho bajo el estatuto.

Hemos resuelto que la disposición del artículo 100 del Código Civil sobre alimentos de la esposa mientras esté pendiente el pleito de .divorcio, incluye sus honorarios de abogado. Wolkers v. Masson, 26 D.P.R. 188, 27 D.P.R. 278; Carballo v. Rossy, Juez de Distrito, 27 D.P.R. 937. No con-venimos con el peticionario en que estos casos son distingui-bles porque (1) el esposo es el administrador de la sociedad de gananciales, (2) los alimentos contemplados por el ar-tículo 100 sólo son provisionales y (3) son incidentales al pleito principal de divQrcio y no como aquí un pleito inde-pendiente. Si los honorarios de abogado de una esposa que solicita alimentos provisionales dentro de un pleito de divorcio son parte de sus alimentos, a fortiori los honorarios para obligar al padre' a pasarle alimentos permanentes() a su hijo en un pleito independiente son parte de tales alimen-tos. En ambos casos los honorarios son desembolsos in-cluidos en los alimentos debido a la conducta del demandado que obligó a la demandante a entablar acción para obtener-los. Honorarios razonables para sufragar tal pleito son tan joarte de los alimentos como los gastos razonables de manutención, habitación o vestido. Véanse Campbell v. Campbell, 20 S. E. 2d 237 (S. C., 1942); Arais v. Kalensnikoff, 74 P.2d 1043, 1047 (Cal., 1937).

Queremos aclarar que la función de este auto de certiorari queda cumplida por nuestra decisión al efecto de que la corte de distrito estaba autorizada, bajo el artículo 142 del Código Civil, a exigirle al demandado que pagara los honorarios de abogado de la demandante como parte de los alimentos del menor aun cuando el demandado no fuera temerario al de-fenderse en el caso.

Durante la vista del recurso los abogados discutieron una cuestión diferente: si los honorarios de abogado de la demandante caen automáticamente dentro de la categoría de alimentos, no importa cuán irrazonable fuera la posición de la demandante en el curso del pleito.() Pero no es éste el recurso adecuado para determinar dicha cuestión, ya sea como cuestión de derecho o en cuanto a los hechos. Aquí sólo tenemos ante- nos el legajo de la sentencia y éste única-mente demuestra que el padre estaba dispuesto a pagar $100, la demandante pretendía $200, y la corte le concedió $124.70 mensuales. Solamente si el padre insiste en la apelación contra esta misma sentencia que pende ante este tribunal y radica la transcripción de evidencia, estaríamos en condi-ciones de determinar si del récord surge no sólo que el de-mandado no fué temerario sí que también fué irrazonable la demandante en tramitar el pleito. Después de todo, en ios casos dudosos, no solamente las partes no son temerarias sí que ambas son razonables en litigar las cuestiones suscita-das. De ser éstos los hechos de este caso, según lo demuestra el récord, la demandante tenía derecho a los honorarios de abogado como parte de los alimentos a tenor con el artículo 142 del Código Civil, no obstante el hecho de que el deman-dado no fuera temerario. Pero si de hecho la posición de la-demandante fué irrazonable, entonces tendríamos que de-terminar como cuestión de derecho si una reclamación irra-zonable de la demandante justifica la reducción o eliminación de los honorarios de abogado de ésta en un pleito de alimen-tos para un menor. No llegamos a dicha cuestión en esto recurso.

El auto de certiorari será anulado.

El Juez Asociado Sr. Marrero no intervino.

      (')Jíl artículo ]42 dispone cómo sigue:
      “So entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según, la posición social de la familia.
      “Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del ali-■montista, cuando es menor do odad.”

      (2)En cierto modo la concesión de alimentos nunca es permanente, porque está siempre sujeta a modificación si se demuestra que la situación ha cambiado. Ortiz v. Viera, 61 D.P.R. 514; Valdés v. Hastrup, 64 D.P.R. 595, 600-01. Pero en este caso hablamos de alimentos permanentes en contraste con los alimentos provisionales que se conceden mientras se dilucida el caso.

        (3)Cf. nuestra manifestación en Wolkers v. Masson, 27 D.P.R. 278, 280, al efecto de que en un caso de una esposa el abogado ‘ ‘ que la representa tiene derecho a que so lo pague por sus servicios aun en el caso de que se pierda el pleito.”


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Caparra Dairy, Inc., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones, demandado; Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 123.
    Sometido: Mayo 7, 1947.

      Resuelto: Mayo 19, 1947.

      Corel ova c& González y Carlos J. Eaure, abogados de la peticionaria; lion. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández, y Emilio E. Gautier, abogados del interventor, querellado en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Caparra Dairy, Ine. es una corporación doméstica qne se dedica al negocio de pasterización y venta de leche al pú-blico. En el año 1945, habiendo importado a la isla de Puerto Rico las maquinarias y aparatos necesarios para constituir una unidad de refrigeración destinada a la operación y fun-cionamiento de su planta de pasterización, la referida cor-poración solicitó del Tesorero de Puerto Rico que declarase dichas maquinarias y aparatos exentos del pago de arbitrios, de conformidad con la sección 16(5) de la Ley de Rentas In-ternas, que dispone lo siguiente:

“Estarán exentos del pago de los arbitrios impuestos por esta Ley toda maquinaria, aparato o equipo que sea esencial para el esta-blecimiento ¡/ funcionamiento de plantas industriales. Disponiéndose, que el Tesorero de Puerto Rico dictará los reglamentos que fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta sección.” (Bastardillas nuestras.)

Declarada sin lugar la exención solicitada, la peticionaria pagó los arbitrios bajo protesta y acudió ante el Tribunal de Contribuciones solicitando su devolución. El presento re-curso va dirigido contra la resolución de dicho Tribunal de-clarando sin lugar la querella.

La única cuestión que tenemos que resolver es si la planta de pasterización de leche de la peticionaria es y debe ser considerada como una de las “plantas industriales” que el legislador tuvo en mente al conceder la, exención de arbitrios autorizada por la sección 16(5), supra.

La contención del Tesorero de. Puerto Rico, sostenida por el Tribunal recurrido, es que las únicas industrias que tienen derecho a la exención son aquellas- que se dedican a la ma-nufactura, o sea, a convertir materias primas en otros pro-ductos terminados y diferentes. La peticionaria admite que la pasterización de leche no es un proceso de manufactura, pero insiste en que la exención es más amplia que lo que pre-tende el Tesorero e incluye cualquier planta que se dedique a una industria cualquiera.

En apoyo de su contención, el Tesorero cita el artículo 1, sección (a) (1) del “Reglamento de Exención Industrial,” por él promulgado, que entró a regir el 22 de agosto de 1944 y dispone:

“(a) Plantas industriales:
Se entenderá por plantas industriales:
(1) Aquellos establecimientos debidamente organizados en los que a virtud de un proceso sistemático predeterminado, mediante la apli-cación do mano de obra en forma directa o indirecta se transformen materias primas en productos terminados distintos a dichas materias primas con fines de distribución comercial.”

Aplicando a los hechos del caso la interpretación que en su reglamento ha dado él a las palabras “plantas industria-les”, concluye el Tesorero sosteniendo que el proceso de pasterización de leche no es un proceso de manufactura y que la planta de pasterización no es una planta industrial con derecho a la exención que se reclama, porque en la pasteriza-cióu no interviene la mano de obra y, además, porque la leche pasterizada no es un producto distinto a la leche ordeñada de la vaca.

Planteada así la cuestión, procederemos a considerarla y resolverla a la luz de nuestras condiciones locales y de la ju-risprudencia sobre la materia. . .

Siendo como es Puerto Pico un país pequeño y superpoblado, dedicado principalmente a la agricultura y sin tierras laborablés suficientes para producir los alimentos necesarios para una población de más de 500 habitantes por milla cuadrada, es obvio que el serio problema que presenta la superpoblación insular solamente puede ser resuelto de dos maneras: mediante la emigración de nuestro exceso de población a otros países donde pueda encontrar trabajo y con-, ¿liciones de vida favorables o mediante el establecimiento de nuevas y variadas industrias en la Isla. Creemos que es razonable presumir que el legislador insular, familiarizado con ' ]as condiciones locales que hemos descrito y deseoso de encontrar remedio eficaz para las mismas, al disponer que estarán exentos del pago de los arbitrios . . . toda maquinaria, aparato o equipo que sea esencial para el establecimiento y funcionamiento de plantas indwstríalestuvo la intención y el propósito de facultar y estimular el establecimiento en la Isla del mayor número posible de industrias en las cuales pueda encontrar empleo bien remunerado una gran parte de nuestro excedente poblacional. No nos parece razonable presumir que las “plantas industriales” que la Legislatura tuvo en mente al otorgar la exención fueran solamente aquéllas que se dedican a la manufactura de algún producto determinado, o sea, a la conversión o transformación de materias primas en productos terminados, mediante la aplicación, en forma directa o indirecta, de la mano de obra. Si ésta hubiese sido la intención legislativa, fácil hubiera sido disponer» que las maquinarias y equipos exentos del pago de arbitrios serán aquéllos que fueren esenciales “para el establecimiento y funcionamiento de plantas dedicadas a la manufactura de productos.”

Existe un marcado conflicto do jurisprudencia en cuanto a si el proceso de pasterización de la leche constituye “manu-factura”. Algunas autoridades han resuelto la cuestión en la negativa^) mientras que otras han resuelto que la paste-rización es un proceso de manufactura que da po'r resultado un producto distinto a la materia prima sometida a dicho proceso.() En el caso de autos no está envuelta la cuestión sobre si la pasterización de la leche es o no un proceso de manufactura. Lo que nos toca resolver es si la planta de pasterización de leche de la peticionaria es una “planta industrial”, que es la condición que fija el estatuto para poder reclamar la exención; y no si es una planta dedicada a la “manufactura” de productos terminados y distintos, que es la condición impuesta por el Tesorero de Puerto Rico en su reglamento. En caso de conflicto entre el reglamento y la ley, es ésta la que debe prevalecer.

¿Qué es lo que significan las palabras “planta industrial”, usadas en el estatuto que estamos considerando"!

En Otis Elevator Co. v. Arey-Hauser Co., 22 F. Supp. 4, 6, la palabra “planta” fué interpretada así:

“Dentro ele un número ele años comparativamente recientes, nues-tro lenguaje lia sido enriquecido por un nuevo uso de la antigua pa-labra ‘planta’. Es un equipo físico organizado para producir cual-quier resultado que pueda desearse o, según se ha expresado por medio de una frase, es una unidad de operación {operating unit).”

Véase, además, In re American Pile Fabrics Co., 12 F. Supp. 86, 87.

Aplicando las anteriores definiciones a los hechos del pre-sente caso, dehemos resolver que las maquinarias, aparatos y equipos dedicados por la peticionaria al negocio de paste-rización y venta de leche y utilizados como una unidad de operación, constituyen y deben ser considerados como una “planta”.

¿Es el proceso de pasterización de leche una industria, de manera que la planta, dedicada a ese proceso pueda y deba ser considerada como una “planta industrial” y como tal con. derecho a la exención que se reclama"?

En el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano de Litoral ura, Ciencias y Artes, Montaner & Simón, Editores, Barcelona, tomo 11, página 864, se establece la diferencia que existe entre los vocablos “industria” y “trabajo”, en el pá-rrafo siguiente:

“He da también a la voz industria una acepción que no admite la ciencia económica para evitar una confusión y un error. En efecto, con gran frecuencia se emplea esta palabra como sinónima de ‘tra-bajo’, cuando en realidad tienen estos dos términos significaciones claramente distintas. Se entiende por trabajo el ejercicio puro y simple de las fuerzas físicas o de las facultades intelectuales del hombre; así, pues, cuando basta el empleo de estas fuerzas o facul-tades para producir riqueza, puede indistintamente decirse que el hombre trabaja o que ejerce una industria.
“Mas esto pocas veces ocurre; casi siempre, para producir, es necesario, no sólo el trabajo, sino el concurso del capital y de los agentes naturales. La producción es, pues, la resultante de un con-junto de combinaciones, de las cuales el trabajo no es sino uno de los elementos. A este conjunto de combinaciones es al que se llama industria.” (Bastardillas nuestras.)

El Diccionario Salvat, Tomo Y, página 770, define la pa-labra “industria” así:

“Industria es el conjunto de las operaciones mediante las cuales el hombre modifica y apropia para su uso las materias de que no po-dría servirse en su estado natural, en cuyo sentido se opone la indus-tria a la agricultura y al comercio.”

En Pueblo v. Beauchamps, 25 D.P.E. 602, 605, se procesó a Beauchamps por haber usado una medida ilegal para medir a los cogedores el café en uva cogido por éstos de los árboles y traído a los establecimientos de la finca. El acusado excep-cionó la denuncia, basándose en que no se le imputaba la co-misión de delito alguno, porque la ley de pesas y medidas se refiere a “transacciones industriales y comerciales” y no a “servicios o trabajos agrícolas” como el medir café en uva. La Corte, por voz de su Juez Asociado Sr. Aldrey, se expresó así:

“Para que pueda decirse que se ejerce una industria es necesario que exista algo más que el simple ejercicio do la fuerza física que representa el coger el fruto pendiente de un árbol, como el café en uva de los cafetos, por lo que no podemos declarar que la mera re-colección de los frutos pendientes sea una industria aunque puede ser que ese acto reunido a otros posteriores de inteligencia para mo-dificar o mejorar el producto recogido pueda constituir en conjunto una industria, en cuyo sentido puede llamarse industria cafetera, por ejemplo, a la siembra, recolección y preparación para el comercio del café, pero la recolección del fruto solamente, repetimos, no es una industria sino un trabajo agrícola.”

En Commissioners of Carroll County et al. v. B. F. Shriver Co., 126 Atl. 71, 72 (Md.) se trataba de la interpretación de un estatuto del estado de Maryland que eximía del pago ele arbitrios a las maquinarias y equipo empleados en las in-dustrias dedicadas a la manufactura de xti'oductos. La com-pañía reclamante de la exención se dedicaba a enlatar maíz, habichuelas y guisantes, empleando para ello maquinarias y aparatos de diversas clases. La corte concedió la exención expresándose así:

“El objeto y el jiropósito del estatuto, según lo demuestra su tí-tulo, era estimular el desarrollo de industrias manufactureras en el estado de Maryland, eximiendo los instrumentos, maquinaria, etc., de aquéllas que actualmente se dedican a la manufactura, del pago de dichas contribuciones, y el beneficio que de ello debía esperarse era el de traer un gran número de trabajadores y el empleo de los mismos en la comunidad, acompañado por todos' los beneficios que usual y naturalmente resultan de tal empleo, así como todos los demás bene-ficios que resultan del establecimiento de tales industrias. Por lo» tanto, no podemos evitar la conclusión, siguiendo el razonamiento de Carlin v. West Insurance Company, supra, que era ajeno a la inten-ción de la Legislatura, el que la industria aquí envuelta no deba ser considerada como una industria manufacturera dentro del significado de esa ley, . ”

En United States v. Public Service Co. of Colorado, 143 F.2d 79, 82, se reclamó la exención de contribuciones sobre la venta de energía eléctrica a veinte plantas pasterizadoras de lecbe, invocando una ley que eximía del pago de contribucio-nes a la venta de energía eléctrica para consumo industrial.. Se resolvió que procedía la exención, expresándose así el tribunal :

“Toda industria es en un sentido comercial, pero se admite que el consumo industrial no está incluido. Un manufacturero se propone en definitiva vender sus productos — sus rentas se derivan de la venta de esos productos. Es cierto, las veinte lecherías estaban comprando y vendiendo leche, pero estaban haciendo más — estaban dedicadas a un proceso (processing) — pasterizando leche cruda en preparación para el mercado. Aunque el producto vendido era leche, no era leche cruda. La energía eléctrica no era usada en la fase comercial de la empresa lechera, sino en el ‘processing’ o fase industrial de la em-presa. ’ ’

Los casos citados por el Tesorero () no son de aplicación, pues en ellos se trata de la interpretación de estatutos redac-tados en términos distintos a los de la sección 16(&) de nuestra Ley de Rentas Internas. Por ejemplo, en City of Louisville v. Ewing Von-Allmen Dairy Co. se resolvió que las plantas de pasterización reclamantes no tenían derecho a exención bajo un estatuto que eximía del pago de contri-buciones “las maquinarias y productos en proceso de manu-factura, de personas, firmas, o corporaciones actualmente dedicadas a la manufactura,” por la razón de que una cor-poración dedicada a la pasterización de leche cruda no está dedicada a la manufactura. Todos dichos casos serían apli-cables si el estatuto que estamos considerando estuviese re-dactado en la forma en que lo está el reglamento promulgado por el Tesorero. La ley no requiere como condición para tener derecho a la exención que la “planta industrial” esté dedicada a la manufactura. T es la ley, repetimos, la que dehe prevalecer.

Opinamos que siendo la planta de pasterización de la pe-ticionaria una “planta industrial”, las maquinarias, aparatos y equipos esenciales para su establecimiento y funcionamiento están exentos del pago de los arbitrios, de acuerdo con lo dis-puesto por la sección 16(6) de la Ley de Rentas Internas, supra; y que la disposición del reglamento promulgado por el Tesorero, supra, en cuanto limita el derecho de exención a los establecimientos o plantas dedicados a la manufactura de productos, carece de fuerza y validez por carecer el Teso-rero de autoridad para limitar y restringir un derecho con-cedido por la Legislatura,- siendo por tanto nula.

Por las razones expuestas dehe amblarse la resolución re-currida y devolverse el caso al tribunal inferior con instruc-ciones de qibe proceda a dictar otra ordenando la devolución a la peticionaria de la suma pagada bajo protesta, más los intereses devengados hasta la fecha en que se efectúe la de-volución, al tipo fijado por la ley.

      (1) City of Louisville v. Ewing Von-Allmen Dairy Co. (1937) 268 Ky. 652, 105 S.W.2d 801; People ex rel. Empire State Dairy Co. v. Sohmer, 218 N.Y. 199, 112 N.E. 755; anotaciones en 10 A.L.R. 1298 y 116 A.L.R. 1122.

        (2) H. P. Hood & Sons v. Commonwealth, 127 N.E. 497-499; cf. In Re I. Rheinstrom & Sons Co., 207 Fed. 119, 150-151.

      (3) City of Louisville et al. v. Ewing Von-Allmen Dairy Co., 105 S.W.2d 801-802; People ex rel. Empiie State Dairy Co. v. Sohmer, 112 N. E. 755-756; Anheuser-Busch Brewing Association v. United States, 207 U.S. 556-562; City of Richmond v. Richmond Dairy Co., 157 S.E. 728.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. María Luisa Arecco, acusada y apelante.
    Núm. 11599.
    Sometido: Diciembre 18, 1916.

      resuelto: Mayo 19, 1947.

      J. J. Ortiz Alibrán, abogado de la apelante; Ron. Procurador General interino Luis Negrón Fernández, y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan declaró culpable, en grado apelativo, a María Luisa Arecco en dos casos de infrac-ción al artículo 9, eu relación con el artículo 4, de la Ley del Impuesto de la Victoria (Ley núm. 29 del 7 de diciembre de 1942 [(2) pág. 161], enmendada por la Ley núm. 62 de 10 de mayo de 1943 [pág. 147] y la Ley núm. 175 de 15 de mayo de 1943 [pág. 631]), () y la sentenció a pagar una multa de $25 o a cumplir un día de cárcel por cada dólar que dejara de pagar, en cacla caso. Los casos fueron vistos conjuntamente en la corte inferior y en la misma forma han sido tramitados los recursos de apelación interpuestos por la acusada.

Sostiene la apelante que la corte sentenciadora erró al declararla culpable no obstante haber sido derogada la Ley del Impuesto de la Victoria a la fecha en que los casos fueron vistos en la corte inferior y que, además, dicha corte carecía de jurisdicción en los casos ya que la ley derogatoria establece el procedimiento para el cobro de las contribuciones pendientes de pago.

lis cierto que la Ley del Impuesto de la Victoria fue de-rogada por la Ley número 327 aprobada el 15 de mayo de 1945 (pág. 1265), que empezó a regir inmediatamente después de su aprobación y que la vista de estos casos en la corte inferior tuvo lugar el 23 de enero de 1946. Empero, correcta-mente a nuestro juicio, dicha corte aplicó a esta situación el artículo 386 del Código Político de Puerto Rico que dispone que: ‘‘La derogación de cualquier estatuto por la Asamblea Legislativa no tendrá el efecto de exonerar o eximir de nin-guna pena, embargo, confiscación o responsabilidad en que se hubiere incurrido bajo dicho estatuto, a menos que la ley de-rogatoria así lo dispusiere expresamente, y se tendrá por vi-gente dicho estatuto, al objeto de sostener la respectiva ac-ción o pi'oceso para exigir el cumplimiento de dicha pena, embargo, confiscación o responsabilidad.”

Ya hemos resuelto que el artículo 386, supra, es una cláu-sula de reserva (saving clause) a virtud de la cual las cortes conservan su jurisdicción para juzgar y condenar por delitos cometidos bajo una ley derogada a menos que la propia ley derogatoria contenga alguna disposición que expresamente exonere o exima de pena por hechos cometidos antes de su aprobación. Pueblo v. Valentín, 33 D.P.R. 40; Pueblo v. Rodrigues, 50 D.P.R. 36, y Puerto Rico Ilustrado v. Buscaglia, Tes., 64 D.P.R. 914.

Arguye la apelante que el artículo 2 de la Ley número 327 de 1945, o sea, la ley derogatoria, () constituye a su vez una cláusula de reserva en cuanto al procedimiento que debe seguirse para el cobro de las contribuciones adeudadas y que, por lo tanto, el artículo 386, supra, no es aplicable o fue derogado implícitamente por la Ley número 327.

No podemos aceptar este razonamiento. El artículo 2 de la Ley número 327, supra, lo único que Lace es establecer el procedimiento para el cobro de las contribuciones adeudadas pero ni expresa ni implícitamente exonera o exime de respon-sabilidad criminal en que -haya incurrido un contribuyente a virtud de la ley derogada. El propio artículo 386, supra, dispone que dicha exoneración en la ley derogatoria debe dis-ponerse “expresamente” y por tanto, la disposición general de que “Toda ley o parte de ley que se oponga a la presente queda por ésta derogada,” contenida en el artículo 4 do la Ley número 327 no constituye tal derogación expresa. Ex parte Faltin, 254 P. 477.

Sostiene, además, la apelante que los hechos denunciados no constituyen delito público. No tiene razón. El artículo 9 de la Ley (según enmendada por la Ley 175 de 1943) dispone, en lo pertinente, que “Cualquier infracción a las disposiciones de esta Ley u omisión de cumplir deberes impuestos por ella, con excepción de aquéllas que en la misma se declaran delito grave (felony), constituirá delito menos grave (misdemeanor) ... Guando la infracción consista en dejar de pagar cantidades como contribución o como contribución retenida en el origen, el pago de éstas, más intereses, etc. . . será impedimento para la iniciación de la cansa criminal y causa para su archivo, si hubiere sido iniciada. . . .” (Bastardillas nuestras.)

De manera que el dejar de pagar la contribución es un delito pero el sólo hecho de pagarla,, con intereses, recargos, etc., impide que se inicie el proceso u obliga a su archivo. La prueba demostró que la acusada en ningún momento pagó la contribución. Su única excusa fué que había solicitado una prórroga del Tesorero y que éste nunca le contestó. Funcio-narios del Departamento de Hacienda declararon que de los expedientes de la acusada no aparecía que tal carta hubiera sido recibida.

Los demás errores señalados carecen de méritos. Procede la confirmación de las sentencias dictadas.

      (1) Los delitos imputados consistían en haber dejado de pagar el Impuesto de la Victoria correspondiente a los semestres de julio Iro. a diciembre 31 de 1943 y de enero 1ro. a junio 30 de 1944.

      (2) Este artículo dispone lo siguiente:

        ‘ ‘ Toda pei-sona que a la fecha de vigencia de esta Ley adeixdare contribu-ciones al Tesoro de Puerto Rico por concepto del Impuesto do la Victoria, pagará la totalidad de la deuda con sus recargos, intereses y penalidades. Dis-poniéndose, que el Tesorero de Puerto Pico podrá exigir, si fuere necesario, el pago de tales contribuciones, recargos, intereses y penalidades, siguiendo el mismo procedimiento de apremio prescrito por el Código Político para el cobro de contribuciones sobre la propiedad. ’ ’


author: El Juez Asocíalo SeñoR Todd, JR.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Márquez, acusado y apelante.
    Núm. 11596.
    Sometido: Diciembre 13, 1947.

      Resuelto: Mayo 19, 1947.

      César Andréu Ribas, abogado del apelante; Son Procurador General Interino Luis Negrón Fernándes, y Joaquín Correa Suáres, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, ape-lado.
   El Juez Asocíalo SeñoR Todd, JR.,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Márquez fué acusado de un delito de asesinato en primer grado por haber dado muerte a Pedro A. Pagán, con-victo por un jurado del delito imputado y sentenciado por la Corte de Distrito de San Juan a reclusión perpetua. Solicitó un nuevo juicio que le fué denegado. Apeló tanto de la sen-tencia como de la denegatoria de nuevo juicio y como primer señalamiento alega que la corte inferior erró al no permitir que el jurado oyera y conociera las declaraciones de los tes-tigos de defensa Pedro Antonio Maysonet y Pedro Antonio Díaz.

El propósito del testimonio de los testigos antes mencionados era demostrar que el delito no fué cometido por el acusado sino por un tercero llamado Pedro Huertas Torres. Según alega el apelante, Pedro Huertas Torres hizo manifestaciones en relación con la muerte de Pedro A. Pagán en presencia de los testigos Maysonet y Díaz. Surgió el incidente cuando prestaba declaración el testigo Maysonet, quien, a preguntas de la defensa, contestó como sigue:

“P. ¿Quién es éste? R. Pedro Huertas Torres, conocido por Pedro el Malo.
“P. ¿Ésta es la persona con quién usted habló ese día? R. Sí, en casa de Aguelín.
“P. ¿Quién es Aguelín? R. Una viejita que vende licor.
“P. ¿Usted habló con él, relacionado con el crimen? R. De Pa-gancito.
“P. ¿Qué le dijo? R. El me dijo . . .
“Sr. Fiscal: Objeción por ser de referencia.
“P. ¿Qué le dijo Pedro Huertas Torres conocido por Pedro El Malo a usted en relación con el crimen de Pagancito?
“Sr. Fiscal: No conteste. Objeción.
“Sr. Juez: Es de referencia. Con lugar la objeción.
“Defensa: Yo voy a plantea]- una cuestión de derecho y no te-nemos objeción que el jurado la oiga. En este caso suplicamos que se le dé la oportunidad al acusado de demostrarle al jurado que no fué él sino que fueron otros dos los que intervinieron y le dieron muerte a Pagán. Pedimos a V. Ií. que medite profundamente y que se permita al acusado que traiga esa prueba.
“Sr. Juez: La Corte le va a permitir a la defensa que presente toda la prueba que desee para demostrar que no fué el acusado sino que fueron otras dos personas las que cometieron ese hecho, pero tiene que hacerlo con prueba competente, no con testigos que vengan a decir que fulano me dijo tal o cual cosa. La Corte no tiene duda sobre esa cuestión y cree que no puede en forma alguna venir un testigo a decir que fulano de tal me dijo que yo maté a Pagancito. Eso no es admisible y el Jurado no debe resolver el caso nada más que con la prueba que se practique aquí y sería colocar al Fiscal en desventaja porque no tendría la oportunidad de repreguntar. Con lugar la objeción del Fiscal.
“Defensa: Para eso tenemos a Pedro Huertas Torres para que la otra parte le repregunte.
“Sr. Juez: Que venga Huertas Torres a decir lo que sabe.'
“Sr. Fiscal: Yo quiero decir que se retire el Jurado.
“Defensa: Yo no quiero que el Jurado pierda más tiempo. ¿La reconsideración la niega la Corte?
“Sr. Juez: Sí.
“Defensa: Excepción. Que se entienda que el testigo Pedro Antonio Díaz sería ofrecido por la defensa a corroborar que presenció la misma conversación sobre la cual declararía Pedro Maisonet y que nos vemos imposibilitados de ofrecer por la resolución de la Corte. ’ ’

No tenemos duda de que la prueba que pretendió presen-tar el apelante era prueba de referencia y por lo tanto fué debidamente excluida. En el caso de El Pueblo v. Marchand Paz, 53 D.R.R. 671, surgió una cuestión similar y resolvimos, citando del sumario, que: “Evidencia para establecer la de-fensa afirmativa de una confesión de culpabilidad por parte de un tercero, es inadmisible. . .” Véase, además, Donnelly v. United States, 228 U. S. 243; 35 A. L. R. 441 y 48 A. L. R. 348.

Como segundo señalamiento se alega que la corte inferior erró al no instruir al jurado sobre el delito de homicidio voluntario.

No aparece de la transcripción de evidencia que la de-fensa tomara excepción de las instrucciones dadas por la corte al jurado, ni pidiera instrucción adicional alguna. Es en la solicitud de nuevo juicio que se levanta esta cuestión por primera vez y por tanto renunció a cualquier error que pueda existir en las instrucciones. El Pueblo v. Rosado, 17 D.P.R. 441; Pueblo v. Millán, 66 D.P.R. 243. Además, la prueba en este caso, habiendo negado el acusado toda partici-pación en el delito imputádole, no justificaba que la. corte* inferior diera instrucciones sobre el delito de homicidio volun-tario.

(lomo tercer error se alega que el veredicto rendido, de asesinato en primer grado, es contrario a la prueba, siendo ésta enteramente circunstancial y compatible con la hipótesis de inocencia. Veamos, en síntesis, cuál fue la prueba.

El día 2 de diciembre de 1944 apareció muerto en una habitación contigua al cafetín de su propiedad, situado en el Barrio Obrero, de Santurce, Pedro A. Pagán, conocido por “Pagancito”. Según aparece de las declaraciones do varios agentes de la Detective y de la Policía Insular, que estuvie-ron a cargo de la investigación, el cuerpo del interfecto yacía sobre el suelo en un ehárco' de sangre, con una toalla bien apretada al cuello y heridas contusas sobre distintas partes de la cabeza. De acuerdo con la declaración del Dr. hlobet, que practicó la autopsia del cadáver, la toalla que tenía Pa-gán amarrada al cuello le fracturó el hueso de la quijada y los cartílagos de la laringe, y las heridas en la cabeza 3o frac-turaron el cráneo. Y sostiene el perito que Pagán "pudo haber muerto o bien de los golpes en la cabeza o por estran-gulación; que la muerte de Pagán ocurrió de ocho a diez horas antes de practicarle la autopsia a las once de la mañana, o sea, entre una y tres de la madrugada. Inmediatamente después que la -Detective y el fiscal se hicieron cargo de la investigación y sin que se hubiera removido o en alguna forma perturbado el estado de cosas según fueron descubiertas, se tomaron dos fotografías por un empleado de ¡a Policía, que aparecen como Exhibits 1 y 2 de El Pueblo. Junta al radá-ver aparecieron varias cajas de cartón vacías que estaban salpicadas y manchadas de sangre. En el cafetín había tam-bién desorden, pues el cajón del dinero apareció sobre la ne-vera y además había un número de monedas regadas- sobre el piso del establecimiento. Se encontró luego y en un sitio nniv poco visible, dos potecitos que contenían $130 en billetes, hallazgo éste que fué hecho por el hijo del interfecto que sabía donde su padre guardaba el dinero. La prueba de cargo tendió a demostrar que el acusado le pidió una peseta a Justo García y luego de obtenerla, dirigirse al cafetín de “Pagan-cito”, beberse un palo de ron y pagarle uno a Aníbal García Iguina. Después el acusado le exigió a “Pagancito” que le diera otro palo gratis a lo cual se negó el interfecto. Tuvie-ron una discusión por este motivo y el acusado abandonó el establecimiento. Pisto ocurrió entre siete y media y ocho de la noche del primero de diciembre. Otro testigo de cargo declaró que vive frente a la residencia del acusado en Hato Rey y lo vió llegar la noche del primero de diciembre como a las doce de la noche, borracho y desordenando. Según dice el testigo: “Aquella noche había llegado más fuerte que nunca y yo tengo una bombilla al frente que la puse con esa idea y entreabrí la ventana y lo vi y él vestía pantalón kaki y botas amarillas de cuero y camisa de listas y un sombrero y entonces la mamá le abrió la puerta y él dijo: ‘acaba de abrir, no jodas más, acabo de darle un trastazo a uno por allá. . . .’ ”

Demostró además la prueba que el día 2 de diciembre, o sea, el día que se encontró el cadáver, se dirigió el acusado al Barrio Bairoa, de C-aguas, a casa de unos parientes que hacía muchos años que no visitaba, vistiendo pantalón kaki, zapatos negros y botas brown. Se encontró con Isabel Rodrí-guez, a quien le pidió prestada ropa para cambiarse la que llevaba puesta. Ella le dió un pantalón y una camisa de su hermano y el acusado se cambió de ropa y dejó la suya para que Tsabel se la lavara y al ésta hacerlo, notó que la camisa y el pantalón estaban manchados de sangre. El acusado se fue y regresó al Barrio Bairoa otra vez el sábado siguiente, día. 9 de diciembre, con una caja de cartón la cual contenía artículos de vestir y de cama, brocha, espejo, pasta, cepillo y un martillo. Esta caja era similar a las cajas de cartón que aparecieron en la habitación de “Paganeito” y además tenía manchas como de sangre. Ese día el acusado se cambió de ropa nuevamente y al irse se llevó el martillo envuelto en un papel. Luego la testigo entregó la ropa que le había prestado al acusado, la reconoció el día del juicio así como la del acusado que ella había lavado. Declaró, además, que las manchas en la camisa y pantalón del acusado estaban por el frente y que sabía que eran de sangre porque ella se ha cor-tado, es lavandera y sabe lo que es sangre y se conoce la sangre cuando se seca que es negra.

El día 23 de diciembre se encontró el acusado en una plena con Víctor Villegas Márquez en Oaguas. Hablaron un rato y según relata Villegas, sucedió que: “Seguimos en la plena y nos paramos más abajo de un palo y entonces Pedro Már-quez me dijo: ‘¿en qué usted anda?’, y yo le dije: ‘yo ando huyendo de unos casos,’ y el me dijo: ‘yo ando huyendo de un caso que me acusan que maté a Paganeito.’ ” Estas ma-nifestaciones del acusado fueron oídas por Ignacio Velázquez, otro testigo de cargo, con la diferencia de que lo que oyó este testigo decir al acusado fué: “eso no es nada, yo también es-toy huyendo de unos cuantos casos en la corte de Río Piedras y uno que maté por el Barrio Obrero.”

Después de haber terminado la plena y como a las siete de la noche partieron Villegas y el acusado para el Barrio La Muda, de Caguas, a visitar una amiga de Villegas llamada Patria Mercedes López. Llegaron de siete y media a ocho de la noche en estado de embriaguez y haciendo mucho ruido. El acusado le manifestó a Patria López, 'entre otras cosas, que: “Yo soy aquel enmascarado que sale en el ‘Impartial’ que maté al comerciante del Barrio Obrero, Paganeito, y hasta que no mate al muchachito que me delató no me en-trego.” Momentos después llegó la Policía que había sido informada que Villegas estaba allí y al arrestar a Villegas, que estaba huyendo pues se le acusaba de unos delitos de ataque para cometer violación, fueron llevados al cuartel de Guaynabo. En el libro de novedades se hizo constar que el acusado fue arrestado por alterar la paz. Días después se le acusó por la muerte de Pagán.

La prueba del acusado tendió a demostrar que la noche del primero de diciembre el acusado vivía en Hato Key y se acostó a las nueve de la noche de dicho día y se levantó a las seis de la mañana del día 2 de diciembre para ir a trabajar a un friquitín, propiedad de un tal Chano situado en' la pa-rada 25. Que siguió trabajando por un término de una se-mana al cabo de la cual abandonó el empleo dirigiéndose al Barrio Bairoa, de Caguas, el día 9 de diciembre, y no el día 2 como declararon los testigos de cargo, y que allí trabajó una semana. () Trató de probar, además, el acusado que el delito había sido cometido por Pedro Huertas Torres, pero la corte inferior se negó, correctamente, a recibir evidencia de referencia a este efecto. Además declaró Melitón Morales G-uzmán quien dijo que como a las once de la noche vió salir del callejón al lado del cafetín de Pagán, a dos hombres, uno era Kamón Pagán, hermano del interfecto, y el otro Pedro Huertas Torres. Negó que hubiera estado por el cafetín de Pagán la noche de la muerte de éste y que lo hubiese matado. También presentó prueba para impugnar la veracidad de va-rios testigos de cargo.

La prueba en este caso fué de carácter circunstancial. Ar-guye el apelante que no es suficiente para sostener el vere-dicto rendido por ser compatible con cualquier teoría razo-nable de inocencia y porque no se probó el corpios delicti. No tiene razón a nuestro juicio. El corpus delicti quedó estable-cido por prueba directa: la declaración del Doctor Llobet en cuanto a que la muer.te fué consecuencia de estrangulación o fractura del cráneo y la identificación del cadáver de Pagán. La prueba circunstancial o de indicios relacionó y conectó ai acusado con la comisión del delito en tal forma que la liace incompatible con cualquier hipótesis razonable de inocencia.

Aparece de dicha prueba que el acusado estuvo en el ca-fetín de Pagán la noche en que ocurrieron los hechos y tuvo una discusión con él con motivo del ron que no quiso fiarle; que más tarde la misma noche le oyeron decir, en estado de embriaguez, que le había dado “un trastazo a uno por allá”; que al día siguiente se fué para el Barrio Bairoa de Paguas a la casa de unos parientes y que la ropa que dió a lavar allí estaba manchada de sangre; que a pesar de que el acusado alegó que había estado trabajando, la prueba de cargo negó ese hecho; que el acusado espontánea y voluntariamente hizo en distintos sitios y a distintas personas admisiones de que estaba huyendo del cargo que se le hacía de haber matado a Pagán y que él era el enmascarado que salía en “El Impar-eial” que había matado al comerciante del Barrio Obrero y que hasta que no matara ai que lo delató no se entregaba. ¿Con qué teoría razonable de inocencia puede ser compatible esta prueba? El jurado, debidamente instruido por la corto, creyó que con ninguna y, a nuestro juicio, el veredicto de culpabilidad está sostenido por la prueba. Correspondía al jurado determinar si daba crédito a los testigos que declara-ron que oyeron las admisiones extra judiciales hechas por el acusado y además si de los hechos incluidos en dichas admi-siones () conjuntamente con la demás prueba circunstancial, podían determinar, más allá de duda razonable, la culpabili-dad del acusado. Así lo hizo dando crédito a los testigos de cargo y no estamos justificados en variar su determinación. No se cometió el error señalado.

Alega el apelante que erró la corte al permitir que el fiscal en su informe general al jurado' hiciera mención del roho como móvil del crimen, cuando ni en la acusación ni en la prueba practicada en el juicio se alegó ni probó que el ase-sinato se hubiera cometido por el acusado en ocasión de per-petrar robo o de intentarlo.

No estamos en condiciones de poder determinar si se co-metió el error señalado, ya que de los autos no aparece el informe del fiscal al jurado. La parte que alega error debe poner a la corte de. apelación en condición de resolverlo. Pueblo v. Cabrera, 59 D.P.R. 135. No existiendo constancia alguna en los autos demostrativa de la naturaleza de las pa-labras del fiscal, no podemos considerar este señalamiento.

Se señala, además, como error, el haber la corte admitido en evidencia fotografías del interfecto, marcadas Exhibits 1 y 2 de El Pueblo.

Las fotografías mencionadas fueron tomadas por un em-pleado de la Policía por orden de y bajo la supervisión y dirección del Sr. Juan Adames, Jefe de la Detective en San Juan. Como surge de su propio testimonio, ambas fotogra-fías representan lo que él vió allí la mañana de la investiga-ción sin que se hubiese cambiado o en alguna forma alterado el estado de cosas, según fueron halladas.

Una vez se prueba que una fotografía es una reproduc-ción fiel y exacta de la persona, sitio o cosa que se pretende representar, dicha, fotografía es admisible en evidencia y com-petente para probar cualquier cosa sobre la cual un testigo pueda dar una descripción oral que sea pertinente y material. 23 C.J.S. 51, see. 852. Underhill, Criminal Evidence, pág. 157, sec. 117 ; Illanas v. González, 51 D.P.R. 803.

Habiendo demostrado la prueba de cargo que las fotogra-fías son una verdadera representación del estado de cosas se-gún fueron descubiertas en la habitación y el cafetín del in-terfecto y no habiendo la defensa ofrecido ninguna para refutar dicha prueba, no erró la corte inferior al admitir las fotografías en evidencia.

Por último alega el apelante que erró la corte inferior al denegar su petición de nuevo juicio.

Consideraremos solamente aquellos fundamentos de la so-licitud de nuevo juicio que no han sido ya discutidos y re-sueltos en esta opinión.

Alegó el acusado en su moción de nuevo juicio que “en ninguna parte de la prueba practicada por el Fiscal aparece el elemento de malicia y premeditación ni deliberado propó-sito de matar a Pedro A. Pagán ...” No tiene razón el ape-lante. Las circunstancias en que se perpetró la muerte de Pagán dejan claramente establecida la malicia, deliberación y premeditación con que se llevó a efecto. Ya sabemos que Pa-gán fue golpeado con un arma contundente varias veces en la cabeza fracturándole el cráneo y que además fue estrangulado con una toalla. La evidencia ofrecida per El Pueblo es su-ficiente para establecer los diversos elementos del delito de asesinato en primer grado.

También alegó en dicha moción que “fue perjudicado por la circunstancia especial de que el jurado Sr. Braulio Caballero, fue obligado a permanecer en el jurado no obstante el hecho de haber anunciado en el momento de su insaculación que tenía que embarcar hacia los Estados Uni-dos el día 6 de mayo de 1945, y que esto le preocupaba .grandemente,” y que “con este motivo, y con el fin de no captarse la mala voluntad de dicho señor jurado en particular, se vió obligado a prescindir de presentar los testimonios de los testigos Feliciano Rodríguez Rivera, Juan Rodríguez Rivera conocido por Juan Bendito, Juan E. Adames, Jefe Auxiliar de la Detective, y Demetria Márquez, madre del acusado, testigos que hubieran declarado sosteniendo la defensa de coartada y otros extremos de la teoría expuesta por el abogado defensor.”

Del récord ante nos no aparecen los procedimientos lleva-dos a cabo en la corte inferior relacionados con la constitución del jurado. No podemos considerar este punto por los mismos fundamentos que no consideramos el cuarto error señalado, supra. Además, el acusado tuvo oportunidad de recusar al jurado Caballero y no aparece del récord que lo hiciera. Ya: hemos resuelto que nn acusado no dehe permanecer callado» cuando ocurre alguna anormalidad en el juicio que él consi-dere perjudicial a sus derechos, y esperar hasta la termina-ción del juicio para luego, en apelación, si el veredicto le es adverso, señalar esta anormalidad como un error. El Pueblo v. Arroyo, ante, pág. 36.

Si el acusado optó por no presentar a los testigos arriba mencionados, lo hizo voluntariamente pues no aparece del récord que él ofreciera presentarlos y se le hubiese negado ese derecho. Era al acusado a quien incumbía ofrecer la prueba necesaria en apoyo de su defensa. Si él eligió prescindir del testimonio de algunos de sus testigos, no puede quejarse ahora de que esto le fué perjudicial.

Por último alega el apelante que la acusación le imputa únicamente la comisión de un delito de asesinato en segundo grado. Una somera lectura de la acusación demuestra que contiene todos los elementos inherentes ,al delito de asesinato en primer grado.

La moción de nuevo juicio fué correctamente denegada por la corte inferior.

Procede confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Sues. Snyder y Marrero no intervi-nieron.

      (1) La prueba (le cargo negó quo ol acusado hubiera trabajado on dicho barrio.

      (2) Véase 3 Wharton Criminal Evidence, see. 649, et scq., on cnanto al alcance probatorio (lo admisiones.


author: El Juez Asociado Señor SNYder

text:
    Ana María Ferrao, Lidia Flores, Juanita López Ramos, Aura Lidia Rivas y Belén Jiménez de Alvarado, demandantes, y apeladas, v. Rafael de J. Cordero, Auditor de Puerto Rico, y Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    Núm. 9438.
    Sometido: Mayo 1, 1947.

      Resuelto: Mayo 19, 1947.

      Hon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández, y Garlos Santana Becerra, Procurador General Auxiliar, abogados de los apelantes; Félix Ocho teco, Jr., y Luis F. Bubón, abogados de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor SNYder

emitió la opinión del tribunal.

La Ley número 212, Leyes de Puerto Kieo, 3 946, creó el Tribunal del Distrito Judicial de San Juan. La sección 13 provee un taquígrafo para cada juez, con clasificación de ofi-cinista taquígrafo director. La sección 13 también dispone que cada juez nombrará su propio taquígrafo. De acuerdo con la sección 14 estos taquígrafos ocuparán sus cargos a vo-luntad del juez que los nombró.

La Ley número 212 fné aprobada el 26 de marzo de 1946, para regir inmediatamente. En su sección 15 la Legislatura asignó los sueldos de estos taquígrafos a razón de $2,100 anua-les basta el 30 de junio de .1946. La sección 15 dispone en-dóneos que los emolumentos que devengarán los funcionarios y empleados del Tribunal desde el primero de julio de 194G serán los que se consignen en las siguientes leyes generales de presupuesto. Ésta fue aprobada por la Legislatura liara 1946-47 con una partida de cinco taquígrafos para los jue-ces — C.S.C. Núm. de Grado, NC — a $2,100 cada uno, pero el •Gobernador redujo esta partida a $1,500 cada uno. Ley nú-mero 514, Leyes de Puerto Rico, 1946, pág. 3563.

Las cinco empleadas que ocupaban estas plazas desde su creación, radicaron úna petición de mandamus para obligar al Auditor y al Tesorero a pagarles a razón de $2,100 en vez de $1,500 anuales, durante el año fiscal 1946-1947. La corte de distrito dictó sentencia a favor de las peticionarias, y el Auditor y el Tesorero lian apelado.

En este caso no está envuelto el párrafo 13 de la sección 34 del Acta Orgánica, 48 U.S.C.A. see. 838, que prohíbe a la Legislatura reducirle el sueldo a los funcionarios públicos bajo ciertas circunstancias. Véanse León Parra v. Fitzimmons, Auditor, 61 D.P.R. 351, confirmado en Fitzimmons v. León, 141 F.2d 886 (C.C.A. 1, 1944); Arjona v. Winship, Gobernador, 49 D.P.R. 53, confirmado en 87 F.2d 205 (C.C.A. 1, 1937); Ponsa Parés y. Winship, Gobernador, 53 D.P.R. 915. Las peticionarias son empleadas más bien que funcionarías públicas. Por tanto no están protegidas por el párrafo 13, y sus sueldos pueden reducirse por la Legislatura en la Ley General de Presupuesto, aun cuando sus haberes hubieran sido anteriormente fijados por leyes especiales creando sus plazas. Fitzimmons v. León, supra, 141 F.2d 886 a la pág. 888; Ugarte v. MacLeod, Auditor, 56 D.P.R. 842; Soto v. MacLeod, Auditor, 56 D.P.R. 807; Williams v. United States, 289 U.S. 553; O’Donoghue v. United States, 289 U.S. 516.

Sin embargo, en este caso nada tenemos que ver con los poderes de la Legislatura. Nuestro problema más bien es determinar el alcance del poder del Gobernador para vedar partidas conferí dole por el párrafo 1 de la sección 34 de la Carta Orgánica, 48 U.S.C.A. see. 825. Sobre dicha cuestión, las peticionarias admiten que si la Legislatura fija el sueldo de un empleado de año a año en una Ley General de Presu-puesto, el Gobernador puede reducirlo por su poder de vedar partidas. Véanse Fitsimmons v. León, supra; Soto v. MacLeod, Auditor, supra; Ugarte v. MacLeod, Auditor, supra; De la Rosa v. Winship, Gobernador, 47 D.P.R. 330.

Pero surge una cuestión diferente cuando la Legislatura fija el sueldo de un empleado en una ley especial y luego, en vez de ejercitar su poder de reducir el sueldo fijado en la ley especial, fija el mismo emolumento en la Ley General de Presupuesto. Bajo dichas circunstancias, de acuerdo con la primera, parte de la opinión en el caso de León,-el Gobernador no está autorizado bajo su poder de vedar partidas para re-ducir tal sueldo. Nos damos cuenta que el caso de León tra-taba de un funcionario público, y no de un empleado. Pero el razonamiento de la Corte de Circuito sobre este punto es suficientemente amplio para cubrir a los empleados. Dicha Corte dijo a la pág. 888:

“Al ejercitar el poder de veto se dice generalmente que el eje-cutivo ejercita un poder legislativo . . . pero también se dice que el poder es solamente negativo, y no positivo. . . Éste es un poder para impedir condicionalmente, y en Puerto Rico con respecto a pro-yectos de asignaciones, para modificar, los proyectos aprobados por la Legislatura pero que todavía no se han convertido en ley. No es la facultad para aprobar nueva legislación o derogar o modificar la antigua, y es un poder que debe ejercitarse, si es que se ejercita, dentro de un período limitado. Es una facultad sólo para restrin-gir o impedir la acción legislativa antes de que tal acción se con-vierta en ley. . . .
“Nos parece que si sancionáramos la actuación del Gobernador en este caso estaríamos en conflicto con estos principios, ya que per-mitiríamos al Gobernador como cuestión práctica, enmendar, sin li-mitación en cuanto a tiempo y por sí mismo, una ley, aquí la núm. 40 de 1929, que era ley hacía tiempo. Según la analizamos, de per-mitirse su actuación ‘no sería el rechazo de una partida o partidas ele asignaciones por veto sino, en efecto, legislación afirmativa por mandato ejecutivo’ (Bengzon v. Secretary of Justice, 299 U. S. 410, 414, 57 S.Ct. 252, 254, 81 L. Ed. 312) y en su consecuencia paten-temente en conflicto con los principios constitucionales básicos. . . .”

Pasemos a los hechos de este caso. Si los haberes de las peticionarias se hubieran fijado por la Ley núm. 212, la Legislatura, como hemos visto, podía sin embargo reducir válidamente estos sueldos en la Ley General de Presupuesto. Pero esto último no fue lo que ocurrió. Por el contrario, la Legislatura asignó la misma cantidad para estos emolumentos en la Ley General de Presupuesto de 1946-47. Y según el razonamiento del caso de León cuando la Legislatura fija los sueldos de empleados en una ley especial y luego asigna la misma cantidad para tales sueldos en la Ley General de* Presupuesto, la intención legislativa para mantener dichos emolumentos al tipo fijado en la ley especial no puede ser frustrada por el Gobernador, usando su poder de vedar partidas, para reducir tales sueldos en la Ley General de Presupuesto.

Vemos pues que la cuestión primordial a determinar aquí es si los emolumentos de las peticionarias fueron fijados en la Ley número 212. Éstas alegan que sus haberes fueron fi-jados por dicha Ley en $2,100, en la teoría de que la Legisla-tura describió la plaza como oficinista taquígrafo director, que conlleva en el Servicio Clasificado un sueldo anual no menor de $2.100. Este argumento tiene algunas fallas: (1) estos cargos no están dentro del Servicio Civil Clasifi-cado; (2) el Presupuesto General de 1946-47 incluye estas plazas como No Clasificadas; y (3) la misma Ley General de Presupuesto parece que no considera que una plaza que se describe como oficinista taquígrafo director, pero que está fuera del Servicio Civil Clasificado, conlleve automáticamente un haber de $2,100, ya que a la página 1561 asigna a los Jue-ces del Tribunal Supremo cinco taquígrafos con exactamente la misma categoría con $1,800 en vez de $2,100 anuales.

Pero, independientemente de estas consideraciones, hay una dificultad aún más seria en la posición de las peticiona-rias. La sección 15 fija estos sueldos en $2,100 solamente hasta julio 1, 1946. Entonces provee que después de dicha fecha los sueldos para dichas plazas serán aquéllos que se consignen en las siguientes Leyes Generales de Presupuesto. Por tanto la Legislatura no fijó estos emolumentos en la Ley núm. 212, sino que dispuso que, a partir de julio 1, 1946, dichos haberes serían fijados en la Ley General de Presupuesto. En su consecuencia, la Legislatura por los términos de la Ley núm. 212 dejó intacto el poder del Gobernador para reducir estos sueldos, cuando fueran luego consignados por la Legis-latura en la Ley General de Presupuesto, de acuerdo con su poder de vedar partidas ejercitado a tenor con el párrafo 1 de la sección 34 del Acta Orgánica. Al así actuar el Gober-nador no estaba derogando o modificando legislación antigua según ésta aparecía de la Ley núm. 212. Estaba restrin-giendo actuaciones legislativas, halladas en la propuesta Ley General de Presupuesto, antes de que ésta se convirtiera en ley.

La sentencia de la corte de distrito será revocada y se dic-tará nueva sentencia declarando sin lugar la petición de mandamus.


author: El Jvkz -Asociado Señor SNyder

text:
    Gregorio Sicard Espinola, demandante y apelado, v. Junta Examinadora de Médicos de Puerto Rico, demandada y apelante.
    Núm. 9303.
    Sometido: Mayo 1, 1947.

      Resuelto: Mayo 19, 1947.

      Son. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández, y Luis E. Dvibón y Félix Ochoteco, Jr., abogados de la apelante; Tícente Géigel Polanco, abogado del apelado.
   El Jvkz -Asociado Señor SNyder

emitió la opinión del tribunal.

De conformidad eon la Ley núm. 26, Leyes de Puerto Rico, 1942 (pág. 397),( ) la Junta Examinadora de Médicos expi-dió el 20 de abril de 1943 una licencia a Gregorio Sicard Es-pinóla autorizándole a ejercer la medicina en Puerto Rico hasta un año después de terminada la guerra. Desde dicha fecha Sicard ha ocupado el cargo de director de beneficencia de Guayama. En 1944 se radicó ante la Junta una querella alegando que desde mayo a diciembre de 1943 Sicard no se había limitado a trabajar en beneficencia pública sino que también se había dedicado a ejercer privadamente la medicina ya que había suministrado tratamiento a siete personas me-diante paga en supuesta violación de la Ley núm. 26.

En virtud de la sección 23 de la Ley núm. 22, Leyes de Puerto Rico, 1931 (pág. 205) (véase Junta Examinadora de Médicos v. Corte, 64 D.P.R. 623), la Junta celebró una vista sobre esta querella, y como resultado de ella revocó la licen-cia de Sicard: Resolvió que Sicard había suministrado tra-tamiento a siete pacientes privados mediante paga; que su licencia le exigía dedicarse exclusivamente a la beneficencia pública municipal; y que al revocar esta licencia, ella ac-tuaba a tenor con la sección 4 de la Ley núm. 26, que dispone que tal licencia provisional puede revocarse por la Junta “cuando el médico interesado se separe voluntariamente del servicio de beneficencia municipal ...”

Sicard radicó una petición ante la corte de distrito para que se revisara la resolución de la Junta, según provee la sección 23 de la Ley núm. 22. La corte inferior dictó sen-tencia anulando la resolución de la Junta. Ésta apela de esa sentencia.

No hay alegación alguna en este caso al efecto de que Sicard no desempeñó satisfactoriamente sus deberes como director de beneficencia pública de Gruayama. La única queja contra él es que en esas siete ocasiones asistió a pacientes pri-vados mediante paga. Es cierto que las secciones 2 y 4 de la Ley núm. 26 se refieren a tal licencia como una para ejercer la medicina en beneficencia pública. Pero estas secciones tie-nen que leerse conjuntamente con la sección 6, que dispone que “en ningún momento excederá de cincuenta (50) el nú-mero de médicos a quienes se autorice al ejercicio preferente de la Beneficencia Municipal Pública.” (Bastardillas nues-tras.) Por tanto, convenimos con la corte de distrito en que no fue la intención de la Legislatura impedirle a los médicos admitidos al ejercicio durante la emergencia, de acuerdo con la Ley núm. 26, asistir ocasionalmente a pacientes priva-dos durante las horas que tuvieren libres en el desempeño de sus deberes de beneficencia pública.

Bajo la Ley núm. 26, un solicitante debe reunir “todos los requisitos para la expedición de una licencia permanente con excepción del de la ciudadanía.” Junta Examinadora de Médicos v. Corte, supra, pág. 624. Sicard aprobó el examen a que la Junta lo sometió. Por tanto se presume que reúne los requisitos para ejercer la medicina ya sea en beneficen-cia pública o privadamente. No podemos suponer que la Junta admite aspirantes que no reúnan los requisitos para ejercer la medicina simplemente porque ellos van a suminis-trar tratamiento a los pobres. En resumen, la querella en este caso no va dirigida contra la preparación de Sicard, sino contra la competencia qne éste hace a otros médicos particu-lares. Pero a los médicos que son ciudadanos y que disfru-tan de licencias permanentes se les permite ejercer tanto en el campo de beneficencia pública como en el particular. T la Legislatura mediante la Ley núm. 26 no ha impedido al de-mandante y a otros médicos con tales licencias provisionales que hagan lo mismo. En su consecuencia la conducta de Si-card no infringió la licencia expedídale-a tenor con la Ley núm. 26.

Más aún, la sección 4 de la Ley núm. 26 dispone que la Junta puede revocar una licencia provisional cuando el médico voluntariamente se separe de su cargo de beneficencia piíblica. Pero Sicard continuó trabajando en tal beneficencia. El hecho de que en sus horas libres asistiera a siete pacientes durante un número de meses no constituyó la separación voluntaria de su cargo, que fué el motivo por el cual la Junta le revocó su licencia.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

      f1) La enmienda a la sección. 1 de la Ley núm. 20, contenida en la Ley núm. 13, Leyes de Puerto Rico, 1942, Segunda y Tercera Sesiones Extraordinarias (pág. 43), nada tiene que ver con este caso.


author: El Juez Asociado Señor Marrero

text:
    Carmen Rodríguez, demandante y apelante, v. Alfredo Pagán, demandado y apelado.
    Núm. 9400.
    Sometido: Abril 9, 1947.

      Resuelto: Mayo 19, 1947.

      Andrés Ruiz, Jr., abogado de la apelante; Eudáldo Báez García, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

Carmen Bodríguez y Alfredo Pagán litigan sobre la cus-todia del menor Pedro Méndez Bodríguez. Sostiene ella en su demanda que este niño es bijo natural suyo y de Leonardo Méndez, y que el menor f ué a vivir con- su- padre cuando te-nía dos años de edad; que Leonardo Méndez hizo entrega del niño a espaldas suyas al demandado Alfredo Pagán, quien lo ha tenido bajo su custodia por espacio de cinco años; que Leonardo Méndez falleció y Alfredo Pagán retiene al menor contra su voluntad y privado de su libertad en el barrio Le-guísamo de Mayagüez, negándose a entregarlo a la deman-dante a pesar de sus gestiones al efecto; que ella está en buenas condiciones para atender a las necesidades del me-nor y puede mandarlo a la escuela, proporcionarle el debido • cuidado y atención, así como los cuidados médicos indispensables; que el referido niño está actualmente descalzo y en mal estado de salud y que el demandado lo ha enviado en dis-tintas ocasiones a buscar leña al monte y le ha administrado castigo corporal.

Expedido el auto, el demandado contestó aceptando ciertos hechos, negando los esenciales de la demanda, planteando ciertas defensas especiales y aduciendo materia nueva de de-fensa. Visto el caso, el juez de distrito dictó opinión y sen-tencia declarando la petición sin lugar. No conforme la de-mandante ha apelado y señala en su alegato dos errores, a saber:

“1. — Ira corte inferior cometió error al resolver que conviene me-jor al bienestar de dicho menor el continuar bajo la custodia del demandado Alfredo Pagán.
“2. — La corte inferior cometió error al resolver que el demandado Alfredo Pagán se encuentra en mejores condiciones que la deman-dante para atender las necesidades y afianzar el bienestar de dicho menor. ’ ’

Como ambo» van dirigidos principalmente a la prueba, creemos que ellos pueden ser tratados conjuntamente y que con tal fin es menester examinar la evidencia aducida por las partes. Ésta puede sintetizarse así:

El menor Pedro Méndez Rodríguez es hijo natural de la demandante y de Leonardo Méndez, quien falleció en 1945. El niño fue a manos del demandado porque teniéndolo la de-mandante en su poder ella permitió que el menor pasara unos días en casa de una tía suya y estando allí Leonardo Méndez se lo arrebató a ésta y se lo entregó al demandado. Muerto Leonardo ella hizo gestiones para que se le entregara el niño, pero el demandado se negó. Siempre que fue a ver al menor lo encontró sucio, descalzo, sin qielo y vestido con tela de sa-cos, hallándolo una vez con tosferina y traposo y otro día con un paquete de leña en la cabeza. La demandante trabaja en guantes y costura y se gana de $25 a $30 semanales, aunque en la repregunta manifestó que la semana anterior sólo se había ganado $12.24. La casa de ella, situada en la Calle Vivaldi, de Mayagüez, tiene dos dormitorios, sala, comedor, cocina, dos baños, inodoro, y otro cuarto pequeño. Hace cinco años vive en ella. La demandante es soltera y no tiene nin-gún compañero, teniendo dos hijos de Leonardo Méndez y una de su matrimonio anterior, llamada Prisea Aldevóch, la que vive con ella. El otro hijo de Leonardo, que es una niña, vive con una tía. Vivió separada de Méndez desde 1939 hasta que éste murió y el niño está en poder del demandado hace unos cinco años. Ella está en condiciones de tener el niño aseado y de mandarlo a la escuela. Su hija Prisea tiene once años y está en quinto grado, no viviendo ninguna otra persona en la casa.

La prueba del demandado demostró que éste es casado y tiene dos hijas de matrimonio y una hija natural reconocida; - que se dedica a la fabricación de pastas de guayaba, mangó y mamey y se gana de ordinario $15, $18 ó $20 semanales; que vive en el barrio'Leguísamo, como a 12 kilómetros del pueble de Mayagüez y como a dos kilómetros de la escuela más.cer-cana; que el menor está en tercer grado y que en la escuela de diebo barrio no se enseña ningún grado superior a ese. Demostró igualmente que él y su esposa tratan al niño como si fuera Lijo propio, que .no es cierto que éste vaya a la es-cuela descalzo y sucio y que tampoco es verdad que esté pri-vado de su libertad. La casa donde vive el demandado con su esposa, sus dos bijas legítimas y el menor tiene dos cuar-tos, sala y cocina. La bija natural reconocida no .vive con ellos y él no tiene que pagar por la casa que vive, ya que ésta es de un tío suyo y él no le cobra nada por ella. El deman-dado es sobrino del padre del menor.

El propio menor declaró que está en tercer grado, nunca ha vestido traje de sacos, nunca lo ban mandado a buscar leña ni agua, se sienta a la mesa con sus bermanitas, duerme en una cama y prefiere quedarse en la casa de Alfredo Pagán y la esposa de éste.

Con esta prueba ante sí el juez de distrito fue de opinión que debía declarar sin lugar la demanda y así lo decretó.

Una cosa es la apreciación de la prueba y otra es el efecto legal de la misma. Aceptando como ciertos los hechos que la corte inferior declaró probados, y sin que intervengamos con su discreción en la apreciación de la prueba, no podemos suscribir su opinión en cuanto a que esos hechos demuestren que el bienestar del menor requiere que permanezca bajo el cuidado y custodia del demandado.

En recursos de esta naturaleza el bienestar del niño es el elemento predominante. Fernández v. Martínez, 59 D.P.R. 548; Ríos v. Lafosse, 59 D.P.R. 509; Llopart v. Mesorana, 49 D.P.R. 250; Chardón v. Corte, 45 D.P.R. 621; Babá v. Rodríguez, 36 D.P.R. 502; y Chabert v. Sánchez, 29 D.P.R. 241. Los deseos que pueda expresar el menor no desempeñan papel decisivo. El consultarlos es una simple regla ele procedimiento fundada en el deber de la corte de ejercitar una sabia circunspección y no un derecho legal del menor para resolver por sí y por la corte la cuestión tocante a la custodia. Yon v. Gómes, 14 D.P.R. 698, 715, y Ex parte Chabert, 30 D.P.R. 765, 768,

¿Está el bienestar del menor Pedro Méndez Eodríguez mejor garantizado dejándolo en poder del demandado? A nuestro juicio no. Los ingresos semanales de éste son más o menos similares a los de la demandante, pero él tiene que sostener en su casa a su esposa y a sus dos hijas y que contribuir sin duda a la alimentación de la hija natural reconocida que no vive con él. La demandante sólo tiene que alimentar a su hija Prisea Aldevoch y sostenerse a sí misma. Por otra parte, la casa de la demandante es más amplia que la del demandado y en ella solamente viven dos personas, mientras que en la de Pagán viven cinco personas. Además, el menor tiene que caminar diariamente 4 kilómetros para ir a la escuela y regresar de ella, y, de continuar con el demandado, al terminar el tercer grado no podría seguir asistiendo a la escuela, a no ser que, éste lo enviara a una escuela de superior categoría, en Mayag'üez o en cualquier otro pueblo. Los hechos probados no demuestran que el demandado Pagán esté en condiciones de hacer esto. La demandante, sin embargo, vive en la ciudad de Mayag'üez donde hay escuelas elementales, escuela superior y aun parte de la Universidad de Puerto Rico. Aunque no es decisivo, también hemos tenido en cuenta el hecho de que la demandante es la madre del menor objeto del recurso, mientras que el demandado es tan sólo primo suyo, y de ordinario nadie cuida con mayor celo y cariño a un menor que su propia madre. Tomando todo ello en consideración es incuestionable que el bienestar del menor está mejor asegurado si se concede su custodia a la aquí demandante.

Debe revocarse la sentencia apelada y concederse la cus-todia del niño a la demandante Carmen Rodrigues.


author: El Juez Asooiapo Señor Marrebo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Emilio Ríos y Rafael Rafat, acusados y apelantes.
    Núm. 11736.
    Sometido: Abril 9, 1917.

      Resuelto: Mayo 19, 1947.

      Ernesto liamos Antonini y Víctor Gutierres Franqui, abogados de los apelantes; Son Procurador General Interino Luis Negrón Fernandes, y Joaqxán Correa Suáres, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo,- apelado.
   El Juez Asooiapo Señor Marrebo

emitió la opinión del tribunal.

Pende ante nos la apelación interpuesta con fecha 23 dé enero de 1945 por los acusados en el recurso del epígrafe contra la resolución dictada por el juez de distrito at large en su carácter de juez sustituto de la extinta Corte de Distrito de San Juan. Del legajo de sentencia que tenemos a la vista, que es en gran parte una certificación en relación suscrita por el Secretario del Tribunal de Distrito de San Juan, se desprenden los siguientes hechos:

Ante uno de los jueces de la Corte Municipal de San Juan se presentó una declaración jurada y como resultado de ella sé expidió por dicho juez una orden de allanamiento. En cum-plimiento de ella se registraron ciertas habitaciones del Hotel Condado en Santurce y se ocuparon dos mesas con ruletas, una mesa para juego de dados, una caja conteniendo 400 fichas de distintos colores, 11 pares de dados y otros artefactos. Emilio Ríos y Rafael Rafat fueron denunciados ante dicha Corte Municipal por infracción al artículo 299 del Código Penal. Por los mismos hechos y por iguai delito se denunció poste-riormente a José Lamenza Castellón. Ríos y Rafat fueron convictos por la Corte Municipal y apelaron para ante la Corte de Distrito. La causa contra José Lamenza Castellón fue archivada por la Corte Municipal por no haberse prose-guido la misma con la debida diligencia. Mientras festaba pendiente en apelación ante la Corte de Distrito de San Juan el caso contra Ríos y Rafat, los artefactos ocupados en el Hotel Condado a virtud de la orden de allanamiento fueron devueltos a Lamenza Castellón y más tarde — según hace cons-tar el juez de la corte inferior, por haber sido éstos devueltos erróneamente — los mismos objetos fueron reocupados a vir-tud de orden de allanamiento expedida contra el Restaurant El Morocco, de Santurce, sin qué de los autos aparezca que haya ningún proceso pendiente por razón de este segundo alla-namiento. En 25 de junio de 1943, cuando aún no se había celebrado en la Corte de Distrito de San Juan el juicio contra 'Ríos y Rafat, se presentó por el primero de ellos una moción solicitando la devolución y entrega de los bienes ori-ginalmente ocupados, celebrándose la vista de ella en 14 de septiembre del mismo año. Al terminar la vista el promo-vente pidió se le concediera un término para presentar me-morándum y en 7 de octubre siguiente, y sin que se hubiese para aquel entonces radicado el memorándum prometido ni resuelto la moción, comparecieron ambos acusados, se decla-raron culpables del delito imputádoles, se les sentenció a pa-gar una multa de $20 más las costas y pagaron la misma' en la Secretaría de la corte inferior.

Así las cosas, en 3 de diciembre del indicado año el .Fiscal radicó una moción interesando la destrucción de los bienes a que ya hemos hecho referencia y por resolución de 2 de no-viembre de 1944 el juez at large en su indicado carácter de-claró sin lugar la moción de los acusados y con lugar la del fiscal. Solicitada reconsideración, el mismo juez la declaró sin lugar en 28 de diciembre siguiente, habiéndose apelado para ante este Tribunal, conforme ya hemos indicado, de la ameritada resolución de 2 de noviembre.

Antes de proseguir debemos hacer constar que si bien la moción sobre devolución de bienes fue radicada exclusivamente a nombre de Emilio Ríos, sin embargo la moción para recon-siderar la resolución dictada por el juez at large fué presen-tada a nombre de ambos acusados, al igual que el escrito de apelación.

Aunque el alegato radicado es comparativamente ex-tenso, el mismo no cumple con la Regia 11 de este Tribunal, toda vez que en él no se hace un señalamiento de los errores qué se supone haber cometido la corte inferior. No obstante, luego de hacerse una extensa relación de los hechos del caso, en él se discute con amplitud la nulidad del affidavit que dió' origen a la orden de allanamiento original, la nulidad de ésta.' y la posesión ilégal por parte del secretario de la corte de; distrito de los bienes ocupados. Empero, la cuestión primordial a ser resuelta en el caso no es a nuestro juicio ninguna de las discutidas por los apelantes en su alegato, sino más bien la que se refiere al efecto que sobre la moción de devo-lución de bienes presentada en 25 de junio de 1943 por Emilio Ríos ha podido haber tenido la alegación de culpabilidad que .hicieron ambos acusados antes de que la misma se resolviera.

Este Tribunal reiteradamente ha decidido que una moción para sujuimir evidencia ilegalmente obtenida de or-dinario debe presentarse con anterioridad a la celebración de la causa criminal. Pueblo v. Cupriles, 58 D.P.R. 548 y Pueblo v. Figueroa, 59 D.P.R. 918. Véase también Pueblo v. Nieves, ante, pág. 305. Una moción de esa naturaleza es un pro-cedimiento independiente a la causa 'criminal en que han de presentarse tales artículos en evidencia. People v. Mayen, 188 Cal. 237, 24 A.L.R. 1383, 205 Pac. 435.

El artículo 299 del Código Penal dispone en lo pertinente:

“• - • • Todo artículo y propiedad embargada según las disposi-ciones de esta sección, excepción hecha del dinero, será confiscado y destruido al probarse ante la corte que dichos artículos y propiedad se usaban para el juego, y todo el dinero que así se embargare in-gresará en el Tesoro Insular, en la misma forma en que se ingresan las multas y costas. ...”

¡Según el contexto de ese artículo los bienes aquí ocupados deben ser confiscados y destruidos al quedar probado que loa mismos se usaron para un juego prohibido. Esto es así por-que al declarar el poder legislativo que los artefactos y apa-ratos que S£ utilizan para un juego prohibido son dañinos y perniciosos al bienestar público, tales efectos dejan de ser pro-piedad dentro del significado y alcance de la cláusula sobre debido proceso de ley y están sujetos a sor ocupados, confis-cados y- destruidos. 24 Am. Jur., sección 57, pág. 437. , El dueño no tiene ningún derecho adquirido o constitucional al uso de propiedad que resulta perjudicial a la salud o moral públicas y el Estado en el ejercicio de su poder de policía puede autorizar la confiscación y destrucción de bienes así uti-lizados. 47 Am. Jur., sección 51, pág. 531.

En este caso los autos no revelan con toda claridad si ante la corte inferior se probó que dichos artefactos se usaban en conexión con un juego de azar. Decimos esto porque como parte del legajo de sentencia no figura la denuncia presentada contra los acusados y tampoco se ha elevado transcripción de evidencia alguna. Los apelantes estaban en el deber de colocar a este Tribunal en condiciones de resolver cualesquiera errores por ellos imputados y no lo hicieron. Pueblo v. Cabrera, 59 D.P.R. 135. Empero, de la resolución dictada por la corte inferior el 2 de noviembre de 1944 se desprende de manera palmaria que en 15 de febrero del mismo año se practicó prueba por El Pueblo y por los acusados y que las partes estipularon que de' comparecer a declarar los testigos del fiscal éstos declararían “que los bienes en cuestión a la fecha del allanamiento en el Hotel Condado eran los que se utilizaban por los acusados para el juego.” Esa estipulación sin duda equivalió a la prueba requerida por aquella parte que hemos copiado del aludido artículo 299 del Código Penal.

Por otro lado, al declararse culpables los acusados de la infracción del citado artículo imputádales, ellos renunciaron tácitamente a la moción previamente presentada solicitando la entrega de los bienes ocupados a virtud de la orden de allanamiento. Una alegación de culpabilidad aceptada por la corte equivale a una convicción por el tribunal o por un jurado y autoriza la imposición de la penalidad prescrita por la ley. Spirou v. United States, 24 F.2d 796, 797; Kachnic v. United States, 53 F.2d 312, 79 A.L.R. 1366, 1370. Además, cuando un acusado se declara culpable él renuncia a cualesquiera defensas, a no ser la de que la denuncia o acusación no imputa delito álguno. 14 Am. Jur. sección 272, pág. 952.

Por las razones anteriores no solamente creemos que quedó demostrado que los artefactos cuya devolución solicitaron los acusados eran utilizados por ellos en un juego prohibido, sino también que al declararse culpables del delito imputádoles re-nunciaron cualquier derecho que pudieran tener a la devolu-ción pedida.

Dadas las conclusiones que anteceden, se hace innecesario considerar las cuestiones discutidas en el alegato de los ape-alantes, a que ya nos hemos referido en el curso de esta opi-nión.

Debe confirmarse la resolución apelada.


text:
    José Alvarez de la Vega, en su carácter de Presidente de la Federación Deportiva del Norte, demandante y apelante, v. Comisión de Recreo y Deportes Públicos de Puerto Rico, etc., demandada y apelada.
    Núm. 9348.
    Sometido: Abril 1, 1947.

      Resuelto: Mayo 22, 1947.

      Rafael A. González, abogado del'apelante; Ron. Procurador General Interino Ruis Negrón Fernández (E. Campos del Toro, ex Procurador General, en el alegato), y Carlos Santana Becerra, Procurador General Auxiliar, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La Federación Deportiva del Norte es una corporación para fines no pecuniarios que se dedica a fomentar los depor-tos en Puerto Pico mediante la celebración de torneos para aficionados a los distintos deportes. En enero 9 de 1942 la Comisión de Recreo y Deportes Públicos de Puerto Rico de-signó un Comité de Boxeo “para estudiar y someter un me-morándum señalando errores, etc., si los hubiera y para ofre-cer recomendaciones pertinentes a la organización definitiva de este deporte.” Después de practicar una investigación y de examinar numerosos testigos, entre ellos un representante de la .Federación demandante, el Comité de Boxeo rindió un informe censurando a la Federación Deportiva del Norte y a la Comisión de Recreo y Deportes Públicos por la forma irregular en que ambas habían conducido el boxeo aficionado en el pasado; y recomendando, “para evitar en el futuro que personas o asociaciones se beneficien materialmente del de-porto aficionado en Puerto Rico,” que se declarase a la Fe-deración demandante entidad profesional en los deportes puer tor riqueñ o s.

En marzo 4 de 1942, la Comisión demandada, por unani-midad, declaró a la Federación demandante entidad profesio-nal “hasta tanto rindan un informe satisfactorio del uso dado a los dineros recibidos con motivo de la celebración de elimi-natorias y tSerie de Boxeo en Cuba, y prueben fuera de toda duda que no pagaron a los boxeadores Jesús Ríos, Alfonso Ortiz y Jaime de Jesús por las exhibiciones rendidas bajo los auspicios de las entidades arriba mencionadas.”

Dos años más tarde, en julio 7 de 1944, la Federación De-portiva del Norte radicó una petición de injunction contra la ('■omisión de Recreo y Deportes, alegando que ésta le había despojado de su status de organismo de aficionados, sin ha-berle concedido una oportunidad para ser oída y defenderse de cualquier cargo que contra ella se hubiese formulado; y que con posterioridad a la fecha de la resolución dictada por la Comisión, la demandante hizo gestiones para que se le res-tituyera el status de aficionada, pero que dichas gestiones no tuvieron éxito, viéndose obligada la demandante a reducir' sus actividades deportivas. Se alegó, además, que de ser puesta en vigor la resolución de la Comisión, la demandante sufriría danos irreparables; y que la demandante carecía de otro re-curso legal rápido y adecuado para la protección de su alegado derecho.

Celebrada la vista para determinar la procedencia del injunction preliminar solicitado, la corte inferior declaró sin lugar la solicitud, entre otras razones porque de acuerdo con la sección 33 de la Ley mini. 11. de 1934 (pág. 217), “la pe-ticionaria tenía el remedio de certiorari que era un remedio adecuado en el curso ordinario de la ley y ello es así aun cuando haya perdido el tal recurso por descuido o negligen-cia.” De esta resolución apela la peticionaria alegando como único señalamiento que “la corte inferior erró al declarar sin lugar la petición no obstante haberse probado que la peticio-naria-apelante fue privada de su propiedad sin habérsele citado ni oído.”

La sección 33 de la Ley núm. 11 do 1934 dispone que:

“Las decisiones y acuerdos de ia Comisión de Recreo y Deportes Públicos serán revisables por una corte de jurisdicción competente, mediante procedimiento de ‘certiorari’ exclusivamente, radicado den-tro do los diez (10) días subsiguientes a la fecha en que tales acuer-dos o decisiones hayan sido tomados.”

La Ley antes mencionada, ciará y específicamente, dispone que el remedio exclusivo para atacar judicialmente y revisar los acuerdos o decisiones de la Comisión de Recreo y Depor-tes Públicos es por un recurso de certiorari. Cuando se concede un derecho, éste debe ejercitarse de acuerdo con las dis-posiciones que la ley prescribe. En el caso de autos la de-mandante permaneció callada por espacio de dos años, al cabo de los cuales hizo una solicitud de injunction, intentando en esta forma que la corte inferior revisara la decisión tomada por la Comisión. No era éste el remedio autorizado por ley. Tenía la demandante el remedio de certiorari único y exclu-sivo por el cual pudo la corte, si la demandante hubiese ac-tuado diligentemente, revisar los procedimientos efectuados y la decisión rendida por la Comisión de Recreo y Deportes. Uno de los principios de derecho más elementales es que no procede el injunction cuando existe un remedio legal adecuado. Moffett v. Buscaglia, 64 D.P.R. 878; Rivera v. Colón, 62 D.P.R. 51. La solicitud de injunction fué correctamente denegada.

Debe confirmarse la resolución recurrida,