author: En Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Evangelista, Vicenta, Antonio, María, Benito y Lino Morales, los cinco últimos por conducto de su madre Rosa Martínez, demandantes y apelados, v. Manuel Martínez, demandado y apelante.
    No. 4286.

    Sometido: Mayo 4, 1928.

      Resuelto: Mayo 3, 1929.

      F. .B-. Fornaris, F. Zapater y Salvador Suau, abogados del apelante; M. Olmedo, abogado de los apelados.
   En Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Kste es un caso en que la corte inferior dictó sentencia a favor de los demandantes y emitió una opinión en la que liemos descansado grandemente. El apelante se queja lige-ramente de la conclusión respecto a la negligencia que pro-dujo lesiones al padre de los demandantes, pero como la cuestión envolvía un conflicto de prueba, no atacó seriamente dicha conclusión de la corte. Lo que el apelante ataca es la conclusión de que la muerte de Antonio Morales, padre de los demandantes, se debió al supradicho acto negligente del demandado.

El apelante llama primeramente la atención hacia el hecho de que se radicaron tres demandas. La primera de éstas fue radicada en una corte municipal por Antonio Morales mientras vivía. Se alegaban lesiones relativamente ligeras y además que el demandante había tenido que permanecer en cama durante tres días y que sólo pudo regresar a su trabajo cotidiano dos semanas después de ocurrir el accidente. Después del fallecimiento de Morales, la demanda original radicada describía las lesiones en la siguiente forma:

“Que como resultado del choque causado por el automóvil del' demandado, como queda dicho, el referido Antonio Morales, padre de los demandantes, recibió las siguientes lesiones: un fuerte golpe en e] lado izquierdo de la región torácica, un golpe en la espalda, una contusión en la rodilla y pierna izquierda, acompañada de una raspadura; siendo estas lesiones la causa de que le sobreviniera la muerte el día 13 de julio de 1923.”

En la demanda enmendada se expusieron así:

“Un fuerte golpe en el lado izquierdo de la región torácica, golpes en la región renal y región lumbar, una contusión en la ro-dilla y pierna izquierdas, acompañada de una respadura, siendo estas lesiones la causa de que le sobreviniera la muerte el día 13 de julio, 1923.”

El apelante, después de llamar la atención hacia estas alegaciones inconsistentes, cita jurisprudencia al efecto de que las admisiones hechas en alegaciones juradas pueden servir como prueba contra la parte que las hace, prueba que no puede controvertirse fácilmente. Puede haber alguna dis-tinción por el hecho de que la presente acción nó ha sido instituida por Morales, y la causa de la muerte puede ser distinta.

Antonio Morales falleció el 13 de julio de 1923 y el Dr. Browne, que fué el médico que le asistió, declaró que la muerte sobrevino a consecuencia de parálisis en la vejiga. • El apelante sostiene que no se probó la relación causal entre la muerte y las lesiones recibidas, especialmente las lesiones descritas por el interfecto mismo. Insiste además en que la demanda enmendada sólo fué radicada cuando los deman-dantes descubrieron que era imposible deducir la muerte de • la descripción hecha anteriormente. En la consideración que hemos hecho del caso no hemos prestado gran atención a estas supuestas inconsistencias, toda vez que en el análi-sis final, no importa cuáles fueran las alegaciones anterio-res, los demandantes estaban obligados a demostrar a la corte que la muerte fué producida por el accidente. En otras palabras, si según halló cuidadosamente la corte inferior, la muerte sobrevino a consecuencia del accidente, la descripción de las lesiones aparentes recibidas no era de gran importancia. Decimos esto, en parte porque si un hombre muere de una lesión interna, los signos externos pueden o no demostrar el efecto total producido o la dirección final que el impacto tomó. Los apelados indican la posibili-dad de que cuando los testigos del demandado examinaron al interfecto, algunas de las señales externas pudieran ha-ber desaparecido.

Según la declaración del Dr. Browne, la parálisis do la vejiga fue causada por un acto violento. A este respecto la corte inferior dijo:

“Así es que puede darse per probado que Morales fué llevado a su casa en un estado doloroso. En cuanto a la historia de este caso, después de esa noche, nos dice la Sra. Martínez que llevó a su esposo al Hospital Presbiteriano, y le dieron unas medicinas, que él no po-día estar ni sentado ni parado quejándose muchísimo; que como no obtuvo alivio con las medicinas que le dieron en el Hospital Pres-biteriano, llamó al Dr. Browne, informándole éste que el estado era sumamente grave. Declaró que Morales no podía orinar, que tenía mucho dolor, que no trabajó más después de esa fecha, y que no se levantó más.
“Esta declaración está contradicha por las propias admisiones hechas por el lesionado en la demanda que entabló ante la Corte Municipal de San Juan, solicitando por el accidente sufrido la can-tidad de cuatrocientos cincuenta dólares ($450.00) por daños y per-juicios; y la parte pertinente de la cual aparece ya copiada ante-riormente en esta opinión. Se dice en esa demanda que recibió un fuerte golpe en el lado izquierdo de la región torácica, que todavía ■le produce dolor, y una contusión en la rodilla y pierna izquierdas, acompañada de un rasponazo, y que estas lesiones le tuvieron en cama cosa de tres días, sin poder volver a sus ocupaciones cotidianas hasta las dos semanas del incidente.
“Entiendo que del texto de esta demanda no aparece que se diga que el lesionado estaba completamente bien. Es más, de la misma aparece que todavía sufría dolor a consecuencia de los golpes reci-bidos. Además, nos encontramos con que a pesar de que en ella se dice que tardó dos semanas en volver a sus ocupaciones habituales, es no menos cierto que exactamente trece días después de notificada la demanda a la parte contraria, hacía el Dr. Browne su primera vi-sita al enfermo, o sea, el 26- de junio; y éste nos declara que al hacer aquella primera visita, el estado de Morales era grave; es más, nos dice que su estado era fatal.
“Si aparece alguna contradicción en cuanto a la demanda pre-sentada ante la Corte Municipal de San Juan por el abogado de Morales, entiendo que los ptopio's hechos la contradicen de una manera tal que nos lleva a la conclusión de que lo cierto es que a pesar de esas alegaciones, el estado de este individuo era grave unos días des-pués de haberse radicado esa demanda.
“Pero si la historia del caso no fuera lo suficientemente clara, te-nemos además la declaración del doctor Browne. La capacidad del Dr. Browne como médico no fué impugnada, ni su reputación tam-poco; es más, aparece del récord que la parte demandada admitió la capacidad de éste como tal perito médico.
“Este médico, que atendió a este individuo, que lo examinó y estudió su caso, nos declara clara y enfáticamente que él atribuye la muerte de Morales a las lesiones que recibiera en un accidente, a gol-pes violento's recibidos en la espalda; y al contestar preguntas de la parte demandada manifiesta que los riñones y la vejiga y el recto y los pulmones fueron lesionados como consecuencias del accidente, y no a causa de ningún proceso de tifoidea, tuberculosis, malaria o sí-filis.”

La corte revisó extensamente varios casos, a saber: Biddle v. Jacobs, (Arkansas) 172 S. W. 253; MacDonald v. Metropolitan Street Railway Co., (Missouri) 118 S. W. 78. Sharp v. Missouri Pacific Railway Co., (Missouri) 111 S. W. 1154; Louisville & N. R. Co. v. Simrall’s Adm’r, (Kentucky) 104 S. W. 1011; Fetter v. Fidelity & Casualty Co., (Missouri) 73 S. W. 592.

En el caso de Biddle v. Jacobs, supra, después de decirse que debe haber una preponderancia de la prueba a favor de la parte demandante, la corte manifestó:

“Sin embargo, no se exige una prueba tal que excluya toda duda sobre la materia, ni tampoco se requiere que la prueba demuestre que la muerte no sobrevino ni pudo sobrevenir en realidad de un tumor o por alguna otra causa que no se le pueda atribuir al choque; pero es suficiente que la prueba justifique razonablemente que el jurado ¡halle por la preponderancia de la evidencia que la muerte del in-terfeeto en realidad fné producida por una lesión recibida durante el choque.”

Y en el de Sharp v. Missouri Pacific Railway Co., supra, se dijo:

“La declaración pericial médica era meramente directiva, y como los consejos dados al jurado por los facultativos diferían, no se pre-senta un caso en que debamos intervenir. Los misterios de la muerte son inescrutables, y se burlan de la solución científica que hagan los mortales. El aguijón de la parca está oculto. Lo más que puede hacerse es establecer una cadena causal — demostrar la causa (una lesión) que razonablemente puede producir el efecto (la muerte). Sabemos, sin que los facultativos lo digan, que ha habido hombres que han muerto debido a caídas. Sabemos también que la muerte puede sobrevenir después de semanas de dolor y sufrimientos cau-sados por lesiones internas que se originan en tal caída. Este parece ser un caso de tal naturaleza, siempre que, desde luego, el jurado haya creído la declaración de los demandantes.”

La corte inferior también dijo:

“El hecho de que el lesionado haya continuado o no sus labores no es uno que establece presunciones ni a su favor ni en su contra. Las cortes al estudiar casos de esta naturaleza, deben estudiar todas las circunstancias de los mismos.”

Diremos brevemente que el Dr. Browne, quien fué lla-mado para que asistiera a Morales poco antes de su muerte, emitió una certificación de defunción en la cual hizo constar que la muerte fue causada por parálisis de la vejiga. En la silla testifical insistió repetidas veces en que el estado en que halló a Morales sólo pudo haber sido producido por un accidente externo, y no por una enfermedad paulatina. Hubo prueba tendente a demostrar, y la corte la creyó, que hasta el momento del accidente Morales era un hombre sano. La declaración de Rosario Martínez, madre de los demandantes, no fué contradicha a este respecto, según se dice en la parte de la opinión de la corte inferior que hemos copiado.

Parece éste el momento oportuno para decir que el Dr. Browne pudo haber estado equivocado en su diagnóstico y en su declaración pericial, pero de ser cierto lo que él dijo, los demandantes tienen derecho a percibir indemnización. Si bien hubo alguna prueba para contradecir la de los de-mandantes, la corte la analizó cuidadosamente y no la creyó, o llegó a la conclusión de que era improbable. El principal ataque que se hace a la prueba de los demandantes se refiere a la veracidad de la declaración pericial del Dr. Browne. Al principio, el demandado admitió su capacidad como tal pe-rito, y los demandantes fueron relevados de probar la pre-paración, experiencia o conocimientos del médico que asistió al padre de ellos. De suerte que la declaración del Dr. Browne en el presente caso tiene tanto peso como la de cual-quier otro perito en el mundo.

El Dr. Meléndez, quien declaró haber examinado original-mente a Morales, contradijo al Dr. Browne en relación con los hechos y prestó declaración pericial tendente a demos-trar que el estado' en que encontró a Morales no pudo ser producido por un acto de violencia y que debió haber sido causado por sífilis, fiebre tifoidea, malaria o envenenamiento. La corte dió crédito a la declaración del Dr. Browne y no a la del Dr. Meléndez. El principal argumento ahora es lo dicho por un tratadista.

Según hemos manifestado, - mientras ocupaba la silla tes-tifical el Dr. Browne insistió fuertemente en que él halló que el estado de la vejiga del paciente sólo pudo sobrevenir ti causa de uno o más golpes violentos. De acuerdo con el demandado, la manifestación del tratadista Keen tendería a excluir la posibilidad dé una lesión en la vejiga ocurrida en la forma alegada por los demandantes. Sin embargo, Keen hace la siguiente manifestación:

“Lesiones de la vejiga: Debido a su situación en la bien prote-gida pelvis ósea, las lesiones de la vejiga son raras veces comparadas con las de otros órganos del cuerpo que están más expuestos; y se requiere un sumo grado de violencia para llegar a ella o para afec-tarla. No obstante, una fuerza que sea lo suficientemente poderosa para lesionar la pelvis ósea, por lo general no falta en dejar tras sí rastros en la vejiga, como por ejemplo, una contusión, una lesión o una dislocación.” (Keen’s Surgery, p. 327).

Y dice algo más a ese efecto o a uno similar.

De modo que la posibilidad de la lesión de la vejiga de-bido a un accidente, no ba sido excluida. La prueba directa y circunstancial tiende a sostener las alegaciones de la de-manda. La corte pudo baber estado justificada al dictar su fallo a favor de los demandantes, a pesar de la opinión del tratadista.

Empero, no bailamos que las manifestaciones del trata-dista Keen fueran sometidas a la corte. Si bien los tribu-nales toman conocimiento judicial de los becbos de la cien-cia y pueden consultar los textos, debe llamarse la atención de la corte hacia un hecho científico en particular alegado. Si ello es un hecho o no, puede depender de la opinión de los peritos, y puede que baya criterios opuestos. La corte y la otra parte tienen el derecho de consultar o presentar otros textos o de aducir otra prueba pericial.

El Dr. Browne tenía derecho a merecer el debido crédito como perito. Quizá él pudo haber controvertido la opinión del tratadista. Es muy conocido el hecho de que las de-ducciones médicas cambian o se adelantan con la experiencia de la profesión. Así, pues, él pudo haber demostrado, si se le hubiera confrontado con el texto de Keen, suponiendo que sea un hecho lo que no lo es, que el texto hubiera sido com-pletamente adverso.

Aun si la salud de Morales hubiera sido pobre, si el accidente precipitó s.u fallecimiento, los demandantes tenían derecho a recobrar indemnización. Dijo la corte por voz ríe su Juez Presidente Sr. Rugg en el caso de Kelleher v. Newburyport, 227 Mass. 462-465:

“Hubo declaraciones categóricas de parte del médico que lo asis-tió al efecto de que la lesión recibida por el demandante fué la causa suficiente de su muerte. Esto, en unión a la prueba respecto a su condición física que se iba deteriorando paulatinamente después del accidente, era suficiente para justificar la conclusión de que la muerte sobrevino como resultado de la lesión. La enfermedad cardíaca de que padecía desde antes del accidente, puede que baya ’sido una con-dición y no una causa. Larson v. Boston Elevated Railway, 212 Mass. 262; Wiemart v. Boston Elevated Railway, 216 Mass. 598; Madden’s Case, 222 Mass. 487, 493. Si la declaración del médico fué contradictoria en algunos extremos, al jurado incumbía apre-ciarla.”

El apelante insiste en un número considerable de erro-res posibles o probables en las declaraciones de los testigos o en las conclusiones de la corte. No bemos creído necesa-rio analizarlos. ' Aun si dudáramos, como lo hace el ape-lante, la posibilidad de que una parálisis de la vejiga pro-duzca la muerte, sin embargo, estaríamos inclinados a creer que la conclusión general a que llegó la corte no debe ser revocada. No podemos dudar la aseveración hecha por el Dr. Browne de que el interfecto padecía de una parálisis en la vejiga, aun si ella sólo fuera un síntoma, según sostiene el apelante. La corte tenía derecho a creer que el estado de la vejiga sobrevino a causa de un golpe violento. Por consiguiente, aun si la muerte fué misteriosa, la corte tenía derecho a inferir que fué causada por el accidente. No obs-tante, según hemos dicho, nos sentimos obligados a aceptar-las conclusiones del perito, que fueron creídas por la corte.

No vemos que la concesión de $4,000 en este caso sea excesiva.

No hallando que se haya cometido error, debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Audrey,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José E. Romero, F. Colón Giordani, L. Piñero, Víctor M. Colón, E. García, y Antonio Sánchez, acusados y apelantes.
    No. 3170.

    Sometido: Noviembre 29, 1927.

      Resuelto: Mayo 7, 1929.

      Arturo Aponte, abogado de los apelantes; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes fueron condenados en la Corte Municipal de Fajardo por un delito de motín y también por la Corte de Distrito de Humaeao al celebrar el juicio de novo en grado de apelación, de cuya última sentencia ban apelado para ante nosotros alegando dos motivos para su recurso, pero sólo argumentan uno de ellos, que fundan en baber re-chazado la corte inferior de plano su petición de sobresei-miento de la causa y al negarles su derecho a un juicio rá-pido, que les concede nuestra carta orgánica.

Los apelantes fueron arrestado el 4 de noviembre de 1924 por el expresado delito; el 13 de marzo del año siguiente fué celebrado el juicio en la corte municipal, y tres días des-pués fué dictada la sentencia condenatoria que el mismo día apelaron para ante la corte de distrito, donde fueron radi-cados los autos de su apelación el 11 de junio de 1925. Se-ñalado el juicio en apelación para el 13 de agosto siguiente, cinco días antes de que tuviera lugar presentaron los acu-sados a la corte de distrito moción para que sobreseyera la causa fundándose en vista de los hechos que hemos expuesto en que habían transcurrido más de cuatro meses desde la interposición de su apelación sin celebrarse el juicio, que-dando así privados de un juicio rápido: en que su apela-ción debió haber sido remitida inmediatamente a la corte de distrito y dentro de los diez días siguientes debió haber sido señalada su vista: y en que habiendo sido arrestados el 4 de noviembre de 1924, el tiempo transcurrido hasta su mo-ción de sobreseimiento (5 de agosto de 1925) es tan excesi-vamente largo que la no celebración del juicio sin justa causa para ello, primeramente en la corte municipal y luego en la de distrito, es una violación de nuestra ley orgánica respecto al derecho de todo acusado de delito a tener un juicio rá-pido. Se opuso el fiscal del distrito a esa moción alegando entre otras cosas bajo juramento que desde el 11 de junio de 1925 en que fueron radicados los autos de la apelación en la corte de distrito, ésta estuvo ocupada en la celebración de juicios criminales hasta el día 29 de dicho mes y año, y que de ahí hasta el 13 de agosto siguiente, ¡para el que estaba señalado el juicio en apelación, la corte ha estado ocupada en la celebración de asuntos civiles.

En la vista de esa moción, que tuvo lugar el día anterior al señalado para la vista del juicio en apelación, fué pre-sentada como prueba la causa original de este caso, de la que resultan los hechos expuestos al principio, que el fiscal de distrito había aceptado como ciertos al contestar la mo-ción de sobreseimiento. Esa moción fué declarada sin lugar el 13 de agosto, apareciendo de esa resolución que en 23 de marzo de 1925 los acusados presentaron dos mociones a la corte municipal para el sobreseimiento de la causa, fundada o na en no haberse celebrado el juicio dentro en los 120 días siguientes al 4 de noviembre de 1924 en que fueron arres-tados; y la otra en no haberse presentado la denuncia den-tro de los 60 días siguientes al arresto, sin que conste la reso-lución que tuvieron. También se hace constar que la corte estuvo ocupada en el tiempo y forma que alegó el fiscal.

Después de esa resolución de la corte de distrito los acusados presentaron en el día del juicio otra moción de sobreseimiento de la causa alegando que habían presentado en la corte municipal solicitud de sobreseimiento fundada en no haber sido presentada la acusación dentro de los sesenta días siguientes al arresto y alegando, además, que el juicio ante 1a. corte de distrito no había sido señalado dentro de los 120 días siguientes al de su apelación. Esa moción fué desestimada por la corte por ser una repetición de las que o.n aquel día había resuelto.

La última moción de sobreseimiento es ciertamente una reproducción de la que la corte de distrito había decidido y poi; esto no cometió error la corte inferior al rechazarla.

. En cuanto a la solicitud de sobreseimiento fundada en que habían transcurrido más de 120 días desde el 26 de 'marzo de 1925, fecha de la apelación, hasta el 13 de agosto siguiente, que fué el día señalado para la vista del juicio en apelación, resulta que esa apelación no fué radicada en la corte de distrito hasta el 11 de jpnio, siendo esta fecha y no la de la interposición de la apelación el punto de partida para contar los 120 días dentro de los cuales, según el ar-tículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, debe ce-lebrarse el juicio, por ser el único acto equivalente a la pre-sentación de la acusación, como hemos dicho en el caso de El Pueblo v. Mercado, 27 D.P.R. 568, y por tanto que desde el 11 de junio al 13 de agosto no habían transcurrido los expresados 120 días. Y si esto no fuera así y se contaran los 120 días desde el 26 de marzo resultaría también que la corte de distrito tuvo una justa causa para no celebrar el juicio antes de la fecha en que tuvo lugar.

Con respecto a que la corte de distrito debió sobreseer la causa porque habiendo tenido lugar el arresto de ios acusados el 4 de noviembre de 1924 el juicio no tuvo lugar en la corte municipal hasta el día 13 de marzo siguiente, repetiremos lo que dijimos en el caso de El Pueblo v. Rodríguez, 32 D.P.R. 3, bastante análogo al presente, a saber: “En apelación de una corte municipal el juicio es imperativamente de novo. La corte de distrito adquiere jurisdicción únicamente para juzgar el caso de novo. No se constituye como corte de revisión y no puede en apelación revisar un incidente del juicio. Por supuesto, si se alegara que la corte-, municipal carecía de jurisdicción para conocer del caso, una cuestión diferente se presenta.” Si los acusados tenían derecho a qne la corte municipal sobreseyera su causa pudieron haberlo conseguido mediante procedimiento de mandamus, como en el caso de El Pueblo v. Dyer, 23 D.P.R. 772. Además, ignoramos si la corte municipal tuvo justa causa para no celebrar el juicio dentro de 120 días.

Dicen también los apelantes que su causa ha debido ser sobreseída porque el juicio en la corte de distrito debió ser señalado dentro de los diez días siguientes al recibo de los autos de la apelación de la corte municipal, según el No. 5 del artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Ese-precepto no dispone que el- juicio haya de celebrarse dentro de los diez días siguientes al recibo de la apelación sino que dentro de ese término se hará el señalamiento de día para celebrar el juicio, ni tampoco dispone el artículo 448 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal que sea motivo para sobre-seer la causa; pero aparte de esto, esa cuestión ha sido de-cidida en sentido contrario al sobreseimiento en el caso de El Pueblo v. Hernández, 30 D.P.R. 774.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Antonio Benítez, Manuel Martorell y J. M. Colón, Promoventes, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. Gabriel Castejón, Juez, y Eduardo Valladares, demandados.
    No. 45.

    Sometido: Diciembre 17, 1928.

      Resuelto: Mayo 7, 1929.

      F. Rodríguez Alverio, abogado de los promoventes; González Fa-gundo & González Jr., abogados del demandado Valladares.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso en que los peticionarios tenían claramente la oportunidad de apelar de una sentencia de la Corte de Dis-trito de Humacao, pero su intentada apelación fué desesti-mada. El auto inhibitorio preliminar fué expedido en este caso en vista de que los peticionarios alegaban que dicha corte de distrito carecía de jurisdicción para dictar su sen-tencia. En la petición se decía que los demandados en el pleito original eran los fiadores en una fianza a favor de El Pueblo de Puerto Rico, y que el demandante era un pro-veedor de materiales, quien no era parte en la fianza. La teoría original de la corte inferior fué que, como una de las condiciones de la fianza era que el contratista pagara a los proveedores, un proveedor individual podía instituir un pro-cedimiento contra los fiadores.

Claramente existía una causa de acción a favor de El Pueblo de Puerto Rico, según se admite. No estamos muy seguros de que no pueda entablarse uu procedimiento por El Pueblo a beneficio de un proveedor. En este último caso, cuando el beneficiario instituye directamente el procedimiento, es posible que pueda renunciarse a la falta de la parte real-mente demandante.

Algunos de los miembros de esta corte se inclinan al cri-terio de que un proveedor puede demandar directamente a los fiadores cuando el contratista fia prestado una fianza para el fiel cumplimiento de sus deberes a favor de El Pueblo de Puerto Rico, y ninguno de nosotros está preparado para decir que no debería prevalecer este criterio. El caso de Municipio ele Fajardo v. Axtmayer, 31 D.P.R. 823, no es totalmente decisivo de la cuestión, toda vez que los hechos eran diferentes y el caso fué resuelto, por lo menos parcial-mente sobre otros fundamentos.

Todas estas cuestiones pudieron haber sido resueltas en la apelación, buque resultó infructuosa; y en este recurso, en que no tenemos todos los procedimientos a la vista, por 10 que no podemos decir con toda seguridad que la corte ca-recía de jurisdicción, no nos sentimos con derecho a anular su actuación.

La sección 3 de la ley de marzo 10, 1904, Leyes de ese año, página 132, que autoriza los autos inhibitorios, después de expresar la forma y método de expedir tales autos, dice:

. Disponiéndose, que no podrá expedirse ningún auto in-hibitorio para impedir cualquier resolución de tribunales inferiores que fuere revisable (propiamente) por medio de apelación.”

Si bien hemos sido cuidadosos al interpretar estas pala-bras, para no destruir la intención de la ley expresada en alguna otra forma, creemos que .cuando surge una sentencia y se pierde el derecho de apelar por culpa de las partes mis-mas, la acción de la corte inferior fué una “revisable (pro-piamente) por medio de apelación.”

El auto expedido debe ser anulado.


author: El J uez Peesidbnte Señor del Bobo,

text:
    American Colonial Bank of Porto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Rossy y Jesús Ma. Rossy, demandados y apelantes.
    No. 4350.

    Sometido: Abril 9, 1929.

      Resuelto: Mayo 7, 1929.

      M. F. Bossy, abogado de los apelantes; O. B. Frazer j B. Castro Fernández, abogados del apelado.
   El J uez Peesidbnte Señor del Bobo,

emitió la opinión del tribunal.

Be trata de nn pleito seguido por el American Colonial Bank of Porto Rico contra Manuel P. y Jesús M. Rossy en cobro de dinero.

Pné el pleito a juicio y practicada la prueba dictó la corte sentencia declarando la demanda con lugar. No con-formes los demandados apelaron, señalando en sn alegato la comisión de siete errores. La parte apelada los impugnó debidamente en el suyo.

Hemos estudiado cuidadosamente el caso y a nuestro jui-cio sólo existe una cuestión fundamental dudosa: la de si la obligación de pagar los demandados al demandante la suma reclamada hecha constar en nn pagaré, fné o no novada por otra a virtud de la cual el demandado Manuel P. Rossy por sí solo se comprometía a pagar la deuda garantizándola con una segunda hipoteca sobre cierta finca rústica de sn pro-piedad.

El demandante reclamó basándose en el pagaré. Los de-mandados sostuvieron qne la obligación fué novada. La corte decidió que no ¡existió la novación.

La existencia de la novación está sostenida por la declaración del demandado M. F. Rossy y apoyada en cierto modo por una carta que le dirigiera el banco el 11 de septiembre de 1925, pero otra carta que también le dirigiera el banco el 12 de septiembre de 1925 y que él dejó de contestar y la declaración de su Yice Presidente el Sr. H. L. Cochran, la niegan, explicando que lo de la hipoteca fué una garantía adicional para avenirse el banco a seguir prorrogando la deuda.

El conflicto de la prueba fué decidido expresamente en contra de los demandados por la corte sentenciadora y nada encontramos en los autos que nos permita afirmar que erró al proceder de tal modo. Además, la prueba demuestra que en el tiempo en que la segunda hipoteca fué ofrecida bien para novar la obligación, ya para obtener nuevas prórrogas, el demandado Rossy no estaba en condiciones de constituirla.

Lo dicho resuelve los seis primeros errores. En el último se sostiene que al fijar la corte de distrito en su sentencia la suma de doscientos dólares para honorarios de abogado, infringió, por no aplicarlos, el art. 327 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como fué enmendado por la ley Yo. 38 de 1917 y la Ley No. 15 enmendando el artículo 339 de dicho Código, de 19 de noviembre de 1917.

Tampoco creemos que cometiera la corte sentenciadora este error que le atribuyen los apelantes. En el pagaré se comprometieron expresamente los demandados a pagar ho-norarios de abogado en caso de reclamación judicial y en la demanda se alegó expresamente también que se calculaban dichos honorarios en doscientos dólares.

En el caso de A. Álvarez y Hnos. v. Corte de Distrito, 35 D.P.R. 222, esta corte estableció la siguiente doctrina:

“No obstante haberse convenido el pago de las costas y hono-rarios por contrato, si dichas costas y honorarios se reclaman en general en la demanda al establecerse el pleito y se conceden tam-bién en general por la sentencia, la fijación de sn importe y su cobro debe ajustarse al procedimiento mareado por la ley.”

Y en el curso de la opinión la corte se expresó así:

“Las decisiones de esta corte citadas por los peticionarios no resuelven de modo terminante este caso. En ellas se • establece que cuando el pago de las costas y honorarios se conviene previamente por las partes, la corte debe reconocer el convenio, pero ello no quiere decir que la fijación de su importe cuando no se determina en la sentencia misma y su cobro no deba ajustarse al procedimiento marcado por la ley.”

Aquí existen los requisitos que faltaban en el caso de A. Alvarez y Unos., esto es, la corte visto el previo acuerdo de, las partes contratantes y la expresa alegación del deman-dante en su demanda, fijó en su sentencia el montante de los honorarios. No precisaba esperar al procedimiento ulterior que la ley establece para cuando el montante queda in-determinado. Es la corte la que tiene también jurisdicción para fijar el montante en esa segunda etapa del procedi-miento, y no era necesario esperar a ella porque la parte demandante como hemos indicado se cuidó de plantear desde el primer momento no sólo la procedencia de los honorarios por virtud del acuerdo de los propios contratantes, sino su cuantía, dándose así la debida oportunidad a los demandados para discutir ambas cuestiones.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse no haber Jugar al recurso establecido y confirmarse la sentencia ape-lada.


author: El Juez Asociado Señor Traidor,

text:
    Carmen Reyes, demandante y apelada, v. José María Alvarez y su esposa Doña Catalina Reus, demandados y apelantes.
    No. 4584.

    Sometido: Febrero 5, 1929.

      Resuelto: Mayo 9, 1929.

      Felix Santoni, abogado de los apelantes; Luis Mercader, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Traidor,

emitió la opinión 'del tribunal.

Los Lechos en este caso, por lo que resulta de las alega-ciones, prueba y sentencia, son:

Carmen Reyes, es dueña de una finca urbana, la mareada con el número 14 de la acera norte de la calle de Cristóbal Colón, en Areeibo; la casa es de mampostería, de una sola planta, y la construcción ocupa por completo el solar en que está enclavada; por el este colinda con otra casa de los aquí demandados y apelantes, la que primitivamente se hallaba construida, en madera los altos, y en mampostería los bajos, y que tenía a su lado oeste un callejón que la separaba de la finca de la demandante. La casa de los demandados fue demolida por sus dueños, para construirla en concreto o ce-mento armado, en el año 1925; para tal obra de reconstruc-ción los demandados eliminaron el callejón a su lado oeste, y entablaron negociaciones con la demandante, para que ésta les permitiera ¿utilizar la pared saliente, este, de su casa, para levantar su pared y construcción, dando a la deman-dante el derecho a utilizar la pared que ellos fabricaban, en el caso de que ella quisiera levantar altos a su casa terrera; ésta tenía siempre ventanas y huecos abiertos en esa parte este. Los demandados fabricaron la nueva casa, de cemento armado; y para ello construyeron en la parte oeste del edi-ficio, y adheridas a la pared este de la casa de la deman-dante unas columnas, sobre las que descansa una pieza, de concreto, a ras de la pared, y' tapiando la construcción las ventanas y huecos que había en esa pared, que es la que queda sirviendo de tal a la primera planta de la casa de los demandados; éstos en el tercer piso de la casa que constru-yeron, abrieron varios huecos en forma de ventanas, si bien cubiertas por vidrios jaspeados, de diversos colores, y al abrirlos, lo hicieron sin el consentimiento de la demandante. Esta, pidió a la corte que por sentencia ordenara a los de-mandados que cierren los huecos o ventanas que tienen abier-tos en la pared. Los demandados, en su contestación, se opusieron a la petición de la demandante, alegando que las ventanas y huecos que en la casa de la demandante existie-ron, dando sobre el callejón de los demandados, se habían abierto sin permiso de éstos, y que si los muros de la nueva casa se adhieren a la pared de la de la demandante, esto se ha hecho a petición del apoderado de dicha señora, y en mejora de esa pared.

Se llevó el pleito a juicio, se oyó la prueba, y se practicó la de inspección ocular, de la que se levantó acta, que es parte del récord, y que se copia en la opinión en el caso; proceder que es el más discreto y acertado por parte del juez, y que desgraciadamente no se sigue con frecuencia. De esa inspección ocular aparece que los huecos y ventanas de la casa de la demandante han quedado cerrados o cubier-tos por la construcción de los demandados, en lo que se re-fiere a la parte este de aquella casa; que en la parte oeste del tercer piso de la casa de los’ demandados hay varios hue-cos o vacíos de cuatro y medio pies de ancho por tres de alto, más o menos, con marco fijo e inamovible de madera, y cubiertos o cerrados por vidrieras compuestas de cuadros irregulares de vidrio jaspeado, a cuyo través no puede verse a pesar de la luz del día; y que la pared que forma la colin-dancia oeste de la casa de los demandados, es una de ladrillo y mezcla que forma parte de la casa de la demandante, “y está habilitada como pared medianera” (dice la diligencia); y se vieron las columnas de hormigón, y la viga sobre ellas a ras de la pared de ladrillo de la demandante.

La corte dictó sentencia declarando con lngar la demanda, con las costas a los demandados; y de esta sentencia se lia apelado.

La parte apelante señala ocho errores; los que aparecen bajo los números 1, 2, 3 y 5, se refieren a la apreciación de la prueba en cuanto a la existencia de un convenio entre la demandante y los demandados, para que éstos pudieran uti-lizar como medianera la pared de la demandante, y ésta en su caso aprovechar la que los demandados hicieran; y en cuanto a que la pared levantada por los demandados sea medianera; y en cuanto al consentimiento de doña Catalina Eeus para que su esposo Alvarez gravara con servidumbre de medianería la casa que reconstruyó. Se señala como error la estimación por la corte de la existencia de media-nería, confundiéndola con el derecho de arrimo; la decla-ración de que la pared en el tercer piso de la casa de los demandados es medianera; la orden de cerrar los huecos; y la imposición de las costas.

En la “opinión” de la corte que es base de la sentencia, se trata con cuidadoso detenimiento el extremo de la existencia de pared medianera, y la consiguiente servidumbre. Lleva a la corte a tal estudio la consideración del precepto legal contenido en el artículo 587 del Código Civil, en el que se prohibe a .los medianeros abrir, sin consentimiento de los otros, en pared medianera, ventanas o huecos.

Eealmente, la cuestión de existencia de medianería, en-traña una aparente dificultad en su solución. Un tratadista eminente, el Sr. Sánchez Eomán, sostiene que la medianería tiene más de copropiedad que de servidumbre, y así la cali-fica como “la copropiedad de una pared o cerca situada xen el linde de dos heredades contiguas,” dándole' el carácter de una comunidad especial. A este propósito, en su obra “De-recho Civil, ’ ’ tomo 3, pág. 494, dice el referido autor:

“Lo que produce el estado de medianería es la inmediata conti-güidad y unión de las dos paredes o muros medianeros, que vienen materialmente a formar uno, y el derecho o uso que sobre cada una (le las partes respectivas de la misma pared tienen los dos media-neros para levantar su edificación, que parte de una base común prestándose apoyo o resguardo y solidez mutuos.”

Concuerda con esta opinión la de otro eminente trata-dista, el Sr. Manresa, que en las páginas 762 y 763 del tomo-IV de su obra Comentarios al Código Civil Español, ha dicho:

“La medianería ¿es una servidumbre? — En rigor, la medianería es una comunidad de bienes, una copropiedad, pero de carácter especial. Laurent la define: ‘la copropiedad, por proporciones indivisas, de un muro, de un foso, o de un seto, que sirve de separación o de límite a dos heredades contiguas ... la medianería constituye una comunidad con indivisión forzosa.’
# # # # «= * *
“Para explicarse jurídicamente el aspecto por el cual la media-nería tiene algo de servidumbre — gravamen en cosa ajena en beneficio de ún fundo — nada mejor que analizar concretamente la relación que supone. El muro medianero no es mío por entero; es de otro y mío — copropiedad;—pero ni el uno ni el otro podemos servirnos de él, para ciertos usos sobre todo, sino de un modo completo; todo el muro, en su integridad física sirve a los usos de los copropietarios— copropiedad indivisa — ; ahora bien; la indivisión del muro, y el uso de todo él por cada propietario, determinan el beneficio de quien lo usa, beneficio que se traduce en un gravamen que carga al otro pro-pietario del muro; hay ciertos usos constantes en que esta relación no parece tan ciará; pero hay otros que, por su carácter determi-nado y específico, entrañan semejante relación perfectamente defi-nida, ofreciendo bien a las claras motivos que justifican el proceder del legislador español.”

Comentando M. Scaveola este mismo punto ha dicho:

“El derecho de medianería tiene más apariencias legales de un caso de comunidad de bienes que de servidumbre, aunque reconoz-camos en él ciertas anormalidades que no convienen con determinados caracteres de aquella institución. ’ ’ Comentarios al Código Civil, tomo 10, pág. 425.

Y en la jurisprudencia española, aunque un tanto vaci-lante en un principio, vino a consagrar en definitiva esa doc-trina la sentencia del Tribunal Supremo de España de 16 de marzo de 1888, anterior al código como se ve, y en la que se declaró que la pared divisoria de dos fincas urbanas es del dominio común de los propietarios colindantes, cada uno de los cuales tiene, por consiguiente, el derecho de que sirva de cerramiento a la finca en toda la altura que le. convenga darla, mientras lo permitan las ordenanzas municipales.

La jurisprudencia de los Estados Unidos, no es uniforme, en cuanto a lo que es un party wall, o pared medianera. En algunos casos se fia declarado que si dos personas tie-nen una pared medianera, que en la mitad de su espesor ocupa terreno de cada una de esas personas, éstas no son “tenants in common of the wall or the land on which it stands” (Matts v. Hawkins, 5 Taunt'20). En Bouvier lo encontramos definido como “muro erigido en la línea entre dos propiedades contiguas pertenecientes a distintos dueños, y para el uso de ambas propiedades.” 2 Bouvier’s Law Dictionary. En un caso en Illinois, Field v. Leiter, 118 HI. 17) se definió como estructura para el común beneficio y conveniencia de las propiedades que separa, y permitir a las dos partes hacer uso de él.

En el caso Lederer v. Colonial Ins. Co., 130 Iowa, 157, 106 N. W. 357, se dió a los términos “party wall,” y “wall in common” un significado igual, y un uso sinónimo en las leyes y estatutos.

En Marx Weill v. Baker, Sloo & Co., 39 La. Ann. 1101, encontramos:

“No existe división alguna en el dominio de una pared medianera; ella pertenece en su totalidad en común proindiviso a los condueños vecinos, independientemente de la línea divisoria entre los solares contiguos. ’ ’

Parece haber una contradicción entre la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de España en la sentencia a que antes nos hemos referido, de 16 de marzo de 1888, y otra de 12 de enero de 1906, en la que se ha dicho lo que sigue:

“Considerando que aun cuando sea indudable, y además esté reconocido que la pared de que se ha tratado en el actual pleito no es medianera, sino propia exclusivamente de los hermanos Rosal, esto no obsta para que sobre ella pueda establecerse la servidumbre legal de la medianería, a tenor de lo efectuado en el art. 171 de las Orde-nanzas municipales de Oviedo, en relación con el art. 571 del Código Civil, por no existir en este cuerpo legal ningún otro precepto que se oponga a tal servidumbre, sobre la base y reconocimiento previo de la propiedad exclusiva de la pared divisoria en favor de quien, por verdadera expropiación, tenga que sufrir en adelante tal servidumbre, siendo de estimar las infracciones del motivo tercero en cuanto la Audiencia de Oviedo rechaza en absoluto derecho que por reconven-ción ha reclamado en el pleito don Policarpo Herrero, aun cuando deberá reconocerse únicamente para cuando llegue el momento en que éste proceda a la construcción de edificio contiguo que haga necesaria dicha servidumbre, ya que el referido precepto de las Ordenanzas no autoriza para entender que cualquier momento, y antes que llegue el inmediato de edificar, pueda desposeer con tal precepto de la propie-dad exclusiva, para ningún otro efecto, de la pared divisoria a quien es dueño único de ella.”

La contradicción es solamente aparente. En este último caso es indudable la existencia de nna ordenanza municipal que en su artículo 171 da al que pretenda construir arrimado a pared contigua, el derecho a adquirir la medianería en todo o en parte, pagando la mitad del valor del muro y la mitad del terreno en que descansa (Yéase la sentencia citada, y es-pecialmente la página 95 del tomo 103, Jurisprudencia Civil); y con arreglo al Código Civil Español lá servidumbre de medianería se rige por las disposiciones del mismo código y por las ordenanzas y usos locales que no estén en conflicto con el código. De forma que esas ordenanzas de Oviedo te-nían en el caso la fuerza de una ley.

En materia de servidumbre de medianería encontramos que en nuestro Código Civil se da una inusitada fuerza a las presunciones. El artículo 579 del citado cuerpo legal, dice así:

“Artículo 579. — Se presume la servidumbre de medianería mien-tras no haya, un título o signo exterior, o prueba en contrario:
“1. En las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación.
“2. En las paredes divisorias de los jardines o corrales sitos en poblado o en el campo.
“3. En las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos. ’ ’

Nótase la forma en que se establece la presunción: “mientras no baya signo exterior, o prueba en contrario.” El signo exterior, es por decirlo así, la más fuerte presun-ción. Y se entiende que existe, en los distintos casos que se citan en el artículo 580 del mismo código, entre los que me-recen especial atención para este litigio, los siguientes:

“3. Cuando resulte construida toda la pared sobre el terreno de una de las fincas, y no por mitad entre una y otra de las dos con-tiguas.
“4. Cuando sufra las cargas de carreras, pisos y armaduras de una de las fincas y no de la contigua.”

Creemos que de la prueba en este caso no aparece que los demandados bayan construido pared sobre el terreno de las dos fincas, y por mitad, ni que la pared de la casa de la demandante sufra la carga de carreras, pisos y armaduras de la de los demandados. Este es el resultado de un examen de la diligencia de inspección ocular practicada por el juez (Véanse páginas 16, 17, 24 y 25, de la transcripción del ré-cord). Pero es el becho positivo que la pared de la casa de la demandante, en el lado este, queda en una situación como de pared oeste de la casa de los demandantes en el piso bajo. Si sobre esa pared, y descansando en ella, se levantara la de los pisos superiores, creeríamos en la exis-tencia de una verdadera medianería. Pero de lo que de los autos aparece, no podemos llegar a esa conclusión. Se ba convenido entre los propietarios colindantes en un derecho especial, que llama una de las partes de arrimo, y en que en el futuro, en el caso de que la demandante quiera levantar algún piso más a su casa, pueda utilizar como pared la de la casa de los demandados. Pero, en vez de encontrar en los becbos prácticos en el caso los elementos de la media-nería, encontramos los signos exteriores contrarios a la misma, en su estricto sentido.

A lo que en realidad queda reducida la cuestión es a la negación de una servidumbre de luces y vistas; cuestión que la demanda en el caso presenta con absoluta claridad, y con completa concreción. La demanda va dirigida a lo que se dice en la súplica:

"En tal virtud solicito de la corte dicte sentencia ordenando a los demandados que cierren los huecos o ventanas que tienen abiertos en la susodicha pared. ...”

No cabe expresar con mayor claridad la aspiración de un demandante.

¿Tienen los demandados el derecho de abrir en la pared de su casa que da sobre la finca de la demandante los huecos o ventanas que abrieron? Evidentemente, no.

Si la pared fuese medianera, es indudable que su dueño no podría abrir en ella huecos o ventanas, sin que por ello se estableciera un signo contrario a la servidumbre, lo que sería un verdadero contrasentido. Véase a este fin el nú-mero Io. del artículo 580, Código Civil, que declara la exis-tencia de huecos o ventanas abiertas en la pared divisoria como signo exterior contrario a la servidumbre.

Si la pared es medianera, no pueden los demandados usar de ella en el sentido de abrir huecos o ventanas, aun tempo-ralmente, más que con el previo consentimiento de la deman-dante; lo que no se ha probado en este caso.

Y no siendo medianera la pared, el régimen del caso sería el artículo 588 del Código Civil, cuyo texto es como sigue:

‘ ‘ Artículo 588. — El dueño de una pared no medianera, contigua a finca ajena, puede abrir en ella ventana o huecos para recibir luces a la altura de las carreras, o inmediatos a los techos, y de las dimen-siones de 30 centímetros en cuadro, y en todo caso, con reja de hierro remetida en la pared y con red de alambre.
"Sin embargo, el dueño de la finca o propiedad contigua a la pared en que estuvieren abiertos los huecos podrá cerrarlos si adquiere la medianería y no se hubiera pactado lo contrario.
"También podrá cubrirlos edificando en su terreno o levantando pared contigua a la que tenga dicho hueco o ventana.
"Artículo 589. — No se puede abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones n otros voladizos semejantes sobre la finca del vecino, si no bay dos metros de distancia entre la pared en que se construyan y dicha propiedad.
“Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad, si no hay 60 centímetros de distancia.”

‘La jurisprudencia de Puerto Rico en esta materia se llalla principalmente en los casos siguientes:

García v. García, 25 D.P.R. 128, en la que se citan nume-rosas sentencias del Tribunal Supremo de España, y en la que se declara que si la ley ha prescrito que sólo pueden abrirse ventanas con vistas rectas a dos metros de distancia de la colindancia de la propiedad ajena, ha reconocido al dueño de esta propiedad el derecho de exigir ante los tribu-nales el cumplimiento de tales preceptos. La opinión en este easo examina y pesa los preceptos legales anteriores al có-digo, y los de éste; y la jurisprudencia en cuanto a unos y otras.

El caso de Brown v. Vargas y esposa, 36 D.P.R. 563. En este caso se decidió que unos huecos en pared de concreto estaban suficientemente tapiados con madera. El párrafo de la opinión que deseamos citar es éste:

“La cuestión a resolver quedó reducida a si los huecos abiertos en la pared de concreto debieron haber sido cerrados con el mismo’ material que fué construida, o si fué suficiente haberlo hecho con material de madera. Los apelantes insisten en el primer extremo, pero no citan autoridades ni su ligera argumentación ha podido con-vencernos. Si bien la mayor duración del concreto es cuestión por demás supuesta, es también admitido 'que el material de madera usado para construcciones desde los tiempos primitivos no puede decirse que está en desuso en virtud de las modernas construcciones de con-creto. Por el contrario, en estas construcciones no se prescinde del maderamen para puertas, ventanas, etc., que son los medios para incomunicar y cerrar las mismas. Así es que habiéndose tapiado con madera herméticamente los huecos del muro, se ha cumplido por de pronto eon la ley. Si en el transcurso del tiempo, factor que al fin y a la postre lo demuele todo, la madera llega a su término y se des-truye o se quita de los huecos, el derecho de los demandantes o de sus causahabientes subsiste y ellos pueden hacerlo valer en cualquier tiempo. Entre tanto, no estando prohibidas las construcciones de madera, los demandados están cumpliendo con la ley.”

Tiene una gran importancia la frase “habiéndose tapiado, coh madera herméticamente” (subrayado nuestro).

El caso Arabía de Goyco v. Armstrong, 37 D.P.R. 170, en el que se dijo:

“La misma parte demandada comprendió que no podía conservar su terraza enteramente como tal, esto es, abierta al lado que da al solar de los demandantes, y sobre la pared de cemento levantó otra de madera dejando los huecos que se describen en la inspección. Parece que quiso colocarse dentro de la regla establecida en el caso de Vallecillo, sicpra.
“¿Se colocó? No, a nuestro juicio. En el caso de Vallecillo se construyó una pared de cemento armado independiente, alta, en la línea divisoria de los solares, y esta corte dijo.- hecho esto, nada im-porta lo que el dueño del solar haga en el interior del mismo. Aquí se elevó la pared pero en ella se dejaron ciertos huecos cuya natu-raleza es necesario investigar.
“La terraza como tal, esto es, considerada como balcón o voladizo semejante, hemos visto que no pudo construirse como se construyó no sólo más allá del límite de los dos metros fijados por la ley, sino extendiéndose hasta llegar a la misma colindancia.
“Si se estimara que a virtud de haberse elevado el muro de la ■ colindancia, la terraza dejó de serlo en cuanto a los demandantes, entonces surge la siguiente cuestión: ¿pueden o no calificarse como ventanas los huecos que existen así en la planta baja como en la alta de la construcción?
“Ventana como dice la academia es la ‘abertura más o menos elevada sobre el suelo que se deja en una pared para dar luz y ventilación.’ También se llama ventana ‘a la hoja u hojas de ma-dera con que se cierra.’
“Por más que hay que reconocer que no se trata de ventanas comunes con sus hojas de abrir y cerrar, no es posible dejar de cou-cluir que ventanas son por donde entran la luz y el aire las que existen en las dos plantas de la construcción de qxie se trata en este caso. ’ ’

La alegación más fuerte en el caso que decidimos es la de que las ventanas se hallan cubiertas por vidrios jaspea-dos. No es esto lo mismo que en el caso Brown v. Vargas, supra, en el que los huecos quedaron herméticamente cerra-dos, En el caso que resolvemos la existencia de los vidrios, materia tan fácil a la rotura y desaparición, y materia que filtra la luz, no es la misma garantía. Los huecos quedan en la realidad, abiertos, y no cubiertos y herméticamente cerrados.

No podemos declarar la existencia de los errores seña-lados por la parte apelante, salvo que en la “Opinión” de la corte de distrito se habla de una medianería que no cree-mos se probó; pero esto no sería motivo de revocación, ya que la cuestión en cuanto a luces y vistas está bien resuelta.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Pkesidewte Señor del Tobo,

text:
    Humberto Rafael Agostini y Álvarez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 765.

    Sometido: Mayo 6, 1929.

      Resuelto: Mayo 9, 1929.
   El Juez Pkesidewte Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Mayagüez se siguió un pleito en cobro de dinero por H. R. Agostini contra S. Agostini y la Sucesión de Eugenia Alvarez compuesta de sus hijos, cua-tro de los cuales eran menores de edad. Emplazados los de-mandados, presentaron por medio de su abogado una moción reconociendo la deuda y allanándose a que se dictara senten-cia contra ellos sin costas. Así se hizo. Los menores estu-vieron representados por su padre con patria potestad el demandado S. Agostini.

Firme la sentencia se expidió mandamiento de ejecución y el marshal del distrito embargó y vendió en pública subasta para satisfacerla cierta finca rústica, otorgando a favor del comprador H. R. Agostini la correspondiente escritura.

Presentado el documento en el Registro de la Propiedad de Mayagüez, el registrador lo inscribió pero anotando un defecto, así;

“Inscrita la venta . . . con el defecto subsanable de no haber sido representados los menores en el pleito por un defensor judicial al allanarse a la demanda, lo que hace errónea la sentencia.”

No conforme el comprador interpuso este recurso en el que también compareció el registrador explicando los motivos de su nota.

A nuestro juicio no existe el defecto apuntado.

Como hemos dicho los menores demandados estuvieron re-presentados por su padre de acuerdo con lo que prescribe el artículo 228 del Código Civil, así:

“Artículo 228. — El padre y la- madre tienen, respecto de sus hi-jos no emancipados:
“1. El deber de alimentarlos, tenerlos en su compañía, educarlos e instruirlos con arreglo a su fortuna, y representarlos en el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su provecho. . .”

La deuda reclamada en el pleito era común al padre y a los hijos. Fue al parecer contraída por la sociedad de ga-nanciales. Se disolvió ésta por muerte de la madre y el lu-gar de la madre lo ocuparon sus hijos. No existían intere-ses encontrados y no era por tanto necesario el nombramiento de un defensor, de acuerdo con el artículo 230 del propio Código Civil que lee como sigue:

“Artículo 230. — Siempre que en algún asunto el padre o la ma-dre tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, la, corte de distrito nombrará a éstos un defensor que los represente en juicio y fuera de él. ’ ’
“La corte de distrito, a petición del padre o de la madre, del mismo menor, del fiscal o de cualquiera persona capaz para compa-recer en juicio, conferirá el nombramiento de defensor al pariente del menor a quien en su caso correspondería la tutela legítima, y a falta de éste, a otro• pariente o a un extraño.”

El artículo 56 del Código de Enjuiciamiento Civil que invoca el registrador, puede armonizarse con los preceptos citados del Código Civil. Dice así:

“Artículo 56. — Cuando un menor, demente o persona incapaci-tada es parte en un litigio, deberá comparecer, bien por medio de su tutor general, o de un defensor nombrado por la corte que en-tienda en el asunto, en cada caso, o por el juez déla misma. El defen-sor puede ser nombrado en cualquier caso, cuando la corte que conoce del asunto o el juez de la misma juzgare, conveniente que el menor, demente o persona incapacitada sea representada por dicho defensor, aún cuando tuviere tutor general y haya comparecido por medio de éste.”

En nuestro derecho surge la tutela cuando no existe la patria potestad. Los padres son los legítimos representan-tes de sus hijos. Cuando éstos son representados por un tutor o por un defensor es porque los padres no existen o es-tán imposibilitados. En el caso que estudiamos vivía el padre, estaba en el pleno ejercicio de su patria potestad en relación con sus menores hijos y no existía incompatibilidad entre los intereses del uno y de los otros.

Seguramente lo que indujo a error al registrador fue el uso de la palabra “tutor” en el texto español de la ley. En el texto inglés se emplea la palabra “guardian” y se ba resuelto por la jurisprudencia que “el padre, o, en algunos casos, la madre, es el ‘guardian’ natural del niño.” Véase 33 Cal. Jur. 138, 142.

Si existiera alguna duda, bastaría para disiparla el ar-tículo 57 del propio Código de Enjuiciamiento Civil que lee como sigue:

“Artículo 57. — Cuando se nombre defensor, el nombramiento de-berá hacerse como sigue:
“1. Cuando el menor es demandante, a petición de éste, si tu-viere catorce años cumplidos; y si tuviere menos edad, a petición de un pariente o amigo del menor.
“2. Cuando el menor es demandado, a petición del mismo, si tu-viere catorce años cumplidos, y presentare dicha petición dentro de los diez días de hecha la citación; si fuere menor de catorce años, o dejare de presentar la petición como queda dicho, entonces a so-licitud de cualquier otra parte en el litigio entablado o de un pariente o amigo del menor.
“3. Cuando una persona demente o incapacitada fuere parte en una acción o procedimiento, a petición de un pariente o amigo de dicha persona demente o incapacitada, o de cualquiera otra de las partes en la acción o procedimiento.”

Como bien sostiene el recurrente en su alegato ese ar-tículo “claramente determina que el nombramiento de de-fensor a que se refiere el artículo cincuenta y seis, procede solamente cuando el menor no tiene madre o padre con pa-tria potestad, pues de estar incluido tal caso, necesaria-mente el nombramiento habría de hacerse, y así lo especifi-caría el artículo 57, a petición del padre o de la madre cuando tuviere el menor menos de catorce años de edad, ‘Incluso unius est exelussio alterius.’ ”

El artículo 77 de la Ley de Procedimientos Legales Es-peciales (Comp. 1911, p. 335) que cita también el registra-dor para sostener su nota, en vez de favorecerla sostiene ia contención del recurrente.

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la nota re-currida y ordenarse la inscripción sin el defecto apuntado.


author: Kl Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Alejo Fonseca, demandante y apelante, v. Dorotea Molina y Santos y Aurora Maldonado y Molina y Sabina Molina, éstos últimos representados por su madre con patria potestad, demandados y apelados.
    No. 4835.

    Sometido: Abril 5, 1929.

      Resuelto: Mayo 10, 1929.

      J. Beiró Rovira, abogado del apelante; Armando A. Miranda, abo-gado de los apelados.
   Kl Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Alejo Fonseca demandó a Dorotea Molina y a Santos, Aurora y Sabina Maldonado Molina, los tres últimos meno-íes de edad, en cobro de $1,105, intereses y costas.

Se alegó en la demanda que la demandada Dorotea Molina era la madre con patria potestad de los otros tres de-mandados por haber muerto el padre de los mismos;

Que la demandada Dorotea Molina suscribió y entregó al demandante un documento que, copiado a la letra en lo per-tinente, dice:

“Que soy mayor de edad, viuda de José Maldonado, quien falle-ció en Oaguas hace algún tiempo, que fui declarada beneficiaría de mi difunto esposo juntamente con mis hijos menores de edad, a sa-saber: Santos, Aurora y Dorotea Molina. Que se me asignó una compensación de dos mil ochocientos dólares pagadera en la siguiente forma: Setecientos dólares de contado en la primer quincena de agosto y el resto en mensualidades de trienta dólares hasta su total pago. Que fui recibiendo anticipos desde la muerte de mi referido esposo y para mis hijos y yo, unas veces en dinero, otras en gastos distintos como preparación de actas, etc., para el dicho caso y en su mayor parte mercaderías para nuestro sostenimiento de manos y or-den de don Alejo Fonseca, quien es mayor de edad, comerciante y vecino de Caguas, P. R. Que liquidada dicha cuenta resulta que soy en deber por mí y por mis hijos la suma de $1,200 que compro-baré con las partidas correspondientes y los que me obligo a pagar en la siguiente forma: Quinientos dólares cash, y el remanente a quince dólares mensuales, todo con cargo a mí y a mis expresados hijos en forma equitativa. Que dicha resolución es firme y no ha sido apelada por nosotros. Esto en Caguas, P. R., a 30 de agosto de 1926. Su marca. Dorotea Molina. Isidro Crespo. Testigo de la marca.”

Que Dorotea Molina por sí y por sus hijos sólo ha satis-fecho al demandante $95 y se niega a pagar el resto de la obligación, motivo por el cual el demandante acude a los tribunales en sólicitud de una sentencia que ordene el pago del resto de la deuda.

Así las cosas comparecieron los demandados Santos, Aurora y Sabina Maldonado y Molina “representados por su abogado” y pidieron que se dictara sentencia sobre las ale-gaciones “declarando dicha demanda sin lugar en cuanto a 'os tres demandados aquí comparecientes,-ya que de la obli-gación transcrita en la demanda y que constituye la base fundamental en la misma, doña Dorotea Molina se obligó a nom-bre de los menores, sin la autorización para ello de la corte de distrito, como lo exige el Código Civil.”

Sin que compareciera la demandada Dorotea Molina, la corte tomó bajo su consideración el- caso y dictó sentencia declarando la demanda totalmente sin lugar.

No conforme el demandante interpuso el presente recurso de apelación señalando en su alegato tres errores cometidos a su juicio por la corte, 1, al permitir que los menores de-mandados comparecieran sin la asistencia materna o en su defecto sin la de un defensor; 2, al conceder más de lo que se le pidiera en la moción de los demandados menores, y 3, al declarar con lugar la moción sobre sentencia sobre las ale-gaciones.

Comenzaremos nuestro estudio por el último de los erro res señalados.

Para declarar que el contrato en que se basa la reclamación del demandante es nulo, se funda la corte sentenciadora en el artículo 229 del Código Civil, tal como fue enmendado por ley de 9 de marzo de 1911; en el artículo 3, inciso 5, párrafo último de la Ley sobre indemnizaciones a obreros por accidentes del trabajo, de 1918, tal como quedó enmendado por la Ley No. 62 de 1919, y en la see. 23 de dicha leyr sobre indemnizaciones. *

El primero de dichos preceptos legales, o sea el artículo 229 del Código Civil, lee como sigue:

“El ejercicio de la patria potestad no autoriza al padre ni la ma--dre para enajenar o gravar bienes inmuebles de clase alguna, o mue-bles cuyo valor exceda de quinientos dólares, pertenecientes al hijo y que estén bajo la administración de aquéllos, sin previa autoriza-ción de la Corte de Distrito en que los bienes radiquen, previa com-probación de la necesidad o utilidad de la enajenación o el gravamen, y de acuerdo con lo dispuesto en los’artículos 80, 81 y 82 de la ley referente a procedimientos legales especiales.”

El segundo expresa: r

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“Disponiéndose, además, que si el obrero o sus herederos de acuerdo con esta Ley, fueren menores de edad o incapacitados, o si, a juicio de la referida Comisión, existiera peligro razonable de que la compensación, en metálico hubiera de ser dilapidada, dicha Co-misión entregará el importe de tal conpensación a la Corte de Dis-trito donde resida la persona beneficiada, para su custodia y uso de acuerdo con las disposiciones de la ley que regulan la aplicación que ha de darse al importe de la venta de bienes de menores.”

Y la sección 23 es así:

“Artículo 23. — Los derechos y acciones nacidos de esta Ley no podrán ser cedidos a otras personas ni serán objeto de embargo o reclamaciones de otras personas.”

Prescindiremos de tratar la interesante cuestión sobre la procedencia o improcedencia de sentencias sobre las alega-ciones que suscita la parte apelante al discutir este error. Ya esta corte ba expresado su criterio en varios casos (véase el de Antonsanti & La Costa v. Axtmayer, 38 D.P.R. 782), y la cuestión no afecta a la resolución de éste, según la opi-nión que del mismo hemos formado.

A nuestro juicio el artículo 229 del Código Civil no es aplicable.

Aun aceptando que el documento otorgado por la madre a favor del demandante envolviera una enajenación de bie-nes muebles pertenecientes a sus hijos, no estaría compren-dida la suma de quinientos dólares, límite mínimo fijado por la ley. No se trata de una sola propiedad. La madre reco-noce que para su sostenimiento y' el de sus hijos tomó al de-mandante cantidades que ascienden a mil doscientos dólares que se compromete a pagar en la forma que indica. A lo sumo la deuda individual de cada uno asciende a trescientos dólares. Y así sólo cabe concluir que la madre obligó a cada uno de sus hijos por dicha suma para lo cual no necesitaba autorización de la corte.

El último párrafo del No. 5 del artículo 3 de la ley sobre indemnizaciones por accidentes del trabajo, tal como quedó enmendada en 1919, se refiere a las medidas que la propia comisión puede tomar cuando los beneficiados son menores y existiere peligro razonable de que la compensación en metálico hubiera de ser dilapidada.

Siendo ello así, no resulta que sea aplicable. No debemos perder de vista que se trata de una sentencia sobre las ale-gaciones y que no hay más hechos a considerar que los ale-gados en la demanda cuya certeza admiten los demandados.

¿Qué alcance tiene el otro precepto de la dicha ley sobre indemnizaciones que se invoca, o sea la sección 23 que dis-pone que “los derechos y acciones nacidos de esta Ley no podrán ser cedidos a otras personas ni serán objeto de embargo o reclamaciones de otras personas”?

Si leemos cuidadosamente el contrato, veremos que en él se hace referencia a la compensación que se asignó a los de-mandados, y si nos fijamos en el hecho tercero de la demanda encontraremos que en él expresamente se consigna que si el demandante se arriesgó a suplir a la demandada Dorotea Molina lo que suplió para ella y sus hijos lo fué “teniendo en consideración única y exclusivamente el hecho de que la com-pensación se había otorgado,” pero aun así, a nuestro jui-cio, nada resulta contrario a la sección 23.

La súplica de la demanda es como sigue:

. suplica se sirva tomar jurisdicción en este asunto y re-solverlo mediante sentencia definitiva por la cual condene a los de-mandados conjuntamente a pagarle la referida cantidad de $1,105.00 oro americano, los intereses legales de esta suma desde ia fecha de la interposición de esta demanda, los gastos, costas, desembolsos y hono-rarios de abogado que se devenguen en virtud del presente procedi-miento, calculados razonablemente en $200.00.”

Lo que se pide en definitiva es que se condene a los de-mandados a pagar la deuda que se alega contraída en la forma que se expresa.

Si la sentencia puede o no ejecutarse en bienes de los de-mandados menores procedentes de la compensación, sería una cuestión que surgiría después.

Parece que cierta suma que fué depositada en la corte a favor de los demandados procedente de la compensación, fué embargada por el demandante, pero esa cuestión no es ob-jeto de este recurso y por lo tanto nada decidiremos sobre ella, adelantando sin embargo en evitación de dificultades que si se prueba una deuda legítimamente contraída, por ejem-plo para alimentar a los menores, no vemos por qué no pueda hacerse efectiva en cualesquiera bienes de éstos una vez que hayan pasado libremente a su disposición.

No es necesario detenernos en el análisis escrito de los otros dos errores señalados ya que habiéndose cometido el último tendrá que ser revocada la sentencia. Nos limita-remos a decir que también se cometieron. Aunque la deuda fuera nula en cuanto a los menores, no lo sería en cuanto a la madre. Por tanto, en ningún caso hubiera estado justifi-cada la corte para absolverla como la absolvió de la de-manda. La manera como comparecieron los menores es por lo menos informal. Debieron hacerlo representados por la madre y en el caso de estar ella impedida, por un defensor nombrádoles al efecto por la corte de acuerdo con la ley.

Bebe revocarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asoctauo Señor Hutchison,

text:
    Petrona Pagán, tercerista y apelante, v. F. Fresno & Co., S. en C. y José Fuentes Valle, demandados y apelados.
    No. 4460.

    Sometido: Junio 14, 1928.

      Resuelto: Mayo 10, 1929.

      Fernando Gallardo Díaz, abogado de la apelante; González Fagundo & González Jr., abogados de los apelados.
   El Juez Asoctauo Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal

En agosto 21, 1923, F. Fresno & Co., S. en C.,“ entabló un pleito ante la Corte Municipal de Yabucoa contra José Fuentes Valle, y en agosto 31 embargó, como de la pro-piedad de Fuentes, una, casa y solar sitos en la calle Muñoz Eivera, del municipio de Yabucoa.

Petrona Pag’án entonces entabló el presente procedimiento de tercería de dominio, y apela de una sentencia adversa dictada después de celebrarse un juicio de novo en la corte de distrito. La historia anterior de este caso puede hallarse en Pagán v. Fresno & Co., 36 D.P.R. 539. La única contesta-ción interpuesta por Fresno & Co. fué una contestación general de la alegación referente al dominio, y la admisión de todos los otros hechos alegados en la demanda.

Durante la vista en la corte de distrito la demandante presentó un documento notarial fechado agosto 28, 1923, se-gún el cual Secundino Eodríguez ratificaba una venta que se decía había sido formalizada en documento privado otorgado anteriormente por él a favor de la demandante en septiem-bre 30, 1919. Esta escritura fué admitida sin objeción al-guna por parte de la demandada, y la demandante dió por terminado su caso.

Entonces fué llamada la demandante como testigo de la demandada y declaró substancialmente: que ella había ad-quirido la casa de Secundino Eodríguez unos cinco años antes del juicio y pagaba las contribuciones de la misma de conformidad con los documentos que tenía en su poder; que Secundino Eodríguez le hizo a la demandante un papel de venta ante Eenato y una escritura ante Fernando Gallardo; que conocía a José Fuentes, su yerno; que cuando ella com-pró esa casa ésta estaba en malas condiciones y hubo que destruirla para hacer otra nueva, la que tenía como dos años de. haber sido fabricada; que las maderas para la nueva casa fueron compradas al Sr. Martínez, y que ya se habían pagado; que el encargado de comprar dichas maderas fué el mismo yerno Fuentes Valle; que la persona que le dió el dinero para comprar esa casa fué su hijo Feliciano Eodrí-guez; que no fué José Fuentes Valle el que compró la casa; que José Fuentes Valle fué el encargado de comprar las ma-deras a F. Fresno & Co., pero que dichas maderas fueron pagadas con cheques que su hijo ganó en San Juan.

José Martínez, socio gestor de Fresno & Co., también fué llamado como testigo de la demandada y declaró que la demandante compró las maderas de la casa en litigio a Fresno & Co.; que Fresno & Co. tenía negociaciones con José Fuentes desde 1916, vendiéndole maderas; que las maderas que se le vendieron fueron para fabricar una casa que tiene Fuentes en la calle Muñoz Rivera, de Yabucoa; que al cobrarle las maderas a Fuentes éste le dijo que iba a vender las ca-sas para pagarle, y no le pagó, pero que después le ofreció hipotecarle las casas y luego le vendió a 'Petrona Pagán la casa objeto del presente litigio; que hizo gestiones de co-bro de las maderas a Fuentes y no le pagó; que entonces presentó una demanda en la Corte Municipal de Yabucoa y parece que en aquellos días Fuentes vendió las casas, poro que no había pagado lo que debía; que José Fuentes Valle y su familia estaban en posesión de las casas en concepto de dueños; que Fuentes le ofreció hipotecar o vender las ca-sas para pagarles lo que les debía; que además de las ma-deras tomadas a Fresno & Co., el testigo, como gestor de dicha sociedad, le facilitó a Fuentes $150 para pagar una casa vieja y el sitio donde se fabricó la casa a que alude la presente demanda; y que la casa vieja y el sitio fueron com-prados por Fuentes a Juan de Mata.

La prueba documental de la demandada consistió de dos certificaciones. Una de ellas fué expedida por el Secretario de la Corte Municipal de Yabucoa y demuestra la fecha en que se radicó la demanda original en el caso de Fresno & Co. v. Fuentes, así como la fecha en que se practicó el embargo. La otra fué librada por el Departamento de Tesore-ría, y revela que en febrero 7, 1923, y en una declaración jurada que prestara en relación con el pago de las contri-buciones, Fuentes declaró que la finca en controversia le per-tenecía.

El juez de distrito en su relación del caso y opinión no discute la declaración de Martínez, sino que basa sus conclu-siones respecto a que la venta a Petrona Pagán fué un tras-paso simulado, en el becbo de que para fines del pago de contribuciones, Fuentes babía declarado en febrero de 1923 que la propiedad era suya, unido a la circunstancia de que la escritura de ratificación fué otorgada por Bodríguez pocos días después de entablarse el litigio contra Fuentes. No po-demos estar de acuerdo con las conclusiones a que así se ba ilegado.

El artículo 21 de nuestra Ley de Evidencia lee así:

“ñe presume que un testigo dice la verdad. Esta presunción, sin embargo, puede ser rechazada, por la forma en que declare, por el carácter de su declaración o por evidencia que afecte su veracidad, honradez, integridad, o móviles, o por evidencia contradictoria.”

Entre las presunciones controvertibles establecidas por el artículo 102 bailamos:

”1. Quo una per'sona es inocente de delito o falta.
“19. Qtre las transacciones privadas fueron realizadas con rec-titud y en debida forma.”

Véase también Ana María Sugar Co. v. Castro, 28 D.P.R. 241, y los casos allí citados, donde se ban discutido y apli-cado los principios que anteriormente se enuncian.

La declaración de Petrona Pagán como testigo de la de-mandada era suficiente para establecer prima facie un caso de dominio, independientemente de la escritura de ratifica-ción o del documento privado otorgado en septiembre de 1919.

De los autos no se desprende si Petrona Pagán declaró o no como testigo en el juicio celebrado ante la corte municipal con anterioridad al 9 de febrero de 1924. En su demanda radicada en octubre de 1923 se alega que adquirió por com-pra a Secúndino Bodríguez en septiembre 30, 1919. La pri-mera sentencia de la corte de distrito fué dictada en marzo 18, 1926, después de celebrarse un juicio de novo, pero sin entrar en los méritos del caso. En abril de 1927 esa senten-cia fué revocada y se ordenó un nuevo juicio.

El caso fué visto por segunda vez ante la corte de dis-trito en agosto 17 de dicho año. Entonces la cuestión fué sometida para su resolución de acuerdo con la prueba adu-cida en el juicio anterior, y la exposición del caso que tene-mos ahora a la vista es la misma que fué usada en la ape-lación anterior.

Si Secundino Rodríguez no estaba en posesión de la casa y solar en 1919, si no tenía el título de la misma o no otorgó el supuesto documento privado ante Renato en septiembre 30 de dicho año, la demandada tuvo amplia oportunidad para averiguar estos extremos .y ofrecer prueba adicional durante e] nuevo juicio ordenado por esta corte. Si Feliciano Ro-dríguez, el hijo de la demandante, no trabajaba en San Juan, o no ganaba lo suficiente que le permitiera reunir el dinero con que adquirir la casa y el solar, o para pagar las maderas usadas en la reconstrucción de la casa, la deman-dada pudo sacar a relucir la verdad. Si Secundino Rodrí-guez estaba emparentado por consanguinidad o afinidad, bien con Petrona Pagán o con Fuentes, es un hecho que no ha sido revelado por los autos. No hay prueba alguna de que existiera amistad o relaciones comerciales entre Rodrí-guez y Fuentes. Tanto la declaración de Petrona Pagán como la escritura de agosto 28, 1923, permanecen ineontro-. vertidas en los autos, a menos que hayan sido afectadas por la declaración de Martínez o por las circunstancias indica-das en la opinión del juez sentenciador. •

Martínez habla indistintamente de la casa en controver-sia y de otra casa o casas pertenecientes a Fuentes. Su declaración es vaga y contradictoria por sí misma, pero la manifestación de que la demandante compró las maderas para la casa en controversia de los Sres. Fresno & Co., es enteramente clara. Este testigo no dice que la casa perte-neciente a Fuentes, sita en la calle Muñoz Rivera y para la cual Fuentes compró maderas, fuera la casa reclamada ahora por la demandante. Sí dice que Fuentes había ex-presado la intención de vender “las casas,” y qne al soli citársele el pago vendió nna de ellas a Petrona Pagán. Tal declaración no requiere seria consideración como tendente a demostrar una conspiración entre Fuentes y su suegra, o entre uno de ellos o ambos y Rodríguez. La posesión de “las casas” por José Fuentes y su familia en concepto de dueños, no privaba a la demandante de su título.

La declaración de que Fuentes adquirió la casa y solar que ahora están en controversia, de Juan de Mata, con dinero suministrado por Fresno & Go., es más seria y defi-nitiva. Pero aun en esta ocasión no se menciona la fecha, ni se identifica a Juan de Mata. Fuentes pudo haber adqui-rido de Mata en cualquier época posterior a 1916 y luego haberle vendido a Rodríguez, o sea, a la persona que le ven-dió a Petrona Pagán, en cualquier época anterior al 30 de septiembre de 1919. Aun si no fuese así, el título que la demandante derivó de Rodríguez podía resultar superior al recibido por Fuentes de Juan de Mata. Rodríguez, por lo menos, compareció ante cierta clase de escribano o testigo en 1919, y nuevamente ante un notario público en 1923. La única mención que se hace de Juan de Mata es la que apa-rece en la declaración de Martínez. De todos modos, si se-gún manifestó Martínez al principio, Petrona Pagán adqui-rió de los Sres. Fresno & Oo, las maderas con que cons-truir la casa reclamada ahora por ella, entonces la enajena-ción de la propiedad hecha por Rodríguez'no defraudaba a los Sres. Fresno &> Oo.

El emplazamiento en la acción instituida por Fresno & Go. contra Fuentes no fué expedido hasta el 31 de agosto, o sea, varios días después de haber Rodríguez otorgado la escritura de ratificación. Nada hay que indique que Fuentes tuviera conocimiento de la acción pendiente antes de ha-berse diligenciado el emplazamiento. La única base para la teoría relativa al dominio de Fuentes es el hecho de que él declaró la propiedad a su nombre para fines contributivos en febrero de 1923. No importa cuáles hayan sido sus mo-tivos, ni esas circunstancias, ni la declaración de Martínez, ni el efecto de ambas combinadas es suficiente para destruir el caso establecido prima facie por la demandante.

La prueba en su totalidad levanta una seria sospecha res-pecto al otorgamiento de un traspaso hecho de buena fe en 1919, así como respecto al móvil y validez de la escritura otorgada en 28 de agosto de 1923. Pero no hallamos la prueba clara y convincente que se exige para establecer la teoría de una enajenación fraudulenta.

La sentencia apelada debe ser revocada.


author: El Juez Asociado Seños. Wole,

text:
    Sinforiano Burgos, demandante y apelado, v. La Asamblea Municipal de Santa Isabel, demandada y apelante.
    No. 4161.

    Sometido: Mayo 10, 1928.

      Resuelto: Mayo 10, 1929.

      Leopoldo Tor mes García, abogado de la apelante; Tomás JSernardini de la Huerta, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Seños. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Sinforiano Burgos era Juez de Paz en el Municipio de Santa Isabel, cargo para el cual fué nombrado el 24 de julio de 1926. Tomó posesión del mismo el día 2 de agosto de 1926, y lo estaba ejerciendo activamente cuando podría de-cirse que surgieron los hechos que han dado lugar a este litigio.

A virtud del presupuesto aprobado el 27 de junio de 1926 para el año fiscal 1926-27 por la Asamblea Municipal de Santa Isabel, dicho Sinforiano Burgos percibía un sueldo de $60 mensuales.

El 7 de octubre de 1926, la asamblea municipal se reu-nió nuevamente, y, debido a la actuación del Contador de Puerto Eico, reconsideró el presupuesto y redujo el sueldo-de Burgos de $60 a $30 mensuales. Entonces Sinforiano-Burgos presentó una solicitud de certiorari ante la Corte de Distrito de Guayama, la 'que resolvió el caso a su favor,' y este recurso se ha entablado contra 1-a sentencia así dictada.

Tal vez la principal teoría de la parte apelante es que aunque la asamblea municipal había aprobado un presu-puesto en junio, el mismo no podía considerarse efectivo y legal hasta que el Contador de Puerto Rico le hubiese im-partido su aprobación.

Este tribunal ha tenido la oportunidad de considerar al-gunas de las facultades del contador y, desde luego, si el presupuesto no dependía de la aprobación de éste, no po-dría haber duda alguna de que el municipio estaría ab-solutamente obligado a pagar el sueldo fijado en junio, y de que bajo esas circunstancias, en octubre no existía fa-cultad alguna para reconsiderarlb en lo que a sueldos se-refería. Según ha sucedido en otros casos, el alcance de-las facultades del Contador de Puerto Rico por virtud de la. sección 20 de la Ley Orgánica tal como ha sido enmendada, no se ha presentado ampliamente ante esta corte. En el presente caso no creemos necesario tratar de determinarlo, toda vez qne, asumiendo el dominio que tenga el contador sobre un presupuesto municipal, no podemos resolver ni re-solvemos que el municipio demandado tuviera necesidad, con motivo de la intervención del contador, de reducir el sueldo del peticionario apelado.

La Corte de Distrito de Gruayama basó en gran parte su decisión en el artículo 36 de la Ley Municipal, tal como regía el 22 de agosto de 1925, así:

“Los funcionarios administrativo's y empleados permanentes del municipio tendrán y se les pagará, como única compensación, los sueldos que se les fijare en cada presupuesto, los cuales no podrán .ser aumentados ni disminuidos en el transcurso del año económico.”

La corte muy correctamente resolvió que ya no regía una ley anterior que limitaba el sueldo de los jueces de paz a $30. Entre otras cosas, la corte dijo:

“No discutiremos el derecho de la Asamblea demandada a enmen-dar sus ordenanzas y resoluciones. Indiscutiblemente que tal derecho le asiste. Pero este derecho o facultad puede y debe ejercitarse sin violentar o infringir ningún otro precepto de la ley.”

La corte tuvo en mente el artículo 36, supra, pero el prin-cipio es aplicable, según creemos, aun suponiendo que el presupuesto dependiera de la aprobación del contador.

Se cruzó alguna correspondencia entre el Contador de Puerto Eico y el Secretario Municipal de Santa Isabel, de-mostrativa de que el contador tenía conocimiento de las dis-posiciones del artículo 36 de la Ley Municipal en que se decía que los sueldos no podrían ser aumentados o dismi-nuidos, y, sin embargo, dijo que los sueldos podían redu-cirse, toda vez que en agosto 6 él, el contador, ya había lla-mado la atención del Municipio hacia el hecho de que el pre-supuesto contenía una inflación de $4,416.84. Sucedió en-tonces que el municipio logró convencer al contador de que el déficit era menor de lo que a primera vista parecía, y el contador aprobó posteriormente el presupuesto con cier-tas deducciones, entre las cuales los, únicos sueldos tocados o afectados fueron el del juez de paz, peticionario en este caso, y el de su secretario.

La carta original del contador no limitaba a los sueldos únicamente las deducciones que el municipio debía hacer, ni se refería su carta original particularmente a Burgos. La asamblea decidió hacer las deducciones de los sueldos del pe-ticionario y de su secretario. No se trató de hacer un reajuste efectuando otras deducciones. Tal vez se aumen-taron algunas pequeñas partidas. El peticionario tomó po-sesión de su cargo por virtud del sueldo asignádole. La ac-tuación del contador no se dirigía específicamente a él, y nos sentimos obligados a resolver que no puede sostenerse que lo dicho por el contador al llamar la atención hacia la in-flación del presupuesto, afectara el sueldo del peticionario oue ya había empezado a regir. Desde luego, estamos ex-cluyendo los casos en que los municipios fijan sueldos extra-vagantes y la intervención del contador se dirige específica-mente a ellos. La aprobación del contador al último presu-puesto confeccionado por el municipio, en el cual se redu-jeron los sueldos mencionados, no impide que el municipio sea responsable de la diferencia del sueldo a que el peticio-nario tenía derecho a virtud de la aprobación del presu-puesto original. El municipio puede ser obligado a pagar, como si se tratara de cualquier otro caso no desautorizado expresamente por el contador. Según hemos indicado antes, no estamos resolviendo si una vez que un presupuesto es aprobado y firmado por el alcalde, la actuación del con-tador puede impedir el pago de sueldos razonables fijados en dicho presupuesto.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Jijee Asociado Señor Texidor,

text:
    Antonsanti & La Costa, demandante y apelada, v. La Sucesión de Doña Anna Axtmayer, compuesta de Rosa Joseph, Charles y Henry Axmayer, demandada y apelante.
    No. 4656.

    Sometido: Abril 25, 1929.

      Resuelto: Mayo 10, 1929.

      A. Quintana Cajas, abogado de la apelante; Dubón & Ochoteco, abo-gados de la apelada.
   El Jijee Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad profesional Antonsanti & La Costa, de-mandó a la Sucesión de Anna Axtmayer, para que le pagara los honor arios por sus servicios como abogados en un caso en °que fueron requeridos y utilizados. Contestada la de-manda, fue el pleito a juicio; y la corte de distrito dictó sentencia a favor de la demandante, por la suma de cuatro-cientos dollars, y las costas. Contra esa sentencia se ha seguido la presente apelación por la parte demandada.

En la opinión que se une a la sentencia dice el juez que decidió el caso;

“Aparece también probado que allá por el mes de febrero de 1926, doña Anna Axtmayer, causante de la Sucesión demandada, re-quirió a la 'sociedad profesional Antonsanti & La Costa, para que ésta le prestara sus servicios profesionales en el caso civil No. 958 de la Corte de Distrito de San Juan, Puerto Rico, titulado ‘Amy B. Maeatee vs. Dr. Diego Biascoehea, haciendo negocios bajo el nombre de Clínica Miramar y doña Ana Axtmayer, demandados,’ y que en relación con dicho pleito No. 958, los demandantes celebraron varias consultas con la Sra. Ana Axtmayer y además, la representaron en la Corte de Distrito de San Juan, hasta la terminación del ca'so. Tam-bién aparece probado, que no hubo estipulación entre la sociedad An-tonsanti & La Costa y la Sra. Ana Axtmayer, sobre la enantía que Rabia de recibir la demandante de la Sra. Axtmayer en pago de tales servicios profesionales. Y también se Ra probado que a dicba firma demandante no le Ra sido pagada por Anna Axtmayer ni por su Sucesión, ninguna cantidad de dinero en retribución de los ser-vicios profesionales prestados. ’ ’

Un señalamiento de error Race la parte apelante; y es así:

Único error: La Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan cometió error manifiesto al condenar a la parte demandada y ahora apelante, al pago de dicha suma.7’

La corte apreció la prueba con todo acierto. Se proba-ron los servicios prestados, y la corte estimó el valor de los mismos, no en la suma que originalmente se pidió, sino en cuatrocientos dollars. No bubo en tal valuación error alguno.

En realidad, el punto que los apelantes discuten es de cuantía de los honorarios; y como decisión, no hay error de la corte al fijarlos como lo hizo.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.


author: Ml Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Jaime Rigau, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 763.

    Sometido: Mayo 6, 1929.

      Resuelto: Mayo 10, 1929.

      Documentación remitida al Supremo por el recurrido de acuerdo con la ley. El registrador recurrido compareció por escrito.
   Ml Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

A una escritura de hipoteca voluntaria otorgada en 12 de abril de 1929 ante el Notario D. E. López Acosta, por Enrique Eigau y García a favor de Jaime Rigau, y presentada para inscripción en el Registro de la Propiedad de San Germán, puso el registrador la nota que sigue:

“Inscrito el documento que precede, en cuanto al derecho de hi-poteca de las cuatro fincas letras A, B, D -y C que comprende, a los folios 14, 17 Y, 173 y 167 de los tomos 35, 35 de Lajas, y 22 y 26 de Sabana Grande, fincas Nos. 5.19 duplicado, 268 duplicado, 465 dupli-cado y 201 duplicado e inscripciones 8 A, 7 A, 7 A y 6 A de Dominio, y Denegado en cuanto a la renuncia del derecho de HoMestead que hace el deudor a favor del acreedor por observar que siendo el hipote-cante viudo no acredita que no tenga hijos, quienes en todo caso tienen ese derecho en algunas de las fincas sobre las cuales se ha constituido el gravamen, pudiendo ésas tener un valor adecuado que además de lá carga establecida responda de la cantidad que la ley reserva y esta-blece como Homestead. Se entiende que los hijos que haya no pueden ser perjudicados en el futuro por tal renuncia, que es un derecho que para ellos también reserva la ley sobre la materia. Si su esposa exis-tiera, para que tal renuncia surtiera efecto, sería requisito el consen-timiento de ella, pero habiendo fallecido, los hijos de ella habidos en el matrimonio con el deudor hipotecario, la representan en todos sus derechos. Igual derecho tienen los otros hijos que aquél tuviese en otro matrimonio o por cualquier otro concepto legal, repitiendo, por lo tanto, que tal renuncia del viudo no tiene valor en este caso. See. 2-3 de la Ley de Homestead. Y al sentar esta teoría el Registrador no va más allá de lo que estatuye la ley, puesto que el propósito de la misma al establecer el Homestead, es proteger también a la familia en su integridad y no al individuo, que por el momento es el Jefe de la familia. Además, siempre el estado está interesado en que un ciudadano no sea despojado de sus medio's de vida y reducido a la indigencia. 29 C. J. 782-3. En esta Isla de Puerto Rico el dere-cho de Homestead es estatutario. No empece que las fincas late haya adquirido siendo soltero o viudo, pues como hemos sostenido teiem-pre, si existen Rijos al establecerse tal renuncia, la forma de adqui-rir no puede alterar en nada el derecho de lo's hijos en el Homestead, teniéndose en cuenta los altos principios que informan dicha Ley. Citamos también la resolución del Hon. Tribunal Supremo de esta Isla en el caso No. 737, Enrique Ramírez v. Registrador de San Germán, re'suelto en 8 de marzo del corriente año. En su con-secuencia tomo anotación preventiva por el término legal de dicha renuncia del derecho de Homestead a favor del acreedor. Dichas fincas sólo se hallan afectas, además de la carga objeto del' docu-mento, a uña hipoteca por $'2,200 a favor del Federal Land Bank of Baltimore.”

No se ha establecido recurso; pero se ha remitido la documentación, de acuerdo con el mandato de la ley.

No podemos confirmar la nota denegatoria. De acuerdo con el estatuto no es necesario el consentimiento de los hi-jos en esa renuncia. Y aparte de esto, el registrador, al' calificar debe atenerse a lo que se ordena en los artículos 18 y 65 de la Ley Hipotecaria y 110 de su Reglamento.

Aparte de lo dicho, si el defecto o falta pudiera ser se-ñalado, no sería calificable de insubsanable a priori.

La nota del Registrador de la Propiedad de Sa/n Germán a que se refiere este caso debe revocarse.