text:
    Felipe Sánchez Osorio, demandante, contrademandado y apelado, v. Sofía de Vizcarrondo Mongrand, Lorenzo F. Vizcarrondo, Elisa Vizcarrondo de González y Dolores Vizcarrondo de Urrutia, demandados, contrademandantes y apelantes.

      No. 5318.

    Sometido: Junio 1, 1932.

      Resuelto: Mayo 10, 1933.

      A. Marín, abogado de los apelantes; L. Feliú, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se radicaron una demanda y tres contrade-mandas. La Corte de Distrito de San Juan, luego de cele-brado el juicio, dictó sentencia en favor del demandante, de-claró sin lugar dos de las contrademandas en lo atinente a una importante suma de dinero, mas a virtud de las admisiones del demandante, declaró con lugar parte de la tercera y de la primera contrademandas.

Después de archivado el escrito de apelación se ordenó a dos taquígrafos de la Corte de Distrito de San Juan que trans-cribieran sus notas. Uno de ellos pudo hacerlo, pero el otro no. Todas sus notas habían desaparecido y ellas contenían toda la prueba del demandante. El Juez Sepulveda, que pre-siclió el juicio del presente caso, certificó que Arsenio R. Ca-maclio había perdido sus libretas de notas taquigráficas, y que por consiguiente no podía obligársele a transcribirlas; que mientras el aludido Camacho actuaba como taquígrafo se pre-sentó toda la prueba del demandante y el resto de la prueba fué tomado por Oscar A. Candía y el juez procedió a certi-ficar como correcto el testimonio transcrito por Candía.

En apelación, después de narrar los hechos del caso, los apelantes en su alegato plantearon lo que ellos lla-man una cuestión previa. Sostenían que en tanto en cuanto la prueba perdida tenía importancia, debía dárseles otra opor-tunidad en un nuevo juicio. No se hizo tentativa alguna en la corte inferior para solicitar un nuevo juicio y fuera de la mención en el alegato de los apelantes, en esta Corte no se ha hecho solicitud de nuevo juicio.

Aa apelada cita jurisprudencia al efecto de que una mo-ción de nuevo juicio debe hacerse siempre en la corte inferior. Convenimos en que dicha corte está en mejor posición para apreciar la importancia de la prueba y la moción de ordina-rio debe ser presentada allí.

Parece ser un caso excepcional para el cual la corte de distrito retuvo jurisdicción, y la jurisprudencia tiende a de-mostrar que cuando procede tal moción, ella generalmente debe ser invocada en la corte inferior. En este caso no se trató de invocar la jurisdicción de tal corte.

Tampoco se presentó directamente moción alguna a este respecto ante este tribunal. Suponiendo, y no estamos' dispuestos a negarlo, que esta corte tenga poder inmanente para ordenar un nuevo juicio por haberse perdido las notas del taquígrafo, sin embargo, debe presentarse una moción formal.

Resolvemos que tal moción debe ser acompañada de un affidavit de méritos o de algo similar, de tal suerte que esta corte pueda discrecionalmente considerar si en realidad sería en verdadero interés de la justicia conceder tal juicio.

Deberá tenerse siempre presente que la parte apelada tiene ima sentencia inscrita a su favor con las presunciones inhe-rentes. Debe hacerse alguna tentativa para destruir estas presunciones, distinto a una petición en un alegato o una mera moción a ese efecto. El alegato no nos convence de que un nuevo juicio probablemente alteraría el resultado en tanto sea importante o necesaria la prueba que falta. La apelada sostiene con considerable razón que el caso no puede ser re-vocado sobre los hechos, toda vez que no tenemos ninguna de su prueba.

Quizá tendríamos alguna duda respecto a si las con-clusiones relativas a las contrademandas podrían ser revisa-das, mas los apelantes no nos convencen de que podríamos hacer esto sin ver toda la prueba del demandante, especial-mente en vista de que el caso depende totalmente del arren-damiento y de las condiciones en él expresadas, según ve-remos.

Los apelantes también señalan como error la insuficiencia de la demanda. Se trataba de un pleito basado en una cuenta o contracuenta, y la demanda en la forma en que ha sido copiada no es en verdad tan satisfactoria como podría serlo. No obstante, en la demanda se hace la alegación de que existían contracuentas entre las partes y también se hizo referencia a un contrato de arrendamiento que se acompa-ñaba. El apelado sostiene que de este contrato de arrenda-miento surgieron los derechos p supuestos derechos en que se basaron las contracuentas originales. El legajo de la sen-tencia en sí en este caso no incluye dicho arrendamiento como parte de la demanda. La parte apelada admite que fué co-piado en los exhibits que los demandados han archivado en este caso, pero que debió haber formado parte del legajo de la sentencia, y creemos que el apelado tiene razón. A fin de investigar la suficiencia de la demanda bajo las circunstan-cias, debemos considerarla conjuntamente con la prueba pre-sentada durante el juicio y una vez más tendríamos que afron-tar la misma dificultad de no tener ante nos toda la prueba.

Los apelantes también alegan que se cometió error, toda vez que la corte concedió intereses desde la fecha de la radi-cación de la demanda más bien que desde la fecha en que se dictó la sentencia. La contención de los apelantes es que las sumas que el demandante trataba de recobrar no eran líqui-das. Nos parece que cada una de las distintas cantidades era más o menos cierta y fué cuestión para el perito que com-pareció en el caso determinar qué podía cargarse propiamente y qué no. El caso no demuestra que hubiera determinación alguna de la naturaleza de daños y perjuicios. Toda la cues-tión parecía ser qué cantidades debían distribuirse entre las partes que intervinieron en el contrato. Bajo estas circuns-tancias, no estamos convencidos de que la corte cometiera error al conceder intereses desde la fecha de la radicación de la demanda. Aún aquí la cuestión de si las cuentas eran o no líquidas hubiera podido depender de la prueba que falta del demandante.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoii Wole,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 4813.

    Sometido: Febrero 9, 1933.

      Resuelto: Mayo 10, 1933.

      Celestino Iriwrie y F. Fernández Cuyar, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoii Wole,

emitió la opinión del tribunal.

José Rodríguez fué acusado del delito de asesinato por haber disparado y dado muerte a Andrés Encarnación, cono-cido también por Andrés Osorio. Luego de celebrado el juicio el jurado le declaró culpable de homicidio voluntario y la corte le sentenció a dos años de presidio con trabajos forzados. Los señalamientos de error son: primero, que la sentencia (sic) es contraria a la prueba; y segundo, que la corte actuó movida por pasión, prejuicio y parcialidad.

El resumen de la prueba hecho por el acusado en su ale-gato es como sigue: En la noche del 11 al 12 de octubre de 1930 se celebraba un baile en la casa de Valeriano Hernández, en el barrio Barraza, de Carolina, y en él se encontraba, entre otras personas, el acusado José Rodríguez. Comenzado el baile, se presentó un grupo de hombres, entre los cuales se encontraba el interfecto, Andrés Osorio, y les fué permitido entrar a la casa con objeto de tomar parte en el baile. Al poco rato de su llegada, se suscitó entre alguno o algunos de ese grupo, y alguno o algunos de los que ya estaban en la casa, un disgusto que, según algunos testigos, no pasó de un intercambio de palabras, y, según otros, llegó a vías de he-cho, culminando en botellazos, puñetazos, etc. Cuando Va-leriano Hernández dió por terminado el baile y ordenó que se desalojara la casa, el grupo de Osorio salió a pie por la carretera con dirección a Santuree, y al poco rato Rodríguez y otros salieron en igual dirección, con el objeto de acompa-ñar hasta su casa a algunas jóvenes que estaban en el baile, y como a dos kilómetros de distancia y después que quedaron las jóvenes en su casa, casi frente a ésta, se armó una refriega general entre ambos bandos. Finalmente, cuando se aparta-ron los contendientes, alguien del grupo de Rodríguez dis-paró un tiro, y con ese motivo el interfecto y su gente se re-tiraron corriendo, y al momento se oyeron dos o tres dis-paros más que no se ba determinado precisamente de dónde partieron. Algunos testigos dicen que vieron a Osorio caer mientras corría, y otros dicen que no lo vieron porque la ca-rretera formaba una curva en ese sitio, pero lo cierto es que Osorio apareció tendido a un lado de la carretera, muerto de una herida de bala.

Ésta es la versión del acusado, mas por la prueba el jurado tenía derecho a creer del testimonio de testigos oculares que el disparo fatal procedió del acusado Rodríguez. El ape-lante en su alegato discute el caso tal cual si se tratara de un asunto de prueba circunstancial. Llama nuestra aten-ción hacia el hecho de que el doctor declaró que después de haber sido herido Osorio, sólo pudo haber caminado una corta distancia y de este testimonio, y quizá de algo más, el acu-sado se forjó la teoría de que no se demostró ante el jurado que el disparo que ocasionó la muerte a Osorio procedía del acusado. Este sostiene que el supuesto disparo que de él pro-cedió fué en todo caso hecho antes de que el interfecto co-menzara a correr y que por consiguiente debió haber sido un disparo posterior el que efectivamente ocasionó la muerte a Osorio.

Convenimos con el fiscal en que la declaración del doctor es del todo consistente con la idea de que Osorio después de haber sido herido corrió un corto trecho y en realidad uno o más de los testigos declararon que Osorio cayó antes de do-blar una supuesta curva y a una distancia algo menor de la que según el doctor podía caminar.

La prueba fué indubitada respecto a que el disparo que produjo la muerte a Osorio le fué hecho hacia el frente, y tendió a demostrar que él estaba vuelto hacia el grupo que le perseguía antes de recibir el disparo fatal, y la inferencia era que éste difícilmente le pndo ser hecho mientras hnía.

Igualmente convenimos con el fiscal en que la prueba ten-dió a demostrar que Rodríguez dijo “Hay que quemar a esos de Santurce a tiros,” y que el jurado tenía derecho a consi-derar este testimonio al determinar la culpabilidad del acusado.

Ninguna de las partes ha discutido el punto, pero es du-doso, por lo menos, que Rodríguez no fuera un autor del delito, aun si no hizo el disparo que le produjo la muerte a Osorio. Artículo 36 del Código Penal; El Pueblo v. Vélez, 32 D.P.R. 382.

Cuando el acusado fué arrestado por el jefe de la policía, negó haber tomado participación en la refriega o que tu-viera revólver. Durante el juicio ocupó la silla de los tes-tigos e igualmente negó que portara un revólver.

No hallamos nada en los autos que demuestre que la corte o el jurado actuaran, con prejuicio.

Bebe confirmarse la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 4812.

    Sometido: Febrero 9, 1933.

      Resuelto: Mayo 10, 1933.

      C. Iriarte y F. Fernández Cuyar, abogados del apelante; R. A. Gó-mez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

J osé Rodríguez fue convicto de homicidio voluntario en la Corte de Distrito de San Juan. También se le acusó de por-tar un arma prohibida y este último caso fué sometido por la misma prueba presentada en el caso anterior, en el que aca-bamos de emitir una opinión, ante, pág. 70.

■ La acusación en este caso alega que José Rodríguez era culpable de portar un arma prohibida en la casa de Valeriano Hernández, donde se llevaba a efecto un baile. Empero, al examinar los autos no hallamos prueba directa de que José Rodríguez tuviera un arma en su persona mientras tomaba parte en el baile celebrado en la casa de Valeriano Hernán-dez. Toda la prueba tiende a demostrar que él portaba un arma en los acontecimientos que tuvieron lugar en la carre-tera algún tiempo después de haber salido de la casa. Hubo alguna prueba tendente a indicar que él se sacó un revólver del bolsillo mientras estaba en la carretera, mas nada hay en los autos que indique cómo el revólver llegó a estar en su poder. Existe la posibilidad de que el revólver pudiera ser recogido por él o entregádole entre el período de tiempo que medió desde que salió de la casa hasta el momento en que hizo uso del arma en la refriega que tuvo lugar en la carretera.

La prueba circunstancial en este caso no es lo suficiente-mente fuerte para excluir la posibilidad de que José Rodrí-guez no portara un revólver mientras se hallaba en la casa de Valeriano Hernández.

Debe revocarse la sentencia y absolverse al acusado del delito imputádole en este caso.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    The United Porto Rican Bank, demandante, v. María Nieves Vda. de González, demandada; Oriente Corporation, interventora y apelada, y Francisco Vela Acosta y Jacinto A. Palacios, opositores y apelantes.
    No. 5604.

    Sometido: Diciembre 11, 1931.

      Resuelto: Mayo 11, 1933.

      L. Muñoz Morales, abogado de los apelantes; Walter L. Newsom, Jr., Henri Brown y C. Ruiz Nazario, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

United Porto Pican Bank presentó demanda ejecutiva hi-potecaria en la Corte de Distrito de Humaeao contra María Nieves Vda. de González para que se le requiriese a pagarle $35,000 y sus intereses y para que si no los bacía efectivos en el término de treinta días fuesen vendidas en subasta las dos fincas sobre las cuales constituyó primera hipoteca en garantía de esa deuda; haciendo constar que con posterio-ridad a esa hipoteca aparecían en el registro de la propie-dad varios gravámenes sobre dichas fincas, siendo uno de ellos el embargo que de ellas hizo la Congress Cigar Company para asegurar la efectividad de la sentencia en pleito que sigue contra María Nieves en cobro de dinero; y otro el que con el mismo objeto se Rizo en el pleito de Deogracias Gonzá-lez García contra la misma señora, también en cobro de dinero. La señora Nieves fué requerida de pago por el tér-mino dicho y también Jacinto A. Palacios por igual tiempo por haber adquirido las fincas en la subasta celebrada en el pleito de Deogracias González García a que nos hemos refe-rido. La Sra. Nieves y Jacinto A. Palacios no pagaron la deuda hipotecaria y ambas fincas fueron vendidas en subasta en el ejecutivo hipotecario y adjudicadas al banco ejecutante. Pocas horas después de esa subasta fueron vendidas dichas fincas por el mismo márshal en el pleito referido de Congress •Cigar Company y adjudicadas a Francisco Yela Acosta, quien dos días después compró dichas fincas a Jacinto A. Palacios por escritura pública. Cuando el título de adjudicación al banco fué presentado en el registro de la propiedad fué ins-crito sin perjuicio de los derechos que pudieran corresponder a Francisco Yela Acosta, quien tenía entonces anotada pre-ventivamente la transmisión que le había hecho Jacinto A. Palacios. Revocada por este Tribunal Supremo la negativa de inscripción del título de Vela que produjo dicha anotación preventiva, fueron inscritas las fincas a su nombre y cancela-das las inscripciones hechas a favor de United Porto Rican Bank. Oriente Corporation compró a United Porto Rican Bank las fincas que le fueron adjudicadas en el ejecutivo y promovió pleito ordinario en la Corte de Distrito de Hu macao contra Jacinto A. Palacios, contra Francisco Yela Acosta y contra otras personas para que se declarasen nulas las subastas en que les fueron adjudicadas dichas fincas a Palacios y a Yela y también las inscripciones que en virtud de ellas se hallan en el registro y para que se les condenase a pagar indemnización por los perjuicios causados con esas su-bastas y adjudicaciones. Estando ese pleito en tramitación pendiente de una resolución de derecho por la corte compa-reció Oriente Corporation como interventora en el ejecutivo hipotecario del banco a quien había comprado las fincas y solicitó que la corte ordenase la cancelación de las inscripcio-nes lieclias en el registro a favor de Jacinto A. Palacios y de Francisco Yela. Éste fué el único que se opuso a esta soli-citud y practicadas pruebas y oídas las partes la corte dictó resolución decretando la cancelación de dichas inscripciones y Francisco Yela interpuso este recurso de apelación.

El primer motivo alegado en apoyo del recurso es que la corte inferior cometió error al permitir la interven-ción de Oriente Corporation, infringiendo los artículos 72 y 348 del Código de Enjuiciamiento Civil. El primero de esos preceptos dispone que se podrá intervenir en un pleito, en los casos que especifica, antes de la celebración del juicio; y el 348 determina cuándo un pleito se considerará pendiente.

Aunque la Oriente Corporation tituló la moción cuya reso-lución motiva este recurso como de intervención en el juicio ejecutivo hipotecario, sin embargo, no era por sus alegacio-nes de intervención sino de sustitución por el banco que le vendió las fincas que le habían sido adjudicadas, por lo que no son de aplicación los artículos citados, y, por tanto, no han sido infringidos.

En el segundo motivo se dice que fué error desesti-mar la excepción de cosa juzgada alegada contra esa moción.

Esa excepción se funda en que la corte había negado antes en el ejecutivo hipotecario la cancelación de las mencionadas inscripciones, pero tal resolución no aparece en las pruebas que han sido traídas ante nosotros. De todos modos, no se alega que fué dictada en otro pleito entre las mismas partes y por la misma causa de acción sino en el procedimiento eje-cutivo en el que la moción fué presentada, por lo que no existe cosa juzgada ya que no tiene tal carácter una resolución anterior dictada en el mismo procedimiento, la cual la corte puede variar si así lo cree justo en derecho.

Otro motivo de la apelación es porque no fué soste-nida por la corte inferior la alegación de existir un pleito pendiente entre las mismas partes y por la misma causa, que fue alegada como defensa en la contestación de Vela a la mo-ción de cancelación.

El artículo 105 del Código de Enjuiciamiento Civil dis-pone que el demandado podrá presentar excepciones previas a la demanda cuando resultare del contenido de aquélla al-guno de los extremos que enumera; siendo el del número ter-cero cuando existe otra acción pendiente entre las mismas partes por la misma causa; y el artículo 108 del mismo código dice que cuando ninguno de los extremos enumerados en el artículo 105, constare en la demanda, la impugnación podrá hacerse en la contestación.

Es regla general bien establecida en California, que tiene un código procesal civil igual al nuestro, que la pendencia de una acción anterior basada en la misma causa de acción entre las mismas partes y en la misma jurisdicción es fundamento para impedir la segunda acción; basada en parte en la su-posición de que el primer pleito es efectivo y proporciona cum-plido remedio a la parte por lo que el segundo pleito es inne-cesario ; y en parte, en el principio de que la ley aborrece una multiplicidad de pleitos, aunque esa regia general tiene al-gunas excepciones, como en caso de una petición de mandamus o cuando la demanda en el primer pleito es tan defectuosa que un fallo favorable a ella sería nulo. 1 California Jurisprudence, pág. 23; Banco Territorial y Agrícola v. Arvelo, 7 D.P.R. 566.

La moción que la Oriente Corporation presentó en el eje-cutivo hipotecario después de haber sido vendidas en subasta y de ser adjudicadas las fincas hipotecadas por María Nieves, y cuyo objeto es que se ordene la cancelación de las inscrip-ciones hechas en el registro de la propiedad a favor de Ja-cinto A. Palacios y de Francisco Vela, equivale a una de-manda con tal fin a la que, consiguientemente, podía oponerse la excepción previa de pleito pendiente.

Aunque el procedimiento ejecutivo hipotecario comenzó antes que el pleito que estableció luego Oriente Corporation, sin embargo, cuando ella presentó la moción a que venimos refiriéndonos sn pleito sobre nnlidad de subastas y cancela-ción de inscripciones ya estaba en tramitación y pendiente por lo qne existía nn pleito anterior, y sólo nos resta resolver si el pleito pendiente y la moción posterior en el ejecutivo tie-nen la misma cansa de acción, ya qne no bay duda de qne la Oriente Corporation, Jacinto A. Palacios y Francisco Vela son partes en los dos asuntos.

Hemos dicho al principio qne el pleito establecido por la Oriente Corporation tiene por objeto qne se anulen las su-bastas en que fueron adjudicadas las fincas a Jacinto A. Palacios y a Francisco Yela y que se declaren nulas las ins-cripciones hechas en el registro; y la moción presentada por la misma Oriente Corporation en el ejecutivo hipotecario también tiene por objeto que se cancelen las inscripciones he-chas en el registro de la propiedad a favor de dichas dos personas por lo que hay que ligar a la conclusión de que am-bos asuntos versan sobre la misma causa de acción y de que el primer pleito proporciona remedio cumplido a las partes. Por consiguiente, la excepción previa de pleito pendiente debió prosperar y por no haberla sostenido la corte inferior co-metió el error alegado.

Por el precedente motivo la resolución apelada debe ser revocada y dictarse otra por nosotros declarando sin lugar la moción de Oriente Corporation de 13 de enero de 1930 dic-tada en el ejecutivo hipotecario de United Porto Pican Dank contra María Nieves Yda. de González ante la Corte de Dis-trito de Humacao.

El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asocíalo Señor Audrey,

text:
    Salvador Menéndez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 889.

    Sometido: Abril 21, 1933.

      Resuelto: Mayo 12, 1933.

      González Fagundo & González Jr., abogados del recurrente; el re-gistrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asocíalo Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Una venta judicial de una finca hecha por el márshal de la Corte de Distrito de Humacao fue inscrita en el Registro de la Propiedad de Caguas con el defecto subsanable de que el embargo que dice el márshal trabó sobre la finca no ha sido anotado en-el registro. La parte interesada en la ins-cripción interpone este recurso porque entiende que no era necesaria la anotación del embargo en el registro, por lo que no existe el defecto subsanable mencionado.

En el pleito ordinario que estableció en dicha corte para ejecución de hipoteca se dictó sentencia a favor del deman-dante por determinada cantidad de dinero y para su cum-plimiento se libró mandamiento al márshal de la corte para que la hiciera efectiva en bienes personales del deudor y si no los tuviese, entonces, en la propiedad real que tuviere *en el distrito. En cumplimiento de esa orden el márshal embargó y luego vendió la finca objeto de este recurso. Ese embargo no fué anotado en el registro de la propiedad.

Sostiene el registrador que su asignación del defecto sub-sanable está sostenida por la ley relativa a las sentencias y manera de satisfacerlas de 9 de marzo de 1905, pág. 185 de las de ese año, porque la sección primera de ella dispone que en las sentencias que se dicten en juicios sobre ejecución de hipotecas se ordenará que el demandante recupere su crédito, daños y costas mediante la venta de la finca sujeta al gravamen, para lo que se expedirá mandamiento al mársRal para qne proceda a embargarla y venderla para satisfacer la sen-tencia, y qne si no encontrare la finca hipotecada o si el re-saltado de sn venta fnese insuficiente, procederá a recuperar el dinero sobre cualquiera otra propiedad del demandado: y que la sección quinta de esa ley dispone que para trabar un embargo sobre propiedad inmueble no será necesario que el funcionario encargado de llevarlo a cabo se constituya en la finca, siendo bastante que en el auto disponiendo la ejecución se baga constar por endoso el embargo, describiendo la finca y remitiendo una copia de dicho auto, con el endoso, al re-gistrador de la propiedad del distrito para la correspondiente inscripción.

No tenemos necesidad de detenernos a fijar el alcance y aplicación de esos preceptos porque no tienen relación con este caso, pues aunque el título del pleito dice que es en eje-cución de hipoteca, la sentencia no ordena que el demandante recupere su dinero mediante la venta de la finca hipotecada y se limita a condenar al pago al demandante de las canti-dades que reclama, habiéndose ordenado que su cumplimiento se hiciera en bienes de la propidad personal del deudor y si no fuere bastante, en su propiedad real, por lo que el pre-cepto legal aplicable es el artículo 250 del Código de Enjui-ciamiento Civil preceptivo de que el márshal ejecutar'ará la sentencia en propiedad del deudor embargando (levying on, dice el texto inglés) bienes suficientes y vendiéndolos para pagar al demandante la cantidad determinada en la sentencia.

No era necesario que el embargo que practicó el márshal fuera anotado en el registro de la propiedad y que por no hacerlo exista un defecto subsanable en la venta. Esta cues-tión fué resuelta en contra de la teoría del. registrador en el caso de Font v. Rosales Cueli, 42 D.P.R. 627, y más recientemente en el de Severo Martínez, v. Registrador, 44 D.P.R. 638, que es casi igual al presente, pues también el embargo que verificó el márshal no fué anotado en el registro de la propiedad.

La nota recurrida debe ser revocada.


author: El Juez Asociado Señoe Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Carrero Cueto, acusado y apelante.
    No. 5116.

    Sometido: Mayo 10, 1933.

      Resuelto: Mayo 12, 1933.

      II. Miranda Negrón, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Carrero Cueto fué acusado ante la Corte de Dis-trito de Aguadilla de haber portado un arma ilegalmente. Originalmente el caso debió ser visto en Aguadilla después de celebrado un juicio por asesinato, pero a moción del acu-sado, a la cual se allanó el fiscal, el caso fué trasladado a Arecibo. El jurado no llegó a un acuerdo en el caso de ase-sinato y entonces se hizo el traslado.

Algunos de estos hechos aparecen solamente en los ale-gatos de las partes. Los autos no revelan cuanto ocurrió en la Corte de Distrito de Aguadilla.

Sin embargo, al ser llamado el caso para juicio en la Corte de Distrito de Arecibo, el acusado solicitó el sobre-seimiento de la acusación por haber transcurrido más de ciento veinte días desde el archivo de la misma. La corte declaró sin lugar la moción.

En apelación, el acusado sostiene primero, que el término de ciento veinte días debía contarse desde la fecha en que el caso fué radicado en Aguadilla, o sea, el 23 de abril de 1932. Estuvo pendiente allí hasta que fué trasladado el 2 de julio. El traslado se hizo a instancia del acusado y convenimos con el fiscal en que el primero estaría impedido de suscitar cualquier cuestión relativa a la fecha en que se inició el proceso a no ser a partir de la radicación en la Corte de Distrito de Arecibo. Esta contención está sostenida por la fraseología del artículo 176 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que lee así:

“El tribunal a que se traslada la causa deberá proceder a la sus-taneiación y sentencia de la misma como si se hubiere iniciado en dicho tribunal. Si fuere necesario traer a la vista las alegaciones originales u otros documentos ante dicho tribunal, deberá el tribunal de donde procede la causa, a petición del fiscal o del acusado, dis-poner en cualquier tiempo la trasmisión de los mismos por el secre-tario, reteniendo las respectivas copias certificadas.”

Este artículo presupone que el período se contará a partir de la radicación del caso en Arecibo.

Igualmente creemos que el artículo 448 mismo provee una excepción, ya que al obtener el traslado, el caso fué pospuesto a instancia del acusado, que es una de las excepciones men-cionadas en el estatuto.

El apelante también sostiene que su caso no fué oído den-tro de los ciento veinte días de la radicación del mismo en Arecibo. Conforme hemos visto, el caso fué radicado en Arecibo el 2 de julio y señalado para el 31 de octubre de 1932, dentro de los ciento veinte días. Entonces por alguna causa que los autos no revelan plenamente, la Corte de Distrito de Arecibo halló que necesitaba la acusación original y procedió a ordenar que ésta le fuera enviada de conformidad con el artículo 176 del Código de Enjuiciamiento Criminal, supra. Por tanto, convenimos con el fiscal en que cuando el caso fue pospuesto el 31 de octubre para una fecha posterior, ello no se hizo sin causa alguna. Igualmente convenimos en que la presunción, al no demostrarse lo contrario, fué que la corte, bajo las circunstancias expuestas, tenía justa causa para pos-poner el juicio.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Trinidad Vigo Torres y su esposa María Latimer, demandantes y apelantes, v. Rafael Ojeda Martínez, demandado y apelado.
    No. 5813.

    Sometido: Junio 16, 1932.

      Resuelto: Mayo 12, 1933.

      G. Cruzado Silva y F. M. Fernández, abogados de los apelantes; J. Alegría, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Después de la ejecución sumaria de una hipoteca sobre una casa y solar, los deudores hipotecarios iniciaron este proce-dimiento para recobrar el importe de una supuesta exención por concepto de hogar seguro. Una de las defensas susci-tadas fue que el dinero había sido prestado con el fin de ter-minar la construcción de la casa. Los demandantes se opu-sieron a la prueba en apoyo de esta alegación.

La escritura de hipoteca describía la casa y el solar, y decía que el solar había sido adquirido por compra y que se había construido la casa. Fuera de esto no contenía nada que indicara que la casa hubiese sido terminada. El testi-monio al efecto de que la casa estaba aún en proceso de cons-trucción, aunque prácticamente terminada, y de que el prés-tamo había sido hecho con el objeto de que los deudores hi-potecarios concluyeran la obra, no varió en forma alguna los términos y condiciones del documento. La corte de distrito no cometió error al declarar sin lugar las objeciones de los demandantes.

El juez de distrito, al resolver el caso, dijo que no tenía duda alguna de que el préstamo se hizo con el objeto de terminar el trabajo, o por lo menos cuando se aseveró que el dinero se necesitaba con ese fin. Hubo algún conflicto en la prueba a este respecto, mas no estamos en posición de decir que el juez sentenciador estuvo manifiestamente equivocado en sus conclusiones. Podría admitirse que la corte cometió error al eliminar la declaración de María Látimer al efecto de que no se necesitaban $5,000 para colocar las losetas, que era cuanto faltaba por hacer. Según la exposición deí caso y opinión, es bastante claro que si este testimonio no hubiese sido eliminado el resultado hubiera sido el mismo. El error, de haberse cometido, de eliminar este testimonio por el fun-damento de .que la testigo no había demostrado estar capaci-tada para servir como perito, es inofensivo.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    United Porto Rican Sugar Co. of Porto Rico, peticionaria apelada, v. Antonio Carrasquillo et al., opositores apelantes.
    No. 6326.

    Sometido: Mayo 8, 1933.

      Resuelto: Mayo 12, 1933.

      José C. Rivera, abogado de los apelantes; Walter L. Newsdm, Jr., abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 14 de enero de 1932 se dictó sentencia en este caso de-clarando sin lugar las oposiciones establecidas. Apelaron los opositores en 2 de febrero de 1932. La transcripción de evi-dencia fné radicada en secretaría el día 7 de marzo de 1932, con algunos días de anticipación al vencimiento del término original. Ambas partes apelaron y ambas, de común acuerdo, solicitaron del taquígrafo una sola transcripción de eviden-cia. La vista para la aprobación de la transcripción se sus-pendió algunas veces por la corte motu proprio y otras a ins-tancias de ambas partes, de común acuerdo, según certifica el secretario de la Corte de Distrito de Humacao. En marzo de 1932 se celebró la última vista para la aprobación de la transcripción de la evidencia y el juez dictó una orden de-volviendo dicha transcripción al taquígrafo para que hiciese las enmiendas dentro de un término de quince días a contar desde el 14 de marzo de 1933. Tanto el taquígrafo de la corte como los abogados de ambas partes fueron notificados de dicha resolución por el secretario de la corte de distrito.

Transcurrido el término de quince días concedido por la corte sin que se hubiese radicado en secretaría la transcrip-ción de la evidencia ni solicitado prórroga alguna por el ta-quígrafo de dicha corte ni por la parte opositora para radi-caría, la demandante ha solicitado de esta corte que se deses-time el recurso de apelación.

Los opositores alegan que han sido diligentes en la tramitación de esta apelación, dando mucho énfasis al hecho de que ambas partes apelaron de la sentencia de la corte y ambas solicitaron por estipulación una sola transcripción de la evidencia para ambos recursos. El hecho de que la de-mandante no haya sido diligente en tramitar la apelación in-terpuesta de su parte, no tiene nada que ver con la diligen-cia que debe desplegar la otra parte para perfeccionar su apelación. Esta es una cuestión que podrá ser ventilada más tarde, si los opositores solicitan que se desestime el recurso interpuesto por la demandante, sobre la base de que ésta no ha ejercitado la debida diligencia. Alegan los opositores que no fueron notificados en tiempo y forma le-gales con copia fiel y exacta de la orden de la corte fechada en 14 de marzo de 1933. El secretario de la corte de dis-trito certifica que los abogados de ambas partes fueron no-tificados de dicha orden el mismo' día 14 de marzo en qne fné dictada. No estaba obligado el secretario a llevar a cabo esta notificación. En cnanto a este particular el abogado es un funcionario de la corte como el secretario. Se presume que el abogado asiste a la corte y es su deber enterarse de la marcha de sus casos. Guardian Insurance Co. v. López Acosta, 24 D.P.R. 64. En este caso el abogado de los opo-sitores asistió a la vista que se celebró para la aprobación de la transcripción de evidencia. Dado el número de las en-miendas que en dicha vista se adoptaron, era evidente que el taquígrafo necesitaba algún tiempo para radicar la transcrip-ción de la evidencia. El abogado ha debido desplegar la debida diligencia para enterarse del plazo concedido al ta-quígrafo, si es que no estaba enterado y que no fué notificado a raíz de dictarse la orden como certifica el secretario. Afirma el abogado que la orden le fué notificada el mismo día que venció el término y que no se hizo constar en la copia de la misma que recibió el número de días de que constaba dicho término. Ya hemos dicho que el secretario no tiene la obli-gación de notificar una orden de esta naturaleza, y que el abo-gado ha debido desplegar la debida diligencia para conocer la orden que inevitablemente había de dictarse concediendo al taquígrafo un plazo para transcribir la evidencia.

Alega el abogado que en 16 de marzo de 1933 escribió al taquígrafo instándole a actuar con diligencia en el trabajo con-fiádole, porque conocía sus múltiples obligaciones. Añade que en 24 de marzo volvió a escribir al secretario porque todavía, carecía de informes sobre el particular y que ni el taquígrafo ni el secretario le contestaron una palabra.

El taquígrafo declara que fué notificado de la resolución en la misma fecha en que fue dictada, que estaba entonces su-mamente ocupado con diversos asuntos que debía terminar y que requerían su inmediata atención, que las correcciones que debía bacer de acuerdo con la orden del juez eran nu-merosas y requerían un término suficientemente amplio para poder ultimarlas, que se le notificó durante el término criminal de la corte de distrito, que ha sido uno de los más labo-riosos que ba tenido como taquígrafo y que estaba sumamente ocupado. Agrega que en 17 de marzo de 1933 recibió una carta del abogado de los opositores solicitando informes de este incidente, con una tarjeta postal que debía devolver cuanto antes, y que en 24 de marzo del mismo año, o alrede-dor de dicbo día, volvió a recibir otra tarjeta del abogado de los opositores, solicitando más informes, pero que el torbellino de preocupaciones de aquellos días en su oficina no le per-mitió contestar al abogado.

La negligencia del taquígrafo es a nuestro juicio mani-fiesta. El exceso de trabajo no le impedía solicitar una pró-rroga para radicar la transcripción de evidencia. Precisa-mente cuando las ocupaciones del taquígrafo no le permiten transcribir la evidencia dentro del término señalado es que se solicitan prórrogas. No obstante este funcionario perma-neció inactivo a pesar de las cartas que dice baber recibido del abogado y que debieron servirle de recordatorio. En cuanto al abogado, si realmente recibió notificación de la orden de 14 de marzo, como certifica el secretario, no necesitaba informarse de lo que ya conocía. Si no fué notificado, como alega, basta el último día, parece natural que al ver que el taquígrafo y el secretario no contestaban sus cartas, tratara de obtener personalmente la información que deseaba. En el caso de Guardian Insurance Co. v. López Acosta, supra, esta corte dijo que es una idea errónea la de que un abogado tiene el derecho de confiar en un secretario o mársbal fuera de la corte en lo que respecta a una información o notificación relativa a sus casos. Dieba confianza es cuestión de conve-niencia particular, pero no es un derecho del abogado.

Los opositores han presentado una moción acompa-ñada de un affidavit de méritos solicitando de esta corte que se les conceda un nuevo término para ultimar los trámites de la apelación en la corte inferior. Fueron dos las oposiciones formuladas contra la información de dominio y a ella se re-fieren los apelantes designando a una parte con el nombre de hermanos Carrasquillo y a la otra con el nombre de herma-nos Díaz. Alegan los opositores que tienen una buena y justa causa contra la referida información, que son dueños y lo eran desde 1889, con título inscrito en el registro de la pro-piedad, de la finca original que ha venido recibiendo el bene-ficio del acrecentamiento paulatino por el efecto de la co-rriente del río, que ha sido siempre la colindancia. Esto en cuanto a la oposición de los hermanos Carrasquillo. En cuanto a los hermanos Díaz, se alega que éstos son dueños ac-tualmente y antes lo eran sus causantes desde 1889, de la parcela objeto de su reclamación.

Esta moción fué contestada por la parte apelada, quien a su vez transcribe las conclusiones y fundamentos de la corte inferior para dictar su fallo.

Se trata de una cuestión de hecho. Los opositores alegan que la corte inferior cometió manifiesto error en la aprecia-ción de la prueba. En su moción arguyen que los hermanos Carrasquillo fundan su reclamación en el derecho de aluvión por accesión y los opositores, hermanos Díaz, en un derecho de propiedad sobre una parcela de terreno que según sus ale-gaciones estuvo en posesión de los causantes de la peticiona-ria en virtud de un contrato de arrendamiento.

En cuanto a la adquisición del dominio del terreno por accesión paulatina, el juez sentenciador que oyó la prueba y practicó una inspección ocular, declara, en una laboriosa opi-nión, que las variaciones del cauce del río Gurabo no fueron la obra lenta y paulatina del natural discurrir de sus aguas, sino obra de las avenidas del río. Añade la corte inferior, que don Juan Cruz Carrasquillo, causante de los opositores, reconoció expresamente el título del causante de la promo-vente sobre el predio objeto de la oposición y expone con cla-ridad los hechos en que se basa para llegar a esta conclusión.

En cnanto a la oposición de los hermanos Díaz, se alegó qne los cansantes de éstos, Jnan Francisco y Andrés Díaz, arrendaron al cansante de la promovente, mediante nn con-trato verbal, por tiempo indeterminado y por la suma de $100 anuales, sesenta y siete cuerdas de terreno qne reclaman, que-dando de parte del arrendatario la obligación de pagar las contribuciones, como en efecto lo hizo hasta su muerte, ocu-rrida en 1919. Declara la corte inferior que del testimonio oral resulta que desde el año 1918 los opositores han perma-necido absolutamente inactivos sin la posesión de sus alega-das sesenta y siete cuerdas de terreno, poseídas según su pro-pia alegación por la peticionaria y sus causantes desde dicha fecha hasta la actualidad, sin que tampoco se haya satisfecho el pago del arrendamiento que alegan. También dice la Corte inferior que no se presentó documento alguno en relación con los títulos de Andrés y Juan Francisco Díaz, aunque con res-pecto a este último se dijo que el título se acabó de deshacer durante el reciente pasado ciclón de “San Felipe”.

Se probó además, a juicio de la corte, “que desde hace más de treinta años, tanto la promovente como sus causantes vienen poseyendo quieta, pública y pacíficamente, a título de dueños y sin interrupción alguna, la finca principal descrita en el expediente.”

Estos son los fundamentos que tuvo la corte inferior para dictar su sentencia. Los opositores' únicamente alegan que hubo error manifiesto en la apreciación de la prueba. Noso-tros, después de haber leído la moción de los apelantes, así como el affidavit de méritos que la acompaña, y las conclu-siones establecidas por la corte inferior en la apreciación de la prueba, opinamos que no es éste un caso en que esta corte debe ejercer su discreción para conceder un nuevo término a los opositores apelantes.

Por las razones expuestas, debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto.


author: El Juez Asociado Señob Cóbdoya Dávila,

text:
    Knights of Columbus Building Ass’n. of San Juan, Puerto Rico, demandante, apelada y apelante, v. José Arcílagos y Xavier Mariani, como albaceas testamentarios y guardadores o administradores judiciales interinos de la herencia de Francisco María Franceschi, etc., demandados, apelantes y apelados.
    No. 6236.

    Sometido: Mayo 8, 1933.

      Resuelto: Mayo 16, 1933.

      H. G. Molina, abogado de los apelantes y apelados; Angel A. Vázquez, abogado de la apelada y apelante.
   El Juez Asociado Señob Cóbdoya Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 5 de septiembre de 1928 los albaceas testamen-tarios y administradores judiciales interinos de la herencia de don Francisco María Franceschi incoaron contra la cor-poración Knights of Columbus Building Association of San Juan, Puerto Rico, un procedimiento ejecutivo en cobro de un crédito por la cantidad de $45,000 de principal, intereses a razón del 8 por ciento anual desde el 14 de septiembre de 1927 hasta el 14 de agosto de 1928, ascendentes a $2,400; in-tereses legales sobre dichos intereses desde la radicación del procedimiento ejecutivo, intereses estipulados a razón de 8 por ciento anual sobre el capital de $45,000 desde el 14 de agosto de 1928 hasta su definitivo pago, y un crédito adicio-nal de $2,000 para costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado. El inmueble hipotecado, que aparece descrito en la demanda, fué adjudicado a la sucesión de don Francisco María Franceschi, la acreedora hipotecaria, por la cantidad de $25,000.

La corporación deudora, Knights of Columbus Building Ass’n. of San Juan, Puerto Rico, solicitó la nulidad del proce-dimiento ejecutivo en juicio declarativo por razones que es innecesario consignar. Los demandados reconvinieron y con-trademandaron a la corporación mencionada, solicitando que en el caso de que prosperara la acción de nulidad se condenara a dicha corporación a satisfacer a los demandados además de las cantidades reclamadas en el procedimiento ejecutivo hipo-tecario la suma de $5,000 con sus intereses a razón del 8 por ciento anual desde el 14 de marzo de 1928 hasta su pago total, más la suma de $300 para costas, gastos y honorarios de abo-gado, importe de una segunda hipoteca otorgada por la deman-dante a favor del causante de los demandados. Se liquidaron los intereses y a instancias de la deudora hipotecaria se otorgó en 26 de agosto de 1927 esta segunda hipoteca, y se prorrogó hasta el 14 de julio de 1937 la primera hipoteca que había de vencer en 14 de julio de 1932, habiéndose reducido los intere-ses de la primera hipoteca a $150 mensuales desde el día 14 de octubre de 1927 hasta el 14 de marzo de 1928. Desde esta fecha en adelante los interses deberían satisfacerse tal como aparece de la escritura original de constitución de hipoteca, o sea a razón del 8 por ciento anual.

La corte inferior declaró con lugar la demanda y decretó la nulidad del procedimiento ejecutivo, condenando a los de-mandados a restituir a la demandante el inmueble objeto de la hipoteca. También se declaró con lugar la reconvención y contrademanda, condenando a la demandante a satisfacer a los demandados, como condición precedente a la restitución del inmueble, la cantidad de $45,000 de principal, $2,400 de inte-reses devengados hasta el día 14 de agosto de 1928, intereses legales sobre dichos intereses desde la radicación del procedi-miento ejecutivo el 5 de septiembre de 1928 hasta su definitivo pago, intereses estipulados a razón del 8 por ciento anual sobre el principal de $45,000 desde el día 14 de agosto de 1928 hasta su definitivo pago, más $5,000, importe de la se-gunda hipoteca, con intereses del 8 por ciento anual a partir del 14 de abril de 1928 hasta su definitivo pago, según se es-tipuló en la escritura de su constitución.

Los demandados interpusieron recurso de apelación contra el pronunciamiento declarando con lugar la demanda; la de-mandante apeló también contra la parte de la sentencia de-clarando con lugar la reconvención y contrademanda. Los demandados han presentado moción ante esta corte alegando que el recurso interpuesto por la demandante es frívolo y solicitando su desestimación.

La corporación apelante se opone a la moción de desestimación por varias razones que pasamos a considerar. En primer término se alega que se ha declarado con lugar por la corte inferior una contrademanda sobre cobro de dinero dentro de una acción dirigida única y exclusivamente por la demandante para obtener la nulidad de un procedi-miento sumarísimo hipotecario. Suponemos que la deman-dante se refiere a la segunda hipoteca constituida a favor del causante de los demandados por la cantidad de $5,000. Esta hipoteca se constituyó sobre el mismo inmueble hipotecado con el propósito de conceder una prórroga que expiraba el día 14 de julio de 1937. Los demandados alegan que si no se inscribió fué porque la demandante, a pesar de las ges-tiones del acreedor, dejó de entregar la certificación del acuerdo pie la junta de directores de dicha corporación, para presentarla en el Registro junto con dicha escritura de pró-rroga, requisito indispensable para su inscripción. El he-cho de que no se haya inscrito esta segunda hipoteca en el registro de la propiedad no puede privar a los demandados del derecho de recobrar de la demandante la cantidad que le-gítimamente les debe. Los demandados no pudieron recla-mar por la vía sumaria del procedimiento ejecutivo la refe-rida suma de $5,000, porque no se cumplió con el requisito de la inscripción, pero ni estuvieron impedidos entonces ni están impedidos hoy de reclamar en un juicio plenario el pago de un crédito reconocido en documento público por la deman-dante, garantizado por el inmueble originalmente hipotecado, e últimamente relacionado con la primera hipoteca, puesto que constituye una prórroga de la misma.

Se alega además por la corporación apelante que la corte de distrito la condenó al pago de intereses de la deuda principal, hasta que sea satisfecha, a pesar de que del contrato de hipoteca aparece que esos intereses sólo se devengarían hasta el 14 de julio de 1932. La demandante incurre en un error manifiesto. En la escritura garantizando el primer préstamo se dice que este préstamo se verifica por el plazo de siete años a partir del 14 de julio de 1925, y para vencer en igual día del año 1932. Se añade que el referido préstamo devengará intereses a razón del 8 por ciento anual, pagaderos el día úl-timo de cada mes. En la escritura otorgada en 26 de agosto de 1927, prorrogando la fecha del vencimiento de la obliga-ción hasta el día 14 de julio de 1937, se fijan los intereses que han de pagarse a partir del mes que ha de vencer en 14 de octubre de 1927 hasta el mes que ha de vencer el 14 de marzo de 1928, y se agrega que a partir de la mensualidad que ha de vencer el 14 de abril de 1928 dichos intereses deberán sa-tisfacerse tal como aparece de la escritura original de cons-titución de hipoteca, o sea a razón de 8 por ciento anual.

Arguye la corporación apelante que la sentencia de la corte inferior ha exonerado a los demandados del pago de costas a pesar de que la temeridad de éstos al oponerse a la demanda de nulidad fué manifiesta. El error fundamental alegado en la demanda se basa en que los albaceas y admi-nitradores judiciales de la herencia de Francisco María Fran-ceschi no tenían ni obtuvieron de corte competente autori-zación legal expresa para promover el procedimiento ejecu-tivo hipotecario ni tenían personalidad ni capacidad legal para demandar, ni podían asumir la representación de los herederos del causante Francisco María Franceschi. Consta en autos que estos herederos, después de radicado el escrito inicial y de expedida la orden de requerimiento se personaron en el procedimiento ejecutivo y solicitaron que se les hiciera parte en el mismo, autorizando a los administradores judi-ciales, don José Arcílagos y don Marcos Yecchini, para que continuasen unidos a ellos, figurando como partes en el pro-cedimiento. La corte declaró con lugar la solicitud y desde ese momento los herederos demandados figuraron como partes en el procedimiento en unión de los administradores judicia-les. Sin adelantar juicio alguno acerca del efecto que haya podido tener la comparecencia de los herederos en el proce-dimiento ejecutivo, entendemos que en presencia de estos he-chos, satisfactoriamente probados, no es posible imputar mala fe y tachar de temerarios a los demandados.

Alega además la demandante que se la ha condenado a pagar intereses legales sobre intereses, a pesar de que nin-gún contrato existe sobre ese particular entre las partes. La sentencia condena a pagar intereses legales sobre dichos in-tereses desde la radicación del procedimiento ejecutivo el 5 de septiembre de 1928, hasta su definitivo pago. El artículo 1062 de nuestro Código Civil, edición de 1930, dispone que los intereses vencidos devengarán el interés legal desde qne son judicialmente reclamados aunque la obligación haya guar-dado silencio sobre este punto. No se trata en este caso de un contrato entre comerciantes ni de la prestación de una cosa destinada a actos de comercio.

Hemos examinado detenidamente' la sentencia ape-lada. Todas las cantidades que la demandante queda obli-gada a pagar a los demandados, como condición precedente a la restitución del inmueble, se deben legítimamente por dicha demandante a los referidos demandados.

Estamos convencidos de que se trata de una apelación com-pletamente frívola. Hemos abrigado algunas dudas acerca de la procedencia de desestimar el recurso interpuesto por la demandante sin que los demandados hayan desistido de la apelación por ellos interpuesta. Recordamos, sin embargo, que el abogado de los demandados, Sr. Henry G-. Molina, du-rante la vista de esta moción de desestimación, hizo saber a esta corte que se proponía desistir del recurso promovido por los demandados en caso de que prosperase la moción de fri-volidad. Ambos recursos están íntimamente relacionados y no procedería desestimar aisladamente ninguno de ellos. Se-guros'como estamos de que el abogado de los demandados espera nuestra decisión para, en caso de serle favorable, de-sistir de su apelación como anunciara en corte abierta, de-claramos con lugar la moción presentada por los demandados para que se desestime el recurso interpuesto por la deman-dante.


author: El Jttez Asociado SbñoR Wolf,

text:
    Francisco Colón, peticionario, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. Rafael Arjona Siaca, Juez, demandada.
    No. 870.

    Sometido: Enero 9, 1932.

      Resuelto: Mayo 16, 1933.

      Tous Soto é Zapaier, abogados del peticionario; B. García Quiñones, abogado del patrono.
   El Jttez Asociado SbñoR Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Con motivo de la enucleación de nn ojo, la Comisión Industrial concedió indemnización a Francisco Colón. Francisco II. Morales, el alegado patrono, recurrió ante la Corte de Distrito de Humacao. En la vista celebrada ante la corte de distrito, Morales compareció por mediación de su abogado, y la Comisión Industrial por conducto del fiscal de distrito. El obrero no estuvo representado en la vista ante la corte de distrito. Una de las cuestiones suscitadas por el supuesto patrono fue si Francisco Colón era, en efecto, empleado suyo al ocurrir el accidente. El recurrente también alegó que ante la Comisión Industrial se adujo ex parte cierto testimonio.

La corte de distrito estuvo conforme con el recurrente en ambos extremos, y resolvió que Francisco H. Morales no tenía responsabilidad alguna.

Posteriormente fué presentada ante este tribunal una solicitud de certiorari. No trataremos de entrar en un aná-lisis de la evidencia respecto a si Francisco Colón era o no un empleado. Quizá si se hubieran levantado ante este tribunal ciertas cuestiones de jurisdicción y Colón hubiese com-parecido en la corte inferior, deberíamos examinar la evi-dencia para determinar si un cambio sería factible como re-sultado de la devolución del caso.

Resulta que al obrero Colón no se le dió la oportunidad de ser oído en la corte de distrito. La ley no requiere espe-cíficamente que se notifique al obrero del recurso, pero es-tamos convencidos de que debe dársele la oportunidad de ser oído.

Por ejemplo, Remos resuelto en White Star Bus Line v. Corte de Distrito, 41 D.P.R. 526, 817, y Robles v. Corte de Distrito, 44 D.P.R. 967, que la corte de distrito tiene plena autoridad para oír el caso y resolverlo, y no está obligada a devolverlo a la comisión. Estas decisiones envuelven la idea de que bay cuestiones en controversia a ser oídas.

La persona primariamente interesada en sostener el fallo que dictó la comisión es el obrero; y aunque quizá no ten-gan que seguirse todas las formalidades de una notificación, sin embargo, a tenor del artículo 36 del Código de Enjuicia-miento Civil, la corte debe dar los pasos adecuados para que el obrero tenga la oportunidad de ser oído. Según liemos in-dicado, los estatutos guardan silencio sobre este punto, pero la conclusión dimana del principio general del derecho adje-tivo, audi alteram partem.

Debe emularse la sentencia de la Corte de Distrito de Hu-macao y devolverse el caso a esa corte para ulteriores proce-dimientos no incompatibles con esta opinión.


author: En Juuz Pbesidente Señor Del Toro,

text:
    Néstor I. Vincenty, peticionario y apelante, v. La Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, compuesta por R. Martínez Nadal, F. Carro, J. Bird Arias, Isabel A. de Aguilar, Edmundo Colón, C. Ruiz Nazario y Mariano Abril, demandada y apelada.
    No. 5529.

    Sometido: Abril 19, 1932.

      Resuelto: Mayo 16, 1933.

      Samuel B. Quiñones, abogado del ¡oeticionario; Procurador General Charles E. Winter y Felipe Janer, Subprocurador, abogados de la demandada.

       Nota: Véase el prefacio.

   En Juuz Pbesidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 30 de septiembre de 1930, Néstor I. Vincenty inició este procedimiento de mandamus en la Corte de Distrito de San Juan contra la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico a fin de qne la corte ordenara a la Junta que restableciera "en el presupuesto anual de la Universidad de Puerto Rico, inclu3^éndola en el presupuesto correspondiente al año fiscal 1930 a 1931, la partida destinada a cubrir los gastos de la División de Investigaciones Técnicas, en la suma de $10,900, asignada por ley. ’ ’

Los hechos en que se basa la solicitud, copiados textual-mente de la misma, son así:

"Tercero: — Que por virtud de la resolución conjunta Núm. 57 aprobada en 12 de mayo de 1928 por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, se organizó en el Departamento de Instrucción Pública de Puerto Ric.o una División de Investigaciones Técnicas para dedicarse al estudio científico de problemas pedagógicos.
‘ ‘ Cuarto: — Que dicha División se organizó para continuar los tra-bajos que venía realizando la Oficina de Investigaciones Técnicas que con carácter provisional funcionaba en el Departamento de Instruc-ción Pública de Puerto Rico, costeada de los fondos de la Universi-dad de Puerto Rico según acuerdo de la Junta de Síndicos de este último organismo.
‘ ‘ Quinto: — Que desde la fundación de la División de Investiga-ciones Técnicas creada según se alega en el hecho tercero de esta petición, el peticionario ha venido desempeñando el cargo de Jefe de la División referida, por nombramiento que a su favor le fuera ex-tendido por el Comisionado de Instrucción Pública de Puerto Rico, teniendo el peticionario interés profesional y oficial, como ciudadano, y como funcionario público, en tales investigaciones pedagógicas.
‘' Sexto: — Que la cantidad asignada para la organización de la División de Investigaciones Técnicas referida en el hecho tercero precedente ha de ser pagada, según se dispone en la resolución con-junta que la creó, ele cualquier fondo existente en la Tesorería no destinado a otras atenciones o de los fondos de la Universidad de Puerto Rico según lo disponga la Junta de Síndicos de dicha Uni-versidad.
“Séptimo: — Que en los años de 1928 y 1929 la Junta de Síndi-cos de la Universidad de Puerto Rico incluyó en su presupuesto anual la cantidad de $10,900, a que ascienden, según resulta de la Resolución Conjunta Núm. 57 aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en mayo de 1928, los gastos de la División de Inves-tigaciones Técnicas dedicando dicha cantidad a la organización de la División referida.
‘ ‘ Octavo : — Que en el presupuesto correspondiente al año fiscal de 1930 a 1931 la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico no incluyó la partida correspondiente a la División ele Investigacio-nes Técnicas, en la suma de $10,900, antes alegada, a pesar de venir obligada dicha Junta a incluir en su presupuesto para el año fiscal mencionado la referida partida, como un deber impuéstole por minis-terio de la ley, para cumplir el cual deber tenía y tiene la Junta demandada autoridad suficiente; habiéndose con ello excedido la Junta en su discreción, en caso de tenerla a ese respecto.
“Noveno: — Que para el año fiscal de 1930 a 1931 todos los fondos existentes en la Tesorería de Puerto Rico están destinados a cubrir los gastos del Gobierno sin que haya en- la Tesorería de Puerto Rico cantidad alguna disponible para sufragar los gastos de la División de Investigaciones Técnicas; alegando este hecho el peticionario según información y creencia que estima ciertas.
“Décimo: — Que el peticionario recurrió a la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico en solicitud de que por este orga-nismo se reconsiderara el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico correspondiente al año fiscal 1930 a 1931 en cuanto se dejó de incluir en dicho presupuesto la partida asignada para cubrir los gas-tos de la División de Investigaciones Técnicas, habiendo la dicha Junta de Síndicos en reunión celebrada al efecto, acordado ratificar el pre-supuesto antes aprobado sin incluir la partida correspondiente a la División de Investigaciones Técnicas.
“Décimo primero: — Que el peticionario ha requerido a la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico para que restablezca en su presupuesto anual la partida asignada para los gastos de la División de Investigaciones Técnicas, habiéndose negado a ello dicha Junta.”

Radicada la petición, la corte señaló día para oír a las partes sobre la, procedencia del auto solicitado. En el día señalado compareció especialmente la Junta por escrito, por conducto del Procurador General, y alegó que de los hechos consignados en la solicitud no surgía la causa de acción ejer-citada. El escrito forma parte de la transcripción con una advertencia al pie que dice: “No aparece nota de radi-cación. ’ ’

El 31 de octubre de 1930, la corte declaró no haber lugar a la expedición del auto. Expuso sus motivos extensamente, haciendo constar en su resolución que ambas partes fueron oídas en relación con sus respectivas pretensiones.

No conforme el peticionario, apeló. Señala en su alegato la comisión de seis errores. Los tres primeros envuelven cuestiones de procedimiento. Los tres últimos la misma cues-tión de fondo bajo varios aspectos.

Lo primero que surge al tratar de decidir en los ac-tuales momentos este caso es si la cuestión suscitada ha lle-gado a ser académica por el transcurso del tiempo. Como hemos visto, la súplica específica de la petición es que se or-dene a la Junta de Síndicos que incluya en su presupuesto correspondiente al año fiscal 1930-1931 la partida destinada a cubrir los gastos de la división de que se trata. Cuando la vista del recurso se celebró ante este tribunal, ya dicto año fiscal babía fenecido. La orden que pudiera dictarse en favor del peticionario si así procediera, resultaría sin valor prác-tico alguno.

Sin embargo, como se trata de la interpretación de una ley que no fia sido derogada y la cuestión podría suscitarse de nuevo y el caso fia sido debatido al parecer de buena fe, lo re-solveremos por sus méritos.

Las cuestiones de procedimiento que se levantan care-cen de importancia. Basta un mero examen de la ley que autoriza' el auto de mandamus — Comp. 1911, p. 289 — -y haber en consideración las facultades inherentes que tienen todos los jueces para poder cumplir bien y fielmente los deberes de su cargo, para concluir que la corte actuó correctamente en la tramitación del asunto y no cometió los tres primeros erro-res que le atribuye el apelante.

No puede admitirse como buena la afirmación del recu-rrente acerca de que presentada solicitud de mandamus, el juez está obligado a expedir siempre el auto condicional “aun cuando el derecho del peticionario no resulte claro de la soli-citud. ” Si a virtud del examen de la solicitud el derecho del peticionario no resulta claro, lo que debe hacer el juez es re-chazarla de plano.

Tampoco está obligado el juez a actuar eos-parte. La propia ley, sección 6 de la misma, dice que “podrá ordenar que se dé vista de la solicitud a la parte contraria, o podrá librar una orden para que se expresen las causas por las cua-les no deba dictarse, o podrá expedir el auto sin .dar aviso alguno.”

Examinemos los errores de fondo. Todo el caso se reduce a decidir si se ha impuesto o no por ley a la junta de-mandada el deber ineludible de incluir en sus presupuestos anuales la cantidad necesaria para el sostenimiento de la división de que se trata.

El precepto legislativo que se invoca está contenido en la Resolución Conjunta No. 57 de 1928, Leyes de 1928, p. 845, titulada: “Para organizar en el Departamento de Instruc-ción Pública de Puerto Rico una División de Investigaciones Técnicas que se dedicará al estudio científico de problemas pedagógicos, y para otros fines.”

La parte dispositiva de la resolución es como sigue:

“Sección 1. — Se crea una División de Investigaci mes Técnicas que se dedicará al estudio científico de problemas i .gógicos, en el Departamento de Instrucción Pública de Puerto Pico.
“Sección 2. — El Comisionado de Instrucción Pública nombrará los oficiales correspondientes a esta División.
“Sección 3. — El jefe de la División habrá de ser un esperto en materias de'pedagogía científica, que haya aprobado todos los cursos de post-graduados correspondientes al grado de Doctor en Educa-ción o su equivalente, en alguna universidad reconocida.
“Sección 4. — La cantidad asignada para la organización de esta División será pagada de cualquier fondo existente en Tesorería no destinados a otras atenciones o de los fondos de la Universidad de Puerto Rico, según lo dispusiere la Junta de Síndicos de dicha Uni-versidad.
“Sección 5. — El personal de esta División estará compuesto de los siguientes oficiales empleados:
“Un Jefe de la División___ $4,000
“Un revisor de exámenes psicométricos y analista de estadísticas pedagógicas_ 2, 400
“Un Secretario-estenógrafo___ 1,500
“Para gastos de investigaciones técnicas_ 3,000
“En junto___$10, 900”

Si se estudian todas las secciones en conjunto se verá que en ninguna de ellas el legislador hizo especialmente la asig-nación que requiere el estatuto. “No se pagará dinero al-guno del Tesoro a no ser en virtud de una asignación hecha por ley, y mediante libramiento expedido por el funcionario correspondiente de acuerdo con dicha ley”, ordena el Acta Orgánica en uno de los párrafos de su artículo segundo. La sección cuarta de la Resolución expresa que ‘ ‘ la cantidad asig-nada para la .organización . . . será pagada . . . ” y la quinta fija el personal de que se compone la División y sus sueldos. Eso es todo. Y hay que reconocer que no es bien claro.

Pero interpretando la ley con el propósito de darle efecti-vidad y aceptando qne organización quiere decir funciona-miento año tras año mientras la ley esté en vigor ¿pueden interpretarse las palabras “según lo dispusiere la Junta de Síndicos de dicha Universidad” con que finaliza la sección 4 en el sentido de imponer a la Junta de Síndicos la obligación de determinar cómo deben satisfacerse los gastos de la divi-sión, si de los fondos generales del Tesoro no designados para otras atenciones o de sus propios fondos?

A nuestro juicio no puede. Sería ir en contra de la buena práctica administrativa y de la misma Ley Orgánica el conce-der autoridad semejante. Es la Legislatura la que tiene ese poder y debe ejercitarlo directamente. Es ella la que provee los ingresos y fija los gastos. Pero admitiendo que pudiera, entonces cabe la conclusión de que al negarse a incluir en su presupuesto la cantidad necesaria para satisfacer los gastos de la división, decidió la Junta que dichos gastos fueran sa-tisfechos de los fondos generales del Tesoro no designados para otras atenciones, cumpliendo de tal modo con el deber impuéstole por la ley.

No siendo la indicada la interpretación correcta y acep-tando que fuere suficiente la alegación que contiene la solicitud con respecto a la no existencia de fondos generales en el Te-soro para prescindir por completo de ese medio de pago ¿puede interpretarse la ley en el sentido de que en tal caso constituye el deber ineludible de la Junta pagar ella los gastos?

Los términos en que está redactada la propia ley, la his-toria del asunto según se desprende de los hechos alegados por el peticionario en su solicitud y de los por cuantos de la resolución conjunta, y la naturaleza de los propios organis-mos envueltos — Universidad y Departamento de Educación— y su manera de funcionar de acuerdo con las leyes creadoras de los mismos, imponen una respuesta negativa.

Parece que a virtud de recomendaciones de peso y de su propia experiencia el Departamento de Instrucción de Puerto Bico consideró conveniente la creación en sn seno de una División de Investigaciones Técnicas. La Universidad opinó de igual modo y contando con los recursos materiales con que en ese momento no contaba el departamento los puso a su disposición para que actuara sin demora.

No era eso lo normal. El Departamento de Instrucción al igual que los otros de que se compone el Poder Ejecutivo de la Isla, se sostiene a virtud de asignaciones directas con-signadas en el preupuesto general que anualmente aprueba la Legislatura. La Universidad es una institución oficial que tiene fuentes de ingreso especiales acordadas por la ley. Se rige por un estatuto especial y está gobernada por una Junta de Síndicos investida de amplios poderes para dirigir y llevar a la práctica dentro de sí misma aquella parte de la obra educativa del gobierno propia de los centros universitarios. El asunto de la División de Investigaciones Técnicas se con-sideró de suficiente importancia para llevarlo a la Legislatura. Esta le dió su sanción y asignó en la forma que conocemos la suma necesaria para su sostenimiento de cualquiera de los fondos del Tesoro no destinados a otras atenciones, pero co-nocedora de la actitud que babía asumido la Universidad en el pasado, la autorizó para que pudiera seguir auxiliando al Departamento de Instrucción si lo estimare conveniente.

A nuestro juicio es ésa la justa interpretación de las pa-labras finales de la sección cuarta. No se concibe que la Le-gislatura que por ley dejó en manos de la junta la dirección de su propia obra educativa y la distribución de sus fondos para mejor desarrollarla, fuera a imponerle de modo inelu-dible y para siempre el deber de sostener una actividad que no se realiza dentro de ella sino en otro Departamento del Go-bierno que funciona con entera independencia.

Las expuestas son algunas de las razones que existen para declarar sin lugar el recurso y confirmar la sentencia recu-rrida.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Maldonado y Manuel de Santiago, acusados y apelantes.
    No. 4492.

    Sometido: Noviembre 27, 1931.

      Resuelto: Mayo 17, 1933.
    P. Baigés Gómez, abogado de los apelantes; E. Díaz Viera, Fiscal Atixiliar, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asocíalo Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los arrendatarios de la hacienda Belvedere, radicada en Cabo Rojo, dieron orden a su mayordomo Manuel de Santiago para que cortase madera en un manglar y dicho mayordomo dispuso que un peón de la finca, Luis Maldonado, cortase esas maderas. Luis Maldonado fué denunciado por cortar mangles en bosque perteneciente al Pueblo de Puerto Rico sin estar autorizado para ello por escrito ni por las leyes. Tam-bién se incluyó en la denuncia al mayordomo Santiago por haber dispuesto que Luis Maldonado cortase madera en ese mangle. A ambos se les imputó haber realizado estos actos maliciosa e ilegalmente. Los dos fueron condenados y esta-blecieron este recurso de apelación.

Lo que en realidad hay en todo este proceso criminal es una'controversia civil entre los arrendatarios y los dueños de la finca con El Pueblo de Puerto Rico, en la que cada parte alega ser dueña de dicho manglar; controversia en la que se quiere hacer responsable criminalmente a personas que se limitaron a cumplir órdenes de los arrendatarios a quienes ellos veían en la posesión del mangle que le mandaron cortar.

En el caso de Stone v. United States, 167 U. S. 179, dijo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, haciendo varias citas, que para condenar a nna persona por la acusación de que ilegal, voluntaria y maliciosamente cortó y trasladó ár-boles de tierras de los Estados Unidos es necesario que se pruebe intención criminal de su parte o a lo menos que sabía que las maderas eran propiedad de los Estados Unidos; y que una equivocación honesta con respecto al título sería una defensa en una acción criminal. Ese caso fué citado en Chantangco v. Abarca, 218 U. S. 482.

Los empleados que fueron acusados en este caso se limi-taron a cumplir las órdenes que se les dieron, ignorando que el manglar no perteneciera a la central, si es que esto es así, por lo que razonablemente podían y debían suponer que esos mangles pertenecen a la hacienda, y por lo tanto no tuvieron intención criminal de apoderarse de propiedad de El Pueblo de Puerto Rico.

No resolvemos ahora quién es el dueño de tal manglar sino solamente que los apelantes no realizaron con intención criminal los actos que se les imputan.

La sentencia apelada debe ser revocada y absolverse a los acusados.

El Juez Asociado Señor Oórdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asocíalo Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Amelio Pagán, acusado y apelante.

      5073.

    Sometido: Mayo 2, 1933.

      Resuelto: Mayo 17, 1933.

      González Fagundo & González Jr., abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asocíalo Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Amelio Pagán estuvo en el cuartel de la policía de Juncos el 27 de febrero de 1932 a denunciar que habían hurtado un caballo en la linca de su principal Ángel González. Al ver la policía que tenía un revólver debajo de la camisa se le ocupó. Fué condenado por portar dicha arma e interpuso esta ape-lación contra esa sentencia.

El apelante admite que portaba dicha arma pero presentó prueba para demostrar que tal portación no era ilegal. Para ese fin ofreció dos testigos, Ángel González y Ángel Ríos Carrillo, jefe de la policía de Juncos. Declaró el primero que con motivo de los frecuentes incendios y destrucción de siem-bras de tabaco que estaban ocurriendo por entonces en Juncos dió un revólver a su empleado Amelio Pagán para que cus-todiara la finca: que Pagán le dijo que se habían llevado un caballo de la finca y que el revólver que le había entre-gado no funcionaba, según se lo demostró, por lo que le ordenó que fuera al pueblo de Juncos a poner la falta del caballo en conocimiento de la policía y que al mismo tiempo llevara el revólver adonde un herrero para que lo compusiera, porque lo necesitaba: que el revólver no disparaba. El jefe de la policía testificó que examinó el revólver ocupado a Amelio Pagán y vió que no disparaba porque el muelle que hace mover la maza de las balas y el gatillo estaba defectuoso. Las repreguntas del fiscal no destruyeron esas afirmaciones y no presentó prueba en contra de ellas.

El fiscal de este Tribunal Supremo admite que de acuerdo con esa prueba el apelante no portaba el revólver ilegalmente y que por ese motivo debe ser absuelto.

Ya hemos dicho en el caso de El Pueblo v. Ortega, 35 D.P.R. 782, que la intención con que se porta el arma es un ele-mento a ser considerado; en el de El Pueblo v. Borges, 23 D.P.R. 524, se declaró que el mero hecho de haber salido el acusado de su finca al camino para entregar a un represen-tante de la ley el arma con la cual había defendido su vida no constituía delitoy también dijimos que si en vez de en-viar por la policía hubiera seguido él mismo con su revólver en el bolsillo basta el puesto de la policía más cercano para informar a las autoridades de lo que había ocurrido y entre-gar el arma, no hubiera sido culpable del delito de portar armas; y en el caso de El Pueblo v. Gely, 37 D.P.R. 933, tam-bién declaramos que el portar una navaja barbera para ser afilada en una barbería no constituía delito. En el caso de State v. Casto, 119 Mo. App. 265, 95 S.W. 961, se dijo que el que porte una pistola que no puede ser usada como tal por-que su muelle principal está roto, no comete delito cuando la razón de tenerla en su posesión es por no haber encontrado la persona que debía componerla.

La sentencia apelada debe ser revocada y absolverse al acusado.


author: El Juez Asociado Señou Hutchison-,

text:
    Pedro Orcasitas Muñoz, recurrente, v. El Regisrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 890.

    Sometido: Mayo 11, 1933.

      Resuelto: Mayo 17, 1933.

      Andrés Mena, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señou Hutchison-,

emitió la opinión del tribunal.

Un registrador de la propiedad se negó a inscribir la escritura otorgada por un mársbal de una parcela de te-rreno vendida en ejecución de sentencia en una acción personal instituida por un' acreedor hipotecario contra los here-deros del deudor para recobrar el importe de la hipoteca. El artículo 20 de la Ley Hipotecaria prohibe que se inscriba cual-quier enajenación hecha por el cedente, o a su nombre, cuyo título a la propiedad en cuestión no estuviere previamente ins-crito. Este artículo fué modificado por Real Decreto de 22 de julio de 1896, a fin de permitir que se inscribieran las es-crituras de bienes vendidos en procedimiento ejecutivo suma-rio. Passalacqua Hnos. & Cía. v. Registrador de la Propiedad de Caguas, 6 D.P.R. 42, segunda edición; Zayas v. Registrador de la Propiedad de Ponce, 14 D.P.R. 607; Orcasitas v. Registrador de la Propiedad de Caguas, 21 D.P.R. 553; y Zagas v. Registrador de la Propiedad de Caguas, 28 D.P.R. 116.

El recurrente cita de 2 Galindo 214, edición de 1903, como sigue:

“Aunque la Real Orden de 22 de julio de 1896 sólo se refiere al caso de ejecución instada por un acreedor hipotecario, creemos que puede aplicarse también al de que la ejecución se haya seguido a ins-tancia de un acreedor personal, porque donde hay la misma razón debe aplicarse el mismo derecho.”

No es necesario que nos detengamos a investigar hasta qué punto la certeza de la premisa aquí envuelta puede ser afectada por la diferencia existente entre una acción pura-mente personal y un procedimiento sumario quasi in rem. Admitiendo, para los fines de la argumentación solamente, que podría existir en uno u otro caso la misma razón para tal re-gla, es ése un hecho para la consideración de la legislatura. La fraseología clara del Decreto Real no puede ser ex-tendida por legislación judicial con el propósito de incluir acciones puramente personales.

La posición del recurrente no lia sido fortalecida por la cita que hace de Morell, sin referirse al tomo o a la página de sus comentarios.

La nota recurrida debe ser confirmada.


text:
    Orlando R. Méndez, demandante y apelante, v. La Comisión de Servicio Civil de Puerto Rico, compuesta de F. Hilera, José M. Vicente y E. Igaravídez, demandada y apelada.
    No. 6087.

    Sometido: Mayo 4, 1932.

      Resuelto: Mayo 19, 1933.

      II. B. Lienza, abogado del apelante; Hon. Procurador General Charles E. Winter y F. Janer, Sub pro curador, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Méndez, un ingeniero civil graduado de la Hniversidad de Michigan y autorizado para ejercer su profesión en la isla de Puerto Rico, acudió a la corte de distrito en solicitud de un auto de ma/ndamus para que se obligara a la Comisión de Servicio Civil a que incluyera su nombre en las listas de ele-gibles. La corte de distrito, después de una vista, anuló el auto alternativo originalmente expedido y declaró sin lugar la petición. La cuestión en controversia es si la Ley No. 33, aprobada el 23 de abril de 1929, Leyes de ese año, página 209, fué abrogada por la Ley No. 88 de 11 de marzo de 1931, Leyes de ese año, pág. 534.

De conformidad con los términos de la Ley No. 83 de 23-de julio de 1921, Leyes de ese año, página 728, a todos los; miembros de ciertos oficios y profesiones que posean diplomas o títulos, que estén autorizados para ejercer sus oficios^ o profesiones en Puerto Rico, se les concedió el privilegio de-solicitar que sus nombres fuesen incluidos por la Comisión de Servicio Civil en sus listas de elegibles para desempeñar pues-tos públicos. La ley de 1929 agregó los ingenieros civiles a esta clase privilegiada. La ley de 1931, titulada “Ley para crear la Comisión de Servicio Civil de Puerto Rico y deli-near sus deberes y funciones; reglamentar y mejorar el ser-vicio civil de Puerto Rico; derogar la ley de Servicio Civil aprobada en marzo 14 de 1907, según fué enmendada, y para otros fines,” fué una revisión completa de la ley que regía los asuntos dentro de su esfera. Toda ley o parte de ley en controversia con la misma quedó por ella derogada. La sección 4 enumera las distintas clases de funcionarios y em-pleados públicos comprendidos en el servicio no clasificado, y provee que “el Gobernador de Puerto Rico podrá eximir de examen de libre oposición .... a cualquier funcionario o empleado, previa consulta a la Comisión de Servicio Civil y sujeto a la desaprobación de la Asamblea Legislativa.” El inciso 89 de la sección 10 impone a la Comisión el deber de “preparar y celebrar exámenes de libre oposición con el fin de probar la relativa capacidad y aptitudes de aquellas personas aspirantes a empleos en cualquier clase de cargos en el servicio clasificado, y como resultado de dichos exámenes establecer registros de elegibles y de reposición para las dis-tintas clases de cargos.”

La ley de 1921, tal cual fué originalmente aprobada, así como cuando fué enmendada en 1929, era en sustancia y efecto una enmienda a la ley de 1907. La extensa revisión de 1931 fué intentada evidentemente como un sustituto absoluto de la ley de 1907, tal cual había sido enmendada. La auto-ridad conferida al Gobernador por la sección 4 abarca el mismo' campo que la ley de 1929. Es más amplia en su al-cauce que la ley de 1929, toda vez que la supuesta exención no se limita a las clases enumeradas en dicha ley. Fuera de ésta, la única diferencia práctica es que en vez de conferir a ciertas clases privilegiadas el derecho absoluto a figurar en las listas ■de elegibles sin someterse a un examen de oposición, la cues-tión relativa a la exención de tal examen en determinado caso se deja a la discreción del Gobernador, sujeto a la desapro-bación de la Asamblea Legislativa. Si además de esta ex-cepción a la regla general hubiese sido la intención de la Le-gislatura que continuara en vigor la ley de 1929, se hallarían indicios de dicha intención en la ley de 1931. En ausencia de cualquier salvedad u otra referencia a la ley de 1929, no podemos decir que la corte de distrito cometiera error al resolver que aquélla quedó derogada por la ley posterior.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova D Ávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante apelado, v. Barbarino Fuentes Alvarez, acusado apelante.
    No. 5113.

    Sometido: Mayo 4, 1933.

      Resuelto: Mayo 19, 1933.

      José Yeray Jr., abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova D Ávila,

emitió la opinión del tribunal..

.. Barbarino Fuentes Alvarez, declarado culpable del delito de adulteración de leche por la Corte de Distrito de Aguadilla, imputa al tribunal inferior el error único de haberse equivo-cado en la apreciación de la prueba. En la acusación, formu-lada por el fiscal, se alega que Barbarino Fuentes, como dueño, y Pascual Hernández como conductor, maliciosa, voluntaria y criminalmente poseían, transportaban y conducían para ía venta y consumo humano, leche de vaca, cuyo líquido estaba adulterado con agua añadida artificialmente. Se alega ade-más que el acusado apelante había sido anteriormente decla-rado culpable por el mismo delito.

Es un hecho aceptado por la defensa que la leche ocupada a Pascual Hernández resultó adulterada. No hay duda al-guna de que este acusado transportaba leche para el consumo humano. Arguye la defensa que la leche ocupada a Pascual Hernández no pertenecía al acusado Fuentes ni era trans-portada por éste. Para probar esta alegación el acusado pre-sentó dos testigos: el propio Pascual Hernández y Casildo Acevedo. El primero declara que fué denunciado y se declaró culpable, que la leche que le fué ocupada por el inspector de Sanidad Ramón Salgado pertenecía a Casildo Acevedo, a quien se la compró en el camino; que traía cuatro garrafo-nes de leche ese día y que tres de ellos pertenecían a Barba-rino Fuentes, y el otro garrafón venía vacío y lo llenó en el camino con la leche que le compró a Casildo Acevedo para revenderla; que esa leche era para el consumo público y que el porrón donde la conducía, no estaba rotulado y no decía “B. Fuentes”. A preguntas del juez, contestó este testigo que cuando le ocuparon la leche no le llamó la atención al inspector para que no confundiera los porrones de Barbarino Fuentes con el porrón de donde se extrajo la leche que resultó adulterada, porque el inspector no le preguntó nada; que son cuatro los porrones de Barbarino y que ese día no llenaron nada más que tres. Casildo Acevedo declara que tenía leche para la venta y que allá por el 9 de octubre de 1931 vendió a Pascual Hernández doce litros de leche; que esta leche la mandó a Pascual Hernández con el peón de su casa; que Pas-cual Hernández es conductor del Sr. Fuentes y vació la leche en un pote de éste; que la leche estaba buena cuando la vendió a Pascual Hernández; qne éste no vino a su casa a buscar la leche; que hay un camino que queda cerca de su casa, por donde tenía que pasar dicho Pascual Hernández, y allí fué donde se efectuó la entrega.

El inspector de sanidad Ramón Salgado declara que sor-prendió a Pascual Hernández mientras conducía varios jarros de leche y que de uno de esos jarros extrajo la leche que re-sultó adulterada; que el conductor de esa leche, Pascual Her-nández, está reconocido en la oficina de sanidad como conductor de Barbarino Fuentes, quien tiene archivado en dicha oficina un affidavit haciendo constar que Pascual Hernández era conductor de la leche de su propiedad; que los envases que traía ese día Pascual Hernández estaban rotulados de este modo: “Leche pura de vaca, propiedad de B. Fuentes, Borinquen”; que éste era el rótulo del envase de donde ex-trajo las muestras de leche.

No se alega por el acusado que la corte inferior actuara mo-vida por pasión, parcialidad o prejuicio. Se le acusa de haber cometido un grave error en la apreciación de la prueba. A nuestro juicio la prueba aportada es bastante para sostener la sentencia dictada por la corte inferior declarando culpable al acusado. La defensa aceptó que Barbarino Fuentes tenía archivado en las oficinas del Departamento de Sanidad un affidavit según el cual Pascual Hernández estaba encargado de conducir la leche de la propiedad del primero. Los porro-nes que conducía Pascual Hernández estaban rotulados con el nombre de B. Fuentes. Si como afirma este testigo la leche ocupada por el inspector de sanidad fué comprada a Casildo Acevedo, no se explica que permaneciera mudo, sin llamar la atención a dicho inspector para que no atribuyera la propie-dad de la leche a quien no era su legítimo dueño. Este tes-tigo declara primeramente a preguntas de la defensa que eran tres los porrones de Barbarino Fuentes. Luego, a preguntas del juez, dice que eran cuatro, pero que ese día no se llenaron más que tres. El envase vacío se lo dió el acusado al testigo para que comprara leche por su cuenta. También dice Pas-cual Hernandez que el .porrón de donde se tomó la leche no llevaba rótulo alguno. Copiamos de la declaración del testigo mientras respondía al interrogatorio del fiscal:

“P. — ¿Para qué era esa leche?
“R. — Para el consumo público.
“P. — Y el porrón donde venía esa leche, ¿no estaba rotulado?
“R. — Ese no venía rotulado.
“P. — Ese porrón ¿no decía B. Fuentes?
“R. — -No, señor.
“P. — ¿Usted era conductor de leche en esa época de quién?
“R. — De Barbarino Fuentes.”

Esta declaración está en conflicto con el testimonio del inspector de sanidad, quien afirma que el porrón de donde se extrajo la leche tenía inscrito el nombre del acusado B. Fuentes.

Casildo Acevedo declara que Pascual Hernández vació la leche en un pote del Sr. Fuentes, y esto lo dice después de haber afirmado que mandó la leche con un peón y que Pas-cual Hernández no fué a buscarla a su casa. De modo que este testigo, que dice haber vendido doce litros de leche a Pascual Hernández, aparece presenciando, puesto que dice que lo sabe, cuando esta leche se vació en el porrón, a pesar de que la misma fué enviada a su destino con uno de sus peones. La corte inferior no creyó el testimonio de estos testigos. Y hay que convenir en que estuvo acertada. La prueba, apreciada en conjunto, está demostrando claramente la culpabilidad del acusado.

Dehe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señoh CóRdova Dávila,

text:
    The Federal Land Bank of Baltimore, peticionario, v. La Corte de Distrito de Arecibo, Hon. R. Sancho Bonet, Juez, demandada.
    No. 903.

    Sometido: Mayo 1, 1933.

      Resuelto: Mayo 22, 1933.

      José B. Aponte, abogado del peticionario; E. Martínez Aviles, abo-gado de la parte contraria en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señoh CóRdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Jlian Gutiérrez y Rosalía Pagan constituyeron hipoteca so-bre un inmueble de su propiedad a favor de The Federal Land Bank of Baltimore en garantía de un préstamo que contra-jeron con dicha institución bancaria. Se alega, por informa-ción y creencia, que ambos deudores han fallecido y se de-manda por la vía ordinaria, para hacer efectiva la obliga-ción contraída, a la sucesión de dichos deudores hipotecarios, compuesta de sus legítimos herederos Monserrate, Longinos, Carmen, Rosa, Delia y Jorge Gutiérrez Pagán, Ismael e Isabel Torres Gutiérrez, y Angel Antonio, Aida Iris y Jnan Ramón Rivera Gutiérrez. Con excepción de las cinco personas pri-meramente mencionadas los demás miembros de la sucesión demandada son menores de edad.

El emplazamiento de los demandados, devuelto y diligen-ciado por Juan Antonio Quiñones, fué impugnado a nombre de dichos demandados por el abogado Martínez Avilés. La corte inferior declaró nulo dicho emplazamiento y ordenó que por el secretario se expidiese uno nuevo. Sin aguardar a que se cumpliese esta orden se radicó una excepción previa en la cual se dice que la sucesión demandada comparece por su abogado y alega que la demanda no aduce hechos suficien-tes para determinar una causa de acción. Desestimada esta excepción previa, la corte concedió un plazo de diez días a los demandados para contestar, y habiendo dejado de hacerlo se anotó la rebeldía y se designó fecha para la vista del caso.' Esta vista no tuvo lugar porque la corte motu proprio dejó sin efecto la rebeldía y ratificó su orden para que se expidiese un nuevo emplazamiento.

La orden de la corte decretando la nulidad del emplaza-miento se basó en que aparece del mismo, como demandada, la sucesión de Juan Gutiérrez, sin expresarse los nombres de las personas que componen la sucesión, o sea los nombres de todos los demandados, consignándose únicamente que dicha sucesión está compuesta de Monserrate, Longinos, Carmen, Rosa, Jorge et ais.

Alega el peticionario que la la corte cometió error al declarar motivo de nulidad la omisión de los nombres de cada uno de los demandados en el título del emplazamiento. El artículo 89 del Código de Enjuiciamiento Civil dice que el emplazamiento deberá contener, entre otros requisitos, los nombres y apellidos de las partes en la acción. No determina este artículo que esos nombres y apellidos deban ineludible-mente consignarse en el título del emplazamiento. En el pre-sente caso los nombres de las personas designadas como miem-tros de la sucesión demandada aparecen claramente consig-nados en el cuerpo del .-emplazamiento con sus correspondien-tes apellidos. Ésta es toda la información que requiere la ley y el sitio donde aparezcan dichos nombres no tiene impor-tancia, siempre y cuando estén expresa y claramente incluidos en el cuerpo de la citación.

El artículo 89 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil es igual al 407 del Código de Enjuiciamiento Civil de California. La Corte Suprema de dicho estado, interpretando una cuestión idéntica a la que ha sido planteada por el peti-cionario, se expresó así en el caso de Sax v. Clark, 180 Cal. 287, resuelto en 1919:

“El emplazamiento en la acción fué titulado ‘B. W. Clark et al., demandantes, v. Alice B. Handy et al, demandados,’ y los demanda-dos insisten en que fué nulo para todos los demandados excepto quizá para Alice B. Handy, basando su contención en el caso de Lyman v. Milton, 44 Cal. 630. No tiene ningún valor esta impug-nación al emplazamiento, y el caso citado no tiene aplicación porque en el cuerpo del emplazamiento impugnado los nombres de todos los demandados fueron incluidos. No hay disposición en el estatuto que establezca que tales nombres deban aparecer en el título. Code of Civil Procedure, sección 407.”

Declara el tribunal californiano que en este caso se cum-plió sustancialmente con la ley en la forma en que fueron emplazados los demandados.

El juez de la corte inferior expone en su alegato que tuvo en cuenta además otro fundamento esencialísimo para declarar nula la notificación a los demandados y decretar la expedición de un nuevo emplazamiento. A juicio de este fun-cionario la notificación del emplazamiento es fatalmente de-fectuosa. En efecto, la persona que practicó la notificación declara que “notificó a Ismael e Isabel a las ocho de la ma-ñana del día 11 de agosto de 1932, ambos menores de edad, representados en el acto de la notificación por su padre Francisco Torres Valentín, de apellidos Torres Gutiérrez, en Are-cibo; a Aida Iris, Angel Antonio y Juan Ramón, menores de apellidos Rivera Gutiérrez, representados por sn padre Antonio Rivera Yélez, a las 12: 30 de la tarde del día 11 de agosto, 1932, barrio Tetuán de Utnado, sitio Los Quemados. . No aparece claramente de esta notificación qne los menores fuesen personalmente emplazados. Se dice qne se les notificó, re-presentados por sus padres en el acto de la notificación. En-tendemos qne cuando se trata de llevar a cabo un emplaza-miento, en virtud del cual la corte adquiere jurisdicción sobre la persona de los demandados, la notificación debe ser clara y explícita, de modo que de una simple lectura de la misma pueda deducirse que se fia cumplido con los preceptos del es-tatuto. El artículo 93 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que se notifique al menor y a su representante legal. Esta corte, en el caso de Vías v. Sucn. Pérez, 15 D.P.R. 732, se expresó así:

“Orando los demandados son menores de edad, es necesario, para que la corte adquiera jurisdicción sobre tales menores, que el certi-ficado de diligenciamiento de la citación por el marshal demuestre que han sido notificados personalmente.
“Cuando los demandados son menores de edad, el emplazamiento deberá notificarse al padre o representante del menor, siendo indispensable en todo caso la notificación personal de los menores deman-dados, ya conste o no que son mayores o menores de catorce años.”

No se establece claramente en la diligencia del emplaza-miento que los menores bayan sido personalmente empla-zados, y por lo tanto la corte inferior interpretó correcta-mente la ley al decretar la nulidad de la citación, en tanto en cuanto afecta a los referidos menores.

También liemos advertido otro defecto que surge de la faz de la demanda y del propio emplazamiento. Se habla en esta demanda de los menores Ismael e Isabel Torres, le-galmente representados por su padre, y de los menores Angel Antonio, Aida Iris y Juan Ramón Rivera, también representa-dos por su padre; pero en cuanto a Jorge Gutiérrez se dice que es menor de edad sin expresarse que esté legalmente represen-tado. Éste menor aparece emplazado en unión de los demás miembros de la sucesión. El abogado Martínez Avilés com-parece ante la corte representando a la referida sucesión. Es claro y evidente qne un abogado no puede representar direc-tamente a un menor que carece de capacidad legal para com-parecer por sí mismo. Éste es el caso del menor Jorge Gu-tiérrez, a quien no puede representar el abogado Martínez Avilés sin autorización de su representante legal, en caso de que éste exista. El emplazamiento practicado en la persona de este menor es nulo desde el momento en que no consta que tiene un representante legal y que este representante baya sido debidamente emplazado.

Alega el peticionario que la comparecencia volunta-ria de la sucesión demandada equivale a la citación personal y entrega de la copia de la demanda y que la corte inferior no debió dejar sin efecto la rebeldía legalmente anotada, des-pués de haber comparecido la sucesión demandada por con-ducto de su abogado y haber dejado de contestar la demanda dentro del término señalado por la ley.

Esta corte ha declarado, en el caso de Rodriguez Soler v. Alonso, 37 D.P.R. 353, que la comparecencia voluntaria del tutor a nombre de los menores no suple la falta de su cita-ción personal. En dicho caso se demandó a la sucesión de Miguel Rodríguez Sierra y Angelina Soler, compuesta de va-rios miembros, entre los cuales figuraban algunos menores de edad. Se reclamó de la sucesión el pago de una obligación reconocida en escritura pública. Comparecieron los menores representados por su tutor, aceptando los hechos de la de-manda y consintiendo sentencia contra ellos. Esta corte, en su opinión, escrita por el Hon. Carlos Franco Soto, cita el caso de Orcasitas v. Márquez, 19 D.P.R. 477, donde se sostiene que en todo caso en que se demanda a un menor es necesario que se le cite personalmente, y termina diciendo que la corte inferior no cometió error al declarar que la comparecencia voluntaria del tutor a nombre de los menores no suple la falta de citación personal.

En el caso de Orcasitas v. Márquez, supra, se cita la opi-nión emitida por la Corte Suprema de California en el caso de Fanning v. Foley, 99 Cal. 336, donde se resolvió que una citación hecha al tutor de un menor sin emplazar personal-mente al menor no es suficiente y que la rebeldía anotada en contra del tutor no obligaba ni al guardián ni al menor, siendo nulo el decreto dictado sobre la base de la rebeldía.

A nuestro juicio la corte inferior procedió con acierto al decretar la nulidad del emplazamiento y dejar sin efecto la rebeldía anotada en contra de los menores que forman parte de la sucesión demandada, pero entendemos que no ba debido anularse la rebeldía anotada contra los demandados que ban alcanzado la mayoridad.

Debe anularse la resolución dictada por la corte inferior en 7 de abril de 1933 en tanto en cuanto deja sin efecto la re-beldía anotada en contra de los demandados mayores de edad, pero con respecto a los menores demandados, la resolución de la corte inferior debe mantenerse en toda su fuerza y vigor.