author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Borges, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadillo en causa por falsa representación.
    No. 1109.
    Resuelto en febrero 8, 1917.
    Falsa Representación — Palta be Apreciación be la Prueba — Nuevo Juicio— Duba Respecto a la Culpabilibad bel Acusabo. — Cuando existen motivos-fundados para concluir que el juez de distrito al dictar su sentencia condena-toria no apreció debidamente la totalidad de la prueba, procede la concesión de un nuevo juicio, con mayor razón si el Tribunal Supremo, como sucede en el presente caso, abriga fuertes dudas con respecto a la culpabilidad del acu-sado.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del apelante: Sr. José D. Rodríguez.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de Aguadilla imputó a Vicente Borges,, Jr., el hecho de haber voluntariamente cobrado un che-que como verdadero sabiendo que era falso. El acusado alegó su inocencia y, celebrada la vista, la corte lo declaró culpable del delito de falsa representación, previsto y castigadoen el artículo 470 del Código Penal. El acusado apeló y ha sostenido ante este Tribunal Supremo que la Corte de-Distrito erró :• Io. Al declarar sin lugar su moción de non-suit; 2o. Al llegar a conclusiones que no están sostenidas por la prueba, y 3o. Al considerar indispensable que pro-pusiera como testigo de descargo a Aurelio Cruz a fin de-alejar de la mente toda sospecha de que la posesión del che-que por su parte era ilegítima.

La prueba del fiscal consistió en la declaración de los tes-tigos, 1, Dionisio Ríos quien recibió de manos de Vicente.Borges, el acusado, el cheque de que se trata y pagó con él ciertos efectos para un baile. Le devolvieron el resto del valor del cheque en dinero y lo entregó al acusado; 2, Timo-teo Castro comerciante que vendió los efectos y recibió el. cheque. Lo consideró legítimo y lo pasó más adelante; 3, Juan González Mercado que había dado primeramente la orden a Dionisio Ríos de comprar y pagar los efectos para el baile, pero que no tuvo que hacerlo por habérsele adelan-tado el acusado; 4, Salvador Rarea, tesorero de la Junta Escolar de Utuado, cuya firma aparece autorizando el che-que en cuestión y según él no es auténtica, y 5, Joaquín M.. Torres, sub-gerente del American Colonial Bank of Porto-Rico, institución que pagó finalmente el cheque y fué defrau-dada en su importe de diez pesos por haber resultado falsi-ficado.

La prueba de la defensa consistió en las declaraciones, de los testigos, 1, Manuel del Pino que dijo que Aurelio Cruz. le había llevado un cheque para que se lo cambiara que no es el mismo que se le pone de manifiesto; 2, Juan Peres que presenció cuando Aurelio Cruz le dió al acusado un cheque por diez pesos para que cobrara el importe de unas pren-das que le debía, habiéndolo hecho así el acusado devolvién-dole en dinero el resto del importe del cheque, y 3, el pro-pio acusado Borges que admitió que había dado a Ríos el che-que y explicó que lo había recibido antes de manos de Aurelio Cruz en la forma indicada por el testigo Pérez. La decla-ración del acusado es amplia y detallada. En una parte de ella, contestando al juez, dijo:

“Aurelio Cruz vive, y me parece que vive en Lares. Estoy seguro de que vive allí ahora. En marzo vivía en Lares. Cuando me detu-vieron en Lares y me fijaron una fianza de mil dólares que se prestó en Lares, yo me encontré con Aurelio Cruz, frente al almacén de Márquez y le referí el resultado de ese cheque y me dijo que a él también se le había llamado por el cheque y que según decía el pú-blico se susurraba que a él también se le había llamado a declarar y se le había exigido una fianza que estoy seguro era de mil pesos o de trescientos pesos; luego de la fianza que tenía de mil dólares, se me bajó a doscientos dólares y cuando fui a hablar con él se molestó mucho y la familia también y me dijeron que a él no se le había exi-gido responsabilidad y yo dije: Entonces, ¿ cargaré yo con la respon-sabilidad? * * * El se molestó por haberlo obligado en este asunto. ’ ’

Terminadas las pruebas, la corte declaró culpable al acu-sado y lo condenó a sufrir un año de prisión en la cárcel del distrito. Al examinar la evidencia, la corte, entre otros particulares, consignó:

“que el acusado tenía en su poder el cheque falso y habiéndosele dado una oportunidad de explicar su legítima posesión real o tenencia del cheque no la ha acreditado en ninguna forma de modo que aleje de la mente toda sospecha o suposición de que tal posesión o tenencia es ilegítima, puesto que el único testigo Aurelio Cruz que según declaración del propio acusado, que pudo haber declarado con respecto á este extremo por ser el que le había entregado el cheque falso según declaración del propio acusado, no ha comparecido ni fué tam-poco propuesto como prueba por la defensa, no obstante el residir dicho individuo en Lares lugar de la residencia del acusado.”

Después de haber estudiado cuidadosamente en varias oca-siones esta causa, hemos llegado a la conclusión de que la justicia requiere que se revoque la sentencia apelada y se ordene, la celebración de un nuevo juicio.

Por la parte que hemos transcrito de los hechos declara-dos probados por el juez sentenciador, se puede deducir cuál era el estado de su mente al dictar su sentencia condenato-ria. Fijo su pensamiento en el hecho de no haber presen-tado el acusado como prueba la declaración de Aurelio Cruz, dejó de pesar el valor de la prueba aportada por el acusado, a saber.: su propia declaración y la del testigo Juan Pérez. No hay duda alguna de que hubiese sido conveniente haber llevado al juicio la declaración de Aurelio Cruz. Sin embargo, el acusado no estaba obligado a ello y el mismo Fiscal pudo hacerlo. Además la actuación del acusado en tal extremo tiene una explicación si no convincente por lo menos posiblemente verdadera, ya que por la conversación que tuvo con Cruz podía presumir la actitud que éste iba a asumir en el juicio, limitándose entonces a introducir la única prueba que tenía de su entrevista con Cruz, su propia declaración y la del testigo Pérez.

Bajo tales circunstancias, existiendo motivos justificados para creer que el juez no consideró debidamente la totali-dad de la prueba para dictar su sentencia y teniendo este tribunal fuertes dudas con respecto a la culpabilidad del acu-sado, procede que se revoque la sentencia apelada y se ordene la celebración de un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada y ordenada la celebración de nn nuevo juicio.

Jueces concurrentes: fáres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


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license: Public Domain

text:
    Sucesión Padró, Peticionaria, v. Lloreda, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre ter-cería de bienes inmuebles e injunction y cobro de pesos.
    No. 176.
    Resuelto en febrero 8, 1917.
    Injunction — Suspensión de Ejecución de Sentencia — Cobro de Pesos — Nuevo Auto de Ejecución sin Oír al Peticionario. — Desestimada una solicitud de injunction pidiendo la paralización de la ejecución de una sentencia dictada en un pleito sobre cobro de pesos, no es necesario notificar al peticionario una moción del demandante suplicando que se expida un nuevo auto de ejecución, y no comete error la corte que ordena la expedición de dicho nuevo aut® sin oir al peticionario.
    Td. — Apelación—Efecto de la Apelación Respecto a la Ejecución de la Sen-tencia. — Una apelación contra una resolución desestimando una solicitud de injunction, no despoja a la corte de su jurisdicción para ordenar que se eje-cute la sentencia dictada en el pleito en que se presentó el injunction, ya que dicha apelación no prolonga ni revive el entredicho en que se puso a las partes, que aunque no se hubiera dejado como se dejó expresamente en este caso, hubiera siempre quedado virtualmente sin efecto al desestimarse la solicitud de injunction.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la peticionaria: Sr. José de J. Esteres.

    El juez demandado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso de certiorari. La sucesión peti-cionaria alega que presentó una demanda de tercería en cierto pleito seguido por Virgilio Eamos y otros contra José Dolores Molina y otros, en cobro de dinero, en la Corte de Distrito de Arecibo, y acto seguido solicitó el libramiento de un auto de injunction a. fin de que se paralizara la venta de ciertos bienes embargados en dicho pleito pertenecientes a la suce-sión peticionaria. La corte puso en entredicho a las partes, las oyó en la fecha señalada para ello, y luego disolvió el entredicho y desestimó totalmente la solicitud de injunción. La sucesión peticionaria apeló de la resolución de la corte.

Así las cosas, el demandante en el pleito sobre cobro de dinero pidió que continuara adelante la ejecución de la sen-tencia y por consiguiente que se vendieran los bienes embar-gados y la corte así lo acordó. La sucesión peticionaria alega que no se le notificó la moción del demandante, que no se le oyó por la corte en relación con la misma y que la corte en tal virtud y bailándose pendiente una apelación contra su resolución denegatoria del injunction, actuó sin jurisdicción.

A nuestro juicio los becbos alegados por la sucesión peti-cionaria en su solicitud de certiorari, no demuestran que la ■corte de distrito actuara sin jurisdicción ni que cometiera ■error de procedimiento alguno que deba corregirse por esta Corte Suprema.

Cuando la parte demandante en el pleito sobre cobro de dinero presentó su moción a la corte pidiendo un nuevo man-damiento de ejecución, no estaba obligada a notificar a la peticionaria que no era parte en el pleito, y por igual razón tampoco estaba obligada la corte a oirla o a darle una opor-tunidad de ser oída antes de resolver sobre el caso.

En cuanto a si la apelación interpuesta por la sucesión peticionaria despojó o no a la corte de distrito de jurisdic-ción para ordenar la ejecución de la sentencia dictada en el pleito sobre cobro de pesos, en vez de argumentar por noso-tros mismos, transcribiremos las palabras de Stephen J. Field por tantos años juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos y entonces Juez Presidente de la Corte Suprema de California, al emitir la opinión de este último tribunal en el caso de Hicks v. Michael, 15 Cal. 107. El juez Field se expresó así:

“En la demanda en este caso se solicitaba un injunction. El Juez del Condado, a quien la solicitud fué becha, espidió una orden contra los demandados, el término para diligenciar la cual expiraba en 29 de octubre, para mostrar causa por la cual un injunction no debiera expedirse según se solicitaba, y para que se abstuvieran de llevar a cabo cualquiera de los actos a que se refería la demanda, ‘basta que se viera el asunto en su totalidad.’ El juicio derivado de esta orden fué suspendido hasta el 8 de diciembre, cuando, por consentimiento de las partes, fué llevado ante el juez del distrito, quien, después de haber éstas informado, denegó el injunction, y anuló la orden restrictiva. El demandante poco después solicitó del juez que fijara fianza para la apelación, manifestando que era su intención apelar de la orden, y que había dado los pasos necesariosal efecto. El juez denegó la solicitud en cuanto a fijar fianza para que tuviera el efecto de revivir la orden restrictiva, o el efecto de un injunction mientras quedaba pendiente la apelación. Entonces fué presentada la moción pidiendo el mandamus.
“La orden restrictiva expiró por haber prescrito. Fué expedida de acuerdo con las disposiciones del artículo 116 de la Ley sobre Práctica, y su intención era sólo restringir a los demandados en tanto se determinaba, previa audiencia de las partes, si procedía la con-cesión del remedio provisional de injunction preliminar. Las pala-bras finales de la orden no tienen el efecto de convertirla en un injunction efectivo durante la pendencia del pleito. Sólo se refieren a la totalidad de la cuestión levantada por la moción, y no a la totalidad del asunto en controversia. La interpretación en que el abogado insiste es inconsistente con el objeto mismo del requerimiento para mostrar causa. El pronunciamiento hecho por el juez de distrito al efecto de que la orden restrictiva debía anularse, era innecesario, y probablemente fué incluido debido a exceso de precaución.
“Se deduce que no fue concedido en el caso injunction alguno, sino expresamente denegado. Por consiguiente, la apelación que el demandante ha establecido o se propone establecer, es sólo contra la orden denegando un injunction, y la cuestión que se presenta es sen-cillamente si una apelación contra una orden de esa. naturaleza puede tener el efecto de crear un injunction, o de prolongar una orden res-trictiva, mientras la decisión del juez es revisada por la corte de apelación. Es claro que no puede darse tai efecto a una apelación por más amplia fianza de indemnización que se preste. Cuando un injunction ha sido denegado, nada efectivo existe. Sóio puede ges-tionarse la suspensión de algo que tiene existencia y cuya vigencia se supone ha de causar perjuicio al apelante. Por tanto, dada la naturaleza del caso, sólo puede obtenerse una suspensión de proce-dimientos en cuanto a órdenes o sentencias que mandan o permiten hacer ciertos actos. (Merced Mining Co. v. Fremont, 7 Cal. 132.)
Ni puede una apelación tener el efecto de crear un injunction, bajo circunstancia alguna. Los injunctions son autos u órdenes de natu-raleza extraordinaria, y jamás son expedidos sin que medie orden especiál del juez o de la corte. Permitir que una apelación tenga el efecto de crear un injunction, cualquiera que sea el caso, estaría en oposición con los precedentes y principios legales sobre la materia, y daría en efecto a las partes un poder de naturaleza muy peligrosa. No hemos creído que el ilustre letrado del demandante insista en tal doctrina, sino en la de que el pronunciamiento del juez de distrito anulando la orden, restrictiva equivale a una orden anulando el injunction existente, y que la orden restrictiva puede continuarse en vigor por medio de fianza suficiente, mientras pende la apelación. No entendemos que los dos casos sean idénticos. Oreemos que la. orden restrictiva expiró por haber prescrito; pero, a los efectos de la argumentación, consideraremos la orden como un injunction pre-liminar, y que la apelación fué contra una orden anulándolo. El demandante no queda en mejores condiciones aun bajo esta hipótesis. Una apelación no revive un injunction que ha sido anulado. Esto ha sido establecido tan a menudo que sólo es necesario hacer referencia a las autoridades. En el caso de Hoyt v. Gelston, 13 John, 139, fué anulado un injunction para suspender un procedimiento en ley, y la parte inmediatamente entabló una apelación contra la orden de nulidad. Cuando el caso en ley fué llamado a juicio, el demandado, que había obtenido el injunction en la Corte de Equidad, insistió que en la apelación por él entablada tenía el efecto de suspender la vigencia de la orden de nulidad y revivir el injunction, pero la corte ordenó que se prosiguiera el juicio, y la Corte Suprema resolvió que no había habido irregularidad alguna en el procedimiento, expre-sando que ‘dar tal efecto (el de suspender los procedimientos, como si el injunction estuviera en vigor) sería muy perjudicial en la prác-tica, y constituiría una poderosa fuente de demora.’ ” Hicks v. Michael, 15 Cal. 109-111.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse no haber lugar a expedir el auto de certiorari que se solicita.

Denegada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Colón, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recueso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas, denegando la inscripción de una sen-tencia de dominio.
    No. 289.
    Resuelto en febrero 8, 1917.
    .Expediente de Dominio — Presunción de que la Einca es Parte de Otra— i Inscripción Anterior a Pavor de Persona Fallecida — Prescripción—De-í legación de Inscripción. — Procede denegar la inscripción en el registro de ' la propiedad de una sentencia por la que se declara, acreditado el dominio-de cierta finca que a juzgar por alguno de sus linderos presume que pueda formar parte de otra mayor inscrita a favor de persona fallecida, cuando no consta establecido por la corte el becho de que baya sido enajenada por el supuesto causante a favor de los anteriores dueños mencionados en el de-creto, ni que baya resuelto que el recurrente hubiera adquirido por prescrip-ción y en oposición a los herederos o causahabientes del difunto, ni que la corte tuviera conocimiento de tal inscripción a favor de tercero.
    Inscripción de Títulos — Inscripción a Favor de Persona Distinta del Otor-gante — Duda Razonable v Fundada. — Un registrador debe denegar una ins-cripción no sólo cuando tiene certeza plena de que el derecho que se trata de inscribir lo está ya a nombre de persona distinta de la que otorga la trasmisión, sino también cuando tiene duda razonable y fundada de ello.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. José Tons Soto.

    El registrador recurrido Sr. Emigdio S. Ginorio, com-pareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En el año 1881 Doña Isabel Rivera y Vega, viuda de Mateo Bonilla y Juan Bonilla y Rivera, hijo de ambos, mani-festaron y reconocieron solemnemente en docnmento público, que sn finado esposo y padre vendió hace más de doce años antes de esa fecha a Luciano Miranda por la suma de trescien-tos pesos, qne fue debidamente recibida por el vendedor pero sin otorgarse ningún docnmento en forma, cien cuerdas de terreno en el partido de Barros, barrio Bauta Abajo, colin-dantes a la fecha indicada en primer término, por el este con Juan Burgos; al oeste con Ricardo Cansobre y María Matías Crespo, y al norte y sur con la sucesión del mismo Mateo Bonilla, cuyo terreno hubo Bonilla por concesión. que le hi-ciera el Gobierno. En la misma escritura se hace constar el convenio de que Miranda mensurará por su cuenta la ex-tensión de que estaba en posesión, devolviendo a la viuda e hijo las cuerdas que resultaren demás de las ciento ence-rradas en su perímetro.

En el año 1882 Luciano Miranda y Ortiz vendió la misma finca a Cándido Figueroa y Figueroa con la siguiente des-cripción: cien cuerdas, o sean treinta y nueve hectáreas, treinta áreas, cuarenta centiáreas, colindante por el este con Juana Burgos, al oeste con Ricardo Cansobre y Miguel Criado, y al norte y sur con la Sucesión de Mateo Bonilla.

En 1888, Cándido Figueroa vendió dicha propiedad a Juan Rivera y al describirse, se dice que limita al este con José María Colón, dueño de terrenos que fueron de Juan Burgos, al oeste con Ricardo Cansobre y Miguel Criado, y al norte y sur, con la Sucesión de Mateo Bonilla.

En el año 1894, Juan Rivera y Rivera vendió a Manuel Colón y Rodríguez, haciendo constar al describir la finca que colinda por el este con José María Colón, al oeste con Ricardo Cansobre, al norte con José Ramón Meléndez, dueño de terrenos que fueron de Miguel Criado y Cecilia Rivera, y al sur con Manuel Colón, dueño de terrenos que fueron de Sucesión de Mateo Bonilla.

En junio 16 de 1916, el recurrente presentó para su ins-cripción en el Registro de la Propiedad de Caguas una sen-tencia de la Corte de Distrito de Ponce, Puerto Rico, de fecha abril 23, 1912, que fué enmendada en febrero 11, 1916, acom-pañada de las escrituras de que se ha hecho mención ante-riormente, declarando dicha sentencia que el recurrente es el dueño de una propiedad cuya descripción es como sigue:

“Rústica, radicada en el barrio de Bauta1 Abajo, del término municipal de Barros, compuesta de 142.05 cuerdas, equivalentes a 55 hectáreas, 83 áreas y 13 centiáreas, en lindes por el Norte, con la Sucesión de José María Colón y Ramón Meléndez, por el Este, la Sucesión de José María Colón; al Oeste, Ricardo y Juana Josefa' Cansobre; y al Sud, Baltazar Blanco y Antonio Pasacqua.”

Se dice en la sentencia que de las pruebas presentadas resulta debidamente justificado que la descrita finca, sobre la cual no pesa carga ni gravamen de ninguna clase, y que tiene un valor de $2,000, fué adquirida por el promovente, quien en unión de los anteriores dueños lia estado en sus res-pectivas épocas en la posesión quieta, pacífica y no interrum-pida de la descrita finca, en la forma siguiente:

“5 cuerdas por compra a Alejandro Colón, éste las hubo por igual título de Francisco Muñoz en julio de 1904, y éste por igual título de Ricardo Cansobre, y éste por herencia de sus padres Ricardo Cansobre y Josefa Rivera, ha más de 30 años;
“3 cuerdas por compra a Juana Josefa Cansobre en 1906, quien las hubo por igual título de herencia de sus padres Ricardo Cansobre y Josefa Rivera, ha más de 30 años;
“20 cuerdas por compra a Don Severiano Arroyo en 1899, éste las hubo por igual título de Julián Ortiz Meléndez en igual año, y éste por igual título de Isabel Rivera, viuda de Mateo Bonilla, en 6 de abril de 1895;
“5 cuerdas las hubo por compra a Pedro Ortiz en 1899, éste por compra a su padre Julián Ortiz, en 1898, y éste por compra a Doña Isabel Rivera viuda de Bonilla, ha más de 30 años;
“3 cuerdas las hubo por compra a Don Tomás Cano Crespo en 7 de diciembre de 1894, éste por compra a Doña Tomasa Crespo ha más de 25 años; y
“104.05 cuerdas las hubo por compra a Don Juan Rivera ha 26 años, y éste por igual título de Don Cándido Figueroa;
“2 cuerdas las hubo por compra a Dámaso García en 26 de diciembre de 1896, y éste las hubo por compra a Doña Isabel Rivera, viuda de Bonilla,, ha más de 16 años.

La nota del registrador está redactada en los siguientes términos:

“Inscrito el precedente documento con vista de otros, en cuanto a las 11 cuerdas compradas a Alejandro Colón, Juana Josefa Can-sobre y Tomás Cano Crespo, al folio 105, del tomo 23 de Barros, finca 1359, inscripción Ia., y denegada la inscripción respecto de las 131 cuerdas cinco céntimos restantes, por resultar inscritas a favor de Mateo Bonilla, al folio 163 del tomo 11 de Barros, finca 547, inscrip-ción Ia. y única por concesión que le hiciera el Estado por medio de la Junta Superior de repartimiento de terrenos baldíos, la posesión de un terreno radicado en el barrio de Bauta-Abajo, término municipal de Barros, compuesto de trescientas cuerdas que tiene, entre otros linderos a Ramón Meléndez y a Manuel Colón por el Norte; a la Sucesión de José María Colón por el Sur y a Ricardo Cansobre por el Oeste .que son iguales a los de la finca cuyo dominio se ha acreditado; lo que hace presumir, con sobrado fundamento, que de esas trescientas cuerdas pueden'formar parte las ciento treinta y una con cinco céntimos que en los documentos que motivan la presente figuran vendidas por Isabel Rivera Mega, viuda de Bonilla, y aunque ella y su hijo reconocen como cierta la venta que de cien de esas cuerdas de terreno hiciera su causante Mateo Bonilla no se acredita que sean sus herederos ni menos sus únicos eausahabientes y ade-más, declarando que Mateo Bonilla vendió en mil ochocientos sesenta y nueve a Luciano Miranda, sin expresar el estado civil del adqui-rente, é'ste al vender el terreno en mil ochocientos ochenta y dos a Cándido Figueroa dice que es viudo y no constando el estado que tenía cuando compró, no es posible juzgar de su capacidad habién-dose tomado en su lugar anotación preventiva por el término de 120 días respecto de las 131 cuerdas 5 céntimos en el mismo tomo 23 y folio 105. Caguas, 28 de junio de 1916. — Emigdio S. G-inorio, Regis-trador. ’ ’

Oreemos que el registrador está en lo cierto en su con-clusión de que las 131.05 cuerdas cuya inscripción fué dene-gada, probablemente están comprendidas en las 300 cuerdas inscritas a nombre de Mateo Bonilla. No consta que se le hubiera presentado a la corte de distrito la inscripción hecha a favor de Mateo Bonilla, o la prueba documental del título aniba mencionado. Por el contrario, la misma sentencia ex-presa que el promovente carece de título de dominio escrito, y no hay en ella ninguna conclusión expresa sobre la cues-tión de prescripción en oposición a los herederos de Mateo Bonilla. A la. verdad que ninguna de las cuestiones sugeri-das por el registrador parece haber sido tenida en cuenta por ■el jnez de distrito. Dentro de las circunstancias del caso tam-bién convenimos con el registrador en su contestación a la alegación hecha por el recurrente en cnanto al título por prescripción, o sea, que ésta es una cuestión que ha de per resuelta por la corte y no por el registrador.

“Nosotros opinamos que el registrador debe negar la inscripción, no sólo cuando tiene certeza plena de que el derecho que se trata de inscribir lo está ya a nombre de persona distinta de la que otorga la trasmisión, sino cuando tiene duda razonable y fundada de ello. Véase el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, el caso de Morales v. El Registrador de San Juan, decidido en noviembre de 1909, y los en él citados. ’ ’
Díaz v. El Registrador de la Propiedad, 16 D. P. R., 275.

En el caso de Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. El Registrador de la Propiedad, 17 D. P. R. 231, este tribunal por conducto del Juez Presidente Sr. Hernández, dijo lo siguiente:

“Como del registro aparece inscrita a favor de Don Francisco Sellés López la posesión de la finca cuyo dominio ha tratado de ins-cribir The Porto Rican Leaf Tobacco Company, y no se ha ordenado la cancelación de dicha inscripción por providencia ejecutoria, ni existe escritura o documento auténtico en el cual Sellés López o sus causahabientes hayan prestado su consentimiento para dicha cance-lación, la inscripción tiene que subsistir en toda su fuerza y vigor, y subsistiendo, no cabe inscribir el dominio a favor de The Porto Rican Leaf Tobacco Company. En apoyo de la anterior doctrina podemos citar la resolución dictada por esta corte con fecha 27 de junio de 1902 en el recurso gubernativo de Emigdio S. Ginorio v. El Registrador de la Propiedad de San Juan.
“Ni puede sostenerse que Don Francisco Sellés López haya pres-tado su conformidad en el expediente de dominio para la cancelación de la inscripción posesoria de que se deja hecho mérito, pues no aparece que fuera citado, según afirma la recurrente, por más que en la copia certificada de la resolución de la corte se consigna que fueron citados los anteriores dueños, que pudieron ser muy bien los que precedieron en el dominio a The Porto Rican Leaf Tobacco Co., y no Don Francisco Sellés López, a quien se supone fallecido en la nota recurrida.”

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández 7 Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Tettamanzi et al., Demandantes y Apelados, v. Zeno, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1486.
    Resuelto en febrero 9, 1917.
    Ejecución be Sentencia — Obligaciones Reconocidas por Sentencia — Acción Ordinaria para Exigir su Cumplimiento.- — El hecho ele que existan trámites marcados en la ley para la ejecución de las sentencias, no impide que se recurra a la vía ordinaria para exigir el cumplimiento de las obligaciones re-conocidas en las mismas.
    Alegaciones Juradas — Juramento por un Extraño — Desahucio.—Una persona que no es parte en un pleito puede jurar cualquier alegación que se presente en el mismo en el caso previsto en el artículo 118 del Código de Enjuiciamiento-Civil, no estando dicho caso circunscrito a pleitos de desahucio, porque la autorización que se concede es general y donde el legislador no distingue no-deben los tribunales distinguir.
    Id. — Demanda Jurada — Contestación Jurada — Sentencia Sobre las Alega-ciones. — Habiéndose presentado la demanda debidamente jurada en este caso, el demandado debió haber jurado su contestación, y al no hacerlo así, no puede quejarse de que la corte, a instancias de la parte demandante, dictara sen-tencia sobre las alegaciones.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

    Abogados de los apelados: Sres. José A. y Alberto Poventud.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión-del tribunal.

La demanda en este caso es como sigue:

‘ ‘ Comparecen ante la Hon. Corte los demandantes arriba nombrados y, respetuosamente, exponen y solicitan como sigue: I, Que los pre-dichos demandantes son los únicos herederos legítimos de Doña Cle-mentina Voigt y de Castro, fallecida ésta en 11 de agosto de 1908-II. Que en un pleito seguido, en cobro de deuda, .ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos en y para Puerto Rico, radicado bajo el número de orden 114, por la causante de los demandantes, dicha Doña Clementina Yoigt y de Castro, como demandante, contra el demandado Don Manuel Antonio Zeno Gandía, aquélla, o sea, la referida Doña Clementina Voigt y de Castro, obtuvo un fallo a su favor y contra el entonces y ahora demandado Manuel Antonio Zeno y Gandía, cuya sentencia fué dictada y registrada en debida y legal forma por dielio tribunal, en mayo 13 de 1904, en esta Isla de Puerto Rico, por la cantidad de $2,153.63, más las costas del pleito relacionado y devengando todo ello, desde el indicado día 13 de mayo de 1904 el interés legal del seis por ciento (6%) anual hasta su definitivo solvento, siendo la ameritada sentencia firme y ejecu-toria. III. Que las costas del indicado pleito ante la Corte Federal, fueron legal y debidamente tasadas en $121.05 que, unido a la expre-sada suma principal de tal sentencia, montaba en la indicada fecha a $2,274.68, de los que sólo pudo hacer efectiva dicha Doña Clemen-tina Voigt de Castro la suma de $23, quedando pendientes de ser satisfechos por el entonces y ahora demandado, Manuel Antonio Zeno Gandía, según información y creencia de los actores, la suma de dos mil doscientos cineuentiún dollars con sesenta y ocho centavos, ($2,251.68). IV. Que el interés legal del seis por ciento (6%) anual sobre la indicada suma de $2,251.68, concedido por el ameritado fallo, asciende, desde el expresado día 13 de mayo de 1904, hasta hoy, a la suma de un mil cuatrocientos noventa y seis dollars con cuarenta y nueve centavos ($1,496.49), cuyos intereses, unidos a la cantidad principal mencionada en el hecho anterior, hacen un total de tres mil setecientos cuarentiocho dollars con diez y siete centavos ($3,748.17), que el referido demandado adeuda y debe hoy a- los mencionados demandantes, según información y creencia de éstos, sin que tal de-mandado les haya satisfecho parte alguna de la expresada cantidad, ni tampoco a persona alguna para los referidos demandantes. Por tanto, a la Hon. Corte suplicamos: se sirva, previo los tramites le-gales, dictar un fallo condenando al demandado a pagar a los deman-dantes la indicada suma total de $3,748.17, con el interés legal de esta suma desde la interposición de la demanda, y las costas, desem-bolsos y honorarios de abogado. Ponce, junio 10, 1915. (Firmado) José A. y Alberto S. Poventud. Abogados de los demandantes. Don Roberto Graham y Frazer, bajo juramento expone: que es el man-datario y apoderado de los demandantes en el pleito arriba intitu-lado; que ha autorizado a los abogados suprascritos para presentar esta demanda; que los demandantes arriba nombrados se encuentran ausentes de este distrito, por cuyo motivo no hacen el presente affidavit; y que los hechos de la precedente demanda, que ha leído, son ciertos, excepto los expuestos por información, los cuales cree ciertos. (Fir-mado) Roberto Graham. Affiant. — Affidavit No. 1252. Jurado y sus-crito ante mí por Don Roberto Graham y Frazer, mayor de edad, casado, ingeniero, vecino de Ponce y por mí personalmente conocido, hoy día diez de junio de 1915, en la Ciudad de Ponce, P. R. (Fir-mado) Gustavo Rodríguez, Notario Público. Presentada en 10 de junio de 1915. Por: . A. Gotay Purcell, Sub-secretario. José Rosario Gelpí, See., Corte Distrito de Ponee.”

El demandado excepcionó la demanda por no aducir hechos suficientes para determinar una causa de acción y la corte declaró su excepción sin lugar. Entonces la contestó en la siguiente forma:

“Comparece el demandado por medio del abogado que suscribe, y, contestando la demanda interpuesta con el título que arriba se expresa, alega: Que niega general y especialmente todos y cada uno de los hechos expuestos en dicha demanda. Y, por tanto, el deman-dado suplica a la corte dicte sentencia a su favor, con costas, gastos y honorarios de abogado a cargo de los demandantes. (Firmado) Eugenio Benitez. Abogado del demandado. Presentada en 7 de febrero de 1917. Por: A. Gotay Purcell, Sub-secretario. José Rosario Gelpí, See., Corte de Distrito de Ponce, P. R.”

Los demandantes solicitaron una sentencia sobre las ale-gaciones, por no estar jurada la contestación. La corte fijó un día para oir a ambas partes y dictó finalmente su senten-cia declarando con lugar la demanda, y contra esa sentencia interpuso el demandado el presente recurso de apelación.

En su alegato el apelante sostiene que la corte erró, 1°., al declarar con lugar la demanda, no obstante ser insuficien-tes los hechos alegados en la misma para determinar una causa de acción, y 2°., al basarse para dictar su sentencia sobre las alegaciones en un juramento nulo, por no estar suscrito por la parte, ni por su abogado.

1. Examinemos el primer error. Dos son los únicos argu-mentos que presenta el apelante para sostener que existe, a saber: que en la demanda no se consigna de modo preciso cuál fué la naturaleza del pleito que siguió en la Corte Federal la señora Voigt contra el señor Zeno Gandía y que no se concibe que si la sentencia a qne se refiere la demandada es firme, se recurra a un pleito separado para hacerla efectiva.

En cuanto al primer extremo, basta examinar la demanda que dejamos transcrita para convencerse de que si bien pudo' hacerse la alegación relativa a la naturaleza del pleito más detalladamente, se alegó con claridad suficiente. Y en cuanto al segundo, si bien no es lo. usual en el cobro de obligacio-nes reconocidas por sentencia el recurrir al procedimiento seguido por los demandantes, el hecho de que existan trá-mites marcados en la ley para lá ejecución de las sentencias, no impide que se recurra a la vía ordinaria para exigir el cumplimiento de dichas obligaciones.

En el caso de Kingsland v. Forrest, el Juez Presidente Dargan de la Corte Suprema de Alabama, se expresó así:

“La única cuestión que estimamos necesario considerar es ésta— si en este estado procede o nó una acción por deuda sobre una sen-tencia dictada después de un año y un día, pero antes de diez años, de haberse entablado el pleito, y sobre la cual se ha librado auto de ejecución dentro de un año, que fué devuelto por no haberse encon-trado bienes.
“Confieso que mis investigaciones no me han convencido de sí dentro del derecho común puede sostenerse una acción por deuda sobre una sentencia, dentro de un año y un día de haber sido dictada, y en una época en que el demandante puede aún pedir la ejecución de la misma. Los comentaristas del derecho común se expresan generalmente en el sentido de que procede una acción por deuda en cobro de una sentencia: 1 Ch. Pl. 126; 1 Tidd’s Pr. 3. Blaebstone dice que si uno ha obtenido sentencia contra otro y por abandono no-ha exigido la ejecución de la misma, puede luego entablar una acción por deuda en cobro de la sentencia: 3 Bla. Com. 129. Selwyn dice que procede una acción por deuda en cobro de una sentencia durante un año y un día o después, pero se refiere sólo a un caso, resuelto en 43 Edw. Ill, c. 2, 3. Dicho caso está fuera de nuestro alcance, y vemos que diferentes cortes americanas han derivado conclusiones dis-tintas de una .misma autoridad: Véase Clark v. Goodwin, 14 Mass. 237, y Lee v. Giles, 1 Bailey, 449 (16 Am. Dec. 476). La cuestión, sin embargo, ha sido discutida a menudo en las cortes de los dife-rentes Estados, y la mayoría de las autoridades americanas decidida-mente se inclinan a sostener que procede una acción por deuda para
cobrar el- importe de una sentencia, dnrante un año y un día; pero-encontramos que esto ha quedado establecido bajo principios gene-rales, sin referencia a caso alguno decidido en Inglaterra, salvo aquel a que ya nos hemos referido; Véase Headley v. Roby, 6 Ohio, 521; Hale v. Angel, 20 Johns, 342; Goodrich v. Colvin, 6 Cow. 397; Church v. Cole, 1 Hill (N. Y.) 645; Greathouse v. Smith, 3 Scam. 541; Denison v. Williams, 4 Conn. 402; Clark v. Goodwin, 14 Mass. 237. Es verdad que en el caso citado en 4 Connecticut, se hace refe-rencia varias veces a autoridades inglesas, pero si son examinadas, se encontrará, a mi entender, que no son aplicables a la cuestión resuelta durante el reinado de Eduardo III. La nota sobre ese caso, tal como la he encontrado en Viner’s Abridgment, dice así: ‘En. derecho común, una persona que había por sentencia cobrado una deuda, podía establecer una acción por deuda sobre esa sentencia, después de transcurrido un año,’ Vol. .7, título Deuda, O. Por lo tanto, yo vacilaría antes de sostener que procede una acción por deuda en cobro de una sentencia durante un año y un día después de haber sido dictada. Pero nadie negará que bajo el derecho común puede entablarse una acción por deuda sobre una sentencia después, de transcurridos un año y un día, y la única cuestión que creemos necesario resolver es si nuestro estatuto ha hecho desaparecer este remedio que concedía la ley común.
“Es cierto que cuando se ha librado auto de ejecución dentro de. un año y un. día, sin haber sido devuelto cumplimentado, puede li-brarse un segundo auto de ejecución (alias) de la misma sentencia,, dentro de diez años, sin necesidad de un scire facias: Olay’s Dig. 206, 207; pero este estatuto no hace desaparecer el derecho concedidoen la ley común de demandar por deuda en cobro de una sentencia; sólo da al demandante el remedio de obligar al pago de la sentencia por medio de ejecución, si cree propio hacerlo, pero no es su inten-ción privarlo de su derecho de acción por deuda. El remedio que-da el estatuto es meramente acumulativo, y un demandante puede,, si su sentencia no ha sido satisfecha, demandar por deuda sobre la misma, aunque podría, bajo el estatuto, pedir el libramiento de un .segundo auto de ejecución (alias) * * *." Kingsland v. Forrest, 52 Am. Dec. 234.

Al pie del caso que antecede, reportado en el tomo 52,. páginas 232-34 de la “American Decisions,” aparece la si-guiente nota:

“Dentro del derecho común una parte tiene causa de acción sobre-Rina sentencia dictada a su favor tan pronto como lo es. Ese derecho no queda limitado ni suspendido por el libramiento de un auto de ejecución; ni porque, por tener derecho al libramiento de un auto de ejecución, la acción del demandante parezca innecesaria: Freeman on Judgments, sec. 432, donde el autor cita el caso principal y además los de Albin v. People, 46 Ill. 372; Stewart v. Paterson, 63 Pa. St. 230; Gardner v. Henry, 5 Coldw. 458, en apoyo de la última proposición.” Kingsland v. Forrest, 52 Am. Dec. 234.

Bn el caso de Linton v. Hurley, 114 Mass. 76, la Corte Suprema de dicho Estado resolvió que:

“Puede sostenerse una acción entablada sobre una sentencia den-tro de los veinte años de haber sido dictada ésta, sin que importe para nada el hecho de si un auto de ejecución ha sido librado o de-vuelto, a menos que el demandado pruebe el pago o cumplimiento. Gen. Sts. c. 133, Cap. 17; c. 155, Capítulos 1, 23. O’Neal v. Kittredge, 3 Allen, 470.” Véase Linton v. Hurley, 114 Mass. 76.

Y la Corte Suprema de California, en el caso de King v. Blood, 41 Cal. 314, decidió que:

“En una demanda en pleito entablado sobre una sentencia, es innecesario expresar que se ha librado auto de ejecución de la sen-tencia y que se ha hecho un esfuerzo infructuoso para hacerla efec-tiva. ’ ’

2. — Tampoco existe, a nuestro juicio, el segundo de los errores señalados. El Código de Enjuiciamiento Civil, — ar-tículo 118, — prescribe que “el juramento de las alegaciones se hará por declaración escrita y jurada de la parte, a menos que se hallare ausente del distrito en que residiere un abo-gado, o por cualquier otra causa estuviere imposibilitado de verificarlo o cuando los hechos sean conocidos por su abo-gado, u otra persona que los jurare.” Y prescribe además, que “cuando la alegación sea jurada por el abogado o cual-quier otra persona, y no por las' partes, deberá consignarse en la declaración escrita y jurada, la razón por la cual no lo hace una de las partes. ’ ’ Limitar el caso en que cualquier otra persona puede jurar, a pleitos de desahucio, como, al parecer, pretende el apelante, sería distinguir donde la ley ho distingue y por tanto contrario a la' bien conocida regla de derecho que dice: ubi lex non distinguit, neo nos distin-guere debe-mus.

En tal virtud, siendo válido el juramento, nos encontra-mos frente a un caso propio para dictar una sentencia sobre las alegaciones, ya que no habiendo jurado su contestación el demandado, aceptó la certeza de los hechos consignados en la demanda. Artículos 110, 118 y 132 del Código de Enjuiciamiento Civil; Horton et al. v. Roberts, 11 D. P. R. 176, y Delannoy v. Blondet, 22 D. P. R. 235.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y. A so-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado SR. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Carrasquillo et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao, en causa por delito de crueldad con los animales.
    No. 1096.
    Resuelto en febrero 9, 1917.
    Sobreseimjento del Proceso — Término para la Celebración del Juicio. — El término fijado por el ineiso 2o. del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, no se cuenta a partir de la fecha de la detención del acusado, sino de la en que se presentó la aeusaeión, y una simple operación aritmética per-mite concluir que dicho inciso no es aplicable a este caso, por no haber trans-currido los ciento veinte días fijados en el mismo, computados en la forma indicada.
    Td. — Término para Presentar la Acusación. — No apareciendo, en forma debida, de los autos, la fecha en que fueron detenidos los acusados, no hay términos hábiles para resolver si es aplicable o nó a este caso el inciso primero del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
    Crueldad con los Animales — Pelea de Gallos — Apuestas e Incitaciones— Espectadores. — El que voluntariamente asiste a una pelea de gallos y hace apuestas e incita a los animales a continuar riñendo, toma parte en el acto ilegal que se realiza y es, por tanto, culpable del delito menos grave previsto y castigado en la sección 5”. de la ley para impedir la crueldad con los ani-males de 10 de marzo de 1904. Tal persona no puede considerarse como un mero espectador dentro del significado de la jurisprudencia establecida en M Pueblo v. Pamir eg, 18 D. P. R. 271.
    Los hechos están expresados en la opinión..
    Ahogado del apelante: Sr. Francisco González.

    Abogado- del apelado: Sr. Salvador Mest-re, Fiscal.

   El Juez Asociado SR. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación formulada por el Fiscal en este caso, dice,en lo pertinente, así:

“El Fiscal formula acusación contra Antonio Carrasquillo, Bau-tista ele Jesús, José González, Juan Felipe Nieves, Felipe Guzmán, José Pérez y Porfirio Díaz, por el delito menos grave de infracción al artículo 5 de la ley aprobada en marzo 10 de 1904 sobre crueldad con animales, cometido de la manera siguiente: Los citados Antonio Carrasquillo, Bautista de Jesús, José González, Juan Felipe Nieves, Felipe Guzmán y Porfirio Díaz y José Pérez en uno de los -días del mes de diciembre de 1915, y en el pueblo de Gurabo, que forma parte del Distrito Judicial de Iíumaeao, voluntaria, e ilega] mente llevaron a cabo y tomaron parte en una riña de gallos que se efectuó allí y entonces. ’

No consta la fecha en que se presentó la acusación pero sí aparece que fue jurada por el Fiscal ante el secretario de la corte el 1 de marzo de 1916.

El día 8 de mayo de 1916 se llamó la causa para juicio y ocurrió lo que sigue, según consta de la exposición del caso:

“El secretario dió lectura a la acusación y la defensa presentó una moción, pidiendo el sobreseimiento de este caso, amparándose para ello en el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico, incisos Io. y 2°., porque estos acusados fueron detenidos allá por el día 13 ó 14 del mes de diciembre del año pasado, y sin haber una causa justificada, después de haber transcurrido el término que señala este artículo, se trae a juicio.
“El Fiscal se opone a la moción manifestando que del récord aparece, que por ser el señor Piñero, Delegado a la Cámara se sus-pendía el asunto.
“Manifiesta el Ledo. Pinero que aun partiendo de la fecha de la acusación ya habían transcurrido los días que determina la ley. La acusación aparece que fué presentada el veinte y nueve de febrero y los hechos ocurrieron en el mes de diciembre del año pasado. La corte resuelve, que de toda suerte, esta es una cuestión de discreción judicial, las cortes se inclinan siempre a que los casos pendientes ante ellas se resuelvan en sus propios méritos, y no por incidentes que no dañan los derechos de las partes. Es un hecho cierto que el Fiscal'sin duda alguna, mal informado, sospechaba que su señoría era abogado de estos acusados, y a mí mismo se me ha hecho la mani-festación de que este caso no se podía ver, porque su señoría era abo-gado. Sin duda alguna ha sido una mala interpretación, pero no aparece que haya habido la intención de perjudicar a los acusados, ni que los acusados hayan sufrido realmente perjuicio alguno, y por estas circunstancias y considerando también, que ante este tribunal ha habido una cantidad de trabajo verdaderamente abrumadora, la corte declara sin lugar la moción.
“Los denunciados por sus abogados toman excepción, y hacen la alegación de inocentes.”

El artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal invocado, ordena que

“A menos que exista justa causa contraria, el tribunal decretará el sobreseimiento del proceso en los casos siguientes:
“1. Cuando una persona haya sido detenida para responder por la comisión de un delito público, siempre que no se haya presentado acusación contra ella en el término de sesenta días desde su detención.
“2. Cuando un acusado, cuyo juicio no haya sido transferido a petición suya, no sea sometido a juicio en el término de ciento veinte -días, a contar desde la presentación de la acusación.”

El inciso segundo no es aplicable. Ya hemos dicho que no consta la fecha exacta en que fué presentada la acusación, pero aceptando que lo fuera el mismo día en que la juró el Fiscal, basta una simple operación aritmética para concluir que desde el 1 de marzo hasta el 8 de mayo de 1916, no había transcurrido el término de ciento veinte días que la ley señala.

Tal vez debió aplicarse el inciso primero. Si los acusa-dos fueron' detenidos el 13 o el 14 de diciembre de 1915 y la acusación no se presentó hasta el 1 ele marzo de 1916, otra simple operación aritmética permitiría concluir que entre la fecha de la detención de los acusados y la en que se presentó la acusación mediaron más de los sesenta días fijados por la ley. Sin .embargo, como alega el Fiscal, estamos impedi-dos de considerar este extremo, porque fuera de la mani-festación del ahogado de los acusados, nada existe en los autos que demuestre la fecha en que fueron detenidos y, según la jurisprudencia establecida en el caso de El Pueblo v. Alsina et al., 22 D. P. R. 458, “cuando de los autos no consta la fecha en que fueron detenidos los acusados, a los efec-tos de determinar si la corte carecía dé jurisdicción para ver y fallar el caso, por haber transcurrido el término legal den-tro del cual había de presentarse la acusación, debe presu-mirse que ésta fué formulada dentro del término de ley.”

Terminada la práctica de la prueba de cargo, se pidió la absolución de los acusados porque los hechos demostra-dos por ella no eran constitutivos de delito.

La defensa de los acusados sostiene que aun admitiendo que éstos apostaran a los gallos y gritaran mientras los gallos peleaban, “rómpele el pescuezo” y “pícalo gallo,” no puede concluirse que cometieran hecho alguno constitutivo de delito, citando en apoyo de su teoría la ley y la jurisprudencia en el caso de El Pueblo v. Ramírez, 18 D. P. R., 271.

La ley aplicable está contenida en la sección 5 de la ley para impedir la crueldad con los animales, de 1904, Comp. de .1911 p. 24. Dice así:

‘ ‘ La persona que iniciare, instigare, promoviere o echare una pelea de gallos, o que realizare algún acto de ayudante, árbitro o principal, o que en forma alguna tomare parte para llevarla a efecto, o ayudare a que tenga lugar dicha riña de gallos o de otras aves, perros, toros u otros animales, habiéndose premeditado dicha riña por el dueño o por el que tuviei*e bajo su custodia dichas aves o animales, será penada con multa que no exceda de cincuenta dollars o con prisión que no exceda de treinta días, o con ambas penas a discreción de la corte.”

Y la jurisprudencia sentada por esta Corte Suprema en el caso invocado por la defensa estableció que los meros espec-tadores de una riña de gallos no cometían el. delito prescrito y castigado en la ley que Remos transcrito.

Pero en el presente caso, como muy bien resolvió la corte sentenciadora, los acusados no eran meros especta-dores. Se les acusó por el Fiscal de haber llevado a cabo y tomado parte en una riña de gallos, que constituye uno de los modos de cometer el delito. “O que en forma alguna, tomare parte para llevarla a efecto,” expresa la ley, y ¿qué otra cosa puede decirse de personas que asistieron a una ju-gada de gallos, prohibida/por la ley, e hicieron apuestas e incitaron con gritos a los animales que reñían, sino que toma-ron parte en el acto? No fueron meros espectadores. Volun-taria e ilegalmente penetraron en el campo de los actores y es natural y justo que sufran las consecuencias de sus pro-pios actos.

Cuando la corte resolvió la cuestión suscitada por la de-fensa en el sentido que dejamos expuesto, la defensa pidió la absolución de los acusados porque la prueba no era sufi-ciente para demostrar que los acusados hubieran tomado parte en la pelea de gallos. La corte negó la petición, tam-bién con razón derecha a nuestro juicio, ya que basta exa-minar las declaraciones de los testigos del Fiscal para con-cluir sin esfuerzo alguno que la prueba aportada por la acu-sación fue suficiente.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. HutchisoN,

text:
    Sucesión Rodríguez, Demandante y Apelada, v. Sucesión Torres, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre nulidad de procedimiento ejecutivo liipoteca- ;■ rio.
    No. 1392.
    Resuelto en febrero 12, 1917.
    Ordenes Generales — Instrucciones del Presidente de los Estados Unidos— Derechos Adquiridos por un Acreedor Hipotecario — Suspensión de la Acción de la Ley Hipotecaria. — Aplicando a este caso la doctrina estable-cida en el de Ochoa v. Hernández, 230 U. S. 139, del lenguaje empleado en las instrucciones del Presidente de los Estados Unidos al Secretario de la Guerra (Orden No. 101 de 13 de julio de 1898), no puede decirse que auto-rice el grave menoscabo de los derechos adquiridos por un acreedor hipotecario mediante el efecto retroactivo de una orden militar que pretende suspender la acción de la Ley Hipotecaria.
    Id. — Ejecución de Hipoteca Dentro de las Disposiciones de la Antigua Ley de Enjuiciamiento Civil. — La Orden General No. 18 de febrero 12, 1898, no tuvo por objeto permitir la ejecución de hipotecas sobre las cuales se habían pagado los intereses o que no devengaban intereses, bajo la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, pues eso sería'intercalar en ella uu precepto que jamás tuvo en mente el gobierno militar.
    Id.- — Ejecución de Hipoteca — Ordenes Generales Nulas — Privación de Pro-piedad sin el Debido Procedimiento de Ley. — La Orden ■ General No. 18 de febrero 12, 1898, del General Henry, fue promulgada en exceso de la facultad legislativa conferida al gobierno militar de acuerdo con las instrucciones del Presidente, y, por tanto, es nula y sin ningún valor en lo que respecta a las hipotecas existentes antes de su adopción, porque de admitirse su vigencia hubiera menoscabado la obligación de dichos contratos privando al acreedor hipotecario de sus derechos adquiridos por virtud de los mismos.
    Hipoteca — Ley Vigente al Constituirse. — Es regla general que la ley vigente al constituirse una hipoteca con las limitaciones y condiciones impuestas por la misma, es la que determina su fuerza y efectos. De ahí que los cambios en las leyes que imponen condiciones y restricciones al acreedor hipotecario al hacer valer sus derechos y que afectan a su esencia, son nulos y no pueden prevalecer por menoscabar la obligación.
    Los heclios están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. José Tóvs Soto.

    Abogado de la apelada: Sr. José G. Torres.

   El Juez Asociado Sr. HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes y apelados establecieron una accióii para reivindicar ciertas fincas que fueron vendidas en junio de 1901, de acuerdo con el procedimiento sumario prescrito por la Ley Hipotecaria. En la demanda se alegó la nulidad de la venta y se funda principalmente en la proposición de:

“Que al iniciarse el0procedimiento en cobro de los referidos cré-ditos hipotecarios y durante todo el curso del mismo, se encontraba en suspenso el procedimiento para el cobro de créditos hipotecarios por orden general del Comandante en Jefe del Departamento de Puerto Rico, No. 18, de 12 de febrero de 1899; No. 10, de 19 de enero de 1900 y 92 de 28 de abril de 1900, careciendo la Corte de. Distrito de Ponee de jurisdicción para conocer del referido procedimiento hipotecario y para subastar la finca hipotecada.”

Los demandados y apelantes niegan que esto sea así, e insisten en el hecho de que las referidas órdenes son “anti-constitucionales” por no tener el Gobernador Militar facul-tad para privar de este modo a los acreedores hipotecarios de sus derechos adquiridos por virtud de la Ley Hipotecaria.

El juez sentenciador dictó sentencia a favor de los de-mandantes pero la “relación breve del caso exponiendo los hechos según éstos resulten ante él y dando las razones en que funde su decisión,” como lo exige la ley titulada “Ley para enmendar los artículos 92, 123 y 299 del Código de En-juiciamiento Civil,” aprobada en 9 de marzo de 1911, brilla por su ausencia.

En el caso de Oliver v. Oliver, 23 D. P. R. 181, dijimos que teníamos gran duda respecto a si la doctrina establecida en el caso de Ochoa v. Hernández, que aparece en el tomo 230 U. S., página 139, debía regular la cuestión que ahora se sus-cita debidamente por primera vez en este tribunal. Quizás si la corte de distrito estuvo influida indebidamente por tal obiter dictum, pero ni el juez sentenciador ni las partes en esta acción, han podido desarrollar en alguna forma notable el pensamiento sugerido entonces; y a la verdad que después de considerar con más detenimiento la cuestión, no encontramos una razón satisfactoria en la que basar una clara distinción respecto al principio fundamental envuelto.

En el caso de Ochoa v. Hernández, la Corte Suprema sin resolver si la autoridad del comandante militar en Puerto Rico quedaba o no sujeta a las mismas limitaciones constituciona-les como lo está la del Congreso, sostuvo el criterio de que de acuerdo con las instrucciones comunicadas por el Presidente McKinley al Secretario de la Guerra en 13 de julio de 1898 con referencia a Cuba, Ordenes Generales del Departamento de la Guerra, No. 101, hechas obligatorias para el Gobernador de Puerto Rico por virtud de la comunicación remitiendo ins-trucciones de fecha julio 29, publicada por orden del General Miles para información y guía de todos los interesados y que de tal modo continuaron en vigor como reconocida declaración de principios por los cuales estaba limitado el gobierno mili-tar, el gobernador militar carecía de autorización del Presi-dente para dictar ninguna orden, judicial por su naturaleza, que tuviera el efecto de privar a ninguna persona de su pro-piedad sin el debido procedimiento de ley.

En estas instrucciones del comandante en jefe se dice que los habitantes del territorio ocupado tenían “derecho a ser protegidos en sus personas y bienes y en todos sus derechos y relaciones privadas,” y se hace constar en ellas “el propósito de los Estados Unidos de cumplir en todo lo posible sus obli-gaciones en este sentido.” Proclaman dichas instrucciones que “las leyes municipales del territorio conquistado, tales como las que afectan a los derechos privados de las personas y a su propiedad y las que prescriben un castigo para el delito, se consideran que continúan en vigor en tanto son compatibles con el nuevo estado de cosas hasta tanto sean suprimidas o modificadas por el ejército ocupante, y en la práctica gene-ralmente no son derogadas sino permitidas continuar en vigor y ser administradas por los tribunales ordinarios sustancial-mente en la misma forma en que se encontraban antes de la ocupación,” y se dispone en las referidas instrucciones que ‘‘esta práctica sabia ha de ser observada en tanto sea posible en la presente ocasión.”

El carácter previsor de estas limitaciones que como tam-bién ha indicado la Corte Suprema “eran aquellas que surgen de reglas generales de derecho internacional y de principios fundamentales que son conocidos donde quiera que ondea la bandera americana,” se revela inmediatamente.

Si en el lenguaje empleado se prohibe privar a una persona de la propiedad sin el debido procedimiento de ley me-diante el efecto retroactivo de una orden militar que reduce el término de prescripción dentro del cual un título posesorio puede quedar convertido en una declaración judicial de do-minio, privando de este modo inmediatamente del derecho de acción de cualquiera o todas las personas que estén ya fuera de posesión por más tiempo del fijado en el período más corto y que no lian alegado previamente sus derechos superiores, difícilmente puede decirse que autoriza el grave menoscabo de los derechos adquiridos por un acreedor hipotecario me-diante el efecto retroactivo de una orden militar que pretende suspender la acción de la Ley Hipotecaria.

El concepto de lo que son derechos adquiridos no es cosa nueva para la Ley Civil. “Las previsoras máximas de los jurisconsultos romanos en desaprobación de todas las leyes retroactivas fueron observadas por Bracton en el siglo trece, han sido repetidas por Coke y Bacon y aplicadas por las cor-tes de Inglaterra en la única forma que es posible en un par-lamento omnipotente; o sea, como una regla de interpretación al efecto de que nunca se considerará que un estatuto priva o despoja de derechos adquiridos, si es susceptible de cualquier otra significación. Los mismos principios doctrinales de los jurisconsultos romanos, ingleses y continentales han venido a formar parte del derecho constitucional americano.” Mc-Gehee, sobre Debido Procedimiento de Ley, p. 153.

Las Ordenes Generales envueltas en este pleito son las si-guientes :

“CuaRtel General,
“DEPARTAMENTO DE PuERTO BlGO,
“San Juan, febrero 12, 1899.
“ Ordenes Generales,
“No. 18.
“Habiéndose representado al Comandante del Departamento por medio de escritos y solicitudes y por otros medios, a su satisfacción, que debido a la grave crisis ocasionada en el país por la pasada gue-rra y por el retraimiento de los capitales que se invertían en los nego-cios de esta Isla los agricultores no pueden pagar sus deudas aun cuando poseen lincas de mucho valor; teniendo en cuenta, además, que muchos hombres de negocios al proceder a la liquidación de éstos gestionan judicialmente la, venta de fincas agrícolas hipotecadas en garantía de créditos vencidos, que no pueden pagar aquéllos, con lo cual se les crea un grave conflicto en sus intereses; que bajo el régimen de las actuales leyes los procedimientos de cobro de esos créditos en la vía judicial son de carácter muy sumario, al extremo de que la venta se ha de hacer en los treinta días siguientes, a con-tar desde el requerimiento judicial de pago, y que por consiguiente carece el deudor del tiempo necesario en las presentes circunstan-cias. para levantar fondos que no puede hallar fácilmente.
“Por la presente se ordena que por razón de beneficio y equidad en favor de los agricultores de la Isla, y para salvar a la agricul-tura y a las industrias agrícolas de las pérdidas y quebrantos que ese estado de cosas le ocasiona, quede en suspenso la vigente Ley Hipotecaria en cuanto al procedimiento para hacer efectivo créditos contra fincas agrícolas de todo género y las industrias y máqui-narias a ellas afectas. Esta suspensión durará el término de un año, a contar desde esta fecha, o sea desde enero 19 de 1899, hasta igual fecha de 1900; y es claridad que esta concesión y beneficio no será aplicada en favor de los deudores que no paguen desde luego y en lo sucesivo el interés convenido por sus deudas, siempre que no exceda del tipo máximo del 12 por ciento anual.
“Esta orden no será aplicada a los procedimientos que se sigan para el cobro de contribuciones insulares y municipales.
“Y para que esta orden se ponga inmediatamente en vigor, se ordena su publicación en la ‘ Gaceta Oficial, ’ y se comunica en seguida a todos los alcaldes, jueces y tribunales de la Isla para su conoci-miento y ejecución.
“Por mandato del Mayor General HeNry;
“W. P. Hall,
‘ ‘ Ayu danta-General.
“Cuartel General,
’’DEPARTAMENTO DE PUERTO RlCO,
“San Juan, enero Itf, 1900.
“OrdeNes Generales,
“No. 10.
“Por orden del Secretario de la Guerra, las disposiciones de ‘Ordenes Generales’ No. 18, serie de 1899, de este Cuartel General, mandando suspender la ejecución de hipotecas en la Isla de Puerto-Rico hasta enero 19, 1900, quedan prorrogadas por seis meses más, a partir de esta última fecha, o por el plazo más reducido que en adelante anunciare la autoridad competente.
“Por mandato del Brigadier General Davis,
“W. P. Hall,
Ayudante General>”
“CUARTEL GENERAL,
“ DEPARTAMENTO DE PUERTO RlCO,
“San Juan, abril 28, 1900.
“Ordenes Generales,
“No. 92.
“En cumplimiento de instrucciones recibidas -del Secretario de la Guerra, las disposiciones de las Ordenes Generales No. 18, serie de 1899, de este Cuartel General, fechadas febrero 12, 1899, y las Ordenes Generales No. 10, serie corriente, de este Cuartel General, fechadas enero 19, 1900, se prorrogan nuevamente por seis meses a partir de julio 19, 1900, sin perjuicio de cualquiera reducción del plazo u otra resolución que sobre el particular acordare la legisla-tura de Puerto Rico al organizarse.
“Por mandato del Brigadier General Davis,
“¥m. E. Almy,
“Ayudante General en ejercicio.” '
“(Gaceta Oficial, No. 27, Feb. 1,1899.)
‘ ‘ Cuartel General,
“Departamento de Puerto Rico,
“San Juan.
“Habiéndose interpretado equivocadamente la orden del 19 de enero de 1899 referente a la ejecución de hipotecas sobre fincas agríco-las y sus maquinarias, en el sentido de hacerla extensiva a deudas que nunca se pretendía traer bajo su jurisdicción.
“Por la presente ordeno que se ponga en conocimiento de aque-llas personas encargadas de la. administración de la ley, las instruc-ciones siguientes:
“Primera. Que sólo se aplicará la referida orden a los créditos garantizados por hipotecas; pues en estos casos se puede levantar los embargos, y quedarán siempre las hipotecas como garantías. Así no sucede con créditos personales; quedaría el acreedor sin garan-tías si el derecho de embargar le fuere quitado, y tuviere que espe-rar un año para poder emprender procedimientos judiciales, durante cuyo tiempo sería fácil para el deudor vender sus bienes, y así bur-larse de sus acreedores. Por lo tanto esta orden no se refiere a cré-ditos personales, o créditos que no sean garantizados por hipotecas.
“Segundo. Todo proceso que se emprenda de acuerdo con la pre-sente orden, con el fin de ejecutar una hipoteca por falta de pago de los intereses, será efectuado bajo la antigua ley que regía antes de la Ley Hipotecaria actualmente vigente. La antigua ley concede a los deudores más de 30 días para buscar el dinero con que pagar sus intereses; salvando así sus fincas.
“Tercero. Al embargarse una finca agrícola, y sus productos, la finca no pasará a manos del acreedor, pero se constituirá como depo-sitario el dueño de la misma, y estará obligado a dedicar el producto de la venta de las cosechas a la liquidación de los intereses vencidos, o de la deuda principal.
“Cuarto. No se ejecutará ninguna hipoteca bajo el convenio de esta Orden; por no haberse pagado los intereses, cuando por razón de previo embargo el dueño de la finca esté deshabilitado para la venta de sus cosechas, y así no haya podido hacerse de dinero para atender al pago de los referidos intereses.
“Quinto. En ningún caso puede ejecutarse una hipoteca y vender la finca sin previa revaluación de la finca por peritos. El acree-dor nombrará un perito, el deudor otro, y el tercero será nombrado por el juez.
“San Juan, P. R., enero 31, ’99.
“Guy V. HenRY,
“Mayor General Voluntarios,
“Comandante.”

Al ser interpretadas conjuntamente la primera y la última de las referidas órdenes se lia insistido mucho en el hecho de que solamente afectan al remedio y que no privan al acreedor hipotecario de ningún derecho adquirido; que la suspensión del procedimiento sumario de la Ley Hipotecaria hizo desa-parecer el único obstáculo que había para la ejecución ordina-ria de acuerdo con la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil y que para sostener la validez de la Orden General No. 18 tenía que ser interpretada en relación con la Gaceta Oficial No. 27, supra, en el sentido de que meramente modifica sin perjudicar formalmente el procedimiento para hacer cumplir la obliga-ción hipotecaria.

Qne no era el propósito del General Henry el privar al acreedor hipotecario de ningún derecho sustancial puede in-ferirse de la forma en que se expresa al decir que “en caso de tales créditos se pueden levantar los embargos y quedarán .siempre las hipotecas como garantías.” Que su intención fué el permitir la ejecución en cualquiera forma de hipotecas .sobre las cuales se habían pagado los intereses, o que no deven-gaban intereses, es cosa que de ningún modo aparece tan clara. Los créditos personales quedan excluidos del efecto" de la prohibición porque “quedaría el acreedor sin garan-tías si el derecho de embargar le fuera quitado y tuviere que esperar año para poder emprender procedimientos judiciales durante cuyo tiempo sería fácil para el deudor vender sus bienes y así burlarse de sus acreedores.” Es la ejecución de hipotecas por falta de pago de intereses solamente lo que expresamente está autorizado por la antigua ley y aun en cuanto a éstos, se dice que si durante el curso de los procedi-mientos puede el deudor hipotecario “buscar el dinero de los intereses,” la acción podría ser suspendida. Además, “no se ejecutará ninguna hipoteca bajo el convenio de esta orden por no haberse pagado los intereses, cuando por razón de previo embargo el dueño de la finca esté desabilitado para la venta de sus cosechas, y así no haya podido hacerse de dinero para atender al pago de los referidos intereses.” También la Orden General No. 18 se basa no tanto en el carácter suma-rio del procedimiento de la Ley Hipotecaria como en el hecho de que los “agricultores no pueden pagar sus deudas aun cuan-do poseen fincas de mucho valor y que muchos hombres de negocios al proceder a la liquidación de éstos en la Isla gestio-nan judicialmente la venta de fincas agrícolas hipotecadas con .gran perjuicio de sus dueños.”

Decir, por tanto, que la Orden General No. 18 tuvo por objeto la ejecución de hipotecas comprendidas dentro de sus du-posiciones bajo el antiguo Código de Enjuiciamiento Civil sería intercalar en ella un precepto que según parecen indicar todas las circunstancias jamás tuvo en su mente el Gobierno Militar.

Pero como quiera que sea la contestación categórica al ar-gumento del demandante y apelado aparece de la naturaleza, peculiar y objeto principal de la actual Ley Hipotecaria en el caso de Barnitz v. Beverly, 163 U. S. 118, que como el caso de Oelioa es obligatorio para este tribunal independiente-mente de nuestra opinión y en otros casos en igual sentido citados en el tomo 6 de la obra Ruling Case Law, páginas 355, 356, secciones 352 y 360, en apoyo de la siguiente teoría:

“Es un principio fundamental de ley constitucional en relación con la obligación de los contratos que las leyes vigentes a la fecha en, que se hace un contrato y el derecho a un remedio son y forman parte del mismo como si expresamente se hiciera referencia a ellas o estuvieran incorporadas en sus términos, y que a la vez constituyen parte de su obligación. El remedio que está protegido por la cláu-sula relativa al contrato de la Constitución, es algo más que el pri-vilegio de hacer que sea resuelta una reclamación. La mera investi-gación judicial respecto a los derechos de las partes no es bastante. Tiene que existir la facultad de poder hacer cumplir lo que resulte de dicha investigación antes de que pueda decirse que es un reme-dio que la constitución considera como parte de un contrato. Nada es más esencial a la obligación de un contrato que los medios para hacerlo cumplir. Las ideas respecto a la validez y el remedio son por consiguiente inseparables y ambas constituyen parte de la obli-gación garantizada por la Constitución contra todo menoscabo.”
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“La regla general es que la ley vigente al constituirse una hipo-teca con todas las limitaciones y condiciones impuestas por las mis-mas es la ley que determina la fuerza y efecto de una hipoteca, y de ahí que los cambios en las leyes que imponen condiciones y res-tricciones al acreedor hipotecario al hacer valer sus derechos y que afectan a su esencia son nulas por menoscabar la obligación y no pue-den prevalecer. De acuerdo con esta regla la ley no permitirá que se hagan cambios por el estatuto, que en lo que respecta a hipotecas anteriores, extienden o de otro modo modifican el término de reden-ción, aun cuando todavía no haya tenido lugar una ventaja; o que dispone que se dicten órdenes sobre nn término mayor para el cré-dito del que se permitía a la fecha en que se constituyó la hipoteca; o que alteran los derechos de un acreedor hipotecario para vender en ejecución sujeto solamente a la redención que se prescribe para el caso por la ley en vigor al constituirse la hipoteca. De acuerdo con la misma regla un estatuto que autoriza la redención de una pro-piedad vendida en procedimientos de ejecución de hipoteca, en que no existía ningún derecho a la redención, no puede ser constitúcio-nalmente aplicada a una venta por virtud de una hipoteca otorgada antes de su aprobación.”

Al ser sometida lá actual Ley Hipotecaria a las Cortes Españolas en el año 1893, para obtener la sanción legislativa, el Ministro de Ultramar por virtud de la autoridad del Rey, con la aprobación del Consejo de Ministros y haciendo refe-rencia a la ley anterior sobre la misma materia que entonces regía en Puerto Rico desde mayo de 1880, dijo lo siguiente:

“Pero donde la voz de la experiencia se ha dejado oir con mayor fuerza contra la ley, demandando remedio pronto, es en lo referente al procedimiento para hacer efectivos los créditos hipotecarios. Su complicación abrumadora, la inseguridad del éxito y su costo incalculable retraen el capital o sugieren, condiciones usurarias; la venta a retro viene sustituyendo al préstamo para suprimir todo proce-dimiento con daño del terrateniente; se estipulan intereses que triplican el capital prestado, y tal vez empleando otras fórmulas, se sujeta con responsabilidades penales al deudor, convirtiendo la san-tidad de las leyes escritas para castigar delitos en vil instrumento de la condieia contra el infortunio. Emplea estas artes la desconfianza, porque el procedimiento legal no satisface las exigencias razonables; de la contratación, y a cortar la raíz de estos males, proporcionar a la tierra el capital que necesita, y dar al prestamista seguridades de pronto y fácil cobro, se consagra la reforma de mayor transcenden-cia que propone el Gobierno, suprimiendo trámites que, sin garantía positiva de los derechos, ahoga los más sagrados. La previa tasación, la fijeza en la competencia judicial para las diligencias precisas, la supresión de todo pleito, un solo requerimiento y la subasta inme-diata, son las bases de la nueva legislación; suprímense juicios, excu-siones, exhortos, mandamientos de embargo de lo que está ya hipo-tecado, incidentes, subastas simultáneas, y tantas otras barreras atra-vesadas en la senda del crédito territorial con noble ánimo, en las que sólo tropieza realmente la buena fe.”
Véase también el caso de Giménez v. Brenes, 10 D. P. R. 128.

Atendidas estas circunstancias y sin hacer referencia a los méritos intrínsecos del criterio sustentado por el Ministro Colonial de España, quien por lo menos reseña correctamente la verdadera teoría de la Ley Hipotecaria como fue aprobada en el año 1893, nos vemos obligados a resolver que la Orden General No. 18, fue promulgada en exceso de la facultad le-gislativa conferida al gobierno militar de acuerdo con las instrucciones del Presidente, y por tanto que es nula y sin ningún valor en lo que respecta a las hipotecas existentes an-teriormente, porque de admitirse que está en vigor dicha orden menoscaba la obligación de dichos contratos y privaba al acreedor hipotecario en este caso y a todos los demás que se encontraran en iguales condiciones de sus derechos personales y de propiedad ya adquiridos si ,a la verdad no les privaba de su propiedad sin el debido procedimiento de ley.

La sentencia apelada debe ser revocada debiendo este tribunal en su lugar ordenar y decretar que sea desestimada la demanda y que los demandantes nada recobren por razón de su demanda.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra declarando sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-rdados Wolf, del Toro y Aldrey.