author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

text:
    Luis D. López Cotto y Jessica Meletiche Hernández, por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales, peticionarios, v. Western Auto of Puerto Rico, Inc., Western Auto Supply Company, Advance Stores Company, Inc. y Compañías de Seguro A,B,C, recurridos.

      Número: CC-2006-248

      Resuelto: 17 de mayo de 2007

      Eric A. Tulla, Ángel R. Jiménez Rodríguez y Nelson Pérez Domínguez, del Bufete Rivera, Tulla y Ferrer, abogados de la parte peticionaria; Rafael E. Aguiló-Vélez y Elizabeth Pérez-Lleras, del Bufete Shuster & Aguiló, abogados de Western Auto of Puerto Rico, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Luis D. López Cotto era técnico automotriz en la tienda Western Auto del centro comercial Santa María Plaza. El baño del taller de mecánica del referido negocio se prestaba para que los empleados practicaran bromas, puesto que la cerradura se encontraba en el exterior de la puerta. Así, los empleados solían encerrar a sus compañeros de trabajo en dicho baño. Alegadamente, López Cotto, entre otras personas, había notificado a la gerencia sobre la situación, pero nada se hizo al respecto.

El 21 de noviembre de 2003, empleados de Western Auto, alegadamente entre ellos un supervisor, decidieron gastarle una broma a López Cotto. Una vez éste entró al baño, sus compañeros de trabajo atravesaron un tubo y una cadena por la cerradura exterior de la puerta y colocaron una caja de herramientas frente a ella, encerrando de esta manera a López Cotto en el baño. Durante aproximadamente siete minutos López Cotto solicitó que lo dejaran salir del baño; como respuesta, sus compañeros le vaciaron el contenido de un extintor de fuego por debajo de la puerta. Cuando López pudo salir, le notificó a la supervisora de turno, Sra. Lucía Nieves, lo sucedido.

Como consecuencia de estos hechos, López Cotto fue hospitalizado. Fue referido a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), donde recibió tratamiento médico a manera de descanso, diagnosticándosele daño pulmonar permanente y desorden de estrés postraumático (post-traumatic stress disorder).

Al momento de los hechos, Western Auto era un patrono asegurado al amparo de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq. (Ley). Mediante Resolución de 16 de julio de 2004 y notificada el 9 de septiembre de 2004, el Administrador de la CFSE catalogó el incidente como un “accidente de trabajo” y ordenó la compensación correspondiente según la Ley.

En el entretanto, el 17 de noviembre de 2004, la Sra. Jessica Meletiche Hernández, en su carácter personal y como parte de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ella y López Cotto, presentó una demanda por daños y perjuicios ante la Sala Superior de Bayamón del Tribunal de Primera Instancia contra Western Auto. En ella reclamó una compensación por los daños experimentados como consecuencia del incidente de 21 de noviembre de 2003. Los emplazamientos se expidieron el mismo día cuando se presentó la demanda.

El 6 de junio de 2005 —fuera del término de seis meses de expedidos los emplazamientos— la parte demandante solicitó del Tribunal de Primera Instancia una prórroga de sesenta días para diligenciar los emplazamientos. La razón que adujo para justificar su demora en emplazar a la parte demandada fue que, alegadamente, no había recibido una notificación final y firme sobre la determinación del Administrador de la CFSE, lo cual constituía un detalle crucial para saber si debía retar dicha determinación; añadió que, al no contar con dicha resolución final y firme, no podía determinar si debía incluir a López como demandante. Según una certificación que emitió la CFSE el 22 de junio de 2005, la notificación de la resolución de la CFSE de 9 de septiembre de 2004 se había enviado a una dirección incorrecta.

El 7 de julio de 2005, la parte demandante presentó una demanda enmendada. En ella se incluyó a López como demandante y, por primera vez, se alegó que la CFSE había errado en su determinación de que lo ocurrido el 21 de septiembre de 2003 configuraba un “accidente de trabajo” compensable según la Ley. No se expidieron nuevos emplazamientos. Concedida la prórroga antes mencionada por el Tribunal de Primera Instancia, la parte demandante finalmente emplazó a Western Auto el 8 de julio de 2005 con los emplazamientos originales, pero utilizando una copia de la demanda enmendada.

El 28 de julio de 2005, Western Auto presentó una moción de desestimación de la demanda al amparo de las disposiciones de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. En dicha moción levantó su inmunidad como patrono asegurado al amparo de la Ley, la cual provee exclusividad de remedio para el obrero accidentado en el transcurso de su empleo; además, planteó que el Tribunal de Primera Instancia no debió haber prorrogado el término para emplazar, puesto que la parte demandante solicitó dicha prórroga fuera del término de seis meses de haber sido emitidos los emplazamientos en contravención con la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Puntualizó, además, que la razón que expuso la parte demandante para justificar la prórroga no constituía justa causa según la Regla 4.3, supra. Finalmente alegó que la causa de acción de López estaba prescrita.

El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación presentada por la parte demandada. Dicho foro judicial entendió que la parte demandante podría tener una causa de acción —esto es, que los hechos alegados podrían constituir actuaciones intencionales por parte de Western Auto— y que, por tal razón, era preciso que se dilucidara el asunto en sus méritos; añadió que tenía entera discreción a la hora de considerar si existía justa causa para prorrogar el término del emplazamiento, aún después de pasados los seis meses que dispone la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, supra. En cuanto al planteamiento de que la acción de López estaba prescrita, concluyó que según la Regla 13.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, al enmendarse la demanda para incluir a López, dicha reclamación se retrotrajo a la fecha original de la presentación de la demanda por parte de la señora Meletiche y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ellos.

Inconforme, Western Auto acudió vía certiorari ante el Tribunal de Apelaciones y adujo que el Tribunal de Primera Instancia había errado al

... (1) determinar que existía justa causa para conceder una prórroga para el diligenciamiento de los emplazamientos a[u]n cuando la misma fue solicitada transcurrido el término de seis (6) meses dispuesto en la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil ....
... (2) no desestimar la demanda enmendada aun cuando Western Auto está cobijada por la inmunidad patronal dispuesta [en la Ley] ....
... (3) no desestimar la reclamación de López no empece la misma estar prescrita. Petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, pág. 91.

El Tribunal de Apelaciones revocó al tribunal de instancia. Determinó el foro apelativo intermedio que los hechos alegados en la demanda no derrotan la inmunidad patronal establecida en la Ley. Entendió que el señor López Cotto, su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales en cuestión, no pueden acudir a los tribunales a cuestionar la inmunidad patronal, luego de aceptar la decisión de la CFSE y recibir sus beneficios. Entendió además que, a lo sumo, los hechos alegados constituyen una negligencia crasa, lo cual no derrota la inmunidad patronal. Al así resolver, no entró a discutir los errores señalados por Western Auto respecto al emplazamiento tardío y a la prescripción de la reclamación del señor López Cotto.

La parte demandante acudió ante este Tribunal —mediante una petición de certiorari— para aducir que el Tribunal de Apelaciones erró al desestimar la demanda contra Western Auto. Formuló los errores siguientes:

... (1) determinar que Western Auto tiene inmunidad de toda posible causa de acción;
... (2) determinar que la parte peticionaria está impedida de presentar una causa de acción en contra de Western Auto por sus actos intencionales después de ésta haber recibido los beneficios de la CFSE y,
... (3) al hacer una determinación de falta de intención en el abstracto, sin tan siquiera permitir que se celebrara un descubrimiento de prueba, ni llevar a cabo una vista evidenciaría en el Tribunal de Primera Instancia en la que la peticionaria pudiera demostrar la intencionalidad de los actos de Western Auto. Petición de certiorari, págs. 5-6.

Le concedimos a la parte recurrida el término de veinte días para que mostrara causa por la cual no debíamos ex-pedir el auto solicitado y dictar una sentencia modificatoria de la emitida por el Tribunal de Apelaciones para reinstalar la causa de acción de la señora Meletiche. Contando con la comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

I

La Ley provee ciertos remedios en beneficio de los obreros que durante el curso del empleo sufran alguna lesión, accidente o enfermedad. A estos fines, la Ley establece un seguro compulsorio al cual se tienen que acoger los patronos para así proveerles a sus empleados un sistema expedito y eficiente en caso de que éstos se accidenten o se lesionen durante el transcurso del empleo. También, provee una compensación en caso de que el obrero muera a raíz de un accidente en el empleo. A estos efectos, la See. 3 de la Ley, 11 L.P.R.A. see. 3, establece los beneficios a los cuales tiene derecho el obrero accidentado o lesionado, así como los requisitos para cualificar para dichos beneficios y la manera como habrá de recibirlos una vez cualifica.

El propósito de la Ley es proteger al obrero. Partiendo de la premisa de que el patrono está debidamente asegurado, la Ley provee un mecanismo mediante el cual el obrero que sufre un accidente en el transcurso de su empleo puede recobrar beneficios de forma rápida y certera. De esta manera, cuando el obrero acude a la CFSE no está obligado a probar culpa o negligencia como condición para recibir la compensación. Por razones de política pública, la Ley crea un contrato social

... que consiste en el acomodo justo y equitativo de los intereses de patronos y empleados, donde ambos reciben importantes beneficios a cambio del libre ejercicio de sus derechos o prerrogativas tradicionales. Los trabajadores ceden en cierta medida su derecho a demandar a su patrono a cambio de un beneficio que puede eventualmente resultar menor, pero que es uno seguro, inmediato y cierto. 11 L.P.R.A. sec. la.

Es por esta razón que la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) continúa favoreciendo la responsabilidad única que promulga la Ley. A tales efectos, el Art. 21 de la Ley, 11 L.P.R.A. sec. 22, dis-pone que “cuando el patrono asegure a sus obreros y empleados ... el derecho aquí establecido para obtener compensación será el único remedio disponible”. (Énfasis suplido.) Por ende, la ley crea una inmunidad patronal absoluta, lo cual significa que el obrero accidentado o lesionado no puede demandar a su patrono por daños y perjuicios sin importar el grado de negligencia atribuible a éste. Véanse: Nieves v. F.S.E., 163 D.P.R. 76 (2004); Sevilla v. Municipio Toa Alta, 159 D.P.R. 684 (2003); Toro v. Policía, 159 D.P.R. 339 (2003); Guzmán y otros v. De Jesús, 155 D.P.R. 296 (2001); Hernández v. Bermúdez Longo, S.E., 149 D.P.R. 543 (1999); Cátala v. F.S.E., 148 D.P.R. 94 (1999).

Más aún, el obrero que se acoge a los beneficios de la CFSE elimina la posibilidad de entablar una causa de acción por daños y perjuicios contra su patrono. Dicho de otro modo, no se trata de una defensa personal que tiene el patrono contra las reclamaciones por daños y perjuicios que insten sus empleados accidentados, sino que hay una inexistencia total de una causa de acción contra el patrono por los “accidentes de trabajo” que el CFSE compensa. Admor. F.S.E. v. Flores Hnos. Cement Prods., 107 D.P.R. 789 (1978).

Sin embargo, la Ley y sus beneficios no siempre se activan. Existen varias excepciones que impiden que un obrero recobre al amparo de la Ley, teniendo entonces disponible una acción por daños y perjuicios contra su patrono. Por ejemplo, hemos resuelto que los actos intencionales del patrono que le causen daño a un empleado no son compensables según la Ley. Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 178 (1998); Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485 (1985). “En este supuesto, la posible conducta ilegítima —y en algunos contextos posible conducta delictiva— [del patrono] no está inmune de una reclamación ordinaria de daños, ya que tal actuación no puede ser razonablemente considerada como una actuación vinculada al desempeño normal del empleo.” Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra, pág. 196. Las disposiciones de la Ley tampoco le aplican al patrono no asegurado o que se encuentre atrasado en el pago de las primas. La See. 4 de la Ley, 11 L.P.R.A. see. 5, enumera específicamente los accidentes exceptuados:

No son accidentes compensables del trabajo y no darán por consiguiente, derecho a compensación al obrero o empleado o a sus beneficiarios de acuerdo con este capítulo, los que ocurren en las siguientes circunstancias:
(1) Al tratar el obrero o empleado de cometer un delito o de lesionar a su patrono o a cualquier otra persona, o cuando voluntariamente se causare la lesión.
(2) Estando el obrero o empleado embriagado, siempre que la embriaguez fuere la causa del accidente.
(3) Cuando la imprudencia temeraria del obrero o empleado haya sido la única causa de la lesión.

Hemos expresado en reiteradas ocasiones que para que el patrono pueda levantar exitosamente la defensa de inmunidad tiene que existir un nexo causal entre el accidente y el empleo. Alonso García v. Comisión Industrial, 102 D.P.R. 689 (1974). Más específicamente, un accidente es compensable al amparo de las disposiciones de la Ley cuando: (a) provenga de cualquier acto o función del obrero; (b) sea inherente al trabajo o empleo del obrero, y (c) ocurra en el curso de éste. El requisito de que el accidente ocurra como consecuencia de ejecutar una función inherente al empleo, significa que la lesión ocurra mientras el empleado u obrero realiza las labores normales de su puesto. Cátala v. F.S.E., supra; Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 101 D.P.R. 56 (1973).

II

En el caso no está en controversia el hecho de que el patrono Western Auto era un “patrono asegurado” de acuerdo con la Ley. Un examen de los hechos que surgen del expediente del caso demuestran que, a lo sumo, lo único que se le puede imputar al mencionado patrono, en relación con el incidente acaecido, es haber sido negligente al no haber corregido la situación de la cerradura del baño a pesar de haber sido, alegadamente, apercibido de ella con anterioridad a los hechos. En esta clase de situaciones, de ordinario, el obrero no tiene causa de acción alguna contra su patrono. El argumento de los demandantes peticionarios —a los efectos de que López Cotto fue víctima de un acto intencional del patrono— es totalmente inmeritorio. Como expresáramos, lo más que se le puede imputar a Western Auto es que fue negligente.

Ahora bien, en la demanda presentada los demandantes alegan, “en la alternativa”, que Western Auto es responsable por los actos intencionales de los compañeros de López Cotto. No tienen razón. En cuanto a este tema en específico, el comentarista Larson sostiene que cuando la persona que intencionalmente lesiona al empleado no es el patrono, en su capacidad personal o una persona que es alter ego del patrono o de la corporación —en cuyas situaciones se le puede atribuir al patrono la intencionalidad de la actuación de esas personas— sino un mero empleado o supervisor, no procede la acción por daños contra el patrono por los actos cometidos por sus empleados. 6 Larson’s, The Law of Workmen’s Compensation pág. 103-134.4 (2006).

Ill

Por último, nos resta determinar si la esposa de López Cotto —la codemandante Jessica Meletiche Hernández— está o no impedida de demandar por daños y perjuicios a Western Auto en relación con los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2003.

A pesar de que en el pasado intimamos que no a dicha interrogante, nunca la hemos resuelto en forma directa y específica. En Cortijo Walker v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 574, 578 (1964) —caso en el que estaba en controversia la procedencia de una demanda en daños y perjuicios, presentada por unos hermanos de un obrero fallecido en un accidente de trabajo, contra el patrono asegurado— al determinar que la demanda no procedía en derecho, debido a la inmunidad patronal que cobijaba al patrono, expresamos que:

Bajo el régimen de nuestro estatuto de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, está aquí decidido que el obrero o empleado lesionado o sus beneficiarios, no pueden exigir resarcimiento al patrono bajo las normas de responsabilidad del derecho común, en nuestro caso, del Código Civil. La compensación que da el estatuto es el único resarcimiento del obrero o sus beneficiarios en cuanto a su patrono, siempre que el caso esté dentro del ámbito de la Ley. (Énfasis suplido.)

En Guzmán y otros v. De Jesús, supra, este Tribunal resolvió que la esposa y los hijos de un obrero lesionado en un accidente del trabajo que éste sufriera, no tienen causa de acción contra la compañía aseguradora del patrono asegurado —a pesar de las disposiciones del Art. 20.030 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 2003, que establece la “acción directa” en nuestra jurisdicción contra una compañía aseguradora— por razón de que la inmunidad patronal que cobija al patrono se extiende a su compañía aseguradora. Esto es, de manera indirecta, resolvimos en Guzmán y otros v. De Jesús, ante, que la esposa del obrero accidentado no tiene causa de acción contra el patrono asegurado.

Por otro lado, y en términos generales, reiteradamente hemos expresado que según “el estado actual del derecho vigente no existe duda de que la exclusividad de remedio establecida en el Art. 20, supra, es una de carácter absoluto que crea una inmunidad legal a favor de un patrono asegurado contra el ejercicio de cualquier otra acción', en otras palabras, no existe causa de acción alguna”. (Énfasis suplido.) Admor. F.S.E. v. Flores Hnos. Cement Prods., 107 D.P.R. 789 (1978). Véanse: Cruz Rodríguez v. A.A.A., 101 D.P.R. 269, 270 (1973); B.C.R. Co., Inc. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 754, 758 (1972); Vda. de Andino v. A.F.F., 93 D.P.R. 170, 181 (1966); Cortijo Walker v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 574, 578 (1964); Montes v. Fondo del Seguro del Estado, 87 D.P.R. 199, 208 (1963); Báez Vega v. E.L.A., 87 D.P.R. 67, 76 (1963); De Jesús v. Osorio, 65 D.P.R. 640, 643 (1946).

Creemos que permitir la acción de daños de la esposa, en esta clase de situaciones, derrotaría el propósito o la intención que tuvo el legislador al aprobar la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, cual fue la de establecer un seguro compulsorio, obligatorio para los patronos, que protege a los obreros pero que, a cambio de ello, constituye el único remedio procedente contra el patrono. Por consiguiente, resolvemos que resulta improcedente en derecho, como consecuencia directa de la inmunidad patronal, la acción por daños presentada por la esposa de un obrero contra su patrono en relación con un accidente del trabajo sufrido por dicho obrero.

Procede, en consecuencia, confirmar la sentencia emitida en este caso por el Tribunal de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión disidente. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió con el resultado por entender que el Tribunal de Primera Instancia actuó sin jurisdicción al autorizar el emplazamiento de la parte demandada, por haber transcurrido el término de seis meses desde que fueron expedidos los emplazamientos sin que se solicitara un prórroga para emplazar, razón por la cual la demanda debió ser desestimada.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

El 19 de mayo de 2006 este Foro emitió una resolución en el caso de autos, mediante la cual le concedimos un término a la parte recurrida, Western Auto of Puerto Rico, para que mostrara causa por la cual no debíamos dejar sin efecto el impugnado dictamen del foro apelativo, que desestimó la demanda presentada antes por la Sra. Jessica Meletiche, esposa del trabajador que aquí nos concierne. Procurábamos reinstalar así la causa de acción de dicha esposa, como lo había hecho antes correctamente el foro de instancia.

Nuestra resolución fue emitida con plena deliberación. Es decir, no obstante conocer a cabalidad la trillada norma sobre la inmunidad patronal al amparo de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, los miembros de este Tribunal que participamos en la consideración inicial de este asunto estuvimos todos de acuerdo entonces con atender el recurso de autos mediante el mecanismo procesal de una orden para mostrar causa. Lo hicimos sencillamente porque nos pareció que en este caso probablemente estaba presente una de las excepciones a la inmunidad patronal referida, a saber, cuando media una actuación intencional por parte del patrono.

Pero ahora la mayoría del Tribunal, sorprendentemente despacha lo referente a esa excepción con unas meras oraciones, citando para ello al comentarista Larson.

En este caso son hechos incontrovertidos: (1) el patrono Western Auto estaba apercibido de que sus empleados solían encerrar a compañeros de trabajo en el baño del taller de mecánica; (2) el día de los hechos, varios empleados del patrono, incluso un supervisor, encerraron a un compañero en dicho baño y le vaciaron el contenido de un extintor de fuego por debajo de la puerta; (3) la referida conducta de dichos empleados le causó graves daños físicos y mentales al compañero, como era anticipable.

Frente a estos trágicos hechos, la mayoría ahora decreta que el patrono es inmune. Según la mayoría, “a lo sumo, lo único que se le puede imputar al mencionado patrono ... es haber sido negligente al no haber corregido la situación de la cerradura del baño ...”. (Enfasis en el original.) Opinión mayoritaria, pág. 195.

En mi criterio, la mayoría confunde el problema real del caso de autos. Lo medular aquí no es si el patrono arregló o no la cerradura del baño. Más bien, lo crucial es que el patrono hizo caso omiso de una reiterada conducta de sus empleados, incluso de un supervisor, de encerrar a otros empleados en el baño. La indiferente dejadez del patrono frente a una repetida acción ilícita de sus empleados, que finalmente dio lugar a un incidente funesto, que antes nos movió a atender este recurso, pero ahora le parece a la mayoría del Tribunal que sólo constituye un mero acto de negligencia. La contención, que antes nos pareció lo suficientemente seria como para considerar el recurso, de que aquí se le puede atribuir intencionalidad al patrono, ahora es “totalmente inmeritoria” para la Mayoría. Ello, porque supuestamente el reputado comentarista Larson lo dice.

Sin embargo, el asunto no es tan sencillo como se relata en el dictamen mayoritario. Es cierto que el celebre jurista Larson señala, sobre el asunto que aquí nos concierne, que “when the intentional injury is committed by a co-employee the better rule is that an action in damages will not lie against the employer merely because the co-employee occupied supervisory status in relation to the claimant”. (Énfasis suplido.) 6 Larson’s, The Law of Workmen’s Compensation pág. 103-10 (2006). Pero también es cierto —y la mayoría en su dictamen ni lo menciona— que Larson dedica docenas de páginas a explicar cómo y por qué la norma aludida está cambiando en las jurisdicciones norteamericanas. íd., págs. 103-10 a 103-39. En efecto, Larson explica en detalle que al menos una docena de jurisdicciones estatales han variado ya sus normas para permitir acciones contra el patrono por actos intencionales de un compañero de trabajo cuando se trata de una conducta u omisión que el patrono entendía con sustancial certeza que le causaría daño a algún empleado. Esta óptica emergente está apoyada en gran parte por la postura sobre el particular de otro prominente jurista, W. Prosser, Handbook of the Law of Torts, St. Paul, West Publishing, 1971, citado por Larson.

Resulta, pues, que la mayoría menciona de pasada un criterio de Larson, pero no detalla nada en su opinión sobre el resto de lo indicado por Larson sobre el particular. Y como si esta incomprensible omisión fuera poco, la mayoría tampoco explica de modo alguno por qué es que la conducta del patrono en el caso de autos no constituye una “actuación intencional” suya. Ese es el asunto más importante y determinante de este caso, pero la mayoría guarda silencio, tal como lo hace con el resto de la exposición de Larson sobre la cuestión que aquí nos concierne.

En mi criterio, tratamos aquí con una conducta que jurídicamente constituye una indudable actuación intencional, que debe generar responsabilidad. El patrono, estando plenamente consciente de un reiterado acto ilícito de sus empleados, hizo caso omiso de ello. Nuestra Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo no define concretamente qué es un “acto intencional”. Tampoco lo hemos hecho nosotros en la muy escasa jurisprudencia sobre el particular, que es extremadamente limitada en cuanto a este asunto se refiere. En efecto, la excepción a la norma básica de remedio exclusivo cuando ocurre un acto patronal intencional la establecimos escuetamente, en sólo una oración, en Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 501 (1985). La hemos reiterado posteriormente, también de modo igualmente escueto, en Pacheco Pietri y otros v. E.L.A. y otros, 133 D.P.R. 907, 919 esc. 6 (1993); Laureano Pérez v. Soto, 141 D.P.R. 77, 84 (1996), y en Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 178, 196 (1998). A pesar de que Larson dedica muchas páginas a examinar este asunto a fondo, en Puerto Rico hasta ahora no le habíamos dedicado más de unas oraciones. La ponencia de la mayoría del Tribunal en el caso de autos no supera esta situación.

Ante la ausencia de una definición normativa en nuestro ordenamiento jurídico sobre qué constituye el “acto intencional” referido, debemos tener en cuenta que, según el propio Larson, éste ocurre cuando para el patrono era sustancialmente cierto que un daño resultaría de dicho acto. El énfasis está en lo que el patrono podía prever con certeza.

Aquí el patrono, hizo caso omiso de la reiterada conducta ilícita de sus empleados, la cual conocía. No cabe duda de que actuó de modo irresponsable y en abandono de su deber social. Era evidentemente previsible que el encierro forzado de varios empleados en el pequeño y limitante espacio de un baño le causaría, cuando menos, malestar y desasosiego a éstos. El patrono, pues, tenía la obligación social de requerirle a sus empleados que terminaran la práctica irresponsable y nociva de encerrar a otros empleados en el baño del taller. No lo hizo, por lo que su omisión permite imputarle jurídicamente haber incurrido en un acto intencional. Tal omisión constituye “dejar de hacer una cosa necesaria”, que “conlleva corrientemente la connotación ... de grave falta moral”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Romero Cuesta, 101 D.P.R. 404, 408 (1973).

Sobre todo en la situación aciaga que vive el país, este Tribunal le hace un flaco servicio, al condonar que un patrono ignore una conducta reiterada gravemente irresponsable de sus empleados. En mi criterio, no ejercemos cabalmente nuestra ingente función como máximo foro judicial del país al darle la espalda a una víctima de la maléfica “bromita” que aquí nos concierne. Como no comparto el visto bueno que la mayoría de tribunal le da a la cruda insensibilidad e irresponsabilidad patronal en el caso de autos, yo disiento.

       Valga aclarar que de la propia faz de la demanda surge que la parte demandante conocía sobre la determinación de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), la cual calificó el incidente como un “accidente en el empleo”.

       Dicha regla dispone:
      “Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación en cualquier alegación, ya sea demanda, reconvención, demanda contra coparte, o demanda contra tercero, se expondrá en la alegación respondiente que se haga a las mismas, en caso de que se requiera dicha alegación respondiente, excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante moción debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una parte indispensable.” 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 10.2.

       Larson opina igual al especificar que no existe la causa de acción para el cónyuge del empleado lesionado si la lesión ocurre dentro del marco de la ley. 6 Larson’s The Law of Workmen’s Compensation, págs. 100-1, 1001-1 y 101-2 (2006).

       Nos hemos abstenido de discutir el señalamiento de error sobre lo tardío del emplazamiento, debido a que es norma reiterada en nuestro ordenamiento que “los tribunales tienen discreción para prorrogar el término provisto para diligenciar el emplazamiento por un período razonable, aun expirado el plazo de seis (6) meses, siempre y cuando la parte que lo solicita demuestre justa causa para ello y no haya abuso de discreción por parte del tribunal”. (Énfasis en el original.) First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., 144 D.P.R. 901, 914 (1998).Véase Banco Metropolitano v. Berríos, 110 D.P.R. 721 (1981).

       Los estados que tienen una nueva normativa son: Connecticut, Florida, Louisiana, New Jersey, North Carolina, Ohio, South Dakota, Texas, California, Michigan, Washington y West Virginia.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Moisés Figueroa Agosto y Luis Delgado Colón, peticionarios.

      Número: CC-2007-218

      Resuelto: 17 de mayo de 2007

      César E. Cerezo Flores y José M. de León Pérez, abogados de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Petición de Certiorari, presentada por la parte peticionaria, se provee “no ha lugar”.

Lo acordó el Tribtmal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión disidente. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez expediría y disintió sin opinión escrita del “no ha lugar” provisto.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Hace más de un cuarto de siglo, en Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324, 327-328 (1979), este Tribtmal expresó, respecto a las disposiciones del Art. II, Sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, que

... el temor al crimen y el natural deseo de combatirlo no deben oscurecer el propósito central de la disposición. Libremos el lenguaje original de su glosa abultada. La garantía contra los registros y allanamientos irrazonables representa la voluntad de negarles a los gobiernos mejor intencionados, en aras de una libertad individual preciada, medios eficaces y aun aparentemente indispensables para lograr objetivos meritorios. Se estructuró precisamente ese derecho para proteger al ciudadano aun de los gobiernos democráticos más escrupulosos. Amsterdam, Perspectives on the Fourth Amendment, 58 Minn. L. Rev. 349, 353 (1974). Por bueno que sea el guardián, siempre existe el problema de quién lo vigila. Quis custodiet custodiem. Cuando se descuidan los medios, cuando se disminuyen los derechos fundamentales a nombre de un ansiado orden, lo que viene a perecer al cabo es la libertad y con ella la democracia que se quiso defender. Véase: McNabb v. United States, 318 U.S. 332, 347 (1943) (Frankfurter). (Énfasis suplido.)

Dichas sabias —y hermosas— palabras cobran hoy mayor importancia y relevancia al considerar el hecho de que la alta jerarquía de la Policía de Puerto Rico recientemente ha requerido de sus miembros la obtención y el diligenciamiento de las cuotas mensuales de las órdenes de registros y allanamientos.

Aparte de la consternación que en nuestro ánimo causa dicha absurda e impropia acción, nos preguntamos cuántos humildes hogares puertorriqueños serán —ilegal e irrazonablemente— ultrajados o violados durante los meses venideros. El transcurso del tiempo, seguramente, nos dará la contestación a dicha penosa interrogante. En ello, precisamente, radica la importancia de la controversia planteada en el recurso hoy ante nuestra consideración.

Debe señalarse que la referida controversia ya fue resuelta por este Tribunal en 1989 en Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 D.P.R. 467 (1989), mediante una opinión mayoritaria emitida por el entonces Juez Asociado de este Tribunal —hoy Juez Presidente— honorable Federico Hernández Denton.

En dicha ocasión, disentimos vehementemente de la posición asumida por una mayoría de los miembros que entonces integraban la plantilla de este Tribunal. Hoy, creyendo firmemente que nuestra posición es la correcta y con la esperanza de que los nuevos integrantes del Tribunal corrigieran el error entonces cometido, decidimos plasmar nuestra posición nuevamente por escrito, aun cuando en esta ocasión, utilizando fundamentos distintos. Vana esperanza.

I

La controversia ante nuestra consideración no es complicada: ¿es válida una orden de registro y allanamiento expedida por un magistrado, cuando esté fundada en una declaración que fue juramentada anteriormente ante un fiscal del Departamento de Justicia y no ante el magistrado que expidió dicha orden?

En Pueblo v. Rivera Rodríguez, ante, este Tribunal resolvió dicha interrogante en la afirmativa. A nuestro juicio, dicha decisión mayoritaria es completamente errónea en derecho, ya que viola las disposiciones del Art. II, Sec. 10 de nuestra Consitución, ante, y, en particular, de las específicas y mandatorias disposiciones de la Regla 231 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, lo cual constituye una clara violación del debido procedimiento de ley.

II

Nuestra Constitución, en el Art. II, Sec. 10 de su Carta de Derechos, ante, establece:

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.
No se interceptará la comunicación telefónica.
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.
Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales. (Enfasis suplido.) Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, págs. 327-328.

Al momento de redactarse esta disposición constitucional quedó plasmado en el Diario de Sesiones de la Convención Constituyente el interés de que nuestra Carta de Derechos no cumpliera en forma mínima con los requisitos impuestos por la Ley Núm. 600, sino que, por el contrario, se tratara de una de las cartas de derechos más liberales, más generosas y más auténticamente democráticas del mundo.

Es así como se llega a la conclusión de que

\f\a inviolabilidad de la persona se extiende a todo lo qne es necesario para el desarrollo y expresión de la misma. El hogar, los muebles y utensilios, los libros y papeles poseídos por un ciudadano son como una prolongación de su persona, pues constituyen el ámbito en que ésta se ha hecho y se mantiene. Toda intromisión sin su permiso en ese círculo privado equivale para todo hombre a una violación de su personalidad .... La lesión de la intimidad es en este sentido el más penoso ataque a los derechos fundamentales de la persona. (Enfasis suplido.) 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2567 (1951).

Conscientes, sin embargo, los miembros de la Convención Constituyente de que en toda democracia hay personas que no están en la disposición de respetar las leyes que se aprueban en beneficio de todos, lo que causa una “confrontación” entre el interés común y el estrictamente personal, los constituyentes claramente establecieron que la inviolabilidad de esos derechos personales fundamentales tendría su límite en la conducta criminal de los ciudadanos. En consecuencia, tomaron las providencias para que ese pueblo democrático pudiera combatir efectivamente la conducta criminal de algunos de sus ciudadanos. Entre otros, se proveyó para la expedición de las órdenes de arresto y de registro y allanamiento. Ahora bien, se estableció como salvaguarda que dichas órdenes únicamente procederían en Derecho cuando mediara, a juicio de un magistrado, “causa probable” para expedirlas.

Del debate referente a la transcrita Sec. 10 se desprende con meridiana claridad que la intención de la Asamblea Constituyente fue que se concediera el poder de expedir esas órdenes de arresto y de registro y allanamiento, con carácter de exclusividad, a la autoridad judicial, privándose expresamente de esa facultad a los fiscales y, ciertamente y con mayor razón, a los miembros de la Policía de Puerto Rico.

A través de nuestra historia, como máximo garantizador de los derechos de nuestros conciudadanos, este Tribunal ha expresado, en términos generales, que para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional contra registros y allanamientos ilegales e irrazonables

... se interpuso la figura independiente e imparcial del juez entre los agentes del orden público y los ciudadanos. ... Corresponde al magistrado hacer el delicado balance entre los derechos del ciudadano y las necesidades del Estado de investigar agresivamente los delitos cometidos. Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470, 474 (1988).

En Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496, 500-501 (1988), afirmamos que la citada disposición constitucional

... tiene tres (3) objetivos básicos: “proteger la intimidad y dignidad de los seres humanos, amparar sus documentos y otras pertenencias e interponer la figura de un juez entre los funcionarios públicos y la ciudadanía para ofrecer mayor garantía de razonabilidad a la intrusión ...”. ... Al enfrentarnos a este dilema [del conflicto entre el interés público en combatir la criminalidad y los derechos individuales] debemos tener presente y ser conscientes de que en el menoscabo de las garantías constitucionales ...no está la verdadera solución al problema de la criminalidad. Debe tenerse particular cuidado para que a través del proceso adjudicativo de controversias no se ocasione una lamentable erosión de los derechos garantizados por nuestra Constitución. (Enfasis suplido.)

III

En este caso, la declaración escrita en la cual se fundamentó la orden de registro y allanamiento expedida por el magistrado no fue juramentada ante éste y sí, con anterioridad a la expedición de la orden, ante un fiscal del Departamento de Justicia. Ello, en clara violación a las expresas disposiciones de la Regla 231 de Procedimiento Criminal, ante, la cual establece-.

No se librará orden de allanamiento o registro sino en virtud de declaración escrita, prestada ante un magistrado bajo juramento o afirmación, que exponga los hechos que sirvan de fundamento para librarla. Si de la declaración jurada y del examen del declarante el magistrado quedare convencido de que existe causa probable para el allanamiento o registro, librará la orden en la cual se nombrarán o describirán con particularidad la persona o el lugar a ser registrado y las cosas o propiedad a ocuparse. La orden expresará los fundamentos habidos para expedirla, y los nombres de las personas en cuyas declaraciones juradas se basare. Ordenará al funcionario a quien fuere dirigida registre inmediatamente a la persona o sitio que en ella se indique, en busca de la propiedad especificada, y devuelva al magistrado la orden diligenciada, junto con la propiedad ocupada. La orden dispondrá que será cumplimentada durante las horas del día, a menos que el magistrado, por razones de necesidad y urgencia, dispusiere que se cumplimente a cualquier hora del día o de la noche. (Énfasis suplido.)

El tribunal de instancia determinó —actuación que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones— que dicha actuación es válida en Derecho. Una mayoría de los integrantes de este Tribunal, erróneamente, a nuestro juicio, hoy avala dicha actuación al negarse a expedir el recurso presentado en solicitud de revisión de la referida determinación.

Expediríamos. Ello en vista de que somos del criterio que dicha actuación es ilegal por ser —repetimos— contraria a, y violatoria de, las expresas y específicas disposiciones de la Regla 231 de Procedimiento Criminal, ante, lo cual significa que la actuación en controversia viola la cláusula constitucional sobre el debido procedimiento de ley. Veamos.

IV

El citado Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución —al establecer que sólo “se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación” (Const. E.L.A., ante, pág. 311)— establece la norma general sustantiva que rige esta materia en nuestra jurisdicción. La Regla 231 de Procedimiento Criminal, ante, por otro lado, al implementor dicha norma general, regula o establece el procedimiento específico que el Estado está en la obligación de seguir en la obtención de una orden de registro y allanamiento.

Dicho de otra manera, al establecer o requerir la Regla 231 de Procedimiento Criminal, ante —de manera expresa y específica— que no “se librará orden de allanamiento o registro sino en virtud de declaración escrita, prestada ante un magistrado bajo juramento o afirmación, que exponga los hechos que sirvan de fundamento para librarla” (énfasis suplido), y que si “de la declaración jurada y del examen del declarante el magistrado quedare convencido de que existe causa probable para el allanamiento o registro” (énfasis suplido), se establece un procedimiento específico que le concede un derecho a la persona que resulta acusada de la comisión de delito como consecuencia de la expedición de dicha orden de registro y allanamiento; derecho que, una vez concedido, el Estado está obligado a respetar —y los tribunales de justicia obligados a exigir— ya que la violación de éste constituye una violación del debido proceso de ley.

Así, clara y específicamente, lo ha resuelto este Tribunal en innumerables ocasiones en relación con otros aspectos del procedimiento criminal. Dicho en palabras sencillas, la norma a los efectos de que, una vez ciertos derechos son incorporados al procedimiento criminal éstos se convierten en parte integral del debido proceso de ley y, por lo tanto, adquieren una categoría cuasi constitucional, es tan sólida y arraigada en nuestra jurisdicción que, realmente, no cabe discusión al respecto. Véanse: Pueblo v. Serbiá, 78 D.P.R. 788 (1955); Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974); Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883 (1993); Pueblo v. Vega, 148 D.P.R. 980 (1999).

Es más, y con el propósito de que nadie pueda tener duda alguna sobre la corrección de la posición que sustentamos, este Tribunal ha resuelto, “como normativa de derecho administrativo, que una vez una agencia ha promulgado unos reglamentos para facilitar su proceso decisional y limitar el alcance de su discreción, viene obligada a observarlos estrictamente y no queda a su soberana voluntad reconocer o no los derechos que ella misma le ha extendido a sus empleados”. (Enfasis suplido.) García Cabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 167, 175 (1987).

Si ello es así en el campo de lo civil administrativo, ¿cómo es posible que este Tribunal haya resuelto, y se reitere en ello, que en el campo de lo criminal el Estado puede decidir —acorde con “su soberana voluntad”— si cumple o no con los requisitos, o derechos, que establece o le reconoce la Regla 231 de Procedimiento Criminal, ante, a un imputado de delito?

Dicho con respeto, por más esfuerzo que realizamos, realmente no lo alcanzamos a comprender. Es por ello que disentimos.

       Refiriéndose al proceso de la expedición de órdenes de allanamiento, nos señala el profesor LaFave lo siguiente: “.. .‘interposes an orderly procedure’ involving ‘judicial impartiality’ whereby ‘a neutral and detached magistrate’ can make ‘informed and deliberate determinations’ on the issue of probable cause.” (Énfasis suplido y escolios omitidos.) 1 LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment 2d, pág. 548 (1987).

       Véase, además, Berríos v. Comisión de Minería, 102 D.P.R. 228, 230 esc. 2 (1974), donde se indicó que una “vez provisto por estatuto el recurso de apelación, tanto en lo administrativo como en la litigación civil, es parte del debido proceso de ley”. (Énfasis suplido.)


author: per curiam:

text:
      In re Jorge Gordon Menéndez, querellado.

      Número: CP-2004-6

      Resuelto: 18 de mayo de 2007

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Miriam Soto Contreras, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general; Enrique Rivera Santana, comisionado especial; Raúl Santiago Meléndez y Osvaldo Toledo Martínez, abogados del querellado; Julio E. Fontanet Maldonado, presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, amicus curiae.

   per curiam:

Nos corresponde determinar si procede sancionar a un abogado que, mientras estaba suspendido de la abogacía, actuó de manera tal que creó en la ciudadanía la impresión de haber estado ejerciendo la profesión. Por en-tender que nuestra normativa requiere que un abogado se esfuerce al máximo en la exaltación del honor y la dignidad de la profesión, evitando hasta la apariencia de una conducta impropia, entendemos que procede sancionar ese tipo de comportamiento. De lo contrario, socavaríamos la confianza de la ciudadanía en la disposición y capacidad de este Tribunal para fiscalizar rigurosamente la abogacía y asegurar que quienes tienen una licencia cumplan con el ordenamiento deontológico de nuestra profesión.

I

El Ledo. Jorge Gordon Menéndez (Gordon Menéndez) fue suspendido del ejercicio de la profesión por el término de sesenta días. Transcurrido dicho término, solicitó su reinstalación y este Tribunal accedió a su petición. Varios días después, el Procurador General sometió una moción, para oponerse a la reinstalación de Gordon Menéndez por entender que en dos ocasiones, durante la suspensión, Gordon Menéndez acompañó a un sospechoso de asesinato a un cuartel de la Policía y se identificó con la credencial del Colegio de Abogados. Sostuvo que un abogado suspendido no puede comparecer ante ningún foro en representación de un cliente y debe abstenerse de todas las facetas de la práctica del Derecho. En particular, sostuvo que un abogado suspendido no puede tener contacto con sus clientes ni acompañarlos a citaciones en un cuartel de la Policía de Puerto Rico, como lo hizo en este caso Gordon Menéndez.

Concedido el término al abogado para que contestara dicha moción, el Tribunal autorizó al Procurador General a formular la querella correspondiente. Oportunamente, el Procurador General formuló una querella por violación de los Cánones 9, 18, 21, 26, 33, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Gordon Menéndez contestó la querella, alegando que el sospechoso era un antiguo cliente suyo y que lo acompañó como amigo y no como abogado. Admitió haber utilizado la tarjeta del Colegio de Abogados con el propósito de identificarse. Finalmente, sostuvo que la suspensión de un abogado no requiere su retiro total de los asuntos pendientes, cuando ésta es por un término corto y no se le ordena notificar a los clientes.

Celebrado el procedimiento correspondiente y luego de dilucidar la prueba presentada, el Comisionado Especial concluyó que no se probó mediante prueba clara, robusta y convincente que Gordon Menéndez efectivamente hubiera ejercido la profesión durante el tiempo que estuvo suspendido. Sin embargo, el Comisionado Especial determinó que hubo violación del Canon 38, supra, por apariencia de conducta impropia.

Examinado el trasfondo fáctico, pasemos a analizar el derecho aplicable.

II

Este Tribunal tiene el poder inherente de reglamentar la profesión jurídica y tomar las medidas disciplinarias correspondientes; entre ellas, la suspensión del ejercicio de la abogacía. Un abogado debe cumplir de forma escrupulosa con las órdenes de este Tribunal, especialmente cuando se trata de su conducta profesional. In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991).

Es impropio que durante el periodo en que un abogado está suspendido, éste realice actos que constituyan el ejercicio de la profesión o la apariencia de ello. Ambos comportamientos conllevan sanciones disciplinarias para el abogado. La diferencia estriba en la razón por la que sancionamos en uno u otro caso. Por un lado, el ejercicio de la profesión durante el tiempo de suspensión constituye una práctica ilegal de la abogacía en violación del Canon 33 del Código de Ética Profesional, supra, y debe ser sancionado severamente, porque constituye un desafío insólito a nuestro poder inherente para reglamentar la profesión.

[N]o existe justificación alguna para que un abogado suspendido ejerza la profesión. Si permitiéramos que un abogado suspendido del ejercicio de la profesión determine a su discreción qué tipo de gestiones profesionales puede realizar y de cuáles debe abstenerse, estaríamos consintiendo una anarquía impermisible en un sistema de orden, como debe ser el sistema judicial. In re Cepeda Parrilla, 108 D.P.R. 527 (1979). (Enfasis suprimido.) In re González Carrasquillo, 164 183, 831 (2005).

Por otro lado, configura apariencia de conducta impropia que un abogado suspendido comparezca a un foro investigativo con una persona que había sido su cliente y se identifique utilizando las credenciales del Colegio de Abogados. Esto es, precisamente, lo que pretende sancionar el Canon 38, supra, que establece, en lo pertinente:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia.

Al interpretar los contornos de este canon, tenemos presente que cada abogado es un espejo en que se refleja la imagen de la profesión y debe actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejerce. In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005). En ese contexto, los cánones del Código de Ética Profesional establecen las pautas mínimas que deben guiar a los miembros de la clase togada en el desempeño de su delicada labor. In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710 (1998). En vista de ello, todos los abogados deben actuar a un nivel superior, y no al margen, de lo establecido por estos cánones. In re Nogueras Cartagena, 150 D.P.R. 667 (2000).

Específicamente, con relación a la apariencia de conducta impropia dijimos que puede resultar muy perniciosa al respeto de la ciudadanía hacia sus instituciones de justicia y la confianza que los clientes depositan en sus abogados. In re Vega Morales, 167 D.P.R. 331 (2006). La apariencia de una conducta impropia claramente tiene un efecto dañino sobre la imagen, la confianza y el respeto de la ciudadanía hacia la profesión, igual que lo tiene la verdadera “impropiedad ética”. In re Sepúlveda Girón, 155 D.P.R. 345, 361 (2001). Para evitar que se socave esa confianza, en In re Sepúlveda Girón, supra, afirmamos que la apariencia de conducta impropia tiene que sostenerse sobre la impresión que se le da al público de la violación de alguno de los cánones del Código de Ética Profesional. En efecto, en varios casos hemos sancionado a los abogados por violar el Canon 38, supra, por la apariencia de una conducta impropia. In re Silvagnoli Collazo, 154 D.P.R. 533 (2001); In re Nogueras Cartagena, supra; In re Ortiz Brunet, 152 D.P.R. 542 (2000).

De lo anterior se deriva que la ratio que subyace la prohibición del citado Canon 38 es un componente esencial del sistema de responsabilidad profesional. En atención a ello, se justifica de manera independiente que se sancione a un abogado por apariencia de conducta impropia. Resolver lo contrario y condicionar su aplicación a la violación de algún otro canon, significaría convertirlo en innecesario y redundante.

Es oportuno señalar que varias jurisdicciones de Estados Unidos también han establecido que la prohibición de la apariencia de una conducta impropia es un elemento integral de la responsabilidad profesional que promueve la confianza en la profesión legal. Igualmente, han reconocido la necesidad de que la apariencia de conducta impropia constituya una base independiente de evaluación de la responsabilidad profesional. Lovell v. Winchester, 941 S.W.2d 466 (1997).

Por otro lado, es una norma conocida que le corresponde al Comisionado Especial recibir la prueba y dirimir la evidencia conflictiva. In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994). El Comisionado desempeña una función similar al juzgador de instancia y está en la mejor posición para aquilatar la prueba testifical. En consecuencia, sus determinaciones fácticas merecen nuestra mayor deferencia. In re Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994). Por lo tanto, aunque este Tribunal no está obligado a aceptar el informe de un Comisionado Especial, nombrado para atender una querella contra un abogado, si no que puede adoptar, modificar o rechazar tal informe, de ordinario sostenemos las conclusiones de hecho de un Comisionado Especial, salvo que se demuestre prejuicio, parcialidad o error manifiesto. In re Morell Corrada, supra; In re Soto López, supra.

Ill

Según hemos resuelto anteriormente, el Canon 38, supra, tiene un rol central en el ordenamiento deontológico de nuestra profesión. Mediante este dictamen decretamos que dicho canon opera ex propio vigore y, en consecuencia, modificamos cualquier pronunciamiento anterior de este Tribunal en contrario. En vista de ello, determinamos que cuando un abogado actúa en violación del Canon 38, supra, amerita nuestra intervención disciplinaria.

Aclarado este punto medular, tenemos que establecer si la determinación del Comisionado Especial merece nuestra deferencia.

Según surge del expediente, Gordon Menéndez sabía que la persona que acompañó al cuartel era un sospechoso de delito y que necesitaba un abogado. Fue por esa razón que lo refirió a un abogado, pero posteriormente accedió a acompañarlo él mismo al cuartel de Policía. También surge que el querellado había visitado ese cuartel en varias ocasiones antes de ser suspendido y en todas ellas acudió en calidad de abogado defensor. Por ello, en el cuartel se sabía que Gordon Menéndez era abogado. Además, del expediente se desprende que el querellado utilizó las credenciales del Colegio de Abogados para identificarse.

Fundamentado en estos hechos, el Comisionado Especial determinó que la conducta de Gordon Menéndez creó en los agentes investigadores la impresión de que estaba ejerciendo ilegalmente la profesión. En vista de ello y conociendo el hecho de la suspensión, el Teniente rehusó celebrar la reunión en presencia de Gordon Menéndez y citó al sospechoso en una fecha posterior para que fuera acompañado por un abogado.

Un examen del informe del Comisionado Especial nos convence de que sus determinaciones están fundamentadas en la prueba dilucidada. Por ende, coincidimos con el Comisionado Especial en que la conducta de Gordon Menéndez en su totalidad fue dudosa y, en este caso particular, efectivamente produjo en los agentes investigadores la impresión de que estuviera representando a un cliente en un momento en que estaba suspendido de la abogacía. A tales efectos, es significativo que Gordon Menéndez haya alegado en la contestación a la querella que, cuando la suspensión de un abogado es por un término corto y no se le advierte del deber de notificar a sus clientes, la suspensión no requiere su retiro total de los asuntos pendientes. Su posición, en efecto, es una admisión de conducta impropia y no puede ser aceptada por esta Curia.

Además, no podemos pasar por alto que la conducta de Gordon Menéndez estuvo en el umbral de la comisión del delito de la práctica ilegal de la profesión de abogado. Por todo lo anteriormente expuesto, procede suspender al licenciado Gordon Menéndez del ejercicio de la abogacía por un término de dos meses.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez y la Juez Asociada Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

        Continental Resources v. Schmalenberger, 656 N.W.2d 730 (2003); Stowell v. Bennett, 739 A.2d 1210 (1999); Roberts & Schaefer Co. v. San-Con, Inc., 898 F.Supp. 356 (S.D. W.Va. 1995); First American Carriers, Inc. v. Kroger Co., 787 S.W.2d 669 (1990); Gomez v. Superior Court, 717 P.2d 902 (Ariz. 1986).