author: En Jtjbz Asociado Señor Marrero

text:
    Elías Torres Rodríguez, demandante y apelado, v. Manuel González, Esteban Negrón y Hartford Accident & Indemnity Co., demandados y apelantes.
    Núm. 9550.

    Sometido: Enero 13, 1948.

      Resuelto: Enero 16, 1948.

      James B. Beverley, José López Barált y B. Bodríguez Lebrón, abo-gados de los apelantes; Fernández Méndez <& Orraca Torres, abo-gados del apelado.
   En Jtjbz Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

Ante el Tribunal del Distrito Judicial de San Juan pre-sentó Elias Torres Rodríguez demanda de daños y perjui-cios contra Manuel González, Esteban Negrón y Hartford Accident and Indemnity Company, alegando dos causas de acción, una por daños a la propiedad y otra por daños y le-siones personales. () En la primera se reclamaban $12 por transportar el automóvil averiado desde el sitio del accidente basta el taller de reparaciones; $600 por la reparación total de éste; $725 por pérdida del uso del vehículo averiado; y $500 por depreciación del mismo. En la segunda se solici-taba indemnización por las lesiones físicas, atención médica, medicinas, gastos de pasaje desde Cayey a San Juan para recibir atención médica, dos radiografías y sufrimientos men-tales y morales del demandante.

Luego de radicarse la contestación correspondiente y de celebrarse el juicio de rigor, la corte de distrito dictó sen-tencia condenando a los demandados a pagar los $12 por arrastre del vehículo desde el sitio en que ocurrió el acci-dente hasta el taller de reparaciones; los $600 por el costo total de las reparaciones; los $500 por depreciación y $720 por la pérdida del uso del vehículo mientras se estuvo repa-rando, así como $100 por lesiones físicas, $65 por medicinas, placas radiográficas y otros gastos y $50 por sufrimientos físicos y mentales. También concedió al demandante costas y honorarios de abogado.

Solicitada reconsideración, la misma fué declarada sin lu-gar. Los demandados, apelaron entonces para ante este Tritanal, pero únicamente en cuanto a parte de la sentencia, y en el alegato radicado en apoyo de su recurso alegan tan sólo que “la corte inferior erró al conceder al demandante-apelado las cantidades de $500 por depreciación de su ve-hículo y la suma de $720 por pérdida de uso desde el día 17 de enero de 1946 hasta el 30 de marzo del mismo año. ’ ’

De ordinario, cuando un automóvil es averiado por la culpa o negligencia de otra persona y tal daño no ocasiona una pérdida total, la indemnización a concederse será la diferencia entre el valor en el mercado del vehículo inmediatamente antes del accidente y el valor en el mercado del mismo inmediatamente después de ocurrido el accidente. Huddy Encyclopedia of Automobile Law, Yol. 17-18, sección 250, pág. 520; Restatement of the Law, Torts, sección 928, pág. 658; 15 Am. Jur. sección 124, pág., 532. Si luego de efectuadas las reparaciones el valor del vehículo en el mercado resulta ser inferior al valor original del mismo, entonces la indemnización consistirá en el precio de las reparaciongs más la disminución en valor con motivo del accidente. Huddy, supra, sección 253, pág. 529; Yawitz Dyeing & Cleaning Co. v. Erlenbach, 221 S. W. 411; y 32 A.L.R. 712. En adición al valor de las reparaciones, el dueño tiene derecho asimismo a que se le indemnice por la pérdida del uso del vehículo. 15 Am. Jur., sección 129, pág. 537; 25 C.J.S. 600; Traut v. Horace L. Winslow Co., 201 Ill. App. 83; Fisher v. City Dairy Co., 113 Atl. 95, 137 Md. 601; Huddy, supra, sección 254, pág. 533.

Sin embargo, cuando la pérdida del vehículo es total la indemnización será el valor del mismo en el mercado al mo-mento de ocurrir el accidente, pero en ese caso no hay de-recho a recobrar por la pérdida del uso. Rodrígues v. Martínez, Jr., 55 D.P.R. 59, 64; Colón v. Shell Co. (P.R.) Ltd., 55 D.P.R. 592, 628; 25 C.J.S. sección 83, pág. 602.

Empero, en el presente caso no hay controversia alguna respecto a indemnización por las reparaciones, sino que la controversia gira exclusivamente en torno de si en adición al valor total de éstas, puede concederse indemnización por ■el deterioro o disminución en valor del vehículo y por la pér-dida en el uso del mismo mientras éste era reparado. Se recordará que la corte inferior concedió no sólo el importe de las reparaciones, sí que también el de la depreciación y >el de la pérdida del uso.

Sostienen los demandados que si prevaleciera el criterio del Tribunal de Distrito, entonces el demandante resultaría .más beneficiado que si la pérdida de su vehículo hubiera sido dota 1. De acuerdo con la prueba sometida el automóvil ave-.riado, marca Plymouth, costó al demandante la suma de ‘$1612 varios años antes del accidente, pero debido a la in-flación resultante de la guerra y de la escasez de vehículos, al demandante se le ofreció repetidamente la cantidad de $2000 por el mismo. Después del accidente y luego de las reparaciones ■ a que ya.se ha hecho mención, el demandante, según declaró, tuvo dificultades en venderlo y finalmente lo-gró obtener $1500 por el vehículo. Insisten los demandados en que si en adición a los $1500 recibidos al venderse el ve-hículo () se pagaran al demandante los $500 de deprecia-ción, más los $720 por la pérdida de uso, éste recibiría la suma total de $2,720, que es superior al valor del automóvil al momento del accidente.

En relación con la disminución en valor y pérdida de uso, según con frecuencia ocurre, existe discrepancia de criterio entre las opiniones emitidas por las cortes del continente, pues mientras hay estados como Nueva York, Iowa y Arkansas que resuelven que al ocurrir un accidente por la culpa o negligencia de un demandado y el daño causado al vehículo del demandante es parcial, éste tendrá derecho únicamente a recobrar el valor de las reparaciones más la depreciación o disminución en valor, si la hubiere, o el valor de las repa-raciones más la pérdida del uso, pero nunca las tres cosas, () existen, sin embargo, otros estados como Alabama, Tejas y Connecticut que se expresan en el sentido de que en casos de esa naturaleza el demandante tiene derecho a recobrar no sólo el valor de las reparaciones, sino también la disminución en valor y la pérdida del uso.() Nos parece que esta última es la doctrina más sana y más sabia, pues de lo contrario al sufrir un accidente que ocasiona averías a su vehículo el dueño del mismo no recibiría plena compensación por todos los daños sufridos.

En el presente caso es incuestionable que el deman-dante pagó $12 por arrastre y $600 por las reparaciones he-chas a su automóvil. Sobre estas dos partidas, repetimos, no hay controversia de clase alguna. También es incuestio-nable, de acuerdo con la prueba aducida, que al demandante se le ofreció repetidamente la suma de $2,000 por el vehículo y que luego del accidente el valor del mismo, según declaró el testigo Aníbal Dávila, fluctuaba entre $1,400 y $1,600 y se-gún testificó el propio demandante sólo era $1,500, cantidad ésta que pudo obtener .por su automóvil. únicamente después de prolongadas diligencias. De haberse vendido, pues, el automóvil antes del choque, por él se hubieran obtenido $2,000. Habiéndose vendido en $1,500 después del accidente, resulta paladino que el vehículo tuvo una disminución en valor as-cendente a $500, por la cual debe indemnizarse al dueño.

De la evidencia aportada por el demandante y no con-trovertida por el demandado se desprende además con la mayor claridad que el demandante, quien era comerciante y residía en Cayey para la época del accidente, utilizaba el ve-Menlo averiado en sus negocios personales; que él tenía con-tratos de piedra y camiones en Aguadilla y vendía -jabón y alimento para ganado; que venía de Cayey a San Juan a vender y comprar cemento y varillas de hierro; y que ven-. día asimismo piedra y arena en Aguadilla, en la base naval, en otras partes y al Gobierno Insular. También reveló la prueba aducida que -debido al accidente el demandante tuvo que utilizar para las gestiones peculiares a su negocio un camión de su propiedad; que antes del choque en que su au-tomóvil fué damnificado ese camión era alquilado por él a otras personas y que al así alquilarlo éste le producía un promedio de $60 a $100 semanales, pero nunca menos de $10 diarios.

También la prueba demostró que poco después de ocu-rrido el accidente el automóvil del demandado fué trasla-dado al taller donde se le reparó; que las averías fueron serias; que un herrero trabajó en las mismas por especio de un mes, tiempo durante el cual realizó no sólo el trabajo de herrería sino también el de mecánica; que el testigo Aní-bal Dávila hizo el trabajo de hojalatería, talabartería y pin-tura; que las reparaciones tardaron unos tres meses debido a las dificultades que había que afrontar con motivo de la guerra y a lo difícil que se hacía para aquel entonces conse-guir cualquier cosa; y que el demandante venía a San Juan casi semanalmente a ver cómo seguían las reparaciones.

La demandada no presentó prueba de clase alguna y la corte inferior al apreciar la aportada por el demandante llegó a la conclusión de que la depreciación sufrida por el vehículo con motivo del accidente debía fijarse en la suma de $500 y la pérdida por el uso en $720, o sea 72 días a $10 por día. Un examen cuidadoso de los autos nos convence de que la corte inferior apreció acertadamente dicha prueba, tanto en lo que concernía a la disminución en valor del vehículo como en cuanto a la pérdida de uso. Siendo ello así, no debemos alterar sus conclusiones.

Cuando el accidente ocasiona al demandante una pérdida total, conforme antes liemos indicado, éste tendrá derecho tan sólo a recobrar el valor del vehículo en el mercado al momento de la colisión. No habrá derecho, como es natural, a depreciación alguna. Tampoco lo hay a la pérdida de uso. .Kn lo que a esta última partida concierne, podría alegarse que cuando el daño es total el demandante también ha sufrido pérdida al no poder utilizar su vehículo y que a pesar de ello no se le concede indemnización alguna por la pérdida de uso. A esto se replicaría que las demoras ocasionadas por los litigios en casos ele daños y perjuicios son riesgos o desventuras a que todos tarde o temprano estamos sujetos, sin derecho a compensación de clase alguna por los trastornos que tales demora.s nos acarreen.

Empero, cuando el daño es parcial debe indemnizarse al demandante completamente por todos los daños sufridos por él. Ha de probarse, desde luego, que la culpa o negligencia no ha sido suya sino del demandado. Bajo esta última doc-trina el demandante aparentemente siempre recibe por su vehículo una cantidad mayor de la que hubiese recibido si la pérdida hubiera sido total. Podría decirse que ello es una falacia. El demandante en el caso específico que nos ocupa pagó $612, por arrastre y reparaciones y luego de efectua-das éstas su vehículo tuvo un valor de $1,500. La deprecia-ción quedó probada y quedó probado igualmente que él dejó de percibir la suma de $720, la que hubiera recibido de no haber acaecido el accidente si como era costumbre él hubiera alquilado su camión a terceras personas. En esas condicio-nes, los $720 no deben computarse como parte del precio del vehículo, sino más bien como indemnización por una .pér-dida que como cuestión de hecho sufrió el demandante.

En relación con la indemnización a concederse en aque-llos casos en que el daño es parcial, la obra Restatement of the. Lato, Torts, sección 928, pág. 658, se expresa del siguiente modo:

“Cuando una persona tiene derecho a que se dicte sentencia a su favor por los daños ocasionádosle a un bien mueble de su propie-dad y dichos daños no equivalen a una destrucción total de la cosa, la' indemnización comprenderá (a) la diferencia entre el valor dq la cosa antes del daño y el valor de la misma después de éste, o, a opción del demandante, el costo razonable de las reparaciones, cuando ello es posible, más una cantidad razonable por la diferencia que exista entre el valor original de la cosa antes y después de las repa-raciones, y (b) la pérdida por el uso.”

En Boria v. The Maryland Casualty Co., 60 D.P.R. 830, 837, este Tribunal tuvo ocasión de discutir un caso que guarda cierta similitud con el presente.' Sin embargo, aun-que allí se declaró sin lugar la demanda por falta de prueba para sostener las contenciones del demandante, se clió, no obstante, a entender que de haber habido suficiente prueba al efecto se hubiera llegado a las mismas conclusiones a que aquí llegamos.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

      (1)E1 primero de los demandados era el dueño de la guagua que ocasionó los daños al demandante; el segundo el eliófer que conducía la misma al momento del accidente y el tercero la aseguradora del vehículo causante del daño.

      (2)Beeuérdese' que sobre los $612' pagados por el demandante por arras-tre y reparación del automóvil no hay controversia alguna y que por esa razón en el cálculo arriba especificado no se hace mención de esa cantidad.

        (3) Howe v. Johnston, 221 N.Y.S. 516, 220 App. Div. 170; Patane v. State, 186 N.Y.S. 225, 114 Misc. Rep. 713; Laizure v. Des Moines By. Co., 241 N.W. 480, 214, Iowa 918; Madison-Smith Cadillac Co. v. Wallace, 181 Ark. 715, 27 S.W.2d. 524.

      (4) Cocke v. Edwards (Alabama) 108 So. 857; Chicago R. I. & Ry. Co. v. Zumwalt, (Texas) 239 S.W. 912, y casos en él citados; y Doolittle v. Otis Elevator Co., 98 Conn. 248, 118 Atl. 818. Véanse también Copadis v. Haymond (N.H.), 47 A.2d 120; Chase Bag Co. v. Longoria (Texas), 45 S.W.2d 242 y las monografías en 169 A.L.R. 1074 y 1100.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico, peticionaria, v. Corte de Distrito de Arecibo, Hon. R. Agraít Aldea, Juez, demandada. La Misma, demandante y apelante, v. Carmelo J., Rafael y Amado Colón, Ramón Mathos Goitía, John Doe y El Pueblo de Puerto Rico, representado por el Tesorero de Puerto Rico, demandados y apelados.
    Núms. 1718 y 9584.

    Sometidos: Diciembre 3, 1947.

      Resueltos: Enero 23, 1948.

      E. B. Peres Mercado, abogado de la peticionaria, a su vez apelante,-Francisco M. Susoni, Jr., y Arturo Ortiz Toro, abogados de los' interventores, demandados en el pleito principal, a su vez ape-lados.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En octubre 17 de 1944- la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Pico inició ante la Porte de Distrito de Areeibo una acción sobre expropiación forzosa contra Carmelo J. Colón y otros. A petición cié la Autoridad demandante, en octubre 20 de 1944 la corte inferior dictó una resolución declarando que el título de dominio sobre la propiedad que se trataba de expropiar había quedado investido en la Autoridad de-mandante desde el momento, — 18 de octubre de 1944 — en que ésta radicó la declaración dé adquisición y depositó en Se-cretaría la suma de *$14,828.25; que los demandados tenían derecho a una justa compensación, la cual sería determi-nada en el mismo procedimiento; y que la Autoridad tenía derecho a la posesión'y uso de la finca, debiendo los deman-dados entregar la propiedad inmediatamente a la deman-dante.

En marzo 20 de 1947 los demandados radicaron una “Mo-ción Solicitando la Reversión del Título y Posesión de la Propiedad,” alegando como fundamentos de la misma que la orden final en el procedimiento de expropiación fué dic-tada el 8 de noviembre de 1945; que a la fecha en que se radicó la moción la Autoridad demandante no había hecho uso de la propiedad expropiada, ni los demandados tam-poco habían hecho uso del dinero depositado, el cual estaba arm en la Secretaría del Tribunal; que de acuerdo con la sección 7 de la Ley de Expropiación Forzosa, según quedó enmendada por la ley de 12 de marzo de 1908, () si el soli-citante no hace uso de la propiedad expropiada dentro del término señalado en la concesión o franquicia o dentro del plazo de seis meses en caso de que no se señale tiempo al-guno, a contar de la fecha en que se dictó la resolución final —8 de noviembre de 1945 — la parte desposeída o expropiada puede recuperar la propiedad devolviendo la cantidad reci-bida. Solicitaron los demandados que se ordenara la devo-lución de la propiedad a los expropiados y que el dinero de-positado friese devuelto a la Autoridad demandante. Se opuso la demandante, alegando qne la Autoridad es una rama del Gobierno; que las disposiciones de la citada sección 7 se refieren a expropiaciones cuando se lia otorgado una con-cesión o franquicia a una compañía de servicio público; que la Ley no lia pretendido imponer restricciones al soberano o a sus agencias; que la limitación de tiempo que establece la sección 7 es solamente aplicable a las compañías de ser-vicio público, para obligarlas a realizar el acto de utilidad pública dentro de un tiempo razonable; y, por último, que de acuerdo con el segundo párrafo del apartado “H” del artículo 8 de la Ley núm. 126 de mayo 6 de 1938() que brea la Autoridad de Hogares de Puerto Eico, ninguna disposi-ción de ley respecto a la adquisición, administración o ena-jenación de bienes por otras entidades públicas se aplicará, a ninguna Autoridad a menos que por una ley se disponga así específicamente. En junio 4 de 1947 la corte inferior dic-tó su resolución ordenando a la Autoridad que restituyese a los demandados el título y la posesión de la finca y reco-nociendo a la Autoridad el derecho a retirar la suma depo-sitada en la Secretaría.

Solicitó la Autoridad la reconsideración de la resolución, alegando como razones adicionales: (a) que la resolución sobre investidura del título, dictada en octubre 20 de 1944 es una resolución interlocutoria y no una sentencia defini-tiva que habrá de poner término al litigio, y por tanto no existe base para contar el término a los efectos del supuesto derecho de reversión reconocido por la corte; (b) que la posesión que se dió a la demandante fué puramente simbó-lica, porque como cuestión de hecho la demandante nunca tomó posesión de los bienes expropiados y los demandados continuaron en posesión, negándose a recibir la suma depo-sitada y a permitir la entrada de los empleados de la Auto-ridad; y (c) que la Autoridad tiene preparados todos los planos y dispone de los fondos necesarios para el desarrollo del proyecto para el cual se hizo la expropiación.1 En su opo-sición a la reconsideración alegaron los demandados que la Autoridad demandante tomó posesión de heclio y de derecho de la finca expropiada en virtud de la resolución al inci-dente sobre posesión dictada por la corte inferior el día .16 de febrero de 3945 y que desde esa fecha la demandante ha estado en la posesión real y efectiva del inmueble, pene-trando en la finca cuantas veces lo ha deseado, sin oposición de parte de los demandados. Es un hecho admitido y la corte inferior así lo hizo constar en la resolución recurrida, que no obstante haber transcurrido cerca de tres años desde "que le fuera transmitido el título, la Autoridad- demandante no había realizado obra de clase alguna en la finca expro-piada.

Declarada sin lugar la reconsideración, pidió la deman-dante se dictara sentencia desestimando la demanda, a los efectos de apelar para ante esta Corte Suprema. La Corte 'inferior dictó una “Sentencia Sobre Restitución de Bienes”, por la cual ratificó la resolución de junio 4 de 1947 y or-denó la restitución sin decretar la desestimación de la de-manda. Alegando tener dudas en cuanto a si dicha senten-cia es apelable, solicitó la demandante una sentencia comple-mentaria declarando sin lugar la demanda. Negóse a ello la córte inferior por entender que sería un contrasentido declarar sin lugar la demanda, por el fundamento' de qué la misma había sido declarada con lugar tan pronto se presentó y se dictó la resolución sobre la incautación. En julio 1ro: de 1947 la Autoridad demandante radicó su escrito de ape-lación, pero teniendo dudas en cuanto a si la sentencia es apelable, el 24 del mismo mes radicó una petición de certio-rari para la revisión de los’ procedimientos ante la corte inferior.

Habiendo quedado perfeccionado y sometido el recurso de apelación mim. 9584, interpuesto por la Autoridad deman-dante, y siendo las cuestiones envueltas en dicho recurso las mismas que se levantan en el de certiorari, procederemos a considerar ambos recursos como si fuera uno solo.

El primer error que se imputa al tribunal recu-rrido es el de haber interpretado las disposiciones del ar-tículo 7 de la Ley de- Expropiación Forzosa, supra, en el sentido de que las mismas son aplicables a la Autoridad So-bre Hogares de Puerto Pico, que es una agencia o instrument alidad del Gobierno de Puerto Rico.

Arguye la peticionaria que para que el citado artículo 7 sea aplicable es indispensable que concurran los siguientes elementos: (1) que se haya comprado o expropiado una pro-piedad privada para una obra de utilidad pública; (b) que la obra se lleve a cabo a virtud de una concesión o franqui-cia; y, (c) que la obra no se haya realizado dentro del tér-mino fijado en la concesión o franquicia, o en caso de que en ella no se hubiere señalado tiempo alguno,' dentro de seis meses desde que se dictara sentencia en el caso de expropia-ción; y que siendo las compañías de servicio público las únicas entidades que actúan a base de concesiones o franqui-cias. es a ellas a las que puede aplicarse el precepto de dicho artículo 7 y no a las agencias o instrumentalidades del Gobierno que no actúan a base de una concesión o franquicia.

La primera cuestión que debemos considerar y resolver es si la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico está o no obligada a cumplir con los preceptos de la Ley de Expro-piación Forzosa.

El artículo 2 de la Oarta Orgánica dispone en su primer párrafo que “No se pondrá en vigor en Puerto Rico nin-guna ley que privare a una persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido procedimiento de ley”; y en su pá-rrafo 9 que “La propiedad particular no será tomada ni per-judicada para uso público, a no ser mediante el pago de una justa compensación fijada en la forma provista por ley.”

La Ley de Expropiación Forzosa de 12 de marzo de 1903 dispone en su artículo 1 que “Nadie podrá ser privado de todo o parte de su propiedad, sino de acuerdo con las dis-posiciones del artículo 355 del Código Civil (Art. 282 Có-digo Civil, Ed. de 1930) y de esta Ley.”

El artículo 282 del Código Civil, Ed. de 1930, provee que “Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autori-dad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la indemnización correspondiente.”

“Dominio eminente” es el derecho o la facultad que tiene la nación o el estado, o aquéllos a quienes la facultad ha sido legalmente delegada, para expropiar la propiedad pri-vada para dedicarla a un uso público. Es un atributo inhe-rente y necesario de la soberanía, que existe independiente-mente de las disposiciones constitucionales y es superior a todos los derechos de propiedad. Es una facultad que reposa en el estado, pero para su ejercicio es necesaria la acción legislativa especificando las ocasiones, la forma y ma-nera én que puede recurrirse a la expropiación y las agen-cias que pueden hacer uso de ese poder extraordinario. El poder de expropiar la propiedad privada para dedicarla a un uso público puede ser ejercitado por el Gobierno direc-tamente o mediante la creación por la Legislatura de una en-tidad corporativa, la cual actuará por delegación de dicho poder. Y de más está decir que si el estado puede expro-piar solamente cuando la propiedad es necesaria para de-dicarla a un uso público, la corporación que actúa por dele-gación del estado está sujeta a esa misma limitación.

En mayo 6 de 1938, la Legislátura Insular aprobó la Ley núm. 126 (Leyes de 1938, pág. 262) titulada “Ley de Auto-ridades Sobre Hogares.” El artículo 2 de dicha Ley, des-pués de describir las condiciones prevalecientes en la isla con motivo de la escasez de viviendas segaras e higiénicas para las personas de pocos ingresos, declara, entre otras co-sas, lo siguiente:

“ (c) que la eliminación, redistribución y reconstrucción de las zonas donde existen viviendas de condiciones antihigiénicas o inse-guras y el facilitar viviendas seguras e higiénicas a las personas de pocos ingresos son fines de utilidad y uso públicos para los cuales pueden invertirse fondos públicos y adquirirse propiedades particu-lares, . ; (d) que es de interés publico que se dé comienzo lo más pronto posible a los trabajos en los proyectos para tales fines con el fin de aliviar el desempleo que actualmente constituye una emergencia;.” (Bastardillas nuestras.)

Por el artículo 4 de la misma Ley se creó una entidad pú-blica, corporativa y política, que se denominará “Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico.” Por el inciso (a) del ar-tículo 8 la Legislatura confirió a la corporación así creada poder para “demandar y ser demandada,” y por el inciso (d) del mismo artículo la autorizó para “adquirir mediante el ejercicio de lá facultad de expropiación forzosa bienes in-muebles.”

La Ley creadora de la Autoridad Sobre Hogares dispone además lo siguiente:

“Artículo 12. Cualquier autoridad tendrá derecho a adquirir mediante el procedimiento de expropiación forzosa cualesquier bie-nes inmuebles que considere necesarios para los fines de esta Ley después que adopte una resolución declarando que la adquisición de los bienes inmuebles que en ella se describen son necesarios para tales fines. Cualquier autoridad podrá apelar al procedimiento de expropiación forzosa 'de acuerdo con las disposiciones de la ley titu-lada ‘Ley estableciendo la expropiación forzosa de la propiedad particular para los fines y bajo las condiciones expresadas en la misma,’ aprobada en marzo 12 de 1903, y de las leyes que la enmiendan o suplemental!; o podrá apelar al procedimiento.de expropiación for-zosa según se provea por otras disposiciones estatutarias aplicables para tales expropiaciones.” (Bastardillas nuestras.)

La Autoridad demandante es, pues, una corporación pú-blica organizada por el estado para desarrollar un proyecto de construcción de viviendas seguras e higiénicas para per-sonas de pocos ingresos. Para que la corporación pueda realizar esos “fines de utilidad y uso públicos”, la Legisla-tura la lia investido expresamente' con la facultad de ad-quirir por compra o expropiación los bienes inmuebles que fueren necesarios para el desarrollo de tales proyectos, lam-pero, la concesión o delegación que del poder de dominio emi-nente ha hecho la Legislatura a favor de la Autoridad de-mandante no es de carácter absoluta y sí sujeta a las restric-ciones y limitaciones que en términos claros y precisos es-tablece el artículo 12, supra. La Autoridad tiene derecho a expropiar los bienes inmuebles que'. considere necesarios para los fines públicos especificados en la Ley, pero deberá hacerlo “mediante el procedimiento de expropiación for-zosa,” provisto por la “Ley estableciendo la expropiación forzosa de la propiedad particular, para los fines y bajo las condiciones expresadas en la misma, aprobada en marzo 12 de-1903.” Y ya hemos visto que esa Ley dispone en su ar-tículo 7, supra, que el título y la posesión revertirán al ex-propiádo cuando no se llevare a cabo la obra dentro del tér-mino señalado en la concesión o dentro del plazo de seis me-ses “a contar de la fecha en que se dicte la sentencia orde-nando la expropiación.”

La jurisprudencia citada por la recurrente para sostener su contención de que habiendo pasado a la Autoridad el tí-tulo de dominio absoluto sobre la propiedad, ésta no revierte a los antiguos dueños al cesar el uso de la misma para los propósitos de la expropiación, no es de aplicación al caso que estamos considerando. Aquí no se reclama la reversión de la propiedad por haber cesado el uso público y sí por no ha-berse dedicado la propiedad, dentro del término prescrito por la Ley, al uso público para el cual fue expropiada.

Nuestro estatuto, la Ley de Expropiación Forzosa, a la cual debe ajustarse la Autoridad demandante por mandato expreso del artículo 12 de la Ley que le dió existencia legal, no guarda silencio en cuanto al término dentro del cual la propiedad expropiada debe ser dedicada al aso público. Si ese término es obligatorio, como lo es a nuestro juicio, para el Gobierno de Puerto Eico, necesariamente debe ser obliga-torio para cualquier autoridad, ageneia o instrumentalidad gubernamental o corporación de servicio público que ejer-cite la facultad de expropiar por delegación o. concesión del gobierno insular. No tenemos duda alguna en cuanto a que esa fue la intención de la Legislatura cuando dispuso, en el artículo 12, supra, que la Autoridad Sobre Hogares “podrá apelar al procedimiento de expropiación forzosa de acuerdo con las disposiciones de la ley titulada ‘Ley estableciendo la expropiación forzosa de la propiedad particular, para los fines y bajo las condiciones expresadas en la misma.’ ”

Después de un detenido estudio de las leyes citadas opi-namos y así lo resolvemos que la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Eico es una corporación pública que al hacer uso de la facultad de expropiar propiedades privadas actúa me-diante la concesión o delegación expresa que de esa facul-tad le lia hecho la legislatura, estando en tal virtud y por mandato expreso del artículo 12 de la Ley de su creación, sujeta a las disposiciones "del artículo 7 de la Ley de Expro-piación forzosa, supra.

Ya hemos visto que de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Expropiación Forzosa la parte demandada tendrá derecho de acción para recuperar la propiedad expropiada, si la obra de utilidad pública no se llevare a cabo “dentro del término de seis (6) meses a contar desde la fecha en que se dicte la sentencia ordenando la expropiación.” Nos toca ahora considerar y resolver si la corte inferior interpretó la ley correctamente o si erró al resolver que la resolución de octubre 20 de 1944, por la cual se transmitió á la Autoridad Sobre Hogares el título de dominio y la posesión de la propiedad expropiada, es la sentencia ordenando la expropiación a que se refiere el artículo 7 de la citada Ley de Ex-propiación; y que el término de seis meses para la ejecu-ción de las obras comenzó a correr en la fecha en que se dictó dicha resolución.

De conformidad-con la súplica de la “Declaración Sobre Adquisición y Entrega Material de Propiedad o Declaración de Incautación (Declaration of Taking)”, formulada por la Autoridad demandante, la corte inferior dictó la resolución de 20 de octubre de 1944, por la cual decretó: (a) que el tí-tulo de dominio absoluto sobre la propiedad quedó investido en la Autoridad desde el momento en que se radicó la Decla-ración de Adquisición y se depositó. la suma de $14,828.25, sujeta a revisión; (6) que “la propiedad queda expropiada y su título queda investido en la Autoridad; (c) que la Au-toridad tiene ahora el derecho al dominio, posesión y uso de la finca expropiada; y (d) que la causa quedaría abierta para cualquier orden, sentencia o decreto adicional que pu-diere ser necesario en relación con la misma.”

La Ley de Expropiación Forzosa es una ley de carácter procesal por la cual se establece el procedimiento que de-berá seguirse ante las cortes de justicia para poder privar a una persona de su propiedad privada con el propósito de dedicarla a un uso público. La Ley original aprobada en marzo .12 de 1903 no contenía disposición alguna que permi-tiese a la parte demandante adquirir e incautarse de la pro-piedad objeto de la expropiación, en cualquier momento du-rante la tramitación del pleito, mediante el depósito en la corte de la cantidad estimada como justa compensación. Fue en abril 1 de 1941 que la Legislatura aprobó la Ley núm. 2 (Leyes de 1941(1) pág. 285) por la cual se adicionó a la Ley original la sección 5A, la que dispone que la parte deman-dante en un procedimiento de expropiación “podrá radicar dentro de la misma causa, al tiempo de radicar la demanda o en cualquier momento antes de recaer sentencia, una decla-ración para la adquisición y entrega material de la propiedad objeto de la expropiación;” que tan pronto se radique la declaración y se haga el depósito de la cantidad estimada como justa compensación, “el título absoluto de dominio de dicha propiedad, o cualquier derecho o interés menor en la misma según quede especificado en la declaración, quedará investido en el Pueblo de Puerto Rico ... o en la agencia o instrumentalidad de El Pueblo de Puerto Rico que hubiere requerido la expropiación, ... y el derecho a justa compen-sación por la misma quedará investido en la persona o per-sonas a quienes corresponda;” y que “dicha compensación deberá determinarse y adjudicarse en dicho procedimiento, y decretarse por la sentencia que recaiga en el mismo.” La sección 5B que fue adicionada por la Ley núm. 19 de 1942 (2da. y 3ra. Sesiones Extraordinarias, pág. 83) prescribe que ‘‘en cualquier sentencia dictada en un procedimiento de ex-propiación forzosa, ... en que la cantidad determinada por la corte como justa compensación por la propiedad . . . sea mayor que la cantidad fijada por el demandante o deposi-tada en corte como justa compensación por tal propie-dad . . . , El Pueblo de Puerto Rico pagará el importe de la diferencia entre la suma así fijada por el demandante y depositada por él en la corte y la cantidad que a tal efecto haya determinado la corte como justa compensación por lá propiedad o derechos en la misma objeto de tal' procedi-miento, etc.” Dispone, además, dicha sección que “tan pronto la sentencia referida en el párrafo anterior sea final e inapelable,” el Tesorero pagará la diferencia a que se'ha hecho referencia, con cargo al Tesoro insular.

El remedio que conceden las secciones 5A y 5B, supra, para la transmisión del dominio y toma de posesión de la propiedad que se trata de expropiar, es un remedio provisional al cual la parte demandante puede recurrir, a su elección, en cualquier momento antes de que se dicte la sentencia que ha de poner fin al procedimiento. La transmisión del título absoluto de dominio y del derecho a tomar posesión del inmue-ble queda consumada tan pronto se radica la declaración de adquisición y entrega y se hace el depósito en corte de la suma estimada como compensación, sin que para ello sea nece-saria una orden de la corte a ese efecto. La transmisión se efectúa, por ministerio de la Ley, al radicarse- la petición y hacerse el depósito. Empero, la práctica de obtener una orden judicial aprobando la transmisión del dominio se sigue generalmente con el propósito de utilizarla como evidencia da que la Ley ha sido cumplida y a los efectos de la inscripción del título en el Registro de la Propiedad. Pueblo v. Registrador, 64 D.P.R. 130; United States v. 72 acres of land, more or less, situate in Oakland, Alameda County, D. C. Cal. (1941), 37 F. Supp. 297.

La sentencia definitiva en un procedimiento de expropia-ción forzosa no puede ser otra que aquélla en la que la corte, después de oír las pruebas aducidas por las partes en cuanto al valor de la propiedad objeto de la expropiación, fija la cantidad que el demandante deberá pagar al demandado como justa compensación por la propiedad de la cual ha sido privado. Ludiendo ser esa justa compensación una can-tidad mayor que la depositada por el demandante al radi-car su declaración sobre adquisición y toma de posesión de la propiedad y siendo necesario practicar pruebas para po-der determinar la cantidad que el demandante estará obli-gado a pagar, forzoso es concluir que la resolución apro-bando la trasmisión del dominio y el derecho a la toma de posesión es una orden interlocutoria y no una sentencia final y definitiva que' pone fin a la controversia entre las par-tes. Véase: Catlin v. United States, 324 U. S. 229.

En el caso que estamos considerando la Autoridad deman-dante radicó su Declaración de Incautación e hizo el depó-sito de la suma que estimó como justa compensación por la propiedad objeto de la expropiación, pero ni la demandante ni los demandados se ocuparon de dar paso alguno tendiente a conseguir que la corte dictase una sentencia definitiva fi-jando la cantidad que como justa compensación la deman-dante debe pagar a los demandados por la propiedad que so trata de expropiar.

No habiéndose dictado aún una sentencia definitiva, el término de seis meses fijado por el artículo 7 de la Ley de Expropiación Forzosa, para la reversión del título a los de-mandados, no ha empezado a correr. La moción solicitando la reversión del título y la posesión del inmueble fue radi-cada prematuramente. Erró la corte inferior al declararla con lugar.

La resolución recurrida dictada en junio 4 de 1947 serái anulada, la sentencia recurrida dictada en 27 de junio de 1947 será revocada y el caso devuelto a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

        (1) Seooión 7. — Término para llevar las oirás a cabo. — En tocios los casos de expropiación forzosa, o de venta, cesión o gravamen voluntario de la pro-piedad, hecha por el dueño-para la realización de una obra de utilidad pública, si no se llevare a cabo dicha obra dentro del término señalado en la conce-sión o franquicia, o en caso de que en ella no se señalare tiempo alguno, dentro del plazo de seis meses, a contar desde la fecha en que se dicte la sentencia ordenando la expropiación, la parte expropiada o que voluntariamente vendió, cedió o gravó, su dominio, tendrá derecho de acción para recuperar la propiedad expropiada devolviendo el importe recibido.

      (2)“ Ninguna disposición de ley respecto a la adquisición, administración o enajenación de bienes por otras entidades públicas se aplicará a ninguna auto-ridad a menos que la Asamblea Legislativa lo disponga así de un modo espe-cífico. ’ ’


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Vázquez Suárez, acusado y apelante.
    Núm. 12407.

    Sometido: Diciembre 2, 1947.

      Resuelto: Enero 26, 1948.

      Ernesto Ramos Antonini, Samuel R. Quiñones y José R. Fournier, abogados del apelante; Hon. Procurador General Luis Negrón Fernández y J. Rivera Barreras, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Este caso viene a nuestra consideración por segunda vez. Se acusó al apelante de asesinato en primer grado. Se le celebró juicio y el jurado lo halló culpable de homicidio vo-luntario, imponiéndole la corte ocho años de presidio. En apelación revocamos la sentencia y ordenamos la celebración de un nuevo juicio. Pueblo v. Vázquez, 66 D.P.R. 412. Se juzgó nuevamente al acusado de asesinato en primer grado, el jurado lo declaró convicto de homicidio voluntario y la corte le impuso una pena de ocho a diez años de presidio. .Nuevamente el acusado apela señalando la comisión de vein-tiséis errores.

Los errores 1ro. y 2do. se basan en la actuación de la. corte de distrito al excusar el día antes de comenzar el juicio y por el resto del término, el panel regular del jurado, compuesto ele 31 jurados, y al ordenar la desinsaculación de un panel regular de 24 jurados, de un panel extraordinario de 12 jurados y de un panel especial de 20 jurados. La corte inferior actuó en esta forma durante el juicio de otro caso de asesinato. Cuando el jurado en dicho caso se disponía a retirarse a deliberar, la corte ordenó la desinsaculación de los referidos paneles regular y especial porque “hay varios casos de asesinato de cierta importancia y de que no hay suficientes jurados actuando para ver los casos de asesi-nato”.

En cuanto a los 12 jurados que se disponían a deliberar, la corte pudo haber creído que no terminarían sus delibe-raciones antes del comienzo del presente caso. El hecho de que ellos llegaran a un veredicto antes de que empezara este caso, no quiere decir que sea errónea la actuación de la corte inferior al excusarlos. O la corte quizá creyó que estos 12 jurados habían prestado suficientes servicios durante dicho mes y merecían que se les excusara. De igual manera pudo la corte haber excusado por este último motivo el resto de los 31 jurados que integraban el panel.

De cualquier modo, contestamos la contención del ape-lante con el lenguaje empleado en el caso de Pueblo v. Pérez, 47 D.P.R. 765, 770, a saber: “En cuanto a la selección de los doce jurados que intervinieron en la causa y rindieron el ve-redicto, pudo sin duda la corte aprovechar los jurados que ya habían sido citados para otros casos. No lo hizo así. Or-denó la citación de un nuevo panel regular y de dos espe-ciales necesarios a virtud del gran número de recusaciones. Bajo las circunstancias concurrentes no creemos que la corte se separara de tal manera del procedimiento marcado en la ley ni ejercitara su discreción en tal forma que pueda con-cluirse que violó algún derecho fundamental del acusado. No se demostró prejuicio. Véanse los artículos 199 y 202 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

El apelante alega que el caso de Pérez está en conflicto con los artículos 199 y 202. Su argumento es que de confor-midad con el artículo 202, el panel regular puede ser aumen-tado, pero que dicho panel regular después que empieza a prestar servicios no puede a discreción de la corte ser ex-cusado de seguir prestando servicios para ser sustituido por un panel general completamente nuevo. No hallamos que el artículo 202 limite en esta forma la discreción de la corte sentenciadora y reafirmamos la regla establecida en el caso de Pérez. Nada de lo que dijimos en el caso de Pueblo v. Morales, 66 D.P.R. 10, 16, está en conflicto con el caso de Pérez.

Los errores 3ro., 4to., 5to. y 22ndo. envuelven la misma cuestión. El apelante alega que la corte inferior cometió error al desestimar su contención al efecto de que la convicción del delito de homicidio voluntario' en el primer juicio, equivalió en efecto legal a una absolución de los delitos de asesinato en primer y segundo grados, y en su consecuencia al juzgársele aquí por asesinato en primer grado, se le expuso por segunda vez por el mismo delito.

La Corte de Circuito de Apelaciones .ha resuelto, confir-mando nuestra sentencia en Pueblo v. Carbonell, 36 D.P.R. 526, reconsideración denegada en 36 D.P.R. 761, que después de un juicio por asesinato, un veredicto de homicidio, y una revocación en apelación, un acusado no es expuesto por se-gunda vez cuando se le celebra el nuevo juicio por asesinato y no se limita a homicidio. Carbonell v. People of Porto Pico, 27 F.2d 253 (C.C.A. 1, 1928). Al mismo efecto, Miller on Criminal Law, sec. 187, pág. 543, y casos citados en las notas 56 y 57. Véanse artículo 302, Código de Enjuicia-miento Criminal; Pueblo v. Colón, 65 D.P.R. 760. No con-venimos con el apelante en que el lenguaje del caso de Pueblo v. Torres, 39 D.P.R. 605, 607, constituye una revocación del caso de Garbonell.

El error 13ro. está relacionado con estos últimos errores. Arguye el acusado que la corte de distrito cometió error al no permitirle argumentar su moción al efecto de que no podía acusársele de asesinato en vista de su convicción anterior por homicidio voluntario. Esta moción había sido radicada por escrito y ya se bahía declarado sin lugar. Al acusado tratar de renovarla cuando se desinsaculaba el ju-rado, la corte indicó que el asunto estaba ya resuelto por el caso de Garbonell y por su resolución anterior dada por es-crito y se negó a oír argumentación sobre la cuestión.

El apelante descansa en el caso de Pueblo v. Díaz, 67 D.P.R. 80. Éste es completamente inaplicable. En él re-solvimos que una corte no puede negarse a oír el informe sobre los méritos de un caso después de haber concluido la prueba en el mismo. No conocemos regla alguna que exija a una corte oír argumentación en presencia del jurado so-bre cada cuestión de derecho que el abogado pueda concebi-blemente levantar durante el juicio de un caso. Esto es particularmente cierto cuando, como en este caso, la cues-tión ya había sido planteada por escrito y había sido deses-timada como cuestión de derecho debido a que la contención del acusado era enteramente improcedente en virtud de una decisión de este Tribunal que resolvía exactamente la misma cuestión.

El 6to. error se dirige a la negativa de la corte de distrito para que se dejara la toma de juramento de todos los jurados hasta que las partes hubieran agotado todas sus recusaciones. Hemos resuelto que esta cuestión descansa en la sana discreción de la corte de distrito. Pueblo v. Torres, 48 D.P.R. 39. “Y solamente si resolviéramos que el emplear el sistema preferido por la corte de distrito constituyó abuso de su discreción, perjudicando" los derechos del acusado bajo los hechos de este caso específico, estaríamos justificados en revocar la sentencia por este motivo.” Pueblo v. Morales, 66 D.P.R. 10, 15. No se demostró que en este caso existiera abuso de- discreción alguno.

El 7mo. error se refiere a la exclusión del jurado Joaquín Torres. En el voir dire de este jurado ocurrió lo siguiente: “Defensa: '¿El otro señor se llama? — R. Joaquín Torres. — P. ¿De dónde es el señor Torres? — R. De Coro-za! — P. ¿A qué se dedica? — R. Soy torcedor. — 1\ ¿El se-ñor Torres conoce los heclios de este caso? — R. Sí, señor, .los conozco. — P. ¿Conoció al señor Alfredo San Miguel?— R. Al señor San Miguel no lo conocí, — P. ¿Conoce a-1 acu-sado? — R. Al acusado sí lo conozco. — P. ¿El señor Torres se encuentra en condiciones de rendir un veredicto justo e imparcial de acuerdo con la prueba que se practique en este caso? — R. No, señor. — P. ¿No se encuentra en esas condi-ciones? — R. No me encuentro en esas condiciones. — P. ¿Esa actitud del señor jurado se debe a que tiene información del caso? ¿Conoce el caso?' — R. Lo conozco. — P. ¿Por in-formación conoce el caso? — R. Por información sí, señor.— P. ¿El señor jurado no podría rendir un veredicto justo e imparcial en este caso?.- — R. No. No me encuentro en con-diciones. — P. ¿Tiene opinión formada?- — R. Sí, señor.:— Hon. Fiscal: Sin objeción a la recusación motivada del se-ñor Torres.. — Defensa: Yo no lie hecho la recusación. — La Corte: La Corte lo excusa porque este señor ha dicho que es de Corozal; que conoce los hechos; -que tiene opinión for-mada; aunque su señoría no se opone a que él se vaya, la Corte, cree que teniendo este señor opinión formada no debe ser jurado para juzgar ningún caso, ni éste ni ningún otro. La Corte lo excusa. Hasta el lunes puede irse. — Defensa: Excepción. ’

No podemos convenir con el acusado en que esta actua-ción de la corte cae dentro de la doctrina establecida en la primera - apelación de este caso. Pueblo v. Vázquez, supra. Contrario a lo allí ocurrido, la corte de distrito no recusó perentoriamente al jurado por su propia cuenta debido a las contestaciones a las preguntas que no podían ser la base para una recusación motivada. Aquí el jurado, respondiendo a un interrogatorio del acusado, manifestó tres veces que no estaba en condiciones de emitir un veredicto justo e im-parcial. Artículo 226, inciso 2; artículo 227, inciso 7, Có-digo de Enjuiciamiento Criminal^1) Es cierto que el acu-sado dijo que no recusaba motivadamente al jurado. Pero no hay regla que exija a la corte dejar en el jurado a un ciudadano que repetidamente manifiesta que no puede actuar de manera imparcial, simplemente porque las partes no lo recusen. Por el contrario, bajo estas circunstacias, la corte de distrito puede actuar sua sponte y en uso de su discre-ción excusar al jurado. Cf. Pueblo v. Cruz, 60 D.P.R. 116; Pueblo v. Gracia, 31 D.P.R. 910; Pueblo v. Morales, (a) Yare Yare, 14 D.P.R. 234. En el caso de Morales dijimos que (pág. 244) “ . . . el tribunal, por su propia moción y por una buena razón puede excusar a un jurado capacitado para servir como tal, de formar parte del ‘panel’ y asistir a sus sesiones en una causa criminal . . . ”.

Al argumentar este error, sostiene el acusado que su in-terrogatorio de Torres fue interrumpido por el fiscal, y que él tenía el' derecho de concluir el interrogatorio del jurado con el fin de demostrar que éste podía servir de manera impareial no empece su opinión; v. g\, que dicha opinión desaparecería al oír la prueba. Véase Walker v. Greenberger, 63 Cal.App.2d 457, 463-64 (Calif., 1944). Sin embargo, si bien el abogado del acusado tuvo amplia oportunidad para hacerle esta pre-gunta al jurado, nunca lo hizo. No solicitó- permiso para ha-cerle al jurado ésta o algunas otras preguntas. Sencilla-mente se limitó a anotar nna excepción a la decisión de la corte. Su silencio indudablemente indujo a la corte a creer que no tenía más preguntas que hacer. Bajo dichas circuns-tancias no puede quejarse ahora de que si hubiera insistido en el asunto, el jurado quizá hubiera cambiado su contesta-ción, repetida tres veces, de que no podía actuar de manera imparcial.

El 8vo. error es sustancialmente similar al séptimo. Baúl Bamírez, otro presunto jurado, declaró en el voir dire, a preguntas del fiscal, que con motivo de su amistad con Alfredo San Miguel, la víctima en este caso, y con su familia, él no estaba “en condiciones de poder juzgar este caso, pesar la prueba, y rendir un veredicto justo e imparcial.” La corte entonces lo excusó.

El acusado afirma que la corte excluyó a este jurado sin recusación alguna y sin darle al acusado una oportunidad de examinarlo. Quizá la corte actuó con alguna ligereza al ex-cusar al jurado antes de que éste fuera examinado por el abogado del acusado. Pero bajo estas circunstancias, el abo-gado del acusado no debe guardar silencio. Es su deber ha-cer constar afirmativamente que desea examinar al jurado. En verdad, el acusado ni siquiera objetó o anotó excepción a esta actuación de la corte. Bel récord ante nos no surge que la corte de distrito abusara de su discreción al excusar a un jurado que dijo que no podía rendir un veredicto justo e imparcial.

El 9no. error envuelve la exclusión de José Taboas como jurado. Este declaró que su esposa era prima del acusado, que él ya tenía opinión formada en cuanto a los hechos, y que la prueba podía hacerle cambiar de opinión.

No es necesario que determinemos si el Fiscal de este Tribunal tiene razón al argüir que Taboas podía ser recu-sado motivadamente con motivo de su opinión o en vir-tud del artículo 227, inciso 2, del Código de Enjuiciamiento Criminal. Entendemos que lo que él quiso decir fué que su esposa era prima hermana del acusado. Por tanto estaba emparentado con el acusado dentro del cuarto grado de afi-nidad y podía ser recusado por parcialidad implícita bajo el art. 227, inciso 1. Cambron v. State, 137 S.E. 780 (Ga., 1927); People v. Schmitz, 94 P. 407 (Calif., 1908); 12 Am. St.Rep. 108. Véanse State v. Thomas, 174 S.W.2d 337 (Mo., 1943); 18 A.L.R. 375; 19 A.L.R. 1410; 99 A.L.R. 672.

El lOmo. error trata de la' actuación de la corte de distrito al excusar a Daniel Calderón como jurado. En su voir dire, éste le dijo al acusado lo siguiente: “P. ¿El señor Calderón se encuentra en condiciones de rendir un veredicto justo e imparcial en este caso?, — R. Sí, señor. — P. ¿Conoce los hechos de este caso ? — R. Yo conozco algo del caso. Tengo opinión formada del caso. Yo tengo relaciones comerciales con Juan Martínez y con Juan Rodríguez del pueblo de Corozal y me han informado del caso. — P. ¿De modo que el señor Daniel Calderón no se encuentra en condiciones de actuar como jurado en este caso?' — R. Yo no me encuentro en condiciones porque yo conozco los hechos por lo que me han contado. — P. ¿Usted tiene opinión formada? — R. Sí, señor. —P. ¿De modo que no se encuentra en condiciones de poder rendir un veredicto justo e imparcial de acuerdo con la prueba que se practique en este caso? — R. No, señor. — P. .¿Pero esa opinión suya que tiene usted formada puede ser variada por la prueba que se practique en este caso?' — R. Puede ser que con la prueba pueda ser variada. — P. :¿De modo que no es una opinión arraigada? — R. No, señor.”

Mientras el fiscal interrogaba a este jurado, ocurrió lo si-guiente: “P. ¿El señor Daniel Calderón es de Toa Alta?,— R. Sí, señor. — P. ¿Me parece que le oí decir a preguntas del compañero de la defensa que usted tenía opinión for-mada en relación con los hechos que informan este caso? — R. Sí, señor. — P. ¿Esa opinión la formó el señor Calderón con motivo de qué? — R. Bueno de acuerdo con un cambio de im-presiones que tuve con personas de Corozal. Yo estuve en Corozal en donde ocurrieron los hechos; yo visité a Corozal y me contaron los hechos personas de allí de Corozal que lie-van relaciones conmigo; me dijeron cómo sucedieron los hechos, me lo informaron . . . — P. ¿Y además usted ha leído la prensa?, — R. Sí, señor, lo que dijo la prensa lo leí.— P. ¿ Y todo eso le ha hecho formar opinión a usted? — R. Creo que sí.. — P. ¿Creo que sí o es que está seguro que tiene opi-nión formada? — R. Seguro que tengo opinión formada. — La Corte: La Corte cree que debe excusar al señor jurado para servir en este caso. — Defensa: Excepción y entendemos (sie) para el récord porque no ha habido recusación alguna por ninguna de las dos partes.”

Aquí la cuestión es un poco más cerrada. El jurado no dijo que su opinión no podía cambiarse por la evidencia. Por otro lado, tampoco indicó en forma afirmativa que su estado de ánimo era tal que una vez que oyera la prueba, su opi-nión podría cambiar. Y declaró dos veces que no estaba en condiciones de emitir un veredicto justo e imparcial. El caso está en la zona crepuscular donde procede el ejercicio de la discreción de la corte inferior. La corte de distrito vió y oyó al jurado. Aparentemente se convenció que la va-cilación de éste al discutir su opinión justificaba que se le excusara. Bajo todas estas circunstancias, no podemos de-cir que la corte de distrito abusara de su discreción.

El limo, error trata de la actuación de la corte dedistrito al excusar a Manuel Angel Monclova. Este jurado le informó a la corte que él recibía “compensación” por haber servido como soldado, y no sabía si de acuerdo con la ley 61 podía actuar de jurado y recibir un cheque por sus servicios. La corte le dijo: “No tenga ninguna intranquilidad: el hecho de servir como jurado es un servicio que se le presta a la causa.”

Luego ocurrió lo siguiente: “El jurado Manuel Angel Monclova: ¿Puedo decir algo? — La Corte: Cómo no. — Ju-rado: Al yo recibir la dieta aquí como jurado ése es un dinero que yo tengo que reportar al gobierno federal y eso a mí me tiene preocupado en tal forma y eso de recibir el dinero de la dieta yo tengo que informarlo a la asociación y yo no lie tenido tiempo. Yo llegué a mi casa a las nueve de la noche. Eso me tiene preocupado a mú — La Corte: La Corte le dice al jurado que no va a incurrir en ningún de-lito y que no tiene que preocuparse. — Defensa: Nosotros qui-siéramos saber si el señor jurado tiene esa preocupación to-davía. — Jurado: La tengo todavía. — P. ¿La tiene todavía esa preocupación? — R. Sí, señor. — P. ¿Esa preocupación le impide estar aquí tranquilo con serenidad?' — R. Sí, señor. —Hon. Fiscal: Nosotros nos allanamos a que la Corte lo excuse motivadamente. — -La Corte: La Corte lo excusa por esa razón.”

Aquí también tenemos una situación en que hay que des-cansar casi totalmente en la discreción de la corte senten-ciadora. Nos es difícil determinar si la preocupación del ju-rado era tan intensa que se hacía necesario que se le ex-cusara. Sólo podemos decir que no encontramos que la corte abusara de su discreción. Esto es particularmente cierto cuando, como en este caso, el acusado guardó silencio al su-gerir el fiscal que se excusase al jurado. No hizo preguntas ulteriores y no objetó ni tomó excepción.

El error 12do. trata de la exclusión por la corte de distrito del jurado Luis Monclova Monge. Este jurado declaró, al interrogarle en su voir di,re el ahogado del acusado, lo siguiente: “¿El señor Monclova conoce los hechos que se van a ventilar en el día de hoy? — R. Los conozco por todos los ángulos.- — P. ¿Conoce al acusado por todos los ángulos? —R. Sí, señor: por la prensa y por amigos míos de Corozal yo los conozco. Voy a Corozal y veo los amigos y la última vez que estuve uno de los amigos míos conversó conmigo del caso. — P. ¿Usted fué uno de los jurados que inter-vino en el otro caso? — R. Sí, señor.. — P. ¿Me podría informar si usted tiene opinión formada en este caso? — R. Sí, señor.. — P. ¿Puede actuar como jurado en este caso? — R. No, señor.' — P. ¿No se encuentra en condiciones de apreciar la prueba y rendir un veredicto de acuerdo con la prueba que desfile en este caso? — R. El veredicto mío ya está hecho de antemano. — La Corte: Puede irse hasta el lunes. La Corte lo excusa. — Defensa: Tomamos excepción de eso.”

Es obvio que la corte inferior no cometió error al excu-sar a este jurado sin esperar a que el fiscal lo interrogara o que cualquiera de las partes de manera formal lo recusara motivadamente. El permitir que dicho jurado actuara sería burlarse de la administración de justicia.

Los errores 16to.. y 17mo. se basan en la negativa de la corte inferior para que se permitiera al acusado interponer ante el jurado la alegación de exposición anterior y la negativa de la corte para que declarase un mistrial por la misma razón. No tenemos que preocuparnos en si tal actuación podría haber sido perjudicial a un acusado bajo otras circunstancias. Aquí la defensa de exposición anterior fue resuelta claramente en contra del acusado, como cuestión de derecho, en virtud del caso de Carbouell. Por tanto el acusado no sufrió daño perjudicial alguno cuando la corte inferior se negó a permitirle que renovara dicha alegación en presencia del jurado, que ya había sido desestimada como cuestión de derecho. Véanse Pueblo v. Felicié, 31 D.P.R. 513; Pueblo v. Rivera, 67 D.P.R. 280, 285.

Durante el juicio el taquígrafo-repórter de la corte se enfermó y no pudo seguir actuando. Eué sustituido por un taquígrafo que envió el Departamento de Justicia. El acusado se opuso por el fundamento de que la sustitución no se hizo “dentro de ley”. Señala como su error 18vo. la re-solución de la corte inferior desestimando su objeción.

En su alegato el apelante especifica mejor la base de su objeción. Alega que la sección 2 de la Ley núm. 57, Leyes de Puerto Rico, 1930 (pág. 415), crea el cargo de taquígrafo-repórter de la Corte de Distrito de Bayamón, disponiendo que será nombrado por el Gobernador y confirmado por el Senado, y que toda vez que el taquígrafo sustituto no ha-bía sido nombrado por el Gobernador, aquél no podía ac-tuar legalmente en esa capacidad.

Aparte del hecho de que el acusado no expuso específica-mente el fundamento de su objeción durante el juicio, no po-demos convenir en que la Asamblea Legislativa tuvo en mente dejar que se paralizara la maquinaria de la corte de distrito si se enfermaba un taquígrafo durante la celebra-ción de un juicio. Creemos que tal empleado puede ser susti-tuido temporalmente por un sustituto idóneo quien no tiene necesariamente que ser nombrado por el Gobernador. En ausencia de prueba al efecto de que dicho sustituto no era idóneo y de que el acusado fue perjudicado, no podemos resolver que la aceptación por la corte de un taquígrafo sus-tituto enviado por el Departamento de Justicia constituyó un error que da lugar a la revocación.

El error 19no. es que la corte manifestó en presencia del jurado que los abogados del acusado estaban ex-poniendo sus objeciones en forma tal que le decían a los testigos lo que debían declarar. En su alegato el acusado no cita lenguaje alguno de la corte ni trae a nuestra atención ningún lugar específico del récord. Eso por sí solo bastapara resolver este error. Pueblo v. Benítez, 47 D.P.R. 78.

Sin embargo, examinaremos esta cuestión, suponiendo que el acusado se refiere al siguiente incidente: “Lie. Ramos An-tonini : Para oponernos, Sr. Juez. Esa pregunta está ya con-testada en el sentido de que él nunca le daba a ella explica-ción alguna sobre eso. — Fiscal: Deje el compañero que la testigo lo diga, — Juez: Sí. Su Señoría hace una objeción en tal forma que le dice a la testigo lo que ha de contestar. Ya lo ha hecho el otro abogado . . . —Lie. Ramos Antonini: Res-petamos la insinuación de V- H. — Juez: ,E1 compañero me perdona. Esa no es la objeción legal a una pregunta. Se objeta una pregunta por no ser pertinente, porque no sea-objeto del examen directo, o de prueba, o por alguna de las razones que señala la ley, pero al objetarse no debe recor-darse que el testigo ha declarado en tal sentido porque eso sería recordarle al testigo indirectamente lo que tenga que contestar. — Lie. Ramos Antonini: Como cuestión de derecho,. eso que dice Y. H. Pero Y. H. sabe que uno de los motivos de objeción que da la ley es la repetición innecesaria de pre-guntas. — Juez: Esa pregunta fué liecba una sola vez y bace rato. — Lie. S. R. Quiñones: Me perdona Y. H. pero, apela-mos al récord, la misma pregunta, en otras formas, se ha he-cho en varias ocasiones y ha sido contestada. Además . . . —Juez: La Corte va a trazar una regia. Cuando se haga una objección, uno solo de los abogados debe intervenir, a menos que surja una cuestión de derecho en que se da opor-tunidad a los dos abogados.. — Lie. S. R. Quiñones: En este .caso la intervención mía se ha basado en una manifestación ■del Sr. Juez, que este abogado no puede permitir sea hecha, 'en el sentido de que este abogado ha declarado por los tes-tigos. Este abogado entiende que no lo ha hecho ni ha sido esa su intención. — Juez: La Corte fué clara hace un momento cuando habló. Los señores Jurados deben atenerse única-mente a la prueba, sin considerar para resolver este caso los comentarios de las partes sobre lo declarado por los tes-tigos; y las palabras del Juez no deben entenderse como dichas en el sentido de que ustedes deban creer en uña forma u otra a los testigos. Ustedes son los únicos jueces de la veracidad de los testigos. Puede continuar el fiscal. — De-fensa: Excepción.”

Quizá el acusado estuvo justificado en oponerse a la pre-gunta por el fundamento de que ya había sido ésta contes-tada en forma adecuada. Véanse Pueblo v. Munera, 39 D.P.R. 295, 301-3; Pueblo v. Cardona, 57 D.P.R. 695. Sin embargo, nada erróneo vemos en la actuación de la corte al indicar que al hacer sus objeciones el acusado no debía sugerirle la contestación a los testigos, en caso de que la corte declarara sin lugar la objeción y permitiera contestar al testigo. Ade-más, la corte subsanó cualquier posible error dando fin al incidente con una advertencia al jurado de que ellos eran los únicos jueces de la veracidad de los testigos y de que las manifestaciones de los abogados y de la corte no debían afectarlos en ese aspecto.

El 20mó. error se refiere a la actuación de la corte de distrito al no permitirle al acusado hacerle una pregunta a Guillermo Collazo, uno de sus testigos. Collazo era el patrono de Jesús Díaz, anterior testigo del acusado. Este trataba de demostrar por medio de Collazo que Díaz estaba familiarizado con el sitio donde ocurrió el supuesto crimen en Corozal porque Díaz era el chófer de Collazo en dicho pueblo. La corte le permitió al acusado interrog*ar a Collazo sobre esta cuestión en el interrogatorio directo. Después del contrainterrogatorio del fiscal, el abogado del acusado lo preguntó: “¿Dónde tomaba la gasolina usted para esa fecha? — -Hon. Juez: ¿Qué, vamos a repetir el caso ahora? La Corte no lo permite. — Defensa: Excepción.”

Arguye el acusado que esta pregunta era introductoria con el fin de dejar establecido que Díaz compro gasolina cerca del sitio donde ocurrieron los hechos en este caso. Aparte del hecho de que el acusado no ofreció a la corte tal explicación en cuanto al propósito de esta pregunta apa-rentemente impertinente, ya la corte había permitido el examen directo del testigo en cuanto al conocimiento de Díaz de las calles de Corozal. En uso de su discreción po-día negarse a permitirle al acusado volver sobre esta cues-tión en el interrogatorio redirecto. Pueblo v. Gómez, 45 D.P.R. 812; Pueblo v. Munera, supra; Pueblo v. Aponte, 26 D.P.R. 604.

El error 21ro. trata de la alegada actuación de la corte de distrito al no permitirle al abogado del acusado negar que hubiera hecho ciertas manifestaciones que según él el fiscal le atribuyó en su informe al jurado y al declarar sin lugar una moción de mistrial por tal motivo.

El récord demuestra que mientras el fiscal exponía su argumento final, ocurrió lo siguiente: “Lie. Ramos Anto-nini: Con el permiso del tribunal. Queremos hacer constar que el fiscal está entrando en cosas que yo no he dicho. Yo no le he dicho al jurado que éste sea un caso de homicidio.— ■ Fiscal: ¿Se va a argumentar de nuevo por la defensa ante el jurado? — Juez: La defeusa puede hacer objeción a cual-quier argumentación del fiscal para la cual no tenga base o que se refiera a cosas exteriores a la prueba. Su Señoría puede oponerse a eso y la Corte le dará la razón si la tiene, pero si se va a refutar un argumento con otro, lá Corte no lo permite. — Lie. Ramos Antonini: Para que conste en ré-cord nuestra objeción a las manifestaciones del fiscal, si me permite Su Señoría: El fiscal atribuía a este abogado ha-ber hecho una manifestación según la cual yo concedía (se-gún esa argumentación del fiscal) que no se trataba de un caso de asesinato sino de un caso de homicidio, y le atri-buía a este abogado haber hecho esa manifestación categó-rica en ese sentido. Como quiera que los taquígrafos, in-cluso los de esta corte, no toman taquigráficamente los in-formes del fiscal ni de los abogados, contrario a lo que la ley manda, que incluye el que el taquígrafo debe tomarlos, quiero hacer constar que el fiscal estaba haciendo esa ma-nifestación al jurado, imputándome a mí una concesión que 3m no hice, y que me he levantado a informar al tribunal que yo no hice esa manifestación en ningún momento y la Corte no lo ha permitido.- — Juez: la Corte lo que ha dicho es que Su Señoría no puede hacer un argumento en el momento que está hablando el fiscal. Puede seguir hablando el fiscal. — Lie. Ramos Antonini: Por lo tanto tomamos excep-ción de la manifestación de la Corte y solicitamos en este momento se declare un ‘mistrial’ toda vez que la Corte no ha permitido a este abogado negar algo que no ha dicho y que de creerlo el jurado, por falta de memoria, puede sig-nificar una condena contra el acusado de homicidio. — Juez; Su Señoría no puede utilizar el tiempo que le corresponde al fiscal para argumentar ante el jurado. El jurado va a resolver este caso de acuerdo con la prueba, no con los ar-gumentos de Su Señoría. — Lie. Ramos Antonini: Ni del fiscal. — Juez: Ni del fiscal tampoco.”.

El argumento del acusado está basado en una premisa falsa. Alega que la corte inferior no le permitió negar que él había admitido que la prueba estableció un caso de homi-cidio. Pero surge del récord que durante el argumento final del fiscal el abogado se levantó y negó dos veces que hu-biera hecho tal manifestación. Es difícil imaginarse qué más esperaba el acusado que la corte hiciera. Ciertamente la corte estuvo correcta al decir que el acusado no podía ar-gumentar su caso en dicho momento. Competía al jurado determinar los hechos y emitir un veredicto después de oír toda la prueba y los informes de ambas partes. Y la corte correctamente hizo constar., que el veredicto se basaría en la prueba y no en los informes. Véanse Pueblo v. Rivera, 64 D.P.R. 652; Pueblo v. Colón, 65 D.P.R. 760.

Creemos propio discutir conjuntamente los errores 23ro., 24to. y 25to. El 23ro. se basa en la actuación de 1a, corte de distrito al no declarar nulo el veredicto por el fundamento de que el marshal se había comunicado con el jurado en ausencia del acusado. Los errores 24to. y 25to. dicen que la corte erró al dejar que el jurado permaneciera en el local de la corte durante toda una noche, sin oportunidad alguna de reposo y tras cinco días de trabajo continuo.

Estos tres errores se basan en una discusión sostenida por la corte y el abogado del acusado, después que el ju-rado rindió el veredicto declarándolo culpable de homicidio voluntario. La discusión fué como sigue: “Lie. S. R. Qui-ñones : Señor Juez: En este caso, que comenzó el jueves de la semana pasada y que ha continuado sin interrupción hasta el día de hoy, incluyendo trabajar el sábado, en que generalmente no trabajan los tribunales, ha ocurrido algo que la defensa debe anotar, tanto como protesta a la actua-ción del tribunal como en calidad de excepción a esa actua-ción. Anoche, después de un día de trabajo arduo, continuo, sin interrupción, el jurado se encargó del caso por haberle sido sometido por las partes y sobre la base de haber el Señor " Juez dado sus instrucciones, a eso de las diez y media de la noche. Al jurado, según la información que tiene la defensa, no se le había proporcionado la oportunidad de recogerse a descansar en algún liotel de la localidad o de San Jnan, a pesar de haber estado trabajando sin interrup-ción desde las ocho y media hasta las diez y media de la no-che. Tampoco, según información que tiene la defensa, se le proporcionó al jurado medios de' siquiera dentro del local de la corte poder tener algunas horas de reposo después de tan ardua labor. No hay en este tribunal un ‘couch’, un diván, una butaca siquiera que tenga un almohadón donde los señores jurados pudieran reposar antes de entrar a de-liberar en un caso de esta naturaleza. — Juez: ¿Y eso en qué afecta el veredicto? — Lie. S. E. Quiñones: Una cama pro-pia para el descanso de una persona que ha estado traba-jando catorce horas sin descanso. Nosotros sostenemos que en esta situación, anoche no hubo deliberación de un jurado porque no es posible, físicamente, que haya habido delibe-ración de un jurado. Sostenemos que si ha habido veredicto ha sido producto de la situación de cansancio en que estaba el jurado, y solicitamos se declare nulo el veredicto del ju-rado. — Hon. Juez: Llámese a los Señores Jurados. (La mayor parte de los jurados se habían ya marchado de la corte). Según trajo un veredicto condenatorio contra el acusado, pu-diera haberlo absuelto. Anoche el jurado informó a la Corte, a través del márshal, que querían quedarse deliberando. 7 Su Señoría estaba delante cuando el márshal me dijo que ellos manifestaban que querían quedarse deliberando. — Lie. S. E. Quiñones: Quiero informarle a Y. H. que este abogado no estaba presente. — Juez: El Lie. Eamos Antonini o Four-nier. — Lie. S. E. Quiñones: ¿El compañero Fournier estaba presente cuando eso? — Lie. Fournier: No recuerdo. — Lie. S. E. Quiñones: Queremos indicar, además, al señor Juez, con la venia de la Corte, que este abogado.se retiró de la corte a eso de las doce y media o una de la madrugada de hoy, y que a esa hora el jurado, fué lo que se le informó a este abogado, estaba deliberando. Este abogado llegó a primeras horas de la mañana a esta corte.’ — Juez: La corte cree, cree no, está segura, que el jurado le mandó a decir con el márshal que querían continuar deliberando donde estaban. La Corte los dejó ahí por eso. La Corte quiere hacer constar, además, que si hubiera habido necesidad de conseguir un hotel, no hubiera sido posible conseguirlo porque se llamó a todos los hoteles de San Juan y ninguno tenía cabida para un jurado y aquí menos se consiguió. Según el jurado pudo haber traído un veredicto condenatorio, pudo haber traído uno absolutorio. La Corte cree que el veredicto ha sido la libre expresión del jurado de condenar al acusado de Homicidio Voluntario. Pudo haber traído un veredicto de asesinato en primero o segundo grado o haberlo absuelto y lo que hizo fué traer uno igual que en el juicio anterior. Sin lugar.- — Lie. S. R. Quiñones: Excep-ción.” (Bastardillas nuestras).

El lenguaje de la corte debe leerse en su totalidad. Al' manifestar que el jurado le había informado a través del márshal que ellos deseaban continuar deliberando en el local donde estaban y que la corte por este motivo los había dejado allí, la corte se refería al argumento del abogado del acusado al efecto de que no había habido deliberación por parté del jurado debido a las condiciones físicas bajo las cuales se le obligó a trabajar. En su consecuencia es obvio que la comu-nicación del jurado a la .corte — para nuestros fines es irre-leva] ite si fué originada por el jurado o en respuesta a una pregunta de la corte o del márshal — se refería a la comodidad del jurado. Por tanto no hubo comunicación entre la corte y el jurado de la clase prohibida por el caso de Pueblo v. Saldaña, 66 D. P. R. 189.

Esta comunicación no se parece a la del caso.' de Saldaría donde el jurado le envió una comunicación a la corte a tra-vés del márshal al efecto de que deseaba regresar al salón de la corte ya que no podía ponerse de acuerdo, y la corte instruyó al jurado a través del márshal que continuase deli-berando. Esta fué una comunicación de la corte al jurado respecto del caso propiamente dicho fuera del salón de la corte y en ausencia del abogado de la defensa. Pero aquí la comunicación consistió en que los miembros del jurado infor-maron que estaban lo suficientemente cómodos para continuar deliberando en el sitio donde se bailaban. Según indicamos a la pág. 191, nota 2, del caso de Saldaña, la regla que prohí-be tales comunicaciones “no es aplicable a aquellas comunica-ciones ajenas al caso que sean necesarias para atender las necesidades del jurado, como aquéllas que tengan que ver con el alojamiento y la alimentación del jurado ... ”.

Los errores 24to. y 25to. requieren poca considera-ción. Los preparativos físicos para la comodidad del jurado durante sus deliberaciones caen dentro de la discreción de la corte de distrito. Véase el art. 273 del Código de Enjuicia-miento Criminal. Las manifestaciones del abogado del acu-sado y de la corte que hemos citado demuestran que no hubo abuso de discreción, y que la queja del acusado es una idea tardía al serle contrario el veredicto.

El error 26to. es que el veredicto es contrario a derecho y a la prueba. Argumentando este error el acusado mera-mente sintetiza algunos de los errores ya discutidos. Hemos examinado el récord y encontramos que hay prueba que justi-fica ampliamente el veredicto rendido por el jurado.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


author: En Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Francisco Godreau Duffau, demandante y apelado, v. Antonia Guerrero Manatou, demandada y apelante.
    Núm. 9663.

    Sometido: Enero 21, 1948.

      Resuelto: Enero 27, 1948.

      B. Hernández Matos, abogado de la apelante; F. Zapater Martínez, abogado del apelado.
   En Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El demandante radicó demanda de divorcio contra su es-posa por la causal de separación durante un período ininte-rrumpido de más de tres años. Ley núm. 62, Leyes de Puerto Rico, 1942 ((1) pág. 583), que enmendó el artículo 96 del Có-digo Civil. Después de un juicio en los méritos se dictó sen-tencia a favor del demandante. La demandada lia apelado ante este Tribunal. En su alegato el único señalamiento es que la corte inferior cometió error al conceder el divorcio sin haberse probado una separación voluntaria precedida de un mutuo acuerdo de las partes para separarse. El apelado so-licita le desestimación del recurso por frívolo.

La apelante descansa en el lenguaje de nuestro estatuto al efecto de que debe existir una separación “de ambos cón-yuges” por más de tres años. Pero nada encontramos en ese lenguaje que indique la intención de la Legislatura de que ambos cónyuges deben convenir en la separación.

Nos damos cuenta del conflicto existente en la jurispru-dencia en cuanto a si la separación debe venir como resul-tado de un convenio mutuo. Anotación, 166 A.L.R. 498. Pero cada estado debe decidir la cuestión a la luz de su propio estatuto.

La regla en esta jurisdicción fue claramente expuesta en Simonet v. Sandoval, 63 D.P.R. 523, 526: “El hecho de si la separación de los cónyuges comenzó por el abandono de la mujer por el marido o por mutuo convenio entre ambos ca-rece de importancia en este caso. El hecho esencial es si los cónyuges han vivido separados el uno del otro por el término estatutario y sin interrupción.”

Sin emplear lenguaje específico a ese efecto, los hechos de varios otros casos demuestran que en ellos llegamos al mismo resultado. En resumen, nuestra doctrina es al efecto de que la causal de separación existe si sólo uno de los cónyuges vive separado del otro con esa intención. Pérez v. León, 52 D.P.R. 512; Núñez v. López, 62 D.P.R. 567; Miranda v. Padró, 66 D.P.R. 130; Cabrer v. Pietri, 67 D.P.R. 437.

La apelante descansa en nuestro lenguaje del caso de Nú-ñez a la pág. 573 de que “El estatuto asume que las partes lian vivido separadas como consecuencia del mutuo propó-sito de hacerlo así”. Al hablar de lo que el estatuto asume, no establecimos la regla de que las partes deben demostrar un convenio mutuo de vivir separados. Nuestra ley y nues-tra jurisprudencia son en sentido contrario^)

La moción para que se desestime el recurso por frívolo será declarada con lugar.

      (1) Quizá deba añadirse que aquí no nos confrontamos con el problema de la separación debido a que uno de los cónyuges esté recluido en presidio o en un hospital. Véase Rivera, v. Cruz, 67 D.P.R. 770.