author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    The Texas Company (P. R.) Inc., peticionaria y apelante, v. Rafael Sancho Bonet, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7603.

    Sometido: Noviembre 10, 1937.

      Resuelto: Febrero 11, 1938.

      James R. Beverley, R. Castro Fernández y José López Baralt, abo-gados de la apelante; Hon. Procurador General B. Fernández Gcurcía y Emilio de Áldrey, Subprocurador, abogados del apelado.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una solicitud de injunction declarada sin lugar por la corte de distrito.

Alegó substancialmente en ella la corporación deman-dante que era un patrono asegurado desde julio 15, 1925, en que de acuerdo con la Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo enmendada por la núm. 61 de 1921 (pág. 477) presentó a la Comisión de Indemnizaciones a Obreros el estado correspondiente y el Tesorero de Puerto Pico le im-puso y cobró contribución basta el 15 de julio de 1926;

Que en febrero 12, 1926, fallecieron sus obreros Eodulfo Suárez, Isidro Yillocb e Isidro Pérez a consecuencia de cierto accidente del trabajo que la Comisión investigó declarando en abril 24, 1928, que la demandante no era un patrono" ase-gurado no obstante constar en sus records que lo era, con-cediendo indemnizaciones de dos .mil dólares para los dependientes de cada uno de los finados y ordenando al secretario administrativo que practicara las liquidaciones correspondientes y las enviara al Attorney General para que éste de acuerdo con el artículo 7 de la Ley núm. 102 de 1925 entonces en vigor (Leyes de 1925, pág. 905) obtuviera de la demandante el pago de las mismas;

Que en junio 2, 1928, la demandante radicó en la propia corte de distrito tres recursos de certiorari clásicos que la corte declaró sin lugar por falta de jurisdicción por senten-cias de julio 23, 1928, en las cuales se ordenaba la devolución de los autos a la comisión para que continuara tramitándolos de acuerdo con la ley, cuyas sentencias fueron confirmadas por esta Corte Suprema. 40 D.P.R. 477;

Que desde abril 24,1928, a septiembre 14,1936, la comisión, ni su sucesora la Comisión Industrial, ni el Attorney General bicieron gestión alguna para el cobro de las indemnizaciones ,-

Que en septiembre 14, 1936, la Comisión Industrial dictó resolución y solicitó del tesorero demandado en el caso del finado Bodulfo Suárez que trabara embargo en bienes de la demandante para el cobro de la indemnización y el tesorero después de requerirla en octubre 27,1936, le embargó un truek-tanque de su propiedad cuyo uso es indispensable para su negocio de venta y entrega de gasolina y le notificó que si en noviembre 6, 1936, no liabía satisfecho la indemnización más un dólar por costas, vendería en pública subasta el bien em-bargado, lo que produciría a la demandante graves daños y perjuicios irreparables, siendo la intención de la Comisión Industrial y del tesorero seguir igual procedimiento para el cobro de las otras indemnizaciones; y

Que tanto la solicitud de la Comisión Industrial al tesorero como el acto de éste son ilegales y abusivos por los siguientes fundamentos:

“(a) Porque las resoluciones de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros de abril 24 de 1928 declarando a la peticionaria patrono-no asegurado, son ilegales y nulas por aparecer de las mismas y de los records ante dicha comisión que la peticionaria en la fecha del accidente era un patrono debidamente asegurado . . .
“(b) Porque aún suponiendo para los efectos de argumentación sola y exclusivamente que dichas resoluciones fuesen legales y váli-das, de acuerdo con las mismas resoluciones y con el artículo 7 de la ley número 102 de 1925 (pág. 943) el procedimiento a seguir para el cobro de la indemnización concedida por un accidente a un obrero que trabajare para un patrono que no estuviese asegurado es comu-nicar la resolución al Attorney General de Puerto Rico ‘para que entable contra dicho patrono en una corte de jurisdicción compe-tente, la acción correspondiente para el cobro de dicha suma,’ pro-eedimiento que está obligada a seguir la actual Comisión Industrial -de Puerto Rico y el Attorney General de Puerto Rico según dispo-sición clara y terminante de la actual Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo número 45 aprobada el 18 de abril de 1935 ((1) pág. 251), artículo 34, . . .
“(c) Porque la sección 36 de la Ley 85 de 1928 (pág. 631), a virtud de la cual trata de justificarse el tesorero demandado, se apli-caba sola y exclusivamente a accidentes del trabajo ocurridos después de su aprobación y mientras estuvo en vigor dicha ley la cual ha sido expresamente derogada por la Ley núm. 45 de 1935 . . .
(d) Porque de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 102 de 1925 (pág. 943), ley que estaba en vigor cuando sucedió el accidente antes mencionado, en caso de que la peticionaria hubiese dado informes falsos a la comisión en el estado que radicó el 15 de julio de 1925, •lo que negamos enfáticamente, el único remedio de la comisión hu-biese sido el de procesarla criminalmente y el de haeerla«responsable por tees veces la diferencia entre la cuota pagada y la cantidad que •debió haber pagado. *
“(e) Porque las resoluciones de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros de abril 24 de 1928 tienen el carácter de sentencias firmes y de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico ninguna sentencia puede ser ejecutada después de cinco años de ha-berse convertido en firme, cuyo término ha expirado con exceso en estos tres casos y ésta y sus sucesoras han sido negligentes (laches) en iniciar procedimiento para el cobro de las indemnizaciones con-cedidas por las mismas.”

Alegó, por último, la demandante que no habiendo un remedio adecuado en ley, ya que no siendo el acto del tesorero demandado uno para el cobro de una contribución, no cabía pagar bajo protesta, era el injunction el recurso procedente, solicitando en tal virtud su expedición de la corte.

Tramitado el caso de acuerdo con la ley, fué sometido finalmente a la consideración y resolución de la corte mediante la siguiente estipulación:

“(a) El demandado acepta los heclios esenciales de la petición, salvo las conclusiones de hecho o derecho que ésta pueda contener.
“ (b) Así aceptados los hechos propuestos en la petición las par-tes someten a la corte el presente caso a base de las siguientes pro-posiciones de ley, la solución de las cuales entienden mutuamente resuelve el litigio:
“1. Sostiene el demandado que habiendo el Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelto los casos de certiorari números 6986, 6987 y 6988 a que se hace referencia en el hecho siete de la petición, en contra de la peticionaria, no procede ahora la expedición del injunction solicitado.
“2. . . . que no habiendo la peticionaria • hecho uso del remedio que le concedía el artículo 9 de la Ley núm. 102 de 1925 para re-visar las resoluciones de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, no procede ahora la expedición de un auto de injunction.
“3. . . . que las resoluciones de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros de abril 24 de 1928 relacionadas en la petición no tienen el carácter de sentencias. . . .
“4. . . . que el procedimiento adecuado, correcto y legal para el cobro de las indemnizaciones concedidas por la Comisión de Indem-nizaciones a Obreros es el señalado por el artículo 25 de la Ley núm. 85 de 1928^ y no como sostiene la peticionaria el que marca el ar-tículo 7 de la Ley 102 de 1925.
“(o) A su vez la? peticionaria sostiene la contraria de todas las proposiciones sostenidas por el demandado, como antes expuestas.”

Por sentencia de julio 22,1937 la corte declaró lá demanda sin lugar. El último párrafo ele la opinión en que fundó su sentencia, dice:

“De todas suertes, no creemos que el injunction sea el remedio adecuado para impedir el cobro de las cantidades acordadas, toda vez que ello equivaldría a impedir que funcionarios de la ley pusiesen en vigor un estatuto público para beneficio del público. Si la acción está o no prescrita, no es cosa que podemos resolver dentro de este recurso especial. ...”

Pidió reconsideración de la sentencia la demandante y la corte declaró improcedente su petición. Apeló entonces para ante este tribunal.

En su alegato señala dos errores. Por el primero sostiene que la corte erró al declarar la demanda sin lugar. Por el segundo que erró al basar su sentencia en el fundamento consignado en el párrafo de su opinión que dejamos trans-crito.

Como repetidamente en su alegato la parte apelante insiste en que la parte apelada admitió su condición de patrono asegurado y la ilegalidad de la resolución de la comisión cuya ejecución se pide que sea paralizada primero y dejada sin efecto finalmente a virtud del injunction, conviene aclarar que la existencia de tal situación es negada por la parte apelada en su alegato como sigue:

“ . . . En nuestro caso la apelante jamás ha probado que no deba la cantidad que se le cobra, y por el contrario, existe una resolución oficial de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros al efecto de que este patrono, por su condición de no asegurado, debe pagar las in-demnizaciones acordadas a sus obreros lesionados.
“Alega también la apelante que comoquiera que por la estipu-lación de hechos radicada ante la corte inferior se admitieron como ciertos los hechos esenciales de la petición, debe entenderse por ello que el demandado admitió que las resoluciones dictadas por la Co-misión de Indemnizaciones a Obreros el día 24 de abril de 1928, fue-ron contrarias a la expresa letra de la ley, y por consiguiente nulas e ineficaces. La letra (a) de dicha estipulación dice así:
“ ‘El demandado acepta los hechos esenciales de la petición, salvo las conclusiones de hecho o de derecho que ésta pueda contener.’
“Es indiscutible, que lo que está admitiendo el demandado en la referida estipulación, no es otra cosa que los hechos ocurridos y que dieron lugar a todo el procedimiento desde sus comienzos. Si la re-solución de la Comisión de Indemnizaciones' a Obreros era o no vá-lida, no es una cuestión de hecho y sí una de derecho exclusivamente.
“Según puede claramente determinarse del contenido de la esti-pulación aludida, no puede llegarse a otro convencimiento que no sea el de que las partes querían discutir y someter a la corte inferior únicamente cuestiones de derecho a concretarse en las siguientes: ’ ’ (Se repiten las que constan de la estipulación.)

Auncjue el párrafo primero de la estipulación no resulta tan claro y concreto como debiera, es a nuestro juicio susceptible de la interpretación que le da la parte apelada, inter-pretación que lo bace consistente con su actitud ante la corte de distrito y ante esta Corte Suprema.

Despejado este punto, nos encontramos con una resolución dictada por la Comisión de Indemnizaciones a Obreros en abril 24, 1928, concediendo indemnización a las personas que dependían para su sostenimiento del obrero de la demandante fallecido, de la que debía responder la demandante por no ser según declaración de la comisión patrono asegurado.

¿Qué hizo la demandante al enterarse? Acudir a la Corte de Distrito de San Juan pidiéndole dentro de un recurso de certiorari que decretara su nulidad. La corte negó el auto por improcedente y la demandante apeló para ante este tribunal el que, por medio de su Juez Asociado Sr. Wolf, decidió la apelación como sigue:

“Se trata de una apelación interpuesta contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan anulando un auto de certiorari. La peticionaria se quejaba allí de la actuación de la Comisión de In-demnizaciones a Obreros al tratar a la peticionaria The Texas Co. como si fuera un patrono no asegurado, mientras que la peticionaria alegaba que los records de la Comisión de Indemnizaciones a Obre-ros dejaban de demostrar que era tal patrono no asegurado, y que por el contrario revelaban que dicha Texas Co. en realidad estaba asegurada. La Comisión concedió compensación a un obrero. La peticionaria apelante no se quejó en la corte inferior ni en este tribunal de la concesión hecha por la Comisión, pero al acudir a las cortes se basó exclusivamente en su contención de que era un pa-trono asegurado. El resultado de tratar a la peticionaria como un patrono no asegurado la sometería, de acuerdo con el artículo 20 de la ‘Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo,’ Leyes de 1925, página 943, a un procedimiento especial instado por el Procu-rador General y, tal vez, a gastos adicionales. En la petición se ale-gaba que la actuación de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros era enteramente nula e ineficaz y que dicha Comisión carecía en ab-soluto de jurisdicción para hacer la aludida concesión. Se solicitó remedio al amparo del artículo 28 de la citada ley, tal como fué en-mendado, o de conformidad'con la ley general de certiorari.
“La apelante no sostiene en absoluto que tenga derecho al reme-dio de certiorari bajo ninguna ley que afecte las indemnizaciones a obreros. Su alegación surge de un proceso de exclusión. Asumiendo que no existe ningún procedimiento especial de certiorari bajo la Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo, la peticionaria dice que no podía apelar, toda vez que no atacaba la compensación; que la Comisión de Indemnizaciones a Obreros es un organismo casi judicial cuyas decisiones deben ser revisables mediante certiorari cuando no procede la apelación.
“La sección primera del estatuto que rige el derecho general de certiorari dice así: (Se copia)
“Es evidente, según resolvió la corte inferior, que esta clase de autos es aplicable solamente para revisar las actuaciones de las cortes.
“La apelante invoca los poderes inherentes de las cortes, pero cuando la legislatura se ha expresado en la forma que lo ha hecho bajo la ley general de certiorari, no hallamos en la misma justifica-ción alguna para revisar actuaciones de juntas creadas por esa legis-latura.
“Además, la apelante no nos convence de que no procedía una apelación para revisar la decisión querellada, de acuerdo con la sec-ción 9 de la Ley de 1925, Leyes de ese año, página 930. Lee como sigue:
“ 'Artículo 9. — Se concederá al obrero o a sus beneficiarios o he-rederos el recurso de apelación contra la decisión de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros para ante cualquier corte de distrito en aquellos casos de incapacidad parcial permanente, total permanente o de muerte. Asimismo el patrono puede apelar de cualquier deci-sión de la Comisión cuando la decisión de ésta fuere al efecto de que el accidente es uno por el cual se concede indemnización de acuerdo con esta Ley.’
“Parecería que en una apelación general se podría levantar la cuestión incidental.
“De todos modos, si la junta carecía de jurisdicción, entonces la peticionaria debió tener otros medios de protección propia que no necesitamos sugerir.
“Nada hallamos en las leyes de Puerto Rico que autorice el cer-tiorari solicitado, y debe confirmarse la sentencia apelada.” (Texas Co. (P. R.) Inc. v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, 40 D.P.R. 477.)

Ningún otro recurso fue ejercitado por la demandante y la resolución quedó en pie, sin que se necesite hacer esfuerzo alguno para concluir que después de los años transcurridos no está en condiciones de hacer ahora por medio de un injunction lo que no hizo a su debido tiempo por los medios que la ley puso a su alcance.

Insiste la demandante en que de acuerdo con la ley actualmente en vigor a todo lo más que habría lugar sería a remitir el asunto al Attorney General para que iniciara el pleito correspondiente en el que ella tendría derecho a alegar y probar que no le correspondía pagar la indemnización por ser un patrono asegurado. Invoca al efecto el artículo 34 de la Ley núm. 45 de abril 18, 1935 ( (1) pág. 251), sobre la materia, que prescribe:

"Artículo 34. — Las disposiciones de esta Ley no afectarán en forma alguna los litigios o reclamaciones pendientes en relación con las indemnizaciones a obreros a virtud de leyes anteriores. Talos liti-gios o reclamaciones se tramitarán, hasta su terminación, de acuerdo con las leyes vigentes a la fecha» de la ocurrencia del accidente y el obrero tendrá derecho a la cantidad de dinero que por tales leyes se prescriben. ’ ’

A primera vista no carece de fuerza la contención de la apelante pero si se fija la atención en lo que últimamente dispone el artículo a saber "y el obrero tendrá derecho a la cantidad de dinero que por tales leyes se prescriben,” se verá que el propósito de la ley no fue otro, como sostiene la parte apelada, que el de salvaguardar los derechos de los obreros en cuanto a la indemnización se refiere y no el de ir en contra de la bien sentada regla de que las leyes de procedimiento se aplican inmediatamente.

"Es un principio de derecho español, reconocido por la jurisprudencia de los más altos tribunales de la Unión,” dijo esta corte en American Railroad Co. of P. R. v. Hernández, 8 D.P.R. 516, 520, "que las leyes que regulan la jurisdicción y el procedimiento son de interés público, y tienen efecto retroactivo, o más bien, que no se las considera de carácter retroactivo, en tal sentido, que estén comprendidas dentro de las disposiciones del artículo 3 del Código Civil.”

Y como se dice en 59 Corpus Juris 1173, resumiendo la jurisprudencia, “. . . La regla general de que los estatutos sólo se interpretarán prospectivamente (prospectively) y no retrospectiva o retroactivamente, de ordinario no es aplicable a estatutos que afectan el remedio o procedimiento, o, con-forme se dice de otro modo, esa regla general está sujeta a una excepción cuando se trata de un estatuto relativo al remedio o procedimiento.” .

Además, la ley se refiere a “litigios y reclamaciones pen-dientes” y ordena que “tales litigios o reclamaciones se tramitarán, basta su terminación, de acuerdo . . . .” y este caso quedó terminado por la resolución de abril 24, 1928, que abora solamente se trata de ejecutar.

El beclio de que en todo caso sea la Ley núm. 45 de 1935 ( (1) pág. 251) la que deba aplicarse y nunca la núm. 85 de 1928 (pág. 631), no tiene importancia porque de acuerdo con ambas procede el cobro por el tesorero como si se tratara de una contribución.

No creemos que asista tampoco la razón a la demandante cuando sostiene que teniendo la resolución de la comisión de abril 24, 1928, el carácter de una sentencia ordenando el pago de dinero y habiendo transcurrido más de cinco años desde que quedó firme no puede ejecutarse de acuerdo don lo dispuesto en el artículo 243 del Código de Enjuiciamiento Civil que prescribe:

“En todos los casos, excepto para cobro de dinero, podrá exigirse el cumplimiento de la sentencia o llevar a cabo su ejecución, después de un término de cinco años, a contar desde la fecha en que hubiere sido registrada mediante autorización de la corte a instancia de parte, o sentencia dada al efecto, en procedimientos adicionales.”

Ese precepto de ley se dictó para ser aplicado a las sen-tencias pronunciadas por las cortes de justicia y no por una comisión aunque' se reconozca que dicta comisión constituye un cuerpo cuasi judicial, y en todo caso no se trata estricta-mente de un pleito en cobro de dinero.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, se bace innecesario estudiar y resolver el segundo de los errores señalados. Debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la sentencia y la resolución apeladas.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison

license: Public Domain

text:
    Municipio de Arecibo, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Arecibo, recurrido.
    Núm. 1016.

    Sometido: Febrero 1, 1938.

      Resuelto: Febrero 11, 1938.

      Luis Mercader, abogado del recurrente;
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El título posesorio de una parcela de terreno fue inscrito a nombre de Manuel Lugo,'sin perjuicio de tercero de mejor derecho. En 1928 Lugo y su esposa vendieron la propiedad al Municipio de Arecibo. En noviembre de 1937 el municipio solicitó que a virtud de la escritura de Lugo y su esposa la propiedad fuera inscrita a nombre suyo como dueño absoluto, ,a tenor de las disposiciones del inciso 6 del artículo 2 de la Ley Hipotecaria y de los artículos 31 y 33 del reglamento para su ejecución. El registrador se negó a cumplir con esta súplica debido al carácter posesorio del título que de Lugo babía inscrito y por no haberse' cumplido con los requisitos de la sección primera de la ley aprobada el 7 de julio de 1923 (Leyes de ese año, pág. 217).

_E1 artículo 2 de la Ley Hipotecaria dispone que se ins-cribirán “los títulos de adquisición de los bienes inmuebles y derechos reales que posean o administren el estado o las corporaciones civiles o eclesiásticas con sujeción a lo estable-cido en las leyes o reglamentos.”

Los artículos 31 y 33 del reglamento leen así:

“Artículo 31.' — Los bienes inmuebles y los derechos reales que po-seen o administran el estado y las corporaciones civiles, se inscribi-rán desde luego en los registros de la propiedad de los partidos en que radiquen.”
“Artículo 33. — Siempre que exista título escrito de la propiedad del estado o de la corporación en los bienes que deben ser inscritos, con arreglo al artículo 31, se presentará en el registro respectivo y se exigirá en su virtud una inscripción de dominio a favor del que re-sulte dueño, la cual deberá verificarse, si fuere procedente, con suje-ción a las reglas" establecidas para las inscripciones de los particu-lares. ’ ’

Ninguno de estos artículos requiere del registrador de la propiedad que inscriba como título de dominio una escritura de enajenación otorgada por un vendedor que sólo tiene a su favor un título posesorio. Lugo no podía ceder al municipioy el municipio no podía obtener de éste ningún otro título o un título mejor que el que él tenía.

Debe confirmarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Seño®, Tbavieso

text:
    Rafael Rodríguez Pacheco, demandante y apelado, v. Manuel Miguel Mudafort, demandado y apelante.
    Núm. 7537.

    Sometido: Enero 24, 1938.

      Resuelto: Febrero 11, 1938.

      V. Géigel Polanco, abogado del apelante; Monserrat & Monserrat, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Seño®, Tbavieso

emitió la opinión del tribunal.

El día 6 de diciembre de 1937 esta corte concedió al ape-lante una prórroga basta el 2 de enero de 1938 para que radicara su alegato en el caso de autos, apercibiéndole entonces que sólo se accedería a nueva solicitud si concurrían circunstancias realmente meritorias.

Dos días antes de vencer dicha prórroga, o sea el 31 de diciembre de 1937, el apelante radicó una moción en la que alega :

(1) Que dentro del término que le fué concedido, el ape-lante ha estado preparando su alegato y lo- ha terminado, excepto en cuanto a un señalamiento de error, que estima esencial a los fines de su apelación, referente a la cabida de las fincas en litigio según resulta de los títulos y del registro de la propiedad.

(2) Que para poder fundamentar el alegado error, sería menester traer a la consideración de este tribunal ciertos documentos que fueron admitidos en evidencia por la corte inferior.

(3) Que por inadvertencia excusable no se elevó en tiempo oportuno la transcripción de evidencia.

Suplica el apelante que se le permita elevar la transcrip-ción de la evidencia, o, al menos, los documentos descritos en su. moción; y que para radicar su alegato se le conceda una última prórroga de veinte días.

Por resolución de 11 de enero de 1938 se ordenó al apelante que notificara esa moción a la liarte apelada, y se señaló el 24 de enero para oír a las partes. El apelante no compareció; sometió por escrito y sin alegato su solicitud. El apelado asistió a la vista y ha radicado un escrito oponiéndose a lo solicitado por la otra parte.

Es necesario examinar, siquiera sea sucintamente, los antecedentes del caso que constan en autos, antes de resolver las pretensiones del apelante. Veamos cuáles son.

El 26 de febrero de 1937 la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia a favor del demandante en este caso, y el día 15 del mes siguiente el demandado solicitó que fuera reconsi-derada. El 3 de abril siguiente, pendiente aún la moción de reconsideración, el demandado apeló de la sentencia para .ante este Tribunal Supremo. El 29 de abril la corte inferior declaró sin lugar la moción de reconsideración, de cuya resolución, y de la sentencia de 26 de febrero apeló el deman-dado con fecha 10 de mayo de 1937. Transcurrieron diez días y el apelante ni radicó, ni solicitó prórroga para radicar el pliego de excepciones y exposición del caso de que habla el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil. Tampoco pidió que se ordenara al taquígrafo transcribir sus notas ta-quigráficas, de acuerdo con la ley proveyendo para la sustitución, a opción de parte, del pliego de excepciones y exposición del caso, por una transcripción de la evidencia, aprobada en 1917 (Leyes de 1917 (2) pág. 275). En vista de ello, el apelado solicitó que por esas razones se desestimara la apelación. El 18 de junio de 1937 radicó el apelante en ■este tribunal una moción solicitando término para preparar y radicar en la corte inferior una transcripción de la evidencia. Por resolución de esta Corte Suprema de fecha 6 de julio de 1937, se le negó al apelante el permiso solicitado, sin perjuicio, . no obstante, de proseguir su apelación, sometiendo a nuestra consideración aquellos errores que apareciesen del legajo de la sentencia. También declaramos sin lugar la moción de desestimación presentada por el apelado.

La primera de las dos peticiones que ahora formula el apelante es una reproducción de lo que intentó el 18 de junio de 1937 y que le fué denegado el 6 de julio. Debe el apelante atenerse a lo resuelto entonces.

También debe declararse sin lugar la otra petición conte-nida en la súplica de la moción. Al concederle al apelante una última prórroga para alegato, se le apercibió de que sólo accederíamos a nueva solicitud si mediaban circunstancias realmente, meritorias. El apelante no aduce una sola razón que nos induzca a ejercitar nuestra discreción. Tan sólo se refiere a la prórroga, cuando la solicita en la siíplica. No se acompaña un affidavit de méritos y ni siquiera viene jurada la moción.

La moción del apelante debe declararse sin lugar en todas sus partes.

El Juez Asociado Señor Córdova D avila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Puerto Rico Distilling Company, demandante y apelante, v. Hon. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7443.

    Sometido: Enero 25, 1938.

    Resuelto: Febrero 11, 1938.

      Leopoldo Feliú, abogado de la apelante; IIon. Procurador General B. Fernández García y Emilio de Aldrey, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, corporación dedicada a la fabricación y venta de un producto conocido con el nombre de “Aleomotor” o “Alcoholina,’i mezcla de determinadas proporciones de alcohol y gasolina, al ser requerida por el Tesorero de Puerto Rico para el pago de la suma de $2,527.24, por con-cepto de contribuciones o arbitrios sobre 32,673 galones de dicho producto, más recargos e intereses, pagó dichas sumas bajo protesta y radicó demanda ante la Corte de Distrito de San Juan para su devolución con intereses legales desde el 27 de enero de 1934, más las costas y honorarios de abogado.

Como fundamento de su acción alega la demandante qiie la Ley núm. 15 de agosto 24 de 1933 ( (2) pág. 81), bajo 'la cual se impuso y se cobró la contribución pagada bajo pro-testa, es nula, inexistente e ineficaz por los siguientés motivos: ■ ¡

1. Porque la sección Ia. de dicha ley impone la contribución al producto de la demandante, por su manufactura y venta en la Isla, y excluye de la imposición y pago de tal contribu-ción a idénticos productos manufacturados en los Estados Unidos Continentales e introducidos y vendidos o usados en Puerto Pico, violando así el precepto del último disponiéndose de la sección 3 de la Ley Orgánica, que prohíbe tal discrimen.

2. Porque dicha sección Ia. de la citada ley, al establecer el aludido discrimen viola también el inciso 22 de la sección 2 de la Ley Orgánica, referente a la uniformidad de las leyes por las cuales se imponen contribuciones.

3. Porque la Ley núm. 15, supra, infringe además las dis-posiciones de los incisos 8 y 15 de la sección 34 de la Ley Orgánica, (1) por contener dos materias o subjects distintos, a saber: (a) la imposición de contribuciones mediante en-mienda a una ley anterior, y (b) la asignación del producto de tales contribuciones para determinadas obras y servicios públicos.

4. Porque la ley en cuestión aparece aprobada por el G-obernador de Puerto Pico a virtud de una Resolución Concurrente de la Asamblea Legislativa y en la forma en dicha resolución ordenada, razón por la cual la aprobación de la misma es nula, inexistente e- ineficaz porque se impartió en violación de los preceptos del inciso 5to\ de la sección 34 de la Ley Orgánica, en relación con los incisos 1, 7, 8, 10, 12, 14, 15 y 16 de la misma sección; y, además, porque dicha Resolución Concurrente no tiene, de acuerdo con los preceptos citados, el carácter ni el efecto de una ley.

5. Porque al aprobarse la Resolución Concurrente autori-zando al Gobernador para aprobar el Proyecto de Ley núm. 15, éste se encontraba ya sometido al Gobernador para su aprobación, por lo que la Asamblea Legislativa, habiendo ya agotado sus poderes y jurisdicción con relación a dicho proyecto, conforme a la sección 34 de la Ley Orgánica, no podía enmendar, alterar o modificar su texto.

6. Porque el proyecto de la citada Ley núm. 15 fné apro-bado en nna sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa (agosto 1,1933) sin que se hubiera incluido en la convocatoria del G-obernador, en contravención de las disposiciones de la .sección 33 de la Ley Orgánica.

Sostenida la excepción previa por insuficiencia de la demanda para constituir causa de acción, la demandante apeló. Su alegato contiene cuatro señalamientos de error. Éstos pueden resumirse en uno solo, a saber: “El tribunal a quo ■erró al declarar válida y eficaz la Ley núm. 15 de agosto 24 de 1933.”

Examinaremos a la luz de la jurisprudencia, en el mismo orden en que aparecen expuestas en la demanda, las alegadas causas de nulidad de la citada ley.

Ia. y 2a. Se alega que la sección Ia. de dicha ley es nula porque establece un discrimen en contra del producto manufacturado en la Isla y en favor del mismo producto cuando éste es importado de Estados Unidos para su venta •en Puerto Pico. Dicha sección Ia. lee así:

“Sección 1. — En virtud de esta Ley se impone, se cobrará y se pagará por una vez solamente, una contribución de rentas internas ■en la suma de siete (7) centavos por cada galón de gasolina que se introduzca, fabrique, venda o consuma, o que de otro modo se dis-ponga de ella para el consumo en Puerto Rico; y dicha contribución será cobrada por el Tesorero de Puerto Rico adhiriendo y cancelando los sellos de rentas internas que él prescriba con tal objeto; Dispo-niéndose, que esta contribución tendrá el mismo carácter que tienen las contribuciones de rentas internas, y, por lo tanto, se aplicará de un modo uniforme y general tanto a la gasolina producida en países extranjeros que se traiga a Puerto Rico, como a la que se produzca en la Isla, y dicha contribución la cobrará el Tesorero de Puerto Rico sujeta a las disposiciones de la Ley de Rentas Internas tan pronto como se fabrique o se produzca o se introduzca la gasolina en Puerto Rico, adhiriendo y cancelando los sellos de rentas internas en aque-llos documentos que el Tesorero determinare a tal objeto; Y dispo-niéndose, asimismo, que para los fines de esta Ley cualquier mezcla ■o combinación contentiva' de o en la cual se use gasolina, estará com-prendida dentro del alcance del término ‘gasolina’ según se usa en esta Ley. Al Gas Oil y Diesel Oil por la presente se le impone, se le cobrará y pagará por nna sola vez nna contribución de cuatro (4) centavos por galón que se introduzca, fabrique, use o consuma o que de otro modo se disponga de ellos para el consumo en Puerto Rico, cuyo impuesto se impondrá y cobrará en igual forma que se esta-blece anteriormente para la gasolina y sus productos combinados.”

No existe contienda alguna en cuanto a la facultad que el artículo 3 de la Ley Orgánica, según fué enmendada por Ley del Congreso de marzo 4, 1927, concede a nuestra Asamblea Legislativa para imponer arbitrios o derechos de consumo a la gasolina que se manufactura en Puerto Rico y a la que se traiga a la Isla de algún país extranjero o de los Estados Unidos. La cuestión que se nos somete en el caso de autos es la de si la Asamblea Legislativa al ejercitar esa facultad violó alguno de los preceptos constitucionales apuntados por la parte apelante.

La hábil argumentación de la apelante para sostener que la sección Ia. de la Ley núm. 15, supra, está viciada de nulidad por virtud del alegado discrimen que en ella se establece, no nos convence. La simple lectura de la sección que estamos considerando lleva a nuestro ánimo el convencimiento de que el propósito evidente del legislador fué el de imponer un derecho de consumo a toda la gasolina que se manufacture en la Isla o que se importe o introduzca de cualesquiera otros países para ser consumida en Puerto Rico. La sección dispone que la contribución será impuesta y se cobrará y se pagará por una vez solamente; y no se exime de su pago a ninguna gasolina, no importa el sitio en donde ésta haya sido manufacturada o de donde se haya importado. Tan pronto como el producto está dentro de la jurisdicción del Tesorero de Puerto Rico, listo para ser vendido o consumido en Puerto Rico, dicho funcionario está facultado para y es su deber imponer y cobrar la contribución de 7 centavos por galón, sin excepción alguna .en cuanto al punto de origen de la gaso-lina.

La contención de la apelante de que el primer disponiéndose de la citada sección establece un discrimen en favor del pro-ducto norteamericano y en contra del mismo producto manu-facturado en la Isla o importado de algún otro país distinto de los Estados Unidos, es insostenible. Al disponer que la contribución “se aplicará de un modo uniforme y general tanto a la gasolina producida en países extranjeros que se traiga a Puerto Rico, como a la que se produzca en la Isla, ’ ’ el legislador quiso solamente evitar, por medio de esa dispo-sición de carácter puramente directorio, que la ley pudiera ser aplicada en forma desigual y no uniforme, ya fuera para favorecer al producto insular en contra de los productos traídos del exterior de la Isla, o viceversa. El legislador usó la frase genérica “países extranjeros” para incluir en ella a cualquier otro país o estado del cual pueda traerse o impor-tarse gasolina para ser vendida y consumida en esta Isla y establecer así una diferencia entre todos esos países o estados y el territorio de la Isla de Puerto Rico. La palabra “extran-jeros” no lia sido usada en el sentido internacional y sí como expresiva del concepto de “extraterritorialidad,” para in-cluir dentro de esa condición de extranjería a todo el resto del mundo fuera del territorio y jurisdicción de nuestra Isla.

Cada uno de los estados de la Unión Americana es “foreign” {extranjero), en cuanto a los demás, con respecto a sus leyes municipales, entendiéndose por “ley municipal,” en contraposición a la “Ley Internacional,” el sistema de leyes propio de un determinado país, estado o comunidad. Véase Bouvier’s Law Dictionary, Vol. 1, pág. 811, y Vol. 2, pág. 459. Una corporación organizada de acuerdo con las leyes de uno de los 48 estados de la Unión es una corporación extranjera, “foreign corporation,” en cuanto a los otros 47 estados y también en cuanto a las posesiones insulares de Estados Unidos; y la sentencia dictada por un tribunal estadual es un “foreign judgment” en, los demás estados soberanos que forman la federación americana. Grover & Baker Sewing Machine Co. v. Radcliffe, 137 U. S. 287.

Aun cuando aceptáramos, como pretende la apelante, que la frase “países extranjeros” fué usada por el legislador en el sentido técnico del derecho internacional, para comprender dentro de ella a todos los países no sujetos a la soberanía de Estados Unidos, todavía nos veríamos obligados a desestimar su objeción por considerarla carente de mérito. Son las. disposiciones de la sección 1, supra, que preceden al primer disponiéndose, las que imponen la contribución y definen el objeto de la tributación. Y basta leerlas para comprender que ellas son suficientes para sujetar al pago del impuesto a la gasolina traída a Puerto Rico de Estados Unidos para ser consumida en la Isla. El aludido disponiéndose no restringe ni modifica en manera alguna la cláusula que le precede. El fin que persigue es dirigir e instruir a los agentes fiscales-del Gobierno encargados de imponer y cobrar el tributo para que lo impongan uniformemente, evitando el discrimen en contra del producto extranjero, discrimen que podría traer como resultado la invalidación de la ley, por el fundamento-de constituir una restricción de la libertad del comercio entre Estados Unidos y los países extranjeros, sobre la cual tiene: jurisdicción exclusiva el Congreso Nacional.

3a. La tercera alegada causa de nulidad es la de queel título de la Ley núm. 15 de agosto 24, 1933, contiene dosmaterias o propósitos distintos — imposición de' una contribución y asignación del producto de la misma — en contravención de lo provisto por los incisos 8 y 15 del artículo 34 de la Ley Orgánica, que leen así:

(8) “No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción dé-los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título; pero si algún asunto que no esté expresado en el título fuere incluido en cualquier ley, esa ley será nula solamente en aquella parte de ella que no baya sido-expresada en el título.

(15) “El proyecto de presupuesto general no comprenderá nada más que asignaciones para los gastos ordinarios de los departamentos, ejecutivo, legislativo y judicial, para el pago de intereses de la deuda pública y para escuelas públicas. Todas las demás asignaciones se consignarán en proyectos separados, abarcando cada uno una sola materia.1 ’

Como se ve por su. simple lectura, el inciso 8, supra, con-tiene una disposición de carácter directorio (directory) al efecto de que los proyectos de ley ño deben contener más de un asunto, el cual debe hacerse constar claramente' en el título. La inclusión de más de un asunto en un mismo proyecto no trae como consecuencia inevitable la nulidad de la ley en su totalidad. Es solamente cuando un asunto incluido en la ley dejare de expresarse en el título, que la ley será nula, pero esa nulidad alcanzará únicamente a aquella parte de la ley que no se hubiere expresado en su título.

Aplicando el precepto de la Ley Orgánica, supra, a la ley que estamos considerando, estamos convencidos de que la imposición de una contribución y la asignación o determina-ción del empleo que habrá de darse al producto de tal con-tribución no son dos asuntos tan distintos y separados que la inclusión de ambos en el texto o en el título de la ley o en uno y en otro deba ser considerado como una contravención de los citados preceptos de la Ley Orgánica.

El artículo 3 de la Ley Orgánica, otorga a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico la facultad de imponer “para fines de los gobiernos insular y municipal, respectivamente,” contribuciones e impuestos sobre la propiedad, rentas inter-nas, derechos sobre licencias y franquicias, privilegios y concesiones. La imposición de una contribución o derecho de rentas internas sin especificar en la ley el fin, insular o municipal, a que habrá de ser dedicado el producto de tales impuestos, sería tal vez causa suficiente para invalidar la ley. Ésta debe especificar que los fondos recaudados mediante la imposición de tales impuestos serán ingresados en los fondos generales del Tesoro, para ser utilizados en los servicios públicos a cargo del Gobierno Insular o del Gobierno Municipal, según el caso, o que dichos fondos serán dedicados a fines u obras de carácter público de uno u otro gobierno. Es insostenible, por lo tanto, que la imposición de una contribu-ción y' la asignación de los fondos que ella produzca a uu fin público determinado sean dos asuntos distintos que no pueden ser incluidos en el texto o en el título de una misma ley. Son, a nuestro juicio, materias germanas, o partes complementa-rias e integrantes de un solo asunto, que no solamente pueden sino que necesariamente deben ser incluidas en el texto y en el título del estatuto.

La parte pertinente del título de la Ley núm. 15, supra, dice así:

“Ley para enmendar las secciones 1 y 2 de la Ley No. 40, titu-lada ‘Ley para imponer una contribución de siete (7) centavos a cada galón de gasolina que se introduzca, fabrique, venda, use o para el consumo, o que de otro modo se disponga de ella para el consumo, en Puerto Rico, e ingresar el producto de dicha contribución en los fondos generales del Tesoro Insular y para la construcción de cami-nos municipales; etc. . . . para ampliar el alcance del término ‘ga-solina’ e imponer al gas oil y di&sel oil una contribución de cuatro (4) centavos por cada galón que se introduzca, fabrique, use o con-suma o que de otro modo se disponga de ellos para el consumo en Puerto Rico, y para disponer la forma como se aplicarán los fondos, y para otros fines.”

Somos de opinión que ni el texto ni el título de la Ley en controversia contravienen precepto alguno de la Ley Orgá-nica.

4a. y 5a. Las mismas razones aducidas por la parte apelante para sostener sus alegadas 4a. y 5a. causas de nulidad, supra, fueron sometidas a la consideración de esta Corte Suprema en el caso de Agudo v. Domenech, Tesorero, 49 D.P.R. 884, y resueltas en sentido adverso a la contención de dicha parte. Y no habiendo ésta aducido ninguna razón adicional o citado autoridad alguna que nos obligue a modificar la opinión emitida en el caso arriba mencionado, debemos resolver que la corte inferior no erró al decidir que en el procedimiento seguido por la Asamblea Legislativa y por el Gobernador de Puerto Rico al aprobar la Ley núm. 15 de agosto 24 de 1933 no se infringió precepto alguno de la Ley Orgánica.

6a. — La desestimación, de la 6a. causa de' nulidad aducida ■en la demanda, supra, no figura entre los señalamientos de «error, ni se hace referencia a ella en el alegato de la apelante. Nos abstenemos, por lo tanto, de considerarla.

La sentencia de la corte inferior debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: .El Juez Asociado Señor "W’olp

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Texidor, Jr., acusado y apelante.
    Núm. 6809.

    Sometido: Enero 12, 1938.

      Resuelto: Febrero 14, 1938.

      Adolfo García Veve, abogada del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   .El Juez Asociado Señor "W’olp

emitió la opinión del tribunal.

Luis Texidor, Jr., fué convicto por la Corte de Distrito «de San Juan de portar un arma prohibida. Con anteriori-dad a ello también babía sido convicto del mismo delito por la Corte Municipal de Río Grande. En abril 29 de 1936 la ■corte de distrito libró una orden de citación para que el acu-sado compareciera ante dicba corte el 15 de mayo de 1936, para el juicio. En la orden también se decía que los fiado-res del acusado debían igualmente sex citados. Esta orden,, desde luego, fue expedida antes del juicio y de la sentencia.

Dicba sentencia lee como sigue:

"Se llamó este caso a juicio, compareciendo el fiscal, no habiendo-comparecido el acusado informando el márshal que éste había sido citado legalmente. La corte lo consideró inocente y procedió a la celebración del juicio. Practicada la prueba, la corte declara al acu-sado convicto de un delito de portar armas y le impone la pena de un mes de cárcel, y las costas. Dada en corte abierta en 15 de maya-do 1936. (Firmado) Rafael Arjona Siaca, Juez de Distrito.”

En apelación se señalan cinco errores. Los señalamientos segundo, tercero y cuarto tratan de alegar que la corte no tenía derecho a entrar una alegación de no culpable ni a celebrar el juicio sin estar presente el acusado.

De los casos de Pueblo v. Meléndez, 47 D.P.R. 842; Pueblo v. Colón, 39 D.P.R. 118, y Warren v. State, 68 Am. Dec. 214 y notas, se desprende claramente que en delitos menos graves de poca monta, si el acusado lia sido debidamente citado, la corte puede proceder a juicio sin estar presente el acusado o su abogado.

Sin embargo, el fiscal conviene con el apelante en que se cometieron los siguientes errores:

“1.- — Declarar por la sola manifestación del márshal que el acu-sado había sido citado legalmente cuando a ella le constaba que el acusado no había sido citado personalmente sino solamente sus fia-dores. ’5
"5. — La Corte de Distrito cometió error al declarar sin lugar la. moción de reconsideración de fecha 2 de junio de 1936 en la que se' solicitaba se diera oportunidad al acusado de presentar su prueba.”

El artículo 29 del Oódigo de Enjuiciamiento Criminal (edición de 1935) dispone- lo siguiente:

"Si después de oída la denuncia, el acusado alegare su inocencia,, el juez procederá en la siguiente forma:
“5. — El juez de paz remitirá el sumario dentro del quinto día ai tribunal de distrito, el cual dentro de los diez días de su recibo se-ñalará día para la celebración del juicio, citando al Fiscal y al acu-sado. ...”

El fiscal llama nuestra atención hacia el hecho de que en todos los casos de esta corte que han sido citados, se ha asu-mido que se había hecho una citación anterior al acusado,, y que esto se desprende más claramente del caso de El Pueblo v. González, 50 D.P.R. 195.

La única duda que hemos abrigado ha sido si la aserción contenida en la sentencia reflejaba non certeza el hecho de que el marshal había citado al acusado, mas nos sentimos obligados a resolver que esta aseveración no demostró que se hubiera hecho una notificación en debida forma.. Cuando se expide una citación el marshal debe hacer el diligenciamiento de que ha notificado al acusado perso-nalmente. El apelante alega que solamente los fiadores fueron notificados y los autos revelan que éstos fueron noti-ficados y presentaron al acusado a la corte para que se le dictara sentencia. Ante tal situación incumbe al Pueblo excluir cualquier duda que pudiera haber respecto a si el acusado fue o no citado debidamente. Si el acusado hu-biera comparecido a juicio voluntariamente o mediante ci-tación, cualquier duda respecto a la citación o su suficiencia hubiese sido renunciada.

El acusado también radicó una moción de reconsidera-ción que la corte declaró sin lugar. Aún si el caso hubiera sido un poco más dudoso, creemos que se cometió un abuso de discreción al no declarar con lugar dicha moción.

Debe revocarse la sentencia y devolverse el caso para ul-teriores procedimientos no inconsistentes con esta opmión.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Juana Suárez Viuda de Arroyo, demandante y apelante, v. Manuel Saavedra Soler, demandado y apelado.
    Núm. 7005.

    Sometido: Abril 21, 1937.

      Resuelto: Febrero 14, 1938.

      J. Veray, Jr., Juan B. Soto, Juan F. Soto y E. Igaravídez, abogados de la apelante; García Méndez & García Méndez, abogados del apelado.

       Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Un empleado del demandado, qne estaba a cargo de un autocamión cargado de caña de azúcar, lanzó un pedazo de caña a un grupo de escolares, algunos de los cuales sustraían o habían sustraído cañas del autocamión. Uno de los niños, que tenía catorce años de edad, fué golpeado y murió a con-secuencia de las lesiones recibidas. El juez de distrito declaró con lugar una moción de nonsuit y sin lugar la acción de daños y perjuicios.

La corte inferior cita 12 Manresa 595 y 596, y Stone v. Hills (Conn.), 29 Am. Rep. 636, citado con aprobación en Marrero v. López, 15 D.P.R. 767. También distingue los casos de Garretzen v. Duenckel (Mo.), 50 Mo. 104, 11 A.R. 405; Bittle v. Camden & Atlantic R. Co. (N. J.), 55 N.J.L. 615; 23 L.R.A. 283; Ploof v. Putman, 26 L.R.A. (N.S.) 251 y Soderlund v. Chicago, Milwaukee & St. Paul Ry. Co., 13 L.R.A. 1193.

La autoridad para hacerse cargo de un autocamión car-gado de cañas “incluye autoridad para tomar las medidas razonables que sean adecuadas al objeto transportado, a fin de protegerlo contra destrucción o pérdida.” Eestatement of the Law of Agency, Yol. 1, sección 69, pág. 165. En el mis-mo tomo bailamos lo siguiente:

“Cuando un empleado trabaja cerca, aunque no dentro, del sitio autorizado, o cuando el acto realizado es similar al autorizado, todos los hechos deben ser considerados para determinar la responsabilidad que corresponde a su conducta, tanto en lo atinente a la cuestión de si su conducta se asemeja suficientemente a la autorizada para que haga al patrono responsable, como a la cuestión de si en ausencia de prueba específica de los móviles del empleado éste tuvo el propósito de actuar dentro de los límites de su empleo.” (Pág. 506.)

Que:

“Para estar dentro de los límites del empleo, la conducta debe ser de la misma naturaleza general que la autorizada, o incidental a la conducta autorizada.” (Sección 229, pág. 507.)

Que a este respecto una de las cuestiones a considerarse es:

“El punto hasta el cual ha habido una desviación de la manera ordinaria de lograr el resultado autorizado.” (Sección 229, pág. 507.)

Que otra cuestión a ser considerada a este respecto es “si el acto es o no seriamente criminal.” Que “el patrono es responsable de los actos autorizados mas no intencionales.” (Sección 229.) Que:

“La cuestión última a determinar es si resulta justo que la pér-dida motivada por los actos del empleado deba ser considerada como uno de los riesgos normales que debe sufragar el negocio en que tra-baja el empleado.” (Sección 229.)

Que para que un acto sea incidental a uno autorizado “debe estar subordinado o ser pertinente a aquél para cuya reali-zación se contrató al empleado. Debe estar dentro del objetivo último del patrono y ser un acto que no sea improbable’ que el empleado realice.” (Pág. 510.)

Que:

‘1 El Lecho de que determinado patrono no tenga motivo para es-perar que el empleado en cuestión realice el acto no es concluyente.” (Pág. 510.)

Que:

“Aunque un acto sea el medio de lograr un resultado autorizado, el mismo puede ser efectuado de manera tan desaforada o caprichosa que no caiga dentro de las atribuciones del empleo.” (Pág. 510.)

Que:

“Un acto puede estar dentro de las atribuciones del cargo aun-que sea conscientemente criminal o torticero.” (Sección 231, pág. 516.)

Que:

“El hecho de que el empleado intente cometer un delito, especial-mente si éste es de alguna magnitud, debe ser considerado al deter-minarse si el acto cae o no dentro de las atribuciones de su empleo, toda vez que el patrono no es responsable de los actos que son clara-mente inadecuados, o no se pudieran prever, para la realización del resultado autorizado.” (Sección 231.)

Que:

“Un jardinero que usa una varita para agredir a un niño trana-gresor con el propósito de echarle de la finca puede estar actuando dentro de los límites de su empleo; pero, sin embargo, que si el jar-dinero dispara un arma de fuego contra el niño con tal fin, sería muy difícil resolver que tal actuación estuvo dentro de las atribu-ciones de su empleo.” (Sección 231.)

Que:

“Al igual que sucede en otros casos, ello es cuestión del grado <dc culpabilidad, siendo el punto a determinar si la conducta del em-pleado es tan distinta a la autorizada que equivalga sustancialmente ..a una cosa diferente.” (Sección 231.)

Que:

“El becho de que se realice un acto de manera desaforada o ■anormal tiene peso para indicar que el empleado no actuó animado .de la intención de cumplir con los deberes de su cargo.” (Pág. 528.)

Que a fin de “crear responsabilidad por la agresión de un .empleado contra tercero, el cargo debe ser uno que posible-mente baga que el empleado tenga conflicto con otros.” ¡(Sección 245, pág. 547.)

Que:

■ “La responsabilidad de un patrono por el uso de fuerza por parte de su empleado no queda obviada por el hecho de que el empleado actúa en parte movido por razones personales, como por ejemplo, la venganza.” (Pág. 550.)

Que:

“El hecho de que el empleado actúe de manera desaforada o in-flija castigo desproporcionado a las necesidades del negocio de su patrono, es evidencia que indica que el empleado se ha desviado de las atribuciones de su empleo al realizar el acto.” (Pág. 550.)

En la página 551, sección 245, bailamos los siguientes ^ejemplos:

“A es empleado por P como conductor de un camión de repartir hielo. Mientras A reparte el producto unos cuantos chicuelos le mo-lestan tratando de obtener pedacitos de hielo. A lanza un trozo de hielo contra uno de ellos a fin de poder adelantar en su trabajo. El hecho de que el empleado trate de causar daño al niño y vengarse •de ese modo de las molestias recibidas, no impide que el acto caiga ■dentro de las atribuciones de su empleo.”
“P emplea a A como guardaagujas. A es molestado continua-mente por los muchachos, quienes invaden sus alrededores y lo obs-taculizan en su labor. En un arrebato de cólera dispara contra un miño de cuatro años que le molestaba. Debido a la edad del niño, el acto de A es tan insólito que no cae dentro de las atribuciones de sn empleo y P no es responsable de tal actuación bajo la regla sen-tada en esta sección.”

En Doscher v. Superior Fire Proof Poor & Sash Co., Inc.(N. Y.), 221 App. Div. 63, el chófer de un vehículo de motor,, al tratar de amedrentar a unos niños que se subían al vehículo, les lanzó una barra de hierro y les produjo daño. Se resolvió’ que actuaba dentro de las atribuciones de su empleo. En Zerngis v. H. P. Hood & Sons Co., 152 N. E. 50, la Corte Suprema de Massachusetts dijo:

“El demandante, mocetón de catorce años, fué herido en la ca-beza por un trozo de hielo lanzádole por un tal Gillespie, empleado-de la demandada. Un carro, cargado de hielo o de hielo y leche, per-teneciente a la demandada, estaba detenido junto al negocio como a cincuenta pies de distancia de la Avenida Massachusetts, en Cambridge. La demandada tenía por costumbre poner un camión de hielo en este lugar durante las noches de verano y todas las noches los muchachos merodeaban por allí con el objeto de obtener pedazos de hielo. En la noche en cuestión había en los alrededores unos treinta y seis muchachos. El grupo . . . que obstaculizaba al empleado de la Hood Company estaba junto al camión. Gillespie, quien se admi-tió era uno de los empleados de la demandada, brincó o salió del camión, se bajó, recogió un pedazo de hielo del tamaño de medio-ladrillo y lo lanzó contra el demandante, que estaba entonces a una distancia como de cien pies o más, hiriéndolo. No hubo prueba de que el demandante fuera uno de los muchachos que recogían pedazos de hielo junto al carro. Al admitirse que Gillespie era uno de Ios-empleados de la demandada y al ofrecerse prueba de que estaba en el camión propiedad de ésta, que un gran número de chicuelos esta-ban junto al carro y recogían el hielo de la demandada, y que el grupo de mozalbetes molestaba al empleado de la demandada, el ju-rado pudo haber llegado a la conclusión de que Gillespie trataba de alejar a los muchachos y que hacía esto en el curso de la labor que estaba llamado a rendir en favor de su patrono. El patrono es res-ponsable de tal actuación, ora el daño se ocasione por negligencia o con el fin desaforado o avieso de realizar de manera ilegal los que-haceres impuéstosle por el patrono. Howe v. Newmarch, 12 Alien 49, 57; Levi v. Brooks, 121 Mass. 501; Coughlin v. Rosen, 220 Mass.
220, 223, 107 N. E. 914. El caso cae dentro del principio sentado en Robinson v. Roe, 224 Mass. 319, 320, 112 N. E. 1007, y en Coughlin v. Rosen, supra.”

El caso de autos en sus méritos — es decir, si es que debe-mos aquilatar la prueba aducida en pro y en contra de la teo-ría de que el empleado actuaba, dentro de las atribuciones de su empleo — es uno dudoso (border case). Desde el punto de vista del demandado podría argüirse que el empleado lanzó el trozo de caña con intención criminal directamente al niño que fué agredido y que su conducta es tan desaforada que exonera al patrono de toda responsabilidad. Por otra, parte, nos parece una inferencia más razonable, a juzgar por toda la prueba, que el empleado lanzó el trozo de caña al grupo de niños con el fin — no exento de cólera, de malicia o de un deseo de venganza — de impedir que algunos de ellos continuaran su pillaje. En esta hipótesis, el hecho de que actuara con malicia, lleno de cólera o por cualquier otro motivo repren-sible que no llegaba a una intención deliberada de matar, no relevaría, como hemos visto, al patrono de toda responsabi-lidad. El juez de distrito, al resolver la moción de nonsuit, sin embargo, no fué llamado a apreciar la prueba con el mismo grado de cuidado que tendría que ejercer al decidir el caso en sus méritos.

En Rosado v. Ponce Ry. & Light Co., 18 D.P.R. 609, 634, este tribunal dijo:

"... El declarar con lugar una moción de sobreseimiento es equivalente a dictar sentencia fundada en una excepción previa, siendo esto en realidad una excepción previa a la prueba. Las mociones de sobreseimiento deben ser consideradas con cautela y concederse únicamente en aquellos casos que son completamente claros. Pero no existe nada en los autos por donde veamos que toda la prueba presentada por el demandante no fuera considerada por la corte como cierta, aunque pudiera ser el hecho que indudable-mente es, de que distintas deducciones se hicieron de la misma, de aquéllas que hizo el abogado del demandante. No incumbía a la corte dar a la prueba presentada por la demandante la mayor fuerza probatoria posible, sino que debe considerarse imparcialmente para ambas partes, como en. todos los casos se hace y en cualquier estado de los procedimientos.”

En Tous Soto v. Chevremont, 31 D.P.R. 381, seguimos la doctrina, del caso de Rosado.

En González v. González, 30 D.P.R. 823, 825, dijimos:

"... Si bien la prueba no era muy robusta fué suficiente para los fines de una moción de nonsuit. En una moción de nonsuit la corte no aquilata la prueba sino que resuelve- si existe alguna prueba que sostenga la demanda.”

En Feliú v. Independence Indemnity Co., 43 D.P.R. 227, 228, la regla fué sentada nuevamente así:

“Nadie duda en este caso, de conformidad con la decisión en el de Calcerrada v. Am. R. R. Co., 35 D.P.R. 873, que no incumbe a la corte aquilatar la evidencia, sino que por regla general ésta debe meramente decidir si existe suficiente prueba para sostener la de-manda. Algunas decisiones dudan que una corte, al presentársele tal moción, no pueda ignorar cierta prueba trivial o no creída por ella, pero esta cuestión no está envuelta en el presente recurso.”

En las cortes insulares no existe el juicio por jurado en casos civiles. Un juez de distrito, al resolver una moción de nonsuit, no está impedido de hacer las inferencias que de la prueba sean razonables y propias. Rosado v. Ponce Ry. & Light Co., supra. Sin embargo, al hacer tales inferencias debe tener presente que, según se indicó en el caso de Rosado, “las mociones de sobreseimiento deben ser consideradas con cautela y concederse únicamente en aquellos casos que son completamente claros.” Desde luego, tampoco debe estar en un error en lo que respecta a la ley aplicable a los hechos que tiene ante sí. Si en el presente caso fuera claro que no exis-tiera ningún error de hecho o de derecho y que el resultado hubiese sido el mismo de haberse declarado sin lugar la moción de nonsuit, no habría motivo alguno para la revoca-ción de la sentencia.

La teoría de la moción del demandado fué que el principal es sólo responsable de los actos negligentes o descuidados de su agente, pero minea de mi acto criminal de tal agente. Esa no es la ley.

El juez de distrito no adoptó definitivamente la teoría de la ley sustentada por el demandado. Su razonamiento estaba principalmente en armonía con la verdadera doctrina (test). No obstante, su conclusión y el resultado pudieron haber sido distintos a no ser por la influencia que sobre él ejerció la teoría del demandado. El declarar sin lugar la moción de nonsuit, desde luego, no excluye que la corte de distrito con-sidere luego la prueba a la luz del curso indicado por los casos más recientes, conforme demuestran los extractos anteriores.

La sentencia de la corte de distrito debe ser revocada. Debe declararse sin lugar la moción de nonsuit y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señ-oe, 'Hutchison

text:
    Guadalupe, Sabina y Francisco McCormick Anaya, demandantes y apelantes, v. María McCormick Vda. de Serrano et als., demandados y apelados.
    Núm. 7044.

    Sometido: Febrero 3, 1937.

      Resuelto: Febrero 15, 1938.

      L. Muñoz Morales y G. Cruzado Silva, abogados de los apelantes; C. II. Julia y II. Torres Sola, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señ-oe, 'Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

En abril de 1927 Harry A. McCormick otorgó testamento. Luego de- hacer constar que no tenía hijos naturales u otros descendientes o ascendientes legítimos, designó como herede-ros a un hermano y a ciertas hermanas y sobrinos. Confirió-a sus albaceas, que designó en- el testamento, amplios y exclu-sivos poderes para representar a la sucesión en los recursos-por ésta instituidos o iniciados por otros, para celebrar-transacciones y compromisos y para enajenar o gravar los bienes. Fue su voluntad que donde no existieren facultades expresas conferidas en su testamento para determinada gestión o acto de los albaceas, tales facultades debían enten-' derse y quedaban acordadas con el fin de llevar a cabo su voluntad. Los albaceas fueron exonerados de la necesidad de prestar fianza para garantizar el fiel cumplimiento de sus deberes, de la necesidad de rendir cuentas de su administra-ción o de los bienes de que dispusieren y supeditar sus actos a otras restricciones que no constan en el testamento.

En un documento notarial otorgado el 17 de diciembre de 1928 al efecto de formalizar el pago de derechos heredita-rios, comparecieron, de una parte doña Dolores Alcaide y Baiz Yda. de McCormick y Antonio S. Alcaide y Baiz (en con-cepto de albacea testamentario de Harry A. McCormick, fallecido) y de otra parte Francisco, Sabina y Guadalupe Anaya. Más específicamente, las partes hicieron constar: que doña Dolores Alcaide y Baiz comparecía como viuda de Harry A. McCormick, por su interés en la liquidación de la sociedad conyugal de gananciales y como heredera forzosa en cuanto a la cuota vidual en usufructo que le corresponde por ministerio de la ley-; que Antonio Alcaide y Baiz com-parecía en concepto de albacea testamentario de Harry McCormick; y que Francisco, Sabina y Guadalupe Anaya comparecían como hijos naturales del referido Harry A. McCormick, convencidos de que tenían el derecho de que se les reconociese como tales. Entonces en la escritura se hace constar la muerte de Harry A. McCormick y se expresa subs-tancialmente el contenido del testamento, incluyendo las facultades conferidas a los albaceas. Entonces aparece la siguiente cláusula:

“Tercero: Que conforme a documento extrajudicial de nueve de noviembre de mil novecientos veintisiete, suscrito ante el Notario, vecino de esta ciudad, don Luis Muñoz Morales, affidavit número dos mil ciento setentisiete, don Antonio S. Alcaide, en su carácter de al-bacea testamentario del finado Harry A. McCormick, en representa-ción de la iereneia {estate), se comprometió a entregarle a cada uno, de los tres hermanos Anaya la suma de trece mil dólares en dinero efectivo, y diecisiete mil dólares en acciones de la Compañía Fe-rroviaria de Puerto Rico, por un valor nominal de cien dólares cada, una, haciendo un total para los tres interesados de treintintjeve mil dólares en efectivo, y cinouenta y un mil dólares en las mencio-nadas acciones; aceptando los tres hermanos Guadalupe, Sabina y Francisco Anaya la cantidad indicada para cada uno, como saldo y liquidación definitiva de cualquier derecho o acción que por cualquier concepto o título pudieran tener en la herencia del finado Harry A. McCormick, y renunciando cualquier acción que para ese fin pudie-ran intentar, ■ por considerar que la indicada cantidad cubre el im-porte de cualquier derecho que ellos pudieran obtener. Quedó esti-pulado en el mismo documento que las expresadas cantidades serían entregadas y pagadas a los hermanos Anaya en la fecha que más adelante se fijara de acuerdó por ambas partes, y según la liquida-ción de la testamentaría, entendiéndose que sobre tales cantidades no se hará descuento alguno, y que se pagarían de las primeras liqui-daciones que se efectuasen.”

De dicha escritura notarial también aparece que con anterioridad a la fecha de la misma, Sabina y Guadalupe Anaya habían dispuesto de parte de lo que tenían que recibir bajo el contrato escrito de 9 de noviembre de 1927. Después de una ratificación expresa del convenio por doña Dolores Alcaide y Baiz y de una modificación del mismo, mediante la sustitución de parte del pago en efectivo originalmente con-venido por ciertos inmuebles, pagarés y acciones de corpora-ciones, y luego de deducir las sumas previamente asignadas por Sabina y Guadalupe Anaya, el albacea y doña Dolores Alcaide adjudicaron, transfirieron y entregaron a Francisco, Sabina y Guadalupe Anaya una parcela de terreno conocida por “Malezosas” y otra finca que, junto con un pago en efectivo de $15,000, ascendían en total a $90,000. Francisco, Sabina y Guadalupe Anaya se dieron por pagados y total-mente satisfechos de cuantos derechos tenían y podían tener en la herencia de Harry A. McCormick y se obligaron a no pedir aumento ni a reclamar cosa ni suma alguna. Doña Dolores y Antonio S. Alcaide se obligaron- a otorgar y a que se otorgaran cuantas ratificaciones, escrituras y documentos fueran necesarios al efecto de que Francisco, Sabina y Guadalupe Anaya inscribieran en el registro de la propiedad la finca “Malezosas” que se les había adjudicado. La escritura de noviembre 9, 1927, no está ante nos.

Los albaceas designados en el testamento también fueron nombrados contadores partidores, con plenos poderes para dividir y distribuir la herencia. En diciembre de 1929 los herederos testamentarios, con excepción de nno o dos qne habían muerto en el ínterin, y los causahabientes de aquéllos que habían fallecido, entablaron demanda contra los albaceas y contadores partidores para la división y distribución de la herencia. Los albaceas y contadores partidores contestaron admitiendo la mayor parte de los hechos, sujeto a ciertas explicaciones, correcciones y alegaciones afirmativas. Los demandantes a su vez admitieron los hechos aducidos en la contestación y solicitaron sentencia. El juez de distrito, luego de expouer en su totalidad los poderes conferidos por el testador a los albaceas y contadores partidores, y luego de deducir la suma pagada, por los albaceas a los hijos naturales, y otras partidas, dijo que aún quedaban en manos de los al-baceas y contadores partidores unos $65,000 en efectivo y bienes, para ser distribuidos entre los demandantes. Indicó entonces detalladamente la forma en que este remanente debía ser distribuido y ordenó se otorgara la correspondiente escritura y se registrara sentencia de conformidad con sus conclusiones. Se dictó sentencia, de acuerdo el 15 de febrero de 1930, y el 28 de febrero uno de los albaceas y los deman-dantes en el recurso que acabamos de mencionar otorgaron una escritura pública, de conformidad con los términos de dicha sentencia. Por esta escritura se efectuó la partición del remanente de la herencia, valorado en unos $65,000, enteramente de acuerdo con las conclusiones y sentencia de la corte, incluyendo la rebaja de dinero y bienes ascendentes a $90,000, previamente adjudicados y entregados a los hijos naturales.

En abril de 1930 Guadalupe, Sabina y Francisco Anaya, demandantes en un pleito de filiación, fueron declarados hijos naturales reconocidos de Harry A. McCormick, con derecho a usar su apellido y a heredarle como herederos forzosos de su padre en la forma y proporción que determina el Código Civil vigente.

En mayo de 1931 Guadalupe, Sabina y Francisco McCormick y Anaya instaron el presente recurso, en el cual solicitaron sentencia al efecto de que: la institución de here-deros hecha en el testamento era nula, sin perjuicio de las mandas y legados; que como resultado de tal nulidad Harry A. McCormick falleció ab intestato y sus bienes deben adju-dicarse según las reglas de la sucesión legitima, a excepción de los legados en la parte que no sean inoficiosos; que los demandantes Guadalupe, Sabina y Francisco McCormick y Anaya son los únicos y universales herederos ab intestato de la totalidad de los bienes de la herencia de su finado padre Harry A. McCormick, salvo la parte que en usufructo co-rresponda al cónyuge viudo y los legados dispuestos, en cuanto no resulten inoficiosos; se condene a los demandados a que dejen libres y a disposición de los demandantes los inmuebles y derechos reales que se describen en la demanda y todos los demás bienes y valores, de cualquier clase que sean, que constituyan la herencia del causante, con costas, gastos y honorarios de abogado. El juez de distrito, luego de celebrarse un juicio sobre los méritos, resolvió que los demandantes estaban “estopped” por razón del contrato de transacción y por haber aceptado y recibido los beneficios que les correspondían bajo tal contrato. Incidentalmente dijo arguendo que los demandantes habían recibido cuanto tenían derecho a recibir. Entonces declaró sin lugar la demanda.

Los primeros cuatro señalamientos son, substancialmente, que la corte de distrito cometió error al desconocer el carácter de herederos forzosos que ostentan los demandantes, que los herederos forzosos fueron preteridos en el testamento del causante, que la preterición de estos herederos forzosos anula la institución de herederos y abre la sucesión intestada y al sostener que los demandantes recibieron todo cuanto pudiera corresponderles por concepto de herencia del causante.

El alegato de los apelantes deja de convencernos de que los errores aquí señalados, de haberse cometido por el juez de distrito, justificarían la revocación, a menos que el juez también se equivocara en la forma indicada en el quinto señalamiento.

El quinto señalamiento es que la corte de distrito cometió error al resolver que los demandantes estaban impedidos (estopped) por haber aceptado la transacción.

La médula del argumento es que la verdadera causa (consideration) para haber convenido en pagar cierta suma especificada, en el contrato de noviembre 9, 1927, lo fué un pleito de filiación pendiente, y el contrato era, por tanto, nulo por ser contrario a la moral pública (art. 1227 del Código Civil); que la verdadera causa para la ratificación del con-trato anterior y para el pago de $90,000 de acuerdo con los términos de la escritura notarial otorgada, el 17 de diciembre de 1928, o sea, unos ocho meses después de radicarse el pleito de filiación, fué la renuncia o desistimiento del pleito de filiación, es decir, del estado civil de los Anaya (sección 1713 del Código Civil); que la escritura de diciembre de 1928 no era una liquidación de herencia y adjudicación a los herederos preteridos de su participación en la herencia (2 Morell y Terry 443; Eesoluciones de la Dirección General dé los Begistros,' de octubre 30, 1896, mayo 30, 1898, y junio 30, 1910); que los herederos instituidos no fueron parte en la escritura ni eran los herederos forzosos; que no hubo convenio entre los herederos instituidos y los herederos forzosos; que el hecho de que los herederos instituidos no fueran también herederos forzosos hubiera bastado para anular el convenio; que a fin de efectuar una partición válida era necesario que la porción correspondiente a los herederos forzosos hubiera sido entregada o adjudicada a. ellos sobre la base de una ins-titución de herederos nula; que si los herederos instituidos eran herederos forzosos, ellos hubieran tenido un derecho indubitable a la herencia como herederos intestados, aun si se anulaba la institución; que al admitirse los herederos pre-teridos, la única diferencia sería respecto a la parte propor-cional de la herencia que correspondería a los herederos-instituidos y no respecto a sus derechos hereditarios; que si los herederos instituidos no son herederos forzosos, ellos dejaron de ser tales herederos instituidos al anularse la insti-tución, y no son herederos ab intestato; que por otra parte la ley sustituye la voluntad del testador y los herederos prete-ridos se convierten en los únicos herederos legales; que el contenido del documento revela el objeto o materia que sirvió de base a la transacción, no como derecho de acreedores ni como un derecho de usufructo, sino como derecho hereditario-de una de las personas con interés en la propiedad, en una parte de la herencia, que fué entregada; que las reglas gene-rales que rigen los contratos de transacción deben estar subor-dinadas a las regias especiales que rigen la cuestión de suce-siones, derechos hereditarios y partición de herencias; que sí se considera por sí solo el convenio de noviembre 9 de 1927, el mismo era un pacto sin causa alguna o de lo contrario sería un pacto basado en una causa ilícita; que la escritura de diciembre 17, 1928, considerada en conexión con el pacto anterior (que carecía de causa) fue una ratificación de dicho convenio; que si la escritura de diciembre 17, 1928, es consi-derada separadamente, ella puede ser tenida, bien como equivalente a la partición de una herencia y a la renuncia de derechos hereditarios, o como una transacción corriente; que los contratos “sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno” (artículo 1227 del Código Civil); que los contratos de noviembre 9 de 1927 y diciembre 17 de 1928 eran nulos por falta de causa; que, de existir causa, ésta era nula por ser contraria a la moral pública (Antongiorgi v. Antongiorgi, 28 D.P.R. 869; Pagán v. Sucn. Padilla, 42 D.P.R. 968); que si la causa en el contrato de diciembre 27 de 1928-tan sólo era la relativa al derecho hereditario de los hijos naturales, subsiste la cuestión respecto a si la transacción equivalió a una partición de la herencia o a una transacción de derechos hereditarios; que de ser una partición, ésta no se efectuó legalmente, porque tocias aquellas personas interesa-das en la herencia no intervinieron en la misma y porque la partición no' fué hecha por los contadores partidores (artículos 1018 del Código Civil, et seq.); que de ser meramente una transacción de derechos hereditarios, ella fué ineficaz, toda vez que los herederos testamentarios no intervinieron en la misma (Muñoz v. Registrador, 41 D.P.R. 676); que la de-manda aduce dos causas de acción, primera, una sobre la nulidad del testamento, acerca de la cual los demandantes alegaron ser herederos forzosos del testador y haber sido preteridos en el testamento y solicitan, de conformidad con el artículo 742 del Código Civil, se decrete la nulidad de la institución de herederos, y, segunda, otra causa de acción sobre la declaración de herederos, acerca de la cual, por razón de los hechos alegados como primera causa de acción y como resultado del pronunciamiento relativo a la nulidad del tes-tamento, los demandantes solicitan se abra la sucesión intes-tada y se decrete que los demandantes son los únicos herede-ros ab intestato con derecho al todo de la herencia; que, en lo que a la primera causa de acción se refiere, debemos consi-derar si el convenio de 1928, que los demandados alegan como defensa, implica una transacción que envuelve el estado civil de los demandantes como hijos naturales reconocidos, que es la base del recurso; que de ser una transacción sobre el es-tado civil de los demandantes para resolver el pleito de filiación, la causa era ilícita y no hubo estoppel; que si, por otra parte, la transacción no envolvía el estado civil de los demandantes, éstos podían proseguir su pleito de filiación hasta que se dictara sentencia; que, en una u otra hipótesis, la sentencia de abril 10 de 1930 subsiste como válida y eficaz en todas sus partes y los demandantes son los herederos forzosos del causante; que la súplica basada en la primera causa de acción, no es afectada por el convenio de diciembre 17 de 1928, de ser tal convenio una mera transacción que afecta derechos hereditarios; que, con o,sin un convenio sobre la propiedad, con o sin participación hereditaria, con o sin bienes' a ser distribuidos, la naturaleza y el derecho son abso-lutos e independientes de los demás derechos y .representa-ciones del causante (artículo 599 a 610 del Código Civil); que, ora el convenio de diciembre 17 de 1928 sea válido o no, y no importa cuál pueda ser su alcance sobre la propiedad recibida por los demandantes, esto no es un obstáculo a la primera causa de acción aducida por los demandantes como herederos forzosos preteridos, para solicitar se declare la nulidad de la institución de herederos; que en lo que a la segunda causa de acción relativa a la declaración de’ herederos se refiere, los demandantes descansan en el- hecho de que en ausencia de otros ascendientes o descendientes, y siendo nula la insti-tución de herederos, ellos son los únicos herederos forzosos; que no se planteó la cuestión de estoppel respecto a la se-gunda causa de acción y que no existe razón alguna por la cual no debió dictarse sentencia en favor de los demandantes; que la única diferencia existente entre el presente caso y la deci-sión de la Corte Suprema de España de junio 17 de 1908 (111 Jurisprudencia Civil 495) es que en esta última el padre, en vida, entregó a su hija natural cierta suma como anticipo de su participación legítima, en consideración de lo cual ella otorgó carta de pago y renuncia de derecho, mientras que en el presente caso la cantidad fué entregada a los demandantes por el albacea, según carta de pago en que también se hizo renuncia de derecho. "Véase también- la sentencia de la Corte Suprema de España de 27 de febrero 'de 1909, 113 Jurisprudencia Civil 720, citada por los apelantes.

La única diferencia existente entre el presente caso y el caso resuelto por la Corte Suprema de España el 17 de junio de 1908 es una diferencia importante. El artículo 744 del Código Civil (edición 1930) dispone expresamente:

“Toda renuncia, o transacción sobre la legítima futura entre el que la clebe y sus herederos forzosos es nula, y éstos podrán recla-marla eiiando muera 'aquél ...” (Bastardillas nuestras.)

Esta prohibición no fija limitación alguna sobre el poder de los herederos forzosos a renunciar o disponer de su he-rencia en la forma que lo crean conveniente, una vez muerta la persona de quien heredan, ya se¡a por transacción o com-promiso con los herederos testamentarios o en alguna otra, forma. Tampoco fué la transacción en el presente caso contraria a ninguna otra disposición estatutaria que haya sido traída a nuestra, consideración, excepción hecha del artículo 1713 del Código Civil (edición de 1930).

En Ex Parte Santiago et al. y El Pueblo, 21 D.P.R. 377, este Tribunal interpretó el artículo 1713 del Código Civil, adoptó la interpretación dúdale por Manresa a los artículos correspondientes del Código Civil Español e indicó la dis-tinción existente entre el estado civil y “las consecuencias económicas o sobre el interés pecuniario que surgen o nacen del estado civil reclamado, como, por ejemplo, sobre los derechos que pudieran tener en la sucesión de su padre.” 21 D. P. R. 383. En Ex Parte Santiago los demandantes, que en su mayoría eran menores, y los demandados, uno de los cuales era menor de edad, habían celebrado una transacción, según la cual los demandantes recibieron poco más de la mitad de lo que hubieran percibido si su estado como hijos naturales reconocidos hubiera sido definitivamente estable-cido en aquel entonces por sentencias finales en los varios pleitos de filiación. Esta corte sostuvo la. transacción. En el presente caso los demandantes recibieron algo menos de dos terceras partes de lo que hubieran recibido según sus propios cálculos, si al efectuarse la transacción su estado civil hubiera sido establecido definitivamente. El alegar que ninguno de los demandados era un heredero forzoso no es suficiente para distinguir el caso de autos del de Ex parte Santiago et al. y El Pueblo. Si Francisco, Sabina y Guadalupe Anaya hu-bieran podido celebrar un contrato de transacción válido y obligatorio con un heredero o con los herederos forzosos, no vemos razón alguna por la cual no podían celebrar una transacción igualmente válida y obligatoria con los hermanos y sobrinos instituidos por McCormick como únicos y univer-sales herederos.

Enfocando la cuestión desde el punto de vista de la sentencia final dictada en el pleito de filiación, podría admitirse que los Anaya eran los hijos naturales reconocidos de Harry McCormick. Mirando la cuestión desde el punto de vista de las respectivas partes que intervinieron en el contrato de transacción, al tiempo en que el mismo fué celebrado, quizá sería algo más exacto decir que los Anaya (en tanto en cuanto se refería a cualquier baso hipotética para celebrar tal convenio) eran o no eran tales hijos reconocidos de McCormick. Los Anaya es de presumirse que tenían en su poder las cartas y fotografías que posteriormente presentaron como prueba en el curso del juicio del caso de filiación. Quizá también tenían la opinión de un perito calígrafo que más tarde declaró en el juicio. Probablemente sabían cuál sería más o menos el testimonio de otros testigos. Los herederos instituidos tenían a su favor la institución de herederos y la manifestación positiva del causante en su testamento de que no tenía hijos'naturales ni descendientes o ascendientes. Ambas partes tuvieron que haber sabido que, independientemente de cuál podía ser el estado civil de los Anaya, ellos no podían obtener una determinación judicial sobre la nulidad de la institución de herederos, a menos y hasta que, bien en una acción iniciada para ese 'fin o en un pleito separado de filiación, establecieran primeramente el hecho de tal estado civil. Sin una declaración judicial al efecto de que la institución de herederos era nula, no podían insistir en su reclamación como.herederos ab intestato. Su única esperanza de entrar en la posesión inmediata de cualquier parte de la herencia descansaba en la posibilidad de un contrato de transacción. El resultado de un pleito de filiación bajo la regla estricta, establecida por este tribunal en los casos más antiguos, sobre la necesidad de que se presentara “prueba fuerte y convincente”, considerado en armonía con la manifestación positiva del testador de que no tenía hijos naturales, era necesariamente dudoso. En su consecuencia, los Anaya tuvieron buenos motivos para considerar que un “pájaro en mano vale más que cientos volando”. Los1 herederos instituidos, por otra parte, no podían estar seguros de que los Anaya no tendrían éxito en el pleito de filiación que intentaban presentar, en cuyo caso la nulidad del testamento, en lo que a la institución de here-deros se refería, se convertiría en un hecho. Por tanto, ra-zonaron indudablemente que “más valía poco que nada”. .La promesa de pagar $90, 000, y el pago posterior en efec-tivo y en bienes, era una causa buena y suficiente para la aceptación de la misma por los Anaya en pago total y fini-quito de los derechos que ellos hubieran podido tener en la herencia de Harry McCormick, para renunciar cualquier acción que para ese fin pudieran intentar y para prometer no impugnar el testamento. La renuncia por parte de los Anaya de sus derechos hereditarios y de cualquier causa de .acción que hubieran podido tener para hacer valer tales de-rechos, y su promesa de no impugnar el testamento, eran causa suficiente para el pago de los $90,000. Véanse también Matienzo v. González, 26 D.P.R. 457, y 12 C. J. 322-327, secciones 16, 17 y 18.

Por la sentencia dictada en el pleito de filiación Francisco, Sabina y Guadalupe Anaya fueron declarados hijos naturales reconocidos de Harry A. McCormick, con •derecho a usar el apellido McCormick y a heredarle como herederos forzosos en la forma y proporción fijadas por el Código Civil. Si la sentencia dictada en el pleito de filiación era o no res judicata- en lo que se refiere a la defensa de transacción y compromiso levantada aparentemente por primera vez por los demandados en el presente litigio, es cuestión que no parece haber sido suscitada definitivamente -en la corte de distrito ni ha sido planteada definitivamente por los apelantes ante este tribunal.

Los herederos testamentarios ratificaron y confirmarondel contrato de transacción al aceptar y distribuir entre sí lo que quedó de la herencia, luego de deducir del valor .total de la misma los $90, 000 pagados a los hijos naturales de conformidad con los términos de la transacción. Esta ratificación del contrato de transacción elimina cualquier cuestión relativa a si los herederos testamentarios fueron partícipes en la misma, o si, en ausencia de tal ratificación, hubiesen estado obligados por el contrato de transacción.

Las conclusiones anteriores nos eximen de la necesidad de considerar los señalamientos sexto y séptimo, al efecto de que la corte de distrito cometió error al sostener que para ejercitar esta acción era necesario anular previamente cier-tos contratos relacionados en las defensas, así como la sen-tencia recaída en el pleito iniciado por los herederos testa-mentarios contra los albaceas y al no mencionar ni resolver las demás cuestiones planteadas en este caso por los de-mandados.

No hallamos abuso de discreción en la concesión de costas.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.