author: El Juez Asociado Su. del Toro,

text:
    García et al. v. Garzot.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de ITumacao.
    No. 761.
    Resuelto en noviembre 11, 1912.
    Emancipación de un Menor por Matrimonio — Consentimiento del’ Consejo de Familia — Presunción.—De acuerdo con los artículos 45 y 46 del Código Civil Español vigente en Puerto Rico en octubre de 1892, no es el tutor sino el consejo de familia ol llamado a otorgar a un menor la licencia necesaria para contraer matrimonio, y cuando, como en el caso de autos, no se alega ni prueba que el consejo de familia dejara de conceder la licencia, se debe presumir que el matrimonio fué celebrado cumpliéndose con dicho requisito exigido por la ley entonces en vigor.
    Id. — Emancipación Plena y Menos Plena. — El Código Civil Español vigente en esta isla en octubre de 1892, distingue dos cláses de emancipación: una que puede llamarse plena, que se obtiene cuando se llega a la mayor edad, y otra que pmedo calificarse de menos plena, que se alcanza por razón del matrimonio, o po?- concesión del padre o de la madre que ejerce la patria potestad.

    Id. — Restricciones Relativas al Dominio de los Bienes. — La emancipación menos plena, de acuerdo con el Código Civil antiguo, habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor, pero con las restricciones definidas en los artículos 50 y 59 de dicho Código Civil antiguo, en los casos de emancipación por razón de matrimonio. El artículo 317 de dicho Código no es- aplicable a la emancipación por razón de matrimonio.
    Id. — Gravamen y Enajenación de Bienes Raíces — Cancelación de Hipoteca Constituida a Favor de un Menor Emancipado por Matrimonio. — Una hipoteca es un derecho real sobre un bien inmueble y está clasificada en el Código Civil como un bien inmueble. Cancelar una lupoteca es declararla extinguida, desprenderse de ella, y por consiguiente, enajenarla.
    Id. — Enajenación de Bienes Raíces. — Enajenación es el acto por el cual se transfiere a otro la propiedad de alguna cosa a título lucrativo como la do-nación, o a título oneroso, como la venta o permuta. Esta palabra tomada en una significación más extensa, comprende también la enfiteusis, la prenda, la hipoteca, y aun la constitución de servidumbre sobre un fundo. Síguese de aquí que el que no puede enajenar una cosa, no la puede tampoco obligar, ni sujetar con hipoteca, ni imponerla servidumbre.
    Id. — Cancelación de Hipoteca Constituida a Favor de un Menor Emancipado por Matrimonio. — La cancelación de un crédito hipotecario entraña un ver-dadero acto de enajenación, pues por aquélla se desapodera el acreedor de un derecho real que le pertenece, y por tanto, de acuerdo con el Código Civil Es-pañol vigente en Puerto Rico en octubre de 1892, un menor emancipado por matrimonio, no tenía facultades por razón de tal hecho solamente para can-celar hipotecas constituidas a su favor.
    Id. — Partida Bautismal — Expediente Eclesiástico. — De acuerdo con la legisla-ción vigente en Puerto Bieo en octubre de 1892, la' autoridad eclesiástica tenía facultades para tramitar y resolver un expediente relativo al asenta-miento de una partida bautismal, con objeto de acreditar el promovente del expediente la fecha de su nacimiento y la resolución que dictara la autoridad eclesiástica era en tal virtud válida y eficaz.
    Id.-CANCELACIÓN DE HIPOTECAS OTORGADAS POR UN MENOR EMANCIPADO — VA-LIDEZ de las Mismas. — En el presente caso se demostró que un menor de edad a quien faltaban sólo unos meses para llegar a su mayoridad, que hacía tiempo que estaba casado y por tanto emancipado por razón de su matrimonio, que tenía hijos y que había tramitado un expediente en el Obispado sobre asenta-miento de su partida bautismal, apareciendo de la partida asentada que era mayor de edad y compareció ante notario público en dos ocasiones, y mani-festó que era mayor de edad, presentando al efecto su dicha partida de bautismo y su cédula de vecindad y canceló cierta hipoteca constituida a su favor; Se demostró además que. el deudor pagó su deuda sin que conociera que su acreedor no era aún mayor de edad; que el menor vivió cerca de cuatro años después de otorgada la cancelación sin que nada re-clamara y que esta reclamación pidiendo que se pague otra vez la deuda ya satisfecha con más sus intereses, se ha interpuesto por los herederos del acreedor después de catorce años de otorgadas las escrituras. Se resolvió que bajo tales circunstancias debía considerarse válida y eficaz la cancelación hecha por el menor y liberado el deudor de su deuda.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. Luis Llorens Torres.

    Ahogado del apelado: Sr. Juan Hernández López.

   El Juez Asociado Su. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso, se basa en las siguientes alegaciones:

1. Los demandantes en este pleito son Francisco Paxot García y Adriana Paxot García, quienes son menores de veinte ■ y un años de edad y comparecen representados por su legí-tima madre doña María García Buxó que ejerce sobre ellos la patria potestad.

2. El demandado es Don Juan R. Garzot, ciudadano de Puerto Rico, mayor de veinte y un años de edad, casado, propietario y vecino domiciliado en el término municipal de Naguabo, del Distrito Judicial de Humacao.

3. Los demandantes — dichos Francisco y Adriana — son herederos universales de Don José Paxot Gragirena, quien falleció el día 14 de julio de 1899, siendo casado con. la compareciente Doña María García Buxó, y dejando como únicos hijos descendientes legítimos, a los dos expresados demandantes, quienes fueron procreados en dicho matrimonio y posteriormente declarados herederos de su referido padre, por sentencia de la Corte de Distrito de Humacao, dictada en 29 de diciembre de 1900.

T el derecho o acción, que ahora ejercitan los demandantes, les corresponde por su calidad de herederos del finado Don José Paxot Gragirena.

4. En el año 1895, el citado José Paxot Gragirena, padre de los demandantes, era dueño de una hipoteca sobre una finca rústica llamada “San Cristóbal” que entonces perte-necía al demandado Don Juan B. Garzot. Dicha hipoteca estaba constituida por la suma de seis mil pesos, equivalentes a tres mil seiscientos dollars y devengaba un interés de seiscientos pesos (420 dollars) anuales.

1 5. En el mismo referido año 1895, el citado José Paxot Gragirena, padre de los demandantes y acreedor hipotecario del demandado en aquella fecha, era entonces menor de edad, no emancipado, y se hallaba .bajo la tutela de Don Alejandro Yiader.

6. En el mismo año 1895, los referidos Don Alejandro Yiader (tutor del menor José Paxot) y Don Juan B. Garzot (deudor del mismo menor), siendo íntimos amigos y puestos de acuerdo, hicieron que el menor José Paxot instara un procedimiento en el Begistro Parroquial de Naguabo, decla-rando el propio Yiader y otros testigos falsos, hasta lograr que se extendiera una partida bautismal, .completamente falsa, y en la que aparece que José Paxot fué bautizado en Naguabo, qué Viader fué su padrino de bautismo, y que nació en febrero de1 1872; siendo todo completamente falso y si-mulado, y siendo la verdad que José Paxot no fué bautizado en la Iglesia de Naguabo sino en San Juan de Puerto Bieo, que su padrino de bautismo no fué su tutor Yiader sino Don Cristóbal Paxot, y que no nació en Naguabo en 1872 sino en San Juan de Puerto Eico el 18 de marzo de 1873, y que los referidos Garzot y Yiader, con conocimiento de estos h,echos, fueron quienes instaron aquellas diligencias al objeto de que José Paxot en aquel año 1895 apareciese con veinte y tres años de edad cumplidos.

7. En el mismo referido año 1895, siendo entonces menor de edad el dicho Don José Paxot, 'suscribió a favor del deman-dado Señor Garzot, un recibo o carta de pago, haciendo cons-tar haber recibido de su deudor (el Señor Garzot) el importe del capital e intereses que éste le estaba adeudando por virtud de la hipoteca mencionada; y alegamos, como cierto, que José Paxot recibiera o no recibiera aquellas cantidades, ya del Garzot o ya de otra persona, no tuvo de ellas ningún, beneficio, ni le fué útil recibirlas, ni se convirtieron nunca en su utilidad. Al efecto José Paxot no adquirió propiedad mueble o inmueble de ninguna clase en aquel año 1895, ni en los posteriores hasta su muerte ocurrida en 1899, ni tenía ningún dinero en el año 1896 al llegar a la mayor edad, ni en los posteriores hasta su muerte, ni realizó ningún contrato de compra, préstamo o de cualquiera otra clase. Y por ello alegamos: que si José Paxot recibió el importe de aquella deuda en el año de 1895, siendo entonces menor de edad, lo derrochó, o gastó o perdió antes de cumplir su mayor edad (año 1896), y antes de su muerte (año 1899).

8. En el pago de la deuda hipotecaria hecho por Garzot a José Paxot, siendo éste menor de edad (en el año 1895), según se ha explicado, no intervino el protutor de éste ni hubo autorización del consejo de familia, ni el dicho menor fué representado por persona alguna que supliera su incapacidad.

9. El importe de la deuda hipotecaria, en la fecha en que aparece que el demandado Garzot le hizo el pago al menor José Paxot (año 1895), ascendía entre capital e intereses a una suma de diez mil pesos, equivalentes a seis mil dollars. Los intereses de esta cantidad, desde el año 1895 hasta el año 1910, calculados al 12 por ciento anual, según se estú pillaron en la escritura de hipoteca, ascienden a un montante de diez mil dollars que sumados a los seis mil dollars de la deuda, hacen un total de diez y seis mil dollars, cuya can-tidad es la que los demandantes reclaman del demandado por la presente demanda.

T .en virtud de tales alegaciones, que hemos copiado textualmente, los demandantes suplicaron a la corte que se sirviera dictar su sentencia declarando nulo cualquier pago que el demandado Don Juan E. G-arzot le hubiera hecho a Don José Paxot Gragirena antes del 18 de marzo de 1896 sin la intervención del protutor de éste y sin la autorización del consejo de familia; declarando vicioso especialmente el pago hecho en el año 1895, según' se ha referido en las alegaciones, declarando que el demandado viene obligado a pagar de nuevo a los demandantes el importe de aquella deuda y los intereses hasta la fecha; condenando, en con-secuencia, al demandado señor Garzot a pagar a los deman-dantes la suma de diez y seis mil dollars, a que asciende hoy aquel capital viciosamente pagado y sus intereses; e impo-niéndole al demandado las costas de este pleito.

El demandado negó general y específicamente, todos y cada uno de los hechos de la demanda y en oposición a los mismos y como defensa y contestación, consignó lo siguiente:

1. En el pueblo de Naguabo, el día 27 de Mayo de 1895, ante el Notario Don Marcelino Estevanez Nanclares, compa-reció Don José Paxot Gragirena, industrial, casado, afir-mando ser mayor de edad, y presentando al notario además de su cédula personal No. 131, una copia certificada, que dicho notario rubricó y le devolvió, de su partida de bautismo librada por el Señor Cura ecónomo de Naguabo, de la cual resultaba que dicho compareciente nació el día primero- de febrero de 1872; y con tal carácter confesó haber recibido a su entera satisfacción de manos de Don Juan E. Garzot y Romero, la suma de dos mil pesos moneda corriente en aquella fecha, en pago de igual cantidad en parte, de la suma de seis mil pesos, importe de un capital garantido con hi-poteca constituida sobre la finca San Cristóbal, sita en el término municipal del mismo pueblo de Naguabo, otorgando a favor de dicho Sr. Garzot, la más eficaz carta de pago por dicha suma, más por los inteseses devengados y verificando, como consecuencia una cancelación parcial de dicho crédito hipotecario, en los términos que se consignan en la escritura de cancelación parcial de hipoteca, número 118 otorgada por los expresados Paxot en Naguabo, el dicho día 27 de mayo de 1895, ante el Notario Don Marcelino Estevanez Nanclares.

2. A la fecha del otorgamiento de la escritura mencionada en el hecho anterior, el mencionado Don José Paxot Gra-girena, era un hombre casado, siéndolo con la demandante ( Doña María García Buxó mediante matrimonio canónico y solemne, verificado entre ambos, en la parroquia del pueblo ele Naguabo el día 6 de octubre de 1892.

3. Don José Paxot Gragirena, vivió, hasta el día 14 de julio del año 1899, en cuyo día falleció, en el expresado pueblo de Naguabo.

4. Por escritura número doscientos veinte otorgada en la ciudad de Humacao a 26 de septiembre de 1895, ante el .Notario Don Marcelino Estevanez Nanclares, por Don José Paxot Gragirena, confesó éste, haber recibido de Don Juan Garzot, la suma de cuatro mil pesos moneda corriente, por resto de capital de la hipoteca a que se hace referencia en el hecho primero de esta contestación, extendiendo carta de .pago y verificando la cancelación total de dicho crédito hi-potecario, tal y como aparece de los términos de la mencionada escritura. Al comparecer Don José Paxot ante el notario, presentó cédula personal y manifestó ser mayor de edad y hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y libre disposición de sus bienes.

5. En los archivos parroquiales, de las parroquias de San Francisco y de Nuestra Señora de los Eemedios, de la ciudad de San Juan de Puerto Eico, no aparece que el día 18 de marzo de 1873, naciera Don José Paxot y Gragirena. Y por el contrario, en oposición abierta y manifiesta con este supuesto hecho, aparece al folio 238 del libro 24 de partidas bautismales de la Parroquia de Nuestra Señora de los Eemedios, el nacimiento inscrito de un niño, que al ser bautizado se le pusieron los nombres de Jaime Gregorio, nacido el día 25 de mayo de 1873, hijo legítimo de Don Jaime Paxot y Doña Adriana Gragirena, los cuales son los mismos padres de don José Paxot Gragirena.

6. Según las investigaciones que hemos practicado, para preparar esta contestación, el nacimiento de Don José Paxot, hijo legítimo de Don Jaime Paxot y Doña Adriana Gragi-rena, fué inscrito en virtud de un expediente eclesiástico, que original existe en los archivos del notario eclesiástico, del Obispado de esta Isla de Puerto Eico.

En el acto de la vista admitió el demandado íntegramente las alegaciones primera, segunda, tercera y cuarta de la demanda.

Admitió también la alegación quinta en el sentido de que José Paxot Gragirena en 1895 era un menor de 23 años de edad, pero no que dicho menor. en aquella fecha no estaba •emancipado.

Admitió también el demandado el hecho sexto de la de-manda, sólo en la parte que dice que el dicho José Paxot no nació en Naguabo en febrero de 1872 sino en San Juan de Puerto Eico en 18 de marzo de 1873; pero no en cuanto a los demás extremos de dicho hecho sexto que se refieren a la confabulación de Garzot y a la fecha del expediente.

Admitió también el demandado las alegaciones del hecho séptimo de la demanda en cuanto dicen que Garzot era un deudor hipotecario de Paxot, y' en cuanto dicen que dichas hipotecas fueron pagadas por Garzot a Paxot siendo éste menor de 23 años de edad; pero niega los demás extremos referentes a la utilidad o no utilidad que Paxot obtuvo reci-biendo aquel dinero y demás extremos consignados en dicbo hecho séptimo.

Admitir» también el hecho octavo menos en cuanto dice que Paxot era un menor de edad incapacitado.

Admitió también el demandado el hecho noveno de la demanda, siempre que las cantidades (a que dice ascendían las hipotecas) coincidan con las escrituras hipotecarias que presentó el demandado como prueba.

Los demandantes admitieron todas las alegaciones de la contestación excepto la última que fué retirada por el de-mandado, y presentaron prueba documental y testifical, consistente la primera en una partida bautismal en lá que consta que José Paxot Gragirena nació en San Juan, P.'E. el 18 de marzo de 1873, dos partidas de defunción demos-trativas de que los padres de José Paxot murieron con anterioridad al año de 1895, y en una escritura de cesión de «rédito hipotecario otorgada a favor de José Paxot, y con-sistente la segunda en las declaraciones de María García y José González Darder. Los demandantes no presentaron prueba relativa a la confabulación alegada en el hecho 6o de su demanda.

El demandado presentó prueba documental consistente en el expediente eclesiástico sobre asentamiento de la partida ■de bautismo de José Paxot, tramitado y resuelto en el Obispado de Puerto Eico en 1895, y en las dos escrituras públicas a que se refieren los hechos 1, 2 y 4 de su contestación.

Con tales alegaciones y pruebas como base, la Corte de Distrito de Humacao; el 24 de marzo de 1911, dictó sentencia en favor del demandado; y contra dicha sentencia interpu-sieron los demandantes el presente recurso de apelación.

Los hechos relativos a la confabulación del demandado para hacer aparecer a José Paxot como mayor de edad cuando en realidad de verdad no lo era, han quedado desear-tados completamente de este pleito, al ser negados por el demandado y al no presentar los demandantes prueba alguna sobre ellos.

La certeza del pago tedio por Garzot a Paxot, se admite en la demanda y se probó en el juicio. La confesión de Paxot ante el notario público que autorizó las escrituras de cancela-ción de hipoteca, ta quedado enteramente en pie.

El tedio de que José Paxot nació el 18 de marzo de 1873,. fue admitido por el demandado y probado además por los demandantes.

En tal virtud, la única cuestión fundamental a resolver en este caso es la de si José Paxot G-ragiréna tenía o nó ca-pacidad para otorgar dictas escrituras de cancelación de hi-poteca que otorgó el 27 de mayo y el 26 de septiembre del año de 1895, por no haber cumplido en tales fechas los 23' años que la-ley entonces vigente fijaba para entrar en la, mayoridad.

Bajo dos aspectos ha sido presentada y puede considerarse esta cuestión:

1. ¿Estaba Paxot, a la fecha de las escrituras emancipado* por razón de matrimonio, y si lo estaba, tenía facultades para cancelar una hipoteca constituida a su favor?

2. Atendidas todas las circunstancias de este caso concreto ¿deben considerarse válidas y eficaces las escrituras de can-celación de hipoteca?

Cuando se otorgaron las escrituras, Paxot era mayor de diez y ocho años y hacía ya tiempo que estaba casado con María García Buxó, madre de los demandantes. El matri-monio se celebró el 6 de octubre de 1892.

Los demandantes en el acto de la vista presentaron prueba de testigos tendente a demostrar que dicho matri-monio se había celebrado sin el consentimiento de su tutor y qué por tanto no había producido el efecto de entregar a, Paxot la administración de sus bienes.

Considerados los artículos 45 del Código Civil español, tal como regía en Puerto Bico, y 46 del propio Código, se con-cluye que no era al tutor sino al consejo de familia al qne correspondía otorgar la licencia en este caso; y no habién-dose alegado ni probado qne el consejo de familia dejara de conceder la licencia, se debe presumir qne el matrimonio se celebró cumpliéndose con dicho requisito exigido por la ley entonces en vigor.

Casado, pnes, legalmente Paxot, qnecló de derecho eman-cipado.

Ahora bien, el Código Civil español, qne es el aplicable a este caso, distingue dos clases de emancipación. Una que-pudiéramos llamar plena que se obtiene cuando se arriba a la mayor edad, y otra que podría calificarse de menos plena que se alcanza por razón del matrimonio, o por concesión del padre o de la madre que ejerza la patria potestad.

La emancipación menos plena habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor, pero con ciertas restricciones que la misma ley le impone. Estas restricciones, en el caso de emancipación por razón de matrimonio, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 315 del Código Civil español, están contenidas en el artículo 59 y en la regla 3a. del 50 del propio cuerpo legal.

El artículo 59, dice así:

“El marido es el administrador de los bienes de la sociedad con-yugal, salvo estipulación en contrario y lo dispuesto en el artículo 1384.
“Si fuere menor de diez y ocho años, no podrá administrar sin el consentimiento de su padre; en defecto de éste, sin el de su madre; y a falta de ambos, sin el de su tutor. Tampoco podrá comparecer en juicio sin la asistencia de dichas personas.
“En ningún caso, mientras no llegue a la mayor edad, podrá el marido, sin el consentimiento de las. personas mencionadas en el párrafo anterior, tomar dinero a préstamo, gravar ni enajenar los bienes raíces.”

Se han emitido diferentes opiniones acerca de si es apli-cable también a los casos de emancipación por matrimonio el artículo 317' del Código Civil español, pero la dirección general de los registros en su resolución de 14 de diciembre de 1896 y en otras más, y el Tribunal Supremo de España en su sentencia de 19 de junio de 1906, lian decidido que no lo es. Aceptando este criterio, veamos si un menor emanci-pado por razón de matrimonio puede cancelar por si solo una hipoteca constituida a su favor.

El legislador al especificar lo que se prohibe hacer al menor sin el consentimiento de las personas que indica, prescribe que no podrá gravar ni enajenar los bienes raíces.

Una hipoteca es un derecho real sobre un bien inmueble, y está clasificada en el Código también como un bien inmueble. (Art. 334, No. 10, del Código Civil español.) Cancelar una hipoteca es declararla extinguida, desprenderse de ella, y por consiguiente, enajenarla.

“Enajenación es el acto por el cual se transfiere a otro la propiedad de alguna cosa a título lucrativo, como la donación, o a título oneroso, como la venta o permuta. Esta palabra tomada en una significación más extensa, comprende también la enfiteusis, la prenda, la hipoteca, y aun la constitución de servidumbre sobre un fundo. Síguese de aquí que el que no puede enajenar una cosa, no la puede tampoco obligar, ni sujetar con hipoteca, ni imponerle servidumbre. ‘Aquel a quien es defendido de non enagenar la cosa, dice la ley 10, tít. 33, part. 7a., non la puede vender, nin camiar, nin empeñar, nin puede poner servidumbre en ella, nin darla a censo a ninguna de aquellas personas a quien es defendido de la enagenar.’ (2 Escriche, 803.)”

Y esta misma Corte Suprema de Puerto Eico, por medio de su Presidente Hernández, se ha expresado así: “La can-celación de un crédito hipotecario entraña un verdadero acto de enajenación, pues por aquélla se desapodera el acreedor de un derecho real que le pertenece, y por tanto, no puede otorgarse sin mandato expreso.” (Benítez Hermanos v. El Registrador de la Propiedad, 17 I). P. R., 237.)

La cuestión en su primer aspecto queda, pues, resuelta de este modo: Paxot a la fecha de las escrituras, era un menor emancipado por matrimonio, pero no tenía facultades por razón de tal hecho solamente para cancelar hipotecas consti-tuidas a su favor.

Consideremos la cuestión bajo su segundo aspecto. '

Forma parte de la transcripción de autos, el expediente eclesiástico tramitado en el Obispado de Puerto Eico en el año de 1895, a instancias de Paxot, relativo al asentamiento de su partida bautismal. Dicho expediente se inició por ipi escrito firmado por José Paxot y Gragiréna y fechado el 13 de febrero de 1895, que dice así:

“Don José Paxot, natural y vecino de este pueblo, hijo legítimo de Don Jaime y Doña Adriana Graxirena, A. Y. I. con el debido respeto hago presente: que necesitando la partida bautismal para asuntos de familia, se han practicado vivas diligencias en el archivo de esta parroquia, y no ha sido posible hallarla.
“En su consecuencia, suplico A. Y. J. se digne dar las disposi-ciones oportunas para remediar tan grave mal.
“Por esta gracia le viviré eternamente agradecido y rogaré a Dios guarde su preciosa vida muchos años. ’ ’

Por el Obispado se dictó una orden comisionando al Cura de Naguabo para que recibiera los testigos que la parte presentara en justificación del año, mes y día del nacimiento y bautismo del recurrente. Y, en efecto, ^nte el cura declara-ron los testigos José Catarinau y Juan Martínez quienes mani-festaron sustancialmente que conocían a Don José Paxot, hijo legítimo de Don Jaime y de Doña Adriana Gragiréna, y que les constaba que era natural de Naguabo, que había nacido el Io. de febrero de 1872 y que se había bautizado en la parroquia de su nacimiento.

El cura certificó además que había examinado los libros del- archivo y que no se hallaba registrado en ellos la partida bautismal de Paxot. Y el Obispado Yon tales antecedentes como -base, resolvió la instancia del causante de los demandan-tes, en la siguiente forma:

“Puerto Rico, marzo 13 de 1895. Yista la instancia de Don José Pasot, pidiendo el asentamiento de su partida de bautismo; resultando justificado que José nació el primero de febrero de 1872 y fué bauti-zado en la Parroquia de Naguabo por el Pbro. Don Pedro Meléndez, como hijo legítimo de Don Jaime Pasot y Doña Adriana Graxirena, siendo padrinos D. Alejandro Viader y Doña Asunción Ramírez de Arellano; abuelos paternos: Don Tito y Doña Carmen Ramírez, ma-ternos : Don José y Doña Asunción Ramírez de Arellano: se autoriza al Cura de Naguabo, para que tomando los datos necesarios acerca del día del bautismo, asiente la partida en el libro y folio la que debía asentarse, nota que exprese el libro y folio en que hoy se asiente, a fin de facilitar su busca en todo tiempo. (Firmado) Ledo. Franco Delgado. (Firmado) José C. Viñals.”

Con arreglo a la legislación vigente en equella época, la autoridad eclesiástica tenía facultades para tramitar y resolver el expediente de que se ha hecho mérito, y su resolución era en tal virtud válida y eficaz. La verdad legal con respecto al nacimiento y bautismo de Paxot Gragirena quedó pues, establecida, y en tales circumstancias fué que Paxot Gragi-rena otorgó los documentos cuya nulidad se pretende.

La comparecencia de las partes en dichos documentos se hizo constar así: En el de 27 de mayo:

“Comparecen Don José Paxot y Gragirena, industrial, y Don Juan R. Garzot y Romero, propietario, los dos mayores de edad, casados, de esta vecindad y provistos en el corriente ejercicio de cédulas personales de séptima y cuarta clase, número ciento treinta y uno y uno respectivamente; presentándome además el Sr. Paxot para acreditar su mayor edad una copia certificada que rubrico y le devuelvo, de su partida de bautismo librada por el Sr. Cura Ecó-nomo de este pueblo Don Pedro Casado, el primero de abril último, en un pliego del sello undécimo, de' la cual resulta que el interesado nació el día primero de febrero de 1872: manifiestan los compare-cientes hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y libre dispo-sición de sus bienes, por todo lo cual considero a mi juicio que tiene la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura de cancela-ción parcial de hipoteca, y en tal virtud libremente exponen:”

Y en el de 26 de septiembre:

“Comparecen Don José Paxot y Gragirena, industrial, y Don ■Juan E. Garzot y Eomero, propietario, los dos mayores de edad, casados, vecinos de Naguabo y provistos en el correspondiente ejer-cicio de sus cédulas personales de séptima y cuarta clase, números ■ochenta y cinco y uno respectivamente. Manifiestan hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y libre disposición de sus bienes, por todo lo cual considero a mi juicio que tienen la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura de cancelación total de hipo-teca y en tal virtud libremente exponen:”

A la fecha del otorgamiento de las escrituras, Paxot tenía, según la documentación que él mismo presentara al efecto, cumplidos .23 años, y, según la documentación presentada por sus herederos en este pleito, cumplidos 22 años, o sea un año más de lo que la ley requiere actualmente para la mayoría de edad. Paxot era en aquel entonces además un hombre casado, con hijos, con derecho a administrar sus bienes, y murió cerca de cuatro años después de otorgadas las escrituras, sin que nada reclamara en contra del demandado. Esta reclamación se ha interpuesto diez años después de su muerte, por sus herederos. No hay. la más leve prueba que demuestre que el demandado conociera que faltaban a Paxot algunos meses para llegar a la mayoridad, ni que Paxot recibiera perjuicio alguno con la transacción verificada.

¿Sería posible, bajo tales circumstancias, que un tribunal de justicia dictara ahora una sentencia condenando al deman-dado a pagar nuevamente su deuda, ya satisfecha, con más los intereses, ascendente todo a unos diez y seis mil pesos?

Una respuesta negativa se impone, respuesta que está -conforme con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España consignada en su sentencia de 27 de abril de 1860, al establecer que “son válidas las ventas de bienes raíces hechas por menores de edad, cuando fingen ser mayores de 25 años, y por la circumstancia de estar próximos a esa edad, ser casados, y tener la administración de sus bienes, u otras ■ especiales que en los mismos concurran puedan creer los que intervinieron en el contrato que son mayores de edad. ’ ’

La única diferencia que pudiera notarse entre el caso resuelto por el Tribunal Supremo de España y éste que resolvemos, es que aquí no se ña demostrado que Paxot fingiera que era mayor de edad al comparecer a otorgar las eac’"J'uras, pero si bien esto es así, resulta probado que Paxot' personalmente instó el asentamiento de su partida bautismal en la cual se hizo constar qne su nacimiento había ocurrido el 1 de febrero de 1872; que personalmente también concurrió en dos ocasiones ante notario público y afirmó que era mayor de edad presentando al efecto una copia certificada de su partida de bautismo y su cédula de vecindad, y que, por tanto, consciente o inconscientemente indujo al deman-dado G-arzot a considerarlo como mayor de edad y a pagarle su deuda, sin que pueda decirse que el demandado al proceder así, bajo todas las circunstancias de este caso, dejara de actuar como varón prudente.

La cuestión en su segundo aspecto, queda pues, resuelta de este modo: atendidas todas las circumstancias que con-curren en este caso concreto, deben considerarse válidas y eficaces las escrituras de cancelación de hipoteca a que se refiere este pleito, y en tal virtud que el pago hecho por Lrarzot de buena fe a Paxot que estaba en posesión de. su crédito, liberó al primero de la deuda que con el segundo tenía contraída. (Art. 1164 del Código Civil Español y 1132 del Eevisado.)

Habiendo llegado a la anterior conclusión, no os necesario que entremos en el estudio de la cuestión de prescripción argumentada ampliamente por los abogados de ambas partes.

La sentencia apelada debe confirmarse y declararse sin lugar el recurso establecido.

Confirmada

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. MacLeaey,

license: Public Domain

text:
    Cautiño et al. v. Muñoz et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayama.
    No. 811.
    Resuelto en noviembre 11, 1912.
    Impugnación de Eleccionns — Desestimación de la Apelación. — Toda moción pura desestimar una apelación debe ser presentada con anticipación al día. señalado para la vista del recurso, y debe ser registrada en el libro de mo-ciones y argumentada por los abogados y considerada p>or el tribunal con anticipación al día señalado para la vista del recurso.
    Id. — Transcripción de Autos en Apelación — Estipulación.—Cuando, eofflo en el caso de autos, las partes estipulan las constancias que han de incluirse en la transcripción de autos en apelación, no procede la desestimación do la apela-ción por ol fundamento de que no se ha presentado en el tribunal de apela-ción “una transcripción de todos los procedimientos habidos en la contienda” de acuerdo con los preceptos de la sección 11 de la ley sobre impugnación de elecciones de marzo 7, 1906.
    Id. — Votación Secreta — Sistema Australiano. — No existe precepto alguno en nuestra ley de elecciones de 1906 que exija que la votación sea secreta, sino únicamente que la elección se haga por^medio de papeletas de acuerdo eon el sistema australiano.
    Id. — Electores Físicamente Imposibilitados para Marcar la Papeleta. — De acuerdo con nuestra ley de elecciones de 1906 los electores que por imposi-bilidad física o por no saber leer ni escribir, no puedan marcar sus papeletas, pueden solicitar a un inspector que las marque por ellos. Aun en el supuesto de que en el easo de autos se hubiera probado que más de cien electores habían votado por medio del inspector, en la forma indicada anteriormente, estando dichos electores capacitados para marear su papeleta, éste no sería motivo suficiente para anular toda la elección, sino que únicamente podría servir de fundamento para rechazar los votos emitidos ilegalmente en esta forma; y suponiendo quo el resultado de la elección fuera distinto recluí?ando los cien votos indicados, siempre sería necesario aducir prueba adicional para anular por completo la elección.
    Id. — Validez de la Elección — Observancia de la Leí'. — Se resolvió en el caso de autos que la elección impugnada en esta acción, se hizo en consonancia con la ley de elecciones vigente en Puerto Rico, y si en algunos extremos no se observó estrictamente dicha ley, estos extremos no son suficientes para invalidar toda la elección.
    Id. — Contestación a la Demanda — Réplica.—Nuestro Código de Enjuiciamiento Civil no exige a.1 demandante que replique a la contestación a la demanda que alega materia nueva de defensa, sino que por ministerio de la ley toda la materia nueva alegada en la contestación a la demanda se tiene por negada, sin necesidad de presentar una negación por escrito.
    Id. — Admisiones Condicionales Hechas por las Partes — Réplica Escrita a la Contestación a la Demanda. — En el caso de autos la corte sentenciadora rehusó admitir la admisión hecha por lós demandantes de que ciertos elec-tores votaron ilegalmente, porque la admisión fné hecha con la condición de que se permitiera a los demandantes probar que dichos electores ilegales votaron a, favor de los demandados. Se resolvió en apelación que el tribunal sentenciador no cometió error al denegar dicha admisión condicional, pues el admitirla equivaldría a permitir la presentación de alegaciones orales en una corte de distrito, lo cual es contrario a nuestro Código de En-juiciamiento Civil. La cuestión planteada en dicha admisión condicional de los demandantes debió haberse presentado por medio de una réplica escrita a la contestación a la demanda, alegando los hechos expresados en dicha admisión condicional.
    Id. — Costas—Honorarios de Abogados — Desembolsos.—Ambas partes litigantes en un procedimiento sobre impugnación de elecciones tienen los mismos de-rechos con respecto a costas, y éstas se rigen por la sección 12 de la ley de impugnación de elecciones de marzo 7, 1906, según cuya sección las costas deben regirse por los mismos preceptos del Código de Enjuiciamiento Civil aplicables a costas.
    Id. — Costas—Honorarios de Abogados — Desembolsos.—De acuerdo con la juris-prudencia constante de este tribunal, para que pueda imponerse a la parte condenada por la sentencia, el pago de honorarios de abogados, como parte de las costas, es indispensable que la cuantía litigiosa exceda de $500.
    Id. — Cuantía Litigiosa — Sueldo del Funcionario Demandado —• Alcalde — Honorarios de Abogados. — En un procedimiento sobre impugnación de elec-ciones, la cuantía litigiosa puede determinarse tomando por base el sueldo do los funcionarios litigantes, durante el período para el cual fueron elegidos. Bajo esta base, como en el caso de autos, los únicos funcionarios litigantes con derecho a percibir un sueldo mayor de $500, que es el importe de la cuantía litigiosa indispensable para que una parte pueda ser conde-nada al piago de honorarios de abogados, como parte de las costas, son los funcionarios que discuten el cargo de alcalde, es necesario concluir que únicamente el alcalde demandado tiene derecho a recobrar del alcalde de-mandante los honorarios de abogados, más las costas y desembolsos incurri-dos en el pleito, y los otros funcionarios litigantes sólo tienen derecho a recobrar sus costas y desembolsos.
    Id. — Costas—Discreción del Tribunal Sentenciador^ — Grado de Culpa. — De acuerdo con la ley de costas de marzo 32, 1910, el tribunal sentenciador tiene la facultad discrecional de conceder las costas teniendo en cuenta el grado do culpa o temeridad de la parte contra quien se ha dictado la sen-tencia, y la alegación de que la demanda presenta cuestiones nuevas de gran importancia bajo el punto do vista de moralidad pública, puede ser tenida en cuenta para graduar la culpa o temeridad, pero este tribunal no inter-vendrá en el ejercicio de esa facultad discrecional por el tribunal inferior, a menos que se demuestre que se ha cometido un gran abuso de discreción.
    Los Iieclios están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Gay. Cott Cuchí, Her-minio Díaz Navarro y Eduardo Cautiño.

    Abogados de los apelados: Sres. Willis Sweet, José Tous Soto, Luis Abella Blanco, José C. Ramos, Pedro Gómez La-sserre y Eduardo.Capó.

   El Juez Asociado Se. MacLeaey,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso sobre impugnación de elecciones. Los demandantes eran los candidatos por el Partido Unionista para los cargos de alcalde, miembros del concejo municipal y de la junta escolar de Guayama, en noviembre de 1910, y los demandados fueron los candidatos del Partido Republicano para los mismos cargos en dicba elección. Al liacersé el escrutinio de los votos por el Consejo Ejecutivo, resultó del mismo que los demandados fueron electos y ob-tuvieron mayorías fluctuando éstas, entre quince y veintiún votos. Esta impugnación fné establecida de acuerdo con la ley que dispone la forma en que lian de celebrarse los juicios en tales casos. (Ley aprobada en 7 de marzo de 1906; Leyes de la Sesión de 1906, pp. 59-63.) La demanda, después de expresar los hechos alegados con gran extensión, concluye con la siguiente súplica, a saber:

‘ ‘ Suplicamos a Y. H. que en vista de las pruebas que presentamos en apoyo de nuestra demanda, dicte sentencia declarando nulos y de ningún valor los nombramientos hechos por el Consejo Ejecutivo en favor de todos y cada uno de los demandados; que los demandantes son los candidatos que para los cargos de alcalde municipal, miembros del concejo municipal y de la junta escolar para la ciudad de Gua-yama, obtuvieron mayor número de votos legales en las elecciones del 8 de noviembre de 1910, y por tanto con derecho a ejercer los cargos para los cuales fueron electos. Que se les libre certificado de nombra-miento firmado por Y. H. para que ellos puedan entrar en el desem-peño de los puestos públicos para los cuales obtuvieron el mayor número de votos legales. Que se les dé posesión de los respectivos puestos para los cuales obtuvieron mayor número de votos legales en la precitada elección, despojando de dichos puestos a los demandados. Que se les conceda cualquier otro remedio a que en la ley son acree-dores en lo que respecta a declarar nula la elección por las ilegalidades que se cometieron en la misma; y en tal caso que Y. H. ordene nueva elección en la forma y modo que dispone la ley electoral sobre la ma-teria. Que se condene a los demandados al pago de todas las costas de este litigio, con inclusión de honorarios de abogados.”

Después de presentada la debida contestación, se celebró el juicio en la Corte de Distrito de Guayama ante el IIon. Harry P. Leake, juez especial, y se dictó sentencia a favor de los demandados, declarando que éstos habían sido de-bidamente electos para los distintos cargos que se encon-traban desempeñando, debiendo los mismos recobrar las costas, desembolsos y honorarios de abogados. Contra esta sentencia que fué dictada el día 30 de agosto de 1911, inter-pusieron los demandantes a su debido tiempo, recurso de apelación, elevando a este tribunal la transcripción de autos que está ahora sometida a nuestra consideración.

Surge una cuestión preliminar con motivo de la moción que presentaron los demandados durante la vista para que se desestimara la apelación por el fundamento de no existir certificación alguna del secretario o de los abogados rela-tiva al hecho de que la transcripción contiene todos los pro-cedimientos que tuvieron lugar en este pleito. Se cita el artículo .11 de la Ley de 7 de marzo de 1906, (Ley sobre impugnación de elecciones) el cual exige este requisito en las apelaciones que se interpongan en tales casos. Las mociones para desestimar una apelación deben presentarse, y por lo general así se hace, algunos 'días antes del día señalado para la vista del caso, incluyéndose en el calen-dario de mociones las que se discuten separadamente y son tomadas en consideración por la corte con anterioridad a la celebración de la vista. Podría perfectamente alegarse que está moción llega fuera de tiempo, habiendo sido presentada la transcripción de los autos el día 13 de mayo, sin que la vista tuviera lugar hasta próximamente un mes después. Pero se permitió a los apelados, sin que se formulara objeción a ello, presentar su moción, la que fué admitida por la corte para ser tomada en consideración con el mismo caso. Sin tener en cuenta las demás objeciones que se hicieron a esta moción, es una contestación suficiente a la misma con que sólo nos fijemos en el hecho de que este caso fué presentado a este tribunal mediante una estipulación en la que. tanto la corte como los abogados quedan limitados a la considera-ción de tres cuestiones solamente que surgieron durante el juicio, y a las que se lia becbo referencia. Siendo esto así no liabía necesidad de presentar “una transcripción de todos los procedimientos habidos en la impugnación” según se determina en el artículo 11 de la expresada ley. La moción no podía concederse sin hacerse caso omiso de la estipu-lación y debe por consiguiente ser desestimada.

Mediante una estipulación que fué debidamente presen-tada y que aparece en la transcripción, las partes limitaron las cuestiones que han de considerarse por este tribunal a tres, a saber:

“A. Nulidad de la elección por haberse verificado la votación a viva voce.
!<B. Error cometido en la sentencia en lo referente a la condena de costas.
“C. Error cometido durante el juicio por negarse la corte a acep-tar las admisiones hechas por los demandantes con respecto a la ilega-lidad de varios votantes puesto que eran electores ilegales.”

Invertiremos el orden de estas cuestiones, disponiéndo-las en la forma que tíos parece más lógica, A, C, B.

Primera. Con respecto a la nulidad de la elección por haberse verificado la votación a viva voce en vez de secreta, conviene hacer referencia a la ley electoral. (Véanse las Leyes de la Sesión de 1906, págs. 33-59.) No hay disposición alguna en nuestros estatutos que de modo expreso exija que la votación sea secreta, sino que dispone dicha ley que la elección se efectuará por medio de papeletas siguendo el sistema australiano de elección- por papeletas. También se dispone que no habrá más de tres electores en el local de la votación al mismo tiempo, y que cada elector recibirá la papeleta oficial de los funcionarios de la elección, retirándose entonces a una de las casetas donde preparará su papeleta, la doblará debidamente, entregándola luego al funcionario que la colocará en la urna. Se dispone, además, que ningún elector marcará su papeleta en forma alguna que pueda sa-berse por quién votó.

Pero se dispone además que los votantes que se encuen-tren físicamente imposibilitados o que no sepan leer o escribir, sean ayudados por los inspectores en la prepara-ción de sus papeletas. Resulta que en esta .elección de G-uayama un gran número, casi una mayoría de todos los votantes, solicitaron dicha ayuda. Y esto sucedió de tal modo que alegan los demandantes que la elección se verificó en realidad a viva voce; o sea cantando el voto en vez de por papeleta como exige la ley. Sin embargo, de la prueba que aparece en los autos resulta que solamente un voto se dió en esta forma por una persona que pudo preparar debida-mente su papeleta y no tenía necesidad de solicitar ayuda de uno de los inspectores. Este voto fué dado por José Muñoz Vázquez, que es el principal demandado y desempeña actual-mente el cargo de alcalde de la ciudad. Parece ser que al emitir su voto manifestó que votaba por toda la relación de candidatos republicanos, tratando tal vez con esto de dar un ejemplo a sus correligionarios y con el fin de animar al público en favor de su candidatura. Aun cuando se hubiera probado que muchos votos, por'ejemplo más de ciento, se dieron en esta forma por personas que estaban capacitadas para preparar sus papeletas y no necesitaban pedir ayuda en la preparación de las mismas, aun en este caso esto no sería un motivo suficiente para anular toda la elección, si-no que solamente podría ‘ dar lugar a la impugnación de aquellos votos que fueron dados en esa forma ilegal. Es cierto que si se hubiera presentado la debida prueba, el re-sultado de la elección podría haber sido distinto y demostrar los candidatos que impugnan la elección, que fueron ellos los electos y no los que se encuentran desempeñando los cargos; pero sería necesario que se hubiera presentado prueba de otros hechos adicionales para anular por completo la elección. Si se hubiera probado que se revisaron enteramente las papeletas y que las personas que trataban de votar fueron llamadas solamente para expresar oralmente por qué partido o persona se resolvían a votar en la elección, en-tonces existiría una razón que sería muy poderosa para declarar nula toda la elección; pero eso no es lo que lia ocurrido en este caso, según aparece de los autos. Esta elección se llevó a cabo según resulta de la prueba contenida en los autos, en completa conformidad con la ley de elec-ciones de Puerto Eico, y si existieron algunas desviaciones de esa ley no fueron éstas suficientes para anular dicha elección, por lo que debemos resolver que la elección que se llevó a efecto para cargos municipales de G-uayama en noviembre de 1910, no puede ser anulada por este funda-mento. (MacCrary sobre elecciones, Capítulo XIII; McCrane v. Nez Perce Co., Am. Cas., 1912 A, p. 170; 18 Idaho, 714; 112 Pac. Rep., 312.)

La próxima cuestión que tomaremos en consideración se refiere a la negativa de la corte sentenciadora a aceptar las admisiones hechas por los demandantes con respecto a la legalidad de varios votos que alegaron los demandados que eran ilegales. Esta admisión iba acompañada del ofre-cimiento para probar que estos votos habían sido emitidos a favor de los demandados. Debemos considerar las admi-siones hechas o que se traten de hacer por cualquiera de las partes en relación con las alegaciones presentadas en el caso y las cuestiones que surjan de las mismas en las cuales se fundó el caso. En el presente caso los demandantes alegan en su demanda que por lo menos sesenta de los vo-tantes que llenaron papeletas en las elecciones municipales no reunían las condiciones para votar y que por tanto su voto era nulo y no debía contarse a favor de los demandados como se hizo al verificarse el escrutinio de la elección. Los demandados por el contrario negaron en su contestación estas alegaciones, alegando como materia nueva, que más de 200 votos ilegales fueron emitidos a favor de los de-mandantes, haciéndose mención de los votantes que se dice estaban incapacitados. El Código de Enjuiciamiento Civil no exige que el demandante presente una réplica por escrito a la contestación del demandado alegando una materia nueva, sino que dispone que la misma se considerará como negada, sin que sea necesario formular una alegación por escrito. Desde: luego que cualquiera de las partes puede durante el curso del juicio hacer admisiones con respecto a la prueba practicada por la parte contraria, pero dichas admisiones deben hacerse en forma tal que comprendan las alegaciones contenidas en los alegatos. En este caso los demandantes tenían el derecho de admitir que estos votos a que se ha hecho referencia eran ilegales, pero debieron haber hecho referen-cia a la admisión con bastante amplitud para que incluyera la alegación contenida en la contestación de los demandados de que estos votos ilegales habían sido emitidos a favor de los demandantes. No tenían ellos derecho por meras-admisiones verbales a expresar como se admitió, que los votos eran ilegales, ofreciendo a la vez prueba de que habían sido emitidos a favor de los demandados. Para promover una cuestión como ésta debió haberse formulado una réplica por escrito con anterioridad a la celebración del juicio, o si la corte lo permitía, después de haber empezado dicho juicio. El permitir una admisión que sea procedente como la que trataron de hacer los demandantes equivaldría a dar per-miso para formular alegaciones orales en la corte de distrito, lo cual no está autorizado en nuestro Código de Enjui-ciamiento Civil. Por tanto, la corte no cometió error alguno al negar a los demandantes el derecho a hacer la admisión que procedía con respecto a la ilegalidad de los votos men-cionados en la contestación de los demandados. (Véase el Código de Enjuiciamiento Civil, Tit. VII; Leyes de la Sesión de 1904, p. 199 y siguientes.)

La tercera cuestión ha sido reservada para lo último, no solamente por su importancia sino porque la imposición de costas viene naturalmente después que se resuelve el caso. Parece que las costas en este pleito son extraordinariamente excesivas y los honorarios de abogados ascienden a 12 o $15,000. En resumen, se ha dicho en uno de los alegatos ■que el memorandum de costas excedía de $30,000 según fue presentado primeramente a la corte de distrito, el que fue últimamente rebajado por la corte en el ejercicio de su dis-creción a la suma de $18,774.37. Pero nosotros para nada tenemos que considerar la cuantía de las costas, pues esta cuestión no está sometida a nuestra consideración. No se formuló impugnación alguna al cálculo hecho por la corte exceptuando la alegación de que era ilegal conceder hono-rarios de abogados en este caso. Los apelantes alegan que la ley de impugnación de elecciones en su artículos 13, con-fiere al demandante el derecho a recobrar como parte de los perjuicios sufridos los honorarios de su abogado que hayan sido originados en su pleito. Alegan también que este de-recho no se ha conferido a los demandados sino que tienen que litigar costeándose sus gastos, por lo menos en lo fque respecta a los honorarios de sus abogados. El artículo 12 de la ley que rige las impugnaciones de elecciones dispone qúe las costas en tales casos se tasarán de acuerdo con las leyes que rigen para las controversias en los pleitos civiles, a menos que se dispusiere específicamente lo contrario. (Véanse las leyes de la Sesión de 1906, p. 81.) Los apelados alegan que este es el artículo que regula este caso, consi-derado en relación con los artículos 327 y 329 del Código de Enjuiciamiento Civil, según han sido enmendados por la ley aprobada últimamente sobre la materia. (Véase el Ca-pítulo VI del Código de Enjuiciamiento Civil; Leyes de la Sesión de 1904, páginas 266 y siguientes.)

Parece extraño que la legislatura dispusiera que una de las partes en el pleito — aun cuando fuera un caso sobre im-pugnación de elecciones — tenga derecho a recobrar hono-rarios de abogados como parte de las costas y negar el mismo derecho a la otra parte. Sería aún más extraño que esta concesión se hiciera a los demandantes qne iniciaron la. impugnación y se negara a los demandados qne ganaron la elección, fueron declarados con derecho a los cargos por el Con-sejo Ejecutivo y recibieron los certificados y estaban en pose-sión de dichos cargos mediante lo que por lo menos resulta ser un título prima facie. No podemos estar conformes en el pa-recer de que fuera la intención de la legislatura conceder hono-rarios de abogados a una de las partes y negarlos a la otra, pues ambas partes se encuentran en igualdad de condiciones con respecto a ese particular. A nuestro juicio las costas en este caso, incluyendo honorarios de abogados se rigen por el artículo 12 a que se ha hecho referencia y deben ser-concedidas lo mismo que en los demás casos civiles.

Surge entonces la cuestión de si éste es un caso en que-pueden concederse o nó honorarios de abogados, como lo hizo la Corte de Distrito de Gfuayama en la sentencia dictada al terminar esta impugnación de elecciones.

Pero no podemos estar de acuerdo con la sentencia contra la cual se ha interpuesto esta apelación, en cuanto en la misma se ordena que los demandados tienen derecho a recobrar de los demandantes las costas y desembolsos oca-sionados en el juicio, junto con una suma equitativa por honorarios de abogados. Ese pronunciamiento según ha sido hecho por la corte sentenciadora infringe el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como ha sido enmendado por la ley de 12 de marzo de 1908, e interpretado por esta corte al dictar sus sentencias en los casos de González v. Gromer, 16 D. P. R., 1; Modesto v. Sucesión Dubois, 16 D. P. R., 842; Veve v. Municipo de Fajardo, resuelto en 29 de junio de 1912, y Torres et al. v. Pérez, resuelto en 28 de junio de 1912.

Puede admitirse que las costas y desembolsos originados en un pleito deben concederse a la parte victoriosa, pero es un requisito indispensable establecido por la ley, según hasta ahora hemos resuelto, que para que puedan concederse hono-rarios de abogados, la suma en controversia en el pleito o procedimiento debe exceder de $500. En el presente caso puede estimarse la suma en cuestión tomando en conside-ración el sueldo asignado a los cargos en relación a los cuales se estableció la impugnación. El cargo de alcalde de Gruayama tiene asignado un sueldo de $1,200, siendo dicho funcionario elegido por el término de cuatro años, lo que forma un total de $4,800 como asignación para su cargo; y con arreglo a la ley sobre impugnación de elecciones (Art.Y), la persona cuya elección se impugna deberá prestar una fianza que no será menor del doble de la cantidad del sueldo total por el período de tiempo prescrito en la ley. En este caso la fianza se exigió a la persona que actualmente de-sempeña el cargo de alcalde, por la suma de $11,000 la que fué debidamente prestada. Tomando en consideración estos hechos y considerando el sueldo asignado a los distintos cargos como norma pecuniaria que ha de tenerse en cuenta en la controversia, creemos que no hay duda alguna de que dicha suma excede de $500, y por tanto pueden fijarse los honorarios de abogados como parte de las costas, de con-formidad con el artículo 12 de la ley que rige sobre impug-nación de elecciones. Pero esta suma alcanza solamente a $500 en el presente caso, con respecto al demandante que establece una acción contra uno de los demandados en relación con el cargo de alcalde, que es el único que tiene asignado un sueldo que excede de esa suma. No ocurre lo mismo en cnanto a los demás demandantes que se unieron en el pleito al candidato para el referido puesto, por cuanto los cargos que trataban de recuperar no tenían sueldo fijado,' y por consiguiente no se trataba de ninguna suma de dinero que pudiera tomarse en consideración. Por tanto, resulta claro a nuestro juicio que los demandantes en este caso pueden ser obligados a pagar a los demandados, las costas, y desembolsos en el presente pleito, y que el demandante,, que es el candidato para el puesto de alcalde, puede solamente-ser obligado a pagar al demandado que ocupa dicho cargo, una suma razonable por los gastos originados en su defensa.

No hemos perdido de vista el hecho de que los apelantes en este caso alegan que este pleito debió haberse resuelto sin especial condena de costas, por las siguientes razones:

(1) Porque de los hechos probados en la sentencia resul-ta que los demandantes tenían una razonable causa de acción y probaron casi todas las alegaciones contenidas en la demanda.

(2) Porque se promovieron nuevas cuestiones en la de-manda que eran de la mayor importancia desde el punto de vista de la moral pública.

Sin embargo, debemos tener presente que la cuestión re-lacionada con las costas se rige por nuestros estatutos locales, y que según ellos el juez sentenciador tiene en este caso la facultad discrecional de concederlas, teniendo en cuenta el grado de culpabilidad si alguna hubiere de la parte contra quien se dictó la sentencia. '(Véase la Ley de 12 de marzo de 1910, a que se ha hecho referencia.) Por tanto lo que debe tomarse en consideración para condenar en costas es la cul-pabilidad o temeridad de la parte contra quien se dicte la sentencia, aun cuando la nueva materia presentada pueda tenerse en consideración al apreciar dicha culpa o temeridad.

Hasta ahora hemos resuelto frecuentemente que esta •corte no intervendrá en el ejercicio de las facultades dis-crecionales de las cortes inferiores, a menos que se demues-tre que se ha cometido un grave abuso de discreción, lo que no ha ocurrido en este caso en lo que se refiere a las costas y desembolsos a cuyo pago han sido condenados todos los demandantes; pero con referencia a la cuestión del pago de honorarios de abogados a que han sido condenados todos los demandantes, dicha sentencia puede solamente ser soste-nida con respecto al demandante que trata de obtener el •cargo de alcalde contra la parte demandada que fue la persona elegida para dicho cargo, sin qne deba aplicarse dicha sentencia a los' otros demandantes en este pleito, por las razones consignadas anteriormente.

En vista de lo qne dejamos expresado, la sentencia dictada en este caso debe confirmarse, excepto en lo qne se refiere a las costas, desembolsos y honorarios de abogados, con respecto a lo cnal debe ser1.modificada según se deja expresado; de conformidad con dicha modificación deberá concederse nna oportunidad a los demandados para presentar nuevos memorandums dentro del término de 10 días a partir de la fecha en qne la sentencia de esta Corte Suprema sea registrada en la del distrito, según dispone la ley. Debe dictarse sentencia de acuerdo con esta opinión.

Resuelto de conformidad.

Jueces concnrrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.

La petición del demandado Genaro Cautiño por su abo-gado Eugenio Benitez Castaño, sobre reconsideración de sentencia en este caso, fué denegada con fecha de diciembre 23, 1912.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Monllor & Co. v. Hutchison, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari.

    No. 96.
    Resuelto en noviembre 15, 1912.
    Sentencias Dictadas por i.as Cortes de Distrito en Casos Apelados de das Cortes Municipales — Interpretación de la Regla 34 de las de las Cortes de Distrito. — La regla 34 de las de las cortes do distrito dele interpre-tarse en harmonía con la ley de marzo 11, 1908, que es la. vigente sol.ro la materia, y do acuerdo con dielia ley no es nula en absoluto una sentencia dictada por una corte de distrito antes de los diez días especificados en la regla 34 y a virtud de un juicio celebrado en ausencia de una de las partes, sobre todo cuando aparece, como en el caso de autos, que el pleito se in-cluyó en el calendario, que el señalamiento so hizo en el calendario, que la parte que se queja tenía abogado desde la corte municipal y que su abogado íué notificado do la apelación interpuesta.
    Anulación de Sentencia — Discreción del Tribunal Sentenciador — Imposi-ción de Condiciones para Anular una Sentencia. — Una orden anulando o rehusando anular nna sentencia, en virtud de las facultades que concede a una corte el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, descansa en la dis-creción del tribunal, y el juez puede imponer condiciones para anular su sen-tencia, tales como el pago de las costas causadas.
    Td. — Incumplimiento de la Condición Impuesta. — Cuando la condición impuesta por la corte al anular su propia sentencia, no ha sido cumplida por la parte a quien se impuso dicha condición, ■ la corte tiene la facultad de dejar sin efecto la orden anulando su sentencia, restableciendo así las cosas al ser y estado que tenían antes de haberse dictado dicha orden.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. E. P. Gibson.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Monllor y Cía. entablaron una demanda en la Corte Municipal de Salinas contra Cordero y Torres, en cobro de $428, y, para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse, hicieron embargar ciertos efectos y pro-visiones que se encontraban en un establecimiento mercantil. En tal estado el pleito, Rosendo Ocasio inició un procedi-miento de tercería reclamando como suyos los bienes embar-gados, procedimiento que fué resuelto en contra del Ocasio y a favor de Monllor y Cía., por sentencia dictada por la corte municipal el 11 de octubre de 1911. Ocasio apeló para ante la Corte de Distrito de Guayama. El escrito de apela-ción fué notificado a E. P. Gibson, abogado de Monllor y Cía. Los autos se radicaron en la corte de distrito el 15 de no-viembre de 1911, el señalamiento se hizo en el calendario y la vista se celebró, en ausencia de Monllor y Cía., el 21 de noviembre de 191.1. Ocasio presentó prueba y la corte decidió la tercería en su favor y en contra por consiguiente de Mon-llor y Cía. Esta sociedad, por medio de su abogado, el 24 de noviembre de 1911, pidió a la corte que usando de las facul-tades que le confería el artículo 140 del Código de Enjui-ciamiento Civil, dejara sin efecto la sentencia dictada, ale-gando como causa la ignorancia del señalamiento de la vista para el 21 de noviembre. La petición fué acompañada de varios affidavits y resuelta favorablemente por el juez del distrito, bajo la condición de que Monllor y Cía. pagaran las costas causadas ascendentes a sesenta pesos y prestaran nna fianza de cien más. De esta resolución dictada el 4 de diciembre de 1911, apeló Ocasio para ante este Tribunal Supremo y la apelación fné desestimada en 24 de mayo de 1912 por falta de jurisdicción.

Devuelto el caso a la corte del distrito, Ocasio, el 14 de octubre de 1912, solicitó que la corte anulara la orden de 4 de diciembre, 1912, por no liaber Monllor y- Cía. cumplido con la condición que se les impuso. Monllor y Oía. impug-naron la solicitud de Ocasio alegando que no venían obligados a cumplir la condición impuesta por la corte, porque la corte no tenía facultades para imponerla. Y la corte, en .22 de octubre de 1912, anuló su orden condicional y dejó subsistente su anterior sentencia.

Monllor y Oía. acudieron, entonces a este Tribunal Supremo por medio de una solicitud de certiorari. Expedido el auto, se celebró la vista del mismo, sin que comparecieran las partes, el 11 de noviembre de 1912. Los bechos que liemos expuesto constan de la solicitud de certiorari y de las diligencias originales enviadas por la corte de distrito en cumplimento del auto expedido.

Para basar su afirmación de que la corte de distrito no tenía facultades para dictar una orden condicional, alegan los recurrentes que habiéndose radicado el récord de la corte municipal en la del distrito el 15 de noviembre de 1911, no pudo celebrarse la vista del pleito el 21 del mismo mes, por ser contrario a lo que dispone el último párrafo de la regla 34 de las de la corte^de distrito, que dice así: “En cualquier tiempo después de los diez días del recibo del récord de la corte inferior, esta corte procederá a juzgar y disponer del caso.” Los recurrentes sostienen que era el deber del juez anular la sentencia dictada sin imponerles condiciones.

Dicha regla 34 fué aprobada en el año de 1904, cuando no existía disposición alguna en la ley relativa a las apelaciones ■ de las sentencias dictadas por las cortes municipales en plei-tos civiles. El 11 de marzo de 1908 se aprobó una ley sobre la materia y en ella se dispone que. una vez interpuesta apelación contra una sentencia dictada por una corte municipal en un pleito civil, “la corte de distrito anotará la causa en el calendario o lista de señalamientos de pleitos civiles que hayan de verse oportunamente, conforme a las disposiciones de la ley y al reglamento judicial para el ré-gimen del calendario.” (Leyes de 1908, pág. 124.)

Dicha ley de 11 de marzo de 1908 es la vigente sobre la materia y la regla 34 debe interpretarse en armonía con la misma, y así interpretada, no puede producir la nulidad absoluta de una sentencia dictada antes de los diez días especificados en la regla y a virtud de un juicio celebrado en ausencia de una de las partes, tanto más cuando aparezca como aparece en el presente caso que el pleito se incluyó en el calendario, que el señalamiento se hizo en el calendario, que la parte que se queja tenía abogado desde la corte municipal, ■y que su abogado fué notificado de la apelación interpuesta. .

La sentencia de 21 de noviembre de 1911 no era, pues, nula per se, sino anulable, a discreción de la corte, en uso de las facultades que en bien de la justicia le concede el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil.

“Una orden anulando o rehusando anular una sentencia dictada en rebeldía, descansa en la discreción legal de la corte, discreción que debe ejercitarse de acuerdo con la ley.” (McGowan v. Krelin, 117 Cal., 31; Morton v. Morton, 117 Cal., 443.)

Al ejercitar su discreción para dejar sin efecto una sen-tencia, es bien claro que el juez puede imponer, como impuso en este caso, como condición, el pago de las costas causadas.

“Al dejar sin efecto una rebeldía, pueden imponerse ge-neralmente términos y condiciones, más o menos severos, según las circunstancias lo exijan.” (Watson v. S. T. & H. B. R. R. Co., 41 Cal., 17.)

“El pago de todas costas causadas a la parte contraria al tiempo de presentarse la solicitud, puede imponerse como una condición precedente a la concesión de la anulación de la sentencia en rebeldía.” (The People v. O’Connell et al., 23 Cal., 282; Heermanr v. Sawyer, 48 Cal., 562.)

Y si la condición impuesta no se cumple, como no se cumplió por parte de Monitor y Cía., es bien claro también, que la corte puede dejar sin efecto su concesión y resta-blecer las cosas al ser y estado que antes tenían, como lo hizo-el Juez de Distrito de Guayama en este pleito.

“Cuando las condiciones impuestas no se cumplen, la sentencia quedará en toda su fuerza y vigor, lo mismo que si; no se hubiere anulado.” (Hartman v. Olvera, 49 Cal., 101.)

No apareciendo que se baya cometido por la Corte de Distrito de Guayama ningún error de jurisdicción o proce-dimiento, debe anularse el certiorari expedido por esta Corte Suprema y devolverse los autos a la corte de su origen para que continúe tramitándolos de acuerdo con la ley.

Denegada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez PresideNte Sr. HeeNÁNdez,

text:
    Busó et al. v. Busó et al.
    Apelactóu procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 809.
    Resuelto en noviembre 18, 1912.
    Código Civil Revisado — Fecha en que Empezó a Regib. — El Código Civil re-visado empetó a regir el Io. de julio de 1902, según la certificación expedida por el Secretario entonces de Puerto Rico, Charles líarttell, cuya certifica-ción se encuentra a la cabeza de los Estatutos Revisados de Puerto Rico. (Sv.ee/ti6n llórales v. M Segistrador de la Propiedad, 16 D. P. R., 114; Ortr'-n v. Sara, 202 IT. S., 343.)
    Bienes Gananciales — Consentimiento de la Esposa pasa su Enajenación— Código Civil Español. — Le acuerdo con’ el artículo 1413 del Código Civil Es'-pñol vigente en Puexto Rico con anterioridad al Io. de julio de 1902, el marido puede enajenar y obligar a título oneroso los bienes de la sociedad de gananciales sin el consentimiento de la mujer.
    Venta i-i: Finca Rústica — Error del Vendedor en Cuanto a la Cabida de la Ei- ci\ —Nulidad de Contratos. — Les artículos 1373 y 1374 del Código Civil revisado que son los 1470 y 1471 del antiguo, no dan acc'ón de nulidad al vendedor de una finca rústica por error sufrido en la cabida de la misma, ya se hubiese hecho la venta eon expresión de su cabida y a razón de un precio por unidad de medida o número, o ya se Tiubiere hecho la venta por precio alzado y no a razón de un tanto por unidad de medida o húmero, por muy importante que sea el error sufrido en la cabida, y por tanto el error alegado por los demandantes con el. caso de antes, no puede viciar de nulidad el con-trato en litigio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. Rafael López Landrón.

    Abogados de los apelados: Sres. José Tons Soto y Manuel Tous Soto.

   El Juez PresideNte Sr. HeeNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 18 de febrero del año 1911 presentaron deman-da enmendada ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Humacao, Francisco, Poncio y Julio Buso Pérez, el pri-mero por su propio derecho por ser mayor de edad, y los dos últimos representados por el Francisco, en concepto de curador ad litem de los mismos, atendida su minoría de edad, con súplica de que se dictara sentencia contra los demandados que lo son Francisco Buso Cabrera y los esposos Gril Mar-tínez Achalandavazo y Francisca Buso, declarando ser.nulo un contrato de compraventa de terrenos celebrado por el demandante Francisco Buso Cabrera y el demandado Gril Martínez Achalandavazo el 19 de abril de 1902 y consignado en escritura pública de la misma fecha otorgada en la ciudad de Humacao.

En apoyo de su demanda alegan los demandantes sus-tancialmente como primera causa de acción, los siguientes hechos:

Primero. Que son hijos legítimos de Francisco Buso-Cabrera e Isabel Pérez, los que contrajeron matrimonio en 5 de diciembre de 1887, habiendo fallecido la esposa en 16 de octubre de 1902, bajo testamento, en el que instituyó por herederos a' los demandantes.

Segundo. Que durante dicho matrimonio, Francisco Buso Cabrera adquirió con fondos de la sociedad conyugal y por compra a su padre Francisco Buso Baster, mediante escri-tura pública otorgada en Humacao en 26 de septiembre de 1893, una finca rústica denominada “Las Puentes,” con superficie de 765 cuerdas, constituida por dos porciones, una de 750 cuerdas y otra de 15, habiendo seguido Busó Baster al frente de dicha finca y administrádola hasta el mes de abril de 1902, sin que el -comprador se cuidara de mensu-rarla para enterarse de si la cabida de las dos porciones en que estaba distribuida era exacta más o menos.

Tercero. Que por escritura pública de 19 de abril de 1902, otorgada también en Humacao, Francisco Busó Cabrera vendió la porción de 15 cuerdas bajo colindancias que se expresan en la demanda al demandado Gil Martínez Achalan-davazo, casado entonces con la demandada Francisca Busó, al precio' alzado de $2,600.

Cuarto. Que en la venta hecha por Francisco Busó Cabrera a Gil Martínez en 19 de abril de 1902, no intervino la esposa Isabel Pérez Sánchez, ni prestó su consentimiento, ni la predicha finca figuró en las operaciones divisorias del caudal relicto por Isabel Pérez Sánchez, ni los demandantes han ratificado en forma alguna tal contrato de compraventa celebrado por su padre Francisco Busó Cabrera con Gil Martínez Achalandavazo.

Como segunda causa de acción alegan además los de-mandantes :

Primero. Que al vender Busó Cabrera la finca de 15 cuerdas por precio de $2,600, a Gil Martínez, lo hizo guiándose tan sólo por lo que rezaba el título de adquisición y creyendo de buena fe que su cabida era realmente de 15 cuerdas y que era un buen precio el ofrecido y pagado por el comprador Martínez.

Segundo. Que el demando Martínez con posterioridad hizo mensurar la finca, la que resultó tener dentro de las mismas condiciones con que la adquirió, una superficie de 125 cuerdas, y al enterarse de ello Busó Cabrera, manifestó a los demandantes que había prestado su consentimiento a la venta con error sobre la cantidad de cnerdas de cabida de la finca.

A la anterior demanda opusieron los demandados como excepción previa, la de que los hechos alegados como primera causa de acción no la constituían, en primer lugar, porque el contrato de compraventa celebrado por Francisco Busó Cabrera con Gil Martínez Achalandavazo, era válido de acuerdo con la ley de la Asamblea Legislativa, aprobada en 24 de febrero de 1903 sobre validez de ciertos contratos, y en segundo lugar, porque la acción de nulidad de compra-venta fundada en la falta de capacidad del vendedor había prescrito según el artículo 1268 del Código Civil Revisado, por haber transcurrido cuatro años desde la celebración del contrato, hasta el día de la interposición de la demanda.

En cuanto a la segunda causa de acción alegaron los de-mandados la misma excepción o sea la de que los hechos que la fundamentaban no determinaban tal causa de acción, ya porque el error sobre la cabida de la cosa vendida no era esencial, o sustancial, ya porque en todo caso la acción había prescrito por ministerio de la ley, con arreglo, al artículo 1375 del Código Civil Revisado, por haber transcurrido seis meses desde el día de la entrega de la finca hasta la fecha de la interposición de la demanda.

También alegaron los demandados como excepción a la primera y segunda causa de acción, que los demandantes Poncio y Julio Busó Pérez carecían de capacidad legal para demandar por ser menores de edad y no alegarse en la de-manda que su hermano Francisco hubiera sido nombrado guadián ad litem de los mismos; y en cuanto a la segunda causa de acción alegaron además, como excepción, la de acumu-lación indebida de acciones o sea la de nulidad por error en el consentimiento y la derivada dé defectos en la cabida de la finca vendida, acciones incompatibles por suponer la se-gunda la validez del contrato.

■La Corte de Humacao dictó resolución en primero de noviembre de 1911 declarando con lugar la excepción de prescripción, sin que entrara a .discutir las demás excep-ciones propuestas, y desestimó la- demanda interpuesta con costas a favor de los demandados, contra cuya sentencia in-terpuso la representación de la parte demandante recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, pendiente de nues-tra decisión después de haber alegado ambas partes cuanto han estimado procedente en defensa de sus respectivos derechos.

Veamos si los hechos expuestos en la demanda deter-minan la acción de nulidad que se ejercita por los deman-dantes.

El contrato de compraventa cuya nulidad se pide fué cele-brado en 19 de abril de 1902 por Francisco Buso Cabrera y G-il Martínez Achalandavazo, sin que interviniera en el con-trato, prestando su consentimiento la esposa del vendedor, Isabel Pérez Sánchez, no obstante tratarse de una finca que se reputa bien ganancial, por haber sido adquirida durante el matrimonio, con bienes pertenecientes a la sociedad con-yugal. Esa es la razón fundamental de la primera causa de acción de nulidad que ejercitan los demandantes. Tal nulidad no existe, pues el contrato de compraventa de que se .trata debe regularse por los preceptos del Código Civil que regía en la fecha en que se celebró, o sea en 19 de abril de 1902, y en esa fecha regía el Código Civil Español y no el revisado, pues ya dijimos en 24 de febrero de 1910, al resolver el caso de Sucesión Morales v. El Registrador de la Propiedad de Gaguas, que “* * * el Código Civil Revisado comenzó a regir el 1 de julio de 1902, según la certificación expedida por el Secretario entonces de Puerto Rico, Charles Hartzell, cuya certificación se encuentra a la cabeza de los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico.” (16 D. P. R., 119.) También la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Ortega v. Lara, 202 U. S., 343, consignó que en 1902 la Legislatura de Puerto Rico adoptó un nuevo Código Civil que vino a tener efecto en 1 de julio de ese año.

Con arreglo al artículo 1413 del Código Civil Español, que es la ley del caso, el marido podrá enajenar y obligar a título oneroso los bienes de la sociedad de gananciales sin el consentimiento de la mujer, y por tanto Francisco Busó Cabrera tenía capacidad legal para celebrar el contrato de compraventa de cuya nulidad se trata, sin necesitar para ello el consentimiento expreso de su esposa Isabel Pérez exigido por el artículo 1328 del Código revisado.

T tampoco determina la nulidad del contrato de compra-venta celebrado en 19 de abril de1 1902 por Busó Cabrera y Martínez Achalandavazo, el error sufrido por el vendedor en la cabida de la finca vendida, creyendo de buena fe que esa cabida era de 15 cuerdas, cuando resultó ser de 125, y que también era un buen precio la suma de' $2,600 ofrecida y paga-da por el comprador, pues según el artículo 1233 del Código Civil Revisado, igual al 1266 del antiguo, para que el error invalide el consentimiento, dejando por tanto de existir el contrato por falta de ese requisito esencial, aquél deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del con-trato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principal-mente hubieren dado motivo a celebrarlo, lo que no ba ocurrido en el presente caso.

El Código Civil vigente, en su artículo 1373, que es el 1470 del anterior, establece, que cuando la venta de bienes inmuebles se hubiese hecho con expresión de su cabida a razón de un precio por unidad de medida o número y resuL tare mayor cabida o número en el inmueble, que los expresa-dos en el contrato, el comprador tendrá la obligación de pagar el exceso de precio si la mayor cabida o número no pasa de la vigésima parte de los señalados en el mismo contrato, pudiendo el comprador en caso de exceso, optar entre' satis-facer el mayor valor del inmueble o desistir del contrato; y el artículo 1374 del Código Civil vigente, que es el 1471 del antiguo, prescribe, que en la venta de nn inmueble becba por precio alzado y no a razón de nn tanto por unidad de medida o número, no tendrá lugar el aumento o disminución del mismo, aunque resulte mayor o menor cabida o número de los expresados en el contrato.

. Los artículos que se dejan citados no reconocen acción de nulidad al vendedor por error sufrido en la cabida de una finca que ba vendido, ya se hubiese hecho la venta con expresión de su cabida a razón de un precio por unidad de medida o número, ya se hubiere hecho la venta por precio alzado y no a razón de un tanto por unidad de medida o número, por muy importante que sea el error sufrido en la cabida, y en su consecuencia el error alegado por los deman-dantes no puede viciar de nulidad el contrato de que se trata.

Como los hechos expuestos en la demanda para funda-mentar la primera y segunda causa de acción de nulidad que en la misma se ejercita, no determinan la nulidad del contrato» de compraventa celebrado por Francisco Buso Cabrera y Gil Martínez Achalandavazo, consideramos ocioso entrar en el examen de las demás excepciones de prescripción de la acción, de falta de capacidad para demandar en dos de los deman-dantes, y de indebida acumulación de acciones.

Por las razones expuestas debe confirmarse la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao en 1 de noviembre de 1911.

^ Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    El Pueblo v. Peña.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 457.
    Resuelto en noviembre 20, 1912.
    Derecho Penal — Acometimiento con Intención de Cometer Homicidio — De-fensa de Haber Estado Expuesto Anteriormente por el Mismo Delito (Former Jeopardy). — Un acusado que en el acto de la leetura de la acusa-ción sólo hace la alegación de no culpable, puedo, durante el juicio, después de haber sido juramentado el Jurado y de leída la acusación, con el permiso de la corte, alegar la defensa de haber estado expuesto anteriormente por el mismo delito en la corte municipal.
    Ib. — Defensa de Haber Estado Expuesto Anteriormente por el Mismo De-lito — Artículo 169 del Código de Enjuiciamiento Criminal — Traducción Errónea al Español. — La defensa do haber estado anteriormente expuesto por ol mismo delito, ha sido erróneamente considerada por las cortes sen-tenciadoras varias veces como una excepción previa o una excepción peren-toria a la acusación, debido a que la palabra "bar,” empleada en el artículo 169 del Código de Enjuiciamiento Criminal texto inglés, ha sido erróneamente traducida al español por “excepción perentoria” siendo la verdadera tra-ducción "obstáculo” o "impedimento,” de modo que la parte pertinente del artículo 169 en español del Código de Enjuiciamiento Criminal debería decir "tal convicción, absolución o peligro constituirá impedimento a una nueva acusación” o "impedirá la presentación de nueva acusación.”
    Id. — Defensa de I-Iaber Estado Expuesto Anteriormente por el Mismo De-lito — Consideración por el .‘Jurado. — Habiendo el acusado en el caso de autos alegado a su debido tiempo' y en ‘debida Corma la defensa de haber estado expuesto anteriormente por el mismo delito, era el deber de la corte sentenciadora someter dicha defensa a la consideración del jurado para que la tuviera en cuenta al dar su veredicto.
    3d.. — Acometimiento y Agresión — Acometimiento con Intención de Cometer Homicidio. — Cuando, como en el caso de autos, un acusado es absuelto por una corte municipal del delito de acometimiento y agresión, dicha sentencia absolutoria impide el que el mismo acusado pueda ser declarado culpable por un jurado ante una corte do distrito del delito de acometimiento y agresión <con circunstancias agravantes, en virtud de nueva acusación por el delito de acometimiento con intención de cometer homicidio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

    Ahogado del Pneblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso se inició en la Sección Segunda de la Corte de Distrito de San Juan, donde fné presentada una acusación el día 13 de octubre del pasado año, imputando a Martín Peña, que es el acusado en esta causa, la comisión de un delito de acometimiento con intención de cometer homicidio. Se alega en dicha acusación que hacia el día 2 de enero de 1911 el acusado, dentro de la jurisdicción de dicha corte, ilegal, voluntaria y maliciosamente acometió a José Berdejo con intención de matarle, cansándole seis heridas en sn cuerpo con un cuchillo.

31 juicio de esta causa se celebró ante un jurado el día '22 de enero último, emitiendo dicho jurado un veredicto de culpabilidad por el delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes. De conformidad con este vere-dicto el acusado fué declarado culpable de dicho delito y condenado en 23 de dicho mes a sufrir un año de cárcel y al pago de las costas.

A su debido tiempo interpuso-recurso de apelación para ante esta corte y aparece en los autos una exposición del caso que comprende la prueba que fué presentada durante el juicio. El apelante no presentó brief alguno pero estuvo representado por abogado durante la vista de esta apelación. Esta práctica de asistir a la vista el abogado sin presentar un alegato no se recomienda. El Fiscal presenta un informe escrito sobre el caso en el que está conforme con que la sen-tencia se revoque y desestime la acusación por virtud de la alegación de haber estado expuesto el acusado anteriormente por el mismo delito.

Aparece de los autos que al darse lectura de la acusación a dicho acusado en 6 de noviembre de 1911, éste hizo solamente la alegación de no culpable, pero en la exposición del caso consta que durante el juicio después de haber sido jura-mentado el jurado y leída la acusación, formuló el acusado otra alegación — lo que tenía derecho a hacer entonces con el permiso de la corte que la admitió — que “había sido anterior-mente absuelto del delito que se le imputó en la acusación en un juicio que tuvo lugar ante la Corte Municipal de San Juan, y por consiguiente había estado ya una vez expuesto por el mismo delito, que es el mismo que se determina en la acusación que ha sido presentada contra él,” y en apoyo de esta alegación ofreció y fué admitida por la corte, una copia certificada de la sentencia absolutoria dictada por la Corte Municipal de San Juan en un caso de acometimiento y agre-sión contra José Berdejo y Martín Peña, permitiéndosele al Fiscal que también presentara como prueba una copia cer-tificada de 1a, denuncia presentada en el mismo caso.

Después que dicha alegación fué debidamente discutida y considerada, la corte sentenciadora desestimó la referida, moción según había sido presentada. Parece que la alega-ción presentada, debido a haber estado el acusado anterior-mente expuesto por el mismo delito, fué erróneamente-considerada como una excepción previa o por una excepción perentoria como suele llamarse generalmente. Besulta. además, que las cortes sentenciadoras incurren al parecer en tal error con más o menos frecuencia, debido a la mala tra-ducción del artículo 169 del Código de Enjuiciamiento-Criminal.

El estatuto en inglés, que es el original, se expresa corno-sigue :

“When the defendant is, convicted or acquitted, or has teen once \placed in jeopardy upon an information, the conviction, acquittalr or jeopardy is a tar to another information for the offense charged in the former, or for an attempt to commit the same, or for an offense necessarily included therein, of which he might have teen convicted under that information.”

La traducción en español es como sigue:

“Si el acusado hubiere sido convicto o absuelto de una acusación,, o estado en peligro alguna vez por la misma, tal convicción, absolu-ción o peligro constituirá excepción perentoria a la nueva acusación por el delito imputado en la anterior, o por tentativa de cometerlo, o por cualquier delito necesariamente comprendido en la misma de que hubiera podido ser convicto en virtud de dicha acusación anterior.’

Comparando ambos estatutos se verá que la palabra “bar” ha sido traducida por “excepción perentoria” en la versión española. La palabra “bar” no significa “excepción peren-toria” sino “obstáculo” o “impedimento.” El texto español debe leer como sigue: “tal convicción, absolución o peligro constituirá impedimento a una nueva acusación” o “impe-dirá la presentación de nueva acusación.”

Habiendo el acusado presentado en la corte inferior su alegación de haber estado expuesto anteriormente por el mismo delito a su debido tiempo y en forma adecuada, era el deber de dicha corte someter la cuestión a la consideración del jurado para que fuera tomada en consideración en su veredicto.

Se probó por la evidencia que fué presentada en el juicio a. presencia del jurado, que el apelante había sido absuelto del mismo delito en el caso anterior por la Corte Municipal de San Juan, de cuyo delito fué declarado culpable en la corte de distrito en una denuncia que contra él se presentó por el delito de acometimiento y agresión. Desde luego, que su alegación de haber estado expuesto anteriormente por el mismo delito y la prueba de su -absolución, impedía que se dictara contra él una sentencia condenatoria por el delito de acometimiento y agresión como se dictó en el presente casó.

Ha quedado bien establecido por la uniforme corriente de autoridades que cuando se imputa a una persona un delito-que comprende otro de grado menor, y se celebra un juicio en debida forma y declara culpable a dicha persona solamente de la comisión del delito de grado, menor, el veredicto viene a hacer las veces de una absolución por el delito imputado y no puede el acusado ser nuevamente juzgado por ese delito-aun en el caso de que se conceda un nuevo juicio mediante solicitud del referido acusado; y examinando nuestros propios estatutos encontramos que el delito de acometimiento con arma mortífera está necesariamente comprendido en el de acometimiento con intención de cometer homicidio, y en una. denuncia o acusación en que se impute la comisión del delito mayor con arma mortífera puede declararse culpable al acusado del delito menor. (People v. Gordon, 99 Cal., 228) Por consiguiente, desde luego que el delito de acometimientoy agresión con circunstancias agravantes del cual fué de-clarado culpable el acusado, estaba debidamente comprendido en el delito de acometimiento con intención de cometer homi-cidio que se le imputó en la acusación, y pudo justamente declarársele culpable del delito menor, aun cuando no hu-biera formulado su alegación. Por tanto, habiendo sido el acusado absuelto anteriormente en la corte municipal por el mismo delito, no debió habérsele declarado culpable de dicho delito en la corte de distrito después que hizo su alegación ante la corte de haber sido ya expuesto por dicho delito.

Por las razones expresadas la sentencia dictada por la corte inferior debe revocarse y desestimarse la acusación.

jRevocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Aldeeí,

text:
    Avalo Sánchez v. Porrata et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    Moción para que se desestime la apelación.
    No. 881
    Resuelto en noviembre 20, 1912.
    Emotividad de Sentencia — Desestimación de Apelación — Prórroga de Tér-minos Judiciales.' — Los preceptos de la sección 13 de la ley de efectividad de sentencias de marzo 1, 1902 (see. 381 de los Estatutos Revisados), se refieren a los casos en que la parte que obtiene el aseguramiento de sentencia demora el pleito principal, poro no tienen aplicación a las prórrogas que se piden en un incidente del pleito principal, que para nada obstaculiza la marcha de dicho pleito.
    Id. — Desestimación de Apelación. — De acuerdo con la doctrina expuesta en el párrafo anterior no procede la desestimación de una apelación contra una orden dejando sin efecto el embargo decretado sin fianza en un pleito para asegurar la efectividad de la sentencia que pueda dictarse en el mismo, por el fundamento de que la parte apelante que obtuvo, el embargo para ase-gurar la efectividad de la sentencia, pidió y se le concedieron por este tribunal varias prórrogas para presentar la transcripción de autos y el alegato a los efectos de la apelación interpuesta.
    Desestimación de Apelación — Notificación de Mociones Pidiendo Prórro-gas — -Discreción del Tripunal Supremo. — La concesión do prórrogas des-cansa en la discreción "de este tribunal y por lo tanto es innecesario notificar las mociones solicitando prórrogas, ni oir respecto de ellas a la parte con-traria, no procediendo, por tanto, la desestimación de una apelación por el hecho de haber sido concedidas varias prórrogas a la parte apelante para la presentación de la transcripción de autos, sin haber sido notificada la parte contraria de dichas mociones de prórrogas.
    Id.- — Discreción del Tribunal Supremo — Notijtcatión de Mociones de Pró-rrogas de Más de Treinta Días. — Los preceptos de la regla 53 del Tribunal Supremo se refieren a las mociones en que se solicita una prórroga de mas de treinta días, pero no al caso, como el de autos, en que cada una de las prórrogas solicitadas no ha excedido de más de treinta días, y ann en el supuesto de que este tribunal hubiera concedido alguna prórroga sin que la parto hubiera cumplido con los requisitos de la regla 53, ese incumplimiento no produce necesariamente la desestimación de la apelación, porque es dis-crecional en esta corte el desestimar o no una apelación.
    Id. — Entrega de Copia de la Transcripción de Autos a la Parte Contraria — • Defecto Jurisdiccional. — La constancia de la entrega por el apelante de copia de la transcripción de autos a la parte contraria, no es parte esencial o integrante de dicha transcripción, sino una fórmula legal que no afecta a la jurisdicción de la Corte Suprema, cuya .omisión puede subsanarse en tiempo sin que se lastimen los derechos de las partes apeladas, y por lo tanto no debe desestimarse una apelación por el fundamento de no constar en la • transcripción de autos presentada en la secretaría de este tribunal la entrega de copia de la misma a la parte contraria, cuando con anterioridad al día señalado para la vista de la moción de desestimación, se ha subsanado esta omisión entregando dicha eopia a la piarte apelada.
    Id. — Entrega de Copia de la Transcripción de Autos a Cada uno de los Abo-gados de los Apelados. — Cuando, como en el caso de autos, tres do los apelados están representados por un abogado, y otros dos apelados por este mismo abogado y otro más, la entrega de una sola copia de la transcripción de autos al abogado que sólo representa a dos de los apelados, y al cual está asociado el abogado que representa a los cinco apelados, es suficiente cumpli-miento de la ley que exige la entrega de una eopia de la transcripción de ■ autos, sobre todo cuando no se ha demostrado que con tal procedimiento se ocasionara perjuicio a los apiolados.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la parte promovente: Sres. Horacio 8. Be-laval y José A. Poventud.

    Ahogado de la parte contraria: Sr. H. S. Scoville.

   El Juez Asociado Se. Aldeeí,

emitió la opinión del tribunal.

La presente apelación ha sido establecida contra nna orden del juez de la corte inferior qpe dejó sin efecto otra que bahía dado, concediendo aseguramiento de sentencia sin prestación de fianza.

pendiente la apelación en esta Corte Suprema, los deman-dados y apelados presentaron nna moción para que se deses-timara la apelación, fundándose:

Primero. En que al apelante se le concedieron diversas prórrogas para presentar en esta Corte Suprema la trans-cripción de los autos, y también después para radicar su alegato.

Segundo. En que de acuerdo con la sección 381 de los Estatutos Revisados de Puerto Rico, el aseguramiento de sentencia debe quedar sin efecto como consecuencia de esas prórrogas.

Tercero. En que las mismas fueron concedidas sin notifi-cación de los apelantes, excepto la última.

Cuarto. En que el apelante no ba cumplido con el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil tal como quedó enmendado por la ley de 9 de marzo de 1911, que exige el archivo de la transcripción del récord con la constancia de haberse entregado copia literal de la misma a los abogados de las partes apeladas.

El fin que ha perseguido la ley para asegurar la efec-tividad de las sentencias es garantir los derechos reclamados por el que obtiene el aseguramiento, mientras se resuelve definitivamente su reclamación, y como mientras dura el pleito subsisten por regia general las medidas tomadas para el aseguramiento, la ley, deseosa de que con ellas se causen las menores molestias, ha decretado que el aseguramiento quede sin efecto si se demora el pleito, salvo caso de fuerza mayor. Por consiguiente, la demora que se castiga con la pérdida del aseguramiento es la que dilata la resolución de la contienda entre las partes para hacer efectiva alguna obligación, pero no hay disposición alguna que imponga ese castigo al que demore alguna cuestión incidental que no obstaculiza la marcha del pleito.

En este caso la demora se alega haber ocurrido en el incidente apelado sobre si debe quedar subsistente la orden que dejó sin efecto el aseguramiento decretado anteriormente sin fianza.

No se lia alegado ni probado qne el apelante baya demo-rado la resolución de su pleito, sino de un incidente que no la obstaculiza, y por tanto no es aplicable el precepto con-signado en dicba sección 381.

En cnanto al fundamento de desestimación por las pró-rrogas concedidas sin notificación de los apelados, diremos •que descansando la concesión de prórrogas en la discreción .de la corte, no es necesario notificar ni oir respecto de ellas ,a las otras partes; y si bien la regla 53 de nuestro reglamento •determina que cuando se solicita una prórroga que demore •el asunto por más de 30 días, se denegará si la parte con-traria no ba sido notificada o no consiente en ella por escrito, .sin embargo, no era aplicable esa disposición en esta caso porque ninguna de ellas es superior a 30 días; de todos modos, el que se hubiera concedido alguna sin los requisitos de esa regla no produciría necesariamente la desestimación ■del .recurso, ya que es discrecional en esta corte' en tal caso iel decretarla o no. (Eeglas 58, 59 y 60 de las de esta Corte .Suprema.)

Con respecto al último motivo alegado para que se de-sestime la apelación, resulta de la transcripción que aunque .el pleito se sigue contra diez personas, sólo cinco de ellas .hicieron oposición al aseguramiento de sentencia que decretó .el juez, estando tres representadas por el Abogado Sr. Poventud y las otras dos por dicho abogado y además por .el Sr. H. S. Belaval. Revocada por el juez la orden recu-rrida e interpuesta apelación de esta última por el deman-dante, no consta de la transcripción del récord presentada .en la Secretaría de esta Corte Suprema que una copia de ella .fuera entregada a los abogados de las partes apeladas, pero .el día 'Señalado para discutirse la moción de desistimiento y .antes de que la vista de ella se celebrara, el apelante entregó .al Abogado Sr. Belaval la mencionada copia.

Ya hemos resuelto que la certificación de la entrega del récord a la parte apelada no es esencial e integrante del mismo récord, y que es una formalidad legal que no efecta a la jurisdicción de esta corte, cuya omisión puede subsanarse en tiempo en que no se lastimen los derechos de las partes apeladas.

García v. American R. R. Co. of Porto Rico, 17 D. P. R., 949; Sucesores de José Martínez v. Tomás Dávila & Co., 17 D. P. R., 1008; Hernández v. American R. R. Co. of Porto Rico, 17 D. P. R., 1225.

Es indudable que hubiera sido mejor práctica por parte del apelante entregar una copia de la transcripción a cada uno de los abogados de los apelados , pero como se ha demos-trado, que si bien el Abogado Poventud defiende separa-damente a tres de los apelados, está asociado en la defensa de los otros dos al abogado Sr. Belaval, puede concluirse que la entrega de una copia a este último es suficiente, tanto más cuanto que no se ha demostrado que con tal procedi-miento se ocasionara perjuicio alguno a los' apelados que representa el abogado Sr. Poventud.

Por las razones expuestas la moción de desestimación . debe declararse sin lugar.

Sin lugar la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLea'ry, Wolf y del Toro.