text:
    Rosario Cintrón Viuda de Capó, demandante y apelada, v. A. Hartman & Company, demandada y apelante.
    No. 5133.

    Sometido: Mayo 9, 1930.

    Resuelto: Marzo 10, 1932.

      Tous Soto & Zapater, abogados de la apelante; José A. Poventud, Alberto S. Poventud, F. Parra Capó y E. Capó, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal. •

Versa este recurso sobre la facnltad qne tienen las cor-tes para corregir sus propios fallos y sobre si la Corte de Distrito de Guayama hizo buen nso o no de su facnltad para corregir como corrigió la sentencia qne anteriormente dic-tara.

Parece conveniente decir qne la parte apelada solicita la desestimación del recurso por varios motivos que argumenta ampliamente' en su alegato. Quizá tenga razón, pero como según la opinión que del oaso liemos formado, debe confir-marse la resolución apelada, preferimos basar nuestra de-cisión en los méritos de la propia cuestión planteada en y resuelta por la corte de distrito.

En el año de 1918 doña Rosario Cintrón demandó ante la Corte de Distrito de G-uayama a la Sociedad A. Hartman & Co., sobre cumplimiento de contrato. En la demanda se describieron tres propiedades, una de 288 cuerdas (Hacienda Caimital), otra de 42 cuerdas y otra de 10 como pertene-cientes a la demandante, y otras tres propiedades de 246 cuerdas (Hacienda Olimpo), y 80 y 25 cuerdas, como perte-necientes a los demandados.

■ Esas mismas fincas se describen en el contrato, base del pleito, celebrado por escritura pública otorgada en 1917, y en el que se convino que colindando entre sí todas las dichas fincas y existiendo diferencias en cuanto a las colindancias, se debía proceder a la práctica de un deslinde y mensura, midiéndolas como un solo cuerpo y como fincas separadas, para cuya operación se designó de común acuerdo al perito don Celso Caballero. Si resultare algún sobrante, se repar-tiría proporcionalmente entre ambas partes.

Se alegó además en la demanda que la mensura conve-nida fué practicada con el siguiente resultado:

“DIFERENCIA DB CABIDA EN LAS FlNCAS DE LA DEMANDANTE”

“Registro de la Propiedad

“Mensura

“Finca No. 1 288 cuerdas 293.90 cuerdas

Finca No. 2 42 cuerdas 37. 46 cuerdas

Finca No. 3 10 cuerdas 12. 75 cuerdas

Caminos en las

Fincas 2.00 cuerdas

Total 340 cuerdas 346.11 cuerdas

“Dieeeencia de Cabida en las Fincas de la Demandada

“Registro de la Propiedad “Mensnra

“Finca letra ‘A’ 246 cnerdas 259 cnerdas

Finca letra ‘B’ 80 cnerdas 80 cnerdas

Finca letra ‘CP 25 cnerdas 23.96 cnerdas

Total 351 cnerdas 362.96 cnerdas’ ’

T alegándose por último qne la demandada contra lo convenido se negába a reconocer a la demandante como dneña de las tres fincas descritas y a distribuir el exceso, se pidió nna sentencia haciendo constar:

‘ ‘ 1. Qne la demandante es dueña. de las fincas descritas en la alegación 2* de la demanda, con la sola variación de que la descrita con el número uno consta sólo de doscientas ochenta y ocho cuerdas en vez de trescientas cuerdas.
“2. Que a la demandante pertenece en dominio en las diez y ocho cuerdas siete céntimos de exceso una parte en proporción a la cabida de sus fincas, y las de la demandada, y
“3. Que la demandada debe pagar a la demandante todas las costas, gastos y honorarios de los abogados de dicha demandante, que se causen en el presente litigio.”

Contestaron los demandados, aceptando unos hechos y negando otros y contrademandando además a los deman-dantes, pidiendo un fallo con los siguientes pronunciamien-tos :

“. . . declarando nulo y sin ningún valor ni efecto el contrato de deslinde objeto de este litigio, nulas y sin ningún valor ni efecto las inscripciones practicadas a nombre de la demandante en el Re-gistro de la Propiedad, respecto de la finca de cuarenta y dos cuer-das descritas bajo el No. 2 de la alegación 3* de la demanda, así como también respecto de las treinta y ocho cuerdas en que aparece au-mentada la cabida de la finca descrita bajo el No. 1 de la alegación 2» de la demanda, declarando que dichas cuarenta y dos cuerdas y dichas treinta y ocho cuerdas son de la exclusiva propiedad de la demandada, declarando por último, sin lugar la demanda de la ac-tora, condenándola, además, al pago de todas las costas, y gastos y honorarios de abogado de dicha demandada, ...”

Fue el pleito a juicio practicándose una larga prueba testifical y documental, presentándose planos varios e infor-mes periciales. Finalmente la corte de distrito lo decidió por sentencia que contiene los siguientes pronunciamientos:

“ (a) Que el contrato efectuado entre las partes es válido y debe cumplirse de acuerdo con el contenido del mismo;
“(b) Que las partes demandantes y demandada, son dueñas, res-pectivamente, de' las fincas que justifican sus títulos, teniendo las fincas de la demandante una cabida de trescientas cuarenta cuerdas, y las de la demandada una cabida de trescientas cincuenta y una cuerdas, que dan un total, según sus títulos, de seiscientas noventa y una cuerdas;
“ (c) Que practicada la mensura de las fincas, ésta arroja en su totalidad una cabida de setecientas nueve cuerdas con 7 c/.;
“ (d) Que de acuerdo con dicho contrato, debe condenar y con-dena a la demandada a repartir con la demandante el exceso de diez y ocho cuerdas con siete centavos, en partes proporcionales a la cabida de sus fincas, según sus títulos;
“ (e) Que no habiéndose justificado debidamente los hechos ale-gados en la contrademanda, la Corte la desestima, sin perjuicio de los derechos de la parte de alegar sus defensas en cualquier otra acción; y
“ (f) Condena a la demandada a pagar a la demandante las cos-tas y honorarios de abogado.”

La sentencia se basa en una larga opinión, uno de cuyos primeros párrafos dice, en parte, así:

“La demandante titula su acción como una de cumplimiento de contrato. Pero, si examinamos las alegaciones veremos que trata de obtener de la Corte un pronunciamiento sobre el dominio de las fincas en controversia y reclama la entrega de ciertos pedazos de te-rreno.”

Apelada la sentencia para ante este Tribunal Supremo, fue confirmada (33 D.P.R. 1070-1073). Uno de los Poe cuantos de la sentencia de esta Corte Suprema, dice:

“Bob cuanto celebrada la vista del recurso, oyéndose a los abo-gados de ambas partes, y examinados los autos y los alegatos, des-pués de una amplia discusión en el seno de la Corte, la mayoría opina que no se han cometido los diez primeros errores señalados, ya que la demanda es suficiente, no existe indebida acumulación de ac-ciones y la prueba demuestra que el convenio celebrado por las par-tes el 8 de septiembre de 1917 tendió a zanjar y zanjó dificultades que de antaño existían y en él intervinieron las partes con pleno co-nocimiento de los antecedentes y al hacerse la mensura en la forma acordada alcanzaron las tierras a cubrir todos los títulos sobrando aún algunas cuerdas, sin que pueda sostenerse de manera enfática y segura que la corte sentenciadora errara al dejar de concluir como pretende la apelante que los títulos de la demandante a la porción de cuarenta y dos cuerdas y a la mayor extensión de la Hacienda ‘CaimitaF son ineficaces por tratarse de las mismas ochenta cuer-das vendidas anteriormente por el causante de la demandante al causante de la demandada.”

No conforme la demandada, apeló para ante la Corte de Circuito de Boston, que confirmó el fallo de este tribunal (12 Fed. (2d.) 649-652). En su opinión la Corte de Cir-cuito dijo, en resumen, que las cortes de distrito de G-ua-yama y Suprema de Puerto Rico consideraron el procedi-miento como una acción “to try title”, siendo la cuestión re-suelta el título y derecho a las 42 y 38 cuerdas a favor de la demandante, y refiriéndose a cierta reserva señalada como error por la apelante al desestimarse por la corte de dis-trito su reconvención, expresó que parecía claro que ambos tribunales insulares juzgaron y determinaron el título a las ochenta cuerdas en favor de la demandante, habiéndose ba-sado el fallo en la validez de los títulos, siendo el funda-mento de la acción una cuestión de hecho sobre el título a dichas tierras de las que se encontraban entonces aparente-mente en posesión los apelantes.

No se conformó la parte demandada y apelante. Solicitó de la propia Corte de Circuito que reconsiderara su senten-cia basándose en que sus conclusiones habían ido más allá de las cuestiones envueltas en el litigio y resueltas por las cortes insulares, al decidir la relativa a los títulos de pro--piedad, y sugiriendo que el fallo que procedía era uno de-volviendo el pleito para determinar la contrademanda de la apelante o revocando la sentencia de esta Corte Suprema por no estar sostenida por las alegaciones, dejando libre a la demandante para promover un nuevo pleito sobre reivin-dicación, y la corte se negó a reconsiderar su sentencia.

Devuelto el caso a esta Corte Suprema, se remitió el mandato a la de Distrito de Guayama y fué entonces que se pidió la corrección que motiva este nuevo recurso de ape-lación. La corrección fué decretada en los siguientes tér-minos :

“(B). — Que por el Secretario de esta Corte se supla la omisión en la sentencia de este Tribunal, dictada en este caso en septiembre 27, 1921, al no describirse las tres fincas, con 340 cuerdas, que fueron reconocidas a doña Rosario Cintrón Sánchez, mediante inserción de la descripción de dichas tres fincas, en la referida sentencia tal como se describen dichas fincas en esta resolución debiendo el referido Se-cretario transcribir de nuevo dicha sentencia, rmno pro tune, en el libro corriente de Sentencias de esta Corte; y
“(C). — Que una vez corregida dicha sentencia de esta Corte de septiembre 27, 1921, se libre al Marshal de esta Corte auto poseso-rio u orden de ejecución para el cumplimiento de dicha sentencia, como la misma ha sido confirmada por las expresadas cortes supe-riores, debiendo ponerse en posesión a los promoventes de las 80 cuerdas, reconocidas a favor de su antecesora doña Rosario Cintrón Sánchez, o sea, de la parcela de 42 cuerdas y de la otra finca mayor de 288 cuerdas más o menos, llamada ‘Caimital’, y descritas ambas en esta resolución, después de segregarse de esta última las 248 cuerdas, más o menos, que fueron vendidas por doña Rosario Cin-trón Sánchez a Marcelo J. Oben, mediante escritura de 31 de diciembre de 1923, otorgada en Ponce, ante el Notario Francisco Parra Capó, y cuya segregación en dicha escritura se describe así:”

Bastaría a nuestro juicio la anterior exposición, para confirmar sin más razonamientos la resolución apelada, pero la parte apelante lia presentado un alegato señalando la co-misión de diez y siete errores y parece conveniente consig-nar — siquiera sea rápidamente — por qué consideramos que no se ban cometido.

Los ocho primeros pueden estudiarse conjuntamente. Por ellos se sostiene que la qorte erró al declarar que .hubo omi-sión en la sentencia y que por ésta se resolvió que las tres fincas pertenecían a la demandante; que se trataba de un error clerical; que las fincas no se describieron en la sen-tencia por inadvertencia; que la corte carecía de jurisdic-ción después de transcurridos siete años, y después de ape-lada y confirmada en apelación la sentencia; que erró al sostener que la sentencia declaraba con lugar la demanda sin limitación alguna, al estimar que la fraseología usual del mandato de la Corte de Circuito de Apelaciones la au-torizaba a corregir la supuesta omisión y al no estimar que de ser necesaria la descripción de las fincas, la omisión pro-ducía la nulidad de la sentencia o por lo menos hacía impo-sible su ejecución.

De acuerdo con el artículo 7, No. 8, del Código de En-juiciamiento Civil, toda corte tiene poder para inspeccionar y corregir sus providencias y órdenes con el fin de ajustar-las a la ley y a la justicia.

„ La jurisprudencia es abundantísima sobre el particular. En el caso de Marvin & Jones, Inc. v. Torres et al., 19 D.P.R. 48, citando varios casos de las cortes continentales, se decidió que: “Las cortes de Puerto Rico pueden enmendar sus sentencias y decretos en cualquier forma dentro del tér-mino en que fueron dictados, y después del término sólo cuando la solicitud se haga dentro del término y continúe tramitándose fuera de él, o cuando se trate de errores clericales. ’ ’

T esos errores clericales pueden corregirse aun después de confirmado el fallo en apelación. Fallon v. Britton, 84 Cal. 514; Lawton v. Rodrígues, 41 D.P.R. 447.

La descripción de las fincas que se ha incluido en la sen-tencia enmendada mmc pro twno consta de modo inequívoco no sólo en una sino en varias partes del récord. A las fincas se refirió la sentencia primitiva. La corrección hecha con-siste solamente en incluir en la sentencia una descripción completa de acuerdo con las constancias del récord. La omi-sión puede considerarse como un error clerical. Si el se-cretario Rubiera sido cuidadoso, Rubiera descrito en forma completa las fincas al registrar la sentencia basándose en la opinión emitida por el juez.

El caso de Rivera v. El Pueblo, 16 D.P.R. 769, no es aplicable. Allí no se pidió la subsanación del error. Aquí la parte apelante no invocó a su favor el error y la parte apelada en tiempo aun pidió su corrección y la obtuvo. Ne-gar la enmienda en este caso Rubiera sido en verdad rehu-sar ajustar la sentencia a la ley y a la justicia.

El tiempo transcurrido no importa. Durante todo él es-tuvo el caso en tramitación puesta la atención de las partes en cuestiones fundamentales. Además, encuéntranse casos en la jurisprudencia en que las enmiendas se Ran decretado habiendo transcurrido un tiempo más largo que en éste. Frink v. Frink, 43 N.H. 508, 80 Am. Dec. 189.

En los señalamientos 9, 10, 11 y 14 se sostiene que la corte erró porque carecía de jurisdicción para ordenar que se diera posesión a la demandante de las fincas de 43 y '38 cuerdas y para conceder a la demandante un remedio que no solicitó en su demanda, y porque en caso de que tuviera jurisdicción abusó de ella al actuar en la forma en que lo hizo.

Oreemos que la corte pudo enmendar también su senten-cia incluyendo en ella la orden de posesión.' Quizá no Ru-biera sido necesario, ya que el artículo 64 del Código de En-juiciamiento Civil expresamente dispone:

“Artículo 64. En un pleito promovido por una persona que no tuviere la posesión de una propiedad inmueble para resolver la opo-sición que en contrario se hiciere sobre el dominio u otro derecho que sostuviere sobre aquélla, la persona que tal oposición hiciere y las que se hallaren en posesión, podrán asociarse como demandados; y si el fallo fuese a favor del demandante, podrá éste obtener un mandamiento para la posesión de la finca contra el demandado ven-cido en el pleito.”

Pretender, que aquí no qnedó resnelto quién era el dueño de las fincas de acuerdo con los títulos que sirvieron de base al convenio y a la mensura, es cerrar los ojos a la evi-dencia. Mal o bien, justa o injustamente la cuestión fue de-finitivamente decidida por tres cortes y esa decisión no es académica. Se dictó para tener realidad en la práctica.

Insiste el apelante en el duodécimo error en que la or-den de la corte es errónea porque no describe el remanente de la finca Caimital. Parece conveniente transcribir la parte que sigue de la contestación que al error' da la apelada en su alegato:

“. . . la primera sentencia en este pleito principal, dictada por la Corte de Distrito de Guayama en septiembre 27, 1921, entre otros extremos, reconoció a la demandante Rosario Cintrón Sánchez' un área de 340 cuerdas, esto es, las 288 (Caimital), 42 y 10 cuerdas, (T. de A., anterior, pp. 51-68; Rec., C. C. A., pp. 31-42), únicas tres fincas que la demandante reclamaba y describía en su demanda (T. de A., anterior, pp. 2-3, 9 top) ; y asimismo se declaró que el agrimensor Caballero, nombrado por ambas partes en el pleito para levantar el plano y hacer las mensuras correspondientes, ’ encontró sobre el perímetro las seis (6) fincas de ambas partes y terreno su-ficiente para cubrir sus respectivas cabidas, resultando también un sobrante (T. de A., anterior, pp. 51-68; Rec., C. C. A., pp. 31-42).
“En apelación por A. Hartman & Co., las Honorables Corte Su-prema de Puerto Rico y de Circuito de Apelaciones, limitaron la contienda ‘a la porción de 42 cuerdas y a la mayor extensión (38 cuerdas) de la Hacienda Caimital,’ declarándose que las mismas, o sea un total de 80 cuerdas, pertenecían a la demandante Sra. Cintrón Sánchez (Cintrón v. Hartman & Co., 33 D.P.R. 1070-1072; Hartman & Co. v. Sánchez, 12 Fed. (2nd) 649, 652).
“En la opinión dictada por la Corte de Boston se identifican las fincas de la demandante por referencia a sus títulos, al plano de Caballero y a la demanda, pues dicha superior opinión, en parte, dice:
“ ‘. . . The record titles of the parties, as recited in. this contract, are in the plaintiff; No. 1, the Caimital Plantation of 300 acres, reduced by later agreement to 288 acres; No. 2, 42 acres; No. 3, 10 acres, a total of 340 acres . . . Caballero proceeded under this contract . . . The surveyor made the usual chart of survey . . . and apportioned the excess in a manner not now in dispute . . . Thereupon the plaintiff brought in the District Court of Guayama a suit . . . ; and in the complaint set up the proceedings just sketched, and prayed for a judg’ment to the effect, that the plaintiff was the owner of the 340 acres indicated in the record titles of parcels 1, 2 and 3 . . . ’ (T. de A. pp. 39, 40; A. Hartman & Co. v. Sánchez, 12 Fed. (2nd) 649-652.)
“Mayor identificación de las fincas de la demandante demostra-das por sus títulos, por el plano de Caballero y por Id demanda, no puede darse ni concebirse, pues una lectura de la opinión de dicha Corte Federal de Apelaciones no deja la más leve duda de que no hubo en Boston dificultad alguna en determinar e identificar las 340 cuerdas de la actora, integradas por sus tres propiedades des-critas en la demanda de 288, 42 y 10 cuerdas.
“Se concluye fácilmente que el Marshal, al dar posesión a los he-rederos de la demandante, de los terrenos adjudicados en favor de ésta, según se ordena en la resolución apelada, no habrá de encon-trar la más mínima dificultad de acuerdo con la descripción conte-nida en dicha resolución apelada.
“Según veremos por la jurisprudencia que se citará más ade-lante, el Márshal puede también, si lo encontrare necesario o con-veniente, acudir al plano de Caballero y obtener la ayuda de veci-nos y colindantes, lo cual, sin embargo, en vista de lo que antecede, nq habrá de necesitarse.
“Pendiente los recursos relacionados, entablados por A. Hartman y Compañía, la demandante Sra. Cintrón viuda de Capó ena-jenó la parcela de 10 cuerdas, y también de la finca Caimital de 288 cuerdas, segregó y vendió a Don Marcelo Oben 248 cuerdas que se describieron detalladamente por límites y colindancias (T. de A., pp. 48, 50, 53), quedando, por tanto, a la demandante Sra. Cin-trón viuda de Capó el remanente de dicha finca principal llamada Caimital, cuyo resto es precisamente la porción de 38 cuerdas, más o menos, reconocidas como pertenecientes a la actora en las varias sentencias referidas dictadas a su favor, y a cuya porción también se refiere el indicado plano de Caballero, que es parte de estos autos, al deslindar la parcela B-f 40.10.
“A propósito de esta segregación y venta de parte de la finca Caimital a Marcelo Oben, la apelante en su alegato, p. 110, reco-noce que también ofreció en evidencia la demanda y la contesta-ción en el caso de Luce & Co. v. Rosario Cintrón viuda de Capó, sobre injunction y otros extremos, y en dicha contestación se alegó que el expresado Oben actuó como trustee y para beneficio de Luce & Co., compradora pendent e-Ute de Hartman & Co., y que también se obligó a comprar el resto de dicha finca Caimital (38 cuerdas, más o menos), tan pronto la demandante obtuviese su posesión (T. de A., pp. 87, 53; Luce & Co. v. Cintrón, 38 D.P.R. 536, bot.)
“Y como ‘la realidad de las cosas debe prevalecer’ (Cabrera v. Aponte, 29 D.P.R. 944 bot.) y quedando a la demandante por re-cuperar únicamente los predios reconocidos en su favor de 42 y 38 cuerdas, total 80, alegó los hechos en su moción para subsanar la omisión sobre la descripción de las fincas en la sentencia, tal como existían, es decir, consignando lo referente a la venta de la finca de 10 cuerdas, y a la segregación y venta de las 248 cuerdas del Cai-mital (T. de A., pp. 1-5), por lo que en la resolución apelada se or-denó, de acuerdo con los pronunciamientos de las sentencias confir-matorias relacionadas, la restitución o entrega a la demandante de la finca de 42 cuerdas y de la finca Caimital de 288 cuerdas, des-pués de segregar de esta última las 248 cuerdas que fueron vendidas al Sr. Oben, según ya hemos visto (T. de A., pp. 42-34).
“La identificación, por tanto, del resto de la finca Caimital es perfecta, ya que, eliminando de la misma la porción segregada que se describe en la resolución inferior, el remanente de dicha finca Cai-mital, aun sin acudir al plano de Caballero ni a otros recursos que un Marshal puede siempre utilizar, podrá localizarse sin el menor obstáculo. ’ ’

Por el decimoquinto error se sostiene que al solicitar la enmienda la propia demandante, reabrió el pleito. Basta enunciarlo para concluir que no existe.

El señalamiento 13 es como sigue:

“La Corte erró al no estimar que la sentencia en cuestión no era ni es susceptible de enmienda por ser nula por haber sido dictada sin jurisdicción y mediante fraude extrínseco perpetrado en los pro-cedimientos para la obtención de la misma.”

Todas las cuestiones que suscita la apelante al discutir este error quedaron resueltas en el pleito. Se dió validez al convenio. Se partió de la base de los títulos. Se tomó en consideración la mensura. Se aceptó la realidad de la existencia de todas las fincas sobre el terreno, quedando aún una fracción por repartir. Si se aceptara la teoría de la apelante, jamás terminarían los litigios.

La discusión de los errores 16 y 17 nos obliga a ampliar la narración de hechos que hicimos al principio.

Los demandados Hartman & Co., pendiente el litigio, ano-tada la demanda en el registro, vendieron a Luce & Co. Es-tos entablaron en la Corte de Distrito de Cuayama un pleito de injunction iniciando de nuevo la contienda sobre el domi-nio de las tierras de que se trata. Se solicitó un manda-miento preliminar que fué negado. Se apeló a esta corte y la orden apelada quedó confirmada. Véase Luce & Co., S. en C. v. Cintrón, 38 D.P.R. 535.

Siendo ello así, la existencia de dicho pleito no pudo ni debió impedir los procedimientos en éste. En la opinión emi-tida por esta corte, se dijo:

“Hemos leído cuidadosamente la demanda y la contestación, he-mos examinado la prueba que está formada principalmente por los autos del pleito anterior resuelto por tres cortes y hemos analizado los hechos a la luz de las opiniones emitidas y de las sentencias dic-tadas y a virtud de todo ello entendemos que ejercitó bien su juicio la corte de distrito al negarse a expedir la orden de injunction pendente lite solicitada.
“Desde 1906 esta Corte Suprema, por medio de su Juez Aso-ciado Sr. Figueras, en el caso de Pereira v. Villafaña, 10 D.P.R. 11, 15, se expresó así:
“ ‘Los mandamientos de injunction no deben concederse sino con gran cautela y solamente en casos donde la razón y la necesidad son claros. La concesión precipitada e inconsiderada de mandamientos de injunction es peligrosa tanto para los intereses económicos del país, como para los derechos de las partes y los bien sentados pre-cedentes de los tribunales.’
“Aparentemente el caso que ahora levanta Luce & Co., S. en C., fué juzgado y decidido en el pleito seguido por la viuda de Capó contra A. Hartman & Co., y como Luce & Co., S. en C., adquirie-ron con conocimiento de dicho pleito según se desprende de sus pro-pias alegaciones, están obligados por el fallo dictado en el mismo.
“Las sentencias de los tribunales se pronuncian para cumplirse. Es cierto que en este nuevo pleito se alega el fraude, pero ello no es bastante para detener el curso de la justicia adjudicada. La prueba aportada y la hábil argumentación del letrado de la parte apelante pudieran ser bastantes para levantar dudas en la concien-eia del juzgador, pero no en el grado suficiente para resolverse a de-jar sin efecto aunque sea transitoriamente lo ya juzgado.”

Las siguientes citas de nuestra propia jurisprudencia que contiene el alegato de la parte apelada, son pertinentes :

“El comprador pendente-lite no es parte necesaria porque su vendedor continúa representando sus intereses, y está sujeto el com-prador a una orden de posesión si la misma es dictada en virtud de sentencias en el pleito. Se presume que una persona que posee des-pués de una acción que está anotada, deriva su título del deman-dado y debe desalojar el terreno si el' demandante obtiene senten-cia favorable.” Paniagua v. Corte de Distrito, 34 D.P.R. 677.
“Adquirida propiedad litigiosa por otro pendiente apelación contra la sentencia, queda obligado el comprador como si hubiese sido parte en el litigio.” Lawton v. Rivera, 38 D.P.R. 38, 47, 51.
“Anotada una demanda reclamando el dominio de una finca en el Registro de la Propiedad, aquellos que con posterioridad adquie-ren la finca no pueden alegar que desconocían la existencia del pleito y están obligados a estar y pasar por lo que resulte del pleito ... al adquirir conocía por el Registro la existencia de este pleito y aceptó el riesgo del mismo ... Si A establece una acción contra B para reivindicar una propiedad y presenta una notifica-ción de estar pendiente de resolución otra acción establecida anterior-mente, y durante la pendencia de la 'acción . . . C. compra a B la finca, y posteriormente se dicta sentencia contra B, dicba sentencia obliga a C y le impide entrar en el dominio de la propiedad cont prada ...” Jordán v. Gómez, 18 D.P.R. 151, 154, bot., 155 mid.; Oliver v. Serra, 34 D.P.R. 950 bot.
“El texto inglés del artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil no exige como condición para la anotación de la demanda o contestación en el Registro de la Propiedad, que el demandante y, en su caso, el demandado pidan se declare que lo que reclaman es suyo, sino que basta que la acción que se ejercita' afecte el título o al derecho de posesión de una propiedad inmueble ...” Manrique v. Registrador, 23 D.P.R. 864, 866; Alvarez v. Registrador, 24 D. P. R. 427.

En los actuales momentos la cuestión es aun más clara, porque el pleito de injunction a que acabamos de referirnos fue resuelto en su fondo por la corte de distrito también en contra de Luce & Co., S. en C. La sentencia fué apelada y quedó firme por haberse desestimado la apelación. Luce & Co., S. en C. v. Cintrón, 42 D.P.R. 610.

Los alegatos de ambas partes son amplísimos. El de la apelante tiene 122 páginas impresas y cien en maquinilla el de la apelada. No liemos podido seguirlos en todos sus detalles. Reducida a sus verdaderos límites, la cuestión en-vuelta es en verdad sencilla. La enmienda hace viable la ejecución de la sentencia de acuerdo con lo planteado y dis-cutido abiertamente por las partes en el litigio y con lo re-suelto de modo terminante por las cortes. La vaguedad que pudiera crear la reserva que contiene el pronunciamiento de la senteucia relativo a la reconvención, queda destruida por las palabras categóricas que la preceden, a saber: “ (e) Que no habiéndose justificado debidamente los hechos alegados en la contrademanda, la corte la desestima.” La reserva fué algo sin eficacia alguna, especialmente después de lo de-cidido por esta Corte Suprema y por la de Circuito de Ape-laciones.

Debe confirmarse la resolución apelada.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con la resolución.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolf,

license: Public Domain

text:
    Fernando J. Cortés, demandante y apelante, v. Adolfo Valdés, demandado y apelado.
    No. 5714.

    Sometido: Febrero 2, 1932.

      Resuelto: Marzo 10, 1932.

      A. Rivera, Zaya-s, abogado del apelante; F. Soto Oras, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión, del tribunal.

Se trata de una acción de daños y perjuicios toda vez que se' alegaba que Adolfo Yaldés, presidente de Cortés & Segura, Inc., ilegalmente destituyó al demandante de su cargo, así como otras cuestiones que surgían de esta supuesta actuación ilegal. Los sucesos principales ocurrieron en el año 1925 y el demandado alegó que la causa de acción había prescrito de conformidad con él artículo 1869 del Código Civil, que lee en parte como sigue:

‘ ‘ Prescriben por el transcurso de un año:
* # * * * *
“2. La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o-calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligen-cia de que se trata en el artículo 1803 desde que lo supo el agra-viado. ’ ’

El demandante, por otra parte, alegó lo que equivale a una interrupción de la prescripción. Ambas partes están contestes en que la interrupción de la prescripción vel non es la única cuestión envuelta en el presente recurso.

El apelante demuestra que Cortés & Segura, Inc., instó un procedimiento contra él para recobrar la posesión de cierta propiedad; que la corte inferior resolvió esta cuestión a favor de dicha corporación; que esta corte en apelación revocó la sentencia y dejó al aquí demandante en po-sesión de dicha propiedad o local. 40 ÍD.P.B. 547. El ape-lante sostiene qne no surgió claramente ninguna causa de acción en su favor hasta que su derecho fue determinado por la revocación de esta corte.

Convenimos con el apelado en que el fundamento de la acción era la destitución del demandante. Una causa de ac-ción surgió inmediatamente en su favor por cualesquiera daños que él pudiera haber sufrido por su destitución, ya fueran directamente calculables o por los daños a su repu-tación en la comunidad.

Esta corte sugirió en su opinión que si los bienes toma-dos del aquí demandante no podían serle restituidos, él quizá tendría una causa de acción por daños y perjuicios. Pero ■esta corte no estaba considerando el momento en que sur-.gió esta causa de acción. Si en 1925 se privó al demandante de la posesión de efectos o bienes sobre los cuales tenía el dominio o la custodia, él pudo haber radicado una contra-demanda o un pleito directo para recobrar tal posesión o custodia.

Nos parece claro que ésta es una acción sobre indemni-zación de daños y perjuicios que en forma alguna está in-terrumpida por la actuación del demandado, y la prescrip-ción del párrafo 2 del artículo 1869, supra, es aplicable.

Los casos de los Estados Unidos que comprenden impe-dimentos (estoppels) o actos que impiden litigios, no son aplicables.

Debe confirmarse la sentencia.


text:
    The United States Fire Insurance Company, peticionaria, v. La Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez, demandada.
    No. 765.

    Sometido: Mayo 4, 1931.

      Resuelto: Marzo 10, 1932.

      José Sabater, abogado de la peticionaria; Oscar Souffront, abogado de la demandante en el pleito principal en cobro de póliza.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La Mayagüez Drug Company obtuvo sentencia contra la IT. S. Fire Insurance Company. Después de dictada sen-tencia las partes celebraron una estipulación respecto al pago de la misma. La primera cláusula de dicha estipulación de-cía que la suma total que debía ser pagada por la U. S. Fire Insurance Co. sería la de $13,500. En la segunda cláu-sula las partes manifestaban que existían ciertos embargos contra la póliza otorgada a favor de la Mayagüez Drug Co. y que la U. S. Fire Insurance Company debía depositar en la corte a favor de Lanman & Kemp, de la ciudad de Nueva York, la suma de $1,588.34 y la de $943.39 a favor de Brewer & Co., a virtud de un embargo obtenido por los abogados Besosa & Besosa en San Juan; que de conformidad con este convenio la IT. S. Fire Insurance Company había librado a favor de la Mayagüez Drug' Company los siguientes che-ques: uno por $1,588.34 para cubrir el importe del embargo de Lanman & Kemp, el segundo por $943.39 para cubrir la cuantía del embargo de Brewer & Co., Inc., y un tercer che-que por $10,968.27 que era el remanente de la póliza a la disposición de la asegurada. En la tercera cláusula de dicha transacción (sic) la Mayagüez Drug Co. por mediación de sus abogados aceptó el recibo de su cheque por $10,968.27 y convino en que los otros dos cheques serían depositados en la corte para responder de las reclamaciones de los alu-didos dos acreedores, y que dichas reclamaciones deberían ser arregladas por dichos reclamantes o acreedores con la Mayagüez Drug Co. y que se eximiría a la compañía de se-guros de cualquier responsabilidad a virtud del depósito así efectuado.

Posteriormente la Mayagüez Drug Company acudió a la corte y alegó que el embargo obtenido por Lanman & Kemp, Inc.,-era írrito y nulo y solicitó de la corte que así lo de-clarara y que el cheque por la suma de $1,588.34 fuese en-tregado a la ameritada Mayagüez Drug Co. La corte así lo decretó.

La teoría de la Mayagüez Drug Company y la de la corte inferior aparentemente eran que no se podía embarga]1 el producido de una póliza mediante una orden de embargo (garnishment) librada en la ciudad de Nueva York. Sucedió que Lanman & Kemp en realidad obtuvo un embargo contra la U. S. Pire Insurance Co. en la City Court of New York y que la Mayagüez Drug Co. tenía conocimiento de ello. Estamos enteramente contestes con la corte inferior en que el embargo obtenido en la ciudad de Nueva York por sí solo no tuvo peso efectivo alguno en Puerto Rico, mas no es esa la cuestión envuelta en el presente caso.

La IT. S. Pire Insurance Company a virtud del embargo obtenido en la ciudad de Nueva York era responsable a Lan-man & Kemp, Inc., del importe del embargo. Parece qne se dictó una sentencia en el caso contra la U. S. Pire Insurance Co. por dicho importe. Por lo menos hubo una re-clamación o embargo contra la U. S. Pire Insurance Co. en Nueva York. Siendo ello así, la U. S. Fire Insurance Co. tenía derecho a retener en su poder la suma embargádale en Nueva York. Que estos hechos sean o no ciertos no tiene importancia en este caso, toda vez que ambas partes con-vinieron en que se dedujera la cantidad o en que se depo-sitara en la corte, y la estipulación exigía que la Maya-güez Drug Co. debía arreglar el asunto con Lanman & 'Kemp, Inc. La teoría de la estipulación era que la U. S. Fire Insurance (lo. quedaría relevada de toda responsabilidad. La estipulación o transacción era la ley del caso.

Se admite en el presente caso que la reclamación de Brewer & Co. fué embargada en San Juan y arreglada entre la Ma-yagüez Drug Co. y Brewer & Co. A excepción de que Lan-man & Kemp no practicó su embargo en San Juan, su caso no es distinto. A un deudor pueden embargársele bienes en cualquier jurisdicción en que se le halle, y en este caso 3io podría surgir duda alguna de que la TJ. S. Fire Insurance Co. era deudora de la suma de $13,500 y de que de ésta la de $1,588.34 fué embargada en Nueva York y por ella la com-pañía de seguros fué objeto de un litigio. Por tanto, no importa que Lanman & Kemp no obtuviera el embargo en Puerto Rico. Mediante una estipulación la Mayagüez Drug Company aceptó la reclamación de Lanman & Kemp y con-vino en arreglar el asunto con ésta.

Legalmente, desde luego, la U. S. Fire Insurance Co. es-taba obligada a pagar a Lanman & Kemp, pero el objeto de la estipulación celebrada por las partes fué que la Maya-güez Drug Co. exoneraría a la IT. S. Fire Insurance Co. de este deber o responsabilidad. El deber de la Mayagüez Drug Co. en el caso de Lanman & Kemp fué exactamente el mismo que en el caso de Brewer & Co. y ellos pueden va-lerse de los mismos medios o de medios similares o distintos para saldar la reclamación de Lanman & Kemp.

La resolución de la Corte de Distrito de Mayagüez de 20 de marzo de 1931 debe ser amolada.


text:
    Juan y Francisco Bianchi, Arsenio Martínez y su esposa Rosario Bianchi Rosara y Russell & Cía., Sucrs., S. en C., representada por John G. Albright, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 863.

    Sometido: Febrero 15, 1932.

      Resuelto: Marzo 10, 1932.

      A. Nazario Lugo, abogado de los recurrentes; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión, del tribunal.

Había un contrato de arrendamiento que fné inscrito en el registro de la propiedad. Posteriormente las partes en el arrendamiento convinieron en cambiar la cuantía de la renta que debía pagarse anualmente. Aparentemente, te-niendo algunas dudas respecto a si el pago de la renta no era de naturaleza personal más bien que real, consultaron al registrador. Después de esta consulta las partes presenta-ron en el registro de la propiedad un nuevo documento en que acordaban una deducción en el importe del canon anual. A este documento, denominado escritura de modificación y ratificación de contrato de arrendamiento, las partes acom-pañaron sellos de rentas internas por la suma de $22.50. En la teoría de que el documento presentado era un nuevo con-trato de arrendamiento, el registrador exigió a las partes que pagaran $336.50. El resolvió que bajo estas circuns-tancias el párrafo 4 del arancel no era aplicable y qne el párrafo 5 lo era. El registrador resolvió que la ley no abar-caba un caso de esta índole; que la ley que permitía que se efectuaran anotaciones cubría ciertas materias específicas y que una alteración en el canon de arrendamiento beaba en un documento o escritura, como en el presente caso, no es-taba comprendida por la Ley Hipotecaria o por el arancel. Resolvió en efecto que se trataba de un caso de expressio unius est exciusio álterius.

Creemos que el razonamiento del registrador no está errado. No obstante, agregaremos algunas consideraciones en apoyo de su decisión. Los artículos 1445 y 1446 del Código Civil definen el contrato de arrendamiento de la siguiente manera:

“Art. 1445. — El arrendamiento puede ser de cosas o de obras o servicios.
“Art. 1446. — En el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo de-terminado y precio cierto.”

Por consiguiente, uno de los elementos esenciales del con-trato de arrendamiento es el precio.' Cuando las partes lle-gan a un entendido y convienen en otro precio, surge posi-tivamente y en efecto un nuevo contrato de arrendamiento. Ninguno de los términos de un arrendamiento puede ser variado materialmente en su forma sin que ello constituya un nuevo convenio. En el presente caso, evidentemente las partes llegaron a un entendido y convinieron en un nuevo precio.

Los recurrentes arguyen que en realidad el pago del canon es cuestión estrictamente personal; que la verdadera cuestión de interés es la transferencia de la posesión de la finca y que el canon es un incidente. Ellos admiten, sin embargo, que la inscripción en el registro del tipo reducido de arrendamiento beneficia al arrendatario en caso de que la finca sea vendida, especialmente para excluir una recia-mación del adqnirente en el sentido de qne la renta era más alta. Sostienen en verdad que la inscripción se hace exclu-sivamente en interés del arrendatario. No podemos ver cómo alguna de estas consideraciones pueda afectar la conclusión de que una modificación substancial en la cuantía del canon de arrendamiento a pagarse constituye un nuevo arrenda-miento y que las partes no pueden insistir en una nota marginal, y es dudoso que estuvieran protegidas por tal nota marginal.

Debe confirmarse la nota del registrador.


text:
    Martín Almodóvar, demandante y apelado, v. Enrique Acosta Calderón, demandado y apelante.

      No. 5152.

    Sometido: Febrero 13, 1931.

      Resuelto: Marzo 11, 1932.

      Juan Valldejuli, abogado del apelante; Luis Tirado Qéigel, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso alega en síntesis que el deman-dado era en 31 de marzo de 1927 dueño de una guagua de-nominada “University Bus”; que en dicho 31 de marzo y como a las 7:15 a. m., en la Avenida Ponce de León, frente al edificio escuela José Julián Acosta, la referida guagua “University Bus”, conducida por Antonio Moreno Torres, chauffeur del demandado, en dirección de San Juan a Santurce, chocó violentamente contra la parte trasera de la guagua No. P-1890, atrapando con su parachoques la pierna izquierda de la Sra. Providencia Acevedo, esposa del demandante, quien en esos momentos bajaba de la guagua P-1890. La demanda también alegó que la guagua P-1890 babía per-manecido estacionada por varios minutos al lado derecho de la calle, frente a la escuela José Julián Acosta. La demanda además contenía ciertas alegaciones de negligencia.'

Cuando una guagua se halla estacionada en la carretera y otro vehículo choca con ella con algún impulso, esto presenta un caso prima facie de negligencia. Incumbe al demandado exculparse de la imputación de negligencia. De forma que la sentencia tendría que confirmarse a menos que el demandado demuestre que la corte cometió algún error.

El primer señalamiento de error-es que la corte en su opinión hizo figurar en forma alternativa la siguiente conclusión :

“ . • - la guagua denominada ‘University Bus’ ... al doblar la curva para tomar la carretera hacia Santurce, ... lo hizo en tal forma que, bien porque sufriera un resbalamiento sobre la carre-tera, o bien porque tomara la curva muy abierta, • el hecho fué que vino a dar contra la parte trasera de la guagua ‘La Deliciosa’ . .

Dado el hecho de que la guagua “University Bus” chocó con' la que permanecía estacionada, la forma alternativa es de todo punto impertinente. Sería meramente superfluo por parte de la corte tratar de explicar exactamente el curso se-guido por la guagua.

De igual suerte, nos inclinamos al criterio de que el juz-gador de los hechos, al igual que el jurado, puede llegar a una conclusión en forma alternativa. La negligencia quizá pudo haber ocurrido en alguna otra forma. Subsiste el he-cho principal de que hubo un caso prima facie de negligen-cia cuando una guagua chocó con la otra.

El segundo señalamiento de error es uno al que las partes han dedicado el mayor tiempo, a saber, que la corte se basó en la doctrina de res ipsa loquitur, cuando en verdad se imputaban actos específicos de negligencia, pero como resolvemos que se presentó un caso prima facie de negligencia, hallamos innecesario considerar la cuestión..

El tercer señalamiento de error ataca la suficiencia de la demanda por cnanto que, entre otras cosas, la demanda dejó de alegar que el demandante en ella mencionado fuera el esposo de la persona lesionada en el accidente. La demanda aducía en su primera alegación que el demandante estaba casado con la perjudicada. Empero, en el curso de la de-manda, al describirse el accidente, se menciona a la persona perjudicada como la esposa del demandante. Quizá estas alegaciones sean ambiguas y no excluyan la idea de que el demandante contrajo matrimonio después del accidente con la perjudicada. Sin embargo, como estas palabras son me-ramente ambiguas, ellas debieron ser atacadas mediante una excepción especial y no a virtud de una excepción general, especialmente en apelación. Además, la prueba reveló que el demandante estaba casado con la perjudicada en el mo-mento del accidente, y la demanda podría considerarse como enmendada para demostrar este hecho.

No hay duda de que la guagua ‘£ University Bus se ha-llaba bajo el dominio del demandado en el momento en que ocurrió el accidente. Existe una fuerte presunción al efecto de que esta guagua era conducida por uno de los empleados del demandado. Ramos de Anaya v. López, 36 D.P.R. 499; Sánchez v. Asiatic Petroleum Co., 40 D.P.R. 184. Estas consideraciones resuelven el cuarto señalamiento de error.

No hallamos negligencia contribuyente alguna por parte de la perjudicada o de cualquier otro agente del demandante. Frecuentemente cuando un vehículo está próximo a detenerse o a dar marcha y una persona se desmonta de espalda (que es más o menos la teoría en este caso), las cortes en los Estados Unidos han permitido que la cuestión de negligencia "contribuyente sea sometida al jurado. Asumiendo como cierta la prueba del demandado, la perjudicada se desmontó de espalda mientras el vehículo del cual ella descendía estaba enteramente estacionado. De suerte que la manera en que ella descendió no constituye negligencia en forma alguna. La causa próxima de la lesión fue que ella fué gol-peada por otro vehículo, y no la forma en que ella descen-dió. En modo alguno está una persona obligada, bajo esas circunstancias, a prever que otro vehículo pueda arrollarla. Además, hubo prueba tendente a demostrar que la perjudi-cada se desmontó de lado.

En un alegato suplementario el demandado discute la cuestión de negligencia y trata de demostrar más particularmente que el conductor de la guagua no fué en realidad negligente. El apelante sostiene que era un día lluvioso y resbaladizo, que otra guagua que venía por la carretera produjo el movimiento que dió lugar al accidente; que la guagua P-1890 estaba situada en un lugar donde no tenía derecho a estar, por la connivencia de un policía que era cuñado de la perjudicada, y más en el mismo sentido. La corte evidentemente no creyó esta prueba de falta de negligencia y no hallamos motivo alguno para ir en contra de la conclusión de la corte. No estamos del todo convencidos de que el chauffeur del demandado ’ actuara con la debida circunspección.

En relación con los hechos anteriores no se hizo señala-miento de error alguno y por tanto esta corte está justifi-cada en no considerar esta supuesta falta de negligencia.

El sexto señalamiento de error se refiere a la cuantía de los daños concedida, a saber: $3,500. Quizá sea esta suma elevada, dada la naturaleza de las lesiones, pero el supuesto exceso no sería lo suficientemente grande para que este tribunal interviniera con la discreción de la corte inferior.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Alejandro Lamour Rivera, demandante y apelante, v. Manuel Lopez Pérez, demandado y apelado. Alejandro Lamour Rivera, demandante y apelante, v. Manuel Pérez Pérez, demandado y apelado.
    Nos. 5958 y 5959.

    Sometidos: Marzo 7, 1932.

      Resueltos: Marzo 11, 1932.

      Diego O. Marrero y A. Lamour, abogado del apelante; Monserrat & Monserrat, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Las apelaciones en estos dos pleitos fueron interpuestas el 30 de jimio de 1931 y lian segnido el mismo cnrso. En ambas se ordenó al taquígrafo qne preparase la transcrip-ción de la evidencia habiéndosele concedido varias prórrogas para tal fin.

El apelado alega qne la prórroga de un mes qne el tribunal inferior concedió el 10 de septiembre para el taquígrafo a contar desde el 9 de septiembre, según dispone en su resolución, venció el 8 de octubre contando desde el 9 de septiembre, por lo que resulta nula la prórroga concedida después por haber sido solicitada el 9 de octubre, estando vencida la anterior y qne por eso deben ser desestimadas las apelaciones; pero en el caso de Lópes v. Sucn. Quiñones, 27 D.P.R. 859, 862, en el qne se concedió una prórroga a contar desde determinada fecha, resolvió este tribunal qne el término se contaba desde el día siguiente de acuerdo con el artículo 388 del Código Político, por lo que siguiendo esa doctrina el término concedido al apelante en estos casos vencía el 9 de octubre y no el día anterior como alegan los ape-lados y por tanto cuando el 9 de octubre se solicitó otra pró-rroga no estaba vencida la anterior y es improcedente la desestimación por el motivo alegado.

El otro motivo aducido para que desestimemos estas apelaciones es que no han sido proseguidas con la debida diligencia porque se ban retardado muchos meses por no haber consignado el apelante dinero para pagar al taquígrafo su trabajo.

Desde julio de 1931, hasta febrero, 1932, ha estado de-morado el curso de estas apelaciones porque el apelante no consignaba dinero para pagar los derechos del taquígrafo por la transcripción de la evidencia interesada por él. El l9 de febrero de este año todavía no habían sido pagados to-dos los derechos al taquígrafo. El día 7 del presente mes y año ya estaba presentada la transcripción de la evidencia en la corte inferior según admitieron las partes ese día ante nosotros al ser oídas las mociones de desestimación que re-solvemos.

La ley fija el término de veinte días para que el taquí-grafo haga la transcripción de sus notas para la apelación, término que puede ser prorrogado por la corte, la que con-cedió las que le fueron solicitadas y también concedió pró-rrogas para que el apelante pagase al taquígrafo sus dere-chos. Los autos revelan que estas apelaciones se han de-morado ocho meses porque el taquígrafo no hacía su tra-bajo hasta que se le pagasen los derechos que la ley le per-mite cobrar.

Un apelante que opta para su recurso por una transcrip-ción de la evidencia hecha por el taquígrafo sabe que tiene que pagar los derechos arancelarios del mismo. Eso es una consecuencia de la apelación que interpone, por lo que debe estar preparado para ese evento si quiere que su apelación continúe, pues no tiene derecho a que las sentencias favo-rables a los apelados queden en suspenso mientras él con-sigue dinero para satisfacer al taquígrafo sus derechos. Ocho meses de paralización por ese motivo de las apelacio-nes es nna demora qne justificaría la desestimación de la apelación, pero dadas las circunstancias de estos casos y en uso de nuestra facultad discrecional no las desestimaremos.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Agustín Fábregas y Henry Barreda, demandantes y apelantes, v. The Mayagüez Light, Power & Ice Company, demandada y apelada.
    No. 5302.

    Sometido: Febrero 5, 1931.

      Resuelto: Marzo 11, 1932.

      Oscar Souffront, abogado de los apelantes; J. Alemañy Sosa, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El huracán de San Felipe que azotó esta Isla el 13 de septiembre de 1928, derribó las dos chimeneas de la planta eléctrica de la Mayagüez Light, Power & Ice Oo. AI día si-guiente los dueños de la compañía encomendaron a Agustín Fábregas y Henry Barreda la dirección técnica de la res-tauración de dichas chimeneas, para ser ejecutada tan pronto como fuera posible. No se fijó precio en el primer momento. Algunos días después se convino en que la compañía pa-garía a Fábregas y Barreda por su trabajo de dirección $1,250. Comenzó el trabajo en seguida y a los diez y nueve días como surgieran protestas del público que se encontraba sin luz y los dueños de la compañía estimaran que el trabajo venía realizándose en verdad con demasiada lentitud pues aun no se había concluido de montar la más pequeña de las chimeneas, encomendaron su terminación a otra persona.

Fábregas y Barreda habían percibido ya la suma de $450, y no conformes con el proceder de la compañía, iniciaron contra ella esta acción sobre daños y perjuicios por incum-plimiento de contrato, reclamando la suma de $800 o sea el resto del precio total del trabajo que se comprometieron a realizar y que según ellos comenzaron bien y fielmente y así hubieran continuado hasta su terminación a no impedírselos la demandada.

Fué el pleito a juicio y la corte por el resultado de la prueba practicada por ambas partes, estimó que la compa-ñía estuvo justificada en su actuación, siendo suficiente la cantidad pagada a los, demandantes por la parte del trabajo que llegaron a realizar.

Los demandantes apelaron señalando en su alegato la comisión de varios errores que discuten con habilidad y am-plitud.

Hemos examinado cuidadosamente la prueba y a • nues-tro juicio no hay base bastante para concluir que no fuera apreciada rectamente por el tribunal sentenciador.

Se trataba de una compañía que proporcionaba el alum-brado a Mayagüez, San Hermán, Cabo Rojo, Lajas y Hor-migueros. El trabajo se contrató para verificarse en el tér-mino más breve que fuera posible. No hay duda alguna de que los demandantes eran competentes, pero salta a la vista —por las horas de trabajo de las nóminas y por el resultado obtenido después — que marchaban con una lentitud tal que justificaba las protestas del público que obligaron a actuar a la compañía que al parecer nada perdía con la dilación por estar sus pérdidas aseguradas.

Bajo esas circunstancias, era el deber de la compañía apresurar el trabajo. Quizá antes debió haber tomado la determinación. La rapidez en la ejecución era nn elemento esencial en el contrato.

El artículo 1077 del Código Civil de Puerto Pico, revi-sado y publicado según lo dispuesto en la Resolución Con-junta No. 18 de 1930, (1091 anterior), dispone en lo perti-nente :

“Artículo 1077. — La facultad de resolver las obligaciones se en-tiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
“El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste re-sultare imposible.”

El perjudicado optó por la resolución y se ha conside-rado. que lo que pagó fué suficiente. A este respecto dice la corte de distrito en su opinión, y su conclusión está jus-tificada a nuestro juicio por la prueba, lo que sigue:

“El contrato se refería al trabajo de montura de ambas chime-neas y conectar el cañón de la chimenea número dos a las calderas., número dos y tres y colocar los gorros y los vientos. Una chime-nea tiene noventa pies y la otra ciento veinticinco; o sea un total de doscientos quince pies. Los demandantes levantaron la primera, chimenea hasta una altura de cincuenta y siete pies y medio, o. sea-un 26.74% de ambas comprendidas en el contrato. El importe- del: ajuste por los demandantes fué de mil doscientos cincuenta dólares ($1,250.00), por todas las obras. A cuenta de ellos recibieron cua-trocientos cincuenta dólares ($450.00), o sea el 36% de la tota-lidad del ajuste, habiendo ejecutado solamente un 26.74% del tra-bajo, refiriéndose a la altura de las chimeneas. El otro trabajo fué la desarticulación de los paños de la otra chimenea; pero la direc-ción técnica de este trabajo no es de mayor importancia.”

Debe confirmarse la sentewia recurrida.


text:
    C. E. Murray, demandante y apelante, v. Tabacaleros de Bayamón, Inc., demandada y apelada; Leopoldo Santiago Carmona, interventor y apelado. Alonso Riera & Cía., Inc., demandante y apelante; v. Tabacaleros de Bayamón, Inc., demandada y apelada; Leopoldo Santiago Carmona, interventor y apelado.
    Nos. 5104 y 5105.

    Sometidos: Marzo 18, 1931.

      Resueltos: Marzo 11, 1932.

      Feliú & La Costa, abogados de los apelantes; M. Igarmídez, abogado de los apelados, Tabacaleros de Bayamón, Inc.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Iniciáronse estos pleitos por demandas presentadas por Alonso Riera & Go., Inc., y C. E. Murray contra Tabaca-leros de Bayamón, Inc., en cobro de dinero. En ellos in-tervino Leopoldo Santiago Carmona,- almacenista público. La prueba fué la misma para ambos y todas las cuestiones envueltas se consideraron por la corte de distrito en una sola opinión. La vista de las apelaciones se celebró con-juntamente y de igual modo las estudiaremos y resolvere-mos.

Para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse a favor de los demandantes, se decretó el embargo de bienes de la demandada Tabacaleros de Bayamón, Inc., y cumpliendo la orden de la corte el márslial embargó como de la propiedad de.la dicha demandada treinta y nueve ba-rriles de tabaco despalillado, todos marcados y numerados, conteniendo cuarenta y seis quintales y ochenta libras, valo-rados en $3,276, en el caso de Alonso Riera & Co., Inc., y treinta y un barriles de tabaco despalillado, todos también marcados y numerados, conteniendo treinta y siete quinta-les veinte libras, valorados en $2,604, en el caso de Murray.

A virtud de ese embargo surgió la intervención, que fue en verdad la que suscitó las cuestiones únicas que hemos de resolver en los recursos. La demandada apelada fue con-denada al pago de las sumas reclamadas con una pequeña reducción en uno de los casos, y no apeló, pero el embargo decretado y practicado a instancias de los demandantes fué anulado al resolverse definitivamente la demanda del inter-ventor y los dichos demandantes apelaron para ante este tribunal.

Nueve errores señalan en su alegato, común a ambos re-cursos: dos relativos- a la intervención, cuatro con motivo de la práctica de las pruebas, dos sobre el peso de la evi-dencia, y el general de haberse cometido grave error al dic-tarse la sentencia.

Examinemos los dos primeros. Se sostiene por ellos que Santiago Carmona no tenía derecho a intervenir en los pleitos y que las demandas que se le permitió presentar no aducían hechos suficientes para determinar causas de acción.

El interventor alegó que era un almacenista público bajo la Ley No. 36 de 1925, con. sus almacenes abiertos en el mu-nicipio de Bayamón; que de acuerdo con la ley recibió ta-baco de la cosecha de 1926 a 1927 de varios depositantes, sin que ninguno de ellos fuera la demandada Tabacaleros de Bayamón, Inc., y les expidió los recibos correspondientes, quedando así obligado a la entrega inmediata del tabaco a la presentación de dichos recibos que son documentos trans-misibles por endoso, habiendo prestado una fianza de veinte mil dólares contra la cual podrían dirigirse según lo dis-puesto en la ley aquellos a quienes ocasionare perjuicios en el ejercicio de su función de almacenista público; que así las cosas, en estos dos pleitos, el marshal de la Corte de Dis-trito de San Juan procedió a embargar y embargó como de la propiedad de la demandada sin serlo el tabaco a que al .principio de esta opinión nos referimos, incautándose .de él y trasladándolo fuera del almacén público, imposibilitando así al almacenista interventor de cumplir con su deber de entrega a los depositantes o a los tenedores de los recibos de depósito y exponiéndolo a pagar los daños y perjuicios consiguientes. Alegó además que según su información y creencia los recibos que expidiera fueron entregados en prenda al Federal Intermediate Credit Bank of Baltimore.

Las demandas de intervención son más extensas y deta-lladas, pero el resumen que de ellas dejamos hecho basta para concluir que la corte de distrito no erró al permitir que se radicaran en los pleitos en que se había decretado y practicado el embargo y al resolver luego que aducían he-chos suficientes para decretar lo que en ellas se solicitaba, a saber: la nulidad del embargo y la restitución al almacén público del interventor del tabaco embargado.

Toda la larga discusión que contiene el alegato de los apelantes sobre la interpretación que debe darse al artículo 72 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, a la existen-cia en nuestro sistema procesal de los pleitos de tercería y a los casos de Mari v. Mari, 26 D.P.R. 665 y Lessesne v. Porto Rico Drug, 39 D.P.R. 942, resulta innecesaria después de lo resuelto por esta Corte Suprema en el caso de Casanova v. Carballeira, Juez, 41 D.P.R. 850. En él se dijo:

"El artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone lo que sigue:
" ‘Cualquiera persona antes de la celebración del juicio podrá intervenir en una acción o procedimiento, si tuviere interés én el asunto en litigio, en el éxito de cualquiera de las partes,, o algún derecho en contra de ambas. Esta intervención tiene lugar cuando a un. tercero se le permita ser parte en la acción o procedimiento seguido entre otras personas, ya asociándose al demandante para reclamar lo que se pretenda en la demanda, o ya uniéndose al de-mandado para oponerse a las pretensiones del demandante, o pi-diendo algo en sentido adverso a las reclamaciones de demandante y demandado, cuya intervención se efectúa por medio de demanda, exponiendo en ella los motivos en que se funde, presentada con permiso de la corte, y notificada a las partes que no hubieren com-parecido y a los abogados de las comparecidas, quienes podrán con-testar o alegar una excepción a ella, como si fuese una demanda ordinaria. ’
“En Mari v. Mari, 26 D.P.R. 665, la contención fué que un acree-dor que tenía un gravamen sobre los bienes embargados no tenía derecho, a intervenir. El recurso de intervención, como remedio del derecho civil, se trazó de Louisiana hasta California, y de este estado fué indirectamente adoptado nuestro estatuto. Este tribunal aceptó la doctrina sentada en 2 R.C.L. 882, de que no sólo existe ese remedio para determinar el dominio de bienes embargados, sino también en favor del que tenga un derecho sobre los mismos. Ci-tamos numerosas autoridades en el mismo sentido, entre ellas, Pot-latch v. Runkel, 16 Idaho 192, anotado en 23 L.R.A. (N.S.) 536; el caso de Dennis v. Kolm, 131 Cal. 72, es igualmente aplicable.
“Aunque ninguna de las dos cortes inferiores han descansado en ellos, existen dicta en el caso de Lessesne v. Porto Rico Drug, 39 D.P.R. 942, que aparentemente podrían sostener la conclusión a que ellas llegaron en este caso. Sin embargo, la cuestión esencial allí envuelta, según revelan los hechos y las citas, fué que un acreedor no garantizado no tenía derecho a intervenir para recuperar bie-nes embargados. Nos adherimos a la posición adoptada en Mari v. Mari, supra. Véase además Pabón v. Solivellas, 26 D.P.R. 234. En Potlatch v. Runkel, supra, se resolvió que el hecho de que el supuesto interventor tuviera algún otro remedio adecuado para la protección de su derecho no era óbice para su derecho de interven-ción. Aceptamos ese principio a menos que haya en la Ley de 1907 algo que demuestre la intención total o parcial de derogar el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil. Las derogaciones tácitas no son favorecidas. La Ley de 1907, sección 5260 de la Compilación, a este respecto dispone:
“ ‘Que siempre que un márshal u otro agente judicial, proce-diere a cumplimentar una orden de ejecución, embargo, o cualquiera otra orden contra alguna propiedad mueble, y dicha propiedad, o cualquiera parte de ella, fuere reclamada por un tercero, éste o su mandatario o abogado, podrá prestar juramento por escrito ante cualquier funcionario autorizado para ton^ar juramentos, haciendo constar que dicha reclamación se hace de buena fe, y presentarlo al agente encargado de cumplimentar la orden de ejecución o embargo.’
“Nada hallamos ahí que expresa o aun indirectamente cause la derogación del artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil. Los dos remedios pueden subsistir juntos.”

El interés del interventor es evidente. La sección 16 de la Ley No. 36 de 1925, o sea de la Ley de Almacenes de Puerto Rico, Leyes de 1925, p. 221, dice:

“Sección 16. — Recibos.—Por todos los productos agrícolas depo-sitados con destino al comercio insular, interestadual o extranjero, el almacenista extenderá recibos originales; pero no se extenderá recibo alguno que no sea por productos agrícolas real y efectiva-mente depositados en el almacén a la hora de extender dicho recibo.”

Y los artículos pertinentes de la Ley No. 9 de 1918 (p. 23) para hacer uniforme la ley de resguardos de almacenes de depósito, que deberá interpretarse “de modo que efectúe su propósito general de uniformar la ley de aquellos estados y territorios que la aprobaren” (art. 57), disponen:

“Artículo 1. — Cualquier depositario podrá expedir resguardos de almacenes de depósito.
“Artículo 5. — El resguardo en el cual constare que las merca-derías recibidas serán entregadas al portador, o a la orden de cual-quier persona mencionada en dicho resguardo, es un resguardo ne-gociable.
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“Artículo 37. — Podrá negociarse un resguardo negociable me-diante entrega:
“(a) Cuando, por las condiciones del resguardo, el depositario se obliga a entregar la mercancía al portador, o
“ (b) Cuando, por las condiciones del resguardo, el depositario se obliga a entregar la mercancía a la orden de .una persona espe-cificada, ....
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“Artículo 38. — Un resguardo negociable podrá ser negociado por ¿ndoso de la persona a cuya orden, por las condiciones del res-guardo, puede entregarse la mercancía. Ese endoso podrá ser en blanco, al portador o a una persona especificada ....
“Artículo 41. — La persona a quien un resguardo negociable hu-biere sido debidamente negociado, adquiere en su virtud:
“(a) El derecho a la mercancía que la persona que le negocia el resguardo tenía o estaba facultada para traspasar a un compra-dor de buena fe, por valor; . . .
“ (b) La obligación directa del depositario de retener la pose-sión de la mercancía . . . como si el depositario hubiere contra-tado directamente con ella.”

La sección 20 de la Ley No. 36 de 1925 (p. 221), prescribe además:

“Sección 20. — Entrega de productos almacenados. — No existiendo excusa legal, y a solicitud del tenedor de un recibo de productos agrícolas, o del depositante de los mismos, los almacenistas autori-zados por esta Ley harán entrega,, sin demora innecesaria, de los productos agrícolas que tengan almacenados, siempre que dicha so-licitud vaya acompañada (a) de una oferta de satisfacer cualquier reclamación del almacenista; (b) de una oferta de entregar el re-cibo si fuera negociable, con todos los endosos necesarios para ne-gociarlo; y (c) de la disposición de firmar, al ser entregados los productos,, un libramiento declarando que han sido entregados, siem-pre que el almacenista exija esa firma.”

Y el artículo 8 de la Ley No. 9 de 1918:

“Artículo 8. — El depositario, a falta de alguna excusa legal establecida por esta Ley, estará obligado a entregar la mercancía cuando se lo exigiere el tenedor del resguardo correspondiente a la-misma o el depositante, siempre que tal requerimiento viniera acom-pañado de:
“ (a) La oferta de satisfacer el gravamen del depositario.
“ (b) La oferta de entregar el resguardo, si fuere negociable, con los endosos necesarios para la negociación del mismo; y
“ (c) La disposición y voluntad de firmar un recibo a la en-' trega de la mercancía, si exigiere dicha firma el depositario.
“Caso que el depositario rehusare o dejare de entregar la mer-cancía en cumplimiento de la demanda que hiciera el tenedor o de-positante, acomjpañada como queda dicho, el peso de establecer la existencia de una razón legal para la negativa recaerá sobre el de-positario. ’ ’

Y que el embargo no procedía, lo demuestra lo dispuesto en el artículo 25 de la repetida Ley uniforme de resguardos de almacenes de depósito, No. 9 de 1918, que dis-pone :

“Artículo 25. — Si la mercancía se entregare a un depositario por el dueño o por una persona cuyo acto al bacer el traspaso de la propiedad a un comprador de buena fe, y por valor, obligaría al dueño, y se expidiere un resguardo negociable por dicha mer-cancía, no podrá ésta subsiguientemente,, mientras estuviera en po-sesión del depositario, ser embargada en tercería o de otro modo, o mediante orden de ejecución, a menos que primeramente se en-tregue el resguardo al depositario, o que se haya prohibido judi-cialmente la negociación del mismo. En ningún caso se obligará al depositario a hacer entrega de la posesión real de la mercancía hasta que se le haya entregado el resguardo o haya sido ocupado por la corte. ’ ’

La jurisprudencia interpretativa de leyes similares a la nuestra, se lia manifestado como sigue:

“Antes de aprobarse la ley uniforme relativa a almacenes, se estableció que un almacenista, actuando de buena fe, podía entre-gar los bienes almacenados en cumplimiento de una orden judicial •y que al requerírsele los bienes por el depositario o su cesionario, el almacenista podía justificarse con el procedimiento judicial. Pero al deshacerse de bienes de acuerdo con la ley, debe ejercer el mismo cuidado y prudencia que ejercería un hombre prudente cuando se trata del embargo de sús propios bienes, y notificar a todos los in-teresados del secuestro de la propiedad . . De acuerdo con la ley uniforme sobre recibos de almacenaje, si se ha otorgado un recibo negociable por la mercancía, ésta no está sujeta a ejecución o embargo mientras estuviere en poder del almacenista, a menos que se entregue el recibo o se prohiba, mediante injunction, el traspaso del mismo; y no puede obligarse al almacenista que se deshaga de la posesión material de los bienes hasta que se le entregue el recibo o se deposite en la corte. De conformidad con esa ley si el alma-cenista entrega los bienes en cumplimiento de una orden de embargo sin exigir la entrega del recibo, quizá pueda hacérsele responsable de los mismos por la apropiación ilícita de ellos.” 27 E.C.L. 985, 986.

Como muy bien dice el ilustrado juez sentenciador en su relación del caso y opinión:

“De los recibos ele almacenes ele depósito se hace uso casi ex-clusivo para garantizar negociaciones ele préstamo ó de prenda con garantía de dichos recibos, y éstos, por sí solos, constituyen un sím-bolo de dicha propiedad, cuya integridad debe sostenerse y man-tenerse en todo momento para beneficio de las terceras personas que hubieren contratado con vista de dichos recibos y que fueren po-seedoras de los mismos.”

Tampoco se cometieron los errores relativos a la prác-tica de la prueba. Se sostiene por ellos que erró la corte de distrito al admitir una certificación del Comisionado de Agricultura y Trabajo, .otra del Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, los recibos de depósito y la declaración de Noah Slieppard sobre el hecho de encontrarse los recibos en poder del Intermediate Credit Bank of Baltimore.

Si la única prueba de que el interventor era un almace-nista público, y de que Tabacaleros de Bayamón, Inc., era una corporación de esta Isla, hubiera sido las expresadas certificaciones del Comisionado de Agricultura y del Secre-tario Ejecutivo, quizá tendrían razón los apelantes por la forma en que dichos documentos se encontraban redactados, pero uno y otro hecho aparecen admitidos no ya implícita sino expresamente en los autos por la propia parte que le-vanta los errores que, en tal virtud, de haberse cometido, resultarían inofensivos.

Los recibos de depósito, expedidos de acuerdo con la ley, eran perfectamente admisibles, y Sheppard, empleado del banco, estaba enteramente capacitado para declarar en la forma en que lo hizo. El alegato de la parte apelada es completo en la contestación que da a los argumentos de los apelantes en relación con estos errores, y detenernos en su examen por escrito sería extender innecesariamente la opi-nión.

Hemos examinado los hechos declarados probados por la corte sentenciadora y están a nuestro juicio sostenidos por la prueba. A la mayor parte de ellos nos hemos referido anteriormente al hacer el resumen de las demandas de in-tervención. Sólo transcribiremos los que siguen para que el caso surja completo de la opinión. Dicen:

“Se ha probado también, que el tabaco en rama depositado pol-las personas a cuyo nombre están expedidos los 110 recibos men-cionados, había sido despalillado bajo la dirección del testigo Francisco Miranda y era el mismo tabaco que se encontraba en los ba-rriles que fueron embargados por el Marshal Sr. Urrutia.
“También se ha probado que, al embargarse los referidos barri-les de tabaco despalillado en el almacén de depósito, no se entre-garon por el Marshal, ni fueron presentados para su cancelación, los recibos originales de depósito que se habían expedido por el al-macenista público (Exhibits 1 al 110 del demandante). El Marshal declaró ‘que no vió ninguno de esos recibos’.
“No se ha probado que se hubiera prohibido judicialmente la negociación de dichos recibos, ni que los mismos hubieran sido ocu-pados por la Corte en ningún momento.
“Se ha probado,, además, que Francisco Miranda (encargado del almacén público del interventor), se opuso al embargo, y, a pesar de su oposición, el Márshal lo llevó a cabo.”

No erró, pues, la corte al apreciar la prueba. Y como consecuencia general de todo lo expuesto, se concluye que tampoco erró al dictar las sentencias apeladas que deten confirmarse.

El Juez Asociado Señor Aldrey está conforme con la sentencia.


text:
    Antonia Fernández González, sustituida en apelación por sus herederos Víctor, Ramona y Felícita González Fernández, demandante y apelada, v. Luis Abella Blanco, Samuel R. Quiñones, Severiano López y Juan A. Nistal, sustituídos por Cosme López & Co., demandados y apelantes.
    No. 5663.

    Sometido: Marzo 14, 1932.

      Resuelto: Marzo 16, 1932.

      A. Quirós, abogado de los apelantes; A. Arnaldo, A. Arnaldo Jr. y A. Bivas, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Solicítase la desestimación de la apelación interpuesta en este caso, porque el alegato no cumple con las reglas de esta corte y porque el recurso es frívolo.

Examinado el alegato se encuentra que no contiene ex-posición alguna de los errores en que se funda el recurso. Deja de cumplir enteramente con lo prescrito en las reglas 42 y 43 del Reglamento de este tribunal, procediendo, en tal virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la regla 60 del pro-pio Reglamento, la desestimación del recurso.

Y esta resolución se impone aun con mayor fuerza cuando examinados los autos, el propio alegato de la parte apelante, la moción de desestimación y el alegato que la complementa, y oído' el informe oral del abogado de la parte apelada, único que compareció a la vista de la moción, surge claramente la frivolidad del recurso.

Debe la apelación desestimarse.


author: El Juez, Presidente Señor del Toro,

text:
    Aguadilla Lighter & Storage Company, demandante, v. El Superintendente de Seguros de Puerto Rico, Augusto R. Soltero, demandado.
    No. 2.

    Sometido: Diciembre 2, 1931.

      Resuelto: Marzo 17, 1932.

      José Sabater, abogado de la demandante; Attorney General James B. Beverley y Felipe Janer, Subprocurador, abogados del de-mandado.
   El Juez, Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Tratándose de un procedimiento nuevo y no fijando la ley los trámites y el alcance del mismo detalladamente, la corte resolvió oír a ambas partes sobre el particular.

Celebrada la audiencia,' examinada la ley aplicable que lo es la No. 85 para promover el bienestar de los habitan-tes de Puerto Rico, etc., aprobada el 14 de mayo de 1928, y habiendo en consideración lo resuelto en el caso de Soltero, Superintendente de Seguros, v. Foote, Juez, 41 D.P.R. 509 y la jurisprudencia citada en la decisión, opinamos que deben fijarse las siguientes regias:

1. Las cuestiones a considerar y a resolver dentro del recurso estarán limitadas a las resoluciones dictadas por el Superintendente de Seguros de Puerto Rico en relación con las clasificaciones de riesgos y premios relativas a las clasi-ficaciones propuéstasles por los aseguradores de conformi-dad con la sección 27 de la Ley No. 85 de 1928.

2. El recurso se interpondrá por medio de petición ra-dicada dentro del término de treinta días contados a partir de la fecha en que se dicte la resolución impugnada. Esta regla, en cuanto al término, regirá para los recursos que se interpongan contra las resoluciones que se dicten en y des-pués del l9 de mayo de 1932.

3. La petición deberá alegar con particularidad, breve-dad y certeza los hechos del caso y los fundamentos en que se basa el peticionario para solicitar el remedio, y deberá presentarse después de notificada con copia al Superinten-dente quien tendrá qnince días contados a partir del de la notificación para contestar.

4. La certeza de los hechos envueltos quedará estable-cida mediante la aceptación por parte del Superintendente de los alegados en la petición o mediante estipulación de am-bas partes contentiva de los hechos últimos del caso. Toda cuestión innecesaria o redundante deberá eliminarse. El pro-blema a resolver debe reducirse a sus términos más subs-tanciales y simples.

5. Si los hechos alegados en la petición no fueren acep-tados como ciertos por el Superintendente o si no pudieran ponerse de acuerdo las partes en la estipulación a que se refiere la regia anterior, se elevará el expediente formado en la oficina del Superintendente sobre el caso concreto en cuestión, original o por medio de copia certificada.

6. Si algún hecho hubiere quedado establecido mediante prueba practicada ante el Superintendente, la conclusión a que hubiere llegado dicho funcionario apreciándola, será aceptada como correcta por la corte, a menos que se de-muestre la comisión de un error claro y manifiesto. No po-drá practicarse nueva prueba ante este tribunal.

7. Trabada la contienda, el peticionario presentará su ale-gato por escrito dentro de quince días contados a partir de la radicación de la contestación del Superintendente. Se se-ñalará entonces un día para oír a ambas partes, pudiendo el Superintendente radicar un alegato escrito cinco días antes del señalado para la vista. Una y otra parte se noti-ficarán sus alegatos.

8. Celebrada la vista el caso quedará definitivamente so metido a la consideración y decisión del tribunal que podrá revisar las cuestiones de hecho y de derecho envueltas y modificar, revocar o confirmar la regla del Superintendente o dictar cualquier orden o decreto que sea adecuado.

■ Estas regias se aplicarán, por supuesto, no sólo a este caso concreto en que se dictan, si que también servirán de guía para la tramitación de los casos que puedan radicarse en lo sucesivo.


text:
    Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 837.

    Sometido: Marzo 30, 1931.

      Resuelto: Marzo 17, 1932.

      íl. Torres Bola y P. García Veve, abogados del recurrente; el re-gistrador recurrido compareció por escrito.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico prestó a doña Fructuosa Garced $2,750. La operación se hizo cons-tar en escritura pública en la que se dijo que la indicada suma quedaba representada por un pagaré que se transcribió en la escritura, valor al 2 de mayo de 1931, suscrito por doña Fructuosa y además solidariamente por don Angel González. En aseguramiento de la referida obligación, •la Sra. Garced constituyó hipoteca voluntaria sobre cierta finca rústica, así:

“TbbCERA. — Que para garantizar al expresado Banco del pago del importe del transcrito pagaré o a cualquier otro tenedor o en-dosatario del mismo, y para garantizar también a dicho Banco o endosatario que lo fuere de cualquier otro pagaré que aquél susti-tuya, por virtud de prórroga, sustitución o novación, o con motivo de cualquier obligación adicional que la misma deudora contraiga para con dicho Banco, o tenedor o tenedores por la prórroga, sus-titución o novación de aquél, incluyendo intereses en casos de mora y un crédito adicional de Dosoientos Dólares para el pago de cos-tas, gastos y honorarios de abogado, en caso de reclamación judicial, doña Fructuosa Garced y Muñoz viuda de Sariego, constituye primera hipoteca voluntaria a favor del expresado Banco, o del o los que fueren tenedor o tenedores, como se deja dicho, sobre la finca rústica Rescrita en el apartado primero de esta escritura, la que se hace extensiva a cualquier otro edificio o mejora que en lo sucesivo se introduzca al inmueble gravado, hasta el total solvento de todas las obligaciones aquí contraídas y de las que en lo suce-sivo contraiga la deudora a tenor de lo aquí estipulado, queriendo y consintiendo en que dicha hipoteca sea inscrita en el Registro de la Propiedad correspondiente y así permanezca hasta que la obli-gación que garantiza sea totalmente satisfecha.”

Presentada la escritura para su inscripción en el regis-tro, causó la siguiente nota:

“INSCRITO el presente contrato de hipoteca en cuanto al capital del préstamo que representa el pagaré transcrito y crédito adicio-nal para costas y honorarios de abogado, al folio 183 vuelto del tomo 37 de Cidra, finca húmero 1565, inscripción 2í; habiéndose DENEGADO y Tomado en su lugar la correspondiente anotación pre-ventiva por el término legal en favor del Banco acreedor, al folio, tomo e inscripción antes citados,, en cuanto a los pactos que se es-tablecen en la cláusula 3^ de la presente escritura, a partir de aquella parte en que se garantiza también al Banco acreedor o endosatario que lo fuere de la obligación garantizada, de cualquier otro pagaré que aquélla sustituya por los cuales se hace extensiva la hipoteca además del pagaré garantizado a cualquier otro pagaré que le sus-tituya por prórroga, sustitución o novación o a cualquiera obliga-eión adicional de la misma deuda a favor del acreedor por la pró-rroga, sustitución o novación relacionada y los intereses de mora, por ser dichos pactos nulos y contrarios a derecho por las siguien-tes razones: l9, porque a virtud de dichos pactos, las partes a su arbitrio pueden hacer imposible la identificación de las obligacio-nes garantizadas en perjuicio de tercero; 29,. porque las obligacio-nes garantizadas pueden llegar a ser indeterminadas; 39, porque en lo que respecta a los intereses de mora, no se fija cantidad de-terminada para cubrir su garantía, y 49, porque dentro de los tér-minos de la misma cabe la novación de la obligación garantizada y las partes pretenden hacer a ella extensiva a la hipoteca constituida.”

No conforme el banco, interpuso el presente recurso gu-bernativo.

Parece conveniente comenzar aclarando el hecho de que el registrador no negó la inscripción del documento en cuanto a los tenedores y endosatarios del pagaré garanti-zado. La parte inscrita favorece tanto al banco acreedor como a sus sucesores en título sobre la obligación garan-tizada.

La verdadera cuestión en controversia es si debió o no inscribirse el documento en cuanto a las nuevas obligacio-nes en que pudiera transformarse la que de modo indubi-tado consta en el mismo.

El recurrente invoca fuertemente en su favor el caso de Godreau v. Registrador de Guayama, 37 D.P.R. 659. El registrador sostiene que en él sólo estuvo envuelta una cuestión de identificación. Oreemos que el razonamiento en general del caso de G-odreau debe ser tenido muy en cuenta, pero creemos también que tiene razón el registrador al sos-tener que sus hechos son distintos. Aquí en cuanto al pa-garé representativo de la deuda, no surge cuestión'alguna de identificación. Como que se transcribe en la escritura. La cuestión nueva que surge es la de si la hipoteca puede constituirse para garantizar también cualquier otro pagaré que sustituya al transcrito por virtud de prórroga, susti-tución o novación, o con motivo de cualquier obligación adi-cional que la misma deudora contraiga con el banco, o te-nedoiy o tenedores por la prórroga, sustitución o novación del mismo.

El artículo 153 de la Ley Hipotecaria para las Provin-cias de Ultramar de 1893 dispone:

“Art. 153. — En la hipoteca constituida para garantir obligacio-nes transferibles por endoso o títulos al portador, cuando se ena-jene o ceda el derecho hipotecario, se entenderá éste transferido con la obligación o con el título, sin necesidad de dar de ello, co-nocimiento al deudor ni de hacerse constar la transferencia en el Registro. ”

Ese artículo quedó redactado en la siguiente forma, a virtud de la Ley No. 33 de 1912, de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

“Artículo 153. — En la hipoteca constituida para garantir obli-gaciones transferibles por endoso o títulos al portador, cuando se enajene o ceda el derecho hipotecario, se entenderá éste transfe-rido con la obligación o con el título,, sin necesidad de dar de ello conocimiento al deudor ni de hacerse constar la transferencia en el Registro.
“Tales obligaciones podrán ser constituidas por el dueño de una finca o derecho, sin determinación específica del nombre del acreedor, otorgándolas genéricamente a la orden de la persona a cuyo favor puedan ser transferidos o endosados los títulos quiro-grafarios por el hipotecante.”

La particularidad de este caso concreto sometido a nues-tra consideración consiste en que la obligación puede llegar hasta a novarse y el gravamen continuar. No vemos por qué no pueda tener vida en el registro un contrato seme-jante. La finca gravada pertenece a su dueño. Este toma a préstamo cierta cantidad y para garantizar su pago grava su finca. A fin de movilizar el crédito se otorga un pagaré transmisible por endoso, susceptible de prorrogarse y no-varse, quedando siempre en pie la garantía. La raíz es una. Podrá transformarse el pagaré, pero siempre tendrá que estar relacionado con el primitivo. Es sencillamente una ex-tensión del principio y si la nueva obligación se redacta en debida forma y con plena claridad, fijando su origen, podrá ser perfectamente conectada con la constituida previamente. Es el dueño el qne tiene la libre disposición de sns bienes y no podemos ver nada ilegal en la forma en qne gravó los snyos en este caso la Señora Grarced.

Recnerda el registrador en sn alegato qne la especialidad es nno de los principios básicos de nnestro actnal sistema hi-potecario, y se refiere al artícnlo 144 de la Ley qne dice:

“Art. 144. — Todo hecho o convenio entre las partes qne pneda modificar o destruir la eficacia de una obligación hipotecaria anterior, como el pago, la compensación, la espera, el pacto o promesa de no pedir, la novación del contrato primitivo y la transacción o compromiso, no surtirá efecto contra tercero como no se haga cons-tar en el Registro por medio de una inscripción nueva,, de una can-celación total o parcial, o de una nota m'arginal, según los casos.'’

También al 181 de sn Reglamento qne expresa:

“Art. 181. — Conforme a lo dispuesto en el art. 144 de la ley, cuando el hecho o convenio entre las partes produzca novación total o parcial del contrato inscrito, se extenderá una nueva inscrip-ción y se cancelará la precedente. Cuando dé lugar a la resolu-ción e ineficacia del mismo contrato, en todo o en parte, se exten-derá una cancelación total o parcial; y cuando tenga por objeto, bien llevar a efecto un contrato inscrito pendiente de condiciones suspensivas, o bien hacer constar el pago de parte de una deuda hi-potecaria, se extenderá una nota marginal.”

Tiene razón el registrador, pero no puede perderse de vista qne aqní se trata de la interpretación del artícnlo 153 de la Ley, qne se apartó en cierto modo del principio de la especialidad permitiendo la inscripción a favor de personas desconocidas para el registro. El artícnlo 144 de la Ley y el 181 del Reglamento están redactados por el legislador con el pensamiento pnesto en el sistema hipotecario fundamental, no en la excepción a qne hemos hecho referencia.

Si • a virtnd de lo realizado por las partes mismas sur-gen dificultades en el futuro con respecto a la identificación, a la ejecución de la deuda o a la cancelación del gravamen, ellas sufrirán las consecuencias de sus propios actos, pero no pndiendo sostenerse qne sea contrario a la ley ni a la política pública lo qne aqní pactaron, nos decidiremos por resolver qne sn pacto es inscribible.

Con respecto a lo' qne se consigna en la nota y en el alegato del registrador sobre intereses de mora, creemos en verdad qne la garantía pndo ser más específica, pero ello no annla la obligación. Lo qne falta lo snple la misma ley. Art. 114 de la Ley Hipotecaria. Goyco v. Rodríguez, 28 D.P.R. 530.

No bay dnda alguna de la facultad qne tienen los regis-tradores para calificar los documentos antes de inscribirlos y de su deber de velar por la pureza, claridad y eficacia dé-los contratos en el ejercicio de esa facultad. De ello deri-van un positivo beneficio no sólo los terceros sino las pro-pias partes contratantes. Pero el poder no debe ejercitarse de modo qne obstaculice la libre contratación.

Por virtud de todo lo expuesto, debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscripción solicitada.

El Juez Asociado Señor Aldrey disintió.


text:
    Zoilo Feliú, demandante y apelante, v. Independence Indemnity Co., demandada y apelada.
    No. 5367.

    Sometido: Marzo 19, 1931.

      Resuelto: Marzo 17, 1932.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; Besosa c& Besosa, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Zoilo Feliú demandó a la Independence Indemnity Co. en resarcimiento de daños y perjuicios con motivo de una colisión, riesgo contra el cual él alegaba estar asegurado bajo una póliza librada por la demandada. El caso fué a juicio y la corte, después de oír la prueba del demandante, declaró con lugar una moción de nonsuit.

Nadie duda en este caso, de conformidad con la decisión en el de Calcerrada v. Am. R. R. Co., 35 D.P.R. 873, que no incumbe a la corte aquilatar la evidencia, sino que por regla general ésta debe meramente decidir si existe suficiente prueba para sostener la demanda. Algunas decisiones dudan que una corte, al presentársele tal moción, no pueda ignorar cierta prueba trivial o no creída por ella, pero esta cuestión no está envuelta en el presente recurso.

La corte resolvió muy acertadamente que la notificación del accidente podía hacerse dentro de un tiempo razonable aunque la póliza decía inmediatamente. Esta es la tendencia de varias decisiones de esta corte en que se trataba de la entrega de bienes. Hammond & Co. v. Diego Agüeros & Co., 30 D.P.R. 610; Topeka Flour Mills v. Sociedad Industrial, 39 D.P.R. 622.

Zoilo Feliú hacía negocios como Zoilo Feliú & Co. La póliza en este caso fué librada a favor de Zoilo Feliú & Co. La corte, pues, resolvió que la demanda no había sido probada. Convenimos con la corte inferior en que una acción sólo puede instituirse a nombre de la persona realmente interesada bajo la póliza. Parece que la corte tuvo la idea, y ésta es cuestión en que más insiste la apelada, de que si Zoilo Feliú hacía negocios bajo la razón social de Zoilo Feliú & Co., él debió haber informado a la compañía de seguros de este hecho. Sin embargo estamos plenamente convencidos de que las palabras Zoilo Feliú & Co. pueden describir una corporación, una sociedad en comandita, una compañía colectiva, o ama un individuo. El principio ha sido expresado en la siguiente forma bajo el título de Nombres en 45 C. J. 376, sección 12:

“Ordinariamente es cuestión de hecho si un nombre es el ver-dadero del individuo que lo usa o es uno ficticio o supuesto. Sin abandonar su verdadero nombre una persona puede, en ausencia de prohibición estatutoria, adoptar cualquier nombre, razón social o firma, enteramente distinto de su verdadero nombre, bajo el cual él puede hacer negocios,, celebrar contratos, otorgar documentos ne-gociables y demandar o ser demandado, a menos que lo haga con el propósito de defraudar a otros por un error de identidad, siendo la identidad del individuo lo que se considera, y no el nombre, que pueda llevar o asumir. Tal nombre supuesto o ficticio puede ser uno puramente artificial o un nombre perteneciente a personas na-turales o que pueda ser aplicado a ellas; y el hecho de que sea el nombre de una persona que viva no hace que un documento otor-gado bajo tal nombre sea el documento de la persona cuyo nombre se asum'e. Los contratos celebrados con tal nombre son válidos y obligatorios, siempre que no estén viciados de fraude,, y su validez en cuanto a terceros no depende de si la persona es tan bien cono-cida por el nombre supuesto com;o por su verdadero nombre, sino si en lo que a la transacción en cuestión se refiere, el nombre es usado de buena fe, por la persona que la adopta como una descrip-ción personae ... Se ha resuelto que una persona puede deman-dar y ser demandada en su verdadero nombre'bajo un contrato ce-lebrado en su supuesto nombre, sin alegar o probar un traspaso.”

En el caso de Romano v. Concordia Fire Insurance Co., 106 App. Div. 876, se resolvió que una póliza de seguros no era nula por no haberse hecho constar debidamente en la misma el nombre del asegurado. Véase también 47 C. J. 716, sección 113; y Quiñones v. Porto Rico Biscuit Co., resuelto el 26 de febrero de 1932.

Lo que aparentemente sucedió en este caso fué que el demandante solicitó que la póliza de seguro fuese expedida a nombre de Zoilo Feliú & Co. La compañía libró la póliza en esa forma sin hacer ninguna investigación ulterior. Pro-bablemente nunca se le ocurrió al asegurado que él estaba en la obligación de decir que hacía negocios bajo la razón social de Zoilo Feliú & Co., y la compañía de seguros no hizo indagación alguna. Un individuo está en libertad, con-forme se ha indicado, de hacer negocios bajo cualquier nom-bre que desee y él no está dando una descripción falsa de sí mismo si usa su razón social. Las decisiones sostienen que es meramente una cuestión de identidad.

Durante el juicio hubo alguna duda respecto a si el ac-cidente o choque había sido probado. Estamos de acuerdo con el apelante en que la contestación admitía el accidente. No hubo negativa suficiente de la alegación relativa al cho-que. La aseveración de que el .accidente no fué casual se convirtió en materia de defensa. Ninguna de estas cuestio-nes fué resuelta en sentido contrario por la corte inferior.

No estamos seguros de que la corte dijera realmente que la prueba aducida por Zoilo Feliú no era'suficiente para probar que él y Zoilo Feliú & Co. eran la misma persona. Evidentemente tal resolución hubiese sido errónea toda vez que el demandante era nn testigo hábil para probar la iden-tidad de nombres.

Tenemos dndas sobre otro punto, a saber, respecto a si el demandante tenía derecho a indemnización, ya que la póliza presentada como prueba contenía un endoso que decía: “Cualquier reclamación bajo esta póliza será pagadera a los Sres. Sucrs. de L. Villamil & Co., por derecho hipotecario sobre el truck asegurado”, suscrito por Z. Feliú & Co. y por Zoilo Feliú.

De conformidad con las decisiones de esta corte hay un punto sobre el cual no tenemos duda, de que aun si la pó-liza hubiese sido cedida, y el camión hipotecado, Zoilo Fe-liú continuó siendo el dueño de este último. Montalvo v. Valdivieso, 38 D.P.R. 545; De Gracia v. Guardiola, 38 D.P.R. 575. Nuestra duda consiste en si la compañía de seguros no tenía derecho a recibir aviso por lo menos de la existencia de este endoso. Esta es una cuestión que no nos proponemos resolver en este recurso. La póliza fue pre-sentada en evidencia con este endoso, mas no se probó du-rante el juicio que Sucrs. de L. Villamil & Co. conservaran ningún interés efectivo en la misma. Existen varias posibi-lidades. El endoso pudo haberse efectuado en la póliza y nunca haber tenido efecto. Existen quizá otras posibilida-des. Resolvemos que el mero endoso no era suficiente in-dicio de evidencia para probar que Zoilo Feliú no era el único dueño en el momento de otorgarse la póliza, encon-trándose como se encontraba ésta en su poder. Tal cues-tión no debe ser decidida en una moción de nonsuit a menos que se desprenda claramente que Sucrs. de L. Villamil & Co. tuvieran un interés real al expedirse la póliza. Igualmente tenemos alguna duda respecto a si el dejar de notificar a la aseguradora del endoso fué por sí sólo suficiente para anu-lar la póliza en su totalidad.

Bebe revocaA'se la sentencia y devolverse el caso para procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Sergio Ramírez de Arellano, peticionario v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Carlos Llauger Díaz, Juez, demandada.
    No. 813.

    Sometido: Marzo 14, 1932.

      Resuelto: Marzo 18, 1932.

      Dowmguez <& Janer, abogados del peticionario; De la Torre & Ra-mírez, abogados de la demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento ordinario sobre ejecución de hipo-teca, la corte de distrito, a instancias de la demandante, sin notificación alguna a los demandados y antes de diligenciarse el emplazamiento, ordenó al márslial que requiriera de ciertos inquilinos, arrendatarios del deudor hipotecario, el pago de los cánones de arrendamiento adeudados por el mes corriente y que pudieran vencer en el futuro mientras el litigio estu-viese pendiente, y que retuviera los mismos para acreditár-selos en la reclamación del acreedor hipotecario, en caso de que la suma obtenida en la subasta resultara insuficiente para cubrir tal reclamación. Cuando un extraño al proce-dimiento informó a los demandados de la actuación del már-shal de conformidad con dicha orden, éstos solicitaron la anulación de la misma y su moción fue declarada sin lugar. Tanto la orden como la negativa a anularla se basaron en los artículos 110 y 111 de la Ley Hipotecaria que leen en parte como sigue:

“Art. 110. — La hipoteca se extiende a las accesiones naturales, a las mejoras, a los frutos pendientes y rentas no percibidas al vencer la obligación ...”
“Art. 111. — Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderán hipotecados juntamente con la finca, aunque no se men-cionen en el contrato, siempre que correspondan al propietario:
“4. Las rentas vencidas y no pagadas, cualquiera que sea la causa de no haberse hecho efectivas, y las que se hayan de pagar hasta que el acreedor sea satisfecho de todo su crédito.”

La demandante alegó en su petición sobre ejecución de hipoteca que las fincas hipotecadas habían sido tasadas para fines contributivos en la suma de $43,380. La moción ex parte sobre cobro y retención de los cánones de arrenda-miento aducía que la demandante había radicado una peti-ción sobre ejecución de una hipoteca ascendente a la suma de $28,052.04 de principal, intereses y costas; que la finca hipotecada estaba produciendo rentas; que de conformidad con el Art. 110 y el inciso 4° del artículo 111 de la Ley Hi-potecaria estas rentas estaban cubiertas por la hipoteca; y que los cánones de arrendamiento del mes en curso no ha-bían sido pagados.

Nada hallamos en los artículos 110 y 111 de la Ley Hipo-tecaria que autorice que se dicte una orden dirigida al marshal para que cobre y retenga los cánones de arrendamiento que se adeuden o que puedan adeudarse en el futuro al deudor hipotecario, en-una solicitud ex parte de un acreedor hipotecario y en un procedimiento como el presentado en este caso. Tampoco el acreedor hipotecario, como interventor en el presente recurso de certiorari, ha sugerido alguna otra autoridad para la expedición, como cuestión de derecho, de una orden reteniendo los cánones en un pleito en equidad para hacer efectivo el crédito.

La orden de la corte de distrito debe ser revocada.