author: El Juez Pkesidewte SeñOR Travieso

text:
    Paula Castro, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., y G. Atiles Moréu, Administrador del Fondo del Estado, recurridos.
    Núm. 321.

    Sometido: Enero 8, 1945.

      Resuelto: Febrero 5, 1945.

      Virgilio Brunet, abogado de la recurrente; Ángel de Jesús Matos. Joaquín Correa Suárez' y A. Sandón del Manzano, abogados del Administrador del Fondo del Estado, recurrido.
   El Juez Pkesidewte SeñOR Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En diciembre 2 de 1942 el obrero Gregorio Hernández, mientras trabajaba en el campo de su patrono asegurado, fué atacado por uno de los bueyes que conducía uncidos al arado con que realizaba su trabajo. El herido fué hospita-lizado por orden del Pondo del Seguro del Estado hasta el 29 de diciembre de 1942, fecha en que se le dió de alta y se le envió a su casa, en donde falleció el 3 de enero de 1943, a consecuencia de un cáncer de la próstata.

En octubre 19 de 1943, el Administrador del Pondo del Seguro del Estado ’ ordenó el archivo y sobreseimiento del caso, basándose en que de acuerdo con el testimonio de los médicos no existía la relación de causa y efecto que -contem-pla la ley entre el accidente sufrido y la muerte del obrero.

No estando conformes con la decisión del Administrador, los beneficiarios del obrero apelaron para ante la Comisión Industrial, mediante escrito fechado en noviembre 29 de 1943 y radicado el día 30 del mismo mes y año.

En marzo 31 de 1944, al comenzar la vista del caso ante la Comisión, el abogado del Administrador solicitó la deses-timación de la apelación, alegando que ésta había sido, inter-puesta después de haber expirado el término de treinta días que fija la ley. En abril 4 de 1944, la Comisión dictó su re-solución desestimando la apelación, y el 11 del mismo mes denegó la reconsideración solicitada por la peticionaria.

La peticionaria, esposa del obrero fenecido, ha inter-puesto el presente recurso de revisión, alegando que la Co-misión Industrial erró al desestimar su apelación, la cual, según alega, fué interpuesta dentro del término legal.

Del récord ante nos aparecen los hechos siguientes:

Después de dictada la resolución de 19 de octubre de 1943, denegando la compensación, el Administrador envió al Jefe de la Policía Insular tres copias de su resolución, con súplica de que se notificase a la peticionaria Paula Castro y a su hija Leonarda Hernández Castro. La primera copia tiene en su parte superior una nota que dice: “Devuélvase esta copia al Fondo del Seguro del Estado.” Las otras dos copias eran para ser entregadas a las mencionadas benefi-ciarias.

En octubre 27 de 1943, el Jefe de Distrito de la Policía Insular en Moca, encargado de notificar a las beneficiarlas, informó al Pondo del Estado que en esa misma fecha “noti-ficó del contenido de tres (3) copias” que le fueron enviadas para su diligenciamiento, a la señora Castro y a su hija, “quienes se negaron a firmar la notificación mencionada.” El informe del citado Jefe termina diciendo: “Por las ra-zones expuestas, le devuelvo sin cumplimentar dichas copias al Sr. Administrador del Seguro del Estado a los fines que estime pertinentes.” Las tres copias fueron devueltas al Administrador y forman parte del expediente que tenemos a la vista. No obstante lo que aparece en el mencionado in-forme, al dorso de la copia marcada para ser devuelta al Administrador aparecen dos “Certificados de Diligenciamien-to, ’ ’ estampados con un sello de • goma. Uno de ellos dice así: ‘ ‘ Certificado de Diligenciamiento. Certifico que el día de hoy 27 de octubre de 1943, a las 9 A. M. notifiqué personal-mente la presente decisión a doña Paula Castro en_, dejando en su poder copia exacta de la misma. Firmado: A. Rosa Cordero, Jefe Dtto. 8a. Clase.” El otro certificado se refiere a Leonarda Hernández y está redactado en idén-ticos términos. Al margen de cada certificado aparecen las palabras “se negó firmar,” escritas con lápiz.

En la vista celebrada ante la Comisión, el Jefe de Dis-trito, Amalio Rosa Cordero, declaró: Que después de haber recibido las copias de la decisión del Administrador, él mandó a buscar a la señora Castro y a su hija para que vi-niesen a su oficina. Cuando llegaron, les leyó la decisión y las requirió para que firmaran y ellas se negaron, diciendo que tenían instrucciones de su consejero de no firmar. Que no obstante eso, él les advirtió que estaban notificadas y les ofreció una copia a cada una y ellas dijeron que no las que-rían y dejaron las copias sobre la mesa, informándole que no las aceptaban. Que entonces él devolvió las copias con el informe correspondiente. Que las mencionadas señoras no se quedaron con copia alguna de la decisión.

Paula Castro, llamada a declarar por la Comisión, lo hizo en la forma siguiente: Que el jefe de la policía la mandó citar para que fuera a recibir unos papeles; que el jefe le leyó los papeles y le dió unas copias, pero ella no las cogió porque no le convenía cogerlas; que “aunque nadie me hubiera aconsejado yo sabía que yo tenía derecho y ac-ción;” que su hija estaba allí y le entregaron una copia, pero ella tampoco la cogió.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley núm. 45 de 1935 ((1) pág. 251), según fué enmendado por la Ley núm. 43 de 22 de abril de 1942 ((1) pág. 455), el plazo para poder ape-lar de una decisión del Administrador es de treinta días, contados desde la fecha en que se notifique a los beneficia-rios o interesados la decisión.

La única cuestión a resolver es si las actuaciones del ofi-cial de la policía, tendientes a notificar a las beneficiarías, pueden y deben ser consideradas como la notificación que requiere la ley, para que empiece a correr el término legal de treinta días para radicar el escrito de apelación.

La regla 5(b) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil, en vigor desde el 1ro. de septiembre de 1943, dispone lo si-guiente :

“ (b) Notificación: Cómo se hace. — Siempre que bajo estas re-glas se requiera o se permita hacer una notificación a una parte re-presentada por abogado, la notificación se hará al abogado, a menos que la corte ordene que la notificación se haga a la parte misma. La notificación al abogado o a la parte se hará entregándole copia o-remitiéndosela por correo a su última dirección conocida,. Entregar una copia quiere decir, según esta regla: ponerla en manos del abogado de la parte, o dejarla en su oficina en poder de' su es-cribiente u otra persona a cargo de la misma;”.

En el caso de autos, el Administrador, pndiendo haber notificado a las beneficiarlas mediante el envío por correo de una copia de sn decisión, prefirió hacerles una notificación personal y comisionó al jefe de la policía para qne la hi-ciera. Tratando, sin dnda alguna de la mejor buena fe, de cumplir la misión que se le había encomendado, el citado jefe hizo muchas cosas que no estaba obligado ni tenía derecho a hacer y dejó de hacer lo esencial para que una notificación pueda surtir efecto legal. No estaba obligado a leer a lás beneficiarlas el texto de la decisión del administrador, y el habérselo leído no constituye una notificación. Sin tener de-recho a ello, exigió a las peticionarias que firmasen o estam-pasen sus huellas digitales en la copia de la decisión que les acababa de leer, y ellas, en uso de su derecho, se negaron a hacerlo. Ofreció o trató de entregar a las beneficiarías las copias de la decisión, que le habían sido enviadas para que se las entregase, y al manifestarles ellas que no estaban dis-puestas a aceptar dichas copias, el jefe, en vez de ponerlas en sus manos o dejarlas a su alcance y a su disposición, se quedó con ellas para devolverlas al Administrador, “sin cum-plimentar.” Si se hubiese limitado a entregar o a dejar en manos o al alcance de las beneficiarlas las copias de la deci-sión del Administrador, la notificación hubiera sido hecha de acuerdo con la regla citada.

Es evidente la contradicción que existe entre el informe del jefe de la policía al Administrador y los certificados de diligenciamiento. En el informe se hace constar que las be-neficiarías se negaron a firmar y que por esa razón “le de-vuelvo sin cumplimentar dichas copias.” En los certificados se hace constar que se notificó la decisión personalmente a cada una de las beneficiarías, “dejando en su poder copia exacta de la misma.” El conflicto fuá dirimido por el pro-pio Jefe, al declarar que él devolvió las dos copias al Ad-ministrador y que no dejó copia alguna en poder de las per-sonas a quienes trató de notificar.

La Comisión Industrial erró al sostener que Paula Castro, la recurrente, fué debidamente notificada y que su ape-lación fué interpuesta tardíamente.

La resolución recurrida debe ser revocada y el caso de-vuelto a la Comisión Industrial para ulteriores procedimien-tos no inconsistentes con esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    Francisca Torres, conocida por Panchita o Panchola Torres, mediante su madre con patria potestad Esperanza Torres Vda. de Torres, demandante y apelante, v. Luis Maldonado Santiago, demandado y apelado.
    Núm. 9040.

    Sometido: Noviembre 28, 1944.

      Resuelto: Febrero 5, 1945.

      Frank Torres, abogado de la apelante; Paúl Matos, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso sobre daños y perjuicios por seducción fué radicada en la Corte de Distrito de Ponce el 1ro. de diciembre de 1943. En ella se alega que el deman-dado, bajo promesa de matrimonio sedujo a la demandante el 3 de julio de 1942. Inició la acción la madre bajo el ar-tículo 59 del Código de Enjuiciamiento Civil, por haber fa-llecido el padre de la demandante que es menor de edad. El demandado interpuso una excepción previa alegando que, de la faz de da demanda, aparecía que la acción había prescrito. La corte inferior declaró con lugar la excepción previa y dictó sentencia desestimando la demanda. La de-mandante apeló y sostiene en este recurso que la corte sen-tenciadora erró al resolver que la acción de daños y perjui-cios por seducción está comprendida dentro del término pres-eriptivo de un año provisto en el apartado 2 del artículo 1868 del Código Civil y arguye en contrario que dicho tér-mino debe computarse de acuerdo con el artículo 1864 del mismo cuerpo legal que dispone que: “La acción hipoteca-ria prescribe a los veinte años y las personales que no ten-gan señalado término especial de prescripción, a los quince.”

En el caso de Román v. Vázquez, 29 D.P.R. 791, citado por la corte inferior, se resolvió que en estas acciones de daños y perjuicios por seducción la promesa de matrimonio es “solamente una circunstancia concomitante para hacer precisa la prescripción. Por tanto la acción es ex delicto y no cae dentro de los principios de una ex contractu. .

Esto no obstante y sin citar autoridad alguna que sos-tenga su contención, la apelante en su alegato se limita a argumentar que estas acciones deben considerarse como una consecuencia del incumplimiento de la promesa de matrimo-nio por el demandado y por tanto, de naturaleza ex contractu.

No tiene razón la apelante. En el caso de Aponte v. Alonso, 46 D.P.R. 549, resolvimos, copiando del sumario que “En acción de daños y perjuicios por seducción, la perjudi-cada no está necesariamente limitada a probar la promesa de matrimonio. Su esfera de acción es más amplia, ya que puede probar, aunque no exista la referida promesa, que fue inducida mediante artificios, engaños o maquinaciones del seductor. Sin embargo, la promesa de matrimonio, cuando existe y se ha realizado el acto bajo su exclusiva influencia, es suficiente para constituir una causa de acción. El comer-cio carnal por sí sólo no es bastante, pero sí lo es, cuando es la consecuencia de la promesa de matrimonio.”

La acción criminal se diferencia de la civil en el hecho esencial de que, de acuerdo con el artículo 261 del Código Penal, el delito de seducción, para existir, tiene siempre que haber sido cometido bajo promesa de matrimonio, mientras que los artículos 58 y 59 del Código de Enjuiciamiento Civil no limitan la acción por seducción al hecho de que ésta haya sido consecuencia única de una promesa de matrimonio.

En cuanto al término prescriptivo de estas acciones civiles, en el caso de Ortiz v. Viera, 59 D.P.R. 358, interpretando el apartado 2 del artículo 1868 del Código Civil, supra, en relación con el artículo 1869, del mismo Código, resolvimos que era el de un año, debiendo empezarse a contar dicho término, bien desde que ocurrió el primer acto carnal entre las partes o desde que terminaron las relaciones entre ellos, de acuerdo con los hechos alegados y probados en cada caso específico. El caso de Ortiz contiene una extensa discusión sobre la materia en la cual se citan las autoridades pertinentes y consideramos innecesaria repetirla aquí.

La demanda en el caso de autos contiene la alegación de un solo acto carnal realizado el día 3 de julio de 1942 y es por tanto en dicha fecha que la demandante fué seducida y que el término de un año debe empezarse a contar. Habién-dose radicado la demanda cuatro meses veintiocho días des-pués de expirado dicho término, no erró la corte al desesti-mar la demanda.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

      (1) Artículo 1868 del Código Civil: "Prescriben por el transcurso de un año:
      "1.

        “2. La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, j por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1802 desde que lo supo el agraviado."


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.',

text:
    Donato Martínez y Pablo Cruz, demandantes y apelantes, v. Casto Ramírez, Alcaide de la Cárcel de Distrito de Humacao, demandado y apelado.
    Núm. 9097.

    Sometido: Febrero 1, 1945.

      Resuelto: Febrero 9, 1945.

      Donato Martínez j Pablo Cruz, por su propio derecho; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.',

emitió la opinión del tribunal.

Donato Martínez y Pablo Cruz fueron convictos por un jurado en la Corte de Distrito de Humacao y sentenciados el 23 de mayo de 1941 a cumplir dos años y seis meses y un año y seis meses de presidio, respectivamente, por un delito •de atentado a la vida.

El 22 de septiembre de 1944 o sea tres años y tres meses •después de haber sido sentenciados los acusados, la corte inferior al ser informada que del expediente del caso no apa-recía que ellos hubieran apelado de la sentencia para ante esta Corte Suprema, ni que hubieran prestado fianza alguna, ordenó la encarcelación de los acusados para que empezaran a cumplir la sentencia. Radicaron entonces los acusados una petición de habeas corpus alegando que su prisión era ilegal, 1ro. porque ellos habían apelado de la sentencia para ante la Corte Suprema y prestado fianza en apelación y 2do. por-que no tuvieron la debida y adecuada representación legal. Expedido el auto y celebrada la vista correspondiente, la corte inferior dictó sentencia desestimando la petición. Los peticionarios establecieron el presente recurso de apelación.

No obstante haber sido notificados los apelantes de que el legajo de la sentencia había sido radicado en la Secretaría de esta Corte desde, el día 19 de enero de 1945, los apelantes no han radicado su alegato exponiendo los motivos o fundamentos de su recurso. Tampoco se ha radicado la transcripción de la evidencia presentada en la corte inferior. Esto sería suficiente para que desestimemos la apelación. Empero, por tratarse de un procedimiento de hábeas corpus hemos examinado el legajo de la sentencia con detenimiento y en el return que al auto originalmente expedido por la corte inferior hizo el alcaide de la cárcel encontramos que se hace constar, en parte, lo siguiente:

“Que los antes referidos peticionarios ingresaron en esta cárcel en 23 de mayo de 1941 a virtud de una sentencia de dos años v sets Meses de presidio a Donato Martínez y un año y seis meses a Pablo Cruz, Causa No. 14110, por el delito de ateNtado a la vida, dictada en 23 de mayo de 1941. — Que en 31 de mayo de 1941 se recibió información del Sr. Mariano Acevedo Zeno, Secretario de esta Hon. , Corte en ese entonces y en carta fechada en 29 de mayo de 1941, noti-ficando que los sentenciados Donato Martínez y Pablo Cruz habían radicado recurso de apelación de la sentencia impuéstales por esta Hon. Corte en 23 de mayo de 1941. A virtud de lo cual, los peti-cionarios quedaban detenidos en calidad de sumariados. — Que en 9 de junio de 1941, Pablo Cruz y en 10 del mismo junio Donato Mar-tínez, fueron excarcelados, por haber prestado fianza en grado de apelación.”

Dadas las circunstancias concurrentes tenemos que asu-mir que la corte inferior al desestimar la petición de habeas corpus en este caso lo hizo porque se le demostró que en los autos del caso criminal no existían ni el escrito de apelación ni el documento de fianza a que se hace referencia en el return. Sin embargo, estos hechos presentan una cuestión im-portante que esta corte no puede ni debe dejar pasar desa-percibida.

Los hechos expuestos en el return del alcaide de la cár-cel están tomados de los documentos oficiales obrantes en el expediente personal de los acusados al ser ingresados en dicha institución. De ellos aparece que el alcaide recibió una carta del entonces Secretario de la Corte de Distrito de Hu-macao Sr. Mariano Acevedo Zeno informándole que los acu-sados aquí peticionarios habían apelado para ante la Corte Suprema el día 29 de mayo de 1941 y además que en los días 9 y 10 de jimio de 1941 ellos habían prestado fianza en ape-lación. Fue a virtud de estos documentos oficiales que el alcaide puso en libertad a los acusados. Si en los autos ori-ginales del caso criminal en la corte inferior no aparecen dichos documentos oficiales la situación presenta las alterna-tivas siguientes: 1ro. existieron y se traspapelaron por ne-gligencia del entonces secretario de la corte perjudicando así derechos reconocidos por nuestras leyes a todo acusado que ha apelado de la sentencia que se le ha impuesto o perjudi-cando el derecho reconocido a El Pueblo de Puerto Bico de solicitar a su debido tiempo la desestimación de la apelación interpuesta, o 2do. no existieron y es falsa la notificación que hiciera el entonces secretario de la corte inferior al alcaide de la cárcel y en su consecuencia los aquí peticionarios han estado en libertad durante más de tres años ilegalmente, Consideramos que lo ocurrido en este caso debe ser esclare-cido mediante la debida investigación que practique el Pro-curador General.

Debe desestimarse el recurso y confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    José Luis Onna, demandante y apelante, v. The Texas Co., Inc., demandada y apelada.
    Núm. 8907.

    Sometido: Noviembre 17, 1944.

      Resuelto: Febrero 13, 1945.

      Benigno T. Pacheco Tizol, abogado del apelante; James B. Beverley, B. Castro Fernmdez, José López Baralt y B. Bodríguez Lebrón, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El obrero demandante apelante fué empleado por la cor-poración demandada en unión de otros obreros, para picar y raspar la superficie interior de uno de los tanques que la demandada utilizaba para depositar gasolina de aviación, que contiene plomo y gases altamente perjudiciales a la salud.

En la demanda se alega que como consecuencia del tra-bajo que bubo de realizar dentro de dicbo tanque, la salud del demandante fué seriamente afectada, sufriendo daños y perjuicios por valor de $5,000; y que esos daños han sido motivados por la culpa, descuido y negligencia de la deman-dada.

Acogiéndose a lo dispuesto por la Eegla 12, párrafo (ó) de las Eeglas de Enjuiciamiento Civil, la. demandada soli-citó la desestimación de la demanda (a) por carecer la corte de distrito de jurisdicción sobre la materia objeto de la re-clamación y (b) por no exponerse en dicha demanda hechos constitutivos de una causa de acción. En apoyo de su mo-ción, la demandada alegó que cumpliendo con la obligación que le impone la Ley número 45 de abril 18 de 1935, The Texas Company (P. E.) Inc., es y era en la fecha del acci-dente un patrono asegurado con el Fondo del Seguro del Es-tado; que en la demanda no se alega que la demandada sea un patrono no asegurado; que la sección 20 de la referida Ley número 45 de 1935 provee que “el derecho aquí estable-cido para obtener compensación será el único remedio en contra del patrono”; y, por último, que el obrero demandante recibió todos los beneficios concedídosle por dicha ley, fué dado de alta sin incapacidad de clase alguna y recibió las sumas que de acuerdo con el estatuto debía percibir del Fondo del Seguro del Estado. Los hechos así alegados por la demandada están corroborados por una certificación ex-pedida por el Administrador del Fondo del Seguro del Es-tado, anexa a la moción.

La Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia decla-rando con lugar la moción de desestimación, por el funda-mento de que dicha corte carece de jurisdicción para cono-cer de la acción.

Consideraremos solamente la cuestión legal envuelta en los tres primeros señalamientos.

Sostiene el apelante que la corte inferior erró al no limitarse, en la. consideración de la cuestión jurisdiccional, a los hechos alegados en la demanda; y al admitir y tomar en consideración la certificación del Administrador del Fondo del Seguro del Estado.

La Regla 12(6) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil, establece como regla general la de que las defensas de hecho o de derecho contra cualquier demanda o solicitud deberán presentárse en la contestación. Como excepciones, la misma regla establece que las defensas de (1) falta de jurisdicción sobré la materia y (6) dejar de exponer hechos constitutivos de causa de acción, podrán ser interpuestas mediante mo-ción, a opción del que alega. Estas mociones de desestima-ción permitidas por la Regla 12(b) han venido en realidad a sustituir a las antiguas y abolidas excepciones previas y su propósito fundamental es el de dar al tribunal que ha de conocer del caso en sus méritos una oportunidad para deter-minar previamente si se trata de una materia de las com-prendidas dentro de su jurisdicción o si los hechos alegados son suficientes para que se obligue al demandado a radicar una alegación responsiva.

En la consideración de estas mociones, la corte deberá tener' en cuenta únicamente los hechos expuestos en la de-manda, sin que pueda entrar a considerar materia extraña a la alegada. Sun Oil Co. v. Pfeiffer, et al., 1 Fed. Rules Dec. 119; Kentucky-Tennessee Light & Power Co. v. Nashville Coal Co., et al., 37 Fed. Supp. 728. Empero, la juris-prudencia federal interpretativa de las Reglas de Enjuicia-miento Civil ha establecido como excepción a la regla general antes expuesta, que cuando la controversia planteada en-vuelve una cuestión de ’jurisdicción, la corte, al resolver la moción para desestimar, puede considerar otros hechos fuera de los alegados en la demanda. En Kentucky-Tennessee, etc. v. Nashville Coal Co., supra, la corte federal se expresó así:

“La Regla 12(&) no provee específicamente que se puedan radicar affidavits en apoyo de las mociones, ■ pero no tenemos dudas de’ que esos affidavits pueden ser debidamente radicados con el propósito de someter a la consideración de la corte ciertos hechos adicionales que no han sido presentados por la alegación contra la cual va diri-gida la moción, y que tendrían relación con la cuestión de jurisdic-ción, el lugar para la celebración del juicio o el emplazamiento (process) .... Bajo tales circunstancias, una moción expositiva de hechos adicionales (speaking motion), apoyada por affidavit, es correcta. ’ ’

Véanse: Ellis v. Stevens, 37 Fed. Supp. 488 y Central Mexico Light & Power Co., et al. v. Munch, 116 F. (2d) 85.

En la demanda radicada en el presente caso se alega que el demandante, en unión a otros obreros, fué empleado por la demandada para picar y raspar el tanque. Esa alegación es por sí sola suficiente para establecer la relación de patrono y obrero entre la demandada y el demandante. Una vez establecida esa relación, de ella surge inevitablemente la obligación legal del patrono (Ley núm. 45 de 1935, sec. 18) de asegurar a sus obreros, en el Fondo del Seguro del Estado, la compensación que éstos deban recibir por lesiones, enfermedad o muerte. El incumplimiento de esta obligación no solamente expone al patrono a la responsabilidad penal prescrita por la sección 17 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, si que también a las responsabilidades civiles que la sección 15 de la misma ley impone a los ‘patronos que en contravención del estatuto no estuvieren asegurados.

De acuerdo con la citada sección 15, cuando el patrono no ha cumplido con su obligación de asegurar a sus obreros, cualquier obrero perjudicado puede proceder contra él ra-dicando una petición de compensación ante la Comisión Industrial; y puede, además, demandar al patrono ante las cortes en reclamación de daños y perjuicios. Si la suma con-cedida por la corte fuere mayor que la compensación fijada por la Ley de Compensaciones, el montante de la compensa-ción será deducido de la suma concedida como daños y per-juicios. En caso de que fuere demandado ante las cortes en reclamación de daños y perjuicios, el patrono no asegurado no podrá interponer las defensas de negligencia contributo-ria, o la asunción del riesgo de la lesión, o que el accidente fue motivado por la negligencia de un contratista indepen-diente, a menos que éste se hubiere asegurado en el Pondo del Estado.

La sección 20 de la citada ley prescribe que cuando el patrono ha cumplido con la ley y ha asegurado sus obreros, entonces el derecho establecido por la ley para obtener com-pensación “será el único remedio en contra del patrono”. De acuerdo con las citadas disposiciones legales, el obrero que ha sufrido un accidénte compensable bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, puede deman-dar a su patrono ante los tribunales de justicia, en acción de daños y perjuicios, solamente en el caso de que su pa-trono en contravención del estatuto hubiere dejado de ase-gurar a sus obreros.

En la demanda radicada en este caso no se alega que la corporación demandada fuera en la fecha del accidente un patrono no asegurado. ¿Tiene la corte de distrito jurisdic-ción para conocer de una acción de daños y perjuicios, in-coada por un obrero contra su patrono, cuando de la faz de la demanda no aparece que el patrono no estaba asegurado? Esa es la cuestión que debemos resolver.

El artículo 464 del Código de Enjuiciamiento Civil (Ed. 1933, Art. 102 Ley de Evidencia) enumera treinta y nueve presunciones disputables, las cuales pueden ser controverti-das por otra evidencia. Entre ellas figuran las siguientes:

“1. Que una persona es inocente de delito o falta.
“32. Que la ley ba sido acatada.”

Aplicando este precepto legal a la demanda que tenemos a la vista, estamos obligados a presumir que The Texas Company es inocente del delito de no haber asegurado sus obreros y que dicho patrono acató la ley, asegurando al obrero demandante y a sus compañeros en el Fondo del Se-guro del Estado. Dando al patrono demandado el beneficio de las dos mencionadas presunciones, la demanda debe ser considerada como si en ella se alegase específicamente que The Texas Company es un patrono asegurado; y en ese caso, la conclusión inescapable es que de la propia faz de la demanda — y sin necesidad de la certificación admitida en evidencia — se desprende que la corte de distrito carece de jurisdicción para conocer de la acción que se trata de ejer-citar.

El propósito fundamental de las Regias de Enjuicia-miento Civil (Ley núm. 9 de abril 5, 1941) es el de simpli-ficar los procedimientos judiciales y promover una rápida administración de justicia. Habiéndose levantado la cuestión de falta de jurisdicción y dependiendo su resolución del hecho de si la demandada era un patrono asegurado o no asegurado, la corte inferior no erró al admitir evidencia demostrativa de que la demandada estaba asegurada en el Fondo del Seguro del Estado. Cohen v. American Window Glass Co., 126 F. (2d) 111; Samara v. United States, 129 F. (2d) 594; Murray v. American Export Lines, Inc., 53 Fed. Supp. 861, 3 Fed. Rules Service, 674, 675. Esa prueba demostró qpe la corte inferior carecía de jurisdicción para conocer de esa demanda y que el único remedio del obrero contra el patrono asegurado es el que le concede la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

La sentencia recurrida será confirmada.


author: El Juez ‘ Presidente Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Evaristo Asencio, acusado y apelante.
    Núm. 10696.

    Sometido: Enero 10, 1945.

      Resuelto: Febrero 13, 1945.

      Enrique Báez García, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo j Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez ‘ Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué sentenciado a pagar una multa de $50 por infracción del artículo 10, inciso (ó) sub-inciso (4) de la Ley núm. 72 de 26 de abril de 1940' (pág. 493), en re-lación con el Reglamento Núm. 2 del Comisionado de Sa-nidad de mayo 17 de 1932, consistiendo dicha infración en que ‘‘ilegal, voluntaria y maliciosamente, ofrecía en venta al pueblo para consumo humano, vinagre adulterado, que es un alimento.” Se alega en la acusación que el vinagre que el acusado ofrecía en venta tenía 1.66 gm. X 100 c.c. de aci-dez en vez de 4 gm. X 100 c.c., que es el promedio de acidez que debería tener de acuerdo con el citado Reglamento.

En el primer señalamiento se alega que los actos realizados por el acusado no constituyen delito alguno dentro de las leyes de Puerto Rico; que la fabricación y venta del producto “imitación de vinagre” es una actividad lícita; y que el acusado tiene el derecho constitucional de dedicarse libremente a ese negocio.

No existe controversia alguna en cuanto a la prueba. El .acusado tenía licencia para fabricar vinagre. En los bajos de su casa el inspector del Departamento de Sanidad encon-tró unas pipas llenas de vinagre y tomó de ellas tres mues-tras. Del análisis de dichas muestras resultó que el vinagre no tenía el grado de acidez requerido por el Reglamento. El acusado vendía el producto en botellas que llevaban una eti-queta que decía: “Imitación de Vinagre” y “coloreado con caramelo. ’ ’

La Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos de Puerto Rico (Núm. 72, aprobada abril 26 de 1940, pág. 493), dispone en su artículo 2(c) que para los fines de esta ley “el término ‘‘alimento’ significará (1) artículos usados como alimento o bebida por el hombre a otros animales, (2) goma de mascar, y (3) artículos usados como componentes de cualesquiera de dichos artículos.” El artículo 3 prohíbe “(a) la fabricación, venta o entrega, tener u ofrecer en venta, alimento. alguno adulterado o fraudulentamente rotulado.” El artículo 10 de la misma ley, de cuya infracción se acusó al apelante, dispone:

“Artículo 10. — Un alimento se considerará adulterado:
“(a).. •
“(6) (1) Si cualquier componente valioso ha sido omitido o subs-traído total o parcialmente de la composición del mismo; ... o (4) si cualquier substancia ha sido añadida o se ha mezclado o se ha empacado al mismo con el propósito de aumentar su volumen o peso, o reducir su calidad o potencia, o con el fin de hacerlo aparecer de mejor calidad o de mayor valor de lo que en realidad es.”

El señor Luis G-uillermety, químico del Departamento de Sanidad, quien hizo el análisis de las muestras, declaró : Que el vinagre tenía 1.66 gramos por 100 c.c. de acidez cuando debía tener 4 gramos por 100 c.c., que es una adulteración; que todos los vinagres, tanto los puros de verdad como los vinagres a base de ácido acético deben contener no menos del 4 por ciento de acidez, que es el standard legítimo re-querido por el reglamento; que la “imitación de vinagre” también debe contener no menos del 4 por ciento de acidez, para llenar el standard; que el vinagre del acusado tenía solamente 1.66 por ciento y debe ser considerado como adul-terado; que el reglamento dispone “que todos los vinagres diluidos o no e igualmente el ácido acético diluido deben con-tener no menos de 4 gramos de ácido acético por cada 100 c.c.,” y que eso incluye a la llamada “imitación de vinagre.”

No hubo error en la aplicación de la ley a los hechos del caso. El artículo que el acusado ofrecía en venta era un alimento, de acuerdo con la definición del estatuto. El acu-sado admitió en su declaración que él recibía vinagre en pi-pas de 55 galones, con un grado de acidez de 100 X 100, y que lo diluía con agua, sin preocuparse de averiguar el standard de acidez que debería tener el vinagre para poder ser ofrecido legalmente en venta. La ignorancia de la ley-no excusa su incumplimiento. Tampoco constituye defensa el hecho de que el alimento adulterado fuese vendido como “Imitación de Vinagre.” La Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos se convertiría en letra muerta, si con el mero uso de la palabra “Imitación” se pudiese vender al público productos adulterados, tales como “imitación de leche,” “imitación de magnesia,” etc. Véase: Pueblo v. Ramos, 50 D.P.ER. 77.

El apelante ha hecho grandes esfuerzos para tratar de convencernos, sin haberlo logrado, de que el uso de la eti-queta con las palabras “Imitación de Vinagre,” es la mejor evidencia de que él no tuvo el propósito de engañar al con-sumidor, pues éste al comprar el producto sabía que no era vinagre lo que se le vendía.

Si algo se desprende claramente de la evidencia es el propósito fraudulento con'que se usaba la frase “Imitación de Vinagre,” impresa en las etiquetas que usaba el acu-sado. El propio acusado declaró: “Ese vinagre yo lo es-tuve vendiendo así un promedio de tres años. Yo recibía vinagre en pipas de 55 galones para diluirlo en agua, por-que ése venía a cien grados.” Esto demuestra claramente que lo que vendía el acusado no era un producto que por no ser vinagre pudiera llamarse “imitación de vinagre,” y sí vinagre rebajado o diluido, mediante la adición de agua, desde 100 grados, hasta 1.66 gm. X 100 c.c., muy por debajo del standard de acidez de 4 gm. X 100 c.c. fijado por el re-glamento.

Arguye el apelante que el Reglamento del Comisionado de Sanidad, de 17 de mayo de 1938 (sic), no está vigente, porque el mismo fué promulgado de acuerdo con la Ley núm. 63 de 28 de abril de 1931 (pág. 415), la cual fué derogada por la Ley núm. 149 de mayo 12 de 1939 (pág. 727), siendo ésta a su vez derogada por la Ley núm. 72 de 26 de abril de 1940 (pág. 493), que es la que ahora rige en Puerto Rico.

Hemos examinado detenidamente las tres leyes citadas. En todas ellas se define en idénticos términos lo que se en-tiende por “alimento” y cuándo se deberá considerar un alimento como “adulterado.” En cada una de dichas leyes se faculta al Comisionado de Sanidad para promulgar los reglamentos que fueren necesarios para poner- en vigor la ley. Y esos reglamentos, una vez promulgados, tienen fuerza de ley y deben ser respetados hasta que sean expresa o tá-citamente derogados por otros reglamentos o leyes posterio-res. Ni en la ley de 1939 ni en la de 1940 hemos encontrado disposición alguna por la eual se deroguen expresamente los reglamentos anteriormente promulgados. Por las cláusulas derogatorias en cada una de dichas leyes solamente “se de-roga toda ley o parte de ley que se oponga a la presente.” El Reglamento de 1932, lejos de oponerse a las citadas le-yes, es absolutamente necesario para su efectividad. Prueba de ello es que el reglamento aprobado en junio 18 de 1942 dispone expresamente que el reglamento núm. 2 de mayo 17 de 1932, sobre vinagres, forma parte del nuevo reglamento. Véase: Pueblo v. Ortiz, 62 D.P.R. 298.

El tercer señalamiento carece de méritos. La acusación contiene datos suficientes para informar al acusado en cuanto a la naturaleza del delito que se le imputa. Pueblo v. Morales, 61 D.P.R. 200.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe De Jesús

text:
    Víctor M. Ramírez, peticionario, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Host. R. Ramírez Pabón, Juez, demandada.
    Núm. 1576.

    Sometido: Noviembre 9, 1944.

      Resuelto: Febrero 13, 1945.

      Céigel c& Silva y José López Baralt, abogados del peticionario; Rodolfo Ramírez Babón, pro se, en comparecencia especial hecha en el caso; Vicente Bales Matos, ahogado del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en este caso de un recurso de certiorari para revisar la resolución de la Corte de Distrito de Mayagüez por la cual antes de sentencia se decretó la sindicatura de dos sociedades dentro de un pleito instituido el 2 de noviem-bre de 1943 por un alegado socio, solicitando fuesen liquida-das y se le entregase su participación. El demandante Ar-cadio Ramírez Cuerda alegó que constituyó dos sociedades colectivas, una con el demandado Víctor M. Ramírez, peti-cionario en este recurso, bajo la razón social de R. & R-Laboratories, y otra con el mismo Víctor M. Ramírez y Daniel Ramírez bajo la razón social de Distilleries V. M. Ra-mírez y Cía.; que el demandante' aportó en efectivo mil qui-nientos dólares a la primera sociedad y tres mil novecientos a la segunda, y Víctor M. Ramírez el equipo utilizado en las sociedades; que la primera sociedad tenía por objeto la fa-bricación de bebidas alcobólicas y de otros productos para ser vendidos en Puerto Rico y Estados Unidos, y la segunda se dedicaba también a la fabricación y venta de bebidas al-cohólicas y a la compra y reventa de alcohol; y que ambas sociedades se constituyeron sin término de duración. Alegó además que en la sociedad R. & R. Laboratories el deman-dante y Víctor M. Ramírez se dividirían de por mitad las ganancias, y en Distilleries V. M. Ramírez y Cía. las ganan-cias habrían de dividirse por iguales partes entre los tres socios; que el 30 de octubre de 1943 puso en conocimiento de su socio Víctor M. Ramírez, con encargo de que éste lo trasmitiera inmediatamente al otro socio Daniel Ramírez, quien residía en California, el hecho de que se retiraba de ambas sociedades, y solicitó que se le hiciera la liquidación de los beneficios; que el demandado Víctor M. Ramírez se negó por sí y en representación del otro socio a llevar a cabo la liquidación solicitada, y continuó actuando como único miembro de las sociedades, negando al demandante' toda in-gerencia en las mismas. Alegó finalmente por información y creencia qne ambas sociedades poseían entonces nn capital no menor de sesenta mil dólares, y suplicó qne se dictara una sentencia ordenando la liquidación de las sociedades y la entrega de la participación que pudiera corresponderá.

En la misma fecba en que se radicó la demanda el de-mandante solicitó y obtuvo una orden de aseguramiento de sentencia previa prestación de una fianza por la cantidad de diez mil dólares, embargándose fondos en distintos bancos de Mayagüez por la cantidad total de $44,812.52, deposita-das unos a nombre de las sociedades y otros a nombre de Víctor M. Ramírez. Frieron también objeto de embargo to-dos los documentos, incluyendo fórmulas, facturas, cheques y libros de Contabilidad, lo cual fue ocupado por el márshal y depositado bajo su custodia en la corte de distrito. Por estipulación de las partes, la corte el 10 de noviembre de 1943 modificó la orden de aseguramiento de sentencia, redu-ciendo la cantidad embargada a $22,406.26, quedando levan-tado el embargo en cuanto al resto de la cantidad.

Después de varias prórrogas, el día 10 de enero de 1944 el demandado Víctor M. Ramírez radicó su contestación, en la cual sustaneialmente negó tener sociedad con el deman-dante, que éste le comunicara su determinación de retirarse de las sociedades y que solicitase liquidación de beneficio en las mismas.

No obstante el embargo trabado, el demandante radicó el 15 de mayo de 1941 una petición interesando que las socie-dades fuesen puestas en sindicatura. La solicitud se fundó en que el demandado Víctor M. Ramírez, por sí y en repre-sentación del otro socio Daniel Ramírez, se negaba a llevar a cabo la liquidación solicitada por el demandante; que el demandado Víctor M. Ramírez continuaba haciendo contra-tos y negocios .en nombre de Distilleries V. M. Ramírez y Cía. sin consultar ni rendir cuentas al demandante; que éste carecía de medios para fiscalizar los negocios que se estaban llevando a cabo y para impedir el manejo indebido de los bienes de Distilleries V. M. Ramírez y Cía.; y que el medio más justo para salvaguardar los intereses de las partes era poner las sociedades en sindicatura, ya que el demandante tenía fundado temor de que el demandado Víctor M. Ramí-rez hiciera uso indebido de las ganancias que se obtuvieran en los negocios que estaban llevando a cabo Distilleries V. M. Ramírez y Cía. y R. & R. Laboratories. En la petición se suplica el nombramiento de un síndico con poderes para incautarse de los bienes de las sociedades y celebrar contra-tos o continuar los existentes.

La vista de la solicitud fué señalada para el 26 de mayo de 1944, habiendo radicado el demandado Víctor M. Ramírez el día anterior a la vista una moción oponiéndose a la sindi-catura.

En esa vista el demandado Víctor M. Ramírez, al ser exa-minado como testigo del demandante, admitió que había com-prado por la.cantidad de aproximadamente diecisiete mil dó-lares una casa en Miami con el producto de mil cajas de ginebra pertenecientes a la sociedad Distilleries V. M. Ra-mírez y Cía., vendidas a Albert Pick, y que tomó de la misma sociedad'la cantidad de cincuenta mil dólares, con la cual compró acciones a su nombre en una corporación deno-minada Distilleries V. M. Bamírez, Ine., todo lo cual hizo sin el consentimiento del demandante.

Sin que se hubiera resuelto la petición de nombramiento de receiver, el día 3 de julio de 1944 comenzó el juicio en el caso principal y continuó el 5 y el 6, recibiéndose toda la evidencia del demandante y el testimonio de un testigo del demandado. Se acordó entonces continuar el juicio en enero 1945

El 14 de julio de 1944 la corte decretó la sindicatura. De la resolución tomamos el siguiente párrafo, el cual revela los motivos que tuvo la corte para decretarla:

"De la prueba testifical y documental ofrecida por el deman-dante aparece, sin que ello signifique que estamos resolviendo en definitiva este caso, que se constituyeron entre el demandante Ar-cadio Ramírez Cuerda y los demandados Víctor M.. Ramírez y Daniel Ramírez dos sociedades mercantiles regulares colectivas. Sabido es que en esta clase de sociedades, los socios gestores (y tal es el ca-rácter que aparece teniendo el demandante Arcadio Ramírez Cuerda en R. & R. Laboratories y en Distilleries V. M. Ramírez y Cía.) son responsables con todos sus bienes de las deudas de la sociedad, aún después de dejar de existir la sociedad (15 D.P.R. 660; 24 D.P.R. 94; 28 D.P.R. 603, etc.). Ello nos conduce al hecho inescapable de que si el socio Víctor M. Ramírez, abrogándose todos los derechos de las sociedades por él constituidas con el demandante y Daniel Ra-mírez, utiliza los fondos de las sociedades, o sus bienes, o sus benefi-cios, en forma tan caprichosa que conduzca a la creación de deudas, o a la desaparición, traslado u ocultación de dichos fondos, bienes o beneficios de las precitadas sociedades, él demandante Arcadio Ramí-rez Cuerda vendrá en la obligación legal de responder con sus bienes todos por las deudas creadas por Víctor M. Ramírez, sin que Arcadio Ramírez Cuerda haya podido intervenir o fiscalizar los contratos o actos realizados por Víctor M. Ramírez en nombre y representación de R. & R. Laboratories y Distilleries V. M. Ramírez y Cía. Y como en este caso aparece que no se le permite a Arcadio Ramírez Cuerda tal intervención o fiscalización, nos parece una medida de saludable justicia que el tribunal intervenga por medio del síndico. La prueba del demandante peticionario indica que Arcadio Ramírez Cuerda tiene un interés sustancial en los bienes, fondos, productos y beneficios de ambas sociedades, los cuales fondos, bienes, productos y beneficios se encuentran en poder y bajo el dominio y control del Remandado Víctor M. Ramírez, quien no ha permitido al deman-dante desde septiembre u octubre de 1943 intervención alguna en los mismos; y esa prueba señala el hecho de que dichos bienes, fon-dos, productos y beneficios de las sociedades se hallan en inminente y fundado peligro de confundirse con otros bienes, fondos y pro-ductos, y de ser trasladados entre tanto esté pendiente de fallo el presente pleito.” (Bastardillas nuestras.)

Concedemos que la facultad de nombrar un síndico sólo debe ejercitarse cuando sea absolutamente necesario para proteger los intereses en litigio mientras se resuelve el pleito principal, y que no debe hacerse uso de ese remedio cuando exista cualquiera otro que sin perjudicar innecesariamente los intereses de la parte contra quien se expida, proteja adecuadamente los derechos de la que lo solicita. Así lo ha resuelto este Tribunal en Balasquide v. Rossy, Juez de Distrito, 18 D.P.R. 33; P. R. Racing Corp., et al. v. Corte de Dist. de San Juan, 32 D.P.R. 871, y Rodríguez, et al. v. Corte, 59 D.P.R. 977. Al mismo efecto, véase Hawkins v. Aldridge (Ind. 1937), 7 N. E. (2d) 34, 109 A.L.R. 1205. Pero en la aplicación de estos principios debe tenerse en cnenta la am-plia discreción qne tiene y debe ejercitar el juez de acuerdo con los hechos y circunstancias de cada caso.

En el presente caso se trata, como hemos dicho, de dos sociedades constituidas por tiempo indefinido. El deman-dante notificó a sus socios su determinación de descontinuar-las, y solicitó que fueran puestas en-liquidación. Pero el so-cio Víeto’r M. Eamírez, según alega el demandante, en su. propio derecho y en representación de su hermano el socio Daniel Eamírez, rehusó reconocer a Arcadio Eamírez Cuerda la calidad de socio que alegaba, y consecuentemente se negó a liquidar las sociedades, continuando él los negocios de las mismas. Como Víctor M. Eamírez rehúsa reconocer el de-recho que alega tener el demandante como socio, no sólo para obtener la disolución si que también para participar en la liquidación de las sociedades, es de aplicación el artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Civil, que en lo pertinente dispone:

“Un síndico podrá ser nombrado por la corte en que un pleito esté pendiente o se baya fallado, o por el juez de dicha corte:
“1. En una acción entablada . . . entre socios, u otras personas que en común posean o estén interesadas en bienes o fondos, mediante solicitud del demandante o de cualquier parte, cuyo derecho o in-terés en dichos bienes o fondos o productos de los mismos sea pre-sumible, siempre que se probare que los bienes o fondos corren pe-ligro de perderse, trasladarse o sufrir daños de consideración.”

En California, de donde fué tomado el artículo que aca-bamos de transcribir en parte, se resolvió en Breedlove v. J. W. & E. M. Breedlove Excavating Co. (Cal. 1942), 132 P. (2d) 239, 241:

“Es verdad que la facultad conferida a las cortes para nombrar síndicos es delicada y debe ejercitarse con cautela para evitar per-juicio a las partes y a sus bienes [cita], y que el remedio debe con-siderarse como drástico y extraordinario, al cual debe recurrirse sólo cuando no existan otros remedios menos onerosos [cita]; sin» embargo, esa facultad generalmente descansa en la discreción de la corte, que debe ejercitarla considerando las circunstancias concurren-tes [cita], y cuando una conclusión de hecho basada en evidencia contradictoria es al efecto de que existe una amenaza de peligro a bienes o a fondos, y se nombra un síndico, raras veces la corte superior sostendrá que la inferior ha abusado de la discreción que le ha sido confiada. [Cita.] En verdad, es tan amplia la discreción del juez ante quien se presente la petición [cita] que al ejercitarla solamente será alterada por una corte de apelación cuando se haya actuado arbitrariamente. [Cita.]”

Y en el caso de Whitley v. Bradley (Cal. 1910), 110 Pac. 596, 598, se dijo:

“Solamente debe acudirse al remedio de equidad sobre nombra-miento de síndico cuando las exigencias del caso claramente demues-tren que es absolutamente necesario para la protección de los dere-chos de todas las partes envueltas en el litigio objeto de la solicitud. El nombramiento de un síndico es justamente considerado como ex-traordinario o drástico, y una corte de equidad jamás ejercitará su discreción a favor de una moción en que se solicite el auxilio de ese remedio a menos que satisfactoriamente se demuestre que es necesario >para preservar y proteger completamente los derechos de todas las partes. [Cita.] Por supuesto, debe probarse que la persona que lo solicita tiene por lo menos un derecho o interés probable en la propiedad o fondo envuelto en el litigio, y que existe peligro de que se pierda o destruya o sea malversado a menos que se nombre un síndico pendente lite; y cuando a base de prueba contradicto-ria la corte inferior concluye que existe ese derecho o interés y peli-gro de destrucción o malversación de la propiedad o fondo, la corte de revisión no está por lo general en condiciones de decidir que la de primera instancia ha abusado de su discreción al nombrar un síndico. [Citas.] La determinación de la cuestión aquí envuelta debe por lo tanto necesariamente descansar en la proposición de si la evidencia en que se basó la orden apelada afirmativamente de-muestra un abuso de discreción.”

En el presente caso la prueba que ante sí tuvo la corte inferior tendió a demostrar la relación de socios entre el demandante y los demandados. La existencia de esa rela-.ción, aunque contradicha por Víctor M. Ramírez y por cierta evidencia tendente a demostrar que Arcádio Ramírez Cuerda percibía comisiones por artículos vendidos por la sociedad, está sostenida por las declaraciones del demandante y de Emili'o Sorrentini, inspector de bebidas, y por la escritura de poder otorgada por Víctor M. Ramírez ante el notario Sixto Charneco Murillo el 8 de junio de 1943, en la cual Víctor M. Ramírez expresamente manifestó que Arcadio Ramí-rez Cuerda era socio gestor de Distilleries V. M. Ramírez y Cía. y R. & R. Laboratories. También está sostenida por el considerable número de cheques, algunos de ellos por fuertes cantidades, suscritos por Arcadio Ramírez Cuerda a nombre de Distilleries V. M. Ramírez & Cía.

La evidencia con respecto a las inversiones que a su nom-bre hizo Víctor M. Ramírez con fondos de la sociedad, a las cuales nos hemos referido anteriormente, sostiene la conclu-sión a que llegara la corte inferior sobre el riesgo que co-rría el interés que al ser liquidadas las sociedades pudiera corresponder a Arcadio Ramírez Cuerda. Si a todo esto se agrega que el demandado Víctor M. Ramírez permanecía en posesión del resto del capital de las sociedades no afectado por el embargo, manejándolo como único dueño sin dar cuen-tas al demandante, es evidente que la conclusión a que llegó la corte sobre este particular está sostenida por la evidencia.

Réstanos ahora determinar si la corte inferior pudo haber utilizado otro remedio que adecuadamente protegiese los intereses de Arcadio Ramírez Cuerda sin lastimar los derechos de Víctor M. Ramírez.

Arguye el peticionario que el embargo trabado con an-terioridad al nombramiento de receiver protegía suficiente-mente cualquier interés qne pudiera tener Arcadio Ramírez Cuerda. Es verdad que el 2 de noviembre de 1943 Arcadio Ramírez Cuerda obtuvo una orden de aseguramiento de sen-tencia por la cual se embargó la cantidad de $44,812.52 en efectivo, y que dicho embargo fue reducido por estipulación a la cantidad de $22,406.26 el 10 de noviembre de 1943. Pero ese embargo, como veremos, no protegía suficientemente los derechos de Arcadio Ramírez Cuerda.'

El artículo 154 del Código de Comercio dispone:

“Ningún'socio podrá exigir la entrega del haber que le corres-ponda en la división de la masa social, mientras no se hallen extin-guidas tocias las deudas y obligaciones de la compañía, o no se haya depositado su importe,- si la entrega no se pudiera verificar de pre-sente.” (Bastardillas nuestras.)

Y el profesor italiano Lorenzo Mossa en su obra Derecho Mercantil, volumen I, pág. 116, citado por el peticionario, refiriéndose a la responsabilidad de los socios por las obli-gaciones en que puede incurrir la sociedad después que el socio ha manifestado su resolución de retirarse de la misma, dice:

“La calidad de socio (en la sociedad colectiva) se proyecta en el tiempo y sigue al socio de responsabilidad limitada, aún retirado o excluido de la sociedad. El límite temporal de las obligaciones del socio está en el momento de la publicación de su salida, la cual equi-vale a la disolución en cuanto a la relación de socios. Éste queda obligado por todos los actos de la sociedad en aquel día, siendo ade-más responsable de las obligaciones en curso que también debe, en principio, garantizar con su cuota, que se le debe retener hasta él fin de las operaciones.” (Bastardillas nuestras.)

De suerte que el embargo trabado por un socio sobre bienes de la sociedad para asegurar la participación que pueda corresponderle al practicarse la liquidación no puede perjudicar a los acreedores de la sociedad, ya que su derecho a exigir la entrega del haber que le corresponda está supe-ditado a que se hayan pagado todas las deudas y obligacio-nes de la sociedad. T como el otro socio Víctor M. Bamírez continuó en la gerencia de la sociedad, sin dar intervención al demandante, podría resultar que gran parte o la totali-dad de los $22,406.26 tuviesen que ser aplicados a responsa-bilidades contraídas por las sociedades tanto antes como des-pués del embargo. Podría también Víctor M. Bamírez in-currir en nombre de la sociedad en responsabilidades de tal importancia, aún en la ultimación de los negocios pendientes en la fecha en que se retiró el socio demandante, o malver-sar a tal extremo los bienes de las sociedades, que al prac-ticarse la liquidación hubiese no sólo que aplicar los $22,406.26 objetos del embargo, si que también recurrir a los bienes privados del socio Arcadio Bamírez Cuerda para hacer frente ■a las responsabilidades de las sociedades.

Arguye también el peticionario que la corte pudo haberle exigido una fianza para responder de los perjuicios que pu-dieran irrogarse al demandante, y que la misma protegería adecuadamente sus derechos. Considerando que una vez prestada la fianza Víctor M. Bamírez continuaría operando el negocio y tratándose como se trata de un pleito entre so-cios, no vemos cómo ese remedio podría suministrar adecuada protección. El haber que pueda corresponder al demandante al liquidarse las. sociedades es contingente, dependiendo como hemos visto de la forma en que Víctor M. Bamírez maneje los negocios de las sociedades. Aún después de prestada la fianza, él llevaría los libros de contabilidad y, no teniendo el demandante acceso a ellos, muy difícil es predecir qué balance, si alguno, de acuerdo con dichos libros podría corres-ponder al demandante. Sería distinta la situación si se tra-tase de un acreedor, quien una vez garantizado su crédito con una fianza suficiente, poco debe importarle la forma en que se conduzcan los negocios de las sociedades.

Tampoco sería adecuado el remedio de injunction. Lo que con él se conseguiría sería paralizar los negocios de las sociedades, exponiéndolas a nnevas responsabilidades por el incumplimiento de los negocios en curso, sin contar la pér-dida que sufrirían al dejar de percibir los beneficios que pu-dieran derivar en los nuevos negocios, que mediante el nom-bramiento de un síndico podrían llevarse a efecto, mante-niendo así las sociedades como negocios en operación [going concerns].

Al discutir en esta opinión otros remedios que el peticio-nario indicó que podrían sustituir adecuadamente el de nom-bramiento de síndico, sin ser tan onerosos, fiemos tenido que basar nuestra discusión en meras posibilidades que no se han probado en este caso. Parece conveniente hacer claro que al sostener la resolución recurrida nombrando al síndico, no nos hemos basado en estas posibilidades que podrían o no ocurrir, las cuales por sí solas no justifican el nombra-miento de un síndico, sino en los hechos probados en este caso demostrativos de que los bienes de las alegadas socie-dades corren el riesgo de perderse si la corte no nombra un receiver para impedir que el demandado aquí peticionario los malverse.

Por las razones expuestas, preciso es concluir que la corte inferior no abusó de su discreción al nombrar el sín-dico en este caso. Se ha demostrado que hasta tanto se re-suelva el pleito principal, es necesario impedir que el aquí peticionario malverse el capital dé las sociedades en perjui-cio de los derechos que en relación con el mismo pudiera te-ner el demandante.

Se declara sin lugar la petición de certiorari y devuél-vanse los autos a la corte inferior para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con esta opinión.

      (1) De la demanda no aparece la fecha de constitución de las sociedades, pero del testimonio del demandante resulta que fueron constituidas verbalmente en junio de 1942.
      No obstante lo dispuesto en el artículo 98 del Código de Comercio, ni el otorgamiento de la escritura pública ni la inscripción de ésta en el registro mercantil son condiciones esenciales para la existencia del contrato ni para que éste produzca efeeto entre los contratantes, y sí sólo formalidades legales enca-minadas a salvaguardar los derechos de tereeros. Esta es la sana y verdadera teoría, como se dice en Gay de Montellá, Código de Comercio, tomo II pág. 70.

      (2)E1 10 de mayo de 1944 y a petición del demandante con la oposición del demandado Víctor M. Ramírez, la corte redujo la fianza a seis mil dólares.

      (3)Por resolución de 4 de febrero de 1944 la corte inferior, con el allana-miento del demandante, levantó el embargo sobre un cheque certificado librado el 7 de octubre de 1943 por Oeehiato Mercantile Corporation a favor de Distilleries V. M. Ramírez & Co. por la suma de $9,750, y sobre un giro contra Nueva York por la suma de $3,250 librado el 24 de septiembre de 1943 por Víctor M. Ramírez a favor de Albert Pick. Asimismo ordenó que se hiciera entrega por el márshal a Víctor M. Ramírez del permiso federal que fuera expedido a Distilleries V. M. Ramírez & Co. para la operación de su planta de licores, el cual al igual que el cheque y el giro antes mencionados se hallaban entre los documentos embargados. También ordenó con feeha 16 de febrero de 1944 con la confor-midad del demandante que se entregase al demandado Víctor M. Ramírez dos permisos para la rectificación de licores, concediendo al demandante autorización-para sacar copia de los permisos antes de que fueran retirados de la custodia del márshal.

      (4)No nos explicamos la conducta del taquígrafo interino de la corte inferior, Moisés del Toro, quien tomó las notas taquigráficas de la vista celebrada el 26 de mayo de 1944, al expedir tres certificaciones distintas sobre el réeord taquigráfico de esa vista. En la expedida el 5 de agosto de .1944, a solicitud de los señores Géigel y Silva, abogados del demandado Víctor M. Bamírez, aparece lo siguiente:
      “P. ¿Es o no cierto, a pesar de lo que usted declara, que usted esa casa la compró con mil cajas de ginebra? B. No, señor.
      “P. ¿T que esa ginebra era de Distillery V. M. Bamírez? B. No, señor.”
      En otra expedida el 1 de septiembre de 1944, a solicitud del juez de la corte inferior, la materia antes transcrita consta así:
      “P. ¿Es o no cierto, a pesar de lo que usted declara, que usted esa casa la compró con mil cajas de ginebra? K. Sí, señor.
      ”P. ¿V que esa ginebra era de Distillery V. M. Bamírez? B. Sí, señor.”
      Y en la transcripción de evidencia certificada por el taquígrafo el 23 de octubre de 1944, la misma materia aparece de este modo:'
      “P. ¿Es'o no cierto, a pesar de lo que usted declara, que usted compró la casa de Miami con mil cajas de ginebra que fueron vendidas a Albert Pick, eon cuyas cajas no tuvo que ver su esposa? B. Sí, señor.
      ”P. ¿Y que esa ginebra era de Distillery V. M. Bamírez? B. Sí, señor.”
      Sin perjuicio de que el Procurador General proceda a investigar esta im-propia conducta por parte del taquígrafo, queremos hacer constar que a los efec-tos de este caso no altera el resultado a que hemos de llegar, toda vez que existe otra transacción consistente en la inversión de cincuenta mil dólares pertenecien-tes a Distilleries V. M. Bamírez y Cía. en acciones a nombre de Víctor M. Ba-mírez en la corporación Distilleries V. M. Bamírez, Ine.

      (5)Se queja el abogado del demandado, aquí peticionario, de que la corte, a pesar de que el 6 de julio de 1944, al terminarse la práctica de la prueba, mani-festó que no resolvería la moción sobre nombramiento de receiver hasta que no se hubiese oído la prueba de ambas partes, .dictó la resolución antes de que el demandado hubiese tenido la oportunidad de presentar toda su prueba. A nues-tro juicio ésta es una mala inteligencia del abogad’o del peticionario, pues del récord no aparece tal manifestación y por el contrario el' juez ha presentado con el return una moción jurada en la que asegura que en ningún momento hizo tal manifestación. La declaración del juez fué corroborada por las manifestaciones que al mismo efecto hiciera en su informe oral ante este Tribunal el abogado del demandante. Además, los siguientes párrafos del récord tienden a demostrar que la moción sobre nombramiento de síndico quedó definitivamente sometida a la consideración de la corte el 6 de julio de 1944. Al terminar de declarar el testigo del demandado y anunciar la corte que el juicio no podría continuarse hasta el mes de enero de 1945, el abogado del demandante, dirigiéndose a la corte, dijo:
      “Voy a suplicar a V. H. que en vista de las circunstancias aligere la reso-lución relacionada con el receiver.”
      Y el abogado del demandado dijo:
      “¿La corte desea oír a las partes en relación con la sindicatura, o cree que ha sido suficientemente discutida?”
      Replicando el juez:
      “La corte cree que ha sido suficientemente discutida.”
      Inmediatamente después dijo el abogado del demandante:
      “Sr. Juez, para que conste en récord: como parte de nuestra prueba en la sindicatura y para que V. H. la tome en consideración al resolver la cuestión, sometemos la prueba que hemos presentado en el caso in chief.”

      Si ya se había presentado prueba en apoyo de la moción de sindicatura, habiendo declarado en primer término el propio demandado, y tanto la corte eomo el abogado del demandado entendían que la moción había sido suficiente-mente discutida y el abogado del demandante solicitó en el mism'o acto que se aligerase la resolución, parece claro que todas las partes entendían que la mo-ción había quedado definitivamente sometida a la consideración de la corte, má-xime si se tiene en cuenta que el remedio solicitado es urgente por naturaleza y la corte había expresado que hasta el mes de enero del año siguiente no podría continuar oyendo la prueba de la parte demandada.

      (6)E1 síndico Angel Arroyo Rivera tomó posesión de su cargo previa pres-tación de fianza un día después. Por orden de 28 de julio de 1944 la corte dejó sin efecto-su nombramiento, y en su lugar nombró a José Rafael Gelpí, quien previa prestación de fianza tomó posesióñ de su cargo el 23 de agosto ■ de 1944.

      (7)E1 párrafo segundo de la referida escritura dice:
      “Que Víctor M. Mamírez concede por este documento poder tan amplio, suficiente y bastante como menester fuere para y autorizarlo a don Areadio Ramírez Cuerda su socio gestor en la destilería T. M. Ramírez y Cía. y R. & R. Laboratories a transar con la Puerto Rico Beverages and Flavoring, Inc., la deuda pendiente con nuestra compañía, la R. & R. Laboratories.” (Bastardillas nuestras.)

      (8)IXno de 2 de agosto de 1943 a la orden de United States Collector of Internal Revenue por $120,120, y dos de 3 de agosto de 1943 a favor del mismo colector por $90,090 y $60,060, todos contra The Royal Bank of Canada, Su-cursal de Mayagüez, Puerto Rico.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Leonardo Viera Méndez, peticionario y apelado, v. Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, Hon. Gustavo Jiménez Sicardó, demandada; Juan E. Viguié, interventor y apelante.
    Núm. 8943.

    Sometido: Noviembre 9, 1944.

      Resuelto: Febrero 13, 1945.

      Miranda & Miranda E sieve, abogados del apelante; Ángel A. Váz-quez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 11 de octubre de 1943 Leonardo Viera instó en la Corte Municipal de San Juan un pleito de desahucio contra Juan E. Viguié. Se alegó en la demanda que el demandante estaba habitando una casa que no era de su propiedad ni lo había sido dentro del año anterior a su radicación, y que el demandante de buena fe tenía necesidad de recobrar la po-sesión de la finca de su propiedad ocupada por el demandado para usarla inmediatamente con su familia como residencia. La demanda fué declarada con lugar el 3 de noviembre de 1943, y al día siguiente fué notificada la sentencia al deman-dado, quien no interpuso recurso alguno. contra ella. Es-tando pendiente de expedición la orden de lanzamiento, el demandado presentó una moción en la corte municipal, en la que expuso que era falsa la alegación que se había hecho en la demanda al efecto de que el demandante reclamaba de buena fe la posesión del inmueble para ocuparlo inmediata-mente como residencia con su familia, toda vez que el 4 de octubre de 1943 el mismo Leonardo Viera había obtenido una sentencia de desahucio en la Corte de Distrito de San Juan en el caso que siguió contra María viuda'de Sol, civil núm. R 155, en el cual hizo también idéntica alegación. So-licitó- el demandado que se dejase sin efecto la sentencia contra él obtenida y se declarase sin lugar la demanda. Oídas las partes, la corte municipal dictó resolución el 21 de diciembre de 1943 declarando que el demandante no ha-bía probado a satisfacción de la corte el extremo en cuestión y ordenó al secretario que no expidiese orden de lanza-miento.

En enero 1944 el demandante obtuvo un auto de certio-rari en la corte de distrito, la cual anuló la resolución de la corte municipal que prohibía la expedición de la orden de lanzamiento. La corte de distrito basó su resolución: 1, en que una vez probado por el demandante en el acto del jui-ció que reclamaba de buena fe la posesión del inmueble para ocuparlo como residencia él o su familia, no tenía que volver a probar ese extremo a los efectos de obtener la orden de lanzamiento; 2, en que de la copia certificada de la senten-cia en el caso contra María viuda de Sol no constaba que la demandada estuviera ocupando como residencia el aparta-miento del cual se le desahuciaba; y 3, en que no existía ley que sostuviese la resolución dictada por el juez municipal.

El artículo 621 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fué enmendado por la Ley núm. 14 de 1941 (Sesión Ex-traordinaria, pág. 45), prescribe que no se declarará con lugar acción alguna para recobrar la posesión de un inmueble ocupado para fin'es de residencia en las zonas urbanas de un municipio o del Gobierno de la Capital de Puerto Rico cuando estando basada la acción en vencimiento de contrato, el dueño del edificio, según el Registro de la Propiedad, siendo persona natural no probare que al comienzo de la acción ni dentro del año anterior ha habitado una casa que no es de su propiedad y que procura de buena fe recobrar la posesión del inmeble para su inmediata y personal ocupación por él o su familia como sitio de residencia. El mismo artículo prescribe que “No se expedirá orden de lanzamiento en una acción para recobrar la posesión de un inmueble en dicha zona urbana o rural municipal por el fundamento de haber vencido el término del arrendamiento, a menos que el demandante pruebe a satisfacción de la corte que la acción es una de las mencionadas en las excepciones enumeradas en este artículo.”

Como hemos visto, la circunstancia de la buena fe al tratar de recobrar la posesión del inmueble para su inme-diata y personal ocupación por él o su familia como sitio de residencia, es un hecho que necesariamente debe probarse para que la acción del demandante pueda tener éxito. El demandante en este caso a sabiendas hizo esa falsa alega-ción, de ese modo fraudulentamente obteniendo una senten-cia que sin esa falsa alegación no hubiera obtenido. Guando la sentencia se obtiene por medio de fraude la corte que la dictó no pierde su jurisdicción para anularla, aún después de ser firme. Puede solicitarse la nulidad dentro del mismo pleito mediante moción al efecto o estableciendo una acción de nulidad en la corte competente. Hazel-Atlas Co. v. Hartford Co., 322 U. S. 238.

No tiene pertinencia la circunstancia de que en la copia certificada de la sentencia de la corte de distrito en el caso seguido contra María viuda de Sol no apareciese que la demandada ocupase el apartamiento como residencia. Ella pudo estar ocupando el apartamiento para cualquiera otro fin, pero si al reclamarlo el demandante lo bizo para ocuparlo él o su familia para residencia, es manifiesta su mala fe cuando al -mismo tiempo alegó en la demanda de este caso que reclamaba la casa del demandado con el mismo propósito, pues sólo una vivienda sería suficiente para ese objeto.

Dentro de las circunstancias del caso, el juez municipal debió dejar sin efecto la sentencia de desahucio, pero el no haberlo hecho no lo privó de jurisdicción para ordenar que no se expidiese la orden de lanzamiento.

Procede revocar la resolución de la Corte de Distrito de San Juan de fecha 21 de marzo de 19 M, que a su vez anuló la orden de la Corte Municipal de San Juan prohibiendo la expedición de la orden de lanzamiento, y en su lugar dictar la que corresponde, declarando sin lugar la petición de cer-tiorari.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

text:
    Cecilio Echeandía Font, peticionario y apelante, v. José Antonio Alvarado, Jefe de la Penitenciaría Insular, demandado y apelado.
    Núm. 9055.

    Sometido: Enero 8, 1945.

      Resuelto: Febrero 13, 1945.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; B. A. Gomes, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Al denegar la petición de hábeas corpus en el caso de Echeandía v. Saldaña, 61 D.P.R. 799, interpretamos la sec-ción 6362 de los Estatutos Revisados de 1911 en relación con la sección primera de la ley de 14 de marzo de 1907 y re-solvimos lo siguiente:

Como la deducción se computa desde la admisión del sentenciado a la cárcel o penitenciaria y no antes, y como a partir de ese mo-mentó lo que va a cumplir no es la totalidad de la sentencia impués-tale sino la que le falte por cumplir una vez acreditada la prisión preventiva, es evidente que la deducción por buena conducta sólo podrá hacerse del término que empieza a correr desde que comienza a extinguir la sentencia en la cárcel o penitenciaría, según se trate de un delito misdemeanor o de uno felony. Por lo tanto no puede hacerse la deducción de la totalidad de la sentencia dictada. Que la frase ‘desde su admisión a la cárcel o penitenciaría’ no se refiere al momento en que el acusado ingresa en prisión preventiva y sí a aquel en que empieza a cumplir la sentencia definitiva, lo demuestra el hecho de que la preventiva nunca tiene, lugar en la penitenciaría, ya que hasta que un preso ha sido sentenciado a pena de presidio no puede bajo ninguna • circunstancia ser ingresado en la peniten-ciaría. ’ ’

Al denegar otra petición de hábeas corpus en el caso de Echeandia v. Alvarado, 63 D.P.R. 230 de nuevo interpreta-mos la sección primera de la ley de 1907, supra, según fue enmendada por la Ley núm. 180 de mayo 15 de 1943, en el sentido de aumentar de diez días a trece días por cada mes la rebaja a que tiene derecho un preso sentenciado a cum-plir treinta años o más y resolvimos, copiando del sumario, que “Conmutada su pena de reclusión perpetua por la de 30 años de presidio, un confinado adquiere el status de con-finado por un término de 30 años contados desde la fecha dé su ingreso en el penal, y desde esa fecha adquiere el derecho a la rebaja por buena conducta que determina la ley a ra-zón de diez días por cada mes bajo la ley de 14 de marzo de 1907 (pág. 307), y de trece días por cada mes a partir de la fecha en que empezó a regir la Ley núm. 180 de 1943 (pág. 653).”

Por tercera vez el peticionario en los casos citados ra-dicó petición de habeas corpus alegando que está ilegalmente detenido desde el 13 de marzo de 1944 y habiendo la corte inferior declarado sin lugar dicha petición estableció el pre-sente recurso de apelación el cual envuelve sólo dos cuestio-nes, a saber, Ira., si de la sentencia de 30 años que cumple el peticionario debe descontarse el tiempo que pasó en pri-sión preventiva (siete meses, veinticinco días) y 2da., si dicha sentencia ha quedado extinguida según la liquidación que de ella hace el peticionario. Ambas cuestiones fueron resueltas en la negativa por la corte inferior.

En cuanto al primer punto somos de opinión que ha sido resuelto en la afirmativa, tanto en el caso de Echeandía v. Saldaña, supra, como en el de Figueroa v. Saldaña, 63 D.P.R. 683. En éste último, al ratificar lo resuelto en el de Echeandía, dijimos a la página 684:

“• . . el peticionario Primitivo Figueroa Colón, al serle con-mutada la pena de reclusión perpetua por la de veinte años de pre-sidio, adquirió el status de un sentenciado a un término de 20 años de presidio, desde la fecha en que ingresó en el penal a cumplir la sentencia original o sea desde el día 20 de octubre de 1930. . . (Bastardillas nuestras.)

y al aceptar el cómputo hecho por el Fiscal de este tribunal como correcto, en la opinión se transcribió aquella parte del informe que resultó pertinente, y que comenzaba así (pág. 685):

“ ‘Cuando el peticionario ingresó en la penitenciaría había pa-sado 29 días en la cárcel de distrito, los cuales deducidos del término de veinte años de su sentencia, reducen ésta a 19 años, 11 meses, un día, cuyo término se comenzó a extinguir desde el 20 de octubre de 1930,

Es evidente que la doctrina de que un confinado a reclu-sión perpetua cuya sentencia sea conmutada por la de cierto número de años, adquiere el status de un confinado por ese número de años desde la fecha de su ingreso en la peniten-ciaría, significa que la conmutación tiene nn carácter retro-activo.

Al concedérsele a nn confinado a reclnsión perpetua, el status de nn confinado por cierto número de años, desde sn ingreso en la Penitenciaría, todo a virtud de la conmutación hecha por el Gobernador, se le concede también el derecho a todos los beneficios qne dan nuestros estatutos a los con-finados por el mismo término aún cuando de acuerdo con la sentencia original por su naturaleza de ser a reclusión per-petua, el confinado no tuviera derecho a tales beneficios. Uno de esos beneficios, ya reconocido, consiste en el derecho a que por cada mes de buena conducta se le descuente un número de días por buena conducta y asiduidad del término de la sentencia. Otro beneficio es el descuento de la prisión preventiva del término de la sentencia a virtud de la ley de 1907, supra.

TO AMEND SECTION c, "PERSONNEL", OP ACT No. 95, APPROVED MAT 12

El caso de Ex parte Leroy, 17 D.P.R. 1047, citado por la corte inferior y por el fiscal, sosteniendo que según lo re-suelto en dicho caso el peticionario no tiene derecho a que se le abone la prisión preventiva es distinguible del de autos. El peticionario Leroy había sido sentenciado en 24 de octubre de 1905 a servir una condena de treinta años, la cual le fué conmutada por el Gobernador a una de diez años. Mediante recurso de hábeas corpus solicitó Leroy su excar-celación, alegando en su favor que si se le abonaba el tér-mino de prisión preventiva, de acuerdo con la ley de 1907, además de los descuentos por buena conducta, su sentencia quedaba extinguida. Este tribunal, interpretando la ley de 1907 que concede el derecho a que se le abone la preventiva, resolvió que era prospectiva y no retroactiva, y que por tanto no podía aplicarse a un caso en el cual quería apli-carse el estatuto a una situación de hechos anterior a su aprobación. Este fué el ratio decidendi en dicho caso.'

El de autos es diferente. En 1925, año en qne fué sen-tenciado el peticionario a reclusión perpetua, ya estaba en vigor el estatuto de 1907, y en la misma forma que un sen-tenciado en 1925 a cumplir treinta años tendría derecho al descuento de la preventiva en su sentencia, tiene el peticio-nario derecho a que se le abonen los siete meses y veinti-cinco días que pasó en preventiva al adquirir él, a virtud de la conmutación, el status de un sentenciado a treinta años. La corte sentenciadora cometió el primer error señalado.

Pasamos a considerar la segunda cuestión planteada o sea si el peticionario apelante ha cumplido o no su sentencia.

En el caso de Buscaglia v. El Pueblo, 64 D.P.R. 185 tu-vimos ocasión de señalar la forma en que deben computarse las bonificaciones autorizadas por las leyes de 1907, supra nota (1), que venimos interpretando y al efecto copiamos al margen lo pertinente.

Procediendo a liquidar la sentencia de treinta años im-puesta al peticionario con motivo de la conmutación y to-mando en consideración el return y la prueba presentada tendremos el resultado siguiente:

(a) Descontando de los treinta años, los siete meses vein-ticinco días de prisión preventiva, el término por cnmplir quedó reducido a 29 años, 4 meses y 5 días.

(b) Como hasta el 13 de agosto de 1943 (fecha en que' entró en vigor la Ley núm. 180 de 1943 aumentando la bo-nificación de diez a trece días por mes) el peticionario había cumplido en prisión efectiva 17 años, 10 meses, a los cuales se les había computado la bonificación a razón de diez días por mes, tendremos que esos 17 años 10 meses equivalen a 26 años 9 meses del término de la sentencia-.

(c) .Si de los 29 años 4 meses y 5 días de dicho término restamos esos 26 años 9 meses tendremos que quedan 2 años 7 meses 5 días sobre los cuales hay que hacer la bonificación a razón de 13 días por mes en esta forma:

Beneficio por 2 años_312 días (24 meses X 13 — 312)

Beneficio por 7 meses_ 91 días (7X13 = 91)

Beneficio por 5 días_ 1 día 404 días

404 días = l año, 1 mes, 14 días los cuales restados de los dos años 7 meses 5 días del término de la sentencia dan 1 año, 5 meses, 21 días que tenía que cumplir el peticionario en prisión efectiva desde el 13 de agosto de 1943 y la cual cumplió el día 3 de febrero de 1945.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto sí bien la corte inferior al dictar la sentencia en este caso el día 1ro. de ju-nio de 1944 no erró al resolver que el peticionario no estaba ilegalmente privado de su libertad, es obvio que durante el trámite de esta apelación el peticionario desde el 3 de fe-brero de 1945 ha dejado totalmente extinguida la sentencia de treinta años de presidio que venía cumpliendo y en su consecuencia procede dejar sin efecto la sentencia apelada y en su lugar dictar otra declarando con lugar la petición y decretar la excarcelación inmediata del peticionario.

      (1)Estas secciones dicen así:
      .“Sección 6362. Cuando una persona fuera acusada de un delito cualquiera, y habiéndosele exigido fianza, no pudiere, por motivo do pobreza, conseguir fia-dores, por lo que tuviere que estar bajo custodia aguardando la vista de su causa, si saliere sentenciada a un término de prisión, se le descontará de dicho término el tiempo que hubiere pasado bajo custodia, desde la fecha de su arresto hasta aquélla en que se hubiere dictado sentencia definitiva en su causa;
      “Sección 1. A partir del 1ro. de abril de 1907, todo preso sentenciado, o que en adelante se sentenciare, a prisión en la penitenciaría, o a prisión con tra-bajo en las cárceles de distrito de Puerto Rico, que observare buena conducta v asiduidad, tendré derecho a las siguientes rébajas del término de su sentencia, las cuales se computarán. desde su admisión a la eáreel o penitenciaría, siempre que ingresare con posterioridad al primero de abril de 1907:
      "Por una sentencia de diez años o más: 10 días en cada mes.
      "Dicha rebaja se hará por el mes natural, j si la sentencia de algún preso contuviere una fracción de mes, bien, al principio o al fin de dicha sentencia, se le abonará un día por cada eineo días o parte de los mismos, contenidos en dicha fracción.’ ’

      (2)“La computación hecha por el juez de la corte inferior está en pugna con las decisiones de esta Corte Suprema en Pérez v. Saldaña, 60 D.P.R. 916 y en Echeandía v. Saldaña, 61 D.P.R. 799, 801, en las cuales resolvimos que la de-ducción por buena conducta y asiduidad debe hacerse del término de prisión computado a partir del día en que el convicto ingresa en la cárcel o penitenciaría, según sea el caso, a cumplir la sentencia que le fué impuesta, sin que en dicho término se incluya el tiempo que el acusado estuvo en prisión preventiva. Véase: Aderhold v. Ellis, 84 F. (2d) 543.
      “Los dos errores cometidos por la corte inferior nos obligan, para mayor claridad, a exponer concisamente la forma en que debe liquidarse la sentencia original de diez años de cárcel impuesta al peticionario.

        “(a) Descontando de los diez años de prisión a que fué condenado el peti-cionario, los cinco meses y veintiocho días de prisión preventiva, desde su arresto hasta enero 10 de 1938 en que se dictó la sentencia definitiva por la corte de distrito, el término por cumplir quedó reducido a nueve años, seis meses y dos días.
      “(ó) Concedida al peticionario la bonificación de una tercera parte de dicho término, éste queda reducido a seis años y cuatro meses. ’ ’