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      In re Ramón B. Rivera Grau, querellado.

      Número: CP-2014-0007

      Resuelto: 4 de octubre de 2016

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, y Yaizamarie Lugo Fontánez, procuradora general auxiliar; Daisy Cal-caño López y Luis E. Laguna Mimoso, abogados de la parte querellada; Ygrí Rivera de Martínez, comisionada especial.
   per curiam:

Nos corresponde determinar si el Ledo. Ra-món B. Rivera Grau incurrió en conducta contraria al Có-digo de Etica Profesional, infra, al preparar varios contratos de opción de compraventa sobre unos predios sin segregar y autenticar las firmas de los comparecientes, a la vez que fungía como representante legal de la parte vendedora en un pleito sobre ejecución de una hipoteca garantizada por la finca matriz.

HH

El licenciado Rivera Grau fue admitido al ejercicio de la abogacía el 31 de enero de 2006 y a la práctica de la notaría el 23 de marzo de 2006. A mediados de septiembre de 2008, el licenciado Rivera Grau asumió la representación legal del Sr. Jesús Ramos Morales y la Sra. Nildes Josefina Morales León (matrimonio Ramos Morales) en una demanda contra el Municipio Autónomo de Caguas y la antigua Ad-ministración de Reglamentos y Permisos. Contestación a la querella, págs. 2-3. Como resultado de ese proceso judicial, se obtuvieron los permisos necesarios para iniciar la construcción de viviendas individuales en un inmueble propiedad del matrimonio Ramos Morales.

El 26 de marzo de 2009, el matrimonio Ramos Morales, el Sr. Gerardo Vargas Figueroa y la Sra. Madeline Martí-nez Colón comparecieron ante el licenciado Rivera Grau y suscribieron un contrato de opción de compraventa que preparó el letrado a petición de las partes. El notario Rivera Grau legitimó las firmas de ese contrato mediante el testimonio núm. 918. Además, el licenciado Rivera Grau asesoró a las partes en torno a las consecuencias legales que implica una opción de compraventa. A tenor con las disposiciones de ese contrato de opción, el señor Vargas Figueroa y la señora Martínez Colón entregaron al matri-monio Ramos Morales $7,000. Es importante destacar que en la cláusula sexta de ese contrato se dispuso que durante la vigencia de la opción, el matrimonio Ramos Morales es-taba "impedido de vender, hipotecar, gravar o de enajenar de cualquier forma la propiedad antes descrita”. Contrato de opción de compraventa de 26 de marzo de 2009, pág. 1.

Al día después de la otorgación del contrato de opción ante el licenciado Rivera Grau, este asumió formalmente la representación legal del matrimonio Ramos Morales en un pleito sobre ejecución de hipoteca que se ventilaba ante el Tribunal de Primera Instancia desde el 9 de marzo de 2009. Ese pleito involucraba el inmueble sobre el cual el licenciado Rivera Grau había redactado el contrato de op-ción, escrito que también se otorgó ante él. Luego, el 15 de octubre de 2009 y luego de varios incidentes procesales, el foro primario notificó una sentencia en la que declaró “con lugar” la demanda y autorizó la ejecución de la hipoteca que gravaba el inmueble.

Posteriormente, el 3 de noviembre de 2009, el matrimo-nio Ramos Morales, el señor Vargas Figueroa y la señora Martínez Colón suscribieron otro contrato, titulado Recibo de depósito y extensión de opción de compraventa. En ese contrato se reiteraron los términos del primer contrato de opción y se extendió el término de la opción por 180 días desde su vigencia a cambio de un pago de $15,000. El li-cenciado Rivera Grau también preparó este contrato de op-ción y autenticó las firmas de los comparecientes mediante el testimonio núm. 1207. Tres días más tarde, se firmó otro contrato titulado Recibo de depósito y enmienda a opción de compraventa, en el cual se reiteraron los términos del primer contrato de opción de compraventa y, además, se redujo el precio del predio sin segregar, sobre el cual recaía la opción, de $95,000 a $90,000. En ese tercer contrato, el licenciado Rivera Grau hizo un recuento de las cuantías entregadas en calidad de depósito por el señor Vargas Figueroa y la señora Martínez Colón, que ascendían a $42,000. Por último, autenticó las firmas de los compare-cientes mediante testimonio núm. 1271. A pesar de que el licenciado Rivera Grau era el representante legal del ma-trimonio Ramos Morales en el pleito sobre ejecución y so-bre el cual ya había recaído una sentencia que declaró “con lugar” la demanda y que autorizó la ejecución de la hipoteca que gravaba el predio, no informó al señor Vargas Figueroa y a la señora Martínez Colón sobre el estatus litigioso del inmueble. Es decir, no les advirtió sobre la posibilidad de que no pudiesen hacer valer la opción de compraventa que habían adquirido del matrimonio Ramos Morales. De hecho, a pesar de constarle personalmente y de haber redactado los contratos de opción, ni siquiera advirtió a los comparecien-tes sobre la existencia de un gravamen sobre el inmueble.

El 14 de diciembre de 2009, advenida final y firme la sentencia en el pleito de ejecución, el letrado Rivera Grau presentó, junto a la representación legal de RG Premier Bank, una moción titulada Acuerdo sobre satisfacción de sentencia. Como parte de ese acuerdo, se dispuso una serie de pagos para poner al día el préstamo hipotecario y evitar la venta en pública subasta de la propiedad. Asimismo, en el referido escrito se señaló, en lo pertinente, que:

13. En caso de incumplimiento por la parte demandada de cua-lesquiera de los términos de este plan de repago, R & G, o el tenedor legítimo del pagaré hipotecario objeto de este pleito, podrá, sin aviso o notificación alguna, solicitar la ejecución de la sentencia, habiéndose declarado el pagaré vencido en su totali-dad, ordenándose la venta en pública subasta del inmueble antes descrito para así satisfacer las sumas adeudadas. LA PARTE DEMANDANTE TENDR[Á] ADEM[Á]S DERECHO A RECLAMAR LA TOTALIDAD DE LA PARTIDA FIJADA PARA GASTOS, COSTAS Y HONORARIOS DE ABOGADO, O SEA, $79,655.00.

El 12 de enero de 2010, el matrimonio Ramos Morales suscribió otro contrato de opción de compraventa, esta vez con la Sra. Evelyn Zoé Pérez Ayala. Aunque el licenciádo Rivera Grau no participó activamente en las negociaciones de las partes, sí redactó el contrato que recogió los acuerdos alcanzados y que las partes suscribieron eventualmente. También, asesoró a los comparecientes en tomo al negocio jurídico y autenticó las firmas de las partes mediante el tes-timonio núm. 1239. Según las estipulaciones de ese con-trato, la señora Pérez Ayala le entregó $7,000 al matrimonio Ramos Morales a cambio de una opción de compraventa por un término de 180 días a partir de la segregación del predio. En el caso de la señora Pérez Ayala, el licenciado Rivera Grau tampoco estimó “prudente” entrar a discutir el estatus ni el resultado del caso sobre ejecución que disponía del in-mueble en el cual se encontraba el predio sin segregar sobre el cual esta adquirió una opción. Contestación a la querella, pág. 11. Es decir, a pesar de que el acuerdo de satisfacción de sentencia establecía expresamente que cualquier incum-plimiento daría lugar a la ejecución del inmueble, el licen-ciado Rivera Grau entendió que el asunto estaba “resuelto” y que el matrimonio Ramos Morales continuaba como dueño en pleno dominio del inmueble. Contestación a la querella, pág. 13.

El 5 de marzo de 2010, el señor Vargas Figueroa, la se-ñora Martínez Colón y el matrimonio Ramos Morales sus-cribieron otro documento, titulado Recibo de Depósito y Ter-cera Enmienda a Opción de Compraventa, ante el licenciado Rivera Grau. En este otro contrato, las partes acordaron reducir el costo del predio de terreno a $80,000 del ya redu-cido precio de $90,000, a cambio de un depósito adicional de $30,000. Así, según expuso el licenciado Rivera Grau en el documento que redactó, tanto el señor Vargas Figueroa como la señora Martínez Colón entregaron un total de $72,000, al tomar en consideración los depósitos entregados en virtud del contrato original y sus sucesivas enmiendas. El licenciado Rivera Grau también autenticó las firmas de los comparecientes mediante testimonio núm. 1271.

Aunque para el 5 de mayo de 2010, el licenciado Rivera Grau había renunciado a la representación legal del matri-monio Ramos Morales en el pleito de ejecución, estos com-parecieron ante él, junto a la parte compradora, para la pre-paración y firma de otro contrato de opción de compraventa sobre otro de los predios del inmueble. Esta vez, el adqui-rente de la opción era el Sr. Edwin Xavier López Díaz. Luego de recoger la voluntad de los comparecientes, el licenciado Rivera Grau redactó el contrato y autenticó las firmas de las partes mediante testimonio núm. 1368. A tenor de las dis-posiciones contractuales, el señor López Díaz entregó, con anterioridad a la otorgación del contrato de opción, $5,000 al matrimonio Ramos Morales. Sin embargo, el licenciado Rivera Grau tampoco informó al señor López Díaz el estatus litigioso del predio sin segregar sobre el que adquirió la op-ción, a pesar de constarle personalmente. Tampoco advirtió de la posibilidad de que nunca se pudiera ejercer la opción.

Al ver que el tiempo transcurría y que no había desarro-llos en torno al inmueble y sus predios, los compradores hicieron sus respectivas investigaciones. De esa manera, se enteraron de que el inmueble se encontraba en proceso de ejecución por el R & G Premier Bank y que el licenciado Rivera Grau había sido el representante legal del matrimo-nio Ramos Morales en ese pleito. En particular, el señor López Díaz supo que el predio de terreno se encontraba en proceso de ejecución cuando una institución financiera le negó un préstamo hipotecario.

Por estos hechos, las familias presentaron las quejas AB-2011-417, AB-2012-02, AB-2012-114 ante este Tribunal. En síntesis, alegaron que el licenciado Rivera Grau redactó unos contratos de opción de compraventa y autenticó las firmas de todos sus comparecientes. Asi-mismo, señalaron que el licenciado Rivera Grau era el re-presentante legal del matrimonio Rivera Morales en un procedimiento de ejecución de una hipoteca que gravaba los terrenos opcionados. En sus contestaciones a las que-jas, el letrado negó tajantemente la comisión de conducta ilegal o que hubiese llevado a cabo algún acto antiético y que, como notario, no asume responsabilidad por el cum-plimiento de los negocios jurídicos. En específico, argu-mentó que si bien es cierto que existía un procedimiento de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el matrimonio Ramos Morales, no es menos cierto que el procedimiento de ejecución “había sido detenido” en virtud del acuerdo de sa-tisfacción de sentencia, por lo que la parte vendedora man-tenía el dominio sobre los predios —sin segregar— que dio en opción. Contestación a la querella, pág. 11. En ese sen-tido, argumentó que los contratos que autenticó eran nego-cios jurídicos válidos y que, a pesar de existir una sentencia final y firme, no era correcto exponer que los predios esta-ban en proceso de ejecución. Además, adujo que tampoco existía un conflicto de interés en su gestión porque los que-josos no fueron parte en ninguno de los procedimientos en los cuales él fue el representante legal del matrimonio Ramos Morales y que involucraban el inmueble en cuestión. También expuso que las tres quejas en su contra constitu-yen los primeros señalamientos desde que inició su práctica.

El 26 de octubre de 2012, en aras de facilitar el trámite disciplinario, ordenamos la consolidación de las quejas AB-2011-417, AB-2012-02 y AB-2012-114. También remitimos el asunto a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) para investigación y la preparación del informe correspondiente.

En respuesta a esa encomienda, el Director de la ODIN presentó su informe de hallazgos en el que concluyó que el licenciado Rivera Grau se apartó de los Cánones 18 y 35 de Ética Profesional, infra. En específico, señaló que el licen-ciado no cumplió a cabalidad con su función notarial al no ilustrar ni dar consejo legal a los comparecientes. Asimismo, debido a que el licenciado Rivera Grau redactó los contratos privados previo a autenticar las firmas de los comparecien-tes, el Director de la ODIN determinó que el abogado no actuó con sinceridad, pues debió informar a los quejosos so-bre el estatus litigioso de los predios de terreno objetos de opción. Por último, el Director recomendó que impusiéramos la sanción disciplinaria que estimáramos conveniente.

El licenciado Rivera Grau reaccionó al informe presen-tado por la ODIN. En su comparecencia, argumentó nue-vamente que no es responsable del cumplimiento de las disposiciones contractuales por los otorgantes y que, en lo referente a las tres quejas en su contra, siempre se condujo con rectitud y sinceridad. Añadió que los quejosos tenían conocimiento de la difícil situación económica por la que estaba pasando el matrimonio Ramos Morales. Así, atri-buyó que las quejas en su contra eran producto de "mía percepción particular, olvidando que simplemente todo se limita a posiciones distintas y cayendo penosamente en lo que luce como un asunto personal”. Escrito en reacción a informe presentado por el Ledo. Manuel E. Avilés de Jesús y en cumplimiento de orden, pág. 6. Además, argumentó que no medió una función dual de abogado-notario ni mi conflicto de interés al autenticar las firmas. Por último, anejó a su comparecencia tres declaraciones juradas de compañeros letrados en las que se asegura que cuenta con buena reputación en la comunidad y se da fe de la calidad humana del licenciado Rivera Grau.

Por su parte, los quejosos también se expresaron en torno al informe. En sus respectivos escritos, reiteraron sus posiciones. En específico, relataron que el licenciado Rivera Grau le faltó a la verdad con su versión de los he-chos y que él tenía el deber de redactar los contratos con claridad. Asimismo, todos negaron enfáticamente que co-nocieran los problemas económicos del matrimonio Ramos Morales y contradijeron que se hubiese dialogado sobre ese aspecto en la oficina del licenciado Rivera Grau. Por úl-timo, el señor Vargas Figueroa, la señora Martínez Colón y la señora Pérez Ayala expusieron el dolor, el sufrimiento y la angustia que les ha representado esta situación; en particular, por la pérdida de miles de dólares de sus ahorros. Examinado el Informe del Director de la ODIN, ordenamos a la Procuradora General que presentara la querella correspondiente.

La Procuradora General imputó al licenciado Rivera Grau la violación de los Cánones 18, 35 y 38 de Ética Profe-sional, 4 LPRA Ap. IX. El letrado contestó la querella y, en esencia, negó que hubiese actuado de forma antiética y que, a lo sumo, todo se debió a un “error de juicio” en su desempeño. Contestación a la querella, pág. 16. El señor Vargas Figueroa, la señora Martínez Colón y la señora Pé-rez Ayala comparecieron, y en resumen, se opusieron a los argumentos que presentó el licenciado Rivera Grau. De he-cho, señalaron específicamente que el licenciado Rivera Grau les “ocultó” información que hubiese influenciado la decisión de adquirir las opciones. Así las cosas, el 11 de enero de 2015, designamos a la exjueza del Tribunal de Ape-laciones, Hon. Ygrí Rivera de Martínez, como Comisionada Especial para que recibiera prueba, realizara sus determi-naciones de hecho y nos presentara sus recomendaciones.

Luego de varios trámites procesales, el 11 de agosto de 2015, se celebró la conferencia con antelación a la vista ante la Comisionada Especial. En esa vista, las partes expresa-ron que no existía controversia sobre los hechos y que el caso se sometería por el expediente. Sin embargo, las partes acordaron que el licenciado Rivera Grau declararía, como en efecto hizo en esa vista, sobre su sentir en tomo al proceso disciplinario. No se presentó evidencia adicional, pero la Procuradora General no se opuso a que se admitieran las declaraciones juradas sobre el carácter del letrado para que la Comisionada Especial les asignara el valor probatorio que estimara procedente. Por último, se acordó que el licenciado Rivera Grau presentaría un memorando de derecho dentro de un término de treinta días y que la Procuradora General tendría la oportunidad de expresarse en torno a él. Así, una vez vencidos esos términos, el caso quedaría sometido para que la Comisionada Especial rindiera su informe.

Según acordado y luego de realizada la vista, el licen-ciado Rivera Grau presentó un memorando en el que argu-mentó que no actuó de mala fe y que el proceso ha sido aleccionador. En ese escrito, aseguró estar arrepentido y que, de haber prevenido las consecuencias de su omisión y error de juicio “no intencional”, no hubiese autenticado las firmas de los comparecientes. Memorando sobre atenuan-tes, pág. 3. Por último, expuso que este es el primer proce-dimiento disciplinario que ha enfrentado en sus diez años de carrera profesional y que no hubo ánimo de lucro en sus actuaciones, pues devengó $50 por cada contrato que pre-paró y autenticó. Por su parte, la Procuradora General re-accionó a ese escrito y expresó que el licenciado Rivera Grau no testificó sobre los méritos de las quejas y que no presentó prueba sobre sus alegaciones en torno a su buena fe. También destacó que a pesar de que se trata del primer proceso disciplinario del letrado, este versa sobre tres que-jas consolidadas. Además, el señor Vargas Figueroa y la señora Martínez Colón refutaron los argumentos que pre-sentó el letrado y esbozaron que este no realizó acto alguno para evitar que perdieran sus ahorros, a pesar de que le constaba que era factible que ocurriera tal pérdida.

Por último, la Comisionada Especial rindió un informe con sus determinaciones de hecho y conclusiones de dere-cho, las cuales acogemos.

H-i I—i

El Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, recoge las normas que rigen la clase togada en nuestra jurisdicción. In re Crespo Peña, 195 DPR 318 (2016). Por eso, todo abogado debe realizar su labor con estricto apego a estas normas. Así, el abogado, como funcionario del tribunal, debe conducirse con diligencia, honradez y evitar incurrir en conducta impropia en el ejercicio de su labor.

A. El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, impone al abogado “el deber de ser competente, cui-dadoso y diligente al tramitar los asuntos que su cliente le encomienda y al defender los intereses de este último”. In re Toro González II, 193 DPR 877, 890 (2015). Ese deber ético, aunque toma un matiz distinto, cobra mayor relevan-cia cuando el abogado ejerce la notaría, pues sus actuacio-nes son la base sobre la que se asienta la fe pública notarial. In re Vargas Velázquez, 190 DPR 730, 735 (2014). Véase, además, In re Ortiz Medina, 175 DPR 43, 50 (2008). Recordemos que el notario debe “recibir e interpretar la voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirles autoridad a los mismos”. Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA see. 2002. Por esa razón, “tiene que asegurarse de obtener el consentimiento informado de los otorgantes haciéndoles todas las explicaciones, aclaracio-nes y advertencias que sean necesarias”. (Énfasis suplido). In re Toro González II, supra, pág. 888, citando a In re Jiménez Brackel, 148 DPR 287, 295 (1999).

B. Por otro lado, el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, dispone, en lo pertinente, que “[l]a con-ducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada”. Además, el Canon 35, supra, extiende ese deber de sinceridad “al examinar los testigos, al redactar afidávit u otros documentos”. Véase In re Martínez, Odell I, 148 DPR 49, 53-54 (1999). Así, el canon precitado no permite que tanto el abogado como el notario se valgan de medios que sean incompatibles con la verdad. Por eso, “hemos expresado que la conducta de un abogado debe ser sincera y honrada frente a todos y ante todo tipo de acto”. (Énfasis suplido). In re Vázquez Pardo, 185 DPR 1031, 1043 (2012). El deber impuesto por el Canon 35, supra, es de tal trascendencia que se infringe con el simple hecho de faltar a la verdad, independientemente de los motivos que tenga el abogado. In re Vázquez Pardo, supra, págs. 1043-1044, En ese as-pecto, no es necesario mentir afirmativamente para trans-gredir el Canon 35, supra, pues es suficiente omitir infor-mación material que le consta personalmente al abogado para incumplir con el criterio de pureza y honestidad que exige esta norma ética. Véase In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 41 (2011) (“[E]l abogado que provee al tribunal informa-ción falsa o que no se ajuste a la verdad, o que oculte infor-mación que deba ser revelada, incumple con este canon”). En fin, el compromiso de un abogado con la verdad debe ser siempre incondicional. In re Busó Aboy, 166 DPR 49, 63 (2005).

En cuanto a la aplicación de este precepto a la fun-ción notarial, hemos dispuesto que “es imprescindible que el notario observe la mayor pureza y honestidad en el descargo de la fe pública notarial”. (Cita omitida). In re Cruz Mateo, 171 DPR 781, 786 (2007). De hecho, una vez el notario re-cibe e interpreta la voluntad de las partes, este está obli-gado a descargar su obligación conforme le exige la ley y la ética. In re González Maldonado, 152 DPR 871, 895 (2000). El Canon 35, supra, puede transgredirse por medio de un desempeño profesional carente de la cautela y el celo que demanda la función pública del notario, o de una confianza desmesurada en las manifestaciones de otros compañeros de la profesión y de los otorgantes. In re Vera Vélez, 148 DPR 1, 8 (1999). En aras de evitar que un notario, consciente o inconscientemente, asevere un hecho falso, este tiene el de-ber de hacer averiguaciones mínimas y cuando tenga dudas sobre lo expresado por el otorgante, debe indagar más allá de lo requerido comúnmente. íd., pág. 9.

En torno a los testimonios de autenticidad, el Art. 56 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA see, 2091, establece que un notario no asume responsabilidad por el contenido de los documentos privados cuyas firmas legitime. Sin embargo, esa disposición no sirve de manto protector ante la negligencia o dejadez del notario en su desempeño profesional. In re Muñoz Fernós, 184 DPR 679, 687 (2012), citando a In re Montañez Miranda, 157 DPR 275, 283 (2002). Así, aun cuando el notario no es responsa-ble por el contenido de un escrito en el cual da testimonio de firma, este no puede legitimar un documento si conoce de la falsedad de una de las expresiones o cuando tiene serias dudas sobre alguna de ellas. In re Montañez Miranda, supra, pág. 283. Ahora bien, esta protección que otorga la ley no opera cuando es el propio notario quien redacta o prepara el documento cuyas firmas legitima. In re Criado Vázquez, 155 DPR 436, 454 (2001). De esta ma-nera, un notario no se exime de responsabilidad cuando da testimonio de firma de un documento del cual él es autor.

C. Finalmente, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, señala, en lo pertinente, que “[e]l abo-gado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales”. En ese sentido, el Canon 38, supra, también impone a los abogados “la obligación de evitar la conducta impropia en su vida profe-sional y personal”. (Citas omitidas). In re Santiago Concepción, 189 DPR 378, 405 (2013). Por lo tanto, la clase togada siempre debe desempeñarse con el más escrupuloso sen-tido de responsabilidad que impone la función social que ejercen. In re Toro Iturrino, 190 DPR 582, 591 (2014). Esta norma ética cobra singular importancia en el campo de la Notaría, pues dada su función social, el notario debe abso-luta imparcialidad a los comparecientes y no solo a alguno de ellos. In re Matos Bonet, 153 DPR 296, 300-301 (2001).

En In re Matos Bonet, supra, el notario otorgó una escritura de compraventa sobre mi inmueble mientras era el representante legal de la parte demandada en un caso sobre cumplimiento específico de un acuerdo verbal de compraventa. El notario tampoco informó a la parte com-pradora sobre el estatus litigioso del inmueble. Es menester destacar que, previo al otorgamiento del instrumento pú-blico, la parte compradora no fue cliente del notario. En ese caso, analizamos lo dispuesto por la Regla 5 del Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXTV, y concluimos que un notario debe abstenerse de autorizar documentos sobre “un bien in-mueble que es objeto de un pleito en el cual él actúa como abogado”. Íd., pág. 300. Véanse, además: In re Chiques Velázquez, 161 DPR 303 (2004); In re Avilés, Tosado, 157 DPR 867 (2002). Por otro lado, en In re Toro Iturrino, supra, rei-teramos la prohibición general de ejercer una función dual de abogado-notario y en, específico, señalamos lo siguiente:

La expectativa del abogado-notario de, una vez otorgado el do-cumento en el cual actuó como notario, activar una relación de abogado-cliente con uno de los otorgantes o de mantener una relación de ese tipo que existía previo al otorgamiento del docu-mento, trastoca la presunción de imparcialidad que protege toda labor del notario y empaña la fe pública de la cual éste es custodio. (Énfasis suplido). Íd., pág. 594, citando a In re Colón Ramery, 138 DPR 793, 797-798 (1995) (Reconsideración).

Después de todo, uno de los propósitos de la prohibición de la función dual de abogado-notario es “proteger la apa-riencia profesional de los notarios y evitar que su conducta como depositario de la fe pública notarial sea maculada por escepticismos de impropiedad y desconfianza”. In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805, 826 (2011). Así, el letrado que no se conduce de acuerdo con esta norma, contraviene los postulados del Canon 38, supra. In re Toro Iturrino, supra, pág. 595.

1—I hH

A. Al licenciado Rivera Grau se le imputa transgredir los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Etica Profesional, supra. Luego de evaluar cuidadosamente los hechos ante nuestra consideración, el informe de la Comisionada Especial y la posición del letrado, concluimos que este se apartó de lo que dictan los precitados cánones.

En este caso, el licenciado Rivera Grau redactó y auten-ticó las firmas de los otorgantes en varios contratos priva-dos de opción de compraventa, a pesar de que le constaba que el inmueble y, por lo tanto, los predios sin segregar, eran objeto de un pleito de ejecución de hipoteca. La viola-ción del letrado estriba en no informar a las partes sobre las implicaciones que tenía el proceso de ejecución de hipo-teca sobre el negocio jurídico que llevaron ante él. El abo-gado Rivera Grau no podía limitarse a asesorar en torno al negocio jurídico que comprende una opción de compra-venta cuando le constaba personalmente que había una razón que podía evitar la materialización del negocio jurí-dico que se perfeccionó por y ante él. Su asesoría incom-pleta, en este aspecto, violentó los preceptos más básicos del Canon 18 de Ética Profesional, supra. No importa cuál fuera la opinión del letrado en torno a la capacidad del matrimonio Ramos Morales de cumplir las disposiciones del Acuerdo de Satisfacción de Sentencia, lo cierto es que era plausible que los quejosos nunca estuviesen en posición de ejercer la opción que adquirieron del matrimonio.

El licenciado Rivera Grau escogió ser “prudente” y no discutir con los comparecientes el hecho de que el inmueble sobre el cual se establecieron opciones de compraventa, se encontraba en medio de un proceso litigioso de ejecución de hipoteca. No lo discutió aunque ese proceso hacía probable que los comparecientes nunca pudieran ejercitar la opción que estaban adquiriendo mediante contratos que él mismo preparó. No cabe duda de que la información que el licen-ciado Rivera Grau omitió intencionalmente era relevante y necesaria para que los compradores ejercieran su criterio de manera informada. Esas omisiones, aun ausente la mala fe, apartaron al licenciado Rivera Grau de la obliga-ción de actuar de forma honrada y sincera en todo momento. Así, pues, transgredió los postulados del Canon 35 de Ética Profesional, supra.

Finalmente, el desempeño del licenciado Rivera Grau como notario del matrimonio Ramos Morales en la redac-ción y autenticación de las firmas de los contratos de op-ción que involucraban el inmueble del pleito del cual este fue representante legal del matrimonio, violó el Canon 38 de Ética Profesional, supra. Es irrelevante el ánimo que motivó las actuaciones del licenciado Rivera Grau. Este de-bió abstenerse de participar en el perfeccionamiento de cualquier negocio jurídico que involucrara al matrimonio Ramos Morales y el inmueble en cuestión. Al asumir la función dual de abogado-notario, el licenciado Rivera Grau permitió que sus actuaciones se vieran irremediablemente impregnadas de impropiedad y absoluta desconfianza. Por esa razón, el letrado incurrió en conducta impropia. Ade-más, este tampoco se esforzó al máximo para exaltar el honor y la dignidad de la profesión.

B. Al determinar la sanción disciplinaria que se impondrá a un abogado que haya incurrido en conducta contraria a los cánones del Código de Ética Profesional, consideramos los factores siguientes: (1) la reputación del abogado en la comunidad; (2) su historial previo; (3) si constituye su primera falta; (4) si no ha causado perjuicio a alguna parte; (5) la aceptación y arrepentimiento sincero por las imputaciones; (6) la defensa frívola de su conducta; (7) si se trata de una conducta aislada; (8) el ánimo de lucro, y (9) cualquier otra consideración atenuante o agra-vante aplicable a los hechos. Véanse: In re Nazario Díaz, 195 DPR 623 (2016); In re De León Rodríguez, 190 DPR 378, 396 (2014).

Resalta el hecho de que hubo un daño pecuniario sus-tancial a varias familias que entregaron ahorros reunidos con sumo esfuerzo, lo que, sin duda, también les ha cau-sado desasosiego y sufrimiento. Además, no estamos ante un evento aislado. Es decir, los "errores de juicio” del licen-ciado Rivera Grau ocurrieron en, al menos, cinco ocasiones separadas y motivaron tres quejas distintas. Incluso, los hechos que dieron base a una de las quejas, ocurrieron luego de que el licenciado Rivera Grau renunciara a la re-presentación legal del matrimonio Ramos Morales en el caso de ejecución de hipoteca por diferencias de criterio. Asimismo, en este caso medió ánimo de lucro de parte del licenciado Rivera Grau, pues cobró honorarios por sus servicios.

Por otro lado, el informe de la Comisionada Especial nos sugiere dos atenuantes. Estos son que es el primer proceso disciplinario del licenciado Rivera Grau y que este se mos-tró sinceramente arrepentido durante el proceso. Ade-más, en el expediente constan declaraciones juradas en las que se asevera que el licenciado Rivera Grau goza de buena reputación.

IV

Ante el escenario descrito, nos vemos obligados a ejercer nuestro poder inherente de regular la profesión jurídica en Puerto Rico. Así pues, al tomar en cuenta las consecuen-cias de la conducta del notario y los atenuantes que señaló la Comisionada Especial, suspendemos al Ledo, Ramón B. Rivera Grau inmediatamente del ejercicio de la abogacía y la notaría por el término de seis meses.

Se le ordena al señor Rivera Grau notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representán-dolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por servicios profesionales no realizados. De igual forma, ten-drá que informar inmediatamente de su suspensión a cual-quier sala del Tribunal General de Justicia o foro adminis- trativo en el que tenga algún trámite pendiente. Además, deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumpli-miento con lo anterior dentro del término de 30 días conta-dos a partir de la notificación de la presente opinión “per curiam” y sentencia.

Asimismo, se ordena al Alguacil de este Tribunal incau-tar inmediatamente la obra y el sello notarial del señor Rivera Grau y entregar los mismos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investi-gación e informe. Notifíquese personalmente esta opinión “per curiam”y sentencia al señor Rivera Grau a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado Señor Rivera García no intervinieron.

       Según el referido contrato, el señor López Díaz debía entregar $5,000 adicio-nales en un periodo no mayor de treinta días a partir de su otorgación.

       Todos los quejosos se expresaron en torno al informe de la Comisionada Especial y, en particular, se opusieron a la consideración de atenuantes. Por su parte, el señor Vargas Figueroa, la señora Martínez Colón y el señor López Díaz señalaron que no creen en el supuesto arrepentimiento del licenciado Rivera Grau y que este nunca se ha disculpado por lo sucedido con ellos.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Miguel A. Montalvo Delgado, querellado.

      Número: CP-2013-2

      Resuelto: 6 de octubre de 2016

      Liza M. Duran Ortiz, procuradora general interina, Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradora general, Ménica Cordero Vázquez, subprocuradora general interina, Minnie H. Ro-dríguez y Yizamarie Lugo Fontánez, procuradoras genera-les auxiliares; Guillermo Figueroa Prieto y Mario A. Rodrí-guez Torres, del Bufete Mario Rodríguez C.S.P., abogados de Miguel A. Montalvo Delgado, querellado; Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de No-tarías, en informe; Eliadís Orsini Zayas, comisionada especial, en informe.
   per curiam:

El 25 de enero de 2013, la Oficina de la Pro-curadora General de Puerto Rico (Procuradora General) presentó una querella sobre conducta profesional en contra del Ledo. Miguel A. Montalvo Delgado (licenciado Mon-talvo Delgado o el querellado). La querella imputaba la violación a los Cánones 9,12,18, 20 y 24 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Por entender que el proceder del letrado se apartó de lo que prescriben los referidos cáno-nes, procede ejercer nuestra facultad disciplinaria. Veamos.

1—i

El licenciado Montalvo Delgado fixe admitido a la prác-tica de la abogacía el 7 de julio de 1992 y al ejercicio del notariado el 13 de agosto de 1992.

El 25 de mayo de 2011, el Sr. Raúl Legarreta Rivera (se-ñor Legarreta Rivera o el quejoso) presentó una queja contra el Ledo. Luis A. Morell Morell (licenciado Morell Morell) y el licenciado Montalvo Delgado sobre alegado desconoci-miento y falta de consentimiento a que este último lo repre-sentara legalmente. Además, el quejoso alegó falta de diligencia en la tramitación de su caso e incumplimiento con las órdenes del tribunal de parte del licenciado Montalvo Delgado. A continuación, relatamos los hechos que originan estas imputaciones, según surge de la investigación de la queja.

El señor Legarreta Rivera contrató los servicios profe-sionales del licenciado Morell Morell para que lo represen-tara, tanto a él como a su esposa, la Sra. Hilda Pérez Vega, en una acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra de la sucesión del Sr. Antonio Méndez Ruiz.

Luego de que el Tribunal de Primera Instancia dictara sentencia a favor del señor Legarreta Rivera y su esposa, se procedió con la venta de la propiedad en pública su-basta, la cual les fue adjudicada. El licenciado Morell Mo-rell autorizó la escritura de venta judicial de la referida propiedad, la cual, posteriormente, el señor Legarreta Rivera cedió a su hija, Dixie Cristel Legarreta Pérez, me-diante una escritura de donación. A su vez, ésta le vendió la propiedad a un tercero, el Sr. Francisco Rodríguez Maldonado.

Así las cosas, en diciembre de 2003, la sucesión de Bo-nifacia Méndez Ruiz y la sucesión de Luis Ángel Méndez Méndez presentaron una demanda sobre nulidad de sen-tencia y falta de jurisdicción sobre la persona. En ese escrito alegaron que la sentencia emitida por el foro de instancia a favor del señor Legarreta Rivera y su esposa era nula por no haberse adquirido jurisdicción sobre la persona de los demandados. Además, argüyeron que el proceso de subasta no había cumplido con las disposiciones de ley correspondientes, por lo que el mismo también era nulo.

Ante ello, el señor Legarreta Rivera adujo que se comu-nicó nuevamente con el licenciado Morell Morell para con-tratar sus servicios profesionales. En esa ocasión, estos sus-cribieron un contrato por escrito en el cual pactaron honorarios por $4,500. Así, el quejoso pagó un depósito de $500 y el resto sería facturado por el abogado durante el pleito.

Por otro lado, el señor Legarreta Rivera señaló que en el transcurso del pleito tuvo que viajar a Estados Unidos, por lo cual le pidió al licenciado Morell Morell que, de surgir algún inconveniente, se comunicara con su hija. Ante ello, el quejoso sostuvo que la secretaria del licenciado Morell Morell le informó a su hija que el abogado había referido el caso sobre nulidad de sentencia al licenciado Montalvo Delgado para que éste continuara con el mismo. Ello, pues supuestamente existía un conflicto de intereses con el li-cenciado Morell Morell por su participación en el pleito original y el proceso de la venta judicial.

En vista de lo anterior, el señor Legarreta Rivera indicó que el licenciado Montalvo Delgado se comunicó con él para solicitar $350 para gastos del litigio, dinero que le fue enviado mediante giro postal. Además, el señor Legarreta Rivera señaló que, a su regreso a Puerto Rico, se reunió con el licenciado Montalvo Delgado en sus oficinas en Camuy y le entregó $1,000 adicionales. No obstante, el quejoso ex-presó que en todo momento entendió que el licenciado Mon-talvo Delgado estaba ayudando al licenciado Morell Morell, pues este último nunca le notificó que había renunciado a su caso y que el querellado había asumido su representación legal.

En cuanto a la tramitación del caso, el señor Legarreta Rivera adujo que el licenciado Montalvo Delgado faltó a su deber de diligencia. Ello debido a que el abogado no com-pareció a citaciones del tribunal, presentó mociones con el número equivocado y apelaciones fuera del término correspondiente.

Por su parte, el 23 de junio de 2011, el licenciado Mon-talvo Delgado presentó su contestación a la queja. En su escrito precisó que en el 2004 acudió a la oficina del licen-ciado Morell Morell para reunirse con éste y con el señor Legarreta Rivera. El querellado alegó que allí se le explicó al quejoso el trámite procesal del caso de nulidad de sentencia. Además, ante la alegación de la parte deman-dante sobre la existencia de un conflicto de intereses en cuanto al licenciado Morell Morell, el licenciado Montalvo Delgado explicó que éste había decidido renunciar al caso para evitar la descalificación del tribunal. Adujo que por tal motivo, el licenciado Morell Morell le había recomen-dado sus servicios profesionales al señor Legarreta Rivera, honrándole los mismos términos y condiciones de la con-tratación que había acordado con el primero.

Por otro lado, el querellado indicó que el señor Lega-rreta Rivera consintió a que continuara con su representa-ción legal, pues el expediente del caso le fue entregado e incluso recibió pagos parciales de parte del quejoso. En cuanto a las alegaciones sobre su falta de diligencia en la tramitación del caso, el abogado aclaró que la tardanza en la presentación de la contestación a un interrogatorio se debió a que el señor Legarreta Rivera se encontraba fuera del país, lo cual dificultaba realizar los trámites necesarios para juramentar el documento. Asimismo, señaló que las mociones presentadas con números incorrectos fueron el resultado de una confusión, pero que el propio tribunal co-rrigió el asunto. Finalmente, el licenciado Montalvo Delgado aclaró que la presentación tardía del recurso de ape-lación se debió a que le notificaron tardíamente la publicación de irnos edictos y que, para ese entonces, ya el término para apelar había transcurrido.

Conforme a lo anterior, el 13 de julio de 2011 referimos el asunto a la Oficina del Procurador General para que rindiera el informe de rigor. Luego de concederle un tér-mino adicional, el 30 de diciembre de 2011 recibimos el Informe del Procurador General en el cual señaló, en lo aquí pertinente, que el licenciado Montalvo Delgado incu-rrió en violaciones a los Cánones 9, 12, 18, 19 y 24 del Código de Ética Profesional, supra.

Visto el informe presentado por el Procurador General, el 30 de enero de 2012 emitimos una Resolución en la cual concedimos veinte días al licenciado Morell Morell y al licen-ciado Montalvo Delgado para expresarse al respecto. El 8 de marzo de 2012 compareció el licenciado Morell Morell. Por su parte, tras concedérsele un término adicional, el li-cenciado Montalvo Delgado compareció el 26 de marzo de 2012.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, el 27 de abril de 2012 ordenamos a la Oficina de Inspección de Notarías que evaluara los aspectos notariales reseñados en el Informe del Procurador General sobre el licenciado Morell Morell y a someter su recomendación en el término de cuarenta y cinco días. En cuanto al licenciado Mon-talvo Delgado, instruimos al Procurador General a que presentara una querella a la luz de la conducta del abogado.

Conforme a lo anterior, el 25 de enero de 2013, la Pro-curadora General presentó una querella en la cual le im-putó al licenciado Montalvo Delgado la infracción a los Cá-nones 9, 12, 18, 20 y 24 del Código de Ética Profesional, supra. Por su parte, el licenciado Montalvo Delgado pre-sentó su contestación a la querella el 19 de agosto de 2013.

En vista de lo anterior, el 27 de marzo de 2014 designa-mos a la Hon. Eliadís Orsini Zayas, exjueza del Tribunal de Primera Instancia, como Comisionada Especial para que recibiera la prueba y nos emitiera un informe con las determinaciones de hechos y recomendaciones que esti-mara pertinentes. Celebrada la vista, la Comisionada Especial concluyó que a pesar de haberse probado la ocurren-cia de los incidentes procesales relacionados al licenciado Montalvo Delgado, ninguno de ellos fue de la importancia y magnitud que se le pretendió adjudicar y no tienen tras-cendencia ética. No obstante, nos recomendó instruir al querellado que se abstuviese de aceptar representaciones profesionales bajo circunstancias similares a las de este caso para evitar la ambigüedad en las relaciones profesio-nales con los clientes. Luego de exponer el trasfondo fáctico y procesal de este caso, enmarquemos la controversia den-tro del Derecho aplicable.

H-1 l—I

El Código de Ética Profesional recoge las normas míni-mas de conducta que regulan la profesión de la abogacía y promueven las guías de comportamiento ejemplar para be-neficio de la ciudadanía, la profesión y las instituciones de justicia, Los abogados que gozan del privilegio de ser ad-mitidos a este Foro tienen la obligación de actuar siempre de acuerdo a los más altos principios éticos.

A. Canon 9

El ejercicio diligente, responsable y competente de la profesión de la abogacía figura como un supuesto fundamental en el quehacer de los profesionales del Derecho. A esos fines, el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que todo profesional del Derecho “debe obser-var para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. A su vez, este deber crea una obli-gación inexcusable de atender y responder pronta y rigu-rosamente nuestras órdenes y requerimientos, más aún cuando se trata de procedimientos disciplinarios.

Así, hemos expresado reiteradamente que el incumpli-miento con el deber consagrado en el citado canon acarrea la imposición de sanciones disciplinarias severas, incluso la suspensión indefinida del ejercicio de la profesión de la abogacía. A su vez, hemos expresado que esa violación es independiente de los méritos que pueda tener una queja presentada en contra del abogado.

B. Canon 12

El Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, impone al abogado el deber ineludible de tramitar las causas de manera responsable, puntual y diligente. Es-pecíficamente, este canon dispone lo siguiente:

Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protec-ción de los derechos sustanciales de su cliente.

Reiteradamente, hemos expresado que la incom-parecencia injustificada a las vistas señaladas por el tribunal, así como las actuaciones y omisiones que pongan en riesgo la causa de acción de los clientes, son infracciones patentes de este canon. Así, la falta de diligencia en la tramitación de los casos es una conducta irresponsable y contraria a lo establecido en el citado canon. Además, el abogado tiene el deber de ser puntual en el trámite del litigio y desplegar todas las diligencias necesarias frente al tribunal en todas las etapas del pleito.

Cónsono con lo anterior, hemos destacado que los abogados deben observar estrictamente las órdenes judi-ciales, pues la continua desobediencia de las providencias judiciales demuestra una infracción seria de los principios básicos de la ética profesional que exigen el mayor respeto hacia los juzgados. Ello, pues el comportamiento de un abogado “no debe ser otro que el fiel cumplimiento de la ley y el respeto al poder judicial”.

C. Canon 18

Por otra parte, el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, impone a todo abogado el deber de defender los intereses de su cliente de forma capaz y diligente, “desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad [,] y actuando según aquella forma que la profe-sión jurídica en general estima adecuada y responsable”. Por consiguiente, cuando un abogado acepta la encomienda de representar a una persona y no la ejecuta de forma ade-cuada y responsable, infringe el referido canon.

Al asumir la representación de un cliente, el abo-gado se obliga a realizar todas las gestiones posibles, den-tro del marco de la ética, en beneficio de su cliente. En ese sentido, al ejercer la profesión legal no hay espacio para que los abogados actúen con displicencia, dejadez y desidia en la tramitación de los asuntos que le han sido encomendados. Por tal motivo, este deber de diligencia profesional genera una obligación frente al cliente y a los tribunales en la administración de la justicia.

Por consiguiente, un abogado contraviene el Canon 18, supra, cuando exhibe una conducta negligente que pueda acarrear la desestimación de un caso o la pérdida de la causa de acción de su representado. De igual forma se infringe este canon al no responder a planteamientos me-dulares, al ignorar órdenes judiciales o administrativas, al incurrir en errores crasos por desatender o abandonar el trámite de un caso y al permitir que la acción se desestime sin realizar esfuerzos para evitarlo.

Ahora bien, cuando un abogado pierde contacto con su cliente y están por vencerse los términos para presentar una causa de acción, su responsabilidad ética está sujeta al grado de diligencia que despliegue para contactar a su representado. Es decir, el abogado deberá efectuar esfuer-zos razonables y diligentes dirigidos a restablecer la comu-nicación con su cliente y advertirle de la situación procesal del asunto encomendado. Una vez se presenta la acción, si las gestiones para contactar al cliente resultasen infruc-tuosas, el abogado puede solicitar la autorización del foro para renunciar a la representación. En ese sentido, es indispensable que el letrado descargue su obligación ética e in-forme el problema al tribunal, acreditando las gestiones que llevó a cabo para contactar a su representado. Así, el foro correspondiente ponderará la suficiencia de esos esfuerzos.

D. Canon 20

Como parte de los deberes del abogado hacia su cliente, el Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra, establece el procedimiento que debe seguirse para ser rele-vado de una representación profesional. A esos fines, he-mos expresado que cuando un cliente es negligente y no coopera con su abogado en la tramitación de su caso, el abogado debe renunciar a su representación legal. De lo contrario, el abogado no estaría representando adecuada-mente a su cliente, lo cual constituye un error de juicio y una violación al Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra. La renuncia del abogado está sujeta a que el foro pertinente la autorice y a que él tome las medidas razona-bles para evitar ocasionarle un peijuicio a los derechos sus-tantivos de su representado.

E. Canon 24

El Canon 24 del Código de Ética Profesional, supra, regula lo relacionado a los contratos de servicios pro-fesionales y los honorarios de abogados. Además, este canon establece los factores que deben considerarse al mo-mento de fijar los honorarios de abogado y dispone que “[e]s deseable que se llegue a un acuerdo sobre los honora-rios a ser cobrados por el abogado al inicio de la relación profesional y que dicho acuerdo sea reducido a escrito”. (Énfasis suplido). Por último, este canon prescribe que cuando un abogado acepta representar a un cliente, “debe considerar que le debe a éste un máximo de esfuerzo pro-fesional en la medida de su talento y preparación”. Así pues, esta disposición está estrechamente relacionada al deber de diligencia y competencia que encama el antes ci-tado Canon 18 del Código de Ética Profesional.

Reiteradamente, hemos señalado que la mejor práctica es que el abogado reduzca a escrito un contrato de servicios profesionales en aquellos casos en que la exten-sión y el valor de sus servicios no sean fácilmente calcula-bles al inicio de la relación contractual. Una vez redu-cido a escrito, el contrato deberá contener los términos de la relación obligativa, libre de ambigüedades y haciendo constar las contingencias previsibles que pudieran surgir durante el transcurso del pleito. De este modo se evitan potenciales controversias con los clientes relacionadas con la compensación por los servicios profesionales prestados.

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A

La Procuradora General formuló cinco cargos en contra del licenciado Montalvo Delgado en la querella presentada. En los primeros tres cargos se le imputa haber infringido los preceptos enunciados en los Cánones 9, 12 y 18 del Código de Etica Profesional, supra. Específicamente, indicó que el querellado incumplió con las órdenes del tribunal, no compareció oportunamente por escrito para explicar sus tardanzas o las situaciones que le impidieron cumplir dili-gentemente con los asuntos relacionados al caso y presentó escritos fuera de término ante el Tribunal de Apelaciones.

Ante esos señalamientos, el licenciando Montalvo Delgado indicó que su desempeño fue adecuado, ya que hizo planteamientos de Derecho, se opuso oportunamente a los señalamientos de la parte contraria, presentó escritos y colaboró en el descubrimiento de prueba. Además, el que-rellado reconoció el hecho relacionado a la sanción econó-mica que le impuso el Tribunal de Primera Instancia por su incumplimiento con las órdenes del tribunal. No obs-tante, manifestó que la tardanza en presentar las contes-taciones a unos interrogatorios se debió a que el señor Le-garreta Rivera estaba fuera de Puerto Rico, lo cual dificultaba realizar los trámites necesarios. A su vez, sos-tuvo que las comunicaciones con el quejoso ocurrían a tra-vés de su hija.

Por otro lado, sobre las imputaciones de que presentaba mociones con números incorrectos, el licenciado Montalvo Delgado indicó que esto se debió al curso de acción que se siguió al atender el caso en el Tribunal de Primera Instan-cia, lo cual favoreció la confusión en la numeración. Ello, pues el foro de instancia decidió consolidar el primer caso —terminado hace varios años— con el actual. Además, in-dicó que el mismo tribunal de instancia corregía los núme-ros, por lo cual ese error no le causó daño alguno al quejoso en su representación.

Finalmente, en cuanto al asunto de las apelaciones pre-sentadas fuera de término, el licenciado Montalvo Delgado señaló que faltaban partes indispensables en el pleito, por lo cual el Tribunal de Apelaciones ordenó la publicación de edictos para notificar la sentencia a tales partes. Así, explicó que el primer recurso apelativo fue presentado antes de que se publicaran los referidos edictos, por lo cual éste fue des-estimado por prematuro. En cuanto a la segunda apelación presentada, el abogado indicó que, luego de la publicación de los edictos, para la fecha en que éste fue notificado ya había transcurrido por dos días el término para apelar, ra-zón por la cual presentó tarde el recurso apelativo.

La Comisionada Especial aceptó en su informe la ocu-rrencia de los incidentes procesales relacionados al licen-ciado Montalvo Delgado. Es decir, en su informe, ésta reco-noció el historial de incomparecencias del abogado, la desatención a un término para descubrir prueba, la confu-sión en la enumeración del caso y la presentación de dos apelaciones fuera de término. Ahora bien, la Comisionada Especial considera que ninguna de las faltas cometidas tiene trascendencia ética pues, a su entender, esos inciden-tes se corrigen procesalmente y los derechos del señor Lega-rreta Rivera no se vieron afectados. Sin embargo, no coinci-dimos con su valoración.

Luego de estudiar con detenimiento el expediente, enten-demos que el licenciado Montalvo Delgado violó los Cánones 9, 12 y 18 del Código de Etica Profesional, supra. Ello, al incumplir reiteradamente con las órdenes del tribunal, su-mado a una serie de incomparecencias injustificadas del abogado a vistas pautadas por el foro de instancia que oca-sionaron una dilación indebida en la tramitación del caso. Además, del expediente no surge que el abogado haya pre-sentado alguna moción al tribunal explicando las razones que le impedían cumplir con los términos concedidos o soli-citando que estos fueran ampliados, en contravención a sus deberes éticos. Las justificaciones fueron presentadas en una moción de reconsideración, luego de que el tribunal le impusiera la sanción económica. Por otro lado, a pesar de que el abogado pagó la sanción impuesta y no el quejoso —como éste indicó—, lo cierto es que dicha actuación no refleja la diligencia que el canon le requiere desplegar a todo abogado en la tramitación de su caso. A su vez, no hay duda sobre la presentación inoportuna de dos recursos ante el Tribunal de Apelaciones, los cuales fueron desestimados, uno por prematuro y el otro por tardío. Indudablemente, su des-empeño dista mucho de ser responsable, diligente y compe-tente, en contravención a las exigencias de los citados cánones.

B

En los cargos IV y V de la querella se le imputa al licen-ciado Montalvo Delgado haber infringido los Cánones 20 y 24 del Código de Ética Profesional, supra. Ello, al no enta-blar una relación profesional con el señor Legarreta Rivera de manera clara y libre de toda ambigüedad, y al haber comenzado a representarlo sin que su representación legal previa hubiese presentado la renuncia.

En torno a esto, el querellado sostuvo que el licenciado Morell Morell, ante la imposibilidad de poder seguir repre-sentando al señor Legarreta Rivera, lo recomendó con el quejoso. Aduce que el señor Legarreta Rivera aceptó que lo representara, pues se reunió con él y le entregó el expe-diente del caso. Además, el abogado señaló que recibió pa-gos de honorarios de parte del quejoso, lo cual también demostraba que éste aceptó su representación.

En cuanto a estas imputaciones, la Comisionada Especial entendió que las aseveraciones del señor Legarreta Rivera en contra del licenciado Montalvo Delgado “no se ajus-tan a la verdad de lo que realmente ocurrió y el testimonio no contradicho del licenciado Morell Morell en estos proce-dimientos disciplinarios las desmienten; y la prueba docu-mental e incidentes celebrados, demuestran sin lugar a du-das la forma y manera en que advino a ser representante legal de Don Raúl el Lie. Miguel Montalvo Delgado”.

De la prueba presentada ante la Comisionada Especial surge que el licenciado Montalvo Delgado se unió a la repre-sentación legal del señor Legarreta Rivera, lo cual fue acep-tado por el Tribunal de Primera Instancia. Además, no al-bergamos duda de que la relación profesional surgida entre el licenciado Montalvo Delgado y el señor Legarreta Rivera no se realizó por escrito, sino que los acuerdos fueron verbales.

Como mencionamos anteriormente, es deseable que los honorarios a ser cobrados sean acordados entre el abogado y el cliente al comienzo de la relación profesional. A su vez, se recomienda que ese acuerdo sea puesto por escrito. Ello, con el propósito de evitar dudas o malas interpretaciones entre el abogado y su cliente. No obstante, un acuerdo verbal de servicios profesionales es tan válido como uno escrito. En ese sentido, al evaluar la prueba presentada, la Comisionada Especial consideró que el acuerdo verbal fue legítimo y que el señor Legarreta Rivera aceptó la repre-sentación legal del licenciado Montalvo Delgado bajo los mismos términos establecidos en el contrato otorgado con el licenciado Morell Morell.

Conforme a lo dispuesto anteriormente, consideramos que las determinaciones de hecho de la Comisionada Especial en torno a los términos de la relación abogado-cliente se sostienen con la evidencia que tuvo ante su consideración. Por lo tanto, no existe razón para interve-nir con éstas. Por consiguiente, entendemos que el licen-ciado Montalvo Delgado no infringió los Cánones 20 y 24 del Código de Ética Profesional, supra. No obstante, ex-hortamos al abogado a que en el futuro suscriba sus con-tratos de servicios profesionales por escrito al comienzo de una relación abogado-cliente para prevenir futuras desavenencias y ambigüedades.

Ahora bien, ante el cuadro fáctico descrito y según nues-tra facultad reguladora, nos vemos obligados a declinar la recomendación de la Comisionada Especial en cuanto a solo dar una instrucción al abogado sobre la adecuada for-mulación de los contratos profesionales por escrito. Eso soslayaría el dictamen ético, a pesar de que la prueba de-mostró una clara y reiterada inobservancia del licenciado Montalvo Delgado con los preceptos éticos que rigen la pro-fesión jurídica.

Por todo lo anterior, y considerando que ésta es la pri-mera ocasión en que se toma una medida disciplinaria en contra del letrado, procede que suspendamos al licenciado Montalvo Delgado del ejercicio de la abogacía y de la prác-tica de la notaría por el término de un mes.

IV

Por los fundamentos expuestos, decretamos la suspen-sión inmediata del licenciado Montalvo Delgado del ejerci-cio de la abogacía y la notaría por el término de un mes.

El licenciado Montalvo Delgado deberá notificar de forma inmediata a sus clientes que, por motivo de su sus-pensión, no podrá continuar proveyéndoles consultoría ni representación legal, y les debe devolver los expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de resolución y los honorarios que haya percibido por cualquier trabajo no realizado. De igual manera, tendrá la responsabilidad de informar inmediatamente de su suspensión a todos los fo-ros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior, dentro del término de treinta días, contado a partir de la notificación de la pre-sente Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute inme-diatamente la obra y el sello notarial del licenciado Mon-talvo Delgado y los entregue al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investiga-ción e informe. Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez hizo constar la expresión siguiente:

Ordenaría la suspensión del querellado de la práctica de la abogacía y de la notaría por mi término de tres meses.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco amonestaría. El Juez Asociado Señor Colón Pérez hizo constar la expresión siguiente:

En aras de atender sus mis preocupaciones en cuanto a la uniformidad que debe prevalecer al momento de imponer san-ciones disciplinarias a los abogados y las abogadas por violación a los Cánones de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, concurro con el resultado al que llega una mayoría de este Tribunal por en-tender que la conducta desplegada por el licenciado Montalvo Delgado, la cual se apartó de lo dispuesto en los Cánones 9, 12 y 18 del Código de Ética Profesional, supra, debe conllevar sus-penderlo del ejercicio de la abogacía y de la notaría por un tér-mino de tres meses. Así hacerlo le recalca a los abogados y abo-gadas que forman parte de nuestro sistema de justicia que deben ser sumamente responsables y diligentes en la tramita-ción de los pleitos ante sí, así como en el cumplimiento de las órdenes emitidas por los jueces y las juezas del Tribunal de Primera Instancia, del Tribunal de Apelaciones o de este Tribunal.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió sin opinión escrita.

       Anteriormente, el señor Legarreta Rivera presentó una querella contra am-bos abogados ante la Comisión de Etica del Colegio de Abogados de Puerto Rico por los mismos hechos. Acontecidos los trámites de rigor, la comisión emitió resoluciones archivando las querellas presentadas.

       Cabe destacar que ni Dixie Cristel Legarreta Pérez ni el Sr. Francisco Rodrí-guez Maldonado fueron incluidos en ese pleito.

       Archivada en autos la copia de la notificación de la Resolución el 6 de febrero de 2012.

       Archivada en autos la copia de la notificación de la Resolución el 10 de mayo de 2012. Cabe destacar que, luego de examinar el informe presentado por la Oficina de Inspección de Notarías, el 31 de octubre de 2014, y notificada el 10 de noviembre de 2014, emitimos una Resolución en la cual amonestamos al licenciado Morell Mo-rell “a que en el futuro deberá ser más cuidadoso en el desempeño de la profesión, procurando así el más estricto cumplimiento de los cánones que la cobija”.

       Debido a la designación de la Leda. Margarita Mercado Echegaray como Procuradora General, en adelante haremos referencia a su oficina como la Oficina de la Procuradora General y a su persona como Procuradora General.

        In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014); In re Ortiz Delgado, 189 DPR 826, 830 (2013); In re Falcón López, 189 DPR 689, 696-696 (2013).

        In re Rivera Nazario, 193 DPR 573, 582 (2015); In re Mulero Fernández, 174 DPR 18, 28 (2008).

        In re Maldonado Giuliani, 195 DPR 670 (2016). Véanse, también: In re Oyola Torres, 195 DPR 437 (2016); In re Toro Imbernón, 194 DPR 499 (2016); In re Salas González, 193 DPR 387 (2015).

        In re Maldonado Giuliani, supra; In re Oyola Torres, supra. Véanse, además: In re Santiago Rodríguez, 194 DPR 753 (2016); In re Ortiz Walter, 194 DPR 683 (2016).

        In re Morales Rodriguez, 195 DPR 852 (2016); In re Lebrón Arroyo, 194 DPR 932 (2016); In re De Jesús Román, 192 DPR 799 (2015); In re Martínez Rodríguez, 192 DPR 539, 542 (2016); In re Aponte Sánchez, 178 DPR 647, 649 (2010).

        In re Maldonado Giuliani, supra; In re Crespo Peña, 196 DPR 318 (2016).

        In re Nazario Díaz, 195 DPR 623 (2016); In re Hernández González, 188 DPR 721, 727 (2013).

       4 LPRA Ap. IX.

       Íd.; In re Valentín Custodio, 187 DPR 629, 543 (2012),

       id.

        In re Muñoz, Morell, 182 DPR 738, 760 (2011).

        In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189, 198 (2012),

       Íd.

       Véanse: In re Nazario Díaz, supra; In re Cotto Luna, 187 DPR 584, 588-689 (2012).

        In re Nazario Díaz, supra.

       Íd.; In re Cuevas Borrero, supra, pág. 199.

        In re Nazario Díaz, supra; In re Díaz Nieves et als., 189 DPR 1000, 1012 (2013).

        In re Nazario Díaz, supra; In re Hoffman Mouriño, 170 DPR 968, 981 (2007).

        In re Nazario Díaz, supra; In re Pietri Torres, 191 DPR 482, 488 (2014).

       Íd. Véase, además, In re Vega Quintana, 188 DPR 536, 543 (2013).

        In re Nazario Díaz, supra; In re Pinto Andino, 156 DPR 259, 265 (2002).

       Íd.

       Íd.; In re Pinto Andino, supra, págs. 266-267.

        In re Nazario Díaz, supra; In re Ramos Hernández, 183 DPR 647, 655 (2011).

       Íd.

        In re Rodríguez Cora, 193 DPR 447, 457 (2015); Nassar Rizek v. Hernández, 123 DPR 360, 369 (1989).

       4 LPRA Ap. IX.

       Íd.

        In re Rodríguez Cora, supra, pág. 458.

       Íd. Véanse, además; In re Rodríguez Mercado, 165 DPR 630, 642 (2005); Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., 131 DPR 545 (1992); Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 DPR 161 (1989); Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., 110 DPR 772 (1981).

        In re Rodríguez Cora, supra. Véase, también, In re Rodríguez Mercado, supra, pág. 643.

       Véase Informe de la Comisionada Especial Eliadís Orsini Zayas.


author:
{Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Colón Pérez,

text:
      In re Rafael Vissepó Vázquez, querellado.

      Número: AD-2014-3

      Resuelto: 7 de octubre de 2016

      Cristina Guerra Cáceres, Félix Fumero Pugliessi y Juan Cor-chado Cuevas, abogados de la Oficina de Administración de los Tribunales, parte querellante; Guillermo Figueroa Prieto y Mario Rodríguez Torres, de Mario Rodríguez, CSP, abogados de la parte querellada.
   RESOLUCIÓN

El Hon. Rafael Vissepó Vázquez (juez Vissepó Vázquez) ocupa el cargo de Juez Superior desde 1997. Durante este tiempo, se ha desempeñado como Juez Superior en las re-giones judiciales de Carolina, Fajardo, Arecibo, Humacao y Caguas. Además, ha fungido como Juez Administrador en distintas regiones judiciales. Éste fue objeto de un proceso disciplinario por unos hechos ocurridos durante la celebra-ción de una vista transaccional celebrada el 4 de noviem-bre de 2013, en un caso de liquidación de bienes ganancia-les, y por unas expresiones emitidas en una resolución inhibitoria de 1 de abril de 2014 y en una resolución posterior de 24 de abril de 2014 en el mismo caso.

Según los cargos presentados, se le imputó al juez Vis-sepó Vázquez conducir una vista transaccional de forma intimidatoria y con evidente hostilidad hacia una de las partes mientras exhibía conducta parcializada y de her-mandad hacia la parte contraria. Además, se señaló que intentó forzar una transacción por una suma arbitraria. Asimismo, se afirmó que el juez Vissepó Vázquez denigró el carácter de la representación legal de una de las partes al tildar las aseveraciones de éstas, en una solicitud de inhi-bición, como perversas, falsas y sustentadas por la mala fe dirigidas a mancillar reputaciones y atribuibles a una cam-paña de intimidación. Así las cosas, al juez Vissepó Váz-quez se le atribuyeron violaciones al Preámbulo y los Cá-nones 7, 8, 9, 11, 13, 14, 20 y 23 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, y al Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX.

Tras los procesos de rigor, y celebradas las vistas eviden-ciarías los días 17, 18 y 24 de junio de 2015, la Comisión de Disciplina Judicial (Comisión) emitió su informe, en el cual concluyó que los hechos que dieron lugar al procedimiento disciplinario no se ajustan a la realidad de lo ocurrido. Asi-mismo, concluyó que no hubo prueba clara, robusta y con-vincente que demostrara la relación de amistad o favori-tismo del juez Vissepó Vázquez con una de las partes, o que intentara forzar orna transacción arbitraria que favoreciera a esa parte, o que actuó con el propósito de desalentar cual-quier procedimiento disciplinario en su contra.

De igual forma, y en cuanto a las alegadas expresiones del magistrado durante la vista transaccional, la Comi-sión expresó que la prueba presentada resultó conflictiva en cuanto al contenido de éstas, A su vez, en torno a las manifestaciones contenidas en las resoluciones del 1 y 24 de abril de 2014, concluyó que el lenguaje utilizado res-pondió a que el juez Vissepó Vázquez consideró que las imputaciones eran falsas y dirigidas a atacar su integri-dad, reputación y temperamento judicial, así como a man-cillar la reputación de la Rama Judicial. Sin embargo, la Comisión se limitó a indicar que algunos comentarios y expresiones no fueron prudentes, apartándose de la con-sideración y el respeto de los participantes. En consecuen-cia, la Comisión entendió que lo expresado por el juez Vissepó Vázquez constituye una infracción a los Cánones 8, 11, 13 y 14 de Ética Judicial, supra, y recomendó que fuera censurado enérgicamente.

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Es norma conocida que la autoridad para atender los procedimientos relacionados con los jueces y las juezas de la Rama Judicial corresponde exclusivamente a este Tribunal. Art. V, Sec. 11, Const. PR, LPRA, Tomo 1. Para ello, aprobamos un cuerpo de normas mínimas que rigen la conducta de los jueces y las juezas del sistema judicial. Véanse: In re Acevedo Hernández, 194 DPR 344 (2015); In re Quiñones Artau, 193 DPR 356, 376 (2015); In re Claverol Siaca, 175 DPR 177, 188 (2009).

En esta encomienda estamos asistidos por la Comisión, la cual realiza la importante función de aquilatar la prueba para formular las determinaciones de hechos, con-clusiones de derecho y recomendaciones que estime pertinentes. In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 253 (2006). Así, las determinaciones de hechos que realice merecen nuestra deferencia y no serán alteradas a menos que se demuestre parcialidad, prejuicio o error manifiesto. Véanse: Íd., pág. 278; In re Saavedra Serrano, 165 DPR 817, 829 (2005); In re Hon. Maldonado Torres, 152 DPR 858, 869 (2000). Sin embargo, ello no es óbice para que este Tribunal aplique la acción disciplinaria que estime ade-cuada, por lo que es un precedente arraigado, el que no estamos obligados a aceptar las recomendaciones de la Co-misión sobre la querella disciplinaria. In re Sierra Enriquez, 185 DPR 830, 853 (2012); In re Muñoz, Morell, 182 DPR 738, 749-750 (2011); In re Hon. Maldonado Torres, supra, pág. 869.

Por otra parte, el proceso disciplinario contra un juez o jueza es arduo. Las repercusiones que éste acarrea son de tal envergadura que trascienden la figura del juez o jueza y repercuten en la confianza depositada en nuestro sistema judicial. Por ello, nuestro ordenamiento disciplinario exige una prueba clara, robusta y convincente de la existencia de las violaciones éticas imputadas para imponer las sancio-nes disciplinarias que correspondan. In re Quiñones Artau, supra, pág. 386. Este estándar de prueba es intermedio, al ser mayor al de preponderancia de prueba y menos exi-gente o riguroso que el de prueba más allá de duda razonable. In re Salas Arana, 188 DPR 339, 347 (2013). Este se cumple cuando la prueba presentada produce en el juzgador de hechos “ ‘una convicción duradera de que las contenciones fácticas son altamente probables’ ”. In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805, 820 (2011), citando a In re Rodríguez Mercado, 165 DPR 630, 641 (2005),

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Estudiado el Informe de la Comisión y examinada la prueba desfilada y las posturas de todas las partes, con-cluimos que la evidencia presentada no demostró con prueba clara, robusta y convincente las alegaciones que dieron inicio al proceso disciplinario contra el juez Vissepó Vázquez. Por el contrario, éstas establecen claramente que el magistrado celebró la vista transaccional solicitada con la anuencia de las partes, luego de haber estudiado el ex-pediente y haberse reunido con el Comisionado Especial designado para atender los asuntos pendientes. Asimismo, la evidencia presentada refleja que su intervención du-rante la vista transaccional fue a base de las posturas pre-sentadas por las partes. En la celebración de ésta, predo-minó un ambiente conflictivo, hostil y de discrepancias entre las partes que requirió la intervención del magis-trado, a fin de apercibir a los representantes legales sobre su conducta para proseguir con el proceso. No hubo prueba que demostrara una actitud de parcialidad o hermandad por parte del juez hacia alguna de las partes. Lo único que quedó claro fue que el proceso transaccional ocasionó inco-modidad o molestia en una de las partes a tal grado de que acordaron solicitar la inhibición del juez y el traslado del caso. Empero, ello no es suficiente y no cumple con el es-tándar de prueba requerido para imponer una sanción disciplinaria. Al igual que la Comisión, entendemos que la prueba presentada no demostró de forma clara, robusta y convincente que la conducta del juez Vissepó Vázquez constituyera una infracción a los citados Cánones 7, 9, 11, 20, y 23.

Por otra parte, con relación a las expresiones del juez Vissepó Vázquez durante la vista transaccional, la prueba presentada fue conflictiva. Ello fue a tal grado, que no se pudo señalar cuáles, en efecto, fueron las expresiones que dan base para la recomendación de una censura enérgica. Igualmente, en cuanto a las manifestaciones contenidas en las resoluciones emitidas el 1 y 24 de abril de 2014, com-partimos la determinación de la Comisión, a los efectos de concluir que éstas responden a una defensa de lo que el magistrado consideró un ataque a su integridad, reputa-ción y temperamento judicial y la de los funcionarios de sala, y a salvaguardar la reputación de la Rama Judicial.

Los jueces y las juezas están obligados a hacer ciertos sacrificios en beneficio de enaltecer la integridad e inde-pendencia de su ministerio y estimular el respeto y con-fianza en la Judicatura. In re Acevedo Hernández, supra. Ahora bien, esa privación no los releva de “su deber de defender y promover la independencia del Poder Judicial como elemento esencial de nuestro sistema de vida demo-crático”, por lo que una expresión “en cumplimiento de ese deber de su cargo, está protegido cabalmente tanto por la Constitución de los Estados Unidos y la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como por los Cánones de Ética Judicial y por el Código de Ética Profesional”. In re V. Limit. Const., Éticas Judicatura, 136 DPR 693, 693-695 (1994) (Resolución). La ética no se viola cuando las expre-siones van dirigidas a defender la integridad e independen-cia de la Rama Judicial. Véanse: In re Hernández Torres, 167 DPR 823, 844 (2006); In re Solicitud Cepeda García, 130 DPR 18 (1992). Claro está, con ello los jueces y las juezas no pueden olvidar que deben dar el ejemplo y que la defensa de la independencia judicial no es una carta en blanco para atacar la honra y faltar el respeto.

Las expresiones contenidas en las referidas resolucio-nes, lejos de constituir una afrenta o una falta de respeto y atentado contra la honra, están circunscritas a denunciar que las alegaciones no reflejaban la realidad de lo acaecido en la vista transaccional. Mediante éstas, el juez Vissepó Vázquez reflejó su inquietud y disposición de enfrentar cualquier aseveración, sin temores, para defender la inde-pendencia judicial. Ante ello, entendemos que esas expre-siones fueron emitidas en un tono franco y contundente en cuanto a lo que el juez Vissepó Vázquez entiende es el sen-tido de justicia. Por ende, consideramos que no se infrin-gieron los Cánones 8, 11, 13 y 14 del Código de Ética Judicial, supra. Por lo tanto, no procede la imposición de una sanción disciplinaria.

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Por los fundamentos esgrimidos, se ordena el archivo de la querella presentada.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Colón Pérez emitió un voto concurrente, al cual se unieron la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

{Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

Voto concurrente emitido por el

Juez Asociado Señor Colón Pérez,

al cual se unen la Jueza Presidenta Oronoz Ro-dríguez y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

En reiteradas ocasiones este Tribunal ha resuelto que la carga probatoria aplicable a los procesos disciplinarios contra jueces y juezas consiste en prueba clara, robusta y con-vincente, no afectada por reglas de exclusión ni a base de conjeturas. In re Ramos Mercado, 170 DPR 363, 401 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 254 (2006); In re Caratini Alvarado, 153 DPR 575 (2001). Véase, además, Regla 25 de Disciplina Judicial, en In re Aprobación Reglas, 164 DPR 137, 157 (2005).

Al presente, “[n]o existe una definición precisa de dicho criterio probatorio. Sin embargo, hemos reconocido que con-siste de una carga probatoria ‘mucho más sólida que la pre-ponderancia de la evidencia, pero menos rigurosa que la prueba más allá de toda duda razonable’. También la hemos descrito ‘como aquella [prueba] que produce en un juzgador de hechos una convicción duradera de que las contenciones fácticas son altamente probables’ ”. In re Ruiz Rivera, supra, pág. 253. Véanse: In re Salas Arana, 188 DPR 339, 347 (2013); In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805, 820 (2011).

Dicho quantum de prueba encuentra su razón de ser en que un proceso disciplinario puede tener como resultado la pérdida del título profesional del querellado. Esto es, su de-recho fundamental a ganarse su sustento podría verse afec-tado, por ello, se exige una mayor carga probatoria que la requerida en otros casos civiles. Véanse: In re Salas Arana, supra, pág. 346; In re Soto Charraire, 186 DPR 1019 (2012); In re Irizarry Vega, 176 DPR 241 (2009) (resueltos en el contexto de conducta profesional de abogados).

Es, precisamente, la falta de ese quantum de prueba clara, robusta y convincente, la que —en el proceso discipli-nario de epígrafe— nos mueve a concurrir con lo resuelto hoy por una mayoría de este Tribunal. Nos explicamos.

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En el presente caso, este Tribunal, mediante Resolución de 10 de julio de 2014, refirió a la Oficina de Asuntos Lega-les de la Oficina de Administración de Tribunales (en ade-lante OAT) una Orden emitida por el entonces Juez Admi-nistrador de la Región Judicial de Caguas, honorable Lind O. Merle Feliciano, en la cual solicitaba se iniciara una in-vestigación contra el honorable Rafael Vissepó Vázquez. Esa solicitud de investigación surge como consecuencia de cier-tas expresiones verbales vertidas por el juez Vissepó Váz-quez durante la celebración de una vista transaccional ante sí, así como por ciertas expresiones escritas que éste hizo constar en dos Resoluciones (una de 1 de abril de 2014 y otra de 24 de abril de 2014) emitidas como parte del pleito.

Iniciada la investigación de rigor, siendo el asunto refe-rido a la Comisión de Disciplina Judicial y luego de varios trámites procesales que no es necesario pormenorizar aquí, se autorizó a la OAT que presentara de una querella contra el juez Vissepó Vázquez por posibles violaciones a los Cá-nones 7, 8, 9, 11, 13, 14, 20 y 23 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, y al Canon 35 y la Parte IV del Criterio General del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. En esen-cia, en la referida querella se le imputó al juez Vissepó Vázquez: (1) manifestar una conducta parcializada hacia una de las partes en el proceso judicial ante sí con el ale-gado propósito de pretender forzar una transacción; (2) ob-servar un trato preferente hacia la representación legal de una de las partes, y (3) intentar el inicio de un proceso disciplinario contra ciertas abogadas que se quejaron de su alegada conducta en sala, mediante expresiones escritas —consideradas por las abogadas como denigrantes— in-cluidas en unas Resoluciones emitidas por éste durante el trámite del pleito y como consecuencia de una solicitud de inhibición presentada contra éste.

Celebradas las vistas de rigor, tras analizar los testimo-nios de los testigos presentados por las partes, así como toda la prueba documental presentada por cada uno de és-tos, la Comisión de Disciplina Judicial presentó su Informe Final a este Tribunal. Al así hacerlo, concluyó que en el presente caso no existía prueba clara, robusta y convin-cente para poder determinar que el juez Vissepó Vázquez haya manifestado conducta parcializada hacia una de las partes en cierto proceso judicial ante su consideración, haya observado un trato preferencial hacia la representa-ción legal de una de las partes o haya intentado forzar un proceso disciplinario contra las abogadas que se quejaron de su alegada conducta. En consecuencia, sostuvo que, con su comportamiento, el juez Vissepó Vázquez no infringió los Cánones 7, 11, 13 y 23 de Ética Judicial.

Ahora bien, la Comisión concluyó que “algunos de los co-mentarios realizados durante la vista transaccional en cuanto a los demandados” violaron lo dispuesto en los Cáno-nes 8 y 11 de Ética Judicial. A su vez, entendió la Comisión que “algunas de las expresiones utilizadas por el Juez Vissepó Vázquez en las dos Resoluciones emitidas el 1 de abril de 2014 y el 24 de abril de 2014”, constituyeron infracciones a los Cánones 13 y 14 de Ética Judicial. Así las cosas, la Comisión de Disciplina Judicial nos recomendó que censu-ráramos enérgicamente al juez Vissepó Vázquez por las ale-gadas violaciones a los Cánones de Ética Judicial.

Recibido el mencionado Informe, y luego de evaluar su contenido —ante la falta de prueba clara, robusta y convin-cente— una mayoría de este Tribunal resuelve que resulta improcedente la censura enérgica propuesta como sanción disciplinaria y, en consecuencia, ordena archivar la queja presentada contra el juez Vissepó Vázquez. Concurrimos con ese curso de acción.

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Como mencionamos, concurrimos con lo resuelto por una mayoría de este Tribunal por entender que, del expe-diente ante nuestra consideración, y según se desprende del Informe rendido por la Comisión de Disciplina Judicial, no existe prueba clara, robusta y convincente que lograse establecer que el juez Vissepó Vázquez intentara forzar una transacción arbitraria que favoreciese a una de las partes del pleito, que lograse establecer la parcialidad de éste con una de las partes en el proceso judicial que presi-día, o que éste emitiese la Resolución de 24 de abril de 2014 para desalentar la investigación en su contra y forzar un proceso disciplinario contra las abogadas que postula-ban ante él. No estando presente esa prueba, tan necesaria e indispensable al momento de enfrentarnos a la delicada tarea de juzgar la conducta de un compañero juez o com-pañera jueza, es forzoso concluir que éste no infringió lo dispuesto en los Cánones 7, 9,11, 20 y 23 de Ética Judicial, supra.

Por otra parte, en lo referente a ciertas expresiones ver-bales que se le atribuyen al juez Vissepó Vázquez durante la vista transaccional, la prueba presentada por las partes en el proceso disciplinario antes nos resultó ser conflictiva, como para poder llegar inequívocamente a la conclusión de que éste violó lo dispuesto en los Cánones 8 y 11 de Ética Judicial, supra. En ese sentido, la prueba presentada no produjo en este “ ‘juzgador de hechos una convicción dura-dera de [que las] contenciones fácticas son altamente probables’ ”. (Corchetes en el original). In re Salas Arana, supra, pág. 347. Véanse: In re Martínez Almodóvar, supra; In re Ruiz Rivera, supra. Siendo ello así, entendemos que el juez Vissepó Vázquez no infringió los referidos Cánones de Ética Judicial.

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En fin, luego de un análisis cuidadoso y desapasionado de lo ocurrido en el caso ante nuestra consideración, enten-demos que la conducta manifestada por el juez Vissepó Vázquez, durante la vista transaccional, no amerita la im-posición de sanciones disciplinarias en su contra por no haberse cumplido con el quantum de prueba requerido.

Por otro lado, las expresiones escritas del juez Vissepó Vázquez —aunque desacertadas y desafortunadas— se dieron en el contexto de un incidente aislado, y no consti-tuyen un patrón de conducta suya.

Recordemos que, como todo ser humano, un juez o una jueza puede experimentar momentos de frustración de cara a ciertos escenarios ante su consideración. Ello es así, pues, detrás de cada toga hay un ser humano, con sus de-fectos y con sus virtudes, susceptible a fallar.

En ese contexto, y cónsono con lo ocurrido en otras ins-tancias en las cuales este Tribunal ha tenido la oportuni-dad de evaluar la conducta de un compañero juez o una compañera jueza en escenarios similares, consideramos lo ocurrido aquí como un grave error de juicio del juez Vis-sepó Vázquez; error de juicio que, de repetirse o de conver-tirse en un patrón reiterado de conducta, podría conllevar la imposición de serias sanciones disciplinarias.

Siendo ello así, y contrario a la mayoría de este Tribunal que archiva sin más esta queja, por nuestra parte aperci-bimos al juez Vissepó Vázquez de que, de aquí en adelante, en su desempeño como juez del Tribunal de Primera Ins-tancia, tanto en su conducta en sala, como al momento de redactar documentos judiciales, debe ser más cuidadoso y realizar sus expresiones en un contexto de respeto, pacien-cia, cortesía y entendimiento. Ello, sin duda, le evitará los típicos malestares, ofensas o incomodidades que —como en el presente caso— pudieran derivarse de su confuso proceder.

Lo anterior también le evitará rayar en la falta de tem-peramento judicial, elemento esencial en su labor como juez. Ese concepto —el cual el juez Vissepó Vázquez está llamado a seguir— históricamente se ha asociado con la ausencia de prejuicios, el sentido común, el respeto, la to-lerancia, la compasión, la firmeza, la amplitud de mente, la paciencia y la cortesía con que un juez o una jueza debe manejarse en sala. L. Rivera Román, El temperamento y la función judicial, 1 Rev. Ley y Foro 4 (2009).

Así las cosas, y como ya hemos dicho, la prudencia y el buen juicio requieren al juez Vissepó Vázquez abstenerse de realizar expresiones, verbales o escritas, que puedan entenderse como inapropiadas en el contexto de un proceso judicial, para evitar —de esa forma— mancillar la buena imagen de la Rama Judicial. No olvidemos que los jueces y las juezas —al igual que los abogados y las abogadas— deben esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exalta-ción del honor y la dignidad de la profesión. Lo contrario resultaría nocivo al respeto que la ciudadanía ha deposi-tado en la Rama Judicial. Véase, de forma análoga, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

IV

Es, pues, por todo lo anterior —y para ser consistentes al momento de evaluar la conducta de un juez o jueza y, por consiguiente, al momento de determinar él tipo de sanción que amerita cuando se viola lo dispuesto en los Cánones de Ética Judicial— que concurrimos con el proceder de una mayoría de este Tribunal hoy.

       Esta Orden del Juez Administrador Merle Feliciano se emitió como conse-cuencia de una Resolución emitida por el juez Vissepó Vázquez y una “Moción al expediente judicial” y “Solicitud de reconsideración” presentadas por las licencia-das Magda Morales Torres, María I. Torres Alvarado y Ligia E. Santos Torres, como parte del caso Awilda Rodríguez Berríos v. Wilfredo Colón Ortiz, Civil Núm. EAC 2009-0015. En respuesta a la Resolución del juez Vissepó Vázquez, las menciona-das abogadas presentaron la referida moción en la que, en esencia, solicitaron que los autos del caso civil Núm. EAC 2009-0015 se trajeran a este Tribunal para que se evaluara la conducta del juez Vissepó Vázquez por posible infracción a los Cá-nones de Ética Judicial.

       En su Resolución de 1 de abril de 2014, el juez Vissepó Vázquez expuso, con relación a la conducta de las licenciadas Magda Morales Torres, María I. Torres Alvarado y Ligia E. Santos Torres, entre otras cosas, lo siguiente:
      “[...] Mi sentir y mi voluntad de actuar y tomar una decisión que no es fácil o agradable se fundamenta en dar finalidad a una breve historia, creativamente per-versa, falsa y sustentada en la mala fe, cuya desgraciada pretensión va dirigida a mancillar reputaciones, inclusive de una servidora pública o secretaria de sala que ha servido con integridad, total compromiso y dedicación por décadas a la Rama Judicial.

        Me retiro voluntariamente de continuar presidiendo los procedimientos en este caso porque quien está dispuesto a plasmar por escrito tanta falsedad e intenta des-truir reputaciones de manera tan vil y despiadada, no está a la altura de comparecer ante mí a reclamar absolutamente nada [...]
      Por otra parte, en su Resolución de 24 de abril de 2014 señaló:
      “[...] En dicho escrito inicial, las licenciadas previamente mencionadas desarro-llaron toda una creativa y perversa historia, basada únicamente en ficción, mentira y un grado ilimitado de ocasionar daño a reputaciones, con total mala fe y ausencia de prueba.

      “Solo una tiranía intenta callar la justicia. Sólo la cobardía intenta ocultar la verdad. Por ello no me cabe la menor duda que la mentira, llevada a grados de irracionalidad extrema como lo han hecho tres abogadas en este caso se pondrá en contra de ellas mismas, [cont. próxima página.]

      “La seriedad de las falsas, impropias e irresponsables expresiones, señalamien-tos y acusaciones hacia este juez y personal del Tribunal, no solo motivaron mi inhibición [sino] que laceraron mi sentido de justicia e imparcialidad a partir de ese momento, en este caso en particular y con las abogadas a las que previamente he hecho referencia. ‘El coraje no se puede simular, es una virtud que escapa a la hipocresía’. Napoleón Bonaparte Francés.

      “ A la Sra. Justicia le gusta que la toquen, que la reformen, que la mejoren ... pero nunca que la violen’. Desconocido.

      “En ninguna parte de mi escrito anterior fui irrespetuoso e impropio. Lamenta-blemente, las abogadas esperaban por parte de este juez sumisión o silencio con mi proceder y retiro. Dicen que la justicia es ciega y yo añado ... pero no muda y menos cobarde”.