author: El. Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Arvelo et al., Demandantes y Apelantes, v. Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San' Juan, Sección Ia., en pleito sobre indemnización de daños y per-juicios.
    No. 1365.
    Resuelto en julio 27, 1917.
    Ejecución de Hipoteca — Requerimiento de Pago — Procedimiento Sumario Hi-potecario — Fallecimiento del Deudor Antes de Comenzarse el Procedi-miento — Requerimiento a los Herederos. — De acuerdo con el artículo 128 (le la Ley Hipotecaria y 171 del reglamento para su ejecución, el requiri-miento de pago debe entenderse con el dueño de la finca hipotecada si reside en el lugar en que radica la finca, y se sabe su domicilio,- pero cuando el dueño fallece antes de comenzarse el procedimiento sumario hipotecario, no debe re-querirse de pago al que se hallare al frente de la finca en cualquier concepto legal, sino a los herederos quienes continúan su personalidad y lo sustituyen en todos sus derechos así activos como pasivos transmisibles, pudiendo excusarse el requerimiento personal de los herederos sólo en el caso de que no residan en el lugar de radicación de la finca hipotecada y se ignorare su domicilio.
    Id. — Requerimiento a la Viuda del Deudor. — A falta de requerimiento de pago a los miembros de una sucesión en procedimiento sobre ejecución de hipo-teca, no es legal el hecho a la viuda del deudor por hallarse al frente de la finca hipotecada cuando el requerimiento no se ha hecho a ella ya como apoderada de hijos mayores de edad o como representante de menores.
    Sucesión- — Personalidad Jurídica — Miembros que la Componen — Partes De-mandantes v Demandadas.- — La sucesión como persona jurídica no existe en nuestro derecho. Cabe que una sucesión sea parte demandante o deman-dada, pero para eEo es necesario que se particularice o individualice expre-sando los miembros que la componen. No es una entidad legal indepen-diente de los herederos. Estos son los que la determinan y son los que deben aparecer como demandantes o demandados.
    Ejecución, de Hipoteca — Subastas—Publicación de Edictos por Término Me-nor que el Señalado — Nulidad de Venta. — Las formalidades señaladas en los artículos 128 de la Ley Hipotecaria y 171 del reglamento, para el anun-cio de la primera subasta, deben llenarse -también en las subastas posterio-res que se celebren y. por tanto cuando ha mediado entre la primera publi-cación del edicto de venta y la subasta un término inferior al marcado por la ley, la adjudicación hecha de la finca hipotecada al acreedor en pago de la deuda está viciada de nulidad. El presente caso se distingue del de Hanna et al. v. Saurí y Subirá, 22 D. P. B. 836, pues no es la misma posición la de nn segundo acreedor hipotecario que la del deudor principal.
    Id. — Edictos—Publicación en Sitios Públicos y en la Gaceta. — El artículo 172 del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria no deja a la voluntad del acreedor la publicación de los edictos en los sitios públicos que expresa o en la Gaceta de la Isla, pues eso sería contrariar el precepto general de la Ley Hipotecaria, artículo 128, párrafo 3, que ordena por modo expreso que a los treinta días de verificado el requerimiento de pago se publicarán los edictos en las Gacetas de la Isla.

      Daños t Perjuicios — Nulidad de Procedimiento Hipotecario — Reivindica-oión. — En una demanda por daños y perjuicios fundada en la -nulidad de un procedimiento, hipotecario por virtud del cual fué adjudicada al ejecu-tante (actual demandado) la finca subastada por la imposibilidad legal en que se'encuentra el demandante de ejercitar acción alguna contra el actual poseedor por haberla adquirido del demandado, de buena fe, y sin conoci-miento de aquella nulidad, es suficiente se consignen estos hechos y los deter-minantes de la nulidad, ya que el demandante no estaba en el deber de soli-citar previamente la declaratoria de la nulidad para que pudiera ser viable la indemnización, como tampoco estaba obligado a solicitar dicha nulidad en el caso de que pudiera ejercitar contra el demandado la acción reivindi-catoría con relación a la finca subastada.
    Id. — Prescripción.—Por las razones aducidas al tratar igual cuestión en el caso de Carmona et al v. Cuesta et al., 20 D. P. R. 229, ratificada en 23 D. P. R. 685, se desestima la excepción de prescripción en este caso fundada en el número 2 del artículo 1968 del Código Civil Español.
    Id. — Exposición del Caso Sobre las Cuestiones Envueltas en la Sentencia y Apelación. — -E1 hecho de que la exposición del caso preparada solo contiene la evidencia aportada al juicio sobre las cuestiones envueltas en la senten-cia y apelación contra la misma, sin incluir la que se hubiere introducido sobre daños y perjuicios, no es razón legal para sostener la sentencia ape-lada, existiendo las causas que se alegan como originarias de esos daños y perjuicios. A la corte inferior toca determinar y fijar los daños y per-juicios cuya indemnización se pide.
    Ahogado de los apelantes: Sr. José Tous Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Juan de Guzman Benitez.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El. Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión, del tribunal.

El recurso de apelación sometido a nuestra reconsidera-ción ha sido interpuesto por la parte demandante contra sen-tencia que en 15 de marzo de 1915 pronunció la Corte de Dis-trito de San Juan, Sección Ia., declarando sin lugar la de-manda y la reconvención con costas a la parte demandante.

En dicha demanda solicitan los demandantes sea conde-nado el demandado, Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, a pagarles la suma de $70,000 como daños y perjuicios por el valor de la finca que le fué adjudicada en procedimiento sumario seguido por dicha. corporación bancaria contra la Sucesión de Hilario Arvelo, y de las rentas producidas desde 26 de septiembre de 1898 hasta la fecha de la demanda, 7 de septiembre de 1913, condenando además a la parte deman-dada al pago de todas las costas, costos, gastos y honorarios, y concediéndoles a los demandantes además cualquier otro remedio compatible con sus alegaciones.

El demandado opuso a la demanda la excepción previa de taita de hechos suficientes para determinar una causa de ac-ción y además la de prescripción fundada en los artículos 1301 y .caso 2o. del 1968 del Código Civil Español, concordantes con los artículos 1268 y caso 2o. del 1869 del Código Civil Re-visado. Al formular su contestación aceptando unos hechos y negando j rectificando otros de la demanda, formuló re-convención para que en el caso de que la demanda fuera de-clarada con lugar condenándolo a pagar una suma cualquiera a. la parte demandante, se la condenara a pagar al Banco Territorial y Agrícola la cantidad de $9,965.80 de capital, más $13,955.94 de intereses devengados hasta el 30 de junio de 1913, y los nuevos intereses al 9% anual que sobre dicho capital se devenguen hasta el día del pago, más $88.46 de la comisión de pago anticipado, más $361.22 de las costas he-chas por el banco en el procedimiento hipotecario, con pro-nunciamiento de que hasta tanto las demandantes entreguen al Banco Territorial y Agrícola las cantidades que de la re-convención deben pagarle estarán privadas de recibir y no estará obligado el banco a entregar las que en su caso deba pagar a los demandantes en virtud de la demanda.

De las alegaciones de ambas partes en combinación con las pruebas practicadas en el juicio según han venido en el récord resultan los siguientes hechos:

Io. Que por escritura pública de 3 de junio de 1896 Hilario Arvelo y Ríos constituyó hipoteca voluntaria a favor del Banco Territorial y Agrícola sobre cierta finca rústica si-tuada en el barrio de Jayuya del término municipal de TJtuado, inscrita a su favor en el registro de la propiedad, para ga-rantir un crédito por valor de 15,000 pesos provinciales que reconoció adeudar al Banco Territorial y Agrícola y se obligó a pagar bajo determinadas condiciones.

2o. Que vencido dicho crédito hipotecario, el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico siguió para su cobro contra la Sucesión de Hilario Arvelo el procedimiento sumarísimo de la Ley Hipotecaria ante el extinguido Juzgado de Ia. Ins-tancia de Utuado, sin que en la demanda o escrito inicial del procedimiento se alegara la muerte de Hilario Arvelo, ni quiénes eran sus herederos ni si habían aceptado la herencia, solicitándose en la súplica fuera requerida de pago la Suce-sión de Hilario Arvelo Ríos, a lo que proveyó el juzgado or-denando el requerimiento de la Sucesión de Hilario Arvelo Ríos o de la persona que estuviera al frente de la linca hipo-tecada en cualquier concepto legal;

3°. Que el requerimiento ordenado se llevó a efecto por el escribano actuario del procedimiento en la forma si-guiente: “En 23 de febrero de 1898 me constituí acompañado del Alguacil Don Miguel Arnau en el barrio de Jayuyaj domi-cilio de la Sucesión de Don Hilario Arvelo Ríos, y teniendo presente a la viuda de dicho señor que dijo llamarse Doña Florentina Vega, que se halla ál frente de la finca de que se trata en este expediente, la requerí para que dentro de treinta días verifique el pago de los 15,547 pesos 94 centavos recla-mados por el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, con más 3,000 pesos señalados'.-para intereses y costas, bajo apercibimiento de procederse a la subasta de los bienes hi-potecados, haciéndosele entrega al mismo tiempo de la copia presentada por el procurador Casalduc, no firma porque dijo no saber, a su ruego lo hace Don Nemesio Arvelo, luego del alguacil por ante mí de que doy fe. Miguel Arnau. Neme-sio Arvelo. Carlos Buitrago.” La viuda de Arvelo era co-nocida con los nombres de Florentina, Flores y Sinforiana.

4a. Que no habiéndose hecho el pago dentro del término señalado, el banco pidió la subasta de los bienes hipotecados y así se ordenó por auto de 28 de marzo de 1898, señalándose la subasta para el día 25 de abril siguiente. En el mismo día 28 de marzo se libró el edicto para la subasta, se fijó una copia al público en el sitio de costumbre, en el Juzgado de Htuado,- y se entregó otra copia al procurador del banco para su. inserción en la Gaceta, cuya inserción fué lieclia en los Húmeros de dicho periódico oficial correspondiente a los días 5, 6 y 7 de abril citado. La primera subasta quedó desierta por no haberse presentado postor alguno.

■ 5a. Que a instancia del ejecutante y por auto de 23 de mayo de 1898 el juzgado dispuso una segunda subasta, con rebaja del 25% de la tasación, para tener efecto el día 20 de junio de 1898. En la propia fecha del auto se libró el edicto dispuesto, se fijó una copia en las puertas del juzgado, y se entregó otra al procurador del banco para insertarla en la Gaceta, cuya inserción se hizo en los números correspondientes a los días 31 de mayo y 1 y 2 de junio de 1898. También la segunda subasta quedó desierta por no haberse presentado postor alguno.

6°. Que a instancia del ejecutante y por auto dé 8 de julio de 1898, el juzgado dispuso la tercera y última subasta por el precio irreductible de las cantidades de que debía responder la finca hipotecada, para tener efecto el día 4 de agosto. En el referido día 8 de julio, se libró el edicto dispuesto, se fija-ron dos copias en los lugares públicos de costumbre y se en-tregó otra copia al procurador del ejecutante para insertarla en la Gaceta Oficial,, habiéndose hecho la inserción en los nú-meros de dicho periódico correspondientes a los días 17, 19 y 21 del propio julio. También esa tercera subasta quedó de-sierta por no haberse presentado postor alguno.

7°. Que en 20 de septiembre de 1898 el banco ejecutante pidió la adjudicación de los bienes en pago del crédito recla-mado .y por auto del 26 se le adjudicó la finca hipotecada por la cantidad de 15,546 pesos 94 centavos moneda provincial, cuya adjudicación fué notificada a la viuda de don Hilario Arvelo en el barrio de Jayuya, en el domicilio de la Sucesión Arvelo, según expresa el escribano, quien hizo la notificación con lectura y copia' del auto de adjudicación, no firmando la viuda porque dijo no saber y haciéndolo a su ruego el testigo don Ramón Arvelo.

8°. Que a pedimento del banco adjudicatario y por orden del Juzgado de Utuado el alguacil de ese tribunal, asistido del escribano, se constituyó en 10 de marzo de 1899 en la finca adjudicada y dió de ella posesión al banco representado en ese acto por Don Ramón Arvelo.

9o. Que el Banco Territorial y Agrícola inscribió en el re-gistro su título de adjudicación de la- finca hipotecada, en cuya inscripción se hizo constar que fué requerida de pago la Su-cesión Arvelo, y no se expresaron las fechas en que fueron publicados los edictos para cada una de las subastas.

10°. Que el Banco Territorial y Agrícola por escritura de 30 de junio de 3906 vendió a don Oarlos López de Tord Ja finca adjudicada por la cantidad de $13,000, pagaderos $1,300 de contado y el resto en diez años de plazo con sus intereses al 9% anual, cuyo título de compraventa ha sido inscrito en el registro.

11°. Que Hilario Arvelo estuvo casado dos veces, la pri-mera con Catalina Vega, con la que contrajo matrimonio en 20 de febrero de 1866, de cuyo matrimonio nacieron Concep-ción y Evarista, habiendo fallecido la esposa Catalina Yega en 30 de diciembre de 1890; y en segundas nupcias con Sin-foriana Vega, o sea, desde 9 de septiembre de 1891, habiendo fallecido.Hilario Arvelo en 26 de diciembre de 1897'y dejado de su matrimonio con la Sinforiana tres hijas nombradas Virginia, Catalina y Juana Rosenda.

12°. Que la Corte de Distrito de Arecibo por resolución de 5 de octubre de 1914 declaró únicas y universales herede-ras abintestato de Hilario Arvelo Ríos a sus legítimas hijas Concepción, Evarista, Virginia, Catalina y Juana- Rosenda Arvelo y Vega; y a Concepción y Evarista únicas y univer-sales herederas abintestato de Catalina Vega; y a Concepción Arvelo única y universal heredera también abintestato de su hermana legítima Evarista.

13°. Que Catalina y Juana Rosenda Arvelo y Vega eran menores de edad, y mayores Concepción y Virginia Arvelo al entablarse la demanda que dió origen al presente juicio; que las hijas del segundo matrimonio vivían con su madre Virginia Arvelo en el barrio de Jaynya, TJtuadó; y que las del primer matrimonio vivían desde la muerte de su padre, en otro barrio denominado el Cedro también de Utuado, en compañía de una tía.

La exposición del caso sólo contiene la evidencia aportada al juicio en cnanto tiene pertinencia a las cuestiones envueltas en la sentencia y apelación contra la misma.

Alega la representación de la parte demandante y ape-lante como motivos del recurso los siguientes:

Io. La Corte de Distrito de San Juan erró al estimar que el requerimiento de pago no era necesario hacerlo a todos los herederos de Hilario Arvelo.

2o. Dicha corte erró al no estimar que residiendo los hijos y herederos de Hilario Arvelo en el lugar del juicio, debieron ser personalmente requeridos o por lo menos intentarse su requerimiento.

3o. Dicha corte erró al no declarar nulo por falta de juris-dicción sobre la persona de los demandados, el procedimiento hipotecario, por no mediar requerimiento personal de los deudores.

4o. La corte erró al declarar que el requerimiento de Flo-rentina Vega viuda de Arvelo, como encargada de la finca, era suficiente para dar validez al procedimiento.

5o. La corte erró al no estimar que la falta de publicación de los edictos en la Caceta por todo el término legal, es causa de nulidad.

Los cuatro primeros motivos dél recurso pueden sinteti-zarse en uno, a saber: que la parte sueesora o causahabiente del deudor Hilario Arvelo no fué requerida de pago en el procedimiento seguido por el Banco Territorial y Agrícola para el cobro del crédito hipotecario que le adeudaba Hilario Arvelo ya fallecido, por carecer de eficacia legal el requeri-miento hecho a la viuda en la forma en que se hizo, siendo nula por tanto la adjudicación de la finca hipotecada a favor del Banco Territorial y Agrícola y responsable éste en su consecuencia de daños y perjuicios a favor de las demandantes atendida la imposibilidad legal de ejercer la acción reivindica-toría contra el actual poseedor de la finca hipotecada.

Examinemos la anterior cuestión legal, eje cardinal del presente recurso, a la luz de los preceptos leg’ales atinentes a ella, o sean los artículos 128 de la Ley Hipotecaria y 171 del reglamento para su ejecución.

El artículo 128, en su apartado 2o. al ordenar cómo debe Hacerse el requerimiento de pago en el procedimiento suma-rísimo para el cobro de crédito hipotecario, se expresa en los siguientes términos:

“Se requerirá al deudor de pago si residiere en el lugar en que radica la finca y se cupiere su domicilio; bastará en otro caso que se requiera al que se halle al frente de la finca en cualquier concepto legal, a fin de que ponga en conocimiento del dueño la reclamación.”

El artículo 171 del reglamento, después de haberse pre-venido por el artículo 170 que el requerimiento de pago debe hacerse a los que según la certificación del registro estuvie-ren en poder de los bienes hipotecados, ora los conserve el deudor, ora se hayan transmitido a tercero en todo o en parte, dice así: ■ .

• “Cuando todos los bienes hipotecados estén en manos de un solo poseedor, según la certificación del registro, el requerimiento de pago se entenderá con él en su domicilio si reside en ‘el término municipal donde radique alguno de dichos bienes. Esto mismo se practicará respecto de cada cual de los poseedores de los distintos bienes cuando fueren varios. Cuando alguno de los que hayan de ser requeridos de pago no residiere en término municipal donde radique alguno de los bienes, el requerimiento se entenderá con la persona que se halle al frente de la finca en cualquier concepto legal, a fin de que lo ponga sin dilación en conocimiento del dueño. Si la finca estuviese abandonada, de modo que nadie la tenga a su cargo, el requerimiento se entenderá con la autoridad municipal administrativa del pueblo, con igual encargo de comunicarlo al deudor * * Cuando quiera que el requerimiento de pago no se evacúe en el domicilió de aquel a quien el pago incumba, ni tampoco se entienda con apoderado o arrendatario que tenga a su cargo la finca, se publicará además por medio de edictos,' que se insertarán en la Gaceta de la isla eorrespon-diente, y en tal caso el término de 30 días empezará a contarse desde la'publicación en dicho periódico oficial.”

Como se ve, siendo Hilario Arvelo, según el registro, el dueño de la finca hipotecada a favor del Banco Territorial y Agrícola, con él por precepto terminante de la ley debía' entenderse el requerimiento de pago, si residía en el barrio de Jayuya del término municipal de Utuado en que radicaba la finca y se sabía su domicilio: pero habiendo ocurrido lá muerte de Arvelo antes de iniciarse el procedimiento sumario hipotecario, ¿se estaba en el caso de requerir de pago al que se hallare al frente de la finca en cualquier concepto legal? Opinamos que no.

Es claro que muerto 'Arvelo no podía ser requerido de pago; pero su personalidad continuaba en sus herederos, quienes le sustituían en todos sus derechos así activos como pasivos transmisibles, y debían por tanto ser los requeridos de pago, pudiendo excusarse el requerimiento personal sólo en el caso de que no residieran en el lugar de radicación de la finca hipotecada y se ignorara su domicilio.

Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Artículo 657 del Código Civil de 1889. La sucesión se defiere por la voluntad del hombre manifestada en testamento, y, a falta de éste, por disposición de la ley. Artículo 658.' Los herederos suceden al difunto por el sólo hecho de su muerte en todos sus dere-chos y obligaciones. Artículo 661. Los artículos transcri-tos concuerdan con los 665, 666 y-669 del Código Civil Be-visado.

La sucesión como persona jurídica ‘no existe en nuestro derecho. Cabe que una sucesión sea parte demandante o demandada; pero para ello es necesario que se particularice e individualice expresando los miembros que la componen. No .es una entidad legal independiente de los herederos. Es-tos son los qüe la determinan, y son los que deben aparecer como demandantes o demandados.

Al resolver el caso de Dapena v. Sucesión Dominicci, 12 D. P. R. 66, dijo esta corte que cuando la demanda se dirige contra una sucesión, debe expresarse el nombre de cada uno de los herederos o darse alguna razón que justifique la omi-sión del dicho requisito; y congruente con esa doctrina, ,al resolver el caso de Orcasitas v. El Registrador, 21 D. P. R. 553, se expresó en los términos siguientes: “Estamos-, de acuerdo con el registrador en que si era necesaria la notificación o citación a la indicada sucesión, debió haberse hecho constar quiénes la componían, con el objeto de que dicho registrador pudiera determinar si dicha notificación fué hecha en forma adecuada.”

En el presente caso el Banco Territorial y Agrícola’inició el procedimiento sumario hipotecario, sin alegar siquiera la muerte de Hilario Arvelo, ni quiénes eran sus herederos y su deber era expresar cuáles eran esos herederos para que el requerimiento se llevara a efecto en la persona de! los mismos como causahabientes del deudor, si residían en el lugar de la finca hipotecada, o de no ser así, se entendiera con la persona que en cualquier concepto legal se encontrara al frente de ella.

La petición del Banco Territorial y Agrícola de que fuera requerida de pago la Sucesión de Hilario Arvelo dió lugar a que el juez que conocía del procedimiento ordenara el re-querimiento solicitado y no el de los miembros que la com-ponían.

No cabe sostener que a falta dél requerimiento de los miembros de la Sucesión de Hilario Arvelo fué legal el hecho a su viuda por hallarse al frente de la finca hipotecada, pues ese requerimiento sólo hubiera sido legal si los herederos del deudor no hubieran residido en el lugar o término municipal donde radicaba la finca hipotecada y el récord demuestra que-tanto las hijas del primer matrimonio de Arvelo como las del segundo vivían en el término municipal de Utuado en cuyo barrio nombrado Jayuya radicaba la finca. La viuda no era apoderada de- las hijas mayores de edad del primer matrimonio de Arvelo, y aunque podía tener la representa-ción legal de sus propias hijas menores de edad como no' fué requerida de pago en ese concepto, tampoco el requerimiento en cuanto a ellas podía ser eficaz en derecho.

“Una persona puede en diferentes ocasiones o simultá-neamente, ocupar diferentes relaciones, actuar en distintos ■conceptos y representar intereses separados y tal vez anta-gónicos. Es regia, así del derecho civil, como del derecho común, que una parte actuando en determinado carácter, no puede ser beneficiada o perjudicada por una sentencia dictada a favor o en contra de ella, cuando actuaba en otro concepto. De aquí se sigue, que si uno tiene derechos en una cosa en su propio derecho, puede hacerlos valer aunque se le hiciera parte -en una acción en una capacidad representativa; y de igual modo si fuere parte en tal acción, en su propio derecho, puede, .sin embargo, hacer valer, los derechos -de otra persona que represente.” Freeman on Void Jvidicial Sales, página 14, párrafo 3o.

■ Además, como el requerimiento de pago se entendió con la viuda de Arvelo que estaba al frente de la finca y no con el deudor personalmente ni con apoderado o arrendatario, dicho requerimiento debió publicarse por medio de edictos, según previene el artículo 171 del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria y también por falta de dicha formalidad la diligencia es ineficaz en derecho.

Sostiene la parte apelante que “con arreglo a los artículos 128, párrafo 2°., de la Ley Hipotecaria, y 170, párrafo 1°., de su Reglamento, sólo podía requerirse de pago a Hilario Ar-velo que figuraba como dueño en el registro, y careciendo éste de domicilio puesto que había fallecido sólo podía reque-rirse de pago a la persona que estaba al frente de la finen, que fué la requerida. ” ' .

' Como demuestran esos mismos textos legales el requeri-miento que se haga al encargado de la finca es meramente sustituto pues a él sólo debe acudirse cuando no pueda efec-tuarse en la persona del obligado al pago, en su domicilio, por ignorarse éste o cuando pueda excusarse por tener el deudor srt domicilio fuera del término municipal en que radica la finca. En el presente caso ni existía la imposibilidad de ve-rificarse el requerimiento on la persona del deudor, a quieu por fallecimiento de éste substituían sus herederos, ni éstos residían fuera del término municipal de la finca hipotecada.

Los preceptos legales que se dejan citados, al autorizar el requerimiento de pago en la persona que se halle al frente de la finca en cualquier concepto legal, no se refieren al caso en que el deudor hubiere fallecido sino al caso de que éste no residiere en el término municipal, y además, en caso de muerte del deudor la persona encargada de la finca no podría dar conocimiento del requerimiento al dueño de ella que ha dejado de serlo por su muerte pasando el dominio a sus he-rederos.

El pago incumbía por fallecimiento de Hilario Arvelo a sus herederos quienes bajo concepto alguno fueron requeridos de pago ni personalmente ni por medio de apoderado o arren-datario y de ahí que habiéndose practicado el requerimiento en la persona que estaba encargada de la finca debió publi-carse ese requerimiento por medio de edictos según dejamos indicado. Pero es que aunque tal publicación se hubiera he-cho el requerimiento no hubiera perjudicado a los herederos de Arvelo por falta de las condiciones necesarias para que pudiera pxescindirse del requerimiento personal.

Examinados en conjunto los cuatro primeros motivos del recurso pasemos a considerar el quinto error, que se funda en la falta de publicación de los edictos en la Gaceta' por todo el término legal.

Ordena el artículo 128 de la Ley Hipotecaria en su tercer apartado que a los 30 días de verificado el requerimiento se publicarán los edictos en la Gaceta de la Isla con expresión del estado de los títulos de propiedad, celebrándose la subasta a los 20 días de la publicación; y el artículo 172 del Regla-mento previene que expirado aquel plazo ordenará el juez que se pongan en pública subasta los bienes hipotecados por tér-mino de veinte días, fijándose edictos en los sitios públicos de costumbre del lugar en que se siga el procedimiento y del en que los bienes radiquen e insertándose en la Gaceta de la Isla con expresión de los títulos de propiedad.

Las formalidades señaladas para el anuncio ele la primera subasta deben llenarse también en las subastas posteriores que se celebren.

En el presente caso la primera subasta de la finca hipo-tecada se señaló para el día 25 de’ abril de 1898 y los edictos anunciándola fueron publicados en los números de la Gaceta Oficial correspondiente a los días 5, 6 y 7 del mismo abril; de modo que entre el anuncio del día 5 de abril y la celebra-ción de la subasta que quedó desierta, medió el término’ legal de veinte días prevenido por la ley.

Para la computación ele los veinte días se cuenta la primera publicación del edicto, pues ni la Ley Hipotecaria ni su Re-glamento ordenan ulteriores publicaciones y la subasta ha de celebrarse a los veinte días de la publicación.

Lo mismo podemos decir respecto de la segunda subasta, pues ésta fue señalada para tener efecto el día 20 de junio de 1898„ y la publicación de edictos en la Gaceta se hizo en los días 31 de mayo y Io. y 2 ele junio siguiente, habiendo mediado entre la .primera publicación y la celebración de la subasta el término de veinte días señalado por la ley.

No sucede lo propio en cuanto a la tercera subasta, pues ésta se señaló para el día 4 de agosto de 1898 y los edictos se publicaron en los días 17, 19 y 21 de julio anterior, ha-biendo por tanto mediado entre la primera publicación y la subasta solamente 18 días, o sea, un término inferior al mar-cado por la ley.

AI resolver en julio 20,1915, el caso de Henna et al., v. Saurí y Subirá, 22 D. P. R. 836, dijimos que “el defecto de publicar los edictos por menos tiempo del requerido por la ley no anula necesariamente la subasta, toda vez que puede ser renunciado por el deudor, y para que un acreedor posterior pueda obtener la declaración de nulidad por ese motivo, es un principio general de derecho que debe demostrar que ha sido necesariamente perjudicado.” La parte apelante alega que no existe semejanza entre el caso anterior y el presente, pues no es la misma la posición de un segundo acreedor hi-potecario a que se refería el caso citado, que la del deudor principal ejecutado de quien son los demandantes causa-habientes en la presente acción.

Opinamos que la parte apelante tiene razón.

En el tomo 17 de Oye., página 1245, leemos:

“En una mayoría de jurisdicciones los estatutos exigen que el aviso de la venta sea hecho mediante publicación en los periódicos por un período de tiempo determinado, o por un número de veces que ha de designarse, y la regla general es que dichos preceptos esta-tutarios deben ser observados estrictamente, habiéndose sostenido que hasta las más leves' desviaciones de los mismos anulan el aviso o por lo menos hacen que la venta pueda ser anulada.”

Se citan en apoyo de la anterior doctrina las autoridades siguientes: 57 Cal. 333; 33 Cal. 45; 33 La. Ann. 271; 9 La. 531; 19 La. 300.

La Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Early v. Doe, 57 U. S., 617, 618, establece que aunque hay ciertamente diferencia entre el rigorismo que se exige en una venta para el cobro de contribuciones y el requerido en una venta en ejecución para el cumplimiento de una sentencia, en ambas se aplica la misma regla en cuanto al término completo de publicación que la ley requiere se de para veri-ficar la venta; que en un procedimiento ex parte bajo una ley especial se requiere un estricto cumplimiento del estatuto y que una persona no puede ser privada de su propiedad contra su consentimiento mientras no se haya cumplido cada uno de los requisitos sustanciales de la ley.

El procedimiento seguido por el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico contra la Sucesión de Hilario Arvelo era un procedimiento sumario, especial y ex parte, y debieron observarse estrictamente las prescripciones de la Ley Hi-potecaria y su reglamento. No habiéndose hecho la publica-ción de edictos para la tercera subasta por el término legal de 20 días, la adjudicación Hieclia al banco en pago de la deuda estaba viciada de nulidad.

Afirma la parte apelada que según el artículo 172 del Reglamento Hipotecario, tal como aparece en la edición Mo-rell de la Ley Hipotecaria y su Reglamento autorizada por Real Orden de 26 de noviembre de 1893 y'en la Gaceta Oficial de esta Isla correspondiente al día 28 de Octubre de 1893, no es necesaria la inserción de edictos en la Gaceta Oficial, pues dicho artículo otorga la facultad alternativa de Jijar los edictos en los sitios públicos de costumbre del lugar en que se siga el procedimiento y del en que los bienes radiquen o de inser-tarlos en la Gaceta Oficial, bastando por tanto que se haga una u otra -cosa.

La edición oficial de la Ley Hipotecaria para las Provin-cias de Ultramar que tenemos a la vista, con sello del Mi-nisterio de Ultramar de España, año 1893, autorizada por Real Orden de 14 de julio de 1893, no concede tal facultad alter-nativa pues la parte del artículo 172 del Reglamento a que nos referimos no empléala conjunción disyuntiva “o” sino la copulativa “y”. La misma Ley Hipotecaria en su artículo 128, párrafo 3°., ordena por modo expreso que a los treinta días de verificado el requerimiento de pago se publicarán los edictos en la Gaceta de la Isla correspondiente, y aunque el último párrafo de ese artículo dispone que en el Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria se determinarán los demás pormenores a que habrá de ajustarse el procedimiento sumario, no es posible admitir que dicho Reglamento en el párrafo Io. del artículo 172 haya querido contrariar el pre-cepto general de la Ley dejando a la voluntad del acreedor la publicación de los edictos en los sitios- públicos que expresa o en la Gaceta de la Isla.

Ciertamente que según alega la parte apelada el artículo 128 de la Ley Hipotecaria en su párrafo 3o. se refiere a la publicación de edictos en la Gaceta para la primera subasta, y que el artículo 172 del Reglamento- dice en su último pá-rrafo con relación a la segunda subasta que se verificará en la misma forma que la primera, sin que estatuya nada sobre el particular al hablar de. las subastas posteriores a la se-gunda. Tal omisión no favorece la contención de ser inne-cesaria la publicación de edictos para la tercera subasta, pues no puede haber subasta de una cosa sin que se publique su venta, y la práctica de los tribunales ha sido constante en el sentido de que tanto para la primera y segunda subastas, como para las posteriores, han de llenarse'las mismas formalidades legales. Así lo entendió el mismo banco acreedor en el pro-cedimiento hipotecario de que se trata.

Ha insistido la parte apelada ante esta Corte Suprema en que la demanda no aduce hechos suficientes para deter-minar una causa de acción, y en que la acción ejercitada ha prescrito de acuerdo con los artículos 1093, 1902 y 1968 del Código Civil Español por haber transcurrido- el término de un año que exige el párrafo 2o. del artículo 1968 para demandar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1902.

La primera excepción es improcedente pues el deman-dante no estaba en el deber de solicitar previamente la decla-ratoria de las nulidades de que adolece el procedimiento su-mario hipotecario para que pudiera ser viable la indemniza-ción que pretende, como tampoco estaba obligado a solicitar dicha nulidad en el caso de que hubiera podido ejercitar contra el banco la acción reivindicatoría con relación a la finca subastada en el procedimiento hipotecario. Sucesión Suro v. Prado, 21 D. P. R. 241; Oliver v. Oliver, 23 D. P. R. 181; y Longpré v. Días, 59 U. S. (Law. ed.) 1080, 237 U. S. 512.

En la demanda se consignan los hechos determinantes de la nulidad del procedimiento hipotecario seguido por el banco contra Hilario Arvelo, y la imposibilidad legal en que se en-cuentra la parte demandante de ejercitar acción alguna contra el actual poseedor de la finca subastada, don Carlos López de Tord, quien adquirió del banco, de. buena fe y sin conocimientq de aquellas nulidades, y esos hechos son bastantes para la acción que se ejercita. • - . ■

Por lo que atañe a la excepción de prescripción fundada on el número 2o. del artículo 1988 del Código Civil Español, también es de desestimarse por las razones que ya adujimos al tratar igual cuestión en el caso de Carmona et al., v. Cuesta, 20 D. P. R. 229.

La doctrina establecida en dielio caso fue ratificada en otro caso posterior de Carmona v. Cuesta, 23 D. P. R. 685.

El hecho de que la exposición del caso sólo contiene la evidencia aportada al juicio sobre las cuestiones envueltas en la sentencia y apelación contra la misma sin • incluir la que se hubiere introducido sobre daños y perjuicios, no es razón legal para sostener la sentencia apelada, existiendo como existen las causas que se alegan como originarias de esos daños y perjuicios. Exchange National Bank v. Third National Bank, 112 U. S. 276; Texas and Pac. Ry. Co. v. Cox, 145 U. S. 593.

A la corte inferior toca determinar y fijar los daños y perjuicios cuya indemnización se pide.

Es de revocarse la sentencia apelada, devolviéndose el c;aso a la corte de distrito de su origen para ulteriores pro-cedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: Bu Juez Asociado Su. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    In re Abella, Querellado.
    Solicitud presentada por el Attorney General sobre separa-ción del querellado del ejercicio de lá profesión de abo-gado y del notariado.
    No. 12.
    Resuelto en julio 27, 1917.
    Abosados — Separación del Ejercicio de la Abogacía — Conspiración Cometida en Conexión con el Cargo de Abogado — Depravación Moral. — Cuando un delito menos grave (misdemeanor), implique o no depravación moral, es cometido por un abogado en conexión con el ejercicio de la abogacía y dicho abogado es declarado culpable de tal delito, puede ser suspendido o desti-tuido de su profesión por la Corte Suprema.
    Id. — Id. — Notarios Públicos — Título de Notario Adquirido Independiente-mente del de Abosado. — Dentro de un procedimiento para la separación de un abogado del ejercicio de su profesión iniciado de acuerdo eon la ley do 11 de marzo de 1909, no puede separarse a dicho abogado de su cargo de nota-rio, si ejerce esta última profesión, no a consecuencia de su título de abo-gado, sino a virtud de un título independiente adquirido mediante examen practicado con arreglo a la ley sobre la materia de 10 de febrero de 1902.
    Ahogado del querellante: Sr. Salvador Mestre, Fiscal del Supremo.

    Abogados del' querellado: Sres. Jacinto Texidor y E. Acu/ña Aybar.

   Los hechos están expresados en la opinión.

Bu Juez Asociado Su. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de esta Corte Suprema actuando por delegación del Fiscal G-eneral de Puerto Rico; solicitó que se separara a Luis Abella Blanco del ejercicio de su profesión de abogado, así como también del de la de notario, por virtud de los si-guientes hechos:

“1. Luis Abella Blanco es un abogado admitido ante la Corte Suprema de Puerto Rico en diciembre 14 de 1906, habiéndosele ex-pedido un certificado para postular ante los ■ tribunales insulares, con fecha 17 de diciembre del mismo año. II. El querellado Luis Abella Blanco es asimismo notario público, habiendo sido autorizado para ejercer el notariado por virtud de examen prestando juramento ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico en diciembre 2 de 1902, y ha-biéndose inscrito en la Secretaría de Puerto Rico como tal notario, en 20 de diciembre de 1905. III. Que allá para el 17 de abril del año 1911 el. Fiscal del Distrito de G-uayama formuló acusación contra el querellado Luis Abella Blanco, Pastor Díaz, Pedro G. Goico y José C. Ramos, por un delito de conspiración, cuya acusación en cinco cargos distintos establece sustancialmente los siguientes hechos:
“ ‘Que por los días 28 de diciembre de 1909 y 2 de diciembre de 1910 se iniciaron dos pleitos en la Corte de Distrito de Guayama, en dos que Josefa Rivera era la parte demandante y Pastor Díaz el de-mandado, siendo uno de dichos pleitos sobre indemnización por in-cumplimiento de promesa de matrimonio, y el otro solicitando indemni-zación por seducción, siendo José G. Ramos el abogado de Pastor Díaz en los dos pleitos y Luis Abella el d'e Josefa Rivera en los mismos; que el día 26 de enero de 19.11 los acusados Pastor Díaz, Luis Abella, José C. Ramos y Pedro Q-. Goico, ilegal, corrupta, fraudulenta y criminalmente conspiraron y se pusieron de acuerdo y se asociaron para conseguir que la demandante Josefa Rivera firmara dos mociones de desistimiento en cada uno de dichos pleitos, y presentarlas a la corte a fin de hacer creer y entender que los pleitos habían sido tran-sados y que Josefa Rivera estaba conforme en que se desistiera de ellos; que los dichos acusados Pastor Díaz, Luis Abella, José C. Ramos y Pedro G. Goico, ilegal y criminalmente, conspiraron y se pusieron de acuerdo el mismo día 26 de enero de 1911, en el pueblo de Guayama, para conseguir que Josefa Rivera firmara un acta notarial ante el acusado Luis Abella, actuando como notario, en unión de un tal Ra-món Jiménez, de oficio cochero y residente en Ponce, quien no cono-cía a la Josefa Rivera ni la había visto nunca hasta entonces, ni jamás había tenido ninguna clase de relaciones sexuales con ella, para que viniese de dicha ciudad de P'once mediante remuneración pagada, o que había de ser pagada por dicho Pastor Díaz, teniendo conocimiento del hecho los otros acusados, con el fin de que firmaran la referida Josefa Rivera y Ramón Jiménez dicha acta notarial, en cuyo documento el Jiménez reconocía ser el padre de un niño llamado Ramón Rivera, hijo de la demandante Josefa Rivera y Pastor Díaz; que todos los acusados se confabularon ilegalmente y se pusieron de acuerdo por medio de falsas y fraudulentas simulaciones, e indujeron a Josefa Rivera a firmar el mencionado documento notarial, haciéndola creer que al otorgarse éste no perjudicaba ni sus derechos ni los de su hijo Ramón, sino que Pastor Díaz se confesaba padre del mencionado hijo de la Rivera, cuando en verdad el citado documento notarial perju-dicaba los derechos suyos y los de su hijo, porque no era tal recono-cimiento de hijo natural por parte de Pastor Díaz a favor del hijo de la Rivera, sino que Ramón Jiménez se confesaba falsamente ser el padre de dicho niño; que lo£ citados acusados conspiraron, se con-fabularon y pusieron de acuerdo para defraudar al menor Ramón Rivera para privarle para siempre de su derecho de acción {cause of action) y de su derecho de ejercitar tal acción, bien por sí mismo o por su madre, tutor o representante legal, contra su padre el citado Pastor Díaz, para establecer su estado y condición civil como hijo natural reconocido de Pastor Díaz; y que los mismos acusados Luis. Abella, José C. Ramos, Pedro G. Goico y Pastor Díaz, ilegal, frau-dulenta y criminalmente, se asociaron y pusieron de acuerdo para obtener y asegurar a favor del referido Pastor Díaz inmunidad para siempre de su responsabilidad para con Josefa Rivera y su hijo Ra-món Rivera por acciones que pudieran ser establecidas por éstos, o por cualquiera de éstos, por perjuicios, o una reclamación, a su propie-dad por su hijo natural reconocido Ramón Rivera, llevando a electo esto por medio de falsas, fraudulentas y maliciosas manifestaciones, redactando y haciendo que fuesen redactadas las dos mociones de desistimiento ya dichas y el acta notarial también citada. ’
“IV. Celebrado el juicio por todos sus trámites legales la Corte de Distrito de G-uayama, en virtud de la acusación que antecede, dictó sentencia contra todos los acusados mencionados, excepto José C. Ramos, declarándoles culpables de un delito de conspiración e impo-niéndoles la pena de un año de cárcel con trabajos forzados y mil dólares de multa a cada uno y costas. V. Que apelada dicha sentencia para ante este Tribunal fué declarado sin lugar el re-curso y confirmada la sentencia apelada, en 27 de marzo de 1915. VI. Que el querellado presentó recurso de error para ante la Corte Suprema de los Estados Unidos contra la sentencia de esta Hon. Corte, habiendo aquella Suprema Corte,- por resolución de 12 de marzo de 1917, desestimado por falta de jurisdicción dicho recurso, y este Tribunal Supremo, por resolución de junio 19 de 1917, ordenó fuera remitida a la corte de su origen la sentencia y opinión de ésta para la ejecución de la sentencia.”

Notificado debidamente el querellado, archivó, el 9 de julio de 1917, un escrito de excepción previa sosteniendo que de la querella no aparecía alegación alguna que pudiera dar origen a la destitución del querellado como notario público de Puerto Eico, y luego, el día de la vista, 12 de julio de 1917, presentó una llamada “moción sobre jurisdicción” pidiendo a la corte que se declarara sin ella para resolver acerca de la destitu-ción del querellado como notario. También se presentó en el acto de la vista una moción' oral sobre eliminación del pá-rrafo tercero de la querella. La corte resolvió que el pro-cedimiento iniciado continuara ya que su jurisdicción para intervenir en casos sobre separación de abogados del ejercicio de su profesión (disbarment) está expresamente reconocida-por la ley, reservándose resolver en su día si procedía o no separar al querellado no sólo del ejercicio de su profesión de abogado sí que también de la de notario.

Los lieclios alegados en .la querella quedaron plenamente confirmados por, la prueba. El querellado se encuentra ac-tualmente en la cárcel del distrito de Gruayama sufriendo con-dena por el delito de conspiración a que se refiere la querella.

La sección 9 de la ley aplicable (Compilación de 1913, p. 37), dice en lo pertinente, así: “El abogado que fuere culpa-' ble de engaño, conducta inmoral (mal-practice), delito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en conexión con el ejercicio de s-u profesión, o que fuere culpable de cual-quier delito que implicare depravación moral, podrá ser sus-pendido o destituido de su profesión por la Corte Suprema de Puerto Rico * *

Dejando a un lado el hecho de si el delito menos grave (■misdemeanor) de conspiración cometido por el querellado implica o no depravación moral, opinamos que es claro que fué cometido en conexión con su cargo de abogado y que por tanto el querellado debe ser separado del ejercicio de su dicha profesión.

Se ha querido sostener que el querellado fué declarado culpable a consecuencia únicamente de su actuación como no-tario y que ejerciendo él la notaría por virtud de un título independiente, ninguna relación tuvo la causa que se le si-guiera con el ejercicio de la abogacía por parte del querellado. Esto no es así. De todo el proceso surge el hecho de que fué precisamente 3 a condición de abogado del querellado la que lo llevó a intervenir en la conspiración. Su condición de notario le sirvió para dar fin a la obra autorizando por sí mismo un documento público que era necesario. Véase lo que dijo esta corte, por medio de su juez asociado Sr. Al-drey, en la opinión emitida para fundamentar la sentencia del tribunal de distrito de Gruayama por virtud de la cual fué condenado el querellado.

“La acusación imputó sustancialmente a los apelantes, uno de los cuales era el querellado, ‘que teniendo Josefa Rivera en tramitación en el Tribunal de Distrito de Guayama dos pleitos contra Pastor Díaz reclamándole indemnización, uno por incumplimiento de pro-mesa de matrimonio y otro por seducción se confabularon y pusieron de acuerdo para conseguir que Josefa Rivera firmara dos mociones de desistimiento de esos pleitos para presentarlas al tribunal hacién-dole creer que los pleitos habían sido transados y que la demandante estaba conforme en terminarlos; que las mociones fueron firmadas y presentadas al tribunal, habiendo obtenido su firma mediante el en-' gaño de que una escritura que la hicieron firmar prevaliéndose de su menor edad y de su ignorancia, pues no sabe leer aunque sí firmar, era el reconocimiento que hacía Pastor Díaz de ser hijo suyo el hijo tenido por Josefa Rivera, cuando en verdad en dicha escritura dicha Josefa Rivera, reconocía con Ramón Jiménez que habían procreado dicho niño, siendo así que nunca había tenido relaciones de ninguna clase con Jiménez, escritura que tenía por objeto no sólo pervertir la justicia pública con las referidas mociones sino también privar para siempre al hijo de Josefa Rivera de su derecho de acción para esta-blecer su estado y condición civil como hijo natural de Pastor Díaz y obtener también inmunidad por siempre para éste en cuanto a su propiedad respecto a reclamaciones que 'pudieran hacerle Josefa Rivera y su hijo Ramón.’ ” 22 D. P. R. 191.

No existe, pues, duda alguna de que procede decretar la separación del querellado del ejercicio de su profesión de abo-gado. La duda surge con respecto a la separación del quere-llado de su cargo de notario.

El 31 de enero de 1901 la Asamblea Legislativa de Puerto Rico pasó una ley relativa al ejercicio del notariado y por ella se dispuso que los abogados, ciudadanos de Puerto Rico, que ejercieran la profesión ante los tribunales insulares, po-drían desempeñar el cargo de notario, previa prestación de la fianza exigida a los “actuales notarios.” Esos actuales no-tarios eran los que habían obtenido, la autorización necesaria para ejercer durante la antigua soberanía y habían conti-nuado en efecto ejerciendo su profesión. Luego, en 10 de febrero de 1902, la Asamblea pasó otra ley modificando la anterior y en ella ratificó su acuerdo de que los abogados podían ejercer el notariado y dispuso además que el Tribunal Supremo prescribiera y publicara, antes del 1 de julio de 1902, tm programa para que aquellas personas que aspiraran a obtener el título de notario, pudieran hacerlo examinándose ante el expresado tribunal. Véanse los estatutos revisados de 1902, págs. 280 y 282.

La ley general vigente sobre la materia es la de 1906, con algunas modificaciones (Compilación de 1911, p. 407). Por su sección 2 se dispone que “además de los que boy ejercen en esta isla la profesión notarial, y de los que basta boy ban obtenido título librado por la Corte Suprema de Puerto Pico, sólo podrán ejercer su profesión los abogados que bayan sido admitidos a practicar * * Quiere decir que en la actualidad las autorizaciones para ejercer la notaría en esta Isla emanan de tres fuentes, Ia., leyes de la antigua soberanía; 2a.,examen, ley de 1902 y 3a., título de abogado. Las dos pri-meras fuentes están llamadas a extinguirse con las personas que actualmente disfrutan del privilegio obtenido por virtud de ellas. La última revela la final orientación de la Legisla-tura, a saber: que para ser notario es necesario poseer 'el título de abogado.

En el presente caso el querellado puede ejercer el notariado bien por virtud de su título de abogado, ya por virtud de su título de notario, adquirido al amparo de la ley de 1902.

Que separada una persona del ejercicio de la abogacía queda separada del del notariado practicado como conse-cuencia de su título de abogado, es cuestión que ba sido ya resuelta’ en la afirmativa por este tribunal en los casos de In Re Figueroa Maestre, 20 D. P. R. 466, e In re Torregrosa, (pág. 637).

La cuestión de si al separar a una persona del ejercicio de la abogacía en un procedimiento especial iniciado de acuerdo con las prescripciones de la ley “Proveyendo' para la orga-nización de una comisión de abogados que examine e informe sobre las condiciones morales de los aspirantes al ejercicio de la abogacía ante los tribunales de la Isla de Puerto Rico, definiendo determinados deberes de los abogados, y para otros fines, aprobada el 11 de marzo de 1909, puede privársele tam-bién de ejercer el notariado cuando esa persona tiene un tí-tulo independiente de notario obtenido por examen con arre-glo a la ley de 1902, es la primera vez que se presenta ante este tribunal.

La citada ley de 1909 se refiere exclusivamente a aboga-dos. El procedimiento que prescribe es únicamente para se-parar a abogados del ejercicio de su profesión y siendo ello así no nos parece el procedimiento adecuado para privar al querellado de los beneficios que obtuvo al amparo de la ley de 1902. En tal virtud opinamos que nuestra acción en la actualidad debe .limitarse a decretar la separación del que-rellado del ejercicio de la abogacía, sin que baya lugar a tomar resolución alguna con respecto al derecho que el dicho que-rellado pueda tener para ejercer su profesión de notario ba-sado en el título que obtuviera con arreglo a la ley de 1902.

En tal virtud, procede que este tribunal ordene que el que-rellado Luis Abella Blanco sea separado del ejercicio de su profesión de abogado, con los demás pronunciamientos de ley, sin que haya lugar dentro de este procedimiento a decretar su separación del ejercicio de su cargo de notario adquirido mediante examen practicado con arreglo a la ley sobre la materia de febrero 10 de 1902.

Separado el querellado del ejercicio de la pro-fesión de abogado sin que haya lugar a de-cretar su separación del ejercicio del nota-riado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Wolf.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en este caso. '


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado v. Rivera, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, por infracción al artículo 137 del Có-digo Penal.
    No. 1142.
    Resuelto en julio 27, 1917.
    Delito Contra la Justicia Pública — Leche Destinada a la Venta — Destruc-ción de la Misma — Obstrucción de la Justicia Pública. — Una persona que se dedica a la venta pública de leche, que cuando se presenta el funciona-rio encargado por la ley para examinar si aquella substancia tiene o no el grado de pureza que la misma ley requiere, actuando voluntaria y mali-ciosamente, destruye la leche, parte de la cual tenía ya vendida, impidiendo así al funcionario que cumpla con los deberes de su cargo, comete el delito de obstrucción de la justicia pública previsto y castigado en el artículo 137 del Código Penal.
    Abogado del apelante: Sr. Enrique Campillo.

    Abogado del apelado: -Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los lieclios están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en lo pertinente dice así:

“El citado Antero Rivera, allá el día 28 de octubre de 1916, en San Juan, que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, siendo dueño de un puesto de leche sito en la calle de San Sebastián, No. 20, en ocasión en que Rai¿ón Martinó, Inspector de Alimentos del Departamento de Sanidad de Puerto Rico,- para cuyo cargo fué legalmente nombrado, y ejerciendo funciones de su cargo, solicitó se le facilitase.una. muestra de leche para su examen, ilegal, voluntaria y maliciosamente y constándole que el Sr. Martinó'estaba en funcio-nes de su cargo, le estorbó en el cumplimiento de su obligación, de-rramando por el suelo la leche que contenía un garrafón y dos bo-tellas, estando destinado a' la venta el contenido del garrafón, y ha-biendo sido vendida la que contenían las botellas.”

T la ley aplicable, es como sigue: mil (5,000) dollars y cárcel por un término máximo de un año.’’ Artículo 137 C. E. .

“Toda persona que voluntariamente resistiere, demorare, o estor-bare a cualquier funcionario público en el cumplimiento de algunas de las obligaciones de su cargo, o al tratar de cumplirla, siempre que no hubiere otra pena señalada, incurrirá en multa máxima de cinco

Bajo tal acusación el acusado se confesó culpable y fue condenado a pagar cincuenta pesos de multa y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada peso dejado de satis-facer, pero no conforme luego con la sentencia dictada 'apelé para ante este tribunal, sin que archivara pliego alguno dé excepciones, ni exposición del caso. '

I, Constituyen el delito previsto y castigado en la ley que1 dejamos transcrita, los hechos que se imputan al acusado?

Si el artículo 137 del Código Penal se examina, aislada-mente, no hay eluda alguna de que la pregunta formulada debe responderse en la afirmativa. Toda persona que vo-; luntari amente estorbare a cualquier funcionario público en el cumplimiento de alguna de las. obligaciones de su cargo,1 o al tratar de cumplirla, comete el indicado delito. Y eri la denuncia claramente se imputa al acusado el hecho de haber estorbado voluntariamente a un funcionario priblico al tratar de cumplir las obligaciones de su cargo.

La duda surge, si se considera el sitio del Código Penal que ocupa el artículo 137. El título de dicho código trata de los “delitos contra la justicia pública” y se divide' en cinco capítulos, que comprenden: el Io., los delitos de soborno y corrupción; el 2°., los de sustracción, mutilación y falsifi-cación de documentos judiciales y piiblicos; el 3°.,' el de per-jurio; el 4°., el de falsificación de pruebas, y el 5°., “otros de-litos contra la justicia pública.” El artículo 137 es uno' de los del capítulo 5o.

Si se examinan las decisiones de los tribunales que hacen referencia a preceptos iguales al contenido en el artículo 13-7^ se observará que todas se refieren a hechos que guardan re-lación directa con la administración de la justicia. Crene-ralmente se ha tratado de resistencia hecha a oficiales dei orden público al llevar a efecto algún arresto, o a oficiales judiciales al cumplimentar órdenes legales de tribunales dé justicia. Véase el capítulo que dedica Cyc. a la materia en ©u tomo 29, págs. 1325 a 1339, y las citas contenidas en el mismo.

¿Pero qniere ello decir que las palabras “cualquier fun-cionario público” usadas por el legislador portorriqueño, de-ban limitarse §, los funcionarios que tengan la misión de arrestar a ciudadanos o de ejecutar órdenes de los tribunales? En manera alguna, a nuestro juicio. Estamos conformes en que el espíritu que informa eí artículo 137 es el de garantizar la debida administración de la justicia pública, pero la idea de la justicia pública cuya administración se concentra en los tribunales, tiene múltiples ramificaciones. Y el hecho de ■que una persona que se dedica a la venta de una substancia 'alimenticia como la leche, cuando se presenta el funcionario encargado por la .ley para examinar si aquella substancia tiene o nó el grado de pureza que la misma ley requiere, ac-tuando voluntaria y maliciosamente destruya aquella subs-tancia que tenía para la venta y parte de la cual había ven-dido, impidiendo así al funcionario que cumpla con sus de-beres y adquiera los datos necesarios para concluir si se había cometido o nó un delito, constituye claramente, a nues-tro juicio, una obstrucción de la justicia pública. El inspector de sanidad en tal caso, era uno de los funcionarios que tuvo en mente el legislador al redactar el artículo 137 del Código Penal.

Un caso que ilustra mucho esta materia es el de Frion v. Pingree, de Michigan, reportado en 37 L. R. A. 222, en el qrie.se resolvió que “una obstrucción a un funcionario eje-cutivo en el ejercicio de su derecho reconocido por la ley para examinar los libros de un ofibial de un.municipio para fines .propios, es una ofensa perseguible en la ley3" común.” Después de exponer las instrucciones de la corte sentencia-dora,. la Suprema de Michigan, se expresa así:

“Debemos asumir que la disposición de la carta constitucional de' Detroit,-autorizando al alcalde para examinar en todo tiempo los libros de los comisionados de fuegos (Carta Constitucional de Detroit, flap, 16,. ..párrafo 24, 353). tenía por objeto el promover el interés público asegurando honradez y corrección en la dirección de los asuntos del departamento bajo la administración de los comisionados de fuegos. Cualquier obstáculo que pudiera ser ilegalmente pre-sentado para impedir un examen de esa clase cuyo objeto sea ade-cuado, sería una obstaculización de las funciones del gobierno, y per-seguible como tal en el derecho común. Se alega que el delito de obstaculizar a los funcionarios está limitado a funcionarios de corte, alguaciles, etc., y no alcanza a los funcionarios cuyos deberes son ejecutivos, como diferenciados de aquellos que ejercen funciones ju-diciales y de los que tienen a su cargo la ejecución de mandamientos judiciales, los presentadores del orden etc., y que no puede encon-trarse un solo caso en que una'persona haya sido convicta de tal de-lito. Esto no implica necesariamente que los actos constitutivos de obstaculización al gobierno no son perseguibles en derecho común, y no estaríamos inclinados a resolver que actos de ataque a la propiedad, que no serían criminales en otras circunstancias, no se convertirían en tales si el objeto y efecto fuera impedir al gobernador o los legis-ladores n otros funcionarios del estado, el ejecutar los deberes co-rrespondientes a sus departamentos respectivos No podemos creer que la madre patria, que'castiga los libelos sediciosos y las calumnias, hubiera tolerado actos que en realidad interrumpen la acción oficial; y es posible que el derecho inglés justificaría la conclusión de que un acto tal sería penable como un desacato de las prerrogativas del Rey, con multa y prisión, a discreción de la corte de justicia del Rey. 4 Bl. Com. p. 122. El Sr. Bishop, al tratar la cuestión, no tiene aparente vacilación al decir que la obstaculización de las funciones gubernamentales es criminal, cuando el acto es de suficiente mag-nitud para merecer atención. 1 Bishop, Crim. L. par. 457. Dice que ‘de-naturaleza parecida a la traición, aunque inferiores en rango, son las varias obstaculizaciones de la maquinaria gubernamental. Las más importantes han sido especificadas en este capítulo, pero todas las demás obstaculizaciones de igual clase y magnitud son delitos en el derecho común. ’ Es justo que digamos que añade: ‘ Prácticamente, la ley de este capítulo está grandemente' circunscrita por la regla de que no se fija en las cosas pequeñas.’ Id.'pár. 480. Es difícil decir donde está exactamente la línea que marca el límite del delito, y lo diferencia del grupo de ‘cosas pequeñas que la ley no castiga’; pero creemos en la gravedad de un acto que impide a funcionarios ejecutivos de la nación, del estado, o de las ciudades, el ejecutar los deberes de sus cargos.” 37 L. R. A. 225.

Se ha dicho también que para que exista el delito a que nos venimos refiriendo, es necesario que se ejerza por parte de su autor cierto grado de fuerza o violencia al cometerlo. Esto sería así, si la ley hablara solamente de resistencia, pero la ley además de la palabra “resistiere,” consigna estas otras-, “demorare” y “estorbare,” y el caso varía.

“Cuando el estatuto limita la ofensa a resistencia solamente,” dice Cyc, “debe aparecer que el acusado estaba presente en persona y que resistió la ejecución del mandamiento por el funcionario, por medios más o menos violentos. De ahí que, aun cuando es bastante que el funcionario fuera impedido por haber el acusado ejercitado violencia personal, sin embargo meras amenazas, a menos que no váyan acompañadas de habilidad presente para, o intención apa-rente de ejecutarlas, no constituyen el delito. Pero cuando el esta-tuto enumera actos voluntarios de obstrucción, así como de resis-tencia, su violación se establece por medio de prueba de que el acu-sado hizo que se interpusiera cualquier impedimento u obstáculo a la ejecución del mandamiento, aunque no estuviera presente en persona ni cooperara realmente en el acto de obstaculización. Debe aparecer, sin embargo, que el acusado de alguna manera o en algún estado ayudó en o instigó el acto de obstaculización.
“Si el estatuto enumera resistencia solamente, presupone que la ejecución del mandamiento ha de ser impedida por el ejercicio de medios directos, y no queda infringido porque indirectamente se eluda y engañe al funcionario en la ejecución del mandamiento, como cuando la propiedad es escondida o trasladada. Pero cuando el estatuto enumera también actos voluntarios de obstrucción, el uso .de medios directos no queda necesariamente implicado, y aquél queda infringido cuando la ejecución del mandamiento es impedida mediante la interposición de obstáculos indirectos.” 29 Cyc., 1329.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que debe confir-marse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Sr. Aldret,

text:
    Virella, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao, denegando la inscripción de un ex-pediente posesorio.
    No. 328.
    Resuelto en julio 27, 1917.
    Expediente Posesorio — Pago de Contribuciones — Contribuciones Pagadas por el Marido. — Si bien el artículo 391 de la Ley Hipotecaria dispone en su regla 4 que en los expedientes posesorios habrá de acreditarse que el inte-resado paga contribución a título de dueño, cuando la finca cuya posesión se trata de justificar fué adquirida por la peticionaria siendo casada, las contribuciones que- por ella paga el marido, que es el administrador de la sociedad conyugal, se estiman como pagadas también por su consorte; por lo que, con la certificación del Tesorero de que el marido paga las contri-buciones puede acreditarse. dicho pago por la esposa.
    Id. — Calificación de Fundamentos de la Resolución Judicial. — Si no se de-mostró en el expediente que el solar de que se trata está comprendido den-tro de la finca mayor por la cual paga contribuciones el esposo, es cuestión que no puede ser objeto de investigación y calificación del registrador, por-que habiendo el juez declarado justificada la posesión y siendo el pago de la contribución uno de los requisitos para que la declaración pueda ser hecha, sería entrar a calificar la exactitud de los fundamentos de la resolución judicial para lo que no está autorizado el registrador.
    Abogado del recurrente: Sr. Francisco González.

    El registrador recurrido Sr. Francisco G. Descartes, com-pareció en nombre propio.
   Los lieclios están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

Elvira Virella Tong tramitó un expediente posesorio de un solar de 17 metros 55 centímetros de frente por 19 metros 22 centímetros de fondo, radicado en la calle de Alfonso Doce del poblado de la Playa en el barrio de Punta de Santiago del Municipio de Humacao y manifestó eii la moción inicial que lo adquirió por compra siendo casada con Demetrio Ga-rófalo y que las contribuciones a él correspondientes están comprendidas en una planilla de otros solares y casas a nom-bre de su esposo. De una certificación que acompañó librada por el -Tesorero de Puerto Rico, aparece que Demetrio Ga-roíalo es contribuyente por una finca de tres cnerdas sesenta y dos céntimos radicada en el barrio de Punta de Santiago de Hnmacao.

Declarada por la corte justificada la posesión y ordenada su inscripción en el registro de la propiedad el ■ registrador la denegó cuando se le presentó con tal fin el expediente original por el solo fundamento de que no se ha justificado que la promovente del expediente pague contribuciones a título de dueña, pues de la certificación que presentó sólo resulta que Demetrio Garófalo aparece como contribuyente por una finca mayor y citó el artículo 391 de la Ley Hipotecaria y resoluciones de la Dirección General de los Registros de' Es-paña.

Contra la negativa de inscripción interpuso Elvira Virella este recurso gubernativo para que la revoquemos y ordene-mos la inscripción solicitada.

Si bien el artículo 391 citado dispone en su regla cuarta que en los expedientes posesorios habrá de1 acreditarse que el interesado paga contribución a título de dueño, entende-mos que toda vez que el solar en cuestión fué comprado es-tando casada la peticionaria con Demetrio Garófalo, por lo que ha de reputarse ese solar como bien ganancial, las con-tribuciones que por él pague el marido, que es el administra-dor de la sociedad conyugal, han de estimarse como .pagadas también por su consorte y por tanto que con el documento presentado puede justificarse el pago de contribuciones por la esposa.

Si no se demostró en el expediente que el solar en cues-tión está comprendido dentro de la finca de trece cuerdas y centavos por la que paga contribución Garófalo, como expone el registrador en su alegato, es cuestión que no puede ser ob-jeto de su investigación y calificación, porque habiendo el juez déclarado justificada la posesión y siendo el pago de la contribución uno de los requisitos para que la declaración pueda ser hecha, sería entrar a calificar la exactitud de los fundamentos de la resolución judicial para lo que no está autorizado el registrador según liemos declarado en los casos de Ramírez v. El Registrador, 16 D. P. R. 348; Fernández v. El Registrador, 17 D. P. R. 1061; Crehore v. El Registrador, 22 D. P. R. 640.

Por las razones expuestas la nota recurrida debe ser re-vocada y ordenarse la inscripción del expediente.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción del expediente posesorio de que se trata.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.