author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Capó, Demandante y Apelada, v. Fernández, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gruayama en pleito sobre reconocimiento de condominio e indem-nización de perjuicios.
    Nos. 1801 y 1808.
    Resueltos en julio 22, 1919.
    Herencia — Heredero—Bienes Hereditarios — Reclamación de Porciones De-terminadas en Bienes Hereditarios — Reclamación del Derecho Heredi-tario • — ■ Reivindicación — Partición de Herencia — Condominio — Juris-prudencia Anterior Sobre la Materia: Su Limitación.- — Los herederos suceden al difunto en todos sus derechos y obligaciones desde el momento mismo de su muerte. Por virtud de la partición cada heredero adquiere la propiedad exclusiva de los bienes que se le hayan en ella adjudicado. Cuando un heredero, existiendo varios, reclama para-sí una finca aislada o porción separada de los bienes de la herencia, no basta que alegue simplemente su título de heredero, sino que es necesario, además, que alegue la partición de la herencia. Pero cuando el heredero es uno solo, o cuando existiendo varios, todos se unan, o cuando habiendo' varios, uno solo reclama para sí los derechos que de acuerdo con la ley le correspondan en alguno o en todos los bienes de la herencia, el título de heredero es suficiente, sin que- sea ne-eesario alegar la previa partición de. la herencia. La jurisprudencia anterior de este tribunal sobre la materia, debe entenderse limitada por ésta que ahora se establece.
    Los Lechos están expresados en la opinión. •
    Abogado de los apelantes: Sr. Antonio Sarmiento.

    Abogados de la apelada: Sres. Pedro Gómez Lasserre y Miguel Marcos Morales.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión -del tribunal.

Doña Teresa Capó Vázquez, viuda de Rivera, entabló de-manda en la Corte de Distrito de Gruayama pidiendo a la corte qne declarara qne la demandante tenía derecho a nn condominio sobre ciento cuatro cnerdas de terreno, resto de una finca mayor que se describe, equivalente a ocho cnerdas setenta y siete centésimas de otra. La demanda fue excep-cionada y la excepción declarada con lugar. La parte dis-positiva de la resolución de la corte de distrito, dice así: “Por lo anteriormente expuesto, entiende la corte que si bien la demanda establece una causa de acción, aceptando como ciertos los hechos que en la misma' se alegan a los efectos de desestimar la excepción previa interpuesta, sin embargo entiende la'corte que debe enmendarse la misma, incluyendo las 23 cuerdas 83 centésimas, de otra, que es el total del condominio que reclama la parte demandante.” Se-gún el cálculo que había hecho la demandante correspondíanle 23 cuerdas 83 centésimas en la totalidad de la finca, pero sólo 8 cuerdas y 77 centésimas en la parte de ella que que-daba en poder del demandado, y habiendo esto en cuenta limitó la súplica de la primitiva demanda al reconocimiento del condominio equivalente a 8 cuerdas y 77 centésimas, e hizo referencia a otra • demanda que había radicado contra el mismo demandado en la propia corte de distrito sobre da-ños y perjuicios por la venta de las otras porciones de la finca.

La demandante enmendó su demanda de acuerdo con la resolución de la corte, y reclamó también en ella quince mil pesos por los frutos producidos o debidos producir por el condominio. Volvió a excepdonar la demanda el deman-dado, y la corte desestimó la excepción. Contestó entonces el demandado negando los hechos de la demanda y alegando como defensas especiales, ■ en cuanto a la reivindicación del condominio, la prescripción adquisitiva, y en cuanto a la reclamación de daños y perjuicios, que en el caso hipotético de que se reconociera el condominio a favor de la deman-dante, habiendo ésta dejado transcurrir más de quince años sin reclamar los frutos y productos, había perdido el dere-cho que hubiera podido tener en su oportunidad. Y tra-bada así la contienda, fué el pleito a juicio.

Se practicaron pruebas y finalmente la corte de distrito dictó sentencia declarando que la demandante tenía derecho-a un condominio proindiviso sobre las ciento cuatro cuerdas que quedaban en poder del demandado, equivalente a 23 cuer-das 83 céntimos de otra, anulando el expediente de dominio sobre la totalidad de la finca tramitado por el demandado, desestimando, la reclamación de daños y perjuicios, e impo-niendo al demandado el pago de las costas, desembolsos y honorarios de abogado.

El demandado apeló y también lo hizo la demandante en cuanto al pronunciamiénto de la sentencia relativo a la de-sestimación de la reclamación' de daños y perjuicios. Con-sideraremos ambos recursos en una sola opinión y los re-solveremos por una sola sentencia.

Debe hacerse constar que mientras la apelación se tra-mitaba, ocurrió el fallecimiento del demandado y fué susti-tuido por su sucesión compuesta de sus hijos Agustín, Eran-cisco, Marina, Josefina, Luis, Angel y Enrique Fernández Colón.

Para no incurrir en repeticiones, nos referiremos a los hechos tales cuales resultan de las alegaciones y de las prue-bas examinadas en conjunto.

Allá por el año de 1843 contrajeron matrimonio Francisco Segundo Capó y Belén Vázquez,, padres de la deman-dante, quienes fallecieron, sin haber otorgado testamento, el primero en 1866 y la segunda en 1870, dejando al morir seis' hijos nombrados Francisco Emiliano, Enrique, Belén, Aristides, Africa Ana y Teresa. No .consta que la herencia de los esposos Capó-Vázquez se partiera en legal forma.

Durante su matrimonio, Francisco I. Capó hubo de José Rosario Vázquez por escritura pública de 15 de noviembre de 1859 una hacienda denominada “Palo Seco”, situada en la jurisdicción de Cayey. . Esa hacienda al morir Capó y luego su esposa, pasó a sus herederos, y fué administrada por Francisco Fernández Navas, el primitivo demandado. Este, en el año económico de 1894 a 1895, presentó una pla-nilla jurada declarando, a los efectos del pago de contribu-ciones, dicha finca como perteneciente a la Sucesión Capó y administrada y cultivada por él.

En 1879 Enrique Capó, hijo de los esposos Capó-Vázquez, cedió sus derechos y acciones a la herencia materna a Trinidad Rivera.

En 8 de abril de 1891, por escritura pública, Trinidad Rivera cedió los derechos y acciones de referencia a Joaquín Fernández Navas. T por la misma escritura Teresa Capó Vázquez, la demandante, hija de los esposos Capó-Vázquez y esposa de Trinidad Rivera, manifestó que igualmente era dueño, como heredera, de los derechos y acciones de su ma-dre, doña María Belén Vázquez, y los cedía, renunciaba y traspasaba a favor del dicho Joaquín Fernández Navas.

Por escritura pública de 23 de julio de 1895, Aristides y Ana Capó cedieron sus derechos y acciones a la hacienda “Palo Seco”, adquiridos por herencia, a su hermana Belén.

El 24 de julio de 1895 comparecieron ante notario, de una parte, Belén Capó y Vázquez y Joaquín Fernández Na-vas, y de otra, Francisco Fernández Navas, el primitivo de-mandado, Los comparecientes de la primera parte, entre otras cosas, expusieron “que son dueños de unas acciones sobre la antigua hacienda “Palo Seco”, situada en el barrio de Montellano de este término municipal, cuyas acciones les pertenecían por los conceptos siguientes: a la primera o sea a doña Belén Capó le corresponde por su propio dere-cho como heredera de su finado padre don Francisco I. Capó; y otras dos acciones como cesionaria de sus hermanos doña Ana Africa y don Aristides * * * . El segundo, don Joa-quín, le corresponden dos acciones como cesionario de la he-redera de doña Teresa Capó y Vázquez y de don Trinidad Rivera * * * . ” T dichos comparecientes otorgaron, en-tre otros particulares. “Primero. Que por la presente ven-den y traspasan a favor del otro compareciente don Francisco Fernández todos cuantos derechos y acciones puedan corresponderles sobre los terrenos de la hacienda ‘Palo Seco’ sin reserva de ninguna especie subrogando al comprador en el mismo lugar y grado que a los cedentes corresponde * * * . ” El comprador aceptó la escritura.

Así las cosas, Francisco Fernández Navas instó un expe-diente en la Corte de Distrito de Ponce para justificar a su favor, el dominio de la hacienda “Palo Seco”. No pudo pre-sentarse como prueba el expediente porque no se encontró en los archivos de la corte, pero de la certificación expedida por el Registrador de la Propiedad de Guayama consta que el expediente se aprobó, siendo Fernández declarado judi-cialmente, el 30 de diciembre de 1901, dueño de la totalidad de la finca, quedando inscrito su derecho en el registro el 15 de marzo de 1902. De la certificación del registrador apa-rece que “.don Francisco Fernández Navas, mayor de edad, casado, propietario y vecino, de Cayey, acudió al Tribunal de Distrito de la ciudad de Ponce promoviendo expediente para justificar el dominio de esta finca la que hubo por ce-sión que le hizo don Joaquín Fernández como cesionario de los herederos don Enrique y. doña Teresa Capó, y la here-dera doña Belén por sí y como cesionaria de sus hermanos los herederos doña Ana Africa y don Aristides, por escri-tura ante el notario de Cayey don Casimiro Morales el 24 de julio de 1895, habiéndole cedido también las señoras doña Isabel y doña Luisa Lleras Vázquez como únicas represen-tantes de la sucesión de don Rosario Vázquez por convenio privado el crédito y derecho que contra esa finca pudieran tener. ’ ’

Inscrito ya el dominio a su favor en el registro, el deman-dado segregó y vendió tres porciones de la finca, así: una de ciento sesenta y seis cuerdas al Gobierno de los Estados Uni-dos por escritura de 30 de diciembre de 1913, otra de dos cuerdas a Miles K. Taulbee, por escritura de 27 de abril de 1904, y otra de dos cuerdas a Luis Muñoz Morales. Se-gún el registro, la finca quedó reducida a 108 cuerdas.

- Tales son, en resumen, los hechos que constan de los autos y que' deben tenerse en cuenta a los efectos de resolver en justicia la cuestión planteada.

No hay duda alguna con respecto a la identidad de la finca. Las cuerdas que quedan aun en poder de los deman-dados, proceden de la hacienda “Palo Seco” adquirida por el padre de la demandante en 1859. Lo que es necesario aclarar en primer término es si la demandante tiene en ver-dad un derecho al condominio que reclama, y si está en con-diciones de establecer la reclamación de acuerdo con la ley y la jurisprudencia.

Cuando Francisco I. Capó compró la finca de que se trata, estaba casado con doña Belén Vázquez. La propiedad se adquirió, pues, para la sociedad de gananciales.

Los bienes gananciales son comunes del marido y de la mujer y pertenecen a cada uno de ellos por mitad, pues en virtud del matrimonio se establece entre los dos consortes una sociedad legal, diferente de las otras, por la que se co-munican recíprocamente sus adquisiciones. Véanse las leyes 1, 2, 3, 4 y 5, título 4, libro 10, Nov. Recop.

La mujer, muerto el marido, adquiere la propiedad plena y la administración de la mitad de ganancias hechas en el matrimonio, y puede disponer libremente de ellas. En la misma forma puede el marido disponer de su mitad de ga-nanciales. Véase la Ley 14 de Toro.

El sistema de bienes gananciales ha estado entre noso-tros en vigor por siglos. La presunción de que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, con las excepciones bien establecidas, pertenecen a la sociedad de gananciales, no tiene su origen en el Código Civil Revisado, ni en el Có-digo Civil Antiguo. Sus raíces son más hondas.

La sociedad de gananciales constituida por los esposos Capó-Vázquez se disolvió por la muerte del marido. Don Francisco Capó murió intestado. Sus derechos se trasmi-' tieron en el acto mismo de su muerte a sus herederos. ¿Quié-nes eran éstos*? Consta de los autos que sus seis hijos le-gítimos Francisco Emiliano, Enrique, Belén, Aristides, Africa Ana y Teresa. No aparece que la sociedad de gananciales se liquidara ni que la herencia se partiera, 'pero la ley fija cuando no existe testamento la extensión del derecho de cada heredero. Los hijos heredan por partes iguales. Eran' seis. A cada uno le correspondía, pues, una sexta parte de la he-rencia paterna. ... -

Desde el instante mismo de la muerte de don Francisco I. Capó cada uno de sus hijos y herederos quedó- convertido en condueño de la sexta parte de la mitad de la finca, esto es, en condomino de la totalidad de la hacienda “Palo Sec'oV, en'una dozava parte indivisa. '

Transcurrieron algunos años, durante los cuales la finca permaneció sin dividirse, y murió doña Belén Vázquez, da viuda, sin otorgar testamento, y en el acto mismo de -Su muerte pasó también su caudal a sus herederos, sus hijos. Y de este modo, en el año de 1870, los seis hijos quedaron dueños de la totalidad de la hacienda. ‘

La finca continuó indivisa. Su propiedad constaba'>a nombre de la Sucesión Capó. El demandado Francisco Fér-nández Navas la administró y cultivó y reconoció como dueña de ella a la indicada sucesión.

No hay duda alguna de que la demandante era uno de ios herederos y no hay duda alguna tampoco de que vendió los derechos y acciones que le correspondían en la finca por la herencia materna. Pero la demandante jamás vendió los. derechos que tenía por la herencia paterna y esos derechos son los que precisamente reclama en este pleito.

Se alega que no habiéndose practicado la partición de la herencia, la demandante no está en condiciones legales para establecer con éxito su reclamación y se invoca la jurispru-dencia de esta.misma corte establecida en los casos de Esteves v. del Río et al., 7 D. P. R. 280, 298; Escalona v. Registrador de la Propiedad, 9 D. P. R. 581; Fernández et al., v. Velázquez, 17 D. P. R. 747; Velilla v. Pizá et al., 17 D. P. R. 1112; Cruz et al. v. Ortiz, 17 D. P. R. 1180; Dávila v. Dávila, et al., 18 D. P. R. 112; Trinidad, et al. v. Sucesión Trinidad et al., 19 D. P. R. 647; Vega, et al. v. Rodríguez, et al., 21 D. P. R. 334; y Cristián et al. v. Escobar et al., 23 D. P. R. 277.

La jurisprudencia citada se basa en el artículo 1035 del Código Civil Revisado, igual al 1068 del Código Civil Anti-guo, que dice que “la partición legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados”, y en la jurisprudencia del Tribunal-Supremo de España. Citaremos la sentencia de 17 de diciembre de 1873, publicada en 28 Jurisprudencia Civil, 690. Julián Bayo demandó a Juan Cuder en solicitud de que se le condenase a dejar libre y a su disposición la cuarta parte ,de cierta finca urbana. La dicha finca perteneció a doña María González quien murió bajo testamento dejando como •herederos a su hijo Manuel López y a sus nietos Julián, el demandante, y Gabina Bayo. No obstante corresponderle la .mitad solamente, Manuel López permutó la casa con otra del demandado Cuder. La demanda fué declarada sin lugar, y confirmando la sentencia dictada, el Tribunal Supremo de España, en uno de sus considerandos, se expresó así:

“Considerando que es doctrina legal declarada expresamente por este Tribunal Supremo que ninguno de los herederos o partícipes de una herencia adquiere el dominio de determinados bienes de la misma, ni los puede demandar en tal concepto hasta que en su par-tición se le hayan adjudicado específicamente; y habiendo apreciado la sala sentenciadora como fundamento principal y legalmente deci-sivo para absolver a don Juan Cuder de la demanda de don Julián Bayo que éste no ha probado el hecho de que se le haya adjudicado como uno de los herederos de su abuela doña María de las Nieves González la cuarta parte de la casa en cuestión que como de su per-tenencia ha demandado a Cuder para que se la dejase a su libre disposición, es evidente que haya que estar y mantener aquella apre-ciación de dicha sala mientras no se invoque y se demuestre que con ella se ha infringido ley o doctrina legal concreta, nada de lo cual se hace en el presente recurso.”

Un estudio más detenido de esta materia nos lleva a con-cluir que si bien la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de España y pop esta Corte Suprema de Puerto Eico está basada en la ley, se le lia dado demasiada exten-sión en muclios casos concretos, entre otros en el mismo que acabamos de citar decidido por la Corte Suprema de Es-paña y en algunos de los resueltos por esta Corte Suprema de Puerto Eico. Dicha jurisprudencia debe quedar limitada al caso en que el heredero, existiendo varios, reclame para sí una finca aislada o porción separada, pero no debe apli-carse- al caso de un solo heredero, ni a aquel en que exis-tiendo varios todos se unan, o en que habiendo varios, uno reclame para sí los derechos que de acuerdo -con la ley le correspondan.

Citaremos algunas sentencias de la Corte Suprema de España que apoyan el criterio que sustentamos.

En la de 29 de octubre de 1885, se dijo:

“Que acreditada la cualidad de heredero, tiene el demandante personalidad para reclamar derechos que provengan del testador, sin que pueda perderla por la circunstancia de no ser único, que pro-ducirá consecuencias de otro orden.”. 58 J. C. 632.

En la de 18 de octubre de 1894, se expresó:

‘'Que las acciones que nacen del dominio de la finca de un difunto, inscrito aquél en el registro de la propiedad,' pueden ejerci-tarse, mientras no se hayan practicado la división y adjudicación del caudal hereditario, por todos o por alguno de los herederos del finado, los cuales, por el hecho sólo de la muerte del mismo, le suce-den en todos sus derechos y' obligaciones, según dispone el artículo 661 del Código Civil.” 76 J. C. 219.

En la de 29 de mayo de 1899, se decidió:

“Que a partir del hecho de .que al fallecimiento de una persona tenía por título traslativo inscrito en el registro el dominio pleno sobre un inmueble, es indiscutible que desde el momento de ocurrir su muerte lo adquirieren sus hijos por sucesión directa, y la decla-ración de herederos abintestato inscrita a su favor en el registro constituye un título de dominio bastante para ejercitar la acción rei-vindicatoría, mientras que otro mejor no la obste.” 87 J. C. 273, 274.

En la de 23 de noviembre de 1903, se estableció:

“Que conforme con lo mandado en el artículo 661 del Código Civil, ha resuelto reiteradamente el Tribunal Supremo que el here-dero, como sucesor del difunto en todos sus derechos y obligaciones, tiene acción y personalidad para pedir cuanto a su interés convenga sin el concurso de los otros coherederos, siempre que no sea en per-juicio de éstos, y que, en Su caso, se sujete a las leyes que regulan la comunidad de bienes.” 96 J. C. 693.

Y en la de 19 dé noviembre de 1904, se resolvió:

“Que los artículos 1068 y 1072 del propio Código no obstan a. que todos los herederos interesados en un bien o derecho proindiviso puedan reclamarle sin aguardar a su partición o adjudicación. 99 J. C. 392.

Aunque en verdad las sentencias que acabamos de citar no se refieren a pleitos iguales al presente, ellas ponen de relieve el principio fundamental que nos guía al decidir este caso fijando el alcance de nuestra propia jurisprudencia so-bre la materia, a saber: que los herederos suceden al difunto en todos sus derechos y obligaciones desde el momento mismo de su muerte. Por virtud de la partición es adjudi-cada a cada heredero la parte que le corresponde y esa parte desde entonces constituye un bien particular suyo, pero no es necesaria la partición para que el heredero adquiera, y reclame en el caso de que se niegue por otra persona su derecho, su parte proporcional en todos y cada uno de los bienes de la herencia, parte proporcional que puede fijar el mismo testador, dentro de ciertos límites, o que fija con toda claridad la ley cuando no existe testamento.

Por virtud de una honda meditación sobre el asunto, nos liemos convencido de que aplicar nuestra jurisprudencia y la de la Corte Suprema de España en el sentido de exigir en todos los casos una partición previa, sería. hacer impo-sibles en la práctica reclamaciones verdaderamente justas. La partición es necesaria cuando se reclaman bienes aisla-dos, deslindados, separados, procedentes ele una herencia pero adjudicados ya a determinado heredero. El título de heredero es bastante cuando lo que se pide es que se reco-nozca al demandante en los bienes de la herencia el derecho que la misma ley le asigna.

En este caso concreto sometido a nuestra consideración el primitivo demandado contrató directamente con los here-deros de los esposos Capó-Yázquez o con sus cesionarios. Todo lo que él tiene en la hacienda “Palo Secó”, lo adqui-rió así. A la demandante correspondían derechos sobre dicha finca como heredera de sus padres. Vendió los proce-dentes de la herencia materna. Jamás se desprendió de los procedentes de la herencia paterna. Al morir su padre, por ministerio de la ley, la demandante se convirtió en dueña de una sexta parte- de la mitad indivisa de la finca que a su padre correspondía y es aun dueña de esa sexta parte porque válidamente jamás se ha desprendido de ella.

No es necesaria la partición de la herencia porque la demandante pide, ami tine en forma equivocada como vere-mos en seguida, que se condene al demandado al- reconoci-miento de su derecho, no a que le entregue una porción de-terminada de la finca separada de ella. Esto no quiere de-cir que no pueda acumularse a la acción de reconocimiento o reivindicación de tin condominio, la de partición, pero la demandante no lo ha hecho así, limitándose a solicitar el reconocimiento de su derecho.

No estamos conformes en que el condominio pueda fijarse en determinado número de cuerdas, como pide el demandante y acordó la corte. Una sola cuerda de buen terreno, o bien situada, en una finca, vale por diez de mal terreno, o mal situadas, de la misma finca. Ni menos lo estamos en que se reconozca en las cuerdas que quedan en poder del deman-dado todo lo- que correspondía a la demandante en la tota-lidad. La demandante tenía en la totalidad y en cada metro cuadrado o partícula de la finca, una dozava parte como heredera de su padre, y esa proporción subsiste lo mismo en el terreno vendido que en el terreno que queda en poder de los demandados. La acción de la demandante es directa contra las tierras. Si por virtud de preceptos de las mismas leyes, parte de esas tierras están fuera del alcance de la de-mandante por haber sido adquiridas por personas que tienen la condición legal de terceros, tal circunstancia perjudica a la demandante a la que sólo queda la acción que pueda asis-tirle — no prejuzgamos en modo alguno este punto — contra el vendedor. En las tierras que quedan en poder de los de-mandados sólo puede reivindicar la demandante su dozava parte y nada más. Nada de lo dicho en este párrafo debe entenderse como prejuzgando lo que pueda hacerse en un pleito sobre partición.

La cuestión relativa a la prescripción es sencilla. En el caso de que la acción ejercitada fuera prescriptible, los de-mandados no tienen un justo título que alegar en contra del de la demandante. Sólo la prescripción extraordinaria hu-Mera podido servir de base para adquirir el demandado, por virtud de su posesión como dueño, el derecho que la deman-dante reclama en este pleito. Y no habían transcurrido treinta, años desde el de 1895 hasta el 1917 en que se interpuso la demanda.

Hay otra cuestión suscitada por la parte demandada que introduce alguna confusión en el estudio y resolución de este asunto. Fernández Navas sostiene, y así se hizo constar, en el expediente de dominio, que también adquirió los derechos. que alegaban tener doña Lucía y doña Isabel Llera, herede-ras de don José Rosario Vázquez, vendedor de la finca en .1859. Parece que hubo dificultades desde muy antiguo entre comprador y vendedor, que se originó un pleito entre sus su-cesiones que duró diez años, sin que conste si se resolvió o no en definitiva, pero en verdad la finca pasó a poder ele Capó y luego quedó en poder de su sucesión y fue a los com-ponentes de ésta a quienes fué comprando sus derechos el demandado primitivo. Si por alguna circunstancia fuera Capó responsable para con don José Rosario Vázquez o su sucesión, habiendo el primitivo demandado adquirido los de-rechos de esa sucesión puede ejercitarlos contra los herede-ros de Capó entre los cuales está la propia demandante. Tam-poco prejuzgamos en modo alguno esta cuestión.

Resta sólo considerar la reclamación de daños y perjui-cios. Nos limitaremos a decir que hemos examinado las ale-gaciones y las pruebas y estamos conformes con el criterio sustentado por el juez sentenciador.

La setencia declara nulo el expediente de dominio en su totalidad. Tal declaración no se solicitó por la parte de-mandante.

Por virtud de todo lo expuesto, entendemos que, resol-viendo. ambos recursos, debe modificarse la sentencia apelada de modo que en su parte dispositiva quede redactada así, eli-minando de ella totalmente el pronunciamiento relativo a la nulidad del expediente de dominio: "1°., que debe resolver, y resuelve, que la’ demandante tiene derecho a un condomi-nio de una dozava parte proindivisa en las tierras que pro-cedentes de la hacienda ‘Palo Seco’ quedan en poder de los demandados y que según el registro se componen de 108 cuer-das y lindan por el norte con Ana Baldrich y Joaquín Aponte, por el sur con el Gobierno Federal, por el este con don Francisco Fernández y por el oeste con Miguel Muñoz, Pedro Rodríguez, Joaquín Aponte y Patricio Rodríguez, y ordenar, como ordena, a los demandados que reconozcan a la deman-dante tal derecho con todas las consecuencias que de dicho reconocimiento se deriva, y 2°., que debe decidir como decide no haber lugar a condenar a los demandados al pago de la suma de quince mil pesos reclamada en la demanda, todo sin especial condenación de costas.”

Resolviendo los dos recursos contra la misma sentencia apelada se modifica, en el sentido de eliminar lo relativo a la nulidad del ex-pediente de dominio, se reconoce al deman-dante derecho a un condominio, y se declara no haber lugar a condenar a los demanda-dos al pago de los $15,000 reclamados.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: En Juez Presidente Sr. HerNÁNdez,

license: Public Domain

text:
    González et al., Demandantes y Apelantes, v. Cabrera, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre nulidad de expediente de dominio y de ins-cripción en el registro y entrega de finca.
    No. 1872.
    Resuelto en julio 22, 1919.
    Demanda — Alegaciones Suficientes. — En el presente caso la demanda alega que la finca cuya entrega se reclama para fines de liquidación y partición de he-rencia, fué adquirida durante el matrimonio de los esposos Paulino González y Micaela Rivera; que ésta falleció antes que aquél dejando hijos que la heredaran; que el viudo, sin intervención de los herederos de Micaela Bivera vendió la finca cual si fuera exclusivamente suya a Eusebio Cabrera, ahora demandado, y que éste la inscribió en el registro como legítimamente ad-quirida mediante expediente de dominio instruido al efecto. Se resolvió: que tal demanda contiene heehos suficientes para determinar una causa de acción.
    Id. — Excepción Previa — Alegaciones Impertinentes. — Aunque en una demanda existan alegaciones que contienen materia de prueba, otras que son conclu-siones legales y otras puramente argumentativas, si examinadas todas en su conjunto muestran indudablemente una causa de acción, no puede prosperar la excepción previa de falta de heehos suficientes para determinar una causa de aeeión.
    Id. — Causa de Acción. — De acuerdo con el artículo. 191 del Código de Enjuicia-miento Civil aunque el demandante no tenga derecho a todo lo que pide en la demanda, si tiene derecho a parte de lo que solicita, no puede decirse que los heehos alegados no constituyen una causa de acción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. Pedro C. Timotheé.

    Ahogado del apelado: Sr. Antonio Lens Güeña.

   En Juez Presidente Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de recurso de apelación interpuesto por los de-mandantes contra sentencia que en 15 de enero de 1918 pro-nunció la Corte de Distrito de Arecibo desestimando la de-manda sin especial pronunciamiento de costas, por el fun-damento de no aducir hechos suficientes para determinar una causa de acción.

Las alegaciones fundamentales de la demanda son en sín-tesis las siguientes:

Que los esposos Paulino González y Micaela Rivera eran dueños de una finca situada en el barrio de Unibón, término de Morovis, compuesta de 30 cuerdas que el primero adqui-rió durante la sociedad conyugal con la segunda.

Que Micaela Rivera y Paulino González fallecieron res-pectivamente en los años de 1903 y 1915 sin otorgar testa-mento.

Que-al morir Micaela Rivera dejó como hijos legítimos de su único matrimonio con Paulino González a Facundo, Domingo, Carmen, Basilisa, Emilia, Avelina de Jesús y Gu-mersinda González Eivera, de los cuales Gnmersinda, Emilia y Avelina de Jesús González Eivera fallecieron respec-tivamente en 1904, 1906, y 1908, la primera sin sncesión, la segunda dejando cuatro hijos legítimos nombrados Bernardo, Clandina, Tecla y Santos, habidos en su matrimonio con Juan Aponte, y la tercera o sea la Avelina de Jesús dejando dé su matrimonio con Salomé Adorno tres hijos legítimos nom-brados Modesta, Paulina y Emiliano, habiéndose hecho la declaratoria de herederos abintestato de todos los fallecidos, por resolución de la Corte de Distrito de Areeibo de 27 de marzo de 1916.

Que la finca de que se deja hecho mérito y de que eran dueños los esposos Paulino González y Micaela Eivera se halla en poder del 'demandado Eusebio Cabrera quien la ocupa en virtud de expediente de dominio iniciado ante la corte de Areeibo-en 18 de septiembre de 1912 y terminado por resolución final de 1-3 de enero de 1916, cuyo expediente fué inscrito en el registro de la propiedad con fecha 29 de marzo de 1916.

Que en el expediente de dominio aparece Eusebio Cabrera comprando la finca en cuestión a Paulino González en el año 1909, cuya venta en el supuesto de que se realizara es abso-lutamente nula por no haber intervenido en ella los legítimos hijos de Micaela Eivera, de los cuales ya habían fallecido Emilia y Avelina de Jesús González Eivera, viniendo a ser herederos de ésta sus legítimos hijos ya relacionados, me ñores de edad en la fecha en que se hizo la venta.

Que en el expediente de dominio existen omisiones graví-simas que lo vician de nulidad, cuales son: (a) la de no cons-tar que Paulino González era viudo en 1909; (&) la de no aparecer en él ni siquiera por alusión el nombre de la que fué su esposa y condueña de la finca; (c) la de no constar en él la existencia de los hijos legítimos de Paulino- Gonzá-lez; (el) la de no aparecer la intervención y autorización de los herederos de Micaela Eivera para verificar la venta, y (o) la de no aparecer tampoco la autorización de la corte para realizar la venta de la herencia correspondiente a los menores hijos de las herederas fallecidas Emilia by Avelina de Jesús González Rivera.

La demanda concluye con la súplica de que se decrete la nulidad del expediente de dominio resuelto a favor de Eu-sebio Cabrera, anulándose su inscripción en el registro, y se ordene al mismo la entrega de la finca a los herederos de Paulino González y Micaela Rivera- para proceder a la liquidación y partición de la herencia, condenando además al demandado al pago de $500 eii concepto de indemnización por la ocupación indebida de la finca.

A la anterior demanda opuso el demandado la excepción previa de no aducir hechos suficientes para determinar una causa de acción, cuya excepción fue declarada sin lugar, y habiéndose formulado contestación con negación general de-todos y cada uno de los hechos de la demanda y con defensa especial de que el demandado adquirió la finca descrita en la demanda por compra a Paulino González quien a su vez la adquirió en cuanto a una mitad por su mitad de ganan-ciales y en cuanto a la otra mitad por compra a los here-deros de su esposa, se celebró el juicio que terminó por sen-tencia de 15 de enero de 1918 declarando con lugar la excep-ción previa expresada y desestimando la demanda sin especial pronunciamiento de costas.

Contra dicha sentencia interpuso la parte demandante re-curso de apelación para ante esta Corte Suprema, y el recurso se sostiene por el fundamento de que la corte cometió error al estimar que los hechos alegados en la demanda no deter-minan una causa de acción.

La finca descrita en la demanda, como adquirida por Pau-lino González durante su matrimonio con Micaela Rivera, debe reputarse ganancial con arreglo al artículo 1322 del Código Civil por no aparecer que perteneciera privativamente al marido o a la mujer.

Al morir Micaela Rivera en 1903 dicha finca pasó a ser de la propiedad de Paulino González por sn participación en la sociedad de gananciales, y de los siete hijos habidos en sn matrimonio con Micaela Rivera, por títnlo de herencia, pues con arreglo al artículo 665 del Código citado los dere-chos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muertej. Con el fallecimiento de Micaela Rivera no hubo más cambio en la condición legal de la finca que el de pertenecer al viudo y a los herederos de Micaela Rivera en representación de ésta, cuando antes pertenecía a la sociedad legal constituida por los consortes Paulino Gon-zález y Micaela Rivera.

Siendo dueños- de la finca el viudo y los hijos de la fi-nada Micaela Rivera, aquél y éstos tenían el derecho de go-zar y disponer de ella en la proporción que les correspon-diera, pero a ninguno de ellos le asistía el derecho de gozar y disponer de la finca con exclusión de los demás. Artículo 354 del Código Civil.

Haciendo aplicación del anterior principio al caso de autos, Paulino González no pudo disponer de la totalidad de la finca vendiéndola a Eusebio Cabrera sin contar para ello con los demás condueños, hijos de Micaela Rivera, y por tanto, la venta realizada en cuanto afectaba a la participa-ción de éstos que no intervinieron en el contrato era nula en derecho y no podía producir efectos legales.. Nemo dat quod non habet.

Y siendo nula a lo menos parcialmente la venta expresada, nulo tiene que ser también el expediente de dominio ins-truido por Eusebio Cabrera en cuanto atañe al condominio que en la finca correspondía a los herederos de Micaela Rivera.

• Para que hubiera causa de acción en el presente caso, bastaba alegar que la finca de que se trata fué adquirida durante la sociedad de gananciales de los esposos Paulino González y Micaela Rivera, que ésta falleció antes que aquél, dejando hijos que la heredaron, que el viudo, sin interven-ción de los herederos de Micaela Bivera, vendió la finca cual si fuera exclusivamente suya, a Eusebio Cabrera, y que .éste la inscribió en el registro como legítimamente adquirida me-diante expediente de dominio instruido al efecto. Esas ale-gaciones constan en la demanda.

Ciertamente que también hay alegaciones en la demanda que contienen materia de prueba, que otras envuelven con-clusiones legales y que otras son puramente argumentativas, pero examinadas en conjunto todas las alegaciones muestran indudablemente una causa de acción, como ya dejamos de-mostrado, y ello impide que pueda prosperar la excepción previa' que ha sido declarada con lugar.

Si los hechos expuestos en una demanda constituyen una válida y suficiente causa de acción, aunque contenga mani-festaciones innecesarias, inmateriales o • redundantes, es im-procedente la excepción previa- Estee’s Pleadings, 3072 y. casos citados. Al considerar una excepción previa la corte no debe prestar atención alguna a la forma, si puede encon-trar en la demanda alegaciones que bajo cualquier punto de vista que se miren puedan darle al demandante un derecho al remedio solicitado. Estee’s Pleadings, 3074 y casos ci-tados. Si la demanda contiene los elementos de una causa de acción no importa que se halle redactada con poco arte; y si al revisar los hechos expuestos, la totalidad o parte de los mismos pueden resolverse en una causa de acción, debe declararse sin lugar la excepción previa. Estee’s Pleadings, 3074.

Nuestro mismo Código de Enjuiciamiento Civil en su ar-tículo 122 prescribe que al considerar una alegación para de-terminar sus efectos deberá interpretarse con liberalidad a fin de asegurar cumplida justicia entre las partes.

Y no puede decirse que el demandante en su demanda suplica que se decrete la nulidad del expediente de dominio, anulándose su inscripción en el registro, y que se ordene al demandado la entrega de toda la finca a los demandantes, cuando según las alegaciones de la demanda el demandado adquirió legítimamente la parte que correspondía a Paulino González respecto de la cual no puede anidarse la venta ni entregarse a los demandantes.

Semejante argumento carece de fuerza para sostener la excepción. La corte puede conceder al demandante lo que siendo compatible con lo alegado en la demanda estuviere comprendido en el asunto objeto del litigio. Artículo 191 del Código de Enjuiciamiento Civil Bajo ese precepto aunque el demandante no tenga derecho a todo lo que pide en la de-manda, si tiene derecho a parte de lo que solicita, no puede decirse que los hechos alegados en la demanda no determi-nan una causa de acción. Nuestro código en su artículo 105 claramente preceptúa que el demandado podrá presentar ex-cepción previa a la demanda cuando resultare del contenido de aquélla que la demanda no aduce hechos suficientes para .determinar una causa de acción, y no exige que la demanda aduzca hechos suficientes para determinar todos los pronun-ciamientos solicitados.

Es de revocarse la sentencia apelada ordenándose al juez que proceda con arreglo a los principios establecidos en la presente opinión.

Revocada la sentencia apelada debiendo pro-ceder en él caso con arreglo a los principios establecidos en la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Guilbe, Demandante y Apelado, v. American Railroad Co. of Porto Rico, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 1838.
    Resuelto en julio 22, 1919.
    TÉRMINO JURISDICCIONAL-PERMISO DE LA OOltTE PARA ADMITIR UNA DEMANDA Enmendada Después de Vencido el Plazo Concedido — Discreción Jura-ctal. — En este caso a moción de la demandada quedaron eliminados ciertos hechos de la demanda original, habiendo la corte concedido permiso al de-mandante liara hacer enmiendas dentro del termino de cinco días, término que fué luego prorrogado a diez. Al mes y siete días después de vencer el término así fijado, el demandante solicitó y obtuvo permiso para presentar una demanda enmendada que acompañó a su moción. Se resolvió: que no siendo jurisdiccional el término que se concede al demandante para presentar una demanda enmendada, tenía la corte facultad discrecional para permitir la presentación de la demanda enmendada después de expirado el término anteriormente concedido.
    Prueba — Apreciación de la Prueba por la Corte Inferior — -Prejuicio, Parcia-lidad o Manifiesto Error. — Cuando la prueba es prima fade suficiente para sostener la sentencia y no se demuestra que la corte inferior al apreciarla obrara con prejuicio o parcialidad o cometiera manifiesto error, no se modifi-cará tal apreciación en apelación; y el hecho de que alguno de los fundamen-tos de la sentencia apelada pueda ser erróneo, si ésta se sostiene por otros fundamentos no hará necesaria su revocación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sr. F. G. Pérez Almiroty y E. Acuña.

    Abogado de la apelada: Sr. Rafael Martínez Nadal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La American Eailroad Company apela de una sentencia dictada a favor del demandante por la sama de $400 en con-cepto de daños y perjuicios como consecuencia de la muerte de uno de sus hijos originada por uno de los trenes de la compañía demandada.

El señalamiento de errores se hace bajo tres distintos apartados con subdivisiones, en la forma siguiente: •

(a) Errores de procedimiento:
"3. Que la corte inferior cometió error al dictar resolución de-clarando sin lugar la moción de la demandada solicitando la elimina-ción de la demanda enmendada;
“2. Que la corte cometió error al dictar su resolución declarando sin lugar la moción de reconsideración sobre la moción de eliminación;
“3. Que la corte cometió error al declarar sin lugar una moción sobre eliminación de ciertos hechos de la demanda enmendada.
“ (b) Errores cometidos en el acto de la vista:
“3. Que la corte cometió error al desestimar la alegación de pres-cripción de la acción alegada por la demandada y discutida en los comienzos de la vista como excepción previa;
“2. Que la corte cometió error al admitir en contra de la oposi-sión de la demandada la declaración del secretario de la corte, el duplicado de los libros del registro civil y la partida de nacimiento de Juan Domingo Guilbe qxie allí aparece, para acreditar por este medio la legitimidad del hijo del demandante;
“3. Que la corte cometió error manifiesto e incurrió en. parcia-lidad al insinuar al demandante que la mejor prueba de filiación no es el acta de nacimiento solamente, que necesitaría como comple-mento la certificación de matrimonio;
“4. Que la corte cometió error manifesto e incurrió en parciali-dad al conceder al demandante cinco días para la presentación de la partida de matrimonio;
“ (c) Errores de fondo:
“1. Que la corté cometió error al estimar como, causa de negli-gencia el hecho de no haber en el paso a nivel mencionado en la demanda, cadenas o barreras, en el momento del accidente;
“2. Qxxe la corte cometió error al estimar probado el hecho de que el tren en cuestión había sido cortado, mientras la locomotora se dirigió a recoger otros en una vía paralela y después al regresar, marchando el tren hacia atrás, de una manera negligente, sin tomar las debidas precauciones, sin luz en el vagón de atrás ni dar señal alguna de alarma, el vagón trasero arrolló al niño en el momento en que éste cruzaba el paso a nivel;
“3. La corte inferior cometió error al estimar como medida de daños en este caso los trastornos mentales sufridos por la madre del niño en lo que respecta a la pérdida por el demandante de sus ser-vicios domésticos;
“4. Que la corte cometió error al estimar probado el hecho de que *el demandante gastó alrededor de doscientos cincuenta dólares en medicinas y curación de su esposa y al fijar en conjunto los daños y perjuicios sufridos por el demandante en la suma de cuatrocientos dólares ;
“5. Que la corte cometió error al estimar probado el hecho de que la esposa del demandante sufriera trastorno mental alguno y que fuera el accidente que privó de la vida a su hijo la causa próxima de tal trastorno mental.”

A moción de la demandada quedaron eliminados ciertos hechos de la demanda original, habiendo la corte concedido' permiso al demandante para hacer enmiendas dentro del tér-mino de cinco días, término que fué luego prorrogado a diez.. Al mes y siete días después de veneer el término así fijado, el demandante solicitó y obtuvo permiso para presentar una demanda enmendada que acompañó a su moción. Los casos que han sido citados por el apelante para sostener su alega-ción de que la corte no tenía facultad para prorrogar un tér-mino vencido, se refieren a términos fijados por. el estatuto y no son de aplicación.

No haciéndose cita alguna de autoridades, ni ningún ra-zonamiento formal' no es necesario que investiguemos -los méritos de la insinuación que se ha hecho de que una de-manda enmendada en la que se alegan daños y perjuicios con motivo de la enfermedad y locura de la madre, originadas por la muerte de su hijo, determina una nueva causa de-acción, por haberse alegado solamente en la demanda original la pérdida de los servicios del hijo.

La moción solicitando permiso para presentar la demanda enmendada mostraba que el demandante se hallaba ausente de la ciudad, ignorando su abogado su domicilio, y que le fué, por tanto, imposible obtener la información necesaria sobre los hechos para poder enmendar la demanda dentro del término señalado por la corte. ' Es cierto que no se alegó ninguna excusa para no haberse solicitado otra prórroga del término antes del vencimiento de la ya concedida y el de-mandante-no hubiera tenido razón para quejarse, si su mo-ción hubiera sido negada. La cuestión, sin embargo, -incúm-bía a la sana discreción de la corte y las circunstancias mues-tran que no hubo grave abuso de discreción.

Por las mismas razones entendemos que la acción de la corte al declarar sin lugar la moción de reconsideración de su anterior resolución negando la eliminación de la demanda enmendada, no constituyó error que diera lugar a la revo-cación de la sentencia.

El hecho de haberse visto obligada la demandada a ne-gar bajo juramento hechos que no constituían verdadera me-dida de daños y perjuicios tal vez era de sentirse, de ser cierto, pero sin más difícilmente justificaría una revocación. Ni tampoco indica esta circunstancia, ya se le considere por sí sola o en unión de las demás cuestiones a que hasta ahora hemos hecho referencia, ningún grado considerable de par-cialidad o prejuicio por parte del juez sentenciador.

La primera subdivisión del segundo grupo de errores que han sido alegados se funda en la teoría de haber sido aban-donado el pleito original que fue establecido dentro del tér-mino requerido por el estatuto y haberse iniciado otra ac-ción al radicarse la demanda enmendada después de estar vencido dicho término. La cuestión que de tal modo fué planteada y el razonamiento que le sirve de fundamento son los mismos que los que están envueltos en los errores de pro-cedimiento ya discutidos.

El segundo, tercero y cuarto señalamiento de error de este grupo se citan sola con el objeto de establecer la par-cialidad y el prejuicio. Los errores en sí, de haber sido co-metidos, quedaron subsanados al ser presentada luego la certificación de matrimonio. Las circunstancias que rodean las cuestiones que aquí hemos indicado y la forma en que el. juez sentenciador hizo la sugestión, si puede considerarse como tal y las órdenes de las cuales se queja el apelante, muestran de modo concluyente que la alegación carece de fundamento.

La corte inferior menciona de modo algo incidental el he-cho de no existir cadenas o barreras en el cruce, en rela-ción con sus conclusiones de que el daño se debió a la ma-nera negligente en que se manejaba el tren. PTubo prueba tendente a demostrar ' que en realidad no había cadenas o barreras colocadas en el cruce. Examinado el hermano del muchacho muerto por el tren, de once años de edad, mostró por medio de diagramas lo que entendía que era un cruce en el paso a nivel y declaró que el camino estaba libre, ha-biendo declarado otros dos testigos en el mismo sentido. .Aunque puede ser que la demandada no estuviera en el de-ber estatutario do colocar tales barreras o cadenas, siempre surge la cuestión de si no puede surgir diclia obligación en ciertos casos para un ferrocarril que atraviesa por un pueblo, independientemente del estatuto. No tenemos necesidad de resolver la cuestión definitivamente, porque si bien el juez liace mención de esta falta de barreras cr cadenas, el resto de su opinión tiende a demostrar que hizo estribar principal-mente la negligencia de la demandada en el hecho de no ha-ber tenido el debido cuidado en funcionar sus trenes mien-' tras los unía o separaba en el cruce, deber que si lo tenía se hacía mayor por la posibilidad, como ocurrió en este caso, o sea, que los niños andaran por los railes. Además, alm-enando sea errónea la opinión de la corte si la prueba tiende a sostener la sentencia nos sentimos obligados a confirmarla a falta de una clara demostración de que el hecho declarado probado, de existir negligencia en el manejo del tren, no es-tuvo justificado por la prueba aducida. Si, por ejemplo, la corte al oir la prueba en vez de un jurado basara su deci-sión en tres o cuatro distintos motivos de negligencia y uno no estaba sostenido por la prueba, nunca habría razón para nna revocación si la sentencia podía sostenerse por otros fun-damentos.

Los demás señalamientos de error bajo el tercer grupo de los errores que han sido alegados, como se discuten en el alegato, se dirigen solamente-a la ¡Suficiencia de la prueba o a la cuantía de los .daños y perjuicios, y los autos no reve-lan que se haya cometido un error tan manifiesto que sea necesaria la revocación de la sentencia.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó “conforme con la sentencia.”


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey

text:
    Vázquez et al., Demandantes y Apelantes, v. Rocco y Annuzzi et al., Demandados y Apelados.
    ApelacxÓN procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Segunda, sobre nulidad de hipoteca y devolución de bienes.
    No. 1921.
    Resuelto en julio 22, 1919.
    Procedimiento Ejecutivo Hipotecario — Costas no Garantizadas Hipotecaria-mente — Bienes de Menores — Autorización Judicial. — Es nula la resolu-ción dictada en un procedimiento ejecutivo hipotecario ordenando que los demandados sean requeridos para pagar cierta cantidad en eoncei-ito de costas, y nula también la sentencia ordenando la subasta de bienes de los ejecutados, así como la adjudicación de los mismos para pago de tales costas, cuando en la hipoteca no han sido las costas garantidas hipotecaria-mente; y con mayor razón cuando habiendo sido la hipoteca autorizada judicialmente por tratarse de bienes de menores, sólo se autorizó en la orden judicial la hipoteca por cierta cantidad con sus intereses.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Juan B. Soto.

    Abogado de los apelados: Sr. Francisco Soto Gras.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey

emitió la opinión del tribunal.

Autorizada judicialmente doña Luisa López Laborde como madre con patria potestad sobre sus siete hijos menores de edad nombrados Jaime José, Luz, Estela Catalina, Marina Petra Luz, Leopoldo José Eulogio, Luisa Ana María y Arturo López, habidos en su matrimonio con su fallecido es-poso don Arturo Vázquez Prada, para que constituyera hipo-teca que no excediera de $1,000 y por sus intereses, sobre la mitad proindivisa que a sus- hijos correspondía en la casa No. 52 de la calle del Sol de esta ciudad, otorgó a favor de don José Antonio Boceo Cesarino escritura de hipoteca so-bre' dicha mitad para responder del pag’o de la cantidad de $1,000 y por $360 más para garantizar los intereses de dicha deuda. El acreedor cedió ese crédito a don Vicente Boceo Annuzzi, y posteriormente dejó de pertenecer a dichos menores una tercera parte de la mitad proindivisa que tenían en la finca, quedando así dueños únicamente de dos terceras partes de dicha mitad.

El 19 de noviembre de 1913 el cesionario Vicente Rocco Annuzzi y su esposa Rosa María Cesarino Brandy deman-daron por el procedimiento ejecutivo de la Ley Hipotecaria a los expresados menores, asistidos de su madre, para el pago de las dos terceras partes de la deuda, o sea por $666.67, sus intereses al 12 por ciento convenido desde el 15 de ag’bsto de 1913 basta el definitivo pag’o, y el de las costas, gastos y honorarios de abogado, señalando para estas últimas respon-sabilidades la suma de $360. El juez ordenó que el márshal requiriese a los demandados para que en término de 30 días verificasen el pago de los $666.67 de principal y de los $300-que se señalan para costas, gastos y honorarios del letrado del demandante, apercibidos de procederse a la subasta del bien hipotecado si así no lo hicieren. Requeridos para el pago de esas cantidades los hijos de doña Luisa López La-borde, asistidos por ésta, menos el hijo Arturo Leopoldo Váz-quez Prada Laborde, por hallarse ausente en los Estados Unidos, terminó el procedimiento por adjudicación en su-basta de las expresadas dos terceras partes de la mitad de la finca que se hizo a los ejecutantes el día 28 de enero de 1914 por el importe reclamado de $666.67 de principal y $300 para costas, gastos y honorarios de abogado.

Después de esos hechos Arturo Leopoldo Vázquez Prada Laborde y su madre' doña Luisa López Laborde, en repre-sentación de sus otros hijos, presentaron demanda contra Vicente Rocco, su esposa Rosa María Cesarino, y Antonio José Rocco Cesarino en la que solicitaron se declarase nula la escritura de hipoteca, la de su cesión, el procedimiento eje-cutivo seguido para el cobro de la hipoteca, la adjudicación que en él se hizo, y que se condenase a los demandados a indemnizarles $2,000 por daños y perjuicios. En el acto del juicio y por haber muerto Vicente Rocco Annuzzi, estipula-ron las partes, con permiso de la corte, eliminar el nombre de este demandado sustituyéndolo con los demás demanda-dos, o sea, su viuda Rosa María Cesarino Brandy y Antonio Eocco Cesarino.

La demanda fué declarada sin lugar en todas sus partes y uno de los motivos que los apelantes alegan para pedir la revocación de la sentencia apelada es que la corte inferior cometió error al no declarar nulo el juicio ejecutivo hi-potecario por haberse condenado a los entonces demandados a pagar, además de la deuda hipotecaria, cierta cantidad por costas y honorarios de abogado a pesar de que la resolución que autorizó a la madre para hipotecar el condominio de sus hijos no la facultó para pagar costas y honorarios de abo-gado.

La autorización judicial, en efecto, sólo facultó a la ma-dre para constituir hipoteca que no excediera de mil dólares y por sus intereses y, de acuerdo con ella, la madre consti-tuyó hipoteca en nombre de sus hijos por la cantidad de mil dólares y por $360 para garantizar sus intereses, sin garan-tizar hipotecariamente las costas y honorarios de abogado. A pesar de esto, a petición de los ejecutantes, la corte or-denó que se requiriese a los demandados para que pagasen la deuda que se les reclamaba y además $300 por las costas, gastos y honorarios del letrado de los ejecutantes y no ha-biéndose verificado' el pago mandó sacar a subasta el con-dominio de los ejecutados para satisfacer esas reclamaciones.

En el juicio ejecutivo hipotecario, por ser especial y su-mario, sólo pueden cobrarse las cantidades que se han con-venido en el contrato de obligación hipotecaria por lo que el artículo 170, párrafo 1°., del ■ Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria dispone que el requerimiento de pago se mandará hacer por la suma reclamada con las costas, sí también estuvieren hipotecariamente garantidas; y como en este caso las costas y los honorarios de abogado no estaban hipotecariamente garantidos en el contrato, fundamento del procedimiento, cometió la corte inferior error al ordenar que los demandados fuesen requeridos para pagar $300 por "los conceptos indicados, por lo que dicha orden es nula así como la sentencia ordenando la subasta para pagar esa cantidad a más de la deuda .principal y también la adjudicación que se hizo para satisfacer esa cantidad como adicional de la deuda.

Resuelto este motivo de error en la forma que lo ha sido no es necesario que consideremos los otros dos errores que se alegan por los apelantes y que se refieren a defectos en la diligencia de requerimiento de pago en cuanto a Arturo Leopoldo Vázquez Pracla Laborde, porque la diligencia de .requerimiento de pago ha de quedar anulada como conse-cuencia de lo que antes hemos consignado.

Los apelantes reclaman en su demanda la cantidad de $2,000 por los perjuicios que le han cansado los demandados con el procedimiento ilegal del juicio ejecutivo hipotecario, cuestión que no consideró el juez inferior porque estimó que no existía nulidad alguna en dicho procedimiento, pero en vista de la conclusión opuesta a que nosotros llegamos debe resolverse esa cuestión; más como la atención de las partes estuvo fija en las nulidades alegadas y como no sabemos si -el juez inferior dió crédito a la única declaración. que so-bre ese extremo se presentó, preferimos que sea resuelta por la corte inferior y respecto de tal' cuestión- deberá celebrarse un nuevo juicio.

La sentencia apelada debe ser revocada y declarar la nu-lidad del juicio ejecutivo hipotecário seguido en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, con el No. 112, por Vicente Rocco Annuzzi y su esposa Rosa María Cesarino Brandy contra Jaime José Vázquez Pracla López y sus her-manos, asistidos de su madre doña Luisa López Laborde, desde la orden de requerimiento de pago en adelante, así como la adjudicación que en él se hizo y ordenarse un nuevo juicio en cuanto a la reclamación de daños y perjuicios, sin especial condena de costas,

Revocada la sentencia apelada; declarada la nulidad del juicio ejecutivo seguido por Vicente Rocco y su esposa contra Jaime José Vdeques Prada y sus hermanos desde la, or-den de requerimiento de pago, etc., y orde-nado un nuevo juicio sobre la reclamación de daños y perjuicios. Todo sin costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados Wolf, del Toro- y Hutcliison. -


text:
    López, Demandante y Apelante, v. Suc. de Genaro Candelario, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre división de bienes comunes y reclama-ción de frutos.
    No. 1972.
    Resuelto en julio 22, 1919.
    Sociedad de Gananciales — Liquidación y División de Gananciales — •Renuncia del Derecho a los Gananciales — Interpretación de Contrato — Con-trato. — En el presente caso, después de divorciados G. 0. y J. O., otorgaron escritura pública en la que expusieron que, los bienes de la extinguida so-ciedad conyugal consistían solamente en un crédito hipotecario de $1,600, el cual se adjudicaron de por mitad. La cláusula cuarta de dicha escritura dice así: "Cuarto: En consecuencia se dan por satisfechos por ser lo único que poseían renunciando cada uno de por sí' al derecho que pueda o pu-diera tener sobre cualquier clase de bienes pertenecientes al otro, pues desde ahora y para siempre se da cada uno por bien recibido de la liarte • que le correspondía por razón de gananciales. Así lo otorgan bajo la más formal promesa de cumplir estrictamente su contenido, en la advertencia de que la expresada renuncia la hacen bajo términos absolutos.” Se re-solvió: que según los términos de la cláusula transcrita, J. O. no hizo re-nuncia de sus derechos a otros bienes que pertenecieran a la sociedad con-yugal de que formó parte y por tanto a los que son objeto del pleito, pues - ■ si dividieron de por mitad solamente el crédito hipotecario, fué bajo la base de que era el‘único bien perteneciente a la sociedad conyugal; y como consideraron que no habían otros bienes gananciales, la renuncia contenida en la cláusula cuarta no puede referirse a bienes que no podían tener en su mente al hacerla como lo demuestra la manifestación que'hacen de darse por satisfechos con la división del crédito hipotecario “por ser lo único que poseían. ’ ’
    División de la Comunidad — Alegaciones Necesarias — Indivisibilidad de los Bienes Cuya "Venta se Pide. — Cuando ejercitándose la acción de división de la comunidad se pide la venta de los bienes y la liquidación y división del precio es preciso alegar y probar: que los condueños no están acordes en que se adjudique a uno de ellos la propiedad comunal indemnizando a los restantes, y que los bienes son esencialmente indivisibles, requisitos que exige el artículo 411 del Código Civil Bevisado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Benet & Suffront.

    Abogado de la apelada: Sr. Angel A. Vázquez.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey

emitió la opinión del tribunal.

El apelante y demandante, como cesionario de los dere-chos y acciones que Juana Olán tenga o pueda tener por razón de su matrimonio con Genaro Candelario, que fué disuelto por sentencia de divorcio, alegando que Genaro Can-delario compró dos fincas rústicas durante el matrimonio con dinero de la sociedad conyugal, que no desea continuar en la comunidad de bienes con la sucesión de Candelario, que ha fallecido, y que dichas fincas son esencialmente indivisi-bles, demandó a dicha sucesión y a la administradora judicial de los bienes relictos por Candelario pidiéndo a la corte que ordenase la venta en pública subasta de esas fincas y que se practique la liquidación y división de su producto en-tre el demandante y la expresada, sucesión condenando a ésta a pagarle cierta cantidad de dinero por su parte proporcio-nal en los productos de las fincas desde la muerte de Can-delario.

Admitieron los demandados en . su contestación que las fincas fueron compradas por Candelario durante su matri-monio con Juana Olán con dinero de la sociedad de ganan-ciales pero alegaron que por escritura pública en la que los esposos hicieron después de divorciados la liquidación de la sociedad conyugal y la distribución de cierto bien común, re-nuncio Juana Olán su derecho a los gananciales en cuales-quiera otros bienes que hubiera.

Después de divorciados Genaro Candelario y Juana Olán comparecieron ante notario y otorgaron escritura en la que exponiendo que los bienes de la sociedad conyugal que tu-vieron consistían solamente de un crédito hipotecario por 2,000 pesos provinciales, o sea, 1,200 dólares, que había sido satisfecho, lo dividen por mitad, o sea seiscientos dólares para cada uno, después de lo cual se dice lo siguiente:

“Cuarto. En consecuencia se dan por satisfechos por ser lo único' que poseían renunciando cada uno de por sí al derecho que pueda o pudiera tener sobre cualquier clase de bienes pertenecientes al otro, pues desde ahora y para siempre se da cada uno por bien recibido de la parte que le correspondía por razón de gananciales. Así lo otorgan bajo la más formal promesa de cumplir estrictamente su contenido, en la advertencia de que la expresada renuncia la hacen bajo términos absolutos.”

Sostiene el apelante que al declarar la corte inferior sin lugar su demanda cometió error al considerar dicha escri-tura como una renuncia de Juana Olán a favor de Genaro Candelario de los derechos y acciones que tenía sobre todo los bienes pertenecientes a la sociedad de ganancialés, y al declarar que constituye una renuncia sobre los bienes objeto del pleito. ' Como dicen los apelados en su alegato, ambas cuestiones se reducen a una sola, la de si la escritura com-prende o no la renuncia de todos los bienes gananciales ha-bidos durante el matrimonio.

Teniendo en cuenta los hechos expuestos en esa escritura y la cláusula de ella que hemos copiado llegamos a la con-clusión de que Juana Olán no hizo renuncia de sus derechos a los bienes que pertenecieran a la sociedad conyugal de que formó parte, y, por tanto, a los que son objeto del pleito, pues una detenida consideración de ella convence de que si dividieron de por mitad solamente el crédito hipotecario fue bajo la base de que era el único bien perteneciente a la so-ciedad conyugal, y como consideraron que no había otros bienes gananciales la renuncia contenida en la cláusula cuarta no puede referirse a bienes que no podían tener en su mente al hacerla como lo demuestra la manifestación que hacen de darse por satisfechos con la división del crédito hipotecario “por ser lo único que poseían”. Si hubiera querido renun-ciar a cualquier otro bien ganancial independiente del crédito hipotecario que dividieron claramente lo hubiera consignado en la renuncia. Además, la renuncia contenida en la cláu-sula cuarta copiada se refiere “al derecho que pueda o pu-diera tener sobre cualquier clase de bienes pertenecientes al otro” (cónyuge) o sea sobre bienes que pertenezcan al que fué su esposo, diferentes, por tanto, de los que son de la so-ciedad conyugal.

A pesar de la conclusión a que acabamos de llegar ten-dremos que confirmar la sentencia porque pidiendo el de-mandante que se ordene la venta de las fincas y que se li-quide y divida el precio que se obtenga, no alegó ni probó que los conduéños no convienen en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás y porque no probó tam-poco, aunque lo alegó y fué negado por los demandados, que dichas fincas sean esencialmente indivisibles, requisitos que exige el artículo 411 del Código Civil Revisado para que pueda pedirse la venta de la cosa común y el reparto de su precio, ya que por regla general las fincas rústicas son sus-ceptibles de división material.

Solicitó el demandante en su segunda causa de acción que los herederos de Genaro Candelario le paguen la mitad de los frutos que las fincas produjeron desde, agosto de 1904 en' que fué disuelta la sociedad conyugal hasta que falleció y cuyo importe fijaron en $663.

La única prueba de esta causa de acción consistió en la declaración del demandante pero como se refiere a produc-tos englobados de la finca desde agosto de 1904, fecha del divorcio, hasta el día del juicio, 28 de agosto de 1918, y como en la demanda sólo se reclaman los frutos hasta la muerte de Grenaro Candelario, sin que sepamos tampoco cuándo ocu-rrió, no puede, con esa prueba, determinarse la cantidad de frutos reclamados en la demanda.

Por los motivos antes expresados la sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.-


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Colón, Demandante y Apelante, v. Pérez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre indemnización.
    No. 1985.
    Resuelto en julio 22, 1919.
    Daños y Perjuicios — Animales—Fuerza Mayor. — Ni por el artículo 1804 ni por el 1806 del Código Civil tiene responsabilidad el dueño de un animal de los daños que éste causa mientras se baila en poder de otra persona que no es empleada del dueño y que toma el animal sin consentimiento de éste, quien no pudo proveer ni evitar este acto, por ser este caso igual al de fuerza mayor.
    Los hechos están expresados en la opinión.-
    .. Abogados de la apelante: Sres. A. Nazario Lugo y Pas-casio Fajardo.

    Abogados del apelado: Sres. Angel A. Vázquez y R. Ramírez.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Habiendo sido arrollada y estropeada la demandante y ape-lante por un caballo que montaba Julio Lacourt. dirigió su acción para recobrar daños contra Maximino Pérez dueño del caballo alegando que permitió negligente y descuidadamente que su empleado Julio Lacourt montara ese caballo.

En el juicio se probó que el apelado tenía empleado a Julio Lacourt para vender hielo en un carrito de mano so-lamente, que no tenía que usar caballos para su único tra-bajo que tenía en comisión mediante un tanto por ciento del producto de la venta, que el demandado y su empleado de cuadra nunca autorizaron al Julio Lacourt para coger los ■caballos de la cuadra ni utilizarlos, sino que por el contrario le estaba expresamente prohibido y que en la tarde en que ocurrió el accidente a la apelante y en momentos en que dormían el apelado y su pesebrero, tomó Julio Lacourt un caballo de la cuadra y montado en él' atropelló a la apelante.

La corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la demanda y en este recurso discuten las partes si el precepto legal en que se funda la demanda es el artículo 1804 o el 1806 ambos del Código Civil Eevisado, dispositivo el pri-mero de que la obligación de indemnizar el daño causado por acción u omisión, interviniendo culpa o negligencia, es exigible también por los actos u omisiones de aquellas per-sonas de quienes se debe responder; y el segundo, de que el poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es res-ponsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe, responsabilidad que sólo cesará en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiere sufrido.

Bajo ninguno de esos dos .preceptos puede ser revocada la sentencia apelada porque si la apelante funda su derecho en el artículo 1806 como sostiene en su alegato, lo que no parece estar de acuerdo con las • alegaciones de su demanda, no tiene derecho a recobrar daños contra el apelado porque éste probó en el juicio que el que se causó por su caballo fué debido al acto de una tercera persona, que no pudo pre-veer ni evitar el dueño, caso que es igual al de fuerza mayor; y siendo idéntica la razón de derecho en ambos debe ser aplicada la exención de responsabilidad consignada en dicho artículo. Manresa, Comentarios al Código Civil Es-pañol tomo 12, página 627.

Tampoco tiene el apelado responsabilidad bajo el pre-cepto del artículo 1804 porque Julio Lacourt uo era empleado suyo en el manejo y cuidado del caballo.

La sentencia apelada debe- ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    Dessús, Peticionario y Apelado, v. Ricci, Interventora y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce -en pleito sobre protocolización de testamento ológrafo. Mo-ción del apelado para que se desestime la apelación.
    No. 2063.
    Resuelto en julio 24, 1919.
    Desestimación de Apelación — Costas Civiles — Derechos Devengados por el Escrito de Apelación al Tribunal Supremo. — De acuerdo con el apartado “D” de la Sección 2ª. de la. Ley No. 17 de 1915 para regular el cobro de derechos y costas en asuntos civiles en las cortes de distrito y municipales, sólo liay que pagar cinco dólares por. cada escrito de apelación y no por cada apelación que se establezca en el mismo escrito.
    Los hechos están expresados en la .opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Lopes de Tord y Zayas Pisarro. '
    Abogados del apelado: Sres. Parra Capó y Peres Mar-chand.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey

emitió la opinión del tribunal.

En un solo escrito interpuso la parte apelante recurso de apelación contra dos resoluciones de la corte inferior y adhirió a dicho escrito un sello de rentas de cinco dólares.

Fundándose en este hecho solicita la parte apelada la desestimación de las apelaciones por entender que debieron adherirse al escrito dos sellos de a cinco dólares 'cada uno por tratarse de dos apelaciones.

El apartado D de la sección 2ª. de la Ley No. 17 - de 1915 para regular el cobro fie los derechos y costas en los asuntos civiles en las cortes de distrito y municipales dis-pone lo siguiente: “Por cada escrito de apelación de una corte de distrito al Tribunal Supremo, $5”.

Como las palabras de una ley deben ser generalmente entendidas en su más corriente y usual significación; y como lo que exige la ley es que se paguen cinco dólares por cada escrito de apelación, entendemos que la apelante cumplió! con ese precepto a pesar de que su escrito contiene dos apelaciones pues seguín la letra de la ley sólo hay que pagar cinco dólares por cada escrito de apelación y no por cada apelación que se establezca en el escrito.

También se solicita la desestimación de una de las ape-laciones por el fundamento de ser frívola.

La apelante fué admitida como interventora en la testa-mentaría 'de don Angel Franceschi G-regori por tener en tra-mitación una demanda para que se la declarase hija natural reconocida de Franceschi, demanda que a instancia de la demandante, fué desestimada sin fallarse en. sus’ méritos pero tenía presentada otra demanda de igual naturaleza, cuando la corte inferior declaró con lugar la petición de los herederos testamentarios para que cesara esa intervención. Contra esa resolución se interpuso la apelación cuya deses-timación se pide por ser frívola.

De los hechos expuestos no aparece claramente que la apelación sea frívola por lo que preferimos dejar esa cues-tión para cuando se consideren los méritos de la apelación.

La moción de desestimación debe ser negada.

Declarada sin lugar la moción para que se desestime la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no-intervino en la resolución de este caso.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pérez et al., Acusados y Apelantes.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en cansa por conspiración.
    No. 1392.
    Resuelto en julio 24, 1919.
    Conspiración — Acusación-—Mens rea. — Generalmente las palabras que imputan malicia, intención o mens rea, son insuficientes para agregar otros hechos a una acusación fuera de tal mens rea, y una acusación en la que moramente se alega que dos personas se pusieron do acuerdo para apropiarse cierta suma de dinero, sin exponer hechos que constituyan una conspiración es in-suficiente.
    Id. — Prueba.—Si en una causa por conspiración para defraudar al gobierno una cantidad de dinero toda la prueba es circunstancial y únicamente tiendo a establecer que uno u otro de los acusados puede ser culpable, la posibilidad de que uno de 'ellos o ambos puedan ser culpables no prueba la conspiración.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Garlos Travecier y Juan Ti. Huyke.

    Abogado del apelado: Sr. íSalvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

. La acusación formulada en este caso imputaba en sus-tancia un delito de conspiración, por cuanto José Manuel Pé-rez, después de preparar comprobantes falsos para acredi-tar, que ciertos trabajadores habían realizado trabajo, que en realidad no habían hecho, presentó dichos comprobantes al contador municipal, y que José Manuel Pérez y José Gron-■zález se pusieron de común acuerdo para ejecutar los actos anteriores con el propósito de obtener beneficio para ambos con la intención de que el tesorero municipal expidiera un cheque por el importe fraudulento que fué cobrado por José G-onzález, quien en unión de José Manuel Pérez se apropió de la cantidad de $7.20 de su producto perteneciente al mu-nicipio.

Tenemos una duda muy grande de si en la acusación se imputa un delito de conspiración. Ni José Manuel Pérez -ni José González han sido identificados, ni consta tampoco por qué el contador debía librar un cheque a solicitud de José Manuel Pérez, ni cómo podía cobrar José González el im-porte del cheque el cual, ateniéndonos a las alegaciones de la acusación, no aparece que fuera librado a su orden. Hasta cierto punto figura José Manuel Pérez actuando por su cuenta y luego se une a José González, no por medio 'de una aíe gación de hechos, sino por la conclusión del fiscal de actuar ambos de común acuerdo. Generalmente las palabras que 'imputan malicia, intención o mens rea, son insuficientes para agregar otros hechos a una acusación fuera de tal mens rea. El único hecho que claramente ha sido imputado es que .los dos acusados se pusieron de común acuerdo para apropiarle la suma de $7.20, procedente de uri cheque que es de presu-mirse se encontraba legalmente en poder de'uno u otro-de los acusados, no revelando claramente la acusación cuál de ellos lo tenía. Una acusación en la que meramente se alegra que dos personas se pusieron de acuerdo para apropiarsé la suma de $7.20, sin exponer hechos que constituyan una cons-piración es insuficiente.

Sin embargo, no se levanta cuestión alguna en particular respecto a la insuficiencia de la acusación pero se in-siste en lá insuficiencia de la prueba, resultado que podría anticiparse en vista de este inusitado esfuerzo para estable-cer una conspiración por mera aseveración. De la prueba se vió que José Manuel Pérez era el alcalde de Humacao y José González el portero o conserje de la .alcaldía. Hubo prueba tendente a mostrar que aunque el tesorero estaba, en el deber, de acuerdo con la ley, de pagar a los trabaja-dores, sin embargo los sábados por las tardes se libraba un cheque firmado por el tesorero por orden del alcalde, al parecer en blanco, a otra persona, el conserje, quien por or-den. del alcalde quedaba obligado a pagar a los trabajadores, No existe prueba directa de que en esta ocasión en particular fuera .entregado el cheque a González o que éste lo hu-biera cobrado, pero sí hay prueba de haber González pagado a algunos de los trabajadores lo que es de presumirse veri-ficó con el producto del cheque. Este cheque era de $38.55 de cuya suma sólo $31.35 fué en realidad pagada a los tra-bajadores quedando la cantidad de $7.20 que nunca fué pa-gada a los trabajadores que realizaban trabajos municipa-les, ni devuelta jamás al tesoro municipal. Un testigo del fiscal declaró que González generalmente entregaba al al-calde el dinero que no había sido pagado pero no existe prueba de que en este caso hubiera hecho tal entrega. Hay. prueba que no ofrece duda alguna de que el alcalde preparó un comprobante por $38.55, pero en verdad la prueba es muy insignificante en cuanto al hecho de que cuando él firmó dicho comprobante sabía que una parte de su importe no se debía. Podemos aceptar el hecho de que el dinero .llegó a manos de González pero eso es todo lo que sabemos. Si él no retuvo ninguna parte del mismo sino que lo entregó todo al alcalde, como se ha indicado, no existe prueba alguna de conspiración o de ninguna complicidad por parte de Gon-zález. Si este último retuvo toda la suma para sí entonces no aparece la intervención del alcalde en este acto delictivo. El Gobierno en sus investigaciones averiguó que el dinero estaba en poder de González y eso es aproximadamente todo lo que sabemos. No existe prueba alguna de que él era una persona que no hacía otra cosa sino obedecer ciegamente a lo que se le mandó que hiciera. Supongamos que González actuando con órdenes recibidas entregó el dinero al alcalde y que sospechaba o sabía que el alcalde se apropiaría dicho dinero. ¿Dónde estaba la confabulación o intención criminal de González? El Pueblo v. Cofresí et al., 22 D. P. R. 749. Existe prueba de que el tesorero municipal también actuaba de acuerdo con órdenes del alcalde y que pasó este dinero al mensajero o agente del alcalde. Todo él mundo obedecía al alcalde, y la sospecha de culpabilidad por parte de Gon-zález no establece la prueba de combinación que exige la ley penal. Toda es prueba circunstancial que debe encaminarse a úna sola conclusión si bien en este caso pueden establecerse varias conclusiones diferentes. Una es que quizás el por-tero es solamente culpable. Otra que lo sea únicamente el alcalde. La posibilidad de qiie cualquiera de ellos o ambos pueda ser culpable no prueba la conspiración.

Debe revocarse la sentencia y absolverse a los acusados.

Revocada la sentencia apelada y absueltos los acusados.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro

text:
    López, Demandante y Apelante, v. Lizardi, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre rescisión de contrato y otros extremos.
    No. 1965.
    Resuelto en julio 24, 1919.
    Compraventa — Entrega de la Oosa Vendida — Presunción.—Otorgada la escri-tura de compraventa, existe la presunción juris tantwm de la entrega de la finca vendida. Generalmente la presunción es la realidad. Pero si existe un caso contrario en la realidad, la entrega simbólica reconocida en el ar-tículo 1365 del Código Civil Revisado, no decide finalmente la cuestión.
    Id. — Rescisión del Contrato — Acción Rescisoria — Compraventa de Einca Arrendada. — Cuando el vendedor de una finca arrendada no se obliga a echar fuera de ella al arrendatario, el hecho de que .éste se niegue a desalo-jar la linea no da por sí solo derecho al comprador para pedir la rescisión del contrato, ya que el comprador, convertido en dueño, tiene, dentro de la ley, los medios que necesita para desahuciarlo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Rafael Arce y Manuel Tons Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Francisco González.

   El Juez Asociado Sr. del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Esteban López Eosa estableció una demanda pidiendo a la corte que declarara rescindido cierto contrato de compra-venta que liabía celebrado con Emilio Lizardi Echevarría, por no haberle entregado éste la posesión material de la finca vendida. Reclamó, además, daños y perjuicios. La demanda fné declarada sin lugar y el demandante interpuso entonces el presente recurso de apelación.

En el acto del juicio en la corte inferior se presentó la escritura contentiva del contrato de compraventa. En ella hay una cláusula que dice: “El comprador, señor López, sin otro acto que este otorgamiento, entrará en posesión de la finca que adquiere por el presente título.” El artículo 1365 del Código Civil, dice: “Se entenderá entregada la cosa ven-dida cuando se ponga en poder y posesión del comprador. Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otor-gamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se de-dujere lo contrario.” En este caso no sólo no resulta ni se deduce lo contrario, sino que, como hemos visto, expresamente se consignó que el comprador entraría en la posesión sin otro acto que el otorgamiento de la escritura.

Eso no obstante, se alegó en la demanda que el vendedor se había obligado a la entrega material de la finca y no ha-bía cumplido con su compromiso.

Estamos conformes con el apelante en que, de acuerdo con el artículo 25 ele la Ley de Evidencia, habiéndose pac-tado en el contrato expresamente lo relativo a la entrega, debe entenderse que el contrato contiene todas las condicio-nes 'relativas a la misma. Pero no lo estamos en las conse-cuencias absolutas que deduce de lo dispuesto por el legisla-dor en el precepto del Código Civil que dejamos citado. Otor-gada la escritura, existe la presunción juris tcmtum de la en-trega. En el orden normal de las cosas, la presunción es la realidad misma. Pero si sur je un caso contrario en la rea-lidad, la entrega simbólica reconocida en el segundo párrafo del artículo 1365 del Código Civil, no decide finalmente la cuestión.

Examinemos las circunstancias que concurren en este caso.

Los hechos 4 y 5 de la demanda, expresan:

“4º. Qne el demandado Emilio Lizardi Echevarría tenía arren-dada la finca anteriormente descrita al señor Ramón Lizardi y Díaz por el término de cuatro años,.comenzados en primero de noviembre de 1916 y qne debían terminar el 31 de octubre de 1920, sin que tal contrato se le hubiera dado la modalidad de inscribirlo en el regis-tro de la propiedad, siendo una de las cláusulas de dicho contrato la que se transcribe a continuación.
“'Cuarta. Las mejoras que se introdujeran en la finca, quedarán a beneficio del arrendador don Emilio Lizardi Echevarría al termi-nar el contrato; pero si durante el término de dicho contrato la finca fuere vendida y el nuevo dueño de ella no aceptare este arrenda-miento en la forma y con las estipulaciones que aquí constan, en-tonces el arrendador señor Lizardi Echevarría estará obligado a pa-gar al arrendatario señor Lizardi Díaz, tales mejoras, y si no hu-biere acuerdo, someterán el caso a un árbitro, cuya decisión será obli-gatoria para ambas partes’.
“5º. Que el demandante adquirió la finca rústica que se describe en el hecho segundo de esta demanda a condición de que se confiriera, desde luego, la posesión civil y material de la misma * * * ; que el vendedor demandado aceptó expresamente esa condición, y se obligó, como parte del contrato, a entenderse, seguidamente, con Ramón Li-zardi Díaz, para que dejara el inmueble a la libre, disposición y dis-frute del comprador demandante, sin pérdida de tiempo; debiendo el dicho vendedor pagar por su cargo y cuenta, al arrendatario, el importe de las mejoras o incrementos que hubiere introducido éste en la finca; y que Lizardi Echevarría desatendió ese compromiso, limitándose a dar un simple aviso al dicho arrendatario acerca de la transferencia del inmueble pero prescindiendo y negándose en ab-soluto a liquidar y pagar las mejoras existentes y reclamadas por el arrendatario. ’ ’

La prueba demostró a nuestro. juicio que una vez que se otorgó la escritura, el comprador mandó a un hijo suyo a tomar posesión de la finca quien tuvo un disgusto con el arrendatario. El comprador se amedrentó y no hizo más. Fue demandado por el vendedor en reclamación del precio del primer plazo de la venta y condenado en rebeldía. Y entonces fue que inició este pleito.

Parece que en efecto mediaron algunas promesas por parte del vendedor para facilitar la entrega, pero el hecho de que el vendedor se obligará a echar fuera él mismo al arrenda-tario, ni se hizo constar en el contrato, ni se demostró cum-plidamente por la prueba. El arrendamiento era conocido por el comprador. La compra verificada convertía en dueño al adquirente. Este no estaba obligado a respetar el con-trato de arrendamiento celebrado por el dueño anterior. Si voluntariamente no se avino' el arrendatario a dejar libre la finca, el comprador pudo compelerlo a ello por medio de los tribunales de justicia. Las pruebas practicadas no demues-tran la existencia de una verdadera causa para la rescisión del contrato.

En apoyo de lo expuesto, citaremos la sentencia del Tribunal Supremo de España de 21 de diciembre de 1905. TJno de sus considerandos dice:

‘ ‘ Considerando que el fundamento capital de los dos primeros motivos del recurso consiste en el supuesto "de no haber sido entre-gada al comprador la casa objeto de la escritura de venta de 9 de octubre de 1893; mas como quiera que no es suficiente para asentir a esta afirmación el mero hecho de que la casa estuviese habitada por D, José Linde y hoy por su esposa, con un supuesto derecho, de dominio que no ha sido esclarecido ni juzgado, cuando consta, por el contrario, que la casa objeto de la venta aparecía en el patrimo-nio del vendedor y, como tal, se hallaba inscrita en el registro, que así pudo inscribirla a su nombre el comprador y que éste sabía al adquirirla que la habitaba D. José Linde, al parecer, por mera to-lerancia del dueño, es manifiesto que no son de estimar las infrac-ciones de dichos dos motivos alegados: primero, * * * ; segundo, porque aceptada por Morales dicha venta sabiendo que Linde ha-bitaba la casa objeto de la misma, consintió las consecuencias de tal hecho, incluso la de derecho de reivindicarle, en virtud del título que le transfería su dominio; tercero, porque si D. José Linde, y luego su mujer, han seguido habitando dicha casa, alegando un- in-justificado hasta ahora título de dueño, no es suficiente- este mero hecho y alegación para desconocer la eficacia y consumación de' la venta de que se trata con todos los derechos anejos a ella, incluso el de evicción en su caso contra el vendedor y el valor legal que tiene el otorgamiento de la escritura, a tenor de lo prescrito en el artículo 3462 del Código Civil.” 102 J. C. 917, 925.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada,. '

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la re-solución de este caso.


text:
    Porto Rico Fruit Exchange, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recueso gubernativo interpuesto contra nota del Regis-trador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera,-denegatoria de inscripción de una escritura de arrendar miento. " ■ :,
    No. 413.
    Resuelto en julio 28, 1919.
    Inscripción. — Títulos Contradictorios — Defecto Insubsanable — -Arrenda-miento — Liquidador de Sociedad Mercantil. — La escritura en que una persona da en arrendamiento cierta finca como liquidador de una sociedad es contradictoria con otra escritura de la que aparece que dicha persona, es lp única dueña de la finca por haber adquirido los derechos en ella de los otros socios y constituyendo ésta un título traslativo de dominio puede ser inscrito y tiene que serlo para que pueda ser inscrito el arrendamiento, que de ella haga con su esposa. . , '
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abog’ado del recurrente: Sr. Francisco Soto Gras.

    El registrador recurrido, Sr. Rafael Tirado. Verrier, compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

, Por escritura pública de 25 de' marzo de 1918 don Se-gundo G-onzález Victoria, de estado casado, “en su carácter de único socio interesado, liquidador y dueño absoluto dé!-capital y activo social de la mercantil ‘Pizá y González,’: dL suelta y en estado de liquidación” cedió en arrendamiento^ a la corporación “The Porto Rico Fruit Exchange” dos fin-cas de las que dijo ser dueña la sociedad “Pizá y González”.

Esa escritura fue presentada en el registro de la propie-dad para su inscripción acompañada de otra anterior de 19 de marzo del mismo año en la que comparecieron don Vicente González Victoria, don José Canals Pizá y don Segundo González Victoria y después de exponer que ellos en unión de don Damián Pizá Bisbal habían constituido por escritura pública de 3 de febrero de 1917 la sociedad mercantil “Pizá y González” y que por otra de 17 de agosto de 1917 don Damián Pizá Bisbal cedió y traspasó a favor de los otros tres socios sus derechos y acciones en dicha sociedad, los dos primeros comparecientes hicieron cesión también de sus de-rechos y acciones en dicha mercantil a favor del tercer com-pareciente don Segundo González Victoria, quien por los mé-ritos de esta escritura y de la cesión de Pizá quedó dueño absoluto del capital social de “Pizá y González” y de todo lo que constituye su activo y la declaró disuelta y extinguida totalmente.

El registrador se negó a inscribir el arrendamiento por los 'siguientes' defectos insubsanables contra los cuales inter-puso la corporación “The Porto Rico Fruit Exchange” el presente recurso gubernativo acompañando con los documen-tos relacionados la escritura de cesión otorgada por don Da-mián Pizá Bisbal, a saber:

“Primero. Besultar contradicción, entre los documentos presenta-dos, porque apareciendo de la escritura de disolución que la socie-dad se ha disúelto y sus bienes se han adjudicado a don Segundo González Victoria, sin resultar pasivo alguno y sin que el mismo señor haya quedado con el carácter de liquidador de la sociedad, sino como dueño absoluto de los bienes, en esta escritura el mismo comparece como único interesado, y dueño de los referidos bienes, pero además en concepto de liquidador de dicha sociedad, la cual dice él se halla en liquidación; segundo, que en el caso de que ve-rifique el arrendamiento de las fincas como dueño personal de ellas y ¡en-virtud de. la disolución, tales fincas no se hallan inscritas a su favor como adjudicatario ni se ha solicitado su inscripción, con arre-glo al artículo 20 de la Ley Hipotecaria; y en ese mismo caso de-biendo reputarse gananciales las expresadas fincas no presta el con-sentimiento al contrato su esposa doña Concepción Yera como lo pre-viene el artículo 1328 del Código Civil; y, tercero, que no se lia acre-ditado el traspaso que de sus derechos y acciones sociales se dice ha verificado el socio don Damián Pizá a favor de los tres socios res-tantes no habiéndose en su consecuencia podido calificar el documento en que conste tal traspaso, al cual hace referencia la escritura de disolución.” •

Opinamos con el registrador recurrido que la escritura de arrendamiento es contradictoria con la de disolución por-que en aquella comparece don Segundo González Victoria como liquidador de la mercantil “Pizá y González” arren-dando fincas que dice pertenecen a dicha sociedad, mientras que de la segunda aparece que dicho señor es el único inte-resado y dueño absoluto de cuanto constituye el activo social de dicha mercantil en virtud de las cesiones que le hicieron los otros socios y como tal la declaró disuelta.

Es más, no aparece justificado que el señor González sea liquidador de esa sociedad y antes al contrario la escritura de cesión contiene un traspaso de los derechos de los otros socios en dicha mercantil y por virtud de esas cesiones quedó dueño absoluto el señor González Victoria de todos los bie-nes de la sociedad, constituyendo ese documento un título tras-lativo de dominio a su favor que puede ser inscrito según se resolvió en el caso de Martínez v. El Registrador, 15 D. P. R. 660; título que tiene que inscribir de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Hipotecaria para que pueda inscribirse el arrendamiento que haga de esas fincas como fínico- dueño que es ahora de ellas, con el consentimiento de su esposa se-gún previene el artículo 1328 del Código Civil.

Por lo que hace al tercer motivo del recurso debe presen-tarse en el registro la escritura por la cual don Damián Pizá Bisbal hizo cesión de sus derechos en la sociedad para que pueda ser calificada por el registrador sin que-podamos to-marlo en consideración, a pesar de habérsenos presentado, porque es al registrador a quien incumbe calificarlo y noso-tros no podemos tener en cuenta para resolver el recurso otros documentos que los que el registrador tuvo ante sí.

La resolución apelada debe ser confirmada en cnanto a los defectos insubsanables que menciona y a los cuales se refiere este recurso:

Confirmada la nota recurrida en cuanto a los defectos insubsanables que menciona y a los cuáles se refiere el presente recurso.

Jueces concurrentes: Sres. del Toro y Hutchison.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Wolf no tomaron parte en la resolución de este caso.