author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Melchior, Armstrong, Dessau Company of Delaware, Inc., demandante y apelante, v. Banco Comercial de Puerto Rico, Eduardo Giorgetti y Fernández Vangas y Central Bayaney, Francisco García García, Trustee, demandados y apelados.
    No. 3652.
    Visto: Febrero 16, 1926.

      Resuelto: Diciembre 21, 1926.
    1 Apelación y Error — Partes—Partes Apeladas — Partes Necesarias en Ape-lación. — En General. — Reconocida una deuda en garantía de la cual se cons-tituyó hipoteca, si los bienes hipotecados se traspasan a favor de terceras personas, el deudor directo de las obligaciones es, en. acción para el cobro de dicha deuda, una parte necesaria en dicha aceión.
    2. Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar la Causa— Causa de Error (Writ of Error), Citación o Notificación — Escrito de Ape-lación — Falta de Notificación y Efecto. — La falta de notificar el escrito de apelación! a una parte contraria necesaria en el pleito, esté o no ésta en rebeldía, produce la desestimación de la apelación.
    Moción sobre desestimación de apelación presentada por los ape-lados Banco Comercial y E. Giorgetti.

      Con higar.

      Henry G. Molina y Leopoldo Feliú, abogados de la apelante; Jaime Sifre, Jr., y Horacio Francescíii, abogados del apelado Señor Giorgetti; Gabriel de la Haba y A. Sarmiento, abogados del Banco Comercial, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La corporación Melchior, Armstrong, Dessau Co. of Delaware, Inc., demandó en juicio ordinario en cobro de pesos al Banco Comercial de Puerto Rico y a don Eduardo G-iorgetti alegando que la Central Bayaney de Arecibo re-conoció deber a Melchior, Armstrong & Dessau Co. Inc., la cantidad de $42,514.40 por los cuales le otorgó tres pagarés que están vencidos y no pagados y que para garantía de esa deuda constituyó hipoteca a su favor sobre ciertas fin-cas que describe en la demanda; - que los pagarés han sido endosados a la demandante y que dichas fincas han sido vendidas al Banco Comercial de Puerto Rico, cuyo banco las vendió después a don Eduardo Giorgetti por lo que suplicó fueran condenados los demandados a pagarle los $42,514.40 y que en defecto de pago fueran vendidos esos inmuebles en subasta para el cobro de su crédito.

Por virtud de excepciones previas de los demandados la corte de distrito resolvió que la Central Bayaney debía ser hecha parte demandada y de acuerdo con esa resolución la demandante enmendó su demanda a ese solo efecto agre-gando a ella que la Central estaba en quiebra, que el trustee de la quiebra era don Francisco García y que se condenase al pago a los demandados, así como que si no satisfacían la deuda fuesen vendidos los bienes hipotecados para cobrar su crédito.

La Central Bayaney no contestó la demanda y habiendo sido anotada la rebeldía se celebró el juicio en el que la de-mandante enmendó la súplica de su demanda en el sentido de que los demandados, Banco Comercial de Puerto Rico y el Sr. Giorgetti, fueran condenados a pagar la cantidad re-clamada, y dictada sentencia declarando sin lugar la de-manda ha sido apelada por la demandante sin notificar su apelación a la Central Bayaney, por cuyo motivo los ape-lados, Banco Comercial de Puerto Rico y don Eduardo Gior-getti, solicitaron de este tribunal la desestimación de esta apelación, pero esa petición no fue resuelta entonces por-que acordamos que fuera decidida después de celebrada la vista de la apelación, y como ésta lia tenido lugar tenemos ipie resolver ahora esa cuestión.

Para poder determinar si era necesaria en este caso la notificación de la apelación a la Central Bayaney hay (pie considerar si ésta era una parte contraria en el pleito y si estando en rebeldía debía ser notificada de la apelación.

Según el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil la apelación debe ser notificada al secretario del tribunal donde se dictó la sentencia y a la parte contraria, siendo parte contraria de acuerdo con repetidas decisiones nues-tras aquella que puede ser afectada por la revocación o modificación del fallo apelado. Candelas v. Ramírez et al., 20 D.P.R. 33; In re González, 22 D.P.R. 31; Sucesores de L. Villamil & Ca. v. Solá, 22 D.P.R. 531, y Ramírez v. Ramírez y Sosa, 26 D.P.R. 132.

Sentado lo (pie precede llegamos a la conclusión de que la Central Bayaney es parte necesaria en esta apelación porque siendo la deudora directa de la obligación reclamada la corte inferior pudo mohi proprio disponer su compare-cencia de acuerdo con el artículo 74 del Código de Enjui-ciamiento Civil y que se, le entregara una copia de la de-manda; porque habiendo resuelto la corte a virtud de ex-cepción previa a la demanda que en ella debía figurar dicha central como parte demandada, la demandante enmendó su demanda incluyéndola como demandada y pidiendo que fuera condenada al pago de la deuda que contrajo, por lo que si revocamos .la sentencia apelada podríamos condenar a la central al pago de la deuda que reconoció a Melchior, Armstrong & Dessau Co., Inc., reclamada por la demandante/ a pesar de que en el juicio fué enmendada la súplica de la demanda solicitando condena de pago únicamente contra el Banco Comercial de Puerto Rico y contra el Sr. Griorgetti, pues la súplica de una demanda no es decisiva en los plei-tos, aunque puede tenerse en cuenta para aclarar la de-manda.

La ley dispone que la notificación de la apelación se liará a la parte contraria, sin distinguir entre demandados rebeldes y los que no lo son; y en el caso de Nilliat v. Suriñac, 25 D.P.R. 551, liemos decidido que el beclio de que una parte esté en rebeldía no altera el deber que bay de hacerle la notificación de la apelación, citando otros casos.

La falta de notificación de la apelación a la parte con-traria produce la desestimación de la apelación y por esto la moción de desestimación en este caso debe ser declarada con lugar.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob Wolf,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puesto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Cruz, acusado y apelante.
    No. 2916.
    Visto: Noviembre 29, 1926.

      Resuelto: Diciembre 21, 1926.
    1. Asmas — Portar Armas Prohibidas — Proceso y Castigo — Acusación o Denun-cia — AlegaoionesI en la Misma — Largo del Arma — Cuchillo.—En acusa-ción que imputa la portación de un cuchillo no es necesario alegar el largo de dicha arma,
    2. “Indictment” y Acusación — Requisitos y Suficiencia de la Acusación— De los Delitos Estatutorios — Excepciones y Provisos — Negación de Ex-cepciones o Defensas. — En acusación por portar armas prohibidas no es necesario negar todas las excepciones que la ley contiene.
    2. Armas — Portar Armas Prohibidas — Proceso y Castigo — Evidencia—'Suficien-cia de la Misma. — Dentro de las circunstancias concurrentes en el caso de autos se resolvió que la prueba no demostraba satisfactoriamente que el acu-sado en realidad portaba un arma prohibida.
    Sentencia de R. López Antongiorgi, J. (Guayama), condenando al acusado por delito de portar armas prohibidas.

      Revocada.

      José J. Aponte, abogado del apelante; José F. Figueras, abogado de Fl Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En nna denuncia en qne se imputa la portación de un cuchillo no es necesario alegar el largo de dicha arma, aunque tal detalle sería necesario si se imputara al acusado la portación de un cortaplumas de bolsillo.

Tampoco es necesario negar eni la denuncia todas, las excepciones qne la ley contiene. Estas no forman parte ‘de la definición. El Pueblo v. Cortés, 24 D.P.R. 208, y El Pueblo v. Rosenstadt, 28 D.P.R. 952.

Por otra parte, no estamos satisfechos de qne la prueba demuestra que el acusado en realidad portaba un .arma prohibida. A excepción de un testigo, ninguna otra persona presente vió al acusado en posesión de tal arma. La única persona que así declaró en contra del acusado fue la esposa de un hombre con quien el acusado había tenido rata pelea y ella no demuestra claramente que el acusado ■en verdad portaba el arma. Bajo estas circunstancias, se§úm sugiere el fiscal, accedemos a la revocación de la sentencia.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Benigno Díaz, acusado y apelante.
    No. 2897.
    Visto: Noviembre 23, 1926.

      Resuelto: Diciembre 21, 1926.
    ®«(MINGO-CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS-PROCESOS POR VIOLACIÓN A LA LEY DEL Cierre — Trabajo para Evitar Peligro o Pérdidas. — Cuando una persona, en domingo, utiliza los servicios de varios empleados y la prueba toda tiende a demostrar que el acusado hubiera sufrido considerables pérdidas si no rea-lizaba tal trabajo en dicho día — aparentemente la primera oportunidad para evitar pérdidas — no infringe el artículo 553 del Código Penal tal como quedó enmendado por la Ley No. 18 de 1925 (p. 137).
    Sentenoia de Gabriel Gastejón, J. (Humacao), condenando al acu-sado por infracción al artículo 533 del Código Penal según fué enmendado por la Ley No. 18 de 1925 (p. 137).

      Revocada.

      Antonio L. López, abogado del apelante; José E. Fi güeras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se acusó a Benigno Díaz de infracción a la ley del cie-rre porque un Domingo utilizó los servicios de varios em-pleados para que le hicieran, cierto trabajo. Se alegó en. la denuncia que el trabajo realizado no era urgente o nece-sario y que no se efectuó para evitar peligro o pérdidas-considerables, que son los casos excepcionales establecidos por la Ley No. 18 de mayo 20 de 1925.

Sin embargo, la prueba de ambas partes tendió fuerte-mente a demostrar que Benigno Díaz habría sufrido consi-derables pérdidas si no hubiera cuidado su tabaco el Domingo mencionado en la denuncia. La semana anterior ha-bía sido lluviosa, y el Domingo referido era aparentemente la primera oportunidad que se le presentaba para evitar pérdidas.

A nuestro juicio, éste es más bien un caso de insuficien-cia de prueba que de conflicto de evidencia.

La sentencia apelada debe ser revocada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alberto Jones, acusado y apelante.
    No. 2763.
    Visto: Noviembre 9, 1926.

      Resuelto: Diciembre 21, 1926.
    Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Señalamiento de Errores y Alegatos — De los Alegatos — Señal ají iento- y Discusión de Errores— Su Omisión y Efecto. — Cuando en el alegato presentado existe una discu-sión pero no señala error alguno y la discusión no es meritoria, procede desestimar la apelación interpuesta.
    Mooión sobre desestimación de la apelación presentada por el ape-lado.

      Desestimada la apelación.

      Enrique Lefebre, abogado del apelante; José E. Figneras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal solicitó la desestimación de esta apelación por-que el alegato presentado por el abogado de la defensa no contiene ni un señalamiento de errores ni una disensión se-parada de ellos. En otras palabras, aunque existe una dis-elisión, no se señala error alguno. Hay nna sugestión de que al acusado, que no estaba representado por abogado, no se le celebró juicio de acuerdo con el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, pero no bay nada que demuestre que tal cuestión fue levantada en la corte inferior. También bay una discusión de la prueba. Hubo un conflicto de prueba y el caso se sometió al jurado por ins-trucciones de la corte que no fueron debidamente atacadas. Gomo el alegato deja de cumplir con las reglas de este tribunal y no bailando meritoria la discusión, la apelación debe ser desestimada.

El Juez Asociado Sr. Hutcbison no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado SeñoR Franco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Sabás Pabón, acusado y apelante.
    No. 2887.
    Visto: Noviembre 19, 1926.

      Resuelto: Diciembre 22, 1926.
    1. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Presentación y Reserva en la Corte Inferior de los Fundamentos de Revisión — Objeciones al “ Indictment ' ’, Acusación o Denuncia — En General. — Firmada acusación por uno como fiscal interino y¡ leída aquélla sin cuestionarse entonces — sino en el aeto del juicio — la autoridad de aquél para ejercer las funciones y deberes de un fiscal así como la facultad del Attorney- General para delegar en é'l tales funciones, la objeción así levantada on el aeto del juicio es tardía.
    2. Attorney General — Facultades—En Relación con los Procesos Crimina-les — Designación de Fiscales Especiales. — Teniendo el Attorney General, en relación con los procesos criminales, los poderes todos de un fiscal de distrito, pnede él delegarlos y, en ausencia de prohibición estatutaria expresa, designar fiscales especiales que asuman su representación en determinados ca-sos.
    3 “Indictment" y Acusación — Radicación y Requisitos Formales de la Acu-sación n Denuncia — Radicación o Presentación de las Mismas — Facul-tad de losi Fiscales para Presentar Acusaciones Directas. — Con excep-ción de los delitos cometidos por funcionarios públicos, el sistema de' pre-sentar acusaciones por los fiscales sigue siendo él mismo que prescribe el Có-digo! de Enjuiciamiento Criminal.
    4. Homicidio (Homicide) — “Indictment" y Acusación — Su Suficiencia en General — Acusación por Homicidio Involuntario.' — Una acusación por homi-cidio voluntario que substancialmente alega un aeto ilegal — disparo de un revólver — no un delito grave y que a consecuencia del mismo se causó la muerte de un ser humano es suficiente.

      Sentencia de B. II. Todd, Jr., J. (Ponce), condenando al acusado por delito de liomieidio involuntario.

      Confirmada-.

      Agustín E. Font, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante en este recurso señala en su alegato la co-misión, a su juicio, de los siguientes errores, a saber:

“1. La Corte erró -al desestimar la moción del acusado solici-tando que se archivara la acusación por estar firmada por Francisco R. Flores, quien no está, autorizado por la Ley para firmar acusa-ciones a nombre del Pueblo de Puerto Rico, por no ser un fiscal o representante del ministerio público debidamente cualificado para actuar en tal forma.
“2. La Corte de Distrito cometió error al declarar sin lugar la moción del acusado solicitando el 'archivo y sobreseimiento del caso por no haber sido investigado el cargo por un Gran Jurado.
“3. La Corte de Distrito cometió error al declarar sin lugar la excepción perentoria aducida contra la acusación por el fundamento de que sus alegaciones no perfeccionan el delito imputado.”

I. La acusación en este caso está firmada por Francisco E. Flores como Fiscal interino y el apelante, discutiendo el primer error, sostiene que el cargo de fiscal municipal “at large” que aparece desempeñando Flores no le autoriza para ejercer las funciones y deberes de un fiscal ni menos que el Attorney General pueda delegar en él tales funcio-nes y deberes.

El acusado en el acto de darle lectura a la acusación, hizo la alegación de inocencia, sin haber levantado la cuestión que se suscita por este error. Dejó para plantearla en el acto del juicio cuando ya era tarde para hacerlo. El caso de El Pueblo v. Aponte, 9 D.P.R. 3-86, no sólo resuelve el punto técnicamente sino que entra en los méritos diciendo:

“Es evidente que el Attorney General, no solamente tiene las mismas facultades que el fiscal de cualquier distrito, sino que puede encomendarlas a cualquier agente especial, porque solamente es el que puede juzgar con respecto a la necesidad que exija el nombra-miento de dicho abogado especial.
* ■ * * * * , # *=
“Por lo tanto, el Attorney General necesariamente debe tener la facultad de ser representado por otras personas a menos que haya algún precepto absoluto de ley que lo prohíba, el cual no hemos podido encontrar.”

Véanse además los casos de El Pueblo v. Rivera, 9 D.P.R. 505; El Pueblo v. Meléndez, 9 D.P.R. 550; y El Pueblo y. París, 25 D.P.R. 111.

II. Para fundar el segundo motivo de error sostiene en substancia el apelante que si por un lado la ley que esta-bleció el Gran Jurado, aprobada en junio 18, 1919, (1919 p. 303), transformó y varió radicalmente el sistema de presen-tar acusaciones los fiscales, la enmienda de que fue objeto dicha ley en agosto .28 de 1925 (p. 798), no restableció aquel sistema y los fiscales actualmente no tienen facultad para acusar en la forma que lo hacían antes de aprobarse la ley del Gran Jurado.

Este argumento parte de una falsa premisa, y es, que la Ley del Gran Jurado había derogado aquellas disposiciones del Código de Enjuiciamiento Criminal que regulaban el procedimiento de los fiscales para presentar acusaciones directamente ante la corte. De acuerdo con la sección 21 de la Ley del Gran Jurado, los fiscales presentaban to-dos los cargos por delitos de su competencia en forma de acusación, aportando toda la evidencia del caso. Este era un sistema de procedimiento que si bien no podía entenderse como una acusación que se presentaba directamente a la corte, no significaba una derogación expresa de este último procedimiento, y la mejor explicación de que tal no fué la intención de nuestra Legislatura se puede ver de la misma Ley No. 98 (Leyes de 1925, p. 798) que enmendó la sección l'-1 de la Ley del Gran Jurado en la siguiente forma:

“'Sección 1. — Todo delito grave (felony) que se imputa a un funcionario público por razón de actos realizados en el ejercicio de sus funciones deberá ser perseguido mediante acusación del Gran Jurado presentada ante la corte que tenga jurisdicción en el caso.
“Todos los demás delitos se perseguirán en la forma prescrita por el Código de Enjuiciamiento Criminal.”

Así es que con excepción de los delitos que expresamente se especifican, cometidos por funcionarios públicos, el sis-tema de presentar acusaciones por los fiscales sigue siendo el mismo que prescribe el Código de Enjuiciamiento Criminal.

III. [4] Por este error parece que se ataca la suficien-cia de la acusación. Esta, en lo pertinente, lee así:

“El referido Sabás Pabón con anterioridad a la presentación de esta acusación, o sea el día 16 de diciembre de 1925, y en el tér-mino municipal de Juana Díaz, que forma parte del distrito judicial de Ponce, Puerto Rico, ilegalmente, hizo uso de un revólver cargado con balas de plomo y haciendo con dicha arma un disparo, hirió al ser humano Elíseo Rodríguez en la región superciliar izquierda muriendo momentos después a consecuencia de dicha herida de bala.”

El artículo 203 del Código Penal literalmente' dice:

“Homicidio es dar muerte ilegal a un ser humano sin que me-die malicia. Es de dos clases:
“1. Voluntario: cuando ocurre con ocasión de una súbita pen-dencia o arrebato de cólera.
“2. Involuntario: cuando ocurre al realizarse un acto ilegal, que no constituyere delito grave (felony) ; o al realizarse un acto legal que pudiere ocasionar muerte en forma ilegal, o sin la debida prudencia y circunspección.” >

La acusación tal vez pudo ser más explícita, pero ella en esencia contiene los elementos constitutivos del delito de homicidio involuntario. La acusación ‘substancialmente alega un acto ilegal como lo es el disparo de un revólver, que no es un delito grave, y que a consecuencia del- mismo causó la muerte del ser humano Eliseo Rodríguez.

Por todo lo expuesto debe confirmarse la sentencia ape-lada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la re-solución de este caso.


text:
    Margarita Morales Cintrón, recurrente, v. El Registrador de San Germán, recurrido.
    No. 650.
    Sometido: Noviembre 2, 1926.

      Resuelto: Diciembre 22, 1926.
    1. Información de Dominio — Inscripción—En General. — Que del Registro apa-rezca que el promovente 'adquirió las Aneas por herencia testada y la decla-ración de dominio consigne que fué por herencia nq puede surgir duda de si él es el único heredero o no y menos cuando se alega en la corte inferior que las Ancas se adquirieron como único heredero y la corte lo declara único dueño por herencia.
    2. Información de Dominio — Inscripción—Denegatoria de Inscripción — Fun-damentos Insuficientes — Anteriores Dueños o Causahabientes — Omisión de Expresarse la Forma en que Fueron Citados. — Constando en nna, de-claratoria de dominio el procedimiento seguido y apareciendo de ella que fueron citados los anteriores dueños y que se publicaron los edictos corres-pondientes, el recurrente no tiene que acreditar ante el registrador la forma en que tales edictos y citaciones se hicieron.
    Nota de Luis Capó Matres, E. (San Germán), denegando inscrip-ción de nna resolución aprobatoria de dominio.

      Revocada.

      José Sabater, abogado del recurrente; El Registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Margarita Morales Cintrón ba interpuesto este recurso gubernativo para qne ordenemos al Registrador de la Pro-piedad de San Germán qne inscriba la declaración de domi-nio que a su favor hizo la Corte de Distrito de Mayagüez de dos fincas rústicas las qne el registrador no ha inscrito por lo siguiente:

DeNEgada la inscripción del precedente documento, que es una certificación expedida el día once de agosto corriente por Enrique Báez, refrendada por Narciso Cuevas, Secretario y Subsecretario, respectivamente de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ma-yagüez, creditiva del auto-aprobatorio dictado por el Hon. Charles E. Foote, Juez de dicha Corte en la propia fecha y en el Caso Civil No. 11755 y tomada en lugar de dicha inscripción anotación pre-ventiva por el término legal de ciento veinte días a favor de la promovente margarita morales y ointrón a los folios 168 y 225 vueltos del tomo 62 del ayuntamiento de Cabo-Rojo, lincas No. 2498 y 2498 anotaciones letras “B” por observarse que de los anteceden-tes que existen en este Registro, que son las anotaciones que por 120 días se tomaron a los folios 167 y 224 del citado tomo y número de fincas anotaciones letras “A” aún vigentes, se trató de inscribir-dos hipotecas constituidas por la promovente en este expediente de dominio, Margarita Morales y Cintrón; la primera a favor de Julio P. Castro y Ramón López Llaque, sobre las fincas a que se contrae dicho expediente, según escrituras números 95 y 99 otorga-das en la ciudad de Mayagüez ante el Notario José Sabater y Gar-cía a veinte y veinticinco de abril último respectivamente, y cuyas hipotecas fueron denegadas por no aparecer las fincas hipotecadas inscritas a nombre de la deudora promovente, ni de ninguna otra persona, y se hace constar en dichas anotaciones de las hipotecas denegadas, que la promovente adquirió las fincas por herencia tes-tada de su padre Florencio Morales y Núñez que falleció en el pueblo de Cabo-Rojo en el mes de septiembre de 1887, siendo ella, la promovente la única heredera, y no obstante tal promovente, en el aludido expediente sólo alega que las mencionadas fincas las hubo por herencia; tales manifestaciones y resultancias del Registro ha-cen necesariamente, que surja una duda razonable que impide la inscripción del expediente relatado, porque no se puede venir en co-nocimiento si real y efectivamente y por virtud de- dicha disposi-ción testamentaria, que se dice hecha por Florencio Morales y Nú-ñez, su hija, la promovente, es la única heredera de aquél y en tal virtud, si dichas fincas pertenecen a ella solamente, o por el contra-rio existen otros herederos con algún derecho o participación en los aludidos inmuebles; y observándose asimismo que de la copia de la referida certificación donde se inserta el auto aprobatorio antes ya dicho, no se hace constar, cuándo, en qué periódico, de qué pueblo o ciudad en esta isla, por qué término y veces fueron publicados los edictos, lo cual es necesario hacerse constar, no constando tampoco en la forma que se ordenó la citación de los anteriores dueños y causa-habientes de la referida finca, si fueron citados personalmente o por •medio de edictos, cuyas circunstancias y datos deben expresarse, para poder calificar el documento presentado, en el sentido de ver si se ha seguido en la instrucción de tal expediente el debido procedimiento de ley, en cuanto a lo que determina en este último caso, el artículo trescientos noventicinco de la Ley Hipotecaria en sus incisos uno y dos. Por las razones alegadas y aplicando por analogía lo resuelto por el Tribunal Supremo de esta Isla en diferentes resoluciones y sobre todo en el caso de Martínez e Hijo vs. el Registrador, reportado en el tomo veintidós, página setecientos cincuenta y cinco y el caso de Vázquez vs. el Registrador 7 D.P.R., página quinientos eua-rentiocho — San Germán Agosto 28 del año de mil novecientos veinte y seis. — Enmendada “denegadas” entre líneas y manuscrito “del Registro”: Valen. — Firmado, Luis Capó Matres, — Registrador.”

Uno de los motivos que según esa extensa nota tuvo el registrador para negar la inscripción del dominio fué que el registrador tiene duda de que la promovente sea la única heredera de su padre porque según dos anotaciones que existen en el registro ella adquirió las fincas por herencia testada de su padre mientras que en la declaración de dominio se expresa que la adquirió por herencia.

La duda que el registrador de San Grermán dice tener es irrazonable e ilógica porque del hecho de aparecer de las anotaciones del registro que la recurrente adquirió las fin-cas por herencia testada y de que en la declaración de do-minio se consigne que las adquirió por herencia, sin expre-sarse si fué testada o nó, podría surgir duda sobre si su do-minio procede de herencia testada o intestada pero nunca de si es la única heredera o nó, ya que puede otorgarse tes-tamento o. hacerse una declaratoria de herederos aunque haya un solo heredero, aparte ■ de que habiendo alegado la peticionaria en la corte que había adquirido las fincas como única heredera de su padre y habiendo declarado la corte que ella es la única dueña por herencia, tal declaración pre-supone que probó ser la única heredera.

En cuanto al otro motivo de la negativa de inscripción diremos que siendo uno de los fundamentos de la corte de distrito para aprobar la información de dominio a favor de la peticionaria que se admitió la información por ella ofrecida, que fueron citados los anteriores dueños, que se publicaron los edictos correspondientes, que se practicó la

prueba en corte abierta, que se dio traslado del expediente al Ministerio Fiscal, que se emitió informe favorable y qne persona alguna hizo oposición, no tenía la recurrente nece-sidad de acreditar ante el registrador la forma en que tales edictos y citaciones se hicieron porque el registrador no está autorizado para calificar los fundamentos de' las reso-luciones de los tribunales, según hemos declarado repetidas veces, ni eran necesarios tales datos para practicar la ins-cripción porque" no los requiere el artículo 9 de la Ley Hi-potecaria referente a lo que ha de hacerse constar en las inscripciones ni su concordante el- 63 de su reglamento, apli-cable a las inscripciones de dominio y de posesión según el artículo 440 del mismo reglamento, aunque haciéndose constar además las circunstancias particulares que conven-gan al caso, según resulten de los documentos presentados al registro para obtener la inscripción. El artículo 395 de la Ley Hipotecaria citado por el registrador en su funda-mento para que la recurrente tenga que acreditar ante él las circunstancias que le exige no es aplicable, pues dicho precepto sólo tiene por objeto determinar la manera cómo han de tramitarse en la corte los expedientes de dominio; ni tampoco las sentencias por él citadas, pues el recurso de Machuca e Hijos v. El Registrador, 22 D.P.R. 755, no se re-fiere a inscripciones de dominio sino a los requisitos que debe contener una escritura de venta judicial para que pueda ser inscrita; y en el de Vázquez v. El Registrador, 7 D. P.R. 548, se negó propiamente la inscripción de una decla-ración de dominio porque la resolución de la corte se limitó a declarar justificado el dominio sin hacer constar el pro-cedimiento seguido y sin contener los requisitos que ha-bían de hacerse constar en la inscripción, lo que no ocurre en el caso presente en el que la declaración de dominio he-cha a favor de Margarita Morales Cintrón contiene todos, los requisitos que ^e necesitan. para inscribirla.

La, nota recurrida debe ser revocada y ordenarse la ins-cripción.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte' en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    José María Solís Martinó, demandante y apelante, v. Manuel Castro Oriazabala, demandado y apelado.
    No. 3978.
    Visto: Noviembre 19, 1926.

      Resuelto: Diciembre 23, 1926.
    Injunction — Materias Objeto de Protección y remedio — Bienes, Traspasos y Gravámenes — Injunction para Recobrar la Posesión — Cuestiones a Considerar y Resolver — Posesión Como Cuestión de Hecho. — Dentro del procedimiento sumario de una demanda de injunction para recobrar 'la pose-sión material de proxiiedad inmueble, sólo la posesión, como cuestión pura-mente de lieeho, es el verdadero issue a deeidir.
    Sbntenoia de Gabriel Gaste jón, J. (Humacao), declarando sin lu-gar la demanda de injunction, con costas.

      Revocada.

      Antonio L. López, abogado del apelante; Joaquín Tendrell, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La acción interpuesta en este caso es la de injunction para recobrar la posesión material de propiedad inmueble siguiendo el procedimiento que regula la Ley No. 43, apro-bada en marzo 13, 1913, según fué enmendada por la Ley No. 11, aprobada en noviembre 14, 1917.

El demandante, que es usufructuario de cierto solar que se describe en la demanda, radicado en la ciudad de Caguas y colindante con otro solar que usufructfia el demandado, alega que dicho demandado le ha despojado de la posesión material de una porción de solar que también describe, con-sistiendo los actos de despojo en haber el demandado le-vantado una cerca de madera y tela metálica que indepen-dizó dicha porción de terreno del resto del solar del deman-dante, impidiendo a éste el uso del mismo.

El demandado negó este hecho esencial de la demanda y como defensa especial alegó que el demandante mensuró y deslindó sn solar con posterioridad a la fecha de estar en posesión del solar que usufructúa el demandado sin poner en conocimiento de éste el hecho de tal mensura ni habér-sele dado oportunidad para presenciarla.

La corte inferior declaró sin lugar la demanda por las razones que se expresan en la opinión emitida, la cual dice así:

“Las partes contendientes en este caso son propietarias de dos fincas rústicas sitas en la ciudad de Caguas, y las cuales se descri-ben en la demanda y en la contestación.
“Ambas fincas colindan entre sí, la del demandado por su fondo y la del demandante por el este que es su izquierda entrando.
“Por la evidencia aportada al juicio han quedado probados los siguientes hechos:
“Que el demandante José Ma. Solís es dueño de una casa te-rrera de madera techada de zinc, situada en la ciudad de Caguas, marcada con el No. 15, de la calle de Campio Alonso, enclavada en un solar propiedad del municipio y cuyas colindancias se describen.
“Que el demandado Manuel Castro a su vez es dueño de otra casa de altos y bajos fabricada de cemento, ubicada en la calle de Acosta, de Caguas, en solar del municipio de Caguas, mareada con el No. 62.
“Que ambas propiedades son colindantes, la del demandante por su izquierda entrando que es el este y la del demandado por su fondo, existiendo entre ambas una porción de terreno como de tres metros de frente, que colinda por su frente con la calle Campio Alonso; por su fondo con un martillo que forma la casa del deman-dado Castro; por su derecha, con la casa del demandante Solís y por su izquierda, por el fondo de la casa del demandado Castro.
“Sobre esta porción de terreno el demandado ha levantado una cerca de madera y el demandante alegando tener la posesión de dicho terreno, establece la presente acción de injunction para recobrar la posesión de la cual ha sido privado por los actos del demandado.
“Se ha presentado en este caso por ambas partes prueba docu-mental y testifical así como la de inspección ocular del Juez.
“La contienda pues se reduce a determinar a quién correspondo 1a, posesión del terreno existente entre ambas propiedades.
“Según la prueba del demandante Solís, el solar por él usufruc-tuado tiene una capacidad de once metros cincuenta centímetros (11.50 m.) de frente y el demandado Castro sostiene como exten-sión del suyo la de diez y siete metros con sesenta centímetros (17,60 m.) de fondo.
“Para probar estos hechos se han presentado por las partes cer-tificaciones del Municipio de Caguas, tendentes a sostener ambas alegaciones.
“Pero al practicar la inspección ocular y tomar sobre el terreno las correspondientes medidas en relación con la superficie de terreno ocupado por ambos litigantes, tomando como punto divisorio la em-palizada puesta por el demandado, ya que se alega que con ella se priva al demandante de la posesión en que estaba, nos encontramos con que el demandante ocupa un solar contando hasta la empalizada de nueve metros sesenta centímetros (9.60 m.) y si le añadimos la mitad del callejón que queda al lado contrario o sea la derecha en-trando ascendente a 0.40 m. tendríamos un solar de diez metros de frente en su favor, faltándole por tanto para completar su título un metro cincuenta centímetros (1.50 m.).
“En cuanto al demandado, su título arroja una medida, como ya dijimos, de diez y siete metros sesenta centímetros (17.60) de fondo, y según las medidas por nosotros tomadas, siempre hasta la empali-zada, él ocupa una extensión de diez y ocho metros veintidós centí-metros (18.22 m.)-teniendo un exceso de 0.62 m. sobre su título.
“Resumiendo la cuestión de la inspección resulta que al deman-dante le falta 1.50 m. de su solar y el demandado ha ocupado im-propiamente con la empalizada una extensión de 0.62 m., no demos-trando en modo alguno los títulos que el demandante tenga derecho a la posesión de la porción de la totalidad del terreno que existe entre ambas propiedades, según se alega.
“En cuanto a los títulos, queremos hacer constar que nos me-rece más crédito el del demandado que es una certificación de la concesión original del solar a Fabiana Díaz de la cual trae él causa, y en cambio el del demandante lo compone un certificado de ciertas constancias del Municipio ordenando un replanteo de los límites del solar, pero no han venido a nuestra consideración la concesión original ni se ha alegado ni probado el porqué de esta omisión y la razón de haberse hecho un replanteo ni expresarse el título que sir-vió de base al mismo.
. “En cuanto al hecho de la posesión en sí, nos parece muy dudosa que haya estado solamente en poder del demandante y nos atreve-mos asegurar que el terreno en cuestión ha sido usado constante-mente por inquilinos de ambos litigantes, especialmente los del de-mandado Castro, pues la última habitación del martillo que forma su edificio y es el fondo del terreno en discusión, tiene su entrada principalmente por el sitio objeto dé esta contienda.
“Por lo expuesto, entendemos que no habiendo probado el de-mandante que él tenga derecho únicamente al terreno que existe li-bre entre ambas propiedades, la demanda se declara sin lugar, con las costas al demandante, por establecerlo así la ley, pero sin hono-rarios de abogado, teniendo en cuenta que el demandado se ha ex-cedido al poner la empalizada en los límites del solar, de acuerdo con su título.”

La lectura de la opinión del juez sentenciador, así como un examen que hemos hecho de la prueba producida por las partes en el juicio, nos lleva a la conclusión de que el pro-cedimiento seguido no se ajustó a la naturaleza especial de los injunctions (interdictos) para retener y recobrar la posesión material de propiedad inmueble. No se limitó el debate a esclarecer el simple hecho de la posesión sino que fué más allá determinando y adjudicando el derecho a la posesión de la porción del solar en controversia como si se tratara de un juicio ordinario.

El artículo 448 del Código Civil Eevisado es una repro-ducción literal del artículo 446 del Código Civil Español, y es una disposición que independiente del principio que es-tablece de que todo poseedor tiene que ser respetado en su posesión, hace al mismo tiempo referencia al procedimiento civil para hacerlo efectivo. Dicho artículo 448 dice:

‘ ‘ Todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión; ■ si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimientos esta-blecen. ’ ’

Aunque pudiera decirse que la declaración que se hace ■ on cuanto al procedimiento a seguir por ser el Código Civil una ley substantiva, es de mera referencia, es impor-tante, sin embargo, saber que los legisladores españoles al redactar el artículo 446 sin duda se referían a los interdic-tos de retener y recobrar la posesión material, cuyo pro-cedimiento sumario regulan los artículos 1651 y siguientes de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil.

En el mismo orden de ideas esta Corte Suprema en el caso de Mattei v. Badillo, 21 D.P.R. 171, penetrando en la intención de la Legislatura de Puerto Rico, se expresa así:

“Antes (le publicarse el vigente Código de Enjuiciamiento Civil, la antigua ley procesal tenía establecido el interdicto para recobrar la posesión en casos como el presente, y por si este procedimiento se entendía derogado por el nuevo Código de Enjuiciamiento Civil, quiso la legislatura restablecerlo en cierto modo por la bey No. 43 de que dejamos heclio mérito.”

Manresa al comentar el artículo 446, supra., del Código Civil antiguo, en relación con los interdictos de retener y recobrar, define la naturaleza de éstos, diciendo:

“Los interdictos, siguiendo la definición que de ellos dan los autores de procedimientos, son irnos juicios sumariamos, que tienen por objeto el decidir interinamente sobre el hecho de la posesión sin perjuicio del derecho de los interesados, o suspender o evitar uu hecho que nos perjudica. Reciben también ese nombre las acciones concedidas al poseedor para obtener ese mismo resultado.
“Por su propio carácter, las resoluciones en ellas recaídas no deciden nada en definitiva, y son siempre sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho. Después de los interdictos puede siempre seguirse un juicio más amplio, en el que se aleguen, examinen, dis-cutan y resuelvan las cuestiones relativas al derecho. x\Ti podía ser de otro modo, toda vez que, en lo que a nuestro estudio interesa, la posesión de hecho puede tener a su favor la presunción del derecho a poseer; más tal presunción cede forzosamente ante una prueba en contrario; prueba, que, como referente al derecho y no al hecho, no cabe ni prospera dentro de la naturaleza del interdicto.” Mau-resa, Coment. Cód. Civ., tomo 4, págs. 209, 210.

La teoría ele la demanda es. que el demandado ha. des-pojado al demandante desde un mes antes de la radicación de la demanda, de la posesión material de un pedazo de solar de tres metros (le frente por ocho metros treinta centí-metros de fondo, estableciendo una cerca que independizó la porción de terreno cercada del resto del solar, impidién-dole el uso del mismo al demandante. Aunque el deman-dado negó haber levantado dicha cerca, la corte inferior de-claró probado, y así , resulta de la evidencia, la existencia de tal acto realizado por el demandado. No se le dió, sin embargo, toda la importancia que ello significaba dentro del procedimiento sumario de una demanda de injunction para recobrar la posesión material de propiedad inmueble. No se tuvo en cuenta únicamente la posesión como cuestión pu-ramente de hecho, siendo éste el verdadero issue para de-cidir, y al procedimiento se le dió una mayor amplitud en-trándose en el terreno del derecho a la posesión por las partes.

La prueba documental del demandado, así como la men-sura que se hizo de los solares en el acto de la inspección ocular con vista de los títulos, tendió más bien a poner en claro el derecho a la porción del terreno cercado como for-mando uno u otro solar, según los títulos.

La controversia en estos procedimientos sumarios está tan circunscrito al hecho tangible de la posesión, que el injunction para retener o recobrar la posesión se puede a veces instituir contra el verdadero dueño. Manresa a este respecto dice:

“Prescindiendo de la ley de Enjuiciamiento civil, tiene derecho a utilizar los interdictos todo poseedor, con arreglo al art. 446; y es poseedor, según el 430, el que tiene la cosa o disfruta el derecho, con o sin la intención de haberlos como suyos.
“No cabe duda, por lo tanto, de que lo mismo el poseedor civil que el poseedor natural, lo mismo el que posee en concepto de dueño que el que posee en concepto de no dueño, pueden ejercitar los in-terdictos. Los que poseen en nombre de otro, gozan de igual facul-tad, aunque no por derecho propio, sino representando la persona-lidad del verdadero poseedor, en cuyo nombre poseen.” Manresa, Coment. Cód. Civ., tomo 4, 3a. edición, págs. 210, 211.

Las acciones posesorias (interdictos), dice Laurent, se conceden en razón de una presunción de propiedad. Hay un motivo de orden público; si la perturbación y la violen-cia se traducen en hechos, la ley no puede permitirlas, aun cuando sean ejercitadas por el que pretende tener derecho sobre la cosa, pues si tiene alguno, debe reclamarlo ante los tribunales. Scaevola, Comentarios al Código Civil, tomo 8, p. 365.

Repetidas son las decisiones de esta Corte Suprema en las que se sostienen iguales principios, reduciendo el papel de los interdictos a ventilar el simple hecho de la posesión.

'‘En los procedimientos de injunction para recobrar la posesión, al igual que en los casos de desahucio, no puede resolverse un con-flicto de título, pues sólo está envuelto el derecho inmediato de posesión.” Ortiz v. Silva et al., 28 D.P.R. 384.
“El hecho de que el dueño de una finca rústica no se oponga a la práctica de mensura y deslinde de una propiedad colindante con la suya no le priva de su derecho a acudir al remedio de injunction que provee la ley de marzo 13, 1913, al objeto de recobrar cualquier porción de terreno de que se le hubiera desposeído sin su consenti-miento como consecuencia de la mensura y deslinde, el cual no da ni quita derechos y deja intactas las cuestiones de posesión y pro-piedad, pues su único fin es aclarar y fijar la división y límites de las fincas, evitar que se confundan o desaparezcan los antiguos lin-deros y prevenir los pleitos que de tal confusión pudieran origi-narse.” La O, v. Rodríguez, 28 D.P.R. 636.

En el caso de Somonte v. Mimoso, 27 D.P.R. 402, se dijo:

"La cuestión de qué constituye la verdadera colindancia no puede propiamente decirse que esté envuelta en el caso y no de-bió haber sido traído al caso ni considerada por la corte. Las cir-cunstancias mencionadas con respecto a las mensuras y su resultado son igualmente impertinentes. Ni el arrendamiento de la finca co-lindante al demandado, ni el contenido de los títulos y notas de mensura en su poder, ni la nueva mensura hecha por él, crean de-recho alguno para incautarse por medio de fuerza y violencia de ninguna parte de tal finca, de la cual la demandada tenía la pose-sión real. La ley de 1913 tiene claramente como fin primordial el impedir que se utilicen esos medios y obligar a que se recurra a las cortes.”

La corte inferior, por otra parte, resolviendo una mo-ción para que se reconsiderara la sentencia, llega a la con-elusion “de que la perturbación en este caso que alega el demandante por parte del demandado es una perturbación de derecho, ya que el demandado Castro, alega un derecho-a llevar a cabo el acto que ha realizado y por tanto es' im-procedente el interdicto en tales condiciones, ya que el mismo sólo procede cuando la perturbación es meramente-de hecho, arbitraria en sí y sin derecho alguno por parte del perturbador para llevarla a cabo.”

El juez inferior se funda en el comentario que hace Manresa al artículo 446 del Código Civil antiguo diciendo que el principio general de que los interdictos pueden en-tablarse contra toda persona que realice actos de perturba-ción o despojo, aunque sea el mismo dueño, admite una ex-cepción de importancia y es cuando la persona que per-turba o arrebata la posesión obra en virtud de un derecho que le corresponde.

Aparte de que en ninguno de los ejemplos que especi-fica Manresa pueden comprenderse las circunstancias de este-caso, nos parece que la excepción se funda en que si bien la mala fe de un poseedor es difícil, si no imposible fijarla a priori en los interdictos, no pueden considerarse, sin embargo, verdaderos poseedores el tenedor por actos mera-mente tolerados y el tenedor clandestino y el violento. “Le-galmente entendemos que no pueden utilizar los interdictos de retener y recobrar, al menos contra el poseedor que los tolera o a quien han despojado.” Manresa, vol. 4, págs-212, 213. Consecuente con estos principios este autor cita la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Es-paña en la sentencia de 14 de octubre de 1890, de que no pueden prevalecer en juicio ordinario los efectos de un acto restitutorio en favor de personas que no tienen la posesión civil ni material. Scaevola, de igual modo, tratando la misma materia y refiriéndose a la jurisprudencia citada, fija con precisión el carácter sumarísimo de este procedi-miento de injunction y el verdadero alcance de aquella ju-risprudencia, expresándose así:

“Es incuestionable que el poseedor de buena le debe ser ampa-rado en su posesión; ¿alcanzará el beneficio al poseedor de mala fe? Claro es que si constase la existencia de la mala fe, no podría ser amparada la posesión que adoleciese de este vicio; pero la buena o’ mala fe es cuestión de índole privada, afecta a la conciencia más que a la ley, y es, por tanto, difícil, si no imposible, fijarla a pi'iorí. Por eso decíamos en el comentario del art. 434 que debiendo surgir de la controversia la depuración de la buena o de la- mala fe, en tanto no se abra la discusión jurídica y se defina una situación de hecho para la aplicación del derecho correspondiente, el estado po-sesorio habrá que reputarlo de buena fe y protegerlo con los me-dios defensivos que la ley tiene establecidos. Además, la ley presume siempre la buena fe mientras no se pruebe lo contrario.
“Es verdad que existen casos (mencionados en el comentario de los artículos 433 y 434) en los cuales puede presumirse desde luego la mala fe; pero esto no es aplicable al interdicto, al menos en nuestra legislación positiva, porque en aquél sólo se discute el he-cho de la posesión, sin dilucidar nada acerca de la cualidad con que se posee. El art. 1652 de la ley procesal civil exige información sólo sobre el hecho de hallarse en la posesión o en la tenencia de la cosa, y el de haber sido inquietado o perturbado en ella o temer serlo. Probando estos particulares, la ley otorga su protección, sin entrar a examinar el título de la posesión, para lo cual reserva el procedimiento amplio del juicio ordinario.
“Dos sentencias del Tribunal Supremo parecen desmentir nues-tra afirmación, por cuyo motivo conviene estudiarlas.
“Es una la de 10 de Junio de 1885, según-la cual, al tenedor precario y de mera tolerancia no le es lícito proponer interdicto de despojo en nombre propio, para lo cual carece de derecho,’ refirién-dose al caso en que una persona disfrutaba una parte de una finca por pura condescendencia del propietario. Es la otra la de 15 de Octubre de 1890, declarativa de que ‘la posesión y la tenencia de-recha no se ganan por fuerza, ni por hurto, ni por precario, pues sólo pu§de ser amparado en ellas quien las haya por título y buena fe y por tiempo de año y día, a tenor de la ley 3a., título VIII, li-bro XI, de la Novísima Recopilación, y cuando no concurran estos elementos, puede el dueño cobrar la posesión, según dispone la ley 10 del título XXX de la Partida 3a.’
“Refiérese la sentencia al siguiente hecho. El criado del pro-pietario de un fundo labraba este último en su cualidad de tal criado. Alegando hallarse en posesión de la finca, formalizó. inter-dicto contra su dueño. Prosperó el interdicto, e interpuesto el juicio ordinario, el Tribunal Supremo pronunció la sentencia, uno de cu-yos considerandos hemos transcrito.
“Agrádanos la doctrina de las'sentencias expuestas; nos parece muy acomodadas a los principios rigurosos de justicia, pero enten-demos que no cercenan ni destruyen la* materia de la protección po-sesoria, o sea de los interdictos. Que el poseedor de mala fe no es poseedor, y no debe ni puede adquirir la posesión, conformes esta-mos con ello; mas lo que decimos es que la protección posesoria, condensada en el interdicto, no admite la discusión acerca de la buena o mala fe del poseedor, porque en este caso estaría de más el juicio ordinario. Demuéstranlo las mismas dos sentencias cita-das; donde se probó la mala fe de los poseedores, o mejor dicho, de los tenedores de las fincas, objeto del interdicto, no fué en este procedimiento sumarísimo, sino en el juicio plenario que le subsi-guió, autorizado por el art. 1,658 de la ley de Enjuiciamiento Civil.
“En el interdicto sólo se permite discutir sobre el hecho de la posesión, no sobre el derecho a la misma, que es lo que implica el fondo de las decisiones del Tribunal Supremo expuestas. Si se to-lerase contender respecto del título de la posesión, tocante al derecho con que el tenedor posee la finca, perdería su naturaleza el inter-dicto y estaría de más en la ley éste o el juicio ordinario para dis-cutir ampliamente la posesión y la propiedad, debiendo fundirse en un solo juicio.” Scaevola, Coment., Cód. Civ., tomo 8, págs. 373-375.

Scaevola también relaciona con el artículo 446 el artículo 1560, equivalente este último al 1463 de nuestro Código Civil Eevisado, y en la página 377 del mismo tomo sigue diciendo:

“No puede existir perturbación cuando, a la inversa, el particular o la Administración obran en virtud de un derecho qué les co-rresponde. Esta idea que, con relación al arrendamiento, expone el art. 1,560 del Código, es exacta y conviene generalizarla a todos aquellos casos donde existe igual razón.
“Así, }3or ejemplo, si el dueño desahucia al arrendatario en uso de su derecho, es evidente que no comete acto alguno de perturba-ción. ’ ’

La corte inferior cita además como aplicables la juris-prudencia sentada en los casos de Martínez v. Soto, 32 D.P.R. 607, y Municipio de Comerío v. Rivera, 34 D.P.R. 410. Estos casos, sin embargo, no tienen aplicación alguna al presente, pues fueron establecidos y resueltos bajo la ley para definir “injunctions”, etc., aprobada en marzo 8, 1906. En el caso de Martínez, supra, si el derecho del peticiona-rio hubiera sido claro, su petición hubiese prosperado, pero en los injunctions para retener y recobrar la posesión lo que se dilucida es simplemente una cuestión de hecho y no de derecho y su esfera de acción está bien limitada.

Debemos considerar la última conclusión del juez inferior en cuanto al hecho de la posesión en sí, en la que dice ser muy dudoso que haya estado solamente en poder del demandante, afirmando que el terreno en cuestión ha sido usado constantemente por inquilinos de ambos litigantes.

La corte, sin embargo, declaró probado asimismo que el demandado cercó la porción de solar que se discute, hecho negado rotundamente por dicho demandado en su contesta-ción y admitido de una manera evasiva en su testimonio, y que el demandado ha ocupado impropiamente con la empa-lizada una extensión de 0.62 ni., como demuestra la opinión de la corte al eximir al demandante del pago de honorarios de abogado. Pero de todos modos, aunque se admitiera que inquilinos de ambas partes contendientes usaran del terreno que ha cercado el demandado, razón de más para que la corte sostuviera la situación de hecho existente, cuando por otro lado el demandante también declaró que si los inquili-nos del demandado tal hacían era por su mera tolerancia.

Por todo lo expuesto debe revocarse la sentencia ape-lada y dictarse otra declarando con lugar la demanda, sin especial condenación de costas.


author: El Juez Asociado Señor ’Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Emilio Segarra, acusado y apelante.
    No. 2975.
    Visto: Diciembre 21, 1926.

      Resuelto: Diciembre 23, 1926.
    1. Asmas — Portar. Asmas Prohibidas — Proceso y Castigo — Uso del Arma-— Portación Permitida por Ley. — Cuando una persona porta un machete en el cumplimiento de sus quehaceres ordinarios, el hecho do que entonces haga uso ilegal de dicha arma no lo hace culpable del delito de portar armas pro-hibidas.
    2. Armas — P-ortar Armas Prohibidas — Del Delito en General. — Lo que la ley ■ de portar armas prohíbe es la portación ilegal y no el- uso ilegal de una arma.
    Sentencia de B. López Antongiorgi, J. (Guayama), condenando al acusado por el delito de portar armas prohibidas.

      Revocada.

      A. Porraia Doria, abogado del apelante; José E. Pignoras, abogado de El Fuello, apelado.
   El Juez Asociado Señor ’Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Emilio Segarra fué acusado y convicto de portar un arma prohibida, es decir, un machete. Al dictar su senten-cia la corte de distrito dijo:

"Mientras el acusado portaba el arma en las funciones de su cargo estaba dentro de ley, estaba portándola legalmente; pero desde el momento en que- esa arma la empleó para otros fines, ya desde este momento, aun estando dentro de la finca a su cargo, es-taba portando el arma ilegalmente, estaba usándola para fines de ofensa y defensa. Entiende la Corte que en esas condiciones debe declarar a este acusado y así lo declara culpable de un delito de Portar Armas Prohibidas, lo condena a sufrir una pena de 45 días de cárcel, sin costas.”

Covenimos con el fiscal de esta corte en que la prueba solamente tendía a demostrar que el acusado por-taba el arma en cumplimiento de sns quehaceres ordinarios. No estamos de acnerdo con la corte inferior en que el uso ilegal del machete hacía que el acusado fuera culpable de portar un arma según lo prohíbe la ley. Si el acusado hizo uso indebido de sn arma, él era culpable de un delito, pero no, del delito impntádole.

Según el razonamiento de la corte inferior cualquier funcionario u otra persona autorizada para portar armas sería igualmente culpable si usara el arma en forma inde-bida. Lo que la ley probibe es la portación ilegal y no el uso ilegal.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse di acu-sado.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Seño» Wole,

text:
    Flores Alvarez & Co., demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, como Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 3925.
    Visto: Noviembre 24, 1926.

      Resuelto: Diciembre 23, 1926.
    1. Ley de Rentas Internas — Interpretación y “Operation” de la Misma— ' Derechos Sobre Ventas — Contribución Sobre Ventas Gomo Arbitrio. — La contribución sobre ventas impuesta por la sección 62 de la Ley No. 85 de 1925 (p. 627) no es una contribución sobre la propiedad y sí un arbitrio, y especialmente es así porque se impone no sobre todas las ventasi sino sobre las que son objeto de comercio.
    2. Contribuciones — Prescripciones y Limitaciones Constitucionales — Unifor-midad — Contribución Aplicable a Una Determinada Localidad. — Siendo la contribución sobre ventas objeto de comercio impuesta por la sección 62 de la Ley No. 85 de 1925 (p. 627) aplicable a toda la Isla, la misma es uniforme dentro del artículo 2, párrafo 22 del Acta Jones (marzo 2, 1917, Fed. Stat. Aun. 1918).
    3.-Ley de Rentas Internas — Constitucionalidad de la Misma — Derechos So-bre Ventas — Ventas de Artículos Objeto de Comercio. — La contribución impuesta por la sección ‘62 de la Ley No. 85 de 1925 (p. 627) sobre las » ventas de artículos objeto de comercio que no estén especificados de otra ma-nera en o exentos de, contribución por dicha ley, es un arbitrio uniforme y válido.

      4. Ley de Rentas Internas — Interpretación y “Operation” de la Misma— Derechos Sobre Ventas — Intención Legislativa.- — Con respecto a la con-tribución sobre ventas impuesta por la Ley No. 85 de 1925 (p. 627), la in-tención de la- Legislatura fué imponerla sobre las primeras producciones o ventas, la fabricación o introducción de artículos objeto de comercio en Puerto Pico, sin que tal interpretación de -la ley exima de contribuciones a determinadas personas.
    5. 'Ley de Eentas Internas — Constitucionalidad de la Misma — Derechos So- • - bre Ventas — Exenciones y Efecto. — La exención que en cuanto ai pago de la contribución de venta que impone la seeeión 62 de la Ley No. 85 de 1925 (p. 627), establece la 83 de dicha ley a favor de aquéllos cuyas ventas mensuales sean menores de $100 no hace que dicha ley sea anticonstitucional.

      Sentencia de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando sin lu-gar la demanda.

      Confirmada.

      J. ,J. Ortiz Alibrán, abogado de la apelante; lion. George C. Butte, Attorney General, y C. Llauger Díaz y José A. López Acosta, primer y segundo Attorney General auxiliar, respectivamente, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Seño» Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción sobre devolución de contribuciones paga-das bajo protesta, la demandante demostró que su principal negocio consistía en la venta al por mayor y detall de calzado y otros efectos para caballeros, y que realizó ven-tas de dichos artículos por valor de $40,009.68 durante los meses de septiembre y octubre de 1925; y que por virtud de la sección 62 de la ley de agosto 20 de 1925, la deman-dante había pagado bajo protesta al Tesoro el 2 por ciento de dicha cantidad, o sea, la suma de $800.19.

La Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia en contra de la demandante. La opinión de la corte inferior consideró y desestimó las diferentes contenciones de la de-mandante tendentes a establecer la anticonstitucionalidad de la ley de la Legislatura. Resolvió que no se trataba de una contribución sobre la propiedad, y sí de un arbitrio. Se nos ha llamado también la atención hacia la opinión del Juez Well de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en el caso de Valdés et al. v. Gallardo, caso en equidad No. 1313, que cubre en parte las mismas cuestiones aquí planteadas y que sostiene la le-galidad de la contribución; Haremos completo uso de am-bas opiniones al resolver el presente caso.

El primer señalamiento es que la corte erró al resolver que la contribución no se imponía directamente sobre la propiedad. Manifiesta la apelante que sin duda alguna la sección 62 de’ la Ley de agosto 20 de 1925 impone una contribución sobre todas las ventas, excepto las exentas en la sección 83 de la misma. En realidad de verdad la sección 62 se refiere a la 16, y ésta y otras secciones son aplicables. La sección 62 lee como sigue:

“Se impondrá y cobrará sobre las ventas de cualesquiera artícu-los objetos de comercio que no. estén especificados en la sección 16 de esta Ley, o exentos de contribución según lo dispuesto en la misma, una contribución del dos (2) por ciento sobre el precio o valor de las ventas diarias, bien de contado o bien a crédito, de dichos artículos, la cual contribución deberá pagar al final de cada mes la persona que haya efectuado dichas ventas.”

Asumiendo por un momento que fue la intención de la Legislatura cubrir todas las ventas efectuadas, determinare-mos si se trata de una contribución sobre la propiedad.

Para demostrar que se trata de una contribución directa sobre la propiedad, la apelante cita el caso de Nicol v. Ames, 173 U. S. 509, 521 (43 L. Ed. 786). En dicho caso, la corte dijo:

“Una contribución sobre el privilegio de vender propiedad en la bolsa y utilizar las facilidades que allí se ofrecen para efectuar ven-tas difiere radicalmente de una contribución sobre todas las ventas efectuadas en cualquier sitio. Este último impuesto es en realidad y prácticamente una contribución sobre la propiedad. No toma en consideración clase alguna de privilegio o facilidad, sino solamente la realización de la venta. Aunque no ha sido creado por el Gobierno, este privilegio o facilidad para efectuar ventas en la bolsa es tan distinto y definido en su carácter, y su diferencia de una venta efectuada en cualquier otro sitio es tan clara y patente, que crea un fundamento razonable y substancial para que se haga una clasi-ficación y para que se imponga una contribución cuando ventas si-milares efectuadas en otras partes no están sujetas al pago de con-tribución alguna. Una venta realizada en la bolsa difiere de una venta realizada en la oficina particular de un individuo, en su hacienda, o por una sociedad, porque aunque la materia objeto de la venta puede ser la misma en cada caso, en-la bolsa hay ciertas ven-tajas para hallar comprador, obtener precio, ahorrar tiempo, y te-ner la seguridad de pago, y otras más, que se obtienen allí con más facilidad que en una oficina particular o en una hacienda. Para efectuar una venta en la hacienda o en la oficina o en la casa particular de uno, quizás y tal vez probablemente, tomaría mucho tiempo bailar un comprador, tener una entrevista con él y convenir en el precio. Todo esto puede hacerse en la bolsa en muy poco tiempo y con él menor inconveniente. El mercado existe y todo lo que se necesita es ofrecer la mercancía. Aunque en cada caso el resúltado es una venta y la cosa vendida puede ser la misma, la diferencia existe en los medios y facilidades para realizar tal venta, y no bay razón por la cual no se pueda imponer una contribución sobre tales medios y facilidades, a menos que el impuesto sea sobre todas las ventas, ya se utilicen las facilidades o nó. ”

Estamos asumiendo, de acuerdo con la apelante, que la contribución se impone sobre todas las ventas. En el mismo caso de Nicol v. Ames, en la página 520, la corte babía re-suelto que no se babía demostrado la falta de uniformidad. De dicbo caso copiamos lo siguiente: “Si la palabra ‘uni-forme’ ba de “ser interpretada en su denominado sentido ‘geográfico’ o como “que significa uniformidad en cuanto a todos los contribuyentes' que se encuentren en análogas circunstancias en cuanto a la materia de la contribución, creemos que este impuesto es válido dentro de uno u otro significado del término.” Creemos que esto sería así aun-que algunas personas que vendan menos de $100 sean ex-cluidas, siempre que esto se baga uniformemente.

Sin embargo, no tenemos duda alguna de que la contri-bución no es' aplicable a todas las ventas. La sección 62 dice: “Sobre la venta de cualesquiera artículos objeto de comercio.” Es innecesario tratar de sostener la validez de la contribución como una de ocupación adicional aunque podría fundamentarse un argumento en ese sentido. “El objeto de comercio” bace una segregación suficiente de las ventas. En Puerto Eico, por ejemplo, tenemos un Código de Comercio, y frecuentemente liemos sido llamados a deci-dir si determinado acto o documento cae dentro o fuera de dicbo código. En Puerto Rico pueden efectuarse innumera-bles ventas de propiedad personal, sin ser actos de comercio. Prácticamente, todo acto de un comerciante en el curso de su negocio es objeto de comercio. La venta efectuada por Tin comerciante es objeto de comercio y está suficientemente desligada de todas las ventas civiles. Tal separación bace la venta un arbitrio. El comercio tiene sns privilegios y sus cargas especiales, y la ley lo considera especialmente. XTna venta objeto de comercio es nn arbitrio dentro de la definición original de la palabra, o como está definida por las cortes. Nicol v. Ames, supra; West India Oil Co. v. Gallardo, 6 Fed. Rep. 2nd. 523; Flint v. Stone Tracy Co., 220 U. S. 108; Billings v. U. S., 232, U. S. 261; Sonneborn Bros. v. Cureton, 262 U. S. 506.

Siendo nn arbitrio, pnede ser sometida a la prneba de uniformidad. El acta orgánica en sn artículo 29 párrafo sin numerar No. 22 dispone que: “Las leyes para la imposición de contribuciones en Puerto Rico serán uniformes.” Esta prueba es de carácter geográfico. Knowlton v. Moore, 178 U. S. 41 (44 L. Ed. 969); Billings v. U. S., 232 U. S. 282, y demás casos citados; Sucesores de G. & J. Fantáuzzi, 30 D.P.R. 423, y citas. Como la contribución es aplicable a toda la Isla igualmente, no puede bacer objeción en este sentido.

El segundo señalamiento ,de error es como sigue: “Al considerar válida la contribución aunque el demandado la haya interpretado en el sentido de imponer dicha contribución a ventas determinadas.”

El Tesorero demandado al aplicar la sección 62, se ha limitado a la primera venta, sean los artículos fabricados en Puerto Rico o importados de los Estados Unidos u otros países. La apelante sostiene que esta actuación del Teso-rero equivale a legislación y que tal facultad no puede de-legarse en dicho funcionario. Convenimos en que los pode-res legislativos no pueden delegarse en el Tesorero, pero no hallamos que haya habido delegación alguna.

Por otra parte, al discutir el segundo señalamiento de error, la apelante dice que la sección 62, supra, impone una contribución sobre todas las ventas. Ya hemos declarado que no se puede dar tal interpretación a dicha sección. La apelante nos llama la atención al hecho de que la sección 69 de la referida ley dice lo siguiente:

“Todo fabricante, traficante al por mayor, traficante al detall, representante, comisionista o cualquier otra persona que efectúe operaciones de venta, estará obligado, al ser requerido para ello por oficiales del Departamento de Hacienda debidamente autorizados, a presentar los libros o libretas de contabilidad y cualquier otro comprobante relacionado con las compras o ventas que efectúe y a permitir que dichos funcionarios examinen dichos libros y documen-tos y tomen nota de cualquier asiento efectuado en los mismos.”

“Operaciones de venta,” en relación con la sección 62, no puede significar otra cosa que ventas objeto de comercio. La sección 69, al usar las palabras “cualquier otra persona que efectúe operaciones de venta,” presenta un caso claro de noscitur a sociis. Y el mismo razonamiento es aplicable a las secciones 81 y 82 que fijan las penas a imponer.

En cuanto al hecho de que el Tesorero ha cobrado el im-puesto únicamente sobre la primera venta, convenimos con la corte inferior en que el hecho de que el Tesorero dejara de aplicar la ley a todas las ventas no afectaría para nada la validez del estatuto mismo. Y también convenimos con la corte en que si la ley obliga a la apelante el hecho de que no se le cobre la contribución a otros no afectaría este caso.

Convenimos en que, considerando por sí solas las pala-bras de la sección 62, la contribución no se limita en la misma a las primeras ventas. Sin embargo, la sección 62 se supone que cubre casos de ventas que no estén cubier-tas por la sección 16, y ésta se limita a las primeras pro-ducciones o ventas. Creemos que esta' referencia por sí sola demuestra, aplicando el principio de noscitur a sociis, que la Legislatura intentó cubrir únicamente la primera in-troducción o venta en Puerto Rico. Las secciones 37, 38 y 39 de la ley disponen como sigue:

"Sec. 37. — Los traficantes serán responsables del pago de im-puestos al vender o traspasar el artículo tributable a otro trafi-cante o a un consumidor.”
"Seo. 38. — El consumidor será responsable del pago de impues-tos al poseer el artículo tributable, para el uso o consumo en Puerto Rico.”
"See. 39. — Los impuestos que por esta Ley se prescriben sobre la venta, traspaso, uso o consumo en Puerto Rico, de los artículos comprendidos en la sección 16, serán satisfechos por el traficante al vender o traspasar el artículo tributable al otro traficante o a un consumidor.”

Estas secciones demuestran claramente que la Legisla-tura tuvo en mente las primeras producciones o ventas, la fabricación o introducción de artículos en Puerto Rico. La historia de la legislación sobre esta materia sostiene este punto de vista. La Legislatura originalmente intentó imponer contribución sobre las importaciones, pero bailó numerosas objeciones. De modo que la última ley es una evolución, y, basta cierto punto, una limitación de lo que está sujeto a contribución. Como ya se ha indicado por el Juez Wells, al hablar de lo adecuado del remedio, en nuestra opinión la Legislatura ha encontrado el camino. Sin embargo, siempre ha sido la intención de la Legisla-tura imponer contribuciones solamente sobre la primera im-portación o la primera producción en Puerto Rico. Las le-yes en pari materia deben ser consideradas. Stuart v. Maxwell, 16 Howard 150, 25 R.C.L. 1067, 1068; 36 Cyc. 1147. La sección 16 es en pari materia, al igual que la anterior legislación que trataba de imponer contribuciones.

No podemos estar conformes con la apelante en cuanto a que tal interpretación exima de contribución a ciertas per-sonas. El espíritu de la nueva ley de arbitrios es incluir algunas personas a las cuales no se les habían impuesto con-tribuciones anteriormente, y una excepción es algo diferente a esto.

La sección 83 de la ley exime a aquellas personas cuyas .ventas mensuales sean menos de $100, y la apelante en su tercer señalamiento de error sostiene que tal exención hace que la ley sea anticonstitucional. Las exenciones de esta clase se hacen libremente. Bell’s Gap R. Co. v. Pennsylvania 134 U. S. 232 (33 L. Ed. 892), Brushaber v. Union Pacific R. R. Co., 240 U. S. 1; Maxwell v. Bigbee, 250 U. S. 525; Beers v. Glynn, 211 U. S. 477, y casos citados. Prácticamente éste es un caso de ele minimis. La Consti-tución de los Estados Unidos dispone, por ejemplo, que en acciones en ley que envuelvan una cuantía mayor de $50 se conservará el derecho a juicio por jurado. Varias le-yes de los Estados Unidos, incluyendo nuestro Código de Co-mercio, no exigen que contratos en que la cuantía envuelta sea menor de cierta suma, consten por escrito para ser evi-denciados. Como ha demostrado la corte inferior, las dificultades ' físicas que acarrea el cobrar contribución sobre las pequeñas ventas es suficiente justificación.

Los casos referentes al tipo de contribución, no ayudan en nada a la apelante. Las analogías de tales casos son ilusorias. La cuestión de contribución es de carácter prag-mático, y su constitucionalidad debe generalmente medirse por su efecto final sobre las personas que la pagan, por la confiscación, por seria desigualdad o por otras causas simi-lares. Bell’s Gap. R. Co. v. Pennsylvania, 134 U. S. 232, supra. Además la apelante no nos ha demostrado sobre qué fundamentos la existencia de exenciones y desigualda-des puede invalidar una ley en Puerto Pico. No se ha de-mostrado falta de uniformidad.

En su cuarto señalamiento de error, la apelante dice que la corte no consideró la prueba de la demandante. La discusión de este señalamiento de error fue realmente invo-lucrado en los otros tres señalamientos y no necesita más discusión.

No enconlramos que la corte inferior haya cometido error y la sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en. la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor. Franco Soto,

text:
    Genaro Barreras, demandante y apelante, v. María Ríos Viuda de Rubio, demandada y apelada.
    No. 4006.
    Fisto: Diciembre 9, 1926.

      Resuelto: Diciembre 23, 1926.
    Apelación y Error — Revisión—Cuestiones be TIecho, Veredictos y Conclu-siones — Conclusiones Sobre Prueba Contradictoria. — Cuando la prueba- es contradictoria y la corte inferior decide el conflicto, no so irá contra tal apreciación a menos que se demuestro un manifiesto error o pasión, prejuicio o parcialidad por parte del juez sentenciador.
    SenteNcia ele Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Eugenio Font, abogado del demandante; Arturo O’Neill, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante, médico-cirujano, estableció este pleito para recobrar de la demandada la suma de $500 por servi-cios profesionales que prestó a su nieto Gilberto Gill, quien había sufrido la fractura de la pierna izquierda en el tercio medio del muslo (femur).

Alegó en la demanda que iué requerido por la deman-dada i>ara que asistiera al niño Gilberto, haciéndose ella responsable del pago de los servicios.

La demandada negó este hecho esencial de la demanda y la corte inferior, después de oída la evidencia declaró sin lugar la demanda.

La corte inferior, en la opinión emitida, en .parte, dice:

“Hemos estudiado detenidamente las alegaciones y pruebas pre-sentadas. La prueba testifical es tan contradictoria, que hubiera sido difícil determinar con ella la verdad de los hechos. Pero fué presentada en evidencia una carta escrita por el propio demandante a la madre del niño enfermo, y en la que le dice lo que sigue:
“ ‘Oet. 21 — 22. Sra. Marina Rubio. — San Juan Moderno, San-turce, P. R., Estimada Sra. — Esta mañana recibí su carta y empiezo por manifestarle que envié la cuenta por la asistencia de su Mjo a su mamá, porque fui informado que su mamá era la que pagaba los gastos y esto me fué confirmado por el becbo que su señora madre fué quien pagó las radiografías que se tomaron en dicbo caso. Fdo. Genaro Barreras.’
“Esta admisión del propio demandante no fué satisfactoriamente explicada ante la Corte. Ella claramente destruye toda la prueba aportada por él en cuanto a la forma en que se obligó la deman-dada. ’ ’

Hemos estudiado cuidadosamente la prueba y ella sos-tiene las conclusiones a que llegó el juez inferior. La ju-risprudencia de esta Corte Suprema es repetida y uniforme en sentido de que cuando la prueba es contradictoria y la corte inferior decide el conflicto, no nos es dado ir contra tal apreciación a menos que se demuestre un manifiesto error o pasión, prejuicio o parcialidad, por parte del juez sentenciador.

El apelante insiste, sin embargo, en que hubo error en la apreciación de la carta que sirvió de base al juez inferior para decidir el conflicto de evidencia. Y sostiene que el demandante al redactar dicha carta dirigida a.la madre del niño lesionado, cometió un lapsus en el párrafo que dice “porque fui informado que su mamá era la que pagaba los gastos,” debiendo decir: “porque fui informado por su mamá, etc.,” confundiendo el relativo “que” con la prepo-sición “por,” queriendo significar, por tanto, que de este modo quiso decir que la demandada fué la que le dijo per-sonalmente su obligación o responsabilidad de pagar los servicios médicos. La explicación del demandante en tal sentido en su testimonio es demasiado frívola para que pueda ser seriamente considerada. Bastaba el conocimiento general que se puede tener del valor gramatical de uno y otro vocablo para que se advierta la imposibilidad de con-fundirlos, y especialmente dado el sentido general de los demás términos del documento. Si el demandante quiso de-cir que habló personalmente con la demandada y que ésta aceptó la obligación de pagar, no se podía entender tam-poco qne en la carta se usara de la palabra “informado.” Este hubiera sido otro lapsus, demostrando todo ello qne la carta debe entenderse en el sentido literal de sns palabras, o sea, qne no era cierto según la misma qne la demandada había dicho al demandante haberse hecho responsable del pago de sns honorarios.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Negrón, acusado y apelante.
    No. 2931.
    Visto: Diciembre 14, 1926.

      Resuelto: Diciembre 23, 1926.
    Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Presentación y Reserva en la Corte Inferior be los Fundamentos de Revisión — Reparos u Obje-ciones a la Acusación o Denuncia — En General. — En ausencia de expo-sición del caso o. transcript de la evidencia, no apareciendo del legajo de la sentencia que los reparos a una acusación — falta de juramento del fiscal y el estar ella sostenida por declaraciones prestadas ante un juez de paz — se levantaran en la corte inferior, aquéllos no> pueden considerarse por primera vez en apelación.
    Sentencia de Luis Samalea Iglesias, J. (Arecibo), condenando al acusado por delito de Portar Armas Prohibidas.

      Confirmada.

      Adolfo Dones Padró, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado apeló de una sentencia que le impuso treinta días de cárcel, por infracción de la ley prohibiendo la por-tación de armas y señala como único error que la acusación no está jurada por el Fiscal y que este funcionario hacía constar que la misma estaba sostenida por declaraciones de testigos prestadas ante el Juez de Paz de Moróvis y no por haber sido investigado el caso ante él.

No se ha elevado una exposición del caso o la transcrip-ción de la evidencia y no aparece del legajo de la sentencia que tales reparos a la acusación se hayan suscitado en la corte inferior.

No podemos por consiguiente considerar la contención del apelante, pues el error alegado no puede levantarse por primera vez en apelación, según así fue decidido en los casos de El Pueblo v. Hernández, 26 D.P.R. 721 y El Pueblo v. Alonso, 25 D.P.B. 205, diciéndose, respectivamente, lo si-guiente: la objeción de falta de' juramento del Fiscal en una acusación se entiende renunciada si no se alega oportu-namente ante el Tribunal a quo, y la falta de expresión de que los testigos han sido examinados por el Fiscal no cons-tituye un defecto que perjudique sustancialmente los dere-chos del acusado debiendo alegarse la omisión antes en la corte inferior para que pueda ser considerada en grado de apelación.

La cuestión por otra parte, en cuanto a que la acusación está basada en el testimonio de testigos examinados bajo juramento ante el juez de paz y en cuyo punto hace más hincapié el apelante, quedó resuelto en sentido adverso al acusado en el caso de El Pueblo v. Montañez, 31 D.P.R. 517.

Por todo lo expuesto debe confirmarse la sentencia ape-lada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este baso.


author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Sabás Pabón, asusado y apelante.
    No. 2888.
    Visto: Noviembre 19, 1926.

      Resuelto: Diciembre 23, 1926.

      1. Derecho Penal — Fecha del Juicio y Suspensión — Discreción Judicial. — La suspensión o no suspensión de la vista de una causa descansa en la sana dis-creción de la corte.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorart — Revisión—Cuestiones Discrecionales — Suspensión o no Suspensión de Una Vista. — Solicitada la suspensión de una causa — de dos distintas a que está sujeto un acusado— por el fundamento de quo la declaración do éste en dicha causa podría incri-minarle en la otra anulando su derecho, a no declarar, y, denogada la soli-citud se resolvió: que la' corte sentenciadora no abusó de su discreción al negar dicha suspensión.
    3. Derecho Penal — ‘ ‘ Dormer Jeopardy” — Necesidad de que los Delitos Sean Idénticos — Delitos Vamos, Paste de la Misma Transacción — Homicidio Involuntario y Otros Delitos. — El delito dei portar armas prohibidas no queda comprendido en el de homicidio aún euando ambos hayan, sido come-tidos en la misma ocasión y sean parte de la misma transacción.
    Sentencia de B. II. Todd, Jr., J. (Ponee), condenando al acusado por delito de portar armas prohibidas.

      Confirmada.

      Agustín E. Font, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Dos son los errores que alega el apelante para pedir la revocación de la sentencia recurrida.

Sostiene que fue acusado separadamente del delito de portar armas y del de homicidio involuntario, procedentes ambos de la misma transacción; y que señalada la vista de la primera causa — portar armas — solicitó la suspensión basta que se viera la segunda — homicidio—y la corte no accedió.

La suspensión o no suspensión de una vista descansa en la sana discreción de la corte y los motivos que alega el apelante, a saber, que se le entorpeció en su derecho de defensa porque si declaraba en la causa por portar armas por estimarlo necesario o favorable a sus intereses, podría resultar que se incriminara en cuanto a la causa más grave de homicidio, quedando de tal modo anulado su derecho a no declarar en la misma, no son suficientes para concluir que la corte abusara de su discreción al negarse a suspender la vista. Al acusado se imputaron dos delitos separados y no era necesario supeditar la investigación de uno a la del otro. Lo único que la justicia requería era la averiguación de la verdad por los medios reconocidos en las leyes. Las responsabilidades eran independientes y no era necesario tomar en consideración la conveniencia o no conveniencia del acusado.

El otro error se refiere a que el delito menor,-portar armas, quedó comprendido en el mayor, homicidio, y no pudo, por tanto, perseguirse independientemente. La cuestión lia sido repetidamente resuelta por esta Corte Suprema en sentido contrario:

"El delito de portar un arma de fuego es distinto del de dispa-rarla y causar-con ella la muerte de una persona, no estando el pri-mero necesariamente comprendido en el segundo, '* * Ex

Parle Torres, 11 D.P.R. 101.

"El delito de portar armas prohibidas no puede ser mezclado o confundido (merged) con el de acometimiento y agresión o de motín.” Ex Parte Huertas et al., 22 D.P.R. 524.

Parece conveniente hacer también la siguiente cita de Corpus Juris:

"Una condena por acometimiento con intención de matar no impide una acusación por portar una pistola, aunque ambos deli-tos hayan sido cometidos en la misma ocasión y sean parte de la misma transacción; y una condena por el segundo no impide una acusación por el primero. Una condena por acometimiento con un ai’ma no impide una acusación subsiguiente por portar un arma oculta; y una condena por portar armas prohibidas no impide una subsiguiente acusación por acometimiento y agresión. Una absolu? ción del delito de portar ilegalmente una manopla de bronce no im-pide una acusación subsiguiente por acometimiento con manopla.” 16 C.'J. 275.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este caso.'