author: El Jhez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    A. Gelabert & Co., S. en C., Demandante y Apelante, v. Morales et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre constitución de garantía.
    Moción sobre reconsideración.
    No. 2203.
    Resuelto en junio 24, 1920.
    Obligaciones Personales — Garantías—Piador—Insolvencia del Deudor. — El artículo 1096 del Código Civil no impone al obligado el deber de constituir garantías para el cumplimiento de una obligación personal cuando ha ocu-rrido la insolvencia del obligado o han desminuido o desaparecido las garan-tías que tenía prestadas, sino que le da el derecho de prestar diehas garan-tías en esos casos para evitar que la obligación sea exigible antes de su vencimiento. El artículo 1088 del mismo Código que concede al acreedor el dereeho de exigir garantías se refiere a los casos dé obligaciones condicio-nales y no a los de obligaciones puras.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. H. y L. Tormes.

    Abogado de los apelados: Sr. J. Tous Soto.

   El Jhez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En once de este mes y año desestimamos la apelación es-tablecida en este caso y nos fundamos en que no era ape-lable la resolución dictada por la corte inferior mandando cumplir otra resolución anterior de 30 de abril de 1919 por la que se anuló y dejó sin efecto el embargo que para ase-gurar la efectividad de la sentencia que pudiera recaer en el pleito se había dictado anteriormente. La parte apelante nos pide que reconsideremos la sentencia desestimando su apelación, alegando que la estableció contra la resolución de 30 de abril de 1919 que anuló y dejó sin efecto la orden de embargo y no contra la resolución posterior que dispuso el cumplimiento de aquella.

En la transcripción de la apelación aparece al folio once la resolución de 30 de abril de 1919 declarando con lugar la moción de Eladio Burgos en la que pidió que se dejara sin efecto la orden de embargo que se había dictado y que se decretase el levantamiento del embargo qne se había tra-bado en sns bienes. Signe inmediatamente otra moción de Burgos presentada el 5 de mayo de 1919 en la que exponía que siendo ejecutoria la resolución de 30 de abril de acuerdo con la sección 14 de la ley para asegurar la efectividad de las sentencias, se librase mandamiento al marshal para que la cumpliese. A continuación está otra resolución ordenando que se cumpliese la resolución de 30 de abril de 1919 y el mandamiento que con tal fin fue librado el 5 de mayo de 1919 después de lo cual encontramos el escrito de apelación que en lo necesario dice así:

"Que no estando conforme con la resolución de esta Corte dada en este caso ordena'ndo el levantamiento del embargo trabado en el mismo para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera recaer, apelamos de dicha resolución para ante la Corte Suprema de Puerto Rico. Ponce mayo 5 de 1919. * '* * Presentado en 10 de mayo de 1919.”

En -vista de lo expuesto j dados los términos generales en que está redactado el escrito de apelación en el que no se consigna que el recurso se establece contra la resolución de 30 de abril de 1919, que se inserta en la transcripción la or-den posterior disponiendo que el marshal levantase el embargo y el mandamiento que se le expidió a ese efecto, ac-tuaciones que eran innecesarias en apelación contra la reso-lución de 30 de abril de 1919 y que la apelación fué presen-tada después de la resolución posterior a la de 30 de abril, entendimos, creemos que justificadamente, que la apelación se estableció contra la resolución que mandaba ejecutar ia de 30 de abril de 1919 y no contra ésta.

Aunque en los escritos de apelación debe constar clara-mente de cuál resolución se apela y aunque no resulta clara-mente en este caso que la apelación se estableció contra, la resolución de 30 de abril de 1919, sin embargo resolveremos el caso por sus méritos ya que nuestra sentencia ha ele ser confirmatoria.

La mercantil A. Gelabert & Cía., S. en C., demandó el 30 de noviembre de 1918 a Remigio Morales y a -Eladio Burgos alegando que Morales se comprometió en documento privado que firmó el Io. de febrero de 1918 a pagarle en igual día y mes del año 1919 la cantidad de $1616.88 con sus intereses; que el otro demandado Burgos suscribió ese documento como fiador y principal pagador, mancomunada y solidariamente; que Morales era solvente cuando firmó el pagaré pues tenía bienes muebles y una participación en la sociedad mercantil Ortiz y Morales pero posteriormente todos sus bienes le fue-ron embargados por Burgos en pleito que sigue contra la mercantil Ortiz y Morales habiendo llegado así a tal estado de insolvencia que está imposibilitado de cumplir su obliga-ción con el demandante; que las relaciones entre los-deman-dados no son cordiales por sus disenciones en cuestión de intereses, lo que afecta al crédito que contra ellos tiene; que Burgos es propietario de bienes inmuebles radicados en el distrito- de la corte en cantidad suficiente para garantizar con hipoteca el crédito de que es fiador y principal pagador de manera mancomunada y solidaria; que por los hechos ex-puestos tiene justo temor de que cuando venza la obligación „ tendrá, dificultades para su cobro, habiéndose negado Burgos a prestar voluntariamente la garantía que le pidió el deman-dante. En vista de esos hechos se solicita de la corte que declarando el estado de insolvencia de Remigio Morales re-quiera y ordene a Eladio Burgos que garantice con hipoteca el crédito o pagaré mencionado y las costas, intereses y hono-rarios del abogado de la acreedora en caso de ejecución.

Al presentar la demanda solicitó el demandante por me-dio de moción que se decretase el aseguramiento de la sen-tencia que pudiera recaer en el pleito mediante embargo de bienes de los demandados, petición que fué concedida pór la corte siempre que-se prestase la fianza qne determinó. Se embargaron bienes de Eladio Burgos por valor de $32,000, según declaración suya jurada quien, entonces, pidió a la corte que dejase sin efecto la orden de embargo y el que so trabó en sus bienes, a cuya petición accedió la corte en 30 de abril de 1919.

La acción que se ejercita en la demanda no tiene por ob-jeto cobrar del deudor directo ni del fiador antes de que lle-gara el día señalado para su cumplimiento la obligación que suscribieron por el Lecho de que el primero de ellos se halle en estado de insolvencia, sino solamente que por esa insol-vencia y por haberse negado el fiador a garantizar volunta-riamente su obligación se. le condene a qne constituya hipo-teca a favor de la demandante.

• ¿Tiene Burgos la obligación de constituir la hipoteca que se le exige?

El Código Civil dispone lo siguiente:

“Artículo 1096. — Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo:
“1.- Cuando, después de contraída la obligación, resulte insol-vente, salvo que garantice la deuda.
“2. Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviese comprometido. .
“3. Cuando por 'actos propios hubiese disminuido aquellas ga-rantías después de establecidas, y cuando por caso fortuito desaparea cieran, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras nue-vas o igualmente seguras.”

De acuerdo con ese precepto el demandado Burgos no tiene la obligación legal que se le reclama en la demanda. La prestación de garantía y la sustitución de las prestadas que hayan disminuido o hayan desaparecido es un derecho que la leyr concede al obligado para evitar que pueda exi-girse el cumplimiento de su obligación antes de su venci-miento por haber llegado a estado de insolvencia, por no haber constituido las garantías a que estuviese comprome-tido o por haber disminuido o desaparecido las que había constituido, pero no es una obligación impuesta a ól por la ley. -Además, Burgos no es insolvente según la demanda. Por consiguiente, no siendo exigible por el demandante la obligación que en su demanda reclama de. Burgos, procedió correctamente la corte inferior al dejar sin. efecto por su resolución de 30 de abril de 1919 el embargo que había de-cretado para asegurar la efectividad de la sentencia.

El artículo 1088 del propio Código, igual al 1121 del Có-digo Civil Español, citado por la apelante en apoyo de su recurso, preceptivo de que “el acreedor. puede, antes del cumplimiento de las condiciones, ejercitar las acciones pro-cedentes para la conservación de su derecho,” no tiene apli-cación al presente caso porque, como dice el Sr. Manresa en sus Comentarios al Código Civil, “forma una especie de las consecuencias especiales que acompañan a la obligación con-dicional” y “atendiendo a la letra del artículo, la facultad de utilizar ácciones conducentes a la garantía ele los dere-chos es peculiar de las obligaciones condicionales suspensi-vas * * * precepto que tiene su' precedente legal en la Partida 5a., Título XIY, Ley 32, que claramente menciona la obligación condicional suspensiva.

La obligación a plazo no se halla incluida entre las obli-gaciones condicionales porque ambas se distinguen en que la condición es un suceso incierto mientras que el plazo nece-sariamente ha de llegar en fecha de antemano conocida. Por esto y por otras diferencias se hallan en secciones distintas en el Código Civil, si bien seguidas.

Se comprende que el legislador conceda el derecho de exigir garantías en las obligaciones condicionales porque su cumplimiento no puede demandarse si no se realiza la con-dición suspensiva, y que no conceda igual derecho al acree-dor en las obligaciones a plazo porque dependiendo éstas únicamente de que el día llegue, dá por vencido el plazo y concede al acreedor el derecho de reclamar la obligación antes del vencimiento cuando el deudor, llegando a estado de insolvencia después de constituida su obligación, no la ga-rantiza, no otorga las garantías a que se hubiere compro-metido o no sustituye las que hayan disminuido o desapa-recido.

Tampoco tiene relación con este caso la cita que hace el apelante de la opinión del Sr. Manresa al comentar el ar-tículo 1140 del Código Civil Español, concordante con el 1107 del nuestro, en la que dice: “por otra parte, y siendo facul-tad del acreedor, antes del cumplimiento de la condición, ejercitar según el artículo 1121 las acciones conducentes a la conservación de su derecho es lógico que tales acciones de garantía se puedan intentar por cualquier acreedor o contra cualquiera de los deudores, con la sola excepción, respecto a éstos, de que se pidan medidas de precaución que exijan actos personales del especialmente obligado,” porque esa opi-nión descansa, como ella dice, en el supuesto de obligaciones condicionales y la que se alega en este pleito no es condi-cional sino a plazo.

Por lo expuesto, debemos dejar sin efecto la sentencia que en 11 de este mes y año dictamos en este caso desesti-mando el recurso de apelación y en su lugar dictar otra re-solviéndolo y confirmando la resolución dictada por la corte inferior en 30 de abril de 1919, por la que dejó sin efecto su anterior orden de embargo.

Dejando sin efecto la sentencia de 11 de jimio 1920 que se dictó en este caso, se confirma la resolución apelada de 30 de abril de 1919. '

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Santini et al., Peticionarios, v. López Acosta, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Gruayama, en pleito sobre ine-xistencia de contrato, etc.
    No. 276.
    Resuelto en junio 24, 1920.
    Certiorari — Evicción y Saneamiento. — El oerlioro/ri no es un recurso de proce-dencia obligatoria y cuando el Tribunal Supremo se convence de que se eum-píen mejor los fines de la justieia permitiendo que' el asunto siga adelante para resolver la cuestión envuelta, en su caso, en apelación, no debe decidir tal cuestión en el recurso de eertiorari. Aplicando ese principio, si bien la cuestión de evieeión suscitada se estudió en la opinión, no se decidió final-mente.
    Los hechos están expresados en. la opinión.
    Abogado de los peticionarios: Sr. C. Domínguez Rubio.

    El demandado compareció por escrito.
   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un recurso de certiorari. Los peticionarios son los demandantes en el pleito No. 3277 seguido en la Corte de Distrito de Guayama contra Bamón San Miguel y otros sobre declaratoria de inexistencia de contrato, reconocimiento de propiedad o condominio'y daños y perjuicios. En 1889 Bamón Santini, padre de los peticionarios, estando casado con Joaquina Bodríguez, madre de los mismos, compró cierta finca rústica en Aibonito. Murió la madre. El padre con-trajo nuevo matrimonio y entonces vendió la finca de que se trata sin intervención de los bijos, en 1893, al demandado San Miguel. Este vendió a su vez una porción de la finca, pero está en posesión aún del resto.

Emplazado el demandado, presentó una moción pidiendo que se citara de evieeión a los herederos de su vendedor. El mismo día que presentó esa moción, alegando que lo hacía sin perjuicio de ella, archivó un escrito de excepción a la demanda. La citación de evieeión solicitada se ordenó pero no se llevó a efecto. Se celebró la vista de la excepción pre-via alegada y la corte decidió el caso en favor del deman-dado. Los demandantes enmendaron su demanda. El de-mandado la exeepcionó ele nuevo y la contestó. Luego soli-citó una sentencia sobre las alegaciones, que se dictó final-mente y que fué favorable al demandado. Apelaron los de-mandantes y esta Corte Suprema, en julio 31, 1919, revocó el fallo recurrido devolviendo el caso para ulteriores proce-dimientos. Santini et al. v. San Miguel et al., 27 D. P. R. 816.

Así las cosas y el caso de nuevo en la corte de distrito. solicitó e] demandado otra vez que se citara de evicción a los herederos de su vendedor. Accedió la corte y los deman-dantes le pidieron qne reconsiderara su resolución por los siguientes motivos:

A. Porque no tiene derecho en este caso el demandado don Ramón Díaz San Miguel a tal. citación de evicción y sa-neamiento, toda vez que no se trata de una venta que a él hiciera la madre de los demandantes, sino su padre a nombre de una sociedad de gananciales que no existía.

B. Porque en este caso se alega que el comprador Díaz San Miguel adquirió de mala £é la finca objeto de esta con-troversia, a sabiendas que lo que compraba no pertenecía al vendedor, y porque además el dicho demandado pudo ave-riguar que quien le vendía toda la finca no era dueño de ella.

G. Porque en la hipótesis que tal derecho exista desde el 27 de mayo de 1917 en que se decidió por la corte la so-licitud de evicción que se hiciera, hasta hoy han pasado más de dos años sin que tal notificación se haya hecho, no obs-tante residir el demandado en Aibonito y la ley provee que dicha notificación se hará dentro del plazo más breve den-tro del que señala la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente.

I). Porque el demandado al contestar la demanda y hacer otras gestiones más en este pleito, antes de haberse notifi-cado a los demandantes de la evicción y saneamiento, re-nunció a cualquier derecho que tuviera con motivo de la tal citación de'evicción.

La corte de distrito se negó a reconsiderar su resolución y los demandantes estableciei’on entonces el presente recurso de certiorari y por medio de él han sometido a esta Corte Suprema las mismas cuestiones que suscitaron en la corte de distrito. Los motivos señalados con las letras A y B no deben estudiarse y resolverse dentro de este recurso. Los señalados con las letras C y D serán examinados en cuanto puedan entrañar una cuestión de procedimiento.

El artículo 1385 del Código Civil Eevisado dice:

“Artículo 1385.- — -El comprador demandado solicitará, dentro del término que la ley de enjuiciamiento civil señala para contestar a la demanda, que ésta se notifique al vendedor > o vendedores en el plazo más breve posible.
La notificación se fiará como la, misma ley establece para em-plazar a los demandados.
El término de contestación para el comprador quedará en sus-penso ínterin no expiren los que para comparecer y contestar a la demanda se señalen al vendedor o vendedores, que serán los mis-mos plazos que determina para todos los demandados la expresada Ley de Enjuiciamiento Civil, contados desde la notificación estable-cida en el párrafo primero de este artículo.
Si los citados de eviceión no comparecieren en tiempo y forma, continuará respecto del comprador, el término para contestar a la demanda. ’ ’

Comentando Manresa el artículo 1482 del Código Civil Español, igual al 1385 del Código Civil Eevisado de Puerto Rico, se expresa así:

“El comprador tiene únicamente una sola condición que cumplir; la de que se notifique la demanda; en resultando esto probado, su derecho al saneamiento es perfecto, sin que nada pueda oponer el vendedor. He aquí la preparación del ejercicio de la acción de eviceión de que hablamos en el comentario del precedente artículo: el saneamiento, según el artículo 1480 no podrá exigirse basta que haya recaído sentencia firme; pero la acción de eviceión se prepara antes de esa sentencia, haciendo que la demanda se notifique al ven-dedor.
“Faltando la notificación — concluye el artículo 1481 — el vende-dor no estará obligado al saneamiento; con lo que queda determinado de un modo claro, que el efecto del incumplimiento por parte del comprador del hecho que condiciona su derecho, es la absoluta pér-dida de éste.
“El artículo 1482 se ocupa ya del modo práctico de hacer la no-tificación a que venimos refiriéndonos, del momento oportuno én que debe verificarse y de sus efectos inmediatos. Contiene precep-tos muy importantes para todo comprador y que deben ser cumpli-dos con la más perfecta exactitud por éste, pues si la ley le concede la acción de evioción y obliga al vendedor al saneamiento, justo es que exija del comprador la debida diligencia para que no resulten perjudicados los intereses de su transferente.
“El comprador no puede ni debe perder tiempo; en cuanto le den traslado de la demanda, y dentro del termino que la' ley le concede para contestarla, debe solicitar del juzgado que dicha demanda se notifique al vendedor o vendedores. # * *
“No dice el código en qué plazo ha de efectuarse la notificación al vendedor, limitándose a expresar que en el más breve plazo po-sible, y bien valía la pena de que ese plazo se hubiese fijado, porque hay que tener en cuenta que, según el artículo 1481, lo que eficaz-mente deja preparado el ejercicio de la acción de evieeión no es la mera solicitud del comprador de que la/ demanda se notifique al vendedor, sino el hecho de la notificación. Entendemos que esta diligencia ofrece desde luego caracteres de urgente, es de realización inmediata, que el juez o el actuario que la demorasen incurrirían en responsabilidad, y que, por último, el espíritu del código al decir en el plazo más breve posible, ha sido denotar el carácter de urgen-cia que nosotros sin vacilar le atribuimos. * * *

10 Manresa, Código Civil Español, 212-213.

Y Scaevola, en el tomo 23, página 589 y siguientes de sus comentarios al Código Civil dice:

“Trata de este punto el artículo 1482 del código, fijando clara-mente. una situación que tiempo atrás se hallaba poco y mal defi-nida, sobre todo en lo que se refiere al momento en que debe llenarse el requisito de citar al vendedor.
“La opinión de Pomponio, en la ley 29, Título II, Libro XXI del Digesto, es' que en cualquier tiempo puede hacerse saber al ven-dedor que comparezca para defender la cosa, con tal que esto no tenga lugar poco tiempo antes de la condena. En las leyes 32 y 36 del Título Y Partida 5a., requiérese que el pleito se notifique al ven-dedor' ‘desde luego’ a lo más tarde antes que’ sean abiertos los tes-tigos en juicio.” Y la jurisprudencia .del Tribunal Supremo (sen-tencias, entre otras, de 17 de marzo de 1865 y 15 y 17 de diciembre de 1873), así como la opinión de la generalidad de los' autores, in-terpretan la legislación alfonsina en el sentido de que la notificación ha de hacerse ‘antes de la publicación de probanzas o antes de unirse las pruebas a los autos.’
“Opinaba Viso justísimamente que ésta era una mala interpreta-ción, pues de ella se sigue que como tales actos tieueu lugar después de concluido el término de prueba, de nada serviría el aviso dado al vendedor si Rabia ya transcurrido el tiempo para utilizar su de-fensa; añadiendo que el que pueda subsanarse este defecto en grado de apelación, no debe servir para que se le restrinjan los medios de defensa y quede privado de utilizarlos en la primera instancia, por no habérsele avisado en tiempo oportuno; y que, por consecuencia, es más propio decir que el comprador ha de citar al vendedor, o desde luego que se haya movido el pleito, o antes que haya concluido el término de la prueba, de modo que le quede tiempo para que pueda hacer su defensa, como era ya la opinión de Gregorio López en sus glosas. A lo que añadiríamos nosotros, si comentáramos la legisla-ción antigua, que la citación se debería hacer, por lo menos, en el primer período probatorio, o sea en el de la proposición de pruebas; pues abierto el segundo, la defensa sería punto menos que inútil. * * «
“Requiere el artículo, en su párrafo primero, que la notificación al vendedor o vendedores se haga en el plazo más breve posible. Este plazo, que es el que debe mediar entre la providencia del juez accediendo a lá solicitud del comprador demandado y el acto material de la' notificación, no puede ser realmente más breve que el de un día que señala como máximum el artículo 260 de la Ley de En-juiciamiento para toda clase de notificaciones. Cabría haber fijado el término por horas; pero ni la ley lo hace, ni razón ninguna cierta-mente lo aconseja.”

Basta simplemente leer en verdad el artículo. 1385 arriba transcrito para concluir que la citación debe solicitarse y verificarse como regla general antes de que el demandado conteste la demanda.

¿Pero el hecho de que así no se haga, implica que el com-prador pierde en absoluto su derecho? Si la notificación no se lleva a efecto no obstante haberse solicitado y el com-prador contesta y se sigue el juicio y se dicta sentencia en contra suya, libre quedaría a nuestro juicio el vendedor, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 1384 del Código Civil revisado; pero si como en este caso la sentencia dictada se revoca por el tribunal de apelación y devuelto el pleito de nuevo se solicita y acuerda la citación, dándose al vendedor amplia libertad para defenderse, dudamos que la citación realizada en tales condiciones sea nula en absoluto y carezca de toda eficacia legal. Y no nos sentimos inclinados a resolver esa duda en un procedimiento de certiorari, estando como están envueltas en ella cuestiones de derecho sustantivo re-guladas por el Código Civil.

Además, la citación de evicción está llamada a producir los efectos que dicho código señala, entre el demandado y la persona de quien deriva su derecho, pero no afecta a! demandante. No vemos que la mera notificación cause al demandante por ahora perjuicio alguno efectivo; y si llegare a causársele alguno en contra de la ley, ocasión tendrá de hacer valer sus derechos en el recurso ordinario de apela-ción que pueda entablar en su día contra la sentencia defi-nitiva en el caso de que le fuera adversa. Así lo dijimos al resolver el caso de Franceschi et al. v. Sepúlveda, 27 D. P. R. 118.

De todos modos, no siendo como no es el recurso de cer-tiorari de procedencia obligatoria, opinamos que se cumplen' mejor los fines de la justicia si permitimos que el asunto siga adelante para ser resuelto, en su caso, en apelación, en lugar de pretender decidirlo definitivamente ahora.

Por virtud de lo expuesto debe anularse el auto expedido y devolverse el pleito a la corte de su origen para que continue tramitándolo de acuerdo con la ley.

Anulado el auto expedido y devuelto el pleito a la corte de su origen para que continúe tramitándolo de acuerdo con la, ley.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-' eión de este caso.


author: El Juez Asociado Sk. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ruiz, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por delito contra la salud pública.
    No. 1514.
    Resuelto en junio 25, 1920.
    Delito Contra la Salud Pública — Leche Adulterada — Acusación Insufi-ciente — Intención.—La ley castiga el hecho de adulterar o diluir leche “con intención” de ofrecerla a la venta. Castiga de igual modo al.que cause o permita que la leche se ofrezca en venta, o al que la venda, o al que la ofrezca, o al que la tenga en venta, pero no castiga al que la tenga simple-mente en su poder con la intención, no traducida aun en hecho alguno, de venderla. En la única forma del delito on que la ley habla de intención, es en la de realizarlo por virtud del acto mismo de la adulteración o dilución de la leche. Cuando la ley se refiere a la forma de tener en venta la leche adulterada o diluida, no emplea las palabras “con la intención,” sino que se refiere al hecho actual y positivo de tener u ofrecer en venta la leche.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. B. Sarriera Egozcue.

    Abogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sk. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación en este caso imputa a Pilar Ruiz el hecho de tener, con intención de ofrecerla en venta, leche de vaca adulterada con agua.

Celebrado el juicio, el acusado fué condenado a quince días de cárcel y no conforme con esa sentencia, apeló para ante este tribunal.

El primer fundamento del recurso es el de que la acu-sación no imputa un delito previsto y castigado por la ley.

El estatuto aplicable es la ley proveyendo lo necesario para castigar la adulteración de leche, ofrecerla • o tenerla para la venta, aprobada en 10 de marzo de 1910.

Dicho estatuto fué estudiado e interpretado por esta Corte Suprema en un caso similar al presente, en abril 11, 191.9, El Pueblo v. Camuñas, 27 D. P. R. 311, y se aplicó recien-temente en el de El Pueblo v. Pérez, decidido el diez de ju-nio actual, (pág. 595).

La ley castiga el heclio de adulterar o diluir leche “con. intención” de ofrecerla a la venta. Castiga de igual modo al que cause o permita que la leche se ofrezca en venta, o al que la venda, o al que la ofrezca, o al que la tenga en venta, pero no castiga al que la tenga simplemente en su poder con la intención, no traducida aun en hecho alguno, de venderla. La diferencia parece sutil, pero se trata de un estatuto criminal y dehe interpretarse restrictivamente.

lili hecho de tener una persona leche adulterada con agua con intención' de venderla, puede, comprender, por ejemplo, el caso de un ciudadano que en su vivienda particular tiene ese artículo y en un momento en que la idea del mal predo-mina en su cerebro, decide mentalmente venderla en esas con-diciones. Tal caso no está comprendido en los términos de la ley.

Por el contrario, si se imputa a una persona el hecho actual de tener a la venta leche de vaca adulterada o diluida, por ejemplo, en un depósito, entonces se imputa claramente un delito dentro de los términos de la ley. Es cierto que en tal caso no se llega a vender el artículo, y que sólo existe en cuanto a la venta, la intención, pero esa intención se ma-nifestó dentro de la realidad de las cosas por el hecho de llevar la leche al depósito o a otro sitio destinado para vender y tenerla allí lista, anunciándose por sí misma, para realizar la transacción ilícita. "Véase el caso de El Pueblo v. Pérez, 23 D. P. R. 878.

En la única forma del delito en que la ley habla de in-tención, es en la de realizarlo por virtud del acto mismo, de la adulteración o dilución de la leche. 'Cuando la ley se re-fiere a la forma de tener en venta la leche adulterada o diluida, no emplea las palabras “con la intención,” sino que se refiere al hecho actual y positivo de tener u ofrecer en venta la leche.

Debe, pues, tenerse cuidado al redactar las acusacione . a fin de que tal vez por un mero defecto de forma, no que-den impunes hechos que' deben investigarse por as autor!-dacles encargadas de ello continuamente y castigarse con todo rigor, porque no solo envuelven un fraude, sino qne consti-tuyen un ataque directo a la salud del pueblo, especialmente en su parte más débil,. o sea en los niños, en los ancianos y en los ya enfermos por otras causas.

Por virtud de todo lo expuesto, nos vemos obligados a resolver que debe revocarse la sentencia apelada.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y HutcMson.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en lá resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Sánchez et al., Recurrentes, v. Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    RecuRso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-dor de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, ins-cribiendo compraventa con defecto subsanable.
    No. 464.
    Resuelto en junio 25, 1920.
    Bienes Gananciales — Bienes Privativos — Admisiones del Esposo. — No presen-tándose documento auténtico que justifique la época y forma en que la mu-jer adquiriera el dinero invertido en la compra de la finca, ni otro alguno en que conste su aportación al matrimonio, y no bastando para este efecto las meras declaraciones o afirmaciones que en la escritura se hagan por los mis-mos otorgantes o por terceras personas, ha de estarse a la presunción jurí-dica que establece el artículo 1322 del Código Civil revisado, o sea que dichos bienes han de reputarse como gananciales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. M. Tous Soto.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura otorgada a seis de abril de 1920 ante notario Manuel Tous Soto, Manuel Vázquez Alayón, con expreso con-sentimiento de su esposa Carlota Díaz y Díaz, vendió a Isabel Sánchez, casada con Victoriano M. Fernández, una casa y solar pertenecientes a la sociedad de g-ananciales, por precio do tres mil dólares, de cuya entrega a la compradora dió fé el no-tario autorizante. Ante dicho notario comparecieron, ade-más de los consortes Isabel Sánchez y Victoriano M. Fernán-dez, el padre de la primera Pío Sánchez y Martín y mani-festaron a una voz, “que don Pío Sánchez y Martín tiene en su poder, en calidad de depósito, la cantidad de tres mil qui-nientos dollars, compuesta por diversas partidas de dinero que le fue entregando su hija doña Isabel Sánchez de Fer-nández * * _ * durante la soltería de ésta y las que ad-quirió .su dueña con su trabajo y gestión personal durante su mismo estado de soltería, teniendo ese dinero la cualidad de propiedad privativa de doña Isabel, según así reconoce su esposo don Victoriano M. Fernández, y esa cantidad de dinero es entregada en este acto por su depositario don Pío Sánchez y Martín, en monedas de oro, billetes de banco de los Estados Unidos de América a la propietaria doña Isabel Sánchez Fernández, que le otorga la más eficaz y cumplida carta de pago, dándole las gracias por su guarda y custodia. ’ ’ También se hace constar en el mismo documento que la com-pradora entrega al vendedor los tres mil dólares precio de la venta en los mismos billetes y monedas que le entregó su padre don Pío Sánchez y Martín, los que hace ¡suyos don Manuel Vázquez Alayón, quien a nombre de la sociedad de gananciales de su administración otorga a la compradora la más cumplida y eficaz carta de pago del precio de compra venta, reconociendo el Sr. Fernández la certeza de la forma de pago y la' propiedad del dinero con que se realiza y acep-tando el carácter privativo a favor de la esposa de la adqui-sición de la finca urbana de que se trata.

Presentada la escritura en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, para su inscripción, el regis-trador la verificó en 13 de abril de 1920, pero con el defecto subsanable de no acreditarse la procedencia del precio.

Esa calificación, en la parte relativa al defecto subsana-ble apuntado, es la materia del presente recurso.

Tiene razón el registrador. La cuestión legal levantada fia sido ya resuelta por esta Corte Suprema en el caso de Feliú et al. v. El Registrador de la Propiedad, 16 D. P. R. 766. Entonces dijimos:

“El artículo 1322 del Código Civil establece que se reputan ga-nanciales todos los bienes del matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer; y en el presente' caso no se ba probado que la finca de que se trata pertenezca priva-tivamente a Justina Servera.
Ciertamente que la Servera y su esposo Francisco Feliú afirman en la escritura que la adquisición se hace -con peculio propio de la primera; pero tal afirmación no es bastante para que se repute la finca de la exclusiva pertenencia de la esposa. La procedencia del dinero con que se hace la adquisición debe justificarse de modo más fehaciente que por la sola voluntad de los consortes interesados, pues si la mera afirmación de éstos fuera bastante al fin pretendido, resul-taría que por la sola voluntad de los particulares se alterarían los ' derechos que la ley otorga al marido en la sociedad conyugal, se fa-cilitaría a los cónyuges el medio de burlar la prescripción legal que prohibe los contratos entre ellos, y la alegación del marido en una compraventa de que el precio era de su mujer, sería la manera de encubrir una ilícita donación según dice la Dirección General de los Registros en resolución de 30 de junio de 1888.”

De la anterior doctrina hicimos aplicación al resolver pos-teriormente el caso de Acosta v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, 27 D. P. R. 250.

Ciertamente, en el presente caso hay la especialidad do que comparece Pío Sánchez Martín, padre de Isabel Sán-chez, para acreditar la procedencia del dinero entregado como precio de la venta y¡ demostrar que es de la propiedad ex-clusiva de la compradora como ésta lo afirma y lo confirma su esposo, pero esa c.ireunstancia no favorece la parte re-currente.

■ Un caso bastante parecido al que consideramos fue re-suelto por la Dirección G-eneral de los Registros de España en enero 17 de 1913. En dicho caso se afirmaba que la mu-jer había adquirido el dinero con que compraba la finca con su trabajo antes de contraer matrimonio, habiendo compa-recido un hermano de ella a entregarle en el acto determi-nada cantidad que de la misma tenía en depósito. A pesar de ello la Dirección declaró lo siguiente:

"No presentándose documento auténtico que justifique la época y forma en que la mujer adquiriera el dinero invertido en la com-pra de la finca, ni otro alguno en que conste su aportación al matri-monio, y no bastando para este efecto las meras declaraciones o afir-maciones que en la escritura se bagan por los mismos otorgantes, o por terceras personas, ba de estarse a la presunción jurídica que es-tablece el artículo 1407 del Código Civil, (1322 del Código Civil Revisado), o sea que dichos bienes han de reputarse como ganan-ciales.”

La adquisición hecha por Isabel Sánchez de Fernández no puede reputarse privativamente suya y de ahí la proce-dencia del defecto subsanable apuntado por el registrador.

Nos abstenemos de resolver otras cuestiones relativas a los efectos legales de las manifestaciones hechas en la escri-tura por los consortes Isabel Sánchez y Victoriano M. Fer-nández y por el padre de la primera Pío Sánchez Martín sobre la procedencia y propiedad del dinero con que se hizo la compra, pues para los efectos del recurso nos basta dejar consignado que dichas manifestaciones no destruyen la pre-sunción de bienes gananciales de la casa y solar de cuya ins-cripción se trata.

Es de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada, la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó conforme con la sentencia.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Se. Heenández,

text:
    Benítez, Demandante y Apelado, v. Díaz, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en pleito sobre retracto legal.
    No. 2189.
    Resuelto en junio 25, 1920.
    Retracto Legal — Demanda de Retracto. — No es necesario acompañar a la de-manda de retracto justificación alguna del título en que se funda la acción, pues el artículo 1616 do la Ley de Enjuiciamiento Civil española que exigía; tal requisito ha sido derogado por el Código de Enjuiciamiento Civil vigente.
    Id. — Heredero.—Una persona que compró la participación proindivisa de un co-munero en cierta finca no puede resistir el retracto entablado por otro de los comuneros, bajo la alegación de no ser extraño por ser heredero de su esposa difunta, que fué también comunera y ejercer patria potestad sobre una de las hijas habidas en el matrimonio, pues la declaratoria de herederos abin-testado de la esposa se hizo únicamente a favor de las hijas y la patria po-testad sobre una de ellas no le dá el carácter de heredero.
    Id. — Retracto Sucesorio t de Comuneros. — Cuando no se trata de retraer de-rechos hereditaros vendidos por un heredero, sino una participación dominical en determinada finca poseída en común, no es de aplicación el artículo 1034 del Código Civil que regula el retrato sucesorio sino el 1425 que regula el de comuneros.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. L. Llorens Torres.

    Abogado del apelado: Sr. F. 'González.

   El Juez Presidente Se. Heenández,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante José J. Benítez Díaz radicó demanda en la Corte de Distrito de Hnmacao con fecha 20 de junio de 1918 contra el demandado José A. Díaz Gómez sobre retracto legal y en ella alega como hechos determinantes de su acción los siguientes:

Que es dueño en común proindiviso con Enriqueta Long-pré y Ana María Díaz Longpré de la finca “Piedra Hueca” que se describe en la demanda.

Que por escritura de 12 de junio de 1918 ante el notario Luis Perevó Quiñones el márshal de la Corte de Distrito de Hnmacao, representando a la condneña Enriqueta Longpré, declarada incapaz por resolución judicial, vendió al deman-dado José A. Díaz Gómez la participación indivisa equiva-lente a una octava parte, que le correspondía en la finca “Piedra Hueca,” por el precio alzado de $5,550.

Que el demandante Paciendo uso del retracto legal está dispuesto a subrogarse con las mismas condiciones estipula-das en el contrato en lugar del demandado y también está dispuesto a reembolsar a éste, no sólo el precio de la venta, sino también los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo originado por la venta y los gastos necesarios y útiles Pechos en la cosa vendida.

'Que el demandante ha consignado el día 20 de junio de 1918.en la Corte de Distrito de Humacao los $5,550 precio de la venta y $30 más que calcula como costo legal máximo de los gastos del contrato de compraventa.

Y que el demandante se compromete a no vender la par-ticipación objeto del pleito durante cuatro años.

Termina la demanda con la súplica de que sea declarada con lugar y se condene al demandado a otorgar la corres-pondiente escritura a favor del demandante de la participa-ción de. la finca “Piedra Hueca,” dejando a su disposición el dinero consignado, y de no hacerlo dentro del término que fije la corte se otorgue por el marshal dicha escritura, con costas, desembolsos y honorarios de abogado al demandado.

A la anterior demanda opuso el demandado la excepción previa de no aducir hechos suficientes para constituir una causa de acción, cuya excepción fué declarada sin lugar.

El demandado entonces contestó la demanda, aceptando unos hechos, negando otros y alegando además que no siendo 1 demandante heredero de Enrique Nerón Longpré, a cuyo nombre aun estaba inscrita en el registro de la propiedad la finca “Piedra Hueca,” ni de su viuda doña Carlota Benitez, parecía de derecho de retracto para subrogarse en lugar del demandado en la participación que éste había adquirido de dicha finca.

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 2 de mayo de 3919 declarando con lugar la demanda, estableciendo como conclusiones de hecho y de derecho que el demandante ha probado los lieclios fundamentales de su acción y que exa-minados esos hechos a la luz de los preceptos de los artículos 1424 y siguientes del Código Civil no cabe duda alguna de que tiene derecho al retracto que solicita puesto que el de-mandado José A. Díaz Gómez es un extraño en la finca “Pie-dra Hueca ” y el demandante presentó su demanda dentro del término legal, cumpliendo con todos los requisitos legales.

De dicha sentencia apeló el demandado, y para sostener el. recurso alega los siguientes motivos:

(a) Que la corte cometió error al desestimar la excep-ción previa interpuesta contra la demanda por no haber dado cumplimiento al artículo 1618 (debe ser el 1616) de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española que antes regía, en cuanto exige que se acompañe a la demanda de retracto alguna jus-tificación, aun cuando no sea cumplida, del título en que se funda, el retracto.

(b) Que la corte erró al decidir que el demandado es un extraño a la herencia de Enrique Nerón Long'pré.

(c) Que la corte erró al resolver que se trata de un re-tracto de comuneros, en vez de un retracto sucesorio, apli-cando así indebidamente el artículo 1425 del Código Civil y dejando de aplicar el artículo 1034 del mismo código.

En cuanto al primer error apuntado estimamos que la demanda contiene todas las alegaciones necesarias para ejer-citar la acción de retracto. No era necesaiio acompañar a la demanda justificación alguna del título en que se funda el retracto, pues el precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española atinente a ese particular ha sido derogado por el nuevo sistema de enjuiciar establecido por el Código Proce-sal vigente, cuyos preceptos relativos a las formalidades de la demanda en un caso como el presente, comprendidos en los artículos 103 y 125 de dicho código, han tenido exacto cumplimiento. .

El artículo 1616 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil guardaba congruencia con el 503 del mismo código, pre-ceptivo de que se acompañara a toda demanda o contestación el documento o documentos en que la parte interesada fun-daba su derecho. Ese artículo ya no es de aplicación obli-gatoria, pues la práctica de las pruebas se reserva ordina-riamente para el acto del juicio.

Ciertamente que en el caso de González v. Acha, 21 D. P. R. 134, sostuvimos que la consignación exigida por la Ley de Enjuiciamiento Civil anterior está vigente- después de pu-blicado el Código de Enjuiciamiento Civil de 1904, por las razones que entonces expresamos, pero esas razones no abo-nan la contención del apelante.

Por lo que atañe al segundo error, debemos dejar con-, signados los siguientes hechos aceptados entre otros por es-tipulación de las partes y que transcribimos literalmente:

“1. Que don Enrique Nerón Longpré falleció intestado en Vie-ques en el año 1900, habiendo dejado bienes muebles e inmuebles sujetos a partición entre sus herederos; y que la finca Piedra Hueca descrita en la demanda pertenecía al referido Sr. Longpré en la fecha de su muerte y es una de las propiedades inmuebles quedadas a su fallecimiento.
“2. Que después de la muerte intestada de dicho Sr. don Enrique Nerón Longpré la Honorable Corte de Distrito de Humacao declaró únicos y universales herederos de dicho finado a su viuda doña Carlota Benítez y a sus hijas nombradas María, Enriqueta, Cecilia y Carlota, apellidadas Longpré y Benítez, únicas hijas ha-bidas en su matrimonio con la expresada doña Carlota Benítez.
"3. Que la heredera Carlota Longpré Benítez siendo casada en únicas nupcias con el demandado José A. Díaz Gómez, falleció in-testada en 26 de mayo de 1910, sobreviviéndole su viudo (el deman-dado) y sus hijas (únicas habidas en tal matrimonio) llamadas Paulina y Ana María apellidadas Díaz Longpré, y éstas dos últimas por la corte de distrito fueron declaradas como sus únicas y uni-versales herederas,
“4. Que posteriormente, fallecida también intestada doña Carlota Benítez, viuda del causante don Enrique Nerón Longpré, le suce-dieron como únicos y universales herederos sus mencionadas hijas María, Enriqueta y Cecilia apellidadas Longpré Benítez, y en re-presentación de la hija premuerta doña Carlota Longpré Benítez los herederos de ésta.”

Alega el apelante que siendo Carlota Longpré una ele las bijas y herederas del finado Enrique Nerón Longpré, él como viudo y heredero de Carlota Longpré y como padre con pa-tria potestad de la menor Ana María Díaz Longpré no puede ser considerado extraño en dicha sucesión. •

Los hechos que dejamos expuestos demuestran prima facie que dicha alegación no tiene fuerza alguna a los fines que invoca el recurrente. . José A. Díaz Gómez realmente es un extraño en la herencia de Enrique Nerón Longpré, pues al morir éste fueron declarados por la corte como sus únicos, y universales herederos su viuda Carlota Benitez y sus hijas María, Enriqueta, Cecilia y Carlota Longpré Benitez, y fa-llecida esta última en 26 de mayo de 1910 la Corte de Dis-trito de Humácao declaró como sus únicos y universales he-rederos a sus hijas legítimas Paulina y Ana María Díaz, pero no al viudo José A. Díaz, el demandado y -a esa reso-lución debemos atenernos para los efectos del recurso. La patria potestad sobre Ana María Díaz no inviste a su padre José A. Díaz, con el carácter de heredero de Carlota Longpré.

Tampoco es sostenible el tercer error alegado. Los ar-tículos 1034 y 1425 del Código Civil que cita el apelante dicen así: •

“Artículo 1034. — Si alguno de los herederos vendiere a un ex-traño su derecho hereditario antes de la partición podrán todos o cualquiera de los coherederos subrogarse en lugar del comprador, reembolsándole el precio de la compra con tal que lo verifiquen en término de un mes, a contar desde que esto se les haga saber. ’ ’
“Artículo 1425. — El copropietario de una cosa común podrá usar del retracto en el caso de enagenarse a un extraño la parte de to-dos los demás condueños o de algunos de ellos.”

El artículo 1034 que dejamos transcrito no es aplicable al .presente caso pues no se trata de la venta de un derecho hereditario sino de la venta de una participación' dominical en una finca determinada, o sea la estancia Piedra Hueca, por .Enriqueta Longpré a José A. Díaz Gómez. Enriqueta Dongpré era eondneña de una participación en dicha estancia y también el demandante era condueño en la misma, teniendo el carácter de extraño el demandado, y por tanto la corte lia procedido correctamente haciendo aplicación del artículo 1425 del Código Civil que regula el retracto de comuneros y no del artículo 1034 que regula el retracto sucesorio.

La anterior teoría no es otra que la establecida por el Sr. Manresa en sus Comentarios al Código Civil, tomo 7°., página 673, donde dice, comentando el artículo 1067 del Có-digo Civil Español, que es el 1034 del nuestro:

“Por lo demás, no se trata de un objeto determinado de la he-rencia ni de varios de ellos proindiviso que motivarían en su caso el retracto de comuneros, sino del derecho hereditario. * * * Oreemos que siempre que se trate de cosas determinadas, ya se ena-genen por entero o por fracciones (y el heredero sólo puede enage-nar una fracción), procede el retracto a que el artículo 1522 (1425 del Código Civil Revisado) se refiere. Y siempre que no se determine objeto alguno, sino que se venda en abstracto en todo o en parte el derecho hereditario, procede aplicar el artículo 1067 (1034 del Código Revisado).”

En síntesis, la parte demandante ha establecido su de-manda bajo la teoría del artículo 1425 del Código Civil Be-vim-.do y bajo esa teoría ha alegado y comprobado todos los hechos determinantes de su acción.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Géigel, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en cansa por infracción de la ley de arbitrios.
    No. 1532.
    Resuelto en junio 28, 1920.
    Evidencia.- — Un libro que prueba que el acusado ocupaba en determinado día en su taller de despalillado a cierto número de empleadas es admisible en evi-dencia aun cuando aparezca enmendado si el acusado no prueba que la en-mienda no fué hecha por él.
    Id. — Prueba Testifical — Bentas Internas. — Si con un testigo del acusado se prueba que éste solo tenía lieeneia de rentas internas para emplear menos de cincuenta operarlas en su taller de despalillado, en el cual se probó que ocupaba cincuenta y dos, el acusado no puede alegar como error de la corte el que se permitiera probar con prueba testifical que no tenía la patente correspondiente.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. García Ducós.

    Abogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Antonio Geigel Paredes fué denunciado y con-denado a pagar una multa de cien dólares y las costas, por-que en el trimestre que venció en-30 de septiembre de 1919, voluntaria y maliciosamente ocupaba en su taller de despa-lillado de tabaco a mas de cincuenta operarios sin que estu-viera provisto de la patente correspondiente.

Un testigo del fiscal declaró en el juicio que el día 18 de julio llegó al taller y encontró a cincuenta y tres mujeres despalillando tabaco y que según un libro que ocupó al ape-lante, desde el día siete de julio estaban trabajando cincuenta y dos personas. De la prueba del apelante resulta que él solo tenía licencia para emplear cuarenta y nueve operarios, pero que el día a que se refiere el testigo del fiscal si bien liabían más de cuarenta y nueve operarías en el taller, sola-mente este numero trabajaba en el despalillado de tabaco, pues las otras se dedicaban a otras ocupaciones.

El fiscal presentó en el juicio el libro a que se refirió su testigo y el apelante se opuso a su admisión fundándose en que estaba enmendado, y ahora alega que esa admisión fue errónea.

El solo hecho de que el libro estuviera enmendado no era motivo para rechazarlo a falta de prueba de parte del ape-lante de que la enmienda no fue hecha por él; pero aunque hubiera habido error en la admisión de tal libro, no consti-tuye un defecto perjudicial para el apelante, porque prescin-diendo de tal prueba, pudo ser condenado con la declaración del testigo del fiscal.

El otro motivo del recurso se funda en que se permitió probar que no tenía la patente correspondiente, con prueba testifical. No tiene tampoco fundamento esta alegación por-que fué el propio apelante quien con su testigo probó que sólo tenía licencia para emplear menos de cincuenta ope-rarios.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

. Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. Martínez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre nulidad de inscripciones en el Registro de la Propiedad, etc.
    No. 2219.
    Resuelto en junio 28, 1920.
    Reivindicación — Consentimiento ded Pueblo de Puerto Rioo — Contra De-manda Contra El Pueblo de Puerto Rico. — Así como no puede ejercitarse por medio de demanda la acción reivindicatoría contra El Pueblo de Puerto Rico sin su consentimiento cuando la causa de acción nació antes de aprobarse la Ley No. 76 de 1916, tampoco puede ejercitarse dicha acción contra El Pueblo de Puerto Rico bajo tales condiciones, por medio de contrademanda; y el hedió de que el fiscal, representando al Pueblo de Puerto Bieo, hubiera contestado lá contrademanda, no dió jurisdicción a la corte de distrito, cuya sentencia declarándola con lugar es errónea.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

    Abogado del apelado: Sr. F. Parra Capó.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El Pueblo de Puerto Bieo adquirió en subasta pública en el año 1906 la propiedad de cierta finca por adjudicación que se le hizo en un procedimiento que siguió contra Juan Girál-dez. para el cobro de una fianza que había prestado a favor de Francisco Giráldez, finca radicada en el barrio de Pe-llejas y Vegas Abajo del término municipal de Adjuntas v desde entonces está en posesión de ella. Esa misma finca fue adjudicada posteriormente en el año 1908 a Juan Martínez Domínguez en la subasta celebrada en el pleito que siguió en cobro de pesos contra la Sucesión-de Francisco Giráldez Cividanes. Desde 1882 se hallaba la finca inscrita en el re-gistro de la propiedad a nombre de Francisco Giráldez Ci-vidanes por compra que había hecho en el año 1879 e inscrita luego a favor ele su sucesión y posteriormente a nombre de Juan Martínez Domínguez. El Pueblo de Puerto Bico no ha inscrito su título.

En 19 de junio de 1916 El Pueblo de Puerto Bico presentó demanda en la Corte de Distrito de Ponce contra Juan Mar-tínez Domínguez por la que solicitaba que se ordenase la cancelación en el registro de la propiedad de la inscripción de esa finca a favor del demandado y que se anulase el título de' éste. El demandado contestó esa demanda en seis de enero de 1917 alegando que Juan Giráldez, de quien adquirió El Pueblo de Puerto Bico, no fué dueño de la finca la que pertenecía a Francisco Giráldez Cividanes y la tenía inscrita a su nombre en el registro de la propiedad, después a su sucesión y últimamente al demandado quien también la tiene inscrita y que aunque no tiene la posesión material de ella ha pagado sus contribuciones a El Pueblo de Puerto Pico. Más tarde, en 25 de noviembre de 1919 el demandado pre-sentó en el mismo pleito contrademanda contra El Pueblo de Puerto Pico para que se declarase la nulidad del título que éste tiene, que la finca es de la propiedad exclusiva del contrademandante y que por la corte se ordene que se la entregue. El Prieblo de Puerto Rico por su fiscal en Ponce contestó esa contrademanda haciendo una negación general de ella y pidiendo que fuera declarada sin lugar. La sen-tencia dictada en el pleito declaró sin lugar en todas sus partes la demanda y con lugar la contrademanda y declaró nulo el título de El Pueblo de Puerto Pico a esa finca, que era de la exclusiva propiedad de Martínez y ordenó además que le fuera entregada por El Pueblo de Puerto Rico.

En el recurso de apelación que contra esa sentencia ha interpuesto El Pueblo de Puerto Pico nada alega en contra de la sentencia en cuanto declara sin lugar su demanda, sos-teniéndolo únicamente por el motivo de que la corte senten-ciadora cometió error al admitir la contra demanda y al ba-sarse en ella para dictar su sentencia, fundándose en que El Pueblo de Puerto Pico no puede ser demandado sin su con-sentimiento. La parte apelada no nos ha presentado alegato escrito en su defensa ni tampoco asistió a la vista de la apelación.

Es cuestión ya, considerada y resuelta antes de ahora por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que El Pueblo de Puerto Rico .no puede ser demandado sin su consenti-miento. El Pueblo de Puerto Rico v. Rosaly y Castillo, 227 U. S. 270. Posteriormente la Ley No. 76 de nuestra Legis-latura del año 1916 autorizó a las cortes de distrito para admitir demandas contra El Pueblo de Puerto Pico en accio-nes por daños y perjuicios basados sobre contratos celebra-dos después de la aprobación de dicha'ley; por acciones para reivindicar propiedad inmueble o mueble o derechos sobre la misma, siempre que la cansa de acción se origine después de la aprobación de la ley, disponiéndose sin embargo, que no se recobrarán daños y perjuicios ocasionados por El Pueblo de Puerto Rico con anterioridad a la época en que se entable la acción. En el artículo segundo de esa ley se dispone que no podrá entablarse ninguna acción contra E] Pueblo de Puerto Rico a menos que el consentimiento para ello esté expresamente incluido en las disposiciones de dicha ley y que todo consentimiento expreso o tácito dado por El Pueblo de Puerto Rico y no incluido expresamente en ella queda por la misma revocado. En el artículo 9o. dispone que cual-quier persona que tenga una reclamación contra El Pueblo de Puerto Rico por cualquier causa de acción que se origine con anterioridad a la vigencia de la ley, presentará dentro de un año después de dicha fecha una petición a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico solicitando autorización para en-tablar pleito por la mencionada reclamación en la forma pro-vista en la ley, etc.

De acuerdo, pues, con la jurisprudencia y ley citadas, es claro que El Pueblo de Puerto Rico no podía ser demandado sin su consentimiento por Juan Martínez Domínguez para que se declarase, la nulidad del título que aquél tiene sobre la finca que adquirió en subasta ni para pedir que se le en-tregue.

¿Podrá sin embargo establecerse esa acción en contrade-manda sin obtenerse antes el consentimiento de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico por el hecho de que El Pueblo de Puerto Rico está demandando a Juan Martínez y solicitando que se anulase la inscripción de su título en el registró de la propiedad?

La eontrademanda es una reclamación que formula el de-mandado contra el demandante en un pleito contra aquel es-tablecido y por tanto si la reclamación no'podía establecerse directamente contra El Pueblo de Puerto Eico sin su consen-timiento, tampoco puede Pacerse por medio de contrademanda, Juan Martínez Domínguez no podía demandar a El Pueblo de Puerto Eico sin su consentimiento para anular el título que éste tiene desde 1906 porque desde 1908 en que Martínez adquirió la finca y la inscribió nació su acción para obtener esa nulidad y para reivindicarla, o sea con anterioridad a 1916 en que fue aprobada la expresada ley; y el hecho de que el Fiscal del Distrito de Ponce contestara la contrade-manda que Martínez formuló en este pleito no dió jurisdic-ción a la corte inferior para resolver dicha contrademanda porque El Pueblo de Puerto Eico por su Asamblea Legisla-tiva es la única que puede prestar su consentimiento para ser demandado. 24 R. C. L., pág. 885, párrafo 94; People v. M. Miles et al., 56 Cal. 401; More v. State, 10 Am. St. Rep. 712; 18 Am. Digest, Decennial Edition 197; State of Arkansas v. American Bridge Manufacturing Co., 33 L. R. A. (N. S.) 376; People v. Sanitary District of Chicago, 71 N. E. 334, 36 Cyc. 912.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser revocada solamente en el particular que declara con lugar la contrademanda, nulo el título de El Pueblo .de Puerto Eico y ordena que entregue la finca a Juan Martínez Domínguez, confirmándose en lo demás.

Revocada la ;sentencia apelada en cuanto de-clara con lugar la contrademanda y nulo el título del Pueblo de Puerto Rico orde-nando la entrega de la finca al demandado, y confirmada en los demás particulares.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso..


author: El Juez Asociado Se. Aldrey,

text:
    W. B. Flesh & Bros., Demandantes y Apelados, v. González, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2245.
    Resuelto en junio 28, 1920.
    Obligaciones Puras y a Plazo — Obligación Condicional.- — -Un pagaré suscrito por el deudor comprometiéndose a pagar al acreedor $500 el día último de diciembre de 1918 y el cual, eppiado en lo pertinente, dice: “ * * * En-tendiéndose esta obligación como transacción de la deuda antes citada y que, como es natural, cancela la expresada obligación la cual devolverán dichos señores lo antes posible * * *,” no es una obligación condicional sino pura y a plazo y no dependía su cumplimiento por parte del deudor del heeho de que el acreedor le entregara el pagaré en que constaba la obligación ob-jeto de la transacción, sino de que llegara el día del vencimiento.
    Sentencia en Rebeldía — Mora—Intereses Legales. — Alegándose en una de-manda sobre cobro de dinero que al vencimiento de la obligación fué reque-rido de pago el deudor sin que satisficiera su importe ni parte alguna del mismo, no es errónea una sentencia dictada en rebeldía condenando al deudor al pago de intereses legales reclamados desde que venció la obligación.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. P. González García.

    Abogado de los apelados: Sr. V. M. Fernández.

   El Juez Asociado Se. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

William B. Flesh & Bros presentaron demanda en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, el día 14 ele mayo de 1919 contra Julio Cesar González reclamándole el pago de la cantidad de $500 que se comprometió a satisfacerles el día último de diciembre de 1918. En la demanda se alega que al vencimiento de la obligación fué requerido de pago el deudor sin que satisficiera su importe ni parte alguna de él. En ella se inserta el documento en que consta la obliga-ción y que dice a'sí:

“Por $500.00 m/c. — Pagaré a la orderu de los Sres. 'William B. Flesh and Brother el día último del mes de diciembre del corriente año, sin interés alguno, la cantidad de quinientos dollars qué soy en deberle, procedente de la transacción que he hecho con dichos señores por la expresada suma del contrato sobre obligación por la suma de mil ochenta y cuatro dollars más o menos, suscrita por mi hermano don Alberto E. Gonzalez y la expresada sociedad, y sus-crita por mi como fiador. Entendiéndose esta obligación como tran-sacción de la deuda antes citada y que, como es natural, cancela la expresada obligación, la cual devolverán dichos señores lo antes po-sible. Me someto a la competencia de los tribunales insulares de esta ciudad y me obligo a satisfacer los gastos y costas que el cobro de dicha suma origine, incluso los honorarios del abogado de que la citada sociedad se valga en su reclamación. — San Juan, P. R., junio 5 de 1918.— (Firmado), Julio Cesar González. — Rubricada— Reg. al No. 388. — Suscrita por mí, digo, ante mí por don Julio Cesar González, mayor de edad, Notario Público y vecino de esta ciudad, a quien doy fé conocer, hoy cinco de junio de mil novecientos diez y ocho. — (Firmado) Eduardo López Tizol. — Hay un sello que dice: Eduardo López Tizol, Abogado Notario, Puerto Rico. ”

Registrada por el secretario sentencia condenatoria en rebeldía del demandado por la que se le condena a pagar la cantidad de $500, intereses de esa suma desde el primero de enero de 1919 hasta el completo pago y las costas, apeló de ella el demandado quien en apoyo de su recurso ante noso-tros sostiene que siendo condicional su obligación no era exigible sin que antes se le entregara el documento que por ella quedó cancelado y, además, que no está obligado a pagar intereses desde el primero de enero de 1919.

Para resolver la primera cuestión propuesta basta exa-minar el documento en que consta la obligación del deman-dado según el cual el apelante se comprometió a pagar el día último de diciembre de 1918 al apelado la cantidad de $500 como transacción de otra obligación que por mayor can-tidad había suscrito como fiador a favor del apelado, obli-gación ésta que quedaba cancelada jr que le sería devuelta por el acreedor “lo antes posible.” De los términos en que esta redactado el documento resulta que la obligación que contrajo el apelante fué pura y a plazo pues no dependía su cumplimiento del hecho de que su acreedor le devolviese el pagaré en que constaba la, obligación que se transaba sino solamente de que llegase el día riltimo de diciembre de 1918. El hecho dé que dqbiera ser devuelta aquella obligación “lo antes posible,” sin especificarse que debiera ser entregada antes de la fecha fijada para el vencimiento de la deuda, no pnede estimarse como una condición suspensiva de la obli-gación que debiera ser cumplida antes de que la deuda pu-diera ser reclamada.

En cuanto a la condena por los intereses legales recla-mados desde que venció la obligación, encontramos que tam-bién la sentencia apelada está ajustada a la ley, pues según el artículo 1067 del Código Civil incurren en mora los obli-gados a entregar o a hacer una cosa desde que el acreedor les exija judicial o extra judicialmente el cumplimiento de su obligación; y en este caso la demanda alega que al venci-miento de la obligación fué requerido ele pago ei demandado; mora que de acuerdo con el artículo 1075 del mismo código consistirá, a falta de convenio, en el pago de los intereses legales cuando la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdbz,

text:
    Cintrón, Demandante y Apelado, v. “El Zenit”, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2025.
    Resuelto en junio 28, 1920.
    Níotieicación del Secretario a los Abogados. — Se presume concluyentemente que las partes se encuentran ante la Corte, y las únicas excepciones que de-ben tenerse en cuenta en cuanto a notificaciones son las establecidas por las leyes de marzo 9, 1911, y marzo 11, 1915.
    Cobro de Póliza de Aseguro — Causa de Acción — Aseguro Contra Acciden-tes. — La póliza expedida por una Compañía de Aseguros Mutuos Contra Ae-cidentes es la ley del contrato y no constando de su contexto que la designar eión del beneficiario nombrado por la asegurada ante el agente de la compa-ñía y consignado en la petición de aseguro Rubiera sido aceptada por la com-pañía, sólo los Reredeiíos legales del socio fallecido tienen dereeho al cobro del aseguro, según los estatutos de la compañía.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. M. Benitez Flores.

    Abogado del apelado: Sr. J. B. Freiré.

   El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdbz,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 17 de noviembre de 1917 el demandante Manuel Cintrón Rodríguez presentó demanda ante la Corte de Distrito de Mayagüez contra la sociedad cooperativa mutua de seguros denominada ££E1 Zenit” en reclamación de la suma de $4,410 intereses, costas, desembolsos y honorarios de abogado y esa demanda fue declarada con lugar por sen-tencia de 21 de noviembre de 1918 condenando a la deman-dada a pagar al demandante la suma reclamada con intereses legales desde la interposición de la demanda, más las costas, desembolsos y honorarios de abogado, contra cuya sentencia interpuso la demandada recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Alega el demandante como hechos determinantes de su acción los siguientes: 1°., que el demandante es el benefi-ciario de la póliza No. 1831 expedida por la corporación de-mandada a María Soler Mercader en 2 de enero de 1917; 2°., que la demandada es una sociedad cooperativa mutua de seguros contra accidentes físicos, incorporada con arreglo a las leyes de Puerto Rico, siendo su objeto socorrer pecunia-riamente a los asociados en el caso de ocurrirles accidentes físicos, y a sus herederos y beneficiarios en casos de muerte; 3°., que los socios de la sociedad demandada se clasifican y se clasificaron desde antes de la expedición de la póliza en socios de primera y segunda categoría o clase y en el caso de ocurrir la muerte de algún socio de primera categoría la cuota que debe pagar cada uno de los socios restantes ■ de primera categoría a la demandada, para que ésta a su vez pague a los herederos o beneficiarios es la de dos dólares,, y de un dollar para los de segunda categoría; 4°., que María Soler Mercader fué admitida como suscriptora de la socie-dad demandada quedando inscrita en la primera categoría y expidiéndosele su correspondiente póliza en dos de enero de 1917; 5°., que María Soler Mercader cumplió todos los íequisitos exigidos por la corporación demandada para in-gresar como socia de dicha corporación, habiendo en la soli-citud de inscripción nombrado al demandante beneficiario de la póliza, lo que aceptó la demandada con anterioridad a, la expedición de la misma; 6°., que María Soler Mercader fa-lleció el 13 de abril de 1917 y su muerte fué notificada in-mediatamente a la directiva de la asociación; 7o., que al ocu-rrir el fallecimiento de María Soler Mercader contaba la so-ciedad dos mil socios de primera categoría y dos mil tres-cientos de,segunda; 8°., que habiendo transcurrido con excoso 70 días desde el fallecimiento de la asegurada y más de sesenta desde que la corporación demandada investigó y comprobó el fallecimiento, la demandada no ha pagado al 'demandante ni en todo ni en parte la cantidad que le corresponde como seguro, pensión o socorro en concepto de beneficiario de la fallecida, a pesar de las distintas gestiones practicadas a ese fin.

La demanda concluye con la súplica de que sea condenada la demandada a pagar al demandante la suma de $4,410 que tiene derecho a percibir de las cuotas de los socios de pri-mera y segunda categoría, ascendentes a $6,300 de cuya can.-tidád procede descontar un treinta por ciento para formar el fondo de reserva y para gastos ele oficina de la asociación.,

A la anterior demanda opuso la demandada como excep-ción previa la de no aducir hechos suficientes para determi-nar una causa de acción y a la vez solicitó el traslado del caso a la Corte de Distrito de San Juan, habiéndose negado la solicitud de traslado por orden de 11 de enero de 1918 y declarándose sin lugar la excepción previa por orden de 18 de abril del mismo año, concediendo a la demandada el tér-mino de diéz días para registrar su contestación.

La demandada, al contestar, la demanda, aceptó la clasi-ficación de socios de primera y segunda clase de la corpo-ración “El Zenit” con la asignación de la cuota de dos dollars para los de primera y de un dollar para los segundos con el fin de socorrer a los que sufrieren accidentes físicos y en caso de muerte a los herederos -de los fallecidos, pero no a sus beneficiarios. Niega que el demandante tenga de-recho a cobrar la póliza No. 1831. Explica que esa póliza fué expedida a favor de María Soler Mercader por transfe-rencia que de su póliza hizo a favor de ella el socio Joaquín P. Fábregas y que aceptó la demandada el día 10 de abril de 1917 por recomendación de su agente P. Arnaldo Sevilla, cuya póliza, así transferida tiene la misma fecha que tenía la original para que desde tal fecha causara derechos a favor de la adquirente María Soler Mercader; y afirma además, que si tal transferencia.se aceptó el día 10 de abril de 1917, tres días antes de fallecer dicha María Soler Mercader, fué en la creencia de que la Soler Mercader reunía todas las con-diciones y requisitos exigidos por la sociedad demdndada y en la confianza que tenía en las actuaciones ele su agente en Mayagüez, ignorando que dicha transferencia fuera como fué el objeto de una confabulación realizada con el único propó-sito de defraudar a la sociedad demandada. Gomo defensa especial alegó la demandada que en 9 de abril de 1917, el entonces agente de la sociedad demandada en Mayagüez, P. Arnaldo Sevilla, remitió a la oficina de la demandada en San Juan una póliza que había sido expedida a favor de Joaquín P. Fábregas, marcada con el No. 1831, solicitando se trans-firiera a favor de María Soler Mercader, lo que se hizo en 10 de abril ele 1917 sin que en ningún tiempo posterior apa-rezca Alaría Soler Mercader transfiriendo su póliza a nin-guna otra persona y sin que entre sus herederos figure el demandante: Y que de la investigación practicada por la demandada resultó que el día 13 de abril, tres días después ele liaberse transferido la póliza a favor de María Soler Mer-cader, falleció ésta, y según la información y creencia obte-nida por la demandada, el traspaso hecho a favor de la Soler Mercader y el de los derechos de ésta a favor del deman-dante Manuel Cintrón Rodríguez fueron una serie de maqui-naciones insidiosas como resultado de una confabulación frau-dulenta por virtud de la cual fué inducida la demandada a aceptar el traspaso de la póliza a favor de María Soler Mer-cader.

El juicio se celebró en 19 de noviembre de 1918 con la sola asistencia de la representación del demandante por no haber comparecido -la demandada, y la corte dictó sentencia en 21 de noviembre citado en los términos que ya dejamos indicados.

Los motivos del recurso son en síntesis los siguientes:

Io. Que la corte cometió error al celebrar el juicio sin haberse asegurado de que la demandada estuviera advertida y avisada del señalamiento hecho mediante la correspondiente notificación, dada la circunstancia de que e¿ aquellos días había ocurrido un terremoto que había destruido casi total-mente la ciudad de Mayagüez y especialmente el mismo edi-ficio en que funcionaba la corte, y estando como estaba pen-diente de resolver una moción para eliminar la contestación, que no había sido discutida y sin cuya resolución previa no podía irse al fondo del caso.

2o. Insuficiencia de la prueba para justificar la sentencia dictada, la que además es contraria a la ley.

3o. Error cometido por la corte al dictar sentencia seña-lando una cantidad que resulta excesiva y contraria a la ley y a las pruebas'.

4o. Error al dictar sentencia concediendo al demandante las costas, desembolsos y honorarios de abogado, puesto que el juicio se celebró en ausencia de la demandada, sin que se le diera oportunidad para defenderse.

El primer error no 'existe.

Resulta de la transcripción de autos que en 8 de mayo de 1918 el demandante presentó una moción para que fuera eliminada la contestación de la demandada, cuya moción sería vista el día 17 del propio mes o tan pronto como pudiera oirla la corte, y que la demandada presentó a su vez otra moción para que se declarara nulo el señalamiento hecho en la mo-ción de eliminación. En otra moción suplicó la demandada a la corte que en el caso de que se desestimara la nulidad del señalamiento, deseaba que la moción de eliminar quedara sometida a la resolución de la corte por sus méritos y por los fundamentos que constaban en el alegato que acompañaba.

. No aparece que ni la moción de eliminación, ni la de la demandada sobre nulidad del señalamiento para discutirla fueran resueltas por la corte. Es de presumirse que la mo-ción de eliminación fué abandonada, o negada. Lo que sí consta del escrito de exposición del caso es que “el día 19 de noviembre de 1918 se llamó el caso para juicio que fué debidamente señalado en la segunda lectura del calendario civil que tuvo lugar el 25 de octubre de 1918 para el término de octubre y noviembre de 1918, compareciendo el deman-dante por su abogado y no habiendo comparecido la de-mandada. ’ ’

El señalamiento de día para la celebración del juicio no debía ser notificado a las partes y tampoco debía ser noti-ficada a la demandada en su caso la orden denegatoria de eliminación puesto que no le era perjudicial. Se presume concluyentemente que las partes se encuentran ante la corte y las únicas excepciones que deben tenerse en cuenta en cuanto a la notificación son las establecidas por las leyes de marzo 9, 1912 y marzo 11, 1915. Guardian Assurance Co., Ltd., v. López Acosta, Juez de Distrito, 24 D. P. R. 657.

Por lo que atañe al segundo error o sea el de insuficiencia de la prueba para justificar la sentencia, la prueba testifical tiende a demostrar que María Soler Mercader al verificarse a su favor por Joaquín P. Fábregas ¿1 traspaso de la póliza que éste tenía nombró ante el agente de la compañía Pa-tricio Arnaldo Sevilla, con el consentimiento de su padre Santiago Soler,- beneficiario de la póliza al demandante Manuel Cintrón Rodríguez; pero entendemos que el mero nom-bramiento de beneficiario ante el agente a favor de Cintrón Rodríguez necesitaba para producir efectos legales la acep-tación de- la compañía de la cual Patricio, Arnaldo Sevilla era un mero agente y no aparece que la compañía aceptara tal nombramiento de beneficiario, pues lejos de ello se limitó a expedir la póliza a favor de María Soler Mercader sin hacer mención alguna de tal nombramiento de beneficiario.

La póliza dice así:

“Póliza No. 1831. — “El Zenit,” Sociedad cooperativa mutua contra accidentes físicos, incorporada en 1914. — San Juan, Puerto Rico. — ■ Los suscribientes directores de la sociedad El Zenit certifican: Que D\ María Soler Mercader, natural de Mayagüez, P. R., ba llenado en todo los requisitos reglamentarios para ser admitida como sus-critora de la asociación, quedando inscrita en la primera categoría, comprometiéndose a pagar la cuota de dos dollars en la forma pres-crita en el artículo xv del i'eglamento. De acuerdo con el artículo un del mismo por el cual se rige esta asociación, empezará a gozar de los beneficios prescritos en dichos estatutos el día 3 de enero de 1917. — Firmado: P. de Villasante, Presidente. — Firmado: Joaquín Rodríguez, Tesorero.- — Hay un sello de la sociedad.”

La póliza cuyo texto literal dejamos transcrito es la ley del contrato y no constando en ella nombramiento de bene-ficiario debemos atenernos al reglamento de la compañía para délo: minar sus efectos legales. Dicho reglamento, en su ar-tículo 2o., después de establecer que “El Zenit” se fundó para amparar y proteger a sus asociados por medio de socorros y pensiones y de clasificar los accidentes que, puedan ocurrir en graves y leves, enumera entre los accidentes graves la muerte y estatuye que “al no ser ocasionada por el suicidio los herederos legales percibirán el auxilio.” Dicho artículo no hace mención de otros beneficiarios. El artículo 20, al ordenar la forma en que han de invertirse los recursos de la asociación, ordena que después de deducida.una cantidad no menor de treinta por ciento para fondos de reserva, gas-tos ele oficina y generales de la asociación, el resto se des-tinará a seguros y pensiones de los socios accidentados o a sus familiares en casos de muerte. Y el ejemplo demostra-tivo que se inserta al final del reglamento, al tratar del caso en que ocurriese un accidente entre los socios de la segunda categoría, consigna que la cantidad resultante después de deducir los gastos que prescribe el reglamento corresponde al socio lesionado o a sus familiares, cuando dicho socio hu-biere fallecido. Opinamos pues, que a falta de estipulación expresa consignada en la póliza de seguro los herederos le-gales del socio fallecido o sus familiares son los que tendrían derecho en su caso al cobro de la póliza.

liemos examinado la Ley No. 22 aprobada en 9 de marzo de 1911 para la formación de asociaciones que no tengan por objeto un beneficio pecuniario y encontramos el artículo 4o. que bajo el epígrafe “El certificado de incorporación p>odrá disponer la concesión de ciertos beneficios,” dice así:

“Art. 4. — Será lícito para las asociaciones organizadas con arre-glo a esta Ley, cuando sus artículos de incorporación así lo expre-sen, disponer lo necesario para el socorro de los socios inválidos o menesterosos o de sus familiares y sostener un fondo para ese objeto, ó contratar con los asociados el pago de alguna cantidad después de su muerte, de acuerdo con las reglas o reglamentos adoptados por tal asociación, y convenir en el pago de la misma al marido, esposa, padre, madre, hijo, bija, hermano, hermana o representante legal del socio, y el beneficiario designado en el contrato tendrá plena facultad para exigir 'su cumplimiento en la forma que pro-ceda en derecho.”

En el contrato de seguro celebrado por María Soler Mer cader y la compañía demandada, cuyo contrato no es otro que el consignado en la póliza No. 1831, no se designó como beneficiario de la póliza al demandante Manuel Cintrón Ro-dríguez y por tanto carece de facultad legal para exigir su cobro.

Sosteniéndose el recurso por el segundo de sus fundamen-tos, se hace innecesario discutir el tercero y cuarto.

Es de revocarse la sentencia apelada, absolviendo de la demanda a la demandada, sin especial condenación de costas.

Revocada la sentencia apelada y absuelta la demandada, sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison no toma-ron parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Peestdente Se. Hernández,

text:
    Santalís et al., Demandantes y Apelados, v. “El Zenit”, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2026.
    Resuelto en junio 28, 1920.
    Notificaciones — Señalamientos—Calendas.».—Los señalamientos de juicios no hay que notificarlos a nadie cuando se hacen en el calendario regular de la corte. Se presume concluyentemente que las partes se encuentran ante la corte y las únicas notificaciones que son necesarias son las establecidas por las leyes de marzo 9, 1911, y marzo 11, 1915.
    Cobro de -Dinero — Alegación Necesaria — Demanda Contra Compañías de Ase-Gtjbos MUtuos. — No alegándose en la demanda cuántos fueron los socios de primera categoría, ni cuántos los de segunda categoría, que tenía la sociedad de seguros mutuos demandada al ocurrir el fallecimiento del causante de los demandantes, falta base para fijar la cantidad que deba satisfacer la de-mandada en pago de la póliza, pues su montante fia de regularse por las dis-tintas cuotas que satisfagan unos y otros socios.
    Sentencia Dictada Estando Pendiente de Apelación una Orden Denegatoria de Traslado — Efectos Legales de la Revocación de Dicha Orden. — El re-curso de apelación contra una orden denegatoria de traslado no suspende el procedimiento principal pero éste queda sujeto al resultado del mismo, de manera tal que si aquella orden fuese revocada, la actuación posterior a su fecha no surte efectos legales.
    Los hechos están expresados en la • opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. M. Benitez Flores.

    Abogado de los apelados: Sr. A. A. Vázquez.

   El Juez Peestdente Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha seis de julio 'de 1918 los demandantes presen-taron demanda ante la Corte de Distrito de Mayagüez Contra la sociedad cooperativa mutua de seguros denominada “El Zenit,” en reclamación de la suma de siete mil nove-cientos noventa y cuatro dólares, intereses legales desde la fecha de la demanda, costas, desembolsos 3r honorarios de abogado a car,go de la demandada y esa demanda fué decla-rada con lugar por sentencia de 21 de noviembre del mismo año condenando a la demandada a pagar a los demandantes la suma de $5,595.80, intereses legales desde la interposición de la demanda más las costas, desembolsos y honorarios de abogado, contra cuya sentencia interpuso la demandada re-curso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Alegan los demandantes como hechos determinantes de su acción los siguientes: 1°., que la demandada es una sol ciedad cooperativa mutua de seguros, constituida con arre-glo a las leyes de Puerto Eico, siendo su objeto socorrer pecuniariamente a los asociados en el caso de ocurrirías al-gún accidente físico, y en el caso de muerte de uno de ellos socorrer pecuniariamente a los herederos de éste; 2°., que los socios de la corporación demandada están clasificados en primera y en segunda clase, y en el caso de ocurrir la muerte o algún accidente a un socio de primera clase, la cuota que debe de pagar la corporación demandada al accidentadó o en caso de muerte de un socio a los herederos de éste, es la de. dos dólares por cada socio que tuviera la sociedad en el momento del accidente o muerte; 3°., que Candelaria Leque-rica era desde 10 de enero de 1917 y fué hasta igual día y mes del año siguiente socia de primera categoría de la de-mandada y pagó a ésta su cuota de ingreso y cumplió con todas las demás obligaciones que como tal socia le corres-pondía, llevando la póliza de seguro extendida a su favor el número 1860; 4°., que Candelaria Lequerica falleció el día 10 de enero de 1918 y su' fallecimiento fué comunicado inmedia-tamente a la corporación demandada; 5°., que en la fecha en que ocurrió el fallecimiento de Candelaria Lequerica la corporación demandada tenía tres mil novecientos noventa y siete socios; 6°., que Candelaria Lequerica, en el momento de su muerte, era viuda y falleció abintestato, dejando como únicos y universales herederos a sus seis hijos legítimos nom-brados Luisa, Isaae, Mérida, G-eorgina, José y Francisca San-talís y Lequerica que son los demandantes; 7°., que habiendo transcurrido con exceso más de setenta días de haber la de-mandada investigado y comprobado la muerte de Candelaria Lequerica, la demandada, a pesar de los requerimientos pri-vados que le hicieron, no ha pagado a los demandantes, sus herederos, en todo ni en parte, los $7,994 a que asciende el importe de la póliza de seguro.

A la anterior demanda opuso la demandada como excep-ción previa la de no aducir hechos suficientes para determi-nar una cáusa de acción y a la vez solicitó el traslado del caso a la Corte de Distrito de San Juan, cuya solicitud fuá declarada sin lugar por orden de 15 de agosto de 1918, con tra cuya resolución interpuso la demandada recurso de ape-lación para ante esta Corte Suprema; y la misma corte, por otra orden posterior de seis de septiembre del mismo año desestimó la excepción previa y concedió a la demandada diez días para registrar su contestación.

La demandada, al contestar la demanda, aceptó la clasi-ficación de socio de primera y segunda clase establecida en la demanda y que a favor de Candelaria Lequerica fué ex-tendida la póliza No. 1860, pero afirma que la asociación no tiene el deber de pagar los accidentes ocurridos sino que se obliga a notificar éstos a sus asociados para que paguen sus cuotas y con la cantidad recaudada, previa deducción del tanto por ciento reglamentario, se paga el accidente, afir-mando además que Candelaria Lequerica no era socio de “El Zenit” el 10 de enero de 1918 por habérsele dado de baja con anterioridad a esa fecha, de acuerdo con las disposicio-nes del reglamento. Niega que el número de socios efectivos de la sociedad en la fecha en que murió Candelaria Leque-rica fuera de 3,997 y por falta de suficiente información que hubiera sido socia de primera categoría pagando su cuota de ingreso y cumpliendo hasta el día 10 de enero de 1918 con todas las obligaciones que como tal socia le correspondían y también por no tener suficiente información, que Candela-ria Lequerica falleciera en 10 de enero de 1918, dejando como únicos herederos a los demandantes y que su fallecimiento fuera comunicado inmediatamente a la corporación deman-dada: Y alega finalmente que la asociación no tenía que hacer investigación ni comprobación de la muerte de Cande-laria Lequerica, porque ésta había dejado de ser socia de “El Zenit” con anterioridad a la fecha de. su muerte, ni tampoco estaba obligada a pagar cantidad alguna por dicha muerte.

El juicio se celebró en 19 de noviembre de 1918 con la sola asistencia de la representación de los demandantes por no haber comparecido la demandada y la corte dictó senten-cia en 21 de noviembre citado en los términos que al prin-cipio dejamos indicados.

Los motivos del recurso son en síntesis los siguientes:

Io. Que la corte cometió error al celebrar el juicio sin ha-berse asegurado de que la demandada estuviera advertida y avisada del señalamiento hecho mediante la correspondiente notificación, dada la circunstancia de que en aquellos días ha-bía ocurrido un terremoto que había destruido casi totalmente la ciudad de Mayagüez y especialmente el mismo edificio en que estaba situada la corte, y estando como estaba pendiente de señalamiento y de discusión una moción de los deman-dantes para que se dictara sentencia sobre las alegaciones, para cuya discusión se había señalado el día 11 de octubre de 1918, precisamente el mismo día en que ocurrieron los terremotos.

2o. Insuficiencia de la prueba para justificar la sentencia dictada, que es contraria a la ley, entre otras razones, poí-no haberse demostrado satisfactoriamente el número de so-cios que tenía la demandada al ocurrir el fallecimiento de Candelaria Lequerica.

3o. Que la corte cometió error señalando una cantidad que resulta excesiva y contraria a la ley y a las pruebas, y al condenar a la demandada a pagar la suma de $5,595.80 con intereses legales desde la interposición de la demanda, más las costas, desembolsos y honorarios de abogado, sin descon-tar el treinta por ciento a qne se refiere el reglamento y sin qne procediera la condena de costas, honorarios y desembol-sos cuando la demandada no había comparecido al juicio.

En cnanto al primer error resulta de la transcripción de autos que en 80 de septiembre de 1918 los demandantes pre-sentaron moción a la corte, que había de ser cicla el día 11 .de octubre siguiente, para que dictara sentencia por las ale-gaciones de las partes, declarando con lugar la demanda, fundándose en que ésta, había sido debidamente jurada y la contestación no controvertía los hechos esenciales de la misma, en que la contestación era evasiva, insuficiente y especiosa, y en que la contestación nó contiene materia de oposición o de defensa, ni de reconvención o contrademanda. No apa-rece que esa moción fuera discutida ni resuelta y sí “que el día 19 de noviembre- de 1918 se llamó el caso para juicio, que fué debidamente señalado en la segunda lectura del ca-lendario civil que tuvo lugar el 25 de octubre ele 1918, com-pareciendo el demandante por su abogado y no habiendo comparecido la demandada.”

Es de presumirse que la moción para dictar sentencia so-bre las alegaciones fué abandonada por los demandantes o declarada sin lugar por orden de la corte, pero ni esa orden que favorecía a la demandada ni la notificación del señala-miento de día para el juicio, tenían que serle notificados por las razones que ya expusimos al resolver el caso de Guardian Assurance Co., Ltd., v. López Acosta, Jues de Distrito, 24 D. P. R. 637. Se presume concluyentemente que las partes se encuentran ante la corte y las únicas excepciones que de-ben tenerse en cuenta respecto a notificación, son las estable-cidas por las le3res de marzo 9, 1911 y marzo 11, 1915.

Los señalamientos de juicios, como bien dice la parte ape-lada, no hay que notificarlos a nadie cuando ellos se hacen en el calendario regular de la corte. Las partes deben estar pendientes de sns asuntos y concurrir a la corte el día seña-lado para la lectura del calendario, y si así no lo liacen, deben ellas mismas culparse de su propio descuido. El que en Puerto Rico hubiera ocurrido un terremoto el 11 de octpbre de 1918 no es motivo suficiente para que la Corte de Distrito de Mayagüez no señalara la segunda lectura del calendario para el día 25 de dicho mes. Dicha corte procedió con toda diligencia al señalar como señaló el 19 de noviembre de 1918 para la celebración' del juicio de este asunto; entre la fecha del calendario y la del juicio transcurrió bastante tiempo para que la demandada pudiera enterarse y concurrir a dicho juicio.

Por lo que atañe al segundo motivo del recurso, no hay en la demanda indicación alguna de cuántos fueron los socios, de primera categoría ni de cuántos fueron los de la segunda, pues el demandante sólo alega que en la fecha de la muerte de Candelaria Lequerica había en la sociedad 3,997 socios y el testigo Ventara Rivera, único que declara sobre el particular, hace igual afirmación sin expresar cuántos eran los so-, cios de la primera categoría y cuántos los de la segunda. No habiéndose justificado extremo tan importante se hace impo-sible precisar cuál sea la cantidad que deba pagar la deman-dada a los demandantes para solventar la póliza No. 1860 que origina su reclamación, y por tanto falta base para sostener la sentencia apelada que fija dicha cuantía en la suma de $5,595.80.

El recurso de apelación se sostiene por el segundo de los motivos que le sirven de fundamento y por tanto huelga con siderar el tercer motivo.

Pero hay otro motivo que también lo sostiene.

El apelante en un alegato adicional presentado a la corte antes de la vista del recurso, alegó que después de celebrado el inicio y pronunciada sentencia, esta Corte Suprema revocó la orden de la corte inferior de 15 de agosto, 1918 por la que como ya dejamos dicho fué denegado el traslado del caso a la Corte de Distrito de San Juan. Dicha revocación se hizo por sentencia de 8 de julio, 1919, Santalís et al. v. El Zenit, 27 D. P. R. 605. Pero sostiene la parte apelada qne de acnerdo con el artículo 298, del Código de Enjuiciamiento Civil una orden rehusando conceder el traslado de un pleito a otro distrito no suspende los procedimientos en el 'mismo, Hernández et al. v. Cuevas Zequeira, 24 D. P. R. 813. Es-tamos conformes.- Admitimos que la Corte de Distrito de Mayagüez conservó su jurisdicción para seguir conociendo del caso no obstante haber sido apelada la orden de 15 de agosto, '1918 denegatoria del traslado. Sus procedimientos subsiguientes no fueron en exceso de jurisdicción pero las partes quedaron sujetas a las resultas de,la apelación. Nues-tra sentencia de 8 de julio, 1918 vino a producir el mismo resultado que si la corte de Mayagüez hubiera ordenado el traslado en la fecha en que lo neg’ó y por tanto su actua-ción posterior no puede producir efecto legal. Véanse las decisiones de la Corte Suprema de California en los casos de People ex rel. Scannell v. Whitney, 47 Cal. 584-5, y Howell v. Thompson, 70 Cal. 635-6.

Es de revocarse la sentencia apelada, devolviéndose el caso a la Corte de Distrito de Mayagüez a los efectos de nuestra resolución de 8 de julio de 1919 y demás fines que fueren procedentes.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso para ctimplimiento de la resolución sobre■ traslado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison no inter-vinieron en la vista de este caso.